author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. William Ortiz Martínez, acusado y peticionario.

      Número: CE-85-673

      Resuelto: 16 de junio de 1989

      Jorge V. Toledo Irizarry y Miguel A. Cabrera, abogados del peti-cionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Justo Gorbea Varona, Subprocurador General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Por hechos ocurridos el 11 de octubre de 1966, William Ortiz Martínez fue acusado de violar el Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sec. 418. Previa alegación de culpabilidad, el 30 de junio de 1967 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón (CR-66-578), lo condenó a cumplir diez y ocho (18) meses de cárcel, sujeto al régimen de sentencia suspendida. Cumplió así dicha sentencia.

Transcurrió el tiempo. Al cabo de diez y ocho (18) años y tres (3) meses —12 de enero de 1985— Ortiz Martínez poseyó y portó ilegalmente un revólver, por lo cual el 4 de fe-brero de 1985 fue acusado ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de infringir los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 418. El 20 de mayo de 1985 se declaró culpable de violar los Arts. 6 y 7 de dicha ley, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 417, ambos delitos menos graves. El ilustrado foro de instancia (Hon. Elpidio Batista Ortiz, Juez) aceptó la alegación y lo refirió a un oficial probatorio de la Administración de Corrección para un informe presentencia. Oportunamente, éste rindió un informe favorable y reco-mendó la suspensión de la sentencia. Mediante información suministrada por el propio Ortiz Martínez, se consignó en el informe su convicción previa.

Ante esa situación, el tribunal indicó que tenía dudas de si esa convicción anterior lo descalificaba automáticamente de los beneficios de una sentencia suspendida de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1027. Ortiz Martínez produjo un Certificado Negativo de Antecedentes Pe-nales expedido por el Superintendente de la Policía el 11 de marzo de 1988 y, además, diversas cartas de vecinos y personas de su trabajo, acreditativas de su sentido de responsa-bilidad y buen carácter.

Finalmente, el tribunal de instancia denegó su pedido por entender que la ley lo excluía del régimen de sentencias sus-pendidas. Lo condenó a una reclusión de seis (6) meses de cárcel en cada caso, a cumplirse concurrentemente.

A solicitud de Ortiz Martínez, mediante trámite de orden de mostrar causa, revisamos.

II

En síntesis, el peticionario sostiene que la aplicación literal de la Ley de Sentencia Suspendida —sin considerar una serie de circunstancias que le benefician— representa un castigo cruel e inusitado. A juicio suyo, no debió el tribunal tomar en cuenta una convicción ocurrida diez y ocho (18) años atrás, en particular cuando la misma no aparece en el récord de antecedentes penales obrantes en los archivos de la Policía.

Por su parte, en su comparecencia el Procurador General señala que la alegación de culpabilidad fue libre y voluntaria, previa las advertencias legales. Sin embargo, acepta la expe-dición del Certificado Negativo de Antecedentes Penales, aunque nos indica desconocer “si la omisión de señalar el delito previamente cometido en dicho certificado es por error o debido a que mediante el procedimiento dispuesto en la Ley Núm. 108 del 21 de junio de 1968, 34 L.P.R.A. 1731-1733, según enmendada, se eliminó tal convicción de su record”. Escrito para mostrar causa, pág. 4.

A renglón seguido y a título de pregunta nos expone:

... si el hecho de reflejar el Certificado de la Policía un récord penal limpio ello es indicativo de que para todos los efectos legales el delito ha quedado borrado, o si el efecto del procedimiento creado por la referida Ley Núm. 108, supra, es parcial. En este caso no contamos con una Exposición de Motivos que nos arroje luz sobre la interrogante. Esto es, si el efecto de dicha Ley Núm. 108 es solamente a los efectos civiles o si se extiende para incluir la concesión de otra senten-cia suspendida.
De operar a todos los efectos legales, resultaría entonces improcedente considerar la convicción del año 1966 a los efec-tos de concederle otra sentencia suspendida. (Énfasis su-plido.) Escrito para mostrar causa, pág. 4.

Finalmente nos dice que la Ley de Sentencia Suspendida no autoriza la concesión de una sentencia suspendida por el hecho de que se le haya eliminado del récord penal la convic-ción a un ex convicto de delito grave.

III

No se cuestiona en este recurso el carácter alterno del régimen de sentencia suspendida que, en esencia, persigue su cumplimiento sin reclusión en prisión y se inspira en un propósito rehabilitador con “énfasis a la aptitud del individuo de convertirse en un miembro útil de la sociedad”. Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272, 275 (1983); Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

Como tal, su concesión tiene características de un privilegio y no de un derecho, a ser discrecionalmente conferido por el Tribunal. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972); Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 880 (1957); Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra.

Aunque su denegatoria goza de la presunción de ser justa y correcta —Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971)— aquí no lo es. Veamos.

IV

Si bien el Art. 2 antes aludido provee que una persona convicta previamente por un delito grave —que ha dis-frutado de una sentencia suspendida— no tiene derecho pos-teriormente a los beneficios de una sentencia suspendida —si nuevamente es convicta por un delito menos grave— ese mandato hay que leerlo en armonía con la filosofía que ins-piró la legislación —in pari materia— sobre eliminación de convicciones de delitos menos graves y graves en los.expe-dientes y archivos de la Policía.

Es menester, pues, para fines de una justa decisión, el análisis integral del diseño legislativo —eminentemente de rehabilitación— prevaleciente en la actualidad.

La Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968, según enmendada, 84 L.P.R.A. sec. 1731 et seq., regula la materia sobre eliminación de convicciones. Originalmente el estatuto sólo autorizaba la eliminación del récord en casos de delitos menos graves, una vez transcurridos diez (10) años. Sin embargo, enmiendas posteriores, en 1975 y 1983, redujeron ese término a cinco (5) años y autorizaron la eliminación de ciertos delitos graves al cabo de quince (15) años. De hecho, al presente, las convicciones por delitos menos graves — transcurridos diez (10) o más años— pueden ser eliminadas mediante un trámite administrativo directo ante el Superintendente de la Policía.

El estudio de los antecedentes de esta ley refleja que el legislador la estableció con el propósito de que un ciudadano convicto de delito menos grave —o algunos graves que no impliquen depravación moral— transcurridos cinco (5) y quince (15) años respectivamente, si ha observado buena conducta durante dicho período, pueda acudir al Tribunal de Distrito y solicitar, ex parte, una orden para eliminarlos de su récord penal.

El objetivo principal original —que late vivamente a través de sus enmiendas— es que la “medida ayudará y será un estímulo para rehabilitación de personas que han incurrido en alguna falta y luego mantienen una buena conducta en la comunidad”. Informe de 27 de mayo de 1968 de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado; Informe de la Comi-sión de lo Judicial de la Cámara de Representantes de 24 de mayo de 1968. Aunque el historial de la Ley Núm. 108, supra, es escaso, otros proyectos que no tuvieron su suerte nos orientan sobre las razones que la inspiraron. A tal efecto, en 1957, durante la Primera Sesión Ordinaria de la Tercera Asamblea Legislativa, se presentó el P. del S. 169; en 1962 se aprobó el P. de la C. 144, pero no gozó del endoso y de la firma del Gobernador, y en 1964 se consideró el P. de la C. 1100. Además del P. de la C. 408 —que fuera presentado en 1966— en 1968 se concibió el P. de la C. 1020, con igual enfo-que, aunque limitado a convicciones por alterar la paz.

El P. del S. 169 de 14 marzo de 1957 consignaba:

Es de conocimiento general que hay un sinnúmero de ciuda-danos en Puerto Rico cuyo record de conducta personal tiene anotada la comisión de delitos menos graves (misdemeanors) que, no conllevando deformación moral, sin embargo, les oca-siona grandes inconveniencias para conseguir trabajo lucra-tivo y honesto, para dedicarse al ejercicio de ocupaciones muy decorosas, para actividades de la vida civil que redunden en beneficio de la comunidad, y hasta para efectuar viaje al ex-tranjero en relación con los cuales se les examine el record de su conducta.
Estas inconveniencias no tienen en realidad razón de ser cuando la conducta de tales ciudadanos posterior a su delin-cuencia, por espacio de un razonable período de tiempo y hasta esta fecha ha sido ejemplar y provechosa. Por virtud de las consideraciones que anteceden.

El P. de la C. 144 de 1962 en su exposición de motivos dispone:

En Puerto Rico existen muchas personas que por ignoran-cia de las proyecciones y consecuencias futuras de una senten-cia por alterar la paz pública aceptaron declararse culpables de dicho delito siendo inocentes, o habiendo hecho declaración de inocencia, luego aceptaron un fallo por alterar la paz sin apelar la misma ante Tribunales Superiores, por considerar que la multa impuesta era, en términos de dinero, una suma razonable comparada con los gastos en que se hubiere incu-rrido y el tiempo que se hubiere invertido en caso de interpo-ner una defensa o de radicar una apelación.
Al correr de los años dichas personas han descubierto que dichas sentencias por alterar la paz en muchos casos han re-sultado en una inhabilidad para ellas ocupar puestos en el go-bierno, o para adquirir licencias, entre otras, las de poseer o portar armas, o han limitado sus oportunidades de conseguir empleo en la industria privada.
Con el objeto de evitar que en el futuro se perpetúe esta situación indeseable, la Asamblea Legislativa entiende que debe establecerse un procedimiento judicial.... (Énfasis su-plido.)

Resulta, pues, que el estatuto que nos ocupa tuvo su origen en las implicaciones jurídicas y socioeconómicas negativas que, según la visión del legislador, tenía una alegación de culpabilidad o convicción en el delito de alterar la paz pública sobre un segmento de nuestra ciudadanía. Con el tiempo, el concepto fue ampliándose hasta extenderse a ciertos delitos graves.

Aunque los fundamentos consignados en el primer párrafo copiado de la Exposición de Motivos del P. de la C. 144 —sobre alegaciones de culpabilidad de personas que eran inocentes o de personas que aceptaron un fallo adverso sin entablar apelación por razones de inconveniencias o de tipo económico— pudieran tener alguna validez, lo cierto es que la razón principal que animó su aprobación final fue el reconocimiento legislativo de que el ser humano muchas veces tiende a superar aquellas actuaciones y conductas ilegales del pasado, y que compete al Estado proveer los mecanismos necesarios para una total rehabilitación. Esto se hace evidente si consideramos que la filosofía que informa esta medida cobra validez y vigencia aun en aquellos casos en que desde el punto de vista procesal y sustantivo la con-vicción es la única vía que en derecho un tribunal de justicia, a cualquier nivel, viene obligado a dictaminar. La tendencia moderna de rehabilitación total no se funda solamente en la posibilidad de una injusticia judicial.

En resumen, la Ley Núm. 108, supra, se funda en las consecuencias a posteriori una vez ejecutada una sentencia penal. No intenta anularla, dejarla sin efecto o corregirla. Por el contrario, parte del supuesto de que la misma fue legal, correcta y cumplida. Su efecto principal es borrar las consecuencias jurídicas y socioeconómicas que en nuestra sociedad representa la existencia permanente de un récord penal. Se trata de una acción de carácter remedial encaminada a proteger y a hacer valer, de manera más efectiva, los derechos civiles de un ciudadano.

