author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Jacinto Casablanca, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado; Continental Casualty Company, interventora.

      Número: O-70-96

      Resuelto: 3 de noviembre de 1971

      Ramón Lloverás Otero, abogado del peticionario; González & Rodríguez, abogado de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La Comisión de Energía Nuclear de Estados Unidos con-trató con Southern Construction Co., Inc., la construcción del centro nuclear de Mayagüez. Southern Construction Co., com-pañía de construcción, y la Continental Casualty Co., com-pañía de fianzas, como principal y fiadora respectivamente, prestaron una fianza para garantizar el pago de los materiales y la mano de obra que se utilizaría en la ejecución de dicho proyecto. La fianza se prestó según requerido por el estatuto federal conocido como la Ley Miller, 49 Stat. 793, de 24 de agosto de 1935 (40 U.S.C. 270(a) et seq.)-. En la ejecución del referido proyecto Southern Construction Co. subcontrató parte de las obras con el aquí peticionario Jacinto Casablanca.

El 5 de abril de 1960 Jacinto Casablanca inició una ac-ción en el Tribunal Superior de San Juan reclamando de Southern Construction Co. el pago de ciertas cantidades adeudádales bajo el referido subcontrato, y una suma por daños y perjuicios alegadamente causados por dicha deman-dada al incumplir ciertas condiciones del subcontrato. La demandada contestó la demanda el 5 de julio de 1960. A fines de ese mismo año los abogados del demandante co-menzaron a hacer gestiones sobre si la Southern Construction tenía fianza alguna sobre el proyecto. Al respecto solici-taron del Comisionado de Seguros de Puerto Rico una copia de la fianza prestada por Continental Casualty sobre el men-cionado proyecto. El Comisionado le informó que los agentes de dicha compañía de fianzas alegaban no haber otorgado fianza alguna en relación con el proyecto aludido. Luego, en 1963 los abogados de la Continental Casualty informaron al demandante que la oficina central de la compañía no tenía constancia de que se hubiere expedido póliza alguna a favor de Southern Construction.

Así las cosas el 1 de noviembre de 1966 se celebró la vista del caso en su fondo, a la que únicamente compareció el demandante y practicó su prueba. En 27 de enero de 1967 el tribunal dictó sentencia condenando a Southern Construction Co. a pagar al demandante $57,099.89 como daños y perjuicios, $12,053.25 por obligaciones adeudadas, intereses legales sobre esta última suma desde el 27 de enero de 1960 más $500 de honorarios de abogado.

El 16 de agosto de 1968 la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos remitió a los nuevos abogados del deman-dante copia del contrato de fianza (-payment bond) expedido por la Continental Casualty el 27 de junio de 1958 que cubría el contrato de construcción a que se refiere este caso.

■ El 20 de septiembre de 1968, veinte meses después de dictada sentencia en contra de Southern Construction Co., el demandante, interesado en ejecutar contra la compañía fiadora dicha sentencia, radicó un escrito ante el tribunal de instancia que tituló “Procedimiento contra Deudor Soli-dario” solicitando se ordenara la citación de la Continental Casualty para que mostrara causa por la cual no debía estar obligada por la referida sentencia. Citada la Continental Casualty se celebró la vista del caso el 18 de octubre de 1968. El tribunal de instancia finalmente resolvió en 31 de marzo de 1970 que siendo la fianza una prestada bajo un contrato con el Gobierno de los Estados Unidos el mismo estaba sujeto al estatuto conocido como Ley Miller que dispone que toda acción o reclamación bajo tales contratos deberá de incoarse en la Corte de Distrito Federal para el distrito donde se ejecute el contrato. El tribunal de instancia concluyó que la jurisdicción de los tribunales federales es exclusiva para tales reclamaciones y en su consecuencia se declaró sin jurisdic-ción en cuanto a la compañía fiadora Continental Casualty. De dicha resolución el peticionario recurre ante nos.

El peticionario en su alegato levanta esencialmente dos cuestiones, a saber: (1) que la Ley Miller no es de aplica-ción a su reclamación, y por consiguiente no es de la exclu-siva jurisdicción del foro federal; y (2) que de ser aplica-ble, las propias actuaciones de la Continental Casualty im-piden a ésta ampararse bajo las disposiciones de dicha ley federal.

La Ley Miller, 40 U.S.C. 220 (a) et seq. es un estatuto de carácter general que requiere la prestación de fianzas en todo contrato para la construcción, reparación o alteración de un edificio u obra pública federal, Tropicair Mfg. Corp. v. The Coite Somers Co., 96 D.P.R. 145 (1968); Byrne y Costello, The Evolution of Coverage under the Miller Act, 28 Fordham L. Rev. 287 (1959); Stickells, Bonds of Contractors on Federal Public Works—The Miller Act, 36 B.U.L. Rev. 499 (1956). Dicha ley exige que el contratista de una obra federal preste dos fianzas. Una a favor del Gobierno de Estados Unidos que asegura la terminación de la obra según lo pactado (performance bond) y otra aunque a favor del gobierno también pero cuyo propósito es la protección de las personas que suplan labor y materiales en la ejecución del contrato (payment bond).

La fianza del caso de autos fue prestada conforme a las disposiciones de la Sec. 270(a) de la Ley Miller. El formulario del documento de fianza utilizado en este caso lo proveyó la agencia federal General Services Administration y el mismo expresa su propósito de proteger las personas que suplan labor y materiales conforme a lo dispuesto por la Ley Miller. La cláusula penal de la fianza, según requerido pol-la referida ley federal, obliga al principal y a su fiadora a favor de los Estados Unidos únicamente. United States v. Carter, 353 U.S. 210, 77 S.Ct. 793 (1957); United States v. Peerless Casualty Company, 255 F.2d 137 (8 Cir. 1958); United States v. Ft. George G. Meade, Etc., 186 F.Supp. 639 (1960). Y, no hay duda, de que la fianza en este caso cubre una obra pública federal. Véanse, United States v. Irwin, 1942, 316 U.S. 23, 62 S.Ct. 899; Fidelity & Deposit Company of Maryland v. Harris, 360 F.2d 402.

El peticionario en efecto arguye que aun tratándose de una fianza expedida bajo la Ley Miller, los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción para considerar reclamaciones por fianzas prestadas bajo dicha ley. No estamos de acuerdo.

La Sec. 270(b) de la Ley Miller expresamente dispone que cualquier acción incoada bajo la misma se promoverá a nombre de Estados Unidos para beneficio del reclamante “en la corte de distrito de Estados Unidos de cualquier distrito en que se lleve a cabo y ejecute el contrato y en ningún otro tribunal, irrespectivamente de la cuantía reclamada.” Esta disposición ha sido interpretada unánimemente en el sentido de que la corte federal tiene jurisdicción exclusiva sobre la materia y los tribunales estatales no pueden entender en dichos casos. Blanchard v. Terry & Wright, Inc., 331 F.2d 467, certiorari denegado, 85 S.Ct. 62; United States v. Aetna Casualty & Surety Company, 297 F.2d 665 (1962); Gifford-Wood Co. v. Travelers Indemnity Co., 249 N.Y.S.2d 317; United States v. Sovereign Construction Co., 311 F.Supp. 371 (1970). The American Law Institute ha recomendado que se continúe la exclusividad de foro en casos bajo la Ley Miller.

En el caso de Tropicair Mfg. Corp. v. The Coite Somers Co., 96 D.P.R. 145 (1968), tuvimos ante nosotros el mismo problema que nos ocupa. Sin embargo, se trataba allí de una reclamación de un materialista contra el contra-tista y su fiadora por materiales suplidos en la ejecución de una obra bajo otro estatuto federal conocido como la Ley Capehart. Existe en los tribunales fedérales un conflicto irreconciliable en cuanto a si la Ley Miller aplica a los pro-yectos bajo la .Ley Capehart, debido esencialmente a que al-gunos tribunales han considerado que los proyectos “Cape-hart” no son programas federales en el sentido convencional.

Este Tribunal, en el caso de Tropicair, reconociendo que se trataba de un problema de interpretación de ley federal y dado el conflicto de interpretación existente en las jurisdic-ciones federales, adoptó el criterio unánime de las cortes es-tatales al resolver que la Ley Miller no era de aplicación a los proyectos cubiertos por la Ley Capehart, por lo que los trabajadores de dichos proyectos podían recurrir a nuestros tribunales estatales en protección de sus derechos. En el caso de autos, por el contrario, es indudable que se trata de una obra pública federal realizada a través de la Comisión de Energía Nuclear, por lo que le son aplicables las disposiciones de la Ley Miller. Siendo ello así carece de jurisdicción el Tribunal Superior para entender en el caso de autos.

En apoyo de su contención de que la ley determinante en la solución de este litigio es la de Puerto Rico el peticionario cita los casos de Blair v. United States, 147 F.2d 840 y United States v. Trione, 97 F.Supp. 522. Dichos casos no son de aplicación a la situación del presente caso. Ambos son reclamaciones bajo la Ley Miller en tribunales federales. En ninguno de ellos se planteó la cuestión jurisdiccional.

Lo que ocurrió en ambos casos fue que el tribunal federal aplicó disposiciones de leyes estatales en cuestiones sobre las que la Ley Miller guarda silencio.

Es conveniente afirmar que a pesar de que las cortes estatales tienen jurisdicción para entender en reclamaciones de un subcontratista contra un contratista por incumplimiento de contrato o por el costo de labor y materiales, en proyectos cubiertos por la Ley Miller, no la tienen en reclamaciones contra una aseguradora o fiadora ya que en estos casos la jurisdicción federal es exclusiva. American Creosote Works v. Caltoman Contractors, 160 So.2d 310 (1964); Voelz v. Milgram Contracting Co., 75 N.W.2d 305; 272 Wis. 366. Por consiguiente, la sentencia dictada contra el contratista en una corte estatal no obliga a la fiadora. United States Fidelity & Guar. Co. v. Hendry Corporation, 391 F.2d 13 (5th Cir. 1968).

El segundo apuntamiento del peticionario señala que la fiadora Continental Casualty Co. está impedida de levantar la defensa de falta de jurisdicción del tribunal bajó la Ley Miller por haber ésta trasmitido información a través de sus abogados y del Comisionado de Seguros, negando que hubiese expedido fianza alguna sobre el contrato objeto de la recla-mación.

No podemos darle la razón al peticionario, a pesar de que censuramos la forma en que la aseguradora eludió el dar la información correcta sobre su relación contractual con la compañía constructora demandada. Hemos sostenido que no toda conducta o actuación inconsistente con actos anteriores da lugar a la defensa de estoppel, la cual sólo aplica cuando confiando una parte- en la verdad de los actos o manifesta-ciones de otra, es inducida a actuar en forma tal que, de no aplicarse esa doctrina, sufriría perjuicios. Centro de Dependientes v. Montalvo, 72 D.P.R. 408 (1951); Serra, Garabis & Co., Inc. v. Municipio, 42 D.P.R. 468 (1931); véase, F. Rodríguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525 (1946).

El peticionario tenía los medios a su disposición para enterarse sobre los detalles de la fianza que le garantizaba, especialmente si se dirigía a la agencia del gobierno federal que dirige el proyecto. Sin embargo éste no fue suficiente-mente diligente en sus pesquisas.

