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author: PER CURIAM:

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text:
      In re Ángel M. Ciordia, querellado.

      Número: CE-86-814

      Resuelto: 18 de mayo de 1988

      Augusto Palmer , abogado del querellado; Eliadís Orsini Zagas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Luego de la investigación correspondiente de una queja sometida contra el abogado Ángel M. Ciordia, el Procurador General formuló una querella contra el abo-gado por violación al Canon 34 del Código de Ética Profesio-nal, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Le imputó que en tres (3) ocasiones pagó al quejoso, el Sr. Rogelio Arroyo Ramos, por referirle clientes.

El licenciado Ciordia negó haber incurrido en conducta antiética. Designamos al Hon. Vicente López Pérez como Co-misionado Especial y el 7 de mayo de 1987 denegamos una moción del Procurador General en la que se solicitaba per-miso para retirar la querella por no contar con prueba sus-tancial para sostener los cargos imputados. Véase In re Ciordia, 118 D.P.R. 659 (1987). Concluida la vista expresa-mente ordenada por este Tribunal para adjudicar la cuestión de credibilidad, el Comisionado Especial rindió su informe.

► — I

Evaluada la prueba testifical y documental, el Comisionado Especial encontró que el querellante y un grupo de personas contrataron al licenciado Ciordia para que los representara en una reclamación de daños y perjuicios contra una compañía de construcción. Se suscribió un contrato de servicios profesionales mediante el cual se acordaron honorarios en forma contingente por el treinta y tres (33) por ciento de lo que “ ‘produzca la acción ya sea en transacción o sentencia’ quedando adicionalmente autorizado por el mismo contrato a recobrar las costas”. Como resultado de sus ges-tiones, el tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y dictó sentencia que condenaba a los demandados a pagar la suma de $389,218 por concepto de daños más costas y hono-rarios por $89,612. El abogado cobró sus honorarios y remi-tió a los demandantes la diferencia. En vista de los gastos incurridos en el pleito, retuvo la cantidad destinada a costas y honorarios.

El Comisionado Especial también estimó que durante esos años el querellante refirió al licenciado Ciordia dos clientes adicionales con distintas reclamaciones. En ambos casos el abogado contrató a base de contingencia y, una vez obtuvo la compensación correspondiente por su servicio, en-tregó el remanente a sus clientes.

De la prueba documental sometida, el Comisionado Especial concluyó que entre el 1981 y el 1983 el abogado en-tregó tres (3) cheques al querellante por la cantidad total de $3,500 por concepto de compensación por las labores como ayudante de ingenieros en el caso contra la constructora. De los autos se desprende que en ese caso él no solamente fue uno de los demandantes y líder del grupo de residentes, sino que también fungió como ayudante de los ingenieros que sir-vieron de peritos.

Finalmente, el Comisionado Especial examinó la relación entre el querellante y el abogado y concluyó lo siguiente:

19. El Ledo. Ciordia, nunca le sugirió, insinuó o pidió al Sr. Rogelio Arroyo Ramos, que le trajera clientes, no hay prueba alguna, de que el querellado instigara o gestionara los pleitos referidos. Tampoco le prometió al querellado dinero o algún tipo de participación en los casos que el querellante le llevara. Esto quedó claro en las preguntas que este Comisionado hizo al querellante en la vista celebrada el 30 de junio de 1987. Al recibir las sumas mencionadas el querellante tampoco le pre-guntó al Ledo. Ciordia, porqué le entregaba ese dinero. La única explicación que existe en la prueba es que dicha suma constituyeron [sic] el pago al querellante por su labor en el caso del “SECO”.
20. Concurrimos con la representante del Procurador General, en que se percibe claramente que el móvil de la queja con relación a lo planteado por el querellante ante este Honorable Tribunal, es su disgusto por la forma y la manera en que se distribuyó la partida referente a las costa[s] y honorarios de abogados concedidas a él y a los otros querellantes. Informe del Comisionado Especial de 27 de agosto de 1987, págs. 10-11.

En las circunstancias de autos, la prueba reseñada ante-riormente no sostiene el cargo de que el abogado Ángel M. Ciordia faltó a su deber, o que directa o indirectamente a través de intermediarios hizo gestiones para proporcionarse de casos. Más bien, revela que hubo un conflicto entre el que-rellante y el abogado sobre la distribución de la partida de gastos y honorarios de abogado que el licenciado Ciordia no resolvió satisfactoriamente.

Aunque no procede una sanción disciplinaria por su actuación en estos casos, nuestro dictamen es, sin menoscabo de cualquier acción judicial, que el querellante, de estimarlo conveniente, inicie contra el abogado para reclamar la devolución de cualquier cantidad que, alegadamente, fue retenida de forma indebida por el licenciado Ciordia por concepto de la partida de costas y honorarios de abogado. El licenciado Ciordia deberá tomar las medidas cautelares correspondientes para evitar situaciones análogas en el futuro.

Se dictará sentencia que archive la querella presentada contra el Ledo. Ángel M. Ciordia.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

        “Canon SU- Instigación o gestión de pleitos

      “Actúa contrario a los altos postulados de la profesión el abogado que, con propósito de lucro y sin ser requerido para que ofrezca su consejo o asesora-miento legal, aliente o estimule, en alguna forma, a clientes potenciales para que inicien reclamaciones judiciales o de cualquier otra índole. Es también contrario a la sana práctica de la profesión el que un abogado, sin ser requerido, bien lo haga personalmente o a través de personas, investigue o rebusque defectos en títulos u otras posibles fuentes o causas de reclamaciones a los fines de benefi-ciarse en alguna forma mediante la prestación de sus servicios profesionales.
      “Empaña la integridad y el prestigio de la profesión y es altamente reproba-ble el que un abogado, actuando directamente o a través de intermediarios o agentes, haga gestiones para proporcionarse casos o reclamaciones en qu[é] in-tervenir o para proporcionarlos a otros abogados. Incurre, en igual falta el abo-gado que dé u ofrezca beneficios, favores o compensación de clase alguna a empleados públicos, ajustadores de seguros u otras terceras personas con el fin de ganarse su favor para el referimiento de asuntos que puedan dar base a recla-maciones o casos y, por ende, proporcionarle al abogado aumento en su clientela.
      “Por tratarse de una conducta desdorosa, tanto con respecto a la profesión legal como con la justicia en general, todo abogado está obligado a informar a los organismos competentes sobre cualquier caso en que se incurra en dicha práctica impropia y reprensible inmediatamente después de tener conocimiento de ello.— Diciembre 24, 1970, ef. Diciembre 24, 1970.” 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 34.


author:
(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Edwin Mundo Ríos et al., apelados, v. Hon. Rafael Hernández Colón et al., demandados y apelantes.

      Número: CE-88-265

      Resuelto: 18 de mayo de 1988

      Marcos A. Ramírez Lavandero y Marcos A. Ramírez Irizarry, de Ramírez & Ramírez, abogados de los apelantes; Manuel D. Herrero García, abogado de los apelados.
   RESOLUCIÓN

Se acoge el presente recurso como un recurso de apela-ción. 4 L.P.R.A. sec. 37(a).

A los fines de resolver el recurso y la moción en auxilio de jurisdicción presentados por el Gobernador y el Secretario de Justicia de Puerto Rico, el Tribunal estima procedente y prudente concederle a las partes la oportunidad de manifes-tar sus respectivas posiciones y contar con información adi-cional, para cuyos propósitos dispone lo siguiente:

1. La Comisión Estatal de Elecciones tendrá hasta el viernes 20 de mayo de 1988 para informar en cuanto a las medidas que ha tomado, si alguna, para implantar en las pri-marias a celebrarse el 12 de junio de 1988 mediante el sis-tema de colegio cerrado, el voto por adelantado y/o prefe-rente de personas tales como: (a) policías estatales y guar-dias municipales en servicio activo; (b) oficiales de custodia de la Administración de Corrección en servicio activo; (c) empleados de la Comisión Estatal de Elecciones en servicio activo el día de las primarias; (d) miembros de las Juntas locales y oficiales de la Junta de Inscripción Permanente; (e) médicos, enfermeras, personal paramédico, oficinistas y personal administrativo de los hospitales e instituciones aná-logas, ya sean públicas o privadas, que estarán trabajando el día de las primarias; (f) bomberos y miembros de la Defensa Civil en servicio activo, y (g) cualquier otro funcionario pú-blico o elector en situación análoga.

En caso de no haberse tomado dichas medidas antes del viernes, la Comisión Estatal de Elecciones deberá indicar fundamentadamente el tiempo que necesitaría para implan-tarlas, bajo el sistema de colegio cerrado, con suficiente an-telación a la fecha señalada para celebrar las primarias y, en caso de que no fuere posible implantarlas para dicha fecha, debe indicar el tiempo adicional mínimo que necesitaría para hacerlo, así como la fecha posterior en que podrían cele-brarse dichas primarias.

En dicho escrito la Comisión Estatal de Elecciones de-berá, además, fijar fundamentadamente su posición sobre el alcance y efecto de los remedios provistos por el tribunal de instancia para la celebración de las primarias bajo el sistema de colegio abierto y la posibilidad de implantarlos en o antes del 12 de junio de 1988, o la fecha posterior para la cual po-dría hacerlo.

