text:
    General Electric Credit and Leasing Corp. of P.R., Inc., demandante y recurrida, v. Concessionaires, Inc., José R. Muratti, demandados y peticionarios; Ricolease Investment Mortgage, Inc., y NCR Corp. of P.R., L. S. Technology, Inc., Ross Computer Corp., terceros demandados recurridos.

      Número: CE-86-151

      Resuelto: 10 de diciembre de 1986

      Ronald L. Rosenbaum, de Woods, Rosembaum, Luckeroth & Pé-rez González, abogado de la peticionaria; Rafael Escalera Rodríguez, de Lasa, Escalera & Reichard, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I

Debemos resolver si en una acción en cobro de dinero donde no se ha puesto en controversia la condición económica de la parte demandada es pertinente y procede el descubri-miento de prueba sobre dicha condición.

El 10 de diciembre de 1984 la demandante recurrida General Electric Credit and Leasing Corp. of P.R., Inc. (en ade-lante G.E. Credit) presentó una demanda contra los deman-dados peticionarios, Concessionaires, Inc. y José R. Muratti, en cobro de las mensualidades adeudadas en un contrato de arrendamiento financierb. Los hechos que dieron lugar a la demanda pueden resumirse de la siguiente forma: (i) Rico-lease Investment Mortgage, Inc. (en adelante Ricolease), pro-veyó a Concessionaires, Inc. equipo de computadoras y cajas registradoras, a base del contrato indicado; (ü) la dura-ción del contrato era de sesenta meses con un canon mensual de $3,054.69; (ni) el señor José R. Muratti, actuando en su capacidad de Presidente de Concessionaires, Inc., garantizó personalmente el pago de las mensualidades del referido con-trato; (iv) finalmente, Ricolease cedió a G.E. Credit el derecho de cobrar las mensualidades del contrato.

La controversia que está ante nuestra consideración co-mienza cuando G.E. Credit notificó, el 14 de noviembre de 1985, al codemandado Muratti, en su capacidad personal y como representante de Concessionaires, Inc., un aviso de toma de deposición y producción de documentos a celebrarse el 3 de diciembre de 1985. Se requirió al señor Muratti que lle-vara documentos relacionados con su condición económica, sus bienes muebles e inmuebles y su participación económica en distintas corporaciones.

La toma de deposición se celebró según pautada. Durante la misma el señor Muratti objetó y se negó a contestar las pre-guntas relacionadas con su condición económica y sus bienes. Luego de varias mociones presentadas por la de-mandante y los demandados en relación con la negativa del señor Muratti a contestar dichas preguntas, el tribunal resol-vió que venía obligado a contestar las preguntas objetadas. De esta resolución recurren los demandados mediante solicitud de certiorari en la que alegan que erró el tribunal de instancia al ordenar el descubrimiento de prueba indicado. G.E. Credit compareció para oponerse a la expedición del recurso. Estamos en condiciones de resolver la controversia sometida, y así pro-cedemos a hacerlo a base de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal.

II

Recientemente reiteramos “que un amplio y liberal descubrimiento de prueba es ‘la médula del esfuerzo de destruir de una vez y para siempre la deportiva teoría de justicia’ que tanto mina la fe del pueblo en el sistema judicial.... ‘ [U] n sistema liberal de descubrimiento de pruebas antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio.’. . . Bien utilizado el descubrimiento de prueba acelera los procedimientos, propicia las transacciones y evita sorpresas indeseables en el juicio”. (Citas omitidas.) Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986).

El alcance amplio del descubrimiento de prueba está bien establecido en la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; ésta contiene sólo dos limitaciones: (1) que la información solicitada no sea materia privilegiada, y (2) que la misma sea pertinente al asunto en controversia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 212 (1982); Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830 (1982); Ades v. Zalman, 115 D.P.R. 514 (1984); Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974); Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1951). El tribunal a su vez tiene amplia discre-ción, conforme los criterios rectores de la Regla 23.2 , para proteger a las partes o a otras personas objeto del descubri-miento de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto o molestia indebida. Cuando se esté ante esas circunstancias, el tribunal podrá limitar el alcance y los meca-nismos de descubrimiento de prueba a utilizarse. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 562; Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, pág. 216.

Como regla general el concepto de pertinencia para propósitos del descubrimiento de prueba, aunque impreciso, debe ser interpretado en términos amplios. Sierra v. Tribunal Superior, supra, pág. 573; también véanse: Oppenheimer Fund, Inc. v. Sanders, 437 U.S. 340, 351 (1978); 8 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2008 (1970).

Al determinar la pertinencia de la información “[e]l criterio . . . bajo [la Regla 23.1(a) nuestra y la 26(b) (1) federal] es reconocidamente más amplio que el utilizado para resolver problemas de admisibilidad de prueba bajo las Reglas de Evidencia. Para que una materia pueda ser objeto de des-cubrimiento, basta con que exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia”. (Énfasis suplido.) Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, págs. 212-213; Rivera Alejandro v. Algarin, supra, págs. 833-834; Wright & Miller, op. cit., Sec. 2008, págs. 41-42, 46-48; 4 Moore’s Federal Practice Secs. 26.55 [1], 26.56 [4] (2da ed. 1986).

Sin embargo, esto no significa que el ámbito del descubrimiento de prueba sea ilimitado. El concepto de pertinencia tiene que interpretarse de manera cónsona con el principio rector de las reglas procesales: lograr la solución de las controversias de forma justa, rápida y económica. A tono con esta norma se ha resuelto, bajo disposiciones similares a nuestra Regla 23.1(a), que, como regla general, no procede el descubrimiento de información relacionada con la condición económica de los demandados en casos de daños y perjui-cios. Rupe v. Fourman, 532 F. Supp. 344 (D.C. Ohio 1981); Johnson v. W. H. Stewart Co., 75 F.R.D. 541 (D.C. Okla. 1976); Hillman v. Penny, 29 F.R.D. 159 (D.C. Tenn. 1962); Leidholt v. District Court, Etc., 619 P.2d 768, 770 (Colo. 1980); Calderwood v. Calderwood, 327 A.2d 704, 706 (N.H. 1974); Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, 65 Cal. Rptr. 193 (Cal. App. 1968); Sawyer v. Boufford, 312 A.2d 693 (N.H. 1973); Grant v. Huff, 178 S.E.2d 734, 735 (Ga. 1970); Great American Insurance Company v. Murray, 437 S.W.2d 264, 266 (Tex. 1969); Wright & Miller, op. cit., Sec. 2010, págs. 85, 93; Nota, The Use of Evidence of Wealth in Assessing Punitive Damages in New York: Rupert v. Sellers, 44 Alb. L. Rev. 422 (1980); S. E. Woodbury, Limiting Discovery of Defendant’s Wealth When Punitive Damages are Alleged, 23 Duq. L. Rev. 349 (1985). En acciones de cobro de dinero se ha negado el descubrimiento de prueba re-lacionado con información sobre las transacciones económicas del deudor con terceros cuando esa información no es perti-nente o no está relacionada con la causa de acción. Blumenthal v. Lukacs, 2 F.R.D. 427 (D.C. S.D.N.Y. 1942).

También, se ha resuelto que este tipo de descubri-miento no se justifica cuando la razón adelantada es descubrir la capacidad del deudor de poder satisfacer la sentencia que pueda recaer contra él. Ranney-Brown Distributors v. E. T. Barwick, 75 F.R.D. 3 (D.C. Ohio 1977); Great American Insurance Company v. Murray, supra, pág. 266; Sawyer v. Boufford, supra, págs. 694-695. Se ha rechazado autorizar ese descubrimiento para fomentar transacciones. Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, supra; Sawyer v. Boufford, supra, pág. 695. Cuando la condición económica de la parte no es un elemento de la reclamación o se estipuló la suficiencia de dicha situación económica, tampoco procede ese descubrimiento. Calderwood v. Calderwood, supra, pág. 706.

En Rodríguez v. Scotiabank de P.R., supra, págs. 216-217, dijimos que: “[ajunque exista la requerida pertinencia, el derecho a la intimidad que nuestra Constitución reconoce, exige que se proteja al promovido, en palabras de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, contra la opresión, el hostigamiento, la perturbación, las molestias o los gastos indebidos. Sólo se debe hacer disponible la información estrictamente pertinente. El método de descubrimiento puede alterarse. Aun puede prohibirse el descubrimiento cuando los fines de la justicia claramente lo requieran. La acción a tomar dependerá de las circunstancias particulares de cada caso.” Véanse también: Hillman v. Penny, supra, pág. 161; Saw yer v. Boufford, supra, pág. 695; Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, supra; J. Swanson, Privacy Limitations on Civil Discovery in Federal and California Practice, 17 Pac. L.J. 1 (1985). Por todo lo anterior, resolvemos que el descubrimiento de prueba relacionado con la condición económica de alguna de las partes no deberá permitirse, ex-cepto cuando dicha condición esté en controversia, y aun en esas circunstancias el tribunal podrá limitarlo a aquello que sea estrictamente necesario.

I — I HH hH

G.E. Credit no ha demostrado que la condición económica del codemandado señor Muratti esté en controversia ni que esté relacionada con la materia que es objeto del pleito. Ninguna de las reclamaciones presentadas, la de cobro de dinero y la reconvención sobre daños y perjuicios, requieren la producción de información sobre la condición económica del señor Muratti. El demandante sólo tiene que probar que existe una deuda válida, que la misma no se ha pagado, que él es el acreedor y los demandados sus deudores. El derecho vigente no exige como elemento de una acción de cobro que el deudor tenga bienes para pagar la sentencia. Lo mismo sucede con la reconvención de daños y perjuicios. El reconvencionista señor Muratti no alegó como daño ningún menoscabo en su situación económica, no puso su condición económica en con-troversia. Por más amplio y liberal que interpretemos los re-quirimientos en este descubrimiento, la información solicitada no es pertinente y tampoco se nos ha puesto en posición de de-terminar que conduciría al descubrimiento de prueba perti-nente. El descubrimiento solicitado podría quizás proceder como un incidente relacionado con la solicitud de un remedio provisional al amparo de la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, o en auxilio de la ejecución de una senten-cia que declare deudor al demandado. Regla 51.4 (32 L.P.R.A. Ap. Ill); Hernández Rodríguez v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 77, 80 (1963).

Los argumentos de la demandante G.E. Credit de que “interesa cobrar su acreencia y no litigar un pleito hasta sus últimas consecuencias si sabe de antemano la imposibilidad de cobrar”, y que por lo tanto debe permitirse el descubrimiento de la información económica del codemandado señor Muratti no son hechos pertinentes para fines del descubrimiento de prueba en este caso. Ese descubrimiento, además de no ser pertinente, constituiría hostigamiento, perturbación y molestias indebidas. El tribunal de instancia abusó de su discreción al no emitir una orden protectora que eliminara del descubrimiento las preguntas relacionadas con la condición económica del señor Muratti.

Por todo lo anterior, se expedirá el auto, se dictará senten-cia que revoque las órdenes de 29 de enero y H de febrero de 1986 del tribunal de instancia y se devolverá el caso para que continúen los procedimientos de forma cónsona con esta opi-nión.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez está conforme, acla-rando que a su juicio en el caso no se plantea cuestión consti-tucional alguna relativa al derecho a la intimidad. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión escrita.

