author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, demandante y recurrida, v. Unión de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Independiente-Auténtica), Héctor René Lugo y Otros, demandados y recurrentes; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor.

      Número: R-74-370

      Resuelto: 13 de diciembre de 1976

      Vicente Ortiz Colón y Alfredo Nazario, abogados de los recu-rrentes; Ramón Cando, José O. Sdbater y Jorge López Ra-mírez, abogados de la Autoridad; Miriam Naveira de Ro-dón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Pro-curador General Auxiliar, abogados del interventor.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el goce cabal de los derechos humanos, pero no deja inerme a nuestra sociedad contra el efecto de huelgas para-lizantes de los servicios públicos. Abre un ancho campo a la experimentación sobre modos posibles de atender los justos reclamos de las organizaciones obreras, pero sin vulnerar los legítimos derechos de la comunidad en sí en casos de grave amenaza a su salud, su seguridad o el adecuado funciona-miento de los servicios públicos esenciales. La cuestión que plantea este caso se reduce a determinar si la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961, 29 L.P.R.A. see. 481 y ss., concuerda con nuestro ordenamiento constitucional, ya que hay modos admisibles y otros inaceptables de intentar cumplir los ob-jetivos consignados. Especialmente nos corresponde revisar aquí la validez de una orden de entredicho provisional y de una sentencia de injunction permanente emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictaminando que la huel-ga decretada por la recurrente Unión de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico (Independiente y Auténtica) el 25 de octubre de 1974, era ilegal por contravenir lo dispuesto en el Art. 16 de la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961 (29 L.P.R.A. seé. 496), que proscribe a priori e incondicionalmente la huelga de sus empleados y exige el arbitraje compulsorio de toda disputa.

Conforme los hechos incontrovertidos, la huelga se prolongó hasta el 12 de diciembre, “causando perjuicios, pér-didas y daños inmediatos e irreparables a la Autoridad de-mandante ocurriendo una incidencia extraordinaria de ave-rías anormales efectuadas sobre tuberías de conducto de agua y otras propiedades de la parte demandante que considera-mos de naturaleza maliciosa”; puso en peligro la salud y se-guridad públicas y la economía del país por afectarse parcial-mente el suministro de agua potable para consumo humano y la industria, la disposición de aguas negras sin riesgo a la salud y a la contaminación del ambiente; y movió al Primer Ejecutivo a ordenar la movilización de la Guardia Nacional de Puerto Rico desde ¡el 28 de noviembre hasta el 16 de diciembre de 1974.

La Unión recurrente sostiene que la Ley Núm. 142 es in-constitucional mientras que la Autoridad recurrida sostiene lo contrario. Ambas partes asientan principalmente sus res-pectivas contenciones en las siguientes disposiciones de nues-tra Carta de Derechos:

“Sección 17
Los trabajadores de empresas, negocios y patronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán derecho a organi-zarse y a negociar colectivamente con sus patronos por media-ción de representantes de su propia y libre selección para pro-mover su bienestar.
“Sección 18
A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y patro-nos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas, o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras activi-dades concertadas legales.
Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facul-tad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esen-ciales.
“Sección 19
La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en pro-tección ¡de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.”

I

Encuadremos primeramente la cuestión en su perspectiva histórica, para precisar el propósito de los textos constitucio-nales citados. A comienzos del proceso de redacción de la Constitución del Estado Libre Asociado se debatía intensa-mente el problema de si dicho documento debía garantizar el derecho a la huelga y otras actividades concertadas de los trabajadores. La Nueva Constitución de Puerto Rico, Ed. de la U.P.R., 1954, pág. 224. Existía gran variedad de criterios en nuestra comunidad sobre este extremo, según lo revelan los récords de la Asamblea Constituyente y otros documentos de la época.

En su informe a la Asamblea sobre la Carta de Derechos, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico recomendaba cautela. “Nadie puede negar ra-zonablemente,” se expresaba, “la necesidad de proteger hoy en Puerto Rico los referidos derechos a la huelga y a otras ‘acciones concertadas’. Pero puede suceder que nuestro in-genio colectivo descubra en el futuro otros medios de resolver los conflictos en las relaciones del trabajo que sean distintos de los que actualmente existen.” De ahí que se sugiriese la omisión en la Constitución a formularse de toda alusión a la huelga. La Nueva Constitución de Puerto Rico, supra, loe. cit.

Del otro lado, el Art. 23-4 de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, Departamento de Información Pú-blica de las Naciones Unidas, Lake Success, 1949, documento que afectó considerablemente la estructuración de nuestra Carta de Derechos, disponía:

“Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sin-dicarse para la defensa de sus intereses.”

Las manifestaciones de la Declaración Universal sobre los derechos del trabajo habían generado ya disposiciones aná-logas en constituciones inmediatamente anteriores a la de Puerto Rico. Peaslee, Constitutions of Nations, ed. de 1950; Herrero y Miñón, Nacionalismo y Constitucionalismo, 1971, pág. 404. La tesis de la Declaración Universal hallaba tam-bién fuerte eco en el movimiento obrero puertorriqueño, según se desprende de las propuestas que sobre el particular se hicieron en la Asamblea Constituyente.

El sector que resultaría ser el mayoritario en la Asam-blea Constituyente acudió a la elección de delegados a la Con-vención con el compromiso programático de encararse al problema en la Constitución y expresar al menos el grado de reconocimiento correspondiente a las actividades concertadas de los trabajadores. Se afirmó en el programa aprobado al efecto a principios de agosto de 1951:

“6. Los trabajadores tendrán específicamente los siguientes derechos:
“c) A organizarse libremente;
“d) A contratar colectivamente a través de represen-tantes de su libre selección. Los convenios colectivos quedarán investidos del interés público;
“e) A llevar a cabo actividades concertadas para pro-mover su bienestar en las relaciones con sus patronos.” El Mundo, vol. XXXII, Núm. 14, 461 (11 de agosto de 1951).

Se mantuvo cierta flexibilidad, no obstante, al advertirse que el programa no se encaminaba a hacer “una relación en de-talle de las disposiciones que deberá contener la Constitu-ción.” No se excluía así en estos casos la protección de la salud y el bienestar del pueblo mediante el uso del poder de policía u otros medios, pero la evidencia histórica disponible no revela que se hubiera hallado para entonces un modo generalmente aceptable de armonizar los intereses en con-flicto.

La posición en la Asamblea Constituyente de un impor-tante sector minoritario fue mucho más tajante y abarca-dora. En las Proposiciones Núms. 20 y 94 radicadas ante la Asamblea, el liderato de este grupo, encabezado por don Lino Padrón Rivera, don Antonio Reyes Delgado y otros, favore-ció que la Constitución incluyese el siguiente lenguaje:

“Se reconoce el derecho de los obreros a la huelga y al pi-quete ordenado. También se reconoce a los trabajadores el derecho a contratar colectivamente, y la ley regulará las for-malidades de dichos contratos. Toda estipulación que implique renuncia o limitación de alguno de los derechos aquí establecidos será nula e inexistente.”

No se distinguía entre los trabajadores privados y públicos.

En la Proposición Núm. 54 del señor Paz Gránela, líder obrero, se reconocía igualmente “el derecho a la huelga pací-fica y demás actividades concertadas. ...” y en la Núm. 61, de los líderes sindicales, señores Alberto Sánchez y A. M. Candelario Arce, se consignaba, como en la Constitución francesa, el derecho de los trabajadores “a que se les garan-tice el derecho a la huelga y al piquete pacíficamente [síc], según reglamentación de ley....”

El liderato del otro importante núcleo minoritario en la Asamblea formuló a su vez distintas propuestas. La Propo-sición Núm. 103, suscrita por don Luis A. Ferré, don Miguel A. García Méndez y otros, disponía que “Nada de lo contenido en esta Constitución será interpretado en el sentido de limitar la facultad de la Asamblea Legislativa para decre-tar leyes para la protección de la vida, salud y seguridad de empleados y obreros.” (See. 8.) En la Proposición Núm. 312 de los señores Ferré, García Méndez, Iriarte, Gelpí y Park-hurst se reconoció (see. 3) “. . . el derecho a las huelgas pací-ficas y ordenadas como medio de defensa de los trabajadores y empleados, así como a los patronos el derecho al paro de sus negocios en defensa de sus intereses.”, pero se condiciona-ban estos derechos mediante un procedimiento de ventilar querellas ante la Junta de Relaciones del Trabajo (sees. 8 y 14). Poco más tarde se consolidaron los diferentes criterios dentro de este grupo y se produjo una Proposición Conjunta, la Núm. 313, en que se trataba separadamente el problema de los empleados públicos, expresándose que “Los empleados públicos tendrán el derecho de elevar quejas y agravios al gobierno y sus organismos mediante representantes de su propia selección.” (I, 4.)

La propuesta del Presidente de la Comisión sobre la Carta de Derechos se encaminó claramente a intentar obtener un consenso entre puntos de vista tan encontrados. Su Propo-sición, la Núm. 272, disponía:

“Sec. 12. Se reconoce el derecho de todo trabajador a es-coger su ocupación libremente y a renunciar a ella. . . . Los trabajadores en empresas particulares o en empresas de carác-ter particular explotadas por el Gobierno, sus corporaciones o agencias, tendrán derecho a organizarse, a llevar a cabo conve-nios colectivos a través de representantes de su propia selec-ción y determinar por acuerdo con sus patronos las condiciones de su empleo. Los empleados públicos tendrán derecho a formu-lar a través de representantes de su propia selección y ante las autoridades correspondientes, recomendaciones o agravios rela-tivos a su trabajo.
“Sec. 13. La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia y no men-cionados específicamente. Las disposiciones de esta Constitución no se interpretarán en forma que tiendan a restringir la facul-tad del pueblo para promulgar leyes en protección de la vida, la salud y la seguridad del pueblo de Puerto Rico.”

