author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Rafael Nadal Mejías, recurrente.

      Número: AC-94-348

      Resuelto: 9 de noviembre de 1994

      Héctor Aníbal Castro-Pérez, abogado de la parte recurrente; Jaime L. Zambrana Grana, abogado de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si al amparo de la Regla 186 de Pro-cedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es válida una sen-tencia dictada por un juez distinto a quien presidió el juicio y emitió el fallo de culpabilidad. Respondemos en la afirmativa.

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El Sr. Rafael Nadal Mejías fue acusado por violación al Art. 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4006 —impru-dencia crasa o temeraria al conducir vehículos de motor— como consecuencia de un accidente automovilístico en el cual perecieron cuatro (4) personas. El 28 de diciembre de 1993, el señor Nadal Mejías hizo alegación de culpabilidad por los delitos imputados frente a un juez que lo declaró culpable. El acto de imposición de la sentencia fue cele-brado frente a un juez distinto a quien lo declarara culpable, el cual lo sentenció a una pena de reclusión de seis años para cada uno de los cargos. Dicho juez dispuso, tam-bién, la suspensión de los efectos de la sentencia, así como ciertas condiciones especiales.

Cinco (5) días después de haberse dictado la sentencia, el Ministerio Público presentó una moción de reconsidera-ción para solicitar que se dejara sin efecto la sentencia im-puesta por el fundamento de que ésta no era válida por no haber sido dictada por el mismo juez que presidió el pro-ceso y emitió el fallo. El tribunal acogió el planteamiento del Ministerio Público, razón por la cual dejó sin efecto la sentencia impuesta y refirió el asunto a la atención del juez que presidió el proceso.

Ante esta situación, el acusado solicitó la restitución de la sentencia dictada originalmente, solicitud que fue denegada. Finalmente, el juez que presidió el proceso se-ñaló la vista para la imposición de la sentencia, en la cual condenó al acusado a cumplir una pena de seis (6) años de cárcel por cada cargo, a ser cumplida concurrentemente, y dispuso que el convicto debería cumplir un término de seis (6) meses en prisión, y el resto lo cumpliría bajo el régimen de sentencia suspendida, Luego de varios trámites proce-sales, el convicto presentó ante nos un escrito de apela-ción —el cual acogimos como solicitud de certiorari— que cuestiona la determinación del tribunal sentenciador de dejar sin efecto la sentencia impuesta originalmente. Con-cedimos término al Procurador General para que mostrara causa por la cual no debíamos restablecer dicha sentencia. Éste ha comparecido, y estando en posición de resolver, así procedemos a hacerlo sin ulteriores procedimientos.

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La controversia presentada ante nos versa sobre la validez de una sentencia dictada por un juez distinto a quien emitió el fallo de culpabilidad. La disposición aplicábale a dicha situación es la Regla 186 de Procedimiento Criminal, supra, la cual provee para la sustitución de un juez en caso de que éste se viera impedido de continuar o concluir un procedimiento judicial. Dicha regla dispone dos (2) momentos en los cuales podría suscitarse la sustitución: durante el juicio y después del veredicto o fallo de culpabilidad. En general, la regla expone, como razones que inhabilitan a un juez para cumplir con sus funciones, las siguientes: muerte, enfermedad, haber cesado en el cargo u “otra inhabilidad”. También establece el requisito de “familiarización” con el expediente del caso; esto en caso de que el juez se inhabilite durante el juicio. Regla 186(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Hasta el momento no hemos tenido la oportunidad de expresarnos sobre la aplicación de la citada Regla 186 de Procedimiento Criminal a situaciones como la de autos, en las cuales el juez que impone la sentencia es distinto a quien emitió el fallo. Únicamente nos arroja luz el examen a la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 145 de 23 de julio de 1974, Leyes de Puerto Rico, pág. 712, la cual en-mendó la Regla 186 de Procedimiento Criminal, supra, para permitir la sustitución del juez en la etapa anterior al veredicto y establecer el proceso que ha de seguirse para la sustitución. A esos efectos, se estableció que debido a que la regla era limitativa y no proveía para los casos en que el juez se inhabilitara durante el juicio, era necesario “am-pliar el ámbito de la regla para permitir la sustitución en etapas previas al veredicto o fallo y delinear claramente el procedimiento a seguirse”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 145 de 23 de julio de 1974, Leyes de Puerto Rico, pág. 713. Surge, con meridiana claridad, que el legislador quiso ampliar el ámbito de aplicación de la regla para per-mitir la sustitución no sólo para los procedimientos poste-riores al juicio, sino incluso para continuar con un juicio ya comenzado por otro juez. Esta enmienda demuestra la fle-xibilidad que el legislador le quiso impartir a la regla, de manera que se pueda utilizar en cualquier etapa de los procedimientos.

Nuestra Regla 186, supra, proviene de la Regla 25 de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C. En la jurisdicción federal, la Regla 25 de Procedimiento Criminal, supra, ha sido objeto de discusión en cuanto a su ámbito de aplicación. En general, las cortes apelativas federales se han negado a elevar al rango de derecho constitucional el derecho de un acusado a ser sentenciado por el mismo juez que presidió el proceso y dictó el fallo. 8A Moore’s Federal Practice Sec. 25.04(3) (1994). Por ejemplo, en U.S. v. Whitfield, 874 F.2d 591 (8vo Cir. 1989), el tribunal de apelacio-nes expresó que reasignar un caso al amparo de lo dis-puesto por la Regla 25 de Procedimiento Criminal federal, supra, no constituye una violación al derecho del acusado a ser procesado con el debido procedimiento de ley. En U.S. v. Whitfield, supra, se indicó que el juez sustituto sólo debe familiarizarse con la evidencia y las controversias legales involucradas, y ejercer su discreción sobre si puede o no dictar sentencia. La discreción que ejercerá el juez senten-ciador es amplia. Por eso, el criterio que debe utilizarse para determinar la propiedad de la sentencia impuesta por un juez distinto al que presidió el proceso y emitió el fallo debe ser la familiaridad del juez sentenciador con el expe-diente y si incurrió o no en abuso de discreción al imponer la sentencia. U.S. v. Whitfield, supra. Véase, además, United States v. Spinney, 795 F.2d 1410 (9no Cir. 1986). Estos requisitos deben atemperarse de acuerdo con la compleji-dad del caso. En casos relativamente simples será sufi-ciente que el juez sentenciador adquiera cierta familiari-dad, mientras que en casos más complejos podría ser esencial que el juez estudie la totalidad de la prueba antes de imponer la sentencia. United States v. Spinney, supra; United States v. Bowser, 497 F.2d 1017 (4to Cir. 1974).

Claro está, un juez debe ser sustituido únicamente si concurren las razones que dispone la regla para declarar a un juez inhábil: muerte, enfermedad, haber ce-sado en el cargo u otra inhabilidad que no le permita con-cluir un procedimiento. Se ha interpretado, también, que cuando se solicita la descalificación de un juez que ha co-menzado a presidir un procedimiento, o cuando se traslada a otro distrito, se puede utilizar el remedio establecido por la Regla 25 de Procedimiento Criminal federal, supra. United States v. Spinney, supra; United States v. Sartori, 730 F.2d 973 (4to Cir. 1984).

Por considerarla apropiada y que contribuye a flexibilizar el proceso, adoptamos la interpretación federal de la Regla 25 de Procedimiento Criminal federal, supra, que permite la sustitución de un juez durante el juicio o luego de rendir el veredicto, y la aplicamos a la situación de autos.

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En este caso, el peticionario fue declarado culpable por un juez ante el cual hizo alegación de culpabilidad. Sin embargo, y debido a que dicho juez fue trasladado de sala, otro juez le impuso la sentencia. Este último tuvo ante sí el informe presentencia y demostró haberse familiarizado con el expediente del caso. No encontramos que hubiese abu-sado de su discreción al imponer la sentencia. Ésta fue impuesta dentro de los límites establecidos para la pena por el delito imputado, además de ser de aplicación para esta situación las disposiciones sobre la suspensión del efecto de las sentencias según establecido en el Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1027. Tomamos también en consideración el grado de complejidad del caso, el cual consideramos que no es muy complejo. Ante estas circunstancias, concluimos que la sentencia dictada originalmente era válida y debe ser restablecida.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto solicitado, se dictará sentencia para revocar la resolución del tribunal de instancia y se ordenará el restablecimiento de la sentencia original que condenó al acusado a cumplir una pena de seis (6) años por cada uno de los cargos impu-tados bajo el régimen de sentencia suspendida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión disidente. Los Jueces Asociados Señores Negrón Gar-cía y Fuster Berlingeri disintieron sin opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Los integrantes de este Tribunal, al interpretar y apli-car a irnos hechos en particular las disposiciones de las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes en nuestra ju-risdicción, tienen que estar siempre conscientes del hecho de que dichas disposiciones reglamentarias, en su origen, fueron el producto de la intensa labor de un grupo de pro-fesionales, designados por el Tribunal, de gran experiencia en la práctica de la profesión en el ámbito de lo penal.

