author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Liquilux Gas Corporation et al., demandantes y recurrentes, v. Luis Humberto Berríos y otros, demandados y recurridos, y Eduardo Zaragoza, tercero demandado y recurrido.

      Número: CE-94-434

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Carlos Rivera Vicente, Javier Cuevas Silva, de Cando, Nadal, Rivera & Díaz, y José Trías Monge, de Trías & Meléndez, abogados de la parte peticionaria; Mario A. Rodríguez Torres y Guillermo Figueroa Prieto, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos brinda la oportunidad de evaluar por primera vez el alcance del Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en ló pertinente a la repre-sentación simultánea de una corporación íntima y sus ac-cionistas por un mismo bufete de abogados.

La demandante recurrente, Liquilux Gas Corporation, nos solicita que revoquemos una resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Dora T. Peñagarícano, Juez), que declaró con lugar una moción de descalificación presentada por la parte demandada recurrida contra el bu-fete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz. El 20 de junio de 1994 ordenamos a la parte recurrida a mostrar causa por la cual no debíamos revocar dicha resolución. Evaluado el recurso presentado, estamos en posición de resolver. Confirmamos.

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Para finales de 1991 los demandantes recurrentes, Li-quilux Gas Corporation (Liquilux) y Puerto Rico Fuels (en adelante PR Fuels), mostraron interés en adquirir Tropi-gás de Puerto Rico, Inc. (en adelante Tropigás). Con el fin de agilizar dicha compraventa, Liquilux autorizó a dos (2) de sus oficiales y accionistas minoritarios, los demandados recurridos Luis Humberto Berríos y Peter Newell (Berríos y Newell), a que adquirieran, para beneficio de la corpora-ción, la totalidad de las acciones comunes de Tropigás que estuviesen en circulation

Berríos y Newell gestionaron esta compraventa sin la intervención de ningún otro oficial de Liquilux. De primera intención, éstos comparecieron a las negociaciones perti-nentes como oficiales de dicha corporación. No obstante, a medida que las negociaciones progresaban, se percataron de que, si comparecían a nombre de Liquilux, la compra-venta podía fracasar dado el hecho de que Eduardo Zara-goza, el accionista mayoritario, tenía una deuda contribu-tiva considerable. Por lo tanto, y alegadamente para evitar que esto sucediera, optaron por realizar dicha gestión a nombre propio.

Al Zaragoza enterarse de que Berríos y Newell estaban tramitando la compraventa a nombre propio, se suscitó ima controversia entre Zaragoza, por un lado, y Berríos y Newell, por otro, que impidió que estos últimos pudieran realizar un pago de doscientos setenta y cinco mil dólares ($275,000), requerido por Tropigás, para la fecha que se había estipulado. Ello causó que Tropigás diera por re-suelto el contrato de compraventa.

A causa de esto, Liquilux y PR Fuels contrataron los servicios del Ledo. Javier Cuevas Silva —del bufete Can-cio, Nadal, Rivera & Díaz— para demandar a Berríos y Newell, sus esposas y a las correspondientes sociedades ganancialés. En la demanda alegaron, en esencia, que los demandados violaron su deber de fiducia al usurpar una oportunidad corporativa para su beneficio personal. Poco después, Zaragoza, representado también por dicho bufete, presentó una demanda prácticamente idéntica a la de Li-quilux contra Berrios y Newell, en su carácter personal.

Por su parte, Berrios y Newell reconvinieron contra Li-quilux y alegaron, entre otras cosas, que habían sido des-pedidos injustificadamente. Además, reclamaron daños as-cendentes a doscientos cincuenta mil dólares ($250,000). Luego de una serie de trámites procesales, Liquilux en-mendó su demanda para añadir a Shell de Puerto Rico, Ltd. como demandada. Finalmente, Berrios y Newell inter-pusieron una demanda contra tercero a Zaragoza, en la cual alegaron que éste era el único culpable de que la com-praventa de Tropigás se frustrara. Además, solicitaron un resarcimiento en daños tanto para Liquilux (mediante ac-ción derivativa) como para ellos en su carácter de accionis-tas minoritarios (mediante acción directa).

A la luz de esta demanda contra tercero, Cancio, Nadal, Rivera & Díaz renunció a la representación legal de Zaragoza. No obstante ello, Berrios y Newell solicitaron la descalificación de tal bufete como representante de Liquilux. Adujeron que existía un conflicto de intereses in-salvable entre la representación simultánea de Liquilux y Zaragoza, y que ello requería que dicho bufete renunciara a ambas representaciones. El bufete se opuso a dicha des-calificación mediante una moción de desestimación en la cual alegó que la demanda contra tercero no era sino un subterfugio para descalificarlo. Poco después, Zaragoza de-sistió de su acción personal contra los demandados.

Mediante resolución, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, declaró con lugar la moción de descalificación pre-sentada por Berrios y Newell, y sin lugar la moción de desestimación de la demanda contra tercero. Si bien deter-minó que tanto la acción derivativa como la acción directa de Berrios y Newell eran improcedentes, concluyó que Za-ragoza podría serle responsable a ellos o a Liquilux direc-tamente, por lo cual declaró con lugar la demanda contra tercero.

Inconforme, el bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz pre-sentó un recurso de certiorari ante este Tribunal, en el cual solicitó que revocáramos la resolución del tribunal de ins-tancia sobre la base de que no había conflicto de interés alguno entre su actual representación de Liquilux y su pa-sada representación de Zaragoza. Simultáneamente, dicho bufete solicitó la paralización de los procedimientos en ins-tancia hasta tanto se resolviera el recurso.

El 20 de junio de 1994 accedimos a la solicitud de los recurrentes y paralizamos los procedimientos en instancia. Asimismo, concedimos a los demandados recu-rridos un término para comparecer y mostrar causa por la cual no debía revocarse la resolución del Tribunal Superior. Luego de analizar el escrito en cumplimiento de orden pre-sentado por los recurridos, estamos convencidos de que el error no fue cometido. Confirmamos.

El Canon 21 de nuestro Código de Ética Profesio nal, supra, le impone al abogado un deber de lealtad completa que se divide en dos (2) aspectos: (1) ejercer un criterio profesional independiente y desligado de sus propios intereses, y (2) no divulgar los secretos y las confidencias que el cliente haya compartido durante el transcurso de sus representaciones pasadas y presentes. Robles Sanabria, Ex parte, 133 D.P.R. 739 (1993).

El primer aspecto del deber de lealtad completa, que consiste en el requisito de ejercer un criterio profesional independiente y desligado de los intereses personales, proscribe cuando un abogado represente a un cliente cuyos intereses estén reñidos con los suyos propios. Véanse: In re Belén Trujillo, 126 D.P.R. 743 (1990); M. Ramos de Szendrey, Conducta Profesional, 64 Rev. Jur. U.P.R. 693 (1995). Ello ocurre, por ejemplo, cuando un abogado deja de realizar determinada acción que podría beneficiar a su cliente, porque ésta frustraría sus expectativas personales para el caso en cuestión. En estos casos el abogado tiene la obligación de renunciar a la representación de dicho cliente.

El segundo aspecto del deber de lealtad completa que tiene todo abogado para con su cliente, que consiste en el deber de no revelar confidencias que su cliente haya compartido, prohíbe que un abogado incurra en una repre-sentación simultánea o sucesiva adversa. In re Belén Trujillo, supra. Véanse, además: P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., 133 D.P.R. 112 (1993); Robles Sanabria, Ex parte, supra. Ello no quiere decir que un abogado no pueda repre-sentar simultánea o sucesivamente a dos (2) clientes en asuntos similares. Sólo proscribe que un abogado repre-sente a un cliente en una controversia que esté sustancial-mente relacionada a la de otro cliente actual o anterior cuando los intereses de ambos sean adversos. Robles Sa-nabria, Ex parte, supra. Véase, además, Developments in the Law: Conflicts of Interest in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 1295-1296 (1981).

En lo que respecta a las representaciones simultáneas adversas, cuando éstas surgen en la actualidad, no cabe duda que el único remedio disponible para el abogado es renunciar a ambas representaciones y no sólo a una. Véanse, e.g.: Ortiz v. Soliván Miranda, 120 D.P.R. 559, 562 (1988); In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 243 (1982). Esta acción podría parecer extrema en aquellos casos cuando la posibilidad de que surja tal relación es aún remota. No obstante ello, la doctrina prevaleciente tanto en nuestra jurisdicción como en Estados Unidos ha favorecido que, aun cuando el conflicto resulte potencial, el abogado renuncie a ambas representaciones. Como expresa un comentarista al respecto:

[t]he attorney may pursue the clients’ interests during the course of the litigation in a way that avoids actual conflict but does not serve the best interests of each client. In addition, potentially differing interests may come into actual conflict, necessitating subsequent withdrawal. By this point, withdrawal can have serious consequences which could have been avoided had the attorney withdrawn at the outset.
An attorney who simultaneously represents potential conflicting interests in the litigation context may thus serve his client less than adequately. (Escolios omitidos.) Developments in the Law, supra, págs. 1307-1308.

Dicha postura nos parece adecuada, pues, como hemos expresado antes, quien no sea capaz de representar libre, fiel y adecuadamente a su cliente vulnera la lealtad abso-luta que le debe a éste y, por lo tanto, “no está en condicio-nes de ejercer la profesión”. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 788 (1984).

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Examinados los principios generales que regulan los conflictos de intereses derivados de la representación si-multánea adversa de dos (2) clientes en nuestro ordena-miento jurídico, veamos cómo el Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, se enfrenta específicamente a los conflictos de intereses que surgen de la representación si-multánea de una corporación y sus accionistas. Debido a la falta de precedentes en nuestra jurisdicción, en lo que res-pecta el campo corporativo, examinaremos también, a modo de ejemplo, cómo otras jurisdicciones se han enfren-tado a disposiciones homologas.

Tanto nuestro citado Canon 21 como la Regla 1.13 del Modelo de Conducta Profesional de la American Bar Association, parten de la premisa de que, “en ausencia de representación dual[,] el abogado de una organización tiene una relación de abogado y cliente con la ‘entidad’ y no con sus miembros”. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, págs. 794-795. Ello encuentra apoyo en nuestro derecho corporativo, que le otorga a la corporación una personalidad jurídica separada e independiente de la de sus accionistas. Como representante de dicha entidad, el abogado que represente a una corporación le debe, por lo tanto, una “completa lealtad a la persona jurídica y no a sus socios, directores, empleados o accionistas y solamente puede representar los intereses de dichas personas cuando los mismos no vengan en conflicto con los de la corporación”. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Debido a que es a la corporación a quien el abogado corporativo le debe completa lealtad, aunque nuestro Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, permite la representación simultánea o sucesiva de la corporación y sus accionistas, ésta debe ejercerse únicamente en casos excepcionales. Como expresa Fletcher en su tratado de derecho corporativo:

The idea of dual representation is now very much suspect.... As corporate counsel, the attorney is under an obligation to seek the best course for the corporate entity —including the minority plaintiffs’ interests— without being subject to conflicting influences and loyalties relating to the defendant. ... [Thus,] in order to insure the corporation the freedom of alignment that will serve its best interest, it seems that independent counsel should be retained whenever there is a potential for abuse and suggestion of conflict. 13 Fletcher’s Cyclopedia of the Law of Private Corporations Sec. 6025, págs. 442-443 (1991).

