author: El Juez'Asociado Sb. Wole

text:
    La Liga de Propietarios de Fincas Urbanas de San Juan v. El Ayuntamiento de San Juan.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 124.
    Resuelto en junio 3, 1907.
    •Corporaciones Municipales — Facultades Lesislativas. — Una ordenanza municipal regulando el servicio de recogida de basuras é inmundicias y la forma en que deben ser expuestas por los vecinos de la ciudad y disponiendo que los depósitos en que deban ser vertidas serán suministrados por el propietario del inmueble sin hacer diferencia alguna entre ellos, constituye un ejercicio válido de las facultades municipales, tendente á proteger la salud de la co-munidad.
    Apelación — Escrito de Apelación. — Si en la transcripción de autos no se hubiere incluido un copia del escrito de apelación, ésta deberá desestimarse.
    Los lie&hos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Sarmiento.

    Abogado del apelado: Sr. Faldón.

   El Juez'Asociado Sb. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Esta es una apelación en que ha de determinársela validez •de una Ordenanza Municipal de la ciudad de San Juan. La •demanda presentada expresa los hechos en la forma siguiente:

“1. Que en esta misma fecha presenta'demanda contra el Munici-pio de San Juan para conseguir sentencia en que se declaren nulas y sin ningún valor ni'efecto las disposiciones de la ordenanza votada por el Muncipio de San Juan en 10 de noviembre de 1906, regulari-zando el servicio de recogida de basuras é inmundicias y forma en ■que deben ser expuestas por los vecinos de la ciudad en cuanto en su artículo 5, ordena que los depósitos en que los vecinos de las casas •de San Juan deben verter las basuras, serán suministrados por los pro-pietarios del inmueble, y en cuanto en su artículo 6, concede á los •dueños de las casas un plazo para proveerse de los depósitos á que se refiere el artículo anterior.
“2. Esa ordenanza comenzará á tener fuerza obligatoria el día once de los corrientes y en ella se impone á los contraventores como pena, una multa que no excederá de diez dollars ó prisión que no excederá de treinta días, ó ambas penas á discreción del Juez de Paz.
“3. Que no siendo los propietarios de las casas de San Juan, en su calidad de tales, los productores de las basuras é inmundicias que se han de recoger, ni los encargados de recogerlas, ni siendo materia de sanidad el determinar quien ha de suministrar los depósitos en que los Yecinos recogen las basuras, la ordenanza expresada en los particulares, objeto de la demanda, infringe y perjudica notoria é in-justamente los derechos de la Liga demandante, al imponer á sus aso-ciados la obligación de suministrar los depósitos para la recogida de-las basuras y, por esto, necesita que se expida un mandamiento de “injunction” para que se requiera al Municipio de San Juan en la persona del Alcalde como su legítimo representante, para que, mien-tras el pleito principal se resuelva, se abstenga de exigir • el cumpli-miento de esa obligación.
“4. Que esta petición de “injunction” procede por estar com- , prendida en los casos 1, 2, 4 y 6, de la sección 3, y en la sección 12 de la Ley’de 8 de marzo de 1906, para definir los “injunctions.”
“Por lo expuesto,
“Suplica al Tribunal que, previa prestación de la fianza, que se sirva fijar, ordene la expedición de un mandamiento al Marshal de la Corte de Distrito para que el Municipio de San Juan, en la persona de su representante legal el Alcalde, sea requerido para que por ahora, se abstenga de exigir á los propietarios de casas de esta Capital el cum-plimiento de la Ordenanza regularizando el servicio de basuras é‘ in-mundicias y forma en que sean expuestas por los vecinos de la Ciudad en cuanto se refiere al suministro por los propietarios del inmueble á los inquilinos de los depósitos donde las basuras hayan de ser-verti-das.*’

Durante su informe oral el apelante admitió que la orde-nanza estaba comprendida dentro de las facultades legisla-tivas en general, pero alegaba que dicha Ordenanza estaba fuera de las facultades de la Municipalidad. Sin embargo, como no se nos ha demostrado lo contrario, opinamos que ia ordenanza, que tiene igual efecto sobre todos los propieta-rios, sin hacer diferencia alguna entre ellos, constituye un ejer-cicio válido de las facultades Municipales tendentes á prote-ger la salud de la comunidad.

Hemos discutido el caso bajo este aspecto, porque fue ar-gumentado y considerado antes de que el Tribunal 'fijara su atención en un defecto capital, que consiste en haber dejado de presentar el apelante, junto con el récord, una copia del es-crito de apelación, según la exigen los artículos 299 y 303 del Código de Enjuiciamiento Civil. Hemos tenido ocasión de resolver este punto en los casos de Fernández v. Sucesión Irrizarry y otro y Ex parte Hecht, resueltos por este Tribunal en 26 de enero y 29 de junio de 1906, respectivamente, en los que se lia establecido la doctrina qup la presentación de tal escrito de apelación es un requisito indispensable para que este Tribunal pueda adquirir jurisdicción.

Por virtud de las Consideraciones precedentes, somos de opinión que debe desestimarse la apelación interpuesta en es-te caso con.las costas á la parte demandante y apelante.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Asocia-do, Figureras.

Los Jueces Asociados Sres. Hernández y MacLeary no in-tervinieron en la resolución de este caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociauo Sr. Wole,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Bonilla.
    ApelacióN procedente de la Córte ele Distrito de Guayama.
    No. 78.
    Resuelto en junio 4, 1907.
    ApelacióN — Pliego be Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apareciendo de los autos que se hubiera cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociauo Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Guayama, Cayetano Bonilla fué acusado del delito de mutilación. Celebrado el juicio ante un jurado, el acusado fué declarado culpable del delito imputado, y fué condenado por -la Corte á la pena de reclusión durante cuatro años en el Presidio, con trabajos forzados y las costas. Contra esta sentencia el demandado interpuso apelación para ante esta Corte, pero no lia presentado nin-gún pliego de excepciones, y no se pronunció argumento oral, ni se presentó alegato escrito ,á su. favor.

Hemos examinado el récord cuidadosamente, y no encon-tramos ningún error em el mismo; por cuya- razón debe con-firmarse la sentencia dictada por la Corte de Distrito de G-ua-yama en la presente causa.

Confimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. ”Wple JUEZ SR. .MACLEARY.

text:
    Ex Parte Thomas.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 76.
    Resuelto en junio 4, 1907.
    Habeas Corpus — Sentencia Nula ó Meramente Errónea. — Aunque meras irregularidades de procedimiento, ó errores de derecho, cometidos en el juicio y fallo de una causa, no pueden ser discutidos en un procedimiento de habeas corpus, se establece, sin embargo, una diferencia entre aquellos casos en que la sentencia es meramente errónea y aquéllos en que debe considerarse nula, por razón de algún defecto ó irregularidad.
    Id. — Cuestiones de Jurisdicción. — Cuestiones que afecten la jurisdicción del Juez ó Tribunal para dictar una sentencia determinada son cuestiones propias para ser discutidas en procedimiento de habeas corpus.

    Id. — La Corte debe tener jurisdicción, no solo sobre la persona del acusado y sobre . el delito, sino también sobre el delito determinado que se hubiere imputado al acusado.
    Id. — Partícipes en los Crímenes — Autor y Cómplice. — Con arreglo á nuestro estatuto, el cómplice es aquél que. en derecho común se consideraba, como cómplice después del hecho; aquéllos que en el derecho común estaban clasi-ficados como cómplices antes del hecho, son, con arreglo al Código Penal, au-tores ó principales.

    Id. — Convicción Como Cómplice con una Acusación Como Autor. — El delito cometido por el cómplice es distinto del cometido por el autor ó principal, y, por consiguiente, un acusado no puede ser convicto como cómplice, por virtud de una acusación en que se le impute la comisión del delito como autor; para que la Corte adquiera jurisdicción es necesario que se presente una acusación contra el aeusado como cómplice, pues la Corte carece de jurisdicción sobre cualquier delito que no estuviere comprendido en la acusación.
    Id. — Consentimiento del Acusado. — El mero consentimiento del aeusado paía que se le condene como cómplice, estando acusado como principal, no es sufi-ciente para conferir jurisdicción á la Corte.
    Id. — Exposición Anterior por el Mismo Delito. — Condenado un aeusado como cómplice, con una acusación como autor, y declarada nula la sentencia, no podrá alegar después, al formularse nueva acusación contra él como cómplice, el haber estado expuesto por el mismo delito.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. José Quzmán Benitez.

    Abogado del Pneblo: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. ”Wple

emitió la opinión del tribunal.

José de Tbomas presentó una solicitud á este Tribunal interesando que se expidiera un auto de habeas corpus. Se expidió desde luego el mandamiento y se ordenó que se devol-viera diligenciado á la Corte de Distrito de Ponce. La soli-citud expresa substancialmente que el prisionero estaba en-carcelado en la cárcel de Distrito de Ponce, bajo la custodia de Adolfo Lespier, que lo retenía por virtud de una sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao, condenándole á siete años de Presidio; que dicho José de Thomas fué acusado ante dicha Corte como autor del delito de asesinato en primer grado cometido en la persona de Angel Eomero, y que el Jurado, después de oir y considerar la prueba practicada ante el mismo durante el juicio oral, dictó veredicto contra José de Thomas, declarándole culpable como cómplice del delito de homicidio, y que la Corte de Distrito de Humacao dictó sentencia condenando á dicho José de Thomas como tal cómplice del delito de homicidio á sufrir siete años, de prisión en la penitenciaría; que el veredicto del Jurado, así como la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Humacao y el mandamiento expedido para la prisión de José de Thomas, son ilegales y nulos, porque la acusación no expresaba espe-cíficamente la participación de dicho José de Thomas, acusa-do entonces del delito de asesinato, como tal cómplice, ni su responsabilidad en1 este sentido, y que en su consecuencia el veredicto y la sentencia no estaban de acuerdo con la acusa-ción y el mandamiento no podía estar autorizado por una sen-tencia que es nula, según lo resuelto por el Tribunal Supremo1 de Puerto Pico, en su sentencia de Io. de febrero de 1907, en el caso de “El Pueblo de Puerto Rico v. Antonio Paz y Santos.”

