author: El Juez Asociado Su. Wole,

text:
    Rijos v. Peña et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 183.
    Resuelto en diciembre 23, 1907.
    Apelación — Transcripción de Autos — Copia de la Sentencia. — Si el apelante no hubiere incluido en la transcripción de autos una copia de la sentencia apelada, j solo hubiera acompañado copia de la decisión de la corte inferior, la apelación deberá desestimarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

      Abogado del apelado: Sr. Bosch.

   El Juez Asociado Su. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

Este es un recurso de apelación interpuesto contra sen-tencia dictada por la primera sección del tribunal de distrito de San Juan. El objeto del pleito fué el de recuperar cierta propiedad que la demandante alegó tener derecho á ella como heredera de su padre, quien, según alegaba la demandante, había contraído matrimonio legal con su madre. Los deman-dádos, parientes colaterales del referido Santiago Benito Eijos, están en posesión de la propiedad y alegan que la de-mandante es hija natural de sus padres.

La cuestión principal que ha sido planteada ante la corte inferior, y que es objeto de discusión en este tribunal, es si la Ley de Evidencia derogó tácitamente las expresas disposi-ciones del Código Civil con respecto á la prueba de matri-monio. Dichas disposiciones son las siguientes':

“Los matrimonios celebrados antes de regir este Código, se proba-rán por los medios establecidos en las leyes anteriores.
“Los contraídos después se probarán sólo por el acta del Libro de Matrimonios. Si este hubiere desaparecido, será admisible toda especie de prueba.
“En este caso, á que se refiere el artículo anterior, la posesión constante de estado de los padres, unida á las actas del. nacimiento de sus hijos en concepto de legítimos, será uno de los medios de prueba del matrimonio de aquéllos, á no constar que alguno de los dos estaba ligado por otro matrimonio anterior.”

En el acto del juicio se presentaron pruebas tendentes á demostrar que en el año 1863 se habían celebrado ciertas for-mas de ceremonia entre la madre de la demandante Emilia Córdova y Córdova y Santiago Benito Eijos y Correa.

Por lo tanto, es perfectamente evidente que antés del año 1905 los tribunales de esta Isla habrían sido obligados á deci-dir que la prueba del matrimonio debía hacerse, con arreglo á las anteriores disposiciones. El juez de la corte inferior declaró probado que la prueba practicada no había demos-traclo la existencia de un matrimonio legal. Parece, además muy dudoso que el documento presentado como evidencia para probar el matrimonio alegado en este caso era eficaz para ese fin, especialmente cuando no se fia probado que el sacer-dote que certifica en él estaba autorizado para celebrar matri-monios. Á los que parece, no era un Párroco ó sacerdote de-bidamente autorizado, según lo exige la ley. No bay en reali-dad tentativa alguna para probar la validez del matrimonio, con arreglo al Derecho Canónico y Civil que regía en esta Isla con anterioridad al año 1905. Ahora bien, los principios gene-rales del Derecho Civil son que ninguna ley debe tener efecto retroactivo á menos que así se disponga expresamente; y es-pecialmente los tribunales se negarán á dar efecto retroactivo á una ley en los casos en que despoja á una parte de sus de-rechos de propiedad.

El artículo 102 de la Ley de Evidencia, que se encuentra en el tomo de las Leyes de 19,05, p. 138, dispone lo siguiente:

“Todas las demás presunciones serán satisfactorias, si no fueran contradichas. Se dominan presunciones disputables y pueden contro-vertirse mediante otra evidencia. Corresponden á esta clase las si-guientes: '
“1. Que una persona es inocente del delito ó falta.
* * * * * * *
“29. Que un hombre y una mujer que se conducen como casados, han celebrado un contrato legal de matrimonio.
“30. Que el niño nacido de legítimo matrimonio, no, habiendo ha-bido divorcio, es legítimo.
“31. Que una vez probada la existencia de una cosa, continúa és-ta todo el tiempo que ordinariamente duran los casos de igual natura-leza.”

Puede hacer casos tanto antes como después del año 1905, en que prevalecería la presunción de matrimonio y herencia; ¿pero puede sostenerse que dicha presunción sea aplicable á una ceremonia celebrada en 1863, especialmente en un caso en que ha habido liquidación de los bienes que se tratan de re-cuperar y en que la apelante, durante años, ña descuidado ñacer valer sus derechos de heredera? ¿Puede la Ley de Evi-dencia cambiar sin más ni más el estado ó condición legal de uña persona y obligar á la devolución de bienes por parte de la persona á quien se haya puesto en posesión de los mismos? ¿No han prescrito los derechos de la apelante por razón de su omisión de entablar su demanda dentro de los dos años después de haber llegado á su mayor edad? ¿No habría de declararse que la presunción de matrimonio, que emana del hecho de que un hombre y una mujer se conducen como casa-dos, queda refutada por las indicaciones contrarias en las autos, á saber: que la persona que se suponía haber celebrado la ceremonia, no estaba debidamente autorizada para ello ? Que el matrimonio que se alega, á lo que parece, no fué presenciado por persona alguna. Que no se ha expresado ni el tiempo ni el lugar en que se verificó el matrimonio; que el padre ale-gado en el presente caso estaba reputado de haber muerto como soltero, según la partida de defunción; que la hija fué bautizada como hija natural de su madre; y que ella llevaba siempre el apellido de su madre y nunca el de su padre; que tomó parte en la división hecha de la propiedad de la madre como hija ilegítima de ésta. Hay por supuesto pruebas á favor de la pretensión de la demandante; pero en vista de los autos que se nos han presentado estamos, sin embargo, in-clinados á contestar todas las preguntas indicadas, en contra de la apelante.

Pero nosotros no estamos en el caso de poder considerar debidamente los méritos de la causa, puesto que la sentencia dictada por el tribunal inferior no ha sido consignada en los autos. La decisión dispone que el secretario debe preparar la sentencia; pero no hay nada en los autos que demuestre que el secretario cumpliera con dicha disposición. En este respecto, el presente caso es idéntico al de Jiménez v. Olmedo y otros, que fue resuelto en 12 de diciembre de 1907. En dicho caso el tribunal, por conducto del juez, Sr. Hernández, dijo:

“Deploramos que, por inobservancia de las reglas de procedimien-tos, tengamos con frecuencia que desestimar, como en el presente caso, recursos de apelación, sin discutirlos ni resolver los. en sus motivos, ó fundamentos legales; pero aquella inobservancia tiene su sanción mar-cada en el artículo 303, ya citado, del Código de Enjuiciamiento Civil, y nuestro deber es darle aplicación.”

No vemos por qué razón se halla consignado en el legajo de la sentencia la “decisión” en vez de la sentencia; pero no tenemos sentencia alguna que podamos confirmar ó revocar. Esta cuestión ha sido sometida muchas veces á las cortes de los Estados Unidos y parece qúe se ha resuelto de un modo uniforme que la sentencia definitiva es lo que debe someterse á los- Tribunales de Apelación. (Véase la Enciclopedia de Leyes y Procedimientos, Vol. 2, p. 1031.) Allí se verá que una relación (ó exposición) y el aviso de apelación son insufi-cientes ; y que una relación y pliego de excepciones junto con las minutas y memorandum del Juez, no bastan.

Por estas razones debe desestimarse la apelación, con las costas á cargo de la parte apelante.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Figueras,

license: Public Domain

text:
    Ortiz v. Molina.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.

      No. 188.
    Resuelto en diciembre 23, 1907.
    Apelación — Decisión Contraria L las Pruebas. — Una excepción contra la de-cisión, fundada en que está en desacuerdo con la prueba, no puede con-siderarse on la apelación contra la sentencia, si el recurso no se hubiera in-terpuesto dentro de los quince días después de dictada dicha sentencia.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Luís Freyre.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Figueras,

emitió la opinión del tribunal.

Este caso comenzó por demanda que presentó ante la Corte de Distrito de San Juan Ricardo Ortíz Ríos, solicitando el divorcio porque su esposa Trinidad Molina había cometido adulterio.

Celebrado el juicio sin la comparecencia de la demandada, cuya rebeldía se anotó, y admitidas las pruebas propuestas por el demandante, la corte en 26 de agosto de 1907 dictó sen-tencia declarando que los hechos y la ley están en contra de la demanda, y en su virtud la desestimó con las costas al de-mandante.

Este fallo se registro el mismo día de pronunciado.

Contra él interpuso Ortíz recurso de apelación el trece de septiembre de mil novecientos siete.

Consta presentada una relación de hechos aprobada por el juez de la sección primera, Don Pedro de Aldrey.

El apelante, en su alegato escrito y en el oral, ha sostenido ante esta Corte Suprema que la corte sentenciadora ha come-tido error en la apreciación de la prueba suministrada, refe-rente al adulterio, que es el único fundamento del divorcio-solicitado.

Pero cuando, como en el presente caso, se impugna una sen-tencia, bajo el fundamento de que está en desacuerdo con la prueba, esa sentencia no puede revisarse, por virtud del re-curso de apelación, á menos que éste se interponga dentro de los quince- días de dictada dicha sentencia. Inciso segundo del artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Aquí la apelación se ha establecido fuera ya de ese tér-mino computado, según el artículo 388 del Código Político.

No podemos, pues, examinar esa prueba, y, por consi-guiente, no podemos afirmar si hubo ó no error en su aprecia-ción.

Esta doctrina ha sido ya discutida en tres casos, y á ellos nos referimos para no repetir cuanto se dijo entonces, y que de nuevo reproducimos.

Esos casos son:

Rafael Valentín Román, v. The American Railroad Co. of Porto Rico, tomo 3°., p. 31, Decisiones de Puerto Rico. Fallado en 29 de enero de 1906.

Sucesión de Maisonave v. Julián Maisonave y otro. Fallado en 5 de diciembre de 1907.

Sucesores de Oliva y Ca. v. J. Matienzo y Ca. Fallado en 12 de diciembre de 1907.

En mérito de las razones expuestas, la sentencia apelada debe confirmarse con las costas del recurso al apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sr.. Presidente Quiñones y Asocia-dos Hernández, Ma'cLeary y Wolf.


author: JUEZ SR. WOLF.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, Apelado v. James E. Kent, Apelante.
    Becurso de apelación interpuesto contra sentencia dictada por ' la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 46.
    Resuelto en 31 de marzo de 1906.
    Nota. — Esta opinión concurrente del Juez Asociado, Sr. Wolf, en’la causa arriba citada, fué omitida en la relación del caso y opinión del tribunal, que aparecen en el tomo 10 de las “Decisiones de Puerto Rico,” página 343.
   DICTAMEN CONCURRENTE DEL

JUEZ SR. WOLF.

Convengo con la mayoría del tribunal en sostener que debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte de Distrito de San Juan y estoy de acuerdo con la mayor parte del razo-namiento contenido en el dictamen de dicba mayoría.

