text:
    Asunto: Protocolización de Poder

      Número: 4734

      Resuelto: 30 de enero de 1981

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías; el notario Federico Delgado Torres compareció por derecho propio.
   PER CURIAM:

El Inspector de Protocolos que examinó el del notario Lie. Federico Delgado Torres le notificó defecto en sus escrituras de protocolización de poder Núms. 4 de 1975 y 6 de 1976, consistente en no haber incorporado al acta de protocolización los correspondientes documentos originales .de mandato. En la escritura de 1976 transcribió el texto del poder y en la de 1975 hizo referencia al mismo. El notario ha demostrado que no hubo perjuicio de parte en ninguno de los dos casos, por la poderdante haber ratificado la compraventa realizada por su mandante en el primer caso; y haberse inscrito el contrato de compraventa en que el mandatario representó a su esposa vendedora, en el segundo caso.

La notaría es obra de esmerado cumplimiento con las variadas y numerosas disposiciones de ley que gobiernan su práctica. No satisface la excelencia que demanda su ejercicio la justificación a posteriori del error, bajo el amplio y piadoso palio de ausencia de perjuicio a las partes vinculadas en el documento.

La protocolización de un documento significa esencialmente su transcripción e ingreso al protocolo de instrumentos públicos del notario, incorporado o unido como parte de la escritura o acta que viabiliza este procedimiento. Dicho requisito, que se cumple en. la buena práctica notarial patria, aparece descrito en el Art. 211 del Reglamento del Notariado Español, al decir:

Las actas de protocolización tendrán las características gene-rales de las de presencia, pero el texto hará relación al hecho de haber sido examinado por el notario el documento que deba ser protocolado, a la declaración de la voluntad del requirente para la protocolización o cumplimiento de la providencia que la ordene, al de quedar unido el expediente al protocolo, expresando el nú-mero de folios que contenga y los reintegros que lleve unidos.

A esta síntesis normativa adaptable a nuestro medio sólo habría que eliminarle la alusión a “reintegros”, y añadir, para el caso de poderes otorgados fuera de Puerto Rico (Art. 62, Ley Notarial) la certificación sobre autenticidad de la firma y calidad del notario autorizante.

El concepto de protocolización, nutrido por la raigambre del Derecho latino, tiene en Puerto Rico la misma connotación de ingreso y preservación en el protocolo del notario del documento protocolizado que refleja el Reglamento del Notariado Español.

Exhortamos al notario Sr. Delgado Torres a ajustar su práctica notarial a la norma aquí enunciada, y, considerando que no tuvo el beneficio de ilustración previa en el asunto que motiva la intervención del Inspector de Protocolos, no habrá ulterior acción disciplinaria.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Arturo Acevedo Hernández y Otros, demandantes y recurridos, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-79-259

      Resuelto: 30 de enero de 1981

      Domingo R. Emanuelli y Raúl Banquet Trujillo, abogados de los recurrentes; Juan T. Peñagarícano, Jr., David Rivé Rivera y Calderón, Rosa-Silva & Vargas, abogados de los recurridos; Luis Roberto Pinero, abogado del Comisionado Especial, Hon. Alfonso R. García Martínez, y Luis E. Pérez Lebrón, abogado del perito del Comisionado- Especial, Dr. Luis E. Mora.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este pleito plantea varias cuestiones noveles sobre la na-turaleza de la responsabilidad decenal.

El 11 de setiembre de 1969 el señor Acevedo Hernández y otros demandaron a la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico (“CRUV”) por alegados defectos en las casas adquiridas por ellos entre 1966 y 1967 por un precio típico de $6,500.00. Otros dueños de viviendas a bajo costo en el mismo proyecto instaron acciones análogas entre el 9 de mayo de 1973 y el 4 de febrero de 1977. CRUV inter-puso demanda contra tercero contra Caparra Construction Corporation (“Caparra”), a quien había contratado para la construcción del proyecto. Se consolidaron los casos y se nom-bró a un Comisionado Especial.

Aunque no hubo determinación al efecto, surge de autos que el proyecto comenzó a construirse por Caparra el 4 de octubre de 1964 y fue entregado a CRUV antes de julio de 1966. CRUV tuvo que efectuar varias reparaciones, cuya na-turaleza se desconoce, antes de vender las viviendas.

El tribunal de instancia concluyó que CRUV era respon-sable a los demandantes en calidad de contratista por la tota-lidad de los defectos, “porque terminó de construir el pro-yecto”. En consecuencia, condenó a CRUV a pagar daños materiales montantes a $255,166.56, a resarcir angustias mentales por $150,000.00 y a satisfacer $57,265.00 por gastos de perito y $58,800.00 por honorarios de abogado. Nada dis-puso sobre responsabilidad alguna de Caparra. Acordamos revisar.

Estos hechos plantean las interrogantes siguientes: ¿Está sujeta CRUV a las disposiciones del Código Civil sobre las acciones decenal, redhibitoria y cuantiminosa? De estarlo, ¿responde CRUV en este caso como contratista o como ven-dedora? ¿Cuál es la relación entre reparar y construir? De ser CRUV contratista, ¿hasta dónde alcanza su responsabili-dad? ¿Es ésta de naturaleza solidaria, in solidum, o manco-munada? ¿Cuáles son los requisitos a satisfacer para fijar la responsabilidad que pueda existir? ¿A quién corresponde la carga de la prueba respecto a tales requisitos? Fuera de su condición como contratista o vendedora, ¿respondería CRUV como promotora, si es que lo fuese, del proyecto? Examinemos estos problemas.

1. La sujeción de CRUV a las disposiciones aplicables del Código Civil.

CRUV persigue propósitos de alto interés público: “la producción de viviendas a bajo costo y la renovación de las ciudades y pueblos a un ritmo que remedie la escasez de viviendas, acelere la eliminación de arrabales y logre el obje-tivo de proveer a cada familia puertorriqueña de una vivienda higiénica y segura en un ambiente apropiado”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 88 de 22 de junio de 1957 (17 L.P.R.A. sec. 21 (nota a la sección)). A tales fines y como sucesora de la Autoridad sobre Hogares, 17 L.P.R.A. see. 22, CRUV tiene la facultad de construir y reparar viviendas. 17 L.P.R.A. secs. 38(b), 40. Aunque sus objetivos son más abar-cadores que los que usualmente guían el sector privado, no existe nada en la ley o su historial indicativo de intención alguna de crear un fuero especial para CRUV que la exima de la responsabilidad que pueda corresponderle en determi-nados casos bajo los Arts. 1373 y 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3841 y 4124.

En muchos países civilistas, las relaciones entre los ciudadanos y el Estado y sus agencias están afectadas por la jurisdicción conteneioso-administrativa. Así ocurrió en Puerto Rico por muchos años, donde tal jurisdicción se desa-rrolló mucho antes de la extensión a la Isla, del Código Civil. Véanse: la R. C. de 30 de enero de 1855; Las Leyes de Indias, Est. Tip. de Pedro Núñez, 1890, Vol. 13, pág. 358 y ss.; 15 BRLJ 70. La jurisdicción conteneioso-administrativa fue abo-lida en Puerto Rico, sin embargo, por la Ley de 10 de marzo de 1904. En ausencia de legislación especial o demostración de interés público que exija válidamente eximir a CRUV de las disposiciones de los Arts. 1373 y 1483 del Código Civil, resolvemos en consecuencia que tal corporación está sujeta a las reglas generales de la responsabilidad que los referidos artículos imponen.

2. La responsabilidad de CRUV como vendedora y con-tratista.

No existe disputa entre las partes sobre el hecho de que CRUV responde como vendedora, condición que limitaría con-siderablemente su responsabilidad conforme con lo prescrito por el Art. 1373 del Código Civil. La controversia versa, en parte, sobre si CRUV es también contratista.

Para resolver esta cuestión es imprescindible determinar si CRUV se convirtió en contratista al reparar las obras antes de venderlas. La doctrina y la jurisprudencia reconocen generalmente que “reparar” equivale a “construir”, cuando las reparaciones afectan algún elemento esencial de la obra. J. Herrera Catena, Responsabilidades en la Construcción, Granada, 1974, Vol. I, pág. 249 y ss.; L. Diez Picazo, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1966, Vol. 1, pág. 628; sentencias de 19 de febrero de 1959 y 9 de junio de 1969; García Cantero, La Responsabilidad par Ruina de los Edificios ex Artículo 1591 del Código Civil, 16 Anuario de Derecho Civil 1053, 1103 (1963); D. Rubino, Dell’ Appalto, Roma, 1969, págs. 6, 110, 262, 265 (parte de la colección Scialoja e Branca, Commentario del Codice Ci-vile). Adviértase que, en este sentido, el criterio para la imposición de responsabilidad en el caso de reparaciones es más estricto que el sentado en Géigel (85 D.P.R. 46) y Pereira (95 D.P.R. 28). No basta aquí que el vicio exceda la medida de las imperfecciones que cabe esperar en una construcción. Hay que demostrar que la reparación afecta un elemento estructural, que el resultado de la reparación amenaza de ruina la obra. Herrera Catena, loe. cit; Diez Picazo, loe. cit.

En el caso de autos se desconoce la naturaleza de las reparaciones realizadas por CRUV. No es posible precisar, en consecuencia, si CRUV se convirtió en contratista al efectuarlas. Debe devolverse el caso a instancia para la determinación correspondiente.

Esta conclusión no nos releva, sin embargo, de considerar otros aspectos de este caso, pues veremos que faltan otros hechos para la solución de este litigio, así como la exposición de las normas aplicables a ellos.

3. Los problemas pertinentes en caso de existir pluralidad de contratistas. Las cuestiones de la solidaridad y la cóncava solidad.

El tribunal de instancia presumió que, de completar la obra otro contratista, la responsabilidad de los dos construc-tores es solidaria. Tal norma es excesivamente abarcadora.