Aparte del requisito del transcurso de tiempo y la demostración de buena reputación, las convicciones objeto de la solicitud no pueden haber implicado depravación moral. El término no está explicado en la ley, como tampoco en otras leyes en las que se incorpora. Resultaría ambicioso definirlo. Sin embargo, por vía de ilustración, reiteramos nuestro pronunciamiento en Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966):

En general la [depravación moral la] consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficien-cia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguri-dad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y da-ñino en sus consecuencias.
El Diccionario de la Lengua Española, en su decimaoctava edición, nos dice que la voz “Depravar”, significa viciar, adul-terar, corromper, y que “Depravadamente”, significa malva-damente, con malicia suma.
El Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 8va. ed. Salvat, Barcelona, define Depravación así: “(de depravarse, viciar). Deterioración, cambio en peor sentido, perversión, es-pecialmente en las sensaciones.”
Un acto que está permitido y es lícito siempre que se cum-pla con cierto requisito de Ley, como lo es la portación de armas cargadas o descargadas, no puede considerarse que implica depravación moral al realizarse sin cumplirse con el requisito de la licencia. Desde luego, debe considerarse ilegal y malo porque está prohibido por ley, no porque sea un acto inherentemente inmoral. Si lo fuera el Derecho positivo jamás lo permitiría en manera alguna. (Énfasis suplido.)

Aclarado el ámbito de la Ley Núm. 108, supra, ex-pongamos sus efectos. El dictamen del Tribunal de Distrito ordenará al Superintendente de la Policía y al custodio de los récord criminales de dicho Cuerpo la eliminación de las convicciones del récord penal interesadas. De igual forma, deberá dirigirse al Secretario del tribunal o a los tribunales en que se originaron.

A partir de ese mandato, las convicciones serán elimi-nadas de todo registro y de toda inscripción, constancia o referencia que exista bajo la custodia de los funcionarios antes indicados, quedando prohibido aludirlas o certificarlas directa o indirectamente. De ese modo, logra plena virtuali-dad la filosofía consagrada en la ley —congruente con un enfoque moderno de rehabilitación— de que el peticionario nunca fue acusado ni convicto del delito. Ciertamente, tanto el procedimiento judicial como el trámite administrativo es-tablecidos en la ley vienen a llenar una laguna y a remediar una situación de injusticia que pesaba sobre aquellos ciuda-danos que años atrás incurrieron en delitos, pero que des-pués han mantenido una conducta ejemplar en nuestra socie-dad. Como consecuencia de ese trámite, los tribunales no pueden tomar en consideración las convicciones así bo-rradas. No puede darse la anomalía de que mientras de un lado el Superintendente de la Policía certifica negativa-mente, por otro lado el tribunal acuda a sus archivos para resucitar esas convicciones.

Resolvemos que, en su verdadero alcance, el Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, supra, no priva a una persona de sus beneficios si bajo los cauces legales disponibles ha logrado eliminar su convicción de delito grave y posee un Certificado Negativo de Antecedentes Penales legítimamente expedido por el Superintendente de la Policía. Después de todo, los efectos de la Ley Núm. 254 de 27 de julio de 1974 (34 L.P.R.A. sec. 1725), reguladora de los Certificados de Antecedentes Penales archivados en la Policía —que únicamente puede cubrir sentencias condenatorias— van más allá del ámbito civil. Carecería de propósito que el legislador autorizara su eliminación y su certificación negativa si todavía pudieran utilizarse por los tribunales.

Adviértase que la Ley Núm. 254, supra, autoriza a la Policía a expedir estos certificados únicamente en relación con sentencias condenatorias. Cuando no existen, se expide un certificado negativo. 34 L.P.R.A. secs. 1725-1725e.

Finalmente, no podemos olvidar que en este diseño integral la Ley Núm. 45 de 1ro de junio de 1983 (25 L.P.R.A. sec. 1151) faculta a la Policía a tomar huellas digitales y fotografías a la persona que se le ha imputado la comisión de un delito grave. Si resulta absuelto, salvo “circunstancias especiales”, deberán ser devueltas. Si se justifica retenerlas, deberán mantenerse con carácter “confidencial, para uso exclu-sivo de la Policía, y no deberá divulgarse como parte del ré-cord de arresto o certificados de conducta de dicha persona”. Pueblo v. Torres Albertorio, 115 D.P.R. 128, 137 (1984).

IV

A la luz de lo expuesto, dos (2) son las alternativas deciso-rias. Una, otorgar entero crédito evidenciario al certificado negativo de la Policía bajo la premisa de corrección y de legi-timidad que acompañan su expedición. Según esta premisa, no debió el ilustrado foro de instancia negar los beneficios de la sentencia suspendida. Menos, tomar en consideración la convicción de hace diez y ocho (18) años —al presente vein-tiún (21) años— existente únicamente en los archivos del Tribunal Superior, Sala de Bayamón. La segunda opción, en vista de que de los autos no surge claramente en virtud de qué trámite se originó dicho certificado negativo, abste-nernos prudencialmente de pasar juicio final al respecto. Acogemos esta última ruta.

Es aconsejable remitir al foro de instancia el asunto para que, en virtud de nuestros pronunciamientos, aclare este extremo y resuelva conforme el espíritu que animó la legislación sobre la eliminación de convicciones.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

       Suscritas por Danol A. Morales, Presidente de la Cervecería Corona, Inc.; Jesús Miguel Rosario, en representación de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, y sus vecinos Milton Cruz, Domingo Ortiz y Víctor M. Cotto.

       En lo pertinente señala:
      “En los casos de delito menos graves ... el Tribunal de Primera Instancia podrá, asimismo, suspender los efectos de la sentencia cuando la misma sea de reclusión únicamente, y ordenará que la persona sentenciada quede en libertad a prueba siempre que, al tiempo de imponer dicha sentencia, concurran todos los requisitos que a continuación se enumeran:
      “(1) Que dicha persona, con anterioridad a la fecha en que se intente suspender la sentencia dictada, no hubiere sido convicta, sentenciada y recluida en pri-sión por delito grave alguno con anterioridad a la comisión del delito por el cual fuere procesada, y a la cual no hubieren suspendido los efectos de una sentencia anterior por delito grave . .. .” (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. sec. 1027.

       Por vía de ejemplo, el concepto lo encontramos con ciertas variaciones en la Constitución de Puerto Rico como causa de residencia, Art. III, Sec. 21, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; como conducta que crea vacante de un funcionario público, 3 L.P.R.A. sec. 556; como motivo de desaforo de un abogado, 4 L.P.R.A. sec. 735, y como razón de inhabilitar a un ciudadano para servir como jurado, Regla 96(d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Art. 40 de la Ley Núm. 432 de 15 de mayo de 1950 —derogada por la vigente Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico— proveía como motivo de destitución de un juez el incurrir en “cualquier delito que implique depravación moral...”. 1950 Leyes de Puerto Rico 1147.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

license: Public Domain

text:
    Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, demandante y recurrida, y Citibank, N.A., codemandada y recurrida, v. Las Américas Trust Company, codemandada y recurrente, y Banco de San Juan, tercero demandado y recurrido.

      Número: RE-86-197

      Resuelto: 16 de junio de 1989

      Jorge Cela Ureña, abogado de la recurrente; Pedro Santiago Torres, abogado de la Autoridad de Energía Eléctrica, recurrida; José Antonio Tulla, de McConell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogado del Citibank, N.A., recurrida; Jorge Souss Villalobos, de Brown, Newsom & Cordova, abogado del Banco de San Juan, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El uso del cheque como instrumento del tráfico bancario dio origen al presente recurso, en el cual nos corresponde resolver si el banco que endosa un cheque con las siglas “P.E.G.” (prior endorsements guaranteed) garantiza que el cheque es genuino y no ha sufrido una alteración esencial. Veamos los hechos.

I

La Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante A.E.E.) libró contra su cuenta Núm. 0410799 en el Citibank, N.A. (en adelante Citibank) el cheque Núm. 03410 por la cantidad de $20,486.25 a favor de John Grazel, Inc. El cheque fue alterado. Se eliminó el nombre de John Grazel, Inc. y se susti-tuyó por el nombre de Héctor Rivera Rivera como beneficia-rio. El supuesto beneficiario endosó el cheque y lo depositó en una cuenta corriente a nombre de Héctor Rivera Rivera en Las Américas Trust Co. (en adelante L.A.T.Co.).

En esa época, L.A.T.Co. no era miembro de la Puerto Rico Clearing House Association, Inc., por lo que mantenía un acuerdo privado con el Royal Bank de Puerto Rico, antes Banco de San Juan, para que este último presentara al cobro ante la Cámara de Compensación los cheques depositados en L.A.T.Co. que estuvieran girados contra otros bancos.

En el caso de autos, al tratarse de un cheque girado contra el Citibank, L.A.T.Co. procedió a poner en marcha el proceso para presentarlo al cobro. Lo endosó con su nombre y añadió las siglas “P.E.G.” que, en el argot bancario, signifi-can prior endorsements guaranteed. Posteriormente, se lo entregó al Royal Bank quien también lo endosó con su nom-bre y las siglas “P.E.G.”. Royal Bank presentó al cobro el referido cheque, y finalmente el Citibank, a través de la Cá-mara de Compensación, hizo la correspondiente transferencia de fondos a Royal Bank por el importe del cheque.

La A.E.E. demandó a L.A.T.Co. y a Citibank alegando que ambas instituciones incurrieron en incumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades bancarias al hacer efec-tivo el referido cheque que fue alterado de su faz. L.A.T.Co. y Citibank se presentaron recíprocamente demandas contra coparte y reconvención. Citibank presentó demanda contra tercero en contra de Royal Bank. Royal Bank presentó de-manda contra coparte contra L.A.T.Co.

El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y ordenó al Citibank que satisficiera a la A.E.E. el importe del cheque, más intereses, costas y honorarios de abogado. A su vez, declaró con lugar la demanda contra tercero presentada por el Citibank y ordenó a Royal Bank a pagar a Citibank cualquier cantidad que este último deba pagarle a la A.E.E. Finalmente, declaró con lugar la demanda contra coparte presentada por el Royal Bank y ordenó a L.A.T.Co. a pagar a Royal Bank cualquier cantidad que este último deba pagar a Citibank. Concluyó el tribunal que tanto Royal Bank como L.A.T.Co. son responsables por el pago del cheque alterado ya que, al endosar el cheque con las siglas “P.E.G.”, garanti-zaron que tenían título válido sobre el instrumento.

