author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Apolinar Montero Saldaña, demandante y recurrido, v. American Motors Corporation, demandada y recurrente.

      Número: R-77-203

      Resuelto: 31 de mayo de 1978

      Amando Arias Cestero, Amando Arias Guardiola, Antonio Gnocchi Franco y Francisco J. Colón Pagan, abogados de la American Motors Corporation; Carlos E. Colón y Antonio J. Matta, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Apolinar Montero compró el 27 de marzo de 1973 un vehí-culo de motor “Jeep Willys” Modelo 1973, Motor Núm. J3M261-XA03916, a la Mayagüez Motors. El 7 de noviembre de 1973 Montero utilizó el vehículo para ir a recoger café. Para llegar a donde estaba el café tenía que subir una larga y empinada pendiente. Antes de iniciar el ascenso engranó el refuerzo del “Jeep” poniendo a funcionar el mecanismo de tracción en las cuatro ruedas. Llegando al paraje donde es-taba el café el vehículo botó la palanca de refuerzo. Montero trató de frenar al iniciar la marcha hacia atrás pero los frenos fallaron. Concluyó el tribunal de instancia que “apa-rentemente los frenos fallaron o al quedarse en neutro, por lo empinado de la cuesta y lo súbito que todo sucedió, su des-censo no pudo ser detenido por el demandante y adquirió mayor velocidad y se fue por un barranco o risco con el de-mandante dentro de la cabina. Al caer por el barranco o risco el vehículo dio varias vueltas y fue a caer en el fondo del barranco destrozándose y causándole al demandante serias y graves lesiones corporales.”

Para resarcirse Montero demandó a la Mayagüez Motors Corporation como vendedora del vehículo y a la American Motors Corporation — Jeep International Detroit Michigan— como fabricante. En cuanto a esta última alegó que “al com-prar el vehículo lo hizo descansando, por ser un vehículo nuevo, en la garantía implícita de su fabricante ... de que el mismo estaba correctamente fabricado y apto para el uso a que habría de ser destinado sin riesgos algunos por defectos de fábrica para aquellas personas que por compra o en alguna otra forma había [sic] de usarlo.”

El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda contra Mayagüez Motors y responsabilizó a la American Motors Corp. como fabricante del vehículo. La defensa de la American Motors fue al efecto de que ella no había fabricado el “Jeep” comprado por el demandante; que ella adquirió la fábrica con posterioridad a la fecha en que Montero compró el vehículo y que “la garantía expedida por American Motors Corporation fue efectiva al primero de octubre de 1973”, mientras que el vehículo en cuestión fue adquirido por el de-mandante el 27 de marzo de 1973. Accedimos a revisar.

Nueve errores apunta la recurrente. Sostiene que fue erróneo concluir que la American Motors Corporation fue la fabricante del vehículo envuelto en el accidente; que no hay-base en la prueba para sostener que el accidente se debió a “falla mecánica por defecto de fábrica en el sistema en la transmisión de refuerzo (four wheel drive)”, “que no proce-día aplicar la doctrina de responsabilidad absoluta del fa-bricante enunciada en Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969)”; y “al no considerar en su sentencia la negligencia inexcusable del demandante.” Los otros apun-tamientos se relacionan con la cuantía de los daños por inca-pacidad y sufrimientos, así como por ganancias dejadas de percibir. También apunta que no se hicieron las deducciones dispuestas por la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (9 L.P.R.A. see. 2058); que se concedieron in-debidamente intereses desde la radicación de la demanda; que los honorarios de abogado concedidos son excesivos y que no procedía conceder $1,500 por honorarios a un perito de la parte demandante. De inmediato pasamos a considerar los errores apuntados.

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Si examinamos las alegaciones radicadas encontramos ale-gado específicamente en el primer párrafo de la demanda “ [q] ue la co-demandada, American Motors Corporation Jeep International Detroit Michigan, se demanda en su carácter de fabricante del vehículo de motor marca Jeep Willys, Pick Up modelo 1973; motor número J3M261-XA03916 ....” y al contestarla, se expresa que “[cjomparece la codeman-dada American Motors Corporation representada por sus abogados que suscriben y en contestación a la demanda niega lo alegado en los párrafos 3, 6 y 7 y niega lo alegado en los demás párrafos de la demanda por carecer de información su-ficiente para formar una opinión con respecto a la veracidad de lo allí alegado.”

La Regla 6.2 de las de Procedimiento Civil dispone que “[l]a parte expondrá en términos suscintos y sencillos sus defensas contra cada reclamación interpuesta y admitirá o negará las aseveraciones en que descanse la parte contraria. Si no tuviere conocimiento o información suficiente para for-mar opinión en cuanto a la veracidad de alguna de las aseve-raciones expuestas, lo hará así constar y ello tendría el efecto de una negación . . . .” Corresponde esta Regla a la 8(b) de las de Procedimiento para las Cortes Federales.

El recurrido alegó expresamente en su demanda que el vehículo envuelto en el accidente era un “Jeep Willys” Modelo 1973 con número de motor J3M261-.XA03916 y que lo había fabricado la American Motors. Ciertamente si esto era cierto o no podía ser fácilmente comprobado por la codemandada American Motors. Tenía que ser de su conocimiento si ésta no había fabricado los “Jeeps Willys” de 1973 y específica-mente uno con el número arriba indicado. Si había algún inconveniente debido a que la American Motors adquirió la fábrica de estos vehículos en determinada fecha, y no le era fácil constatar si el “Jeep” a que se hace referencia en la de-manda fue fabricado con posterioridad a la fecha en que ésta adquirió la fábrica, ésta tuvo amplia oportunidad de verifi-carlo antes de contestar, pues fue emplazada el 5 de sep-tiembre de 1974 y no fue hasta 5 meses después, el 12 de febrero de 1975, que radicó su contestación.

Al interpretar y comentar la regla correspondiente de la jurisdicción federal se ha sostenido que un demandado no puede fundar su negativa “en falta de conocimiento o información suficiente” si el hecho contenido en la alegación a f negarse es de conocimiento público, o de fácil comprobación. Claro está, que si el hecho no puede constatarse en el término que tiene la parte para contestar, es adecuado negarlo por falta de conocimiento. Cuando le consta o pudiendo compro-bar el hecho como en el presente caso, se niega en la forma que se hizo, procede no considerar la contestación y dar lo así negado por admitido. Y es que la contestación a una de-manda impone al abogado el deber de actuar franca y sin-ceramente, y de alegar honesta, directa y abiertamente. No se le requiere que la contestación sea jurada, pero esa misma dispensa impone al abogado mayor responsabilidad. Lo que aparezca bajo su firma debe ser la verdad. La negación por falta de información y creencia debe limitarse estrictamente a las situaciones en que en verdad así sea. A ese efecto ex-presó la Corte de Apelaciones para el Octavo Circuito en el caso de Mesirow v. Duggan, 240 F.2d 751, 756 (1957):

“Ese era un asunto cuya constancia estaba bajo el control del apelado y particularmente era de su conocimiento, y bajo la ley y estas circunstancias, su contestación, expresando que ‘carecía de conocimiento o información suficientes para formular una opinión’ con referencia a ese asunto, no constituyó una negación de las alegaciones de la demanda a ese respecto, ni las puso en controversia, de ahí que a tenor con la ley esas alegaciones estén admitidas ....”

Ver además Stuckey's Carriage Inn v. Phillips, 178 S.E.2d 543, 551 (Ga. 1971); Greenbaum v. United States, 360 F.Supp. 784, 787-788 (D.C.E.D. Penn. 1973); David v. Crompton & Knowles Corp., 58 F.R.D. 444, 446 (D.C.E.D. Penn. 1973); 2A Moore, Federal Practice, Secs. 8.21 y 8.22 (1975); 5 Wright & Miller, Federal Practice & Procedure: Civil, Sec. 1262 (1969).

En el presente caso se alegó directa y expresamente que la American Motors fabricó determinado vehículo el cual se identificó con su modelo y número de motor. Es conveniente señalar que la demandada negó expresamente otras alega-ciones de la demanda, específicamente los párrafos 3, 6 y 7, pero el resto de los hechos alegados los negó por falta de in-formación y creencia. Si no había fabricado el vehículo es un hecho que necesariamente tenía que saber por conocimiento propio y no procedía negarlo por falta de información y creencia.

Aparte de lo anterior, fundado en razones de política pública para la mayor protección del consumidor, se ha decidido que una corporación que adquiere los activos de otra es responsable, bajo la doctrina de responsabilidad absoluta, de los defectos que puedan tener los productos fabricados por la corporación adquirida. Con más razón debe responder la American Motors en el presente caso puesto que en los folletos y otros documentos de la corporación fabricante del vehículo envuelto en el accidente aparece el emblema de la American Motors. Ray v. Alad Corp., 560 P.2d 3 (Cal. 1977); Knapp v. North American Rockwell Corp., 506 F.2d 361 (3d Cir. 1974); Cyr v. B. Off en & Co„, Inc., 501 F.2d 1145 (1st Cir. 1974); Nota, Products Liability Under the De Facto Merger Doctrine, 49 Temp. L.Q. 1014 (1976); Barringer, Successor Corporation’s Products Liability, 27 Hastings L.J. 1305, 1333 (1976).