Cuando dos o más constructores se obligan directamente a la realización del todo de una obra, puede caber la responsabilidad in solidum o la solidaria, de acuerdo con la doctrina de algunos países civilistas. Rubino, op. cit, págs. 54-55; Encyclopedic Dalloz, “Contrat d’Enterprise”, págs. 348-349; Mazeaud y Mazeaud, Traité Théorique et Pratique de la Responsabilité Civile, 6ta ed., 1978, T. II, pág. 119. En derecho español, no obstante, la solidaridad no se establece normalmente fuera de pacto o común intención de las partes, aun cuando se asuma conjuntamente la ejecución de la obra. Sentencia de 19 de febrero de 1959; García Cantero, op. di., pág. 1099. Cuando la ruina es originada por culpa conjunta, sin embargo, o cuando es indeterminable la causa de la ruina, nace la solidaridad. De lo contrario, cada contratista responde tan solo de lo que se comprometió a construir. García Cantero, supra, 1054, 1095, 1099, 1103; Herrera Catena, op. cit, T. I, págs. 128-29, n. 106; Hernández Hierro, op. cit., pág. 137; J. Cadarso Palau, La Responsabilidad Decenal de Arquitectos y Constructores, Madrid, Ed. Montecorvo, 1976, pág. 309. Cf. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., T. II, pág. 119; G. Liet-Veaux, Le Droit de la Construction, 5ta ed., París, Ed. Celse, 1978, pág. 316; sentencia de 17 de mayo de 1967.

En el caso de autos no hubo obligación de CRUV de construir el todo, por lo que, aun bajo la doctrina francesa o italiana, de adoptarse aquí, no cabría responsabilidad de CRUV de naturaleza solidaria o in solidum. Tampoco se le puede imputar responsabilidad de tales órdenes bajo la doctrina del pacto o intención de las partes. Por el mero hecho de reparar o aun de completar la construcción de una obra, un contratista no asume la responsabilidad por vicios de la obra debidos a su predecesor. La situación de Caparra es distinta. Caparra se comprometió a construir a solas la totalidad de la obra. Su incumplimiento del contrato en las circunstancias presentes no la puede relevar, como premio, de responder por la totalidad de los daños.

CRUV responde en este caso tan solo por los vicios causados por los trabajos realizados por ella. Como tampoco surge de autos el nexo causal, si alguno, entre lo hecho por ella y los alegados defectos de construcción, debe devolverse el pleito a instancia para que se determine también si existe ese nexo causal. La carga de probar que éste no existe corres-ponde al contratista interesado. García Cantero, op. cit, pág. 1095; Herrera Catena, op. cit, T. II, pág. 135 et seq.; Rasseg-na di Giurisprudenza sul Codice Civile, Milán, Ed. Giuffré, 1970, T. IV, págs. 824-25, n. 11. Si lo que surge de la prueba, en cambio, es la concausalidad o concurrencia de culpas, CRUV es responsable de los vicios de construcción que pueda haber habido, como también lo es si la responsabilidad de ambos contratistas está tan íntimamente ligada la una con la otra que no es posible separarlas.

4. El 'promotor y la responsabilidad decenal.

En algunos países, por jurisprudencia y en otros por legislación, se ha reconocido la nueva figura deL promotor como legitimado pasivo de la responsabilidad decenal en grado comparable al contratista, al arquitecto y al constructorvendedor. Véanse: Sentencia de 28 de noviembre de 1970 (Esp.); sentencia de 11 de octubre de 1974 (Esp.); sentencia de 17 de octubre de 1974 (Esp.); sentencia de 28 de octubre de 1974 (Esp.); Herrera Catena, op. cit., T. II, pág. 323 et seq.; Cadarso Palau, op. cit., pág. 239 et seq.; Ley 71-579 de 16 de julio de 1971, Ley 78-12 de 4 de enero de 1978 (Fr.); Liet-Veaux, op. cit., pág. 193; Mazeaud y Mazeaud, op. cit., pág. 115 et seq.; Arts. 1831.1 a 1831.5 y 1792 a 1792.3 del Código Civil francés; The Defective Premises Act 1972, Halsbury’s Statutes of England, 3ra ed., Vol. 42, pág. 1395 et seq.

Es innecesario discutir aquí la responsabilidad de CRUV como promotora o aun la posición de esta figura en nuestro ordenamiento jurídico, ya que estas cuestiones no fueron planteadas en instancia y, aun de haber sido planteadas, no sería responsable CRUV. Tanto en España como en Francia, el promotor asume junto a muchas otras funciones la inicia-tiva de construir la totalidad de la obra. R. Saint-Alary, Droit de la Construction, París, Presses Universitaires de France, 1977, pág. 303. CRUV no asumió tal responsabilidad.

Por las razones expuestas, se devuelve el caso a instancia para procedimientos ulteriores consistentes con esta opinión.

       El Art. 1373 dispone:
      “El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adquirido, o habría dado menos precio por ella; pero no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.”
      El Art. 1483 provee:
      “El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la cons-trucción, responde de los daños y perjuicios sí la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsa-bilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
      “Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del con-trato, la acción de indemnización durará quince años.”

      En Francia, por ejemplo, se limitan al sector privado las reglas sobre el promotor inmobiliario. Encyclopédie Dalloz, 2da ed., Droit Civil, “Promotion Immobiliere”, pár. 10. En España, la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, aprobada por D. de 24 de julio de 1963, y el Regla-mento de Protección Oficial, aprobado por el D. de 24 de julio de 1968, fijan reglas especiales a seguirse en los casos de viviendas de tal naturaleza. El Art. Ill del Reglamento reduce el plazo de garantía, por ejemplo, a cinco años. Aranzadi, Nuevo Diccionario de Legislación, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1977, Vol. XXIV, pág. 1374.

      Para la situación en España, véase: J. M. Fernández Hierro, La Responsabilidad Civil por Vicios de Construcción, Publicaciones de la Uni-versidad de Deusto, Bilbao, 1976.

       Respecto a la diferencia entre la responsabilidad solidaria y la responsabilidad in solidum, véase: J. R. León Alonso, La Categoría de la Obligación “in Solidum", Publicaciones de la Univ. de Sevilla, 1978, pág. 6 et seq.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    Ramón Negrón Soto, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barceló en su capacidad de Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-80-254

      Resuelto: 30 de enero de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Salvador Antonnetti Zequeira,

      Edilberto Berrios Davilo, y David Carrión Fuentes, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La solución del caso conlleva detectar correctamente el propósito legislativo de una ley establecida para beneficio del Poder Judicial. Si bien en la función de interpretar e impar-tir justicia somos autónomos e independientes, nuestros fallos siempre deben corresponder a un escrupuloso marco de juri-dicidad. Por ello, de ordinario, esta labor resulta delicada, ya que “[n]o somos autómatas del derecho, ajenos a las injus-ticias, al dolor o a los agravios. No vivimos en mundos distan-tes o apartes. Neutralidad judicial no es sinónimo de insensi-bilidad”. Véase Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 94-95 (1980).

El trasfondo fáctico y legal en que se debate este drama apelativo, se suscita con la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Carolina, decretando injunction permanente contra el Gobernador de Puerto Rico y cualquier funcionario del Estado Libre Asociado, y prohibiendo la sustitución del demandante-recurrido, Ramón Negrón Soto, del cargo que ostenta como Juez Superior, bajo el fundamento de que su término de doce años no ha vencido por excluirse de su cómputo —en virtud de la Ley Núm. 70 de 14 de junio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 331)— el período comprendido entre el 17 de junio de 1974 y 16 de octubre de 1977 en que, en atención a sus méritos, por designación del Juez Presidente, Hon. José Trías Monge, ocupó el puesto de Director Administrativo de los Tribunales.

I

La solución de esta controversia exige un análisis obje-tivo, ponderado y jurídico y una breve referencia a ciertas características elementales de la estructura constitucional vi-gente sobre el Poder Judicial.

La Constitución está concebida en una forma republicana de gobierno, a base de la doctrina de “separación de poderes” y “frenos y contrapesos”. Distribuye entre sus tres ramas los poderes públicos bajo la premisa de que tal equilibrio es salu-dable y necesario para mantener una verdadera democracia, evitando así una excesiva concentración en una de ellas con los peligros que ello conlleva. Sobre el Poder Judicial depositó y encomendó el salvaguardar comunitariamente “el respeto a los derechos contra cualquier intervención contraria a esos derechos por el Poder Ejecutivo o Legislativo, solucionar los conflictos entre lo privado y público y adjudicar las controver-sias entre los individuos”. Para implementar y lograr una máxima eficiencia, estimó necesaria la mayor indepen-dencia de la Rama Judicial, proveyendo en su Art. V las si-guientes características en medidas y prerrogativas: (a) la unificación del sistema judicial en lo concerniente a jurisdic-ción, funcionamiento y administración; (b) la estabilidad en los términos de cargos de los jueces y prohibición en la reduc-ción de tales términos; (c) la adopción por el Tribunal Supremo de reglas de procedimiento civil, criminal y de eviden-cia; (d) la garantía contra la disminución de la compensa-ción de los jueces; (e) el mandato de la Asamblea Legislativa de establecer “un sistema de retiro para los jueces”, obliga-torio a los setenta (70) años; (f) el traslado a la Rama Judicial del poder de destitución o separación de jueces de instan-cia; (g) la prohibición de participar los jueces durante la incumbencia del cargo en actividades políticas u optar a puestos directivos en los partidos; y (h) estabilidad en la composición numérica de jueces del Tribunal Supremo, salvo cambio a petición de éste.

En adición, transfirió la administración de los tribunales del Poder Ejecutivo al Judicial, confiriendo al Juez Presidente su dirección y el nombrar “un Director Administrativo . . . quien desempeñará su cargo a discreción de dicho magistrado”. Para implementar esta disposición constitucional, la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 —denominada Ley de la Judicatura— creó la Oficina de Administración de los Tribunales, 4 L.P.R.A. see. 331. La amplia facultad otorgada al Juez Presidente y por delegación de éste a su portavoz, el Director Administrativo, siempre exigió —tradicionalmente lograda— que quedara claramente delineada y separada la esfera de acción administrativa de ambos funcionarios, en cuanto a la función de índole judicial de los jueces. En cuanto a la adjudicación de casos, existen una autonomía y prerrogativa absolutas de los magistrados en las que los superiores jerárquicos administrativos antes mencionados no pueden intervenir directa ni indirectamente. En otras palabras, en el descargo de sus deberes, el juez no tiene otros superiores jerárquicos que la Ley y la Justicia.

Sin embargo, cabe resaltar que históricamente se ha reconocido la facultad del Juez Presidente para administrativamente relevar temporalmente a un juez de sus funciones judiciales y asignarle encomiendas especiales en distintos aspectos relacionados con la administración de justicia u obligaciones del primero. Tales asignaciones, por originarse en el Juez Presidente y estar comprendidas dentro de zonas de acción de la administración de justicia, no implican que el juez concernido cesa en su cargo, sino que continúa en el mismo, aunque desempeñándose en una tarea dentro de la Rama Judicial. Como corolario, el término de nombramiento de ese magistrado continúa corriendo.

