author: PER CURIAM:

text:
      In re José E. Bonilla Martínez.

      Número: 5455

      Resuelto: 8 de marzo de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante.
   PER CURIAM:

El Lie. José E. Bonilla Martínez fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 31 de mayo de 1977 y prestó juramento como abogado notario el 21 de junio de 1977.

El 12 de enero de 1988 el Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, informó a este Tribunal que el notario mencionado no rendía índices notariales desde el 23 de marzo de 1986 hasta marzo de 1987; que al requerír-sele éstos los sometió el 2 de marzo de 1987 y presentó su renuncia como notario. Informó, además, que el notario no cumplió con la disposición del Art. 64 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1035, de que al renunciar al notariado deben entregarse los protocolos y los registros de afidávit. Se des-prende del informe del Director que posteriormente entregó parte de su obra notarial, pero retuvo los protocolos de 1979 y 1984.

El 21 de enero de 1988 emitimos la resolución siguiente:

Visto el Memorando del Director de Inspección de No-taríais, se ordena al Alguacil General incautarse de los proto-colos, registros de [afidávit] y la obra notarial del notario José Enrique Bonilla Martínez y entregar la misma al Director de Inspección de Notar[ía]s, para que éste realice el examen co-rrespondiente.
El Lie. Bonilla Martínez tendrá veinte (20) días para mos-trar causa por la cual no deba ser separado del ejercicio del notariado, por su reiterado incumplimiento de las disposi-ciones de la Ley Notarial y a los requerimientos del Director de Inspección de Notaríais.

El notario ha comparecido. En su escrito señala que ha-bía entregado anteriormente los protocolos de los años 1983 y 1984, y que no había entregado los de 1986 y 1987 porque no los había encuadernado. Admite que la situación en que se encuentra fue creada por él mismo.

Por su parte, el 3 de marzo de 1988 el Director nos in-formó que la obra notarial del licenciado Bonilla Martínez fue inspeccionada, aprobada y entregada al Archivo General de Protocolos del Distrito Notarial de San Juan.

El expediente personal del notario José E. Bonilla Martí-nez refleja que, con anterioridad a este problema, nunca tu-vimos que intervenir con su práctica notarial.

En las circunstancias expuestas, procede que limitemos las. sanciones disciplinarias a una suspensión de tres (8) meses computados a partir del 1ro de marzo de 1988. Tan pronto cumpla con esta sanción disciplinaria, se aceptará su renuncia al ejercicio del notariado.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. José Orlando González Pagán, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-816

      Resuelto: 10 de marzo de 1988

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José A. Gutiérrez Núñez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

José O. Gonzalez Pagan fue denunciado por asesinato en primer grado e infracción a los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 418 y 416. Cele-brada la vista preliminar al amparo de la Regla 23 de Proce-dimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, un juez instructor determinó causa probable en todos los delitos que se le impu-taron al acusado. Como consecuencia, ante el Tribunal'Superior, Sala de Aibonito, el Ministerio. Fiscal formuló la corres-pondiente acusación.

González Pagán pidió la desestimación del delito de asesi-nato en primer grado bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Adujo que la determinación de causa probable fue contraria a la ley y a derecho, toda vez que en la vista preliminar no hubo “prueba alguna sobre los elementos esenciales del delito de asesinato en primer grado y tampoco tuvo ante sí prueba alguna sobre los elementos esenciales del delito de asesinato”. Anexo II, pág. 2. A juicio suyo, esa prueba, “vista de la forma más favorable [a él], estableció que la muerte imputada ocurrió en ocasión de sú-bita pendencia y/o arrebato de cólera”. íd. Acompañó una transcripción de los testimonios verbales vertidos en la vista preliminar, que el Ministerio Fiscal aceptó como legítima.

E116 de noviembre de 1987, el tribunal declaró con lugar dicha moción “por el fundamento de ausencia total de prue-ba en cuanto a los elementos constitutivos de asesinato. Pre-valece la determinación de Homicidio por haber quedado el elemento principal de arrebato de cólera y súbita pendencia claramente demostrado y se autoriza al Ministerio Público a radicar acusación por Homicidio”. (Énfasis suplido.) Anexo IX, pág. 13.

A solicitud del Procurador General, mediante trámite de mostrar causa, revisamos.

H — I 1 — I

La recta solución del recurso requiere, a modo de recordatorio, una breve incursión de la dinámica procesal subyacente en la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, como fundamento para desestimar una acusación o denuncia. Dispone:

Que se ha presentado contra el acusado una acusación o de-nuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere deter-, minado causa probable por un magistrado u ordenado su de-tención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho. (Énfasis suplido.)

En Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459-460 (1975), resolvimos que presentada “una moción para desestimar basada en la Regla 64(p), el tribunal de instancia puede, en el ejercicio de su discreción[,] señalar una vista para entender y recibir prueba, o puede rechazarla de plano si de su faz y de las constancias en el expediente del caso, no resulta meritoria en cuanto al extremo de ausencia total de prueba. Debe recordarse que ‘[l]a determinación de causa probable goza, como toda determinación judicial, de la presunción legal de corrección’[.] Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 799 (1973)”. (Énfasis suplido.) Vé-ase, además, Vázquez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592, 594-595 (1972).

Este ejercicio evaluativo discrecional “en cuanto al extremo de ausencia total de la prueba” es crucial. Su significado está estrechamente vinculado a las razones principales que jurisprudencialmente hemos reconocido inspiran la vista preliminar, a saber: “(1) el objeto central de la vista preliminar no es hacer una adjudicación en los méritos en cuanto a la culpabilidad o inocencia del acusado; (2) aunque se trata de una función propiamente judicial, no es ‘un mini juicio’; (3) el fiscal no tiene que presentar toda la prueba que posea; (4) la vista está encaminada a proteger a la persona imputada a través de un filtro o cedazo judicial por el cual el Estado tiene que pasar prueba, y demostrar si está justificado o no a intervenir con la libertad de un ciudadano y someterlo a los rigores y contingencias de un juicio plenario, y (5) una vez se demuestra y se justifica esta intervención, la vista ha cumplido su propósito de ley.” Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653, 665 (1985).

Aclarada la función de la vista preliminar y la del Tribunal Superior bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, expongamos el cuadro fáctico inicial que presenta el caso de autos. La transcripción de evidencia revela prueba tendente a establecer que en la noche del 27 de febrero de 1987 se suscitó una pelea en el negocio El Papillón situado en el Bo. Santa Catalina, Coamo. Poco antes, William Zayas (c/p Tarzán) le había comunicado al imputado González Pa-gán que su hermano Davicito lo había insultado cuando él se encontraba con dos damas. Le dijo que cuando se acercara a él le iba a dar una bofetada. Zayas se sentó en la barra del negocio. Después entró Davicito con su tío llamado Vicente. Ambos también se sentaron en la barra. Entonces Zayas se levantó de su asiento, se acercó a Davicito y le propinó una bofetada. Acto seguido, se produjo una pelea en la cual inter-vinieron Vicente, Zayas, Davicito y varios parroquianos más. Algunos intercedieron para sujetar a los contendientes. Du-rante la pelea, Zayas perdió la posesión de un revólver que portaba en una pierna. En determinado momento, el acusado González Pagán se apoderó de esa arma, corrió hacia Zayas y le disparó mortalmente en varias ocasiones.

De la transcripción también resulta que algunos testigos manifestaron versiones disímiles sobre el tiempo que trans-currió desde la pelea hasta el uso del arma de fuego y la naturaleza de los ánimos. Para unos los ánimos ya estaban calmados. Para otros no fue así.

Lo expuesto pone de manifiesto el error en que incurrió el foro de instancia. Ciertamente no estaba ante una ausen-cia total de prueba que le permitiera sostener la desestima-ción decretada.

Sabido es que el delito de asesinato se distingue del de homicidio por el elemento de malicia premeditada. Ello significa la ausencia de justa causa o excusa al ocasionar la muerte e implica, además, la existencia de la intención de ocasionar la muerte de un semejante. Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545 (1980).

En cuanto a los grados de asesinato provistos en el Art. 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4002, la diferencia radica en que el primer grado requiere el elemento de deliberación, y en grado segundo, no. Pueblo v. Torres Montanez, 106 D.P.R. 125, 129 (1977). A su vez, para que “exista la deliberación no es necesario que transcurra determinado período de tiempo entre la intención de matar y la muerte misma, y tanto la deliberación como la premeditación pueden existir y concebirse en el momento mismo del ataque”. Pueblo v. López Rodríguez, 101 D.P.R. 897, 899 (1974); Pueblo v. Torres Montañez, supra, pág. 129.

Por otro lado, el delito de homicidio, según tipificado en el Art. 85 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4004, es la muerte “en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera”. En Pueblo v. López Rodríguez, supra, pág. 900, indicamos que la provocación susceptible de reducir “el delito de asesinato a homicidio voluntario tiene que ser aquella de tal naturaleza que haga perder el dominio de sí mismo a un hombre de temperamento corriente obligándolo a actuar por el impulso producido por notable provocación, sin la debida reflexión y sin formar un determinado propósito. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703 (1972); Pueblo v. Saltari, 53 D.P.R. 893 (1938)”.

Estas diferencias evidencian que la determinación fáctica de si estamos ante un asesinato u homicidio es, simplemente, una cuestión de hecho fundamentada en la apreciación de los distintos elementos antes enunciados. Bajo este enfoque, la prueba desfilada en la vista preliminar sostiene prima facie la determinación de causa probable por el delito de asesi-nato. No estaba disponible el mecanismo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, para variarla. No estamos ante un caso de “ausencia total de prueba”. Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 459.

Se dictará la correspondiente sentencia revocatoria.


author: (Fdo.) Bruno Cortés Trigo

text:
    Interpretación de Cánones de Ética Judicial.
    Número:-

      Resuelto: 10 de marzo de 1988
   RESOLUCIÓN

POR CUANTO: El 6 de diciembre de 1974 este Tribunal adoptó una resolución, la cual fue publicada en Interpreta- ción de Cánones de Ética Judicial, 102 D.P.R. 1031 (1974), referente a la participación de los jueces o magistrados en las primarias que celebren los partidos políticos.

