text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jacobo Reyes Acevedo, acusado y apelante.

      Número: CR-71-75

      Resuelto: 15 de mayo de 1972

      Rafael L. Ydrach Yordán, abogado del apelante ; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Acusado de los delitos de asesinato en primer grado y de la infracción al Art. 4 de la Ley de Armas, el apelante Reyes Acevedo fue convicto por unanimidad del jurado del delito de asesinato en segundo grado (33 L.P.R.A. see. 633), y por el juez sentenciador de la infracción a la Ley de Armas (25 L.P.R.A. see. 414). Fue sentenciado a cumplir de 10 a 20 años de presidio por la comisión del delito grave y un año de cárcel por el delito menos grave.

Debido a que el veredicto de no culpable fue omitido de entre los posibles veredictos que el juez de instancia instruyó al jurado que podía rendir, concluimos, por los fundamentos relacionados más adelante, que debe revocarse la sentencia y ordenarse un nuevo juicio.

Los hechos del caso, sintetizados, son los siguientes:

El apelante y otro individuo apellidado Figueroa Ramos estaban en la madrugada del 5 de junio de 1965 en un bar en Villa Prades cuando una de las jóvenes que trabajaba allí le pidió que la llevara a ella y a una compañera a su hogar, en Santurce. En contra de la voluntad de ellas, las llevaron por Cupey al Hotel “El Lago”, en el barrio San Antonio, de Caguas. Entraron ellas a un almacén allí a pedir un taxi. El dueño del hotel, Carlos Quiñones Estrada, les dijo que no podían permanecer en el almacén. Al salir una de ellas oyó a Figueroa Ramos discutir con Quiñones. Sintió un golpe. Vio al apelante salir de unas matas. La agarró por un brazo y le dijo a Figueroa “vente vamos.” Dejaron a la otra. Vio que el apelante portaba una cuchilla de hoja curva, como de seis pulgadas de largo “de esas que se cierran con el cabo de madera.” Tenía la mano izquierda ensangrentada. En el camino oyó al apelante decir “yo creo que lo maté.” Se detu-vieron en un negocio en Hato Rey donde el apelante tomó una cerveza y Figueroa Ramos un palo de ron. Ella tomó entonces un taxi y fue al Hotel Bolívar.

Roberto Rivera, empleado del Hotel “El Lago” testificó que durante la acalorada discusión entre Figueroa y Quiñones, éste, al gesticular con los brazos, accidentalmente le tumbó a Figueroa “una cerveza” que tenía en la mano. Luego de disculparse por ese hecho, Quiñones le buscó “otra cerveza” y mientras se la entregaba, el apelante “saltó, . . . sacó una cuchilla del bolsillo trasero del pantalón”, agarró a la víctima por el pelo y “le mandó un cuchillaso [stc] al cuello y entonces siguió mandándole cuchillasos [sic] al cuerpo y se fueron rodando por un precipicio que hay frente a la cantina.”; que seguidamente Figueroa Ramos le dijo al acusado “móntate rápido y nos vamos.” Quiñones tenía un revólver colocado en la cintura. Tenía licencia para portarlo.

Rafael Santiago Solá, el cantinero del hotel, testificó que el apelante y Figueroa llegaron al hotel con las dos jóvenes en una guagua comercial a eso de las cuatro de la mañana. El apelante pidió cuatro cervezas e indicó que deseaba alquilar dos cabañas. Una de las jóvenes se metió en la cantina pro-testando que no era mujer de la vida y que no iba a la cabaña. En esos momento llegó Quiñones, preguntó qué ocurría, y manifestó que “ellos no podían estar ahí porque ellos estaban en la misma entrada de la cantina.” El testigo sirvió las cuatro cervezas. Quiñones se quedó hablando con Figueroa. Luego vino a la cantina por otra cerveza para Figueroa. Des-pués vino Roberto Rivera y entre ellos dos recogieron el cuerpo de Quiñones y lo llevaron a una de las cabañas.

Según el patólogo, el cuerpo de Quiñones presentaba nueve heridas, una en el cuello de seis pulgadas. Otra penetró pro-fundamente y abordó el corazón a nivel del ventrículo izquierdo de la cuarta cavidad, produciéndole una gran hemo-rragia que le causó la muerte.

Los apuntamientos del apelante en apoyo de su apelación son los siguientes:

1. — Que el tribunal de instancia incidió al no dar y por el contrario, denegar, instrucciones sobre el delito de homicidio voluntario.

Arguye el apelante que hubo una discusión en términos acalorados y tono alto entre el apelante y Quiñones quien inició la discusión; que hubo forcejeo entre ellos; que los ánimos estaban exaltados debido a la bebida.

Como indica correctamente el Procurador “. . . para que la provocación reduzca el delito de asesinato a homicidio voluntario tiene que ser aquella de naturaleza tal que haga perder el dominio de sí mismo a un hombre de temperamento corriente obligándolo a actuar por el impulso producido por notable provocación, sin la debida reflexión y sin formar un determinado propósito. Pueblo v. Saltari, 53 D.P.R. 893, 909-910 (1938).”

La prueba demuestra que la discusión en cuestión se desarrollaba entre Quiñones y Figueroa Ramos. El apelante no participa en la misma aunque permanecía cerca de ambos. No pudo ser la discusión tan enojosa cuando al tumbarle “la cerveza” de la mano a Figueroa al gesticular en el calor de la discusión, Quiñones se disculpó y fue a la cantina y le trajo otra. No hubo provocación alguna de parte de Quiñones hacia el apelante que obligara a éste a actuar por impulso sin la debida reflexión y sin formar un determinado propósito.

No procedía, por lo tanto, que se instruyera al jurado sobre el delito de homicidio voluntario. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384, 395 (1970).

2. — Que el tribunal juzgador incidió en el enfoque y trata-miento dado a la defensa de locura.

3. — Que el veredicto del jurado es erróneo pues niega al acusado el beneficio de la duda razonable y descarta robusta prueba técnica de defensa que la es a su vez del propio tribunal.

Discutiremos conjuntamente estos apuntamientos por estar estrechamente relacionados entre sí.

Ordenado el examen siquiátrico del apelante a petición suya, con el fin de determinar si podía distinguir entre el bien y el mal a la fecha de la comisión de los delitos que se le imputaron, fue examinado por un panel de cuatro siquiatras en varias ocasiones, la primera vez más de cuatro meses después de los hechos que dieron lugar a las acusaciones en este caso. En su informe de 15 de noviembre de 1966 el panel concluyó que “lo más probable” era que a la fecha de la comi-sión de los delitos, el apelante “no pudiera distinguir entre el bien y el mal” por estar padeciendo de una reacción esqui-zofrénica de tipo paranoide de evolución crónica en remisión de síntoma cuando se le examinó por lo que también concluyó que era procesable. En 5 de diciembre de 1966 el tribunal a quo ordenó se enviase copia de este informe a la defensa y al fiscal.

A petición del fiscal, el acusado fue sometido a otro examen siquiátrico por el Dr. Ramón Señeriz. Se le negó a la defensa los nombres de los testigos de cargo que el fiscal se proponía utilizar para probar la sanidad mental del apelante. Nada hay en la ley que imponga al fiscal tal obligación. Tampoco procedía que se leyera el informe del panel de siquiatras al jurado ya que no había sido admitido en evidencia. Los peritos firmantes del informe estaban disponibles para la defensa y en efecto testificaron a pedido de ésta.

Se arguye que el propósito de que se leyera el referido informe era trasladar el peso de la prueba al fiscal en cuanto al estado mental del apelante y que al no permitirse su lectura al jurado, se colocó el peso de tal prueba en el apelante. En contrario, informa el Procurador correctamente, que:

“. . . Todas las personas son capaces de cometer crímenes. (Art. 39 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 85) ... se presume que el acusado estaba en su sano juicio en el momento en que co-metió el delito que se le imputó. En virtud de esa presunción el Ministerio Público no tiene que presentar prueba alguna para de-mostrar que el acusado estaba cuerdo en ese momento, mientras no se ofrezca y reciba evidencia que pueda producir una duda razonable sobre la cordura. Corresponde al acusado presentar esta evidencia si es que descansa en la incapacidad mental como defensa. Entonces no antes, es que el Ministerio Público está obligado a probar la sanidad mental al igual que cualquier otro hecho. Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46, 60-61 (1956); Pueblo v. Rivera Raquel, 95 D.P.R. 564 (1967); Molina v. Jefe Penitenciaría, 96 D.P.R. 191 (1968); Pueblo v. Tribunal Superior, [92 D.P.R. 116 (1965)]. El récord revela que el procedimiento se-guido en el tribunal sentenciador se ajustó a las exigencias de esta norma.” (Énfasis en el original.)

En apoyo de este apuntamiento arguye, además, el ape-lante que el tribunal juzgador incidió al no permitir que los siquiatras de la defensa hiciesen referencia al contenido de los informes médicos, clínicas e historial del paciente; que esta determinación privó al apelante “de llevar con más contun-dencia ante los señores del jurado la legitimidad de su insani-dad que data de años como lo atestiguan los récords de varias instituciones, entre otras el Hospital Walter Reed, de Washington.” No tiene razón.

Bajo la disposición del Art. 19 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 1662), al efecto de que un testigo sólo puede declarar sobre hechos que le constan personal y directamente, se permite al perito expresar su opinión, fundada en sus conocimientos especializados sobre la materia en controversia y que sea pertinente a la misma. Su opinión debe estar basada en sus conocimientos y observaciones propias o en testimonios prestados ante el tribunal por otros y en prueba documental, oída, o leída por él, y no en conocimiento obtenido de informes rendidos por otros fuera del tribunal pues en este caso la opinión se basaría en prueba de referencia.

Es doctrina establecida que cuando está en controversia el estado mental de un acusado, el perito médico no puede basar su opinión en informes y conclusiones de otras personas desconocidas por el jurado y no sostenidas por la prueba, o en informes de otros médicos, o récords de hospital, o en investigaciones de empleados del hospital, o en récords de la oficina del fiscal o en reseñas del juicio publicadas por la prensa, que no han sido admitidos en evidencia. City of Laurel v. Upton, 175 So.2d 621, 625 (Miss. 1965); Gillespie Land and Irrigation Co. v. González, 379 P.2d 135, 141 (Ariz. 1963); Baumhoer v. McLaughlin, 205 S.W.2d 274, 280 (Mo. App. 1947); State v. Gevrez, 148 P.2d 829, 831-832 (Ariz. 1944).

La prueba en cuanto al estado mental del apelante fue conflictiva. Los siquiatras de la defensa testificaron que lo más probable era que a la fecha de la comisión del delito el apelante no pudiera distinguir entre el bien y el mal. Estos peritos al examinar al apelante más de cuatro meses después de los hechos concluyeron que entonces no era procesable. No fue hasta después del 13 de septiembre de 1966, cuando a vir-tud de una orden del tribunal dictada en esta fecha, que el panel de siquiatras rindió su informe (de 15 de noviembre de 1966) al efecto de que lo más probable era que a la fecha de los hechos el apelante no podía distinguir entre el bien y el mal.

