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text:
    María Bruno López, querellante y recurrente, v. Motorplan, Inc. y otros, querellados y recurridos.

      Número: RE-92-373

      Resuelto: 16 de julio de 1993

      Luis Amauri Suárez Zayas, abogado de la recurrente; Carlos Bobonis González y José Luis Ubarri, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver si la doctrina del patrono sucesor que hemos adoptado jurisprudencialmente se extiende a recla-maciones que surgen al amparo de la legislación que pro-híbe el despido por razón de embarazo.

HH

María Bruno López comenzó a trabajar como empleada regular de Motorplan, Inc. en junio de 1986. Para el 15 de agosto de 1988, cuando fue despedida de su empleo, se desempeñaba como agente de alquiler en Budget Rent a Car, negocio que operaba Motorplan, Inc. en virtud de una franquicia que poseía de la compañía norteamericana de arrendamiento de vehículos de motor del mismo nombre. Motorplan, Inc. despidió a Bruno alegadamente por razo-nes de insubordinación y ausencias frecuentes en el trabajo.

El 6 de diciembre de 1988 Bruno presentó una querella contra Motorplan, Inc. y algunos de sus gerentes alegando que fue despedida discriminatoriamente debido a su condi-ción de embarazada. Reclamó que se le indemnizara por los daños sufridos y que se le reinstalara en su empleo con pago y beneficios marginales retroactivos a la fecha del ale-gado despido sin causa justificada.

La querella de Bruno fue contestada por Motorplan, Inc. el 29 de diciembre de 1988 y, posteriormente, fue objeto de numerosos eventos procesales, incluyendo pleno descubri-miento de prueba y varios señalamientos de vistas judiciales. El 4 de junio de 1990, finalmente se pautó el juicio del caso para el 24 de agosto de ese año.

Así las cosas, el 12 de julio de 1990 Motorplan, Inc. ven-dió varios de sus activos a Auto-Servi, Inc., incluyendo la franquicia de Budget Rent a Car y el negocio de alquiler de vehículos de motor en el cual la querellante había traba-jado hasta el momento de su despido. Surge de los autos que Auto-Servi, Inc. no existía aún como entidad jurídica a la fecha cuando ocurrió el despido de la querellante. Tam-bién surge que Auto-Servi, Inc. conocía sobre el despido de la querellante y de su reclamación contra Motorplan, Inc., alegadamente con anterioridad a la fecha cuando se forma-lizó la venta de activos entre Motorplan, Inc. y Auto-Servi, Inc.()

El 13 de agosto de 1990 Motorplan, Inc. compareció ante el tribunal de instancia solicitando que se dejara sin efecto el señalamiento de vista en su fondo de 24 de agosto de ese año y que se paralizaran los procedimientos en el caso hasta tanto la querellante incluyese a Auto-Servi, Inc. en éstos. Informó al tribunal sobre la venta referida de acti-vos, indicó que, por razón de esa venta, Motorplan, Inc. no tenía ya una posición en la cual pudiese ser reinstalada la querellante de dictarse sentencia a su favor, y alegó que Auto-Servi, Inc. era posiblemente un patrono sucesor y por ello parte indispensable en el caso.

El 20 de agosto de 1990 la querellante, apoyándose en la solicitud de Motorplan, Inc. de 13 de agosto y en el hecho de que Auto-Servi, Inc. “continuó operando la franquicia de Budget Rent a Car ininterrumpidamente y práctica-mente con el mismo personal” que antes, pidió permiso para enmendar su querella para añadir a Auto-Servi, Inc. como coquerellada. Querella enmendada, pág. 4. El 3 de octubre el foro a quo accedió a esta solicitud y el 7 de diciembre de 1990 Bruno presentó una querella enmendada incluyendo a Auto-Servi, Inc. en el pleito, alegadamente por ser un patrono sucesor.

Luego de contestar la querella enmendada por todas las partes, Auto-Servi, Inc. solicitó sentencia sumaria de desestimación a su favor, alegando que la doctrina del pa-trono sucesor no es aplicable a reclamaciones por despido como la de marras. El 10 de julio de 1992 el tribunal de instancia emitió una sentencia parcial final declarando con lugar la moción de Auto-Servi, Inc. Determinó el tribunal que conforme a los términos de la venta de activos, Auto-Servi, Inc. habría de dedicarse a la misma actividad de negocios que Motorplan Inc., utilizando su propia planta física y equipo, conservando en su nómina a la mayoría de los empleados de Motorplan, Inc. y proporcionando el mismo servicio que esta compañía, por lo cual Auto-Servi, Inc. era un patrono sucesor conforme a los criterios de si-milaridad sustancial en la operación y continuidad en la identidad de la empresa formulados en la doctrina jurisprudencial. Sin embargo, también concluyó el foro de instancia que dicha doctrina no aplicaba a casos de recla-maciones al amparo de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.RR.A. sees. 146-151), de la Ley Núm. 69 de 6 de julio de 1985 (29 L.P.R.A. see. 1321 et seq.), o de la Ley Núm. 3 de 13 de marzo de 1942 (29 L.P.R.A. sees. 467-474) porque el legislador “no incorporó la figura del patrono su-cesor en esos cuerpos de le/’.

No conforme con la determinación de instancia que desestima la querella contra Auto-Servi, Inc., Bruno recu-rrió ante nos aduciendo que dicho foro erró al resolver que la doctrina del patrono sucesor no era aplicable aquí. El 25 de septiembre de 1992. emitimos el recurso de revisión so-licitado por Bruno.

HH I — I

Desde hace ya tres décadas adoptamos en Puerto Rico la doctrina del patrono sucesor para atender situaciones donde una operación comercial cambia de propietario y surgen problemas respecto a los derechos de los empleados frente al nuevo patrono. Conforme a esta doctrina, cuando un patrono sustituye a otro por fusión corporativa o transferencia de activos se estima que el nuevo patrono asumirá las obligaciones pertinentes contraídas por el anterior. J.R.T. v. Asoc. C. Playa Azul I, 117 D.P.R. 20 (1986); J.R.T. v. Coop. Azucarera, 98 D.P.R. 314 (1970); J.R.T. v. Club Naútico, 97 D.P.R. 386 (1969); Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966). Véanse, además: J.R.T. v. Freyre, 87 D.P.R. 891 (1963), y D. Fernández y C. Romany, Derecho Laboral: Casos y Materiales, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1987, T. 2, págs. 1265-1324. En particular, hemos resuelto expresamente que si hay similaridad sustancial en la operación de la empresa y continuidad en la identidad de la empresa antes y después del cambio cor-porativo, el patrono sucesor puede ser responsable de las obligaciones laborales de su predecesor. J.R.T. v. Asoc. C. Playa Azul I, supra, pág. 29, esc. 6; J.R.T. v. Coop. Azucarera, supra, pág. 322. Adoptamos esta doctrina para ofre-cer protección a los empleados en situaciones de cambio súbito en la relación obrero-patronal y así darle vigencia a la importante política pública de promover la paz industrial. J.R.T. v. Asoc. C. Playa Azul I, supra, págs. 29-30; J.R.T. v. Coop. Azucarera, supra, págs. 322 y 325; Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., supra, pág. 519.

En el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico se ha adoptado también la doctrina del patrono sucesor, por razones y para fines análogos a los nuestros. E.E.O.C. v. Puerto Rico Job Corps., 729 F. Supp. 208 (D.P.R. 1990).

La doctrina referida fue desarrollada originalmente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y otros foros federales para hacer valer determinados derechos que los trabajadores habían logrado en convenios laborales luego de un proceso de negociación colectiva. Se resolvió, entonces, que el patrono sucesor estaba obligado a respetar las obligaciones respecto al arbitraje acordadas por el patrono anterior en el convenio colectivo. John Wiley & Sons v. Livington, 376 U.S. 543 (1964); Wackenhut Corp. v. International U., United Plant Guard W., 332 F.2d 954 (9no Cir. 1964); United Steel Workers of Amer. v. Reliance Univ. Inc., 335 F.2d 891 (3er Cir. 1964). Más tarde, el ámbito de la doctrina se amplió en la jurisdicción federal para hacer al patrono sucesor responsable de las prácticas ilícitas co-metidas por el antecesor, requiriéndole al nuevo patrono reponer a empleados que habían sido ilegalmente despedi-dos por el patrono anterior. Golden State Bottling Co. v. N.L.R.B., 414 U.S. 168 (1973); United States Pipe and Foundry Company v. N.L.R.B., 398 F.2d 544 (5to Cir. 1968); Gibbs Shipyards Inc. v. N.L.R.B., 333 F.2d 459 (5to Cir. 1964). Los tribunales federales han extendido recien-temente la doctrina referida al campo de la legislación social protectora del trabajo, imponiéndole responsabilidad al patrono sucesor por despidos discriminatorios de su an-tecesor, principalmente en casos de despidos injustificados basados en el discrimen por razón de raza o sexo, al am-paro del Título VII del Civil Rights Act de 1964, 42 U.S.C. see. 2000 et seq. (1994). Véanse: E.E.O.C. v. Vucitech, 842 F.2d 936 (7mo Cir. 1988); Wheeler v. Snyder Buick, Inc., 794 F.2d 1228 (7mo Cir. 1986); Musikiwamba v. E.S.S.I, Inc., 760 F.2d 740 (7mo Cir. 1985); Bates v. Pacific Maritime Ass’n, 744 F.2d 703 (9no Cir. 1984); In re National Airlines, Inc., 700 F.2d 695 (11mo Cir. 1983); Slack v. Havens, 522 F.2d 1091 (9no Cir. 1975); Equal Emp. Op. Com’n v. MacMillan Bloedel Containers, 503 F.2d 1086 (6to Cir. 1974). Véanse, también: E.E.O.C. v. Puerto Rico Job Corps., supra; Bernstein v. Consolidated Foods Corp., 622 F. Supp. 1096 (D. Ill. 1984); Brown v. Evening News Ass’n, 473 F. Supp. 1242 (D. Michigan 1979); Burwell v. Eastern Air lines, Inc., 394 F. Supp. 1361 (D. Va. 1975); Escamilla v. Mosher Steel Company, 386 F.Supp. 101 (D. Tex. 1975). En esta nueva situación se ha justificado la extensión de la doctrina del patrono sucesor afirmándose que la política pública contra el despido discriminatorio de trabajadores es de carácter similar a la política pública sobre el derecho a la negociación colectiva y la prohibición de prácticas ilí-citas del trabajo que dieron lugar originalmente a dicha doctrina. Véase Equal Emp. Op. Com’n v. MacMillan Bloedel Containers, supra.