Independientemente de su sabiduría, pero formulado precisamente en la doctrina de frenos y contrapesos antes ex-puesta, la Asamblea Constituyente, previo extenso debate, optó por disponer que los “jueces [fueran] nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado . . y que sus términos fueran fijados por “ley”. La Ley de la Judicatura proveyó el término de doce y ocho años para los jueces Superiores y de Distrito, respectivamente. 4 L.P.R.A. sees. 92 y 152.

Otra instancia limitativa de una facultad constitucional, esta vez sobre la Asamblea Legislativa, es el precepto de que “ninguna ley prorrogará el término de un funcionario pú-blico” durante su incumbencia. Art. VI, Sec. 10. Su lenguaje claro y sencillo no admite duda o interpretación en contrario. Su historial, aunque escaso, pone de manifiesto un interés de evitar que se perpetúen y congelen, para beneficio de los in-cumbentes, determinados cargos.

HH H-I

En lo que atañe a disposición legal ante nuestra conside-ración, sus antecedentes pueden esbozarse en tres etapas.

La 'primera, en que su texto original —que decreta incom-patibilidad entre el cargo de Director Administrativo de los Tribunales o cualesquiera otros funcionarios o empleados de dicha Oficina y el ejercicio de la profesión de abogado— es enmendado por la Ley Núm. 66 de 25 de junio de 1959, para aclarar que no era requisito del puesto de Director la admi-sión al ejercicio de la abogacía. Hasta este momento la ley no visualizaba expresamente su ocupación por un juez de instan-cia.

La segunda etapa puede precisarse para el año 1960, me-diante la Ley Núm. 103 de 29 de junio. Se contempla entonces la posibilidad de que un juez en propiedad del Tribunal Superior sea nombrado Director Administrativo, al disponerse que dicho magistrado retendría todos sus derechos al amparo de la Ley de Retiro de la Judicatura, y el tiempo que actuara como Director se le acreditaría como si hubiera servido como Juez Superior. Subsiguientemente, en virtud de la Ley Núm. 42 de 29 de mayo de 1964, se estableció que si el Juez Superior de-signado Director fuere nuevamente nombrado para ocupar el cargo de Juez Superior, recibiría en su nueva posición el sueldo que le habría correspondido de haber continuado in-interrumpidamente en su anterior cargo judicial. En conse- cuencia, el tiempo servido como Director Administrativo le seria acreditado como servido en calidad de Juez Superior.

A manera de paréntesis, cabe destacar que, hasta esta úl-tima legislación, la eventualidad de que un Juez Superior fuera nombrado Director Administrativo de los Tribunales conllevaba una renuncia al cargo judicial. La protección que le brindaba el estatuto era reconocerle y extenderle derecho a cotizar bajo la Ley de Retiro de la Judicatura mientras es-tuviese actuando como Director Administrativo. Es innegable que terminada su designación de Director Administrativo, únicamente podia regresar a la Judicatura a través del trá-mite constitucional de nombramiento por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.

Para esta época la Rama Judicial había acumulado una vasta experiencia sobre el proceso decisional y las dificultades de reclutamiento y retención de personas idóneas para el cargo de Director Administrativo. La naturaleza singular del puesto ponía de manifiesto que en la judicatura había un número significativo de candidatos capacitados, pero compro-metidos básicamente con el quehacer jurídico, que de ordina-rio mostraban renuencia a abandonar el foro judicial. Esta actitud se acentuaba en vista de que el cargo era a discreción del Juez Presidente y que, para luego reintegrarse a la judi-catura, era menester un nuevo nombramiento del Ejecutivo y la confirmación por el Senado.

Así las cosas, el año 1974 marca la tercera época, al pro-ducirse el citado Informe sometido al Consejo por la Comisión para el Estudio de los Tribunales. En lo pertinente consignó:

La enmienda ... es a los efectos de que al Juez Presidente se le conceda la facultad de que cuando está vacante el cargo de Director Administrativo si así lo creyere prudente, pueda cubrirlo mediante el nombramiento de un Juez del Tribunal de Primera Instancia; quien retendrá su cargo y condición de juez mientras desempeña las funciones de Director Administrativo.
Es necesario consignar que las disposiciones de ley enmenda-torias deben contener lenguaje claro y preciso de que tal desig-nación conlleva un relevo total y absoluto, y un impedimento en la realización de cualesquiera funciones judiciales u otras ín-doles, que emanen de la condición de juez.
Este efecto, suspendiendo las facultades de Juez, es la única forma de evitar una confusión o combinación en una sola persona de poderes y funciones de génesis constitucional: como Director en funciones administrativas y como Juez en funciones judiciales.

Respecto al salario, mientras estuviese dirigiendo la Oficina de Administración de Tribunales, devengaría el correspondiente a este cargo, sujeto a las disposiciones de la Ley de Retiro de la Judicatura.

El Juez Presidente, a su discreción, podría reasignar a dicho juez para prestar servicios nuevamente en una de las Salas del Tribunal de Primera Instancia.

Las ventajas de esta enmienda, a juicio de la Comisión, podrían resumirse del siguiente modo:

1. Permitiría al Juez Presidente seleccionar y reclutar de la judicatura de Primera Instancia aquel candidato de mejores cualidades para el cargo;
2. Sería más atractivo a los miembros de la Judicatura la aceptación del cargo, ya que ello no representaría una renuncia ni el desvincularse de ésta; y
3. Contribuiría a un proceso de renovación constante en la dirección y administración de Tribunales. (Bastardillas nues-tras.) Págs. 12-13.

Consecuentemente, la Comisión recomendó una enmienda de ley “a los efectos de que se le conceda al Juez Presidente la facultad de que cuando esté vacante el cargo de Director Ad-ministrativo, si así lo creyera prudente, pueda cubrir dicho cargo mediante el nombramiento de un Juez del Tribunal de Primera Instancia, quien retendrá su cargo y condición de Juez mientras desempeñe las funciones de Director Adminis-trativo”. (Bastardillas nuestras.) Pág. 15. Esta propuesta encontró eco en el Primer Ejecutivo —quien, en Mensaje Especial a la Séptima Asamblea Legislativa, Segunda Sesión Ordinaria, sobre la Reforma del Sistema de Justicia, de 14 de marzo de 1974— expuso:

Por la importancia del puesto y por el significado que repre-senta para la Rama Judicial, propongo una enmienda a la sec-ción 25 de la Ley de la Judicatura —Ley Núm. 11 de 24 julio de 1952— para disponer que cuando el Juez Presidente del Tribunal Supremo nombre a un Juez del Tribunal de Primera Instancia para el cargo de Director Administrativo de los Tribunales, el magistrado designado no pierda, su condición de Juez, aún cuando sus facultades y funciones judiciales queden sus-pendidas mientras ocupe el nuevo cargo.
Esto no implica una limitación o directriz para el Juez Presidente del Tribunal Supremo como poder nominador consti-tucional, sino que amplía su campo de selección. (Bastardillas nuestras.) Pág. 15.

Como resultado, se presentaron dos proyectos de ley idén-ticos: P. de la C. 928 y P. del S. 754. El trámite legislativo desde sus inicios reflejó indubitada e incontrovertidamente que su propósito era swperar la situación estatutaria de en-tonces —que exigía que un juez así designado renunciara a su cargo antes de poder aceptar el de Director Administrativo y que tuviera que ser nombrado nuevamente si quería reinte-grarse a la judicatura— para que “dicho magistrado retenga su condición de Juez mientras se desempeñe como Director Administrativo de los Tribunales, con la salvedad de que se le releve total y absolutamente de sus funciones judiciales”. (Bastardillas nuestras.) Se recalcó que ello “no representaría una renuncia al cargo de Juez”. (Memorando Explicativo del P. de la C. 928.) Con idéntica tónica se explicó el alcance de la medida en los informes separados de las Comisiones Jurí-dico-Civil de la Cámara de Representantes y del Senado —de 30 de abril y 10 de mayo de 1974 respectivamente— al reite-rarse en el primero, que “cuando el nombramiento de Director Administrativo de los Tribunales recaiga en una persona que esté ocupando el cargo de Juez en el Tribunal de Primera Ins-tancia, dicha persona retendrá su cargo, condición y derechos de juez mientras desempeñe las funciones de Director Ad-ministrativo, pero quedará totalmente relevado de las fun-dones judiciales o de otras que emanen de su condición de juez ... [y] la aceptación del cargo no representaría una re-nuncia o desvinculación de la misma”, y en el Informe del Senado, nuevamente se indica que el magistrado así desig-nado . . continuaría en la Judicatura” reteniendo “su cargo, condición y derechos de juez mientras desempeñe tales funciones. La designación no afectaría el transcurso del tér-mino de nombramiento correspondiente al cargo de Juez del Tribunal de Primera Instancia ni los derechos correspondien-tes al amparo de las disposiciones de la Ley de Retiro de la Judicatura. El tiempo que actúe como Director Administra-tivo se le acreditará para fines de retiro”. Terminaba dicho Informe atribuyéndole a la enmienda, entre otras, la ventaja de que “los miembros de la judicatura que fueren selecciona-dos estarían atraídos a aceptar el cargo porque no represen-taría una renuncia a la Judicatura . . .”. (Bastardillas nues-tras. )

Finalmente, la Asamblea Legislativa aprobó el P. de la C. 928, que se convirtió en la Ley Núm. 70 de 14 de junio de 1974. Reza:

Si el nombramiento de Director Administrativo recayere en una persona que esté ocupando un cargo como Juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, dicha persona así desig-nada, retendrá a todos los fines pertinentes, su cargo, condición y derechos de Juez mientras desempeñe las funciones de Director Administrativo. Disponiéndose, que tal designación conlle-vará un relevo total y absoluto, y un impedimento en la realiza-ción de cualesquiera funciones judiciales o de otras índoles que emanen de la condición de Juez, las cuales quedarán suspendidas mientras se desempeñe como Director Administrativo de los Tribunales. Durante tal período devengará el sueldo correspon-diente al cargo de Director Administrativo o el correspondiente a su cargo de Juez, de los dos, el mayor y, una vez cese en el mismo, recibirá aquel sueldo que le habría correspondido si hu-biera continuado las funciones ininterrumpidamente en su cargo de Juez del Tribunal de Primera Instancia. Tal designación no afectará el transcurso del término de nombramiento correspon- diente al cargo de Juez del Tribunal de Primera Instancia que ostente, ni los derechos al amparo de las disposiciones de la Ley de Retiro de la Judicatura. ... El tiempo en que actúe como Director Administrativo de los Tribunales se le acreditará para fines de retiro. (Bastardillas nuestras.)

