text:
    Aquellos Aseguradores de Lloyd’s London, etc., demandantes y recurridos, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico y otros, e Interstate Indemnity Company, demandados y recurrente la última; Albany Insurance Company, demandante y recurrente, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico y otros, demandados y recurridos; Hanover Insurance Company, etc., demandantes y recurrentes, v. Pavarini Construction Company, Inc. of Puerto Rico y otros, demandados y recurridos; Aquellos Aseguradores de Lloyd’s London Firmantes de la Póliza Núm. 8730231000A, demandantes y recurrentes, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico y otros, demandados y recurridos; Alliance Assurance Company, Ltd., demandante y recurrente, v. J.F. Montalvo Wholesales, Inc., etc., demandados y recurridos; Albany Insurance Company, demandante y recurrida, v. Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico, Alliance Assurance Company, Ltd., J.F. Montalvo Wholesales, Inc., Consultores Técnicos Asociados y Pavarini Construction Company Inc. of Puerto Rico, demandados y recurrentes las dos primeras.

      Números: RE-86-498
    RE-86-499
    RE-86-500
    RE-86-501
    RE-86-578
    RE-86-579

      Resueltos: 30 de abril de 1990

      Migdalia López-Gómez, Adrián Mercado, de Rúa & Mercado, y Alex González, abogados de Pavarini Construction Company, Inc. of Puerto Rico y sus aseguradoras Interstate Indemnity Company y CNA Casualty of Puerto Rico, Inc.; Jorge Carazo Quetglas, Francisco G. Bruno, de Sweeting, Gonzalez & Cestero, y Alvaro R. Calderón, Jr., abogados de Albany Insurance Company, Hanover Insurance Company, c/o General Covers Underwriters, Utica Mutual Insurance Co., Industrial Risks Insurers, por sí, en represen-tación y para el beneficio de ciertas compañías de seguros, Sterling Drug, Inc., Sterling Products International, Inc., The Sterling Group, Puerto Rican-American Insurance Co., Frigorífico Nogal Foods, Inc. y Packers Provision Co. of Puerto Rico, Inc.; Federico Calaf Legrand, de Reichard, Colberg & Calaf, y Benjamin Acosta, Jr., abogados de Alliance Assurance Company, Ltd. y la Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico; Martiza Julia Ramos, de Bobonis, Bobonis & Rodríguez Poventud, abogados de Aquellos Aseguradores de Lloyd’s London, recurrentes; Jaime Rivera Torres, abogado de J.F. Montalvo Wholesales, Inc.; René Pinto Lugo, de Cordero, Colón, Miranda & Pinto, abogado de Lord Mechanical Company of Puerto Rico, Inc. y su aseguradora Aetna Insurance Company, recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico (CoDeCo), corporación pública creada con el propósito de promo-ver el desarrollo del comercio en Puerto Rico, encomendó a Pavarini Construction Company, Inc. of Puerto Rico (Pavarini) la construcción de un edificio comercial destinado a la venta y almacenaje de mercancía. Finalizada la construcción del edificio Mercado Central Fase I, CoDeCo arrendó los locales en que se dividió el edificio a Sterling Products International, Inc., a Packers Provision Co. of Puerto Rico, Inc. (Packers), a J.F. Montalvo Wholesales, Inc. (J.F. Montalvo), a International Meat Wholesales, Inc., a La Cumbre Sales Company (La Cumbre), a American Food Processors, Inc. y a Ideal Unlimited Services Corp.

El 3 de marzo de 1981 ocurrió un incendio en el edificio. Se originó en el local ocupado por J.F. Montalvo y luego se extendió inmediatamente a los locales vecinos, quedando la propiedad de las arrendatarias y el edificio totalmente destruidos.

Como consecuencia de dicho siniestro, las distintas asegura-doras de las arrendatarias pagaron a sus asegurados los daños; se subrogaron y presentaron diversas acciones ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, reclamando el resarcimiento de los daños a la constructora Pavarini, su aseguradora CNA Casualty of Puerto Rico, Inc. y a la dueña del edificio, CoDeCo. Esta última instó demanda de tercero contra Lord Mechanical Company of Puerto Rico, Inc., quien estuvo a cargo de la instalación de los compartimientos refrigerados del edificio y del sistema de roceadores automáticos, y a su aseguradora Aetna Insurance Company. A su vez, CoDeCo y su aseguradora Alliance Assurance Company, Ltd. (Alliance) instaron acción contra las arrendatarias, fundamentada en el Art. 1453 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.PR.A. see. 4060, que impone responsabilidad al arrendatario por la pérdida que sufra la cosa arrendada a menos que pruebe que no medió culpa suya.

Los casos fueron consolidados y posteriormente el tribunal de instancia dictó tres (3) sentencias sumarias parciales. El 21 de agosto de 1986 el tribunal desestimó la causa de acción que instaron CoDeCo y Alliance contra las arrendatarias La Cumbre, Packers y su aseguradora Puerto Rican-American Insurance Company (PRAICo). Fundamentó su decisión en que no existía controversia en cuanto al hecho de que el incendio se originó en el local ocupado por la arrendataria J.F. Montalvo y que en ese local las demás arrendatarias no tenían control, por lo tanto, la pérdida de la propiedad no se debió a su negligencia. Quedaron así relevadas de la responsabilidad que establece el antes citado Art. 1453 del Código Civil de Puerto Rico.

Posteriormente, en septiembre de 1986, por el mismo funda-mento el tribunal de instancia desestimó la demanda presentada por CoDeCo y Alliance contra las restantes arrendatarias: Ideal Unlimited Services Corp., International Meat Wholesales, Inc., American Food Processors, Inc. y Sterling Products International, Inc. Sin embargo, el tribunal declaró sin lugar la Moción Solicitando Sentencia Sumaria presentada por la arrendataria J.F. Montalvo, ya que ésta tenía arrendado el local donde se originó el incendio y almacenaba allí mercancía seca en un área destinada para refrigeración. De dicha sentencia acude ante nos Alliance en el Recurso RE-86-578.

El 15 de septiembre de 1986 se desestimaron las acciones instadas por CoDeCo y las aseguradoras de varios inquilinos contra Pavarini y Lord Mechanical.

Concluyó que las aseguradoras, al subrogarse en el lugar de los inquilinos, estaban supeditadas al derecho que éstos tenían. Concluyó que entre las aseguradoras y Pavarini no existía rela-ción contractual, por lo que su causa de acción sólo podía surgir bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Analizados los elementos de la causa de acción de acuerdo con el citado Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, se determinó que no podía establecerse nexo causal entre la alegada negligencia de Pavarini y los daños ocasionados. Igualmente se concluyó que tampoco existía nexo causal entre la alegada negli-gencia de Lord Mechanical al instalar los compartimientos de refrigeración del edificio y los daños ocasionados. En cuanto a las compañías aseguradoras, resolvió que éstas asumieron el riesgo al asegurar los locales en las condiciones en que estaban. Final-mente, desestimó la acción decenal que CoDeCo presentó contra el subcontratista Lord Mechanical porque el caso no trata de vicios ocultos de construcción, sino que las deficiencias en el edificio eran aparentes.

De dicha sentencia acudieron las distintas aseguradoras de los inquilinos y la aseguradora de la dueña del edificio.

En el Recurso RE-86-500 comparecieron las aseguradoras Hanover Insurance Company, General Covers Underwriters, Utica Mutual Insurance Co. e Industrial Risks Insurers. En el Recurso RE-86-501 compareció la aseguradora Aquellos Asegu-radores de Lloyd’s London. En el Recurso RE-86-499 compareció Albany Insurance Co. El Recurso RE-86-579 fue presentado por CoDeCo y su aseguradora Alliance. Finalmente, en el Recurso RE-86-498 comparece Interstate Indemnity Company, asegura-dora de Pavarini, y hace el siguiente señalamiento de error:

UNICO ERROR: La codemandada-recurrente respetuosamente entiende que el Honorable Tribunal sentenciador incurrió en error al no imponer el pago de honorarios de abogado a las partes demandantes-recurridas tras su determinación implícita de temeri-dad. Caso Núm. RE-86-498, solicitud de revisión de 16 de octubre de 1986, pág. 3.

Expedimos los autos y los consolidamos.

En síntesis, nos corresponde resolver las siguientes contro-versias: si actuó correctamente el tribunal de instancia al dictar sentencia sumaria y resolver que no hubo nexo causal entre la alegada negligencia de Pavarini y los daños, cuando esto no se argumentó en las mociones mediante las cuales se solicitó que se dictara sentencia sumaria; si erró al concluir que no existe nexo causal entre la negligencia de la constructora Pavarini y los daños causados; si erró al concluir que las aseguradoras de las arren-datarias asumieron el riesgo y están impedidas de reclamar los daños que ocurrieron como consecuencia de unos defectos en los locales asegurados que ellos conocían y que cobraron tarifa para el seguro en proporción a esos defectos; si erró al concluir que las arrendatarias no eran responsables por los daños ocasionados a los locales arrendados, y si procede la imposición de honorarios de abogado a las partes demandantes.

r — H

Evaluamos, en primer lugar, si el foro de instancia cometió error al resolver que no hubo nexo causal entre la negligencia de Pavarini y los daños ocurridos cuando esto no se argumentó en la Moción Solicitando Sentencia Sumaria.

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.PR.A. Ap. III) dispone que se dictará sentencia sumaria “si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofre-cidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente”.

El propósito de la sentencia sumaria es aligerar la tramitación de un pleito para evitar la celebración de un juicio en su fondo cuando no existe controversia sobre hechos materiales y sólo resta dirimir una controversia de derecho. Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 392 (1963).

En el caso de autos, la demandada Pavarini presentó una moción en la que solicitó que se dictara sentencia sumaria. Alegó que las aseguradoras demandantes evaluaron el informe prepa-rado por la Insurance Service Office (I.S.O.) sobre el edificio Mercado Central Fase I y el mismo señalaba que en el edificio no existían firewalls que dividieran los diferentes locales de los inquilinos y que sobre los módulos de refrigeración no existían roceadores automáticos; por lo tanto, ellas asumieron el riesgo al arrendar los locales en esas condiciones. La tercera demandada Lord Mechanical también presentó una moción para solicitar que se dicte sentencia sumaria en la cual alegó que CoDeCo (tercera demandante), al aceptar el trabajo realizado por Lord Mechanical, le dio a entender que el trabajo se había realizado conforme a los planos y especificaciones preparados para el proyecto.

