text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ramón A. Martínez Torres, acusado y recurrido.

      Número: CE-88-682

      Resuelto: 27 de junio de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, abogado de El Pueblo; José Enrique Ayoroa Santaliz, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Por segunda ocasión llega a nuestra consideración este ca-so.() Ahora nos corresponde determinar el alcance de la cláusula constitucional que protege a los acusados contra una doble exposición, según dispone la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.ER.A., Tomo l. Específicamente debemos resolver en qué momento se activa la protección contra procedimientos ulteriores tras la revocación de una convicción mediante apelación presentada por el acusado para revisar una determinación de culpabilidad.

I.

Los hechos

Los hechos de este caso están reseñados en Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496, 504-509 (1988).

La exigencia de motivos fundados nó impide que los agentes del orden público actúen en forma coordinada y concertada en la persecución de un crimen. ... No debe haber duda de que un policía puede actuar según la información provista por otro miem-bro de la fuerza y puede, simplemente, presumir la confiabilidad y certeza de lo comunicado. Sin embargo, cuando se cuestiona la validez de esta actuación en el contexto de una moción de supresión de evidencia, es necesario que se presente evidencia para establecer los motivos fundados que tuvo el agente que dio la orden o que originó la cadena de información que tuvo como resultado que se ordenase el arresto.
En el caso de autos el problema consistió precisamente en que no se presentó prueba sobre motivos fundados. El tribunal no tuvo la oportunidad de evaluar la suficiencia de éstos. Aún subsiste la interrogante de si el sargento Meléndez Zambrana, el oficial de la Policía que originó el mensaje, tenía o no motivos fundados para solicitar que se realizara un arresto sin orden judicial. No desfiló prueba-sobre este particular por lo que la prueba presentada, los decks de heroína, fueron incorrectamente admitidos en evidencia. Por lo tanto, se revoca la sentencia y se devuelve el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto. (Enfásis en el original.)

Una vez devuelto el caso al Tribunal Superior, éste, con fecha de 14 de marzo de 1988, dictó la resolución que transcribimos a continuación:

Consistente con lo resuelto por el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico, Opinión y Sentencia de fecha 17 de febrero de 1988, CR-84-21, se señala una vista para el día 31 de marzo de 1988 a las 8:30 A.M., con el propósito de escuchar el testimonio del Sargento José A. Meléndez Zambrana para determinar si éste al ordenar por el sistema oficial de comunicación de la policía la detención del automóvil que conducía el acusado, tenía motivos fundados para hacerlo. Apéndice II.

El 30 de marzo de 1988 el acusado presentó un “Memorando de Derecho” en el que fundamentó su solicitud de que se dejara sin efecto la vista ordenada para el día siguiente y solicitó el archivo y sobreseimiento de las causas que motivaron dicho procedimiento. Señaló que al acusado le asiste la garantía consti-tucional contra una doble exposición; que de acuerdo a lo dis-puesto en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, el acusado no puede ser puesto en riesgo de ser castigado dos (2) veces por el mismo delito.

El Ministerio Fiscal se opuso y alegó que este Tribunal no decretó “la absolución del acusado” sino que, por el contrario, nuestra opinión y mandato “se traducen en una concesión al acusado de un nuevo juicio”. Apéndice I, pág. 4. Expuso, además, que dicho juicio no constituye una doble exposición, ya que el veredicto de culpabilidad fue revocado a instancias del propio acusado.

El tribunal de instancia, luego de analizar los planteamientos, mediante Resolución de 7 de noviembre de 1988 concluyó que al revocar de forma expresa la sentencia apelada ésta fue totalmente anulada e invalidada. Expresó que lo que resolvimos en Pueblo v. Martínez Torres, supra, fue:

Suprim[ir] la evidencia producto del arresto y registro del acusado y resolv[er] que la sentencia de culpabilidad era nula, por el fundamento de que no se presentó prueba suficiente en Derecho para el Tribunal poder hacer la determinación de si existía causa probable para el arresto del acusado.
Ello dependía de que el Sargento Meléndez Zambrana tuviera motivos fundados para solicitar a los otros agentes que realizaran un arresto sin orden judicial. . . . Ciertamente en su mandato el Honorable Tribunal Supremo no ordenó un NUEVO JUICIO. (Énfasis suplido y en el original.) Apéndice I, pág. 5.

Luego de esto, instancia determinó que después de recibir el mandato de este Tribunal no podía actuar contrario a lo dispuesto en nuestra jurisprudencia ni seguir procedimientos ulteriores contrarios o incompatibles con derechos constitucionalmente ga-rantizados al acusado recurrido. Señaló, además, que al acusado le asiste el derecho a no ser puesto en riesgo ni a ser castigado dos (2) veces por el mismo delito. De manera compatible con este señalamiento resolvió que, habiéndose completado todas las eta-pas del procedimiento criminal en este caso y habiendo ordenado este Tribunal la supresión de la evidencia y revocado las senten-cias, no puede el Ministerio Público pedir un nuevo juicio para tener otra oportunidad de presentar prueba contra el acusado. Interpretó nuestro mandato, al no ordenar éste la celebración de un nuevo juicio, como una sugerencia de que se celebrase una nueva vista con el propósito de determinar si efectivamente el sargento Meléndez Zambrana tuvo motivos fundados para orde-nar por el sistema de radio teléfono el arresto del acusado. Resolvió que de celebrarse la vista y determinarse en la misma que el sargento no tenía motivos fundados para ordenar la determinación y el arresto del acusado procedería absolver a éste, pero si se determinaba que sí tenía motivos fundados tendría que ordenar un nuevo juicio y cobraría vigencia la doctrina de doble exposición. Ante esta situación concluyó que “el único remedio justo disponible e[ra] absolver libremente al imputado”. Apéndice I, pág. 10.

Inconforme con esta resolución, el Procurador General pre-sentó petición de certiorari en la cual levantó un solo señala-miento de error: que incidió el tribunal de instancia “al decretar la absolución del acusado, a base de una interpretación errónea del alcance de la cláusula constitucional de ‘doble exposición”’. Peti-ción de certiorari, pág. 4.

Decidimos revisar y expedimos el auto.

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La garantía de protección contra doble exposición o riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito

Por mandato expreso de nuestra Constitución, en esta jurisdicción “nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos, veces por el mismo delito”. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.ER.A., Tomo 1.() A pesar de que la Constitución en materia de derechos fundamentales se aplica ex proprio vigore, sin necesidad de que existan leyes habilitadoras, la protección constitucional contra la doble exposición ha sido recogida por nuestro ordenamiento procesal criminal. Así, el Art. 6 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935 (34 L.P.R.A. sec. 6) establece claramente que “[n]inguna persona podrá ser procesada [por] segunda vez por un delito público, después de haber sido ya condenada o. absuelta por el mismo delito”. For su parte, más recientemente, las Reglas de Procedimiento Criminal también recogen esta garantía de protección a los acusados. 34 L.P.R.A. Ap. II, R.64(e).

La Regla 64(e) de Procedimiento Criminal dispone lo si-guiente:

REGLA 64. FUNDAMENTOS DE LA MOCIÓN PARA DES-ESTIMAR
La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
(e) Que el acusado ha sido convicto, o ha estado expuesto a serlo, o ha sido absuelto del delito que se le imputa. Si la moción para desestimar se basare en este fundamento, la misma expresará el nombre bajo el cual el acusado fue convicto, expuesto a convicción o absuelto, y la fecha, tribunal y lugar de convicción, exposición o absolución. La moción para desestimar podrá presentarse por cualquier acusado que hubiere sido absuelto por los méritos del caso, no obstante haber existido cualquier defecto en la acusación o denuncia.

Para poder levantar la defensa de doble exposición bajo la Regla 64(e) de Procedimiento Criminal, supra, es necesario que se den los requisitos siguientes:- “1) Que se haya iniciado o celebrado un primer juicio: a) en un tribunal con jurisdicción, b) bajo un pliego acusatorio válido, [y] c) por el mismo delito por el que se le acusa en el segundo juicio o por uno subsumido, por el cual pudo haber resultado convicto en el primer juicio .... 2) Basta que el juicio haya comenzado, o sea, que la persona quede expuesta. En casos por jurado, el juicio comienza al tomársele el juramento definitivo [al jurado] para oficiar en la causa; en casos por tribunal de derecho, al tomársele el juramento al primer testigo”. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 113.

Esta garantía constitucional cobra vigencia ante una variedad de situaciones. La misma es aplicable cuando se comienza un segundo proceso por el mismo delito una vez ha recaído absolución en el primero o cuando se comienza un segundo proceso por el mismo delito luego de una convicción en el primer proceso. La razón de ser de esta protección radica en la concepción de que al Estado, con todos sus recursos y poder, no se le debe permitir que intente en repetidas ocasiones lograr la convicción de una persona por un alegado delito. De permitirse, además de aumentar la posibilidad de que el acusado aun siendo inocente pueda ser encontrado culpable, colocaría a dicha persona en un estado de incertidumbre, obligándolo a vivir ansioso e inseguro. Además, la cláusula de doble exposición también confiere protección contra un reprocesamiento cuando el juicio previo ha terminado sin que haya habido convicción o absolución. Esto se hace para evitar que el Estado tome ventaja sobre lo aprendido en el primer juicio en cuanto a la fortaleza del caso de la defensa y las debilidades de su propio caso. Esta cláusula también evita que un mismo delito sea castigado más de una vez. 3 LaFave and Israel, Criminal Procedure Sec. 24.1, págs. 59-61 (1984).

En ocasiones anteriores nos hemos expresado sobre esta garantía constitucional en relación con su aplicación a diferentes situaciones fácticas procesales. A manera de ejemplo, véanse: Pueblo v. Rivera Ramos, 88 D.P.R. 612 (1963); Ortiz Báez v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 261 (1970); Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244 (1970); Pueblo v. Pagán Pagán, 100 D.P.R. 532 (1972); Mundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 302 (1973); Plard Fagundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 444 (1973); Pueblo v. Báez Cartagena, 108 D.P.R. 381 (1979); Pueblo v. Suárez Fernández, 116 D.P.R. 842 (1986); Pueblo v. Castro García, 120 D.P.R. 740 (1988). No obstante, la controversia específica que hoy tenemos ante nuestra consideración plantea una situación novel. Nos lleva a considerar la aplicación de la cláusula contra doble exposición en aquellos casos en que se revoca una convicción por insuficiencia de la prueba vis-á-vis cuando se revoca por haberse cometido en instancia un error de derecho.

En su ilustrada comparecencia, el Frocurador General plantea que el tribunal a quo erró al interpretar el alcance de Burks v. United States, 437 U.S. 1 (1978), y aplicar dicha interpretación a los hechos de este caso. Burks v. United States, supra, surge como corolario de la doctrina establecida en el caso de United States v. Ball, 163 U.S. 662 (1896), la cual reconoció como excepción a la prohibición constitucional contra una doble exposición la situación que se plantea cuando el propio acusado es el que solicita que le revoquen su convicción.