. El Alcaide Adolfo Lespier, al devolver el mandamiento, mostró que retenía al prisioneró por virtud de una senten-cia que, copiada á la letra, es como sigue:

“Estados Unidos de América. El Presidente de los Estados Uni-dos, ss., En el nombre y por la autoridad del Pueblo de Puerto Rico. El Pueblo de Puerto Pico v. José de Thomas. Delito: Asesinato en Primer Grado. En la Corte de Distrito de Humacao. Sentencia.— Esta causa ha venido ante la corte, en virtud del señalamiento previa-mente hecho para el día 20 de marzo, hallándose presente el Sr. Fiscal J. R. Aponte, en representación del Pueblo de Puerto Rico, y el acusado José de Thomas, por su propia persona y por sus abogados José de Guzmán Benitez y Ulpiano Yaldéz, habiéndose celebrado'el ac-to de arraignment contra dicho acusado por el delito de asesinato en primer grado, en cuyo acto el acusado, en propia persona, hizo la ale-gación de no culpable disponiendo la ley que sea juzgado por un jura-do, y habiendo surgido de dicha alegación las cuestiones litigiosas, fué señalada la vista del juicio para el día 20 del actual, en cuyo tiempo, estando presente un jurado de hombres buenos y legales, que instruido para oir las cuestiones litigiosas y rendir un veredicto recto, de acuerdo con la ley y la prueba, se ha retirado á deliberar, trayendo el siguiente veredicto: “Nosotros, el Jurado, encontramos al acusado José de Thomas, culpable como cómplice del delito de homicidio voluntario.” Y habiéndose preguntado al acusado si existe cualquiera causa ó motivo que impida el pronunciamiento de la sentencia, á lo cual ha contestado negativamente. — Por lo tanto, la Corte ordena, adjudica y decreta que al acosado José de Thomas, convicto como cómplice del delito de homi-cidio voluntario, sufra la pena de siete años de presidio con trabajos forzados en la Penitenciaría de San Juan de Puerto Rico, y las costas del juicio. — Dada en Humacao, bajo mi firma, a los veinte.y ocho días del mes de marzo de mil novecientos cinco. —J. A. Erwin, Juez de la Corte de Distrito de Humacao. Testifico: Enrique Rincón, Secretario de la Corte de Distrito.”

El informe del Alcaide continúa expresando que la anterior sentencia fué apelada para ante el Tribunal Supremo y confirmada por ese Tribunal, y que se ordenó su ejecución, por virtud de la cual, y de acuerdo con el artículo 330 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, la prisión empezó el día 30 de diciembre de 1905.

En la vista que tuvo lugar ante la Corte de Distrito de Ponce se presentaron ciertos documentos conteniendo la opi-nión del Tribunal Supremo dictada en la causa que fué apelada por el peticionario y también la dictada en el caso de El Pueblo de Puerto Pico v. Antonio Paz y Santos que fué resuelto el día 21 de febrero de 1907.

La Corte de Distrito de Ponce denegó la petición de habeas corpus eon fecha 11 de marzo de 1907 y- el caso se presentó ante esta corte, por virtud'de una apelación. En su informe, ante este tribunal, el fiscal alegó que era doctrina estable-cida por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Es-tados Unidos, así como por la resolución de este Tribunal en el caso de Ex Parte Hobard S. Bird, que cuando una persona está encarcelada en la Penitenciaría, por virtud de una sentencia dictada por un Tribunal que tenga jurisdicción so-bre la persona y sobre el delito, la legalidad de su prisión no puede ser impugnada colateral ó indirectamente por medio de un procedimiento de habeas corpus. Indudablemente que es esta la fórmula general de un principio amplísimo. Ha sido establecido repetidas veces que el auto de habeas corpus no puede utilizarse á los efectos de un auto por'causa de error ó de una apelación, y que meras irregularidades de procedi-miento, ó errores de derecho cometidos durante la celebración del juicio oral ó en la resolución de un caso no pueden ser •examinadas, por virtud de este procedimiento. 12 American & English Encyclopedia of Law, pp 246-247; Bailey sobre jurisdicción, secciones 24, 25 y 26; Ex parte Parks, 93 U. S., 18 y casos allí citados; Ex parte Hollis, 59 Cal., 405, 407; United States v. Pridgeon, 153 U. S., 48, y casos citados.

Se hace sin embargo una distinción entre aquellos casos que son meramente irregulares ó erróneos y aquellos en que la sentencia debe ser considerada nula, por virtud de algún defecto á los efectos de una impugnación por el procedimien-to colateral ó indirecto; no parece haberse hecho distinción alguna por los Tribunales entre una sentencia dictada en un asunto civil y una pronunciada en causa criminal. Yéase la nota del caso de Morrill v. Morrill, 23 Am. St. Rep. p. 110; Tenney v. Taylor, 1 App. G. C. 227; United States v. Pridgeon, 153 U. S. 48; Windsor v. Mc Veigh, 93 U. S. 282; Russell v. Shurleff, 28 Colo. 414; 89 Am. St., Rep. 216; y nota en la página 221.

Con respecto á las sentencias dictadas en cansas crimina-les, hay dos casos que constituyen una autoridad en la materia, y que son los de El Pueblo v. Liscomb, 60 N. Y., 571; 19 Am., Rep. 211; y el caso de Ex parte Lange, que se encuentra en el tomo 18 Wall. pág. 163. En el caso de Ex parte Lange, la ley autorizaba la pena de multa ó prisión y la Corte impuso una sentencia de multa y prisión. La multa se pagó y en el mismo •término la corte trató de modificar la sentencia, imponiendo prisión, en vez de la primera sentencia de multa y prisión. La corte en su opinión, después de ocuparse de las sentencias en general y de los errores ó irregularidades de las sentencias en particular, dice:

“Pero se ha dicho que aún concediendo todo esto la sentencia, por virtud de la cual está detenido el prisionero es errónea, pero no nula; y como esta corte no puede revisar esa^sentencia por motivos de error, solamente puede excarcelar al prisionero en los casos en que sea nula.
'£ Pero no estamos de acuerdo con la premisa principal de este argu-mento. Una sentencia puede ser errónea y nó nula, y puede ser errónea porque es nula. Las diferencias entre una sentencia nula y una que simplemente pueda ser anulada son muy poco perceptibles, y, según el punto de vista bajo el cual se las considere pueden caer dentro de una ú otra clasificación.
■ “Opinamos que cuando un prisionero ha sufrido completamente una de las penas alternativas á que solamente la ley le sujetaba por ra-zón de una sentencia válida, como sucede en este caso, el tribunal pier-de toda facultad para imponerle otro castigo. El principio que hemos discutido interpone entonces su protección é impide que el acusado sea castigado otra vez por ese delito. El récord de los procedimientos de la corte, cuando se dictó la segunda sentencia, muestra que en ese mis-mo caso, y por ese mismo delito, el acusado había cumplido y sufrido enteramente uno de los castigos que la ley prescribe para ese delito, y que había sufrido cinco días de prisión á causa del otro. Muestra así que las facultades del tribunal para castigarle por el mismo delito ha-bían- cesado. Á no ser que sea nula toda la doctrina establecida en nuestro sistema de jurisprudencia, tanto constitucional como del dere-cho común sobre protección de los derechos personales, en ese sentido, la autoridad que tenía la corte para castigar al acusado había cesado. Sus facultades habían terminado y el ejercicio de las mismas le estaba prohibido en adelante. Fué un error, pero fué un error, porque las facultades para dictar otra sentencia no existían.
“No se contesta á este argumento, alegando que de acuerdo con la ley, el tribunal tenía jurisdicción sobre la persona del acusado y sobre el delito. De aquí no puede deducirse en modo alguno que estos dos requisitos den validez á cualquier sentencia' que la corte pueda dictar en casos semejantes, á pesar de lo errónea que pueda ser. Si un juez de paz que tenga competencia para imponer una .multa por la comisión de un misdemeanor, y teniendo ante sí debidamente á la parte acusada por su comisión, dictara sentencia, ordenando que se le colgara esa sen-tencia sería simplemente nula. ¿ Por qué sería nula ? Porque no tenía facultades para dictar semejante sentencia. De la misma manera si un tribunal de jurisdicción general, con una acusación por libelo, dicta-ra una sentencia de muerte, ó de confiscación de bienes, sería nula por la misma razón. Ó si con una acusación por traición, la corte dic-tara sentencia, declarando convicto al acusado del delito de alta trai-ción, y ordenando por ella que los herederos del criminal no heredaren sus bienes, los cuales declara la sentencia que deben ser confiscados á favor del Estado, esa sentencia sería nula con respecto á la prohibición de heredar y á la confiscación de los bienes á favor del Estado, por haber extralimitado la corte su autoridad y estar prohibida semejan-te sentencia por la Constitución. ’ ’

En el caso de Windsor v. Mc Veigh, que se encuentra en el tomo 93 U. S. p. 282, el Tribunal Supremo, dice:

La doctrina invocada por el abogado de que una vez que un tribunal ha adquirido jurisdicción, tiene la facultad de resolver todas las cuestiones que surjan en el caso, y que su sentencia, á pesar de lo erró-nea que pueda ser, no puede impugnarse colateral ó indirectamente, es indudablemente correcta como una proposición ó principio general, pero, como toda proposición general, está sujeta á muchas modifica-ciones en su aplicación. Todos los tribunales, aún los más altos, tienen su jurisdicción más ó menos limitada: están limitados á determinadas clases de acciones, tales como civiles ó criminales; ó á determinados modos de administrar justicia tales como el legal ó el de equidad ó á asuntos de un carácter especial, tales como aquellos que surgen en las aguas navegables, ó se refieren á disposiciones testamentarias de bie-nes; ó al uso de un procedimiento determinado para dar ejecución á su sentencia. Norton v. Meador, Corte de Circuito de California. Aunque la corte posea jurisdicción de una causa, de la materia,- y so-bre las partes, está, sin embargo, limitada en su sistema de procedi-miento y en la extensión y naturaleza de su sentencia. Debe actuar judicialmente en todo sentido y no puede entonces extralimitar las fa-cultades que la ley le concede. Si por ejemplo se trata de una acción en cobro de pesos, el tribunal, á pesar de su completa jurisdicción sobre la materia y las partes, no tiene facultad para imponer al demandado una sentencia de prisión en la Penitenciaría. Si se tratare de una ac-ción por libelo ó por daño personal, la'eorte no puede ordenar en ese ca-so el estricto cumplimiento de un contrato. Si se tratare de .una ac-ción sobre posesión de bienes inmuebles, la corte no tiene facultad al-guna para admitir en ese caso la prueba de un testamento. Ejemplos de esta naturaleza muestran que-la doctrina general á que se refiere el abogado está sujeta á muchas modificaciones. Las sentencias referi-das, dictadas en los casos que hemos supuesto, no serían •ñeramente erróneas, serían absolutamente nulas; porque la corte que las dictara excedería los límites de su autoridad en aquellos casos. Yéase la forma en que se expresa el Juez Asociado Sr. Miller, con respecto al particular, en el caso de Ex-parte Lange, 18 Wall., 163. De igual manera se es-tableció por este Tribunal en el caso de Bigelow v. Porrest, 9 id. 351, que una sentencia en caso de confiscación, que decretó la confiscación del derecho de propiedad sobre la finca era nula, en cuanto al remanen-te, después de haber terminado el derecho vitalicio del propietario. Á la objeción de que el decreto era concluyente, en cuanto á que el de-recho de propiedad íntegro había sido confiscado, el Juez Asociado, Sr. Strong, al emitir la unánime opinión del tribunal, contestó: ‘induda-blemente que un decreto de una corte que tenga jurisdicción para dic-tarlo, no puede ser impugnado colateral ó indirectamente; pero, con arreglo á la ley del Congreso, la Corte dé Distrito no tenía facultad para ordenar una venta que confiriera al comprador derechos que tuvieran un término de duración mayor que el de la vida de French Forrest (el propietario). Si así lo hubiera hecho, hubiera extralimi-tado su jurisdicción.’ Id. 350.”

