author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rigau. Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Nicolás Felicier Villalongo, acusado y peticionario.

      Número: O-76-312

      Resuelto: 17 de enero de 1977

      Víctor Alberty Ruiz, abogado del peticionario; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el peticionario se formuló denuncia por el delito de Agresión Agravada concebida en los siguientes términos:

“El referido acusado Nicolás Felicier Villalongo: allí, en-tonces ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal, en fecha, hora y sitio arriba indicado violen-tamente acometió y agredió con una botella de cerveza en el ojo izquierdo al Sr. Pedro Ceballos Pimentel, ocasionándole lacera-ción en el mismo, siendo atendido en el Centro de Salud local por el Dr. González y referido al Hospital de Distrito de Fajardo.
El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cerveza) es uno con el cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.” (Énfasis suplido.)

Celebrado en sus méritos el juicio en el Tribunal de Dis-trito, fue declarado culpable y sentenciado a una pena de tres meses de cárcel; no conforme solicitó juicio de novo.

Señalada ante el Tribunal Superior la vista, estando pre-sente el Ministerio Fiscal, el apelante y su abogado, se desa-rrolló el siguiente incidente:

“Sr. Abogado:
[D]amos por leída [la denuncia] y aceptamos los hechos tal como se imputan en la denuncia.
Hon. Juez:
Por eso, el Tribunal tiene la obligación de advertirle aquí al acusado que él tiene un derecho a juicio. Que él tiene un derecho a que el Fiscal pruebe su caso más allá de duda razonable. Que tiene derecho a que su abogado contrainterrogue los testigos de cargo para garantizar el derecho a la confrontación con la prueba de cargo. Que tiene derecho a declarar, a que se le citen testigos [y que no tiene derecho a apelar de la sentencia.'] Yo le pregunto al acusado ahora, si usted está en disposición de renunciar a todos esos derechos que le leí?
R. Sí, señor.
P. Quiere decir, señor, que usted admite que el día 10 de mayo de 1975 y alrededor de las 11:30 de la noche en el Bo. Ciénaga Baja de Río Grande, usted agredió al Sr. Pedro Ceballos Pimentel ocasionándole una laceración en el ojo izquierdo y para ello usando un pedazo de botella, ocasionándole una herida de gravedad?
R. Si, señor.
P. Y a usted alguien le ha hecho algún ofrecimiento para que haga esta alegación de culpable?
R. No, señor.
P. La voluntad suya es reconocer los hechos y admite que es que usted es culpable de estos hechos ?
R. Sí, señor.
Vista la alegación hecha en corte abierta por Nicolás Felicier Villalongo, el Tribunal la admite. Como consecuencia dicta fallo por el delito de Agresión Agravada.” (T.E. págs. 4-5; énfasis suplido.)

El tribunal el 14 de junio de 1976 dictó sentencia impo-niéndole una pena de seis meses de cárcel. Denegada una re-consideración fundada en el señalamiento de que la denuncia no imputaba el delito de agresión agravada, expedimos certiorari.

El argumento principal ante nos consiste en que la denun-cia no imputa el delito de agresión agravada de que fuera convicto el peticionario, aduciendo que el Art. 95 del Código Penal (1974) (33 L.P.R.A. see. 4032), no dispone, como agravante, el alegado en la denuncia. Dicho artículo, en lo pertinente dispone:

“La agresión se considera agravada aparejando pena de re-clusión por un término que no excederá de seis meses o multa máxima de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del tribunal, si se cometiere con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) ........
(f) Cuando se infiere grave daño corporal a la persona agre-didq.
(g) Cuando se cometiere con armas mortíferas en circuns-tancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar.
(b) Cuando se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.”

Resolvemos que no le asiste la razón. Si bien es cierto que la denuncia no siguió fielmente las palabras de la ley, leída e interpretada racional y razonablemente a la luz de la norma de hermenéutica establecida en la Regla 35(c) de las de Procedimiento Criminal, concluimos que la misma expone cabalmente hechos esenciales constitutivos de un delito de agresión agravada comprendidos en el inciso (h) del Art. 95 del Código Penal (1974), así caracterizado, “cuando se cometiere con intención de inferir grave daño corporal.”

Por definición del Código Penal, “voluntariamente” se aplica “. . . a la intención con que se ejecute un acto, o se incurre en una omisión, implica simplemente propósito o voluntad de cometer el acto, o de incurrir en la omisión a que se refiere”, y la palabra “malicia” denota “. .. la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo.” Art. 7, incisos 27 y 19 Código Penal, (33 L.P.R.A. see. 3022).

Aun cuando la denuncia no es mejor modelo de redacción, una vez es leída integralmente, eliminándose aquellas expre-siones superfluas, es obvio que constitucionalmente informan e imputan que Nicolás Felicier Villalongo, ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal, en fecha, hora y sitio indicados violentamente acometió y agredió con una botella de cerveza — objeto con el cual se puede oca-sionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser hu-mano — en el ojo izquierdo al Sr. Pedro Ceballos Pimentel, oca-sionándole laceración en el mismo, siendo atendido en el Cen-tro de Salud local por el Dr. González y referido al Hospital de Distrito de Fajardo. Así lo estimó la ilustrada sala sen-tenciadora al parafrasearla en ocasión de apercibirle al peti-cionario de sus derechos ante su intención de registrar una alegación de culpabilidad.

Independientemente de lo expuesto, resulta válida y lógica la deducción de intención de “inferir grave daño corporal” que hizo el tribunal de instancia pues: ¿qué otra cosa se puede deducir de aquél que violentamente acomete y agrede a un semejante en un ojo con una botella de cerveza de cristal? Una vez el peticionario hizo alegación de culpabilidad, las alegaciones contenidas en un simple pliego acusatorio se convirtieron en hechos incontrovertidos ya probados, los cuales el juzgador no podía ignorar. Debe recordarse que la intención de cometer un delito se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el mismo, el objeto usado, la conducta de un acusado y las consecuencias naturales o probables de tal conducta. El acusado aceptó todos los hechos expuestos en la denuncia, incluyendo las definiciones legales y deducciones permisibles señaladas: éstas le imputan válidamente el delito de agresión agravada.

Aunque no se señala como error, estimamos que la pena máxima de seis meses de cárcel se ajustó a derecho si consi-deramos que la prueba desfilada a tales fines demostró, que como consecuencia de la agresión, el perjudicado tuvo que ser operado del ojo, quedó con la pupila dilatada, y a la fecha del juicio, continuaba bajo tratamiento, (T.E. págs. 7-8.)

La sentencia será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau emitió opinión concurrente y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disi-dente.

Opinión Concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 1977

Estamos ahora en este Tribunal haciendo nueva juris-prudencia interpretativa del nuevo Código Penal. De la clase de jurisprudencia que formulemos dependerá de si el nuevo Código ha de servir para lograr el propósito para el cual fue redactado: disuadir lo más posible la comisión de crímenes en Puerto Rico y darle así a este pueblo una razonable tranqui-lidad, a lo cual tiene perfecto derecho.

En este caso el peticionario se declaró culpable en el Tribunal Superior. Como no puede venir a nosotros vía apela-ción, vino vía certiorari. Regla 193 de Procedimiento Criminal. Fue declarado convicto de agresión agravada, conforme a la denuncia que se le hizo. El Código Penal en su Art. 95 (33 L.P.R.A. see. 4032) dispone para dicho delito una penali-dad de reclusión máxima de seis meses o multa máxima de $500, o ambas penas, a discreción del tribunal. Para el delito de agresión simple el Código, en su Art. 94, dispone una penalidad de multa máxima de $100. Para este último delito no dispone reclusión. El Código trata el delito de agresión simple como un delito menor y le impone una penalidad baja. La agresión agravada, contenida en el Art. 95, supone, en sus 10 incisos, circunstancias y situaciones más serias.

Alega el peticionario que no se alegó que el imputado hizo uso de un arma mortífera. No había que hacerlo. El inciso bajo el cual el imputado fue acusado y juzgado no fue el in-ciso (g) del Art. 95 — que es el que habla de armas mortí-feras — sino que fue el inciso (h), el cual declara agresión agravada la que “se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.”

Basta con leer la denuncia — la cual está bien redactada— para que lo dicho quede claro. La propia denuncia especifica que “El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cer-veza) es uno con el cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.”