III

De los antecedentes históricos, estudios, proceso y motivo legislativo y texto, se puede concluir que la ley vigente intro-dujo las siguientes enmiendas sustanciales: (a) amplió la capacidad nominativa del Juez Presidente al reconocer y hacer extensiva su cubierta estatutaria y beneficios a jueces de primera instancia; (b) el magistrado designado continua-ría siendo juez; (c) quedaría relevado automáticamente de sus deberes y funciones judiciales; (d) el magistrado deven-garía el sueldo mayor durante su incumbencia administra-tiva. Siguieron inalterados los derechos existentes al amparo de la Ley de Retiro de la Judicatura al igual de que acrece-rían, al reintegrarse al cargo de Juez, los aumentos decre-tados a la judicatura.

Se puede afirmar, pues, inequívocamente, la existencia de una clara intención estatutaria de que el magistrado desig-nado Director Administrativo por el Juez Presidente —fuera del Tribunal de Distrito o Superior— continuaría siendo juez, reteniendo tal cargo, pues ello no representaría una renuncia ni desvinculación de la judicatura. Si tal designación no im-plica una separación de la Rama Judicial, como tampoco una renuncia al cargo de juez, ¿cómo puede afirmarse que el tér-mino del nombramiento no continúa transcurriendo? Cierta-mente, una cosa es la suspensión de las funciones judiciales durante la incumbencia como Director, y otra la congelación del período regular de nombramiento del cargo de juez.

La ilustrada sala de instancia, al concluir lo contrario, parte de la premisa de que el estatuto es ambiguo y, por ende, debe ser interpretado. La dificultad de este razonamiento es que la ley, con apoyo en su legajo, es todo lo contrario: clara. No hay margen para inferir otro sentido de las expresiones de que el magistrado retendría su condición de juez y ello no conllevaría una renuncia. Más aún, hemos visto que expresa-mente consigna que una vez el juez de primera instancia es designado Director Administrativo de los Tribunales . . [t] al designación no afectará el transcurso del término de nombramiento correspondiente al cargo de Juez del Tribunal de Primera Instancia que ostente . . .”. (Bastardillas nues-tras.) Este lenguaje, en el espíritu expuesto, no tiene otro significado que el de aclarar y estipular que la designación no afectaría ni alteraría que discurriera el tiempo o término original para el cual fue nombrado Juez.

La forma verbal “afectar” debe interpretarse conside-rando el objeto directo “transcurso”. “Transcurso” es la ac-ción de transcurrir, y “transcurrir” es el fluir incesante del tiempo, o el paso o carrera del tiempo. Por otro lado, “afectar” está definido como “menoscabar, perjudicar, influir desfavorablemente”, y como “producir alteración o mu-danza en alguna cosa”. También se define como “'influir”, “producir efeeto en una cosa determinada, disminuir”. Es forzoso concluir que el fluir incesante del tiempo, o su paso o carrera, no queda afectado o menoscabado o perjudicado con respecto al término, límite o duración del cargo de juez mientras éste ocupe la posición de Director Administrativo. En otras palabras, si la acción de transcurrir no queda afec-tada, el transcurso del tiempo continúa, no se paraliza ni suspende. “No afectará”, en su más corriente y usual signifi-cación, no quiere decir otra cosa que no producirá ningún efecto, esto es, que no tendrá ningún efecto sobre el fluir del tiempo. Éste continúa fluyendo. Si el legislador hubiese que-rido que el transcurso del término se paralizase o suspendiese, así lo hubiera expresado inequívocamente. Concluimos, por tanto, que es errónea la interpretación en el sentido de que el vocablo “afectar” significa que paraliza, detiene o suspende el fluir del tiempo, con el resultado de que “extiende” o “pro-rroga” el término de doce años por el que fue nombrado el juez sujeto de este recurso, al expresar que el término du-rante el cual sirvió como Director Administrativo no le cuenta para el término por el que fue nombrado juez.

Además, el foro primario incurre en el error de comparar este estatuto con el Art. 1.017A de la Ley Electoral de Puerto Rico —Núm. 85 de 28 de junio de 1978 — , que cubre la si-tuación cuando un juez es nombrado Miembro de la Junta Revisora Electoral. Hemos de reconocer que dicha Ley está redactada en términos generales similares a los de la Ley Núm. 70 de 14 de junio de 1974, y, además, está inspirada en con-ceder supuestamente iguales beneficios al juez así nombrado para dicha Junta Revisora Electoral.

El uso de esta analogía presenta la dificultad de que la Ley Núm. 70 contempla la designación del cargo de Director Administrativo de los Tribunales creado por el Art. V, Sec. 7 de la Constitución y por la See. 25 de la Ley de la Judicatura, a discreción del Juez Presidente del Tribunal Supremo. Por otro lado, la Ley Núm. 85 de 28 de junio de 1978 versa sobre un nombramiento por el Gobernador de Puerto Rico de un juez para miembro de la Junta Revisora Electoral, creado por la Ley Electoral de Puerto Rico. Ya hemos indicado nuestra preocupación y las serias interrogantes constitucionales que plantea esta última situación, a saber, el que un juez ocupe un cargo o puesto fuera de la Rama Judicial, en cualesquiera de las otras dos ramas y que, mientras tanto, continúe vinculado a la judicatura. Ello parecería interferir con los parámetros constitucionales de cada Poder.

IV

Ahora bien, para fines de discusión hemos de suponer como plausible prima facie la conclusión del tribunal senten-ciador “... como una cuestión de derecho que cuando la Legis-latura que aprobó la Ley Núm. 70 dice que ‘tal designación no afectará el transcurso del término de nombramiento corres-pondiente al cargo de Juez del Tribunal de Primera Instancia que ostente’, lo que realmente quiso decir es que mientras la persona designada desempeñe el cargo de Director Adminis-trativo, el término que le falte de su nombramiento no va a quedar afectado y aquella parte del mismo no vencido aún transcurrirá una vez la persona se reintegre a su cargo de juez”. (Bastardillas en el original.)

A poco que reflexionemos nos percatamos que de interpretar la referida See. 25 de la Ley de la Judicatura en el sentido de que el término servido por un Juez Superior como Director Administrativo de los Tribunales no se le rebajará del término de doce años para el cual fuera nombrado como juez, vulneraría la prohibición constitucional de que “[n]inguna ley prorrogará el término de un funcionario público ni disminuirá su sueldo o emolumentos después de su elección o nombramiento”. Art. VI, Sec. 10.

El Juez recurrido tomó posesión de su cargo como Juez del Tribunal Superior en 27 de marzo de 1968. Hemos visto que a esa fecha la Ley de la Judicatura disponía que el nom-bramiento sería por doce años y hasta que su sucesor fuese nombrado. Por tanto, cronológicamente su término expiró el 26 de marzo de 1980.

No fue hasta el 14 de junio de 1974 que se enmendó la See. 25 de la Ley de la Judicatura para autorizar la desig-nación, por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, de un juez para el cargo de Director Administrativo de los Tribuna-les, disponiendo que dicho juez “ . . retendrá a todos los fines pertinentes, su cargo, condición y derechos de Juez mien-tras desempeña las funciones de Director Administrativo”. Al amparo de la referida enmienda, el Juez Presidente de-signó al juez recurrido como Director Administrativo.

Comoquiera que ya ocupaba el cargo de juez que vencería el 26 de marzo de 1980, no podía aprobarse ninguna ley que extendiera el vencimiento del nombramiento de juez para una fecha que recayere después de dicho vencimiento. Si se enten-diese que durante el término de tres años cuatro meses en que ocupó el puesto de Director Administrativo quedó suspendido el transcurso del término de su cargo judicial, el vencimiento de dicho cargo se extendería por el referido período adicional, lo que chocaría con la prohibición constitucional mencionada.

El foro de instancia estimó erróneamente que las Leyes Núms. 70 y 85 “lo que hacen es interrumpir el término de nombramiento de un funcionario, no lo prorrogan”. (Bas-tardillas nuestras.) No existe tal diferencia. Ya se caracte-rice como interrupción, o se usen los sinónimos suspensión, paro, u otros, nos parece que el efecto único del estatuto, así interpretado, es prorrogar el término de nombramiento del juez concernido en el caso de autos, aplazando, demorando o prolongando por 40 meses adicionales el término de doce años del Juez Negrón Soto. Sea directamente mediante dis-posición de ley expresa, o indirectamente, por interpretación judicial, esta consecuencia precisamente está vedada por la prohibición constitucional precedentemente aludida.

Por ende, bajo cualesquiera alternativas de hermenéutica, la premisa de que la ley que nos ocupa extiende el término del juez mientras éste se desempeña como Director Administra-tivo, violenta la Constitución. La forma de superar este esco-llo es considerar que la ley no prorroga el término, por no disponerlo así su texto como tampoco permitirlo su interpre-tación. De ese modo, por ser cónsona, cumple con la regla básica de hermenéutica que favorece el mantenimiento de la constitucionalidad de una ley. Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945, 953 (1960); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958).

Se revocará la Sentencia del Tribunal Superior, Sala de Carolina fechada 9 de mayo de 1980.

El Juez Asociado Señor Rigau emitió opinión disidente. El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Dávila y Torres Rigual se inhibieron. El Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz no participó en la decisión.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 1981

En este caso la controversia inmediata gira sobre la cues-tión de si está vencido o no el nombramiento por doce años de un Juez Superior de Puerto Rico. Decimos la “controversia inmediata” porque, además de esa, forma parte de la atmós-fera del caso la controversia mayor de si una decisión adversa al demandado constituye una indebida o ilegal intromisión del Poder Judicial en la facultad de nombramiento del Primer Ejecutivo del país. Hemos de dirigirnos a ambas cuestiones, ya que estimamos que es de considerable importancia que se aclaren en lo posible las mismas.

Sobre el nombramiento de jueces, la See. 8 del Art. Y de la Constitución de Puerto Rico dispone, en lo pertinente, que los jueces serán nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. El término por el cual servirán los Jueces del Tribunal Supremo está fijado por la Constitu-ción y los términos para los Jueces del Tribunal de Primera Instancia están fijados por ley.

