author: El Juez Asociado Señor Hernández Dentón

text:
    Manuel E. Vélez Ramírez, etc., demandante y apelado, v. Severo A. Colberg Ramírez, etc., demandados y apelantes.

      Número: R-85-116

      Resuelto: 4 de diciembre de 1986

      Marcos A. Ramírez Lavandero, de Ramírez & Ramírez, abogado de los apelantes; Heriberto Torres Villanueva, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea una cuestión constitucional novel e im-portante sobre el alcance de la protección de la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria de la Constitución de Puerto Rico cuando los legisladores toman decisiones relacionadas con el personal de la Asamblea Legislativa. Porque la controversia es de gran trascendencia para el trabajo de la Rama Legis-lativa, expedimos el recurso instado por los Presidentes de ambas cámaras. Revocamos al tribunal de instancia.

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De un análisis de las determinaciones de hecho del tribunal de instancia se desprende que el Sr. Manuel E. Vélez Ra-mírez fue nombrado como Director de la Biblioteca de Servi-cios Legislativos el 20 de julio de 1977 por los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, Hon. Luis A. Ferré y Hon. Ángel Viera Martínez. Aunque el puesto re-quería un grado de maestría en Ciencias Bibliotecarias, o en la alternativa, cinco (5) años de experiencia en labores biblio-tecológieas, para la fecha de su nombramiento el señor Vélez solamente tenía un grado de Bachiller en Artes y no tenía ex-periencia previa en biblioteeología.

Antes de su nombramiento, el señor Vélez fue candidato a alcalde de Hormigueros por el Partido Nuevo Progresista. Sustituyó en la Biblioteca de Servicios Legislativos a un bibliotecario con maestría y diecinueve (19) años de experien-cia en el cargo.

El 19 de febrero de 1982, el Hon. Severo A. Colberg Ra-mírez, Presidente de la Cámara de Representantes, y el Hon. Sergio Peña Clos, Vicepresidente y entonces Presidente en funciones del Senado, ordenaron al Ledo. Juan R. Melecio, Director de la Oficina de Servicios Legislativos, que separara al señor Vélez de su puesto. Este último demandó a los Presi-dentes de Cámara y Senado y al Vicepresidente del Senado. Alegó que fue despedido ilegalmente por razones político-par-tidistas. Los demandados alegaron que el despido se debió a que el demandante no cualificaba para el puesto, y en la alter-nativa, que aun cuando hubiera sido destituido por motivos político-partidistas, la actuación de los legisladores demanda-dos al así hacerlo estaba cobijada bajo el manto de la inmuni-dad legislativa.

El Tribunal Superior no discutió el planteamiento de in-munidad. Encontró probado que el demandante no cualificaba para el cargo, pero que el motivo de su despido fue por ra-zones político-partidistas. No ordenó su restitución al puesto, pero sí le concedió una compensación de $10,000 por los sufri-mientos y angustias mentales y el equivalente en dinero a seis (6) meses de sueldo, sujeto a las deducciones correspondien-tes. Ineonformes con la determinación del tribunal de instan-cia, los Presidentes del Senado y de la Cámara acudieron ante nos.

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¿Impide la doctrina de inmunidad parlamentaria que el demandante pueda obtener un remedio judicial? ¿Cuál es el alcance de la revisión judicial sobre las decisiones en materia de personal tomadas por un legislador?

Nuestra Cláusula de Inmunidad Parlamentaria fue adoptada basada en la experiencia norteamericana y en la cláusula similar contenida en la Constitución Federal, Art. I, Sec. 6. Por tal razón, en ocasiones las interpretaciones dadas por los tribunales federales son de utilidad para estudiar el alcance de nuestra cláusula siempre y cuando éstas se ajusten a nuestras realidades sociales y políticas y cumplan con los propósitos perseguidos por nuestra cláusula. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984); In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 721 (1978).

La Sec. 14 del Art. Ill de la Constitución del E.L.A. dis-pone que:

. . . todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de in-munidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra cámara o en cualquiera de sus comisiones.

Tan recientemente como en el año 1984, este Tribunal definió los contornos de esta inmunidad que la Constitución ha otorgado a los legisladores. Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra. Su ámbito es amplio. Ibíd., pág. 379. Cubre toda actividad legislativa en el hemiciclo o en las comisiones, al menos incluye lo que ocurra en los procesos de deliberación, comunicación, investigación, e información y actos necesarios para el desarrollo del proceso legislativo.

Sin embargo, como todo derecho y todo poder, esta inmunidad no es absoluta. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 764 (1977); Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111, 125-133 (1979); Gravel v. United States, 408 U.S. 606, 625 (1972); Tenney v. Brandhove, 341 U.S. 367, 376-377 (1951). Corresponde a los tribunales, y no al Poder Legislativo, definir sus contornos. Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca se ha en-frentado al problema ante nos. Cf. Davis v. Passman, 442 U.S. 228, 235-236 esc. 11, 249 (1979). No obstante, existen tres casos recientes de tribunales de apelaciones federales que nos sirven de fuente ilustrativa.

En Walker v. Jones, 733 F.2d 923 (1984), la directora de la cafetería del Congreso demandó al Presidente de la sub-comisión de Servicios de la Cámara de Representantes y a su Director Ejecutivo porque la habían despedido alegadamente por ser mujer.

Al resolver que esta actuación no estaba protegida por la inmunidad parlamentaria, la Corte de Apelaciones entendió que las funciones de la directora de la cafetería no se podían definir como “labores que significativamente informan e in-fluyen” en el proceso legislativo. (Traducción nuestra.) Walker v. Jones, supra, pág. 931.

En Agromayor v. Colberg, 738 F.2d 55, 59 (1984), se de-mandó al amparo de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1983, () al Presidente de la Cámara de Repre-sentantes de Puerto Rico porque no aprobó el nombramiento del demandante como ayudante de prensa del Representante Granados Navedo. Alegó el señor Agromayor que la actua-ción del señor Colberg estuvo predicada en un discrimen por razones políticas y étnicas. Al resolver que la actuación estaba cobijada por la inmunidad parlamentaria, la Corte de Apela-ciones para el Primer Circuito concluyó de esta manera:

Hasta el punto que las funciones de un empleado sean esen-ciales al proceso legislativo, sus cualificaciones, y por ende, su adecuada selección, debe ser también esencial. () (Tra-ducción y énfasis nuestros.)

Más adelante añadió, pág. 60, citando a Gravel v. United States, supra: “Un empleado que labore en ‘el proceso delibe-rativo y comunicativo’, debe ser de una importancia legisla-tiva directa.” (Traducción nuestra.) Resolvió que el puesto al cual el demandante aspiraba tenía un “insumo significativo” en el proceso legislativo y, por ende, al no emplearlo el señor Colberg estaba cobijado por la inmunidad. ()

El caso más reciente, Browning v. Clerk, U.S. House of Representatives, 789 F.2d 928 (D.C.Cir. 1986), expone clara-mente la norma a regir en estas controversias. En Browning v. Clerk, supra, se alegaba que la expulsión de una Official Reporter del Congreso estuvo motivada por prejuicios raciales. La función primordial de la demandante era ser estenotipista de las vistas de una comisión congresional.

Al resumir y clarificar los dos escrutinios utilizados en Walker v. Jones, supra, dijo el tribunal en Browning v. Clerk, supra, pág. 928:

Un escrutinio provee que la Cláusula de Inmunidad Parla-mentaria aplicará cuando las funciones del empleado razo-nablemente se puedan describir “como trabajo que signifi-cativamente informa o influencia la formulación de nuestra legislación nacional”. Este escrutinio sugiere que la inmuni-dad cobija las decisiones de personal cuando el empleado o-frece un “insumo significativo en ... el proceso legislativo”. El segundo escrutinio provee que la Inmunidad protegerá ' cualquier decisión relacionada con un empleado cuyas funcio-nes son “peculiares al trabajo de un miembro del Congreso qua legislador”, o, expresado de otra forma, “íntimamente cognada ... al proceso legislativo”. (Traducción nuestra y citas omitidas.)

Concluyó el tribunal en Browning v. Clerk, supra, pág. 929, que la función de la demandante, a saber, transcribir verbatim lo que se dice en el hemiciclo y en las comisiones para uso futuro por los legisladores estaba directamente relacio-nado e íntimamente cognado con el proceso legislativo. ()

Por ende, si las funciones del empleado forman parte in-tegrante del proceso legislativo, de tal forma que directa-mente asisten a los miembros del Congreso en el “desempeño de sus funciones”, las decisiones de personal que los afectan son correspondientemente legislativas y están protegidas del escrutinio judicial. (Traducción nuestra.)

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Nos parece que los criterios adoptados por el Circuito del Distrito de Columbia satisfacen plenamente las aspiraciones que nuestra Cláusula de Inmunidad Parlamentaria pretende cobijar. Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra. De esta forma se le facilita al legislador tomar libremente decisiones en áreas que afectan su desempeño como parlamentarista. Por otro lado, el legislador no estará inmune cuando su decisión esté relacionada con un empleado cuyas funciones no afecten el proceso legislativo.

Por lo tanto, resolvemos que en Puerto Eico para que la decisión de separar a una persona de su empleo en la Asamblea Legislativa esté protegida por la inmunidad parlamentaria, se tiene que satisfacer uno de los siguientes escrutinios: que el empleado despedido desempeñe funciones que razonable-mente se puedan describir como un trabajo en el que signifi-cativamente informa o influye en el proceso legislativo, o sea, que el empleado tenga un “insumo significativo” en dicho proceso legislativo; o en la alternativa, que las funciones del empleado sean esenciales a los trabajos legislativos. Walker v. Jones, supra; Agromayor v. Colberg, supra; Browning v. Clerk, supra.

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Debemos, pues, analizar los objetivos de la Biblioteca Le-gislativa y las tareas de su director para conocer cuál es el rol que éste desempeña en el proceso legislativo puertorri-queño.

La Biblioteca de Servicios Legislativos, tal y como existe hoy día, fue creada por la Ley Núm. 59 de 19 de junio de 1964. () No obstante, sus orígenes datan de 1923. Su crea-ción, desarrollo y evolución ha estado íntimamente relacionada con la deseabilidad de asegurarle a los miembros de la Asam-blea Legislativa los mejores y más eficientes servicios técnicos para que les asistan en el desempeño de sus funciones. J. Trías Monge, Legislative and Judicial Reorganization in Puerto Rico (tesis inédita), Universidad de Yale, 1947, págs. 35-41, 317-329.

