source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
      In re William Feliciano Ruiz.

      Número: MC-85-61

      Resuelto: 29 de abril de 1986

      Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, Rafael Ortiz Ca-rrión, Procurador General y Ricardo E. Alegría Pons, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Waldemar Del Valle López y Pedro Malavet Vega, abogados del que-rellado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Las señoras Olga J. Negrón Gaztambide y Olga L. Gaz-tambide Vda. de Negrón presentaron una queja ante el Pro-curador General contra el notario William Feliciano Ruiz. Previa investigación al efecto, el Procurador nos rindió su informe, que en síntesis, refleja que dicho notario otorgó en Ponce la escritura Núm. 76 el 17 de septiembre de 1975, deno-minada Compraventa, y el 6 de junio de 1977 la Núm. 38, so-bre Segregación, Compraventa con Precio Aplazado, Agrupa-ción y Constitución de Hipoteca, y en las mismas figuraban indebidamente las quejosas como mandantes sin haber confe-rido poder o mandamiento alguno. () Concluye el Procurador General que tal proceder violó el requerimiento de fe pública notarial.

Requerimos al notario Feliciano Ruiz que compareciera a mostrar causa por la cual no debería ser disciplinado. En su escrito acepta que no pidió prueba del mandato antes de otor-gar las escrituras. Expone una serie de trámites que precedie-ron a las escrituras, tales como consultas ante la Administra-ción de Reglamentos y Permisos (ARPE), reuniones de los integrantes de la sucesión, incluso con las señoras Negrón Gaztambide y Gaztambide Yda. de Negrón, indicativas y con-figurativas de un mandato verbal y acreditativas de un cono-cimiento previo y posterior, susceptible de estimarse como una ratificación. Aduce que su actuación al autorizar las escri-turas antes mencionadas fue de índole incidental, gratuita y de la mejor buena fe. Nos señala que no las redactó y confió plenamente en lo que le manifestaron el mandatario Sr. Luis A. Nazario Negrón y otro de los comparecientes, el Lie. Ne-grón López, en cuanto a la existencia del mandato. Final-mente argumenta que no hubo incumplimiento notarial al-guno de su parte y que “sus afirmaciones [en las escrituras] se basa [ron] en las manifestaciones de los comparecientes, avaladas por su conducta anterior y el prestigio de todas las partes envueltas”.

En su réplica el Procurador General recalca la doctrina referente a la figura del mandato, la importancia de la dación de fe, y reitera su posición.

II

En lo pertinente, ambas escrituras, respectivamente, rezan:

-Y de la otra parte: DON LUIS ANGEL NAZARIO NEGRON, casado con doña Gelly María Ortiz Candelario, propietario y vecino de Ponce, Puerto Rico, por sí, y en su carácter de mandatario con facultad bastante para el pre-sente otorgamiento, de los siguientes mandantes .... (Énfa-sis suplido.) Exhibit I.
-De una parte: DON LUIS ANGEL NAZARIO NE-GRON y su esposa DOÑA GELLY MARIA ORTIZ CAN-DELARIO, propietarios y vecinos de Ponce, Puerto Rico, concurriendo ambos por sí, y el primero además en su carác-ter de mandatario con facultad bastante para el presente otorgamiento de los siguientes mandantes .... (Énfasis su-plido.) Exhibit II.

A su vez, los dos instrumentos tenían este mismo lenguaje:

-CONOZCO a los comparecientes y por sus dichos me constan sus circunstancias personales. Me aseguran tener, y a mi juicio tienen la capacidad legal necesaria para este otorgamiento y en su virtud, libre y voluntariamente EXPO-NEN _(Énfasis suplido.) Exhibit I y II.

Lo fluido de este lenguaje, esencial para la disposición del asunto, nos permite formular la verdadera interrogante plan-teada: ¿Cuál es la mejor práctica notarial al autorizarse una escritura cuando comparece ante el notario un mandatario sin acreditar documentalmente su capacidad como tal?() Para contestarla, es menester reseñar varios de los principios elementales en que se apuntala el notariado. “El notario es un profesional del Derecho que ejerce una función pública para robustecer, con una presunción de verdad, los actos en que in-terviene, para colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios jurídicos privados, y de cuya competencia sólo por razones históricas están sustraídos los actos de la llamada jurisdic-ción voluntaria.” (Énfasis suprimido.) E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1976, pág. 52.

Nuestra Ley Notarial sigue esta concepción al preceptuar que el “notario es el único funcionario autorizado para dar fe y autenticidad, conforme a las leyes, a los contratos y demás actos extrajudiciales que ante su presencia se realicen”. 4 L.P.R.A. sec. 1001.

El notario ejerce una función clave de inestimable importancia en los negocios jurídicos. Es custodio de la fe pública. Al autorizar un documento presuntivamente da fe pública y asegura que ese documento cumple con todas las formalidades de ley, formal y sustantivamente, que el documento es legal y verdadero, y que se trata de una transacción válida y legítima. La investidura que conlleva la fe pública notarial va acompañada de una presunción controvertible a los actos que ve y oye —vidit et audit— de que lo allí consignado es legal y verdadero. En resumen, la dación de fe está avalada por la confianza de que los hechos jurídicos y circunstancias que acredite fueron percibidos con sus sentidos. A. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1969, Vol. I, pág. 445 et seq.; J. M. Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. 1, pág. 15 et seq. Es evidente pues, que la fe pública constituye la espina dorsal del cuerpo notarial.

Fe pública notarial equivale a la necesidad de aceptar por todos los ciudadanos cuanto el Notario autorice y afirme por su propia autoridad, a la cual va unido el conocimiento cien-tífico, y, por lo mismo, verdadero y cierto de lo autenticado y dado por válido y existente. (Énfasis en el original.) J. M. Mengual y Mengual, Elementos de Derecha Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1933, T. 2, Vol. 2, pág. 117.

Como profesional del Derecho, es deber del notario conocer las leyes, la doctrina, las costumbres y jurisprudencia. Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.P.R. 170 (1962); P. Malar vet Vega, Notas sobre el derecho notarial puertorriqueño, Ponce, Esc. Der. Univ. Católica, 1968, pág. 53. En el descargo de su encomienda tiene el deber de calificar la capacidad de las partes. Nuevamente Giménez-Arnau nos orienta: “La calificación de la capacidad viene impuesta por la naturaleza y la finalidad del instrumento público: se trata de un requisito que conceptual y lógicamente viene impuesto ab initio para conseguir la eficacia del documento y del acto documenta-do.” () Giménez-Arnau, op. cit, pág. 527.

El ámbito de la capacidad inextricablemente guarda correspondencia lógica con el consentimiento de los contratantes, sin el cual no hay contrato. La regla general es que su existencia surja con la comparecencia y presencia de la persona ante el notario. La excepción es el mandato o poder. “El contrato celebrado a nombre de otro por quien no tenga su autorización o representación legal será nulo, a no ser que lo ratifique la persona a cuyo nombre se otorgue antes de ser revocado por la otra parte contratante.” Art. 1211, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3376.

Notamos pues, que en situaciones como la que nos ocupa, es necesario la existencia del mandato como medio para permitir contratar a nombre de otro, a menos que después sus actuaciones sean ratificadas. El análisis que precede apunta hacia una sola conclusión: el deber de todo notario de cerciorarse de la capacidad de las partes, para que de esta manera se cumplan todos los requisitos de los contratos, en particular el consentimiento. De existir un mandato escrito, la mejor práctica es que el notario exija el documento que así lo acredita.

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Al confrontar las normas expuestas, coincidimos con el notario Feliciano Ruiz en que la dación de fe sobre la capacidad del mandatario Nazario Negrón vertida en los instrumentos no dependía de la existencia escrita del supuesto mandato. Nuestro Código Civil reconoce la validez del mandato verbal.

Sin embargo, no podemos aceptar su tesis totalmente. Son los hechos y circunstancias que percibe el notario con los sentidos lo que sirve de sostén para la dación de fe. En este asunto el lenguaje por él utilizado, al dar fe de la capacidad del señor .Nazario Negrón, como mandatario, no fue lo suficientemente claro. Crea dudas. Tiende a sugerir que el notario tuvo ante sí, o que previa y personalmente conocía, la existencia del mandato. No hizo reservas al respecto ni aclaró prudencialmente la situación. A modo de ejemplo, pudo muy bien haber utilizado el siguiente lenguaje, o uno análogo, descriptivo de su apreciación notarial:

y D . .., comprador, en nombre como apoderado de D ... . (circunstancias personales). Esta representación no la justi-fica de momento dicho señor, aunque afirma tenerla y ase-gura acreditarla donde y cuando fuere menester, sin perjui-cio de que, caso contrario, sea ratificada su actuación y con-firmado este contrato ante y por quien corresponde legal-mente. Yo, el Notario, hago la pertinente advertencia y por conformidad de todos los comparecientes, autorizo el pre-sente instrumento público.
Conozco a los comparecientes y les considero jurídica-mente capacitados —con la salvedad anterior — , según con-curren, para otorgar esta escritura, etc. M. González López, Manual de Práctica Notarial, '3ra ed., Ed. Artes Gráficas Galicia, 1978, pág. 116.

