author: Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés de la menor J.M.G.

      Número: AC-92-418

      Resuelto: 25 de septiembre de 1995

      Luis A. Bonilla Espada, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado de la parte apelante; Reina Colón de Rodrí-guez, Procuradora General Interina, y Eunice Amaro Ga-ray, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

La menor J.M.G. apela ante nos la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores (Hon. Blanca I. Bonilla Fortis, Juez), que la declaró in-cursa en falta al Art. 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, Ley para la Protección de la Pro-piedad Vehicular, 9 L.P.R.A. see. 3217, cuyo artículo tipifica el delito de apropiación ilegal de un vehículo.

En términos generales, la apelante alega que: erró el tribunal de instancia al denegar una solicitud de absolu-ción perentoria; no se establecieron los elementos de la falta imputada; no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable, y se impuso una medida dispositiva que no guarda proporción con la falta cometida, lo cual consti-tuye un castigo cruel e inusitado.

Por los fundamentos expuestos más adelante, se con-firma la resolución apelada.

M

Contra la menor de quince (15) años J.M.G. se presentó una querella por infracción al Art. 18 de la Ley Núm. 8, supra, apropiación ilegal de un vehículo. Se alegó en la querella que:

La referida menor [J.M.G.], allí, entonces, ilegal, voluntaria, maliciosa[,] a sabiendas, se apropió sin violencia ni intimida-ción del vehículo marca Oldsmobile, tablilla AMH162 ... perte-neciente del Sr. [F.M.C.] el cual estaba estacionado en su residencia. Exhibit I, pág. 1.

En la vista adjudicativa la Procuradora de Menores (en adelante Procuradora) presentó como testigos al señor F.M.C. (querellante y padre de la menor J.M.G.), así como al policía William Cruz.

El primer testigo, señor F.M.C., declaró en términos ge-nerales que el 15 de mayo de 1992 su hija J.M.G. le pidió las llaves del portón de la casa y él se las entregó. Allí también se encontraban las llaves de su automóvil. Conti-nuó declarando que su hija se llevó su automóvil y desapa-reció durante cinco (5) días; al ver que ella no regresaba, imaginó que le había ocurrido algo, por lo que reportó el asunto a la Policía. Además, declaró que le había prestado antes el automóvil a su hija, pero el día de los hechos que originan la querella no se lo había prestado, y que el auto-móvil se recuperó en buenas condiciones pero que tenía “un choquecito”.

Acto seguido, la defensa solicitó la absolución perentoria de la menor, ya que no se había probado que ésta se apro-pió ilegal, voluntaria y maliciosamente del automóvil. La Procuradora argumentó que el automóvil era del padre de la menor, que ésta se lo llevó sin su autorización y que el padre se querelló ante la Policía de que le habían llevado el automóvil. El tribunal de instancia declaró no ha lugar la solicitud referida.

Durante el contrainterrogatorio, el señor F.M.C. de-claró, en síntesis, que se querelló a la Policía no porque le robaron el automóvil, sino porque creía que le había ocu-rrido algo a la menor. No obstante, se reiteró en que no le dio permiso a la menor para llevarse el automóvil. Conti-nuó declarando que en ocasiones anteriores le había pres-tado el automóvil a la menor pero que nunca tardó más de un día, sino que a las dos (2) o tres (3) horas estaba de regreso; que fue al Cuartel de la Policía preocupado por la ausencia de su hija y allí el Sargento Serrano le preguntó qué le pasaba, a lo cual él contestó que la hija le había llevado el automóvil. Por último, indicó que el automóvil fue recuperado en el estacionamiento de la Funeraria Par-que de Luz, ya que un amigo le había informado que su automóvil se encontraba allí.

Como segundo testigo se presentó al policía William Cruz, adscrito a la División de Vehículos Hurtados. Declaró que el 15 de mayo de 1992 le notificaron por radio que había una persona en el estacionamiento de la Funeraria Parque de Luz, a quien le habían llevado su automóvil, y que el vehículo se encontraba en el estacionamiento referido. Dicha persona resultó ser el señor F.M.C. Este le informó que le había prestado a su hija las llaves para abrir el portón y que ésta se había llevado el automóvil sin su autorización; que en ocasiones anteriores se lo había prestado, pero que en esta ocasión no le ofreció el automóvil. El policía Cruz continuó declarando que se con-sultó el caso con la Procuradora, puesto que el padre indicó que quería someterlo; así se hizo en ausencia, ya que la menor no había podido ser localizada.

Durante el contrainterrogatorio, el policía Cruz indicó que el padre de la menor —antes de que se sentara a tes-tificar— le expresó que no tenía interés por proseguir el caso contra su hija y quería que se la entregasen; que en el lugar donde se recuperó el automóvil, el padre de la menor le informó que había presentado una querella por el vehí-culo hurtado, y le dio el número.

El caso fue sometido y el tribunal de instancia, me-diante Resolución de 30 de junio de 1992, declaró a la me-nor J.M.G. incursa en falta al Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra, y ordenó que la menor quedara bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles por el término de dos (2) años.

De esta determinación acude ante nos la menor J.M.G., mediante un escrito de apelación,() en el cual básicamente señala que erró el tribunal de instancia:

A. ... al denegar la solicitud de absolución perentoria.
B. ... al encontrar a la menor [J.M.G.] incursa en la falta im-putada, sin que el Estado hubiese probado todos los elementos de la falta, más allá de duda razonable.
C. ... al imponer una medida dispositiva ... que no guarda pro-porción con la falta cometida, lo que constituye un castigo cruel e inusitado.() Informe de la Procuradora General, pág. 3.

HH HH

Discutiremos los señalamientos de error primero y se-gundo en conjunto, porque guardan estrecha relación entre sí. Ambos van dirigidos a cuestionar la apreciación de la prueba que hiciera el tribunal de instancia. La apelante plantea que la prueba no demostró que la falta fue come-tida con negligencia o intención criminal, por lo que no se probaron todos los elementos de la falta imputada más allá de duda razonable. Alega que lo único que estableció la Procuradora fue la apropiación del vehículo sin permiso del padre, pero no probó los elementos de ilegalidad maliciosa ni de ilegalidad y a sabiendas.() No le asiste la razón a la apelante. Veamos.

El Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra, dispone, en lo pertinente, que:

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de algún vehículo de motor, perteneciente a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años. ...
Se entenderá que la apropiación es ilegal en cualquiera de las siguientes circunstancias, cuando la persona:
(1) Se ha apropiado o apoderado del vehículo sin consenti-miento de su dueño.

