author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Isabel Antonia García López, etc., demandantes y recurrentes, v. Juan, Alejandro y Manuel Méndez García y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-68-151

      Resuelto: 31 de mayo de 1974

      Angel Roberto Díaz y Antonio Ortiz Toro, abogados de los recu-rrentes, excepto la recurrente María Isabel Méndez García; Edelmiro Martínez Rivera y Edelmiro Martínez, Jr., aboga-dos de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Revisamos en este recurso la sentencia del tribunal de ins-tancia que desestimó la demanda interpuesta por la recu-rrente Isabel Antonia García López para reivindicar bienes gananciales y para decretar la nulidad de actuaciones y de los procedimientos judiciales que trasladaron simuladamente esos bienes fuera del patrimonio de la sociedad de ganancia-les constituida por ella y su entonces esposo José Méndez García. Los recurrentes impugnan la sentencia del tribunal de instancia apuntando como errores que incidió el tribunal: 1) al concluir que no se probó el fraude alegado, 2) al con-cluir que es válida la transacción entre las partes efectuada el 22 de noviembre de 1943 y aclarada por resolución nunc, pro tune el 7 de julio de 1947, 3) al declarar válida y correcta la liquidación de la cuenta personal de José Méndez García en la mercantil Sobrinos de A. Méndez y Hermano, así como los procedimientos judiciales y adjudicaciones hechas a Juan Méndez García, uno de los recurridos, en los casos civiles Núms. 42-626 y 42-625 y las donaciones hechas bajo las escri-turas Núms. 6 y 5 de 14 de abril de 1960, otorgadas ante el notario Edelmiro Martínez, hijo, 4) al declarar sin lugar las cinco causas de acción ejercitadas en la demanda.

Los errores primero, tercero y cuarto están íntimamente relacionados fundándose los recurrentes en los mismos argu-mentos. Los discutiremos conjuntamente.

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El tribunal de instancia desestimó la demanda al enten-der que no había prueba de fraude o simulación. Se fundó en el principio de derecho de que el fraude no se presume, exigiendo a los recurrentes un grado irrazonable de prueba que en esencia desvirtúa la justicia del caso.

La regla general de que el fraude no se presume sólo significa que aquel que lo afirma debe probarlo con certeza razonable en forma tal que satisfaga la conciencia del juzgador. Cf. Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 D.P.R. 659, 662 (1970). No significa que el fraude haya que demostrarlo con prueba concluyente ni con certeza matemática, pues, como sabemos, esta prueba es rara vez posible.

En realidad, no vemos diferencia fundamental entre la no presunción de fraude y la regla general que exige preponderancia de evidencia para probar un hecho. La diferencia propiamente está en la naturaleza del hecho a probarse y no en las reglas en sí. La experiencia nos indica que hay hechos de fácil constatación mientras que hay otros más difíciles de probar. Pero siempre, en uno y otro caso, el hecho debe probarse con preponderancia de prueba y no a base de conjeturas o especulaciones.

La prueba de los recurrentes en el caso de autos demostró con razonable certeza la existencia de fraude. Un examen detenido de la misma nos convence que el tribunal de instancia incidió al desestimar la demanda.

Conviene identificar a las partes para una mejor com-prensión de los hechos. Los recurrentes son Isabel Antonia García López y sus hijos José Víctor y María Isabel Méndez García. Estos dos originalmente entraron al pleito como de-mandados pero luego se unieron a la madre como deman-dantes en la acción principal. Los recurridos Juan, Alejandro y Manuel Méndez García son hermanos de José Méndez García, esposo que fue de la recurrente Isabel Antonia. Tam-bién son recurridos y demandados en la acción principal los hijos de ambos Rosa María, Aurora Margarita y Joaquín Reymundo Méndez García conjuntamente con la Ferretería Méndez, Inc.

Aparece del récord que tan pronto la recurrente Isabel Antonia García López instó demanda de divorcio contra su esposo José Méndez García el 27 de junio de 1942, éste ini-ció en connivencia con sus hermanos una serie de actos simu-lados que culminaron en el despojo de la participación de aquella en la sociedad de gananciales.

No se había contestado aún la demanda de divorcio cuando ya el 31 de julio José Méndez García y sus hermanos Alejandro y Manuel, acordaban la liquidación de su cuenta personal en la Sociedad Mercantil Sobrinos de A. Méndez y Hermano, S. en C., quedando José como un simple empleado con un salario de $150.00 al mes. La liquidación se elevó luego a documento público mediante la escritura Núm. 126 de 5 de octubre de 1942 ante el notario Eduardo F. H. Dottin. Surge de esta escritura que José carecía de fondos con que liquidar su deuda a la Sociedad por lo que abonó a ésta el capital aportado quedando a deber la cantidad de $98.22.

Esta alegada situación de penuria no le impidió, sin embargo, incorporar un mes después, el 30 de noviembre de 1942, junto a sus mencionados hermanos, la Ferretería Mén-dez, Inc. Las Cláusulas de Incorporación archivadas en el Departamento de Estado revelan que José suscribió y pagó 75 acciones por un valor de $7,500. Un mes más tarde se disolvió la Sociedad Mercantil y se transfirieron sus activos a Ferretería Méndez, Inc.

La liquidación de la cuenta personal de José no alteró sus poderes y responsabilidades en el negocio. José continuó ejerciendo funciones y facultades de un socio: “El era uno de los jefes y el que cogía empleados y veía lo que hacía falta y lo que compraba y tenía el mando más bien,” declaró su propia hija María Isabel Méndez García. (5ta. pieza T.E. pág. 14.) Testimonio que merece tomarse en cuenta por-que, según veremos, es contra su propio interés. Igualmente el testimonio de José Víctor Méndez, (4ta. pieza T.E. pág. 70).

José continuó, además, viviendo cómodamente en Miramar teniendo a su servicio un automóvil y chofer y varios emplea-dos en el servicio doméstico. (4ta. pieza T.E. pág. 71.)

A la par con los anteriores actos surge del récord de este caso que el recurrido Juan Méndez García instó sendas accio-nes en cobro de dinero contra su hermano José. El 5 de febrero de 1943, antes de decretarse el divorcio, Juan pre-sentó en la anterior Corte de Distrito de San Juan el caso civil Núm. 42-625 mediante el cual le reclamó a su hermano el cobro de $2,109.87 por concepto de mercancía vendida en cuenta corriente. En esa misma fecha también presentó de-manda de cobro de dinero en el caso civil Núm. 42-626 recla-mándole el pago de $1,345 remanente de un préstamo que alegadamente él le había hecho a José para la compra de tres solares en la Calle Castro Viñas de Santurce. Le reclamó, además, $244.85 por concepto de anticipos que hizo a terceras personas en beneficio de José.

Salta a la vista de inmediato que ambas deudas tenían el carácter de ganancial, sin embargo, se demandó a José en su carácter personal y no como administrador de la sociedad de gananciales; que José no contestó la demanda y, en conse-cuencia, se dictó sentencia en rebeldía y se ejecutó uno de los solares adquiridos en la Calle Castro Viñas. El hermano Juan adquirió en la subasta el solar por la cantidad de $1,100, sirviendo de fiador para el embargo el otro hermano Alejandro Méndez García.

Es muy significativo que los tres solares originalmente adquiridos en la Calle Castro Viñas se habían agrupado y dividido en dos; uno de ellos fue cedido a Juan seis días des-pués de presentada la demanda de divorcio. En la escritura de traspaso, la Núm. 81 de 3 de julio de 1942 ante el notario Eduardo F. H. Dottin, las partes comparecientes hicieron constar que a pesar de que en la escritura de adquisición aparecía que dichos solares fueron adquiridos por José y su esposa, “la verdad es que la adquisición se hizo por Don José Méndez García para él y su hermano, aquí comparecientes, Don Juan Méndez García en común pro indiviso y por partes iguales, habiendo aprontado, el Don Juan Méndez García, la mitad del precio de adquisición”, que ascendió a $2,690. (Exh. 3 dmte.)

Se convino en la escritura Núm. 81 la cesión de uno de los solares a Juan por la mitad del precio de adquisición, $1,345, “cantidad que el dicho Don Juan Méndez entregó con anterio-ridad a este acto, para el pago de la mitad de los tres solares.

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Sin embargo, en el mencionado pleito Núm. 42-626 se reclamó la cantidad de $2,690 alegándose que Juan se la había entregado a José para ser invertida en la compra de los solares. O sea, que por un lado en la escritura se dice que Juan aportó la mitad del precio, $1,345, cantidad que se pagó al traspasársele uno de los solares, y, en la demanda de cobro de dinero se reclamó el precio total de $2,690. Por otro lado, no es lógico ni convincente que habiendo aportado Juan todo el dinero para la adquisición de los solares apareciera, sin embargo, José adquiriéndolos para sí en la escritura de com-praventa para luego dividirlos entre los dos.

Pero es que, además aparece del récord que a pesar de que impiadosamente Juan ejecutó esta propiedad de José, éste luego lo designa en su testamento albacea, relevándolo de prestar fianza, contador-partidor, tutor de sus hijos menores y usufructuario en el tercio de libre disposición. Todos estos cargos son de naturaleza fiduciaria y en el orden natural de las relaciones humanas no se le otorga confianza a aquellos que nos embargan y ejecutan propiedad valiosa por deudas rela-tivamente modestas, a menos que haya una explicación razo-nable para ello. Esta explicación aparece del récord, así:

Años más tarde Juan donó la propiedad ejecutada a los hijos de José y entregó $8,000 en efectivo a cada uno de los cinco hijos cumpliendo así “. . . con un mandato, una promesa que le había hecho al hermano y que con eso su conciencia quebada tranquila.” Declaración del Dr. Joaquín Méndez, hijo de José Méndez García, y sobrino de Juan. (4ta. pieza T.E. pág. 73.) La donación se hizo por la escritura Núm. 6 de 14 de abril de 1960 otorgada ante el notario Edelmiro Martínez Rivera, hijo.

El propósito de esta transacción la describió José Víctor Méndez en la siguiente forma:

“R. Primero, nos reunimos todos los hermanos en casa de Rosa María Méndez, mi hermana. Entonces, acordamos que se iba a distribuir la herencia de nuestro padre, como donación, por tres motivos. El primero de ellos era para evadir de que un hijo, que fue reconocido por nuestro padre, se enterara que había herencia, porque hacía un número de años se le dejó de pasar a ella y si ella se enteraba que había herencia iba a reclamar tam-bién. [4ta. pieza T.E. pág. 35.]
R. En segundo lugar, para que nuestra señora madre no se enterara de que lo que se estaba distribuyendo era la herencia de nuestro padre. [Id. 36 Énfasis suplido.]
R. Para evitar, igualmente, el pago de impuestos al Gobierno de Puerto Rico. La cantidad en exceso que se podía pagar.” (Id. 36.)

Los hijos de José Méndez García — José Víctor y Joaquín —sabían, pues, que la escritura de donación otorgada por su tío Juan Méndez García constituía un acto espurio con el único designio de traspasarles la herencia del padre burlando la participación ganancial de la madre en los bienes compren-didos en la misma. (4ta pieza T.E. pág. 39-40.)

El tío Juan también donó a Rosa María Méndez García, hija de José, otra propiedad ubicada en la Calle del Parque mediante la escritura Núm. 5 otorgada ante el mismo notario Edelmiro Martínez Rivera, hijo, en la misma fecha que se otorgó la escritura de donación de la propiedad ubicada en la Calle Castro Viñas. La propiedad de la Calle del Parque había sido objeto de un procedimiento Ejecutivo Hipotecario que se inició después de presentada la demanda de divorcio. Dicha propiedad también fue subastada por el hermano Juan cuando estaba pendiente el divorcio.

