author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Carlos Colón Rafucci, acusado y recurrido.

      Número: CE-94-255

      Resuelto: 25 de enero de 1996

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Agentes de la División de Drogas y Narcóticos de la Po-licía de Puerto Rico, adscritos al Cuartel de la ciudad de Ponce, ocuparon y confiscaron un teléfono celular en un operativo policiaco que realizaron. () Estando “encendido” dicho celular en el referido Cuartel, se recibió una llamada a través del mismo, la cual fue contestada por un agente policiaco. La persona que hacía la llamada —el aquí recu-rrido Carlos Colón Rafucci— se identificó como “Carlos”, y creyendo estar hablando con una persona de nombre “Mae”, le informó al agente que necesitaba una “cuarta de manteca”; esto es, una “cuarta” de la droga narcótica cono-cida como “cocaína”.

Como consecuencia de dicha llamada, el agente poli-ciaco concertó con “Carlos” una transacción para comprarle la “cocaína” a éste, lo cual culminó con la radicación de cargos criminales, contra el aquí recurrido Carlos Colón Rafucci, ante la Sala de Ponce del antiguo Tribunal Superior de Puerto Rico.

La representación legal del recurrido Colón Rafucci ra-dicó ante dicho foro judicial una “moción de supresión de evidencia” en la cual alegó, en síntesis, que se llevó a efecto, por los agentes del orden público, una “intervención ilegal”, “sin que mediara orden de arresto o de allana-miento y con motivo de la interceptación de comunicación telefónica privada, en violación del Artículo II, Sección 10, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. (Enfasis suplido.) Apéndice III, pág. 8. Se alegó, en adición, que todo el testimonio del agente del orden pú-blico, que sostuvo la conversación con el acusado recurrido y llevó a efecto la transacción ilegal con éste, es “consecuen-cia de la interceptación ilegal de la comunicación privada que no estaba dirigida a dicho agente”. (Énfasis suplido.) íd.

El foro de instancia, mediante resolución reducida a es-crito, declaró con lugar la referida moción de supresión de evidencia; ello en vista del hecho de que dicho tribunal concluyó “que la intervención realizada por el agente de la Policía representa una intervención ilegal del Estado y una interceptación indebida de la comunicación telefónica”. (Énfasis suplido.) Apéndice I, pág. 5.

Inconforme, el Estado recurrió —vía certiorari— ante este Tribunal, imputándole al foro de instancia haber errado al:

A) ... no desestimar de plano la moción de supresión de eviden-cia por ser insuficiente de su faz —bajo la Regla 234 de Proce-dimiento Criminal— y por no haber el acusado presentado el memorando de derecho ordenado por el tribunal.
B) ... al declarar con lugar la moción de supresión de evidencia a base de que el Estado incurrió en una interceptación de la comunicación telefónica. Petición de certiorari, pág. 2.

Expedimos el auto radicado mediante Resolución de 3 de junio de 1994. El Estado radicó su alegato, no así el recurrido Colón Rafucci.() Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

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Procede revocar, ello en vista del hecho de que la solici-tud de supresión de evidencia del recurrido Colón Rafucci se confronta con dos (2) obstáculos que resultan ser insalvables. En primer lugar, somos del criterio que a la luz de los hechos particulares del caso la acción de la Poli-cía, al dejar “encendido” el teléfono celular en el cuartel, realmente no constituye una “interceptación telefónica”; actuación específicamente prohibida por la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. En segundo lugar, y bajo la teoría de que dicha acción en efecto constituye un “registro o in-trusión” en su derecho a la intimidad, entendemos que, bajo los hechos específicos del caso, dicha “intrusión o re-gistro” es una legítima y razonable. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

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La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ante, ed. 1982, pág. 299, establece:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautacio-nes y allanamientos irrazonables.
No se interceptará la comunicación telefónica.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, alla-namientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirma-ción, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.
Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmi-sible en los tribunales. (Enfasis suplido.)

Como correctamente señala el Prof. Ernesto L. Chiesa, la transcrita Sec. 10 no puede leerse o interpretarse en forma aislada de la See. 8 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo l.() Esto es, “hay un derecho fundamental unitario que es el derecho a la intimidad. Este cubre tanto la protección contra registros e incautaciones en el sentido material (registrar lugares e incautar cosas) como la intrusión más abstracta”. Ahora bien, y como señala Chiesa, no hay duda de que la prohibición contra la interceptación telefónica “tiene un rango especial, en cuanto a que queda fuera del esquema general que per-mite orden judicial basado en causa probable”. Ello no obstante, dicha prohibición no es una absoluta. Esto es, cabe la orden judicial concediendo la interceptación si el “titular del derecho lo renuncia y accede a, o solicita, la interceptación”.() (Énfasis suplido.)

Dicho de otra manera, “el derecho de una persona a que no se le intercepte su teléfono es parte esencial del derecho mayor a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, reputación y vida privada y familiar”. (Énfasis suplido.) P.R. Tel. Co. v. Martínez, ante, pág. 340. Esto es, dicho derecho no es uno distinto “al derecho a la intimidad en sí, ni es de rango superior al de éste; es una de sus manifestaciones”. íd., págs. 340-341.

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¿Ocurrió una interceptación telefónica en el presente caso? Entendemos que no; veamos por qué.

Para que se entienda que ha habido una “interceptación” se requiere, de ordinario, que el “interceptador” —una tercera persona— haya utilizado un “aparato o dispositivo electrónico, mecánico, o de otra índole” para interceptar una conversación que sostienen dos (2) personas a través de las líneas telefónicas. A manera de ilustración, resulta interesante señalar que el Federal Omnibus Crime Control and Safe Streets Act() —el cual es “aplicable” a Puerto Rico “en casos apropiados”, P.R. Tel. Co. v. Martínez, ante, págs. 335-336— define el término “interceptación” como “the aural or other acquisition of the contents of any wire or oral communication through the use of any electronic, mechanical or other device”. (Enfasis suplido.) 18 U.S.C. sec. 2510(4).

Por otro lado, e igualmente a manera de ilustración, re-sulta procedente señalar que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Sexto Circuito resolvió —en U.S. v. Passarella, 788 F.2d 377 (6to Cir. 1986)— que no consti-tuye ni se configura una interceptación telefónica cuando un agente del orden público meramente contesta un telé-fono en una casa, en la cual se encontraba válidamente diligenciando una orden de allanamiento; razón por la cual dicho foro federal resolvió que no procedía la supresión del contenido de la llamada, el cual fue utilizado en, y para, la radicación de cargos criminales. Véase, en adición, U.S. v. Meriwether, 917 F.2d 955 (6to Cir. 1990).

En el presente caso, es un hecho incuestionable que el agente del orden público no utilizó un aparato electrónico, ni de ninguna otra índole, para obtener conocimiento de lo expresado por el recurrido Colón Rafucci en la llamada te-lefónica que, con propósitos criminosos, éste voluntaria-mente hiciera al teléfono celular previamente ocupado, y confiscado, por el Estado. Dicho agente actuó como “repre-sentante” del Estado, el cual, a todos los fines legales, era el “dueño” de dicho teléfono celular en esos momentos. A la luz de esos hechos, resolvemos que en el presente caso no se llevó a cabo la “interceptación telefónica” que, de manera expresa y específica, prohíbe la citada Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución; esto es, la intervención por una persona con una línea telefónica, mediante el uso de aparatos electrónicos o mecánicos o de otra índole, con el propósito de escuchar y/o grabar la conversación telefónica entre dos (2) o más personas.

IV

Ahora bien, no hay duda que la acción del agente del orden público en el presente caso podría ser considerada como una “intrusión” con el derecho a la intimidad, prote-gido por las Sees. 8 y 10 del Art. II de nuestra Constitución, ante, del recurrido Colón Rafucci o con el de cualquier otra persona que pudo haber llamado a dicho teléfono celular; consistente dicha alegada “intrusión” en, de manera volun-taria e intencional, haber dejado encendido dicho teléfono celular en el Cuartel de la Policía con el expreso propósito de escuchar las llamadas que al mismo se realizaran.

Dados los hechos particulares del presente caso, esa in-tromisión o intrusión, por parte del Estado, ¿es una “legí-tima y razonable” o, por el contrario, una que debe ser re-chazada por el foro judicial por contravenir la misma las disposiciones generales de la antes citada Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución? Somos del criterio que la con-testación a dicha interrogante la encontramos, entre otras fuentes, en la decisión que este Tribunal emitiera en el antes citado caso P.R. Tel. Co. v. Martínez.

Recordaremos que en el referido caso, las dueñas o los titulares de unos teléfonos, las cuales estaban siendo objeto de llamadas obscenas, solicitaron del foro judicial una orden que le permitiera a la Puerto Rico Telephone Company interceptar sus teléfonos; ello con el propósito de poder identificar a las personas que realizaban dichas llamadas. Este Tribunal, en lo pertinente, resolvió que —a pesar de que para que una conversación telefónica pueda ser válidamente interceptada en nuestra jurisdicción se re-quiere, de ordinario, una “renuncia bilateral”, esto es, con-sentimiento tanto de la persona dueña del teléfono como de la persona que llama al mismo— ello presupone, y parte de la premisa, que se trata de una llamada con propósitos lícitos. Véase P.R. Tel. Co. v. Martínez, ante, págs. 343-344.

En otras palabras, se resolvió que la “intrusión” al derecho a la intimidad que se configura respecto a la persona que llama a dicho teléfono con propósitos lícitos tiene que ser protegida, advirtiéndole a ésta del hecho de la interceptación que se está llevando a cabo. Ello, sin embargo, no se requiere que se haga, resolvió el Tribunal en dicho caso, en la situación de la persona que hace llamadas criminosas. Dicho de otra forma, la “intrusión” con el derecho a la intimidad que se configura en la situación de las llamadas criminosas es una “razonable y legítima” que no viola la citada Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución.

Somos del criterio que esa, precisamente, es la situación del caso hoy ante nuestra consideración. Nuestra sociedad, no hay duda, está siendo azotada y gravemente perjudicada por el tráfico de drogas; vil trasiego en el cual juega, hoy día, un importante papel el uso de teléfonos celulares por parte de los traficantes de droga. La razón para ello resulta ser sorprendentemente sencilla: su uso portátil hace viable que su poseedor se transporte, y se comunique con otras personas, con suma rapidez de un lugar a otro, haciendo más fácil la consumación de dichas transacciones. Ello, naturalmente, nos obliga a considerar —al igual que en el caso de los automóviles — () que la “expec-tativa de intimidad”, respecto a los mismos, sea de menor grado. Si a ello le añadimos el hecho de que es de conoci-miento público que una conversación que es sostenida a través de un teléfono celular puede ser escuchada, con suma facilidad, por otras personas —por razón de tratarse de ondas radiales— no hay duda de que la “expectativa de intimidad” que puede tener el poseedor de dicho teléfono no puede ser muy grande.

En resumen, y bajo los hechos específicos del presente caso —conforme los cuales el Estado era, a todos los fines legales, el dueño del teléfono celular en controversia y la actuación del agente meramente se limitó a dejar encen-dido dicho teléfono y contestar el mismo al éste activarse— somos del criterio que la acción del Estado, asumiendo que la misma puede ser catalogada como una “intrusión” al de-recho de intimidad del recurrido Colón Rafucci, fue una “legítima y razonable” a la luz de las disposiciones de la citada Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución.