En Puerto Rico, siguiendo la trayectoria de los tribunales federales, adoptamos la doctrina del patrono sucesor, primero para hacer valer los términos de un convenio colectivo (Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., supra, y J.R.T. v. Coop. Azucarera, supra); y luego, en el contexto de la responsabilidad de un patrono sucesor por las prácticas ilícitas cometidas por el patrono anterior (J.R.T. v. Club Naútico, supra). En el caso de marras tenemos la ocasión para decidir si en nuestra jurisdicción esta doctrina también es aplicable en el ámbito de los despidos discriminatorios, como ha sucedido en la jurisdicción federal.

III

Reiteradamente hemos resuelto que en los casos donde una institución normativa vigente en Puerto Rico derive de determinada tradición jurídica, los precedentes de ésta tendrán valor persuasivo en nuestra jurisdicción. Pérez Maldonado v. J.R.T., 132 D.P.R. 972 (1993); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983). Este principio de hermeneútica es particularmente vinculante cuando los valores o intereses que se protegen, mediante los precedentes foráneos, tienen también una análoga prioridad en nuestra jurisdicción. Según ya hemos indicado, en la jurisprudencia federal reciente se ha aplicado la doctrina del patrono sucesor a los despidos arbitrarios en reconocimiento de la importante política pública de Estados Unidos contra el discrimen fijada en las, leyes federales sobre los derechos civiles. En Puerto Rico, nuestro propio ordenamiento jurídico también otorga rango superior a la prohibición de los despidos discriminatorios (Ibáñez v. Molinos de P.R., Inc., 114 D.P.R. 42 (1983); Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985)), y el discrimen por razón de sexo está vedado tanto constitucionalmente como por estatuto (Rivera Águila v. K-Mart de P.R., 123 D.P.R. 599 (1989)). En particular, nuestra legislación social condena claramente el despido por razón de emba-razo, el cual es una modalidad de discrimen por razón de sexo. Rivera Águila v. K-Mart de P.R., supra; Sec. 4 de la Ley para la protección de madres obreras, 29 L.P.R.A. see. 469. Vista, pues, la armonía esencial que existe entre nues-tros importantes intereses y valores y los de la jurisdicción federal, no vemos razón válida alguna para no aplicar en Puerto Rico, en el contexto aludido, la doctrina del patrono sucesor, tal como se ha hecho en esa jurisdicción, sobre todo cuando precisamente derivamos de ella la doctrina en cuestión. En otras ocasiones análogas a ésta, donde existía similitud entre nuestro esquema normativo contra el dis-crimen en el empleo y el esquema federal, hemos adoptado en Puerto Rico algunos preceptos del esquema federal. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., supra, págs. 496-497; García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988).

No empece lo anterior, la ilustrada sala sentenciadora concluyó que la doctrina no es aplicable al campo de la legislación protectora del trabajo porque el legislador no la incorporó expresamente a esa legislación. Si bien ello es cierto, no constituye un fundamento que decisivamente determine el asunto en cuestión. El foro a quo debió considerar que el legislador tampoco incluyó la figura del patrono sucesor en el campo de las leyes relativas a la negociación colectiva y a las prácticas ilícitas del trabajo, y ello no ha sido óbice para que tanto los tribunales federales como nosotros la hayamos desarrollado jurisprudencialmente. Aquí, como allá, hemos adoptado y ampliado la doctrina del patrono sucesor en auxilio de la responsabilidad judicial de darle vigencia en casos concretos a políticas públicas importantes en el campo laboral. Ahora, igual que en la jurisdicción federal, extendemos nuevamente la doctrina para asegurar que el despido discriminatorio no quede impune en situaciones donde se sustituye un patrono por otro y se dan los elementos que definen a un patrono sucesor. Lo hacemos así movidos por el criterio fundamental en cuanto a que es parte de nuestra función inherente incor-porar principios y doctrinas de otras jurisdicciones cuando ello sea necesario para resolver casos concretos, en armo-nía con el derecho vigente y si ello es lo más indicado y conveniente conforme a nuestra realidad económica, social y cultural. Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870 (1975); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967). Se trata del acervo supletorio que jurisprudencialmente se va formando en torno a los estatutos, en particular res-pecto a materias especiales. Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759 (1968).

rv

Para completar nuestro cometido, en este caso debemos hacer unos pronunciamientos adicionales breves sobre cómo ha de aplicarse la doctrina del patrono sucesor a situaciones concretas como la de marras. Es menester recordar que, conforme a dicha doctrina, los perfiles precisos de la responsabilidad que se le ha de imponer al patrono sucesor dependen de los hechos particulares del pleito en cuestión. Las obligaciones que se atribuirán al nuevo patrono se determinan caso a caso, con arreglo a las circunstancias particulares de cada cual. Howard Johnson Co. v. Hotel Employees, 417 U.S. 249, 256 (1974); Equal Emp. Op. Com’n v. Mac Millan Bloedel Containers, supra, pág. 1091; E.E.O.C. v. Puerto Rico Job Corps., supra, pág. 218; C. Barksdale, Succesor Liability Under the National Labor Relations Act and Title VII, 54 Tex. L. Rev. 707 (1976).

Las expresiones siguientes en dos casos federales indi-can con claridad los principios aplicables.

En Howard Johnson Co. v. Hotel Employees, supra, págs. 262-263, esc. 9, el propio Tribunal Supremo federal señaló que:

But the real question in each of these “successorship” cases is, on the particular facts, what are the legal obligations of the new employer to the employees of the former owner or their representative? The answer to this inquiry requires analysis of the interest of the new employer and the employees and of the policies of the labor laws in light of the facts of each case and the particular legal obligation which is at issue, whether it be the duty to ... remedy unfair labor practices, the duty to arbitrate, etc. There is, and can be, no single definition of "successor” which is aplicable in every legal context. A new employer, in other words, may be a successor for some purposes and not for others.

Y en E.E.O.C. v. Puerto Rico Job Corps., supra, págs. 218-219, el Tribunal federal resumió el asunto indicando que:

Several courts have applied successor liability doctrines to Title VII successor problems. See, e.g., Bates 744 F.2d at 709; In re National Airlines, 700 F.2d at 698; E.E.O.C. v. MacMillan Bloedel Cointainers, Inc., 503 F.2d 1086, 1091 (6th Cir. 1974); Bernstein v. Consolidated Foods Corp., 622 F.Supp. 1096, 1108-1109 (N.D. Ill. 1984). In these cases, liability depends on whether the successor had notice, whether the predecessor was capable of providing relief, whether there has been substantial continuity of business operations, ... No one of these factors is controlling; the court must look at all of them along with any others that present themselves in the case before it, and it must make its decision by balancing the interest of the plaintiff and the national policy of abhorrence toward employment discrimination against the interest of the successor.

Como puede observarse, para determinar la responsabilidad del patrono sucesor es indispensable sopesar varias cuestiones entre las cuales cabe destacar: (1) si el nuevo patrono conocía de antemano la reclamación del empleado contra su predecesor; (2) la relativa capacidad de cada uno de los patronos para satisfacer adecuadamente la reclamación del empleado, de ser ésta válida, y(3) el beneficio que hayan podido o puedan derivar respectivamente cada uno de los patronos por la acción que se impugna. Barksdale, supra, págs. 726-733. En esencia, en estos ca-sos es menester poner en la balanza los respectivos intere-ses y circunstancias de las partes para así determinar cúal es la responsabilidad que propia y justamente debe impo-nérsele al patrono sucesor.

Le corresponde al tribunal de instancia aplicar estos conceptos normativos a los hechos concretos del caso, luego de considerar la prueba que sea pertinente.

Se dictará sentencia revocando la del tribunal de instan-cia de 10 de julio de 1992 y se devolverá el caso para pro-cedimientos ulteriores conforme a lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) En su querella enmendada, Bruno alegó que Auto-Servi, Inc. conocía acerca del despido y de la reclamación antes de efectuarse la venta. Tanto Motorplan, Inc. como Auto-Servi, Inc. aceptaron en su contestación que Auto-Servi, Inc. conocía acerca del despido, aunque ésta aparentemente negó lo de la fecha.


author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés de los menores R.P.S., M.P.S. y C.J.N.S.

      Número: CE-91-664

      Resuelto: 22 de julio de 1993

      Abimael Hernández Martínez y Heriberto Quiñones Echeva-rría, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, abogados de los peticiona-rios; Anabelle Rodríguez, Procuradora General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia ante nuestra consideración encierra cuestiones de alto interés público, por razón de su relación directa con el bienestar de quienes, en muchas ocasiones, resultan ser las “víctimas indefensas y silenciosas de la violencia”: los niños, () Debemos resolver si el Estado está obligado a demostrar —en los casos bajo la Ley de Protec-ción a Menores— que ha realizado los esfuerzos razonables previo a la privación de la custodia a los padres biológicos, con el fin de preservar la integridad familiar y, en los casos en que la remoción del menor tuviera lugar, demostrar que posteriormente ha realizado dichos esfuerzos con el fin de que el niño regrese lo más pronto posible al hogar de sus padres.

p-H

El 6 de junio de 1991 el Departamento de Servicios So-ciales presentó ante el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, una petición jurada de Elizabeth González, trabaja-dora social de ese Departamento. En la petición mencio-nada, la trabajadora social declaró que los recurrentes Michelle Shrivers Otero y Cruz Nieves López —padres de los menores R.P.S., M.P.S. y C.N.S.— “aceptan estar en uso de heroína intravenosa. El área donde residen es un punto de venta y distribución de drogas. La familia vive en condicio-nes infrahumanas. [Los] menores [están] en alto riesgo de sufrir daño físico y emocional”. Declaración jurada, pág. 1.