Debemos aclarar que esta propiedad de la Calle del Parque se incluyó en la demanda original de este caso como una segunda causa de acción y fue declarada cosa juzgada por este Tribunal en García López v. Méndez García, 88 D.P.R. 363 (1963), razón por la cual ya no forma parte de este recurso. Señalamos, sin embargo, el hecho de que también fue objeto de donación porque ello refleja un patrón de conducta similar al que se siguió con respecto a la propiedad ubicada en la Calle Castro Viñas adquirida en subasta y luego donada a uno de los herederos. Patrón que razonablemente crea fuertes sospechas sobre el propósito real y verdadero del traspaso por donación.

Los anteriores hechos, unidos a la circunstancia sospechosa de que todas estas transacciones se celebraron entre parientes cercanos, son suficientes para levantar la inferencia de fraude y transferir el peso de rebatirla a los recurridos. Nine v. Avilés, 53 D.P.R. 494 (1938); The Texas Co. v. Estrada y Alvarez, Int., 50 D.P.R. 743, 750 (1936). Estos no rebatieron dicha inferencia, descansando su caso en la prueba documental impugnada y en el testimonio de Manuel Méndez García. Dicho testimonio se limitó a las transacciones relacionadas con el inmueble ubicado en la Calle San Agustín de Puerta de Tierra y el cual consideraremos al abordar el segundo apuntamiento.

Incidió el tribunal de instancia al concluir que no se probó el fraude alegado y, en su consecuencia, al declarar válida la liquidación de la cuenta personal de José Méndez García en la Mercantil Sobrinos de A. Méndez y Hermano, así como los procedimientos judiciales y adjudicaciones hechas en los casos civiles Núms. 42-626 y 42-625 y las donaciones hechas bajo las escrituras Núms. 6 y 5 de 14 de abril de 1960, otor-gadas ante el notario Edelmiro Martínez, hijo.

II

Los recurridos sostienen que todas las reclamaciones de los recurrentes están prescritas por el transcurso de más de 16 años de haber ocurrido los hechos que se exponen en la de-manda. Arguyen que habiéndose efectuado la liquidación de los gananciales el 22 de noviembre de 1943 el término de los recurrentes para impugnar la transacción por causa de error, dolo o por falsedad de causa, era de sólo 4 años que, es el término fijado en el Art. 1253 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3512.

Efectivamente, la liquidación de la sociedad de ganancia-les se efectuó el 22 de noviembre de 1943 mediante una moción titulada Comparecencia de las Partes en Relación con la Liqui-dación de los Bienes Gananciales que en lo pertinente dispuso lo siguiente:

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3 — Que la sociedad de gananciales existente entre las partes comparecientes ha sido debidamente liquidada y que como conse-cuencia de dicha liquidación la demandante-contra-demandada ha recibido a su satisfacción y contento de manos del deman-dado-contra-demandante la suma de $3,000 que es la participación justa y razonable que corresponde a dicha demandante-contra-de-mandada por el concepto de gananciales dicho.”

A tenor con dicha estipulación el tribunal de instancia dictó una “Orden” liquidando la sociedad de gananciales. Cuatro años después, el 3 de julio de 1947, a solicitud de los abogados de récord enmendó la llamada Orden mediante una resolución nunc pro tune ampliando sustancialmente el alcance de la estipulación. La enmienda fue al efecto de que “cualesquiera bienes o inmuebles existentes a la fecha de la disolución del matrimonio pertenecerán única y exclusiva-mente al demandado-contra-demandante por haber éste satis-fecho a la demandante-eontra-demandada la participación que a ésta correspondía en los bienes gananciales.” La recurrente impugnó la estipulación acordada en el 1943 aduciendo que su consentimiento se obtuvo por engaño, dolo, falsedad y presión indebida.

Estamos de acuerdo con la recurrente que su consentimiento se obtuvo por dolo. Su planteamiento, no obstante, es tardío. La acción de nulidad por dolo prescribe a los cuatro años desde que se consumó el contrato. Art. 1253, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3512, Rivera v. Sucn. Díaz Luzunaris, 70 D.P.R. 181 (1949) y Girod Lube v. Ortiz Rolón, 94 D.P.R. 406 (1967). La demanda impugnando la transacción se interpuso cerca de 16 años después de consumada la transacción cuando el término prescriptivo para su ejercicio ya se había agotado.

Esto, sin embargo, no dispone completamente de las diver-sas causas de acción ejercitadas por la recurrente para anular los procedimientos judiciales y las actuaciones que hemos mencionado en el curso de esta opinión. Ello es así porque la transacción acordada en el 1943 cubrió solamente la propiedad ubicada en la Calle San Agustín Núm. 45 de Puerta de Tierra, que fue el único bien ganancial que las partes tuvieron en mente al acordar la estipulación.

La resolución nunc pro tune es nula e inexistente porque se dictó sin jurisdicción, cuando ya la sentencia era final y firme. Como se sabe, las resoluciones nunc pro tune sólo pueden corregir errores de forma, omisiones o inadvertencias pero no pueden alterar sustancialmente la sentencia cuando, como en el caso de autos, ésta es final y firme. Regla 49.1 de Procedimiento Civil, Fernández v. Registrador, 82 D.P.R. 539, 547 (1961); Banco Popular v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 242, 248 (1961). La renuncia general a favor de Juan Méndez García “sobre cualesquiera bienes muebles o inmuebles” adicionada por dicha resolución es, por lo tanto, inoperante.

Veamos ahora el alcance de la estipulación acordada en el 1943.

Sabemos que la intención de las partes es la que determina el alcance de las obligaciones contractuales y que la misma se juzga tomando en cuenta no sólo los actos coetáneos y posteriores al contrato sino también todas las demás circunstancias indicativas de la voluntad de las partes. Art. 1234, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3472, Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403 (1969).

En el caso de autos las partes estipularon la liquidación de la sociedad de gananciales por la cantidad de $3,000 en noviembre de 1943 sobre la base de que el único bien exis-tente en el patrimonio ganancial lo constituía un condominio de una tercera parte de la propiedad ubicada en la Calle San Agustín Núm. 45 de Puerta de Tierra, consistente en un solar de alrededor de 1,336 metros cuadrados y un edificio de cuatro plantas de cemento armado. Todos los demas bienes habían sido trasladados simuladamente por distintos medios a los hermanos de José Méndez García. Así, los inmuebles ubicados en la Calle Castro Viñas y en la Calle del Parque fueron su-bastados y adquiridos por Juan Méndez García y luego dona-dos a los hijos de José; la cuenta personal de José en la Sociedad Mercantil Sobrinos de A. Méndez y Hermano, fue liquidada después de instada la demanda de divorcio y antes de disolverse el vínculo matrimonial, quedando José como deu-dor de la Sociedad Mercantil y, las acciones de José en la Ferretería Méndez, Inc., fueron adquiridas por otro hermano de nombre Ramón Méndez García. (Exh. 1 dda.)

Es evidente que las partes no podían tener en mente bienes que ya no “pertenecían” a la sociedad de gananciales, siendo la intención clara y definitiva de ellos al acordar la estipula-ción de transacción la de liquidar la participación de la recurrente en el único bien que en ese momento aparecía en el caudal ganancial, la ubicada en la Calle San Agustín. La defensa de prescripción sólo puede oponerse a la causa de acción relativa a esta propiedad.

Los recurridos también oponen la defensa de prescripción a la impugnación de los procedimientos judiciales en los casos civiles Núms. 42-625 y 42-626, y, a la impugnación de la liqui-dación de la cuenta personal de José Méndez García en la Sociedad Mercantil Sobrinos de A. Méndez y Hermano. No tienen razón.

Se trata, como ya vimos, de actuaciones simuladas inexistentes, sin efecto jurídico alguno para los cuales no hay términos prescriptivos. Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13 (1962), Hernández v. Ayala, 68 D.P.R. 956 (1948).

Tampoco tiene mérito el argumento de que, asumiendo que fuera ineficaz en derecho la liquidación de los gananciales debido a dolo, la acción para forzar la liquidación también ha prescrito por el lapso de más de 15 años. La sociedad de gananciales concluyó tan pronto se disolvió el matrimonio entre las partes, Art. 1315 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3681. Pero mientras está pendiente la liquidación de la sociedad lo que existe en derecho es una comunidad de bienes, que en ausencia de contrato o disposiciones especiales se rige por los Arts. 326 al 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 1271-1285. La acción para pedir la división de la cosa común nunca prescribe, por lo cual el transcurso del tiempo no puede derrotar la justicia del caso de la recurrente.

Serrano v. Talavera, 65 D.P.R. 438 (1945), citado por los recurridos en su alegato no es de aplicación pues se refiere a la acción sobre rendición de cuentas cuyo término prescriptivo es de 15 años. Art. 1864, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294.

Repetimos, la defensa de prescripción sólo tiene eficacia con respecto a la causa de acción relativa a la propiedad ubi-cada en la Calle San Agustín, que como ya vimos, fue la única incluida en la estipulación de 1943.

En resumen, concluimos que el tribunal de instancia in-cidió al declarar sin lugar las causas de acción relativas a la liquidación de la cuenta personal de José Méndez García en la Sociedad Mercantil Sobrinos de A. Méndez y Hermano y las relativas a la nulidad de los procedimientos seguidos en los casos civiles Núms. 42-626 y 42-625. La causa de acción relativa a la propiedad ubicada en la Calle del Parque fue declarada cosa juzgada en García López v. Méndez García, supra. La causa de acción relacionada con la participación ganancial de Isabel Antonia García López en las acciones de la Ferretería Méndez, Inc., no fue sustanciada, apareciendo de la prueba documental que dichas acciones fueron vendidas por José Méndez García a Ramón Méndez García, quien no es parte en este litigio. (Exh. 1 dda.)

El tribunal de instancia, previa estipulación de las partes, dividió el caso en dos etapas; la primera para determinar si había fraude y en caso afirmativo, determinar entonces los daños. Como llegó a la conclusión errónea de que no había habido fraude, no celebró vistas para determinar los daños. Procede que devolvamos el caso para que se celebre dicha vista, limitada a lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia revocando la dictada por el tribunal de instancia y se devolverá el caso para ulteriores procedi-mientos consistentes con lo dispuesto anteriormente.

       La llamada “Orden” constituye para todos los efectos legales una sentencia.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

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text:
    Isabel Vázquez Fontánez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, demandado; Hon. Francisco de Jesús Schuck, Secretario de Justicia de Puerto Rico, interventor.

      Número: O-74-7

      Resuelto: 3 de septiembre de 1974

      Néctor Robles Abraham, abogado del peticionario; Myriam Na-veira de Rodón, Procuradora General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor.
   PER CURIAM:

La Ley Uniforme de Confiscación de Vehí-culos, Bestias y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, 34 L.P.R.A. sec. 1722(a), requiere que el funciona-rio bajo cuya autoridad se efectúe una confiscación notifique de la misma

“al dueño, encargado o persona con derecho o interés cono-cido en la propiedad ocupada, de la ocupación y tasación de los bienes ocupados; debiendo efectuarse la notificación en forma fehaciente dentro de los diez (10) días siguientes a la ocupación; entendiéndose perfeccionada la notificación mediante su envío por correo con acuse de recibo.”

La ley dispone a continuación que los dueños, encargados o interesados en los bienes ocupados podrán impugnar la con-fiscación durante los quince días siguientes a la fecha de la notificación. Se ha determinado que el término para dicha impugnación de quince días es de orden jurisdiccional. García v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 153 (1964).

