author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
      In re Fernando Campoamor Redín, querellado.

      Número: CP-92-674

      Resuelto: 19 de enero de 1996

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, querellantes; Fernando Olivero Barreto, abogado de la parte querellada.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el Juez Fernando Campoamor Redín se presentó una querella en la que se le imputan violaciones a los Cá-nones de Etica Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, por alegada-mente haber alterado la minuta de una vista judicial en la cual se dilucidaba una acción civil en que el propio quere-llado era parte.

Debemos determinar si ciertos incidentes acontecidos en Sucn. de Ramón Ortiz Ortiz v. Fernando Campoamor Redín y otros, Caso Civil Núm. CS-89-2509, en los cuales estuvo involucrado el Juez Campoamor Redín, deben dar paso a la imposición de sanciones disciplinarias por parte de este Tribunal.

I — i

El Ledo. Fernando Campoamor Redín, abogado desde 1970, fue nombrado Juez de Distrito en 1977, cargo que desempeñó hasta 1981, cuando fue ascendido a Juez Superior. Hasta 1983 estuvo asignado a la Sala de Gua-yama, año cuando fue reasignado a la Sala de Aibonito. En enero de 1993 fue reasignado de nuevo a la Sala de Gua-yama, donde permaneció hasta el 30 de junio de 1994, fe-cha cuando venció su nombramiento de Juez Superior. Campoamor Redín no fue renominado.

El 9 de noviembre de 1989, la sucesión de Ramón Ortiz Ortiz y de Mercedes Rivera Torres presentó una acción civil contra Fernando Campoamor Redín y su esposa Adalís Marie Torres Negrón. La disputa entre las partes giraba en torno a unas alegadas alteraciones de colindancias y la construcción de trincheras en terrenos de los demandantes por parte de los demandados, entre otros asuntos. Aun cuando de acuerdo con los criterios de competencia, Regla 3.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap.III, el caso debía ventilarse en la Sala de Aibonito, los demandantes lo pre-sentaron en la Sala de Ponce. La solicitud se fundamentó en el argumento de que el demandado Campoamor Redín se desempeñaba en ese momento como Juez Superior y es-taba asignado precisamente a la Sala de Aibonito. El tribunal de instancia no accedió a la petición, por lo que los demandantes acudieron en certiorari ante nos.

En Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, 125 D.P.R. 106 (1990), resolvimos que, dada la naturaleza de las cir-cunstancias, procedía que la acción civil instada por los demandantes se dilucidara en el entonces Tribunal Superior, Sala de Ponce. A tales efectos, expresamos lo si-guiente:

... Existe una realidad que no podemos ignorar. El codeman-dado, Hon. Fernando Campoamor Redín, es un Juez Superior asignado, de manera regular, a la Sala de Aibonito del Tribunal Superior. Dilucidar el caso en la referida Sala implica que un compañero juez de éste, el cual comparte día a día y hombro con hombro en la Sala de Aibonito la gran responsabilidad de im-partir justicia, tendrá la difícil encomienda de pasar juicio so-bre la credibilidad de un compañero de labores. Ello, en adición a situar en una angustiosa situación a dos compañeros jueces, puede poner en entredicho y causar un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción. (Énfasis suplido.) Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, pág. 108.

A tono con nuestra decisión, el caso siguió ventilándose en Ponce. Posteriormente y como parte del desarrollo del pleito, se hizo necesario celebrar una inspección ocular en Aibonito, para lo cual se pautó una vista el 24 de septiem-bre de 1990 en el Centro Judicial de dicho municipio. Aun-que la vista la presidió el mismo juez a quien el caso estaba asignado, Hon. Gustavo Rodríguez, el personal de sala uti-lizado fue provisto por el Centro Judicial de Aibonito.

Una vez finalizada la vista, la secretaria de sala que prestó funciones ese día preparó un proyecto de minuta el cual es objeto de controversia en este proceso disciplinario. Se alega que Campoamor Redín tuvo acceso al borrador de la minuta y lo alteró mediante tachaduras y correcciones. Una cadena de eventos suscitó que varios empleados admi-nistrativos del Centro Judicial de Aibonito, la parte de-mandante en el pleito y los miembros de la prensa supie-ran sobre la intervención del Juez Campoamor Redín con la minuta.

Mediante una Comunicación de 21 de noviembre de 1990, el entonces Juez Administrador del Centro Judicial de Aibonito, Hon. Luis A. Juan Alvarez, solicitó al Director Administrativo de los Tribunales una investigación en tomo a los sucesos antes descritos() La investigación fue realizada y un informe fue rendido por la Oficina de Asun-tos Legales de la Oficina de la Administración de los Tribunales el 25 de junio de 1992. Tras examinar dicho in-forme, en unión a una queja presentada por la Sra. Lydia M. Ortiz Rivera, mediante la Resolución de 15 de septiem-bre de 1992 el Juez Presidente Señor José A. Andréu Gar-cía halló causa probable contra el Juez Campoamor Redín por conducta profesional impropia y se inhibió en todo trá-mite posterior.

El 18 de septiembre ordenamos a la Procuradora General que formulara una querella disciplinaria contra el Juez Campoamor Redín.() En cumplimiento de dicho mandato, el 20 de noviembre de 1992 la Procuradora General for-muló dos (2) cargos en su contra.

En el primer cargo se le imputó al querellado conducta impropia por intervenir de forma directa e indebida en la preparación de la minuta correspondiente a una vista ce-lebrada en el transcurso de Sucn. de Ramón Ortiz Ortiz v. Fernando Campoamor Redín y otros, Caso Civil Núm. CS-89-2509, en que el querellado era parte. Alegadamente su intervención colocó en entredicho la integridad del proceso judicial al desempeñarse Campoamor Redín como juez en el mismo Centro Judicial donde se celebró la susodicha vista. Esto es en menoscabo de la confianza pública y la seriedad que acompañan los procesos judiciales, pudiendo crear la impresión de que por ser juez estaba en mejor situación en el litigio de causas personales. Se le imputa haber violado lo dispuesto en los Cánones I, XII(b) y (g), XXIII y XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

En el segundo cargo se le imputó a Campoamor Redín una conducta altamente impropia y lesiva al quehacer judicial cuando cometió los mismos hechos alegados en el primer cargo, en abierto menosprecio a la letra y al espí-ritu de nuestro dictamen en el caso Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, en el cual dispusimos el tras-lado de la acción civil al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. Se sostiene que dicho comporta-miento fue en detrimento de la imagen de la justicia, situa-ción que este Tribunal precisamente quiso evitar en el mencionado dictamen. Esta conducta, alega el Procurador General, infringió lo dispuesto en los Cánones I y XII de Ética Judicial, supra.

Oportunamente, el querellado contestó los dos (2) car-gos formulados. Negó ambos y alegó que sus actuaciones fueron realizadas de la mejor buena fe, sin beneficio para su persona ni perjuicio a las partes contrarias. Señaló, ade-más, que no actuó como juez en un proceso en que la ley le prohíba actuar ni ejerció influencia indebida en el ánimo de otro juez, tal como prohíbe el Canon XXIII de Ética Judicial, supra.

El 25 de enero de 1993 designamos al ex Juez Superior y ahora Juez del Tribunal del Circuito de Apelaciones, Ledo. José Aponte Jiménez, para que, en presencia de las partes y en calidad de Comisionado Especial, escuchara y recibiera la prueba que éstas pudiesen presentarle. Cele-brada la vista del caso, el Comisionado Especial presentó un primer informe el 16 de diciembre de 1994, el cual fue enmendado a solicitud del querellado. Un segundo informe enmendado, esta vez final, fue presentado en enero de 1995. Prontamente el Procurador General compareció el 19 de enero de 1995 y expuso sus discrepancias con algunas de las determinaciones de hecho del señor Comisionado Especial. Después de unos incidentes procesales adiciona-les, el caso quedó sometido para decisión en sus méritos.

I — i HH

La vista del proceso disciplinario se celebró durante los meses de septiembre y octubre de 1994. Sirvieron como testigos del Procurador General: Evaristo Álvarez Ghiglio-tti, perito examinador de documentos, Migdalia Ortiz Me-léndez, Irma Rosa Díaz Santiago, Ligia Margarita Ortiz Rivera, Lucía Santiago Rivera, Olga Colón Mejias y Betty Ann Soto Concepción. Por el querellado atestiguó el propio Campoamor Redín, además de varios jueces y abogados, todos como exponentes de su buena reputación. Las secre-tarias Eva Lydia Rolón Díaz, Esperanza Colón Santos y el ex Juez Administrador del Centro Judicial de Aibonito, el Ledo. Luis A. Juan, declararon a requerimiento del Comi-sionado Especial.

En su informe, el Comisionado Especial procura expo-ner las versiones conflictivas sobre lo acontecido para así, a través del recuento, ir adjudicando cuál testimonio le fue más creíble o razonable adoptar. Veamos cómo dirimió la prueba.

Con anterioridad a la vista de 24 de septiembre de 1990, la supervisora de servicios de sala, Migdalia Ortiz Melén-dez, designó a la secretaria Olga Colón Mejías para que actuara como secretaria de sala durante la vista. Aunque a Campoamor Redín no se le consultó dicha designación, cabe mencionar que Colón Mejías asistía regularmente a la sala del querellado en Aibonito como secretaria de sala.

Al concluir la vista, Colón Mejías redactó un proyecto de minuta a base de la grabación de los procedimientos. Lo que ocurrió luego es objeto de disputa por las partes. Se le imputa a Campoamor Redín que, con posterioridad a la vista y en el proceso de preparación de la minuta corres-pondiente a los procedimientos de ese día, tuvo acceso directo al borrador de la minuta y lo alteró. El querellado alega que corrigió algunas partes de la minuta a instancia de la oficial jurídica del Centro Judicial de Aibonito, a quien la secretaria de sala había solicitado, en primer lu-gar, el cotejo del borrador.