En el caso de Ex parte Bain, 121 U. S. 13-14, hubo una en-mienda 4 una acusación sin que hubiera sido presentada de nuevo por el G-ran Jurado. El procedimiento fué inpugnado en habeas corpus, y el Tribunal Supremo dice:

“Bajo tales cireumstaneias de nada sirve decir que la corte conser-va, sin embargo, jurisdicción sobre la persona y el delito, porque, aun-que tiene á la persona en su poder, y tendría jurisdicción sobre el der lito, si se le hubiera conferido debidamente por medio de una acusa-ción, la jurisdicción sobre el delito ha cesado y el tribunal no tiene fa-cultades para seguir conociendo del caso por falta de una acusación.”
Y la corte cita los casos de Ex parte Lange, 18 Wall., 163. Ex parte Parks, 93 U. S., 18. Ex parte Wilson, 114 U. S., 417.

En el caso de United States v. Walker, 109 U. S., 258, en que se aprobó lo resuelto en el caso de Ex parte Lange, la Cor-te, al declarar nula una orden dictada por la Corte del Distri-to de Columbia, que tiene jurisdicción en materia de testamen-tos, dice:

“No se contesta á esto diciendo que la corte tenía jurisdicción so-bre la persona del prisionero, y sobre el delito, con arreglo á la ley. De ninguna manera ha de seguirse que estos dos hechos den validez á cualquier sentencia que la corte pueda dictar en casos semejantes, cualesquiera que fueran los errores que contenga.

Un cierto número de autoridades sostiene que en todo los casos la jurisdicción de un tribunal ó juez para dictar una sen-tencia determinada es materia que puede ser propiamente in-vestigada en un procedimiento de habeas corpus. Las autori-dades se encuentran en una nota á Koopke v. Hill, 87 Am St., Rep. pp. 172 y 173. De igual modo hay una amplia discusión sobre la cuestión de jurisdicción- en el caso de Ex parte Cox, 3 Idaho-530: El estatuto de Idaho sobre habeas corpus es igual al nuestro. La sentencia en el caso de Ex parte Cox se declaró nula debido á nn exceso en el número de años de prisión señalados al prisionero.

Irregularidades y errores de todo género ban sido someti-dos á la consideración de los tribunales en procedimientos de habeas corpus. Parece que no se ba planteado la verdade-ra cuestión que en este caso se presenta para su examen, ó sea, si una persona acusada como autor y declarada convic-ta como cómplice podría sostener que en la sentencia en este caso era nula y no meramente errónea. Que tal sentencia es errónea, ba sido establecida fuera de toda duda por este Tribunal en el caso de El Pueblo v. Antonio Paz y Santos. En ese caso se cita mucba jurisprudencia de Tejas, pero las deci-siones del Tribunal Supremo de California se pronuncian en el mismo sentido.

En el caso de Ex parte Hobart S. Bird, este tribunal tuvo presente la distinción que se bizo entre sentencias nulas y aquéllas que son meramente erróneas al decir:

“Del examen de estas secciones resulta claramente que la única sección aplicable á este caso es el primer párrafo de la sección 483, por la que se declara que “cuando se haya excedido la jurisdicción de tal tribunal ó funcionario” se podrá poner en libertad al acusado. No puede haber duda después de una revista minuciosa de todos los autos, y de las razones alegadas por el peticionario para que se le ponga en libertad, que en este caso el Tribunal de Distrito tenía jurisdicción sobre el delito denunciado, sobre la persona del acusado y sobre el asunto de que se trataba en esta causa, que no se había exce-dido la jurisdicción en lo más mínimo, y que el Tribunal Supremo te-nía jurisdicción de apelación para decidir dicho asunto al interponer-se el recurso de apelación.
No se ha demostrado nada en la solicitud ni en el alegato que pue-da atacar con éxito esta jurisdicción ó la forma en que se ha ejercido, y tanto por esta razón, cuanto por otras expresadas en la presente, la solicitud no puede prevalecer.”

Así se verá que este Tribunal reconoció que deben existir tres elementos: jurisdicción sobre la persona del acusado, sobre el delito y sobre el delito determinado de que se acuse.

En el caso de El Pueblo y. Liscomb, supra, la corte en una opinión emitida por el Juez Asociado Sr. Alien, cita el caso de Ex parte Lange, y dice:

“El Sr. Gill, en sus valuables comentarios al caso de McLeod, 3 Gill, 647, ha resumido cuidadosamente, y con su acostumbrada preci-sión, la ley referente al procedimiento de Habeas Corpus, y señalan-do los puntos en que los Estatutos de este Estado se apartan del dere-cho común, vy las premisas anunciadas por él están bien establecidas por las autoridades citadas en la nota, y en cuanto tienen aplicación al presente caso pueden ser brevemente expuestas. Tanto por el Dere-cho común, como con arreglo á los Estatutos de este Estado, si la par-te está detenida, por virtud de un mandamiento, la existencia y validez de tal mandamiento son las únicas cuestiones en discusión, y el dere-cho de investigar la validez del mandamiento tiene ia misma extensión que aquel que se concede en una acción por prisión ilegal. Si de la faz del mandamiento aparece su validez, se considerará legal prima facie, y el prisionero debe asumir el peso de impugnar su validez pro-bando que ha habido falta de jurisdicción. Errores, irregularidades, ó faltas de forma, no constituyen objeción alguna; ni lo es ningún defecto que pueda ser enmendado ó remediado por el tribunal que lo expidiera. Sino hubo una facultad legal para dictar la sentencia ó decreto, ó expedir el mandamiento, no hubo tribunal competente, y, por consiguiente, no hubo sentencia ó mandamiento. Todo es nulo y cor am non judies.”

En una opinión concurrente el Juez Asociado, Sr. Rapallo, dice: .

“Se ha sugerido que, con arreglo á nuestro estatuto, una persona ■detenida, por virtud de una sentencia ó decreto definitivo dictado por un tribunal competente, con jurisdicción en lo civil ó en lo criminal, está excluido de gozar los beneficios de este mandamiento. En mi opinión esa objeeción está suficientemente contestada en el Dictamen ■de mi ilustrado compañero Alien. Según los términos en que aparece concebida le ley, la corte que dictara la sentencia definitiva, por virtud de la cual estuviere detenido el prisionero, debe ser, no solamente una corte de jurisdicción en lo civil ó en lo criminal, sino también debe ser competente. Esta palabra no tendría efecto alguno á no ser que ■significara competente para dictar tal sentencia.”

Así se verá que la ley, bajo la cual la Corte de New York estaba funcionando, es idéntica, en realidad, á la sección 482 de nuestro propio Código de Enjuiciamiento Criminal.

Los hechos del caso son que el promovente Tweed, que fué juzgado, por virtud de una acusación que contenía doscientos veinte cargos distintos, fué declarado culpable de doscientos cuatro cargos, y por doce de esos cargos fué sentenciado á doce términos sucesivos de prisión de un año cada uno, y á pagar una multa de doscientos cincuenta dollars por cada uno de dichos cargos; y por otros cargos fué condenado á pagar dos multas más, ascendentes en su totalidad, estas multas, á doce mil quinientos dollars. El castigo máximun fijado para un misdemeanor de la naturaleza del que se abusó, era un año de prisión y una multa de doscientos cincuenta dollars. Des-pués que el promovente hubo sufrido un año de prisión y paga-do una multa de doscientos cincuenta dollars, presentó solici-tud para que se expidiera auto de habeas corpus, á fin de que se investigara la legalidad de la prisión subsiguiente. Se re-solvió que la sentencia impuesta por un sólo delito era correc-ta, y que las demás sentencias las dictó el tribunal excedien-do su jurisdicción, y era absolutamente nula y no meramente errónea; el prisionero, después de la ejecución de una senten-cia, tenía derecho á ser excarcelado por'medio de habeas corpus. No había duda que en este caso la corte tenía jurisdic-ción sobre la persona del acusado y sobre cualquiera de los delitos determinados de que se le acusó.

En esa época regía en el Estado de New York el Derecho común en lo que hacía referencia á las acusaciones, y la corte declara que no había autoridad en dicho Estado para permi-tir la acumulación de varios cargos criminales en una sola, á pesar de ser distinta la práctica en Inglaterra y algunos de los otros Estados Unidos.

La Corte expresa que no hay inconveniente en exponer el mismo delito en tantos modos diferentes como se estime procedentes. Cita también el Tribunal el caso de Crepps v. Durden, 5 Cowp. 640. Ese fué un pleito de daños y perjuicios con motivo ' de una declaración de culpabilidad hecha por Durden,. Juez de Paz, contra Crepps por “ejercer su oficio-habitual endomingo,” y habiéndose probado que hubo varias ventas en un domingo determinado, Durden impuso á Crepps varios castigos.- La demanda fué declarada con lugar aunque no sé anularon las sentencias. La jurisdicción del magistrado para declarar la culpabilidad é imponer un castigo por un delito no fué discutida, pero el Tribunal Inglés resolvió que no tenía absolutamente ninguna jurisdicción para dictar las tres últimas sentencias, por la razón de. que los actos come-tidos en un mismo día no podían dar lugar más que á un solo delito y á un sólo castigo, y se resolvió que la convicción era -nula por razón de un exceso de jurisdicción.

En el caso de Ex parte Giambonini, 117 Cal., 573, se dice:

“El-peticionario fué declarado culpable en el tribunal de policía de la ciudad Stockton, del delito de vender bebidas alcohólicas á un niño menor de diez y ocho años. Fué condenado á pagar una multa de cien dollars y en defecto de pago, á prisión por cien días en la cárcel de la ciudad. C. P. Rendon, que actuó como juez de la corte de policía, fué siempre juez de paz de la ciudad de Stockton.
“El peticionario alegó que la sentencia dictada contra él era nula, porque el tribunal de polícia de la ciudad de Stockton no tenía exis-tencia legal.”