El problema a que se contrae este caso es precisar si el término citado de diez días de notificación representa igualmente un término inaplazable. Los hechos fueron que, luego de ocupársele al peticionario un vehículo el 1 de marzo de 1973 por transportar ilegalmente un revólver en el mismo, el Secretario de Justicia le notificó la confiscación el siguiente 9 de marzo, vía el correo, con acuse de recibo, pero a una dirección equivocada. Al ser devuelta la notificación, el señor Secretario envió otra a la dirección correcta el 14 de marzo de 1973, excedido ya el plazo de diez días.

En Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158 (1967), resolvimos que el término de diez días que dispone la referida Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones es de naturaleza obligatoria y no directiva. En Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 116 (1968), se reafirma este principio. Ya aquí se clasifica el término de diez días como obligatorio e improrrogable (a la pág. 121).

Los casos de esta índole deben aquilatarse a la luz del criterio establecido en Pueblo v. González Cortés, 95 D.P.R. 165 (1967), al efecto de que los estatutos confiscatorios deben interpretarse restrictivamente. Véase también United States v. One Ford Coach, 307 U.S. 219 (1939). Esta doctrina surge claramente de la severa crítica que se hace y se ha hecho de continuo a los estatutos de esta naturaleza. Finkelstein, J. J., The Goring Ox: Some Historical Perspectives on Deodands, Forfeitures, Wrongful Death and the Western Notion of Sovereignty, 46 Temp. L.Q. 169 (1973); Note, Forfeiture of Property Used in Illegal Acts, 38 Notre Dame Law. 727 (1963).

La historia legislativa del estatuto en cuestión recalca la necesidad de notificación rápida y fehaciente en este orden de casos. Diario de Sesiones, 1958, vol. X, t. 2, pág. 996. El dato se refuerza cuando se examina la historia de estatutos re-cientes, tales como el de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2101 et seq. En lo referente a confiscaciones dicho estatuto deriva básicamente de la ley federal de 1970 sobre el mismo asunto, Pub. L. 91-513, tit. II, sec. 511, 84 Stat. 1276, 21 U.S.C.A. sec. 881(b). Respecto al problema de la notificación, el estatuto federal dispone tan sólo que los procedimientos se instituirán prontamente. En la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, sin embargo, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. sec. 2512(b), nuestra Asamblea Legislativa decidió apartarse del modelo estadounidense y disponer en vez, con pleno conocimiento de las decisiones de este Tribunal en Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158 (1967) y Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 116 (1968), que rigiese el proce-dimiento establecido por la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, 34 L.P.R.A. secs. 1721 y 1722.

Resalta el creciente rigor con que nuestra Asamblea Le-gislativa se ha enfrentado al problema de los procedimientos a seguir en el caso de confiscaciones no solo en casos como el apuntado en el párrafo anterior, sino al examinarse también la diferencia existente entre el procedimiento que fija la ci-tada Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones y leyes anteriores tales como la Ley de Espíri-tus y Bebidas Alcohólicas, Ley Núm. 6 de 30 de junio de 1936, Art. 36; la Ley de Bolita, Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, Art. 5; y la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951. En ninguna de estas últimas leyes se especifi-caba período alguno de notificación, situación que se corrige en la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones.

Es entendible la doctrina de la aplicación restrictiva de este tipo de estatuto, así como el celo legislativo en rodear el procedimiento de confiscación con garantías especiales, si se advierte que en casi la mitad de los estados de la Unión Americana no se cuenta con legislación para la confiscación de vehículos y que otros, como California en el 1967, han derogado dicha legislación aun en el caso de vehículos utiliza-dos en el tráfico de narcóticos. Low, J. M., Vehicle Forfeiture in Arizona, 1972 Law and Soc. Order 476, 482-483.

El caso principal en que se apoya el Estado, E.L.A. v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 843 (1969), es distinguible del presente. En dicho litigio se notificó dentro del término de diez días, como supuesto dueño del vehículo, al presidente de una corporación, alegando ésta ser luego la verdadera dueña del vehículo. Allí la notificación hecha era claramente imputable, según se resolvió, a la corporación misma, la cual había, además, litigado ya sobre el mismo asunto. Tal no es el caso presente.

Se revocará la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Humacao, y se ordenará la devolución del vehí-culo al peticionario, o el abono de su valor tasado, según corresponda.


author: per CURIAM:

text:
    Francisco Rivera Pagán et al., Ramón A. Rivera Rivera ex rel., demandantes y recurridos, v. Jaime R. López Santiago y Nationwide Mutual Insurance Company, demandados y recurrentes; Félix Berlingeri, tercero demandado.

      Números: R-71-162-A, R-71-165

      Resuelto: 5 de septiembre de 1974

      José A. Rivera Mercado y Harold D. Vicente, abogados de los recurrentes; Dapena, Dwpena & Toro, abogados de los recu-rridos ; Enrique Corchado Juarbe, abogado del tercero deman-dado.
   per CURIAM:

Se trata de un accidente ocurrido en horas de la noche en la carretera de Coamo a Juana Díaz. El re-currido Francisco Rivera Pagán caminaba por el paseo de la carretera saliendo de Coamo hacia Juana Díaz cuando fue arrollado por el recurrente Jaime López Santiago. Las con-clusiones pertinentes con respecto a la forma en que ocurrió el accidente fueron las siguientes:

“1. En la noche del día 6 de noviembre de 1966 el demandante Francisco Rivera Pagán caminaba por el paseo de la carretera, por su izquierda, en dirección del pueblo de Coamo hacia Juana Díaz. La noche estaba obscura. Al llegar frente a un negocio de automóviles usados que junto a la carretera tenía el tercero-de-mandado Félix L. Berlingeri, desde dentro del negocio de dicho tercero-demandado, salieron dos perros ladrando, el más pequeño de los cuales atacó al demandante, tratando de morderlo, mien-tras el más grande le ladraba y se le acercaba.
2. Acosado por los perros el demandante comenzó a retroce-der de frente a los perros y de espalda a la carretera adentrán-dose en la misma unos cuantos metros. Estando en esa posición y ya dentro del área de rodaje vio los reflejos de las luces del vehículo Volkswagen que se acercaba e inmediatamente fue impactado por dicho vehículo.
3. La carretera en el sitio donde ocurrió el accidente es recta y tiene un ancho de unos 10 metros, con un área verde a los bor-des y no tiene aceras. El demandante vestía camisa blanca, pan-talones Kaki y sombrero blanco al momento de ser arrollado.
4. Al momento de ocurrir el accidente no venían otros vehí-culos por la carretera.
5. El co-demandado viajaba por la carretera, en la misma dirección que el demandante a exceso de velocidad y no se percató de la presencia del demandante ni de los perros (sólo vio un bulto) hasta que estuvo como a unos 8 a 10 pies de distancia a pe-sar de que los focos del vehículo tenían un alcance de 100 a 125 pies de distancia y él tenía para esa época una visión perfecta (20x20).
6. El demandante fue impactado por el lado izquierdo del vehículo y cayó al centro de la carretera.
7. El vehículo del demandado López Santiago fue a chocar con un árbol unos 50 pies del sitio del impacto, destruyéndose el auto y resultando herido el co-demandado Jaime L. López Santiago.
8. Como consecuencia del accidente, el demandante Francisco Rivera Pagán recibió contusiones en distintas partes del cuerpo y le fue amputada la pierna derecha.
9. Concluimos como cuestión de hecho, por el resultado de la prueba, que los perros, o bien eran poseídos por el tercero deman-dado Félix L. Berlingeri, o éste se servía de ellos para proteger su propiedad, ya que habían sido vistos por el demandante, unas veces amarrados y otras veces sueltos, en el negocio de Berlingeri cuando el demandante pasaba por allí para ir a su trabajo en los Baños de Coamo”.

En base a tales conclusiones de hecho el Tribunal deter-minó que el accidente ocurrió en un 75% por la negligencia del recurrido López Santiago y un 25 % por la negligencia del recurrido Félix R. Berlingeri. Este fue traído originalmente al pleito como tercero-demandado por la aseguradora de Ló-pez Santiago, la recurrente Nationwide Mutual Insurance Company.

Discutiremos inmediatamente los errores apuntados en ambos recursos de revisión pero antes debemos consignar que todos los hechos esenciales concluidos por el tribunal de ins-tancia tienen amplio apoyo en la prueba desfilada. Así lo •hemos constatado mediante un detenido examen de la trans-cripción del récord.

1. Erró el tribunal al no aplicar la doctrina de emergencia súbita y concluir sin base alguna en la prueba que el recurren-te Juan López Santiago conducía su vehículo a velocidad exa-gerada.

Arguye la recurrente Nationwide que la prueba estableció una situación de emergencia súbita porque el recurrido Rivera Pagán abandonó un lugar seguro como lo era el paseo de la carretera para adentrarse al área de rodaje con el propósito de evadir el ataque de los perros y que el conductor López Santiago no podía anticipar que aquél se lanzaría a la carretera interponiéndose al paso de su vehículo. No tiene razón.

La prueba demostró que López Santiago conducía su ve-hículo a alta velocidad por una carretera amplia, recta y des-pejada; que las luces de su automóvil estaban en buenas con-diciones y tenían un alcance de 100 a 125 metros; que Rivera Pagán vestía camisa y sombrero blanco, indumentaria fácil de distinguir en la obscuridad, y, que no venían otros vehícu-los por la carretera. A pesar de ello el conductor López testi-ficó que no vio a Rivera Pagán hasta estar cerca de 8 pies de distancia de él. En estas circunstancias, demostrativas de la negligencia de López, no es de aplicación la doctrina de emer-gencia súbita.

2. Cometió error el tribunal al aplicar incorrectamente la doctrina de responsabilidad concurrente.

Arguye la recurrente Nationwide que el Art. 1805 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5144, impone responsabilidad absoluta al dueño o poseedor que se sirve de un animal. De ahí concluye que no se puede dividir la responsabilidad. El argumento es especioso. Como ya vimos, las causas que provocaron el accidente fueron tanto la alta velocidad a que conducía López Santiago como los ataques de unos perros sueltos, siendo imputable una causa a López Santiago y otra a Ber-lingeri. Esto quiere decir que ambos fueron co-causantes de un daño en la proporción fijada por el tribunal. El concepto “absoluto” en el contexto jurisprudencial del Art. 1805 mera-mente significa que no hay que probar negligencia, pero en nada impide imponerle responsabilidad en forma concurrente al co-causante de un daño producido en parte por un animal.

3. El tercer apuntamiento de Nationwide fue cubierto ade-cuadamente al discutir anteriormente el primero.

4. Cometió error el tribunal al no permitir que el policía Oscar González Colón, quien practicó la investigación del acci-dente y en el curso de la misma entrevistó al recurrido Rivera Pagán minutos después de ocurridos los hechos, declarara sobre las manifestaciones que espontáneamente y contra su interés le hiciera el demandante-recurrido.

La recurrente Nationwide arguye que las alegadas manifestaciones que le hizo Rivera Pagán al policía investigador eran admisibles por ser parte del res gestae. Dichas manifestaciones eran admisibles, no por ser parte res gestae, sino por ser manifestaciones contra interés. El tribunal de instancia debió haberlas admitido y considerarlas dentro del conjunto de la prueba. El no haberlo hecho, sin embargo, no es un error que de margen a la revocación. Rivera Pagán es tío abuelo del recurrido López Santiago, y es natural que al informarle al policía sobre el accidente quisiera en alguna forma protegerlo contra una acusación delictiva. Por otro lado, la prueba demostró sin margen a dudas la negligencia en que incurrió López Santiago.