2. La Comisión Estatal de Elecciones notificará personal-mente este escrito a todos los abogados de todas las partes en este litigio el mismo día viernes 20 de mayo de 1988.

3. Todas las partes han de presentar alegatos simultáneos el martes 24 de mayo de 1988 en o antes de las cinco (5:00) de la tarde, los cuales deberán cubrir tanto las alegaciones del recurso como los efectos de lo informado en la comparecen-cia de la Comisión Estatal de Elecciones.

4. El recurso quedará sometido a la consideración del Tribunal el martes 24 de mayo de 1988.

5. Esta resolución se notificará a las partes inmediata-mente por vía telefónica y personalmente.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“Una Constitución es un mural donde cada generación le agrega una nueva capa de pintura, de acuerdo a la altura de los tiempos que le toca vivir.” A.E. Mooney, La elección del Poder Ejecutivo nacional: Legalidad versus legitimidad, 1985-E Rev. Jur. Arg. La Ley 545, 548 (1985). Bajo el Art. II, Sec. 2 de nuestra Ley Fundamental no pueden coexistir dos varas para medir la validez de las leyes electorales —una para primarias y otra para las elecciones generales— cuando en el fondo las mismas deben consagrar un mismo valor, a saber, el derecho y la oportunidad razonable a ejercer el de-recho al sufragio, que constituye la espina dorsal del meca-nismo público-político de la ciudadanía en una verdadera democracia.

Procede, pues, denegarse de plano la paralización de los procedimientos solicitada por el Estado y confirmarse de in-mediato el decreto del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Juez, Hon. Arnaldo López Rodríguez), que declara inconsti-tucional la realización en colegios cerrados de las primarias a celebrarse por los partidos políticos locales el próximo 12 de junio de 1988, al amparo del Art. 4.021 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3171.

I

Un dictamen en contrario anularía toda nuestra trayecto-ria jurisprudencial a favor del preeminente derecho al voto. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 88 (1980). El sistema de votación de colegio cerrado no es inconstitucional per se. “Se advierte, pues, que la tutela del derecho al sufra-gio corresponde asegurarlo inicialmente a la Asamblea Le-gislativa. A la hora de promulgar una ley electoral, dicho Poder está compelido a adoptar las medidas conducentes a su plena realización y en evitación del fraude electoral. En última instancia, será función de los tribunales, en contro-versias apropiadas, dictaminar la juridicidad y suficiencia constitucional de tales medidas legislativas al amparo de la Ley Fundamental.” P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 295 (1980), opinión concurrente y disidente. Sin embargo, cuando el sistema de votación adolece de un defecto constitucional de tal magnitud —como el detectado por el foro de instancia— no existe otra alternativa que así reconocerlo. Aquí, ese es el único rumbo decisorio, pues “[t]odo obstáculo al voto debe ser objeto de escrutinio judicial vigoroso . . .”. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, supra, pág. 92.

El proceso de primarias es resultado directo de la Asam-blea Legislativa. Por primera vez en la historia del país se ha impuesto ese sistema de votación, e inexplicablemente, no se han provisto los mecanismos necesarios para hacer viable el voto adelantado para todos aquellos electores bonafide del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) y Partido Popular Democrático (P.P.D.) —que por razón de situaciones pecu-liares de familia, impedimentos físicos o estar ocupados en funciones indispensables— de otro modo, no podrán concu-rrir o enclaustrarse a votar en un colegio cerrado de horario limitado. Ni en la vista en instancia ni ante este Foro el Es-tado ha cuestionado ni refutado lo gravoso que a los deman-dantes Mundo Ríos et al. representa la situación. Al respecto, el propio Estado indicó “que no iban a presentar prueba en ese momento y que tampoco se proponían presen-tarla en ninguna otra ocasión”. Idéntica postura forense adoptó el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (Comisión), quien por voz de su abogado informo que suscri-bía la posición y argumentación del Estado.

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De prevalecer el sistema de votación cerrada, irrazona-blemente se impediría a los demandantes apelados Mundo Ríos et al. —y por extensión a miles de electores calificados, así representados y situados— de participar y votar en dichas primarias. “El pleito es sostenible como una petición de sentencia declaratoria e interdicto por personas claramente afectadas por la ley aquí cuestionada.” Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, supra, pág. 93. En este sentido, el estatuto fatal-mente se aparta de toda legislación antecesora que rigió en el pasado en elecciones bajo el sistema de colegios cerrados.

El argumento central del Estado en que esencialmente apoya su apelación está tejido en los antecedentes y expe-riencia de las leyes electorales que rigieron en Puerto Rico. Sin embargo, notamos que los mismos son claramente inapli-cables y de poco valor persuasivo, pues tales leyes no pade-cían del defecto de la presente legislación. Todos los esquemas estatutarios electorales del pasado y más re-cientes —bajo el colegio cerrado— en mayor o menor grado, reconocían y hacían viable el voto por afidávit para atender las circunstancias cuando “un elector no pudiere concurrir a votar en el colegio en que figure su inscripción, por razón de estar ocupado en funciones indispensables de carácter público . . .”. 16 L.P.R.A. see. 215. Bajo esta categoría se encontraban médicos y practicantes, enfermeras graduadas y alumnas y cierto personal de los hospitales y clínicas pri-vadas. También un sinnúmero de empleados de las corpora-ciones públicas. De igual modo se proveía para el voto ausente de militares, estudiantes y obreros migrantes. 16 L.P.R.A. sec. 41a. Más aún, el concepto de acceso al voto alcanzó su mayor plenitud en el sistema de colegio abierto. En el Reglamento Oficial de Elecciones Generales, Comisión Estatal de Elecciones de P.R., 8 de julio de 1984, se implantó la solicitud para votar en el Colegio de Fácil Acceso, para aquellos “electores que tengan una incapacidad temporera o permanente que les ocasione caminar con dificultad o insegu-ridad o que tengan que usar silla de ruedas y por lo cual estén impedidos para subir y bajar escaleras . . Regla-mento Oficial de Elecciones Generales, supra, Regla 18, pág. 7.

La Ley de Primarias que nos ocupa desconoce estas rea-lidades y mecanismos, e instaura imperfectamente el colegio cerrado. Es un retroceso. Paradójicamente este sistema — en aras de la pureza electoral— cierra las puertas a parte del spectrum de electores afiliados, de otro modo capacitados para votar. La ironía del diseño es que incide en los más ne-cesitados: envejecientes, enfermos ambulatorios, obreros y aquellos profesionales que prestan servicios indispensables al país. La desigualdad en el trato no sólo es aparente, sino sensiblemente hiriente.

El Estado también aduce que no existe un solo prece-dente judicial igual que avale la sentencia del foro de instan-cia. En su contra invoca principios generales de ciertas decisiones de la jurisdicción norteamericana sobre el sufra-gio. La dificultad de este enfoque es que ninguno de los casos citados trata sobre las circunstancias peculiares del de autos. Es obvio que la ausencia de precedente sólo puede significar que en dichas jurisdicciones, o no se ha planteado la cuestión o sencillamente no ha habido un estatuto que pa-dezca igual patología. Y como expusiéramos en nuestra con-currencia en Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 768-769 (1977), “[e]n el desempeño de nuestra función judicial, la ausencia de precedente específico no puede ser óbice para crear la norma apropiada y que demos validez y virtualidad —en sus manifestaciones jurídicas y morales— a las diversas disposiciones constitucionales y de ley que rigen el caso de autos. Lo contrario representaría una concepción estrecha, ajena a la autoridad del Poder Judicial y a las re-glas básicas de hermenéutica jurídica: ¿en qué antecedentes judiciales se basó la decisión de Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803)?”.

Por último, es peligrosa la técnica de importar a nuestras playas precedentes genéricos ajenos al medio ambiente. “[L]a función del jurista —al menos la más elevada— no se califica por la coherencia del sistema, sino por la prudencia y adecuación de sus soluciones. No es el mejor jurista el más coherente, ‘more geométrico’, sino el más justo; pues no lla-mamos jurista al profesor de lógica, o a quien resulta sabio en el manejo del silogismo, sino al que sabe lo que corres-ponde a cada uno. Y ésta, no es ciencia general sino saber sobre realidades sociales concretas puesto que —al decir de Aristóteles— si bien el fuego quema igual en Atenas que en Persia, las instituciones de Atenas son diversas a las persas.” (Énfasis suplido.) C.R. Sanz, Consideración en torno al abuso del derecho, 1981-B Rev. Jur. Arg. La Ley 886, 903 (1981).