Varias jurisdicciones estatales han adoptado esta posi-ción a la hora de determinar si el abogado de una corpora-ción puede, además, asumir la representación de uno de sus accionistas. Por ejemplo, en Messing v. FDI, Inc., 439 F. Supp. 776 (D. N.J. 1977), el Tribunal Supremo de Nueva Jersey dispuso que para evitar que la decisión inicial sobre el rol que debe asumir la corporación esté viciada de un interés adverso a ésta, debe evitarse la representación dual. íd., págs. 781-782. Por otro lado, en Schmidt v. Magnetic Head Corp., 476 N.Y.S.2d 151 (1984), el Tribunal Supremo de Nueva York dispuso que cuando una corporación pudiera tener una causa de acción contra uno de sus direc-tores, pero no la ejerce porque los directores representados de forma simultánea por el abogado corporativo no reco-miendan este curso de acción, dicho abogado debe ser descalificado. Id., pág. 158.

Se ha señalado que, por su particular naturaleza, las corporaciones íntimas o familiares no deben ser sometidas a tan riguroso tratamiento en lo que respecta a la repre-sentación dual. Las corporaciones íntimas están reguladas por la Sec. 1102(c) de nuestra Ley General de Corporacio-nes, 14 L.P.R.A. sec. 1102(c), y reciben un trato particular en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, tienen que estar compuestas por once (11) accionistas o menos; así tienen mayor libertad que las corporaciones tradicionales para escoger el modo como se ejercerá su dirección y administración. Inclusive pueden ser dirigidas y adminis-tradas por un solo accionista. 14 L.P.R.A. sec. 1102(c).

Debido a ello, en este tipo de corporación se da una relación interna distinta a la que se desarrolla en las corporaciones tradicionales, que son mucho más estructuradas. Los directores y accionistas se consideran más bien socios y asumen la posición de directores o accionistas únicamente en sus negociaciones con terceros. L.E. Mitchell, Professional Responsibility and the Close Corporation: Toward a Realistic Ethic, 74 Cornell L. Rev. 466, 469 (1989).

Por otro lado, los derechos de los accionistas que controlan la corporación y los de la propia corporación suelen ser, en la mayor parte de los casos, idénticos e inseparables. Es por ello que, contrario al caso de las corporaciones tradicionales, en el cual la representación dual es excepcional, el abogado que representa a una corporación íntima suele representar a los accionistas que controlan la corporación en su carácter individual. In re Browns tein, 602 P.2d 655, 656 (Or. 1979). Ello se fomenta para evitar que dichas corporaciones tengan que duplicar inne-cesariamente los gastos de representación. Véase Mitchell, supra.

No obstante lo anterior, los tratadistas de derecho cor-porativo han sido claros al expresar que, al igual que en el caso de las corporaciones tradicionales, un abogado puede representar tanto a la corporación como a su accionista mayoritario, únicamente cuando los intereses de ambos no estén en conflicto. 1 O’Neal’s Close Corporations Sec. 2.02 (3ra ed. 1992). Esta posición ha sido adoptada por varios foros estatales.

Por ejemplo, en In re Banks, 584 P.2d 284, 292 (Or. 1978), el Tribunal Supremo de Oregon dispuso que la única posición ética que un abogado de una corporación íntima podía asumir, cuando los intereses que había estado repre-sentando se tomaban opuestos, era no representar ni al individuo ni a la corporación. Id., pág. 292. Por otro lado, en In re Brandsness, 702 P.2d 1098 (Or. 1985), dicho tribunal expresó que un abogado que represente a una corpora-ción íntima así como a su presidente no podrá luego repre-sentar a dicho presidente en contra de otro accionista de la corporación. íd., págs. 1102-1103.

Consideramos acertada la posición asumida por el tribunal en In re Banks, supra, relativa a que tan pronto surjan posiciones encontradas entre una corporación íntima y su accionista mayoritario, el abogado que los esté representando a ambos simultáneamente tiene la obligación de renunciar a ambas representaciones. Dicha posición es compatible con la regla que hemos adoptado en esta jurisdicción, con respecto a que en aquellos casos de representación simultánea en que haya una posibilidad de conflicto, es preciso declinar lá representación de ambas partes. Ortiz v. Soliván Miranda, supra; In re Roldán González, supra.

IV

Antes de pasar a evaluar si el bufete de Cando, Nadal, Rivera & Díaz debe ser descalificado —por estar ante una situación de un potencial conflicto de intereses— resulta necesario examinar cuándo procede descalificar a un abo-gado o a un bufete de abogados.

Este Tribunal ha dispuesto que las mociones de descalificación no constituyen de por sí acciones disciplinarias, sino más bien medidas preventivas para evitar posibles violaciones a los cánones de ética profesional. K-Mart Corp. v. Walgreens of P.R., Inc., 121 D.P.R. 633, 637 (1988). Es por ello que los tribunales de instancia pueden evaluar y resolver dichas mociones cuando se presenten en casos que se ventilan ante sí. íd., pág. 638.

Por otro lado, hemos expresado que como las mociones de descalificación constituyen medidas preventivas, no es necesario que se aporte una prueba sobre una violación ética para que procedan. En estos casos, “la apariencia de impropiedad será utilizada para resolver cualesquiera du-das que surjan sobre posible conflicto de intereses, en favor de la descalificación”. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 792.

Ello no significa que la mera presentación de una moción de descalificación dé lugar, sin más, a que ésta se ordene. Al evaluar este tipo de moción, los tribunales tienen el deber de sopesar los intereses en conflicto. En ese proceso deben tomarse en consideración elementos tales como si quien solicite la descalificación tiene legitimación activa para invocarla; la gravedad del conflicto de interés involucrado; la complejidad del derecho o los hechos pertinentes a la controversia, y el expertise de los abogados in-volucrados; la etapa de los procedimientos cuando suija la controversia sobre la descalificación y su posible efecto en cuanto a la resolución justa, rápida y económica del caso, y el propósito detrás de la descalificación; es decir, si la mo-ción de descalificación está siendo utilizada como un meca-nismo procesal para dilatar los procedimientos. Véanse: Ramos de Szendrey, supra, y Fed. Pese. Playa Picúas v. U.S. Inds., Inc., 135 D.P.R. 303, 327 (1994), opinión concu-rrente en parte y disidente en parte emitida por la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Cuando la moción de descalificación incluya no sólo a un abogado, sino también al bufete al cual éste pertenezca, resultará necesario considerar otros factores adicionales para determinar si la situación amerita que se descalifique al bufete en su totalidad. Es decir, hay que determinar si la descalificación del abogado en particular (descalificación primaria) debe imputársele al bufete en general (descalificación imputada).

La doctrina de descalificación imputada “autoriza la imputación de la causal de descalificación primaria a todos los abogados del bufete o agrupación.... [E]sta imputáción asume el carácter particular de una presunción de confidencias compartidas. Según el caso, esta presunción puede convertir al bufete o grupo de abogados en un solo abogado, de manera que quedaría descalificado de aquella representación ... sucesiva adversa”. Robles Sanabria, Ex parte, supra, pág. 752.

Dicha presunción no se activa de forma automática en todo caso. Ésta aplica únicamente a aquellos bufetes o grupos de abogados cuyo ambiente se caracterice por “el libre flujo y fácil acceso a información o por incentivos considerables para que los abogados compartan información entre sí”. Robles Sanabria, Ex parte, supra, pág. 752. Aun en los casos en los cuales se determine que ésta aplica, esto no siempre conllevará la descalificación automática del bufete. Si se trata dé un caso en que la parte opositora podría demostrar razonablemente que no existe una razón de peso que justifique su descalificación, la presunción se-ría refutable. P.R. Fuels, Inc. v. Empire Gas Co., Inc., supra. En cambio, si se trata de un caso en que no resulte razonable concluirlo, la presunción sería irrefutable. En es-tos casos, la mera presunción convierte al bufete de aboga-dos en un solo abogado para fines de la doctrina de desca-lificación imputada. Robles Sanabria, Ex parte, supra.

Examinada la doctrina prevaleciente sobre la descalifi-cación primaria e imputada, examinemos si se justifica su aplicación en el caso de marras.

V

La parte recurrida nos señala en su comparecencia que, no obstante el hecho de que el bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz puso fin a su representación simultánea adversa de Liquilux y Zaragoza al renunciar, a través de su represen-tante, el Ledo. Javier Cuevas Silva, a la representación de Zaragoza, dicho bufete debe ser descalificado por existir un conflicto de intereses insalvable entre su representación actual de Liquilux y su pasada representación de Zaragoza. En otras palabras, los recurridos aducen que, como resultado de la representación simultánea de Liqui-lux y Zaragoza, se desarrolló una relación entre el bufete y éste último que requería que Cancio, Nadal, Rivera & Díaz renunciara no sólo a su representación de Zaragoza, sino también a su representación de Liquilux. Plantean, en esencia, una posible violación a los deberes de lealtad y de confidencialidad que tiene todo abogado hacia sus clientes.

Como abogado de una corporación íntima, el Ledo. Javier Cuevas Silva le debía completa lealtad a dicha entidad corporativa y no a sus accionistas. Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra. Conforme con este canon, Cuevas Silva sólo podía representar simultáneamente al accionista mayoritario y a la corporación si los intereses representa-dos no estaban en conflicto.

Si bien de primera intención el pleito de marras no apa-rentaba contener conflicto de interés alguno, una vez la parte recurrida trajo a Zaragoza como tercero demandado, surgió la posibilidad de que la causa próxima del daño su-frido por Liquilux estuviese ligada a él y no a los accionis-tas minoritarios. Ante este hecho, la probabilidad de que la relación entre Zaragoza y el licenciado Cuevas Silva pre-juiciara la estrategia asumida por este último, al punto de forzarlo a asumir posiciones desfavorables para Liquilux con tal de no perjudicar a Zaragoza, se tornó muy real.

Aun cuando el licenciado Cuevas Silva optara por repre-sentar fielmente a la corporación, como lo exige el Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, cabría la posibi-lidad de que se viera forzado a utilizar la información ob-tenida en confidencia de Zaragoza, como resultado de su representación anterior de éste, para su perjuicio. Cual-quiera de las dos (2) posiciones sería contraria al deber de lealtad que todo abogado le debe a sus clientes, que con-siste en ejercer un criterio profesional independiente y no divulgar sus secretos y confidencias.