Vista la petición jurada de la trabajadora social, el Tribunal de Distrito dispuso que los menores fueran puestos inmediatamente bajo la custodia provisional del Departa-mento de Servicios Sociales. Los tres (3) niños fueron ubi-cados posteriormente en hogares sustitutos de personas ajenas a la familia de los recurrentes.

El 25 de junio de 1991 se celebró una vista ante el Tribunal Superior, Asuntos de Menores, Sala de San Juan, a tenor con las disposiciones de la Ley de Protección a Me-nores, 8 L.P.R.A. see. 401 et seq., a la cual comparecieron los padres representados por abogado. Durante la celebra-ción de dicha vista, los recurrentes presentaron verbal-mente una moción al tribunal por medio de la cual solici-taba que se hiciera una determinación preliminar sobre si el Departamento de Servicios Sociales llevó a cabo los es-fuerzos razonables, antes de a la remoción de los menores de su hogar, para evitar ésta. Según los recurrentes, dicha determinación debía realizarse a tenor con la legislación federal conocida como Adoption Assistance and Child Welfare Act of 1980, PL. 96-272 de 17 de junio de 1980 (42 U.S.C. 620-628, 670-676 (1991)). Los recurrentes, además, llamaron la atención del tribunal a posibles incidentes de maltrato a los menores en el hogar donde se encontraban. El 9 de septiembre de 1991 el tribunal declaró sin lugar la solicitud mencionada de los padres.() Inconform.es con esa resolución, acuden ante nos los señores Shrivers Otero y Nieves López apuntando la comisión de tres (3) errores por parte del Tribunal de Primera Instancia.()

El 22 de noviembre de 1991 concedimos término a la Procuradora General de Puerto Rico con el fin de que mos-trara causa por la cual no debíamos dejar sin efecto la re-solución recurrida y ordenar al tribunal de instancia que “determine si el Departamento de Servicios Sociales ha realizado esfuerzos razonables para evitar la remoción de los menores del hogar de sus padres biológicos, los recu-rrentes, y si, en caso afirmativo, el plan propuesto en este caso por el Departamento ... incluye la realización de es-fuerzos razonables para la rehabilitación del mencionado hogar y el restablecimiento de las relaciones entre dichos menores y sus padres biológicos a los fines de que aquellos puedan regresar al hogar de éstos a la mayor brevedad posible, todo ello a tenor con las disposiciones de la Ley Federal de Salud y Bienestar Público”. (Énfasis omitido.) Resolución de 22 de noviembre de 1991.

En su escrito para mostrar causa la Procuradora General acepta que la ley federal referida es parte de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, aduce que el tribunal de instancia “no privó a los peticionarios de ningún dere-cho en es[t]a etapa de los procedimientos ni dispuso nada contrario a derecho al negarse a llevar a cabo la determi-nación sobre los esfuerzos razonables, por lo que procede-ría confirmar la resolución del tribunal. Escrito para mos-trar causa, pág. 11. Alega la Procuradora que no es necesario realizar este esfuerzo en casos de privación de custodia de emergencia y, en cuanto a la determinación posterior a la privación de custodia, plantea que “los he-chos del presente caso claramente evidencian que el De-partamento de Servicios Sociales identificó los problemas más apremiantes de la familia y esbozó un plan de servi-cios para atenderlos de inmediato”.

Salvado el escollo sobre la aplicabilidad en Piierto Rico del estatuto federal mencionado,() procede concen-trarse en resolver si es necesaria, en todo caso de privación de custodia bajo la Ley Núm. 75, supra, la determinación específica del tribunal a los efectos de que el Estado, a través de su Departamento de Servicios Sociales, realizó los esfuerzos razonables para evitar la remoción del menor del hogar de sus padres biológicos o si realizó dichos es-fuerzos con posterioridad a la remoción para propiciar el regreso del menor a su hogar.

Adoption Assistance and Child Welfare Act

A. Propósito congresional y contenido de la medida

Previo a la aprobación del Adoption Assistance and Child Welfare Act of 1980, los esfuerzos del Congreso de Estados Unidos, al propiciar la asignación de fondos a los estados con el fin de mantener los hogares sustitutos para los menores removidos del hogar de sus padres biológicos, estaban inspirados en la filosofía de que estos hogares sus-titutos representaban la mejor alternativa para los niños que eran víctimas de algún tipo de maltrato. Sin embargo, esta situación cambió drásticamente como resultado de los estudios realizados en torno a las acciones tomadas por las agencias estatales concernidas que intervenían en casos de abuso y negligencia hacia menores. Los estudios demostra-ron que sólo un número insignificante de los niños removi-dos del hogar de sus padres eran integrados nuevamente a su familia biológica. Se detectaron, en la mayoría de los casos, ciertas deficiencias en la coordinación de los progra-mas dirigidos a rehabilitar los lazos familiares. Se com-probó que muchos de los niños ubicados en hogares susti-tutos {foster homes) eran trasladados de uno a otro hogar con el triste resultado de causar un daño irreparable al menor, al éste no poder contar con la estabilidad tan nece-saria en su proceso de formación. Véanse, a tales efectos: A. Norman, Keeping Families Together: The Case for Family Preservation (Manual preparado por “Edna McConell Clark Foundation”, bajo los auspicios del “Program for Children”, publicado en 1985); K. English, A View From the Bench: The Judge’s Role in Promoting Effective Planning For Families and Children, 1991, National Council of Juvenile and Family Court Judges.

El esquema de la legislación federal aprobada en 1980 se fundamenta, pues, en el principio de la integridad familiar. La meta de mantener esta integridad ha sido identificada como el principio rector de la ley federal bajo la filosofía de que el mejor lugar donde un niño puede estar es en el hogar de sus padres biológicos y bajo el cuidado de éstos. Making Reasonable Efforts: Steps for Keeping Families Together, National Council of Juvenile and Family Court Judges; Child Welfare League of America; Youth Law Center; National Center for Youth Law (sin fecha de publicación).

Conforme al esquema mencionado, el estatuto establece un programa de reembolso de ciertos gastos en los cuales incurre un estado en la administración de los servicios de custodia sustituta (foster care) y de adopción de menores. Así, la ley provee para que se le reembolse al Estado un porciento de los pagos que haya hecho para la prestación de los servicios, cuando el Estado cumple con los requisitos del estatuto.

Para participar en el programa, los estados deben someter un plan al Secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos para ser aprobado por éste. 42 U.S.C. sees. 670-671 (1991). Para que el plan pueda ser aprobado por el Secretario, éste tiene que incluir una serie de aspectos o cualifícaciones que están enumerados en la see. 671, supra. En su parte pertinente a esta controversia, dicha sección dispone:

(a)Requisite features of State plan
In order for a State to be eligible for payments under this part, it shall have a plan approved by the Secretary which-
(3)provides that the plan shall be in effect in all political subdivisions of the State, and, if administered by them be mandatory upon them;
(15)eflfective October 1, 1983, provides that, in each case, reasonable efforts will be made (A) prior to the placement of a child in foster care, to prevent or eliminate the need for removal of the child from his home and (B) to make it possible for the child to return to his home.... (Énfasis suplido.) 42 U.S .C. sec. 671a3, (15) (1991).

B. Alcance de la medida

El 25 de marzo de 1992 el Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó sobre el alcance de esta disposición. En el caso de Suter v. Artist M., 503 U.S. 347 (1992),() varios niños beneficiarios bajo la ley federal presentaron un pleito de clase contra el Departamento de Servicios a la Familia del estado de Illinois alegando que dicho departamento no realizó los esfuerzos razonables para evitar que fueran re-movidos de sus hogares y con el fin de promover su regreso a éstos. Los pronunciamientos de mayor importancia del Tribunal Supremo federal son los siguientes:

In the present case, however, the term “reasonable efforts” to maintain an abused or neglected child in his home, or return the child to this home from foster care, appears in quite a different context. No further statutory guidance is found as to how reasonable efforts are to be measured. This directive is not the only one which Congress has given to the States, and it is a directive whose meaning will obviously vary with the circumstances of each individual case. How the State was to comply with this directive, and with the other provisions of the Act, was within broad limits, left up to the State. Suter v. Artist M., supra, pág. 14.

De esta forma, el Tribunal Supremo federal reconoce que el concepto de los esfuerzos razonables contenido en la see. 671 de la,ley federal, supra, aunque sea mandatorio en el sentido de que este aspecto debe estar cubierto por el plan que se someta a la consideración del Secretario no lo es respecto a la forma en que los estados implementan el mismo. Se le reconoce, pues, una gran discreción a los estados en la implementación del plan, incluyendo la aprobación de su propia legislación en la cual se establezca y defina el concepto de los esfuerzos razonables. El Tribunal Supremo federal concluye:

Careful examination of the language relied upon by respondents, in the context of the entire Act, leads us to conclude that the “reasonable efforts” language does not unambiguously confer an enforceable right upon the Act’s beneficiaries. The term “reasonable efforts” in this context is at least as plausibly read to impose only a rather generalized duty on the State, to be enforced not by private individuals, but by the Secretary in the manners previously discussed. Suter v. Artist M., supra, págs. 15-16.

Analizaremos más adelante si la decisión discutida afecta en algo al reclamo de los recurrentes en este caso.