Una de las principales cuestiones envueltas en este caso, era si los autos demostraban que la confesión se había hecho voluntariamente. Los hechos que rodeaban dicha confesión, han sido completamente expuestos por el tribunal; y yo creo que había suficientes pruebas tendentes á demostrar que la referida confesión fué voluntaria. La cuestión con respecto' al carácter voluntario de la confesión, fué investigada por la corte inferior, después de un examen preliminar de los testigos presentados por el fiscal, y del acusado; y dicho tribunal resol-vió admitir la confesión como prueba. Subsiguientemente, y á petición del letrado defensor del acusado, la corte permitió al testigo Dexter, y al acusado, declarar con respecto á la con-fesión. De este modo el jurado adquirió la facultad de recha-zar la confesión, por no ser un acto voluntario del acusado. El letrado defensor no pidió .instrucciones con respecto á este punto, y no se dieron al jurado instrucciones específicas.

Aim cuando el letrado defensor hubiera solicitado instruc-ciones en el sentido de que el jurado debía rechazar la confe-sión, si en virtud de todas las pruebas estaba convencido de que dicha confesión no fué un acto voluntario del acusado, y la corte se hubiera negado á dar tales instrucciones, no creo que semejante negativa hubiera sido un error, porque yo en-tiendo que los autos y las instrucciones demuestran que la corte por sí misma había resuelto esa cuestión. Pero, no se solicitaron instrucciones específicas y no se tomó excepción contra las instrucciones dadas al jurado por el tribunal. La ley de 30 de marzo de 1904, dice:

1 ‘ Siempre que resultare de los autos, en alguna causa criminal ape-lada á la Corte Suprema, que cualquier requisito legal haya sido desa-tendido por el tribunal sentenciador, lio se anulará la sentencia á menos que el error que de los autos resultare, tendiere á perjudicar los derechos de cualquiera de las partes, y se hubiere interpuesto la de-bida excepción en el tribunal sentenciador; disponiéndose, sin embargo, que el tribunal de apelación podrá conocer de errores funda-mentales que aparecieren en los autos, aún cuando no se hubiere inter-puesto objeción á ellos, y fallar sobre los mismos con arreglo al derecho que de los hechos se desprendiere. ’ ’

En virtud de las circunstancias del presente caso y con-siderando especialmente el hecho de que las declaraciones de Dexter y del acusado, fueron sometidas al jurado á petición del letrado defensor del acusado, la falta de instrucciones especiales con respectp 'á la confesión, no podía en ningún caso considerarse como un error fundamental. La cuestión esen-cial con respecto á la admisibilidad de la confesión fné resuelta por el juez que conoció de la causa, y yo no encuentro que su proceder constituyera un error.

En cuanto á los demás errores que se han alegado, estoy de acuerdo con la conclusión de la opinión de la mayoría del tribunal, y, por lo tanto, estoy conforme con la sentencia.


text:
    No. 15.
    Ex Parte Boria.
    Resuelto en junio 17, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. Ramirez de Arellano.

   Solicitud para que se expióla mandamiento de habeas corpus.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 14.
    Figueroa v. El Registrador de la Propiedad de Caguas.
    Resuelto en junio 26, 1907.
    Abogado del recurrente: Sr. Fulladosa.

   Recurso Gubernativo contra nota denegatoria de inscripción.

Desestimado el recurso por haberse interpuesto fuera del término que establece la sección 3a. de la Ley de marzo 1, 1902, sobre recursos gubernativos.


text:
    No. 15.
    Cabrales v. El Registrador de la Propiedad de Ponce.
    Resuelto en junio 26, 1907.
    Recurrente: el recurrente per se.

   Recurso Gubernativo contra nota denegatoria de ins-cripción.

Desestimado el recur-so por haberse interpuesto fuera del término que establece la sección 3a.- de la Ley de marzo 1,1902, sobre recursos guberna-tivos.


text:
    No. 4.
    El Pueblo v. Hernández.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Aboga-do del promovente: Sr. Guzmán Benitez, (José).

    Abogado de la parte contraria: Sr. Rossy, (Fiscal).

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción del acusado para que se apruebe la exposición del caso.

Sin lugar la mocióii por los fundamentos de la opinión en el caso de El Pueblo v. Fernández, febrero 5, 1907.


text:
    No. 29.
    Hernández v. El Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. Texidor.

   Solicitud para que se expida acto de certiorari.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 125.

      Bis. — Pérez v. El Juez de Paz de Comerío.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. Benitez Castaños.

   So licitud para que se expida auto de mandamus.

Denegada la solicitud por los fundamentos del caso de Negrón et al. v. El Superintendente de Elecciones. Resuelto en noviembre 5, 1906.


text:
    No. 128.
    Fernández v. El Juez de la Corte de Distrito de San Juan, Sección 2a.
    Resuelto en julio 29, 1907.
    Abogado de la peticionaria: Sr. López Landrón.

   Solicitud para que se expida auto de mandamus.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 16.
    Ex parte Manso.
    Resuelto en julio 31, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. Figueroa Maestre.

   Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 16.
    Delgado v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez.
    Desistido en agosto 2, 1907.
    Recurrente: la recurrente per se.

   Recurso gubernativo contrá nota denegatoria de inscripción.


text:
    No. 17.
    Ex parte Sifonte.
    Resuelto en agosto 15, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. José Guzmán Benitez.

   Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 18.
    Ex parte Martín.
    Resuelto en agosto 17, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. Massari.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Hutchinson.

   Solicitud para que se expida auto de habeas corpus.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 5.
    El Pueblo v. Hernández et al.
    Resuelto en agosto 27 de 1907.
    Abogado del acusado promovente: Sr. José Guzmán Benitez.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Bossy, Fiscal.

   Apelación proce-cedente de la Corte de Distrito de Aguadilla. Moción para que se apruebe el pliego de excepciones.

Aprobado el pliego de excepciones.


text:
    No. 19.
    Ex parte Acosta et al.
    Resuelto en septiembre 5, 1907.
    Abogado de los peticionarios: Sr. Pérez Moris.

    Abogado de la parte contraria: El Attorney General.

   Solicitud, para que se expida auto de habeas corpus.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 20.
    Ex parte Oquendo et al.
    Resuelto en septiembre 14, 1907.
    Abogado de los peti-cionarios : Sr. Márquez.

   Solicitud para que se expida mandamiento de habeas corpus.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 138.
    Sandoval v. Roig.
    Resuelto en octubre 8, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Cayetano Goll Cuchí.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Hernández López.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Areeibo. Moción para que se desestime la apelación.

Sin lugar la moción.


text:
    No. 167.
    Rubert Hermanos v. López et al.
    Resuelto en octubre 8, 1907.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se desestime la apelación.

Abogado del pro-movente : Sr. Alvarez Nava.

Abogado de la parte contraria: Sr. López Landrón.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 54 del Reglamento del Tribunal 'Supremo.


text:
    No. 172.
    Solá v. Ramis et al.
    Resuelto en octubre 8, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Sarmiento.

    Abogado de la parte contraria: Sres. Eartzell y Rodríguez Serra.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao. Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la ape-lación, por incumplimiento del artículo 54 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 176.
    Muñoz v. López.
    Resuelto en octubre 8, 1907.
    Abogado de la parte promovente: Sr. Eduardo Acuña.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Guevillas y Méndez.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayágüez. Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 54 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 192.
    Coll v. Axtmayer.
    Resuelto en octubre 8, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Gay. Goll Cuchí.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Mott.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 50 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 194.
    Fritze, Lundt & Co. v. Romero.
    Resuelto en octubre. 8, 1907.
   Apelación pro-cedente de la Corte de Distrito de Mayagüez. Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 50 y 54 del Regia-mentó de este tribunal.

Abogado del promovente: Sr. Sama.

Abogado de la parte contraria: Sr. Arnaldo.


text:
    No. 195.
    Gómez v. Capó et al.
    Resuelto en octubre 8, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Bosch.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Texidor.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se deses-time la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Có-digo de Enjuiciamiento Civil y 50 y 54 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 31.
    Pérez v. El Juez de Paz de Comerío.
    Resuelto en octubre 10, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. José de Gusmcm Benítes.

   Solicitud para que se expida auto de certiorari.

Denegada la solicitud .


text:
    No. 160.
    Pérez v. Eugui & Co.
    Resuelto en octubre 10, 1907.
    Abogados del promovente: Sres. Eduardo Acuña y Palacios Rodrigues.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Lopes Landrón.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se deses-time la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 54 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 141.
    Ramos v. Orcasitas et al.
    Resuelto en octubre 15, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Manuel F. Bossy.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Guevillas y Méndes.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se des-estime la apelación.

Sin lugar la moción.


text:
    No. 185.
    Rossy v. Mollfulleda et al.
    Resuelto en octubre 15 de 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Manuel F. Bossy.

    Parte contraria: Sr. Mollfulleda.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que-se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 50 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 198.
    Giménez et al. v. Dueño et al.
    Resuelto en octubre 15, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Bernardini.

    Abogado de la parte contraria: Sr .López Landrón.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de Hnmacao. Moción para que se desestime la apelación.

Des-estimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 50 y 54 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 33.
    Fajardo v. El Juez de la Coste de Distrito de Mayagüez.
    Resuelto en octubre 18, 1907.
    Abogado del peticionario: Sr. Pascasio Fajardo.

   Solicitud para que se espida auto de certiorari.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 163.
    Díaz et al. v. Waymouth.
    Resuelto en octubre 21, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Latorre.

    Parte contraria: Sr. José de Guzmán Benitez.

   Apelación procedente de la 'Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se des-estime la apelación.

Sin lugar la moción.


text:
    No. 191.
    El Pueblo v. Esteves et al.
    Resuelto en octubre 21, 1907.
    Abogado del promo-vente: Fiscal Sr. Bossy.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Franco Soto.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de Aguadilla. Moción para que se desestime la apelación.

Des-estimada la apelación por incumplimiento del artículo 54 del Reglamento del Tribunal Supremo.


text:
    No. 32.
    Suau v. El Juez de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    Re-suelto en- octubre 22, 1907.
    Abogados del peticionario: Sres. Texidor y Suau.

   Solicitud para que se expida auto de certiorari.

Denegada la solicitud.


text:
    No. 209.
    Rosaly et al. v. Pérez et al.
    Resuelto en noviembre 4, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. José Tous Soto.

    Abogados de la parte contraria: Sres. Boerman y Llorens.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de Ponce. Moción para que se desestime la apelación.

Des-estimada la apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 50 y 54 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 210.
    Amy et al. v. Amorós et al.
    Resuelto en noviembre 11, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Texi-dor.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Celestino Domínguez.

   Apelación proce-dente de la Corte de Distrito de Gruayama. Moción para que se desestime la apelación.

Desestimadatla apelación por incumplimiento de los artículos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 50 y 54 del Regla-mento de este tribunal.


text:
    No. 211.
    Carro v. Pérez et al.
    Resuelto en noviembre 12, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Emigdio S. Ginorio.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Cruz Castro.

   Apelación procedente de la -Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se deses-time la apelación.

Desesti-mada la apelación por incumplimiento del artículo 12 de la Ley de Desahucio de marzo 9,1905.


text:
    No. 207.
    Jones v. Wenar.
    Resuelto en noviembre 25, 1907.
   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se desestime la apélación.

Desestimada la apelación por incumplimiento de los artícnlos 11 y 12 de la Ley de Desahucio de marzo 9, 1905.

Abogado del promo-vente: Sr. Hernández López.

Abogados de la parte contraria: Sres. Sweet, Rossy y Campillo.


text:
    No. 221.
    Menéndez v. Rosado.
    Resuelto en diciembre 2, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Santoni.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Suliveres.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo. Moción para que se deses-time la apelación.

