text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José A. Pintos Lugo, acusado y apelante.

      Número: CR-88-75

      Resuelto: 10 de noviembre de 1992

      Víctor M. Agrait Defilló, abogado del apelante; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocura-dora General, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante fue convicto por un jurado por el delito de apropiación ilegal agravada y sentenciado a diez (10) años de reclusión. El tribunal de instancia le concedió el benefi-cio de sentencia suspendida. Inconforme, apela ante nos aduciendo cinco (5) señalamientos de error

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Los hechos según acordados por las partes en la exposi-ción narrativa de la prueba se exponen a continuación.

El 30 de julio de 1986 la testigo Raquel Rodríguez Díaz trabajaba como pagadora de la Cámara de Representantes. La señora Rodríguez le entregó al Sr. Rafael Rivera el che-que núm. 010477, por $360, a favor del Sr. Héctor González Onez por concepto de dietas. El señor Rivera trabajaba como mensajero de la Cámara de Representantes y entregó el cheque a la Sra. Miriam Arroyo Espada. La señora Arroyo se desempeñaba como oficinista del Representante Concepción Báez. Esta testigo manifestó que recibió el che-que núm. 010477 del señor Rivera Ruiz y se lo entregó al acusado ya que la secretaria del señor González no se encontraba. La señora Arroyo indicó que el cheque no tenía nada escrito al dorso y que ella no anotó nada en el mismo. Identificó al acusado como la persona a quien entregó el cheque.

El acusado José A. Pintos Lugo trabajaba para el mes de julio de 1986 con el Representante Héctor González Cruz en la Comisión de Veteranos. No surge con claridad de los autos las funciones que realizaba en dicho empleo.

La Sra. Carmen S. Meléndez Andino declaró que para el 31 de julio de 1988 era “teller” en la Cooperativa Ahorro y Crédito de la Policía de Puerto Rico. Que ese día el acusado (a quien identificó en el juicio) se presentó a realizar una serie de transacciones. Señaló que el acusado depositó va-rios cheques en la cuenta de ahorros del Sr. Héctor Gonzá-lez Cruz y cambió el cheque de $360 numerado 010477 de 30 de julio de 1986 y girado a favor de Héctor González Cruz. En el contrainterrogatorio la señora Meléndez señaló que no recordaba cuantos cheques se habían depositado, pero sí recordaba que uno de los cheques depositados era de $166. Ella recordaba esa transacción y al acusado por la regularidad con que le hacía depósitos al señor González Cruz. Declaró también que por lo regular la transacción incluía cambiar un cheque de $360, depositar otro de $166 y que el acusado hacía estas transacciones con frecuencia.

Por último, testificó el Sr. Héctor González Cruz. Surge de las minutas del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 28 y 29 de marzo de 1988, que consta en autos, que hubo que retirar al Jurado para hacer una determinación de ad-misibilidad del testimonio de este testigo. Esto con motivo de que dicho testimonio contenía unas admisiones hechas por el acusado a este testigo. Las partes, luego de escuchar el testimonio de este testigo, argumentaron ampliamente para determinar si el testimonio debía presentarse al Jurado. Inicialmente el tribunal determinó que no iba a permitir que pasara la admisión al Jurado porque existía un documento firmado por el Ministerio Público y la de-fensa de que no habían admisiones de las partes. Sin embargo, en la sesión de la tarde de 29 de marzo de 1988, el Ministerio Público solicitó reconsideración de la determi-nación previa del tribunal y éste accedió a su solicitud. Luego de oir nuevamente a las partes, el tribunal señaló que la admisión no ocasionaba sorpresa a la defensa ya que ellos tenían copia de la declaración jurada del señor Gon-zález Cruz, por lo que permitió al testigo declarar, con la objeción de la defensa.

El testigo González Cruz manifestó que para julio de 1986, el acusado trabajaba con él. Para el 22 de julio de 1986 salió de Puerto Rico y regresó de sus vacaciones el 3 o el 4 de agosto de 1986. En relación con el cheque núm. 010477 señaló que no lo endosó y que nunca recibió el che-que referido ni su importe. Según surge de la exposición narrativa de la prueba, a los pocos días de regresar de su viaje, el acusado le visitó en su residencia y le indicó que había tenido necesidad de un dinero de emergencia y había utilizado los $360 que correspondían al cheque. En ese mo-mento el acusado le indicó que por tal motivo le entregaba $180 —cantidad que aceptó— y el resto lo había pagado en la mensualidad de un préstamo del Representante Concep-ción Báez, por lo que todo quedaba pago. En el contrainte-rrogatorio señaló que el acusado había recogido el cheque en la división de finanzas y había firmado el recibo de los cheques. Reiteró haber aceptado los $180 que le entregó el acusado y que vio el recibo de pago de la mensualidad del préstamo. Por último, señaló que había presentado el caso porque el acusado todavía le debía algún dinero. Por estos hechos, el apelante fue acusado de los delitos de apropia-ción ilegal agravada y el de posesión y traspaso de docu-mentos falsificados. Se le encontró culpable por un jurado de apropiación ilegal agravada y fue absuelto del otro de-lito por tribunal de derecho.

KH 1 — 4

Se alega, en primer lugar, que el tribunal de instancia erró al admitir prueba sobre una admisión del acusado, cuando el Fiscal había señalado que no existía prueba de admisiones y/o confesiones del acusado. El apelante argu-menta en su alegato que la prueba del Pueblo fue sorpre-siva ya que el propio Ministerio Fiscal había indicado por escrito que no existían admisiones y/o confesiones del acu-sado, y que dicha prueba requería una alteración sustan-cial de la estrategia de la defensa en una etapa avanzada del juicio. El Ministerio Público por otro lado nos indica que la evidencia a la cual se refiere el apelante formaba parte del testimonio contenido en la declaración jurada prestada por el testigo González Cruz y que la defensa po-seía desde la vista preliminar, ya que el testimonio del se-ñor González formó parte de la evidencia desfilada en dicha vista.

Este error no fue cometido. Surge de la Minuta de 29 de marzo de 1988, que forma parte de los autos del caso, que cuando surgió la controversia sobre si se permitía o no lle-var a conocimiento del Jurado la admisión del acusado que surgía del testimonio del testigo González Cruz, el tribunal de instancia determinó que dicho testimonio no era sorpre-sivo para la defensa ya que ésta poseía la declaración ju-rada del testigo González —de la cual surgía claramente la admisión— por lo que debía tener conocimiento de su contenido. Ante estas circunstancias estamos convencidos de que el acusado no sufrió un perjuicio sustancial que amerite revocación. Los casos Pueblo v. Medina Walker, 90 D.P.R. 650 (1964); Pueblo v. Díaz, 61 D.P.R. 696 (1943), y El Pueblo v. Ramos, 28 D.P.R. 800 (1920), presentan situa-ciones análogas en que rechazamos el argumento de que el acusado fue sorprendido o perjudicado por la prueba del Fiscal. En estos casos el acusado tenía conocimiento previo de la información alegadamente sorpresiva por lo que re-chazamos este argumento.

No habiéndose cometido este error, la declaración del acusado era claramente admisible en el juicio de acuerdo con la Regla 62 de Evidencia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV), como excepción a la regla de prueba de referencia por ser una declaración ofrecida contra una parte en el pleito.

i — I HH hH

Se señala como segundo error la negativa del tribunal de instancia a impartir instrucciones sobre la modalidad menos grave del delito de apropiación, ilegal. Este error no fue cometido. El Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4271, va dirigido a castigar a toda persona que sin violen-cia ni intimidación se apropiare de bienes muebles perte-necientes a otra persona. Por otro lado, el Art. 7 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022, define lo que constituye “apro-piarse” como “el malversar, defraudar, ejercer control ile-gal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente”. (Enfasis suplido.) Por último, el Art. 166 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4272(b), señala que si el bien mueble apropiado excede de la suma de $200 se incurrirá en una de las modalidades de carácter grave del delito de apropiación ilegal.

El apelante fundamenta este señalamiento de error a base de que de la prueba de cargo surge que él utilizó $180 del total de $360 para pagar una mensualidad de un prés-tamo que tenía el señor González. Por tal motivo, de haber incurrido en el delito imputado sólo pudo haberse apro-piado de $180, por lo que no se configuró la modalidad grave imputada.

El problema con este argumento es que ignora la mani-festación que hizo el acusado al testigo González Cruz de que “había tenido una necesidad de dinero de emergencia” y había utilizado los $360 que correspondían al cheque. Alegato, pág. 2. Esta manifestación, según determinamos al principio de esta sentencia, era admisible como excep-ción a la regla de prueba de referencia por ser una admi-sión de parte. Regla 62 de Evidencia de 1979, supra.

Aunque el testimonio del señor González presenta con-tradicciones, las mismas no son de tal carácter que impi-dan la utilización de su testimonio. En Pueblo v. Rodríguez Román, 128 D.P.R. 121 (1991), dijimos que las contradic-ciones sólo ponen en juego la credibilidad de un testigo y le toca al juzgador de los hechos resolver a quien cree. La máxima “falsus in uno, falsus in omnibus” no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque se haya contradicho. Es imprescindible armonizar toda la prueba y analizarla en conjunto. En este caso, el Jurado como juz-gador de los hechos dirimió el conflicto de credibilidad y resolvió en contra del apelante. En ausencia de pasión, prejuicio y parcialidad no alteraremos esa determinación. Pueblo v. Rodríguez Román, supra; Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).

