author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Díaz Cruz. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Marino Cruz La Corte y Manuel Durán, recurrentes, v. Luis Mojica Sandoz, Registrador de la Propiedad de Caguas, Puerto Rico, recurrido.

      Número: O-79-457

      Resuelto: 15 de febrero de 1980

      Gaspar Gerena Bras, abogado de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión a resolver es si son anotables la solicitud para prorrogar un aviso de pleito pendiente (lis pendens) y la contestación a una demanda de intervención. Fallamos que es anotable la primera, mas no la segunda.

Los recurrentes, señores Cruz La Corte y Durán, demandaron el 30 de marzo de 1971 a los esposos Cartagena Córdova para obtener el traspaso de determinado inmueble conforme a un contrato de opción de compra. El 15 de febrero de 1974 fue anotado en el Registro de la Propiedad el correspondiente aviso de litispendencia.

El 3 de agosto de 1978 los esposos Deyá Meléndez radicaron una solicitud de intervención en la cual alegan que adquirieron de los esposos Cartagena Córdova el inmueble en disputa por escritura no inscrita de 28 de julio de 1972. Los recurrentes contestaron que los esposos Deyá Meléndez no son terceros de buena fe. Solicitaron además la prórroga de lis pendens por cuatro años adicionales o hasta la terminación del pleito.

Presentada la contestación al Registro, el Registrador se negó a efectuar las anotaciones requeridas. Su Nota de Suspensión expresa:

“Suspendida la anotación de este documento luego de haberse notificado el 21 de febrero de 1979, por no ser acto registrable. Al margen de la inscripción 3ra se halla anotada la acción judicial instada por el demandante con todos los efectos jurídicos que tal acto conlleva. Sí se podrá hacer constar la resolución judicial prorrogando la anotación pero no la solicitud hecha en tal sentido.”

Los avisos de pleito pendiente y las anotaciones preventivas del género que nos ocupa tienen un historial interesante en Puerto Rico que arroja luz sobre el asunto a decidir. Antes de 1904 contábamos únicamente con el concepto de la anotación preventiva de nuestra Ley Hipotecaria de 1893.() El Art. 42 de esta Ley, 30 L.P.R.A. sec. 91, dispone en parte:

“Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro Público correspondiente:
Io El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real. . . .”

En 1904 adoptamos el Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho, basado en el de California de 1872 y descendientes ambos, al menos en lo que respecta a la disposición que a continuación examinamos, de un estatuto de Nueva York. El Art. 91 del Código, 32 L.P.R.A. see. 455, proveía:

“En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción... .”()

Este artículo introdujo en Puerto Rico la institución angloamericana del lis pendens,() la cual persigue fines análogos a los de la anotación preventiva del derecho civil. Ocurrieron lapsos en el proceso de su adopción. No aprobamos los mecanismos necesarios para reglamentar el aviso de pleito pendiente, situación que sorteamos en Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 452, 458 (1947). Lo que es más grave, olvidamos que la figura del lis pendens en California y Idaho se rige en parte por estatuto y en parte por preceptos del derecho común angloamericano. MacDermont v. Hayes, 170 P. 616, (Cal. 1917). Únicamente nos apropiamos de la primera parte.() Ya que las normas del derecho común angloamericano no se aplican en Puerto Rico en ausencia de ley, Romeu v. Todd, 206 U.S. 358 (1906), vivimos desde 1904 una versión trunca del lis pendens.

Aun así, la nueva institución fue de utilidad, pues ofreció una alternativa sencilla a los demandantes y a los reconvinientes en casos apropiados para avisar a terceros de sus reclamaciones respecto a determinados inmuebles. Vistas las numerosas diferencias entre el aviso de pleito pendiente a que alude el Art. 91 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil y la anotación preventiva a que se refiere el primer apartado del Art. 42 de nuestra Ley Hipotecaria, retuvimos ambas instituciones.() La figura empleada en el caso de autos fue nuestra versión del lis pendens.

Para 1923 advertimos una deficiencia importante de estas instituciones. Tanto las anotaciones preventivas como las de aviso de pleito pendiente eran cancelables al terminar el pleito, pero a menudo no se cancelaban y se eternizaban en los Registros, junto a otros gravámenes. Según relata uno de los autores del anteproyecto de ley que pronto corregiría el problema, esta situación dificultaba el comienzo de las operaciones en Puerto Rico del Federal Land Bank of Baltimore, J. Sabater, Práctica Civil, T. II, Tip. Yauco, s.f., pág. 634 y ss. Ello causó, según Sabater, la adición de un nuevo artículo, el 388-A, a la Ley Hipotecaria, mediante la Ley Núm. 12 de 29 de agosto de 1923,30 L.P.R. A. see. 703. El referido artículo decreta:

“Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenticada ante notario procederán a cancelar en el respectivo registro:

(b) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demandas y cualesquiera otras hechas en virtud de mandamiento judicial que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa.”

El texto de la nueva ley parecía aplicar en la parte pertinente, tan solo a la anotación preventiva. En Aguilar v. Registrador, 57 D.P.R. 610 (1940), aclaramos su alcance y lo extendimos al aviso de cuestión litigiosa. En Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 461, 462 (1947), resolvimos que el lis pendens retenía su eficacia, aunque transcurriesen los cuatro años que especificaba esta enmienda a la Ley Hipotecaria, hasta que se solicitase su cancelación. A instancia de parte, el Registrador tiene que cancelar el aviso por extinción del derecho anotado, sin notificación a otras partes y sin tomar en consideración el estado del pleito.() Se advertirá el peligro que corre el reclamante cuando solicita una prórroga y los tribunales tardan en concederla. Su aviso de pleito pendiente puede ser cancelado y el inmueble puede ser vendido a un tercero de buena fe sin sombra del antiguo gravamen, consecuencia ajena al propósito del estatuto. Hay un modo sencillo de evitar esta injusticia: anotar la solicitud de prórroga.

Tal es el método usado en España cuando se resolvió corregir en la Ley Hipotecaria de 1944 la situación advertida en Puerto Rico en 1923. Las solicitudes para prorrogar el plazo de cancelación de las anotaciones preventivas son anotables en España. Art. 86 de la referida ley. R. Casero Fernández, Leyes Hipotecarias, 2da ed., Madrid, Aguilar, S. A., 1969, pág. 298. Este propio Tribunal ordenó en Planellas v. Sucn. Planellas, 58 D.P.R. 939 (1941), la anotación de una prórroga de esta índole. Ya que tanto la anotación preventiva como el lis pendens tienen como fin dar aviso de la pendencia del litigio, igual derecho debe asistir al recurrente en este caso.

La nueva Ley Hipotecaria, Ley Núm. 198 de 15 de agosto de 1979, que comenzará a regir al año de su aprobación, ha consolidado la anotación preventiva y el lis pendens. Art. 112(1). No nos corresponde en esta ocasión analizar su efecto, ni su relación con las disposiciones de la nueva Regla 56.7 de Procedimiento Civil.

En lo que toca a la anotabilidad de la contestación que presentó el recurrente, la legislación reseñada no la autoriza en su texto o espíritu. El interés del recurrente queda debidamente protegido mediante la anotación de la solicitud de prórroga y de su concesión eventual, si tal llega a ser el caso. Es innecesario practicar anotación marginal alguna sobre las incidencias del litigio. Es responsabilidad del tercero enterarse de ellas al ser avisado del pleito pendiente. El Registro no es crónica de las peripecias de las causas judiciales.

Por las razones señaladas se ordena la anotación de la solicitud para prorrogar el plazo del aviso de pleito pendiente. Así modificada, confirmamos la nota del Registrador.

Los Jueces Asociados Señores Martín, Díaz Cruz y Negrón García emitieron opiniones disidentes. El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 1980

Disiento. A mi juicio, el aviso de pleito pendiente no es una anotación hecha en virtud de mandamiento judicial, no está sometida al rigor del Art. 388-A de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 703, permanece vigente mientras pendiente permanezca el pleito, y como su duración no tiene límite, no necesita ser prorrogado si el pleito dura más de cuatro años. Por tanto, respetuosamente entiendo que la contienda en que el Tribunal se ha enfrascado en este caso es ilusoria. Explico mi posición.

El aviso de pleito pendiente (lis pendens) tiene acceso a los libros del Registro de la Propiedad a través del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 455. Tal aviso no ha requerido intervención judicial ya que la disposi-ción citada sólo prescribía que:

“Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda, y el demandado al tiempo de presentar la contestación o en cualquier tiempo después, pidieren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán presentar para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pendiente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación, y la descripción de la propiedad en litigio. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.”

Al respecto, hemos resuelto que la certificación de copia de una demanda expedida a los efectos de la anotación de un lis pendens no es un documento expedido por la autoridad judicial. Calderón v. Registrador, 46 D.P.R. 778 (1934). Asimismo, ha quedado establecido que el citado Art. 91 dispone que los terceros adquirentes de los bienes litigiosos sobre los cuales se ha anotado un lis pendens tienen conoci-miento, para los efectos legales, de la acción pendiente y no pueden alegar su condición de tercero. Véase Pueblo v. The Fajardo Sugar Co. of P.R., 51 D.P.R. 893, 897 (1937).

Lo que constituye una acción pendiente estuvo definido en el Código de Enjuiciamiento Civil hasta el 1958 cuando se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil. Por virtud de las mismas quedó derogada la disposición que contenía la definición aludida, que rezaba así:

“Un pleito se considera pendiente desde que principia hasta su resolución final en apelación, o hasta que haya expirado el tiempo para interponer el recurso de apelación, a menos que se haya cumplido el fallo con anterioridad.” Art. 348, 32 L.P.R.A. see. 1515.