De otra parte, el párrafo segundo del Art. 22 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2222, provee que:

Se aplicarán las Reglas de Evidencia, Ap. IV del Título 32, y las alegaciones del Procurador han de probarse más allá de duda razonable.

Fn Pueblo en interés menor F.S.C., 128 D.P.R. 931, 941— 942 (1991), se señaló que:

Para poder obtener una convicción válida en derecho y derro-tar la presunción de inocencia que asiste a toda persona acu-sada de delito, era indispensable que la Procuradora de Meno-res presentara prueba respecto a cada uno de los elementos del delito. Sin embargo, esta obligación iba más allá de la mera presentación de prueba respecto a cada elemento del delito. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986). Dicha prueba tiene que ser suficiente para establecer los elementos y su relación con el acusado más allá de duda razonable. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287 (1988); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-761 (1985); Pueblo v. Picó Vidal, 99 D.P.R. 708, 713 (1971). Esto es, tiene que ser prueba que “produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, supra, pág. 552. Véanse: Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, supra[, pág. 652],

Con relación al concepto de “duda razonable”, en Pueblo v. Meléndez Rodríguez, 136 D.P.R. 587, 620 (1994), señala-mos que:

... tal concepto "... [n]o quiere decir que toda duda posible tenga que ser destruida y ‘que la culpabilidad del acusado tenga que establecerse con certeza matemática, sino que la evi-dencia’ establezca ‘aquella certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón. Duda razonable es una fun-dada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio envueltos en el caso’. (Citas omitidas.) Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 761 (1985).”

A la luz de los principios antes esbozados hemos exami-nado la totalidad de la exposición narrativa de la prueba. Su lectura integral nos lleva a concluir que la prueba pre-sentada en el caso de autos demostró más allá de duda razonable la culpabilidad de la menor J.M.G. por apropia-ción ilegal de un vehículo. Nótese que el padre de la menor, durante su testimonio, reiteró en varias ocasiones que su hija se había llevado el automóvil sin su autorización y que ésta desapareció durante cinco (5) días. Ello no fue refu-tado por la parte apelante. Ciertamente el elemento de in-tención y malicia se desprende con claridad del hecho de haber permanecido con la posesión del automóvil por el período de cinco (5) días, sin dar aviso alguno a su padre, a sabiendas de que no tenía la autorización de éste para uti-lizar el vehículo; además, no lo devolvió, sino que lo aban-donó cuando éste se quedó sin gasolina. Nótese que el pro-pio Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra, dispone expresamente que una de las cir-cunstancias que comprende la apropiación es cuando la persona se ha apropiado o apoderado del vehículo sin con-sentimiento de su dueño. De ahí es que resulta frívolo el planteamiento de la apelante con respecto a que no se pro-barón los elementos de la falta imputada más allá de duda razonable.

En conclusión, corresponde a la apelante demostrar que procede intervenir con el fallo o veredicto. En el caso ante nos no se justifica tal intervención, pues lo señalado por la apelante no produce “en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se estremezca nues-tro sentido básico de justicia”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986).

Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la re-solución apelada.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón disintió con opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

Contra la menor J.M.G. fue presentada una querella por infracción al Art. 21. 18 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, 9 L.P.R.A. see. 3217. Celebrada la vista disposi-tiva de rigor, fue declarada incursa en la falta imputada, imponiéndosele una medida dispositiva de dos (2) años bajo la custodia de la Administración de Instituciones Juveniles.

No conforme con dicha determinación, presentó un re-curso de apelación ante esta Curia por entender, entre otros fundamentos, que su culpabilidad no fue probada más allá de toda duda razonable. La opinión mayoritaria confirma el dictamen emitido por el foro inferior. Disentimos.

I — I

Un examen ponderado de la exposición narrativa de la prueba presentada nos lleva a concluir que los hechos pro-bados en este caso no establecieron los elementos constitu-tivos de la falta imputada a la menor más allá de toda duda razonable. La presunción de inocencia que cobija a la apelante no fue derrotada a la luz de la totalidad de las circunstancias que rodearon la situación fáctica ante nos. Veamos.

De la prueba presentada, particulamente del testimonio del padre de la menor, surge que el 15 de mayo de 1992 su hija le pidió las llaves del portón de la residencia() En el llavero se encontraban, además, las llaves del automóvil del testigo. La menor tomó el auto sin la autorización de su padre y estuvo cinco (5) días en posesión del vehículo. El testigo imaginó que a su hija podía haberle ocurrido algo, por lo que reportó la situación a la Policía. Atestó que en ocasiones anteriores había prestado a su hija el automóvil, aunque el día de los hechos no la autorizó expresamente a usar el vehículo. No obstante, relató que había recuperado el auto en buenas condiciones, aunque tenía un pequeño “cantacito”. Aunque el testigo señaló que no había dado autorización a la menor para utilizar el vehículo, se re-afirmó en que su querella a la Policía fue motivada por la preocupación de que le hubiese sucedido algo a su hija y no por el hecho de que le hubiesen “robado” el auto.

En la vista atestó, además, el policía William Cruz, cuyo testimonio corroboró lo señalado por el padre de la menor.

Con la prueba antes reseñada quedó sometido el caso y se declaró a la menor incursa por la falta imputada, infrac-ción al Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra. Se le impuso una medida dispositiva de dos (2) años bajo la custodia de la Administración de Insti-tuciones Juveniles.

En su escrito de apelación la menor aduce, entre otros señalamientos de error, que no se probaron los elementos de la falta imputada más allá de toda duda razonable. Con-sideramos que le asiste la razón a la apelante.

H-i

El Art. 18 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, supra, dispone, en lo pertinente:

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de algún vehículo de motor, perteneciente a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de cinco (5) años. ...
Se entenderá que la apropiación es ilegal en cualquiera de las siguientes circunstancias, cuando la persona:
(1) Se ha apropiado, o apoderado del vehículo sin consenti-miento de su dueño. (Enfasis suplido.)