POR CUANTO: El Tribunal entiende oportuno y conve-niente ratificar y difundir dicha determinación y sus funda-mentos.
POR TANTO: Este Tribunal ratifica dicha resolución, la cual dispone:
POR CUANTO, este Tribunal es el árbitro supremo en la apli-cación e interpretación de los Cánones de Ética Judicial, y
POR CUANTO, el [Cjanon XVIII dispone, en parte:
“ ... El Juez debe estar y sentirse exento de toda par-cialidad política y no debe dar base con su conducta a la creencia de que sus ideas políticas ejercen sobre él alguna influencia en el cumplimiento de sus funciones judiciales, ni que su criterio está subordinado a los intereses de al-guna organización o partido político. A ese fin, y sin que la siguiente enumeración excluya otras actividades que por su carácter le estén vedadas, el Juez no deberá fomentar los intereses de organismo o partido político alguno, ni participar en asambleas, convenciones u otr[o]s actos de carácter político, ni endosar candidatos . . .”, y
POR CUANTO, a distinción de una elección o refer[é]ndum general, en que puede ejercerse el derecho al sufragio sin que se identifique públicamente el votante con agrupación política alguna, la votación en unas primarias señala al participante como partidario del partido que las auspicie;
POR TANTO, Resuélvese por el Tribunal Supremo de Puerto Rico:
1. La participación en primarias por un juez constituye una violación del [Cjanon XVIII de los Cánones de Ética Judicial, sujeta a sanción disciplinaria.
2. Toda persona que ostenta el título de juez o magis-trado o a quien por otra razón le apliquen los Cánones de Ética Judicial cumplirá estrictamente con los términos de esta Resolución.

Publiquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


text:
    Banco Popular de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Municipio de Mayagüez, demandado y recurrente.

      Número: RE-87-19

      Resuelto: 14 de marzo de 1988

      José A. Menéndez Cortada, de Martínez Álvarez, Fernández Pao-lí, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogado del recu-rrente; José B. Díaz Asencio, de Zayas, Puig & Díaz Asencio, abogado del recurrido.
   I

PER CURIAM:

¿Incluye el cómputo de una patente municipal de un banco los ingresos recibidos procedentes de inte-reses de inversiones en obligaciones fuera de la demarcación de Puerto Rico, y de obligaciones exentas de contribución sobre ingresos?

Esta interrogante se plantea al amparo de la Ley de Pa-tentes Municipales —Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651 et seq.)— en ocasión del Municipio de Mayagüez haber notificado al Banco Popular de Puerto Rico (en adelante el Banco) una deficiencia de $102,009.61, corres-pondiente a los años 1979-1980 a 1982-1983.

La referida ley requiere que toda persona sujeta al pago de la patente rinda anualmente al municipio una declaración sobre volumen de negocios, incluso inter alia el volumen de negocios durante su año de contabilidad anterior, el cual se toma como base para el .cómputo. 21 L.P.R.A. secs. 651i y 651f. La acción municipal se produjo acorde con la definición general sobre ingreso bruto contenida en el Reglamento so-bre Patentes Municipales —Reglamento Núm. 3142, apro-bado el 10 de agosto de 1984— del Secretario de Hacienda. La deficiencia fue primordialmente el resultado de no haber el Banco incluido en el ingreso bruto del cómputo sobre el volumen de negocios de su sucursal local, los ingresos deri-vados de inversiones y de operaciones de su capital hechas fuera de la demarcación territorial de Puerto Rico, en sucur-sales en Islas Vírgenes y los estados de California y Nueva York y, además, de inversiones en bonos y valores del Go-bierno de Estados Unidos y sus agencias federales y del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias y sub-divisiones políticas.

Ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el Banco cuestionó la deficiencia. Dicho foro la anuló y declaró ineficaz el aludido Reglamento sobre Patentes Municipales. Incon-forme, a solicitud del Municipio, revisamos.

I — I h-i

“Hay que afirmar con Máxime Leroy que ‘el Estado es demasiado vasto, demasiado pesado, demasiado alejado de las necesidades inmediatas’, y que, por tanto, se requiere un organismo jurídico más próximo, más en contacto con los problemas locales, en condiciones adecuadas para atender debidamente todos aquellos que son consecuencia del con-tacto vecinal. Este organismo jurídico es el que denomi-namos Municipio. . . .” (Escolio omitido.) F. Albi, Derecho municipal comparado del mundo hispánico, Madrid, Ed. Aguilar, 1955, pág. 21. Esta cita recoge la razón de ser y finalidad principal de los municipios: satisfacer las necesi-dades públicas propias de la comunidad local. En síntesis, se trata de la creación de un ente mediante el cual el Estado puede atender de manera más efectiva “el bienestar social y económico de un conglomerado vecinal específico, de acuerdo con sus necesidades y urgencias en particular”. Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193, 199 (1983); Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980).

La génesis y atributo de todo municipio es obra de la Asamblea Legislativa, que constitucionalmente tiene la “facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y [puede] autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin”. Sec. 1, Art. YI, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 362.

Los municipios carecen de poder inherente para imponer tributos. Mediante mandato claro y expreso la Le-gislatura puede delegar esta facultad. Rubert v. Sancho Bonet, Tes., 58 D.P.R. 198 (1941). A tal efecto, al presente la Ley Orgánica de los Municipios —Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. see. 2001 et seq.)— como regla general, reconoce el poder de tributación municipal dentro de sus límites territoriales y sobre materias no incompatibles con la tributación impuesta por el Estado mediante la Ley Núm. 113, supra. Bajo este esquema, y para atender sus necesidades presupuestarias, la Asamblea Legislativa auto-rizó a las Asambleas Municipales a imponer y cobrar una patente de acuerdo con las disposiciones de dicha ley a “toda persona dedicada con fines de lucro a la prestación de cual-quier servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier nego-cio financiero [y/o] a cualquier industria o negocio en los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico . . .”. Sec. 4 de la Ley Núm. 113 (21 L.P.R.A. sec. 651c).

I — I h-1 HH

En el pasado prevalecía un enfoque restrictivo en materia de interpretación estatutaria del poder municipal para imponer contribuciones. Se aceptaba que su esfera de acción no debería extenderse implícitamente ni por analogía ensancharse su operación para abarcar materias no señaladas específicamente. Cortada v. Municipio de Ponce, 47 D.P.R. 615, 630 (1934); Rubert v. Sancho Bonet, Tes., supra; 16 McQuillin, Mun. Corp. Sec. 44.13 (3ra ed. 1986); E. Cordova, Curso de Gobierno Municipal, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1964, págs. 341-345; G. Meléndez Carrucini, Organismos Impositivos de Puerto Rico — Facultades Comparadas, 18 Rev. Jur. U.I. 27-45 (1983).

Sin embargo, a raíz de aprobarse la nueva Ley de Pa-tentes Municipales que nos ocupa, este enfoque comenzó a reflejar un cambio. En Molinos de P.R. v. Municipio de Guaynábo, 105 D.P.R. 470, 473-474 (1976), detallamos los antecedentes históricos doctrinales y resumimos así la nueva postura:

... La Ley de Patentes de 1914 contenía una enumeración taxativa; la Ley de Patentes de 1971 contenía una enumera-ción no taxativa y facultaba a los municipios a clasificar e in-cluir otros comercios, negocios e industrias no enumerados; la vigente Ley de Patentes de 1974 eliminó la enumeración y concedió una facultad general a los municipios para imponer y cobrar patentes a los tipos que dicha ley prescribe o al tanto po[r c]iento uniforme de dichos tipos que las Asambleas Muni-cipales determinen. Sees. 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974.
Durante los últimos años ha habido una corriente de pen-samiento, no exclusiva desde luego, que favorece la amplia-ción de la facultad impositiva de los municipios. Este es el reverso de la medalla de aquella corriente que favorece la de-volución a los municipios de una serie de poderes. Práctica-mente en todos los casos el ejercicio de un poder o de una facultad por una entidad pública conlleva erogación de fondos. De ahí surge esta tendencia que favorece la ampliación de las facultades impositivas de los municipios. Naturalmente, este es un problema complejo de política pública lleno de concomi-tancias y corresponde a la Asamblea Legislativa y no al Poder Judicial tomar las decisiones que estime pertinentes. Sin embargo, como dijimos en Texas Co. (P.R.) v. Municipio, 81 D.P.R. 499, 509 (1959), no estamos justificados en adoptar normas restrictivas “en contra del poder contributivo de los municipios, a la luz de las claras e inequívocas expresiones que de tiempo en tiempo ha venido haciendo la Asamblea Legisla-tiva con el fin de fortalecer, antes que debilitar, la facultad contributiva de los gobiernos municipales concedida en la Ley de Patentes.” Cuando hay autoridad de ley para ello y excepto en casos inherentemente sospechosos no estamos inclinados a intervenir con la regulación económica municipal, pues como hemos señalado, esta es una función primordialmente legisla-tiva, City of New Orleans v. Dukes, 49 L. Ed. 2d 511 (1976). (Énfasis suplido y escolio omitido.)

Posteriormente, en Arecibo Bldg. Corp. v. Mun. de Arecibo, 115 D.P.R. 76 (1984), ratificamos esta visión más abar-cadora. Al interpretar la See. 8 de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651b, expresamos que del “texto de la ley se desprende que la autoridad concedida a los municipios es amplia. La utilización de las palabras ‘toda persona’, ‘cualquier servicio’, ‘cualquier industria o negocio’ no permiten que se le dé una interpretación restrictiva como pretende la recurrente”. íd., pág. 78.

HH <¡

Con esta perspectiva en mente, concentremos primeramente en el reclamo municipal de que la ley le autoriza a considerar, como parte del ingreso bruto de un banco, los ingresos recibidos por inversiones hechas más allá de sus límites territoriales con capital generado en Puerto Rico. Según antes indicado, la norma general es que los municipios sólo pueden cobrar contribuciones por concepto de ingresos derivados de “la operación específica que la industria o negocio lleva a cabo dentro de su jurisdicción”. Coca Cola v. Municipio de Aguadilla, 99 D.P.R. 839, 841 (1971). Para imponer un tributo por concepto de patente municipal sobre el ingreso bruto derivado de negocios fuera de su jurisdicción, es imprescindible que la Legislatura haya delegado tal poder de manera expresa, diáfana y precisa. Varias razones abonan al respecto.

Primero, la recaudación extraterritorial de rentas muni-cipales acarrea poteñcialmente graves problemas. Si un “municipio pudiera ostentar en forma ilimitada ese poder, es evidente que pudiera producirse un desquiciamiento interno dentro del estado, una situación de desenfreno o desbalance impositivo que podría llegar a afectar las fuentes mismas de la riqueza de una nación. Consiguientemente, la ley fundamental de cada país debiera consagrar el derecho del munici-pio a establecer sus propios impuestos, pero al propio tiempo debiera remitir a la ley ordinaria la determinación de la forma cómo ese poder originario habría de coordinarse con la hacienda pública estatal, ya sea evitando una doble impo-sición irracional sobre la misma materia, ya sea fijando limites al tributo local de manera a [sic] posibilitar la co-existencia con el general y viceversa”. (Énfasis nuestro.) Córdova, op. cit, págs. 342-343.