Como parte de la reforma política y administrativa que se llevó a cabo en Puerto Rico en la década del ‘50, Puerto Rico se dio una Constitución moderna, con un moderno Ar-tículo Judicial —el Art. V de dicha Constitución— y una ex-celente Ley de la Judicatura, la cual siguió las líneas gene-rales del mejor pensamiento contemporáneo sobre la materia. 4 L.P.R.A. sec. 1 y ss.

La Convención Constituyente de Puerto Rico, la cual aprobó la Constitución de este país, y la Asamblea Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico, quienes aprobaron la Ley de la Judicatura, no trataron livianamente los importantes asun-tos de la independencia judicial y de la organización de dicha rama. Así se ha reconocido generalmente. El citado Artículo de la Constitución —el Artículo Judicial— mereció el si-guiente comentario de Roscoe Pound:

Your letter of November 30th, [1952] with a copy of the Judicial Article which the Committee on the Judiciary has submitted to the Constitutional Convention for adoption as part of the Constitution now being drafted for Puerto Rico, was delayed in reaching me. I have just read it attentively and feel that you and your Committee are to be congratulated on an excellent bit of work. Your draft seems to me to be in accord with the best that has been thought and written on the subject, and entirely justified by experience. The unified judicial organization which you propose will put Puerto Rico in the forefront not only of American jurisdictions but of countries generally. (Carta del Profesor Pound al Hon. Ernesto Ramos Antonini, Presidente de la Cámara de Representantes de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, fechada a enero 3 de 1952. Obra copia en la biblio-teca del Juez ponente.)

Puede verse también sobre el particular Puerto Rico Committee Drafts Excellent Judicial Article, 35 Journal of the American Judicature Society 122 (1951); Clark «fe Rogers, The New Judiciary Act of Puerto Rico: A Definite Court Reorganization, 61 Yale L.J. 1147 (1952); Snyder, New Puerto Rico Judicial System is Modern and Efficient, 36 Journal of the American Judicature Society 134 (1953); Shelden D. Elliott, “Our Faith injustice”: Puerto Rico Shoios the Way to Better Courts, 42 American Bar Association Journal 25 (1956); Antonio Negrón García, Puerto Rico Updates its Courts, 58 Journal of the American Judicature Society 350 (1975); Fanny Klein, Federal and State Courts Systems, Institute of Judicial Administration, Ballingher Pub. Co., 1977, págs. 156-163.

Desde luego, como toda institución humana, al pasar del tiempo se hace necesario revisarla y actualizarla. José Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1978, pág. 157 y ss.; Pueblo v. Morcelo Martínez, 104 D.P.R. 20, 22 (1975).

El demandante fue nombrado Juez Superior en 27 de marzo de 1968 por un término de doce años a tenor con la Sec. 12 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. see. 92. En 14 de junio de 1974 fue nombrado Director Administrativo de la Oficina de Administración de los Tribunales, a tenor con las disposiciones de la See. 25 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico, según enmendada por la Ley Núm. 70 de 14 de junio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 331). Desempeñó dicho cargo del 17 de junio de 1974 al 16 de octubre de 1977, un total de 40 meses.

Para el mes de marzo de 1980 el señor Gobernador tomó la posición de que el término de doce años por el cual había sido nombrado el juez demandante había expirado y designó a otra persona para sustituir en su cargo al juez demandante.

El juez demandante presentó en el Tribunal Superior una demanda de injunction en solicitud de que se detuviese la acción del señor Gobernador que le destituía de su cargo, ya que había que esperar que se venciesen los doce años por el cual había sido nombrado, para que tal acción del Gobernador fuese válida. Tuvo éxito en el Tribunal Superior y ante nos recurrieron los demandados en petición de revisión.

La Oficina de Administración de los Tribunales se creó mediante la See. 25 de la Ley de la Judicatura del año 1952 (4 L.P.R.A. see. 331). Mediante la Ley Núm. 103 de 29 de junio de 1960 se añadió el siguiente párrafo, a la citada See, 25 de la Ley de la Judicatura:

Si el nombramiento de Director Administrativo recayere en una persona que esté ocupando un cargo como Juez del Tribunal Superior al momento de extendérsele nombramiento, dicha persona así designada retendrá todos sus derechos al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 12, de 19 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Retiro de la Judicatura, y el tiempo en que actúe como Director Administrativo de los Tribunales se le acreditará como si hubiera servido como Juez Superior.

Se observará que el propósito de ese párrafo fue establecer que si un juez era nombrado Director, se le extenderían en ese cargo los beneficios de retiro como juez. Lo relativo a la acreditación del tiempo, naturalmente lo que quería añadir es que el tiempo servido como Director se le acreditará al retiro como si hubiese servido de Juez Superior. El propósito no fue establecer que el tiempo servido como Director Administra-tivo de los Tribunales redujese el término del juez que acep-tase ser Director Administrativo. El propósito fue favorecer al juez que aceptase el cargo administrativo, no penalizarlo por ello.

Que ese fue el propósito legislativo surge de la Ley Núm. 42 de 29 de mayo de 1964, que enmienda ese párrafo dis-poniendo expresamente que la referencia al tiempo servido es “para fines de retiro”, y añade que “. . . el tiempo en que actúe como Director Administrativo de los Tribunales se le acreditará para fines de retiro como si hubiera servido como Juez Superior”.

Dicha Ley Núm. 42, adicionó, además, el siguiente pá-rrafo :

Si mientras ocupare el cargo de Director Administrativo dicha persona fuere nuevamente nombrada para ocupar un cargo de Juez Superior, recibirá en su nueva posición aquel sueldo que le habría correspondido si hubiera continuado in-interrumpidamente en su anterior cargo de Juez Superior, y, por tanto, el tiempo que sirvió como Director Administrativo le será acreditado como servido en calidad de Juez Superior.

Mediante la Ley Núm. 70 de 14 de junio de 1974, se en-mendó nuevamente el texto de la See. 25 de la Ley de la Judi-catura. El último párrafo de dicha sección ahora dispone como sigue. Lo copiamos íntegro por razón de objetividad y porque contiene una cláusula que es vital para la interpreta-ción de la ley y para la resolución de este caso. Dice dicho párrafo:

Si el nombramiento de Director Administrativo recayere en una persona que esté ocupando un cargo como Juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, dicha persona así desig-nada, retendrá a todos los fines pertinentes, su cargo, condición y derechos de Juez mientras desempeña las funciones de Director Administrativo. Disponiéndose, que tal designación conllevará un relevo total y absoluto, y un impedimento en la realización de cualesquiera funciones judiciales o de otras índoles que emanen de la condición de Juez, las cuales quedarán suspendidas mien-tras se desempeñe como Director Administrativo de los Tribu-nales. Durante tal período devengará el sueldo correspondiente al cargo de Director Administrativo o el correspondiente a su cargo de Juez, de los dos, el mayor y, una vez cese en el mismo, recibirá aquel sueldo que le habría correspondido si hubiera continuado las funciones ininterrumpidamente en su cargo de Juez del Tribunal de Primera Instancia. Tal designación no afectará el transcurso del término de nombramiento correspon-diente al cargo de Juez del Tribunal de Primera Instancia que ostente, ni los derechos al amparo de las disposiciones de la Ley de Retiro de la Judicatura, sees. 233 a 246 de este título. El tiempo en que actúe como Director Administrativo de los Tribunales se le acreditará para fines de retiro. (Énfasis suplido.)

De la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 70 de 14 de junio de 1974 surge que el texto copiado obedece a un Informe sometido el 21 de enero de 1974 por la Comisión para Estudio de los Tribunales al Consejo sobre la Reforma de Justicia, en el que se recomienda que cuando un juez sea nombrado Director, dicho magistrado retenga su cargo y condición de juez.

Surge, además, que la Asamblea Legislativa aprobó la en-mienda, entre otras, para hacer más atractivo para los jueces el cargo de Director, al no conllevar una renuncia o desvincu-lación de la judicatura. De lo anterior se colige que el objetivo principal de la enmienda fue que los jueces retuvieran su status como tales.

El texto citado, además de establecer que un juez nom-brado Director conserva su cargo, condición y derechos de juez, expresamente dispone que el nombramiento de Director “no afectará el transcurso del término de nombramiento co-rrespondiente al cargo de Juez” ni sus derechos de retiro. (Énfasis suplido.)

La determinación de las cuestiones ante nos, nos lleva a aplicar las reglas generales de hermenéutica contenidas en nuestro Código Civil, que es nuestro Derecho supletorio.

“Las palabras de una ley deben ser generalmente enten-didas en su más corriente y usual significación, sin atender demasiado al rigor de las reglas gramaticales, sino al uso general y popular de las voces” (Énfasis suplido.) Código Civil, Art. 15. (31 L.P.R.A. sec. 15.)

“Cuando las palabras de una ley son dudosas, su sentido debe ser buscado por el examen y comparación de las frases dudosas con otras palabras y sentencias que les estén rela-cionadas, en el orden de una buena investigación, para llegar a su verdadero significado.” Código Civil, Art. 17. (31 L.P.R.A. sec. 17.)

“Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo ob-jeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro.” Código Civil, Art. 18. (31 L.P.R.A. sec. 18.)

“El medio más eficaz y universal para descubrir el ver-dadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudo-sas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron ál poder legislativo a dictarla.” Código Civil, Art. 19. (31 L.P.R.A. sec. 19.)

A tenor con lo anterior, debemos buscar el significado co-rriente, usual y popular de la palabra clave en la expresión legislativa que estamos examinando. En el Diccionario de la Lengua Española, 19na ed., 1970, aparecen 9 acepciones de la palabra “afectar”. Las primeras 6 no aplican en el presente contexto. Las restantes 3 leen como sigue: “7. Menoscabar, perjudicar; influir desfavorablemente. 8. Producir alteración o mudanza en alguna cosa. 9. Imponer gravamen u obligación sobre alguna cosa, sujetándola el dueño a la efectividad de ajeno derecho.”

En nuestro medio en Puerto Rico —cuyo conocimiento es determinante para el debido entendimiento de lo que quiso decir el Legislador— el uso común de la palabra “afectar” es el sétimo, esto es, el que implica menoscabar, perjudicar o influir desfavorablemente.