La decisión de United States v. Ball, supra, ha sido sostenida en casos posteriores. Véanse, entre otros: United States v. Tateo, 377 U.S. 463 (1964); Forman v. United States, 361 U.S. 416 (1960); Yates v. United States, 354 U.S. 298 (1957); Sapir v. United States, 348 U.S. 373 (1955); Bryan v. United States, 338 U.S. 552 (1950).()

En 1978, al decidir Burks v. United States, supra, el Tribunal Supremo federal resolvió que la excepción establecida en United States v. Ball, supra, no era de aplicación en aquellos casos en que la revocación conseguida en el proceso apelativo estaba fundada en la insuficiencia de la prueba ofrecida en instancia para sostener un fallo o veredicto de convicción. Se limitó así la aplicación de la excepción de United States v. Ball, supra, a aquellas situaciones en que la revocación se funda en la comisión de un error del tribunal de instancia; un error de derecho. Y. Kamisar, W LaFave, y J. Israel, Modern Criminal Procedure, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1986, Cap. 25, pág. 1417. En este sentido Burks v. United States, supra, págs. 16-17, señaló lo siguiente:

En resumen, la revocación debida a un error de derecho, distinto a cuando se trata de insuficiencia de la prueba, no constituye una decisión a los efectos de que el gobierno ha fallado en probar su caso. Como tal, nada implica respecto a la culpa o inocencia del acusado. Por el contrario, equivale a una determinación de que el acusado ha sido convicto mediante un proceso judicial defectuoso en algún aspecto fundamental, por ejemplo, admisión o supresión incorrecta de la prueba, instrucciones defectuosas o conducta indebida por parte del fiscal. Citando esto sucede, el acusado tiene un gran interés en obtener una justa readjudicación de su culpa libre de errores, así como la sociedad conserva la debida preocu-pación de asegurarse que los culpables sean castigados.
No puede decirse lo mismo cuando la convicción de un acusado es revocada debido a la insuficiencia de la prueba en el juicio, en cuyo caso el Fiscal no puede alegar la existencia de prejuicio, pues ha tenido una justa oportunidad para ofrecer toda la prueba que pueda reunir. Más aún, tal revocación apelativa significa que el caso del gobierno era tan descarnado y débil que no debió someterse a la consideración del juzgador. (Traducción nuestra, escolio omitido y énfasis suplido.)

Vemos, pues, que existen dos (2) situaciones en las cuales el tribunal apelativo puede revocar una convicción: (1) cuando instancia ha cometido un error de derecho y (2) cuando la prueba del Ministerio Público, presentada y admitida, es insuficiente para sostener la convicción.

En el primer supuesto aplica la excepción establecida en United States v. Ball, supra, a los efectos de que una vez el acusado solicita la revocación de la sentencia en su contra está impedido de levantar la protección constitucional contra una doble exposición. Esto se debe al interés que tiene la sociedad en que aquellos que han violado sus leyes sean castigados. United States v. Tateo, supra.

En el segundo supuesto entra en operación la cláusula contra la doble exposición y se impide la celebración de otro proceso judicial por el mismo delito. La razón de ser de este curso de acción radica en la impermisibilidad de ofrecerle al Fiscal una segunda oportunidad cuando inicialmente se le ofreció un proceso justo y adecuado para desfilar toda la prueba que pudo reunir y no lo hizo. Burks v. United States, supra.

Al decidir Burks v. United States, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos cualificó la excepción establecida en United States v. Ball, supra. Varios tratadistas norteamericanos coinci-den con la interpretación anterior. Al referirse a la excepción de este caso sostienen que la misma “según prevalece hoy día, consiste en que la cláusula contra la doble exposición no impide un reprocesamiento cuando el acusado convicto se las ha arreglado para, a través de una apelación o algún otro procedimiento, dejar sin efecto su convicción por otros fundamentos que no sean la insuficiencia de la prueba”. (Traducción nuestra y énfasis supli-do.) LaFave and Israel, supra, Sec. 24.4, pág. 85.

Diez (10) años después de haberse resuelto Burks v. United States, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó, en un caso cuya controversia es muy similar a la de autos, que si la evidencia ofrecida por el Estado y admitida por el tribunal es suficiente para sostener un veredicto de culpabilidad, indepen-dientemente de que dicha evidencia haya sido admitida errónea- mente o no, la cláusula contra la doble exposición no impide un nuevo proceso judicial. Lockhart v. Nelson, 488 U.S. 33 (1988).

El fundamento del Tribunal Supremo federal para tomar esta decisión radica en la consideración del proceso de admisión o supresión de evidencia como uno estrictamente de derecho, con la participación exclusiva del juez del tribunal en que se celebra el proceso contra el acusado. En este sentido expresó lo siguiente:

Nos parece, sin lugar a dudas, que, esta situación fue descrita en Burks como una revocación por “error de derecho” —instancia erró al admitir una pieza particular de evidencia, y sin ella la evidencia era insuficiente para sostener un veredicto de convicción. Pero claramente con esa evidencia, era suficiente para sostener la sentencia.... Surge con toda claridad de nuestra opinión en Burks, que un tribunal revisor debe considerar toda la evidencia admitida por el tribunal de instancia al decidir si es permisible un nuevo juicio bajo la cláusula contra la Doble Exposición. . . . (Traducción nuestra y énfasis en el original.) Lockhart v. Nelson, supra, págs. 273-274.

En nuestra jurisdicción hemos tenido oportunidad de analizar, en parte, el asunto que aquí nos ocupa. En Pueblo v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181 (1961), el apelante fue acusado del delito de asesinato en primer grado y un Jurado lo declaró convicto de asesinato en segundo grado. En su primera comparecencia ante nos, éste acudió en apelación y revocamos la sentencia que se le impuso débido a una instrucción errónea transmitida al Jurado referente a la defensa de coartada. Ordenamos la celebración de un nuevo juicio. Se celebró este nuevo proceso bajo la acusación original del delito de asesinato en primer grado. Nuevamente otro Jurado lo encontró culpable del delito de asesinato en segundo grado. Una vez sentenciado, el acusado interpuso otro recurso de apelación en el que planteó, entre otras cosas, que instancia erró al juzgarlo nuevamente por el delito de asesinato en primer grado cuando ya antes había sido convicto y sentenciado por asesinato en segundo grado. Básicamente, y en esencia, el acusado hizo un planteamiento de doble exposición. Al resolver que no le asistía la razón,() manifestamos que un acusado está impedido de levantar la garantía constitucional contra doble exposición cuando a instancias del propio acusado se anuló el veredicto de convicción y se ordenó la celebración de un nuevo juicio. “El primer veredicto, habiendo sido anulado a instancias del acusado, no constituye una exposición anterior.” Pueblo v. Pérez Martínez, supra, pág. 184. Véanse, además: Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220 (1962); Pueblo v. Sabater Mangual, 95 D.P.R. 597 (1967). A pesar de que la revocación original en Pueblo v. Pérez Martínez, supra, se debió a un error de derecho —transmisión de una instrucción errónea al Jurado al resolver la controversia, al igual que sucedió durante más de medio siglo en la jurisdicción norteamericana, United States v. Ball, supra— no hicimos distinción alguna en cuanto a la aplicación de la cláusula de doble exposición entre aquellos casos en que la revocación obedece a un error de derecho y aquellos en que la revocación surge como resultado de la insuficiencia de la prueba. En consecuencia, nos corresponde hacerlo en este mo-mento.

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El proceso de admisión o exclusión de evidencia

En Pueblo v. Martínez Torres, supra, revocamos la sentencia contra el aquí acusado por haberse admitido erróneamente como prueba de cargo las envolturas de heroína. En este primer proceso judicial llevado contra el recurrido, luego de presentadas las acusaciones, éste solicitó mediante moción la supresión de la evidencia ocupada. Esta moción fue declarada sin lugar. Poste-riormente, en el juicio celebrado ante Jurado, la defensa planteó nuevamente, sin éxito alguno, la inadmisibilidad de la evidencia.

En cuanto al momento en que debe presentarse una moción de supresión de evidencia “[h]emos resuelto que, como regla general, la solicitud y vista sobre supresión de evidencia deberá hacerse y celebrarse antes del juicio, pero que la solicitud, aun cuando se haya presentado y denegado previamente, puede reproducirse en el acto del juicio si de la prueba de cargo surge la ilegalidad del registro”. (Enfasis en el original.) Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283, 289-290 (1986). Ahora bien, “[l]a defensa tiene que poner al tribunal en condiciones de resolver que las circunstancias específicas del caso ameritan o exigen que se permita reproducir la moción de supresión de prueba”. Pueblo v. Hernández Flores, 113 D.P.R. 511, 516 (1982). Véanse, además: Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980); Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). Es menester señalar que, tanto antes del juicio como en el juicio mismo, la determinación de suprimir o no la evidencia le corresponde hacerla al juez. Pueblo v. Rivera Rivera, supra.

En su comentario a la Regla 41(e) de Frocedimiento Criminal federal, equivalente a nuestra Regla 234 de Frocedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el comentarista Orfield nos señala que aunque usualmente la moción de supresión de evidencia debe presentarse y resolverse antes del juicio, en ocasiones puede, y a veces debe, ser renovada durante el juicio. Añade que las interrogantes que surjan bajo esta regla, especialmente la suficiencia de la evidencia, serán resueltas por el tribunal y no por el Jurado. Orfield, Criminal Procedure Under the Federal Rules See. 41.54, págs. 742-743 (1967).

En este mismo sentido, nuestra Regla 9(A) de Evidencia, 32 L.ER.A. Ap. IV dispone lo siguiente:

Regla 9. Determinaciones preliminares a la admisibilidad de evidencia
(A) Cuestiones preliminares en relación a la capacidad de una persona para ser testigo, la existencia de un privilegio o la admisibilidad de evidencia serán determinadas por el tribunal sujeto a lo dispuesto en el inciso (B) de esta regla. Al hacer tales determinaciones, el tribunal no queda obligado por las Reglas de Evidencia, excepto aquellas relativas a privilegios. (Énfasis supli-do.)

Esta regla se refiere a asuntos de derecho que hay que dirimir como paso previo a la admisibilidad de evidencia. Este es el proceso a seguir una vez se presenta una moción de supresión de evidencia durante el transcurso del proceso judicial. A pesar de que dicha determinación puede conllevar el aquilatamiento de algunas cuestiones de hecho, éstas serán dilucidadas preliminarmente por el juez en ausencia del Jurado. Al comentar la Regla 104(a) de Evidencia federal, equivalente a nuestra citada Regla 9(A), el comentarista McCormick advierte que “bajo el punto de vista tradicional y el principio generalmente aceptado el juez de instancia decide con carácter de finalidad las cuestiones de hecho preliminares sobre las que depende la admisibilidad de una pieza de evidencia que ha sido objetada a base de las reglas de exclusión de evidencia”. E.W Cleary, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, pág. 135.