De dicha sentencia acude ante nos L.A.T.Co., mediante recurso de revisión, haciendo los señalamientos de error si-guientes:

1. PRIMER ERROR: Respetuosamente entendemos que erró el Honorable Tribunal al concluir que la A.E.E. no obró negligentemente, al no mantener controles adecuados y al or-denar la suspensión de pago de un cheque de $20,486.25, ca-torce (14) días después de recibir notificación escrita de que el referido cheque estaba extraviado y más de catorce (14) días después de recibir varias notificaciones por teléfono a esos efectos.
2. SEGUNDO ERROR: Respetuosamente entendemos que erró el Honorable Tribunal al concluir que el sello que estam-pan los bancos cuando presentan al cobro un cheque a través de la Cámara de Compensación tiene el efecto de un endoso según este término se contempla en la Ley de Instrumentos negociables y por consiguiente, tal sello tiene el efecto de ga-rantizar que dicho cheque no ha sido alterado.
3. TERCER ERROR: Respetuosamente entendemos que erró el Honorable Tribunal al concluir que LATCO fue negli-gente en el manejo del referido cheque.
4. CUARTO ERROR: Respetuosamente entendemos que erró el Honorable Tribunal al concluir que LATCO adeuda la suma de $20,486.25 más los intereses al 12% anual desde la fecha de radicación de la demanda y la suma de $2,500.00 por concepto de honorarios de abogados. Solicitud de revisión, pág. 6.

II

Alega la recurrente en su segundo señalamiento de error que erró el tribunal de instancia al concluir que las siglas “P.E.G.” que estampan los bancos cuando presentan al cobro un cheque es un endoso de los previstos por la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables y, por lo tanto, garantiza que dicho cheque o instrumento no ha sido alterado.

La solución correcta de la controversia planteada nos mueve a evaluar las relaciones jurídicas y responsabilidades de las partes involucradas en el libramiento del cheque y en el proceso interbancario de transferencia y cobro del mismo.

El cheque constituye un instrumento negociable mediante el cual el librador da una orden incondicional al banco librado para que este último pague a su presentación cierta suma de dinero a la orden o al portador. Art. 538 del Código de Comercio de 1932 (19 L.P.R.A. sec. 362). En la práctica, el vínculo entre el librador y su banco no surge en el momento en que se libra el cheque. Por lo general, éstos han quedado previamente vinculados mediante el establecimiento de una cuenta corriente contra cuyos fondos se hacen efectivas las órdenes de pago del librador.

En ocasiones anteriores hemos tenido que evaluar el contrato de cuenta corriente para determinar la responsabilidad del banco librado cuando ha pagado cheques con endosos falsificados o con la firma falsificada del librador. Resolvimos que, a tenor con el Art. 376 del Código de Comercio de 1932 (19 L.P.R.A. sec. 24), las firmas falsificadas en un cheque no transmiten derecho; por lo tanto, el banco que paga cheques con firmas o endosos falsificados le es respon-sable al librador por la cantidad así pagada, a menos que la negligencia del último haya facilitado la falsificación, en cuyo caso el banco queda exonerado de responsabilidad. St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 121 D.P.R. 761 (1988); Solé Electric, Inc. v. Bank of Nova Scotia, 103 D.P.R. 423 (1975); P.R. Tobacco Mkt. Ass’n. v. P.R. & Amer. Ins., 100 D.P.R. 387 (1972); Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100, 113 (1953).

La situación que nos ocupa es distinta. No se trata de un cheque con firmas falsificadas, sino de un cheque que ha sido alterado. El efecto que la alteración tiene en el documento sobre los derechos y las obligaciones de las partes, y no la manera én que se hace, es lo determinante para calificar una alteración como esencial. B. Santiago Romero, Tratado de Instrumentos Negociables, 2da ed., San Juan, Ed. Universitaria, 1981, pág. 285. La sustitución del nombre del beneficiario original, John Grazel, Inc., por el de Héctor Rivera Rivera sin lugar a dudas varió el efecto del instrumento y la relación de las partes involucradas en el mismo. Se trata propiamente de una alteración esencial de las comprendidas en el Art. 478 del Código de Comercio de 1932 (19 L.P.R.A. sec. 207). El pago hecho por el Citibank del documento así alterado debemos evaluarlo en el contexto de la cuenta co-rriente que A.E.E. mantenía con el referido banco.

La cuenta corriente se caracteriza como un contrato de préstamo mediante el cual el banco queda obligado a pagar o restituir lo que se le ha entregado en calidad de préstamo, según la orden de su cliente. P.R. Tobacco Mkt. Ass’n. v. P.R. & Amer. Ins., supra, pág. 397; Portilla v. Banco Popular, supra. En P.R. Tobacco Mkt. Ass’n. v. P.R. & Amer Ins., supra, pág. 397, enfatizamos que:

Las obligaciones de los bancos para con sus depositantes surgen de la relación contractual existente entre ellos. El banco le es responsable a su depositante cuando hace pagos en violación de las instrucciones de éste.

Sobre este mismo principio descansa la doctrina sentada en Estados Unidos tanto bajo la Ley de Instrumentos Negociables de 1896, de donde procede la nuestra, como bajo el vigente Código Uniforme de Comercio, que considera que el pago de un cheque alterado o de un cheque con la firma del librador falsificada constituye un pago hecho en violación a las instrucciones del librador, por lo que responsabiliza al banco por la cantidad así desembolsada. J.J. White y R.S. Summers, Uniform Commercial Code, 2da ed., Ed. West Publishing Co., 1980, págs. 585 y 658-659; Chilson v. Capital Bank of Miami, Fla., 701 P.2d 903 (Kan. 1985). En ese sentido, Michie nos señala:

The bank’s contractual duty to charge a depositor’s account only on his authentic order is absolute. If the depositor is free from blame and has done nothing to mislead the bank, all the loss must be borne by the bank paying a forged check, for in such case it acts at its peril, and it will be held to have paid out its own funds and not those of the depositor. The bank cannot avoid liability by showing that it acted in good faith, believing that the person presenting the check was authorized to sign it and draw out the money.
If a bank pays out money to the holder of a check upon which the name of the depositor, or of a payee or indorsee, is forged, it is simply no payment as between the bank and the depositor; and the legal state of the account between them, and legal liability of the bank to him, remain just as if the pretended payment had not been made.
The reason for the rule that, when a bank pays a forged or raised check, it is held to have paid it out of its own funds and cannot charge the payment to the depositor’s account, is that there is an implied agreement by the bank with its depositor that it will not disburse the money standing to his credit except in accordance with his directions. In their relations with depositors, banks are held to a rigid responsibility. They undertake the care and custody of the customer’s money for the benefit derived from its use while in their hands, and they are bound to pay from time to time such sums as are ordered. (Escolios omitidos.) 5B Michie on Banks and Banking Sec. 274 (1983).

Sin embargo, la responsabilidad del banco no es. absoluta. Al igual que en los casos de cheques con firmas falsificadas, se reconoce que el banco librado queda exonerado de respon-sabilidad si la actuación negligente del librador ha facilitado el pago indebido del cheque. White y Summers, op. cit., pág. 659; H. J. Bailey III, What you should Know about Al tered or Forged Checks (Part 2), 34 (Núm. 5) Prac. Law. 35 (1988). En Michie, supra, pág. 81, se explica:

If, however, a banker pays money belonging to the customer upon an order which is not genuine, he must suffer, and to justify the payment he must show that the order is genuine, not in signature only, but in every other respect, or he must show negligence on the part of the depositor.

En el caso de autos, el pago del cheque se hizo en contra-vención a la orden de pago que la A.E.E. dio al Citibank mediante el cheque Núm. 03410. La instrucción específica de la A.E.E. era que el cheque se pagara a la orden de John Grazel, Inc. y no a la orden de Héctor Rivera Rivera. Al así hacerlo, el Citibank quebrantó la obligación contractual que contrajo con la A.E.E. Ésta no incurrió en negligencia que exonere al banco de responsabilidad. Veamos.

El 15 de marzo de 1983, mediante un sistema mecanizado de computadora, la A.E.E. preparó el cheque Núm. 03410 a favor de John Grazel, Inc. Varios días después, la señora Ortega, supervisora de servicios bancarios de la A.E.E., recibió una llamada del Vicepresidente de John Grazel, Inc. inqui-riéndole el pago de $20,486:25. La señora Ortega le informó que se había emitido un cheque a su favor por esa cantidad y se había enviado por correo, por lo que debía esperar unos días más para dar tiempo a que el cheque llegara y, además, que también convenía esperar un tiempo antes de solicitar la paralización del pago para evitar las dilaciones que conlle-vaba el emitir otro cheque en la A.E.E.

Posteriormente, el 29 de marzo de 1983, la A.E.E. recibió notificación escrita de John Grazel, Inc. en la que se le in-formó que el referido cheque no se había recibido y se soli-citó la expedición de uno sustituto. La A.E.E. hizo una bús-queda interna del cheque, la cual reflejó que todavía el mismo no se había pagado. El 13 de abril de 1983 la A.E.E., mediante entrega personal en el Citibank, solicitó que se pa-ralizara el pago del cheque. Citibank contestó que no proce-día, ya que el cheque se había pagado el 28 de marzo. Así, el 18 de abril de 1983 la A.E.E. hizo un cheque sustituto a favor de John Grazel, Inc.

La recurrente alega que la A.E.E. fue negligente al orde-nar la paralización catorce (14) días después de la notifica-ción escrita de John Grazel, Inc. No tiene razón. Las circuns-tancias particulares en el caso de autos nos mueven a confir-mar la decisión del tribunal de instancia de que la A.E.E. no fue negligente.

Al recibir la llamada telefónica de John Grazel, Inc., la A.E.E. verificó que el cheque se había emitido y se había enviado por correo. Luego, al recibirse la notificación es-crita, realizó una búsqueda interna y, al percatarse de que el cheque no se había cobrado, solicitó la paralización del pago. No surge de los autos que el solicitar la paralización del pago catorce (14) días después de recibida la notificación escrita se debió a negligencia de la A.E.E.

El tribunal de instancia concluyó que durante el mes de marzo la A.E.E. emitió cerca de tres mil (3,000) cheques, y el hecho de que este cheque fuera interceptado por una persona desconocida no constituía un suceso común en las ope-raciones bancarias de la A.E.E. Citamos de las determina-ciones de hecho del tribunal de instancia:

20) La AEE genera miles de cheques. En un mes dado (marzo 1983) esa cantidad ascendió a cerca de 3,000 cheques por una suma superior a 100 millones de dólares. En un tipo de operación de esta naturaleza es imposible el control abso-luto de cada cheque. Los controles internos de cheques de la Autoridad son aceptables dentro de las normas de contabili-dad aceptables en la industria. La AEE no incurrió en negli-gencia crasa que facilitara la alteración y el depósito del che-que.
21) A la AEE anualmente se le auditan sus operaciones por una firma independiente, que para la fecha de este cheque era la firma de Arthur Andersen, y que en ningún momento antes o después del 15 de marzo de 1983 se le ha encontrado fallas o deficiencia alguna a la forma y manera que se controla el ma-nejo de fondos y cheques de la Autoridad.
22) De una investigación que practicara la oficina de Audi-toría Interna de la Autoridad de Energía Eléctrica se estudió la forma en que se maneja el correo interno de la Autoridad y que no se pudo determinar que fuera interceptado dicho che-que en el correo interno. La Autoridad tiene un control ade-cuado de manejo de cheques. Anejo I, págs. 8-9.

