text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Agosto Castro, acusado y apelante.

      Número: CR-73-81

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      R. N. Ponce de Sánchez-Rivoleda, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Se sentenció en este caso al acusado a cumplir una pena de uno a tres años de presidio por el delito de escalamiento en primer grado. La prueba que conectó al apelante con la comi-sión de los hechos consistió en el testimonio de una sola testigo. Alega el apelante que la testigo fue cómplice en la perpetración del crimen y que en consecuencia no podía con-denársele sin prueba de corroboración bajo los términos de la Regla 156 de las de Procedimiento Criminal, entonces vigente y recientemente enmendada por la Ley Núm. 208 de 23 de julio de 1974.

La regla de la corroboración del cómplice en la modalidad antes vigente en nuestro derecho, era residuo atávico de anti-guos códigos cuya razón de ser se venía cuestionando desde hace tiempo. Dicha regla derivaba del Art. 253 de nuestro anterior Código de Enjuiciamiento Criminal, que a su vez se fundó en la See. lili del Código Penal de California {West’s Annotated California Codes—Penal), la cual se remonta a poco más de un siglo, al año 1872.

La regla nació aun antes, en tiempos en que se tendía a no depender de declaraciones que pudieran basarse en el propio interés del testigo. Específicamente del caso en que un testimonio pudiese prestarse a cambio de una promesa de inmunidad es que surge la regla a fines del siglo dieciocho de la corroboración del cómplice. Wigmore, On Evidence, 3a. ed., §§ 2056-2057; Consejo sobre Reforma de la Justicia, Informe de la Comisión de la Policía, mimeo, 1973, pág. 249 et seq.

Desde hace décadas, sin embargo, se venía reconociendo que la solución al problema del testimonio posiblemente afectado por el propio interés es su escrutinio cuidadoso y no la imposición de reglas mecánicas de corroboración u otra índole que permiten que muchos crímenes queden impunes. Desde 1937, la Comisión sobre la Administración de la Justicia en Nueva York {Third Supplemental Report) reco-mendó la eliminación de la regla. Igual ha ocurrido en California, Court Reform Blue Ribbon Committee Report, Delegate Recommendations to the California Conference of the Judiciary, 1973, pág. 8, y en nuestro propio país, Consejo sobre Reforma de la Justicia, op. cit. 253-254.

En ocasiones anteriores hemos señalado la tendencia en otras comunidades a descartar la regla de corroboración del cómplice. Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727 (1961); Muñoz Sullivan v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 632 (1964). En Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974), se caracterizó la norma de “regla decadente que ha ido perdiendo el favor del pensamiento jurídico contemporáneo.” En vista de su débil basamento, se sujetó la aplicación de la regla a criterios rigurosos. Ex parte Collazo, 52 D.P.R. 109 (1937); Pueblo v. Zengotita, 89 D.P.R. 870 (1964).

Lo anterior no nos exime, no obstante, de determinar su aplicabilidad en los casos cuando la regla era todavía parte de nuestro derecho positivo.

En la causa presente, los hechos no demuestran que la testigo de cargo era una cómplice. La prueba en este sentido fue al efecto que como a las once de la noche ella y su con-cubino se encontraron con el acusado, quien le expresó a éste que determinado sitio era bueno para robar. Se dirigie-ron todos al lugar mencionado y el apelante rompió la vitrina de una tienda sita allí. La testigo alegadamente aconsejó que no se cometiera el delito y se marchó a su casa, aunque vio al acusado y a su concubino penetrar en la tienda. Dos o tres horas más tarde, el apelante y el referido concubino llegaron a la residencia de la testigo con la mercancía hur-tada y se la repartieron. Ella presenció el acto. Al día siguiente su concubino le regaló varias prendas de vestir, parte de la mercancía en cuestión, que ella no utilizó y que devolvió unos dos meses más tarde a la policía en el curso de una investigación que ésta realizaba. La testigo declaró que no informó a la policía inmediatamente del delito come-tido por no inculpar a su amante. No se cuestionó la suficien-cia de la prueba para establecer de por sí la comisión del delito por el acusado. Lo que la defensa alegó diligentemente fue la necesidad de testimonio corroborante para sostener la convicción. No hubo indicación de oferta alguna de inmunidad a la testigo por parte del ministerio fiscal.

La alegación de la defensa es insostenible. Para ser cómplice la persona afectada debía estar sujeta a encausamiento por el mismo delito que el acusado. Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183 (1964); Pueblo v. Verdejo Meléndez, 88 D.P.R. 207 (1963); Pueblo v. Rosado Cancel, 95 D.P.R. 557 (1967). La mera presencia de la testigo durante la comisión del escalamiento no bastaba para justificar una condena. Pueblo v. Prieto Vélez, 93 D.P.R. 102 (1966). El hecho de que una persona se entere que va a cometerse un delito y no dé cuenta de ello no la convierte en cómplice. Pueblo v. Vázquez, 20 D.P.R. 361, 375 (1914). Aun más, un testigo puede cooperar hasta cierto punto en una transacción ilegal y esto no lo convierte en un cómplice, aunque pueda castigársele por otra ofensa, si no se prueban los elementos constituyentes del delito sobre el cual declara. People v. McCleary, 23 Cal. Reptr. 173, 205 C.A.2d 432 (1962); People v. Freytas, 321 P.2d 782 (Cal. 1958).

La prueba no es determinante tampoco de la participación activa de la testigo en la concepción y ejecución del plan del delito, factor de gran importancia. People v. McCleary, supra. Valga aclarar, además, que el peso de la prueba para establecer que una persona es un cómplice recae en la defensa. Childs v. State, 194 So.2d 861, 864 (Ala. 1966); VII Wigmore, On Evidence, § 2060(e). Hubo base en el récord, aunque éste no está exento de algunas contradicciones, para el juzgador concluir que la testigo no fue cómplice en la comisión del acto delictivo. Se le pudo encausar quizás por otros delitos, pero no por el de escalamiento en primer grado. En ausencia de fallo arbitrario y desprovisto de base en la prueba, no intervendremos en la determinación de hechos del tribunal de instancia sobre la condición de cómplice de determinado testigo. Pueblo v. Arroyo Núñez, 99 D.P.R. 842 (1971); Pueblo v. Morales, 79 D.P.R. 605 (1956). Adviértase, finalmente, que no existe aquí tampoco evidencia de que la declarante recibió oferta alguna de inmunidad por parte del Ministerio Público, el propio hecho que históricamente dio lugar al establecimiento de la regla sobre la corroboración del testimonio del cómplice. No erró por tanto el tribunal al denegar la moción de absolución perentoria formulada por la defensa.

Tampoco erró el tribunal al negarse a conceder un nuevo juicio. No se demostró en este sentido el claro e inequí-voeo abuso de discreción necesario para justificar nuestra intervención con el criterio del magistrado de instancia. Pueblo v. Vázquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968); Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).

Por los fundamentos expuestos se confirmará la sentencia apelada.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. William De León Collazo, acusado y apelante.

      Número: CR-73-110

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Peter Ortiz, Subprocuras~ dor General, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Como consecuencia de actos delictivos del apelante per-dieron la vida debido a quemaduras de primero, segundo y tercer grado dos seres humanos: una mujer de edad madura y una mujer joven. Otro ser humano, un hombre, sufrió graves quemaduras de segundo y tercer grado.

La prueba demuestra que el apelante llegó a su casa la noche del día de los hechos acompañado de Daniel Alejandro Charón, después de ambos haber estado tomando licor juntos. El apelante pidió a su madre que le entregase la llave de un automóvil y al ésta no hacerlo el apelante rompió la pantalla del televisor que la familia estaba viendo, lanzándole una botella y luego le dio una patada a dicho televisor. El ape-lante comenzó a buscar la llave, revolcando todo lo que estaba a su alcance, mientras su madre trataba de calmarlo. Al no lograrlo, envió a su hija menor a buscar al hermano mayor del apelante, llamado Enrique De León Collazo.

La prueba es conflictiva sobre si Enrique y el apelante riñeron al llegar el primero a la casa, pero no lo es en cuanto a que el apelante se armó de un cuchillo el cual su amigo Daniel logró quitarle. La situación de violencia real o poten-cial era tal que la madre del apelante y de Enrique y la esposa de Enrique llevaron a éste a otra habitación de la casa para evitar consecuencias más graves.

Después que Enrique fue llevado a dicha habitación y mientras allí permanecía, el apelante se enfureció más, y entre otras cosas, amenazó con quemarlos. Sobre el particular, el testigo ocular Daniel Alejandro Charón declaró que el apelante, en esos momentos, luego de que él, Daniel, le quitara el cuchillo amenazó con pegar fuego a la casa y que además expresó “Ahora verán como todos salen para afuera prendi-dos.” Acto seguido, el apelante estrelló contra el piso, rom-piéndolo, un galón de queroseno y se dirigió a coger unos fósforos. Daniel se percató de la situación y actuando rápida-mente agarró los fósforos y los botó. A esto el apelante comentó “que en la tienda había más.”

Luego de lo anterior, el apelante bajó de la casa, fue a la tienda de la esquina y allí compró una caja de cigarrillos, un trago de licor y una caja de fósforos. Luego de tomarse el trago se guardó los cigarrillos y los fósforos en el bolsillo y se fue de la tienda. El testigo Daniel estima que esto tomaría unos cinco minutos. El apelante regresó a la casa — Daniel lo había seguido — y entró. Daniel se quedó afuera. A los pocos minutos Daniel oyó un silbido. Al oírlo corrió hacia dentro de la casa y allí vio al apelante con la mano puesta sobre la llave de un tanque de gas combustible. Daniel se abalanzó sobre el apelante para evitar, según declaró, que éste matase a su hermano y que quemase la casa. Luego del forcejeo el testigo salió de la casa pero el apelante se quedó dentro. Casi enseguida el apelante también salió de la casa y se unió a Daniel. A los pocos minutos hubo una explosión y el testigo vio a la madre del apelante salir para afuera “prendida en llamas,” tal como el apelante lo había pronosticado antes. En segundo lugar también salió la esposa de Enrique prendida en llamas. El trágico balance de los actos del apelante ya lo hemos mencionado antes.

El apelante fue acusado de dos delitos de asesinato en primer grado y de uno de ataque para cometer asesinato. El jurado lo encontró culpable de dos delitos de homicidio vo-luntario y de uno de ataque para cometer asesinato. También había sido acusado de una infracción a la Ley de Armas pero de esta acusación salió absuelto.

En apelación hace dos señalamientos de error. El primero, en el sentido de que incidió el tribunal de instancia al denegar instrucciones sobre homicidio involuntario y el segundo, en el sentido de que también incidió el tribunal al no dar ins-trucciones sobre acometimiento y agresión.