El Procurador General sostiene a base de lo declarado por Ortiz Meléndez, supervisora de servicios de sala en el Centro Judicial de Aibonito, que la secretaria Colón Mejías entregó el proyecto de minuta a Campoamor Redín a soli-citud de éste y que, tras el querellado hacerle unos cam-bios, Colón Mejías visitó a su supervisora Ortiz Meléndez. Según Ortiz Meléndez, Colón Mejías lucía muy nerviosa y temerosa ante la difícil situación en que la habían colocado los cambios realizados por Campoamor Redín. Colón Me-jías declaró, por su parte, que al terminar de preparar la minuta la encontró “muy larga” y decidió abreviarla. A tales efectos, entregó el proyecto de minuta a la oficial jurí-dica del Centro Judicial de Aibonito, Betty Ann Soto Con-cepción —quien no estuvo presente en la vista— con el propósito de que ésta le ayudara a corregir la minuta. El Comisionado Especial brindó mayor credibilidad al testi-monio de la secretaria Colón Mejías.

... [N]o puedo coincidir con la inferencia de la testigo del Pro-curador General, Migdalia Ortiz Meléndez, al ésta deducir que fue al querellado a quien la secretaria Colón Mejías le entregó el proyecto de minuta y que entonces éste lo lleva a la oficial jurídico, Betty Ann Soto Concepción, por ser todo ello simples conjeturas. La versión que sobre ese particular adopto y brindó [sic] crédito es que la secretaria Olga Colón Mejías llevó y en-tregó a la oficial jurídico Betty Ann Soto Concepción el proyecto de minuta que redactó con el propósito de que la abreviara por encontrarla demasiado larga y para que la revisara. Informe enmendado, pág. 9.

El incidente en particular, que da pie a la querella contra Campoamor Redín, es descrito del siguiente modo por . el Comisionado Especial:

Estando la oficial jurídico Betty Ann Soto Concepción en el proceso de abreviar y revisar la minuta que le llevó la secreta-ria Olga Colón Mejías, el querellado acude a la oficina de aqué-lla en gestiones ajenas a la corrección del proyecto de minuta. Es consultado por Soto Concepción sobre lo resuelto durante la vista del caso celebrada en Aibonito. A esos fines, ésta le mostró el proyecto de minuta que le entregó la secretaria Colón Mejías al que ya le ha “tachado” varios de los párrafos que contiene, tal y como lo demuestra el exhibit I del Procurador General. El querellado se percata de ello al revisar el proyecto. También se percata de que el proyecto de minuta tiene ciertos errores. Co-rrige personalmente los siguientes: En el encabezamiento sus-tituye “Ponce en Aibonito” por “Ponce”; En la página “3” escribe en el cuarto párrafo, al comienzo, la frase “Luego de darse por sometido el caso por los demandantes”, En ese mismo párrafo tacha la frase “esta causa de acción” y la sustituye escribiendo encima “la solicitud de injunction preliminar”. Escribe la pala-bra “el” en la página “4” párrafo sexto. ... Para realizar las mencionadas enmiendas utilizó un bolígrafo con tinta negra que le suministró la oficial jurídico, Betty Ann Soto Concepción en ese instante. Informe enmendado, pág. 10.

El informe es concluyente, pues, en determinar que Cam-poamor Redín participó en la corrección de la minuta.

El Comisionado Especial también adjudicó lo concer-niente al grado de intervención del querellado con el borra-dor de minuta. El Procurador General intentó proyectar la idea de que la intervención de Campoamor Redín en la minuta había sido amplia y no se limitaba a unas simples correcciones realizadas a solicitud de la oficial jurídica. Para esto utilizó el testimonio pericial de Evaristo Alvarez Ghigliotti. El periódico El Vocero de Puerto Rico había con-tratado los servicios de éste para examinar la intervención de Campoamor Redín con el borrador de minuta. El rota-tivo utilizó los servicios del perito examinador forense de documentos para determinar científicamente quién había realizado las correcciones manuscritas.

El Comisionado Especial dio más peso a la versión que caracterizaba la actuación del querellado como limitada. Si bien Alvarez Ghigliotti determinó que las anotaciones las había hecho el querellado, cabe aclarar que el perito dis-tinguió entre las “correcciones” (las anotaciones) que Cam-poamor Redín admite haber realizado y las “tachaduras”, las cuales el querellado atribuye a la oficial jurídica Soto Concepción. En cuanto a las tachaduras, aunque sí pudo afirmar que fueron realizadas con un instrumento similar al que usó el querellado en las muestras utilizadas para comparar su escritura, no se pudo demostrar que fueron realizadas por Campoamor Redín.

Respecto a las correcciones realizadas por el querellado, el Comisionado Especial concluyó lo siguiente:

Por último, una lectura de la transcripción de evidencia de la vista celebrada en Aibonito el 24 de septiembre de 1990 refleja que todo lo que se incluyó en el proyecto de minuta redactado originalmente por la secretaria, Olga Colón Mejías, ocurrió en la forma que ella lo describe. Lo omitido por las “tachaduras”, sin embargo, no constituyen, a mi juicio, hechos relevantes que afecten la sustancia de lo ocurrido y resuelto durante la vista. Lo mismo opino en cuanto a todas las enmiendas y “correccio-nes” realizadas por el querellado. Coincido específicamente con el criterio de que la “corrección” que hizo el querellado en el proyecto de minuta en lo atinente a que el magistrado durante la vista celebrada el 24 de septiembre de 1990 desestimó “la solicitud de injunction preliminar” en lugar de “esta causa de acción”, como lo hizo constar originalmente la secretaria Colón Mejías en el proyecto de minuta, refleja correctamente la reso-lución dictada por el juez en la vista celebrada.()

Con el beneficio de las determinaciones de hechos reco-gidas en el informe y tras un examen del expediente que lo acompaña, estamos en posición de exponer la doctrina ética aplicable.

HH HH HH

Nuestro compromiso con todas las personas que depositan su confianza en los tribunales del país queda plasmado en el Canon I de Etica Judicial, supra. Éste dis-pone que “[l]a fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la democracia, debe ser mantenida por los tribunales a los más altos niveles de la responsabilidad pública”. Al momento de resolver las controversias es nuestro deber adjudicarlas de una forma justa e imparcial. Sólo así estimularemos el respeto y la confianza pública que debe existir hacia los tribunales. In re Marrero Torres, 113 D.P.R. 113, 115 (1982). Ello supone, de parte de los miem-bros de la Judicatura, un comportamiento que manifieste entereza, convicción e imparcialidad. Dichas exigencias quedan plasmadas en un Código de Etica Judicial, cuerpo que delinea la normas éticas de conducta que deben guiar el desempeño del cargo judicial. Véase el Canon XXVI de Ética Judicial, supra. La querella presentada contra el li-cenciado Campoamor Redín le imputa haber transgredido los referidos cánones mientras se desempeñaba como Juez Superior.

Es menester comenzar señalando que en nuestro dicta-men en Sucn. Ortiz Ortiz v. Campoamor Redín, supra, pre-cisamente quisimos evitar el tipo de situación que hoy mo-tiva esta querella. Aunque la celebración de la vista en Aibonito no fue promovida por el propio Campoamor Redín y se trató, en cambio, de una incidencia procesal necesaria dentro del pleito, a la cual accedieron ambas partes, lo cierto es que las circunstancias propiciaron que eventual-mente el juez querellado tuviera un contacto indebido con el caso. Éste fue el tipo de contacto que siempre quiso evitarse.

El deber de desempeñar la función judicial mediante una conducta imparcial es inherente a la misión de dispensar justicia. Esta máxima se pone a prueba ante la grave situación de que un juez sea parte, en su carácter personal, de un pleito. En vista de la posición conflictiva en que esto puede situar al juez, este Tribunal adoptó el Canon XII de Ética Judicial, supra, el cual dispone, en sus incisos (b) y (g), lo siguiente:

El Juez no debe entender en procedimiento judicial alguno en que la ley le prohíba actuar, incluyendo, pero sin limitarse a cualesquiera de los casos siguientes:
(b) Por estar directa o indirectamente interesado en el resul-tado del caso.
(g) Por cualquier otra causa que pueda razonablemente arro-jar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia.

El Canon XXIII de Ética Judicial, supra, dispone, por su parte, que:

El Juez debe evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro Juez en la consideración de un caso pendiente o futuro. El Juez no debe influir ni directa ni indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano en el litigio de sus causas personales.
El Juez no debe dar la impresión ni permitir que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden tener alguna influencia sobre aquél.
El Juez no debe prestar testimonio por iniciativa propia como testigo de reputación.

De manera diáfana, las disposiciones anteriores reflejan un interés legítimo en salvaguardar la imagen de la Judicatura. En ese sentido, ya antes hemos llamado a la cautela cuando los jueces nos vemos obligados a participar como parte en un procedimiento judicial. Sería ingenuo ob-viar la posibilidad de que la otra parte interprete su posi-ción dentro del litigio como desventajosa. La posición que ostentamos y la más sana administración de la justicia nos exigen evitar esa apariencia. Bonilla v. Citibank, 116 D.P.R. 705, 709 esc. 3 (1985); In re Hernández Enriquez, 115 D.P.R. 472 (1984). En este proceso disciplinario se atri-buye a Campoamor Redín un comportamiento contrario a los preceptos de orden ético descritos.

En cuanto a los hechos, tal como fueron adjudicados por el Comisionado Especial, no nos convencen los cuestiona-mientos que hace el Procurador General al oponerse a va-rias de las conclusiones a las que el primero llega en su informe. Sus objeciones giran realmente en torno a la apre-ciación de la prueba. Tras examinar la transcripción de la evidencia y la prueba documental que tuvo ante sí el Co-misionado Especial, concluimos que no existe razón para sustituir sus determinaciones de hecho, pues hallan sus-tento en la prueba desfilada. In re Calzada Llanos, 124 D.P.R. 411, 424 (1989).

No obstante, no albergamos la menor duda de que tanto los Cánones de Etica Judicial, así como un buen juicio so-bre la función e imagen judicial, apuntaban hacia la abs-tención de Campoamor Redín de intervenir en el proceso de corrección de la minuta. En la Contestación a querella, págs. 2 y 6, el querellado adopta como suya la siguiente versión de los hechos:

“La Sra. Betty Soto tomó el documento y se lo llevó a su oficina colocándolo sobre su escritorio. Dos días después, mien-tras trabajaba con un expediente, entró a su oficina el juez Campoamor Redín y aprovechó la ocasión para consultarle si una indicación contenida en el borrador relativa a la desesti-mación de la acción se refería a la totalidad del pleito o al in-terdicto preliminar solicitado, teniendo en cuenta que el Juez había estado presente en la referida vista al momento de emi-tirse este dictamen. El juez Campoamor Redín al examinar el documento le indicó que lo que se había desestimado era la solicitud de interdicto preliminar y no el pleito en su totalidad. Acto seguido, procedió a corregir en dicho borrador, en su puño y letra con un bolígrafo que le facilitó la Oficial Jurídico, donde se le señaló que había el error. También realizó otras correccio-nes que entendió necesarias para mayor claridad de la Minuta.” (Énfasis suplido.) Contestación a querella, pág. 6.

