author: Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

text:
    Naím Merheb y Otros, demandantes y recurrentes, v. Dr. Eliezer Benero Natal y Otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-87-490

      Resuelto: 27 de octubre de 1987

      Aida L. Muñoz Colón, abogada de los recurrentes; los recurridos no comparecieron.
   SENTENCIA

Al resolver este recurso nos orientan los pensamientos que hace varios años animaron a este foro sobre la vida urbana:

En su esencia, este caso trata de uno de los valores más preciados de la vida civilizada: la vivienda, que sin ser fastuosa, sea tranquila, serena y agradable; el hogar en el cual el ser humano busca tranquilidad espiritual y física luego de un día gastado en la lucha económica de la sociedad industrial contemporánea. Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 178 (1973).

I

Revisamos la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que desestima una petición de entredicho provisional e injunction permanente incoada por el Sr. Nairn Merheb contra su vecino inmediato, Dr. Eliezer Benero Natal, por perturbarle la tranquilidad de su hogar y violar las normas mínimas de convivencia urbana.

En su demanda el señor Merheb alegó que el doctor Benero Natal permitía la acumulación descontrolada de los excrementos de sus perros que producían peste, atraían moscas y mimes, e impedía el pleno uso y disfrute de la propiedad de los demandantes. Sus acercamientos para solucionar esta situación han sido infructuosos.

El tribunal de instancia desestimó. Concluyó que el recurso de injunction no era el instrumento más adecuado para resolver esta controversia vecinal, y que el señor Merheb tenía otros remedios administrativos disponibles para solucionarlo. Éste oportunamente solicitó reconside-ración. En un extenso y documentado escrito relacionó todos los esfuerzos infructuosos realizados para obtener ayuda de la División de Salud Ambiental del Departamento de Salud y de la División de Maltrato de Animales del Departamento de Salud Ambiental del Municipio de San Juan. El tribunal se negó a reconsiderar, aunque expresamente hizo la siguiente reserva jurisdiccional: “que de no obtener la parte demandante un remedio adecuado a través del mecanismo de la Ley [sobre Controversias y] Estados Provisionales de Derech[o] y asi justificado debidamente el tribunal decretaría la reapertura del caso”. Apéndice, pág. 31.

Ante nos el señor Merheb señala que constituyó un abuso de discreción “al desestimar la causa de acción sin siquiera recibir evidencia sobre adecuacidad del recurso, obligando a los demandantes-recurrentes a continuar sufriendo la violación de su derecho a la intimidad”. Escrito de revisión, pág. 6. En vista de la naturaleza del planteamiento, procedemos a resolver prontamente la disposición del recurso conforme con las disposiciones de la Regla 50 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Compartimos la preocupación del ilustrado foro de instancia de que los tribunales deben evitar que “en una sociedad como la nuestra con un apetito voraz por la litigación el remedio [del] injunction [se]... convierta] en un remedio ordinario”. Apéndice, pág. 30. La premisa subyacente es que deben agotarse las vías administrativas. Sin embargo, advertimos que dicho foro remitió el asunto a la vía judicial —Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A. see. 2871 y ss.— y no administrativo. Aclarado este extremo, en las circunstan-cias particulares del caso, resolvemos que no debió desestimar la causa de acción sin la celebración de vista. El examen cuidadoso de los documentos incluidos con el recurso revela intensamente la gravedad del problema, según percibido por la familia del señor Merheb. Han sido en vano los esfuerzos realizados ante los gobiernos municipales y estatales para resolver el problema de salud causado por la putrefacción de excrementos de perros acumulados por meses. La existencia de otras posibles soluciones administrativas no desnaturaliza la gravedad del alegado estorbo y la pronta intervención del tribunal.

Bajo el estado de derecho vigente, cuando se sufre una perturbación del derecho del disfrute del hogar, puede recurrirse al foro judicial al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2761. Este precepto confiere expresamente a los ciudadanos una alternativa para solicitar y obtener un injunction con el propósito de eliminar un estorbo público. Así, en el pasado, hemos recurrido al injunction como instrumento eficaz contra estorbos para eliminar o aminorar la perturbación causada por malos olores, ruidos u otros problemas similares. Torres v. Rodríguez, supra; Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612 (1973); Figueroa Velazquez v. A.A.A., 99 D.P.R. 105 (1970); Fuentes v. Gulf, 91 D.P.R. 559 (1964); Casiano Sales v. Lozada Torres, 91 D.P.R. 488 (1964); Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). Como tal, lo hemos avalado al caracterizarlo de importante remedio para “salvaguardar el derecho a la propiedad, la seguridad y la salud de los ciudadanos, derechos tan fundamentales que sólo deben ser interferidos por una razón mayor de estado”. Véase H. Colón Cruz, Notas sobre Recursos Extraordinarios, 42 Rev. C. Abo. P.R. 445, 450 (1981).

La existencia de otros remedios en ley no impide que se expida un auto de injunction cuando esos otros no son rápidos o adecuados para evitar el daño sufrido. Después de todo, los “tribunales debemos facilitar en todo lo posible, dentro de la ley, el que tanto el Estado como las personas particulares puedan hacer efectivas las disposiciones civilizadoras de urbanismos”. Torres v. Rodríguez, supra, pág. 185. Como contraparte, el derecho a recurrir a una acción de injunction para salvaguardar el disfrute de la tranquilidad del hogar sólo debe ser derrotado por la existencia de un “remedio adecuado, rápido y eficaz”. Torres v. Rodríguez, supra, pág. 184. Y ciertamente, un remedio legal no es adecuado si la parte perjudicada ha de sufrir un daño al obligársele a utilizar una vía ordinaria no empece a que finalmente prevalezca. Véase Colón Cruz, op. cit., pág. 448.

En su resolución el tribunal de instancia denegó el auto de injunction por entender que el remedio adecuado para la reclamación se encuentra en la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, supra. La exposición de motivos de esta ley señala que “está inspirada en proveer a la ciudadanía un mecanismo legal adecuado que le permita acudir a los tribunales para obtener la solución inmediata de ciertas controversias, superando los inconvenientes de los proce-dimientos clásicos que proveen .las leyes ordinarias”. 1974 Leyes de Puerto Rico 692. Estas controversias, incluyen aquellas basadas en estorbos que puedan dar base a acciones bajo la Ley sobre Perturbación o Estorbo, 32 L.P.R.A. sees. 2761 y 2872(J). Sin embargo, el Art. 2 de esta ley sólo faculta a los magistrados “a resolver provisionalmente controver-sias”. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. sec. 2872.

Desde esta perspectiva, si se aceptan como ciertas las alegaciones de la demanda, notamos que el estorbo que origina la controversia comenzó en noviembre de 1985. Desde entonces se alega que se han llevado a cabo múltiples intentos para solucionarlo. Aunque de ordinario, los conflictos vecinales deben primero dilucidarse en los foros administrativos y mediante la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, las condiciones de salubridad y pestilencia que alegadamente afectan la tranquilidad hogareña de la familia Merheb requieren la atención inmediata de los tribunales vía la consideración en sus méritos del recurso instado. Así cumplimos con nuestra obligación ineludible de garantizar a los ciudadanos un foro justo e imparcial para resolver sus diferencias.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto, se revoca el dictamen del tribunal de instancia y devuelve el caso a dicho foro para que éste asuma jurisdicción, y a la mayor brevedad posible resuelva en sus méritos su procedencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso disiente y de acuerdo con los términos prescritos en la Regla 4(b) del Tribunal Supremo, 4 L.PiR.A. Ap. I-A, emitirá su opinión por escrito.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

—0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Respetuosamente disiento.

Mediante una sentencia dictada al amparo de la Regla 50 de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, se revoca al tribunal de instancia y se devuelve el caso para que asuma jurisdicción y, a la mayor brevedad posible, resuelva en sus méritos su procedencia. Se trata de una sentencia que no establece precedente. Resuelve una controversia particular ante nos. Sostengo que debió canalizarse mediante el método alterno disponible para resolver disputas, como lo hizo el tribunal de instancia. La necesidad de explorar y coordinar con deter-minación y firmeza medidas innovadoras y creativas, tendientes a mejorar la administración de la justicia, así lo justifican.

A simple vista, algunos podrán interpretar que se trata de una controversia en que se desea hacer justicia individual aí conceder una vista judicial. El asunto es mucho más profundo. No se trata de si los recurrentes deben tener la oportunidad de una vista en los tribunales, sino dónde y mediante qué procedimiento la deben tener.

El tribunal de instancia dejó abiertas sus puertas a los recurrentes para que luego de agotados otros remedios existentes en el sistema judicial recurrieran a él nueva-mente, de ser ello necesario. Al así hacerlo canalizó adecuadamente la controversia sin abdicar su misión fundamental de hacer justicia, sin debilitar el recurso extraordinario de injunction, y dar cumplimiento a la política pública existente sobre la utilización de métodos alternos para resolver disputas.

La controversia ante nos debe ser examinada no sólo desde la perspectiva de hacer justicia a unas partes en particular, sino también desde la perspectiva más amplia de cómo el sistema de administración de justicia en general puede continuar su función de impartir justicia eficiente-mente en una sociedad cada vez más litigiosa y con crecientes tipos de controversias. El tribunal de instancia actuó correctamente al armonizar ambas perspectivas.

Para que la justicia individual siempre aflore y no se marchiten las expectativas que sobre nuestros tribunales tienen los ciudadanos —al abrir así brechas de credibilidad sobre las instituciones encargadas de impartirla— es necesario no sólo fortalecer en forma creadora e imaginativa el funcionamiento de nuestro sistema de tribunales, sino también fortalecer y ampliar los métodos alternos para resolver disputas.

HH

La compleja sociedad urbana donde vivimos nos plantea diariamente innumerables situaciones que para cada ser humano resultan controversiales. Desde una perspectiva más amplia, la situación de nuestros valores fundamentales, nuestras relaciones interpersonales, el contorno familiar y socioeconómico en el cual nos desenvolvemos, unido a características peculiares de nuestra sociedad contempo-ránea donde la solidaridad social y el humanismo parecen estar en entredicho, crea nuevos y más conflictos entre los seres humanos. Así lo reconocimos en Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177 (1973). Ello le impone grandes retos a los tribunales.

Como bien articulara el Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial sobre Métodos Alternos para la Solución de Disputas, Tribunal Supremo de P.R., octubre de 1980, pág. 1:

Una de las consecuencias ineludibles de la vida en sociedad es el surgimiento de conflictos y disputas entre los seres humanos. A medida que la sociedad crece y las relaciones entre sus integrantes se multiplican y se tornan más complicadas proliferan las situaciones discordantes.. Los nuevos desarrollos tecnológicos, los cambios en las relaciones económicas, y el creciente contacto que el urbanismo desenfrenado nos impone, aumentan considerablemente las ocasiones que dan lugar a controversias.
Por ser vital a la propia subsistencia de la convivencia social, resulta imprescindible que la sociedad desarrolle mecanismos apropiados para resolver los conflictos entre sus integrantes. El gran número de éstos y la importancia que tiene para cada persona la solución satisfactoria del problema que le aqueja, reclaman la atención más cuidadosa por parte del Estado.