La ilustrada sala sentenciadora concluyó que el sistema de colegio cerrado “constituye un obstáculo irrazonable contra los electores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en particular, las personas enfermas y envejecientes, em-pleados de los hospitales que tienen turnos de 7:00 a 3:00 de la tarde y de 3:00 a 11:00 de la noche y los empleados de las empresas que tienen turnos de trabajo las 24 horas, como farmacéuticas, petroquímicas, etc., por lo que dicho sistema de votación tiene el efecto de impedir y gravar sustancial-mente la franquicia electoral”. Apéndice, pág. 13. Y reprodu-ciendo su dictamen de 10 de mayo de 1988, en Sara M. Claudio et al. v. Rafael Hernández Colón et al. (KPE 88-0274), cuyos fundamentos incorporó al presente caso, se-ñaló:

Esta situación en que se encuentran estas demandantes no es un caso de excepción y menos aún singular o único de ellas. Tendríamos verdaderamente que pecar de mgenuo[s] para creer lo contrario. Los jueces no vivimos aislados en esta so-ciedad y no estamos ajenos a lo que sucede alrededor nuestro. No debemos por tanto prestarnos a jugar el juego de descono-cer metódicamente lo que todo el mundo sabe.
De esa situación táctica se puede tomar conocimiento judicial por constituir un hecho público, notorio y abrumador.
Tampoco la situación descrita por las demandantes es ex-clusiva del sexo femenino. También hay hombres que tienen bajo su custodia hijos menores y personas envejecientes.
El problema que presenta el sistema de colegio cerrado no se limita únicamente a las personas que tienen que cuidar a sus hijos menores de edad, así como a personas enfermas y envejecientes. Se extiende además, a aquellas que tienen que trabajar ese día en horas de la tarde y la ley no les otorga el derecho de votar por adelantado. Basta con mencionar entre éstos al grupo de enfermeras, empleados de hoteles, farma-cias, médicos, empleados de fábrica[s] y farmacéuticas, etc. Es menester aclarar que este grupo de personas no es parte en este pleito, pero ello no es óbice para que ignoremos esta realidad. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 37.

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Sin el voto adelantado y por afidávit, el colegio cerrado deja fuera del proceso a todo ese amplio sector ciudadano que por razones de salud, edad, trabajo u ocupación no puede acudir a votar en el mismo. De su faz, el sistema es total-mente incompatible con el diseño constitucional vigente. Obstruye, excluye y restringe injustificadamente el derecho del elector. Pero más que todo, consagra una norma distante del ideal de justicia viviente. “Tan lejano a la realidad de las cosas humanas plenas, resulta un pensamiento despojado de cualquier consideración equitativa, como una mera corriente simpática de afinidad tendencial, sin la coincidencia del juicio del intelecto práctico —más o menos matizado por la conna-turalidad relativa al oficio — . Mundo jurídico descripto por Lewis Carrol en ‘Alicia en país de las maravillas^,] donde se desarrolla aquella extraordinaria competencia de crocquet: flamencos vivos como masos, erizos vivos como bolas y sotas vivas como arcos; pero —país de las maravillas, donde todo era vida— sin normas o con normas a las que no se pres-taba atención, porque en el juego todo era ‘vida’ y se esca-paba a su consideración.” (Énfasis suplido y escolios omitidos.) C.R. Sanz, Sobre el derecho y el proceso, 1983-B Rev. Jur. Arg. La Ley 875, 884 (1983).

Hace escasamente dos meses en P.I.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988), en apoyo de la constitucionalidad de unos comicios análogos —la Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias — la mayoría expuso:

El derecho electoral figura modernamente entre los dere-chos eminentemente públicos, aunque no' puede considerarse exclusivamente estatal, ya que los ciudadanos lo efectúan no en nombre del Estado, sino más bien en nombre propio. Vé-ase La Nueva Constitución de Puerto Rico [Escuela de Admi-nistración Pública, Río Piedras, Eds. U.P.R., 1954], pág. 300 et seq. Pocos principios de técnica constitucional han conse-guido en Puerto Rico y en Estados Unidos afirmación tan plena. "[L]a condición fundamental y preeminente [del dere-cho de sufragio] se ha reconocido a cabalidad. ” Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 88 (1980). Véanse, a modo de ilustración: Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 370 (1886); Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964). La obligación del Es-tado de proteger ese derecho ha sido igualmente reconocida. Son “objetivos lícitos y apremiantes toda reglamentación que, sin obstaculizar innecesariamente el voto, propenda a la rea-lización de un proceso electoral justo, ordenado, libre de fraude, honesto e íntegro. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976)”. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 405-406 (1980).
El elector es acreedor a que su voto sea protegido por el Estado de distintas formas y con distinto rigor bajo una multiplicidad de situaciones. Amplia jurisprudencia así lo re-conoce, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Véase Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, supra. . . . (Énfasis suplido.) P.I.P. v. C.E.E., supra, págs. 615-616.

Debemos reafirmar esos principios. La alternativa deci-soria de posponer estas primarias no es necesaria. Correcta-mente el tribunal sentenciador concluyó que la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979 (16 L.P.R.A. sees. 1321-1353), contiene suficientes salvaguardas para evitar el fraude, do-ble voto y, a su vez, garantizar la pureza del proceso sin me-noscabar el ejercicio del voto igual. Expongámoslas.

Primero, merece destacarse que se requerirá la tarjeta de identificación electoral. Reglamento para los Procesos de Primarias de los Partidos Políticos, Comisión Estatal de Elecciones, 11 de diciembre de 1987, Sec. 3.11(b). La misma, con el retrato del elector, constituye la prueba documental fehaciente de mayor rigor. Acredita al máximo su condición de elegibilidad al ser contrastada con sus circunstancias fí-sicas y personales. Es el instrumento por excelencia contra el fraude. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, supra.

Segundo, el elector calificado deberá votar en el colegio de votación de su partido, que le fuere asignado de acuerdo con el precinto en el cual está inscrito, correspondiente a su domicilio. Art. 4.021 de la Ley Núm. 6, supra; Reglamento para los Procesos de Primarias, supra, Secs. 1.9 y 3.3.

Tercero, se exige la firma del elector en la lista de vota-ción. Reglamento para los Procesos de Primarias, supra, Sec. 3.11(b). El consignar en esa lista la firma del elector, se perpetúa el dato de haberse ejercido ese derecho. Es la cons-tancia fiel de que no ha participado ni participará en otro proceso electoral en esas mismas primarias.

Cuarto, como medida cautelar adicional, se establece la recusación clásica, por el fundamento de que la persona no es elector calificado, miembro del partido concernido, o está inscrita en más de un colegio. Art. 4.021(e), (f), (g) y (h) de la Ley Núm. 6, supra, 16 L.P.R.A. sec. 3171(e), (f), (g) y (h); Reglamento para los Procesos de Primarias, supra, Secs. 3.11(f) y (h) y 3.14.

Y, finalmente, se tipifica el voto ilegal como delito susceptible de ser encausado penalmente. Art. 4.021(h) de la Ley Núm. 6, supra, 16 L.P.R.A. sec. 3171(h); Reglamento para los Procesos de Primarias, supra, Sec. 5.2(A) y (B).

A estas medidas pueden añadirse, por acuerdo a ser adoptado por la Comisión, de estimarlo prudente —enmen-datorio de su Reglamento— “que se establezcan las vota-ciones de los partidos participantes en estas primarias en un mismo colegio y que se adopte una lista única donde firmen todos los que voten en ese colegio”, y que se perfore la tar-jeta electoral al votante con las máquinas que la Comisión tiene al presente disponibles.

No es argüible la tardanza en haberse presentado el re-curso. Aplicar al caso de autos la teoría de incuria implicaría cercenar los derechos constitucionales de miles de electores.

A reserva de pronunciarnos posteriormente, conside-ramos que las alternativas ofrecidas en la resolución de este Tribunal, con el propósito de conceder un término a la Comi-sión y demás partes, conlleva desde sus comienzos el peligro de implantar un sistema de colegio “entreabierto”, de cues-tionable constitucionalidad. Véase P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, supra, opinión concurrente y disidente. Esa realidad y el factor tiempo nos impide prudencialmente suscribirla. Del filósofo alemán Josef Pieper, en su obra La Prudencia, recordamos que el “prudente contempla, por una parte, la realidad objetiva de las cosas y, por otra, el querer y el hacer, pero en primer lugar la realidad y, en virtud y a causa de ese conocimiento de la realidad, determina lo que debe hacer y lo que no debe hacer”. (Énfasis suplido,)

En resumen, sin recurrir a opciones gravosas ni terapias radicales, el dictamen del tribunal de instancia es justo, ba-lanceado, razonable y, sobretodo, de fácil implantación. No existe otra opción que ordenar que las primarias sean me-diante el sistema de colegio abierto. “[N]o es prudente acu-nar la democracia que nace, con la canción de cuna de un mundo que se fue” Mooney, op. cit., pág. 550. .

       Dispone:
      “Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.” (Énfasis suplido.) Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 261.

       Sobre el particular, en su sentencia el tribunal de instancia concluyó:
      “Por el resultado a la prueba presentada y tomando en consideración las inferencias lógicas y razonables que de la misma se pueden derivar, así como la credibilidad que le mereció al Tribunal el testimonio de los testigos, encontramos probados los siguientes hechos:
      “1) La señora Carmen Belén Almenas, está inscrita, es una elector bona-fide y se propone votar en las Primarias del próximo 12 de junio de 1988 siempre y cuando el sistema de votación sea de colegio abierto. Si el sistema de votación es el de colegio cerrado no podrá votar en ese evento electoral ya que tiene un niño menor de edad y no tiene ninguna persona que lo atienda y ella no está dispuesta a llevar a su hijo a encerrarse en un colegio.
      “2) Doña Lourdes M. Rivera García es una electora bona-fide y se propone votar en las Primarias del 12 de junio siempre y cuando le permitan ejercer el derecho al voto. Esta persona trabaja como Oficinista de Records Médicos en el Dispensario Dr. José S. Belaval del Municipio de San Juan y el horario de su trabajo es a base de turnos que se alteran, a saber: de 7:00 de ¡a mañana a 3:00 de la tarde y de 12:00 del mediodía a 8:00 de la noche.
      “Ella tiene que trabajar los domingos su horario regular, ya que en ese Dis-pensario se ofrecen servicios médicos hasta las 8:00 de la noche.
      “En las pasadas Primarias Presidenciales que se celebraron el pasado mes de marzo, ella no pudo votar porque su trabajo no se lo permitió. En adición a lo anterior, esta persona no puede estar en lugares encerrados por mucho tiempo, ya que su salud no se lo permite debido a que sufrió un paro cardio-respiratorio.