Segundo, las tributaciones municipales sobre la industria y el comercio responden a la premisa de que los negocios sitos en su territorio se benefician de la organización local para efectuar sus actividades de interés pecuniario y, por tal razón, contribuyen al sostenimiento de las mismas. La determinación crucial es si el evento económico o la fuente del negocio financiero que genera dicho ingreso está dentro o fuera de la municipalidad. Mobil-Teria Catering Co., Inc. v. Spradling, 576 S.W.2d 282 (1979); District of Columbia v. Johnson & Wimsatt, 160 F.2d 913 (D.C. 1947), cert. denegado 332 U.S. 760 (1947). Cf. McQuillin, supra, Secs. 44.191-44.193. Y tercero, la descoordinada imposición de contribuciones en concepto de patentes municipales sobre fuentes de ingreso extraterritoriales puede tener un efecto multiplicador tributario excesivamente oneroso sobre las industrias o negocios comprendidos en la ley.

La actual ley municipal contiene suficiente lenguaje en qué apoyar la tesis de que un municipio puede gravar los ingresos de los bancos una vez son recibidos en Puerto Rico, aunque sean derivados de fuentes fuera de la demarcación territorial. A tal efecto, la Sec. 2(a)(6)(A) y 2(a)(6)(B) de la ley define así los términos siguientes:

(6) Volumen de negocios—
(A) Regla general — El término “volumen de negocios” significa los ingresos brutos que se reciben o se devenguen por la prestación de cualquier servicio, por la venta de cual-quier bien, o por cualquier otra industria o negocio en el muni-cipio donde la casa principal realiza sus operaciones o los ingresos brutos que se reciban o se devenguen por la casa principal en el municipio donde ésta mantenga, oficinas, alma-cenes, sucursales, planta de manufactura, envase, embote-llado, procesamiento, elaboración, confección, ensamblaje, extracción, lugar de construcción o cualquier otro tipo de or-ganización de industria o negocio para realizar negocios a su nombre, sin tener en cuenta sus ganancias o beneficios.
(B) Negocio financiero — Cuando se trate de negocio fi-nanciero el “volumen de negocios” será los ingresos brutos recibidos o devengados excluyendo:
(1) el costo de la propiedad vendida;
(2) los reembolsos de anticipos, préstamos y créditos concedidos, pero sin que la suma deducida por estos con-ceptos exceda el principal de dichos anticipos, préstamos o créditos;
(3) los depósitos; y
(4) las pérdidas incurridas en cualquier operación sobre valores, pero sin que la deducción que se haga por ese concepto exceda del total de las ganancias obtenidas por dichos valores.
En el caso específico de bancos comerciales y asocia-ciones de ahorro y préstamos, bancos mutualistas o de ahorro el ingreso bruto significará los intereses recibidos o deven-gados de préstamos, los cargos por servicios prestados, las rentas, el beneficio bruto en la venta de propiedades o valores y las ganancias, beneficios e ingresos derivados de cualquier otra procedencia.
El ingreso bruto devengado por estas organizaciones su-jeto al pago de patentes se distribuirá entre las sucursales de acuerdo con la proporción que guarden todas las clases de depósitos de la sucursal con los depósitos totales de la orga-nización. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(A) y 651a(a)(6)(B).

De la lectura de esta disposición surge que la Asamblea Legislativa estimó como parte del ingreso bruto de los bancos los “ingresos derivados de cualquier otra procedencia”, 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(B), y por la naturaleza de esa industria creó la regla de distribución proporcional entre todas las sucursales de la isla de “los depósitos totales de la organización”. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(B). Al investigar el alcance de esta disposición notamos que la palabra clave es “procedencia”, que en su acepción significa “origen”. Así leída, la patente municipal alcanza “las ganancias, beneficios e ingresos derivados de cualquier [origen]”. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(B). El evento económico determinante e impositivo surge cuando esos ingresos son recibidos por el banco en Puerto Rico, con relación a inversiones cuya génesis fue su capital. En este aspecto, es correcto el Reglamento Núm. 3142 del Secretario de Hacienda, que en el Art. 2(7)(A) y (B) visualiza tal facultad al definir “ingreso bruto” como “la totalidad de los ingresos de fuentes dentro o fuera de Puerto Rico que se reciben o se devenguen en la operación que se lleva a cabo en cada Municipio, incluyendo todos los ingresos adicionales como intereses y dividendos atribuibles a la operación”. (Énfasis suplido.) El evento económico —recibo de ingreso— se da en la demarcación territorial municipal dentro de la cual opera y se beneficia de los servicios municipales.

En resumen, en los casos de los bancos, la Ley de Patentes Municipales revela claramente que la Asamblea Legislativa tuvo la intención de extender el poder impositivo del gobierno local municipal, ampliando la sombrilla estatu-taria, al sujetar al pago de la patente a los ingresos y benefi-cios no sólo originados dentro de la demarcación geográfica jurisdiccional del municipio, sino a los ingresos recibidos aunque fueran derivados de las operaciones en bancos fuera de Puerto Rico. Su implantación y pago será a través de la fórmula de proporcionalidad. En consecuencia, erró el foro de instancia al declarar nula e ineficaz aquella parte del Re-glamento Núm. 3142 del Secretario de Hacienda, Art. 2(7)(A) y (B), que considera como parte del ingreso bruto de un banco los ingresos derivados de fuentes “fuera de Puerto Rico que se reciben o se devenguen en la operación que se lleva a cabo en cada municipio”. Sobre este extremo, la sen-tencia debe ser modificada.

V

Réstanos resolver lo referente a los bonos y obligaciones gubernamentales locales y federales. En este aspecto, no-tamos que realmente estamos ante una contribución.

Varios son los factores a tomarse en cuenta al determinar si una exacción es un derecho por licencia reguladora o una con-tribución para rentas públicas. En general, la naturaleza y propósito de una ordenanza imponiendo una exacción y la na-turaleza y el propósito de la ordenanza o el estatuto autori-zando la ordenanza, determinará la naturaleza al respecto del carácter de la exacción. Por lo tanto, una declaración o el pro-pósito evidente de reglamentar, aunque no es controlante ni concluyente, tiende a sugerir que se trata de una exacción es-tablecida puramente para fines regulatorios de derechos a una licencia. Pero una ordenanza sin disposiciones para reglamen-tar e imponer una exacción, constituye una ordenanza contri-butiva diseñada para recaudar ingresos, especialmente cuan-do el producto de los derechos de la licencia son ubicados en los fondos o cuentas generales de su presupuesto. Cuando son impuestos únicamente para rentas públicas, los derechos o cargos por la licencia son contribuciones y sólo pueden soste- nerse si están basados en el poder de imposición de contribu-ción.
El nombre que describe la exacción es irrelevante para de-terminar si se trata de un derecho reglamentario o de una contribución para recaudar rentas públicas. En su lugar, las características de la exacción deben tomarse en consideración al determinar su verdadera naturaleza. (Énfasis y traducción nuestra.) McQuillin, supra, Sec. 26.16.

Hemos visto cómo la Ley de Patentes Municipales establece que “[e]l producto de las [patentes] se [utilizará] para cubrir las atenciones de sus presupuestos”. 21 L.P.R.A. sec. 651b. En el caso de autos, la patente municipal no tiene otro propósito que el de recaudar rentas para el municipio. Cf. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416, 439 (1964). Como contribución, le está vedado a los municipios considerar parte del ingreso bruto del negocio para computar la patente municipal, los ingresos derivados por el banco, resultantes de bonos y valores del Gobierno federal y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, corporaciones y sus divisiones políticas.

El Art. 3 de la Ley de Relaciones Federales, en lo perti-nente, dispone:

... y en los casos en que fuere necesario anticipar contribu-ciones y rentas para proteger el crédito público, Puerto Rico, o cualquiera de sus municipios, podrá emitir bonos y otras obligaciones de acuerdo con la ley; y todos los bonos emitidos por el Gobierno de Puerto Rico, o por autoridad de éste, esta-rán exentos de contribución por el Gobierno de los Estados Unidos, por el Gobierno de Puerto Rico, por cualquiera sub-división política o municipio del mismo, o por cualquier Es-tado, Territorio o posesión, o por cualquier condado, munici-pio u otra subdivisión municipal de cualquier Estado, Territo-rio, o posesión de los Estados Unidos o por el Distrito de Columbia. (Énfasis suplido.) L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 213.

Es evidente, pues, que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico carece de autoridad para imponer contribuciones sobre los bonos y obligaciones del Gobierno de Puerto Rico o emi-tidos bajo su autoridad. Como corolario es inoperante e in-existente tal delegación a los municipios. Así, el propio Re-glamento Núm. 3142 del Secretario de Hacienda, en el Art. 11(25), reconoce que están exentos de tributación para efec-tos de la patente municipal “[l]os intereses sobre obligacio-nes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus instru-mentalidades y municipios y los intereses de las obligaciones de los Estados Unidos”.

En lo que respecta a los bonos emitidos por Estados Unidos de América, la ley federal exime tales obligaciones. 31 U.S.C. see. 3124. Dicha norma impide que un estado imponga un onus contributivo mayor que los tenedores de obligaciones estatales similares, ya que de así ocurrir, la contribución estatal sería discriminatoria e inválida. Cf. Memphis Bank & Trust Co. v. Garner, 459 U.S. 392 (1983).

Concluimos que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico carece de autoridad para imponer contribuciones a los bonos y otras obligaciones emitidas por el Gobierno de Puerto Rico o por autoridad de éste. Por ende, la Legislatura no puede delegar dicho poder a los municipios. En lo concerniente a los bonos y obligaciones emitidos por el Gobierno de Estados Unidos o por autoridad de éste, quedan excluidos de toda tributación por razón de la Ley de Patentes Municipales. Lo contrario equivaldría a configurar una situación de discriminación según provista en la ley federal.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opi-nión escrita.

       En la actual Ley de Patentes Municipales, las asociaciones de ahorro y préstamo están específicamente incluidas como negocios sujetos a patente. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(5) y 651a(a)(6)(B). Véase Municipio de Guayama v. Ponce Fed. Sav., 105 D.P.R. 285 (1976).

        Commercial Nat. Bank v. City of Chicago, 432 N.E.2d 227 (1982); City of Evanston v. Create, Inc., 421 N.E.2d 196 (1981); Mobil-Teria Catering Co., Inc. v. Spradling, 576 S.W.2d 282 (1979); City St. Louis v. Lee, 132 S.W.2d 1055 (1939); City Stores Co. v. City of Philadelphia, 103 A.2d 664 (1954); 16 McQuillin Mun. Corp. Sec. 44.91 (3ra ed. 1986); E. Córdova, Curso de Gobierno Municipal, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1964, págs. 341-345.

       Distinguible del caso de Mun. de Carolina v. Caribair, 101 D.P.R. 943 (1974), donde —a modo de obiter dictum— expresamos que la patente municipal no era una contribución.


text:
      In re José H. Rivera Cintrón.