       La demandante G.E. Credit alegó que la deuda ascendía a ciento cuarenta y cinco mil seiscientos dieciocho dólares con setenta y dos centavos ($145,618.72), era líquida y exigible, estaba vencida y no había sido pagada, a pesar de haber pedido el pago a los demandados. Los demandados a su vez negaron estas alegaciones, presentaron una reconvención y una demanda, contra terceros, en la cual trajeron al pleito a Ricolease y a NCR. Los de-mandados sostienen en estas alegaciones que el sistema de computadoras y su programación nunca funcionó adecuadamente y que ese equipo no cum-plió con las especificaciones y representaciones de los terceros demandados; que la venta del sistema fue realizada de mala fe, con el propósito de en-gañar y defraudar a Concessionaires, Inc., y que sin éxito habían tratado de devolver el equipo. Reclaman setecientos cincuenta mil dólares ($750,000) por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de estas actuaciones.
      Luego se incluyó como terceros demandados a L. S. Technology, Inc. y a Boss Computer Corp. En esta ocasión se solicitaron cincuenta mil dólares ($50,000) adicionales por concepto de daños y perjuicios. El 9 de enero de 1986 la parte demandante presentó una demanda enmendada trayendo al pleito a la sociedad de gananciales compuesta por el señor Muratti y su esposa.

       E1 equipo objeto de este contrato fue adquirido por Ricolease de NCR Corporation of Puerto Rico (en adelante NCR).

       Oportunamente el demandado señor Muratti presentó una “Oposi-ción” a la producción de documentos, a base de que esa solicitud sólo pro-cedía en una deposición bajo la Regla 51.4 de Procedimiento Civil (Procedi-mientos Suplementarios a la Ejecución de Sentencia), y que los documentos eran impertinentes. G.E. Credit replicó la moción de oposición e indicó que los documentos solicitados eran pertinentes a la acción de cobro de dinero, pues, “[e]s muy importante determinar si la parte demandada tiene bienes con los cuales responder”. Además, expresó que la “parte demandante inte-resa cobrar su acreencia y no litigar un pleito hasta sus últimas consecuen-cias si sabe de antemano la imposibilidad de cobrar, por lo que la parte de-mandada está en la obligación de descubrir los documentos solicitados”. También alegaron que necesitaban descubrir prueba sobre los setecientos cin-cuenta mil dólares ($750,000) reclamados en daños y perjuicios. El tribunal proveyó “No ha lugar” a la moción de oposición y ordenó que se produjeran esos documentos.

      La propia G.E. Credit describe el contenido de lo requerido de la siguiente forma: “Las preguntas que hiciera la parte demandante se dirigen al descubrimiento de prueba relacionadas con la participación del deman-dado José R. Muratti y de Concessionaires, Inc. en otras corporaciones ínti-mamente relacionadas entre sí y del descubrimiento de prueba relacionado con los bienes de los demandados, sus participaciones en otras corporaciones, entidades, sociedades y de la sociedad legal de gananciales constituid [a] por el [señor] Muratti y su cónyuge. También el interrogatorio va dirigido a descubrir prueba sobre la existencia de bienes sobre los cuales la parte de-mandante pueda ejecutar la sentencia que muy probablemente se obtenga en este pleito.” Apéndice, pág. 33.

      E1 señor Muratti se negó a contestar las siguientes preguntas:
      “1. Si anteriormente estuvo casado o no.
      “2. ¿De quién es la casa en que reside localizada en . . . San Patricio, Guaynabo, P.R. ?
      “3. ¿Dónde están las acciones que José Muratti tiene en la Corporación Cangrejera, Inc.?
      “4. ¿Qué participación tuvo o tiene en la corporación Minnesota Development ?
      “5. Si los incorporadores de Concessionaires, Inc., Minnesota Marketing, Inc. y la Corporación Agrícola de Alimentos del Oeste son los mismos.
      “6. ¿ En qué banco garantizó alguna de las deudas de las corporaciones anteriores ?
      “7. Si al momento de garantizar la deuda que es objeto de este pleito, tenía alguna propiedad que pudiera dar en garantía.
      “8. ¿ Qué propiedades inmuebles tiene?
      “a. Sobre la casa en ... San Patricio.
      “b. Sobre el apartamento en Jardines Metropolitanos ....
      “c. Si es dueño o fue dueño de una parcela en el Barrio Pitahaya de Luquillo.
      “9. Sobre qué corporaciones o sociedades tiene él algún interés.
      “10. Si conoce la corporación Ted Lapidus Bull Harvard, Inc. de Chicago?
      “11. ¿ Cuántos automóviles posee ?
      “12. ¿ Qué cuentas tiene por cobrar ?
      “13. ¿ Cuáles son las fuentes actuales de ingreso ?
      “14. ¿ Qué otros procedimientos judiciales se están siguiendo en su contra ?
      “15. ¿Qué relación tiene ahora con Concessionaires, Inc?” Apéndice, pág. 32.

      E1 demandante presentó una “Moción requiriendo [sic] orden que ordene [sin] contestaciones a interrogatorio en toma de deposición”. El de-mandante fundamentó su moción en la doctrina liberal que rige el descubri-miento de prueba. El peticionario señor Muratti presentó una “Oposición y moción bajo la Regla 23.2(g)”, en la cual solicitó que se denegara la moción del demandante. A esta oposición el tribunal dispuso “nada que proveer” el 22 de enero de 1986. El demandante presentó una réplica a oposición y mo-ción bajo la Regla 23.2 (g), antes de notificarse la orden anterior, en la cual solicitó que se ordenara la contestación al interrogatorio y se dispusiera sin lugar la moción del demandado. A esta moción el tribunal dispuso “como se pide”. El peticionario Muratti presentó una solicitud de reconsideración a la orden anterior. Esta última moción también fue denegada.

      La Regla 23.1(a), 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone:
      “Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pen-diente, ya se reñera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte, in-cluyendo la existencia, descripción, naturaleza, custodia, condición y locali-zación de cualesquiera libros, documentos u otros objetos tangibles y la iden-tidad y dirección de personas que conozcan hechos pertinentes. No consti-tuirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha información con-duzca al descubrimiento de evidencia admisible.”

      La Regla 23.2 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone:
      “A solicitud de parte o de la persona en relación con la cual se utiliza el descubrimiento, y por justa causa, el tribunal podrá emitir cualquier orden que se requiera en justicia para proteger a dicha parte o persona de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto o moles-tia indebido. La orden del tribunal podrá incluir una o más de las siguientes medidas:
      “(a) que no se lleve a cabo el descubrimiento;
      “(b) que el descubrimiento se realice de conformidad con los términos y condiciones que se dispongan, incluyendo la designación de fecha y sitio;
      “(c) que se lleve a cabo el descubrimiento por un método diferente al seleccionado por la parte que lo interesa;

        “ (d) que no se lleve a cabo el descubrimiento de ciertas materias o que se limite el alcance de las mismas;
      “ (e) que se realice el descubrimiento en presencia de aquellas personas autorizadas para ello por el tribunal;
      “(f) que una deposición, una vez sellada, sea abierta únicamente por orden del tribunal;
      “(g) que un secreto comercial u otra información confidencial no sea divulgada o que lo sea únicamente bajo ciertas condiciones;
      “(h) que las partes presenten simultáneamente, en sobre sellado, de-terminados documentos o informes para ser abiertos de acuerdo con las ins-trucciones del tribunal.”

      En las jurisdicciones donde se conceden daños punitivos se permite descubrir la información descrita con fuertes limitaciones en el procedi-miento. Rupert v. Sellers, 868 N.Y.S.2d 904 (1976); Doak v. Superior Court for County of Los Angeles, 66 Cal. Rptr. 193 (Cal. App. 1968); 8 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2008 (1970); Leidholt v. District Court, Etc., 619 P.2d 768 (Colo. 1980); Nota, The Use of Evidence of Wealth in Assessing Punitive Damages in New York: Rupert v. Sellers, 44 Alb. L. Rev. 422 (1980), y S. E. Woodbury, Limiting Discovery of Defendant’s Wealth When Punitive Damages Are Alleged, 23 Duq. L. Rev. 349 (1985).

      En el caso Ranney-Brown Distributors v. E. T. Barwick, 75 F.R.D. 3, 5 (D.C. Ohio 1977), se expresó:
      “Ordinarily, Rule 26 will not permit the discovery of facts concerning a defendant’s financial status, or ability to satisfy a judgment, since such matters are not relevant, and cannot lead to the discovery of admissible evidence. However, having' recovered judgment, Barwick may execute on its judgment and inquire as to the escrowed funds in proceedings in aid of execution pursuant to Rule 69. The judgment creditor is permitted discovery in order that he may find out what assets exist or have been fraudulently transferred. In addition,^he may use the discovery mechanisms provided under state practice. Fed.R.Civ.P.Proc. 69; 12 Wright and Miller Sec. 3014 (1973) .... However, there is no need to rule on this matter at the present time, because no proceedings in aid of execution have been instituted. Such proceedings may or may not he instituted.” (Énfasis suplido.)

       En el caso Hillman v. Penny, 29 F.R.D. 159, 161 (D.C. Tenn. 1962), se expresó:

        “It seems to the Court that not only is such inquiry going considerably astray from the issues of liability and damages, but that the plaintiff’s interests in and reasons for acquiring this information are considerably outweighed by the defendant’s right to privacy and right to refrain from disclosing his confidential affairs until such time as such disclosure may be relevant or necessary in the interests of justice. It seems to the Court that the interpretation contended for by the plaintiff would unduly invade the right of privacy prior to a determination of any liability. A groundless claim might then become the vehicle for making full inquiry into all of the confidential financial affairs of any luckless defendant involved in an automobile accident. It is more reasonable to believe that such a result was not contemplated in the drafting and adoption of the rules. The right to individual privacy is of necessity being curtailed and reduced with the growth of the population and government in general. The courts should not un-necesarily contribute to this process. This Court does not believe that even a liberal interpretation of Rule 26(b), F.R.C.P., requires any different result.” (Énfasis nuestro.)

      Esta regla dispone:
      “El acreedor declarado tal por la sentencia, o su cesionario, podrá en auxilio de la sentencia o de su ejecución, interrogar a cualquier persona, incluyendo al deudor declarado tal en la sentencia, de acuerdo con lo dis-puesto en estas reglas para la toma de deposiciones. Si la deposición fuere mediante preguntas escritas, la citación para la toma de la deposición podrá disponer que no es necesaria la comparecencia personal del deudor o depo-nente en virtud de la citación, siempre que con anterioridad a la fecha fijada para la toma de la deposición, éste haga entrega al acreedor por la sen-tencia o a su abogado de sus contestaciones juradas a las preguntas escri-tas que se le hubieren notificado. El tribunal podrá dictar cualquier orden que considere justa y necesaria para la ejecución de una sentencia.”

      Una orden protectora es el mecanismo apropiado para proteger a las partes de requerimientos indebidos que invadan su derecho a la intimi-dad. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 216-217 (1982); cf. Seattle Times Co. v. Rhinehart, 467 U.S. 20 (1984).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Rolando A. Silva, Calixto Calero Juarbe, Mercedes Torres Vda. de Pérez, demandantes y recurridos, v. Miguel Hernández Agosto, Presidente del Senado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-84-522

      Resuelto: 15 de diciembre de 1986

      Marcos A. Ramírez Lavandero, de Ramírez & Ramírez, abogado de los recurrentes; Héctor Urgell Cuebas, abogado de los re-curridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso nos confrontamos con una controver-sia de gran importancia. Bajo nuestra Constitución, ¿puede una comisión del Senado constituirse en sesión ejecutiva y des-cargar sus funciones y poderes con exclusión de los miembros que representan las minorías parlamentarias en el comité? Resolvemos en la negativa.