Por parte del ministerio público testificó el Dr. Señeriz que para poder determinar la sanidad de una persona en cierta fecha, había que examinarlo inmediatamente antes o después de dicha fecha por lo que él no podía opinar sobre esta cuestión ya que lo examinó más tarde. Véase, Molina v. Jefe Penitenciaría, 96 D.P.R. 191, 199 (1968). Pero el Dr. Juan Luis Mella, quien examinó al apelante tres días después de los hechos al ser ingresado como paciente en el Hato Rey Psychiatric Hospital (antes Clínica Juliá), dicta-minó que, aunque padecía una reacción esquizofrénica crónica, no diferenciada, severa, el apelante podía distinguir entre el bien y el mal en la fecha de los hechos. No obstante el largo e intenso contrainterrogatorio a que fue sometido, se reafirmó en dicha opinión.

Evidentemente el jurado al dirimir el conflicto en esta prueba pericial dio mayor peso probatorio al testimonio del Dr. Mella cuya evaluación sobre la cordura del apelante fue la más próxima a la fecha de la comisión del delito. Tal apreciación no es errónea en ausencia de una demostración de que al hacerla se actuó con prejuicio, pasión o parcialidad. Pueblo v. Pantoja Aguayo, 97 D.P.R. 236, 239, 240 (1969); Pueblo v. Rivera Raquel, 95 D.P.R. 564, 570 (1967); Pueblo v. Sánchez, 79 D.P.R. 116 (1956).

4. — Que incidió el tribunal de instancia al informar al jurado al finalizar sus instrucciones en que “Por el resultado de la prueba practicada en el curso de este juicio ustedes pueden llegar a uno de tres posibles veredictos, a saber: (1) No culpable por razón de locura; (2) Culpable de asesinato en primer grado; o, (3) Culpable de asesinato en segundo grado.”; que erróneamente, como última instrucción al jurado, les informó que “Resumiendo, tienen ustedes tres posibilidades de veredictos. . . .” indicándoles que estos tres posibles veredictos eran, culpable de asesinato en primer grado, culpable de asesinato en segundo grado, o, no culpable por razón de locura; que debió instruir al jurado que podía “declarar” al apelante no culpable del delito que se le imputaba independien-temente de la defensa de locura. La instrucción en cuestión no fue oportunamente objetada, ni se solicitó entonces una instrucción adicional al efecto de que. otro posible veredicto era el general de no culpable, no obstante haber inquirido el tribunal si la defensa tenía alguna otra excepción a las instrucciones en adición a las tres que sugirió el apelante (entre las cuales no se incluyó ésta que se refiere a los tres posibles veredictos) y que se consideraron por el tribunal quien informó que las denegaba por distintas razones.

En vista de que no se objetó la referida instrucción oportu-namente, como lo requiere la Regla Núm. 137 de las de Pro-cedimiento Criminal, debemos resolver, no obstante, si el dar la instrucción en cuestión constituyó un error fundamental. Véase, Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966).

Los hechos ocurrieron en 5 de junio de 1965. En el acto de la lectura de la acusación la representación legal del apelante solicitó 15 días para hacer alegación y solicitó que el apelante fuese sometido a un examen siquiátrico para determinar “Si a la fecha en que se alega cometió los hechos que se le imputan en la acusación podía distinguir entre el bien y el mal.”

Sometido a examen siquiátrico, el panel de siquiatras informó en 28 de octubre de 1965 que estaba incapacitado para ser sometido a un proceso. Fue ingresado en el hospital de siquiatría en Río Piedras. En 16 de junio de 1966 el panel lo encontró en condiciones mentales de ser procesado. En 13 de julio de 1966 fue puesto en libertad bajo fianza. En 15 de noviembre de 1966 el panel rindió el informe de que el ape-lante no podía distinguir entre el bien y el mal en la fecha de los hechos del delito. Señalado el caso para juicio en 13 de marzo de 1967, el apelante notificó al tribunal de instancia y al fiscal que “intenta establecer en juicio — entre otras — la defensa de incapacidad mental en el momento de la alegada comisión de los delitos imputádosle.”

En el acto del juicio y una vez seleccionado el jurado y leída la acusación, a preguntas del juez sentenciador, la defensa hizo alegación de inocencia. Al terminar el fiscal de pasar su prueba, la representación legal del apelante declaró que “de acuerdo con la teoría de la defensa es que de haber el señor acusado, Jacobo Reyes Acevedo, cometido algo de alguna naturaleza, fuera la que fuera, en la ocasión en que se le imputa la acusación por el ministerio fiscal, lo hizo estando mentalmente incapacitado, sin poder distinguir entre el bien y el mal. Sin saber lo que hacía, sin estar cuerdo, sin ser res-ponsable de sus actos y estando loco.”

Antes de la impugnada instrucción sobre los tres veredic-tos indicados, el tribunal de instancia instruyó al jurado que:

“Hon. Juez:
De lo anterior, es claro que en todo asesinato, sea de primero o segundo grado, tiene que probarse, fuera de duda razonable, que
(1) se dió muerte ilegalmente a un ser humano.
(2) que ese acto se cometió con malicia premeditada.
Ninguna persona podrá ser convicta de asesinato, a menos que la muerte de la persona que se alegare haber sido muerta, y la causa que produjo la muerte, resultaren probados como actos independientes, el hecho de la muerte en sí, por medio de pruebas directas; la causa de la muerte, por medio de pruebas que no de-jen lugar a duda razonable.
El primer deber del Jurado es determinar cuidadosamente, oídos los testimonios de los testigos, si las circunstancias inculpa-torias de las cuales pueda inferirse la culpabilidad, resultan pro-bados fuera de toda duda razonable ... El problema es si la evi-dencia, bien sea circunstancial o directa, establece la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable. La culpabilidad del acusado debe probarse fuera de toda duda razonable. Y cuando existe esa duda razonable, debe absolverse al acusado. Duda razonable no es meramente una duda posible. Existe duda razonable cuando después de un cuidadoso examen, análisis y comparación de toda la prueba, queda el ánimo de los Jurados en tal situación que no puedan decidir si tienen una firme convicción o certeza real res-pecto a la verdad de los hechos envueltos en la acusación. . . . En los casos criminales la ley presume que el acusado es inocente, hasta tanto se le prueba lo contrario de modo satisfactorio y por evidencia competente. Esta presunción de inocencia acompaña al acusado durante el juicio y el Jurado debe tenerlo presente tam-bién al deliberar. ... el Fiscal está en la obligación de establecer su culpabilidad más allá de una duda razonable . . . .”

En Commonwealth v. Edwards, 147 A.2d 313 (Pa. 1959), a la acusación de asesinato se adujo la defensa de insanidad. El acusado fue convicto de asesinato en primer grado. Se instruyó al jurado que si encontraba probada la defensa de insanidad debía rendir un veredicto de no culpable; que si creía que esa defensa no se había probado por una justa preponderancia de la prueba, entonces tenía el jurado que fijar el grado del delito mediante veredicto de culpable de asesinato en primer grado o en segundo grado o de homicidio voluntario. Les instruyó que podían traer “uno y solo uno” de cinco veredictos que les enumeró, uno de los cuales era el de no culpable debido a insanidad. No incluyó el simple veredicto de no culpable. El acusado admitió en tres ocasiones distintas, haber matado a la víctima: primero, a un detective a quien relató los detalles del crimen, luego, en una confesión escrita, y, después, desde la silla de testigos cuando testificó que planeó matar a la víctima y cómo lo hizo en todos sus detalles.

Sin embargo, una mayoría del Tribunal Supremo de Pennsylvania concluyó que el omitir una instrucción sobre un veredicto de no culpable constituyó un error fundamental que requería la revocación de la sentencia y un nuevo juicio.

Contestando el argumento de que es ridículo exigir una instrucción sobre presunción de inocencia cuando el acusado ha admitido las circunstancias del delito, el tribunal, en Edwards, supra, a la pág. 314, dijo que:

“La historia ha demostrado que ha habido muchos llamados casos ridículos en que personas inocentes han sido acusadas de delito y a menudo injustamente convictas.”

Añadió que:

“Pero debe, a pesar de eso, dejarse al jurado el decidir si un asesino confeso tuvo o no tuvo justificación o excusa para lo que hizo .... La presunción de inocencia no es meramente una figura de papier-maché para ser mostrada dramáticamente en el tribunal; es una realidad sin la cual los juicios son meras actua-ciones teatrales en que el veredicto se encuentra en el bolsillo del juez antes de tomarse juramento al jurado.Permitir, sin que se corrija, una notoria omisión en las instrucciones del juez significaría que en juicios posteriores donde la evidencia para sostener la convicción no sea tan preponderante, como la conside-ra el fiscal y el tribunal de instancia en este caso, una omisión similar no podría objetarse ya que se citaría este caso como prece-dente. ... La ley de Estado coloca en manos del jurado la respon-sabilidad exclusiva de decidir sobre la culpabilidad y el tribunal no debe restringir las posibles conclusiones del jurado a un nú-mero que excluye la muy importante alternativa de no culpable. De lo contrario, la ley estaría autorizando al tribunal de instan-cia a dar instrucciones obligatorias a favor del Estado, lo que es no solo ‘irreflexivo’ sino también ‘inconcebible’.”

Aunque en Edwards, supra, a la página 6 de sus extensas instrucciones, el tribunal dio una al efecto de que el Estado debe probar la culpabilidad más allá de duda razonable y que nunca puede haber convicción a menos que la culpabilidad se pruebe hasta ese extremo y que de no probarse así, el veredicto debe ser de no culpable, en la página 64 aparece la instruc-ción impugnada. Además, el tribunal enumeró al jurado los cinco posibles veredictos entre los cuales no aparece el de no culpable. De ahí que el tribunal dijera, a la página 318, que “El jurado sólo podía considerar con gran alivio las palabras finales del tribunal que les instruyó con la mayor claridad, lo que debía de hacer. Lo que dijo antes se fundió en esta directriz absoluta. El juez mismo prácticamente invalidó lo que había dicho antes sobre un posible veredicto de no culpable.”

La opinión disidente en Edwards, supra, se basa en que las instrucciones deben considerarse en conjunto y no debe revo-carse una convicción a base de partes aisladas de las instruc-ciones; que el acusado había admitido que mató a la víctima deliberada y voluntariamente y su única excusa y defensa era la locura.

En Braley v. Gladden, 403 F.2d 858 (9th Cir. 1968), al revocar la orden del tribunal federal de distrito que desestimó el recurso de habeas corpus, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito Federal ordenó que se retuviese sin tramitar el recurso con el fin de dar una oportunidad al Estado de conceder un nuevo juicio al acusado.

