author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Jorge Mojica Cruz, recurrido.

      Número: O-83-471

      Resuelto: 29 de junio de 1984

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bajur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Apolinar Rodríguez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso plantea dos cuestiones de importan-cia en relación con el procedimiento para dispensar justicia en casos penales. La primera se refiere al término de noventa días que estipula la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para, en bien de la justicia, rebajar una sentencia. Resolvemos que tal limitación no afecta la facultad del tribunal para atender y resolver una petición hecha a tal fin, presentada dentro del expresado término. Consideramos en segundo lugar la procedencia de las alegaciones preacordadas y establecemos normas para regir su tramitación.

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El aquí recurrido fue acusado, en unión a otras dos perso-nas, por los delitos de robo (dos cargos) e infracciones de los Arts. 8, 6 y 4 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sees. 418, 416 y 414, respectivamente. Llamados los casos para juicio com-parecieron los imputados asistidos de sus abogados y, luego de anunciar las partes estar preparadas, hicieron alegación de culpabilidad por los cargos bajo la Ley de Armas, y en cuanto a los casos por robo, alegaron culpabilidad por apro-piación ilegal agravada. El fiscal se allanó bajo condición de que los imputados restituyeran la cantidad de mil dólares a la alegada víctima.

El juez, luego de examinar a los imputados en relación con dicha alegación la aceptó “por entender que ha sido hecha libre, espontánea, voluntaria e inteligente” y procedió a declararles culpables conforme alegaron. En ese momento dispuso que se hiciera una investigación e informe por el ofi-cial probatorio y, sometido el mismo, dictó sentencia contra el aquí recurrido el 21 de enero de 1983 en que le impuso seis años de prisión en cada uno de los cargos por apropia-ción ilegal agravada, tres años por el Art. 8 y tres por el Art. 6 de la Ley de Armas y seis meses por el Art. 4 de dicha ley. Dispuso además la suspensión de las sentencias bajo deter-minadas condiciones que el imputado debía cumplir.

El 20 de abril de 1983, es decir, ochentinueve días des-pués, el aquí recurrido presentó moción en que solicitó que se rebajaran las penas en atención a que “es primer ofensor”, sin antecedentes penales. Al día siguiente, el tribunal señaló el 22 de abril de 1983 para atender dicha moción. Exhibit VIII. Así se hizo en esa fecha, a los noventiún días de dictada la sentencia, cuando, sin objeción del fiscal, dispuso reducir a cuatro años las penas por los cargos de apropiación ilegal agravada.

No obstante, el fiscal solicitó reconsideración y argu-mentó que la rebaja en la calificación del delito de robo se hizo en obediencia a una transacción entre las partes; que el tribunal fue benigno al imponerle seis años de reclusión, suspendida, habiendo impuesto diez años a otro coacusado; que no se presentó prueba de atenuantes; y que el tribunal carecía de jurisdicción para actuar conforme a la Regla 185 de Procedimiento Criminal, que dispone un término de noventa días para ello. El tribunal denegó la reconside-ración bajo la razón de que no hubo oposición a la moción del imputado, aquí recurrido, durante la audiencia para consi-derarla, e hizo constar que “utilizó como base para reducir la pena el informe del Oficial Probatorio”. Exhibit VIII.

A petición del Procurador General expedimos auto de certiorari para examinar sus planteamientos, que son una reiteración de lo alegado por el fiscal y a los que hemos hecho referencia. Resolvemos sin el beneficio de los puntos de vista de la representación legal del recurrido, que no ha comparecido en autos.

I-H l-H

Atendemos, en primer lugar, la alegación de falta de jurisdicción.

La Regla 185(a) de Procedimiento Criminal dispone, en lo que aquí nos atañe, que el tribunal sentenciador “podrá, por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente en apelación”. Como la moción para que se rebajara la condena se presentó dentro del término de noventa días, la cuestión a decidir es si ese término, una vez transcurre, extingue la jurisdicción del tribunal sentenciador para actuar, aunque la moción de re-baja se haya presentado antes de su vencimiento.