Al resolver, el tribunal señaló que la reclamación de los demandantes está fundada en el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, y concluyó que no hubo acto negligente por parte de Pavarini y Lord Mechanical, y que tampoco hubo nexo causal entre la alegada negligencia de ellas y los daños sufridos en el edificio. Citamos de la Sentencia Sumaria Parcial emitida por el foro de instancia:

Como hemos consignado anteriormente es imprescindible la relación directa entre el acto negligente y el daño. Estimamos que no puede establecerse nexo causal entre la alegada negligencia de Pavarini al construir y el daño ocasionado. La fuente generadora y directa del daño fue el incendio que nada tiene que ver con las actuaciones u omisiones de Pavarini. Todo lo demás es especulativo y pretender imponer responsabilidad más allá de lo permitido por ley. Nótese que el origen del mismo es desconocido hasta el presente. Siendo ello así tampoco se conoce quién o qué lo ocasionó. No habiendo acto negligente ni nexo causal no puede prosperar la acción instada por las aseguradoras contra Pavarini y CNA. Caso Núm. RE-86-498, Exhibit I de la Solicitud de revisión de 16 de octubre de 1986, pág. 14.

En las mociones en las que se solicitó sentencia sumaria no se hizo argumentación alguna respecto a la negligencia de las demandadas ni al nexo causal. Sin embargo, en la Oposición a la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por CODECO, expre-samente se argumentó que la causa de acción incoada estaba predicada en las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, y que los daños sufridos fueron producto de los actos y las omisiones negligentes de Lord Mechanical.

A los fines de resolver una moción que solicita sentencia sumaria y determinar la existencia de una controversia de hechos, el tribunal puede tomar en consideración todos los documentos obrantes en los autos. Así, en Conde Del Valle v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 18, 20 (1974), permitimos que se tomara en consideración la contestación a un interrogatorio y un requerimiento de admisiones para evaluar si existía una controversia legítima de hechos. Posteriormente, en Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521, 525 (1983), expresamente resolvimos que “para determinar si existe o no una controversia de hecho un tribunal no tiene que limitarse a considerar las declaraciones que acompañan la moción, sino que puede tomar en cuenta todos los documentos obrantes en los autos”.

Un examen minucioso de los documentos obrantes en autos nos mueve a concluir que no erró el foro de instancia al considerar la controversia respecto a la negligencia y al nexo causal, ya que la misma surgía de los documentos obrantes en autos. Sin embargo, un análisis de esos documentos nos mueve a concluir que el foro de instancia erró al determinar que no existe contro-versia de hecho en cuanto a que no hubo acto u omisión negligente por parte de Pavarini y Lord Mechanical, y que no hubo nexo causal entre la alegada negligencia y los daños ocurridos.

Recientemente, en Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986), reiteramos que sólo puede dictarse sentencia sumaria cuando no existe una legítima controversia de hechos. Expresamente señalamos que:

La sentencia sumaria es un remedio extraordinario que sólo debe ser concedido cuando el promovente ha establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de las alegaciones que no hayan sido refutadas por la evidencia presentada con la moción.... La sentencia sumaria sólo debe dictarse en casos claros, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, págs. 720-721.

Aquí no se cumplen estos postulados. Por el contrario, surge de los documentos obrantes en autos que' hay una controversia legítima sobre la alegada negligencia de Pavarini y Lord Mechanical.

En la moción presentada por Pavarini se señaló que la I.S.O., organización tarifadora en la industria de seguros, había realizado en 1979 unas inspecciones en el edificio Mercado Central Fase I y en su informe concluyó que en el mismo no existían firewalls y en la parte superior de los coolers no existía un sistema de roceadores automáticos.

Los informes realizados por distintos peritos, con posteriori-dad a la ocurrencia del fuego, señalaron que los factores que propiciaron el incendio fueron: la falta de paredes cortafuego cada 9,000 pies cuadrados, la ausencia de roceadores automáticos en las áreas de almacenamiento frío y el almacenamiento de mercancía seca en áreas destinadas a almacenamiento frío. Estas conclusio-nes surgen del informe preparado por el perito Osvaldo Marcano en 15 de agosto de 1985, del informe preparado por el perito Robert Powers y del informe preparado por el perito Carlos Y Wheeler que expresamente concluyó:

The evidence available indicated] that the lack of firewalls and the lack of water in the reserve water system were governing factors that permitted the rapid propagation of the fire and extent of the damages produced.
In unprotected areas, such as in the refrigeration moduli of the subject building, there should have been firewalls separating areas no greater than 9,000 square feet. Consequently, the damages produced beyond such area, enclosing the origin of the fire, are due to the lack of firewalls. Caso Núm. RE-86-579, Exhibit VIII de la Solicitud de reconsideración, pág. 36.

Ciertamente, del informe preparado por la I.S.O. y de los informes preparados por los distintos peritos no se puede llegar a una determinación concluyente de que Pavarini y Lord Mechanical no fueron negligentes y que no hubo nexo causal entre su negligencia y los daños sufridos en el edificio.

Pavarini, en su Alegato en Oposición a Hanover Insurance Company, argumentó que él no intervino en la instalación de las paredes interiores del edificio ni en la instalación del sistema de roceadores automáticos. Surge de los documentos obrantes en autos que, en efecto, la instalación de las paredes interiores del edificio estuvo a cargo de J.EB. Construction, quien fue contra-tado directamente por CoDeCo para la realización de esa obra.() Sin embargo, surge del expediente que Lord Mechanical fue subcontratado por Pavarini para realizar la instalación del sistema de roceadores automáticos, y en la cláusula tercera del contrato se acordó que el trabajo sería realizado bajo la dirección de Pavarini y estaría sujeto a su aprobación. Tanto Pavarini como Lord Mechanical intervinieron en la construcción de una fase del edificio cuyas deficiencias aparentemente contribuyeron a la propagación del incendio.

Tomando en consideración los informes periciales, los contra-tos de construcción y los argumentos de las partes, concluimos que existe una controversia de hecho sobre si las actuaciones de Pavarini y Lord Mechanical fueron negligentes y contribuyeron a la propagación del incendio que destruyó el edificio ocupado por los demandantes. Ante estas circunstancias resolvemos que erró el foro de instancia al emitir la sentencia sumaria parcial que desestimó las reclamaciones contra Pavarini y Lord Mechanical.

II.

En la sentencia que estamos dejando sin efecto se concluyó que “[l]a fuente generadora y directa del daño fue el incendio que nada tiene que ver con las actuaciones u omisiones de Pavarini. Todo lo demás es especulativo y pretender imponer responsabili-dad más allá de lo permitido por ley”. Caso Núm. RE-86-498, Exhibit I de la Solicitud de revisión de 16 de octubre de 1986, pág. 14.

Los recurrentes, en la segunda controversia planteada ante nos, alegan que el foro de instancia erró al llegar a la conclusión de que no existe nexo causal entre la alegada negligencia de Pavarini y Lord Mechanical y los daños ocasionados por el incendio.

Un examen del contenido de los documentos obrantes en autos nos mueve a concluir que el foro de instancia erró al llegar a una determinación concluyente, por vía de sentencia sumaria, de que no existe nexo causal entre la alegada negligencia de Pavarini y Lord Mechanical y los daños.

Surge del expediente que el incendio se originó en un área refrigerada del local ocupado por J.F. Montalvo, en el cual se estaba almacenando mercancía seca.() Hay prueba que indica que el mismo se propagó a otras áreas del edificio debido a los factores siguientes: a la instalación y funcionamiento inadecuado del sistema de roceadores automáticos, al hecho de que las válvulas de agua estaban cerradas y a la falta de firewalls.( )

La prueba documental apoya la posible conclusión de que en el caso de autos intervinieron varios factores que originaron y propagaron el incendio. El incendio se originó, alegadamente, debido a la negligencia de los empleados de J.F. Montalvo al almacenar mercancía seca en un área destinada para refrigera-ción. La falta de roceadores automáticos en esa área aparente-mente permitió que el incendio se propagara a las otras áreas del edificio y, en ausencia de firewalls, el mismo se fue extendiendo en proporciones mayores.

Desde el punto de vista jurídico, para que exista una causa de acción bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra, es indispensable la relación causal entre el acto negligente y el daño. Así, en Sociedad de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127, 134 (1974), resolvimos que en nuestra jurisdicción la doctrina que rige en lo referente al nexo causal es la doctrina de la causalidad adecuada, según la cual “no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general”. Reiteradamente hemos sostenido la validez de esta doctrina. Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990); Negrón García v. Noriega Ortiz, 117 D.P.R. 570, 575 (1986); Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982); Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852 (1980). Sin embargo, también hemos resuelto que hay ocasiones en que la causa de un accidente puede deberse a la negligencia de una o más de las partes involucradas en el mismo. En Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288, 295 (1962), expresamente resolvimos que “[s]i más de una [parte] fue negligente y el accidente se debió a la concurrencia de ambas negligencias, las dos partes son responsables de los daños causados”.

En ese sentido, Herminio M. Brau del Toro, en su libro Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Fubs. J.T.S., 1986, Vol. II, señala tres (3) situaciones distintas en las que puede darse la causalidad concurrente. En la primera vertiente contempla la situación en que dos (2) actores actúan concertadamente para infligir un daño; en la segunda vertiente contempla la situación en que dos (2) personas aportan actuaciones culposas que son autónomas, pero en un instante determinado coinciden en un punto dado y se suman para producir el resultado, y como tercera vertiente contempla aquella situación en que “dos actores aportan actuaciones culposas autónomas, que no se unen en la vertiente anterior, sino que actúan con sustancial contemporaneidad y la conducta culposa de uno pone en movimiento la agencia o fuerza interventora que como consecuencia normal —y por tanto, previsible— de ese acto culposo directamente causa el daño o, a la inversa, el acto culposo de uno contribuye y amplía, aumenta o agrava el daño causado por la conducta también culposa del otro, sin que medien, no obstante, las circunstancias que determinan que una causa suplanta, sustituye, interrumpe el nexo causal y ocupa el lugar de la primera, convirtiéndose en la causal legal única del resultado dañoso, relevando por tanto de responsabilidad al primer actor negligente . . . ”. Brau del Toro, op. cit., pág. 718.

Las circunstancias presentes en el caso de autos nos mueven a concluir que estamos ante una situación de las comprendidas en la tercera vertiente señalada por el profesor Herminio Brau.

La prueba tiende a establecer que el incendio se originó y se debió al almacenamiento de mercancía seca en un área de refrigeración. Sin embargo, la situación se agravó al propagarse el incendio debido a la instalación inadecuada de los roceadores automáticos, a la ausencia de firewalls y a la falta de agua en el sistema debido a que las válvulas no estaban funcionando. Todos estos factores aparentemente contribuyeron a la ocurrencia y propagación del incendio.

La conclusión sobre la existencia de relación causal presupone una determinación previa de negligencia. Corresponderá al foro de instancia apreciar la prueba que aporten las partes para determinar si estos factores que ocasionaron el daño fueron producto de la negligencia de las partes codemandadas en el caso de autos y hacer una determinación afirmativa de negligencia y nexo causal y el por ciento de responsabilidad, si alguna, de las partes individuales y sus aseguradoras.()

Vista la conclusión a la cual hemos llegado, resulta innecesario que nos expresemos en este momento sobre el señalamiento de error apuntado en el Recurso RE-86-498 que alega que erró el foro de instancia al no imponer el pago de honorarios de abogado a favor de las partes demandantes.