I

LOS HECHOS

El 23 de febrero de 1981 el Senado de Puerto Rico aprobó la Resolución Núm. 91 que ordena a la Comisión de lo Jurí-dico del Senado investigar lo ocurrido en el Cerro Maravilla el 25 de julio de 1978, sus antecedentes y actos posteriores rea-lizados por funcionarios públicos y gubernamentales. Véanse: Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). El 28 de mayo de 1981 dicha Comisión aprobó el Reglamento para Regir la In-vestigación sobre los Sucesos del Cerro Maravilla. Posterior-mente la Comisión enmendó este reglamento y le incorporó la Regla 7.1 que dispone:

Cuando el Investigador determine que la confidencialidad de un testimonio es necesaria para los propósitos de la inves-tigación, se lo comunicará así al Presidente de la Comisión. En caso de que el Presidente coincida con la recomendación del Investigador, el testimonio confidencial se 'presentará en Sesión Ejecutiva sólo ante el Presidente de la Comisión y el Investigador y ante las personas que el Presidente determine que son esenciales para poder tomar dicho testimonio.
Cuando el Presidente determine que sin perjudicar los pro-pósitos de la investigación, el testimonio puede ser sometido a la Comisión en pleno, debe haberse cumplido con lo dis-puesto en la Regla 6D de este Reglamento, la cual se hará ante el Presidente de la Comisión.
A la terminación de la Sesión Ejecutiva, en la cual se pre-sente a la totalidad de la Comisión el testimonio confidencial, se hará público dicho testimonio. (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

El 80 de agosto de 1984 los Sres. Rolando A. Silva, Calixto Calero Juarbe y la Sra. Mercedes .Torres Yda. de Pérez, en calidad de miembros de la Comisión de lo Jurídico del Senado en representación de la minoría electa por el Partido Nuevo Progresista, impugnaron judicialmente la validez constitu-cional de la transcrita Regla 7.1. Incluyeron como demanda-dos al Presidente del Senado, Sr. Miguel Hernández Agosto, al Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Lie. Francisco Aponte Pérez, y a los Sres. Hipólito Marcano y Carlos Tosca González, Secretario y Sargento de Armas del Se-nado, respectivamente. Alegaron, en esencia, que los deman-dados al poner en vigor la Regla 7.1 los habían excluido de unas reuniones de la Comisión convocadas para escuchar los testimonios de varias personas citadas bajo las disposiciones del Código Político. Alegaron que esta actuación inconstitu-cional impidió que ellos ejercieran sus facultades legislativas y privó a los electores que votaron por ellos de una represen-tación efectiva en los trabajos y deliberaciones de la Comisión.

El 5 de octubre de 1984 el Tribunal Superior, Sala de San Juan, desestimó la causa de acción contra los senadores de-mandados en virtud de la cláusula constitucional sobre inmu-nidad parlamentaria. Retuvo jurisdicción sobre los señores Marcano y Tosca. Decretó que la Regla 7.1 era inconstitu-cional y ordenó al Secretario y al Sargento de Armas del Senado que cesaran y desistieran de ponerla en vigor.

A solicitud del Senado acordamos revisar.

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J USTICIABILID AD

A. La doctrina de cuestión 'política

El Senado argumenta, en primer lugar, que tanto el tribunal a quo como esta curia están impedidos de intervenir en la presente controversia por ésta no ser justiciable. Aduce que se trata de una cuestión política.

Antes de discutir las cuestiones envueltas, es menester aclarar el marco decisional. No estamos frente a un caso en que se cuestionan los poderes investigativoS del Senado, o el poder de regir sus procedimientos internos, o de establecer normas sobre quorum, o de sancionar a sus miembros, o de celebrar sesiones confidenciales. Nuestra intervención se limi-ta a determinar si por reglamento se pueden delegar al presi-dente de una comisión los poderes para excluir a los miembros de la minoría de una sesión ejecutiva constituida para cum-plir con las obligaciones del cuerpo al amparo de los poderes conferidos por la Constitución y las leyes de Puerto Rico.

En Estados Unidos la doctrina de que algunas controver-sias no son justiciables por plantear asuntos políticos tiene un origen antiguo. Luther v. Borden et al., 48 U.S. 1 (1849). Véanse: L. Tribe, American Constitutional Law, Nueva York Fundation Press, 1978, págs. 71-79; J. Nowak, R. Rotunda y J. Young, Constitutional Law, 2da ed., Minnesota, West Pub. Co., 1984, págs. 109-120. Sin embargo, tanto el contenido como la aplicación de este concepto por los tribunales ha gene-rado un intenso debate entre los estudiosos del poder judicial federal. G. Gunther, Cases and Materials on Constitutional Law, lima ed., Nueva York, Foundation Press, 1985, págs. 396-402, 1608-1615; L. Henkin, Is There a “Political Question” Doctrine?, 85 Yale L.J. 597 (1976); M. Redish, Judicial Review and the “Political Question”, 79 N.W.U.L. Rev. 1031 (1984). Aunque hay diferencias sobre los ingredientes de la fórmula, hay un consenso de que los tribunales no la han aplicado consistentemente y esto ha causado incertidumbre y confusión. Tribe, op. cit.

No fue hasta Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962), que el Tribunal Supremo federal estableció los criterios gene-rales para determinar la aplicabilidad de la doctrina de cues-tión política. Requirió que exista uno de los siguientes elemen-tos: (1) una delegación expresa del asunto en controversia a otra rama del gobierno; (2) la ausencia de criterios o normas judiciales apropiadas para resolver la controversia; (3) la imposibilidad de decidir sin hacer una determinación inicial de política pública que no le corresponde a los tribunales; (4) la imposibilidad de tomar una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra rama de gobierno; (5) una necesidad poco usual de adherirse, sin cuestionar, a una decisión política tomada previamente, y (6) potencial de confusión prove-niente de pronunciamientos múltiples de varios departamen-tos del Gobierno sobre un punto. Véanse: Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1 (1973); United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974); Goldwater v. Carter, 444 U.S. 996 (1979); Crockett v. Reagan, 720 F.2d 1355 (1983).

En Puerto Rico la doctrina de cuestión política no ha tenido el mismo arraigo que en Estados Unidos. En Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977), al interpretar el poder de exclusión de la See. 9 del Art. Ill de la Constitución concluimos que “los cuerpos legislativos no pueden convertirse en los jueces constitucionales de sus propios poderes. Es a los tribunales a quienes les toca interpretar las leyes y la Constitución”. En esa ocasión al examinar la justiciabilidad de la controversia reiteramos los pronunciamientos del Tribunal Supremo federal en Baker v. Carr, supra, pág. 209: “El mero hecho que el pleito busca la protección de un derecho político no quiere decir que el mismo presenta una cuestión política.” (Traducción nuestra.)

En todas las ocasiones anteriores ante reclamos de cuestión política hemos reafirmado el poder de los tribunales de ser los intérpretes finales de los contornos de la Constitución y para determinar si los actos de una rama de gobierno exceden su autoridad constitucional. Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803); Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra. La interpretación inicial que de la Constitución haga otra rama merece deferencia, pero debe prevalecer la norma de que la determinación final corresponde a los tribunales. United States v. Nixon, supra. Nuestra estructura de gobierno no permite que las ramas políticas del Gobierno se conviertan en árbitros de sus propios actos. Véanse: The Supreme Court, 1968 Term., 83 Harv. L. Rev. 62, 68 (1969); H. Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, 73 Harv. L. Rev. 1 (1959); Henkins, op. cit; Redish, op. cit.; Tribe, op. cit.; Nowak, Rotunda y Young, op. cit.; A. Bickel, The Least Dangerous Branch, 2da ed., Connecticut, Yale U. Press, 1986, págs. 183-198.

En el presente caso el Senado alega que la controversia no es justiciable porque se cumple con tres de los criterios esbo-zados en Baker v. Carr, supra. En primer lugar, alega que estamos ante una materia expresamente delegada a la Asam-blea Legislativa: la facultad de adoptar reglas internas.

Desde hace siglos se ha aceptado que los cuerpos legislativos pueden adoptar reglas de gobierno interno, como corolario del poder inherente de controlar sus procedimientos. L. S. Cushing, Elements of the Law and Practice of Legislative Assemblies in the United States of America, Nueva Jersey, Rothman Reprints, 1971, págs. 247, 311-312. El Acta Foraker, Sec. 3 (31 Stat. 83), y el Acta Jones, Art. 32 (39 Stat. 960), invistieron a nuestras instituciones legislativas con la autoridad para regir sus procedimientos internos. De Diego et al. v. La Cámara, Etc., 5 D.P.R. 114 (1904). En 1952 nuestra Constitución incorporó de manera clara y ex-presa la facultad de las Cámaras de Puerto Rico para adoptar “las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedi-mientos y gobierno interno”. Art. Ill, Sec. 9. Nuestra Asam-blea Legislativa, así como la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, han autorizado a sus comisiones a adoptar reglas para su gobierno interno que no estén en con-tradicción con las reglas generales de cada cuerpo.

Sin embargo, es doctrina firmemente establecida que al ejercer su función de reglamentar, la Asamblea Legislativa y las comisiones no pueden obviar e ignorar las limitaciones constitucionales. El Tribunal Supremo federal en United States v. Ballin, 144 U.S. 1, 5 (1892), examinó la validez de una regla del Congreso y concluyó :

Ante la Corte la controversia es una sólo de poder. La Cons-titución faculta a cada cámara a determinar sus reglas de procedimiento. No pueden mediante sus reglas ignorar li-mitaciones constitucionales o violar derechos fundamenta-les ... . (Traducción nuestra.)

Véanse: United States v. Smith, 286 U.S. 6 (1932); Yellin v. United States, 374 U.S. 109, 114 (1963); Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168, 199 (1880).

En segundo lugar, alega el Senado que al presente no exis-ten criterios o normas judiciales para resolver la controver-sia, Tampoco le asiste la razón. El planteamiento central de los recurridos es que al poner en vigor la Regla 7.1 para la Investigación sobre los Sucesos del Cerro Maravilla se violan sus derechos constitucionales y a través de esto se afecta la eficacia del voto de sus representados.

El Art. Ill de nuestra Constitución, así como el Art. II, Sec. 2 y el Preámbulo están predicados en la existencia de un gobierno democrático y representativo. Las Secs. 14 y 17 del Art. Ill de la Constitución hacen referencia directa a la existencia de las comisiones legislativas. Es función ineludible de los tribunales interpretar la Constitución y velar que el espíritu y el esquema democrático de esta Carta no se vulnere. Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976); Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 731-734 (1982).

Por último, señala el Senado que la controversia constituye una cuestión política porque cualquier intervención sería una falta de respeto y deferencia a la Asamblea Legislativa. La teoría de la separación de poderes requiere que las facultades delegadas por el pueblo en la Carta Constitutiva se distribuyan entre las tres ramas. Su premisa es evitar la concentración de poderes en una sola. La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada una acepte y respete la autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones. Su perdurabilidad requiere que cuando haya conflicto sobre el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ellas, los tribunales intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferencias.

En este contexto, determinar las normas constitucionales mínimas que deben regir el funcionamiento de las comisiones no constituye una indebida intromisión en los trabajos de la Rama Legislativa. Los senadores de la minoría han acudido a los tribunales para que resolvamos este problema. La determinación final de esta controversia es un asunto para el cual los tribunales estamos preparados y tenemos la expe-rienda y autoridad constitudonal para tomar una dedsión que responda a las drcunstancias históricas de nuestro país.