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Pasamos ahora a considerar conjuntamente los plantea-mientos referentes a la responsabilidad impuesta a la deman-dada que son los números 3, 4 y 5.()

Como hemos apuntado antes, el demandante compró el vehículo que dio margen a la acción interpuesta el 27 de marzo de 1973 y el accidente ocurrió el 7 de noviembre si-guiente. Se estableció por la evidencia que nadie intervino con el mecanismo de refuerzo del “Jeep” y que Montero noti-ficó a la vendedora Mayagüez Motors del defecto. A ese efecto el tribunal concluyó que “[c]omo dos o tres semanas antes del accidente, el demandante fue informado por su empleado Wilson González que el vehículo le había botado el refuerzo. Ello motivó que el demandante fuera a Lares donde la vende-dora y le informara al gerente Sr. Bonifacio Vélez, lo que su empleado le había informado a fin de que se corrigiera el defecto del sistema de refuerzo. Dicho gerente no le dio im-portancia a la [síc] informándole, manifestándole al deman-dante que tenía instrucciones de la Mayagüez Motors que esa clase de defecto tenía que ser corregido en Mayagüez, pero que podía continuar usando el vehículo hasta tanto él le pu-diera conseguir un turno en Mayagüez. El accidente ocurrió poco tiempo después de esta conversación y antes de que se le notificara al demandante que se le había conseguido o sepa-rado turno.”

El demandante presentó prueba pericial para demostrar que el mecanismo del refuerzo estaba defectuoso debido a la falta de tolerancia o posición de los muelles utilizados en el sistema de refuerzo, que era un sistema nuevo usado por pri-mera vez en los “Jeeps” del año 1973 y que en ocasiones por este defecto el sistema total de transmisión quedaba en neutro súbitamente. La demandada presentó un perito el cual llevó a efecto en el tribunal unas pruebas para demostrar que los muelles se ajustaban a los requisitos mínimos. El tribunal consideró la prueba presentada y determinó que el mecanismo estaba defectuoso, conclusión sostenida por el perito presen-tado por el demandante. Considerando esta prueba el tribunal declaró con lugar la demanda invocando la doctrina de la responsabilidad absoluta del fabricante.

En Mendoza v. Cervecería Corona, 97 D.P.R. 499 (1969), hicimos referencia a un caso resuelto por la Corte Suprema de Nueva Jersey, Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 161 A.2d 69 (1960), donde se aplicó la doctrina de responsabili-dad absoluta a los fabricantes de automóviles, dictamen que ha sido seguido por la generalidad de las jurisdicciones esta-dounidenses. De hecho en National Car Rental v. Caribe Motors, 104 D.P.R. 74 (1975), invocamos la autoridad de Mendoza e impusimos responsabilidad en un caso relacionado con la responsabilidad del vendedor por un incendio surgido en el panel de instrumentos de un vehículo nuevo que le oca-sionó daños ascendentes a $1,500.

En Greenman v. Yuba Power Products, Inc., 377 P.2d 897, 900 (Cal. 1962) citado con aprobación en Mendoza, se estableció por la Corte Suprema de California que “ [u] n fabricante responde absolutamente en daños y perjuicios cuando un artículo que pone en el mercado, a sabiendas de que va a ser usado sin una inspección de defectos, evidencia un defecto que ocasiona daños a un ser humano”- y que “ [1] a responsabilidad no es una regida por la ley de garantías contractuales sino por la ley de responsabilidad absoluta en daños y perjuicios”. Como consignamos en Mendoza, citando de Green-man: “[e]l propósito de tal responsabilidad es asegurar que el costo de los daños resultantes de los productos defectuosos sean sufragados por los fabricantes que enviaron tales productos al mercado en vez de las personas damnificadas que están impotentes para protegerse ellas mismas.”

El defecto de que adolece el producto no tiene que ser uno “irrazonablemente peligroso al consumidor o comprador” como se expresa en la See. 402A (1965) del Restatement of Torts. () En Mendoza en el escolio 7 que aparece a la pág. 512 anotamos la definición de defecto sugerida por el Juez Presi-dente Traynor en su artículo The Ways and Meanings of Defective Products and Strict Liability, 32 Tenn. L. Rev. 363, 367 (1965) y que lee así: . . un producto defectuoso puede ser definido como aquel que falla en igualar la calidad prome-dio de productos similares y el manufacturero es entonces responsable por los daños resultantes de las desviaciones de la norma”. La Corte Suprema de California en Cronin v. J.B.E. Olson Corporation, 501 P.2d 1153 (1972), ratificado en Barker v. Lull Engineering Co., Inc., 573 P.2d 443 (Cal. 1978), rechazó el concepto de la “condición irrazonablemente peligrosa al consumidor” consignada en el Restatement y re-solvió que para aplicar la doctrina de responsabilidad abso-luta basta ajustarse a lo expuesto en el caso de Greenman antes transcrito ya que provee “una prueba clara y sencilla para determinar si el demandante lesionado tiene derecho a un resarcimiento.” Cronin a la pág. 1162. Ver además Berkebile v. Brantly Helicopter Corp., 337 A.2d 893, 897 (Penn. 1975); Nota, Products Liability — Restatement (Second) of Torts — Section 402A — Under Pennsylvania Law Must a Defective Product Be “Unreasonably Dangerous”?, 21 Vill. L. Rev. 794 (1976).

Es pertinente aclarar que el defecto que da margen a la aplicación de la doctrina de responsabilidad absoluta incluye tanto el defecto en la fabricación como en el diseño. “Un defecto puede surgir tanto de la mente del diseñador como de la mano del operario.” Cronin a la pág. 1162. Y que como apuntamos en Mendoza a la pág. 512: “el fabricante no es asegurador de todos los daños que puedan ocasionar sus productos.”

Como antes expresamos, el demandante tenía conoci-miento del defecto del vehículo. ¿Le impide esta circunstancia recobrar bajo la doctrina de responsabilidad absoluta? En las jurisdicciones estatales impera la tesis de que la negligen-cia contributoria del demandante en esta clase de acciones no le impide resarcirse. Sin embargo, sostienen que la asunción de riesgo es una defensa que pueden levantar los demandados, Luque v. McLean, 501 P.2d 1163 (Cal. 1972); Barth v. B. F. Goodrich Tire Co., 71 Cal. Rptr. 306, 314 (1968); Vierra v. Fifth Avenue Rental Service, 383 P.2d 777 (Cal. 1963).

Pero en Puerto Rico donde “[l]a imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad pero conlleva la reducción de la indemnización”, Código Civil Art. 1802, ¿procede graduar la culpa en los casos donde se aplica la responsabilidad absoluta? Entendemos que sí. Es aceptado que la graduación de culpa en casos de negligencia es la forma más justa y razonable de imponer responsabilidad. Si és así en casos de negligencia ¿qué razón hay, que no sea de estricto tecnicismo para no aplicarla en casos de responsabilidad absoluta por defectos en los productos? En los Estados Unidos, donde ha habido una fuerte corriente hacia la adopción de la negligencia comparada, () bien por legislación o jurisprudencialmente, la mayoría de las autoridades sostienen que debe aplicarse la graduación de culpa en los casos de responsabilidad del manufacturero. No aplicar la graduación de culpa en los casos en que se impone responsabilidad al fabricante, porque su responsabilidad no está predicada en una actuación negligente, es un ejercicio en futilidad. Lo más justo es que la responsabilidad corra pareja con el grado de la falta, no importa el concepto por el que se imponga. Tan injusto resulta negarle compensación a un demandante porque en alguna medida contribuyó a la ocurrencia del acci-dente como imponerle toda la responsabilidad al fabricante de un artículo defectuoso no obstante haber sido imprudente el demandante al utilizarlo. Para hacer justicia debemos li-berarnos de la esclavitud de los términos doctrinarios. Cf. Maleson, Products Liability Actions, 51 Temp. L.Q. 1 (1978); Daly v. General Motors Corp., 144 Cal. Rptr. 380 (1978). Como se expresó en el artículo Brewster, Comparative Negligence in Strict Liability Cases, 42 J. Air L. Com. 107, 117 (1976):

“La preocupación expresada en algunas jurisdicciones de que la aplicación de la negligencia comparada a acciones por respon-sabilidad absoluta equivaldría a comparar ‘manzanas con naran-jas’ no parece pasar un cuidadoso examen de lo que un tribunal tiene que hacer al impartir justicia en un sistema basado en culpa. El argumento parece igualar la responsabilidad absoluta con la teoría de responsabilidad sin culpa, cuando por el contra-rio el concepto de responsabilidad absoluta requiere prueba de una forma de conducta culposa — la producción de un diseño o producto defectuoso. Cuando se reconoce esta falacia en el ra-zonamiento, la comparación entre una conducta negligente y una conducta que crea un producto defectuoso no es más forzada que comparar diferentes tipos de conducta negligente, como el mane-jar a exceso de velocidad con la falta de no detener un vehículo ante una señal de pare.”

Es por eso que el Profesor Schwartz sugiere que “La ne-gligencia comparada acrecentará y facilitará el desarrollo de la teoría de responsabilidad absoluta, en vez de causar problemas adicionales.” Schwartz, Strict Liability and Comparative Negligence, 42 Tenn. L. Rev. 171, 181 (1974); Twerski, Rethinking Products Liability, 60 Marq. L. Rev. 297, 330 (1977). La Corte Suprema de California en reciente dictamen discute extensamente la aplicabilidad de la gradua-ción de falta en los casos de responsabilidad absoluta y con-cluye que procede su aplicación. Daly v. General Motors Corp., supra. Y en agosto de 1977, la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws — por votación de 40 Estados a favor y 8 en contra — aprobó un Anteproyecto de Ley Uniforme de Negligencia Comparada, que hace dicha norma aplicable a los casos de responsabilidad absoluta. Wade, Strict Tort Liability for Products, 44 Miss. L.J. 825, 850-851 (1973); Feinberg, The Applicability of a Comparative Negligence Defense in a Strict Product Liability Suit (Can Oil & Water Mix), 42 Ins. Counsel J. 39 (1975); Vance, The Automobile Manufacturer as Guarantor of His Product, 11 Gonz. L. Rev. 221-233 (1975); Powers v. Hunt-Wesson Foods Inc., 219 N.W.2d 393 (Wis. 1974); Dippel v. Sciano, 155 N.W.2d 55 (Wis. 1967); Hagenbuch v. Snap-on Tools Corp., 339 F.Supp. 676 (D.C.N.H. 1972); Butaud v. Suburban Marine & Sporting Goods, Inc., 555 P.2d 42 (Alaska 1972); Teagle v. Fischer & Porter Co., 570 P.2d 438 (Wash. 1977). Pero véase: Levine, Strict Product Liability and Comparative Negligence: The Collision of Fault and No-Fault, 14 San Diego L. Rev. 337 (1977); Nota: Products Liability, Comparative Negligence, 50 So. Cal. L. Rev. 73 (1976) y opinión disidente del Juez Mosk en Daly v. General Motors Corp., supra.