]-I H-1 h — I

Las aseguradoras de las arrendatarias aducen como error la desestimación de su demanda contra Pavarini. Alegan las asegu-radoras que la conclusión del tribunal que deniega el derecho de las compañías a subrogarse en la posición de sus asegurados es errónea. Entendemos que le asiste la razón. Veamos..

El Código de Seguros, en su Art. 1.020 (26 L.P.R.A. sec. 102), define “seguro” de la forma siguiente:

“Seguro” es el contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo.
En términos generales se ha comentado sobre seguros:
. . . “insurance” is a contract to pay a sum of money upon the happening of a particular event or contingency, or indemnity for loss in respect of a specified subject by specified perils, that is, an undertaking by one party to protect the other party from loss arising from named risks, for the consideration and upon the terms and under the conditions recited. 2 Couch on Insurance 2d (Ed. rev.) Sec. 1:2 (1982).

En relación con las pólizas de seguro de fuego (fire insurance) nos dice Couch:

Fire policies generally cover losses regardless of the cause of the fire including the negligence of the insured. . . . Nearly all polic[i]es insure against “direct loss” and such a term does not refer to the reason for the fire but the relationship between the fire and the damage to the property. Couch, supra, Sec. 1:51, pág. 121.

El seguro es uno de los mecanismos para enfrentar la carga financiera que podría causarnos la ocurrencia de un evento específico. Los aseguradores, mediante el contrato otorgado entre las partes, asumen la carga económica de los riesgos transferidos. Se trata de un contrato voluntario donde se establece un pago por la asunción de estos riesgos:

The primary requisite essential to a contract of insurance is the assumption of a risk of loss and the undertaking to indemnify the insured against such loss.
It is characteristic of insurance that a number of risks are accepted, some of which will involve losses, and that such losses are spread over all the risks so as to enable the insurer to accept each risk at a slight fraction of the possible liability upon it. Many definitions of insurance which emphasize this requisite have been given by the courts. Couch, supra, Sec. 1:3, págs. 6-8.

Se ha resuelto al respecto que:

. . . [T]he concept of “insurance” involves some investment risk-taking on the part of the company. S.E.C. v. Variable Annuity Co., 359 U.S. 65, 71 (1959).

La asunción de riesgos es uno de los elementos principales de este tipo de contrato de seguro. Con relación a la prima o pago a cambio de ese riesgo se discute:

Insurers are in the business of the acceptance of risks in return for compensation paid by the insured in the form of the policy premium. Couch, supra, Sec. 1:22, pág. 37.
Fire Insurance is a contract, whereby one, for a fixed consideration, usually paid in advance and customarily called a premium, agrees to indemnify another in whole or in part up to a specified amount for loss or damage to designated property by fire. (Escolios omitidos.) Couch, supra, Sec. 1:51, pág. 121.

Como hemos podido observar, en los contratos de seguro se transfiere el riesgo a la aseguradora y surge una obligación por parte de ésta de responder por los daños económicos al asegurado de ocurrir el evento. Al resarcir económicamente al asegurado, la compañía aseguradora se pone en la posición de éste con relación a todas las acciones y los remedios a los cuales tiene derecho. Ocurre lo que llamamos “el derecho a la subrogación”.

Acerca de la subrogación nos dice Couch:

Subrogation is the right of the insurer to be put in the position of the insured in order to pursue recovery from third parties legally responsible to the insured for a loss paid by the insurer. (Escolios omitidos.) Couch, supra, Sec. 61:1, pág. 75.
It is clear that the insurer has the legal right to place subrogation agreements in their policies so long as they do not contravene applicable statutes. (Escolios omitidos.) Couch, supra, Sec. 61:2, págs. 75-76.
An insurer has the right to recover, by way of subrogation, for damages, that it has been call[ed] upon to pay to an insured under its policy. The subrogation of an indemnity insurer arises by operation of law when it makes payment to the insured, that is, the payment of an obligation by a surety ordinarily entitles him to subrogation of all the rights, remedies, and equities of the obligee. (Escolios omitidos.) Couch, supra, Sec. 61:4, pág. 76.

Por otro lado, el propio tribunal sentenciador reconoce el derecho a la subrogación por parte de las aseguradoras que indemnizan a sus asegurados e incluso nos dice que “el asegura-dor s[ó]lo puede ejercitar las acciones que tendría disponibles el asegurado contra el tercero causante del daño por el cual éste indemnizó”. Caso Núm. RE-86-498, Exhibit I de la Solicitud de revisión de 16 de octubre de 1986, pág. 14.

No obstante, el tribunal concluyó que las aseguradoras de las arrendatarias no tenían derecho a subrogarse en los derechos del asegurado.

Fundamentó su resolución en el hecho de que las asegurado-ras, al otorgar el contrato de seguro, conocían los defectos en los locales y cobraron la tarifa en proporción a esos defectos. En otras palabras, el tribunal resolvió que las compañías asumieron el riesgo y que por tal razón se veían impedidas por su propios actos de pedir alguna indemnización.

Estamos de acuerdo con que las aseguradoras asumieron ciertos riesgos y que incluso la asunción de los mismos fue parte esencial en las primas a pagarse y el contrato otorgado. No obstante, de eso precisamente es que se trata: la función de las compañías aseguradoras es asumir el riesgo del asegurado. El propósito de estas compañías no es evitar las pérdidas sino aliviar la carga financiera que éstas representarían. Mientras mayor el riesgo, más dinero paga el asegurado para transferir su riesgo a las compañías aseguradoras. No debemos confundir esta relación contractual entre asegurado y aseguradora con el derecho que surge a la subrogación luego de que la aseguradora responde económicamente al asegurado por la pérdida ocurrida.

Al surgir el derecho a la subrogación, la causa de acción de la aseguradora ante terceros causantes del daño surge del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, supra. La subrogación en cuestiones de seguro ha sido ampliamente reconocida por las cortes y los tratadistas sobre la materia. Véanse: Appleman, Insurance Law and Practice (1964); Huelsner, Black, Clive, Property and Liability Insurance, 3ra ed., Prentice Hall, 1982; Couch, supra.

En Travelers Indem. Co. v. United States, 643 F.2d 71, 75 (9no Cir. 1976), el tribunal federal expresó:

Clauses permitting the insurer to be subrogated to rights of the insured, resting as they do on equitable doctrines, are designed to permit the insurer to affix responsibility for the loss on the person who in equity and good conscience ought to pay it.

Vista la conclusión a la cual hemos llegado de que existe la posibilidad de que Pavarini haya sido responsable en parte por el daño causado, entendemos que erró el tribunal de instancia al desestimar la causa de acción de las aseguradoras contra Pavarini, toda vez que existe un derecho por parte de las compañías a subrogarse y anteponer cualquier derecho o causa de acción que tenga el asegurado.

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Finalmente, nos resta considerar la controversia planteada en el Recurso RE-86-578. El mismo cuestiona la corrección de las sentencias sumarias parciales emitidas por el foro de instancia en las que concluyó que el incendio se originó en el local ocupado por J.F. Montalvo, por lo que la pérdida de la cosa arrendada no se debió a la culpa de las restantes arrendatarias, y en ese sentido quedó rebatida la presunción establecida en el citado Art. 1453 del Código Civil de Puerto Rico.

La recurrente CoDeCo alega que el foro de instancia erró al dictar las sentencias sumarias parciales, ya que las arrendatarias no demostraron que el incendio ocurrió por un suceso imprevisto y tampoco hicieron mención de la causa del incendio. Concluimos que a la recurrente no le asiste la razón.

El Art. 1453 del Código Civil de Puerto Rico, supra, dispone lo siguiente:

El arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya.

El citado artículo establece una presunción que el arrendata-rio puede rebatir demostrando que la pérdida de la cosa ocurrió sin que mediara negligencia suya. En ese sentido, Manuel Albaladejo, en Comentarios al Código Civil y compilaciones faroles, Madrid, Ed. Edersa, 1980, T. XX, Vol. I, pág. 411, señala que:

Una vez sentado que existen tales deterioros o pérdidas, por aceptarlo así el arrendatario o no haber podido probar que la cosa la recibió en tal estado, todavía podrá el arrendatario eximirse de responsabilidad probando que tal deterioro o pérdida se ha produ-cido sin culpa suya (Art. 1.563) o por la acción del tiempo o por causa inevitable como dice el artículo 1.561.

El Código Civil de Puerto Rico, al igual que el español, no considera específicamente la situación en que la pérdida de la cosa arrendada se debe a un incendio. Sin embargo, los tratadistas españoles han concluido que esta situación se rige por la presunción establecida en el Art. 1563 del Código Civil español, equivalente a nuestro Art. 1453, supra, por lo que al arrendatario se le exime de responsabilidad si demuestra que en el incendio no medió negligencia de su parte. Albaladejo, op. cit., pág. 412. Citamos de J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. X, Vol. II, pág. 203:

Nuestro Código, como antes hemos indicado, no habla del caso de incendio; m[a]s como no debe lógicamente pensarse que ha sido su propósito dejarlo sin solución en la práctica, hay que acudir en busca de ella; como también hemos dicho a aquellos artículos que por la generalidad de su doctrina cabe estimar que lo comprenden. Estos artículos son los que comentamos y el 1.568 sus concordantes.
Del examen en conjunto de todos ellos se deduce si el arrenda-tario es responsable del deterioro o pérdida que tuviese la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya (artículo 1.563); que si él mismo debe devolver la finca tal como la recibió, salvo lo que hubiere perecido o se hubiera menoscabo por el tiempo o por causa inevitable (artículo 1.561), y que si cuando la cosa se pierde en poder del deudor, se presume que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito (artículo 1.568 en relación con los 1.182 y 1.183), es ineludible la consecuencia de que el arrendatario debe probar, para eximirse la responsabilidad, que en el hecho del incendio no ha habido por su parte culpa ni negligencia. (Énfasis en el original.)

Idéntico enfoque hemos seguido en nuestra jurisprudencia interpretativa del antes citado Art. 1453 del Código Civil nuestro. En Cabinero v. Cobián Theatres, 81 D.P.R. 960, 978 (1960) (seguido en Double AA Prop. Corp. v. E.L.A., 109 D.P.R. 235 (1979)), expresamente resolvimos que:

Por lo menos en lo que respecta al caso de incendio de la propiedad arrendada, hemos seguido la fórmula de exclusión en la consideración del caso fortuito. Nuestras decisiones anteriores no impusieron al arrendatario la obligación de probar afirmativamente la causa fortuita del fuego, sólo le exigimos que probara su falta de culpa en el evento. No otra podría ser la doctrina nuestra pues si bien el Art. 1451 declara la obligación del arrendatario de devolver la propiedad después de usarla en el estado en que la tomó salvo lo parecido o deteriorado por causa inevitable, que es decir caso fortuito, cuando de su responsabilidad se trata por la pérdida efectivamente acaecida de la cosa, el Código lo exonera si prueba que se ocasionó sin culpa suya, según dispone el Art. 1453, y por referencia del 1458, el Art. 1136. Al presumir el 1137 la culpa del arrendatario y no el caso fortuito, arroja sobre aquél la carga o peso de probar la inexistencia de su culpa, pero no le obliga, como afirmativamente le requiere el Código francés en su Art. 1733, a probar la causa fortuita —hecho que no pudo prevenir o previsto era inevitable— del incendio.