Esto es, resolvemos que el reclamo al derecho a la inti-midad del recurrido Colón Rafucci es uno irrazonable e ile-gítimo; razón por la cual no procede en derecho la solicitud de supresión de evidencia que éste radicara ante el tribunal de instancia.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón está con-forme con las partes I, II y III de la opinión mayoritaria y con el resultado de que no procede la supresión. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri con-currió con el resultado sin opinión escrita.

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Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Coincido con la opinión mayoritaria en que procede la revocación del dictamen recurrido. Sin embargo, no esta-mos de acuerdo con ciertas expresiones de la mayoría que reducen de forma innecesaria la expectativa de intimidad sobre las llamadas realizadas a través de teléfonos celulares. Por tal razón suscribimos esta opinión concurrente.

I — I

En su resolución, el foro de instancia realizó la siguiente determinación de hechos, la cual fue aceptada como co-rrecta por el Ministerio Público en su alegato:

La Policía de Puerto Rico ocupó un teléfono celular de un ciudadano conocido por “Mae” y lo situó en la oficina de la División de Drogas y Narcóticos. El 23 de marzo de 1993 estando encendido dicho teléfono sonó el timbre del mismo indicativo de que alguien había marcado su número. El agente Antonio Her-nández Bianchi contestó la llamada. La persona que llamó le dijo, “Mae, es Carlos y necesito una cuarta de manteca”, refi-riéndose a cocaína. El agente le hizo creer a la persona que llamó que él era “Mae” y que estaba hablando con “Mae”, o sea impersonó [sic] en su conversación a “Mae”. El agente fue a hablar con el director de la unidad y éste le dio instrucciones para que completara la transacción y presentara una denuncia por violación al artículo 406 de la Ley de Sustancias Controladas.
Posteriormente el agente recibió una segunda llamada de la misma persona. El agente le preguntó si él era el de la cuarta de perico y éste le dijo que sí, respondiéndole el agente que había hablado con “Mae” sobre el precio y que éste le dijo que eran $350.00. Ambos acordaron la fecha y sitio de entrega y el agente en lugar de cocaína le entregó al acusado harina de trigo y presentó una denuncia por violación al artículo 406 de la Ley de Sustancias Controladas. Posteriormente en vista preliminar en alzada se encontró causa probable contra el acusado por violación al artículo 404 de dicha ley. Petición de certiorari, págs. 2-3.

Colón Rafucci no ha cuestionado la posesión del teléfono por parte de la Policía. A tenor con la ley, el teléfono estaba bajo la custodia provisional de un funcionario del orden público. Art. 7 de la Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988 (34 L.P.R.A. sec. 1723e). Sin embargo, el recurrido alega que el acto de contestar el teléfono constituyó una intervención ilegal y una interceptación telefónica, en vio-lación al Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.

Coincidimos con la opinión del Tribunal en que este caso no suscita una situación de interceptación telefónica. El Estado no intervino una comunicación telefónica entre dos (2) personas; en realidad fue parte de ésta. La utilización de un teléfono como medio de comunicación está protegida por la Constitución de modo que el Estado no intervenga en conversaciones entre particulares. Sin embargo, dicha protección no impide la utilización de teléfonos por parte del Estado en el ejercicio de sus funciones investigativas.

De igual modo concurrimos en que la acción del Estado al contestar el teléfono fue legítima y razonable. Cuando una persona conversa con otra y le comunica unas declara-ciones relacionadas a un crimen, asume el riesgo de que quien recibe la información pueda comunicarla a la Policía. Fuera de los privilegios reconocidos en el derecho probato-rio, () la información que se brinda a otra persona de forma voluntaria e ignorando que el receptor es un agente del orden público, no está cobijada por una expectativa de in-timidad que impida su utilización en un proceso de investigación policíaca. En Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746, 759 (1993), el Tribunal expresó lo siguiente:

Lo ordinario ha sido que una persona que participa en una conversación puede repetir ad verbatim lo que se ha dicho en ella. La persona que voluntariamente entra en una conversa-ción con otra se corre el riesgo de que ésta memorice y luego divulgue dicha conversación.()

Al examinar la posición de Colón Rafucci, no encontra-mos que exista diferencia entre los hechos de este caso y uno donde el acusado haya conversado personalmente con un agente encubierto o un confidente. En el caso de los agentes encubiertos, la persona investigada conversa con el agente bajo la creencia de que conoce su identidad real. La función del agente es precisamente aparentar ser al-guien confiable, de modo que la persona bajo investigación se sienta en la libertad de compartir posible información relacionada con la comisión de actos delictivos. Aunque en varias ocasiones hemos reiterado la necesidad de examinar con cautela el testimonio de un agente encubierto, su uti-lización como práctica investigativa por la Policía resulta necesaria y, en ocasiones, imprescindible. Pueblo v. Carballosa y Balzac, 130 D.P.R. 842 (1992); Pueblo v. Álamo Álamo, 116 D.P.R. 673 (1985); Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 524 (1974); Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 730 (1961). De igual modo, el uso de confidentes es esencial en la importante función gubernamental de combatir el crimen. Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965).

Tampoco estamos ante la grabación de una conversación privada. En Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 360 (1995), opinión disidente, estimamos que nuestra Consti-tución reconoce una expectativa de intimidad sobre la gra-bación de conversaciones no telefónicas. La utilización de este tipo de procedimiento investigativo activa la protec-ción constitucional contra registros e incautaciones irra-zonables. Ni la opinión mayoritaria en Santiago Feliciano ni nuestra opinión disidente en aquel caso consideran que tal expectativa de intimidad impida que una persona con quien se conversa pueda divulgar información de natura-leza criminal que uno le comunique.

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Por entender que de lo anterior puede concluirse la inexistencia de una expectativa a la intimidad que tome ilegal la actuación gubernamental, consideramos innecesa-rias las expresiones de la mayoría en cuanto a la expecta-tiva de intimidad sobre las llamadas realizadas con teléfo-nos celulares. Tomamos conocimiento judicial sobre el amplio uso que la población en general hace de este nuevo medio de comunicación. No podemos suscribir la opinión de la mayoría en cuanto a que minimiza la expectativa de intimidad sobre una llamada realizada a través de un te-léfono celular. El medio utilizado no es concluyente para determinar la legalidad de la actuación gubernamental; lo decisivo es el tipo de intervención. Al estar legalmente ocu-pado el teléfono, la comunicación fue equivalente a una conversación persona a persona. Dado que no existe la in-terceptación telefónica proscrita por la Constitución, poco importa que la información se hubiera transmitido a tra-vés de un teléfono; menos aún uno celular.

Por esa misma razón diferimos de la opinión mayorita-ria en cuanto asevera que la solución a la situación de autos se encuentra en el razonamiento del Tribunal en P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983). Según la mayo-ría, en aquella ocasión resolvimos que en el caso de “llama-das [telefónicas] criminosas, la “ ‘intrusión’ con el derecho a la intimidad que se configura ... es una ‘razonable y legítima...’ ”. (Énfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 966.

La utilización de ese precedente resulta inadecuada por dos (2) razones. En primer lugar, repetimos, este caso no plantea un asunto de intervención telefónica. En segundo lugar, y tal como afirmamos en nuestra opinión disidente en Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, la norma expuesta en P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, no asume que la expec-tativa de intimidad en llamadas de naturaleza criminal sea menor:

En este caso se dispuso que el que realizaba llamadas ilegales a otro teléfono renunciaba a su derecho constitucional a que no se le interceptara la comunicación telefónica. Una lectura de esta decisión revela que esta determinación se fundamentó en que existía una expectativa razonable de intimidad sobre la conver-sación telefónica. De lo contrario, no hubiese sido necesario de-cidir que la persona que realizaba las llamadas indeseables re-nunció a ese derecho. Pueblo v. Santiago Feliciano, supra, pág. 457, opinión disidente.

En aquel caso se determinó que una interceptación de una comunicación telefónica era permisible cuando ambas partes en la conversación renunciaban a su derecho. Mien-tras que la persona que solicita la intervención renuncia expresamente a su expectativa de intimidad, quien realiza llamadas ilícitas renuncia implícitamente.()

En tanto la llamada que realizó Colón Rafucci no fue interceptada ni hubo una renuncia a un derecho constitu-cional, las referencias a P.R. Tel. Co. v. Martínez, supra, son innecesarias. Fue el recurrido quien de forma volunta-ria se tomó la iniciativa de hacer expresiones que advirtie-ron al policía que se trataba de una comunicación relacio-nada con actividades criminales. Por considerar que los agentes estatales actuaron de forma legal y que Colón Ra-fucci no albergaba una expectativa de que sus expresiones no fueran empleadas en un procedimiento investigativo, concurrimos con el resultado al que llega la mayoría. Pro-cede revocar al foro de instancia por no haber una inter-ceptación telefónica que active la protección constitucional del Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución.

      (1) Resulta procedente enfatizar que la validez de la ocupación del teléfono ce-lular y, por ende, la posesión del teléfono por la Policía de Puerto Rico, no está en controversia en el presente caso.

      (2) Procede que se señale que, vencido el término que el recurrido Colón Rafucci tenía para radicar su alegato, este Tribunal —motu proprio y mediante Resolución de 16 de diciembre de 1994— le concedió un término adicional de veinte (20) días para así hacerlo.

      (3) Establece la See. 8 del Art. II, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 292, que:
      “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.”

      (4) E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Columbia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, See. 6.26, págs. 496-499.

      (5) 18 U.S.C. sees. 2510-2518.

      (6) En este respecto, resultan interesantes las expresiones que este Tribunal hiciera en Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988). En dicho caso, luego de reafirmar la norma a los efectos de que, debido "a la diferencia conceptual y funcional entre una residencia y un automóvil, y a la cuidadosa reglamentación que rige su uso en las vías públicas, los tribunales han concluido que la expectativa de intimidad es menor cuando se usa un automóvil” (id., pág. 478), este Tribunal expresó, como fun-damento de lo antes expuesto, que:
      "... no podemos ignorar que dada su movilidad el automóvil en ocasiones es el medio utilizado por los delincuentes para sus actividades ilícitas y que con frecuencia es el producto del delito ....” (Énfasis suplido.) íd., pág. 479.

      (1) Reglas 23-35 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

      (2) Lo indicado no significa que la persona no albergue una expectativa de inti-midad sobre la grabación de la conversación. Ya antes hemos sostenido que en tales casos estamos ante un registro y se activan las salvaguardas constitucionales. Véase Pueblo v. Santiago Feliciano, 139 D.P.R. 360 (1995), opinión disidente'.

      (3) “Quien origina aislada o repetidamente llamadas telefónicas sin autorización expresa o implícita del destinatario no puede argumentar persuasivamente que no renuncia su derecho a tal protección.” P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328, 344 (1983).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

license: Public Domain

text:
    Rita Rodríguez Rodríguez, recurrente, v. Tomás Carrera González, recurrido.