En vista de que la prueba desfilada demostró que hubo uso ilegal de un bien mueble (el dinero del cheque por valor de $360) para beneficio del apelante, esto indica la inten-ción específica de apropiarse del dinero aunque fuese tem-poreramente, por lo que se configuró el delito de apropia-ción ilegal agravada. La intención de privar al dueño del bien mueble puede inferirse de las circunstancias relacio-nadas con la comisión del delito y con la conducta del imputado. Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989). Surge claramente del texto de la ley que la apropia-ción que penaliza el Código Penal puede ocurrir en dos (2) modalidades: temporal o permanentemente. Ante esta si-tuación, no procedían las instrucciones solicitadas por el apelante. Hemos resuelto reiteradamente que instruccio-nes sobre un delito menor sólo proceden cuando la prueba así lo justifica. Véanse: Pueblo v. Maysonet Arroyo, 98 D.P.R. 60 (1969); Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625 (1968); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968), y Pueblo v. Burgos, 76 D.P.R. 199 (1954).

> HH

El último error alegado es que el tribunal de instancia erró al declarar al acusado convicto por apropiación ilegal agravada porque dicho delito no se probó más allá de duda ■razonable.

El argumento del apelante a este respecto va dirigido a señalar que habiéndose entregado la suma total a los “po-cos días” de regresar el señor González Cruz, no hubo pri-vación de propiedad, por lo que no se configuró este ele-mento del delito.

Este señalamiento carece de mérito. Es que en Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312 (1982), señalamos que para que se configure el delito de apropiación ilegal es elemento indispensable que el imputado se apropie o advenga en posesión ilegal de bienes muebles pertenecientes a otra persona. En este caso hubo privación de propiedad. La pri-vación del importe del cheque, como señalamos al principio de esta sentencia, no tenía que ser permanente, podía ser temporal. 33 L.P.R.A. see. 3022. El hecho de haber devuelto el dinero ultilizado “a los pocos días” de regresar el señor González no impedía que se configurase la privación. No fue la retención del dinero, ante la imposibilidad de no po-derlo entregar inmediatamente, lo que constituyó la apropiación. Lo que constituyó la apropiación fue el uso ilegal del dinero durante la ausencia de su legítimo dueño. Como señaláramos en Pueblo v. Uriel Álvarez, supra, lo que persigue el estatuto es la protección del patrimonio ajeno. Por lo tanto, establecido que estaban presentes to-dos los elementos del delito, no se cometió este error. Rei-teradamente hemos señalado que la culpabilidad de un acusado no tiene que establecerse con certeza matemática, sino que basta la evidencia que establece certeza moral, que convence y satisface la razón. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985); Pueblo v. Díaz, 107 D.P.R. 140 (1978). La evidencia presentada aquí fue suficiente para concluir que el apelante cometió el delito por el cual fue convicto.

Por los fundamentos antes expresados, los cuales se ha-cen formar parte de esta sentencia, se confirma la senten-cia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 29 de julio de 1988.

Lo pronunció y manda el Tribunal, y certifica la señora Subsecretaría General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón disintió con una opinión escrita, a la cual se unie-ron los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernán-dez Denton.

(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaría General

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Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón, a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton.

A medida que la economía ha ido empeorando, hemos observado una peligrosa e inquietante tendencia hacia la utilización del proceso criminal como mecanismo de coac-ción y cobro en situaciones cuya naturaleza es primordial-mente civil. Hoy nuevamente tenemos ante nosotros una de éstas. Se ha pretendido usar el procedimiento criminal para el cobro de una deuda ordinaria. Por considerar que este tipo de situación es no sólo contraria a lo establecido por el ordenamiento jurídico, sino nociva al mismo, no po-demos suscribir la sentencia que hoy emite la mayoría.

De un examen de los hechos, a la luz de la exposición narrativa de la prueba, la prueba documental y los autos originales, surge con meridiana claridad que no se confi-guró el delito de apropiación ilegal agravada. Veamos.

Exposición de hechos

El aquí apelante fue acusado de. dos (2) delitos: el de apropiación ilegal agravada y el de posesión y traspaso de documentos falsificados, infracciones correspondientes a los Arts. 166(b) y 272 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4272(b) y 4592. La prueba de cargo consistió fundamental-mente en el testimonio de cinco (5) testigos. Tres (3) de los testigos, a la fecha de los hechos, se desempeñaban como empleados de la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Los otros dos (2) testigos fueron la cajera (“teller”) que cambió el cheque en cuestión y el supuesto perjudicado. Consideremos estos testimonios.

La Sra. Raquel Rodríguez, Oficial Pagador de la Cá-mara de Representantes, declaró que el 30 de julio de 1986 expidió el cheque núm. 010477, por concepto de dietas, por la suma de $360 a favor del Representante a la Cámara Héctor González Cruz, y que ese día le entregó este cheque al señor Rafael Rivera Ruiz. A su vez, el señor Rivera Ruiz declaró que trabajaba como mensajero de la Cámara de Representantes y que entregó el cheque a la Sra. Miriam Arroyo Espada, oficinista del Representante Concepción Báez. La señora Arroyo Espada atestiguó que recibió el cheque, firmó el correspondiente recibo y lo entregó al acu-sado, aquí apelante, debido a que la secretaria del Repre-sentante González Cruz no se encontraba.

El testimonio de la Sra. Carmen Sonia Meléndez An-dino, cajera en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía de Puerto Rico (Cooperativa), es sumamente importante. Esta atestó que el 31 de julio de 1986 el acu-sado acudió a la Cooperativa a realizar una serie de transacciones. También dijo que éste depositó varios che-ques en la cuenta de ahorros del Representante González Cruz y cambió el cheque núm. 010477 por la suma de $360 girado a favor del Representante González Cruz, quien para ese entonces era jefe del apelante. Durante el contra-interrogatorio, la testigo Meléndez Andino no pudo recor-dar cuántos cheques habían sido depositados, pero sí recor-daba que uno de los cheques depositados era de $166. Indicó recordar esa transacción y al acusado porque, según ella, por lo regular éste le hacía depósitos a su jefe. “Decla-ró tambi[é]n que por lo regular la transacción envolvía cambiar un cheque de $360.00 y depositar un cheque de $166.00. El Sr. José Pinto Lugo con frecuencia realizaba esa transacción para el Sr. González Cruz.” (Enfasis suplido.) E.N.P., pág. 2.

La Fiscalía trajo como último testigo al supuesto perju-dicado Héctor González Cruz, quien se desempeñaba como Representante a la Cámara. Este declaró que para julio de 1986 el acusado apelante trabajaba con él en la Comi-sión de Asuntos de Veteranos. Por motivo de sus vacacio-nes, dijo que salió de Puerto Rico el 22 de julio de 1986 y regresó el 3 ó 4 de agosto de ese mismo año. Con respecto al cheque núm. 010477 por la suma de $360, indicó que no lo endosó, que nunca recibió ese cheque ni su importe. Con-tinuó atestiguando que el acusado lo visitó en su residencia “y le indicó que hab[í]an tenido necesidad de un dinero de emergencia y había utilizado los $360.00 que correspond[í]an al cheque”. E.N.P., pág. 3. Expresó haber aceptado los $180 en efectivo que le entregó el acusado, quien también le dijo que había pagado la mensualidad de un préstamo del Representante “por lo que todo ‘quedaba pago’ ”.

Durante el contrainterrogatorio, el testigo González Cruz reiteró que el acusado apelante “le había entregado $180.00 en efectivo y le mostró un recibo de haber pagado una mensualidad de una cuenta del Sr. González Cruz y le indic[ó] que ‘todo quedaba pago’L] Señaló por último que había radicado el caso [porque] el acusado todavía le debía algún dinero”. E.N.P., pág. 3.

Mediante votación 9-3 en ambos cargos, un jurado en-contró al acusado culpable de los dos (2) delitos que se le imputaban. No obstante, el tribunal lo absolvió del cargo de posesión y traspaso de documentos falsificados al decla-rar con lugar una moción de absolución perentoria.

El apelante Pintos Lugo señala como error, entre otros, que el tribunal de instancia lo declaró culpable del delito de apropiación ilegal agravada porque dicho delito no se probó más allá de duda razonable. Entendemos que le asiste la razón. Aplicando el criterio constitucional de duda razonable al caso ante nos, encontramos que la evidencia creída por el juzgador de los hechos (el Jurado) es insufi-ciente en derecho para establecer la culpabilidad del acu-sado más allá de duda razonable.

I — I H-1

Conforme al Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4271, el delito de apropiación ilegal consiste en apropiarse ilegalmente de un bien mueble ajeno sin violencia ni intimidación.

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses, multa que no excederá de quinientos (500) dólares, pena de restitución, o cualquier combinación de éstas, a discreción del tribunal. 30 L.P.R.A. see. 4271.

Como actos de apropiación se contemplan todas las for-mas clásicas de desposesión. Véanse: Art. 7(5) del Código Penal, 30 L.P.R.A. see. 3022(5); Pueblo v. Uriel Alvarez, 112 D.P.R. 312, 317 (1982). La apropiación ilegal se considera delito grave si el valor de los bienes apropiados excede de $200. Art. 166(b) del Código Penal, supra.

El elemento mental que se requiere para configurar el delito de apropiación ilegal es la intención específica de apropiarse de los bienes ajenos. Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986), y casos allí citados. “La intención criminal es una condición subjetiva y, como tal, sólo puede descubrirse su existencia por las circunstancias que concu-rren en el hecho delictivo. Pueblo v. De León, 102 D.P.R. 446 (1974); Pueblo v. Tribl. de Distrito y Colón, Int., 74 D.P.R. 838 (1953); Pueblo v. Santiago, 54 D.P.R. 167 (1939).” íd., pág. 194.