Ante una representación simultánea que resultaba ad-versa dado el hecho de que, independientemente de la po-sición que asumiera en el caso de marras, Cuevas Silva iba a incumplir con su deber de lealtad hacia uno de sus clien-tes, éste tenía la obligación de renunciar a su representa-ción de ambos, tal y como dispusimos antes. Si aplicamos el principio de que cualquier duda sobre la existencia de un conflicto de interés debe ser resuelto en favor de la desca-lificación, tenemos que concluir que actuó con corrección el foro de instancia al decretar la descalificación del licen-ciado Cuevas Silva. Un examen de los factores que deben considerarse al evaluar la procedencia de una moción de descalificación así lo comprueba. Veamos.

En primer lugar, los recurridos, sin lugar a dudas, po-seen legitimación activa para solicitar la descalificación, puesto que se verían directamente afectados si no se des-calificara al abogado en cuestión. Además, la gravedad del conflicto de interés presentado es incuestionable dado el hecho de que no importa la posición asumida por Cuevas Silva, éste incumpliría con su deber de lealtad para con uno (1) de sus dos (2) clientes.

Por otro lado, la controversia expuesta no requiere un expertise particular, que impida que otro abogado o grupo de abogados pueda representar adecuadamente a Liquilux. Además, si bien la demanda del caso fue presentada hace ya algún tiempo, lo cierto es que la ventilación del caso en sus méritos se ha visto retrasada por la gran cantidad de trámites procesales que han realizado ambas partes hasta esta fecha. Por lo tanto, al hacer un balance de intereses, no hay duda que evitar un conflicto de intereses pesa mu-cho más que fomentar la solución rápida de estos procedimientos.

Finalmente, estamos convencidos de que, contrario a lo que alega la parte recurrente, la demanda contra tercero no constituye un mero subterfugio para atrasar los procedimientos judiciales en instancia al forzar la descalificación del licenciado Cuevas Silva. Como bien dispone la parte recurrida, la mera consolidación de dos (2) pleitos no ocasiona que las partes de uno de los pleitos se conviertan en partes del otro pleito. Véase la Contestación a orden para mostrar causa de la parte recurrida, pág. 5. Ante este hecho, los recurridos no tenían otra alternativa que traer a Zaragoza como tercero demandado.

VI

Sólo nos resta evaluar si, a la luz de la doctrina de la descalificación imputada, era necesario descalificar además al bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz.

En primer lugar, debemos mencionar que por su tamaño relativamente pequeño, y por el hecho de que más de un abogado firmó las mociones y los alegatos presentados por dicho bufete, no resulta insostenible concluir que estamos ante un bufete caracterizado por el libre flujo de ideas y fácil acceso a información, o por incentivos considerables para que los abogados compartan información.

Aun cuando entendiéramos que no sea razonable con-cluir que en el caso de autos, Cancio, Nadal, Rivera & Díaz podía demostrar que no existía una razón de peso que jus-tificara su descalificación, el bufete no colocó al tribunal de instancia en posición de establecer qué medidas preventi-vas tomó para evitar cualquier filtro de información perti-nente al caso de marras. Véase la Resolución del Tribunal Superior, pág. 15. Ante esta realidad, y para proteger a Liquilux y/o a Zaragoza contra conductas desleales, o contra el uso adverso de confidencias y de secretos por aque-llos abogados del bufete que no participaron directamente en su representación, pero sí estaban al tanto de ésta, en-tendemos que procedía imputarle la descalificación del li-cenciado Cuevas Silva y del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz.

VII

No estamos ajenos al hecho de que al Liquilux ser una corporación íntima dominada, en esencia, por Zaragoza, si se deja en manos de éste último la contratación y supervi-sión de una nueva representación legal, las estrategias asumidas por dicha representación serían las más benefi-ciosas para Zaragoza y no necesariamente favorecerían a la corporación.

Si bien en las corporaciones íntimas se da una relación particular entre los socios y la entidad corporativa, no podemos descartar por ello la existencia de una entidad jurídica separada e independiente. Ni el Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra, ni la Ley General de Corporaciones, supra, le confieren un tratamiento distinto a dichas corporaciones en lo que respecta a la personalidad jurídica de éstas.

Ante esta realidad, consideramos prudente que la con-tratación de una nueva representación legal independiente recaiga en manos de la Junta de Directores de Liquilux, y no únicamente de Zaragoza. Una vez contratada, dicha re-presentación deberá responderle directamente a la Junta, nunca a un solo director. De este modo garantizamos que los intereses de la corporación queden debidamente prote-gidos en todo momento.

Por todo lo anterior, confirmamos la resolución del Tribunal Superior.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

       Liquilux Gas Corporation (en adelante Liquilux) es una corporación íntima o de familia compuesta por tres (3) accionistas: Eduardo Zaragoza, Peter Newell y Luis Humberto Berríos, quienes poseen, respectivamente, 67, 25 y 8% de las acciones de dicha corporación. Por otro lado, Zaragoza posee el 75% de las acciones de Puerto Rico Fuels (en adelante PR Fuels), también una corporación íntima, y Newell el 25%.

       El 16 de diciembre de 1994 la parte recurrente nos solicitó que dejáramos sin efecto la paralización de los procedimientos en instancia y ordenáramos la continua-ción de éstos bajo la representación legal temporera del Ledo. Ricardo Rodríguez Padilla. El 20 de diciembre autorizamos al Tribunal Superior a continuar con dichos procedimientos, según lo solicitado por la parte recurrente.
      Dicha orden en nada afecta la justiciabilidad del recurso de certiorari,, puesto que, si revocáramos la descalificación del bufete Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, dicho bufete continuaría representando a Liquilux en el caso de instancia.

       Dicho canon del Código de Ética Profesional dispone, en su totalidad, lo siguiente:
      “El abogado tiene para su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
      “No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cum-plimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
      “La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que pueden afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste.
      “Un abogado que representa a una corporación o sociedad le debe completa lealtad a la persona jurídica y no a sus socios, directores, empleados o accionistas y solamente puede representar los intereses de dichas personas cuando los mismos no vengan en conflicto con los de la corporación o sociedad.
      “Cuando un abogado representa a un cliente por encomienda de otra persona o grupo, quien le paga al abogado por dicho servicio, debe renunciar la representación de ambos tan pronto surja una situación de conflicto de intereses entre la persona o grupo que le paga sus honorarios y la persona a quien representa.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Véase A.B.A. Center for Professional Responsibility, Model Rules of Professional Conduct Sec. 1.13 (1994).

       Para una visión similar a la de Fletcher, véanse, además: I The Law of Lawyering: A Handbook on the Model Rules of Professional Conduct Sec. 1.13:602, pág. 433 (2da ed. 1992), y Developments in the Law: Conflicts of Interest in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 1349-1350 (1981).

       Para satisfacer el requisito de legitimación activa es necesario que el promo-vente demuestre que la representación en controversia le causa un pequicio o una desventaja indebida en el caso. Véase M. Ramos de Szendrey, Conducta Profesional, 64 Rev. Jur. U.P.R. 693 (1995).

       En cuanto a los méritos de dicha demanda, debemos recordar que, según la Regla 12.1 de Procedimiento Civil, en cualquier momento después de haber comen-zado el pleito, el demandado puede traer a cualquier persona que no sea parte en el pleito y que sea o pueda serle responsable al demandado en todo o en parte de la reclamación del demandante. 32 L.P.R.A. Ap. III. Dicha demanda constituye una adjudicación de responsabilidad por parte de los demandados y no necesariamente tiene que invocar una nueva causa de acción. Es por ello que el tribunal de instancia actuó correctamente al declarar sin lugar la moción de desestimación de la demanda contra tercero, no obstante haber declarado sin lugar la apción derivativa y la acción directa presentadas por la parte recurrida.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Eddy Rivera Maldonado.

      Número: 4132

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Angelita Rieckehoff, Directora Ejecutiva del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

Vista la Moción informativa del Colegio de Abogados de Puerto Rico, al efecto de que el Ledo. Eddy Rivera Maído-nado había sido dado de baja de dicho colegio a petición de éste, se accede a lo solicitado y se autoriza la inactivación de dicho abogado como licenciado para ejercer la profesión jurídica en nuestro Foro y como miembro de la referida institución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    First Federal Savings Bank, demandante y recurrente, v. Carlos Nazario González et als., demandados y recurridos.

      Número: RE-92-537

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Luis Berrios Amadeo, de Cando, Nadal & Rivera, abogado del recurrénte; María del P. Terrasa y Elmer L. Cuerda Acevedo, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., aboga-dos de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente, First Federal Savings, acude ante nos para que revisemos la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez (Hon. Manuel J. Vera Vera, Juez) mediante la cual se declaró con lugar una demanda de cobro de dinero a favor del mencionado banco por la suma de $17,092.12. Sin embargo, el tribunal resolvió que el pagaré hipotecario que garantizaba dicha obligación, el cual fue otorgado por los recurridos a favor de la recu-rrente, era nulo. Según veremos, para resolver el presente recurso tendremos que determinar si el pleito que origina el mismo conlleva reclamaciones múltiples que justifiquen una sentencia parcial final en cuanto a una de éstas, según dispone la Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). Examinemos los hechos que dieron lugar a la controversia legal sobre la cual hoy nos expresamos.

I

La Sra. Wanda Iris Alers Quiñones y su esposo el Sr.

Carlos Nazario, recurridos en el presente pleito, iniciaron gestiones en el First Federal Savings (en adelante First Federal) para obtener un préstamo que sería utilizado para la compra de una vivienda. Durante el trámite para conseguir el referido préstamo, el banco se percató de que la Administración de Veteranos había dictaminado que el señor Carlos Nazario tenía un 100% de incapacidad mental. Debido a la supuesta incapacidad del recurrente, el banco le requirió a la señora Alers Quiñones, como con-dición para obtener el préstamo hipotecario, que obtuviera una declaración judicial de incapacidad de su esposo y que, además, gestionara una autorización judicial para poder llevar a cabo la transacción financiera que gestionaba con el banco, todo ello conforme con las disposiciones pertinen-tes en los Arts. 212, 183 y 168 del Código Civil de Puerto Rico, según enmendados, 31 L.P.R.A. sees. 786, 706 y 662.

En vista de ello, la recurrida inició los trámites judicia-les, ex parte, para cumplir con los requisitos legales seña-lados por el First Federal. El Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, dictó una orden mediante la cual designó a la señora Alers Quiñones tutora legal de su esposo, a los úni-cos efectos de llevar a cabo las transacciones aquí descritas.