El Estado invoca a su favor la autoridad de Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220 (1967). Allí expresamos que “si se hubiese tratado de una rebaja de la sentencia ya tampoco tenía facultad el Tribunal para hacerlo pues habían transcurrido más de los 90 días de aquélla haber sido dictada”. íd., pág. 223. Esta expresión, sin embargo, no puede invocarse como antecedente, pues lo cierto es que en aquel caso tanto la solicitud del reo como la resolución del tribunal, que dejó sin efecto el fallo condenatorio, se produ-jeron casi un año después de haberse dictado la sentencia. De igual modo ocurrió en Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 (1964), en que la solicitud para que el tribunal dispusiera que dos sentencias de asesinato en segundo grado se cumplieran de forma concurrente en vez de consecutiva-mente, se hizo a los quince años de éstas haber sido dictadas. En este último caso expresamos: “En el caso de autos la petición y la modificación de la sentencia se hizo [sic] a los quince años de haber sido ésta dictada.” (Énfasis suplido.) íd., pág. 544. Esta expresión, distinto al dictum del caso anterior, constituyó el ratio decidendi de nuestro dictamen. Pero ninguno de estos dos casos, por supuesto, tuvo que con-siderar o resolver el asunto que está hoy ante nosotros por primera vez. ()

Generalmente, los términos provistos por las leyes y reglas procesales son para que las partes actúen en determinado plazo y las consecuencias de la inacción varían con frecuencia. En ocasiones la parte se expone simplemente a que el juez resuelva el incidente sin contar con el beneficio de los argumentos contrarios. Otras veces la consecuencia es una sanción económica o disciplinaria que no trasciende de ese punto. Pero en un número, aunque reducido, de ocasiones la inacción acarrea la pérdida de algún derecho de otro modo reconocido. Este es el caso, por ejemplo, del derecho de apelación, Vélez v. Doe, 79 D.P.R. 643 (1956); de la moción de nuevo juicio, Pueblo v. Matos Rodríguez, 91 D.P.R. 635, 639 (1965), y otros. De ahí que la jurisprudencia haya elaborado los conceptos de términos discrecionales, términos directivos, términos de estricto cumplimiento y términos fatales o jurisdiccionales.

En lo que concierne a los términos para resolver, este Tribunal ha sido consecuente en aplicar la norma general de que estos términos son directivos. Rodríguez v. Alcover, 78 D.P.R. 822 (1955) (término de cuarenta y cinco días dis-puesto por las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia para dictar sentencia); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965) (término de cinco días para resolver una moción de reconsideración de senten-cia cuando la moción ha sido presentada en tiempo, siempre que a la fecha en que el tribunal actúe no se le hubiere pri-vado de jurisdicción por razón de haberse interpuesto contra la sentencia un recurso de apelación o de revisión o no hubiere expirado el término para interponer dichos recur-sos); Junta Rel. Trabajo v. Corona Brewing Corp., 83 D.P.R. 40 (1961) (término para emitirse laudo por el árbitro); Senior Las Marías Corp. v. Registrador, 113 D.P.R. 675, 683 n. 5 (1982) (término de treinta días para que el registrador resuelva un escrito de recalificación). Por vía de excepción, cuando el legislador ha querido que un término para resolver un asunto sea fatal o jurisdiccional lo establece expresamente en la ley. G. M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983) (término de treinta días para que el Secretario del DACO resuelva una moción de recon-sideración en un procedimiento cuasijudicial).

Cuando una ley o regla ordena o permite a una parte hacer algo, cualquier efecto perjudicial resultante de su inacción es atribuible exclusivamente a dicha parte y no a otra. Y es lógico que así sea pues, a no ser que medien circunstancias que no vienen al caso, un litigante no debe sufrir las consecuencias de la inacción de la parte llamada a actuar.