Como vemos, la intervención del querellado en la prepa-ración de la minuta es un hecho incuestionado y admitido por el mismo Campoamor Redín.

El querellado pretende presentar su intervención como un incidente casual, en el cual siempre medió la mejor buena fe. Ya en In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197, 203 (1986), en el contexto de la responsabilidad profesional de los abogados, expresamos nuestra renuencia a distin-guir entre el perjuicio que puede causar una impresión de conducta conflictiva, real o aparente. La imprudencia del querellado no puede hallar resguardo en una inocente y bien intencionada petición de una oficial jurídica. Las nor-mas más elementales de ética exigían que se evitara cual-quier tipo de contacto del querellado con la minuta. Aseve-rar que su participación en la corrección de la minuta no constituyó una intervención en un proceso judicial es una interpretación inadmisible. Los procedimientos judiciales consisten de un sinnúmero de etapas y gestiones simultá-neas que en muchas ocasiones no están bajo la supervisión inmediata de un juez y se dan fuera de sala. La interven-ción en la preparación de una minuta o en la fijación del calendario de casos pendientes ante una sala, por dar sólo un ejemplo, son trámites susceptibles de ser aprovechados para propósitos de índole personal.

Campoamor Redín también aduce en su defensa que realizó correcciones a un borrador y no ala minuta, como documento oficial. La distinción es insostenible, máxime en el contexto de la normativa ética. Sería un ejercicio fútil tener que decidir hoy qué resulta más grave, si intervenir en la preparación de un documento con la posible intención de que el resultado final se ajuste a unos intereses perso-nales o, por otro lado,, la alteración de un documento pú-blico del tribunal. Lo cierto es que la participación de Cam-poamor Redín en la preparación de la minuta fue indebida. Al respecto, salvo para servir como atenuante la sanción, poco importa que las correcciones realizadas al documento fueran al fin y al cabo certeras.

IV

Como señaláramos antes, a este momento el querellado no ocupa ya posición alguna en la Judicatura de Puerto Rico. Ello, sin embargo, no es óbice ni impedimento para que ejerzamos nuestra misión institucional y adoptemos las medidas disciplinarias que consideremos apropiadas de acuerdo con las circunstancias peculiares del caso.

Reiteramos nuestro compromiso de velar por que las ac-tuaciones de los miembros de la Judicatura del país “res-pondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimulen el respeto y la confianza en la judicatura”. Canon I de Etica Judicial, supra. Las actuaciones del querellado, si bien no fueron dolosas, resultaron contrarias a los postulados éticos que exigen proyectar una imagen de imparcialidad a todo ma-gistrado que integra nuestro sistema de justicia.

Por otro lado, conforme con lo determinado por el Comi-sionado Especial, antes de la presente querella, Cam-poamor Redín se había destacado por realizar una labor de excelencia en su gestión profesional como abogado y juez. Las evaluaciones como Juez Superior que realizaran comi-tés de este Tribunal y de la Oficina de Administración de los Tribunales así lo corroboran. A la luz de todas estas circunstancias, procede limitar nuestra sanción a una cen-sura enérgica por sus actuaciones. Nuestra determinación deberá servir de advertencia contra futuras actuaciones que denoten el grado de imprudencia que reflejaron las aquí discutidas. En tales casos las sanciones serán más severas.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Presídete Señor Andréu García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Era motivo de especial preocupación para el Juez Administrador que personal del tribunal, con acceso a proyectos de minutas y proyectos de sentencias, estu-viera mostrándolos a particulares.

      (2) El procedimiento disciplinario se llevó a cabo al amparo de la See. 24 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 232, y la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. No aplica el nuevo procedimiento adoptado mediante enmienda a la Ley Núm. 64 de 6 de septiembre de 1992 (4 L.P.R.A. see. 232) ni las Reglas de Procedimiento para Acciones Disciplina-rias y de Separación del Servicio por Razón de Salud de Jueces del Tribunal de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones. R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., 131 D.P.R. 630 (1992). Ambos comenzaron a regir el 24 de noviembre de 1992. Véanse: Art. 2 de la Ley Núm. 64, supra, 4 L.P.R.A. see. 232 n., y las Reglas 40 y 41, R. Proc. por Salud Jueces T.P.I. y T.A., supra, pág. 672.

      (3) Es importante señalar que la minuta “corregida” fue finalmente retirada del expediente del caso. Mediante una moción presentada el 16 de noviembre de 1990, la parte demandante solicitó su sustitución por no reflejar lo acontecido en la vista. Posteriormente, el 7 de diciembre se celebró una vista para discutir lo relativo a la moción de sustitución. Ante la determinación del tribunal de instancia de unir al expediente el original de la minuta preparado por Colón Mejías, la parte deman-dante retiró su moción de sustitución.
      El caso fue resuelto finalmente mediante una sentencia dictada el 11 de marzo de 1993 por el ahora Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce. El dictamen, el cual advino final y firme, resultó en general favorable a la parte deman-dante, la Sucesión Ortiz Ortiz y otros.


source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Corrada Del Río.

license: Public Domain

text:
    Pedro Reyes Castillo y otros, demandantes y recurrentes, v. Cantera Ramos, Inc. y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-94-471

      Resuelto: 24 de enero de 1996

      Arturo Aponte Parés, abogado de la parte recurrente; Luis A. González y Carmen Pilar Cruz Rosario, abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Una vez más nos vemos precisados a revitalizar la norma procesal de que las demandas hay que interpretar-las de forma liberal a favor del demandante, impidiendo que meras sutilezas interfieran con la resolución en los mé-ritos de las controversias y el deber de los tribunales de impartir justicia.

j — !

El 20 de mayo de 1994, el Tribunal de Primera Instan-cia, Sala Superior de Bayamón, emitió una sentencia par-cial mediante la cual desestimó la reclamación de daños a la propiedad presentada por los demandantes siguientes:

1) Pedro Reyes y Mercedes García
2) Gilberto González y Zenaida Vélez
3) Víctor Rosa Olivo y Felicita Reyes Rondón
4) José Amador Rosario y María Burgos Vega
5) Héctor Reyes y Magaly Martínez Martínez
6) Andrés Reyes Rondón y Carmen García
7) Rafael Alvarado y Ana Milba Díaz
8) Ernesto Rodríguez Robles y Delia López
9) Luis Angleró Miranda y Ramona Rivera Calderón
10) Angel L. Vargas y María S. Beltrán Aponte
11) Juan A. Rivera y Antonia Bracero
12) Ramón Rondón Reyes y Justina Fernández

Basó su decisión en que al estar estas parejas de deman-dantes casados entre sí y pertenecer las propiedades que eran objeto de la reclamación a la sociedad de bienes ga-nanciales compuesta por dichos matrimonios, la sociedad era parte indispensable en el pleito para poder aducir la reclamación de daños a la propiedad. Estimó que la acción de las sociedades de bienes gananciales estaba prescrita. Entendió que no procedía autorizar una enmienda a las alegaciones, para incluir a las sociedades de bienes ganan-ciales como demandantes, cinco (5) años y nueve (9) meses después de haberse presentado la demanda original. Indicó que estas enmiendas no se podían retrotraer al momento cuando se presentó la demanda original,!) ya que el mo-mento para determinar el cómputo del término prescrip-tivo, cuando lo que se pretende es incluir un demandante o demandado, es cuando éste forma parte de la demanda por primera vez.

Inconforme con esta determinación, la parte deman-dante recurrió ante nos para alegar que el foro de instancia erró al no permitir la enmienda a la demanda y al resolver que la reclamación de las sociedades de bienes gananciales estaba prescrita. Argüyó que como la parte demandante aún no había concluido la presentación de su prueba, el tribunal tenía discreción para permitir la enmienda solicitada. En cuanto a la prescripción, estimó que, a base del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2761, y al hecho de que se trataba de las mismas par-tes y de que no se estaba estableciendo una nueva causa de acción, la enmienda se retrotraería al momento cuando se presentó la demanda original, por lo tanto, la reclamación no estaba prescrita.

Así las cosas, ordenamos a los demandados a mostrar causa por la cual no deberíamos dejar sin efecto la senten-cia parcial dictada por el foro de instancia.

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Reiteradamente, hemos resuelto que la sociedad de bienes gananciales es una entidad separada y distinta de los cónyuges que la componen y que tiene personalidad jurídica propia. Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862 (1981); Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 173 (1963); Echevarría v. Despiau, 72 D.P.R. 472 (1951). Sin embargo, como bien señala el comentarista procesalista Cuevas Segarra, la sociedad de bienes gananciales “es una entidad económica familiar sui generis, de características especiales, que no tiene el mismo grado de personalidad jurídica que las sociedades ordinarias o entidades corporativas”. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1984, Yol. II Cap. IV, pág. 87. Véanse: Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra, págs. 865-866; M. Fraticelli Torres, Un nuevo acercamiento a los regímenes económicos en el matrimonio: la sociedad legal de gananciales en el Derecho puertorriqueño, XXIX Rev. Jur. U.I.A. 413 (1995).

Luego de la reforma de 1976, que estableció la coadministración de la sociedad de bienes gananciales, ambos cónyuges advinieron a ser administradores de ésta con capacidad para representarla. Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976 (31 L.P.R.A. sees. 284, 286, 3661, 3671-3672 y 3717). No obstante, hemos resuelto que en acciones donde se pueda afectar el patrimonio de la sociedad de bienes gananciales, resulta aconsejable, y en ciertas circunstancias indispensable, que ambos cónyuges estén incluidos como partes en la acción. Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974); Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474 (1975); Alicea Alvarez v. Valle Bello, Inc., 111 D.P.R. 847 (1982); Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591 (1984); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993); Rodríguez Rodríguez v. Moreno Rodríguez, 135 D.P.R. 623 (1994).