A base de la doctrina esbozada, podemos concluir que en el caso de autos no erró el foro de instancia al desestimar las demandas instadas por CoDeCo contra las arrendatarias del edificio comercial. Un examen del recurso demuestra que no existe controversia en cuanto al hecho de que no medió negligen-cia de las arrendatarias en el origen y en la propagación del incendio, al contrario, los documentos obrantes en autos confir-man la conclusión de la sala sentenciadora de que el incendio se originó en el local ocupado por J.F. Montalvo. En esas circunstan-cias, no erró el foro de instancia al negarse a desestimar la demanda contra J.F. Montalvo y al desestimar la misma contra el resto de las arrendatarias. Albaladejo prevé la situación específica en que varios arrendatarios ocupan la propiedad arrendada que se incendió y señala que:

. . . todos y cada uno de los arrendatarios podrán eximirse de responsabilidad: si prueba que el incendio no se originó o no se pudo originar en su piso o local; si prueba que el incendio ha empezado en el piso o local de otro en cuyo caso éste sólo será responsable; si prueban que el fuego ha empezado en una casa distinta en cuyo caso todos quedarían exentos de responsabilidad; y si prueban que el incendio es debido a caso fortuito o fuerza mayor, y entonces también quedarán todos exentos de responsabilidad. Albaladejo, op. cit., pág. 413.

Resolvemos que al no existir controversia de hecho sobre la ausencia de negligencia de las arrendatarias, actuó correctamente el foro de instancia en la aplicación del derecho.

Por los fundamentos expuestos, confirmamos las sentencias sumarias parciales que desestimaron la acción instada contra las arrendatarias, revocamos la Sentencia Sumaria Parcial que desestimó las acciones instadas contra Pavarini y Lord Mechanical, y ordenamos que se continúen los procedimientos a tenor con los pronunciamientos aquí expuestos.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurre con las partes I y II y está conforme con las partes III y IV El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En cuanto a la responsabilidad de la aseguradora de J.F.B. Construction, véase Albany Ins. Co. v. Cía Des. Comercial P.R., 125 D.P.R. 421 (1990).

      (2) En el informe del incendio preparado por los bomberos, expresamente se señaló que el incendio se originó en una nevera de J.F. Montalvo.

      (3) Se hizo constar en el Informe Preparado por el Ing. José Ayala, subjefe de la División de Prevención de incendios del Departamento de Bomberos de Puerto Rico, en el Informe del perito Carlos V Wheeler, en el informe del INS Investigation Bureau y en el Informe del Ing. Dummond.

      (4) Debe el tribunal de instancia determinar si es este caso de concurrencia de causas, y si ello es así, cuál de las causas es la eficiente. Cárdenas Maxán v. Rodríguez Rodríguez, 125 D.P.R. 702 (1990).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    Celestina Cuadrado Lugo y otros, demandantes y recurridos, v. Juan Antonio Santiago Rodríguez, Hato Rey Psychiatric Hospital, Inc. y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-88-175

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Jaime Otero García, abogado de los recurrentes; Héctor G. Oliveras, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso los demandantes recurridos, Celestina Cuadrado Lugo, Carlos Vega Cruz, Luz Celenia Vega Cuadrado, Isabel Vega Cuadrado, Carlos Vega Cuadrado, William Vega Cuadrado, Angel Luis Vega Cuadrado, Virginia Cuadrado Lugo y Ana Margarita Vega Cuadrado (madre, padre y hermanos, res-pectivamente, de las víctimas), presentaron una demanda en daños y perjuicios contra Juan Antonio Santiago Rodríguez y el Hato Rey Psychiatric Hospital, Inc. (en adelante el Hospital).

Los promoventes alegan que el 20 de noviembre de 1982 y como a las 10:15 P.M., en el pueblo de Las Piedras, Juan Antonio Santiago mató con un revólver a las jóvenes María Milagros y Lourdes María Vega Cuadrado sin que mediara provocación o negligencia de clase alguna de parte de las perjudicadas. Se alegó, además, que al momento de los hechos Don Juan Antonio era paciente del Hospital y que dicha institución fue negligente al permitirle que se escapara y cometiera los dos (2) asesinatos, por lo que ésta es solidariamente responsable a los demandantes recurridos por los daños sufridos.

En su contestación, el Hospital negó las alegaciones y levantó como defensa afirmativa que:

(1) El día de los hechos el paciente se encontraba recluido y bajo la custodia de la aquí compareciente, (2) y aunque se hubiera escapado, lo cual se niega específicamente, éste no tenía tendencias homicidas ni conllevaba peligrosidad por lo cual los actos cometidos no eran previsibles para la aquí compareciente y por lo tanto no conllevaban responsabilidad de ésta.()

Más tarde, el Hospital presentó moción de sentencia sumaria en la que alegó que aun en la presunción de que fuesen ciertos los hechos relatados en la demanda, ellos no eran responsables anté los demandantes recurridos.

Luego de varios incidentes procesales, los demandantes recu-rridos presentaron, el 15 de diciembre de 1987, oposición a la sentencia sumaria y moción de sentencia sumaria.() En estos escritos se alegó, en síntesis, que mientras estaba Juan Antonio Santiago recluido en el Hospital, éste se escapó y mató a María Milagros y a Lourdes María Vega Cuadrado, por lo cual el Hospital fue negligente y debe responderle a los demandantes recurridos por los daños sufridos.

Luego de los trámites de rigor y de celebrar una vista, el tribunal dictó sentencia parcial y denegó la moción de sentencia sumaria del Hospital y declaró con lugar la sentencia sumaria de los demandantes recurridos. Le impuso responsabilidad al Hospital y dispuso que se señalara una vista para determinar la cuantía de los daños. El tribunal determinó que no había contro-versia sustancial sobre los hechos siguientes:

1. El día 20 de noviembre de 1982, como a eso de las 10:15 p.m., en el pueblo de Las Piedras, Puerto Rico, Juan Antonio Santiago Rodríguez (el paciente) mató de disparos de revólver a María Milagros Vega Cuadrado y Lourdes María Vega Cuadrado. No hubo negligencia de las occisas.
2. El paciente se fugó del Hospital en algún momento después del turno de enfermeras del Hospital que terminó a las 3:00 de la tarde del 19 de noviembre de 1982, última entrada sobre trata-miento que aparece en el récord hospitalario del paciente hasta el 26 de diciembre de ese año.
3. El paciente se fugó por negligencia del Hospital.
4. Las occisas eran hijas de dos de los co-demandantes y hermanas de los otros siete.
5. Juan Antonio Santiago Rodríguez (el paciente) estuvo ingre-sado en el Hospital en tres ocasiones distintas; 16 de julio de 1981 al 28 de agosto de 1981; 25 de marzo de 1982 al 8 de junio de 1982; 9 de octubre de 1982 al 12 de diciembre de 1982.
6. El paciente fue admitido en dichas ocasiones por el Hospital como referido por el Fondo del Seguro del Estado para ser ingresado como paciente psiquiátrico.
7. El paciente al ser ingresado en el Hospital vino acompañado siempre por un familiar y en ocasiones venía amarrado con sogas y/o con esposas en sus muñecas.
8. El Dr. R.L. Rivera Toledo, psiquiatra del Fondo del Seguro del Estado al referir el paciente al Hospital expresó que entendía que necesitaba tratamiento a nivel institucional lo antes posible, ya que se podía hacer daño a sí mismo o a otras personas.
9. El Hospital tuvo que tomar medidas de restricción del paciente en múltiples ocasiones porque se violentaba, se tornaba agresivo, hostil y explosivo. El récord hospitalario está plagado de las tendencias agresivas y hostiles del paciente.
10. El paciente intentó hacerle daño a otras personas, incluyendo a su madre, a sus hermanos, y hasta a su propio psiquiatra en el Hospital, el Dr. Antonio De Thomas, todo lo cual es del conocimiento del Hospital, pues surge de sus propios récor[d].
11. También surge de los récor[d] del Hospital que el paciente tenía tendencias a causarse daño a sí mismo, tendencias las cuales el Hospital definió como suicidas.
12. En ocasiones el Hospital le concedía pases al paciente pero acompañado siempre de un familiar autorizado según los récor[d] del Hospital.
13. En la primera y en la última hospitalización no regresó del pase que se le concedió sin que hubiere sido dado de alta. Esto surge de un registro de pases separado e independiente que aparece en los réeor[d] del Hospital ajeno a las órdenes médicas y notas de progreso.
14. El día 11 de noviembre de 1982, nueve días antes de las muertes, un psiquiatra del Hospital ordena se continúe la hospita-lización del paciente por sesenta (60) días más para continuar su tratamiento.
15. El día 18 de noviembre de 1982, dos días antes de la fecha de los asesinatos la madre del paciente advierte al Hospital que su hijo no estaba en condiciones de salir del Hospital.
16. El paciente solicitaba continuamente durante sus hospitaliza-ciones que lo dejaran abandonar el Hospital[,] peticiones que eran denegadas consistentemente por el Hospital, salvo los pases regu-lares que disfrutó cuando fue acompañado por sus familiares.
17. El récord de la vigilancia del Hospital por sus empleados revela que no hay garantías de que se pudiera evitar las ausencias clandestinas del paciente. Los pacientes sobornaban a sus enferme-ros que los vigilaban para que los dejaran fugarse.
18. En el récord del Hospital para el período cuando se fugó el paciente, 20 de noviembre de 1982, no surge que personal del Hospital lo viera para ese día ni noche, ni para los días ni noches del 21, 22, 23, 24 y 25 del mes de noviembre de 1982.
19. En algún momento después de cometer los asesinatos el paciente regresó al Hospital sin que esa institución sepa hoy día c[ó]mo, ni cu[á]ndo.
20. El Hospital no informó a la Policía de Puerto Rico de la fuga del paciente. Apéndice I, págs. 3-6.