Teniendo el demandante conocimiento del defecto que tenía el vehículo, ciertamente actuó imprudentemente al tra-tar de utilizarlo para transportar el café. Estimamos que su falta contribuyó al accidente en un 40%.

Consideraremos ahora los errores relacionados con la cuantía de la indemnización concedida. Entiende la deman-dada que la suma de $52,000 concedida por la incapacidad y los sufrimientos y angustias mentales del demandante es ex-cesiva. Un examen de las determinaciones de hecho sobre esta cuestión demuestra que no le asiste la razón.

Se concedieron al demandante $28,000 por pérdida de ingresos. La evidencia para sostener esta partida no justifica su concesión. La declaración de la persona que alega compraba lo cosechado en la finca, sin más, no es suficiente para sostener esta partida, especialmente cuando su declaración de ingresos al Departamento de Hacienda demuestra que no hubo ganancias. Es interesante señalar lo que en su alegato afirma el demandante recurrido al discutir esta cuestión. “Tampoco hubo pruebas algunas de costos y gastos para pro-ducir las cosechas de café y frutos menores para deducirse del producto de las ventas de las mismas. El peso de la prueba sobre ese extremo recae sobre la recurrente y se cruzó- de brazos negándole al Tribunal a quo la oportunidad de poder hacer las deducciones correspondientes por costos y gastos. No se puede quejar ahora en revisión de su propia conducta.” Ciertamente era el demandante el que tenía que aportar esta prueba.

Tiene razón la recurrente en cuanto a que procedía hacer las deducciones que establece la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (9 L.P.R.A. sees. 2051-2055). La posición del recurrido es muy acomodaticia. Recibió los beneficios que da la ley y pretende que no se le hagan las deducciones por haber manifestado que está dispuesto a devolver lo que la A.C.C.A. le pagó. El vehículo accidentado estaba inscrito en el Departamento de Obras Públicas y el propio demandante declaró que lo usó para trasladarse a San Sebastián.

La impugnación a los honorarios del perito Sr. Reboreda carece de mérito.

No creemos que la recurrente fuera temeraria al defenderse en el presente pleito, por lo que no procedía imponerle el pago de intereses desde la radicación de la demanda, ni condenarle a pagar honorarios de abogado.

El tribunal de instancia procederá a modificar la senten-cia de acuerdo con los términos enunciados en esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué no intervinieron.

      (i) Error 3:
      “Erró el Tribunal de instancia al aplicar a los hechos de este caso la doctrina de responsabilidad absoluta al invocar los casos de Mendoza, v. Cervecería Corona, 97 D.P.R. 499 y Ferrer Delgado v. General Motors Corporation, 100 D.P.R. 246.” Error 4:
      “Erró el Tribunal de instancia al no considerar en su sentencia la negligencia inexcusable del demandante.” Error 5:
      “Erró el Tribunal de instancia al conceder la cuantiosa suma de $62,000.00 por las lesiones físicas, incapacidad resultante y los sufrimien-tos y angustias del demandante.”

      (2)Lee así la Sec. 402A del Restatement of Torts (1965), págs. 349, 350:
      “Bajo cualquier teoría, la justificación para la responsabilidad abso-luta se ha dicho que es que el vendedor, por el hecho de poner en el mercado su producto para el uso y consumo, se ha comprometido y ha asumido una responsabilidad especial en relación a cualquier miembro del público con-sumidor que pueda resultar damnificado por éste; en el caso de productos necesarios y para los cuales tiene que forzosamente descansar en el ven-dedor, el público tiene derecho a esperar y así lo hace, que los vendedores de buena reputación se mantendrán detrás de sus bienes; que la política pública exige que el peso de los daños accidentales causados por productos hechos para el consumo recaiga en aquellos que los lanzaron al mercado, y que se le trate como un costo de producción contra el cual se puede obtener una póliza de seguro; y que el consumidor de tales productos tiene derecho a la protección máxima en manos de alguien, y las personas apropiadas a afrontar esto son aquellas que lanzaron los productos al mercado.”

      (3) Treinta y un estados han adoptado la doctrina de la negligencia comparada, veintiocho por legislación y tres jurisprudencialmente según se relata en Brewster, Comparative Negligence in Strict Liability Cases, 42 J. Air L. Com. 107 (1976).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    International General Electric Puerto Rico, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-73-263

      Resuelto: 31 de mayo de 1978

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Federico Ro-dríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados del re-currente; Trías, Francis, Doval, Colorado & Carlo y Rogelio Muñoz, Jr., abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea dos cuestiones relativas a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954. La primera se contrae a determinar quién es el contribuyente a los efectos de beneficio de arrastre de pérdidas a la luz de lo dispuesto en las Sees. 23 y 122 de la referida ley. La segunda cuestión envuelve la interpretación de cuándo el método de contabilidad utilizado por el contribuyente refleja claramente el ingreso conforme lo dispone la Sec. 41 de la citada ley.

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Los hechos esenciales que surgen del record con respecto a la primera cuestión quedan resumidos a continuación.

La International General Electric, Sociedad Anónima, Ine. (en adelante IGESA), corporación organizada bajo las leyes del Estado de Nueva York, fue autorizada a hacer ne-gocios en Puerto Rico() en 1944 donde efectuó operaciones hasta 1958, a través de una sucursal.

En 1958 IGESA decidió organizar una corporación bajo las leyes de Puerto Rico con el nombre de International General Electric Puerto Rico, Inc. (en adelante IGE-PR) para llevar a cabo los negocios que hasta entonces realizaba a tra-vés de la sucursal. Dicha corporación puertorriqueña habría de adquirir sustancialmente todos los activos que aparecían en los libros de la sucursal de Puerto Rico y asumiría a la vez sus obligaciones a cambio de acciones comunes de la nueva corporación con un valor equivalente a la suma de “capital asignado” más el sobrante que reflejaran los libros de conta-bilidad de dicha sucursal. En su consecuencia IGE-PR con-tinuaría los negocios que antes efectuaba IGESA y ésta cesa-ría sus operaciones en Puerto Rico.

A los fines de dejar aclarada la responsabilidad contri-butiva que podría surgir con motivo del mencionado traspaso de las operaciones de la sucursal a la nueva corporación, IGESA obtuvo una opinión (ruling) del Secretario de Hacienda que autorizaba la reorganización de los negocios de IGESA en la forma ya explicada quedando librada del pago de contribuciones sobre ingresos en Puerto Rico con motivo de la reorganización. () La opinión del Secretario de Hacienda contiene las siguientes determinaciones:

1. La propuesta reorganización no es en cumplimiento de un plan que tiene como uno de sus principales propósitos el evitar las contribuciones sobre ingresos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dentro del significado de la sección 112 (i) de la Ley-de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954.
2. No se reconocerá ganancia o pérdida a IGESA al consu-marse la propuesta reorganización bajo las disposiciones de las secciones 112(b) (4), 112(b) (5), y 112(g) (1) (D) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954, siempre y cuando se cumplan los requisitos estatutarios.
3. La corporación de Puerto Rico (IGE-PR) que habrá de ser organizada como parte del plan de reorganización asumirá y será responsable de cualquier obligación de IGESA al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Luego de completada la descrita reorganización IGE-PR continuó las operaciones de la anterior sucursal de IGESA en Puerto Rico manteniendo la misma estructura administra-tiva y distributiva. IGESA no llevó a cabo más ninguna ope-ración de negocios en Puerto Rico después de la reorganiza-ción y varias semanas después renunció a su autorización para hacer negocios en la Isla, habiendo sido disuelta como entidad corporativa en el Estado de Nueva York dentro del mismo año 1958.

La sucursal de IGESA en Puerto Rico, por constituir una corporación extranjera dedicada a negocios localmente, rindió planillas de contribuciones sobre ingresos durante el tiempo en que estuvo activa a base del ingreso bruto de fuentes den-tro de Puerto Rico. 13 L.P.R.A. sees. 3013, 3015, 3231 (b) (c). Conforme lo establece la ley tiene derecho a reclamar las de-ducciones contra el ingreso bruto hasta el límite en que aqué-llas están relacionadas con el ingreso producido de fuentes dentro de Puerto Rico, y además al beneficio de los créditos aplicables. 13 L.P.R.A. secs. 3232(a), 3233.

Entre las deducciones permitidas está la pérdida neta en operaciones, 13 L.P.R.A. secs. 3023(s) (1), 3122(b) (2), la cual puede retrotraerse al año contributivo anterior, y cual-quier remanente puede ser arrastrado a años contributivos subsiguientes hasta un máximo de cinco años. 13 L.P.R.A. see. 3122.