Acusado Braley en este caso de asesinato en primer grado, en el juicio en el tribunal estatal aquél no negó el asesinato. Insistió, en su defensa, que en el momento de los hechos estaba completamente ebrio y, en la alternativa, que estaba legal-mente loco. El juez sentenciador no instruyó al jurado que diez de ellos podían rendir un veredicto de no culpable. Les instruyó sobre el peso de la prueba del fiscal, la presunción de inocencia y sobre los veredictos de culpable de los distintos posibles grados del delito.

El Tribunal Federal de Apelaciones, citando con aproba-ción a Edwards, supra, dijo:

“Todos reconocemos la influencia profunda del juez sentencia-dor sobre el jurado. . . . Por lo tanto la inadvertencia en no suministrarle el formulario de veredicto de no culpable junto con los formularios contrarios constituyó, en efecto, un comentario severamente adverso del tribunal, una insinuación impermisible-mente grave de una actitud judicial hacia la cuestión de culpa-bilidad o inocencia. Por lo tanto, concluimos que la influencia ejercida por el juez sentenciador, aunque no intencional, y proba-blemente como resultado de una inadvertencia del secretario, fue tan significativamente irregular que requiere un nuevo juicio.” Véase, People v. Way, 177 N.W.2d 729 (Mich. 1970).

Lo significativo del caso ante nos es que, no obstante las instrucciones correctas, la última instrucción que se da al jurado, por vía de Resumen de todo lo previamente informado es que sólo podían rendir uno de tres veredictos entre los cuales se incluyó el de no culpable por razón de locura y no se incluyó el veredicto simple de no culpable. Esta última instrucción en efecto invalidó las anteriores que eran inconsis-tentes con ésta. Constituyó una directriz al jurado de que si no podía concluir que al momento de realizar los hechos del delito el apelante no podía distinguir entre el bien y el mal, necesariamente debía rendir un veredicto de culpabilidad en uno de los dos grados del delito de asesinato. Esta instrucción tenía el efecto de negarle al jurado la facultad que tiene, y que no puede restringírsele, limitársele o negársele en forma alguna, de apreciar toda la prueba y no creer la prueba de cargo y, en tal virtud, de rendir un veredicto de no culpable. Concluimos, por lo tanto, que la referida última instrucción al jurado lesionó derechos fundamentales del apelante.

En vista de lo que acabamos de exponer, se revocará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en 9 de junio de 1967, y se devuelve el caso a dicho tribunal para celebración de nuevo juicio.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino. El Juez Asociado, Señor Dávila, concurre en el resultado.

         Véanse, además, State v. Layton, 14 A.2d 771, 773 (N.J. 1940)—affirmed 21 A.2d 732; People v. Keough, 11 N.E.2d 570, 572 (N.Y. 1937); Ingles v. People, 6 P.2d 455, 458-459 (Colo. 1931).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

license: Public Domain

text:
    Cornelio A. Morales, demandante y recurrente, v. Luis Lizarribar y Employers Commercial Union Insurance Company, demandados y recurridos.

      Número: R-70-357

      Resuelto: 18 de mayo de 1972

      Benicio Sánchez Castaño, Felipe Benicio Sánchez Rivera, Benicio Sánchez. Rivera, abogados de los recurrentes; Rieekehoff, Calderón, Vargas & Arroyo, abogados de los recurridos; Jorge J. Oppenheimer Méndez, Elba Canales de Mattini y Edwin A. Hernández Rodríguez, abogados del amicus curiae, Adminis-tración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

En 1968 nuestra Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. Uno de los problemas más serios que padece la sociedad puertorriqueña es la alta incidencia de accidentes de vehículos de motor que ocurren en el país anualmente: 59,556 en el 1969-70, según Informe Anual de la Policía de Puerto Rico. La densidad poblacional es una de las más altas del mundo. Por carecer de otros medios, el movimiento interno de personas y productos se realiza casi exclusivamente mediante el uso de automóviles, camiones y autobuses. La congestión del tránsito vehicular es una experiencia que vivimos a diario. En su informe sobre “Transportación”, sometido al Hon. Gobernador de Puerto Rico en 2 de junio de 1970 por el Consejo Asesor Para el Desarrollo de Programas Gubernamentales, se pronostica que para el 1986 los viajes por carreteras totalicen 8.1 billones de millas vehiculares, casi el doble de los 4.3 billones para 1967.

La magnitud de los accidentes de tránsito debido a estos y a otros factores es una triste realidad, haciéndose más difícil, lento y costoso cada día lograr un alivio en términos de resar-cimiento económico por la pérdida de vidas, lesiones per-sonales, el dolor y sufrimiento humano de la víctima y sus familiares mediante la utilización del tradicional mecanismo de la vía judicial. Durante el año 1968-69 murieron 571 per-sonas y se lesionaron 23,110 en accidentes de tránsito. Se puede afirmar que un número sustancial de los vehículos envueltos no estaban cubiertos por seguro. De acuerdo con los datos suministrados por la Oficina del Comisionado de Segu-ros, para el año 1969 sólo 97,000 vehículos comerciales y privados estaban asegurados. Para ese año había 538,000 vehículos de motor registrados en la Isla. Con frecuencia, las personas causantes de accidentes carecen de los medios econó-micos para responder, por lo que para un gran número de las víctimas su derecho a ser indemnizados resulta ilusorio. Aun cuando hay solvencia, el proceso judicial contra el causante para obtener alguna compensación resulta largo y costoso en la mayoría de los casos.

La Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, es un esfuerzo de nuestra Asamblea Legislativa para buscarle alivio a esa triste realidad. En el Informe de la Comisión Conjunta de la Cámara de Representantes que propuso el P. de la C. 874 que luego se convirtió en la Ley Núm. 138 se dice:

“Como resultado del aumento en la incidencia de los acci-dentes, el número de víctimas de accidentes de tránsito ha ido aumentando anualmente en Puerto Rico a un ritmo que constituye un motivo de grave preocupación para nuestra sociedad. Aun cuando estas víctimas tienen el recurso legal de demandar al causante del daño, éste con frecuencia no cuenta con medios eco-nómicos para responder. Esto es muy común en Puerto Rico donde la mayor parte de los conductores son insolventes o no están asegurados.

Por otra parte, el procedimiento legal que hay que seguir para la obtención de resarcimiento es uno largo y costoso en el cual la víctima tarda a veces años en conseguir, si prueba la negli-gencia del demandado, una sentencia a su favor. Después de con-seguida esta sentencia, queda aún por delante la ardua y muchas veces estéril tarea de cobrar la misma a una persona insolvente y no asegurada.

Este cuadro, que ya tiene categoría de problema social, es el trasfondo sobre el cual se ha esbozado la medida objeto de nuestra consideración.” 22 Diario de Sesiones 1042 (1968).

El presente recurso envuelve uno de los aspectos más debatidos de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles: la disposición contenida en su See. 8 (9 L.P.R.A. see. 2058) que le concede a los demandados en acciones judi-ciales de daños y perjuicios resultantes de accidentes de auto-móviles una deducción de $1,000.00 por concepto de sufri-mientos físicos y mentales de la víctima.

No existe controversia en cuanto a los hechos. Se trata de una acción iniciada por el recurrente contra el recurrido y su compañía aseguradora por daños físicos y sufrimientos men-tales que alegó haber sufrido al ser golpeado el 3 de abril de 1970 por un automóvil que manejaba el recurrido. Los de-mandados admitieron la alegación de negligencia contenida en la demanda. Según estipulación de las partes, el demandante sufrió “hematomas, contusiones y abrasiones en el cuerpo y sufrimientos físicos y mentales.” Estos daños fueron valo-rados, por estipulación de las partes, en la suma de $1,500.00. Se estipuló además la vigencia de una póliza de seguro expe-dida por la otra demandada que cubría el riesgo de accidentes como el alegado, sujeta dicha póliza a la condición según la cual la cubierta no alcanza a los accidentes automovilísticos ocurridos en Puerto Rico, a menos que los daños excedan de $1,000.00 por concepto de sufrimientos físicos y mentales y $2,000.00 por otros daños, si la persona causante del daño está exenta de responsabilidad legal por la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles de Puerto Rico.

El tribunal de instancia, apoyado en la estipulación de hechos y lo dispuesto en la See. 8 (3) (b) de la Ley Núm. 138, resolvió que los demandados tenían derecho a la deducción de $1,000.00 por concepto de sufrimientos físicos y mentales con-cedida en dicha ley, y dictó sentencia condenando a los deman-dados a pagarle al demandante el exceso de $500.00.

Sostiene el recurrente que, contrario a lo resuelto por el Tribunal Superior, la Ley Núm. 138 no le concede al causante del accidente tal exención, pero que, aun cuando ésta existiese, la misma le sería de beneficio únicamente a la persona cau-sante del accidente y no a la compañía aseguradora, la cual no puede beneficiarse de las defensas personales de su asegu-rado. Sostiene que en todo caso la ley resultaría inconstitu-cional, de entenderse que concede tal exención al causante del accidente, por privarle a la víctima de su propiedad sin debido procedimiento de ley.

I

¿Concede la Ley Núm. 138 la deducción de $1,000.00 que reclaman los demandados? De las leyes recientes en distintos estados que como la Ley Núm. 138 han tratado de reformar el régimen de compensación por accidentes automovilísticos, hay varias que contienen limitaciones al derecho a indemnización por sufrimientos físicos y mentales: General Laws of Massachusetts, chapter 231, section 6D; Florida: West’s Fla. Session Law Service, chapter 71-252, sec. 8; Illinois Insurance Code, Art. XXXV, sec. 608. También se encuentra este tipo de limitación en muchos planes de los que han surgido en años recientes como modelos para ese tipo de reforma: Plan Kee-ton-O’Connell, Proyecto Hart-Magnuson en el Congreso, Plan de la American Insurance Association, Plan de la National Association of Independent Insurers, Plan de la American Mutual Insurance Alliance, Plan del New York State Insurance Department, Plan Cotter, Plan Woodroof-Squillante, Plan de la Connecticut Association of Independént Insurance Agents, Plan Gordon. La mayoría de estas propuestas limi-tan el derecho a recuperar en tort los sufrimientos en un grado mayor que la Ley Núm. 138.