Como regla general, bajo circunstancias de hecho apropiadas, la doctrina de estoppel puede ser una defensa en un caso bajo la susodicha Ley Miller. United States v. Fryd Construction Corporation, 423 F.2d 980 (Fla. 1970); Graybar Electric Co. v. John A. Volpe Construction Co., 387 F.2d 55 (1967). Véanse además, United States v. Greene Electrical Serv. of Long Island, Inc., 379 F.2d 207; United States v. Glassman Construction Company, 397 F.2d 8 (1968). Sin embargo, no hemos encontrado ningún caso bajo la Ley Miller, en que se haya utilizado la doctrina de estoppel para conceder jurisdicción sobre la materia a un tribunal estatal que de otro modo no tiene jurisdicción. Debe seguirse la regla invariable, establecida por las cortes federales y estatales, al efecto de que no habiendo jurisdicción sobre la materia, no puede adquirirse ésta por medio de estoppel. In Re Federal Facilities Realty Trust, 227 F.2d 651; Silvers v. Maryland Casualty Company, 239 F.2d 865 (1956); Mahoney v. Northwestern Bell Telephone Co., 377 F.2d 549 (1967); Radio Corporation of America v. Philco Corporation, 187 F.Supp. 940 (1960); Gahn v. Gahn, 116 A.2d 902 (1955); In re Mize’s Guardianship, 142 P.2d 116; Behee v. Beem, 131 P.2d 675; In Re Freshour’s Estate, 280 P.2d 642.

Habiéndose llegado a la conclusión de que los tribunales estatales no tienen jurisdicción para atender en una recla-mación bajo la Ley Miller, debemos confirmar la resolución dictada por el tribunal de instancia el 31 de marzo de 1970.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       En Puerto Rico se adoptó legislación similar para cuando se trata de obras públicas estatales, Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. see. 47 et seq. Véanse, Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965); Ferrer v. Alliance Company of P.R., Inc.,
        93 D.P.R. 1 (1966) ; Ulpiano Casal, Ino. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (1964); Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961); Arzuaga & Santana v. Ramos Rivera, 100 D.P.R. 123 (1971).

       The American Law Institute, Study of the Division of Jurisdiction between State and Federal Courts, Washington, Mayo 22, 1968, págs. 493-497. A la pág. 497 se concluye: “ ‘teniendo en mente el historial legis-lativo; la política y el propósito de las leyes Miller y Capehart; las dife-rencias en las leyes estatales; las características comunes de estos pro-yectos de construcción; el hecho de que los participantes en los mismos frecuentemente proceden de diferentes lugares del país; el darse cuenta de que hay la necesidad de lograr un medio práctico, y a la vez justo y razonable de reunir en un solo foro todas las partes interesadas que inieialmente estuvieron dispuestas a dedicar sus talentos en construcciones a un proyecto en un área local; ... y el estar consciente de que se evitaría la demora y los gastos que en otra forma se incurriría en una litigación múltiple en foros geográficamente separados . . .,’ se propone en la sección 1311(b) que se continúe la jurisdicción exclusiva en los casos bajo la Ley Miller, independientemente de la cuantía en controversia.”

       La Ley Capehart, 42 U.S.C. § 1594, 69 Stat. 651, autoriza al Secretario de Defensa a contratar la construcción de viviendas en tierras pertenecientes a o arrendadas por Estados Unidos pwra proveer residencias adecuadas al personal militar. En su parte pertinente dispone que:
      “Se requerirá en dichos contratos la prestación por el contratista de fianzas para garantizar la ejecución del contrato y el pago [de materiales y mano de obra] por fiadores aceptables para el Secretario de Defensa o la persona a quien éste designe, y la prestación de dichas fianzas se con-siderará como en cumplimiento suficiente con las disposiciones de la sec-ción 270(a) del Título 40 [Ley Miller] y no se requerirán fianzas adi-cionales bajo dicha sección.” (Bastardillas nuestras.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Figueroa Figueroa, acusado y apelante.

      Número: CR-70-114

      Resuelto: 9 de noviembre de 1971

      Enrique Miranda Merced, abogado del apelante; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Jorge Ríos Torres, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado de violar a una mujer que no era su esposa o mujer propia sin su consentimiento, en contra de su voluntad y valiéndose para ello de la fuerza, la violencia y la intimidación. Esa es la acusación. Un jurado lo declaró convicto de dicho delito por votación de once (11) a uno (1) y fue sentenciado a cumplir de 1 a 5 años de presidio.

Señala tres errores como cometidos por el tribunal sen-tenciador. El primero se refiere a la prueba de corroboración presentada, la que a su juicio fue insuficiente por ser. de re-ferencia y no formar parte del res gestae, ya que las manifes-taciones de la perjudicada a la testigo no fueron vertidas con el “. . . grado de espontaneidad y sinceridad . . . .” requerido.

No se cometió el primer error señalado. Los hechos ocu-rrieron alrededor de las 3:00 de la madrugada en la casa de la perjudicada, quien vivía sola con una hija pequeña en la Barriada San José de Hato Rey. A esa hora la perjudicada se encontraba durmiendo. Sintió que tocaban en la puerta. Lo que sigue es un correcto resumen del récord de los testimonios de la perjudicada y la testigo de corroboración que hemos adop-tado del informe del Procurador General:

“Se dirigió hacia la puerta creyendo que era su esposo, del cual estaba separada por espacio de 2 años y al abrir se topó con el acusado-apelante. (T.E. pág. 24) Este al verla la empujó lle-vándola a la fuerza hasta el cuarto y allí la lanzó sobre la cama. Con el impacto la cama se viró y cayó al suelo. El apelante en-tonces la llevó hasta la sala. (T.E. págs. 25 y 34) La perjudicada trató de gritar y el apelante le tapó la boca con la mano' in-firiéndole luego varios golpes en distintas partes del cuerpo. (T.E. pág. 26) Luego la amenazó con un destornillador con el cual la hirió en el pecho. En esas circunstancias la ultrajó. (T.E. pág. 32) Durante la comisión del delito el apelante permaneció en la casa de la perjudicada por espacio dé media hora aproxi-madamente, tras lo cual huyó.
La perjudicada permaneció en su casa por espacio de dos horas aproximadamente, tiempo durante el cual manifestó estar ‘atontada y mariada [s-ic]’ a causa de los golpes recibidos y como a eso de las 6:00 A.M. salió a avisar a su vecina Epifanía García. (T.E. pág. 65) Cuando su vecina la vio envuelta en una toalla le preguntó qué le pasaba y la perjudicada le contó lo sucedido. Identificó a su agresor como ‘Banda Blanda’, apodo por el cual se conoce el acusado-apelante. (T.E. pág. 70)
Luego pasó un vehículo de patrulla de la Policía y la per-judicada le detuvo y le contó a los policías lo que le había su cedido. (T.E. pág. 38)
La testigo Epifanía García declaró que es vecina de la per-judicada. (T.E. pág. 57) Que el día 6 de diciembre de 1968 como a las 6:00 A.M. abrió la puerta de su casa y vio a la perjudicada parada en la puerta de su hogar (T.E. pág. 60) quien mostraba varios golpes en su cuerpo y casi no podía hablar. (T.E. pág. 61) Esta le manifestó que el acusado había ‘abusado de ella a la brava’. (T.E. pág. 71-74) Que la perjudicada le dijo que había sido ‘Banda Blanca’ a quien la testigo señaló como el acusado-apelante.”

El elemento de contemporaneidad y espontaneidad estuvo presente en el testimonio sobre corroboración. El tiempo transcurrido entre la ocurrencia de los hechos y las manifestaciones que se consideran parte de res gestae, no es el factor decisivo para determinar la aplicación de la doctrina. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180, 187 (1967).

• La perjudicada relató lo sucedido a su vecina dos horas y media después de los hechos, cuando aún se encontraba en un estado de ánimo “que casi no podía hablar” (T.E. pág. 61), y luego a los policías que fueron a investigar la querella reci-bida (T.E. págs. 77-78). No se ha demostrado que mediara aquí una “abierta desatención o clara desviación del principio envuelto” que justifique nuestra intervención. Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390, 393 (1925).

En el segundo señalamiento de error el apelante ataca la siguiente instrucción del tribunal sentenciador al jurado (T.E. pág. 113):

“La declaración de Epifanía García Cartagena, de ser creída por ustedes más allá de duda razonable, sería suficiente prueba de corroboración en este caso.

Las declaraciones de personas a quienes la ofendida se quejó del agravio inferídole prontamente después de la comisión del delito son suficientes para corroborar su declaración.”

El apelante arguye que le corresponde al jurado, y no al juez, hacer la determinación sobre la suficiencia de la prueba de corroboración; que la instrucción equivalía a relevar al jurado de tener que hacer dicha determinación; y que, al rele-var al jurado de cumplir con esa función y realizarla el juez en vez del jurado, erró el tribunal sentenciador.

El apelante le da énfasis sólo a la parte antes citada de la instrucción. Pero examinada ésta en su totalidad, la ins-trucción no tiene el efecto que el apelante le encuentra. La instrucción del juez sobre el requisito de corroboración co-mienza por decir que no podrá declararse convicto al acusado por la sola declaración de la mujer agraviada; que es nece-sario que la declaración de la agraviada sea corroborada con alguna otra que por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agraviada, tienda a establecer la relación del acusado con la comisión del delito (T.E. pág. 113). El juez continúa sus instrucciones diciéndole al jurado que la corroboración no será suficiente si sólo probare la per-petración del delito o las circunstancias del mismo. Les dice, además, que esa prueba debe ser sobre dos extremos esencia-les: (1) que la penetración o acto sexual fuere perpetrado por la fuerza y la violencia, a la mala y a la fuerza; y (2) tratar de establecer y conectar al acusado con la comisión de los hechos.

Los dos elementos esenciales del delito — acto carnal y uso de amenazas, fuerza o violencia — fueron objeto de la instrucción. Eso es lo que se exige. Pueblo v. Colón, 81 D.P.R. 821 (1960). Si existe o no evidencia de corroboración para relacionar al acusado con los elementos esenciales del delito de violación, es una cuestión de derecho que le incumbe al juez. 3 Wharton’s Criminal Evidence, sec. 958, pág. 410:

“En términos generales, la suficiencia de la prueba de corro-boración es una cuestión para el jurado, pero si existe o no prueba de corroboración tendente a relacionar al acusado con el delito es una cuestión para la corte.”

El juez no le indicó al jurado que la prueba de corroboración es suficiente, sino que sería suficiente prueba de corroboración “de ser creída por ustedes más allá de duda razonable.” Los elementos esenciales del delito imputado están presentes en la prueba de corroboración. De ser creída por el jurado, como evidentemente lo fue, es suficiente para sostener la convicción del apelante por el delito de violación. No se cometió el segundo error.

En su tercer y último señalamiento, el apelante sostiene que el tribunal cometió error al denegarle una solicitud en el sentido de que se impartiesen instrucciones al jurado sobre un posible veredicto de acometimiento y agresión grave. La instrucción solicitada por la defensa y denegada por el juez dice así:

“Si ustedes creen que el acusado no sostuvo relaciones sexua-les con la supuesta perjudicada en contra de la voluntad de ésta pero que en dicha ocasión la agredió es su deber traer un vere-dicto de absolución en el caso de violación pero de culpabilidad del delito de acometimiento y agresión.”