Esto es, en adición al expreso historial legislativo con que algunas de esas disposiciones reglamentarias pueda contar, en todas ellas está inmersa la experiencia viva de ese esforzado grupo de profesionales; situación que el Tribunal no puede ignorar. Dicho de otra forma, y de la ma-nera más sencilla, la interpretación que de las Reglas de Procedimiento Criminal hagamos no puede limitarse a un ejercicio teórico en el vacío; hay que escudriñar las mismas con el propósito de descubrir, y poder aplicar a los hechos del caso particular ante nuestra consideración, ese cúmulo de experiencia práctica contenido en dichas disposiciones reglamentarias.

Por otro lado, al importar a nuestra jurisdicción juris-prudencia de otros foros —como excepción a la “norma de derecho patrio” que, en ocasiones, aplica este Tribunal desde que el “fundador” de la misma, el ex Juez José Trías Monge, acomoditiciamente la aplicara por vez primera hace algunos años— se debe de tener el cuidado de identi-ficar las posibles circunstancias específicas, y diferencias, existentes en esos otros foros que causaron que dichos pre-cedentes allí fueran establecidos; circunstancias y diferen-cias que posiblemente hagan inaplicable dicha jurispru-dencia en nuestra jurisdicción.

La decisión que hoy emite una mayoría de los integran-tes del Tribunal en el presente caso es una ciertamente errónea. En primer lugar, la mayoría hace caso omiso de la expresa terminología en que está concebida la disposición reglamentaria en controversia, haciendo una interpreta-ción que, como veremos, desnaturaliza la misma. En se-gundo término, el principal fundamento aducido en apoyo de la decisión emitida por la mayoría —esto es, jurispru-dencia proveniente del foro federal— resulta ser erróneo debido a que dicha jurisprudencia, por razón de circuns-tancias diferentes existentes entre las dos (2) jurisdiccio-nes, no es compatible con nuestro ordenamiento y realidad jurídica. En tercer lugar, la mayoría no toma en considera-ción —quizás por falta de experiencia— unas consideracio-nes de índole práctico que los propulsores originales de las Reglas de Procedimiento Criminal obviamente tuvieron en mente al proponer el establecimiento de las mismas; con-sideraciones que, repetimos, están inmersas en dichas disposiciones.

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Establece la Regla 186 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que:

REGLA 186. INHABILIDAD DEL JUEZ

(a) Durante el juicio. Si después de comenzado el juicio, y antes del veredicto o fallo, el juez ante quien fuera juzgado el acusado estuviere impedido de continuar con el juicio por razón de muerte, enfermedad u otra inhabilidad o por haber cesado en el cargo, cualquier otro juez de igual categoría en funciones o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes, siempre y cuando certifique, dentro de un tiempo razonable a partir de su nombramiento, que se ha familiarizado con el expediente y récord del caso.
(b) Después del veredicto o fallo de culpabilidad. Si por razón de haber cesado en el cargo, muerte, enfermedad u otra inhabi-lidad, el juez ante quien fuera juzgado el acusado estuviere impedido de desempeñar los deberes del tribunal después del veredicto o fallo de culpabilidad, cualquier otro juez en funcio-nes o asignado al tribunal podrá desempeñar dichos deberes.
(c) Casos por jurado y tribunal de derecho. La sustitución a que se refiere el inciso (a) de esta regla, sólo podrá ser efec-tuada en aquellos casos que se estuvieren ventilando ante jurado. Por estipulación de las partes, podrá haber sustitución de juez antes de mediar fallo, en aquellos casos que se estén ventilando por tribunal de derecho.
(d) Nombramiento de juez sustituto. El juez sustituto deberá ser nombrado por el juez administrador del tribunal al cual pertenecía el primer juez, o en su defecto por el Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico, dentro de dos (2) días de recibir notificación de inhabilidad del juez.
(e) Autoridad del juez sustituto. El juez sustituto mantendrá el mismo poder, autoridad y jurisdicción en el caso como si hu-biese comenzado ante él mismo.
(f) Deber del secretario. En aquellos tribunales en donde hay asignado un solo juez, el secretario del tribunal, inmediata-mente que conociere de la inhabilidad del juez deberá:
(1) Notificar inmediatamente al Administrador de los Tribunales, y al Juez Presidente del Tribunal Supremo.
(2) Citar a las partes para un señalamiento que en ningún caso podrá ser menor de 10 días ni mayor de 15 días.
(g) Nuevo juicio.
(1) Si el juez sustituto quedare convencido de que no puede continuar desempeñando los deberes del anterior juez podrá discrecionalmente conceder un nuevo juicio.
(2) La imposibilidad no atribuible al acusado, de cumplir con los trámites dispuestos en esta regla, sería motivo para conceder un nuevo juicio. (Enfasis suplido.)

Como podemos notar, y como correctamente se señala en la opinión mayoritaria, la transcrita Regla 186 de Pro-cedimiento Criminal contempla dos (2) etapas del proceso criminal en las cuales puede darse la sustitución del juez, a saber: durante el juicio propiamente y después de emitido o rendido el fallo o veredicto de culpabilidad. Resulta, igual-mente, obvio que la citada disposición reglamentaria esta-blece cuándo, o en qué situaciones, podrá darse la sustitu-ción, esto es: en caso de muerte del juez; cesación de éste en el cargo; enfermedad, la cual, obviamente, deberá ser de carácter seria y prolongada, “u otra inhabilidad”. La razón para la existencia de esta cuarta alternativa resulta ser obvia. El legislador, al enumerar, casi nunca puede ser taxativo. Esto es, al enumerar, siempre se tiende a insertar una “cláusula o válvula de escape”. La razón para ello es obvia: dicha situación le concede a los funcionarios, encar-gados de aplicar o interpretar las leyes, cierta flexibilidad, la cual le permite a éstos hacer cumplida justicia en rela-ción con variadas y diferentes situaciones de hecho.

La existencia de esta “cláusula de escape”, o numerus ápertus, no significa, sin embargo, que el foro judicial tenga autoridad o facultad para interpretar la citada Regla 186 de Procedimiento Criminal de manera tan y tan laxa que haga que la disposición reglamentaria en controversia pierda su razón de ser o se desnaturalice la misma. Pro-cede, entonces, que nos cuestionemos: ¿qué significa, real-mente, la frase “u otra inhabilidad”1? ¿A qué otras situacio-nes se referían los originadores de dichas Reglas, y el legislador, al así establecerlo?

La contestación resulta ser, sorprendentemente, sencilla: obviamente tiene que ser “otra inhabilidad de la misma naturaleza y seriedad de las efectivamente enumeradas por el legislador en la referida Regla; esto es, de la “natu-raleza final” de la muerte, o dé la cesación en el cargo, del juez. Dicho de otra forma, y de manera sencilla, nos parece obvio que la “otra inhabilidad” no puede referirse a un simple y mero traslado de Sala de que sea objeto él miembro de la Judicatura en controversia; traslado que no lo incapa-cita de forma alguna para poder seguir atendiendo el asunto, ya sea en la Sala original o en la nueva Sala a la que fuera asignado.

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En la opinión xnayoritaria se aduce —en apoyo de su errónea determinación de que el mero traslado de un juez de una sala a otra puede dar lugar a la “sustitución” del mismo por otro juez— que en la jurisdicción federal ello así se ha decidido. Pierde de vista la mayoría de los integran-tes del Tribunal que en la jurisdicción federal ello se ha justificado desde un punto de vista estrictamente econó-mico; ello por razón de las grandes distancias que separan, dentro de un mismo Circuito de Apelaciones, a unas sedes de otra. El mejor ejemplo de lo antes expresado lo consti-tuye, precisamente, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito; el cual tiene jurisdicción sobre Puerto Rico. En muchas ocasiones, jueces visitantes de los estados de Maine, Rhode Island, New Hampshire y Massachussets actúan en Puerto Rico por un período de tiempo limitado, durante el cual intervienen en varios ca-sos, regresando luego a sus estados de origen. Por razones puramente de índole económico, se ha resuelto que no se justifica traer a esos jueces, por el gasto que ello conlleva, para que, digamos, sentencien a un solo acusado. En con-secuencia, dichos foros federales han optado por permitir la sustitución de dichos jueces en esas situaciones.

Esa no es la situación en Puerto Rico. Aquí —Isla de “cien por treinta y cinco”— las distancias no son largas ni el traslado de un juez, de un distrito judicial a otro, con-lleva erogaciones excesivas de fondos públicos. No hay ra-zón alguna para aplicar en nuestra jurisdicción una juris-prudencia foránea que no tiene otra justificación que no sea una económica.