Ahora bien, en nuestra jurisdicción rige la norma procesal de que las alegaciones simplemente cumplen con el proposito de bosquejar "a grandes rasgos, cuáles son las reclamaciones, de forma tal que la parte demandada quede notificada de la naturaleza general de las contenciones en su contra y pueda comparecer a defenderse si así lo desea”. Ortiz Díaz v. R. & R. Motor Sales Corp., 131 D.P.R. 829, 835 (1992). Véanse: Mercado Ontrón v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 737 (1994); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972). Por otra parte, se establece que la relación de las alegaciones será sucinta y sencilla, y que será sólo por ex-cepción que se tengan que hacer alegaciones específicas. Reglas 6.1, 7.2, 7.3, 7.4 y 7.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. También resulta axiomático que al interpretarlas hay que hacerlo de forma conjunta, las unas con las otras, tomando en consideración el epígrafe y la súplica de la demanda, cuando esto ayude a determinar si los de-mandados están razonablemente prevenidos de lo que los demandantes les están reclamando. Las alegaciones hay que interpretarlas con el propósito de hacer justicia. Regla 6.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; Ortiz Díaz v. R. & R. Motor Sales Corp., supra; Rivera v. Otero de Jové, 99 D.P.R. 189 (1970); Moa v. E.L.A., supra; Cuevas Segarra, op. cit, Cap. III, pág. 67.

Ya desde 1948 habíamos advertido a los litigantes “que este Tribunal hará todo lo que esté a su alcance para que los casos sean resueltos en sus méritos y no por sutilezas legales de alegaciones y procedimientos ... [y que h]ace tiempo que los tribunales han abandonado la teoría de que impartir justicia constituye un juego. Los litigantes deben hacer lo mismo. Ninguna parte en un procedimiento tiene un interés adquirido en los errores gramaticales y de procedimiento incurridos por su adversario”. Serra v. Autoridad de Transporte, 68 D.P.R. 626, 629 (1948). Recientemente reconocimos que el problema aún persiste al expresar que “[e]n ocasiones los trámites judiciales se complican innecesariamente e impiden que las controversias puedan resolverse en forma justa, rápida y económica conforme lo dispuesto en la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III”. Méndez v. Ruiz Rivera, 124 D.P.R. 579, 581 (1989). Esto no significa, sin embargo, que las partes pueden hacer abstracción total de las normas procesales, pues éstas van encaminadas a salvaguardar los derechos de las partes y a establecer mecanismos para la tramitación ordenada de los casos en los tribunales, de forma tal que se garantice a las partes el debido proceso de ley.

A pesar de todas nuestras advertencias, el caso de autos refleja, una vez más, el hecho de que aún no hemos logrado desterrar de nuestro sistema judicial el concepto que tie-nen algunos litigantes de que meras sutilezas procesales impedirán que los casos se resuelvan en los méritos y se imparta justicia sustancial.

Pasemos ahora a aplicar las normas antes expuestas a los hechos específicos del caso ante nuestra consideración.

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En el caso de autos, los demandantes incluyeron en el epígrafe de la demanda presentada el 20 de octubre de 1987, con su nombre y apellidos, a ambos cónyuges e hicie-ron constar que éstos comparecían por sí y en representa-ción de sus hijos. No expresaron explícitamente que com-parecían a nombre y en representación de la sociedad de bienes gananciales compuesta por ellos. Sin embargo, en la primera alegación de dicha demanda expresaron “[q]ue los demandantes [eran] dueños cada uno de ellos de una pro-piedad dedicada a vivienda, localizada en el Barrio Guara-guao, Sector Rondón, Bayamón, Puerto Rico”. De otra parte, en las alegaciones Núms. 7, 8 y 9 expresaron, en términos generales, que las actividades y actuaciones ne-gligentes de los demandados al llevar a cabo la explotación de una cantera para la extracción de piedras, les ocasiona-ron daños a las estructuras de su propiedad. () En la ale-gación Núm. 11 nuevamente hicieron mención de que la explotación de la cantera les impedía el uso y disfrute de sus propiedades y que constituía un estorbo público. Final-mente, en la súplica solicitaron que se condenase a los de-mandados a satisfacer solidariamente a los demandantes los daños causados.

Una interpretación liberal y razonable de todas estas alegaciones en conjunto, tomando en consideración el epí-grafe y la súplica de la demanda, nos lleva a concluir que los demandantes comparecieron e hicieron las reclamacio-nes en varias capacidades: en su capacidad personal y en representación de sus hijos y de sus respectivas sociedades de bienes gananciales. La demanda, aunque no es un ejem-plo de lo que debe ser una alegación bien hecha, cumple cabalmente con el propósito de informar a los demandados, a grandes rasgos, las reclamaciones en su contra y a quién pertenecen estas reclamaciones. Estos estuvieron razona-blemente prevenidos de lo que se les reclama.

Esta interpretación de las alegaciones indiscutible-mente cumple con el propósito de hacer justicia sustancial sin violentar el debido proceso de ley. En un caso donde hayan comparecido ambos cónyuges como demandantes, el solo hecho de haberse omitido en el epígrafe de la demanda la frase “y en representación de la sociedad de bienes ga-nanciales compuesta por ambos”, no los priva de la recla-mación perteneciente a esa entidad creada en virtud de su matrimonio si del resto de las alegaciones de la demanda, interpretadas en conjunto y de forma liberal a favor de los demandantes, junto con el epígrafe y la súplica, razonable-mente se desprenden dichas reclamaciones.

El caso Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192 (1978), no milita contra esta interpretación. En Franco v. Mayagüez Building, Inc., supra, se trataba de una acción de daños y perjuicios que emanaba de un accidente del trabajo. El Fondo del Seguro del Estado compensó a la Sra. Claudia Pérez de Franco. Luego de finalizado el trámite administrativo, ésta y su esposo presentaron una acción para reclamar daños contra un tercero y su compañía de seguros. No incluyeron específicamente a la sociedad de bienes gananciales en la demanda. Ahora bien, para la fe-cha cuando se presentó la demanda ya había transcurrido el término prescriptivo para instar la acción en daños. Tanto la causa de acción del esposo de la señora Franco como la de la sociedad de bienes gananciales estaba prescrita. La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo sólo establece la interrupción del decursar del tér-mino prescriptivo en acciones en daños en casos que ema-nan de accidentes del trabajo, para los beneficiarios, o sea, para las personas que quedan cobijadas bajo sus disposiciones. Ni el esposo de la señora Franco ni la socie-dad de bienes gananciales eran beneficiarios. A la luz de estas circunstancias fue que resolvimos que la reclamación de lucro cesante perteneciente a la sociedad de bienes ga-nanciales estaba prescrita. Determinamos que la sociedad de bienes gananciales, a quien pertenecía dicha acción, no la reclamó dentro del término prescriptivo. Esta es una situación muy distinta a la que hoy tenemos ante nuestra consideración.

Por las razones antes expuestas, se expide el auto soli-citado y se dictará sentencia para revocar la sentencia par-cial emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 20 de mayo de 1994 y devolver el caso al foro de instancia para que continúen los procedi-mientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Corrada Del Río emitió una opi-nión concurrente. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

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Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Corrada Del Río.

En este caso el Tribunal resuelve que, de un análisis integral de las alegaciones y de todos los pormenores pro-cesales del caso, se puede inferir que la sociedad legal de gananciales estuvo presente en el litigio desde sus comien-zos, lo cual hace innecesario una enmienda para incorpo-rarla propiamente al epígrafe del pleito.

A pesar de que comparto esta visión interpretativa a la que llega el Tribunal, entiendo que existen disposiciones de índole procesal que de igual forma resuelven la controver-sia planteada. Veamos.

En síntesis, en este recurso nos corresponde determinar , si luego de transcurridos seis (6) años desde que se pre-sentó una demanda sobre injuction y de daños y peijuicios procede que ésta se enmiende para incluir a las sociedades legales de bienes gananciales compuestas por varios de los matrimonios que comparecen como demandantes en el pleito, a los efectos de que les correspondía a éstas y no a aquéllos hacer la reclamación en cuestión.

Surge de los documentos que se acompañan a este re-curso que el 20 de octubre de 1987 varios residentes del barrio Guaraguao de Bayamón presentaron, en su carácter personal, una demanda sobre injuction y de daños y per-juicios contra, entre otros, la Cantera Ramos, Inc. En sín-tesis, alegaron que la codemandada Cantera Ramos, Inc. se ha dedicado a la explotación de una cantera para la extracción de piedra, mediante detonaciones de explosivos, en un área cercana a la residencia de los demandantes desde hacía dos (2) años; que dichas detonaciones de explo-sivos fueron efectuadas de forma negligente y en contra-vención a las leyes y los reglamentos que regulan este tipo de actividad, y que, como consecuencia de tales actos negli-gentes por parte de los demandados, sus residencias han sufrido y continúan sufriendo graves daños. Los deman-dantes solicitaron que se les indemnizara por los daños sufridos por sus residencias y que se ordenase el cierre de las operaciones de la cantera referida por considerarla un estorbo público.

El 8 de febrero de 1989, la parte demandante sometió una demanda enmendada para añadir como codemanda-dos a los dueños del solar donde se ubica la cantera referida.

Tras los trámites de rigor, se señaló la vista en su fondo del caso. Durante su celebración y antes de que la parte demandante hubiese concluido con el desfile de prueba, la codemandada, Cantera Ramos, Inc., presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 39.2(c) de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, el 24 de marzo de 1993. En síntesis, en ésta se adujo que, durante el transcurso de la vista en su fondo, quedó establecido por el testimonio de los demandantes que las propiedades cuyos daños se recla-man pertenecían a las sociedades de gananciales constitui-das por éstos, y que tal parte indispensable no había sido incluida en la reclamación instada.

Asimismo, argumentó la parte demandada que no pro-cedía permitir una enmienda para incorporar a las referi-das sociedades de bienes gananciales, pues al no haber sido incluidas dichas partes dentro del año de instarse la reclamación, su causa de acción había prescrito.

La parte demandante presentó la Oposición a Moción de Desestimación de 6 de agosto de 1993. En ésta solicitó que se enmendara la demanda por haberse presentado una prueba sin oposición a los efectos de que la sociedad de gananciales compuesta por los demandantes eran los due-ños de los bienes inmuebles afectados, ya que en la vista testificaron de la inversión que la sociedad de gananciales había hecho en la propiedad.