Se admitía este hecho, pero se sostenía que C. P. Rendon, que actuó como juez del tribunal de policía, fué siempre juez de paz, y que, por lo tanto, tenía jurisdicción sobre la persona y sobre el delito cometido por el acusado. El Tribunal se ex-presa así:

“Un tribunal es un lugar en donde se administra justicia legal-mente, si faltare el primer requisito esencial de un tribunal'constituido legalmente, el acusado no ha sido juzgado con arreglo á las leyes del territorio.
“Por la misma razón no puede decirse que la sentencia puede ser’ considerada válida, porque el funcionario judicial tenía jurisdicción sobre el delito y sobre la persona como juez de paz. Un juez de jure de un tribunal legalmente constituido puede ejercer su jurisdicción solamente en la forma que prescribe la ley. Según lia dicho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Windsor v. McVeigh, 93 U. S., 282, ‘aunque el tribunal posea jurisdicción de una causa, de la materia, y de las partes, está, sin embargo, limitada en su sistema de procedimiento y en la extensión y naturaleza de su senten-cia. Debe actuar judicialmente en todo sentido y no puede entonces extralimitar las facultades que la ley le concede.’ El Juez de Paz pudo haber juzgado al acusado solamente en su juzgado de paz, y ninguna validez pueden llevar consigo las sentencias que él dictare en cualquier otro forum. De la misma manera pudo haberle juzgado por medió de un consejo de guerra como haber dictado sentencia en un tribunal de polícia constituido ilegalmente. Es requisito esencial para la validez de una sentencia que la corte que la dicte tenga juris-dicción. (Anthony v. Kasey, 83 Va., 338; 5 Am. St. Rep., 277.) La corte que dictó esta sentencia siendo un tribunal anticonstitucional, no tenía absolutamente ninguna jurisdicción.
“El caso de Ex parte Reilly, 85 Cal., 632, no pasa desapercibido. Las opiniones aquí expresadas puede ser que se aparten de aquéllas que se encuentran en los casos anteriores, pero creemos que la inter-pretación más sana de la- ley es la que aquí expresamos. Procede que el peticionario sea excarcelado, y así se ordena. ’ ’

Concediendo que hay semejanza entre los principios apli-cables á las sentencias dictadas en casos civiles y á las dicta-das en casos criminales, es bueno reconocer que en las cortes de casi todos los Estados una sentencia que no responda á las cuestiones debatidas se considera nula, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso de Reynolds v. Stockton, 140 U. S., 270, dice:

“Pero sin acumular autoridades la proposición que sugiere aqué-llas á que se ha hecho referencia, y la que nosotros sostenemos, es, que para dar á una sentencia, aunque sea dictada por un tribunal de jurisdicción general, el mérito y efecto de una sentencia con res-pecto á las partes, debe, además de las limitaciones expresadas ante-riormente, estar en harmonía con las cuestiones planteadas por las alegaciones. ’ ’

Además del caso de Hobart S. Bird, á que nos ha referido el Fiscal de este Tribunal, cita también el caso de Ex parte Shaw y el de In Re Lehinkul, y algunos otros casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. En cuanto nos ha sido posible consultar estas referencias, hemos visto que todos es-tos casos formulan el principio general de que meros erro-res ó irregularidades de derecho no pueden ser objeto de re-visión por medio de un procedimiento de habeas corpus, pro-posición que hemos discutido anteriormente.

In Re Eckart, 166 U. S., 481 es un caso que hace referencia á una solicitud para que se dicte un auto de habeas corpus, y en dicho caso resolvió el tribunal que cuando una corte de Estado ha adquirido jurisdicción, por virtud de una acusación de asesinato y las leyes del Estado establecen una división de ese delito en tres grados y disponen que corresponde á las facultades, del Jurado determinar bajo qué grado se encuentra comprendido el delito, el hecho de condenar al prisionero por el delito de asesinato en primer grado sin que el Jurado hu-biere especificado de qué delito era él culpable, aunque es erró-neo, no constituye un defecto de carácter jurisdiccional, que pueda ser remediado en un procedimiento de habeas corpus, porque los términos del veredicto eran suficientes para au-torizar la imposición del castigo por el más altó grado del delito imputado.

Dice además el tribunal:

“El caso que aparece del récord no está comprendido dentro de ninguna de las excepciones establecidas á la regla general, de que cuando una corte tiene jurisdicción, de acuerdo con la ley, sobre el delito imputado y sobre la parte á quien se acusa, sus sentencias no son nulas de tal manera que puedan ser impugnadas por un procedi-miento colateral ó indirecto. Se cita el caso de Estados Unidos v. Pridgeon, 153 U. S., 48, que á su vez cita los casos principales de Ex Parte Lange y del Pueblo v. Liscomb que expresan la regia general y sus' excepciones. ’ ’

In Re Snow, 120 U. S. 286, es también uu caso en que se dis-cutieron'las reglas y sus excepciones y el caso de Crepps v. Durden, fué también considerado; véase, además, el caso de Ex parte Reed, 100 U. S., 13.

¿En qué difiere el caso 'sometido á nuestra consideración de aquellos en que el tribunal carecía de jurisdicción por no existir una segunda acusación, que fue el punto de discusión en los casos de habeas corpus de Ex parte Bain y Ex parte Wilson?

Con arreglo al artículo 35, los partícipes en los crímenes, se clasifican en principales ó autores y cómplices, de modo que, de acuerdo con nuestro Código Penal, la única persona que se conoce con el nombre de cómplice es la que en la ley común se distingue .con el de cómplice después del beclao. Cualquier persona que se le hubiere calificado como cómplice antes del hecho es ahora conocido en la ley común como principal ó autor. La sentencia en el presente caso demuestra que el prisionero fué declarado culpable como cómplice. El uso de la palabra “cómplice” en la sentencia no puede hacer referencia á otra persona que á la que especifican los artículos 35 y 37. El castigo que ha de imponerse á un cómplice está determina-do .en el artículo 18 del Código Penal, y en este caso se impu-so al prisionero el máximun de la pena.

Según el artículo 36 del Código Penal, todas las personas relacionadas en la .comisión de un crimen, ya cometan el mis-mo de una manera directa ó ayuden ó inciten la comisión de dicho crimen, son culpables como principales.

La sección 37 dice: “Todas las personas que después de tener conocimiento perfecto de que un delito grave (felony) se ha perpetrado, traten de ocultarlo de las propias autori-dades, ó alberguen ó protejan á la persona acusada ó declara-da culpable de dicho delito, son cómplices.” Como hemos visto, las autoridades de los varios Estados se pronuncian en el sentido de que uno que ha sido acusado como principal no puede ser declarado como cómplice. El Código de Enjuicia-miento Criminal dispone que toda persona debe ser juzgada, por virtud de una acusación presentada por el Fiscal (véase la sección 3 y 6 et seq.) Aunque en Puerto Pico no se exige la acusación del Gran Jurado, sin embargo, una persona no puede ser acusada de un delito y convicta, de otro. El mero hecho de que el delito que supone la complicidad esté intima-mente ligado al delito de que puede ser castigado el autor principal, no cambia el hecho de que los dos son delitos distintos. Nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal contiene amplias disposiciones para principiar de nuevo un proceso en los casos en que la prueba sea insuficiente para justificar la prosecu-ción de algunos ya empezados. (Yéase la sección 308 del Códi-go de Enjuiciamiento Criminal etc.).

Si la Corte de Distrito de Humacao obtuvo jurisdicción sobre la persona del prisionero en este, caso particular, debe haber sido, por virtud de la acusación presentada contra él como autor principal. Por virtud de esa acusación, tenía au-toridad para juzgarle por el delito de asesinato y para decla-rarle convicto de un delito menor de homicidio, pero, según las autoridades de' las cortes de los Estados Unidos, así como por nuestra propia-- resolución dictada en el caso de Antonio Paz y Santos, la complicidad es un delito distinto.

Aunque no tenemos requisitos con respecto á que las acu-saciones deban ser formuladas por el Gran Jurado, sin embargo, las disposiciones semejantes que nuestros estatutos contienen para protección de la persona del prisionero, exigen que debe procederse contra él, por virtud de una acusación ju-rada por el Fiscal. El simple arresto del mismo no es sufi-ciente para autorizar una declaración de culpabilidad contra él por cualquier delito. Para que el tribunal adquiera ju-risdicción es necesario que se le presente una acusación. Si esa acusación es limitada, la corte no tiene jurisdicción para salirse fuera de sus límites.

En el caso de El Pueblo v. Granice, que se encuentra en el tomo 50 Cal., 448, la corte dice:

“Durante el juicio de esta causa, el acusado ofreció probar que en la acusación se habían insertado ciertas palabras, y que otras pala-bras determinadas de la acusación se habían cambiado después de haber sido presentada la misma y de formar parte del récord de la corte. El fiscal objetó á la admisión de semejante prueba por el fun-damento de que el abogado del acusado había sido informado por uno de los fiscales, antes de que el acusado contestara la acusación, “que la acusación había sido alterada después de haber sido formulada por el Gran Jurado ”; y que había muchos testigos para probar que tal alteración se había cometido,” El tribunal se negó á permitir al acusado que presentara la prueba. Es deber de cualquiera de las partes llamar la atención del tribunal con respecto á cualquiera alte-ración que se haga en el récord de un procedimiento que esté pen-diente, sin demora alguna y en la primera oportunidad en que pueda hacerse, después que haya tenido conocimiento de tal alteración. En este caso, tanto el fiscal como el acusado, tenían ese deber. Aunque el acusado no promovió este asunto prontamente, no por eso queda impedido de probar que en la acusación se han hecho alteraciones. Antes de que se cometieran las, alteraciones que se alegan, la acusa-ción imputaba al acusado solamente el delito de homicidio, pero des-pués de alterada, le imputa el delito de asesinato. Con arreglo á esa acusación, la corte no tenía jurisdicción para juzgarle por ningún otro delito, sino el que se expresaba en la acusación cuando fué presentada por el Gran Jurado. El consentimiento por parte del acusado, ya se dé directamente ó se deduzca de sus hechos ú omisiones, no puede conferir jurisdicción al tribunal para juzgar al acusado por ningún otro delito distinto de aquel que se le imputa en la acusación, tal y como ha sido presentada y devuelta por el Gran Jurado.
“Se revoca la sentencia y la orden y se devuelve la causa para la celebración de un nuevo juicio. ’ ’

En el caso de Granice, así como en el de Ex parte Bain del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, se trató de enmendar la acusación, pero el Tribunal resolvió .que era ne-cesario otra acusación y que el hecho de haber dejado de pre-sentarla, privaba á la corte de jurisdicción. En el caso de José de Thomas no se trató nunca de acusarle como cómplice.

En el Estado de Nevada, cuyos estatutos parecen seguir los de California, tienen una disposición semejante á la sección 201 de nuestro Código Penal, por la que todo asesinato come-tido al perpetrarse algún incendio, rapto ó escalamiento, es de primer grado.