      Número: AC-95-43

      Resuelto: 25 de enero de 1996

      Jesús R. Rabell Méndez, abogado de la parte recurrente; Marcos Rodríguez Frese, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

(Regla 54)

En el presente recurso la demandante peticionaria, Rita Rodríguez Rodríguez, solicita la revocación de una resolu-ción del Tribunal de Circuito de Apelaciones, que atendió una solicitud de auxilio de jurisdicción del demandado re-currido Dr. Tomás Carrera González y paralizó los efectos de una orden emitida por el Tribunal de Primera Instancia. () En la misma fecha en que se interpuso el re-curso ante nuestra consideración, 27 de diciembre de 1995, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó una sentencia para resolver en los méritos la controversia planteada ante su consideración, pero no se archivó en los autos la copia de su notificación hasta el 29 de diciembre. El 9 de enero de 1996, la demandante peticionaria presentó una moción en auxilio de jurisdicción para alegar que la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones fue dictada sin jurisdicción.

I

Resolvemos primero si la sentencia del Tribunal de Cir-cuito es válida. Veamos.

El Art. 3.002(k) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22i) establece, en lo perti-nente, que “[l]a radicación de un auto de Certiorari ante el Tribunal Supremo no paralizará los procedimientos ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones en cuanto a cuestiones no comprendidas en el recurso, pero éste no podrá dictar sentencia final, salvo una orden en contrario expedida motu proprio o a solicitud de parte por el Tribunal Supremo”. (Enfasis suplido.) Plan de Reorganización de la Rama Judicial Núm. 1 de 28 de julio de 1994, Leyes de Puerto Rico, pág. 2809. Regla 20(n) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.

Aunque la sentencia del Tribunal de Circuito de Apela-ciones fue dictada en la misma fecha cuando ella interpuso su recurso ante nos, ciertamente no surtió efecto hasta ar-chivarse en autos la copia de su notificación —Regla 46 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III— o sea, el 29 de diciembre, cuando ya dicho foro carecía de jurisdicción para dictarla. ()

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Este caso ha sido objeto de una litigación intensa, carac-terizada por la animosidad y el antagonismo de las partes. Expongamos sus antecedentes.()

El 24 de octubre de 1991, el doctor Carrera González presentó una demanda de divorcio por trato cruel contra la señora Rodríguez Rodríguez en el entonces Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Caso Civil Núm. RF-91-4147). El 21 de enero de 1992 ella, a su vez, formuló una demanda de divorcio en la misma Sala, también por trato cruel (Caso Civil Núm. RF-92-0171). Para esa fecha todavía no había sido emplazada. Ambos casos fueron referidos ante la aten-ción del Juez Hon. José R. Parés Martínez, quien el 7 de febrero los consolidó. El 13 de febrero, el tribunal celebró una vista y dispuso que la custodia provisional de los dos (2) hijos menores recaía en la madre, y ordenó un estudio social e inventario de los bienes. El 16 de marzo ordenó que el doctor Carrera González pagara cuatro mil dieciocho dó-lares ($4,018) mensuales para cubrir un préstamo hipote-cario de un bien inmueble ganancial y dos mil dólares ($2,000) en concepto de alimentos, además del pago del colegio de los menores. El tribunal recomendó la coadmi-nistración del caudal ganancial.

El 15 de abril se suscitó un nuevo elemento de disputa sobre la custodia de los menores. El padre alegó que sus hijos se quejaban de presiones y maltrato de la madre y que y se requería un cambio urgente en la custodia. Soli-citó, además, un estudio psicológico y que se reconsiderara la cuantía de alimentos. La madre replicó tales solicitudes, aduciendo que se trataba de imputaciones falsas, y que debía aumentarse la pensión y designarse un perito del tribunal. El 6 de mayo, el tribunal reiteró sus órdenes pre-vias y señaló una conferencia para atender los remedios solicitados. En esa misma fecha, el doctor Carrera Gonzá-lez informó que había retenido en su hogar al hijo menor.

Durante los meses subsiguientes, las partes presenta-ron varias mociones y el tribunal celebró vistas. Los meno-res solicitaron mediante una carta que se les brindara pro-tección y se les permitiera continuar residiendo con el padre. La madre se allanó a que la custodia provisional se otorgara al padre, pero pidió el nombramiento de un perito psicólogo y un defensor judicial para los menores; solicitó alimentos pendente lite y los gastos de litigio. En atención a lo anterior, el tribunal entrevistó a los'menores, ordenó al doctor Carrera González pagar mil quinientos dólares ($1,500) en alimentos para su esposa, los gastos escolares de los menores y el pago de la hipoteca del bien inmueble ganancial, así como el pago de sus responsabilidades ga-nanciales; nombró también un perito del tribunal.

El tribunal adoptó una serie de providencias para ase-gurar los bienes gananciales. Dispuso que las compañías aseguradoras depositaran en la Secretaría del tribunal cin-cuenta y cinco por ciento (55%) de los servicios profesiona-les facturados por el doctor Carrera. Por otro lado, ordenó al Banco Central Hispano que remitiera a dicha Secretaría el cincuenta y cinco por ciento (55%) de los depósitos que Cruz Azul realizara acreditando pagos al doctor Carrera. Además, que del dinero consignado en el tribunal, se paga-ran los cánones del arrendamiento financiero del vehículo que utilizaba la señora Rodríguez. Ordenó al doctor Ca-rrera que pagara los honorarios del perito psicólogo.

El 29 de abril de 1993, la señora Rodríguez enmendó sus alegaciones y solicitó que se decretara el divorcio por separación. Pidió, además, el traslado del caso a San Juan. Esta solicitud le fue denegada en esa etapa de los procedimientos.

Con anterioridad a dicha fecha, la señora Rodríguez ha-bía acudido ante el extinto Tribunal de Apelaciones para impugnar la abstención del Tribunal Superior de atender una solicitud de desacato por un alegado incumplimiento del doctor Carrera con ciertas obligaciones gananciales. El 4 de mayo, el Tribunal de Apelaciones ordenó al tribunal a quo una inmediata intervención a fin de atender los asun-tos relacionados con el supuesto desacato. El 17 de mayo, luego de ciertos trámites procesales de rigor, el tribunal de instancia concluyó que no existían razones justificadas en derecho para encontrar al doctor Carrera incurso en desacato.

Inconforme con la determinación, la señora Rodríguez recurrió ante nos e impugnó la determinación relativa al desacato del doctor Carrera. Solicitó, además, que se le au-mentara la pensión pendente lite de mil quinientos dólares mil quinientos dólares ($1,500) a tres mil setecientos dóla-res ($3,700), de los cuales mil quinientos dólares ($1,500) correspondían al alquiler de un apartamento, otros mil quinientos dólares ($1,500) en alimentos, y setecientos ($700) para el alquiler de un automóvil. Concedimos la pensión solicitada hasta tanto se dilucidara el recurso in-terpuesto, por entender que el doctor Carrera tenía control administrativo y disfrute de los bienes gananciales. Even-tualmente, denegamos el auto solicitado, empero, dejamos vigente la pensión “pendente lite” que habíamos fijado en auxilio de jurisdicción.

Continuaron los procedimientos en el Tribunal Superior. La vista en su fondo se celebró los días 1, 2 y 3 de febrero de 1994. Las partes debidamente representadas presenta-ron abundante evidencia testifical y pericial sobre la causal de divorcio, custodia y patria potestad de los menores. Al tercer día del juicio, el Hon. Juez José R. Parés Martínez se reunió en cámara con los menores y sus padres con el fin de persuadir a las partes para que llegaran a un acuerdo satisfactorio. La reunión no tuvo el efecto deseado.

De vuelta a los procedimientos en Sala, el representante legal del doctor Carrera solicitó la inhibición del Juez Pa-rés Martínez por el motivo de unas expresiones que hiciera durante los procedimientos en Cámara relacionados con el derecho de la señora Rodríguez a una pensión de alimentos. Indicó que esas manifestaciones denotaban una inclinación a ver la prueba y juzgarla de manera predeter-minada en menoscabo de los derechos de su representado. Luego de atender los planteamientos de ambas partes, el Hon. Juez Parés Martínez se inhibió y se abstuvo en los restantes asuntos del caso. Dictó una sentencia el 4 de marzo que resolvía las controversias previamente sometidas. Decretó el divorcio por la causal de separación y que la patria potestad de los menores recayera sobre am-bos progenitores, y la custodia sobre el padre. En cuanto a los alimentos de la señora Rodríguez, dejó vigente la pen-sión de alimentos “pendente lite” que había fijado este Tribunal Supremo en auxilio de jurisdicción hasta que otra cosa fuese resuelta.

Con posterioridad a la vista en sus méritos, ambas par-tes trajeron a consideración del tribunal a quo que la vista para dilucidar la pensión de la señora Rodríguez no se ha-bía celebrado. No obstante, debido a una solicitud de tras-lado y que en el caso intervinieron varios jueces, no se atendió el reclamo del doctor Carrera, quien sostenía que el derecho que pudiera tener su ex esposa a recibir alimen-tos debía establecerse mediante la celebración de una vista evidenciaría.

El caso fue referido ante la atención de la Juez Hon. Amneris Martínez de Cuevas del Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Superior de San Juan, quien dictó una resolu-ción el 1ro de mayo de 1995 y rechazó los planteamientos del doctor Carrera. Le ordenó consignar, bajo apercibi-miento de desacato, una pensión de tres mil setecientos dólares ($3,700) mensuales, más el por ciento de interés por atrasos a partir del 1ro de junio de 1994. El doctor Carrera presentó una moción de reconsideración y de rec-tificación de hechos, la cual fue rechazada. El 22 de agosto presentó una solicitud al amparo de la Regla 49.2(1) ó (6) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para indicar que luego de examinar el expediente en la Secretaría del tribunal se percató de que la solicitud de reconsideración no se había llevado a la consideración del juez que la tenía asignada, por lo que se le estaba privando de presentar una serie de argumentos conforme a las reglas que regulan nuestra práctica procesal. El tribunal resolvió el plantea-miento con un escueto no ha lugar. El 14 de septiembre se emitió una orden para que la Secretaría del tribunal expi-diera un cheque por la suma de cincuenta y cinco mil dó-lares ($55,000) de la cuenta consignada en el tribunal a favor de la señora Rodríguez por concepto de pensiones alimentarias correspondientes al período de junio de 1994 a agosto de 1995.

Inconforme, el doctor Carrera acudió ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante un certiorari e imputó como error haberse declarado sin lugar su moción bajo la Regla 49.2(1) ó (6) de Procedimiento Civil, supra, y, en con-secuencia, no atenderse sus planteamientos relacionados con los alimentos de la señora Rodríguez. Simultánea-mente, presentó una moción en auxilio de jurisdicción en la que indicó que, de expedirse el auto solicitado y anularse la resolución recurrida, se corría el riesgo de que la suma que habría de ser retirada de la Secretaría del tribunal no sería recobrable. Pidió que se detuviera la orden que autorizaba su expedición.

El 20 de octubre, el Tribunal de Circuito de Apelaciones paralizó y concedió diez (10) días a la señora Rodríguez para que mostrara causa por la cual no debía dejarse sin efecto la referida orden, expedirse el auto y devolverse el caso al Tribunal de Instancia para la celebración de una vista evidenciaría que atendiese los planteamientos del doctor Carrera.