Así las cosas, el 20 de mayo de 1994, el entonces Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Hon. Zulma Zayas Puig, Juez), dictó una sentencia parcial final que acogió la mo-ción de desestimación de la codemandada y, por consi-guiente, desestimó la reclamación por daños a la propiedad correspondientes a las estructuras cuyos titulares fueren las sociedades de gananciales no incluidas en el pleito. Re-solvió el tribunal que no procedía la enmienda solicitada para incluir a las sociedades de gananciales referidas, ya que su acción había prescrito.

Oportunamente, la parte demandante interpuso una so-licitud de conclusiones de hechos adicionales, la cual fue denegada por el tribunal de instancia mediante una reso-lución notificada el 31 de agosto de 1994. El 15 de septiem-bre de 1994, la parte demandante presentó una moción de reconsideración, la cual fue rechazada de plano por el Tribunal a quo al éste no haberse expresado sobre ésta.

Inconforme con dicha sentencia parcial final acude ante nos la parte demandante recurrente para formular los se-ñalamientos de error siguientes:

A) Erró el Tribunal al no permitir la enmienda de la demanda.
B) Erró el Tribunal al determinar que la acción estaba prescrita. Petición, pág. 3.

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En su primer señalamiento de error, aduce la parte de-mandante recurrente que incidió el tribunal de instancia al no permitir que se enmendara la demanda para incluir a las sociedades de gananciales compuestas por los matrimo-nios demandantes en este litigio. En apoyo de su conten-ción sostiene que al haber presentado los demandantes prueba en la vista sin oposición de los demandados, a los efectos de que las propiedades afectadas pertenecían a las sociedades de gananciales compuestas por los demandan-tes, procedía la enmienda solicitada para conformar las alegaciones a la prueba desfilada, según lo establece la Re-gla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Enten-demos que el error se cometió. Veamos.

La sociedad legal de gananciales es una entidad sepa-rada y distinta de los cónyuges que la componen. Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 173 (1963); Echevarría v. Despiau, 72 D.P.R. 472 (1951). Esto significa que en una situación en que la sociedad legal de gananciales sea parte indispensable en un pleito, es necesario incluirla como tal o su acción podría estar prescrita al momento de solicitar su inclusión.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece, en lo pertinente, que “[l]as personas que tu-vieren un interés común sin cuya presencia no pueda ad-judicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas”. Al respecto, hemos es-tablecido que en aquellos casos donde le corresponda a la sociedad de gananciales reclamar una acción y ésta no comparezca dentro del término prescriptivo para así ha-cerlo, perderá el derecho a dicha reclamación. Así, por ejemplo, en Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192, 195 (1978), se desestimó una causa de acción —lucro cesante— que correspondía reclamar a la sociedad de ga-nanciales, habiéndose levantado debidamente la defensa de prescripción por parte de los demandados en ese caso.

Dispone la Regla 18 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que:

La indebida acumulación de partes no constituirá motivo para desestimar un pleito. Cualquier parte podrá ser adicio-nada o eliminada por orden del Tribunal, a iniciativa de éste, o a moción de parte en cualquier estado del procedimiento, bajo las condiciones que fueren justas. Cualquier reclamación contra una parte puede ser separada y proseguirse independientemente.

Al respecto, hemos expresado que un tribunal no puede desestimar un pleito porque en éste haya una indebida acumulación de partes. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., Inc., 106 D.P.R. 437 (1977); Coop, de Crédito v. Soc. de Gananciales, 104 D.P.R. 675 (1976); Torres Reyes v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 398 (1967); Vega v. Cía. Popular de Transporte, 72 D.P.R. 525 (1951).

Posteriormente, en Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 816 (1983), dijimos que de acuerdo con las dis-posiciones de la Regla 18 de Procedimiento Civil, supra, “la omisión de una parte indispensable, aunque es motivo para desestimar un pleito, no constituye impedimento para que, a solicitud de la parte interesada, el Tribunal pueda conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte origi-nalmente omitida, siempre y cuando el Tribunal pueda ad-quirir jurisdicción sobre la misma”.

A tales efectos, la parte demandada recurrida aduce que no es posible la inclusión de las sociedades legales de ga-nanciales, partes que son indispensables en la adjudica-ción final de la controversia presentada ante el foro de ins-tancia, ya que la reclamación a la que tiene derecho dicha parte está prescrita. Entendemos que no le asiste la razón.

En el caso de autos tenemos un planteamiento de dis-tinta naturaleza. Aquí debemos determinar si es posible enmendar la demanda para incluir nuevos demandantes según surge de prueba desfilada, que no fue objetada por los demandados.

La Regla 13.2 de Procedimiento Civil, supra, dispone, en lo pertinente:

13.2 Enmiendas para conformar las alegaciones con la prueba
Cuando con el consentimiento expreso o implícito de las par-tes se sometan a juicio cuestiones no suscitadas en las alega-ciones, aquéllas se considerarán a todos los efectos como si se hubieran suscitado en las alegaciones. La enmienda de las ale-gaciones que fuere necesaria para conformarlas a la evidencia a los efectos de que las alegaciones reflejen las cuestiones susci-tadas, podrá hacerse a moción de cualquiera de las partes en cualquier momento, aun después de dictarse sentencia; pero la omisión de enmendar no afectará el resultado del juicio en re-lación con tales cuestiones. Si se objetare la evidencia en el juicio por el fundamento de ser ajena a las cuestiones suscita-das en las alegaciones, el tribunal podrá permitir las enmien-das y deberá hacerlo liberalmente, siempre que con ello se fa-cilite la presentación del caso y la parte que se oponga no demuestre a satisfacción del tribunal que la admisión de tal prueba perjudicaría su reclamación o defensa. El tribunal po-drá conceder una suspensión para permitir a la parte opositora controvertir dicha prueba.

En Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168, 176 (1965), al analizar la interacción de la Regla 13.2 con la.Regla 12.1 (32 L.P.R.A. Ap. III), expresamos que:

Nada hay en la Regla 12.1 que requiera una enmienda formal de las alegaciones por parte del demandante para que éste pueda deducir su reclamación contra el tercero demandado. Si por virtud de las alegaciones una contienda queda trabada en-tre el demandante y el tercero demandado y durante la vista del caso el demandante presenta prueba contra el tercero de-mandado y éste tiene oportunidad de contrainterrogar los tes-tigos y presentar prueba en contrario, las alegaciones deben considerarse enmendadas a los efectos de establecer una recla-mación directa del demandante contra el tercero demandado. La Regla 13.2 autoriza las enmiendas de las alegaciones para conformarlas a la prueba. (Enfasis suplido.) Véase, además, Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 219 (1975).

Igual relevancia tienen estas expresiones en cuanto al demandado original, como en el caso de autos. Así, en Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972), al interpretar la Regla 13.2, supra, expresamos que:

La enmienda no introdujo una causa de acción nueva como sostiene la parte recurrida. Simplemente aclaró un concepto que estaba implícitamente expuesto en la demanda original, o que se podía racionalmente inferirse [sic] de sus alegaciones, esto es, que el padre también reclamaba por daños morales con motivo del accidente que le ocurrió a su hijo. Lo que se aclaró, por la enmienda, fue que en el resarcimiento deberían partici-par el hijo y su padre, en pago de sus respectivos daños sufri-dos, en las respectivas cantidades que fijara el tribunal a quo.

Posteriormente, en Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757, 763-764 (1978), resolvimos que dado que la prueba cuestionada en alzada surgía del testimonio de la demandante, tocaba entonces a la parte demandada en dicha etapa objetar su admisibilidad y, al no hacerlo, brindó implícitamente su consentimiento y permitió que se esti-maran como enmendadas las alegaciones, a tenor con lo dispuesto en la Regla 13.2 de Procedimiento Civil, supra.()

En el caso de autos, la vista de la cual surge que las propiedades supuestamente fueron afectadas por las ac-tuaciones de los demandados se celebró entre el 1ro y 4 de febrero de 1993, según consta de la propia moción de des-estimación presentada por la parte demandada. Sin embargo, no fue hasta el 24 de marzo de 1993 que se presentó la moción de desestimación, esto es, cuarenta y ocho (48) días luego de que desfilara la prueba de que los titulares de las propiedades en controversia eran las sociedades ganan-ciales de los matrimonios demandantes, y permitir de este modo que se enmendaran las alegaciones para añadir estos nuevos demandantes.

Por otro lado, la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que:

13.3. Retroactividad de las enmiendas
Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la alega-ción enmendada surgiere de la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación original las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original. Una enmienda para sustituir la parte contra la cual se reclama se retrotraerá a la fecha de la alegación original si, en adición a cumplirse con el requisito anterior, y dentro del término prescriptivo, la parte que se trae mediante enmienda (1) tuvo conocimiento de la causa de acción pendiente, de tal suerte que no resulta impedido de defenderse en los méritos, y (2) de no haber sido por un error en cuanto a la identidad del verdadero responsable, la acción se hubiera ins-tituido originalmente en su contra. (Enfasis suplido.)

Sobre este particular, en Ortiz Díaz v. R. & R. Motor Sales Corp., 131 D.P.R. 829, 837 (1992), expresamos que “[l]o irpportante para que se retrotraiga la enmienda al momento de la presentación de la demanda original es que ésta surja de ‘la conducta, acto, omisión o evento expuesto en la alegación original....’ Por lo tanto, si la demanda original se presentó en tiempo, las enmiendas también esta-rán en tiempo; no surgirá, pues, problema alguno de pres-cripción, no importa cuándo se hayan presentado las enmmiendas”. (Cita omitida.) Así, cuando se da tal condi-ción, si la demanda original se presentó a tiempo dentro del período prescriptivo correspondiente, las enmiendas también estarán a tiempo no importa cuán tarde hubiera ocurrido la enmienda.

Sin embargo, si con la enmienda a la demanda se in-tenta añadir un nuevo demandante o demandado, el mo-mento para determinar el término prescriptivo es cuando se incluya el nuevo demandante o demandado por primera vez en la demanda, con excepción de lo dispuesto en las Reglas 13.3, 15.1 y 15.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y de la situación en que haya solidaridad entre demandante o demandado ya incluidos en la demanda, y el nuevo demandante o demandado. Ortiz Díaz v. R. & R. Motors Sales Corp., supra.