El Art. 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3061, esta-blece que nadie podrá ser sancionado por úna acción pena-lizada por ley si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal. El segundo párrafo del Art. 14, supra, aclara que la intención o negligencia criminal se manifies-tan por las circunstancias relacionadas con el delito, la ca-pacidad mental de la persona y, por último, las manifesta-ciones y conducta de la persona.

Tal como ocurrió en Pueblo v. Miranda Ortiz, supra, la situación de hechos en este caso revela una ausencia total de intención criminal. Conforme a la exigencia del Art. 14 del Código Penal, supra, procede que discutamos las cir-cunstancias relacionadas con el delito imputado así como también las manifestaciones y conducta del apelante.

A. Circunstancias relacionadas

La prueba desfilada por el Ministerio Público demuestra en detalle el curso del cheque en cuestión desde que éste fue expedido por la Oficial Pagador hasta que llegó a las manos del apelante. La oficinista de la Cámara de Repre-sentantes —Miriam Arroyo Espada— testificó que fue ella quien hizo entrega del cheque al señor Pintos Lugo. El che-que fue entregado al apelante porque éste estaba autori-zado a recibir los cheques de su jefe, el Representante a la Cámara Héctor González Cruz.

Surge con claridad de la exposición narrativa de la prueba que el apelante no obtuvo el cheque ilegalmente. No medió fraude, ni tampoco el apelante se apoderó del cheque subrepticiamente. La prueba de cargo demostró todo lo contrario a lo que el señor González Cruz le había indicado originalmente al Fiscal investigador, esto es, que su empleado “Pintos Lugo había ido [a] buscar el cheque a la división de finanzas y había firmado el recibo de los cheques”. El apelante no acudió a buscar el cheque, sino que la oficinista Arroyo Espada vino donde él (a su oficina) a entregarle el cheque.

Tampoco el referido cheque fue cambiado en efectivo ilegalmente. La cajera de la Cooperativa, testigo del Minis-terio Público, declaró que el apelante por lo regular cam-biaba el cheque de $360 a la vez que depositaba otro che-que por $166, y que con frecuencia realizaba esa transacción para el señor González Cruz. Tanto los depósi-tos como el cambio en efectivo del cheque de dietas eran transacciones que el apelante realizaba con regularidad con la autorización de su jefe. El Ministerio Público no aportó prueba de que en esta ocasión el señor González Cruz hubiese variado estas instrucciones. El dinero en efectivo, producto del cambio del cheque, no fue poseído ilegalmente por el apelante. Por haber salido del país el señor González Cruz, no era factible para el apelante en-tregarle el dinero hasta que éste regresara del exterior por lo que, entre tanto, la posesión del dinero era legal.

Al examinar la prueba documental nos percatamos que los endosos de ambos cheques son idénticos, tanto el que se depositó como el que se cambió en efectivo. El cheque cam-biado, núm. 010477, por la suma de $360 constituye el Exhibit I del Pueblo. El cheque depositado, núm. 010523, por la suma de $166.66 constituye el Exhibit I por estipulación de las partes y tiene al dorso idéntica información que el cheque anterior. El apelante realizaba ambas transaccio-nes con frecuencia con la autorización de su jefe, el señor González Cruz.

La transacción del cambio del cheque en efectivo ocurrió el jueves 31 de julio. El señor González Cruz regresó de vacaciones, conforme a su propio testimonio durante el jui-ció, el domingo 3 o el lunes 4 de agosto. El apelante volun-tariamente lo visitó en su residencia “pocos días después de regresar”. Allí, el apelante le mostró un recibo por haber pagado una mensualidad de una cuenta del señor González Cruz y le entregó en efectivo el balance de $180. Obvia-mente, el pago de tal cuenta sólo pudo haberse realizado si el propio señor González Cruz hubiese dado al apelante los datos necesarios para hacer tal pago (e.g., núm. de prés-tamo, mensualidad del préstamo, institución bancaria).

Durante esa visita a su hogar, según lo que el Represen-tante declaró en juicio, el señor Pintos Lugo voluntaria-mente “le indicó que hab[í]an tenido necesidad de un dinero de emergencia y había utilizado los $360.00 que correspondían al cheque”. E.N.P., pág. 3. Considerando que transcurrieron pocos días entre el recibo del cheque por parte del apelante y la entrega del dinero al señor Gonzá-lez Cruz, esta supuesta admisión por parte del apelante —en el sentido de que había utilizado la totalidad del che-que— no es susceptible de ser interpretada, no es compatible con el hecho de que el apelante le pagó a su jefe la mensualidad del préstamo por una suma ascendente a $180. No obstante, aunque concluyéramos que admitió ha-ber utilizado la totalidad de los $360, esto no necesaria-mente implica que admitió haberse apropiado de este dinero. Veamos.

B. Manifestaciones y conducta del apelante

Aún cuando el apelante hubiese utilizado la totalidad de los $360, en este caso no existe la intención criminal para configurar el delito de apropiación ilegal. Si bien el Art. 7 (5) del Código Penal, supra, define “apropiare” como que incluye “malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente”, el uso temporal del bien tiene que hacerse con la intención criminal. La falta de intención criminal queda demostrada por la totalidad de las circunstancias involucradas en la situación en específico de que se trate.

Como ya señalamos, el apelante estaba en la posesión legal del dinero en efectivo debido a la autorización dada por su jefe, a quien el apelante no podía entregarle dicha suma hasta tanto regresara de viaje. El uso temporero del bien efectuado por el señor Pintos Lugo no puede catalo-garse como criminal. A lo sumo, estamos frente a un error de juicio de parte del acusado apelante. La evidencia cir-cunstancial demuestra que obviamente éste creyó que de-bido a la relación de confianza existente entre él y su jefe, en ausencia de éste último y en caso de emergencia, él tenía autorización tácita para utilizar el dinero, durante un breve lapso de tiempo, a manera de préstamo. Siempre y cuando, claro está, que lo repusiera y entregase al volver su jefe de vacaciones.

Por la propia declaración del supuesto perjudicado sabe-mos que el apelante fue diligente en entregarle el dinero. En primer lugar, el apelante acudió voluntariamente a la residencia del señor González Cruz a hacerle entrega del dinero. No esperó a que su jefe lo llamase o lo buscase para reclamarlo. Tampoco dejó que pasara mucho tiempo. Acu-dió donde su jefe a los pocos días de éste regresar. En se-gundo lugar, durante esa visita el apelante informó tam-bién voluntariamente y sin que fuese necesario que había tenido una emergencia y había tenido que utilizar el dinero. En esa ocasión le mostró al señor González Cruz un recibo, el pago de la mensualidad de un préstamo, y le entregó el balance correspondiente. No retuvo suma al-guna para sí. En tercer lugar, en vez de guardar silencio sobre el uso que había hecho del dinero durante una emer-gencia, se lo informó a su jefe. Esto demuestra el grado de confianza que existía entre ambos. Después de todo, si el acusado apelante no hubiese informado al señor González Cruz sobre el uso del dinero, éste jamás se hubiese enterado. La admisión hecha por el acusado y toda su con-ducta reflejan precisamente que no tenía la intención de apropiarse del dinero perteneciente al señor González Cruz (lo cual se requiere para cometer el delito).

Avala esta conclusión la propia conducta del señor Gon-zález Cruz de esperar más de un (1) año para acusar al apelante por estos hechos y entonces, de acuerdo con su propio testimonio, sólo lo hizo porque le fue imposible co-brarle otra deuda al apelante. Obviamente el señor Gonzá-lez Cruz no consideró que el uso del dinero por parte de su empleado, para una emergencia y por tan corto lapso de tiempo, era una conducta delictiva y configuraba el delito de apropiación. Las actuaciones del señor González Cruz lo que reflejan es que éste había dado una anuencia tácita al uso del dinero, la cual ratificó, también tácitamente, al ser informado de este hecho por el propio acusado apelante. Conforme a sus propias declaraciones durante el contrain-terrogatorio, de no haber sido porque el apelante le debía algún dinero por otro concepto, el señor González Cruz no lo hubiese denunciado.

Resulta significativo que la conducta del apelante no perjudicó a nadie, puesto que el señor Pintos Lugo realizó el pago del préstamo de su jefe y el Representante recibió el restante del importe del cheque casi inmediatamente después de regresar de sus vacaciones. Irónicamente, en este caso, al declarar culpable al señor Pintos Lugo lo que en realidad se ha logrado es penalizarlo por su honestidad al admitir que, durante una emergencia, usó el dinero que tenía en su posesión legítimamente. Por este acto de decir la verdad, acto que a lo sumo involucró el uso de un máximo de $360 por espacio de varios días, la sociedad, mediante la sentencia que hoy suscribe la mayoría de este Tribunal, le ha impuesto al acusado apelante Pintos Lugo “intereses más que usurarios”: la pena de diez (10) años de presidio bajo el régimen de sentencia suspendida y el pago de $280 a favor del Estado.

Por todo lo antes expuesto procede revocar la sentencia apelada y, por lo tanto, disentimos.

       El apelante en su alegato desistió de discutir los errores numerados en su apelación como segundo y tercero, por lo que no venimos obligados a considerarlos. Pueblo v. Torres Rivera, 129 D.P.R. 331, 334 esc. 4 (1992).