Desesti-mada la apelación por incumplimiento de los artícnlos 299 del Código de Enjuiciamiento Civil y 50 y 54 del Reglamento de este tribunal.


text:
    No. 219.
    Colón v. Roig.
    Resuelto en diciembre 10, 1907.
    Abogados del promovente: Sres. Hartzell y Rodríguez Serra.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Hernández López.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se desestime la apelación.

Sin lugar la moción.


text:
    No. 182.
    Silva v. Salamanca et al.
    Resuelto en diciembre 20, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Celestino Dominguez.

    Abogado de la parte contraria: Sr. Nadal Santa Coloma.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de Gruayama. Moción para que se una á los autos una exposición de hechos.

Sin lugar la moción.


text:
    No. 224.
    Obrer et al. v. Llinás, Roselló & Co.
    Resuelto en diciembre 23, 1907.
    Abogado del promovente: Sr. Bosch.

    Abogado de la parte contraria: Sr. López Landrón.

   Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan. Moción para que se desestime la apelación.

Desestimada la apelación por incumplimiento del artículo 50 del Reglamento de este tribunal.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Sucesión de José Del Coro Lugo, compuesta por los herederos Javier Pollock Pérez, José Encarnación del Coro Ukura y Elizabeth López Charles; Lydia María Fernández Díaz, en capacidad de cónyuge supérstite, y Alicia López Martínez, en su carácter de albacea testamentaria de la Sucesión de José Del Coro Lugo, demandantes y recurrentes, v. Hon. Juan Agosto Alicea, Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-89-144

      Resuelto: 26 de febrero de 1992

      Edwin González Torres y Fernando Pérez Colón, de Lespier, Muñoz Noya y Ramírez, abogados de los recurrentes; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, María Adaljisa Dávila, Procuradora General Auxiliar, y Juan R. Deliz Román, Procurador General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia central ante nos consiste en determinar cómo valorar acciones de una corporación familiar que no eran vendidas en bolsas de valores reconocidas para propó-sitos de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico vigente para el 16 de abril de 1985.

HH

Los hechos del caso no están en controversia.

Don José Del Coro Lugo, único accionista de Río Piedras Commercial, Inc., falleció el 16 de abril de 1985. En su caudal hereditario constaban aproximadamente 4,976.4 acciones comunes de dicha corporación, las cuales no eran objeto de transacciones en el mercado o en bolsas de valo-res reconocidas.

Entre los activos de Río Piedras Commercial, Inc. había una partida denominada “Cash Value of Life Insurance” con valor en efectivo (cash surrender value) de trescientos veintisiete mil cuatrocientos veinticinco dólares ($327,425) correspondiente a una póliza de seguro de vida sobre el causante del tipo key man insurance. () Dicha póliza fue obtenida dentro del curso normal de sus negocios; la corpo-ración pagó las primas y era la única beneficiaría designada.

Al rendir la planilla de contribución sobre caudales re-lictos, el albacea utilizó el antes mencionado valor según éste constaba en el estado de situación más cercano a la fecha de la muerte del causante (28 de febrero de 1985) el cual fue preparado por la compañía de contadores públicos autorizados Touche Ross & Co. A diferencia del valor en efectivo de la póliza, el valor nominal (face value) de ésta que sería recibido por la beneficiaría —Río Piedras Commercial, Inc.— a la fecha del fallecimiento de Don José Del Coro Lugo era de ochocientos mil dólares ($800,000) según surge de la póliza.

La práctica administrativa del Secretario de Hacienda ( en adelante el Secretario) ha sido considerar las pólizas de seguro de vida key man insurance como parte de los activos de capital cuando una corporación es su propietaria y beneficiaría. Siguiendo esa práctica, el 18 de marzo de 1988 el Secretario le cursó a la Sucesión de José Del Coro Lugo (en adelante Sucesión) una “Notificación Final y Re-querimiento de Pago” por deficiencias contributivas de he-rencia, ascendentes a ciento ochenta y dos mil quinientos treinta y cuatro dólares con cuarenta y seis centavos ($182,534.46), más intereses hasta el 30 de abril de 1988 para un total de doscientos veinticuatro mil quinientos se-senta y ocho dólares con trece centavos (224,568.13). Basó dicha deficiencia en su tasación de las acciones comunes del Río Piedras Commercial, Inc. Distinto a la Sucesión, el Secretario valoró la póliza en ochocientos mil dólares ($800,000). Es decir, en vez de aceptar el valor en efectivo (cash value) de la póliza reflejado en el estado financiero más próximo a la muerte del causante, utilizó su valor par (face value).

La Sucesión solicitó reconsideración de la deficiencia no-tificada, la cual fue denegada por el Secretario. Posterior-mente, la Sucesión recurrió al Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez) concluyó que el Secretario actuó en conformidad con la práctica administrativa al ajustar la partida de activo correspondiente a la póliza de vida, para que reflejara su valor real a la fecha de la muerte del causante.

Inconforme con dicho dictamen, la Sucesión acude ante nos alegando lo siguiente: (1) la inaplicabilidad de la See. 33(a) de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. sec. 5033(a), en la valoración de las acciones; (2) la aplicabilidad taxativa de la Sec. 33(b)(2) de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. see. 5033(b)(2), que considera la valoración de acciones y valo-res corporativos que no son vendidos en bolsas de valores reconocidas; (3) que las enmiendas introducidas en 1983 a la Sec. 33(b)(2) de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, supra, y su corres-pondiente reglamento alteraron el método de valoración de las acciones, y (4) la necesidad de considerar la pérdida económica y de plusvalía sufrida por la corporación por el fallecimiento de Don José Del Coro Lugo en la revaluación de las acciones.

HH h-H

Para adjudicar esta controversia novel se requiere inter-pretar la See. 33 de la Ley Núm. 167 de 30 de junio de 1968 (13 L.P.R.A. see. 5033), a la luz de la enmienda que sufrió por el Art. 4 de la Ley Núm. 1 de 4 de enero de 1983, conocida como la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico.

La Sec. 33(b)(2), supra, dispone la forma de valoración de las acciones y valores corporativos que no son vendidos en bolsas reconocidas de valores.

Dicha disposición lee como sigue:

See. 5033. Valoración de propiedad incluible en el caudal relicto bruto
. . . . . . . .
(b) Valoración de acciones y valores corporativos.—
. . . . . . . . .
(2) Los no vendidos en bolsas de valores reconocidas.— Su valor será el conocido en el mercado. De no ser éste conocido se tomará su valor en los libros de contabilidad de la corporación emisora según reflejado en el estado de situación de la corpora-ción al cierre normal de operaciones más cercano de la fecha de muerte del causante, preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y certificados por un con-tador público autorizado. Se le ofrecerá la opción al administra-dor, albacea o fideicomisario para determinar el valor a base de valorar los activos de la corporación más la plusvalía de ésta deduciendo su pasivo y el valor de las acciones preferidas, si las hubiese, y dividiendo el remanente de la valoración por el nú-mero de acciones comunes para determinar el valor de cada acción común. En el caso de un negocio individual o sociedad que representan un negocio de familia se usará un método similar para valorar el negocio pero valorando los activos como una unidad. (Énfasis suplido y en el original.) 13 L.P.R.A. see. 5033(b)(2).

Antes de la enmienda de 1983, la facultad del contribu-yente para utilizar el valor en los libros de contabilidad de la corporación emisora de las acciones estaba sujeta a que a juicio del Secretario “éstos reflejaran la verdad”. En este sentido, si el Secretario entendía que el valor en los libros de la corporación emisora no reflejaba la verdad, éste tenía facultad para valorar las acciones o valores conforme al método alterno provisto por el texto de la ley. Bajo dicho método se requiere valorar la propiedad de la corporación incluyendo la plusvalía. De esta cantidad se deduce el total de pasivos y acciones preferidas, y el remanente se divide por el número de acciones comunes.

Si aún así, la valoración fuere a todas luces irrazonable, el valor se podría determinar aplicando todos aquellos fac-tores que mediante reglamento se establecieran.()

La Sucesión sostiene que la actual Sec. 33(b)(2), supra, no faculta al Secretario ni al contribuyente, unilateral-mente y en contravención a los métodos alternos dispues-tos por dicha sección, a realizar ajustes en la valoración de los activos de la corporación. Sostiene, además, que el pro-pósito legislativo de la enmienda de 1983 fue precisamente evitar este tipo de actuación. A su entender, la referida enmienda es clara y taxativa al concederles la opción de tomar el valor en los libros de contabilidad de Río Piedras Commercial, Inc., según se refleja en el estado de situación de la corporación al cierre normal de operaciones más cer-cano de la fecha de muerte del causante, preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente acep-tados y certificados por un contador público autorizado. Ar-gumenta que cuando la ley es clara no admite interpretación. Concluye que si la tesis del Secretario fuese correcta, entonces no hubiese habido necesidad de enmen-dar la ley.

Por su parte el tribunal de instancia resolvió que ni la ley ni el reglamento sostienen tal posición. Aclaró que el método de valoración usado por la Sucesión es correcto y válido, pero le reconoció discreción al Secretario para ajus-tarlo, de forma tal que refleje su verdadero valor para los fines contributivos una vez la corporación recibe el importe de la póliza.

Por último, señaló que ante el caso extraordinario de este tipo de seguro de vida —cuyo beneficiario es la corpo-ración y su valor nominal no es redimible hasta tanto ocu-rra la muerte del asegurado, una vez acaecida ésta, el valor de los activos de capital, y por ende de las acciones corporativas— se van a afectar, por lo que procede el ajuste correspondiente cuando los referidos estados fueron prepa-rados antes de la muerte del asegurado.

IV

Incidió el foro de instancia en su dictamen. Veamos por qué.

Con anterioridad a las enmiendas introducidas en 1983 se creaban numerosas controversias innecesarias por el es-tado de derecho vigente que facultaba al Secretario a valo-rar los bienes de la corporación si entendía que el valor en los libros de contabilidad no reflejaban la verdad.

Así lo expresó taxativamente la ex Secretaria de Hacienda, Carmen Ana Culpeper, en su ponencia sobre el Pro-yecto de la Cámara 689 que luego se convirtió en la ley que estamos interpretando. Ante la Comisión de Hacienda de dicho Cuerpo expresó entonces:

El proyecto propone otros alivios y beneficios de importancia entre los cuales se encuentran los siguientes:
Número 1: Para propósitos del cómputo del caudal relicto bruto se dispone que para la valoración de acciones de capital que no son vendidas en bolsas de valores reconocidas y cuando se desconozca su valor en el mercado, se tomará en cuenta su valor en los libros de la corporación emisora según reflejado en el estado de situación de la corporación preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y certifi-cado por un contador público autorizado.
El propósito de esta enmienda es evitar las numerosas contro-versias creadas por el estado de derecho actual bajo el cual, en la valoración de acciones de corporaciones familiares, se toma en cuenta el valor en los libros solamente si el Secretario de Hacienda o sus delegados opinan que dicho valor refleja la realidad. (Enfasis suplido y en el original.) Véase Memorando de 1ro de diciembre de 1982 a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Historial Legislativo del P. de la C. 689 de 9 de diciembre de 1982, pág. 4.