        “De estas Primarias celebrarse bajo el sistema de colegio abierto ella po-dría participar sin ninguna dijicultad.

      “3) La Sra. Gloria Gordil Vda. de Vázquez, es electora bona-fide y está cuali-ficada para votar. Si las Primarias a celebrarse el próximo 12 de junio se realizan bajo el sistema de colegio cerrado ella no se propone votar por ser asmática. Su condición de salud no le permite estar en lugares encerrados.

      “En las pasadas Primarias Presidenciales ella votó porque la dejaron votar en primer turno por ser coordinadora. En esa ocasión ella sufrió un ataque as-mático que requirió atención médica.

      “4) Don Erasmo Alvarado tiene 72 años edad [sic] y es un elector bona-fide. Si las Primarias a celebrarse el próximo mes de junio se realizan bajo el sistema de colegio cerrado él no podrá acudir a votar a las mismas, ya que su condición de enfermo-cardiaco no se lo permite. Por esa razón fue que no pudo votar en las pasadas Primarias Presidenciales.
      “Si las Primarias a celebrarse en el próximo mes de junio se celebraran bajo el sistema de colegio abierto, él se propone votar en las mismas.
      “5) Edwin Mundo Ríos.— Representante a la Cámara por el Distrito de San Juan 2 del Partido Nuevo Progresista. Este se propone participar en las Prima-rias del próximo mes de junio y es candidato a reelección por el Distrito de San Juan 2 del Partido Nuevo Progresista. Esta persona atestó que de celebrarse las Primarias bajo el sistema de colegio cerrado eso le perjudicaría ya que muchas personas que van a votar por él se verían imposibilitadas de hacerlo.

      “6) Ledo. Francisco González Rodríguez.— Comisionado Electoral del Par-tido Nuevo Progresista. Este aseguró que la situación de los preparativos para las Primarias del 12 de junio de 1988, ante la Comisión Estatal de Elecciones son sumamente críticos por el atraso existente.
      “El Registro Electoral que cerró el pasado 22 de abril de 1988 aún no se le ha entregado a los partidos políticos o sea, las listas electorales. Se supone que antes de prepararse las listas electorales del referido Registro Electoral la Comisión Estatal de Elecciones tiene que haber circulado entre los partidos políticos un listado que se conoce con el nombre de Sumaria. Este es un listado numérico de electores hábiles para votar por precintos y unidad electoral. Con el referido listado los partidos políticos determinan el número de colegios que necesitan para las referidas primarias. Este listado de Sumaria aún al día de hoy no se ha prepa-rado.
      “En estos momentos en lo que se está trabajando en la Comisión Estatal de Elecciones es en las ‘tripas’. [. . . material que va dentro del maletín electoral y que se llev[a] a los precintos y unidades y que incluye: lápices, gomas, sellos metálicos para las urnas, distintivos de los funcionarios ...”.] Los maletines elec-torales aún la Comisión Estatal de Elecciones no los ha comprado.
      “El sistema de colegio abierto sería mucho más fácil implementarlo en estas Primarias ya que el número de maletines por Unidad Electoral sería menor al igual que el número de salones de clases o unidades a usarse. Este sistema de colegio abierto le economizaría al pueblo de Puerto Rico aproximadamente un millón de dólares.

      “Para salvaguardar el proceso electoral del fraude electoral consistente en que una persona vote dos veces, se podría emplear una sola Unidad electoral con una sola Lista Electoral para los partidos participantes, que en estas Primarias serán el PPD y PNP. En esa Unidad habrían dos mesas y los representantes de cada partido ocuparían una mesa cada uno. Además habrían dos urnas, una para los votantes del Partido Popular Democrático y la otra para los del Partido Nuevo Progresista.
      “En este momento la Comisión Estatal de Elecciones tiene disponible tam-bién las máquinas perforadoras que se utiliza para perforar la Tarjeta de Iden-tificación Electoral. En adición a estas máquinas perforadoras que se encuentran disponibles en la Comisión Estatal de Elecciones, ya la Comisión compró las que se van a utilizar en las Elecciones Generales pautadas para el día 2 de noviembre del año en curso.” (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 9-12.

       Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979 (16 L.P.R.A sees. 1321-1353), posteriormente enmendada por las Leyes Núm. 34 de 3 de octubre de 1983, Núm. 2 de 15 de marzo de 1984 y Núm. 89 de 2 de julio de 1987.

       Citado por J.D. López Bolado, G. Boades y A.K. De Villanueva, Contribu-ciones de la criminología al proceso penal: La capacitación, la personalidad y el deber del juez, 1981-D Rev. Jur. Arg. La Ley 1175, 1186 (1981).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Fernando Narváez Cruz y David Ortiz Rodríguez, acusados y peticionarios.

      Número: CE-86-296

      Resuelto: 24 de mayo de 1988

      Felipe Cirino Colón, de la Sociedad para Asistencia Legal, abo-gado de los peticionarios; Rafael Ortiz Carrión, Procurador

      General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso de certiorari nos permite explorar, en relación con la garantía contra registros y allanamientos irrazonables contemplada tanto en el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, como en la En-mienda IV de la Constitución de Estados Unidos de Amé-rica, L.P.R.A., Tomo 1, la validez del consentimiento presta-do por un invitado o visitante de una residencia a que se efec-túe un registro o allanamiento en la misma. El recurso, adi-cionalmente, nos brinda la oportunidad de expresarnos so-bre el punto de si la conducta observada por uno de los resi-dentes de dicho hogar —uno de los aquí peticionarios— al no objetar expresamente la entrada y presencia de los agentes del orden público en dicha residencia constituyó un consenti-miento implícito del registro efectuado. Por último, y de con-cluir que la actuación de cualquiera de dichas personas constituyó un consentimiento válido a la realización del re-gistro, el recurso nos permite señalar los límites o la exten-sión del mismo.

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Como a la 1:30 P.M. del 18 de diciembre de 1985 se reci-bió, por el Sgto. Luis F. Santiago, en la Sección Contra el Crimen Organizado de la Policía de Puerto Rico una llamada telefónica de una persona —voz de hombre— que se negó a identificarse, en la cual se informaba que en el Núm. 153 de la Calle 9 de la Barriada Israel, Hato Rey, Puerto Rico, se escondía el prófugo de la justicia Manuel De Jesús Castro, quien acostumbraba llegar a dicha casa de madrugada. La persona, adicionalmente, brindó una descripción de la resi-deneia. Recibida la llamada, el sargento Santiago procedió a cotejar si en los récord de la agencia policíaca existía una requisitoria en relación con dicha persona, confirmando el hecho. Procedió, entonces, esa misma tarde a trasladarse a la Barriada Israel donde verificó la existencia de la residen-cia en la mencionada dirección.

A eso de las 7:00 A.M. del 19 de diciembre de 1985 el sargento Santiago, en compañía de los agentes Ríos y Ro-sado, se personó a la dirección antes indicada procediendo a “tocar” en la puerta de la residencia. Abrió la misma una dama —a quien los agentes no conocían, enterándose luego que responde al nombre de Sofía Gascot Hernández— a quien el sargento Santiago, luego de identificarse como miembro de la Policía de Puerto Rico, preguntó por el para-dero del prófugo De Jesús Castro.

La señora Gascot Hernández, alegadamente, contestó que allí no había ningún prófugo y que la Policía podía en-trar a la casa a verificar dicho hecho, invitación que aceptó el sargento Santiago y el agente Ríos, permaneciendo el agente Rosado fuera de la casa. Al entrar los dos referidos funcionarios públicos al interior de la residencia notaron la presencia en la sala de la misma de tres personas, los aquí peticionarios David Ortiz Rodríguez y Fernando Narváez Cruz y un menor de edad, quienes, alegadamente, no objeta-ron la entrada, y presencia, en la casa de los agentes del orden público.

Mientras el agente Ríos permanecía observando a las cuatro personas antes mencionadas en la sala de la casa, el sargento Santiago —con el propósito de verificar si el pró-fugo se encontraba o no— se dirigió al baño de la casa pu-diendo observar en el mismo, detrás de la “bacineta”, una escopeta de cañón recortado. Luego de ocupar dicha arma de fuego, pudo observar que en el piso había una “carterita”, de la cual sobresalían numerosos cigarrillos que, según su expe-rienda, eran “dgarrillos de marihuana”. Habiéndose in-cautado de la carterita y su contenido, al mirar hacia la co-cina de la casa el sargento Santiago observó en una mesa un “peine” de balas propio de una pistola, el cual igualmente ocupó. Al salir de la casa con los cuatro ocupantes de la misma, el agente Rosado le informó al sargento Santiago que “alguien” había tirado por una ventana de la casa una pistola cargada con balas.