B. La doctrina de inmunidad parlamentaria

Alegan los recurrentes que el tribunal a quo incidió al declarar inconstitucional la Regla 7.1 y dictar un injunction contra el Secretario y el Sargento de Armas del Senado de Puerto Rico porque están protegidos por la inmunidad parlamentaria garantizada por el Art. Ill, Sec. 14 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Nuestra Cláusula de Inmunidad Parlamentaria fue adoptada basada en la experiencia norteamericana y en la disposición similar contenida en la Constitución de Estados Unidos. Art. I, Sec. 6.

Por esta razón a manera de ilustración en casos como el de autos es conveniente estudiar la experiencia norteameri-cana. En Estados Unidos esta disposición, de origen britá-nico, ha sido interpretada extensamente por el Tribunal Supremo federal. Kilbourn v. Thompson, supra; Tenney v. Brandhove, 341 U.S. 367 (1951); United States v. Johnson, 383 U.S. 169 (1966); Dombrowski v. Eastland, 387 U.S. 82 (1967); Powell v. McCormack, supra, pág. 486; United States v. Brewster, 408 U.S. 501 (1972); Gravel v. United States, 408 U.S. 606 (1972); Doe v. McMillan, 412 U.S. 306 (1973); Eastland v. United States Servicemen’s Fund, 421 U.S. 491 (1975); Lake Country Estates v. Tahoe Planning Agcy., 440 U.S. 391 (1979); United States v. Helstoski, 442 U.S. 477 (1979); Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111 (1979). En Puerto Rico en pocas ocasiones hemos tenido la oportunidad de examinar su dimensión. Vélez Ramírez v. Colberg Ramírez, 117 D.P.R. 873 (1986); Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra; In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698 (1978); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984).

El propósito de la inmunidad parlamentaria desde sus orígenes no ha sido “impedir la revisión judicial de las actuaciones legislativas”, Powell v. McCormack, supra, pág. 505, sino proteger a la Rama Legislativa de intervenciones indebidas de la Rama Ejecutiva o de la Rama Judicial y permitirle a los legisladores laborar libremente en el hemiciclo sin temor a ser demandados por sus actuaciones oficiales. Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra; Reinstein y Silverglate, op. cit., pág. 1119; A. Acevedo, La Cláusula de Inmunidad Parlamentaria y la función informativa de la Asamblea Legislativa, 54 Rev. Jur. U.P.R. 661 (1985). Aunque el eje de la protección es la discusión en el hemiciclo, Gravel v. United States, supra, pág. 625, su cobertura abarca más que sus expresiones en el debate parlamentario, Kilbourn v. Thompson, supra, pág. 204. Cobija todas aquellas actividades que forman parte integrante del proceso legislativo. Lo determinante es la natu-raleza del acto y su relación con el proceso deliberativo y de votación inherente a las funciones parlamentarias.

Alega el Senado que en este caso no procede la demanda porque la inmunidad protege tanto a los senadores como al Secretario y al Sargento de Armas también. Desde Kilbourn v. Thompson, supra, el Tribunal Supremo federal ha distinguido entre lo que es un acto legislativo y una acción no legislativa para propósitos del alcance de la Cláusula de Inmunidad. Véanse: Dombrowski v. Eastland, supra, y Powell v. McCormack, supra. Criterio similar adoptamos en Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra. La autorización por la Asamblea Legislativa de una orden inconstitucional no inmuniza a aquellos que la ponen en vigor. Kilbourn v. Thompson, supra; Dombrowski v. Eastland, supra; Powell v. McCormack, supra, reafirmados en Gravel v. United States, supra, pág. 620.

Para estar protegida, la actuación del funcionario legislativo tiene que ser parte integral del proceso legislativo. Gravel v. United States, supra, pág. 629. Es necesario que el acto realizado por el ayudante hubiese estado inmune, de haberlo realizado el propio legislador. Ibid., pág. 618. Lo importante es el acto, no quién lo lleve a cabo.

En el presente caso los senadores de la minoría parlamen-taria no impugnan la decisión de los legisladores de aprobar la Regla 7.1 ni su motivación. Aquí lo que se cuestiona son las actuaciones del Sargento de Armas y del Secretario del Se-nado al poner en vigor esta regla.

Ambos funcionarios, el Secretario y el Sargento de Armas, intervienen en la implantación reglamentaria “autorizada” por la Regla 7.1. Mientras que el Secretario tiene el deber de notificar las fechas de las reuniones de las comisiones, Regla XIV (1) (1) del Reglamento del Senado, el Sargento de Armas es quien diligencia las citaciones a los testigos, Regla XIV (1) (6) de este reglamento. Además, es el Sargento de Armas quien tiene la responsabilidad de poner en vigor las órdenes del Presidente de la Comisión de impedir a los deman-dantes entrar a las reuniones citadas al amparo de la Regla 7.1, Regla VI del Reglamento del Senado. Véase N. Rigual, El Poder Legislativo de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1961, págs. 31-34. La acción contra ellos procede en derecho. Powell v. McCormack, supra; Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra.

Para que esta actuación esté cobijada bajo la protección de la inmunidad parlamentaria hay que examinar no solamente si la misma es parte integrante de actividades legislativas legítimas, pero también hay que interpretar si cumple con los parámetros constitucionales. Esta es una función que le corresponde a los tribunales y es un asunto justiciable.

Una vez hemos concluido que el asunto es justiciable y que la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria no protege a los fun-cionarios legislativos cuando ponen en vigor la Regla 7.1, pro-cede que estudiemos la función de las comisiones en la Asam-blea Legislativa de Puerto Rico. Antes de examinar esto es conveniente un repaso del desarrollo histórico de los comités congresionales en Estados Unidos y de la jurisprudencia apli-cable que pueda ser utilizada como ilustración. Allá se originó el esquema legislativo que prevalece en nuestro sistema cons-titucional.

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Las comisiones legislativas

A. Las comisiones en el Congreso de Estados Unidos

Desde sus orígenes el Congreso de Estados Unidos ha uti-lizado el mecanismo de las comisiones legislativas (congres sional committees) para que le asistan en el desempeño de sus deberes. Bolling, Committees in the House, en Changing Congress: The Committee System, 411 Annals 1, 2 (1974); W. Keefe y M. Ogul, The American Legislative Process, 4ta ed., Prentice Hall, 1977, pág. 163. Los primeros comités creados por el Congreso fueron comisiones especiales (select committees) , cuyas funciones, vida y marco de acción eran muy limi-tadas. Kravitz, Evolution of the Senate Committee System, en Changing Congress, op. cit, págs. 28-29. A mediados del siglo XIX las comisiones especiales fueron sustituidas por unas per-manentes (standing committees). Ibid. Para finales del siglo XIX el poder y la importancia de los comités permanentes era evidente. W. Wilson, Congressional Government; A Study in American Politics, Nueva York, Ed. Meridian, 1956, pág. 56.

Durante el presente siglo las comisiones legislativas han adquirido prestigio y mucha importancia en todo el proceso legislativo por varias razones: (1) la ampliación de la parti-cipación del Estado en la vida diaria de la sociedad moderna se ha traducido en un incremento en el trabajo parlamentario y en la necesidad de distribuirlo eficientemente; (2) la natu-raleza y complejidad de los asuntos requieren más especializa-ción de los legisladores. Francis, Legislative Committees System, Optional Committee Size and the Cost of Decision Making, 44 J. Pol. 822 (1982). A través de su estructura operational las comisiones han facilitado que el Congreso fiscalice eficientemente a la Rama Ejecutiva, han agilizado el flujo de ideas provenientes de la comunidad, y han promovido el pro-ceso de negociación interna. En el último siglo, de meros entes de ayuda técnica se han convertido en organismos donde se genera política pública. Keefe y Ogul, op. cit., págs. 157-159; Bolling, op. cit.; Brock, Committee in the Senate, en Changing Congress, op. cit., pág. 16; Kravitz, op. cit., pág. 30; Davidson, Representation and Congressional Committees, en Changing Congress, op. cit, pág. 49; M. Jewell y S. Patterson, The Legislative Process in the United States, Nueva York, Random House, 1966, págs. 202-230.

Los poderes de las comisiones congresionales emanan de las facultades inherentes del Congreso y ejercitan sus prerrogativas por delegación expresa de éste. Aunque el partido de mayoría controla todas las comisiones, la minoría tiene derecho a participar en sus trabajos y en las deliberaciones.

Concluido este recuento de la evolución de los comités del Congreso, procede el examen de su incorporación y desarrollo en nuestro país.

B. Las comisiones legislativas en Puerto Rico hasta 1952

En Puerto Rico la historia de las comisiones legislativas se remonta a principios de siglo. Desde su creación en 1900 la Cámara de Delegados puertorriqueña, único cuerpo represen-tativo electo bajo la Ley Foraker, utilizó comités para dis-tribuir su trabajo legislativo.

En 1917 la Ley Jones en su Art. 34 incorporó el requisito de que cada proyecto de ley se remitiese a una comisión antes de ser considerado por el cuerpo. El primer Senado puertorri-queño, constituido en 1917 al amparo de la Ley Jones contaba con nueve (9) comisiones permanentes. Reglamento del Se-nado de Puerto Rico, 1917, Regla VIII (1).

Desde sus orígenes el Senado de Puerto Rico ha permitido a las minorías parlamentarias tener representación en todas las comisiones. La Regla VIII (7) de 1917 disponía que “[l]os informes de comisiones serán firmados por los presidentes y secretarios de las mismas. En caso de que algunos de sus miem-bros en minoría estuvieren ausentes o fuesen contrarios al dictamen de la mayoría, se harán constar los ausentes o las opiniones disidentes de dichos miembros, quienes podrán emi-tir su informe separadamente”. (Énfasis suplido.)

De esa disposición se puede inferir que las minorías tenían derecho a estar representadas en las comisiones del Senado de 1917. Si se le reconocía el derecho a emitir opiniones disiden-tes y hasta informes separados, tenían por necesidad que re-conocerle el derecho a formar parte de ellas. Véanse: B. Pa-gán, Historia de los partidos políticos puertorriqueños, Barcelona, Talleres Gráficos M. Pareja Montaña, 1972, T. I, pág. 185; Actas del Senado de Puerto Rico, Novena Asamblea Legislativa, 1917-1918, pág. XXVII. Este mismo patrón pre-valeció en el Senado y en la Cámara hasta 1952. Véanse: Ac-tas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Décima Asamblea Legislativa, 1921-1924, pág. IX; Pagán, op. cit., pág. 200; Actas del Senado, 1951, págs. IV-VIII; F. Bay-rón Toro, Elecciones y partidos políticos de Puerto Rico, 3ra ed. rev., Mayagüez, P.R., Ed. Isla, 1984, págs. 212-214.

Escritos de dos estudiosos del proceso legislativo durante la década del cuarenta confirman la práctica existente en aquel entonces de que las minorías pertenecían a todas las co-misiones regulares y que el Presidente del cuerpo hacía las designaciones. En su tesis doctoral Trías Monge recomendó que se modificase el proceso de selección de la representación minoritaria en las comisiones y propuso que:

... a los líderes de la minoría se les conceda el poder de selec-cionar los miembros de la minoría que deberán servir en las diferentes comisiones permanentes. El oficial presidente de cada Cámara, será desde luego, el que determine cuántos puestos en cada Comisión estarán disponibles para la mino-ría, que tiene que estar representada en todas las comisiones. (Énfasis suplido y tráducción nuestra.) J. Trías Monge, Legislative and Judicial Reorganization in Puerto Rico (tesis inédita), Escuela de Derecho de la Universidad de Yale, 1947, págs. 48-49.