En 1923 se aprobó la “Ley estableciendo la Biblioteca del Capitolio y proveyendo para el sostenimiento y régimen de la misma”. () En 1946 esta ley fue derogada y se proveyó nue-vamente para la creación de la “Biblioteca del Capitolio”. () El Art. 2 de dicha ley disponía que la dirección y administra-ción de la biblioteca estaría a cargo de un bibliotecario. Entre las funciones de éste se encontraban las de prestar coopera-ción a los miembros de la Asamblea Legislativa y asegurarse de que la biblioteca le rindiera a éstos el “máximo servi-cio”.( )

En 1947 se creó la Oficina de Consultas Legislativas () que tenía la responsabilidad de ofrecerle a los miembros de la Asamblea Legislativa servicios de redacción de proyectos y otros documentos legislativos, servicios de consultas legales e investigación de problemas legislativos y servicios de biblio-teca. ()

A través de la creación de la Oficina de Consultas Legisla-tivas se intentó comenzar a suplirle a la Asamblea Legislativa los servicios técnicos necesarios para desempeñar adecuada-mente sus funciones. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1982, Yol. III, pág. 139. Aunque su personal y facilidades eran muy limitadas, no hay dudas de que ayudó efectivamente a mejorar la cali-dad del proceso legislativo en Puerto Rico.() No obstante, al seleccionarse el primer gobernador electo en Puerto Rico, la gran parte del personal de la oficina pasó a La Fortaleza, y quedó la Asamblea Legislativa nuevamente huérfana de tan importante herramienta. Ibíd., págs. 139-140; R. Serrano Geyls, Executive-Legislative Relationships in the Government of Puerto Rico, 1900-195U, 14 Rev. Jur. U.I.A. 11, 48 (1979); Escuela de Administración Pública, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1952, págs. 358-359.

Las Leyes Núm. 362 de 8 de mayo de 1951, () Núm. 3 de 1ro de mayo de 1952 () y Núm. 46 de 10 de junio de 1953 () dispusieron para la creación de una Comisión Conjunta de ambos cuerpos que estudiara el funcionamiento de la Asam-blea Legislativa y diseñara mecanismos para hacerla más efi-caz. La Escuela de Administración Pública de la Universidad de Chicago colaboró intensamente en los estudios realizados por la Comisión Conjunta. Serrano Geyls, op. cit, pág. 24. Como resultado directo de estos estudios la Comisión aprobó una resolución el 27 de enero de 1954 en virtud de la cual se creó la Oficina de Servicios Legislativos del Estado Libre Aso-ciado. () La oficina continúa laborando al presente.

Una vez establecida la Oficina de Servicios Legislativos, en 1964 se creó la Biblioteca Legislativa adscrita a dicha ofi-cina. () Esta ley, según enmendada, () es la que actual-mente rige el funcionamiento de la Biblioteca Legislativa. Sus disposiciones así como la exposición de motivos arrojan luz sobre la importancia de la Biblioteca para el funcionamiento de la Asamblea Legislativa.

La exposición de motivos de la ley habilitadora de la Biblioteca establece, entre otras cosas, que el legislador puer-torriqueño “necesita y tiene derecho a un servicio de consulta e información centralizado”. Se reconoce que una biblioteca general es “una de las mejores puertas de rápida información y ayuda para el legislador”. Al enmendarse la ley en 1981 para disponer en su See. 7 que “todos los estudios, informes, expedientes y documentos recopilados durante el cuatrienio por las comisiones permanentes y especiales” de ambos cuer-pos se remitan a la Biblioteca, () el legislador en la exposi-ción de motivos expresó que la Biblioteca “facilita la función de hacer las leyes y permite que se encuentren soluciones a los muchos problemas de los que a diario confrontamos”. (Én-fasis nuestro.)

La ley dispone, entre otras cosas, que la Biblioteca tiene que estar “convenientemente accesible a los miembros de am-bas Cámaras”, () y que su uso se regirá por un reglamento aprobado por los Presidentes de ambos cuerpos. ()

V

No debe haber dudas de que la Biblioteca Legislativa rinde servicios esenciales a la Asamblea Legislativa. Desde sus orígenes se le ha visualizado como un ente necesario y útil para el desempeño de las funciones legislativas. Forma parte integrante de la Oficina de Servicios Legislativos, brazo técnico-asesor de la Rama Legislativa.

El director de la Biblioteca Legislativa desempeña fun-ciones que razonablemente se pueden describir como trabajo que significativamente informa o influye en el proceso legis-lativo. Más aún, las funciones de la Biblioteca Legislativa y las de su director son esenciales para el trabajo que realizan los legisladores. Walker v. Jones, supra; Agromayor v. Colberg, supra; Browning v. Clerk, supra. ()

Las actuaciones de los Presidentes de ambos cuerpos al separar al demandante de su puesto como Director de la Biblioteca Legislativa están cobijadas por la inmunidad parla-mentaria que ofrece la Sec. 14 del Art. Ill de nuestra Consti-tución y, por lo tanto, sus actuaciones están exentas del es-crutinio judicial.

Estamos conscientes del conflicto que existe entre los de-rechos constitucionales del demandante, alegadamente viola-dos, y nuestro esquema de separación de poderes protegidos por la Cláusula de Inmunidad Parlamentaria. Los redactores de nuestra Constitución estaban conscientes de los riesgos in-herentes a la concesión de la inmunidad. Trías Monge, Histo-ria Constitucional, op. cit, Vol. III, pág. 156; Serrano Geyls, op. cit., págs. 373-378. No obstante, optaron por asegurar al legislador en el desempeño de sus funciones una amplia liber-tad de acción, de forma tal que sus actuaciones redundaran en beneficio para el pueblo.

Concluimos, por lo tanto, que erró el tribunal de instancia al ordenar a los Presidentes del Senado y de la Cámara que compensaran al demandante por alegados daños sufridos por éste como consecuencia de las actuaciones de aquéllos.

Se revocará la sentencia dictada.

      (1) Aunque este es un caso donde el tribunal federal lo que está inter-pretando es la inmunidad que el Common Law otorga a los legisladores estatales y no la que la Constitución le concede a los congresistas, el Tribunal Supremo federal reiteradamente ha establecido que los propósitos y alcances de ambas son similares. Supreme Court of Va. v. Consumers Union, 446 U.S. 719, 782 (1980); Lake Country Estates v. Tahou Planning Agcy., 440 U.S. 391 (1979): Tenney v. Brandhove, 341 U.S. 361 (1951).

      (2) Véase Hudson v. Burke, 617 F. Supp. 1501, 1511 (D.C.Ill. 1985), donde al enfrentarse al problema de cuál es el alcance que la inmunidad del Common Law le ofrece a un funcionario municipal (de la ciudad de Chicago) cuando ejerce funciones legislativas, la Corte de Distrito federal adoptó la norma de Agromayor v. Colberg, 738 F.2d 55 (1984).

      (3)E1 tribunal señaló que al aplicar o no la inmunidad los tribunales deben ser cuidadosos al inquirir sobre las funciones del empleado por cuanto dicha interferencia de por sí puede violar los principios de la cláusula.

      (4)Cf. Torres v. Grunkmeyer, 601 P. Supp. 1043 (1986), donde se re-solvió que la decisión de no emplear a un empleado de limpieza en la Cá-mara de Representantes estatal, alegadamente por razones políticas, no es-taba protegida por la inmunidad parlamentaria.

      (5) 1964 Leyes de Puerto Rico 170.

      (6)Ley Núm. 28 de 6 de julio de 1923, Leyes de Puerto Rico 231. En su Art. 2 esta ley disponía que “el gobierno y administración de la biblio-teca, . . . estarán a cargo de una comisión conjunta”, compuesta por tres representantes y tres senadores. Éstos tenían la responsabilidad de escoger un bibliotecario para dirigirla.

      (7)Ley Núm. 390 de 22 de abril de 1946, Leyes de Puerto Rico 1059.

      (8) Ibid., Art. 3.

      (9)Ley Núm. 397 de 13 de mayo de 1947, Leyes de Puerto Rico 761.

      (10) Ibid., Art. 2.

      (11)La Oficina de Consultas Legislativas estuvo dirigida por los dis-tinguidos puertorriqueños Marco A. Rigau, Carlos V. Dávila y Alberto Ferrer.

      (12) 1951 Leyes de Puerto Rico 855.

      (13) 1952 Leyes de Puerto Rico 5.

      (14)1953 Leyes de Puerto Rico III.

      (15)Por haberse tornado académica la Ley Núm. 397 de 1947 que creó la Oficina de Consultas Legislativas, ésta se derogó mediante la Ley Núm. 67 de 20 de junio de 1956, Leyes de Puerto Rico 287.

      (16)Ley Núm. 59 de 19 de junio de 1964, Leyes de Puerto Rico 170.

      (17)Ley Núm. 78 de 6 de junio de 1968, Leyes de Puerto Rico 138; Ley Núm. 8 de 27 de mayo de 1981, Leyes de Puerto Rico 18.

      (18)2 L.P.R.A. sec. 427.

      (18) 2 L.P.R.A. sec. 422.

      (19) 2 L.P.R.A. see. 426.

      (20)En Lasa v. Colberg, 622 F. Supp. 557, 560 (D.C. Puerto Rico 1885), la Corte federal para el Distrito de Puerto Rico resolvió que los Presiden-tes del Senado y de la Cámara de Puerto Rico estaban cobijados por la in-munidad parlamentaria del Common Law en acciones bajo Ley de Dere-chos Civiles federal, 42 U.S.C. see. 1983, al despedir al Superintendente del Capitolio. Resolvió el tribunal que el Superintendente del Capitolio ocu-paba una posición de “insumo significativo” en el proceso legislativo. Si se comparan las funciones de la Superintendencia del Capitolio, 2 L.P.R.A. see. 651 et seq., con las de la Biblioteca se puede notar que la segunda in-fluye mucho más que la primera en el proceso legislativo puertorriqueño.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Aníbal Esmurria Rosario, acusado y apelante.

      Número: CR-85-29

      Resuelto: 4 de diciembre de 1986

      Pedro J. Rodriguez Santiago, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Marjorie Rivera Rodriguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Al acusado apelante, Aníbal Esmurria Rosario se le im-putó el delito de asesinato en primer grado y una infracción al Art. 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 418, por haber causado la muerte a Nélida R. March Colón el 28 de noviembre de 1982 en el pueblo de Juana Díaz. Celebrado el juicio por ju-rado, éste rindió veredicto de culpabilidad por el delito de ho-micidio y por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. Se re-firió al convicto para el estudio correspondiente de la Oficina del Oficial Probatorio. Rendido el informe, se le impuso sen-tencia de seis (6) años por el delito de homicidio y cinco (5) años por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas, a cumplirse concurrentemente. Se le denegó el beneficio de una sentencia suspendida.

No conforme, acudió ante nos. Señala como único error que el tribunal sentenciador debió concederle el beneficio de una sentencia suspendida, según lo recomendó el oficial pro-batorio.

Reiteradamente hemos resuelto que la concesión de la li-bertad a prueba está a la discreción del tribunal de instancia. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972); Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971). Salvo que nos enfrentemos a un abuso de su discreción, la determinación del magistrado no será al-terada en apelación. Pueblo v. Emmanuelli, 61 D.P.R. 667 (1947); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969).