Los elementos constitutivos del Art. 18, supra, en la parte pertinente, son idénticos a los elementos que consti-tuyen el Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4271, el cual tipifica el delito de apropiación ilegal. El Art. 165, supra, dispone:

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra persona

El delito de apropiación ilegal es uno que, por su natu-raleza, exige que se realice con una intención específica() de apropiarse de los bienes. “La intención criminal es una condición subjetiva y, como tal, sólo puede descubrirse su existencia atendiendo a las circunstancias particulares que concurren en el hecho delictivo” (Enfasis suplido.) Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 194 (1986), y casos allí citados. Véanse, además: Pueblo v. Robles González, 132 D.P.R. 554 (1993); Pueblo v. Pérez Rivera, 129 D.P.R. 306 (1991). En el análisis editorial al Art. 165, supra, y citando con aprobación el caso Pueblo v. Miranda Ortiz, supra, nos señala la Prof. Dora Nevares-Muñiz:

El acto de apropiarse del bien mueble sin violencia ni intimida-ción requiere además, el elemento de que esa apropiación sea de naturaleza ilegal. Es decir, que se trate de un acto “en con-travención de alguna ley, reglamento u orden”. Pueblo v. Miranda, supra. Implícito en que el acto sea ilegal está el ele-mento de la intención de apropiarse del bien. Así, si hubiera alguna causa de justificación o de exclusión de responsabilidad penal, que hiciera legal el acto de la apropiación, entonces fal-taría un elemento del delito. (Enfasis suplido.) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1995, pág. 266.

De otra parte, en ocasiones reiteradas hemos consa-grado el principio fundamental de nuestro sistema de de-recho que propugna que la culpabilidad de un imputado de delito debe ser probada más allá de duda razonable. No se cumplimenta este requisito fundamental presentando prueba que meramente sea suficiente o que verse sobre todos los elementos del delito imputado. La prueba ha de ser suficiente en derecho, es decir, que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en un ánimo no prevenido. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986), y casos allí citados.

Al aplicar los precedentes anteriores a la situación de hechos que nos ocupa, es forzoso concluir que existe una duda razonable y fundada que debió absolver a la menor de la falta imputada en este caso.

Conforme a la exposición narrativa de la prueba presen-tada, los hechos sólo establecieron que la menor tomó el auto sin autorización expresa de su padre; que era su cos-tumbre tomar prestado dicho automóvil; que lo devolvió al cabo de cinco (5) días y que su padre dio parte a la Policía ante el temor de que a su hija le hubiese ocurrido algo. No se demostró, con la prueba antes reseñada, la intención específica de apropiarse ilegalmente del vehículo, elemento constitutivo indispensable de la falta imputada. Adviértase que en ocasiones anteriores la menor utilizó el auto de su padre. Era su costumbre tomar dicho vehículo prestado. Cabe señalar, además, que no resulta extraño entre los jó-venes adolescentes "tomar prestados” los automóviles de sus padres, con o sin la autorización de éstos, especial-mente cuando en ocasiones anteriores sus padres le han permitido el uso del vehículo, y como sucedió en este caso, sus llaves estaban en el llavero que el padre le entregó a la menor. El padre no le advirtió que no utilizase el vehículo. No se configuró, conforme a la prueba presentada, la inten-ción criminal de apropiarse ilegalmente de éste.

Como expresáramos en Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 655, "hasta tanto se disponga de un método infalible para averiguar sin lugar a dudas d[ó]nde está la verdad, [la] determinación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de conciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a tenerla tranquila”.

Por los fundamentos antes expuestos, nos vemos preci-sados a disentir de la opinión suscrita por la mayoría de este Tribunal. Revocaríamos, por insuficiencia de la prueba presentada, el dictamen emitido por el tribunal de instancia.

      (1) Presentó, además, una moción en auxilio de jurisdicción para solicitar el egreso inmediato de la menor, la cual fue declarada no ha lugar mediante una reso-lución de este Tribunal de 17 de julio de 1992.

      (2) De un examen del expediente del caso surge que el 2 de agosto de 1994 se decretó el cese de la custodia, cierre y archivo del caso por haber cumplido la menor con el término dispuesto en ley, por lo que resulta académico el tercer señalamiento de error. Véase Pueblo en interés menor M.A.G.O., 138 D.P.R. 20 (1995). No obstante, cabe destacar que el referido error no fue cometido. La falta aquí imputada es una falta clase III, según se define en el Art. 27 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2227. Dispone, en lo pertinente, el inciso (c) del referido artículo que “[cjuando el Tribunal encuentre al menor incurso en conducta que, de ser incurrida por adulto, constituiría delito grave contra la persona, la propiedad o la honestidad, consistente en los siguientes: ... apropiación ilegal en la modalidad de hurto de ve-hículos adjudicará la comisión de una falta Clase III y podrá imponer cualesquiera de las siguientes medidas dispositivas: (1) condicional por un término máximo de cuatro (4) años; (2) custodia por un término máximo de tres (3) años”. Nótese que en el caso de autos no le fue impuesta a la menor el término máximo dispuesto por la ley, y que el juez de instancia tomó en consideración el informe de la trabajadora social al imponer el término que había de cumplirse como medida dispositiva. Recor-demos que este Tribunal ha resuelto reiteradamente que no intervendrá en el ejer-cicio de la discreción del juez de instancia en la imposición de la pena, en ausencia de evidencia de un claro abuso de discreción. Pueblo v. Pérez Zayas 116 D.P.R. 197, 201 (1985); Pueblo v. Rivera Torres, 121 D.P.R. 128, 140 (1988); Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727, 744 (1988).

      (3) Alegato de la apelante, pág. 8.

      (1) Cabe señalar que, durante el contrainterrogatorio del testigo, el abogado de la defensa intentó en varias ocasiones cuestionar a éste sobre su interés en el proce-dimiento llevado a cabo en contra de su hija. El juez que presidió la vista no permitió la admisión de dicha evidencia al concluir que, por tratarse la falta imputada una de naturaleza grave, el interés del perjudicado era inmaterial a los efectos de encausar a la menor.

      (2) El Art. 15(a) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062(a), establece que el delito es de intención específica cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión. Véase el análisis editorial de la Prof. Dora Nevares-Muñiz en su obra Código Penal de Puerto Rico, 3ra ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1995, págs. 25-26.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Ramón Cabrera Muñoz y otra, demandantes y recurrentes, v. Florida Luggage Corporation y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-95-58

      Resuelto: 6 de octubre de 1995

      Myrna E. López Colón, abogada de la parte recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la anterior petición de certiorari, no ha lugar.

La nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 —Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.)— creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones y conso-lidó en un sólo Tribunal de Instancia las secciones del Superior y de Distrito.

Este ordenamiento exige una mayor rigurosidad en la práctica apelativa ante este Tribunal en lo referente a la doctrina vigente sobre frivolidad y temeridad y a la consa-bida imposición de sanciones o de honorarios de abogados.