Así las cosas, el banco aprobó la transacción y los espo-sos recurridos obtuvieron el inmueble que constituyó el ho-gar del matrimonio. Sobre dicho bien constituyeron una hipoteca a favor del First Federal en garantía de un pagaré por la cantidad de $27,400, la cual fue debidamente ins-crita en el Registro de la Propiedad.

Tiempo después, los esposos recurridos incumplieron con su obligación de pago, razón por la cual la institución financiera inició el trámite judicial de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria.

El 27 de agosto de 1990 la Sala que atendió el caso dictó una “sentencia parcial final” mediante la cual resolvió que era nula la orden del tribunal en la que se designó a la señora Alers Quiñones tutora de su esposo y la autorizó a llevar a cabo las mencionadas transacciones financieras. Fundamentó tal decisión en que dicha orden no fue prece-dida por declaración judicial de incapacidad, conforme al procedimiento establecido por ley en el Art. 183 del Código Civil, supra. A esos efectos, el juez de instancia resolvió que tanto la hipoteca como el pagaré hipotecario eran nulos. No obstante, el tribunal apercibió a First Federal sobre el derecho que tenía a reclamar el alegado crédito hipotecario mediante una acción ordinaria de cobro de dinero.

Al resolver que no procedía la ejecución de la hipoteca, el tribunal de instancia consideró que estaba disponiendo de una de varias reclamaciones que supuestamente incluía el pleito que tenía ante su consideración. A esos efectos, y al amparo de la citada Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979, el tribunal ordenó el registro en autos de la sen-tencia parcial dictada haciendo constar que no existía ra-zón para posponer dicho acto hasta la resolución total del pleito.

Así las cosas, el tribunal dictó una nueva sentencia el 12 de agosto de 1992, en la cual dispuso totalmente del caso al condenar a los demandados y a la sociedad legal de ganan-ciales constituida por ambos al pago de la cantidad reclamada. En esta nueva sentencia el magistrado indicó que a pesar de que la “sentencia parcial final” dictada el 27 de agosto de 1990 pudiera ser errónea, la misma había advenido final y firme ya que la parte demandante no re-currió de la misma. Debido a ello, el tribunal entendió que estaba obligado por la disposición hecha en dicha sentencia parcial en tomo a la supuesta nulidad de la hipoteca y que solamente tenía jurisdicción para disponer de la acción personal ordinaria de cobro de dinero.

En su nueva sentencia final, el tribunal determinó que las partes utilizaron el producto del préstamo para la com-pra del hogar de los cónyuges. En vista de ello concluyó que dicho préstamo se hizo en beneficio de la familia y, por lo tanto, la sociedad legal de gananciales quedó obligada por el mismo. Véanse: Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70 (1982); Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591 (1984).

Inconforme con la determinación del tribunal, el First Federal recurre ante nos y aduce la comisión de dos errores. En primer lugar argumenta que la llamada “sen-tencia parcial” era en verdad una resolución del tribunal, ya que ésta no resolvía “reclamación” alguna. Por ende, aduce que nosotros no estamos en posición de revisar lo que en ella se dispuso porque los pronunciamientos conte-nidos en la misma nunca formaron parte de una sentencia final. Propone el First Federal, además, que el tribunal incidió al declarar nula la hipoteca. Fundamenta su posi-ción en los pronunciamientos hechos por esta Curia en Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 125 D.P.R. 340 (1990).

Luego de evaluar el recurso presentado, concedimos tér-mino a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos devolver el caso a instancia para qué volviese a pasar juicio sobre el aspecto de la nulidad de la hipoteca. La parte recurrida ha comparecido. Resolvemos.

HH I — 1

La recurrente nos argumenta que el juez de instan-cia nunca dispuso de “reclamación” alguna en la sentencia parcial dictada el 27 de agosto de 1990, por lo que tal sen-tencia no constituyó una adjudicación final con el potencial de convertirse en firme. Tiene razón.

La Regla 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en lo relevante al caso de autos indica lo siguiente:

Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totalidad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones hasta la resolución total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sentencia.
Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea re-gistrada y se archive en autos copia de su notificación, comen-zará a correr en lo que a ella respecta los términos dispuestos en las Reglas 47, 48 y 53. (Énfasis suplido.) En cuanto a la aplica-ción de esta regla véanse, en general: Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297 (1987); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982); Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504 (1977); Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955).

La regla que acabamos de invocar no define lo que es una “reclamación”. Como nunca nos hemos expresado en cuanto a ese término dentro del contexto de la referida regla, revisaremos los pronunciamientos que en torno a dicho tema se han hecho sobre la Regla 54(b) de Procedi-miento Civil federal de la cual surge nuestra Regla 43.5(b), resultando ser idénticas.

En el caso de Reeves v. Beardall, 316 U.S. 283, 286 (1942), el Tribunal Supremo de Estados Unidos original-mente determinó que existían reclamaciones múltiples, dentro del contexto de la Regla 54(b), cuando cada una de las alegadas reclamaciones surgía de transacciones que eran absolutamente distintas y separadas.

La experiencia en la jurisdicción federal al aplicar la llamada doctrina de la "transacción” creó grandes confusio-nes, puesto que resultaba complicado determinar si los he-chos esenciales dentro de una u otra supuesta reclamación eran completamente distintos. Véanse: Nota, Federal Courts— Appeals—Federal Rule 54(b) and the Final Judgment Rule, 47 (Núm. 2) Mich. L. Rev. 233, 235 — 236 (1948); 6 Moore’s, Federal Practice Sec. 54.24 (2da ed. 1953); Nota, Federal Rule 54(b): The Multiple Claims Requirements, 43 (Núm. 2) Va. L. Rev. 229, 231 (1957); Moore’s Federal Practice, supra, Vol. 6, Sec. 54.33[2].

Como consecuencia de esa situación, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, a través de sus opiniones en Sears, Roebuck & Co. v. Mackey, 351 U.S. 427 (1956), y Cold Metal Process Co. v. United Co., 351 U.S. 445 (1956), revocó la doctrina de Reeves v. Beardall, supra. A pesar de la ambigüedad que reflejó el Tribunal en Sears, Roebuck & Co. v. Mackey, supra, y en Cold Metal Process Co. v. United Co., supra, en torno a la metodología utilizada para deter-minar si en dichos casos existían reclamaciones múltiples, los tratadistas han expresado que la misma está funda-mentada en lo que se ha caracterizado como la doctrina de los remedios múltiples, la cual, a su vez, tiene su génesis en casos resueltos por el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito. Véanse: Nota, Federal Rule 54(b): The Multiple Claims Requirement, supra, pág. 234. 10 Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Proce dure: Civil 2d See. 2657, pág. 62 (1983); Judgements and Orders, 21 Fed. Pro. L. Ed. Sec. 51:72o, págs. 503-505.

La doctrina de los remedios múltiples (Multiple Claims) indica:

A single claimant presents multiple claims for relief under the Second Circuit’s formulation when his possible recoveries are more than one in number and not mutually exclusive or, stated another way, when the facts give rise to more than one legal right or cause of action. (Enfasis suplido y escolio omitido.) Wright, Miller and Kane, supra, pág. 67. Véanse, en general: Higgins v. Shenango Pottery Company, 256 F.2d 504, 508 (3er Cir. 1958); Avondale Industries Inc. v. Travelers Indem. Co., 123 F.R.D. 80, 82 (1988); Pioneer Operations Co. v. Brandeberry, 789 P.2d 1182 (Kan. 1990).

A manera de ejemplo, en el caso Sears, Roebuck & Co. v. Mackey, supra, el demandado pudo haber sido hallado si-multáneamente responsable no sólo bajo los preceptos de las leyes antimonopolísticas, sino bajo las disposiciones del derecho común. El hecho de que el tribunal determinase que el demandado tenía que responder bajo las leyes anti-monopolísticas no impedía que ese mismo tribunal resol-viese que procedía un remedio adicional asentado en el de-recho común, a pesar de que ambas acciones estaban fundamentadas en hechos similares. En otras palabras, de los hechos alegados surgía o se originaba más de una causa de acción.

Luego de analizar la citada jurisprudencia federal, so-mos del criterio que en el caso de marras no procedía que se dictara sentencia parcial final según dispone la Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979, supra. Veamos.

HH i — I

La acción de ejecución de hipoteca por la vía or-dinaria es de naturaleza mixta: la personal y la real. C.R.U.V. v. Torres Pérez, 111 D.P.R. 698, 699 (1981). El acreedor puede optar por tratar de obtener la satisfacción de la sentencia que sea dictada en reconocimiento de su crédito mediante requerimiento personal al deudor o me-diante la ejecución de la garantía hipotecaria. P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, 123 D.P.R. 231 (1989). Por lo tanto, cuando el deudor y el propietario del bien hipotecado es la misma persona, la acción personal está inmersa en la acción real de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, por lo que las mismas son “mutuamente excluyentes”. P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra, pág. 246. En tal caso, el reclamante tendrá derecho a un solo remedio, esto es, el pago de lo adeudado. El hecho de que dicha reclama-ción pueda hacerse efectiva mediante el pago personal de la deuda o mediante la ejecución de la hipoteca no significa que las demandas presentadas para ello contenga múlti-ples reclamaciones. El banco demandante en este caso no tiene derecho a un remedio adicional e independiente de su derecho a obtener el pago de la deuda reclamada. Nos en-frentamos en realidad a un mismo remedio: la condena al pago del crédito reclamado.

En resumen, a pesar de las marcadas diferencias entre la acción personal y la acción real, las mismas “aparecen por lo general confundidas ... cuando coincide el propieta-rio de la finca hipotecada y el deudor personal”. R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Parte 2, págs. 1035-1036. Véase, además, P.R. Prod. Credit Assoc. v. Registrador, supra. El caso de autos se circunscribe a esta última situación. Los espo-sos recurridos son propietarios de la finca hipotecada y deudores personales a la misma vez. Por consiguiente, am-bas acciones, es decir la real y la personal, quedaron con-fundidas dentro de la acción hipotecaria ordinaria. Esta acción, la cual consideramos como una acción mixta, repre-senta para efectos de la Regla 43.5 de Procedimiento Civil, supra, una sola reclamación.

III

Surge de nuestra discusión que la sentencia parcial dictada por el tribunal el 27 de agosto de 1990 no constituía una adjudicación final a los fines dispuestos por la citada Regla 43.5 de Procedimiento Civil, ya que la misma no dispuso en forma completa de la única reclamación hecha en la demanda instada en este caso. Nos encontramos en realidad ante una resolución intérlocutoria del tribunal, a la cual no es de aplicación el término para la revision de las sentencias dispuesto por la Regla 53.1(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Debido a ello, First Federal no tenía obligación de acu-dir ante nos mediante el correspondiente recurso de revi-sión hasta tanto no se resolviera la totalidad del pleito. Díaz v. Navieras de P.R., supra; Cortés Román v. E.L.A., supra. Véase, además, Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., supra. Habiéndose recurrido en tiempo de la sentencia final que adjudicó totalmente la reclamación ins-tada en el pleito, tenemos jurisdicción para revisar lo re-suelto por el tribunal de instancia mediante su mal deno-minada Sentencia Parcial de 27 de agosto de 1990.