Expedimos auto para revisar dicha decisión. Revocamos.

i-H

La mocion de sentencia sumaria tiene el objetivo de conseguir la terminación de un pleito sin la celebración de un juicio. Pero debemos reconocer, sin embargo, que ■ aunque la moción de sentencia sumaria va dirigida a promover la adjudica-ción rápida y la economía procesal, el objetivo fundamental sigue siendo obtener una solución justa. Cfi Regla 1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

La moción de sentencia sumaria obliga a presentar las pruebas que se utilizarán en el juicio para apoyar una alegación. Su efecto real es adelantar incidentes que podrían ocurrir en el juicio. A través de este mecanismo el tribunal puede considerar prueba que, de no ser adecuadamente refutada, permite que se disponga del pleito a favor de alguna de las partes.

El texto de la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.ER.A. Ap. Ill) dice que procede la sentencia sumaria “si las alegaciones, [deposiciones,] contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente”.

Cuando existe una disputa de hechos bona fide no procede la sentencia sumaria (Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827, 832 (1964)), y cualquier duda sobre la existencia de una controversia debe resolverse contra la parte que la solicita. Sólo procede dictarse en casos que resulten claros, o sea, cuando el tribunal tenga ante sí la verdad sobre todos los hechos pertinentes. Pero los casos en que se plantea si hay o no negligencia (Lasanta Piñero v. Retto, Inc., 100 D.P.R. 694, 698 (1972)) o en los que resulta importante determinar el estado mental (García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363, 380 (1963)), de ordinario no deben resolverse por la vía sumaria.

Acorde con el desarrollo procesal vivido, hemos sostenido que “[l]a sentencia sumaria es un remedio extraordinario que sólo debe ser concedido cuando el promovente ha establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de las alegaciones que no hayan sido refutadas por la evidencia presentada con la moción” y que “[e]n el sano ejercicio de [su] discreción [el Tribunal] no debe resolver sumariamente casos complejos o casos que envuelven cuestiones de interés público”. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 y 723 (1986). En este caso se dijo que para obtener una sentencia sumaria a su favor la parte codemandada tenía que presentar pruebas concretas que le eximiesen de su responsabilidad. Las que presentó no satisfacían este requisito. Eran únicamente aseveraciones conclusivas que carecían de valor probatorio. Las opiniones, para ser admisibles, tienen que descansar en hechos específicos. A este respecto indicamos:

Una vez sometida una moción desestimatoria de sentencia suma-ria y su oposición, el tribunal debe analizar todos los documentos que acompañan ambas mociones y determinar no sólo si el oponente controvirtió algún hecho material, sino también si hay alegaciones de la demanda que no han sido controvertidas o refutadas en forma alguna por los documentos que se acompañan. Si el tribunal determina que algún hecho material ha sido controvertido por la parte opositora o que hay alegaciones afirmativas en la demanda que no han sido refutadas, debe denegar la solicitud. Bajo estas circunstancias existe una genuina controversia de hechos y la sentencia no procede. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, págs. 722-723.

Anteriormente, en Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263-264 (1971), luego de sostener que “[u]sada con sabio discernimiento, la sentencia sumaria es un valioso mecanismo procesal para descongestionar los calendarios judiciales”, resolvimos que al considerar una moción de esta naturaleza, los jueces no están constreñidos por los hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud y “[p]ueden y deben considerar todos los documentos en autos, sean o no parte de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las partes”.

En casos de daños y perjuicios, el demandante puede presentar una moción de sentencia sumaria con posibilidades de éxito si incluye prueba sobre todas las aseveraciones de la demanda que sean elementos indispensables de la causa de acción. A esos efectos, se requerirá prueba sobre la acción u omisión, la culpa o negligencia, la relación causal y el daño.() Si falta prueba sobre un elemento esencial no procede la sentencia sumaria. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra.

Como regla general, para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. Si se cruza de brazos, corre el riesgo de que le dicten sentencia en su contra sin la declaración del juicio en su fondo. Sin embargo, el solo hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvirtiera la presentada por el promovente, no implica que necesariamente proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su favor. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983).

II

Luego de exponer el trasfondo doctrinal aplicable, pasemos a analizar la certeza de la decisión que declaró con lugar la moción de sentencia sumaria de los demandantes recurridos. El tribunal entendió que luego de examinar los autos del caso, los récord del Hospital sometidos en evidencia y las declaraciones juradas prestadas ante la Fiscalía, así como la supuesta admisión de negligencia del Hospital al permitir la fuga del codemandado, se eliminó cualquier controversia real sustancial en cuanto a los hechos, por lo que procedía dictar sentencia sumaria a favor de los demandantes recurridos.

Luego de examinar la totalidad de los autos, concluimos que los hechos no son tan claros y, por el contrario, hay varias controversias que no permiten dictar sentencia sumaria. En vista de que los demandados recurrentes no adujeron prueba adicional alguna en oposición a la sentencia sumaria, debemos determinar primeramente si en las declaraciones unidas a las respectivas mociones de sentencia sumaria se relacionan hechos demostrativos de la negligencia del Hospital y de que no hay controversia en cuanto a esto. La prueba para sustentar la moción de sentencia sumaria del Hospital consistió, entre otras cosas, en varias declaraciones juradas prestadas por algunos funcionarios del Hospital, quienes intentaban demostrar que éste, en todo momento, tomó las medidas previsoras requeridas. Por el contrario, las declaraciones juradas presentadas por los demandantes recurridos tenían el propósito de intentar demostrar que la mera actuación del Hospital y de sus funcionarios era de por sí negligente, por lo que se les debía responsabilizar solidariamente con el convicto-apelante. El resumen de hechos en las declaraciones de ambas partes no demuestra la negligencia o falta de ella tan claramente como pretenden las partes. Por otro lado, y del mismo modo, existen una serie de hechos (que pueden directa o indirectamente relacionarse con la negligencia alegada por los demandantes recurridos) que no están del todo claros en los documentos presentados. Ejemplo de ello son las declaraciones usadas por los demandantes recurridos en las que se alegaba que los enfermos sobornaban a los empleados para que los dejaran éscapar, así como el hecho de si el señor Santiago Rodríguez era responsable por los delitos cometidos, ya que al momento de presentar el recurso ante nos el caso estaba bajo apelación. Recordemos que no procede dictar sentencia sumaria en casos donde existe una clara controversia de hechos, que sea real y sustancial, donde cualquiera de las teorías puede ser razonable-mente sostenida. Es éste el caso ante nos. Para que una parte pueda promover exitosamente una sentencia sumaria tiene que establecer hechos que definitivamente le den la razón. Este no es el caso aquí.

En última instancia, debemos hacer claro que aun bajo la premisa de que en su moción de sentencia sumaria el Hospital aceptó haber sido negligente, esto no es determinante ni obliga a que se dicte sentencia sumaria en su contra. Flores v. Municipio de Caguas, supra.

Por otro lado, y no menos importante, es el hecho de que tampoco está claro la cuestión del nexo causal. De acuerdo con el derecho vigente, “para que exista responsabilidad por un daño causado por la negligencia de otro, es necesario que entre ésta y aquél exista una relación causal y para que exista esta relación causal es necesario que el daño ocasionado haya sido previsible y evitable de haberse realizado a tiempo la acción omitida. Puig Brutau, op. cit, pág. 97. La dificultad estriba en poder precisar ‘cuándo se da la relación de causalidad y cuáles son sus límites; cuándo deba estimarse que el hecho productor del daño es causa jurídica que según su naturaleza general aparezca como adecuada para engendrar ese daño’. . . especialmente cuando se trata de un daño que es el resultado de un acto delictivo de un tercero”. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294, 310 (1990). Véanse, además: Estremera v. Inmobiliaria Rac, Inc., 109 D.P.R. 852, 859 (1980); Rodríguez v. Colón Colón, 103 D.P.R. 493, 501 (1975).

Al examinar la totalidad de la prueba en autos no podemos concluir que el nexo causal sea un hecho indisputado. Por el contrario, las partes tienen varias teorías distantes de ser seme-jantes unas a las otras.

Recordemos que, como antes hemos dicho, la “difícil determinación de cu[á]ndo existe un nexo causal entre el daño producido por un acto delictivo de un tercero y la omisión de cumplir con la obligación de tomar precauciones, medidas de seguridad y protección, no puede ‘resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre convicción, ponderando todas las circunstancias’. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común yforal, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 3, pág. 195”. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra, pág. 310. Es por esto que no podemos disponer de la controversia ante nos de manera sumaria.

En vista de lo expuesto, concluimos que erró el tribunal de instancia al declarar con lugar la sentencia sumaria de los demandantes recurridos, por lo que se devuelve el caso para que en su día se celebre juicio en su fondo.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García disiente sin opinión escrita.

      (1) El codemandado Juan Antonio Santiago fue hallado culpable por los crímenes mediante veredicto de jurado. La sentencia fue apelada pero, mientras el recurso se hallaba pendiente, el acusado-convicto se suicidó ahorcándose. Por ello, conforme a lo resuelto en el caso Pueblo v. Morales Díaz, 120 D.P.R. 249 (1987), se desestimó la apelación y se ordenó al Tribunal Superior, Sala de Humacao, que procediese a ordenar el sobreseimiento y archivo de la sentencia y de las acusaciones.

      (2) En cuanto a las sentencias sumarias es importante mencionar lo siguiente: El Hato Rey Psychiatric Hospital, Inc. (en adelante el Hospital) presentó la suya primero y luego los demandantes presentaron una oposición y, a su vez, solicitaron sentencia sumaria a su favor fundándose en la evidencia documental sometida por el Hospital y en otra sometida junto a su escrito. El Hospital no replicó a la oposición de los demandantes ni a la solicitud de sentencia sumaria allí contenida.

      (3) Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Los daños no pueden valorarse ordinariamente a través de la moción de sentencia sumaria. Por vía de sentencia sumaria se dispone de la cuestión de responsabilidad y se celebra vista para valorar daños. Regla 36.4 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).


author: El Juez Asociado Señor Hernández Dentón

text:
    Rafael Antonio Rodríguez Pérez, Juan Nelson Rodríguez Pérez y Elsy Rodríguez Pérez, demandantes y peticionarios, v. Sucn. Juan Rodríguez Montalvo, compuesta por su esposa María Rosas y sus hijas Virgen M. Rodríguez Rosas y Daisy Rodríguez, demandadas y recurridas.

      Número: CE-87-486

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Rigoberto Martínez Cruz, abogado de los peticionarios; Jacobo Quiñones Santana, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso debemos determinar cuál es el efecto sobre el caudal relicto de la cumplimentación de una “tarjeta testamenta-ria” en la que un socio de una cooperativa de ahorro y crédito, que muere ab intestato, nombra como sus beneficiarios a su esposa y dos (2) de sus hijas con exclusión de otros herederos forzosos.