       Surge del testimonio de Raquel Rodríguez Díaz, reseñado en la Exposición Narrativa de la Prueba, que el cheque núm. 010477 estaba girado a nombre de Héctor González Onez. Creemos que esto constituye un error clerical. Surge de la Minuta de 28 de marzo de 1988 que durante el directo de la testigo Raquel Rodríguez se ofreció como identificación el cheque núm. 010477 a nombre de Héctor González Cruz. Además del testimonio de los otros testigos reseñados en la Exposición Narra-tiva de la Prueba, surge que en todo momento se refieren al señor González como Héctor González Cruz.

       Véase esc. núm. 1.

       Nos resulta increíble que este caso lo llevara la División para Combatir la Corrupción Gubernamental del Departamento de Justicia. Esta división comenzó a funcionar en marzo de 1985 y tiene, entre otros, el propósito de combatir la corrup-ción mediante la investigación y el procesamiento de funcionarios públicos que en el desempeño de su cargo incurran en conducta delictiva. Informe de la Labor Reali-zada (1985-1988) del Departamento de Justicia, pág. 144.

        Los delitos que se investigan en esta División son principalmente aquellos contra el erario, la función pública y otros relacionados. La función de los fiscales adscritos a esta división es investigar las querellas recibidas y procesar aquellos casos donde exista prueba más allá de duda razonable. Sin embargo, en los casos en que no se configura delito alguno, el Fiscal tiene el deber de hacer las recomendaciones perti-nentes en el área civil y/o administrativa. (Enfasis suplido.) Documento interno del Departamento de Justicia, Capítulo I “La División para Combatir la Corrupción Gubernamental”, preparado por los fiscales Delia I. Cabán Dávila, Mayra E. López Mulero y Valentín López Llamas, págs. 5, 6, 8.
      Nos parece que los hechos de este caso, en el cual no se configuró delito alguno, no quedan enmarcados dentro del propósito que movió a que se creara esta división. Aún más, debido a los limitados recursos fiscales para combatir la corrupción guber-namental, la acusación presentada en este caso desvirtúa el propósito para el cual fue creada la referida división y mal utiliza los escasos recursos que tiene disponible.

       El testimonio del testigo González Cruz contenía unas supuestas admisiones hechas por el acusado al testigo. Debido a que existía un documento (“Informe sobre reunión”) firmado por el Fiscal y la defensa en el cual el Fiscal informó que no existía prueba sobre admisiones o confesiones del acusado, originalmente el tribunal no permitió que esta admisión pasara al Jurado. Sin embargo, luego reconsideró y per-mitió al testigo declarar en presencia del Jurado, siempre con la objeción de la defensa.

       No se discutirá la capacidad mental del apelante debido a que no ha sido levantada su inimputabilidad. Prevalece, pues, la presunción de que el acusado cuenta con la capacidad suficiente para comprender la criminalidad de sus actos.

       Así lo declaró el señor González Cruz en el contrainterrogatorio. Véase E.N.P., pág. 3.

       Amerita que se destaque el Exhibit II del Pueblo. Este consiste en la hoja de depósito que llevó el apelante el 31 de julio de 1986 para depositar tres (3) cheques a la cuenta del señor González Cruz. El total de los cheques depositados (por $555.25, $566.35 y $166.66) fue por la suma de $1, 288.26. Si el apelante hubiese querido cambiar en efectivo cualquiera de estos cheques con el propósito de apropiarse ile-galmente del dinero, lo pudo haber hecho fácilmente. Sin embargo, el testimonio de la cajera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Policía de Puerto Rico fue que el apelante sólo cambió en efectivo el cheque de $360 que era aquel que con regula-ridad hacía efectivo.

       Nótese que desde la entrega del dinero hasta la fecha de la denuncia (12 de agosto de 1987) transcurrió más de un (1) año.

       No surge del testimonio del señor González Cruz el motivo de dicha deuda, pero no hubo evidencia en el juicio que relacionase la suma adeudada al testigo con el cheque de $360. Cabe señalar que el tribunal no ordenó la restitución al señor González Cruz de suma alguna.

       Aún cuando en el directo el señor González Cruz inicialmente testificó que nunca recibió el importe del cheque, luego aceptó haber visto el recibo del pago de su préstamo y admitió haber recibido del apelante el balance en efectivo.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. William García Ortiz, acusado y apelante.

      Número: CR-87-103

      Resuelto: 12 de noviembre de 1992

      Juan Maldonado Torres y César E. Cerezo Torres, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Iván F, Fus-ter, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, un pliego acusatorio contra el aquí apelante William García Ortiz en el cual le im-putó una supuesta violación al Art. 401 la Ley de Sustan-cias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401, consistente la misma en alegadamente haber distribuido (vendido) la droga narcótica conocida como cocaína sin es-tar autorizado para ello.

Como de ordinario ocurre en todo caso de esta natura-leza, el Estado contaba con tres (3) testigos para sostener la acusación radicada, a saber: el agente encubierto a quien, alegadamente, el apelante le vendió la sustancia contro-lada; el supervisor de dicho agente encubierto, el cual reci-bió la cocaína de manos de éste; y el químico que, luego de recibir la droga narcótica del referido supervisor, realizó el análisis que reveló que la sustancia alegadamente vendida por el aquí apelante al agente encubierto en efecto era la sustancia controlada conocida como cocaína.

El apelante renunció a su derecho a juicio por jurado. Ante el tribunal de instancia únicamente prestó testimonio el agente encubierto ya que la defensa estipuló la declara-ción tanto del supervisor del encubierto como la del químico. Conforme surge del testimonio prestado por el único testigo de los hechos, el día 4 de mayo de 1985 ocu-rrió, en lo pertinente, lo siguiente:

El 4 de mayo de 1985 el agente encubierto Juan Vélez Ramos estaba asignado al pueblo de Ciales. Ese día se encontró a un sujeto conocido por el apodo de Ché en el Barrio Jaguas de ese municipio. El agente encubierto y Ché fueron al negocio Bar y allí se encontraron con un supuesto traficante de drogas cono-cido por Tito. Ché le presentó, además, a Willie (el acusado) al agente encubierto. El agente Vélez le preguntó al acusado si tenía perico (cocaína) y éste le contestó que “más tarde venía uno seguro con mil en material” y que fuera más tarde al nego-cio la Terraza de Pedrito, sito en el cruce del Barrio Pesas de Ciales para hacer la transaccción.
Como a las 10:00 de la noche de ese 4 de mayo, el agente Vélez fue al negocio la Terraza de Pedrito donde se celebraba un baile (disco party). El agente Vélez estuvo allí bailando como hasta las 11:40 de la noche hasta que llegó el acusado.
El agente Vélez se acercó al acusado y le preguntó si había llegado el material. El acusado le contestó que había llegado el material y que pasara donde el flaco que era su tirador (vendedor). El agente Vélez le dijo al acusado• que él no haría el trato con otra persona que no fuera el mismo acusado. Entonces salieron fuera del negocio y el acusado le preguntó que cuántas bolsas quería. El agente Vélez le preguntó el precio y el acusado le dijo que eran $25 por cada bolsa y que tenía tres (3). El agente le pidió que le diera dos (2) para probarlas y si salían buenas le compraría más. El acusado le dio dos (2) bolsas y le dijo que tenía otra más de la cual se había dado un pase; que si el agente Vélez quería le daba las tres (3) en $70. El agente Vélez le con-testó que no, que sólo le daba $68 por las tres (3). El acusado aceptó la oferta y el agente Vélez le entregó los $68 en tres (3) billetes $20, uno de $5 y tres de $1. Luego de hacer la compra el agente Vélez se despidió del acusado y se fue para su casa.
Al otro día el agente Vélez llegó a las 8:00 de la mañana a la División de Drogas y Narcóticos de Arecibo y se comunicó con su supervisor Camacho y le entregó la evidencia en un sobre de los que usan para guardar evidencia. (Enfasis suplido.)

Como surge de una somera lectura de lo antes reseñado, el testimonio del agente encubierto claramente establece la comisión, por el apelante, de una infracción al Art. 401 de la citada Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico. Dicho de otra forma, el Estado cumplió con su obligación de presentar prueba sobre todos y cada uno de los elementos del delito de venta, o distribución, de una droga narcótica que establece la citada Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico; testimonio que, de ser creído por el juzgador de los hechos, hacia mandatoria la convicción del acusado por el delito imputado en el pliego acusatorio radicado.

Ello no obstante, el tribunal de instancia encontró al acusado incurso en una infracción al Art. 404(b) de la ci-tada Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404(b), y, mediante resolución a esos efectos, lo sometió a un período probatorio de tres (3) años. En otras palabras, el tribunal de instancia absolvió al aquí apelante del delito imputado de distribución o venta (Art. 401, ante), y lo encontró “culpable” del delito de posesión de una sustancia controlada Art. 404 (24 L.P.R.A. sec. 2404).

¿Es correcto en derecho dicho proceder o actuación judicial? Resolvemos que no; veamos por qué.

HH

De entrada, aceptamos que pueden darse situaciones en que una persona, originalmente acusada bajo las disposiciones del Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, ante, puede correctamente ser declarada culpable de una violación al Art. 404 de la referida Ley. Se nos ocurre, de inmediato, la plausible situación en que varias personas estén en posesión, y uso, de una droga narcótica y uno, o varios, de ellos le venden parte de la droga a un agente encubierto que allí se encontraba en funciones de su empleo. Al amparo de una acusación en que el Estado les impute a todos, actuando en concierto y común acuerdo, haber infringido el mencionado Art. 401, el juzgador correctamente podría determinar, a base de los hechos que se le presenten, que una de esas personas, a pesar de estar presente y en posesión y uso de la droga, no tuvo participación alguna en la venta que los otros llevaron a cabo. En esa situación, procedería un fallo o veredicto absolutorio con relación a la venta y uno condenatorio por simple posesión de una sustancia controlada.