En el presente contexto, las primeras dos acepciones del sétimo significado son las realmente aplicables. Al sustituir-las por la palabra “afectar” en la expresión que examinamos, podemos determinar su verdadero sentido: el nombramiento de un juez como Director no afectará, esto es, no menosca-bará ni perjudicará el transcurso del término de doce años por el cual fue nombrado el juez demandante. Esa expresión “no afectará”, significa que el término servido por el juez como Director Administrativo no se le rebajará del término de doce años de su incumbencia como juez. Así es como se cumple con la Ley, no afectándole o menoscabándole ni per-judicándole en su término judicial de doce años. De otro modo, se estaría vulnerando la Sec. 12 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. see. 92, la cual dispone que todo juez será nom-brado y desempeñará su cargo por un término de doce años.

Como puede verse, el propósito fue ampliar los beneficios como medio de atracción y no concuerda ese esquema con la noción de que los beneficios anteriores se reduzcan, como lo sería el que se disponga que el término administrativo de servicio como Director se incluya en el término judicial de incumbencia como juez. La intención fue adicionar, y no pri-var de derechos o beneficios que anteriormente se disfrutaban.

Esa protección de la judicatura y de la independencia judicial se sigue manifestando en legislación posterior de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Así, por ejemplo, la Ley Núm. 85 de 28 de junio de 1978 (16 L.P.R.A. sec. 3017a), dispone que si el nombramiento de Miembro de la Junta Re-visora Electoral recayere sobre un juez, dicha persona reten-drá, a todos los fines pertinentes, su cargo, condición y dere-chos de juez mientras desempeña las funciones de Miembro de la Junta Revisora.

En esta reciente legislación del año 1978, para que no hubiese la menor duda, la Asamblea Legislativa se tomó la precaución de expresar en la citada sección que “Al retornar a su cargo de Juez comenzará a correr el término que le res-taba al momento de ser nombrado Miembro de la Junta Re-visora”. Véase en ese mismo sentido el Informe de la Comi-sión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre la citada Ley Núm. 85 de 1978. Esa enmienda o aclaración es lo que se llama la aclaración auténtica, pues no la hace un juez ni se hace a propuesta de los tratadistas, sino que la hizo el propio organismo legislativo, fuente primaria de la ley es-crita. Albaladejo, Compendio de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, pág. 29; Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870, 874 (1975).

Las alegaciones hechas en torno a este caso, en el sentido de que el Primer Ejecutivo está exento de la revisión judicial, son contrarias a toda la tradición del Derecho constitucional nuestro y son inconsistentes con el concepto de gobierno cons-titucional, concepto que implica gobierno por poderes limi-tados. Dicho concepto no reconoce funcionario alguno que sea legibus solutus, superior a la ley. No lo reconocía ni el cons-titucionalismo antiguo ni lo reconoce el constitucionalismo moderno. La idea medieval de que el gobernante está sujeto a la ley fue recogida y reivindicada por el Derecho común. Como consecuencia de las crisis constitucionales de Inglaterra del siglo 17, dicha idea quedó definitivamente establecida. De ahí pasó a nuestras constituciones.

Aunque lo haya dicho antes, como el asunto va a la médula de estas cuestiones, parece útil insistir. El principio de la separación de poderes representa la concretización jurídica de una teoría de gobierno. Esta teoría de los gobiernos “divididos” o “mixtos”, como también se le conoce, es una valiosa defensa contra la tiranía y es mucho más antigua que la Constitución de los Estados Unidos y que los escritos de los teóricos políticos de los siglos 17 y 18 que los autores de la Constitución americana conocían tan bien.

La Constitución de la Roma republicana ofrece un ejemplo notable de una cuidadosa separación de poderes. Discusiones del tema se encuentran en Aristóteles (Política), en Platón (Las Leyes) y en Polibio (Historias, Libro VI). El influjo del análisis de Polibio ha llegado hasta el pensamiento moderno. En Inglaterra lo discute en 1583, ya con rela-ción al Derecho constitucional inglés, Sir Thomas Smith (De República Anglorum). El republicano Harrington, en su Oceana (1656) lo trata extensamente.

Las fuentes inmediatas que sobre esto inspiraron a los padres de la Constitución americana fueron Locke, Second Treatise of Government (1690) y especialmente Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, Libro XI (1748), a quien Madison llamó “el oráculo que siempre se consulta sobre estos asuntos”, The Federalist No. 47 (1788). En la formulación americana de la doctrina de separación de poderes también influyó Blackstone, Commentaries on the Lazos of England (1765 y ediciones siguientes), debido a su gran influjo sobre la pro-fesión legal americana durante el primer siglo de ésta. Pound, The Formative Era of American Law (1938). Para excelen-tes discusiones de la doctrina, véase el capítulo “The Separation of Powers: False and True” en Finer, The Theory and Practice of Modern Government, edición revisada 1960, pág. 94; Friedrich, Constitutional Government and Democracy, ed. rev. 1950, pág. 173, y Sharp, The Classical American Doctrine of “the Separation of Powers”, 2 U. Chi. L. Rev. 385 (1935).

Hoy día está reconocido universalmente por los tribunales y por los tratadistas que la separación de poderes no es com-pleta ni absoluta. Puede decirse que nadie pretendió que lo fuese. La imposibilidad práctica de lo contrario fue recono-cida por sus expositores principales y por los propios padres de la Constitución de los Estados Unidos. Madison, The Federalist No. 47.

Como ejemplo de lo anterior en el sentido de que el Poder Ejecutivo está sujeto a la Constitución y a las leyes y de que no hay funcionario legibus solutus en nuestro sistema de go-bierno, véanse Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803); Humphrey’s Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935); Youngstoivn Co. v. Sawyer, (el “Steel-Seizure Case”) 343 U.S. 579 (1952); Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 703-707 (1974); Jimé-nez v. Reiley, 30 D.P.R. 626 (1922); Romero Moreno v. Gore, Gobernador, 46 D.P.R. 408 (1934) y Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759-760 (1977).

La Constitución de Puerto Rico le impone como primer deber al Gobernador cumplir él la ley, y como segundo deber, hacerla cumplir. Art. IV, Sec. 4.

Como puede verse, la legislación patria que antes hemos reseñado demuestra una genuina preocupación por parte de la Asamblea Legislativa por sostener y defender la indepen-dencia judicial en Puerto Rico.

En nuestro sistema, las dos ramas políticas son la Legis-lativa y la Ejecutiva. Sus titulares son electos y tienen respe-tabilísimas funciones que llevar a cabo. Pero, por otro lado, la realidad es que normalmente ambas ramas están bajo el control de un partido político, el de la mayoría.

Como una mayoría puede ser virtuosa y observadora de la Ley, pero como también puede ser arbitraria e irrespetuosa de la Ley, la Constitución provee el sistema de pesos y con-trapesos, para garantizar así libertades de los ciudadanos. Es la Rama Judicial la que en esos casos, actuando imparcial-mente, interpreta y aplica la Constitución y la Ley, para así garantizar a los ciudadanos de todas las ideologías políticas y de toda condición económica y social, sus derechos y liber-tades.

Para que la democracia sea compatible con la libertad, aquélla tiene que contener como uno de sus elementos necesa-rios, el acuerdo de que vamos a estar en desacuerdo. Porque si, en ausencia de una Constitución o en violación de ella, la mayoría, mediante su control del gobierno, negase a la mino-ría su derecho a expresarse y a funcionar políticamente, ha-bría democracia en el estricto sentido de la palabra (gobierno por la mayoría), pero no habría libertad. Las Constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos contienen ese elemento en su garantía de la libertad de palabra y de reunión.

En ausencia de una Rama Judicial competente, preocu-pada e independiente se desvanecerían todas las libertades que aparecen garantizadas en la. Constitución y en las leyes. De ahí la importancia de la independencia judicial. Ésta es imprescindible para que todo el país, todos los ciudadanos, se sientan razonablemente seguros en sus derechos, en sus hogares y en sus trabajos.

Si bien es cierto que la Sec. 10 del Art. VI de la Constitu-ción dispone que no se prorrogará el término de un funciona-rio público después de su nombramiento, esa no es la situación de autos. Aquí no se trata de prorrogar o extender el término de un funcionario público (el juez demandante), sino de pro-tegérselo; de evitar que se lo acorten. El Juez demandante, quien ejercía el cargo de Director Administrativo de los Tribunales, tiene derecho a esa protección; protección que no tiene como propósito principal la protección de un individuo, sino la protección de los principios fundamentales de la ina-movilidad e independencia judicial.

La independencia de la Rama Judicial y la inamovilidad de los jueces, excepto por las causas que determinan las leyes, son factores esenciales para el mantenimiento del imperio de la ley y del estado de derecho. Este concepto básico en nada reduce los poderes de las otras dos ramas del gobierno, la Legislativa y la Ejecutiva, siempre que éstas funcionen den-tro de sus legítimos ámbitos constitucionales.

No hay confrontación; hay —o debe haber— colaboración hacia el bien común. Con respeto para todos, y especialmente para la Justicia y para el espíritu que informa nuestra Cons-titución y la Ley de la Judicatura, yo confirmaría la sentencia recurrida.

         Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico por la Comisión para el Estudio de los Tribunales, pág. 1 (1974).

        Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Ed. Equity, 1961, T. 1, págs. 452-453; T. 4, págs. 2609-2614.

       A manera de algunos ejemplos: asignaciones de jueces como Fun-cionarios Ejecutivos para auxiliar al Juez Presidente como miembro de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representativos (Designaciones fechadas 10 de abril de 1963 y 8 de junio de 1971); Secretario del Consejo sobre la Reforma del Sistema de Justicia (7 de mayo de 1973) ; y Director Administrativo Auxiliar de los Tribunales (6 de diciembre de 1977). Nótese que estas instancias presentan como características comunes: (a) son designaciones temporales del Juez Presi-dente; (b) se relacionan con asuntos u obligaciones de éste o la administra-ción de la justicia; (c) no existe incompatibilidad ética entre el cargo de juez y la asignación especial; y (d) el juez continúa dentro de la Rama Judicial, pero suspendidas sus funciones judiciales.
      Bajo la estructura constitucional vigente, plantearían serias interro-gantes de legalidad e incompatibilidad el que se pretendiera que un juez ocupara un cargo creado por ley fuera de la Rama Judicial y nombrado por los otros dos poderes.