Apercibimos a los abogados de que, en el futuro, los re-cursos frívolos estarán expuestos a tales sanciones.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
    Rafael Alverio López, demandante y recurrido, v. Jacqueline Ortiz Quiñones, demandada y recurrida; Citibank, N.A., interventora y peticionaria.

      Número: CC-95-60

      Resuelto: 6 de octubre de 1995

      Roberto López García, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

A la anterior petición de certiorari, no ha lugar.

La nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 —Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.)— creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones y conso-lidó en un sólo Tribunal de Instancia las secciones del Superior y de Distrito.

Este ordenamiento exige una mayor rigurosidad en la práctica apelativa ante este Tribunal, en lo referente a la doctrina vigente sobre frivolidad y temeridad y a la consa-bida imposición de sanciones o de honorarios de abogados.

Apercibimos a los abogados de que, en el futuro, los re-cursos frívolos estarán expuestos a tales sanciones.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Daniel Juan Vázquez y otros, demandantes y recurridos, v. John Michael Puig Ramos y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CC-95-68

      Resuelto: 6 de octubre de 1995

      René Esteces Tristani y Ramón E. Dapena, abogados de los peticionarios; Jorge M. Torres Gómez y Ginoris Vizcarra, de López-Lay, abogados de los recurridos.
   RESOLUCIÓN

A la anterior petición de certiorari, no ha lugar.

La nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 —Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.)— creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones y conso-lidó en un sólo Tribunal de Instancia las secciones del Superior y de Distrito.

Este ordenamiento exige una mayor rigurosidad en la práctica apelativa ante este Tribunal, en lo referente a la doctrina vigente sobre frivolidad y temeridad y a la consa-bida imposición de sanciones o de honorarios de abogados.

Apercibimos a los abogados de que, en el futuro, los re-cursos frívolos estarán expuestos a tales sanciones.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto concurrente y disidente.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Voto concurrente y disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Una somera lectura de la resolución emitida por el Tribunal en el presente caso, denegatoria la misma del re-curso radicado por la parte peticionaria John Puig, es todo lo que se necesita para poder uno percatarse del hecho de que el Tribunal ha denegado el recurso radicado por razón de que entiende que el mismo es uno completamente frívolo.

Procede, entonces, que uno se pregunte por qué el Tribunal no ha impuesto una sanción económica a dicha parte peticionaria o a su representación legal. Ciertamente, la vigente Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y nuestro Reglamento así lo contemplan y autorizan.!)

En el pasado hemos señalado que nuestra pesada carga de trabajo se hace aún más complicada debido a “ ‘las ac-tuaciones, en ocasiones, incomprensibles de algunos de los jueces del ... Tribunal de Primera Instancia’ ”. Cotto v. Depto. de Educación, 138 D.P.R. 658, 666 (1995), opinión de conformidad, citando a Pueblo v. Torres Rodríguez, 137 D.P.R. 312 (1994), opinión de conformidad.

En adición, hemos cuestionado por qué el Tribunal no ha actuado con firmeza, imponiendo sanciones económicas, en situaciones en que se han radicado ante este Foro re-cursos obviamente frívolos; la radicación de los cuales, igualmente, sobrecarga nuestro calendario. Véase Roche Products, Inc. v. Mun. de Manatí, 134 D.P.R. 659 (1993), opinión concurrente y disidente. No hay duda de que am-bas situaciones —actuaciones judiciales a nivel de instan-cia obviamente erróneas y la radicación de recursos frívo-los— impiden que dediquemos nuestro tiempo y esfuerzo a recursos más meritorios y que plantean importantes con-troversias de derecho.

En lo pertinente al caso hoy ante nuestra consideración, la situación es un tanto más seria. Al igual que en el caso Roche Products, Inc. v. Mun. de Manatí, ante, el recurso frívolo es radicado por un importante y prestigioso bufete de abogados, los integrantes del cual ciertamente deberían de "saber mejor”. El hecho de que ello suceda da que pensar.

Como expresáramos en Roche Products, Inc. v. Mun. de Manatí, ante, págs. 666-667, “la radicación de recursos frí-volos ante los tribunales de justicia se debe, en términos generales, a una (1) de tres (3) explicaciones, a saber: crasa incompetencia profesional y/o negligencia en el ejercicio de la profesión; la intención, o necesidad, de cobrarle honora-rios innecesarios y excesivos a un cliente adinerado, o la creencia de que se puede engañar al foro judicial”. (Enfasis en el original.) Deseamos pensar que en el presente caso hay otra explicación.

Concurrimos, naturalmente, con la denegatoria, por ra-zón de frivolidad, del recurso radicado. Disentimos de la determinación de no imponer sanciones económicas a la parte peticionaria John Michael Puig y/o a su representa-ción legal, el Bufete Goldman, Antonetti & Córdova.

      (1) Véanse: Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22i); Regla 31 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.


text:
    Rafaela Márquez Rivera y otros, demandantes y recurridos, v. Francisco y Osvaldo Cardona González, demandados y peticionarios.

      Número: CC-95-76

      Resuelto: 6 de octubre de 1995

      Jorge Manrique, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

Visto el recurso presentado y los documentos que lo acompañan, se deniega la petición de “certiorari”. El Tribunal de Circuito de Apelaciones actuó correctamente al de-negar el recurso por falta de jurisdicción.

La nueva Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, Ley Núm. 1 de 28 de julio de 1994 (4 L.P.R.A. see. 22 et seq.), creó el Tribunal de Circuito de Apelaciones y conso-lidó en un solo Tribunal de Instancia las secciones del Superior y de Distrito.

Este ordenamiento exige mayor rigurosidad en la prác-tica apelativa ante este Tribunal, en lo referente a la doc-trina vigente sobre frivolidad y temeridad, y la consabida imposición de sanciones u honorarios de abogados.

Apercibimos a los abogados de que en el futuro los re-cursos frívolos estarán expuestos a tales sanciones.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


text:
      In re Política Judicial en Torno a los Nombres de los Edificios que Albergan los Tribunales del País.