No hay indicios de pasión, de prejuicio o de parcialidad en la apreciación de la prueba que nos muevan a intervenir con las determinaciones de hecho del tribunal de instancia. La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, 112 D.P.R. 9, 19 (1982); Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155, 161, (1977); Epstein v. F. & F. Mortgage Corp., 106 D.P.R. 211, 217 (1977); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 946 (1975). Al haberse determinado que la A.E.E. no actuó negligentemente, el Citibank le es responsable a la A.E.E. por el pago indebido del cheque.

III

El pago hecho por el Citibank fue el resultado del proceso interbancario de transferencia que se puso en marcha para el cobro del instrumento. El cheque fue depositado en L.A.T.Co. Ésta, a tenor con las exigencias de la Cámara de Compensación local, endosó el cheque con su nombre y con las siglas “P.E.G.” (prior endorsements guaranteed); luego lo transfirió a Royal Bank quien, antes de presentarlo al co-bro en la Cámara de Compensación, también lo endosó con su nombre y con las siglas “P.E.G.”.

El foro de instancia resolvió que Royal Bank le responde al Citibank y que L.A.T.Co. le responde a Royal Bank como endosantes del cheque. Ante nos, L.A.T.Co. alega que impri-mir las siglas “P.E.G.” en el cheque no constituye un endoso de los previstos por la Ley Uniforme de Instrumentos Nego-ciables que le responsabilice por la cantidad pagada por el cheque alterado.

La naturaleza del endoso “P.E.G.” no está definida por nuestra Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, ya que la misma no regula las relaciones interbancarias. Tampoco está definida por la Ley de Bancos, que se limita a reglamentar el aspecto administrativo de los bancos. Se trata de una situación novel, carente de precedente alguno en nuestra jurisdicción.

El endoso “P.E.G.” constituye una práctica bancaria que adoptaron las distintas Cámaras de Compensaciones en las jurisdicciones estatales ante la confusión creada por el silencio de la Ley de Instrumentos Negociables de 1896 en lo referente a las responsabilidades de los bancos que intervenían en la transferencia y en el cobro de los cheques.

Originalmente, los bancos que participaban en este pro-ceso sólo endosaban los cheques con el nombre de la institu-ción bancaria. Cuando surgían reclamos entre el banco li-brado y el banco endosante por el pago de cheques fraudu-lentos, los tribunales consideraban que ese endoso no hacía responsable al banco endosante de todas las garantías que ofrece un endosante bajo la Ley de Instrumentos Negocia-bles de 1896, ya que éstas sólo corren a favor del tenedor de buena fe que adquiere el documento mediante negocia-ción. Se consideraba que en esta etapa el documento no se estaba negociando, sino que estaba en el proceso de ser cobrado. Sin embargo, le permitían recobrar al banco librado bajo distintas teorías. Algunos tribunales permitían reco-brar bajo la teoría de que el endoso constituía una garantía implícita de que el instrumento era genuino; otras permitían recobrar bajo la teoría de que el banco librado había pagado por error de hecho. Ante esta ambivalencia, los bancos li-brados comenzaron a exigir que se garantizaran expresa-mente los endosos previos que constaban en el documento, y así se generalizó la práctica de endosar con las siglas “P.E.G.”. 6 Banking Law Sec. 128.03 (1987); H.J. Bailey, Brady on Bank Checks, 6ta ed., Boston, Ed. Warren, Gorham & Lamont, 1987, Sec. 12.10; Crocker-Woolworth Nat. Bank v. Nevada Bank, 73 P. 456 (1903).

Aunque en un principio se interpretó que el endoso “P.E.G.” era simplemente un pasaporte que tenía el cheque para pasar por los canales bancarios, Aetna Casualty & Surety Co. v. Corpus Christi Nat. Bank, 186 S.W.2d 840 (1944), limitado a sus hechos particulares en Republic Nat. Bank of Dallas v. Southern Brokerage Co., 338 S.W.2d 295 (1960), posteriormente la jurisprudencia se inclinó a resolver que, en efecto, el endoso “P.E.G.” era una garantía expresa que daba el banco endosante al banco librado de que los en-dosos previos que constaban en el instrumento eran genuinos. Chilson v. Capital Bank of Miami, Fla., supra; Federal Deposit Insurance Corp. v. Marine National Bank, 303 F. Supp. 401 (D. Fla. 1969); Roswell Bank v. Citizens & Southern De Kalb Bank, 121 S.E.2d 706 (1961); First Nat. Bank v. North Jersey Trust Co., 14 A.2d 765 (N.J. 1940); Security Sav. Bank v. First Nat. Bank, 106 F.2d 542 (6to Cir. 1939); United States v. National City Bank of New York, 28 F. Supp. 144 (D. N.Y. 1939); Hartford-Connecticut Trust Co. v. Riverside Trust Co., 197 A. 766 (1938).

El alcance del endoso “P.E.G.” se extendió para imponer responsabilidad al banco endosante en aquellas situaciones en que el banco librado pagaba un cheque a la orden de dos (2) beneficiarios, cuya negociación se llevó a cabo faltando el endoso de uno de ellos. First Nat. Bank, Etc. v. Trust Co. of Cobb Cty., 510 F. Supp. 651 (D. Ga. 1981); Roswell Bank v. Citizens & Southern De Kalb Bank, supra. Igualmente, se extendió para imponer responsabilidad al banco endosante en los casos en que había un endoso irregular en el instrumento. First Nat. Bank v. North Jersey Trust Co., supra. La Puerto Rico Clearing House Association, Inc. le reconoció idéntico alcance al endoso “P.E.G.” al disponer en la Regla 9 de las Rules Governing the Exchanges lo siguiente:

The above indorsement in the items represents that the presenting member guaranties all prior indorsements, that the payee indorsement is authentic and legal and also guaranties, if any prior indorsement is missing or unidentifiable, that the funds have been placed to the credit of the payee of the check or of a holder in due course.

Sin embargo, no estaba claro si el endoso “P.E.G.” hacía responsable al banco endosante ante el banco librado por el pago de un cheque alterado. En New York P.E. Bank v. Twelfth Ward Bank, 119 N.Y. Supp. 988 (1909), se resolvió que el endoso “P.E.G.” garantizaba al banco librado que el cheque era genuino. Igualmente, en Michie, supra, Sec. 298, se señala que: “A drawee bank after paying an altered check may recover from the indorser bank on its warranty of the genuineness of the instrument and all prior indorsements.”

Por el contrario, Bailey, op. cit., Sec. 12.11, considera que el endoso “P.E.G.” no garantiza que el documento no haya sido alterado. Sin embargo, fundamenta su señalamiento en el caso de Aetna Casualty & Surety Co. v. Corpus Christi Nat. Bank, supra, que no le reconoció a las siglas “P.E.G.” el efecto de un endoso.

Todas estas diferencias habidas en lo referente a la natu-raleza y al alcance del endoso “P.E.G.” quedaron disipadas con la adopción del Código Uniforme de Comercio en las ju-risdicciones estatales. Este código se ocupó de reglamentar, en su Art. 4, los depósitos bancarios y el proceso interbanca-rio de cobro de cheques. Se adoptaron normas ya estable-cidas por diversos estatutos, decisiones de los tribunales es-tatales y por la American Bankers Association Code con el propósito de establecer uniformemente los principios bá-sicos que reglamentarían dicho proceso. 5 Hawkland, Learly & Alderman, UCC Series Sec. 4-101 (Art. 4).

En aras de aligerar el tráfico de los instrumentos nego-ciables y dar estabilidad al proceso de cobro de los mismos, la Sec. 4-207 del Código Uniforme de Comercio, Hawkland, Learly & Alderman, supra, que regula la responsabilidad de los bancos, dispuso que el banco que presenta al cobro un instrumento negociable ofrece automáticamente unas garan-tías cuando transfiere el documento sin que sea necesario endosar el mismo con las siglas “P.E.G.”. Esta sección su-jeta al banco que transfiere el documento a las mismas res-ponsabilidades que tenía el que endosaba con las siglas “P.E.G.” antes de la adopción del Código Uniforme de Co-mercio. En el Official Comment de la Sec. 4-207 se explicó que:

In addition to imposing upon customers and collecting banks the warranties and engagements imposed by the original Sections 65 and 66 of the Uniform Negotiable Instruments Law and those of Sections 3-414 and 3-417 of Article 3, with some variations, this Section 4-207 is intended to give the effect presently obtained in bank collections by the words “prior indorsements guaranteed” in collection transfers and presentments between banks. The warranties and engagements arise automatically as a part of the bank collection process. Hawkland, Learly & Alderman, supra, Sec. 4-207 n. 2.

Las garantías que ofrece el banco al transferir el cheque son: que tiene buen título sobre el instrumento, que la firma del librador es auténtica y que el documento no ha sido mate-rialmente alterado. El banco presentante puede ofrecer estas garantías ya que, entre los bancos que intervienen en este proceso, el primer banco en la cadena al tomar el instru-mento de manos del tenedor está en mejor posición de exa-minar meticulosamente el cheque y ofrecer las garantías a los bancos a los que les transfiera el documento. A su vez, esto aligera el proceso de cobro, ya que cada banco en la cadena descansa en esas garantías y no tiene que examinar cada cheque que recibe rigurosamente. En caso de que se pague un instrumento falsificado o alterado, el banco librado puede recobrar del banco presentante la cantidad desembolsada por virtud de las garantías que el último le ofreció al primero. Chilson v. Capital Bank of Miami, Fla., supra; Federal Deposit Insurance Corp. v. Marine National Bank, supra; Birmingham Trust Nat. Bank v. Central Bank & T. Co., 275 So. 2d 148 (1973); S.J. Donnelly y M.A. Donnelly, Commercial Law, 35 (Núm. 1) Syracuse L. Rev. 98 (1984).

Las disposiciones del Código Uniforme de Comercio, según resolviéramos en Acevedo v. Citibank, 115 D.P.R. 768 (1984), no aplican en nuestra jurisdicción. Por lo tanto, el banco que transfiere un cheque en nuestra jurisdicción no ofrece automáticamente las garantías de la Sec. 4-207 del Código Uniforme de Comercio. Sin embargo, estas disposiciones son ilustrativas de la tendencia moderna a imponer responsabilidad a los bancos que transfieren un cheque como si se tratara de endosantes que negocian un instrumento negociable fuera de los canales bancarios.

Las garantías que ofrece el banco que transfiere un che-que bajo la Sec. 4-207, entre las que se garantiza que el docu-mento no ha sido alterado, son básicamente las mismas que por virtud de la Sec. 3-417 del mismo código ofrece el que negocia un documento mediante endoso.