La See. 8 de la Ley Núm. 138, 9 L.P.R.A. 2058, dispone lo siguiente:

“(1) Los beneficios que provee este Capítulo por concepto de lesiones sufridas en accidentes de automóviles ocurridos en el Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico se pagarán, hasta los límites indicados en esta sección, en sustitución de las sumas que de otro modo tendría derecho a reclamar la víctima al amparo del princi-pio de responsabilidad a base de negligencia, relevándose a la parte responsable del pago de toda reclamación hasta dichos lí-mites o hasta el importe de los beneficios cobrados por la víctima y sus beneficiarios, de los dos el que resulte mayor.
(2) Se eximirá de la aplicación del principio de responsabili-dad a base de negligencia a toda persona que sea responsable, en virtud de un acto negligente de su parte, por daños o lesiones por los cuales se proveen beneficios bajo este Capítulo. Dicha exen-ción no aplicará en aquellos casos en que la pérdida recobrable por la víctima en virtud de las lesiones sufridas exceda de:
(a) la cantidad de $1,000 por sufrimientos físicos y men-tales incluyendo dolor, humillación y daños similares, y de
(b) la suma de $2,000 por concepto de otros daños o pér-didas no incluidas en (a).
(3) Toda persona a quien un tribunal declare en una acción civil relacionada con la posesión, mantenimiento, u operación de un vehículo de motor culpable de haber causado por negligencia lesiones por las cuales la víctima tenga derecho a recibir benefi-cios o servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización bajo este Capítulo, tendrá derecho a una reducción en la sentencia impues-ta por el tribunal hasta la cantidad indicada en esta sección.
(a) En cada caso en que aplique esta sección el Tribunal deberá indicar separadamente el importe de la indemnización otorgada por daños debido a dolor y sufrimientos físicos y men-tales y el importe de la indemnización otorgada por otras pérdi-das.
(b) La reducción aplicable a daños por sufrimientos físi-cos y mentales será de $1,000.
(c) La reducción aplicable a daños y pérdidas por causas que no sean sufrimientos físicos y mentales será la suma de $2,000 o el importe de los beneficios totales pagados por la Ad-ministración, si dicho importe fuera mayor de $2,000.
(d) La indemnización que un tribunal otorgue a los sobre-vivientes de la víctima por concepto de los daños morales sufridos por éstos por razón de la muerte de dicha víctima, se reducirá por una suma igual al importe de los beneficios que la víctima y sus beneficiarios hayan recibido de la Administración.
(e) Si la responsabilidad por los daños causados recae so-bre dos o más personas, las reducciones que provee esta sección se deducirán sólo una vez. Las mismas se restarán de la senten-cia total a pagarse por todos [sic] las partes. El tribunal deter-minará el importe de la reducción que aplicará a cada una de dichas partes.
(f) Las disposiciones de esta sección serán aplicables a las sentencias dictadas en reclamaciones promovidas en relación con accidentes ocurridos a partir del 1 de julio de 1969.”

La parte recurrente argumenta que la redacción del pre-cepto transcrito necesariamente implica que la aplicación de los límites señalados en la See. 8 está condicionada a que la Ley provea beneficios a favor de la víctima o sus beneficiarios. En otras palabras que el causante del accidente sólo podrá acogerse a las deducciones cuando la propia ley conceda bene-ficios por la partida que se desea deducir. Esto se desprende, alega el recurrente, de aquella parte de la See. 8 que dice:

“Los beneficios que provee este Capítulo ... se pagarán, hasta los límites indicados en esta sección, en sustitución de las sumas que de otro modo tendría derecho a reclamar la víctima al am-paro del principio de responsabilidad a base de negligencia . . .” (Énfasis suplido.)

No estamos de acuerdo. La See. 4 de la Ley (9 L.P.R.A. see. 2054) enumera los beneficios que se proveen a las víctimas de accidentes de tránsito. Incluye servicios médico-hospitalarios y pagos por incapacidad, por muerte y por desmembramiento. La Ley no contempla compensación por sufrimientos físicos y mentales. Por otro lado, la See. 8 establece un relevo de responsabilidad por negligencia a favor del causante del accidente por los conceptos y límites que allí se indican a manera de deducciones: (1) sufrimientos físicos y mentales, $1,000.00 y (2) otros daños y pérdidas, $2,000.00, ó el importe de los beneficios totales pagados por la Administración si dicho importe fuera mayor de $2,000.00.

La deducción de $1,000.00 por sufrimientos mentales no está condicionada meramente al caso de aquellas víctimas de accidentes que hayan recibido los beneficios que provee la ley, sino que se extiende a aquellas que aunque no se hayan acogi-do ni recibido los beneficios del sistema “ [t] enga derecho a recibir beneficios o servicios médico-quirúrgicos y de hospita-lización. . . .” bajo el mismo. En el caso que consideramos, la víctima, aquí recurrente, sufrió “hematomas, contusiones y abrasiones en el cuerpo” como consecuencia de un accidente de automóviles. Como tal, pudo haber reclamado de la Adminis-tración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles los servicios médicos, de hospitalización y otros beneficios que ofrece la Ley. 9 L.P.R.A. see. 2054 (5).

Resolvemos que la exención de $1,000.00 por concepto de sufrimientos mentales de la víctima de un accidente de automóviles es una automática que beneficia al causante del accidente. Fue correcta la determinación del tribunal sentenciador en ese sentido. En verdad el trasfondo histórico y legislativo de esta legislación lo confirma. En el Informe de la Comisión Conjunta de la Cámara de Representantes que propuso el P. de la C. 874 que luego se convirtió en la Ley Núm. 138 se dice:

“B. El P. de la C. 874 contempla el pago de los beneficios que en el mismo se proveen, y hasta sus límites, como sumas pagadas en sustitución de las que de otro modo la víctima tendría derecho a reclamar bajo el principio de responsabilidad por culpa o negli-gencia.
Por tal razón, un aspecto sobresaliente del plan es la disposi-ción por medio de la cual se exime de responsabilidad al causante del daño, haya o no incurrido el mismo en negligencia por la can-tidad de $1,000 por concepto de sufrimientos mentales, morales y humillación y hasta la cantidad de $2,000 por concepto de otros daños. Para que este aspecto del programa cobre vigencia, el Comisionado de Seguros deberá tomar las providencias que sean necesarias para que los aseguradores privados ofrezcan al público seguros con cubiertas en exceso de estos límites.
Esta disposición, sin embargo, no excluye en forma alguna el derecho de la víctima o de sus beneficiarios a reclamar por la vía judicial y a base del principio de responsabilidad por culpa o negligencia. Sólo reduce, por las cantidades antes señaladas, o el importe de los beneficios pagados por la Administración por otros daños que no sean sufrimientos, si resultaren en una cantidad mayor, las sentencias que en su día imponga un tribunal por con-cepto de indemnización. El exceso corresponderá, como hasta el presente ha correspondido, a la víctima y sus beneficiarios recla-mantes.
Esta limitación en el derecho a demandas por daños está am-pliamente compensada por los beneficios que ofrece la medida. Estos beneficios, por no depender de una determinación previa de responsabilidad, ni de la solvencia del responsable, podrán llegar a la víctima y a los que de él dependen, a tiempo para evitar que el accidente produzca un serio problema económico en la familia.” Diario de Sesiones, lugar citado, supra.

HH V-H

¿Se extiende la deducción reclamada a la compañía asegu-radora del causante del accidente? El recurrente arguye que la deducción se establece a favor del causante inmediato del ac-cidente, del que haya incurrido en negligencia y que sea una persona natural. Descansa en la See. 8 de la Ley, 9 L.P.R.A. see. 2058, especialmente en aquella parte del inciso (2) que dice: “Se eximirá de la aplicación del principio de responsa-bilidad a base de negligencia a toda persona que sea responsa-ble, en virtud de un acto negligente de su parte, por daños o lesiones por las cuales se provean beneficios bajo este Capítulo . ...” y aquella parte del inciso (3) que dice: “Toda persona a quien un tribunal declare en una acción civil relacionada con la posesión, mantenimiento, u operación de un vehículo de motor culpable de haber causado por negligencia lesiones . . . tendrá derecho a una reducción en la sentencia ...” (Énfasis suplido.)

Sostiene que la deducción no podría beneficiar a la com-pañía aseguradora, ya que en jurisdicciones como la nuestra que permiten una acción directa contra la aseguradora dis-tinta y separada de la acción contra el asegurado, la compañía está impedida de interponer defensas personales o privativas del asegurado. Cita los casos de Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175 (1968); Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472 (1967); Cuchi Coll v. Gobierno de la Capital, 93 D.P.R. 734 (1966); García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965).

El apuntamiento es inmeritorio. La deducción de $1,000.00 por sufrimientos mentales de la víctima es aplicable no sólo a la persona natural que opera el vehículo de motor y ocasiona el accidente y daños a la víctima, sino también a la parte natural o jurídica que a base de alguna relación con aquella se le pueda atribuir la responsabilidad del pago de los daños sufri-dos por la víctima. Eso se desprende de la letra del inciso (1) de la See. 8 de la Ley que al conferir la deducción o relevo se refiere “a la parte responsable del pago”, sin que deba in-ferirse que la deducción no abarca a la compañía aseguradora.

Ello, unido al historial legislativo de la medida, indica que la intención fue que la deducción se extendiese a la aseguradora. Refiriéndose a esta sección, señala el Informe de la Comisión Conjunta que propuso el P. de la C. 874:

“Para que este aspecto del programa cobre vigencia, el Comi-sionado de Seguros deberá tomar las providencias que sean nece-sarias para que los aseguradores privados ofrezcan al público se-guros con cubiertas en exceso de estos límites.”

En virtud de esta recomendación, el Comisionado de Segu-ros aprobó, efectivo el 1ro. de enero de 1970, un endoso que fue incorporado en todas las pólizas de automóviles, incluyen-do la póliza envuelta en el presente pleito, que en lo perti-nente lee así:

“Endoso Enmendatorio — Puerto Rico
Se acuerda que:
1. El seguro provisto bajo cualquier cubierta de lesiones cor-porales de esta póliza no aplica a ningún accidente que ocurra en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y que surja como con-secuencia de la propiedad, mantenimiento o uso, incluyendo la carga y descarga, de cualquier vehículo de motor, a menos que la cantidad recobrable por concepto de daños corporales sufridos por las persona por daño corporal, enfermedad o muerte como resultado del mismo exceda (a) $1,000 por sufrimientos físicos y mentales (incluyendo dolor, humillación y daños similares) y (b) $2,000 por concepto de otros daños o pérdidas no incluidas en (a), pero esta limitación será aplicable solamente en tanto en cuanto la persona u organización responsable por tales daños, esté exen-ta de responsabilidad legal con respecto a ello por virtud de la ‘Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles’ de Puerto Rico.”

Resulta, pues, claro que el contrato de seguro contiene la deducción en controversia. La deducción forma parte de las condiciones y cubierta del seguro. Si no fuera así, la asegura-dora estaría cubriendo y cobrando primas por un riesgo o daño al que su asegurado no está expuesto, lo que violaría la See. 11.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1102 (Objetos asegurables), que dispone, en parte:

Sujeto a las disposiciones de este título, un contrato de se-guro podrá hacerse con respecto a cualquier objeto y los riesgos en el mismo expresados, en cuanto a los cuales existe la posibili-dad de damnificación e interés asegurable, . . . .”

Los casos relativos a las defensas que no puede levantar el asegurador y que cita la parte recurrente en su memorando no son aplicables. Estos casos constituyen autoridad para la norma de que el asegurador está severamente restringido en esta jurisdicción, en virtud de las disposiciones del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. 2001-2004, autorizando acciones direc-tas contra el asegurador, de interponer defensas técnicas o personales del asegurado. Pero estos mismos casos aclaran que en forma alguna quiere esto decir que el asegurador asume una responsabilidad absoluta. García v. Northern Assurance Co. (supra, a la pág. 255). Su responsabilidad, dice la ley de seguros (26 L.P.R.A. 2003), . . no excederá de aquella dis-puesta en la póliza.”