Dicho informe luego de analizar los sistemas existentes en países como Inglaterra, Alemania, Italia, Israel, Arabia Saudita, Japón, Suiza, Suecia y Estados Unidos recomendó enérgicamente la adopción y uso de métodos alternos para solucionar disputas. Informe del Secretariado, supra, págs. 1-6.

El informe final del Council on the Role of Courts, The Role of Courts in American Society, Nueva York, West Pub. Co., 1984, ha descrito la situación como una en que los tribunales están compelidos a atender múltiples tipos de disputas que anteriormente eran atendidas por otras instituciones sociales. íd., pág. 1. Sostuvo que las decisiones de los tribunales tendían a “legalizar” y “judicializar” la sociedad. íd., pág. 3. Recomendó no sólo fortalecer los tribunales, sino también utilizar con más intensidad mé-todos alternos para solucionar disputas. íd., págs. 9-11.

Una preocupación similar ha sido objeto de extenso análisis por distinguidos juristas. L. L. Fuller, The Forms and Limits of Adjudication, 92 Harv. L. Rev. 353 (1978); O. M. Fiss, The Social and Political Foundations of Adjudication, 6 L. & Hum. Behav. 121-128 (1982); M. Rosemberg, Devising Procedures that are Civil to Promote Justice that is Civilized, 69 Mich. L. Rev. 797 (1971); D. McGillis, The Quiet (R) Evaluation in American Dispute Settlement, 31 Harv. L. Sch. Bull. 20 (1980); F. E. Sander, Varieties of Dispute Processing, 70 F.R.D. 79, 111-134 (1976).

La premisa subyacente de este enfoque tiene una trayectoria constante en la historia de la civilización: las reglas elementales de la interacción humana siempre han estado presentes en el tejido social. R. Unger Mangabeira, Law in Modern Society, Nueva York, Free Press, 1976.

I — I

Desde 1974, la Comisión para el Estudio de los Tribunales del Consejo para la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, consciente del creciente problema al que se enfrentaban los tribunales, recomendó medidas alternas para canalizar disputas.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico acogió una de sus recomendaciones y aprobó la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974 (32 L.P.R.A. sec. 2871 y ss.).

En su exposición de motivos el legislador plasmó con claridad meridiana el propósito de dicha legislación. Expresó lo siguiente:

El propósito de esta legislación es establecer un procedi-miento de ley rápido, económico y eficiente para la adjudicación provisional de controversias por los Jueces Municipales y los Jueces de Distrito.
La ley está inspirada en proveer a la ciudadanía un mecanismo legal adecuado que le permita acudir a los tribunales para obtener la solución inmediata de ciertas controversias, superando los inconvenientes de los procedi-mientos clásicos que proveen las leyes ordinarias, que aunque eficientes en su alcance final, resultan costosos, complicados, tardíos y en la mayoría de las ocasiones, carentes de efectos profilácticos y mitigadores durante su tramitación.
Esta ley crea un procedimiento sencillo y rápido facultando a los Jueces Municipales y Jueces de Distrito, donde no hubiese disponible un Juez Municipal, a establecer en ciertos asuntos estados provisionales de derecho, fijando y determinando las relaciones y derechos de las partes envueltas. Tal determinación no constituiría cosa juzgada ni impediría su ventilación mediante los cursos ordinarios de ley.
Como pieza legislativa de vanguardia jurídico-social, rompe con las cadenas y fórmulas tradicionales, haciendo accesible al pueblo de Puerto Rico el sistema-de justicia en la forma y manera más directa y eficiente compatible con los principios básicos contenidos en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La experiencia permitirá su extensión o limitación en el futuro. (Énfasis suplido.) 1974 Leyes de Puerto Rico 692-694.

Dicha ley fue enmendada en 1980 precisamente para adicionar, entre otros, el inciso (J) de la Sec. 2872, el cual claramente provee sobre el tipo de controversia que nos ocupa al disponer que podrán atenderse al amparo de ella las siguientes controversias:

(J) Controversias en las cuales se alegue la existencia de perturbaciones que fueren perjudiciales a la salud o a los sentidos, o que interrumpa[n] el libre uso de la propiedad, de modo que impida[n] el cómodo goce de la vida o de los bienes, de las que dan lugar a una acción bajo la see. 2761 de este título, conocida como Ley sobre Perturbación o Estorbo. 32 L.P.R.A. sec. 2872(J).

Es precisamente al amparo de la Ley sobre Perturbación o Estorbo, 32 L.P.R.A. sec. 2761, que se presentó el recurso de injunction en el caso de autos y que el tribunal de instancia canalizó procesalmente mediante la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, supra.

El Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial, supra, pág. 91, al evaluar dicha ley en 1980 concluyó que mediante la Ley Núm. 140, supra, la experiencia habida demostraba dos cosas: “su efectividad y la propensidad [sic] a enmendar el articulado de la ley que dispone que las controversias que se puedan adjudicar provisionalmente para ampliar su ámbito”. (Énfasis suplido.)

Más reciente aún, la Ley Núm. 19 de 22 de septiembre de 1983 (4 L.P.R.A. sec. 1551 y ss.) autorizó el estable-* cimiento de* programas o centros que sirvan como foros informales para la resolución de determinadas disputas y conflictos que surgen entre ciudadanos. En su exposición de motivos se expresó claramente una política pública endosada por la Rama Judicial.

Los mecanismos convencionales para dirimir y resolver los conflictos que surgen entre los ciudadanos resultan inadecuados para procesar disputas y controversias menores. Ello debido en parte al costo económico que acarrea utilizar el sistema tradicional, a la complejidad y lentitud de los procedimientos ordinarios, a los inconvenientes que ocasiona el acudir a solucionar estos conflictos en sitios y horas inaccesibles y al impacto negativo que ocasiona en la ciudadanía los procedimientos adjudicativos formales en ciertas disputas.
Por ello debe promoverse el desarrollo de mecanismos alternos informales para la resolución de disputas menores de forma que la ciudadanía cuente con foros efectivos, accesibles y económicos para su resolución.
Es necesario, además, que se fomente la participación ciudadana en el proceso de resolución de disputas. La ciudadanía constituye una poderosa fuente de reserva que de utilizarse para la solución de ciertos asuntos sin tener que recurrir al proceso judicial permitiría reducir la carga de trabajo de jueces, los fiscales, los policías y otros funcionarios públicos. (Énfasis suplido.) 1983 Leyes de Puerto Rico 422-423.

La Ley Núm. 20 de 26 de mayo de 1982 (4 L.P.R.A. sec. 213) autorizó a los Jueces Municipales a adjudicar provisionalmente controversias con sujeción a lo dispuesto en otras leyes sobre controversias provisionales de derecho.

Existe, pues, una clara política pública del Estado para canalizar controversias como la de autos dentro del propio sistema judicial.

Dicha política pública hay que instrumentarla con determinación y voluntad para enfrentarnos a la realidad que pone al relieve los datos siguientes:

Al 30 de junio de 1986 el número de casos presentados en el Tribunal de Primera Instancia fue de 268,457, mientras que en el mismo mes del año anterior fue de 249,148. Ello representa un aumento neto en un año de 19,309 (6.1%) casos presentados. Mensaje sobre el Estado de la Judicatura presentado a la Décimo-tercera Conferen-cia Judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico por el Juez Presidente Hon. Víctor M. Pons Núñez el 11 de diciembre de 1986, pág. 3.

I — ( I — I hH

Con esta perspectiva examinemos lo que hizo el tribunal de instancia en el caso que nos ocupa.

Si se aceptan como ciertas las alegaciones de la demanda, la controversia comenzó en noviembre de 1985 y no es sino hasta el 1U de mayo de 1987, año y medio después, que los recurrentes presentan su demanda de injunction. Exami-nada la misma por el tribunal, ésta fue desestimada el 19 de mayo de 1987. Posteriormente el tribunal le brindó a los recurrentes la oportunidad de que demostraran el por qué la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, supra, y otros remedios no eran adecuados. Examinado el escrito de los recurrentes sobre el particular, el tribunal, el 24 de agosto de 1987, emitió una resolución que en. su parte pertinente dispone:

Si bien es cierto, que la parte demandante hace alegaciones que podrían indicar que el remedio ante el programa de Salud Ambiental podría no ser adecuado, no nos indica [por qué\ el remedio que provee la Ley [sobre Controversias y\ Estados Provisionales de Dereeh[o] no es un remedio más adecuado para atender el problema vecinal que presenta el presente [sic] caso. Por el contrario el Tribunal considera que dicha ley, según enmendada, fue la respuesta legislativa a las situaciones como la presente. Nuestra experiencia es que los procedimientos a tenor con dicha ley tienen informalidad, agilidad y adecuacidad suficientes para entender en proble-mas entre vecinos mejor que cualquier otro procedimiento.
Los jueces encargados de administrar la ley de referencia en esta jurisdicción están asistidos por el Centro de Solución de Disputas, el cual provee, a través de conciliadores, los mecanismos para lograr una paz social entre vecinos que ninguna adjudicación puede lograr.
En base a lo anterior, el Tribunal mantiene en todo vigor la sentencia de 19 de mayo de 1987. No obstante, expresamente se dispone que de no obtener la parte demandante un remedio adecuado a través del mecanismo de la Ley [sobre Controversias y] Estados Provisionales de Derech[o\ y así justificarlo debidamente el Tribunal decretaría la reapertura del presente caso. (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 30-31.

Los recurrentes en vez de utilizar la Ley sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, supra, según lo indicó el tribunal de instancia, optaron por recurrir ante nos.

Debe destacarse que el tribunal de instancia no se negó a entender permanentemente en la controversia, sino que retuvo jurisdicción sobre la misma, y expresamente dictaminó que de no obtener los recurrentes un remedio adecuado al amparo de la Ley Núm. 140, supra, decretaría la apertura del caso.

Se debe subrayar, además, que el tribunal refirió la controversia a otro foro judicial y no a foros administrativos como lo hizo en el caso de Torres v. Rodríguez, supra. Las puertas de los tribunales no se le cerraron a los recurrentes.

El remedio extraordinario de injunction, en una sociedad cada vez más litigiosa, no se debe convertir en un remedio manclatorio para atender todas las controversias emer-gentes relativas a la calidad de vida, particularmente cuando existen otros remedios judiciales especialmente diseñados para ello. Hacerlo convierte el recurso en uno ordinario, lo debilita, le resta rapidez, agilidad y eficacia.

Hay que subrayar que el tribunal de instancia no declinó su responsabilidad ni debilitó el enérgico brazo del injunction, sino que dentro del mismo sistema de tribunales canalizó la controversia al dejar abiertas sus puertas para el futuro. Al así hacerlo hizo justicia individual y no sobrecargó innecesariamente el uso de los recursos extraordinarios.