El imputado fue convicto de agredir violentamente en un ojo a un ser humano con una botella de cerveza. Someto a la clara inteligencia del lector que agredir violentamente con una botella en un ojo a un ser humano demuestra la inten-ción de causar grave daño corporal. El ojo es un órgano muy valioso para el ser humano y a la vez es muy delicado. Una agresión violenta de la naturaleza antes dicha puede muy fácilmente causarle grave daño. Esa agresión está compren-dida dentro del inciso (h) del Art. 95 del Código Penal.

El propio Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes sobre el Código, al discutir los “Principios Básicos de la Legislación Penal” expresa que “Todo Código Penal debe ser reflejo diáfano y genuino de los valores de la sociedad para la cual se legisla.” También ex-presa que “El Código Penal debe ser realista, acorde con los tiempos que se viven....”

En cuanto a los “tiempos que se viven” es de conoci-miento general la alta tasa de criminalidad que los aqueja. Sobre ésto la intención legislativa es en el sentido de que la lectura del Código debe ser realista y acorde a dichos tiempos. Nuestro Derecho Penal jurisprudencial debe ser justo y debe desarrollarse dentro del marco de la ley y de la Constitución, pero debe ser realista y socialmente útil. Si el Derecho Penal no fuese socialmente útil no tendría razón de ser.

En cuanto a los “valores de la sociedad” para la cual se legisló el Código, ¿son o no valores nuestros la dignidad del ser humano, la protección de su integridad física y la paz y la tranquilidad general?

Alega también el peticionario que la denuncia no siguió las palabras del estatuto. Su posición es en extremo forma-lista y ya superada jurisprudencial y legislativamente. No tiene que seguirlas. La propia Regla 35 de Procedimiento Criminal dispone en su inciso (c) que la acusación y la de-nuncia deberán contener “Una exposición de los hechos esen-ciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común.”

Además dispone expresamente dicha Regla que “Dicha ex-posición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado.”

Son los hechos alegados, y no la calificación del delito hecha por el fiscal ni las etiquetas formales, lo que sirve de base para la identificación del delito imputado y de la dispo-sición estatutaria envuelta. Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 D.P.R. 159, 161 (1971) y autoridades allí citadas; Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 499, 505 in fine (1943). Regresar a los tiempos en que había que seguir las palabras del estatuto, como si la aplicación del Derecho fuese un rito mítico y no una operación intelectual, sería incurrir en un retroceso lamentable e injustificado.

Entiendo que la denuncia en este caso es suficiente. El delito imputado está incluido en el inciso (h) del Art. 95 del Código Penal. Dicho inciso provee de manera más justiciera y disuasiva la penalidad para la agresión agravada, que los hechos de este caso demuestran, que lo que lo haría el Art. 94 que se refiere a la agresión simple. Procede confirmar la sen-tencia recurrida.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de enero de 1977

La denuncia objeto de este caso reza así:

“El referido acusado Nicolás Felicier Villalongo: allí, en-tonces ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal, en fecha, hora y sitio arriba indicado violen-tamente acometió y agredió con una botella de cerveza en el ojo izquierdo al Sr. Pedro Cebados Pimentel ocasionándole lacera-ción en el mismo, siendo atendido en el Centro de Salud local por el Dr. González y referido al Hospital de Distrito de Fajardo.
El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cerveza) es uno con el cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.”

El acusado, por voz de su ahogado, expresó, según se reseña en la opinión del Tribunal: “[D]amos por leída [la denuncia] y aceptamos los hechos tal como se imputan en la denuncia.” (Énfasis suplido.) Eso es precisamente lo que se acepta cuando se hace alegación de culpabilidad: los hechos tal como aparecen en el pliego acusatorio. Si bien en el título se calificó el delito de agresión agravada, tal designación carece de importancia pues son los hechos alegados y no el nombre que se dé al delito lo que determina el delito cometido. Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971); Pueblo v. García, 78 D.P.R. 88 (1955); Pueblo v. Conroig, 60 D.P.R. 168 (1942); Pueblo v. Gibson, 51 D.P.R. 120 (1937); Pueblo v. Canals, 48 D.P.R. 794 (1935); Pueblo v. Zambrana, 18 D.P.R. 758 (1912).

¿Qué delito imputan los hechos alegados en esta denuncia? Veamos qué dice la ley. Los Arts. 94 y 95 del Código Penal de 1974, vigente al ocurrir los alegados hechos delictuosos, 33 L.P.R.A. sees. 4031 y 4032, respectivamente, disponen:

Art. 94. “Agresión simple. — A toda persona que empleare fuerza o violencia contra otra para causarle daño se le impon-drá pena de multa que no excederá de cien (100) dólares.”
Art. 95. “Agresión agravada. — La agresión se considera agravada aparejando pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses o multa máxima de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal, si se cometiere con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
(a) Cuando se cometa en la persona de un funcionario pú-blico en el cumplimiento de sus deberes, o como consecuencia de éstos, en caso de saberse o haberse hecho saber a la persona que cometiere el hecho, que la persona agredida era un funcionario público o en su presencia.
(b) Cuando se cometiere en un Tribunal de justicia o en cualquier sitio dedicado al culto o a las prácticas religiosas o en algún lugar donde se hallaren reunidas varias personas con fines lícitos.
(c) Cuando la persona entre en la morada de una persona y cometiere allí la agresión.
(d) Cuando se cometiere por una persona robusta en la de un anciano o decrépito.
(e) Cuando se cometiere por un varón adulto en la persona de una mujer o niño, o por una mujer adulta en la de un niño menor de 16 años de edad.
(f) Cuando se infiere grave daño corporal a la persona agre-dida.
(g) Cuando se cometiere con armas mortíferas en circuns-tancias que no revistiesen la intención de matar o mutilar.
(h) Cuando se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.
(i) Cuando se cometiere por un funcionario público so color de autoridad y sin causa legítima.
(j) Cuando se cometiere por una o más personas haciendo uso de ventaja indebida.”
A mi juicio el propósito evidente de quien redactó la de-nuncia fue imputar el agravante del inciso (g) — “cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no re-vistiesen la intención de matar o mutilar” — pues específica-mente se alegó:
“El agravante alegado en esta denuncia consiste en que el objeto utilizado para cometer los hechos (botella de cerveza) es uno con él cual se le puede ocasionar grave daño corporal y hasta la muerte a un ser humano.” (Enfasis suplido.)
Parece, sin embargo, que todos los jueces estamos de acuerdo en que el inciso (g) no es el aplicable. Tiene que ser así pues una botella no es un arma mortífera. Un arma mor-tífera es aquella “hecha para ofensiva o defensiva, o para la destrucción de la vida o causar lesiones,” Ignacio Rivera, Diccionario de Términos Jurídicos, ed. 1976; un “instru-mento destinado a ofender o defenderse,” Diccionario de la Real Academia Española, ed. 1972 y Diccionario Vox de la Lengua Española, ed. 1973; “cualquier instrumento que cause la muerte o grave daño corporal al ser usado del modo corriente y usual que su forma y construcción revele.” Pueblo v. Oriols, 27 D.P.R. 208, 210 (1919). Una botella no es hecha para ser usada con fines de ofensa y defensa ni causar la muerte o grave daño corporal “al ser usada del modo co-rriente y usual que su forma y construcción revele.” Oriols, supra.
El juez de instancia no estaba seguro de cuál era el agra-vante. Así se desprende de las siguientes expresiones suyas hechas antes de aceptar la alegación de culpabilidad:
“Quiere decir, señor, que usted admite que el día 10 de mayo de 1975 y alrededor de las 11:30 de la noche en el Bo. Ciénaga Baja de Río Grande, usted agredió al Sr. Pedro Ceballos Pimen-tel ocasionándole una laceración en el ojo izquierdo y para ello usando un pedazo de botella, ocasionándole una herida de grave-dadV’ (Énfasis suplido.)

Se apartó el juez de las alegaciones de la denuncia y aña-dió hechos que en ella no aparecen. Parece que buscó el agra-vante en el inciso (g) y, para hacer ¿mortífera? la botella la rompió por fíat judicial. Inseguro de que aún cayera el agra-vante en el inciso (g) lo buscó en el (f) y también por fíat judicial convirtió la alegación de “laceración” en “una herida de gravedad.” El inciso (f) establece como agravante “cuan-do se infiere grave daño corporal a la persona agredida.” No me parece propio que al aceptar la alegación de culpabilidad de un acusado se añadan a la denuncia hechos no alegados en ella. Si se quería enmendar la denuncia, ese no era el pro-cedimiento para ello. Al hacer alegación de culpabilidad el acusado admite los hechos alegados en la denuncia y nada más. Ello forma parte del debido proceso de ley. Pueblo v. Colón, 70 D.P.R. 792 (1950). Se viola el debido proceso de ley lo mismo cuando se envía a prisión a un acusado convicto de un delito del que nunca fue juzgado que cuando es convicto de unos hechos que no le fueron imputados en el pliego acu-satorio. Véase Cole v. Arkansas, 333 U.S. 196, 201-202 (1947). Ni el pedazo de botella ni la herida de gravedad se alegaron en la denuncia ni aparecen por ninguna parte en los autos de este caso.