I — I hH HH

El ultimo apuntamiento del recurrente es un superficial ataque a la See. 8 de la Ley. Alega que de interpretarse que tanto la persona responsable del accidente como.su compañía aseguradora gozan de una exención de $1,000.00 por concepto de los sufrimientos mentales de la víctima la See. 8 sería in-constitucional ya que se le estaría privando, por fíat legis-lativo, a las miles de personas que todos los años sufren en Puerto Rico las consecuencias de un accidente automovilístico de su derecho a recobrar del causante o de la compañía asegu-radora de éste el valor total de los daños que se le ocasionaron. De ello inferimos que el recurrente se ampara en la disposi-ción de nuestra Constitución referente a la privación de pro-piedad sin debido procedimiento de ley.

Su posición es sumamente frágil. Basta leer la breve ex-posición del propósito de la Asamblea Legislativa para darse cuenta del legítimo interés público que tuvo en mente al adop-tar esta medida. En el Informe de la Comisión Conjunta que propuso el proyecto que luego se convirtió en la Ley Núm. 138 se dice:

“Alcance.de la Medida
1 — Introducción
El P. de la C. 874 tiene el propósito de establecer un sistema de seguro y compensación por accidentes de tránsito y crear una instrumentalidad pública para administrar el sistema, que se conocerá como ‘Administración de Compensaciones por Acciden-tes de Automóviles’.
La medida fue propuesta tomando como base un estudio reali-zado por el Dr. Juan B. Aponte para la Asamblea Legislativa, por encomienda del Negociado de Presupuesto y a virtud de lo dispuesto en la Resolución Conjunta núm. 105 de 27 de junio de 1964.
El objetivo que animó a la Asamblea Legislativa en la apro-bación de la R.C. núm. 105 fue el de buscar una solución al cada día más creciente problema de las víctimas de accidentes de trán-sito que, dentro del sistema actual de compensación fundado en el concepto de negligencia, no reciben compensación alguna por las lesiones sufridas.
En adición a los sufrimientos que producen las lesiones cor-porales, que en muchos casos resultan en la pérdida de las fun-ciones de extremidades y órganos vitales y a veces en la pérdida de la vida, los accidentes de tránsito tienen un gran impacto eco-nómico y moral adverso sobre la víctima y los miembros de la familia. En términos generales mientras mayor sea el número de dependientes y menor la edad de éstos, más grave será el im-pacto económico en caso de la muerte o incapacidad del jefe de la familia. En el caso de dependientes adultos, el impacto eco-nómico será más grave en la medida en que el grado de dependen-cia de éstos sea mayor. El impacto moral no puede medirse. En uno u otro caso, el desvalimiento de la familia puede llegar a ser total.
Como resultado del aumento en la incidencia de los acciden-tes, el número de víctimas de accidentes de tránsito ha ido aumen-tando anualmente en' Puerto Rico a un ritmo que constituye un motivo de grave preocupación para nuestra sociedad. Aun cuando estas víctimas tienen el recurso legal de demandar al causante del daño, éste con frecuencia no cuenta con medios económicos para responder. Esto es muy común en Puerto Rico donde la mayor parte de los conductores son insolventes o no están asegurados.
Por otra parte, el procedimiento legal que hay que seguir para la obtención de resarcimiento es uno largo y costoso en el cual la víctima tarda a veces años en conseguir, si prueba la negligen-cia del demandado, una sentencia a su favor. Después de conse-guida esta sentencia, queda aún por delante la ardua y muchas veces estéril tarea de cobrar la misma a una persona insolvente y no asegurada.
Este cuadro, que ya tiene categoría de problema social, es el trasfondo sobre el cual se ha esbozado la medida objeto de nues-tra consideración.” (Diario de Sesiones, Vol. 42, pág. 1041).

La doctrina moderna con referencia a la privación de la propiedad sin debido procedimiento de ley es que las cortes no entrarán en consideraciones sobre la sabiduría de las medidas legislativas, sino que sostendrán su constitucionalidad a menos que no tengan un propósito público legítimo, o sean claramente arbitrarias, o que no guarden una relación razonable con el propósito público que persiguen. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966); E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967), apelación denegada, 393 U.S. 14 (1968); reconsideración denegada, 393 U.S. 971 (1968).

La See. 8 es sólo una pieza dentro del plan global concebido por la Asamblea Legislativa en la Ley Núm. 138 en un es-fuerzo de procurar que un gran número de las víctimas de ac-cidentes de automóviles se les garantizara ciertos servicios médicos y, en algunos casos, compensación por lesiones que de otro modo, ya por la incapacidad económica del causante o por no satisfacer las condiciones previas exigidas a una determi-nación de responsabilidad por la vía judicial tramitada en la forma tradicional, no lograría recibir.

La deducibilidad de las sumas por los conceptos estableci-dos en la See. 8 es una limitación del derecho de obtener resar-cimiento total previo ejercicio y la experiencia de un proceso judicial que en no pocas ocasiones resulta largo y angustioso. Constituye una limitación a ese derecho en los casos, que son ciertamente los menos, en que no existe la insolvencia del causante. Pero el legislador tuvo esto en mente al aprobar esta legislación. En el referido Informe, se indica:

“Esta limitación en el derecho a demandar por daños está ampliamente compensado por los beneficios que ofrece la medida. Estos beneficios, por no depender de una determinación previa de responsabilidad, ni de la solvencia del responsable, podrán llegar a la víctima y a los que de él dependen, a tiempo para evitar que el accidente produzca un serio problema económico en la fa-milia.” (Diario de Sesiones, Vol. 22, pág. 1042.)

Otras fuentes que se han expresado a favor de deducciones como ésta, y que probablemente influyeron en la adopción de tales deducciones en los planes de reforma de varios estados, añaden que la compensación de sufrimientos en la práctica se ha prestado para muchos abusos, y que han servido en gran medida para cubrir secretamente los honorarios de abogado del demandante. Rokes, No-fault Insurance, pág. 183. En un artículo reciente titulado “Insurance: the Road to Reform”, publicado en la revista Consumer Reports, se establecen va-rias metas que, en interés de los consumidores, debe cumplir un programa de reforma del seguro de automóviles. Una de las metas es la siguiente:

“7. Debe limitarse sustancialmente el número de reclamacio-nes por dolor y sufrimientos, subsistiendo sólo las más graves. La mayoría de tales reclamaciones actualmente se pagan a las víctimas de lesiones leves en vez de a los gravemente heridos. La persona promedio que incurre en gastos médicos menores de $100 y que utiliza un abogado para promover su reclamación recibe una cantidad seis veces mayor que su pérdida. Al eliminarse las reclamaciones pequeñas por dolor y sufrimiento, el sistema de se-guros podría quizás pagar, además de las pérdidas monetarias, por lo menos alguna compensación a las víctimas gravemente des-figuradas o permanentemente incapacitadas.” 36 Consumer Reports, 226 (abril 1971).

Al pasar juicio sobre la validez de la See. 8 no podemos ignorar lo anteriormente expuesto. Concurrimos con el juicio legislativo. La medida está plenamente apoyada en base a legítimas necesidades y problemas sociales existentes en el país. Su facultad para enfrentarse a ellos y buscarle alivio o solución no puede, seriamente, ponerse en duda. La medida legislativa que consideramos guarda una relación razonable con el fin público que persigue.

La sentencia recurrida será confirmada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, así como el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervinieron.

       9 L.P.R.A. sees. 2051-2065. En vista del interés que pudiera tener en la interpretación de esta Ley, el Tribunal invitó a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles para que compareciera en este recurso como amicus curiae. Oportunamente dicha agencia radicó su informe.

       Esta cláusula aparece del endoso conocido como “Puerto Rico Amendatory Endorsement”, el cual fue unido al expediente mediante moción suscrita por todas las partes incluyendo el amicus curiae. El texto inglés en su parte pertinente lee así:
      . . but this limitation shall apply only to the extent that the person or organization responsible for such injury is exempt from legal liability with respect thereto by reason of the Puerto Rico ‘Automobile Accident Social Protection Act’. ”

       Rokes, No-Fault Insurance, 1971, Insurers Press, Inc., Santa Mónica, California, Capítulos VI, VII, VIII.

       Un sistema propuesto frecuentemente y adoptado en Massachusetts consiste en conceder daños por sufrimientos que no excedan de los gastos médicos o, si éstos fuesen menos de $500.00, que no excedan de la mitad de los gastos médicos.

       En Rivera v. Batistini, 100 D.P.R. 499 (1972), resolvimos que la exención de 1,000.00 se aplica por cada víctima del accidente, es decir en forma individual y no global.

       Dicho inciso lee así:
      “(1) Los beneficios que provee este Capítulo por concepto de lesiones sufridas en accidentes de automóviles ocurridos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se pagarán, hasta los límites indicados en esta sección, en sustitución de las sumas que de otro modo tendría derecho a reclamar la víctima al amparo del principio de responsabilidad a base de negligencia, relevándose a la parte responsable del pago de toda reclamación hasta dichos límites o hasta el importe de los beneficios cobrados por la víctima y sus be-neficiarios, de los dos el que resulte mayor.” (Énfasis nuestro.)

       Véase el Apéndice II al alegato del amicus curiae y la “Moción In-formativa” radicada por las partes ante este Tribunal el 24 de agosto de 1971.

         Pinnick v. Cleary, 271 N.E.2d 592 (Mass. 1971), sostuvo la constitu-cionalidad de una ley de Massachusetts diseñada, al igual que la Ley Núm. 138, para reformar el sistema de compensación por accidentes de automó-viles, estableciendo un seguro compulsorio, una compensación básica sin necesidad de probar negligencia y ciertos límites a la posibilidad de deman-dar al causante del accidente en tort. En cuanto a la limitación que impone dicho estatuto a demandar por los sufrimientos físicos y mentales, la Corte Suprema de Massachusetts señala lo siguiente: (1) que la ley en cuestión no ha privado al demandante de ningún derecho adquirido, pues la causa de ac-ción surgió al momento del accidente, cuando ya era efectiva la ley; (2) la ley no es contraria al Debido Proceso porque tiene objetivos legítimos, que son: la reducción de la congestión de los tribunales (que es un problema agudo en Massachusetts), reducir el alto costo de los seguros de automó-viles y aumentar la eficiencia en la administración de esos seguros; (3) la ley provee un sustituto razonable para los derechos que antes existían, ya que provee remedios moderados en todos los casos cuando el sistema anterior proveía remedios más ventajosos, pero sólo en algunos casos. En New York Central R.R. v. White, 243 U.S. 188 (1916), la Corte Suprema de los Estados Unidos, al sostener la constitucionalidad de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo del estado de Nueva York, permitió una sustitu-ción más desventajosa.
      En Puerto Rico la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo dispone que Jos beneficios provistos por el Fondo del Seguro del Estado serán el remedio exclusivo del trabajador cuando sufre un accidente del trabajo y no puede demandar a su patrono si éste está asegurado. 11 L.P.R.A. sec. 21. Los beneficios enumerados por dicha Ley no incluyen com-pensación por sufrimientos físicos y mentales. La constitucionalidad de esta Ley ha sido sostenida por este Tribunal en Montaner v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 55 (1939); Sucn. Rodríguez v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 825 (1938). Véase Cardona v. Comisión Industrial, 79 D.P.R. 672, 677 (1956).