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Ley de Protección a Menores, Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980

La Ley de Protección a Menores fue aprobada el 28 de mayo de 1980. En su exposición de motivos se establece la responsabilidad que debe asumir el Estado ante circunstancias de maltrato o negligencia. Expresa, en lo pertinente:

Ante esta situación, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en el ejercicio de su poder de “Parens Patriae” reconoce su res-ponsabilidad de velar por aquellos niños que son víctimas de maltrato o negligencia para evitar que éstos continúen su-friendo daño, una vez que se sospeche o conozca que son vícti-mas de las personas que tienen el deber sagrado de velar por ellos; de proveerles los servicios y la ayuda necesaria para for-talecer la familia de donde éstos provienen haciendo del hogar uno seguro para los niños y cuando esto no sea posible, ofrecer-les cuidado fuera del hogar en un ambiente saludable, ya sea en forma provisional o permanente, dependiendo de las circuns-tancias de cada caso. (Enfasis suplido.) 1980 Leyes de Puerto Rico 194^195.

De manera similar al estatuto federal, dentro del esquema legislativo puertorriqueño podemos identificar la política de velar por la integridad familiar, imponiendo al Estado la responsabilidad de proveer servicios conducentes a fortalecer los lazos familiares. Sólo en los casos en que la preservación de dicha integridad no sea posible, luego de haberse provisto los servicios adecuados, se justificará la remoción del menor del hogar de su familia biológica. De igual forma, el Art. 3 de la Ley Núm. 75, supra, 8 L.P.R.A. see. 403, al declarar la política pública del Estado Libre Asociado establece, en lo pertinente:

Forma parte de esta política pública el reconocimiento de la autonomía paterna en la crianza de los hijos ...ya que el hogar es el medio por excelencia para lograr el óptimo desarrollo de un niño. (Enfasis suplido.)

El Art. 5 de nuestra ley, 8 L.P.R.A. see. 405, faculta al Departamento de Servicios Sociales de Puerto Rico “para adoptar las reglas, normas, reglamentos, establecer los programas de servicios y estructuras, así como establecer los procedimientos que sean necesarios para hacer reali-dad la política enunciada en la see. 403 de este título”. Por consiguiente, este organismo tendrá la responsabilidad de coordinar los programas dirigidos a preservar la unidad de la familia puertorriqueña y a fomentar el óptimo desarrollo del niño, que se alcanzará de mejor forma cuando éste per-manece en el hogar de sus padres biológicos.

A pesar del hecho de que nuestra Ley para la Protección a Menores fue aprobada aproximadamente un (1) mes antes de la aprobación del Adoption Assistance and Child Welfare Act of 1980, y de que sus disposiciones no han sido objeto de enmiendas desde el 28 de mayo de 1980 hasta el presente, dichas disposiciones armonizan perfectamente con los principios enunciados en la ley federal, según enmendada en 1983. Específicamente, el Art. 30 de la Ley Núm. 75, supra, 8 L.P.R.A. see. 430, enumera una serie de alternativas para ser consideradas por nuestros tribunales una vez hecha la determinación de si un menor es o ha sido objeto de maltrato o negligencia. Por ser dichas alternativas muy relevantes a la solución de esta controversia, citamos:

El tribunal, una vez hecha la determinación de maltrato o negligencia, resolverá a base de los mejores intereses y bienes-tar del menor y podrá tomar, sin que se entienda como una limitación, una o más de las siguientes determinaciones:
(a)Mantener al menor en su hogar natural con la supervisión protectora del Departamento y bajo las condiciones que el tribunal estime convenientes por un lapso de tiempo que, inicial-mente, no será mayor de seis (6) meses, prorrogables hasta un período máximo de un (1) año.
(b)Mantener a la persona o personas bajo supervisión protec-tora sujetas a presentarse al tribunal en cualquier momento durante el período de supervisión protectora en caso que ocurra un daño al menor o exista riesgo substancial de daño al menor.
(c)Privar a los padres o a la persona responsable del menor de la custodia en forma provisional, por un lapso de tiempo que inicialmente no será mayor de seis (6) meses, prorrogable hasta un término máximo de dos (2) años, señalándole a los padres y al Departamento las medidas que deberán tomarse para que el menor pueda regresar a su hogar en el plazo más breve posible, o podrá tomar las providencias que sean necesarias para una determinación final sobre la custodia del menor.
(d)Otorgar la custodia legal del menor al Departamento. En todo caso de protección en que el Tribunal conceda la custodia legal del menor al Departamento, éste estará facultado para autorizar cualquier tratamiento médico y/o intervención qui-rúrgica que el menor necesite. Así como para autorizar la rea-lización de cualquier acto que sea para beneficio del menor como, por ejemplo, conceder permiso para que éste salga de Puerto Rico de vacaciones o permiso para participar en activi-dades deportivas y recreativas. En estos casos y antes de dar su autorización, el Departamento hará gestiones razonables para conseguir a los padres o tutores a los fines de que éstos autori-cen el tratamiento o la actividad de que se trate, a menos que por circunstancias especiales, la demora en conseguir a los padres resulte en detrimento del menor. Cuando la custodia legal le fuere otorgada al Departamento, la custodia de facto podrá recaer en la persona que el Departamento a tales efectos designe. El custodio de facto tendrá, respecto del menor de que se trate, los siguientes derechos y obligaciones:
(1)Mantener la custodia física del menor.
(2)Proteger, educar y disciplinar al menor.
(3)Proveer alimento, ropa, albergue, educación académica, recreación y el cuidado médico rutinario requerido por el menor.
(4)Autorizar cualquier tratamiento médico de emergencia, in-cluyendo cualquier intervención quirúrgica que no admita la demora que conlleva el conseguir la correspondiente autoriza-ción de los padres o del Secretario del Departamento.
(e)Otorgar la custodia del menor a un familiar o a otra persona que el tribunal estime conveniente.
(f)Tomar cualquier otra decisión que a su entender sirva a los mejores intereses y bienestar del menor.
Cuando la determinación del tribunal sea mantener al menor en su hogar natural bajo la supervisión protectora del Depar-tamento, o que provisionalmente se prive a los padres de la custodia, deberá señalar una vista en un período de tiempo no mayor de seis (6) meses contados desde la fecha en que haya emitido su determinación. En dicha vista el tribunal evaluará si las partes han cumplido con las condiciones que les hubieren sido impuestas al dejar al menor bajo la supervisión protectora del Departamento. El tribunal podrá, luego de la vista dis-puesta en el párrafo anterior, tomar la determinación que con-sidere conveniente, de acuerdo a lo dispuesto en los incisos de la (a) a la (f) de esta sección.
No obstante lo establecido en esta sección, el tribunal podrá discrecionalmente celebrar en cualquier momento una vista cuando las circunstancias del caso así lo requieran. (Enfasis suplido.) Art. 30 de la Ley Núm. 75, supra.

De forma consistente en los principios antes citados, el Departamento de Servicios Sociales ha adoptado un Manual de Normas y Procedimientos con el propósito de establecer las directrices que provean el servicio de hogares sustitutos para menores como parte del Programa de Servicios a Familias con Niños de dicha agencia. El Manual expresa claramente la filosofía de la agencia en casos como el presente:

Un hogar adecuado es el mejor sitio para el crecimiento integral y el completo desarrollo de un niño.

Como postulado de esta filosofía se exige en cada caso la preparación de un plan de permanencia, cuyo fin es que todo niño removido de su hogar biológico retorne a sus padres con la mayor brevedad. Establece el manual mencio-nado:

Una permanencia prolongada en un hogar de crianza sin pro-pósito, sin intención, crea un futuro incierto para el niño. Es por lo tanto necesario que al remover al niño de su hogar bio-lógico iniciemos las gestiones encaminadas a preparar un plan de permanencia para este niño que le permita retornar a la mayor brevedad con su familia o, de no ser esto posible, prepararle otro plan de permanencia alterno. Al prepararle un plan de permanencia para un niño, lo que hacemos es esclarecer la in-tención y el objetivo de la colocación e indicar la duración de la misma. Es seleccionar aquel plan más adecuado para un niño de acuerdo con la situación particular de su familia biológica en un momento dado y con sus necesidades individuales. (Enfasis suplido.)

Como vemos, el principio rector que regula el Adoption Assistance and Child Welfare Act of 1980 para mantener la integridad familiar en los casos de menores es el mismo que inspira a nuestro propio estatuto. El concepto de es-fuerzos razonables contenido en dicho estatuto federal tam-bién permea nuestro estatuto y se le da forma específica en este Manual de Normas y Procedimientos. Prevalece a tra-vés de toda la reglamentación recogida en el manual, la filosofía en cuanto a que el plan de permanencia ideal para todo niño removido de su hogar biológico es el retorno a sus padres. Hidalgo v. Depto. Servicios Sociales, 129 D.P.R. 605 (1991). No tenemos, pues, que recurrir al estatuto federal como fuente de derecho para adoptar las medidas que pretende la parte recurrente.

IV

Esfuerzos razonables

De acuerdo con la política pública que impulsó nuestra legislación, resolvemos que bajo la Ley de Protección de Menores, supra, y tomando en cuenta lo dispuesto en el Manual de Normas y Procedimientos para el Servicio de Hogares Sustitutos para Menores, el Departamento de Servicios Sociales deberá demostrar en cada caso de privación de custodia que ha realizado los esfuerzos razonables con anterioridad a la remoción del menor de su hogar para preservar la unidad familiar. De igual forma, si fuera necesaria la remoción del niño, deberá demostrar que se encuentra realizando los esfuerzos razonables con el fin de hacer posible el pronto regreso del menor al hogar de sus padres biológicos.

A tenor con lo resuelto anteriormente, el tribunal deberá hacer una determinación específica al efecto de que se haya cumplido con tales requisitos en la sentencia o resolución dictada al amparo del Art. 30 antes citado. En ausencia de las directrices estatutarias específicas, el tribunal determinará caso a caso qué esfuerzos resultaron ser razonables para alcanzar el propósito mencionado en las . circunstancias particulares. El Manual de Normas y Procedimientos será de gran ayuda al juzgador para que éste determine si en cada caso se ha seguido el procedimiento adecuado.