Vamos a discutir ambos señalamientos conjuntamente. Como se sabe, es sólo cuando la prueba lo justifica que se deben impartir instrucciones sobre un delito menor que el que contiene la acusación. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384, 395 (1970); Pueblo v. Maysonet Arroyo, 98 D.P.R. 60, 63 in fine (1969) y autoridades allí citadas.

Lejos de la prueba justificar la conclusión de que los daños corporales fueron causados por el apelante involuntariamente, por el contrario, lo que la prueba demuestra es la intención tenaz del apelante de quemar a sus víctimas. Primero trató de hacerlo con queroseno y cuando le faltaron los fósforos fue a la tienda a buscarlos. Al regresar de la tienda y para asegurarse de que su propósito no fallaba, además del queroseno que había derramado sobre el piso, abrió la llave del gas combustible. No hay nada de involuntario en esa operación. La intención maliciosa y criminal se presume por la manera con que se intenta cometer un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro. Dicha intención se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el delito. Arts. 11 y 12 del Código Penal, ed. 1937; 33 L.P.R.A. secs. 32 y 33. La ley supone que toda persona intenta las consecuencias naturales de sus actos. Cuando el daño corporal es el resultado de la conducta ilegal de la persona se presume la intención, Pueblo v. Astacio, 23 D.P.R. 842 (1916), a menos, claro está, que la prueba demuestre lo contrario, Pueblo v. Franco, 23 D.P.R. 549 (1916). Los hechos del caso de autos demuestran claramente la intención criminal.

No erró el tribunal de instancia al no dar instrucciones sobre homicidio involuntario. Las instrucciones sobre acome-timiento y agresión no fueron solicitadas, pero aun habién-dolo sido tampoco procedían. Claramente no se trataba de un mero acometimiento y agresión.

Realmente los veredictos del jurado favorecieron al ape-lante, pues la prueba era suficiente para sostener dos vere-dictos de asesinato y uno de ataque para cometer asesinato, según fueron imputados en la acusación. El recurso es frívolo.

No se cometieron los errores señalados. Se confirmará la sentencia apelada.

       E1 nuevo Código Penal, Ley Núm. 115 de 22 julio 1974, 33 L.P.R.A. secs. 3001 y ss., contiene sobre el particular disposiciones similares a las del Código Penal vigente. Así, en su Art. lo, 33 L.P.R.A. sec. 3062, dis-pone que el delito es intencional “(a) Cuando el resultado ha sido pre-visto y querido o pudo ser previsto por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o (b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido pre-visto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión.”


text:
    Antonio Ortiz y Otra, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-74-191

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      Peter Ortiz, Procurador General Interino, y. Lirio Bernal de González, Procuradora General Auxiliar, abogados del recu-rrente; José Aulet, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante, una mujer adulta, demandó al Estado Libre Asociado porque, según alegó, sufrió un accidente un día de elecciones al caerse de un pupitre de un salón de clases en una escuela pública. El pupitre no se rompió sino que al ella recostarse de dicho mueble, éste se movió y la deman-dante se cayó.

El tribunal de instancia, aunque en su opinión expresó que “El Tribunal es de opinión que el pupitre estaba suelto, pero que no se rompió al caerse doña Ana y que la caída fue por usar ésta el pupitre indebidamente” le impuso al Go-bierno un 75 por ciento de responsabilidad civil porque no se le advirtió a la demandante que los pupitres no estaban ator-nillados al piso o en otra forma sujetos al mismo.

En 3 de julio de 1974 dictamos una Orden Para Mostrar Causa que lee como sigue:

“Consideradas las conclusiones del juez de instancia, tengan las partes hasta el día 15 de julio de 1974 para mostrar causa por la que no deba expedirse el auto de revisión y revocar la sentencia dictada.”

La demandante-recurrida ha comparecido a mostrar causa pero no nos ha persuadido de que la sentencia en este caso no debe ser revocada. Deseamos señalar que el no estar el pupitre sujeto al piso y el hecho de que el pupitre tuviese un brazo sobre el cual los estudiantes escriben — razones que aduce la recurrida — no son razones válidas para imponerle responsabilidad al Estado.

A una persona adulta que va a ejercer el importante derecho al sufragio tenemos que presumirle un modicum de inteligencia y de prudencia. El haberse ella recostado del pupitre, que es un mueble relativamente liviano, en forma tal que éste podía ceder y ella caerse, constituyó una falta de debido cuidado de parte de la recurrida.

Se revocará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 8 de mayo de 197A

El Juez Asociado Señor Martín, concurre en el resultado sin opinión.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Fine Art Wallpaper, demandante y recurrente, v. Iván Wolff y la Soc. Legal de Gananciales, etc., demandado y recurrido.

      Número: O-74-179

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      ■Kiefer & Vázquez y Jorge Calero Blanco, abogados del recu-rrente; Walter Pierluisi, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Reprobamos la discreción ejercitada por las salas de ins-tancia al dejar sin efecto una sentencia válidamente dictada y reabrir este caso para darle la oportunidad al demandado Iván Wolff, aquí interventor, de presentar su prueba. A la luz del prolongado trámite seguido en el caso tal proceder des-virtúa la finalidad de los procedimientos judiciales, aumenta la congestión en el calendario y demora indebidamente el trámite judicial.

Se trata de una simple acción de cobro de dinero mediante la cual la peticionaria Fine Art Wallpaper reclamó al inter-ventor Iván Wolff la cantidad de $1,802.52. La demanda fue presentada hace más de 5 años, el 15 de abril de 1969, sin que todavía una sencilla controversia como ésta haya sido resuelta en forma definitiva.

El récord revela un trámite penosamente prolongado por múltiples suspensiones, según veremos a continuación. En aras de la brevedad nos limitaremos al trámite seguido desde el 1972 en adelante. Antes de esa fecha hubo cinco suspen-siones de vista, cuatro de las cuales fueron solicitadas por el interventor Wolff.

1. Se suspendió la vista señalada para el 6 de marzo de 1972 a petición del interventor Wolff porque su abogado tenía señalamiento en otras Salas para un- caso de alteración a la paz y otro de conducir en estado de embriaguez.

2. Se hizo un nuevo señalamiento para el IB de marzo y se suspendió a petición del demandante señalándose de nuevo para ■el 15 de mayo y subsiguientemente para el 7 de agosto.

8. El 31 de julio volvió el interventor Wolff a pedir sus-pensión de la vista señalada para el 7 de agosto. Esta vez adujo ■que su abogado no estaría en Puerto Rico para esa fecha y no regresaría hasta después del 15 de agosto.

4. Se señaló de nuevo para el 28 de agosto advirtiendo el tribunal en su resolución que sería la última suspensión.

5. El 28 de agosto Wolff no compareció a dicho señalamiento ni adujo razones para su incomparecencia procediendo, en-tonces, el tribunal de instancia a dictar sentencia de acuerdo con la prueba presentada por el demandante, aquí peticionario.

La sentencia dictada por el Tribunal de Distrito se noti-ficó a Wolff el 19 de septiembre de 1972. No fue hasta cerca de tres meses después que compareció su abogado solicitando que la misma se dejara sin efecto. Adujo que desde el mes de abril se encontraba fuera de su oficina y alejado de la práctica de la profesión y que tuvo que mudar su oficina y por omisión involuntaria no pudo comparecer a tiempo para solicitar la posposición de la vista. Pero, sin embargo, debe recordarse que el 31 de julio solicitó la suspensión de la vista señalada para el 7 de agosto por el fundamento de que para dicha fecha se encontraba fuera de Puerto Rico y no regresaría hasta después del 7 de agosto, lo cual eonflige con su alegación de que desde abril se encontraba alejado de la profesión.

El Tribunal de Distrito, sin aducir fundamentos y, bajo el palio acomodaticio de una vaga conclusión a los efectos de que así convenía a los mejores fines de la justicia, dejó sin efecto la sentencia para darle oportunidad al interventor Wolff de presentar su prueba.

El Tribunal Superior, en una parca resolución confirmó en apelación la reapertura del caso también sin exponer fun-damento alguno.

El trámite indebidamente prolongado de este caso pone de relieve la falla de los jueces que intervinieron en el mismo en mantener un control efectivo del calendario encausando los procedimientos con firmeza a fin de evitar la congestión y las demoras indebidas. Los jueces de instancia tienen la obligación de hacer un esfuerzo razonable de ver los casos y decidirlos. A tono con esta responsabilidad deben desalentar las suspensiones injustificadas mediante las aplica-dones de sanciones. En la jurisdicción federal se ha tenido notable éxito en acelerar los calendarios con la aplicación rigurosa de sanciones.

Las suspensiones injustificadas son la causa mayor de la demora en la litigación. Como bien apunta la Comisión Para el Estudio de los Tribunales en su Informe al Consejo Sobre la Reforma de la Justicia:

“Las dilaciones interminables e injustificadas comprometen los derechos básicos individuales y de la ciudadanía en general y mina la confianza y fundamento de un sistema bajo el imperio de la ley. La mayor falla y debilidad que ha experimentado la administración de justicia en Puerto Rico y en otras jurisdic-ciones es y ha sido las dilaciones prolongadas e indebidas.
Los efectos de las dilaciones y suspensiones tradicionalmente reconocidos se pueden consignar en las siguientes proposiciones:
1) Afecta la confianza y fe en el sistema, jueces, fiscales, abogados y demás integrantes;
2) Impone gravámenes económicos adicionales sobre los acu-sados, partes, testigos y demás ciudadanía;
3) Contribuye a la congestión de casos y afecta adversa-mente el presupuesto funcional del sistema de justicia del país;
4) Alienta el deterioro de evidencia ante la indisponibilidad (ausencia, desaparición o muerte) de testigos, pérdida de me-moria sobre hechos esenciales, etc.;
5) Fomenta un sentido de injusticia debido a que el trans-curso de mucho tiempo crea inseguridad e incerteza en la de-terminación final factual y jurídica de las controversias; y
6) Propicia acuerdos o arreglos injustos.” (Informe al Con-sejo Sobre la Reforma de la Justicia, Vol. II, págs. 262 a 264.)

Hay varios factores que los jueces de instancia deben considerar al proveer sobre una solicitud de suspensión de vista: a) fecha de radicación del caso, si es de radicación reciente o ha estado pendiente por largo tiempo, b) trámite seguido en el mismo, las suspensiones anteriores y las causas de las mismas, c) objeciones de la parte adversa, especialmente, como le afecta la suspensión, los gastos en que ha incurrido para traer ante el tribunal su prueba, y d) las razones que se aducen para la suspensión solicitada. La evaluación del conjunto de estos factores permitirá al juez de instancia hacer una determinación razonable sobre la solicitud de sus-pensión, recordando siempre su obligación de controlar los procedimientos con firmeza a fin de evitar la congestión y demoras indebidas. De concederse la suspensión la mejor práctica es la de hacer en corte abierta un nuevo señalamiento dentro del término más corto posible, quedando allí mismo notificados los abogados, las partes y sus testigos. Ello aligera los procedimientos y elimina papeleo innecesario en la secre-taría del tribunal.