      Número: O-80-644

      Resuelto: 15 de marzo de 1988

      José H. Sánchez Alvarez y Griselle Robles, abogados del peticio-nario; Reinaldo Catinchi, Procurador Especial de- la Comi-sión de Reputación; Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El 30 de junio de 1983 dictamos sentencia en que separamos al abogado José H. Rivera Cintrón del ejercicio de la abogacía. In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481 (1983). El 13 de octubre de 1983 y el 18 de abril de 1984 denegamos las mociones de reconsideración del peticionario.

El 24 de junio de 1987 el peticionario presentó una solici-tud de reinstalación al ejercicio de la abogacía. En apoyo de la misma sometió prueba documental y comunicaciones de varios prestigiosos abogados y ciudadanos privados. El 1ro de octubre de 1987 referimos la solicitud de reinstalación a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía (Comisión) y al Procurador General, para éstos presentar su posición en torno a dicha solicitud.

La Comisión celebró una vista pública en la cual oyó el testimonio del peticionario y otros testigos. Además, se ad-mitió por estipulación prueba documental. El 29 de febrero de 1988 nos remitió la resolución que en lo pertinente expone lo siguiente:

Desfiló prueba ante esta Comisión, comenzando con el testi-monio del Peticionario. Dijo tener 62 años de edad, haber es-tado casado por 35 años con su única esposa con la cual ha procreado tres hijos. Fue abogado por más de 20 años sin ha-ber tenido nunca ninguna querella o caso en su contra en la profesión, ni siquiera una reprimenda en notaría, según sus propias palabras. Testificó que si no rindió las planillas para los 3 años mencionados fue porque no ten[í]a la información sobre unas pérdidas relacionadas con una finca de su propie-dad en Aguirre, las que no le fueron sometidas al ser expro-piada la Central Aguirre, y él entendía que si radicaba las planillas como el Departamento de Hacienda le dec[í]a que hiciera, entonces sí que hubiese incurrido en un “felony”. (Pag. 11 de la transcripción de la vista.) Informó que fue a Hacienda voluntariamente y que se reunió repetidas veces con funcionarios de Hacienda, donde le hicieron ver que todo se resolvería, incluso le dijeron se podía acoger a la amnistía que hubo en el 1983, pero no le cumplieron ya que un día se pre-sentaron a su casa “tres patrullas con armas largas y una fianza de $90,000.00 como si yo fuera el negro Tanco” ([p]ág. 2 de la transcripción).
El Peticionario también declaró extensamente sobre todas las vicisitudes que pasó durante los pasados cuatro años y me-dio, y cómo ha podido sobrevivir únicamente por el apoyo in-condicional, desinteresado y generoso de sus amigos y de su familia. Desde que lo desaforaron no ha trabajado por lo cual ha vivido de sus ahorros, de la venta de algunas propiedades, de una herencia de su esposa y de la ayuda financiera de al-gunos miembros de su familia y de sus amigos. Su mayor de-seo es volver a la práctica de la profesión para servirle a su gente y a su familia, según dijo.
Testificaron a favor del Peticionario los licenciados Maximi-liano Trujillo y René Aponte Caratini quienes son sus amigos y tuvieron palabras de elogio para él, afirmando que el Peticio-nario goza de muy buena reputación en la comunidad.
Se desprendió de la prueba que al momento de la vista el Peticionario ha pagado todo lo que le debía al Departamento de Hacienda, habiendo satisfecho lo adeudado para los años 1974, 1975 y 1976 por los que fue acusado, y no adeudándole nada al presente. El hecho de que el Peticionario goza de muy buena reputación en la comunidad se desprende también de la investigación [ejfectuada por el Procurador de la Comisión, quien informó, además, que recomendaba favorablemente al Peticionario para que sea readmitido a la profesión, opinión que fue suscrita por el Procurador General Auxiliar.
Por todo ello, esta Comisión concluye que el Peticionario goza de muy buena reputación en la comunidad; que sus años como abogado fueron intachables excepto por los únicos tres delitos menos graves por los que fue separado de su profesión; que a esta fecha ha satisfecho totalmente sus deudas con Hacienda; y que ha purgado extensamente su falta, y en virtud de lo cual recomienda su reinstalación a la profesión de abogado. Resolución de 29 de febrero de 1988, págs. 1-3.

“Los criterios determinantes a considerar en toda solici-tud de rehabilitación no sólo comprenden la suficiencia o no de la suspensión como castigo, sino la integridad moral del peticionario al momento de pretender su reingreso a la pro-fesión.” In re Cardona Vázquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982).

Hemos examinado la transcripción de la vista ante la Co-misión y encontramos que su recomendación favorable está ampliamente sostenida por la prueba que tuvo ante sí. He-mos considerado, además, la posición asumida por el dele-gado de la Oficina del Procurador General y el Procurador Especial de la Comisión.

Consideramos que la separación desde el 30 de junio de 1983 hasta esta fecha ha logrado su propósito fundamental de rehabilitación profesional del peticionario y que procede, por tanto, su reinstalación, no sin antes exhortarle a que atenga su conducta profesional a una rigurosa observancia de los cánones de ética profesional y que como ciudadano particular dé fiel cumplimiento a los estatutos del país.

Se dictará sentencia en que se reinstale a José H. Rivera Cintrón al ejercicio de la abogacía.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervienen.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Wilfredo Burgos Torres, etc., acusados y recurridos.

      Número: CE-85-795

      Resuelto: 16 de marzo de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peticionario; José A. Gutiérrez Núñez, abogado de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Mediante recurso de certiorari el Procurador General cuestiona la desestimación de las acusaciones contra los im-putados por los delitos de falsificación, posesión y traspaso de documentos falsificados. El recurso plantea una contro-versia novel e importante relativa al significado y alcance de los Arts. 271 y 272 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4591 y 4592. Confirmamos.

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Contra los acusados recurridos se presentaron acusa-ciones por infracción a los delitos siguientes: apropiación ile-gal agravada, declaración o alegación falsa sobre delito, conspiración, falsificación de documentos y posesión y tras-paso de documentos falsos. Se imputa que en la compraventa y financiamiento de un vehículo de motor “con el propósito de defraudar al Chase Manhattan Bank, [los acusados] pose-yeron, circularon y pasaron como genuinos y verdaderos es-critos falsos, a sabiendas de que los mismos eran falsos, consistentes dichos escritos de la factura de venta, contrato de venta y solicitud de crédito sobre el vehículo Toyota 1.8 de 1980[,] tablilla 93U655”. Exhibit III, pág. 5. También se de-nunció que con el propósito de defraudar a Professional Underwriters Insurance Company falsificaron un “contrato de cesión de derechos, reporte de accidente de interés simple y . . . una declaración jurada”. Exhibit XI, pág. 91. Según el esquema criminoso imputado, los recurridos participaron en la venta y financiamiento de un vehículo “chocado”, el cual se informó posteriormente como apropiado ilegalmente con el propósito de cobrar el seguro. Celebrada la vista preliminar se determinó causa probable en todos los delitos.

Ante una solicitud de desestimación de las acusaciones de acuerdo con la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el tribunal recurrido, mediante resolución y sentencia, desestimó los cargos por infracción a los Arts. 271 y 272 del Código Penal, supra (falsificación de documentos y posesión y traspaso de documentos falsificados).

El Tribunal Superior determinó que la “prueba relacio-nada con los delitos de falsificación en uno y otro caso esta-blece que se cumplimentaron una serie de documentos firmados todos por el co-acusado Wilfredo Burgos Torres en los que se vació información requerida en tales documentos”. Exhibit XI, págs. 91-92. También encontró que la “firma de[l coacusado] Burgos Torres no fue falsificada o alterada ni se estableció que los docu[mentos] en sí hubieran sido falsifi-cados o materialmente alterados. La prueba giró, más bien, en torno a la autenticidad de la información vertida en los documentos”. (Énfasis suplido.) Exhibit XI, pág. 92.

Examinada la prueba sometida por el Ministerio Público y analizado el Art. 271 del Código Penal, supra, el Tribunal Superior concluyó que no había causa probable para las acu-saciones porque “[e]n cuanto a los elementos propios del de-lito así tipificado hubo pues ausencia total de prueba en vista preliminar ... ”. Petición de certiorari, pág. 6. En estas cir-cunstancias también estimó que no había causa para acusar por el delito de traspaso de documentos falsos.

No obstante, el Tribunal Superior declaró sin lugar la mo-ción de desestimación de las causas por los delitos de apro-piación ilegal agravada, conspiración y declaración o alega-ción falsa sobre un delito.

Acordamos conceder término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar al Tribunal Superior. Oportunamente compareció para oponerse a la expedición del auto. Por su parte, arguye el Procurador General que están presentes los elementos de los delitos des-critos, pues no existe controversia de que los acusados tras-pasaron y circularon unos documentos en los que habían pro-visto información falsa, con el evidente propósito de defrau-dar a un banco y a una compañía aseguradora.

Estudiados los antecedentes del Art. 271 del Código Penal, supra, se procede a confirmar el dictamen del foro pri-mario por las razones que pasamos a exponer.

r-H HH

Recientemente en Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988), hicimos acopio de medios interpretativos y nos dimos a la tarea de investigar cuál era el verdadero bien tutelado por el Art. 236 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4432, al resolver la controversia allí planteada. Dijimos en aquella ocasión que “[a]l interpretar las palabras del Código Penal y resolver la controversia ante este Foro reiteramos como principio cardinal de hermenéutica que al lenguaje de una ley debe dársele la interpretación que valida el propósito que tuvo el legislador al aprobarla”. Expresamos igualmente que “[e]n buena metodología adjudicativa se debe analizar la ley ‘tomando en consideración los fines que persigue . . Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra, pág. 409.

Hoy, también encauzados por normas precisas de herme-néutica, nos enfrentamos a una idéntica operación intelec-tual en el caso concreto.

La primera obligación del intérprete consiste en examinar el texto legal para apreciar si su sentido es claro. Dispone nuestro Código Penal, en sus Arts. 271 y 272, supra, lo siguiente:

Falsificación de documentos
Toda persona que con intención de defraudar a otra hiciere, en todo o en parte, un documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se creare, transfiriere, terminare o de otra forma afectare cualquier derecho, obligación o interés, o que falsamente alterare, limitare, suprimiere o destruyere, total o parcialmente, uno verdadero, será sancionada con pena de re-clusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar cir-cunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mí-nimo de seis (6) años.
Posesión y traspaso de documentos falsificados
Toda persona que con intención de defraudar a otra posea, use, circule, venda, pase o trate de pasar como genuino o ver-dadero cualquier documento, instrumento o escrito de los es-pecificados en la sección anterior a sabiendas de que los mis-mos son falsos, alterados, falsificados o imitados, será sancio-nada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija esta-blecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser redu-cida hasta un mínimo de seis (6) años.