De igual forma se expresó la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes en su memorial explicativo del R de la C. 689, recomendando a dicho Cuerpo la apro-bación de la enmienda. Dice así dicho memorial:

En la Ley de Contribuciones Sobre Caudales Relictos y Do-naciones, bajo el método de valoración alterna que proveía la sección 33(b)(2) para las acciones y valores corporativos no ven-didos en bolsas de valores, se usaba el valor en los libros de contabilidad de la corporación emisora solamente si estos refle-jan la verdad. Más aún, si el Secretario de Hacienda conside-raba que esas valoraciones no eran razonables, podía entonces hacer su propia determinación de valores.
La aplicación de esta disposición resultó en la creación de controversias ya que aunque los valores en los libros estuviesen correctos en base a los principios de contabilidad, estos no se aceptaban. La frase “si los libros reflejan la verdad” resultó no tener valor alguno. Por lo tanto, al enmendar esta sección, se permite el uso de valoración alterna de los libros de contabili-dad de la corporación emisora que sean preparados de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y certifi-cados por un Contador Público Autorizado. (Enfasis suplido.)

El P. de la C. 689, aprobado por la Cámara de Represen-tantes, fue adoptado íntegramente por el Senado de Puerto Rico según le fuera referido por dicho Cuerpo. Véase XXXVI (Núm. 17) Diario de Sesiones de la Asamblea Le-gislativa (Senado), 11 de diciembre de 1982.

La enmienda de 1983 expresamente eliminó de la See. 33(b)(2), supra, el texto anterior que leía “[s]i dichos libros no reflejaren la verdad, el valor se determinará valorando la propiedad ...”. (Enfasis suplido.) 13 L.P.R.A. ant. see. 5033.

También eliminó la alternativa que tenía el Secretario de valorar estas acciones mediante la aplicación de otros factores determinados mediante reglamento.

Al aprobar la Ley Núm. 1, supra, en 1983, el legislador tenía además otras preocupaciones relacionadas con el ob-jetivo liberalizante que se le quería introducir a la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico. Véase el informe ofrecido por el Presidente de la Comisión de Hacienda a la Cámara de Representantes.

Específicamente: (1) se consideraba la anterior Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones “su-mamente dañina” a la economía de Puerto Rico debido a que se vislumbraba como un impedimento al desarrollo económico del país; (2) la ley promovía la fuga de capital hacia el exterior, y (3) que en muchos casos había llevado a negocios e instituciones del país, que son propiedad de accionistas y socios puertorriqueños, al fracaso o habían tenido que ser vendidas a capital extranjero. Memorando, supra.

Al aprobarse la Ley Núm. 1, supra, uno de los propósi-tos que tuvo el legislador fue evitar precisamente el resul-tado adverso que por años se venía sintiendo en la econo-mía de Puerto Rico a consecuencia de la tributación desproporcionada sobre los caudales relictos.

V

No sólo la intención legislativa es clara, sino que tam-bién el lenguaje de la Sec. 33(b)(2), supra, según enmen-dada, es diáfano.

La fuente primaria del derecho contributivo es la ley que impone la contribución de que se trate, y cuando la propia letra de la ley contributiva cubre el asunto sin in-certidumbre, ella dispone de la controversia. G. Meléndez Carrucini, Fuentes del Derecho Tributario, XVI (Núm. 2) Rev. Jur. U.I.A. 305 (1982).

La Sec. 33(b)(2), supra, le ofrece al administrador, albacea o fideicomisario dos (2) alternativas u opciones para valorar acciones y valores incluidos en el caudal relicto bruto, cuando éstos no son vendidos en bolsas de valores reconocidas: (1) tomar el valor en los libros de contabilidad de la corporación emisora según se refleja en el estado de situación de la corporación al cierre normal de operaciones más cercano a la fecha de la muerte del causante, preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y certificados por un contador público autorizado (como se hizo en el caso ante nos), o (2) determinar el valor a base de valorar los activos de la corporación más la plusvalía de ésta deduciendo su pasivo y el valor de las acciones preferidas, si las hubiese, y dividiendo el remanente de la valoración por el número de acciones comunes para determinar el valor de cada acción común. 2 Puerto Rico Taxes Sec. 85, 305; 2 Puerto Rico Taxes Sec. 89002 (1986); 2 Puerto Rico Tax Rep. Sec. 5033, Párr. 95-044 (1990); A. Vázquez González, La nueva ley sobre contribuciones sobre caudales relictos y donaciones, San Juan, 1986.

La opción de escoger una de estas dos alternativas se le concede al administrador, albacea o fideicomisario, y no al Secretario. Al ejercer dicha opción, el albacea no puede to-mar uno de los activos incluidos en el estado de situación de la corporación emisora de las acciones y valorarlo sepa-radamente, pues estaría alterando un estado de situación debidamente certificado por un contador público autori-zado y afectando toda la valoración de los bienes corporativos. Tal cosa tampoco la puede hacer el Secretario.

No sólo la Sec. 33(b)(2), supra, es diáfana, sino que el reglamento que adoptó el Secretario para instrumentarla dispone un mecanismo similar al contenido por la ley para valorar acciones y valores no vendidos en bolsas de valores reconocidas. Dicho reglamento tampoco concede facultad al Secretario para realizar la valorización de un activo del estado de situación separadamente. Reglamento Núm. 3548 de 9 de diciembre de 1987, Sec. 1.33(b)-1(c)(2).()

De la letra clara de la ley y de su reglamento, así como de su intención legislativa surge con meridiana claridad que la Sec. 33(b)(2), supra, tiene el propósito de evitar controversias y dilaciones innecesarias resultantes de los innumerables ajustes y revaluaciones realizadas por el Secretario. Como bien reconoce el Estado en su comparecencia ante nos, “[e]l propósito [de la enmienda] fue agilizar y facilitar un proceso de valoración que de por sí era arduo, tedioso y complicado”. (Enfasis suplido.) Alegato de la parte recurrida, pág. 12.

El esquema legal vigente brinda certeza tanto al contri-buyente como , al Secretario sobre los métodos de valoración. Ello beneficia al Estado y al contribuyente. Para que un sistema fiscal —que de por sí es altamente técnico— funcione adecuadamente, él debe brindar al con-tribuyente un grado de confiabilidad y de certeza que le permita a éste conocer con razonabilidad las “reglas del juego”. Lo contrario menoscaba la fe de los contribuyentes en el sistema mismo.

V

Apliquemos lo expuesto anteriormente al caso de autos.

Habiendo escogido el albacea, para valorar la póliza de key man insurance —conforme lo dispone la Sec. 33(b)(2), supra— la opción que le permite utilizar el valor en los libros de la corporación emisora, según reflejado en el úl-timo estado de situación debidamente certificado por un contador público autorizado, no podía el Secretario revalo-rar posteriormente dicha póliza o activo.

Una interpretación distinta a la que hoy hacemos de la Sec. 33(b)(2), supra, según fue enmendada, violaría la letra clara de la ley, daría al traste con el propósito legislativo de la enmienda introducida en el 1983 y restablecería el es-tado de derecho que precisamente el legislador quiso eliminar.()

Finalmente, no estamos ante una situación que podría propiciar la evasión contributiva. Es todo lo contrario. Sos-tener que el Secretario tiene discreción en casos como el presente para requerir que se tribute a base de la revalua-ción que éste haga del valor en los libros de esas acciones por el producto neto de la póliza, propicia la fuga de capital local. Así lo entendió el legislador expresamente.

VI

En vista de lo aquí dispuesto, es innecesario considerar el planteamiento de los recurrentes a los efectos de que incidió el foro de instancia al no considerar en la valoración de las. acciones la pérdida económica y de plusvalía que representó para la corporación el fallecimiento del causante.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque la del tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Disentimos. El beneficio neto (proceeds) de una póliza de seguro de vida del tipo key man insurance( ) recibido por una corporación íntima (dueña y beneficiaría de la póliza), debe considerarse como un activo al valorar sus acciones. Nos explicamos.

HH

La Sucesión José Del Coro Lugo sostiene que la Sec. 33 de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Do-naciones de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. see. 5033, según en-mendada en 1983,() no faculta al Secretario de Hacienda ni al contribuyente, unilateralmente y en contradicción de los métodos alternos provistos por el estatuto, a realizar ajustes en la valoración de los activos de la corporación emisora. Añade que el propósito legislativo de la enmienda fue precisamente evitar este tipo de controversia. A su en-tender, la referida enmienda es clara y taxativa al conce-derle la opción de tomar el valor en los libros de contabili-dad de Río Piedras Commercial, Inc., según quedó reflejado en el estado de situación de la corporación ál cie-rre normal de operaciones más cercano de la fecha de muerte del causante, preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados y certificados por un contador público autorizado. Argumenta que cuando la ley es clara no admite interpretación. Concluye que si la tesis del Secretario de Hacienda fuese correcta, entonces no hubiese habido necesidad de enmendar la ley.

Por su parte, el tribunal sentenciador (Hon. Arnaldo Ló-pez Rodríguez, Juez) resolvió que ni la ley ni el reglamento sostienen tal posición. Aclaró que el método de valoración usado por la Sucesión es correcto y válido, pero le reconoció discreción al Secretario de Hacienda para ajustarlo, de forma tal que refleje su verdadero valor para los fines con-tributivos una vez la corporación recibe el importe de la póliza.

Señaló que ante el caso extraordinario de este tipo de seguro de vida, cuyo beneficiario es la corporación y su valor nominal no es redimible hasta tanto ocurra la muerte del asegurado, una vez acaecida ésta, el valor de los activos de capital —y por ende de las acciones corporativas— se va a afectar, por lo que procede el ajuste correspondiente cuando los referidos estados fueron preparados antes de la muerte del asegurado.

HH H-1

Resolvió correctamente el ilustrado tribunal de origen. Como argumenta en su alegato el Secretario de Hacienda, en situaciones como la de autos procede efectuar un ajuste. Lógicamente, cuando existe una póliza de seguro del tipo apuntado, su valor nominal no es redimible hasta tanto ocurra la muerte del asegurado. Acaecido ese suceso, el ingreso de los beneficios afecta favorablemente el valor de los activos y, por ende, el valor de las acciones de la corporación.

Como la ley requiere que se utilice el estado financiero de la corporación más cercano a la fecha de la muerte del causante, el cual puede ser anterior o posterior a dicha fe-cha, el ajuste sólo procederá cuando el estado financiero sometido al Departamento de Hacienda sea anterior a la muerte del causante. Ello se debe, por razones obvias, a que como no ha ocurrido la muerte, el estado no refleja el importe recibido por la póliza de seguro, pues a esa fecha sólo reflejará su valor de rescate en efectivo (cash surrender value). De ahí que este valor únicamente sirva para valorar las acciones con anterioridad a la muerte del cau-sante pero no a la fecha de su muerte o posteriormente, que es el realmente importante a los fines de la contribu-ción sobre caudales relictos.

En esas circunstancias no es posible tachar de arbitra-ria la acción del Secretario de Hacienda. El ajuste no se determina caprichosamente, puesto que el valor nominal surgirá de la póliza y su monto se obtendrá de una simple operación matemática: restar del valor par (face value) del valor en efectivo de la póliza (cash surrender value). Existe, pues, certeza tanto en cuanto al ajuste como en cuanto al aumento en la valoración de las acciones de una corpora-ción y en su responsabilidad contributiva.