      Número: EM-95-6

      Resuelto: 6 de octubre de 1995
   RESOLUCIÓN

Este Tribunal tiene la función de coadyuvar al Juez Pre-sidente en su responsabilidad primaria constitucional de dirigir eficazmente la administración de los tribunales. Art. V, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. El descargo de esa responsabilidad obliga, individual e institucional-mente, a “proteger y promover la independencia del poder judicial como factor de equilibrio en la estructura guberna-mental de nuestro sistema de vida democrática”. Canon XIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

El principio de independencia judicial —inherente-mente unido al de neutralidad— no se limita a la función decisoria, sino que es multiforme; aspira a que en toda oca-sión así sea percibido públicamente. Como corolario, el pro-ceso judicial ha de desarrollarse en un ambiente de solem-nidad y respeto. A tal efecto, tradicionalmente los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en la medida en que los recursos fiscales lo han permitido, han hecho las asignaciones nece-sarias para que las estructuras físicas de los distintos tribunales, incluso sus centros judiciales, estén a tono con estas características.

Dentro del significado y espíritu de los principios antes expuestos, la práctica de nominar los edificios y las estruc-turas que albergan los tribunales del país, como tributo merecido a personas ilustres, vivas o fallecidas, nunca ha sido avalada por este Tribunal. El nombre de cualesquiera personas inevitablemente genera en la mente de la ciuda-danía un cuadro de sus valores, pensamientos, prejuicios y preferencias que, como consecuencia de la diversidad del pensamiento humano, algunos comparten y otros no.

El Tribunal exhorta a la Asamblea Legislativa, a las Asambleas Municipales y a los demás funcionarios concer-nidos a que preserven el estimable valor de esta política judicial, según aquí enunciada.

Regístrese y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re Antonio Ríos Acosta.

      Número: AB-91-41

      Resuelto: 6 de octubre de 1995

      Luis Rosa Rosario, querellante; Antonio Ríos Acosta, quere-llado, pro se.

   per curiam:

Mediante Resolución de 4 de abril de 1995, le concedimos el término de quince (15) días al Ledo. Antonio Ríos Acosta para que nos informara el status del “proceso” de inscripción de unas escrituras, por él otorgadas, en la Sección de Fajardo del Registro de la Propiedad; ello en relación con una queja presentada contra él por el Sr. Luis Rosa Rosario, referente la misma a dichas escrituras.

Atendido el hecho de que el Ledo. Ríos Acosta no com-pareció ante este Tribunal en cumplimiento de dicha reso-lución, este Tribunal —motu proprio— le concedió un nuevo término de quince (15) días para así hacerlo, me-diante Resolución de 26 de junio de 1995. El abogado Ríos Acosta hizo, nuevamente, caso omiso de la orden emitida.

I

Hemos expresado en numerosas ocasiones que seremos sumamente estrictos en situaciones en que los abogados no contesten nuestras órdenes a pesar de haber sido emplazados para ello. In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

A esos efectos, hemos expresado que:

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presen-tada en su contra que está siendo investigada. In re Colón Torres, supra, págs. 493-494. (citado también por In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992). y por In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992).

El licenciado Ríos Acosta ha demostrado una intolerable obstinación en no cumplir con las órdenes de este Tribunal, por lo que es claro que no tiene interés alguno en continuar ejerciendo la abogacía en nuestro País.

Por todo lo anterior, se suspende temporalmente del ejer-cicio de la abogacía al Ledo. Antonio Ríos Acosta, hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y el Tribunal disponga lo que proceda en derecho. El Alguacil General de este Tribunal deberá incau-tarse de la obra notarial del abogado suspendido, debiendo entregar la misma al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, para la correspondiente investigación e in-forme a este Tribunal.

Se dictará la sentencia correspondiente.


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Rebollo López,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Fernando Zayas Colón, demandado y recurrido.

      Número: CE-95-118

      Resuelto: 9 de octubre de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo; Norberto Colón, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso, se recurre de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, el 18 de enero de 1995, mediante la cual dicho foro confirmó un dictamen del Tribunal de Distrito sobre paternidad, pero revocó la imposi-ción retroactiva de la correspondiente pensión alimentaria que el Tribunal de Distrito había fijado.

Tenemos ante nos la oportunidad de pautar la cuestión de cuál es la fecha inicial de pago de los alimentos, cuando la filiación se declara dentro del procedimiento dispuesto por el Art. 158 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4241.

Los hechos se exponen a continuación.

f — i

A Fernando Zayas Colón se le imputó una violación del Art. 158 del Código Penal, supra (incumplimiento de la obligación alimentaria). Señalado el caso para vista, el acusado compareció y negó la paternidad del menor N.Z.C. En vista de la negativa del acusado, se le ordenó a las partes y al menor hacerse pruebas de sangre (H.L.A.). El resultado de esta prueba fue negativo. El Ministerio Fiscal solicitó entonces que se realizara la prueba D.N.A. por ser más concluyente. El tribunal accedió al pedido y el resul-tado de esta prueba reveló que el acusado tenía una proba-bilidad de inclusión en la paternidad del menor de un 99.1%. Celebrada la vista del caso en su fondo, y evaluada la prueba testifical y pericial presentada, el 24 de junio de 1993 el Tribunal de Distrito, Sala de Coamo, concluyó que el acusado era el padre del menor y lo condenó al pago de una pensión alimentaria de $200 mensuales, retroactivo al 10 de abril de 1992, fecha de presentación de la denuncia.

Inconforme, el acusado presentó un escrito de apelación ante el Tribunal Superior, Sala de Aibonito. Dicho foro con-firmó la determinación de paternidad hecha por el tribunal de instancia, pero la modificó en cuanto al aspecto de la retroactividad del pago de la pensión alimentaria. Dispuso que el pago de la pensión procedía a partir de la fecha cuando se hizo la determinación judicial de paternidad. Adujo dicho foro que “es norma de nuestro sistema que sin la determinación de paternidad no procede la fijación de pensión alimenticia [sic]”.

Inconforme con lo resuelto, el Ministerio Público pre-sentó ante nos un recurso de certiorari. Alegó como único error lo siguiente:

Erró el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, al modificar la Sentencia dictada por el Tribunal de Distrito, Sala de Coamo, en cuanto a la fecha de retroactividad del pago de la pensión alimenticia [sic] y disponer que dicho pago era efectivo a la fecha en que se hizo la determinación de paternidad contra el acusado-recurrido. A base de lo dispuesto en el Artículo 147 del Código Civil, el pago de la pensión alimenticia [sic] del menor [N.Z.C.] debe retrotraerse a la radicación de la denuncia bajo el Artículo 158 del Código Penal, fecha en que se entienden recla-mados judicialmente los alimentos.

El 21 de abril de 1995 le concedimos un término a la parte recurrida para mostrar causa por la cual no debía-mos expedir el auto solicitado y dictar sentencia modifica-toria de la del Tribunal Superior y reinstalar, en su totali-dad, la del Tribunal de Distrito.