No se produjo el consenso totalmente sobre esta base. Hubo que hacer a todas luces referencia específica, aunque parcial, al derecho a la huelga. La Comisión recomendó a tal fin que la Constitución afirmase que “. . . En sus relaciones con sus propios patronos los trabajadores de empresas y ne-gocios privados y de agencias o instrumentalidades del Go-bierno que operen como empresas o negocios privados, ten-drán el derecho a organizarse, a ir a la huelga, a establecer piquetes y a efectuar otras actividades concertadas legales para negociar colectivamente a través de representantes de su propia selección y para hacer cumplir sus convenios.” 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2573. El informe no incluía entonces el segundo párrafo de la actual Sec. 18 del Art. II, pero retenía la sección 13, antes citada, de la referida Proposición Núm. 272, encaminada a proteger la salud y la seguridad del pueblo de Puerto Rico en todo caso.

De este modo fue que se sentaron las bases para obtener la conformidad de los defensores de posiciones tan disímiles como los que abogaban de una parte por el reconocimiento incondicional del derecho a la huelga de todos los trabaja-dores, privados y públicos, y los que preferían la omisión de toda referencia al tema en la Constitución o la consignación, a lo más, del derecho de los trabajadores públicos a elevar quejas y agravios al gobierno. Las claves del acuerdo fueron cuatro, a la luz del récord: se abstuvo la Asamblea Consti-tuyente de consagrar el derecho a la huelga de los trabaja-dores en el sector público, dejándose este asunto al arbitrio de la Asamblea Legislativa, sujeto a determinadas limita-ciones constitucionales que afectan la acción de ésta; se re-conoció el derecho a la huelga de “los trabajadores de em-presas, negocios y patronos privados y de agencias o instru-mentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados”; dicho reconocimiento fue cabal, a un grado no alcanzado en la legislación de entonces, supeditán-dose tan solo, como se diría en el segundo párrafo de la See. 18, a “la facultad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén clara-mente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servi-cios públicos esenciales”; y, por último, mediante dicho mismo lenguaje, se le extendió sensatamente a la sociedad la pro-tección necesaria contra huelgas que afectasen los intereses comunales básicos.

Es incorrecto, por tanto, estimar que el propósito de la Sec. 18 fue simplemente consagrar los derechos de los trabajadores, vigentes al momento de aprobarse la Constitución. Su historial, como hemos visto, apunta a una conclusión distinta. Para armonizar los puntos de vista en conflicto existentes en aquella época hubo que lograr una base de acuerdo diferente. Se presume, en adición, que las constituciones se aprueban para perdurar, para responder a realidades cambiantes y no para perpetuar meramente el status quo. Las constituciones, distinto a las fotografías, no apresan un instante en el tiempo. Véanse: Fernández, Demetrio, El Ordenamiento y la Problemática de la Negociación Colectiva en él Sector Publico, 42 Rev. Jur. U.P.R. 7, 15-16 (1973); Markus, Richard W., La Negociación Colectiva en las Cor-poraciones Públicas y él Fondo del Seguro del Estado, mimeo, 1974, págs. 18,22.

II

Examinemos ahora los criterios para determinar qué es una instrumentalidad del gobierno que funciona como una empresa o negocio privado, dentro del sentido de estos términos en la Sec. 18 del Art. II de nuestra Constitución, y las circunstancias en que opera el párrafo in fine de dicha sección. Resulta de lo discutido en la primera parte de esta opinión que la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, no ofrece los verdaderos criterios para resolver la cuestión. Esta legislación es de indudable interés para esta investigación, ya que la semántica de la Sec. 18 deriva de ella, pero no es decisiva, pues su contenido se forja, como hemos visto, al calor del choque de otros intereses en juego. Aun así, valga recordar que en la definición de “instrumentalidades corporativas” que se produce originalmente en el Art. 2(13) de la Ley Núm. 130 se mencionó específicamente al entonces Servicio de Acueductos y Alcantarillados, junto a la Autoridad de Fuentes Fluviales y “empresas similares que se establezcan en el futuro.” Hubo cambios posteriores en la ley y aun se eliminó en 1946 la referencia a Acueductos, por la posibilidad de su ingreso posterior al Servicio por Oposición, pero se incluyó entre las “instrumentalidades corporativas” a “aquellas otras agencias del Gobierno que se dedican o pueden dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario.” 29 L.P.R.A. sec. 63(11). Este término fue objeto de interpretación por este Tribunal dos años antes de aprobarse la Constitución de Puerto Rico. En Junta Rel. Trabajo v. Junta del Muelle, 71 D.P.R. 154, 159 (1950) (Snyder), se afirmó:

“Debe recordarse que en el artículo 2(11) la Legislatura empleó los términos ‘negocio lucrativo’ y ‘beneficio pecuniario’ en un sentido especial. Obviamente, no quiso decir que las ga-nancias debían redundar en beneficio personal de alguien. . . . Más bien creemos que la Legislatura quiso distinguir entre los servicios tradicionales que se prestan al público por el gobierno, tales como sanidad, policía, bomberos, o escuelas, donde los beneficiarios pagan poco o nada, en contraste con servicios tales como transportación, electricidad y acueductos donde el consumidor está supuesto a pagar sustancialmente lo que vale el servicio, no obstante ser de naturaleza pública.” (Bastardillas nuestras.)

Aun de sostenerse, por tanto, equivocadamente, que nuestra Constitución es enteramente estática e inmune al cambio social, es inescapable la conclusión que la Sec. 18 ampara a los trabajadores de la Autoridad de Acueductos. Recuérdese, además, que en los debates que ocurren en la Convención Constituyente se menciona específicamente a la Autoridad de Acueductos como ejemplo de una agencia que funcionaba como una empresa privada. 3 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente 1612.

La labor a que nos enfrentamos, sin embargo, es más com-pleja. La Asamblea Constituyente no se limitó en la Sec. 18 a elevar a rango constitucional un estado de ley existente, a momificarlo y encomendarle regir por décadas, con su ter-minología y objetivos antiguos, este dinámico campo. Exami-nemos los debates.

Los debates sobre este particular deben estudiarse a la luz de la experiencia relativamente corta de Puerto Rico y Estados Unidos, en atender, para el tiempo en que se aprueba la Constitución del Estado Libre Asociado, los complicados problemas que plantea la negociación colectiva en el sector público. Aunque en Puerto Rico se da desde antes — ocurren huelgas en el sector público desde 1945 — el primer paso significativo en Estados Unidos en el campo de la negocia-ción colectiva pública ocurre en 1954. Sullivan, D. P., Public Employee Law, Cincinnati, 1969, sec. 15.1. En 1958 hubo tan solo en todo Estados Unidos quince huelgas en el sector pú-blico, que envolvieron a 1,720 empleados. Es desde dicha fecha que comienza a ampliarse significativamente el nú-mero e importancia de las huelgas en Estados Unidos hasta alcanzar grandes proporciones en esta década. Smith, Edwards and Clark, Jr., Labor Relations Law in the Public Sector, The Bobbs-Merrill Co., Inc., 1974, págs. 655-656. Para la comparación entre Estados Unidos y Puerto Rico, véase el Informe de la Comisión del Gobernador para Estu-diar Relaciones del Trabajo en el Servicio Público en Puerto Rico (“el Informe Helfeld”), 1975, vol. 1, págs. 26-27. La literatura sobre estos temas era también muy escasa. Es irra-zonable por tales motivos requerirle a la discusión habida la exposición de los términos utilizados con tal claridad que per-mitiese sin dificultades la solución de la multitud de proble-mas de interpretación que pudiesen surgir en el futuro. Las constituciones, como los ríos, son siempre las mismas y siem-pre cambian. Las constituciones de envase cerrado, las ex-cesivamente pormenorizantes, las de términos inflexibles y rígidos, rara vez perduran.

La conclusión central que se deriva del estudio cuidadoso de los debates sobre la Sec. 18 es que no existe un solo criterio para determinar cuándo una agencia o instrumentalidad del gobierno funciona o no como una empresa o negocio privado y goza o no en consecuencia del derecho a la huelga.

Algunos delegados entendían, por ejemplo, que el dato significativo es si los empleados de la agencia concernida per-tenecen o no al servicio civil. 3 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente 1612 y ss. El presidente de la Comisión de Derechos Civiles corrigió esta impresión, afirmando: . . En primer lugar el que estén gobernados por un sistema de servicio civil es uno de los indicios significativos, básicos de si o no están funcionando fuera del ámbito de empresas pri-vadas. . . .” Ibid., 1615. Luego reiteró: . . Lo que se está estableciendo es no meramente que [basta] con entrar en el servicio civil sino que el servicio civil es uno de los ingredien-tes importantísimos en la calibración de qué es la situación que se produce_” Ibid., 1616.

Otro criterio formulado fue si por cuestión de la natura-leza intrínseca de los servicios envueltos éstos nunca han sido prestados por la empresa privada. Expresó el Lie. Gutiérrez Franqui, en diálogo con el Lie. Luis Negrón López:

“. . . ¿si no podríamos llegar al acuerdo de que esto quiere decir: si una agencia presta servicios de la naturaleza del cuerpo de policía, que por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por empresas privadas, si ése fuera la clase de servicio y la naturaleza de la empresa, por esa única razón quedarían fuera del concepto; si por otro lado, si los trabaja-dores, aunque fuera vendiendo pan, estuvieran trabajando para una empresa del gobierno, y sus empleados recibieren sus con-diciones de trabajo y sus salarios por disposición de una ley de servicio civil, también eso solo sería suficiente para sacarle de la categoría? O sea, que tanto cuando la naturaleza intrínseca del servicio los coloca como uno que nunca ha sido objeto de servicio o empresa privada, como cuando los empleados estén so-metidos a la disposición de una ley de servicio civil, se entenderá que no es una empresa del gobierno de la naturaleza o funcio-nando como una empresa privada.” Ibid., 1620.

El debate no determinó definitivamente la totalidad de los criterios para precisar el significado de la frase “agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como em-presas o negocios privados.” Puede afirmarse que la inten-ción de la Convención Constituyente fue que los dos criterios mencionados deben tomarse en consideración y que ambos son de vital importancia para la definición de los términos que nos ocupan. El historial de la disposición concernida en modo alguno sostiene la conclusión, sin embargo, que éstos son los únicos factores determinantes del significado de la cláusula constitucional bajo examen. Antes de enumerar otros factores que también deben ser objeto de análisis, aclaremos, no obstante, el rol que juega dentro del plan constitucional la esencialidad o no del servicio a prestarse.