En el presente caso el tribunal sentenciador no abusó de su discreción. Su decisión se basó fundamentalmente en que el convicto dio una versión distinta al oficial probatorio de cómo habían ocurrido los hechos, la cual ponderada a la luz de la prueba que se desfiló en sala, evidenciaba una conducta men- daz. Señaló el magistrado que el convicto estableció ante el oficial probatorio un cuadro de defensa propia, lo que no con-cordaba con la prueba desfilada en sala (T.N.P., pág. 4, vista de 7 de mayo de 1985.); que mató a una mujer dentro del carro (T.N.P., pág. 8.); que la prueba señalaba que este señor informó a la Policía que había tenido problemas y que estaba loco por salir de esta señora porque le estaba ocasio-nando problemas con su esposa (T.N.P., pág. 14.), y que la cadena de evidencia presentada hacía más creíble lo dicho en sala que lo expresado al oficial probatorio. (T.N.P., pág. 4.) Entendió el tribunal que ante la distorsión de hechos funda-mentales en torno al delito no debía premiar al acusado con-victo con el beneficio de una libertad a prueba.

De un análisis del informe del oficial probatorio y de la prueba recibida durante el juicio, el juez concluyó que no era procedente la suspensión de la sentencia.

Estamos ante unos hechos que denotan un alto grado de violencia. Como muy bien señaló el propio juez sentenciador, ejerció su discreción hasta el grado de imponerle las senten-cias concurrentemente en lugar de consecutivamente. No abusó de su discreción el juez de instancia al negarle el bene-ficio de una sentencia suspendida.

Se confirma la sentencia recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió voto particular.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

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Voto particular emitido por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

En este caso debemos decidir si abusó de su discreción el juez de instancia al negarse a concederle al acusado apelante los beneficios de una sentencia suspendida.

El día de los hechos el acusado se encontraba en un nego-cio comercial conversando con unas personas. Al salir del mismo escuchó que lo llamaban desde un automóvil y al acer-carse vio que en él estaba la víctima Nelly March. Ésta fue amante del acusado. En ese momento surgió una discusión en la cual la víctima alegadamente profirió palabras altisonantes al acusado y puso en entredicho su hombría. En medio de esta discusión el acusado sacó un revólver que portaba ilegalmente y le disparó seis veces causándole la muerte.

Luego de haber sido encontrado culpable del delito de ho-micidio e infracción al Art. 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 418, por un jurado, se le sentenció a prisión y se le denegó el beneficio de una sentencia suspendida. El acusado apelante acude ante nos alegando: que erró el tribunal sentenciador al no concederle los beneficios de una sentencia suspendida.

La idea básica tras el mecanismo de la sentencia suspen-dida es sumamente sencilla. Se trata de que la persona con-victa viva una vida productiva en la sociedad para intentar alejarlo del trasiego delictivo. La sentencia suspendida es una alternativa beneficiosa en casos apropiados, tanto para el con-victo como para la sociedad. Entre los beneficios que genera el sistema de sentencia suspendida están los siguientes: evita los efectos negativos en el individuo que la reclusión tan fre-cuentemente produce, minimiza el impacto de la reclusión sobre los dependientes y familiares del convicto, preserva la libertad del delincuente sin sacrificar el interés social en la prevención y corrección del crimen, promueve afirmativa-mente la rehabilitación del delincuente, al permitirle man-tener contactos sociales normales pero condicionados en la comunidad. A.B.A. Advisory Committee on Sentencing and Review: Standards Relating to Sentencing Alternatives and Procedures Sees. 1-2 (1976). Este propósito rehabilitador de nuestro sistema correccional está plasmado en la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ésta dispone en su Art. VI, Sec. 19, Const. E.L.A., L.P.R.A., T. 1, pág. 379, que [s] erá política pública del Estado Libre Asociado ... re-glamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recur-sos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”.

A pesar de lo anterior no todo convicto es merecedor de los beneficios de la sentencia suspendida. Decidir quién cualifica para los mismos es función discrecional del juez sentenciador. La decisión que tome el juez sentenciador sobre conceder o denegar una sentencia suspendida goza de una presunción de ser justa y correcta. Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971). Aunque hemos reconocido que esta discreción no es absoluta, Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985); Pueblo v. Pérez Bernard, supra; Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964), en ausencia de que se de-muestre por el acusado un claro abuso de discreción, este tribunal no revocará una sentencia porque el juez de instancia en el ejercicio de su discreción niegue la concesión de una sen-tencia suspendida. Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969).

Al decidir si conceder o no una sentencia suspendida se tienen que considerar varios factores a la luz de las circuns-tancias particulares de cada caso. La Ley de Sentencia Sus-pendida, 34 L.P.R.A. see. 1027, dispone en parte que:

El Tribunal Superior podrá suspender los efectos de la sentencia que se hubiere dictado en todo caso de delito grave que no fuere asesinato, robo, incesto, extorsión, violación, crimen contra natura, actos lascivos o impúdicos cuando la víctima fuere menor de 14 años, secuestro, escalamiento, in-cendio malicioso, sabotaje de servicios públicos esenciales o cualquier violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico, sees. 561 a 593 del Título 25 que constituya delito grave y cualquier delito grave que surja como consecuencia de la po-sesión o uso ilegal de explosivos o sustancias que puedan uti-lizarse para fabricar explosivos o detonadores, artefactos o mecanismos prohibidos por la referida Ley de Explosivos de Puerto Rico y podrá asimismo, suspender los efectos de la sentencia que [se] hubiere dictado en todo caso de delito me-nos grave que surja de los mismos hechos o de la misma transacción que hubiere dado lugar, además, a sentencia por delito grave que no fuere de los excluidos de los beneficios de las sees. 1026 a 1029 de este título incluyendo el caso en que ■la persona haya sido declarada no culpable en dicho delito grave o rebajado dicho delito grave a delito menos grave y así convicta, y ordenará que la persona sentenciada quede en libertad a prueba siempre que al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran todos los requisitos que a conti-nuación se enumeran: (1) que dicha persona, con anteriori-dad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dic-tada, no hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en pri-sión por delito grave alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada; y a la cual no se hu-biere suspendido los efectos de una sentencia anterior por de-lito grave; (2) que las circunstancias en que se cometió el delito no evidencien que existe en el autor del mismo un pro-blema de conducta o de carácter para cuya solución favorable, en interés de la debida protección de la comunidad, se requiera la reclusión de dicha persona en alguna de las insti-tuciones penales de Puerto Rico; (3) que el juez sentencia-dor tenga ante sí un informe que le haya sido rendido por el Administrador de Corrección después de este último haber practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona sentenciada, y que, del contenido de ese informe, pueda dicho juez sentenciador concluir que ningún aspecto de la vida de esa persona evi-dencia que haya necesidad de que se le recluya en alguna de las instituciones penales de Puerto Rico para que se logre la reforma o rehabilitación que para ella persigue la ley como medida de protección adecuada a la comunidad. . . . (Énfa-sis suplido.)

El juez sentenciador deberá determinar si el beneficio de la sentencia suspendida es compatible con la seguridad y pro-tección de la comunidad.

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La violencia es uno de los problemas sociales más senos y alarmantes a que nos enfrentamos hoy en día. Particular-mente la violencia contra la mujer en sus distintas manifes-taciones () y el abuso de menores, lo que ha ido en aumento en los últimos tiempos. M. Alvarado, Violencia contra la mu-jer: violación, incesto y maltrato en la experiencia puertorri-queña, Ponencia presentada en la Primera Conferencia Na-cional sobre Violencia contra la Mujer, Colorado, octubre de 1979. Un gran número de los crímenes y actos de violencia que a diario salen publicados en los periódicos están relacio-nados con muertes o violencia sufrida por las mujeres de par-te de sus esposos, ex esposos, amantes o amigos, () lo que de-muestra la gran alza en la incidencia de este tipo de actuación. Esto es así aun cuando la mayoría de este tipo de actos de violencia no es informado a la Policía. () De un análisis de aquellas incidencias que sí son informadas a la Policía () se desprende que estos actos de violencia trascienden todas las líneas raciales, económicas y sociales. Las mujeres víctimas de abusos físicos, emocionales y sexuales, así como sus agresores, provienen de todo tipo de hogares, preparación académica, ocupación o profesión, y situación económica y social. Y. Díaz Pérez y D. G. Knudson, Que nadie se entere: estudio sobre las características de las familias en que ocurre el maltrato a la esposa en Puerto Rico, Escuela Graduada de Trabajo Social, Univ. de Puerto Rico, 1984.

Los incidentes de violencia contra la mujer no son aislados sino que aumentan en frecuencia e intensidad. Una vez una mujer ha sido víctima de un incidente de violencia familiar el riesgo de que se repita la agresión es muy alto. () Por lo regular este tipo de situación “de no ocurrir un desenlace fatal requieren la intervención de terceras personas para poner fin al maltrato”. Díaz Pérez y Knudson, op. cit, pág. 4.

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Nuestro sistema de justicia tiene que responder positiva-mente a esta situación de violencia antes descrita. Esto no sig-nifica que el mismo se vaya a guiar por la máxima “ojo por ojo y diente por diente”, pues para eso está nuestra ley de sen-tencia suspendida que permite que, en los casos apropiados, personas convictas por aquellos delitos que no sean los especí-ficamente excluidos de la ley() puedan aspirar a que sus casos sean considerados para cualificar. La ley señala los cri-terios que debe analizar el juez sentenciador al decidir sobre la procedencia de una sentencia suspendida.

La sentencia dictada en el caso de autos reconoce el alto grado de violencia contenido en las circunstancias del mismo. El hecho de que la víctima fuera amante del apelante, que en la comisión del delito mediara un alto grado de contenido emo-cional y que se tratara de lo que se ha denominado como cri-men pasional, no pueden ser factores que tengan el efecto de minimizar la naturaleza y gravedad del acto criminal come-tido.

La política pública del Estado en relación con este tipo de violencia está reflejada en la Orden Administrativa Núm. 85-01 del Secretario del Departamento de Justicia que dis-pone:

2 — Delitos de Interés Público:
Existen casos que, por su naturaleza, están revestidos de un interés público. La ciudadanía espera la mayor dedica-ción y esmero de parte de todos los fiscales a quienes se les h[a] encargado tales casos. Son ilustrativos de este tipo de delitos los asesinatos, violaciones, robos de cierta trascen-dencia, ciertos casos de drogas, hurto de automóviles, deli-tos contra mujeres y niños, delitos de corrupción guberna-mental y otros que, por su circunstancia, sabemos calan en la opinión pública. Los fiscales de distrito han de estar aten-tos a este tipo de caso y les darán un seguimiento estricto a los mismos, a fin de garantizar que los fiscales de sala estén listos para entrar al juicio desde el primer señalamiento.
8 — Alegaciones Pre-Acordadas en Casos de Asesinatos, Vio-laciones, Robos, Delitos Contra Mujeres y Niños, Distribu-ción y Venta de Drogas y Corrupción Gubernamental:
Se instruye en el sentido de que toda rebaja de delito en los casos indicados, deberá ser consultada previamente con la Oficina Central de Investigaciones y Procesamiento Criminal. En estos casos, los fiscales deberán ser exigentes y velar porque la ley se aplique con el mayor rigor posible. Deberán radicarse mociones de agravantes cuando las mis-mas procedan y oponerse a las sentencias suspendidas en aquellos casos en que puedan ser concedidas. Se deberán hacer alegaciones de reincidencia o delincuencia habitual cuando las mismas procedan. (Énfasis suplido y escolio omi-tido.)