La parte recurrida compareció finalmente el 14 de junio de 1995. Indicó, en esencia, que no interesaba mostrar causa. ()

Procede que resolvamos según intimado.

II

Como se sabe, en Puerto Rico, además del procedimiento civil ordinario de acción filiatoria, nuestro ordenamiento jurídico permite que la paternidad de un menor sea adjudicada dentro del procedimiento por incumplimiento de la obligación alimentaria que provee el Art. 158 del Código Penal, supra. () Robles v. Otero de Ramos, 127 D.P.R. 911 (1991).

Hace unos años, reconocimos que la referida acción filiatoria provista en el Código Penal había sufrido una transformación radical, conforme a lo dispuesto en la Ley Núm. 10 de 16 de mayo de 1966 (33 L.P.R.A. see. 991 n.). Antes de existir esa legislación, la acción filiatoria en cuestión era de carácter exclusivamente penal. Pero, a partir de la Ley Núm. 10, supra, el Art. 158 del Código Penal, supra, se convirtió en un precepto de carácter mixto. En Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978), así lo reconocimos expresamente, al señalar que dicho artículo incluye en su inciso (a) una prohibición, de naturaleza penal, del incumplimiento con la obligación alimentaria, y en los incisos (b) a (h) un procedimiento de filiación, de naturaleza civil.

La anterior caracterización del Art. 158 del Código Penal, supra, es muy pertinente a la controversia del caso de autos. Tenemos ante nos dos interpretaciones judiciales conflictivas sobre la fecha a partir de la cual debe pagarse la pensión. El problema surge porque el estatuto penal bajo el cual se adjudicó este caso en instancia, nada provee respecto a cuándo deben abonarse los alimentos en cues-tión, ni nosotros nos hemos expresado con anterioridad directamente sobre el particular. Como existe esa laguna, en vista del carácter mixto del Art. 158 del Código Penal, supra, y de que el procedimiento de filiación, que éste esta-blece, equivale a la tradicional acción civil filiatoria, pro-cede que interpretemos dicha disposición, en conjunto con el Art. 147 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 566, para de-terminar cuál es la fecha cuando comienza la obligación de abonar alimentos en casos como el de marras.

HH HH HH

El Art. 147 del Código Civil, supra, dispone, en lo pertinente, que:

La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a per-cibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se in-terponga la demanda. (Enfasis suplido.)

La referida disposición de nuestro Código Civil con-cuerda con el Art. 148 del Código español, del cual proviene. Sobre dicho artículo, el comentarista Puig Bru-tau ha señalado que parece contradictorio que se disponga, por un lado, que la obligación de dar alimentos es exigible desde que el alimentista los necesite, a la vez que se dis-pone, por otro lado, que los alimentos no tienen que abo-narse sino desde la fecha cuando se interponga la demanda para reclamar los alimentos. () J.M. Manresa y Navarro, en su obra Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, T. I, pág. 684, explica la aparente contra-dicción, al señalar que la ley española de matrimonio civil había establecido que la obligación de dar alimentos sería exigible desde que el alimentista los necesitase para sub-sistir, pero no había dispuesto nada respecto a aquellas situaciones en las cuales el titular de los alimentos no los había reclamado durante mucho tiempo, a pesar de necesitarlos. ¿Serían debidos los alimentos, aun en tal si-tuación? La jurisprudencia española vino a resolver esta cuestión a base de suponer que, visto el carácter imperioso de los alimentos, no existía su necesidad mientras no se reclamasen judicialmente, posición que se incorporó luego al Código Civil español. Véase Miranda v. Cacho, 67 D.P.R. 515, 517 (1947).

Conforme con lo dispuesto por el artículo en cuestión, pues, el momento determinante del pago de los alimentos es la fecha de su reclamación. Los alimentos se abonarán a partir del momento cuando se exijan judicialmente. Así lo hemos resuelto antes. En Miranda v. Cacho, supra, denegamos retrotraer el pago de los alimen-tos de una menor a la fecha de la demanda de filiación porque, en dicha demanda, no se reclamó alimentos, al ha-berse limitado la acción a solicitar únicamente que se re-conociera a la menor como hija natural del demandado. En cambio, en De Jesús v. Castellar, 80 D.P.R. 241 (1958), re-solvimos que el pago de los alimentos de una menor era retroactivo a la fecha de la interposición de la demanda de filiación, ya que en ésta se habían reclamado dichos alimentos. En esa opinión determinamos, en lenguaje claro y tajante, que “aunque en la propia sentencia de alimentos se establezca por vez primera la paternidad, los alimentos se abonarán, conforme lo dispone el Art. 147 del Código Civil, desde la fecha de la ... interposición de la demanda”, íd., pág. 245.

Surge con claridad, de lo señalado antes, que lo decisivo en cuanto al pago de alimentos es la fecha cuando éstos se reclamen. Este principio medular está recogido también en la política pública de Puerto Rico sobre el sustento de menores. El Art. 7 de la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. see. 518, dispone expresamente que los pagos por pensiones alimentarias serán efectivos desde la fecha cuando se presentó la petición de alimentos.

Por todo lo anterior, como la acción bajo el Art. 158 del Código Penal, supra, implica necesariamente una reclamación judicial de alimentos, resolvemos que, en casos en los cuales la paternidad de un menor se establece mediante el procedimiento establecido por dicho artículo, los alimentos deben abonarse desde la fecha cuando se presentó la denuncia correspondiente, como correctamente determinó el Tribunal de Distrito en este caso.

Al resolver de este modo, seguimos el claro mandato del Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18, que dis-pone que:

Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro[;]

al igual que nuestros propios precedentes sobre leyes refe-rentes al mismo asunto. Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589 (1989); United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188 (1963). Como dijimos recientemente en J.R.T. v. A.E.E., 133 D.P.R. 1, 9-10 (1993):

En buena hermenéutica jurídica, disposiciones de distintas le-yes que tengan que ver con la misma materia o que se comple-menten “deben ser interpretadas las unas con las otras, para cuando lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser to-mado para explicar lo que resulte dudoso en otro”. ... Las leyes las debemos interpretar y aplicar sin desvincularlas del pro-blema cuya solución persiguen, como “parte de un todo cohe-rente y armonioso — el ordenamiento jurídico”.

En el caso de autos, siguiendo las normas mencionadas sobre leyes referentes al mismo asunto, interpretamos las disposiciones de naturaleza civil del Art. 158 del Código Penal, supra, junto con lo preceptuado en el Art. 147 del Código Civil, supra, y con lo ordenado por la Ley Orgánica de la Administración para el Sustento de Menores.