To determine whether reasonable efforts have been made in a specific case, the court must be aware of services that could have been appropriately provided to the family and are readily available in the community. In addition, to determine whether children in its jurisdiction are adequately served by the local child welfare agency, the court must be aware of the service the community provides and those it lacks. Making Reasonable Efforts: Steps for Keeping Families Together, supra, pág. 48.

En aquellos casos en los cuales el Departamento de Servicios Sociales solicite la custodia de emergencia para la protección de un menor al amparo del Art. 31 de la Ley de Protección a Menores, supra, 8 L.P.R.A. see. 431, el Departamento deberá establecer las razones que aconsejan la remoción del menor en la forma dispuesta en el artículo mencionado. En tal caso, el juez deberá consignar en su orden las razones que justifican esa remoción y cuando la urgencia del caso así lo requiera, no tendrá que hacer determinación alguna sobre los esfuerzos razonables. No obstante, en la vista a ser celebrada con posterioridad a la determinación de la custodia de emergencia y en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 32 de dicha ley, supra, 8 L.P.R.A. sec. 432, así como en vistas subsiguientes, el tribunal deberá hacer esta determinación con el fin de cercio-rarse de que se estén llevando a cabo los esfuerzos razona-bles para que el menor regrese al lado de sus padres lo más pronto posible. Como hemos dicho, y contrario a lo aducido por la Procuradora en su escrito, no basta con la mera ale-gación de la agencia en cuanto a que está cumpliendo con el reqüisito; ésta deberá probarlo al tribunal de forma fehaciente.

En un intento de proveer unas guías a los jueces para determinar si los esfuerzos realizados han sido o no razo-nables, varias jurisdicciones han reconocido ciertos facto-res para ser considerados por el tribunal al hacer dicha determinación, tanto antes como después de la remoción del menor de su hogar biológico. En algunos estados, por ejemplo, se toman en consideración los siguientes:

(1)Naturaleza del problema, e.g., tipo o grado de violen-cia, severidad, duración, familiares relacionados;

(2)naturaleza de los servicios ofrecidos o provistos, e.g., tipo de agencias concernientes, número de contactos con la familia, esfuerzos para crear una relación terapéutica con la familia o tratar de que otras personas lo hagan;

(3)naturaleza de los servicios considerados y rechazados por la agencia;

(4)relación entre los servicios ofrecidos o provistos y el problema existente, e.g., si son o no apropiados, accesibili-dad, duración de servicios, nivel y calidad de la relación de los miembros de la familia;

(5)perspectiva de la familia sobre sus necesidades de servicios y respuestas a éstos;

(6)selección de la agencia o servicio a la cual referir a la familia para satisfacer sus necesidades, e.g., servicios in-tensivos dentro del hogar, consejería en época de crisis;

(7)diligencia de la agencia al hacer tales servicios dispo-nibles o aceptables a la familia, e.g., dar seguimiento a los acuerdos con la familia o con las órdenes del tribunal, nú-mero de contactos por escrito o personales;

(8)gestiones anteriores hechas por la familia para obte-ner servicios o intervención y los resultados de tales inten-tos;

(9)intentos anteriores hechos por la agencia para inter-venir o proveer servicios, incluyendo los referidos a otros profesionales y los resultados obtenidos (la expectativa es que la agencia persevere y no asuma que el cliente habrá de rechazar o continuar rechazando los servicios);

(10)nivel de servicios requeridos para mantener al niño en su hogar biológico o devolverlo a dicho hogar y la razo-nabilidad de proveer dichos servicios;

(11)razones por las cuales otros servicios o esfuerzos para mantener al niño en su hogar no fueron prácticos o adecuados, e.g., situación de emergencia, no cooperación de la familia;

(12)personas responsables de tomar la decisión de remover al niño de su hogar biológico, incluyendo los requisitos de la agencia para manejar el caso, y

(13)reconsideración de la decisión de remover al niño por el personal de la agencia, e.g., número de veces que se revisó el caso, documentación de la revisión formal o decisión.

Los factores que generalmente se toman en cuenta para hacer la determinación sobre los esfuerzos razonables con el fin de reunir al niño con su familia son:

(1)Plan de reunificación establecido inmediatamente luego de la remoción;

(2)servicios provistos a la familia con posterioridad a la remoción* incluyendo el esfuerzo de profesionales con expe-riencia trabajando con problemas familiares específicos, e.g., alcoholismo, drogadicción, impedimentos físicos y/o mentales, etc;

(3)plan de visitas establecido inmediatamente después de la remoción, incluyendo el hecho de que éste sea apro-piado, posibles modificaciones hechas para acomodar los horarios en que la familia esté disponible, ansiedades del niño, el no obstruir el derecho de visitas, y

(4)intentos de reunir al niño con su familia, incluyendo servicios de apoyo a proveerse para hacer que la reunifica-ción sea exitosa. Véase Reasonable Efforts to Prevent Foster Placement; A. Guide to Implementation, supra.

Las jurisdicciones estatales norteamericanas, en su gran mayoría, reconocen el deber de las agencias de bienestar social de llevar a cabo los esfuerzos razonables para evitar la remoción del menor del hogar de sus padres y, cuando no ha podido evitarse, con posterioridad a ésta con el fin de reunir a la familia. En el mismo contexto, muchos estados han reconocido, casi como una presunción, que los niños siempre estarán en mejor condición al lado de sus padres biológicos. Véanse, a tales efectos: In re A.C., 597 A.2d 920 (1991); State In Interest of J., 582 So. 2d 269 (1991); In re D.G., 583 A.2d 160 (1990); In Interest of T.R., 460 N.W.2d 873 (1990); In Interest ofFeidler, 573 A.2d 587 (1990).

Resulta de primordial importancia señalar que el rol del juez es crucial en estos casos. Los tribunales deben requerir al estado evidencia que sostenga claramente que se han llevado a cabo los esfuerzos razonables y no deberán aceptar meras alegaciones y conclusiones de que se realizaron. Una determinación del juez a los efectos de que "los esfuerzos realizados por la agencia fueron suficientes” no es apropiada. Se requiere que el juez tenga ante sí evidencia suficiente que sostenga determinaciones de hechos específicos sobre los servicios prestados y su adaptación a cada caso individual. A View From the Bench. The Judge’s Role in Promoting Effective Planning for families and children, supra.

VI

Situaciones de emergencia

Sin embargo, queda un punto por aclarar con respecto a la determinación que debe hacerse sobre la realización y razonabilidad de tales esfuerzos en los casos de emergencia. La convivencia social nos ha demostrado que existen distintos cuadros de maltrato a menores que van desde la mera negligencia y descuido, hasta el maltrato físico o mental severo. Debemos reconocer que en ciertas ocasiones no puede llevarse a cabo esfuerzo alguno por parte de la agencia para evitar la remoción del menor cuando la situación en el hogar presente un riesgo sustan-cial e inminente para su salud física o emocional. En tales circunstancias, nuestro estatuto provee para la custodia de emergencia en protección de dicho menor al amparo del Art. 31 de la Ley de Protección a Menores, supra. Sin embargo, el Departamento deberá establecer las razones que aconsejan la remoción del menor en la forma dispuesta en este artículo. En tal caso, el juez deberá consignar en su orden las razones que justifiquen la remoción y cuando la urgencia del caso así lo requiera, no tendrá que hacer de-terminación alguna sobre los esfuerzos razonables. No obs-tante, en la vista exigida con posterioridad a la remoción por el Art. 32 de la Ley de Protección a Menores, supra, así como en vistas subsiguientes, el tribunal deberá hacer una determinación sobre los esfuerzos razonables que se estén llevando a cabo para que el menor regrese al lado de sus padres lo más pronto posible. Como hemos dicho, y contra-rio a lo aducido por la Procuradora en su escrito, no basta con la mera alegación de la Agencia en cuanto a que está cumpliendo con el requisito; ésta deberá probarlo al tribunal de forma fehaciente.

Esta decisión es guiada exclusivamente por lo que en-tendemos es el mayor bienestar para los más afectados en este proceso: los niños. Nos parece adecuada la expresión de la profesora Maya Aagelou en la introducción del manual Keeping Families Together: The Case for Family Preservation, supra:

When any child, vulnerable as the season’s first snowflake, is handed into a strange atmosphere, even into a rare, sensitive and caring environment, the question which afflicts the newcomer is always, “If I wasn’t good enough for my own family, which they say is no good, how can I be accepted here, before strangers?” “Tragically, the question is unanswerable and perseveres under the skin, in the viscera through the days, hours and years into adulthood”.

Los hechos probados en este caso nos convencen de que el tribunal de instancia estuvo justificado al ordenar la re-moción inmediata de los menores del hogar de sus padres, sin exigir la prueba demostrativa de los esfuerzos razona-bles para evitar dicha remoción, debido a que existía un riesgo inminente a la salud mental y física de estos niños en ese momento. La situación que señalan los hechos en este caso es precisamente de emergencia y constituye una excepción a dicha exigencia.

En vista de ello, se dictará sentencia confirmando la re-solución del tribunal de instancia que ordena la remoción inmediata de los menores y se devolverá éste al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos en forma compatible con esta opinión.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrieron con el re-sultado sin opinión escrita. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López no intervinieron.

      (1) Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, Leyes de Puerto Rico 194.

      (2) En lo pertinente, la resolución del juez establece:

        “Aplica'al caso de autos la Ley 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada.. En Puerto Rico la materia contenida en la ley federal 96-272, “Adoption Assistance and Child Welfare Act of 1980”, ‘no ha ocupado el campo’ y desplazado el poder estatal. Este Tribunal no ha recibido mandato alguno de la Administración de los Tribunales, ni del Tribunal Supremo, a los efectos de que por acuerdos entre el gobierno estatal y federal es imperativo aplicar la ley federal de referencia.
      “El “Adoption Assistance and Child Welfare Act of 1980”, Ley 96-272, no es parte del ordenamiento legal que rige en Puerto Rico. Este Tribunal no es el foro adecuado para imponer la misma. En Puerto Rico, según expresado anteriormente, rige la Ley 75 de 28 de mayo de 1980, según enmendada, y el caso de autos fue iniciado y ha evolucionado bajo el mandato y las disposiciones de esta Ley.”