En el caso de Ex parte Dela, 83 Am. St., Rep. 603, que es un caso de habeas coxptís, el peticionario había sido acusado <Je asesinato en primer grado y convicto de violación. La Corte dice en la página 609:

“Se admite que la corte tenía jurisdicción sobre la persona del peticionario y jurisdicción sobre la materia, ó sea el delito de asesinato,, de que fué acusado. Se admite también que la corte tenía jurisdicción para juzgar y castigar á una persona acusada de violación. Pero ¿podemos sostener, en virtud de la prueba que aparece del récord, que la corte tenía jurisdicción para dictar la sentencia de prisión en este caso determinado?
“No es suficiente alegar que como la corte tenía jurisdicción sobre la persona y jurisdicción para juzgar, declarar convicto y castigar ciertos delitos, necesariamente tiene jurisdicción sobre la materia en un caso determinado.
“El ejercicio de la jurisdicción en este caso, y en todos los casos de felony, depende de ciertas condiciones y requisitos, la falta de los cuales hace que la acción del tribunal sea, no meramente irregular, errónea y sujeta á nulidad, sino absolutamente nula. En la sección 8, artículo 1 de la Constitución, se prescribe, en términos prohibi-torios, entre otras cosas, que ninguna persona será juzgada por un delito capital ó infamante (á excepción de ciertos casos especificados, ninguno de los cuales es el que estamos considerando,) sino por virtud de la presentación ó acusación del G-ran Jurado, y que ninguna persona será privada de su vida, libertad ó hacienda sin que mediare de-bido procedimiento legal. ¿Podría siquiera pretenderse que el tribunal, á pesar de estos términos imperativos y prohibitivos de la cons-titución, podría dictar una sentencia de prisión que fuera válida por un delito del cual tiene jurisdicción, sin que mediara la presentación ó acusación que imputara la comisión, del delito determinado? ¿No se-ría la acción de la corte, en tal procedimiento, completamente nula, á causa de un exceso de su jurisdicción, y porque privó á la parte de su libertad, sin que mediare debido procedimiento legal?
“La cuestión que se discute no es una de irregularidad, que surge de reglas de procedimiento, sino que es una de derecho sustantivo, basada en términos expresos de garantía constitucional. Se alega que del récord aparece que el prisionero fué acusado, juzgado, con-victo y condenado por el delito de asesinato. Tomando en considera-ción hechos de carácter presuntivo, esta alegación es probablemente correcta; pero los hechos probados que aparecen en el récord contra-dicen é impugnan estas presunciones, y muestran concluyentemente que el peticionario fué convicto del delito de violación, delito por el cual, ni fné acusado, ni juzgado y del cual no pudo haber sido con-victo, bajo el cargo que se le hacía en la acusación.”

En el caso qne estamos considerando, el Tribunal proba-blemente fné inducido á error, por virtud de la íntima relación, que existe entre el delito acusado, y aquél del cual fué en defi-nitiva, declarado culpable el prisionero. Un caso semejante-podría suponerse cuando acusada una persona de abuso de-confianza fuera declarada culpable de robo, sino hubiera una ley' que autorizara tal declaración de culpabilidad. '

A la Legislatura corresponde determinar si lo estimare procedente, si una persona acusada de asesinato pueder ser convicta como cómplice, pero en tanto en cuanto la Legislatura no lo haya hecho, las cortes tienen que sujetarse á los delitos incluidos dentro de aquél imputado en la acusación. En el ca-so de In Re Eckart, 166 U. S., 481, arriba citado, se expresan las facultades de un tribunal en estos casos. En el caso que estamos considerando no se trató de enmendar la acusación, y lo único que el tribunal tuvo ante sí fué la acusación que no le daba jurisdicción para juzgar por el delito que supone la complicidad. Aunque parece probable que el prisionero acusado de asesinato quisiera que se le declarara culpable como cómplice, sin embargo, como hemos dicho en el caso de Ex parte Granice, su mero consentimiento no podría confe-rir jurisdicción.

La Corte, como hemos dicho, incurrió en el error de esti-mar que este delito estaba incluido en la acusación. EL pri-sionero pudo haber incurrido en el mismo error. En la ape-lación ante este Tribunal expresamente manifestó que él no tenía objeción alguna que hacer contra la sentencia, excep-to en aquella parte en que la sentencia era excesiva. No ha-biendo tenido jurisdicción la corte inferior, el hecho de que este tribunal confirmara su sentencia, no cambia la naturaleza de la sentencia, bajo la cual fué en definitiva condenado. La sentencia era nula, por consiguiente, José de Thomas nunca ha sido legalmente convicto de delito alguno y no podría alegar minea que había estado expuesto dos veces por el mis-mo delito, que. es lo que en algunos casos se ha considerado como la piedra de toque para probar la validez de una senten-cia condenatoria.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández y Figueras.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

VOTO PARTICULAR, DEL

JUEZ SR. .MACLEARY.

No estoy conforme con la revocación de la sentencia en el presente. caso, por las razones siguientes:

En primer lugar, la resolución de la corte - de distrito no fue dictada en .debida forma al no devolver al prisionero al presidio, ó excarcelarle, según lo preceptúa el artículo 485 del Código de Enjuiciamiento Criminal. En casos como éste en que ya ha sido expedido el auto de habeas corpus y el prisio-nero traído ante la corte ó juez, la sentencia ó resolución que s.e dicte debe ser una, por la cual se remita el preso á la cus-todia en que se hallaba, ó admitiéndole fianza ó excarcelándole completamente. Como se verá de los autos de este caso, la corte.inferior no hizo ni una cosa ni la otra, sino que desestimó la solicitud por la cual se interesaba el auto de habeas corpus. Por esta razón, creo que debe revocarse la sentencia, devol-viéndose el caso para que se proceda á dictar una resolución como la que debió haber sido dictada por la corte inferior, ó debe dictarse una resolución por este tribunal remitiendo las transcripciones á la corte inferior para que se corrija la séntencia.

Pero, en segundo lugar, aún cuando la orden adecuada hu-biera sido.dictada por la corte inferior y la apelación debida-mente interpuesta ante este tribunal, el prisionero no debe ser excarcelado, porque la sentencia condenatoria dictada contra él por la Corte de Distrito de Humacao, no era nula enteramente, sino simplemente errónea, y por esa razón no puede ser amalada en habeas corpus. Este es nn principio legal bien conocido y de aplicación en tales casos, el que ba sido ampliamente disentido y aplicado al caso de Hobart S. Bird ex parte, No. 29, resuelto por este tribunal en 15 de marzo 1904. Después de examinar las autoridades que esta-blecen una distinción entre lo que son sentencias nulas y aque-llas que simplemente pueden anularse, la corte, en la opinión referida en el caso de Bird, se expresa en los términos siguientes:

“Del examen de estas secciones resulta claramente que la única sección aplicable á este caso, es el primer párrafo de la sección 483, por la que se declara que ‘ ‘ cuando se Raya excedido la jurisdicción de tal tribunal ó funcionario” se podrá poner en libertad al acusado. No puede haber duda después de una revista minuciosa de todos los autos y de las razones alegadas por el peticionario para que se le ponga en li-bertad, que en este caso el tribunal de distrito tenía jurisdicción sobre el delito denunciado, sobre la persona del acusado y sobre el asunto de que se trataba en esta causa, que no se había excedido la jurisdicción en lo más mínimo, y que el Tribunal Supremo tenía jurisdicción de apelación para decidir dicho asunto al interponerse el recurso de apela-ción.
“No se ha demostrado nada en la solicitud ni en el alegato que pue-da atacar, con éxito, esta jurisdicción ó la forma en que se ha ejercido, y tanto por esta razón, cuanto por otras expresadas en,la presente, la solicitud no puede prevalecer.
“La mayoría de los puntos alegados en esta solicitud atacan más bien el método de procedimiento que no la jurisdicción de los tribunales que dictaron la sentencia, por la cual el acusado fué declarado culpable, y de esta manera tratan de apartar el objeto del auto de habeas corpus de su primitivo propósito de libertar al peticionario de una su-jeción ó encarcelación ilegal, de modo que haga las veces de un rer curso de error ó de apelación. Es un principio elemental que esto no •es posible y en apoyo de esto no creo que sea necesario citar autorida-des; sin embargo, podrá hacerse referencia á algunas: Storti v. Massachusetts 183 U. S., 141; Minnesota v. Brundage, 180 U. S., 499; Markuson v. Boucher 175 U. S., 184; Tinsley v. Anderson 171 U. S., 101; Baker v. Grice 169 U. S., 284.
‘ ‘ El Juez Taft en la causa de McKnight, Federal Reporter, página 801, dijo muy bien que, “Antes de que un tribunal pueda intervenir mediante habeas corpus en la sentencia dictada por otro Tribunal, de-berá poder decir' que dicha sentencia es nula y sin ningún valor. ’? También se ha dicho por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que “cuando la objeción que se haga contra una sentencia solamente se refiere á la regularidad de los procedimientos que dieron por resul-tado el juicio, y no á la jurisdicción del tribunal de hacer ejecutar la sentencia, tal irregularidad no hace nula la sentencia.” Harding ex parte 120 U. S., 782. No hay nada en estos autos que invalide la sen-tencia y apoye la solicitud.”

. En mi opinión, aun cuando la sentencia dictada contra José de Thomas por la Corte de Distrito de Humacao baya sido errónea, ó cuando menos fuera excesiva, (por cuya razón no estuve de acuerdo en la confirmación de la misma, no fir-mando la sentencia basta entonces dictada por este tribunal en aquel caso), sin embargo, oreo que dicba sentencia no es completamente nula, por cuya razón soy de opinión de que la misma no puede ser impugnada en procedimientos de habeas corpus.

Siendo dé este parecer, respetuosamente disiento de la sen-tencia dictada y de la opinión aprobada por mis compañeros.


author: El Juez Asociado Sr. Hernández,

text:
    El Pueblo v. Brignoni.
    ApelacióN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla..
    No. 77.
    Resuelto en junio 5, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos.' — No habiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, y no-apareciendo que se haya cometido error alguno que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Filomeno Brignoni, contra sentencia de la corte del distrito judicial de Aguadilla, que por delito de homicidio voluntario le condena á la pena de ocho años y nueve meses de presidio con trabajos forzados y pago de las costas procesales.

El apelante y Catalino Mercado fueron acusados en 13 de febrero último por el delito de asesinato en segundo grado, cometido como sigue:

“Los citados Filomeno Brignoni y Catalino Mercado, allá por la noche del 26 de enero del corriente año 1907, en el barrio de Puntas del término municipal de Rincón, que forma parte del distrito judicial de Aguadilla, Puerto Rico, ilegalmente y con malicia premeditada, acometieron á Juan Carmelo Cardona, agarrándole el susodicho Cata-lino Mercado mientras Filomeno Brignoni le infería, con un cuchillo, ó puñal ó arma análoga, una herida mortal en la espalda que, atrave-sándole el pulmón izquierdo, le ocasiono la muerte á los pocos mo-mentos. ’ ’

Uno y otro acusado negaron la acusación, y sometidos'á juicio por jurados,, recayó veredicto, declarando á Brignoni culpable del delito de homicidio voluntario, y no culpable de dicho delito á Catalino Mercado; por lo que el juez, en primero de marzo pronunció sentencia condenatoria contra Brignoni en los términos expresados, la que, según se deja dicho, ha sido apelada para ante esta Corte Suprema.

No hay en el récord pliego de excepciones, ni escrito de exposición de hechos, ni las instrucciones al jurado han veni-do en forma auténtica, ni el apelante ha hecho alegación al-guna escrita ú oral en apoyo del recurso, que ha sido inpug-nado por el fiscal de esta Corte solicitando la confirmación de la sentencia apelada.

Examinado detenidamente el récord, no encontramos error alguno que vicie de nulidad la sentencia pronunciada, y pro-cede, por tanto, se confirme con las costas del recurso también á cargo del apelante Filomeno Brignoni.

Confirmada.

■ Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    El Pueblo v. Soto.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito d'e Mayagüez.