Aunque como está fraseada, la regla dispone sólo sobre enmiendas para adicionar demandados, sus requisitos son relevantes por analogía para considerar enmiendas que adicionen demandantes. Por ello, para que una enmienda que añade un demandante, como en el caso de autos, se retrotraiga al momento de la demanda original, la de-manda enmendada debe exponer una reclamación que surja de la misma conducta, transacción o evento que haya sido expuesto en la acción original presentada. El deman-dado debe, además, haber tenido conocimiento de la exis-tencia de la causa de acción pendiente dentro del plazo prescriptivo y de la involucración de los nuevos demandantes. Tal y como concluye el comentarista José Cuevas Segarra,() “[e]l punto crucial es examinar si el de-mandado sabía o debía saber de la existencia y envolvi-miento de los nuevos demandantes. En algunas instancias la relación entre el demandante original y el nuevo forman una identidad de intereses suficiente para determinar la existencia de conocimiento”.

Comentando la Regla 15(c) de Procedimiento Civil federal,() de la cual proviene nuestra citada Regla 13.3, el co-mentarista J. Moore() expresa que:

While de Rule as phrased deals only with changing defendants, courts have applied it to amendments substituting or adding plaintiffs. Of course, assertion of a wholly new cause of action is not permitted under the Rule, and relation back of an amendment joining a complete stranger to the original action is rare. Rather, before permitting the untimely joinder of an additional plaintiff to relate back, courts have generally required a showing of sufficient identity of interest between the original and new plaintiff, or some other indication that the defendant has been put on timely notice of additional claims, as well as asbsence of prejudice to defendant. (Enfasis suplido.)

Sobre el efecto que tiene la enmienda sobre las disposi-ciones estatutarias de prescripción, nos argumenta Moore:

Similar considerations apply even when an amendment has the effect of joining a new party defendant [or plaintiff] to the proceedings, since such joinder will not be subject to relation back unless there is a sufficient identity of interest between the new and old parties so as to ensure that the new party has had adequate notice, and the resulting protection which the statute of limitations was designed to provide. 3 Moore’s Federal Practice 2d, pág. 15-174 (1995).

Se desprende de lo anterior que el criterio fundamental que se debe considerar al momento de retrotraer la en-mienda en la cual se adiciona un nuevo demandante es si existe una identidad de intereses tal que el demandado tuvo conocimiento sobre la causa de acción que se pretende presentar con la nueva parte.

Surge de la jurisprudencia federal, donde se ha discu-tido el alcance de la Regla 15(c) de Procedimiento Civilfe-deral, 28 U.S.C., de la cual proviene la Regla 13.3 local, supra, que para que sea válida la adición de un nuevo de-mandante, que se incorpore a un pleito en virtud de una enmienda que se presenta luego de que una de las partes desfile prueba no objetada a tales efectos, se requiere el cumplimiento de varios criterios:

1. La reclamación a la que se refiere la nueva enmienda deberá surgir de la misma conducta o causa de acción que la reclamación original.

2. Existe una identidad de intereses entre los deman-dantes originales y las reclamaciones entabladas por éstos y aquellas que se pretenden adicionar mediante enmienda.

3. Conceder la enmienda no acarrea peijuicio indebido a la parte demandada.

Veamos en detalle la jurisprudencia de la que surgen los criterios antes esbozados.

Adviértase que el primer criterio, al cual nos referimos, está establecido directamente en el propio texto de las Re-glas 15(c) y 13.3, respectivamente. Así pues, analizaremos los restantes dos (2) criterios.

En Farner v. Fireman’s Fund Ins. Co., 748 F.2d 551 (10mo Cir. 1984), el tribunal determinó que no procedía una enmienda en un caso entablado por el oficial de una corporación contra la aseguradora de dicha corporación que rehusó defenderlo en una acción, cuando dicha en-mienda pretendía incluir a los abogados que instaron esa acción debido a que dichos abogados no tenían ninguna relación con la parte original en el pleito. Sin embargo, en Itel Capital Corp. v. Cupus Coal Co., Inc., 707 F.2d 1253 (limo Cir. 1983), se permitió adicionar al propietario de una corporación por existir una relación de identidad de intereses entre éste y dicha corporación.

Así también, en Williams v. United States, 405 F.2d 234 (5to Cir. 1968), en una acción por daños entablada por la madre de un menor en representación de éste, se permitió la enmienda para adicionar a dicha madre como codeman-dante según la premisa de que existía una identidad de intereses entre ambas partes, por lo que se podía entender que la reclamación inicial recogía ambas causas de acción.

Finalmente, en Allied Intern, v. Intern. Longshoremen’s Ass’n, 814 F.2d 32, 35-36 (1er Cir.), cert. denegado, 484 U.S. 820 (1987), se determinó qué procedía retrotraer una enmienda al momento de la presentación de la demanda original, al expresar el Tribunal que:

Although the relation back of amendments switching plaintiffs — as opposed to defendants — is not explicitly treated in Rule 15(c), “the attitude taken in [the rule] toward change of defendants extends by analogy to amendments changing plaintiffs.” Fed.R.Civ.R 15(c) advisory committee note. Thus, when revision of a complaint has the effect of substituting a fresh plaintiff for the original one, three requirements must be met if the former’s claim is different and is to relate back: the amended complaint must arise out of the conduct, transaction, or occurrence set forth or attempted to he set forth in the original pleading; there must he a sufficient identity of interest between the new plaintiff, the old plaintiff, and their respective claims so that the defendants can be said to have been given fair notice of the latecomer’s claim against them; and undue prejudice must be absent. (Énfasis suplido.)

El tercero y último requisito tiene como propósito salva-guardar el derecho de la parte demandada a tener la opor-tunidad de prepararse adecuadamente para enfrentar la litigación en cuestión.()

A tales efectos, los demandados en el caso de autos ha-bían sido debidamente emplazados y tenían conocimiento de las reclamaciones y su naturaleza, ya que el pleito aquí en controversia comenzó al presentarse la demanda el 20 de octubre de 1987. Es innegable que existe una distinción entre la sociedad de gananciales y los cónyuges que la com-ponen; sin embargo, en el caso de autos los demandados fueron conscientes desde el primer momento que dentro de las reclamaciones incoadas se encontraba el supuesto daño sufrido por las estructuras. Así pues, luego de que surgiera en la vista que dichas estructuras pertenecían a las socie-dades de gananciales y que la parte demandada no levan-tase oportunamente objeción a tales efectos, su inacción constituyó un consentimiento implícito para que se enmen-dara la demanda y se incluyesen a las sociedades legales de gananciales como demandantes, retrotrayéndose tal en-mienda al momento cuando se presentó la demanda original, tal y como lo establecen las Reglas 13.2 y 13.3 de Pro-cedimiento Civil, supra.

No se ocasiona perjuicio indebido a la parte demandada cuando se retrotrae a la fecha original de presentación de la demanda para adicionar una parte demandante cuando la demanda original ya exponía la conducta, la transacción y los eventos de los cuales se podía deducir la reclamación de la nueva parte adicionada al litigio, debido a la identi-dad de intereses entre la nueva demandante y la deman-dante original, si la parte demandada no objeta la prueba que da lugar a la enmienda al presentarse ésta en el juicio. Por otro lado, en un caso como el de autos, donde han com-parecido ambos cónyuges como demandantes, el solo hecho de haberse omitido en el epígrafe de la demanda la frase “y en representación de la sociedad de gananciales compuesta por ambos”, no los priva de la reclamación perteneciente a esa entidad creada en virtud de su matrimonio, si del resto de las alegaciones de la demanda, interpretadas en con-junto y de forma liberal a favor de los demandantes, junto con el epígrafe y la súplica, razonablemente se desprenden dichas reclamaciones.

Por los anteriores fundamentos, concurrimos con el re-sultado al que llega la mayoría del Tribunal.

      (1) La demanda original fue presentada el 20 de octubre de 1987. El 7 de febrero de 1989 se presentó una demanda enmendada mediante la cual se incluyeron a tres (3) demandados adicionales: Mineco Corporation, Drilex Corporation y Hermanos Ramos, Inc.

      (2) Véanse, además, las alegaciones Núms. 8, 9, 10 y 14 de la demanda enmen-dada presentada el 7 de febrero de 1989.

      (1) Véanse, al mismo efecto: Arvelo v. Román, 65 D.P.R. 743, 746 (1946); Betancourt v. U.S. Fidelity & Guaranty Co., 78 D.P.R. 650, 652 (1955).

      (2) J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1992, Vol. II, pág. 56.

      (3) Fed. Rules Civ. Proc. rule 15(c), 28 U.S.C.

      (4) 3 Moore’s Federal Practice 2d, pág. 15-174 (1995).

      (5) Allied Intern, v. Intern. Longshoremen’s Ass’n, 814 F.2d 32, 37-38 (1er Cir. 1987). Véanse: Hill v. BASF Wyandotte Corp., 782 F.2d 1212, 1213-1214 (4to Cir. 1986); Travelers Indemnity Co. v. United States, 382 F.2d 103 (10mo Cir. 1967).


author: Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    María Luisa Rosado Feliciano y Berta Feliciano Crespo, demandantes y recurridas, v. Supermercado Mr. Special et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-94-53

      Resuelto: 24 de enero de 1996

      Luis M. Polanco Ortiz, abogado de la parte recurrente; Enrique Alcaraz Micheli, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Comparece ante nos la parte demandada recurrente mediante un recurso de revisión para cuestionar, en sínte-sis, la apreciación de la prueba que realizara el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez (Hon. Juan Camacho Fabre, Juez), en el caso de epígrafe, al declarar con lugar una demanda por daños y perjuicios instada en su contra. Luego de un examen objetivo de los autos del caso, así como de la exposición narrativa de la prueba que obra ante nos, se modifica la sentencia recurrida con los únicos fines de reducir la cuantía concedida a la codemandante Sra. Berta Feliciano Crespo y de eliminar las partidas concedi-das por honorarios de abogado e intereses por temeridad. Los hechos del caso se exponen a continuación.

El 15 de junio de 1991, la Sra. María Luisa Rosado Fe-liciano visitó el Supermercado Mr. Special con el propósito de hacer unas compras. Cuando caminaba por el pasillo en donde se encontraban los aceites y los “cubitos de sopa”, resbaló y sufrió una caída. En consecuencia, el 14 de agosto de 1991, la señora Rosado Feliciano y su madre Doña Berta Feliciano Crespo presentaron una demanda por da-ños y perjuicios contra el referido supermercado y contra su compañía aseguradora. En dicha demanda alegaron que la caída sufrida por la codemandante Rosado Feliciano ha-bía ocurrido “como consecuencia de que el lugar estaba muy resbaloso”; que al caerse había sufrido golpes en la cadera, el cóccix, la espalda y la cabeza, y que “por la ne-gligencia de la parte demandante [sic] de no tener el local apto para sus clientes”, había sufrido los daños reclamados.