El apelante, según la acusación, sostuvo relaciones sexua-les con una mujer sin su consentimiento, en contra de su volun-tad y valiéndose para ello de la fuerza, la violencia y la in-timidación. Art. 255 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 961. El acometimiento y agresión es el acto ilegal de inferir algún daño violento en la persona de algún semejante con la in-tención de- causarle daño, cualquiera que sean los medios o el grado de violencia que se emplearen, 33 L.P.R.A. see. 821. Es grave, entre otras situaciones, cuando se cometiere en-trando en la morada de una familia particular, o cuando se cometiere por un varón adulto en la persona de una mujer, 33 L.P.R.A. see. 826(3) y (5). Una violación necesariamente envuelve una agresión contra la mujer. El acometimiento y agresión grave, bajo la modalidad del inciso (5), contiene todos los elementos de una violación excepto el acto carnal, y se castiga con multa que no bajará de $50.00 ni excederá de $1,000.00, ó de prisión en cárcel que no bajará de un mes ni excederá de dos años, o ambas penas, multa y prisión, 33 L.P.R.A. see. 828.

La violación se castiga con pena de presidio por el término mínimo de un año, Art. 258 Código Penal; 33 L.P.R.A. see. 964. El acometimiento y agresión es, pues, un delito de menor gravedad que se encuentra abarcado dentro del delito de violación que se le imputó al apelante. Bajo ciertas circunstancias que, como veremos, no están presentes en este caso, un veredicto de acometimiento y agresión grave puede producirse dentro de un proceso por el delito de violación.

La Regla 147 de Procedimiento Criminal dispone:

“El acusado podrá ser declarado culpable de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito que se le imputa; o de cualquier grado inferior del delito que se le imputa; o de tentativa de cometer el delito que se le imputa o cualquier otro delito necesariamente comprendido en él, o de cualquier grado que el mismo tenga, si tal tentativa constituye, por sí misma, un delito.” (Bastardillas nuestras.)

El apelante no presentó prueba de defensa. Pero sostiene que aun así tenía derecho a la instrucción sobre un posible veredicto de acometimiento y agresión grave. Se basa, en re-sumen, en que su alegación de inocencia puso en controversia todos y cada uno de los elementos del delito de violación im-putado y que corresponde al Ministerio Público establecer afirmativamente todos esos elementos fuera de duda razonable y al jurado pasar juicio sobre cada uno de los elementos evi-denciarios, adoptando unos, no creyendo otros, independiente-mente de que fueran vertidos por un solo testigo o por más de uno. En otras palabras, que el jurado podía darle crédito a un testigo y no a otro, y aún rechazar parte de su declara-ción adoptando el resto de su testimonio en cuanto a uno de los elementos del delito; creer que hubo una agresión y tener duda sobre si medió el acto carnal o, aun creyéndolo, deter-minar que la resistencia ofrecida por la víctima y que ésta fue vencida por la fuerza, elementos éstos esenciales del delito,~no fueron establecidos fuera de duda razonable.

La necesidad de instrucciones al jurado referente a la posibilidad de veredictos por delitos inferiores necesariamente comprendidos en el delito mayor imputado surge cuando la prueba lo justifica. Esa es la norma que prevalece aquí. Se expresa en Pueblo v. Burgos, 76 D.P.R. 199, 202 (1954):

“Las instrucciones, además de cubrir todos los elementos del delito envuelto, deben también cubrir, si la prueba lo justifica, los elementos de delitos inferiores al delito imputado o com-prendidos dentro de éste.

Cualquier defensa ofrecida por el acusado y sostenida por alguna prueba pertinente que levante una cuestión de hechos que le sea favorable debe ser objeto de una instrucción que exponga ampliamente la ley aplicable a dicha cuestión.”

En esta jurisdicción no ha mediado desviación alguna de dicha norma. Véanse Pueblo v. Jiménez, 78 D.P.R. 7 (1955); Pueblo v. Arce Valentín, 88 D.P.R. 859 (1963); Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968); Pueblo v. Pantoja Aguayo, 97 D.P.R. 236 (1969); Pueblo v. Domenech Meléndez, 98 D.P.R. 64 (1969).

Interpretando la Regia 31 (c) de Procedimiento Criminal Federal, equivalente a la Regia 147 nuestra, el Tribunal Supremo Nacional en Sansone v. United States, 380 U.S. 343, 349-350 (1964) sigue la misma norma al sostener que:

“Una instrucción sobre un delito menor incluido solamente procede si el delito mayor imputado requiere que el jurado determine sobre un elemento de hecho controvertido que no es nece-sario para la convicción de un delito menor incluido.”

La Corte de Apelaciones Para el Primer Circuito Federal sostuvo que no constituyó error del tribunal sentenciador su negativa a transmitir una instrucción solicitada por la defensa sobre un delito menor comprendido en el delito mayor imputado cuando la evidencia, en cuanto a cuatro de los cinco co-acusados, no había sido controvertida por éstos. Se expresó así la Corte de Apelaciones en Driscoll v. United States, 356 F.2d 324 (1966), a la pág. 327:

“Entendemos a Sansone en el sentido de que cuando el go-bierno ha instado un caso claro, no controvertido por la evidencia, sobre un elemento requerido para el delito imputado, pero no así para el delito menor incluido, el acusado tiene el deber de ofrecer alguna evidencia sobre esa cuestión si él desea obtener el bene-ficio de que se le impute el delito menor incluido. -En otras pala-bras, mientras que un juez no puede impedir que un jurado re-chace el caso del ministerio público en su totalidad, él no está obligado, bajo estas circunstancias, a ayudar al jurado o llegar a una conclusión irracional de aceptación parcial y rechazo parcial del caso del ministerio público dando instrucciones sobre el delito menor incluido. Dos prerequisitos parecen ser vitales: que no exista controversia de hechos y que una conclusión contraria a la única evidencia sobre el particular fuese irracional.” (Bastar-dillas nuestras.)

En el de autos la evidencia no fue controvertida y ésta estableció plenamente todos los elementos del delito de viola-ción imputado. La prueba no justificaba la instrucción sobre el delito menor.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       La Regla 81(e) lee así:
      “ (c) Conviction of Less Offense. The defendant may be found guilty of an offense necessarily included in the offense charged or of an attempt to commit either the offense charged or an offense necessarily included therein if the attempt is an offense.”

       Añade la opinión del Tribunal, por voz del ex Juez Asociado Sr. Goldberg, que “. . . sostener lo contrario constituiría una invitación al jurado a escoger entre un delito grave (.felony) y uno menos grave (misdemeanor), autorizándole fijar la pena, facultad ésta que tradicionalmente el Congreso le ha reservado al Juez.” Sansone v. United States (supra, pag. 350, escolio 6). Ver People v. Mussenden, 308 N.Y. 558, 127 N.E.2d 551 (1955), en cuya opinión se reconoció que una norma contraria haría posible el indeseado resultado de veredictos injustificados o veredictos por transacción. En un estudio del tema, bajo el título Submission of Lesser Crimes que aparece en 56 Colum. L. Rev. 888-902 (1956) se dice a la pág. 898: “Esa es una crítica válida, aun desde el punto de vista del acusado — el someter delitos menores puede perjudicarlo al permitirle al jurado castigar por vagas insinuaciones de maldad, aunque ellos no lo hayan encontrado culpable de ningún delito. También se ha dicho que el instruir al jurado sobre delitos incluidos cuando la evidencia indica culpa-bilidad del delito mayor, probablemente los confundiría.”


author: PER curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Inocencio Batista, acusado y apelante.

      Número: CR-71-22

      Resuelto: 10 de noviembre de 1971

      Santos P. Amadeo, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Subprocurador General, abogados de El Pueblo.
   PER curiam:

El apelante fue convicto el 2 de noviembre de 1970 en juicio de novo- por una infracción a la Sec. 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (9 L.P.R.A. see. 871), y condenado a pagar una multa de $100 dólares.

En apelación señala, como único error, que se le privó del derecho a juicio por jurado, de acuerdo con los casos de Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 y Baldwin v. New York, 399 U.S. 66.

En Duncan v. Louisiana, supra, se decidió que el derecho a juicio por jurado en casos criminales es un derecho fundamental, por lo que los estados vienen obligados a reconocerlo como parte de la garantía del debido procedimiento de ley. En Baldwin v. New York, supra, se limitó la aplicación del dere-cho a juicio por jurado a aquellos delitos cuya penalidad máxima excediera de 6 meses.

El delito por el cual fue convicto el apelante es uno menos grave cuya pena máxima ha sido limitada por la Ley Núm. 9 de 7 de julio de 1971 a no más de 6 meses de cárcel ni más de $500 dólares de multa.

Asumiendo la aplicabilidad del caso de Baldwin al juicio de novo celebrado contra el apelante el 2 de noviembre de 1970, consideramos que tratándose, como se trata, de un de-lito menos grave cuya pena ha sido limitada a no más de 6 meses de cárcel, concluimos que bajo estas circunstancias no se justifica que intervengamos con la sentencia dictada.

Se confirmará la sentencia dictada por el tribunal de instancia:

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández y el Juez Asociado Señor Hernández Matos no intervinieron.


text:
      In re Primitivo Pagan Colón, querellado.

      Número: O-70-160

      Resuelto: 12 de noviembre de 1971

      Gilberto Gierbólini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Subprocurador General, y Jorge Ríos Torres, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Noel Colón Mar-tínez, Elfren Bernier, William Fred Santiago y Rodolfo Cruz Contreras, abogados del recurrido.
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1971

Contra el abogado Primitivo Pagán Colón, admitido al ejer-cicio de la abogacía el 31 de marzo de 1965, se formuló querella de desaforo imputándole el siguiente cargo:

“El referido Primitivo Pagán Colón en o alrededor de marzo de 1969, en Dorado, Puerto Rico, en el sitio conocido por Barrio Higuillar, siendo el abogado defensor de José Díaz Cruz en lá causa seguida por el Pueblo por el delito de comprar propiedad hurtada (Art.'438 del Código Penal), en forma ilegal, volun-taria y maliciosamente reunió a los menores Santiago Romero, Jesús Ortiz Rivera y Juan Luis Matos Rivera, testigos de cargo en dicho caso, y los instó y aconsejó para que repudiaran y cambiaran las declaraciones que habían prestado durante la in-vestigación incriminando a dicho acusado Díaz Cruz.”

Después de contestada la querella negándose el cargo, el Tribunal nombró al Hon. Antonio S. Negrón García, Comi-sionado Especial ante quien desfiló la prueba de ambas partes.

Dicho Comisionado formuló entre otras, las siguientes conclusiones de hecho:

“2. En 9 de febrero de 1967 el entonces Fiscal Ledo. Ramón R. Cabrera presentó acusación jurada contra el ciudadano nom-brado Sr. José Díaz Cruz por alegada infracción al artículo 438 del Código Penal vigente. Dicha acción fue radicada ante el Tribunal Superior de Bayamón, Asuntos de lo Criminal con el número G-67-63 previa determinación de causa probable por un magistrado en vista preliminar.(3)

En lo pertinente, la misma leía:

‘El fiscal formula acusación contra José Díaz Cruz resi-dente en Bo. Higuillar sitio San Antonio, Dorado, P.R., por el delito de Inf. al Art. 438 del C.P. (Felony), cometido de la manera siguiente: El referido acusado José Díaz Cruz, allá en o por el día 18 de diciembre de 1966, y en Dorado, P.R., que forma parte del Tribunal Superior de P.R., Sala de Bayamón, P.R., ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente y con el fin de lucrarse e impedir que su legítimo dueño volviera a poseer su propiedad y a sabiendas de que tal propiedad había sido hurtada, compró a los menores Jesús Díaz Rivera, Ángel Burgos Díaz, Santiago Romero Hernán-dez y Juan Luis Matos Rivera, alambre valorado en $301.53 por la suma de $17.00, siendo el valor real de dicha propiedad mayor a lo pagado por el acusado y perteneciente dicha pro-piedad a la P.R. Telephone Company.’