5. En el quinto apuntamiento impugna Nationwide la con-cesión de $1,000 de honorarios de abogado.

El apuntamiento es completamente frívolo.

Los errores apuntados en el recurso de revisión del re-currente Berlingeri están cubiertos debidamente en la dis-cusión de los anteriores apuntamientos.

Se dictará sentencia confirmando la sentencia recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Manuel Febo Ortega y Otra, peticionarios y apelantes, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Manuel Reyes Serrano, Juez, demandado.

      Número: O-74-31

      Resuelto: 10 de septiembre de 1974

      Angel L. Tapia Flores y F. Ariel Avilés Rodríguez, abogados de los peticionarios.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Por motivo de un accidente automovilístico ocurrido el 3 de octubre de 1972, los recurrentes radicaron demanda el 20 de setiembre de 1973, emplazándose al demandado el 29 de setiembre de dicho año, ya a punto de vencer el término prescriptivo. El demandado contestó seis días después del año. Su contestación incluía una reconvención de tipo compul-sorio, en que se alegaba que era el propio demandante el causante del referido accidente.

Los recurrentes solicitaron entonces la desestimación de la reconvención a base de que ésta estaba alegadamente pres-crita. El Tribunal Superior se negó a desestimar y se recurre ante nos para revisar dicha resolución.

La materia aquí envuelta ha sido objeto de extensa con-sideración por las cortes de los Estados Unidos y por connota-dos comentaristas sobre los procedimientos que privan en ellas. En casos cuya jurisdicción deriva de la existencia de una cuestión federal la opinión más generalizada es que la interposición de una demanda suspende los efectos de la prescripción cuando se trata de reconvenciones compulsorias. Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, 1971, vol. 6, pág. 109; Moore’s Federal Practice, 2d ed. 1974, vol. 3, pág. 13-848, escolio 6; Azada v. Carson, 252 F.Supp. 988 (D.C. Haw. 1966); De Vito v. Hoffman, 199 F.2d 468 (D.C. Cir. 1952); Ash v. United States, 363 F.Supp. 345, 346 (D.C. Neb. 1973). El razonamiento en que se funda esta conclusión es que el demandante no sufre ciertamente perjuicio alguno por la aplicación de esta regla, ya que presumiblemente él tiene conocimiento de la reconvención o de su posibilidad y los testigos u otra prueba están igualmente disponibles a las partes. El grado de demora, además, estuvo bajo su control. La norma usualmente se deriva de las disposiciones de las Reglas 13(a), 13(f) y 15(e) de Procedimiento Civil Federal, exactamente equivalentes a nuestras Reglas 11.1, 11.6 y 13.3.

Como las reglas aplicables a este litigio son copia de las federales, a simple vista parece que lo que antecede es deter-minante de la controversia. Tal no es el caso, no obstante. Es-tamos precisamente ante una de las situaciones donde, por in-advertencia, se puede resolver un asunto a base de institu-ciones ajenas al Código Civil, acelerando el proceso de su ero-sión y mestizaje, cuando es bajo nuestro Código que se debe resolver la cuestión. Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974); Ortiz v. Levitt & Sons, 101 D.P.R. 290 (1973); Merle v. West Bend Co., 97 D.P.R. 403, 411 (1969); Puig Brutau, La Acción Recíproca del Derecho Español y del Derecho Norteamericano en Puerto Rico, 44 Rev. de Derecho Puertorriqueño 499 (1972).

La distinción entre lo sustantivo y lo procesal es a menudo tenue y borrosa, pero no en este caso. De lo que se trata aquí es determinar cómo y a beneficio de quién es que puede interrumpirse la prescripción y la prescripción no es materia procedimental, es materia sustantiva, objeto de tratamiento específico por nuestro Código Civil, Arts. 1840-1874, 31 L.P.R.A. secs. 5261-5304.

La propia doctrina y la jurisprudencia federales reco-nocen que, al menos en lo que toca a casos de diversidad de ciudadanía, los tribunales federales deben atenerse a la re-gla que prive en la demarcación concernida respecto a proble-mas de prescripción. Guaranty Trust Co. of New York v. Grace W. York, 326 U.S. 99 (1945). 6 Wright and Miller, op. cit., 109. Varios consideran que en toda clase de litigio federal tal debe ser la norma. 3 Moore’s, op. cit; págs. 13-246 y 247.

Examinemos, por tanto, la cuestión planteada a la luz del derecho civil. El artículo clave es el 1873, equivalente al 1973 del Código Civil Español, que lee así:

“La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejer-cicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acree-dor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

La interrupción que ocurre en virtud de este artículo cuando se habla del ejercicio de la causa, ¿beneficia tan sólo al actor o permite también la interposición de reconvenciones que surjan de la misma transacción o evento?

La opinión más autorizada es que la interrupción que nace de la interposición de una demanda beneficia también al demandado reconveniente cuando su acción dimana de los mismos hechos que motivaron el inicio del litigio original. Scaevola, Código Civil, 1965, t. XXXII, vol. 2, págs. 958-9. Véanse también: Puig Peña, Tratado de Derecho Civil, 1958, t. I, vol. 2, pág. 444; Aubry et Ran, Droit Civil Francais, 6eme. ed. (par Esmein), vol. XII, págs. 434-5, apoyándose en la antigua máxima, Quae Temporalia sunt agendum, per-petua sunt ad excipiendum.

Se ha señalado también que “Es inadmisible oponer la prescripción, cuando el que la invoca, según el sentido obje-tivo de su conducta y de acuerdo con la buena fe, ha suscitado en su contrario la confianza de que la prescripción no sería invocada. ... No es menester para que exista abuso que la conducta haya sido dolosamente dirigida a provocar la inac-tividad del titular. . . . Basta que haya sido, objetivamente idónea para producir de buena fe esta confianza.” Diez Pica-zo, L., La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, 1964, pág. 57. No estamos sosteniendo que tal es necesariamente la situación aquí, mas no podemos pasar por alto que en cir-cunstancias análogas a la presente un demandado eventual puede considerar al transcurrir el tiempo que ambas partes han perdido interés en el asunto. Castigar a tal demandado con la pérdida de los derechos de reconvención compulsoria que puedan asistirle equivaldría a fomentar la proliferación del demandante tardío y sigiloso.

Si se examina el verdadero fundamento de la institución de la prescripción desembocamos en el mismo camino. Algunos comentaristas se inclinan a pensar que la razón de ser de la prescripción extintiva fluye de una presunción de abandono o renuncia por parte del litigante. Otros, los más, fundan la doctrina en propósitos de necesidad y utilidad social, que exigen que dentro de los términos que se especifiquen tengan que iniciarse los pleitos. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, t. I, 11a. ed. 1971, pág. 833. La aceptación de las reconvenciones en situaciones como la presente no contradice este último propósito. Lo que ofendería nuestro sentido de justicia es precisamente lo contrario. No es la ló-gica ciega a los objetivos y necesidades de nuestro ordena-miento jurídico y comunal la que debe gobernar la interpreta-ción de nuestros códigos y leyes. Es la opuesta. De ésta es que depende en última instancia la sensibilidad al cambio social de nuestros estatutos y la facultad de promover, dentro de las pautas trazadas por el legislador, su remozamiento. La tesis de los recurrentes podría hallar apoyo, a lo sumo, en una aplicación mecánica de la teoría del abandono de las causas, pero no en razones de utilidad social. Bajo las segundas no es posible premiar la morosidad en la radicación de los litigios en la forma que se desea aquí. Hacerlo convertiría nuestros pro-cedimientos en trampa para incautos y no en el instrumento de justicia sencillo y flexible que se supone que sean. Véase: García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138 (1951), donde, bajo un articulado distinto del Código Civil, se resuelve que no es invocable la prescripción en el caso de una demanda contra tercero.

Por los fundamentos expuestos, se confirmará la resolu-ción del Tribunal Superior.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Moisés Arcelay Galán, acusado y apelante.

      Número: CR-73-136

      Resuelto: 11 de septiembre de 1974

      J. García Rivera, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Lirio Bernal de González, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Unos hechos sencillos encierran en este caso vitales cues-tiones referentes al significado del derecho del acusado a un juicio rápido. Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Lá acción comienza con una denuncia al recurrente for-mulada por su empleada en una farmacia, la Sra. Góinez, por maltratarla de palabras, humillándola ante la clientela pre-sente, en alegada alteración de la paz personal de la perjudi-cada y del vecindario,

Luego de varias suspensiones que es innecesario discutir se solicitó otra posposición por el ministerio fiscal a base de que la Sra. Gómez, la perjudicada, no estaba disponible para prestar testimonio. Presentó el fiscal un certificado médico exponiendo que la señora Gómez había sido operada reciente-mente de un oído y que se quejaba de episodios de vértigo que eran parcialmente incapacitantes. No se le informó al tribunal la sustancia del testimonio de la deponente ni la fecha en que ella estaría disponible para asistir a juicio. Se esti-puló, no obstante, que estaba a la disposición del tribunal otro testigo, la señora Singer, quien podría declarar por haber presenciado los hechos. El acusado pidió la desestimación del caso por razón de que se estaba violando su derecho a un juicio rápido, pero se hizo un nuevo señalamiento para ciento treinta y tres días a partir de la última suspensión. Derro-tada su moción, el acusado no objetó la fecha seleccionada; compareció a juicio; se le condenó al pago de cien dólares de •multa; y acude a este Tribunal en apelación.

Las cuestiones centrales que plantea el recurso, entre otras subsidiarias, son: ¿Invocó adecuadamente el acusado su derecho a un juicio rápido o renunció al mismo? ¿Funda-mentó el fiscal debidamente su petición de suspensión? ¿Era verdaderamente esencial el testimonio de la perjudicada en la situación de autos?

H

La frase “juicio rápido” es un concepto constitucional, entre tantos otros, de contenido determinado en parte y en parte variable o flexible y sujeto a los procesos generales de cambio que afectan el derecho y la ley. El texto de donde proviene el artículo concernido de nuestra Constitución se basa en las disposiciones de la Sexta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos y del Art. 2 de la Ley Orgánica de 1917. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, ed. de 1961, pág. 2569. Ello no significa, sin embargo, que su interpretación esté inexorablemente atada a fuentes federales. El problema se discute recientemente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Barker v. Wingo, 407 U.S. 514, 523 (1972), donde el Tribunal rehúsa establecer reglas de procedimiento en este campo para los estados federados, a los que deja libres para fijar su definición de juicio rápido en forma consistente con ciertas normas federales mínimas. La amplia discreción local a que apunta Barker se subraya en la jurisprudencia de California, precisamente el estado cuya legislación sirvió de modelo inicialmente para la nuestra. Sykes v. Superior Court of Orange County, 106 Cal. Reptr. 786 (1973).

Es así como desde hace muchas décadas antes de aprobar Puerto Rico su propia Constitución, contrario a la norma seguida en un gran número de estados, se ha venido exigiendo, so pena de desestimación de la causa, que se someta a juicio al acusado dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia a menos que se de-muestre justa causa para la demora o a menos que la demora se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento. Art. 448 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1902; Regla 64 (n) (4) de las de Procedimiento Criminal de 1968. Para la posición tradicional distinta en los estados federados, véase: Notes, Speedy Trial Schemes and Criminal Justice Delay, 57 Cornell L.Q. 794, 796-799 (1972).