Aunque esta propuesta ha sido discutida extensamente en el pasado, la misma no ha sido adoptada y es en el Presidente donde radicada actualmente el poder de designar los miembros de las comisiones.

Por otro lado, Serrano Geyls al referirse al papel desem-peñado por las minorías para aquel entonces destacó que éstas “expresan en las comisiones y en el hemiciclo el punto de vista de la organización política a la cual pertenecen ...”. (Traduc-ción nuestra.) R. Serrano Geyls, Executive-Legislative Rela tionships in the Government of Puerto Rico: 1900-1954-, 14 Rev. Jur. U.I.A. 11, 40 (1979). Del análisis anterior conclui-mos que para la fecha en que se convocó la Convención Consti-tuyente en Puerto Rico las comisiones habían adquirido una importancia crucial en el proceso legislativo. Independiente-mente de si como cuestión de derecho, por uso y costumbre, o como mera deferencia, en más de medio siglo de experiencia legislativa las minorías siempre habían tenido representación en los comités de cada Cámara.

C. Las comisiones y la Constitución del E.L.A.

La Constitución del Estado Libre Asociado elevó a rango constitucional la existencia de las comisiones legislativas. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1982, T. III, págs. 152, 159-160; Rigual, op. cit., pág. 69. El Art. Ill, Sec. 17 de la Constitución exige que se remita a un comité todo proyecto de ley. Véase 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2584 (1952); 2 Diario de Sesiones, supra, pág. 854; Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, op. cit. La Sec. 14 del Art. Ill extiende expresamente la protección de la inmunidad parlamentaria a los trabajos en las comisiones.

El informe a la Convención Constituyente remitido por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico discutió las virtudes y desventajas del sistema de comisiones y concluyó que constituían el “corazón del cuerpo legislativo” en Puerto Rico. Escuela de Administración Pú-blica, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1954, pág. 411. Véase Serrano Geyls, op. cit., págs. 40-41.

Por su parte, el informe de la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente también destacó la importancia de los comités:

La remisión a las comisiones da rango constitucional a un sistema que se considera eje del proceso legislativo moderno. (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones, supra, pág. 2584.

Desde entonces ambas Cámaras han fortalecido y ampliado el poder de estas entidades. Hoy constituyen el principal ve-hículo de fiscalización y legislación de la Rama Legislativa. Es precisamente por esa razón que hemos convalidado los poderes investigativos de las comisiones y su facultad de citar testigos so pena de desacato. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra; Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986). Cf. Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).

El pleito ante nuestra consideración es un claro ejemplo de esto. Su génesis es precisamente una investigación especial del Senado. Los planteamientos suscitados a través de la investi-gación senatorial del caso del Cerro Maravilla han requerido nuestra intervención para aclarar el alcance del poder de in-vestigación del Senado y el ámbito de la inmunidad parlamen-taria. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra; Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra; Hernández Agosto v. Betancourt, supra.

La Constitución no define lo que constituye una comisión legislativa. Al amparo de la See. 9 del Art. Ill de la Constitución, le corresponde al Poder Legislativo crear las comisiones de cada cuerpo y delimitar su jurisdicción y facultades. En el ejercicio de sus poderes constitucionales, el Senado de Puerto Rico en la Regla XII del Reglamento sobre Procedi-miento Legislativo creó quince (15) comisiones permanentes y otorgó al Presidente plenos poderes para crear comisiones es-peciales y designar los legisladores de mayoría y minoría que han de integrar todos los comités legislativos. Reglas YII y XII del Reglamento sobre Procedimiento Legislativo. Una de las comisiones permanentes creadas por el Senado en dicho ordenamiento es la Comisión de lo Jurídico. Por disposición reglamentaria esta Comisión está compuesta por nueve (9) senadores nombrados por el Presidente, los portavoces y los portavoces alternos de los partidos políticos, en su carácter ex officio.

Aparte de los requisitos que el propio cuerpo establezca, existen unas condiciones mínimas constitucionales que debe tener una comisión de la Legislatura. Examinadas las experiencias históricas puertorriqueñas y la Constitución del Estado Libre Asociado, concluimos que uno de estos requisitos es que las minorías tengan la oportunidad de estar representadas. Ya hemos visto que esa era la costumbre en Estados Unidos y en Puerto Rico hasta 1952. Al aceptar la importancia de las comisiones en nuestra ley fundamental este requisito adquirió un carácter constitucional.

Esta conclusión es inevitable si se examina el papel que las minorías desempeñan en nuestra democracia.

IV

El papel de las minorías en nuestro esquema constitu-cional

Al aprobar la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 el pueblo de Puerto Rico favoreció la creación de un sistema de Gobierno democrático. Elemento indispensable de una democracia es que el Gobierno sea electo por una mayoría de los ciudadanos mediante un proceso que garantice la más amplia participación de la comunidad. La premisa básica de nuestro ordenamiento es que la mayoría gobierna mediante sus representantes debidamente electos en la Rama Legislativa. Sin embargo, nuestra Constitución también incorporó en la See. 7 del Art. Ill un innovador mecanismo para garantizar la representación efectiva de las minorías en la Asamblea Legislativa. Véase Fuster v. Buso, supra. Este mecanismo “garaqtiz[a] la existencia efectiva de las minorías, elemento indispensable en un gobierno democrático constitucional como el nuestro”. Ibíd., pág. 342. Véase 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2594-2597; Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, op. cit., págs. 142-146; C. Ramos de Santiago, El desarrollo constitucional de Puerto RicoDocumentos y casos, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Medinaceli, 1978, págs. 517-519. Otras disposiciones de nuestra Constitución favorecen esta visión. Art. I, Sec. 1; Art. III,. Sec. 4. Véase 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2590-2592; Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, op. cit., Tomo III, págs. 269-270, 277-278.

El principio de “un hombre, un voto” consagrado por nuestra Constitución no se limita solamente al proceso eleccionario. De nada sirve que a los ciudadanos se les garantice su derecho al voto si luego aquellos que fueron depositarios de la confianza de los electores son excluidos en momentos cruciales del proceso legislativo.

Aunque el desarrollo jurisprudencial sobre este tema se limita al momento de escoger los candidatos y a evitar que el derecho al sufragio no sea diluido de tal forma que el voto de los ciudadanos se torne inefectivo, Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533, 555. (1964), nuestro esquema constitucional en su protección a las minorías se extiende más allá del proceso eleccionario. Abarca también la composición de la Asamblea Legislativa para facilitar que represente a todos los sectores de la sociedad. Precisamente para fortalecer el carácter representativo se concibió un mecanismo para asegurar la participación política a las minorías en la Asamblea Legislativa:

. . . [E] s básico para la salud democrática que las minorías tengan una representación que, aun bajo las circunstancias más desfavorables, les permita cumplir adecuadamente su función de fiscalizar y estimular a la mayoría en su obra de gobierno sin crear entorpecimientos que puedan resultar en detrimento de la democracia. En todo caso, el pueblo debe tener los medios para asegurarse de que sus representantes respondan siempre a la verdadera voluntad de los represen-tados. (Énfasis suplido.) Informe de la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente, 4 Diario de Se-siones, supra, pág. 2590.

En este ordenamiento la mayoría parlamentaria tiene el deber ineludible de cumplir con el mandato expresado por el pueblo. Las minorías tienen una obligación especial de descargar su responsabilidad fiscalizadora sin obstaculizar el funcionamiento legislativo. Las Cámaras tienen los poderes e instrumentos necesarios para asegurar que tanto la mayoría como la minoría cumplan con sus obligaciones hacia el cuerpo y el país sin que se viole el equilibrio y el carácter representativo de la Rama Legislativa.

Al promulgar su reglamento el Senado de Puerto Rico rea-firmó su compromiso de respetar y garantizar a las minorías su derecho a participar efectivamente en los trabajos del cuerpo:

Al aprobarlo, el Senado de Puerto Rico asegura el respeto debido a los derechos individuales de los senadores, a los de minoría y a los de la mayoría parlamentaria. Se ha tenido especial cuidado de que, reconociendo el derecho de la mayo-ría a tomar las decisiones que le correspondan, se garantice el de las minorías a ser escuchadas y a dejar constancia de sus puntos de vista .... A tono con el espíritu democrático que inspira la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Reglamento ofrece a todos los miembros del Senado la oportunidad de participar en los trabajos del cuer-po y establece los mecanismos para tal participación. Regla-mento sobre Procedimiento Legislativo para el Senado, pág. 1.

Las comisiones son un mecanismo útil, eficiente y necesario para que la Asamblea Legislativa cumpla su mandato constitucional. Sus poderes emanan de los poderes del cuerpo. Al constituirlas no se puede socavar el mandato del electorado del pueblo, pero tampoco se puede debilitar el balance ideológico que asegura una participación efectiva de las minorías en el proceso legislativo al formar parte de las comisiones permanentes. Así lo reconocen las propias reglas del Senado al facultar a su presidente a nombrar los senadores de la minoría que forman parte de cada comisión. En el caso de la Comisión de lo Jurídico del Senado, tanto en esta sesión legislativa como en la pasada, había una adecuada representación de los partidos minoritarios.

Recibir testimonios y requerir documentos es una parte esencial del trabajo de las comisiones. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra. ¿Cómo puede el delegado de la minoría emitir un voto inteligente sobre el informe de la Comisión cuando se le impidió participar en vistas? ¿Cómo puede emitir un voto disidente? ¿Cómo podrá el representante de la minoría informar al resto de su delegación? ¿A sus constituyentes? ¿Al cuerpo en sí? Si a las minorías se les impide estar presentes en una vista de una comisión no podrán cumplir cabalmente con su función parlamentaria. Cuando esto ocurre, este sector importante del espectro político del país no estará ade-cuadamente representado en ese proceso.

y

Efectos de la Regla 7.1

Con este transfondo doctrinal debemos examinar el al-cance del Reglamento para Regir la Investigación sobre los Sucesos del Cerro Maravilla y en especial su Regla 7.1. Dicho reglamento incluye una serie de disposiciones para asegurar la efectividad de la investigación, la participación de los sena-dores y los derechos de los testigos. La Regla 2 dispone que el quorum de la Comisión lo constituirá una mayoría de sus miembros con la excepción de cuando se cita a una vista pú-blica o ejecutiva para escuchar testimonios o recibir documen-tos en cuyo caso el quorum consistirá de un miembro.

Los testigos serán citados según dispone el Código Político, asegurándose de esta forma una debida notificación. 2 L.P.R.A. sees. 151-152. Además, a todo testigo se le concederá tiempo razonable para prepararse para la vista, obtener re-presentación legal y producir la evidencia requerida. Regla 3. Cuando el testimonio se haya tomado en sesión ejecutiva, antes de hacerlo público, se notificará al testigo. Regla 6(B). Finalmente la Regla 6(D) dispone que un testimonio ofrecido en sesión ejecutiva no se hará público si tiende a imputar a otras personas conducta difamatoria, denigrante o incrimina-toria a menos que cumpla con los siguientes requisitos: (1) que a la persona afectada se le informe y se le dé oportunidad de comparecer ante una sesión ejecutiva de la Comisión; (2) que dicho testimonio de reputación se publique simultánea-mente, y (3) que la mayoría de la Comisión apruebe la publi-cación de los testimonios.