Esto es, el día que este Tribunal mida, y dispense, la justicia en nuestro País exclusivamente a base de conside-raciones de dólares y centavos, será el día más trágico en nuestra historia judicial.

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Por último, existe una realidad que no podemos tapar con las manos”. Resulta ser innegable que uno de los fac-tores que tanto el imputado de delito, como su representa-ción legal, toman en consideración a la hora de decidir, digamos, si el acusado se declara, o no, culpable de los hechos delictivos que se le imputan, o si el acusado deberá ser juzgado por tribunal de derecho o por jurado, lo es pre-cisamente quién es el magistrado que preside la sala en esos momentos. Es una cuestión práctica a la cual no le podemos dar la espalda. Es una realidad innegable que hay jueces que, de ordinario y en circunstancias similares, imponen sentencias más fuertes; hay otros jueces que, en relación con la concesión de sentencias suspendidas, son más liberales que otros; etc. No se trata, advertimos, de que se le permita al acusado el indeseable “judge shopping”. Es, repetimos, una realidad que existe y que no podemos negar de que no todos los jueces piensan de la misma manera ni todos actúan de igual forma. Ello lo sabe todo abogado con alguna experiencia en la práctica de lo criminal.

Esa situación, no tenemos duda, fue contemplada por los “originadores” de las Reglas de Procedimiento Criminal. Precisamente debido a ello es que únicamente se permite la sustitución de los jueces en situaciones extremas de inhabilidad-, esto es, en casos de muerte, cesación en el cargo, etc. No debemos, nosotros, darle la espalda a esa realidad y enmendar judicialmente la disposición regla-mentaria aquí en controversia para permitir la ocurrencia de una situación que obviamente no fue contemplada al originalmente establecerse la citada Regla 186 de Procedi-miento Criminal. Realmente no hay razón, ni necesidad, para así hacerlo.

       El convicto presentó una moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para solicitar una vista y su excarcelación. Dicha moción fue denegada. Presentó un recurso de habeas corpus, que también fue denegado.

       Una enmienda similar se le hizo a la Regla 25 de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C., de donde proviene nuestra Regla 186 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Dicha enmienda se recomendó debido al problema existente creado por el gran número de procedimientos criminales que se extendían dema-siado, razón por la cuál había mayor probabilidad de que el juez que comenzaba a presidir el proceso no pudiera concluirlo. De esta manera no se tenía que comenzar un nuevo juicio. Moore’s Federal Practice págs. 294-295 (1994).

       Véase, también, United States Ex Rel. Fields v. Fitzpatrick, 548 F.2d 105 (3er Cir. 1977).

       Véanse, también: U.S. v. Slow Bear, 943 F.2d 836 (8vo Cir. 1991); United States v. Rosales-López, 617 F.2d 1349 (9no Cir. 1980); United States v. Phillips, 540 F.2d 319 (8vo Cir. 1976).

       Aclaramos que, sostenida la validez de la primera sentencia, tampoco proce-día la eorreción ni su modificación, según dispone la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la cual permite la corrección de una sentencia, incluso para aumentarla si ésta fuese inválida o ilegal. Pueblo v. Camacho Pérez, 102 D.P.R. 129 (1974).


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

license: Public Domain

text:
      In re Ángel L. Tapia Flores.

      Número: AB-94-103

      Resuelto: 10 de noviembre de 1994

      René Santiago Vega, Arturo Rosa De La Fuente, José L. Carrion Latoni y Domingo Laracuente Cruz, abogados quere-llantes; Ángel L. Tapia Flores, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la queja presentada por los abogados René Santiago Vega, José Luis Carrión Latoni, Arturo Resa de la Fuente y Domingo Laracuente Cruz contra el Ledo. Ángel L. Tapia Flores, no ha lugar al ejercicio de nuestra juris-dicción disciplinaria.

Publíquese

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto concurrente. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Alonso Alonso se inhibieron. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

Concurrimos con el resultado de la resolución que en el día de hoy emite la mayoría de los integrantes del Tribunal en el asunto del epígrafe; esto es, con la decisión de archi-var la queja que contra el Ledo. Angel L. Tapia Flores ra-dicaran cuatro (4) abogados de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. Lo hacemos en vista del hecho es-pecífico de que el licenciado Tapia Flores ha ofrecido excu-sas por la acción en que se fundamenta la queja contra él presentada.

Ello no obstante, entendemos procedente hacer unas breves expresiones respecto a este lamentable incidente con el único propósito en mente de evitar que situaciones similares puedan repetirse en el futuro.

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Radicadas dos (2) acciones, en cobro de dinero y desahu-cio, ante el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, y luego de la ocurrencia de varios trámites que resultan innecesa-rios relatar, el Ledo. Angel L. Tapia Flores, abogado que representaba a la parte demandante, radicó una moción mediante la cual solicitaba del referido foro judicial que decretara la descualificación, como abogados de la parte demandada, de los letrados que representan a la parte de-mandada; abogados que laboran para la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. Dicha solicitud de descua-lificación estuvo predicada, en primer lugar, en que la re-ferida parte demandada “no cualifica, bajo los criterios de la Corporación de Servicios Legales, para ser representada por abogados de esa Corporación” y, en segundo término, por razón de que, alegadamente, dichos abogados “son clientes y consumidores del negocio que tiene la parte de-mandada, en el local arrendado, lo que resulta en un claro conflicto de intereses”. (Énfasis suplido.) Moción solicitando descualificación de abogados, pág. 1.

Los aludidos abogados, prontamente, radicaron ante el tribunal de instancia una moción en solicitud de que se eliminaran dichas alegaciones. En la misma sostuvieron que la alegación, respecto a que ellos eran “clientes y con-sumidores del negocio que tiene la demandada”, aparte de ser falsa, “atenta contra la integridad de los [cuatro (4)] abogados que comparecemos en la contestación a la demanda”. (Énfasis suplido.) Moción solicitando se elimi-nen alegaciones, pág. 1. El licenciado Tapia Flores, con igual prontitud, replicó. En el escrito que a esos efectos radicara, se reafirmó en lo expresado en la moción que hu-biera radicado en solicitud de la descualificación de los mencionados abogados.

Ello motivó que los abogados René Santiago Vega, José Luis Carrión Latoni, Arturo Resa De la Fuente y Domingo Laracuente Cruz radicaran una “querella” ante este Tribunal en contra del licenciado Tapia Flores. En la misma se reafirmaron en que la imputación que se les hiciera, a los efectos de que eran clientes y consumidores de la parte demandada, era totalmente falsa. Sostuvieron, en adición, que dicha imputación constituye

... un ataque vicioso a la integridad de los abogados de la parte demandada toda vez que razonablemente puede interpretarse en el sentido de que éstos están cobrando en especie por sus servi-cios profesionales y el pago se verifica mediante el consumo gra-tuito de bebidas alcohólicas en el cafetín de la parte demandada. (Enfasis suplido.) Querella de 31 de agosto de 1994, pág. 3.

Expresaron dichos abogados, por último, en la querella radicada, que entendían que la conducta y acción del licen-ciado Tapia Flores infringía las disposiciones de los Cáno-nes 29 y 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Le concedimos término al licenciado Tapia Flores para que expusiera lo que a bien tuviera respectó a la “querella” contra él presentada. Ha comparecido. En su comparecen-cia admite, naturalmente, la existencia de la moción en solicitud de descualificación y lo expuesto en la misma. No obstante indicar que tenía buenas razones para sostener lo allí expresado, expone que no tuvo la intención de

... denigrar a ninguna persona o compañero sino fijar unos contornos de responsabilidad en términos de las normas [o] cri-terios a utilizarse para la aceptación de clientes del programa [de Servicios Legales], así como el establecimiento de normas de profil[a]xia profesional con respecto a las relaciones de abo-gado cliente entre los participantes del programa y la clientela. Contestación a querella, pág. 2.

En el día de hoy, una mayoría de los integrantes del Tribunal ha entendido procedente disponer de la situación planteada mediante la emisión de un escueto “no ha lugar al ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria”. (Énfasis suprimido.) Resolución, pág. 445. de lo de noviembre de 1994. Somos del criterio que la situación planteada ame-rita la exposición de “algo más” por parte de este Tribunal.

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El argumento del licenciado Tapia Flores, a los efectos de que uno de los propósitos que tuvo al radicar la moción de descualificación fue el de “fijar unos contornos de res-ponsabilidad en términos de las normas y criterios a utili-zarse para la aceptación de clientes del programa” —Con-testación a querella, pág. 2— de Servicios Legales, es uno no sólo totalmente carente de méritos sino que demuestra desconocimiento de la norma jurisprudencial vigente en nuestra jurisdicción y pertinente al asunto en controversia.