El récord sobre este particular es absolutamente claro. La esencialidad del servicio no es determinante para resolver si un grupo de trabajadores tiene derecho a la huelga, pero indispensable para determinar las limitaciones que pueden imponérsele a dicho derecho. En la primera parte de esta opinión se esbozan ya las razones para esta conclusión, pero acudamos a los debates. De éstos se desprende prístinamente que el párrafo m fine de la Sec. 18 se insertó en la Constitución para proveerle a la comunidad en casos de grave emergencia la necesaria protección a su salud, a la seguridad pública y a los servicios públicos esenciales y no para servir de criterio para el disfrute o no del derecho a la huelga.

El párrafo in fine de la Sec. 18 se incluye al final de los debates, después de aprobarse en segunda lectura dicha sec-ción, cuando a varios delegados les asaltaron dudas sobre el efecto de lo realizado hasta entonces. En moción de recon-sideración se propuso entonces añadirle el siguiente lenguaje al primer párrafo de la Sec. 18:

“Nada de lo aquí contenido menoscabará el derecho de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico de aprobar leyes para casos de emergencia en que se ponga en peligro la salud, la seguridad o el bienestar públicos.” 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2264.

El portavoz de la mayoría explicó la enmienda, expresan-do que la Sec. 18, según aprobada en segunda lectura, les ex-tendía el derecho de huelga “sin limitación [a] trabajadores en empresas esencialmente necesarias para la vida de la co-munidad cuya suspensión sin reglamentación o ilimitada podría perjudicar seriamente la salud del pueblo ... la salud pública ... y ... el bienestar de la comunidad en general_” Ibid., 2266. En vista del delicado balance de fuerzas que representaba la Sec. 18, el referido portavoz tuvo cuidado en aclarar previamente, no obstante, que no se estaba debili-tando el reconocimiento del derecho a la huelga consignado en el primer párrafo de la sección. Expresó al efecto:

“El único propósito que persigue la enmienda es aclarar que las disposiciones anteriores sobre el derecho a ir a la huelga, a establecer piquetes y celebrar otras actividades legales concer-tadas ... no menoscabarán el derecho que consideramos in-herente del Estado ... de proteger la salud, la seguridad y el bienestar general de los ciudadanos cuando éstos . . . puedan ser puestos en peligro inminente....
“. . . esta disposición en forma alguna, podría limitar ac-tividad de huelga o de piquete alguno, por poderoso, por fuerte, por extenso que sea, excepto en el momento en que, según el caso de emergencia fuere determinado por el poder legislativo, pueda la situación convertirse en una amenaza, para la salud, la seguridad o el bienestar del público en general.” Ibid., 2265.

La enmienda propuesta preocupó a un grupo de dele-gados, inquiriendo don Lino Padrón Rivera:

“. • • ¿Entiende el compañero que una huelga es una emer-gencia? ....” Ibid., 2266

El portavoz de la mayoría, Lie. Víctor Gutiérrez Fran-qui, contestó:

“No, no, no, la emergencia, la situación de emergencia es lo que puede surgir como resultado de una huelga y dentro de las normas que para describir una emergencia adopte la Asam-blea Legislativa. Una huelga por sí sola, no es una emergencia dentro del sentido de esta enmienda.” Loe. cit.

Esta explicación a solas no satisfizo al sector dirigido por el Sr. Padrón Rivera, proponiéndose entonces la siguiente enmienda a la enmienda:

“Las disposiciones de esta sección no menoscabarán la auto-ridad de la Asamblea Legislativa, para dictar leyes para, en caso de grave emergencia y cuando estuviesen en inminente peligro, proteger la salud, la seguridad y el bienestar público.” Loe. cit. (Bastardillas nuestras.)

La adición de los términos en bastardillas se estimó insufi-ciente, sin embargo, por miembros del propio sector mayori-tario. Un líder de este sector se manifestó en la siguiente forma:

“Yo tengo la preocupación que tiene el compañero Reyes Delgado, pero a mí no me satisface la palabra inminente. Me parece que debe ser algo más fuerte que inminente.
Me parece que debe ser algo equivalente a lo que la juris-prudencia constitucional norteamericana ha cualificado como clear and present danger. No me parece que un daño inminente debe ser suficiente; debe ser un daño efectivo, actual, existente. Creo, además, Sr. Presidente, que el término ‘bienestar general’ es un término demasiado lato y, además, es una palabra que crece y crece y crece más todos los días. . . .” Ibid., 2267.

Sugirió a continuación el orador que se sustituyese el vocablo “inminente” por “claramente” y que en vez de al “bienestar general” se refiriese a “los servicios públicos esenciales.” Loe. cit. Esta fue la base de la transacción final y la pro-puesta que pasó a constituir el párrafo in fine de la Sec. 18 del Art. II. Como se ve, dicho párrafo representa el funda-mento constitucional específico para brindarle amparo a la comunidad contra huelgas y otras actividades concertadas que creen graves emergencias y pongan en peligro la salud o la seguridad públicas o los servicios públicos esenciales. La esencialidad de un servicio público puede utilizarse para in-vocar dicho párrafo en los casos a que se refiere, pero no es piedra de toque para decidir qué trabajadores públicos dis-frutan o no del derecho a la huelga. Es interesante señalar que hoy día se critica severamente el criterio de la esenciali-dad del servicio como base para distinguir entre huelgas le-gítimas e ilegítimas. Smith, Edwards and Clark, Jr., Labor Relations Law in the Public Sector, The Bobbs-Merrill Co., Ine., 1974, págs. 685-686. Véase: Howlett, The Right to Strike in the Public Sector, 53 Chi. B. Rec. 108 (1971).

Los debates, en resumen, aportan dos criterios que pueden considerarse, junto a muchos otros, para resolver cuándo es que una agencia del gobierno funciona como una empresa privada y eliminan uno. Del lenguaje en sí de la Sec. 18, de las circunstancias de su formulación, de su propósito, de su glosa, de las realidades a que sirve y en que opera, pueden derivarse otros criterios. El Informe Helfeld (vol. 1, pág. 21) sugiere acertadamente varios factores que deben tomarse en consideración, entre ellos: si los empleados de la agencia concernida están cubiertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; si los servicios prestados por la agencia, por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; si la agencia está capacitada para funcionar como una empresa o negocio privado; si la agencia de hecho funciona como una empresa o negocio privado; el grado de autonomía fiscal de que disfrute la agencia; el grado de autonomía administrativa de que goce; si se cobra o no un precio o tarifas por el servicio rendido (precio que debe ser básicamente equivalente al valor del servicio); si los poderes y facultades concedidos en la ley orgánica de la agencia la asemejan fundamentalmente a una empresa privada; y si la agencia tiene o no la capacidad para dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario. A estos criterios pueden añadirse otros, sin pretender agotar la lista: la estructura en sí de la entidad; la facultad de la agencia para demandar y ser demandada ilimitadamente; el poder de obtener fondos propios en el mercado general de valores a base de su récord económico f sin empeñar el crédito del Estado Libre Asociado; la facultad de adquirir y administrar propiedades sin la intervención del Estado; el punto hasta donde el reconocimiento a los trabajadores de la agencia de los derechos a que se refiere el primer párrafo de la Sec. 18 concuerda o no con el esquema constitucional.

Ningún criterio es determinante por sí solo del problema que nos ocupa. Debemos examinar en cada caso la conjunción de factores existentes para a su luz resolver si la agencia con-cernida funciona o no como un negocio privado en el sentido constitucional. Es esta cuestión la que debemos analizar ahora.

III

Los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados no pertenecen desde 1961 a la Ley de Personal del Estado Libre Asociado. La agencia goza de extraordinaria autonomía fiscal y administrativa. Su estructura, así como sus poderes y facultades, la asemejan fundamentalmente a una empresa privada. La Autoridad es “un cuerpo corporativo . . . una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Asociado. . . .” 22 L.P.R.A. see. 142. Posee una estructura análoga a la de una corporación privada, con su Junta de Gobierno y su personal ejecutivo responsable a la Junta. 22 L.P.R.A. see. 143. Goza de sucesión perpetua. Puede demandar y ser demandada, aunque con ciertas restricciones, pero no tan amplias como las que protegen al Estado. Puede contratar libremente; adquirir y disponer de bienes raíces; “tener completo dominio de sus propiedades y actividades”; “tomar dinero a préstamo y emitir bonos de renta para cualesquiera de sus fines corporativos. ...” Los bonos y otra evidencia de deuda que emite la Autoridad no empeñan el crédito o el poder dé imponer tributos del Estado Libre Asociado. 22 L.P.R.A. see. 144. La Autoridad cobra por los servicios que rinde y, como se trata de bonos de renta, debe cobrar sustancialmente lo que éstos valen para permitir, como en el caso de un financiamiento privado análogo, la amortización adecuada de la deuda. 22 L.P.R.A. sees. 144 (i) y 152. La Autoridad puede incuestiona-blemente dedicarse a actividades que tengan por objeto “un beneficio pecuniario”, dentro del significado de esta frase se-gún nuestra decisión en Junta Rel. Trabajo v. Junta del Muelle, supra. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados está indudablemente capacitada como una empresa o negocio privado y de hecho funciona como tal.

Del otro lado puede afirmarse que los servicios que rinde la Autoridad se han prestado normalmente por el Estado en Puerto Rico. Hubo una pequeña excepción y es discutible si su prestación por una agencia del Estado se debe más a nues-tras circunstancias históricas que a la naturaleza intrínseca del negocio — véase la situación contraria prevaleciente en algunas otras jurisdicciones: N.L.R.B. v. El Dorado Water Co., 195 F.2d 950 (6th Cir. 1952) y Twin Falls Canal Company, 29 L.R.M.M. 1277 (1952) — pero aun bajo la hipótesis de que se debiese a la naturaleza intrínseca del negocio y de que no se hubiese conocido excepción a la prestación guberna-mental de este servicio en nuestro medio, este criterio no basta de por sí para anular la impresionante combinación de factores que apunta a la conclusión de que la Autoridad de Acueductos funciona como una empresa o negocio privado dentro del significado de la Sec. 18. Aunque no se trata en estos casos de un mero contaje mecánico de factores y hay algunos a los que deberá asignárseles mayor importancia que a otros, la balanza en esta ocasión se inclina demasiado pesa-damente a favor de la conclusión de que la Sec. 18 ampara a los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados y les reconoce el derecho a la huelga, bajo las limita-ciones que en dicha disposición se establecen.