Como epílogo, todos los que estamos interesados en mejorar cada día más nuestro sistema de administración de justicia, tenemos que estar dispuestos a explorar y llevar a cabo maneras de adjudicar nuevos tipos de controversias para atender situaciones cada vez más complejas. La sociedad contemporánea lo requiere. El sistema judicial debe responder al reto en forma afirmativa.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Hernández Denton.

license: Public Domain

text:
    Roberto Rexach Benítez et al., demandantes y recurrentes, v. El Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Colón, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-87-472

      Resuelto: 4 de noviembre de 1987

      Amando Arias Cestero, de Arias Cestero & Arias Guardiola, abogado de los recurrentes; los recurridos no comparecieron.
   RESOLUCIÓN

En vista de que la revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos, y considerando que del recurso y sus anejos no se desprende una violación de la doctrina pautada en Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986), que amerite nuestra intervención, a la solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor. Secretario General. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió un voto particular de conformidad. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López emitieron votos disidentes separados.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

No obstante aparentemente rechazar —como veremos más adelante, realmente no existe otra alternativa— como incorrectos los fundamentos que adujera el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en apoyo de la sentencia desestimatoria que emitiera en el presente caso, una mayoría de los integrantes de este Tribunal, mediante resolución al efecto, deniega la solicitud de revisión interpuesta por los legisladores recurrentes por el fundamento específico de que “del recurso y sus anejos no se desprende una violación de la doctrina pautada en Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986), que amerite nuestra intervención”. (Énfasis suplido.)

La referida actuación constituye un abrupto, sorpren-dente e inexplicable cambio de dirección mediante el cual se ignora un claro, aplicable, y jurídicamente correcto precedente de reciente confección por parte de este mismo Tribunal. Al así actuar se permite que se violente un derecho constitucional de gran envergadura que resulta de vital importancia a nuestro sistema democrático de gobierno.

Mediante la referida resolución, increíblemente se establece la norma de que la violación del Derecho constitucional de las minorías parlamentarias en nuestro país a tener plena participación en el proceso legislativo es uno “de grados”, la protección del cual está sujeto a la sana discreción y buen juicio de los integrantes de este Tribunal. El lamentable error cometido es uno tan obvio y de tal magnitud que el mismo “resalta [sic] a la vista y hiere la retina”. In re Roldan González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982).

Para poder uno percatarse de la corrección de los anteriores señalamientos basta con una somera lectura de lo expresado por este Tribunal en el antes mencionado caso de Silva v. Hernández Agosto, supra, hace escasamente unos once meses y en la decisión emitida en Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982).

El 13 de abril de 1987 los comparecientes senadores del Partido Nuevo Progresista radicaron petición de sentencia declaratoria e injunction con el propósito de que se declarara la inconstitucionalidad de ciertas leyes aprobadas en la sesión extraordinaria que comenzó el 18 de diciembre de 1986 y que concluyó el 24 de ese mismo mes.() Alegaron en síntesis los senadores de la minoría novoprogresista del Senado, como fundamento para impugnar la validez legal de la legislación en cuestión, que: (1) dichos proyectos de ley fueron sometidos a la consideración del Senado, sin haber sido citados los senadores de minoría a sesiones ejecutivas para discutir o considerar el informe y para poder someter cualquier informe disidente; (2) los referidos senadores no tuvieron oportunidad de participar en las Conferencias Legislativas en los casos en que hubo que dirimir diferencias entre lo aprobado por la Cámara y el Senado, y (S) que les fue negado a ellos copia de los informes, estudios y cualquier otro material existente que tuviere relevancia con los referidos proyectos de ley.

Adujeron los demandantes que dichas actuaciones por parte de los senadores de la mayoría constituían una violación al Reglamento del Senado() y a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico —que les garantiza a las minorías parlamentarias el derecho de participar en todas las fases del proceso legislativo— al impedírsele intervenir en momentos cruciales del trámite legislativo.

Con relación a la aprobación del proyecto de ley dirigido a enmendar la Regla UU-í de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, alegan los demandantes recurrentes que el mismo no fue incluido en la convocatoria a la sesión extraordinaria, siendo por tanto aprobado en violación de la Sec. 10, Art. III, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 341.

Los demandados radicaron moción de desestimación alegando que los demandantes carecían de capacidad para demandar, que la controversia no era justiciable por constituir una cuestión política, e invocaron la abstención del tribunal bajo la doctrina de separación de poderes. El tribunal de instancia, mediante Sentencia de 13 de agosto de 1987 declaró con lugar la moción de desestimación de los demandados, determinando que los demandantes carecían de capacidad para demandar y que la controversia no era una justiciable.

Denegada su moción de reconsideración, acuden ante este Tribunal los demandantes imputándole error al así actuar al foro de instancia. Citan como autoridad principal la decisión que emitiéramos en el caso de Silva v. Hernández Agosto, ante.

No debe haber duda en la mente de persona alguna que los demandantes recurrentes tienen capacidad (standing) para radicar la acción que incoaron y de que, prima facie, la controversia planteada en dicha acción es una que es justiciable, hecho que acepta, sub silentio, la mayoría de los integrantes del Tribunal en la resolución de la cual disentimos.

A. CAPACIDAD: En relación con la capacidad para demandar, en Hernández Agosto v. Romero Bárcelo, ante, págs. 414-415, este Tribunal expresó que:

Es indispensable que el promovente de la causa de acción alegue haber sufrido un claro y palpable daño. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, supra. El daño debe ser real, inmediato y preciso; no puede ser abstracto o hipotético. Warth v. Seldin, supra; Gladstone, Realtors v. Village of Bellwood, supra. La causa de acción debe surgir bajo el palio de la constitución o de una ley. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, supra; Salas Soler v. Srio. de Agricultura, supra; y debe establecerse una conexión entre el daño y la causa de acción ejercitada. Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Corp., supra; véase, además, Should Congress Defend its Own Interest Before the Court, 33 Stan. L. Rev. 715 (1981).
En la jurisdicción federal se admite sin discusión la capacidad jurídica de los cuerpos legislativos para comparecer por sí o autorizar a uno de sus miembros o un comité del cuerpo para representarlo en los tribunales. United States v. American Tel. and Tel. Co., 551 F.2d 384, 391 (1976); Congressional Access To The Federal Court, 90 Harv. L. Rev. 1632 (1977).

En el caso que hoy nos ocupa, se cumple con todos los requisitos esbozados por la jurisprudencia para que exista capacidad para demandar. Los promoventes de la presente causa de acción alegan haber sufrido un claro y palpable daño; esto es, que las actuaciones de los senadores de la mayoría en violación al Reglamento del Senado y a nuestra Constitución, la cual les garantiza a las minorías parla-mentarias el derecho de participar en todas las fases del proceso legislativo, les impidió intervenir en momentos cruciales del trámite legislativo, menoscabándose así sus funciones constitucionales como senadores. Tal y como lo afirman los recurrentes en su Recurso de Revisión, pág. 9: “Aquí se trata[,] nada menos[,] que de su exclusión durante las deliberaciones de varias comisiones relativas a legislación bajo consideración del Senado”. Es un daño real, inmediato y preciso. La causa de acción surge bajo el palio de la Constitución, y por último, existe una conexión entre el daño y la causa de acción ejercitada, ya que la anulación de la legislación aprobada en alegada violación del Reglamento del Senado y de nuestra Constitución evitaría que se pongan en vigor leyes para la aprobación de las cuales no se contó con la participación plena en todas las etapas cruciales del proceso legislativo de los representantes del partido de minoría en el Senado y que por tanto no constituyen la verdadera expresión del pueblo. Más aún, en el citado caso de Silva v. Hernández Agosto, ante, resolvimos, en cuanto a la capacidad para demandar de los legisladores en específico, que éstos “en su condición de miembros de la Asamblea Legislativa tienen capacidad jurídica para vindicar sus prerrogativas y funciones constitucionales”.

Este caso no es uno de una mera disminución de influencia en el ejercicio del voto de los senadores de la minoría, como erróneamente expresa el tribunal de instancia y parece ratificar una mayoría de los Jueces de este Tribunal. Resulta irrelevante la posición a los efectos de que los senadores demandantes tuvieron la oportunidad de participar en el debate llevado a cabo en el hemiciclo del Senado. No es su participación y su voto en el hemiciclo lo que los demandantes recurrentes cuestionan, sino su participación y voto en etapas anteriores “cruciales” del proceso legislativo. Es su participación y voto en las comisiones legislativas, que es donde se recoge información pertinente a los proyectos sometidos a consideración legislativa y donde se delibera en relación con éstos, lo que impugnan los demandantes. Recordemos que en Silva v. Hernández Agosto, ante, pág. 66, calificamos como “crucial” el trabajo que realizan las Comisiones del Senado y de la Cámara. Dijimos en Silva v. Hernández Agosto, ante, pág. 66:

El informe de la Convención Constituyente remitido por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico discutió las virtudes y desventajas del sistema de comisiones y concluyó que constituían el “corazón del cuerpo legislativo” en Puerto Rico. ...
Por su parte, el informe de la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente también destacó la importancia de los comités:
“La remisión a las Comisiones da rango constitucional a un sistema que se considera eje del proceso legislativo moderno.” (Énfasis suplido.) 4 Diario de Sesiones, supra, pág. 2584.
Desde entonces ambas Cámaras han fortalecido y ampliado el poder de estas entidades. Hoy constituyen el principal vehículo de fiscalización y legislación de la Rama Legislativa.

B. JUSTICIABILIDAD: Es el planteamiento de los demandados recurridos, acogido por el tribunal de instancia, que la autoridad otorgada por la Constitución a cada Cámara para gobernarse internamente incluye la facultad para estructurar sus comisiones y disponer de todo lo relativo a su procedimiento interno, y que sobre esto el Poder Judicial no tiene ninguna inherencia por tratarse de un asunto estrictamente político. En Silva v. Hernández Agosto, ante, págs. 54-55, expusimos la doctrina en cuanto a justieiabilidad sobre asuntos políticos.

