author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Carmen J. Rocafort de López, Registradora de la Propiedad, San Juan VIII, promovente, v. Manuel Álvarez y José A. Sena, promovidos.

      Número: O-81-570

      Resuelto: 6 de abril de 1982

      Francisco Agrait Oliveras, Teresa M. Lube Capó, y Roberto Corretjer Piquer, abogados de los promovidos; la Registradora promovente compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos permite atender a la contradicción histórica entre preceptos procesales, en que han coexistido como medios de advertencia de pleito pendiente el aviso de demanda del Art. 91 del antiguo Código de Enjuiciamiento Civil (hoy Regla 56.7 de Procedimiento Civil) y la anotación preventiva de demanda del anterior Art. 42 de la Ley Hipotecaria, hoy regulada por los Arts. 112 y 113 de Ley de 1979, y refundir ambos remedios integrándolos en su común propósito. A la solución propuesta nos permite llegar la facultad interpretativa de la ley, guardando lealtad al propósito que le insufló vida. Ya antes hemos sostenido la función de la interpretación judicial para negar eficacia a un precepto “aún hasta el punto de sustituir o eliminar judicialmente” alguna disposición estatutaria que derrote el propósito de la ley. Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986, 997-998 (1953). Cf. Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520 y ss. (1954); Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112, 120 (1944); Descartes, Tes. v. Tribl. Contrib., y Sucn. Cautiño, 71 D.P.R. 248, 253 (1950); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 43-44 (1950); Calaf v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 577, 584 (1954).

Los promovidos presentaron en el Registro de la Propiedad copia certificada de una demanda con seis causas de acción de las cuales la primera y la tercera pueden tipificarse como acción derivativa de accionistas minoritarios en protección de intereses corporativos, ade-más de los suyos propios, que no tiene un derecho real inscrito como base para su ejercicio; refiriéndose las cuatro restantes a reclamaciones personales de servicios impaga-dos, daños y perjuicios y reclamación de condominios, estas últimas con elementos de vocación real reivindica-toría, anotable preventivamente bajo el número uno del Art. 112 de la Ley Hipotecaria. 30 L.P.R.A. see. 2401. Mas no solicitaron dicha anotación preventiva, ya que no acompañaron la providencia judicial exigida por el vigente Art. 113, sino aviso de pleito pendiente a tenor de la Regla 56.7 de Procedimiento Civil con constancia de notificación previa a la parte demandada.

La Registradora denegó la anotación lis pendens, y por vía del Art. 77, párr. 6to de la Ley, 30 L.P.R.A. see. 2280, promovió el recurso gubernativo por estar envuelta una antinomia de leyes que ha recibido considerable atención en la discusión académica, en el comentario de voces autorizadas y en la propia jurisprudencia de este Tribunal, con preponderante criterio en favor de la providencia judicial como gestora de este remedio provisional de aseguramiento de efectividad de sentencia, según lo expo-nen las más recientes decisiones en Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 D.P.R. 583, 589 (1975); Maldonado Cruz v. Registrador, 107 D.P.R. 71, 75 (1978); Cruz Lacorte v. Registrador, 109 D.P.R. 354 (1980); y Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773 (1981).

La preocupación por trato igual tanto al anotante como el que sufre el gravamen, protección y garantía de justicia que un juez puede proveer es de afieja estirpe. Al destacar que ni la Ley ni el Reglamento obligan a dar audiencia a la parte contraria antes de ordenar la anotación y que ésta representa una efectiva limitación del derecho de propie-dad, Morell y Terry se manifiesta contra la extrema facilidad en la concesión de la anotación preventiva de demanda, y en notable coincidencia con la justificación que hoy se exige para la orden de entredicho, y demás remedios provisionales, comprende que la ley exija “la presentación de documento que se estime bastante por el Juez, precepto que supone dos requisitos necesarios: uno, la existencia de documento que excluye toda reclamación fundada en contratos verbales, información testifical u otros medios más o menos informales; y otro, que ese documento sea bastante para obtener la anotación, llevan-do al ánimo cierta convicción de verdad y de probable éxito, y hallándose desdejuego comprendida por el carác-ter real de la reclamación y afectar a derechos reales inscritos, en el número primero del art. 42 de la ley. El documento no es necesario que sea público; pero su naturaleza y circunstancias han de apreciarse debidamen-te por la autoridad judicial”. (Énfasis en el original.) Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 2da ed., 1928, T. 3, págs. 39-40.