La claridad y precisión de un estatuto de carácter penal es condición de su validez en nuestro ordenamiento jurídico. Como aspecto del mismo principio debe negarse cabida a la analogía en materia penal. Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031. Solamente en casos verdaderamente excepcionales y por la repercusión que en Derecho Penal tienen las normas de otras ramas jurídicas afines, pudiera permitirse la aplicación analógica de un precepto para suplir el vacío de esas normas. Este principio impide en materia penal, y so color de interpretación judicial, que los jueces nos lancemos a labores creadoras.

Aclarado este extremo es fácil entender cómo en el campo penal lainterpretación realizada por los tratadistas carece de valor obligatorio. Su fuerza reside en la bondad de los argumentos atemperados, claro está, por el texto claro de la ley. Naturalmente, tienen particular valor las opiniones de aquellos juristas que influyeron en el legislador positivo, como ocurre en Puerto Rico con los profesores José Pagán Rodríguez, José Miró Cardona, Helen Silving, Manuel López Rey, y otros. D. Nevares-Muñi'z, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 41 et seq. De igual forma, ante el sentido claro de la ley, y sobre todo cuando las palabras tienen un significado histórico y jurídico ineludible, la doctrina ofrece en esta área un valioso recurso.

Precisamente este es el caso que hoy tenemos ante la con-sideración de esta curia. Allá para el 1968 escribía el profe-sor Miró Cardona con referencia a la versión principal del Proyecto Pagán: “El Proyecto realiza una síntesis dema-siado violenta en la disciplina de la [fjalsedad [documental. Si indeseable es el perturbador casuísmo seguido por nume-rosas legislaciones, no es menos dañoso ceñir en demasía el tratamiento de dichos delitos. En tres artículos el Proyecto encapsula todas la modalidades del delito y entre las mismas, harto escondida, se halla la falsedad ideológica.” J. Miró Cardona, Borrador y notas explicativas al proyecto de Có-digo Penal redactado por Francisco Pagán Rodríguez, San Juan, 1967, T. 2, págs. 249-250.

Al referirse el autor precitado específicamente a ese concepto oscuro de falsedad ideológica, decía: “La falsedad ideológica se integra cuando la alteración de la verdad recae en el contenido ideativo del documento. La misma implica una divergencia entre [la verdad real y] la verdad expresada en el documento. Cometen este delito el funcionario público, el Notario o quien venga obligado por la Ley a suscribir o autenticar un documento. Es obvio que el particular no puede incurrir en este delito excepto cuando coetáneamente forme el documento falso.” (Énfasis suplido.) Miró Cardona, op. cit., pág. 251.

El profesor Miró Cardona estaba en lo cierto. Nuestro Código Penal de 1974 recibió influencias muy variadas; fuentes procedentes de la tradición civilista, Proyecto Soler de un código penal para Argentina, el Proyecto Peco de un código penal para Uruguay, y otras fuentes procedentes del derecho común anglosajón (Código Penal Modelo del American Law Institute y Código Penal de Puerto Rico, ed. 1902). Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, op. cit., pág. 43. El Código Penal Argentino de 1958— 1959, obra de gran prestigio, ejerció influencia decisiva. Vistas conjuntas Cámara y Senado, 16 de diciembre de 1970; Informe del Senado sobre el P. del S. Núm. 753 (1974).

El Art. 271 de nuestro Código Penal, supra, proviene fun-damentalmente y casi textualmente en sus aspectos básicos de los Arts. 292, 294 y 296 del Código Penal Argentino. Sin embargo, se aparta de sus fuentes en áreas sensitivas, lo que lo convierte en un híbrido peligroso cuando incorporamos, sin mayor análisis, figuras pensadas para aquel derecho. Vé-ase, por ejemplo, Miró Cardona, op. cit., págs. 253-254.

La glosa civilista acepta —y el Código Argentino en especial contiene— dos tipos básicos de falsedad: la falsedad material y la falsedad ideológica. Brevemente, en la falsedad material la alteración de la verdad se origina mediante la alteración material del documento (al raspar, borrar la firma, o añadir palabras o guarismos). Se trata de la imitación de una forma auténtica; el falsificador debe esforzarse por hacer otra (forma) tan parecida al original que pase por buena. S. Soler, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1956, T. V pág. 309. Sólo de ese modo se puede falsificar un billete de banco, un sello de correo o un billete de lotería. E. Cuello Calón, Derecho Penal, Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. II (parte especial), pág. 263; Miró Cardona, op. cit., pág. 250; Soler, op. cit, pág. 309.

A esa manera básica, únese la falsedad ideológica. Ésta existe en un acto incluso externamente verdadero, pero contiene declaraciones mendaces. Se llama “ideológica” porque el documento no es falso en sus condiciones de existencia, “sino que son falsas las ideas que en él se quieren afirmar como verdaderas”. C. Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1980, T. VII, pág. 561. Dentro de una forma jurídica correcta se introduce un relato falso. Mientras la falsedad material es perceptible por algún signo físico exterior, la falsedad ideológica no se aprecia por señas o indicios materiales. Fontán Balestra, op. cit., págs. 560-561.

En el Código Argentino la falsificación puede lograrse de cuatro maneras:

a) Haciendo un documento que tenga la apariencia de verdadero.

b) Adulterando un documento verdadero.

c) Insertando en un documento auténtico, afirmaciones falsas.

d) Suprimiendo el documento que determinaría un jui-cio verdadero.

Los casos “a”, “b” y “d” responden al tipo de falsedad material; el “c” es la llamada ideológica. Soler, op. cit., pág. 371.

En Puerto Rico las acciones enunciadas en el Art. 272 del Código Penal, supra, son precisamente hacer, alterar, limitar, suprimir o destruir. Todas se refieren a la false-dad material, extrínseca o física. La idea de hacer no ofrece dificultad: se trata de la creación completa del documento. De no ser así, el hecho sólo sería una falsificación parcial, una alteración o adulteración. “Hacer” un documento será, por lo tanto, falsificar imitando los signos de autenticidad. “Alterar” será aprovechar los signos de autenticidad para referirlos a un contenido distinto. Las acciones que consisten en limitar, suprimir o destruir también responden al tipo de falsedad material. La supresión puede ser parcial y entonces se obra sobre el contenido que puede resultar inútil, por ejemplo, al hacerlo ilegible de modo que no es posible entenderlo en su sentido específico. Por último, el documento se “destruye” cuando se da fin a su existencia material total o parcialmente. Quemar, romper o borrar, son una de las tantas maneras de destruir. La doctrina y jurisprudencia ci-vilistas han mantenido con gran claridad y fuerza los crite-rios expresados. Véanse: Fontán Balestra, op. cit, pág. 562 et seq.; Soler, op. cit, pág. 372 et seq.; M. Ossorio y Florit, Có-digo Penal de la República Argentina: comentarios, juris-prudencia, doctrina y legislación complementaria, Buenos Aires, Ed. Universidad, 1980, pág. 435 et seq.

Dadas las expresiones que utilizó el legislador puertorri-queño, no cabe duda alguna de que estamos ante la falsedad material. Sobre la falsedad ideológica, que hoy nos negamos a introducir por fíat judicial, citamos formalmente de la doc-trina:

Junto a las demás formas de falsedad: imitación, adultera-ción, supresión, se encuentra reprimida otra que, según vimos, presenta caracteres muy particulares: la llamada false-dad ideológica. A ella se refiere el [A]rt. 293: “Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba pro-bar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
Tales detalles muestran la verdadera naturaleza de este gé-nero de falsedades, y cuál es la razón de que la falsedad ideoló-gica solamente sea punible cuando se produce en instru-mentos públicos propiamente dichos. Ningún documento pri-vado, incluso los documentos equiparados del [A]rt. 297, se encuentra comprendido en esta disposición, sin perjuicio de que ciertas falsedades ideológicas privadas sean previstas ex-presamente y en forma excepcional, y no siempre bajo el ru-bro de la fe pública. (Énfasis suplido.) Soler, op. cit., págs. 384-386.
Y dice el mismo autor:
Ahora, poniendo en relación estas dos formas fundamen-tales de falsedad con las dos clases de documentos a que hemos hecho referencia, se comprenderá fácilmente la razón del diferente alcance de la falsificación y de la falsedad, según se trate de documento público o de documento privado: lafal- sedad ideológica o histórica solamente es punible en la me-dida en que vaya inserta en un documento cuyas formas sean específicamente señaladas por el derecho como indica-tivas de autenticidad, es decir, los documentos públicos, y so-lamente serán alcanzados otros documentos en la medida indispensable para garantizar ciertos bienes jurídicos, me-diante la específica incriminación de ciertas falsedades ideo-lógicas en documento privado.
Si se sancionara también para los documentos privados el deber de que su contenido sea veraz, se haría poco menos que imposible la vida civil. BINDING dice, con razón, que esto sería contrario no sólo a todo derecho, sino a toda razón. El deber de escribir siempre la verdad y solamente la verdad puede ser un deber moral pero no un deber jurídico. Para asu-mir este carácter es necesario que en consideración a la natu-raleza particular de ciertas relaciones, aquel deber sea positivamente sancionado. Como consecuencia, la falsedad ideológica en documento privado solamente es punible por ex-cepción, y no siempre en consideración a la falsedad en sí misma. (Énfasis suplido.) Soler, op. cit., pág. 353-354.

En otras palabras, la falsedad ideológica, también llamada intelectual, se prevé con carácter general únicamente para los instrumentos públicos. Bajo esta figura, el particular por sí solo no puede realizar la materialidad del hecho; quien ha de hacer la inserción es el oficial público. Miró Cardona, op. cit., pág. 251; Fontán Balestra, op. cit., pág. 571; Ossorio y Florit, op. cit., pág. 438 et seq.

El legislador puertorriqueño conocía que la falsedad ideológica no es punible cuando está contenida en un instrumento privado. Fontán Balestra, op. cit., pág. 571. No cabe la menor duda que en el caso de autos los documentos en controversia son documentos privados. Como expresamos, la falsedad ideológica en documento privado solamente es punible por excepción y requiere acción legislativa positiva, tal y como se hizo en Argentina para el caso del certificado médico falso. “En el art. 295 se prevé el caso especial de algunos certificados médicos. La razón de ello consiste en que el certificado médico es un documento pri-vado y, no siendo punible la falsedad ideológica en esa clase de documentos, es preciso prever específicamente como fi-guras especiales todos los casos que expresamente se quiera castigar.” (Énfasis suplido.) Soler, op. cit., pág. 396. En este caso el sujeto calificado “autor del delito” es solamente mé-dico y, al tratarse de un documento privado, la consumación del delito se ocasiona con su uso. Ossorio y Florit, op. cit., pág. 442.