Por otro lado, la Regla 21 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 21 y la Regla 154.1 de Procedimiento Criminal de 1979 (34 L.P.R.A. Ap. II, R. 154.1) demuestran el interés del Estado en eliminar los escollos para lograr el esclarecimiento de este tipo de delito y promover que las víctimas informen las agresiones de que son objeto.

Analizados los hechos de este caso somos de la opinión que no abusó de su discreción el juez de instancia al no concederle al acusado los beneficios de una sentencia suspendida. Del expediente no se desprende que existieran circunstancias mi-tigantes extraordinarias, ni actos o conducta altamente pro-vocadora por parte de la víctima que permitan inclinar la discreción judicial a favor de la concesión de una sentencia suspendida. Por otro lado las circunstancias en que se come-tió el delito reflejan un posible problema de conducta o carác-ter en el acusado, siendo este uno de los factores a considerar por el juez al ejercer su discreción.

Los jueces somos la última autoridad en el sistema judicial. Si no logramos manejar los casos de violencia, en este caso en específico contra la mujer, con el enfoque e interés judicial apropiados, corremos el peligro de hacer que estos crí-menes sean considerados como algo trivial e insignificante. Por tales motivos, los jueces no podemos ignorar la seriedad de estos crímenes, en particular, los cometidos contra las mu-jeres. Restarles importancia limitaría la efectividad de la in-tervención judicial en este tipo de casos y agravaría un ya ingente problema social.

Por todo lo anterior no erró el juez de instancia al negarse a conceder los beneficios de una sentencia suspendida.

      (1) Entre las distintas manifestaciones se encuentran la violación, el incesto y las agresiones físicas y sicológicas.

      ()Como ilustración tenemos que durante los meses de agosto a no-viembre de 1986 se ha publicado un gran número de noticias relacionadas con la incidencia de diversos actos de violencia contra la mujer. Entre éstas están:
      “ ‘Alarmante aumento en asesinato pasional de mujeres’, El Repor-tero, miércoles, 5 de noviembre de 1986, pág. 10.
      “ ‘Asesinan a dos secretarias’, El Vocero, lunes, 6 de octubre de 1986, pág. 3.
      “ ‘El divorcio’, El Reportero, martes, 30 de septiembre de 1986, pág. 28.
      “ ‘Ejecuta dos mujeres y se mata’, El Vocero, sábado, 30 de agosto de 1986, pág. 2.2.”

      (3) Preventing Domestic Violence Against Women, Bureau of Justice Statistics Special Report, 1986, pág. 1.

      (4) Según cálculos basados en estadísticas del Departamento de la Po-licía, casi un tercio de las mujeres que mueren víctimas de asesinato u homi-cidio lo hacen por mano de sus esposos o ex esposos. En 1983 el 81% de los asesinatos u homicidios contra mujeres comprendía una relación familiar o de amistad; en 1984 el 58%, y en 1985 el 64%. Para 1983 alrededor del 47% de las muertes fueron por celos y otros motivos pasionales. Un total de 1,520 mujeres fueron víctimas de agresiones agravadas en 1983, de las cuales en 269 casos (el 18%), el sospechoso de la agresión era el esposo, ex esposo o amante de la víctima. Extrañamente en 403 casos no surge de la querella la relación del agresor con la víctima. En el 8% de las agresiones el agre-sor había sido el novio, padre, hijo, otro familiar o amigo. Para 1984 el total de agresiones agravadas contra mujeres ascendió a 1,766 casos.

        (5)Preventing Domestic Violence Against Women, supra. “During a 16 month time period following an incident of domestic violence, approximately 32% of the women were victimized again.”

      (6) Aunque el delito cometido por el apelante, en las circunstancias par-ticulares aquí discutidas, no está expresamente excluido por el Legislador de los beneficios de la sentencia suspendida, nada impide que el juez sen-tenciador, en el ejercicio de su discreción pondere y considere esas circuns-tancias y en su consecuencia deniegue la sentencia suspendida. Claro, la no disponibilidad absoluta de la sentencia suspendida en este tipo de caso re-quiere una acción legislativa.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Robinson Santiago Girona, y Otros, demandantes-apelados; dos recurrentes, v. Tribunal Examinador de Médicos y Otros, demandados-apelantes; recurridos.

      Números: CE-86-599
    Ref. RE-86-442

      Resueltos: 5 de diciembre de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Annabelle Rodriguez, Procuradora General Auxiliar, abogados del Tribunal Examinador de Médicos; Telesforo Rosa Resto, abogado de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Procurador General recurre ante nos de una decisión del Tribunal Superior que invalida los resultados de la revá-lida de marzo de 1986 suministrada por el Tribunal Exami-nador de Médicos y fija una nueva nota de pase. Se nos plan-tea en este recurso si el procedimiento utilizado por esa junta examinadora para determinar la nota de pase del examen de reválida cumple con la cláusula del debido procedimiento de ley de nuestra Constitución. Por otro lado, el Estado también cuestiona la puntuación mínima establecida por el tribunal de instancia. Resolvemos modificar la sentencia apelada, sólo a los fines de dejar sin efecto la puntuación mínima formulada por el tribunal de instancia.

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Los demandantes, doctores en medicina, no aprobaron la segunda parte del examen de reválida ofrecido por el Tribunal Examinador de Médicos, en marzo de 1986, equivalente al examen de ciencias clínicas. Luego de obtener la revisión del examen por parte del Tribunal Examinador, presentaron ante el Tribunal Superior acción de injunction, mandamus y daños y perjuicios. Alegaron que dicha junta determinó de forma arbitraria y caprichosa que la nota de pase sería 200 aciertos de un total de 300 preguntas, violándoles así su de-bido proceso de ley procesal y sustantivo y la igual protección de las leyes.

El tribunal de instancia resolvió que los procedimientos se-guidos por el Tribunal Examinador son constitucionalmente impermisibles por ser caprichosos y arbitrarios y estableció una puntuación mínima de 176 contestaciones correctas para aprobar el examen. El Tribunal ordenó a la junta examina-dora que, a aquellos demandantes que hubieran obtenido más de 176 aciertos les notificara que habían aprobado la segunda parte de la reválida y que por lo tanto les permitiera tomar la tercera parte.

Examinado el recurso de apelación presentado por los de-mandados, así como la comparecencia de los apelados, conce-dimos tiempo a las partes para que ilustraran a esta curia sobre la procedencia de modificar la sentencia del Tribunal Superior, sólo en cuanto a dejar sin efecto la nota de pase establecida por ese foro y devolver el caso al Tribunal Exami-nador de Médicos para que éste reevalúe su decisión y esta-blezca una puntuación mínima basada en criterios estadísti-cos confiables. En auxilio de nuestra jurisdicción ordenamos la paralización de los procedimientos en instancia.

El Procurador General, en representación del Tribunal Examinador, compareció allanándose a la solución intimada en la resolución del 30 de septiembre de 1986. Los aspirantes apoyaron la decisión del Tribunal a quo y a su vez dos de ellos recurrieron cuestionando la nota de pase fijada por el magis-trado y solicitando que fijáramos una puntuación mínima más baja.

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El Tribunal Examinador de Médicos, creado mediante la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, tiene a su cargo regla-mentar la práctica de la medicina en la isla. Dicha ley auto-rizó al Tribunal Examinador a ofrecer exámenes de reválida por lo menos dos veces al año, de acuerdo con las normas que a esos fines adopte. 20 L.P.R.A. sec. 40.

En su Reglamento de 6 de septiembre de 1984, dicha junta examinadora, define el examen de reválida como una “prueba calificadora que mide el nivel de competencia cognos-citiva, aptitud y destrezas para ejercer la profesión médica en Puerto. Rico. El mismo consta de tres partes: Primera Parte — Ciencias Básicas de la Medicina; Segunda Parte— Ciencias Clínicas, y Tercera Parte — Examen Práctico”. Re-glamento del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, Departamento de Salud, Cap. I, Art. 2.5. El Regla-mento, además, establece que “ [e] 1 mínimo para aprobar cada parte es 75 a base del sistema que determine el Tribunal Exa-minador de Médicos para establecer la nota de pase de cada examen”. Reglamento, op. cit, Cap. I, Art. 4.5.

En Román v. Trib. Exam. de Médicos, 116 D.P.R. 71, 79 (1985), reiteramos “el reconocimiento de los tribunales sobre la extensa discreción de los estados y sus juntas examinadoras en la fijación de normas y procedimientos a regir los procesos de admisión o certificación de personas al ejercicio de profesiones u oficios”. Si bien reconocimos que la facultad para reglamentar la admisión a las profesiones no se cuestiona, advertimos que “el Estado viene obligado a trazar objetivos racionales al cumplir con dicha función”.

En esa ocasión se cuestionó que el procedimiento de corrección de los exámenes y las normas sobre el acceso tanto a las pruebas como a las guías de corrección, violaban el debido proceso de ley. Luego de determinar que existía un interés propietario en dicho examen, expresamos que “procede ... evaluar el ‘tipo’ de procedimiento requerido”, considerando “los siguientes factores: (a) el interés privado que pueda resultar afectado por la actuación oficial; (b) el riesgo de una privación errónea debido al procedimiento utilizado; y (c) el interés del estado, incluyendo su función envuelta y las cargas administrativas y fiscales que conllevaría requerir garantías adicionales o sustitutas”. Román v. Trib. Exam. de Médicos, supra, págs. 80-81.