Procede, por último, que se enfatice que la señora Gascot Hernández no residía en la referida casa, perteneciendo la misma al padre del peticionario David Ortiz Rodríguez, quien sí vivía en dicha residencia.

Radicados pliegos acusatorios contra los aquí peticiona-rios Ortiz Rodríguez y Narváez Cruz por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401, y por infracción a los Arts. 5 y 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 415 y 416, éstos solicitaron la supresión de la evidencia ocupada por la Policía de Puerto Rico por el fundamento, en síntesis, de que la misma había sido obtenida en violación de las disposiciones del Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, supra.

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan —luego de celebrar la correspondiente vista evidenciaría donde testificó, como único testigo, el Sgto. Luis F. Santiago— declaró sin lugar en corte abierta la referida moción de supresión de evidencia. Al así resolver, expresó el magis-trado que presidió la vista:

Mire, compañero, el problema aquí es que yo tengo eviden-cia, no me corresponde a m[í] darle credibilidad en este mo-mento, de que la persona que abre la puerta co[ge] y hace una invitación a los agentes a registrar la casa para fines de cercio-rarse de que allí está el prófugo y es como consecuencia de ese acto de la persona que abre la puerta y que los agentes entran. Esa es la prueba, esa es la prueba que yo tengo aquí.
A los agentes en ese momento no se le puede pedir que ellos identifiquen, que ellos le exijan una identificación a la persona como que la persona es la dueña, ellos tienen que presumir que la persona que abre la puerta y que le hace una invitación para que entren y registren, pues, es una persona que está autorizada, es con posterioridad a ese momento que ellos se enteran que es una persona que está allí de visita y que el dueño es otra persona. Distinto sería la situación si los agentes cuando llegan a esa casa conocen cuál es el dueño y entran sin autorización de ese dueño. T.E., págs. 41-42.

Inconformes, los referidos peticionarios comparecieron —vía certiorari— ante este Tribunal imputándole error al tribunal de instancia “al declarar sin lugar la moción de su-presión de evidencia radicada”. Originalmente nos negamos a expedir el auto solicitado. Posteriormente, en reconsidera-ción, expedimos el mismo. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

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El Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en lo pertinente, dispone:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incauta-ciones y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello única-mente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a regis-trarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299.

Por su parte, la Enmienda Cuarta de la Constitución federal dispone:

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra regis-tros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá ningún mandamiento, sino a virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar que ha de ser allanado, y las personas o cosas que han de ser dete-nidas o incautadas. Emda. IV¡ Const. E.U., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 186.

Es un principio firmemente establecido que todo registro, allanamiento o incautación realizada sin orden judicial previa es irrazonable per se, sujeto a contadas excepciones de alcance rigurosamente definido. Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973); Katz v. United States, 389 U.S. 347, 357 (1967); Chambers v. Maroney, 399 U.S. 42, 51 (1970); Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443, 454-455 (1971); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979). Esto es, una vez el acusado establece que el registro o incautación fue sin orden judicial, surge una presunción de invalidez, y corresponde al Ministerio Público demostrar que el registro realizado fue uno legal y razonable. Pueblo v. Vázquez Méndez, ante.

Igualmente establecido está que una de las excepciones a la anterior regla lo constituye el registro llevado a cabo a base de un consentimiento válido. Davis v. United States, 328 U.S. 582, 593-594 (1946); Zap v. United States, 328 U.S. 624, 630 (1946); Schneckloth v. Bustamonte, ante; United States v. Matlock, 415 U.S. 164 (1974). Para que dicho consentimiento sea válido, se requiere que éste sea voluntario, Schneckloth v. Bustamonte, ante, y que sea prestado por quien tenga autoridad para prestarlo. United States v. Matlock, ante.

Según establecido por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en United States v. Matlock, ante, una persona no tiene que poseer un interés legal en la propiedad para consentir válidamente a que la misma sea registrada. Lo que se requiere es que la persona que presta el consentimiento posea una “autoridad común u otra relación suficiente con respecto a la propiedad a ser registrada”. (Traducción nuestra.) íd., pág. 171.

El concepto de “autoridad común ... con respecto a la propiedad” a su vez fue interpretado por dicho Tribunal en el citado caso como que “depende del uso mutuo de la propiedad por personas que generalmente tienen un acceso o control conjunto [con respecto a la propiedad] en cuanto a varios propósitos, de tal forma que es razonable reconocer que cualquiera de los cohabitantes tiene el derecho de permitir la inspección por derecho propio y que los otros han asumido el riesgo de que uno de ellos pueda permitir que el área común sea registrada”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) United States v. Matlock, ante, pág. 171 esc. 7. De esta manera, se ha permitido que una tercera persona — quien no es la dueña de la propiedad a ser registrada— preste un consentimiento válido para que se lleve a cabo el registro de la misma, siempre que cumpla con el citado requisito de “autoridad común u otra relación suficiente con respecto a la propiedad a ser registrada”. Esto a su vez implica que una tercera persona no puede prestar un consentimiento válido para que se registre propiedad que está bajo la posesión exclusiva de otra persona.

Bajo el criterio establecido en United States v. Matlock, ante, el dueño de una propiedad y un mero invitado o visitante suyo no comparten o poseen “autoridad común” sobre la misma. W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1987, Vol. 3, Sec. 8.5(e), pág. 309. W.E. Ringel, Searches and Seizures, Arrests and Confessions, 2da ed., Nueva York, Clark Boardman Co., 1985, Vol. 1, Sec. 9.5(c), págs. 9-37, 9-38. Acorde con lo anterior se ha resuelto que, de ordinario, un mero invitado o visitante ocasional no puede prestar su consentimiento para que se lleve a cabo un regis-tro de una propiedad que pueda ser efectivo contra el dueño de la misma. State v. Hatton, 389 N.W.2d 229 (Minn. Ct. App. 1986); State v. Manns, 220 Neb. 426, 370 N.W.2d 157 (1985); People v. Wagner, 104 Mich. App. 169, 304 N.W.2d 517 (1981); United States v. Harris, 534 F.2d 95 (7mo Cir. 1976); United States v. Galante, 547 F.2d 733 (2do Cir. 1976).

Conforme con United States v. Harris, ante, y los demás casos sobre este particular, la determinación sobre si el consentimiento prestado por el visitante es o no uno válido requiere un cuidadoso examen de la relación particular entre dueño y visitante envuelta en el caso. Esto es, no hay una regla uniforme y categórica al respecto; es necesario examinar la relación particular envuelta. El referido examen puede llevar a la conclusión de que la persona que ha prestado su consentimiento es algo más que un mero visitante ocasional de la propiedad y que posee, por tanto, la “autoridad común” o la relación con la propiedad requerida bajo el criterio establecido en United States v. Matlock, ante.

Así, a manera de ejemplo, tenemos que en otras jurisdic-ciones se ha decretado inválido el consentimiento prestado por una persona que utiliza ocasionalmente un apartamento, y que luego de ausentarse el arrendatario del mismo, perma-nece en él, cuando la persona no residía en dicho aparta-mento, no poseía una llave del mismo y el arrendatario le había dado instrucciones de cerrar con llave el apartamento cuando se marchara, United States v. Harris, ante; cuando la persona que presta el consentimiento ha pernoctado una noche en el apartamento (overnight guest), People v. Wag ner, ante; cuando la persona que presta el consentimiento es un mero amigo del dueño de la residencia, State v. Manns, ante.

Por otra parte, y a manera de ilustración, se ha estimado suficiente por otros tribunales el consentimiento prestado, entre otros casos, por un visitante que es más que un visi-tante ocasional y que “estaba a cargo de la residencia”, United States v. Turbyfill, 525 F.2d 57, 58-59 (8vo Cir. 1975); cuando la persona es hija de los dueños de la residencia y está a cargo de la misma durante la ausencia temporera de sus padres, Garr v. Commonwealth, 463 S.W.2d 109 (Ky. Ct. App. 1971); cuando el dueño de la propiedad deja a la persona a cargo de la misma durante su ausencia, aun cuando no hay una relación de familia entre ellos, Morrison v. State, 508 S.W.2d 827 (Tex. Crim. Ct. App. 1974); cuando la persona es amiga del dueño del apartamento, ha pernoctado ocasio-nalmente en el mismo, y conoce a una de las personas que pretenden entrar, por ser hermana del dueño, Nix v. State, 621 P.2d 1347 (Alaska 1981); cuando la persona es hermano del dueño de la residencia, un frecuente visitante de la misma, y siempre se le había permitido invitar amistades a dicha residencia, People v. Shaffer, 444 N.E.2d 1096 (Ill. Ct. App. 1982).