Ello, sin embargo, no resulta procedente en derecho bajo los hechos específicos y particulares del caso ante nuestra consideración. En el mismo, el hecho de la posesión de la droga por parte del apelante está irremediablemente ligado, o entrelazado, con el hecho de la venta de la droga por parte de éste. Esto es, ambos hechos son jurídicamente inseparables por razón de que la prueba es exactamente la misma. En el presente caso, el juzgador no podía separar o bifurcar la declaración del agente encubierto, esto es, creer parte de la misma y desechar el resto. Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974).

En resumen, habiendo absuelto el juzgador de los hechos al apelante del delito de venta, resulta jurídicamente improcedente su condena por el delito de posesión, cuando la referida convicción se basa en el testimonio del agente encubierto, el cual testificó sobre una única transacción ocurrida entre él y el apelante, sin la intervención de terceros. Tratándose de un único testimonio, el cual resulta indivisible, lo que procedía era decretar la culpabilidad o inocencia del apelante por el delito imputado de infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, ante. Pueblo v. Figueroa Castro, ante, pág. 288. Resulta, en consecuencia, errónea e improcedente en derecho la condena por infracción al Art. 404 de la citada Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

Habiendo el foro de instancia absuelto al apelante del delito imputado, esto es, de una infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, ante, y re-sultando improcedente en derecho, a base de los hechos específicos del presente caso, la convicción por el Art. 404 de la referida Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, procede decretar la revocación de la sentencia apelada y la absolución del apelante.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

       A pesar de que las decisiones emitidas por este Tribunal en los casos de Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971), y Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974), fueron emitidas en relación con la antigua Ley de Narcóticos de Puerto Rico, las expresiones vertidas y las normas allí establecidas continúan hoy en vigor y su validez resulta ser incuestionable.


author: per curiam:

text:
      In re Alfredo Castro Mesa, Delwin Vélez Santiago, David Colón O’neill y Antonio E. Arraiza.

      Número: CE-87-798

      Resuelto: 20 de noviembre de 1992

      Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocura-dora General, y Miriam Alvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Libertario Pérez Rodríguez y Demetrio Fer-nández, abogados de Alfredo Castro Mesa, Delwin Vélez Santiago y David Colón O’Neill, querellados; Manuel Fer-mín Arraiza, abogado de Antonio E. Arraiza, querellados; Víctor M. Ramírez Morell, Comisionado Especial.
   per curiam:

La presente querella es consecuencia de la intervención de los abogados del epígrafe en el caso Civil Núm. CD-80-381, Santa Pérez Torres v. Antonio Maysonet, etc., pleito que se dilucidó ante el Tribunal de Distrito, Sala de Vega Baja. La demandante Santa Pérez Torres contrató al demandado Antonio Maysonet para realizar varias labo-res de reparación en su casa. Al percatarse ella de la exis-tencia de alegados defectos de construcción, los cuales no fueron corregidos por Maysonet, doña Santa le retuvo parte del dinero adeudado por concepto del contrato de ser-vicios pactado entre ambos. Posteriormente, doña Santa inició una acción judicial contra el señor Maysonet ante el mencionado foro judicial, representándola en la misma el Ledo. Antonio E. Arraiza. El señor Maysonet, por su parte, contestó la demanda y presentó una reconvención por in-cumplimiento de contrato y daños y perjuicios, estando éste representado por los abogados Alfredo Castro Mesa, Delwin Vélez Santiago y David Colón O’Neill. Luego del trámite correspondiente, el referido tribunal dictó senten-cia, declarando sin lugar la demanda y con lugar la recon-vención, ordenando a la señora Pérez a satisfacer al señor Maysonet la suma de $3, 394.40. Luego de advenir final y firme la sentencia dictada, se procedió a embargar el in-mueble perteneciente a la señora Torres en aseguramiento de sentencia, ordenándose su venta en pública subasta.

En la subasta celebrada, se le otorgó la propiedad al señor Maysonet al ser éste el único licitador. Una vez el inmueble pasó a ser de su propiedad, Maysonet le reconoció una participación en dicha propiedad a los abogados Castro Mesa, Vélez Santiago y Colón O’Neill, en pago de sus respectivos honorarios. Dicho acuerdo se tomó debido a que Maysonet no contaba con los medios suficientes para pagar-les a sus abogados de otra forma.

Inconforme, la señora Pérez se querelló de la conducta de los abogados ante el Procurador General. Alegó en su queja, que los abogados Castro Mesa, Vélez Santiago y Co-lón O’Neill incurrieron en conducta antiética al adquirir parte de una propiedad objeto del litigio en que interve-nían en representación del señor Maysonet. Señaló, ade-más, que su propio abogado, Ledo. Antonio E. Arraiza Miranda, incurrió en violación a los Cánones de Etica al no mantenerla informada de todos los aspectos de la acción civil que había presentado en representación suya.

Habiendo presentado el Procurador General un informe al respecto ante este Tribunal, instruimos a dicho funcio-nario para que radicara querella. El Procurador presentó querella contra los licenciados Alfredo Castro Mesa, De-lwin Vélez Santiago y David Colón O’Neill por violación a los Cánones 23, 24 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Los cargos imputados son los siguientes:

CARGO NÚM. 1: Los abogados Alfredo Castro Mesa, Delwin Vélez Santiago y David Colón O’Neill violaron el Cánon 23 del Código de Ética Profesional al adquirir un interés propietario (50%) en un inmueble embargado y adquirido por su cliente mediante vénta judicial en aseguramiento de Sentencia. Este inmueble estaba íntimamente ligado a las alegaciones del pleito principal, en el cual los querellados representaron a la parte demandada y reconveniente y la participación fue adqui-rida el mismo día en que el cliente otorgó la escritura de venta judicial.
CARGO NÚM. 2: Los abogados Alfredo Mesa, Delwin Vélez Santiago y David Colón O’Neill violaron el Canon 24 del Código de Ética Profesional al incurrir en las siguientes conductas re-ñidas con el modo de acordar los honorarios de abogado:
a. No reducir a escrito el acuerdo de Honorarios de abogado sin razón de peso alguno para tal omisión.
b. Hacer un contrato de honorarios de abogado contingente a que si se ganaba la reclamación de su cliente, demandado y reconveniente, le correspondería a los abogados la mitad de lo que la demandante y reconvenida le debía a su cliente y recibir posteriormente una suma irrazonable, en exceso de lo pactado que les produjo además un enriquecimiento injusto.
CARGO NÚM. 3: Los abogados Alfredo Castro Mesa, Delwin yélez Santiago y David Colón O’Neill violaron el Cánon 38 de Ética Profesional cuando adquirieron interés en la propiedad embar[g]ada y subastada por su cliente creando al menos la apariencia de enriquecimiento injusto a su favor y empobreci-miento injusto a favor de la parte afectada. Comentarios, obje-ciones y recomendaciones al informe y determinaciones de he-chos del Comisionado Especial, Honorable Víctor M. Ramírez Morell, págs. 1-2.

Al Ledo. Antonio E. Arraiza Miranda, el Procurador le imputó los cargos siguientes:

CARGO NÚM 1: El Ledo. Antonio E. Arraiza violó el Canon 18 del Código de Ética Profesional mediante la conducta demos-trada por éste al recomendar a su cliente, con el propósito de detener la venta en pública subasta de propiedad, que consti-tuyera hipoteca sobre dicho bien que previamente tenía anota-ción preventiva de embargo, toda vez que dicha constitución de hipoteca era contraria a la ley y no podía surtir el efecto que el abogado recomendaba.
CARGO NÚM 2: El Ledo. Antonio E. Arraiza violó el Cánon 19 del Código de Ética Profesional mediante la conducta demos-trada por éste al no informar a su cliente del derecho de revisar la sentencia y tampoco mantenerla informada de los procedi-mientos de ejecución de sentencia una vez ésta era ejecutable, toda vez que la cliente en este caso era una persona de escasos conocimientos y desconocía el efecto de la sentencia que cul-minó con la venta de su propiedad en pública subasta. Comen-tarios, objeciones y recomendaciones al informe y determinacio-nes de hechos del Comisionado Especial, Honorable Víctor M. Ramírez Morell, págs. 2-3.

Contestada la querella por los abogados, designamos al Hon. Víctor Ramírez Morell para que actuara en calidad de Comisionado Especial, examinara la prueba que tuvieran a bien presentar las partes, y rindiera el correspondiente in-forme ante este Tribunal. Hemos examinado el informe ra-dicado por el Comisionado Especial, así como la prueba documental sometida y la transcripción de la prueba pre-sentada durante las vistas celebradas. Estando en posición de resolver, procedemos a así hacerlo.

I

En primer lugar, atendemos los cargos imputados a los abogados Castro Mesa, Vélez Santiago y Colón O’Neill. Alega el Procurador General que la adquisición por parte de dichos abogados de parte del inmueble adjudicado en venta judicial a su cliente constituye una violación al ci-tado Canon 23 del Código de Ética Profesional. Este canon dispone:

El abogado no debe adquirir interés o participación alguna en el asunto en litigio que le haya sido encomendado.
Un abogado no debe adelantar o prometer ayuda financiera a su cliente para gastos médicos o subsistencia, excepto que puede adelantar el pago de las costas del litigio, y los gastos de investigación y de exámenes médicos necesarios para represen-tar debidamente el caso de su cliente.
La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundados en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bie-nes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen. 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 23.