De todo lo anterior se desprende, con suma claridad, que la determinación de conceder o denegar la admisión de evidencia es una función exclusiva del tribunal en la cual el Jurado no tiene ingerencia alguna. Es una determinación estrictamente de derecho.

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Aplicación de las normas de derecho a los hechos de este caso

Una vez aclarado que el proceso de admisión o exclusión de prueba es uno que nuestro ordenamiento procesal delega en el juez que entiende en las causas penales, es forzoso concluir que en el caso de autos el acusado recurrido no puede ampararse en la cláusula de doble exposición.

Tomando en consideración todo lo antes discutido sobre la aplicación de las normas de Burks v. United States, supra, y Lockhart v. Nelson, supra, resolvemos, pues, que bajo las dispo-siciones de nuestra Constitución, de acuerdo con los hechos particulares acaecidos en este caso y a la situación procesal en que han ocurrido, el acusado apelante está impedido de reclamar la protección constitucional contra la doble exposición.

No se trata aquí de un caso de insuficiencia de la prueba. La sentencia contra el acusado fue revocada por haberse admitido en evidencia, contrario a derecho, las envolturas de heroína ocupa-das. Es el error del tribunal al no ordenar la supresión lo que da paso a nuestra decisión de revocar la convicción. Pueblo v. Martínez Torres, supra. No le cobija al acusado recurrido la defensa de doble exposición.

V

Disposición final del caso y conclusión

Sostiene el Procurador General que “[e]n el caso de autos, ni siquiera se trata de celebrar nuevo juicio. El ulterior procedi-miento es una vista ante el juez donde el ministerio público debe establecer la fuente de información que pudo haber tenido el Sargento Meléndez Zambrana para solicitar la intervención de los agentes con el acusado, a la luz de las directrices de la opinión de este honorable tribunal. ... Si el Pueblo satisface su carga probatoria... se valida la admisión de los ‘decks’ de heroína y el tribunal reinsta[l]a la culpabilidad del acusado, según estimada por el jurado. El acusado podría recurrir a este honorable tribunal en [certiorari] para revisar la resolución del tribunal de instancia de que había ‘motivos fundados’, lo que acarrea la confirmación de la admisibilidad de la evidencia impugnada [sic]. Si por el contra-rio, se resuelve que no había tales ‘motivos fundados’, y tal determinación adviene firme, entonces estamos ante un problema de insuficiencia de prueba y el acusado está protegido contra un nuevo juicio bajo Burks v. United States, supra”. Petición de certiorari, págs. 20-21.

Diferimos, en parte, del razonamiento del Procurador General. En Pueblo v. Martínez Torres, supra, revocamos la sentencia recurrida e invalidamos la convicción que recayó contra el acu-sado. La efectividad de nuestra opinión revocatoria no puede estar sujeta al resultado adverso para el acusado de una vista de supresión de evidencia. Dicha sentencia, una vez revocada, perdió toda vigencia y aplicabilidad y no puede ser reinstalada. En la eventualidad de que se concluya, tras la celebración de una vista de supresión de evidencia, que existieron motivos fundados para el arresto y registro del acusado,() procede en ese momento la celebración de un nuevo juicio. Resolver lo contrario sería atentar contra el derecho del acusado a obtener un juicio justo así como contra el interés de la sociedad en castigar a aquel a quien se le ha probado claramente su culpabilidad luego de pasar por el tamiz de tal proceso judicial.

Por otro lado, si en la vista se determina la inexistencia de motivos fundados, el Estado admite —y así lo expone en su comparecencia— que estaríamos frente a un problema de insufi-ciencia de la prueba.

Ahora bien, es norma establecida que, de ordinario, “una decisión suprimiendo una evidencia en particular necesariamente no implica el fin del caso; siempre existe la posibilidad de que el Ministerio Público pueda demostrar el día del juicio la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable mediante la presentación de evidencia independiente y distinta a la suprimida”. Pueblo v. Rivera Rivera, supra, pág. 290. Por entender que debemos garantizarle tal oportunidad al Estado, hemos resuelto “que un tribunal no tiene autoridad en ley para emitir un ‘fallo absolutorio’ en una vista señalada para la discusión de una moción de supresión de evidencia ya que dicho fallo sólo puede ser emitido en el contexto de un ‘juicio’. Cualquier pronunciamiento a esos efectos dentro de una vista de supresión es un acto ultra vires y nulo que es revisable, por constituir una cuestión de derecho, ante el foro apelativo, procediendo la devolución del caso al foro de instancia para la celebración propiamente del ‘acto del juicio’ sin que se violente la garantía constitucional sobre doble exposición”. Id. La norma antes expuesta tiene vigencia en circunstancias normales, como las dadas en Pueblo v. Rivera Rivera, supra, en que nunca se celebró un juicio en los méritos y la “absolución” de algunos coacusados se dio en la vista de supresión de evidencia.

Sin embargo, en el caso de autos, debido a su evolución procesal particular, no es aplicable la norma antes enunciada. En este caso el Ministerio Público tuvo oportunidad de presentar su prueba contra el acusado recurrido. Debido a la admisión errónea de parte de dicha evidencia, revocamos la convicción que recayó contra el acusado. De determinarse —en la vista de supresión de evidencia que se ha de celebrar— la inexistencia de motivos fundados que hicieran permisible la intervención de los agentes con el acusado/) no procedería la celebración de un nuevo juicio, pues estaríamos ante un problema de insuficiencia de evidencia. El Procurador General así lo entiende y lo acepta. En este caso es impermisible la presentación de nueva evidencia por parte de la Fiscalía; no se le puede ofrecer una segunda oportunidad para que presente prueba que pudo traer en el primer proceso, pero que no lo hizo. Procede, por lo tanto, que se absuelva al acusado si, tras la celebración de la vista de supresión de la heroína incautada, se determina que no hubo motivos fundados para intervenir con éste.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia en conformi-dad con lo que aquí se ha resuelto, mediante la cual se revoca la resolución recurrida emitida por el tribunal de instancia el 7 de noviembre de 1988 y se devuelve el caso para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado por los fundamentos expuestos en su disenso de 17 de febrero de 1988. Allí concluyó que existía suficiente causa probable para arrestar y registrar al acusado recurrido Martínez Torres, por lo que no era necesario el testimonio del Sargento José A. Meléndez Zambrana. El Juez Asociado Señor Rebollo López hace constar que a pesar de que entiende que la opinión emitida por el Tribunal expone en forma aceptable ciertas doctri-nas legales, disiente por cuanto es del criterio que el Tribunal, al confundir y aplicar erróneamente las mismas a los hechos parti-culares del caso, llega a un resultado completamente equivocado. En otras palabras, entiende que el recurrido Martínez Torres no puede ser juzgado nuevamente. Grady v. Corbin, 58 L.W 4599 (1990).

      (1) El 17 de febrero de 1988 revocamos la sentencia del tribunal de instancia que condenó al peticionario Ramón A. Martínez Torres a penas concurrentes de tres (3) a cinco (5) años y seis (6) meses. Dichas penas, que fueron suspendidas, correspondían respecti-vamente a infracciones al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.E R.A. see. 2404 (posesión de heroína), y a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 1152(a) (desobedecer la señal para detenerse). Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988).

      (2) La garantía que ofrece esta cláusula constitucional “se fundamenta en la necesidad de proteger al ciudadano contra hostigamientos o persecuciones vejatorias por parte del Estado en el ejercicio de su IUS PUNIENDI”. O.E. Resumil de Sanfilippo, Naturaleza, alcance y extensión de la disposición constitucional contra la doble exposición, 50 (Núms. 1-2) Rev. Jur. U.ER. 21, 58 (1981).

      (3) La opinión mayoritaria de Burks v. United States, 437 U.S. 1 (1978), surge como una reconsideración de la doctrina expuesta en United States v. Ball, 163 U.S. 662 (1896), y seguida en los casos aquí mencionados. Esto se debió a que los casos que surgieron después de United States v. Ball, supra, por lo general no distinguían entre revocaciones debidas a errores de derecho y aquellas resultantes de insuficiencia de la prueba. Esto, en opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, produjo un “estado de confusión conceptual” que fue aclarado en Burks v. United States, supra.

      (4) No está ante nuestra consideración determinar si la decisión a que llegamos en el caso de Pueblo v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181 (1961), en términos de si debió cobijar al allí apelante la cláusula contra doble exposición, estuvo correcta o no.

      (5) De la determinación que tome instancia en cuanto a si procede o no suprimir la evidencia incautada, por tratarse de una determinación de derecho, puede acudir en revisión la parte a quien la misma le sea adversa mediante el recurso de certiorari. Véase Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283, 290 (1986).

      (6) Véase esc. 6.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Lourdes Ortiz Delgado, acusada y peticionaria.

      Número: CE-90-464

      Resuelto: 27 de junio de 1990

      Juan De Jesús Vélez Rodríguez, abogado de la peticionaria; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Contra la peticionaria Lourdes Ortiz Delgado el Ministerio Fiscal radicó un pliego acusatorio ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, mediante el cual le imputó dos (2) cargos por violación a las disposiciones del Art. J¡,01 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sustancias Con-troladas), 24 L.PR.A. see. 2401, esto es, haber poseído con la intención de distribuir —actuando en concierto y de común acuerdo con otras tres personas— las sustancias controladas conocidas como cocaína y marihuana. En adición, se radicó un segundo pliego acusatorio contra la referida peticionaria —bajo la misma alegación de concierto y común acuerdo— por una su-puesta infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico (Ley de Armas), 25 L.ER.A. see. 416. La evidencia objeto de dichas acusaciones —esto es, la cocaína, la marihuana y el arma de fuego— fue ocupada en un allanamiento que agentes del orden público realizaron en la residencia donde vivía la peticionaria con su esposo —un veterano incapacitado — C) en la Urbanización Valle Sereno, Yauco, Puerto Rico.

Al ser llamados los casos para la celebración del juicio en su fondo —y conforme surge de la “minuta” que resume los proce-dimientos acaecidos el 12 de marzo de 1990 ante el tribunal de instancia— la peticionaria renunció a su derecho a juicio por jurado. Procedió, entonces, el Ministerio Fiscal a solicitar del tribunal que se enmendara el pliego acusatorio radicado para que en lugar de imputar dos (2) infracciones al antes citado Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, la acusación imputara dos (2) infracciones al Art. 404(a) de la referida ley, 24 L.ER.A. see. 2404; esto es, posesión simple de las sustancias controladas conocidas por cocaína y marihuana. La solicitud a esos efectos —producto la misma de una “alegación preacordada” llevada a cabo entre las partes— fue aprobada por el tribunal de instancia.