La posición puertorriqueña sobre este particular ha ido ganando terreno en la legislación y la doctrina. De hecho, es-tudios recientes sobre el tiempo que debe mediar entre el arresto y el juicio recomiendan términos mucho más cortos que los vigentes en Puerto Rico. Véase: National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Courts, 1978, págs. 68-69. Compárese: A.B.A. Standards Relating to Speedy Trial, Approved Draft, 1968, págs. 14-16.

La regla prevaleciente en esta jurisdicción, así como la mencionada tendencia a reformarla y expandirla, tienen una base dual. De un lado, se desea no exponer al acusado a la ansiedad que provoca la incertidumbre que acompaña el ini-cio de todo proceso penal, o perjudicar su defensa al aumentar la posibilidad de que desaparezcan sus testigos o su memoria se nuble, o prolongar su encarcelamiento si no le ha sido posi-ble prestar fianza. Del otro lado, existe un vigoroso interés social en evitar la demora en los procesos criminales con la consiguiente congestión en los calendarios, tan dañina a los fines de la justicia. La conciencia del gran atraso en los calen-darios es lo que provee buena parte del impulso que lleva a las reformas judiciales de 1950 a 1952. La sobrecarga de casos y la demora subiguiente — problemas de que aún sufre nuestra sociedad junto a otras comunidades — era motivo de preocupa-ción para la Convención Constituyente. 3 Diario de Sesiones 1595.

El reconocimiento de estos hechos permite encarar desde un ángulo más realista los problemas que plantea el caso ante nos.

En primer término, no es aceptable en Puerto Rico la versión ampliada, en boga en muchas jurisdicciones y sancio-nada por algunas de nuestras decisiones, de la doctrina de renuncia al juicio rápido. En Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946, 951-952 (1970), por ejemplo, se señaló que el acusado se opuso a la suspensión decretada pero que, como ocurrió en el caso de autos, no objetó el nuevo señalamiento, ni hizo solicitud alguna para que se adelantara el mismo, por lo que se decretó que el acusado había renunciado su derecho a la celebración de un juicio rápido. En Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649, 652 (1940), sin embargo, se resolvió que es el fiscal de distrito el que “está obligado a demostrar que el acusado concurrió en forma activa a la suspensión del juicio.”

En Baker v. Wingo, 407 U.S. 514, 527-528 (1972), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos critica la versión rígida de la regla de renuncia y afirma que no es en el acu-sado donde recae la responsabilidad de que se le enjuicie; que “la sociedad tiene interés particular en la celebración de juicios rápidos y que son los representantes de la sociedad los que deben proteger tal interés.”

A la luz de lo anterior, resolvemos que la moción de desestimación radicada por el acusado a base de violación a su derecho a un juicio rápido basta para invocar su derecho a un juicio rápido. La no objeción por el acusado del señalamiento efectuado posteriormente no constituyó una renuncia a tal derecho. Se revoca en este sentido la doctrina representada por Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970). Las renuncias a los derechos constitucionales fundamentales deben ser expresas y no presuntas, así como voluntarias y efectua-das con pleno conocimiento de causa. Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972).

II

Esto nos lleva a examinar ahora si el Ministerio Público siguió el procedimiento adecuado para solicitar la suspensión del caso, lo que produjo su señalamiento ciento treinta y tres días más tarde. En Pueblo v. Carrión Roque, 99 D.P.R. 362, 366 (1970), señalamos los requisitos mínimos a cumplirse: debe expresarse en la moción del fiscal, cuando se solicite la suspensión del juicio, como aquí, por la ausencia de un testigo esencial, los hechos sobre los cuales habría de deponer el testigo; debe especificarse la prueba documental, si alguna, a identificarse; y debe presentarse la declaración jurada que el fiscal toma usualmente a los testigos de cargo para que el juzgador pueda aquilatar el alcance y la importancia del testimonio. Es sobre el fiscal que recae el peso, de demostrar que existe justa causa para la demora, Dyer v. Rossy, 23 D.P.R. 772, 783-4 (1916); Pueblo v. Herrera, 67 D.P.R. 25 (1947); Pueblo v. Carrión Roque, supra, 363, y tal peso no puede descargarse con simples generalidades o conclusiones. La ausencia de un testigo de cargo esencial constituye ciertamente justa causa para una suspensión, Pennington v. Corte, 60 D.P.R. 260 (1942), pero debe ponerse en condiciones al Tribunal de pasar juicio sobre la alegada esencialidad con la debida pormenorización.

La doctrina de Carrión Roque halla sólido apoyo, por su-puesto, en lo apuntado en la primera parte de esta opinión: la histórica posición de vanguardia de Puerto Rico en pre-cisar el contenido del derecho a un juicio rápido; el significado creciente de este fundamental derecho; el reconocimiento cada vez mayor del rol del Estado en velar por que este derecho se cumpla con la máxima escrupulosidad posible.

El examen de los autos en el caso presente revela que no se dio debido cumplimiento a lo dispuesto en Camón Roque. El Ministerio Público descansó fundamentalmente en la inferencia de que siendo la ausente la propia perjudicada, ello de por sí constituía prueba suficiente de la esencialidad del testigo. No le asiste razón. Le correspondía al fiscal pro-bar de modo afirmativo, mediante los pasos prescritos en Carrión Roque, que la denuncia era tan solo sostenible, con razonables posibilidades de éxito, por el testimonio de la persona ausente.

III

Queda, por último, por discutir si, aun en el supuesto de que no cometiese el fiscal el error procesal antes señalado, existió de hecho justa causa para la suspensión discutida.

La determinación de lo que constituye justa causa bajo la Regla 64 (n) de las de Procedimiento Criminal es por necesidad un problema de definición a realizarse caso a caso, aunque el proceso ha de regirse por las rigurosas normas generales que han pautado el desarrollo del derecho a juicio rápido en Puerto Rico. No se trata simplemente de sopesar intereses, como ocurre en ciertas jurisdicciones, con el perjuicio que pueda sufrir el acusado de una parte, entre otros factores, y las necesidades de la sociedad de la otra. Schropp, C. P.: Right to a Speedy Trial—A Balancing Test, 58 Cornell L.Q. 399, 408 et seq. (1973). La sociedad tiene un interés tan vivo en la pronta tramitación de las causas como los acusados mismos. Como hemos visto, el derecho a juicio rápido es tan beneficioso a unos como a otros y es un derecho que en consecuencia asiste tanto al individuo como a la sociedad. El equilibrio a establecerse es en consecuencia entre intereses del mismo rango, pues cuando se socava el derecho individual al juicio rápido se atenta a la vez contra los propios intereses comunales.

La determinación de justa causa en esta instancia se reduce a precisar si el testimonio de la perjudicada, la Sra. Gómez, era de hecho indispensable para probar la falta de al-teración a la paz. El Ministerio Público se ampara en que es el fiscal quien gobierna su caso y que es a él a quien le toca inicialmente decidir qué testigos son esenciales. Ambas ase-veraciones son en principio ciertas, pero es igualmente co-rrecto que la esencialidad tiene que demostrarse inequívo-camente a satisfacción de los tribunales y que las facultades del fiscal no rebasan el ámbito de la protección constitucional del acusado.

El delito de alteración a la paz tiene dos modalidades : la alteración de la paz pública y la particular de una persona. En el caso de autos se imputaron ambas en un solo cargo, lo cual es permisible. Pueblo v. Collazo, 20 D.P.R. 203, 204 (1914); Pueblo v. Ramos García, 92 D.P.R. 396, 398 (1965). Puede condenarse a un acusado, sin embargo, tan sólo por una de las dos modalidades. Pueblo v. Rivera Flores, 87 D.P.R. 328 (1963). La prueba de una alteración de la paz en cualquiera de sus modalidades alegadas es suficiente para sostener el proceso. Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334 (1921). Cabe preguntar entonces si el control de sus casos por el fiscal en situaciones como la presente es de tal orden que puede forzar la suspensión de un juicio aun cuando exista evidencia disponible para probar otra modalidad comparable del delito.

La cuestión es de sumo interés, pero estimamos que no es necesario intentar trazar en este litigio las fronteras precisas de los complejos intereses envueltos. En el caso de autos, estaba disponible al fiscal el testimonio de la Sra. Singer, quién presenció los hechos. El estado de ánimo de una persona puede probarse mediante la declaración de otra. Pueblo v. Martell Cajigas, 88 D.P.R. 636 (1963). Ante estos hechos se hace aún más evidente que correspondía al fiscal demostrar convincentemente las razones para insistir en que testificase la perjudicada cuando los elementos del delito im-putado eran presuntamente probables con el testimonio de otro testigo.

En vista de lo expuesto se revoca la sentencia apelada y se desestima la denuncia.

       Se invocó la violación del Art. 368 del Código Penal entonces vigente, 33 L.P.R.A., sec. 1439, el cual dispone: “Toda persona que maliciosa y ¡voluntariamente perturbare la paz o tranquilidad de algún vecindario o indi-viduo, con fuertes o inusitados gritos, conducta tumultuosa y ofensiva, o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones, o que en las calles de alguna ciudad o pueblo, o en las vías públicas disparare algún arma de fuego, o hiciere uso de lenguaje grosero, profano o indecoroso en pre-sencia o al alcance del oído de mujeres o niños, en forma estrepitosa o in-conveniente, incurrirá en delito menos grave y será castigada con multa máxima de doscientos dólares, o cárcel por un término máximo de noventa días o ambas penas, a discreción del tribunal.”

       Véase el Art. 368 del Código Penal de California (1937), según modificado, Cal. Penal Code, Sec. 1382 (West, 1970).

       Para la exposición y crítica de la doctrina (the demand-waiver rule), véanse: Note, The Lagging Right to a Speedy Trial, 51 Va. L. Rev. 1587 (1965); Comments, Speedy Trial and the Second Circuit Rules Regarding Prompt Disposition of Criminal Cases, 71 Colum. L. Rev. 1059 (1971).

       En el caso de autos el acusado solicitó que se pospusiese un señala-miento hecho con anterioridad al que es objeto de examen en esta opinión. Esto tampoco constituye, por supuesto, una renuncia a ser juzgado poste-riormente conforme a las normas vigentes sobre el derecho a juicio rápido. Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).


text:
    Ricardo L. Rodríguez Padilla et al., demandantes y recurridos, v. Emma (Carmen) Judith Cabassa, demandada y recurrente.

      Número: R-73-71

      Resuelto: 11 de septiembre de 1974

      Manuel Dorta-Duque, abogado de la recurrente; González & Rodríguez y Francisco Cobián Guzmán, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso envuelve el cumplimiento específico de un con-trato de compraventa de un solar de 1,200 metros cuadrados ubicado en el sector Breñas del Barrio Sabana de Vega Alta. El tribunal de instancia condenó a la recurrente a otorgar la escritura de compraventa transfiriendo el solar al recurrido por la cantidad de $24,000.

En revisión la recurrente formula varios apuntamientos dirigidos a impugnar las conclusiones de hechos del tribunal sentenciador, la naturaleza del contrato y la negativa del tribunal a aplicar al caso la prohibición establecida en el Art. 24 de la Ley de Planificación, 23 L.P.R.A. sec. 25.

Con respecto a la apreciación de la prueba basta decir que quedamos satisfechos con una lectura del récord de que las conclusiones del tribunal de instancia tienen pleno apoyo en la prueba desfilada. La prueba de la recurrente corroboró en los extremos esenciales la de los recurridos. No está en disputa que las partes acordaron la compraventa por una cantidad específica, $24,000. La discrepancia es en torno a si el convenio fue por el solar completo o sólo por una parte del mismo. El tribunal concluyó que el acuerdo fue por el solar completo y no encontramos en el récord justificación para intervenir con dicha conclusión.