Al reglamentar el acceso a una profesión el Estado no puede excluir aspirantes de forma, o por motivos que violenten el debido proceso de ley y la igual protección de las leyes. El Estado puede establecer unos requisitos de conocimientos mínimos, capacidad, destreza, entereza moral o cualquier otra calificación que esté racionalmente relacionada con el objetivo de garantizar que los admitidos posean la competencia para practicar la profesión en forma adecuada. Schware v. Board of Bar Examiners, 353 U.S. 232, 238-239 (1957); T. M. Massaro, T. L. O’Brien, Constitutional Limitations on State-Imposed Continuing Competency Requirements for Licensed Professionals, 25 Wm. & Mary L. Rev. 253, 266-267 (1983). Cuando el Estado utiliza el mecanismo de exámenes para admitir aspirantes a una profesión, el examen debe cumplir con dos criterios para satisfacer el requisito de racionalidad: (1) que sea diseñado con el propósito para el cual se va a utilizar, y (2) que utilice una nota de pase que esté relacionada con la calidad que el examen pretende medir. Thompson v. Schmidt, 601 F.2d 305, 309 (7mo Cir. 1979); Tyler v. Vickery, 517 F.2d 1089, 1102 (5to Cir. 1975). La nota de pase debe tener un nexo racional con los conocimientos mínimos que el Estado haya establecido para ejercer la profesión. United States v. State of North Carolina, 400 F. Supp. 343, 349 (E.D.N.C. 1975); Richardson v. McFadden, 540 F.2d 744, 749 (4to Cir. 1976). Resulta impermisible que el Estado establezca una puntuación mínima estadísticamente calculada para producir un determinado porcentaje de aprobados y reprobados, sin correlación alguna con la compe-tencia de los examinados. United States v. State of North Carolina, supra, pág. 351.

Existen diversos métodos reconocidos para fijar científicamente una nota de pase en una reválida de una pro-fesión altamente reglamentada por el Estado. Entre los méto-dos sicométricos aceptados por su valor científico y utilizados por diversas juntas examinadoras se destacan entre otros el sistema de Angoff, el de Nedelsky, el que utiliza grupos con-trastantes y el que consiste en adoptar el sistema de otra ju-risdicción que ofrezca un examen análogo. Véanse: S. P. Klein, On Testing, Establishing Pass/Fail Standards, 55(3) The Bar Examiner 18 (1986); Shepard, Standard Setting Issues and Methods, 4 Applied Psychological Measurement 447 (1980); R. L. Thorndike, Educational Measurement, Washington, D.C., 1971, American Council on Education, American Psychological Association, American Educational Research Association & National Council on Measurement in Education; Standards for Educational and Psychological Tests, Washington, D.C., 1974, American Psychological Association; R. Jaeger & C. Title, Minimum Competency Achievement Testing, Berkeley, CA, McCutchan, 1979; M. A. Bunda & J. R. Sanders, Practices and Problems in Competency-Based Measurements, Washington, D.C., National Council on Measurements in Education, 1979. Sin embargo, se reconoce que el método aplicable variará dependiendo del tipo y objetivos de los exámenes en cuestión. Precisamente, por la complejidad del asunto el Estado generalmente delega en juntas examinado-ras la facultad de trazar los objetivos de reválidas de profe-sión. Las juntas examinadoras tienen la responsabilidad de formular el método más adecuado para asegurar la calidad de los que van a tener esa licencia exclusiva concedida por el Es-tado. Independientemente de cuál es el procedimiento seleccio-nado, el mismo debe ser confiable, tanto desde el punto de vista científico como de su razonabilidad y aplicabilidad a la profesión reglamentada. También debe haber continuidad en la metodología utilizada y se debe proveer un mecanismo para ajustes periódicos de medición y validación de la prueba.

Por la naturaleza de la responsabilidad delegada a esas entidades colegiadas, los tribunales deben revisar con especial cuidado, aunque con la debida deferencia, aquellas actuaciones de tribunales examinadores que estén relacionadas con la admisión a una profesión, particularmente en los casos en que la junta está compuesta en su mayoría por miembros de la profesión reglamentada. Nota, Due Process Limitations on Occupational Licensing, 59 Va. L. Rev. 1097, 1128 (1973).

Examinado el marco doctrinal aplicable a esta controver-sia, debemos resolver si la nota de pase establecida por el Tribunal Examinador para la reválida de marzo de 1986 cumple con estos requisitos constitucionales.

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En sus conclusiones de hecho, el tribunal de instancia de-terminó que, “al fijar la puntuación de equivalencia a 75 en la escala, el [Tribunal Examinador] no se guía por aplicación de fórmula matemática de tipo alguno para hacer la conver-sión correspondiente. No hay constancia alguna en las actas del [Tribunal Examinador] que tienda a indicar que el pro-cedimiento utilizado para determinar la equivalencia a 75 tenga base racional o científica, muy especialmente en lo ati-nente a la fijación de 200 como puntuación necesaria para obtener el 75 de escala que de acuerdo con los mismos regla-mentos que han sido adoptados por el Tribunal Examinador de Médicos es la nota de aprobación desde por lo menos 1982”. Exhibit 1, pág. 14.

La nota de pase de la reválida de ciencias clínicas ofre-cida en marzo de 1986 fue fijada mediante votación de los miembros de esa junta. Inicialmente la mayoría aprobó como nota de pase 190 aciertos, pero al ausentarse de la reunión uno de los miembros,, se reconsideró la nota y se volvió a votar, elevándose esta vez a 200. El tribunal de instancia encontró que quedó debidamente establecido que el Tribunal Examina-dor tomó como un factor determinante para fijar la nota de pase, el porcentaje de examinados que habrían de aprobar el examen.

Concluyó que los procedimientos seguidos por el Tribunal Examinador son constitucionalmente impermisibles por ser caprichosos y arbitrarios, violándose así a los demandantes sus derechos e intereses propietarios sobre su profesión, así como su derecho a la igual protección de las leyes al establecer una clasificación sin base racional.

En Román v. Trib. Exam. de Médicos, supra, pág. 80, expresamos que para prevalecer un ataque contra reglamen-tación de este tipo, “tiene que demostrarse que las normas aplicadas niegan arbitrariamente la admisión a los aspirantes por motivos desvinculados al propósito de la reglamentación”, y que sólo se le requiere al Estado alguna evidencia de que las medidas son racionales.

En este caso el Tribunal Examinador no presentó eviden-cia alguna de que utilizara en la reválida de marzo de 1986 un sistema de validación que garantice que en efecto el número de aciertos que equivale a la nota de pase en escala tiene rela-ción racional con el objetivo del examen. Una inspección de los autos y de la prueba documental revela que el Tribunal Exa-minador no empleó el método de validación que había utilizado en reválidas anteriores. Por el contrario, quedó claramente establecido que al determinar que la nota de pase para esa reválida sería 200 aciertos, dicha junta consideró primordial-mente el número de aspirantes que aprobarían bajo distintas alternativas y decidió a base de este criterio arbitrario y ca-prichoso. Tampoco utilizó un método científicamente confiable para fijar la puntuación mínima.

No obstante, de ordinario los tribunales no deben sustituir su criterio por el del Tribunal Examinador de Médicos en cuanto al método que éste utilizó para establecer la nota de pase del examen de reválida. Ya en Román v. Trib. Exam. de Médicos, supra, pág. 85, advertimos del “serio riesgo de convertir a los tribunales en ‘superjuntas’ inmersas en el complicado y especializado proceso de evaluación y calificación”. Siempre que una junta examinadora utilice algún método estadísticamente válido y reconocido para determinar la nota de pase en un examen de reválida, no debemos intervenir con su discreción.

De acuerdo con lo antes expuesto, confirmamos la deter-minación de la sala sentenciadora de que el procedimiento seguido por el Tribunal Examinador de Médicos al fijar la nota de pase en la reválida de marzo de 1986 fue arbitrario y que no cumple con las garantías del debido proceso de ley. Sin embargo, el foro de instancia erró al establecer una nota de pase sustituyendo el criterio administrativo por el judicial.

Siguiendo una sana metodología adjudicativa, procede que dictemos sentencia que modifique la decisión del Tribunal Superior y se deje sin efecto la nota de pase por éste establecida. Se devuelve el caso al Tribunal Examinador de Médicos para que establezca una puntuación mínima para la reválida de marzo de 1986, conforme con los criterios analizados en este caso.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhi-bió. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

      La Ley Núm. 1 de 25 de junio de 1986, enmendó varias secciones de dicha ley a los fines de revisar y reorientar las funciones del Tribunal Exa-minador. El Tribunal está compuesto por nueve médicos, nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. 20 L.P.R.A. sec. 31.

       Para efectos del análisis que esbozamos a continuación, un examen puede consistir de preguntas de selección múltiple, de discusión, una prueba oral o de ejecución práctica o una combinación de éstas o cualquier otra que resulte apropiada para medir las destrezas necesarias para obtener una licencia, a fin de ejercer la profesión en cuestión.

       En “Moción en Cumplimiento de Orden” de 15 de octubre de 1986 el Procurador General informó que el Tribunal Examinador de Médicos había contratado al Dr. Stephen P. Klein para que evaluara los resultados de la reválida sujeto del presente litigio. Posteriormente, mediante Moción Informativa, nos notificó los resultados del estudio.
      Debemos recalcar que la controversia ante este foro, así como ante el tribunal de instancia, giró exclusivamente en tomo a la validez de los pro-cedimientos utilizados para establecer la nota de pase de la reválida de marzo de 1986. No estamos tomando en consideración ni pasando juicio sobre el estudio realizado por el doctor Klein ni la nota de pase por él recomendada.


author:
(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Gladys González Santiago, lesionada y recurrida, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: CE-86-73

      Resuelto: 9 de diciembre de 1986

      Francisco Falú Lebrón, abogado del recurrente; Nelson Aponte Larrauri, abogado de la recurrida.
   SENTENCIA

Gladys González Santiago, la lesionada recurrida, para la fecha en que se reportó al Fondo del Seguro del Estado, tra-bajaba con la Playtex Corozal Corp. como obrera en una divi-sión con 60 a 70 operarías desde el 1976 y durante cuatro años. Tenía una tarea diaria de 22 paquetes que contenían cada uno 96 piezas; trabajaba ocho horas diarias, cinco días a la semana, con media hora disponible para almorzar.

Se vio obligada a trabajar porque se divorció del esposo y éste no le pasaba pensión alimenticia para sus tres hijos. Se reportó al Fondo del Seguro del Estado porque el ruido de las máquinas y la presión de los supervisores, para que comple-tara la tarea, la ponían nerviosa y descontrolada. Luego de múltiples trámites, el 25 de mayo de 1983, el Fondo del Seguro del Estado decidió que:

Vistos los hechos que anteceden se resuelve que la condi-ción de hipoacucia a frecuencias agudas del oído izquierdo que presenta la peticionaria está relacionada, por lo que se ordena otorgarle la íntegra protección de la Ley. Se resuelve, además, ratificar nuestra decisión notificada en 26 de fe-brero de 1980 en el sentido de que la condición emocional que presenta la peticionaria no está relacionada. Apéndice, pág. 8.

La lesionada, apeló ante la Comisión Industrial donde se celebró una vista pública el 25 de abril de 1984 sobre relación causal por condición emocional. Mediante resolución notifi-cada el 21 de mayo de 1984, la Comisión Industrial resolvió lo siguiente:

Examinados los autos, analizada cuidadosamente la prueba y la evidencia que consta en los mismos y vistas las disposi-ciones de ley y la jurisprudencia aplicables, esta Comisión ACEPTA y hace formar parte de esta resolución las conclu-siones de hecho y derecho sometidas a nuestra consideración en el informe del Oficial Examinador que presidió la vista pública en este caso y el cual informe [sic] también SE ACEPTA y se hace formar parte de esta resolución y por consiguiente este Organismo RESUELVE lo siguiente:
Revocar la decisión del Administrador del Fondo del Se-guro del Estado de fecha 29 de abril de 1983 y, en conse-cuencia, se ordena al Asegurador le brinde a esta obrera la íntegra protección de la Ley por su condición emocional. Apéndice, pág. 4.