No existe en el Código Penal puertorriqueño delito ex-preso definido, al menos como falsificación, en términos de falsedad ideológica.

El intento de síntesis del Art. 272 del Código Penal, supra, representa desde luego un valor. Sin embargo, olvida el Procurador que la “intención de defraudar” se da en toda modalidad de falsedad. No existe tal cosa como la falsedad “por negligencia”. Esta intención, no obstante, está regida por las modalidades legisladas: hacer, alterar, li-mitar, suprimir o destruir, claramente referidas a la figura de la falsedad material.

En resumen, la operación intelectual de carácter lógico-jurídico nos lleva a concluir que en el caso de autos no puede configurarse el delito de falsificación. Corresponde a la Legislatura la última palabra sobre la creación de un delito de falsificación por afirmaciones falsas en documentos auténticos, públicos o privados. Aunque rechazamos una visión estática y cristalizada de nuestro ordenamiento penal, como jueces debemos cuidarnos de no apartarnos de la ley misma. No podemos eludir en el caso concreto el verdadero sentido jurídico de las palabras. Tampoco podemos atribuirle al legislador móviles que no expresó o absurdos a la luz de la técnica que deliberadamente utilizó.

Por las razones que anteceden, se expedirá el auto, se dictará sentencia que confirma la resolución recurrida y se devolverá el caso a instancia para la continuación de los procedimientos por las acusaciones pendientes y cual-quiera otra que proceda en derecho.

El Juez Asociada Señor Negrón García emitió voto con-currente al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió opi-nión disidente.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

HH

Coincidimos con la opinion mayoritaria, de que el Art. 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4591, prevé la false-dad material y no la ideológica. Al respecto, como indica su nombre, la “[f]alsedad material se integra todas las veces que la mutación de la verdad recae materialmente sobre la escritura ya (1) formando en todo o en parte un documento falso o (2) alterando uno legítimo. ... La formación es la creación del documento. Puede ser formación total o par-cial. Esta última implica dificultades técnicas para preci-sarla. Puede ser la ‘falsedad accesoria’ de un documento legítimo (agregación). ... La alteración supone un docu-mento legítimo, al cual se le modifica el tenor: 1) por agrega-ción; 2) por supresión.... La Falsedad ideológica se íntegra cuando la alteración de la verdad recae en el contenido idea-tivo del documento. La misma implica una divergencia en-tre la verdad real y la verdad expresada en el documento”. (Énfasis suplido.) J. Miró Cardona, Borrador para un pro-yecto de Código Penal Puertorriqueño, XLI Rev. Jur. U.P.R. 597-598 (1972).

Ahora bien, en estricta juridicidad, no procede la desesti-mación total de las acusaciones contra Wilfredo Burgos Torres et al. De acuerdo con nuestro ordenamiento penal, el dictamen correcto que debió prevalecer es modificar la Reso-lución del Tribunal Superior, Sala de Aibonito, de 4 de octu-bre de 1987. Nos explicamos.

En el orden procesal, el planteamiento se hace de acuerdo con la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, esto es, que la determinación de causa no es “con arreglo a la ley y a derecho”. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(p). En esa etapa, el dictamen del foro de instancia puede ser una negativa total a desestimar, acceder a la misma o instruir que el caso conti-núe bajo el delito correcto que la prueba prima facie tienda a establecer.

A través de este prisma de alternativas decisorias, los hechos expuestos por el Ministerio Fiscal contra los impu-tados Burgos Torres et al. —según la prueba disponible esti-pulada— son al efecto de que cumplimentaron una serie de documentos que Burgos Torres firmó. Entre estos docu-mentos figuran Factura, Control de Venta de un Automóvil y Solicitud de Financiamiento al Chase Manhattan Bank. Si bien los mismos no fueron falsificados ni materialmente alte-rados, en éstos insertaron y vaciaron información falsa con el propósito de mover al banco a conceder crédito.

Estos hechos encajan perfectamente en el delito esta-tuido en la See. 33 de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933 (7 L.P.R.A. see. 155), según enmendada, que en lo pertinente dispone:

Cualquier persona que a sabiendas, en su propio nombre o en representación de una persona natural o jurídica, suminis-tre a un banco o banco extranjero información o estados fi-nancieros falsos, con el propósito de inducir al banco o banco extranjero a conceder crédito, a dar facilidades bancarias o a efectuar cualquier negocio con la persona, natural o jurídica, con relación a la cual se rindieron los estados financieros falsos o se dio la información falsa, será culpable de un delito menos grave (misdemeanor) y convicta que fuere será casti-gada con una multa no menor de mil dólares (1,000) ó prisión por un término no menor de un año, o ambas penas, a discre-ción del tribunal. (Énfasis suplido.)

Este precepto tipifica, por vía de excepción, la falsedad ideológica, esto es, se consignan u omiten afirmaciones, he-chos o antecedentes que no se ajustan a la verdad. El resul-tado es “un documento ‘auténtico o genuino’ en forma; pero no veraz en su contenido”. Miró Cardona, supra, pág. 598.

Se impone, pues, la enmienda de las acusaciones y el en-cauzamiento de estos hechos bajo este precepto en sustitu-ción del delito de falsificación, en virtud del régimen de las Leyes Penales Especiales consignado en el Art. 5 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3005. Véase Pueblo v. Mena Peraza, 113 D.P.R. 275 (1982). No hacerlo constituye un desvío sus-tancial de la justicia.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

Por entender que en este caso se configuró el delito de falsificación en su modalidad de falsedad ideológica, disen-timos de la opinión del Tribunal.

El Art. 271 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4591) penaliza el que una persona, con intención de defrau-dar, haga en todo o en parte un documento o escrito falso mediante el cual se afecte cualquier derecho, obligación o interés. El artículo también penaliza el que se altere o des-truya un documento verdadero. El elemento esencial de este delito es la intención de defraudar, ya sea mediante la modalidad de hacer en todo o en parte un documento o es-crito falso, o mediante la modalidad de alterar, imitar o su-primir total o parcialmente un documento verdadero. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico (revisado y comentado), San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 442; Pueblo v. Rivera, 69 D.P.R. 411 (1948); Pueblo v. Ortiz Castro, 90 D.P.R. 593 (1964).

Generalmente se piensa que se falsifica un documento cuando el mismo se crea total o parcialmente con el conoci-miento de que es falso el documento así creado. Limitamos así nuestra visión de falsificar a crear o imitar algún tipo de documento. La falsificación está definida como: (1) “[a]cción y efecto de falsificar”; (2) “[djelito de falsedad que se comete en documento público comercial o privado . . .”. Falsedad, a su vez, se define como “falta de verdad o autenticidad”. Según las anteriores definiciones podemos decir que también se comete el delito de falsificación cuando se falta a la verdad en un documento ya sea éste público, comercial o privado. Cuando hablamos de falsificar un documento debemos dife-renciar entre el documento propiamente y el contenido del mismo. Si lo que se falsifica es el documento mismo estamos ante una falsedad material, mientras que si faltamos a la ver-dad en lo expresado en el documento afectando así su conte-nido estamos ante la llamada falsedad ideológica. Esta falsedad ideológica o intelectual es “aquella que existe en un acto incluso exteriormente verdadero, cuando contiene de-claraciones mendaces; y se llama precisamente ideológica porque el documento no es falso en sus condiciones de exis-tencia, sino que son falsas las ideas que en él se quieren afir-mar como verdaderas”. (Énfasis en el original.) C. Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Ed. Abe-ledo-Perrot, 1980, pág. 561. Tenemos, pues, que en la doc-trina civilista se considera constitutivo del delito de falsifi-cación el poner información falsa en un documento verda-dero sin limitarse a la modalidad de crear, imitar, alterar o suprimir en todo o en parte un documentor

Ahora bien, el poner información falsa en un documento no necesariamente convierte a éste en uno falso. Es claro que no puede constituir el delito de falsificación cualquier mutación de una verdad. De ser así se afectaría grandemente la vida social y el tráfico comercial ante el temor de las conse-cuencias que conllevaría el poner cualquier información falsa en un documento. “La ley no puede ir muy lejos en la previ-sión de requisitos sin hacer incursiones excesivamente limi-tadoras del libre desenvolvimiento individual. ... El deber de escribir siempre la verdad puede ser un deber moral, pero no un deber jurídico. La falsedad ideológica en documento privado solamente es punible por excepción y no siempre en consideración a la falsedad en sí mismo.” E. Casas Barquero, El delito de falsedad en documento privado, Barcelona, Ed. Bosch, 1984, págs. 24-25. Por lo tanto, para que estemos ante el delito de falsificación en la modalidad de poner informa-ción falsa en un documento verdadero es necesario que la falsedad de la información afecte elementos esenciales del documento, mostrando así relevancia en los efectos que el mismo deba producir. Es necesario que el documento consti-tuya la prueba de una relación jurídicamente apreciable y, además, que la alteración del mismo pueda causar perjuicio a un tercero. “Es tan delicado este punto que incluso debe te-nerse presente que la falsedad ideológica no se refiere a cual-quier falsedad o mentira introducida en el documento, sino solamente aquellas que recaen sobre el hecho que el instru-mento mismo prueba erga omnes.” S. Soler, Derecho Penal Arqentino, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1956, T. ^ pág. 386.

En resumen, para que el poner información falsa en un documento privado sea constitutivo del delito de falsificación es necesario que la información afecte la esencia misma de un documento capaz de crear una relación jurídica entre las partes involucradas, la cual se vería afectada por razón de la falsedad en la información causándose así un perjuicio.

En el caso ante nos están presentes las circunstancias necesarias para que se configure el delito de falsificación. Con clara intención de defraudar, al utilizar información falsa, se simuló la venta de un vehículo nuevo para el cual se consiguió el financiamiento. Luego el vehículo fue reportado como hurtado apropiándose los acusados del dinero facili-tado a través del financiamiento, perjudicando así al banco y a la aseguradora.

Por los fundamentos expuestos, concluimos que el tribunal de instancia erró al decretar la desestimación de las acu-saciones por infracción a los Arts. 271 y 272 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. secs. 4591 y 4592).

       Chase Manhattan Bank y Professional Underwriters Insurance Company.

       Añade un tratadista argentino:
      “La falsedad material recae en la escritura misma, y puede consistir en ha-cerla íntegramente, o en agregar o en reemplazar parte de ella (CARRARA, Pro-grama, see. 3648). En este punto, es importante marcar la diferencia entre lo que es auténtico y lo que es verdadero. La falsedad material se refiere esencialmente a la autenticidad del documento, es decir a la condición de emanado de su autor o, si se quiere, de quien aparece como tal.... Pero la pura alteración de la verdad no es apta para configurar una falsedad material. De lo dicho resulta que un docu-mento puede ser materialmente autentico y, a su vez falso, en cuanto a su conte-nido, del principio al fin, o puede ser completamente verídico, en cuanto al contenido y, sin embargo, no auténtico; el titular del derecho, por ejemplo, el acreedor, puede falsificar (materialmente) el documento, así como puede hacerlo un tercero. . . .” C. Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1980, T. VII, pág. 560.