No obstante la derogación de la citada definición de pleito pendiente, es forzoso concluir que su alcance legal no es susceptible de variación. Estando en vigor la citada definición del Art. 348 resolvimos que una interpretación de los Arts. 91 y 348 conjuntamente quería decir que una acción estaba pendiente hasta que se dictara una sentencia que fuera inapelable, por lo que el aviso debía permanecer hasta que no hubiera posibilidad de que se dictara una sentencia a favor del demandante. Morales v. Cruz Vélez, 36 D.P.R. 242 (1927).() La intención del legislador al permitir la anotación de lis pendens durante la pendencia del procedimiento no pudo ser otro que ofrecer una garantía a la parte que solicitara la anotación al efecto de que los terceros quedaren avisados mientras durare el pleito.

Distinto es el procedimiento que rige aquellas anotaciones cuya génesis se predica en la legislación registral. En el Código Hipotecario, se establece el mecanismo formal que habrá de regir sobre las anotaciones preventivas. Aquellas que se relacionan con demandas de propiedad de bienes inmuebles, o con la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real, 30 L.P.R.A. secs. 91-92, tendrán acceso al Registro de la Propiedad sólo en virtud de mandamiento judicial. 30 L.P.R.A. see. 971.() Estas anota-ciones preventivas de la Ley Hipotecaria pueden ser cancela-das a instancia de parte si tienen más de cuatro años de anotadas y no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendiere el caso, por justa causa. 30 L.P.R.A. see. 703. El procedimiento pues que ha de seguirse respecto a la anotación preventiva está expresamente prescrito en la ley. Por ello, el interesado no puede prorrogar el término de cuatro años dispuesto por ley sin haberla justificado ante el tribunal.

Cuando el tribunal se demora en proveer con respecto a solicitudes para prorrogar anotaciones de demanda y vence el plazo de cuatro años de vigencia de las mismas, podrían suscitarse problemas. Sin embargo, ello no es pertinente en el caso de avisos de pleito pendiente pues éstas subsisten, sin más, mientras subsista el pleito.()

El tratamiento distinto que señalamos es lógico pues, como sabemos, la anotación de pleito pendiente creada por la legislación procesal es una nota marginal que sólo tiene el efecto de notificar a cualquier comprador o adquirente de gravamen de la pendencia de un litigio acerca del título o posesión del inmueble, y que nunca puede convertirse en inscripción, mientras que la anotación de demanda, de estirpe registral, es un asiento principal que puede conver-tirse en inscripción y cuya permanencia en los libros del registro debe tratarse con mucha más cautela.() Martínez v. Registrador, 101 D.P.R. 308, 312 (1973); Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 541 (1929). Véanse además Zapatas. Registrador, 40 D.P.R. 564 (1930); Velazquez v. El Registrador, 27 D.P.R. 268 (1919).

Conviene puntualizar antes de concluir, que el momento en que entre en vigor la nueva legislación hipotecaria, puede representar cambios significativos en cuanto al tratamiento jurídico que debe concedérsele al aviso de litispendencia. Ello, naturalmente, es materia que no debe adelantarse aún.()

Considerando, pues, que el aviso de litispendencia que se ha obtenido en el caso de autos conserva aún todos sus efectos; que el Registrador en su nota así lo reconoció expresamente; y que la naturaleza del aviso hace innecesario considerar que éste sea prorrogado, confirmaría la nota recurrida.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 1980

En acción civil sobre cumplimiento de un contrato de opción sobre propiedad inmueble contra sus vendedores los esposos Cartagena Córdova, los recurrentes anotaron aviso de demanda {lis pendens) bajo el Art. 91 del Código de Enjui-ciamiento Civil en el Registro de la Propiedad, el 15 febrero, 1974. En agosto de 1978 intervinieron en el pleito los esposos Deyá Meléndez alegando ser dueños del inmueble con título de dominio no inscrito desde julio de 1972, a lo que contestaron los demandantes recurrentes negando condición de terceros de buena fe en los interventores Deyá y solicitando prórroga por cuatro años adicionales o hasta la terminación del pleito de su anotación sobre cuestión litigiosa pendiente (lis pendens). En vez de obtener del tribunal resolución al efecto, según ordena el Art. 388-A de la Ley Hipotecaria, infra, los demandantes simplemente presentaron al Registro copia de su contestación a la demanda de intervención en la que se pide dicha prórroga de anotación. El Registrador denegó la anotación de la prórroga y su actuación fue correcta, bien fundada en la Ley Hipotecaria, en la jurisprudencia de este Tribunal y en el principio del debido proceso de ley.

Considerando que la anotación de demanda bajo el Art. 91 del anterior Código de Enjuiciamiento Civil importado de New York vía Idaho y California es en efecto un remedio supletorio o alternativa de la anotación preventiva provista por el Art. 42 de nuestra Ley Hipotecaria, debe integrarse a ésta y regirse en su aplicación por las normas que regulan el remedio autóctono, entre ellas la del Art. 388-A de la Ley, 30 L.P.R.A. see. 703, que permite la prórroga de la anotación sólo por resolución o providencia judicial y no por mera iniciativa del anotante. Recuérdese que la anotación de demanda atrae el ataque fundado en falta de debido proceso, si se la mira a la luz de jurisprudencia que exige intervención del juez y oportunidad de vista en temprana etapa en los remedios de aseguramiento de efectividad de sentencia. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974); Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972); Sniadach v. Family Finance Corp., 395 U.S. 337 (1969); Mitchel v. Grant, 416 U.S. 600 (1974); North Georgia Finishing, Inc. v. Di-Chem, Inc., 419 U.S. 601 (1975).

Únicamente a través de resolución y orden judicial autori-zando la prórroga de la anotación podrá el Registrador tener constancia de legalidad, de protección de los intereses de todas las partes, y de la subsistencia de la reclamación en que se pide continuación del aseguramiento de efectividad de sentencia. Una parte en un pleito, que bien puede haber promovido una acción infundada e injusta, en buen orden jurídico no debe tener el privilegio y el poder de decisión, sin intervención judicial, de mantener trabados los bienes de su demandado.

El peligro que señala la opinión de que el reclamante pierda la anotación de lis pendens por tardanza del tribunal en el despacho de la solicitud de prórroga es ilusorio porque la diligencia del demandante puede anticipar y obviar cualquier demora en trámite; y en todo caso dicho riesgo de cancelación y pérdida de aseguramiento no es mayor que el que confronta un acreedor que busca un embargo rápido o una prohibición de enajenar apresurada.Ni en uno ni otro caso puede dejarse la observancia del debido proceso a la pura voluntad del litigante interesado en asegurar su reclamación.

Los fundamentos de endeblez constitucional apuntados y nuestro propio derecho legislado excluyen la adopción de la norma de anotación sin orden judicial que la opinión propone. El vigente Art. 388-A de nuestra Ley Hipotecaria, 30 L.P.R. A. see. 703, taxativamente exige intervención judicial en la prórroga de la anotación con el siguiente lenguaje: “Los registradores de la propiedad, a instancia de parte, autenti-cada ante notario procederán a cancelar en el respectivo registro:... (b) Las anotaciones de embargo, prohibiciones de enajenar, anotaciones de demanda . . . que tengan más de cuatro (4) años de anotadas, si no hubieren sido prorrogadas por orden de la corte en que pendieren los casos, por justa causa.” (Bastardillas nuestras.) ¿Es concebible que el ejercicio de un derecho remitido a la previa determinación judicial de justa causa, se deje al arbitrio de una parte? La aclimatación en nuestro medio jurídico del Art. 91 del Enjuiciamiento Civil fue rápida, pues ya desde Morales v. Registrador, 40 D.P.R. 242 (1929), seguido en Aguilar v. Registrador, 57 D.P.R. 610 (1940), declaramos que tanto dicho aviso de demanda (lis pendens) como la anotación preventiva de la Ley Hipotecaria caen bajo la acción extintiva por cancelación del Art. 388-A de la citada Ley, y ambas anotaciones, por tanto, están reguladas en lo que respecta a su prórroga por la exigencia de orden de la corte basada en justa causa.() Aguilar revocó expresamente a Fernández v. Registrador, 52 D.P.R. 354 (1937) (Hutchinson, J.) donde se había resuelto que la anotación no caducaba, que duraba por todo el tiempo que durase el pleito, coincidiendo en el efecto final con el criterio de mayoría que ahora confía la vigencia a la voluntad del demandante. El orden legal respecto a prórroga de lis pendens se mantendrá en nuestro Derecho inmobiliario porque el Art. 112 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Núm. 198 de 8 de agosto de 1979) incorpora el antiguo remedio del Art. 91 como anotación preventiva disponible para quien “reclamare en alguna acción que afecte al título de propiedad inmueble, o [en juicio] sobre la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos”; complementado por el Art. 113 que para las acciones que tengan un derecho real inscrito como base para su ejercicio dicha anotación preven-tiva sólo requerirá la presentación de copia certificada de la demanda, y finalmente el Art. 141 de la nueva Ley Hipotecaria al declarar que las anotaciones preventivas que no tengan término de caducidad podrán cancelarse a los cuatro años de su fecha y que — en cuanto ahora nos concierne — su plazo podrá prorrogarse por orden de autoridad judicial por períodos adicionales de cuatro años, siempre que la prórroga sea presentada en el Registro antes de haberse cancelado el asiento.