Al denegar la reconsideración solicitada por el Adminis-trador del Fondo, la Comisión Industrial señaló que no había encontrado fundamento alguno para variar su criterio sobre la relación causal entre los factores del trabajo y la agrava-ción de la condición preexistente de la lesionada.

El Fondo plantea ante nos que la decisión de la Comisión Industrial no siguió los criterios establecidos en Morell v. F.S.E., 110 D.P.R. 709 (1981), para determinar cuándo una condición emocional es compensable.

Concedimos término a la recurrida para mostrar causa por la cual no debamos revocar la resolución recurrida. Ha comparecido. Resolvemos que de un examen integral del caso de autos es forzoso concluir que la recurrida sufre de una in-capacidad productiva agravada por su empleo y, contrario a lo que alega el Fondo, se cumplen los requisitos de Morell v. F.S.E., supra. Veamos.

En Morell v. F.S.E., supra, pág. 715, resolvimos que:

Para resumir, resolvemos que para que sea compensa-ble una condición emocional bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, debe establecerse: (1) relación causal entre la condición y un accidente o enfermedad ocu-pacional, (2) que la condición es de tal naturaleza que ori-gina por sí misma una incapacidad para trabajar o agrava una incapacidad funcional existente, y (3) que la prueba para demostrar tal condición sea convincente, basada en opiniones siquiátricas que sean el resultado de exámenes adecuados.

Somos conscientes de que en época reciente, y en virtud de leyes de compensaciones por accidentes del trabajo, ha habido una proliferación de reclamaciones por daños mentales a causa de condiciones emocionales surgidas en el empleo. Por tratarse de situaciones en las cuales no se ha producido un daño corporal, estos casos presentan serios problemas en la constatación de la existencia, naturaleza, magnitud y rela-ción causal de la alegada condición y el empleo.

El caso de Morell v. F.S.E., supra, págs. 713-714, señaló que los “sufrimientos mentales, tan naturales como son, no pueden compensarse bajo la ley que aquí nos ocupa a menos que, a su vez, produzcan incapacidad. Tal tipo de incapacidad debe quedar probada convincentemente, a base de prueba pe-ricial basada en exámenes siquiátricos adecuados, dada la na-turaleza vaga, nebulosa y subjetiva de dicha condición emo-cional y de que es susceptible de que se finjan sus síntomas”.

Sin embargo, en el caso de autos, a diferencia del caso de Morell v. F.S.E., supra, donde hubo discrepancia entre los peritos, la prueba pericial no fue controvertida. El único perito que testificó en la vista pública fue el Dr. Héctor Te-jeda Sánchez, Siquiatra Consultor de la Comisión, y expresó lo siguiente:

Añadió el Dr. Héctor M. Tejeda Sánchez que al momento del examen consideró que estaban ante un caso de una De-presión Neurótica con Ansiedad. Se reservó su opinión sobre relación causal para el momento de vista pública por no tener los elementos de juicio necesario para opinar al momento de su examen. Al día de hoy después de haber oído la reclama-ción de la solicitante y de las dos testigos, y de haber hecho un amplio estudio del expediente, cree que estamos ante un caso de una señora en cuyo informe laboral dice: “Obser-vaciones que estime pertinente hacer: Se observa en oca-siones muy nerviosa y en ocasiones llora. Ha estado en trata-miento médico y hoy nos entregó un certificado adjunto a esta hoja donde su médico recomienda no continuar traba-jando por ahora.” y está firmado por Rosa I. Cantres, En-fermera. El certificado médico en cuestión es del Dr. William Galíndez Antelo y dice: “La señora Gladys González se en-cuentra bajo nuestra atención siquiátrica y su condición le impide trabajar por tiempo indefinido. Debe continuar en tratamiento siquiátrico.” Firmado (firma ilegible aparente-mente del Dr. Galíndez) de junio 13 de 1979. El certificado es de seis días antes de la lesionada reportarse al Fondo del Seguro del Estado.
Es interesante señalar que la señora Rosa I. Cantres, En-fermera, presta una declaración jurada del 16 de octubre de 1979 y en una pregunta dice que Gladys alega tener una condición nerviosa y trajo un certificado médico donde cer-tificaban que no podía trabajar. Visitó al Dr. Medina en Corozal[, quien] le diagnosticó Neurosis Depresiva. Ella tenía problemas personales en su casa con su esposo y se tuvo que divorciar. También tuvo problemas con su hijo por el problema del padre. Aquí nunca tuvo problemas de con-ducta en el trabajo. “Gladys se ponía nerviosa, temblando y llorando y dice que el ruido de las máquinas la ponían más nerviosa y nos hacía comentarios de sus problemas personales.”
Si vemos [el] informe de la Trabajadora Social del Fondo del Seguro del Estado, fechado el 23 de junio de 1979, cree que está ante una lesionada que está divorciada hace cinco años, estuvo casada diez años, su esposo la abandonó. En dicha unión se procreó tres hijos cuyas edades fluctúan en-tre los 17 y 8 años. Todos son estudiantes. Recibe 122 dólares de cupones para la compra de alimentos y 78 dólares del se-guro Social del ex-esposo de ella. Está incapacitado por mu-tilación de un brazo. La casa que residen es de su propiedad y pagan 52 dólares de hipoteca. Revisada la declaración ju-rada de la peticionaria, en la tercera página, “¿ por qué razón se divorció?” “Era mi esposo incomprensible. Mi esposo tra-taba mal a mis hijos, los problemas que él tenía con los nenes me afectaban a mí. Hace cinco años que nos divorciamos. Hace más de un año que se fue para Estados Unidos. Se comunicaba con mis hijos. Cuando no le enviaba nada más a mis hijos tuve que irme a trabajar. El divorcio me ha afec-tado poco. La mayor parte del tiempo me la pasaba en casa de mi hermana. Tengo tres hijos el más pequeño tiene 9 años, el otro quince años, está en la escuela, la otra está casada.”
Es la opinión del perito que estamos ante el caso de una lesionada casada con un señor que sufre una mutilación de[l] brazo y que recibe el Seguro Social. Tiene cinco años de divorciada, el señor se comunicaba con los hijos, al verse ella con problemas económicos por el señor irse a Estados Uni-dos y no poder saber de él, ella empieza a trabajar, según dice en su declaración jurada. Ya tenemos una persona afec-tada emocionalmente, según la enfermera, que dice que en ocasiones se ponía nerviosa, llorando y temblando en el tra-bajo, sometida a presiones de trabajo tipo ruido, demanda de producción, problemas de si se daña la máquina, eso no debe afectar la producción, la producción sigue aunque la máquina esté dañada, para el perito [e]sto[s] son factores agravantes de una condición emocional previa que sufría la lesionada. Recomienda al Honorable Tribunal se relacione el caso por agravación.
A preguntas del Representante Legal del Asegurador con-testó el Dr. Tejeda Sánchez que el diagnóstico del Dr. Cu-bano concurre con el de él, no hay diferencia básica de diag-nóstico. Que desde el principio el cuadro ha sido de Ansiedad y Depresión, el cual ha ido evolucionando y alternándose por épocas. Que es el mismo diagnóstico, no ha habido cambios. Que el diagnóstico existe coincidiendo con la época en que la reclamante se reporta al Fondo del Seguro del Estado. Que no hay diagnóstico previo de condición emocional, o sea, que no había sido diagn [o] sticada, sí muy bien descrito por la enfermera, “Gladys se ponía nerviosa, temblando y llorando y dice que el ruido de las máquinas la ponía más nerviosa”, en otras palabras, un paciente que esté nervioso, temblando y llorando, dicho siquiátricamente es una Neurosis de Ansie-dad con depresión o Depresión Neurótica con Ansiedad. Que ya había sido vista por el Dr. Galíndez, quien no da diagnós-tico específico. Que en el trabajo se agravó la condición pre-existente. Apéndice, págs. 7-8.

La opinión competente de un perito es prueba suficiente para apoyar las determinaciones de la Comisión. El doctor Tejeda examinó a la lesionada y tuvo ante su consideración los informes de los doctores Galíndez y Cubano. La prueba pericial en el caso sostiene la conclusión de la Comisión Industrial de que la obrera es acreedora de que se le brinde “la ín-tegra protección de la Ley por su condición emocional”. Se demostró que no solamente las condiciones del trabajo agra-varon una condición existente, sino que además la lesionada resultó con una neurosis depresiva con ansiedad, que al pre-sente la imposibilita reintegrarse al trabajo. Este tribunal no alterará las conclusiones de la Comisión Industrial que estén sostenidas por la prueba pericial en el caso, en ausencia de razón alguna que justifique intervenir con la apreciación hecha. Rodríguez v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 667, 671 (1943).

Adviértase, además, que el estatuto en cuestión responde fundamentalmente a un fin de beneficio social, avalado por un esquema legislativo que le brinda máxima protección al obrero al consagrar estatutariamente que: “Est[a] [ley] por ser de carácter remedial se interpretará liberalmente, y cualquier duda razonable que en su aplicación surgiere en cuanto a la existencia de relación causal entre el trabajo u ocupación del obrero o empleado y la lesión, incapacidad o muerte, o el ca-rácter ocupacional de una enfermedad, deberá resolverse a favor del obrero o empleado, o sus beneficiarios.” (Énfasis su-plido.) 11 L.P.R.A. see. 2.

Ante el mandato claro de la referida ley, la Comisión, en la interpretación de la misma, se guía por una actitud liberal de forma que se logren los propósitos que animaron al legisla-dor. Véase Atiles Moren, Admor., v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 218, 229 (1962).

Por lo antes expuesto, se expide el auto y se confirman las resoluciones recurridas.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario General. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente mediante opinión.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

En este caso el Fondo del Seguro del Estado recurre de la resolución de la Comisión Industrial que revocó una decisión del Administrador del Fondo. La Comisión Industrial resolvió que la condición emocional de la lesionada recurrida era com-pensable.

Ante nos el Fondo plantea que la decisión de la Comisión Industrial no cumple con los criterios establecidos en Morell v. F.S.E., 110 D.P.R. 709 (1981), para determinar cuándo una condición emocional es compensable. Entiendo que el Fondo del Seguro del Estado tiene razón y procede, por lo tanto, revocar la decisión de la Comisión Industrial.

La lesionada es una operaría de fábrica que se vio obli-gada a trabajar porque su ex esposo, pensionado del Seguro Social, no cumplía con su obligación alimenticia con sus tres hijos. La lesionada se reportó al Fondo quejándose de que el ruido de las máquinas, así como la presión de los supervisores para que completara su tarea, la ponían nerviosa y descontro-lada. El Fondo determinó que la señora González padecía de neurosis de ansiedad, pero que dicha condición no estaba rela-cionada con el empleo.