Los peticionarios solicitan que revisemos una resolución de la sala de Mayagüez del Tribunal Superior que, sin celebrar previa-mente una vista, en efecto excluyó unas cuentas en una coopera-tiva de ahorro y crédito de los bienes del caudal relicto de Juan Rodríguez Montalvo porque el causante había señalado beneficia-rios en una “tarjeta testamentaria”. Procede dejar sin efecto la resolución recurrida.

r-H

El Sr. Juan Rodríguez Montalvo falleció sin dejar testamento. Los peticionarios, hijos del primer matrimonio del causante, presentaron una demanda contra su viuda y sus dos (2) hijas procreadas en el segundo matrimonio y solicitaron la partición del caudal hereditario. Durante el proceso, los peticionarios prepara-ron y sometieron al tribunal un proyecto de partición y adjudica-ción de bienes del caudal, el cual fue prontamente objetado por la viuda porque incluía como parte de los bienes del caudal relicto de la sucesión acciones en la Cooperativa de Crédito y Ahorro de Hormigueros (en adelante la Cooperativa) valorizadas en $606.48 y una cuenta de ahorro en esa entidad financiera por la cantidad de $48,459.17. Alegaron que como el señor Rodríguez Montalvo las había designado beneficiarías en una “tarjeta testamentaria”, el dinero de las acciones y de la cuenta de ahorro no debía formar parte del caudal relicto del causante.

El tribunal de instancia, sin celebrar vista, declaró con lugar el planteamiento de la viuda y le concedió quince (15) días a los peticionarios para que modificaran el proyecto particional. De esta resolución los peticionarios recurren a este Tribunal me-diante certiorari y señalan que erró el foro de instancia: (1) al decidir que los fondos del causante constituyen un seguro de vida, (2) al excluir del caudal la participación del causante en los fondos depositados a nombre de la viuda y, en todo caso, (3) al no ordenar la colación de los fondos por concepto de acciones y depósitos en la Cooperativa a pagarse a la viuda y a las dos (2) hijas.

I — I I — i

Ante nos ellas sostienen que al haber una designación de beneficiarios, la disposición de todos los bienes en depósito en la Cooperativa debe regirse por el Código de Seguros de Puerto Rico y no por el Código Civil.

El contrato de seguro es definido por nuestro ordenamiento como un acuerdo mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra, a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto previsto. Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.PR.A. see. 102. El seguro de vida provee beneficios en caso de muerte, mutilación por accidente o incapacidad de un ser humano. Art. 4.020 (26 L.ER.A. sec. 402).

En este caso no hay prueba de que hubiera un contrato de seguros de vida entre la Cooperativa y el señor Rodríguez Montalvo. Por el contrario, con relación a la cuenta de ahorros en controversia, inicialmente la relación del causante con la Cooperativa es de naturaleza dual (accionista y depositante).() En estas circunstancias, el causante no era un asegurado de la Cooperativa. El hecho de que en la “tarjeta testamentaria” de una cooperativa de ahorro y crédito se señalen beneficiarios no convierte a la entidad en una aseguradora de su socio. Por lo tanto, el destino de los bienes relictos en la Cooperativa se rige por las disposiciones sucesorias del Código Civil y no por el Código de Seguros de Puerto Rico.

I — I 1 — H 1-H

Examinemos- la naturaleza del acto de disposición efectuado por el causante.

La copia fotostática de la “tarjeta testamentaria” cumplimen-tada por el difunto que obra en el expediente de este caso es un formulario preimpreso en donde el socio de la cooperativa, luego de consignar su nombre y dirección, señala los beneficiarios por nombre, dirección y parentesco y le asigna un por ciento del “beneficio”. Además, se provee para la firma de dos (2) testigos. La tarjeta también tiene las leyendas siguientes:

Por la presente designo beneficiarios para que le sean entregados en caso de muerte mis intereses en la sociedad de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 205, aprobada el 3 de mayo de 1951.
Por la presente dispongo que si algunos de los beneficiarios en este formulario no me sobrevive[n] y no hubiese yo designado otros beneficiarios, los intereses en los bienes de la Sociedad, en caso de muerte, se entregarán a mis herederos de acuerdo con las leyes del Estado. Exhibit 11 de la Solicitud de certiorari, pág. 30.

En sus alegatos, las partes nos invitan a interpretar el alcance del Art. 10 de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico, Ley Núm. 291 de 9 de abril de 1946 (5 L.ER.A. see. 890(C)), que provee el procedimiento para la disposición del interés de un socio en las cooperativas:

En caso de muerte del socio el interés de éste en los bienes de la sociedad le será entregado a sus beneficiarios si el socio lo ha designado en la tarjeta testamentaria que preparará la oficina del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico, y a falta de la tarjeta testamentaria, a los herederos.

Las partes difieren en torno a lo que significa el “interés del socio” en los bienes de la sociedad. Los peticionarios entienden que esto sólo se refiere a las acciones de capital. Las recurridas insisten en que bajo dicho concepto se encuentran todos los fondos depositados en la cooperativa.

Sin embargo, no tenemos que resolver cuáles fondos quedan comprendidos por el citado precepto de ley/) porque el Art. 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, Ley Núm. 1 de 15 de junio de 1973, claramente dispone de la controversia:

Cualquier cantidad de dinero que haya pagado el socio por acciones y depósitos en la cooperativa, más cualesquiera [sic] suma por concepto de seguro de vida por acciones, dividendos o intereses, que hubiera acumulado dicho socio en la cooperativa, serán pagados [sic\ en caso de retiro o expulsión del socio directamente y en caso de muerte a los beneficiarios que designe el socio en tarjeta testamentaria cuyos términos fijará el Inspector de Cooperativas de Puerto Rico después de haber descontado cual-quier deuda que tenga el socio con la cooperativa. El pago se efectuará dentro de los treinta (30) días siguientes al retiro o expulsión del socio.
La cooperativa de ahorro y crédito podrá requerir que la notificación de retiro de depósitos se haga con treinta días de anticipación y la notificación de retiro de acciones con noventa días de anticipación y la Junta de Directores podrá exigir, cuando lo crea necesario, que la notificación de retiro se haga con mayor anticipa-ción, siempre y cuando obtenga la aprobación del Inspector de Cooperativas de Puerto Rico. Personas que hayan renunciado como socios o hayan sido expulsados de la cooperativa no tendrán más derecho en la cooperativa de ahorro y crédito, pero continuarán siendo responsables por cualquier deuda que hayan contraído con la cooperativa. (Énfasis suplido.) 7 L.P.R.A. see. 1131.

La citada Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito reglamenta especialmente aquellas sociedades cooperati-vas dedicadas “[a]l doble propósito de estimular el ahorro entre sus asociados y de brindarles crédito a tipos de interés razona-bles. . . Art. 2 (7 L.ER.A. sec. 1102(b)). Estas sociedades incluyen no sólo a las organizadas al amparo de esta ley, sino también a todas aquellas cooperativas incorporadas bajo la anterior Ley de Sociedades Cooperativas de Crédito de 1947, Ley Núm. 10 de 1ro de julio de 1947. La ley de 1973 derogó el estatuto de 1947, pero reconoció y certificó a todas las cooperativas de ahorro y crédito que operaban para aquel momento. Art. 45 de la Ley Núm. 1, supra, según enmendado por la Ley Núm. 10 de 9 de abril de 1974 (7 L.ER.A. sec. llOln.).

Desde la aprobación de la ley especial de 1973, todas las cooperativas de ahorro y crédito en Fuerto Rico son reglamentadas por dicho estatuto. Las disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Fuerto Rico de 1946 son supletorias cuando no estuvieran en oposición o conflicto, o fueran incompatibles con la ley especial para cooperativas de ahorro y crédito. Art. 42 de la Ley Núm. 1, supra, 7 L.ER.A. sec. 1142.

Aunque la “tarjeta testamentaria” que cumplimentó el cau-sante se refería a una disposición de la Ley General de Sociedades Cooperativas de Fuerto Rico, debemos concluir que se trató de un error de la Cooperativa al utilizar el formulario designado para las sociedades que no son de ahorro y crédito. Es menester, señalar que el mismo día que se aprobó la Ley Núm. 205 de 3 de mayo de 1951, a la cual se hace referencia en la “tarjeta testamentaria” cumplimentada en este caso, se promulgó la Ley Núm. 206 que proveyó para el uso de este mecanismo de designación de beneficiarios en las cooperativas de crédito organizadas bajo la ley especial de 1947. La Ley Núm. 206 dispuso en palabras idénticas lo mismo que actualmente señala el citado Art. 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito de 1973.

Con relación a los bienes en cooperativas de ahorro y crédito que un socio puede transmitir a través de la “tarjeta testamentaria”, los términos del Art. 31 de la Ley Núm. 1, supra, autorizan a las cooperativas a pagarle a los beneficiarios designa-dos cualquier cantidad de dinero pagado por el socio por acciones y depósitos y los dividendos o intereses acumulados. No hay duda que están comprendidos todos los fondos aportados por el socio en la cooperativa y los ingresos que hayan generado dichos fondos.

La designación de beneficiarios para los bienes depositados en la cooperativa, efectiva a la fecha del fallecimiento del socio, es una donación que ha de producir sus efectos a la muerte del donante. Como tal, nuestro ordenamiento dispone que se regirá por las reglas de la sucesión testamentaria. Art. 562 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 1985. La validez de dicha liberalidad mortis causa está condicionada a que se guarden las solemnidades del testamento. Lage v. Central Fed. Savings, 108 D.P.R. 72, 88 (1978).

Aunque en este caso no se siguió la forma testamentaria, tal omisión no acarrea la nulidad de la donación porque aquí, a diferencia de Lage v. Central Fed. Savings, supra, el Art. 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, supra, provee para la tramitación de la liberalidad prescindiendo de las formalidades de la testamentaría. Ya en Lage v. Central Fed. Savings, supra, pág. 88 esc. 18, habíamos reconocido que por legislación especial se podían autorizar este tipo de donaciones.() For tratarse de un caso en donde por estatuto se ha eximido a esta particular donación mortis causa de la rigidez de los requisitos del testamento, resolvemos que es válida la trasmisión de los fondos del causante en la cooperativa a los beneficiarios designados.

IV

No obstante la validez formal de la donación, el Art. 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, swpra, no es licencia para que se vulneren los derechos del cónyuge viudo ni las legítimas de los herederos forzosos. A diferencia del Art. 11.330 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.ER.A. see. 1133, los términos del citado Art. 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito no protegen a los beneficiarios designados de los “acreedores y representantes del causante”. Meramente se limita a “autorizar el pago” de las cuentas a los beneficiarios designados.

V

Si el socio estableció las cuentas en la Cooperativa durante la vigencia del matrimonio en ausencia de capitulaciones, estos fondos gozan de una presunción de ganancialidad que no queda afectada de forma alguna por la citada ley especial. Art. 1307 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 3647. El Art. 31 de la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito, supra, meramente facilita la disposición post mortem de los bienes de un socio fallecido, pero en modo alguno este artículo modifica la titularidad de las acciones.