La anotación de demanda, tanto como los remedios de embargo, prohibición de enajenar y demás provistos por la Regla 56 de Procedimiento Civil (1979) es medida cautelar encaminada a asegurar que de recaer sentencia podrá ejecu-tarse bajo las condiciones de cumplimiento existentes al tiempo de ser solicitada la anotación. Su carácter de medida privilegiada, libre de fianza, implementada sencillamente con presentación al Registro de copia de la demanda y su irrazonable carga sobre bienes del demandado por la duración del pleito, ha sido atemperado y puesto dicho recurso bajo tutela judicial por la nueva Regla 56.7 que ordena:

“Aviso de pleito pendiente
En una acción que afecte el título o el derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contestación, o en cualquier tiempo después, cuando solicitaren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán previa notificación a la parte adversamente afectada, presentar para su anotación al Registrador de la Propiedad del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiere un derecho sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento.
El tribunal ante el cual se encuentra pendiente la acción tendrá la facultad para ordenar la cancelación del aviso de cuestión litigiosa pendiente, previa la celebración de una vista y prestación de una fianza en la cuantía que estime razonable, tomando en cuenta la probabilidad de prevalecer la parte actora, el valor de la propiedad o derecho envuelto y las demás circunstancias del caso.”

Esta Regla 56.7 se dirige precisamente a establecer un balance equitativo de intereses en la operación o imple-mentación del remedio, proveyendo la intervención judicial y el derecho de la parte afectada a ser oída en vista, en la primera etapa de la anotación y protegiendo la misma de su endeblez constitucional. Fortalecido el remedio por este nuevo esquema de legalidad y debido proceso, es a todas luces regresiva, además de contraria a derecho, la pretensión del recurrente de prorrogarse él solo la anotación que grava a los demandados.

En Domínguez Talavera, supra, al rechazar el ataque de inconstitucionalidad a nuestro método de aseguramiento de efectividad de sentencia bajo la Regla 56, sostuvimos que el anatema de Fuentes v. Shevin, supra, iba principalmente dirigido a los estatutos de reposesión y embargo que confieren inmoderado poder a litigantes privados sin la participación cabal de un juez; a la abdicación por el Estado del control y supervisión de los procedimientos desde un principio. La prórroga de anotación de demanda al libre arbitrio del reclamante reproduce aquel recurso espurio de restricción del derecho de propiedad por la actuación ex parte de un litigante, y contraviene nuestra legislación hipotecaria de 1893 que se anticipó a la moderna garantía de debido proceso ordenando en su Art. 388-A que tanto la anotación preventiva de demanda como su prórroga se obtendrían únicamente mediante resolución judicial.

No empece su ubicación en distintos cuerpos de Derecho, la anotación preventiva de demanda y el aviso de pleito pendiente (lis pendens) comparten el mismo requisito de legalidad y de intervención del juez en protección de todos los intereses afectados. Tanto la solicitud de anotación bajo la Regla 56.7 como la anotación preventiva son objeto de previa calificación por el Registrador, quien en este caso se ajustó a Derecho al negarle acceso al Registro.

Su nota debe ser confirmada.

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Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de febrero de 1980

No puedo suscribir la opinión del Tribunal. Distinta sería mi consciencia judicial si el recurrente hubiese solicitado la prórroga de la anotación dentro de los cuatro (4) años de estar en vigor la misma, reflejando así una actitud de diligencia en la protección de sus derechos. En dicha eventualidad la anotación de la solicitud de prórroga hubiese sido un verda-dero escudo legal al litigante responsable contra las dilaciones características de los trámites judiciales. No obstante, per-mitir que se anote una solicitud de prórroga hecha con posterioridad al plazo de cuatro (4) años es premiar también la inercia intolerable en la litigación y la duración infinita de los litigios. El demandante que lo dejó transcurrir sin solicitar la prórroga colocó sus protecciones regístrales sobre la merced del demandado. De nada puede quejarse.

      (1) Para los orígenes romanos, germánicos y catalanes de esta institución, véanse: Capó Bonnafous, “Apuntes sobre las Anotaciones Preventivas en el Derecho Hipotecario Español”, 9 R.C.D.I. 196, 282-84 (1933); J. L. La Cruz y P. de Asís Sancho, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Bosch, 1968, pág. 264; A. de Cossío y Corral, Instituciones de Derecho Hipotecario, 2da ed., Barcelona, Bosch, 1956, pág. 258; J. Gómez de la Serna, en Enciclopedia Jurídica Española, Ira ed., Barcelona, Seix, s.f., “Anotación Preventiva”, pág. 780.

      (2) Hemos utilizado la traducción que autorizamos en Manrique de Lara v. Registrador, 23 D.P.R. 864, 865-66 (1916).

      (3) Para sus orígenes, véanse: Note, Abuses of the California Lis Pendens: An Appeal for Legislative Remedy, 39 So. Cal. L. Rev. 108,109-110 (1966); Land Charges Act 1925, 27 Halsbury’s Law of England, 3ra ed., 1971, pág. 685 et seq.

      (4) Para otro lapso de ese género, véase: Garriga Trad. Co., Inc. v. Century Pack. Corp., 107 D.P.R. 519 (1978).

      (5) Hemos señalado algunas de estas diferencias en Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532 (1929); Martinez v. Registrador, 101 D.P.R. 308 (1973); Velazquez v. El Registrador, 27 D.P.R. 268, 270 (1919); Manrique de Lara v. Registrador, 23 D.P.R. 864 (1916); Morales v. Corte, 33 D.P.R. 271 (1916).

      (6) Independientemente de las disposiciones del Art. 388-A de la Ley Hipotecaria vigente, bajo la nueva Regla 56.7 de las de Procedimiento Civil de 1979 el tribunal puede ordenar la cancelación del aviso de pleito pendiente previa la celebración de vista y prestación de fianza en los casos en que no se ha extinguido el derecho anotado.

      (1) En Cruz Vélez, supra, la demandante al radicar su demanda obtuvo un aviso de lis pendens en el Registro de la Propiedad. El tribunal de instancia declaró la demanda sin lugar, sentencia que fue confirmada por este Tribunal. Estando una apelación pendiente ante la Corte de Circuito federal el demandado solicitó y obtuvo del tribunal de instancia orden de cancelación de los avisos de lis pendens, cuya orden revocamos.

      (2) A pesar de que tanto las anotaciones preventivas como el aviso de lis pendens persiguen objetivos similares, ambas pueden subsistir independientemente la una de la otra, por lo que la parte interesada puede optar por seguir cualquiera de los dos procedimientos. Véase Martínez v. Registrador, 101 D.P.R. 308, 311 (1973).

      (3) En un recurso adecuado pueden discutirse también las interrogantes de índole constitucional que con relación a los avisos de litispendencia, levanta la opinión disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz. No obstante, conviene señalar la posibilidad de que el argumento quedara dilucidado al aprobarse las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. Estúdiese particularmente la interacción entre las Reglas 56.1, 56.2 y 56.3 y la Regla 56.7. Véase además B. M. González Alegre, Los procedimientos judiciales de la Ley Hipotecaria, 3ra ed., Barcelona, 1958, págs. 66-67.

      (4) Aguilar v. Registrador, 57 D.P.R. 610 (1940) ignora esta fundamental y destacada diferencia y debe ser revocado.

      (5) Nótese, sin embargo, que tanto en Padilla v. Registrador, supra, como en Martínez v. Registrador, supra, señalamos como una de las diferencias funda-mentales entre el aviso de pleito pendiente y la anotación preventiva de demanda de propiedad, que para ésta “se requiere que la demanda lo sea de propiedad o de cualquier derecho real” mientras que para aquél basta con que la “acción... afecte al título o derecho de posesión, sin que pueda precisarse el exacto sentido del verbo ‘afectar’, ni la época o tiempo a que el artículo se refiere”. Padilla v. Registrador, a la pág. 539. No obstante, el Art. 112 de la nueva Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad dispone que puede pedir anotación preventiva de sus derechos no sólo “[el] que reclamare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, modificación o extinción de cualquier derecho”, sino que también aquél “que reclamare en alguna acción que afecte al título de propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos”. (Bastardillas nuestras.) Así pues, nuevamente surgen interrogantes en torno a qué relación deberá guardar el Art. 112 de la ley registral con la Regla 56.7 de Procedimiento Civil. Véase D. Martínez Irizarry y H. Brau del Toro, Ponencia en torno al P. del S. 792 ante Comisiones de lo Jurídico del Senado y de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, 3 de abril de 1979, pág. 7.

      (1) El requisito de previa orden judicial fue cumplido en Planellas v. Sucn. Planellas, 58 D.P.R. 939 (1941), que en la opinión se cita como resolviendo lo contrario.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila

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text:
    Rigoberto Vélez Medina y Otros, demandantes y apelados, v. Municipio de Toa Baja, representado por su Alcalde J. Hernández Ferrer y Otros, demandados y apelantes.

      Número: O-79-36

      Resuelto: 19 de febrero de 1980

      Laffitte & Domínguez y Giselle López Bajandas, abogados del apelante Municipio de Toa Baja; Héctor A. Colón Cruz, Pro-curador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de los demás apelantes; Minia González Alvarez y Rosa Idalia Ríos Sánchez, abogadas de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El 6 de abril de 1978 la Asamblea Municipal de Toa Baja, Puerto Rico, aprobó la Ordenanza Municipal Núm. 23. Dicha ordenanza dispone el cierre de cafés, cafetines, bares, clubes, salas de billar y otros establecimientos en donde se vendan bebidas alcohólicas; regula la estancia de menores hasta dieciocho años, meretrices, y personas que en estado de embriaguez puedan causar molestias en los establecimientos enumerados anteriormente; limita el uso de velloneras; y establece ciertas zonas de silencio. El título de la ordenanza municipal dispone:

“PARA REGULAR EL CIERRE DE CAFES, CAFE-TINES, BARES, CLUBES, SALAS DE BILLAR Y OTROS ESTABLECIMIENTOS EN DONDE SE EXPENDIEREN BEBIDAS ALCOHOLICAS, EL USO DE ELECTROLAS, VULGARMENTE CONOCIDAS POR VELLONERAS, ESTA-BLECER CIERTAS ZONAS DE SILENCIO, PROHIBIR LA CELEBRACION DE BAILES, CANTOS Y OTROS ACTOS CONTRARIOS A LA MORAL Y DECENCIA PUBLICA EN TALES ESTABLECIMIENTOS, LA ESTANCIA DE MENORES DE EDAD DE AMBOS SEXOS, HASTA DIE-CIOCHO AÑOS, MERETRICES Y LA DE PERSONAS MAYORES DE EDAD, QUE EN ESTADO DE EMBRIA-GUEZ PUEDAN CAUSAR MOLESTIAS EN LOS ESTA-BLECIMIENTOS ENUMERADOS ANTERIORMENTE O ALTERACIONES DEL ORDEN PUBLICO; Y PARA OTROS FINES.”