La señora Rodríguez optó por presentar directamente este recurso el 27 de diciembre ante nos, el mismo día en que el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó su senten-cia, pero debido a que fue notificada el 29 de diciembre, había perdido jurisdicción. Los antecedentes antes relacio-nados nos mueven a considerar prontamente este recurso y, bajo la Regla 54, de nuestro Reglamento, 4 L.RR.A. Ap. XXI, adjudicar en sus méritos con vías a que, a la brevedad posible, termine este largo peregrinaje judicial de las partes.

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Una de las principales consecuencias que surgen de la relación jurídico-familiar, escribe Puig Peña, es el deber alimentario entre determinados parientes como obligación impuesta por el orden jurídico, en vista de la propia natu-raleza del organismo familiar.

La única controversia de derecho que debemos resolver en este caso es si los alimentos pendente lite dejan de tener eficacia legal una vez decretado el divorcio.

Existe gran diferencia entre el deber de alimentos entre cónyuges durante el pleito de divorcio y el derecho de ali-mentos entre ex cónyuges. El Art. 100 del Código Civil re-gula así los alimentos pendente lite:

Si uno de los cónyuges no contase con suficientes recursos propios para vivir durante el juicio[,] el Tribunal Superior or-denará al otro cónyuge que le pase una pensión alimenticia en proporción a los bienes de éste. 31 L.P.R.A. see. 343.

En contraste, el precepto que rige la pensión alimenta-ria de un ex cónyuge es el Art. 109 del Código Civil, según enmendado por la Ley Núm. 25 de 16 de febrero de 1995 (31 L.P.R.A. sec. 385).() Dispone:

Si decretado el divorcio por cualesquiera de las causales que establece [el Art. 96 de este código], cualesquiera de los ex cón-yuges no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingre-sos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del otro cónyuge.
El Tribunal concederá los alimentos a que se refiere el pá-rrafo anterior, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes circunstancias:
(a) Los acuerdos a que hubiesen llegado los ex cónyuges.
(b) La edad y el estado de salud.
(c) La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo.
(d) La dedicación pasada y futura a la familia.
(e) La colaboración con su trabajo en las actividades mercan-tiles, industriales o profesionales del otro cónyuge.
(f) La duración del matrimonio y la convivencia conyugal.
(g) El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge.
(h) Cualquier otro factor que considere apropiado dentro de las circunstancias del caso.
Fijada la pensión alimenticia, el juez podrá modificarla por alteraciones sustanciales en la situación, los ingresos y la for-tuna de uno u otro ex cónyuge. La pensión será revocada me-diante resolución judicial si llegase a hacerse innecesaria, o por contraer el cónyuge divorciado acreedor a la pensión nuevo ma-trimonio o viviese en publico concubinato.

Los criterios del nuevo Art. 109 del Código Civil, supra, permiten al juzgador dirimir y evaluar la condición del ex cónyuge desde una perspectiva más humana y justiciera, sin embargo, no representa un cambio sustancial en torno a la controversia planteada ante nos. Por el contrario, se desprende con mayor claridad que el juzgador debe diluci-dar en una vista evidenciaría los nuevos criterios aplica-bles para establecer la pensión alimentaria entre ex cónyuges.

Erró pues el Tribunal de Primera Instancia al ordenar, sin vista, al doctor Carrera que continuara cumpliendo después de la sentencia de divorcio la pensión alimentaria fijádole mediante Resolución de 30 de julio de 1993. Reite-ramos la normativa que, una vez disuelto el vínculo matrimonial por sentencia el 4 de marzo de 1994, cesó su obli-gación de proveer la pensión alimentaria pendente lite bajo el Art. 143 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 562.

En virtud de lo expuesto, se deja sin efecto la sentencia del Tribunal de Circuito de Apelaciones. En sus méritos, revocamos la orden del Tribunal de Primera Instancia de 14 de septiembre de 1995 que ordenó expedir el cheque de cincuenta y cinco mil dólares ($55,000) a favor de la señora Rodríguez, así como la Resolución de 1ro de mayo de 1995, en lo relativo a sus alimentos post divorcio. Se devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimientos de forma compatible con lo aquí re-suelto y prioritariamente señale una vista evidenciaría y resuelva las cuestiones pendientes( )

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón emitió una opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López no interviene en esta etapa.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

El 27 de diciembre de 1995, la demandante recurrente presentó un recurso titulado "Apelación” para revisar una resolución del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 14 de noviembre de 1995, y notificada el 29 de ese mismo mes. Mediante dicha resolución, el Tribunal de Circuito de Ape-laciones se negó a desestimar una petición de certiorari presentada por el demandado Dr. Tomás Carrera González para revisar una resolución (orden) emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Bayamón, el 14 de septiembre de 1995, cuyo archivo en autos de la notifica-ción fue el 19 de ese mismo mes. En la resolución el foro de instancia denegó una moción de relevo al amparo de la Regla 49.2(1) ó (6) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En la moción de relevo se solicitaba que se dejara sin efecto la parte de la sentencia de divorcio que disponía que los alimentos pendente lite fijados por nosotros (Tribunal Supremo) en auxilio de nuestra jurisdicción permanecie-ran vigentes hasta que otra cosa fuese resuelta.

Así las cosas, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó una orden que paralizaba los efectos de la orden del Tribunal de Primera Instancia cuya revisión se había solicitado.

El 27 de diciembre de 1995, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó una sentencia en los méritos, cuya noti-ficación fue archivada en autos el 29 de ese mismo mes.

Estamos de acuerdo con la mayoría en que el recurso apropiado es el de certiorari y que, a tenor con lo dispuesto en el Art. 3.002(k) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22i), la presentación de este recurso no paraliza los procedimientos en el Tribunal de Circuito de Apelaciones en cuanto a las cuestiones no com-prendidas en el recurso, pero no se puede dictar sentencia final, salvo una orden en contrario expedida motu proprio o a solicitud de parte por el Tribunal Supremo.

También estamos de acuerdo en que la sentencia dic-tada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones no surtió efecto hasta que se archivó en autos la copia de su notifi-cación y que para esa fecha ya el Tribunal de Circuito de Apelaciones no tenía jurisdicción para emitirla.

Sin embargo, no estamos de acuerdo con la forma en que el Tribunal dispone del recurso. El Tribunal de Circuito de Apelaciones actuó correctamente. Lo que procede es dene-gar el recurso de certiorari y devolver el caso al Tribunal de Circuito de Apelaciones, indicándole que anteriormente es-taba impedido de dictar sentencia, pero que ahora, al de-volvérselo, ya puede hacerlo.

Por todo lo antes expresado, disentimos de la sentencia que hoy emite el Tribunal.

      (1) El recurso adecuado es el de certiorari, no el de apelación. La paralización de los efectos de una orden del Tribunal de Primera Instancia es una providencia de naturaleza interlocutoria, por lo cual aplica el inciso (i) del Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22i(i)), y no los incisos (c) y (f), invocados por la peticionaria. Dicha parte reconoce en el escobo 1, que puede consi-derarse el recurso como certiorari bajo en inciso (i) y la Regla 20(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. XXI.

      (2) Si bien desde un punto de vista técnico —posiblemente debido a cuestiones puramente burocráticas- — • la sentencia del Tribunal de Circuito no surtió un efecto jurídico, como veremos, en sus méritos, las cuestiones planteadas fueron correcta-mente adjudicadas.

      (3) Sus antecedentes son conocidos, pues habíamos intervenido en el pasado en este caso. El 14 de julio de 1993, la señora Rodríguez Rodríguez nos presentó el certiorari (CE-93-307). Dicho recurso fue objeto de numerosas resoluciones dictadas el 30 de julio, 28 de septiembre, 5 de noviembre y 10 de diciembre de 1993, y el 8 de abril y 15 de abril de 1994.

      (4) Esta disposición empezó a regir inmediatamente después de su aprobación. El Art. 109 del Código Civil anteriormente disponía:

        “Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos.
      “Si el divorcio se ha decretado por la causal de separación, la mujer podrá solicitar los abmentos a que se refiere el párrafo anterior, si no cuenta con medios suficientes para vivir.
      “La pensión ahmentieia será revocada si llegase a hacerse innecesaria, o cuando la mujer divorciada contrajese matrimonio o cuando viva en público concubinato u observe vida licenciosa.” 31 L.P.R.A. ant. see. 385.

      (5) Este dictamen no menoscaba la facultad del tribunal de instancia de consig-nar ese cheque con cargo al crédito que la señora Rodríguez tiene en la sociedad conyugal que existió con el doctor Carrera.


author: Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

text:
    Partido Popular Democrático, apelante, v. Pedro Rosselló González et als., apelados; Partido Popular Democrático et als., demandantes, v. Partido Nuevo Progresista et als., demandados.

      Números: AP-95-7
    CT-95-10

      Resueltos: 25 de enero de 1996

      Harry N. Padilla Martínez, Carlos Lugo Fiól, Procurador General, y Guillermo De Guzmán Vendrell, abogados de la parte apelante.
   RESOLUCIÓN

A las mociones de reconsideración presentadas en el caso de epígrafe por el Hon. Pedro Rosselló González, Go-bernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y el Partido Nuevo Progresista, no ha lugar.

El 22 de diciembre de 1995 emitimos una opinión y sen-tencia en los casos consolidados P.P.D. v. Rosselló González, AP-95-7; Pérez Preston v. Hon. José Aponte, AP-95-9; P.P.D. v. P.N.P., CT-95-10 —P.P.D. v. Gobernador 1, 139 D.P.R. 643 (1995)— en la cual resolvimos que los anuncios en contro-versia violaban la See. 9 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1. En particular, concluimos que los anuncios impugnados constituían una campaña publicitaria concertada, de manifiesto corte polí-tico-partidista, subvencionada con fondos públicos, so pre-texto de cumplir con un fin público determinado. Por este motivo dictamos el injunction preliminar solicitado por los demandantes y devolvimos los casos al Tribunal de Pri-mera Instancia para la continuación de los procedimientos.

En las referidas mociones de reconsideración no se cues-tiona la conclusión medular de la opinión y sentencia que declara inconstitucional el uso de fondos públicos utiliza-dos para la publicación de los anuncios impugnados por el Partido Popular Democrático. Sus preocupaciones consis-ten únicamente en el alcance que erróneamente le atribu-yen a lo expresado en el último párrafo de la pág. 704 en una interpretación que no encuentra apoyo alguno en el texto de dicha opinión. P.P.D. v. Gobernador I, supra.

Este Tribunal no ha expresado juicio definitivo alguno respecto a la procedencia de una compensación por daños a la parte demandante ni a los posibles remedios que, en su día, el Tribunal de Primera Instancia pueda ordenar, luego de que las partes hayan cumplido con todos los trámites dispuestos por nuestro ordenamiento procesal vigente.

Es al Tribunal de Primera Instancia a quien le corres-ponde pasar juicio inicial sobre todos los extremos señala-dos por los demandados en su moción de reconsideración, así como respecto a cualquier otro señalamiento, reclamo, defensa o requerimiento que las partes presenten. Por lo tanto, las partes deberán dirigirse a dicho foro en cuanto a estos extremos.