Ahora bien, se ha resuelto que un registro es válido cuando un agente de la Policía, “‘de buena fe, descansa] en la autoridad que, aunque equivocada, razonablemente aparen[ta] tener [una tercera] persona para consentir a un registro’”. (Traducción nuestra.) Snyder v. State, 738 P.2d 1303 (Nev. 1987), citando a United States v. Sledge, 650 F.2d 1075, 1081 (9no Cir. 1981); United States v. Hamilton, 792 F.2d 837, 842 (9no Cir. 1986); Nix v. State, ante, pág. 1349; People v. Gorg, 45 Cal. 2d 776, 291 P.2d 469 (1955). LaFave, op. cit., Sec. 8.3(g), págs. 261-271. Esto no signi-fica que la Policía pueda proceder sin más en circunstancias ambiguas o que pueda razonablemente proceder basándose en las afirmaciones de autoridad de la persona que presta el consentimiento, si dichas afirmaciones aparentan ser irrazo-nables. Nix v. State, ante, pág. 1350; LaFave, op. cit., See. 8.3(g), pág. 268 n. 116. Lo que es más, aun cuando la Policía lleva a cabo una investigación, su conclusión —a base de la información que recibe— a los efectos de que la persona efectivamente tenía la autoridad para consentir al registro, debe ser una “razonable”. LaFave, op. cit., págs. 266-269.

HH HH ) — H

Al aplicar el análisis consistentemente empleado en este tipo de casos por otros tribunales a la situación de hechos que hoy nos ocupa, nos percatamos de que el récord está huérfano de evidencia sobre ello. Todo lo que se desprende del mismo récord es que la señora Gascot Hernández, quien le abrió la puerta a los agentes de la Policía y los invitó a pasar y a buscar al prófugo, no vivía en la residencia aquí registrada, y que sólo se encontraba de visita en la misma. No hay evidencia alguna de que esta señora fuera un familiar del dueño de la casa y/o que estuviera a cargo de la misma durante la ausencia del dueño, de cuán frecuentemente visi-taba dicha residencia, si tenía llaves de la misma, etc. En fin, es imposible determinar qué tipo de relación tenía ella con la residencia y sus dueños para poder determinar si poseía la “autoridad común” requerida por United States v. Matlock, ante. Ante esta situación, es inescapable concluir que el con-sentimiento que la señora Gascot prestó al registro de la re-sidencia aquí envuelta, y que era propiedad del padre de uno de los peticionarios, no fue válido, por ser ella una mera visi-tante ocasional de dicha residencia y no poseer la “autoridad común” requerida sobre la misma.

Tampoco puede considerarse válido el consentimiento prestado por ella bajo la doctrina de la autoridad aparente antes mencionada. Como hemos expresado, en esta clase de situaciones la Policía viene en la obligación de indagar razonablemente respecto a la autoridad de la persona que presta el consentimiento al respecto. Como cuestión de hecho, se desprende de la jurisprudencia relativa a la doctrina de la autoridad aparente, que siempre ha habido una manifestación de la persona que presta el consentimiento a los efectos de que posee la autoridad para permitir el registro, o la Policía ha poseído algún tipo de información previa con respecto a dicha autoridad Es esto precisamente lo que da base a la buena fe de los agentes de la Policía y les permite llegar a una creencia o conclusión razonable de que la persona que representa tener la autoridad para permitir un registro de verdad la tiene.

En este caso, el sargento Santiago declaró que al llegar a la residencia tocó a la puerta, la cual abrió una señora que luego se enteró respondía al nombre de Sofía Gascot; que tanto él como los otros agentes que lo acompañaban se iden-tificaron; que él le preguntó a la señora Gascot que dónde estaba el prófugo; que ella contestó que allí no había ningún prófugo y le dijo que podía entrar a verificar.

Ni dicho agente ni ninguno de los otros inquirió de esta señora si ella era la dueña de la casa o sobre el tipo de rela-ción que tenía con la misma o qué hacía ésta allí. Bien pudo haber sido, como aparentemente resultó ser, una mera visi-tante. También pudo haber poseído la “autoridad común” o la “relación suficiente con respecto a la propiedad” requerida bajo United States v. Matlock, ante, para prestar un consen-timiento válido. Pero esto no llegó a conocimiento de los agentes de la Policía. Ni ellos se lo preguntaron ni ella lo manifestó.

La Policía tampoco poseía información previa alguna con respecto a la relación de esta señora con la propiedad aquí envuelta y por consiguiente, con su posible autoridad para permitir un registro de la misma. No habían prestado vigi-lancia anteriormente a la casa para ver si esta señora estaba o no residiendo allí, o cuán frecuentemente iba a la misma, o si se había quedado “a cargo” de ésta, o si tenía llaves para entrar, etc. No tenían absolutamente nada en qué fundar su creencia de que dicha señora tenía la autoridad para permi-tir un registro de la casa.

En aras de la protección de los derechos constitucionales envueltos en este tipo de situaciones, cuando se invoca la doctrina de la autoridad aparente, pretendiéndose que los agentes de la Policía descansen en las representaciones de autoridad de una determinada persona para consentir a un registro, deben observarse rigurosamente los requisitos de la misma. Resolvemos, en su consecuencia, que cuando los agentes de la Policía no posean información previa sobre la autoridad de una persona para consentir a un registro, producto dicha información de una razonable investigación, éstos deberán indagar al respecto en el momento de solicitar el consentimiento, pidiéndole a la persona que se identifique e inquiriéndole sobre si es la dueña de la propiedad o la relación que tiene con la misma.

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Habiendo determinado que el consentimiento prestado por la señora Gascot fue insuficiente o inválido, analizamos la cuestión de si el peticionario Ortiz Rodríguez tenía la su-ficiente “autoridad común” sobre la residencia como para po-der “consentir” al registro de la misma y, en segundo lugar, el punto de si la actitud pasiva y silente de dicho peticionario al no objetar en ningún momento la entrada, y presencia, de los agentes del orden público a la referida residencia consti-tuyó un consentimiento implícito o tácito al registro efec-tuado.

Respecto a la primera de estas interrogantes, procede que se señale que la única prueba presentada en la vista evidenciaría celebrada ante el tribunal de instancia —recor-daremos que la parte peticionaria tuvo a bien no presentar prueba alguna— demuestra que Ortiz Rodríguez es una persona adulta, hijo del dueño de la residencia, y que residía en la misma. A nuestro entender, ello —cuando menos prima facie— es suficiente para determinar que esta persona tenía la “autoridad común” sobre dicha residencia, requerida por la jurisprudencia aplicable, para consentir o permitir el re-gistro efectuado. United States v. Matlock, ante; Garr v. Commonwealth, ante.

Respecto a la segunda de las interrogantes, debe recor-darse que la prueba presentada demuestra que Ortiz Rodrí-guez se encontraba junto al otro peticionario —Narváez Cruz— y un menor de edad, en la sala de la casa, lugar donde entran los agentes inmediatamente que logran acceso a la misma. No surge de dicha prueba que Ortiz Rodríguez — ni ninguno de los otros— hubiese objetado en forma alguna la entrada y presencia de los agentes en la casa.

Sabido es que el “titular” de la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables puede renunciar, expresa o tácitamente, a su derecho ante un registro sin orden previa. Esta renuncia se puede deducir “del acto del acusado de permitir la entrada del agente, o cuando se puede establecer que hubo una invitación implícita de su parte”. Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 729 (1961). La doc-trina, sin embargo, requiere que esa renuncia sea voluntaria. Pueblo v. Seda, ante, págs. 728-729; Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 776-777 (1982). Entre “los factores de-terminantes sobre si medió o no una renuncia expresa o tácita [están]: (1) si ha habido fuerza o violencia; (2) si el registro se realizó después de un arresto, y (3) si se encon-traban otras personas presentes”. Pueblo v. Acevedo Escobar, ante, pág. 777; Pueblo v. Seda, ante, pág. 729.

En el presente caso no existe prueba de que mediara co-acción alguna de parte de los agentes del orden público. Tampoco se alega que los agentes utilizaran fuerza o violen-cia. Es correcto que los funcionarios no solicitaron permiso expreso de Ortiz Rodríguez para entrar y registrar la casa. Ello no obstante, se puede hacer la inferencia lógica y razo-nable de que éste consintió al registro; resulta difícil pensar que esta persona no se percatara de que el propósito de dichos agentes al entrar a la residencia era uno de índole inves-tigativa.

Por otro lado, se puede, inclusive, razonablemente inferir que Ortiz Rodríguez tenía pleno conocimiento de la conver-sación sostenida entre la señora Gaseot y los agentes del or-den público. La conversación entre estas personas ocurrió en el área de la puerta de la casa, la cual está, según la prueba, inmediatamente al lado de donde se encontraba Ortiz Rodrí-guez. Resulta razonable la inferencia de que él escuchó dicha conversación. Tampoco objetó en ese momento el consenti-miento prestado por la señora Gaseot.

Debido a todo lo anteriormente expresado, somos del cri-terio —y así lo resolvemos— que en el presente caso el peti-cionario Ortiz Rodríguez, persona con autoridad para ello, consintió, implícita o tácitamente, al registro efectuado.

V

Establecida la existencia de un consentimiento válido para el registro aquí efectuado por una persona con autoridad para ello, el alcance de dicho registro será tan amplio como los términos del consentimiento prestado. Un registro por consentimiento será razonable siempre que se mantenga dentro de los límites del consentimiento prestado y se ajuste a los propósitos del mismo. Debe además limitarse a las áreas donde razonablemente pueda encontrarse escondido el artículo o persona objeto del registro. State v. Valencia Olaya, 736 P.2d 495, 499 (N.M. App. 1987); United States v. Dichiarinte, 445 F.2d 126 (7mo Cir. 1971). LaFave, op. cit., Sec. 8.1(c), págs. 160-174; Ringel, op. cit., See. 9.4, págs. 9-29 a 9-30.