Como norma general, cuando un demandado haya dejado de comparecer a un señalamiento sin que aparezca en el récord razones que justifiquen o expliquen tal incomparecencia, como sucedió en este caso, el tribunal debe continuar la vista con la prueba del demandante y dictar sentencia como corresponda. De la misma manera, debe desestimar la demanda cuando es el demandante el que sin aducir razones no comparece a un señalamiento.

En tales casos, la desestimación de la demanda o la vista celebrada ex parte no tiene carácter de final. El tribunal tiene siempre la facultad para dejarlas sin efecto por causa justificada y bajo las condiciones que considere justas. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil reconoce esta facultad de los tribunales para relevar a una parte de una sentencia por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable, entre otras causas.

Nuestro ordenamiento jurídico favorece que los pleitos se resuelvan en sus méritos pero al hacer uso del remedio de reapertura provisto por la Regla 49.2 deben tenerse en cuenta las nociones a que hicimos referencia en Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 903, 906 (1963). Y es que no podemos perder de vista el interés legítimo de los litigantes y de la sociedad en general en que la litigación se tramite en un término razonable y que su adjudi-cación sea final. La finalidad promueve certeza en los proce-dimientos judiciales, lo cual es de fundamental importancia para la administración de justicia y para el orden social. De ahí que como pauta rectora de la discreción conferida por la Eegla 49.2 hayamos formulado la norma de que los tribunales de instancia deben establecer un balance justo entre el interés de que los pleitos se resuelvan en sus méritos y el interés en evitar congestión en el calendario y demoras innecesarias en el trámite judicial. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966).

La reapertura decretada en el caso de autos constituye, a la luz de la pauta señalada en Díaz v. Tribunal Superior, supra, un abuso de discreción

El caso fue señalado en múltiples ocasiones teniendo el interventor amplia oportunidad de una vista en los méritos. Finalmente el tribunal de instancia apercibió a las partes de que se llevaría a efecto el último señalamiento. El interventor no compareció, no adujo razones para su incomparencia, no solicitó suspensión de la vista. En estas circunstancias fue correcta la determinación del tribunal de disponer del caso conforme la prueba presentada por el demandante. El error consistió en reabrirlo sin haberse demostrado justa causa para ello.

La única razón que adujo el interventor en su moción de reapertura fue al efecto de que no pudo percatarse del señalamiento por estar alejado de la práctica de la profesión y que por una omisión involuntaria no solicitó la posposición del caso. Esta mera alegación no constituye, ni puede constituir, negligencia excusable bajo la Regla 49.2. Los abogados no pueden descargar su responsabilidad profesional alegando, como en este caso, un mero descuido. Ellos vienen obligados a hacer todas las gestiones necesarias para cumplir con los señalamientos, evitar dilaciones indebidas en los trámites y solución de casos, y, desplegar su habilidad y capacidad en forma responsable tanto para beneficio de su cliente como del tribunal. Cuando por razones justificadas no puedan representar adecuadamente un cliente deben re-nunciar la representación profesional obteniendo previamente el permiso del tribunal y tomando aquellas medidas razona-bles para evitar perjuicios a los derechos de su cliente. Canon Núm. 20 de Ética Profesional. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21 (supl. de bolsillo).

Como puede verse, éste es un caso en que aun aplicando la interpretación más liberal posible de la Regla 49.2 o aun bajo las más laxas normas de administración de justicia — que rechazamos — no puede prevalecer la actuación de las salas de instancia dejando sin efecto la sentencia originalmente dictada por constituir ello un claro abuso de discreción. Aparte del trámite indebidamente prolongado, hay un fundamento adicional que militaba contra la reapertura: El interventor ni siquiera alegó en su moción de reapertura, y menos aun demostró, que tenía una defensa válida que oponer a la reclamación del peticionario. Véase J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805 (1971).

Debemos hacer constar que hemos considerado la oposi-ción del interventor a la solicitud de certiorari como su comparecencia mostrando causa a tenor con nuestra orden del pasado 6 de junio, a pesar de que el término que le concedi-mos para comparecer venció el 20 de junio y no fue hasta el 29 de julio que compareció.

A tenor con lo anteriormente expuesto se expide el auto solicitado y se dictará sentencia revocando la resolución aquí recurrida.


text:
    Carmen Celestina de los Dolores Castrillo, demandantes y recurridos, v. Etienne Palmer, demandado y recurrente.

      Número: R-69-248

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      Florencio G. Vega Díaz, abogado del recurrente; Lino Padrón, abogado délos recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Expedimos el auto en el presente caso para revisar la sentencia dictada por el tribunal de instancia declarando con lugar la demanda de cobro de dinero y ordenando al recu-rrente a pagar a las recurridas la cantidad de $10,400 por concepto de pensiones alimenticias atrasadas. El examen que hemos efectuado de los hechos pertinentes del caso y del derecho aplicable nos convence que debemos modificar la sentencia eliminando de la misma la porción que corresponde a la recurrida Dolly Castrillo.

Aparece de los autos que el recurrente Etienne Palmer y la recurrida Dolly Castrillo se divorciaron el 18 de agosto de 1949. Cinco meses antes de dictada la sentencia de divorcio ellos estipularon una pensión alimenticia de $50.00 mensuales para Dolly y su hija María de las Mercedes. El recurrente pagó la pensión estipulada hasta el mes de agosto de 1953. De ahí en adelante cesó el pago sin que la recurrida hiciera ges-tión alguna hasta 14 años después, en el 1967, cuando instó la demanda en cobro de dinero en el caso de autos.

La sentencia de divorcio dictada en el 1949 dispuso sobre la custodia y la patria potestad de la entonces menor de edad María de las Mercedes. Nada dispuso, sin embargo, con res-pecto a los alimentos. Conviene señalar que para esa fecha no era requisito de ley que al dictarse sentencia de divorcio se proveyera sobre los alimentos. La obligación de imponer una pensión alimenticia en beneficio de los menores en el matri-monio se incorporó en el Art. 107 del Código Civil mediante la aprobación de la Ley Núm. 112 de 25 de abril de 1950, 31 L.P.R.A. sec. 383.

Con respecto a la recurrida Dolly Castrillo la estipulación acordada antes del divorcio se refería a los alimentos pendente lite que, como sabemos, son de carácter provisional y cesan al ser firme la sentencia de divorcio, Rodríguez v. Tribunal de Distrito, 71 D.P.R. 773 (1950). Por eso, tan pronto se. dictó la sentencia de divorcio en agosto de 1949, la porción de la pensión estipulada correspondiente a Dolly Castrillo dejó de tener eficacia legal. De haber sido necesario una pen-sión alimenticia para ella, era indispensable que así la recla-mase ante el tribunal de instancia para que se asignase de los ingresos del recurrente una cantidad discrecional, Meléndez v. Tribunal Superior, 77 D.P.R. 535 (1954). Al no hacerlo así, cesó la obligación del recurrente de continuar pasando la pensión por no estar pendiente el litigio. En tanto en cuanto la sentencia del tribunal de instancia reconoce con posterioridad a la sentencia de divorcio eficacia legal a la pensión pendente lite estipulada a favor de Dolly Castrillo, la misma es errónea y debe modificarse.

La situación es distinta con respecto a la recurrida María de las Mercedes Palmer Castrillo. La obligación del recurrente como padre de proveerle alimentos a ésta no se alteró con la sentencia de divorcio. Su obligación filial es uniforme antes y después de dictada la sentencia. La estipulación en cuanto a ella concierne tiene el carácter de un contrato que trasciende las incidencias del pleito de divorcio. No tiene importancia el hecho de que el tribunal de instancia no fijara una pensión alimenticia para ella en la sentencia de divorcio. Como apuntamos anteriormente, la ley vigente en esa fecha no requería que lo hiciera. La reclamación de ella se basa, no en la sentencia de divorcio, sino en la estipulación que su padre voluntariamente pactó y que el tribunal de instancia debidamente aprobó.

No es necesario devolver el caso para que el tribunal de instancia fije la proporción que lé corresponde a cada una de las recurridas en la pensión de $50.00 mensuales. En ausencia de prueba en contrario dicha cantidad debe ser dividida en partes iguales, cf. Santiago v. Secretario de Hacienda, 76 D.P.R. 620 (1954).

El recurrente se queja de que el tribunal de instan-cia computó la pensión atrasada desde agosto de 1953 hasta la fecha del juicio el 29 de abril de 1969 aduciendo que debió computarse hasta septiembre de 1968, fecha en que María de las Mercedes llegó a la mayoría de edad. Es cierto que María de las Mercedes llegó a la mayoría de edad en septiembre de 1968, pero el recurrente debió haber levantado la cuestión ante el tribunal de instancia y no por primera vez en apela-ción. García v. Acevedo, 78 D.P.R. 611 (1955). No obstante, como la sentencia de alimentos no constituye cosa juzgada, el recurrente puede en cualquier momento acudir al tribunal de instancia para eliminar la misma si es que su hija ya no los necesita por haber alcanzado la mayoría de edad.

Se dictará sentencia modificando la sentencia recurrida a los fines de eliminar la 'porción que concierne a la recurrida Dolly Castrillo y de computar la pensión de María de las Mercedes Palmer Castrillo a base de $25.00 mensuales, lo cual reflejaría una cantidad total de $U,700. En consecuencia, la cantidad a ser pagada por el recurrente a la recurrida María de las Mercedes Palmer Castrillo se reducirá, de $10,i00 a $4,700.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Matilde Otilia Arbona García et al., demandantes y recurrentes, v. Otilia Millares Vázquez et al., demandados y recurridos.