No fue hasta Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 217 (1962), que el Tribunal Supremo federal estableció los criterios generales para determinar la aplicabilidad de la doctrina de cuestión política. Requirió que exista uno de los siguientes elementos: (1) una delegación expresa del asunto en controversia a otra rama del gobierno; (2) la ausencia de criterios o normas judiciales apropiadas para resolver la controversia; (3) la imposibilidad de decidir sin hacer una determinación inicial de política pública que no le corresponde a los tribunales; (4) la imposibilidad de tomar una decisión sin expresar una falta de respeto hacia otra rama de gobierno; (5) una necesidad poco usual de adherirse, sin cuestionar, a una decisión política tomada previamente, y (6) potencial de confusión proveniente de pronunciamientos múltiples de varios departamentos del Gobierno sobre un punto. Véanse: Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969); Gilligan v. Morgan, 413 U.S. 1 (1973); United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974); Goldwater v. Carter, 444 U.S. 996 (1979); Crockett v. Reagan, 720 F.2d 1355 (1983).
En Puerto Rico la doctrina de cuestión política no ha tenido el mismo arraigo que en Estados Unidos. En Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977), al interpretar el poder de exclusión de la Sec. 9 del Art. Ill de la Constitución concluimos que “los cuerpos legislativos no pueden convertirse en los jueces constitucionales de sus propios poderes. Es a los tribunales a quienes les toca interpretar las leyes y la Constitución”. En esa ocasión al examinar la justiciabilidad de la controversia reiteramos los pronunciamientos del Supremo federal en Baker v. Carr, supra, pág. 209, “[e]l mero hecho que el pleito busca la protección de un derecho político no quiere decir que el mismo presenta una cuestión política”.
En todas las ocasiones anteriores ante reclamos de cuestión política hemos reafirmado el poder de los tribunales de ser los intérpretes finales de los contornos de la Constitución y para determinar si los actos de una rama de gobierno exceden su autoridad constitucional. Marbury v. Madison, 1 Cranch 137 (1803); Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra. La interpretación inicial que de la Constitución haga otra rama merece deferencia, pero debe prevalecer la norma de que la determinación final corresponde a los tribunales. United States v. Nixon, supra. Nuestra estructura de gobierno no permite que las ramas políticas del Gobierno se conviertan en árbitros de sus propios actos. Véanse: The Supreme Court, 1968 Term, 83 Harv. L. Rev. 62, 68 (1969); H. Wechsler, Toward Neutral Principles of Constitucional Law, 73 Harv. L. Rev. 1 (1959); Henkins, op. cit.) Redish, op. cit.) Tribe, op. cit; Nowak, Rotunda y Young, op. cit.; A. Bickel, The Least Dangerous Branch, 2da ed., Connecticut, Yale U. Press., 1986, págs. 183-198. (Énfasis suplido.)

En Silva v. Hernández Agosto, ante, se alegaba, al igual que en el caso que hoy nos ocupa, que la controversia no era justiciable, entre otras cosas, por tratarse de una materia expresamente delegada a la Asamblea Legislativa, o sea, la facultad de adoptar reglas internas.

Sobre esto nos expresamos, Silva v. Hernández Agosto, ante, págs. 55-56, en el sentido de que:

Desde hace siglos se ha aceptado que los cuerpos legislativos pueden adoptar reglas de gobierno interno, como corolario del poder inherente de controlar sus procedimientos. ... En 1952 nuestra Constitución incorporó de manera clara y expresa la facultad de las Cámaras de Puerto Rico para adoptar “las reglas propias de cuerpos legislativos para sus procedimientos y gobierno internó”. Art. Ill, Sec. 9. Nuestra Asamblea Legislativa, así como la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos, han autorizado a sus comisiones a adoptar reglas para su gobierno interno que no estén en contradicción con las reglas generales de cada cuerpo.
Sin embargo, es doctrina firmemente establecida que al ejercer su función de reglamentar, la Asamblea Legislativa y las comisiones no pueden obviar e ignorar las limitaciones constitucionales. El Tribunal Supremo federal, en United States v. Ballin, 144 U.S. 1, 5 (1982), examinó la validez de una regla del Congreso y concluyó:
“Ante la Corte la controversia es una sólo de poder. La Constitución faculta a cada cámara a determinar sus reglas de procedimiento. No pueden mediante sus reglas ignorar limitaciones constitucionales o violar derechos fundamen-tales. ...” (Traducción nuestra.)
Véanse: United States v. Smith, 286 U.S. 6 (1932); Yellin v. United States, 374 U.S. 109, 114 (1963); Kilbourn v. Thompson, 103 U.S. 168, 199 (1880). (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

No ponemos en duda la facultad constitucional de cada Cámara Legislativa de disponer de todo lo relativo a su procedimiento interno, y que la Rama Judicial no debe inmiscuirse en ello cuando dicha facultad se ejerce dentro de los parámetros constitucionales. Pero cuando una regla o actuación relativa a los procedimientos internos de las Cámaras Legislativas violenta derechos constitucionales, los tribunales no sólo tienen inherencia en el asunto, sino que están obligados a intervenir como últimos intérpretes de la Constitución. Marbury v. Madison, ante.

C. También dispone el caso de Silva v. Hernández Agosto, ante, págs. 57-58, del planteamiento de que cualquier intervención de la Rama Judicial en esta controversia violaría el principio de separación de poderes.

El Art. Ill de nuestra Constitución, así como el Art. II, Sec. 2 y el Preámbulo están predicados en la existencia de un gobierno democrático y representativo. Las Secs. 14 y 17 del Art. Ill de la Constitución hacen referencia directa a la existencia de las comisiones legislativas. Es función ineludible de los tribunales interpretar la Constitución y velar que el espíritu y el esquema democrático de esta Carta no se vulnere. Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974); García Passalacqua v. Tribunal Electoral, 105 D.P.R. 49 (1976); Santa Aponte v. Srio. del Senado, supra; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 731-734 (1982).
Por último, señala el Senado que la controversia constituye una cuestión política porque cualquier intervención sería una falta de respeto y deferencia a la Asamblea Legislativa. La teoría de la separación de poderes requiere que las facultades delegadas por el pueblo en la Carta Constitutiva se distribuyan entre las tres ramas. Su premisa es evitar la concentración de poderes en una sola. La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada una acepte y respete la autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones. Su perdurabilidad requiere que cuando haya conflicto sobre el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ellas, los tribunales intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferencias.
En este contexto, determinar las normas constitucionales mínimas que deben regir el funcionamiento de las comisiones no constituye una indebida intromisión en los trabajos de la Rama Legislativa. Los senadores de la minoría han acudido a los tribunales para que resolvamos este problema. La determinación final de esta controversia es un asunto para el cual los tribunales estamos preparados y tenemos la experiencia y autoridad constitucional para tomar una decisión que responda a las circunstancias históricas de nuestro país. (Énfasis suplido.)

A la luz de todo lo antes expuesto, no queda otra alternativa —jurídicamente correcta, naturalmente— que concluir que los demandantes tenían capacidad para demandar; que, a la luz de las alegaciones de éstos, el asunto era uno prima facie justiciable y uno sobre el cual los tribunales tienen inherencia, por lo que ciertamente el tribunal de instancia debió haber declarado sin lugar la solicitud de desestimación radicada por los demandados y ordenar la celebración de una vista plenaria con el propósito de que se dilucidaran las alegaciones de las partes.

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Lo verdaderamente preocupante de la actuación del Tribunal, sin embargo, lo constituye el lenguaje en que está concebida la resolución que se emite. Como hemos visto, el Tribunal se niega a expedir el auto solicitado —no obstante su aparente inconformidad con las razones jurídicas aducidas por el tribunal de instancia— por el fundamento de que del “recurso y sus anejos no se desprende una violación de la doctrina pautada en Silva v. Hernández Agosto,... que amerite nuestra intervención”. (Énfasis suplido.)

Procede que nos preguntemos: ¿cuál es la doctrina que este Tribunal entendió procedente establecer en el citado caso de Silva v. Hernández Agosto, ante?

Resolvimos en el mencionado caso que a pesar de que la “premisa básica de nuestro ordenamiento es que la mayoría gobierna mediante sus representantes debida-mente electos en la Rama Legislativa”, nuestra Constitución —a diferencia de otras— contiene un “innovador meca-nismo” que garantiza “la representación efectiva de las minorías en la Asamblea Legislativa”; que el “principio de ‘un hombre, un voto’ consagrado por nuestra Constitución no se limita solamente al proceso eleccionario”, por cuanto de “nada sirve que a los ciudadanos se les garantice su derecho al voto si luego aquellos que fueron depositarios de la confianza de los electores son excluidos en momentos cruciales del proceso legislativo”, y que, como consecuencia de todo lo antes expuesto, los miembros de las minorías parlamentarias en nuestra Asamblea Legislativa, por imperativo constitucional, tienen el derecho a participar en las etapas esenciales o significativas de los procesos investigativos y deliberativos de las comisiones legislativas. En otras palabras, la violación de la doctrina establecida en Silva v. Hernández Agosto, ante, pág. 69, necesariamente implica la violación del derecho constitucional de las minorías parlamentarias de nuestro país a participar en las etapas esenciales y cruciales del debate legislativo.

Ante esta situación resulta alarmante la posición que asume en el presente caso una mayoría de los integrantes de este Tribunal; en su opinión, no es que no exista una violación de la referida doctrina, es que no existe una violación que amerite la intervención del Tribunal. Somos del criterio que no existen grados en las violaciones de los derechos constitucionales. Puede existir un curso de acción o patrón de conducta que, aun cuando interfiera con un derecho constitucional, el mismo no constituya una violación de dicho derecho. Una vez se determina, sin embargo, que la interferencia constituye una violación, la misma es una sin cualificaciones. Al enfrentarse con la violación de un derecho constitucional de uno de nuestros ciudadanos, este Tribunal —como intérprete máximo de nuestra Consti-tución— no tiene discreción alguna para negarse a intervenir en su reparación.

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Un comentario al margen relativo al voto particular de conformidad emitido por el compañero Juez Hernández Denton, Juez ponente en el citado caso de Silva v. Hernández Agosto, ante. Resulta evidente que en la ponencia que hoy emite, intenta variar la doctrina establecida en dicho caso. Expresa ahora el compañero Hernández Denton que “los autos y la prueba [del presente caso] revelan que los demandantes tuvieron una participación efectiva y real en los procesos de aprobación de las leyes cuestionadas, cum-pliéndose así con las normas pautadas en Silva v. Hernández Agosto, supra”. (Énfasis suplido.)

El problema con ello estriba que en Silva v. Hernández Agosto, ante, este Tribunal no estableció que los miembros de nuestras minorías parlamentarias tienen el derecho constitucional a tener una participación sustancial —o real y efectiva— en el proceso legislativo.

Establecimos clara y diáfanamente en Silva v. Hernández Agosto, ante, por el contrario, que dichas minorías, por imperativo constitucional, tienen el derecho absoluto a participar plenamente en todas las etapas esenciales y cruciales de dicho proceso legislativo.

Se trata, obviamente, de dos normas diferentes. Entendemos que la establecida en Silva v. Hernández Agosto, ante, hace escasamente once meses es la jurídica-mente correcta.

V

Finalmente, somos del criterio que si una mayoría de los integrantes del Tribunal entiende que debe abandonar la doctrina jurisprudencial sobre el derecho constitucional de,las minorías parlamentarias a tener plena participación en el debate legislativo, según resuelto recientemente en Silva v. Hernández Agosto, ante, constituye un deber institucional el enfrentarse a sus válidos fundamentos en forma expresa.