Admitida la corrección de las conclusiones de hechos, no tiene relevancia la argumentación de la recurrente de que nunca se perfeccionó el contrato por no existir el consenti-miento. El tribunal concluyó en forma adversa a la recurrente por lo cual resulta superflua cualquier discusión relativa a la ausencia o error en el consentimiento.

El tercer apuntamiento es de un tenor distinto. La recu-rrente se queja de que el tribunal de instancia hizo caso omiso de la prohibición contenida en el mencionado Art. 24 de la Ley de Planificación, el cual dispone en lo pertinente:

“Carecerá de eficacia cualquier otorgamiento de escritura pública o contrato privado de lotificación si no ha sido sometida previamente dicha lotificación a la consideración de la Junta de Planificación de Puerto Rico y no ha sido aprobada por ésta, ex-cepto en aquellos casos en que lo permita el Reglamento de Loti-ficación; Disponiéndose que cualquier otorgamiento por medio de escritura pública o contrato privado en el cual se haga una lotifieación sin haber sido previamente sometida y aprobada por la Junta de Planificación, cuando ello fuere necesario, quedará ratificado y convalidado si con posterioridad a dicho otorga-miento la Junta de Planificación aprobare mediante resolución la lotifieación objeto de la escritura o contrato privado.
Esta última disposición no se interpretará en el sentido de permitir la inscripción con defecto subsanable en el Registro de la Propiedad de aquellos títulos que no estén acompañados de la Resolución de la Junta de Planificación, aprobando, verificando, o convalidando la lotifieación.” 23 L.P.R.A. sec. 25.

Nótese que la interdicción es absoluta. No tiene eficacia, esto es, no produce efecto alguno, el otorgamiento de un contrato privado de lotifieación, como en este caso, si no ha sido aprobado previamente por la Junta de Planificación. Se atenúa el rigor de la prohibición admitiendo la convalidación del contrato si con posterioridad la Junta de Planificación aprobase la lotifieación.

El tribunal de instancia se negó a considerar la aplica-ción al caso de autos de esta clara prohibición de orden pú-blico por entender que el planteamiento era tardío. Afirmó el tribunal en su sentencia que la recurrente levantó la cues-tión por primera vez en el alegato. “No creemos”, dijo, “que a estas alturas esté disponible para la demandada la anterior defensa por no haberla planteado oportunamente, y por tal razón no vamos a entrar en la discusión de sus méritos.”

No es correcto que la recurrente promoviera por primera vez la cuestión en el alegato. Observamos que a la pág. 35 de la transcripción de evidencia ocurrió el siguiente incidente:

“Lie. Casasnovas:
Con la venia del tribunal, hasta ahora habíamos aceptado la alegación tercera de la demanda que tiene el efecto de traer una cosa que pasa en Puerto Rico todos los días. Aquí lo que se está vendiendo es una participación en una comunidad. Ellos hablaron en términos de un solar.

Lie. Boneta:

Nosotros negamos la existencia de que haya tal condominio pro-indivisa, [sic] Entiendo que la regla de procedimiento civil dice que la alegación se entiende [sic] por prueba presentada y estamos en condiciones de presentar las escrituras de la señora Cabassa, donde se especifica que esa venta es de un solar y no de un condominio, y segundo que es un hecho que nosotros vamos a establecer en nuestro turno. Que nunca hubo un permiso de segre-gación en esa venta. Por eso es nuestro interés en hacerle pre-guntas al compañero.” (T.E. págs. 35-36. Énfasis suplido.)

Se presentó en evidencia la escritura de adquisición original de la recurrente en la cual aparece que estando ya en vigor la mencionada prohibición del Art. 24, dicho solar fue segregado de una finca de mayor cabida y traspasado a la recurrente, sin que se hubiese presentado prueba sobre la aprobación de la segregación por la Junta de Planificación.

Es significativo el hecho de que en la demanda instada por los recurridos se alega que las partes acordaron la compra de un condominio pro indiviso e indeterminado, en cuyo caso no sería de aplicación la prohibición del Art. 24 puesto que no habría una segregación. El recurrido es abogado y por sus conocimientos especializados debemos asumir que conoce la distinción, fundamental en' derecho, entre la compra de un solar y la compra de un condominio pro indiviso e indeterminado. Es razonable inferir que su alegación fue con el propósito de evadir la prohibición de marras.

Consideramos que la forma en que se suscitó la cuestión ante el tribunal de instancia, aunque suficiente para poner sobre aviso al tribunal, no fue, sin embargo, la más propia para una cuestión de orden público tan importante como ésta. Es por eso, que debe devolverse el caso al tribunal de instancia para que las partes tengan la oportunidad de some-ter a la Junta de Planificación la aprobación de la segrega-ción del solar, en cuyo caso quedaría convalidado el contrato de compraventa quedando la recurrente obligada al cumpli-miento específico. De no obtener la aprobación de la Junta el contrato no tendría eficacia legal y no sería susceptible de cumplimiento específico ante los tribunales.

Se dictará sentencia dejando sin efecto la dictada por el tribunal de instancia y se devolverá el caso para ulteriores procedimientos conforme lo antes expuesto.

El Juez Asociado Señor Rigau, no intervino en la decisión del caso.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Ricardo Domínguez Talavera, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Osvaldo de la Luz Vélez, Juez, demandado; The Chase Manhattan Bank, interventor.

      Número: O-73-344

      Resuelto: 12 de septiembre de 1974

      F. Ariel Avilés Rodríguez y Angel L. Tapia Flores, abogados del peticionario; Fiddler, González & Rodríguez, Federico Tílén, Jr. y Salvador Antonetti Zequeira, abogados del interventor; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Banco Chase Manhattan, cesionario de un contrato de venta condicional de un automóvil Volkswagen, inició un pro-cedimiento de reposesión contra el peticionario Domínguez para cobrarse un balance de $299.42 de mensualidades venci-das, y como medida provisional para aseguramiento de efec-tividad de sentencia solicitó y obtuvo orden de embargo del vehículo, dictada por un juez del Tribunal Superior y condi-cionada a previa prestación de fianza de $1,000 por el banco acreedor a favor de su deudor, para responder a éste “de los perjuicios que se le puedan irrogar como consecuencia del embargo.” Al practicarse el embargo por el alguacil éste citó al deudor para “vista oral” (audiencia provista por la Ley de Ventas Condicionales — 10 L.P.R.A. sec. 36) a cele-brarse a los 14 días de reposeído el vehículo. El deman-dado Domínguez impugnó el embargo como contrario al de-bido proceso por no habérsele oído en vista antes de librarse la orden que le privó de la posesión de su Volkswagen. Se ajusta a derecho la resolución del tribunal de instancia deses-timando el planteamiento.

La reposesión de propiedad mueble sujeta a contrato de venta condicional autorizada por el Art. 6 de la Ley de Ventas Condicionales (10 L.P.R.A. sec. 36) y el embargo preventivo en aseguramiento de efectividad de sentencia a tenor de la Regla 56 de Procedimiento Civil no vulneran la garantía de debido proceso de ley provista en el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y en la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos. La decisión de Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972) en que funda su recurso el deudor peticionario se dio contra un trasfondo legal y factual que no presenta este caso. La subsiguiente decisión en Mitchell v. W. T. Grant Company, 94 S.Ct. 1895 (1974), se encargó de dejar bien claro que el anatema de Fuentes iba principalmente dirigido a los estatutos de reposesión y embargo que confieren inmoderado poder a litigantes privados sin la participación cabal de un juez; a la abdicación por el Estado del control y supervisión de los procedimientos desde un principio. Si bien esa era la situación en Florida que provocó la repulsa de Fuentes, no lo es en Puerto Rico. En lo que respecta a reposesiones bajo la Ley de Ventas Condicionales el comprador que se atrasa en los pagos tiene oportuna notificación y audiencia antes de ser privado de la propiedad. Al efecto ordena el Art. 6 de la citada ley (10 L.P.R.A. sec. 36) en lo pertinente: “Disponiéndose: Que para que el vendedor condicional pueda recuperar los bienes muebles o semovientes objetos del contrato, para ser retenidos por el indicado término de treinta (30) días, deberá presentar ante el juez de la corte con jurisdicción en el caso, una declaración escrita y jurada haciendo constar que el comprador condicional no ha cumplido los términos del contrato de venta y que la reclamación se hace de buena fe, acompañando a dicha declaración jurada una copia del contrato de venta condicional que contenga nota de su inscripción en el registro de ventas condicionales establecido por las secs. 31 a 41 de este título. Al recibir el juez la decía-ración jurada y la copia del contrato, citará a las partes interesadas para una audiencia que tendrá lugar dentro de los diez días siguientes a la fecha de la citación, y después de citarlas verbalmente para conocer el caso, si estimare que no se ha cumplido la condición por el comprador, dictará una orden disponiendo que el marshal se incaute de los bienes re-clamados, los cuales bienes el marshal los entregará al vende-dor condicional sujetos a las disposiciones de las secs. 31 a 41 de este título.” Esto es posible porque en Puerto Rico a dife-rencia de otras jurisdicciones, el citado estatuto al crear un gravamen anotado en el registro ad hoc protege al vendedor contra traspasos del objeto a terceras personas (10 L.P.R.A. sec. 34); Smallwood v. Corte, 50 D.P.R. 634 (1936).

A su vez la Regla 56 de Procedimiento Civil satisface las exigencias del debido proceso logrando un razonable equilibrio entre los derechos del acreedor y el deudor, pues dispensa la previa notificación y vista sobre la solicitud de embargo como remedio provisional únicamente en la situación reglada por la Regla 56.4 que en lo relevante a bienes muebles dispone: “Si se hubiere cumplido con los requisitos de la Regla 56.3, el tribunal deberá expedir, a moción ex parte de un recla-mante, una orden de embargo o de prohibición de enajenar. . . . En el caso de bienes muebles, la orden se efectuará depo-sitando los bienes de que se trate con el tribunal, o con la persona designada por el tribunal bajo la responsabilidad del reclamante.” Nótese que aun cuando se autorice el embargo ex parte la Regla 56.3 exige fianza al demandante o evidencia documental demostrativa de la legitimidad de su reclamación y por otro lado concede al demandado el derecho a disolver el embargo y retener los bienes mediante prestación de fianza.

La supervisión por el poder judicial del procedimiento de embargo desde su incepción (Regla 56.1) es la garantía máxima de corrección y resguardo de los derechos del deudor expresada en su oración final: “En todo caso en que se solicite un remedio provisional el tribunal considerará los intereses de todas las partes y dictará sentencia, según lo requiera la justicia sustancial.” Estos ordenamientos proveen el balance o justo acomodamiento constitucional de los intereses encon-trados de deudor y acreedor. La solución plasmada en nuestra legislación extiende el debido proceso a ambas partes: (a) concediendo un remedio provisional que preserva la integri-dad del bien, generalmente la única garantía de cuenta, de la continuada erosión y decadencia de su valor económico conse-cuencia de su uso por el deudor; (b) impide la destrucción, traspaso u ocultación de los bienes por un deudor inescrupu-loso que bien podría ser su única reacción a un previo aviso de que hay el propósito de quitarle la propiedad; (c) el re-quisito de fianza o la alternativa de autenticidad documentada de la solicitud de embargo que sienta una probabilidad de que el demandante ha de prevalecer, con la imprescindible in-tervención del tribunal, minimizando el riesgo de que se expida una orden errónea; y (d) el deudor tiene derecho a una vista rápida donde podrá cuestionar todo procedimiento y reducir a un mínimo su privación de propiedad y el tiempo que ésta se halle en custodia legis o en poder del acreedor. Mitchell v. W. T. Grant Company, supra. Aparte de lo expre-sado, el estridente reclamo constitucional fundado en la seve-ridad de la privación de propiedad que alega haber sufrido el deudor-recurrente pierde urgencia y vigor persuasivo cuando se le concede vista rápida y pide la suspensión.