        Grace v. Howlett, resuelto por la Illinois Circuit Court for Cook County el 29 de diciembre de 1971, 40 U.S.L.W. 2437, declara inconstitucional una ley de Illinois que limita la cantidad a recobrarse en tort por sufrimientos físicos y mentales a raíz de un accidente automovilístico. La ley no creaba seguro compulsorio. La Corte señaló que en este último aspecto es que se halla el defecto crucial de la ley, pues discrimina irrazonablemente contra las víctimas que tienen la desgracia de sufrir un accidente con un automo-vilista no asegurado. Además, la ley hace depender la cantidad máxima re-cobrable por sufrimientos en el monto de los gastos médicos. Como los gastos médicos varían de acuerdo a la capacidad económica de la víctima y al lugar o personas que hagan el tratamiento, se crea discrimen que no tiene base ni motivo legítimo alguno. Estas objeciones no son aplicables a la Ley Núm. 138 de Puerto Rico.
      Para un análisis de los dos casos, el de Massachusetts y el de Illinois, puede verse la Anotación en 42 A.L.R.3d (1972) sobre el tema “Validity and Construction of ‘No-Fault’ Automobile Insurance Plans”.


author: PER CURIAM :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Félix L. Meléndez Rolón, acusado y apelante.

      Número : CR-71-164

      Resuelto: 19 de mayo de 1972

      Rubén Rivera Ramos, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Rurico E. Rivera Rivera, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM :

El apelante fue acusado y convicto por el de-lito de conducir un vehículo en estado de embriaguez (See. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. séc. 1041). Fue sentenciado a pagar una multa de $200. En adi-ción se le suspendió la licencia por el término de un año y por un término adicional de seis meses por su negativa injustifi-cada a someterse a uno de los análisis químicos dispuestos por ley, retroactivo este último término a la fecha de la ocupa-ción de la licencia.

Se señala como error que la prueba fue insuficiente y que la misma debió crear una duda razonable en la mente del juz-gador.

La prueba de cargo consistió exclusivamente del testimo-nio del policía José A. Colón Cortés. Éste declaró: que el 19 de noviembre de 1970 mientras patrullaba la carretera número 2 en el área de Vega Baja observó que el automóvil del acu-sado, conducido por éste, iba dando “zig-zags” por lo que pro-cedió a detenerlo; que al acercarse al conductor para pedirle la licencia notó que “expelía olor a bebidas embriagantes”; que de primera intención el acusado-apelante no pudo localizar su licencia pero luego la mostró al encontrarse en el automóvil de patrulla; que al pedirle al apelante que bajara de su automóvil éste apenas pudo hacerlo teniendo el agente que abrirle la puerta; que ya fuera del automóvil no podía sostenerse en sus pies teniendo que recostarse. El policía relatando que le in-formó del estado de embriaguez en que se encontraba y lo in-vitó a que se sometiera voluntariamente a los exámenes de sangre u orina, a lo que el apelante se negó. Junto con el ape-lante se encontraba su hermano quien según el agente tam-bién se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Testificó además el policía que encontró en el automóvil una botella de ron Don Q a la cual le faltaban como dos dedos. Les preguntó que de quién era la botella y ellos le explicaron que habían estado bebiendo. No supo dónde estaba la botella el día del juicio ya que la misma se le olvidó y se quedó en el auto.

Como testigo de defensa testificó Gilberto Vázquez, Supervisor de Fisioterapia del Hospital de Veteranos. Éste declaró: que el 19 de noviembre de 1970 vio al acusado en dicho hospital donde fue a someterse a tratamiento de calor a una ro-dilla y a una serie de ejercicios para corregir una deformidad que tenía como resultado de una reciente operación en la ro-dilla; que el acusado estuvo allí de dos a cuatro de la tarde; que el acusado había estado caminando con bastón por algún tiempo después de la operación; que al caminar reflejaba un poco de inacción en la rodilla al salir del tratamiento; y que a las cuatro de la tarde personalmente le firmó la tarjeta cuando el acusado apelante salió del hospital.

El acusado declaró que es maestro de Instrucción Pública desde hace 15 años. El 19 de noviembre de 1970 llegó al Hospital de Veteranos a darse tratamiento en su pierna a eso de las dos menos cuarto de la tarde. Después del tratamiento se sintió peor que en otras ocasiones porque le habían aumentado el peso a las pesas que se utilizan en el tratamiento de trac-ción, de seis libras a doce libras, las cuales tenía que levantar con la pierna, y que había hecho ejercicio en una bicicleta fija. Se sintió con mucho dolor y tomó dos pastillas de compuesto de Darbon, en lugar de una que tomaba en ocasiones anterio-res. Salió del hospital a las “cuatro y pico” y el policía lo de-tuvo “como a las cinco menos cuarto”. En el camino recogió a su hermano en Vega Alta, quien llevaba una botella de Don Q en un sobre. Inquirido sobre si había tomado ese día el acusado señaló que no había ingerido ya que no puede tomar debido a las píldoras que había tomado. Admitió, sin embargo, que su hermano había tomado. Respecto a que estuviera dando zig-zags con el automóvil, dijo que era posible porque estaba frenando con el pie izquierdo ya que no podía mover el derecho que era la pierna afectada, y que además no conocía el auto-móvil por ser prestado. Declaró también el acusado-apelante que cuando el policía los detuvo le dijo al policía que si no veía que estaba enfermo de una pierna y el policía le ordenó que se callara. Dijo además que el policía no le dijo nada sobre los análisis químicos ya que sólo le dijo que se callara.

La prueba aportada por el fiscal consistió del testimonio del policía. El mismo se limitó a establecer estrictamente la primera observación que hizo del acusado al momento de la de-tención. Tampoco el policía describe la conducta o proceder del acusado apelante después de su detención y mientras estuvo en su compañía. No deja de impresionarnos la prueba de de-fensa al efecto de que el acusado apelante acababa de recibir tratamiento doloroso en el Hospital de Veteranos, el hecho de que sentía dolor y que tenía dificultad al caminar, lo que po-dría explicar algunas de las observaciones que hizo el policía y que le movieron a creer que el apelante se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es significativo que el acusado apenas tuvo tiempo para llegar a Vega Alta, donde fue detenido, ya que salió del Hospital de. Veteranos en las cercanías de Río Pie-dras, un poco después de las cuatro y fue detenido a las cinco menos cuarto en Vega Alta. Normalmente no intervenimos con la apreciación de la prueba del tribunal sentenciador. En este caso, sin embargo, hemos examinado cuidadosamente el testi-monio de los testigos y un análisis de los mismos nos mueve a concluir que no se estableció la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Véanse, Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971); Pueblo v. Díaz Just, 97 D.P.R. 59 (1969); Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169 (1963).

La suspensión adicional de la licencia por el término de seis meses por la negativa del acusado apelante a someterse a los análisis químicos se hizo retroactiva a la fecha de su ocupa-ción, por lo que cualquier planteamiento en relación con dicha suspensión resulta académica.

Se revocará la sentencia apelada y se absolverá al acusado.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Roberto González Olivero, acusado y apelante.

      Número: CR-71-132

      Resuelto: 19 de mayo de 1972

      M. Martínez Umpierre, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM :

El apelante fue declarado culpable del delito de perjurio definido en el Art. 117 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 421. Fue sentenciado a cumplir una pena de 1 a 3 años de presidio, sentencia que le fue suspendida bajo ciertas condiciones.

Como único error alega el apelante que el juez sentenciador se negó a disolver el jurado. Resulta que uno de los jurados, Sr. Ángel Ortiz Ortiz, había presenciado (aparentemente como espectador) un juicio anterior en el cual había testifi-cado el aquí acusado en forma perjura, según se alega en la acusación de este caso. El Sr. Ortiz Ortiz hizo saber este hecho al tribunal, por medio del márshal, cuando aún no había co-menzado el juicio. Se hizo venir a testificar al Sr. Ortiz sobre su presencia en el caso anterior y sobre su capacidad para juz-gar imparcialmente al acusado. Interrogado por el juez y la defensa, ésta pidió que se disolviera el panel. El juez declaró sin lugar la moción y prosiguió el juicio.

Dentro de los hechos particulares de este caso no erró el juez al negarse a disolver el jurado. En primer lugar, el conocimiento personal de algunos hechos controvertidos en la causa, cosa que puede ser muy dañina para la justicia en muchos casos, no implica la descualificación automática del miembro del jurado, sino que meramente requiere que el asunto se haga saber en el juicio y que sé interrogue al jurado para que el juez determine si podrá actuar imparcialmente. Regla 133 de Procedimiento Criminal. Con todo ello se cumplió en este caso y no encontramos razón para intervenir con la discreción ejercitada por el juez. Cf. Piñero Agosto v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 204 (1967). En segundo lugar, la defensa pudo haber tratado de evitar el perjuicio que temía con remedios menos drásticos que la disolución del jurado, como lo serían la recusación motivada bajo la Regla 118 de Procedimiento Criminal; véase Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10, 15 (1946); Pueblo v. Torres, 48 D.P.R. 39, 46 (1935); o la sustitución del Sr. Ortiz Ortiz por un suplente bajo la Regla 127 de Procedimiento Criminal. Finalmente, el acusado no demostró el perjuicio que le causó el supuesto error.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, así como el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervinieron.