A la fecha de la reorganización, en junio de 1958, la su-cursal de IGESA en Puerto Rico transfirió a IGE-PR, unas pérdidas en operaciones sufridas anteriormente. IGE-PR in-cluyó dichas pérdidas en su planilla de contribución sobre in-gresos correspondiente al segundo semestre del año contribu-tivo 1958 y a los años contributivos 1959 y 1960 reclamando su derecho al arrastre en los últimos años mencionados por ser corporación sucesora de la sucursal de IGESA en Puerto Rico. El Secretario de Hacienda rechazó el arrastre de las pérdidas y notificó a IGE-PR unas deficiencias contributivas para los años 1959 y 1960, () las que fueron confirmadas des-pués de la correspondiente reconsideración administrativa y fijadas en $680,906.57. La contribuyente prestó la fianza re-querida y acudió al Tribunal Superior, el que dejó sin efecto todas las deficiencias impuestas. El Secretario de Hacienda acudió ante nos en revisión. Accedimos a revisar por conside-rar que las cuestiones planteadas son noveles en nuestra ju-risdicción.

De entrada cabe decir que una corporación extranjera que ha sido autorizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico para realizar negocios aquí puede reclamar, lo mismo que un individuo, la igual protección de las leyes y el debido procedimiento de ley que reconoce la See. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Véase Buscaglia, Tes. v. Tribunal de Contribuciones, 64 D.P.R. 602 (1945). Le es aplicable por ende la disposición constitucional que exige que la imposición de contribuciones será uniforme en Puerto Rico. Art. VI, Sec. 3, Constitución del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico. Por consiguiente la contribu-ción sobre ingresos debe ser igual para las corporaciones do-mésticas y para aquellas extranjeras que se hubieren domi-ciliado en Puerto Rico mediante el procedimiento de obtener autorización para hacer negocios dentro de esta jurisdicción. Buscaglia, Tes. v. Tribunal de Contribuciones, supra.

A base de las disposiciones legales citadas precedente-mente IGESA hubiera tenido el derecho de reclamar el dere-cho de arrastre de pérdidas que concede la Ley de Contribu-ciones sobre Ingresos de Puerto Rico de 1954, si hubiera op-tado por permanecer haciendo negocios en Puerto Rico tal y como lo había hecho hasta el año 1958. Su subsiguiente reor-ganización que comprendió el traspaso de sus activos y pasi-vos a una nueva corporación puertorriqueña no afectó el de-recho de ésta al arrastre de pérdidas en años subsiguientes. Veamos la disposición de la Ley que provee sobre el método de arrastre:

“Si para cualquier año contributivo comenzado después del 31 de diciembre de 1953 el contribuyente tuviere una pérdida neta en operaciones, la misma será una pérdida neta en operacio-nes a arrastrarse a cada uno de los 5 años contributivos siguien-tes .. . .” (Énfasis suplido.) 13 L.P.R.A. sec. 3122(b) (2).

El historial legislativo del citado precepto legal revela el testimonio del Secretario de Hacienda ante la Comisión de la Cámara de Representantes al efecto de que la retrotracción y arrastre de pérdidas netas en operaciones es una de las dis-posiciones liberalizadoras de mayor importancia para el desa-rrollo económico de Puerto Rico por ofrecer a una entidad que sufre pérdidas en un año determinado la oportunidad de recuperarlas, hasta donde sea posible, de sus ganancias ha-bidas en el año anterior o durante los cinco años futuros. () Añadió el Secretario que esa disposición sigue estrictamente el lenguaje de la Ley Federal. ()

La controversia gira alrededor del significado del término “el contribuyente” que aparece en la See. 122 de nuestra Ley de Contribuciones sobre Ingresos citada precedentemente. Esto envuelve la determinación de si la nueva entidad corpo-rativa que reclama el arrastre de pérdida es el mismo contri-buyente que la entidad que la sufrió.

El concepto de “el contribuyente” se analizó por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Libson Shops, Inc. v. Koehler, 353 U.S. 382 (1956). La interpretación que han dado los tribunales federales a aquellas disposiciones de la Ley Federal de Contribuciones sobre Ingresos que son simi-lares a las nuestras tienen un valor persuasivo que nos ayuda a definir el contenido de las nuestras. Allí se trataba de una corporación, Libson Shops Management Corporation, que proveía servicios de administración a 16 corporaciones de-dicadas a la venta de artículos de mujer, pertenecientes a los mismos accionistas que la primera. Cada corporación rendía su planilla de contribución sobre ingresos separada-mente. Todas las 17 corporaciones se consolidaron en una sola, quedando los accionistas originales como dueños de la nueva corporación en la misma proporción que antes poseían. El efecto de la consolidación fue el de convertir 16 negocios de ventas al detalle y 1 negocio que proveía servicios de geren-cia en una sola entidad que rendiría una sola planilla de con-tribuciones sobre ingresos. Tres de las dieciséis corporaciones de ventas tenían pérdidas acumuladas antes de la consolida-ción y continuaron sufriendo pérdidas después. El Gobierno argumentaba que el privilegio estatutario de arrastre de pér-didas no está disponible a menos que la corporación que lo re-clama sea la misma entidad contributiva que la que sufrió la pérdida. Y, que en ese caso la nueva corporación no puede ser la misma entidad que las que antes operaron separada-mente. En otras palabras, El Gobierno sostiene que para tener derecho al privilegio debe haber una “continuidad de la empresa mercantil.” De no haberse realizado la consolidación, ninguna de las tres corporaciones con pérdidas hubiera tenido la oportunidad de arrastrarlas toda vez que no tuvieron in-gresos que les permitieran absorberlas. De permitirle el arrastre después de la consolidación le ofrecería a las 16 cor-poraciones la oportunidad a la que renunciaron al rendir una planilla consolidada. El Tribunal Supremo concluyó allí que el ingreso de las entidades contra el que se reclamaban las pérdidas arrastradas no fue producido por entidades de nego-cios sustancialmente similares a las que sufrieron las pérdi-das. El fundamento de la decisión citada encuentra apoyo en el historial legislativo de la See. 122 de la ley federal, equiva-lente a nuestra See. 122 (13 L.P.R.A. see. 3122), al incorpo-rarse aquélla al Código Federal de Rentas Internas de 1939. El Informe del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de los Estados Unidos expresa que el permitir el arrastre de pérdidas sería de gran ayuda a los negocios y de estímulo a nuevas empresas, especialmente aquellas cuyos ingresos esta-ban sujetos a grandes fluctuaciones. De otra forma, añade el Informe, los negocios con ganancias y pérdidas variables ten-drían que pagar mayores contribuciones que aquellos con re-sultados más o menos estables, aun cuando el promedio de ganancias en uno y otro caso sean iguales. H.R. Rep. No. 885, 76th Cong., 1st Sess. 9. Entendió el Tribunal Supremo en el caso de Libson que el historial legislativo de las disposi-ciones sobre arrastre de pérdidas reflejaba la intención con-gresional de que se aplicaran al mismo negocio. Véase Libson, supra, pág. 387. En otras palabras, dice Libson que dichas disposiciones no fueron diseñadas para permitir que se pro-mediaran las pérdidas pre-consolidación de un negocio con el ingreso post-consolidación de otros negocios que estaban fun-donando y tributaban separadamente antes de la consolida-dón. Conduye el Tribunal Supremo didendo que el historial a la mano sugiere que el Congreso estaba fundamentalmente interesado en el ingreso fluctuante de un solo negodo.

En efecto el caso de Libson reconoció la doctrina enuncia-da antes en la jurisdicción federal que exigía la continuidad de la empresa mercantil. Se cita allí con aprobación lo expre-sado por un circuito federal al resolver el caso de Stanton Brewery, Inc., infra, al decir que las corporaciones allí fu-sionadas operaron “esencialmente una empresa continua, acreedora a todos los . .. beneficios [de las disposiciones sobre arrastres] de aminorar lo que de otra forma serían severas consecuencias de ganancias fluctuantes o de expansión de ne-gocios.” Véanse Newmarket Manufacturing Co. v. United States, 233 F.2d 493 (C.C.A. 1st 1956); E. & J. Gallo Winery v. Commissioner, 227 F.2d 699 (1955); Stanton Brewery, Inc. v. Commissioner, 176 F.2d 573 (C.C.A.2d, 1949); Koppers Co. v. United States, 133 Ct. Cl. 22, 134 F.Supp. 290 (1955); Net Operating Loss Carryovers and Corporate Adjustment, Comment, 69 YaleL.J. 1201 (1960).

Entendemos y así lo resolvemos que la doctrina que requiere la continuidad de la empresa mercantil, a los fines de reconocer el arrastre de pérdidas de un negocio contra los ingresos del mismo negocio después de efectuarse una reorganización como la del caso de autos, debe reconocerse en esta jurisdicción. No tenemos duda de que el negocio operado por la sucursal de IGESA en Puerto Rico es el mismo que continuó siendo operado por IGE-PR, y por tanto ambas entidades deben considerarse como el mismo contribuyente, y por consiguiente deben extendérsele a esta última los beneficios de arrastre de pérdidas a que tenga derecho al amparo de las Sees. 3023 y 3122 del Título 13 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas. Notamos, sin embargo, que en la opinión emitida por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a IGESA en 10 de abril de 1958 se hace la salvedad de que ésta no transfiere a las nuevas corporaciones, que incluye la IGE-PR, los derechos de la primera a un reembolso de contribu-ciones sobre ingresos federales que tiene pendiente. Ha-biendo reconocido que la corporación sucesora IGE-PR es el mismo contribuyente que la sucursal antecesora surge la posi-bilidad de que el reintegro aludido sea en alguna medida atribuible a las operaciones anteriores de la sucursal de IGESA de Puerto Rico, y que por ende el producto del rein-tegro pueda aminorar las pérdidas que se propone arrastrar IGE-PR a años anteriores. El Secretario de Hacienda debe tener la oportunidad de examinar la situación a fin de deter-minar si ello puede afectar el derecho a arrastre de IGE-PR.