      Número: R-73-289

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      Carlos García Méndez, Trías, Francis, Doval, Colorado & Cario, abogados de los recurrentes; Y amil Galib Frangie, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Arbona Frontera nació ciudadano español en Soller, Mallorca y vino a Puerto Rico a los 13 años, donde adquirió domicilio para el resto de su larga vida. En 1919 contrajo primeras nupcias con Luisa Rullán, en Maricao, de cuyo matrimonio nació un solo hijo llamado Juan Javier Arbona Rullán, y quien premurió a su padre en 1957, suce-diéndole los 3 hijos recurrentes Matilde, Carlos y Ramón y su viuda Yolanda García. Para 1927 murió la primera esposa de Arbona y en 1932 éste gestionó y obtuvo la aprobación de la antigua Corte de Distrito de Mayagüez para la partición de bienes de este matrimonio que se hizo partiendo de la existencia de una sociedad legal de gananciales. En 1931 Arbona celebró segundas nupcias en la ciudad de Nueva York con Otilia Millares, natural de La Coruña, Gali-cia, España, sin que otorgaran capitulaciones matrimoniales. El marido trajo su nueva esposa a su domicilio de Mayagüez perdurando dicha unión por 33 años hasta la muerte del cau-sante en 1964. No hubo descendencia de este segundo matri-monio. Ambos renunciaron su ciudadanía española y adqui-rieron la de Estados Unidos de América, Arbona en 1933 y su esposa Otilia Millares en 1940. A lo largo de su extendida vida matrimonial estos cónyuges contrataron y actuaron bajo la premisa de hallarse sujetos al régimen de sociedad de gananciales, criterio y conducta que mantuvo Arbona hasta el final de su vida pues al otorgar testamento abierto el 25 de lebrero de 1964 en Mayagüez, ante el notario Amador Ramí-rez Silva, lo hizo en observancia de dicho régimen económico vigente en su patria de adopción que fue Puerto Rico, haciendo constar expresamente que “con excepción de la suma de $47,000 que constituía su capital privativo a la fecha de sus nupcias con su actual esposa Doña Otilia Milla-res Vázquez, todos los demás bienes que forman su caudal he-reditario pertenecen a la sociedad de gananciales que con ella tiene constituida”; y disponiendo en ese acto de última volun-tad que a no ser porque su esposa rechazase expresamente todos o algunos de ellos se adjudicasen “en pago parcial de la participación de su dicha esposa en los bienes hereditarios tal y como se ha dispuesto anteriormente en este testamento y en los que a ella correspondan por su mitad de gananciales” una serie de bienes muebles e inmuebles que procedió a iden-tificar y relacionar.

La contención de los recurrentes nietos de Arbona es que corresponde a ellos la porción identificada como gananciales de la viuda Millares toda vez que en el 1931 cuando se casó con Arbona éste era todavía un ciudadano español sujeto al Fuero de Baleares por haber nacido en Mallorca, y el cual contrario al derecho común español dispone que a falta de capitulaciones se entenderá contraído el matrimonio bajo el régimen de absoluta separación de bienes (Arts. 3.° al 5.°, Compilación del Derecho Civil Especial de las Islas Baleares de 19 de abril de 1961). La Sala de instancia desestimó el planteamiento y en cuanto concierne a este recurso ordenó a los albaceas del causante Arbona practicar la partición del caudal hereditario reconociendo la existencia de una sociedad legal de gananciales con la segunda esposa recurrida, porque siendo Arbona un ciudadano de Puerto Rico aquí domiciliado desde los 13 años, su estatuto personal no era otro que el ordenado en el Art. 9 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 9) al disponer: “Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países extranjeros.”

Sin que tengamos que decidir ahora si el estado de vecindad civil en el Estado Libre Asociado que identifica y otorga la condición de ciudadano de Puerto Rico tiene relieve en el campo internacional para prevalecer sobre otros estatutos personales fundados en la nacionalidad, la decisión del Tribunal Superior se ajusta a derecho y ha de ser estimada.

En el derecho civil español el principio común regidor de los bienes del matrimonio es el de sociedad de gananciales. La separación de bienes entre los cónyuges es la excepción, a veces de origen contractual como en las capitulaciones matri-moniales, y en otros derivada de fueros provinciales como el de .Mallorca, Ibiza y Formentera. Así dispone el derecho común nacional de España enmarcado en el Art. 1315 de su Código Civil: “Los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes de celebrarlo, estipulando las condi-ciones de la sociedad conyugal relativamente a los bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este Código. A falta de contrato sobre los bienes, se enten-derá el matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales.”

El matrimonio de españoles en el extranjero está regulado por el Art. 1325 del mismo cuerpo que copiamos: “Si el casamiento se contrajere en país extranjero entre español y extranjera o extranjero y española, y nada declarasen o estipulasen los contratantes relativamente a sus bienes, se entenderá, cuando sea español el cónyuge varón, que se casa bajo el régimen de la sociedad de gananciales, y, cuando fuere española la esposa, que se casa bajo el régimen del derecho común en el país del varón, todo sin perjuicio de lo establecido en este Código respecto de los bienes inmuebles.” La unión entre españoles celebrada en el extranjero, aun cuando el Art. 1325 se refiere sólo a matrimonios mixtos, ha sido incluida en los términos del precepto por interpretación analógica. Bonet y Ramón, Compendio de Derecho Civil, Tom. 4, pág. 509, Ed. 1960.

Es norma preeminente en el establecimiento de regímenes económicos para el matrimonio de los ciudadanos españoles la libertad de estipulación en cuyo ejercicio podrán los cónyuges, valiéndose de las capitulaciones matrimoniales, diseñar a su gusto un régimen para gobierno de la propiedad común, sin más restricciones que aquellas que imponen la ley, la moral y el orden público a todos los contratantes. Es sólo en ausencia de ese régimen convencional libremente adop-tado por los contrayentes, que toma el campo el sistema de sociedad legal de gananciales tanto en el derecho común nacional español como en el derecho foral. A modo de corola-rio de la autonomía para contratar sobre bienes con oca-sión de matrimonio surge la doctrina de la voluntad pre-sunta, aduciéndose que quien es libre para pactar con su cónyuge antes del matrimonio, de no hacerlo conservará li-bertad durante el curso de su vida para adquirir nuevo do-micilio y adoptar sus costumbres, su forma de vida, y sus prácticas de negocios, viniendo eventualmente por elección a ser sujeto de un estatuto personal distinto al que le dio su cuna. Batiffol: Traite élémentaire de Droit international privé. París, 1949, págs. 632 a 636.

No deben pues rechazarse como errónea expresión del Derecho las disposiciones testamentarias de Arbona reconociendo un régimen ganancial que afecta los bienes por él acumulados en su matrimonio de 33 años con la recurrida, como tampoco actuó en error cuantas veces contrató y realizó actos afectando la propiedad común como si de gananciales se tratara. Fueron éstos, por el contrario, indicios claros de su tácita voluntad de regir su persona y su propiedad por la ley del único domicilio que conoció en su vida adulta cuando advino a la facultad de discernimiento.

Mas si no bastaran las ejecutorias relatadas para desterrar de este caso la sombra absurda de un fuero provincial, provee la solución justa el Art. 1325 del Código Civil Español, citado. Si bien el causante Arbona era un aforado mallorquín, su nacionalidad de origen era la española. Al contraer nupcias en Nueva York ante el derecho internacional privado su estatuto personal era el de su nación, España, y no él de Mallorca.

“. . . debe reputarse como uno de los efectos civiles del matri-monio celebrado sin previas capitulaciones matrimoniales, el de someter los esposos al derecho común en todo lo concerniente al régimen de los bienes que les pertenecen, y que el derecho común a que deben considerarse sometidos debe ser el del Estado de que el marido sea ciudadano en el momento de celebrar el matrimonio.” Fiore, Derecho Internacional Privado, Madrid, 1888, Tomo 2, pág. 381.

Igual criterio sustenta Manresa al expresar:

“Cuando el matrimonio se verifica en el extranjero, la cuestión varía por completo. Las costumbres del país no tienen fuerza fuera de él. Sus leyes no prevén ese caso, y el artículo 1.325 tiene una fuerza supletoria indiscutible. Aun prescindiendo de estas razones, existe una muy poderosa. Cuando se trata de relaciones internacionales, no cabe hablar de castellanos ni de aragoneses o catalanes, no hay más que españoles. ¿Cuál debe ser el régimen económico supletorio? El del Derecho común en España, o sea, el de gananciales. El Código muestra clara-mente su criterio en este sentido al decir que al casarse un extranjero con una española debe regir la ley del Derecho común en el país del varón. Podrá extralimitarse al dar solución deter-minada a un problema que deben decidir o resolver las leyes del país respectivo, pero muestra de un modo evidente que, según su criterio, en las relaciones internacionales ño cabe atender a leyes o fueros especiales, sino sólo a las generales o de Derecho común.

Por tanto, entendemos desde luego que el catalán o el viz-caíno que se casan en el extranjero y no otorgan capitulaciones matrimoniales rigen su sociedad conyugal por el sistema de gananciales, pues han de considerarse simplemente como espa-ñoles.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 9, págs. 240 a la 241, Sexta Ed., Madrid, 1969.

Valverde concurre en esta interpretación del Art. 1325 del Código Civil Español afirmando:

“Este artículo no habla más que de españoles; ante el ex-tranjero no se puede hablar de catalanes, castellanos, etc., y pór tanto, en defecto de capitulaciones matrimoniales, regirá, sea de cualquiera región el español, el régimen de gananciales.” Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, Tomo IV, pág. 288, Cuarta Ed., Valladolid, 1938.

Por tanto, desde un principio, y aun antes de asentar su matrimonio en el domicilio mayagüezano, por la misma vía de imposición legislativa que se invoca para desempolvar el fuero mallorquín, el matrimonio de Ramón Arbona y Otilia Millares adquirió como régimen el de la sociedad de ganan-ciales del Código Civil Español igual al provisto en nuestro propio Código. Convergen en la solución justa la voluntad del testador y el ordenamiento de Derecho.

Se confirmará la sentencia revisada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge, y el Juez Aso-ciado Señor Martín, no intervinieron.

       Los españoles en el extranjero quedan vinculados por un estatuto personal enunciado en el Art. 9 del Código Civil Español que dice:
      “Las Leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los españoles, aun-que residan en país extranjero.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué (Fdo.) José A. Andréu García Juez Superior.”

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. José A. Andréu García, Juez, demandado; Confesor Falú Fuentes, interventor.

      Número: O-72-35

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, Américo Serra, Pro-curador General Auxiliar, abogados del peticionario; Enrique Miranda Merced, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante el recurso ante nuestra consideración el peticionario impugna la validez de una orden emitida al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal para que por el fiscal se permita a un acusado la inspección de determinados informes preparados por agentes de la Policía en relación con las causas seguidas contra él. Debemos resolver si los informes de los policías están más allá del alcance de .la Regla 95. Creemos que ello depende de las circunstancias de cada caso y que la expedición de una orden para revelar los informes antes del juicio es función que descansa en la dis-creción del juzgador. En cuanto al caso ante nos, no hallamos base para intervenir con la discreción ejercitada.

La Regla 95 de Procedimiento Criminal dice:

“Previa moción del acusado sometida en cualquier mom.ento después de haberse presentado la acusación, el tribunal podrá ordenar al fiscal que produzca para ser inspeccionados, copia-dos o fotografiados por el acusado o su abogado, determinados objetos, libros, documentos y papeles qué no fueren declara-ciones juradas, con excepción de la declaración del propio acu-sado, que El Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo y que pudieren ser necesarios para la preparación de la defensa del acusado, independientemente de que El Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en evidencia. La orden especificará el tiempo, lugar y manera de hacer la inspección, de sacar las copias o tomar las fotografías y podrá prescribir los términos y condiciones que el tribunal estimare justos.”