       El texto de la acusación es el siguiente:
      “Porque el referido acusado Roberto González Olivero, allá para el día 3 de diciembre de 1968, y en Arecibo, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, Puerto Rico, en el caso Criminal de El Pueblo de Puerto Rico contra Diego Polanco Cortés, por Infracción al Artículo 29 de la Ley de Narcóticos (Tres Counts), Criminal Número 68-319, 320 y 321, y durante el acto del juicio que se ventiló en la fecha antes mencionada ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, presidida por el Honorable Juez Superior Herminio Miranda, Jr., con jurisdicción y competencia dicho Tribunal para resolver y determinar sobre la culpabilidad o inocencia del mencionado acusado Diego Polanco Cortés, de una manera ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, decla-rando como testigo de la defensa del acusado, luego de haber prestado juramento legalmente en corte abierta y ante la Sub-secretaria de este Honorable Tribunal, señora Dámaris Román, funcionaría autorizada por ley para tomar juramentos a los testigos en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, y habiendo jurado dicho acusado Roberto González Olivero, declarar la verdad y nada más que la verdad de lo que se le pre-guntara como testigo de defensa, allí y entonces, en la forma y manera antes descrita, declarando en la silla testifical como testigo de defensa, declaró bajo juramento como un hecho cierto y verídico, el hecho de que el acusado Diego Polanco Cortés, había trabajado en labores de pico y pala durante las horas del día 26 de abril de 1968, bajo su supervisión y dirección como empleado de la Autoridad de Fuentes Fluviales de Puerto Rico, en Barcelo-neta, el tumo de siete a doce del día y de una a cuatro de la tarde, decla-rando así mismo que el acusado mencionado no trabajaba como Guardián o Celador durante las horas de la noche en el turno de cuatro a doce de la noche el día 26 de abril de 1968, siendo falso lo así jurado por dicho acusado en la silla testifical en el caso a que nos hemos estado refiriendo, todo ello con la intención criminal y fraudulenta y a sabiendas que lo que allí declaraba en el sentido expresado era completamente falso, con el propósito de influir ilegal e indebidamente en el ánimo del Tribunal que presidía el proceso, para favorecer al acusado Diego Polanco Cortés y constándole a dicho acusado que los hechos por los cuales declaraba eran falsos y a la vez eran hechos de carácter esencial y material para que el Tribunal Superior de Arecibo pudiera resolver a base de su testimonio falso en beneficio del acusado y en perjuicio de la justicia sobre hechos esenciales para la vista del caso, tratando de sostener falsa y fraudulentamente mediante su testimonio falso una defensa de coartada, ya que la prueba de El Pueblo de Puerto Rico en el caso contra Diego Polanco Cortés, por Infracción a la Ley de Narcóticos, tendía a probar y demostrar que dicho acusado Polanco Cortés realizó una venta y transacción de la droga narcótica conocida por Heroína el 26 de abril de 1968, a la 1:45 de la tarde, al Agente Encubierto José E. Mojica Otero, por la cantidad de $10.00 y como consecuencia del testimonio falso bajo juramento prestado por el acusado en este caso, Roberto González Olivero, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, por voz del Honorable Juez Superior Hermi-nio Miranda, Jr., absolvió y exoneró de toda responsabilidad criminal al mencionado acusado Diego Polanco Cortés.”


author: PER CURIAM:

text:
    José Antonio Díaz Cáceres et al., demandantes y recurridos, v. José A. Berríos, demandado y recurrente.

      Número: R-66-175

      Resuelto: 22 de mayo de 1972

      Carmelo Ávila Medina y Roberto Ávila Rivera, abogados del recurrente; Arturo Ortiz Toro y R. Rodríguez Bonhomme, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

La responsabilidad del recurrente por las graves lesiones sufridas por el recurrido Díaz Cáceres y los demás recurridos con motivo de ser impactado su automóvil estacionado en la carretera Núm. Dos, Km. 9.6, por un jeep conducido por Félix Guillermo Díaz al abandonar éste “el carril izquierdo de los dos carriles por lo que se discurre en la misma dirección por razón de un truck que iba delante de él, y súbitamente pasó al carril de la derecha. . .e impactar el vehículo del recurrido Díaz Cáceres “cuando los frenos no le respondieron” depende de si el recurrente era o no era el dueño del jeep al ocurrir el accidente.

En cuanto a quién era el propietario del vehículo jeep al ocurrir el accidente, el juez de instancia hizo la siguiente conclusión de hecho:

“4. — Que el conductor del vehículo que ocasionó el accidente el demandado, Félix Guillermo Díaz, había alegadamente adquirido el mismo del codemandado José A. Berrios, pero no registraron el traspaso correspondiente en el Negociado de Vehículos de Motor del Departamento de Obras Públicas, y no hay récord alguno en Colecturía de Corozal de que se haya hecho el traspaso. El colector que firmó el alegado traspaso ya no es funcionario. Tampoco se ofreció comprobante alguno de colecturía a la fecha del alegado traspaso.”

Además, hizo la siguiente conclusión de derecho:

“3. — El demandado José A. Berrios era el dueño del vehículo que ocasionó el accidente. ‘Dueño de un Vehículo’ significará cualquier persona natural o jurídica que tenga registrado a su nombre un vehículo en el Departamento. ... El dueño de cual-quier vehículo de motor será responsable de los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho vehículo, intervi-niendo culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea operado o está bajo el dominio o control de cualquier persona que, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona, obtenga su posesión mediante la autorización expresa o tácita del dueño. En todo caso se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que opera o tiene bajo su dominio o control un vehículo de motor ha obtenido su posesión con la autorización de su dueño, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona.”
A los fines de determinar si estas conclusiones son correc-tas, debemos examinar la prueba aducida sobre este particular.
Al iniciarse el juicio en este caso, informó el juez de instancia que
“. . . por acuerdo y estipulación de las partes reunidas en cámara ... Se acepta que el vehículo descrito en la Demanda, a la fecha del accidente estaba registrado en el Departamento de Obras Públicas a nombre de José A. Berrios Díaz y que cinco días antes de dicho accidente, se había de hecho otorgado un traspaso de dicho vehículo, a favor de don Félix Guillermo Díaz.”
El entonces abogado del recurrente informó que esto era correcto. La representación legal de los recurridos dijo en-tonces que “Sin embargo, dicho traspaso [no] fue notificado al Departamento de Obras Públicas, a la Sección de Automó-viles.” A esto añadió el juez de instancia lo siguiente: “. . . Bueno, sin que se hubiera hecho la notificación de dicho tras-paso al Departamento de Obras Públicas, quedan los demás acuerdos que habíamos mencionado las partes y el Tribunal oirá prueba sobre los mismos, de ser admisible ésta.”

Parte del interrogatorio de Félix Guillermo Díaz Rivera, conductor del vehiculo jeep fue el siguiente:

“Lie. Bauzá Torres:
P — Ese vehículo ‘Land Rover’, tablillas 776-854 que usted conducía, lo operaba el día de los hechos, ¿de quién era pro-piedad?
R — Mío.
P — ¿ Suyo ?
R — Sí, señor.
P — ¿Y de quién lo había adquirido?
R — De José A. Berrios.
P — ¿ Cuando el accidente dice usted que era suyo ?
R — Sí, señor.
P — ¿Cuántos días con anterioridad, le había pasado el ve-hículo a usted?
R — Como una semana.
P — ¿Ante quién?
R — Ante el Colector de Rentas Internas.
P — ¿En qué trabajaba usted para esa fecha?
R — Industrias Italianas.
P — ¿Y vivía dónde? ¿Dónde usted vivía para esa fecha?
R — En el Barrio Padilla de Corozal.
P — ¿ Esas Industrias dónde están ubicadas ?
R — En Candelaria.
P — ¿ Y usted iba y venía todos los días ?
R — Sí, señor.
P — ¿Para eso necesita usted un vehículo?
R — Sí, señor.
P — ¿Y en cuánto le compró el vehículo? ¿Cómo fue la tran-sacción?
R — Yo le di...
Hon. Juez:
Por causa fue adquirido.
Lie. Bauzá Torres:
Nada más, Señor Juez.
Lie. Abreu Castillo:
P — ¿Usted no le notificó del traspaso del vehículo al Departa-mento de Obras Públicas ?
R — No, señor.
Lie. Abreu Castillo:
P — ¿Ante qué persona se hizo el juramento de esa licencia?
R — Ante el Colector de Rentas Internas, porque el Jeep debía.
P — ¿De qué pueblo?
R — De Corozal.
P — ¿Está absolutamente seguro de que es Corozal? Trate de hacer memoria.
R — Él en ese tiempo trabajaba en Corozal, ahora trabaja en Barranquitas.
P — ¿Usted recuerda haber declarado en una ocasión anterior en relación con los hechos de este mismo caso en Bayamón?
R — Sí, señor.
P — ¿ Donde yo fui Fiscal en el caso ?
R — Sí, señor.
P — Tenga la bondad de informarle al Tribunal si usted . . . Lie. Bauzá Torres:
Me parece que el compañero y yo estipulamos.
Hon. Juez:
Sí, por eso y lo que usted pregunta está estipulado.
Lie. Abreu Castillo:
Hay estipulación. No vamos a preguntar nada más sobre eso.
Hon. Juez:
Está aceptado, hay una estipulación ofrecida en evidencia. Lie. Abreu Castillo:
Hay un punto, Señor Juez, que quisiéramos nosotros aclarar. De acuerdo con los récords del Departamento de Obras Públicas que parece que el traspaso no se le hizo a Díaz, el traspaso apa-rece a nombre de otras personas, no de Félix Guillermo Díaz, sino de José Colón.
Lie. Bauzá Torres:
Esa no es la mejor prueba.
Lie. Abreu Castillo:
En esta licencia que está aquí, este traspaso no tuvo ninguna virtualidad jurídica.
Hon. Juez:
¿ Lo está ofreciendo ?
Lie. Bauzá Torres:
Si el aceptó el traspaso.
Lie. Abreu Castillo:
Yo acepté que el día 9 se hizo el traspaso.
Hon. Juez:
Se admite el documento. Márquese Exhibit 1 de la parte demandada, Félix Guillermo Díaz. El Tribunal exige que se radique el documento oficial del Secretario de Obras Públicas del traspaso de ese vehículo en particular, indistintamente de .la persona que sea.”

En cumplimiento de la orden del tribunal, los recurridos, mediante moción notificada a la representación legal del recu-rrente, radicaron en el tribunal, y se unió al récord, una certificación expedida por el director del Negociado de Ve-hículos de Motor al efecto de que en la fecha del accidente el vehículo jeep figuraba registrado en ese Negociado a nombre del recurrente y que en 22 de agosto de 1965 se legalizó el traspaso del mismo a favor del Sr. José Colón. Se certificaron, además, otros traspasos subsiguientes de dicho vehículo.

El tribunal de instancia responsabilizó al recurrente con-juntamente con Félix Guillermo Díaz por los daños sufridos por los recurridos por ser el recurrente el “dueño” del vehículo por aparecer éste registrado en el Departamento de Obras Públicas a nombre del recurrente en la fecha del accidente.

Si bien es cierto que debe presumirse que la persona a cuyo nombre aparece registrado un vehículo de motor en el referido Negociado es el dueño del mismo, no es menos cierto que esa presunción es rebatible. Méndez v. Lugo, 68 D.P.R. 276, 281 (1948). La estipulación de las partes al efecto de que “cinco días antes del accidente se había otorgado un traspaso de dicho vehículo a favor de don Félix Guillermo Díaz” tuvo el efecto de rebatir en su totalidad la referida presunción y de establecer que a la fecha del accidente éste era el propietario del vehículo jeep. El contenido de la certificación expedida por el Director del Negociado de Vehículos de Motor, no deja sin efecto dicha estipulación a la cual se hizo referencia varias veces en el curso del juicio. Es muy posible que en ausencia de tal estipulación el recurrente hubiere presentado prueba documental de la transferencia de título del vehículo a Félix Guillermo Díaz y prueba explicativa de los traspasos del mismo, certificados por el Director del Negociado. Pero en vista de la estipulación, tal prueba no era necesaria.