      No. 79.
    Resuelto en junio 5, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos. — No habiendo pliego de excepciones, ni relación de hechos, ni alegato, ni apareciendo de los autos que se haya cometido error fundamental alguno que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Falcón.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El demandado en ¿1 presente caso fué declarado culpable el día 16 de enero de 1907, en la Corte de Distrito de Ma-yagüez, previa acusación por el fiscal y veredicto del jurado, del delito de atentado contra la vida, y fué condenado por la corte en debido tiempo á la pena de reclusión durante siete años en el presidio con trabajos forzados, y al pago de las cos-tas. Contra esta sentencia interpuso recurso de' apelación en debida forma para ante esta corte, pero no ha presentado ni pliegos de excepciones, ni relación de hechos; y no se ha presentado ningún alegato por escrito á su favor. El abogado defensor pronunció un argumento oral presentando ciertas objeciones á la forma del veredicto y de la sentencia, pero des-pués de una debida consideración quedan éstas desestimadas.

Habiendo examinado el récord cuidadosamente en este ca so, y no habiendo encontrado error en el mismo, la sentencia de la Corte de Distrito de Mayagüez debe ser confirmada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados Hernández, Figueras y Wolf.


text:
    Huyke v. Arrese.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 119.
    Resuelto en junio 7, 1907.
    Posesión — Sus Efectos — Terceros.—Las disposiciones del artículo 455 del Có-digo Civil no tienen aplicación á aquellos que tuvieren el carácter de terceros, por haber adquirido con las condiciones de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Accesión por Edificación — Siembra ó 'Plantación — Cuasi Contratos.— Las disposiciones de los artículos 370, 1056 y 1788 del Código Civil no tienen aplicación á aquellos casos en que el dueño de las mejoras las verifica en su caiácter de dueño del inmueble y no como mero poseedor del mismo, por lo que no hay términos hábiles para estimar la existencia de un cuasi contrato con un tercero que hubiere adquirido los bienes con posterioridad.'
    Id. — Anotación de Embargo — Adjudicación de Hinca Embargada. — El caso de autos es el siguiente: En pleito seguido por A contra B, se adjudicaron al primero bienes de B, sobre los que se había, anotado ya un embargo á favor de C; adjudicados los mismos bienes á C., y cancelada la adjudicación que de ellos se hiciera á A., éste reclamó de C. las mejores hechas en las fincas, fundando su reclamación en los artículos 455, 370, 1056 y 1788 del Código Civil. Se resolvió que C. es tercero que adquirió con las condiciones de la Lqy Hipotecaria, y no .viene obligado al pago de esas mejoras, y aunque A. poseyó de buena fe, y tiene derecho á ser reintegrado de los gastos necesarios y útiles hechos en las, fincas, carece, no obstante, de acción contra C.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Lassalle.

    Abogado del apelado: Sr. Sarmiento.

   El Juez Asociado Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En juicio de mayor cuantía seguido ante el suprimido juz-gado de primera instancia de Guayama, por Enrique Huyke contra la Sucesión de Sebastián Massanet, sobre cobro de diez mil quinientos pesos, fueron adjudicados al demandante por auto de cinco de julio de 1898, entre otros bienes, una finca rústica de nueve y media cuerdas de terreno, con casa de bajos de mampostería y altos de madera, situada dicha finca en el barrio de “Cuatro calles” del pueblo de Arroyo, y ade-más, una casa de mampostería, techada de hierro, en la. calle de la Marina del mismo pueblo, habiéndose inscrito ambas adjudicaciones en el Registro de la Propiedad de Guayama, la de la finca rústica en tres de enero de 1899, y la de la casa en ocho de febrero del mismo año.

Con anterioridad á la adjudicación de ambas fincas á Enrique Huyke, ó sea, desde 14 de marzo de 1898 se había tomado en el Registro de la Propiedad de Guayama anota-ción del embargo de las mismas, practicado en juicio ejecu-tivo seguido ante el suprimido juzgado de primera instancia del distrito de San Francisco de esta capital por Esteban Arrese contra la sociedad Mercantil Massanet y Yidal en co-bro de seis mil quinientos pesos, en cuyo juicio recayó senten-cia de remate con fecha cinco de julio de 1898, habiéndose ad-judicado al ejecutante Arrese en parte de pago de su crédito por auto de 9 de mayo de 1900, entre otros bienes, las dos fin-cas de que se trata, cuya adjudicación fué inscrita en el Re-gistro de la Propiedad de Guayama con fecha 7 de septiem-bre de 1900.

Como en dicho registro aparecía que Ja inscripción de ad-judicación á favor, de Huyke se había hecho con posteriori-dad á la anotación de embargo sobre los mismos bienes tomada en el propio registro, la corte de distrito de San Juan á ins-tancia de Arrese ordenó por auto de quince de mayo de 1900 que Enrique Huyke fuera notificado de'la adjudicación hecha á Arrese á los efectos del' artículo 71 de la Ley Hipotecaria, por si quería librar dichos bienes dentro del término de diez días; y no habiéndolo verificado, la misma corte, á petición de Arrese, dispuso por auto de 30 de junio siguiente, que se can-celara la inscripción ele adjudicación hecha á favor de Huyke, como así se hizo.

Durante el tiempo que Huyke estuvo en posesión de las fincas que pasaron luego á ser propiedad de Arrese, ocurrió el Ciclón de San Ciríaco en ocho de agosto de 1899, que causó' daños considerables en ellas, habiendo gastado Huyke, según alega, la suma de dos mil ciento ochenta y nueve pesos setenta y nueve centavos moneda provincial, para reparar los desper-fectos sufridos.

A fin de obtener el reintegro de la expresada suma, pre-sentó demanda Enrique Huyke ante la Corte de Distrito de Humacao, en 8 de agosto de 1901, contra Esteban Arrese, de cuya demanda vino luego á conocer la Corte de Distrito de San Juan, la que por sentencia de treinta de noviembre del año próximo pasado, estimó que los hechos y la ley están en favor del demandado y. en contra del demandante, y en su virtud declaró sin lugar la demanda, ordenando que el demandante nada obtenga y recobre del demandado, con las costas al primero.

Esa sentencia ha venido á nosotros en grado de apela-ción interpuesta por la representación de Huyke, y dicho re-curso pende hoy de decisión ante esta Corte Suprema después de vistas y oídas las alegaciones escritas y orales de ambas partes.

Aunque el letrado defensor de Enrique Huyke ha traído al debate varias cuestiones legales en apoyo del recurso, en realidad de verdad, la única cuestión legal que nos toca resolver es la de si es aplicable al presente caso en favor' de Huyke y en contra de Arrese el artículo 453 del antiguo Código Civil, que es el 455 del que actualmente rige.

Ese artículo dice así:

“Los gastos necesarios se abonan á todo poseedor; pero solo el de buena fe podrá retener la cosa hasta que se le satisfagan.
“Los gastos útiles se abonan al poseedor de buena fe con el mismo derecho de retención, pudiendo optar el que le hubiese vencido en su posesión, por satisfacer el importe de los gastos ó por abonar el aumento de valor que por ellos haya adquirido la cosa. 7

Admitimos que Enrique Huyke poseyó de buena fe y por tí-tulo de adjudicación las dos fincas á que se contrae el presente' pleito, y como consecuencia de aquélla posesión de buena fe, es indudable que Iíuyke tiene derecho á ser reintegrado de ios gastos necesarios y útiles hechos en las fincas de que se trata; pero sostenemos que no puede exigir ese reintegro á. Esteban Arrese.

Entre Huyke y Arrese no ha habido cuestión alguna de posesión que se haya decidido á favor del segundo, la adju-dicación de las fincas á favor de Huyke fué cancelada en el registro de la propiedad, y, por tanto, dejó de tener existencia, legal desde que se verificó la cancelación; Arrese no adqui-rió de Huyke las fincas sino de la Sociedad Massanet y Vidal contra la que dirigió su acción ejecutiva para el cobro-de una deuda de seis mil quinientos pesos, y con las fincas adquirió las mejoras por titulo de adjudicación, pagando en su virtud el importe de ellas. El beneficio de esas mejoras no fué para Arrese, sino para la Sociedad demandada Massanet y Vidal que así pagó á Arrese en parte lo que legítimamente le adeudaba.

Sobre las fincas adquiridas por Arrese no pesaba carga alguna real á favor de Huyke, y no puede, por tanto, ser compelido al reintegro de una cantidad que como carga pesa-ra sobre aquéllas. La acción para obtener dicho reintegro es puramente personal, y esa acción no puede derivarse del solo hecho de haber venido Arrese á ser dueño por título oneroso de las fincas que recibieron las mejoras.

En apoyo de la doctrina expue'sta, podemos citar la senten-cia del Tribunal Supremo de España de 27 de junio de 1899 que, en un caso análogo, resolvió no ser de aplicación el texto legal ya transcrito por tratarse de terceros, como hoy Arrese, que adquirieron con las condiciones de la Ley Hipotecaria.

Las alegaciones hechas por la parte apelante sobre infrac-ción de los artículos 361, 1089 y 1887 del antiguo Código Civil, que son los 370,-1056 y 1788 del hoy vigente, relativo el primero de dichos artículos á la accesión por edificación, siembra ó plantación de buena fe en terrenos ajenos, y los dos últimos concernientes á cuasi contratos, no tienen aplica-ción alguna al caso de autos, pues cuando el demandante edi-ficaba ó reparaba las dos fincas de que se trata, lo bacía en bie-nes que poseía como propios, á virtud de título de adjudicación que por orden judicial fué luego cancelado, y porque entonces no había términos hábiles para que pudiera cuasi contratar con Esteban Arrese, que adquirió dichos bienes mucho tiempo después.

Por las razones expuestas, procede la confirmación de la sentencia apelada, con las costas del recurso también á cargo del apelante Enrique Huyke.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    Bras v. Rivera.
    ApelacióN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 125.
    Resuelto en junio 7, 1907.
    Jurisdicción — Nulidad de Contratos — Intereses Usurarios. — La corte municipal es la competente para conocer de una demanda que envuelva la nulidad de un contrato de préstamo por haberse estipulado intereses usurarios, cuando la cuantía del mismo y sus intereses, no excediere de quinientos dollars, sin que pueda alegarse que en estos casos la jurisdicción de las cortes de distrito' es concurrente con la de las cortes municipales, pues la jurisdicción de estas: 'cortes es exclusiva.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Feliú.

    Abogado del apelado: Sr. de Diego.

   El Juez Asociado Se. Figueeas,

emitió la opinión del tribunal.