Confesor Falú Fuentes fue acusado ante el tribunal re-currido de varias infracciones de la anterior Ley de Narcó-ticos de 1959, 24 L.P.R.A. sees. 973 a 976m. Invocando la transcrita Regla 95 presentó una moción varios días antes de la fecha señalada para la celebración del juicio solicitando una orden, que fue expedida, y que dice textualmente:

“Vista la Moción radicada por el acusado al amparo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal se declara con lugar la misma y se ordena al Fiscal y/o al Jefe de la División de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico que produzca, para ser inspeccionados, copiados, fotografiados por el acusado y/o su abogado, todos los documentos relacionados con la transacción imputádole [sic] al acusado, tales como (Informe de Delito y de arresto) o aquellos acreditativos de desembolsos algunos por parte del Estado Libre Asociado a través de su agentes, la Policía de Puerto Rico.

Dichos documentos serán puestos a disposición del acusado: y/o su abogado durante horas laborables en o antes del 26 de noviembre de 1971, que es la fecha señalada para el juicio en estos casos. Notifíquese.

Hato Rey, P.R., a 23 de noviembre de 1971.

(Fdo.) José A. Andréu García Juez Superior.”

Expedimos auto de certiorari a solicitud del Procurador General. Alega el peticionario que “ni la Regla 95 de Proce-dimiento Criminal ni ninguna otra disposición legal autoriza a los tribunales de Puerto Rico para dictar una resolución y orden como la dictada en este caso.” Pone énfasis en la redacción de la Regla 95 y señala que el descubrimiento que autoriza se refiere únicamente a objetos, libros, documentos o papeles obtenidos del acusado o de otras personas, y no a informes preparados por la Policía. Señala además que el acusado tiene que demostrar que los objetos y documentos son necesarios para su defensa. Cita en apoyo de su contención a Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 746 (1968), Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967), y jurisprudencia federal interpretativa de la Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, de donde procede nues-tra Regla 95.

Los casos de Colón Rivera y Pueblo v. Tribunal Superior, plantearon situaciones distintas a la que consideramos. En Colón Rivera se obtuvo una orden antes de la celebración del juicio dirigida al dueño de una joyería para que pusiera a disposición de la acusada determinados libros y documentos de los negocios realizados por la firma durante el período de tres años cubierto por la acusación. Al señalar que los docu-mentos no estaban en poder del fiscal y sí de su dueña, diji-mos que el tribunal sentenciador concedió a la acusada un derecho de descubrimiento de prueba más amplio que el auto-rizado por la Regla 95. No podía ordenarse al fiscal que pro-dujera documentos que estaban en poder de una persona particular y sobre los que no tenía control.

En Pueblo v. Tribunal Superior, se trataba de una causa criminal por varias infracciones a la Ley de Contribuciones sobre Ingresos. Resolvimos que el acusado no tenía derecho, bajo la Regla 95, a obtener e inspeccionar antes del juicio los informes sometidos al Secretario de Hacienda por los inspec-tores del Negociado de Contribuciones sobre Ingresos que investigaron sus planillas. Comentando el caso de Palermo v. United States, 360 U.S. 343 (1959), en que no estaba en-vuelto el derecho a descubrir prueba antes del juicio, que es el asunto que concierne a nuestra Regla 95 y que aquí nos ocupa, expresamos lo siguiente, a las págs. 753 y 754, al re-ferirnos a la adopción por el Congreso de la Ley Pública 85-269 de 1957, 18 U.S.C. sec. 3500, que se adoptó como con-secuencia de Jencks v. United States, 353 U.S. 657 (1957):

“En el análisis que hace del problema, expresa el Juez Frankfurter que una de las razones más importantes para la adopción del estatuto de 1957 (Sec. 3500) fue el grave temor de que bajo la decisión de Jencks se obligara a divulgar los sumarios o síntesis hechos por los agentes de las entrevistas con testigos, independientemente del carácter de dichos suma-rios. Dice que se temió no sólo que la divulgación de memo-randos conteniendo las interpretaciones e impresiones podían revelar los métodos internos de trabajo en el proceso investi-gador, en perjuicio del interés nacional, sino que sería muy injusto el permitir a la defensa impugnar un testigo con una declaración que no era la suya propia, sino el resultado de las selecciones, interpretaciones e interpolaciones hechas por el investigador. (360 U.S., a la pág. 350) El Tribunal se refiere entonces al significado del término ‘declaración’ (statement) bajo el estatuto aludido, y concluye que ‘el memorando’ solici-tado no era tal documento, como uno de los que la ley permitía ser suministrados al acusado una vez que el testigo prestara en corte su testimonio directo.”

Esas razones, dadas como válidas en Palermo en 1959 para negarle al acusado el memorando que un testigo, mien-tras declaraba durante el juicio y durante el examen directo dijo que había preparado, siguen siendo válidas hoy bajo cir-cunstancias similares. Lo que se hizo en Pueblo v. Tribunal Superior fue aplicarlas al procedimiento de descubrimiento de prueba antes del juicio, no sin cierta renuncia, dada la naturaleza especial del caso que tenía este Tribunal ante su consideración. De ahí que señaláramos, a la pág. 757, que no estábamos ante “un caso penal corriente, sino uno que en-vuelve la violación de una ley sumamente técnica y especiali-zada.” No puede decirse lo mismo del caso que nos ocupa. Los casos por violación de los estatutos contra la posesión y el tráfico de drogas están hoy entre los más frecuentes en el diario quehacer de las salas de lo criminal del Tribunal Superior.

Además, no cerramos las puertas en Pueblo v. Tribunal Superior a la revelación de los informes de los agentes, aun en casos como aquél, por evasión del pago de impuestos. Diji-mos, a las págs. 757 y 758:

“No obstante la referencia por vía de ilustración que hicimos del caso de Palermo, en este momento no expresamos criterio en cuanto a la acción procedente caso de que en el curso del juicio declaren los Inspectores aludidos, sobre cualquier materia de evidencia que pueda haber en el Informe y para fines de impugnación. De suscitarse la cuestión, entonces el juez sabrá interponer aquel grado de supervisión necesario sobre la ins-pección que proteja adecuadamente los derechos de todos los intereses envueltos.”

Aunque podría argüirse que el acusado podría esperar al acto del juicio y entonces solicitar que se produzcan los in-formes una vez declare el agente policíaco (véase Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961)), tal práctica conduciría a una •innecesaria dilación en los procedimientos, en perjuicio del principio de “tramitación justa” y de evitación de “dilaciones y gastos injustificados” que leemos en la número uno de las Reglas de Procedimiento Criminal.

Hace catorce años — véase Pueblo v. Tribunal Superior a la pág. 748 — sostuvimos que en una causa por homicidio con motivo de un accidente, el acusado tenía derecho a obtener, antes del juicio, de la institución o persona que lo tuviera bajo su custodia, copia del protocolo de autopsia, y a que el fiscal le suministrara las fotografías tomadas por la poli-cía en el lugar del accidente. Entonces no regían las Reglas de Procedimiento Criminal, adoptadas en 1963. El procedi-miento de descubrimiento de prueba adoptado mediante la número 95 no se adoptó para privar al acusado de un derecho que no le habíamos negado tres años antes.

La jurisprudencia federal que cita el peticionario re-sulta inaplicable no obstante referirse a la Regla 16 de las Reglas de Procedimiento Criminal federal adoptadas el 21 de marzo de 1946, de donde tomamos nuestra Regla 95. Es así porque al adoptar la Regla 16 federal le hicimos cambios que son de importancia en la consideración del planteamiento que nos ocupa. La Regla 16 federal, transcrita al margen según regía en 1963, no hacía referencia, como nuestra Regla 95, a declaraciones juradas. La Regla 95 excluye del ámbito del descubrimiento de prueba las declaraciones juradas en poder del fiscal, y específicamente obliga a la entrega de declara-ciones prestadas por el acusado. La Regla federal limitaba el descubrimiento a libros, papeles, documentos y objetos ob-tenidos del o pertenecientes al acusado u obtenidos de otras personas sólo mediante orden judicial o proceso. La Regla 95 permite que se revelen si se obtuvieron “mediante orden judicial o de otro modo.” La Regla federal requiere del acusado que demuestre que los documentos y objetos son necesarios para su defensa. Ese requisito se omitió en la nuestra. Nuestra Regla permite la inspección de los documentos “independiente-mente de que El Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en evidencia.” La Regla 16 federal nada decía sobre este particular. Como puede verse, nuestra Regla 95 resulta ser más liberal que su originaria federal.

Es significativo que la Regla 16 federal fuera enmendada, primero tácitamente por la Ley Pública 85-269 de 1957, y luego expresamente en 1966 al incorporársele lo dispuesto por la citada Ley 85-269, precisamente para prohibir lo que el tribunal recurrido concedió en nuestro caso a Falú Fuentes. Según quedó enmendada en 1966, la Regla 16 federal ahora “prohibe el descubrimiento o inspección de informes, memoranda, o cualquier otro documento interno del Gobierno hecho por agentes del mismo, relacionados con la investigación del caso, a menos que sea conforme a la See. 3500, esto es, hasta que el testigo del Gobierno haya declarado en examen directo en corte.” Pueblo v. Tribunal Superior, supra, pág. 752. Véase el original en inglés al margen, infra. La Regla 95 nuestra no ha sido enmendada y por tanto no prohíbe, como lo hace ahora la federal, el descubrimiento que se ordenó por el tribunal recurrido.

Argumenta el peticionario que el acusado, aquí interventor Falú Fuentes, “no ha demostrado que los documentos que solicita inspeccionar fueron obtenidos por El Pueblo de él o de otras personas.” Ciertamente la Regla 95 se refiere a documentos “que El Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas.” El argumento invita a una interpretación restrictiva de esas palabras contra las claras directrices de la Regla primera: “Se interpretarán de modo que aseguren la tramitación justa de todo procedimiento y eviten dilacio-nes y gastos injustificados.” Sería además contrario a la mo-derna tendencia hacia la liberalidad en el descubrimiento de prueba antes del juicio. Véase National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Report on Courts (1973), págs. 89 a 92, en que se expone y comenta el standard 4.9. Véanse también el Comparative Analysis of Standards and Goals of the National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals with Standards for Criminal Justice of the American Bar Association, impreso en junio de 1974, catálogo núm. 74-75181 de la Biblioteca del Congreso, págs. 210 y siguientes y Evans v. Superior Court of Contra Costa County, 114 Cal. Rptr. 121, 124 (1974).

La restrictiva interpretación de la frase “que El Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas” se presta-ría al absurdo de que objetos hallados por la policía en la escena de un crimen — un arma de fuego, por ejemplo — por no haber sido obtenidos de persona alguna, estarían fuera del alcance de la Regla. Podría prestarse además tal interpreta-ción a la ocultación de prueba — fotografías tomadas por la policía, por ejemplo — que podrían ser beneficiosas para el acu-sado creando una duda razonable sobre su culpabilidad y aun probando su inocencia. La justicia está por encima de las sutilidades lingüísticas.