Se trata, a su vez, de las mismas garantías que ofrecía un endosante bajo la Ley de Instrumentos Negociables de 1896 en su Art. 65, que vienen a ser las recogidas en nuestra Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, Arts. 418 y 419 del Código de Comercio, 19 L.P.R.A. secs. 116 y 117.

En vista de que no es oneroso imponer al banco que recibe el cheque de manos del tenedor el deber de examinarlo meticulosamente y que, por el contrario, al así hacerlo le brinda estabilidad al proceso interbancario de transferencia de cheques, adoptamos la tendencia moderna que equipara las garantías que ofrece un banco con las que ofrece un endosante, y resolvemos que el endoso “P.E.G.” es una garantía expresa que brinda el banco endosante de que el cheque es genuino y de que no ha sufrido una alteración esencial. Por tal razón, Royal Bank le responde al Citibank y L.A.T.Co. le responde a Royal Bank por la cantidad pagada por el documento alterado.

IV

Aun cuando la responsabilidad de L.A.T.Co. no está su-jeta a la negligencia en que haya podido incurrir, sino al en-doso que hizo en el instrumento, resta por considerar el ter-cer señalamiento de error en el cual alega la recurrente que erró el tribunal de instancia al concluir que L.A.T.Co. fue negligente en el manejo del cheque. No se cometió el error señalado.

En lo referente a las actuaciones de L.A.T.Co., el tribunal concluyó en sus determinaciones de hecho lo siguiente:

7) El día 25 de marzo de 1983, una persona depositó en la cuenta que fue abierta a nombre de Héctor Rivera Rivera con LATCO el cheque número 3410 girado contra la cuenta número 021-502040 que mantiene la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante “AEE”) con el Citibank, N.A. (en adelante “Citibank”). El cheque había sido alterado eliminando el nombre de John Grazel Inc. y sustituyéndolo por el nombre de Héctor Rivera Rivera. El nombre y la dirección de Héctor Rivera Rivera fue intercalado a maquinilla en un tipo de letra diferente y con un color de tinta distinto a los utilizados en la preparación original del cheque. La persona que hizo la susti-tución no eliminó los números 00914 del zip code del correo que fue parte de la dirección de John Grazel Inc.
8) El día viernes 25 de marzo de 1983, el antes descrito cheque fue endosado con la firma de Héctor Rivera Rivera y depositado individualmente a través de un cajero de LATCO en la cuenta de Héctor Rivera Rivera. La firma del endoso del cheque 3410 se aparta en algunos aspectos de la firma que aparece en el convenio de cuenta corriente entre LATCO y Héctor Rivera Rivera y los cheques utilizados para retirar el dinero de la cuenta de LATCO. Por un lado emerge un patrón que incluye las firmas de los cheques utilizados para retirar el dinero de la cuenta y la firma contenida en el convenio de cuenta corriente. Por otro lado, se encuentra fuera del patrón antes mencionado la firma del cheque 3410. Nótese que la firma del cheque 3410 es menos legible en el sentido de no notarse cada letra que compone el nombre en comparación con las otras firmas del patrón mencionado. El Tribunal aclara que por ausencia de prueba pericial no puede afirmar si todas las firmas fueron estampadas por la misma persona o por va-rias personas. Ahora bien, aunque la forma del cheque 3410 hubiese sido estampada por la misma persona que suscribió el convenio de cuenta corriente, las diferencias entre una firma y la otra (de haber un oficial pagador comparado [sic] las firmas) eran suficientes para solicitarle a la persona que presentó el cheque que volviera a firmar el cheque 3410 en presencia del oficial pagador o que de alguna manera aclarara el asunto. No surge que LATCO haya tomado estas medidas de cautela. El testigo Luis Felipe Aldea expresó que LATCO se toma ma-yores cuidados cuando el banco girado es LATCO que cuando el banco girado es otro. Anejo I, págs. 5-6.

La determinación de negligencia a la que llegó el tribunal de instancia está sostenida por la prueba que tuvo ante su consideración. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714, 724 (1971). En ausencia de error manifiesto, en la apreciación de la prueba no procede intervenir con las determinaciones de hecho del tribunal de instancia. La Costa Sampedro v. La Costa Bolívar, supra; Moran Simó v. Gracia Cristóbal, supra; Epstein v. F. & F. Mortgage Corp., supra; Ortiz v. Cruz Pabón, supra.

V

Finalmente, alega el recurrente que erró el tribunal de instancia al imponerle el pago de intereses al 12% anual desde la fecha de presentación de la demanda, y la suma de $2,500 por concepto de honorarios de abogado.

La imposición de honorarios de abogado, así como la imposición de intereses bajo la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, procede en aquellos casos en que el tribunal entienda que la parte a quien le impuso éstos procedió con temeridad. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972); Font v. Pastrana, 73 D.P.R. 247 (1952). No procede con temeridad el que litiga una cuestión de derecho novel, no resuelta anteriormente en nuestra jurisdicción. M. Quilichini Sucrs., Inc. v. Villa Inv. Corp., 112 D.P.R. 322 (1982); Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Coloca v. C.I.A.A., 108 D.P.R. 164 (1978); United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188 (1963). Esa es precisamente la situación ante nos. Por tal razón, pro-cede modificar la sentencia del tribunal de instancia en lo referente a la imposición de honorarios e intereses por temeridad.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió voto concurrente.

—O—

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

No podemos suscribir en su totalidad la opinión que hoy emite el Tribunal. Aunque estamos de acuerdo con las partes I, III y V de la ponencia mayoritaria, entendemos que la con-troversia sobre la posible negligencia de la Autoridad de Energía Eléctrica (en adelante Autoridad) no fue adecuada-mente considerada en la parte II de la opinión. Por otro lado, nos preocupan los pronunciamientos de la parte IV que, me-diante obiter dictum, imparten su aprobación a unas conclu-siones erróneas del tribunal de instancia.

I

Con relación a la cuestión de negligencia de la Autoridad, según surge de los autos, esta dependencia gubernamental solicitó la paralización del pago del cheque emitido a John Grazel, Inc. catorce (14) días después de haber recibido notificación escrita de que el tomador no había recibido el che-que. Apoyándose en las determinaciones de hecho del tribunal a quo relativas al gran volumen de cheques que genera la Autoridad, y a la existencia de suficientes controles internos en su procesamiento, la mayoría resuelve que la Autoridad no incurrió en negligencia. Sin embargo, esas determina-ciones de instancia son perfectamente compatibles con la afirmación de los demandados de que la Autoridad no fue diligente al demorarse demasiado en ordenarle al Citibank suspender el pago del cheque en cuestión. No obstante, co-rrespondía a los recurrentes demostrar que la Autoridad pudo frustrar el fraude al notificar oportunamente al banco de la irregularidad para evitar su pago.

Ni en los autos ni en el expediente de este caso hay prueba de que con una notificación más rápida de la orden de suspensión de pago se hubiese podido prevenir la pérdida. Por el contrario, de los hechos estipulados se desprende que el 28 de marzo de 1983 el Citibank le transfirió los fondos del cheque en cuestión al Banco de San Juan y éste, a su vez, a Las Américas Trust Co. (L.A.T.Co.). La notificación escrita de John Grazel, Inc. se recibió en la Autoridad el 29 de marzo de 1983. Por otro lado, L.A.T.Co. puso a disposición del depositante los fondos el 30 de marzo de 1983.

Aunque los principales retiros del depositante no se efec-tuaron hasta el 31 de marzo y 4 de abril de 1983, el récord está huérfano de prueba sobre las medidas que L.A.T.Co. pudo haber tomado de haber sido notificado por el Citibank entre el 30 de marzo y el 4 de abril de 1983, que no honraría el pago del cheque. Tampoco hay evidencia que sostenga que el Citibank estaba facultado a negarse a honrarle a L.A.T.Co. el cheque en cuestión, luego de haberle transfe-rido los fondos a través de la Cámara de Compensación.

En conclusión, L.A.T.Co. no demostró que la pérdida se hubiese evitado si la Autoridad hubiese actuado con mayor premura.

II

Finalmente, los pronunciamientos de la parte IV de la opinión mayoritaria no son esenciales en la adjudicación de esta controversia, porque la responsabilidad de L.A.T.Co. emana del hecho de haber estampado su endoso al cheque como paso previo a ponerlo al cobro en la Cámara de Com-pensación.

Nos preocupa que al citarse con aprobación las determi-naciones de hecho del foro de instancia se pueda entender que los bancos tienen la obligación de verificar la firma de los endosantes de los cheques que reciben antes de tramitar su cobro. No hay disposición de ley alguna que obligue a estas instituciones a seguir este procedimiento.

Al recibir cheques para acreditarlos en las cuentas co-rrespondientes, los bancos actúan como agentes del deposi-tante para el cobro de los mismos a través de la Cámara de Compensación. Por esta razón, los bancos no están obligados a brindar disponibilidad inmediata a los fondos ingresados en cuentas de depósito de cheques. No creemos que en este caso L.A.T.Co. se haya apartado de la práctica y de la cos-tumbre bancaria.

Por estos motivos, aunque concurrimos con la opinión mayoritaria de que procede la confirmación de la sentencia recurrida, no endosamos los pronunciamientos en las partes II y IV referentes a los controles internos de la Autoridad y a las responsabilidades del primer banco en la cadena de ve-rificar la firma de los endosantes. L.A.T.Co. es responsable únicamente porque el endoso “P.E.G.” es una garantía ex-presa de que el cheque es válido, y por eso responde al Royal Bank.

        “Sec. Firma falsificada en documento

      “Cuando se falsificare una firma o se hiciere sin autorización de la persona de quien se supone que procede la firma, no tendrá efecto alguno, ni se adquirirá, en virtud de ella, derecho alguno para retener el documento o para cancelarlo o para obligar al pago del mismo a cualquiera de las partes que en él figuren, a menos que la parte contra quien se tratare de hacer valer tal derecho estuviere impedido para alegar en su defensa la falsedad o falta de autorización. — Código de Comercio, 1932, art. 376.”

        “Sec. 207. Alteración esencial

      “Toda alteración que cambie—
      (1) La fecha;
      (2) la cantidad pagadera, como capital o intereses;
      (3) la fecha o el lugar del pago;
      (4) el número o la relación entre las partes;
      (5) la especie o moneda en que ha de hacerse el pago;
      o que agregue la designación de un lugar para el pago cuando no se ha expresado ninguno, o cualquier otro cambio o adición que altere los efectos del docu-mento en cualquier sentido, constituirá una alteración esencial. — Código de Comercio, 1932, art. 478.”

        “Warranty Where Negotiation by Delivery, Etc.

      “Every person negotiating an instrument by delivery or by a qualified in-dorsement, warrants,—
      “(1) That the instrument is genuine and in all respects what it purports to be;
      “(2) That he has a good title to it;
      “(3) That all prior parties had capacity to contract;
      “(4) That he has no knowledge of any fact which would impair the validity of the instrument or render it valueless.
      But when the negotiation is by delivery only, the warranty extends in favor of no holder other than the immediate transferee.
      The provisions of subdivision three of this section do not apply to persons negotiating public or corporation securities, other than bills and notes.” (Escolio omitido.) F.K. Beutel, The Negotiable Instruments Law, 7ma ed., Cincinnati, Ed. W.H. Anderson, 1948, Sec. 65, pág. 946.