IV

Procede a continuación determinar si la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961, 29 L.P.R.A. see. 481 y ss., es consti-tucional. Su Art. 16, 29 L.P.R.A. see. 496, prohíbe a priori la huelga, haya o no surgido una grave emergencia que ponga en claro peligro la salud o la seguridad públicas o los servi-cios públicos esenciales. La Ley se aplica únicamente, además, a los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados y de la Autoridad de Comunicaciones. Markus, La Ne-gociación Colectiva en las Corporaciones Publicas y el Fondo del Seguro del Estado, mimeo. 1974, pág. 126 y ss.

La prohibición absoluta de la huelga que contiene la Ley Núm. 142 se funda en la premisa que los empleados a que se refiere no poseen el derecho a la huelga bajo las disposiciones del primer párrafo de la Sec. 18 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado. Según se demuestra en las partes anteriores de esta opinión, tal premisa es incorrecta respecto a los empleados de la Autoridad de Acueductos. El derecho a la huelga de los trabajadores de negocios privados o de agencias del gobierno que funcionen como negocios privados no está sujeto a prohibición previa e incondicional bajo las disposiciones de nuestra Constitución. A lo que está sujeto es a amplísima reglamentación — tan amplia como lo requiera el interés público — en “casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.” La Ley Núm. 142 se redactó simplemente sobre una base teórica errónea y esto basta para viciarla de inconstitucionalidad en su aplicación a este caso, sin que tengamos que considerar los serios problemas de igual protección de las leyes que suscita la negación del derecho a la huelga a los trabajadores de la Autoridad de Acueductos y su reconocimiento a los trabajadores de otras agencias del gobierno de estructura y características análogas.

La determinación que hacemos sobre la anticonstituciona-lidad de la Ley Núm. 142 no le niega en modo alguno al pueblo de Puerto Rico los recursos a que tiene derecho bajo el segundo párrafo de la Sec. 18 del Art. II de la Constitu-ción para protegerse contra huelgas paralizantes de los ser-vicios públicos esenciales. Dicha protección es enteramente alcanzable, pero por los caminos que la Constitución permite, que son anchos. Lo sucedido con la Ley Núm. 142 fue simple-mente que representa la ruta equivocada. Contrasta dramá-ticamente en este sentido la filosofía de la Ley Núm. 142 con la de la Núm. 11 de 22 de mayo de 1965. Esta última ley se aprobó específicamente, según se expresa en su Exposición de Motivos, “para dar efectividad a la facultad constitucional que tiene la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia, cuando estén claramente en peligro la salud o seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales según prevé la Sec. 18 de la Carta de Derechos de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” La Ley de Injunction General, la Núm. 50 de 4 de agosto de 1947, 29 L.P.R.A. sec. 101 et seq., ofrece otra ruta. El párrafo in fine de la Sec. 18 de tal Art. II de la Constitución permite, en adición, otros medios para la debida protección del interés público.

Nuestra Constitución permite, por tanto, lograr un justo equilibrio entre los intereses de la comunidad y los de los trabajadores. Se protege el derecho a la huelga, pero este derecho no puede esgrimirse para crear situaciones de emer-gencia que amenacen gravemente la salud, la seguridad o los servicios esenciales de este pueblo.

La determinación de que la Ley Núm. 142 es anticonstitu-cional tampoco resuelve necesariamente este pleito en su fondo, ya que toda revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos. Nos toca, por tanto, examinar por último la validez del injunction dictado.

V

El auto de injunction expedido contra la unión recurrente fue a nuestro juicio emitido debidamente por con-currir en este caso los requisitos dispuestos en el Art. 5 de la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1947 (29 L.P.R.A. sec. 101 et seq.). La violencia o el sabotaje como arma de coacción directa o indirecta de cualquier sector en una disputa obrero patronal no tiene cabida en nuestra sociedad por confligir con el principio básico de convivencia social pacífica que pre-supone el ejercicio de cualquier derecho bajo nuestra Consti-tución. Cuando la naturaleza, magnitud e intensidad del con-flicto cobra las dimensiones que distinguió el caso de autos, los tribunales no pueden hacer abstracción de tal realidad y adoptar pronunciamientos y posiciones que destruyan las as-piraciones legítimas de un pueblo que adoptó como norma de excelencia el reconocer y proveer en todo conflicto un equili-brio moderador y justiciero entre los derechos legítimos y ra-zonables de cualesquiera de sus miembros, ya sea actuando en su carácter individual o concertadamente y los justos re-clamos de seguridad, paz y salud del propio pueblo que reco-noce y protege los derechos de sus integrantes. Cf. El Impartial, Inc. v. Brotherhood, etc., 82 D.P.R. 164 (1961).

Se confirmará en consecuencia la resolución dictada.

El Juez Asociado Señor Rigau concurre con el resultado de la opinión del Tribunal en tanto en cuanto éste decide que las resoluciones recurridas deben sostenerse. El Juez Rigau radicará un voto separado.

Opinión disidente en parte del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de enero de 1977

Con el debido respeto para otros criterios, paso a exponer el mío. Este es un caso de considerable interés público porque sus consecuencias trascienden los hechos específicos que lo motivaron. Creo que tiene que ver con mucho más que si una ley en particular es constitucional o no. Creo que tiene que ver con los fines o propósitos para los cuales existe el Estado, con si es posible la vida pacífica y civilizada del hombre mo-derno en las grandes ciudades y con lo que la Constitución de Puerto Rico tiene que decir sobre el particular.

Por eso estimo que en la consideración del mismo debe irse a la médula del asunto. Para ello es necesario que nos diri-jamos a ciertos conceptos fundamentales comprendidos en la letra y en el espíritu de nuestra Constitución.

El arte de gobernar, además de consistir de dirigir, edu-car y administrar, consiste en gran medida en el ajuste pon-derado de intereses en conflicto. Más adelante examinaremos y compararemos los intereses en conflicto en este caso.

Se gobierna — en los países en que como el nuestro tienen el tipo de gobierno presidencial y de separación de poderes— desde las Casas de Gobierno, desde los Cuerpos Legislativos y, en apreciable medida, también desde los Tribunales Supremos. Precisamente un ejemplo de esto último lo constituye la opinión mayoritaria en este caso, mediante la cual se le niega a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico la facultad de legislar que expresamente le confiere la segunda oración de la Sec. 18 del Art. II de la Constitución.

Veamos lo que dice la Constitución sobre el asunto que nos ocupa. La Sec. 18 del Art. II — que es la sección clave en este caso — consta de dos oraciones. Tal parece que se le ha dado mucha importancia a la primera de esas dos oraciones y muy poca o ninguna a la segunda. Como trataré de demos-trar, hay que prestarle igual atención a ambas. Dice verbatim dicha Sec. 18:

“A fin de asegurar el derecho a organizarse y a negociar colectivamente, los trabajadores de empresas, negocios y pa-tronos privados y de agencias o instrumentalidades del gobierno que funcionen como empresas o negocios privados tendrán, en sus relaciones directas con sus propios patronos, el derecho a la huelga, a establecer piquetes y a llevar a cabo otras activida-des concertadas legales.
Nada de lo contenido en esta sección menoscabará la facul-tad de la Asamblea Legislativa de aprobar leyes para casos de grave emergencia cuando estén claramente en peligro la salud o la seguridad públicas, o los servicios públicos esenciales.” (Bastardillas nuestras.)

Salta a la vista del propio texto constitucional que el de-recho a la huelga que dicha sección confiere a los empleados de agencias públicas no es un derecho absoluto. No puede serlo. Está limitado por realidades tales como las “graves emergencias” que ponen en peligro “la salud o la seguridad pública” o “los servicios públicos esenciales.” Limitaciones indispensables éstas. Más adelante volveremos sobre esto.

Examinemos, aunque sea en términos generales, los hechos del caso, pues se trata de una opinión judicial sobre un caso concreto y no de un ejercicio académico formu-lado en el vacío. Como los hechos no fueron controvertidos la expresión que de los mismos nos llega a través de los autos es lacónica, pero si se absorben con cuidado pueden dar una idea de su significado y de su impacto.

La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados es un or-ganismo público del pueblo de Puerto Rico cuya función es recoger, tratar y servir agua potable a tres millones de habi-tantes de este país para sus infinitos usos en el hogar, los hospitales, la escuela, el comercio, la industria y un sinnú-mero de otros usos públicos y privados.

La Unión demandada declaró una huelga contra la Auto-ridad de Acueductos en octubre de 1974. Los empleados huel-guistas incluían los de oficina, los de campo y operación y los de mantenimiento de los sistemas de acueductos y de alcanta-rillados sanitarios en todo el país.

Los empleados de operación y mantenimiento son respon-sables del funcionamiento de las 48 plantas de filtración que tiene la Autoridad en la Isla y en las cuales se trata el agua para consumo humano. Dichos empleados son también nece-sarios para el funcionamiento de las 91 plantas de trata-miento de aguas negras. También son necesarios para la ope-ración de las bombas utilizadas para la distribución del agua potable y para la operación de las bombas que disponen de las aguas negras.

El costo de las mencionadas 48 plantas de filtración fluc-túa entre $1,000,000 y $10,000,000 cada una, a precios de antes, y el de las 91 plantas de tratamiento de aguas negras es de aproximadamente $5,000,000 cada una. Si esas plantas, las de filtración así como las de tratamiento, no se atienden adecuadamente se deterioran y sufren daños cuantiosísimos. También su falta de atención afecta inmediatamente la cali-dad del agua, poniendo así en peligro real y efectivamente la salud pública.

Además de las muchas consecuencias desastrosas directas que puede producir en el país la falta de agua potable se pro-ducen también muchas y graves consecuencias indirectas. Para dar un solo ejemplo: la Autoridad de Acueductos suple a la Autoridad de las Fuentes Fluviales grandes cantidades de aguas limpias que ésta necesita para la generación de vapor en sus plantas termoeléctricas de Palo Seco y Puerto Nuevo, las cuales generan un alto porciento de la energía eléctrica que se consume en Puerto Rico. La falta de agua puede paralizar esas plantas generadoras en cuestión de horas.