El procedimiento de la Regla 95 no confiere, sin embargo, un derecho absoluto a descubrir todos los documentos y objetos a que la Regla se refiere. El acusado tiene derecho a solicitar el descubrimiento “en cualquier momento después de haberse presentado la acusación.” Su concesión es, sin embargo, función que descansa en la facultad discrecional del tribunal que juzga el caso. En el descargo de esa función deberá el tribunal establecer un justo balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado. Para ello deberá tomar en consideración si los objetos, libros, documentos y papeles que el acusado interesa examinar se relacionan o describen con suficiente especificación y son pertinentes para su defensa; su importancia para la seguridad del Estado o la confidencialidad de la labor investigativa; y la razonabilidad de la petición tomando en cuenta sus propósitos, de manera que no haya innecesarias dilaciones en los procedimientos ni hostigación o molestias indebidas a los funcionarios del Estado.

En el caso de autos el acusado solicitó del tribunal recurrido que se produjeran para su inspección todos los documentos relacionados con la transacción que dio lugar a la acusación, y especificó “informe de delito y de arresto” y los “acreditativos de desembolsos” por parte del Estado. La pertinencia de estos informes nos parece incuestionable en este caso. Su importancia para la defensa del acusado se hace más patente cuando se trata de delitos como los imputados a Falú Fuentes, en que la prueba de El Pueblo se hace depender generalmente del testimonio de agentes encubiertos. En varias ocasiones hemos reconocido la condición de desventaja en que en muchos de estos casos se encuentra el acusado. Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973); Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967); Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966). El fiscal ni alegó ni ofreció prueba de que la revelación de los informes solicitados por el acusado afec-taría la seguridad del Estado o las labores investigativas de sus agentes policíacos. La moción fue presentada con sufi-ciente antelación a la fecha señalada para la celebración del juicio y nada hay en los autos demostrativo de propósitos dilatorios u opresivos para con la otra parte. No hay base en los autos para intervenir con la discreción del tribunal re-currido.

Se anulará el auto expedido y se devolverá él caso al tribunal recurrido para la continuación de los trámites perti-nentes.

       “Estas reglas serán conocidas y citadas como ‘Reglas de Procedi-miento Criminal’. Se interpretarán de modo que aseguren la tramita-ción justa de todo procedimiento y eviten dilaciones y gastos injustificados.”

       “Upon motion of a defendant at any time after the filing of the indictment or information, the court may order the attorney for the government to permit the defendant to inspect, and copy or photograph designated books, papers, documents or tangible objects, obtained from or belonging to the defendant or obtained from others by seizure or by process, upon a showing that the items sought may be material to the preparation of his defense and that the request is reasonable. The order shall specify the time, place and manner of making the inspection and of taking the copies or photographs and may prescribe such terms and conditions as are just.”

       “Rule 16. Discovery and Inspection.
      (a) .
      (b) Other books, papers, documents, tangible objects or places. Upon motion of a defendant the court may order the attorney for the government to permit the defendant to inspect and copy or photograph books, papers, documents, tangible objects, buildings or places, or copies or portions thereof, which are within the possession, custody or control of the government, upon a showing of materiality to the preparation of his defense and that the request is reasonable. Except as provided in subdivision (a)(2), this rule does not authorize the discovery or inspection of reports, memoranda, or other internal government documents made by government agents in connection with the investigation or prosecution of the case, or of statements made by government witnesses or prospective government witnesses (other than the defendant) to agents of the government except as provided in 18 U.S.C., § 3500.
      (c) .


text:
    Consolidated Express, Inc., demandante y recurrente, v. Maryland Casualty Company, demandada y recurrida.

      Número: R-73-206

      Resuelto: 16 de septiembre de 1974

      Harry B. Lienza, abogado de los recurrentes; Agrait, Otero & Oliveras, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Para protegerse de la rapacidad de sus propios empleados, la recurrente Consolidated Express, Inc., una compañía porteadora de mercancía, adquirió de la recurrida Maryland Casualty Company, una fianza o seguro de fideli-dad en la que ésta se obligó, sujeto a las condiciones del contrato, “a indemnizar a su asegurada por la pérdida de dinero y otra propiedad que ésta sufra por acto o actos frau-dulentos o deshonestos cometidos por cualquiera de sus em-pleados, individualmente o en colusión con otros.” Al surgir indicios de que le estaban robando en el almacén, la Consolidated contrató un agente encubierto privado quien haciéndose pasar como empleado, durante los meses de febrero a abril de 1970 presenció los hurtos y la partición del dinero producto del pillaje, lo que dio lugar a la formulación de unas 40 de-nuncias y al arresto de 13 empleados por el delito de hurto, unos en grado mayor y otros en menor. A la fecha del juicio, 12 empleados habían sido convictos al admitir su culpabilidad. Mediante evidencia oral y documental y con la intervención de una firma de contadores designada por la fiadora Maryland Casualty Company quedó fijado en $43,109.20 el valor total de la mercancía confiada por distintas personas a la portea-dora recurrente y desaparecida de su almacén. Cuando la Consolidated le reclamó dicha pérdida a su aseguradora Maryland Casualty Company ésta negó responsabilidad y preva-leció en el tribunal de instancia que al desestimar la demanda adujo 5 fundamentos, a saber:

(1) Que la demandante Consolidated no descargó su obligación de “peso de la prueba” (Art. 470, Código de En-juiciamiento Civil — 32 L.P.R.A. see. 1971 — );

(2) Que la póliza tiene un límite de $10,000 por los actos de cada empleado y la beneficiaría Consolidated no pudo atribuir cantidades específicas hurtadas a cada empleado;

(3) Que limitada a $50 por embarque la responsabilidad de la porteadora frente al consignatario según texto de las cartas de porte (bills of lading), la prueba no estableció con la necesaria certeza cuál sea su pérdida real en cada caso afectado por la sustracción;

(4) Que la porteadora asegurada violó la See. 6 de las Condiciones de la póliza, al permitir hurtos por tres meses, sin evitarlo;

(5) Que su reclamación está excluida por la See. 2 de dichas Condiciones limitativas del seguro, ya que su im-porte fue determinado por el método de inventario. Al así resolver incidió el Tribunal Superior.

(1) La evidencia ofrecida por la recurrente esta-bleció una práctica de ratería y pillaje en su almacén por parte de empleados de cuya honestidad respondía la fiadora y dentro de esas circunstancias es racionalmente imputable a la deshonestidad de dichos empleados la desaparición de toda la mercancía, aun cuando no haya prueba directa y par-ticularizada de la clase, valor y naturaleza de los bienes hurtados por cada empleado en cada fecha. Cumplió la de-mandante con establecer mediante evidencia circunstancial un caso 'prima facie de pérdida de la cantidad cierta de $43,109.20 por acción deshonesta de sus empleados y satisfizo la exigen-cia del Art. 470 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 1971) que impone al demandante la obligación de probar su caso. Consolidated no venía obligada a excluir toda posibilidad de que la pérdida de mercancía en su almacén se debía a actos de personas extrañas a la asegurada. Surge de la prueba una razonable inferencia de que toda la mercan-cía desaparecida lo fue por acción de los empleados de Consolidated, y este Tribunal ya ha aceptado que basta la evi-dencia indirecta cuando mueve la razón del hombre hacia la inferencia lógica. “Sabemos que la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión deberá presentar la evidencia para probarla. Arts. 1168, Código Civil, y 108 y 162, pár. 5, Ley de Evidencia. Pero, por regla general, la ley no exige aquel grado de prueba que, excluyendo la posibilidad de error, produzca absoluta certeza; porque tal prueba — asegura la propia ley — es rara vez posible. Sólo se exige la certeza moral, o un grado de prueba que produzca convicción en un ánimo no prevenido. No se tiene que probar el caso con exactitud matemática mediante evidencia directa, ni de modo conclu-yente, ni que produzca un grado tan perfecto de convicción que no admita la posibilidad de la prueba en contrario.” Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 426-427 (1965). Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201, 207 (1969).

Frente a la prueba de la asegurada correspondía a la ase-guradora derrotar la reclamación con evidencia que asignara a no empleados el robo de mercancía (Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 (1971)), sin que pudiera des-cansar en el hecho de que otras personas empleadas en otros negocios circulaban por áreas inmediatas al almacén. Con nuestra densidad poblacional, es necesariamente espesa la circulación de personas en todas las áreas de actividad del territorio nacional.

(2) No hubo evidencia del valor de la propiedad sus-traída por cada uno de los empleados denunciados y convictos, como tampoco hubo prueba en cuanto a qué empleados en particular participaron en la serie de hurtos que hicieron montar la pérdida de mercancía a $43,109.20. Esa prueba particulari-zada es imposible en el tipo de riesgo cubierto por la asegura-dora en que numerosos empleados deshonestos, en operaciones de pillaje realizadas a lo largo de un extendido e indeter-minado período se organizan a manera de empresa para robar a su patrono. 9 Appleman, Insurance, see. 5672. La propia fianza de fidelidad ha previsto esta situación en la see. 4 de sus Condiciones limitativas al disponer que en tal caso la responsabilidad total compuesta de la fiadora no excederá la cuantía estipulada en el inciso 3 de las “Declaraciones” que es $10,000.00. A falta de una clara identificación de em-pleados y cantidades sustraídas por cada uno, el contrato entre las partes no niega cubierta, sino que establece una especial limitada al concepto de total combinado (aggregate). Couch On Insurance, 2d, Tomo 13, sec. 46:32; Appleman, Insurance, Tomo 9, sec. 5663; Hartford Accident & Ins. Co. v. Collins-Dietz-Morris Co., 80 F.2d 441, 444; Maryland Casualty Co. v. Clements, 487 P.2d 437, 444.

(3) Como parte del contrato de transporte entre Consolidated y sus clientes consta impresa en toda carta de porte (way bill) una cláusula que limita a $50 la responsabilidad de la porteadora en caso de pérdida o daño de la mercancía. Dicho pacto es materia extraña e irrelevante a la reclamación de Consolidated contra su fiadora que se rige por los términos del seguro, especialmente por la See. 5 de las Condiciones y limitaciones que cubre el valor de la mercancía irrespectivamente del concepto bajo el cual se halla ésta en poder de la asegurada.