La Exposición de Motivos de la citada ordenanza municipal describe los hechos que condujeron a la aprobación de dicha ordenanza y el propósito de la misma en los siguientes términos:

“Nuestra población está sufriendo grandemente la actual situa-ción de violencia, inmoralidad, vandalismo, corrupción existente en Puerto Rico. Por cuanto una de las prioridades de nuestro gobierno municipal es velar por el orden, lograr el más alto grado de tranquilidad y sociego [szc] a lo cual tienen derecho nuestros ciudadanos. Velar por que nuestra juventud se desarrolle en el más sano ambiente de moralidad y tranquilidad.
Es necesario que en nuestra Asamblea Municipal se promulgue una ordenanza para lograr mantener la moral pública e impedir por sus disposiciones, que los cafés, cafetines, bares, clubes, salas de billar u otros establecimientos donde se expedieren [sic] bebidas alcohólicas, radicados dentro de la zona urbana y rural de esta municipalidad se mantengan abierto a ciertas horas, que por lo tarde de la noche se presten a causar molestias en dichos establecí-mientos a los parroquianos que la frecuentan, por las personas en estado de embriaguez, así como de MERETRICES y que también entorpecen el silencio de la noche en ciertas zonas, con ruidos que se pueden considerar como innecesarios.”

Los demandantes, comerciantes con negocios establecidos en el Municipio de Toa Baja, impugnan la constitucionalidad de la Ordenanza Municipal Núm. 23. El tribunal de instancia resolvió que la Asamblea Municipal no tenía autoridad para aprobarla.

La Asamblea Legislativa tiene facultad para determinar lo relativo a la organización y el funcionamiento de los municipios. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. VI, Sec. 1. () Ejerciendo esta facultad, la Asamblea Legislativa ha creado los municipios y les ha delegado ciertos poderes mediante la Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, aprobada para establecer un sistema de gobierno local para los municipios de Puerto Rico.

El Art 2 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1102, faculta a los municipios para “realizar las funciones inherentes a una corporación municipal, que no estén prohibidas por ley, y las incidentales o necesarias para el debido ejercicio de aquéllas y de las especiales que en [la Ley Municipal] se les encomiendan”.

El Art. 7 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1107, dispone que “[l]os municipios tendrán plenas facultades legislativas y administrativas en todo asunto que fuere de naturaleza municipal, que redunde en beneficio de la pobla-ción y para el fomento y progreso de ésta. ..”.

Finalmente, el art. 29 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1171, establece que “[t]odas las limitaciones impuestas por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, serán aplicables hasta donde fuere posible, a la Asamblea Municipal y a los miembros de la misma”.

Se desprende de los citados artículos de la Ley Municipal que la Asamblea Legislativa ha delegado a las Asambleas Municipales unos poderes amplios en asuntos de naturaleza municipal. Hemos señalado antes en Pueblo v. Coto, 24 D.P.R. 381, 382-83 (1916), y hoy reiteramos, que:

“Las condiciones de vida, la índole de los negocios, la clase de industrias no son las mismas en todas las municipalidades que integran el territorio de Puerto Rico. De ahí el motivo de conferir ciertos poderes a los gobiernos locales para prescribir medidas de orden público de acuerdo con las necesidades de cada pueblo o ciudad.
Desde luego que no podría en modo alguno prohibir un municipio lo que expresamente autoriza la legislatura [sic], ni autorizar lo que la legislatura [s-ic] prohíba, pero sí puede,... siguiendo la línea de conducta trazada por el legislador, prohibir la realización de actos de la misma naturaleza de los prohibidos por él.”

Véase también Pueblo v. Nochera, 23 D.P.R. 605 (1916). Sin embargo, aun en asuntos de naturaleza municipal, la Asam-blea Municipal no tiene autoridad para intervenir cuando la Asamblea Legislativa ha ocupado el campo. C. J. Antieau, Municipal Corporation Law, Vol. 1, sec. 2A.27 (1979).

La intención de la Asamblea Legislativa de reglamentar la materia puede constar expresamente en la legislación estatal o puede deducirse de la naturaleza de ésta al establecer un plan o esquema detallado que abarcadoramente lo reglamente todo, demostrando la intención de ocupar el campo para sí. El que un estatuto en particular o un grupo de estatutos sean suficientemente abarcadores para demostrar que ha habido una intención de ocupar el campo, ciertamente no puede determinarse a base de una norma preestablecida. Cada caso en particular hay que considerarlo por sus propios méritos. En People v. Llewellyn, 257 N.W.2d 902, 905 (Mich. 1977), cert. den. City of East Detroit v. Llewellyn, 435 U.S. 1008 (1978), se especifican las normas que usualmente deben tenerse en cuenta para determinar si el Estado ha ocupado el campo, a saber:

“Primero, donde la ley estatal dispone expresamente que la autoridad del estado para reglamentar determinada materia es exelusiva, resulta claro que el estado ha ocupado el campo. [Citas omitidas.]
Segundo, la intención de la Asamblea Legislativa de ocupar el campo puede constar implícitamente en el historial legislativo de la ley. [Citas omitidas.]
Tercero, la existencia de un esquema de reglamentación estatal abarcador podría apoyar una conclusión de que el estado ha ocupado el campo. [Citas omitidas.] Aunque la existencia de un esquema de reglamentación estatal abarcador generalmente no es suficiente de por sí para inferir la ocupación del campo, es un factor que debe considerarse como evidencia de la ocupación del campo.
Cuarto, la naturaleza de la materia reglamentada puede exigir reglamentación estatal exclusiva para lograr la uniformidad nece-saria para cumplir los propósitos o intereses del estado.”

In re Lane, 372 P.2d 897 (Calif. 1962); Tolman v. Underhill, 249 P.2d 280 (Calif. 1952); County Council v. Montgomery Association, 333 A.2d 596 (Md. 1975), Nota, Conflicts Between State Statutes and Municipal Ordinances, 72 Harv. L. Rev. 737 (1959); Feiler — Conflict Between State and Local Enactments: The Doctrine of Implied Preemption, 2 Urban Lawyer, 398-408 (1971); Recent Decision — Implied Preemption by Occupation — Local Election Ordinance Held Invalid Because State Legislation Impliedly Preempted Field, 35 Md. L. Rev. 543-550 (1976); Nota, Municipal Corporations, Ordinance in Conflict with General Laws: Preemption by the State of Field of Regulating Criminal Aspects of Sexual Activity, 10 U.C.L.A. L. Rev. 440-444 (1963); Ver además Weekes v. City of Oakland, 579 P.2d 449 (Calif. 1978).

Al aprobar la Ordenanza Municipal Núm. 23 la Asamblea Municipal ejercitaba el poder de razón de estado (police power) que le delegó la Asamblea Legislativa, en esta ocasión para mantener la moral pública y la paz y tranquilidad en el municipio. Debe tenerse presente que en Berman v. Parker, 348 U.S. 26, 32 (1954), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos consignó que el poder de razón de estado es un poder amplio y un intento de definir su alcance y trazar sus límites resulta infructuoso pues cada caso gira alrededor de sus propios hechos, pero reconoce que su ejercicio tradicional ha sido en lo que concierne a la seguridad pública, la salud, la moral pública y la paz y tranquilidad de la comunidad.

Teniendo esto presente examinaremos las leyes en vigor que se alega han ocupado el campo. Valga aclarar que ya hemos resuelto que “[cjuando en el ejercicio de su poder de [razón de estado] tanto el estado como un municipio tratan de reglamentar determinada materia, la ordenanza se considerará válida a menos que sea imposible armonizarla con la ley general”. Cabassa v. Rivera, 68 D.P.R. 706, 712 (1948).

Alegan los demandantes que aun teniendo la Asamblea Municipal una autoridad general sobre todo asunto de naturaleza municipal, la ordenanza es nula por confligir con varias leyes estatales vigentes y por reglamentar materias sobre las cuales la Asamblea Legislativa ya ha legislado. A estos efectos señalan la Ley de Bebidas, la Ley de Cierre, la legislación regulando el turismo y las leyes que protegen la calidad ambiental. Un examen de estas leyes nos lleva a concluir que la Ordenanza Municipal Núm. 23 es compatible con las mismas.

Examinemos primeramente la Ley de Bebidas de Puerto Rico, Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969, que dispone en el segundo párrafo de su Exposición de Motivos, 13 L.P.R.A. see. 6002, lo siguiente:

“Se afirma, asimismo, que la intención y la política de esta Asamblea Legislativa es la de proteger el acervo de buenas costumbres de la comunidad puertorriqueña, y que el comercio y el expendio al público de bebidas alcohólicas se autorizará condi-cionado a que dichas actividades se practiquen de acuerdo con normas que tiendan a estimular hábitos de moderación y tem-perancia en el público consumidor, de suerte que la salud del pueblo, el bienestar, la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Puerto Rico queden ampliamente garantizados.”