En resumen, disentimos porque nos negamos a acompañar a una mayoría de los integrantes de este Tribunal en las exequias del caso de Silva v. Hernández Agosto, ante.

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Por las razones antes expresadas, revocaríamos la sentencia recurrida y devolveríamos el caso al foro de instancia para la continuación de procedimientos compatibles con lo aquí expuesto.

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Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Debimos expedir el recurso de revisión. Es claramente errónea y contraria a los precedentes sentados en Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982), y Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986), la desestimación sumaria del ilustrado tribunal de instancia fundada en la carencia de legitimación activa (capacidad) de los de-mandantes Roberto Rexach Benítez, et al., y en la afir-mación de que la controversia no es “justiciable”. Dicho dictamen les privó, ipso jure, de demostrar, en su opor-tunidad, si efectivamente el trámite legislativo seguido con relación a los estatutos impugnados infringió o no sus-tancialmente la doctrina establecida recientemente en Silva v. Hernández Agosto, supra, en cualesquiera de sus distintas vertientes.

El decreto de falta de capacidad y no justiciabilidad del tribunal de instancia le impidió entrar a considerar, evaluar y profundizar, en sus méritos, la validez y constituciona-lidad del referido trámite legislativo. Nos preocupa, pues, ante ese fallo de carácter limitado y suscinto, el camino decisorio de este Foro apelativo que provee no ha lugar.

Lógicamente, en buena función adjudicativa, para arribar a la conclusión de que no se violó Silva v. Hernández Agosto, supra, este Tribunal, sub silentio, ha tenido que reconocer la capacidad de Rexach Benitez et al. De ser así, lo procedente sería revocar la sentencia y devolver el caso al tribunal de origen para trámites ulteriores. Lamentablemente no hemos seguido esa ruta. En un ejercicio judicial que corresponde más bien al de jurisdicción original, no apelativa, se confirma lacónica-mente al tribunal de instancia en virtud de un examen, también sumario, de los méritos del caso. Resulta, pues, prematuro y especulativo todo intento de sostener la negativa de este foro apelativo a intervenir, fundado en el razonamiento circular de que los autos evidencian que no hubo violación remediable a las normas vigentes sobre los derechos de las minorías parlamentarias.

La más completa deferencia del Poder Judicial hacia el Poder Legislativo no justifica que reclamos como el de autos, por su trascendental importancia, sean adjudicados mediante interpretaciones restrictivas, y sin que debida-mente se diluciden en su fondo si realmente son justiciables. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720-721 (1980).

La cuestión planteada en el recurso va a la raíz del proceso constitucional democrático apuntalado en una adecuada fiscalización de las mayorías por las minorías. Bajo Silva v. Hernández Agosto, supra, la consecución de ese fin implica la provisión de los instrumentos razonables y necesarios e igualdad de oportunidades en todas las etapas críticas del proceso legislativo.

Una nota cautelar: reconozcamos que la vigencia y no erosión de la doctrina del precedente (stare decisis), en su proyección prospectiva, inexorablemente depende de la estima valorativa que individual y colectivamente le imprimamos los Jueces a nuestras decisiones previas.

Revocaríamos la sentencia desestimatoria sumaria y devolveríamos el caso al tribunal de origen para trámites ulteriores compatibles con lo expuesto.

-O—

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Al examinar la controversia ante nos, reafirmamos que “es función ineludible de los tribunales interpretar la Constitución y velar que el espíritu democrático de esta Carta no se vulnere”. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986). Sin embargo, la efectividad y legitimidad de ese poder de revisión depende de que reconozcamos que tiene fronteras y debe ser utilizado con prudencia. Así lo expresamos claramente en Silva v. Hernández Agosto, supra, pág. 57:

... La teoría de la separación de poderes requiere que las facultades delegadas por el pueblo en la Carta Constitutiva se distribuyan entre las tres ramas. Su premisa es evitar la concentración dé poderes en una sola. La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada una acepte y respete la autoridad de las otras y entienda la interrelación de sus funciones. Su perdurabilidad requiere que cuando haya conflicto sobre el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ellas, los tribunales intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferencias.

Estoy de acuerdo con denegar el recurso de revisión incoado por los senadores del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico por entender que los autos y la prueba documental revelan que los demandantes tuvieron una participación efectiva y real en los procesos de aprobación de las leyes cuestionadas, cumpliéndose así con las normas pautadas en Silva v. Hernández Agosto, supra.

So £3 £X O. cd so o o ■ ¡=¡ c-H "i o c CD I-S ce So' SO £3 cr+-CD 3 O ce ce CD O '■S (§' B‘ SO CD £3 £ £3 SO CX CD sentencia declaratoria e injunction incoada por los senadores del Partido Nuevo Progresista con el propósito de que se declaren inconstitucionales varias leyes aprobadas en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Legislativa celebrada entre el 18 y el 24 de diciembre de 1986. Los demandantes alegaron que los proyectos “fueron sometidos a la consideración del Senado, sin haber sido citados los [sjenadores de la minoría a sesiones ejecutivas para discutir o considerar el informe [o] para someter cualquier informe disidente. Igualmente los [sjenadores de la minoría no tuvieron oportunidad de participar en las Conferencias Legislativas en los casos que hubo que dirimir dif[e]rencias entre lo aprobado por la Cámara y el Senado”. Apéndice, pág. 4. Finalmente, alegaron que les fueron negadas copias de los informes y estudios relacionados con cada uno de los proyectos de ley.

Oportunamente los demandados sometieron una extensa y bien fundamentada moción de desestimación acompañada de abundante prueba documental. Ésta no fue contestada por los demandantes.

El tribunal desestimó la demanda. Sostuvo que la prueba documental “demuestra una participación real y efectiva de los [sjenadores demandantes en todo el proceso de las leyes impugnadas”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 580. Concluyó que los senadores carecían de legitimación activa {standing) y que la controversia planteada “no era justiciable”. Finalmente, advirtió que cualquier otra decisión constituiría una intromisión indebida del Poder Judicial en los procesos legislativos.

En el recurso ante nos, los demandantes cuestionan la procedencia de la desestimación. Examinado cuidadosa-mente el recurso, así como la prueba documental, estoy de acuerdo con la resolución del Tribunal porque de las circunstancias específicas de este caso no se desprende una violación de la doctrina de Silva v. Hernández Agosto, supra, que amerite nuestra intervención.

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En primer lugar, procesalmente la desestimación de la demanda estuvo fundamentada en que no exponía una reclamación que justificara la concesión de un remedio. Evidentemente dicho foro actuó al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y consideró materias no incluidas en la alegaciones impugnadas como si se tratara de una moción de sentencia sumaria. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982). Los senadores deman-dantes no cuestionaron en ningún momento la extensa prueba documental sometida por los demandados en su moción de desestimación. Tampoco solicitaron una vista ni sometieron escrito para replicar el estudio del derecho sometido por los demandados. Al igual que en el caso de Torres Ponce v. Jiménez, supra, pág. 62, “todas sus actuaciones reflejan que entendía[n] que la controversia era de derecho y no de hechos”.

Después de esperar más de un mes por una oposición de los Senadores demandantes, el Tribunal a quo examinó el derecho aplicable y la prueba sometida. Fundamentado en una lectura del XXXIX Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Sesión Extraordinaria, Senado), Núm. 1, 1986, el Tribunal entendió que la prueba docu-mental revelaba que no se violó la doctrina sobre los derechos de las minorías en el proceso legislativo. En ausencia de una controversia de hechos real y sustancial, procedía que la moción de desestimación se considerara como una sentencia sumaria y por lo tanto una adjudicación en los méritos. Sucn. Meléndez v. DACO, 112 D.P.R. 86, 89 (1982).

En segundo lugar, en vista de la tendencia actual hacia la liberalización de las normas que rigen las determinacio-nes de si una parte tiene legitimación activa (standing), E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 398 (1983), y nuestra decisión en Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407 (1982), procedía la consideración del recurso.

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Aclarados estos extremos, e independientemente de los complejos problemas de legitimación activa y justiciabi-lidad que plantea este caso, lo cierto es que un análisis meticuloso del Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, supra, y la Certificación del Secretario del Senado revela que los senadores demandantes tuvieron una “par-ticipación real y efectiva” en todo el proceso de aprobación de las leyes cuestionadas. Contrario a lo ocurrido en Silva v. Hernández Agosto, supra, aquí los senadores de la minoría del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) y del Partido Independentista Puertorriqueño (P.I.P.) tenían represen-tación en las comisiones camerales.

Mientras que en Silva v. Hernández Agosto, supra, se aprobó un reglamento para excluir a las minorías de las vistas, celebradas en sesión ejecutiva, en este caso el historial legislativo revela que asistieron regularmente a las audiencias. (Véase Apéndice I.) De la prueba documental también se desprende que los portavoces del P.N.P. (Hon. Roberto Rexach Benítez) y del P.I.P. (Hon. Rubén Berrios Martínez) fueron miembros de todas las comisiones senatoriales y que asistieron a las vistas públicas celebradas. De hecho, una lectura de la prueba demuestra que los portavoces de los dos partidos minoritarios aprovecharon en forma efectiva y destacada las vistas para interrogar a los deponentes y expresar sus puntos de vista sobre las leyes estudiadas. Por lo tanto, la situación en este caso es diametralmente distinta a la que motivó nuestra interven-ción en Silva v. Hernández Agosto, supra.

Por otro lado, el Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, supra (véase Apéndice III de la Moción de Desestimación) también revela que los senadores de las minorías no objetaron a la consideración de los informes de las comisiones senatoriales por parte del Senado en su sesión plenaria. De hecho, participaron en la Comisión de Reglas y Calendario y consintieron en remitir los informes al hemiciclo.()

Así lo informó al Senado el portavoz del Partido Popular Democrático, Hon. Gilberto Rivera Ortiz, el jueves 18 de diciembre de 1986:

SR. RIVERA ORTIZ, G.: Señor Presidente.
SR. PRESIDENTE: Señor Senador Rivera Ortiz.
SR. RIVERA ORTIZ, G.: Señor Presidente, la Comisión de Reglas y Calendarios se reunió y estamos listos para informar al señor Presidente si es que él así lo estima pertinente.
SR. PRESIDENTE: Adelante.
SR. RIVERA ORTIZ, G.: Señor Presidente, para beneficio de todos los compañeros senadores, la Comisión de Reglas y Calendarios se reunió con el propósito de establecer un plan de trabajo para la Sesión Extraordinaria, a los fines de que cada cual pueda acoplar su tiempo adecuadamente y que pueda, a su vez, establecer un patrón de acción, no como decimos nosotros, sino a base de hora de puntualidad, que podamos descargar nuestra responsabilidad como Dios manda.
Vamos en el día de hoy, vamos a formar un Calendario de [OJrdenes Especiales, y luego tendremos una lectura de medidas que habrán de considerarse mañana a las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.). Es decir, que aunque formemos un Calendario de [OJrdenes Especiales para el día de hoy, solamente lo hacemos con el propósito de proceder a leer las medidas que tenemos.
Esas medidas quedarán listas para empezar los trabajos a las nueve y media de la mañana (9:30 a.m.), mañana viernes. Y confiamos de que ya alrededor de la una de la tarde (1:00 p.m.), alrededor de eso, estaríamos ya preparados, habiéndose discutido las medidas.
Convinimos también de que las cinco (5) medidas que tienen que ver con impericia médica, que son cuatro (4) de ellas, vamos a incluir en el Calendario de [OJrdenes Especiales del día de hoy, habrán de verse en su totalidad, porque es el mismo tema. Es decir, que al estarnos expresando mañana con relación a las medidas, nos vamos a estar expresando con relación al grupo de medidas que tienen que ver todas ellas con impericia médica. De esta manera aceleramos el trabajo. Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, supra, págs. 13-14.