IV

Como ya hemos expuesto, el tribunal de instancia, me-diante la antes mencionada sentencia parcial, determinó que la hipoteca constituida por la señora Alers Quiñones no era válida ya que ella no tenía capacidad jurídica para comparecer como representante de su esposo. Más aún, concluyó que al éste no comparecer al otorgamiento de la escritura, se incumplieron los requisitos exigidos por el Có-digo Civil para las enajenaciones de bienes inmuebles per-tenecientes a la sociedad legal de gananciales. Por lo tanto, determinó erróneamente que dicha escritura de hipoteca carecía de validez.

Desde hace mucho tiempo hemos resuelto que los actos de un tutor, cuyo nombramiento está avalado judicialmente, no pueden ser anulados por razón de que posteriormente se deje sin efecto la orden decretando su nombramiento. Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 47 D.P.R. 590, 596 (1934); Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 45 D.P.R. 471, 495 (1933). Estos casos se originaron cuando decretamos la nulidad del nombramiento de tutor hecho por la anterior Corte de Distrito de Mayagüez (hoy Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior) a favor de uno de los hijos de la incapacitada —quien no era el mayor de los hijos de ésta— en contravención con las disposicio-nes del Art. 256 del Código Civil de 1902. Sin embargo, ese hecho no lo conocía el tribunal al momento en que designó al peticionario como tutor de su madre incapacitada. Veáse Del Moral v. Corte, 41 D.P.R. 523 (1930).

Antes de que se decretara nulo dicho nombramiento, el señor Del Moral (tutor) había realizado varias gestiones a nombre de su madre, entre las cuales se encontraba la pre-sentación de un procedimiento ejecutando un crédito hipo-tecario a su favor. Habiendo obtenido el tutor la correspon-diente sentencia para la ejecución de dicho crédito, el deudor hipotecario impugnó en la apelación instada ante nos el procedimiento de ejecución por diversas razones, una de las cuales era* la falta de capacidad del señor Del Moral para actuar como tutor de su madre. Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 45 D.P.R. 471 (1933). En cuanto a esta controversia en particular, este Tribunal entendió que las actuaciones del señor Del Moral, mientras duró su tutela, no podían ser despojadas de validez legal. Este ha-bía obtenido autorización judicial previa para tramitar la ejecución de la hipoteca. A esos efectos se estableció:

Aún admitiendo que Francisco del Moral no podía desempe-ñar las funciones de tutor general, cuando se inició y ultimó el procedimiento ejecutivo, siempre tendríamos que la corte inferior concedió autorización a dicho señor para cobrar el prés-tamo hipotecario por la vía sumaria. El Sr. del Moral solicitó este permiso de la corte, y si ésta, después de haberse penetrado del propósito que se perseguía, autorizó a dicho señor del Moral para que ejercitase el procedimiento mencionado en beneficio de la incapacitada, entendemos que no procede declarar nulo dicho procedimiento, por el hecho de que el hijo mayor de doña Carmen no hubiese sido nombrado todavía tutor general de la misma. Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 45 D.P.R. 471, 495 (1933).

Posteriormente, se solicitó reconsideración de dicha de-cisión (Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 47 D.P.R. 590 (1934)) en cuanto al efecto de la nulidad del nombra-miento de tutor. Luego de un análisis comparativo sobre dicho asunto se declaró no ha lugar la reconsideración. Nuevamente se expresó que “[e]sta corte, por cuestiones de procedimiento, anuló la orden designando a Francisco Del Moral tutor de la incapacitada, pero nuestra resolución no puede tener la trascendencia de anular todos los actos rea-lizados en ejercicio de la tutela por este señor, quien hasta la fecha de pronunciarse nuestra sentencia actuó como tutor de la referida incapacitada”. Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 47 D.P.R. 590, 596 (1934).

Obtener autorización judicial para los efectos de realizar una enajenación de bienes inmuebles pertenecientes a personas que carecen de capacidad jurídica para efectuar dicha transacción es un requisito primordial establecido en el Art. 212 de nuestro Código Civil, supra. “La autorización judicial es necesaria precisamente por esas posibles repercusiones que tales actos pueden tener sobre la persona o el patrimonio del tutelado, por su mayor trascendencia, por su eventual perjuicio o consecuencias desfavorables; todo lo cual justifica que el tutor no pueda por si solo decidir en semejantes casos y necesite de la intervención del juez.” M. Amorós Guardiola, Comentarios a las reformas de nacionalidad y tutela, Madrid, Ed. Tecnos, 1986, Vol. 1, pág. 541. La falta de previa autorización judicial constituye un defecto no subsanable. Hidalgo v. Registrador, 37 D.P.R. 477, 482 (1927); Del Rosario et al. v. Rucabado, 23 D.P.R. 473, 486 (1916). Véase, también, C.E. Mascareñas, La tutela en el derecho puertorriqueño, Año IV (Núm. 15) Rev. Der. Pur. 181, 207 (1965).

El hecho de que un tribunal con jurisdicción sobre la persona del pupilo otorgue su autorización para que el tutor de éste pueda realizar ciertas funciones brinda certeza y conñabilidad al referido proceso. Al obtener dicho con-sentimiento, “el ámbito de poder del representante se li-mita o perfila mediante diversas cortapisas” provistas por la institución encargada de velar por el bienestar de los incapacitados”. E. Vázquez Bote, Derecho privado puerto-rriqueño, Oxford, Butterworth, T. IV, 1992, pág. 286.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, es obligado concluir que, habiendo la señora Alers Quiño-nes obtenido autorización judicial para otorgar la referida hipoteca como tutora de su esposo, la misma es válida, aún cuando su nombramiento como tutora pueda haber sido nulo. Esta transacción fue hecha en beneficio del señor Nazario y así fue refrendada mediante la aprobación de la misma por el Tribunal Superior en su Resolución de 8 de febrero de 1980.

Según anticipó el tribunal de instancia en su “sentencia final”, la declaración de nulidad de la hipoteca fue equivocada. La misma estuvo bien constituida, ya que la señora Alers Quiñones compareció a nombre propio y como tutora de su esposo, conforme a la orden emitida por el tribunal a esos efectos. Mas, por razón de que los deman-dados incumplieron con los términos acordados en la misma, ésta se torna exigible y ejecutable.

Se dictará sentencia dejando sin efecto la sentencia par-cial en cuanto a la declaración de nulidad de la escritura y el pagaré hipotecario, y se ordenará proceder a la ejecución del mismo.

El Juez Asociado Señor, Rebollo López concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Según los facultativos médicos de dicha agencia federal, el recurrido padecía de esquizofrenia no diferenciada. Los psiquiatras que le atendieron concluyeron que dicha enfermedad resultó ser el producto, al menos en parte, de sus experiencias en el conflicto bélico de Vietnam.

       Dicha orden fue el producto de las alegaciones hechas por la señora Alers Quiñones, las cuales fueron “aceptadas” por el Fiscal. El Juez no tuvo el beneficio de evidencia testifical y/o documental antes de emitir la aludida orden.

       El tribunal llegó a dicha conclusión luego de un análisis de nuestros señala-mientos en Cordero Crespo v. Registrador, 88 D.P.R. 826 (1963), y en Trabal Morales v. Ruiz Rodríguez, 126 D.P.R. 340 (1990). Véase Nota Núm. í de la Sentencia del tribunal dictada el 12 de agosto de 1992, Civil Núm. I-CD89-0264.

       “...una sentencia es final o definitiva cuando resuelve el caso en sus méritos y termina el litigio entre las partes, en tal forma que no queda pendiente nada más que la ejecución de la sentencia.” Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551, 556 (1955), citado con aprobación en Pueblo v. Hernández Maldonado, 129 D.P.R. 472 (1991); Cárdenas Maxán v. Rodríguez, 119 D.P.R. 642 (1987); Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20, 26 (1986).

       Ahora bien, podría darse la situación de que tanto la acción personal como la real se pudiesen ejercitar y que para propósitos de nuestra Regla 43.5 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, cada una de esas acciones representase una reclamación. Véase, en general, Calo Rivera v. Reyes, 115 D.P.R. 123, 127 (1984). Nos referimos a la situación particular en que el deudor personal y el propietario de la cosa hipotecada son dos personas distintas. En su obra, Roca Sastre, al citar a Hademan señala que:
      “... de la yuxtaposición inicial en la relación jurídica compuesta del crédito-hipotecario, de conjunción de la obligación ‘personal’ y la responsabilidad ‘hipoteca-ria’, se sigue la posibilidad de que sean personas distintas el deudor personal y el propietario hipotecariamente responsable. ... Por todo lo dicho se infiere la dualidad de dichas acciones, por cuanto el acreedor tiene una doble posición jurídica, de una parte real, a base de la relación jurídica hipotecaria, de otra obligacional, a base del crédito personal.” (Énfasis en el original.) R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Parte 2, pág. 1035.
      En esta situación procedería que se dictara sentencia parcial ya que estaríamos ante partes múltiples: el deudor personal y el propietario del bien hipotecado.

       Resulta irrelevante el hecho de que el tribunal haya expresado de manera específica que no existía razón para posponer dictar la “sentencia” y que a esos efectos ordenase su registro en autos. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., supra, si dicho dictamen no cumplió con todos los requisitos dispuestos por la citada Regla 43.5.
      En las cortes estatales de Estados Unidos y de los diversos circuitos del sistema federal se han adoptado varios criterios que originalmente fueron esbozados por la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito en Allis-Chalmers Corp. v. Philadelphia Electric Co., 521 F.2d 360 (3er Cir. 1975), y que deben ser tomados en consideración por el juez de instancia para determinar si verdaderamente no existe razón por la cual no se debe posponer el dictar sentencia parcial. A continuación un listado no taxativo de esos criterios: (1) la relación que existe entre la reclamación adjudicada y las que todavía queden pendiente; (2) la posibilidad de que la necesidad de revisión se pueda tornar académica como consecuencia de acontecimientos futuros dentro del pleito; (3) la posibilidad de que la corte que revisa pueda estar obligada a considerar la misma controversia una segunda ocasión; (4) la presencia de una reclamación o una contra-reclamación que pueda resultar en compensación (set-off) de la sentencia parcial contemplada, y (6) consideraciones misceláneas como atrasos, cuestiones eco-nómicas o de solvencia, el hecho de que una contra-reclamación sea frívola, etc. Véase Anotación, Modern Status of State Court Rules Governing Entry of Judgement on Multiple Claims, 80 A.L.R.4th 707 (1990).