La Regla 7 dispone la forma en que se recibirán los testi-monios en sesión ejecutiva o en sesión pública. La evidencia obtenida en sesión ejecutiva será secreta. Solamente se hará pública cuando lo determine la mayoría de la Comisión. Regla 7(B). Las únicas personas autorizadas a estar presentes du-rante una sesión ejecutiva son los miembros de la comisión, el personal técnico, la representación legal del testigo y cual-quier otra persona que la Comisión autorice.

No obstante, la Regla 7.1 faculta al Presidente de la Comi-sión de lo Jurídico del Senado a citar a un testigo bajo aper-cibimiento de desacato a comparecer a una sesión ejecutiva compuesta por el Presidente y cualquier otra persona selec-cionada por él. En otras palabras, la Regla 7.1 faculta al Pre-sidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado a constituirse él como la Comisión y a excluir de la sesión ejecutiva a los otros miembros. En el presente caso, al amparo del poder dele-gado por la Regla 7.1, el Presidente de la Comisión citó a tes-tigos para que declararan en una sesión ejecutiva en la que se le impidió a los miembros de la minoría estar presentes. Dicha exclusión no estuvo fundada en una sanción disciplinaria to-mada por el cuerpo al amparo de su poder inherente de apro-bar las medidas necesarias para mantener sus procedimientos en orden.

Alega el Senado que esto en nada afecta las prerrogativas de la minoría, pues eventualmente tendrá acceso al testimonio. Sin embargo, este argumento no responde adecuadamente al problema creado por esta disposición. En primer lugar, el Presidente es quien determina si el testimonio le puede ser sometido o no a la Comisión en pleno. Aunque el Reglamento requiere que los testimonios utilizados en el informe final se le sometan a la Comisión en pleno, la Regla 7.1 establece las con-diciones para que los miembros excluidos jamás se enteren del contenido de las comparecencias que no apoyaban las conclu-siones del informe. Si el Presidente entiende que el testimonio ofrecido ante él no amerita ser sometido a todo el comité, los demás miembros, y en especial la representación minoritaria, nunca conocerán el contenido de éste.

En segundo lugar, el acceso que con posterioridad puedan tener los demás miembros de la Comisión al testimonio vertido ante el Presidente y el investigador, no les permite evaluar responsablemente la comparecencia original, pues se les im-pide interrogar al testigo y observar su comportamiento. Aun si se cita nuevamente al testigo ante la Comisión en pleno, los miembros no podrán comparar los testimonios ofrecidos en ambas ocasiones.

Por último, al citar una reunión al amparo de la Regla 7.1 el Presidente de la Comisión intenta ejercer todos los poderes y prerrogativas que nuestra Constitución y el ordenamiento le otorgan a las comisiones permanentes, entre éstos, el poder de citar so pena de desacato, procesar por desacato y perjurio. Para que estas facultades se puedan invocar la Constitución exige que la Comisión esté debidamente constituida. Es requi-sito indispensable para lograr esto, que a las minorías se les dé la oportunidad de estar representadas.

No debe haber dudas de que la Regla 7.1 versa sobre un asunto esencial en una etapa significativa de los procesos investigativos y deliberativos de la Comisión. Es un requisito constitucional que las minorías tengan la facultad de participar en ese proceso. Al poner en vigor la disposición de la Regla 7.1 que le permite al Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado excluir a los demandantes de las sesiones ejecutivas en que se iba a recibir prueba documental y escuchar los testimonios de las personas citadas bajo apercibimiento de desacato, el Secretario y el Sargento de Armas del Senado infringen los derechos constitucionales de los representantes de las minorías garantizados tanto por el Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por el Reglamento del Senado. No incidió el tribunal de instancia al ordenarle a los funcionarios del Senado que se abstuvieran de poner en vigor esa parte de la Regla 7.1.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado y se reserva el derecho a emitir opinión a esos efectos en el futuro. El Juez Asociado Señor Ortiz y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibieron.

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

San Juan, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 1986.

La opinión que emite una mayoría de este Tribunal en el presente caso correctamente reconoce y resuelve que: la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico elevó a rango constitucional la existencia de las comisiones legislati-vas; que éstas constituyen el eje del proceso legislativo mo-derno y el principal vehículo de fiscalización y legislación de la Rama Legislativa; que independientemente de los requisi-tos que el propio Senado establezca mediante reglamento, nuestra Constitución exige, como condición mínima, que las minorías estén representadas en las comisiones; que de nada sirve que a los ciudadanos se les garantice su derecho al voto si luego aquellos que fueron depositarios de su confianza son excluidos en momentos cruciales del proceso legislativo; que al seleccionar los componentes de las comisiones no se puede so-cavar el mandato del electorado del pueblo; que nuestra Cons-titución “no define lo que constituye una comisión legislativa” (énfasis suplido), y que una disposición como la Regla 7.1 en controversia —que permite la exclusión de la minoría de los trabajos de una de las comisiones legislativas— viola la Cons-titución del Estado Libre Asociado por cuanto contraviene no sólo los principios generales antes enunciados sino ese “inno-vador mecanismo” consagrado en la Sección Séptima del Art. Ill que garantiza la representación efectiva de la minoría en nuestra Asamblea Legislativa.

Ello no obstante, y por los fundamentos que a continuación exponemos, nos vemos impedidos de suscribir totalmente la opinión emitida por el Tribunal.

I

Una lectura cuidadosa de la opinión mayoritaria revela un lenguaje restrictivo que puede causar, en la mente de algunas personas, confusión sobre la norma implantada. Dicha opinión puede dar la impresión que limita la norma que esta-blece a situaciones en que únicamente están envueltas comi-siones permanentes del Senado de Puerto Rico. Esto es, apa-renta no hacer extensivo lo resuelto a las comisiones especiales, o de cualquier otra índole, que continuamente se crean en nuestra Asamblea Legislativa con fines y propósitos similares a los de las comisiones permanentes.

Ahora bien, la mejor evidencia de que la norma implan-tada no está limitada al caso de comisiones permanentes y que, por el contrario, aplica a toda clase de comisiones está conte-nida en la propia opinión que se emite. La mayoría del Tribunal, con el propósito de justificar la opinión y con el fin de demostrar la sabiduría y corrección de la misma, se pregunta y expresa:

¿ Cómo puede el delegado de la minoría emitir un voto inteli-gente sobre el informe de la Comisión cuando se le impidió participar en vistas ? ¿ Cómo puede emitir un voto disidente ? ¿Cómo podrá el representante de la minoría informar al resto de su delegación? ¿A sus constituyentes? ¿Al cuerpo en sí? Si a las minorías se les impide estar presentes en una vista de una comisión no podrán cumplir cabalmente con su función parlamentaria. Cuando esto ocurre, este sector im-portante del espectro político del país no estará adecuada-mente representado en ese proceso. Págs. 71-72.

Preguntamos nosotros: A los fines antes expresados, ¿acaso existe diferencia entre el miembro minoritario de una comisión permanente y el de una comisión especial? La con-testación parece ser obvia.

La Constitución, según la propia opinión de la mayoría, “no define lo que constituye una comisión legislativa”. Si los fundamentos aducidos en la opinión mayoritaria son válidos —como creemos que lo son— es obvio que este Tribunal no puede definir restrictivamente dicho término en perjuicio de los derechos de los ciudadanos que nuestra Constitución tiene el propósito de proteger.

I H-1

La opinión emitida —no obstante reconocer que la Regla 7.1 en controversia “faculta al Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado a constituirse él solo como la Comisión y a excluir de la sesión ejecutiva a los otros miembros” (énfasis suplido)— meramente resuelve que dicha regla resulta in-constitucional al ser aplicada por el Secretario y el Sargento de Armas del Senado de Puerto Rico. Esto es, aparentemente indeciso sobre su facultad para declarar nula la disposición en sí, el Tribunal se limita a resolver que la referida regla es inconstitucional en su aplicación.

En primer lugar, somos del criterio que los fundamentos aducidos en la opinión mayoritaria —los cuales resumimos al comienzo de la presente ponencia— son más que suficientes para sostener que la citada Regla 7.1 es inconstitucional de su faz. En segundo lugar, entendemos que este Tribunal —como intérprete último de la Constitución del Estado Líbre Asociado de Puerto Rico— está plenamente facultado para realizar dicha determinación y que la misma, dados los hechos particu-lares del presente caso, no constituye una intromisión de este Tribunal en los “procedimientos internos de una investigación legislativa legítima y de su reglamentación” como sostiene la distinguida representación legal del Senado en la solicitud de revisión que radicara.

No debe caber duda que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene el poder constitucional para reglamentar sus “asuntos internos” sin temor a que la Rama Judicial esté constantemente “supervisando” sus actuaciones.

Ahora bien, una reglamentación aprobada por cuales-quiera de los dos cuerpos camerales de la Legislatura de Puerto Rico que, como en el presente caso, viole y afecte direc-tamente derechos fundamentales que nuestra Constitución les garantiza a sus ciudadanos —tales como el derecho al voto y a estar debidamente representados— no cualifica como “asunto interno” exento de escrutinio y determinación final por este Tribunal. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 766 (1977); Corujo Collazo v. Viera Martínez, 111 D.P.R. 552, 561 (1981); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 731 (1982).

Conviene recordar que los poderes y facultades que posee la Asamblea Legislativa emanan de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En su consecuencia, sus ac-tuaciones —en tanto y en cuanto afecten derechos fundamen-tales de los ciudadanos de este país e independientemente de la inmunidad contra demandas que cobija a los señores legis-ladores relativa a sus funciones como tales— tienen que ser conforme a los principios y directrices contenidas en la Cons-titución, so pena de ser declarados nulos e inexistentes por este Tribunal; facultad precisamente concedida a esta insti-tución por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Regístrese y notifíquese.

       Hasta esa fecha autorizaba a su Presidente, de entenderlo necesa-rio, a recibir testimonios en una sesión ejecutiva en presencia sólo de los miembros de la Comisión, el equipo técnico, el abogado del testigo y “cual-quier otra persona cuya presencia la Comisión entienda necesaria”. Bajo esta disposición la Comisión laboró con éxito por espacio de más de dos años.
      El 22 de noviembre de 1983 los senadores Oreste Ramos y Efraín Santiago, miembros de la minoría en la Comisión, alegadamente violaron las reglas de confidencialidad de ésta al informar al entonces Gobernador, Lie. Carlos Romero Barceló, el contenido de los testimonios confidenciales ver-tidos por dos testigos en sesión ejecutiva. Como consecuencia de dicha viola-ción fueron expulsados de la Comisión.
      Alega el Senado que como resultado directo de este incidente se en-mendó en 1984 la Regla 7.1 para “fortalecer aún más el procedimiento” in-vestigativo de la Comisión.

       Aunque ninguna de las partes lo ha planteado, los resultados elec-cionarios de 1984 no han tornado el recurso académico. Com. de la. Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 725 (1980). El demandante, Sr. Rolando Silva, fue reelecto en las elecciones de 1984 a su cargo como senador y con-tinúa desempeñándose hasta el presente. Los otros demandantes no fueron reelectos.
      El 2 de abril de 1985 fue aprobada por el Senado de Puerto Rico la Resolución del Senado Núm. 81 de la Décima Asamblea Legislativa. Ordenó a la Comisión de lo Jurídico que continúe con la investigación. El 26 de febrero de 1986 el Senado compareció ante este foro mediante moción para informarnos que el 24 de octubre de 1985 la Comisión de lo Jurídico aprobó su Reglamento para Regir la Investigación sobre los Sucesos del Cerro Ma-ravilla, “incorporando la misma Regla 7.1 cuya constitucionalidad está en controversia en el recurso de revisión de autos”.
      Por otro lado, la validez de la Regla 7.1 también es importante para la solución del recurso instado en Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986).
      No hay dudas de que estamos frente a una controversia real entre las partes. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958).