Bajo las circunstancias de este caso, el consentimiento implícito prestado por el peticionario Ortiz Rodríguez, al no objetar la entrada y presencia de la Policía en su residencia, fue uno amplio: en busca de un prófugo, quien, natural-mente, podía estar escondido en cualquier parte de la casa.

Demás está decir que si en el curso de un registro la Policía, actuando dentro de los límites del mismo, descubre evidencia delictiva a plena vista, puede incautarse válidamente de la misma. United States v. Dichiarinte, ante, pág. 130; Warden v. Hayden, 387 U.S. 294 (1967); Pueblo v. Lebrón, ante; Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); LaFave, op. cit., Sec. 8.1(c), págs. 166-168.

A base de la prueba presentada, fue correcta la decisión emitida por el foro de instancia; esto es, la evidencia obte-nida en el registro aquí efectuado, objetada por los peticiona-rios, fue legalmente ocupada por haber estado a plena vista. No procedía la supresión de la misma.

Por último, carece de validez el argumento de los peticio-narios a los efectos de que el registro fue ilegal debido a que la confidencia que lo originó fue insuficiente e inválida; esto por no haberse establecido ninguno de los requisitos juris-prudenciales para su validez como fuente determinante de causa probable para el allanamiento, registro y arrestos efectuados. Véase Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

En el presente caso no es necesario entrar a determinar la suficiencia de la referida confidencia. El registro y posterior arresto de los peticionarios fue consecuencia de la evi-dencia delictiva a plena vista descubierta por la Policía, una vez obtenido un consentimiento válido para entrar en la resi-dencia en busca del prófugo. Es ahí que surgen los motivos fundados para la ocupación de dicha evidencia y no con la confidencia.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expide el auto y se dictará sentencia confirmatoria de la resolución recurrida. Se devuelve el caso a instancia para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opi-nión concurrente y disidente.

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton.

Estoy de acuerdo con la conclusión de la mayoría de que el Estado no cumplió con su deber de probar la autoridad y suficiencia del consentimiento al registro brindado por la se-ñora Gascot Hernández, quien permitió que la Policía en-trara al interior de la residencia del padre del peticionario. Sin embargo, no puedo suscribir la tesis mayoritaria de que el consentimiento implícito del recurrente Ortiz Rodríguez fue suficiente para impartir validez al registro. Por lo tanto, aunque concurro con los pronunciamientos vertidos en las partes I, II y III de la opinión, me veo en la obligación de fraternalmente disentir de las últimas dos partes y del resul-tado final.

HH

Al resolver la controversia ante nos sobre la admisibili-dad de la evidencia obtenida mediante un registro sin orden de allanamiento, partimos de la premisa de que el mismo se presume irrazonable y corresponde al Ministerio Público de-mostrar lo contrario. Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986). Aunque esta norma no es absoluta, sus excepciones son limitadas y espe-cíficas. Pueblo v. Malavé González, supra; Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986). Una de estas excepciones es cuando existe un consentimiento válido.

Como correctamente concluyó la opinión mayoritaria, para que el consentimiento sea válido se requiere que sea voluntario. Si es dado por un tercero se requiere, además, que el que lo concede tenga “autoridad común u otra relación suficiente con respecto a la propiedad” allanada. Al así dispo-ner, reiteramos la aplicación de las normas formuladas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en United States v. Matlock, 415 U.S. 164, 171 (1974). El Estado deberá probar el uso mutuo de la propiedad por personas que tienen acceso o control conjunto de ésta en cuanto a la mayoría de los pro-pósitos. United States v. Matlock, supra, pág. 171. Véase Pueblo ex rel., F.J.M.R., 111 D.P.R. 501 (1981).

Es con este criterio que la mayoría de este Tribunal decide hoy que el Estado no pudo probar la validez del registro a base del consentimiento de la señora Gascot Hernández, quien abrió la puerta de la casa y permitió la entrada a la Policía. Se concluye que “el récord está huérfano de eviden-cia” (opinión del Tribunal, pág. 440) sobre su relación con la residencia o sus dueños para probar su “autoridad común”.

Sin embargo, a base de un récord igualmente huérfano de prueba se concluye que el Estado sí cumplió su obligación de probar la validez del consentimiento del peticionario:

Es correcto que los funcionarios no solicitaron permiso ex-preso de Ortiz Rodríguez para entrar y registrar la casa. Ello no obstante, se puede hacer la inferencia lógica y razonable de que éste consintió al registro .... Tampoco objetó en ese momento el consentimiento prestado por la señora Gascot. (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 445.

No estoy de acuerdo. Todo consentimiento a un registro sin orden constituye una renuncia a un derecho constitucio-nal. Por ello, debe ser voluntario y de nuevo le corresponde al Estado probar esta voluntariedad. ¿Puede “inferirse” una renuncia válida a un derecho constitucional a base de los he-chos del caso de autos? Ciertamente, la voluntariedad del consentimiento debe determinarse a base de la totalidad de las circunstancias, pero no debe inferirse ligeramente o me-diante un proceso de lógica que no esté fundado en los he-chos probados. Si bien el consentimiento se puede deducir “del acto del acusado de permitir la entrada del agente, o . . . [de] una invitación implícita de su parte”, Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 728-729 (1961), la “prueba sobre la re-nuncia ha de ser clara, demostrativa de que no existió coac-ción verdadera de clase alguna, directa o indirecta”. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 777 (1982).

En el caso ante nos, contrario a la conclusión de la opi-nión mayoritaria, la prueba no revela que el peticionario per-mitió la entrada de los agentes ni accedió al registro del interior de la residencia. Mientras se desarrolló el allana-miento, el peticionario estaba sentado en la sala bajo la cus-todia de un agente debidamente armado. Otro policía custodiaba la entrada de la residencia y el tercer miembro del “operativo” la registró. Aunque no hubo violencia por parte de la Policía, ¿es válida la conclusión de que no hubo coacción? Por otro lado, ¿puede inferirse que el silencio del peticionario bajo custodia equivale a una renuncia tácita a su derecho constitucional?

No podemos ignorar que tradicionalmente la doctrina y jurisprudencia se han referido a consentimientos tácitos cuando existe una disposición estatutaria que autoriza regis-tros sin orden o cuando la persona consiente indirectamente al actuar de cierta forma específica. Véase W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1987, Vol. 3, Sec. 8.2(0, pág. 219. Por ejemplo, en Pueblo v. Rodríguez, 107 D.P.R. 804 (1978), afirmamos que todo comerciante que se dedica a vender licor consiente implícitamente a que los fun-cionarios del Departamento de Hacienda penetren a su ne-gocio a determinar si se ha cumplido con la ley.

Igualmente, en la jurisprudencia federal se habla de con-sentimiento implícito cuando una persona se dedica a una actividad altamente reglamentada. Se presume que sus ac-tuaciones se llevan a cabo con pleno conocimiento de que su negocio puede ser inspeccionado en cualquier momento. United States v. Biswell, 406 U.S. 311 (1972). En otros casos se señala que el consentimiento es implícito por la conducta de la persona. Así, los pasajeros de los aviones consienten al registro de su equipaje al decidir abordar el avión y el visi-tante de una cárcel consiente al registro al decidir entrar a ésta. United States v. Doran, 482 F.2d 929 (9no Cir. 1973); United States v. Sihler, 562 F.2d 349 (5to Cir. 1977). En todos estos casos de consentimiento implícito existe alguna forma de advertencia sobre la posibilidad del registro. La pérsona tiene conocimiento de esto y decide voluntariamente llevar a cabo la actividad.

Otra forma de consentimiento implícito se puede dar cuando la persona registrada obedece sin protestar al pedido de un funcionario. Esto sucede, por ejemplo, cuando un conductor accede a abrir el baúl de su auto luego de que la Poli-cía le pregunta si lo permite. La persona no accede expresa-mente, pero su acto de abrir el baúl o de entregar las llaves es suficiente para demostrar el consentimiento. Véase, por ejemplo, Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, págs. 772-773.

Sin embargo, en ninguno de nuestros casos hemos lle-gado al punto de haber reconocido un consentimiento a base del silencio de una persona en una situación como la de autos. El deber del Ministerio Público de probar que el consenti-miento fue dado libre y voluntariamente no se cumple de-mostrando simplemente la aceptación de un reclamo de autoridad por parte de la Policía, especialmente cuando esta aceptación se da en circunstancias aparentemente coerci-tivas. Aquí los policías se encontraban dentro de la casa y el recurrente estaba bajo custodia de uno de ellos. No hay prueba de que supiera qué hacían allí o qué buscaban. Tam-poco hay prueba sobre la reacción del recurrente al ver a los policías entrar a su casa o de que su silencio estuviera acom-pañado de una invitación implícita a que se continuara con el registro. En cambio, se probó que los policías no sabían de quién era la casa o quién era el recurrente, que no se le pidió su consentimiento, que fue puesto bajo custodia una vez en-traron a su casa y que se empezó a registrar inmediatamente sin hacerle pregunta alguna. A base de esta evidencia no po-demos “inferir” que el recurrente consintió al registro. No creo que el Estado haya cumplido con su deber de probar la voluntariedad del consentimiento. Por lo tanto, procede la revocación de la resolución del foro de instancia.