La ausencia del ajuste produciría una inequidad y falta de uniformidad en la tramitación de estos casos y en la determinación de la contribución que ha de pagarse, justi-ficada únicamente por un suceso puramente casual: la fe-cha de la muerte del causante en relación con la prepara-ción del estado financiero de la corporación más cercano a esa fecha.

La tesis de la Sucesión recurrente podría propiciar la evasión contributiva, puesto que permite que cantidades de dinero que ingresan al caudal no sean informadas. Aun-que el cobro de contribuciones no es irrestricto —Carazo v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 306, 310 (1987)— el Estado tiene un interés legítimo que proteger en estos casos, ya que la evasión del pago de contribuciones sobre herencia atenta contra la política fiscal del Estado Libre Asociado. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 188 (1985). Por esta razón no debemos interpretar una ley con-tributiva de manera que facilite la evasión del pago de con-tribuciones que la Asamblea Legislativa impuso. West India Oil Co. (P.R.) v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 732, 744-745 (1939).

HH HH HH

Tampoco incidió el tribunal de instancia al no conside-rar en la valoración de las acciones la pérdida económica y de plusvalía que representó para la corporación el falleci-miento de su hombre clave.

El Secretario de Hacienda considera inmeritorio este se-ñalamiento de error por no haberse formulado en instancia. Aunque reconoce que los tratadistas de derecho contributivo señalan que la muerte del “hombre clave” de una corporación cerrada puede afectar negativamente la plusvalía {goodwill) y el valor de las acciones, considera que existe una razón adicional para no ajustar la deficien-cia notificada. A su entender, era necesario que el albacea hubiese seleccionado la segunda alternativa ofrecida en la Sec. 33(b)(2) de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. see. 5033(b)(2), y no la primera, como efectivamente hizo.

Nuevamente tiene razón. La propuesta de la Sucesión no está disponible en el método o alternativa seleccionada por el albacea. De ninguna manera puede interpretarse que el Secretario de Hacienda tenía que utilizar el segundo método alternativo de valoración que provee la ec. 33(b)(2), supra. Esa opción sólo es concedida al administrador, alba-cea o fideicomisario de la Sucesión, y no al Secretario de Hacienda.

Los métodos de valoración provistos en la ley son excluyentes. Habiendo usado el albacea el primer método, la Sucesión estaba impedida de exigir un ajuste adicional basándose en el segundo método.

Por los fundamentos expuestos, disentimos.

      (1) Un seguro del tipo key man insurance en una corporación familiar tiene el propósito de proteger a ésta de la pérdida o merma en la efectividad de sus activi-dades que puedan surgir por la muerte de un accionista o funcionario que es clave en el funcionamiento del negocio. G. Meléndez Carrucini, Manual de Contribuciones sobre Caudales y Donaciones, San Juan, Inst. Contribuciones de Puerto Rico, 1969, pág. 172.

      (2) El texto de la Sec. 33(b)(2) de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Re-lictos y Donaciones de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 5033(b)(2), antes de la enmienda de 1983 era el siguiente:

        “See. 5033. Valoración de propiedad incluible en el caudal relicto bruto

        . . . . . . . .

      “(b) Valoración de acciones y valores corporativos:

        . . . . . . . .

      “(2) Los no vendidos en bolsas de valores reconocidas.— Su valor será el conocido en el mercado. De no ser éste conocido se tomará su valor en los libros de contabili-dad de la corporación emisora si éstos reflejaren la verdad. Si dichos libros no refle-jaren la verdad, el valor se determinará valorando la propiedad de la corporación más la plusvalía de ésta, deduciendo su pasivo y el valor de las acciones preferidas, si las hubiere, y dividiendo el remanente de la valoración por el número de acciones comunes. El resultado de esta operación producirá el valor neto de cada acción común. Cuando utilizando las formas anteriormente indicadas la valoración obte-nida fuere a todas luces irrazonable, el valor se determinará aplicando todos aquellos factores que por reglamento determine el Secretario.” (Énfasis suplido y en el original.) 13 L.P.R.A. ant. sec. 5033(b)(2).

      (3) Cabe señalar que nuestra Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico actual no es análoga al Código de Rentas Internas federal. Por el contrario, existen diferencias sustanciales, por lo cual dicha ley y la reglamentación y jurisprudencia federales no pueden ser utilizadas por analogía.

      (5) Es importante destacar que con posterioridad a la muerte del aquí causante, José del Coro Lugo, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1985 mediante la cual se establece que los certificados de acciones emitidos por corporaciones domésticas y las cantidades pagaderas por contratos de seguro de vida de un causante residente de Puerto Rico son deducibles del caudal relicto bruto. Específicamente, en lo pertinente, la referida ley dispone que:
      “(a) Será deducible del caudal relicto bruto de un causante residente de Puerto Rico, el valor de la propiedad localizada en Puerto Rico (según se define y enumera en esta sección), a la fecha de su fallecimiento, excepto según se dispone en la Sec-ción 5056
      “(b) Para fines de esta sección el término ‘propiedad localizada en Puerto Rico’ significa e incluirá lo siguiente:
      “(2) Los certificados de acciones emitidos por corporaciones domésticas ....
      “(5) Las cantidades pagaderas por razón de contratos de seguro sobre la vida de un residente de Puerto Rico.” 1985 Leyes de Puerto Rico 700-701.
      No obstante lo anterior, la norma esbozada en el caso de autos, en torno a los métodos de valoración de acciones y valores corporativos sin vender en bolsas de valores reconocidas, es de aplicación a aquellos casos en que las mismas no sean deducibles del caudal relicto bruto por no cumplir con lo requerido por la Ley Núm. 11, supra.

      (1) “Protección de un establecimiento comercial contra las pérdidas financieras causadas por la muerte o inhabilitación de un miembro vital de la empresa. Un medio de proteger un negocio de los resultados adversos de la pérdida de individuos con destrezas administrativas especiales o de experiencia.” (Traducción nuestra.) L.E. Davids, Dictionary of Insurance, 6ta ed. rev., Nueva Jersey, Ed. Rowman y Allanheld, 1983, pág. 171.

      (2) “See. 5033. Valoración de propiedad incluible en el caudal relicto bruto

      “(b) Valoración de acciones y valores corporativos.—
      “(2) Los no vendidos en bolsas de valores reconocidas.— Su valor será el cono-cido en el mercado. De no ser éste conocido se tomará su valor en los libros de conta-bilidad de la corporación emisora según reflejado en el estado de situación de la corporación al cierre normal de operaciones más cercano de la fecha de muerte del causante, preparado de acuerdo con principios de contabilidad generalmente acepta-dos y certificados por un contador público autorizado. Se le ofrecerá la opción al administrador, albacea o fideicomisario para determinar el valor a base de valorar los activos de la corporación más la plusvalía de ésta deduciendo su pasivo y el valor de las acciones preferidas, si las hubiese, y dividiendo el remanente de la valoración por el número de acciones comunes para determinar el valor de cada acción común. En el caso de un negocio individual o sociedad que representan un negocio de familia se usará un método similar para valorar el negocio pero valorando los activos como una unidad.” (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.)


author: per curiam: Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
      In re Solicitud de Samuel Cepeda García et al.

      Número: MC-92-001

      Resuelto: 28 de febrero de 1992
   per curiam:

Con fecha de 22 de enero de 1992 los señores Samuel Cepeda García, Fernando Tonos Florenzán, Héctor Castro Marchán y José Guillermo Rodríguez, todos Repre-sentantes del partido de mayoría en la Asamblea Legisla-tiva, sometieron ante el entonces Juez Presidente de este Tribunal, Hon. Víctor M. Pons Núñez, “en su carácter de Jefe de la Rama Judicial del Estado Libre Asociado”, un escrito en el cual alegaron que las expresiones de los Jue-ces Asociados Señores Antonio Negrón García y Francisco Rebollo López, el pasado 10 de enero de 1992, en ocasión del juramento de los Jueces Superiores Bruno Cortés Trigo y Wilfredo Santos López, constituyen violaciones a los Cá-nones I, XI y XIII(f) e (i) de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. Solicitaron que estas actuaciones de los Jueces Aso-ciados Señores Negrón García y Rebollo López fueran eva-luadas, analizadas y estudiadas, y que en su día tomáse-mos las determinaciones que estimásemos procedentes.

El ex Juez Presidente Pons Núñez dio conocimiento in-mediato de la solicitud a todos los Jueces del Tribunal. El actual Juez Presidente, José A. Andréu García, sometió el asunto a la consideración del Pleno del Tribunal. Los Jue-ces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López se han inhibido y no han participado en la consideración de este asunto.

I

De acuerdo con los solicitantes, los hechos que avalan su posición son los siguientes:

1. El pasado 26 de diciembre de 1991, el señor Gobernador, Honorable Rafael Hernández Colón, nominó al licenciado Jaime B. Fuster para el cargo de Juez Asociado del Tribunal Supremo, en sustitución del Honorable Juez Asociado, José A. Andréu García, quien fuera nominado a ocupar el cargo de Juez Presidente del Tribunal Supremo.
2. Al momento de su nombramiento, el licenciado Fuster se desempeñaba como Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, habiendo sido electo para ese puesto en los comi-cios electorales de noviembre de 1988.
3. Miembros del Partido Nuevo Progresista criticaron los nombramientos del Primer Ejecutivo.
4. El 14 de octubre de 1991, el señor Gobernador nominó para el cargo de Juez Superior al licenciado Bruno Cortés Trigo, quien fue confirmado por el Senado de Puerto Rico el 4 de no-viembre de 1991.
5. A la fecha de su nominación, el licenciado Cortés Trigo se desempeñaba como Asesor Legal del Gobernador.
6. El pasado 8 de enero de 1992, el señor Gobernador nominó al licenciado Wilfredo Santos López para el cargo de Juez Superior.
7. A la fecha de su nominación, el licenciado Santos López ocupaba el cargo de Representante a la Cámara de Represen-tantes de Puerto Rico, habiendo sido electo para ese cargo en los comicios electorales de noviembre de 1988 por el Partido Popular Democrático.
8. El 9 de enero de 1992, el Presidente del Partido Nuevo Progresista, el Dr. Pedro Roselló, candidato a Gobernador por dicho partido, exigió de la Senadora Victoria Muñoz Mendoza que no permitiera que la judicatura se convirtiera en un “refu-gio de políticos forzados al retiro[”.]
9. El doctor Roselló solicitó de la Senadora Muñoz que esta-bleciera como política “que no se harán o confirmarán nombra-mientos a la judicatura de políticos electos a servir al pueblo en este cuatrienio.” Así como también le solicitó que “no se confir-men nombramientos a la judicatura de ayudantes de confianza de la Rama Ejecutiva[”.]
10. El 10 de enero de 1992 en la ceremonia de juramentación de los Jueces Superiores, Cortés Trigo y Santos López, los Jue-ces Asociados Negrón García y Rebollo López criticaron severa-mente al señor Gobernador por nombrar a la Judicatura a per-sonas que ocupan cargos públicos electivos y de confianza.
11. La prensa del país reportó que el Juez Asociado Rebollo López “calificó el proceder de Hernández Colón de un ‘grave abuso de discreción como Gobernador’.”
13. El Juez Asociado Rebollo López indicó que, a su juicio, la actuación del señor Gobernador de llenar una vacante en la judicatura con una persona que al momento de ser nominado se desempeñaba en un cargo político electivo, era irrazonable y violatoriá de la Sección 12 del Artículo V de la Constitución del Estado Libre Asociado.
15. Las manifestaciones de los señores Jueces Asociado[s] fueron difundidas ampliamente por todos los medios noticiosos del país.
16. Las expresiones de los Jueces Asociados Negrón García y Rebollo López han sido objeto de un editorial periodístico, en el cual se les felicita; así como también de críticas públicas. El Honorable Juez Asociado Rebollo López por su parte ha ripos-tado a las expresiones públicas del señor Gobernador, enta-blando con éste una polémica pública sobre este asunto.
17. Las expresiones del candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista el doctor Roselló, sobre los recientes nombramientos a la judicatura del Gobernador, han ido dirigi-das a convertir en un “issue” político —este año eleccionario— los nombramientos judiciales del Gobernador de Puerto Rico.
18. Tan es así, que el Senador Nicolás Nogueras, del Partido Nuevo Progresista, ha instado un pleito impugnando el nom-bramiento del Juez Santos López.
19. De otra parte, la delegación novoprogresista en el Senado de Puerto Rico, ha presentado sendos proyectos de enmiendas constitucionales, dirigidos a fijar en nueve (9) el número de jueces del Tribunal Supremo, prohibiendo que un partido polí-tico pueda nombrar más de seis (6); y a prohibir que legislado-res, que el Comisionado Residente, y que alcaldes puedan ocu-par cargos en la Judicatura.
20. Es evidente, que la estrategia del Partido Nuevo Progre-sista va dirigida o encaminada a convertir en un ‘issue’ político de campaña eleccionaria, los nombramientos judiciales del se-ñor Gobernador. De ahí las críticas a los nombramientos del licenciado Fuster, Cortés y Santos, entre otros. De ahí la exhor-tación del doctor Roselló a la Senadora Muñoz a que repudiara las actuaciones del Gobernador. De ahí también la razón por la cual un legislador del Partido Nuevo Progresista ha instado un pleito impugnando el nombramiento del licenciado Santos. De ahí la razón para las propuestas enmiendas a la [C]onstitución que se ha indicado serán sometidas a la consideración de la Legislatura.