También es al foro de instancia a quien le corresponde, luego de oír a las partes y recibir prueba, de ser esta nece-saria, resolver la solicitud de desestimación presentada por la Administración de Seguros Médicos y su Directora.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emi-tió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto concurrente. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto particular. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río expresa que, por las razones expuestas en su opinión disidente, reconsideraría el caso en su totalidad.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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Reafirmamos que [Zjos fondos del erario son sagrados; lo manda la Constitución y legislación. Así lo entendieron muchos buenos servidores, que décadas atrás nos precedie-ron en la administración de la cosa pública. Lamentable-mente, en los últimos cuatrienios, la recta y sana adminis-tración pública ha sido totalmente confundida con el manejo de lo sectario partidista. Como correctamente con-cluyó el ilustrado tribunal de instancia (Hon. Arnaldo Ló-pez Rodríguez, Juez), este mal proceder ha trascendido en las distintas administraciones, ha hecho crisis en los últi-mos cuatrienios, controlados por el P.N.P. y P.P.D.; incluso dentro de la administración municipal. Ya para el 1990, en Noriega v. Hernández Colón, [resuelto el 6 de abril de 1992], habíamos cuestionado esta práctica perjudicial. Dijimos: "... ¿quién le pondrá freno a esa disputa y saturación de anuncios ‘públicos?, ¿quién controlará la sangría presu-puestaria? Esta aterradora visión del futuro, ¿no es más bien típica de una campaña electoral entre partidos de opo-sición en año eleccionario? ¿Por qué trasladarla al escena-rio gubernamental y gravar los fondos públicos al amparo de la cuestionable práctica de ‘informar’ al pueblo? Recapi-tulando, este tipo de campaña, impulsada para ganarse la opinión pública, abre camino a una contienda político-ideológica de mayor envergadura”. (Énfasis en el original.) P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643, 707 (1995), opinión concurrente.

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Es ion hecho no contradicho que en su demanda el Par-tido Popular Democrático (en adelante P.P.D.) no reclamó indemnización pecuniaria alguna contra el Partido Nuevo Progresista (en adelante P.N.P) ni la solicitó expresamente ante el Tribunal de Primera Instancia o ante este Foro apelativo. Cabe notar que sus alegaciones incorporan el concepto "daño” con el único propósito de sostener ese re-quisito dentro de la normativa sobre la legitimación activa. Así las partes lo discutieron y plantearon en todo momento en sus distintos alegatos.

Releída la transcripción de la prueba oral, encontramos el testimonio del perito Gilberto Torres Collazo, quien afirmó que el P.P.D. había sufrido daños, no en términos de indemnización, sino con referencia al beneficio económico que recibiría el P.N.P. de la inversión gubernamental en los anuncios que, por su volumen, le permitía obtener mejores negociaciones y una ventaja al comenzar la campaña electoral en 1996. T.E., págs. 213-214.

En este sentido, no cabe duda de que el reconocimiento potencial de daños en la opinión mayoritaria fue sua sponte. Ello no significa que fuera improcedente. En nues-tra opinión concurrente hicimos constar con mayor especi-ficidad los remedios judiciales alternos de naturaleza com-pensatoria, según los habíamos visualizado en el pasado ante anuncios político-partidistas financiados ilegal e in-constitucionalmente con fondos públicos. P.N.P. v. Hernández., Srio. D.T.O.P., 122 D.P.R. 362 (1988), y casos allí citados.

Ante este suscinto trasfondo procesal doctrinario, la re-solución mayoritaria de hoy declara sin lugar la moción de reconsideración de varios funcionarios públicos del Go-bierno central, el P.N.P. y el Gobernador, Hon. Pedro Ros-selló González, en su carácter personal. Esa negativa rei-tera la facultad del tribunal de instancia, en la con-tinuación del proceso, de pasar juicio sobre los daños al P.P.D., "así como respecto a cualquier otro señalamiento, reclamo, defensa o requerimiento que las partes pre-senten”. Resolución, pág. 986.

Según indicado, no hay alegación alguna del P.P.D. que reclame una indemnización pecuniaria del P.N.P. En buena técnica adjudicativa, ni aun bajo la más dilatada y liberal aplicación del principio de que las alegaciones sólo tienen el propósito de informar en términos generales, podría la demanda actual configurar una causa de acción de este tipo.

Dicho dé otro modo, la demanda del P.P.D., tal y como fue redactada originalmente, no aduce hechos suficientes constitutivos de una causa de acción por daños pecuniarios. Bajo este predicado cabrían dos (2) rutas pro-cesales: primero, o el P.P.D. enmienda la demanda —y claro está, los demandados sus contestaciones y demás de-fensas o reclamos recíprocos— todo ello al amparo de la decisión, o segundo, se expone a que sea desestimada, ya que se le negó la legitimación activa para pedir el remedio de restitución de fondos públicos.

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Es menester aclarar que la resolución mayoritaria guarda un absoluto silencio sobre el planteamiento del Procurador General en el que solicita que la decisión sólo tenga efectos prospectivos. La cuestión no es prematura. Precisamente el mandato de este Foro indefectiblemente abrió las puertas judiciales para que, en su más amplia cobertura, las partes pudieran dilucidar entre sí todos sus reclamos y defensas.

Nuestra decisión simplemente rescató y aplicó unos pre-ceptos constitucionales vigentes desde 1952. Estos sostie-nen la ilegalidad de los desembolsos de fondos públicos para financiar unas campañas publicitarias político-parti-distas, en interacción con el principio igualitario en mate-ria de financiamiento electoral expuesto prístinamente en Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 646 (1984),; P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 640 (1984), y P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994).

No estamos, pues, ante una decisión o una nueva regla jurisprudencial que permita invocar y justificar sólo su prospectividad. Sería un contransentido, por no decir una burla, que con estos claros precedentes judiciales le negá-ramos los efectos retroactivos. Significaría admitir que el Poder Judicial ha incurrido en un ejercicio académico y vacuo al proclamar la vigencia de . una Constitución abs-tracta e inoperante.

Toda campaña publicitaria de carácter políticopartidista es “una práctica perjudicial inconstitucional que inflige una lacerante herida al entretejido sociodemocrático. Pro-cede detenerla, proscribirla mediante el remedio de injunction, y remitir los tres (3) casos al tribunal de instancia para la continuación y adjudicación de los remedios procedentes”. (Escolio y énfasis omitidos.) P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 753, opinión concurrente.

— O —

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El pasado 22 de diciembre de 1995 expresamos que —no obstante estar contestes en que resulta procedente la expe-dición de un injunction preliminar prohibiendo las campa-ñas publicitarias impugnadas en los casos del epígrafe, por razón de resultar éstas violatorias de las disposiciones de la See. 9 del Art. VI de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1— disentíamos de todo lo demás.

La resolución que hoy emite la mayoría del Tribunal, así como los distintos votos, concurrentes y de conformidad, que suscriben varios de los integrantes de esa mayoría, son más que suficientes para poder uno percatarse del hecho de que efectivamente nos asistía la razón al disentir “de todo lo demás”.

La mayoría, en el día de hoy, dice que no dijo lo que entonces dijo; que, por favor, no entendamos lo que todos entendimos que dijeron; y esto, a su vez, para que el foro de instancia proceda a hacer lo que supuestamente la Mayoría dice hoy que entonces no dijeron ni ordenaron. Veamos.

Una lectura de la Opinión que el Tribunal emitió el pa-sado 22 de diciembre de 1995 (P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995)) es todo lo que se necesita para uno darse cuenta de que en dicha ponencia la mayoría determinó, de manera prematura y errónea, que el demandante Partido Popular Democrático había sufrido un “daño especial”, re-cobrable en forma monetaria, en relación con el cual no sólo dicha parte demandante no presentó prueba alguna, sino que ni tan siquiera lo alegó ni reclamó en la demanda que dicha parte radicara en el Caso Núm. CT-95-10.

Esta acción del Tribunal, naturalmente, contraviene el principio rector en nuestro ordenamiento jurídico a los efectos de que nuestro sistema de derecho es uno “rogado”, donde aquel que reclama un daño debe alegarlo y probarlo. Véanse: Regla 10(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 527, 531 (1981). Ello, con más razón, en el presente caso donde el “daño” reconocido por la mayoría es uno “especial”. A esos efectos, la Regla 7.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que cuando se reclaman “daños especiales”, se tendrá que detallar el concepto de las dis-tintas partidas. Véase, en adición, Díaz v. Marshak Auto Dist., Inc., 95 D.P.R. 690 (1968).

La mayoría, con el aparente propósito de asegurarse de que el foro de instancia “entendiera” bien este asunto de la concesión de los daños especiales al demandante Partido Popular Democrático —daños que, repetimos, no fueron re-clamados por dicha parte— fue aun más lejos el pasado 22 de diciembre de 1995. En la parte dispositiva de la opinión que entonces emitiera expresó, en lo pertinente, que le re-conocía, además, al foro de instancia la facultad

... para ordenar cualquier otro remedio que en derecho pro-ceda, incluso la compensación de los daños sufridos por la parte demandante, todo ello después de dar oportunidad a la parte demandada de ser oída y presentar sus defensas. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) P.P.D. v. Gobernador I, ante, pág. 704.

Hoy, aparentemente conscientes del grave error come-tido, expresa dicha mayoría que:

Este Tribunal no ha expresado juicio definitivo alguno res-pecto a la procedencia de una compensación por daños a la parte demandada ni a los posibles remedios que, en su día, el Tribunal de Primera Instancia pueda ordenar, luego de que las partes hayan cumplido con todos los trámites dispuestos por nuestro ordenamiento procesal vigente. Resolución, pág. 985.

¿En que quedamos? ¿Qué propósito tuvieron las expre-sxones que a esos efectos se hicieron el 22 de diciembre de 1995? La historia nos lo dirá.

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Al buen entendedor, con pocas palabras le basta”. Esto es, estamos plenamente conscientes del hecho de que al recibo del mandato por el foro de instancia, la parte de-mandante, ni corta ni perezosa, procederá a enmendar la demanda que radicara con el propósito de reclamar los “da-ños especiales” que, tan gentil y amablemente, le ha reco-nocido el Tribunal “prematuramente”.

Procede, entonces, que nos preguntemos si realmente re-sulta procedente en derecho la “concesión” de estos “daños especiales”’, ello con el propósito de determinar si verdade-ramente resulta necesario, y procedente en derecho, devol-ver el caso al foro de instancia para la dilucidación de la cuestión de “daños”. () Contestamos en la negativa; veamos por qué.

En específico en cuanto al Caso Núm. CT-95-10 resulta mandatoria la conclusión —al igual que lo resolvió el Tribunal respecto al Caso Núm. AP-95-7— de que el deman-dante Partido Popular Democrático no tiene “legitimación activa” para reclamar los fondos gastados en las campañas publicitarias impugnadas. Ello, llana y sencillamente, por razón de que no existe una conexión entre el remedio soli-citado y el alegado daño sufrido por los demandantes, ya que el dinero mal gastado en dichas campañas pertenece al Estado y no al Partido Popular Democrático.