       “Artículo 292
      “El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verda-dero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o pri-sión de 1 a 6 años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de 6 meses a 2 años, si se tratare de un instrumento privado.
      “Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de 3 a 8 años.
      “Para los efectos del párrafo anterior, están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales o penitencia-rias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes.” (Énfasis suplido y escolio omitido.) M. Ossorio y Florit, Código Penal de la República Argentina: comenta-rios, jurisprudencia, doctrina y legislación complementaria, Buenos Aires, Ed. Universidad, 1980, pág. 435.

       “Artículo 293
      “Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjui-cio .. . .” Ossorio y Florit, op. cit., pág. 438.

       “Artículo 294
      “El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.” (Énfasis suplido.) Ossorio y Florit, op. cit., pág. 440.

       “Artículo 295
      “Sufrirá prisión de 1 mes a 1 año, el médico que diere por escrito un certifi-cado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de al-guna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.
      “La pena será de 1 a 4 años, si el falso certificado debiera tener por conse-cuencia que una persona fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.” Ossorio y Florit, op. cit., pág. 441.

       “I. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO. — El conjunto de delitos que nuestra ley agrupa bajo la designación de delitos contra la fe pública, ha dado lugar como pocos a un debate doctrinario ya secular, que a[ú]n no puede decirse concluido, tendiente a delimitar con exactitud técnica cuál es el bien o interés jurídico que individualiza a estas infracciones, y que permita clasificar y agrupar todas las figuras con esa exactitud alcanzada por otros capítulos de la legislación penal moderna.
      “A la dificultad del problema contribuyen por igual razones históricas y teó-ricas. La falsedad, en efecto, es, como la violencia, un modo de conducta genérica-mente reprensible, capaz de conducir a los más variados delitos. Muchas son, en efecto, las figuras en las que la falsedad, en alguna de sus variadísimas formas, desempeña un papel importante. La idea misma de fraude es ineseindible de la de falsedad. Además, otras clases de hechos que nada tienen que ver con perjuicios patrimoniales, adquieren carácter delictivo cuando son cometidos mediante una falsedad.” S. Soler, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1956, T. V, págs. 303-304.

       Este dictamen no impide que el Ministerio Público enmiende o someta acusaciones adicionales por cualquier otro delito aplicable a los hechos de este caso.

       Art. 271:
      “Toda persona que con intención de defraudar a otra hiciere, en todo o en parte, un documento, instrumento o escrito falso, mediante el cual se creare, transfiriere, terminare o de otra forma afectare cualquier derecho, obligación o interés, o que falsamente alterare, limitare, suprimiere o destruyere, total o par-cialmente, uno verdadero, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija estable-cida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar cir-cunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.” 33 L.P.R.A. see. 4591.

        Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. I, pág. 629.

       Como es sabido, nuestro Código Penal mezcla disposiciones procedentes de la tradición civilista con otras procedentes del common law, por lo que po-demos recurrir a ambas tradiciones para una interpretación de nuestros esta-tutos penales.

       “La mutación de la verdad, bien sea material, bien ideológica, para que constituya el crédito de falsedad criminal, requiere la presencia, como presu-puesto objetivo o condición máterial de punibilidad, del daño real en la vida del Derecho, al menos apreciado potencialmente, por tener aptitud para generar un perjuicio, que se identifique con la antijuridicidad de la acción, por lo que única-mente las variaciones esenciales o genuinas en los extremos trascendentes que hayan de garantizar la fe documentada, y no las irrelevantes, innocuas o acce-sorias, son las que incidiendo en valores públicos o privados dignos de amparo, deben acogerse dentro de su contenido y reprocharse, por superar la simple inau-tenticidad formal impune, que no afecta a la seguridad del tráfico jurídico.” (Én-fasis nuestro.) E. Casas Barquero, El delito de falsedad en documento privado, Barcelona, Ed. Bosch, 1984, págs. 146-147.


author: (.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

text:
      In re Reglamento del Tribunal Supremo, Regla 8(j).
    Número:-

      Resuelto: 17 de marzo de 1988
   RESOLUCIÓN

La Rama Judicial se encuentra en el proceso de computa-dorizar las Secretarías del Tribunal Supremo y del Tribunal de Primera Instancia. Uno de los elementos esenciales de este proceso es que toda notificación a los abogados de las partes involucradas en los pleitos se hará conforme un catá-logo incluido en el sistema, en el que consta el nombre y la dirección postal de cada abogado admitido al ejercicio de la profesión en Puerto Rico. La información que se va a incor-porar en este catálogo proviene del libro de registro de abo-gados del Tribunal Supremo.

El inciso (j) de la Regla 8 del Reglamento de este Tribunal dispone:

(j) El Secretario llevará un libro registro de abogados en el que inscribirá por orden cronológico los nombres de todos los abogados que estén autorizados para postular ante este Tribunal, las fechas en que fueren admitidos al ejercicio de su pro-fesión y su dirección postal. Llevará además un libro de registro de notarios en el que se inscribirá el nombre de los abogados autorizados para ejercer el notariado, su residencia y localización de la oficina notarial, y en el cual los notarios registrarán su firma, signo, sello y rúbrica. Todo abogado no-tificará al Secretario todo cambio en su dirección postal. 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

En virtud de lo antes expuesto, se apercibe a todos los abogados admitidos a la práctica en Puerto Rico que no ha-yan notificado al Secretario del Tribunal Supremo su direc-ción postal actual que deben hacerlo dentro de los próximos treinta (30) días. Se les advierte, además, que deben notificar inmediatamente cualquier cambio posterior a la misma. El incumplimiento de esta resolución por un abogado dará lu-gar a la imposición de sanciones en su contra. Véase In re Torres Ortiz, 93 D.P.R. 559 (1966).

Publíquese y remítase copia al Colegio de Abogados y al Director Administrativo de los Tribunales para su difusión a través de los centros judiciales.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Rafael Narváez, demandante y recurrido, v. The Chase Manhattan Bank N.A., demandado y recurrente.

      Número: CE-87-100

      Resuelto: 30 de marzo de 1988

      Pedro J. Salicrup, José Luis Verdiales Morales, de Fiddler, Gon-zález & Rodríguez, abogados del recurrente; José L. Hidalgo Irizarry, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Rafael Narváez presentó en el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, una querella contra el Chase Manhattan Bank (en adelante Chase). Alegó que fue despedido injustificada-mente de su empleo en contravención a la Ley de Despido Injustificado, Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. see. 185 et seq.). Reclamó una compensación por despido que estimó en $4,992, más las costas, los gastos y honorarios de abogado.

En la contestación a la querella, el patrono levantó, entre otras, la defensa afirmativa siguiente:

2. El despido del querellante estuvo justificado a la luz de las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. Constituye justa causa para su despido, su actitud como Supervisor de no rendir su trabajo en forma eficiente o hacerlo tardía y negligentemente, en violación a las normas de opera-ción aplicables a la industria bancaria en general y a la Insti-tución querellada en particular. Incurrió además, en violación a las Reglas y Reglamentos establecidos para el funciona-miento de la Institución.
Se incorporan por referencia a esta contestación tres (3) me-morandos dirigidos por la querellada al querellante fechados respectivamente, a 23 de diciembre de 1982, 26 de enero de 1983 y 25 de febrero de 1983 que ilustran por vía de alegación los hechos que dieron lugar al despido del querellante. 29 L.P.R.A. 185(j).
También se alega afirmativamente que el querellante fue ob-jeto de evaluación que acredita las anteriores actuaciones, así como de otros documentos pertinentes que habrán de surgir a través del procedimiento de descubrimiento de prueba y que acusan deficiencias del querellante en lo referente a su desem-peño como supervisor para la querellada en las áreas de plani-ficación, control, relaciones humanas, organizaciones y en las responsabilidades generales que se esperan de un supervisor en sus circunstancias. Contestación a la Querella, Ap. 2, págs. 2-3.

La vista del caso se celebró el 8 de octubre de 1984. El tribunal le concedió un término a las partes para someter memoriales de derecho para orientarlo sobre la prueba pre-sentada y la jurisprudencia aplicable. La querellada pre-sentó un extenso alegato. Como el querellante no cumplió lo ordenado, el caso quedó sometido a la consideración del tribunal, el cual dictó sentencia en la que declaró con lugar la querella y ordenó al Chase a pagar la suma de $3,774 más $561.60 de honorarios de abogado. El Chase apeló al Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Perfeccionado el recurso, el Tribunal Superior confirmó la sentencia de instancia. En apoyo de su dictamen, el tribunal apelativo adujo que:

Luego de estudiar el expediente completo a la luz de los alegatos de las partes, resolvemos que no se justifica el que este Tribunal intervenga con la sentencia dictada en el caso por el Tribunal de Distrito. Nos parece razonable la interpre-tación del estatuto adoptada por dicho Tribunal al efecto de que no constituye justa causa para el despido la pobre calidad del trabajo de un empleado, cuando esa situación ha sido pro-vocada por el propio, patrono al ascender al empleado a un puesto para el cual el empleado no estaba realmente cualifi-cado. Cuando el patrono se percató de que el ascenso había sido un error pudo evitar las penalidades que impone la ley por despido injustificado devolviendo al empleado al puesto que ocupaba antes del ascenso, pues no está en disputa que en ese puesto anterior el empleado se desempeñaba muy efecti-vamente.(0 Pero en tales circunstancias el despido realmente no se podía justificar. (Cita omitida.)
(J) Véase por analogía el inciso (7) de la sección 4.6 de la Ley de Personal de Servicio Público, 3 L.P.R.A. [see.] 1336. Sen-tencia de 13 de enero de 1987, Ap. 8, pág. 60.

Aunque originalmente denegamos la solicitud para revi-sar los procedimientos, examinada la moción de reconsidera-ción del patrono, el 9 de abril de 1987 acordamos revisar. Con el beneficio de los alegatos de las partes, estamos en posición de resolver.

Este es un caso muy peculiar, ya que los jueces de instan-cia admiten y parten de la premisa de que el empleado fue ineficiente; que la calidad de su trabajo como supervisor era de pobre calidad; que no seguía las normas de la empresa; que no tenía liderato; que fue evaluado en varias ocasiones; que su ineficiencia causó cuantiosos daños económicos al banco, y que a pesar de ello se le dieron nuevas oportuni-dades para mejorar su labor, las cuales no pudo o no supo aprovechar.