Solicitaron, además, que la codemandante Feliciano Crespo fuese indemnizada por los daños emocionales sufri-dos como consecuencia de haber visto sufrir a su hija con posterioridad a la referida caída. Por su parte, los deman-dados presentaron su contestación a la demanda para ale-gar que los daños sufridos por la parte demandante, si al-guno, habían ocurrido como consecuencia de sus propios actos.

Tras varios trámites procesales, el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, dictó una sentencia que declaró con lu-gar la demanda instada y condenó a la parte demandada a pagar la suma de veinticuatro mil dólares ($24,000) a la señora Rosado Feliciano y seis mil dólares ($6,000) a la señora Feliciano Crespo, por razón de los sufrimientos físi-cos y mentales sufridos como consecuencia de la negligen-cia del establecimiento demandado. Dispuso, además, el pago de las costas del litigio, la cantidad de dos mil dólares ($2,000) por concepto de honorarios de abogado y el pago de intereses por temeridad computados al siete por ciento (7%) anual desde la fecha de la presentación de la demanda.

Inconforme con el dictamen del Tribunal Superior, la parte demandada acudió ante nos mediante un recurso de revisión que solicita la revocación de la sentencia recurrida y señala la comisión de los errores siguientes:

1. Erró el Honorable Tribunal en la apreciación de la prueba médica, en su mayoría estipulada, al responsabilizar a la parte demandada en su totalidad por una enfermedad preexistente cuando la caída sólo causó un agravamiento de dicha condición prexistente.
2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al apreciar errónea-mente la prueba de daños, compensando así daños inexistentes, preexistentes y especulativos.
3. Erró el Honorable Tribunal al determinar que medió temeri-dad por parte de ‘Mr. Special’ en la tramitación del litigio im-poniendo el pago de honorarios e intereses desde la radicación de la demanda.
4. Erró el Honorable Tribunal al definir la norma de derecho aplicable en casos de daños y perjuicios por caídas en forma totalmente distinta a la esbozada por esta Honorable Superioridad.
5. Erró el Honorable Tribunal al estimar probado el elemento de negligencia conforme la norma de derecho establecida cuando no se presentó prueba suficiente relativa a condición de peligrosidad existente que provocó la caída, siendo o debiendo ser conocida por la parte demandada.

A los fines de evaluar la referida solicitud de revisión, el 18 de marzo de 1994 dictamos una resolución para ordenar a la parte recurrente que procediera a preparar una expo-sición narrativa de la prueba. Examinada ésta, el 18 de noviembre de 1994 concedimos un término a los deman-dantes recurridos para que mostrasen causa, si la hubiese, por la cual no debíamos revocar la sentencia recurrida al no estar sostenida por la prueba presentada. Con el bene-ficio de su comparecencia, resolvemos.

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En síntesis, los planteamientos de la parte recurrente giran en torno a la apreciación de la prueba que realizara el tribunal de instancia al imponer responsabilidad por ne-gligencia a la parte demandada, el monto otorgado por los daños y la concesión de honorarios de abogado. Ante tales planteamientos, procede que analicemos la prueba que fue vertida ante el foro a quo.

Según se desprende de la exposición narrativa de la prueba que obra en autos, dicha prueba consistió en el tes-timonio de cuatro (4) testigos. Específicamente, testificaron ambas demandantes, la Sra. María Luisa Rosado Feliciano y la Sra. Berta Feliciano Crespo; el perito de la parte de-mandante, Dr. Fidel A. Pino López, y el Sr. Benjamín Ramos Soto, empleado del supermercado demandado.

La señora Rosado Feliciano testificó, en lo pertinente, que el 15 de junio de 1991 había visitado el Supermercado Mr. Special con el propósito de comprar algunos artículos para su consumo. Allí tomó un carrito de compra y co-menzó a recoger los artículos. Cuando entró a uno de los pasillos del supermercado para recoger unos “cubitos de sopa”, resbaló y cayó sentada hacia el lado derecho. Indicó que no perdió el conocimiento, pero que sintió un fuerte dolor y quedó aturdida; que inmediatamente el Sr. Benja-mín Ramos, quien se encontraba trabajando en dicho pasi-llo, la ayudó a levantarse, la arrinconó contra la góndola y, posteriormente, se fue del lugar. Sostuvo que el lugar donde resbaló se veía brilloso, como con una sustancia, y que el resbalón de su zapato quedó marcado en dicha sus-tancia; que cuando llegó al área donde se encontraban las cajeras, una de éstas había comentado que el lugar de la caída tenía mucha cera.

Señaló, además, no saber qué había en el lugar, aunque indicó que en el referido pasillo se encontraban localizados los aceites. Sin embargo, no identificó aceite en el suelo ni indicó haber visto algún envase de aceite abierto o roto. A preguntas de su abogado, indicó que había visto una marca como un rasponazo, el cual había sido provocado por su zapato en el lugar de la caída; que dicha marca no tenía color, puesto que era transparente, y que no sabía lo que era en específico.

El testimonio de la señora Feliciano Crespo, madre de la accidentada, estuvo dirigido a establecer tanto los sufri-mientos físicos de su hija, como sus propios sufrimientos y angustias mentales. En lo pertinente, sostuvo que el sufri-miento y dolor por el que atravesó su hija a raíz del inci-dente también le habían causado sufrimientos y angustias a ella, ya que se había visto obligada a realizar las tareas pesadas del hogar. Estas tareas eran realizadas por su hija antes del accidente, ya que ella se encontraba recuperán-dose de un infarto; en éstas ahora le ayudaba otra de sus hijas. En cuanto a los detalles específicos del accidente, no prestó testimonio alguno, ya que no tenía conocimiento personal de los hechos.

El perito de la parte demandante, Dr. Fidel A. Pino Ló-pez, declaró sobre el examen médico que realizó a la señora Rosado Feliciano con posterioridad a la caída. A esos efec-tos testificó que ésta presentaba un residuo de hematoma en la nalga lateral derecha, una fractura sanada en el cóc-cix (sacral 4), y que sentía dolor en el área de la espalda baja y del cuello. Además, luego de varios exámenes y vi-sitas, determinó que la paciente no tenía otra fractura o lesión, pero que según revelaban las radiografías efectua-das, presentaba una degeneración progresiva de los discos cervicales 3 y 4 (c3 y c4). En cuanto a la fractura del cóccix, indicó que ésta había sanado, por lo que no realizó exáme-nes para determinar si tenía alguna incapacidad residual en el área sacral ya que, en su opinión y según lo que reflejaban las placas, ello no era necesario. Sostuvo que podía esperarse cualquier molestia en el área luego de ocu-rrir una fractura.

Señaló que, en lo general, las condiciones degenerativas en los discos no eran producidas necesariamente por un trauma, pero que en este caso, debido a que con anteriori-dad a la caída la demandante se encontraba asintomática, podía concluirse que la sintomatología sufrida posterior-mente había sido desencadenada por dicha caída; que tales condiciones podían permanecer asintomáticas por toda la vida o que, por el contrario, podían llegar a producir dolor. Indicó que también podía manifestarse dolor al ocurrir un trauma, como lo es una caída.

Testificó, además, que en este caso, a falta de habérsele provisto el historial médico de. la paciente y en vista de lo informado por ésta, en su opinión, aunque la condición po-dría ser preexistente, el impacto producido por la caída provocó la manifestación del dolor. Este dolor podía produ-cir algún grado de incapacidad, sin embargo, no identificó en específico qué tipo de incapacidad.

Por último, se presentó el testimonio del Sr. Benjamín Ramos Soto, empleado del establecimiento demandado. Este, en lo pertinente, indicó que el 15 de junio de 1991, mientras trabajaba en una de las góndolas del supermer-cado, se percató de que la señora Rosado Feliciano se había caído cerca del área donde él se encontraba trabajando. Abandonó su trabajo e inmediatamente ayudó a la señora Rosado a levantarse, y le preguntó qué le había ocurrido. Esta le indicó que había resbalado, por lo que ambos obser-varon el área para identificar la causa del resbalón, pero nada había en el lugar. Ante la ausencia de alguna sustan-cia que provocara la caída, la señora Rosado le indicó que podían haber sido sus zapatos ya que estaban desgastados.

Sostuvo, además, que posteriormente fue llamado a la oficina del supermercado. Allí el gerente le preguntó sobre lo ocurrido, a lo cual le indicó que la señora Rosado había sufrido una caída y que él la había ayudado a levantarse, pero que en el lugar no habían visto nada que hubiese po-dido causar dicha caída.

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Es un principio cardinal de derecho que cuando una em-presa mantiene abierto al público un establecimiento, con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para su propio beneficio, debe hacer lo posible por mantener dicho establecimiento en condiciones de seguridad tales que sus clientes no sufran daño alguno. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985); Aponte Betancourt v. Meléndez, 87 D.P.R. 652 (1963); Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473 (1955).

No obstante, hemos sostenido que el dueño de un esta-blecimiento no es un asegurador absoluto de la seguridad de sus clientes y que su deber sólo se extiende al ejercicio del cuidado razonable, razón por la cual el demandante tendrá que probar que el dueño del establecimiento no ha ejercido el debido cuidado para que el local sea seguro. Goose v. Hilton Hotels, supra.

En los casos de daños y perjuicios específicamente a con-secuencia de caídas, hemos resuelto que la parte deman-dante deberá probar, como parte esencial dé su causa de acción, la existencia de la condición peligrosa que alegada-mente ocasionó la caída, y que dicha condición era conocida por la parte demandada o que podría imputarse a ésta tal conocimiento. Cotto v. C.M. Ins. Co., supra. Véanse, ade-más: Maldonado v. Interamerican University, 104 D.P.R. 420 (1975); González Ivankovich v. Las Amer. Prof. Ctr., 103 D.P.R. 89 (1974); Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971); Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967); Ferro v. A.M.A., 91 D.P.R. 770 (1965); Torres v. Metropolitan School, 91 D.P.R. 1 (1964); Weber v. Mejías, supra; Goose v. Hilton Hotels, supra.