La opinión de este Tribunal también va a caza del agra-vante. No lo encuentra en los incisos (f) y (g) del Art. 95. Pretende haberlo encontrado en el inciso (h) que dice: “(h) cuando se cometiere con la intención de inferir grave daño corporal.” Para ello se ampara en las alegaciones gene-rales que leemos rutinariamente en todas las denuncias, aun en las más leves violaciones de la Ley de Vehículos y Trán-sito. Pretende que al alegarse que el acusado cometió la agre-sión que se le imputa “ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas y con la intención criminal” quedó salvado el inciso (h), pues tales palabras y frases pueden interpretarse para que imputen la intención específica que requiere dicho inciso de inferir grave daño corporal. Discrepo con todo respeto.

El Art. 95 del Código Penal enumera en diez incisos — (a) a (j) — otras tantas circunstancias que convierten una agre-sión en agresión agravada. Por casualidad el inciso (h) es el único entre esos diez que establece el requisito de una inten-ción específica, a saber, la de inferir grave daño corporal. Es axioma trillado que cuando la intención específica es elemento esencial de un delito, tal intención debe ser alegada para que se impute tal delito. Véase Wharton, Criminal Procedure, vol. 2, see. 271. Y tal es la doctrina vigente en Puerto Rico, es-pecíficamente en cuanto al delito de agresión con circunstan-cias agravantes — hoy denominado agresión agravada — desde que empezamos a dar los primeros pasos en el Derecho penal que importamos de California luego de la cesión del tratado de París. Compárense: Pueblo v. Zambrana, 18 D.P.R. 758 (1912); Pueblo v. Ramos, 22 D.P.R. 685 (1915); Pueblo v. Rivera, 23 D.P.R. 421 (1916); Pueblo v. Astado, 23 D.P.R. 842 (1916); Pueblo v. Acevedo, 38 D.P.R. 243 (1928); Pueblo v. Haddock, 43 D.P.R. 752 (1932); Pueblo v. Sánchez, 60 D.P.R. 108 (1942); Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 499 (1943); Pueblo v. Díaz, 66 D.P.R. 195 (1946); Báez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67 (1963). Para un caso similar sobre la necesidad de alegar conocimiento como elemento esencial del delito, no salvada su omisión con las sacramentales palabras “ilegal, voluntaria y maliciosamente y con la intención criminal” véase el más reciente caso de Pueblo v. Díaz Breijo, 97 D.P.R. 64 (1969). Es que esas palabras rutinarias no pueden curar el defecto de no alegár la intención específica con que se come-tió el acto.

La opinión concurrente también halla en el inciso (h) el agravante que se pretendió alegar en la denuncia que aquí nos ocupa. Para ello se ampara en que se alega en la denun-cia que el acusado agredió a la supuesta víctima violenta-mente con una botella en un ojo. De ahí pretende que se en-tienda alegado que tenía la intención específica de causar grave daño corporal. En primer lugar en toda agresión está presente el elemento de violencia, salvo en el caso que con-sidera agresión “cualquier contacto ilegal realizado sin el consentimiento de la víctima” hecho por un hombre en la persona de una mujer. Véase Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 499 (1943). Del uso de una botella, sin más alegación, no puede deducirse que se ha alegado la intención específica de causar grave daño corporal. Un puño puede ser tan contundente como una botella o cualquier objeto duro. Véase Pueblo v. Rivera, 23 D.P.R. 421 (1916), en que la agresión se cometió con una manopla, objeto hecho para fines de ofensa y defensa, y se re-solvió que el delito cometido fue el de agresión simple. Final-mente, e independientemente de la naturaleza delicada del ojo humano, la mera alegación de que se lesionó un ojo tampoco puede interpretarse para significar que se ha hecho la alega-ción esencial de que hubo la intención específica de causar grave daño corporal. No es infrecuente que resulten “ojos hinchados” y ensangrentados como consecuencia de las co-munes peleas a los puños que a diario son objeto de pleitos en los tribunales y por ello a nadie se le ocurre alegar dicha in-tención específica.

Es que no pueden confundirse las alegaciones con la prueba. Para que se impute el agravante del inciso (h) es necesario que se alegue la intención de causar grave daño corporal. Por ser la intención un elemento subjetivo, si ha quedado probado o no ese elemento dependerá de los hechos probados. En el caso ante nos no hay hechos probados. No estamos revisando una convicción después de prueba. Aquí se trata única y exclusivamente de alegaciones y para deter-minar qué delito cometió el acusado hay que ceñirse a los hechos alegados, que son los admitidos mediante la alegación de culpabilidad.

Al enfrentarnos a las alegaciones de una denuncia no po-demos trasponer lo alegado como constitutivo del delito im-putado para ir en busca de la intención específica. No es cuestión de lo que hizo o quiso hacer el acusado y sí de lo que se alega que hizo y que quiso hacer. Si se pretende que come-tió una agresión agravada porque al agredir a su víctima tuvo la intención de causarle grave daño, tal intención tiene que aparecer claramente alegada en la denuncia. Aquí no lo está. Aquí se pretende establecer que está a base de interpre-taciones. Eso no es lo que establece la ley.

La Regla 35 de Procedimiento Criminal nos dice en su apartado (c) que una denuncia debe contener:

“(c) Una exposición de. los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligen-cia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpre-tarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excep-ción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la juris-prudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las pala-bras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presunciones legales ni materias de cono-cimiento judicial.” (Énfasis suplido.)

Persigue esta regla implementar el mandato constitu-cional de que el acusado sea notificado de la naturaleza y causa de la acusación que se le hace. Art. II, Sec. 11, Consti-tución. No se espera del acusado que sea un técnico del Dere-cho que deba ir más allá de las palabras contenidas en el pliego acusatorio para determinar el delito que se le imputa. El delito imputado debe aparecer de la denuncia con clari-dad. Pueblo v. Rivera, 75 D.P.R. 903 (1954).

Al exigir la Regla 35(c) que la denuncia se redacte “en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda en-tenderla cualquier persona de inteligencia común” está claro el mandato de que ese lenguaje no se preste a diversas inter-pretaciones. Aquí, ni siquiera jueces — tanto el de instancia como nosotros — nos hemos podido poner de acuerdo en cuanto a qué agravante, si alguno, se imputa en la denuncia, y por qué. No podemos exigir más de “cualquier persona de inteli-gencia común” no ducha en tecnicismos legales.

La laxitud al enfrentarnos a una denuncia — a diferencia de una acusación fiscal — se ha justificado a base de que son legos los que preparan las denuncias y por tanto no debemos exigir respecto a ellas igual grado de perfección que si se tratase de una acusación fiscal. Pueblo v. Díaz, 62 D.P.R. 499, 505 (1943). Los tiempos han cambiado. Aunque en la práctica las denuncias son redactadas por la Policía, sabemos que este organismo dispone hoy de más y mejores medios que hace tres décadas, cuando se decidió Díaz; sus miembros, ade-más de poseer una mejor preparación académica, son ins-truidos sobre los estatutos penales y procesales en la Academia de la Policía y su educación sobre esta materia es continua; dispone, además, la Policía de más avanzadas técni-cas, de personal especializado para ocuparse de los asuntos relacionados con los tribunales, y, en fin, de medios que per-miten que se pueda exigir más cuidado, exactitud y eficiencia en la redacción de denuncias. Cabe señalar, además, que a partir del 1974 el Tribunal de Distrito cuenta con fiscales para representar los intereses del ministerio público. La denuncia en este caso se presentó en noviembre de 1975.

Al interpretar una denuncia no podemos hacer malabaris-mos con sus palabras para hacerlas imputar lo que en este caso era fácil hacer en lenguaje claro y sencillo. Bastaba de-cir, si la intención era imputar el agravante del inciso (h), que el acusado cometió los hechos con la intención de causar grave daño corporal al perjudicado; o pudo alegarse, si se pretendió imputar el inciso (f), que al agredir al perjudi-cado, el acusado le causó grave daño corporal. Era tan sen-cilio como copiar las palabras del estatuto. No se hizo y no se imputó agravante alguno.