       El peligro de concentrar demasiado poder en una rama de gobierno es evidente. La designación y nombramiento de los jueces exclusivamente por el Poder Judicial, sin la intervención de los otros Poderes, como se ha sugerido, podría crear una “hegemonía de magistrados” o “magistrarcado”, con personas que se renovarían automáticamente sin estar sujetas al escrutinio de funcionarios electos en comicios periódicos. Por otro lado, “[e]s incuestionable que mientras mayor sea el término de duración de un juez en su cargo, menos intervenciones ajenas habrá que afecten la im-parcialidad e independencia judicial que debe permear y caracterizar un sistema judicial. La estabilidad que tales términos imprimen y la ausencia de las presiones psicológicas que la renovación del término de juez con-lleva, son fundamentos suficientes para favorecer tal enfoque.
      “No obstante, preciso es ponderar que ciertos períodos muy extensos y los cargos [de], por vida —sin el diseño de mecanismos apropiados que permitan la revisión y evaluación de los incumbentes, y su separación del servicio por causas no autorizadas al presente— puede [n] propiciar que se mantengan en sus cargos personas incompetentes o cuyo estado físico o mental le[s incapacite] para continuar en el mismo. Cualquier recomenda-ción debe contemplar el establecimiento de la carrera judicial, un balance razonable entre términos extensos, que en el proceso de renominación de un juez no intervengan consideraciones político-partidistas, y la creación de mecanismos adicionales de separación del cargo por causas justificadas.” Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico por la Comisión para el Estudio de los Tribunales, ante, págs. 108-109.

      M. Moliner, Diccionario de Uso del Español, Madrid, Ed. Gredos, 1977.

       G. Cabanellas, Diccionario de Derecho Usual, 5ta ed., Madrid, Ed. Santiliana.

      Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 19na ed., Ed. Espasa-Calpe, 1970.

        Diccionario de la Lengua Española, supra.

        Diccionario de Uso del Español, supra.

         The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 285, enero 1953, pág. 33; Henry Wells, The Modernization of

        Puerto Rico, Cambridge, Massachusetts, Harvard U. Press, 1969; tra-ducción española titulada La Modernización de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1972; Charles T. Goodsell, The Administration of a Revolution, Cambridge, Massachusetts, Harvard U. Press, 1965.

       C. H. Mcllwain, Constitutionalism, Ancient and Modern, New York, Great Seal Books, 1947; Sir W. Holdsworth, A History of English Law, ed. 1945, reimpreso en 1966, T. V, pág. 423 y ss. y T. VI, págs. 3-122; R. Pound, The Spirit of the Common Law, Boston, Marshall Jones Co., 1921, Cap. 3.

       Influyó en Cicerón y en pensadores de la Edad Media como Marsi-lio de Padue y Santo Tomás de Aquino; y en Locke y Montesquieu, entre los modernos.

       Allen, A History of Political Thought in the Sixteenth Century, 1928, pág. 262.

         Banco Popular, Liquidador v. Corte, 63 D.P.R. 66, 70 (1944); Miffitt v. Statler Hilton, Inc., 248 A.2d 581, 583 (1968); Hobson v. Hansen, 265 F.Supp. 902, 915 (1967); Hill v. Relyea, 216 N.E.2d 795, 798 (1966); David v. Vesta Co., 212 A.2d 345, 357 (1965); United States v. Solomon, 216 F.Supp. 835, 840 (1963); Dickson v. Saiz, 308 P.2d 205, 211 (1957); In re Opinion of the Justices, 64 A.2d 169, 172 (1949); Parker v. Riley, 113 P.2d 873, 877 (1941); K. C. Davis, Administrative Law Treatise, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1958, Vol. 1, sec. 1.09; L. L. Jaffe, Judicial Control of Administrative Action, Boston, Little, Brown and Co., 1965, pág. 29, y Sharp, artículo citado, 2 U. Chi. L. Rev. 385 (1935).


author: El Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. William Calviño Cereijo y Ángel E. Calderón Orta, apelantes.

      Número: CR-79-17

      Resuelto: 2 de febrero de 1981

      Heyda McClin, Carmen Ana Rodríguez Maldonado, Enrique Vélez Rodríguez y Rafael Santiago Becerra, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogados de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal en cuanto a las partes I y III; en cuanto a la parte II, emitió su propia opinión a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual, Díaz Cruz y Negrón García.

El 28 de julio de 1978 los apelantes asaltaron un colmado llamado “Tu Amigo” sito en la Urbanización Caparra Heights, en el área metropolitana de San. Juan. Amenazaron a la dueña y a la cajera del establecimiento con una pistola y con una escopeta de dos cañones recortados, arma muy peli-grosa que se prepara y se utiliza deliberadamente para fines criminales.

Los hechos no están en controversia. Como prueba de cargo declararon tres testigos oculares y dos policías. Uno de los apelantes le propinó golpes a la Sra. Olga Lemoine, dueña del establecimiento, y la obligó a entregarle el dinero que había en caja. Aquéllos, al disponerse a salir, se llevaron como rehén a un niño de 3 años que estaba en el negocio. Mientras tanto, alguien avisó a la policía y estando los apelantes toda-vía dentro del establecimiento se presentaron cuatro policías. Al salir los apelantes, hubo un tiroteo. Los apelantes resul-taron ilesos y huyeron en un carro llevándose al niño. Un policía fue muerto y otro fue herido. Más tarde, la policía en-contró el automóvil en que los apelantes huyeron y también al niño.

Los apelantes fueron convictos de asesinato, de dos tenta-tivas de asesinato, de robo, de restricción agravada de liber-tad y de infringir los Arts. 5, 6, 8 y 8A de la Ley de Armas. En apelación señalaron dos errores y uno tercero que deno-minan Señalamiento Adicional.

> — 1

En el primer señalamiento alegan que las acusaciones de tentativa de asesinato no imputan delito porque no dicen expresamente que el asesinato no se consumó por razones ajenas a la voluntad de los acusados. El señalamiento no tiene mérito. A cada uno de los apelantes se le formularon acusa-ciones por el delito de tentativa de asesinato y en ellas se les imputa explícitamente que “allá en o para el día 28 de julio de 1978 . . . ilegal, voluntaria y criminalmente, actuando en concierto y de común acuerdo con otro individuo, con malicia premeditada, deliberación, con intención y propósito decidido y firme de matar, demostrando tener un corazón pervertido y maligno, armados de una escopeta y una pistola, acome-tieron al ser humano Miguel A. Cruz, haciéndole varios dis-paros con la intención de matarlo, sin lograr herirlo”. (Én-fasis suplido.)

En las otras dos acusaciones por el delito de tentativa de asesinato se les imputó que “allá en o para el día 28 de julio de 1978 . . . ilegal, voluntaria y criminalmente, actuando en concierto y de común acuerdo con otro individuo, con malicia premeditada, deliberación, con intención y propósito decidido y firme de matar, demostrando tener un corazón pervertido y maligno, armados de una escopeta y una pistola, acometieron al ser humano Eugenio Rodríguez Báez, haciéndole varios disparos siendo alcanzado con perdigones en la parte frontal, esto lo hizo con la intención de matarlo”. (Énfasis suplido.)

Como se sabe, las acusaciones y las denuncias deberán contener una exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común. Dicha exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley y podrá emplear otras que tengan el mismo significado. En ningún caso será necesario expresar en la acusación o denuncia presunciones legales. Las acusaciones y las denuncias deben informar a los acusados de qué se les acusa, pero no es para ello necesario seguir ningún lenguaje estereotipado o técnico o talismánico. Véase la Regla 35 de las de Procedimiento Criminal. Véanse, además, Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666-667 (1978); Wright, Federal Practice and Procedure, T. 1, see. 123; Turf Center, Inc. v. United States, 325 F.2d 793 (9th Cir. 1963); United States v. Markee, 425 F.2d 1043 (9th Cir. 1970), cert. den. 400 U.S. 847; United States v. Cluchette, 465 F.2d 749, 752-753 (1972); Wharton’s Criminal Procedure, 12ma ed., 1975, Vol. 2, see. 286, pág. 114; y a Wright, Federal Practice and Procedure, Vol. 1, see. 125, págs. 231, 236.

En el caso de autos, los acusados quedaron debidamente informados de los hechos y de la intención que se les imputaban. El que mataron a un policía e hirieron a otro demuestra claramente la intención de los apelantes al hacer los disparos y que si no hubo más muertes ciertamente no fue por falta de intención de los asaltantes.

II

En el segundo señalamiento argumentan que la infracción del Art. 5 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 415, está con-fundida (sic), queriendo decir integrada o fundida, con la infracción del Art. 8A de dicha Ley, 25 L.P.R.A. sec. 418a. Argumentan que la posesión de la escopeta recortada quedó fundida con la portación de dicha arma. Ya en Pueblo v. Fonseca, 79 D.P.R. 36 (1956), resolvimos que los delitos de pose-sión y portación de armas bajo los Arts. 6 y 8 de esa Ley son delitos que pueden cometerse bajo circunstancias distintas que excluyen la posibilidad de fusión de los mismos.

El Art. 8A de la Ley de Armas fue adicionado mediante la Ley Núm. 15 de 30 de octubre de 1975. De la Exposición de Motivos de dicha Ley surge que el propósito de la enmienda fue aumentar las penalidades relacionadas con la posesión, uso y transportación de las categorías de armas utilizadas por criminales habituales o profesionales. Tales armas incluyen las ametralladoras, las carabinas y las escopetas de cañón recortado. A esos fines, la Ley Núm. 15 aumentó las penali-dades a un mínimo de 10 años y un máximo de 25 en los de-litos cometidos con esas armas. Las penalidades para ello aparecen en el nuevo Art. 8A de la Ley de Armas, y las pena-lidades para la mera posesión aparecen en el Art. 39 de dicha Ley, 25 L.P.R.A. see. 449. Se ve que el legislador ha esta-blecido normas distintas para la portación y para el uso de distintas clases de armas, ya que éstas se utilizan usualmente en crímenes muy distintos.

El propio Art. 43 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 453 dispone que:

El proceso y castigo de cualquier persona por cualquiera de los delitos definidos y castigados por este Capítulo no impedirá el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera de las demás disposiciones de este Capítulo, del Código Penal, Título 33, o de cualquiera otra ley.

Se ve claramente que mediante la adición del Art. 8A a la Ley de Armas, adicionado por la Ley Núm. 15 de 30 de octu-bre de 1975, el legislador ha querido proteger a la ciudadanía de los asaltantes profesionales imponiéndoles castigos más severos a estos delincuentes cuando portan, conducen o trans-portan ametralladoras, escopetas, rifles, carabinas y escopetas de cañón recortado o cualquier modificación de esas armas. Reconocemos que la potestad legislativa es suficiente para legislar en esa forma en protección del bien común y soste-nemos dicha legislación. Tampoco se cometió el segundo seña-lamiento de error.