Como expresara este Tribunal en Feliciano v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 504, 508 (1970), la “evaluación de las cualificaciones de [un] cliente para recibir los servicios le-gales de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico corresponde exclusivamente a dicha corporación” (énfasis suplido); razón por la cual resultaba totalmente improce-dente que el licenciado Tapia Flores le planteara el asunto al foro de instancia.

Por otro lado, y respecto a la alegación del licenciado Tapia Flores a los efectos de que los abogados de Servicios Legales que representaban a la parte demandada eran “clientes y consumidores” de la misma, somos del criterio que dicha aseveración es una de tal naturaleza que, de or-dinario, debe ser dilucidada por este Tribunal con el propó-sito de adjudicar responsabilidad, ya fuera a dichos aboga-dos si es que la misma era cierta, ya fuera al licenciado Tapia Flores, de encontrarse que dicha aseveración era falsa.

Ello así ya que, al igual que los cuatro (4) abogados que-rellantes de Servicios Legales, somos de la opinión que dicha aseveración puede razonablemente ser interpretada como que dichos abogados estaban, en palabras de éstos, “cobrando en especie por sus servicios profesionales y el pago se verifica mediante el consumo gratuito de bebidas alcohólicas en el cafetín de la parte demandada” —Quere-lla de 31 de agosto de 1994, pág. 3— lo cual, de ser cierto, implica una violación de las normas de la Corporación de Servicios Legales por parte de dichos abogados, situación que podría conllevar la imposición a éstos de sanciones ad-ministrativas y disciplinarias.

Por otro lado, de determinarse que dicha aseveración es falsa, ello podría implicar una infracción de las disposicio-nes de los Cánones 29 y 35 del Código de Etica Profesional, ante, de parte del licenciado Tapia Flores', lo cual, natural-mente, podría conllevar desde una sencilla amonestación hasta la imposición de sanciones al licenciado Tapia Flores por parte de este Tribunal.

Ello no obstante, y en virtud de las excusas ofrecidas por el licenciado Tapia Flores, concurrimos con el no ha lugar decretado por el Tribunal. Invitamos, sin embargo, al men-cionado abogado y a todos los miembros de la profesión legal para que en el futuro, antes de hacer una alegación de la naturaleza de la aquí en controversia, no sólo cotejen la veracidad de dicha alegación sino que deliberen sobre la conveniencia de radicar la misma. Dicha diligencia, por parte del abogado, tiene, de ordinario, la saludable conse-cuencia de evitar no sólo el lastimar la sensibilidad, pres-tigio y dignidad de los compañeros abogados sino que protege a los abogados contra la posibilidad de infringir las disposiciones de los cánones de ética profesional.

Por último, somos del criterio que todos los abogados que practican la profesión, así como todos los funcionarios que diariamente intervienen en la difícil tarea de impartir justicia en nuestra jurisdicción, deben mantener siempre presente que tanto los abogados de la Corporación de Ser-vicios Legales, que laboran en el campo de lo civil, como los de la Sociedad para Asistencia Legal, que rinden servicios en el área de lo penal, son esforzados servidores que llevan a cabo una difícil y extraordinaria labor en defensa de los derechos de los indigentes de nuestro País.

A nuestra manera de ver las cosas, resulta de vital im-portancia que se recuerde que, de la misma manera en que la condición económica de los clientes de Servicios Legales y Asistencia Legal no puede afectar ni desmerecer, en forma alguna, los méritos que puedan tener los reclamos de éstos ante el foro judicial, tampoco nadie puede poner en duda el respeto y consideración que merecen los represen-tantes legales de los ciudadanos indigentes de nuestro País; respeto, consideración y admiración que dichos abo-gados se han ganado por la labor de excelencia que, en condiciones adversas, históricamente han realizado en nuestra jurisdicción.


author: per curiam:

text:
    Chase Mannhattan Bank, N.A., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Tercera de Bayamón, recurrido.

      Número: RG-89-364

      Resuelto: 14 de noviembre de 1994

      Julio Nigaglioni Arrache, de Ledesma, Palou & Miranda, abogado del recurrente; el Registrador recurrido compare-ció por escrito.
   per curiam:

El 26 de julio de 1994 emitimos una senten-cia para confirmar la nota que denegó la inscripción solici-tada por el peticionario recurrente, Chase Manhattan Bank, la cual fue expedida el 9 de mayo de 1989, por la Registradora de la Propiedad de la Sección Tercera de Ba-yamón, Hon. Lirio Bemal Sánchez. La Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García. Los Jueces Asociados Señores Negrón García, Rebollo López y Hernández Denton no intervinieron. Chase Manhattan Bank, N.A. v. Registrador, 136 D.P.R. 650 (1994).

El 16 de agosto de 1994, el Chase Manhattan Bank, N.A., recurrente, presentó una solicitud de aclaración de sentencia para solicitar que se aclare el alcance y signifi-cado de la sentencia dictada, pues de ésta no surge con certeza si la calificación de la Registradora de la Propiedad fue confirmada en todos sus aspectos o sólo en algunos como expresa la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El recurrente señala que la sen-tencia dictada por este Tribunal deja en incertidumbre su alcance y que ocasionará que las partes se involucren en litigios prolongados y costosos que obstacularizarán la so-lución del problema en la forma más económica, breve y satisfactoria.

Señala, además, el recurrente que se propone gestionar la subsanación de los defectos señalados y la inscripción de las escrituras notificadas conforme lo autoriza la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Examinados los planteamientos del recurrente, el Tribunal deja sin efecto su Sentencia de 26 de julio de 1994 y adopta como opinión del Tribunal la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

En síntesis, la opinión del Tribunal es la opinión emi-tida por la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón en Chase Manhattan Bank, N.A. v. Registrador, supra.

Se dictará la sentencia correspondiente.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García, Rebollo López y Hernández Denton no intervinieron. El Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opinión escrita.


text:
      In re Armando A. Cardona Estelritz.

      Número: 8496

      Resuelto: 14 de noviembre de 1994

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Armando Cardona Estelritz, pro se.

   per curiam:

Nuevamente esta Curia tiene que asumir jurisdicción disciplinaria sobre un abogado notario que in-cumple crasamente con su deber de rendir los índices no-tariales, prestar la fianza notarial y cancelar inmediata-mente los Sellos de Rentas Internas y los de Asistencia Legal. Aunque nos ha expresado su deseo de renunciar a la notaría, a tenor con nuestras decisiones anteriores, pro-cede su suspensión indefinida de la notaría por su incum-plimiento con nuestro ordenamiento notarial.

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Mediante una orden para mostrar causa concedimos un término al Ledo. Armando Cardona Estelritz para rendir los índices notariales de enero, febrero y marzo de 1994, y para otorgar la fianza notarial correspondiente. En su com-parecencia, el licenciado Cardona Estelritz admitió que ha-bía incurrido en las deficiencias señaladas por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías y nos informó que las había corregido.

Además, aceptó que le había comunicado antes al Director de la Oficina de Inspección de Notarías que se proponía renunciar a la notaría. Sin embargo, señaló que “se vió en la necesidad de demorar dicha entrega porque tardó más de lo planificado en cubrir la mencionada deficiencia en sellos de [Asistencia [L]egal y de [R]entas [I]nternas”. Mo-ción en cumplimiento de orden, pág. 3. También nos in-formó que originalmente había calculado las deficiencias en ciento cincuenta dólares ($150), pero luego encontró que la cantidad ascendía a ochocientos dólares ($800).

Por último, nos expone que corrigió todas las deficien-cias y entregó su obra notarial al Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Nos solicita que se le acepte su renuncia y se archive este asunto. Considerados los precep-tos claros de nuestro ordenamiento notarial y la jurispru-dencia aplicable, procede denegar su petición. No podemos aceptar la explicación ofrecida por el licenciado Cardona en el sentido de que confrontó problemas al cerrar su oficina e iniciar un nuevo trabajo en una comisión legislativa.

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El licenciado Cardona Estelritz cometió cuando menos tres (3) faltas graves. Primero, incumplió su deber de adherir los Sellos de Rentas Internas y de cancelarlos al momento de otorgar los instrumentos públicos. Es requisito de cumplimiento estricto que un notario adhiera y cancele inmediatamente los Sellos de Rentas Internas al autorizar los instrumentos públicos. 4 L.P.R.A. sec. 851; In re González Oliver, 136 D.P.R. 534 (1994); In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121 (1992); In re Platón, 113 D.P.R. 273 (1982). La omisión de este deber se considera una falta grave, por ser de naturaleza continua y expone al notario a severas sanciones disciplinarias. Además, su incumplimiento con esta obligación constituye una violación no sólo de la Ley Notarial de Puerto Rico sino que también puede configurar un delito de apropiación ilegal si el notario ha cobrado al cliente el importe de dichos sellos. In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812 (1984).