II

La segunda cuestión a resolver es si el sistema de conta-bilidad utilizado por la contribuyente al declarar el ingreso por concepto de cargos de financiamiento sobre sus ventas a plazos es un método corriente y aprobado de contabilidad “que [refleja] con claridad el ingreso” en tal forma que “las partidas de ingreso bruto y todas las deducciones [son] tra-tadas de manera razonablemente consecuente” según lo re-quieren las Sees. 3041 a 3044 del Título 13 de las Reglas y Reglamentos promulgados bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos. 13 L.P.R.A. sees. 3041-3044; 13 R.&R.P.R. sees. 3041-3044.

IGE-PR se dedica a la venta de enseres eléctricos al con-tado y a plazos. Las ventas a plazos que son las que están envueltas en este pleito se contabilizan como ingreso en el momento de otorgarse el contrato de venta condicional a base del precio de venta del enser en cuestión más el 22% de los cargos por el financiamiento total que habría de cobrarse du-rante el período de vida del contrato. El resto del cargo por financiamiento, o sea el 78%, quedaba diferido y se distri-buía a través de la duración del contrato de manera que la porción proporcional recibida como parte de cada plazo men-sual se contabilizaba como ingreso al recibirse el pago del plazo mensual.

El sistema de contabilidad utilizado por el contribuyente aparece descrito en detalle en las conclusiones de hechos del tribunal de instancia, a saber:

“Las ventas a plazos son ventas a clientes que desean finan-ciar su compra a través de un período de tiempo, por lo cual se le cobra cierta suma de dinero que se conoce como cargos por financiamiento. En estos casos, al momento de firmar el con-trato de venta, se le reducía del precio de venta el pronto pago que se le exigía al comprador para llegar a la cantidad que se iba a financiar, cantidad sobre la cual se le cobraban cargos por financiamiento. Las entradas que se efectuaban en los libros al momento de la venta son las siguientes: un cargo a ‘cuentas por cobrar a plazos’ por la cantidad a financiar más los cargos por financiamiento, otro cargo a cuenta ‘cash’ representando el pronto pago recibido, un crédito a ‘ventas’ por el precio de venta del artículo y otro crédito a ‘ingreso diferido’ por la cantidad que representaba los cargos de financiamiento. También se acredita ‘inventario’ y se hace un cargo a ‘costo de venta’. De ese modo se contabiliza el ingreso bruto producido por la venta inmediata-mente. Del ingreso de financiamiento que se contabiliza en la cuenta nominada ‘ingreso diferido’ el 22% se llevaba a ingreso inmediatamente al efectuarse la venta con el propósito de lograr un pareo propio y adecuado de ingresos y gastos, ya que al ad-quirir la cuenta usualmente se incurre en gastos que normal-mente son mayores que los que posteriormente se generan en el cobro y seguimiento de los pagos mensuales. La diferencia del 78% se llevaba a ingreso a medida que iba transcurriendo el tiempo que representaba el término del contrato financiado y se cobraban los plazos. Las entradas a esos efectos se hacían men-sualmente basadas en una fórmula estimada que se aplicaba a la cuenta de ‘ingresos diferidos’ reconociéndose así mensualmente el ingreso de financiamiento que surgía de los pagos recibidos mensualmente (T.E. 3 de abril de 1972 págs. 321 a 325 y 335-338; Exhibit BB de la parte demandante).
La fórmula que se utilizaba para reconocer mensualmente los cargos de financiamiento diferidos se estableció en base a estu-dios realizados por la parte demandante, donde se analizaron los gastos en que incurrían sus departamentos de crédito y de cuen-tas para establecer crédito a un cliente. Tenía la intención prin-cipalmente de lograr un pareo adecuado de ingresos y gastos y trataba de determinar qué cantidad en dólares en términos de por ciento representaban aquellos gastos de adquirir la cuenta que sin duda eran normalmente mayores que los de manejar la cuenta posteriormente (T.E. 23 de mayo de 1972 págs. 28-36, Exhibit BB de la parte demandante).
Con relación a los cargos por financiamiento que se cobraban a los clientes por financiar su compra, si estos decidían pagar anticipadamente sus cuentas, la demandante reducía del balance de la misma aquella cantidad que representaba cargos de finan-ciamiento por el término del tiempo a financiar que el cliente no utilizó, esto es, por el ingreso de financiamiento no ganado por haber saldado el cliente su cuenta anticipadamente. Se eliminaba de la cuenta del cliente aquella cantidad de ingresos diferidos por concepto de financiamiento que nunca se ganaría por no pres-tarse el servicio, mediante un crédito a ‘cuentas por cobrar’ y un cargo a ‘ingresos diferidos’ por dicha cantidad. El mismo procedimiento se utilizaba por la parte demandante en casos de reposesiones. De esta manera la parte demandante eliminaba de la cuenta de ingresos diferidos y de la cuenta del cliente todo el ingreso de financiamiento no ganado. Por lo tanto, al momento de recibir el pago del cliente por la cantidad que finalmente re-presentaba [la] liquidación de su cuenta se hacía necesario hacer entradas en los libros para dejar en cero la cuenta del cliente. Además, en aquellos casos donde por equivocación el cliente pa-gaba cargos de financiamiento no ganados, éstos eran reembol-sados al cliente (T.E. 9 de noviembre de 1971, sesión de la tarde págs. 9-10; T.E. 3 de abril de 1972 págs. 178, 327-332; Exhibits AA y DD de la parte demandante; T.E. 3 de abril de 1972 págs. 174-238).
La práctica seguida por la demandante de diferir el ingreso de financiamiento hasta tanto transcurriera el tiempo y se reci-bieran los pagos, era una práctica comercial general en Puerto Rico seguida por otros negocios relacionados con la venta de productos a plazos. Igualmente era la costumbre en Puerto Rico concederles a los clientes un rembolso de los cargos de financia-miento no devengados en caso de pagar anticipadamente su cuenta (T.E. 3 de abril de 1972 págs. 15-20 y págs. 327-328).
El sistema de contabilidad descrito anteriormente ha sido uti-lizado consistentemente tanto por IGESA como por la deman-dante para contabilizar el ingreso que percibieron en sus opera-ciones comerciales de la venta de sus productos y su financia-miento (T.E. 3 de abril de 1972 págs. 234-235). El mismo re-fleja exacta, clara y razonablemente el ingreso de la aquí deman-dante de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados (T.E. 3 de abril de 1972 págs. 21-26). El hecho de que se reconozca aquella parte del ingreso de financiamiento diferido en el mes en que se cobra el plazo y no al momento de efec-tuarse la venta no deja de reflejar adecuadamente el ingreso de la IGEPR puesto que surge un efecto compensatorio año tras año (T.E. 18 de septiembre de 1972 págs. 233-234).”

Ya en 1958 el sistema de contabilidad de IGESA había pasado por el crisol de una investigación del Departamento de Hacienda que cubrió los años 1956 a 1958, como resultado de la cual se aceptó la práctica de diferir el ingreso de finan-ciamiento en la forma y manera que ahora impugna el Secre-tario de Hacienda. Igual ocurrió en 1968 al investigar los libros de la contribuyente para los años 1964 a 1967. Sin embargo, en la investigación realizada en 1964 en conexión con una solicitud de reintegro de contribuciones sobre ingresos respecto a los años 1959 a 1962, el Secretario de Hacienda rechazó por primera vez el método de contabilidad utilizado por la contribuyente para declarar el ingreso generado por los cargos de financiamiento de sus ventas a plazos en esos años.

La tesis del Secretario es al efecto de que el ingreso diferido por concepto de financiamiento a través de la dura-ción del contrato debe ser informado y reconocido por la con-tribuyente en el momento en que se lleva a cabo la venta a plazos, y que al no hacerlo así no está declarando correcta-mente sus ingresos y gastos. La falla del Secretario es que no ofrece evidencia alguna ni razonamiento interpretativo de la Ley o del Reglamento que ponga al Tribunal en condiciones de hacer su determinación sobre el particular.

La Ley de Contribuciones sobre Ingresos provee que un contribuyente puede computar su ingreso neto (1) a base de su período anual de contabilidad y (2) de acuerdo con el método de contabilidad regularmente utilizado por el con-tribuyente para llevar sus libros. 13 L.P.R.A. see. 3041. La ley permite generalmente dos métodos de contabilidad — el de recibido y pagado y el de acumulación, y permite además otros métodos siempre y cuando en opinión del Secretario “refleje claramente el ingreso”. Entre esos métodos se en-cuentra el de ventas a plazos utilizado por traficantes en bienes muebles. Este último método contempla el declarar en cualquier año contributivo como ingreso “aquella proporción de los pagos a plazos realmente recibidos en ese año que la ganancia bruta realizada, o a ser realizada al completarse el pago total, guarde con el precio total del contrato” Id., see. 3044. Este método se utilizará en la forma en que el Secre-tario prescriba por reglamento. Véase 13 R.&R.P.R. see. 3044-1. Dispone el reglamento que si el vendedor por razones de práctica consecuente opta por declarar el ingreso de sus ventas a plazos sobre la base de acumulación estricta o de recibido y pagado, tal procedimiento es admisible. Id., see. 3044-1(e).