En segundo lugar, en nuestra humilde opinión, el “daño”, si alguno, sufrido por el Partido Popular Democrá-tico, como consecuencia de la campaña publicitaria en con-troversia, es uno de carácter político, el cual, en este mo-mento y posiblemente hasta que se celebren las elecciones generales en el mes de noviembre de 1996, resulta ser de carácter abstracto o hipotético; razón por la cual realmente no puede ser cuantificado por un tribunal de justicia. Dicho de otra forma, no es posible saber ni determinar en estos momentos si esos anuncios realmente han perjudicado las posibilidades de triunfo del Partido Popular Democrático en las mencionadas elecciones generales.

Resulta completamente factible la posibilidad de que el ciudadano, común y corriente, rechace enérgicamente la práctica de utilizar fondos públicos en dichas campañas y decida votar, en las elecciones generales, precisamente por el Partido Popular Democrático, en cuya situación éste no habría sufrido “daño político” alguno. Tampoco resulta de-mostrativo del posible daño sufrido por dicho demandante el hecho de que las encuestas, contemporáneas a dicha campaña publicitaria, puedan haber arrojado resultados negativos para dicho partido político. Ello se puede deber a diversidad de factores, incluyendo el hecho de que los dife-rentes candidatos a puestos electivos del Partido Popular Democrático puedan no ser los mejores y más atractivos al electorado. En última instancia, y aun asumiendo que dicho partido demandante pueda probar que sufrió un daño político, tal como la pérdida de las elecciones generales, habrá que preguntarse si dicho hecho no se habrá debido a otros factores.

Dicho argumento, naturalmente, resulta aplicable a cualesquiera de los demandados en el pleito y es de por sí suficiente para disponer de la controversia, sobre “daños”, en forma definitiva en cuanto a todos los demandados. Ahora bien, y en específico en cuanto al Señor Gobernador de Puerto Rico y al Partido Nuevo Progresista (en adelante P.N.P.), no puede enfatizarse lo suficiente el hecho de que las partes, a nivel de instancia, estipularon que la produc-ción y pago de los anuncios gubernamentales impugnados fueron realizados exclusivamente por las distintas agencias del Gobierno, aquí demandadas.

Cabe preguntarse, ¿cómo es posible que ahora el Partido Popular Democrático pueda enmendar su demanda para alegar que el doctor Rosselló González es el responsable de dicha campaña publicitaria, razón por la cual viene obli-gado a responder ante los demandantes? ¿Debe permitír-sele a un demandante que reniegue de la prueba volunta-riamente ya estipulada por él?

Por otro lado, y en cuanto a la posible responsabilidad del P.N.P., el hecho de que el doctor Rosselló González sea, a la misma vez, el Primer Ejecutivo del país y el Presidente del P.N.P. tiene, realmente, poca relevancia. A nuestro ma-nera de ver las cosas, constituiría un absurdo pretender penalizar al partido político por las acciones, de carácter gubernamental, de su Presidente. De así resolver, el foro judicial caería en el absurdo de penalizar al P.N.P. por to-das las acciones del Primer Ejecutivo del país y, de igual forma, a la inversa; esto es, tendríamos que penalizar al Estado por toda acción del P.N.P., todo ello por tener de “jefe” a la misma persona.

Resulta procedente, en consecuencia, la desestimación de la demanda radicada, en el Caso Núm. CT-95-10, tanto contra el doctor Rosselló González como contra el P.N.P.

En referencia a la moción de desestimación presentada por la Administración de Seguros de Salud y su entonces Directora Ejecutiva, Dra. Magali Maldonado de Oms, so-mos del criterio que procede desestimar la causa de acción contra ellos ya que de la prueba presentada por la parte demandante en ningún momento estableció que ASES y/o su Directora Ejecutiva incurrieran en gasto, expendio o utilización de fondos públicos para pagar los anuncios que llevan su logo u otros sometidos en evidencia. Más aún, la prueba presentada ante el tribunal de instancia y ante este Foro, sugiere todo lo contrario; que quien pagó por dichos anuncios fue el Departamento de Salud, entidad aparte y separada de ASES. Es menester señalar que esta prueba o estipulación nunca fue aclarada o refutada por prueba adi-cional por la parte demandante recurrente. Véanse: Regla 10(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Asoc. Auténtica Empl. v. Municipio de Bayamón, ante.

En relación con la acción en “daños” radicada contra los secretarios o jefes de las agencias del Gobierno, demanda-dos en su carácter personal, resulta igualmente procedente en derecho decretar la desestimación de la demanda contra éstos. Ello en vista del hecho de que a dichos funcionarios le cobija la doctrina de “inmunidad cualificada”.

Esta doctrina establece que un funcionario no responde personalmente por reclamaciones relativas a alegadas vio-laciones constitucionales, a menos que la norma violada haya estado claramente establecida. Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 821 (1982);() De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472, 495 (1989).() Recientemente, en Anderson v. Creighton, 483 U.S. 635 (1987), el Tribunal Supremo federal determinó que un funcionario que realiza funciones discrecionales puede invocar la defensa de “inmunidad condicionada”, en casos en que se le reclamen daños y per-juicios, siempre que se determine que la conducta del fun-cionario, que sirve de base a la reclamación en daños, fue una que el funcionario entendía era legal.

A esos efectos, no podemos obviar el hecho de que la acción impugnada en este caso, y llevada a cabo por los aquí demandados, fue realizada en su carácter oficial como funcionarios del Gobierno de Puerto Rico, hasta cierto punto confiando en previos dictámenes de este Tribunal. Meramente a manera de ejemplo, debe recordarse que este Foro había anteriormente autorizado el desembolso de fon-dos públicos para el pago de anuncios gubernamentales. Véase Noriega v. Hernández Colón, 126 D.P.R. 42 (1990).() Más aún, en C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993), este Tribunal reconoció que, referente a la propaganda por parte del Estado, éste “tiene amplísimos poderes”. En adición, la acción, hoy declarada inconstitu-cional por este Foro, es una práctica de muchos años donde se publicaban anuncios de argumentable corte político-partidista y que destacaban logros o programas de los in-cumbentes, creándose con ello confianza en la mencionada práctica.

En cuanto a este aspecto, deben recordarse las palabras del Juez Asociado Señor Hernández Denton —expresadas en la opinión de conformidad que emitiera en el presente caso el pasado 22 de diciembre de 1995— a los efectos de que:

Los tres (3) recursos ante nuestra consideración son los pri-meros que expide esta Curia en que se cuestiona la legalidad de unas campañas masivas de anuncios del gobierno central ....
Nunca antes habíamos tenido ante nuestra consideración una controversia análoga. Aunque en cuatrienios anteriores otros incumbentes también habían utilizado los medios de comunica-ción comerciales para anunciar sus logros, esta es la primera vez que unos partidos de oposición, tanto en el nivel municipal como en el central, cuestionan este tipo de campaña guberna-mental multimillonaria durante el período preelectoral. (Enfa-sis suplido.) P.P.D. v. Gobernador I, ante, pág. 755.

Siendo ello así, esto es, no existiendo precedentes que hubieren resuelto lo contrario, no debe haber la menor duda de que nunca se podrá alegar, ni sostener jurídica-mente, que estos funcionarios no actuaron de otra forma que no fuera de buena fe y convencidos de que así podían hacerlo.

Más importante aún, en cuanto a este punto de la inmu-nidad de los funcionarios demandados, resulta ser el hecho de que este Tribunal ha reconocido la existencia en nuestra jurisdicción de la doctrina de la “inmunidad cualificada” en relación con aquellos funcionarios ejecutivos que descan-san en un estado de derecho que consideran válido. Véase De Paz Lisk v. Aponte Roque, ante.

En el mencionado caso de De Paz Lisk v. Aponte Roque, ante, pág. 495, y refiriéndose, en específico, a las disposi-ciones de la Ley Núm. 9 de 26 de noviembre de 1975 (32 L.P.R.A. see. 3085) este Tribunal expresó:

No cabe duda de que como cuestión de política pública es menester que los servidores públicos estén protegidos contra de-mandas presentadas en su contra por el hecho de haber ejercido de forma razonable y de buena fe funciones que contienen un elemento de discreción. Se persigue que estos funcionarios ac-túen con libertad y tomen decisiones sin sentir presiones y ame-nazas contra sus patrimonios. La Ley Núm. 9, supra, responde a esta preocupación. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.)

Con mayor razón en el presente caso, donde no ha ha-bido alegación alguna a los efectos de que los funcionarios públicos actuaron con malicia o con conocimiento de que se estaba violando la ley. Véase De Paz Lisk v. Aponte Roque, ante.

HH 1 — i

Por otro lado, somos del criterio —al igual que lo plan-tean los demandados en sus respectivas mociones de recon-sideración— que la norma establecida por el Tribunal en la decisión que se emitiera el 22 de diciembre de 1995 debe tener carácter, o efectos, prospectivos.

Tan recientemente como el 2 de noviembre de 1995, en Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, 139 D.P.R. 272, 277 (1995), este Tribunal, al enfrentarse a la controversia de la aplicación retroactiva o prospectiva de una norma judicial, expresó que:

Una decisión judicial puede tener tanto efecto retroactivo como prospectivo. Esto por razón de que “la absoluta retroacti-vidad sería la muerte de la seguridad y la ... confianza pública, y la absoluta irretroactividad sería la muerte del desenvolvi-miento del derecho”. R. Calderón Jiménez, Retroactividad o prospectividad de las decisiones de los tribunales, 53 (Ntíms. 2-3) Rev. C. Abo. P.R. 107, 115 (1992).
Hemos establecido ya que son los tribunales mismos los lla-mados a determinar si una decisión judicial se aplicará o no de manera retroactiva. En el ejercicio de esta discreción, son fun-damentales las consideraciones de política pública y orden social, puesto que nuestro norte debe ser “conceder remedios jus-tos y equitativos que respondan a la mejor convivencia social”. Gorbea Vallés v. Registrador,, 131 D.P.R. 10 (1992).
Anteriormente hemos reconocido como criterios rectores al momento de declarar la retroactividad o prospectividad de una norma jurisprudencial, los siguientes: (1) el propósito que per-sigue la nueva regla a los fines de determinar si su retroactivi-dad lo adelanta; (2) la confianza que se depositó en la antigua norma, y, (3) el efecto de la nueva regla en la administración de la justicia. Ello no obstante, la determinación última descan-sará en las consideraciones de índole social, a la luz de los he-chos y las circunstancias particulares de cada caso. Garbea Vallés v. Registrador, supra; Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974); Pueblo v. Cruz Jiménez, 99 D.P.R. 565 (1971). (Énfasis suplido.)

El criterio para seleccionar una u otra alternativa mu-chas veces es ad hoc, dependiendo de la situación fáctica, circunstancial del caso en particular y de consideraciones de equidad y hermenéutica. Gorbea Vallés v. Registrador, ante. Consideraciones de índole social igualmente juegan un papel importante en esta determinación. () íd.

Somos del criterio que, si aplicamos los criterios esboza-dos en Quiles Rodríguez v. Supte. Policía, ante, al presente caso, procede la determinación de prospectividad recla-mada por la parte demandada. En el presente caso este Tribunal estableció, por primera vez, unas normas para regular la divulgación de información por parte del Estado, a la luz de los preceptos constitucionales esbozados en el Art. VI, Sec. 9 de la Constitución de Puerto Rico, ante.