Es fácil concluir que la Ordenanza Municipal Núm. 23 es compatible con la citada ley, y de hecho la complementa supliendo las normas contempladas por dicha ley para estimular hábitos de moderación y temperancia en el público consumidor y garantizar la salud del pueblo y el bienestar, la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Puerto Rico, según las circunstancias y necesidades particulares del Municipio de Toa Baja.

Veamos también la Ley de Cierre para establecimientos comerciales, 33 L.P.R.A. see. 2201, que dispone que los establecimientos comerciales permanecerán cerrados al público durante ciertos días y horas especificados en la ley. No obstante su título, el cierre de los establecimientos comerciales fue el medio utilizado para conceder un descanso necesario a los hombres y mujeres que laboraban en una época en que no existía la jornada de trabajo ni el pago de compensación por horas extraordinarias. Ley Núm. 78 de 13 de junio de 1953, Exposición de Motivos; Op. Sec. Just. Núm. 4 de 1955. La Ordenanza Municipal Núm. 23 ni prohíbe lo que dicho estatuto autoriza ni autoriza lo que prohíbe, ya que la misma no afecta la política pública del estado en cuanto a condiciones de trabajo. Por tanto, tampoco conflige ni es incompatible la Ordenanza Municipal Núm. 23 con el propósito de la Ley de Cierre.

En cuanto a las leyes que regulan el turismo y las zonas turísticas, tampoco encontramos conflicto alguno. La facultad de establecer zonas de interés turístico tiene el propósito de preservar y restaurar las edificaciones en dichas zonas, materia no cubierta por la Ordenanza Municipal Núm. 23. Ley Núm. 374 de 14 de mayo de 1949, Art. 3, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 163. La Ley de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Ley Núm. 10 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 23 L.P.R.A. see. 671, no tiene el efecto de invalidar, sin más, la Ordenanza Municipal Núm. 23. El Municipio de Toa Baja no pretende reglamentar el turismo mediante la Ordenanza Municipal Núm. 23. Cualquier efecto, si alguno, que la ordenanza tenga sobre el turismo es incidental al ejercicio del poder de razón de estado para reglamentar asuntos municipales.

Por último, no se ha demostrado que no pueda armonizarse la ordenanza municipal en cuestión con las leyes estatales sobre la supresión de ruidos innecesarios. ()

Queda por determinar si la ordenanza aprobada constituye un ejercicio constitucionalmente permisible de una facultad delegada por la Asamblea Legislativa a la Asamblea Municipal.

Los demandantes alegan ser comerciantes con negocios establecidos en el Municipio de Toa Baja. Sostienen que la Ordenanza Municipal Núm. 23 los perjudica en violación de su derecho a la igual protección de las leyes y al debido proceso de ley. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 7. Como norma, una persona no puede impugnar un estatuto o una ordenanza municipal alegando que podría ser inconstitucional de aplicarse en circunstancias distintas a las del caso que está ante el tribunal. Broadrick v. Oklahoma, 413 U.S. 601, 610 (1972). Hay excepciones a la norma señalada pero las mismas no son aplicables en relación con estatutos de reglamentación comercial. Ver Bates v. State Bar of Arizona, 433 U.S. 350, 380 (1976); Tribe, American Constitutional Law, secs. 3-19,12-28 y 12-29 (1978); United States v. Mazurie, 419 U.S. 544, 550 (1974).

En el caso de autos, al surgir la controversia sobre el poder del Municipio de Toa Baja para aprobar la ordenanza impugnada, las partes acordaron someter el caso mediante alegatos escritos. No se presentó prueba sobre los hechos específicos que motivaron la demanda ni se han estipulado los mismos. Igualmente desconocemos la forma en la cual las autoridades han interpretado la ordenanza al aplicarla en diferentes circunstancias.

El delicado poder de evaluar la constitucionalidad de una ordenanza municipal o un estatuto no puede ejercerse en un vacío ni en relación con situaciones de hecho hipotéticas. Ver United States v. National Dairy Corp., 372 U.S. 29, 31-33 (1962); United States v. Raines, 362 U.S. 17, 22 (1960).

En vista de lo anterior, se revoca la sentencia dictada por el tribunal de instancia y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos consistentes con esta opinión.

      (1) Comentando sobre esta sección el Informe de la Comisión de Disposiciones Transitorias y Asuntos Generales sobre Asuntos Generales, Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, Tomo 4, pág. 2618, ed. 1961, dice: “El propósito de esta sección es señalar con la mayor claridad que el poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para estructurar el sistema municipal, lo delega en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los municipios son y serán criaturas jurídicas de la Asamblea Legislativa.”

      (2) Ley Núm. 155 del 15 de mayo de 1937, 13 L.P.R.A. sees. 2101 a 2108; Ley Núm. 71 del 26 de abril de 1940, 33 L.P.R.A. sees. 1443 a 1450; Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, según enmendada, 12 L.P.R.A. sees. 1121 a 1142.


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Díaz Cruz,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel A. López Reyes, acusado y apelante.

      Número: CR-78-57

      Resuelto: 19 de febrero de 1980

      Luis Roberto Santos, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto de tentativa de escalamiento tras un juicio por jurado. La prueba de cargo estableció que el apelante, junto con otra persona, fue sorprendido por la policía martillando una de las puertas de un almacén. Se estableció que dicha puerta tenía marcas de golpes de herramientas y que el candado había sido violentado, que-dando inservible. En el lugar de los hechos la policía ocupó una llave de cruz, un martillo y un destornillador. La única prueba de defensa — el testimonio del acusado — fue una coartada.

En su recurso el acusado sostiene que erró el tribunal (1) al negarse a ofrecer al jurado instrucciones sobre el delito de daños; (2) al intervenir el juez en los procedimientos en forma hostil y repetida, lesionando la imagen del acusado frente al jurado; (3) al imponer al acusado una sentencia de 5 a 8 años de presidio; (4) al permitir al fiscal la impugnación de un testigo de cargo, permitiendo que se leyera ante el jurado su declaración prestada en fiscalía y (5) en la apreciación que de la prueba hiciera el jurado.

El primero de los errores apuntados no fue cometido. Independientemente de si en circunstancias específicas el delito de daños () pueda o no estar incluido en alguna modalidad de escalamiento o su tentativa, la prueba de defensa se limitó a negar los hechos imputados, tratando de establecer que el acusado no estaba en la escena de los hechos. No habiendo el apelante ofrecido prueba alguna en apoyo de que el delito cometido había sido el de daños, no procedía impartir al jurado instrucciones sobre ese delito. Si el apelante hubiese tratado de establecer que de haberse cometido algún delito había sido meramente el de daños — a base de que la única intención fue la de causar daño a la propiedad del perjudicado y no la de cometer el delito de apropiación ilegal o algún delito grave — podría entonces sostenerse que erró el tribunal al no instruir al jurado sobre el delito de daños. Pero como ya hemos visto esa no es la situación en el caso de autos.

En cuanto al segundo error, el apelante no fundamenta el señalamiento de error ni nos ha puesto en condiciones de evaluar el mismo. De la exposición narrativa de la prueba no surge intervención alguna por parte del juez sentenciador.

El tercer señalamiento de error es frívolo. El tribunal sentenciador no abusó de su discreción al imponer la pena. Tampoco el apelante trajo ante la consideración del tribunal sentenciador las circunstancias atenuantes que hubieran justificado una pena más benigna.

Pasamos al cuarto apuntamiento. El fiscal sentó a declarar como testigo de cargo a Héctor Feliciano, coautor, quien ya había hecho alegación de culpabilidad. Feliciano había decla-rado bajo juramento ante el fiscal Cruz Soto. La declaración jurada exponía:

“Que el día 2 de diciembre de 1977 y en la calle Comercio de Mayagüez, yo andaba con Miguel A. López Reyes y nos metimos en el patio del negocio conocido por Mayagüez Corona Liquor Store, de Mayagüez. Que allí nos metimos para ver qué podíamos llevarnos de ese negocio pero fuimos sorprendidos por la policía y yo fui arrestado en ese momento pero Miguel pudo huir pero fue arrestado dos días después. Que no pudimos llevarnos nada de ese sitio.”

Feliciano, en el juicio, declaró que no recordaba dónde estaba ni qué hacía el día 2 de diciembre de 1977 y que no se encontraba en condiciones de declarar. En ausencia del jurado, el juez que presidía el juicio apercibió al testigo de su obligación de declarar y de que podía ser hallado incurso en desacato por su negativa, aludiendo, además, a su declaración jurada prestada ante el Fiscal Cruz Soto. El juez permitió al fiscal impugnarlo. El Fiscal Cruz Soto declaró sobre la autenticidad de la declaración jurada de Feliciano. El tribunal, al único fin de impugnar la declaración de Feliciano de que no recordaba, permitió que la declaración jurada fuera leída ante el jurado; éste fue advertido por el juez en cuanto al propósito de la lectura de la declaración, esto es, limitando su alcance a los fines de impugnación. () Así, pues, la declaración jurada no fue entregada al jurado sino que fue leída a éste a los fines de impugnar lo que Feliciano había declarado en el juicio: que no recordaba nada en torno a dónde estaba ni qué hacía al momento de los hechos.

Es sabido que la parte que presenta un testigo puede impugnar a éste a base de declaraciones anteriores incompatibles con su testimonio en corte, 32 L.P.R.A. see. 2148. Pueblo v. Cruz, 62 D.P.R. 831 (1944).

En Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522, 530 (1969), nos enfrentamos a una situación similar a la que presenta este caso y al resolverla expresamos:

“Luego de testificar Morales Quirós que no recordaba tales hechos, fue confrontado con la relación de los mismos en sus declaraciones juradas y se reafirmó en no recordarlos. El tribunal de instancia admitió las declaraciones al único fin de impugnar la credibilidad del testigo y a esos efectos instruyó al jurado advir-tiéndole que no debían considerar como prueba el contenido de las mismas. Tal actuación no fue errónea. Pueblo v. Verdejo Meléndez, 88 D.P.R. 207, 217, 218 (1963); Pueblo v. Zayas, 72 D.P.R. 18, 21, 22 (1951).”

Igual criterio impera en algunas jurisdicciones del con-tinente. En United States v. Insana, 423 F.2d 1165, 1169 (2d Cir. 1970) se expresó:

“La conclusión de que una manifestación anterior inconsistente con una actual falta de memoria pueda ser admisible como una contradicción no es una conclusión novedosa. Wigmore ha sugerido que, en ciertos casos, donde un demandado alega una inhabilidad para recordar un incidente, una manifestación anterior sobre él mismo, debería admitirse como una contradicción. III Wigmore, Evidence, sec. 1043 (3a. ed. 1940). La razón que Wigmore da en apoyo de este principio es que un testigo que no desea declarar, a menudo se refugia en la inhabilidad para recordar y el mentiroso astuto es a veces inimpugnable a menos que pueda ser expuesto a una contracción de esta índole.”

McCormick, Sec. 251, texto del suplemento de 1978, pág. 74, establece:

“... ¿Qué, por ejemplo, cumple el requisito de que la declaración sea ‘inconsistente’ con el testimonio dado durante el juicio? Más comúnmente la pregunta surge cuando el testigo, quien anterior-mente prestó una declaración completa y detallada, alega durante el juicio que él no recuerda. La solución sensata es que el juez de instancia pueda determinar que la alegada pérdida de memoria es de hecho una repudiación de la declaración anterior y por tanto que existe una inconsistencia.”

No puede afirmarse que, en todo caso, el testimonio de un testigo en términos de que “no recuerda” es inconsistente con una declaración suya anterior en la que detalladamente expone los hechos. People v. Green, 479 P.2d 998 (Calif. 1971). Pero, las circunstancias pueden ser tales que el juez concluya que la aseveración de no recordar es falsa, lo que constituiría un repudio a la declaración anterior. State v. Lenarchick, 247 N.W.2d 80, 86 (1976). En tal caso ésta es admisible a los fines de impugnar al testigo. A ese efecto se expresó en United States v. Rogers, 549 F.2d 490, 496 (8th Cir. 1976) cert. den. 431 U.S. 918 (1977): “Una alegada inhabilidad para recordar, no creída por el juez de instancia, puede ser considerada como inconsistente con declaraciones anteriores cuando el testigo no niega que las declaraciones anteriores como cuestión de hecho se hicieran.” Así, cuando el juez que preside un juicio considera que la aseveración del testigo a los efectos de que no recuerda no es hecha de buena fe sino que es un subterfugio para no declarar, es admisible, a fines de impugnación, la declaración anterior del testigo. Así lo entendió el juez en el presente caso. Véase United States v. Insana, supra, pág. 1170. Ver además: People v. Payne, 492 F.2d 449 (4th Cir. 1974); United States v. Shoupe, 548 F.2d 636 (8th Cir. 1977); People v. Green, 479 P.2d 998 (Calif. 1971); 3 Weinstein & Berger, Evidence, 607 [06] a la pág 607-66 (1978). Graham, The Confrontation Clause, the Hearsay Rule, and the Forgetful Witness, 56 Texas L. Rev. 151-2-3 (1978).

Bajo los hechos de este caso y teniendo en consideración la totalidad de la prueba presentada, concluimos que no incidió el juez de instancia al admitir, para propósito de impugnación, la previa declaración del testigo Feliciano prestada ante el fiscal. Aparte de ese testigo, hubo prueba directa de la participación del apelante en el intento de escalamiento. Un policía declaró que le conocía y que pudo identificarlo al sorprenderle junto a Feliciano tratando de forzar la puerta del almacén. La circunstancia de que el vehículo del apelante apareciera a corta distancia del lugar de los hechos reforzó dicho testimonio. Esa prueba, creída por el jurado, es sufi-ciente para sostener su veredicto. La oportuna instrucción dada por el juez al jurado limitando la admisibilidad de la previa declaración de Feliciano al único propósito de impug-narle, debió impedir que se le diera peso alguno al determinar sobre la culpabilidad o inocencia del apelante. Tenemos que presumir que el jurado actuó conforme a esta instrucción.

Independientemente de las precedentes consideraciones procede que examinemos algunos detalles particulares de este caso y el alcance que en cada circunstancia puede tener la falta de memoria reclamada por un testigo. En los casos de Insana, Rogers y Green, que hemos citado, el testigo no reclamó ausencia total de memoria sobre lo expresado en su declaración anterior. A diferencia de esos casos, en el de autos el testigo Feliciano expresó no recordar nada sobre el incidente delictivo. Más aún, expresó no recordar haber prestado declaración sobre esos hechos.

Es frecuente que durante el examen de un testigo éste exprese no recordar algunos detalles. Es infrecuente, por otra parte, que un testigo no recuerde extremos importantes sobre los hechos que normalmente sería de esperarse que recuerde. En el primer caso el uso de previas declaraciones del testigo, bien para refrescarle la memoria o para impugnarle, no ha presentado mayores dificultades. En el caso del testigo que dice no recordar una parte substancial o la totalidad de lo declarado, puede ser fingido pero también puede estar diciendo la verdad. Corresponde al juez que preside la vista hacer la determinación sobre este particular, y para ese fin, la previa declaración del testigo y cualquier otra prueba pertinente debe ser admisible.

No se infringió derecho alguno del apelante cuando el fiscal hizo uso de la declaración jurada prestada por el testigo durante la investigación de los hechos para impugnarlo.

El último de los errores apuntados tampoco tiene mérito. La prueba, creída por el jurado, justificaba el veredicto rendido. La prueba de cargo es suficiente para establecer más allá de duda razonable que el acusado cometió el delito de tentativa de escalamiento.

No habiéndose cometido ninguno de los errores señalados por el apelante, debe confirmarse la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente en parte y concurrente en el resultado al cual se une el Juez Asociado Señor Rigau.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz,

a la que se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 1980

La ponencia circulada aborda, aunque sin identificarlo, el problema común en las salas de justicia de la retractación del testigo de cargo y su resistencia a repetir en el juicio la declaración prestada en el curso de la investigación y aun en la vista preliminar, situación que hunde a la justicia en la derrota y el escarnio, y a la que llega el testigo renegado unas veces por connivencia y soborno, y otras bajo el temor de grave amenaza. Para no dejar la justicia a merced de tanta ruindad, la Regla 63 de Evidencia (1979) ordena:

“Es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia una declaración anterior de un testigo que está presente en el juicio o vista y sujeto a ser contrainterrogado en cuanto a la declaración anterior, siempre que dicha declaración fuere admisible de ser hecha por el declarante declarando como testigo.”

La opinión, en abierta contravención de la Regla y en merma de su propósito, limita la admisión de la declaración anterior del testigo a fines de impugnación y credibilidad pero le niega valor de prueba y hasta demanda una instrucción especial al jurado para que no tome el contenido de la citada declaración como evidencia en la causa seguida al acusado. Aparte de socavar la Regla 63, la opinión conduce a una ingenuidad que no tiene lugar en el juicio criminal, pues ¿qué jurado de normal discernimiento que ha oído leer la declara-ción incriminante del testigo renuente, va a excluirla de la masa total de prueba y apartarla de su deliberación, no importa lo que instruya el juez, conociendo la circunstancia actual de violencia en que las propias víctimas optan por sufrir calladas los desmanes y fechorías ante la amenaza de muerte?

Es ésta la primera oportunidad en que el Tribunal resuelve un caso bajo la Regla 63 y no debe negarle la plenitud de vigor y alcance que la seguridad de esta sociedad demanda y que nosotros propusimos a la Asamblea Legislativa. No hay problema de retroactividad porque dicha Regla, como su concordante, la 801(d)(1) federal (1975), era norma de juris-prudencia antes de adquirir carácter estatutario, desarrollo que como es generalmente conocido han tenido otras reglas de evidencia y de procedimiento, tanto civil como criminal, bajo el poder inherente de los tribunales para hacer sus reglas.

La opinión se despojaría de su básica transitoriedad si en vez de ceñirse a la vieja y desplazada norma de evidencia, desarrollara su razón de decidir sobre el pleno valor y eficacia de la citada Regla 63 de 1979.

Por estas consideraciones me siento obligado a limitar mi aprobación de la opinión al resultado final de confirmación de la sentencia.

      (1) Establece el Art. 179 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4285:
      “Toda persona que destruyere, inutilizare, alterare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare un bien mueble o inmueble ajeno, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.”

      (2) No es necesario considerar la aplicabilidad de la Regla 63 de las Reglas de Evidencia de 1979, pues aparte de que la declaración jurada no se presentó como prueba sustantiva, a la fecha del juicio no habían entrado en vigor las referidas Reglas.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Fundación Arqueológica, Antropológica e Histórica de Puerto Rico et al., demandantes y recurridos, v. Departamento de la Vivienda, Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, Junta de Planificación de Puerto Rico, Administración de Reglamentos y Permisos, Richard H. Klumb y Vicente Resto, Inc., demandados, y peticionario el quinto.