Al resolver de este modo, además, reiteramos el alto interés público que existe de que se cumpla cabalmente la obligación que tienen los padres de alimentar a sus hijos. Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986). Este interés se hace viable mediante el procedimiento sumario que establece el Art. 158 del Código Penal, supra, que le provee al menor un remedio rápido y sencillo para obtener de su padre el sustento que necesita. Charana v. Pueblo, 109 D.P.R. 641 (1980). Resolver de otro modo desvirtuaría la eficacia especial de este remedio.

H — i h-í I — i

En virtud de lo que resolvemos en este caso, dejamos sin efecto las expresiones normativas formuladas en casos como Rosaly v. Rullán, 86 D.P.R. 788 (1962); Pueblo v. Rodríguez, 67 D.P.R. 735 (1947), y Miranda v. Cacho, 66 D.P.R. 550 (1946), en cuanto indican, contrario a lo que hoy resolvemos, que el menor tiene derecho a alimentos sólo desde la fecha cuando quedó establecida su paternidad judicialmente. () Se trata de casos relativamente antigüos, resueltos antes de estar en vigor el régimen constitucional o estatutario vigente relativo al derecho de filiación. Estos sólo pueden dar lugar a confusiones o a conflictos, como el sucedido entre el Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior en este caso.

> HH

Por los fundamentos antes expuestos, se expedirá el auto solicitado y se dictará sentencia para modificar la del Tribunal Superior, Sala de Aibonito, de 18 de enero de 1995, conforme con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Aun cuando estamos conscientes de que la posición que sostenemos no cambia el resultado al que se llega en el presente caso, nos vemos en la obligación de suscribir una ponencia concurrente. Ello, llana y sencillamente, debido al hecho de que somos del criterio que el razonamiento que aduce el Tribunal en apoyo de dicho resultado es uno que no es correcto desde un punto de vista estrictamente jurídico.

Un breve análisis de la opinión mayoritaria emitida re-vela que el razonamiento que le sirve de base a la referida norma es uno sorprendentemente parco y sencillo, a saber: razona el Tribunal que, estableciendo el Código Civil de Puerto Rico, en su Art. 147,() que los alimentos “se abona-rán ... desde la fecha en que se interponga la demanda” en reclamación de los mismos, y, considerando la denuncia, que se radica imputando una violación al Art. 158 del Có-digo Penal de Puerto Rico,() como una “demanda”, en-tiende el Tribunal que resulta forzosa la conclusión de que, en esta clase de situaciones, los alimentos deben abonarse desde la fecha en que se radicó la denuncia ante el foro judicial; todo ello, según la mayoría, conforme lo dispuesto por el Art. 18 del mencionado Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 18.()

Dicho razonamiento, repetimos, es uno erróneo en derecho. Veamos por qué.

HH

El citado Art. 147 del referido Código Civil establece, en lo pertinente, que:

La obligación de dar alimentos será exigible desde que los necesitare para subsistir la persona que tuviere derecho a per-cibirlos; pero no se abonarán sino desde la fecha en que se in-terponga la demanda. (Énfasis suplido.)

Dicho artículo de ley está inmerso en el Libro I, Título VII, del Código Civil, relativo el mismo a “quién debe ali-mentar y hasta qué extremo” y/o al de “alimentos entre parientes”. El mismo claramente establece, en términos ge-nerales, la fecha, o momento, desde la cual el foro judicial puede concederle alimentos a la persona, o parientes, que tienen o “tuviere [eZ] derecho [jurídico] a percibirlos”, esto es, desde un punto de vista legal. Aun cuando el citado Art. 147 no lo dice expresamente, el mismo nos refiere —por necesidad— a las disposiciones del Art. 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 562; esto es, al artículo del mencionado Código que establece “quiénes están obligados a suminis-trarse alimentos”.()

En otras palabras, la correcta aplicación de las disposi-ciones del Art. 147, supra, presupone, o parte de la premisa, de que el reclamante de los alimentos ya goza de la condi-ción, o el derecho jurídico, que le faculta para reclamar los mismos. Dicho de otra forma, el Art. 147, supra, establece que los alimentos se le abonarán, desde la fecha en que interpongan la demanda, a aquellos —hijos, cónyuges, padres, etc.— que gozan de la condición jurídica preexistente como tales hijos, cónyuges, padres, etc.

Forzosa resulta ser la conclusión, en consecuencia, a los efectos de que el razonamiento que utiliza el Tribunal en apoyo del resultado a que llega en el presente caso es uno que es erróneo desde un punto de vista estrictamente jurídico. Ello así por cuanto, a la fecha de la radicación de una denuncia por violación al Art. 158 del Código Penal, supra, en la cual se reclama reconocimiento como hijo, dicho reclamante no goza en esos momentos de la condición jurídica de hijo del demandado.

HH I — i l-H

Ahora bien, lo antes expuesto no significa que una de-terminación judicial final y firme —a los efectos de que un demandante o reclamante es hijo de un demandado o de determinada persona— no pueda tener, por lógica necesi-dad, efectos retroactivos en ciertas y determinadas situaciones.

El ejemplo que ilustra, con mayor claridad, lo antes ex-presado lo es la situación, o acción, mediante la cual un demandante reclama ser hijo de determinada persona y la determinación judicial, favorable a esos efectos, recae con posterioridad a la ocurrencia de la muerte del demandado, padre del demandante reclamante.

En esta situación, dicha determinación judicial se “re-trotrae”, por imperativo jurídico, a la fecha de la muerte del padre, teniendo ello la consecuencia de concederle al hijo demandante participación en la herencia de su progenitor. Determinar lo contrario, en esa situación fác-tica, constituiría un absurdo jurídico.