      Véanse: Regla XIV(l), Reglamento del Senado de P.R.; Regla XIII (1), Reglamento de la Cámara de Representantes de P.R., 1982; Rule XI2(a) (2), Rules of the House of Representatives of the United States of America, Ninety-Eighth Congress, 1983.

      “. . . [T]odo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmu-nidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones”. Art. Ill, Sec. 14, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 842-343.

      Para un análisis de la cláusula federal véanse: R. Reinstein y H. Silverglate, Legislative Privilege and the Separation of Powers, 86 Harv. L. Rev. 1113 (1973); X. L. Suárez, Congressional Immunity: A Criticism of Existing Distinctions and a Proposal for a New Definitional Approach, 20 Vill. L, Rev. 97 (1974); L. Yankwich, The Immunity of Congressional Speech — Its Origin, Meaning and Scope, 99 U. Pa. L. Rev. 960 (1951); A. Celia, The Doctrine of Legislative Privilege of Speech or Debate: The New Interpretation as a Threat to Legislative Coequality, 8 Suffolk U. L. Rev. 1019 (1974). En Puerto Rico véanse: A. Acevedo, La Cláusula de In-munidad Parlamentaria y la función informativa de la Asamblea Legisla-tiva, 54 Rev. Jur. U.P.R. 661 (1985); Melecio, Estudio sobre Inmunidad Parlamentaria, Oficina de Servicios Legislativos (1982).

       En Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984), extendimos la protección constitucional al ejercicio por parte de la Asamblea Legislativa de la función de informar al pueblo. Resolvimos que en Puerto Rico “son actividades legislativas legítimas, además de la de formular las leyes, la de investigar y fiscalizar el Gobierno, la de debatir asuntos de in-terés público y la de mantener informado al pueblo sobre la marcha de la cosa pública. Estas funciones, por definición, están protegidas por la doc-trina de la inmunidad parlamentaria”. Véanse: Acevedo, op. cit.; Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra, pág. 379.

      En el Congreso existen varios tipos de comisiones: (1) comités per-manentes (standing committees); (2) comités conjuntos (joint committees); (3) comités especiales (select or special committees), y (4) comité de la Cá-mara en pleno (committee of the Whole House). Véase C. Ramos de Santiago, El Gobierno de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1979, págs. 573-574.

      La literatura reciente sobre la influencia de los comités congresiona-les y su comportamiento es muy amplia. Además de los trabajos previa-mente citados, véanse: Parker y Parker, Factions in Committee: The U.S. House of Representatives, 73 Am. Pol. Sci. Eev. 85 (1979); Cavanagh, The Dispersion of Authority in the House of Representatives, 97 Pol. Sci. Q. 623 (1982-1983). Sobre el desarrollo en el uso de subcomités véase Haeberle, The Institutionalization of the Subcommittee in the United States House of Representatives, 40 J. Pol. 1054 (1978).

      En la Cámara de Representantes del Congreso federal se reconoce hoy día, inclusive, el derecho de todos los miembros del cuerpo a estar pre-sentes en una vista de una comisión a menos que el cuerpo como tal prohíba la entrada de los no miembros. Regla XI, cl. 2(g) (1) y (2), Reglamento de la Cámara de Representantes, 1981; Jefferson’s Manual, See. 410. La Regla XI cl. 2(j) (1) le reconoce a las minorías el derecho a presentar testigos en las vistas que celebre una comisión.

      Ley de 12 de abril de 1900, See. 27 (31 Stat. 82).

      Eii 1900 la Cámara de Representantes tenía un total de 31 comisio-nes que llevaban nombres idénticos a los de las comisiones congresionales. N. Rigual, El Poder Legislativo de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R. 1961, pág. 83.

       Lenguaje idéntico contenía el Reglamento del Senado de 1950, Regla VIII (7). Véase la Regla XXV del Reglamento de la Cámara de Repre-sentantes, 1947.

       Durante los años de 1949 al 1952 los únicos miembros del Senado que no pertenecían a la mayoría parlamentaria eran los señores Iriarte y Pagán. Estos eran miembros de todas las comisiones. Situación similar pre-valeció en la Cámara de Representantes con el representante Figueroa Ca-rrera. Actas del Senado, 1951, págs. IV-VIII.

      E1 Art. 23 del Código Político, 2 L.P.E.A. see. 5, faculta a los miembros de una comisión a recibir juramentos de testigos en cualquier in-vestigación; la See. 3 de la Ley de 21 de febrero de 1902 (2 L.P.R.A. see. 14), faculta a la Asamblea Legislativa para castigar como desacato la in-comparecencia de un testigo ante “cualquiera de las Cámaras o comisiones”; el Art. 31 del Código Político, 2 L.P.R.A. see. 151, faculta a las comisiones legislativas para citar testigos so pena de desacato y para requerir la en-trega de documentos; el Art. 33 del Código Político, 2 L.P.R.A. see. 153, penaliza la incomparecencia de un testigo ante una comisión o subcomisión de las Cámaras; el Art. 34.2 penaliza el perjurio ante las comisiones o sub-comisiones. Por último, el Art. 35 le reconoce a los testigos que comparezcan ante comisiones legislativas el derecho a no autoincriminarse.

      Rigual, op. cit., pág. 76. Con posterioridad a la aprobación de la Constitución en 1952 todas las Asambleas Legislativas han respetado este principio constitucional. Actas del Senado, 1953, págs. IV-XI; Actas del Senado, 1957, págs. IV-XI; Actas del Senado, 1965, págs. IV-X; Actas del Senado, 1973, págs. IV-X. Desde 1965 en la Cámara y 1969 en el Senado a las minorías se les reconoce el derecho a tener un portavoz en cada comisión. El actual reglamento de ambos cuerpos establece que el portavoz de la mi-noría es miembro ex officio de todas las comisiones.

        Si la minoría voluntariamente se abstiene de participar, la Comi-sión podría válidamente reunirse.

       A la pág. 71 de la opinión mayoritaria se resuelve:
      “Las comisiones son un mecanismo útil, eficiente y necesario para que la Asamblea Legislativa cumpla su mandato constitucional. Sus poderes emanan de los poderes del cuerpo. Al constituirlas no se puede socavar el mandato del electorado del pueblo, pero tampoco se puede debilitar el balance ideológico que asegura una participación efectiva de las minorías en el proceso legislativo al formar parte de las comisiones permanentes. Así lo reconocen las propias reglas del Senado al facultar a su presidente a nom-brar los senadores de la minoría que forman parte de cada comisión. En el caso de la Comisión de lo Jurídico del Senado, tanto en esta sesión legisla-tiva como en la pasada, había una adecuada representación de los partidos minoritarios.” (Énfasis suplido.)
      En adición, a la pág. 74, se expresa:
      “Por último, al citar una reunión al amparo de la Regla 7.1 el Presi-dente de la Comisión intenta ejercer todos los poderes y prerrogativas que nuestra Constitución y el ordenamiento le otorgan a las comisiones perma-nentes, entre éstos, el poder de citar so pena de desacato, procesar por desa-cato y perjurio. Para que estas facultades se puedan invocar la Constitu-ción exige que la Comisión esté debidamente constituida. Es requisito indispensable para lograr esto, que a las minorías se les dé la oportunidad de estar representadas.” (Énfasis suplido.)

       Véase párrafo tercero de la pág. 13 de la solicitud de revisión.

      Debe mantenerse presente que una actuación, como la aquí impug-nada, realizada por el Presidente de la Comisión de lo Jurídico del Senado de Puerto Rico al amparo de la referida Regla 7.1 no sólo puede afectar los derechos de aquellos individuos que son citados a comparecer ante dicha Comisión sino que afecta el derecho a estar representado de todos los ciuda-danos (electores) que eligieron a los miembros de esa minoría parlamen-taria que se pretende excluir de los trabajos de la Comisión.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Miguel Hernández Agosto, demandante y recurrido, v. Carmen Laura Betancourt, Antonio Rivera Rodríguez, Saul Santiago Correa y José Pérez Marrero, Antonio Figueroa y Lottie González, demandados y peticionarios.

      Números: O-84-604
    O-84-605
    O-84-703
    O-84-729
    O-84-730

      Resueltos: 15 de diciembre de 1986

      Amando Arias Cestero, de Arias Cestero & Arias Guardiola, abo-gado de los peticionarios; Marcos A. Ramírez Lavandero, de Ramírez & Ramírez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente tenemos ante nuestra consideración otra con-troversia entre la Rama Ejecutiva y la Asamblea Legislativa sobre el alcance del poder investigativo de una comisión legis-lativa. En esta ocasión varios ayudantes del ex Gobernador Carlos Romero Barceló recurrieron al foro judicial para que resolviéramos una controversia sobre la interpretación y al-cance del privilegio ejecutivo. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 597-598 (1983).

Al evaluarla debemos recordar que aunque el poder investigativo de la Asamblea Legislativa, es amplio, no es ab-soluto. Le corresponde a la Rama Judicial definir su ámbito para asegurar que se cumpla con un propósito legislativo y con los postulados de la Constitución. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, supra, pág. 591; Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759-760 (1977); Banco Popular, Liquidador v. Corte, 63 D.P.R. 66 (1944).

I

Los cinco recursos consolidados plantean, en esencia, la misma reclamación y surgen de un mismo patrón de conducta. Cuando se suscitó la controversia los copeticionarios Carmen Laura Betancourt, Saúl Santiago Correa, José Pérez Marrero, Antonio Rivera Rodríguez y Lottie González eran funciona-rios de la Oficina del Gobernador. El otro copeticionario, Antonio Figueroa, ocupó el cargo de Director de Relaciones Públicas del Departamento de Justicia entre noviembre de 1979 y octubre de 1981. Durante la investigación de los su-cesos del Cerro Maravilla todos los peticionarios se negaron a testificar ante la Comisión de lo Jurídico del Senado. Ante su negativa a comparecer, la Comisión de lo Jurídico recurrió al Tribunal Superior de San Juan al amparo del procedi-miento establecido en el Art. 34A del Código Político, 2 L.P.R.A. sec. 154a. El Tribunal a quo sostuvo la posición del Senado y ordenó a los peticionarios que comparecieran ante dicha comisión bajo apercibimiento de desacato. A solici-tud de éstos acordamos expedir.

En su recurso impugnaron la validez de la citación bajo el fundamento de que la comisión estaba inconstitucionalmente constituida. También señalaron que el tribunal de instancia erró al no reconocer que como eran ayudantes o funcionarios cercanos del entonces Gobernador Romero Barceló, la doctrina de privilegio ejecutivo impedía que el Senado les obligara a testificar. Por su parte, el Senado compareció para sostener la jurisdicción de la Comisión de lo Jurídico. Alegó que el regla-mento era válido y el reclamo del privilegio ejecutivo impro-cedente.

HH

La función de los parlamentos modernos en el proceso gubernativo es amplia y abarcadora. Para desempe-ñar eficientemente sus funciones, los organismos legislativos han recurrido a su poder de investigación. El ejercicio de ese poder depende grandemente de la facultad que tienen los cuer-pos legislativos de citar testigos a comparecer y a traer los documentos pertinentes a las vistas convocadas al amparo de una delegación autorizada por el cuerpo correspondiente.