Esta aclaración —que constituye la mejor práctica— hu-biese de su faz acreditado los límites de su intervención res-pecto a la capacidad del señor Nazario Negrón; viabilizando así la eficacia de las escrituras. De esa manera los terceros estaban debidamente advertidos sobre este extremo, a la par que el notario descargaba eficaz y plenamente su gestión. Un ilustre comentarista compendia de este modo esa función:

La función del nota/ño se inserta en el mismo tráfico nego-cial, con su labor asesora; se sitúa entre las partes, como ter-cero imparcial, que recoge su voluntad negocial, la traduce jurídicamente, configura, redacta y dota de una presunción de legalidad y de su fe pública al texto por él autorizado, y abarca como obj'etivos, en orden a la seguridad de los otor-gantes, desde el control de su ajustamiento a derecho hasta su correcta redacción jurídica y su autorización que la dota de autenticidad. Es decir, que la actividad del notario no se refiere “sólo a un negocio presente, sino que empieza cuando todavía es futuro, y dependiendo de la voluntad de ellas (de las partes), puede aún moldearse, sustituirse o deshacerse” —como dice Rodríguez Adrados — , en virtud de una activi-dad que no es autorizante, pero que sí es específicamente notarial, en cuanto ligada en los países de derecho latino, indi-solublemente a la actividad documental. J. Vallet De Goyti-solo, La seguridad jurídica en los negocios dispositivos, 13 Rev. Jur. U. I. 37, 47 (1978).

Hemos de aclarar, que en este asunto, no queda excluida la posibilidad de ratificación, pues un acto concluido sin poder es anulable. De ratificarse, se superaría el problema documental aludido, incluso su suficiencia para la eventual entrada de las escrituras al Registro de la Propiedad. Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225, 279 (1964). Otra vez Gi-ménez-Arnau nos ilustra:

En cierto modo está pendiente de que se acredite la sufi-ciencia y existencia del poder; viene a ser como un negocio jurídico incompleto, por lo menos en cuanto a la forma, ya que la plenitud de efectos sólo se produce con la superposi-ción al documento concluido u otorgado por representación de aquel otro que justifique la capacidad del otorgante para actuar en nombre ajeno. Giménez-Amau, op. cit., pág. 549.

No obstante, la incógnita de si el mandato existió o fue ratificado por las quejosas en virtud de los hechos consignados en las declaraciones juradas de varias personas prestadas con posterioridad, al igual que las demás circunstancias aludidas por el notario Feliciano Ruiz, incluso no haberse impugnado judicialmente, es materia que no nos corresponde en esta ins-tancia dilucidar. Esos hechos, de ser menester, deben adjudi-carse ante los tribunales en un proceso distinto. Después de todo, este asunto se origina en la órbita de nuestra jurisdic-ción disciplinaria, no en la judicial. No tenemos que prejuz-garlo'.

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Finalmente, el notario Feliciano Ruiz nos indica que no redactó los documentos como tampoco devengó honorarios. También aduce que actuó movido por la amistad que le une a algunas de las partes. Su intervención fue casual. Ambas circunstancias, si bien atemperan, no lo eximen totalmente. Aunque haya autorizado las escrituras a ruegos de sus amigos y sin cobrar honorarios, su responsabilidad, en la dimensión profesional es personal, indivisible e indelegable. In re Laboy, 113 D.P.R. 476, 481 (1982); In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976). Reiteramos que la “notaría es faena de tiempo y paciente integración de todos los elementos documentales, que sufren en su calidad con la festinación y la atracción de los atrechos fáciles”. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 139 (1976).

Ahora bien, hasta que se promovió esta queja, el notario Feliciano Ruiz no había sido objeto de trámite disciplinario alguno. Tiene un historial limpio y de honradez. Goza de excelente reputación profesional. Es obvio qué su intervención fue incidental y de la mejor buena fe. In re Ardín, 75 D.P.R. 496 (1953). Tampoco tenía el beneficio de los pronunciamientos y guías precisas prospectivas que hoy hacemos. In re Meléndez Pérez, supra. En justicia, la sanción no debe tras- cender más allá de las angustias e inconvenientes dimanantes del esclarecimiento que ha conllevado este enojoso asunto y las que puedan surgir en el futuro en el foro judicial.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disi-dente y el Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Hemos expresado en el pasado que una de las labores prin-cipales, si no la principal, de este Tribunal es la de implantar normas o guías que no sólo sean justas con todas las partes envueltas en el litigio o controversia ante nuestra considera-ción en un momento en particular, sino que las mismas deben ser sencillas, claras y de fácil implementación, de manera que ayuden a los miembros de la profesión legal en general en la difícil labor que día a día tienen que desempeñar en nuestra sociedad. () Sobreentendido en lo anteriormente expresado, naturalmente, está el hecho de que al deliberar sobre la im-plantación de una norma el Tribunal tiene la obligación de mantener müy presente y considerar el impacto que la misma pueda tener en la sociedad en general.

Mediante la opinión que se emite en el día de hoy este Tribunal ratifica la práctica notarial a los efectos de que un nota-rio puede otorgar y elevar a escritura pública un negocio jurí-dico que conlleva la enajenación o gravamen de un bien inmueble con la mera aseveración de uno de los comparecien-tes, a los efectos de que cuenta con poder suficiente para obligar a otro no presente sin que sea necesario que el notario tenga ante si, antes de otorgar el instrumento, prueba feha-ciente del referido poder, siempre y cuando que el notario haga constar en la escritura una fraseología técnica indica-tiva de lo anteriormente señalado, la cual fraseología se su-giere en la opinión emitida.

Debe quedar meridianamente claro que no cuestionamos el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico y nuestra ju-risprudencia acepta la existencia y validez de la figura del “mandato verbal”. Ésta facilita se lleve a cabo o se formalice, desde el punto de vista jurídico, un negocio mediante el cual una persona enajena o grava a favor de otra la titularidad de un bien inmueble perteneciente a un tercero; siendo posible, por consiguiente, que el tercero quede efectivamente vinculado cuando se demuestra la existencia previa del mandato o, de así no poder probarse, dicha actuación es ratificada posterior-mente por el tercero dueño. Véase 31 L.P.R.A. sees. 4421 a la 4488. En adición: El Banco Español de Puerto Rico et al. v. Bolívar et al., 7 D.P.R. 66 (1904); Casalduc et al. v. La Compañía Trasatlántica de Hamburgo, 9 D.P.R. 350 (1905); Dooley v. Pantoja, 61 D.P.R. 642 (1943); The Bank of Nova Scotia v. Vélez Rullán, 91 D.P.R. 358 (1964), y Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637 (1967).

Lo que sí cuestionamos es que este Tribunal le brinde su aprobación a la práctica de que dicho negocio jurídico pueda ser elevado a escritura pública por un notario, sin que el mismo tenga ante sí el poder mediante el cual el dueño del bien autoriza al compareciente a actuar en su nombre, única-mente exigiendo que el notario incluya en la escritura una fra-seología técnica que, en última instancia, tiene como único fin práctico salvar la responsabilidad de este último.

No debemos sustraernos de la realidad de que, por lo general, la mayoría de los otorgantes de una escritura pública en nuestro país son personas legas en estas cuestiones que mu-chas veces ni leen dichos instrumentos antes de proceder a firmar los mismos, y, si así lo hacen, de ordinario no los en-tienden. En adición, no debemos olvidar que en opinión de nuestra ciudadanía no se concibe que un negocio jurídico que es elevado a escritura pública pueda ser nulo o inexistente. En otras palabras, la actuación del notario al otorgar una escritura pública le da visos de absoluta legitimidad y efecti-vidad, en la mente de nuestro Pueblo, al negocio realizado.

Somos del criterio que permitir que un notario eleve a es-critura pública un negocio jurídico que puede fácilmente re-sultar inexistente y en la ruina o lesión económica de alguno de los otorgantes del mismo —de resultar falso lo de la exis-tencia del mandato o del “mandante” no ratificar el negocio celebrado— no puede tener otra consecuencia que minar la confianza pública en nuestra profesión.