Aunque la contribuyente no se acogió estrictamente a las disposiciones de la See. 3044, demostró haber seguido de cerca los lincamientos de la See. 3041 que le permite cierta autonomía en la determinación del sistema de contabilidad que adopte siempre y cuando pueda determinarse “a la luz de la regla fundamental de que la determinación tendrá que hacerse de tal modo que refleje con claridad el ingreso del contribuyente.” Es indudable que la determinación ha de hacerse “de modo tal que, en opinión del Secretario, refleje con claridad dicho ingreso.” Para ello, todas las partidas de ingreso bruto y todas las declaraciones han de ser tratadas de manera razonablemente consecuente. La contribuyente en el caso de autos ha demostrado su asiduidad y consistencia en el método seguido desde el año 1956 con el beneplácito del Secretario de Hacienda. El Secretario no ha demostrado la irrazonabilidad del método ni su falta de consistencia, y mucho menos el que no refleje con claridad el ingreso de la contribu-yente. Es imprescindible que el Secretario pruebe afirmativa-mente que dicho método de contabilidad no refleja adecuada-mente los ingresos de la contribuyente. Glenn v. Kentucky Color & Chemical Co., Inc., 186 F.2d 975 (1951); Huntington Securities Corporation v. Busey, 112 F.2d 368 (1940); Harden v. Comm., 228 F.2d 418 (1955).

Por los motivos expuestos se dejará sin efecto la sentencia dictada por la Sala de San Juan del Tribunal Superior de 30 de julio de 1973, y se devolverá el caso al tribunal de ins-tancia para la celebración de una vista para determinar si el derecho que tenía IGESA pendiente a un reembolso de con-tribuciones sobre ingresos federales a la fecha en que orga-nizó a IGE-PR aminoraban en alguna medida las pérdidas que IGE-PR se propone arrastrar a los años contributivos objeto de este pleito.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau se inhibieron. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      í1) También realizaba negocios a través de sucursales en Colombia y Venezuela.

      (2) Igualmente obtuvo IGESA una opinión del Departamento del Te-soro Federal que declaraba que la propuesta reorganización de IGESA no estaría sujeta a responsabilidad contributiva federal. Dicha opinión es extensiva a la subsiguiente liquidación y distribución de todos los activos de IGESA a la corporación madre International General Electric, la que pasaría a ser dueña de las acciones de las corporaciones de Puerto Rico, Venezuela y Colombia.

      (3)Las deficiencias notificadas incluían además las surgidas por razón del método de contabilidad, alegadamente inadecuado, utilizado por la con-tribuyente para computar el ingreso generado por los cargos de financia-miento de las ventas a plazos. Luego le fueron notificadas deficiencias adi-cionales para 1961 y 1962 por este último concepto. Las deficiencias por esta razón están discutidas en la parte II de esta opinión.

      (4) Transcripción vistas Comisión de Hacienda de la Cámara, cele-bradas en 29 y 30 de junio de 1953, págs. 23, 24-26, 28 y 30.

        {?)Ibid.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Hernán Corales Irizarry, acusado y apelante.

      Número: CR-77-93

      Resuelto: 31 de mayo de 1978

      Pedro A. Otero Fernández, abogado del acusado; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“[C]on las contribuciones se sufraga y asegura la civili-zación.” Holmes: Compañía de Tabacos v. Collector of Internal Revenue, 275 U.S. 87, 100 (1927). Esta apelación versa sobre la juridicidad de una convicción penal en nuestro ordenamiento contributivo. Pone de manifiesto cómo una persona, beneficiaría directa e indirecta de los servicios guber-namentales, intencional y fraudulentamente deja de cumplir sustancialmente con el deber ciudadano básico de aportar al erario, olvidando que en una democracia “ [e] 1 dinero prove-niente del impuesto, es, en consecuencia, un elemento indispensable de la economía pública, de la vida misma del Estado. Sin medios pecuniarios, no se concibe su existencia.” Ta-magno, El Contribuyente, 17 (1953). Al disponer del recurso, nos enfrentamos a “. . . los objetivos de la ley con la realidad destinataria de la misma. Como ha escrito el profesor Ursi-cino Alvarez, ‘la investigación del jurista no se puede desa-rrollar en la soledad sino al contacto con la patología vital de la sociedad y al calor de las realidades sociales’.” Albiñana García-Quintana, El Sistema Fiscal en España, pág. X (1974).

Hernán Corales Irizarry y su esposa Emma Ramírez rin-dieron la planilla de contribución sobre ingresos para el año 1967, e informaron como ingreso bruto ajustado la cantidad de $13,213.26. Investigados administrativamente por el De-partamento de Hacienda, se descubrió que Corales había efec-tuado aproximadamente 80 depósitos en su cuenta corriente en el Banco de Economías y Préstamos, sucursal de San Ger-mán, por un total de $305,169.30 durante el período com-prendido entre enero y octubre de 1967; y que su esposa ha-bía realizado como 40 depósitos montantes a $114,781.39 en otra cuenta corriente existente a nombre de ella en el Banco de Ponce, sucursal de Cabo Rojo, durante el mismo período. Tales depósitos ascendieron a la cantidad de $419,950.69.

Corales fue requerido por el Sr. Víctor M. Navarro, inspector del Departamento de Hacienda, que explicara el origen de los fondos para esos cuantiosos depósitos bancarios con miras a determinar su verdadero ingreso tributable. Este se negó a suministrar información alguna al respecto manifes-tándole que no llevaba libros de contabilidad y que carecía de récords en que basar la preparación de su planilla, porque se habían quemado en un fuego que ocurrió en sus oficinas situadas en el Banco de San Germán. (T.E., Tomo 2, págs. 86 y 94.) Ante esta situación, el Departamento de Hacienda procedió a estimarle y notificarle el ingreso tributable me-diante el uso de uno de los tres métodos aceptados cuando el contribuyente no mantiene libros de contabilidad o cuando los libros son inadecuados o se han perdido o destruido, y no hay evidencia secundaria para precisar de otro modo dicho ingreso.

Una vez consideradas las deducciones reclamadas por Co-rales en su planilla, el cómputo final arrojó que él y su esposa habían tenido para el año 1967 un ingreso neto aproximado de $350,000.00, por lo que adeudaban al erario público la cantidad de $270,000.00 por concepto de contribuciones, y no la suma de $1,686.92 computada y reportada a base de un ingreso bruto ajustado de $13,213.26.

Subsiguientemente, por tales hechos Corales fue acusado del delito de evasión contributiva tipificado en la See. 145 (b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico.() El jurado rindió veredicto de culpabilidad y el tribunal lo sentenció a una pena de uno (1) a cinco (5) años de prisión.

No conforme, plantea los errores que discutiremos a con-tinuación.

PRIMERO: “Erró el Honorable Tribunal de Instancia, al permitir testimonio del Agente Jefe de la Sección Control de' Documentos, Francisco López, declarar sobre el contenido de la Planilla de Contribución sobre Ingresos del supuesto acusado, sin haberse sentado bases algunas para admitir dicho testimo-nio.”

La tesis del apelante es que no se debió admitir el testi-monio del Sr. Francisco López, Jefe de la División de Expe-dientes y Control del Negociado de Contribución sobre Ingre-sos, () en torno al contenido de una planilla alegadamente radicada por él y su esposa sin que mediara previamente una identificación adecuada del referido documento acreditativa de haber sido rendida por él. A tal efecto argumenta que es “tambaleante” la identificación realizada por López y que la forma en que la planilla fue introducida en evidencia “care-cía de la fortaleza que la ley exige no estableciéndose una conexión entre la planilla y el acusado que estaba respon-diendo de delito.” Basa su contención en que el testigo du-rante el contrainterrogatorio, manifestó que no sabía quién había radicado la planilla, ni quién le había hecho ciertas marcas, como tampoco supo decir el nombre de todas las per-sonas que habían intervenido con tal documento desde su ra-dicación. En adición resalta el hecho de que el testigo afirmó que con anterioridad había visto la planilla una sola vez.

No tiene razón. La prueba establece que López identificó satisfactoriamente la planilla del apelante y su esposa para el año 1967, la cual fue ofrecida en evidencia por el Ministerio Fiscal.!) (T.E., Tomo 2, págs. 7, 8, 21, 33, 34, 46.) Su declaración sobre su contenido era admisible. Wharton, Criminal Evidence, 13th ed., Vol. 3, see. 531, pág. 31; véase: Castillo v. Tribl. Examinador, 81 D.P.R. 746, 752 (1960). Lo atestado por éste en el contrainterrogatorio no afecta la adecuacidad de la identificación del documento. En primer lugar, la expresión de López referente a que no sabía quién había radicado la planilla en cuestión, vista en el contexto en que fue dada, nos mueve a concluir que más bien expresaba que no tenía conocimiento directo de quién había radicado la planilla para la fecha específica en que ésta fue entregada en el Departamento de Hacienda. En segundo lugar, expresó que las marcas sobre la planilla, correspondían al cotejo administrativo realizado en Hacienda rutinariamente, aclarando que ello no afectó ni alteró los cómputos originales consignados por el apelante en maquinilla. (T.E., Tomo 2, págs. 10, 11, 23, 31, 32 y 33.) En tercer lugar, es comprensible que el testigo no pudiera decir de memoria el nombre de todas las personas que habían intervenido con dicha planilla. En el complejo trámite administrativo que se sigue, este tipo de documento desde que es radicado en Hacienda, es normal y explicable que intervengan distintos funcionarios en los diferentes procesos burocráticos establecidos, tales como recibo, numeración, clasificación, enumeración, li-quidación y otros. (T.E. págs. 16-22.) Y finalmente, si bien es cierto que el testigo expresó que había visto la planilla una sola vez, éste se refería al original, ya que de inmediato aclaró que había visto una copia escasamente una semana antes. (T.E., Tomo 2, págs. 23, 24 y 25.)