       Se realizó un estudio comparativo de jurisprudencia norteamericana ya que no se encontró expresión alguna en tratadistas ni en jurisprudencia española. Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, 47 D.P.R. 590, 595-597 (1934).
      Hoy en día existen en España figuras alternas que podrían utilizarse para con-troversias como la presente. Estas se conocen como la “guarda de hecho” y la “cúratela”. Véanse, entre otros: A. Ventoso Escribano, La reforma de la tutela, Madrid, Ed. Colex, 1985; Comentarios a las reformas de nacionalidad y tutela (1986); C. Rogel Vide, La guarda de hecho, Madrid, Ed. Tecnos, 1986; A. Majada, La incapaci-tación, la tutela y sus formularios, Barcelona, Ed. Bosch, 1985. Aún cuando dichas figuras serían de ayuda a la solución de este caso, decidimos no utilizarlas ya que el legislador, al revisar nuestro Código Civil, no las incorporó al mismo.

       En apoyo a esta determinación se explicó que si no podía considerársele tutor general, podría por lo menos ser defensor judicial o tutor de facto. Esta figura, cuya aplicación en equidad es aceptada, asume las funciones de un tutor, teniendo bajo su custodia al pupilo y sus bienes. Domínguez v. Nadal Vda. de Del Moral, supra, pág. 597.

       Ahora bien, mediante la misma sólo se ponderan las consecuencias del acto a realizarse desde el punto de vista del beneficio a brindársele al pupilo. La validez y eficacia del negocio u acto en sí no será objeto del escrutinio judicial en esa etapa. J. Gil Rodríguez, Comentario del Código Civil, 1991, Vol. I, pág. 799.

       Sobre este particular, no pasamos juicio hoy, por no estar el mismo ante nuestra consideración. Además, la misma no es determinante para nuestra decisión.


author: Juez Asociado Se-ñor Rebollo López. Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

text:
    Aníbal Acevedo Vilá y otros, demandantes y recurrentes, v. Baltasar Corrada Del Río y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-94-620

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Zaideé Acevedo Vilá, abogada de los recurrentes.
   RESOLUCIÓN

(En reconsideración)

A la moción de reconsideración, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso disintió con una opinión escrita, a la que se unió el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

(En reconsideración)

Disentimos, en forma vehemente, cuando una mayoría de los integrantes del Tribunal, en dos (2) ocasiones distin-tas, le negó legitimación activa (standing) a la hoy Presi-denta de la Cámara de Representantes, Hon. Zaida Her-nández Torres, y a otros legisladores pertenecientes al Partido Nuevo Progresista, para impugnar la resolución conjunta mediante la cual la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto, para el año de 1991 — 1992, de la adminis-tración del Ledo. Rafael Hernández Colón y para impugnar la ley que creó el Departamento de Asuntos de la Comuni-dad Puertorriqueña en Estados Unidos, estatuto igual-mente aprobado por las cámaras legislativas bajo la refe-rida administración de gobierno. Véanse: Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593 (1992), y Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992).

Hoy, sin embargo, damos nuestro voto de conformidad a una resolución mayoritaria mediante la cual este Tribunal, igualmente, le niega legitimación activa {.standing) a unos legisladores pertenecientes, esta vez, al Partido Popular Democrático para impugnar unas actuaciones del Comité Interagencial de Evaluación y Aprobación de Propuestas de Mantenimiento Extraordinario (en adelante Comité In-teragencial), creado el mismo originalmente, al amparo de las disposiciones de la Ley de Fondo de Mantenimiento Extraordinario comité cuyos miembros actuales fueron nombrados bajo la administración de gobierno del presente Gobernador de Puerto Rico, Hon. Pedro M. Rosselló.

Nuestra actuación, no hay duda, puede causar sorpresa en la mente del no pensante. Habrá algunas personas, inclusive, que pensaran que estamos actuando, de manera inconsistente, debido a motivaciones no jurídicas. Nada más lejos de la verdad y de la realidad.

La razón detrás de nuestro actuar jurídico, en el día de hoy y en el presente caso, resulta ser sorprendentemente sencilla. Como integrante de este Tribunal, que ama y res-peta el mismo, venimos en la obligación de velar por el buen nombre y reputación de esta institución en todo momento.

La norma jurisprudencial establecida por este Tribunal, en los antes citados casos Hernández Torres v. Hernández Colón et al., ante, y Hernández Torres v. Gobernador, ante, hace apenas tres (3) años, constituye la norma vigente en nuestra jurisdicción en materia de legitimación activa {standing). La referida norma jurisprudencial obliga a este Tribunal. Ahí la razón para que, inclusive, el Juez suscri-biente acatara y ¡o aplicara la misma, como Juez ponente, en la decisión que este Tribunal emitiera en Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

Las normas jurisprudenciales, naturalmente, pueden ser variadas y/o modificadas por el tribunal apelativo que las ha establecido. Ahora bien, resultaría, cuando menos, trágico para esta Institución que las normas que establece sean variadas únicamente por razón de la identidad de los litigantes y la afiliación política de los mismos. Esto es, la única diferencia entre los casos Hernández Torres v. Hernández Colón et al., ante, y Hernández et al. v. Hernández Colón et al., ante, y el caso hoy ante nuestra consideración lo es que en los primeros los demandantes eran miembros del Partido Nuevo Progresista y, en el presente, los litigan-tes son afiliados del Partido Popular Democrático. Eso nunca puede ser razón, o fundamento, para que este Tribunal varíe o modifique su jurisprudencia.

Si Zaida Hernández Torres no tenía standing en el 1992 para impugnar la resolución legislativa conjunta sobre el presupuesto y para cuestionar la ley que creó el mencio-nado Departamento de Asuntos de la Comunidad Puerto-rriqueña en Estados Unidos, tampoco tiene standing Aní-bal Acevedo Vilá en el día de hoy para impugnar las actuaciones del mencionado Comité Interagencial; sobre todo, cuando se considera el hecho adicional —incuestiona-ble, demoledor y ausente en los casos Hernández Torres v. Hernández Colón et al., ante, y Hernández et al. v. Hernández Colón et al., ante de que Aníbal Acevedo Vilá no era ni tan siquiera miembro de la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la referida Ley de Fondo de Mantenimiento Extraordinario.

En resumen, y aun a costa de nuestro criterio jurídico personal, suscribimos la Resolución mayoritaria emitida en el presente caso por el Tribunal con el propósito de evi-tar que la imagen, el buen nombre y la reputación de esta Institución sufran un perjuicio irreparable y trágico.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

(En reconsideración)

f — i

Este recurso permitiría al Tribunal modificar la restric-tiva doctrina sobre legitimación activa (standing) de los legisladores y revocar las injustas y erróneas decisiones de Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593 (1992), y Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992).

Claramente, la actual delegación del Partido Popular Democrático (en adelante P.P.D.) en la Cámara de Repre-sentantes (Hon. Aníbal Acevedo Vilá et al.), que presentó una demanda sobre sentencia declaratoria e injunction, tiene legitimación activa para impugnar la legalidad de los desembolsos de fondos públicos bajo la Ley del Fondo de Mantenimiento Extraordinario, Ley Núm. 66 de 14 de agosto de 1991 (7 L.P.R.A. see. 1382 et seq.).

Al respecto, sus alegaciones revelan que, entre otros ex-tremos, dicho estatuto proveyó la creación del Comité Inte-ragencial de Evaluación y Aprobación de Propuestas de Mantenimiento Extraordinario, el cual quedó facultado para aprobar reglamentos. Aducen que dicho comité pro-mulgó un reglamento que de facto infringe la Ley Núm. 66, supra, enmendándola al margen del proceso legislativo. En otras palabras, impugnan la validez del reglamento por ultra vires, ya que, según ellos, modificó sustancialmente la citada Ley Núm. 66.

Ello independientemente de que en el cuatrienio anterior el Hon. Aníbal Acevedo Vilá y otros de los demandan-tes no intervinieran en la aprobación de la Ley Núm. 66, supra, pues todavía no habían sido electos. La legitimación activa se mide al momento de presentarse la acción judicial. No hay fundamento jurídico válido para estable-cer limitaciones fundamentadas en mayorías o minorías parlamentarias acorde con los resultados electorales del ayer o del presente. Semejante solución, por ficción, es intolerable.

La legitimación activa de los legisladores para impug-nar la legalidad de una actuación u omisión de un funcio-nario o entidad, con o sin reglamento —si dicha actua-ción u omisión se traduce en anular el voto de aquél— no puede supeditarse a que el legislador que haya instado la acción perteneciera a un conglomerado mayoritario que hubiera prevalecido en el debate legislativo y, con su voto afirmativo, hiciera viable la producción de una pieza legislativa. Ciertamente, goza de igual legitimación el le-gislador minoritario que vota contra una medida inconsti-tucional que posteriormente una avasalladora mayoría convierte en ley, dándole así apariencia de licitud; un voto mayoritario jamás puede sanar los vicios de una medida de ese tipo.

II

En nuestro disenso en Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 851, postulamos “ ‘reconocerle a un legislador legitimación activa [standing] cuando demuestra que la ac-tuación impugnada tiene el efecto de anular su voto, pa-sado o futuro, o cuando están en juego otros aspectos fun-damentales de sus prerrogativas legislativas’ (Énfasis en el original.)

Bajo ese prisma, sin prejuzgar los méritos de esta con-troversia, no cabe duda de que los demandantes Acevedo Vilá et al. tienen legitimación activa. Por su condición actual de legisladores minoritarios están investidos de la fa-cultad de legislar y disponer el desembolso de fondos pú-blicos por “ley”. Además, tienen un interés específico de velar que toda enmienda reglamentaria o acción de funcio-nario que autorice la asignación o desembolso de fondos públicos sea para proyectos cobijados y que cumplan los propósitos del Fondo de Mantenimiento Extraordinario.