Por otro lado, si es que se entiende que el exigir que esta documentación le sea presentada al notario con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública puede resultar en un obstáculo en el tráfico comercial de nuestro país por razón de que en algunas circunstancias se requiera reducir a escrito en determinada fecha el negocio jurídico acordado por las partes, no hay nada que impida que se otorgue un documento privado ante notario —en el cual el notario sólo autentica la firma de las partes y la fecha de otorgación del mismo— y se espere, antes de elevar el mismo a escritura pública, por la documen-tación necesaria, ya que en esta última situación el notario “penetra al campo de la legalidad de la transacción que ante él se concreta”, In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 775 (1976), y está “llamado a proteger el derecho de dos o más partes y aun el de tercero que no comparece ante él”. B. & L., Inc. v. P.R. Cast. Steel Corp., 114 D.P.R. 808, 810 (1983).

La posición que hoy sostenemos no es de reciente cuño; es la que asumió este Tribunal hace treinta y cuatro (SU) años al resolver el caso de In re Cruz Horta, 73 D.P.R. 227, 231 (1952). En esa ocasión expresamos que un notario incurría en negligencia, entre otros actos, al “haber otorgado dicha es-critura [de cancelación de hipoteca] sin que el poder [otor-gado en Estados Unidos por la acreedora hipotecaria] hubiera sido antes protocolizado” en Puerto Rico; ello, no obstante, tener el notario constancia de la existencia del poder por ha-berlo tenido ante sí con anterioridad al otorgamiento de la escritura pública.

El Tribunal, mediante la norma que hoy establece se preo-cupa por “salvar” la responsabilidad en que puedan incurrir los notarios otorgantes en esta clase de situación; se olvida por completo del perjuicio que por la aplicación de la misma pueden sufrir nuestros conciudadanos. Es por ello que disiento.

      (1) Las quejosas presentaron certificaciones negativas del Registro de Poderes en respaldo de dicha aseveración.

      (2) Según el Art. 1600 del Código Civil, el contrato de mandato es aquel contrato mediante el cual “se.obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra”. 31 L.P.R.A. see. 4421. Puede ser expreso o tácito. “El expreso puede darse por instrumento pú-blico o privado y aun de palabra. La aceptación puede ser también expresa o tácita, deducida esta última de los actos del mandatario.” (Énfasis su-plido.) Art. 1601, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4422.
      A su amparo y en armonía con el Art. 1232 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3453 —preceptivo de cuáles actos y contratos deberán constar en docu-mento público— hemos resuelto que no son nulos los contratos celebrados por mandatarios con poder o autorización verbal. Colón v. El Registrador, 18 D.P.R. 125 (1912); Purcell v. El Registrador de la Propiedad, 14 D.P.R. 752 (1908); Maestre v. El Registrador de la Propiedad, 14 D.P.R. 682 (1908).
      En Dávila Vega v. Agrait Vda. de Dávila, resolución de 1 de octubre de 1985, dijimos: “Se ha sostenido que ‘expreso’ no se opone a ‘tácito’. En latín expressus significaba una declaración clara, pero no una declaración formal. En castellano, ‘expreso’ significa claro y patente, pero no exige el uso de ninguna palabra sacramental. Juan Vallet de Goytisolo, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1982, T. XI, pág. 348.” R-84-24, págs. 25-26.

      (3)Se han sugerido varios elementos de importancia para una pru-dente decisión sobre la capacidad de los otorgantes:
      “(1) La capacidad de goce del representado.
      “(2) La capacidad de ejercicio del representante. La capacidad de obrar del representado en la representación voluntaria habrá sido previa-mente calificada por aquel que autoriza el poder; pero no está obligado el Notario ante el que comparece el representante a aceptar la calificación previa del compañero, si tiene otros elementos de juicio que pueden hacer dudar de la exactitud de la anterior calificación.
      “(3) La forma o validez documental del apoderamiento.
      “(4) El buen uso del poder, en el sentido no moral, sino estrictamente jurídico, es decir, que el representante obre dentro de los límites y faculta-des que en él se hayan señalado.” E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1976, pág. 551.

      (1) Véase Opinión concurrente emitida por el suscribiente en Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138 (1983), y voto disidente emitido en San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704 (1983).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ismael Rivera Rivera y Otros, acusados y recurridos.

      Número: O-84-144

      Resuelto: 29 de abril de 1986

      Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; Eric J. Pijuan Torres, abogado' del acusado re-currido Luis E. Bonet Rivera.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Mientras el policía estatal Ángel López Báez se encontraba expidiendo boletos de tránsito en relación con vehículos que se encontraban mal estacionados en la Avenida Ponce de León, en jurisdicción de Santurce, Puerto Rico, pudo escuchar cua-tro o cinco detonaciones de arma de fuego. Observó, entonces, dicho agente a un grupo de jóvenes que corrían por la referida avenida, en dirección de este a oeste, los cuales le indicaron que desde un vehículo de motor alguien les estaba disparando. Se percató, adicionalmente, de que efectivamente un vehículo de motor () con. varias personas en su interior “perseguían” al grupo de estudiantes. El agente corrió tras el vehículo y los jóvenes; luego de observar que uno de los ocupantes del vehículo hizo un nuevo disparo contra los estudiantes, el poli-cía a su vez le disparó a las gomas del vehículo con el propó-sito de lograr que el mismo se detuviera. El policía López Báez se montó en una motora de otro agente de la Policía de Puerto Rico que transitaba por el lugar, continuando ambos la persecución. El vehículo de motor finalmente se detuvo al impaetar una vitrina de un establecimiento comercial. Luego del impacto, una persona revólver en mano salió corriendo del vehículo, perdiéndose de vista. Al acercarse al vehículo en cuestión, los agentes del orden público pudieron percatarse de que había cuatro (4) individuos dentro del vehículo: el conductor, que resultó llamarse Carlos Rivera Serrano; el padre de éste, Ismael Rivera Rivera, que ocupaba el asiento del pasa-jero; Luis Bonet Rivera y Luis Reyes Ortiz, los cuales ocupa-ban el asiento trasero del vehículo.

El policía López Báez pudo observar que sobre el asiento delantero, en el lado del pasajero, se encontraba un maletín color negro. Los agentes procedieron a ordenarle a los cuatro ocupantes del vehículo que se bajaran del mismo y los pusie-ron bajo arresto. Un registro inmediato del maletín negro produjo: un revólver, calibre 45, marca Webley, serie 164887, cargado con seis (6) balas, el cual no está registrado en Puerto Rico; un sobre pequeño conteniendo picadura de marihuana; un envase plástico con picadura de marihuana y nueve (9) envolturas blancas a manera de cigarrillo conteniendo picadura de marihuana, y documentos personales pertene-cientes a Carlos Rivera Serrano. En la parte trasera del interior del vehículo se ocupó una mochila o bulto conteniendo en su interior una caja de cigarrillos con picadura de marihuana y un pasaporte perteneciente también a Carlos Rivera Serrano. De la investigación realizada por la Policía surgió el hecho de que la “razón” para la persecución y el atentado rea-lizado lo era el hecho de que uno de los jóvenes había agredido físicamente al conductor Carlos Rivera Serrano con anteriori-dad a dicho momento.

Radicados pliegos acusatorios () contra los aquí recurri-dos, en lo pertinente, por los delitos de infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico e infracción a la See. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, () los acusados radicaron una moción solicitando la supresión de la evidencia antes descrita. Señalada vista para la discusión de la referida moción de supresión, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, () declaró con lugar la supre-sión solicitada en relación con los coacusados Ismael Rivera Rivera, Luis Bonet Rivera y Luis Reyes Ortiz, no así en cuan-to al coacusado Carlos Rivera Serrano. En adición, procedió a “absolver” en dicha vista a los coacusados Rivera Rivera, Bonet Rivera, y Reyes Ortiz.

Inconforme, el Estado acudió ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de certiorari. () Le concedimos término a los coacusados recurridos para que mos-traran causa por la cual la resolución recurrida no debe ser revocada. Han comparecido. Resolvemos.

I

Antes de emitir juicio sobre la corrección o no de la deci-sión del tribunal de instancia suprimiendo la evidencia ocu-pada, procede que resolvamos el punto de si el Estado —aten-dido el hecho de que el tribunal de instancia “absolvió” a los recurridos— puede revisar la referida decisión. Dados los hechos particulares del presente caso, contestamos en la afir-mativa.