En vista de lo expuesto, y de que el otro demandado, Félix Guillermo Díaz, no ha recurrido, resulta innecesario consi-derar los demás apuntamientos relacionados con la cuantía de los daños y la negligencia comparada que el recurrente le imputa al recurrido Díaz Cáceres.

Por lo tanto, debe revocarse la sentencia dictada por el tribunal de instancia en tanto en cuanto impone responsabili-dad al recurrente, y, en su lugar, debe dictarse otra desesti-mando la demanda en contra de dicho recurrente.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervino.


author: per curiam :

text:
    Puerto Rican-American Insurance Company y Otros, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Miguel A. Giménez Muñoz, Juez, demandado; Felícita Meléndez Morales, interventora.

      Número: O-71-268

      Resuelto: 23 de mayo de 1972

      Agrait Oliveras & Otero, abogados de los peticionarios; Difren Bernier, abogado de la interventora.
   per curiam :

El 4 de mayo de 1971 la demandante radicó demanda sobre daños y perjuicios contra Wilberto Cruz Matos, United Lines, Inc., y Puerto Rican American Insurance Co. En el hecho segundo de la demanda se alega:

“El día 2 de febrero de 1971 la demandante Felicita Meléndez Morales utilizó los servicios de uno de los ómnibus de la deman-dada United Lines, Inc., como usuario de su sistema de transpor-tación pública. En esa fecha el demandado Wilberto Cruz Matos, como empleado en el ejercicio de su cargo con United Lines, Inc., era el conductor de dicho ómnibus.”

La demandada Puerto Rican-American Insurance Co. con fecha 21 de junio radicó su contestación y negó la alegación antes aludida. El 2 de julio la demandante formuló unos interrogatorios y al contestarlos el 14 de julio siguiente la compañía aseguradora informó que “la demandante Felicita Meléndez Morales trató de subir a la guagua en los momentos en que el chofer cerraba la puerta de entrada y fue pillada por la puerta.” Contestó además que “Wilfredo Cruz Matos, era empleado como chofer y que era el único testigo que se pro-ponía utilizar.”

El 14 de octubre de 1971, la demandante radicó una mo-ción solicitando se impusieran sanciones a los demandados ya que “al contestar los interrogatorios la parte demandada admite los hechos que fueron alegados en el párrafo segundo de la demanda y que fueron negados al contestar la misma.” Suplica que “en mérito de lo anterior . . . imponga. a la demandada el pago a la parte demandante de los gastos de obtener vía descubrimiento de prueba los hechos que negaron al contestar la demanda, más una suma razonable en concepto de honorarios de abogado.” (Bastardillas nuestras.)

El 21 de octubre de 1971, sin celebración de vista, el Tribunal dictó la siguiente orden: “Vistos los autos del caso se condena a la demandada a satisfacer al demandante la suma de $100 en concepto de gastos y honorarios.”

Sin entrar a considerar la facultad de los tribunales de instancia para sancionar a una parte mediante la imposición de costas y honorarios de abogado en situaciones como la del caso presente, los autos no revelan que en verdad la demandante sufriera perjuicios con motivo de la demandada haber negado hechos que indudablemente le constaban, ya que fue informada de ellos tres semanas después y no se estableció que la inclusión de unas preguntas adicionales en unos interrogatorios le ocasionaran la erogación de gastos adicionales para justificar la imposición de honorarios de abogado. Esto no obstante, es conveniente apuntar que los abogados deben tener especial cuidado al formular sus alegaciones de no negar hechos que le consten o que pueden verificar fácilmente. Negar las alegaciones indiscriminadamente, aun con la muletilla de “por falta de información” es una práctica indeseable que los abogados deben tener especial cuidado en evitar.

Por lo antes expuesto se dejará sin efecto la orden dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan con fecha 21 de octubre de 1971.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino al igual que los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos, Rigau y Martínez Muñoz.

       Los otros dos demandados contestaron la demanda el 21 de julio de 1971.

       La demandante no radicó alegato ante este Tribunal, pero solicitó la celebración de una vista. En esa comparecencia sostuvo la facultad del tribunal de instancia para imponer sanciones basadas en su poder inherente y en el caso de Hartman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 124 (1969).


author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

text:
    Pedro A. Jiménez Merced, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Hon. J. C. Santiago Matos, Juez, demandado.
    Número: O-71-248

      Resuelto: 31 de mayo de 1972

      Luis Ángel López Olmedo, abogado de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

En 8 de junio de 1971, Pedro A. Jiménez Merced radicó ante la Sala de Caguas del Tribunal Superior, demanda de divorcio contra su esposa Francisca Poupart, alegando la causal de separación por más de tres años.

La demandada fue emplazada el día 10 del mismo mes y año. El día siguiente se radicó en la Secretaría del Tribunal el diligenciamiento de dicho emplazamiento y el 23 del mismo mes se anotó la rebeldía de la demandada. El 29 de junio el tribunal dictó sentencia decretando el divorcio entre las partes, concediendo la patria potestad sobre los hijos menores a la de-mandada y fijando una pensión de $150.00 quincenales. Esta sentencia se notificó al abogado del demandante, a la de-mandada personalmente y al abogado Joseph L. Martínez, ar-chivándose en autos copia de dicha notificación el día 8 de julio de 1971.

El 19 de julio de 1971, la demandada, representada por el abogado Joseph L. Martínez, radicó una moción solicitando el traslado del caso para la Sala de San Juan del Tribunal Superior. En igual fecha radicó también una moción para que se dejara sin efecto la sentencia.

Se alegó en esta última moción que la demandada contrató los servicios del abogado Joseph L. Martínez el día 15 de ju-nio de 1971 y que éste se había comunicado por teléfono con el abogado del demandante indicándole que éste había radi-cado una demanda de divorcio por trato cruel ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior y que el día 2 de junio de 1971, la vista del caso había sido suspendida a solicitud del abo-gado del demandante en aquel caso Lie. Enrique Calderón, con el allanamiento de la demandada; que en 22 de junio del mismo año el abogado señor Martínez envió por correo a la Sala de Caguas del Tribunal Superior, una moción solicitando el tras-lado del caso para la Sala de San Juan de dicho tribunal; que no obstante tener el abogado del demandante conocimiento de que el abogado señor Martínez representaba a la demandada, notificó a ésta y no a él, la moción sobre anotación de rebeldía y la moción solicitando señalamiento para la vista del caso. Alegó además que no existía la causa de separación por más de dos años.

El demandante se opuso por escrito a dicha moción. Alegó entre otras cosas, que en la moción no se exponían funda-mentos de derecho que autorizaran al tribunal dejar sin efecto la sentencia, ni era dicha moción una de reconsideración.

Señalada y discutida dicha moción, el tribunal, en 17 de septiembre de 1971 dictó una resolución declarándola con lu-gar y dejando sin efecto su sentencia de 29 de junio de 1971. Posteriormente pero en la misma fecha el tribunal dictó una resolución mmc pro tune disponiendo que el caso 70-1340 debía seguir su curso en la Sala de San Juan del Tribunal Superior y que lo expuesto en su resolución dejando sin efecto la sen-tencia no debía afectar los planteamientos ni los méritos de dicho caso 70-1340. La reconsideración de estas resoluciones fue denegada.

Para la fecha en que se dictó la resolución dejando sin efecto la sentencia, ya el demandante había contraído matri-monio con la señora Carlota Mejías Rosario, matrimonio éste celebrado el día 14 de agosto de 1971, luego de haber obtenido aquél copia certificada de la sentencia de divorcio ya firme.

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil faculta a los tribunales para relevar a una parte o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimientos bajo aquellas condiciones que considere justas, y por las razones enumeradas en la propia Regla. Expresamente establece dicha Regla que sus disposiciones no serán aplicables a las sentencias dictadas en pleitos de divorcio, a menos que la moción se funde en las razones (3) ó (4), asaber:

“(8) Fraude (incluyendo el que hasta ahora se ha denomi-nado intrínseco y también el llamado extrínseco), falsa represen-tación u otra conducta impropia de una parte adversa.
(4) Nulidad de la sentencia.”

De conformidad con las constancias en el expediente, no se adujeron y probaron por la demandada, ninguna de las razones expuestas en los anteriores incisos de la Regla 49.2.

La sentencia de divorcio no es nula. La demandada fue debidamente emplazada y el tribunal adquirió jurisdicción sobre su persona. Aun cuando no había comparecido en autos dentro del término legal que tenía para ello fue notificada del señalamiento para la vista del caso. La sentencia también fue notificada a la demandada y a su abogado, según ya expusimos. Tampoco se alegó, y menos se probó fraude ya fuera éste intrínseco o extrínseco. La omisión del demandante de informar a la Sala de Caguas del Tribunal Superior que había otra acción de divorcio entre las mismas partes pendiente ante otra Sala, no es constitutiva de fraude. La demandada fue emplazada y ésta encomendó su defensa a un abogado. Sin embargo, éste no compareció en tiempo a nombre de la demandada a alegar contra la demanda. Tanto la moción del demandante sobre anotación de la rebeldía de la demandada, como la moción de señalamiento para la vista del caso fueron notificadas a la demandada personalmente. Su abogado, no lo era de récord, porque no había hecho comparecencia alguna en el pleito y de ahí que todas las notificaciones se hicieran a ella personalmente.

La alegación del abogado Joseph Martínez al efecto de que remitió a tiempo a la Sala de Caguas una moción de traslado no fue sustanciada con prueba. Esa moción fue radicada el 19 de julio de 1971, juntamente con la moción bajo la Regla 49.2. No surge del expediente ante nos que la demandada pre-sentara prueba para sostener las alegaciones contenidas en su solicitud para que se le relevara de los efectos de la senten-cia.

Todo parece indicar que el tribunal a quo fundó su reso-lución dejando sin efecto la sentencia, en las razones enume-radas en el inciso (1) de la Regla 49.2, ó sea, en error, inad-vertencia, sorpresa o negligencia excusable. De ahí la censura de dicho tribunal a la conducta profesional de los abogados de las partes. “En cuanto al demandado”, dijo el tribunal, “por no actuar con la diligencia requerida no sólo para hacer lo que debió haber hecho dentro del término de ley, sino para evitar que se pueda inferir que esa parte trata de retardar los pro-cedimientos del caso civil para que sus resultados no puedan usarse ya como atenuante o ya como eximente en la acción criminal.”

Sin embargo, ya hemos visto que el tribunal carece de facultad para relevar a una parte de los efectos de una sentencia dictada en pleito de divorcio por las razones incluidas en el indicado inciso (1) de la Regla 49.2.

Por los motivos expuestos se anulará la resolución dictada por la Sala de Caguas del Tribunal Superior, en 17 de sep-tiembre de 1971.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervinieron.

      O La moción bajo la Regla 49.2 no afecta la finalidad de la sentencia.

       Véase, Roca v. Thomson, 77 D.P.R. 419 (1954).

       Censuró al abogado del demandante por no informar al tribunal de la otra acción pendiente entre las mismas partes, ni sobre el incidente de traslado no resuelto. Esta última parte de la censura no la justifica el récord.