Un socio casado podrá utilizar el mecanismo estatuido en la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito para disponer de la totalidad de los fondos en depósito en una cooperativa de ahorro y crédito únicamente en cuanto a sus bienes privativos. Si los fondos son gananciales, sólo podrá disponer die su porción privativa luego de la división y liquidación de la sociedad de gananciales. Véase Méndez v. Ruiz Rivera, 124 D.P.R. 579 (1989).

La determinación de si las cuentas en la cooperativa eran privativas o gananciales requería la celebración de una vista para darle la oportunidad a las recurridas de rebatir la presunción de ganancialidad y demostrar que las acciones le pertenecían privativamente al causante.

Del mismo modo, se requería una vista para determinar si las acciones y los depósitos a nombre de la viuda del difunto eran gananciales o privativos. De ser gananciales, le corresponderá a los herederos participar en la porción que le tocaría al causante en la división de la sociedad conyugal. Erró el foro de instancia al resolver estas cuestiones sin la celebración de una vista.

De forma análoga, la designación de beneficiarios tampoco puede afectar la legítima de los herederos forzosos. El Art. 692 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2281, le limita la facultad dispositiva a todo aquel que tenga herederos forzosos al imponerle a los testadores las restricciones del articulado sobre el instituto de la legítima.

La legítima es “aquella parte del patrimonio de un causante que la ley reserva a ciertos parientes suyos . . . prohibiéndole, por consiguiente disponer de ella a título gratuito, sea por vía testamentaria o por vía de donaciones intervivos . . E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. II, pág. 392. La legítima de los hijos es dos terceras (%) partes del haber hereditario del padre y de la madre; no obstante, la mitad de dicha legítima puede aplicarse como mejora para cualesquiera descendientes. Art. 737 del Có-digo Civil, 31 L.ER.A. see. 2363.

Fara computar la legítima deben valorarse los bienes que quedaron a la muerte del causante y deducirse de éste las deudas y cargas. Art. 746 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 2372. Además, se debe sumar a dicho valor todas las donaciones no excluidas expresamente por la ley. Id. Concluidas estas operaciones, puede determinarse el haber hereditario destinado a la legítima dividiendo entre tres (3) para obtener la legítima de los descendientes. González Tejera, op. cit., pág. 404.

Para estos cómputos el valor de las donaciones mortis causa deben incluirse. Estas deben tratarse como si fueran legados. Lage v. Central Fed. Savings, supra, págs. 82-83. Como tales se consideran igual a cualquier otro bien del caudal.

En este caso procede que se computen las legítimas, se determine si hay bienes suficientes para satisfacerlas y, si no los hay, que se reduzca la liberalidad mortis causa hasta el monto necesario. Cf. Art. 745 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2371. Conviene señalar que como la donación aquí se trata como un legado, el valor de ésta se debe imputar a la porción de libre disposición. González Tejera, op. cit., págs. 412-413. Pero en la medida en que haya sido beneficiado un descendiente, si no cabe en el tercio libre se reputa mejora en cuanto a su exceso. Art. 755 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2395; González Tejera, op. cit., pág. 412.

1 — ( >

Restaños considerar si la donación mortis causa de las cuentas de la Cooperativa se tiene que colacionar.

La colación está regulada en nuestro ordenamiento en los Arts. 989 a 1004 del Código Civil, 31 L.ER.A. sees. 2841 a 2856. El Art. 989 la instituye cuando ordena que:

El heredero forzoso que concurra con otros que también lo sean a una sucesión, deberá traer a la masa hereditaria los bienes o valores que hubiese recibido del causante de la herencia, en vida de éste, por dote, donación u otro título lucrativo, para computarlo en la regulación de las legítimas y en la cuenta de partición. (Énfasis suplido.) 31 L.ER.A. see. 2841.

La doctrina la define como la operación contable practicada como incidente particional que consiste en sumarle a la herencia el valor de lo transmitido gratuitamente por el causante durante su vida a sus herederos legitimarios e imputarle dichas liberalidades a la porción sucesoria de los herederos que las recibieron, de forma que las tomen de menos de los bienes que el causante les dejó a su fallecimiento. M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. Y, pág. 186. El fin de la colación es procurar entre los herederos la igualdad en la distribución por presumirse —en ausencia de manifestación en contrario— que el causante no quiso la desigualdad de trato. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. Y, Yol. 3, pág. 643. Señala González Tejera que la premisa que justifica el instituto es la atribución como anticipo de herencia de lo recibido por los legitimarios del causante a título gratuito durante su vida. González Tejera, op. cit, Yol. I, pág. 379.

A menudo, la colación se confunde con la computación de liberalidades. Ello obedece a la confusa redacción del Art. 989 del Código Civil, supra, pero la distinción ha sido aclarada ya por la doctrina. Puig Brutau, op. cit., pág. 626. Aunque ambas son operaciones matemáticas efectuadas sobre el valor del caudal relicto, sus propósitos son diferentes. El fundamento de la computación “es proteger la legítima mientras que el de la colación es asegurar la justicia distributiva entre herederos legitimarios, cuando el causante no ha indicado que deban tratarse en forma desigual”. González Tejera, op. cit., Vol. I, pág. 380.

La computación permite “reconstruir hipotéticamente el patrimonio del causante” añadiéndole al caudal relicto neto el valor de todas las donaciones no excluidas por ley con el fin de calcular las legítimas de los herederos forzosos. González Tejera, op. cit, Vol. I, pág. 403. Esta operación permite posteriormente determinar a qué porción de la herencia deben cargarse las donaciones y legados y reducirlos en los casos en que resulten inoficiosos. íd., pág. 405.

Por otro lado, la colación está destinada a “‘repartir el caudal correspondiente a los legitimarios como un complemento de lo que tienen ya recibido, por estimar[se] que tal suele ser la voluntad del causante’”. Puig Brutau, op. cit, pág. 152. La distinción puede comprenderse más fácilmente, como señala Lacruz, contrastando diversos aspectos de ambos institutos:

. . . [Mientras el cálculo de la legítima se rige por normas imperativas, la colación puede ser dispensada por el causante, puesto que en realidad sólo se funda en lo que es normal que haya querido; mientras las reglas de cálculo de la legítima entran en juego con la existencia de un solo legitimario, la colación presupone que concurren varios y que existen donaciones colacionables; mien-tras el cálculo de la legítima puede dar efecto a la reducción de legados y de donaciones, las reglas de la colación sólo alcanzan a modificar las proporciones en que les serán adjudicados los bienes de la herencia; en el cálculo de la legítima es esencial tener en cuenta las donaciones hechas, no sólo a los legitimarios, sino a los extraños, pues se trata de fiscalizar todos los actos de liberalidad del causante, pero en la colación sólo se trata de tener en cuenta las donaciones hechas a legitimarios que son nombrados herederos y aceptan la herencia; etc. (Énfasis en el original.) Puig Brutau, op. cit., pág. 153, citando a J. Lacruz, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Labor, 1971, pág. 286 y ss.

Los peticionarios señalan que de resolverse que los bienes del causante en la Cooperativa deben entregarse a las beneficiarías designadas, el valor de éstos se tiene que colacionar. No tienen razón.

Por definición, sólo están sujetas a colación las atribuciones gratuitas a herederos legitimarios efectuadas durante la vida del causante-donante. El Art. 991 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 2843, exime de colacionar lo dejado en testamento si el testador no dispusiere lo contrario, a menos que se afecten las legítimas. Con este artículo el Código Civil exime de la colación las liberalidades mortis causa en ausencia de expresión contradictoria del difunto. Albaladejo, op. cit., pág. 187.

Como bien señala Puig Brutau, “cabe suponer que las donaciones otorgadas por el causante durante su vida lo han sido a cuenta de lo que el donatario tendrá derecho a recibir por herencia”, pero ante la presencia de la última voluntad expresa del difunto “ya no se está en el caso de tener que formular suposi-ciones . . . ”. Puig Brutau, op. cit., pág. 632. En esta última situación es insostenible la presunción en que se apoya la colación de que el causante no quiso la desigualdad de trato.

Según hemos resuelto, la trasmisión de las cuentas que tuvo el causante en la Cooperativa a las beneficiarías se produce como resultado de una donación mortis causa que, por virtud de legislación especial, no tiene que cumplir con la forma testamentaria. Tratándose en este caso de una expresión válida de última voluntad del causante inconsistente con la suposición de equidad en la distribución de los bienes relictos, no procede la colación de los fondos en depósito en la Cooperativa trasmitidos a las beneficiarías.

En resumen, erró el tribunal al rechazar el proyecto particional de las peticionarias sin la celebración de una vista evidenciaría en donde se pudiera dilucidar cuál era la relación jurídica entre el causante y la Cooperativa, la naturaleza privativa o ganancial de los fondos del causante y de su viuda en la Cooperativa y el efecto potencial de la donación mortis causa de dichos fondos sobre las legítimas de los herederos forzosos.

El foro de instancia deberá celebrar una vista y resolver las cuestiones tácticas en controversia a tenor con el derecho ex-puesto.

Se dejará sin efecto la resolución recurrida y se devolverá el caso a la sala de origen para la continuación de los procedimien-tos.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez concurre sin opinión escrita.

      (1) Aunque aparentemente no están admitidas como prueba, en los autos se encuentran copias fotostáticas de las dos (2) libretas de cuenta del causante con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Hormigueros. En la parte inferior de una está impreso “Cuenta de Acciones”, y en la otra se indica “Cuenta de Depósitos”.

      (2) En el derecho de corporaciones una acción de capital se define como: “. . . the interest or right which the owner, who is called the ‘shareholder’ or ‘stockholder’, has in the management of the corporation, and in its surplus profits, and, in a dissolution, in all its assets remaining after the payment of its debts”. (Énfasis suplido.) 11 Fletcher Cyc. Corp. Sec. 5083 (Perm. ed. 1986).

      (3) En Lage v. Central Fed. Savings, 108 D.P.R. 72, 88 esc. 18 (1978), dijimos:
      “Varias leyes especiales consagran un trámite particular para la designación de beneficiarios o sobrevivientes respecto a ciertos fondos, sin las formalidades de testamen-taría. Véanse: Sec. 14 de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, conocida por la ‘Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico’ (3 L.ER.A. sec. 862m); y el Art. 11.330 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, conocida como ‘Código de Seguros de Puerto Rico’ (26 L.ER.A. see. 1133).”


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Gustavo Adolfo Benítez Guzmán y Luisa Benítez Guzmán, demandantes y recurrentes, v. María García Merced y Luis Felipe Benítez García, demandados y recurridos.

      Número: RE-88-92

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Carlos Sotomayor Rodríguez y Humberto J. Ramírez, de Ramírez & Asociados, abogados de los recurrentes; Sigfredo A. Irizarry Semidei, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos permite determinar a quién le pertenece el pago global por concepto de una pensión de retiro recibida durante el segundo matrimonio del pensionista. Resolvemos que le pertenece privativamente al cónyuge titular del derecho a la pensión.

I.