Sabido es que, de ordinario, el Ministerio Público no puede acudir ante el foro apelativo en revisión de una “absolución en los méritos”; esto es, del “fallo absolutorio” emitido, por juez o por jurado, durante la vista en su fondo, o juicio, a que es sometido un imputado de delito: United States v. Ball, 163 U.S. 662, 671 (1896); United States v. Sisson, 399 U.S. 267, 289 (1970). ()

Como hemos visto, sin embargo, esa no fue la situación en el presente caso. Aquí, el tribunal de instancia “absolvió” a los recurridos en una vista señalada para la discusión de una moción de supresión de evidencia. Claramente, dicha vista no es el “acto del juicio” que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hemos resuelto que, como regla general, la solicitud y vista sobre supresión de evidencia deberá hacerse y celebrarse antes del juicio pero que la solicitud, aun cuando se haya presentado y denegado previamente, puede reprodu-cirse en el acto del juicio si de la prueba de cargo surge la ilegalidad del registro. Pueblo v. Hernández Flores, 118 D.P.R. 511 (1982); Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739, 750-751 (1980). En segundo lugar, la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal establece, en lo pertinente, que las “cuestiones de hecho en casos de delito grave {felony),... ha-brán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa y personalmente” a dicho derecho. (Én-fasis suplido.) De ordinario, dicha renuncia no se lleva a efecto antes del comienzo de la vista de supresión. La razón para ello es manifiesta: en la referida vista no está en contro-versia la culpabilidad o inocencia del acusado; lo único a deci-dirse es la legalidad o razonabilidad del registro efectuado, determinación que es revisable por ambas partes ante el tribunal apelativo por vía de certiorari. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 524 (1974). Debe mantenerse presente, por último, que una decisión suprimiendo una evidencia en particular necesariamente no implica el fin del caso; siempre existe la posibilidad de que el Ministerio Público pueda de-mostrar el día del juicio la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable mediante la presentación de evidencia in-dependiente y distinta a la suprimida. Debe garantizársele al Estado esa oportunidad.

Resolvemos, en su consecuencia, que un tribunal no tiene autoridad en ley para emitir un “fallo absolutorio” en una vista señalada para la discusión de una moción de supre-sión de evidencia ya que dicho fallo sólo puede ser emitido en el contexto de un “juicio”. Cualquier pronunciamiento a esos efectos dentro de una vista de supresión es un acto ultra vires y nulo que es revisable, por constituir una cuestión de derecho, ante el foro apelativo, procediendo la devolución del caso* al foro de instancia para la celebración propiamente del “acto del juicio” sin que se violente la garantía constitucional sobre doble exposición. Cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626 (1976). Véase, en adición, Serfass v. United States, 420 U.S. 377, 388 (1974).

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Nos corresponde ahora pasar juicio sobre la determinación del foro de instancia suprimiendo la evidencia en el presente caso. Sabido es que el propósito de la disposición tanto de la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América y la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los efectos de que no podrán expedirse mandamientos judiciales autorizando registros y allanamientos a menos que exista causa probable, apoyada la misma en juramento o afirmación, lo es el de proteger al pueblo americano y puertorriqueño contra registros y allanamientos irrazonables.

Consecuencia lógica e inescapable de la referida garantía constitucional constituye lo resuelto por este Tribunal en Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 329 (1979) a los efectos de que “una incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez sujeta a ciertas y limitadas excepciones”. (Énfasis suplido.)

En relación a dichas excepciones, o lo que es lo mismo, las situaciones o circunstancias en que se permite que se dispense del requisito de la orden judicial previa, en Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651, 656 (1972), expresamos que entre las mismas “figuran el registro incidental a un arresto legal [citas], el registro de un vehículo de motor, barco o vagón cuando existe causa probable para creer que se transporta mercancía de contrabando o prohibida por ley [citas], cuando el vehículo ha sido confiscado y el registro posterior del vehículo está relacionado con la razón por la cual se arrestó a su ocupante [cita], cuando la propiedad a ser incautada está en proceso de destrucción o en inminente riesgo de ser destruida [citas], cuando las exigencias de las circuns-tandas hacen imperativo proceder a un registro previo al arresto como cuando de no efectuarse el registro se pone en peligro la vida de los agentes o de otras personas [citas], y cuando se da consentimiento para el registro o se renuncia al derecho constitucional contra registros y allanamientos irra-zonables. [Cita.]” Como sabemos, le corresponde al Ministe-rio Público, en ausencia de la orden judicial previa, el peso de probar la existencia de dichas circunstandas. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986). En relación a esta ma-teria debemos mantener presente, en adición, nuestras deci-siones a los efectos de que un registro incidental y contempo-ráneo a un arresto legal necesariamente no está limitado a la persona del arrestado sino que se extiende al área bajo su control y alcance inmediato. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971) y Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982).

En relación al caso específico que ocupa nuestra atención, es de fundamental importancia recordar, por último, que este Tribunal ha resuelto — citando con aprobación varias decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos ()— que el registro de un automóvil es una “intrusión mucho menor” en los derechos protegidos tanto por la Cuarta Enmienda de la Constitución americana como por la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución por razón de que una persona “tiene me-nos expectativa de intimidad (privacy) en un vehículo de motor”, ya que el mismo “se destina a la transportación y raras veces sirve de vivienda o depósito de efectos personales”. Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335, 337-338 (1976); Pueblo v. Del Río, ante.

1 — 1 HH l-H

En el presente caso resulta incuestionable la validez del arresto de los cuatro ocupantes del vehículo de motor efectuado por los agentes del orden público al amparo de las disposiciones del inciso (a) de la Regla 11 de las de Procedimiento Criminal. Dichos agentes tenían “motivos fundados.” para creer que dichas personas habían cometido un delito público en su presencia; procedía, en su consecuencia, el arresto inmediato de los mismos.

Dados los hechos particulares del presente caso —ocupantes de un vehículo de motor que han realizado varios disparos de arma de fuego desde el interior del mismo— resolvemos que fue legal y razonable el registro del maletín y la mochila que se encontraban en el interior de la “cabina” de dicho vehículo sin que fuera necesario que dichos agentes obtuvieran una orden judicial para el registro de dicho vehículo; Debemos mantener presente que existía una gran probabilidad de que todas estas personas se encontraran armadas y/o de que hubieran varias armas de fuego dentro del vehículo en cuestión; que los agentes del orden público eran superados numéricamente por los ocupantes del mismo, y que los objetos registrados se encontraban al alcance de los arrestados. Dicho registro realizado contemporáneo al arresto, en protección de la vida y seguridad de los agentes del orden público', fue razonable. Pueblo v. Del Río, ante; Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973); Pueblo v. Cruz Rivera, ante.

Así, aparentemente, lo entendió el tribunal de instancia al declarar sin lugar la moción de supresión en cuanto al conductor del vehículo', el coacusado Carlos Rivera Serrano. Incomprensiblemente, sin embargo, dicho foro suprimió la evidencia en cuanto a los restantes ocupantes. Tal parece que entendió que así debía proceder por razón de que se encontró en el maletín y la mochila documentos que aparentemente demostraban que los mismos pertenecían al coacusado Carlos Rivera Serrano. Erró al así actuar. Dicha determinación es una a ser hecha por el juzgador de los hechos en el juicio en su fondo del caso. Debe recordarse que la “mera presencia du-rante la comisión de un delito no es suficiente por sí sola para sostener una convicción, [citas]; pero este hecho puede con-siderarse conjuntamente con las otras circunstancias que ro-dean el hecho delictivo a los fines de la determinación de res-ponsabilidad, [cita]. No es indispensable, pues, que el acu-sado ejecute personalmente el acto delictivo y basta con su presencia pasiva, siempre que su responsabilidad como coautor pueda establecerse por actos anteriores, o como el resul-tado de una conspiración en que participó, [citas], o de un designio común”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 519-520 (1961). Debe mantenerse pre-sente que el elemento de “concierto y común acuerdo o desig-nio común”, como cualquier otro hecho en controversia, puede ser establecido mediante prueba indirecta o circunstancial, Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28 (1977), y que la evi-dencia circunstancial es intrínsecamente igual que la eviden-cia directa. Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380 (1966). En cuanto a la “posesión” de los artículos prohibidos envueltos en este caso debe recordarse, por último, que la ley contempla no sólo la tenencia física inmediata por un indivi-duo sino que la posesión común que ocurre cuando varias per-sonas, con conocimiento, comparten el control sobre el artículo delictivo; esto es, la llamada “posesión constructiva”, Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345, 349 (1971); Pueblo v. Rosa Burgos, 103 D.P.R. 478, 479 (1975).

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de certiorari solicitado y se dictará sentencia revocatoria de la resolución recurrióla y se devuelve el caso al foro de instan-cia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

      (1) El agente pudo constatar posteriormente que se trataba de un Toyota, modelo 1982, color vino, tablilla 73A098.

      (2) Luego de la determinación de causa probable para arresto y la cele-bración de la correspondiente vista preliminar.