La apreciación crítica de suficiencia del documento presentado queda al prudente arbitrio del juzgador. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., 1968, T. 2, pág. 864. La intervención de un juez en la gestación de esta medida cautelar es de la mayor importancia, considerando que esta anotación preventiva de demanda en nuestra patria no está moderada como en España, por la exigencia —po-testad del magistrado— de que el demandante asuma la obligación de indemnizar los perjuicios que de la anotación puedan seguirse al demandado en caso de ser absuelto. Roca Sastre, op. cit., págs. 864-865. Arts. 43 Ley y 139 Reglamento español.

Los textos legales mediante los que se incorporó a nuestro sistema registral este asiento de cautela y previsión, fuentes de confusión por su disímil abolengo, son los siguientes:

Art. 42, Ley Hipotecaria de 1893, hoy derogado:

Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro público correspondiente:
l.° El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.
Art. 43, Ley de 1893, hoy derogado:
En el caso del núm. l.° del artículo anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva, sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante, al prudente arbitrio del juzgador.

Art. 112, Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2401):

Podrán pedir anotación preventiva de sus respectivos derechos en el Registro:
1ro- El que reclamare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho registrable, o el que recla-mare en alguna acción que afecte al título de propiedad inmueble, o sobre la validez y eficacia, o invalidez o ineficacia, del título o títulos referentes a la adquisición, constitución, declaración, modificación o extinción de los precitados derechos registrables.

Art. 113, Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2402):

En el caso del número uno [del artículo] anterior, no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial dictada a instancia de parte legítima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzgador, excepto cuando la acción tenga un derecho real inscrito como base para su ejercicio, en cuyo caso será suficiente para su anotación en el Registro la presentación de copia certificada de la demanda.

Art. 114.1 Reglamento:

Los derechos a que se refiere el número uno del artículo 112 de la Ley [30 L.P.R.A. see. 2401, inciso 1ro] son aquellos reales o que en virtud de alguna disposición de la misma [ley] son inscribibles o anotables.

Art. 91, Código de Enjuiciamiento Civil derogado:

En una acción que afecte al título o al derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de pre-sentar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contestación, cuando en dicha contestación se solicite un remedio a su favor, o en cualquier tiempo después, pueden presentar para su anotación al registrador del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción.

Regla 56.7 Procedimiento Civil. Aviso de pleito pen-diente:

En una acción que afecte el título o el derecho de posesión de propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presen-tar la demanda y el demandado al tiempo de formular su contestación, o en cualquier tiempo después, cuando solici-taren se declare que lo que se reclama es suyo, podrán previa notificación a la parte adversamente afectada, pre-sentar para su anotación al Registrador de la Propiedad del distrito en que esté situada la propiedad o alguna parte de la misma, un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción. Sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se considerará que el comprador o la persona que adquiere un derecho sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento.
El tribunal ante el cual se encuentra pendiente la acción tendrá la facultad para ordenar la cancelación del aviso de cuestión litigiosa pendiente, previa la celebración de una vista y la prestación de una fianza en la cuantía que estime razonable, tomando en cuenta la probabilidad de prevalecer la parte actora, el valor de la propiedad o derecho envuelto y las demás circunstancias del caso.

El Juez Jacinto Texidor señaló con precisión la inferio-ridad técnica y substantiva del aviso de lis pendens del Art. 91 de Enjuiciamiento Civil comparado con la anota-ción preventiva de demanda del Art. 42, Ley Hipotecaria, al expresar en Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 539 (1929):

Percíbese, a primera vista, la diferencia entre este artículo y el de la Ley Hipotecaria que hemos citado. Para la ano-tación preventiva se requiere que la demanda lo sea de propiedad o de cualquier derecho real. Para el aviso al Registro, en el caso del artículo 91, de acción que afecte al título o derecho de posesión, sin que pueda precisarse el exacto sentido del verbo “afectar” ni la época o tiempo a que el artículo se refiere. Para la anotación preventiva de Ley Hipotecaria, la necesaria intervención del juez, como garan-tía más sólida. Para la de procedimiento, la determinación de la voluntad de la parte. En la anotación preventiva de que se trata, se establece por el Reglamento en su artículo 126 la forma completa, el mejor aviso a todos, en que se ha de extender. Para la anotación con arreglo a la ley procesal, basta una nota marginal. Para la anotación pre-ventiva hipotecaria en este caso, la garantía de que habla el artículo 91 del Reglamento para ejecución de la Ley Hipotecaria: para la nota con arreglo a la ley procesal, sin garantía alguna.
Como aviso, los dos procedimientos producen el efecto de avisar: el uno en forma más firme, solemne y segura. Pero aparte de eso, existe entre ambos una diferencia digna de aprecio.