La resolución del Tribunal Superior menciona también otros perjuicios que se deducen de la paralización de las operaciones de la Autoridad de Acueductos. Al no haber agua no pueden controlarse los incendios poniéndose así en peligro vidas y propiedades. Si no se tratan las aguas negras se pueden producir epidemias. Cuando cesa el abastecimiento de agua en una gran ciudad, como lo es el Area Metropolitana de San Juan con su millón de habitantes, se crean serios problemas sanitarios en los hogares, restaurantes, hoteles, hospitales y escuelas y se paralizan industrias y negocios.

Este caso que nos ocupa fue notorio por la destrucción de propiedad y tuberías de la Autoridad de Acueductos, lo cual dejó sin agua a varios sectores del Area Metropolitana de San Juan. El tribunal de instancia concluyó que “desde que se decretó la huelga ha estado ocurriendo una incidencia ex-traordinaria de averías anormales efectuadas sobre tuberías de conducto de agua y otras propiedades de la parte deman-dante que consideramos de naturaleza maliciosa.” Ese eufe-mismo lo que quiere decir es sabotaje.

El Estado es la organización con que cuenta la sociedad para llevar a cabo unos fines públicos que no pueden ser rea-lizados por las personas particulares. Mantener el orden para hacer posible la vida en sociedad y para propiciar el desarro-llo físico, intelectual y moral de los seres humanos es el pro-pósito primordial del Estado. Prácticamente todos los pen-sadores que se han ocupado de la naturaleza y de los fines del Estado, desde Aristóteles hasta nuestros días, así lo han re-conocido.

La existencia del orden es requisito indispensable y bási-co de toda sociedad humana. Hay otros propósitos deseables que incumbe a los Estados llevar a cabo pero la realización de ninguno de ellos es posible si no existe un orden razonable en la sociedad. Tan indispensable es una medida razonable de orden público y de seguridad personal, que es un hecho histó-rico que los pueblos han preferido tolerar a un gobernante absoluto a sufrir la anarquía, el desorden y la inseguridad colectiva o individual.

Desde luego, como hemos dicho antes, no favorecemos ni el orden sin libertad ni la libertad sin orden. Favorecemos la libertad ejercida dentro del marco de las leyes y de la Constitución, que después de todo es la única libertad posible en las sociedades humanas. Igualmente favorecemos un go-bierno que de igual manera opere dentro de la ley y la Cons-titución.

Expuestos los hechos y las anteriores premisas generales que sirven de marco a este caso, veamos ahora concrétamente los intereses en conflicto en el mismo. De una parte está la Unión demandada, la cual consta de aproximadamente 2900 miembros. De la otra parte están los tres millones de habi-tantes de Puerto Rico para los cuales es indispensable el agua potable que produce la Autoridad de Acueductos.

Si se tiene en cuenta que una decisión de ir o no a la huel-ga, con los resultados antes dichos, se toma con frecuencia en una asamblea a la cual concurren dos o tres centenares de empleados resulta más visible la falta de proporción y de balance entre el poder de ese reducido número de personas— que no son representantes electos de la población — y los tres millones de seres humanos que sufren las consecuencias.

Una Constitución democrática como la que interpretamos, que declara que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña; que entiende que dicho sistema es aquel donde la fuente del poder es la volun-tad del pueblo; que considera como factor determinante en nuestra vida la fidelidad a los valores morales del ser humano por encima de los intereses económicos, difícilmente puede tener como propósito que una asamblea no electa como la antes mencionada pueda ejercer tan gran poder en forma ab-soluta sobre todo el país.

Ante la realidad de los graves perjuicios que ocasiona de-jar al país sin agua potable y del reducido número de perso-nas que podría tomar esa decisión, no es sorprendente que el derecho a la huelga que confiere la antes citada Sec. 18 no sea absoluto. La propia Comisión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente, al discutir en su Informe el derecho a la huelga se expresó como sigue: cial que a todos: obreros, patronos y público, perjudica; y que a todos: obreros, patronos y público, urge resolver. . . .”

“Ciertamente no se ha pretendido reclamar y menos esta-blecer el derecho a la huelga sin límite o sin reglamentación. En primer término, el derecho constitucional aquí fijado no se extiende ni a huelgas de simpatía ni a actividades concertadas de carácter ilegal ni a actuaciones en violación de los conve-nios. . ..
En la teoría democrática el conflicto obrero-patronal no es un desiderátum. El desiderátum es la armonía, la cooperación, la más abundante producción como resultado de la justicia social. Dentro de los principios de la convivencia democrática el conflicto obrero-patronal, cuando surge, es un problema so-

Aunque el derecho a la huelga es sin duda un valor muy importante en nuestra moderna sociedad industrial forzoso es reconocer que hay otros valores más importantes que ese. La industria y los sindicatos existen para el servicio del hombre y no a la inversa. La vida buena, social, humanizada y pacífica y la tranquilidad espiritual que dicha vida puede producir es un valor superior al derecho a la huelga, no em-pece lo importante y necesario que a veces puede ser este último derecho mencionado.

En cuanto a la ley específica que se cuestiona en este caso, la Ley Núm. 142 de 30 de junio de 1961, 29 L.P.R.A. see. 481 y ss., no creo que plantea problema de igual protección de las leyes por el hecho de que se haya atendido en primer lugar el problema de Acueductos y no los demás posibles problemas huelgarios de otras agencias públicas. En materia de igual protección de las leyes el Poder Legislativo no viene obligado a dirigirse a todos los problemas públicos a la vez — lo cual además sería imposible — sino que puede dirigirse a unos pri-mero y a otros después. La prioridad en atender a unos u otros es una cuestión de política pública que corresponde a la Asamblea Legislativa decidir. No puede dudarse de que el abastecimiento de agua potable a un país urbano, industrial y sobrepoblado como el nuestro tiene una primerísima priori-dad.

Unas palabras sobre los factores que usualmente se ofre-cen como criterios para determinar si un organismo público funciona como tal o como una empresa privada. Se mencio-nan, entre otros, los siguientes: si dicho organismo o agencia pública puede tomar dinero a préstamo o no; si tiene autono-mía administrativa; si puede demandar y ser demandado; si tiene fondos propios separados de los del Fondo General; si puede comprar, administrar y vender propiedades; si su es-tructura legal (generalmente de tipo corporativo) y sus po-deres se asemejan a los de las empresas privadas; si está exenta por ley de ciertos controles tradicionales tales como Ley de Personal, Negociado del Presupuesto y Departamento de Hacienda, aunque tengan los controles internos suyos propios — tesorero, contralor, Junta de Directores, etc.

La realidad es que casi todas esas características se le confirieron a las agencias y corporaciones públicas, aquí y fuera de Puerto Rico, para darles flexibilidad de operación. Fueron medidas de conveniencia práctica para habilitar a esas agencias para que pudiesen trabajar rápida y eficaz-mente sobre los problemas sociales y económicos que planteó la gran crisis económica de los años 30. También la forma corporativa pública hacía posible tomar dinero prestado (“emisión de bonos”) para fines públicos, supleiñentando así el entonces escaso Fondo General. Se trataba y se trata de servicio público en el amplio sentido de la frase. Al co-mienzo de la administración del Presidente Franklin D. Roosevelt se creó un número de esas agencias en los Estados Unidos y lo mismo se hizo en Puerto Rico en los años cua-renta.

Para concluir si se trata de un servicio público o no, no son las fórmulas antes mencionadas las determinantes. Esas, como vimos, son fórmulas de táctica. Lo realmente impor-tante es el propósito para el cual existe y funciona la agencia y quien la posee. ¿La posee el público o unos dueños privados? ¿Opera con fines de lucro, como los negocios privados, o con fines de servicio público? Demás está decir que las agencias públicas, incluyendo las que suplen servicios esenciales como los de agua, fuerza eléctrica y otros, no operan, ni deben operar, con fines de lucro sino para dar un servicio público eficiente al menor costo posible.

Deseo añadir que no podemos interpretar la Constitución únicamente a base de unos debates que tuvieron lugar antes de que la Constitución naciera. Ya hay un cuarto de siglo de experiencia bajo la Constitución y esa experiencia vale tanto o más que las escaramuzas verbales preconstitucionales.

Una última preocupación mía sobre este caso. Es de cono-cimiento general en el campo del derecho, que los Tribunales no declaran leyes inconstitucionales a menos que sea necesa-rio o inevitable. Entiendo que en el caso de autos no era necesario declarar inconstitucional la antes citada Ley Núm. 142 porque la decisión del Tribunal confirma la resolución apelada. La apelación y la revisión se dan contra la decisión y no contra sus fundamentos. La mesura debe caracterizar el empleo de las declaraciones de anticonstitucionalidad cuando hay disponibles otras soluciones para el problema bajo examen.

Regresando a los términos utilizados por la propia Cons-titución, en su Sec. 18 antes citada, no debe haber duda de que la Autoridad de Acueductos es una agencia pública, de que presta un servicio público esencial y de que el cese de sus operaciones pone en peligro la salud pública y constituye una grave emergencia. Entiendo que ejerciendo la facultad para legislar para estos casos que la propia Constitución le confirió — por claras razones de orden público — a la Asamblea Legislativa dicha Asamblea tenía y tiene facultad para apro-bar una ley como la Ley Núm. 142 antes mencionada.

       Mediante moción suscrita el 26 de diciembre de 1974, la parte re-currente nos informó que “. . . no existe controversia alguna con respecto a los hechos.”

       Tomamos conocimiento judicial de la Orden Ejecutiva y Proclama emitida el 28 de noviembre de 1974 (Boletín Administrativo Núm. 3017), que en lo pertinente expresa:
      “Por cuanto: Debido a los actos de sabotaje llevados a cabo en el conflicto laboral entre la Unión Independiente Auténtica de los empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y dicha corporación pública, existe un estado de emergencia doméstica en la Isla de Puerto Rico;
      “Por cuanto: El incumplimiento y desobediencia de la ley, desórdenes y la pérdida, sabotaje y destrucción de propiedad pública han alcanzado una etapa de extrema preocupación para el Gobierno y el Pueblo de Puerto Rico;
      “Por cuanto: Existe un grave e inminente peligro de que ello con-tinúe y se extienda a proporciones de mayor magnitud;
      “Por cuanto: La protección de vida y propiedad restauración y man-tenimiento de la ley y el orden sobrepasa la capacidad de las autoridades civiles y de las fuerzas del orden público disponibles a la Policía de Puerto Rico en este momento; ....”