Como expresáramos en la primera decisión [de Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992)], esa norma anquilosa el proceso evolutivo liberal que reconoce el derecho de los legisladores “a reivindicar las prerrogativas de sus cargos”. Rei-teramos una vez más lo erróneo de sostener que el derecho de fiscalización de las minorías halla su epílogo “con la sola parti-cipación en ‘el debate y proceso legislativo’, esto es, con votar a favor o en contra de una ley”. Como señaláramos, contrario a la corriente doctrinaria prevaleciente en el ámbito federal, nues-tra Constitución reconoce expresamente a las minorías legisla-tivas el papel de fiscalizadores, aun bajo las circunstancias más desfavorables. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2590 (1961); Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327, 342 (1974).
Negar fuera de la arena política la legitimación activa a los legisladores para vindicar sus derechos constitucionales es re-ducir esa función a meros espectadores y, ante los abusos ma-yoritarios, cerrarles las puertas de los tribunales. Así olvidamos que, a fin de cuentas, la legitimación activa de los legisladores nace de la Constitución. Nuestra ley fundamental visualiza a las minorías como el instrumento democrático de fiscalización idóneo para frenar los excesos de las mayorías.
“Es obvio, que si cualesquiera —Primer Ejecutivo o la Asam-blea Legislativa— menoscaba o incumple dicho deber constitu-cional, el otro poder puede legítimamente venir a los tribunales a compeler su cumplimiento. Y en sana lógica es ineludible con-cluir que si la Asamblea Legislativa, como Cuerpo, no actúa en defensa de sus prerrogativas constitucionales, cualquiera de sus miembros tiene legitimación activa para acudir a los tribu-nales y obligar al Primer Ejecutivo a cumplir con el deber afir-mativo impuesto por nuestra Constitución. Esa es la única forma en que puede evitarse que se menoscabe su voto. No con-cebimos cómo en un gobierno de leyes, no hombres, un legislador venga obligado a aceptar dócil y pasivamente la inconstitucio-nalidad o ilegalidad de un acto ejecutivo que anula una legis-lación vigente —y sus votos— por el simple hecho de ostentar esa condición. En materia de justiciabilidqd, no debemos con-fundir legitimidad con ‘cuestión política’. (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Hernández Torres v. Gobernador, supra, págs. 853-854, opinión disidente.” Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 470-471 (1994), opinión concurrente.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

(En reconsideración)

Desde el 10 de marzo señalé que expidiría este recurso en la resolución mediante la cual se denegó el mismo. En reconsideración, hoy reitero mi posición por considerar que los recurrentes tienen legitimación activa para incoar la presente acción. La doctrina de legitimación activa estable-cida por los tribunales no puede tener el efecto de cerrarle las puertas de los tribunales a unos demandantes que ale-gan tener unos reclamos legítimos. El procedimiento judicial y legal es un medio para que los derechos de las per-sonas y los fines de la justicia se logren. Lo que es un medio no puede tener el efecto de impedir que el fin se logre. Según el fin no justifica los medios, los medios no pueden ser justificación para que el fin de hacer justicia sea vulnerado.

I — i

La delegación parlamentaria perteneciente al Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes pre-sentó una demanda sobre sentencia declaratoria e injunction en el Tribunal Superior (Sala de San Juan) contra los miembros del Comité Interagencial de Evaluación y Apro-bación de Propuestas de Mantenimiento Extraordinario (en adelante Comité Interagencial).

En la demanda se impugnó la actuación de este Comité Interagencial creado mediante la Ley del Fondo de Mante-nimiento Extraordinario, Ley Núm. 66 de 14 de agosto de 1991 (7 L.P.R.A. see. 1382 et seq.). Entre otras, se alegó que mediante la aprobación de unas enmiendas al Reglamento del Comité Interagencial (en adelante Reglamento), sus miembros se han abrogado las facultades constitucionales de los legisladores demandantes. En específico, se alegó que las referidas enmiendas al Reglamento constituyen unas enmiendas de facto de la citada Ley Núm. 66, lo cual usurpa la prerrogativa y función constitucional que le co-rresponde a los legisladores. Se alegó, además, que las en-miendas al Reglamento constituyen una actuación ultra vires que le permite a los demandados realizar unas asig-naciones de fondos públicos ilegales. En específico, los de-mandantes identificaron las asignaciones de fondos si-guientes: remodelación de la cocina de la Fortaleza; construcción de veijas, casetas y portones en residenciales públicos, y otras obras en varias instituciones penales.

Los recurrentes señalaron que el efecto de las enmien-das al Reglamento menoscaba la efectividad del voto (de aquellos que votaron a favor de la citada Ley Núm. 66) y les priva de ejercer su facultad constitucional de aprobar y enmendar las leyes y determinar por la vía legislativa si procede o no una enmienda a la ley.

En la demanda se solicitó que las enmiendas al Regla-mento fueran declaradas ilegales; un injunction perma-nente para prohibir desembolsos de dineros del Fondo para los anteriores fines, y la devolución y reembolso de los re-feridos fondos.

Los demandados, por su parte, solicitaron la desestima-ción de la demanda por carecer los demandantes de legiti-mación activa {standing). A esto se opusieron los demandantes. El tribunal de instancia dictó una sentencia en la que desestimó el pleito. Concluyó el tribunal que los demandantes carecen de legitimación activa para instar este pleito, tanto bajo la jurisprudencia local como bajo la federal. Al así hacerlo, en nuestra opinión, erró el tribunal. Veamos.

FH FH

Conforme con la doctrina de legitimación activa, el pro-movente de la acción debe cumplir con los requisitos indispensables siguientes: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato y preciso, y no abstracto o hipotético; (3) que la causa de acción debe sur-gir bajo el palio de la Constitución o de una ley, y (4) que exista una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 D.P.R. 387, 392 (1980); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 414 (1982); Hernández Torres v. Hernández Colón et al., 131 D.P.R. 593 (1992); Hernández Torres v. Gobernador, 129 D.P.R. 824 (1992); Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994).

En el caso particular de los legisladores, recientemente tuvimos la oportunidad de discutir los requisitos aplicables. En Noriega v. Hernández Colón, supra, reiteramos la norma pautada A esos efectos, dicha norma dispone que “un legislador tiene acción legitimada para defender un interés individual tradicional, vinculado con el proceso legislativo o como representante oficialmente nombrado por el cuerpo para impugnar una actuación ejecutiva. ... Tam-bién tiene acción legitimada para vindicar un interés personal en el ejercicio pleno de sus prerrogativas legislativas”. (Enfasis suplido.) Hernández Torres v. Gobernador, supra, pág. 837.

En el caso Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 437, le reconocimos a los representantes del Partido Popular Democrático legitimación activa para incoar un manda mus contra el Gobernador, ya que consideramos que la con-gelación de fondos por parte del Gobernador “les ha cau-sado un grave daño en sus prerrogativas legislativas, al alegadamente no permitirles adjudicar los fondos que por ley debidamente aprobada les correspondía distribuir; vio-lentando así el proceso legislativo envuelto”. (Énfasis suplido.) Allí se trataba de una resolución conjunta apro-bada por ambos cuerpos legislativos y que les asignaba fon-dos para disponer en sus respectivos municipios, la cual fue paralizada por el Gobernador.

Al representante Noriega, sin embargo, no le reconoci-mos legitimación activa dado que éste impugnaba la vali-dez constitucional de las resoluciones conjuntas en la cual él, con su participación legislativa, había favorecido. A esos efectos expresamos que “[é]ste tuvo amplia oportunidad de rebatir y de tratar de convencer a sus compañeros legisla-dores de los defectos de las resoluciones conjuntas de ma-rras, por lo que éste tuvo la oportunidad de ejercer a caba-lidad la función fiscalizadora que como representante de minoría ostenta y a bien lleva”. Noriega v. Hernández Co-lón, supra, pág. 434.

En Hernández Torres v. Gobernador, supra, no le reco-nocimos legitimación activa a dos Representantes de la Cá-mara, quienes demandaron en representación del “interés público”, toda vez que dicha alegación la consideramos am-bigua y que no cumplía con los criterios doctrinales de le-gitimación activa. En ese caso tampoco los representantes (Hon. Zaida Hernández y Hon. Edison Misla Aldarondo) demostraron haber sufrido daños personales, claros y pal-pables, ya que su reclamo fundamental era de un perjuicio general a nombre de toda la ciudadanía.

Posteriormente, en Hernández Torres v. Hernández Co-lón et al., supra, tampoco le reconocimos legitimación ac-tiva a la Representante Hon. Zaida Hernández Torres por-que no surgía de sus alegaciones que se le estuviera causando un daño claro e inmediato a sus prerrogativas legislativas. En ese caso, la representante solicitaba que se declarara inconstitucional la Ley Núm. 58 de 16 de agosto de 1989, que creó el Departamento de Asuntos de la Comu-nidad Puertorriqueña en Estados Unidos, porque la asig-nación de fondos a dicho departamento afectaría sus pre-rrogativas legislativas de tener que asignar fondos a un ente creado mediante una ley inconstitucional.

HH hH h-H

El Fondo de Mantenimiento Extraordinario creado en virtud de la Ley Núm. 66, supra, “atenderá, de forma rá-pida y eficaz, con un mecanismo de financiamiento innova-dor, las necesidades de mantenimiento de infraestructura repentinas e imprevistas, que por su naturaleza no pueden ser anticipadas y que de esperar a ser atendidas por méto-dos convencionales permitiría la agudización del problema, en efecto amenazando la utilidad de la obra de infraestruc-tura e incrementando el costo final para atenderla, lo que a largo plazo representa el uso ineficaz de los limitados re-cursos del Estado”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 66, supra, 1991 (Parte I) Leyes de Puerto Rico 293. Dicha ley se aprobó en respuesta a las necesidades que surgieran con motivo del fenómeno natural conocido como “Huracán Hugo”.

En conformidad con los términos de la citada ley, ésta dispone para la creación del Comité Interagencial de Eva-luación y Aprobación de Propuestas de Mantenimiento Ex-traordinario (en adelante Comité), 7 L.P.R.A. sec. 1382c. La ley dispone que “[l]os dineros del Fondo podrán ser des-embolsados y utilizados únicamente para aquellas necesi-dades de mantenimiento extraordinario que cumplan con los requisitos definidos en la see. 1382 de este título y los reglamentos promulgados por el Comité Interagencial ...”. 7 L.P.R.A. sec. 1382a.

Para los propósitos de la ley, “necesidades de manteni-miento extraordinario” se definen como:

... aquellas necesidades de mantenimiento imprevistas o re-pentinas de naturaleza no recurrente que permitan extender la vida útil de las facilidades, y aquellas necesidades de manteni-miento existentes a la vigencia de esta ley que, debido a su severidad y naturaleza amenacen de inutilizar, de no ser aten-didas y superadas inmediatamente, la obra de infraestructura en la cual recaen dichas necesidades de mantenimiento, o afec-tan severamente los servicios para los que se construyó la faci-lidad, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, aquellas renovaciones, reemplazos y mejoras tendientes a pre-servar o extender la vida útil del activo. 7 L.P.R.A. sec. 1382(c).

La Asamblea Legislativa le asignó al Comité Interagen-cial las funciones siguientes:

... [E]valuará y aprobará o desaprobará las propuestas de los departamentos, agencias e instrumentalidades del Estado Li-bre Asociado que interesen la utilización de los recursos del Fondo hacia la realización de obras de trabajos que cumplan los requisitos de necesidades de mantenimiento extraordinario es-tablecidos por las sees. 1382 et seq.
... [Ajdoptar á aquellos reglamentos necesarios para la im-plantación de las sees. 1382 et seq. de este título incluyendo los requisitos, procedimientos y formalidades a ser observadas por aquellas entidades públicas que presenten propuestas ante el Comité.
Luego de evaluada la propuesta ... el Comité procederá a aprobarla por unanimidad como una necesidad extraordinaria de mantenimiento que cumpla con los propósitos de las sees. 1382 et seq. de este título y que cualifique para recibir dineros de Fondo y autorizará el desembolso de los dineros aprobados o desaprobarla como una propuesta que no cumple con los propó-sitos y requisitos de dichas secciones. 7 L.P.R.A. sec. 1382c.