Modificaría la sentencia para decretar que el acusado es culpable de agresión simple y le impondría una pena acorde a dicho delito.

       Subsiguientemente el Tribunal celebró una vista a los fines de obtener elementos de juicio para la imposición de la pena, a lo cual hacemos referencia más adelante.

      Reza así:
      “Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, re-dactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda en-tenderla cualquier persona de inteligencia común. Las palabras usadas en dicha exposición se interpretarán en su acepción usual en el lenguaje corriente, con excepción de aquellas palabras y frases definidas por ley o por la jurisprudencia, las cuales se interpretarán en su significado legal. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley, y podrá emplear otras que tuvieren el mismo significado. En ningún caso será necesario el expresar en la acusación o denuncia presun-ciones legales ni materias de conocimiento judicial.” (Énfasis suplido.)

       No es necesario desarrollar argumentos para apoyar la proposición sobre si una botella es un arma mortífera al usarse violentamente contra el cuerpo humano. Véanse: Bald Eagle v. State of Oklahoma, 355 P.2d 1015 (1960); State v. Reynolds, 24 So.2d 818 (1945).

      Arts. 14 y 15 del Código Penal (33 L.P.R.A. secs. 3062 y 3063).

      Sin perjuicio de los trámites ordenados y providencias que pueda adoptar el tribunal de instancia referentes al Informe del Oficial Proba-torio.

      La Ley de la Policía vigente en 1943 — Ley de 12 de marzo de 1908 —estableció como requisito mínimo para ingreso, desde el punto de vista educativo, saber leer y escribir. Hoy se requiere que un guardia, que es la posición de menos gradación en la Policía, sea graduado de escuela superior. 25 R.&R.P.R. sec. 221d-56.

       Véase la Ley Núm. 146 de 23 de julio de 1974, que creó el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, 3 L.P.R.A. secs. 90 a 94.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Isaac Torres Pérez y Otros, demandantes y recurridos, v. Natividad Colón García e Insurance Company of Puerto Rico, demandados y recurrentes; Ramón Negrón Rivera y Benito Santiago Martínez, demandantes y recurridos, v. Gobierno de la Capital e Insurance Company of Puerto Rico, demandados y recurrentes.

      Números: R-75-96,
    R-75-104

      Resueltos: 18 de enero de 1977

      William H. Preston, Jr. y Rolando A. Silva, abogados del Muni-cipio de San Juan; P. Roldan Figueroa, abogado de Isaac Torres Pérez y otros; Enrique Leo Henríquez, abogado de Ramón Negrón Rivera y Benito Santiago Martínez.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Con motivo de un choque entre un automóvil y un camión propiedad del Municipio de San Juan, se presentaron tres de-mandas separadas en reclamación de indemnización por daños sufridos. En las tres demandas se alegó como única causa del accidente la negligencia del conductor del camión. Én una demanda figuran como demandados dicho conductor y la corporación aseguradora del camión y del Municipio. No se demandó al Municipio. En las otras demandas se de-mandó al Municipio y a la compañía aseguradora. El Muni-cipio, representado por los abogados que a la vez represen-taban a la aseguradora, solicitó consolidación de los tres pleitos y así se dispuso. Celebrado el juicio determinó el tribunal que el conductor del camión incurrió en un 75%, y el conductor del automóvil en el restante 25 % de la negligencia que causó el accidente. Dictó sentencia en los tres casos contra todos los demandados, solidariamente. En realidad la senten-cia tendría que ser satisfecha por el Municipio solamente por haberse acogido la aseguradora a un procedimiento de liqui-dación por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

El Municipio nos plantea en recurso de revisión tres cues-tiones a saber: (1) que la determinación sobre negligencia no está sostenida por la prueba; (2) que el tribunal de ins-tancia no podía dictar sentencia en su contra en el pleito en que no fue demandado, y (8) que de prevalecer la sentencia recurrida se obligaría al Municipio a pagar cantidades de dinero en exceso de los límites máximos autorizados por ley. Veamos las tres cuestiones por separado y en ese orden.

I

Como ocurre en casi todos los casos, en este hay dos ver-siones sobre la forma en que ocurrió el accidente, ambas sos-tenidas por la prueba de una y otra parte. El juez de instan-cia, luego de considerar toda la prueba, hizo sus propias de-terminaciones, que no equivalen precisamente ni a la versión de los demandantes ni a la de los demandados. Veamos las dos versiones y lo que el juez determinó que sucedió.

Los siguientes hechos no están en controversia: Alrede-dor de las siete de la mañana del sábado, 23 de noviembre de 1968, y en la carretera que conduce de Río Piedras a Caguas, ocurrió un choque entre un automóvil Mercedes Benz, con-ducido por Angel M. Torres Roldán, y un camión propiedad del Municipio de San. Juan. El Mercedes Benz chocó contra el camión por la parte posterior derecha de éste, se desvió a su derecha, arrolló a dos personas que esperaban transporta-ción en una parada de guaguas a la orilla derecha de la carre-tera, y vino a parar al chocar contra la base de cemento de una verja. Su conductor murió en el acto. Uno de los pea-tones, Benito Santiago Martínez, sufrió fractura del radio y de la ulna del brazo derecho, fractura del quinto hueso metacarpio, es decir, en una mano, dislocación en la falange media del pie izquierdo y laceración del ojo izquierdo. El otro peatón, Ramón Negrón Rivera, sufrió contusiones y hematoma en una de sus extremidades. Así se estipuló, según la sentencia del tribunal a quo. El Mercedes Benz, según se aprecia en una fotografía que obra en autos, sufrió el des-prendimiento de la capota, de delante hacia atrás. No hay prueba de que recibiera daños en su frente o lados. El ca-mión es uno de carga, grande, de seis ruedas. Su caja estaba cubierta con una lona. De su parte posterior sobresalía una tapa a manera de plataforma, al mismo nivel del piso de su caja, sostenida en esa posición por una cadena. No hay prue-ba de que recibiera daños, excepto una abolladura, apenas perceptible en las fotografías, en el extremo posterior derecho de la caja, al nivel de su piso. Ese fue sin duda, un punto de impacto del Mercedes Benz con el camión. Es lógico inferir que los puntos de contacto entre ambos vehículos fueron, en cuanto al Mercedes Benz, el poste delantero izquierdo que su-jetaba su capota al resto del automóvil, y en cuanto al camión, el borde derecho posterior de la plataforma, que a manera de cuchilla cortó dicho poste, y el extremo o esquina derecha posterior de la base de la caja del camión, que completó el descapotamiento hacia atrás del automóvil y lo hizo desviarse hacia su derecha. En el lugar del accidente la carretera era recta. Tenía dos carriles de tránsito para cada dirección, separados por un seto vivo de amapolas, interrumpido frente a la entrada del barrio Tortugo y de las parcelas Las Cane-jas, cuya entrada quedaba, yendo en la dirección de los dos vehículos del accidente, es decir, de Río Piedras hacia Caguas, a mano izquierda. Los autos no revelan que en el área del accidente existiera otro límite de velocidad que el dispuesto por la Ley de Vehículos y Tránsito, que es de 45 millas por hora cuando no existieren señales que otra cosa indicaren, dispuestas por el Secretario de Transportación y Obras Pú-blicas. 9 L.P.R.A. sees. 841 y 843.

La versión de los demandantes pretendió establecer que el camión discurría por el carril derecho y detrás iba el Mercedes Benz por el izquierdo; que al acercarse a la entrada del barrio Tortugo, que era hacia donde se dirigía el camión, éste hizo un viraje súbito a su izquierda, cruzándose en el paso del Mercedes, provocando así el choque que ocurrió entre ambos vehículos. Esta versión fue sostenida por los testi-monios del codemandante Benito Santiago Martínez y de otros dos peatones que se hallaban en el lugar del accidente.

La versión de los demandados emana de los testimonios del codemandado Natividad Colón García, que era el conductor del camión, y de un celador de una estación de gasolina que quedaba cerca del lugar. El conductor del camión declaró que iba por el carril de la derecha y doscientos metros antes de llegar a la entrada del Barrio Tortugo cambió al carril iz-quierdo, que hizo señales con la mano y con las luces de seña-les y se detuvo en el carril izquierdo a esperar que pasasen los carros que iban en dirección contraria, para entonces cruzar y seguir por la entrada hacia el Barrio Tortugo; que hacía varios minutos que estaba así detenido cuando sintió el golpe del automóvil. El testimonio del celador varía tal ver-sión. Declaró que vio a los dos vehículos, ambos por el carril izquierdo; que el automóvil seguía al camión a una distancia que estimó como el espacio que ocuparían “de cuatro a cinco carros,” distancia que señaló para el tribunal y fue estimada en noventa pies; que el carro iba “bastante ligero,” a una velocidad que estimó entre 35 y 40 millas por hora, velocidad que calculó porque dice que sabe guiar; tiene 68 años; que había un seto vivo de amapolas en el centro de la carretera, contiguo al carril izquierdo, y el camión paró, que donde paró todavía había amapolas; que en el momento en que paró el camión vino el carro y ocurrió el choque; que fue “en se-guida,” una cosa rápida, “súbito, de momento.”