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En nuestro sistema republicano de gobierno rige la teoría de la separación de poderes entre las tres (3) ramas de gobierno: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. “La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada una acepte y respete la autoridad de las otras y entienda la interrela-ción de sus funciones.” Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57 (1986).

Por la naturaleza de las funciones de la Rama Judicial, nuestro ordenamiento constitucional establece unos mecanismos para garantizar dicha independencia en su interrelación con'las otras dos (2) ramas. La independencia judicial, ingrediente esencial para garantizar un proceso decisional imparcial, es, por ende, un componente ínsito de la separación de poderes. Eje central del esquema constitucional lo son, entre otros: (1) el que los Jueces del Tribunal Supremo desempeñen sus cargos mientras observen buena conducta, See. 8 del Art. V de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, y (2) el que sólo puedan “ser destituidos por las causas y mediante el procedimiento que [la] Constitución establece en la sección 21 del Artículo III.() Art. V, Sec. 11, Const. E.L.A., supra, ed. 1982, pág. 361. Véanse: P. Abrams, Spare the Rod and Spoil the Judge? Discipline of Federal Judges and the Separation of Powers, 41 (Núm. 1) De Paul L. Rev. 59 (1991); P.D. Carrington y B. Allen Babcock, Civil Procedure: Cases and Comments on the Process of Adjudication, Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1983, Cap. 2, Sec. A.

La Constitución fijó taxativamente las causas y los procedimientos para el residenciamiento de los Jueces del Tribunal Supremo.() Limitó las causas a “la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos grave[s] que impliquen depravación”. Art. III, Sec. 21, Const. E.L.A., supra, pág. 347.

Distinto ocurre con los jueces de instancia, con relación a los cuales la Constitución del Estado Libre Asociado especifica que podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que por ley disponga la Asamblea Legislativa. Art. Ill, Sec. 21 y Art. V, Sec. 11, Const. E.L.A., supra; Sec. 24 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 232); In re Gallardo, 81 D.P.R. 19, 47, 52 y 54 (1958), opinión del ex Juez Presidente Señor Negrón Fernández.

Con relación a esta disposición constitucional, el ex Juez Presidente Señor Negrón Fernández expresó lo siguiente:

La disposición constitucional en el sentido de que “los jueces de los demás tribunales podrán ser destituidos por el Tribunal Supremo por las causas y mediante el procedimiento que se dis-ponga por ley”, va dirigida a que se supla, por acción legisla-tiva, un medio sustituto al de residencia (impeachment) provisto en la Constitución para la destitución del Gobernador, del Con-tralor y de los jueces del Tribunal Supremo, pero con idéntico fin: la destitución de los jueces de los demás tribunales; y tiene, de un lado, el alcance de señalar a este Tribunal como el único foro con autoridad para expulsar dichos jueces de sus cargos y, de otro, el de establecer el mandato de que la Asamblea Legis-lativa fije las causas y el procedimiento para esa expulsión.
La citada disposición, sin embargo, no limitó la autoridad de la Asamblea Legislativa —en el uso de los plenos poderes que le pertenecen — para fijar, como fijó en la sección 24 de la ley, otras penalidades disciplinarias por conducta que, siendo impropia en un magistrado, no fuere de tal naturaleza que hiciera impe-rativa su remoción del cargo. Y aún cuando en lo relativo a la destitución en sí, el precepto constitucional opera como una li-mitación a la autoridad de este Tribunal para, por vía de de-saforo, expulsar a un juez de su cargo —ya que en virtud de dicho precepto, las causas y el procedimiento para la destitu-ción deben proveerse por, y emanar de disposiciones de ley, es-tándole vedado al Tribunal ampliarlas a su arbitrio — tampoco limitó, desde luego, la autoridad inherente de este Tribunal para disciplinar a un miembro de su propio foro, por el hecho de ser juez, por conducta impropia observada como magistrado, la cual, de haberla observado un abogado, lo expondría a una sus-pensión o censura. (Énfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolio omitido.) In re Gallardo, supra, págs. 47-48.

No obstante la limitación constitucional, este Tribunal, reconociendo que las garantías constitucionales de independencia judicial presuponen un ejercicio ético, digno, ponderado, discreto y ejemplarizante de ese poder, optó por autolimitarse imponiéndose, como parámetros para la conducta, que cada uno de sus Jueces tiene la obligación moral de observar las mismas normas éticas que son aplicables a los jueces de instancia() Canon XXVI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A; Art. 1 de la Ley Núm. 25 de 20 de abril de 1945 (4 L.P.R.A. see. 3); In re Solicitud de Lugo Bougal y Arraiza, 112 D.P.R. 134 (1982);() R. Serrano Geyls, Derecho constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Ira ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. 1, pág. 71.

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La situación objeto de esta solicitud no es nueva. En el pasado este Tribunal, aunque no dentro del contexto de una queja específica contra uno de sus Jueces, sí ha tenido ante su consideración situaciones que podrían considerarse similares a la del caso de autos.

En 1981, el entonces ex Juez Presidente, quién durante su incumbencia estuvo muy activo como conferenciante y se expresó fuera del estrado sobre diversos asuntos, en un Mensaje a la Asociación de Miembros de la Policía, Inc., criticó públicamente la “politización de la policía”. Como consecuencia de estas manifestaciones fue criticado por dos (2) miembros de este Tribunal. Uno de ellos le expresó a los medios noticiosos del país que “ ‘preocupado el Juez Presi-dente por la situación que impera en el país, en varias ocasiones ha hecho pronunciamientos formales sobre cues-tiones públicas que podrían tener implicaciones políticas’ Serrano Geyls, op. cit., pág. 71. El otro Juez Asociado, en ocasión de inhibirse en el caso Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205, 222 (1982), voto de inhibición del Juez Asociado Señor Negrón García, criticó el que el ex Juez Presidente hubiera “refrendado a priori, la tesis de politización en la Policía ante la Asociación de Miembros de la Policía, Inc., teoría en que se” fundó el caso objeto de la inhibición. Señaló esta actuación como un “juicio a des-tiempo” que definió como “la opinión, recomendación o se-ñalamiento fuera del estrado sobre un asunto sometido o susceptible —por la naturaleza del asunto o la jerarquía jurisdiccional del magistrado— de serle en el futuro sometido”. Santiago v. Superintendente de la Policía, supra, pág. 218. Por su parte, el entonces Gobernador Carlos Romero Barceló también se unió a las críticas afirmando públicamente que: “ ‘El Juez Presidente ... no debe pres-tarse para este tipo de actividades. Abre la posibilidad de que los jueces se vean envueltos en debates públicos en un período eleccionario y que se puedan prestar a ser interpre-tados como ataques de tipo político contra la Administra-ción de Gobierno’.” Serrano Geyls, op. cit., pág. 71.

A pesar de las críticas vertidas por dos (2) de los Jueces Asociados con relación a las manifestaciones del entonces Juez Presidente, del cariz político que tomó el asunto y del hecho de que estábamos en año eleccionario, este Tribunal no se pronunció sobre la aplicación de los cánones de ética judicial a la conducta del ex Juez Presidente. El resultado final de toda esta polémica fue la inhibición de los dos (2) jueces participantes en la polémica.

Recientemente, en ocasión en que el Gobernador susti-tuyera a varios jueces, Superiores y de Distrito, cuyos tér-minos habían vencido y estaban ocupando sus cargos bajo la cláusula de continuidad {holding over), surgió una sitúa-ción que provocó una controversia pública entre la Rama Judicial y las otras dos (2) Ramas de gobierno. En aquella ocasión este Tribunal adoptó una resolución en la cual, en-tre otras cosas, criticó el sistema de nombramientos de jue-ces y recomendó legislación para afianzar y fortalecer la independencia judicial.

A pesar de que se generó una polémica que mantuvo al Tribunal en el centro de una controversia pública, el Tribunal entendió que actuaba en defensa de la separación de poderes y, consecuentemente, de la independencia judicial. Canon XIII de Etica Judicial, supra. Como consecuencia de dicha polémica, las tres (3) Ramas constituyeron una comisión conjunta, compuesta por el Gobernador, el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara y el Juez Presidente del Tribunal Supremo, cuya labor culminó en la reciente adopción y aprobación de varias leyes que propenden a fortalecer el sistema judicial.

Al cumplir con el deber de fortalecer la Rama Judicial, los jueces debemos prudencialmente evitar pronunciamientos y juicios a destiempo sobre asuntos sometidos a su consideración o que podrían ser susceptibles a serles sometidos. Ahora bien, el hecho de que alguna manifestación de un juez de este Tribunal adquiera matices políticos y lo involucre en una controversia pública no necesariamente convierte dicha conducta en una contraria a los cánones de ética judicial. A lo sumo, podría resultar, como ocurrió en el caso de Santiago v. Superintendente de la Policía, supra, que los jueces involucrados en el debate público se tengan que inhibir en cualquier caso que surja relacionado con la polémica. Véase Noriega Rodríguez v. Gobernador, 120 D.P.R. 267 (1988).