Segundo, el notario ejerció el notariado sin prestar la fianza requerida por el Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2011. El notario que ejerce sin fianza constituye un peligro para quien utilice sus servicios. Por estas razones hemos requerido el cumplimiento estricto con este deber. Véase In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992).

Finalmente, el licenciado Cardona Estelritz no fue diligente en el cumplimiento de su deber de enviar mensualmente sus índices notariales. El envío mensual de los índices constituye parte integral del ordenamiento vigente y tiene el propósito de asegurar la veracidad de la actuación notarial. Este Tribunal será riguroso al aplicar sanciones disciplinarias por su incumplimiento. In re Meléndez Mulero, 124 D.P.R. 815 (1989).

Por las circunstancias antes descritas es preciso suspen der indefinidamente al licenciado Cardona Estelritz del ejercicio de la notaría.

Se dictará la sentencia correspondiente.


text:
      In re Miguel A. Santiago Arroyo.

      Número: 6118

      Resuelto: 17 de noviembre de 1994

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   per curiam:

Una vez más ejercemos nuestra jurisdicción disciplinaria por razón del incumplimiento craso, por parte de un notario, con los requerimientos del Inspector de No-tarías y con las órdenes emitidas por este Tribunal.

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El 12 de mayo de 1994, el Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías (en adelante el Director) nos informó que el Ledo. Miguel A. Santiago Arroyo tenía varias defi-ciencias notariales sin subsanar y que no había contestado varios requerimientos de la Oficina de Inspección de Nota-rías, que le instaban a corregir las deficiencias aludidas.

Según el Director, el 28 de enero de 1993 la Oficina de Inspección de Notarías le informó al licenciado Santiago Arroyo que: (1) tenía varios Protocolos sin encuadernar, y (2) faltaban Sellos de Rentas Internas y notariales por can-celar por un total de $120. Le requirió entonces que corri-giese las deficiencias notificadas “dentro del más breve plazo”. El 21 de septiembre de ese mismo año, el Director volvió a comunicarse con Santiago Arroyo para requirir de nuevo que corrigiese las deficiencias que se le habían noti-ficado el 28 de enero. El 7 de diciembre de 1993, por tercera vez, el Director le exigió a Santiago Arroyo el cumplimiento de sus deberes notariales.

En su comunicación de 12 de mayo de 1994, el Director, además de informarnos sobre lo antes relatado, nos indicó que el licenciado Santiago Arroyo también tenía pendien-tes sus índices notariales desde octubre de 1993 hasta el presente.

Vista la comunicación aludida del Director, el 4 de junio de 1994, mediante resolución le concedimos un término de sesenta días al licenciado Santiago Arroyo para atender los requerimientos del Director. Le apercibimos, además, que el dejar de cumplir con nuestra resolución conllevaría las sanciones correspondientes. Transcurridos casi cuatro me-ses desde que se notificó nuestra Resolución de 3 de junio, nos informa la Oficina de Inspección de Notarías que el licenciado Santiago Arroyo no ha corregido las deficiencias notariales en cuestión ni ha contestado nuestra resolución.

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No es esta la primera vez que el licenciado Santiago Arroyo incumple con sus obligaciones profesionales. En ju-lio de 1990 el Colegio de Abogados de Puerto Rico nos pre-sentó una querella para indicar que Santiago Arroyo no había pagado la prima de su fianza notarial. En octubre de 1991 se repitió la misma querella contra Santiago Arroyo. Más grave aún, el 14 de diciembre de 1992 suspendimos al licenciado Santiago Arroyo del ejercicio de la notaría por tres meses por su incumplimiento durante el 1991 y el 1992 con la obligación de rendir los índices notariales, y por haber hecho caso omiso a los diversos requerimientos sobre el particular de la Oficina de Inspección de Notarías.

La conducta del licenciado Santiago Arroyo revela un patrón de incumplimiento serio con sus deberes como notario. Su comportamiento delata su incapacidad para el ejercicio del notariado. Así lo ha demostrado, tanto su conducta pasada como su actual falta de diligencia y desinterés en subsanar los varios defectos identificados en su Protocolo, y su negligencia en rendir los índices notariales pendientes. Toda esta conducta está claramente reñida y es incompatible con el ejercicio del ministerio notarial. “ ‘Los notarios están obligados a cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2001 et seq., en los cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y en el contrato entre las partes. La inobservancia de tal obligación los expone a la acción disciplinaria correspondiente.’ In re Raya, 117 D.P.R. 797, 804 (1986); In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205 (1983); In re Rodríguez Mena, [126 D.P.R. 205 (1990)].” (Énfasis suprimido.) In re Bringas Rechani, 128 D.P.R. 132, 134 (1991).

A lo anterior hay que añadirle ahora un incumplimiento con las órdenes de este Tribunal. La naturaleza de la función de un abogado exige una estricta observancia de las resoluciones de este Tribunal, en especial en la jurisdic-ción disciplinaria. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

En estas circunstancias y por las razones expuestas, procede la separación provisional e inmediata del Ledo. Miguel A. Santiago Arroyo del ejercicio de la profesión de la abogacía hasta tanto cumpla con nuestra Resolución de 3 de junio de 1994 y corrija las deficiencias encontradas en su obra notarial. También se le separa por tiempo indefinido del ejercicio del notariado.

Se dictará la sentencia correspondiente.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.


text:
      In re Jaime Castrillón Ramírez.

      Número: 5999

      Resuelto: 17 de noviembre de 1994

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Jaime Castrillón Ramírez, pro se.

   per curiam:

Mediante Memorando de 12 de julio de 1994, el Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informó que el abogado-notario Jaime Castrillón Ramírez no había rendido los índices no-tariales, que requiere la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2001 et seq.), desde marzo de 1992 hasta entonces, por un período de dos años y cuatro meses; ello a pesar del requerimiento espe-cífico de dicha Oficina a esos efectos. Ya antes, durante los meses de enero y febrero de 1992, había incurrido en tar-danzas en someter los índices notariales, que había justifi-cado por razones de salud.

En vista a lo antes mencionado, el 23 de septiembre de 1994 emitimos la Resolución siguiente:

Vista la comunicación del Director de Inspección de Notarías, se le ordena al Lie. Jaime Castrillón Ramírez que dentro de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta resolución, rinda sus índices notariales e indique las razones para su incumplimiento. ... Se le apercibe al Lie. Castrillón Ra-mírez que de no cumplir con esta Resolución podrá ser disciplinado.

Dicha resolución le fue notificada efectivamente al abo-gado Castrillón Ramírez por correo certificado con acuse de recibo. El referido abogado contestó nuestro requerimiento, presentando los índices notariales en cuestión y expre-sando su gran pesar de que, por problemas familiares y de salud, no había podido cumplir antes con sus deberes como notario, y aceptando su responsabilidad por tan seria vio-lación a las normas profesionales.

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La obligación de los notarios de rendir índices notariales es de estricto cumplimiento. El notario que incumpla con su obligación de rendir índices notariales incurre en con-ducta ilegal que acarrea la imposición de sanciones disciplinarias. In re Gómez Rijos, 129 D.P.R. 811 (1992); In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991); In re Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990); In re Serrano Casanova, 124 D.P.R. 800 (1989); In re Bonilla Martinez, 120 D.P.R. 682 (1988); In re Hernández Ramírez, 120 D.P.R. 366 (1988); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Desde nuestro per curiam en In re Colón de Zengotita, supra, advertimos expresa y enfáticamente a la profesión que habríamos de ser rigurosos en la aplicación de sancio-nes disciplinarias por el incumplimiento de los deberes notariales. Sin embargo, vistas las razones formuladas por el licenciado Castrillón Ramírez para explicar su incumpli-miento, y tomando en cuenta su actitud de contrición, li-mitaremos la sanción a una suspensión de la notaría por el período de seis (6) meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.


text:
      In re Jack Odell Peck.

      Número: 3690

      Resuelto: 21 de noviembre de 1994

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Jack Odell Peck, pro se.

   per curiam:

Mediante Memorando de 29 de abril de 1994, el Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informó que el abogado-notario Jack Odell Peck en ocasiones no somete su índice mensual dentro de los diez (10) días del mes siguiente al mes infor-mado, según lo requiere el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2023. Así mismo nos informó que este notario no había rendido el índice notarial corres-pondiente a septiembre de 1993, luego de transcurrir alre-dedor de siete (7) meses; ello a pesar del requerimiento específico de dicha oficina a esos efectos. Mediante Memo-rando de 12 de mayo de 1994 el licenciado Martínez Suris nos informó que el 10 de mayo de 1994 el licenciado Odell sometió el índice de septiembre de 1993.

En vista de lo antes mencionado, el 20 de mayo de 1994, emitimos la Resolución siguiente:

Examinados los memorandos, de fecha 29 de abril y 12 de mayo de 1994, del Director de Inspección de Notarías, Ledo. Govén Martínez Suris, tendrá el notario Jack Odell Peck, el término de veinte (20) días para mostrar causa por la cual este Tribunal no deba sancionarlo como notario.