No obstante lo anterior, el Tribunal de Distrito resolvió como cuestión de derecho que:

... La falta de liderato y de control en la operación del Departamento a su cargo y la ineñciencia del querellante en el desempeño de sus funciones es atribuible a que no estaba pre-parado para dirigir dicho Departamento. Era por eso que el propio querellante pedía al Patrono adiestramiento en el área de supervisión o en la alternativa que se le cambiara a otra po-sición. El Banco optó por despedirlo. Hemos señalado que el error de juicio en la selección de un empleado para un puesto en particular no es razón de justa causa para su despido a la luz de lo dispuesto en la Sección 185b de la Ley Núm. 80. (Énfasis suplido.) Sentencia del Tribunal de Distrito, Ap. 4, págs. 26-27.

El Tribunal Superior fue más lejos que el de instancia al aplicarle, por analogía, a una relación' obrero-patronal ente-ramente privada el inciso (7) de la See. 4.6 de la Ley de Personal de Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1336(7), que dispone lo siguiente:

(7) Se podrá separar de su puesto a un empleado de carrera durante el período probatorio cuando se considere que sus servicios, hábitos o actitudes no justifican concederle status de empleado regular. Si por razón de sus servicios, y no por hábitos o actitudes, el empleado fuere separado de su puesto durante el período probatorio o al final del mismo, y hubiere servido inmediatamente antes de su nombramiento como em-pleado regular en otro puesto tendrá derecho a que se le reinstale en un puesto en la misma clase, o en una clase similar, del que ocupaba con status regular, conforme se esta-blezca mediante reglamento.

Al aplicar en esa forma la Ley de Despido Injustificado y su jurisprudencia interpretativa a los hechos particulares de este caso, ambos tribunales incidieron.

Recientemente resolvimos que el despido de un supervisor fue justificado por razón de su incompetencia y falta de capacidad para controlar la situación. En Báez García v. Cooper Labs., Inc., 120 D.P.R. 145, 151-153 (1987), apunta-lamos que:

El más profundo respeto hacia las disposiciones constitucio-nales y estatutos que garantizan y protegen los derechos de los trabajadores puertorriqueños, nos impiden refrendar su tesis. La Ley de la Mesada, si bien establece una indemniza-ción para todo empleado contratado sin tiempo determinado, se apuntala en que el despido sea sin justa causa. Su Art. 2 contiene guías orientadoras al respecto. Constituye justa causa para el despido:
(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables establecidas para el funciona-miento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al em-pleado.
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público.
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias de-bido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.
No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacio-nada con el buen y normal funcionamiento del estableci-miento. ... 29 L.P.R.A. sec. 185b.
Al enumerar las posibles circunstancias, el legislador con-crecionó unas situaciones que sirvieran de norte a los tribu-nales en los casos en que se invocara esta ley. Aun así, al va-lorar esa dinámica en una relación típica obrero-patronal, en el Art. 8 determinó imponerle a todo patrono la carga proba-toria de justificar en la afirmativa su actuación, exponiendo en la contestación a una querella los hechos que dieron origen al despido. 29 L.P.R.A. sec. 185k.
En el caso de autos, Cooper cumplió satisfactoriamente con esa exigencia desde el inicio del trámite. Mediante prueba tes-tifical y documental estableció la incompetencia de Báez Gar-cía para desempeñar cabalmente la plaza de Gerente de Personal. No hay el más mínimo indicio de que actuara festi-nada o improvisadamente. Cuando las funciones de la plaza se tornaron más complejas, Báez García no pudo controlar la si-tuación. En lugar de prescindir de sus servicios, Cooper le brindó la oportunidad de continuar en la compañía como Director de Relaciones con los Empleados y la Comunidad y, luego de reorganizar la Oficina de Personal, le permitió ocu-par nuevamente su antigua posición de Gerente de Personal. Simplemente la idea no funcionó. Su desempeño no fue satis-factorio. Aun así, en octubre de 1979, se le volvió a nombrar al puesto de Director de Relaciones con los Empleados y la Co-munidad. (Escolios omitidos y énfasis suprimido.)

Según lo anterior, allí resolvimos que:

En resumen, esta evidencia en unión a otra derrotan la tesis propuesta por Báez García de que la empresa estuvo prepa-rándole un caso en su contra con cuatro o cinco años de antici-pación. Todas las circunstancias apuntadas nos mueven a coincidir con el foro de instancia de que su despido no fue caprichoso ni abusivo. En términos jurídicos, el patrono Cooper demostró satisfactoriamente justa causa para el despido, pues fue el resultado de una “transacción lícita y en el curso de los negocios”, Avilés v. Corte, 69 D.P.R. 1 (1948), como consecuencia de la incompetencia en el desempeño de Báez García. Blanes v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 113 (1948). Que prescindiera de sus servicios —después de reinstalarlo al puesto de Gerente de Personal— no altera el dictamen. Cooper ofreció una “cristalina justificación” para despedirlo. Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979). Báez García v. Cooper Labs., Inc., supra, pág. 154.

Según las circunstancias presentes, forzoso es concluir que el patrono cumplió con su deber de probar que hubo justa causa para el despido del recurrido. No hay funda-mentó para resolver que su despido fue caprichoso y abusivo. Fue una decisión fundada en las necesidades de la empresa que podemos refrendar como una “transacción lícita y en el curso de los negocios”.

Aceptar la tesis en que se amparan las decisiones de instancia en el sentido de que por el hecho de que un patrono cometa un error de juicio al ascender a un empleado le impide despedirlo a menos que esté sujeto a las penalidades de la ley, estaríamos apartándonos del texto y del espíritu de la ley. Consecuencia lógica de dicho razonamiento es que los patronos también serían responsables por similares errores de juicio al emplear en primera instancia a un obrero o empleado.

De sostenerse la decisión recurrida, podrían afectarse negativamente los propios empleados que la ley quiere pro-teger, ya que los patronos podrían estar renuentes a darles la oportunidad de ascenso a menos que estén seguros de que éstos puedan ejercer sus nuevas responsabilidades eficiente-mente.

Por último, resulta evidente que aplicarle a las empresas privadas los principios del servicio de mérito que cobijan a los empleados públicos, para obligarles a devolver a su anterior empleo a aquellos supervisores que no cumplen sus nuevas responsabilidades eficientemente, trastocaría todo el sistema económico del país. No debemos olvidar que las relaciones obrero-patronales en los sectores industriales, agrícolas, comerciales, de servicios y actividades similares están adecuada y ampliamente reglamentadas por el Gobierno local y federal. En muchos de los casos también las relaciones obrero-patronales están regidas por los convenios colectivos. No es necesario, para resolver esta controversia, ampliar las protecciones del empleado por fíat judicial para equiparar al empleado público.

Se dictará sentencia de conformidad a lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhi-bió.

       Estas circunstancias surgen de las determinaciones de hechos del Tribunal de Distrito y de la Relación del Caso que aprobara dicho tribunal como parte del trámite apelativo al Tribunal Superior.

       En sus Determinaciones de Hechos dicho tribunal señaló que:
      “La parte querellante, Rafael Narváez comenzó a trabajar con el Chase Manhattan Bank, N.A., el día 11 de febrero de 1970. Hasta este momento había desempeñado- bien sus funciones. El Chase Manhattan Bank tiene un Departa-mento de Cobros con 4 secciones, cada una a cargo de un Supervisor. En 25 de enero de 1982, el querellante fue promovido a dirigir una de ellas, la de Bank Car and Insurance Claim. En esta Sección trabajaban 4 empleados que el querellante tenía a su cargo y entre sus deberes como supervisor estaba la de [sjupervisar el personal de su oficina a cargo, incluyendo mantener la moral del grupo de tra-bajo, dirigir y asignar trabajo, evaluar a sus empleados y velar por que las tareas de su Departamento se cumplieran satisfactoriamente.
      “El Departamento que dirigía el querellante tenía las funciones siguientes:
      “A. Vender los automóviles que el Banco reposeía.
      “B. Someter las reclamaciones a las distintas Compañías de Seguro por con-cepto de pólizas (single interest).
      “C. Efectuar reclamaciones por préstamos garantizados F.H.A. y de estu-diantes.
      “D. Efectuar el trámite de ‘write off’ y/o ‘Charge off’ que consiste en clasifi-car como morosos los préstamos luego de transcurridos 90 a 150 días, según fuera el caso, después del incumplimiento de pago.
      “El querellante era un empleado que nunca antes había tenido experiencia ni conocimiento alguno de supervisión. La posición le fue ofrecida allá para el mes de noviembre de 1981 y no fue hasta enero de 1982 que decidió aceptarla. Se le di[o] un adiestramiento relacionado con el área de trabajo de su Departamento, pero nunca se le di[o] adiestramiento específico en el área de supervisión, a pesar de que el querellante lo solicitó. No fue hasta agosto de 1982 que el querellante fue evaluado. En esa evaluación se encontró que el querellante no estaba desem-peñándose como el Banco esperaba. Desde entonces comenzaron evaluaciones periódicas que terminan con su despido en 2 de marzo de 1983.
      “Aunque en la carta de despido que se le envió al querellante en 2 de marzo de 1983 no se exponen las razones del mismo, la prueba establece que se le despi-dió porque el Banco no estaba satisfecho con el trabajo que hasta entonces había realizado como Supervisor del Departamento asignado. Debemos de anotar que al querellante además de liquidársele las vacaciones acumuladas, se le entregó un cheque por $1,164.23, según el Banco a manera de ayuda mientras gestiona otro empleo, que es el equivalente a un mes de sueldo, luego de los correspondientes descuentos, pues al momento de su despido el querellante devengaba un sueldo de $1,248.00 mensuales.
      “La evaluación total de la prueba permite a este Tribunal concluir que como cuestión de hecho el Banco cometió un serio error de juicio al nombrar al quere-llante a la posición de Supervisor del Departamento de ‘Bank Car and Insurance Claim’, pues dicho empleado ni estaba capacitado ni fue debidamente preparado para desempeñar la función. A ello debemos de añadir que según surge de la prueba, de los cuatro empleados que se desempeñaban en el Departamento que dirigía el querellante, uno de ellos estuvo ausente por vacaciones como mes y medio y otro se ausentaba con frecuencia más de lo usual por razones de enferme-dad y ello en conjunto explica las razones de deficiencias señaladas al Departa-mento a cargo del querellante que consisten fundamentalmente en (1) no rendir informes a tiempo requerido (2) deficiencias en el procedimiento de tirar prés-tamos a ‘charge off’ (sobre este extremo la prueba establece que se dejó de tirar a ‘charge off’ préstamos por una cantidad aproximada de $150,000), (3) falta de control en la operación y manejo del Departamento a cargo.” Sentencia del Tribunal de Distrito, Ap. 4, págs. 23-25.