      Para un estudio a fondo de esta legislación, véase: Fernández, Demetrio, La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, mimeo., 1974, pág. 38 y ss.

       Véase la Ley Núm. 6 de 7 de marzo de 1946.

       Galvin, Miles E., Collective Bargaining in the Public Sector in Puerto Rico, tesis doctoral en maquinilla, s. f., Univ. de Wisconsin, pág. 342 y ss.

      No nos toca expresarnos aquí sobre la situación de los empleados de la Autoridad de Comunicaciones bajo esta ley.

       Desde luego, la función de gobernar corresponde primordialmente al Ejecutivo y al Legislativo. La función de los Tribunales Supremos es mayormente judicial pero su contribución o su intervención — según se vea —en la política pública es a veces notable. Recuérdese, por ejemplo, la controversia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el gobierno del Presidente Franklin D. Roosevelt sobre medidas de reforma económica y social. Los estudiosos de la función judicial reconocen y discuten la par-ticipación ocasional pero importante de los Tribunales Supremos en la formulación de la política pública. Cox, The Role of the Supreme Court in American Government (1976); Robert H. Jackson, The Supreme Court in the American System of Government (1955); Goldberg, Equal Justice (1971); Schwartz, The Reins of Power (1963); Rostow, The Sovereign Prerogative (1962) ; Bickel, The Least Dangerous Branch (1962) ; Shapiro, Law and Politics in the Supreme Court (1964); McCloskey, The American Supreme Court (1960); Black, A Constitutional Faith (1968); Berle, The Three Faces of Power (1967); Pritchett, The Roosevelt Court (1948); Berger, Congress v. The Supreme Court (1969); R. H. Jackson, The Struggle for Judicial Supremacy (1941) ; Schwartz, The Supreme Court (1957); Corwin, American Constitutional History (1964); Freund, The Supreme Court of the United States (1949); Benjamin F. Wright, The Growth of American Constitutional Law (1942); Levy, ed., Judicial Review and the Supreme Court (1967) ; Becker & Feeley, ed., The Impact of Supreme Court Decisions (1973); Pfeifer, This Honorable Court (1965); Mason, The Supreme Court From Taft to Warren (1958); Thayer, The Origin and Scope of the American Doctrine of Constitutional Law, 7 Har. L. Rev. 129 (1893).

       Aristóteles, Política; Santo Tomas De Aquino, Summa Theologica; Hobbes, Leviathan; Locke, Gobierno Civil; Montesquieu, Espíritu de las Leyes; Rousseau, Contrato Social; Kant, Ciencia del Derecho; Hegel, Filo-sofía del Derecho; Maclver, The Modem State (1926); A. D. Lindsay, The Modem Democratic State (1943) ; Ernest Barker, Principles of Social and Political Theory (1951).

      “La Democracia como Forma de Vida y como Sistema de Gobierno,” conferencia auspiciada por el Departamento de Instrucción del Gobierno de Puerto Rico, dictada por el Canal 6, TV en octubre de 1971; “¿El Im-perio de qué Ley?”, discurso pronunciado en el Colegio de Abogados de Puerto Rico con motivo del Día de la Ley, en 1ro. de mayo de 1968.

       Preámbulo de la Constitución de Puerto Rico.

       4 Dicurio de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 2675 (ed. 1961).

         Hughes v. Alexandria Scrap Corp., res. en 24 Junio 1976, 44 U.S. L.W. 4959; City of New Orleans v. Dukes, res. en 25 Junio 1976, 44 U.S. L.W. 5074; Katzenbach v. Morgan, 384 U.S. 641, 657 (1966); Williamson v. Lee Optical, Inc., 384 U.S. 483, 488 (1955); West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379, 400 (1937); y Wackenhut Corp. v. Rodriguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972).

       Whatkins, Federal Ownership of Corporations, 26 Geo. L.J. 261, 285; Field, Government Corporations, 48 Harv. L. Rev. 775, 776; Stocke, Some Aspects of the Legal Status of Federal Corporations, 27 Geo. L.J. 1,4.

       Wells, The Modernization of Puerto Rico, pág. 166 (1969). Trad, española, La Modernización de Puerto Rico, pág. 171 (1972); Goodsell, Administration of a Revolution, pág. 162 y ss. (1965). V. también los trabajos citados en el escolio 7.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Molinos de Puerto Rico, Inc., demandante y recurrida, v. Municipio de Guaynabo, demandado y recurrente.

      Número: R-76-228

      Resuelto: 14 de diciembre de 1976

      José L. Moran y José Pérez Rodríguez, abogados del recu-rrente; Francis, Doval, Colorado & Carlo y Rogelio Muñoz, Jr., abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante, Molinos de Puerto Rico, Inc., es una corporación organizada bajo las leyes de Nebraska y está autorizada a hacer negocios en Puerto Rico. En su planta de Guaynabo la demandante elabora harina para pan y otros tipos de harina de trigo y de maíz para consunto humano. También manufactura alimento para ganado, aves, cerdos y otros animales domésticos.

Para el año fiscal 1972-73, el año envuelto en este pleito, la demandante declaró como volumen de ventas sujeto al pago de patentes municipales la suma de $20,145,140.90. En 1ro. de mayo de 1972 la demandante fue notifi-cada por el Municipio de Guaynabo de la imposición de $60,145.50 por concepto de patente municipal, habiéndose tomado como base para dicha imposición los tipos contribu-tivos establecidos en el Grupo A del Art. 2 de la Ley de Pa-tentes Municipales vigente entonces, Ley Núm. 27 de 12 de junio de 1971; 21 L.P.R.A. sec. 641b.

Luego de impugnar, sin éxito, ante el Municipio la impo-sición de dicha patente la demandante recurrió al Tribunal Superior. Su posición es al efecto de que la contribución debió haberse computado a base de los tipos del Grupo B; que al cobrársele a base de los tipos del Grupo A la demandante pagó bajo protesta $20,503.50, suma que solicita que se le devuelva; que el Municipio debió haberle cobrado a base del Grupo B como siempre lo había hecho bajo la vieja Ley de Patentes del año 1914; y que la reclasificación de la deman-dante del Grupo B al Grupo A ha sido arbitraria e irrazona-ble y en violación del debido proceso de ley y de la igual pro-tección de las leyes.

La ilustrada Sala sentenciadora así lo entendió y ordenó al Municipio de Guaynabo a devolverle a la demandante dicha suma más los intereses legales. Ante nos el Municipio hace varios señalamientos de error, los cuales en lo pertinente, se contraen a señalar que erró el tribunal de instancia al con-cluir que el Municipio venía obligado a clasificar a la recu-rrida bajo el Grupo B y al denegarle facultad al Municipio para hacer otra clasificación. Acordamos revisar.

Si bien es cierto que la Ley de Patentes Municipales del año 1914 establecía taxativamente los negocios o industrias sobre los cuales las Asambleas Municipales podían imponer patentes, Ley Núm. 26 de 28 marzo 1914, sec. 2; 21 L.P.R.A. sec. 622 (derogada), Cervecería India v. Municipio, 77 D.P.R. 100 (1954), ya eso no era así cuando el Municipio de Guaynabo impuso la contribución que aquí se discute en mayo de 1972, bajo la nueva Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 julio 1960 (21 L.P.R.A. sec. 1101 y ss.) y bajo una nueva Ley de Patentes Municipales, la Ley Núm. 27 de 12 junio 1971. Tampoco es así bajo la vigente Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 julio 1974.

Los textos legales aplicables a la situación de autos son la citada Ley Municipal de 1960 y la citada Ley de Patentes de 1971. Dicha Ley Municipal, en su Art. 31 (21 L.P.R.A. see. 1173) dispone que las Asambleas Municipales podrán imponer contribuciones dentro de los límites jurisdiccionales del municipio y, especialmente en cuanto a patentes, dicho artículo autorizó a las asambleas municipales “para incluir, mediante ordenanza o resolución, cualesquiera establecimien-tos o agencias de industria y comercio que no se hubieren enu-merado en la expresada ley.” (Se refiere a la Ley de Paten-tes de 1914.) Esa disposición de la Ley Municipal de 1960 dejó sin efecto lo resuelto al respecto en Cervecería India v. Municipio, supra. Dicha disposición autorizó a las asambleas municipales a hacer adiciones a la lista antes considerada taxativa de la Ley de Patentes de 1914.

En fecha posterior a la Ley Municipal de 1960, cuando los poderes Legislativo y Ejecutivo aprueban la Ley de Pa-tentes Municipales de 1971, autorizan a las asambleas mu-nicipales a imponer patentes a los negocios o industrias que dicha ley relaciona en su Art. 2 (21 L.P.R.A. see. 641a) y las autorizan a que cobren dichas patentes a los tipos que esa ley prescribe o al tanto porciento uniforme de dichos tipos que dichas asambleas municipales prescriban. Art. 1 de la Ley Núm. 27 de 12 junio 1971; 21 L.P.R.A. see. 641. En adición a esa flexibilidad concedida a los municipios en lo concer-niente al tipo a cobrar, dicha Ley de Patentes de 1971 dis-puso en el último párrafo de su Art. 2 lo siguiente:

“Además de los comercios, negocios o industrias enumera-dos en este Artículo, la asamblea municipal queda autorizada para incluir y clasificar dentro de los grupos A, B o C, me-diante ordenanza o resolución, cualesquiera otros comercios, negocios o industria no enumerados; Disponiéndose, que todos aquellos comercios, negocios o industrias que a la fecha de la vigencia de la presente ley hayan sido incluidos mediante or-denanza o resolución y que tampoco estén enumerados en este Artículo, quedan sujetos a las disposiciones de esta ley.”