III

En el señalamiento adicional, los apelantes se quejan de que la exposición de la prueba no es suficiente para levantar otros errores y que el tribunal les privó de su derecho de elevar un récord exacto de los procedimientos. En primer lugar, la Exposición Narrativa de la Prueba fue preparada por la propia defensa de los apelantes. A lo que el tribunal se negó fue a que en un documento posterior preparado por la defensa se levantaran las siguientes dos cuestiones. La primera se relaciona con dos noticias publicadas en el perió-dico El Vocero. Sobre éstas, el magistrado, mediante su reso-lución de 3 de enero de 1980, determinó que luego de ser in-terrogados los jurados, solamente uno expresó que había leído la referida información de El Vocero y que, además, contestó no tener opinión formada sobre los hechos y no haber hablado con los compañeros del jurado sobre los mismos.

En cuanto al segundo planteamiento hecho en dicho seña-lamiento adicional, se quejan de que el fiscal preguntó al tribunal en alta voz sobre un caso pendiente del acusado Calviño por el delito de fuga. La realidad es que el fiscal lo único que preguntó fue por un número de un caso, sin hacer mención a ningún otro detalle, y se le informó que ese caso no estaba para verse ese día. No se identificó ni al acusado ni el delito. Este breve intercambio no pudo perjudicar a dicho apelante en nin-guna forma sustancial, considerando en su totalidad los hechos que presenta este caso.

Los apelantes se quejan de que no se les permitió preguntar a los jurados sobre el efecto adverso que pudo haber tenido la información periodística. El error, de haberse cometido, no fue perjudicial en forma que amerite una revocación, ya que el propio magistrado preguntó eso a los jurados y sólo uno contestó en la afirmativa, con los resultados antes dichos. Tampoco fue perjudicial la admisión de la fotografía del niño, ya que con la prueba de los testigos oculares y de los policías que encontraron al niño en el carro que los asaltantes dejaron abandonado, se probó hasta la saciedad la presencia del niño en el lugar de los hechos.

No habiéndose cometido los errores señalados, se confir-marán las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente en cuanto al segundo señalamiento de error, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Dávila. El Juez Asociado Señor Martín con-curre en el resultado.

—O—

Opinión disidente en parte del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 1981

Disiento de aquella parte de la opinión de este Tribunal en que se resuelve que el delito de posesión de una escopeta recortada, tipificado en el Art. 5 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 415, no está fundido necesariamente en el de portación de dicha arma, definido en el Art. 8A de dicha ley, 25 L.P.R.A. sec. 418a.

El caso de Pueblo v. Fonseca, 79 D.P.R. 36 (1956), en que se ampara la opinión del Tribunal es inaplicable a la situación que plantean los citados Arts. 5 y 8A. En Fonseca el apelante fue convicto de violar los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, respectivamente, que prohíben, el 6 la posesión y el 8 la portación de una pistola, revólver u otra arma de fuego, “sin tener una licencia para ello expedida”. Resolvió este Tribunal, pág. 40, que: “El de-lito penado por el art. 8 de la ley por la portación ilegal de un arma de fuego cargada, es también uno separado y dis-tinto del delito penado por el art. 6 sobre posesión ilegal de un arma de fuego. Se consuma bajo circunstancias y normas de ley distintas que excluyen la posibilidad de confusión {merger) de los mismos”.

No se elaboraron en Fonseca las razones para así decidir. Un examen de la Ley de Armas revela, en apoyo de ello, que para obtener una licencia para poseer un arma se requieren razones y trámites distintos a los requeridos para la obten-ción de una licencia para portar un arma. De tal suerte, una persona puede tener licencia para poseer, pero no para portar un arma, e infringir, por tanto, el Art. 8, pero no el 6 de la Ley de Armas.

La situación es distinta en cuanto se refiere a los Arts. 5 y 8A, pues la ley no contempla la expedición de licencias para poseer o para portar escopetas de cañón cortado. No puedo concebir que una persona porte una cosa sin tener su posesión en el momento de portarla. En consecuencia, el delito de poseer dicha arma forma parte de, y está incluido y necesa-riamente fundido en el de portarla.

Una comparación de los Arts. 5 y 8A revela que el Art. 5 prohíbe la posesión y uso, mientras que el 8A prohíbe portar, conducir o transportar las armas allí enumeradas, que inclu-yen la escopeta de cañón recortado. Como el Art. 5 sólo pro-híbe la posesión o uso, era necesario añadir el 8A para in-cluir todas las circunstancias bajo las cuales se podrían utili-zar dichas armas prohibidas.

Es de notarse que la violación de dichos artículos es pena-ble de manera idéntica: mínimo de 10 y máximo de 25 años de reclusión. Véanse el escolio 1, ante, y el Art. 39 de la Ley de Armas allí citado. El Art. 8A no es, por tanto, un “delito agravado”. Hace tan ilegal y punible la portación y trans-portación de las armas allí mencionadas, como los Arts. 5 y 39 su posesión o uso. Como bajo ninguna circunstancia se puede tener legalmente una escopeta de cañón recortado, no cabe la distinción hecha en Fonseca entre la posesión y porta-ción del arma para establecer una base para condenar al aquí apelante de la infracción de los dos artículos como delitos independientes.

Una segunda razón por la cual no es autoridad la deci-sión de Fonseca es que desde González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136 (1971), este Tribunal abandonó la norma de “la misma prueba” y adoptó la norma del “mismo acto u omi-sión”. Al interpretar dicha norma en Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 345 (1977), dijimos que ésta incluía “no sólo un acto físico único sino también, en determinadas circunstancias, un curso de acción” y que cuando un delito es un medio necesario para cometer el otro, sólo se impondrá la pena correspondiente al delito más grave. La norma para de-terminar la existencia del concurso ha sufrido un cambio drástico desde la decisión de Fonseca y arroja dudas sobre la validez actual de dicha decisión, en vista de lo resuelto en Meléndez Cartagena.

Las convicciones por posesión y portación ilegal de una escopeta recortada surgen en el caso ante nos de un mismo curso de acción e impulso: el asalto del colmado “Tu Amigo”. Según señalamos antes, para poder portar una escopeta de ese tipo se requiere como medio necesario para la comisión de dicho delito su posesión ilegal. De manera que al recaer una convicción por portación ilegal se impide una condena por posesión, pues el delito de posesión se funde con el de porta-ción. Sin embargo, la mera posesión no necesariamente im-plica una portación o transportación ilegal y es, en este as-pecto, que se requiere la enumeración de todas las circunstan-cias en que se prohíbe el uso de dichas armas.

En conclusión, estimo que una violación de los Arts. 5 y 8A que ocurra durante un mismo curso de acción o impulso, no puede castigarse separadamente bajo ambos Arts. 5 y 8A. Puede acusarse por portación y recaer un fallo bajo el Art. 8A y, en circunstancias en que la portación no se prueba, recaer un fallo bajo el Art. 5 si se prueba el uso o la posesión ilegal. De acusarse bajo ambos artículos, solamente podrá castigarse bajo uno de ellos, no bajo ambos.

En cuanto a la aplicabilidad del Art. 43 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 453, citado en la opinión de este Tribunal, baste señalar que ninguna ley puede contravenir derechos constitucionales. Reconocimos en González v. Tribunal Superior, supra, pág. 140, que el Art. 44 del entonces vigente Código Penal, adoptado en el Código Penal de 1974 como Art. 63 (33 L.P.R.A. see. 3321) “tiene un alcance mayor que el de proteger a un acusado de la doble exposición que veda la Constitución del Estado Libre Asociado, sino que lo protege de que por un solo acto punible se le castigue más de una vez”.

De estar ante una situación de concurso de delitos no se podría interpretar el Art. 43 de la Ley de Armas para per-mitir que se castigue al apelante por dos delitos —posesión y portación de la escopeta recortada— que ocurrieron simul-táneamente como parte de un mismo acto o evento. De ser ése el alcance del Art. 43 —permitir sentencias por ambos deli-tos— sería inconstitucional bajo el razonamiento de González v. Tribunal Superior.

Considero, por las razones expuestas, que se cometió el segundo error y que no procedía la convicción y condena, como delitos separados, bajo los Arts. 5 y 8A de la Ley de Armas.

       Dichos artículos disponen como sigue:
      Art. 5 — Posesión de ametralladora, carabina o escopeta de cañón cortado.

      “Toda persona que posea o use sin autorización de ley una ametralla-dora, carabina, o escopeta de cañón cortado así como cualquier modificación de éstas, será culpable de delito grave. Esta sección no será aplicable a la posesión o uso de estas armas en el cumplimiento de sus deberes oficiales por miembros de la Policía, el alcaide, el superintendente o cualquiera de sus auxiliares de cualquier prisión, penitenciaría, cárcel de distrito o municipal, o cualquier otra institución para la detención de personas con-victas o acusadas de algún delito o detenidas como testigos en casos criminales, incluyendo alguaciles y alguaciles auxiliares, o cualquiera otros funcionarios del orden público, así como tampoco a la posesión o uso de estas armas por cualquier persona en funciones de su cargo en el servicio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en Puerto Rico, o en el servicio de correos, aduanas e inmigración de los Estados Unidos, o en cualquier servicio del Gobierno de Estados Unidos que por la ley de su creación le autorice a usar tales armas, así como tampoco a la posesión por cualquier empresa de transportación mientras éstas las transporte directa-mente para su entrega en cualquier sitio para uso de los funcionarios o personas anteriormente nombrados.”
      Art. 8A — Delito agravado

      “Toda persona que porte, conduzca o transporte, sin autorización de ley, una ametralladora, escopeta, escopeta de cañón cortado, rifle, carabina o cualquier modificación de estas armas será sancionada con pena de re-clusión por un término mínimo de 10 años y máximo de 25 años.”
      En virtud del Art. 39 (25 L.P.R.A. see. 449) la penalidad para la infracción del Art. 5 es la misma que para el 8A: mínimo de 10 y máximo de 25 años de reclusión.

       Dice así:
      “El proceso y castigo de cualquier persona por cualquiera de los delitos definidos y castigados por este Capítulo no impedirá el proceso y castigo de la misma persona por cualquier otro acto u omisión en violación de cualquiera de las demás disposiciones de este Capítulo, del Código Penal, Título S3, o de cualquiera otra ley.”

      Dispone dicho artículo:

        “Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en ningún caso bajo más de una.
      “La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera de las demás.”