      (3) Los errores planteados son los siguientes:
      “Erró el Tribunal de Instancia al resolver que la ley conocida como ‘Adoption Assistance and Child Welfare Act’ de 1980, ‘...no es parte del ordenamiento legal que rige en Puerto Rico’.
      “Erró el Tribunal de Instancia al resolver que ‘este Tribunal no es el foro ade-cuado para imponer la misma.
      “Erró el Tribunal de Instancia al resolver que la Ley Número 75 de 28 de mayo de 1980 es de aplicación exclusiva a los hechos de este caso.” Certiorari, pág. 4.

      (4) La ley expresamente incluye a Puerto Rico, Islas Vírgenes y Guam entre los beneficiarios de los fondos provistos por el Congreso. Véase 42 U.S.C. sec. 671a8 (1991).
      De hecho, en su comparecencia, la Procuradora expresa que “Puerto Rico recibe aproximadamente $4.0 millones por concepto de esta ley”.

      (5) 60 LW 4251.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

text:
    Miguel A. Díaz Martínez, demandante y recurrido, v. Policía de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: RE-92-31

      Resuelto: 22 de junio de 1993

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Laura Ydrach Vi-voni, Procuradora General Auxiliar, abogadas del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Superintendente de la Policía suspendió sumaria-mente de empleo y sueldo a un policía estatal quien alega-damente tomó como rehén en un cuartel a otro miembro de la uniformada. Mediante solicitud de revisión recurre ante nos el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y solicita la revocación de una sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, donde se determinó que el Superintendente no le concedió un debido proceso de ley al policía suspendido y se ordenó el pago retroactivo de salarios y beneficios desde la fecha de la suspensión hasta el momento de su expulsión definitiva de la Policía. Confirmamos.

I

Como resultado de un incidente ocurrido en el Cuarteli-llo de la Policía en la Urb. Las Vegas de Cataño, el Minis-terio Público presentó cargos contra el Policía Miguel Díaz Martínez por los delitos de robo, amenaza, restricción de libertad (dos (2) casos) y por violar el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 418. Simultánea-mente, la Policía inició una investigación administrativa de los hechos. Como parte de esta investigación, fue citado para tomarle una declaración jurada. Cuando compareció a ésta, se le informó que se le investigaba debido a los si-guientes hechos:

[I]ncidente ocurrido el día 17 de agosto de 1989, en el Cuar-telillo de la Policía de la Urb. Las Vegas de Cataño, donde usted según se alega tomó como rehén al Policía Erick Aponte y soli-citó la presencia del Superintendente de la Policía, Ledo. Ismael Betancourt y Lebrón, para de esa forma manifestarle cierta problemática que según usted no se le había dado atención. Solicitud de revisión, pág. 2.

También se le informó que la investigación podría dar lugar a la formulación de cargos y se le recordó sobre su derecho a tener representación legal durante la toma de su declaración jurada. Díaz Martínez fue acompañado por un abogado de la Asociación de Miembros de la Policía y re-husó hacer una declaración jurada sobre el incidente.

Concluida la investigación, ésta reflejó que el día de los hechos imputados Díaz Martínez amenazó con matar a una señora, le quitó una escopeta y un revólver a otro po-licía y lo tomó como rehén. También encañonó a un sar-gento y a un coronel de la policía que acudieron al lugar:

Reveló la investigación que el 17 de agosto de 1989, a eso de las 8:00 p.m., en el Cuartel de la Policía de Cataño, se presentó la señora Wanda M. Soto, residente en la Urbanización Los Almendros de Bayamón, para querellarse que había sido agre-dida por usted. Que además usted le había amenazado con matarla.
Mientras la señora Soto era atendida por el Sgto. Reinaldo Morales Rivera 8-1071, usted se personó al Cuartel y volunta-riamente le entregó el arma de reglamento al Sgto. Morales Rivera. Luego se marchó. Minutos más tarde se recibió una llamada urgente en la Sala del Retén solicitando la presencia del Sargento al Destacamento de Las Vegas Cataño, donde us-ted había despojado mediante la fuerza al guardia Erick Aponte Maysonet 16241 de su escopeta y revólver de reglamento. Allí usted mantuvo apuntando al guardia Aponte cuando llegó el Sargento Morales entonces apuntó a éste también. Le solicitó al Sargento que quería hablar solamente con el Superintendente. El Comdte. Juan Díaz Lago, Comandante del Area de Bayamón trató de persuadirlo que desistiera de su actitud sin tener éxito. El Coronel Fernando Vázquez Gely llegó al lugar y usted tam-' bién le apuntó con el revólver. Luego de un diálogo con este oficial usted entregó el arma.
El caso fue consultado con el Fiscal Waldemar Cima De Villa y el 28 de marzo de 1990, instruyó se radicaran denuncias por los delitos de Robo, Amenaza, Restricción a la Libertad (2 ca-sos), Artículo 8 (2 casos), 5, 6, y 32 (3 casos) de la Ley de Armas.
El caso fue sometido a la consideración del Honorable Juez Carlos S. Dávila, del Centro Judicial de San Juan, quien determinó causa probable en todos estos delitos, imponiéndole la fianza de $1,075 .00 la cual prestó. Exhibit III, págs. 1-2.

En vista de los hechos descritos anteriormente, el Su-perintendente determinó que Díaz Martínez incurrió en faltas graves proscritas por el Reglamento de Personal de la Policía y mediante una comunicación escrita formuló los cargos correspondientes. Simultáneamente, lo suspendió sumariamente de empleo y sueldo. En su carta, el Super-intendente le apercibió que se proponía imponerle como castigo su expulsión del Cuerpo y le informó sobre su de-recho a “solicitar una vista informal” ante un oficial examinador.

La vista informal fue celebrada el 5 de diciembre de 1990. Luego de evaluar la prueba presentada, el 20 de marzo de 1991 el Superintendente concluyó que las viola-ciones imputadas a Díaz Martínez se habían probado y or-denó su expulsión de la Policía, retroactiva a la fecha cuando había sido notificado sobre la suspensión sumaria de empleo y sueldo.

Con fecha de 25 de marzo de 1991, Díaz Martínez pre-sentó ante el Tribunal Superior una acción de mandamus en la cual alegó que fue suspendido sumariamente de em-pleo y sueldo el 2 de mayo de 1990 sin que se le concediera previamente una vista informal. Señaló, además, que ha-biéndose celebrado la vista informal en diciembre de 1990, el Superintendente no había emitido su decisión. Sostuvo que había sido privado de su interés propietario sin el de-bido proceso de ley.

Después de ciertos trámites procesales y de haber sido informado acerca de la decisión final de la Policía, el foro de instancia concedió a las partes un término para que mostraran causa por la cual no se debiera expedir el mandamus solicitado y ordenar al Superintendente que le pa-gase al policía destituido “todos los salarios y demás bene-ficios que dejó de percibir desde la fecha en que fue suspendido sumariamente y sin vista previa, y hasta la fecha en que se dictó por el Superintendente la decisión definitiva de expulsión, luego de celebrar la vista”. Exhibit I, pág. 2. Después de la comparecencia del Superinten-dente, el Tribunal Superior requirió de las partes un me-morando de derecho sobre si “la vista investigativa que se celebró ... cumpl[ía] con los requisitos exigidos por la juris-prudencia ... relativos a la vista previa al despido”. Exhibit VII, pág. 1.

Como el Superintendente no contestó la última orden, el tribunal a quo infirió “de su repetido silencio un reconoci-miento de que la vista investigativa que se celebró ... no cumple con los requisitos [aplicables]”. Exhibit VII, pág. 1. Por ende, expidió el mandamus y ordenó al Superinten-dente que pagara a Díaz Martínez los salarios y beneficios dejados de percibir desde la fecha en la cual fue suspen-dido, hasta el día en que finalmente el Superintendente ordenó su destitución de la Policía.

El Procurador General recurre ante esta Curia y en su recurso impugna la sentencia del Tribunal Superior. Sos-tiene que el procedimiento utilizado en este caso cumplió con los requisitos del debido proceso de ley. Oportuna-mente expedimos el auto de revisión.

II

En Puerto Rico un empleado público tiene un reconocido interés en la retención de su empleo si dicho interés está protegido por la ley (empleado de carrera) o cuando las circunstancias crean una expectativa de continuidad.” Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227, 241 (1992). Recientemente en Cintrón Santana v. Supte. Policía de P.R., 131 D.P.R. 1 (1992), concluimos que las dispo-siciones relativas al principio de mérito, incluidas en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1334) aplican a la Policía de Puerto Rico. Una vez se le reconoció ese derecho a la Policía, el Estado no puede privárselo sin unas garantías procesales que cumplan con el debido proceso de ley. Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990).