      (3) Según surge del expediente, contra el acusado Ismael Rivera Rivera se radicaron acusaciones por infracción a la Ley de Armas y la Ley de Sus-tancias Controladas; contra Carlos Rivera Serrano, Luis Bonet Rivera, y Luis Reyes Ortiz únicamente por infracción a la Ley de Sustancias Contro-ladas.

      (4)Hon. Laura Nieves, Juez Superior.

      (5) El Estado le imputa al foro de instancia la supuesta comisión de tres (3) errores, a saber:
      "1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al ordenar celebrar una vista en las Mociones de Supresión de Evidencia a pesar de que los impu-tados no tenían capacidad legal (standing) y así lo había indicado el Minis-terio Fiscal.
      “2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que el s[o]lo hecho de haber documentos pertenecientes a Carlos Rivera Serrano donde se ocupó material delictivo, era suficiente para absolver a los demás coacu-sados.

        “3. Erró el Honorable Tribunal al absolver a tres (3) imputados cuando lo que estaba ante su consideración era una vista para considerar las Mociones de Supresión de Evidencia, a pesar de la oportuna objeción del Ministerio Fiscal.”

      (6)La excepción a esta norma es cuando se determina que el fallo ha sido obtenido mediante fraude o colusión. Pueblo v. Rivera Ramos, 88 D.P.R. 612, 622 (1963).

      (7) Debe recordarse que este Tribunal a pesar de que no puede reducir el ámbito mínimo de los derechos humanos según éstos hayan sido definidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede ampliarlos. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 426-428 (1976).


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Maribel Reyes Torres, demandante y recurrida, v. Municipio de Jayuya, etc., demandados y peticionarios.

      Número: O-85-132

      Resuelto: 29 de abril de 1986

      Francisco A. Delgado Martínez, abogado del peticionario; William Torres Román, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

En Feliciano v. Mun. de Fajardo, 115 D.P.R. 675 (1984), resolvimos que la afiliación política era requisito imprescin-dible para el cargo de Secretario Municipal y que bajo la nueva Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. see. 2001 y ss.), el incumbente puede ser separado de dicho cargo sin necesidad de vista ni formulación de cargos. Idéntico resultado se im-pone en este caso en que está envuelta la Secretaria de la Asamblea Municipal de Jayuya.

La Sra. Maribel Reyes Torres ocupó el cargo de Secreta-ria de la Asamblea Municipal de Jayuya desde abril de 1980. Para esa época y durante el próximo cuatrienio el Partido Nuevo Progresista tenía mayoría en la Asamblea. En las elec-ciones de 1984 el Partido Popular Democrático logró elegir la mayoría de los miembros de la Asamblea. El 14 de enero de 1985, Herminio Quiles Ramos fue electo Presidente de la Asamblea Municipal y se nombró Secretaria de la Asamblea a la Sra. Margarita Vargas. La Sra. Maribel Reyes Torres fue notificada de ello mediante carta del 15 de enero de 1985. El 28 de enero de 1985 presentó una demanda en el Tribunal Superior, Sala de Utuado, que impugnaba la validez de las actuaciones del Presidente y solicitaba su reposición en el cargo. Celebrada una vista, el tribunal emitió auto de injunction preliminar que ordenaba la reposición inmediata de la demandante en el cargo de Secretaria de la Asamblea Municipal con pago retroactivo a la fecha del despido. Expedimos auto para revisar.

El Secretario de la Asamblea Municipal es un funcionario municipal por mandato de ley. El Art. 2.05 de la Ley, 21 L.P.R.A. see. 2055, dispone que:

Los funcionarios del municipio serán aquellos electos con-forme a las disposiciones de este Subtítulo y los incumbentes de los siguientes cargos administrativos:
(a) Secretario de la Asamblea Municipal
(b) Directores de unidades administrativas de la rama ejecutiva.

Ello demuestra que el secretario está en la misma categoría de los funcionarios electos y los miembros del gabinete del alcalde. Es decir, que ocupa un puesto eminentemente político. Por otro lado, las facultades legislativas en los municipios se ejercen por la Asamblea Municipal. 21 L.P.R.A. see. 3051. El legislador fue sumamente específico y cuidadoso al crear el cargo. A esos efectos, los incisos (g) y (h) del Art. 4.04 (21 L.P.R.A. sec. 3054(g) y (h)) proveen lo siguiente: ()

(g) Creación de Cargos y Requisitos.
(1) Secretario de la Asamblea Municipal. La Asamblea Municipal creará un cargo administrativo que será el único dentro de la categoría de confianza con que contará la misma y se denominará Secretario de la Asamblea Municipal. El mismo estará bajo la supervisión del Presidente. El Secre-tario de la Asamblea será responsable únicamente a ésta y no podrá ser asambleísta. El nombramiento del incumbente al cargo de Secretario lo hará el Presidente, sujeto al consejo y consentimiento de la Asamblea. El Secretario de la Asam-blea Municipal estará sujeto a las normas de personal que rigen para los demás funcionarios municipales en cuanto a jomada de trabajo. La Asamblea Municipal establecerá me-diante resolución el horario, registro de asistencia, concesión de licencia y otras aplicables. En este caso, así como en rela-ción con otros empleados de la Asamblea, la aprobación de la licencia de vacaciones u otro tipo de licencia será autorizada por el Presidente de dicho cuerpo.
(2) Requisitos. La persona a ser seleccionada para de-sempeñar el cargo de Secretario de la Asamblea tiene que haber aprobado por lo menos el cuarto año de escuela superior.
(h) Deberes del Secretario de la Asamblea Municipal. El Secretario de la Asamblea Municipal tendrá entre otros los siguientes deberes:
(1) Actuar de Secretario de Actas de la Asamblea.
(2) Velar por que los asambleístas sean debidamente ci-tados.
(3) Certificar la radicación de los proyectos de orde-nanza y resoluciones sometidas a la Asamblea.
(4) Mantener informada a la Asamblea y a su Presi-dente sobre todas las encomiendas que le sean asignadas y so-bre aquellas que por este Subtítulo se le imponen.
(5) Notificar al organismo directivo local del partido po-lítico que corresponda sobre la existencia de una vacante en la Asamblea o en el cargo de Alcalde.
(6) Notificar al Gobernador de Puerto Rico la existencia de una vacante en la Asamblea o en el cargo de Alcalde cuan-do no actúe sobre la misma el organismo directivo local del partido político interesado en la vacante.
(7) Reproducir y poner a la venta, debidamente certifi-cadas, las ordenanzas municipales que tengan sanción penal, al precio de costo de reproducción de las mismas.
(8) Conservar los originales de aquellas ordenanzas y resoluciones firmadas por el Presidente de la Asamblea y el Alcalde. AI final del año económico, formar un volumen debi-damente encuadernado, con su correspondiente índice, conte-niendo los originales de las resoluciones y ordenanzas en vigor. La Asamblea autorizará la reproducción y venta del mismo a un precio que no excederá del costo de reproducción. Todo ciudadano tendrá derecho a inspeccionar y obtener co-pias de las resoluciones y ordenanzas previo el pago de los derechos correspondientes.
(9) Habilitar y certificar, junto con el Presidente de la Asamblea Municipal, los Libros de Actas.
(10) Preparar, al finalizar cada año fiscal, en forma de libro, un volumen conteniendo las actas de todas las sesiones de la Asamblea. Este deberá contener los originales de las actas, cada hoja iniciada [sic] de puño y letra, certificadas y firmadas por el Presidente y el Secretario; un índice por sesiones en orden cronológico y una certificación al final sus-crita por el Presidente y el Secretario sobre el contenido del volumen, la cual deberá expresar lo siguiente.
“Certifico que este volumen contiene los originales de las Actas de . . . sesiones de la Asamblea Municipal cele-bradas en el Año Fiscal. . .
(11) Tendrá bajo su custodia los Libros de Actas, los ju-ramentos de los asambleístas y todos los demás documentos pertenecientes a los archivos de la Asamblea Municipal.
(12) Recibir del Alcalde y remitir a los asambleístas con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha del co-mienzo de la sesión en que se va a considerar el proyecto de presupuesto general.
(13) Supervisar todo el personal adscrito a la Asamblea.
(14) Certificar la asistencia de los asambleístas, a reu-niones sean éstas de comisiones o de la asamblea en pleno.
El Secretario de la Asamblea Municipal podrá tomar ju-ramentos y desempeñará, además, todos aquellos otros debe-res que le fueren asignados por la Asamblea Municipal o su Presidente y aquellos otros que en este Subtítulo se le im-ponen.
(15) Realizar las gestiones necesarias y adecuadas para la transferencia de todos los documentos, libros, actas, pro-piedad y otros de la Asamblea Municipal en todo año de elecciones generales. Disponiéndose que, en caso de negarse el Secretario de la Asamblea Municipal al cumplimiento de esta obligación el nuevo Presidente electo de la Asamblea Municipal podrá incoar los recursos judiciales dispuestos en el inciso (28) de la see. 2054 de este título. ()