Al dorso de la acusación se hicieron constar como testigos de cargo a Jesús Díaz Rivera, Ángel Burgos Díaz, Santiago Romero Hernández, Juan Luis Matos Rivera — todos menores de edad y residentes en el Barrio Higuillar, sitio San Antonio, Dorado, Puerto Rico — y a Rafael Cuevas Olivella y Sotero Lima; el pri-mero funcionario de la P.R. Telephone Co. y el segundo miem-bro de la Detective de Bayamón.

3. En 20 de febrero de 1967 dicho caso fue llamado para el Acto de Lectura de Acusación compareciendo el Ministerio Púb-lico representado por el Fiscal José A. Vargas y el acusado Díaz —quien no asistió — por mediación del querellado Ledo. Primitivo Pagán Colón. Por incomparecencia de dicho acusado, fue trans-ferido la lectura de acusación para el 28 de febrero de 1967. En esta fecha y vista aparece representado por el Ledo. Fermín Arraiza, se dió por leída la acusación, se hizo alegación de no culpable y se señaló la vista en ,su fondo para el 21 de marzo de 1967. ■

4. En un día correspondiente a un fin de semana no deter-minado del mes de marzo de 1967 — con anterioridad a la fecha antes mencionada fijada para el juicio — el querellado Ledo. Pri-mitivo-Pagán Colón y su hermano el Ledo. José J. Pagán se personaron en horas de la tarde a la tienda y residencia del acusado. Díaz sita en el Barrio Higuillar, sitio San Antonio, Dorado, Puerto Rico, a relacionarse con los pormenores del caso en el cual el primero representaba al Sr. Díaz. Estando en dicho lugar, localizaron a los menores Jesús Ríos Rivera, cono-cido por ‘Chuíto’, Santiago Romero Hernández apodado ‘Chavita’, y a Juan Luis Matos Rivera, y acordaron trasladarse al lugar de donde dichos menores habían obtenido los alambres que ha-bían vendido a su representado Díaz. Para dicha gestión se transportaron en el automóvil perteneciente y conducido por el querellado P. Pagán Colón hasta donde la carretera lo permitía y de ahí en adelante recorrieron y caminaron la zona a pie; que es eminentemente rural con vegetación. En el área en cuestión, los jóvenes indicados contestaron varias preguntas y mostraron los postes de la línea telefónica de donde habían cortado los alam-bres. También informaron y señalaron puntos específicos en que en otras ocasiones y fechas distintas habían obtenido alambres de cobre que estaban colgando y caídos en aparente estado de abandono. En momento determinado durante el transcurso de tales conversaciones, el querellado Ledo. Primitivo Pagán Colón les sugirió que dijesen y declarasen en el juicio fijado, que los alambres no los habían cortado de los postes, sino que los habían encontrado colgando y en el piso (superficie del terreno). Los menores se reafirmaron en sus posiciones originales, y el Ledo. P. Pagán no insistió sobre el particular en dicho momento o en etapa ulterior. Al hacer tal sugerencia, dicho letrado no realizó amenaza u ofrecimiento de clase alguna, no volviéndose a men-cionar o hablar nuevamente respecto el asunto.

5. Los alambres en cuestión que dieron margen a la acusa-ción criminal antes indicada, eran unos pertenecientes a una línea propiedad de la Puerto Rico Telephone Co. ubicados sobre la vía de ferrocarril — que en una época tenía treinta (30) alambres de cobre representativos de quince (15) circuitos — y conectaban las zonas y pueblos comprendidos entre Bayamón y Vega Baja. En el transcurso de los últimos años, por razón de estar locali-zada dicha línea en un área rural, poco asequible y poblada— expuestas a fácil vandalismo y difícil mantenimiento — fueron dejadas en desuso y sustituidas por el sistema de micro-ondas. Para fines del año 1966 y principios de 1967 sólo quedaban en uso y servicio cuatro (4) cables correspondientes a dos (2) circuitos sirviendo a Vega Baja. Los cables remanentes habían sido abandonados, desaparecidos por robos y falta de manteni-miento ya que la Puerto Rico Telephone Co., por razones de econo-mías, no los removía al sustituirlos por el sistema de micro-ondas.

6. Suscrita en 15 de marzo de 1967 y radicada el 17, el que-rellado Primitivo Pagán Colón sometió una Moción al Tribunal solicitando la desestimación de la acusación por los fundamen-tos de cosa juzgada y/o doble exposición. Para sustanciar tal petición alegó como hechos que en 15 de marzo de 1967, en el Tribunal de Distrito, Sala de Dorado, (4) el acusado Díaz había sido juzgado y absuelto por una denuncia por comprar artículos hurtados (menos grave) en la cual los testigos hicieron constar que sólo existió una transacción por la cantidad de 3,600 pies' en pedazos de alambre. Señalada la cuestión para el 25 de abril de 1967, ante su incomparecencia fue declarada sin lugar.

7. En 20 de julio de 1967 el juicio fue celebrado ante jurado, estando asistido el acusado por el querellado Ledo. P. Pagán Colón. En dicha' vista declararon como testigos de cargo, entre otros, los menores Jesús Díaz Rivera, Santiago Romero Hernán-dez y Juan Luis Matos Rivera y medió un veredicto condenatorio. En 28.de Julio de 1967 le fue pronunciada Sentencia al señor Díaz por un (1) año de cárcel que le fuera suspendida. Dicho dic-tamen se convirtió en final y firme al no establecerse apelación contra el mismo.” (Informe Comisionado, págs. 2.a 6.)

Las conclusiones del Hon. Comisionado al efecto de que “Primitivo Pagán Colón les sugirió [a los menores] que dijesen y declarasen en el juicio fijado, que los alambres no los habían cortado de los postes sino que los habían encontrado colgando y en el piso (superficie de terreno).” y que “Los menores se reafirmaron en sus posiciones originales, y el Ledo. P. Pagán no insistió sobre el particular en dicho momento o en etapa ulterior.” y que “Al hacer tal sugerencia, no rea-lizó amenaza u ofrecimiento de clase alguna, no volviéndose a mencionar o hablar nuevamente respecto al asunto.”, están sostenidas por los testimonios de los propios menores. Del ré-cord surge además, que algunos de los menores le dijeron en aquel momento al Ledo. Pagán que los alambres los habían encontrado en el suelo y en la laguna.

La sugestión o sugerencia hecha por el Ledo. Pagán a los menores no tuvo consecuencia alguna. Sin embargo tenemos que juzgar la conducta del abogado independientemente de sus consecuencias en este caso.

Constituye conducta reprobable el que un abogado, mientras examina los testigos de cargo fuera del tribunal, les insinúe que alteren sus testimonios en cualquier detalle que a juicio del abogado pueda favorecer al acusado representado por él. La instigación a perjurio por parte de un abogado es una de las más serias violaciones de los cánones de ética profesional. El querellado se expuso en este caso a ser separado del ejercicio de su profesión. Sin embargo, considerando todas las circunstancias que el récord revela, el Tribunal resuelve censurar, como por la presente censura, la conducta del querellado en este caso;

Lo acordó el Tribunal y certifica- el Secretario Interino.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario Interino


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Asterio Moctezuma Velázquez, acusado y apelante.

      Número: CR-70-162

      Resuelto: 16 de noviembre de 1971

      Enrique Miranda Merced, abogado del apelante; Gilberto Gier-bolini, Procurador General, y Rurico E. Rivera Rivera, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Convicto el apelante por un jurado del delito de asesinato en segundo grado, y por tribunal de derecho, por infringir el Art. 4 de la Ley de Armas, apeló de las sentencias que le condenan a sufrir de diez (10) a quince (15) años de presidio, y a un (1) año de cárcel respectiva-mente, señalando la comisión de los siguientes tres errores: (1) comentarios y críticas del juez durante el contrain-terrogatorio de los testigos de cargo que le privaron de un juicio imparcial; (2) comentarios impropios del fiscal, y (3) instrucción errónea del juez al jurado al efecto de “que para que quede debidamente establecida la defensa propia es ne-cesario que el acusado no haya tenido participación alguna en la contienda que originó la muerte.”

La prueba de cargo, demostró en síntesis, que el día 6 de febrero de 1968, como a las siete y minutos de la noche el acu-sado-apelante se .presentó en el negocio de Felipe Velázquez Ramos, sito en el barrio Tejas de Yabucoa, portando un sable de los usados para cortar cañas y una caja de mollejas de pollo. Pidió algo de comer diciendo que tenía hambre y no tenía dinero. Se le contestó que sólo había galletas y queso y se le sirvió. El acusado insistió en que quería hablar con Felipe Velázquez y trató de penetrar dentro de la barra donde se encontraba Velázquez. Éste le dijo “Para acá no te metas porque ya tu tuviste un problema conmigo que me provocaste y te denuncié y te metieron ya preso porque tu hiciste lo malo aquí . . . .” El acusado insistió en meterse detrás de la barra, y en los momentos en que levanta el sable, intervino Guadalupe Torres, c/p Lupe Torres, quien se encontraba en el establecimiento y le sujetó el sable iniciándose un forcejeo entre ellos. Velázquez Ramos aprovechó para salir fuera de su negocio. El acusado-apelante, quien retuvo el sable, salió fuera también en busca de Velázquez Ramos pero al informár-sele que éste se había ido, volvió a entrar al negocio diciendo “Bueno, este perro no lo he podido coger, pero éste me la paga.” refiriéndose a Lupe Torres a quien inmediatamente le asestó un machetazo por la cabeza infiriéndole una herida, que según el testimonio del médico que practicó la autopsia del cadáver de Lupe Torres, era mortal por necesidad. Derribado por esa herida el acusado-apelante continuó agrediéndole en el suelo, infiriéndole cuatro heridas más. La prueba de cargo reveló además que Lupe Torres estaba desarmado, que no había provocado ni agredido al acusado-apelante antes de ser atacado por éste. El Doctor Patiño declaró que no había evidencia microscópica para determinar que Lupe había in-gerido licor aunque sí la había de haber comido recientemente.

El acusado presentó prueba para establecer la defensa propia. Su versión de los hechos, no creída por el jurado,.fue al efecto de que él fue al negocio de Velázquez a cambiar una caja de alas de pollo que allí le habían vendido a.su her-mana; que el dueño del negocio no lo dejó entrar; que Lupe Torres le agarró el sable por el cabo y forcejearon, recibiendo el apelante sendas heridas en dos dedos; que se quedó con el sable y entonces Lupe sacó un revólver y le apuntó con él estando ambos “pegaditos”; que sintió miedo y le asestó el primer golpe en la cabeza y que ahí quedó ciego y no se dió cuenta de las otras heridas que le infirió a la víctima; que entonces salió corriendo y al pasar por la casa de Marcelino Velázquez le hicieron dos disparos; que continuó corriendo hasta llegar a su casa donde se acostó.

Hemos examinado cuidadosamente la transcripción de la evidencia. Los “múltiples pequeños incidentes” según los describe el propio acusado-apelante, están en las págs. 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 51, 53, 57, 58, 67, 68 y 75 de la transcripción de la evidencia.