El debido proceso de ley al prohibir que una persona sea privada de su propiedad por acción ex parte no exige una vista preliminar o anterior a la incautación si se provee dicha audiencia en una etapa posterior y antes de que se haga una adjudicación final. Mitchell, citado. La Regla 56 de Procedimiento Civil brinda la protección merecida al interés del deudor así como al de su acreedor que se manifiestan al querer uno retener y el otro obtener la posesión del vehículo embargado.

El debido proceso no es abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunda temor de Dios al tribunal y paralice al adversario. Como toda regla habrá de aplicarse con riguroso respeto a los derechos sustanciales de todas las partes afectadas. Su naturaleza, ha dicho el Tribunal Supremo de Estados Unidos es circunstancial y pragmática.

Se anulará el auto expedido y se devolverá el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos consistentes con esta opinión.

       Simultáneamente se siguió por el Chase el trámite de citación y audiencia ordenado por el Art. 6 de la Ley de Ventas Condicionales (10 L.P.R.A. sec. 36).

       Dicha vista fue suspendida a petición del deudor aquí recurrente y celebrada el 3 de mayo de 1973 en que se ventiló su moción de nulidad de embargo fundada en Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972) por haberse decretado en virtud de orden ex parte.

       Regla 56.3. Fianza
      “Se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza, si apareciere de documentos públicos o privados firmados ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legal-mente exigible, o si se gestionara el remedio después de sentencia. En todos los demás casos, el tribunal exigirá la prestación de una fianza suficiente para responder por todos los daños y perjuicios que se causen al demandado como consecuencia del aseguramiento. Un demandado o querellado podrá, sin embargo, retener la posesión de bienes muebles embargados por un demandante o reclamante, prestando una fianza por tal suma que el tribunal estime suficiente para responder por el valor de dicha propiedad. El afianzamiento por el demandado de la suma embargada, dejará sin efecto el embargo.”

        Cafeteria & Rest. Wkrs. U., Local 473 v. MoElroy, 367 U.S. 886, 896 (1961); Stanley v. Illinois, 405 U.S. 645, 650 (1972); Inland Empire Dist. Council, Etc. v. Millis, 325 U.S. 697, 710 (1945).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio,

text:
    Miguel J. Nolla, Jacinto Galib y Joaquín Márquez, Jr., demandantes y recurridos, v. Joa Company of Florida y Bruno Santos, demandados y recurrente la primera.

      Número: R-66-150

      Resuelto: 12 de septiembre de 1974

      Daniel Pellón Lafuente, abogado del recurrente; Jorge Souss, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión de aproche en este caso es quién ha de pagar por el uso de un local utilizado para mantener en depósito y en custodia legis bienes embargados en aseguramiento de efectividad de sentencia.

Desde el 23 de abril de 1957 hasta el 7 de julio de 1960 un edificio propiedad de los recurridos estuvo ocupado con maquinaria embargada por Joa Company of Florida a Coro-dex Manufacturing Company. Corodex era arrendataria del edificio por el que pagaba un canon de $450 mensuales y en pleito en cobro de hipoteca de bienes muebles Joa obtuvo una orden de embargo preventivo y propuso como depositario a Bruno Santos ejecutándose él embargo sobre la maquinaria instalada por Corodex en el propio edificio donde operaba la industria, el cual fue cerrado por el depositario quien retuvo las llaves en su poder hasta el 7 de julio de 1960 que las entregó a Corodex, ya efectuada la subasta en la cual la arrendadora Joa se adjudicó los bienes embargados.

Por todo el periodo desde el 23 de abril de 1957 hasta el 7 de julio de 1960 en que se mantuvo el edificio cerrado con la maquinaria embargada, los arrendadores recurridos Nolla, Márquez y Galib fueron Presidente, Tesorero y Subtesorero, respectivamente, de la corporación arrendataria Corodex, por lo que es inevitable concluir que los primeros tuvieron cono-cimiento desde un principio de la acción del depositario cerrando el local arrendado. Aun en ausencia de esa identi-dad entre los dueños arrendadores y los directores de la corpo-ración arrendataria, ésta venía obligada a notificarles la intervención con la cosa objeto de arrendamiento a tenor del Art. 1449 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4056) que dis-pone : “El arrendatario está obligado a poner en conocimiento del propietario, en el más breve plazo posible, toda usurpación o novedad dañosa que otro haya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada.

“También está obligado a poner en conocimiento del dueño, con la misma urgencia, la necesidad de todas las repa-raciones comprendidas en el número 2 de la see. 4051 de este título.

“En ambos casos será responsable el arrendatario de los daños y perjuicios que por su negligencia se ocasionaren al propietario.”

La orden de embargo del tribunal, gestionada y promovida por Joa para su propio beneficio, tuvo un efecto de

interdicción del contrato de arrendamiento mediante el cual los recurridos habían cedido el edificio a la deudora Corodex. Con la acción del depositario cerrando el edificio y reteniendo la llave por la duración del embargo, la arrendataria Corodex fue totalmente privada del goce y uso del local industrial que era la esencia del convenio de arrendamiento. (Art. 1433 del Código Civil — 31 L.P.R.A. sec. 4012.) Dispone el Art. 1450 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 4057) que el arrendador no está obligado a responder de la perturbación de mero hecho que un tercero causare en el uso de la finca arrendada; pero el arrendatario tendrá acción directa contra el pertur-bador. No existe perturbación de hecho cuando el tercero, ya sea la administración, ya un particular, ha obrado en virtud de un derecho que le corresponde. Aunque tuvo su origen en una providencia judicial, la perturbación no puede catalo-garse como de derecho, sino una arbitraria y de mero hecho por la cual no responde el arrendador, habida cuenta de que la orden de embargo iba dirigida a la maquinaria y no al edificio. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo X, Vol. II, Sexta edición 1969, a las págs. 183 y ss. Correspondía a Corodex repeler la perturbación por acción directa contra Joa. Ese estado de derecho subsistió hasta que los recurridos presentaron la moción demandando compen-sación por uso de la acreedora Joa, con la implicación de ha-berse rescindido el contrato de arrendamiento y de exi-girse los frutos civiles del edificio a que tenían derecho sus dueños a partir de ese momento, no en forma de cánones, sino mediante compensación por el uso por parte de Joa, la cual se estaba sirviendo del edificio para preservar los bienes embar-gados. Dicha moción debió ser suficiente aviso para Joa de que a partir de su fecha respondía a los dueños del edificio por el uso del mismo como almacén de maquinaria embargada. Nace allí y entonces el cuasicontrato que impedirá a Joa enriquecerse injustamente a costa de los recurridos disfru-tando gratuitamente del local de depósito como antes lo había disfrutado por inercia o incuria de la arrendataria Corodex.

Es curioso cómo los recurridos y Corodex toleran la inter-vención de sus respectivos derechos sin tomar acción alguna para protegerlo, pidiendo unos o la otra la remoción de la propiedad mueble embargada dejando el edificio libre, para lo cual tenían claros recursos en ley. Al así actuar los recu-rridos faltaron a su obligación de aminorar daños permi-tiendo la acumulación de los frutos civiles del edificio desde abril de 1957 hasta el 19 de enero de 1960 en que radicaron una moción en el pleito sobre cobro de hipoteca de bienes muebles instado por Joa contra Corodex, reclamando que “como parte de los gastos de ejecución se ordene a la deman-dante Joa Company of Florida a satisfacerles la suma de $450 mensuales por todo el tiempo durante el cual los bienes embargados han permanecido depositados en el edificio de estos comparecientes y por todo el tiempo que permanezcan .allí depositados.”

Dicha moción es el primer aviso a Joa de que los dueños del edificio habían optado por exigir compensación por uso del mismo, en vez de exigir el pago de cánones de arren-damiento bajo el contrato con Corodex. Si bien concluyó el tribunal a quo que los recurridos hicieron gestiones de cobro por el uso de su propiedad en fecha no determinada ante el depositario de los bienes embargados, de nombre Bruno Santos, éste no era agente ni representante de Joa. Es por tanto, a partir del 19 de enero de 1960 que surge la obligación de Joa para con los recurridos bajo el cuasicontrato de compen-sación por uso. Sin embargo, dicha acreedora no percibió la justicia de la reclamación, y se conformó con rebatirla por razones procesales, lo que eventualmente dio lugar a la acción separada que ahora resolvemos.

El historial arrendaticio del local antes y después del largo período de ocupación con la propiedad embargada dejó establecida la razonabilidad de la compensación por uso esti-mada en $450 por mes, que el tribunal de instancia computó por la duración del depósito en custodia legis resultando en una liquidación de $17,122 cuyo pago impuso por sentencia a la recurrente Joa.

No es determinante a los fines de responsabilidad por el uso del edificio, el grado o tipo de posesión, si alguno, imputable a la embargante sobre los bienes en custodia legis. De los complicados desdoblamientos de dicha posesión surge incuestionada la realidad de que fue la acreedora Joa quien movió el brazo de la ley y propuso el depositario para protección y resguardo de su reclamación mediante el embargo preventivo. Ella estaba enteramente libre para obtener que el depositario trasladase la maquinaria embargada a otro local menos costoso evitando el perjuicio irrogado a los recurridos al cambiar el destino de su edificio industrial por un almacén. Dispone el Art. 10 de la Ley de 1 de marzo de 1902 (32 L.P.R.A. sec. 1078) que el embargo de bienes muebles se practica depositándolos en poder del tribunal o de la persona que éste designe bajo la responsabilidad del demandante. Si la acreedora Joa como demandante asumía alguna responsabilidad por el proceso de embargo que voluntariamente inició, y es evidente que con o sin el precepto contenido en dicho Art. 10 no podrá evitarla, un básico sentido de prudencia debió instarla a gestionar el aseguramiento de sentencia con el menor perjuicio de todas las personas afectadas, ya que nadie puede eludir las consecuencias naturales y probables de sus actos.

Por las razones aquí expresadas la sentencia revisada será modificada reduciendo la responsabilidad por uso de Joa Company of Florida a los recurridos a partir del 19 de enero de 1960 hasta el 7 de julio de 1960, y así modificada se confir-mará.

El Juez Asociado Señor Dávila, no interviene. El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio, disintió con opinión en la cual concurre el Juez Asociado Señor Martín.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio,

con la cual concurre el Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 12 de septiembre de 1974

Disiento. Aunque creo que está correcta la conclusión del Tribunal en el sentido de que el embargante tiene que indem-nizar al arrendador por daños; no estoy de acuerdo con aquella parte que los reduce al término de seis meses.

El Art. 1449 del Código Civil, 1930 (31 L.P.R.A. sec. 4056) regula la responsabilidad del arrendatario hacia el propietario, si no pone en conocimiento del propietario, en el más breve plazo posible de toda usurpación o novedad dañosa que otro haya realizado o abiertamente prepare en la cosa arrendada; pero ciertamente no establece inmunidad hacia el embargante en este caso para cerrar el edificio que no era objeto del embargo y convertirlo en un almacén de depósito para su propio beneficio.