La obrera recurrió a la Comisión Industrial, donde se cele-bró la vista pertinente, y en la cual se escuchó el testimonio del perito del tribunal apelativo a nivel administrativo, el doctor Tejeda Sánchez. Del testimonio del perito citado en la senten-cia de este Tribunal se desprende que la condición emocional de la obrera existía antes de ésta comenzar a trabajar en la fábrica, aparentemente, debido a los problemas surgidos con su divorcio.

En Morell v. F.S.E., pág. 715, concluimos que para que sea compensada una condición emocional bajo la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo debe establecerse: “ (1) la relación causal entre la condición y un accidente o en-fermedad ocupacional, (2) que la condición es de tal naturaleza que origina por sí misma una incapacidad para trabajar o agrava una incapacidad funcional existente, (3) que la prueba para demostrar tal condición sea convincente, basada en opi-niones siquiátricas que sean el resultado de exámenes adecua-dos.”

Contrario a la sentencia de este Tribunal, entiendo que la resolución de la Comisión Industrial debe ser revocada porque descansó en testimonio pericial insuficiente. La prueba ver-tida para demostrar la condición emocional no fue convin-cente, y no estaba basada en opiniones psiquiátricas que eran el resultado de exámenes adecuados por los peritos envueltos.

El testimonio del doctor Tejeda es vago e impreciso y por ende insuficiente para establecer la relación causal que se exige en casos como el de autos. Es función ineludible tanto del Fondo del Seguro del Estado como de los Comisionados de la Comisión Industrial exigir que la prueba médica desfilada en la vista celebrada al efecto se aparte lo más posible de la especulación y de la conjetura. Mejías Román v. Comisión Industrial, 111 D.P.R. 629, 633 (1981); Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 715 (1975).

Este caso es típico de los muchos que se plantean ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial para solicitar la compensabilidad por un estado o condición emo-cional, porque el Fondo del Seguro del Estado no provee un seguro para indemnizar todos los daños. Este tipo de reclama-ción requiere que el lesionado pruebe que debido a ella no puede trabajar, que se originó de un accidente o enfermedad en el trabajo. Al descansar únicamente en el testimonio del perito de la Comisión, el doctor Tejeda Sánchez, la lesionada no ha probado adecuadamente su caso. Le corresponde a este Tribunal revocar una determinación con tan frágil funda-mento.

Por estas razones disiento de la sentencia del Tribunal.

       Igual proliferación está ocurriendo en E.E. U.U. Véase S. J. Sers-land, Mental Disability Caused by Mental Stress: Standards of Proof in Workers’ Compensation Cases, 33 Drake L. Rev. 751 (1984).

      Un Juez del Tribunal Supremo de Oregon hizo el siguiente comen-tario:
      “It seems that no problem in recent years has given courts and commissions administering workers’ compensation more difficulty than on-the-job mental stress which results in either emotional or physical illness. The causal relationship between employment stress and a resulting mental or emotional disorder presents one of the most complex issues in workers’ compensation law.” (Escolios omitidos.) McGarrah v. SAIF, 675 P.2d 159, 161 (Or. 1983).

      E1 Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada por la Ley Núm. 63 del 10 de junio de 1974 (11 L.P.R.A. sec. 11), dispone en parte:
      “Si el obrero o empleado, o sus beneficiarios, no estuvieren conformes con la decisión dictada por el Administrador del Fondo del Seguro del Es-tado en relación con su caso, podrán apelar ante la Comisión Industrial . . . [disponiéndose . . . que una vez radicada una apelación por un obrero lesio-nado, en que esté envuelta una cuestión médica, éste será examinado en una vista médica por médicos del Fondo del Seguro del Estado y de la Comisión Industrial conjuntamente, y por el médico que el obrero tuviere a bien traer y de la resolución que dictare la Comisión Industrial a base del informe mé-dico que se rinda como resultado del examen practicado, la cual será fir-mada por un solo Comisionado, el obrero podrá solicitar la celebración de una vista pública . . . .”
      Bajo la disposición antes transcrita el Fondo tiene derecho a que se dirima en vista pública, con su plena participación como parte, cualquier controversia surgida entre los médicos asesores de la Comisión y los del Fondo. F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261, 266 (1976).

      “E1 tribunal o jurado no está obligado a decidir de conformidad con las declaraciones de cualquier número de testigos, que no llevaren a su ánimo la convicción contra un número menor u otra evidencia que le conven-ciere.” Reglas de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10.


text:
    Camaleglo Corporation, demandante y recurrida, v. Dorado Wings, Inc., etc., demandada y peticionaria la primera.

      Número: O-84-498

      Resuelto: 10 de diciembre de 1986

      Jorge Calero Blanco, de Ledesma, Palou & Miranda, abogado de la peticionaria; Juan E. Rodríguez Díaz, abogado de la recu-rrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante un contrato de arrendamiento financiero, Cama-leglo Corporation (en adelante Camaleglo), arrendó a Dorado Wings, Inc. (en adelante Dorado), un cuadro telefónico por un término de sesenta (60) meses con un canon de arrenda-miento de cuatrocientos cuarenta y cinco dólares ($445) men-suales. El inciso cuarto del contrato disponía, entre otras co-sas, que la arrendadora financiera Camaleglo no asumiría responsabilidad por riesgo alguno, incluyendo vicios ocultos o desperfectos del equipo arrendado. La arrendataria Dorado podía, sin embargo, valerse de todas las garantías que le co-rrespondieran a la arrendadora Camaleglo frente al fabri-cante o suplidor del equipo. El ejercicio de esta acción no exi-mía a la arrendataria. del pago de los cánones de arrenda-miento pactados.

Al poco tiempo de haberse firmado el contrato el equipo comenzó a fallar, por lo que Dorado se negó a continuar pa-gando los cánones estipulados. La arrendadora Camaleglo en-tonces reposeyó el equipo y el 8 de noviembre de 1982 demandó a Dorado en cobro de la totalidad de los cánones pactados y no pagados. El 9 de diciembre de 1982 se enmendó la de-manda y el 11 de marzo de 1983 la parte demandada contestó y reconvino. En esa alegación reclamó los daños sufridos como consecuencia de los vicios ocultos del equipo arrendado. El 25 de marzo de 1983 la demandante Camaleglo replicó a la recon-vención y presentó una moción de sentencia sumaria en la cual alegó que no existían hechos materiales en controversia y que el inciso cuarto del contrato de arrendamiento financiero la relevaba de cualquier tipo de responsabilidad que emanara de los desperfectos del equipo arrendado y obligaba a la parte demandada a pagar la totalidad de los cánones pactados y no pagados. El tribunal acogió el planteamiento de la deman-. dante y el 9 de diciembre de 1983 procedió a dictar sentencia sumaria parcial interlocutoria contra la codemandada Do-rado. Dicha sentencia se limitó a determinar la existencia de la deuda, señalar una vista para resolver la cuantía exacta de lo adeudado, concluir que no existía razón para posponer dictar sentencia y ordenar su registro. De esta sentencia la codemandada Dorado recurrió ante nosotros y el 24 de mayo de 1984 dictamos una resolución que declaraba sin lugar la solicitud. El 11 de junio de 1984 Dorado solicitó autorización al tribunal de instancia para presentar una demanda de ter-cero contra Ochoa Telecom, Inc. (en adelante Ochoa), la ven-dedora del equipo telefónico, para que ésta le respondiera de todo o parte de lo que tuviera que pagar a la demandante Ca-maleglo. El 25 de junio de 1984 el tribunal denegó la solicitud.

De esta resolución recurre ante nosotros mediante recurso de certiorari la codemandada Dorado. Atendida la solicitud dictamos la siguiente resolución:

Apareciendo del expediente y documentos anejos que el tribunal de instancia incorrectamente no le permitió a la de-mandada-recurrente Dorado Wings, Inc. presentar una de-manda de tercero contra Ochoa Telecom, Inc. se le concede a la demandante-recurrida Camaleglo Corporation un término de diez (10) días para que muestre causa por la cual no deba revocarse la decisión recurrida y permitirse que se inste la referida demanda contra tercero.

La demandante Camaleglo ha comparecido y en lo perti-nente arguye que no debe permitirse la demanda porque el pleito está en una etapa demasiado avanzada y que de pros-perar la solicitud de certiorari tendría que esperar hasta que se dilucide la demanda contra tercero para cobrar la deuda reclamada. No le asiste la razón. Como estamos en posición de decidir, así procedemos a hacerlo según lo intimado.

I

La sentencia sumaria parcial interlocutoria y la Regla 4-3.5

Antes de determinar la procedencia de la demanda contra tercero es preciso analizar y entender cabalmente el impacto procesal de las gestiones practicadas por las partes y las de-terminaciones tanto del tribunal de instancia como de este Tribunal. También es preciso que analicemos la interrelación que existe entre la Regla 36.3 y la 43.5 de Procedimiento Civil de 1979.

La Regla 36.3 permite que se dicte “sentencia sumaria . . . [parcial] interlocutoria resolviendo cualquier controversia entre cualesquiera partes que sea separable de las controversias restantes”. (Énfasis nuestro.) Esta regla difiere de la anterior y de su contraparte en el ámbito federal, la Regla 56(c) de Procedimiento Civil federal, en que amplía su utilización al permitir que se pueda dictar sentencia sumaria parcial interlocutoria para resolver cualquier controversia que sea separable de las restantes y no simplemente la controversia sobre responsabilidad en acciones de daños y perjuicios como disponen la regla federal y la anterior Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 1958. El propósito de la enmienda fue hacer la regla más abarcadora y flexible para así fomentar “una más pronta y económica solución de los pleitos”. Comentarios a la Regla 36.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 36.3). También véanse: Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986); Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 (1963); A.C.A.A. v. Travelers Ins. Co., 104 D.P.R. 844, 847 (1976).