La intervención del juez en múltiples ocasiones obedeció a la forma en que el abogado del apelante conducía el contrainterrogatorio. Hacía preguntas confusas que ni el propio juez entendía, no permitía que el testigo contestara a sus preguntas, interrumpiéndole innecesariamente y sobre todo repetía una y otra y otra preguntas sobre hechos ya contestados en más de una ocasión, al extremo de que ya al final, cuando el testigo daba una contestación, el juez decía “contestado”. A no ser por la intervención del juez muchos detalles en las contestaciones de los testigos hubieran quedado sin aclarar o hubieran pasado al jurado en forma confusa. Por otro lado, la intervención oportuna del juez evitó que el juicio se prolongara más de lo que innecesariamente se prolongó. Véanse Pueblo v. Cardona, 57 D.P.R. 695 (1940); Pueblo v. Camacho, 69 D.P.R. 358 (1948); Pueblo v. Vázquez, 68 D.P.R. 67 (1948); Pueblo v. Román, 42 D.P.R. 642 (1931) ; Pueblo v. Gómez, 45 D.P.R. 812 (1933). Los hechos en este caso, no caen, por tanto, dentro de la doctrina del caso de Pueblo v. Aletriz, 85 D.P.R. 646 (1962).

Tampoco el fiscal hizo comentario alguno que lesionara los derechos sustanciales del acusado-apelante. El acusado había declarado que después de herir a Lupe Torres se fue a dormir y ál día siguiente se fue para su trabajo. El fiscal le preguntó entonces que si sabiendo que había una persona que él había herido, no le importó eso. Hubo objeción a la pregunta y fue sostenida por la Corte. Entonces el fiscal dijo: “Nada más con el testigo, Vuestro Honor. Lo ha dicho el propio testigo.” En ese momento el comentaría era inoportuno. Sin embargo en su informe al jurado, tratándose de un proceso bajo acusación de asesinato en primer grado, con todos los elementos que ella contiene, el fiscal podía argumentar respecto a la actitud asumida por el apelante después de haber herido de muerte a un ser humano. En su consecuencia, un comentario del fiscal permisible, pero hecho en momento inoportuno, no lesiona los derechos del acusado.

El planteamiento sobre la instrucción al efecto de que al alegar la defensa propia “es necesario que la persona que invoca a su favor el beneficio de la defensa propia no haya tenido culpa en la lucha a la cual fue llevada y de la cual resultó muerta otra persona ...” ha sido ya resuelta en contra del apelante. Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R. 796 (1968); Pueblo v. Marcelino Hernández Maldonado, opinión per curiam del 9 de junio de 1964. (Ref. Colegio Abogados 1964-112.)

Se confirmarán las sentencias apeladas.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Arsenio Nazario Nieves, acusado y apelante.

      Número: CR-71-29

      Resuelto: 17 de noviembre de 1971

      Santos P. Amadeo, Ángel M. Rodríguez Losada y Bautista de la Cruz Sierra, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Pro-curador General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Convicto de los delitos del epígrafe por voto unánime de un jurado, el apelante trae a nuestra consideración seis apun-tamientos. Carecen de mérito por los fundamentos expuestos a continuación.

1. — Primer Apuntamiento

“El Tribunal sentenciador erró al no instruir al jurado, que aunque el acusado-apelante no fuera criminalmente irresponsable de acuerdo con la doctrina- de Right and Wrong, 'sin embargo la dolencia mental que sufría el acusado-apelante cuando cometió el delito constituía un atenuante para reducir el delito de Ase-sinato en Primer Grado a uno de Asesinato en Segundo Grado.”

En apoyo de este apuntamiento meramente se cita la monografía titulada “Mental Disorder Affecting the Degree of a Crime”, publicada en 56 Yale L.J., 959-981 (1947).

No se solicitó instrucción sobre este particular al juez sentenciador cuando éste terminó de dar sus instrucciones al jurado y preguntó si el fiscal o la defensa tenía objeciones que hacer u otras instrucciones que solicitar. La defensa contestó que no tenía.

El apelante no aduce razones ni cita jurisprudencia al-guna en apoyo de su tesis ni nos presenta un análisis de la prueba que pudiera fundamentar su apuntamiento.

No existe base en la prueba que justifique la instrucción en cuestión. Por el contrario, la prueba pericial de la defensa, o sea, el testimonio del Dr. Sanz Ortega fue al efecto de que, no obstante padecer el apelante de un “trastorno de la afec-tividad. Es una afectividad rígida y fría . . . .” de “cierta ambivalencia, quiere y no quiere, desear y no desear al mismo tiempo ....”; es una persona “sumamente recelosa . . . . tiene tendencias compulsivas .. . perseveración sobre todo por las ideas que ha tenido constantemente .... en este pa-ciente aparecen ideas delirantes . . . persecutorias, mal cons-truidas, no persevera intensamente en ellas; no las sostiene en todo momento, son cambiantes .... En lo que más él se ha caracterizado es en ideas religiosas y místicas.”, el ape-lante “Distinguía entre el bien y el mal.” allá para el 9 de agosto de 1963, o sea, casi un año después del día de los he-chos que fue el 28 de septiembre de 1962. Testificó el Dr. Sanz, además, luego de leer la confesión del apelante y dé considerar la pregunta hipotética del fiscal en que se relacionaron los hechos del caso que culminaron con la muerte de Fernando Pons Moller a consecuencia de la puñalada que le asestó el apelante, que “. . . por las entrevistas que yo he hecho y por lo que he leído del récord y por lo que he oído aquí y por todas esas cosas que usted ha explicado, sí distinguía entre el bien y. el mal .para el momento de los hechos — hipotéticamente también.”

2. — Segundo Apuntamiento.

Apunta el apelante que el tribunal de instancia incidió al instruir al jurado que por acuerdo de las partes no lé haría un resumen de la prueba; que la Regla 137 de las de Procedimiento Criminal exige que se haga tal resumen. Cita él caso de Pueblo v. Millán, 71 D.P.R. 440 (1950).

De entrada señalamos que la defensa no solicitó que el tribunal de instancia hiciera un resumen de la evidencia, ni objetó ni solicitó instrucción alguna con respecto a la re-nuncia que hizo a dicho resumen al finalizar sus instrucciones el juez sentenciador en el curso de las cuales informó al jurado que “Por acuerdo de las partes no voy a hacer a ustedes un resumen de la evidencia . . . .”

La Regla 137 de las de Procedimiento Criminal autoriza al tribunal el omitir hacer el resumen de la prueba cuando así lo estipulen las partes. No requiere, específicamente, que el acusado participe personal e inteligentemente en tal estipulación. No se citan razones ni autoridades al efecto que tal estipulación se haga por el propio acusado, y no por su abogado como ha sido la práctica prevaleciente.

La renuncia al derecho a juicio por jurado, según la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, debe hacerla el propio acusado en forma inteligente. Debe ser apercibido por el tribunal juzgador de lo que tal renuncia significa y de sus consecuencias. Pueblo v. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753 (1968); Pueblo v. Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968). La razón de esta norma tan estricta es que el derecho fundamental a juicio por jurado es de rango constitucional, es parte del debido procedimiento de ley y provee corrientemente una garantía de tan alta categoría en el proceso de impartir justicia que no debe permitirse su renuncia sin que la persona afectada la haga personal e inteligentemente con pleno conocimiento de sus implicaciones y consecuencias.

Por el contrario, aunque el resumen de la prueba es también un derecho que las Reglas de Procedimiento Criminal le dan al acusado, no es de carácter tan fundamental como el de juicio por jurado ni de rango constitucional y su renuncia no conlleva consecuencias e implicaciones que afectan en forma tan sustancial los derechos del acusado. Es más, podría decirse que la renuncia al resumen de la prueba es una cuestión de táctica procesal. El acusado, especialmente cuando es lego en la materia no está en condiciones de tomar una decisión inteligente sobre esta materia y requeriría un esfuerzo extraordinario el tratar de instruirlo sobre la misma para que tomara una determinación con pleno conocimiento de sus implicaciones con respecto a dicho derecho. Creemos que ésta es más bien una cuestión procesal que, en beneficio del acusado, es preferible dejar que la continúe resolviendo su representante legal.

En los casos citados por el apelante se acepta que el de-recho al resumen de la evidencia puede renunciarse por los abogados de las partes aun cuando la ley expresamente no autorizaba entonces tal renuncia. Pueblo v. Millán, 71 D.P.R. 440 (1950); Pueblo v. Rodríguez, 69 D.P.R. 980, 987 (1949).

En Pueblo v. Rivera Romero, 83 D.P.R. 471, 484-485 (1961), dijimos que “La alegación al efecto de que le fue per-judicial el que el juez que presidió la vista no hiciera un re-sumen de la prueba se contesta con la afirmación que aparece en el récord, por parte de la defensa, de que está conforme con que no se haga tal resumen.” (Énfasis nuestro.)

En Cruzado v. People of P.R., 210 F.2d 789, 791 (1st Cir. 1954), sostuvo el tribunal que “Cuando un acusado es repre-sentado por abogado, es generalmente de presumirse que el abogado adapta sus tácticas en el juicio a lo que en su opinión beneficia más al acusado. Si éste, estando presente, no mani-fiesta su inconformidad, es por lo corriente razonable presumir que aprueba, o por lo menos se somete a las decisiones toma-das en corte abierta a nombre suyo por su abogado.” Véase también Pueblo v. Figueroa, 77 D.P.R. 188, 205, escolio 16 (1954).

. En Pueblo v. Figueroa, supra, a la pág. 205 se dijo tam-bién que “en ausencia de una expresa disposición estatutaria . . . la actuación del acusado a través de su abogado de ordi-nario sería obligatoria para dicho acusado.” Ya hemos seña-lado que la Regla 137 guarda silencio sobre el issue aquí planteado.

Por último, el apelante no nos ha demostrado que la omisión del resumen en cuestión le ocasionara perjuicio alguno que justificara la revocación de la sentencia. Pueblo v. Rivera Romero, supra, a la pág. 485.

3. — Tercer Apuntamiento.

Arguye el apelante que el tribunal a quo incidió al ins-truir al jurado que:

“La ley no favorece la locura repentina producida por cualquiera impresión, sin que en realidad exista alguna in-dicación anterior o posterior de ese estado de locura en el sujeto, ni afecta la cuestión el hecho de que el acusado fuera recluido en un manicomio. (Véase págs. 342 a 343 de la Trans-cripción de Evidencia).” (Énfasis en el original.)

En apoyo de este apuntamiento la defensa solo sostiene que la instrucción es errónea porque la defensa de locura re-pentina no se invocó en momento alguno y por lo tanto la instrucción pudo haber confundido al jurado en cuanto al tipo de locura que levantó el apelante a través de su prueba pericial.

No tiene razón. Si bien es cierto que no existía base en la prueba para intercalar la expresión que se impugna ahora por primera vez, no creemos que tal expresión aislada, no comentada como posible defensa, pudo confundir al jurado cuando la misma se encuentra dentro de extensas, bien razona-das y apropiadas instrucciones sobre la locura como eximente de responsabilidad. El error, si es que lo hubo, es insustancial y no afectó los derechos sustanciales del apelante ni prejuzgó su causa.

4. — Cuarto Apuntamiento.

Señala el apelante que es errónea la siguiente instrucción:

“Se presume que todo testigo dice la verdad, aunque esta presunción puede ser destruida o rechazada por su manera de declarar, por el carácter de su testimonio, o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad o sus motivos, o por evidencia contradictoria, siendo el Jurado el solo Juez de la credibilidad de los testigos. (Véase pág. 335 a 336 de la Transcripción de Evidencia.” (Énfasis en el original.)