Y es que ello no puede ser de otra manera. Así lo recono-cen los comentaristas. Meramente, a manera de ejemplo, citamos:

Aclarado en qué consiste la determinación de la filiación, puntualizada su verdadera dimensión y señalado que su finali-dad es identificar oficialmente al progenitor o progenitores, in-teresa ahora destacar esa finalidad para que pueda compren-derse sin mayor esfuerzo una distinción que no siempre se percibe con la claridad que fuera de desear y que hay que dejar desde este momento perfectamente deslindada: Una cosa es la prueba de la filiación a efectos de determinarla y otra la prueba de una filiación ya determinada. Puesto que para hacer valer cualquier derecho fundado en la filiación es necesario que pre-viamente se haya determinado mediante la identificación oficial de los progenitores, es menester, asimismo, demostrar que esa identificación ha tenido lugar o, lo que es lo mismo, que la filia-ción ha sido determinada. Esta doble exigencia se plantea tanto si se trata de acreditar en el tráfico que una persona es hijo de otra, como si alguien (empezando por el propio hijo) ejercita judicialmente una pretensión procesal o se opone a la ejerci-tada, alegándose tanto en un caso como en otro un derecho que descansa precisamente en el hecho de que el actor o el deman-dado, es hijp de un progenitor concreto y determinado. Esta doble exigencia lógica concurre no sólo si se trata de ejercitar un derecho inherente al status familiae o al status filiae, sino tam-bién si el derecho afirmado o discutido no está integrado en la relación jurídica de filiación. Lo primero acontece si el hijo, por ejemplo, plantea una reclamación alimenticia contra su padre, o si solicita ser declarado heredero intestado del mismo o, en fin, si impugna por inoficiosa una donación que, a su juicio, perju-dica la legítima que le corresponde. Imaginemos, en cambio, para captar el segundo tipo de supuestos, que el hijo (o el que se dice hijo) pretende cobrar una pensión de la seguridad social, o defiende la validez de la cesión de una vivienda arrendada y que se ha realizado conforme al artículo 24, 1, de la Ley de Arrendamientos Urbanos, o la subrogación en los derechos y obligaciones dimanantes de un contrato de inquilinato, o, por último, si ejercita un derecho hereditario conferido en testa-mento a favor del hijo o hijos que tenga determina persona, sin que en el testamento los designe nominatim, a pesar de lo cual la disposición es válida a tenor del artículo 772, 2, del C.c. En todas esas hipótesis, y en muchas más que pueden presentarse, es necesario justificar la filiación, y más concretamente, que la filiación ha sido determinada.() (Escolio omitido y énfasis su-plido y en el original.)

Igual “sucede” con la situación hoy ante nuestra consideración. No albergamos duda alguna de que el foro judicial, una vez emitido un dictamen judicial favorable al hijo demandante sobre su “status” de hijo del demandado, tiene facultad en ley para disponer que este hijo deman-dante tiene derecho, previa demostración de necesidad, a recibir alimentos en forma retroactiva desde la fecha en que presenta la demanda o denuncia; sobre todo, cuando consideramos la reiterada, y trillada, doctrina de este Tribunal a los efectos de que los casos de alimentos de meno-res están revestidos del más alto interés público. Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986).

En resumen, aun cuando concurrimos con el resultado a que llega el Tribunal en el presente caso —a los efectos de que el tribunal de instancia tenía autoridad legal para im-ponerle al demandado la obligación de pasar alimentos al hijo “demandante” desde la fecha de la radicación de la denuncia por violación al Art. 158 del Código Penal, supra— rechazamos que ello así resulte procedente a base de la aplicación de las disposiciones del Art. 147 del Código Civil, supra, a los hechos del presente caso; ello por razón, repetimos, que la aplicación del citado Art. 147 presupone, o parte de la premisa, de que el hijo demandante ya goza de la condición jurídica de hijo del padre demandado.

Por último, y en cuanto al argumento que se expone en la opinión mayoritaria —a los efectos de que este Tribunal anteriormente ha emitido decisiones en que ha (mal) “uti-lizado” el citado Art. 147 en esta clase de situaciones— meramente deseamos señalar que el hecho de que el Tribunal se haya equivocado en el pasado no hace correcta en derecho la decisión que hoy emite.

      (1) La parte recurrida se limitó a señalar que estaba pagando la pensión y que no le interesaba presentar un escrito de oposición. No se ha allanado, pues, a la cuestión ante nos, que es la de si tiene que pagar alimentos por el período de 10 de abril de 1992 (cuando se presentó la denuncia) al 24 de junio de 1993, cuando se decretó la paternidad.

      (2) Recientemente, mediante la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994, se en-mendó la Ley Especial de Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. see. 501 et seq., para autorizar, inter alia, un nuevo procedimiento administrativo en el cual se pueda dilucidar la paternidad de un menor. Se trata de una alternativa distinta a la tradi-cional acción civil, y distinta también de la acción que establece el Código Penal.
      Conforme a la enmienda referida, el Administrador de la recién creada Admi-nistración para el Sustento de Menores, puede hacer determinaciones de paternidad en casos administrativos en los cuales exista controversia sobre la filiación, sujeto a una eventual revisión judicial. 8 L.P.R.A. see. 510. También se le da esa autoridad a un funcionario de la Administración denominado “juez administrativo”. 8 L.P.R.A. sec. 506b.
      No hemos tenido ocasión de pasar juicio sobre esta nueva vía para adjudicar las controversias de paternidad.

      (3) J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. IV, pág. 288.

      (4) Nos referimos a expresiones judiciales como las siguientes:
      (1) “El derecho de un hijo natural a exigir alimentos de su padre tan pronto queda establecido el hecho de la paternidad”, en Rosaly v. Rullán, 86 D.P.R. 188, 189 (1962);
      (2) “Tanto en casos criminales como en casos civiles este Tribunal reiterada-mente ha decidido que una vez establecida la paternidad, el presunto padre viene obligado a proveer alimentos a su menor hijo”, en Pueblo v. Rodríguez, 67 D.P.R. 735, 738 (1947), y
      (3) “Habiendo declarado la corte a quo que la niña era hija del demandado ... y como tal, con derecho a alimentos”, en Miranda v. Cacho, 66 D.P.R. 550, 555 (1946).

      (1) 31 L.P.R.A. see. 566.

      (2) 33 L.P.R.A. see. 4241.

      (3) Es de notar que, aun cuando el Tribunal así no lo hace constar expresamente en la opinión que emite, este razonamiento resulta ser igualmente aplicable a la situación en que se reclama el reconocimiento como hijo por medio de una demanda civil ordinaria de filiación en la cual se solicita alimentos; siendo, por consiguiente, obligatorio el mismo resultado en dicha situación.

      (4) Establece el mencionado Art. 143, del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 562, que:
      “Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la extensión que señala la see. 561 de este título:
      “1) Los cónyuges.
      “2) Los ascendientes y descendientes.
      “3) El adoptante y el adoptado y sus descendientes.
      “Los hermanos se deben recíprocamente aunque sólo sean uterinos, consanguí-neos o adoptivos los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquier otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.”

      (5) M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. Ill, Vol. 1, pág. 122.