Cuando los informes fueron sometidos al Senado los portavoces de las minorías también autorizaron su consideración. Por ejemplo, al someter el Informe de la Comisión de Gobierno sobre el P. del S. 939, el Presidente del Senado preguntó si había objeción y el Senador Rexach Benítez contestó en la negativa:

SR. RIVERA ORTIZ, G.: Señor Presidente, para proponer se releve la Comisión de Salud y Calidad Ambiental de rendir informes con relación al Proyecto del Senado 939.
SR. REXACH BENÍTEZ: No hay objeción.
SR. PRESIDENTE: No hay objeción. Así se acuerda.
SR. RIVERA ORTIZ, G.: Para proponer que el Proyecto del Senado 939, con el informe sometido por la Comisión de Gobierno Estatal sea incluido en el Calendario de [Ojrdenes Especiales del día.
SR. REXACH BENÍTEZ: No hay objeción.
SR. PRESIDENTE: Si no hay objeción, así se acuerda. Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, supra, pág. 15.

Tanto en la consideración de esta legislación como en las otras aprobadas durante la sesión, las minorías no objetaron a la lectura de los proyectos y los informes de las comisiones. Conforme a la práctica senatorial cada senador recibió simultáneamente copia de los informes y las enmiendas sugeridas y en ningún momento las minorías cuestionaron el procedimiento seguido por las comisiones.

Los portavoces de los tres partidos representados en la Asamblea Legislativa también acordaron las reglas para el debate de las medidas ante su consideración. Por ejemplo, en cuanto a las medidas de impericia médica se acordó lo siguiente:

SR. RIVERA ORTIZ, G: Señor Presidente. Los Portavoces nos hemos reunido y hemos llegado al siguiente acuerdo, como regla de debate para estas cinco (5) medidas. Las cinco (5) medidas se van a co[g]er en bloque como parte del tema de impericia médica, sometido por el señor Gobernador. El compañero Rubén Berrios habrá de utilizar no más de quince (15) minutos. Me indica él que posiblemente no llegue tan lejos. El compañero, la representación PNP, habrán de tener un promedio de media hora, posiblemente menos de ello. Y la representación nuestra unos cuarenta y cinco minutos (45). Lo comunicamos de esa manera, señor Presidente para que es[e] sea el marco de referencia del tiempo a utilizarse para fines de expresiones con relación a las cinco (5) medidas que están ante la consideración del Cuerpo.
SR. VICEPRESIDENTE: Quiere señalar, esos son los acuerdos, esas son las reglas. Quince (15) minutos para la Minoría independentista, media hora para la Minoría penepeísta y cuarenticinco (45) minutos para la Mayoría Parlamentaria.
SR. REXACH BENÍTEZ: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: Señor Senador.
SR. REXACH BENÍTEZ: Quiero aclarar algo. Los Sena-dores del Partido Nuevo Progresista sabemos que los Senadores de la Mayoría tienen un compromiso que deben cumplir a la una, más o menos, y estamos en la mejor disposición de permitirles a ustedes ese compromiso navideño. Ahora, le expliqué al distinguido compañero Gilberto Rivera Ortiz, que el acceder nosotros en este momento a esas reglas de debate, no implic[a] de parte nuestra una aceptación de este trámite, de este procedimiento' de establecer reglas de debate sobre estos asuntos controversiales. Y obtuve de él un compromiso de caballeros con referencia a otras medidas, y al debate que habremos de tener sobre un tema bastante controversial que se ha estado ventilando públicamente. De manera que, quiero que conste eso en récord. Ha habido un acuerdo de caballeros que me ha permitido a mí darle mi voto favorable a las reglas de debate que ha explicado el compañero Rivera Ortiz.
SR. RIVERA ORTIZ, G.: Señor Presidente.
SR. VICEPRESIDENTE: La Presidencia quiere saber si esta[s] Regla[s] de Debate son product[o] del consenso, distinguidos compañeros. Independientemente [de] si hay algún tipo de compromiso para esta tarde.
SR. RIVERA ORTIZ, G.: Señor Presidente, a lo quiero referirme es precisamente a eso, los compromisos de caballeros no son compromisos procesales....
SR. VICEPRESIDENTE: Claro.
SR. VICEPRESIDENTE: La Presidencia va a disponer de dicha petición y dicha solicitud.
La Presidencia quiere hacer constar que, obviamente, los acuerdos que se han logrado [son] producto de un consenso entre los tres (3) Portavoces. Y que siempre aquí prevalece por encima de cualquier otra consideración, la aplicación correcta y justa de este Reglamento. Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, supra, págs. 69-70.

Conforme a acuerdos análogos, los informes y los proyectos fueron extensamente debatidos en el hemiciclo. En sus intervenciones los senadores de las minorías tanto del P.N.P. como del P.I.P. analizaron los informes de la Rama Ejecutiva; recomendaron .enmiendas a los proyectos y cuestionaron los propósitos y los alcances de las leyes ante su consideración. Aunque se acordaron reglas de debate con unos límites de tiempo para cada partido, la Presidencia del Senado autorizó extensiones cuando fue necesario.

Del récord legislativo también se desprende que los senadores minoritarios tuvieron acceso a los informes preparados por la Rama Ejecutiva y cuestionaron sus datos estadísticos y recomendaciones al contribuir en forma destacada. Debido a esta activa fiscalización de los senadores minoritarios, y al interés de la mayoría en que todos los senadores participaran efectivamente, el historial legislativo de estas leyes será de incalculable valor al analizar controversias sobre ellas.

Del Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, supra, también se desprende que los problemas suscitados en el hemiciclo fueron parcialmente el resultado de la fecha en que fue convocada la Sesión Extraordinaria y el poco tiempo que tuvieron los legisladores para resolver todas las controversias. Apresurados por el compás del reloj, las exigencias sociales de la época navideña y agotados por las largas sesiones de los últimos días, los senadores discreparon sobre el uso acostumbrado de reuniones informales y del referéndum para resolver las diferencias surgidas entre el Senado y la Cámara de Representantes en dos de los proyectos aprobados. Por constituir las actuaciones de los senadores en esos Comités de Conferencias “parte integral del proceso legislativo” y una actuación claramente legislativa, están cobijadas por la doctrina de inmunidad parlamentaria de la Constitución. Silva v. Hernández Agosto, supra. Su ámbito es amplio. Cubre toda actividad legislativa en el hemiciclo o en las comisiones, incluso “los procesos de deliberación, comunicación, investigación e información y actos necesarios para el desarrollo del proceso legislativo”. Vélez Ramírez v. Colberg Ramírez, 117 D.P.R. 873 (1986); Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984). Aunque esta inmunidad no es absoluta, Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 764 (1977), en este caso nuestra intervención requeriría una investigación sobre deliberaciones y comunicaciones protegidas por esa disposición constitucional.

Finalmente, los senadores de los partidos minoritarios tuvieron la oportunidad de sugerir enmiendas y votar sobre cada una de las leyes. El historial legislativo revela que los senadores demandantes se opusieron a todas las leyes mediante su voto en contra o abstención. Concluida la sesión recurrieron cuatro meses después a los tribunales para solicitar que las leyes fueran declaradas inconstitucionales.

Por su parte, el Senador Berrios Martínez votó afirmativamente en la Ley Especial de Sustento de Menores y en contra de la mayoría de las medidas restantes. Sin embargo, en el hemiciclo no se solidarizó con los planteamientos del Senador Rexach Benítez. Tampoco se unió a la demanda de los Senadores del P.N.P. ni incoó acción legal para impugnar la aprobación de las leyes.

En vista de la prueba no controvertida en torno a la participación de las minorías en el hemiciclo del Senado, procede que nos abstengamos de intervenir en este caso. De lo contrario, permitiríamos que un sector de las minorías legislativas mude la arena política a los tribunales. La Sesión Extraordinaria concluyó el 25 de diciembre de 1986. No debe permitirse mediante un pleito infundado que los tribunales se conviertan en un foro para la continuación de los debates que concluyeron ese día.

En síntesis, en este caso ante la ausencia clara de una controversia de hechos real y sustancial, es inevitable la conclusión de que procedía una determinación sumaria de que no hubo una violación de la doctrina pautada en Silva v. Hernández Agosto, supra, que amerite nuestra interven-ción. Como la revisión se da contra la sentencia y no en sus fundamentos, proveería un no ha lugar al recurso instado.

      (1) Las leyes aprobadas en la referida sesión y cuya anulación se solicita son las siguientes:
      (1) Las medidas legislativas para tratar el asunto de la impericia médica. Leyes Núms. 1, 3, A y 6 de 30 de diciembre de 1986.

      (2) La Nueva Ley de Incentivos Contributivos de Puerto Rico. Ley Núm. 8 de %A de enero de 1987.

      (3) Ley que transfiere a la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico los servicios de radio y televisión públicos del Departamento de Instrucción Pública. Ley Núm. 7 de 21 de enero de 1987.

      (4) Ley que enmienda la Regla 44.1 de Procedimiento Civil. Ley Núm. 2 de 30 de diciembre de 1986.

      (2) Regla XIV, 1(1), 1(3), 1(8) y 1(9), Reglamento del Senado de 15 de mayo de 1984. Anejo 1, págs. 630-634.

      (1) "Para preparar los calendarios de [Ó]rdenes Especiales del Día y los de Aprobación Final existe la Comisión de Reglas y Calendario. Esta Comisión se halla compuesta en cada Cámara por el Presidente, el Vicepresidente, los dirigentes parlamentarios de la mayoría y de las minorías y por el Presidente de la Comisión de Hacienda. La importancia de la Comisión de Reglas y Calendario es vital en el funcionamiento del Cuerpo Legislativo. Es ella la que dispone la legislación que va a ser discutida y cuándo será considerada.
      “La Comisión de Reglas y Calendario es en donde se depositan los informes de todas las Comisiones. Allí, a voluntad de ella, esos informes pueden ser retenidos indefinidamente, o pasar en seguida a la consideración del Cuerpo legislativo. Usualmente preside la Comisión el dirigente de la mayoría, a su vez Vicepresidente de la misma. Teniendo el dirigente sobre sus hombros toda la responsabilidad de la labor en el hemiciclo, nada más lógico que esté en un sitio a donde se remite toda la legislación en trámite. Es la Comisión de Reglas y Calendario la única que puede reunirse mientras el Cuerpo a que pertenece está en sesión, sin que para ello tenga que solicitar permiso previo.” N. Rigual, El Poder Legislativo de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1961, pág. 100; véase, también, E. Bernier y J. A. Cuevas-Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, J.T.S., 1987, pág. 51.


author: PER CURIAM:

text:
    Carmen Ortiz De Jesús, demandante y recurrida, v. Cruz Higinio Vázquez Cotto, demandado y recurrente.