Sostiene el apelante que la instrucción es errónea porque tiende a debilitar la presunción de inocencia del apelante; porque el jurado puede creer que deben creer el testimonio de los testigos de El Pueblo, especialmente cuando el acusado no ha testificado, y porque dicha instrucción constituye una invasión de las funciones del jurado para determinar la credibilidad de los testigos, y además, está en conflicto con la presunción de inocencia cuando el acusado no declara. En apoyo de éstos argumentos cita los casos de United States v. Evans, 398 F.2d 159 (3d Cir. 1968); Stone v. United States, 379 F.2d 146 (D.C. Cir. 1967) y United States v. Meisch, 370 F.2d 768 (3d Cir. 1966).

La instrucción impugnada está en armonía con lo dispuesto en el Art. 383 del Código de Enjuiciamiento Civil — Art. 21 Ley de Evidencia — (32 L.P.R.A. see. 1664).

El apelante no impugna la legalidad de esta disposición estatutaria. No tan sólo no explica cómo y por qué puede sostener su impugnación de la instrucción ante los términos claros de la referida disposición, sino que ni siquiera hace referencia a la misma.

El juez fue más lejos al instruir específicamente sobre la función exclusiva del jurado de pasar sobre la credibilidad de los testigos, el alcance del derecho del apelante de no declarar, específicamente que no debe entenderse como una autoincri-minación y también sobre la presunción de inocencia que acom-paña al acusado. Por último, explicó el juez al jurado clara y detalladamente que es a ellos a quienes les corresponde aqui-latar la prueba.

Obviamente el apuntamiento es inmeritorio.

5. — Quinto Apuntamiento.

“El juez sentenciador al instruir al jurado sobre la volun-tariedad de la confesión del acusado-apelante, en ningún momento instruyó al jurado que para determinar si la confesión fue o no voluntaria, debía tomar en consideración el hecho de que el acu-sado-apelante no se le advirtió de su derecho a asistencia de abogado cuando hizo la confesión al fiscal investigador.”

En apoyo de esta contención, el apelante se limita a citar los casos de Clewis v. Texas, 386 U.S. 707 (1967) y Davis v. North Carolina, 384 U.S. 737 (1966) en que se dijo que al considerar la voluntariedad de una confesión, la falta de advertencia de su derecho a estar representado por abogado al iniciarse su interrogatorio da peso adicional a las otras circunstancias demostrativas de que una confesión es in-voluntaria. Esta era la situación en cuanto a los casos re-sueltos con anterioridad a Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966).

El juicio en el caso que nos ocupa se resolvió con anteriori-dad a la norma establecida en Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), la cual no tiene efecto re-troactivo. Pueblo v. Adorno Lorenzana, supra. La represen-tación legal del apelante se limita a plantear la anterior cues-tión pero no analiza la prueba aducida relacionada con la toma de la confesión a los fines de demostrar que la misma de-muestra que la confesión se dio involuntariamente de manera que pudiera argüir que se justificaba, a la luz de la norma de Clewis y Davis, la instrucción sobre la falta de asistencia de abogado como factor adicional a considerar, instrucción que la defensa no solicitó en el momento oportuno ante el tribunal de instancia.

Hemos examinado la prueba y ésta demuestra que el apelante, luego de apuñalar al occiso se acercó al policía Reyes y le enseñó y entregó un cuchillo ensangrentado y le dijo “que con ese cuchillo acababa de matar a un sinvergüenza Jefe de Programas Sociales de aquí en Bayamón”; que Reyes llevó al apelante al hospital a curarle una herida en una mano; que de allí Reyes lo llevó al cuartel de la policía enseguida y de allí a la fiscalía donde el fiscal Gr a jales quien, luego de con-versar con él unos siete minutos, lo pasó al fiscal de turno, Lie. Cabrera, ante quien (luego de advertirle de su derecho de no. declarar, que si declaraba lo hacía libre y voluntaria-mente sin que hubiera sido amenazado o coaccionado, que no se le había hecho ofrecimiento de clase alguna y que lo que declarase podía usarse en su contra), el apelante hizo la con-fesión y firmó la transcripción de la misma.

Mientras atendían al apelante en el hospital allí llegaron un sargento y cinco o seis policías enviados, según Reyes, “para la seguridad del acusado... porque en estos casos nadie sabe la reacción que puedan tener los familiares.” En el cuartel, el apelante estuvo unos 10 ó 15 minutos donde se le llevó ante el teniente Feijó. Testificó Reyes que el propósito de llevarlo al cuartel fue “Preguntarle los motivos a él... . Y darle información a mis superiores de la investigación qué estaba llevando a cabo .... Cuando estábamos en el cuartel se le notificó al fiscal ... y al detective Rodríguez fue que yo entregué al acusado . . . después de haber sido traído al fiscal-. . . para que ellos [la detective] continuara el proceso de tomar fotografías para identificación criminal más tarde y someterle el caso al juez con la prueba . . . .” Testificó Reyes que al pasar el-apelante a la oficina de los fiscales, los policías se quedaron fuera; que al rato, mientras el fiscal hablaba con el apelante, él, Reyes, se retiró para continuar la investigación; que ningún policía o algún civil agredió o intimidó al apelante; que “. . . Esos agentes simple-mente vinieron acompañándome a mí para la seguridad del acusado; instrucciones superiores que me dieron a mí para que permaneciéramos siempre ahí.” El taquígrafo de los fiscales testificó- que el apelante fue traído por Reyes a la oficina de los fiscales; que éste conversó con ellos un rato y luego llama-ron al testigo a tomar la declaración del apelante en maqui-nilla luego de hacerle las advertencias de rigor las que ex-plicó en detalle; que al apelante no se le agredió o coaccionó para que prestara la declaración la cual dio voluntariamente. El fiscal Grajales testificó en términos similares. La prueba de la voluntariedad, pasada primeramente ante' el juez de ins-tancia fue repetida ante el jurado. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729, 740 (1965).

El anterior resumen de la prueba de voluntariedad demuestra la ausencia de los factores que tanto en Davis como en Clewis justificaron concluir que en esos casos la confesión fue involuntaria y que la ausencia de abogado constituía un factor adicional en apoyo del carácter de involuntariedad de la confesión.

Lo expuesto es demostrativo de que la mejor práctica indica que el apelante debe ofrecernos un análisis cuidadoso y detallado de la prueba pertinente cuando apuntamientos como el que nos ocupa lo requieran.

Por el contrario, el juez de instancia instruyó adecuada-mente al jurado con respecto a la confesión.

6. — Sexto Apuntamiento.

“Sostiene el acusado-apelante que la sentencia dictada contra éste debe ser revocada porque se le privó del derecho de asis-tencia de abogado durante la vista preliminar llevada a efecto ante el fiscal actuando éste como agente del juez instructor y por el propio juez instructor, quien a base de la confesión del acusado-apelante tomada por el fiscal y por los testimonios de otros tes-tigos, expidió una orden de arresto ordenando el encarcelamiento del acusado-apelante.

También era inadmisible la confesión obtenida del acusado-apelante por el fiscal, sin asistencia de abogado, y la cual se usó para determinar que existía causa probable, no sólo para acusar sino también para arrestar. La confesión obtenida por el fiscal del acusado-apelante y de otros testigos y cuya confesión y de-claraciones fueron usadas por el fiscal para determinar causa probable para acusar al acusado-apelante, no sólo en violación de las doctrinas de los casos de White v. Maryland, 373 U.S. 59 (1963); Arsenault v. Massachussetts, 393 U.S. 5 (1968); Pointer v. Texas, 380 U.S. 400; y Coleman v. Alabama, 399 U. S. 1 (1970), sino también en violación de la doctrina del caso de Coolidge v. New Hampshire, 29 L.Ed.2d, página 564 (1971).”

El fiscal aceptó que “. . . durante el tiempo que estuvo el acusado en la oficina del fiscal y en el cual prestó una con-fesión en relación con los hechos, no estuvo asistido de abo-gado.” La prueba demuestra que tampoco estuvo representado por abogado desde que se acercó al policía Reyes hasta que éste lo llevó donde los fiscales, esto es, durante todo el pro-ceso de investigación.

El apuntamiento del apelante se funda en que el acto durante el cual el apelante conversó con el fiscal Grajales, y luego cuando confesó ante el fiscal Cabrera, constituía una vista preliminar llevada a efecto por los fiscales como agentes del juez instructor.

Los casos que cita el apelante en apoyo de este apunta-miento no lo sostienen. Coolidge v. New Hampshire, 29 L.Ed. 2d 564 (1971), resuelve que una orden de allanamiento de un vehículo de motor expedida por el Procurador General del estado no satisface los requisitos de la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos porque no fue expedida por un magistrado “neutral y separado y distinto.” En White v. Maryland, 373 U.S. 59 (1963) se resolvió que arrestado el peticionario por el delito de asesinato y llevado ante un magis-trado para vista preliminar en la cual, al ser informado del delito que se le imputaba (arraignment), hizo alegación de culpabilidad sin asistencia de abogado, dicha vista era una etapa crítica del procedimiento que requería asistencia de abogado de manera que tal alegación de culpabilidad no era admisible en el juicio.

En el caso que nos ocupa el apelante confesó su cul-pabilidad dos veces, una libre y espontáneamente ante el policía Reyes y la segunda mediante confesión formal que suscribió ante un fiscal luego de recibir las advertencias de rigor. La prueba demuestra que esta segunda confesión fue voluntaria. No tenía entonces que advertírsele que tenía de-recho a estar representado por abogado en esa etapa de los procedimientos pues el juicio en este caso se celebró meses antes de que resolviéramos el caso de Rivera Escuté, supra.

Los hechos del caso ante nos son similares a los de El Pueblo v. Vergara Vázquez, 99 D.P.R. 318 (1970), en el que reafirmamos la norma de prospectividad de Rivera Escuté, supra.

Las circunstancias en Coolidge y White, supra, son com-pletamente distintas al caso que nos ocupa. La doctrina de que la orden de allanamiento debe expedirla un magistrado es de larga vigencia en Puerto Rico. No está envuelta en el caso ante nos. Por otra parte, no se nos ha sustanciado por el apelante, en forma alguna, que el fiscal, al recibir al apelante y tomar su confesión necesariamente actuó como un agente del juez instructor y que su referida actuación es de la natura-leza de una vista preliminar. Convenimos con el Procurador General que la argumentación del apelante va más bien diri-gida a retrotraer la doctrina de Rivera Escuté, supra, a la fecha del proceso en este caso cuando ya en repetidas oca-siones hemos dicho lo contrario.

En vista de lo expuesto, se confirmará la sentencia dic-tada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Bagamán, en 15 de abril de 19 61.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que los Jueces Asociados Señores Hernández Matos y Torres Rigual, no intervinieron.

         NOT A DEL COMPILADOR: Los delitos son Asesinato en Primer Grado e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas.

       La relación de los hechos del caso en la pregunta hipotética fue la siguiente:

        . . ¿una persona que ha tenido dificultad en obtener algo que él quiera y que no ha tenido éxito en conseguir lo que él quiere, que como consecuencia de eso decida matar, planea y mata con posterioridad a la persona que considera que es la que no le ha permitido conseguir lo que él quiere, después de matarlo, al muy poco tiempo de matarlo se entrega a un agente de la policía, y unos 45 minutos a una hora y cuarto después hace una exposición — declara sobre esa serie de hechos, las motivaciones por las cuales lo hizo, y al hacerlo lo hace en la forma que aparece en este documento — me refiero al Exhibit 2 del Pueblo . . .?”