El juez sentenciador no creyó totalmente ni la versión de los demandantes ni la de los demandados. Concluyó que el camión iba por el carril izquierdo y que, al disponerse a do-blar para su izquierda para entrar por la carretera del barrio Tortugo, “se abrió un poco y ocupó una parte del ‘lañe’ derecho por donde también en ese preciso momento discurría el automóvil Mercedes Benz”, produciéndose así el impacto. Señala además que la posición de la plataforma móvil del camión, que se mantenía al mismo nivel de la plataforma fija mediante dos cadenas que la sostenían y que sobresalía hacia atrás no tenía luces ni banderas que indicasen sus extremos. Concluyó también que la velocidad del Mercedes fue causa concurrente del accidente, aunque no la principal. A base de esas determinaciones aplicó la norma de comparación de ne-gligencias.

Las determinaciones del tribunal de instancia en cuanto a cómo ocurrió el accidente no son del todo justificables a base de la prueba. Estamos de acuerdo en que hubo concurrencia de negligencia pero no podemos convenir en que la del conductor del camión fue mayor que la del conductor del automóvil.

Hay tres procesos o métodos de que se vale el juzgador, consciente o inconscientemente, para aquilatar las pruebas y formar juicio sobre los hechos. Uno se refiere a la prueba de tipo objetivo en que se trata, al decir del Art. 95 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1861, de “objetos perceptibles a los sentidos.” Es lo que Jones y otros destacados estudiosos del Derecho probatorio — Wigmore, McCormick, Wharton — denominan la prueba de carácter “autóptico”, que provee “los vehículos de percepción por el tribunal por medio de sus observaciones personales, en contraste con el vehículo del testimonio descriptivo, narrativo y analítico de labios de los testigos.” La forma de un objeto, su contundencia, y todas sus particularidades físicas caen en esta clasificación. Una fotografía podría ser así considerada, pero únicamente respecto a lo que gráfica o pictóricamente revela. Frente a este tipo de prueba nuestra posición y la del tribunal de instancia son idénticas. Vemos lo que él vio.

En el proceso de formar juicio los tribunales se valen tam-bién del proceso deductivo, en que entran en juego las in-ferencias y presunciones. De una o varias verdades se deduce otra verdad, sea porque lo manda la ley (presunción) o por-que lo concluye por deducción lógica el juzgador (inferencia). Tampoco requiere mayor esfuerzo mental este medio de prueba. Es el método del silogismo; la lógica al servicio del proceso adjudicativo. Podríamos decir que, aceptados como ciertos los hechos básicos de una presunción o de una inferen-cia, nuestra posición como tribunal revisor no es muy distinta de la del tribunal de instancia para dar por probado el el hecho deducido.

Donde se halla la médula del problema adjudicativo es cuando toca al juez dirimir conflictos en la prueba, decidir sobre probabilidades, descartar imposibles, hurgar más allá de los testimonios para encontrar las verdades que muchas veces se ocultan tras meras apariencias, suplir a base de sus propias experiencias y conocimientos de la vida aquellos he-chos no aportados articuladamente por los testimonios pero inescapables al proceso inductivo de su inteligencia. Sin duda este proceso exige más de la subjetividad del juzgador que ningún otro. Su base estatutaria está en el Art. 99 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1884, que señala en su inciso segundo, como base de una inferencia, la deducción que de un hecho probado legalmente “justificaren la consideración de las ordinarias propensiones o pasiones humanas, las pro-pensiones o pasiones particulares de la persona cuyo acto se discute, el curso de los negocios o el de la naturaleza.”

Conforme a este principio, las experiencias que han con-tribuido a forjar el carácter y determinar las actitudes del. juez de instancia subyacen como premisas inarticuladas que explican sus decisiones. Cada mundo interior de cada juez ha de fallar a su modo, fallos que por esa misma razón pueden ser distintos según el proceso inductivo de cada cual, siendo todos igualmente válidos y respetables. Por supuesto, toda determinación sobre hechos probados a base de ese proceso inductivo debe ser razonable. No podría sostenerse si resulta absurda, si es arbitraria, o si es el resultado de un juicio apasionado o prejuiciado. Véanse Art. 162, Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1679, primer párrafo; Rosario v. A. de T., 97 D.P.R. 324, 329 (1969); García Rivera v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 823, 831 (1962).

Aplicados esos principios al caso ante nos tenemos que respetar la conclusión de que el camión iba por el carril iz-quierdo y que al tratar de virar a la izquierda se abrió a su derecha y se detuvo, actuaciones que evidentemente no anti-cipaba el conductor del automóvil.

Tienen apoyo estas determinaciones en testimonios que creyó el juez sentenciador y en la prueba fotográfica. La con-clusión de que el camión se abrió a su derecha para luego girar a la izquierda encuentra apoyo además — he aquí el pro-ceso inductivo en funciones — en la experiencia de la diaria observación de los hábitos de los conductores de camiones en nuestras carreteras. Raro es el que no se abre a la derecha antes de virar a la izquierda, y viceversa.

La conclusión de que el automóvil discurría por el carril derecho no está apoyada por la prueba. Por el contrario, todos los testimonios colocan al automóvil en el carril izquierdo, y no hay justificación en este caso para descartar esos testi-monios.

Parece evidente que el conductor del automóvil, que había estado ingiriendo licor — tenía en su sangre un contenido de alcohol de diez centesimas (.10) del uno por ciento — y que probablemente no había dormido, pues regresaba hacia su casa cerca de las 7:00 de la mañana de un sábado, reaccionó tardíamente al percatarse del movimiento del camión, su velocidad no le daba tiempo de parar y, al desviarse hacia el carril derecho para pasarle no vio la plataforma que a ma-nera de cuchilla sobresalía de la parte posterior del camión, ya parcialmente atravesado en el carril izquierdo y ocu-pando parte del derecho, produciéndose así el lamentable acci-dente en que perdió la vida.

Frecuentemente escuchamos decir que el conductor del vehículo que choca a otro por detrás tiene toda la culpa. Ciertamente, un choque de esta naturaleza hace surgir un fuerte indicio de culpa de parte del vehículo que choca. Pero no puede ni debe adoptarse como norma que este tipo de choque por sí solo exonera de responsabilidad al conductor del vehículo chocado. El caso ante nos es un ejemplo de imprudencia concurrente del conductor del vehículo que discurría frente al otro. El tribunal de instancia no dio crédito a su testimonio de que hizo señales antes de virar. Parece obvio que, o no las hizo, o las hizo tardíamente y sin ajustarse a la ley. De haberlo hecho, y de haber reducido gradualmente su velocidad antes de detenerse para virar es probable que no hubiese ocurrido el accidente. Concluimos que la imprudencia del conductor del camión fue causa que contribuyó al accidente cuando menos en un 25 por ciento.

HH HH

El segundo planteamiento del Municipio de San Juan, aquí recurrente, es de orden procesal. Como indicamos al principio, se presentaron tres demandas con motivo del acci-dente. En una figuran como demandantes los padres y varios hermanos del conductor del automóvil Mercedes Benz, falle-cido en el accidente. Demandaron a Natividad Colón García, conductor del camión, y a Insurance Company of Puerto Rico, aseguradora del Municipio. No demandaron al Munici-pio. En demandas separadas comparecieron Ramón Negrón Rivera y Benito Santiago Martínez, peatones que resultaron lesionados, quienes demandaron al Municipio de San Juan y a Insurance Company of Puerto Rico. La representación de todos los demandados fue asumida por los abogados de Insurance, quienes solicitaron la consolidación de los tres plei-tos, y así se dispuso. Se acordó ventilar en primer lugar el aspecto de responsabilidad por el accidente, así se hizo y se dictó resolución en mayo de 1972 que dictaminó que el conductor del camión incurrió en un 75 por ciento de negligencia y en un 25 por ciento el conductor del Mercedes. Estando pen-diente de celebrarse vista sobre el monto de los daños fue sometida a proceso de liquidación la compañía aseguradora. El Municipio de San Juan tuvo que asumir su propia repre-sentación toda vez que, al desaparecer Insurance del pleito, cesó con ello la representación que habían estado ostentando sus abogados.