Dado el historial de las distintas leyes municipales debemos colegir que el legislador incluyó al Secretario de la Asamblea Municipal dentro del concepto de funcionarios a sa-biendas de que éstos pueden ser removidos, por ejercer fun-ciones políticas o de confianza política, a voluntad del poder nominador. En Bezares v. González, Alcalde, 84 D.P.R. 468, 472-474 (1962), hicimos el siguiente recuento:

Ley Municipal de 1902. — Disponía en la sección 32 que el Alcalde nombraría, dirigiría y vigilaría la conducta de todos los empleados de la municipalidad, castigándolos, cuando fuere necesario, con suspensión o destitución. Se crearon los cargos de Secretario, Tesorero, Inspector de Obras Públicas y un oficial Inspector de Sanidad nombrados por el Alcalde con la aprobación del Concejo, quienes ejercían sus cargos mientras observaban buena conducta, a menos que fueran separados por razones suficientes y justas después de ser oídos en su defensa. Había un Contador nombrado por el Concejo y separado por éste por justa causa y previa audien-cia.
Ley Municipal de 8 de marzo de 1906. — Disponía su ar-tículo 32, según éste quedó enmendado por Ley de 14 de marzo de 1907 y por la Ley 35 de 10 de marzo de 1910, que el Alcalde nombraría todos los empleados del municipio cu-yos nombramientos no se proveyeran de otro modo en la ley y que estuvieran autorizados por las asignaciones del presu-puesto y podría, por justa causa, destituir a todos los fun-cionarios y empleados nombrados por él solamente, o nom-brados por él con la anuencia y consentimiento del Concejo Municipal, excepto que el Contador no podía ser destituido sin el consentimiento del Concejo Municipal después de ha-berle formulado cargos el Alcalde ante el Concejo y de haber-los contestado el Contador. La ley dispuso el nombramiento de un Secretario, un Tesorero, un Contador, un Inspector de Sanidad y un Inspector de Obras Públicas cuyos términos finalizaban al terminar la incumbencia del Alcalde que los hubiere nombrado.
Ley Municipal de 31 de julio de 1919. — Según fue enmen-dada por la 9 de 12 de mayo de 1929 y la 60 de 12 de julio de 1921, se disponía el nombramiento por la Asamblea Municipal del Concejo de Administración, compuesto por un Comi-sionado Municipal de Servicio Público, Policía y Prisiones, quien era el Jefe Ejecutivo, y Comisionados de Beneficencia, Hacienda, Obras Públicas e Instrucción Pública, y el nom-bramiento de un Secretario y de un Auditor. Los miembros del Concejo de Administración ejercían sus cargos por cua-tro años y excepto el Ejecutivo, podían ser separados por la Asamblea Municipal por justa causa previa audiencia y opor-tunidad de defenderse. Con la aprobación del Concejo de Ad-ministración cada uno de sus miembros nombraba los em-pleados de su oficina y con igual aprobación podía destituir-los por justa causa previa audiencia.
Ley Municipal de 1928 según ha sido enmendada. — 21 L.P.R.A. (ed. 1955) secciones 1 y siguientes. — Autorizó al Alcalde a nombrar todos los funcionarios administrativos ex-cepto el Auditor, los cuales ejercían sus cargos por el tér-mino para el cual el Alcalde hubiese sido elegido o nombrado. Todos los nombramientos de empleados serían hechos por el Alcalde a propuesta de los funcionarios administrativos res-pectivos. El Alcalde podía destituir dichos funcionarios y em-pleados por causa justificada, concediéndose a los interesados audiencia pública y oportunidad para defenderse.
El precedente historial de las leyes municipales demues-tra dos cosas: (1) que la Asamblea Legislativa ha mante-nido para los municipios la conocida y clásica distinción en-tre un funcionario y un empleado. Excepto en la Ley de 1902, los funcionarios tuvieron siempre un término de incumben-cia que no trascendía el término del Alcalde electo o nom-brado. Por el contrario, ninguna ley municipal fijó término de incumbencia a los empleados. (2) Tanto para los funcio-narios antes de expirar el período de su incumbencia, como para los empleados, las leyes municipales dispusieron que ellos no podían ser separados de sus cargos o empleos sin justa causa o sin causa suficiente, de ordinario previa au-diencia y oportunidad de defenderse.

Resolvimos expresamente que por el historial de las dis-tintas leyes municipales que han regido, a partir de 1906 los funcionarios siempre tuvieron término fijo de incumbencia que no trascendía el del que los nombraba. Esta norma se siguió en la Ley Municipal de 1960 (21 L.P.R.A. sec. 1101 y ss.). Por otro lado, al aprobarse la ley vigente se siguió en cuanto al cargo de Secretario de la Asamblea Municipal, el precedente establecido por este Tribunal en De Latorre v. Alcalde de Carolina, 104 D.P.R. 523, 528 (1976), donde resolvi-mos que:

El caso del secretario de la asamblea municipal no es el caso ni del funcionario administrativo ni del empleado municipal. Mientras los funcionarios administrativos y los em-pleados son nombrados por el alcalde, el secretario de la asamblea municipal es nombrado por la asamblea municipal conforme al citado Art. 15 (b). Parece claro que el legisla-dor no quiso que fuera considerado como un empleado en vista de que tuvo el cuidado de designarlo “funcionario” al autorizar su nombramiento por la asamblea municipal. Y al darle la categoría de funcionario, es inescapable la conclu-sión de que quiso colocarlo en un rango similar al funciona-rio administrativo, como un puesto de confianza de la asam-blea y no del alcalde. Se justifica que así sea si se tiene en mente el principio de separación de poderes entre el ejecu-tivo y el organismo legislativo del municipio. Siendo un puesto de confianza, es forzosa la conclusión de que el secre-tario de la asamblea cesa en sus funciones, salvo circunstan-cias que aquí no nos conciernen, al concluir el término por el cual es elegida la asamblea municipal que lo nombra. Esta parece haber sido la interpretación administrativa, al clasi-ficarse en el servicio “exento” el cargo de la recurrente y así hacerse constar en el formulario en que prestó juramento del mismo.

Siendo ello así, procedía desestimar la demanda sin celebrar vista para considerar si la afiliación política es un requisito apropiado para el desempeño efectivo del puesto. () Aquí por mandato de ley el poder nominador tiene absoluta libertad para escoger la persona que va a desempeñar el cargo, aunque sea por razones de confianza política o personal y éste cesa en sus funciones al concluir el término de la Asamblea, La demandante no tenía derecho a vista y formulación de cargos antes de ser separada del cargo de Secretaria de la Asamblea Municipal de Jayuya.

Se dictará sentencia que revoque la orden de injunction preliminar y se desestima la demanda.

Los Jueces Asociados Señor Negrón García y Señora Na-veira de Rodón concurren con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1)La ley recoge otras funciones del secretario, 21 L.P.R.A. sees. 3068(b) y (c), 3061, 3063, 3066.

      (2) Funciones análogas a las de los Secretarios del Senado y la Cámara de Representantes. Regla V de los Reglamentos del Senado y la Cámara de Representantes. Los Secretarios del Senado y la Cámara son electos por los miembros del cuerpo. Regla II de ambos cuerpos. El Secretario de la Asam-blea Municipal es nombrado por el Presidente, sujeto al consejo y consenti-miento de la Asamblea. Nadie podría sostener seriamente que los Secreta-rios del Senado y la Cámara tienen derecho a continuar en sus cargos una vez termine el cuatrienio en que fueron electos.

      (3) A tenor con lo resuelto en Colón v. C.R.U.V., 115 D.P.R. 503 (1984) y, Ramos Villanueva v. Depto. de Comercio, 114 D.P.R. 665 (1983), que a su vez adoptan las normas de Branti v. Finkel, 445 U.S. 507 (1980) y Elrod v. Burns, 427 U.S. 347 (1976), cuando la separación del cargo responde a motivos políticos, el peso de la prueba para establecer la relación entre la afiliación política del empleado y el desempeño efectivo del puesto, recae sobre el poder nominador.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Graciany Miranda Marchand, acusado y peticionario.

      Número: CE-85-486

      Resuelto: 2 de mayo de 1986

      Rafael Ortiz Camón, Procurador General, Vanessa Ramírez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Miguel A. Velazquez Rivera, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Para el 28 de noviembre de 1982, se celebraba un juicio criminal en el Tribunal Superior, Sala de HumacaO’, presidido por el Juez Hon. Ángel Martínez Del Valle. Llevaba cinco (5) semanas de duración. Los abogados de la defensa —Lies. Gra-ciany Miranda Marchand, Lorenzo Lagarde Garcés, Julio César Rivera y José A. Casillas— habían encomendado espe-cíficamente al Lie. Miguel A. Valcourt la defensa de uno de los coacusados debido a su particular conocimiento por su parti-cipación en las etapas previas del proceso.