La Regia 43.5 de Procedimiento Civil de 1979, por su parte, permite darle finalidad a una sentencia que termine menos de la totalidad de un pleito. Esta regla es aplicable sólo cuando en un pleito de múltiples reclamaciones o múltiples partes la sentencia parcial que se dicta adjudica menos del total de las reclamaciones o de los derechos y obligaciones de menos de la totalidad de las partes. No es aplicable, sin embargo, cuando lo que resuelve el tribunal es sólo una controversia, aunque esta sea separable de las restantes. Esta es la situación en el presente caso. La sentencia sumaria parcial dictada determinó la existencia de la deuda reclamada; esto, aunque importante, sólo es una controversia dentro de una reclamación, no finalizó el caso, aún falta por determinar la cuantía de la deuda reclamada. El hecho de que el tribunal expresara, específicamente, que no existía razón para posponer dictar sentencia y ordenara su registro no convirtió la determinación interlocutoria en una sentencia final. La enmienda de 1979 a la Regla 36.3 que amplió el ámbito de acción de esta regla, no afectó la naturaleza de la sentencia sumaria parcial que se permite dictar respecto a controversias separables, la misma sigue siendo interlocutoria. Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982); Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 511-513 (1977); 10 Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2653 (1983), y Vol. 10A, op. cit, Sec. 2729. Tam-poco el que nos negáramos a revisar esta sentencia sumaria parcial interlocutoria tuvo el efecto de impartirle finalidad ni de convertirla en obligatoria para el tribunal de instancia. La misma no fue considerada. Simplemente nos limitamos a no intervenir en el caso en esa etapa del procedimiento. Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, 29-30 (1971). El tribunal de instancia no está “irremisiblemente obligado a mantener [la] . . . incólume, [sin embargo] ... a fines de velar por el trámite ordenado y pronto [de este caso], así como por la estabilidad y certeza del derecho, . . . [debe] resistirse a [alterarla] ”, excepto que quede firmemente con-vencido que se equivocó. Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975).

HH I — I

La demanda contra tercero — Regla 12.1

La solicitud para presentar la demanda contra tercero, eje central de esta controversia, se presentó dieciocho (18) días después que denegamos el auto de certiorari. El tribunal de instancia aún tenía que determinar la cuantía de la deuda, resolver la reconvención y la posible responsabilidad de la codemandada Crownair Corporation.

El propósito de la figura procesal de la demanda contra tercero, Regla 12.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, “es establecer un mecanismo para facilitar la resolución pronta y económica de pleitos múltiples que puedan surgir de unos mismos hechos ... [y para lograrlo] debe ser interpretada liberal mente”. Colón v. Coop, de Seguros Múltiples de P.R., 111 D.P.R. 568, 571 (1981); A.A.A. v. Builders Ins. Co., Etc., 115 D.P.R. 57, 60 (1984); 6 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 1442 (1971). La regia dispone que “ [e] n cualquier momento después de comenzado el pleito, el demandado podrá, como demandante contra tercero, notificar un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito . . .”. La regla no requiere permiso del tribunal ni establece un término para que el demandado pueda presentar una demanda contra tercero para reclamar todo o parte de lo que el demandado le tuviere que responder al demandante. La Regla 14(a) de Procedimiento Civil de 1943, al igual que la actual Regla 14(a) federal, por el contrario, dispone que una vez transcurrido el término allí dispuesto se necesita permiso del tribunal para traer a ún tercero al pleito. En 1977 el Comité sobre Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico recomendó restablecer este requisito. Conferencia Judicial de P.R., Informe sobre las Reglas de Procedimiento Civil propuestas, San Juan, Tribunal Supremo, noviembre 1977. Acogimos la recomendación y la enmienda fue incluida en las Reglas de Procedimiento Civil que adoptamos y enviamos a la Asamblea Legislativa. Dicho cuerpo, sin embargo, rechazó la enmienda y aprobó la Regla 12.1 tal y como estaba en las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, sin el requisito de solicitar permiso al tribunal y sin la limitación de tiempo para presentarla. Esto no significa que bajo la actual Regla 12.1, el tribunal no tenga discreción para negarse a permitir la demanda contra tercero y que el demandado no tenga que actuar con diligencia en la presentación de sus alegaciones contra terceros.

Una vez presentada la demanda contra tercero, para lo que no se requiere permiso del tribunal, la propia regla dis-pone que la parte —ya fuere el demandante o el demandado contra tercero— que se sienta perjudicada puede solicitar su desestimación.

En el ejercicio de su discreción al decidir la moción de desestimación el tribunal debe balancear los beneficios de economía procesal que se derivan al ventilar todas las controversias que emanen de una misma situación de hecho o relación de derecho en un solo pleito, ante un juez compenetrado con el caso, contra la falta de diligencia y los perjuicios que la tardanza al presentar la demanda contra tercero le puedan ocasionar al demandante o al tercero demandado. Esta evaluación requiere, además, tomar en consideración los méritos de la demanda contra tercero y la Regla 38.2 que permite que “[e]l tribunal por razón de conveniencia, o para evitar perjuicio, o para evitar gastos innecesarios, o para facilitar la máé pronta terminación del litigio, [pueda] ordenar [juicios] por separado de cualesquiera . . . demand [a] contra tercero”. Muñoz v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 842, 846 (1951). El tribunal puede negarse a permitir la demanda contra tercero cuando se convenza de que el demandado ha incurrido en una crasa falta de diligencia o que los perjuicios que causaría son insalvables y sobrepasan los beneficios que se derivarían al permitirla, a pesar de todas las medidas que se puedan tomar. 6 Wright & Miller, op. cit, Sec. 1443.

Según expresáramos en Colón v. Coop. de Seguros Múltiples de P.R., supra, pág. 571, la demanda contra tercero, aunque de interpretación liberal, “no puede utilizarse para combinar en una acción todas las controversias, por dispares que sean, que posean alguna relación común”. Esto implica que la reclamación contra tercero procede sólo cuando la responsabilidad de éste dependa en alguna forma del resultado de la acción principal o cuando el tercero le es secundaria o directamente responsable al demandante. 6 Wright & Miller, op. cit., Sec. 1446. En el caso de autos las reclamaciones tanto de la demanda como de la demanda contra tercero tienen un entronque común: el inciso cuarto del contrato de arrendamiento financiero. En su acción la arrendadora financiera Camaleglo solicitaba el cumplimiento específico de la cláusula del inciso cuarto que la relevaba de toda responsabilidad relativa al mal funcionamiento del equipo telefónico y obligaba a la arrendataria Dorado al pago de los cánones de arrendamiento a pesar de que existiera alguna reclamación sobre el mal funcionamiento del equipo arrendado. La acción de la codemandada Dorado contra la tercera demandada Ochoa también emana del inciso cuarto del contrato de arrendamiento finan-ciero, la subrogación pactada que le permite a la codemandada arrendataria Dorado traer contra la tercera demandada suplidora Ochoa las acciones y reclamaciones que por vicios ocultos le correspondían a la demandante arrendadora Camaleglo. Bajo las alegaciones de la demanda contra tercero, Ochoa podría serle responsable a la codemandada Dorado de todo o parte de lo que ésta tuviera que pagar a la demandante Camaleglo. Todo o parte de los cánones adeudados que Camaleglo pretende recobrar podrían constituir parte de los daños que en la demanda contra tercero se le reclaman a Ochoa. Bajo estas circunstancias la demanda contra tercero es un meca-nismo procesal apropiado para traer la reclamación por vicios ocultos contra Ochoa.

Pasemos ahora a considerar si al presentar la demanda contra tercero la demandada Dorado incurrió en una crasa falta de diligencia y si permitirla ocasionará graves perjui-cios a la demandante Camaleglo. Originalmente, la deman-dada Dorado, en su contestación a la demanda y reconvención, basó su defensa y reclamación contra la demandante Camale-glo en la teoría de nulidad de la cláusula de exoneración. De prosperar esta teoría la demandante le hubiere sido res-ponsable por los vicios ocultos. Bajo estas circunstancias la demandante si quería exonerarse o minimizar responsabilidad hubiera tenido que traer al suplidor Ochoa como tercero de-mandado.

La demanda contra tercero se presentó inmediatamente después de que rehusamos revisar la sentencia sumaria par-cial interlocutoria que determinó la validez de la deuda, cuan-do aún faltaba por resolver la cuantía de la deuda, la recon-vención y la responsabilidad de la codemandada Crownair Corporation. Los hechos específicos de este caso no configuran una crasa falta de diligencia por parte de la codemandada Dorado al presentar la demanda contra tercero. Tampoco ha aducido la demandante nada que demuestre que la demora le haya causado algún perjuicio que no pueda ser salvado o evi-tado por el tribunal utilizando las medidas procesales provis-tas por las reglas. El tribunal podría, si lo estima conveniente, dictar sentencia entre las partes principales, Ca-maleglo y Dorado, y luego proseguir con la reclamación contra tercero. Regla 43.5; A.A.A. v. Builders Ins. Co., supra, pág. 60.

Por todo lo antes expuesto, se expedirá el auto, se dictará sentencia que revoque la resolución de 25 de junio de 19 8 U del tribunal de instancia y se devolverá el caso para que continúen los procedimientos conforme a esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

       También demandó a Crownair Corporation quien con posterioridad al otorgamiento del contrato había adquirido la totalidad de las acciones de Dorado.

      EI tribunal limitó la sentencia sumaria parcial interlocutoria a la codemandada Dorado ya que no se presentó prueba sobre la responsabilidad de la codemandada Crownair Corporation.

      En auxilio de nuestra jurisdicción también ordenamos la paraliza-ción de los procedimientos en el tribunal de instancia.

       También argumentó que la demanda contra tercero no prosperaría en los méritos porque estaba prescrita.

      “[U]na sentencia es definitiva cuando resuelve el caso en sus méri-tos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no queda pen-diente nada más que la ejecución de la sentencia.” Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955), citado con aprobación en Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 509 (1977).

      La demandada Dorado presentó, equivocadamente, un recurso de revisión. El recurso apropiado para revisar una sentencia sumaria parcial interlocutoria es el certiorari.

      A pesar de que por los fundamentos expresados en la sentencia su-maria parcial interlocutoria dictada por el tribunal de instancia, la validez de la cláusula de exoneración el tribunal no la resolvió. Se puede deducir que la reconvención va a ser desestimada.

       Recientemente en Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986), expresamos que el juez debe tomar medidas de control en una etapa temprana de los procedimientos conforme promueve la Regla 37.1 de Pro-cedimiento Civil. La posibilidad de traer a terceras partes al pleito es uno de los asuntos que se deben considerar al comienzo de los procedimientos. También véase Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).

       Mediante enmienda a la Regla 12.1 de Procedimiento Civil de 1958, las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 permiten que se traiga a un ter-cero para que le responda directamente al demandante.

      En la jurisdicción federal los tribunales tienen discreción para de-negar una demanda contra tercero inclusive cuando se presenta dentro del término que no requiere autorización del tribunal. En 6 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 1454 (1971), se expresa: “The Advisory Committee’s Note to the 1963 amendment indicates that the court retains its discretion to strike the third-party claim ‘if it is obviously un-meritorious and can only delay or prejudice the disposition of plaintiff’s claim’.” También véanse: ibid., Secs. 1443 y 1446; Karon Business Forms, Inc. v. Skandia Ins. Co., Ltd., 80 F.R.D. 501, 505 (1978).

       Cabe señalar que el caso normativo sobre contratos de arrenda-miento financiero que determinó la validez de este tipo de cláusula, Meyers Bros. v. Gelco, 114 D.P.R. 116 (1983), fue decidido después que el deman-dado Dorado presentó su contestación y reconvención.

       Cualquier defensa o alegación con respecto al perjuicio sufrido por el tercero demandado le corresponde a éste hacerla una vez sea traído al pleito.