Dicha resolución le fue notificada al abogado-notario Odell Peck. Este abogado compareció ante nos mediante escrito a dichos efectos para expresar que la razón para la omisión de rendir oportunamente los índices notariales mensuales era su actividad notarial abundante, lo cual ha-cía que sus índices notariales fueran voluminosos. Alegó, además, que ha sido notario durante los últimos veinti-cinco (25) años y nunca había tenido problemas para cum-plir con las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico. Sobre esta alegación, el Ledo. Govén D. Martínez Suris nos sometió copia de una resolución que emitiera el 1ro de sep-tiembre de 1977, en el caso Núm. 989, en el cual previno al abogado-notario Odell Peck contra futuras inobservancias de la ley, al remitir una notificación de testamento fuera del término establecido. Así mismo, surge de su expediente personal que en 1992 se le sometió una querella por no haber cumplido con el requisito de prestación de fianza notarial a tenor con el Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. see. 2011. Luego de prestar la fianza se ordenó el archivo del asunto, apercibiéndole de que en el futuro debía cumplir estrictamente con la Ley Notarial de Puerto Rico.

La obligación de los notarios de rendir índices notariales en el término requerido por ley es de estricto cumpli-miento, la cual no depende del volumen de la actividad notarial. Nótese que aquí, en repetidas ocasiones, el Inspector de Notarías requirió al abogado la entrega del índice notarial de septiembre de 1993, incumpliendo el abogado con dichos requerimientos. El notario que incumpla con su obligación de rendir índices notariales incurre en conducta que acarrea la imposición de sanciones disciplinarias. In re Santiago Arroyo, 132 D.P.R. 239 (1992); In re Gómez Rijos, 129 D.P.R. 811 (1992); In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991); In re Nogueras Cartagena, 127 D.P.R. 574 (1990); In re Serrano Casanova, 124 D.P.R. 800 (1989); In re Bonilla Martínez, 120 D.P.R. 682 (1988); In re Hernández Ramírez, 120 D.P.R. 366 (1988); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Por las razones antes expuestas, se decreta su suspen-sión de la notaría por el período de tres (3) meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Her-nández Denton no intervinieron.


text:
      In re Máximo Rivera Cardona.

      Número: 0-82-330

      Resuelto: 22 de noviembre de 1994

      Máximo Rivera Cardona, pro se, peticionario; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, e Ivonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar.

   per curiam:

Mediante opinión per curiam de 15 de junio de 1983 ordenamos la separación permanente de Máximo Rivera Cardona del ejercicio de la profesión de abogado y notario. Las razones que dieron lugar a su desaforo fueron expuestas en la referida opinión publicada en In re Rivera Cardona, 114 D.P.R. 390 (1983).

El 20 de enero de 1994, Máximo Rivera Cardona com-pareció ante nos para solicitar su reinstalación al ejercicio de la profesión. El 21 de enero de ese año, mediante reso-lución, referimos el asunto a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía (en adelante la Co-misión) para que evaluase la solicitud de reinstalación y nos rindiese el informe correspondiente. La Comisión cele-bró vista sobre el asunto el 15 de jimio de 1994 y, luego de los procedimientos de rigor, el 21 de octubre de 1994 nos rindió un informe que recomendaba la reinstalación del peticionario al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico. En su informe, la Comisión nos señala que el peticionario sub-sanó las actuaciones que dieron lugar a su desaforo; que está rehabilitado, y que demostró un arrepentimiento sin-cero respecto a los actos que dieron lugar a su desaforo. La determinación de la Comisión sobre la nueva situación del peticionario estuvo avalada por los testimonios de distin-guidos abogados, ex jueces, ministros religiosos y vecinos del peticionario.

Por su parte, el Procurador General de Puerto Rico tam-bién estudió y evaluó la petición de reinstalación de Máximo Rivera Cardona y nos comunicó su recomendación favorable de que se acceda a la solicitud del peticionario de ser reinstalado al ejercicio de la profesión de abogado. Nos señala el Procurador General que el peticionario ha expe-rimentado una vivencia religiosa que ha cambiado su vi-sión de la vida y ha dado al traste con las antiguas actitu-des y valores que dieron lugar a su desaforo.

Luego de examinar las recomendaciones de la Comisión y del Procurador General, se autoriza la reinstalación in-mediata del abogado al ejercicio de la abogacía. Podrá también reintegrarse al notariado una vez el Director de la Oficina de Inspección de Notarías rinda su informe sobre el estado de sus Protocolos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García y la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón no intervinieron.


text:
    General Accident Insurance Co., demandante y recurrida, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente; Scotiabank de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente; Ponce Federal Bank, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente; Banco Popular de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Números: CE-94-89
    CE-94-328
    CE-94-329
    CE-94-337

      Resueltos: 22 de noviembre de 1994

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Héctor Clemente Delgado, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrente; José L. Delgado Cadilla, de Castro & Delgado Cadilla, abogado de General Accident Insurance Co., recurrida; Joseph Lo Prestí Torres, abogado del Scotiabank de Puerto Rico, re-currido; Ángel L. Nieves Atienza, abogado del Ponce Federal Bank y del Banco Popular de Puerto Rico, recurridos.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos ante nos la oportunidad de reiterar las normas jurídicas que determinan si una institución bancaria o co-mercial, que provee financiamiento para un vehículo de motor que luego es confiscado por estar relacionado con una actividad delictiva, y la compañía aseguradora de la institución que financió dicho vehículo, son terceros ino-centes o no bajo la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmen-dada, 34 L.P.R.A. see. 1723 et seq. La multiplicidad de ca-sos recientes ante distintos tribunales del país, en los cua-les la cuestión referida ha sido erróneamente dilucidada, amerita nuestra opinión para esclarecer el estado de derecho.

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Los casos del epígrafe tratan situaciones de hecho y par-tes distintas. El trámite procesal de cada uno fue diferente; no obstante, los hemos consolidado ya que, en esencia, pre-sentan la misma controversia.

En estos casos, distintas entidades financieras y sus res-pectivas compañías aseguradoras presentaron varias ac-ciones separadas contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante E.L.A.) ante diferentes foros judi-ciales para impugnar la confiscación de vehículos de motor cuya compra había sido financiada por dichas entidades bajo contratos de venta condicional. En estas acciones, las entidades financieras demandantes y sus compañías ase-guradoras, aquí recurridas, alegaron en síntesis ser terce-ros inocentes, ajenos a los actos delictivos que dieron lugar a la confiscación de los vehículos. En consecuencia, recla-maron que se les devolviera los vehículos o, en la alterna-tiva, que el E.L.A. pagase el monto de su gravamen sobre los vehículos. El Estado contestó las acciones. Negó las alegaciones de las recurridas.

Tras aquilatar los argumentos de las partes, los tribu-nales de instancia emitieron sentencias esencialmente iguales en todos los casos. Declararon con lugar las deman-das de impugnación de confiscación presentadas por las recurridas. Los tribunales a quo concluyeron que las em-presas que facultaron el financiamiento para la adquisi-ción de los vehículos incautados son terceros inocentes y, por consiguiente, procedía satisfacer el balance adeudado de los vehículos confiscados al momento de la confiscación, o devolver los vehículos, o el valor de tasación, cual de los dos fuera menor.

Inconforme con dichas sentencias, el Procurador General, en representación del E.L.A., acudió ante nos. Alegó como único error en cada uno de los casos que erró el Honorable Tribunal de Instancia al resolver “que a tenor con la jurisprudencia en materia de confiscaciones, la empresa financiera y aseguradora de un vehículo de motor son ter-ceros inocentes” (sic).

Atendidas las solicitudes de certiorari presentadas por el E.L.A., concedimos a las partes demandantes recurridas un término para comparecer y mostrar causa por la cual no se debía expedir el auto solicitado en cada recurso y dictar una sentencia revocatoria de las sentencias recurridas. Habiendo comparecido las partes, estamos en posición de resolver, y lo hacemos según lo intimado.

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En síntesis, el Estado alega que los foros de instancia incidieron al concluir que no puede imputársele a una em-presa financiera los actos delictivos en que incurre el dueño de un vehículo de motor sujeto a un contrato de venta condicional. Los tribunales a quo concluyeron que las actuaciones del dueño del vehículo sujeto a un contrato de venta condicional, no pueden afectar el interés econó-mico que tenga dicha empresa sobre la propiedad.