El objetivo de la Ley Hipotecaria de 1979 fue refundir en sus Arts. 112 y 113 ambos preceptos en competencia procesal, que han venido regulando este valioso instrumento de seguridad y publicidad registral. Mojica Sandoz, Reflexiones sobre la Anotación de Demanda de Propiedad, 43 Rev. C. Abo. P.R. 99 (Feb. 1982). Como hemos visto, la deseada integración quedó frustrada y continuamos regidos por disposiciones antitéticas padeciendo una incompatibilidad procesal entre la anotación preventiva que tiene como nervio central la intervención de un juez desde un principio con amplio arbitrio para evaluar y ponderar los méritos de la solicitud de providencia judicial por el promovente y proteger al demandado que no ha sido oído de una acción maliciosa y bastarda encubierta por un recurso de derecho; y de otra parte la desacreditada acción unilateral, que responde solo a la voluntad del demandante, con un poder irrestricto para trabar y afectar los bienes de su adversario y obligarlo a prestar una fianza si quiere librarse de la mácula impuesta a su título de dominio. Tan abusivo es el método de la Regla 56.7 en su informalidad, que ni siquiera exige del demandante la presentación de copia de la demanda, bastándole “un aviso de estar pendiente la acción, que contenga los nombres de las partes, el objeto de la acción o defensa y una descripción de la propiedad afectada por dicha acción”, negando así al demandado hasta el alivio que pudiera proveer una calificación a fondo del documento. (Énfasis nuestro.)

Nuestra cuidadosa legislación sobre remedios provisio-nales, inspirada en el principio de la pronta intervención del juez y el mandato a éste de usar su discreción en la protección de los intereses de todas las partes (Regla 56.1 Proc. Civil) simplemente rechaza todo estigma de arbitra-riedad, que no otra cosa representa esta evasión del sistema de Derecho en la gestión particular de un remedio.

Confrontamos un caso de concurrencia de nor-mas de antinomia o contradicción irreductible, en que el intérprete ha de tener por no escrita e ineficaz, entre las disposiciones antagónicas, aquella que representa una desviación de los principios generales. Al preferir la interpretación lógica y teleológica, el Tribunal Supremo español ha afirmado en sentencia de 26 noviembre, 1929 que si la justicia ha de administrarse recta y cumplidamente el precepto debe aplicarse “en forma tal que permita, usándose por el juzgador de una adecuada y justa flexibilidad de criterio, acomodarse a las circunstancias del caso”.

Castán, recio partidario del método sociológico o evolutivo, le resta valor a la indagación de la voluntad del legislador, y ve la ley como producto de las condiciones sociales, y la necesidad de relacionar la norma con aquellas otras que integran una institución jurídica, y cada institu-ción con las demás, hasta llegar a los principios funda-mentales del sistema jurídico total. Ya la utilidad o interés social contemporáneo en la ley ha alcanzado el prestigio de norma jurídica declarada en el Núm. 1 del Art. 3 del nuevo Título Preliminar del Código Civil español que dice: “las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.”

Esta reencarnación del Art. 91 de Enjuiciamiento Civil de principios de siglo que hasta hoy ha resistido la naturalización, como hemos visto, no provee para la intervención del magistrado desde el inicio de los procedimientos en este particular remedio de aseguramiento de sentencia. Cf. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423 (1974); Mitchell v. Grant, 416 U.S. 600 (1974). Hay que integrarlo a nuestro derecho, refundirlo en normas que representen los principios de legalidad en nuestra época, actualizarlo para que sirva la realidad de nuestro tiempo. El desarrollo y extraordinario avance de la facultad de interpretación judicial de las leyes por el método evolutivo histórico, también llamado sociológico, y el recurso a la sistematización del Derecho, pueden ir en auxilio de la integridad de nuestro ordenamiento legal declarando ineficaz el primer párrafo de la Regla 56.7 y conservando su párrafo segundo que introduce el provechoso y justo recurso de fianza que permita al demandado que sufre la anotación de sus bienes liberarlos de este gravamen interino, pero aun asi gravamen, mediante la prestación de adecuada fianza. Al integrar y refundir este párrafo segundo que subsiste queda mejorado el procedi-miento que para la anotación preventiva de demanda ordenan los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, único medio éste de ahora en adelante por el cual podrá obtenerse la medida de seguridad y efectividad de senten-cia que ha sido el objeto común de estos preceptos. Véase, Prof. Sarah Torres Peralta, La Anotación Preventiva de Demanda, 42 Rev. C. Abo. P.R. 407 (agosto 1981).