El 26 de mayo de 1979 el Sr. Felipe Benítez Rivera cumplió sesenta y cinco (65) años de edad y treinta (30) años de servicio en las Empresas Goya (Goya), lo que lo hizo acreedor a la pensión de retiro de la empresa. Sin embargo, conforme al plan de retiro de esta empresa, Don Felipe decidió continuar trabajando y diferir el pago de la pensión hasta la fecha en que lo solicitara. De acuerdo con el plan de pensiones de Goya, la empresa asume la totalidad de su costo. Por esta razón los empleados no hacen aportaciones de su salario para sufragar la pensión de retiro.

El primer matrimonio de Don Felipe finalizó el 29 de enero de 1981 con la muerte de su esposa, Doña Lydia Guzmán Peterson. Doña Lydia falleció sin dejar testamento. Nunca se dividió la sociedad legal de gananciales constituida entre ellos ni se adjudi-carón formalmente a sus dos (2) hijos los bienes que correspon-dían a su caudal hereditario.()

Así las cosas, el 25 de enero de 1983 Don Felipe se casó con Doña María García. Durante la vigencia de este matrimonio, Don Felipe recibió los beneficios de su pensión de retiro en un pago global de $150,545.74.() El 29 de agosto de 1984, diez (10) meses después de haber recibido la pensión, Don Felipe murió intestado.

Posteriormente, los hijos del primer matrimonio de Don Felipe, Gustavo y Luisa, presentaron una demanda en la que le reclamaban a Doña María y al hijo de ésta con Don Felipe, Luis Felipe, sus derechos hereditarios en el caudal de su difunta madre, Doña Lydia, y en el de su difunto padre, Don Felipe.

Luego de varios incidentes procesales, el tribunal de instancia concluyó que el pago global por concepto de la pensión de retiro recibida por Don Felipe era de carácter ganancial perteneciente a la segunda sociedad y, por ende, lo adjudicó a los caudales hereditarios de Don Felipe y Doña María.

Ante nos, los hijos del primer matrimonio cuestionan esta decisión y sostienen que el pago global era de naturaleza priva-tiva. Argumentan, además, que el foro de instancia se equivocó al formular sus determinaciones de hecho y en la imposición de honorarios de abogado.

r — n I — I

Tanto nuestra jurisprudencia como la doctrina española reconocen que el derecho a la pensión por retiro es personalísimo y nunca acrece el haber común. Así lo consignamos en Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370, 375 (1972): “La doctrina considera que la naturaleza personalísima de estas anualidades determinan [sic] su carácter privativo. Se trata de créditos intuitu personae —esto es en consideración a la persona— que, por su propia naturaleza, están excluidos de la masa común.” En esta situación se reconoce una excepción al Art. 1301(2) del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641(2), que determina el carácter ganancial de los bienes “obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos”. Véase Rosa Resto v. Rodríguez Solís, 111 D.P.R. 89, 93 esc. 4 (1981).()

Recientemente, en Delucca Román v. Colón Nieves, 119 D.P.R. 720 (1987), reafirmamos la naturaleza privativa del derecho a pensión y, al así hacerlo, rechazamos que éste estuviera sujeto a división al momento de la disolución de una sociedad de gananciales. No obstante, en Maldonado v. Tribunal Superior, supra, reconocimos la diferencia entre el derecho a recibir la pensión y los pagos periódicos en virtud de una anualidad de retiro. Así, pues, a base de una interpretación del Art. 1303 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3643, resolvimos que los abonos mensuales de una pensión de retiro “tienen más bien el carácter de frutos civiles, lo que determin[a] su clasificación como un bien ganancial mientras se perciban durante el matrimonio. A contrario sensu, una vez disuelto el vínculo matrimonial, dichas cantidades sólo acrecen el patrimonio del titular del derecho de pensión”. (Citas omitidas.) Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 377.

En el citado caso Maldonado v. Tribunal Superior interpretamos el Art. 1303 del Código Civil, supra, conforme a la doctrina española. Dicha disposición establece que el derecho de usufructo o de pensión perteneciente a uno de los cónyuges formará parte de sus bienes propios pero los frutos, las pensiones y los intereses devengados, vigente el matrimonio, se consideran gananciales. Los tratadistas no consideran del todo aceptable la norma expre-sada ya que la separación entre el derecho de usufructo o de pensión y su especial contenido es difícil:

Salvo en ciertas pensiones, como las de los censos, respecto de las que no hay lugar a duda, y salvo también en el caso en que el derecho experimente una transformación o sustitución, quítese en el usufructo el uso y disfrute de los objetos, y en la pensión el abono periódico de cantidad, sea en frutos o en metálico, y lo que queda, nada realmente representa, apariencia de algo que en el mismo disfrute va embebido. Por esto, no cabe enajenar el derecho con independencia de su propio ejercicio o contenido, porque no hay aquí una especie de nuda propiedad en la que más tarde o más temprano haya de refundirse el percibo de los frutos o de la pensión. De modo que, en resumen, eso que la ley considera como capital o derecho propio de uno de los cónyuges queda convertido en la realidad en una sombra del ejercicio o disfrute mismo .... Capital y frutos, prescindiendo de sutilezas y distinciones oscuras, representan una sola y misma cosa. J. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 700. Véase, también, J.L. De los Mozos en Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XVIII, Vol. 2, págs. 155-156.

Puig Brutau es más preciso en la concepción del problema al señalar que “las pensiones [entiéndase los abonos periódicos] de una renta vitalicia no sólo contienen el pago de un interés, sino además la restitución de una parte del capital”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1969, T. IV, Vol. 1, págs. 641-642, citado en J. Lacruz Berdejo, Derecho de Familia — El matrimonio y su economía, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, pág. 499. Técnicamente, si el derecho a la pensión es privativo, la devolución del principal o capital de la pensión también debería serlo. No obstante, la solución ha sido que, tratándose de una renta vitalicia, las pensiones cobradas —vigente el régimen de gananciales— son consorciales aunque el derecho a la renta sea privativo. Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 201; Maldonado v. Tribunal Superior, supra.

Esta solución provista por el Código Civil para determinar el carácter privativo o ganancial de los pagos periódicos de una anualidad vitalicia, por ser relativamente simple, es de fácil aplicación pero constituye una imprecisión, ya que asume que la totalidad de los abonos constituye frutos civiles e ignora la porción de capital que cada pago contiene. No obstante, la norma no pretende convertir en ganancial el capital privativo de una renta vitalicia.

Por ejemplo, Manresa señala que si se tratara de una pensión no personalísima, la cual es enajenable, el cónyuge titular que dispone de ella y adquiere a cambio un equivalente en metálico recibe un pago que, como sustitución del capital de la pensión, es privativo. Manresa, op. cit., pág. 703.

Del mismo modo, el pago global del beneficio de un plan de retiro es privativo por constituir la liquidación total del derecho a la pensión. En ese sentido representa la conmutación de una anualidad o renta vitalicia por una suma de dinero. Si dicha cantidad de dinero fuera equivalente a la anualidad que sustituye, debería computarse a base del valor presente de los pagos periódicos que se esperan desembolsar o, dicho en términos más sencillos, representaría el capital de la anualidad.

Una vez se descubre que el pago global de una pensión de retiro constituye la liquidación del derecho o el capital de una renta vitalicia, es forzoso concluir que le pertenece privativamente al titular del derecho a la pensión.

Al aplicar los principios expuestos al caso de autos, concluimos que el pago global de $150,545.74, recibido por Don Felipe por concepto de la liquidación de la pensión devengada en las empre-sas Goya, es privativo. Por lo tanto, erró el tribunal a quo al adjudicarlo ganancial de la segunda sociedad matrimonial. Con-siderando los términos del plan de retiro en el caso de autos, en que la empresa aportó la totalidad del capital, tampoco le corres-ponde un crédito a la primera sociedad conyugal porque no contribuyó a sufragar el costo de la pensión. Véase Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra. Procede devolver el caso al foro de instancia para que proceda a efectuar una nueva partición de los bienes a tenor con lo que hemos resuelto.

i — ! 1 — I 1 — I

Nos resta considerar si erró el tribunal de instancia al formular las determinaciones de hecho y al imponer honorarios de abogado.

Reiteradamente hemos establecido que no intervendremos con las determinaciones de hecho del tribunal sentenciador a menos que exista error manifiesto o éste haya sido movido por prejuicio, parcialidad o pasión. “Se impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro primario en consideración a que ‘sólo tenemos . . . récords mudos e inexpresivos’. Esas apreciaciones deben ser objeto de gran deferencia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos mueva a intervenir.” (Escolio omitido). Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 728 (1984). Véase, también, Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 181 (1985).

En el caso de autos no existe ninguna de estas condiciones. El juez de instancia aquilató y evaluó la prueba presentada y formuló determinaciones de hecho. No intervendremos con ese dictamen, sobre todo cuando no tenemos forma de evaluar la extensa evidencia ya que los demandantes recurrentes no elevaron una exposición narrativa de la prueba. Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo de Fuerto Rico, 4 L.ER.A. Ap. I-A.

For último, los apelantes cuestionan la imposición de honorarios de abogado. La Regla 44.1(d) de Frocedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III, regula la imposición de honorarios de abogado y limita su concesión a situaciones en que la parte perdidosa haya procedido temerariamente. Asociación de Condóminos v. Trelles Reyes, 120 D.P.R. 571 (1988). Cuando se trata de un planteamiento novel o que no haya sido resuelto en esta jurisdicción, no se justifica la imposición de honorarios de abogado. M. Quilinchini Sucrs., Inc. v. Villa Inv. Corp., 112 D.P.R. 322, 328 (1982); Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, 110 D.P.R. 1 (1980); García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120 (1986).

En el caso de autos, la controversia sobre la naturaleza del pago global de una pensión de retiro no estaba expresamente resuelta en nuestra jurisdicción. Ante estas circunstancias no se justifica la imposición de honorarios de abogado.

En conclusión, procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior y devolver el asunto al foro de origen para que se realice una nueva partición de los bienes hereditarios del causante Felipe Benitez Rivera a tenor con los principios aquí expuestos.

      (1) Sin embargo, el tribunal de instancia determinó que no había “duda de que entre la fecha en que [Doña Lydia] falleció y la fecha en que don Felipe murió, don Felipe y los demandantes —o cuando menos, don Felipe con el consentimiento y participación de los demandantes— dispusieron de casi la totalidad de los bienes muebles que formaban parte del caudal relicto de dona Lydia”. Apéndice 11, pág. 122.

      (2) El plan de retiro de las Empresas Goya normalmente paga los beneficios mediante una anualidad o renta vitalicia con abonos periódicos mensuales. No obstante, el empleado tiene la opción de que se le paguen los beneficios en un pago global.

      (3) Luego de la Reforma de 1981, el nuevo Art. 1346 del Código Civil español reconoce expresamente la naturaleza privativa de los “derechos patrimoniales inherentes a la persona”.