Plantea el Municipio que como no fue demandado por los padres y hermanos del conductor del automóvil Mercedes Benz, no puede dictarse sentencia en su contra en el caso de ellos. Tiene razón.

La comparecencia del Municipio, representado por los abogados de su aseguradora, no tuvo el alcance de enmendar la demanda en que no fue hecho parte. La causa de acción contra el Municipio es distinta y separada de la instada contra su aseguradora. Art. 20.030 del Código de Seguros. 26 L.P.R.A. see. 2003. García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245, 254 (1965); Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868 (1965). Al consolidarse los tres pleitos, cada parte conservó su identidad independiente en cada uno, sin que ello implicase que el Municipio quedara incluido como parte en el pleito en que no lo era. De hecho la aseguradora, precisamente por la independencia de las causas, no podía invocar contra los demandantes las defensas personales que el Municipio, de haber sido demandado, pudo invocar, y en particular la falta de notificación dentro de los 90 días a partir de la ocurrencia del accidente. Art. 96 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. sec. 1603; García v. Northern Assurance Co., supra, pág. 254. No hay constancia en los autos de tal noti-ficación hecha por los padres y hermanos del conductor falle-cido. La hay en cuanto a los demandantes que demandaron al Municipio.

En Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarket, 102 D.P.R. 134 (1974), consideramos que una demanda quedó enmen-dada para incluir a terceras demandadas como si hubiesen sido demandados originales, y hacerlas responsables directa-mente a la parte demandante, al estipularse por todas las partes, incluyendo a las terceras demandadas, la relación que las hacía responsables directamente a la parte demandante, cuya estipulación concluía con la solicitud de que “se dicte la sentencia que proceda en derecho a tenor con los hechos antes estipulados.” La situación aquí es distinta. Salvo en la solici-tud de consolidación, en que se hizo figurar al Municipio de San Juan como promovente, en todas las alegaciones respon-dientes de las partes compareció cada parte por separado, se-gún figuraba en cada demanda, y, una vez consolidados los casos, la comparecencia de los demandados se hizo figurar ha-ciéndose la salvedad que comparecían “los demandados, debi-damente incluidos como tal y emplazados en uno u otro caso de epígrafe.” Dicho de otro modo, comparecían todos los de-mandados, pero cada cual en la forma en que estaba incluido en el pleito, es decir, la Insurance Company como demandada en los tres casos, el Municipio como demandado en los casos de Negrón Rivera y de Benito Santiago Martínez, y Nativi-dad Colón García como demandado en el caso de los padres y hermanos del conductor fallecido.

La coincidencia de que el Municipio y su aseguradora comparecieran representados originalmente por los mismos abogados no podía implicar que forzosamente quedaba el Municipio sometido como parte demandada en relación con la demanda en que no fue hecho parte. La práctica en materia de seguros de responsabilidad pública — de ello tomamos conocimiento judicial — es que la aseguradora se obliga a asumir la representación de su asegurado, por sus abogados, hasta los límites máximos de su responsabilidad bajo la póliza. Es de conocimiento general que en los casos de los municipios la responsabilidad de la aseguradora de éstos se limita al máximo de que el municipio puede legalmente responder. Véase el Art. 96-A, citado en el escolio 1, supra.

Finalmente, y distinto al caso de Pueblo Supermarket, supra, el Municipio de San Juan, aquí recurrente, no tomó parte activa en relación con la reclamación en que no fue de-mandado que justifique que se le considere incluido como parte en dicho caso. Por el contrario, cuando se entró en la segunda etapa del litigio para fines de determinar el valor pecuniario de los daños, el Municipio limitó expresamente su participación a defenderse de las dos reclamaciones en que fue demandado, así lo hizo constar, y como resultado de ello se limitó la prueba en la vista que a tales efectos se celebró, a la presentada por dichos dos demandantes.

III

El tercer planteamiento del Municipio se refiere a los límites de su responsabilidad bajo el Art. 96-A de la Ley Municipal, citado antes en el escolio 1. Habiendo concluido nosotros que el Municipio no es parte demandada y por tanto no responde a los padres y hermanos del conductor fallecido, queda limitada su responsabilidad a los daños sufridos por Ramón Negrón Rivera y Benito Santiago Martínez. Por disposición del citado Art. 96-A, su responsabilidad no podrá exceder de $15,000 en cuanto a alguno, ni de $30,000 en cuanto a ambos. Habiendo sido el Municipio un co-causante del accidente, su responsabilidad frente a estos demandantes es solidaria con la del conductor del camión, por quien responde, y con la del conductor del Mercedes Benz, hoy su sucesión. Mártir Santiago v. Pueblo Supermarket, 88 D.P.R. 229 (1963); Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825, 828 (1950). Habiendo dictado sentencia el tribunal de instancia en que valoró los daños sufridos por Benito Santiago Martínez en $20,000, debe limitarse la responsabilidad del Municipio, en cuanto a él, a $15,000. Por no alcanzar a dicha suma el valor adjudicado por dicha sentencia a los daños sufridos por Ramón Negrón Rivera ($3,000), en nada se afectará en cuanto a él la responsabilidad del Municipio.

Se dictará sentencia por la que se modifique la dictada por el tribunal de instancia en los casos ante nos, en los si-guientes términos: se fijará la responsabilidad de los deman-dados por la ocurrencia del accidente en un 25 por ciento, correspondiendo él restante 75 por ciento al conductor del automóvil Mercedes Benz; se dejará sin efecto aquella parte de la sentencia en relación con él caso número 69-3964. (Isaac Torres Pérez y otros v. Natividad Colón García e Insurance Company of Puerto Rico) que responsabiliza al Municipio de San Juan; y se reducirá la responsabilidad del Municipio de San Juan frente a Benito Santiago Martínez, caso número 70-697, a la suma máxima de $15,000. Así modificada, la sentencia del tribunal recurrido será confirmada.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opi-nión en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Díaz Cruz.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de enero de 1977

Respetuosamente disiento. El análisis integral de la prueba testifical y documental me convence que estamos ante un caso de excepción al cual no aplica la regla de abs-tención del foro apelativo respecto a la apreciación de prueba de los tribunales de primera instancia. La opinión mayorita-ria se fundamenta en el respeto que tales determinaciones merecen, criterio que comparto como regla general, pero que no rige el caso de autos. Inexplicablemente la propia opinión, aun cuando defiende dicha norma, la vulnera.

Descartada por la sala sentenciadora, por no haberle me-recido crédito, las alegaciones y prueba de los demandantes recurridos — en el sentido de que el camión del Municipio dis-curría por el carril de extrema derecha y causó el accidente al invadir súbitamente el carril de la izquierda con el pro-pósito de oportunamente doblar para entrar en la carretera del Barrio Tortugo (Las Canejas) — no me es posible sostener la conclusión de responsabilidad del Municipio recurrente en orden al movimiento del camión, existencia y posición de su plataforma móvil y ausencia de signo al efecto.

A mi juicio, la forma en que ocurrió el accidente quedó aclarada por la declaración jurada prestada ante el Ministe-rio Fiscal por el codemandante recurrido Ramón Negrón Rivera, quince (15) días después del accidente:

“El día 23 de noviembre de 1968, yo estaba en una parada de guaguas que hay un poco retirada de la entrada a las Parcelas Canejas, en la carretera de Río Piedras a Caguas. Yo iba para mi trabajo en Caguas, y eran como las siete menos cuarto de la mañana. Mientras estaba esperando transportación, vi venir por el carril izquierdo de los carriles que van de Río Piedras a Ca-guas un truck y al llegar a la entrada de las Parcelas Cane ja, se detuvo, o casi se detuvo cuando de momento se apareció un carro que no me di cuenta por cual carril corría a una velocidad bastante ligero, y fue a darle al truck por la parte de atrás, y trató de desviar a la derecha, y con la parte trasera derecha del truck rompió el cristal del frente del carro. Ese carro siguió sin control yendo a tener a la parada donde yo me encontraba con otra perosna, que también iba para Caguas y nos arrolló a los dos y luego siguió, subiéndose en una lomita, donde había un muro de concreto, el cual partió y ahí se detuvo. De ahí me reco-gió mi hijo y me llevó al Dispensario de los Tronquistas en los altos de la Farmacia Blanco en la Pda. 19 de Santurce. Yo no vi al que guiaba ese carro ni sé qué marca era el carro.” (Exhibit I, parte demandada, énfasis suplido.)