      Número: O-79-583

      Resuelto: 26 de febrero de 1980

      Dubón, González & Vázquez y Mario Arroyo Dávila, abogados de Richard H. Klumb, peticionario, Wilfredo A. Géigel, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Fundación Arqueológica y siete ciudadanos instaron ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior un pleito de clase en que alegan representar a todos los puertorriqueños, reclamando un billón de dólares de personas, agencias y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado por con-cepto de daños y perjuicios estéticos que alegan haber sufrido con la demolición del edificio identificado con el Núm. 155 de la Calle San Sebastián de San Juan, radicado en la zona histórica y que aducen era parte del patrimonio cultural de todos nosotros. El demandado ingeniero Klumb solicitó desestimación de la demanda por falta de capacidad para demandar en los actores, moción que fue denegada por la sala de instancia, ordenando en su lugar que prosiguiera el litigio certificado como pleito de clase. Atendemos a la petición de certiorari del ingeniero y considerada la oposición de los demandantes, procedemos a resolver a tenor de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

A diferencia de Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974), no es éste un caso en que el ciudadano recurre a la acción civil en protección de una política pública, acción que en aquél estaba expresamente autorizada por el Art. 19 de la Ley sobre Política Ambiental, 12 L.P.R.A. see. 1139. () Aquí la acción ejercitada no es preventiva dirigida a preservar el edificio Núm. 155 de la Calle San Sebastián obligando mediante mandamus o injunction a la implementa-ción de la política pública relacionada con la zona histórica, porque el edificio fue demolido el 13 de julio de 1979. La presente es una acción pura y estrictamente de reparación por alegado daño que leyendo la demanda en la forma más favorable a los actores consistiría en habérseles privado de la contemplación y conservación de un edificio centenario que ellos, en discrepancia con la Junta de Planificación, el Instituto de Cultura y demás agencias por ley designadas para promover y ejecutar la política pública sobre el particular, consideraban parte del patrimonio cultural de todos los puertorriqueños. Por tanto, en consecuencia final, la reclama-ción de un billón de dólares contra agencias y organismos del Estado, y contra el recurrente Klumb, está predicada en una diferencia de criterio y apreciación entre demandantes y demandados respecto a cuál fuere el valor histórico y cultural de la estructura eliminada, a pesar de ser todos los demanda-dos “personas conocedoras de los valores históricos y culturales de Puerto Rico” según se alega afirmativamente en el párrafo 11 de la demanda.

La acción de los demandantes propone una intervención indebida y a posteriori del poder judicial con las ramas legislativa y ejecutiva, expresamente descontada en Salas Soler, supra, a las págs. 724 y 726. Sin que sea necesario resolver si sería atendible la acción pública de los ciudadanos promovida antes de ejecutarse la determinación de las agencias, de modo a evitar la demolición, a estas alturas en que ya se tomó la decisión por los organismos con especial conocimiento de la materia, cuando ya es académico el debate en el foro judicial en cuanto a la sabiduría o error en la decisión tomada, no hay capacidad en los demandantes para demandar y su acción no es justiciable. No lo es por ser simplemente una acción privada para el resarcimiento de unos daños abstractos, y no la acción pública encaminada a la ejecución de un deber ministerial como en Asociación de Maestros v. Pérez, Gobernador, Int, 67 D.P.R. 848 (1947), y en Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45 (1970).

La Constitución del Estado Libre Asociado que en su Art. VI, Sec. 19, provee base para la implementación de la política pública de “conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa” no autoriza la reclamación de daños simbólicos o abstractos adjudicables en proceso de sustitución del criterio de los demandantes impuesto por decisión judicial, en lugar del criterio de las agencias del Estado encargadas de implementar la política pública, sobre cuáles son los edificios de valor histórico o artístico. La Asamblea Legislativa tampoco autorizó dicha acción por ley. La capacidad para demandar forzosamente depende de la naturaleza justiciable de la reclamación; de que el demandante plantee una controversia real con el demandado. Aun en los casos derivados de precepto constitucional o estatuto el demandante debe alegar que ha sufrido un “claro y palpable daño, no importando que el tipo de daño esté compartido por una extensa clase de otros posibles litigantes”. Warth v. Seldin, 422 U.S. 490, 498 y 501 (1975).

El daño por el que reclaman compensación los demandantes es “daño al patrimonio cultural de todos los puertorriqueños” por la desaparición de un oscuro edificio sin más linaje de historia que el haber soportado por un siglo los embates de los elementos. No hay más concreción en sus alegaciones. “[L]a capacidad para demandar no puede depender del interés aquí alegado que tienen en común todos los que integran el público, por la naturaleza necesariamente abstracta del agravio que todos los ciudadanos comparten. Daño concreto, ya sea real o inminente, es indispensable elemento de la controversia que la proyecta de modo tradicionalmente justiciable. . . . Permitir a un demandante que no alega un daño explícito, que requiera del Tribunal resolver sobre una importante cuestión constitucional, crearía un potencial de abuso del proceso judicial, distorsionaría la función de la Rama Judicial en su relación con la Ejecutiva y la Legislativa, y expondría a los tribunales a la imputación fundada de propiciar un ‘gobierno por injunction’ Schlesinger v. Reservists Committee to Stop the War, 418 U.S. 208, 220-222 (1974). La cualidad de controversia justiciable fue reconocida como elemento esencial de la acción pública en Salas Soler, supra, donde advertimos que la puerta no está abierta de par en par a la litigación indiscriminada por cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública, ibid., págs. 723-724.

La presencia de una controversia justiciable es lo que activa el poder judicial. Cuando falta, la intrusión por el tribunal habrá de transgredir los poderes de otra rama de gobierno. No se estaría decidiendo una controversia judicial, sino asumiendo una posición de autoridad sobre los actos gubernamentales de otra rama de igual jerarquía, facultad que no tiene la judicial. Commonwealth of Massachusetts v. Mellon, 262 U.S. 447, 488-489 (1923).

Se anulará la resolución recurrida y se desestimará la demanda en cuanto al recurrente Klumb.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió sin opinión. Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín concu-rrieron en el resultado. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1) En Salas Soler v. Srio. de Agricultura, supra, la propia Ley en su Art. 19 proveyó causa de acción al ciudadano al ordenar:
      “Cualquier persona natural o jurídica podrá llevar acciones en daños y perjuicios en los Tribunales de Justicia contra cualquier otra persona natural o jurídica basada en daños que sufran por violaciones a este Capítulo. Esta acción civil será independiente y diferente de los procesos administrativos que se sigan en la Junta. Igualmente cualquier persona natural o jurídica afectada por la falta de implementación de este Capítulo podrá acudir al Tribunal Superior en solicitud de que se expida un mandamus para que se cumpla con lo dispuesto en este Capítulo. Nada de lo dispuesto en este Capítulo podrá interpretarse como que permite a una persona natural o jurídica incoar acciones en daños y perjuicios contra la Junta de Calidad Ambiental por falta implementación de este Capítulo o los reglamentos adoptados en virtud del mismo.”


author: PER curiam:

text:
    Noelia Meléndez Santana, lesionada, Fondo del Seguro del Estado, asegurador-recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; International B. F. Goodrich Corp., patrono.

      Número: O-79-479

      Resuelto: 27 de febrero de 1980

      Francisco Falú Lebrón, Antonio Acevedo Torres y Jorge Márquez Gómez, abogados del Fondo del Seguro del Estado; M. C. Arroyo Villamil, abogada de la lesionada.
   PER curiam:

La obrera Noelia Meléndez Santana sufrió un accidente del trabajo en octubre de 1975. El Fondo del Seguro del Estado le ofreció tratamiento médico y la dio de alta algunos meses más tarde, en 1976, alegadamente curada y sin incapacidad. La lesionada solicitó recidiva sin éxito en 1977. Apeló a la Comisión Industrial y ésta devolvió el caso al Fondo para reevaluación. El Fondo dio nuevamente de alta a la lesionada en noviembre de 1978. La obrera solicitó en apelación ante la Comisión Industrial una vista médica.

La vista médica fue señalada para celebrarse el 12 de marzo de 1979. La vista se suspendió por incomparecencia de la lesionada. Esta compareció en vez el próximo día, fecha en que la Comisión resolvió celebrar la vista, sin notificación al Fondo. En vista al informe de su ortopeda, la Comisión decidió asignar a la obrera una incapacidad de 5% de sus funciones fisiológicas generales.

El Fondo ha acudido en alzada ante nos para sostener que la Comisión Industrial carece de poder para celebrar vistas médicas ex parte. En contestación a nuestra orden de mostrar causa por la cual no deben revocarse las resoluciones recu-rridas, la lesionada señala que en la vista médica celebrada el 13 de marzo de 1979 estuvo presente un médico del Fondo, quien firmó el informe de la vista. No se mencionaron estos últimos hechos, debidamente documentados, en la solicitud de revisión presentada por el Fondo.

El Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmen-dada, 11 L.P.R.A. sec. 11, dispone:

“... una vez radicada una apelación por un obrero lesionado, en que esté envuelta una cuestión médica, éste será examinado en una vista médica por médicos del Fondo del Seguro del Estado y de la Comisión Industrial conjuntamente, y por el médico que el obrero tuviere a bien traer y de la resolución que dictare la Comisión Industrial a base del informe médico que se rinda como resultado del examen practicado ... el obrero podrá solicitar la celebración de una vista pública....”

Cuando existe falta de notificación para la vista médica, la parte afectada puede impugnar su celebración, pero este derecho es renunciable. En el caso de autos, el Fondo recurrente no nos ha puesto en condiciones de determinar que no hubo tal renuncia, bien fuese debido a que el facultativo que asistió a la vista del 13 de marzo no era el mismo preparado para atender la vista señalada para el día anterior o a que mediaban otras razones que negaban tal renuncia. Tampoco se explica la firma del médico del Fondo al informe de vista médica en que se recomienda una incapacidad del 5% de las funciones fisiológicas generales.