La peticionaria procedió entonces a hacer una alegación de culpabilidad por los delitos de infracción (dos (2) cargos) al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y por una infracción al Art. 6 de la Ley de Armas, supra, alegación que el tribunal aceptó luego de examinar, conforme a derecho, a la peticionaria. A solicitud de la defensa —sin que el Ministerio Público presentara objeción a ello en esos momentos— el tribunal refirió a. la peticionaria para evaluación e informe presentencia por parte de la oficina de oficiales probatorios.

Pendiente el acto de dictar sentencia, el Ministerio Público sorpresivamente radicó ante el tribunal de instancia un escrito que tituló “Moción Solicitando Imposición de Sentencia”. En el mismo el representante del Estado informó al tribunal, en lo pertinente, que había solicitado las enmiendas a las acusaciones por razón de que la peticionaria “es una madre que tiene varios hijos pequeños”. A renglón seguido, sin embargo, expuso:

Que no obstante a lo anterior entendemos que esta acusada no es acreedora a una sentencia suspendida y solicitamos del Honorable Magistrado que para la fecha en que está señalada la imposición de la sentencia que es el día 18 de mayo de 1990, se le imponga la sentencia máxima para cumplir en prisión. (Enfasis suplido.)

El 18 de mayo de 1990, el tribunal de instancia sentenció a la peticionaria, en relación con las dos (2) infracciones al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, supra, a sufrir una pena de tres (3) años de prisión en cada cargo y a seis (6) meses de cárcel por la infracción al Art. 6 de la Ley de Armas, supra, a ser cumplidas todas en forma concurrente entre sí. Le fueron nega-dos los beneficios de una sentencia suspendida a la peticionaria.

Procede que se enfatice el hecho de que un segundo coacusado, de nombre Nelson Quiñones Ginel, quien igualmente fuera sentenciado a tres (3) años de prisión por las infracciones a la Ley de Sustancias Controladas recibió los beneficios de una probatoria.!)

Solicitada la reconsideración de la denegatoria de la probato-ria por la peticionaria Ortiz Delgado, el foro de instancia denegó la misma. Acudió entonces dicha peticionaria ante este Tribunal —vía certiorari— imputándole al foro de instancia haber incu-rrido en “un claro abuso de discreción” al denegarle los beneficios de una sentencia suspendida.

Mediante Resolución de 15 de junio de 1990 le concedimos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el recurso radicado y dictar sentencia concediéndole los beneficios de una sentencia suspen-dida a la peticionaria. El referido funcionario ha comparecido. En su comparecencia, luego de hacer un recuento de la jurispruden-cia aplicable, suplica que resolvamos “lo que en derecho proceda”.

Luego de haber examinado los autos originales, incluso el informe presentencia rendido por el oficial probatorio, entende-mos procede resolver según lo intimado en la orden de mostrar causa emitida.

I

Recientemente —en Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990)— tuvimos la oportunidad de expresarnos respecto al asunto aquí en controversia. Expresamos en dicho caso, en lo pertinente, que:

. . . hemos resuelto que la decisión o determinación de conceder o no los beneficios de una sentencia suspendida a un convicto de delito que prima facie cualifica para recibir dichos beneficios descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); que a dicha determinación le cobija la presunción de ser una justa y correcta, Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971); que el informe que rinde al tribunal el oficial probatorio, y su recomendación sobre la concesión o no de una sentencia suspendida al convicto, no obliga al juez sentenciador, Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); que aun cuando la carencia de antecedentes penales es una circunstancia favorable para el convicto que aspira a recibir los beneficios de una sentencia suspendida, dicha circunstancia, por sí sola, no es suficiente para recibir dichos beneficios, Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597 (1954), y que, en casos de alegaciones de culpabilidad, no hay nada que impida que el juez de instancia examine el expediente fiscal con el propósito de conocer los hechos que dieron lugar a la radicación de los cargos criminales y así poder estar en mejor posición de ejercer esa discreción, Pueblo v. Feliciano, 67 D.P.R. 247 (1947).
Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el mencionado concepto “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho . . (Énfasis suplido.) Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Como expresáramos en Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200, “[discreción es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera . . .”. (Énfasis suplido.)
En relación con lo antes expresado, debe mantenerse presente que —si bien es cierto que es sobre los hombros de los señores jueces de instancia sobre los cuales recae, de manera inicial y principal, la decisión de conceder o no a un convicto de delito los beneficios de una sentencia suspendida y que, de ordinario, respe-taremos la decisión que en el ejercicio de esa discreción judicial ellos emitan— la amplia discreción judicial que dichos magistrados poseen en esta clase de situaciones no es una ilimitada y absoluta. En consecuencia, este Tribunal estará siempre presto a entender en todo caso en que, a nuestro juicio, el juez de instancia haya incurrido en un abuso de discreción al denegar, o conceder, a un convicto de delito los beneficios de una sentencia suspendida. Pueblo v. Sánchez González, ante; Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980). El presente caso es un vivo ejemplo de ello. Pueblo v. Ortega Santiago, supra, págs. 210-212.

En el citado caso de Pueblo v. Ortega Santiago, luego de examinar los hechos específicos del mismo, revocamos la deter-minación del tribunal de instancia denegatoria de la probatoria por entender que dicho foro había abusado de su discreción al así actuar. Igual conclusión se impone en el presente caso.

Un examen del informe rendido por el oficial probatorio —el cual no contiene recomendación alguna— revela que se trata de una persona sin récord penal, madre de tres (3) niños pequeños, que es querida y respetada por sus vecinos, quienes informaron al oficial probatorio que

. . . quien vendía drogas era el esposo de ésta. Expresaron que ella es víctima de él. La oían pelear con él ya que se oponía a que éste vendiera drogas en la casa. Inclusive la maltrataba física y verbalmente.

Por su parte, la peticionaria le expresó al oficial probatorio que la policía efectivamente ocupó drogas en el allanamiento que realizara de su residencia; que su esposo

... se dedicaba a vender narcóticos en grandes cantidades. Alega que su delito fue no haberlo denunciado a la policía ya que la tenía amenazada si decía algo. (Énfasis suplido.)

La División de Drogas de la Policía informó, por último, al oficial probatorio que la información que tenían —suministrada alegadamente por un confidente— era que la peticionaria vendía drogas junto a su esposo. Ello no obstante, manifestaron no tener objeción a que se le concediera la probatoria a ésta. A base de todo lo anteriormente expresado, somos del criterio que la peticionaria es acreedora a recibir los beneficios de una sentencia suspendida.

En consecuencia, se expide el auto y se dicta sentencia concediéndole los beneficios de una sentencia suspendida a la peticionaria Ortiz Delgado. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto. En vista de que la peticionaria se encuentra actualmente privada de su libertad, la presente sentencia deberá ser notificada, en adición a la vía ordinaria, por la vía telefónica al tribunal de instancia para que se expida a la mayor brevedad posible el correspondiente mandamiento de excarcelación.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto separado de conformidad.

(JEdo.) Heriberto Pérez

Secretario General Interino

—O—

Voto separado de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Estamos completamente conformes con la sentencia que hoy emite el tribunal en el presente caso. Estimamos procedente, sin embargo, expresarnos por separado en vista de una situación de hechos particular presente en el caso de autos. Nos referimos a la actuación a nivel de instancia del Ministerio Fiscal, la cual entendemos que fue una altamente irregular e impropia que no se debe repetir ni permitir.

h-H

Como surge de la sentencia emitida por el Tribunal, la peticionaria Lourdes Ortiz Delgado fue acusada, en unión a otras tres (3) personas, de dos (2) infracciones a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (Ley de Sustancias Controladas), específicamente del Art. 401 (24 L.P.R.A. sec. 2401), pliego acusatorio resultante de un allanamiento llevado a cabo por agentes de la Policía de Puerto Rico en el hogar que ésta compartía con su esposo y sus tres (3) hijos.

Producto de unas conversaciones que sostuvieron la represen-tación legal de la peticionaria y representantes del Ministerio Público —procedimiento conocido como “alegación preacordada” (plea bargaining)— el Estado solicitó, y obtuvo permiso, del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, para que se enmendara la acusación radicada para que, en lugar de imputar infracciones al Art. 401, supra, se alegaran dos (2) infracciones al Art. 404(a) de la referida Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404. Ello lo hizo el Ministerio Fiscal, naturalmente, a cambio de una alegación de culpabilidad de parte de la peticio-naria Lourdes Ortiz Delgado.

No formó parte del procedimiento de “alegación preacordada”, realizada entre las partes, acuerdo alguno relativo a la pena a imponerse y a la posibilidad, latente y factible bajo una convicción al amparo de las disposiciones del Art. 404(a) antes citado, de que el tribunal le concediera o no a la peticionaria los beneficios de una sentencia suspendida. Esto es, el Estado ni recomendaba ni objetaba la concesión de dichos beneficios. De hecho, y conforme surge de la minuta que recoge los procedimien-tos acaecidos del día 12 de marzo de 1990 ante el tribunal de instancia, luego de que la peticionaria hiciera la alegación de culpabilidad, el Estado no objetó la petición de la defensa para que el caso fuera referido para evaluación e informe, a la oficina de oficiales probatorios.

Con posterioridad a ello, en una acción realizada en violación del procedimiento de “alegación preacordada”, el representante del Ministerio Fiscal() radicó una moción en que, en lo perti-nente, expresó:

1. Que la co-acusada Lourdes Ortiz Delgado hizo alegación de culpabilidad por dos infracciones al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico el día 12 de marzo de 1990 ante el Honorable Juez Rafael Riefkhol Marcano.
2. Que ese día el fiscal que suscribe solicitó del Honorable Magistrado la enmienda de la acusación que pesaba contra la co-acusada Lourdes Ortiz para que en lugar de imputársele dos infracciones al Art. 401 de la referida ley se le imputaran dos cargos por 404(a).
3. Que aunque en el allanamiento que se llevó a cabo por la División de Yauco allá para el día 18 de noviembre de 1988 y por el cual fu[e] arrestada y acusada Lourdes Ortiz se ocupó gran cantidad de Sustancias Controladas, un arma de fuego, balas y bastante material de parafernalia, hemos tomado en consideración que es una madre que tiene varios hijos pequeños y por eso nos hemos allanado a lo antes mencionado.
4. Que no obstante a lo anterior entendemos que esta acusada no es acreedora a una sentencia suspendida y solicitamos del Honorable Magistrado que para la fecha en que está señalada la imposición de la sentencia que es el día 18 de mayo de 1990, se le imponga la sentencia máxima para cumplir en prisión. (Énfasis suplido.)

Realmente resulta lamentable y desafortunado que haya sucedido una situación como la que surge de lo antes transcrito. La misma constituye prueba fehaciente de que el referido Fiscal incumplió, a sabiendas, con su deber como representante del Ministerio Publico y, en adición, con la palabra que, como funcionario que es del tribunal, había empeñado ante dicho foro.