Hemos resuelto que una actuación contraria a este postulado amerita la separación del abogado del ejercicio de la profesión. In re Sánchez Ferreri, 115 D.P.R. 40 (1984); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772 (1981); In re Cepeda Parrilla, 108 D.P.R. 353 (1979). No obstante, es necesario establecer si en efecto la participación que adquirieron los abogados querellados en el inmueble perteneciente a su cliente Antonio Maysonet constituye una compra de “bienes litigiosos” enmarcada dentro del alcance de este canon.

Como es sabido, la prohibición sobre compraventa de bienes contenido en el Art. 1348 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3773, se extiende a los abogados por lo que a éstos les está prohibido la compraventa de los bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que intervengan por su profesión. Similar prohibición contiene la Sec. 11 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 742). Al interpretar el alcance de esta disposición, la doctrina señala que el carácter litigioso y la intervención del abogado deben coincidir con el momento de la adquisición. Por tal razón la prohibición es inaplicable cuando el abogado ha cesado en sus funciones al tiempo de la transmisión o adquisición de los bienes. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1980, T. XIX, págs. 150-151; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, Vol. 1, T. X, págs. 193-198; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, págs. 132-134. Al analizar este articulado, hemos expresado que el mismo debe interpretarse restrictivamente y que su aplicación comprende sólo aquellos casos que caen bajo su letra. Dennis, Metro Invs. v. City Fed. Sav., 121 D.P.R. 197 (1988).

De acuerdo con la prueba examinada, en el presente caso no se configura la conducta prohibida por el citado Canon 23. Si bien los abogados querellados adquirieron una participación en un bien inmueble que había sido ejecutado por su cliente Antonio Maysonet para cobrar la sentencia, dicha adquisición ocurre luego de que la sentencia dictada en el caso fuera final y firme. El señor Maysonet advino dueño del inmueble, terminando así el carácter litigioso de la propiedad. Por lo tanto, en el momento en que los querellados adquieren parte del bien inmueble propiedad del señor Maysonet, ya habían cesado como abogados en el referido pleito.

El Procurador General, en el segundo cargo, les imputó a dichos abogados una violación al Canon 24 del Código de Etica Profesional, ante, basada dicha alegación en que los querellados no acordaron sus honorarios por escrito, además de cobrar honorarios contingentes irrazonables. En relación con los honorarios profesionales, el Canon 24, ante, específicamente dispone que su fijación debe siempre regirse por el principio de que “nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio de lucro”. Dicho principio requiere que el acuerdo a que llegue el abogado y su cliente en cuanto a los honorarios sea reducido a escrito. El propósito de ello es evitar controversias con los clientes sobre la compensación por los servicios prestados. A tales efectos dijimos en Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989), que a pesar de que es deseable que los acuerdos de honorarios profesionales se pactan por escrito, y que éstos se redacten libre de ambigüedades y con óp-tima claridad en sus términos, consignando las contingen-cias previsibles que pudieran surgir durante el transcurso del pleito, esto no significa que los contratos verbales de honorarios de abogado no sean exigibles. Véase, en adición, Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989).

En el caso que nos ocupa, los abogados querellados llegaron a un acuerdo verbal de honorarios contingentes. Esto se hizo para facilitar el trámite del caso, ya que el señor Maysonet es una persona de recursos moderados y prefirió este tipo de acuerdo dé manera que sus abogados cobraran del total que se adjudicara en la sentencia Si bien el acuerdo verbal de honorarios profesionales no representa la mejor práctica, se desprende del testimonio prestado por el señor Maysonet en la vista celebrada ante el Comisionado Especial, que éste así lo aceptó

Los abogados querellados representaron al se-ñor Maysonet: en la demanda de daños y perjuicios radi-cada por la señora Santa Pérez Torres contra Antonio May-sonet, en la reconvención instada por el señor Maysonet, y en el procedimiento de ejecución de sentencia. Además, lo representaron en el procedimiento de anulación de una hi-poteca que gravaba el inmueble objeto de ejecución. Por dichos servicios, cobraron la cantidad de $13, 468.35 en total. Somos del criterio que los honorarios cobrados y re-cibidos por dichos abogados no fueron irrazonables

No habiendo infringido los referidos abogados los cita-dos Cánones 23 y 24, forzosa es la conclusión de que tam-poco infringieron las disposiciones del Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

HH í — 4

En cuanto a los cargos imputados al Ledo. Antonio Arraiza, atendemos, en primer término, el segundo de los cargos imputados. Surge de la prueba, creída por el Comisionado Especial, que tan pronto este abogado recibió la notificación de la sentencia del caso en que representaba a la señora Pérez Torres, se comunicó con ella varias veces para indicarle el resultado del pleito. Además, la orientó sobre su derecho de apelación, de las probabilidades de éxito que tenía, y del costo envuelto. Luego de ella haber sido informada ésta optó por no apelar el caso y manifestó su deseo de pagar la suma adeudada. El licenciado Arraiza continuó asesorando a la querellante durante el proceso de ejecución de sentencia, e inclusive hizo gestiones para que su cliente pudiera satisfacer el importe de la misma. Vemos, pues, que el licenciado Arraiza cumplió con su deber de información al cliente conforme a lo dispuesto por el Canon 19 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véanse: In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R. 827 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

El Procurador General, mediante el primero de los cargos, le imputa al licenciado Arraiza una infracción al Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, basada la misma en que dicho abogado le recomendó a su cliente, la señora Pérez, que constituyera una hipoteca sobre su propiedad, la cual fue posteriormente ejecutada. Aunque surge del expediente ante nuestra consideración que el licenciado Arraiza acepta que aconsejó a su cliente sobre la constitución de una hipoteca, el propósito de ello era conseguir el dinero para pagar el monto de la sentencia y así evitar que su cliente corriera el riesgo de perder su propiedad. Inclusive, el licenciado Arraiza se encargó de hacer las gestiones necesarias para conseguir el préstamo. Mientras esto sucedía, la parte vencedora en el pleito presentó una moción de aseguramiento de sentencia sobre el inmueble, trámite que no se notificó a la parte contraria ni a su abogado. Por tal razón el aquí querellado continuó gestionando el préstamo para que su cliente no perdiera la casa. El Canon 18, ante, le impone al abogado el deber de defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable. La ética le exige actuar dentro de los límites de la ley, teniendo en cuenta no sólo la letra sino el espíritu y los propósitos que la informan.

De la actuación del licenciado Arraiza no podemos inferir que existiera algún propósito de evadir la ley o los fines de la justicia. Por el contrario, todas sus gestiones fueron encaminadas a cumplir con la sentencia del Tribunal de Distrito, de manera que su cliente pudiera satisfa-cer la totalidad de la misma.

h-i HH HH

Concluimos que la prueba reseñada no sostiene los car-gos imputados a los licenciados Alfredo Castro Mesa, De-lwin Vélez Santiago, David Colón O’Neill y Antonio E. Arraiza Miranda. No obstante, la presente debe servir como ejemplo para que los miembros de la profesión eviten al máximo situaciones análogas que pudieran echar sombras innecesariamente sobre su conducta profesional.

Se dictará sentencia mediante la cual se archiva la que-rella presentada contra los abogados del epígrafe.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton “está con-forme con la Parte II de la Opinión del Tribunal y concurre con la Parte I por entender que, una vez los abogados que-rellados entregaron a la señora Pérez Torres la suma de $15,000 en transacción de la acción de retribución por en-riquecimiento injusto, se satisfizo 'el prejuicio privado de la persona afectada [y], en ausencia de un interés público mayor, de ordinario, el asunto no debe trascender ni penetrar los recintos de este Foro o los de la Oficina del Procurador General’. In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180, 187 (1986)”. El juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

       Procede que se señale que la querellante Pérez Torres, en adición a quere-llarse de los abogados ante el Procurador General, radicó un pleito “sobre acción civil” ante el Tribunal Superior dé Puerto Rico, Sala de Bayamón, contra los mencio-nados abogados para recobrar los daños y perjuicios sufridos por ella como conse-cuencia de la actuación de éstos.
      En dicho pleito —Civil Núm. 84-380— se dictó “Sentencia Parcial” el día 6 de julio de 1987, mediante la cual se tuvo “a la demandante por desistida con perjuicio de su causa de acción contra los co-demandados” (exhibit XXII, pág. 77) abogados querellados y sus respectivos cónyuges. Dicho “desistimiento con perjuicio” estuvo condicionado al pago, por los abogados querellados a la querellante Pérez Torres, de la suma de $15,000, sentencia parcial que fue satisfecha. Surge del expediente, en adición, que dentro del mencionado pleito, la querellante obtuvo la suma adicional de $5,000 de parte del señor Maysonet.

       Como excepción, hemos dicho que una cesión de las costas decretadas en un pleito como pago por servicios profesionales no está comprendida dentro de la prohi-bición del Art. 1348 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3773. Vázquez v. Martínez et al., 17 D.P.R. 1134 (1911).

       El Comisionado Especial que estuvo a cargo del caso concluyó que la titula-ridad del inmueble no era objeto del litigio ni se podía afectar con el resultado del pleito. Añade que cuando los abogados querellados adquirieran su participación en el bien inmueble como pago de honorarios dicho bien no estaba en litigio.