        Rules Governing the Exchanges de la Clearing House Association, Inc., exhibit conjunto 19, según enmendado, al 16 de marzo de 1989.

       “Sec. 4-207. Warranties of Customer and Collecting Bank on Transfer or Presentment of Items; Time for Claims.
      “(1) Each customer or collecting bank who obtains payment or acceptance of an item and each prior customer and collecting bank warrants to the payor bank or other payor who is good faith pays or accepts the item that
      “(a) he has a good title to the item or is authorized to obtain payment or acceptance on behalf of one who has a good title; and
      “(b) he has no knowledge that the signature of the maker or drawer is unauthorized, except that this warranty is not given by any customer or collecting bank that is a holder in due course and acts in good faith
      “(i) to a maker with respect to the maker’s own signature; or
      “(ii) to a drawer with respect to the drawer’s own signature, whether or not the drawer is also the drawee; or

        “(iii) to an acceptor of an item if the holder in due course took the item after the acceptance or obtained the acceptance without knowledge that the drawer’s signature was unauthorized; and
      “(c) the item has not been materially altered, except that this warranty is not given by any customer or collecting bank that is a holder in due course and acts in good faith
      “(i) to the maker of a note; or
      “(ii) to the drawer of a draft whether or not the drawer is also the drawee; or
      “(iii) to the acceptor of an item with respect to an alteration made prior to the acceptance if the holder in due course took the item after the acceptance, even though the acceptance provided ‘payable as originally drawn’ or equivalent terms; or
      “(iv) to the acceptor of an item with respect to an alteration made after the acceptance.” 5 Hawkland, Learly & Alderman, UCC Series Sec. 4-207 (Art. 4).

       Citado en la nota al calce Núm. 3.

       Disponen que:

        “Sec. 116. Qué garantiza la persona que negocia un documento

      “Toda persona que negociare un documento mediante su entrega o por en-doso calificado, garantiza—
      “(1) Que el documento es genuino y que es en todo sentido lo que repre-senta;
      “(2) que tiene un buen título de propiedad sobre el mismo;
      “(3) que todas las partes que le hayan precedido tenían capacidad para con-tratar;
      “(4) que no tiene conocimiento de hecho alguno que pueda perjudicar la vali-dez del documento o dejarlo sin efecto.
      “Pero cuando la negociación se hiciere mediante la entrega solamente, esa garantía no favorecerá sino al cesionario inmediato.
      “Las disposiciones del inciso (3) de esta sección no serán aplicables a las personas que negociaren valores públicos o de corporaciones que no sean giros y pagarés. — Código de Comercio, 1932, art. 418.

        “Sec. 117. Qué garantiza el endosante incondicional

      “Toda persona que endose un documento sin condición alguna, garantiza a todos los subsiguientes tenedores de buena fe—
      “(1) Lo mencionado en los incisos (1) a (3) de la sección inmediatamente anterior;
      “(2) que el documento, en el momento de su endoso, era válido y estaba en toda su fuerza y efecto.
      “Y además se compromete a que será aceptado o pagado, o ambas cosas, según fuere el caso, [a la] debida presentación del mismo, de acuerdo con sus términos; y a que, si no se hiciere honor al documento y se hubiere seguido debi-damente el procedimiento necesario en ese caso, pagará el importe del docu-mento al tenedor o a cualquier endosante subsiguiente que pudiera'ser obligado al pago. — Código de Comercio, 1932, art. 419.”

       Un examen del cheque alterado confirma la corrección de las determina-ciones de hecho del foro de instancia. Al comparar el tipo de letra utilizado en el nombre y en la dirección de Héctor Rivera Rivera con la letra utilizada en la fecha, la cantidad y el número de cheque, podemos concluir que se trata de dos (2) tipos de letras diferentes. Además, podemos observar que todavía en el cheque permanece el zip code 00914 que pertenece a la dirección del beneficiario original John Grazel, Inc., en un tipo de letra distinto a la dirección de Héctor Rivera Rivera. Véase, copia del referido cheque que acompañamos como apéndice a la opinión.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Wilfredo Vega Colón y otros, demandantes y recurridos, v. Corporación Azucarera de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: CE-88-548

      Resuelto: 16 de junio de 1989

      Edda Ivette Rodríguez, de Enrique Nassar Rizek Law Offices, abogada de la recurrente; Luis A. Figueroa Astado, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Los demandantes recurridos presentaron querella por reclamación de salarios contra la recurrente Corporación Azucarera de Puerto Rico. Alegaron que fueron desplazados por la recurrente en contravención al convenio colectivo vi-gente, el cual impedía tal desplazamiento y concedía una se-rie de beneficios a dichos querellantes. Solicitaron que, me-diante el procedimiento sumario provisto por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. secs. 3118-3132), se condenara a la demandada, aquí recurrente, a pagar a los demandantes una suma compatible con los sueldos dejados de percibir. La recurrente Corporación Azucarera de Puerto Rico solicitó la desestimación de la demanda bajo el funda-mento de que el tribunal carecía de jurisdicción, por razón de que la reclamación de los querellantes surgía de la supuesta violación de un convenio colectivo y, como tal, constituía una práctica ilícita de trabajo. La querellada sostenía que la Junta de Relaciones del Trabajo era el foro con jurisdicción exclusiva para entender en dicha controversia.

El tribunal declaró sin lugar la moción de desestimación y la reconsideración del patrono. Recurre ante nos. Plantea como cuestión de derecho que erró el tribunal de instancia al determinar que la presente causa de acción se trata de una reclamación de salarios.

El 27 de octubre de 1988 emitimos la resolución si-guiente:

Examinada la petición de [certiorari] y su apéndice, los querellantes-recurridos tendrán veinte (20) días para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto, revocar la reso-lución recurrida y declarar con lugar la moción de desestima-ción del patrono por no haberse utilizado y agotado los reme-dios dispuestos en el convenio colectivo.

Los querellantes han comparecido. Sostienen que la re-clamación objeto de este litigio es una reclamación de sala-rios regulada por la Sec. D del Art. III del convenio colectivo vigente. A tenor con dicha sección, si la reclamación ex-cede los $1,000, la misma no será sometida a arbitraje y po-drá reclamarse directamente ante los tribunales si la reco-mendación del Comité de Quejas y Agravios no es aceptada por una de las partes. Alegan los querellantes que por ser ésta una reclamación de salarios en exceso de $1,000, al no ponerse de acuerdo las partes para someter la controversia al Comité de Quejas y Agravios, no era necesario acudir a arbitraje, sino que podían hacer la reclamación directamente al tribunal.

No nos convencen. Los demandantes recurridos alegaron en su querella que el convenio colectivo vigente prohibía el desplazamiento de que fueron objeto, razón por la cual el patrono venía obligado a compensar a los querellantes como consecuencia de dicho desplazamiento. Esto es, que el derecho a reclamar los salarios aquí reclamados surgía como consecuencia del alegado desplazamiento sufrido por los querellantes en contravención al convenio colectivo. La querella, por lo tanto, constituía no una reclamación de salarios en sí, sino más bien una imputación de violación a los términos del convenio colectivo y de práctica ilícita de trabajo a tenor con el Art. 8(1)(f) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 69(1)(f).

Es principio de derecho firmemente establecido que es la Junta de Relaciones del Trabajo quien ostenta, con carácter exclusivo, la jurisdicción en casos de práctica ilícita del trabajo. F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 505 (1981); J.R.T. v. A.C.A.A., 107 D.P.R. 84 (1978). No obstante, la propia Junta de Relaciones del Trabajo ha adoptado la doctrina de agotamiento de remedios contractuales, esto es, que no habrá de entender en casos de violación de convenio colectivo hasta tanto las partes no hayan agotado los remedios provistos en el convenio colectivo para la solución de sus problemas. J.R.T. v. A.C.A.A., supra; San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86 (1975).

El convenio colectivo vigente entre las partes proveía un mecanismo para la solución de cualquier querella, queja o agravio. El Art. Ill del convenio colectivo disponía que:

COMITE DE QUEJAS Y AGRAVIOS
A. El Patrono acepta que en cada departamento, la Unión designe y retenga un representante o delegado así como re-presentantes en las distintas labores, a fin de que intervenga cuando fuere necesario en primera instancia con los represen-tantes del Patrono, en la solución de cualquier querella, queja o agravio, presentada por cualquier trabajador o cuando se entendiere que no se está cumpliendo con alguno de los conte-nidos del Convenio Colectivo. Cuando los representantes del Patrono y la Unión no pudieren ponerse de acuerdo en la solu-ción de algún asunto, en el Departamento, el caso pasará a la consideración del Comité de Quejas y Agravios que se crea a continuación, para que éste resuelva la controversia.
B. Por la presente se crea un Comité de Quejas y Agravios que está integrado por dos representantes propietarios y dos suplentes designados por el Patrono y dos representantes propietarios y dos suplentes designados por la Unión. Dispo-niéndose, que en caso de estar presente uno solo de los repre-sentantes de cualquiera de las partes en las deliberaciones, éste tendrá igual número de votos que la otra parte. Esto es, siempre ambas partes tendrán igual número de votos inde-pendientemente del número de representantes presentes.
C. El Comité de Quejas y Agravios se reunirá dentro de cinco (5) días a partir de la fecha de la radicación de las quere-llas que se traigan ante su consideración y las resolverá den-tro de dos (2) días adicionales. DISPONIENDOSE, que si en un término de siete (7) días de radicada la querella, este Co-mité no pudiera ponerse de acuerdo, el asunto pasará a un árbitro designado por las partes. Las partes preferirán, siem-pre que sea posible, que actúe como árbitro un funcionario del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Si no se pusieren de acuerdo dentro de tres (8) días laborables siguientes a los siete (7) anteriores, las partes quedan en libertad de llevar el asunto ante los orga-nismos correspondientes, según se provea por ley. En cual-quier querella por cesantía que fuere resuelta a favor del obrero, el Patrono pagará el tiempo perdido por aquel a partir de la fecha de su suspención (sic) y lo repondrá en su empleo.