Tenemos serias reservas sobre la legitimidad de la razón brindada por el representante del Ministerio Público —que la peticionaria “era una madre con tres hijos”— para rebajarle la calificación del delito a la peticionaria. ()

De todas formas, fuera por la razón que fuera, el Estado llegó a un acuerdo e hizo un compromiso: reducir la calificación del delito a cambio de una alegación de culpabilidad por parte de la peticionaria sin que hubiera acuerdo alguno sobre la pena a recomendarse y la concesión, o no, de los beneficios de una sentencia suspendida. Al radicar la moción a la que hemos hecho referencia anteriormente, el Fiscal faltó a la palabra que había dado y, en consecuencia, violó el acuerdo formal que había suscrito ante el tribunal de instancia.

Conducta de esta naturaleza, de ser tolerada en el futuro a nivel de instancia, dará al traste con el procedimiento de “alegación preacordada”, refrendado el mismo por las disposi- dones de la Regla 72 de las vigentes Reglas de Procedimiento Criminal de 196S, según enmendadas, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Como expresara el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Blackledge v. Allison, 431 U.S. 63, 71 (1977):

Cualquiera que sea la situación en un mundo ideal, el hecho es que las alegaciones de culpabilidad y el procedimiento concomitante de la alegación pr[ea]cordada son importantes componentes del sistema de justicia criminal de este país. Correctamente adminis-tradas, éstas pueden resultar en beneficio para todos los concernidos. (Traducción nuestra.)

Estamos conscientes del hecho que el procedimiento de “alegación preacordada” puede resultarle antipático a muchas personas. Incluso, es posible que el mismo sea considerado por muchos como un “mal necesario”. Ello no obstante, y como expresara este Tribunal en la decisión que sirvió de base a la citada Regla 72 de Procedimiento Criminal, dicha práctica

... es una realidad que no puede soslayarse por más tiempo. Hay que descorrer su velo de misterio y dejar sentado, a plena luz, que la negociación de alegaciones de culpabilidad es una práctica de gran utilidad para el sistema de impartir justicia y debe estimu-larse. Véanse, e.g., Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357, 361 (1978); Blackledqe v. Allison, 431 U.S. 63, 71 (1977); Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 260-261 (1971). Sin las alegaciones preacordadas sería muy difícil, si no imposible, enjuiciar a todas las personas acusadas de cometer delitos dentro de los términos mandados por el ordenamiento procesal y por la Constitución.

Independientemente de todo lo anteriormente expresado, mientras dicho procedimiento de “alegación preacordada” sea parte integral del procedimiento criminal en nuestra jurisdicción, los tribunales de instancia no deben permitir que el mismo sea impunemente violado por ninguna de las partes. Debe recordarse que no hay obligación alguna de entrar en este procedimiento. Una vez se perfecciona el mismo, sin embargo, sus acuerdos tienen que ser respetados.

      (1) El esposo de la peticionaria Ortiz Delgado, Pablo Roura Torres, también fue acusado por estos hechos. Unas dos (2) personas adicionales, de nombres Nelson Quiñones Ginel y Nelson Rivera Lugo, igualmente fueron acusados por dichos hechos.

      (2) El caso del tercer coacusado, Pablo Roura Torres, quien es el esposo legal de la peticionaria, está pendiente de la celebración de una vista de procesabilidad ante el foro de instancia. El coacusado Nelson Rivera Lugo había hecho alegación de culpabilidad, igualmente por infracción al Art. 404(a) de la citada Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404, y fue sentenciado a cumplir cinco (5) años de prisión.

      (1) Hon. Néstor L. Santiago Feliciano, Fiscal adscrito a la División de Drogas de la Fiscalía de Ponce.

      (2) En primer lugar, si es que era cierto que la peticionaria era criminalmente responsable de poseer “gran cantidad de sustancias controladas”, entonces el referido fiscal no ha debido rebajar la calificación del delito imputado de violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.ER.A. see. 2401. La posesión por una persona de gran cantidad de narcóticos es índice incuestionable de posesión con intención de distribuir, esto es, que la persona se dedica a la venta de esos narcóticos. Esa persona no merece compasión ni oportunidad alguna. Debe ser debidamente juzgada por el delito imputado, y si es declarada culpable de ello, debe ser sentenciada a cumplir las fuertes penas que dispone la referida ley, la cual niega de forma automática la concesión del beneficio de una probatoria.
      Es muy factible, en segundo lugar, que hubiera “problemas” técnicos con el allanamiento realizado y que la legalidad de éste no pudiera ser sostenida. índice de ello lo constituye que a otros dos coacusados por los mismos hechos igualmente se les rebajó la calificación a una infracción al antes citado Art. 404(a), 24 L.P.R.A. sec. 2404(a). A ellos, ciertamente, no les es aplicable la razón brindada por el Fiscal, en relación con la peticionaria, para rebajar la calificación del delito.

      For otro lado, del informe rendido por el oficial probatorio surge con meridiana claridad una posible “defensa”, que, en un juicio en sus méritos, podría quizás haber encontrado apoyo en el ánimo de un Jurado. Conforme dicho informe, los vecinos inmediatos del mencionado matrimonio eran de la opinión que la peticionaria no estaba envuelta directamente con las sustancias controladas en controversia; que su esposo era el responsable de ello y que ellos dos habían tenido serias desavenencias al respecto. En resumen, es muy posible que el Ministerio Fiscal tuviera serias dudas sobre el resultado del caso de ir a juicio plenario y que esa fuera la verdadera razón para rebajar la calificación del delito a los tres imputados.


author: per curiam:

text:
      In re Myrna Rosa Serrano Casanova.

      Número: 7593

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante; Myrna R. Serrano Casanova, pro se.

   I

per curiam:

El 22 de noviembre de 1989, mediante opinión per curiam, suspendimos a la notario Myrna R. Serrano Casanova del ejercicio de la notaría por un período de seis (6) meses. Subsiguientemente —advertido el Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, de que su obra notarial podía correr peligro por razón de una mudanza— el 27 de noviembre de 1989 se incautó de la misma.

Así las cosas, a principios de diciembre de 1989 la licenciada Serrano Casanova acudió a las oficinas de dicho funcionario y examinó las numerosas deficiencias de su obra notarial. Conforme al informe rendido el pasado 19 de febrero de 1990, existen un sinnúmero de escrituras anulables por carecer de sellos de Rentas Internas e impuestos notariales, y además, muchas de ellas no tienen su firma como tampoco las iniciales y la firma de los comparecientes:

El pasado 15 de mayo concedimos término a la licenciada Serrano Casanova para que compareciera a mostrar causa por la cual no debíamos separarla indefinidamente de la notaría. Trans-currido en exceso el término concedido, resolvemos.

HH ) — I

Al presente, 11 de junio de 1990, según memorando del licenciado Martínez Suris, las deficiencias subsisten. Aparte de las omisiones de firmas e iniciales, hay una deficiencia en sellos de Rentas Internas ascendente a $3,409 y $111 en sellos notariales.

Las circunstancias pertinentes en este caso exigen nuestra inmediata intervención y nos obligan a reafirmar la suspensión del ejercicio de la notaría de la Leda. Myrna R. Serrano Casanova. En múltiples ocasiones hemos reiterado “que la obligación de cancelar sellos en los instrumentos públicos es de estricto cumplimiento y su omisión expone al notario a sanciones disciplinarias”. In re Duprey Maese, 125 D.P.R. 336 (1990), y casos allí citados. Las deficiencias son graves y deben ser subsanadas. En consecuencia, se concede a la licenciada Serrano Casanova treinta (30) días para que proceda a corregir las deficiencias apuntadas, incluso a suplir su firma en varias escrituras de forma tal que sus otorgantes puedan obtener copias certificadas para fines regístrales.

Efectuado ese trámite, dispondremos de la sanción en el ámbito notarial.. Queda, además, apercibida de que su incumpli-miento podrá dar margen a que sea disciplinada como abogada.

Se dictará la correspondiente sentencia.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Banco de Santander de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Daniel Rosario Cirino, demandado y recurrido; Celestino Rosario Manso, interventor y peticionario.

      Número: CE-87-397

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Luis E. Gandía Arguelles, abogado del interventor y peticionario; Andrés J. GarcíaArregui y Homero González López, de García-Arregui & Fullana, abogado del Banco de Santander, recurrido; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Antonio Figueroa Rodríguez, Procurador General Auxiliar, en Informe.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Una palabra escueta, fría, despojada de su contexto vital, separada del ámbito humano y social que le da profundo y verdadero sentido puede resultar vacía, insustancial. A la palabra es necesario llenarla de su auténtico contenido esencial. La palabra —bien atendida y como instrumento difusivo— debe nombrar con exactitud y equidad su existencia propia.

Tal es el caso del término “inmueble”. No siempre ni necesa-riamente ha de entenderse desde la impasible perspectiva de su definición gramatical. Más allá de su acepción jurídica, decir “inmueble” es decir finca, edificio, bienes raíces o, lo que es lo mismo, cosas, estructuras, que pueden construirse o destruirse, que pueden medirse y comerciarse.

Pero en el caso que nos ocupa, ese “inmueble” —y no queda otra conyuntura que recurrir a este término— es algo más que una locución verbal o escrita. Es techo, es vivienda, es centro de trabajo, es familia, es lugar donde se reúne y se ampara un grupo de seres humanos. Para una humilde familia de Piñones, rincón que pertenece a una isla de reducida extensión y acosada por problemas de sobrepoblación, falta de vivienda y desempleo, su “inmueble” no es meramente tierra, zinc, madera y cemento; “inmueble” es abrigo para escapar de las inclemencias de su vida pobre, es su pequeño y único territorio, su mundo entero, su absoluto Universo. Todo lo que la existencia les niega lo compensa ese mínimo y, a la vez, inconmensurable resguardo de su hogar.

Hay que revisar aquí, frente a esta circunstancia y a la luz de la verdadera justicia, el alcance y la eficacia de ese término. Hay que incorporarle la connotación que nos permita pensar, analizar, decidir y actuar también conforme a una ley moral y humana que nos exima de un acto no sólo de escueta justicia, sino de noble justicia. Y lo más noble y doblemente justo que corresponde aquí es proteger, el derecho de los legítimos dueños de ese inmueble. Expongamos los hechos.

í — 1

El ingeniero químico Daniel Rosario Cirino celebró un con-trato de préstamo (para el desarrollo de un artefacto comercial) con el Banco de Santander (Banco), el cual evidenció con un pagaré al portador por la suma principal de $50,000, intereses a razón de diecisiete por ciento (17%) anual hasta su pago total y $5,000 para gastos, costas y honorarios de abogado. Garantizó esta obligación con una hipoteca sobre un inmueble sito en el Barrio Torrecillas de Loíza.() El gravamen se hizo constar en la Escritura Núm. 52 otorgada en San Juan el 15 de octubre de 1982 ante el notario Juan M. Rivera González.