      Número: RE-87-71

      Resuelto: 9 de noviembre de 1987

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado del recurrente; Benjamín Rivolta López, de Gutiérrez & Rivolta, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

En pleito sobre alimentos, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, dictó sentencia mediante la cual condenó al aquí demandado recurrente Cruz Higinio Vázquez Cotto a pagar la cantidad de $500 mensuales en concepto de pensión alimenticia, la cual suma de dinero “deberá la parte demandada satisfacer de la siguiente manera: $200.00 para cada uno de sus hijos ... y $100.[00] para la demandante Carmen Ortiz De Jesús”, con la cual dama el demandado recurrente nunca ha estado casado.( )

Habiendo recurrido ante este Tribunal el demandado mediante la radicación del correspondiente recurso de revisión, mediante resolución de fecha 2 de abril de 1987 le concedimos término a la parte demandante recurrida:

.. .para mostrar causa por la cual este Tribunal no deba expedir el recurso solicitado y dictar sentencia modificatoria de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, en el Caso Civil RF-86-44 a los efectos de eliminar la concesión de la suma de $100.00 mensuales, por concepto de alimentos, a la referida codemandante por ser la misma improcedente en derecho. Resolución de 5 de marzo de 1987.

La parte demandante ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

Este Tribunal en el pasado ha reconocido el interés propietario de los concubinos con respecto a los bienes adquiridos o que hayan incrementado de valor vigente la relación, como resultado del esfuerzo, labor y trabajo aportados conjuntamente bajo cualquiera de las siguientes alternativas: “(1) como pacto expreso ... (2) como pacto implícito que se desprende espontáneamente de la reláción humana y económica existente entre las partes durante el concubinato ... (3) como un acto justiciero para evitar el enriquecimiento injusto ...”. Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 585 (1969); Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474, 481 (1975).

Nunca, sin embargo, hemos reconocido que la relación concubinaria, por sí sola, pueda generar un “régimen matrimonial de hecho” con todos los aspectos jurídicos que ello conlleva; entre otros, la obligación de prestarse alimentos. El articulado de nuestro Código Civil que regula la institución de alimentos, en particular los debidos al cónyuge o ex cónyuge en estado de necesidad económica,() parten del supuesto de un matrimonio legalmente constituido.() Erró en su consecuencia el tribunal de instancia al imponerle al demandante recurrente en el presente caso el pago de una suma de dinero por concepto de pensión alimenticia a la demandante recurrida.

Por las razones expuestas, se expedirá el auto y se dictará sentencia modificatoria de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, según lo arriba expresado y así modificada se confirmará la misma.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton concurren en el resultado sin opinión escrita.

      (1) El demandado recurrente está casado legalmente con otra persona.

      (2)Arts. 89, 109 y 143 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. secs. 282, 385 y 562.

      (3) Debe señalarse, en adición, que el presente caso trata de dos personas que estaban impedidas por ley de contraer matrimonio por razón de uno de ellos estar legalmente casado, hecho conocido plenamente por la demandante recurrida. Dicha relación, de hecho, pudo servir de base para la radicación de acusaciones por el delito de adulterio. Art. 129 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4147.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Jorge Silva Wiscovich, D.D.S., demandante y recurrido, v. The Weber Dental Manufacturing Co. et al., demandados y recurrentes.

      Número: CE-86-606

      Resuelto: 10 de noviembre de 1987

      Francisco G. Bruno y Jorge Carazo Quetglas, de Sweeting González & Cestero, abogados de los recurrentes; Néstor Duran, de McConnell, Valdés, Kelley-Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Las acciones tienen una vida limitada; la Ley no protege perpetuamente los derechos mediante acciones perpetuas; transcurrido cierto tiempo desde que su titular pudiera utilizarlas, y no lo hubiese hecho, la Ley les retira su protección. El derecho así mutilado, según unos, queda extinguido; según otros, inerme.

El fundamento de hecho más natural, más humano y más íntimo de la prescripción es la acción corrosiva, a la vez sedante y niveladora, del tiempo. El destruye lo que es transitorio, amortigua y llega a borrar el sentimiento por el derecho ofendido o usurpado y restablece el equilibrio de las cosas. Dice Platón que Dios ha mandado al tiempo que adormezca el dolor. A. M. Borrel y Soler, Derecho Civil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1955, T. I, pág. 486.

A solicitud de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito certificamos la siguiente interrogante; ¿la presen-tación de una demanda de la que desiste voluntariamente el actor, sin perjuicio, antes de haberse emplazado a los demandados, interrumpe el término prescriptivo para pro-pósitos de la prescripción extintiva o meramente lo suspende desde la fecha de la presentación hasta la fecha de la des-estimación?

J — I

El 19 de septiembre de 1982 el Dr. Jorge Silva Wiscovich sufrió serias lesiones en su mano derecha al colapsarse la silla dental que estaba inspeccionando. Alegó que fue diseñada y fabricada defectuosamente por The Weber Dental Manufacturing Co., hoy Cooper Dental Devices Corp. Sostiene que ha quedado incapacitado para ejercer su profesión por el resto de su vida.

En unión a su esposa María Morales Palmer, ex reí. Sociedad de Gananciales Silva-Morales, el 19 de septiembre de 1983 los demandó en daños en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. Invocaron la jurisdicción de dicho foro federal por diversidad de ciudadanía. Transcurrieron tres (3) meses sin que em-plazaran a los demandados. El 12 de enero de 1984 dicha Corte les requirió que mostraran causa por la cual la acción no debía ser desestimada por inactividad. El 20 de enero presentaron moción de desistimiento voluntario, sin per-juicio. El 31 de enero de 1984 la corte accedió y dictó sentencia que la desestima sin perjuicio.

El 18 de enero de 1985 Silva reprodujo su demanda ante el mismo foro. La instó solo, pues se había divorciado.

El 16 de julio de 1985 Cooper contestó la demanda. Subsiguientemente solicitó sentencia sumaria a su favor por el fundamento de que la acción estaba prescrita. Silva se opuso. Oportunamente, ambos pidieron que la Corte de Distrito nos certificara el asunto. Ésta optó por dictar sentencia y desestimó la demanda por prescripción. Silva apeló y vía el trámite de certificación intervenimos.

El Art. 1830 del Código Civil establece:

Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales.
También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sea[n]. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 5241.

Su lectura pone de manifiesto la existencia de dos especies o clases de prescripción, a saber, la adquisitiva y la extintiva.

Mediante la adquisitiva, usucapión o prescripción del dominio, se adquieren el dominio y todos los derechos reales. Por la prescripción extintiva se extinguen los derechos y las acciones de cualquier clase que sean. J. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 1013-1024; J. Castán, Derecho Civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. 1, Vol. 2, págs. 952-959; L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1965, págs. 23-57; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 7ma ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Priv., 1977, Vol. 1, págs. 483-484.

Ambas prescripciones poseen, como elementos comunes, el factor del tiempo, el concurso de un cierto plazo, y tienen como finalidad la certidumbre y firmeza de la vida jurídica.() La diferencia esencial es que la adquisitiva exige la posesión como un hecho positivo, mientras que la extintiva requiere un elemento negativo, esto es, la inacción del titular del derecho. Con relación al contorno de aplicación, la adquisitiva aplica a los derechos reales susceptibles de posesión; la extintiva sin embargo, se extiende a todos los derechos reales y de crédito. Por la usucapión se adquiere y a la vez se extingue algo, pues el derecho real que adquiere el prescribiente lo perdió el antiguo dueño. En la extintiva, el derecho se extingue y nadie lo adquiere.

El elemento tiempo de la prescripción es susceptible de ser interrumpido. Respecto a la prescripción extintiva, el Art. 1873 establece que:

La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. 31 L.P.R.A. sec. 5303.

Por otro lado, el Art. 1846 —sobre la prescripción adquisitiva— dispone:

Se considerará no hecha y dejará de producir interrupción la citación judicial:
1. Si fuere nula por falta de solemnidades legales.
2. Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la instancia.
3. Si el poseedor fuere absuelto en la demanda. 31 L.P.R.A. see. 5267.

La presente controversia implica interpretar estos dos artículos. Se plantea si el inciso (2) del Art. 1846, supra, es aplicable a la prescripción extintiva. Esto es, si conforme el Art. 1873, supra, una acción ejercitada en los tribunales de la cual el actor desiste, se tiene por no hecha y por lo tanto, no interrumpe el plazo prescriptivo.

r — H h-H í — I

La interrogante surge a causa de diferentes pronuncia-mientos de este Tribunal, a veces vacilantes, sin que definitivamente la hayamos resuelto.() Veamos.

En González v. San Juan L. & T. Co., 17 D.P.R. 124 (1911), nos enfrentamos a una situación en que original-mente se inició una acción de daños, la cual al no comparecer la parte demandante fue desestimada por falta de instancia. Nuevamente se presentó la acción dentro del año de la fecha de la desestimación de la demanda original. El tribunal de origen resolvió que no procedía. Al confirmar y dictaminar que la acción estaba prescrita, indicamos que la prescripción forma parte de la ley procesal y no sustantiva. Ante la disyuntiva de aplicar la doctrina española o la americana expresamos:

No obstante la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de España, y la opinión del comentarista Manresa, resolveremos esta cuestión legal, de acuerdo con los principios bien establecidos en la Jurisprudencia Americana; porque en nuestra opinión, como jueces, encontramos estos últimos más en harmonía [síc] con la equidad y la justicia, y con el espíritu de la misma ley. González v. San Juan L. & T. Co., supra, pág. 135.

Según ese enfoque doctrinario resolvimos que la interrupción de la prescripción por acción judicial tiene lugar cuando el demandante prosigue su acción hasta su culminación. Si la abandona, desiste o permite que sea desestimada, el efecto inmediato es como si la acción no hubiese sido presentada y se computa el término prescriptivo desde que surgió la causa de acción.