Ese mismo día, el licenciado Valcourt tenía pendiente una vista preliminar en el Tribunal de Distrito, Sala de Humaeao, ante el Juez Hon. Rafael Hernández Torres. Éste requirió in-fructuosamente, a través de un alguacil durante la mañana, la presencia del abogado Valcourt. Inclusive le declaró sin lugar una moción de suspensión presentada al mediodía. Pos-teriormente, en horas de la tarde, el Juez Hernández Torres optó por localizarlo personalmente. Lo logró en la oficina del Juez Martínez Del Valle, en ocasión de un breve receso.

Allí, el Juez Hernández Torres reafirmó su negativa a suspender y ordenó al licenciado Valcourt que compareciera in-mediatamente a la vista preliminar señalada. Éste explicó al magistrado que no podía comparecer debido a que estaba ocu-pado ante el Tribunal Superior, y que después de las 5:00 P.M., tenía pautada, en unión a los otros abogados, una reu-nión con los familiares de uno de los coacusados. El juez enfa-tizó que las vistas habían sido antes suspendidas y que este señalamiento había sido acordado. Durante el transcurso de esa conversación, entraron a la oficina los abogados Casillas, Miranda Marchand y Rivera. A solicitud del licenciado Val-court, el licenciado Miranda Marchand confirmó su explica-ción. Finalmente, el juez en tono enérgico y preciso fijó para las 8:00 P.M. el comienzo de la vista preliminar y comenzó a retirarse de la oficina. Cuando abrió la puerta que comunica hacia la oficina de la secretaria de su compañero juez, y se aprestaba a salir, oyó que el licenciado Valcourt preguntó al abogado Miranda Marchand: “Papolo, ¿qué hago?”, y éste contestó: “Mándalo pal’ [sic] carajo, que si no lo mandas tú, lo mando yo.” Cuando el Lie. César Rivera le aconsejó pruden-cia al licenciado Miranda Marchand, porque a su juicio corría el riesgo de ir a la cárcel, este último le contestó: “Este no tiene los cojones para meterme en la cárcel.” Ante estas ex-presiones, () el Juez Hernández Torres, ofendido y molesto, ordenó a los alguaciles que pusieran bajo su custodia al licen-ciado Miranda Marchand.

Oportunamente se presentó denuncia por alteración a la paz. El Tribunal de Distrito no encontró originalmente causa probable, pero en alzada, el Juez Superior, Hon. Julio Berrios sí lo hizo-. ()

El 30 de marzo de 1983, se señaló el juicio en sus méritos. Antes de comenzar el proceso, el Hon. Elidió Maldonado, juez que presidiría, se reunió en privado por aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos con el denunciante Juez Her-nández Torres. El peticionario Miranda Marchand alega que esta reunión se celebró a instancias del Juez Maldonado, y que ni éste ni el Fiscal se lo informaron. Por su parte, el Minis-terio Público señala que el peticionario sabía de la reunión, pues se celebró a su sugerencia para fomentar una transac-ción.

Luego de desfilada la prueba, el Tribunal de Distrito, por voz del Juez Maldonado, declaró culpable al acusado y lo sen-tenció a pagar $250 de multa. En apelación, el 17 de junio de 1985, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, confirmó. A solicitud del licenciado Miranda Marchand, acordamos re-visar.

II

Su primer señalamiento gira en torno al debido proceso de ley. Aduce que se violó dicho precepto, pues el juez que pre-sidió el juicio tuvo conocimiento previo y extenso del testimo-nio del testigo principal de cargo. El planteamiento es serio. Analicémoslo.

En Pueblo v. Dones Arroyo, 106 D.P.R. 303, 317 (1977); Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 285, 286-291 (1961), y Pueblo v. Quiles, 83 D.P.R. 63, 64-72 (1961), resolvimos que el hecho de que el juez que preside el juicio conociera con antelación la prueba documental o el testimonio de los testigos de cargo, no lo incapacita per se para ver el caso. El acusado tiene que pro-bar en esos casos qué perjuicio ello le ha causado.

No obstante, en Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492, 496-497 (1962), revocamos una sentencia dictada y ordenamos un nuevo juicio porque el juez que presidió el caso era la misma persona que lo había investigado, comprometiéndose así su imparcialidad, aunque fuera en apariencia. Allí citamos a In re Murchison, 349 U.S. 133, 136 (1955), en que el Tribunal Supremo federal, al evocar a Tumey v. Ohio, 273 U.S. 510, 532 (1927), expresó:

Un juicio justo en un tribunal imparcial es requisito bá-sico del debido proceso de ley. La justicia desde luego exige la ausencia de un verdadero prejuicio al juzgar los casos. Pero nuestro sistema de derecho ha tratado siempre de evi-tar hasta la probabilidad de la injusticia. Con este propósito' ninguna persona puede ser juez en su propio caso y no se le permite a nadie juzgar casos en cuyo resultado tenga inte-rés. Tal interés no puede definirse con precisión. Deben con-siderarse las circunstancias y las relaciones. Este Tribunal ha expresado, sin embargo, que “todo procedimiento que pu-diera servir de posible tentación a un hombre promedio como juez . . .ano mantener un balance preciso, claro y verdadero entre el Estado y el acusado, le niega a éste el debido pro-ceso de ley.” [Cita.] Una regla tan estricta puede en oca-siones impedir que actúen jueces que no están en verdad pre-juiciados y quienes harían todo lo posible por mantener la balanza de la justicia en su fiel entre las partes litigantes. Pero para desempeñar su alta función de la manera más co-rrecta “la justicia debe satisfacer las apariencias de la jus-ticia.” (Énfasis suplido.)

En el caso de autos, la realidad es que el juez que presidió el caso se reunió a solas por casi una hora con el principal testigo de cargo, un magistrado compañero suyo, sin que estuvieran presentes el acusado ni sus abogados. Independientemente de los móviles —buena fe o ánimo de transacción— esa reunión amerita que revoquemos y ordenemos la celebración de un nuevo juicio. Ello es un imperativo constitucional del debido procedimiento de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, pág. 275, y la doctrina jurisprudencial antes aludida.

Este curso de acción se impone sin necesidad de dilucidar si en realidad la reunión se celebró a sugerencias de la defensa y si se vulneró en el ámbito deontológico el mandato del Canon XV de Ética Judicial que prohíbe al juez reunirse privadamente con un testigo de cargo. ()

En conclusión, procede la revocación de la sentencia y un nuevo juicio. ()

HH HH h-H

El anterior mandato, si bien dispone del recurso, no con-cluye nuestra intervención.

No podemos pasar por alto el señalamiento sobre la reu-nión de los jueces Hernández Torres y Maldonado antes ex-puesta. La misma amerita una investigación por la Oficina de Administración de Tribunales para aclarar lo sucedido. De igual modo, la Oficina del Procurador General debe investi-gar el comportamiento del Lie. Arturo Nieves Huertas, abo-gado de la defensa. Para sostener un señalamiento en instan-cia de que el Juez Superior, Hon. Julio Berrios no prestó adecuada atención a los procedimientos de la vista preliminar en alzada, el licenciado Nieves Huertas penetró a una oficina y rebuscó un zafacón, de donde sacó y tomó posesión de unos papeles que contenían lo escrito por el juez durante el proceso. Cánones 9 y 38 de Ética Profesional. () Por último, procede una investigación similar acerca de la conducta del licenciado Miranda Marchand. Véase In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986).

Estos trámites proceden independientemente del resultado final del nuevo juicio aquí ordenado. Véase In re Franco Soto, 115 D.P.R. 740 (1984). La Oficina de Administración de Tribunales y el Procurador General nos rendirán en su oportuni-dad sus respectivos informes.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión con-currente y disidente. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Ortiz se inhibieron.

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Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El recurso de epígrafe tiene su origen en un incidente ocu-rrido en horas de la tarde del día 28 de noviembre de 1982 en una de las dependencias del Centro Judicial de Humaeao, Puerto Rico, en donde estuvieron envueltos, entre otros, el Hon. Rafael Hernández Torres, Juez del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, y el aquí peticionario, Ledo. Graciany Miranda Marchand. En la denuncia que, como consecuencia del mismo, se radicara contra el referido letrado por el delito de alteración a la paz se alegó que éste profirió lenguaje grosero e indecoroso contra el Juez Hernández Torres con motivo de una gestión que, inexplicablemente, dicho magistrado perso-nalmente realizaba con el propósito de lograr la comparecen-cia ante su sala en ese día, para la celebración de una vista preliminar en un caso criminal, de otro abogado que en unión al licenciado Miranda Marchand se encontraba laborando en esos mismos momentos en la defensa de dos ciudadanos acu-sados del delito de asesinato en primer grado.