(4) La See. 6 de las Condiciones y limitaciones de la póliza dispone que cesará su cubierta desde el momento en que el asegurado advenga en conocimiento de que el empleado ha cometido un acto de deshonestidad. Razona el tribunal de instancia que toda vez que Consolidated se mantuvo corrientemente enterada de los actos de pillaje según los revelaba la investigación del agente encubierto durante los meses de febrero a abril de 1970, la citada cláusula excluye su reclamación. Dicha conclusión es irreal. La asegurada no podía reclamar bajo la póliza hasta obtener una razonable certeza de que la desaparición de propiedad en su almacén era imputable a sus empleados y sólo entonces podía notificar a la aseguradora como era su obligación, bajo la See. 7 de las Condiciones que había sufrido una pérdida cubierta por la póliza. Cuando la investigación dirigida al descubrimiento de la conducta deshonesta de los empleados cubiertos por un seguro de fidelidad no se extiende por tiempo mayor del razonable para lograr sus propósitos, la información que durante el curso de la pesquisa obtenga la asegurada no es de la naturaleza que haga el seguro inoperante bajo la citada See. 6. Para notificar la pérdida a la aseguradora no basta la desaparición de mercancía ni la simple sospecha de con-ducta deshonesta del empleado. Couch On Insurance, 2d Tomo 13, secs. 49:232-233. La investigación por el tiempo que se tomó la misma era necesaria para lograr un criterio bien fundado de que había ocurrido una pérdida cubierta por el seguro y para determinar la extensión de la misma. El conocimiento de los actos de hurto que excluye la cu-bierta del seguro es el conocimiento tolerado o en alguna forma consentido, no el que se obtenga mediante investiga-ción encaminada a reprimir la práctica deshonesta y cas-tigar a los ladrones.

(5) Se aduce como argumento final para negar cubierta en este caso que la asegurada Consolidated usó el método de inventario para determinar las pérdidas incurriendo al así actuar en infracción a la See. 2 de la póliza. Evidente-mente la exclusión se refiere a pérdidas sólo reflejadas por la práctica de un inventario. En este caso la asegurada deter-minó la cuantía total de pérdida aceptada por la aseguradora, mediante cotejo de la mercancía recibida en el almacén contra la entregada a los consignatarios, lo que constituye una veri-ficación de propiedad desaparecida no necesariamente con-siderada “inventario”. Mas la asegurada recurrente no de-pendió del recuento de órdenes y mercancía para determinar que había sufrido una pérdida sino que utilizó un agente en-cubierto que sacó a la luz los hurtos de propiedad por sus em-pleados. De modo que no sólo se comprobó la falta de mercan-cía sino que la evidencia fue suficiente para imputar dicha falta a la rapiña de los empleados. Vinculados éstos con la desaparición de propiedad por evidencia aparte de la contabi-lidad indicada, la misma See. 2 de la póliza dispone que la pérdida no quedará excluida del seguro al proveer: “. . . este párrafo no se aplicará a la pérdida de dinero u otra propie-dad que sufra el asegurado por cualquier acto fraudulento o deshonesto de uno o más de sus empleados y que aquél pueda probar por evidencia independiente de los referidos cómputos [de inventario].” De no ser así habríamos de abor-dar la validez de una cláusula que niega al asegurado un medio asequible y confiable para establecer sus pérdidas de-rivadas del suceso contingente y riesgo contra el cual pagó y obtuvo una póliza de seguro.

Se revocará la sentencia revisada y en su lugar se dictará otra declarando con lugar la demanda y disponiendo que la aseguradora Maryland Casually Company pague a su ase-gurada Consolidated Express, Inc., la cantidad de $10,000, las costas y $2,000 por concepto de honorarios de abogado.

       “A tenor de la regla general de interpretación estricta de las ambigüedades en los contratos de seguros en favor del asegurado, está bien establecido que las fianzas y contratos que garantizan la fidelidad de empleados, fiduciarios, oficiales, etc., cuando se otorgan por lucro y en el curso de los negocios con tal fin, son esencialmente contratos de seguro en vez de contratos de estricta y pura fianza, y deberán interpretarse como contratos de seguro, de modo que los derechos y obligaciones de las partes se rijan, en caso de duda o ambigüedad en cuanto al sentido, por la regla de seguros de interpretación liberal a favor del asegurado y de la garantía adquirida en vez de la regla ‘strictissimi juris’ que gobierna los derechos de garantizadores o fiadores corrientes constituidos como tales sin causa pecu-niaria.” Couch On Insurance, 2d, Tomo 13, sec. 46:17.

       Dicha cuantía fue aceptada por estipulación oral en el curso del juicio, reflejada a las págs. 34 y 35 de la transcripción de evidencia, así:
      “Lie. Llenza:
      P — ¿Entonces todas esas reclamaciones de los exhibits tres, cuatro, cinco, seis y siete a qué cantidad suman todas?
      Testigo :
      R — -De memoria no la sé, son cuarenta y tres mil y pico de dólares. Lie. Agrait:
      Aceptamos que son cuarenta y tres mil ciento nueve dólares con

        veinte centavos ($43,109.20). Ya lo revisamos con un contable.
      Lie. Llenza:
      P — ¿ Y la misma pregunta anterior ? ¿ Todo se notificó a la Maryland Casualty Company?
      Testigo :
      E — Sí, señor.
      Lie. Agrait:
      Aceptado.
      Lie. Llenza:
      P — ¿Se le sirvió copia de todos los documentos a la Maryland?
      Lie. Agrait:
      Dentro del término que dice la póliza.
      Hon. Juez:
      Bueno . . . .”

       E1 texto íntegro de dicha See. 4 en el idioma inglés de su redac-ción es el siguiente:
      “Section 4. If a loss is alleged to have been caused by the fraud or dishonesty of any one or more of the Employees and the Insured shall be unable to designate the specific Employee or Employees causing such loss the Insured shall nevertheless have the benefit of this Bond, subject to the provisions of Section 2 of this Bond, provided that the evidence submitted reasonably proves that the loss was in fact due to the fraud or dishonesty of one or more of the said Employees, and provided, further, that the aggregate liability of the Underwriter for any such loss shall not exceed the amount stated in item 3 of the Declarations.”

       «The Company will not pay over $50.00 in case of any loss or damage, unless a greater value is declared and charges for such greater value paid subject to conditions set forth in published tariff and long form bill of lading. Shipper and consignee accept limitations of liability as set forth in Consolidated Express, Inc. published tariff.”

      “Section 5. The insured property may be owned by the Insured, or held by the Insured in any capacity whether or not the Insured is liable for the loss thereof, or may be property as respects which the Insured is legally liable.”

       “Section 6. The coverage of this Bond shall not apply to any Employee from and after the time that the Insured or any partner or officer thereof not in collusion with such Employee shall have knowledge or information that such Employee has committed any fraudulent or dishonest act in the service of the Insured or otherwise, whether such act be committed before or after the date of employment by the Insured.”

       “Section 7. Upon knowledge or discovery oí loss under this Bond, the Insured shall: (a) give notice thereof as soon as practicable to the Underwriter or any of its authorized agents, and (b) file detailed proof of loss, duly sworn to, with the Underwriter within four months after the discovery of loss.”

       “Section 2. This Bond does not apply to loss, or to that part of any loss, as the ease may be, the proof of which, either as to its factual existence or as to' its amount, is dependent upon an inventory computation or a profit and loss computation; provided, however, that this paragraph shall not apply to loss of money or other property which the Insured can prove, through evidence wholly apart from such computations, is sustained by the Insured through any fraudulent or dishonest act or acts committed by any one or more of the Employees.”


author: per curiam:

text:
      In re Luis Alberto Cid.

      Número: 2399

      Resuelto: 17 de septiembre de 1974

      Delgado & Ortiz, abogados del Ledo. Luis Alberto Cid.
   per curiam:

El 5 de octubre de 1973 se le concedieron al notario Ledo. Luis Alberto Cid 30 días para corregir las deficiencias mencionadas en el informe del Inspector de Pro-tocolos fechado a 28 de marzo de 1972 y el memorando del Director de Inspección de Notarías al Señor Juez Presidente fechado a 29 de agosto de 1973.

Con fecha 10 de diciembre de 1973 expedimos Orden Para Mostrar Causa concediendo a dicho Notario un término de 15 días, a partir de la notificación de dicha orden, para que mostrara causas por las cuales no debía ser disciplinado por no haber contestado la Resolución del 5 de octubre de 1973, que le fue notificada el 17 de diciembre de 1973. Desde dicha fecha de notificación hasta el día de hoy han transcu-rrido más de ocho (8) meses, sin que dicho notario haya comparecido al Tribunal sobre el particular.

Por todo lo cual, se suspende al Notario Ledo. Luis Alberto Cid del ejercicio del notariado en Puerto Rico.


author: PER curiam:

text:
    Eligio Cruz Figueroa, etc., demandantes y recurridos, v. Flamingo Homes, Inc., demandada y recurrente; Atlantic Builders Corp., Borinquen Realty Corp., terceras demandadas.

      Número: R-74-282

      Resuelto: 17 de septiembre de 1974

      Agrait, Otero & Oliveras y Oronte Oliveras Sifre, abogados de la recurrente; Luis A. Archilla Laugier, abogado de los recu-rridos.
   PER curiam:

La recurrente radicó su recurso de revisión el trigésimo día hábil, último de 30 dispuesto en la Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil y notificó la solicitud a la parte recurrida 2 días después por correo certificado exigiendo acuse de recibo. Ésta ha pedido la desestimación aduciendo que este Tribunal carece de jurisdicción para conocer del caso pues tanto la radicación de la solicitud ante este Tribunal como su notificación a la parte contraria han de hacerse dentro del término estatutario de 30 días.

El planteamiento de la parte recurrida elide la enmienda introducida a la Regla 53.3 de Procedimiento Civil por la Ley Núm. 97 aprobada el 2 de junio de 1967 resultando en su actual redacción que copiamos:

“La solicitud de revisión especificará los nombres de las partes recurrentes; designará la sentencia o la parte de la misma cuya revisión se solicita; y expondrá brevemente los fundamentos en que se apoya el recurso. El recurrente noti-ficará la presentación de la solicitud de revisión a todas las partes contrarias dentro del término para solicitar dicha revi-sión, en la forma prescrita en la Regla 67. Cuando la notifica-ción se hiciere por correo, deberá hacerse por correo certificado con acuse de recibo no más tarde de cinco (5) días después de presentada la solicitud de revisión.”

Antes de la enmienda de 1967 había un solo término de 80 días para los dos actos, la radicación y la notificación. El efecto práctico de la enmienda fue mantener el término original de 30 días para presentar el recurso en secretaría y crear un nuevo y distinto término para notificarlo que se extiende por los 5 días siguientes a la radicación, siempre y cuando se hiciese por correo certificado. Nótese que el legislador no dispuso que estos 5 días operarían siempre dentro del término de 30 y no lo hizo porque: (1) ésa era la situación anterior que se propuso corregir con la enmienda; y (2) de así restringirlo, para un recurrente poder disfrutar el nuevo plazo de 5 días para notificar su recurso por correo tendría que presentarlo en secretaría no más tarde del 25° día, con grave detrimento de su derecho a utilizar en su plenitud el término principal de 30 días para solicitar revisión.