La ley dispone una fórmula permanente para que el Fondo se nutra de recursos que aumenten cada año para que, independientemente de los recursos regulares dispo-nibles, se cree una reserva de recursos fiscales para aten-der situaciones extraordinarias que no pueden ser atendi-das con los recursos corrientes de que dispone el Estado. Se trata de un fondo en la naturaleza de un fideicomiso sepa-rado y permanente de los fondos regulares que el Estado asigna anualmente, dependiendo de cuáles son sus priori-dades anuales.

El Fondo no es para atender necesidades fiscales que pueden o deben ser atendidas anualmente por el Estado. Nótese que incluso el Fondo se capitaliza con una aporta-ción del cinco por ciento (5%) de la emisión de bonos anual para el Programa de Mejoras Permanentes del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico y de que todas las aportaciones ingresaran al Fondo sin un año fiscal determinado y se mantendrán en una cuenta separada de cualesquiera otros fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 7 L.P.R.A. sec. 1382b.

Los recurrentes señalan que las enmiendas hechas al Reglamento tienen el efecto de enmendar de facto la refe-rida ley, autorizando así la asignación ilegal de fondos pú-blicos para proyectos que no cumplen con los propósitos de la creación y operación del fondo de mantenimiento extraordinario. Esta actuación del Comité, en la medida en que constituye una enmienda a la ley, alegan los deman-dantes que les abroga su facultad de legislar.

IV

Bajo el Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, el poder legislativo en nuestro país lo ejerce lá Asamblea Legislativa, la cual está compuesta por el Senado y la Cámara de Representantes. Este artículo señala los requisitos, las funciones, las facultades y los procedimientos de dicha rama de gobierno. La función de legislar y enmendar la ley le compete a la Asamblea Legislativa, función compartida con el Poder Ejecutivo.

De los casos Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra, y Hernández Torres v. Gobernador, supra, surge claramente que los legisladores tienen legitimación activa en aquella situación en que se le cause un daño claro e inmediato a sus prerrogativas legislativas. La esencia de las prerrogativas legislativas es la garantía que tiene todo legislador a ejecutar plenamente su derecho constitucional a legislar, derecho comprendido en la Sec. 1 del Art. Ill de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. Hernández Torres v. Hernández Colón et al., supra.

En nuestra expresión más reciente sobre el particular, señalamos que los legisladores “como participantes de[l] proceso constitucional de hacer las leyes[,] tienen legitima-ción activa para requerir que dicho mecanismo procesal se lleve a cabo, defendiendo así su derecho a legislar”. (Enfasis suplido.) Noriega v. Hernández Colón, supra, pág. 436, esc. 30. A esos efectos señalamos que “[l]a acción del Go-bernador le ha causado un daño a las prerrogativas legis-lativas de los aquí demandantes porque estos últimos apro-baron una ley mediante un proceso legislativo válido que contó con la firma del Primer Ejecutivo y la misma fue congelada, haciendo estéril y fútil todo el proceso involucrado”. íd. En Noriega v. Hernández Colón, supra, consideramos que la acción del Ejecutivo de detener o no poner en vigor una ley tenía el efecto práctico de anular una resolución conjunta válidamente aprobada, tanto por la Asamblea Legislativa como por el Ejecutivo. Ello dejó sin efecto los votos emitidos por los legisladores en un ejer-cicio válido de su poder en un proceso democrático.

En nuestra opinión, los legisladores demandantes tie-nen legitimación activa para incoar la presente acción. La situación planteada en este caso es claramente distinguible de aquellas donde no le hemos reconocido legitimación ac-tiva a los legisladores. Aquí la demanda fue presentada por los legisladores en su carácter oficial y en defensa de su prerrogativa más importante, que es la de legislar. No se trata aquí de un planteamiento de interés público ni de una situación que remotamente podría en el futuro afectar sus prerrogativas legislativas. Tampoco estamos ante una situación donde el legislador, luego de involucrarse activa-mente en el proceso legislativo, pretenda impugnar la constitucionalidad de una ley de cuya aprobación fue partícipe.

En el presente caso de lo que se trata precisamente es de impugnar la validez o legalidad de un reglamento cuyo efecto ha sido, alegadamente, enmendar una ley que fue válidamente aprobada durante el proceso legislativo. En-tre los recurrentes, algunos eran representantes durante el pasado cuatrienio y votaron a favor de la ley, conforme se alega en los escritos. Se alega que al enmendarse la ley por vía de su reglamento, los votos de estos legisladores son claramente anulados al trastocarse el estatuto y los parámetros establecidos por éste cuando fue aprobada. Se alega, además, que la enmienda de una ley realizada me-diante la enmienda al Reglamento que pone en vigor la misma usurpa la función constitucional de la Asamblea Le-gislativa, menoscabando así la prerrogativa del legislador de votar en el proceso democrático legislativo para enmen-dar propiamente la ley. En síntesis, sostienen los deman-dantes que todo ello usurpa la función constitucional del legislador por lo que éste es el llamado a solicitar del tribunal un remedio que salvaguarde adecuadamente sus prerrogativas.

En la consideración de este caso no podemos perder de perspectiva que se trata de la erogación de fondos públicos, además de que los contribuyentes carecen de acción legiti-mada por la prohibición contenida en la Ley Núm. 2 de 25 de febrero de 1946 (32 L.P.R.A. see. 3075). En este caso tampoco el Secretario de Justicia podría incoar esta acción, toda vez que es el llamado a representar al Estado y defender la validez y constitucionalidad de la ley. Véase 3 L.RR.A. see. 72. Por su parte la Contralor, por la natura-leza de su función fiscalizadora, carece de legitimación ac-tiva para llevar esta acción hasta tanto realice la auditoría correspondiente. Refiérase al Art. Ill, Sec. 22, Const. E.L.A., supra, y a 3 L.RR.A. sec. 82a.

En la jurisdicción federal, aun ante la ausencia de una doctrina clara y coherente, como explicamos en Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 432-433, se le ha recono-cido legitimación activa a un legislador particular cuando éste ha demostrado la anulación de un voto pasado o futuro que puede ser razonablemente vinculado con la acción im-pugnada o cuando otros aspectos esenciales de sus prerro-gativas legislativas están implicadas. Véanse: Kennedy v. Sampson, 511 F.2d 430 (Cir. D.C. 1974); Goldwater v. Carter, 617 F.2d 697 (Cir. D.C. 1979), dejado sin efecto por otras razones en 444 U.S. 996 (1979); Barnes v. Kline, 759 F.2d 21 (Cir. D.C. 1985), dejado sin efecto por académico “sub norm” en Zurke v. Barnes, 479 U.S. 361 (1967); L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 152-153. Refiéranse, además, a Riegle v. Federal Open Market Committee, 656 F.2d 873 (Cir. D.C. 1981); Moore v. U.S. House of Representatives, 733 F.2d 946 (Cir. D.C. 1984); Bliley v. Kelly, 23 F.3d 507, 510 (Cir. D.C. 1994); Boehner v. Anderson, 30 F.3d 156 (Cir. D.C. 1994).

En resumen, los legisladores recurrentes tienen legiti-mación activa para incoar la presente acción, tanto bajo nuestra jurisprudencia como bajo la jurisprudencia federal. El efecto alegado de las enmiendas al Reglamento de la Ley Núm. 66, supra, es enmendar ésta, soslayando así el proceso legislativo para considerar dicha enmienda. Con ello claramente se usurparía la prerrogativa del legis-lador de votar o no por una enmienda al estatuto. Esto constituiría, además, una anulación del voto de aquellos legisladores que votaron a favor de la aprobación del esta-tuto e incidiría directamente sobre las prerrogativas del legislador. A pesar de las normas que hemos establecido para reconocerle legitimación activa a un legislador, en nuestra jurisdicción siempre ha estado accesible el foro judicial para vindicar las prerrogativas de éste como legislador.

Por las razones antes discutidas, entendemos que en el presente caso los recurrentes tienen legitimación activa. Debemos por ello expedir el recurso solicitado para que el tribunal de instancia evalúe en los méritos la controversia de este caso.

       Ley Núm. 66 del 14 de agosto de 1991 (7 L.P.R.A. see. 1382 et seq.).

       Aun cuando optáramos por seguir nuestro criterio jurídico personal, no se lograría variar la norma vigente en nuestra jurisdicción en relación a la legitimación activa de los legisladores establecida por este Tribunal en Hernández Torres v. Hernández Colón et al., ante, y Hernández et al. v. Hernández Colón et al., ante. Ello así ya que dos (2) de los integrantes de este Tribunal, los Jueces Asociados Señor Alonso Alonso y Señor Fuster Berlingeri, no están en posición de revocar la misma sino que prefieren “distinguir” el presente caso de casos citados en este escolio. En consecuen-cia, aun cuando insistiéramos en nuestra original posición en relación a este asunto, la decisión que en su día pudiera emitir este Foro sería una pluralista, cuyo resultado necesariamente le restaría certeza y uniformidad al estado de derecho vigente en nuestra jurisdicción', creándose, por el contrario, un “estado de confusión” en relación con esta materia que, repetimos, afectaría, gravemente y de manera permanente, la imagen, buen nombre y reputación de este Foro.

       Tampoco cabe pretender que se establezcan distinciones fundamentadas en que la causa de acción se apuntala en unas enmiendas ultra vires a un reglamento. A fin de cuentas, un reglamento no es otra cosa que una colección escrita de reglas o preceptos para guiar a los ciudadanos y funcionarios en el descargo de una enco-mienda o cumplimiento de una ley, actividad que se traduce en una acción u omisión.
      Un legislador tiene legitimación activa para impugnar las acciones u omisiones de funcionarios que mal administran determinada ley con o sin reglamento. En tér-minos de perjuicio real, ¿puede seriamente distinguirse una asignación ilegal de fondos públicos vía reglamento de aquella producto de una decisión de un funciona-rio? En esa situación, a la postre, ¿no estamos ante una violación directa de una ley cuyo efecto es usurpar la función constitucional de la Asamblea Legislativa y menos-cabar las prerrogativas de sus miembros?

       Refiérase a la pág. 3 de la solicitud de "revisión, donde se enumeran aquellos recurrentes que eran representantes cuando la ley fue aprobada y que son codeman-dantes del presente caso.