Como Rosario Cirino incumplió la obligación, el Banco declaró vencida la totalidad de la deuda y el 18 de noviembre de 1983 instó demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca en el Tribunal Superior, Sala de Carolina. Rosario Cirino no compareció, y el 14 de noviembre de 1984 dicho tribunal dictó sentencia en rebeldía que declaró con lugar la demanda y ordenó la venta de la propiedad en pública subasta.

Iniciados los trámites de ejecución de la sentencia, Celestino Rosario Manso, de ochenta y dos (82) años, y quien vivía en el inmueble junto a su esposa, advino en conocimiento de la situación y presentó demanda de intervención. En síntesis, alegó ser el único y universal heredero de su madre María Elias Rosario París y de su hermana Isabel Rosario, quienes fallecieron el 4 de febrero de 1935 y el 4 de noviembre de 1982, respectivamente; que aun así, su madre aparecía otorgando una escritura de compra-venta ante el notario Rafael Rodríguez Alvarez, el 12 de marzo de 1982, mediante la cual vendía a Rosario Cirino la propiedad objeto de la ejecución y que su madre adquirió dicha propiedad mediante la Escritura Núm. 133 de División de Comunidad Hereditaria otorgada el 1ro de septiembre de 1928 ante el notario Adrián Agosto Abadía. Expuso que dicha escritura, un mandamiento al Registrador de la Propiedad y una resolución dictada el 13 de septiembre de 1982, en el caso ventilado en el Tribunal Superior, Sala de Carolina (Civil Núm. 82-2600 sobre información Ad Perpetuam Rei Memoriam),( ) se presentaron en el Registro de la Propiedad el 16 de septiembre de 1982. La finca en cuestión (Núm. 8110) se inscribió a nombre de María Elias Rosario París el 20 de septiembre de 1982. Sostuvo, además, que la alegada venta realizada por su madre cuarentisiete (47) años después de su fallecimiento, por razones obvias, era fraudulenta y carecía de validez. Pidió que se declarase nula, e igual pronunciamiento solicitó con respecto a todas las transacciones posteriores funda-das en dicho contrato, incluso la hipoteca.

Alegó, además, que al momento del otorgamiento de la escritura de hipoteca, el demandado recurrido Rosario Cirino no figuraba como titular registral porque todavía no había presen-tado la escritura de compraventa mediante la cual alegadamente adquirió la propiedad que, en tales circunstancias, no procedía en derecho catalogar al Banco como tercero registral.

A tono con esas alegaciones, el interventor y peticionario Rosario Manso solicitó que se dejara sin efecto la Sentencia de 14 de noviembre de 1984, que se anularan las escrituras de compra-venta de 12 de mayo de 1982 y de constitución de hipoteca de 15 de octubre de 1982, y sus correspondientes inscripciones regístrales, que se le denegara al Banco la condición de tercero registral, que se le declarara legítimo propietario del inmueble, que se ordenara la inscripción a su nombre, y que se fijaran las responsabilidades correspondientes.

En su réplica el Banco alegó, como defensa afirmativa, que el demandado recurrido Rosario Cirino era tercero hipotecario porque adquirió de la madre del interventor y peticionario cuando ésta aparecía como titular registral. Alegó que su estudio de título así lo acreditaba y, aun cuando el título —Escritura de Compra-venta— no se hubiera presentado en el Registro de la Propiedad, tenía y debía extendérsele la protección. A modo de paréntesis, es pertinente resaltar que el Banco admitió que al 15 de octubre de 1982 —fecha en que se otorga la escritura de hipoteca— el demandado recurrido Rosario Cirino no había presentado su alegado título de la propiedad brindada en garantía. En síntesis, el Banco sostuvo que su deudor hipotecario Rosario Cirino era tercero registral y esa condición le era extensible. En virtud de todas esas alegaciones, el 29 de enero de 1987 el interventor y peticionario Rosario Manso solicitó sentencia a su favor sobre la titularidad reclamada.

El ilustrado tribunal de instancia (Hon. Gilberto Gierbolini, Juez), el 23 de enero de 1987, dictó sentencia y reconoció el carácter de tercero registral del Banco, así como la legitimidad de la hipoteca inscrita a su favor. Nada proveyó en cuanto al reclamo del interventor y peticionario Rosario Manso para que se decla-rara nula la inscripción de transferencia del dominio sobre la finca. Por el contrario, ordenó la continuación de los procedimientos de ejecución de la sentencia dictada en rebeldía contra el demandado recurrido Rosario Cirino. Las solicitudes de reconsideración y relevo de sentencia del interventor Rosario Manso no fueron acogidas.

Inconforme con esa decisión, Rosario Manso recurrió ante nos. Por vía de reconsideración, mediante orden de mostrar causa, revocamos.

b — í

Los hechos expuestos nos enfrentan a una situación de clara discrepancia entre los términos de los asientos del Registro de la Propiedad y la realidad jurídica extrarregistral. Rosario Cirino, titular registral, nunca adquirió legalmente el dominio de la finca que es objeto de la ejecución de sentencia. Ello es así porque en el contrato de compraventa no concurrieron todos los requisitos que exige el Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3391. Este es el típico contrato fraudulento donde el dueño del inmueble no presta el consentimiento para la enaj enación. () Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 186 (1985). Nulo radicalmente el contrato, el interventor y peticionario Rosario Manso, quien lo adquirió por herencia, es su legítimo dueño.

Ante esta situación, el acreedor hipotecario sólo puede preva-lecer si demuestra que le protege la fe pública registral. Veamos.

Nuestro ordenamiento jurídico inmobiliario, acorde con la tradición española, integra el principio de la fe pública registral. De esta manera quedan protegidos los terceros que por negocio jurídico válido adquieran confiando en el contenido del Registro de la Propiedad. Sobre este particular, el Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipotecaria), 30 L.ER.A. see. 2355, dispone:

A pesar que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan como partes en dichos actos o contratos, el tercero que de buena fe y a título oneroso adquiera válidamente algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultad para transmitirlo será mantenido en su adquisición, una vez haya inscrito su derecho, cuando por cualquier razón resulte inexacto el Registro, bien sea que se rescinda, resuelva o anule el título del otorgante en virtud de causas que no resulten clara y expresamente del propio Registro, o que existen sobre la finca acciones o títulos de dominio o de otros derechos reales que no estén debidamente inscritos.
Al respecto ha de entenderse por Registro los asientos relativos a una finca o derecho, no extinguidos según lo dispuesto en la see. 2451 de este título, que se refieran a cargas y gravámenes o a derechos que no sean el que transfiere o grava, además del asiento que publica el derecho del trasmitente.
La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se pruebe que al adquirir conocía la falta de exactitud del Registro.
El adquirente a título gratuito sólo gozará de la protección registral que corresponde a sus causantes o transferentes.
En ningún caso afectarán a tercero los derechos meramente mencionados o la indebida constancia de obligaciones.

La figura del tercero registral tiene un objetivo fundamental: proteger a los acreedores y dueños del capital financiero^) Surge en un momento histórico en que todavía el ordenamiento no había elevado a principio fundamental o categoría moral el derecho a la vivienda,!) en países sin experiencia constitucional ni garantías al disfrute de la propiedad como las que conocemos hoy.

En Housing Investment Corp. v. Luna, 112 D.P.R. 173, 175 (1982), señalamos que la Ley Hipotecaria cumple propósitos de valor social y fomenta la adquisición de viviendas. Hoy reconocemos la necesidad de evitar que se convierta en un instrumento de despojo que derrote ese valor.

El interventor y peticionario Rosario Manso nos solicita que evaluemos la constitucionalidad del Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra. No es necesario. Es norma que los tribunales no juzgarán una cuestión constitucional, aunque se haya sometido propiamente en los autos, si existe un fundamento de otra índole que permita su solución en armonía con los mejores fines de la justicia. Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971).

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Como puede observarse, el Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra, le impone varios requisitos a aquellos que reclamen la protección del Registro de la Propiedad. Los requisitos son susceptibles de acuñarse en la máxima siguiente: deberá ser un tercero civil que de buena fe y a título oneroso, en un negocio intervivos válido, adquiera un derecho real inmobiliario inscrito de persona que en el Registro de la Propiedad aparezca con facultades para transmitirle, en función de'un registro inexacto, sin que consten clara y expresamente las causas de la inexacti-tud ni concurra alguna de las excepciones a la aplicación de la fe pública registral y que, a su vez, haya inscrito su adquisición. Desglosémoslos sucintamente:

1. Tercero civil

De acuerdo con el Código Civil, el concepto tercero es incompatible con el concepto parte contractual o, dicho de otra manera, la persona del tercero es la que no es parte en el contrato.() El Prof. Herminio M. Brau Del Toro define el tercero como la “[p]ersona que no es parte (o heredero de éstos) en un acto o contrato y que ejercita derechos adquiridos de buena fe que están en conflicto con quienes intervinieron en el acto o contrato”. H.M. Brau del Toro, Apuntes para un curso sobre el estado del derecho inmobiliario registral puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1983, 48 Rev. Jur. U.P.R. 113, 355 (1979). Véase, además, D. Martínez Irizarry, El principio de fe pública registral en Puerto Rico, 28 Rev. C. Abo. ER. 719 (1968).

2. Adquirente

No basta ser tercero simple, tiene que ser un tercer adquirente. Roca Sastre lo define como “el que subentra en virtud de negocio jurídico en el derecho de su autor o transferente y, por tanto, en una relación jurídica de éste, singularmente considerada, y, por ello, es causahabiente del mismo (causam habet ab alio), pero entre vivos”. R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I, pág. 608. Apunta, además, que “ha de ser una adquisición derivativa y no originaria. De ahí que no son terceros adquirentes los que adquieran la propiedad por ocupación, accesión, usucapión, expropiación (salvo convenio inicial, y no en la fijación del importe de la indemniza-ción), confiscación, etc.”. Id., pág. 608 n. 1.

3. De un derecho real inmobiliario inscrito

Es necesario aclarar que el tercero hipotecario no es perfecto sinónimo del tercero adquirente civil. “El tercero hipotecario es un tercer adquirente por negocio jurídico de un derecho real inmobiliario inscrito. Adquirir por negocio jurídico es circunstancia común que asimila al tercero hipotecario con el tercer adquirente civil o general, pero aquél sólo puede ser un adquirente de derecho real inmobiliario inscrito y, por tanto, relativo afinca inmatricidada en el Registro, mientras que el segundo es indiferente que lo que adquiera sea un derecho real inmobiliario inscrito o no inscrito, o un bien mueble o un derecho personal o de crédito.” (Enfasis en el original.) Roca Sastre, op. cih, pág. 618.