Como muy bien se dice en la opinión de la que disentimos:

“De los complicados desdoblamientos de dicha posesión surge incuestionada la realidad de que fue la acreedora Joa quien movió el brazo de la ley y propuso el depositario para protección y res-guardo de su reclamación mediante el embargo preventivo. Ella estaba enteramente libre para obtener que el depositario tras-ladase la maquinaria embargada a otro local menos costoso evi-tando el perjuicio irrogado a los recurridos al cambiar el destino de su edificio industrial por un almacén.”

Esto sí que equivale a un enriquecimiento injusto; ya que la demandante sabía desde la misma fecha del embargo, que se había cerrado el edificio y se quedó callada, sin pagar por su uso. Aparte de que la propia opinión admite que el tribunal a quo concluyó que los recurridos hicieron gestiones de cobro por el uso de su propiedad ante el depositario de los bienes embargados, Sr. Bruno Santos; quien fue sugerido al tribunal, como depositario, por la parte embargante; y de-signado por aquél, depositándose los bienes muebles embar-gados en manos de dicho depositario “bajo la responsabilidad del reclamante”. (Regla 56.6 de Procedimiento Civil de 1958.) Aparte de que en la opinión se admite que por todo el período desde el 23 de abril de 1957 hasta el 7 de julio de 1960 en que se mantuvo el edificio cerrado con la maquinaria embargada, los arrendadores recurridos Nolla, Márquez y Galib fueron Presidente, Tesorero y Subtesorero respectiva-mente, de la corporación arrendataria Corodex, “. . . por lo que es inevitable concluir que los primeros tuvieron conoci-miento desde un principio de la acción del depositario ce-rrando el local arrendado.” Por esta razón adicional era in-necesaria la notificación al dueño de la usurpación; y no había responsabilidad del arrendatario hacia el dueño bajo el Art. 1449 del Código Civil, supra.

Por los motivos expuestos disiento de la opinión del Tribunal en este caso; y considero que la sentencia del Tribunal sentenciador debe ser confirmada.

       La terminación del arrendamiento era un desarrollo natural en el negocio entre dueños y arrendataria, pues para Corodex no tenía sentido pagar renta por un local cerrado sin acceso a las máquinas de su industria, y, por otro lado, los recurridos no iban a absorber indefinidamente la pérdida de cánones o réditos por su propiedad. La realidad de ser Presi-dente de la arrendataria Corodex uno de los dueños del edificio colocaba a éstos en posición privilegiada para resolver o rescindir el contrato de arrendamiento pero no hay indicio de que esto ocurriera hasta inter-venir los recurridos en el pleito pidiendo se les compensara el uso del local.

       Art. 1787 del Código Civil (81 L.P.R.A. sec. 5091).
      “Son. cuasicontratos los hechos lícitos y puramente voluntarios, de los que resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligación recíproca entre los interesados.” Luperena v. Autoridad de Transporte, 79 D.P.R. 464, 474 (1956).

      (1) Y añadimos nosotros que estaba enteramente libre para dicho tras-lado desde el mismo día en que trabó el embargo, teniendo conocimiento desde ese mismo día que el depositario había cerrado el edificio.

       En la determinación de hecho número 9 de la Opinión del Tribunal sentenciador éste concluyó que ante esas gestiones, el depositario lo pos-ponía “. . . para cuando se vendiera la maquinaria.”


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Angel Luis Pabón, acusado y apelante.

      Número: CR-74-28

      Resuelto: 13 de septiembre de 1974

      Santos Sánchez Lorenzi, abogado del apelante; Peter Ortiz, Pro-curador General Interino, y Federico Rodriguez Gelpí, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Se acusó al apelante de violar los Arts. 108 y 109 de la Ley de Bebidas, Ley Núm. 143 del 30 de junio de 1969, 13 L.P.R.A. secs. 6108 y 6109, consistente en poseer y vender bebidas alcohólicas sin pagar los correspondientes impuestos. Se le juzgó por tribunal de derecho y, hallado convicto, se le impuso por el Tribunal Superior una multa de $100 por el delito de posesión y otra de $200 por el de vender.

Se le imputan al tribunal de instancia dos errores en la apelación ante nos: que el veredicto es contrario a la prueba y al derecho y que el juzgador actuó “como juez fiscal, ha-ciendo un número de preguntas proporcionalmente mayor a las formuladas por el fiscal, tratando de probar hechos no pro-bados por el fiscal.”

No se cometió el primer error ni exige discusión extensa. Hubo prueba suficiente para justificar la decisión de la ilus-trada sala sentenciadora. Se declaró sobre la posesión y la venta de la bebida, así como sobre la omisión del pago de im-puestos. Hubo cierta confusión, así como pequeñas contradic-ciones, en el testimonio del agente de Rentas Internas, pero no de tal índole que afectasen su credibilidad y que ameriten nuestra intervención con la deferencia debida a la discreción del evaluador de los hechos en primera instancia. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426, 429 (1972).

No se incurrió tampoco en el segundo error, pero su plan-teamiento exige consideración más detenida por las cuestio-nes que suscita respecto al rol del juez en los juicios crimi-nales en Puerto Rico.

En tiempos modernos han existido dos modos básicos de enjuiciamiento: el juicio acusatorio y el inquisitorial, despo-jando este último término, de toda posible connotación peyo-rativa. En el derecho inglés el juicio de tipo acusatorio se convirtió tarde en la Edad Media en el preferido, especial-mente al tomar fuerza la institución del jurado. En los países donde priva el derecho civil se adoptó el juicio inquisitorial. La función del juez en los dos sistemas es en principio dis-tinta. En el juicio acusatorio, el juez es básicamente un árbi-tro o moderador; en el inquisitorial, el juez juega un papel activo en la búsqueda de la verdad. Véase, para una corta historia de ambos procedimientos: Jackson, R. M., The Machinery of Justice in England, Cambridge Univ. Press, 6th ed., 1972, pág. 18 et seq.

En Puerto Rico regía a fines del siglo diecinueve, por supuesto, el sistema utilizado por los países de raíz latina. Véase el Art. 708 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, extendida a Cuba y Puerto Rico el 19 de octubre de 1888. Ministerio de Ultramar, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Madrid. Imp. de Moreno y Rojas, 1888, págs. 187-188. A mitad del siglo pasado, de hecho, aún no se contaba con promotores fiscales. Ormaechea, F. de: Memoria sobre los Tribunales y la Legislación de la Isla de Puerto Rico, Madrid, 1850, pág. 15. El cambio al método acusatorio ocurrió, como en muchos otros casos, sub silentio, sin legislación al efecto, asumiéndose simplemente, sin mayor discusión, que así debía de ser. Ver por ejemplo: Pueblo v. Acevedo, 35 D.P.R. 966, 970 (1926). La adopción de la institución del jurado para los delitos graves necesariamente tuvo que influir parti-cularmente en lo ocurrido, aunque no explica de por sí la extensión, sin disposición expresa, del sistema acusatorio a otras causas criminales donde los hechos se juzgasen de otro modo. La sustitución de nuestro antiguo derecho penal y de enjuiciamiento criminal por legislación calcada de patrones norteamericanos debió haber pesado también en lo sucedido.

No es indispensable ahondar en lo anterior, sin embargo, porque tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos la juris-prudencia le ha ido asignando al juez un papel crecientemente más activo que el que le destinaba el sistema original inglés.

En Pueblo v. León, 53 D.P.R. 429, 441 (1938), por ejemplo, se dijo:

“. . . El juez puede hacer a un testigo cualquier pregunta que crea necesario para aclarar, en bien de la justicia, cualquier punto obscuro que pueda haber quedado después de los interroga-torios del fiscal y de la defensa; pero no debe examinar a un testigo con el propósito de contradecirlo o desacreditarlo ante el jurado.”

En el mismo caso todavía se califica al juez, sin embargo, de simple “árbitro” (a la pág. 440). En casos subsiguientes se ex-pande poco a poco este concepto de la función del juez. Pueblo v. Aletriz, 85 D.P.R. 646 (1962); Pueblo v. Martell Cajigas, 88 D.P.R. 636 (1963); Pueblo v. Rivera Guzmán, 98 D.P.R. 691 (1970); Pueblo v. Moctezuma Velázquez, 100 D.P.R. 228, 230, 231 (1971). Es interesante observar que hace varios años, por ejemplo, se comenzó a distinguir debidamente entre casos vistos ante un jurado y los juzgados por tribunal de derecho, Pueblo v. Rodríguez Ocaña, 88 D.P.R. 335 (1963).

En Estados Unidos ocurre un cambio tan o más extenso que en Puerto Rico en la concepción de la verdadera función del juez al presidir un juicio criminal. En Quercia v. United States, 289 U.S. 466, 469 (1933) afirmó el tribunal que el juez en una corte federal no es un mero moderador, sino el director del juicio, a cargo de que éste se conduzca debida-mente. Véanse también: Glasser v. United States, 315 U.S. 60 (1944); United States v. Warren, 120 F.2d 211, 212 (2d Cir. 1941) (Learned Hand).

En United States v. Brandt, 196 F.2d 653, 655 (2d Cir. 1952), el juez Charles E. Clark extendió la doctrina de Quercia, expresando que el juez no solo goza de la prerroga-tiva de extraer y dilucidar los hechos que considere necesa-rios para la clara presentación y entendimiento de las cues-tiones envueltas en las causas criminales, sino que es su deber hacerlo, siempre que se mantenga el necesario clima de im-parcialidad. La regla de Brandt cuenta hoy con reconocido prestigio en Estados Unidos. Swindler v. United States, 336 F.2d 678, 682 (9th Cir. 1964), cert. den. 380 U.S. 909; United States v. Watson, 466 F.2d 549, 550 (5th Cir. 1972); United States v. Atkins, 487 F.2d 257 (2d Cir. 1973); 2 Wright, Federal Practice and Procedure: Criminal, págs. 176-179, sec. 415 (1969). Se ha hecho ya decididamente más borrosa la antigua línea divisoria entre el juicio acusatorio y el inquisitorial de hace siglos.

Debido a la naturaleza de nuestra tradición jurídica básica, existe aún más razón en Puerto Rico para reexaminar ía función del juez en las causas criminales. El concepto del juicio acusatorio, en su versión primitiva, parece hallar especial apoyo en la creencia de que la justicia se produce mágicamente del combate entre dos adversarios, presidido por un juez cuya función esencial es ver tan sólo que se cumplan las reglas del juego. Rechazamos dicha visión de la función del juez.

El juez no es el simple árbitro de un torneo medieval entre la defensa y el Ministerio Público o el retraído moderador de un debate. El juez es partícipe y actor principal en el esclarecimiento de la verdad y en la determinación de lo que es justo. El juez puede y debe ser en casos vistos con o sin jurado, aunque con mayor libertad en los segundos, participante activo en la búsqueda de la justicia, siempre que no vulnere la imparcialidad que su alto oficio reclama. Puede el juzgador en consecuencia requerir la declaración de determinados testigos o interrogar a los que las partes ofrezcan, siempre que su conducta se mantenga dentro de las normas de sobriedad y equilibrio que impiden que el juez sustituya, en vez de que complemente, la labor del fiscal o del defensor. Nada impide que un juez, para aclarar un testimonio o una situación, o consciente de que no se han formulado algunas preguntas centrales para la determinación de lo sucedido verdaderamente en un caso, se tome la iniciativa a dicho efecto.

A la luz de los principios expuestos el juez en el casó de autos actuó con entera mesura. Su intervención se limitó a esclarecer los hechos y obtener que se explicasen ciertas contradicciones. Sus preguntas reforzaron el caso del fiscal, pero pudo suceder lo contrario. Su conducta fue imparcial y encaminada a servir los fines de la justicia.

Se confirmará la sentencia apelada.

       Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. de 1902, Art. 178.