Por tratarse éste de un caso de querella por violación a los términos del convenio colectivo, lo que constituye práctica ilícita de trabajo, no era de aplicación el Art. III, Sec. D del convenio colectivo. Correspondía a los querellantes agotar los remedios provistos en el convenio colectivo para la solución de querellas, e.g. el Comité de Quejas y Agravios y el arbitraje, antes de acudir a la Junta de Reía-ciones del Trabajo, que es el organismo designado por ley para entender en casos de posible práctica ilícita de trabajo. Véase San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., supra. Era la Junta de Relaciones del Trabajo a quien en última instancia correspondía decidir si se habían o no violado los términos del convenio colectivo al desplazar a los obreros quere-llantes, y si como resultado de dicho desplazamiento ilegal venía obligado el patrono a satisfacer a los querellantes las sumas reclamadas por concepto de salarios dejados de perci-bir: carecía de jurisdicción el tribunal de instancia para en-tender en el caso de autos.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

       Provee el Art. III, Sec. D del convenio colectivo vigente que:
      “Los casos de reclamaciones de salario de cualquier naturaleza, cuya cuantía excede de [m]il ($1,000.00) [d]ólares, no serán sometidos a arbitraje. Disponiéndose, sin embargo, que dichos casos serán estudiados por el Comité de Quejas y Agravios que podrá hacer una recomendación sobre el caso. De no ser esta recomendación del Comité aceptada, la parte que se considere perjudicada podrá ges-tionar su reclamación por la vía judicial.” Exhibit 2, pág. 12.

       Dicha reclamación fue sometida a arbitraje sin que el Comité de Quejas y Agravios hubiese entendido en la misma. No obstante, el Sindicato de Obreros del Sur solicitó el cierre de dicho caso ante el árbitro, ya que se proponía someter dicha reclamación ante el foro judicial a tenor con lo dispuesto en el Art. III, Sec. D del convenio colectivo.

       El Art. XXI del convenio colectivo vigente disponía que:
      “El Patrono garantiza a la Unión que no es su intención, ni su propósito, ni está en sus planes efectuar reducciones de personal durante la vigencia de este convenio. No obstante, si debido a circunstancias imprevistas tuvieren la necesi-dad de desplazar personal, si hubiere otra plaza disponible y el trabajador a ser desplazado estuviere cualificado para ocupar dicha plaza, el Patrono le dará la oportunidad de ocuparla, y si el trabajador rehusare la misma, el Patrono lo des-plazará y lo compensará con la suma de Dos Mil Quinientos Dólares ($2,500.00) si es desplazado durante la vigencia del presente convenio.
      “Aquellos obreros que no rehusaren y que el Patrono no les ofreciera trabajo se mantendrán en una lista para ocupar vacantes que surjan con preferencia a otros obreros. Aquellos obreros desplazados que el Patrono les ofreciera otro trabajo y que pudieran realizar y lo rechazaren, recibirán la compensación y se mantendrán fuera de la lista prefereneial de empleo. Así mismo en casos de reem-pleo o de ascenso en clasificaciones se utilizará el principio de antigüedad.”

       El Art. 8(1)(f) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 69(1)(f), dispone:
      “(1) Será práctica ilícita de trabajo el que un patrono, actuando individual-mente o concertadamente con otros:
      “(f) Viole los términos de un convenio colectivo, incluyendo un acuerdo en el que se comprometa a aceptar un laudo de arbitraje, esté o no dicho acuerdo in-cluido en los términos de un convenio colectivo; Disponiéndose, sin embargo, que la Junta podrá declarar sin lugar cualquier cargo en el cual se alegue una viola-ción de este inciso, si la unión que es parte en el contrato es culpable de una violación en curso del convenio o no ha cumplido con una orden de la Junta rela-tiva a alguna práctica ilícita de trabajo, según lo dispone este Subcapítulo.”

       Los obreros recurridos citan a favor de su contención los easos de Asoc. de Guardianes v. Bull Line, 78 D.P.R. 714 (1955), y United Steelworkers v. Paula Shoe Co., Inc., 93 D.P.R. 661, 668 (1966). Dichos casos no controlan la situación del caso de autos. Ambos envolvían reclamaciones de derechos privados de los obreros según el convenio colectivo, no reclamaciones surgidas de prácticas ilí-citas de trabajo como en el caso de autos.


author:
(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz
      Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Reinaldo Ortiz Díaz, acusado y apelante.

      Número: CR-85-13

      Resuelto: 16 de junio de 1989

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado y Antonio Colón Montes, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

I

El apelante de autos solicita la revocación de la sentencia dictada por el Hon. Tribunal Superior, Sala de Guayama, que lo encontró culpable de la comisión de los delitos de resisten-cia u obstrucción a la autoridad pública, 33 L.P.R.A. sec. 4493, y de alteración a la paz, 33 L.P.R.A. sec. 4521.

La única prueba de cargo consistió en el testimonio del policía Julio Veguilla. Éste declaró que el 30 de marzo de 1984, en horas de la madrugada, patrullaba con el compañero José M. Reyes cuando recibieron una llamada en la que se les informaba que en el Cuartel de la Policía había una joven con una querella.

En el Cuartel de la Policía se encontraba Claribel Torres Picart, de 18 años, quien se querellaba de unos jóvenes que, montados a caballo, le habían arrebatado unos sandwiches en el barrio La Playa. Ambos policías se dirigieron al refe-rido lugar para tratar de localizar a dichos jóvenes sin lo-grarlo. Luego regresaron al cuartel y le hicieron saber a la joven Torres Picart el resultado de su gestión.

Posteriormente, los policías recibieron en su carro de pa-trulla otra llamada en la que se requería que pasaran por el cuartel y se entrevistaran con el sargento Santiago. Una vez llegaron al cuartel, el sargento les informó que Claribel ha-bía tenido un incidente con él y que si la localizaban la condu-jeran ante su presencia. Es significativo que el sargento Santiago no arrestó a la joven Torres Picart luego de que ocurriera el supuesto incidente y que tampoco se opuso a que ésta se fuera del cuartel. Posteriormente, le solicitó a los policías que la trajeran ante su presencia, pero sin haber obtenido una orden de arresto a esos efectos y sin expli-carles cuál era el motivo para que la condujeran ante él.

Los policías localizaron a la joven a eso de la 1:30 A.M. frente a su residencia. El policía Veguilla se bajó del carro patrulla y le indicó a Claribel que lo acompañara al cuartel, pues el sargento quería entrevistarla en relación con un inci-dente que había tenido con él. La joven le contestó que no tenía nada que hacer en el cuartel, puesto que la policía no había hecho ninguna gestión en relación a su querella y que se fueran al “C. . .jo”.

Los policías al escuchar esa expresión consideraron que la joven había cometido el delito de alteración a la paz y pro-cedieron a detenerla. El agente Veguilla sostuvo que ambos tuvieron que forcejear con la joven para poder montarla en el vehículo oficial.

Posteriormente, la joven se lanzó del carro patrulla y co-menzó a correr rápidamente en dirección a su residencia. El policía Veguilla la siguió y logró alcanzarla cuando ésta lle-gaba al balcón de su casa. El agente Reyes permaneció en el carro patrulla para ir a la residencia de Claribel aunque, inexplicablemente, llegó luego de que se realizara el arresto.

El policía Veguilla atestó que cuando él entró a dicho bal-cón el apelante le preguntó a Claribel lo que pasaba y ella le contestó que el policía la había golpeado. El apelante en-tonces le indicó al policía que tenía que tener una orden de arresto para poder intervenir con la joven. El testigo le gritó que la joven había cometido un delito y que si él seguía insis-tiendo en preguntar por la orden iba a tener que arrestarlo también. El policía Veguilla alega que el apelante le gritó “charlatán, hijo de la g. . .n p.. .a y c. . .n”. El testigo señaló que al oír esas palabras le comunicó al apelante que estaba arrestado y que entonces este último se le abalanzó encima con el fin de resistir el arresto.

El testigo aceptó durante el contrainterrogatorio que, en relación con su intervención con estas personas, se había re-alizado una investigación administrativa. Además, aceptó que forcejeó con la joven y que desconocía que ésta estuviera embarazada.

La primera testigo de defensa, Claribel Torres Picart, declaró que el 30 de marzo de 1984 fue al Cuartel de la Poli-cía a presentar una querella y que mientras le explicaba los hechos a uno de los policías, de apellido Cruz, el sargento Santiago le pasó su rotén por la espalda, por las nalgas y por la parte delantera de su cuerpo. Ella le inquirió al sargento si no tenía vergüenza y si le gustaría que a un familiar suyo lo trataran de esa manera. El sargento le dijo que se fuera in-mediatamente del cuartel y la empujó. Como la joven se iba a caer tras recibir el empujón, se agarró del brazo del sar-gento, pero éste la golpeó. La joven declaró que esa fue la razón por la cual ella le propinó un golpe al sargento.

La joven atestó que luego de haber llegado a su casa se presentaron a la misma los agentes Veguilla y Reyes. Señaló que el agente Veguilla la agredió y que ella entonces llamó a su hermana, Vicenta Torres Picart. La hermana salió de la casa y le preguntó al policía Veguilla qué era lo que pasaba. Veguilla contestó que tenía una orden de arresto contra Cla-ribel. Su hermana le pidió que le enseñara dicha orden y éste le replicó que él era la ley y que se metía donde quisiera, y le propinó un macanazo en el brazo.

Momentos después, su cuñada informó al apelante que los agentes la agredieron, lo que motivó que él abriera la puerta que da acceso al balcón de la casa y le pidiera al agente que le enseñara la orden de arresto o de allana-miento. Veguilla le replicó igualmente que él era la ley y que se metía donde quería. Cuando el apelante protestó, Veguilla le propinó también un macanazo.

A preguntas del fiscal, la testigo explicó que las actua-ciones de su cuñado en el transcurso de la intervención poli-cíaca se limitaron a inquirir acerca de la orden de arresto o de allanamiento. Declaró que quien golpeó al apelante fue el policía Veguilla.

La testigo Vicenta Torres Picart, por su parte, declaró ser ama de casa y esposa del acusado. Señaló que el 30 de marzo de 1984, a eso de la 1:30 A.M., se encontraba dur-miendo cuando escuchó a su hermana Claribel llamándola. Pudo apreciar cómo el policía Veguilla golpeaba a Claribel y le gritó inmediatamente que no le pegara, pues la joven es-taba embarazada. Ella salió al balcón y le preguntó al policía qué pasaba y el policía, luego de gritarle “hija de la g. . . p. . .”, le dio con la macana. La testigo llamó al apelante y éste, al salir, le preguntó al policía la razón por la cual le pegaba a su cuñada. El policía le respondió que no tenía que decirle un “c...jo” y que además le gritó “so canto de c...n”. Indicó que el policía le dijo que él era la ley y que se metía donde quisiera. Luego de proferir esas palabras, arrestó al apelante.

El último testigo presentado en el juicio lo fue Reinaldo Ortiz Díaz. Éste atestó que el día de los hechos se encon-traba durmiendo cuando a eso de la 1:20 A.M. llegó a su casa el policía Veguilla y agredió a su cuñada. Su esposa Vicenta, al escuchar los gritos, salió fuera de la casa y luego lo llamó, y le indicó que el policía la había agredido. El apelante, en-tonces, abrió la puerta que da acceso al balcón de la casa y le pidió al policía Veguilla explicaciones de por qué estaba agre-diendo a su esposa y a su cuñada, y si tenía una orden para arrestar a esta última o una orden de allanamiento para en-trar a su patio.