4. De buena fe

Se ha postulado que la buena fe exigida aquí no es equivalente al principio de honradez o lealtad consagrado en el Código Civil. El Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra, exige una buena fe de tipo subjetiva, psicológica e intelectiva. Roca Sastre, op. cit., pág. 648, la resume como “el desconocimiento, por parte del tercer adquirente, de la inexactitud del Registro”. No obstante, en nuestro ordenamiento este concepto debe verse en consonancia con lo expresado en Pascual v. Fernández Sierra, 108 D.P.R. 426, 434-436 (1979); Sánchez v. Colón, 97 D.P.R. 493, 497 (1969), y Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363, 376 (1963). Véanse, además: Jordán-Rojas v. Padró-González, 103 D.P.R. 813, 820-821 (1975), y García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120 (1986), donde expresamos que no se pueden desvincular los principios generales del derecho hipotecario de la buena fe en la contratación. Contrario a la doctrina mayoritaria española, núes-tra jurisprudencia ha incorporado un elemento de diligencia.!) Como Vallet De Goytisolo citado por Lacruz Berdejo, creemos “que el ordenamiento hoy vigente, impone al tercero, para ser de buena fe, cierta obligación de diligencia, por cuanto, con arreglo al art. 36 [de la Ley Hipotecaria española], para demostrar la mala fe de un adquirente basta probar que conoció la posesión de hecho de la finca, a título de dueño, por persona distinta de su transmitente, o que tuvo medios racionales y motivos suficientes para conocerla”. A lo que Lacruz Berdejo añade: “en el propio concepto de la buena fe va ínsito siempre, en correspondencia con su fundamento ético y su condición de regla del comportamiento humano, un mínimo grado de diligencia.” J.L. Lacruz Berdejo, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Librería Bosch, 1968, págs. 225-226.

Con el requisito de buena fe sólo tiene que cumplir el tercer adquirente y no el transferente. Se requiere en el momento en que, de acuerdo con el Código Civil, “queda concluso el negocio jurídico de adquisición por el tercero”. (Énfasis suprimido.) Roca Sastre, op. cit, pág. 695.

El propio Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra, dispone que se presume la buena fe del tercer adquirente. Como presunción legal inris tantum, el impugnador tiene la carga de probar la mala fe del adquirente.

... La presunción legal de buena fe, por su carácter inris tantum, es enervable, y para esto y asimismo conseguir se declare que el tercer adquirente procedió de mala fe, ha de resultar probado que este tercero conoció indudablemente al adquirir, que el Regis-tro era inexacto, en el sentido amplio antes indicado.
El planteamiento de este caso entraña resolver una cuestión de hecho cuya apreciación y decisión corresponde a los Tribunales de instancia, y sólo excepcionalmente puede alcanzar las alturas de la casación. Roca Sastre, op. cit., pág. 708.

5. A título oneroso

Este requisito exige que la adquisición se haya realizado mediante un negocio jurídico bilateral a través de contraprestaciones recíprocas. La definición excluye a los donatarios; y la determinación de si el negocio fue oneroso o gratuito deberá hacerse de acuerdo con el derecho civil puro. Roca Sastre, op. cit., pág. 720. De ese modo, el cuarto párrafo del Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra, dispone que “[e]l adquirente a título gratuito sólo gozará de la protección registral que corresponde a sus causantes o transferentes”.

6. En un negocio intervivos válido

El negocio de adquisición tiene que ser válido de acuerdo con el Código Civil. Debe cumplir con los requisitos de objeto, consentimiento, causa y capacidad de las partes.

7. De persona que en el Registro de la Propiedad aparezca con facultades para transmitirle

Quien alegue ser tercero hipotecario debe haber adquirido del titular registral o de su representante. “Esta es la razón por la cual se está dando esta protección excepcional; porque se trata de una persona que confió en esa constancia, adquirió de esa persona y cumplió con todos los demás requisitos, entonces está protegido por el Registro, no importa cuál fuera la verdadera situación extra[r]registral.” D. Martínez Irizarry, Los principios hipotecarios bajo la nueva legislación en Puerto Rico, 50 Rev. Jur. U.P.R. 195, 201 (1981). Sobre este aspecto, Roca Sastre, op. cit, pág. 724, señala que “presupone que al tiempo de la adquisición por el tercero ya ha de aparecer del Registro como titular del derecho enajenado, aunque no conste practicada la inscripción a su favor [del transferente] pero sí presentado su título adquisitivo y que éste llegue a inscribirse”. Véanse, además: Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1, 35 (1961); Monserrate v. Lopés, 80 D.P.R. 491, 503 (1958); Pérez v. Cancel, 76 D.P.R. 667, 676 (1954); Olmedo v. Balbín, 69 D.P.R. 588, 592 (1949); Lizardi v. Caballero, 65 D.P.R. 83, 89 (1945).

8. Adquisición en función de un registro inexacto

El registro es inexacto cuando está en desacuerdo con la realidad jurídica extrarregistral en cuanto a los derechos inscribibles. Otra vez Roca Sastre, op. cit., pág. 733, nos comenta: “[E]l contenido del Registro puede ser inexacto: por error cometido al practicar los asientos, por no haber tenido acceso registral algún título o relación jurídica registrable, por no existir el derecho o titularidad registrados debido a falsedad, nulidad u otro defecto del título inscrito o haber quedado anulado, resuelto, rescindido o revocado el derecho o el título registrado o inscrito, por haberse modificado o destruido la eficacia de un crédito hipotecario, y por cualquier otra análoga causa.”

9. En el Registro de la Propiedad no constaban clara y expre-samente las causas de la inexactitud registrai

Para comprender este requisito es necesario que nos remitamos a la definición de registro del propio Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra,() la cual señala que registro son “los asientos relativos a una finca o derecho, no extinguidos según lo dispuesto en la see. 2451 de este título, [por su cancelación, caducidad o conversión] que se refieran a cargas y gravámenes o a derechos que no sean el que transfiere o grava, además del asiento que publica el derecho del trasmitente”.

10. Que no concurra alguna de las excepciones a la aplicación de la fe pública registrad

La propia Ley Hipotecaria, por consideraciones especiales, limita en algunas ocasiones la plena eficacia de la fe pública registral. En ciertos casos le niega al tercero hipotecario definitiva e indefinidamente la protección de la fe pública del Registro de la Propiedad y, en otras ocasiones, la suspende temporeramente.

11. Inscripción del derecho o título adquisitivo

En la doctrina existen discrepancias en cuanto al momento en que se inician los efectos protectores del Registro de la Propiedad. Algunos tratadistas sostienen que es desde que el tercer adquirente logra la inscripción de su título, mientras que Roca Sastre, op. cit., pág. 730, es del criterio que la función protectora se retrotrae al tiempo en que tuvo lugar el acto adquisitivo.

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Al aplicar esta normativa al caso de autos, es forzoso concluir que el acreedor hipotecario, el Banco, no está protegido por la fe pública registral. Definitivamente, no concurren todos los requi-sitos y las circunstancias antes discutidas. Veamos.

Primero, el Banco no puede cobijarse en la supuesta condición de tercero registral del deudor. Como hemos demostrado, Rosario Cirino fue parte en el negocio impugnado, lo que lo descualifica para la protección registral.

Segundo, el Banco no adquirió el derecho del titular registral. Al momento de otorgarse la Escritura de Constitución de Hipoteca Núm. 52 de 15 de octubre de 1982, la propiedad aparecía inscrita a nombre de María E. Rosario París. “Es doctrina consistentemente reiterada que no es tercero hipotecario aqu[e]l que ha adquirido título de persona que, a la fecha de su otorgamiento, no aparece en el Registro con derecho para otorgarlo.” Fuentes v. Sucn. Fuentes, 94 D.P.R. 588, 593 esc. 4 (1967). Véanse, además: Zalduondo v. Iturregui, supra, pág. 35 esc. 22; Monserrate v. Lopés, supra; Olmedo v. Balbín, supra. La naturaleza constitutiva de la hipoteca no altera esta norma. Debe atenderse al momento en que se verificó el contrato de hipoteca y no al de su presentación en el Registro de la Propiedad. Esta doctrina está en armonía con la apreciación de Roca Sastre, op. cit., pág. 724, contraria a la posición de Sanz, Molina Ravello y otros autores, para quienes lo importante es que al tiempo de inscribirse la adquisición del tercero conste inscrito el derecho correspondiente a favor del transmitente.

El foro de instancia se apoyó en unas expresiones vertidas en Ponce Federal Savings v. Registrador, 105 D.P.R. 486 (1976). Allí reiteramos la capacidad para hipotecar del dueño sin título inscrito en el Registro de la Propiedad en el contexto siguiente:

En la profusa compraventa de viviendas en Puerto Rico es práctica corriente, y enteramente legal, como se indica más ade-lante, constituir hipoteca en garantía del precio aplazado en el mismo acto en que se otorga el título de propiedad, sin esperar por la inscripción del dominio a favor del comprador hipotecante. La teoría de la recurrente impondría la supresión total del presente método de financiamiento de viviendas. Ponce Federal Savings v. Registrador, supra, pág. 489 esc. 4.

Sin embargo, no tomó en consideración las circunstancias peculiares que propiciaron ese pronunciamiento, así como otras cualificaciones posteriores de este Tribunal.() No debió perder de perspectiva que Ponce Federal Savings v. Registrador, supra, se decidió ante una situación táctica que exigía discutir el asunto de la facultad del dueño sin título inscrito para gravar sus bienes. Empero, no enfrentábamos el problema de la protección que puede ofrecer el Registro de la Propiedad en dicho ámbito.

Es necesario destacar que en el caso de autos no nos confrontamos con el típico negocio de financiamiento de viviendas, donde el dueño y titular registral del inmueble comparece como vendedor en el mismo acto en que el comprador y el acreedor hipotecario otorgan la escritura de hipoteca. Aunque la compraventa y la hipoteca son dos negocios diferentes, pueden otorgarse unitariamente. Aquí, por el contrario, el financiamiento, con propósitos industriales, fue tramitado siete (7) meses después del negocio de compraventa. De hecho, la propia escritura de compraventa (Núm. 3 de 12 de marzo de 1982) expresaba que el inmueble no estaba inscrito en el Registro de la Propiedad. Cuando posteriormente se otorgó la escritura de hipoteca, la finca no estaba inscrita a nombre de Rosario Cirino. Es obvio, pues, que el Banco “no podía depender simplemente de la buena fe que privadamente pudo inspirarle su trasmitente que no se había ocupado o demoraba inscribir oportunamente su título y que con ello evitaba una publicidad que podía perjudicarle por lo que debe sufrir las consecuencias de sus propios actos”. Zalduondo v. Iturregui, supra, pág. 38. De hecho, el Banco tuvo que esperar aproximadamente siete (7) meses para registrar la hipoteca, el mismo día que quedó inscrito el título de propiedad de Rosario Cirino.