En Puerto Rico el Código Político provee dos procedimientos que tienen disponibles cualquiera de las Cámaras Legislativas para recurrir a los tribunales a vindicar su autoridad y ordenar la comparecencia de un testigo que se ha negado a testificar o a producir los documentos requeridos.

Mediante el Art. 34 el Presidente o Vicepresidente de la Cámara correspondiente tiene que, luego de que los testigos hayan incumplido con las citaciones, someter al Secretario de Justicia una certificación con una relación de hechos que ex-plique lo sucedido. Le corresponde entonces al Secretario de Justicia formular acusaciones criminales contra dichas per-sonas por negarse a asistir, testificar o presentar evidencia. 2 L.P.R.A. sec. 154; Art. 255 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4475. Cf. Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).

Por otro lado, el Art. 34A permite que ambos cuerpos acu-dan directamente a los tribunales “para requerir la asistencia y la declaración de testigos y la producción y entrega de docu-mentos solicitados”. 2 L.P.R.A. sec. 154a (1). Una vez se ra-dica la petición el Tribunal Superior expide una citación que requiera y ordene la comparecencia de los testigos con los do-cumentos solicitados. En caso de desobediencia de la orden dic-tada el tribunal procederá a considerar el asunto como un desacato civil. 2 L.P.R.A. sec. 154a (3).

Antes de declarar incurso en desacato a un testigo que se ha negado a comparecer a la Legislatura, el tribunal tiene que ofrecerle una oportunidad adecuada para defenderse. En ese momento puede levantar como defensa que la comisión investigadora no estaba válidamente organizada. Este requisito es de naturaleza jurisdiccional y le corresponde al cuerpo legislativo demostrar que dicha comisión estaba, dentro de nuestro esquema constitucional, debidamente constituida para hacer-la investigación.

En forma similar ocurre cuando se acusa a un testigo de cometer perjurio ante una comisión legislativa. En el juicio criminal puede levantar como defensa que al momento de emitir las declaraciones objeto de la acusación la comisión no estaba debidamente constituida, pues no había quorum. Véanse: Christoffel v. United States, 338 U.S. 84 (1949); United States v. Reinecke, 524 F.2d 435 (1975). Esta defensa también protege al testigo acusado de desacato por negarse a contestar preguntas si oportunamente levantó la falta de quorum. United States v. Bryan, 339 U.S. 323, 332 (1950).

1 — 1 HH l-H

En el presente caso los peticionarios fueron citados según disponen los Arts. 31 y 34A del Código Político, 2 L.P.R.A. sees. 151, 154a, para comparecer ante una “comi-sión” del Senado. Ellos cuestionaron oportunamente la cita-ción de la Comisión de lo Jurídico del Senado al amparo de la Regla 7.1 del Reglamento de la Investigación sobre los Sucesos del Cerro Maravilla, e impugnaron la validez de dicha citación porque en virtud de dicha regla se excluyó a la representación de la minoría en las vistas ejecutivas a las que fueron citados. En Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986), resolvi-mos que la Regla 7.1 en controversia, aprobada por la Comi-sión de lo Jurídico del Senado es inconstitucional porque priva a las minorías de su derecho a estar representadas en una comisión legislativa. En estas circunstancias ellos levantaron a tiempo una defensa legítima, por lo que no procedía ni la orden de comparecencia ni la determinación de desacato en su contra.

En vista de la anterior conclusión, y considerando que las circunstancias en las que se producen los planteamientos de los peticionarios han variado, no es necesario que este Tribunal resuelva en esta ocasión la controversia sobre el alcance del privilegio levantado por el Primer Ejecutivo o sus funcionarios más cercanos frente a una investigación de la Asamblea Legislativa. Los tribunales tienen el deber de evitar decidir a destiempo cuestiones constitucionales. Cuando surge una controversia entre las ramas de gobierno referente a sus poderes, la intervención judicial debe aplazarse hasta que todas las posibilidades de lograr un acuerdo se hayan agotado. La abstención judicial es necesaria para mantener el delicado balance de poderes. Como en este caso la controversia sobre el alcance del privilegio ejecutivo presenta una compleja cuestión constitucional en el contexto de una disputa entre la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, el Tribunal no debe decidir estas cuestiones hasta que existan las circunstancias adecuadas. Véanse: Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971); Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507, 516 (1965); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958); Walker v. Tribl. Contribuciones y Tesorero, 72 D.P.R. 698, 706 (1951); Spanish Am. Tobacco Co. v. Buscaglia, 71 D.P.R. 991, 993 (1950). Así evitamos adelantar pronunciamientos en abstracto de índole consultiva.

Por los fundamentos expuestos, procede dictar sentencia y revocar la determinación del Tribunal Superior en los re-cursos 0-84-730 y 0-84-729, 0-84-703, 0-84-605, 0-84-604. Este dictamen es sin menoscabo de que la Comisión de lo Jurí-dico del Senado cite nuevamente a los peticionarios mediante un procedimiento compatible con los requisitos pertinentes, inclusive los esbozados en Silva v. Hernández Agosto, supra.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Ortiz y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibieron.

       La Sra. Carmen Laura Betancourt y el Sr. Antonio Rivera Rodrí-guez eran ayudantes personales del entonces Gobernador Romero Barceló. El señor Pérez Marrero era ayudante del Gobernador a cargo de Programación. La Srta. Lottie González era Directora de Prensa y Comunicaciones de La Fortaleza. El señor Santiago Correa era Técnico de Grabaciones adscrito a la Oficina del Gobernador.

      Las citaciones en disputa fueron emitidas por el Senado de la pa-sada Asamblea Legislativa y por su Comisión de lo Jurídico al amparo de la Resolución 91. El 2 de enero de 1985 el Senado de Puerto Rico de la Dé-cima Asamblea Legislativa entró en funciones y quedó debidamente consti-tuido. El 2 de abril de 1985 fue aprobada la Resolución del Senado 31 con propósitos, objetivos y alcance similar a la Resolución 91. El Senado de Puerto Rico, mediante moción de 26 de febrero de 1986, ha expresado que continúa teniendo interés y necesidad de recibir los testimonios de todos los recurrentes.

      E1 Art. 34A del Código Político, 2 L.P.R.A. see. 154a, dispone que cuando un testigo debidamente citado se niegue a comparecer ante una Co-misión de la Asamblea Legislativa:
      “(1) ... el Presidente o Vicepresidente de cualquiera de dichos or-ganismos legislativos podrá solicitar la ayuda de la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico para requerir la asistencia y la declara-ción de testigos y la producción y entrega de documentos solicitados en el asunto, pesquisa e investigación que dicha Asamblea Legislativa, Cámara, Senado, comisión, subcomisión o comisión conjunta esté llevando a cabo.
      “(3) Radicada la petición ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico, dicho Tribunal expedirá una citación requiriendo y ordenando al testigo para que comparezca y declare o para que produzca la evidencia y documentos solicitados, o para ambas cosas, ante la Asamblea Legislativa, el Senado, la Cámara de Representantes, comisión, subcomi-sión o comité conjunto, según sea el caso; y cualquier desobediencia a la orden dictada por el Tribunal será castigada por la Corte como un desacato civil a la misma.”

      J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Pie-dras, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 136; R. Serrano Geyls, Executive-Legislative Relationships in the Government of Puerto Rico, 1900-195U, XIV Rev. Jur. U.I.A. 11, 40-52 (1979); W. Keefe y M. Ogul, The American Legislative Process, Prentice-Hall, Inc., New Jersey, 1977, págs. 14-83.

      A manera de ilustración sobre la jurisprudencia en cuanto a las facultades del Congreso para requerir la comparecencia de testigos, véanse: Kilbourn v. Thompson, IOS U.S. 168 (1880); McGrain v. Daugherty, 273 U.S. 135 (1927); Tenney v. Brandhove, 341 U.S. 367 (1951); Quinn v. United States, 349 U.S. 155 (1955); Watkins v. United States, 354 U.S. 178 (1957); Barenblatt v. United States, 360 U.S. 109 (1959); Gojack v. United States, 384 U.S. 702 (1966); Eastland v. United States Servicemen’s Fund, 421 U.S. 491 (1975).
      Para un análisis de algunas de estas decisiones véanse también a: R. Rotunda, J. Nowak y J. Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Secs. 8.1-8.5, págs. 462-484; P. Kurland, Watergate and the Constitution, Chicago, Univ. of Chicago Press, 1978, págs. 17-33; R. Berger, Executive Privilege — A Constitutional Myth, Cambridge, Massachusetts, Harvard Univ. Press, 1974, págs. 15-48; A. Moreland, Congressional Investigations and Private Persons, 40 S. Cal. L. Rev. 189 (1967); J. Landis, Constitutional Limitations on the Congressional Power of Investigation, 40 Harv. L. Rev. 153, 159-212 (1926); C. Potts, Power of Legislative Bodies to Punish for Contempt, 74 U. Pa. L. Rev. 691 (1926).


author: per curiam:

text:
      In re Raúl Pedraza González, notario.

      Número: 3381

      Resuelto: 16 de diciembre de 1986

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante; Raúl Pedraza González, pro se.

   I

per curiam:

El Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, nos rindió un informe expositivo de que el notario Raúl Pedraza González omitió rendir los informes notariales semanales desde marzo de 1985 hasta el 31 de julio de 1986, en contravención de la See. 26 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1026. Concedimos al referido notario término para que mostrara causa por la cual no debe-ríamos imponerle sanciones disciplinarias.

En sus escritos acepta que incurrió en las referidas defi-ciencias las cuales subsanó el 31 de julio de 1986. Aduce que su incumplimiento se debió a que el 31 de diciembre de 1984 —luego de una fuerte reprimenda— su secretaria renunció. Indica que su sustituta sólo duró un (1) mes. Otra laboró al-gún tiempo, pero cesó al conseguir otro trabajo mejor remu-nerado. A partir de ese momento estuvo sin secretaria hasta julio de 1985 que reclutó la actual. Durante ese período, prac-ticó activamente la notaría, autenticó innumerables declara-ciones juradas y algunas escrituras. Debido al cúmulo de tra-bajo, reclutó una segunda secretaria para dedicar dos horas diarias exclusivamente a la actividad notarial y cumplimentar los informes correspondientes. Informa que para abril de 1986, al serles requeridos por el Director, licenciado Martínez Suris, tenía los índices listos pero estaba en la disyuntiva de enviarlos por correo o entregarlos personalmente. Optó por el primer método. Finalmente aduce que su práctica notarial es sin lucro, al servicio de los indigentes y estudiantes. Menciona la posibilidad de renunciar a la misma.

II

Las razones aducidas, aunque atemperan el rigor de la sanción disciplinaria, no le eximen. Los problemas secretariales y los recursos limitados de un notario, aunque comprensibles, no justifican la irrazonable dilación habida. La importancia de rendir los índices notariales, como parte integral e importante de rodear el acto de fe pública notarial con garantía de veracidad —Mojica, Sandoz v. Bayamón Federal Savings, 117 D.P.R. 110 (1986)— no permiten otra conclusión.

Los pronunciamientos recientes evidencian nuestro invariable compromiso por lograr la máxima excelencia en la función notarial. In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Considerando las razones expuestas y dando entero crédito a las dificultades apuntadas por el notario, su previo historial de fiel cumplimiento, procede sentencia que decrete su suspen-sión del ejercicio del notariado únicamente durante diez y ocho (18) meses y que el Alguacil General se incaute de su obra notarial para ser entregada a la Oficina de Inspección de Notarías.