Década y media después, en De Jesús v. De Jesús, 37 D.P.R. 151, 156 (1927), consideramos una acción reinvindi-catoria de bienes inmuebles interpuesta luego de transcurrido el término prescriptivo de treinta años establecido para iniciar la misma. Decidimos que no había prescrito porque dicho término había sido interrumpido mediante la presentación de otra acción antes de transcurrir el mismo y “no obstante la doctrina contraria establecida en González v. San Juan Lt. & T. Co”. Aun cuando no revocamos directamente a González v. San Juan L. & T. Co., nuestro pronunciamiento debilitó su razón de decidir pues expresamos que las normas de interrupción de la pres-cripción adquisitiva no pueden aplicarse a la extintiva por ser distintas e independientes, y “así lo declaró el Tribunal Supremo de España en sentencia de 4 de enero de 1901 al decidir que lo dispuesto en el artículo 1964 (igual a nuestro artículo 1847) sobre que dejará de producir efecto la interrupción judicial de la prescripción adquisitiva cuando el actor desistiera de la demanda o dejare caducar la instancia, no surte el mismo efecto en la extintiva”. De Jesús v. De Jesús, supra, pág. 154.

En Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655 (1966), resolvimos que el término prescriptivo de una acción de daños se interrumpía con la mera presentación de la misma. Descartamos que fuera menester emplazar a la parte demandada. Allí indicamos que “el fundamento reconocido de la interrupción es la manifestación inequívoca de quién, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. Feliciano v. A.A.A., supra, pág. 660. Apuntamos que el plazo prescriptivo comienza a correr de nuevo desde que finaliza la acción que interrumpió dicho término. Aunque no estaba envuelto, reconocimos que la desestimación por abandono era una de las causas de terminación de la acción litigiosa.

Más adelante, en Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 590 (1972), expresamos:

.. .la nueva interposición efectiva de una demanda ante un tribunal, dentro del término prescriptivo.. .produce el efecto interruptor de la prescripción extintiva de la acción ejercitada, cualesquiera que sean las vicisitudes posteriores a la radicación de la demanda, como, por ejemplo, carecer el tribunal, al cual se ha acudido, de competencia para entender en la acción o que se declare sin lugar la reclamación mediante moción de non suit.

Esta trayectoria judicial de más reciente cufio debió señalar el norte decisorio. A pesar de nuestros claros pronunciamientos posteriores contrarios a González v. San Juan L. & T. Co., supra, no fue así. En Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623 (1982) —al adjudicar que una acción presentada en. un foro sin jurisdicción o competencia interrumpía el término prescriptivo— indicamos que no era necesario discutir excepciones a dicha norma. Sin embargo, mediante nota al calce consignamos:

Para el caso en que se abusa de la norma o se utiliza de mala fe, véase: F. de Castro y Bravo, Temas de Derecho Civil, Madrid, 1972, pág. 161, n. 1. Para la situación en que el actor desiste de la demanda, véase: González v. San Juan L. & T. Co., 17 D.P.R. 124 (1911). El tribunal de instancia se apoyó únicamente en este caso, pero sus hechos son distintos a los del pleito de autos. También lo es su razonamiento. En González, pág. 135, se afirma:
“No obstante la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de España y la opinión del comentarista Manresa, resolvemos esta cuestión legal, de acuerdo con los principios bien establecidos en la Jurisprudencia Americana; porque en nuestra opinión, como jueces, encontramos estos últimos más en harmonía [síc] con la equidad y la justicia, y con el espíritu de la misma ley.” Durán Cepeda v. Morales Lebrón, supra, pág. 631, esc. 1.

La cuestión ha generado legítimo debate forense en los foros locales y federales. Amerita que sea definitiva-mente esclarecida. La decisión de González v. San Juan L. & T., supra, no puede subsistir. Queda expresamente revocada. Primero, hace varios años aclaramos que el Art. 1873 del Código Civil es una disposición de carácter sustantivo y no procesal. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981); Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405 (1974); Feliciano v. A.A.A., supra, pág. 657.

Segundo, el manantial jurídico al cual debemos acudir es el civil y no el common law. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., supra; Febo Ortega v. Tribunal Superior, supra. En De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 244-245 (1985), en el escolio núm. 4 establecimos:

En la Luisiana se ha desarrollado una teoría distinta a la expuesta sobre el fundamento de la prescripción liberatoria y el tipo de acto necesario para causar la prescripción. Allí se ha resuelto, bajo unos hechos similares, que “the elemental basis of legal interruption of liberative prescription in tort suits is informing the defendant of the legal demand.”...
La posición de la Luisiana no nos persuade en esta ocasión. De una parte, el Derecho español, como hemos visto, no la acepta y nuestra jurisprudencia ha seguido en este caso la tradición española. No vemos razones de orden público que nos induzcan a cambiar de rumbo. En segundo término no hemos hallado respaldo adecuado en el propio Derecho francés para la posición de la Luisiana, supuestamente derivada de esa fuente. (Citas omitidas y énfasis suplido.)

Tercero, la doctrina española, en su inmensa mayoría, se inclina a favorecer esta norma. El Tribunal Supremo de España recoge esa orientación del siguiente modo:

... la prescripción extintiva de las acciones tiene por principal fundamento la sanción o castigo al negligente en ejercitarlas, lo cual exige que esté evidenciado el propósito del abandono, que presupone la renuncia del derecho, y por eso la ley, dada la naturaleza especial de esta institución, ha dictado reglas obstativas a esa presunción, señalando los casos en que se interrumpe el término concedido para la prescripción, entre otros, la reclamación ante los Tribunales que comprende el artículo 1.973 del Código civil, con un criterio más amplio que el de la adquisitiva, pues si bien en éstos el artículo 1.946 subordina la interrupción al seguimiento y resolución favorable del pleito, en aquélla el 1.973 no pone tales cortapisas ni limitaciones, por lo que, una vez hecha en forma la interpelación judicial, queda interrumpido desde luego el plazo prescriptivo, que habrá de contarse de nuevo cuando cesen sus efectos, ya por desistimiento del actor, ya por la caducidad de la instancia, o por resolución judicial que no impida, sino que permita volver a provocar la cuestión, de cuya doctrina, que se deriva del mismo texto legal, es una corroboración la sentencia de este Tribunal de 4 de Enero de 1901. S. de 17 de diciembre de 1927, Núm. 82,179 Jurisprudencia Civil 512, 523. Véanse, además: S. de 9 de febrero de 1954, 45 Jurisprudencia Civil Nueva Serie 601, y 19 de febrero de 1945, 9 Jurisprudencia Civil, 2da Serie 544.

Aunque limitadamente ciertos autores sostienen criterios distintos, la mayoría coincide en que la mera presentación de la acción interrumpe el plazo prescriptivo, aun cuando se desista de la misma. Manresa, op. cit., T. XII, págs. 835-836; J. Santos Briz, Derecho Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Priv., 1978, T. I, pág. 699; Borrell y Soler, op. cit., pág. 521. Véase, además, J. L. LaCruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Lib. Bosch, 1984, Vol. 3, pág. 370. Contra: Diez-Picazo, op. cit., pág. 125; M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. I, Vol. 2, pág. 516. Esta posición encuentra eco en los procesalistas españoles G. Ma. Brocá y A. Majada. Por su claridad y certeza incorporamos las razones en abono de la misma:

En cuanto a la interrupción de la prescripción por actuación judicial, el desistimiento opera de manera distinta, según que se trate de la prescripción extintiva (“prescripción de las acciones”, arts. 1.961 y ss. C. civil) o de la prescripción adquisitiva o usucapión (“prescripción del dominio y demás derechos reales”, arts. 1.940 y ss. C. civil). En la primera, debe reconocerse la interrupción, no obstante el desistimiento, conforme a la doctrina sentada por el TS en S. 4 en. 1901, fundada en que no existe en el Capítulo III del Tit. XVIII, Libro IV, del C. civil, precepto alguno que ordene prescindir de la interrupción iniciada por demanda cuando se declare desistida, ni ser de aplicación a las secciones del art. 1.946, comprendido en el Cap. II, que trata de la prescripción del dominio y demás derechos reales (S. 24 en. 1928); la interrupción de tal prescripción de acciones no se halla sometida a la exigencia del art. 1.946 del C. civil, que subordina la eficacia de aquélla al seguimiento y resolución favorable del litigio, y sí solamente a lo que establece el art. 1.973, de cuyo texto aparece que una vez ejercitada la acción queda interrumpido el término prescriptivo, el cual habrá de contarse de nuevo cuando cesen los efectos de la interpelación, bien por desistimiento, bien por caducidad, bien por reso-lución que no impida sino que permita promover de nuevo la contienda. G. Ma. Brocá y A. Majada, Práctica Procesal Civil, 20ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1984, T. II, págs. 862-863.

¡> I — !

En Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509, 516 (1975), resolvimos que, interpuesta una demanda para recobrar daños y perjuicios por embargo ilegal, se interrumpe el período prescriptivo de un año entre la fecha de su presentación y la fecha en que se dictó la correspondiente sentencia desestimatoria sin perjuicio. Establecimos:

... De esa forma, el período prescriptivo quedó suspendido durante todo el tiempo que dicha acción estuvo sujeta a una adjudicación judicial, no militando en contra el que la acción fuera desestimada. Mientras estuvo pendiente mantuvo vivo y latente el derecho de dicha parte interrumpiendo efectivamente el término prescriptivo.

Recapitulemos. La prescripción que pretende evitar la inercia en el ejercicio de los derechos, proteger a los ciudadanos contra viejas y molestosas reclamaciones, pone fin a la posibilidad de litigios eternamente o por un período de tiempo razonable —Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975); Diez-Picazo, op. cit., pág. 56— depende si es extintiva o adquisitiva, tiene efectos jurídicos distintos que es menester reconocer.

En este caso se presentó la demanda original dentro del año. Los actores desistieron voluntariamente, sin perjuicio, antes de haber emplazado a los demandados. Esa gestión interrumpió el término prescriptivo. Bajo la doctrina reseñada no medió el abandono necesario, derivado del simple transcurrir del tiempo. El ejercicio oportuno de esa reclamación y su subsiguiente desistimiento sin perjuicio, fue con reserva al derecho de volver a presentarla. Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89 (1962); F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261, 265 (1976); De la Mata v. Carreras, 92 D.P.R. 85 (1965). El término comienza a contarse de nuevo íntegramente desde que terminó definitivamente la acción ejercitada. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980); Parrilla v. Loíza Sugar Co., 52 D.P.R. 241, 247 (1937); Durán Cepeda v. Morales Lebrón, supra.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que certifica que la demanda presentada en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico el 19 de septiembre de 198S, posteriormente desistida, interrumpió el término de prescripción extintiva de un (1) año.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

      (1) Tienen como propósito “castigar la inercia en el ejercicio de los derechos y asegurar así el ‘tráfico jurídico' el señorío de las cosas”, al evitar litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones. Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89 (1962); Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 378 (1959).

      (2) La propia Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, por voz de distintos jueces, ha llegado a variados resultados. Compárense: Torres v. Padilla, 622 F. Supp. 1276 (Dist. P.R. 1985), y Soto v. Municipality of Hatillo, 592 F. Supp. 1295 (Dist. P.R. 1981).