Como antecedentes de este recurso es conveniente insertar íntegra la opinión sentencia del juez de la Corte de Distrito de Mayagüez emitida en 23 de febrero del año actual y que dice así:

"El abogado Leopoldo Féliú, á nombre del demandante arriba expresado, ó sea Pedro J. Bras, presentó demanda ante esta corte contra el demandado José G. Rivera, en solicitud de que se dictase sentencia decretando la nulidad de un préstamo agrícola celebrado entre ambas partes litigantes y además interesó como remedio provisional en ayuda de dicha acción, que la corte dictara un auto de injunction preliminar contra dicho demandado, sus agentes y abo-gados ó cualquiera otra persona que lo represente ó actuare en su nombre con ó bajo su autorización, así como al marshal ó submarshal de 'la corte municipal de esta ciudad, prohibiéndoles que en manera ó modo alguno procedieran al cobro de dicho préstamo ó que pro-cedieran al embargo ó subasta ó remate de dichos bienes sujetos al préstamo de referencia, mientras otra cosa no se ordenase por este tribunal. Tramitada en forma esta demanda, compareció el deman-dado por conducto de su abogado José de Diego, y alegó como excep-ción previa á dicha demanda, las siguientes. Primera: Que esr.a corte no tiene jurisdicción para conocer del asunto, por la materia ó cuantía de la acción, pues el importe del préstamo agrícola, cuya nulidad se reclama, no excede de quinientos dollars, y segunda que dos acciones han sido indebidamente acumuladas en la demanda, ó sea la acción sobre nulidad del préstamo y la dirigida al interdicto prohibitorio.
"Oídas en corte abierta dichas excepciones y discutidas amplia-mente por los abogados representantes de las partes litigantes, el tribunal reservó su decision para una de sus próximas sesiones y en este día declara, que la ley está á favor de la parte demandada en cuanto á la primera de dichas excepciones alegadas, ó sea la de falta de jurisdicción de esta corte para conocer de la acción principal de nulidad del préstamo agrícola, por no exceder la cuantía del mismo de la suma de quinientos dollars, intereses inclusive, correspondiendo, por tanto, el conocimiento de la acción interpuesta á la corte municipal de esta ciudad, que es la única competente para ello con arreglo á la sección cuarta de la ley para reorganizar el sistema judicial de Puerto Rico de fecha 10 de marzo de 1904, en relación con la ley "para que los agricultores puedan contraer préstamos agrícolas con la garantía de predios y efectos agrícolas, ’ ’ aprobada el diez de marzo de 1904 y sus concordantes en este caso de aplicación ó sean la ley "sobre fijación del interés en toda clase-(fe obligaciones,” en su sec-ción 4a., artículo 362, de fecha primero de marzo de 1902 y la Ley de Enjuiciamiento Civil española, con las modificaciones introducidas por la Orden General número 118 de 1899, vigente en aquella fecha y que rigió hasta la publicación del nuevo Código de Enjuiciamiento Civil de fecha primero de julio de 1904, en la parte en que dichas dos últimas leyes regulan la competencia de los jueces municipales. La corte, por tanto, declara con lugar dicha excepción y se abstiene de seguir conociendo de la acción de nulidad interpuesta por carecer de jurisdicción, por razón de la cuantía de la cosa objeto de litigio.”

La segunda excepción alegada también por el demandado sobre indebida acumulación de acciones, ó sea la acción sobre nulidad del préstamo y la dirigida al interdicto prohibitorio, fué denegada por la' corte, pero contra esa resolución no se interpuso recurso alguno, así como tampoco contra la que con-cedió el injunction preliminar.

No tenemos, pues, para qué ocuparnos de resoluciones consentidas por el demandado.

Contra la sentencia dictada en 23 de febrero del año actual, á que nos hemos referido y por la que se declaró incompe-tente el juez de la Corte de Distrito de Mayagüez, por razón de la cuantía, que no excede de quinientos dollars, intereses inclusive, interpuso recurso de apelación el demandante Pedro J. Bras, y aquí ha comparecido presentando un alegato y un brief adicional.

En el alegato se sostiene por el apelante que la Corte de Distrito de Mayagüez es la competente para conocer de la de-manda en este caso presentada.

Se funda en la ley aprobada en primero de marzo de 1902 que fija el interés en toda clase de obligaciones, toda vez que aquí se trata, dice, de la nulidad de un contrato por ser usu-rarios los intereses.

Esa ley citada anteriormente, á que se refiere el apelante, no fijó ó determinó cual fuese el tribunal qüe debía conocer, ele la nulidad de los contratos por intereses usurarios, sino que remitió todas las. cuestiones, con ese motivo suscitadas, al tribunal de jurisdicción competente y como cuando dicha ley se aprobó coexistía con ella en el orden orgánico y proce-sal la Orden General número 118 de 15 de agosto de 1899 y ésta, en sus secciones 26 y 47, fijaba de modo claro en cuanto á la cuantía, la competencia de los jueces municipales y de las cortes de distrito, es indudable que aquella ley de 1902 se refirió á esos tribunales, según el interés del litigio que en cada caso se discutía.

En el mismo caso se encuentra la ley sobre la misma mate-ria, aprobada en 12 de marzo de 1903, que se limitó á enmen-dar la sección primera de la'de 1902.

Viene luego la ley aprobada en 14 de marzo de 1907, página 229, que enmendó la sección 4a. y declaró que:

“Cualquier contrato en el cual se reserve, acepte ó asegure ó se convenga en reservar, aceptar ó asegurar, un tipo dé intereses mayor que el que se permite por esta ley, es completamente nulo en todos sus efectos en cuanto al interés; y el tribunal competente, en un juicio adecuado, podrá suspender el cobro de dicho interés y todo procedi-miento para hacer cumplir dicho contrato será nulo en lo que se refiere al interés.”

Como se vé esta ley tampoco precisa determinadamente cuál es el tribunal que debe declarar la nulidad á que se refiere y hay entonces en este caso que someterse á la ley reorgani-zando el sistema judicial de Puerto Rico, que prescribe en su sección 4a. que los jueces municipales tienen la jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito, que no excedan de quinientos dollars, intereses inclusive.

No debe perderse de vista que en este caso se trata de la nulidad de un contrato que no excede de esa suma y que el apelante, por medio de un injunction preliminar que en la misma demanda solicitó, obtuvo el remedio para suspender el cobro del préstamo que se supone nulo, y todo embargo, subasta ó remate de los bienes sujetos á dicho préstamo, y •conste que este remedio lo alcanzó de la misma corte que se ■declaró incompetente por .razón de la cuantía para conocer en •el fondo de la nulidad á que se refiere la demanda.

Creo que están resueltas todas las cuestiones tratadas en el alegato del apelante.

En su brief adicional sostiene que la jurisdicción de las cortes de distrito es concurrente con la de las cortes mnnú •cipales, y cita en su apoyo resoluciones de diferentes tribu-nales de los Estados Unidos.

Pero nosotros tenemos aquí nuestro estatuto sobre la ma-teria en cuestión que no consiente á nuestro juicio, esa con-■currencia de jurisdicción en litigios, cuya cuantía no exceda de quinientos dollars, interéses inclusive. En estos casos la .jurisdicción'de los jueces municipales es exclusiva y á nues-tro estatuto nos atenemos.

Esta misma cuestión se trató más ampliamente por esta Corte Suprema en el caso No. 110 de Tony Lowande v. Otero y Ca., procedente de la Corte de Distrito de San Juan y fa-llado en 3 de mayo del corriente año y á la opinión allí emitida nos referimos para contestar en todas sus partes al brief adi-cional del apelante.

Por las razones expuestas, la sentencia de la Corte de Dis-trito de Mayagüez, dictada en 23 de febrero de 1907, debe confirmarse é imponerse las costas de este recurso al deman-•dante y apelante Pedro J. Bras.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sr. Presidente Quiñones y Asociado :Sr. Wolf.

Los Jueces Asociados Sres. Hernández y MacLeary no Intervinieron en la resolución de este caso.


author: El Juez Peesidente Se. Quiñones,

text:
    Moscoso v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Ponce.
    No. 3.
    Resuelto en junio 8, 1907.
    Otorgamiento de Instrumentos Públicos — Conocimiento de las Partes — Pe del Notario. — A.1 final de la escritura á que se refiere el caso de autos, el notario da fe en la forma siguiente: ‘1 del conocimiento, profesión y vecin-dad de los comparecientes, así como de su edad y estado con relación al dicho de los mismos, y de cuanto se consigna en este instrumento público, doy fe.” Se resolvió, que redactada así la cláusula, se entiende perfectamente que el notario da fe del conocimiento, profesión y vecindad de los compare-cientes por su conocimiento propio.

    Bienes Gananciales — Administrador de la Sociedad de Gananciales. — Aunque el marido es el administrador de la sociedad de gananciales y es el que debe, en estricto dereeho, otorgar las escrituras de donación, enagenación ú obliga-ción á título oneroso, de los' bienes de dicha sociedad, y al exigirse el con-sentimiento expreso de la mujer para estos actos, se ha tratado sólo de poner á salvo sus intereses, es claro que los requisitos de la ley se han • cumplido en la escritura de venta que pretende inscribir el recurrente, por constar el consentimiento expreso de ambos cónyuges en la enagenación, aunque en ella figure como otorgante la mujer y concurra el marido á los efectos de prestar su consentimiento, por lo que procede su inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Hernández Usera.

   El Juez Peesidente Se. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don José Hernández Usera, á nombre de Don Teo-doro Hoscoso contra nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Ponce, á inscribir una escritura de compra-venta.

Resultando: que por escritura pública otorgada en esta ciudad de San Juan ante el abogado y notario de la misma Don José Hernández Usera, en 11 dé diciembre de 1906, Doña Bárbara Martínez y Rivera, con la asistencia y consentimiento expreso de su esposo Don José Ramón González y Rivera, vend:ó á Don Teodoro Moscoso y Rodríguez, dos solares sitos en la calle del Dr. Pujáis de la ciudad de Ponce, uno de ellos con casa de altos de madera y bajos de manipostería, los que le correspondían en propiedad por compra á Don Manuel Gómez Coimbre y á Doña Carlota García Ayala y sus Mjos Don Pablo Enrique, Doña Ana Carlota y Doña .Carlota Acacia Arroyo y García, por escrituras públicas otorgadas á su favor con el consentimiento de su esposo Don José Ramón González, en 15 de octubre de 1895 y 15 de febrero de 1894, respectiva-mente, inscritas ambas en el registro de la propiedad de aquella ciudad, verificándose la venta por el precio ajustado y convenido de cuatro mil dollars, pagaderos en el término de diez años con el interés del siete por ciento anual que se com-prometió á pagar al comprador por semestres vencidos, que-dando los solares vendidos hipotecados al pago del precio con-venido, y consignando el notario al final de la escritura, ‘‘que del conocimiento, profesión y vecindad' de los comparecientes, así como de su edad y estado con relación al dicho de los mis-mos, y de cuanto se consigna en este instrumento público, doy fe.”