Tercero, aunque el tribunal de instancia estimó que el Banco desconocía la realidad extrarregistral que viciaba el título de Rosario Cirino, un examen detenido y cuidadoso de las circuns-tancias prevalecientes nos lleva a concluir que no cumplió con el requisito de la buena fe al momento de constituirse en acreedor del derecho real.

Como ya hemos observado, el principio de buena fe registral exige cierto grado de diligencia. La diligencia supone una disposición de cuidado y esmero que se traduce en una actividad realizada de la manera más idónea. En el caso de autos no se trata de un “ciudadano común y corriente”, sino de una institución con suficiente pericia y dominio de las prácticas comerciales dentro de su esfera de actividad económica. Una entidad bancaria dedicada al financiamiento conoce los trámites necesarios para que los negocios —tanto en el ámbito civil como en el registral— puedan llevarse a cabo de la forma más acorde con el ordenamiento jurídico porque tiene las destrezas, el personal adecuado y los recursos económicos para detectar cualquier anomalía en el trámite que efectúa. Debió asegurarse de que el inmueble ofrecido en garantía apareciera inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre del solicitante del préstamo. De ordinario, ese hecho puede acreditarse si se efectúa un estudio de título. El Banco no lo hizo. El único estudio de título que obra en autos corresponde a una finca de Brígido Rosario París (hermano de María E. Rosario). Si lo hubiera efectuado, hubiese reflejado que el verdadero titular con facultad para transmitir derechos sobre el inmueble era la Sra. María E. Rosario París y no Rosario Cirino.()

Existen otras circunstancias que, aunque por sí solas no constituyen falta de diligencia, vistas en conjunto confirman nuestra apreciación. El Banco no actuó con la suficiente diligencia que amerite protección registral. Primero, el hecho de que la escritura de compraventa se hubiese otorgado siete (7) meses antes del financiamiento; segundo, que en la propia escritura se indicara expresamente que el título no aparecía inscrito en el Registro de la Propiedad a nombre de la vendedora, y tercero, que el Banco no realizara la tasación de la propiedad y descansara en la tasación efectuada por el propio deudor hipotecario.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se dicta sentencia mediante la cual se declara con lugar las demandas de intervención y cobro de dinero, y sin lugar la acción de ejecución de hipoteca. Se ordena la cancelación de la hipoteca en el Registro de la Propiedad y la inscripción del título a favor del interventor peticionario Rosario Manso. Sólo así hacemos cum-plida justicia.

      (1) ‘“RUSTICA: Compuesta de cinco (5) cuerdas y cinco sextas (%) partes de otra. Radicada en el sitio conocido por ‘Los Frailes’ del Barrio de Torrecillas de la Municipalidad de Lo[í]za. Colindante por el Norte con la zona marítima, por el Sur con Luis Castro, antes Doña Romana Vizcarrondo, por el Oeste con Brígido Rosario París y al Este con Fel[í]cita Rosario París.” Apéndice H, pág. 71.

      (2) Para inscribir el derecho de propiedad de Doña María Elias Rosario París se efectuó un trámite de información Ad Perpetuam Rei Memoriam de la Escritura Núm. 133, otorgada en San Juan el 1ro de septiembre de 1928 ante el notario Adrián Agosto Abadía (Civil Núm. 82-2600). En este procedimiento, Daniel Rosario Cirino compareció como peticionario ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina (Hon. Roberto Bird Hofmann, Juez). Alegó que el inmueble no se había inscrito a favor de Doña María Elias Rosario París porque no se había obtenido una copia certificada de la Escritura de División de Comunidad Hereditaria por no encontrarse el Protocolo del notario autorizante correspondiente a 1928 en el Archivo de Protocolos de Puerto Rico. Incluyó una copia simple de la escritura y le solicitó al tribunal que hiciera la correspondiente determinación de autenticidad.

      (3) Con vista a los hechos alegados en este recurso en relación con el otorgamiento de la Escritura Núm. 3 de 12 de marzo de 1982 ante el notario Rafael Rodríguez Alvarez, ordenamos al Procurador General que investigara. Debía investigar también la Escritura Núm. 2 de 12 de marzo de 1982 otorgada ante dicho notario, que era motivo de controversia en la sentencia sumaria parcial sobre titularidad emitida por el Tribunal Superior, Sala de Carolina, en el caso de Roig Commercial Bank, demandante v. Daniel Rosario Cirino, demandado, Antonio Rosario Romero, et als, interventores, Civil Núm. 83-2014(E). El 2 de noviembre de 1987 el Procurador General rindió su informe y le ordenamos la formulación de querella disciplinaria contra el abogado Rodríguez Álvarez.

      (4) “Si hemos logrado clasificar los hechos bajo determinadas figuras jurídicas es preciso identificar entonces a favor de cuál interés jurídico económico ha sido diseñada la norma. Hay algunos cuerpos legales que han sido promulgados para proteger abierta-mente a un sector.
      “Así la Ley Hipotecaria, por ejemplo, se aprueba para garantizar la seguridad de las inversiones del capitalista financiero, conocido como el acreedor hipotecario, a tal punto que cuando surgen conflictos entre el titular legítimo de un terreno dado en garantía hipotecaria y el acreedor hipotecario, [e]ste último prevalecerá sobre el dueño legítimo, permitiéndole la ley que ejecute el bien hipotecado, lo venda en pública subasta al mejor postor y con el producto de la venta cobre su inversión, aunque quien lo hubiese dado en garantía no fuera su dueño legítimo y aunque el dueño legítimo no hubiese recibido ni un solo centavo del préstamo garantizado con la propiedad. Esta es la esencia de la protección al llamado ‘tercero registral’ encarnada en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria de 1893, recogida en el vigente artículo 105 de la ley de 1979.” (Escolio omitido.) M.J. Godreau Robles, Un esquema para el análisis de problemas de derecho civil patrimonial, LV Rev. Jur. U.P.R. 9, 39 (1986).

      (5) El reconocimiento del derecho a la vivienda en la malograda Sec. 20 de la Constitución del Estado Libre Asociado fue objeto de las siguientes expresiones en la opinión concurrente emitida en Towers Apartments v. Allende, 104 D.P.R. 327, 333 (1975):
      “La ley como instrumento de la justicia, ante problemas que atañen el bienestar general del pueblo —tales como la salud, seguridad y otros— no puede ser objeto de adjudicación en un vacío intelectual; tiene que basarse en conceptos contemporáneos de lo que es justo y equitativo. Nada nos impide que judicialmente reafirmemos el derecho a la vivienda como uno que trasciende la expresión inconclusa constitucional de un pueblo, para convertirlo en un derecho humano, canalizable a través del esfuerzo y la estructura democrática vigente sin sujeción a rectificaciones históricas.”
      Véanse, además: J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.ER., 1982, Vol. III, págs. 209-212; Godreau Robles, supra.

      (6) Esta idea puede apreciarse en algunas disposiciones del Código Civil en materia de contratos. Así, por ejemplo, el Art. 1209 de dicho cuerpo, 31 L.P.R.A. sec. 3374, dispone in initio: “Los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos . . . .” (Énfasis suplido.) Este mismo artículo se refiere a tercero con relación a cuando contenga alguna disposición a su favor.

      (7) “El contenido de la buena fe más conocido es el que encontramos en los derechos reales vía los artículos 363 y 1850 y lo establecido respecto al tercero registral. Con estas normas se protege a los titulares de dominio y a los que suplen el capital. La buena fe no se orienta aquí a la protección de deberes de lealtad, por ejemplo, de una persona frente a otra determinada, sino a garantizarle a los titulares que el ordenamiento sancionará a quienes adquieran bienes de personas sobre las cuales pueda haber sospechas respecto a su facultad para transferirlos. En lo que respecta a la figura del tercero registral, cuyo arquetipo es el capitalista financiero, y para quien se diseña primordialmente el sistema registral, el concepto de la buena fe se orienta a garantizarle a éste que la apariencia (bautizada fe pública registral) que generan las constancias del Registro son superiores a la realidad de la titularidad. Así, el efecto del artículo 105 de la vigente Ley Hipotecaria hace que quien ha inscrito su derecho real confiando de buena fe en las constancias del Registro, quede protegido en la adquisición de los derechos que de allí emanan aunque quien se los transfiera no sea el dueño legítimo del bien. Realizado el estudio de título en el Registro, aquél a favor de quien se constituyó, digamos una hipoteca, prevalecerá, a[u]n frente al dueño legítimo, si de los libros regístrales aparecía que el hipotecante todavía figuraba como el dueño de la propiedad, siempre y cuando no hubiese llegado a su conocimiento alguna otra información que pusiera en duda tal titularidad registral. El concepto de la buena fe registral se define así por nuestra jurisprudencia, siguiendo a Roca Sastre, como ‘. . . el desconocimiento por el tercer adquirente de la verdadera situación jurídica del derecho adquirido, en la parte no reflejada exacta o íntegramente en el Registro. Es la ignorancia de la inexactitud registral, entendida ésta en sentido amplio. ’

      “En estos artículos y casos la buena fe se define en términos psicológicos: es la creencia o la ignorancia excusable respecto a la titularidad del que nos transfiere y a la legalidad del negocio, lo decisivo. Por eso se le ha llamado la buena fe subjetiva. Sin embargo, aunque aquí la referencia sea a un estado psicológico, quien invoca esta buena fe tiene que probar que fue diligente, lo cual presupone necesariamente un estánda[r] objetivo de comportamiento." (Citas omitidas, énfasis suplido y en el original.) M.J. Godreau Robles, Lealtad y Buena Fe Contractual, 58 Rev. Jur. U.E R. 367, 370-372 (1989).

      (8) La Ley Núm. 143 de 14 de junio de 1980 enmendó el Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979 (30 L.ER.A. see. 2355), a los efectos de cambiar “causas que no resulten claramente del propio Registro” a “causas que no resulten clara y expresamente del propio Registro”.

      (9) “Empezaremos por recordar que Ponce Federal Savings v. Registrador, 105 D.P.R. 486 (1976), se resolvió en el limitado cauce del recurso gubernativo en el cual nunca se suscitó, pues no lo permite dicho procedimiento, cuestión alguna sobre tercero de buena fe.” Pascual v. Fernández Sierra, 108 D.P.R. 426, 431 (1979).

      (10) El estudio de título incluido por el Banco de Santander (Banco) junto a su réplica a la demanda de intervención es el de la finca 8,003, colindante con la finca 8,110 objeto de esta controversia. Fue realizado por el Sr. Felipe Fernández el 14 de octubre de 1982.

        En ningún momento el Banco ha alegado que por error o inadvertencia presentó un estudio de título que no fuera el verdadero. Tampoco sometió el correspondiente a la finca 8,110.