Con estos antecedentes y fundamentos, se confirmará la calificación de la Registradora promovente.

       Participaciones de 10% y 4% en rústica de 3 cuerdas en Carolina, e igual proporción en Apartamento 10-G Condominio Laguna Gardens, Carolina, que aparecen inscritas en su totalidad y en dominio, a favor de Intaco Puerto Rico, Inc.

       Sin embargo, alegan como alternativa derecho a anotación preventiva sin resolución judicial sobre la premisa de que en la acción derivativa en que los accionistas minoritarios representan el interés de la corporación, ésta que es la titular registral de los inmuebles es la verdadera parte demandante. Fletcher, Cyc. Corp. (Perm. Ed.), 1980, Vol. 13, sec. 5994, pág. 500; Clark, Handbook Private Corp., 3ra ed., 1916, secs. 149-151a, págs. 503-504; pero resulta que en su reclamación de condominios, los promovidos representan exclusivamente su interés y derecho, y no el de la corporación.

       Art. 43 Ley española.
      “En el caso del núm. l.° del artículo anterior [cuando se demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real], no podrá hacerse la anotación preventiva, sino cuando se ordene por providencia judicial....”
      Art. 139 Reglamento español.
      “El que propusiere demanda en los casos a que se refieren los artículos 38 y número primero del artículo 42 de la Ley [quien demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles, etc. supra], podrá pedir al mismo tiempo, o después, su anotación preventiva, ofreciendo indemnizar los perjuicios que de ella puedan seguirse al demandado en caso de ser absuelto, a cuyo efecto el Juez podrá exigir la caución que estime adecuada.”

      (4)E1 Art. 91 del Reglamento, Ley de 1893 como el actual Art. 139 del vigente Reglamento español, ante, incluía la oferta de indemnización de perjuicios al disponer:
      “El que propusiere la demanda de propiedad a que se refiere el caso l.° del art. 42 de la ley, podrá pedir al mismo tiempo o después, su anotación preventiva, ofreciendo indemnizar los perjuicios que de ella puedan seguirse al demandado en caso de ser absuelto.
      “El Juez o Tribunal mandará hacer la anotación, si fuere procedente, al admitir la demanda; y si aquélla se pidiese después, en el término de tercero día.”
      Nuestro nuevo Reglamento, Art. 115.1 sacrificó esa garantía contra pleitos frívolos y simplemente hostigantes para contemporizar con la ausencia de ese requisito y laxitud general de la Regla 56.7 Proc. Civil.

      Sólo así pudo revalidar su constitucionalidad. Pizá Blondet v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 466 (1975).

       Castán Tobeflas, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., 1962, T. 1, Vol. 1, págs. 421-422.

        C)Op. cit., págs. 412-414.

        Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 408 (1974).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Emilie Colón Vda. de Rivera, por sí y en representación de sus hijos menores Minerva, Edwin Américo, Ramfis y Jacqueline Rivera Colón; Tulio Germán Rivera Colón, demandantes y recurrentes, v. Carlos Romero Barceló, Charles Guggenheim y/o Corp. John Doe, Inc. y Richard Roe Mary Joe, actuando como Comité Carlos 80, demandados y recurridos.