       Con respecto a las normas sobre la prueba de locura, véanse Molina v. Jefe Penitenciaría, 96 D.P.R. 191 (1968); Pueblo v. Rivera Raquel, 95 D.P.R. 564 (1967) ; Pueblo v. Adorno Lorenzana, 93 D.P.R. 788, 795 (1966); Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116 (1965); Pueblo v. Rosado Román, 89 D.P.R. 14 (1963); Pueblo v. Cruz Román, 84 D.P.R. 451, 457 (1962); Pueblo v. Alsina, 79 D.P.R. 46, 60-62 y 69 (1956); Pueblo v. Colón Morales, 100 D.P.R. 40 (1971).

       El Art. 383 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que:
      “Se presume que un testigo dice la verdad. Esta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad o móviles, o por evidencia contradictoria.”

       La instrucción en cuestión íue la siguiente:
      Hon. Juez: . . . Les había instruido a ustedes anteriormente y les instruyo ahora que el Jurado no puede considerar una confesión a menos que quede convencido no sólo de que la misma fue hecha sino, además, que fue hecha voluntariamente. Ustedes son los que van a determinar si la confesión que se alega prestó el acusado fue prestada por éste libre, espontánea y voluntariamente; esto es, sin que haya mediado amenazas físicas, coacción psicológica, coerción, promesa de beneficio, lenuencia, protección; en otras palabras, si existe la ausencia total de algún factor que pudiese, muy a pesar del deseo del acusado, llevarlo a prestar la confe-sión.
      El Pueblo, según les instruí anteriormente, tiene el peso de la prueba, a fin de establecer la voluntariedad de la confesión. Al considerarse si la confesión en este caso fue o no voluntaria ustedes deberán tomar en cuenta la edad del acusado, el estado físico y mental del acusado al momento de prestar la declaración, su preparación, las circunstancias ambientales en el momento de producirse la confesión, el límite de tiempo utilizado en el proceso de la confesión, personas presentes o ausentes, personas que han intervenido en el proceso de la confesión, etc. ...
      Si el Jurado resuelve que la confesión del acusado fue hecha volun-tariamente les corresponde entonces determinar el peso que deben darle, como en el caso de otra evidencia debidamente admitida.
      Si el Jurado considera que la confesión fue involuntaria deben recha-zarla y hacer caso omiso de ella.
      El Jurado no está obligado a aceptar que los hechos ocurrieron en la exacta forma expresada en la confesión hecha por el acusado, pues, eso sería dejar al arbitrio del referido acusado el esclarecimiento de la verdad.
      El Jurado juzga, examina, pesa y aquilata toda la prueba.
      La confesión en este caso es parte de la prueba y el Jurado puede apreciarla a la luz y en relación con el resto de la misma y proceder a actuar en la forma que estimare justa de acuerdo con su conciencia y los principios de ley. Pues, la regla de que una- confesión debe considerarse en toda su integridad no obliga al Jurado a dar el mismo crédito a cada, parte de ella. El Jurado puede creer la parte que estime digna de creer y rechazar cualquier porción que no le merezca confianza.
      Si ustedes tienen duda en este caso de si la confesión fue o no volun-taria, ustedes deben darle el beneficio de esa duda al acusado y determinar que la misma no fue voluntaria.”


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Ramón Ferrer Delgado, demandante y recurrente, v. General Motors Corporation, Vaillant Motors Corporation y Cabrera Hermanos, Inc., demandadas y recurridas.

      Número: R-70-34

      Resuelto: 22 de noviembre de 1971

      Gilberto Padró Diaz, abogado del recurrente; Rivera Zayas, Rivera Cestero & Rúa y Victor R. González Mangual, abogados de la General Motors Corporation; Hartzell, Fernández, Novas <& Ydraeh y A. Santiago Villalonga, abogado de Vaillant Motors Corporation; Joaquin Lago Padín, abogado de Cabrera Hermanos, Inc.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Ferrer Delgado, el recurrente, presentó una de-manda que denominó “acción civil” contra General Motors Corporation, Vaillant Motors Corp. y Cabrera Hermanos, Inc., las recurridas en este. caso. La demanda original fue presentada en 6 de septiembre de 1967. Alegó el demandante que el 26 de octubre de 1965 le compró un automóvil Oldsmobile, nuevo, del año 1966, a Cabrera Hermanos, Inc., agen-tes o representantes en Arecibo de Vaillant Motors Corp. y de. General Motors Corp.; que el precio de compra fue $9,365.00; que el automóvil le fue vendido con defectos en el tren delantero del mismo por lo cual gastaba en forma ex-cesiva las llantas delanteras por su lado interior hasta el ex-tremo de que habiendo corrido 22,000 millas había gastado 12 llantas; y que las demandadas no han podido corregir dicho defecto. Solicitó se le devuelva el precio que pagó por el auto-móvil y se le indemnicen daños. Puso a disposición de las demandadas el referido vehículo.

La prueba desfilada en el juicio demostró que en efecto las llantas delanteras del vehículo había que reemplazarlas después de aproximadamente cada 5,000 millas que recorriera el automóvil; que dicho automóvil fue llevado en varias ocasiones a los talleres de cada una de las recurridas para que se corrigiera esta situación y en todas las ocasiones las re-curridas se limitaron a enviar el automóvil a distintos talleres para que se le alineara el tren delantero pero ninguna de ellas examinó el vehículo en su propio taller para determinar si el vehículo tenía algún defecto que ocasionara el desgaste ex-cesivo de las llantas. En cada una de las ocasiones el automó-vil fue devuelto al recurrente pero las llantas continuaban gas-tándose en la forma antes dicha.

Dos de estas llantas fueron introducidas en evidencia y examinadas por testigos peritos de las partes. La superficie de rodaje de cada una de las llantas estaba más gastada en los bordes que en el centro. El borde interior de cada llanta estaba más gastado que el borde exterior. El perito del recu-rrente, a base del desgaste que presentaban las llantas, con-cluyó que el mismo fue causado por algún defecto del vehículo. Opinó que el desgaste no fue causado por inflación baja de las llantas, pues los bordes interiores tenían más desgaste que los bordes exteriores.

El perito en mecánica de las recurridas, quien a su vez es gerente de servicio de General Motors, en cambio, declaró que el desgaste fue causado por inflación baja, ya- que los bordes de las gomas tenían más desgaste que el centro. Es aparente que este testigo hizo caso omiso del hecho de que los bordes interiores de las llantas estaban más desgastados que los bordes exteriores. El demandante declaró él inflaba las llantas con la presión de aire indicada por los vendedores Cabrera Hermanos. Señaló el perito de las recurridas, que el lado exterior de una de las llantas tenía golpes y señales de haber rozado con un cantón o con aceras y que esto con-tribuye a desalinear el tren delantero del vehículo. Advirtió que los hábitos de conducir pueden contribuir al desgaste de las llantas. Nada dijo — ni se le preguntó — en cuanto a si el desgaste pudo haber sido causado o afectado por algún de-fecto en el vehículo. Se limitó a indicar que hay muchos fac-tores que pueden ocasionar desgaste de las llantas.

El tribunal sentenciador declaró sin lugar la demanda a base de las siguientes conclusiones de hechos y de derecho: ■Ninguno de los talleres de alineación devolvió el automóvil indicando que no podía ser alineado por defectos en el tren delantero. Las llantas introducidas en evidencia fueron usa-das con presión baja y habían sido rozadas con obstáculos tales como encintados, lo que afecta el desgaste de las gomas. No se probó que existiera defecto alguno en el tren delantero. En acciones de daños por negligencia debe demostrarse que hubo negligencia; que el daño fue causado por negligencia o impericia del demandado, y aquí no se demostró tal relación causal, ni que las demandadas faltaron a sus obligaciones contractuales, ni se probaron vicios ocultos, o defectos red-hibitorios.

El tribunal de instancia cometió error en la apreciación de la prueba y en la aplicación del derecho a los hechos del caso.

Es cierto que ningún taller devolvió el vehículo sin alinear aduciendo que el mismo tenía algún defecto, pero es igual-mente cierto que ningún taller dijo que el automóvil no tenía defectos. La conclusión al efecto de que el desgaste de las llantas provino de rodarlas con presión baja se basa en el testimonio del perito de las recurridas, quien hizo caso omiso del hecho de que había más desgaste en el borde interior de las mismas que en el exterior. Nos parece más razonable y persuasiva la opinión del perito del recurrente en el sentido de que ese desgaste irregular, en un solo lado de las llantas, no podía ser causado por inflación baja de las llantas. En cuanto a los hábitos de conducir como factor causal del des-gaste de las llantas, cabe señalar que no hubo prueba afirma-tiva en tal sentido, sino que se mencionó como una mera posi-bilidad. Contra esta posibilidad se opone el hecho de que el recurrente había comprado a Cabrera Hermanos cuatro auto-móviles Oldsmobile en años anteriores — desde el año 1949 — y dicha recurrida no adujo prueba de que el recurrente hubiese tenido un problema similar de desgaste excesivo e irregular de las llantas de esos otros cuatro vehículos. Es improbable que el recurrente comenzara a adquirir malos hábitos de guiar desde que compró el vehículo objeto de este litigio.

También cometió error el tribunal al concluir que no se probó que el vehículo tuviera algún defecto o vicio oculto o redhibitorio o que las recurridas imcumplieran sus obliga-ciones contractuales. Estas conclusiones serían correctas si a casos como el presente se aplicaran las normas tradiciona-les del peso de la prueba y si las cláusulas del contrato de venta relativas a la garantía, en caso de duda, se interpre-tasen a favor de la parte que lo redactó.

Es cierto que el recurrente no probó qué pieza o piezas estaban defectuosas o incorrectamente ajustadas, o cuáles motivaron el desgaste excesivo de las llantas. Generalmente el comprador de un vehículo no es un perito en mecánica automotriz, sino que por el contrario son los que fabrican los vehículos y sus agentes los que lo. son o deben serlo. Es cierto que las recurridas hicieron esfuerzos para corregir la situación, pero eso no basta. Además de lo prescrito en la ley para casos de compraventa — lo que mencionaremos más adelante — en este caso hay una garantía escrita del fabri-cante del vehículo que es parte del contrato de venta de un automóvil nuevo. Dicha garantía es idéntica o similar en todo contrato de venta de vehículos nuevos y la misma ha sido ob-jeto de interpretación en innumerables casos.

La garantía extendida por el fabricante del vehículo aquí concernido expresa, en lo pertinente, que la Oldsmobüe Division of General Motors Corporation, como fabricante, garan-tiza, que cada vehículo nuevo, incluyendo el equipo y acceso-rios, menos las llantas, fabricad o o suplido por la Oldsmobile Division y vendido por un vendedor autorizado de la Oldsmobile, está libre de desperfectos en su material y fabricación. La garantía, desde luego, es exigible siempre que se utilice el vehículo en forma normal. (“Free from defects in material and workmanship under normal use and service ”) Sigue ex-presando dicha garantía que la misma se limita a la repara-ción o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas. Las demás disposiciones de la garantía no son aquí pertinentes.

La interpretación que muchos tribunales han dado a dichas cláusulas y que a nuestro juicio constituye la interpretación más razonable y justa es la expresada en el caso normativo de Allen v. Brown, 310 P.2d 923 (1957) , citado con aprobación en Rose v. Chrysler Motors Corporation, 212 Cal. App.2d 755; 99 A.L.R.2d 1411, 1418 (1963).

El razonamiento del Tribunal en dicho caso de Allen v. Brown, puede resumirse como sigue:

“Lo que ocurre generalmente es que cuando el comprador de un automóvil nuevo descubre algún defecto en el mismo,, se lo lleva al vendedor que se lo vendió. Normalmente el comprador desconoce la causa del defecto y él confía en que el vendedor y sus mecánicos encontrarán y corregirán dicho defecto. El ven-dedor, si es necesario, consultará con'los expertos del fabricante.