Como puede verse, la autoridad concedida a los municipios por la nueva Ley Municipal antes mencionada y por la Ley de Patentes de 1971, vigente a la fecha de los hechos, no fue condicionada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en el sentido de que los municipios venían obligados a incluir a los negocios e industrias en un grupo determinado. Dicha Ley de 1971, en el último párrafo de su Art. 2, facultó expresamente a los municipios para clasificar e incluir en uno de los tres Grupos A, B o C a cualesquiera otros comercios, negocios o industrias no enumerados.

Sobre el particular la evolución ha sido la siguiente; La Ley de Patentes de 1914 contenía una enumeración taxativa; la Ley de Patentes de 1971 contenía una enumeración no taxativa y facultaba a los municipios a clasificar e incluir otros comercios, negocios e industrias no enumerados; la vi-gente Ley de Patentes de 1974 eliminó la enumeración y con-cedió una facultad general a los municipios para imponer y cobrar patentes a los tipos que dicha ley prescribe o al tanto poreiento uniforme de dichos tipos que las Asambleas Muni-cipales determinen. Sees. 3, 4 y 5 de la Ley Núm. 113 de 10 julio de 1974.

Durante los últimos años ha habido una corriente de pensamiento, no exclusiva desde luego, que favorece la ampliación de la facultad impositiva de los municipios. Este es el reverso de la medalla de aquella corriente que favorece la devolución a los municipios de una serie de poderes. Prácticamente en todos los casos el ejercicio de un poder o de una facultad por una entidad pública conlleva erogación de fondos. De ahí surge esta tendencia que favorece la ampliación de las facultades impositivas de los municipios. Naturalmente, este es un problema complejo de política pública lleno de concomitancias y corresponde a la Asamblea Legislativa y no al Poder Judicial tomar las decisiones que estime pertinentes. Sin embargo, como dijimos en Texas Co. (P.R.) v. Municipio, 81 D.P.R. 499, 509 (1959), no estamos justificados en adoptar normas restrictivas “en contra del poder contributivo de los municipios, a la luz de las claras e inequívocas expresiones que de tiempo en tiempo ha venido haciendo la Asamblea Legislativa con el fin de fortalecer, antes que debilitar, la facultad contributiva de los gobiernos municipales concedida en la Ley de Patentes.” Cuando hay autoridad de ley para ello y excepto en casos inherentemente sospechosos no estamos inclinados a intervenir con la regulación económica municipal, pues como hemos señalado, esta es una función primordialmente legislativa, City of New Orleans v. Dukes, 49 L.Ed.2d 511 (1976).

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Martín disiente por entender que el plantea-miento de Molinos de Puerto Rico, Inc., debe resolverse a su favor por ser de aplicación al mismo la norma de Cervecería India v. Municipio, 77 D.P.R. 100 (1954).

      La Ley de Patentes Municipales vigente en la actualidad es la Ley Núm. 113 de 10 julio 1974; 21 L.P.R.A. see. 651 y ss.

      21 L.P.R.A. sec. 641a, in fine.

      Córdova, Curso de Gobierno Municipal, Editorial U.P.R. (1964), pág. 341 y ss.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos René Alvarez, acusado y apelante.

      Número: CR-76-32

      Resuelto: 14 de diciembre de 1976

      Héctor M. Cruz Ramírez y Wilson Cruz Ramírez, abogados del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General In-terino y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Se acusó al apelante de infringir el Art. 168 del nuevo Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4274, por haber recibido en su establecimiento, a sabiendas de que fueron apropiadas ilegalmente, prendas valoradas en exceso de ocho-cientos dólares. Celebrado el juicio ante jurado, se le halló culpable y se le condenó a cinco meses de reclusión. Se apela ante nos a base de que el veredicto no está sostenido por la prueba; que no es válida la identificación de las prendas; y que la sentencia es nula porque al apelante no se le hicieron las advertencias constitucionales correspondientes en cuanto a su derecho a no declarar, a tener asistencia de abogado y al hecho de que lo que declarase podría usarse en su contra.

La prueba de cargo — el acusado invocó su derecho a no declarar — sostiene el fallo de culpabilidad. Un menor, her-mano de la víctima del hurto, vio a dos mozalbetes adueñán-dose de prendas de su hermana en su apartamento en Maya-güez (Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 1). La víc-tima constató al regresar a su hogar la desaparición de un anillo, varias sortijas, un reloj y otras prendas, algunas per-tenecientes a su señora madre. Notificó a la policía y luego comenzó a recorrer distintas joyerías de Mayagüez, en la esperanza de reconocer las prendas hurtadas. Un día, en la joyería del apelante, divisó en la vitrina una sortija de su mamá, una sortija de oro amarillo en forma de flor, con rubíes y una perla cultivada. Entró a la joyería y solicitó ver portanillos, expresando que pensaba casarse pronto. Allí reconoció otras prendas hurtadas. Se despidió, diciendo que traería su novio. Su anillo le había costado a su novio $425.00 y se le vendía por $200.00. Acto seguido le dio parte a la detective de lo sucedido y pidió que la acompañaran a la joyería (E.N.P. págs. 2-3). Visitó de nuevo la joyería con un acompañante suplido por la policía, comenzó a ver las prendas y poco después llegaron dos detectives. Se le dijo al apelante que esas joyas eran bienes hurtados. El contestó que si era así que se las llevasen, que no quería cuenta con cosas robadas. La policía ocupó las prendas y, sin que me-diase pregunta alguna, el apelante explicó que un árabe le había vendido las prendas, pero que no lo conocía ni sabía dónde se le podía conseguir. El apelante no tenía factura o recibo de la compra de las prendas.

Conforme el testimonio de la pérjudicada, el apelante la llamó luego por teléfono y le dijo que era cristiano, que no había hecho eso de mala fe, que no siguiera adelante con el caso (E.N.P. pág. 3). Un sargento de la policía corroboró básicamente la información que suplió la perjudicada y lo sucedido en la joyería (E.N.P. págs. 3-4).

En Pueblo v. Batista Maldonado, 100 D.P.R. 936, 938-939 (1972), señalamos que “la mera posesión de los objetos hurtados no es por sí sola suficiente para sostener una convicción por el delito de hurto pero que en ausencia de prueba directa sobre el acto de la apropiación ilegal, la posesión por el acusado de la propiedad recientemente hurtada unida a otras circunstancias justifica que se someta la cuestión al jurado para la determinación definitiva sobre la responsabilidad criminal.” El resumen de la prueba demuestra que en el caso de autos mediaron circunstancias que justificaron la sumisión al jurado de la cuestión central relativa a si el apelante sabía que las prendas eran hurtadas. Están los factores del alegado costo menor; la vaguedad sobre el modo en que el apelante adquiere la posesión de las prendas; su llamada telefónica a la perjudicada. No cometió error el tribunal de instancia al permitir que el jurado determinase si de tales hechos se deriva la requerida intención criminal.

El segundo planteamiento de error es inmeritorio. Argumenta el apelante que las prendas no tenían seña alguna de identificación; que la perjudicada las identificó diciendo sencillamente que las conocía y que tal modo de identificación es tan poco confiable que es inadmisible. No cita el apelante, ni hemos hallado nosotros, autoridad alguna que apoye tal contención. El planteamiento del apelante representa en efecto un ataque a la credibilidad del testimonio de la perjudicada, cuestión que se sometió correctamente al jurado para su dilucidación.

El último señalamiento de error requiere que nos refiramos brevemente a la regla de Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966). Miranda impide que el Ministerio Público haga uso de declaraciones de un acusado que resulten de su interrogatorio bajo custodia, a menos que demuestre que se le han hecho al acusado las advertencias necesarias para salvaguardar su derecho a no incriminarse. La. definición de “custodia” en estas circunstancias es vital. Miranda expresa tan solo que un interrogatorio bajo custodia es aquel iniciado por la policía después que se haya puesto al acusado bajo custodia o de habérsele privado de su libertad de acción en modo significativo. 384 U.S. 436, 444. A partir de Miranda, surgen diversas escuelas para definir el término “custodia”. Smith, J. V., The Threshold Question in Applying Miranda: What Constitutes Custodial Interrogation, 25 S.C. L.Q. 699 (1974). Ha habido esfuerzos también para fundir las doctrinas de Miranda y Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964). Graham, What is “Custodial Interrogation?": California’s Anticipating Application of Miranda v. Arizona, 14 U.C.L.A. L. Rev. 59 (1967).

No es necesario en este caso, sin embargo, evaluar en detalle los diversos criterios utilizados para la aplicación de Miranda, como tampoco pasar juicio sobre la erosión que ha sufrido su norma en otras jurisdicciones. Note, United States v. Crocker: Setting the Stage for Miranda’s Last Act, 47 U. Colo. L. Rev. 279 (1976); 1976 Annual Survey of American Law 165 et seq. Según señaló la propia corte en Miranda: “Las declaraciones voluntarias de cualquier género no quedan excluidas por la Enmienda Quinta y su admisibili-dad no queda afectada por nuestro fallo de hoy.” 384 U.S. 436, 478. Al mismo efecto: United States v. Littlejohn, 441 F.2d 26 (10th Cir. 1971); Sellers v. Smith, 412 F.2d 1002 (5th Cir. 1969); cf. United States v. Phelps, 443 F.2d 246 (5th Cir. 1971). En el caso de autos no se arrestó al ape-lante ni se le privó de su libertad en modo significativo antes o inmediatamente después de sus expresiones en la joyería. No efectuó el apelante sus declaraciones en un clima de coacción. Sus afirmaciones fueron voluntarias. En adición, si es que duda pudiese caber al respecto sobre lo dicho en la joyería, no puede cuestionarse la voluntariedad de su llamada telefónica a la perjudicada, ni sobre el hecho irrefutado de que se estaba vendiendo un objeto de valor por menos de la mitad de su precio original.

Se confirmará la sentencia apelada.

      (*)Compárense: Pueblo v. González Torres, 95 D.P.R. 155 (1967); Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419, 436 (1968); Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 199 (1969); y Pueblo v. Colón Mejías, 99 D.P.R. 14 (1970),


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Emilio José Flores Rosa, acusado y apelante.

      Número: CR-76-181

      Resuelto: 16 de diciembre de 1976

      Enrique Bird Pinero, abogado del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Federico Cedo Alza-mora, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante Emilio J. Flores Rosa nos solicita vista oral como parte del trámite.