Resultando: que presentada una copia de esa escritura al Registro de 1¿ Propiedad de Ponce para su inscripción, la. denegó el registrador por los motivos que se expresan en la nota obrante al pie de dicho documento, la que copiada á la letra dice así:

“Denegada la inscripción del documento que precede por los siguientes defectos insubsanables: primero, por la vaguedad y con-fusión que se observa en la redacción de la cláusula en que se da cono-cimiento de los otorgantes, según la cual no puede precisarse si se consigna éste con relación al dicho de los mismos ó como afirmación del propio conocimiento del notario, que exige la ley categóricamente; y segundo: porque adquiridas, por título oneroso, durante el matri-monio, según resulta del registro, y debiendo, por consiguiente, repu-tarse gananciales las fincas enagenadas, realiza su enagenación la mujer en lugar del marido, único representa ni e de la sociedad con-yugal, artículos 161, 1316, 1322 y 1327 del Código Civil; sin que baste el acto meramente pasivo del maridó que presta su consenti-miento á la enagenación, para convalidar esta subversión de las fun-«iones que á cada cónyuge asigna la ley en el orden económico de la sociedad matrimonial y tomada en su lugar anotación, por cuatro meses á les folios 101 y 209 vueltos de los tomos 101, 178 del Ayunta-miento de esta ciudad, fincas números 4461 y 3099 duplicado, anota-ciones letras A, respectivamente. — Ponce, diciembre 28 de 1906. — El Registrador, José Sastraño Belaval.”

Resultando: que contra esta nota lia interpuesto el abo-gado Don José Hernández Usera, á nombre de Don Teodoro Moscoso, el presente recurso gubernativo para que se revoque y se ordene al registrador la inscripción de la escritura.

Considerando: respecto del primer motivo consignado por el registrador en su nota, que atendidos los términos en que aparece redactada la cláusula final de la escritura, se com-prende fácilmente que el notario da fe del conocimiento, pro-fesión y vecindad de los comparecientes por su conocimiento propio; y respecto á su edad y estado, con relación al dicto de los mismos, que es lo que exige la Ley Notarial por lo que no existe el motivo de ambigüedad y confusión que supone el registrador en su nota.

Considerando: respecto del segundo motivo, que cons-constando en la escritura el consentimiento expreso de ambos cónyuges en la venta, queda cumplido el precepto del artículo 359 del Código Civil vigente, que requiere aquel requisito para la validez de las enagenancion.es de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, á cuya clase corresponden los solares ven-didos, y por consiguiente, que no puede estimarse nula la venta de los mismos, como lo fia declarado ya este Tribunal Supremo en resolución de 21 de marzo último, dictada en otro recurso de esta misma índole establecido por Don Manuel J. Vidal, como mandatario verbal de Don Pedro J. Rosaly, contra una resolución igual dictada por el mismo registrador de Ponce en un caso exactamente análogo al presente.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Ponce al pie de la escritura de que se trata en el presente recurso, y se declara que dicha escritura es ins-cribible y con copia certificada de la presente resolución, de-devuélvase al registrador la escritura presentada, para que proceda á inscribirla y á lo demás que corresponda con arre-glo á derecho.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Wolf.

Juez disidente: Sr. MacLeary. •


author: El Juez Peesidente Sr. Quiñones,

text:
    Felici v. El Registrador de la Propiedad.
    RecuRso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Ponce.
    No. 8.
    Resuelto en junio 8, 1907.
    Contribuciones — Finca Vendida en Pública Subasta — Certificado de Reden-ción — Inscripción.—La extensión de nota marginal por presentación en el registro de un certificado de redención de finca vendida para el pago de con-tribuciones, no procede en los casos en que el certificado de la venta de dicha finca no apareciere inscrito á nombre del comprador ni de ninguna otra persona.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados del recurrente: Sres. Tord, Toro S Canales.

   El Juez Peesidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por los .abogados Toro y Canales, á nombre de Don Domingo Felici, •contra nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Ponce á inscribir un certificado de redención de cierta finca rústica.

Resultando: que librado por el-Registrador de la Propie-dad de Ponce á favor de Don Domingo Felici, certificado de redención'de 30 cuerdas de terreno de la hacienda “Santa Rita” de que es condueño dicho Sr. Felici y que 'habían sido rematadas por el colector de rentas internas de aquella ciu-dad para 'pago de contribuciones atrasadas y adjudicadas á Don José Liborio Hernández, en nso del derecho qne le con-cedía el artículo 348 del Código Político en relación con el 1425 del Código Civil; y qne presentado dicho certificado de redención al mismo Registrador de la Propiedad de Ponce para la extensión de la nota marginal, la denegó el registrador por los fundamentos de la nota puesta al pie de dicho docu-mento, la qne copiada literalmente dice así:

‘ ‘ Denegada la extensión de nota marginal, en virtud del precedente documento por no resultar inscrito el certificado de compra á que el mismo se refiere, á nombre de Don José Liborio Hernández, ni de ninguna otra persona y puesta en su lugar nota marginal preventiva á la anotación letra B que se halla al folio 244 vuelto del tomo 129 de este Ayuntamiento, finca número 5849 y cuya anotación fué conver-tida en la inscripción 7a. de dicha finca al folio 250 del tomo 130 de esta ciudad. — Ponce y marzo 25 de 1907. — El Registrador, José Sastraño Belaval.”

Resultando: qne contra esta nota han interpuesto en tiempo los abogados Toro y Canales, á nombre de Don Domingo Felici, el presente recurso gubernativo para qne se revoque dicha nota y se ordene al registrador la inscripción de dicho certificado de redención; informando á su vez el registrador por escrito dirigido á esta corte lo que ha creído pertinente en confirmación de su negativa.

Aceptando los fundamentos de la resolución impugnada.

Se confirma la nota del Registrador de la Propiedad de Ponce, y devuélvansele los documentos presentados, con copia, de la presente resolución á los fines procedentes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez PresideNte Sr. Quiñones,

text:
    Garrido v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan.
    No. 2.
    Resuelto en junio 8, 1907.
    Inscripción — Adjudicación de la Finca — Inscrita á Favor del Causante de la Sucesión Demandada. — Adjudicada al acreedor ejecutante una finca ins-crita á favor de la mujer, en procedimiento seguido contra las sucesiones de ambos esposos, para que pueda inscribirse el título de adjudicación es necesario inscribir previamente dicha finca á favor de las respectivas su-cesiones, según las fechas del fallecimiento de los causantes. ^
    Los hechos están expresados en la opinión.
   El Juez PresideNte Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Luis Freyre Barbosa, á nombre de Don José Garrido Taboada, contra resolución denegatoria del Regis-trador de la Propiedad de esta Capital á inscribir una escri-tura de compra venta.

jResultando: que por escritura pública otorgada en esta ciudad ante el abogado y notario de la misma Don Herminio Díaz Navarro en 13 de julio de 1906, Don Agustín Musa y Mar-cano, en su carácter de marshal de la corte municipal de esta ciudad, otorgó á favor de Don José Garrido Taboada escri-tura de venta de una casa, sita en el pueblo de Río Piedras, que había sido embargada por el referido marshal en las diligencias de ejecución de la sentencia firme recaída en el jui-cio civil seguido en la misma Corte Municipal de esta ciudad por el Don José Garrido Taboada contra las Sucesiones de Doña Bárbara Torres y su esposo Don Vicente Melchor Ros, dueños que fueron de dicha casa, en cobro de pesos, y por cuya sentencia fueron condenadas las sucesiones demandadas á pagar al demandante la cantidad reclamada con sus intere-ses y las costas; y que habiendo sido sacada á pública subas-ta la casa embargada, y no habiéndose presentado ningún li-citador, se adjudicó al acreedor Don José G-arrido Taboada en pago de su crédito con los intereses y las costas.

Resultando: que presentada dicba escritura al Registro de la Propiedad de esta Capital para su inscripción, la de-negó el registrador por los fundamentos de la nota puesta al pie de la misma escritura, que copiada á la letra dice así:

“No admitida la inscripción del presente título por estar inscrita la casa á nombre de Doña Bárbara Torres, esposa que fué de Don Vicente Melchor Ros, y haberse adjudicado aquélla en procedimiento (seguido) contra la sucesión de la deudora y del expresado Melchor Ros, sin que se haya inscrito previamente la casa á favor de las respec-tivas sucesiones, según las fechas del fallecimiento de los causantes, y se ha extendido anotación por el término legal al folio 101, tomo 7, de Río Piedras, finca 323, anotación letra A., en la que se han hecho constar como defectos subsanables la contradicción que hay en el docu-mento entre las fechas del testamento y de la defunción de Doña Bár-bara Torres, y de no expresarse los nombres de las personas que cons-tituyen las sucesiones de dicha Señora y Don Vicente Melchor. —San Juan Bautista de Puerto Rico, diciembre 14 de 1906.”

Aceptando los fundamentos de la resolución impugnada.

Se confirma la nota del Registrador de la Propiedad de esta Capital, y devuélvansele los documentos presentados con copia de la presente resolución, á los efectos procedentes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Wole,

text:
    Ex Parte Suárez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 89.
    Resuelto en junio 10, 1907.
    Habeas Corpus — Jurisdicción.—Aunque la alegación del peticionario de haber sido condenado sin que se le haya citado, ni oído en juicio, constituye un motivo suficiente para decretar su excarcelación por habeas corpus, en los casos en que sea debidamente probada, aún por la sola declaración del prisionero, sin corroboración alguna, sin embargo, la prueba practicada en este caso no es suficiente para dejar establecida tal alegación.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Figueroa Maestre.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Se. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

' El apelante hizo solicitud á la Corte de Distrito de San Juan para que expidiera un auto de habeas corpus y esa corte, después de celebrada.la vista del caso, ordenó que el peticiona-rio fuera puesto nuevamente bajo la custodia del funcionario que le retenía. La solicitud expresa que el preso que fué procesado por dos delitos de violación de las leyes de rentas internas fué condenado en cada uno de estos casos, á pagar una multa de cien dollars, ó á prisión alternativa de un mes; que el prisionero se encuentra en la cárcel municipal de Ba-yamón, siendo dicha prisión ilegal por haber excedido la corte su jurisdicción al no haber oído al peticionario en la sala de Justicia ya por sí ó por medio de abogado, no habiendo tam-poco oído ninguna prueba de dicho peticionario. No se pre-sentaron alegatos, pero hubo argumentos orales, y estamos de acuerdo con el fiscal en que la solicitud no constituye prima facie un caso en que proceda la excarcelación. Parece que durante la vista en la corte inferior se alegó que el prisionero nunca fué citado debidamente en el caso original, pero aún cuando esto hubiera sido el fundamento de la solicitud intere-sando l'a excarcelación, de la prueba no vemos que el peticio-nario no hubiera sido debidamente citado y arrestado, puesto que él mismo admite que tenía conocimiento de la demanda. Aunque una prueba y alegación directa del prisionero, aún su propio testimonio que no ha sido corroborado con respecto á que nunca fué citado, pudiera bastar para asegurar su excar-celación en propia forma, sin -embargo, la naturaleza de la prueba que tenemos ante nos, no nos satisface, como hemos ■dicho, con respecto á que el peticionario no fuera debidamente declarado culpable. La solicitud es deficiente en otro res-pecto, porque no excluye la hipótesis de que el preso haya po-dido ser oído aunque nó en la sala de justicia.

No se lia demostrado ó alegado debidamente que el prisio-nero esté en prisión sin el debido procedimiento legal, de-biendo confirmarse la sentencia dictada por la Corte de Dis-trito de San Juan.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Hernández, Figueras y MacLeary.