En estas circunstancias consideramos improcedente ordenar una nueva vista médica. Deseamos señalar, no obstante, que de acuerdo con nuestra decisión en F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261, 263-65 (1976), el obrero no es el único que puede solicitar una vista plenaria después de la vista médica. El Fondo del Seguro del Estado puede hacer igual solicitud.

Se expide el auto y se confirman las resoluciones recu-rridas, sin perjuicio del derecho del Fondo del Seguro del Estado a solicitar la vista plenaria a que alude el Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.


author: PER CURIAM:

text:
    Ismael E. Ortiz Hernández, demandante y peticionario, v. The Chase Manhattan Bank, N.A., demandada y recurrida.

      Número: O-78-325

      Resuelto: 27 de febrero de 1980

      Luis Rodríguez Bou, abogado del peticionario; José V. Gorbea Varona, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

No hay controversia sobre los siguientes hechos. Ismael E. Ortiz Hernández compró un automóvil a Hull Dobbs Co. mediante contrato de venta condicional, que la vendedora cedió a The Chase Manhattan Bank, N.A. En septiembre de 1976 el Chase inició acción de reposesión del vehículo ante el Tribunal de Distrito, Sala de Comerío y, para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer, embargó el vehículo. Citado el entonces demandado Ortiz Hernández para una vista sobre la reposesión, pudo mostrar al abogado del Chase copia de un giro por $125.00, que cubría el plazo reclamado como debido en la demanda de reposesión. Ante tal prueba, el Chase solicitó suspensión de la vista, que le fue concedida, y luego de cotejar y confirmar que efectiva-mente el Sr. Ortiz Hernández había pagado sin que el pago le fuera acreditado, presentó moción de desistimiento, disponién-dose por el tribunal el archivo de la demanda.

Varios meses después, el Sr. Ortiz Hernández instó demanda contra el Chase ante el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, reclamándole por daños y perjuicios sufridos como consecuencia del embargo ilegal de su automóvil. A moción del Chase, el Tribunal Superior desestimó la demanda por entender que el archivo de la acción de reposesión no constituyó una adjudicación en los méritos; es decir, que el caso no terminó por sentencia final y firme a favor del demandado Ortiz Hernández, demandante en la acción por daños. A la petición de certiorari presentada ante nos por el demandante Ortiz Hernández, expedimos orden sobre mostra-ción de causa por la cual no deba revocarse la sentencia desestimatoria. El Chase compareció oportunamente a opo-nerse, pero no nos convence.

Hemos resuelto que es elemento substantivo de la acción por daños por embargo ilegal que el pleito dentro del cual se decreta el embargo termine por sentencia firme a favor de la persona cuya propiedad hubiese sido embargada. Rodón v. Fernández Franco, 105 D.P.R. 368, 370-371 (1976), y casos allí citados. Argumenta el Chase que como el decreto de archivo por desistimiento no se hizo con perjuicio, la acción de reposesión no terminó por sentencia final y firme y por tanto carece de causa de acción el peticionario. No podemos aceptar esta posición. Equivaldría a sostener que no hay causa de acción por daños por embargo ilegal si en vez de vencer en juicio el demandado al embargante éste desiste de su acción antes de que recaiga sentencia en su contra. Aceptarlo implicaría que la base de la causa de acción por daños es la sentencia en contra del embargante y no el embargo ilegal. Si bien la sentencia es determinante de la ilegalidad del embargo, no es ella la única manera de hacer tal determinación, que puede hacerse también del pleito por daños y perjuicios.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Aibonito, que desestimó la demanda, y se dispondrá que continúen los trámites de este caso ante dicho tribunal hasta su final adjudicación.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Santos Ferrer Rodríguez, demandante y recurrido, v. Sebastián Figueroa, demandado y recurrente.

      Número: R-79-344

      Resuelto: 27 de febrero de 1980

      Gilberto Figueroa Merced, Gilberto Acosta Ayala, Angel A. Rivera Montalvo, Federico Comas Montalvo, Wilfredo Mercado Ramos, Gabriel García Mayas, Relim Sosa Ramírez y Ana Rosa Biascochea, abogados del recurrente; Miguel A. Ferrer Rodríguez, abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El demandado recurrente, señor Sebastián Figueroa, adquirió del recurrido un animal que resultó estar enfermo y que murió a los pocos días de la compra. El 25 de abril de 1979 el comprador se querelló de estos hechos ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Poco tiempo después, el vendedor radicó una demanda en el Tribunal de Distrito para que el comprador le pagara el balance adeudado por la venta, montante a setenta dólares. El comprador demandado solicitó su desestimación en vista de que DACO había asumido jurisdicción del asunto y señalado la querella. El Tribunal de Distrito se negó a desestimar el caso. El comprador instó petición de certiorari ante el Tribunal Superior, la cual no fue acogida, a pesar de que DACO ya había celebrado la vista correspondiente y la querella estaba pendiente de decisión.

El comprador ha recurrido ante nos y sostiene que erró el tribunal de instancia al no desestimar el pleito.

El derecho de DACO a entender en la querella radicada por el comprador no se cuestiona ni puede cues-tionarse. El Art. 6(d) de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, 3 L.P.R.A. sec. 341e, dispone:

“En adición a los poderes y facultades transferidos por lo, presente ley, el Secretario de Asuntos del Consumidor tendrá los siguientes poderes y facultades:
(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes vigentes, a través de una estructura de adjudicación administrativa con plenos poderes para adjudicar las querellas que se traigan ante su consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho...

De la Exposición de Motivos de esta ley se desprende que DACO fue establecida como “una agencia especializada con personal profesional y tónico altamente competente, para poder vindicar los derechos del consumidor en una forma agresiva y simple.” El análisis del esquema general de esta legislación revela, además, el propósito de suplir un procedimiento sencillo, poco costoso y ágil para la dilucidación de reclamaciones de cuantía menor. En Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218, 223 (1974), nos referimos al uso creciente del proceso administrativo para atender controversias consideradas antes de la competencia exclusiva de los tribunales. Véase: Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834 (1978).

En la situación de autos el consumidor podía escoger entre dos foros. Podía querellarse ante el foro administrativo o presentar directamente en el foro judicial la acción redhibitoria o la cuantiminosa. Optó por lo primero. La cuestión a resolver es si después de presentarse la querella administrativa el vendedor puede privar de competencia a DACO, quien ha actuado con diligencia, e insistir en que el asunto se dilucide directamente en el foro judicial.

La contestación en este caso es que no. Nuestra legislación reconoce el derecho del consumidor a seleccionar en estas circunstancias el foro administrativo. La decisión de que el vendedor puede incoar y proseguir posteriormente ante los tribunales una acción separada en cobro de dinero es contraria a los fines de tal legislación, ()

En segundo término, es importante coordinar adecuada-mente la labor de las agencias administrativas y de los tribunales. Este factor, que provee fundamento parcial para la doctrina de la jurisdicción primaria, 3 Davis, Administrative Law Treatise, 1958, pág. 5, () aconseja que no se perturbe la distribución de tareas establecidas en este caso, con el consiguiente derroche de poder adjudicativo, en ausencia de hechos especiales que exijan un resultado distinto.

En tercer lugar, los derechos del vendedor no se perjudi-can. Nuestro ordenamiento jurídico le asegura debida opor-tunidad de obtener la revisión judicial de la decisión. La desestimación de su demanda por cobro de dinero es sin perjuicio de ese derecho.

Por último, aunque con hechos análogos, pero no idénticos, en Cervecería India, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 686, 691-92 (1975), afirmamos que “una vez se ha optado por tramitar la querella en la esfera administrativa, la acción judicial directa queda suspendida, supeditada a que dicho trámite finalice....”

La base teórica de lo que antecede es de interés. Esta debe exponerse brevemente para definir los límites de esta decisión. No estamos en verdad ante un caso de jurisdicción primaria exclusiva, sino de lo que se conoce como verdadera jurisdicción primaria o, para precisar mejor su significado, la doctrina de la prelación entre tribunales con jurisdicción concurrente. Véase: Botein, Primary jurisdiction: the Need for Better Court/Agency Interaction, 29 Rutgers L. Rev. 867 (1976). En cuanto a la incertidumbre que tradicionalmente ha asediado este campo en Estados Unidos, véase: Jaffe, Primary Jurisdiction, 77 Harv. L. Rev. 1037,1038-41 (1964). La verdadera jurisdicción primaria ocurre tan solo cuando existe jurisdicción concurrente entre el proceso administra-tivo y el sistema judicial.

En este último género de litigios el problema consiste en resolver cuál foro es el más apropiado para proceder primero. A distinción de los pleitos de jurisdicción primaria exclusiva, en que se priva a los tribunales de todo poder sobre el caso, la verdadera jurisdicción primaria únicamente suspende o dilata la intervención judicial. Se han aducido diversas razones para justificar la deferencia a la agencia administrativa en casos de jurisdicción concurrente: la destreza o pericia de la agencia, la prontitud usual del proceso de decisión, el uso de técnicas de adjudicación más flexibles y muchas otras. Botein, supra, 878 y ss. No es aconsejable establecer normas uniformes, aplicables a todas las agencias y a todos sus casos. Cada situación exige conjugar estos factores y considerar las circunstancias que apuntan o no a la conveniencia de permitir que la controversia se dilucide inicialmente en el foro administrativo. Es lo que hemos intentado hacer en este caso.

Por las consideraciones expuestas se expide el auto solici-tado, se revoca la sentencia dictada y se desestima la demanda en este caso.

El Juez Asociado Señor Rigau concurre en el resultado.

      (1) No estamos expresando criterio alguno sobre la situación en que el vendedor acude primero ante los tribunales.

      (2) Para el tratamiento de esta doctrina en Puerto Rico, véase: E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964); Heftier International, Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467, 476 (1970).