       Hemos dicho que los honorarios contingentes no están reñidos con la ética, especialmente cuando el cliente los prefiera y se le haya explicado de sus consecuencias. Véase Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125 D.P.R. 432 (1990).

       Téngase presente que el señor Maysonet nunca presentó querella alguna contra sus abogados, y por el contrario, indicó estar satisfecho con sus servicios.

       Al fijar los honorarios profesionales las partes pueden tomar en considera-ción entre otras cosas, la cuantía envuelta en el litigio; los beneficios que derivará el cliente de los servicios del abogado; la habilidad que requiere conducir el caso ade-cuadamente; la contingencia de la compensación; y la dificultad y complejidad de las cuestiones envueltas. Canon 24 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX;
        Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989); In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450 (1977).
      La multiplicidad de procedimientos en que los referidos abogados representaron a su cliente hace inaplicable a los hechos de este caso la norma establecida en In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500 (1992), a los efectos de que “el cobro de un cincuenta por ciento (50%) en honorarios contingentes” por parte de un abogado “excede los hono-rarios que acostumbradamente cobran los abogados en Puerto Rico” (id.), situación que “hiere el sentido de lo justo” (id.); razón por la cual sqmos de la opinión que dichos abogados no infringieron el Canon 24 del Código de Ética Profesional, ante.

        Canon 19. Información al cliente

      “El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto im-portante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.
      “Siempre que la controversia sea susceptible de un arreglo o transacción razo-nable debe aconsejar al cliente el evitar o terminar el litigio, y es deber del abogado notificar a su cliente de cualquier oferta de transacción hecha por la otra parte.
      “El abogado que representa varios clientes con intereses comunes o relacionados entre sí no debe transigir ninguno de los casos envueltos sin que cada cliente esté enterado de dicha transacción y sus posibles consecuencias.”


text:
      In re Luis B. Osorio Díaz.

      Número: 6158

      Resuelto: 20 de noviembre de 1992

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Luis B. Osorio Díaz, pro se.

   per curiam:

El 19 de junio de 1992 emitimos una resolu-ción mediante la cual le concedimos al abogado notario Luis B. Osorio Díaz un término de veinte (20) días, conta-dos a partir de la notificación de esta resolución, para que acreditase el cumplimiento con los requisitos de prestación de fianza. También le ordenamos mostrar causa por la cual no debía ser suspendido del ejercicio de la notaría. Se le apercibió que su incumplimiento con los términos de la re-solución conllevaría la suspensión automática del ejercicio de la notaría y que, además, podría dar lugar a sanciones disciplinarias adicionales conforme a las normas pautadas en In re Pagán Áyala, 115 D.P.R. 814 (1984).

Luego de la presentación de varias mociones informati-vas por parte del licenciado Osorio Díaz y la concesión de prórrogas para cumplir con nuestra Resolución de 19 de junio de 1992, el 20 de octubre de 1992, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos remitió un informe relacionado con la obra notarial del licenciado Osorio Díaz. En dicho informe el Director nos indica que subsisten de-ficiencias sin corregir en estampillas de rentas internas, en sellos notariales y en sellos de asistencia legal, por un total de novecientos cincuenta y seis dólares ($956). EL licen-ciado Osorio Díaz le solicitó al Director un término para corregir los señalamientos.

Tomando en consideración todo lo antes señalado y con vista a la falta de prestación de fianza y a la deficiencia en el pago de sellos de rentas internas, notariales y de asis-tencia legal por un total de novecientos cincuenta y seis dólares ($956), se dicta sentencia en la que se suspende al Ledo. Luis B. Osorio Díaz del ejercicio de la notaría hasta que otra cosa disponga este Tribunal. Se le ordena, ade-más, que dentro de un término de treinta (30) días, conta-dos a partir de la notificación de esta opinión Per Curiam, corrija las deficiencias notariales señaladas por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías en su Informe de 20 y 28 de octubre de 1992 y muestre causa por la cual no deba ser disciplinado.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Señor Negrón García.

text:
    Caribbean International News Corp. h/n/c El Vocero de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Comisión Estatal de Elecciones et als., demandados y recurrentes.

      Números: RE-92-480
    RE-92-483

      Resueltos: 20 de noviembre de 1992

      David Rivé Rivera y José R. Lebrón Velázquez, abogados de los recurrentes; Miguel A. Hernández Agosto, pro se.

   RESOLUCIÓN

Se ordena la consolidación de los recursos RE-92-480 y RE-92-483.

A las anteriores solicitudes de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez, “por entender que los dos recursos radicados plantean cuestiones importantes de derecho que este Tribunal debe considerar, y a los fines de establecer la norma de derecho que debe regir respecto a esta situación en esta jurisdic-ción, expediría”. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión concurrente del Juez Asociado

Señor Negrón García.

HH

Ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, por un camino largo y tortuoso, ha prevalecido El Vocero de Puerto Rico en su reclamo de justicia para que la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante Comisión Estatal) cumpla con el deber ministerial impuesto claramente en el Art. 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico (en adelante Ley Electoral), 16 L.P.R.A. sec. 3151(a), de exigirle a los candi-datos electos a los cargos de senador, representante y al-calde que sus respectivos estados de situación financiera sean “certificado[s] por un contador público autorizado” (C.P.A.).() Así lo resolvió el Hon. Juez Arnaldo López Ro-dríguez, quien el 15 de septiembre de 1992 anuló por ultra vires el reglamento aprobado por la Comisión Estatal el 4 de enero de 1988 (sobre Contenido mínimo de los estados de situación de los candidatos a elección). Ese dictamen coincide con nuestro disenso del pasado 2 de junio en el Recurso Núm. MD-92-10 (instado directamente ante nos), El Vocero v. C.E.E., 130 D.P.R. 525 (1992). Si en este tipo de situación el Poder Judicial no pone en vigor eficazmente la Ley Electoral, ¿quién lo hará? Ciertamente no podemos es-perarlo de los partidos políticos principales, acostumbra-dos al ambiente y tratamiento típico de una partidocracia que, como su nombre ya lo señala, consiste en el gobierno de partidos, por partidos y para partidos”. J.F. Segovia, La partidocracia y el futuro de la democracia, CIV Rev. El Derecho 915, 916 (1983).

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La renuencia de la Comisión Estatal a cumplir con la Ley Electoral es inexplicable. Sus dos señalamientos de error en el Recurso Núm. RE-92-480 (cuestionar la legiti-mación activa de El Vocero de Puerto Rico y la facultad judicial para ordenarle, por excepción, incurrir en unos gastos, según el alegato de que no existe partida presu-puestaria ni autorización de ley) simplemente constituyen un recital de argumentos forenses desgastados. Veamos.

En primer lugar, se trata de un periódico que constitucional-mente tiene “un interés legítimo”, atado inexorablemente a la legitimación activa que posee fundada en su razón de ser y función. Negársela es negar su propia existencia. “En la esfera política, los medios informativos han sido llamados con propie-dad ‘la cuarta rama del gobierno’, nombre que describe la fun-ción del periodismo como guardián fiel y motivador de las otras tres ramas. El medio tiene poder e influencia en las esferas sociales, políticas y económicas de la sociedad.” L. Brown, Res-ponsabilidad Social de la Prensa, Méjico, Eds. Asociados, 1977, pág. 9. Aun con todas las imperfecciones de esos medios de co-municación, en una democracia la publicidad tiende a garanti-zar posteriormente un control constructivo sobre la obra guber-namental, incluso la administración de justicia; sobre todo, fomenta su credibilidad. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). La característica medular del periodismo moderno es su dinamismo: noticia del momento, actualizada y procesada instantáneamente por medio de la televisión, radio y, en cierta medida, la prensa diaria escrita. El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992), opinión disidente. (Enfasis suplido, en el original y escolio omitido.) Sol. Examen Inf. Div. Fin. J. Cam-poamor, 131 D.P.R. 1002, 1003-1004 (1992), voto disidente.

Lo expuesto dispone adecuadamente del planteamiento sobre legitimación activa. Incidentalmente, la contención de que El Vocero de Puerto Rico no demostró daño pasa por alto que “bajo el palio constitucional de libertad de prensa y expresión, y en el descargo de su legítima función de-mantener a la ciudadanía informada sobre los asuntos ofi-ciales de gobierno, tiene derecho de acceso y a que la información financiera sea confiable según lo dispone el Art. 4.001 ...”. (Énfasis suplido.)El Vocero v. C.E.E., supra, pág. 529.

Hacemos hincapié en que la veracidad de la información y de la noticia es el elemento ético-social en que se apun-tala el derecho de la prensa, consustancialmente con la libertad de información en sus vertientes activa (derecho de informar) y pasiva (derecho a ser informado). A fin de cuentas, no podemos reducir el derecho a la libre expresión a simplemente un potencial, esto es, la “posibilidad” de opi-nar o expresarse libremente.

Acentuamos que en una verdadera democracia, el dere-cho a la libre expresión es la infraestructura de todos los derechos. Por su efecto multiplicador, significa “(1) el dere-cho a los hechos, que supone el amplio acceso a la informa-ción; (2) el derecho a los juicios, que supone la posibilidad de emitir una valoración sobre los hechos; (3) el derecho a comunicar libremente, que significa la libre transmisión de los hechos y de los juicios; (4) el derecho a la discusión pública, o sea, la posibilidad de amplio debate de las ideas, los hechos y los juicios; y (5) el derecho a manifestar, a través del ejercicio de la libertad de reunión, circulación, etc.”. J.R. Vanossi, No a la censura, XLI (Núms. 101-102) Estudios de Derecho 27 (1982). Véase, además, T.B. Dyk, Newsgathering, Press Access, and the First Amendment, 45 Stan. L. Rev. 927 (1992).