      Número: R-80-591

      Resuelto: 6 de abril de 1982

      José A. Silva Cofresí y Pedro J. Salicrup, abogados de los demandantes y recurrentes; Alex González, abogado de los demandados y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La viuda e hijos del Sr. Tulio Germán Rivera Lugo —asesinado el 24 de septiembre de 1977 durante un asalto perpetrado en el Frigorífico “La Palma”, Santurce— formularon el 25 de junio de 1980 demanda en daños e injunction contra el Gobernador Hon. Carlos Romero Barceló, el Sr. Charles Guggenheim y el “Comité Carlos 80”, alegando en síntesis que éstos difundieron un anuncio de televisión donde, sin obtener previo consentimiento utilizaron “una grotesca foto” del cadáver del señor Rivera Lugo. Adujeron que fueron visitados por la Sra. Mildred Mercado, identificada como empleada de La Fortaleza, quien les pidió que participaran en el mencionado anuncio y ellos se negaron. La demanda consigna, además, que no obstante tal negativa, se comenzó a transmitir el anuncio por televisión, lo cual continuó aun cuando uno de los familiares del occiso, a nombre de ellos, infructuosamente solicitó a funcionarios de La Fortaleza que suspendieran esa difusión. Finalmente, la reclamación expone que la actuación de los demandados constituyó una invasión de su intimidad, causándoles sufrimientos y angustias mentales y daños estimados en la cantidad de $500,000.

A solicitud de los demandados el tribunal desestimó la acción. Acordamos revisar.

I

El examen de las alegaciones de la demanda refleja que la acción está basada en el derecho a la intimidad de los demandantes. Amerita, pues, un análisis sucinto del rango constitucional de ese derecho a la luz del enfoque y evolución doctrinarios en nuestra jurisdicción.

Nuestra Ley Fundamental dispone en lo pertinente:

La dignidad del ser humano es inviolable.
Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. (Énfasis suplido.) Art. II, Secs. 1 y 8.

El carácter y primacía del derecho y protección a lo privado nos ha movido a reconocer que opera ex proprio vigore y puede hacerse valer entre personas privadas. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975); Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964); González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125 (1963). Así, en E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra, señalamos que el derecho a la intimidad en nuestro país tiene un historial distinto y más amplio que el plasmado en la jurisdicción federal y exime del requisito de acción estatal (state action) para hacerlo valer entre personas particulares.

Este derecho constitucional impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos. A tal efecto, una indebida intromisión en el hogar de una familia es una infracción remediable mediante el recurso de injunction. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra; Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974).

El recurso que nos ocupa permite decidir si puede también hacerse valer este derecho mediante una demanda en daños, o sea, si son indemnizables los perjuicios causados por una violación del deber de no intervenir con la privacidad de los demás bajo el Art. 1802 del Código Civil. La ilustrada sala de instancia reconoció en la afirmativa la cuestión, pero estimó que no procedía en el caso de autos resarcimiento alguno por los fundamentos de que se trataba de un anuncio de “interés público” para difundir la ocurrencia de un célebre suceso criminal ya acaecido, de carácter noticioso y público, con el fin de crear conciencia en el pueblo sobre la alta criminalidad en el país y estimular al electorado para que acudiera a votar afirmativamente en la consulta que se celebraría sobre la enmienda constitucional sobre el derecho a la fianza; circunstancia que a su juicio sobrepasa el derecho a la privacidad de los demandantes.

En su decreto el tribunal sentenciador concluyó que en la jurisdicciOn norteamericana, aunque con renuencia, se admite la validez de la acciOn en danos por violación al derecho a la intimidad -Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4ta ed., 1972, pág. 802 y ss.; Ann., Invasion of Privacy by Publications Dealing with One Other Than Plaintiff, 18 A.L.R.3d 873 et seq. (1968); Ann., Waiver of Loss of Right of Privacy, 57 A.L.R.3d 16 et seq. (1974)-pero por la situación apuntada desestimó la acción.

II

Concluimos que incurrió en error. Nos explicamos. El Art. 1802 citado, como fórmula abarcadora que rige la legalidad en el campo de lo civil de toda acción u omisión de la conducta humana, acepta conceptualmente el derecho a la intimidad como parte integrante de los derechos de la personalidad. A tal efecto Castán nos dice que su defensa se medirá por los principios jurídicos relativos a la culpa:

No aparece, prima facie, en el Código civil español rastro alguno de los derechos esenciales de la persona. Pero, en realidad, la vida, la libertad, el nombre, el honor y demás bienes personales, aun sin tener una clara conceptuación de derechos subjetivos, tienen, sin embargo, en nuestro Derecho, aparte de la correspondiente protección de orden penal, la tutela civil resultante de la acción de indemnización que con carácter general establece el art. 1.902 del Código civil, contra el que, por acción u omisión, causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia. (Énfasis suplido.) Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 1971, T. I, Vol. 2, pág. 341.