No ha lugar a desestimar por falta de jurisdicción.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Etanislao Martínez Valentín, acusado y apelante.

      Número: CR-72-157
    Resuelto: 17 de septiembre de 1974

      R. N. Ponce de Sánchez Rivoleda, Luis Alwin Amorós y Carlos R. Pagan Rodríguez, abogados del apelante; Myriam Naveira

      de Bodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vilá, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Mientras descansaba con su familia en su hogar de Cabo Rojo, a las 8:00 P.M. del 10 de septiembre de 1970, el Sargento de la Policía Víctor M. Rodríguez Ra-mírez sintió caer una piedra sobre la casa. Cuando salió al balcón fue muerto por un disparo hecho a corta distancia con un rifle o carabina de alto calibre, penetrando el pro-yectil junto al ombligo e interceptando la arteria iliaca de-recha. Juzgado el apelante por estos hechos, un jurado de Mayagüez produjo veredicto de culpabilidad por los delitos de asesinato en primer grado e infracción al Art. 8 de la Ley de Armas, y el juez lo halló también culpable en el caso menor por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas.

Examinaremos los señalamientos de error en el orden correlativo en que los formula el apelante.

(1A) Que la conducta del fiscal durante el juicio impidió que el acusado tuviera un juicio ajustado al debido proceso de ley.

La exagerada puntillosidad de la defensa sobre cues-tiones secundarias pierde de vista que un juicio por asesinato no es una tenida apologética y que el fiscal tiene facultad y deber de presentar el caso del Pueblo con energía y diligencia sin lastimar el debido proceso de ley. La lectura de la trans-cripción de la evidencia nos convence de que los derechos del apelante no sufrieron lesión por actuaciones del fiscal y que el juez de instancia mantuvo un ejemplar dominio de los procedimientos garantizando un juicio imparcial. La alega-ción de que se vulneró el debido proceso de ley que exige la Constitución está totalmente desprovista de fundamento y en las circunstancias de este caso resulta ser tabula in naufragio. No sancionamos los sarcasmos y comentarios extemporáneos del fiscal interrumpiendo el juicio que debió reservar, si fueren propios, para los turnos de informe. La contienda judicial no debe degenerar en coloquios mortificantes entre el fiscal y la defensa ni aun cuando por su puerilidad y nimiedad en nada lastimen el curso legal del proceso.

La reserva por el fiscal de la comunicación verbal a él trasmitida por el testigo Fas Fagundo en la cual éste contradijo la fecha en que estuvo con el acusado en Cabo Rojo no fue en todo caso un error perjudicial toda vez que dicho testigo no varió la hora (2:80 P.M.) en que estuvo con el apelante por lo que ni en su declaración jurada ni en la manifestación verbal sostuvo la coartada excluyente de la participación del apelante en el atentado realizado a las 8:00 P.M. Además, el fiscal sólo venía obligado a entregar a la defensa la declaración jurada de este testigo renunciado, lo que hizo. No tenía que servirle un resumen aparte de cuanto hubiera dicho no consignado en la declaración.

La alegada obtención por el fiscal de la declaración de Francisco Rodríguez Luciano, alias Chico, a cambio de promesas de favorecerlo en los casos que sobre éste pendían por narcóticos, no pasó de ser una insinuación totalmente desprovista de prueba. Aun cuando el apelante la hubiese substanciado, el error no sería de grado revisable toda vez que el veredicto de culpabilidad está sostenido por amplia prueba aparte del testimonio del citado Chico.

(B) El señalamiento de error imputando al juez sentenciador conducta que privó al acusado de un juicio im-pareial es frívolo. El propio apelante reconoce, a la pág. 100 (final) de su alegato, que el juez no incurrió en los excesos de intervención y olvido de su ecuanimidad censurados en Pueblo v. Aletriz, 85 D.P.R. 646 (1962); Pueblo v. Nieves Alvelo, 89 D.P.R. 47 (1963). El juez se limitó a mantener el orden y la dignidad del proceso y sus manifestaciones fueron necesarias para impedir la confusión y las desviaciones de la cuestión central por el estilo particularmente combativo y puntilloso tanto del fiscal como de la defensa. Es deber del juez proteger la inteligente percepción por el jurado sin que sea confundido ni distraído de los legítimos elementos de prueba relevantes a su final determinación de la inocencia o culpabilidad del acusado. Todo cuanto hizo el juez fue impedir que la contienda entre la defensa y el fiscal degenerara en estéril diatriba.

(2) Denegación por el juez de la moción sobre anula-ción del juicio (mistrial) basada en que el fiscal no le informó a la defensa al entregarle la declaración jurada del testigo Fas Fagundo que antes de prestarla éste le había dicho al fiscal que fue miércoles y no jueves el día en que había visto al acusado en Cabo Rojo.

Fas Fagundo fue un testigo del Estado renunciado por el fiscal quien al terminar su prueba entregó a la defensa la única declaración jurada que de él tenía. La defensa estaba en el perfecto derecho de entrevistar a Fas antes de sentarlo a declarar y siendo la coartada la única defensa del acusado era evidentemente vital escudriñar el recuerdo del testigo sobre dicho particular de fecha y descubrir la contradicción que salió a relucir en el contrainterrogatorio por el fiscal. La sor-presa, si alguna se produjo, se debió a una aparente superfi-cialidad en el examen a que se sometió al testigo antes de utili-zarlo. Aun así la declaración jurada del referido testigo estuvo bajo la consideración del jurado que tuvo oportunidad de pasar sobre la credibilidad de una y otra versión.

(3) Admisión en evidencia sin adecuada identificación de la bala y la ropa del acusado.

La prueba fue bastante para trazar un hilo de identidad entre la bala extraída del cuerpo del occiso y la examinada por el laboratorio en Washington sin que del récord surja la más leve sospecha de manejo o intervención torpe con dicha pieza de evidencia. El señalamiento no tiene consecuencia por-que la evidencia restante plenamente justifica la convicción del apelante, aun prescindiendo del ofrecimiento del proyectil mortífero. La admisión de la ropa del apelante satisface todas las normas de evidencia.

(4) Admisión de prueba sobre diseño y uso de la bala.

No abusó el tribunal de su discreción al admitir la declara-ción del perito en balística del Negociado Federal de Investi-gaciones (F.B.I.) sobre las características y poder letal de la bala que causó la muerte, dentro del cuadro general de eviden-cia circunstancial revelado al jurado.

(5) Reiteración de falta de debido proceso en el juicio.

Bajo este señalamiento se reproducen cuestiones ya revisadas al resolver la apelación y se ataca la suficiencia de prueba, alegación que el propio apelante disuelve al aceptar que fue voluntaria la confesión del delito por el acusado a un testigo preso en la cárcel de Aguadilla. (Alegato del apelante, pág. 122.)

Hubo prueba creída por el jurado de que el jueves 10 de septiembre de 1970 el apelante dijo a un amigo suyo que esa noche habría un atentado contra el Sargento Víctor Rodríguez, que si quería ganar $350 por situarse cerca de la casa de éste a las 8:00 P.M. y avisar el paso de algún policía; que el invi-tado no se unió a la empresa; que similar invitación fue re-chazada por el testigo c/p Chico quien dudó de que el apelante pudiera pagarle; que el Sargento fue muerto esa noche a las 8:00 P.M. en su propia casa por un disparo de un arma de fuego potente; que aquel testigo al día siguiente volvió a ver al apelante quien le informó: “jodí al tipo”; que ese mismo viernes el acusado dio un paquete de ropa a guardar al dueño de una barra cafetería, ropa identificada como la que vistió el apelante el día que murió el sargento; que estando detenido en sumaria en la Cárcel de Distrito de Aguadilla, el acusado confesó con detalles a otro confinado que un tal Pen tiró una piedra y cuando el sargento salió el apelante le disparó con un shot gun. El disparo se hizo a corta distancia (unos 3 pies) y aparecen residuos que el perito químico llamó “nitrados” tanto en la ropa del apelante como en la del occiso y que la pólvora es una de las substancias que producen dichos nitra-dos; y que junto al balcón de la casa del occiso la policía ocupó una piedra cubierta con cartón y amarrada con una soga.

(6) Denegación de un nuevo juicio.

Para obtener un nuevo juicio el acusado alegó descubrimiento de nueva prueba; que el veredicto es contrario a derecho; que el fiscal incurrió en conducta impropia y que el juez erró al resolver cuestiones de derecho. Estos planteamientos han sido ya rechazados al examinar los precedentes apuntamientos de error y huelga pasar nuevamente sobre los mismos. El juicio celebrado al acusado fue justo, ninguno de sus derechos fundamentales fue vulnerado y no tiene derecho a un segundo día en corte. “Sin embargo, no se requiere un nuevo juicio cada vez que un repaso de los archivos de fiscalía después del juicio descubre evidencia que si bien pudo ser de utilidad a la defensa con toda probabilidad no hubiera cam-biado el veredicto.” Giglio v. United States (1972) 405 U.S. 150.

(7) Procede reducir de 1 año a 6 meses la pena impuesta por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas a tenor de lo dispuesto en las Leyes Núms. 8 y 9 aprobadas el 7 de julio de 1971, 34 L.P.R.A. see. 1712.

Se confirmarán las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, en el caso de asesinato en primer grado y Art. 8 de la Ley de Armas; y en el caso por infracción del Art. 6 de la Ley de Armas se reducirá la pena de 1 año a 6 meses de cárcel, y asi modificada la sentencia también se confirmará.

       El juez dictó una orden prohibiendo la intervención de abogados no participantes en consultas y asesoramiento de los defensores en Sala djirante el juicio salvaguardando ese derecho de los abogados del apelante para consultas fuera de estrados. Al ausentarse brevemente el abogado defensor Amorós, surgió el siguiente incidente:
      “Hon. Fiscal: Yo quisiera saber qué hacía el compañero Amorós fuera del estrado, porque hay instrucciones respecto a que ningún abogado que no esté participando en el proceso, en realidad no haga comentarios, Señor Juez.
      Ledo. Amorós: Estaba yo haciendo una necesidad fisiológica.”

       E1 atentado tuvo lugar el jueves 10 de septiembre.

      “Hon. Fiscal:
      P ¿Cuando usted dice que interesó quiere decir que lo pasó de un lado a otro ese hueso?
      R Sí, señor.
      P ¿ Ese hueso sacro es duro o blando ?
      R Es duro.
      P ¿Bastante duro?
      R De consistencia fuerte.
      P ¿ Ese hueso la bala lo pasó ?
      R Sí, señor.
      P ¿Cuando la bala pasa ese hueso qué órganos había traspasado?
      R Había interesado las asas intestinales, el intestino, y la arteria iliaca primativa derecha.”