Sería poner una carga injusta sobre el comprador, quién generalmente es lego en mecánica, que sea él quién descubra exactamente qué pieza o piezas del vehículo son las defectuosas o las que causan el problema. Incumbe al vendedor (“dealer”) encontrar la causa del problema y reponer, libre de costo á tenor con la garantía, la pieza o piezas defectuosas.-Si nov se logra el- arreglo del vehículo dentro de un tiempo razonable se hace operativa la garantía.”

Enigual sentido véanse Fox v. R. D. McHay Motor Co., 366 P.2d 297; General Motors Corp. v. Earnest, 184. So.2d 811; Cox Motor Car Co. v. Castle, 402 S.W.2d 429. Véase además: Construction and Effect of Standard New Motor Vehicle Warranty, 99 A.L.R. 1419; Products Liability and the Automobile Industry; Much Ado About Nothing, Wisc. L. Rev. (1968) pág. 83; Defective Automobiles and the N.C.C., 18 Clev. St. L. Rev. 527.

En síntesis, en casos como el presente, el comprador solo viene obligado a demostrar, como aquí lo demostró el demandante, que el vehículo que compró no funciona normalmente y que la parte demandada tuvo oportunidad de corregir el defecto pero no lo corrigió o no pudo corregirlo. La parte demandada solo queda exenta de responsabilidad si como defensa afirmativa demuestra — lo que aquí no hizo— qüe el funcionamiento anormál es causado por actos, del demandante. Estas determinaciones están acordes con lo re-suelto en Negrón v. Caribe Motors, Sentencia de 15 de junio de 1970, Ref. Col. Abog. 98.

Veamos ahora cual es el derecho aplicable a estos'casos en que se venden automóviles y otros aparatos y máquinas que resultan defectuosos. Se trata de contratos de compraventa de bienes muebles. Luego, le son aplicables en general los artículos del Código Civil que reglamentan la compraventa de bienes muebles, los cuales se hallan en el Título IV del Libro IV del Código Civil, Arts. 1334 al 1427, y regulan la compraventa en general. 31 L.P.R.A. sees. 3741-3961. Como se trata en particular de un caso que envuelve el saneamiento de la cosa vendida, por motivo de vicios ocultos, le son aplicables especialmente los Arts. 1350, 1363 y 1373 al 1375, inclusives, del Código Civil. 31 L.P.R.A. sees.' 3801, 3831 y 3841-3843 Berrios y. Courtesy Motors, 91 D.P.R. 441, 444 in fine (1964) .

De los contratos onerosos traslativos del dominio es la com-praventa — el cambio de cosa por dinero — el más frecuente y representativo. Es el más detenidamente regulado por el Código.

En virtud del Art. 1350 el vendedor está obligado á la entrega y saneamiento de la cosa vendida. 31 L.P.R.A. see. 3801. No basta que el vendedor entregue la cosa; es preciso que asegure al comprador la posesión pacífica y útil dé la misma. El propósito o causa de la venta para el comprador es adquirir la cosa para servirse de ella y dicho propósito dejaría de realizarse si una vez hecha la entrega el comprador se ve privado de la cosa o imposibilitado de aplicarla a los usos que le son propios. De aquí surge la obligación.de garan-tía que tiene el vendedor. El Código llama obligación de saneamiento (Art. 1350) a la que en Derecho extranjero y en la doctrina se le llama garantía. Las dos formas tradicionales de dicha garantía consisten en garantizar la posesión pacífica de la cosa vendida y en la obligación de sanear los vicios o defectos ocultos que tuviere.

Como se sabe, la obligación de saneamiento existe en casos de evicción y en casos de vicios ocultos., Evicción (del latín evincere) quiere decir vencer en juicio y significa, en este contexto, la pérdida de un derecho como consecuencia de una sentencia judicial. La evicción, que es un hecho, produce, en materia de compraventa, el efecto jurídico de la obligación de saneamiento. Como el presente no es un caso de saneamiento por evicción, sino de saneamiento por vicios ocultos, no es necesario entrar en otros pormenores sobre aquella institución jurídica.

Como dijimos, la otra obligación de saneamiento surge cuando hay defectos o vicios ocultos en la cosa vendida. Estos vicios pueden' ser jurídicos, en cuyo caso consistirían en una limitación del derecho transmitido (como por ejemplo, una servidumbre no aparente en caso de un inmueble) o pueden ser de hecho, como cuando se trata de defectos intrínsecos de la cosa vendida. A los vicios ocultos también se les denomina redhibitorios (de redhibere, devolver) porque pueden deshacer la venta.

La doctrina preconiza que para que puedan ser objeto de saneamiento los vicios ocultos éstos (1) no deben ser conocidos por el adquirente, (2) el defecto debe ser grave o suficientemente importante para hacer la cosa impropia para el uso a que se le destina o que disminuya de tal 'modo este uso que, de haberlo conocido el comprador, no la habría comprado o habría dado menos precio por ella, (3) que sea preexistente a la venta y (4) que se ejercite, la acción en el plazo legal, que es el de seis meses contados desde la entrega de la cosa vendida. Art. 1379 del Código. 31 L.P.R.A. see. 3847. En Puerto Rico, así como en España, dicho plazo ha sido extendido jurisprudencialmente en el sentido de que el plazo de seis meses se cuenta, no desde la fecha de la perfección del contrato, sino desde el día en que se interrumpieron las ges-tiones de inteligencia entre las partes. Casa Jaime Corp. v. Castro, 89 D.P.R. 702, 704 (1963).

En los casos como el de autos, de saneamiento por defectos ó vicios ocultos, el Código dispone que el comprador podrá optar entre desistir dél contrato, abonándosele los gastos que pagó, o podrá rebajar una cantidad proporcional del precio, ■ a juicio de peritos. Art. 1375. 31 L.P.R.A. see. 3843. También dispone dicho artículo que si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará por los daños y perjuicios si optare por la rescisión. En el caso de autos ni se alegó ni se probó que el vendedor conociese los vicios o defectos ocultos.

De acuerdo con lo anterior el recurrente tiene derecho, a que se le reembolse el precio pagado por el automóvil y los gastos en que necesariamente incurrió por motivo de los defectos o vicios del mismo (los $450.00 que gastó comprando llantas adicionales) pero no tiene derecho a los $15,000.00 que reclama por concepto de daños y perjuicios. También tiene derecho a que se le reembolsen las costas y a una suma razonable para honorarios de abogado. Resolvemos que .los gastos extraordinarios por llantas están incluidos en el concepto de “gastos” del citado Art. 1375 pero, desde luego, no así los que reclama por daños y perjuicios. Estos últimos sólo procederían, como antes se ha señalado, si el vendedor hubiese conocido los vicios ocultos y no los hubiese manifestado al comprador.

La acción del recurrente no está prescrita ya que a la fecha de su presentación no habían pasado más de seis meses desde que se interrumpieron las gestiones de inteligencia entre las partes. Casa Jaime Corp. v. Castro, supra, y además el contrato de garantía extendido por el fabricante no había expirado al instarse la acción.

Sobre estos contratos y garantías impresos que se le entregan al comprador de un automóvil o una máquina, debe recordarse lo siguiente: Si bien el Código Civil es supletorio a lo convenido por las partes, siempre que éstas no contraten en violación de la ley, al interpretar y aplicar dichos contratos y sus garantías tendremos en cuenta que esos son contratos de adhesión, en los cuales el comprador tiene muy poco o nada que decir. Su consentimiento a ellos, una vez hecha la decisión de comprar determinada marca y modelo del automóvil, o de la máquina de que se trate, es casi ninguno. Véanse Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759, 765 (1968); Protane Gas Co. of P.R. v. Ramos, 95 D.P.R. 419, 421 (1967); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227, 232 (1963); Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878, 880-881 (1961); Maryland Cas’y Co. v. San Juan Racing Assoc. Inc., 83 D.P.R. 559, 566 (1961).

¿Cuál o cuáles de las recurridas deben responder al re-currente en este caso? La norma general es que incumbe a la parte vendedora reembolsar el precio. Pero la acción también procede contra el fabricante, en virtud de la garantía ex-presa antes mencionada. Véanse Product Defect-Privity, 16 A.L.R.3d 683; Standard New Motor Vehicle Warranty, 99 A.L.R.2d 1419. Si en nuestra jurisdicción se admite una acción de daños y perjuicios contra el fabricante de un producto de-fectuoso que cause daños, Mendoza v. Cervecería Corona Inc., 97 D.P.R. 499 (1969), con mayor razón debe prosperar una acción contra el fabricante de un automóvil para obtener el reembolso del precio pagado.

Aparte de la vendedora y del fabricante se demandó a la distribuidora en Puerto Rico de los automóviles Oldsmobile, Vaillant Motors Corporation. Esta última fue inter-mediaria entre General Motors Corp. y Cabrera Hermanos, Inc., en la introducción a Puerto Rico del vehículo vendido al recurrente. Bajo circunstancias parecidas en Barth v. B. F. Goodrich Tire Company, 71 Cal. Rptr. 306 (1968), se respon-sabilizó a un intermediario o mayorista por defectos de una llanta. Aunque ese caso está predicado en la doctrina de res-ponsabilidad absoluta, pues hubo daños al reventarse una llanta, igual criterio debe aplicarse cuando, como en el caso de autos, un intermediario introduce un producto defectuoso que él no puede arreglar. Las tres recurridas son solidiaria-mente responsables ante el recurrente.

Toda vez que Vaillant Motors Corp. y Cabrera Herma-nos Inc., separadamente entablaron demandas contra co-parte contra General Motors Corp. o su subsidiaria Foreign Distributors División of General Motors Corp. u Overseas Division of General Motors; y General Motors Corp., o su subsi-diaria entabló reconvenciones separadas contra Vaillant Motors Corp. y contra Cabrera Hermanos, Inc., y el tribunal de instancia no hizo determinaciones de hecho ni conclusiones de derecho en cuanto a dichas demandas contra co-parte y dichas reconvenciones no tenemos elementos de juicio para distri-buir la suma de la sentencia entre las distintas recurridas. Las demandadas-recurridas podrán pactar entre sí, o dilucidar en pleito separado, quién le pagará cuánto a quién, entre ellas. La obligación que aquí fijamos para con el demandante-recurrente es solidaria contra las tres demandadas y aquél puede hacerla efectiva sin esperar a que las demandadas lleguen a un arreglo entre sí o a que litiguen el asunto.

Se revocará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 2 de enero de 1970, se declarará la demanda con lugar y se dictará sentencia' de acuerdo con lo antes dicho.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       La importancia de la compraventa de cosas muebles es tal en el Derecho privado moderno que ha trascendido de los ámbitos nacionales al campo internacional. Por' ello ha surgido la conveniéncia de una unificación internacional del Derecho aplicable a dicho contrato. El Instituto Interna-, cional para la Unificación del Derecho Privado, de Roma, inició los tra-bajos de redacción de un proyecto de Ley uniforme' sobre el particular trabajaos que cristalizaron en el proyecto de Ley Uniforme de 1956, sometido’ a la consideración de los gobiernos de diversos países. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 4, Novena ed. revisada (1969), pág. 57.

       En Fuentes v. Hull Dobbs Co., 88 D.P.R. 562 (1968), la vendedora conocía el vicio oculto' y allí concedimos daños..