Por otro lado, tanto la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1336(3), como la de la Policía de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 1014(e), autorizan la suspensión de empleo y sueldo a cualquier policía, en ciertas circunstancias. En específico, el Art. 14 de la Ley de la Policía de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 1014, concede al Superintendente el poder para suspender temporalmente de empleo y sueldo a aquel miembro del Cuerpo contra quien se haya imputado incompetencia, mala conducta o haber incurrido en un acto delictivo:

(e)El Superintendente tendrá facultad para suspender tem-poralmente, de empleo y sueldo, a cualquier miembro de la Fuerza mientras se practica cualquier investigación que se or-denare relativa a incompetencia, mala conducta o crimen de que se acuse a dicho miembro de la Fuerza. En tal caso, el Superintendente hará que se formulen los correspondientes cargos, sin demora innecesaria. Investigará y resolverá tales casos a la mayor brevedad posible, imponiendo el castigo que estime razonable dentro de los límites de ésta o disponiendo que vuelva al servicio dicha persona con devolución de los suel-dos devengados o sin ellos, durante el período de la suspensión, si a su juicio los hechos lo justificaren.
©Cuando un miembro de la Fuerza estuviere suspendido de empleo y sueldo, por cualquier concepto, estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal. Tampoco disfrutárá de los derechos y privilegios que por ley se conceden a miembros de la Policía mientras dure dicha suspensión.
(g)En todo caso donde se impongan sanciones que conlleven la suspensión de empleo y sueldo, el Superintendente, a peti-ción del querellado, podrá conmutar dicha sanción por servicios adicionales al Cuerpo equivalente al monto de tiempo que dure la suspensión. 25 L.P.R.A. sec. 1014(e), (f), y (g).

Sin embargo, ni la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico ni la de la Policía de Puerto Rico requieren que se le provea a un policía la oportunidad de ser oído en una vista informal antes de una suspensión sumaria. No obstante, en Torres Solano v. P.R.T.C., supra, pág. 523, re-conocimos el derecho de un empleado público de carrera a una vista informal previa al despido “aun cuando el esta-tuto o contrato que le da derecho a permane[cer] en su puesto no provea para la celebración de una vista previa y sí para una vista formal con posterioridad al despido”. Al amparo de las doctrinas establecidas en Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985), y en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982), y considerando la naturaleza de los intereses particulares afectados, el riesgo de una decisión errónea y el interés gubernamental prote-gido, concluimos que de ordinario la celebración de una vista informal antes de la destitución promovía los mejores intereses de la administración pública. El empleado pú-blico de carrera “tiene ese derecho aun cuando el estatuto o contrato que le da derecho a permanencia en su puesto no provea para la celebración de una vista previa y sí para una vista formal con posterioridad al despido”. Torres Solano v. P.R.T.C., supra, pág. 523.

Igualmente, una suspensión sumaria priva a un empleado público de sus derechos propietarios a recibir un sueldo y unos beneficios marginales, y a desempeñar las funciones de su cargo. La suspensión de empleo y sueldo tiene unos efectos negativos inmediatos sobre el empleado, pues afecta particularmente su capacidad para generar ingresos y de sostener a su familia. Precisamente, debido a la naturaleza del daño causado al empleado público a causa de una suspensión sumaria, los tribunales no se han abstenido de preterir el cauce administrativo para evaluar si el procedimiento utilizado cumple con el debido proceso de ley. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra.

Considerando que el interés propietario de un policía también se afecta sustancialmente por una suspensión de empleo y sueldo —y que esta decisión encierra determinaciones de hechos en las cuales existe un alto riesgo de un dictamen erróneo— de ordinario una vista informal previa reduce los peligros de que un procedimiento de esta índole le prive erróneamente de su interés propietario. Además, en términos del Estado, “la concesión de una vista previa promueve su interés de garantizar un servicio público eficaz, excelente, regular y productivo”. (Énfasis suprimido.) Torres Solano v. P.R.T.C., supra, pág 522.

No obstante, en Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, supra, pág. 545, se reconoció que, en ciertas situaciones, la retención del empleado puede constituir un peligro signifi-cativo a la seguridad de otras personas o a la propiedad pública. En esos casos se puede decretar una suspensión sumaria, limitada solamente a excluirlo temporeramente del empleo, pero dejándole su sueldo y los beneficios corres-pondientes:

Finally, in those situations where the employer perceives a significant hazard in keeping the employee on the job, it can avoid the problem by suspending with pay.

Esta excepción a la regia general — en los casos de em-pleados públicos— reconoce que ciertas circunstancias ex-traordinarias requieran la intervención temporal del Es-tado con los intereses de una persona antes de poderle brindar una oportunidad de ser oído. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos se han reconocido situaciones en las cuales el Estado tiene que actuar rápidamente para garantizar el orden, la seguridad o la salud del pueblo, siempre que posteriormente provea una vista adjudicativa dentro de un término razonable de tiempo. En particular, cuando hay una emergencia, los tribunales han permitido la actuación sumaria del Estado sin una vista previa, per-mitiendo una privación temporal de los derechos de una parte. En estos casos, corresponde a los tribunales hacer un balance de los intereses encontrados a la luz de las cir-cunstancias peculiares de cada uno:

The underlying idea in all the temporary action cases mentioned so far is that a sufficient urgency may override a particular party’s interest in avoiding a temporary loss. Obviously, the opposing interests have to be balanced. 2 Davis, Administrative Law Treatise Sec. 11:12 (2da ed. 1979), pág. 391.

Por ejemplo, cuando alimentos contaminados o medici-nas con etiquetas engañosas han estado a la venta en los comercios, se ha permitido su confiscación y destrucción sin una vista previa. Véanse: North American Storage Co. v. Chicago, 211 U.S. 306 (1908); Ewing v. Mytinger & Casselberry, 339 U.S. 594 (1950). No hay duda de que, en estas circunstancias excepcionales, la vista previa tendría el efecto de posponer la intervención gubernamental, po-niendo en peligro la salud o la seguridad del pueblo.

Se ha permitido, de forma igual, una actuación drástica del Estado sin vista previa cuando se encuentra involu-crada la solvencia de una institución bancaria que está en peligro, Fahey v. Mallonee, 332 U.S. 245 (1947); el embargo de una cuenta bancaria, North Georgia Finishing, Inc. v. Di-chem, Inc., 419 U.S. 601 (1975); la suspensión de un estudiante por un término máximo de diez (10) días cuando se afecta la seguridad de otros alumnos, los maestros o la propiedad de la institución, Goss v. Lopez, 419 U.S. 565 (1975); la terminación de los beneficios por inca-pacidad bajo la ley de seguro social, Mathews v. Eldridge, 424 U.S. 319 (1976), y la confiscación de un barco con prueba delictiva, Calero—Toledo v. Pearson Yatch Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974). Además, hay otros remedios judi-ciales que tienen las personas afectadas para proteger sus derechos de propiedad. Véanse, además: Adams v. Mi lwaukee, 228 U.S. 572 (1913); Newburgh v. Park Filling Station, 298 N.Y. 649 (1948).

En Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969), sostuvimos la validez del procedimiento sumario para la eliminación de ciertos rótulos y anuncios en las vías públicas establecido en la Ley Núm. 5 de 28 de septiembre de 1961 (9 L.P.R.A. sec. 38a et seq.). En esa ocasión sostuvimos que no "se justifica limitar el procedi-miento sumario ... exclusivamente a situaciones de emergencia”. Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, supra, pág. 56. Igualmente, en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, pág. 735, examinamos el procedi-miento sumario establecido por la Ley Municipal para tratar querellas contra los alcaldes y aceptamos que exis-ten "una serie de situaciones donde el interés protegido es de tal intensidad y naturaleza que es innecesaria una vista previa”.

La normativa expuesta antes es también aplicable a las suspensiones sumarias de empleados públicos. No obstante, como en esos casos la suspensión afecta adversamente la capacidad del empleado para sostener sus vidas, en Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, supra, se estableció que la acción sumaria tenía que limitarse al empleo mismo. Por ende, en los casos donde la continuidad en el empleo crea una situación peligrosa para el Estado o los intereses protegidos por el Gobierno, se puede suspender sumariamente de empleo a un empleado público sin la celebración de vista previa, siempre que continúe recibiendo el sueldo y se le ofrezca —en un término razonable de tiempo— una oportunidad de ser oído en una vista informal o en una en la cual se adjudique formalmente la controversia.

H-1 HH

En el caso de autos, el Procurador General sostiene que la toma de declaración jurada realizada como parte de la fase investigativa de la querella cumplió con el requisito de vista informal de Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, supra. Además, aduce que no fue hasta después de ésta cuando se suspendió a Díaz Martínez de empleo y sueldo.

Del acta de lo ocurrido ese día se desprende que la toma de la declaración jurada era únicamente de naturaleza in-vestigativa y que el interrogatorio que se llevó a cabo no puede clasificarse como la vista previa requerida por Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, supra, y Torres Solano P.R.T.C., supra. El procedimiento se limitó a informar a Díaz Martínez que se le iba a tomar una declaración ju-rada sobre los incidentes en el cuartelillo.

Además, surge claramente del acta que la Policía estaba llevando a cabo la investigación con el propósito de deter-minar si le formularían cargos y que, antes de esa fecha, todavía no se había determinado el curso de acción que se proponían seguir en su contra. Por eso, antes de esa oca-sión, Díaz Martínez no fue notificado por escrito de los car-gos en su contra. Tampoco se le apercibió con suficiente anticipación sobre la intención de suspenderlo de empleo y sueldo ni se le informó acerca de su derecho a una vista informal para presentar su versión de los hechos, según requerido en Torres Solano v.. P.R.T.C., supra.

Sin un aviso de que en ese día se proponían celebrar una vista informal y sin una notificación adecuada de los cargos imputados en su contra, cualquier vista celebrada sería insuficiente para satisfacer la exigencia del debido procedimiento de ley de darle al empleado una oportuni-dad real para presentar su versión de los hechos. Como bien explicó el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito:

The ways of due process are almost infinitely variable, but the common denominator is that the requisite hearing be granted “at a meaningful time and in a meaningful manner.” Here notice of the hearing was so abrupt and uninformative as to be constitutionally deficient. [...] Absent suitable notice, the “opportunity” for plaintiff to be heard was a charade. (Citas omitidas.) Collins v. Marina-Martinez, 894 F.2d 474, 481 (ler Cir. 1990).