Atestó que el policía Veguilla le dijo “te callas so c.. .n”, lo golpeó con la macana y luego lo arrestó. Manifestó que en ningún momento agredió al policía Veguilla ni tampoco que se le hubiera abalanzado encima en resistencia al arresto.

Luego de oída la prueba, el honorable tribunal encontró culpable al apelante por infringir los Arts. 258 y 260 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. secs. 4493 y 4521, y lo condenó a una pena de seis (6) meses de reclusión en cada caso. El tribunal dispuso que las penas se cumplirían concu-rrentemente entre sí, bajo el régimen de sentencia suspen-dida.

No conforme con la sentencia, el apelante presentó ante nos su escrito de apelación. En el mismo plantea el señala-miento de error siguiente:

A. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al encontrar culpable y convicto al apelante en el presente caso a base de una prueba conflictiva e insuficiente en derecho para establecer su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Alegato del Procurador General, pág. 7.

II

Intervención policíaca con Claribel Torres Picart

Ante los hechos particulares de autos, evaluamos la lega-lidad de la intervención de los agentes Veguilla y Reyes con la joven Claribel Torres Picart por ser medular en la deter-minación de la culpabilidad del apelante.

Surge de los autos que los agentes Veguilla y Reyes, luego de recibir órdenes del sargento Santiago dirigidas a que trajeran ante su presencia a la joven Torres Picart, la encontraron frente a su residencia y la detuvieron con el fin de que ésta los acompañara al cuartel para la investigación de un incidente acaecido entre ella y el sargento Santiago. La joven, ante el requerimiento de los agentes, contestó que no tenía nada que hacer en el cuartel y finalmente les dijo que se fueran para el “c. . .jo”.

Lo anterior plantea la validez en nuestra jurisdicción de las detenciones investigativas.

Desde hace varias décadas atrás establecimos que el con-cepto de detención para la investigación de un acusado es ajeno a nuestro sistema de derecho. Pueblo v. Fournier, 77 D.P.R. 222 (1954). Si bien es cierto que la Policía, en protec-ción de la ciudadanía, viene en la obligación de investigar toda información referente a posible actividad delictiva, existe una gran diferencia entre el derecho que tienen los agentes del orden público a investigar y el derecho a interye-nir con y privar de su libertad a un ciudadano. En nuestra jurisdicción un agente del orden público puede arrestar a una persona, en ausencia de orden de arresto expedida por tribunal competente, cuando dicho agente tiene motivos fundados para así hacerlo al amparo de las disposiciones de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985). Así como en aquellos casos en que la persona arrestada hubiese cometido un delito grave aunque no en su presencia. Regla 11(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

La intervención de los agentes policíacos con la joven Torres Picart constituye una detención investigativa, ante el hecho innegable de que dicha intervención la privó de su li-bertad. Ello se evidencia con el intento de los policías de lle-var a la joven hasta el cuartel sin la existencia de motivos fundados.

Surge de los autos que el sargento únicamente les había solicitado a los agentes que si veían a la joven Torres Picart la condujeran hasta el cuartel por ésta haber tenido un “in-cidente” con él. El sargento no les indicó, sin embargo, en qué había consistido dicho incidente.

En Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988), sostuvimos que se puede establecer la existencia de motivos fundados para justificar un arresto sin orden a base de infor-mación policíaca colectiva, pues es innecesario que el oficial que arresta lo haga únicamente según su conocimiento personal, pero se requiere que el agente que inició la cadena de información tenga información de primera mano y se la ofrezca a los agentes que vayan a intervenir con los sospe-chosos. El Ministerio Público tiene que establecer la existen-cia de los motivos fundados colectivos durante el juicio.

En autos, el Ministerio Público no presentó prueba ten-dente a demostrar la existencia de aquellos motivos fun-dados que hicieran lícita la intervención de los policías con Claribel. De hecho, el sargento Santiago, quien sería en úl-tima instancia la persona que podría evidenciar la existencia de dichos motivos necesarios para haber intervenido con Claribel, no testificó durante el juicio.

Como consecuencia de la detención ilegal de Claribel, se suscita la expresión de la joven que propició su arresto, así como el posterior episodio en la residencia del apelante. Ello plantea si Claribel Torres cometió o no el delito de alteración a la paz.

Es norma de este Tribunal que expresiones tales como las que utilizó la testigo Claribel Torres Picart, más que pa-labras con carácter de molestia, resultan ofensivas, hirientes e irritantes, capaces de provocar una respuesta violenta y, por consiguiente, una alteración a la paz. Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518 (1980). Sin embargo, las particu-lares circunstancias de autos nos llevan a concluir que la conducta evidenciada por la joven no configura el delito de alteración a la paz. En ese sentido, el caso de autos puede distin-guirse del contexto normativo expuesto en Pueblo v. Caro González, supra.

En ese caso, cuando el acusado profirió las expresiones que se evaluaron como alteración a la paz, la Policía ejecutaba un acto totalmente lícito. Allí, la Policía intentaba poner bajo control un episodio de alteración a la paz, ya en ejecu-ción, que consistía en la perturbación de la paz de un hogar y de un vecindario. Aquí la Policía intentaba llevar a la joven ante un oficial para la investigación de un incidente que, con-forme al testimonio no controvertido de la joven, consistió en actos ofensivos a su integridad corporal por parte del sargento Santiago.

A pesar de que no podemos sancionar la expresión utili-zada por la joven Torres Picart, tampoco podemos adscri-birle a la misma una connotación delictiva ante la singulari-dad de los hechos planteados en este caso.

La joven Torres Picart tenía, al momento de los hechos, unos dieciocho (18) años, una escasa escolaridad y se desen-volvía dentro de una subcultura de pobreza. Reconocemos que si bien los policías están entrenados —o deben estarlo— para afrontar situaciones difíciles, eso no quiere decir que vienen obligados a soportar toda clase de insultos, faltas de respeto, improperios y provocaciones. Pueblo v. Caro González, supra. Sin embargo, en las particulares circunstancias de autos se requería un mayor auto control de sus emociones y un mayor grado de tolerancia, especialmente cuando el agente ya había provocado la situación.

Obviamente el testimonio vertido en el juicio por el poli-cía Veguilla sobre la expresión vertida por la joven ante la presencia de los oficiales policíacos sirvió más como pretexto para arrestar a Claribel Torres, sin que existiera motivo vá-lido para el mismo, que como una expresión capaz de provo-car una respuesta violenta de los policías.

Actuación del apelante

Una evaluación cuidadosa de la prueba desfilada en autos nos lleva a concluir que las actuaciones y las preguntas he-chas por el apelante, durante la intervención del agente Ve-guilla con su familia, no configuraron el delito de resistencia y obstrucción a la autoridad pública.

El Art. 258 del Código Penal de Puerto Rico, supra, dis-pone que:

Toda persona que voluntariamente resistiere u obstruyere, demorare o estorbare a cualquier funcionario o empleado pú-blico en el cumplimiento o al tratar de cumplir algunas de las obligaciones de su cargo, será sancionada con pena de reclu-sión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal.

Cualquier acto de oposición a la orden que el funcionario trata de cumplir constituye una resistencia a la autoridad. Sin embargo, es esencial que el funcionario o empleado pú-blico que está cumpliendo con su deber lo haga dentro del ámbito del mismo de manera lícita. D. Nevares-Muñiz, digo Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, República Dominicana, 1986, págs. 424-425. Por ello es que el comportamiento de un ciudadano respetuoso de la ley, que se excite o se moleste cuando las autoridades policíacas intervienen con su persona —sin razón— como en las circunstancias de autos, es comprensible. City of Columbus v. Guidotti, 160 N.E.2d 355 (1958); Nota, Resisting Unlawful Arrest, 33 Wayne L. Rev. 1471 (1987).

A raíz de la infundada intervención de los policías con la joven Torres Picart, se suscitaron los eventos que culmina-ron con el arresto del apelante cuando éste, en defensa de la integridad de la joven Torres Picart y de su señora esposa, y en protesta por la invasión de su propiedad a altas horas de la noche, objetó las actuaciones de los policías. Siendo la ac-tuación de la policía una que no se ajustó a derecho, no podía, por consiguiente, configurarse el delito de resistencia u obs-trucción a la autoridad pública en la persona del apelante.

Nos resta por considerar si el apelante cometió el delito de alteración a la paz ante la presencia del agente Veguilla.

Nuestra Constitución le garantiza a todo acusado la presunción de inocencia como uno de los derechos humanos que asiste a todo acusado. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Su implantación conlleva que el Estado pruebe la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287 (1988); Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974).

Es norma de este Tribunal el respetar y sostener la apre-ciación hecha por los jueces de instancia de la prueba ante ellos ofrecida. La excepción a esta norma ocurre cuando un examen detenido de la misma nos convence de que el tribunal descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o cuando fundó su criterio en testimonios de es-caso valor o inherentemente improbables. Pueblo v. Pagán Diaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961). Así, hemos dejado sin efecto un fallo con-denatorio cuando el análisis de la prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador deja serias dudas sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Meléndez Rolón, 100 D.P.R. 734 (1972).

Luego de realizar una evaluación ciudadosa de la prueba presentada en autos, concluimos que la misma no establece la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. La prueba de defensa en todo momento fue firme en sostener que el apelante no había proferido palabras indecorosas y obscenas contra el policía o que lo hubiera agredido. Por el contrario, todos los testigos de la defensa atestaron que el policía Veguilla golpeó en forma violenta a Claribel, a su her-mana y al propio apelante.

La prueba de defensa también probó que el apelante le solicitó al policía Veguilla que le mostrara la orden de arresto contra su cuñada, pero que el agente, conjuntamente con la utilización de palabras ofensivas, le expresó que él era la ley y que la ley se metía donde quería. El agente le indicó, además, que si continuaba pidiendo la orden de arresto contra Claribel tendría que arrestarlo. Ante esta prueba no po-demos establecer que el acusado hubiera cometido el delito de alteración a la paz.

Por los fundamentos antes expuestos, revocamos la sen-tencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió un voto de conformidad.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

—O—

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

El abuso de autoridad y los actos de brutalidad policíaca del caso de autos son incompatibles con nuestro sistema de-mocrático de gobierno y con los principios fundamentales de nuestra Constitución. Vivimos en un sistema de ley donde las personas que lo administran deben ser los primeros en res-petarlo y en dar el ejemplo. El aumento en la criminalidad y los reclamos de grupos sociales para que se actúe contra los delincuentes con “mano fuerte” no pueden ser óbice para que aflojemos las garantías constitucionales de los ciuda-danos y para que los agentes del orden público abusen de su autoridad.

La brutalidad policíaca no tiene cabida en nuestra socie-dad. Viola los más elementales principios de respeto al ser humano y denigra la institución del Estado encargada de ha-cer cumplir la ley. Socaba, además, la fe y el respeto que los ciudadanos le tienen a sus instituciones y a los procesos de-mocráticos.

En este caso, el abuso de la autoridad se llevó a cabo contra personas indefensas y humildes. Ello hace más repudia-ble y censurable la acción.