Declarado convicto del delito de alteración a la paz y sen-tenciado que fuera al pago de una multa de $250, el peticiona-rio apeló ante el Tribunal Superior de Puerto Rico. Habiendo dicho foro confirmado la sentencia apelada, compareció ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente re-curso de certiorari. Expedimos el auto.

No hay duda de que la “primera cuestión de derecho plan-teada” por el peticionario en el recurso que radicara a los efec-tos de que procede la revocación de la sentencia por cuanto el magistrado que presidió la vista en su fondo del caso estuvo reunido a solas, en ausencia de la otra parte y su abogado, con el testigo principal de cargo por un período de tiempo considerable con anterioridad al comienzo de la misma, hace man-datorio que revoquemos la convicción decretada y devolvamos el caso para un nuevo juicio.

Es piedra angular del “debido procedimiento de ley” en nuestro ordenamiento jurídico que la inocencia o culpabilidad de todo imputado de delito deberá ser determinada por un juez o jurado imparcial. Sees. 7 y 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De hecho, la esen-cia misma de la garantía del “debido procedimiento de ley” y, por consiguiente, de lo que constituye un proceso justo e im-parcial, reside precisamente en la imparcialidad y neutrali-dad de aquel que tiene que decidir la cuestión en controversia: en los casos criminales, la inocencia o culpabilidad del impu-tado de delito. In re Murchison, 349 U.S. 133 (1955).

En el presente caso, se asevera por el peticionario () que el juez que presidió la vista en su fondo en el proceso que se le celebrara estuvo reunido, antes de que comenzara el mismo, por aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos con el único testigo de cargo en su contra, el alegado perjudicado, Hon. Rafael Hernández Torres.

Esa situación no sólo es contraria al espíritu del Canon XV de los de Ética Judicial, a los efectos de que el “Juez no debe celebrar entrevistas privadas con las partes o sus aboga-dos, ni permitir comunicaciones o argumentos de los mismos que pretendan influir su actuación judicial en asuntos de su competencia o bajo su consideración cuando los otros intere-ses que puedan ser afectados no estén representados ante él”, sino que causa que “exista duda en el acusado de que aquél que tiene poder para privarlo de su libertad está en alguna forma influido por otra cosa que no sea la prueba que desfila el día del juicio”. Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492, 495 (1962). ()

Lo sucedido en el presente caso —independientemente de lo inocente o inofensivo que pueda haber sido— es una situa-ción que no podemos aprobar ni fomentar. Los magistrados son los representantes máximos de la “justicia”. No le hace ningún bien a la imagen de la misma el que situaciones como la del presente caso ocurran.

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El recurso de epígrafe plantea una situación que puede servir de base para el establecimiento de una norma de sana administración judicial. Un examen minucioso de los autos originales demuestra que el juez administrador de la Región Judicial de Humacao —Hon. Rafael Hernández Torres, Juez Superior— en una acción que denota extraordinario buen jui-cio ordenó, motu proprio, que el proceso a celebrarse fuera presidido por un juez del Tribunal de Distrito de otra región judicial y que, luego de resúltar convicto el aquí peticionario, igualmente ordenó que la apelación se tramitara y resolviera ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan.

Somos del criterio de que en todo proceso judicial, civil o criminal, en que se da la situación de que un juez del tribunal de primera instancia es o parte interesada o testigo esencial en el mismo, el magistrado que presida dicho proceso deberá ser uno que no pertenezca a la región judicial en la que se de-sempeña el juez que comparece como parte o testigo en el caso en particular. Como sabemos, la labor de adjudicar credibili-dad y responsabilidad es una sumamente difícil. No se debe situar a un juez en la aún más delicada y angustiosa posición de tener que hacerlo en relación con un compañero que com-parte día a día y hombro con hombro la gran responsabilidad de impartir justicia. En adición, la impresión u opinión que pueda recibir la otra parte —y el público en general— puede ser una que, no obstante ser equivocada, le hace un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción.

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No estamos conforme, por último, con la disposición que hace el Tribunal de ordenarle, en estos momentos, a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico que realice una inves-tigación sobre la conducta de los jueces y abogados envueltos en el incidente que dio lugar al presente recurso. Entiendo que, si es que la misma se justifica, ello debe esperar a que la decisión que recaiga en el caso que hoy devolvemos al foro de instancia advenga final y firme. Actuar en estos momentos podría afectar y coartar los derechos del peticionario.

      (1)E1 testigo de la defensa Lie. Miguel Valcourt atestó que el peticio-nario Miranda Marchand “se refería, obviamente, al Juez Hernández Torres, por una pregunta que yo le hice”. T.E., Vol. III, pág. 216. Por otro lado, el propio peticionario aceptó haber usado ese lenguaje. Sin embargo, su posición fue al efecto de que no tuvo la intención de dirigirla al magis-trado, sino que fueron promovidas en una “conversación privada, fraterna, de camaradería, de compañeros de una peregrinación angustiosa que ya nos estaba apremiando”. T.E., Vol. III, pág. 234.

      (2) En esa etapa ocurrió un incidente al que aludiremos más adelante.

        (3)“El Juez no debe celebrar entrevistas privadas con las partes o sus abogados, ni permitir comunicaciones o argumentos de los mismos que pre-tendan influir su actuación judicial en asuntos de su competencia o bajo su consideración cuando los otros intereses que puedan ser afectados no estén representados ante él, excepto en casos no contenciosos en los que deberá ser muy cauteloso.” (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, C. 15.

      (4)Este resultado hace innecesario pronunciarnos acerca del otro error señalado, a saber, que el peticionario no alteró la paz al Juez Hernández Torres porque sus palabras no le fueron hechas a éste directamente como se imputa en la denuncia, sino comunicadas a su compañero abogado, Miguel A. Valcourt.

      (5)Estos cánones expresan:

        “Canon 9. Conducta del abogado ante los tribunales

      “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.
      “El deber de respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa.” (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9.

        “Canon 38. Preservación del honor y dignidad de la profesión

        “El ahogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exal-tación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y dehe evitar hasta la apariencia de conducta profe-sional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá in-teresarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal participación conlleva necesaria-mente asumir posiciones que puedan resultarle personalmente desagrada-bles pero que redundan en beneficio de la profesión, tales como: denunciar valientemente, ante el foro correspondiente, todo tipo de conducta corrupta y deshonrosa de cualquier colega o funcionario judicial; aceptar sin vaci-laciones cualquier reclamación contra un compañero de profesión que haya perjudicado los intereses de un cliente; poner en conocimiento de las auto-ridades apropiadas todo acto delictivo o de perjurio que ante él se come-tiera; velar y luchar contra la admisión al ejercicio de la profesión de per-sonas que no reúnan las condiciones morales y éticas, así como de prepara-ción académica, que nuestra profesión presupone. Todo abogado debe estar convencido de las condiciones idóneas, morales y éticas de un aspirante al ejercicio de la profesión antes de recomendarle para su admisión al foro.

        “Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo ahogado, tanto en su vida privada como en el desem-peño de su profesión, dehe conducirse en forma digna y honorable. En ob-servancia de tal conducta, el abogado debe abstenerse en absoluto de acon-sejar y asesorar a sus clientes en otra forma que no sea el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial y a los organismos administrativos. De igual modo, no debe permitir a sus clientes, sin importar su poder o in-fluencia, llevar a cabo actos que tiendan a influenciar indebidamente a per-sonas que ejercen cargos públicos o puestos privados de confianza. Lo antes indicado no impide, naturalmente, que un abogado dé a sus clientes su opi-nión informada y honesta sobre la interpretación o validez de una ley, or-den o reglamento, que no ha sido, a su vez, interpretado o clarificado en sus disposiciones por un tribunal competente.
      “Todo abogado que abandone el servicio público debe rechazar cual-quier empleo o representación legal en aquellos casos particulares en rela-ción con los cuales haya emitido juicio profesional como funcionario pú-blico.” (Énfasis suplido.)

      (1) Asunto que no niega el Procurador General de Puerto Rico en el alegato que radicara en el presente recurso, limitándose a expresar que el mismo no tiene la importancia que le otorga el apelante.

      (2) Claro está, aun cuando no se dijo específicamente en Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492 (1962), no se trata de una duda en el vacío, sino de una apoyada y fundamentada en un incidente, o unos hechos específicos, que el acusado pueda demostrar a satisfacción del tribunal.