Además, la toma de la declaración jurada no fue conce-bida por la Policía como una vista informal. La prueba do-cumental y, en particular, las cartas del propio Superinten-dente revelan, claramente, que la Policía siempre consideró a esa declaración jurada como parte del proceso investigativo. Por ejemplo, en su Carta de 2 de mayo de 1990, el Superintendente Betancourt y Lebrón le informó a Díaz Martínez que, como resultado de la investigación ad-ministrativa efectuada, se proponía imponerle como cas-tigo su expulsión del Cuerpo de la Policía. En ese escrito se detallaron los hechos imputados y los cargos en su contra, así como su derecho a “solicitar una vista informal ante el oficial examinador dentro del término de quince (15) días laborables, contados a partir de la fecha de recibo de [la] comunicación”. Exhibit III, pág. 3.

La vista informal fue celebrada siete (7) meses después de esta notificación. Concluida la vista, el Superintedente, con fecha de 20 de mayo de 1991, notificó a Díaz Martínez su decisión final de expulsarlo del cuerpo. La comunicación señaló que la determinación estuvo fundamentada en la prueba vertida en la vista informal celebrada el 5 de diciembre de 1990. Evidentemente, la Policía jamás consi-deró que la citación a la declaración jurada cumpliese los requisitos de vista previa de Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, supra, y de Torres Solano v. P.R.T.C., supra. El propósito de la toma de la declaración jurada era estricta-mente investigativo y no tenía las características de una vista informal o formal.

Por otro lado, nos preocupa que en casos como éste, en que un policía amenazó con matar a una mujer, desarmó y tomó como rehén a otro policía y encañonó a un coronel de la Uniformada, el Superintendente haya tomado nueve (9) meses en hacer la investigación administrativa y en adop-tar las medidas disciplinarias correspondientes. Además, nos sorprende que transcurrieran siete (7) meses antes de celebrar la vista informal solicitada por Díaz Martínez. En vista de los intereses involucrados en este caso, el tiempo transcurrido entre la suspensión y la celebración de la vista informal fue irrazonable.

Al amparo de la normativa anteriormente expuesta, el Superintendente privó a Díaz Morales, empleado de ca-rrera de la uniformada, de su propiedad sin el debido pro-ceso de ley, al suspenderlo de empleo y sueldo sin antes ofrecerle una oportunidad adecuada de ser oído. Conside-rando los hechos del caso, y en particular el peligro signi-ficativo que representaba Díaz Martínez a sus compañeros policías y a la ciudadanía, a la luz de los hallazgos investi-gativos en cuanto a que desarmó a un policía y lo retuvo como rehén en un cuartel de Cataño, el Superintendente debió haber suspendido sumariamente a Díaz Martínez únicamente de empleo, pero dejándole el sueldo y demás beneficios marginales. Una vez se le ofreciera una oportu-nidad adecuada de ser oído en una vista informal —cele-brada dentro de un término razonable de tiempo— y de entender que los hechos imputados lo ameritaban, el Su-perintendente podía suspender a Díaz Martínez de empleo y sueldo.

En estas circunstancias, aunque el Tribunal Superior partió de la premisa errónea que el Superintendente no podía suspender sumariamente a Díaz Martínez sin vista previa, resolvió correctamente al ordenar el pago de los salarios y beneficios que el ex policía dejó de percibir desde la fecha de su suspensión hasta el 20 de marzo de 1991, cuando el Superintendente lo expulsó definitivamente de la uniformada, después de la celebración de la vista informal. Como nuestra revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos, procede confirmar el dicta-men recurrido.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Es un hecho no contradicho que al Policía Miguel A. •Díaz Martínez se le citó para el 30 de octubre de 1989 a una investigación administrativa de querella mucho antes de su suspensión de empleo y sueldo. Allí, el oficial investi-gador Capitán Ismael Cajigas —adscrito a la Superinten-dencia Auxiliar en Inspección y Asuntos Disciplinarios— le explicó en detalle el propósito de ésta, las actuaciones que se le imputaban,()le brindó la oportunidad de expresar su posición, le hizo las advertencias de rigor, su derecho a es-tar asistido de abogado, como en efecto lo estuvo, e incluso que por esos hechos podía “resultar querellado”.

El trámite anterior, equivalente a una vista informal previa a su suspensión posterior de empleo y sueldo, satis-fizo plenamente la norma de Cleveland Bd. of Ed. v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985), incorporada en nuestra jurisdicción en Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990). El policía Díaz Martínez conocía los hechos impu-tados, pudo muy bien dar su versión y no lo hizo. ¿De qué se queja? ¿Se le violó realmente el debido proceso de ley?

Es improcedente e injusto reconocerle el pago retroac-tivo de salarios y beneficios. Hasta hoy creíamos que el debido proceso de ley era eminentemente circunstancial y pragmático; no dogmático.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

En este caso un policía agredió y amenazó con matar a una mujer; luego desarmó y tomó como rehén a otro poli-cía, y encañonó a otros superiores, incluyendo a un coronel de la Uniformada, todo ello sin una justificación adecuada. A pesar de la gravedad de estos actos —que ameritaban una acción administrativa inmediata— el Superintendente de la Policía mantuvo al funcionario aludido en disfrute de su cargo por espacio de nueve meses posterior al incidente delictuoso aludido, cuando al fin lo suspendió de empleo y sueldo luego de una investigación administrativa.

La investigación administrativa mencionada incluyó una citación al policía para tomarle una declaración jurada sobre el incidente en cuestión. Se le informó que la inves-tigación podría dar lugar a la formulación de cargos en su contra y que tenía derecho a representación legal durante la toma de su declaración jurada. El policía en cuestión fue ácompañado por abogado cuando compareció según citado y rehusó hacer una declaración jurada sobre el incidente.

Simultáneamente con la investigación administrativa referida, el Ministerio Público presentó cargos contra el po-licía por varios delitos, incluyendo los de amenaza, restric-ción de libertad y violación de la Ley de Armas de Puerto Rico, y un Tribunal de Primera Instancia determinó causa probable en todos los delitos, imponiéndole fianza al poli-cía, la cual prestó.

Frente a estos hechos contundentes, la mayoría del Tribunal sorprendentemente resuelve que el policía en cues-tión tiene derecho al pago de salarios y beneficios desde la fecha de su suspensión hasta la fecha en que finalmente se le expulsó del empleo, once meses más tarde, todo ello por-que, según la mayoría, la suspensión se hizo sin el debido proceso de ley por no haber mediado vista previa.

En otras palabras, la mayoría del Tribunal entiende que a un policía que deshonró gravemente las prerrogativas de su cargo, a quien excesiva e impropiamente se le permitió disfrutar de su sueldo y empleo durante nueve meses des-pués del descalificante incidente, se le debe compensar por once meses adicionales porque supuestamente no se ob-servó el debido proceso de ley al suspendérsele, aunque ya había mediado una acusación formal de varios delitos por los hechos ilícitos del policía. Además, existía una determi-nación judicial de causa probable respecto a la acusación, y se había celebrado una investigación administrativa sobre el incidente delictuoso, durante la cual el policía estuvo representado por un abogado, se le explicó en detalles el propósito de ésta, se le advirtió acerca de las posibles con-secuencias, y se le dio la oportunidad de expresar su ver-sión y justificación del incidente, cosa que el policía se negó a hacer.

¿CÓMO ES POSIBLE QUE EN ESTAS CIRCUNSTAN-CIAS LA MAYORÍA PUEDA ENCONTRAR UNA VIOLA-CIÓN AL DEBIDO PROCESO DE LEY?

Reiteradamente hemos resuelto que el derecho al debido procesó de ley es de naturaleza circunstancial y pragmática. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974); Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315 (1976); Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993). El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos recientemente en Connecticut v. Doehr, 501 U.S. 1, 10 (1991), reafirmó esta preclara concepción al repasar brevemente varios pronunciamientos afines suyos y seña-lar que:

These cases underscore the truism that “due process, unlike some legal rules, is not a technical conception with a fixed content unrelated to time, place and circumstances”.

En Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990), hi-cimos hincapié en que el propósito de la vista informal pre-via al despido de un empleado público es evitar que la agencia tome una decisión errónea que injustificadamente prive al empleado de su sustento diario, y que la vista debe servir como un escrutinio mínimo inicial para determinar si existe una justificación razonable para creer que los car-gos contra el empleado son ciertos. En este caso ese propó-sito se cumplió innegablemente mediante la investigación administrativa y la simultánea determinación judicial de causa probable. Cuando el Superintendente suspendió al policía de empleo habían fundamentos más que razonables para creer que los cargos eran ciertos; no había lugar para errores injustificados. En las circunstancias de este caso, pues, no hubo violación al debido proceso de ley, ni nada que justifique que continúen dispendiándose los fondos del pueblo para sostener por tanto tiempo a quien ha abusado de las prerrogativas de su cargo tan gravemente.

Los que tenemos la importantísima responsabilidad de velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas tenemos aparejadamente también la enco-mienda de dilucidar esos derechos de manera precisa y con pleno sentido humano, no vaya a ser que los excesos en nuestro celo y las rémoras del conceptualismo resulten en un desdoro de esos derechos.

Como creo que la mayoría inusitadamente ha determi-nado una violación al debido proceso donde no la hay, isiento.

      (1) En lo pertinente le informó:
      “Realiz[ó] una investigación administrativa relacionada con un incidente ocu-rrido el día 17 de agosto de 1989, en el Cuartelillo de la Policía de la Urb. Las Vegas de Cataño, donde usted según se alega tomó como rehén al Policía Erick Aponte y solicitó la presencia del Superintendente de la Policía, Ledo. Ismael Betancourt y Lebrón, para de esa forma manifestarle cierta problemática que según usted no se le había dado atención.

      “Como del resultado de esta querella usted puede resultar querellado le re-cuerdo el derecho de estar asistido de un abogado, como así lo estuvo por el Ledo. Héctor Marrero, de la Asociación de Miembros de la Policía. De declarar o no decla-rar, y recordarle que todo lo que usted diga en esta puede ser usado en su contra.
      “Hechas estas advertencias le pregunto policía Díaz, si desea declarar?” R.“No señor.” (Enfasis suplido.) Exhibit II, pág. 1.