Esta declaración es de suma importancia, ya que es brin-dada antes de que el testigo hubiese radicado una acción en resarcimiento de daños; en otras palabras, cuando su único in-terés era el de exponer la verdad ante un funcionario público en una época contemporánea a la ocurrencia del accidente. Fácil es comprender sus motivos para que en la vista posterior del caso, establecido su rol e interés como reclamante, variara la misma y entonces expresara no haberse percatado del choque hasta después de ocurrido. Román Montalvo v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428 (1963).

En adición, las fotografías en evidencia demuestran indubitadamente que el conductor Torres Roldán discurría su auto Mercedes Benz a una velocidad exagerada en exceso del máximo permitido. La fuerza del impacto fue de tal na-turaleza que arrancó y desplazó hacia atrás como si fuera un acordeón de papel la capota de acero del vehículo, el cual con-tinuó en rápido y descontrolado movimiento varios metros adelante, arrollando en su vertiginosa trayectoria a los dos peatones reclamantes y deteniéndose solamente al chocar una verja cuya base de cemento le sirvió de obstáculo. La doc-trina jurisprudencial de que prueba relativa a la fuerza del impacto de una colisión, por sí sola, o en relación con otras circunstancias, puede tener suficiente peso para justificar la conclusión de que hubo negligencia en cuanto a la velocidad de un vehículo es de estricta aplicación al caso de autos. Santos Rivera v. Quiñones de la Rosa, 93 D.P.R. 491, 499 (1966); Valedón v. Fernández, 78 D.P.R. 257, 261 (1955); Pueblo v. Busigó, 78 D.P.R. 162, 168 (1955); Pueblo v. Rivera, 69 D.P.R. 538, 543 (1948). También dichas fotogra-fías establecen la ubicación de los residuos (debris) consis-tentes del cristal delantero y otras partes metálicas de la ca-pota ocupando la superficie de la zona de rodaje correspon-diente al carril de extrema izquierda, extendiéndose en parte hacia la del carril derecho, circunstancia ésta incompatible con el criterio del tribunal sentenciador de que el Mercedes Benz transitaba por éste último carril antes de ocurrir el accidente.

A las circunstancias expuestas de velocidad y residuos, debemos añadir dos factores de importancia que afectaron ne-gativamente la condición física de su conductor: éste regre-saba a su hogar en Caguas al amanecer del sábado, luego de haber asistido y terminado su trabajo el día anterior, viernes, y su protocolo de autopsia reveló la existencia de .10 grados de alcohol en la sangre. (T.E. págs. 126-127.) Es un hecho científico, susceptible de conocimiento judicial, que los refle-jos normales de una persona con dicho nivel de alcohol, en lo concerniente a la conducción de un vehículo de motor, de ordi-nario disminuyen y se afectan.

Si a ello abonamos la plena visibilidad que existía, es for-zoso resolver que la causa próxima y única del accidente fue la negligencia del conductor Torres Roldán. Tal conclusión se impondría aun bajo la tesis de que el camión, mientras se en-contraba en el carril izquierdo, al realizar el viraje se abrió a la derecha un poco, ya que el testigo Eusebio Delgado, de ocupación celador, atestó que tal operación se realizó despa-cio, deteniéndose el camión, siendo impactado en su parte posterior por el Mercedes Benz que discurría por el carril izquierdo al intentar ocupar el de la derecha. (T.E. págs. 112-113.) Un camión del peso y dimensión como éste sólo po-día desarrollar tal viraje en la forma lenta en que este testigo la describe. Solamente la excesiva velocidad del automóvil, la condición de su conductor y el incumplimiento de la regla de seguridad referente a mantener una distancia prudente pre-ceptuada en la Sec. 5-1108 de la Ley de Vehículos y Tránsito (9 L.P.R.A. sec. 1138(a)) — Sociedad de Gananciales v. Pérez González, 90 D.P.R. 194, 195-196 (1964) — le impidie-ron aminorar la marcha y evitar el accidente.

Revocaría en su totalidad la sentencia del Tribunal Superior.

       El Art. 96-A de la Ley Municipal, según enmendado, 21 L.P.R.A. sec. 1603a dispone, en lo aquí pertinente:
      “Las reclamaciones contra los municipios, por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de la corpora-ción municipal, no podrán exceder de la cantidad de quince mil (15,000) dólares. Cuando por una misma actuación u omisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de ac-ción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá ex-ceder la suma de treinta mil (30,000) dólares. Si de las conclusiones del Tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas excede de treinta mil (30,000) dólares, el Tribunal procederá a distribuir dicha suma de treinta mil (30,000) dólares entre los deman-dantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno....”

      Una declaración jurada del codemandante Ramón Negrón Rivera, prestada dos semanas después del accidente, se desvirtúa a sí misma en cuanto pretendió ser usada por los demandados para probar su versión del accidente. Lo declarado por el testigo es más bien una conclusión de referencia, pues vino a darse cuenta del choque después que ocurrió. Dijo: “Frente al carro ese no vi ningún otro vehículo y a mí me llamó la aten-ción ese carro que venía, porque me gritaron, pero ya había chocado con el truck.”

       Jones, On Evidence, vol. 2 sec. 441.

       Para una excelente exégesis sobre el proceso inductivo véase Eduardo Bonnier, Tratado de las Pruebas en Derecho Civil, Tomo I, pág. 17 ss. (traducción de la quinta edición francesa de la Editorial Reus, Madrid).

      Dice así:
      “El efecto de la evidencia no es arbitrario, sino que se ejercerá con discreción jurídica, y sujeción a las reglas de evidencia.”

      La Ley de Vehículos y Tránsito dispone:
      “Toda señal de viraje, deberá hacerse en la vía pública continuamente en el trayecto de los últimos cien (100) pies inmediatamente antes de vi-rar.” 9 L.P.R.A. see, 984.

      Dicho artículo dispone en su inciso (1), aquí pertinente:
      “(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su op-ción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaeiones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente. La acción directa contra el asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto Rico. La res-ponsabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del ase-gurador, si que también la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o con-trato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado.”

       En Garda v. A.F.F., 103 D.P.R. 356 (1975), el Tribunal expuso el valor del análisis de perspectiva integral de la prueba, en particular aquella que posee garantía circunstancial de veracidad, tales como foto-grafías contemporáneas a los hechos.

      La Sec. 7-101 de la Ley de Tránsito — Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada (9 L.P.E.A. see. 1371) — no es fuente legal para exigir la colocación de una bandera roja la cual se exige para cargas que se transporten.

      Al evaluar la prueba documental estamos en igual posición que el tribunal sentenciador. Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939 (1975); Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245 (1975).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Carlos Armstrong e Hijos, Sucrs., Inc., demandante y recurrente, v. Julia Ortiz Santiago, demandada y recurrida.

      Número: R-76-93

      Resuelto: 19 de enero de 1977

      Antonio Zapater Cajigas, abogado de la recurrente; Héctor Lugo Bougal, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La acción de cobro de dinero en este caso tiene origen en ciertas irregularidades incurridas por Julia Ortiz Santiago en sus actuaciones como cajera de una sucursal de la firma operada por la recurrente Carlos Armstrong e Hijos en la ciudad de Ponce. El tribunal de instancia desestimó la recla-mación instada por dicha firma contra la cajera recurrida concluyendo que la diferencia de $5,219.92 entre el total de las ventas diarias informado por ella y el importe de los tickets correspondientes constituía un mero error o incompa-tibilidad aritmética sin que surgiera de la prueba un déficit de ingresos por tal cantidad.

Expedimos el auto para revisar.

La única prueba desfilada en el caso fue la presentada por la recurrente y siendo ésta en su mayor parte de carácter documental estamos en igual posición que el tribunal de instancia para determinar su efecto legal. Miranda v. Editorial El Imparcial, Inc., 99 D.P.R. 601 (1971). Pro-cederemos a examinarla para considerar, no su apreciación puesto que no hay conflicto en ella, sino su eficacia, y, deter-minar si el tribunal de instancia descartó elementos proba-torios importantes cuyo peso puedan alterar la conclusión medular del caso de que hubo un mero error aritmético y no de un déficit de ingresos.