A tenor con lo antes expresado, se dictará sentencia or- denando el archivo de la solicitud presentada por los seño-res Representantes Samuel Cepeda García, Fernando To-nos Florenzán, Héctor Castro Marchán y José Guillermo Rodríguez, por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto de inhibición. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto particular de inhibición.

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Voto de inhibición del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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Por su contenido y trámite, es obvio que se ha querido dar a la solicitud de los Hons. Samuel Cepeda García, Fernando Tonos Florenzán, Héctor Castro Marcial y José Guillermo Rodríguez —miembros de la Cámara de Represen-tantes por la mayoría del Partido Popular Democrático (P.P.D.)— la apariencia de que nuestras recientes palabras de 10 de enero de 1992 constituyeron un quebrantamiento ético-judicial. Las mismas fueron vertidas en ocasión de la juramentación de los Jueces Superiores, Hons. Bruno Cor-tés Trigo y Wilfredo Santos López.

Igual tesis adelantó el Secretario de Justicia, Hon. Jorge E. Pérez Díaz, y el Gobernador, Hon. Rafael Hernán-dez Colón, quien incluso nos pidió públicamente la renun-cia y un desagravio. En síntesis, se sostiene que nuestras palabras versaron sobre un asunto político encaminado a ser objeto de campaña electoral, vedado a los jueces. La base central del planteamiento es por asociación o coinci-dencia, esto es, la prohibición surge porque algunos políti-cos han hecho algunos señalamientos al respecto. A tales efectos, en su solicitud, el Honorable Cepeda García et al. umeron como anejos nuestras expresiones y varios artícu-los de la prensa que cubría la cuestión.

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Siempre hemos partido de la premisa de que los cánones de ética judicial aplican a todo miembro de la Judicatura, incluso a nosotros, en todo aquello que no sea incompatible con la naturaleza constitucional de este Tribunal y su ca-rácter colegiado. In re Solicitud de Lugo Bougal y Arraiza, 112 D.P.R. 134 (1982); Interpretación Cánones de Ética, 102 D.P.R. 1031, 1032 (1974); Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 94 (1980), opinión concurrente. “No se puede desdeñar o negar seriamente la existencia de la ética y la moral, cuyas génesis e influencias trascienden la simple lectura de textos y aquel estado ideal metafísico de puro valor inmutable. Aunque intangible, la ética es fuerza que se percibe, detecta e intuye.” P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 308 (1980), opinión concurrente y disidente; Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205, 212 (1982), voto de inhibición.

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Nuestras expresiones están enraizadas en la concepción de que el principio constitucional de independencia judicial, por su estima valorativa intrínseca, no es un asunto vedado de naturaleza político-partidista, sino uno "inma-nente a la función de administrar la justicia, que es exigen-cia y al mismo tiempo ideal de la vida jurídica”. Retiro del Hon. Víctor M. Pons Núñez, 129 D.P.R. 931, 932 (1992). El Poder Judicial posee la facultad inherente —y el deber— de protegerlo y promoverlo. Canon XIII del Código de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A; Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, supra.

Puede honestamente discreparse de esta concepción. Ciertamente no es nueva ni privativa. Aunque con lenguaje distinto y frente a hechos algo diferentes, está en conso-nancia con la premisa subyacente y el espíritu de la Reso-lución del Tribunal de 14 de abril de 1988, mediante la cual se convocó a una Sesión Especial de la Conferencia Judicial para el 2 de octubre de 1988. Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, 120 D.P.R. 838 (1988).

El ingrediente catalítico de esa convocatoria fue el co-municado de prensa del entonces Juez Presidente Señor Pons Núñez de 12 de abril de 1988, en el cual expuso su posición crítica sobre la negativa del Gobernador, Hon. Rafael Hernández Colón, a renominar para el cargo de Juez Superior al Hon. Guillermo Arbona Lago. Esa postura fue endosada por todos los Jueces Asociados que integraban el Tribunal. El aludido comunicado de prensa se incorporó como anejo a la antedicha resolución por coincidir el Tribunal unánimemente con la honda preocupación del Juez Presidente Señor Pons Núñez. Resolución de 14 de abril de 1988, Convoc. Sesión Especial Conf. Judicial, supra, págs. 840-841. Según sus términos, a juicio del Tribunal, la cuestión iba a la “médula” del “contenido real del concepto de independencia judicial dentro de nuestro esquema cons-titucional de separación de poderes”. (Enfasis suplido.) Id., pág. 839.

Naturalmente, al igual que en el presente, en aquel mo-mento —en año de campaña eleccionaria— la postura del Juez Presidente Señor Pons Núñez, del Tribunal y de los Jueces individuales, generó por algún tiempo distintas no-ticias y editoriales del debate público —desde endosos hasta ataques y señalamientos de infracciones a la separa-ción de poderes, implícitamente éticas— estos últimos bajo el supuesto de que se trataba de un asunto exclusivamente político-partidista. Este señalamiento, fue rechazado uná-nimemente por el Tribunal y, salvo pocas excepciones, a coro por la comunidad jurídica y la ciudadanía en general. A fin de cuentas, quienes pueden “politizar” el principio de independencia judicial, ínsito en la separación de poderes, son los políticos, no los jueces. Abandonar su defensa, por esa razón, es inconcebible.

Si penetramos tras bastidores vemos que se trata del mismo viejo guión.

IV

Suscribimos este voto sin haber participado en el pro-ceso de deliberación y redacción del Per Curiam. Indepen-dientemente de su resultado, no sabemos bajo qué facultad constitucional han actuado cuatro (4) miembros individua-les de este Foro para configurarla con carácter institucional. La premisa implícita, ¿ha sido considerarnos partes, sus pares o ambas cosas? ¿Quién custodia a los cus-todios? (quis custodiet custodiem). Nos abstenemos de ana-lizar esas y otras interrogantes.

Sí sabemos que son fundamentales, pues “[l]a decisión sobre la recusación de un Juez de este Tribunal es individual y no plenaria. Corresponde a él y su conciencia resolver cualquier planteamiento de esta índole”. Noriega Rodríguez v. Gobernador, 120 D.P.R. 267, 277 (1988). Y como dijo hace dos (2) milenios el eterno Maestro del Gólgota, “con la medida que ustedes juzguen, serán juzgados”. San Lucas 6:27-34. Bajo cualesquiera tesis, más que al juicio pasajero contemporáneo, nos sometemos a la sentencia inapelable que dictará la Historia.

— O —

Voto particular de inhibición emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

A pesar de que, por los fundamentos que expondremos en la Parte II, no hemos participado en forma alguna en la consideración, y solución, de la “queja” radicada en contra nuestra por cuatro miembros de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, consideramos procedente hacer unos pro-nunciamientos en relación con la misma y la acción hoy tomada por el Tribunal.

Realmente resulta difícil entender la actuación de estos cuatro miembros de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. La misma es tan inaudita e improcedente que, a nuestro juicio, únicamente se puede deber a una de tres situaciones: (1) un craso desconocimiento no sólo de nues-tro ordenamiento jurídico sino que de la función de la Ju-dicatura en una democracia como la nuestra, en especial de la independencia judicial que debe imperar en tal sis-tema de gobierno y de lo que dicha independencia significa e implica; (2) que estos señores representantes están ac-tuando como testaferros de otros, o (3) la existencia de un propósito ulterior avieso de parte de estos cuatro señores legisladores. Ello así por varias razones.

En primer lugar, los pronunciamientos que este Juez hiciera el viernes 10 de enero de 1992 fueron hechos, en defensa de la independencia judicial, sobre un asunto que precisamente afecta, de manera extraordinaria, esa inde-pendencia judicial —esto es, la designación, y juramenta-ción, de políticos activos como jueces sin que exista un pe-ríodo razonable de tiempo entre el ejercicio de ambas funciones— en un acto de juramentación de jueces en la sede de este Tribunal, ocasión en que precisamente jura-mentaba como juez un político que hasta ese momento ocu-paba un cargo electivo como tal. Si esa ocasión no era la indicada, y propia, para hacer esos pronunciamientos, real-mente no existe ninguna otra.

En segundo término, la posición que sostuvimos enton-ces, y que ratificamos en el día de hoy, está basada en una interpretación razonable de unas disposiciones específicas de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El hecho de que dichos pronunciamientos incidan, de alguna manera, en la esfera política o de que, desafortuna-damente, coincidieran con el comentario de un político a esos mismos efectos, no afecta en forma alguna la propie-dad y validez de los mismos.

En tercer lugar, esa acción nuestra no es nueva ni única. Procede señalar y enfatizar el hecho de que, cuando menos, en dos ocasiones anteriores, los Jueces de este Tribunal han hecho manifestaciones similares en defensa de la inde-pendencia judicial, a saber: el 12 de abril de 1988, cuando el Juez Presidente Señor Pons Núñez, en un comunicado de prensa, comentó el fallido intento del Gobernador de Puerto Rico de sustituir al Hon. Guillermo Arbona Lago, como Juez del Tribunál Superior. Como es sabido, dichas manifestaciones fueron endosadas, y adoptadas, por los restantes miembros del Tribunal en Resolución que se emi-tiera con fecha de 14 de abril de 1988; resolución mediante la cual se convocó por este Foro para una Sesión Especial de la Conferencia Judicial para, precisamente, tratar del tema de la independencia judicial.

Por otro lado, el 25 de enero de 1990, en un acto de juramentación de jueces en el Salón de Sesiones de este Tribunal, tres de sus integrantes —a saber, el Juez Presi-dente Señor Pons Núñez, el Juez Asociado Señor Negrón García y el Juez suscribiente— hicieron manifestaciones similares en defensa de la independencia judicial. Procede que uno se cuestione: ¿Por qué estos cuatro señores legisla-dores no se “querellaron” en dichas ocasiones anteriores? En relación con ello, ¿hará alguna diferencia el hecho de que en esta ocasión únicamente estamos envueltos el com-pañero Juez Asociado Señor Negrón García y el Juez sus-cribiente?

Por último, este Tribunal es el organismo rector de la Rama Judicial. Sus integrantes no sólo tienen la responsa- bilidad de resolver los casos que son traídos ante su consi-deración, sino que tienen la obligación y el deber de defender dicha Rama del Gobierno, sobre todo contra acciones que ponen en peligro la preciada independencia judicial; la cual, dicho sea de paso, es la razón de ser de la existencia de la Rama Judicial y el baluarte en que descansa la con-fianza que pueda tener la ciudadanía en la misma.( )

La mejor evidencia del grave peligro que en estos mo-mentos corre la independencia judicial lo constituye preci-samente la acción tomada por estos cuatro señores legisladores. Su acción concertada —en la supuesta de-fensa de un compañero legislador convertido, como por arte de magia, en juez— tiene el obvio propósito de intentar amedrentar y amordazar a los miembros de la Rama Judicial puertorriqueña.

Debe quedar meridianamente claro que para el Juez sus-cribiente la dignidad judicial y la independencia judicial no son negociables. En consecuencia, nada ni nadie podrá nunca amedrentarnos ni evitar que continuemos, con ahínco y sin temor de clase alguna, defendiendo esa digni-dad e independencia judicial.