Santos Briz explica el derecho con referencia a la propia imagen:

En virtud de este derecho toda persona puede oponerse a que se reproduzca su efigie o se obtengan pruebas fotográ-ficas de la misma, por personas a quienes no haya concedido autorización expresa o tácita. Se extiende la prohibición a reproducir la imagen de otro en el teatro, el cine o la televisión; y comprende no solo la publicación de la imagen sino también la confección, dibujo o pintura de la misma sin autorización cuando se oponga a legítimos intereses del afectado, en especial si según el objeto de la fotografía o el modo y forma de su obtención resulta escandalosa o tuvo lugar contra la voluntad conocida del perjudicado. La autorización para hacer una fotografía no incluye la auto-rización para publicarla, ya que la publicación afecta a la personalidad del interesado más intensamente que el simple hecho de retratarlo. La autorización para ser publicada puede incluir alguna limitación cuya amplitud se deter-minará según la interpretación del caso concreto.
Cierta doctrina e incluso legislación extranjera considera admisible, sin perjuicio de otras causas de justificación, la publicación o la toma de fotografías en la esfera llamada de historia contemporánea (“aus dem Bereich der Zeitgeschichte”) no referida a la vida privada, o cuando reproduzcan reuniones, manifestaciones u otros actos públicos semejantes o sucesos o localidades públicos en los que la persona fotografiada sea una figura accesoria. Además, se admite la publicación de fotografías hechas sin petición del interesado cuando así lo justifique un serio interés artístico. Pero aun en estos casos no debe tolerarse hacer una fotografía o publicarla cuando a ello se oponga un interés legítimo del fotografiado. Igualmente ha de considerarse inadmisible la publicación de una fotografía cuando la toma de la misma haya violado intereses dignos de una protección predomi-nante, aunque la publicación misma no se oponga a dichos intereses.
No hay en nuestro Derecho, como unánimemente recono-cen los autores, normas jurídicas que directamente protejan la esfera personal consistente en prohibir la reproducción de la propia imagen. No queda otro medio para esta protección que acudir al Código penal cuando la reproducción de la imagen constituya un delito de injurias o de calumnia, o considerar, cuando se trate de infracción civil derivada de culpa extracontractual, que su protección se establece en el amplísimo precepto del artículo 1.902 del Código civil. Queda, pues, hasta ahora conferida la apreciación de los casos concretos al prudente arbitrio de los Tribunales que se apoyarán principalmente en las circunstancias que concu-rran, tanto para incriminar los hechos como delito o falta, como para pronunciarse acerca de la sanción civil corres-pondiente. (Énfasis suplido.) Santos Briz, Derecho d,e Daños, Madrid, 1963, págs. 178-179.

Nuestra jurisprudencia ha reconocido que el concepto de culpa del Art. 1802 es tan infinitamente amplio como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño. Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853 (1976); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R 305 (1970). Acordes con esta posición concluimos que nuestra evolución doctrinaria en materia de daños enmarca la causa de acción en el caso de autos. Cf. Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370 (1951).

Por último, antes de examinar si procede o no la moción de desestimación, hay que distinguir la presente demanda de una por libelo. Algunos rasgos que la diferen-cían de ésta son que: (1) en la acción de daños la verdad no es defensa; (2) ni se trata de una publicación en ejercicio de la libertad de prensa (pues es una persona o entidad particular y no un medio noticioso quien promueve la publicación); ni (3) se trata de una publicación libelosa o difamatoria que afecte la reputación, sino de una que supuestamente atenta contra el derecho de los demandan-tes a lo privado.

III

En la moción de desestimación los demandados levan-taron dos defensas, a base de las cuales el tribunal de instancia declaró sin lugar la acción. Examinémoslas por separado.

1. Interés público

El interés público es una defensa oponible a las acciones como la presente, según la referida doctrina civilista. Castán, supra. A estos efectos Santos Briz señala:

Toda lesión de la personalidad es antijurídica salvo que concurra una causa de justificación (legítima defensa, estado de necesidad, acción directa o autoayuda) o el consentimiento del ofendido que no sea contrario a las buenas costumbres. La antijuridicidad queda también excluida cuando el acto se considera socialmente adecuado, es decir, conforme a derecho en atención a la ordenación ético social de la vida en común. El reconocimiento de la adecuación social como causa de justificación se opone también al peligro de una extensión excesiva de la protección de la personalidad. Ciertas lesiones de la personalidad son inevitables y han de ser toleradas cuando así lo imponga un criterio razonable de la vida social. Finalmente la antijuridicidad del ataque puede ser excluida para salvaguardar intereses que merezcan una especial protección. Los intereses contrapuestos deben ser recíprocamente compulsados, en todos los casos de antago-nismo, según principios racionales. La infracción estará justificada únicamente cuando, atendiendo a consideraciones objetivas, el interés del agente público o privado sea de mayor valor o rango. Ha de atenderse al interés más alto cuando la infracción aparece objetivamente como necesaria e inevitable y según las circunstancias, contenido y forma aparece como el medio más indicado y adecuado para obtener, por medio del ataque llevado a cabo, una finalidad lícita y jurídica. Santos Briz, op. cit., págs. 165-166. (Énfasis suplido.)

El juez sentenciador señaló que el interés público aquí envuelto era: “. . . hacer consciente aún más a nuestra población del problema de la alta criminalidad en Puerto Rico, en vías de estimularlos para que en ánimo de combatir ese mal, acudiera a votar afirmativamente en la consulta que se celebraría sobre la enmienda constitucional para permitir a la legislatura reformar las leyes sobre las fianzas a acusados criminales.” Determinó que el anuncio tenía “carácter de interés público” y que por tanto “su contenido se considera como uno privilegiado y no existe causa de acción en reclamo de daños por una alegada violación al derecho a la privacidad”.

Aun aceptando como válido el interés público aducido, el mismo no justifica que se desestime este caso. Nos explicamos. Como bien señala Santos Briz, ante, esta defensa prevalece cuando la intromisión a la intimidad es necesaria e inevitable y constituye el medio más adecuado para obtener un fin lícito. No es ésta la situación ante nos. Existían otros medios de difundir el mensaje contenido en el anuncio. No tenía que presentarse la foto grotesca del señor Rivera para cumplir con tal propósito. Hasta podía ser otra clase de anuncio y causar el mismo efecto en el público. No siendo este anuncio la única ni la más adecuada forma de cumplir con ese interés público la violación de la intimidad no estuvo válidamente justificada y es improcedente esta defensa.

2. Libertad de expresión

La segunda defensa levantada por los demandados fue que el anuncio se difundió en ejercicio del derecho constitucional a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución en la See. 4 del Art. II. Hemos reconocido que el mismo se puede aducir en pleitos entre particulares. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra; Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra. Se deben sopesar los intereses envueltos —la intimidad y la libre expresión en el caso de autos— y determinar, a base de las circunstancias envueltas, cuál prevalece. E.L.A. v. Hermandad de Empleados, supra; Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, supra.

Lo primero que notamos es que García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978), no es aplicable a los hechos de este caso toda vez que (1) no se trata de una publicación hecha en ejercicio de la libertad de prensa y sí para promover una propuesta sumida en una controversia política; (2) el asesinato de una persona no convierte a ésta, ni a sus familiares, en figuras públicas dentro del alcance de dicha decisión; y (3) no se trata aquí de una publicación libelosa y sí de una publicación que pudo afectar el derecho de los demandantes a que no se lesionara su intimidad ni se abusara de sus sentimientos.

Lo segundo, en la situación ante nos, el derecho a lo privado es de superior jerarquía a la libertad de expresión. Al solicitar de los demandantes el consentimiento para el anuncio, ellos se negaron. Cuando comenzó su difusión le pidieron a los demandados que lo descontinuaran y éstos se negaron. Según expresáramos anteriormente, los demandados podían llevar a cabo su mensaje de otra forma o utilizando otros medios. La inclusión de la fotografía objetada no era esencial para comunicarlo. Ante estas circunstancias no se justificó la invasión de la intimidad.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y devuelva el caso a dicho foro para la continuación de los trámites compatibles con lo resuelto.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibió. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

       A los fines de evaluar los méritos de ese dictamen, conforme la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, debemos aceptar como ciertas las alegaciones de la demanda.

       Reza:
      “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurren-te del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.” 31 L.P.R.A. see. 5141.

       Esta doctrina se extiende a otros países de tradición civilista tales como Italia (Art. 10 del Código Civil); Argentina (Art. 31 de la Ley Núm. 11.723 sobre propiedad intelectual); y Francia, que también la reconoce: Carbonier, Derecho Civil, (trad. Zorrilla Ruiz), 1960, T. I, Vol. I, págs. 313-314.