La recurrida Julia Ortiz Santiago trabajaba de cajera en una sucursal de Carlos Armstrong e Hijos, Suers., Inc., ubi-cada en la Calle Villa de Ponce. Fue despedida de su empleo el 22 de agosto de 1969 con motivo de aparecer anulado un ticket de venta de una carretilla por la cantidad de $25.00 sin que la venta se hubiese rescindido. Sobre este incidente testificaron el comprador de la carretilla Luis Ferrer Tellado al efecto de que pagó de contado la cantidad de $25.00 y to-davía tiene la carretilla. También declaró el dependiente que se la vendió, Angel Bosch Caraballo, atestando que él llenó de su puño y letra la factura de venta, excepto que la palabra “Nulo” que en ella aparece no fue escrita por él. La prueba demostró que fue escrita por la recurrida y que ésta no sumó dicha factura en el informe diario de ventas faltando exacta-mente la cantidad de $25.00 en el dinero entregado por ella. Este incidente provocó una investigación de los informes de la venta diaria preparados por la recurrida desde diciembre de 1968 a agosto de 1969 reflejando la misma una diferencia de $5,219.02 entre el total de los informes diarios de ventas sumadas por la recurrida y el importe de las facturas corres-pondientes. Esta cantidad es la diferencia reclamada en la demanda de cobro de dinero instada por el recurrente en el tribunal de instancia.

El exhibit “C” refleja el resultado de la investigación apa-reciendo del mismo en forma detallada los días en que la cajera dejó de sumar el total de un ticket o parte del mismo o incurrió en ambas deficiencias. Según este exhibit, en 29 días la deficiencia se debió a que la recurrida no sumó la totalidad de los tickets; en 68 días a que sumó una cantidad inferior y el resto en ambas causas. El exhibit “E” contiene los tickets de ventas diarias, la cinta de sumar preparada por la recurrida y el cotejo de la misma por la recurrente que revela las deficiencias señaladas.

Es significativo, y así lo destaca la recurrente en la solicitud de revisión, que en algunos de los pocos días que no hubo irregularidades coincide con la ausencia del trabajo por parte de la recurrida. Hemos verificado este dato en la identificación 7 de la recurrida, que no fue admitido por el tribunal de instancia sin que aparezca fundamento para ello en la minuta correspondiente al 28 de septiembre de 1971, o en la exposición narrativa de la prueba, o, en la sentencia dictada por el tribunal de instancia. Como se trata de prueba indebidamente excluida tomamos conocimiento de ella con el propósito de verificar el argumento del recurrente.

Para un entendimiento cabal del álcance de la prueba pre-sentada por la recurrente, veamos a continuación algunos ejemplos de las deficiencias incurridas por la cajera Julia Ortiz Santiago:

1. En el Reporte Diario preparado por la recurrida el 21 de agosto de 1969 ella informó un total de ventas en efectivo por $1,106.79, que es la misma cantidad que aparece en la cinta de sumar de los tickets individuales sumados por ella en la máquina. Sin embargo, en la investigación efectuada por el recurrente, la suma de los tickets individuales para ese día reflejan un total de ventas de $1,206.79 para una diferen-cia de $100.00. (Exh. “D”). La diferencia se debe a que un ticket por la cantidad de $121.50 fue sumado por la recurrida por la cantidad de $21.50, sin que hubiese para ese día nin-gún ticket por tal cantidad, ni en la cinta preparada por ella apareciera entrada alguna por $121.50. Es decir, no solo dejó de sumar $100.00 sino que tampoco entregó el importe de esa cantidad.

2. El informe del 2 de agosto de 1969 refleja un total de ventas de $756.96, cantidad idéntica a la que aparece en la cinta sumada por ella. La cinta de la investigación, sin embargo, refleja un total de ventas para ese día de $792.96 para una diferencia de $36.00. La diferencia se funda en que la recurrida sumó un ticket de $36.10 como de 10 centavos. No hay ticket de 10 centavos para ese día ni en la cinta de sumar preparada por ella se incluye venta alguna por $36.10.

3. En el informe y en la cinta de sumar preparada por la recurrida correspondiente al 8 de agosto de 1969 aparece informado un total de ventas por $504.54. La investigación revela que para ese día las ventas sumaron $544.54 para una diferencia de $40.00. La recurrida sumó un ticket de $40.50 como si fuera de 50 centavos, sin que hubiese ticket alguno por esa cantidad ni aparezca de la cinta entrada alguna por $40.50.

4. El informe y la cinta de sumar de los tickets prepa-rada por la recurrida el 16 de agosto de 1969 revelan un total de ventas por $480.34. La investigación efectuada por el recurrente revela que para ese día hubo un total de ven-tas de $502.34 para una diferencia de $22.00. La recurrida no sumó factura alguna por $22.00 a pesar de que el ticket número 12 de ese día es por esa cantidad.

La recurrida no controvirtió los anteriores hechos, sino que en el contrainterrogatorio estipuló lo siguiente:

“1) Que la información consignada en tinta en cada uno de los informes diarios fue allí puesta por la propia demandada, quien preparó dichos informes.
2) Que existen discrepancias entre la cantidad que aparece en la mayor parte de dichos informes diarios según se consig-nará, estribando las mismas en que la suma de todos los tickets individuales de ventas cash para determinado día es distinta a la que aparece en el informe o reporte diario del día en cues-tión.
3) Dichas discrepancias tienen su origen así: (a) la totali-dad de algunos tickets no fue sumada; (b) en relación con al-gunos tickets se sumó en la cinta una cantidad inferior a la del ticket.
4) Que el Exh. 5 de la parte demandante (debería decir iden-tificación V y Exh. C. de la parte demandante) preparado por la testigo Sra. Lourdes Villarini, recoge los resultados de esta investigación, resultados que fueron obtenidos por ella misma.” (Pág. 8, Exposición Narrativa.)

El tribunal de instancia no captó en su justa perspectiva el valor y alcance de esta prueba. Con ella lá recurrente estableció, sin lugar a dudas, que no se sumó el total de algunos tickets o de parte de ellos, y, que el importe del total de los tickets nunca se entregó por la recurrida. Correspondía a ésta controvertirla y no lo hizo. Ella estuvo presente en el juicio pero no testificó para explicar las causas de las deficiencias señaladas. Su silencio no solo debe mirarse con sospecha, Art. 524 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1679, sino que, además, favorece a la recurrente la presunción del Art. 464, inciso 5, 32 L.P.R.A. see. 1887 (5) al efecto de que prueba voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciese.

El tribunal de instancia, sin embargo, concluyó que se trataba de un simple error de aritmética. El patrón de defi-ciencia es tan definido y continuo que es inescapable inferir que se trataba de algo más que un simple error de aritmé-tica. Más aun cuando aparece una coincidencia absoluta entre lo que la recurrida sumaba y el dinero que entregaba. Por otro lado, el tribunal dio importancia indebida al hecho de que la recurrida guardaba el dinero con los tickets y el in-forme diario en una pequeña caja cerrada con llave que per-manecía en la gaveta de su escritorio, estando la llave ac-cesible a varios empleados del negocio. Aparte de que no hay prueba alguna de que otra persona interviniera con la caja, la posibilidad de que así fuera es inherentemente increíble pues supone que en los 130 días de investigación en que hubo deficiencias se llevaron de la caja una cantidad idéntica a la que la recurrida dejó de sumar en el informe diario. Esto re-queriría que el que sustituyó el dinero llevara a cabo una operación de suma de los tickets de venta y un cotejo de la cinta sumada por la recurrida para, entonces, poder deter-minar qué tickets no fueron sumados por ésta y así sustraer una cantidad que coincidiera con la deficiencia incurrida por ella. Además, de haberse sustraído dinero de la caja después de ella guardarla en su escritorio, hubiese aparecido forzosa-mente una incongruencia entre su informe diario y la canti-dad que ella entregaba. Por el contrario, la prueba demuestra una absoluta coincidencia entre ambas cantidades. Desde cualquier ángulo racional que se le enfoque, la prueba y las conclusiones del tribunal son insostenibles.

El análisis anterior nos lleva a concluir que efectivamente incidió el tribunal de instancia al negarle efecto legal a la prueba presentada por la recurrente y al descartar sin jus-tificación alguna elementos probatorios importantes. La sen-tencia recurrida no puede pues, prevalecer. Procede, en con-secuencia, dictar otra declarando con lugar la demanda y con-denando a la recurrida a pagar al recurrente la cantidad de $5,219.02 más los intereses legales y $500.00 por concepto de honorarios de abogado.

       La recurrida se limitó a presentar la contestación al interrogatorio #3 en que la recurrente afirma que nadie vio a la demandada tomar para sí suma alguna de dinero.

      La identificación #7 consiste de las nóminas firmadas por la re-currida, las cuales fueron debidamente identificadas y son pertinentes al caso.