II

Por último, debemos comentar los pronunciamientos que hace la opinión mayoritaria por vía de dictum sobre la lia-mada doctrina de autoridad aparente. Creemos que son inne-cesarios. A base de esta doctrina, para que un registro sea válido, basta con que la Policía esté convencida de que la persona que dio el consentimiento tenía la autoridad para per-mitir el registro. No hace falta probar que la persona de hecho tuviera esa autoridad. Aunque este Tribunal no se ha manifestado anteriormente sobre la doctrina, la ponencia mayoritaria discute su aplicación a los hechos del caso de autos sin antes cuestionarse sobre las consecuencias que puede acarrear su adopción.

La doctrina tiene su origen en la decisión del Tribunal Supremo de California en People v. Gorg, 291 P.2d 469 (Cal. 1955), y desde.entonces ha sido aplicada en algunos estados y circuitos. Véanse, por ejemplo: Nix v. State, 621 P.2d 1347 (Alaska 1981); U.S. v. Miller, 800 F.2d 129 (7mo Cir. 1986); United States v. Hamilton, 792 F.2d 837 (9no Cir. 1986). Sin embargo, el trasfondo constitucional y doctrinal sobre el cual se fundan estas decisiones es distinto al nuestro. Contrario a lo que suponen los pronunciamientos de la mayoría del Tribunal, nuestra Constitución concede una amplia protección y no estamos obligados a adoptar las doctrinas más limitativas de los derechos de los ciudadanos.

La doctrina de la autoridad aparente ha sido fuertemente criticada por comentaristas y tribunales. Véase, por ejemplo, L.L. Weinreb, Generalities of the Fourth Amendment, 42 U. Chi. L. Rev. 47, 64 (1974) y la discusión citada en LaFave, op. cit, págs. 264-266. Ciertamente antes de aceptarla debié-ramos contar con una discusión sobre los fundamentos ofre-cidos para adoptarla en otras jurisdicciones y de las bases constitucionales sobre las que se sostiene. Por ejemplo, al adoptarse recientemente por dos tribunales de circuito federal, se razonó que la doctrina no iba en contra del propósito de la regla de exclusión. Sin embargo, debemos recordar que en la esfera federal ésta sólo adelanta el propósito de preve-nir futuras actuaciones irrazonables de la Policía. United States v. Calandra, 414 U.S. 338 (1974); United States v. Hamilton, supra; U.S. v. Miller, supra. Según este razona-miento, no se adelanta ese propósito cuando un policía actúa razonablemente, y la validez del registro se pierde por falta de autoridad real. Nix v. State, supra, págs. 1348-1349. La razonabilidad de la actuación de la Policía dependerá de que la información se crea correcta al momento de llevar a cabo el registro y no de que esta información resulte ser correcta o falsa. U.S. v. Miller, supra, pág. 133.

Por su parte, aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó la excepción de “la buena fe” para validar un registro fundado en una orden expedida indebidamente, dicho Foro no ha adoptado la doctrina de autoridad aparente. En United States v. León, 468 U.S. 897 (1984), se sostuvo la validez de un registro llevado a cabo con una orden ilegal-mente expedida por un magistrado, porque la Policía de buena fe confiaba en la validez de la decisión judicial. Sin embargo, en la doctrina de autoridad aparente se trata de un registro sin orden que depende del consentimiento de una persona sin autoridad alguna para otorgarlo.

Cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos modificó la regla de exclusión federal al adoptar una “excepción de buena fe” partió de dos premisas básicas: (1) que la regla de exclusión es tan sólo un remedio creado judicialmente y (2) que su única función es evitar la mala conducta de la Policía. Esta decisión ha sido criticada en repetidas ocasiones y re-chazada por tribunales estatales y tratadistas. Com. v. Upton, 476 N.E.2d 548 (Mass. 1985); People v. Sundling, 395 N.W.2d 308 (Mich. Ct. App. 1986); People v. Bigelow, 488 N.E.2d 451 (N.Y. 1985); State v. Novembrino, 519 A.2d 820 (N.J. 1987); New Jersey Supreme Court Rejects a Good Faith Exception to the Exclusionary Rule, 19 Rutgers L.J. 197 (1987); C. Francis, The “Good Faith ExceptionObit-uary for the Fourth Amendment Exclusionary Rule?, 53 UMKC L. Rev. 677, 679 (1985); Nota, The Emerging Good Faith Exception to the Exclusionary Rule, 57 Notre Dame Law. 112 (1981).

En estas circunstancias, no estoy de acuerdo con la apro-bación de la doctrina de autoridad aparente por parte de la mayoría de este Tribunal. En Puerto Rico la regla de exclu-sión de evidencia es de carácter constitucional. Constituye un instrumento fundamental para la protección efectiva del derecho a la intimidad y para evitar registros irrazonables. Es altamente cuestionable que a pesar de que aquí no hemos permitido la “excepción de buena fe” de United States v. Leon, supra, la mayoría aprovecha este caso para incorporar la doctrina de autoridad aparente y así ratificar la validez de un registro que el Tribunal concluyó fue tácitamente autori-zado. En este contexto estos pronunciamientos son innecesa-rios e incompatibles con nuestro ordenamiento constitucio-nal.

       La carterita contenía exactamente veintiséis (26) cigarrillos de marihuana.

       Hon. Miguel A. Rivera Arroyo, Juez Superior.

       Según W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1987, Vol. 3, Sec. 8.3(g), aunque el Tribunal Supremo federal nunca se ha pronunciado en cuanto a esta doctrina, hay bases razonables para pensar que la adoptaría de llegarle la oportu-nidad. No obstante, éste añade que “... si el Tribunal [Supremo] adopta la doc-trina de la autoridad aparente, esperamos que los Jueces hagan meridianamente claro que la creencia de la Policía debe ser razonable y que esto no significa que la Policía puede proceder sin investigación en circunstancias ambiguas o aceptar siempre, sin más, la asunción aparente de la persona que presta el consenti-miento, a los efectos de que ésta posee autoridad para permitir el registro. Esto es, la doctrina de la autoridad aparente no debe ser aplicada en la manera flexible e indiscriminada en que ha sido generalmente utilizada por los tribunales de California”. (Traducción nuestra y nota al calce omitida.) LaFave, op. cit, pág. 266.

       No estamos llevando a cabo un análisis exhaustivo sobre la validez del consentimiento prestado por una tercera persona en todo tipo de contexto o rela-ción; como por ejemplo, cónyuges, padres, hijos menores, arrendadores y arren-datarios, etc. Claro está, al ser el criterio establecido en United States v. Matlock, 415 U.S. 164, 171 (1974) —el de “autoridad común u otra relación sufi-ciente con respecto a la propiedad a ser registrada”- — ■ el elemento crucial para determinar la validez del consentimiento prestado por una tercera persona en general, el mismo debe ser aplicado a toda situación. Ahora bien, en cuanto a la determinación de si existe esa “autoridad común u otra relación suficiente” en esa relación en particular, debe acudirse a los principios establecidos por la jurispru-dencia relativa a cada contexto específico. Para una discusión relativamente deta-llada sobre otros tipos de relaciones, véanse: LaFave, op. cit., Secs. 8.4-8.6, págs. 274-331; W.E. Ringel, Searches and Seizures, Arrests and Confessions, 2da ed., Nueva York, Clark Boardman, Co., 1985, Secs. 9.5(a) — 9.5(e), págs. 9-32 a 9-43.

       Véanse jurisprudencia ilustrativa en LaFave, op. cit, Sec. 8.3(g), págs. 261-271. A manera de ejemplo, véanse: United States v. Isom, 588 F.2d 858 (2do Cir. 1978) (fue válido el consentimiento prestado por un arrendatario para el re-gistro de una caja fuerte propiedad de alguien que se hospedaba en el lugar, pero que no reclamó ser su propietario cuando la Policía le preguntó); State v. Lucero, 692 P.2d 287 (1984) (consentimiento válido para el registro de un locker, ya que la persona que lo prestó poseía las llaves y su nombre figuraba en el contrato de arrendamiento); Spears v. State, 605 S.W.2d (Arkansas 1980) (consentimiento válido por ser prestado por una mujer quien dijo estar a cargo de la casa de su hijo mientras éste estaba ausente); Jackson v. Unites States, 404 A.2d 911 (D.C. Ct. App. 1979) (consentimiento prestado por el marido para registrar el carro de su esposa fue válido, ya que éste describió el carro en presencia de su esposa como “nuestro carro”); State v. Christian, 26 Wash. App. 542, 613 P.2d 1199 (1980), confirmado, 95 Wash. 2d 655, 628 P.2d 806 (1981) (consentimiento prestado por el arrendador para registro contra su arrendatario fue válido, ya que el arrendador le manifestó a la Policía que el arrendatario se había marchado, aun cuando tanto el arrendador como la Policía desconocían que el arrendata-rio había regresado).

       Surge de la transcripción de la vista sobre supresión de evidencia, a la pág. 10, que a la entrada de la casa estaba la sala.

       La doctrina ha sido criticada y dudamos que sea deseable adoptarla sin una discusión adecuada para circunstancias como la del caso de autos. Véase W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1987, Vol. 3, Sec. 8.2(£), pág. 220.