Repetimos, nuevamente, las palabras del Juez Asociado Señor Hernández Denton, en su opinión de conformidad en el caso de epígrafe el 22 de diciembre de 1995, a los efectos de que:

Los tres (3) recursos ante nuestra consideración son los pri-meros que expide esta Curia en que se cuestiona la legalidad de unas campañas masivas de anuncios del gobierno central ....
Nunca antes habíamos tenido ante nuestra consideración una controversia análoga. Aunque en cuatrienios anteriores otros incumbentes también habían utilizado los medios de comunica-ción comerciales para anunciar sus logros, esta es la primera vez que unos partidos de oposición, tanto en el nivel municipal como en el central, cuestionan este tipo de campaña guberna-mental multimillonaria durante el período preelectoral. (Énfa-sis suplido.) P.P.D. v. Gobernador I, ante, pág. 755.

Igualmente recordamos, y repetimos nuevamente, que este Tribunal, en el pasado, había sido muy condescen-diente en esta clase de casos. Véanse: Noriega v. Hernández Colón, ante; C.E.E. v. Depto. de Estado, ante. En fin, existen razones de más para decretar que la nueva norma establecida tenga efectos prospectivos.

IV

Por último, deseamos dejar constancia que, en armonía con lo antes expuesto, suscribimos la acción mayoritaria de relevar al Alcalde de Carolina, en el Caso Núm. AP-95-9, de tener que remover los anuncios declarados ilegales con fondos pertenecientes a su propio peculio. Por los funda-mentos antes expresados, resulta completamente erróneo el que así se le exija.

— O —

Voto particular de conformidad emitido por la

Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

Ante la confusión que reflejan las distintas mociones de reconsideración presentadas por las partes demandadas en los casos consolidados Partido Popular Democrático et al. v. Partido Nuevo Progresista et al., Núm. CT-95-10, y Ledo. Max Pérez Preston y otros v. José E. Aponte y otros, Núm. AP-95-9, sobre el alcance de la opinión que emitiera este Tribunal el 22 de diciembre de 1995, he creído conveniente expresarme sobre lo que entiendo que resuelve la opinión; razón por la cual voté conforme con ésta. P.P.D. v. Gobernador I, 139 D.P.R. 643 (1995).

¡-H

Partido Popular Democrático, et al. v. Partido Nuevo Progresista, et al., CT-95-10

A. Moción de reconsideración presentada por el Hon. Procurador General

Me refiero primero a la moción de reconsideración pre-sentada por el Hon. Procurador General en Partido Popular Democrático et al. v. Partido Nuevo Progresista et al., Núm. CT-95-10, en representación de los codemandados Hon. Pedro Rosselló González, como Gobernador del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico en su capacidad oficial, Hon. Carmen Feliciano de Melecio, Hon. Carlos I. Pes-quera, Hon. Pedro Rosario Urdaz, Hon. Jorge Aponte, Hon. Víctor Fajardo, Hon. Luis Fortuño, Hon. César Almodóvar y Hon. Carmen Rodríguez, en sus capacidades personales y oficiales, el Departamento de Salud, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Edu-cación, el Departamento de Desarrollo Económico y Comer-cio, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Hacienda y el Departamento de la Familia.

Primero que nada, creo importante señalar que en la moción de reconsideración los demandados no cuestionan la corrección de la cuestión medular de nuestra opinión, el pronunciamiento de inconstitucionalidad del uso de fondos públicos para sufragar los gastos de la campaña publicita-ria que fue objeto de impugnación. No piden que se recon-sidere la interpretación que se hace en la opinión sobre el alcance de la See. 9 del Art. VI de la Constitución del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, con relación a la limitación del uso de fondos públicos sólo para fines públicos. En su moción los demandados se limitan a cuestionar lo que entendieron que fue una determinación de la procedencia de la compensación de daños a la parte demandada y argumentan en favor de la aplicación pros-pectiva de nuestra opinión.

Dejando aclarado el alcance de la reconsideración pre-sentada por el Partido Nuevo Progresista, el Hon. Gober-nador Pedro Rosselló González y los funcionarios codeman-dados, pasaré ahora a considerar y analizar los planteamientos del Hon. Procurador General.

La moción de reconsideración presentada denota una gran preocupación sobre el alcance de lo que expresamos en la opinión, en específico la última oración del párrafo:

Se ordenará, además, la devolución de este caso al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los procedimien-tos todavía pendientes en forma compatible con lo aquí resuelto. Reconocemos que el foro de instancia tiene facultad, a base de la evidencia que se le presente, para extender perma-nentemente el injunction preliminar que hemos dictado, in-cluso la facultad de prohibir permanentemente cualquier ac-tuación, conducta, campaña o actividad de parte de los demandados que haya sido llevada a cabo o se lleve en el fu-turo, en violación de las normas expuestas en esta opinión. Igualmente se reconoce la facultad de dicho tribunal para orde-nar cualquier otro remedio que en derecho proceda, incluso la compensación de los daños sufridos por la parte demandante, todo ello después de dar oportunidad a la parte demandada de ser oída y presentar sus defensas. (Enfasis en el original supri-mido y énfasis suplido.) P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 704.

Entiende el Hon. Procurador General que mediante lo allí dispuesto le hemos concedido “autorización” al foro de instancia “para ordenar cualquier remedio distinto al in-terdicto permanente, así como la compensación en daños”. Moción de reconsideración del Procurador General, pág. 5. Sostiene que este derecho es improcedente, ya que la parte demandante no solicitó daños y, por lo tanto, “la orden del Tribunal tiene el efecto de enmendar unilateralmente los reclamos del Partido Popular” (íd., pág. 7); que estos daños son del tipo especial, por lo que la parte que los reclama tiene que alegarlos específicamente en la demanda, cosa que no hicieron los demandantes, Regla 7.4 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y que la sentencia que emitió el interdicto preliminar “como cuestión de derecho lleva implícito, que el Partido Popular estaba sufriendo un daño irreparable”. Id., pág. 8. La interpretación que hace el Hon. Procurador General no me parece ni correcta ni acertada.

La postura procesal bifucarda del caso de autos, cuando se solicitó el recurso de certificación, hizo necesario que para poder tener ante nuestra consideración el caso com-pleto, tuviéramos que acoger la solicitud de certificación del incidente que se encontraba ante el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones y, a la misma vez, expidiéramos motu proprio la certificación del resto del caso que aún se encon-traba ante el Tribunal de Primera Instancia. Al acoger la certificación solicitada del incidente que se encontraba ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones para ser revi-sado y expedir motu proprio la certificación del resto del caso que se encontraba ante el Tribunal de Primera Ins-tancia, tuvimos ante nuestra consideración una situación mixta de derecho procesal surgida en un mismo caso que puede haber contribuido a la confusión que reflejan los planteamientos del Hon. Procurador General.

En lo que respecta al incidente certificado del Tribunal de Circuito de Apelaciones, actuamos bajo nuestra facultad revisora al resolver el planteamiento de legitimación activa. Sin embargo, nuestra posición frente al caso certi-ficado del Tribunal de Primera Instancia fue bien distinta. En esta fase estábamos actuando como foro con jurisdic-ción original, y nuestra responsabilidad era dual. Además de pautar el derecho para establecer las normas aplicables e interpretar las disposiciones constitucionales pertinen-tes, también debíamos determinar si procedía o no emitir el injunction preliminar y, de llegar a la conclusión de que éste procedía, emitirlo.

Debido a que los procedimientos en el foro de instancia habían sido paralizados mediante una orden al efecto emi-tida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones, no contá-bamos con determinaciones de hecho sobre la cuestión planteada. Esto hizo necesario que ordenáramos al foro de instancia, en virtud de lo dispuesto en la Regla 25(c) de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. XXI, celebrar vista evi-denciaría relacionada con el injunction preliminar, hacer las determinaciones de hecho pertinentes y sometérnoslas.

El foro de instancia, a pesar de nuestras claras y explí-citas instrucciones, se excedió de la jurisdicción limitada que le habíamos delegado. Se trataba de un recurso de cer-tificación que al expedirse privó a dicho foro de su jurisdic-ción sobre el caso; ya que éste pasó, en su totalidad, a nues-tra atención. Sin embargo, el foro de instancia, después de celebrar la vista ordenada, sin autoridad o facultad para ello, procedió a declarar inconstitucional el uso de fondos públicos para sufragar los gastos de publicidad que se cuestionaban y emitir un injunction preliminar.

Ante estas circunstancias, y frente a la confusión que parecía existir con respecto a la modalidad del auto de cer-tificación del Tribunal de Primera Instancia directo al Tribunal Supremo, Art. 3.002(j) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 21i(j)), creimos conve-niente, al devolver el caso al foro de instancia, hacer cons-tar claramente que ahora sí le estábamos remitiendo el caso, para que dicho foro asumiese plena jurisdicción sobre éste.

Cabe señalar que este Foro no tiene que otorgarle facul-tad al tribunal de instancia para que en un caso que le hemos devuelto para que continúen los procedimientos, y que, por lo tanto, se encuentra totalmente ante su conside-ración, “a base de la evidencia que se le presente, ...[extienda] permanentemente el injunction preliminar que hemos [el Tribunal Supremo] dictado ...” (Énfasis suprimido.) P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 704. Tam-poco tenemos que otorgarle facultad y autorizar a dicho tribunal para que pueda “ordenar cualquier otro remedio que en derecho proceda ...”. (Énfasis suprimido.) Id. Éstas son facultades inherentes de todo tribunal de instancia, con respecto a cualquier caso sobre el cual tenga jurisdic-ción y que se encuentre totalmente ante su consideración.

Resulta importante tener presente que, aunque el nues-tro es un sistema adversativo de derecho rogado, un tribunal no tiene que conceder lo que se le pide; su deber es conceder sólo lo que en derecho proceda. El hecho de que, a manera de ejemplo, expresáramos que, si procedía en dere-cho, se podía conceder una compensación por los daños su-fridos por la parte demandante, en modo alguno signifi-caba que estábamos prejuzgando la procedencia de dichos daños ni abrogando todas las normas procesales y sustan-tivas atinentes a este tipo de reclamación. Al votar con-forme con la opinión del Tribunal, entendí que lo que se estaba haciendo era indicarle al foro de instancia que ahora, en esta ocasión, sí se le estaba devolviendo el caso en su totalidad y que, por ende, ahora sí tenía la jurisdic-ción para resolverlo y otorgarle a las partes los remedios que en derecho entendiera que procedían, a tenor con lo dispuesto en las reglas procesales y el derecho sustantivo. Entendí, además, que no habíamos adelantado criterio al-guno sobre si en este caso en específico procede la compen-sación por daños a la parte demandante. En la vista oral que fue celebrada el 8 de diciembre de 1995, preocupados precisamente por las consecuencias que en un caso de esta naturaleza pudiera tener la posible solicitud y concesión de daños a la parte demandante al devolverse el caso a ins-tancia, tratamos de auscultar este planteamiento y obte-ner la opinión orientadora de los abogados de las partes sobre el particular. Desgraciadamente, fue muy poco lo que nos ilustraron sobre lo que ahora resulta ser eje central de su preocupación.