Como expresáramos el pasado 10 de enero, lo fácil hu-biera sido permanecer callados. El desempeño responsable de la función judicial, sin embargo, nunca resulta fácil. La acción de señalar y denunciar la existencia de una situa-ción intolerable y perjudicial al bienestar general y judicial de nuestro Puerto Rico nunca puede ser considerada como impropia e improcedente.

Desafortunadamente, en un mundo donde existen perso- ñas de criterios vacilantes, cautivos y serviles, las posicio-nes firmes resultan difíciles de entender para éstos y, en ocasiones, son calificadas por ellos como impropias y atrevidas. Las “armas” con que cuenta el Juez, cuales son la palabra y su pluma, deben y pueden ser utilizadas en forma franca y vigorosa ya que esas “armas” son las únicas que tenemos los jueces a nuestro alcance para defender las causas justas y para denunciar situaciones, como la pre-sente, que afectan el bienestar y la independencia de la Judicatura puertorriqueña.

El que piense que la Rama Judicial es una colonia, o finca privada, de las Ramas Ejecutiva y Legislativa de nuestro Gobierno está profundamente equivocado. Conside-ramos pertinentes, y aplicables, a la situación ante nuestra consideración unas expresiones hechas hace algunos años por una conocida figura pública puertorriqueña sobre la importancia del proceso de selección de jueces:

Ante la creciente intervención del estado moderno en todos los órdenes de la vida, es el Juez baluarte de la libertad individual, poder institucional para contener dentro de límites constitucionales las invasiones al derecho de la libertad que ciegamente sancionan las masas aletargadas por la demago-gia de los políticos. (Enfasis suplido.()

I — I

Mediante Opinión Per Curiam, de fecha 12 de enero de 1988, emitida en Noriega v. Hernández Colón, 120 D.P.R. 267 (1988) —recurso en que el demandante apelado David Noriega presentó una moción de recusación en la cual so-licitó se decretara la inhibición del Juez Presidente Señor Pons Núñez— este Tribunal resolvió, en lo pertinente, que en vista de que la función colegiada garantiza “que la de-cisión final certificada responda al legítimo criterio mayo-ritario informado, nunca a la situación individual o prefe-rencias privadas de los componentes del Tribunal”, la “decisión sobre la recusación de un Juez de este Tribunal es individual y no plenaria. Corresponde a él y su conciencia resolver cualquier planteamiento de esta índole”. (Enfasis suplido.) Noriega v. Hernández Colón, supra, págs. 276 y 277.

Como expresáramos anteriormente, la “queja” presen-tada contra el compañero Juez Asociado Señor Negrón García y el Juez suscribiente por estos cuatro señores le-gisladores es una, a todas luces, infundada que debió haber sido perentoriamente desestimada por la mayoría de los integrantes del Tribunal con un cortante “nada que proveer”. Aparte del hecho incuestionable que este Tribunal no tiene jurisdicción, ni autoridad en ley de clase al-guna, para “enjuiciar, amonestar o exonerar” a uno de sus miembros, la acción mayoritaria, “de atender y darle foro” a esta queja absurda, no le hace ningún bien a nuestro sistema de justicia en general por cuanto la misma tiene la nociva e indeseable consecuencia de promover y fomentar la radicación de quejas viciosas y mal intencionadas contra los miembros de la Judicatura puertorriqueña.

La errónea acción mayoritaria a esos efectos con toda probabilidad expondrá a este Foro, y a cada uno de sus integrantes, a ser blanco en el futuro de continuas imputa-ciones inmeritorias y maliciosas que tendrán que ser igual-mente “atendidas y consideradas” por el Tribunal con nin-gún fin práctico. Ello, naturalmente, causará que el Tribunal no pueda dedicarle ese tiempo precioso y necesa-rio a otros asuntos que tienen gran importancia para nues-tra ciudadanía, los cuales actualmente languidecen, y duermen “el sueño de los justos”, en las distintas oficinas de los Jueces de este Tribunal en espera de acción judicial.

Acorde con lo resuelto en Noriega v. Hernández Colón, supra, ante una queja tan absurda y totalmente carente de méritos, realmente resulta irrelevante, y poco determi-nante en la decisión final colegiada que tome este Tribunal sobre el asunto, que el Juez contra quien se dirige dicha queja participe o no en la consideración y disposición de la misma. Dicha situación, por sí sola, sería razón suficiente para negar toda posibilidad de no participación.

Ello no obstante, por razones de escrúpulo personal y de prudencia institucional, hemos considerado aconsejable abstenernos de participar, en esta etapa de los procedimien-tos, en la consideración de la mal llamada “queja” radicada por los mencionados legisladores.

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Unos pensamientos finales. Hace cerca de diez años, al tomar posesión del cargo que hoy ocupamos, juramos defender la Constitución de los Estados Unidos de América y la Constitución, y las leyes, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contra todo enemigo interno o externo de éstas. Al así hacerlo, escogimos nuestro camino; no pensa-mos detenernos a mitad del mismo. Seguiremos en el ca-mino escogido, siempre en línea recta.

El juez no sólo será juzgado por la historia a base de la justicia que ha dispensado, sino por la injusticia que ha evitado que ocurra. Su labor es una incesante que nunca termina. Es por ello que no debemos perder mucho tiempo con las personas mal intencionadas que nos gritan en nuestro camino —algunas, en servil obediencia de sus su-periores— las cuales pretenden interrumpir el desempeño responsable de nuestro cargo.

No hay nada pequeño e insignificante en el quehacer diario de hacer justicia. La Judicatura es un inmenso taller donde la más pequeña labor que se realiza, en forma ho-nesta y responsable, determina si la justicia que se dis-pensa en la jurisdicción en que laboramos es una brillante u opaca.

No escogemos los asuntos que van a ser objeto de nues-tra consideración. Es en el momento que éstos surgen que decidimos cuál será el contenido de nuestras expresiones y la ocasión apropiada, dentro del desempeño de las funcio-nes de nuestro cargo, para efectuar las mismas. Al hacerlo, sin embargo, únicamente debemos responder a los dictados de nuestra conciencia.

Los jueces no deben permanecer callados por razón de temor, indiferencia o falta de laboriosidad. No tenemos ese derecho. La dignidad del cargo que ocupamos y la indepen-dencia de criterio que el desempeño responsable del mismo requiere, repetimos, nunca pueden ser objeto de negocia-ción, compromiso, presiones o influencias de clase alguna.

      (1) La Sec. 21 del Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 346-347, dispone lo siguiente:
      “[Procesos de residencia]
      “La Cámara de Representantes tendrá el poder exclusivo de iniciar procesos de residencia y con la concurrencia de dos terceras partes del número total de sus miembros formular acusación. El Senado tendrá el poder exclusivo de juzgar y dictar sentencia en todo proceso de residencia; y al reunirse para tal fin los Senadores actuarán a nombre del pueblo y lo harán bajo juramento o afirmación. No se pronun-ciará fallo condenatorio en un juicio de residencia sin la concurrencia de tres cuartas partes del número total de los miembros que componen el Senado, y la sentencia se limitará a la separación del cargo. La persona residenciada quedará expuesta y su-jeta a acusación, juicio, sentencia y castigo conforme a la ley. Serán causas de resi-dencia la traición, el soborno, otros delitos graves, y aquellos delitos menos gravefs] que impliquen depravación. El Juez Presidente del Tribunal Supremo presidirá todo juicio de residencia del Gobernador.
      “Las cámaras legislativas podrán ventilar procesos de residencia en sus sesio-nes ordinarias o extraordinarias.”

      (2) Con relación a la disposición de residenciamiento de los jueces federales de la Constitución de Estados Unidos, que es similar a la nuestra, se ha dicho lo siguiente:
      “A limitation of impeachment to indictable crimes was not, in the author’s opinion, the intent of the framers and is not a proper interpretation of the constitutional provisions. On the other hand, the extension of impeachment to non-indictable offenses not connected with the use of official power was not within the intendment of the framers and is not supported by English impeachment precedents.

      “To be impeachable, an act must fall within one of two categories. It must violate some known, established law, be of a grave nature, and involve consequences highly detrimental to the United States. In the alternative, it must involve evil, corrupt, wilful, malicious or gross conduct in the discharge of office to the great detriment of the United States. Acts which result from error of judgment or omission of duty, without the presence of fraud, or from the misconception of duty, without the presence of a willful disregard, are not impeachable. Acts of a non-indictable nature outside of one’s office, such as writing books and articles, associating with persons and organizations engaged in questionable activities, delivering speeches of a political nature, and engaging in conduct which some view as socially and morally objectionable are not properly within the scope of impeachment. Indeed, it would be incongruous to find an official exercising constitutional rights of speech and association guilty of ‘high Crimes and Misdemeanors’ against the United States. When a public official engages in private, independent conduct, he is subject to the positive laws as any other citizen, except that if he commits a “high Crime,’ he is subject to the additional punishment of impeachment and removal from office.” (Énfasis suplido y escolio omitido.) J.D. Feerick, Impeaching Federal Judges: A Study of the Constitutional Provisions, 39 (Núm. 1) Fordham L. Rev. 1, 54-55 (1970).

      (3) La aplicación de los parámetros de los Cánones de Ética Judicial a los Jueces del Tribunal Supremo, sin embargo, no implica el que éstos puedan ser residencia-dos, destituidos, removidos, suspendidos o amonestados, por causas y mediante pro-cedimientos distintos a los que establece la Constitución del Estado Libre Asociado.
      En Estados Unidos la posición asumida por la mayoría de los tribunales esta-tales es que un juez no puede ser residenciado, destituido o suspendido por violar los cánones de ética judicial per se, a menos que exista legislación específica que así lo autorice. Sin embargo, puede ser residenciado, destituido o suspendido por cometer actos que violan los cánones de ética judicial si dichos actos, por sí solos, justifican tal acción dentro del poder discrecional concedido por la disposición estatutaria. Anota-ción, Power of Courts to Remove or Suspend Judge, 53 A.L.R. 3d 882, 884 (1973). Con relación al residenciamiento de Jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos y cortes federales, véase Anotación, supra, pág. 882.

      (4) En In re Solicitud de Lugo Bougal y Arraiza, 112 D.P.R. 134 (1982), se planteó la aplicación del Canon XX de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A, a una queja presentada contra el ex Juez Asociado Jorge Díaz Cruz. Luego de analizar los hechos e interpretar el Canon XX de Ética Judicial, supra, determinamos que la conducta de la queja no violaba los cánones de ética judicial y procedimos a declarar “no ha lugar a proveer ulteriores procedimientos”. In re Solicitud de Lugo Bougal y Arraiza, supra, pág. 140.

       Leyes Núms. 91 y 92 de 5 de diciembre de 1991.

      (1) El dictamen mayoritario erróneamente intenta equiparar las expresiones a las que hemos hecho referencia, las cuales fueron hechas en defensa de la indepen-dencia judicial, con manifestaciones que en dos ocasiones distintas hiciera el ex Juez Presidente de este Tribunal, Ledo. José Trías Monge, en discursos que pronunciara éste el 25 de abril de 1980 y el 26 de diciembre de 1981.

        Dada la naturaleza de las manifestaciones del licenciado Trías Monge —las cuales, por delicadeza, nos abstenemos de calificar— resulta obvio que la semejanza no cabe.

      (2) R. Hernández Colón, Sobre la selección de la Judicatura, Año III (Núm. 8) Rev. Der. Pur. 91 (1963).