Las partes recurridas argumentan que dicha determi-nación fue conforme a derecho, porque las instituciones fi-nancieras en cuestión no estuvieron involucradas en la ac-tividad ilícita que dio base a la confiscación y tampoco tenían manera de anticipar o evitar dicho tipo de actividad por parte de los compradores. Por ello, alegan que la con-fiscación de su interés económico sería injusta y no adelan-taría los propósitos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. Plantean con este argumento, en esencia, que el Estado se estaría apropiando de su interés propietario sin la debida compensación y en contravención de la Constitu-ción del E.L.A. y la Constitución de Estados Unidos. Argu-yen, además, que las decisiones de los foros sentenciadores están conforme a lo dispuesto por el legislador en cuanto al trámite que deberá cumplir el Estado en los casos de con-fiscaciones de vehículos de motor en el Art. 3 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 (34 L.P.R.A. see. 1723a).

Dicho artículo dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

(2) El funcionario bajo cuya autoridad se efectúa la ocupa-ción o la persona en la que él delegue notificará el hecho de la ocupación y la tasación o valor estimado de la propiedad ocupada a las personas siguientes:
(a) Aquellas que por las circunstancias, información y creen-cia, el funcionario considere como dueños, y
(b) en los casos de vehículos de motor, se notificará además al dueño según consta en el Registro de Vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas y al acreedor condicional que a la fecha de la ocupación haya presentado su contrato para ser archivado. Además, en los casos que aplique, se notificará al acree-dor hipotecario de un vehículo de motor cuando se haya cumplido con’ lo dispuesto en la see. 1874 del Título 30. (Énfasis suplido.)

Según las partes recurridas, el requisito de notificación al acreedor condicional esbozado en dicho artículo demues-tra el propósito legislativo de que el interés de estas insti-tuciones, que se encuentran al margen del uso ilegal del vehículo de motor, quede protegido.

Estos argumentos no nos convencen. Erraron los foros a quo en sus determinaciones. Veamos.

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En nuestra jurisdicción, hemos establecido reiteradamente que el procedimiento de confiscación de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 es de carácter in rem\ es decir, va dirigido contra la cosa misma y no contra el dueño de la propiedad, su poseedor, encargado o cualquier otra persona con algún interés legal sobre ésta. Por ello, si el dueño, poseedor o encargado del vehículo, o la persona con interés legal sobre éste ha puesto, de forma voluntaria, dicho vehículo en posesión del infractor o de la persona bajo la cual éste actúa, los derechos de aquéllos corren la suerte del uso a que el infractor pueda someter el vehículo. Del Toro Lugo v. E.L.A., 136 D.P.R. 973 (1994); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978); E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 717 (1967); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 674-678 (1964); Estado Libre Asociado v. Tribl. Superior, 76 D.P.R. 842 (1954); Metro Taxicabs v. Tesorero, 73 D.P.R. 171 (1952); General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 D.P.R. 725 (1943).

El alcance de esta norma fundamental quedó explicado con meridiana claridad en Meléndez v. Tribunal Superior, supra, pág. 675:

Lo que distingue una confiscación in rem de una confiscación in personam es que la primera le niega al dueño de la propie-dad, a su poseedor o encargado, o a cualquier persona con algún interés legal sobre la misma, todo derecho a reclamar dicha propiedad aunque pueda demostrar su inocencia ante el uso ilícito que se le haya dado a dicha propiedad. En la confiscación in personam, se les reconoce a las personas arriba enumeradas, el derecho a reclamar dicha propiedad demostrando su inocen-cia en cuanto al uso ilícito ....

La norma citada ha sido elaborada sobre la base de que la confiscación del instrumento del crimen es un medio importante para apoyar la lucha de las autoridades gubernamentales contra los eventos ilegales. Evita que el vehículo o el artículo confiscado pueda volverse a usar para fines ilícitos y sirve como castigo adicional para disuadir a los empresarios del crimen. Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 409.

Lo anterior no obstante, la norma general sobre el carácter in rem de las confiscaciones aludidas ha cedido en aquellas situaciones en que el propietario no ha puesto el vehículo en posesión del infractor de manera voluntaria, E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, pág. 721, o cuando se han tomado medidas cautelares expresas para precaver el uso ilegal de la propiedad en la comisión de un delito. Alverne Corp. v. Srio. de Justicia, 130 D.P.R. 760 (1992); Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 517 (1963); Cario v. Srio. de Justicia, supra. Siguiendo una “ruta de cautelosa atenuación de severidad” en la aplicación de la norma aludida, en los casos antes mencionados y otros hemos reconocido que cuando los dueños de automóviles no hayan autorizado su uso, y sin su anuencia o conocimiento los vehículos hayan sido utilizados para la comisión de delitos, sus dueños son terceros inocentes, protegidos de la confis-cación, si la conducta del conductor del vehículo confiscado fue tal que daba lugar a una apreciación de que éste come-tió lo que nuestro Código Penal antes tipificaba como el delito de hurto de uso. E.L.A. v. Tribunal Superior, supra; Meléndez v. Tribunal Superior, supra; Ochoteco v. Tribunal Superior, supra.

En los casos que nos ocupan no están involucrados los derechos del dueño del vehículo, sino más bien el interés económico de una entidad financiera y su aseguradora bajo un contrato de venta condicional. La diferencia entre uno y otros, sin embargo, no viene al caso. Todos están igualmente cobijados por las normas antes mencionadas. Tanto el dueño del vehículo de motor como la empresa que lo financió o cualquier otra parte con interés en el vehículo, están sujetas a la naturaleza in rem de la confiscación. Tal es el tenor innegable de nuestros numerosos precedentes. En efecto, la extensa corriente jurisprudencial sobre la que se apoya la fundamental norma en cuestión se originó precisamente en un caso en el cual la parte que reclamaba ser tercero inocente era un vendedor condicional de un vehículo de motor, como lo son las recurridas en los casos ante nos ahora. Véanse: General Motors Acceptance v. Brañuela, supra, y 60 D.P.R. 696 (1942). En dicho caso resolvimos expresamente que el vendedor condicional de un automóvil, al igual que su dueño, quedaba perjudicado por la naturaleza in rem de una confiscación bajo la ley vigente si el infractor obtuvo la posesión del vehículo directa o indirec-tamente del dueño o del tercero interesado.

Es cierto que, desde Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, hemos seguido una ruta de atenuación de la severidad de la confiscación. Expresamos en Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, pág. 528, que

... aquel que cede o entrega la posesión de un vehículo de ordi-nario asume el riesgo del uso ilegal que pudiera dársele al mismo. Pero no toda entrega de la posesión de un vehículo tiene iguales motivaciones ni idéntica justificación, ni la misma ne-cesidad, ni similares propósitos.

Resaltamos allí, y reiteramos aquí ahora, que cada caso debe resolverse conforme a sus particularísimos hechos. Sin embargo, lo resuelto en Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, no altera en sí la naturaleza in rem de la confiscación ni da base per se para distinguir la situación del dueño de un vehículo de la situación del vendedor condicional de éste. Es decir, la atenuación de severidad, el reconocimiento de que puede haber “terceros inocentes”, no tiene esencialmente nada que ver con la cuestión de si el sujeto es el vendedor condicional del vehículo más bien que su dueño. El carácter de “tercero inocente” sólo depende de la naturaleza de la posesión o uso del vehículo por el infractor. Si éste no obtuvo la posesión del vehículo de manera voluntaria o si se apartó sustancialmente de las medidas cautelares o las instrucciones particulares expresas de quien le entregó dicha posesión, de modo que incurrió en conducta constitutiva de lo que antes se tipificaba como hurto de uso, Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, entonces, y sólo entonces, tanto el dueño del vehículo como el vendedor condicional o cualquier otro con interés en éste son “terceros inocentes”, protegidos contra la confiscación.

Finalmente, el solo hecho de que la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 requiera que se notifique de la confiscación al acreedor condicional que tiene su gravamen inscrito en el Departamento de Transportación y Obras Pú-blicas no es un criterio determinante para evaluar un re-clamo de tercero inocente. El requisito estatutario de noti-ficación al acreedor condicional persigue el propósito de salvaguardar los derechos constitucionales de una parte que tiene un interés en la propiedad confiscada y brindarle la oportunidad de levantar y probar las defensas válidas que pueda tener, es decir, la oportunidad de ser oído. Tal es el único alcance del requisito en cuestión. Nada en el texto o historial de la ley sugiere que este requisito de notifica-ción le concede a los acreedores condicionales la inmunidad contra confiscaciones que reclaman las recurridas.