La moción de reconsideración del Hon. Procurador General también hace hincapié en que por la naturaleza del caso y el impacto que éste tendrá en diversas áreas, nues-tra decisión debe ser de aplicación prospectiva, y no apli-cable al caso de autos. Considera que de no ser así, tendrá graves consecuencias para el país. Estima, en síntesis, que siendo la primera vez que este Tribunal enuncia una regla sobre la divulgación de información por parte del Estado frente a los partidos políticos y fondos públicos, y que los funcionarios demandados y las partes que con ellos contra-taron confiaron en lo que hasta ese momento había sido la práctica, la aplicación de la nueva regla sobre divulgáción debe ser prospectiva y no aplicable al caso de autos. Hace gran énfasis en el hecho de que siendo éste un año de elec-ciones, conceder una compensación por daños podría afec-tar la campaña electoral al restarle capacidad económica a uno de los partidos principales, el Partido Nuevo Progre-sista, para divulgar su programa de gobierno.

Con respecto a la aplicación prospectiva y no aplicación al caso de autos de nuestra opinión, en cuanto a los posi-bles daños ocasionados a los demandantes, creo, según ya he señalado, que el planteamiento es prematuro, pues la cuestión base, de si en este caso procede o no su concesión, aún no ha sido resuelta.

Ahora bien, aunque en la reconsideración no se discute específicamente nuestra orden en el injunction preliminar que prohibía el “desembolso de fondos públicos para el pago de las publicaciones hechas de tales anuncios o que, en lo sucesivo, se hagan en violación a la referida orden de injunction, hasta tanto otra cosa se disponga finalmente en este caso”, (énfasis en el original suprimido y énfasis su-plido) P.P.D. v. Gobernador I, supra, pág. 704, entiendo que parte de los argumentos sobre retroactividad van dirigidos a esta parte de nuestra orden en el injunction preliminar.

En la vista oral que fue celebrada el 8 de diciembre de 1995 también tratamos que los abogados de las partes nos ilustraran sobre este particular. Específicamente, le pre-guntamos al Hon. Procurador General si aún había cuen-tas sin pagar y desembolsos por hacerse con respecto a la campaña publicitaria que era objeto de nuestra consid-eración. Se nos contestó que creían que no, que ya todos los pagos se habían hecho.

Para entender el alcance de la prohibición sobre desem-bolsos de fondos públicos, tenemos que poner nuevamente en perspectiva y ubicar procesalmente dicho pronun-ciamiento. Todo lo que hemos hecho es determinar que hasta tanto el caso no se resuelva en los méritos, y como medida preventiva, no se permitirá el desembolso de fon-dos públicos para el pago de las publicaciones ya hechas o las que se hagan en el futuro en violación de la prohibición específica contenida en el injunction preliminar. La cues-tión de si esta prohibición debe ser permanente o si se de-ben permitir estos pagos no ha sido resuelta en definitiva. Ante estas circunstancias, los planteamientos que sobre este particular se hagan sobre la aplicación prospectiva y no aplicación al caso de autos de nuestra opinión, al igual que lo que he señalado en cuanto a la concesión de daños a los demandantes, son prematuros.

Ante el foro de instancia y en relación con todos estos planteamientos, las partes podrán aducir todas las defen-sas procesales y sustantivas que estimen pertinentes y el tribunal los resolverá y concederá lo que en derecho proceda. Cualquier determinación estará sujeta a los trá-mites de revisión establecidos en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, según enmendada.

En conclusión, por entender que nada se ha provisto, ordenado, determinado o resuelto sobre la procedencia de la compensación por daños a la parte demandante y que, en cuanto a la prohibición de desembolso de fondos públi-cos, nuestra orden al ser un injunction preliminar no es definitiva ni prejuzga la determinación final sobre este asunto. Resulta prematuro cualquier planteamiento rela-cionado con la aplicación prospectiva de nuestra opinión.

Con estas aclaraciones, estoy conforme con la resolución del Tribunal que deniega la reconsideración presentada por el Hon. Procurador General en Partido Popular Democrático et al. v. Partido Nuevo Progresista et al., Caso Núm. CT-95-10.

B. Moción Adoptando “Moción de Reconsideración” de los otros Co-Demandados, Solicitud de Reconsideración y Escrito Reiterando Solicitud de Desestimación

Por las mismas razones estoy conforme con la resolución en cuanto a que ésta deniega la moción titulada Moción Adoptando “Moción de Reconsideración de los otros Co-Demandados, Solicitud de Reconsideración y Escrito Reite-rando Solicitud de Desestimación, presentada por los code-mandados Partido Nuevo Progresista y el Hon. Pedro Rosselló González en su carácter personal.

C. Moción de reconsideración de la Administración de Seguros de Salud y la Hon. Magali Oms de Maldonado

En cuanto a la moción de reconsideración presentada por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (A.SE.S.) y su entonces Directora Ejecutiva, Dra. Magali Oms de Maldonado, en ésta se solicita que se desestime la demanda contra A.SE.S. y su Directora Ejecutiva, a base de que no se presentó evidencia alguna en su contra para avalar la alegación del uso ilegal de fondos públicos para los anuncios que son objeto de la demanda.

Considerando la moción de desestimación presentada, las alegaciones de la demanda, los hechos estipulados y los planteamientos de la parte demandante en su moción en oposición a la reconsideración, creo conveniente que los planteamientos de las partes sobre la desestimación sean resueltos por el foro de instancia, luego de brindarle a las partes plena oportunidad de ser oídas y presentar prueba, de estimarse que ésta es necesaria. Por estas razones estoy conforme en denegar la solicitud de reconsideración.

HH HH

Lcdo. Max Pérez Preston y otros v. Hon. José E. Aponte y otros, AP-95-9

Con respecto a la moción de reconsideración presentada por los demandados en el caso Lcdo. Max Pérez Preston y otros v. Hon. José E. Aponte y otros, Caso Núm. AP-95-9, sólo me preocupan los planteamientos que se hacen con respecto a nuestra orden en el injunction preliminar diri-gida a los codemandantes para que éstos procedan de in-mediato a remover, a su cargo y de su propio peculio, el logo que es objeto de nuestra prohibición de todos los luga-res en que ha sido colocado o impreso con fondos públicos. Esta prohibición, distinta a la de no hacer, ordenada en el injunction preliminar dictado en Partido Popular Democrático v. Partido Nuevo Progresista et al., Caso Núm. CT-95-10, ordena una actuación que requiere la erogación de fondos por parte de los demandados y, por lo tanto, parti-cipa de la naturaleza y característica de una concesión por daños. Tomando en consideración que estamos en una etapa preliminar del caso, ya que lo que se emitió fue un injunction preliminar, y, en parte, por los argumentos que he esbozado en cuanto a los planteamientos con respecto a la reconsideración presentada en el caso Partido Popular Democrático v. Partido Nuevo Progresista et al., Caso Núm. CT-95-10, reconsideraría esta parte de nuestra orden y de-jaría que fuera el foro de instancia el que, luego de recibir la prueba y oir los argumentos de las partes, resolviera lo que en derecho proceda.

Por todo lo antes expuesto, en el caso Partido Popular Democrático v. Partido Nuevo Progresista et al., Caso Núm. CT-95-10, estoy conforme con la resolución del Tribunal que deniega las reconsideraciones y devuelve el caso para que continúen los procedimientos en instancia, compatible con nuestra opinión de 22 de diciembre de 1995.

En cuanto al caso Lcdo. Max Pérez Preston y otros v. Hon. José E. Aponte y otros, Caso Núm. AP-95-9, estoy con-forme con la posición adoptada por la mayoría al reconsi-derar en parte nuestra orden de injunction preliminar. Es-toy de acuerdo en que ésta se debe modificar a los solos efectos de eliminar de ella que los demandados, en esta etapa de los procedimientos, tengan que remover, a su cargo y de su propio peculio, el logo de los lugares donde ha sido colocado o impreso con fondos públicos. Así modificada la orden de injunction preliminar, la confirmaría y devol-vería el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo resuelto en nuestra opinión de 22 de diciembre de 1995. Cónsono con esta posición, denegaría la moción de desacato que fue pre-sentada por la parte apelante por prematura.

      (1) En nuestra opinión, y por las razones que expondremos, procede devolver los casos al foro de instancia para que éste, únicamente, dilucide si procede, o no, la expedición de un injunction permanente.

      (2) A esos efectos el Tribunal Supremo federal expresó:
      “Reliance on the objective reasonableness of an official’s conduct, as measured by reference to clearly established law, should avoid excessive disruption of government and permit the resolution of many insubstantial claims on summary judgment. On summary judgment, the judge appropriately may determine, not only the currently applicable law, but whether that law was clearly established at the time an action occurred. If the law at that time was not clearly established, an official could not reasonably be expected to anticipate subsequent legal developments, nor could he fairly be said to ‘know’ that the law forbade conduct not previously identified as unlawful.” (Escolios omitidos.) Harlow v. Fitzgerald, 457 U.S. 800, 818 (1982).

      (3) Con anterioridad al caso de Harlow v. Fitzgerald, ante, supra, un oficial no podía reclamar la inmunidad cualificada a menos que cumpliera con dos (2) escruti-nios: objetivo y subjetivo. El escrutinio objetivo denegaba inmunidad por violaciones de carácter negligente de derechos claramente establecidos. El escrutinio subjetivo denegaba inmunidad a un oficial si éste actuaba con malicia a pesar de que el dere-cho al momento del acto no estuviese claramente establecido. Harlow v. Fitzgerald, ante, obvió el escrutinio subjetivo, estableciendo que un oficial que viola un derecho que no estaba claramente establecido al momento de la actuación sería inmune por responsabilidad por daños de carácter civil —no criminal— independientemente de si el acto fue con malicia o con conocimiento de que se estaba violando la ley.

      (4) En dicho caso, el Juez Asociado Señor Hernández Denton, en una opinión concurrente, expresó que:
      “Al amparo de sus poderes inherentes, el Gobernador tiene la facultad y el deber de informar sobre las medidas que ha tomado y los planes concebidos para atender los problemas del país.” Noriega v. Hernández Colón, 126 D.P.R. 42, 56 (1990).
      En el mismo caso, el Juez suscribiente expresó:
      “La sabiduría y propiedad de las gestiones realizadas por el Ejecutivo en rela-ción con la referida campaña publicitaria necesariamente tendrá que ser juzgada en otro foro que no sea el judicial.” Noriega v. Hernández Colón, ante, pág. 51.

      (5) En la jurisdicción federal, para que una decisión en un caso civil sea aplicada prospectivamente, la misma debe establecer un nuevo principio de derecho, ya sea mediante la revocación de claros precedentes, o al decidir por primera vez una con-troversia que no era claramente predecible. Deben, en adición, sopesarse los méritos y deméritos de cada caso, tomando en consideración el historial, propósitos, efectos de la nueva regla y, por último, debe considerarse la inequidad resultante de una aplicación retroactiva. Chevron Oil Co. v. Huson, 404 U.S. 97, 106 (1971).