Tampoco es atendible el argumento relativo a que la pla-nilla no fue conectada con el acusado. La planilla en cuestión había sido radicada en el Departamento de Hacienda bajo el nombre y firma de Hernán Corales Irizarry, conteniendo su dirección, número de cuenta, ocupación, nombre y apellidos de su esposa, y el hecho de que había recibido ingresos de su patrono, el Banco de San Germán. En estas circunstancias es de aplicación la presunción controvertible establecida en el inciso 25 del Art. 102 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 1887(25)), sobre identidad de persona, de la identidad de nombre. Pueblo v. Huertas Soto, 90 D.P.R. 170 (1964); Pueblo v. García, 48 D.P.R. 444 (1935); Pueblo v. Rivera, 26 D.P.R. 275 (1918).

SEGUNDO ERROR: “Erró el Honorable Tribunal de Ins-tancia al admitir como Exhibit, a través del testimonio de Blanca Herrero Marrero, documentos que constituían copias fotostáticas de copias fotostáticas, sin haberse sentado las bases para ello.”

El tribunal de instancia admitió unas copias fotostáticas de hojas de depósitos del Banco de Economías y Préstamos, Sucursal de San Germán, acreditativas de depósitos hechos por el apelante en una cuenta especial, luego que fueron iden-tificadas por la testigo Blanca Herrero Marrero, funcionaría de la Secretaría del Tribunal Federal, quien las tenía bajo su custodia debido a un procedimiento que se seguía contra el apelante en el Tribunal Federal. (T.E., Tomo 2, págs. 51-52.)

El apelante alega que tales copias son inadmisibles porque no constituyen la mejor evidencia. No tiene razón. El Art. 24 de la Ley de Evidencia, en lo pertinente reconoce la admisibilidad de copias fotostáticas: “. . . cuando el original se hubiere extraviado o destruido, o estuviere fuera de la jurisidicción del tribunal.” (32 L.P.R.A. see. 1667.) Contiene una de las excepciones al principio denominado “Regla de la Mejor Evidencia” que en síntesis proclama la inadmisibilidad de evidencia secundaria del contenido de un escrito, salvo que satisfactoriamente se explique la omisión de producir el original.

En el caso de autos está presente esta circunstancia ya que la testigo Herrero expuso que desconocía el paradero de las hojas originales de depósito, pues en el expediente ante el Tribunal Federal sólo se encontraban copias de hojas de depósito (deposit slips) (T.E., Tomo 2, págs. 53, 54, 61). Atestó que infructuosamente realizó una intensa búsqueda en el expediente para localizar los originales. (T.E., Tomo 2, págs. 54-55, 58, 63, 66, 68, 71.) Añadió que ésa era la razón por lo que el Ministerio Fiscal presentaba copias fotostáticas de las únicas copias de las hojas de depósito (deposit slips) existentes en la Corte Federal. (T.E., Tomo 2, págs. 61, 62, 63.)

También el Sr. Santiago Ortiz Ruíz, gerente del Banco Economías, sucursal de San Germán, testificó que a pesar de que para el 1967 tenía bajo su custodia los originales de las hojas de depósito de la cuenta especial del apelante, poste-riormente perdió el contacto con ellas ya que le fueron reque-ridas al banco para un caso que se ventilaba en el Tribunal Federal, y que desde ese instante no las había vuelto a ver. (T.E., Tomo 2, págs. 150-151.)

Con dichos testimonios se probó cabalmente que los originales de las hojas de depósito existieron, pero que se habían extraviado, y no pudieron ser encontradas a pesar de haberse realizado varias búsquedas. En consecuencia eran admisibles las copias fotostáticas presentadas. Santiago v. Martínez, 72 D.P.R. 934, 937 (1951); Armstrong v. Jones, 44 D.P.R. 762, 772-773 (1933); Torres v. P.R. Racing Corporation, 40 D.P.R. 441, 447 (1930); Wharton, Criminal Evi dence, 13th ed., Vol. 3, See. 554, págs. 64-65; () Jones, On Evidence, 6ta. ed., Vol. 2, Secs. 7.13 y 7.14, págs. 114-118. Quedó establecida la autenticidad de tales copias.

TERCERO: “Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no permitir que el testigo Víctor Manuel Navarro fuera repregun-tado sobre hechos materiales, relevantes a la cuestión planteada.
Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no permitir con-trainterrogar al Sr. Santiago Ortiz Ruíz, sobre materia de de-fensa que tenía el acusado a su favor.”

Comencemos a discutir el señalamiento referente al confer ainterrogatorio de Víctor Manuel Navarro. Este testigo era el inspector del Negociado de Contribuciones Sobre Ingresos que investigó la planilla del apelante. En su primera compa-recencia declaró sobre las gestiones que realizó durante la investigación, así como del método que utilizó para deter-minar los ingresos del apelante (T.E., Tomo 2, págs. 72, 76, 81, 101). Al terminar el examen directo en su primer turno, el Ministerio Público anunció que se proponía, luego de des-filada el resto de la prueba de cargo, presentarlo nuevamente, pero esta vez como perito. (T.E., Tomo 2, págs. 101-102). De inmediato el juez le ofreció a la defensa la opción de contrain-terrogar al testigo sobre lo que había declarado hasta ese momento y luego contrainterrogarlo sobre lo que declarara en comparecencia, o esperar la segunda deposición y contrain-terrogarlo sobre todo lo declarado por el testigo. La defensa prefirió la primera alternativa y procedió acto seguido a con-trainterrogarlo. (T.E., Tomo 2, págs. 103-104).

Subsiguientemente, en su segunda comparecencia, Navarro presentó unos diagramas ilustrativos de los gastos e in-gresos reportados en la planilla del apelante para el 1967, y de una relación de todos los depósitos realizados por éste en la cuenta especial que poseía en el Banco Economías. (T.E., Tomo 6, págs. 10-11.) Luego de ser admitidos, el testigo cir-cunscribió su declaración a explicar el contenido de los mis-mos. (T.E., Tomo 6, págs. 40, 41, 44, 102,106-116, 121-126.) Llegado el turno para el contrainterrogatorio, la defensa pre-tendió repreguntar al testigo sobre las gestiones que había realizado durante la investigación de la planilla del acusado a pesar de que ello no había sido cubierto en el interrogatorio directo correspondiente a esta segunda declaración, y sí en la primera en donde la defensa lo había contrainterrogado ampliamente. Por esta razón el tribunal no lo permitió. (T.E., Tomo 6, págs. 103-105, 116-117, 123-124, 125, 127-134.)

Ante este trámite resulta inmeritoria la posición del apelante. El juez sentenciador actuó dentro de los límites razonables evitando repeticiones innecesarias. Reiteramos que ño hemos de intervenir con la discreción judicial de los foros de instancia efectuada con ánimo de lograr un adecuado balance entre la búsqueda de la verdad y la enojosa lentitud de los procedimientos debido a interrogatorios prolongados e innecesarios por preguntas repetitivas. Wolff v. Hernández, 76 D.P.R. 650, 666-667 (1954); Pueblo v. Camacho, 69 D.P.R. 358, 360-361 (1948); Pueblo v. Vázquez, 68 D.P.R. 67, 83 (1948); Durán v. Sucn. Durán, 53 D.P.R. 750, 754 (1938); Pueblo v. Gómez, 45 D.P.R. 812, 813-814 (1933); Vélez v. Iturregui, 44 D.P.R. 487, 490-491 (1933); Pueblo v. Román, 42 D.P.R. 642, 645 (1931); Pueblo v. Muñera, 39 D.P.R. 295, 301-303 (1929); Pueblo v. Aponte, 26 D.P.R. 604, 605-606 (1918); y Pueblo v. Español, 16 D.P.R. 213, 221 (1910).

Tampoco se cometió error en cuanto a su contención de que no se le permitió contrainterrogar al testigo Santiago Ortiz Ruíz sobre materias que le beneficiaban. Del análisis de la transcripción de la evidencia se desprende que la defensa tuvo amplia oportunidad de contrainterrogarlo. (T.E., Tomo 3, págs. 52-88.)

CUARTO: “Erró el Honorable Tribunal al negarse a impar-tir instrucciones específicas solicitadas por el apelante.
Erró el Honorable Tribunal al no dar instrucciones específi-cas aclarando los conceptos de depósito, ingresos, y lo que consti-tuía ingreso neto tributable, equiparando así los depósitos como sinónimo de ingresos.”

El apelante se refiere a la siguiente instrucción denegada por el tribunal:

“Los depósitos bancarios por sí solos no constituyen ingresos. Se requiere que el inspector haga un análisis de la procedencia de los fondos para luego imputar tales depósitos como ingresos. Un depósito bancario puede surgir como consecuencia de un préstamo, una transferencia de fondos, que haya efectuado el contribuyente de una cuenta a otra, o de dinero recibido por con-cepto de una donación o herencia los cuales necesariamente no son ingresos conforme la Sección 22(b) 3 de Ley Contribución Sobre Ingresos, o de ingresos previamente declarados por el con-tribuyente en sus planillas de años anteriores al año que se hizo el depósito. En este caso el Fiscal viene obligado a probar que los depósitos eran ingresos netos tributables.”

Su teoría es que lo anterior constituye una exposición ade-cuada del derecho aplicable y que la omisión del tribunal en impartirlos le privó del debido proceso de ley y de su derecho a un juicio justo e imparcial.