I

La norma que rige peticiones como la que nos ocupa está consagrada en la Regla 3 (c) de nuestro Reglamento que nos autoriza la concesión de tales vistas discrecionalmente cuando la misma es presentada dentro del término de cinco (5) días de radicado el alegato del Estado. Esta concepción está fundada en los propósitos que animaron las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 de modernizar y agilizar todo el trámite procesal penal, incluyendo los apelativos, atemperándolo a las realidades y exigencias de una efectiva administración de justicia.

No existe un derecho absoluto ni irrestricto a tales vistas ya que la única disposición que así lo reconocía — Art. 361 (a) del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935 (Ley de 12 de marzo de 1903, pág. 43, see. 2) — quedó derogado con el advenimiento de las Reglas de 1963. Dichas reglas son el producto inicial del Comité de Procedimiento Criminal de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, en cuyo informe, rendido a este Tribunal el 10 de octubre de 1958, se expresó del siguiente modo:

“Con excepción de los artículos que enumero a continua-ción, la Comisión recomienda la derogación del vigente Código de Enjuiciamiento Criminal en su totalidad. Los artículos que no deben ser derogados son los siguientes: 6, 7, 11, 18, 56, 57, 58, 60, 61, 204-206, 271-273, 326, 411, 469-500 y 521. Estos artículos contienen disposiciones de na-turaleza sustantiva y los artículos 469 al 500 tratan del pro-cedimiento de Hábeas Corpus. La derogación de todos los de-más artículos respondería a alguna de las siguientes razones, a saber: Que las disposiciones de dichos artículos han sido cu-biertas adecuadamente por las reglas propuestas; o que dichos artículos contienen disposiciones innecesarias o indeseables; o que se trata de artículos que contienen formularios. Entre los artículos que resultarían derogados expresamente de seguirse las sugestiones de la Comisión, hay, además, algunos que según el criterio de la Comisión, han sido ya derogados implícitamente por legislación posterior.” Págs. 1 y 2.

Y a la pág. 8 bajo el acápite 15 se informa:

“Las Reglas referentes a la apelación de la Corte Superior al Tribunal Supremo modernizan grandemente el procedi-miento vigente. El efecto indudable de dichas Reglas es sim-plificar y facilitar, a la vez que hacer más efectivo el procedi-miento apelativo. Dichas Reglas guardan una gran analogía a las vigentes con relación al procedimiento civil, pudiendo afir-marse que las diferencias entre unas y otras son de importancia secundaria.” Pág. 8.

De la cita antes transcrita se deduce un historial claro y convincente de: (1) el propósito de las Reglas propuestas era la derogación total del Código de Enjuiciamiento Criminal; y (2) entre los artículos que expresamente se estimó no deberían ser derogados no figuraba el 361 (a).

En la primera Sesión Plenaria de la Conferencia Judicial aludida, nuevamente se reitera lo expuesto al expresar el Presidente de dicho Comité al Tribunal Supremo y a todos los participantes, lo siguiente:

“El propósito es que se derogue totalmente el Código de En-juiciamiento Criminal vigente, que se derogue totalmente el Código de Enjuiciamiento Criminal vigente. Hay un número de disposiciones en el Código, sin embargo, que son disposiciones de naturaleza sustantiva. Esas disposiciones en la cláusula de-rogatoria que se prepare, deberán ser, naturalmente, salvadas de la derogación. Pero fuera de esa excepción, deberá ser dero-gado totalmente el Código de Enjuiciamiento Criminal. Por lo menos esa es la aspiración de este Comité al preparar el proyecto.
Justificación para esa derogación: depende de cuál sea o cuáles sean los artículos. En primer lugar, hay disposiciones que hay que derogarlas porque están adecuadamente cubiertas por el proyecto de Reglas preparado. Sus disposiciones, en una u otra forma, igual que están o de manera modificada, sin incor-porarlas en el proyecto; luego, eso justifica su derogación. Se-gundo, hay un número de artículos que esta Comisión entendió que eran innecesarios o indeseables. Siendo innecesarios o in-deseables, se recomienda su derogación. Tercero, hay un número de artículos en el Código vigente que solamente contienen formu-larios y, por consiguiente, si ha de estar vigente este nuevo proyecto, se hace necesario derogar también los artículos que contienen formularios.” Memoria de la Conferencia Judicial de Puerto Rico celebrada los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1958. Págs. 141-142.

Al adoptar este Tribunal las Reglas — con ciertas enmien-das no relacionadas con la cuestión ante nos — y ser refrenda-das por la Legislatura se plasmó dicho criterio en virtud de la Regla 255, que en la actualidad reza así:

“El Código de Enjuiciamiento Criminal de Puerto Rico, apro-bado el primero de marzo de 1902, según ha sido enmendado hasta el presente, y cualesquiera otras leyes, en todo cuanto se relacione o refiere a procedimiento criminal que sea incompatible o contrario a estas reglas, quedan por éstas derogados.” (Én-fasis suplido.)

A la luz de estos antecedentes, es inescapable la conclusión de que el Art. 361(a) del antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal no está vigente desde el 1963. Como norma dispuesta hace más de medio siglo exigiendo vista en todos los casos criminales apelados al Tribunal Supremo de Puerto Rico, es incompatible con el procedimiento ágil y eficiente instaurado por las Reglas de 1963. Sabido es que el argumento oral tiene una relativa utilidad salvo en algunos casos en que una vez recibidos los alegatos de las partes, persiste un área de penumbra digna de ser analizada y expresada mediante argumento oral de los litigantes. Las Reglas de 1963 abolieron la vista oral automática, a la cual se podía ir a argumentar proposiciones inmeritorias, sin fundamento alguno en derecho; y a repetir, y hasta leer, lo ya consignado en el alegato escrito; o hacer acto de presencia ante el Tribunal Supremo para simplemente renunciar a la vista y someter la causa por los alegatos.

Igual corriente renovadora se perfila en la jurisdicción federal. Varias decisiones han resuelto que el debido proceso de ley no requiere ni significa vistas y argumentos orales en todo caso en la etapa apelativa: Magnesium Casting Co. v. Mohan, 401 F.2d 516, 518 (1963); Groendyke Transport Inc. v. Davis, 406 F.2d 1158 (1969). Por su valor persuasivo, merecen nuestra aprobación los siguientes pronunciamientos :

“En momentos en que los tribunales por doquiera son acosa-dos para que agoten totalmente con imaginación e inventiva judicial los recursos, sería sorprendente leer ... la regla como una nueva limitación a la facultad de los tribunales para copar por sí mismos las exigencias y problemas procesales y sustantivos que .demandan una mayor productividad administrativa ju-idicial. . . .
Al igual que los estatutos y las reglas el concepto constitu-cional del debido proceso, no prohibe la disposición especial y sumaria sin los trámites correspondientes a una sumisión tra-dicional. A las partes normalmente se les asegura una ‘vista’, pero el término no exige que la comunicación sea oral y audible. Frecuentemente, por práctica prevaleciente o en virtud de reglas, muchas controversias de importancia, procesales y sustantivas, son resueltas total y cabalmente por tribunales de mayor jerar-quía a base de alegatos escritos sin ningún tipo de argumento oral. El requisito de esa parte del debido proceso, descrito como ‘vista’ es satisfecho al proveérsele a los litigantes la oportunidad de producir afirmativamente sus argumentos y autoridades con igual oportunidad al adversario de responder y replicar. Esto puede ser realizado mediante alegatos sin argumentos orales. El argumento oral, como tal, raras veces resulta esencial al con-cepto de lo justo y no es de tal índole que lo mueva hacia la órbita constitucional. Verdaderamente, la práctica de los tribu-nales de disponer los casos, en una variedad de situaciones, en consideración a documentos, refleja la experiencia de jueces ma-duros de que el argumento oral, en muchos casos no añade nada al proceso de ilustración. En estos tiempos de calendarios en ex-plosión debe realizarse todo esfuerzo que permita a los tribu-nales entender y resolver más casos rápidamente.” Groendyke, supra, págs 1161-1162. (Traducción nuestra.)

II

Aun prescindiéndose del análisis previo sobre derogación del Art. 361 y del fundamento de que el mismo es directivo, bajo la premisa de que estuviera vigente, es obvio que el mismo había quedado afectado desde el año 1946 mediante la reglamentación válida promulgada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

La Regla 11(e) del Reglamento para regir desde el primero de mayo de 1946 (Apéndice 65 D.P.R., pág. 15) — antes de la Constitución de 1952 — y la Regla 11 (e) del Reglamento aprobado el 29 de junio de 1961 — después de la Constitución — consignaban claramente que si una solicitud de vista oral no hubiese sido presentada dentro del término de cinco días de radicado el alegato del Estado, se consideraría que el caso había quedado desde ese momento sometido por los alegatos radicados. Estas reglas eran conocidas por la Asamblea Constituyente al concederle al Tribunal Supremo, mediante el Art. V, Sec. 4 de la Constitución, la facultad ex-clusiva de funcionar “. . . bajo reglas de su propia adopción. . . .” Igual concepto subsiste en la Regla 3 (c) del Reglamento vigente desde el primero de septiembre de 1975, con la modificación de que la concesión de vistas constituye un ejercicio discrecional.

III

La solicitud de vista oral que nos ocupa fue presentada tardíamente, aduciéndose que si bien el Estado notificó al apelante su alegato por correo, no había sido recibido a tiempo. Y fundamenta su procedencia en la necesidad de es-clarecer y rectificar la “tónica y el tono altamente impropios” del Informe del Procurador General y otros extremos. En la alternativa nos pide le permitamos sustanciar su posición en escrito ulterior.

Bajo la facultad discrecional de nuestro Reglamento, y en las circunstancias especificas del caso, estimamos que no es procedente una vista oral; el apelante, de estimarlo conveniente y dentro 'del término de diez (10) dias podrá presentar una réplica al Informe del Procurador General.

Se dictará la correspondiente Sentencia.

       Conforme nuestra jurisprudencia, en el pasado habíamos resuelto que los Arts. 358 y 360 del Código de Enjuiciamiento Criminal derogados fijaban términos directivos, esto es, discrecionales y no mandatories. Pueblo v. Buscaglia, 58 D.P.R. 921 (1941). Por analogía, igual conclusión se im-pone respecto al Art. 361 (a).