Frente a la normativa antes expuesta, y luego de un examen detenido y objetivo de la prueba antes esbozada, nos resulta forzoso concurrir con las expresiones vertidas por el foro recurrido en su sentencia. Ciertamente, el cú-mulo de hechos esenciales probados en el caso de autos permite inferir que la caída sufrida por la codemandante Rosado Feliciano se debió a la presencia de una sustancia brillosa y resbalosa en el suelo.

Nótese que de la prueba presentada por la parte deman-dante surgen expresiones tendentes a establecer que la caída se debió al exceso de cera en el lugar, condición que puede ser considerada como peligrosa al tornar el área resbalosa. A esos efectos, la codemandante accidentada sostuvo reiteradamente que el lugar de la caída se notaba más brilloso que en sus alrededores.

De otra parte, se desprende de la sentencia recurrida que la cajera del establecimiento demandado, así como su gerente, expresaron la posibilidad del referido exceso de cera. Dichas expresiones, a su vez, demuestran que el co-nocimiento de la condición peligrosa podía imputársele al establecimiento demandado. Adviértase, además, que la parte demandada no presentó prueba tendente a refutar la existencia de cera en el lugar.

Ante tales circunstancias, coincidimos con el foro recu-rrido en que la parte demandante no tenía que probar qué sustancia específica había en el lugar, cuando la prueba presentada pudo establecer a satisfacción del tribunal de instancia que existía una sustancia que hacía el lugar más resbaloso. Máxime, considerando que es doctrina reitera-damente establecida que, en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, los tribunales apelativos no intervendrán con la apreciación de la prueba que realicen los tribunales de instancia. Rodríguez Oyola v. Machado Díaz, 136 D.P.R. 250 (1994); Coop. Seguros Múltiples de P.R. v. Lugo, 136 D.P.R. 203 (1994); Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785 (1993).

IV

Por otro lado, la parte recurrente plantea que erró el foro a quo al estimar y valorizar los daños sufridos por la parte demandante. Razón por la cual, a su entender, debe-mos intervenir con la cuantía adjudicada. Concluimos que le asiste la razón sólo en cuanto a la cuantía adjudicada a la codemandante Sra. Berta Feliciano Crespo. Veamos.

La función de estimación y valorización de los daños físicos y mentales descansa en el juicio discrecional, se-reno, prudente y razonable del juzgador de instancia. Véanse: Torres Solis et al. v. A.E.E. et ais., 136 D.P.R. 302 (1994); Toro Mercado v. P.R. & Amer. Ins. Co., 87 D.P.R. 658 (1963); Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718 (1945). De ordi-nario, respetaremos esa decisión y no intervendremos con la valorización realizada, ya que el foro de instancia se encuentra en mejor posición para evaluar sus elementos visibles e intangibles. Asimismo, hemos resuelto que en caso de que este Tribunal entienda que la cuantía adjudi-cada en instancia resulta ser exagerada o muy baja podría-mos intervenir y ajustarla. Torres Solís et al. v. A.E.E. et als., supra; Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

Según se desprende de la sentencia recurrida, así como del testimonio pericial que obra en autos, los daños físicos sufridos por la codemandante Rosado Feliciano consistie-ron en la fractura del cóccix producida durante la caída, así como las molestias y los dolores que pueden surgir con pos-terioridad a dicha fractura, además de los dolores causados por una condición degenerativa en los discos cervicales, cuya manifestación fue desencadenada por la caída sufrida.

Ante tales circunstancias, y al amparo de la normativa antes expuesta, resolvemos que no se encuentran ante nos las circunstancias que ameriten que intervengamos con la valorización realizada por el foro sentenciador y modifique-mos la cuantía concedida a la señora Rosado Feliciano.

Por el contrario, en cuanto a la compensación concedida a la codemandante Feliciano Crespo, según se desprende de la exposición narrativa de la prueba, los únicos daños sufridos por ésta consistieron en el hecho de que, a conse-cuencia del accidente sufrido por su hija, había tenido que realizar las tareas pesadas del hogar. En estas tareas ahora le ayuda su otra hija. En consecuencia, y atendido el hecho de que el reclamante de daños no puede descansar en establecer una simple pena pasajera, sino que debe de-mostrar en cierta medida apreciable que quedó afectado su salud, bienestar o felicidad() es forzoso concluir que la indemnización concedida a la señora Feliciano Crespo re-sulta excesiva. Asimismo, estimamos razonable la suma de dos mil dólares ($2,000) como la cuantía que ha de ser con-cedida a la codemandante referida.

Finalmente, respecto a la concesión de honorarios de abogado, concluimos que la parte demandada recurrente no incurrió en temeridad, ya que según se desprende de los hechos particulares del caso de autos, existía una contro-versia en cuanto a la existencia de una condición peligrosa en el lugar del accidente. En consecuencia, debe eliminarse la suma de dos mil dólares ($2,000) concedida por concepto de honorarios de abogado, así como los intereses impuestos por temeridad()

Por todos los fundamentos expuestos, se expide el auto, se confirma la cuantía concedida a la codemandante Sra. María Luisa Rosado Feliciano y se modifica la sentencia recurrida a los únicos efectos de reducir a dos mil dólares ($2,000) la cuantía concedida a la Sra. Berta Feliciano Crespo. Se eliminan, además, las partidas concedidas por honorarios de abogado e intereses por temeridad.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con una opinión escrita. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón disintió “por entender que las cuantías impuestas por el foro de instancia son adecuadas”. .

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

La labor de un juez, en adición a ser una delicada y difícil, es una que resulta ser, de ordinario, ingrata. Ello en vista de que, como en todos los casos que vienen ante la consideración de un magistrado hay dos (2) partes, la deci-sión que se emite por éste —cualquiera que ésta sea— nunca puede beneficiar a ambas partes; lo cual causa que siempre una de las partes esté inconforme con la decisión emitida. Ello, sin embargo, no puede ser óbice para que el juez no decida el caso cómo realmente procede hacerlo en derecho ya que, después de todo, esa precisamente es su función.

En el presente caso, al igual que en muchos otros, la mayoría de los integrantes del Tribunal pretende “compla-cer” a ambas partes; esto es, en lugar de resolver conforme a derecho, revocando en su totalidad la sentencia recu-rrida, pretende “oficiar en la misa y repicar las campanas” a la misma vez. Dicha situación, a nuestra manera de ver las cosas, resulta ser inaceptable. Es por ello que disentimos.

En Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 — 651 (1985), reiteramos la norma a los efectos de que, en un caso de daños y perjuicios donde se alegue la ocurrencia de da-ños como consecuencia de la negligencia de la parte de-mandada, le corresponde a la parte adora el peso de la prueba respecto a dicha negligencia; esto es, “la parte de-mandante tiene la obligación de poner al tribunal en con-diciones de poder hacer una determinación clara y especí-fica sobre negligencia mediante la presentación de prueba a esos efectos”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 651.

Por otro lado, en el referido caso de Cotto v. C.M. Ins. Co., ante, pág. 651, expresamente hicimos constar que un análisis de nuestra jurisprudencia, referente a la situación específica de reclamaciones por caídas, refleja que es requi-sito indispensable que la parte demandante pruebe, “como parte esencial de la causa de acción que ejercita, la existen-cia de la condición de peligrosidad que ocasionó la caída”. (Énfasis suplido.)

I — I i — I

Un somero examen de la exposición narrativa de la prueba e, inclusive, de la sentencia mayoritaria emitida en el presente caso es todo lo que se necesita para uno poder percatarse de que a la parte demandada recurrente le asiste la razón en su quinto señalamiento de error; esto es, que el foro de instancia erró al “estimar probado el ele-mento de negligencia” requerido por nuestra jurispruden-cia en esta clase de casos.

Dicho de una manera más sencilla, en el presente caso hay ausencia total de prueba sobre cuál fue la condición de peligrosidad, alegadamente existente en el establecimiento en controversia, que fue la causa de la caída que sufriera la codemandante María Luisa Rosado Feliciano. Un examen del testimonio que ésta prestara ante el foro de instancia revela que ella realmente no sabe, ni puede decir, en qué —si algo— resbaló; expresiones a los efectos de que “el lu-gar donde resbaló se veía brilloso, como con una sustan-cia”, ciertamente no son suficientes para imponerle respon-sabilidad a la parte demandada. Por otro lado, y como surge de la propia sentencia mayoritaria, dicha codeman-dante específicamente declaró “no saber qué había en el lugar” donde se cayó.

Por último, y ala luz de lo antes expresado, el testimo-nio del empleado del establecimiento demandado, Sr. Ben-jamín Ramos Soto, es uno que no puede ser descartado y que merece entera credibilidad. Este testificó que en el lu-gar donde la codemandante Feliciano Crespo había resba-lado “nada había” que pudiera haber ocasionado la caída y que, en su opinión, la misma se debió al desgaste de los zapatos que usaba dicha señora.

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Ante ese claro y contundente cuadro de hechos, ¿qué hace el Tribunal? En su afán de “complacer” a ambas par-tes, y en lugar de revocar la sentencia recurrida, este Foro hace una “justicia salomónica”; esto es, reduce en una ter-cera parte la compensación erróneamente concedida a una de las demandantes por el foro de instancia, acción que ni explica el Tribunal ni encuentra apoyo en la prueba, y eli-mina la partida de honorarios de abogado/)

No se le hace cumplida justicia a la parte demandada en el presente caso meramente reduciendo la indemnización concedida a una de las demandantes por el foro de instancia. A esos efectos, debe mantenerse presente que justicia a medias, no es justicia. Es por ello que disentimos.

      (1) Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 587 (1972); Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828, 831 (1964); Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 103 (1957).

      (2) Véanse las Reglas 44.1(d) y 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (1) Resulta, cuando menos curioso, que el Tribunal señala, como fundamento de su acción eliminatoria de honorarios de abogado, que así procede hacerlo en vista de que la parte demandada recurrente “no incurrió en temeridad, ya que según se desprende de los hechos particulares del caso de autos, existía una controversia en cuanto a la existencia de una condición peligrosa en el lugar del accidente”. (Enfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 955'.
      Dichas expresiones, naturalmente, sostienen nuestra contención a los efectos de que la parte demandante no demostró la existencia de la “condición de peligrosidad” en el lugar de la caída, requisito indispensable en esta clase de casos.