Eximir a los candidatos de la certificación exigida por la Ley Electoral representa una limitación sustancial al ac-ceso de información sobre un asunto vital de buen gobierno. Como razonó el ilustrado foro sentenciador, “dicho reglamento merma en calidad [y] cantidad la inform a - ción pública de gobierno que exige [l]a Ley Electoral, lo que constituye una violación al derech[o] de libertad de prensa al ello acarrear que no se le pueda llevar al pueblo toda la información pública sobre las finanzas de los candidatos a elección. Somos de opinión que de ser así, el daño a la prensa es palpable y directo”. (Enfasis suplido.) Caso Núm. RE-92-480, Apéndice, pág. 28.

El segundo señalamiento de la Comisión Estatal carece de mérito. Impugna el remedio pautado así por el foro de instancia:

También somos consciente[s] de que podría resultar que al-gún candidato no cuente con los recursos económicos para pa-gar los honorarios del CPA por la preparación de un estado de situación auditado. En tal situación correspondería a la CEE examinar caso por caso y comprobado fehacientemente la condi-ción de indigencia de un candidato a los fines de poder costear su estado proceder la Comisión al pago del mismo. Al igual que no se puede limitar el acceso a los tribunales de justicia a una persona por razón de su condición económica o sea, por ser in-digente, tampoco en un sistema democrático de gobierno se le puede impedir a un ciudadano que compita para un cargo elec-tivo por razón de éste no poder costear uno de los requisitos dispuestos por ley para cualificar como candidato. (Enfasis suplido.) Caso Núm. RE-92-480, Apéndice, págs. 38-39.

La Comisión Estatal arguye que ello es contrario al Art. VI, Sec. 9 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 369 —“[s]ólo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las institucio-nes del Estado, y en todo caso por autoridad de ley”— y además, que el Art. 8 de la Ley Orgánica de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, Ley Núm. 147 de 18 de junio de 1980 (23 L.P.R.A. see. 108) le prohíbe hacer erogaciones sin autorización o en exceso del cincuenta por ciento (50%) de fondos, lo cual tipifica como delito menos grave. Insiste que se trata de un gasto no presupuestado.

El planteamiento soslaya que la Comisión Estatal es el organismo rector responsable de todo lo concerniente a los procedimientos de naturaleza electoral, entre ellos cumplir el mandato legislativo en torno a los estados de situación financiera de los candidatos. En el descargo de esa éneo-mienda, su Presidente está expresamente autorizado a contratar los servicios profesionales y técnicos necesarios —Art. 1.011 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3007(A)(d)— y a aprobar los desembolsos que a tal efecto sean necesarios contra el presupuesto funcional.

Argumentar que el pago de los honorarios del C.P.A. de alguno que otro candidato es delito por no estar expresa-mente presupuestado equivale a ignorar la dinámica de funcionalidad inherente en todo presupuesto. Más aún, es declararse culpable de haber cumplido con el deber de ce-lebrar las elecciones el martes 3 de noviembre, aun cuando dicho organismo reconoció públicamente que carecía de fondos suficientes. Tomamos conocimiento judicial de que al presente la Comisión Estatal está solicitando una asig-nación presupuestaria al efecto.

El remedio del tribunal sentenciador es de excepción, fundado en equidad, para subsanar una situación peculiar. Está ampliamente justificado. La fiscalía y la auditoría de las finanzas de los candidatos electos a puestos políticos es un fin público que el Estado puede constitucionalmente fi-nanciar bajo la elástica jurisprudencia que ha pautado la mayoría de este Tribunal durante los últimos años. ¿No lo hace con los maestros, a quienes sin enseñar en las aulas subsidia electoralmente pagándole sus sueldos desde el momento de ser candidatos certificados? Berberena v. Echegoyen, 128 D.RR. 864 (1991). ¿No financia la celebra-ción de unas primarias presidenciales “compulsorias”, aun cuando no somos un estado federado, ni bajo el Estado Li-bre Asociado existe el derecho a votar por el Presidente de Estados Unidos? PI.P. v. C.E.E., 120 D.P.R. 580 (1988).

Finalmente, nada obsta que ese remedio, por su natura-leza, sea librado contra el Fondo Electoral que tienen los partidos políticos “para beneficio de todos los candidatos postulados [y como] gastos administrativos de campaña”. (Énfasis suplido.) Art. 3.026 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3118; Art. 3.021 de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3114. Véase PN.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976).

HH HH HH

El Recurso Núm. RE-92-483 presentado por los candi-datos electos del Partido Popular Democrático (P.P.D.) a los cargos de senador,() representante y alcalde, es improce-dente en la medida en que levanta: la falta de legitimación activa de El Vocero de Puerto Rico; la invalidez del empla-zamiento mediante edictos; la presunción de corrección del trámite administrativo; unos límites al derecho de acceso a la información; la improcedencia de la sentencia sumaria, y la inconstitucionalidad de la orden de que los electores sometan a la Comisión Estatal “estados de situación audi-tados como requisito sine qua non para poder ocupar sus cargos ...” Solicitud de revisión, pág. 3.

Primero, según expuesto, la legitimación activa de El Vocero de Puerto Rico es indiscutible. Segundo, aunque discrepamos, según las normas adoptadas por la mayoría en Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989), no erró el foro de instancia al ordenar que se les emplazara mediante edictos. Además, observamos que el tribunal asumió válidamente jurisdicción sobre la Comisión Estatal, organismo compelido a certificar a aquellos candidatos elec-tos que cumplan con las exigencias de la Ley Electoral, que incluyen entre otras, someter sus informes financieros certificados por un C.P.A. Tercero, el respetable foro sentenciador acogió correctamente el recurso de mandamus. Hizo caso omiso del cauce administrativo, pues la negativa ma-yoritaria de 2 de junio a intervenir tansformó el trámite en uno urgente debido ¿a la inminencia de los comicios electorales. Además, la contención de El Vocero de Puerto Rico era adjudicable como una cuestión pura de derecho. Ante esta realidad, hubiese sido absurdo demorarlo más, remitiéndolo a la Comisión Estatal o celebrando una vista evidenciaría. Cuarto, pretender negarle acceso a El Vocero de Puerto Rico bajo la tesis de que la información no está en manos del Gobierno es negar que existe la obligación legal de los candidatos a proveerla. Precisamente, por no haberla exigido la Comisión Estatal es que dicha informa-ción no ha estado disponible. El argumento es circular-menté defectuoso. Y, finalmente, no cabe ataque alguno al remedio del Tribunal Superior que ordene, como requisito sine qua non para tomar posesión, que rindan tales informes. Las sentencias de los tribunales no pueden con-vertirse en papel mojado, inservibles e inejecutables. Esta-mos obligados a velar y a exigir que se cumpla la ley. Así nos lo encomienda la Constitución. Si no lo hacemos, ¿quién lo hará? ¿Vamos con nuestra inercia a contribuir que se torne académico? Ya en el pasado, ante una crisis de acatamiento a un mandato judicial en un caso electoral, rechazamos abdicar nuestras prerrogativas constitucionales. En P.S.P v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 538, 541 (1980) (caso “pavazos”), dispusimos que cualquier certificación de elección de candidatos a un puesto público por la entonces Comisión Estatal que no cumpliera con nuestra decisión o se desviara de la misma, “carecer[í]a de toda eficacia y ser[í]a nulo a todo efecto legal”.

En resumen, relevar a los candidatos del cumplimiento de la Ley Electoral sería un mal comienzo para la demo-cracia puertorriqueña en este nuevo cuatrienio. ¿Cómo pueden tomar posesión de sus cargos y jurar fidelidad a la Constitución y a las leyes del país —Art. VI, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1— si se niegan a acatarla?

Rechazamos reducir a escombros los principios de sana administración pública que la Asamblea Legislativa estimó justificativos para que los candidatos a elección revelen pú-blicamente su condición financiera mediante un estado de situación certificado por un contador público autorizado. Una interpretación judicial en contrario sería un triunfo para la partidocracia, esto es, una “exacerbación valora-tiva del instrumento político de gobierno que es el partido; en la partidocracia el partido ha dejado de ser un medio, es ya un fin en sí mismo, o —en palabras de Fernández de la Mora— en la partidocracia lo accidental se ha transfor-mado en sustancial y lo coyuntural en permanente”. (Én-fasis suplido y escolio omitido.) Segovia, supra, pág. 916.

        (1) Dispone:
      “(a) Todo candidato en una elección deberá radicar en la Comisión su estado de situación, certificado por un contador público autorizado, junto con el juramento de su aceptación de la nominación para figurar en una elección. En el caso de los can-didatos a asambleístas municipales, podrá hacerse dicho estado de situación me-diante declaración jurada ante funcionario autorizado a tomar juramentos. La Co-misión no aceptará ni radicará la nominación si el candidato violare esta disposición. La Comisión establecerá mediante reglamento el contenido mínimo de los estados de situación.” (Énfasis suplido.) Art. 4.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3151(a).

      (2) Mediante Moción Informativa suscrita el 13 de noviembre de 1992 por dere-cho propio, el Ledo. Miguel A. Hernández Agosto, en calidad de senador electo, in-formó que se proponía cumplir con la sentencia. Interpretamos su comparecencia como un desistimiento voluntario.