IV

Con base en los principios y conceptos normativos antes reseñados y aplicados a los hechos ante nos, en ninguno de los casos que ahora nos ocupan la parte recurrida ha pro-bado que los infractores advinieran en posesión de los ve-hículos utilizados para fines delictivos sin el consenti-miento expreso o implícito del dueño del vehículo, o que incurrieran en lo que antes se tipificaba como hurto de uso. Las partes recurridas sólo han alegado que desconocían el uso ilícito que se le daría al vehículo en cuestión y que le era imposible evitarlo. Ello, como ya hemos señalado, no es fundamento suficiente para anular la confiscación, ya que, como se ha señalado antes, nuestra jurisprudencia ha es-tablecido con claridad que los derechos del dueño o de ter-ceros con interés corren la suerte del uso a que el infractor pueda someter el vehículo cuando éste ha sido puesto en posesión del infractor de modo voluntario directa o indirec-tamente, y no ha incurrido en hurto de uso. Como, para fines de sostener la confiscación, lo determinante es la na-turaleza de la posesión del vehículo por el infractor, enton-ces no procede la impugnación de la confiscación en los casos ante nos.

En Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974), el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad de nuestra ley de confiscacio-nes, aun cuando ésta no contiene ninguna defensa expresa para proteger a los dueños inocentes que son afectados por una confiscación. En dicha ocasión, el Tribunal Supremo federal señaló que los estatutos confiscatorios no se decla-ran inconstitucionales meramente porque éstos afecten los intereses propietarios de inocentes. Id., pág. 680. Asi-mismo, señaló que la aplicación de los estatutos confisca-torios a terceros inocentes con algún interés asegurado po-dría tener el efecto de inducirlos a ejercer mayor cuidado al transferir la posesión de su propiedad.

Aunque reconocemos que entidades financieras como las recurridas, y sus compañías aseguradoras, son terceros con intereses ajenos a los hechos que motivaron la confis-cación de los vehículos, estamos obligados a darle curso a la determinación del Estado de confiscar los vehículos que estén siendo utilizados para actividades criminales. Soste-ner la interpretación de tercero inocente adoptada por los tribunales de instancia y anular las confiscaciones realiza-das en los casos ante nos, debilitaría gravemente el meca-nismo de la confiscación y burlaría el propósito del estatuto confiscatorio, privando al Estado del poder de penalizar el uso de tales vehículos cuando éstos son utilizados como instrumentos del crimen. Este resultado sería drástico, so-bre todo en vista de que en Puerto Rico la gran mayoría de los vehículos que se adquieren en nuestra isla son compra-dos mediante préstamos a instituciones bancarias y finan-cieras, y no nos compete a nosotros ordenarlo. Este es un asunto para la determinación legislativa.

Nuestra decisión puede parecer injusta para estas ins-tituciones, principalmente por el hecho de que, como men-cionáramos antes, éstas no tienen ninguna relación real con los hechos criminales que motivaron la confiscación de los vehículos. Sin embargo, si se aplica la Ley de Ventas Condicionales de 1988 a los casos que nos ocupan, resulta claro que el interés económico en el gravamen que poseen las entidades recurridas sobre los vehículos sujetos a venta condicional no desaparece con su confiscación, puesto que dicha ley establece expresamente que el acreedor condicio-nal en los casos de incumplimiento con el contrato puede optar entre la reposesión del artículo o la acción judicial en cobro de dinero. 10 L.P.R.A. see. 36. En este sentido, aun cuando no pueda recuperarse la unidad vendida, subsiste el derecho del vendedor a la acción en cobro de dinero contra el comprador por el balance adeudado.

Por otro lado, se sabe que, de ordinario, al momento de financiar la venta de un vehículo de motor, las compañías bancarias y comerciales que se dedican a ese negocio pre-vén la posibilidad de la pérdida ocasional de su interés por razón de una confiscación y toman medidas para prote-gerse contra dicho tipo de pérdida, exigiendo seguros a su favor, de modo que puedan recuperar la inversión econó-mica realizada.

De cualquier modo, de existir razones válidas en favor de la protección de los intereses de entidades financieras y sus compañías aseguradoras en casos de confiscación, le compete al legislador, no a este Tribunal, determinar si debe concederse dicha protección o no.

Si este Tribunal siguiese el camino escogido por los foros de instancia y eximiese a las entidades comerciales y a sus compañías aseguradoras de los efectos de la confiscación de automóviles, se afectaría fatalmente el esquema provisto en nuestro estatuto confiscatorio y la facultad del Gobierno para realizar las confiscaciones en cuestión, todo ello en grave menoscabo del mandato legislativo sobre este asunto. Los tribunales no tenemos tal facultad, en ausen-cia de defectos constitucionales en la ley.

Por los fundamentos aquí expuestos, se dictará senten-cia para revocar la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, el 24 de noviembre de 1993, en el caso “General Accident Insurance Co. v. E.L.A.”, Caso Núm. CE-94-89, y las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, el 31 de marzo de 1994 en los casos “Scotiabank de P.R. v. E.L.A.”, Caso Núm. CE-94-328, “Ponce Federal Bank v. E.L.A”, Caso Núm. CE-94-329, y “Banco Popular de P.R. v. E.L.A.”, Caso Núm. CE-94-337.

       Los actos delictivos que originaron las confiscaciones de vehículos aquí im-pugnados varían de caso en caso. En el recurso Núm. CE-94-89, se solicita la revisión de tres sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en los casos civiles General Accident Insurance Co. v. E.L.A., JAC-91-2159 (relacionado a infrac-ciones a los Arts. 32(a) y 8A de la Ley de Armas de Puerto Rico, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951 (25 L.P.R.A. secs. 442(a) y 418a) y a los Arts. 3.2 y 3.3 de la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (8 L.P.R.A. sec. 601 et seq.); General Accident Insurance Co. v. E.L.A., JAC-91-899 (relacionado al delito de robo, Art. 173 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4279, e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 418), y General Accident Insurance Co. v. E.L.A., JAC-90-3016 (relacionado con la infracción del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 3 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. sec. 2404)). En los recursos CE-94-328 y CE-94-337, en que se solicita la revisión de dos sentencias del Tribunal Superior, Sala .de Aguadilla, la confiscación de los vehículos se relaciona con infracciones al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra. En el recurso Núm. CE-94-329 se confiscó el vehículo por utilizarse para cargar y transportar propiedad hurtada, en contravención al Art. 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 3209.

       Nótese que, aunque en los contratos de venta condicional el vendedor retiene un título formal de propiedad hasta que el bien se haya pagado en su totalidad, el comprador del bien es, en términos legales y prácticos, el dueño del mismo. Ley de Ventas Condicionales, Ley Núm. 61 de 13 de abril de 1916 (10 L.P.R.A. sec. 31 et seq.). Véanse: Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545 (1928); Arena v. Batalla, y Francisco, Interventor, 48 D.P.R. 31 (1935); General Motors Acceptance Corp. v. Corte Mpal., 53 D.P.R. 1 (1938); Berrios v. Tito Zambrana Auto, Inc., 123 D.P.R. 317 (1989).

       “To the extent that such forfeiture provisions are applied to lessors, bailors or secured creditors who are innocent of any wrongdoing, confiscation may have the desirable effect of inducing them to exercise greater care in transfering possesion of their property.” Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663, 687-688 (1974).

       En algunas jurisdicciones norteamericanas, estatutariamente se ha recono-cido que, bajo determinadas circunstancias, el interés del acreedor de un contrato de venta condicional gozará de alguna protección contra la confiscación de un vehículo por el Estado. 1957 Chevrolet v. Division of Narcotic Control, 189 N.E.2d 347 (1963); Matter of One Cessna Aircraft, etc., 559 P.2d 417 (1977); General Motors Acceptance Corporation v. Atkins, 325 S.W.2d 270 (1959).
      Pot otro lado, algunos tribunales han resuelto que bajo la ley federal conocida por Comprehensive Drug Abuse Prevention and Control Act of 1970 (21 U.S.C. sec. 801 et seq.), son terceros inocentes, exentos de la confiscación, las corporaciones de crédito y acreedores hipotecarios que han financiado la compra de artículos, utiliza-dos en violación de dicha ley. Véanse: United States v. All That Tract & Parcel of Land, 602 F. Supp. 307 (D. Atl. 1985); U.S. v. Federal Nat. Mortg. Ass’n, 946 F.2d 264 (4to Cir. 1991).
      No obstante el valor persuasivo que dicha jurisprudencia nos merece, conside-ramos que, conforme a las interpretaciones que hemos adoptado en cuanto a la figura del tercero inocente y dentro del marco conceptual en nuestra Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 —Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988 (34 L.P.R.A. see. 1723 et seqJ— dicha interpretación jurisprudencial federal no puede ser adoptada en nuestra jurisdicción, salvo por mandato legislativo expreso.

       Por ejemplo, las recurridas argumentan que las pérdidas de las compañías aseguradoras por concepto de confiscaciones acarrean un aumento en las primas de los contratos de seguros de los automóviles y que dicho aumento, a la larga, es pagado por los consumidores.

       Ya habíamos determinado antes que el estatuto en cuestión es constitucio-nalmente válido. General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 D.P.R. 725 (1943); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978). Además, continúa vigente la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la validez constitucional de nuestra Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988. Véase Austin v. United States, 509 U.S. 602 (1993).