Hemos examinado la totalidad de las instrucciones dadas por el tribunal de origen, y resolvemos que el error no fue cometido. Durante el proceso quedó establecida la existencia de tres métodos aceptados en el derecho contributivo para computar el ingreso tributable cuando el contribuyente no conserva libros de contabilidad, son inadecuados o desaparecen. Los métodos son los siguientes: (1) el de aumento en las ganancias netas o incremento en el capital; (2) el de ventas o entradas brutas (método de porcentaje); y (3) el método de depósitos bancarios. () Las autoridades en la materia comparten este criterio: Mertens, Law of Federal Income Taxation, Vol. 2 (revisado en 1974), Sec. 12.12, pág. 52; Chommie, Federal Income Taxation, págs. 678-680, West Pub. Co. (1968); Duke, Prosecutions For Attempts To Evade Income Tax: A Discordant View of a Procedural Hybrid, 76 Yale L.J. 1, 13 (1966); Schmidt, Reconstruction of Income, 18 Tax L. Rev. 23 (1962); Schmidt, Reconstruction of Income (Second Installment), 19 Tax L. Rev. 277 (1963-64); Schmidt, Hybrid Methods of Reconstructing Income in Criminal Tax Fraud Cases, 47 A.B.A.J. 560 (1961); Note, Suspicion Versus Conviction in the Commissioner’s Computation of Income, 98 U. Pa. L. Rev. 563 (1950). Bajo el tercero “se analizan los récords bancarios del contribuyente y se estima el ingreso basándose en los depósitos totales de éste menos las partidas no tributables”.!') Mertens, supra, Vol. 2, Sec. 12.12, pág. 76. Se parte de la premisa o hipótesis de que los depósitos constituyen ingresos tributables a menos que el contribuyente demuestre que los fondos para realizar los mismos provienen de fuentes exentas de contribución,!)

como por ejemplo, de un premio de la lotería. () Cabe señalar que el único testigo presentado por la defensa, Sr. Ramón Rivera Iturbe, admitió que el sistema de investigación a base de depósitos bancarios es uno aceptado en y fuera de Puerto Rico, aunque a su juicio, el método de incremento de capital es más confiable.

Al confrontar el derecho reseñado con la instrucción solicitada, advertimos que la misma era incompleta, amén de ser contraria a la prueba, que demostró más allá de duda razonable, la negativa del apelante a suministrar información a los funcionarios de Hacienda sobre la procedencia de los fondos para los depósitos, la ausencia de libros de contabilidad y récords para la preparación de su planilla, y lo infructuosa de la búsqueda realizada por el inspector Navarro por detectar fuentes no tributables a las cuales pudiera adjudicar la procedencia de los fondos necesarios para hacer tales depósitos. (T.E., Tomo 2, págs. 100-101.) El error no fue cometido.

QUINTO: “Erró el Honorable Tribunal de Instancia al ad-mitir ciertos cartelones con el único y exclusivo propósito de dar como hecho probados los hechos que según la prueba no habían quedado probados más allá de duda razonable.”

El apelante se limita a señalar el error sin discutirlo. Aparentemente se refiere a ciertas ilustraciones gráficas del inspector Navarro, explicando las diferentes partidas que contenía la planilla. Basta consignar el criterio mayoritario judicial que permite, en casos como el de autos, el uso de ilustraciones gráficas. Use and Admissibility in Evidence in Federal Tax Evasion Prosecutions, of Summaries of, or Charts Summarizing, Testimony or Exhibits in Evidence, 16 A.L.R. Fed. 542; Mertens, supra, Vol. 10, Sec. 55A.27a, pág. 213; Costello v. United States, 350 U.S. 359, 360 (1956); United States v. Johnson, 319 U.S. 503 (1943); United States v. Honea, 556 F.2d 906 (1977). Se reconoce que son de gran ayuda, tanto para el jurado como para el juez, en el mejor entendimiento de las complejas transacciones económicas que de ordinario reflejan planillas contributivas.

SEXTO: “Erró el Honorable Tribunal de Instancia, al impo-nerle al acusado y su abogado desacatos dentro del mismo pro-cedimiento de la vista del caso.”

El señalamiento es inmeritorio y el apelante no lo discute. Sobre el particular el récord sólo refleja que el tribunal inició trámites de desacato contra el acusado y su abogado por una tardanza y luego lo dejó sin efecto en el acto de pronunciar la sentencia (Minuta día 16 de junio de 1975). El incidente ocu-rrió en ausencia del jurado y en modo alguno afectó los de-rechos del apelante ni le privó de un juicio justo e imparcial.

Los restantes errores tampoco se cometieron. Los dictá-menes de la ilustrada sala sentenciadora negándose a absol-ver perentoriamente al acusado, y posteriormente aceptar el veredicto de la culpabilidad fueron correctos. El error refe-rente a una indebida intervención del magistrado, no es dis-cutido por el apelante. Independientemente de que ello basta-ría para desestimarlo, la lectura del récord taquigráfico re-fleja que la participación del juez fue dirigida a esclarecer algunos extremos de las declaraciones de los testigos dentro de los límites visualizados en nuestra doctrina elaborada en Pueblo v. Pacheco Baquero, 103 D.P.R. 95, 97-98 (1974) y Pueblo v. Pabón, 102 D.P.R. 436, 440 (1974).

Finalmente, respecto a la inaccesibilidad del informe pre-sentencia, la norma que prevalecía a la fecha de la sentencia disponía no sólo su confidencialidad, sino “. . . que no se viola [ba] el debido proceso de ley por el hecho de que el tribunal considere dicho informe sin darle oportunidad al acusado de rebatir su contenido.” Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568, 575 (1971).

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resul-tado.

      (!) Dispone:
      “(b) Dejar de Recaudar y Entregar en Pago la Contribución, o In-

        tentar Derrotar o Evadir la Contribución. — Cualquier persona obligada bajo este Subtítulo a recaudar, dar cuenta de, y entregar en pago cual-quier contribución impuesta por este Subtítulo, que voluntariamente dejare de recaudar o de dar cuenta de y entregar en pago, fielmente, dicha con-tribución y cualquier persona que voluntariamente intentare de algún modo evadir o derrotar cualquier contribución impuesta por este Subtítulo o el pago de la misma, en adición a otras penalidades provistas por Ley, será culpable de delito grave y castigada con multa no mayor de $10,000.00 ó reclusión por no más de 5 años en la institución penal que designe el Secre-tario de Justicia, o ambas penas, más las costas del proceso.” 13 L.P.R.A. sec. 3145(b).

      (2)López había ocupado además en el Negociado de Contribuciones sobre Ingresos posiciones tales como investigador de Contribuciones sobre Ingresos, Supervisor de la Oficina de Investigaciones, y Jefe de la Sección de Cuentas de Récord y Control. (T.E., Tomo 2, pág. 5.)

      (3) Cabe señalar que posteriormente Víctor Manuel Navarro, testigo de cargo, identificó la planilla en cuestión, atestando sin duda que era la radicada por el apelante. Este testigo, en calidad de Inspector del Nego-ciado de Contribuciones sobre Ingresos, era quien había investigado la planilla del apelante. (T.E., Tomo 2, pág. 75.)

      (4) Expone Wharton, supra:

        . . una copia fotostática de un documento escrito, clasificada de or-dinario como evidencia secundaria, no es admisible a menos que se demues-tre que el original se ha perdido o destruido, que el original se encuentra en poder de la parte contraria y ésta dejare de presentarlo, luego de haber sido notificada para que lo produjera, o cuando el original estuviere fuera de la jurisdicción del Tribunal.” Págs. 64-65. (Bastardillas nuestras.)

      (5)Los siguientes casos constituyen ejemplos de la aplicación del mé-todo de depósitos bancarios: Percifield v. United States, 241 F.2d 225 (1957); United States v. Venuto, 182 F.2d 519 (1950).

      (®)E1 inspector Víctor M. Navarro, al ser interrogado, describió la utilización del método de depósitos bancarios de la siguiente manera, la cual coincide con su concepción tradicional:
      “. . . bueno, el sistema que yo utilicé es el que se conoce como el sis-tema de depósitos bancarios. En primer lugar determiné que el contribu-yente tenía dos cuentas bancarias, o sea, que existían cuentas bancarias, dos cuentas bancarias. En segundo lugar, que el contribuyente o cualquier otra persona que él designara iba depositando periódicamente con cierta frecuencia dinero a esas cuentas bancarias. En tercer lugar, que esas cuentas bancarias excedían, pero por mucho los ingresos que él había declarado en la planilla del ‘67. Y en tercer lugar, que existían fuentes de ingresos de las cuales podían proceder esas diferencias entre dinero depositado y el dinero declarado. Tuve la precaución de buscar fuentes que no constitu-yeran ingresos bajo la Sección 28, como premio de la Lotería, si se había pegado en la lotería, si había recibido algún dinero en herencia, si había vendido alguna propiedad por el mismo costo que la había adquirido y no encontré ninguna de esas fuentes no contributables. [sic] Y así fue que yo determiné la diferencia entre el dinero depositado y el dinero declarado.” (T.E., Tomo 2, págs. 100-101.)

      (7) Mertens, supra, Vol. 10, Sec. 55A.27, págs. 205-207 y Sec. 55A.27a, págs. 210, 218; United States v. Doyle, 234 F.2d 788 (1956); Elwert v. United States, 231 F.2d 928 (1956); Canton v. United States, 226 F.2d 313 (1955); United States v. Smith, 206 F.2d 905 (1953); Goe v. Comm., 198 F.2d 851 (1952), cert. den. 344 U.S. 897 (1952); Gariepy v. United States, 189 F.2d 459 (1951).

      (s) “Los premios de la Lotería de Puerto Eico estarán exentos de toda clase de contribución.” (15 L.P.E.A. see. 125.)