En cambio, el término que las reglas procesales o de administración proveen para la actuación judicial está matizado por una concepción distinta. El juez debe estar guiado siempre por el término dispuesto en la regla o, de modo supletorio, por la disposición de las Reglas de Administración del Tribunal de Primera Instancia y, en ambos casos, por su sentido del deber. Más aún, excepto cuando la propia ley establece el efecto de la inacción del juez (como, por ejemplo, en el caso de la moción de reconsideración de sentencia en una acción civil en que se establece que transcurrido el término de diez días sin que el juez la haya resuelto, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano), en las demás ocasiones la inercia del juez de instancia da derecho al ejercicio del recurso extraordinario de manda mus o a que se tomen medidas correctivas o disciplinarias en su contra, pero jamás a la confiscación de una reclamación o de un derecho oportunamente exigido.

La promulgación de términos perentorios, para apremiar a los jueces a que decidan los asuntos que se presentan ante su consideración, cumple la importante función de que las partes obtengan una adjudicación oportuna de sus contro-versias y que la sociedad recobre lo antes posible el equili-brio que presupone quebrado todo pleito entre ciudadanos. Pero esta importante función no debe estar aprisionada por interpretaciones mecánicas que dejen al juez sin tiempo para actuar cuando, como en este caso, se solicita su inter-vención en el postrer momento del plazo otorgado por la ley para presentar la moción.

Por otro lado, la Regla 35 de Procedimiento Criminal federal, ha sido interpretada de forma similar. Aunque el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha dicho que el término de la Regla 35 (120) días es jurisdiccional, United States v. Addonizio, 442 U.S. 178, 189 (1979), los tribunales de apelaciones de circuito han llegado al consenso de que dicho término es para que el acusado presente la moción y que los tribunales, luego de expirado el plazo, retienen jurisdicción para resolverla, si ésta fue presentada oportu-namente. Véase United States v. Krohn, 700 F.2d 1033, 1035 (1983), y casos allí citados.

Es por esto que no podemos resolver que un reo que presenta a tiempo una moción de rebaja de sentencia puede ser afectado en su derecho a que el magistrado pase juicio sobre los méritos de su solicitud y a que, incluso, reduzca los términos de la sentencia impuesta, por el solo hecho de que el tribunal actúe fuera del término de los noventa días que establece la Regla 185(a). En el caso de autos la norma encuentra mejor fundamento en el hecho escueto de la celeridad (dos días) con que el juez sentenciador adjudicó la moción de reducción de sentencia presentada oportunamente por el convicto. ()

f — H I — I

Examinamos a continuación el planteamiento de que las sentencias dictadas se basaron en alegación de culpabilidad negociada entre las partes. Es lo que en inglés se conoce como plea bargaining y que en nuestro medio se ha tradu-cido como alegaciones preacordadas.

No es infrecuente el reclamo ante nos, en particular de parte de los acusados, de que la sentencia impuéstale fue el producto de una alegación preacordada, Pueblo v. Benítez, 113 D.P.R., 610 (1982), o que se impuso una sentencia más severa que la negociada con el fiscal. Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846, 848 (1973); Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443 (1927).

El problema que nos plantean los apuntamientos de esta naturaleza es que no hallan base en los autos. No podemos por más tiempo ignorar que la negociación de alegaciones de culpabilidad es una práctica generalizada desde hace tiempo en el sistema procesal, en lo criminal. Se le oculta como si fuese algo turbio y misterioso, pero es una realidad que no puede soslayarse por más tiempo. Hay que descorrer su velo de misterio y dejar sentado, a plena luz, que la negociación de alegaciones de culpabilidad es una práctica de gran utilidad para el sistema de impartir justicia y debe estimularse. Véanse, e.g., Bordenkircher v. Hayes, 434 U.S. 357, 361 (1978); Blackledge v. Allison, 431 U.S. 63, 71 (1977); Santobello v. New York, 404 U.S. 257, 260-261 (1971). Sin las alegaciones preacordadas sería muy difícil, si no imposible, enjuiciar a todas las personas acusadas de cometer delitos dentro de los términos mandados por el ordenamiento procesal y por la Constitución.

La práctica de negar para el récord que el acusado ha recibido una promesa del fiscal de archivarle algún cargo o de solicitar al juez que sea benigno en la imposición de la pena a cambio de una alegación de culpabilidad ha sido severamente criticada. Comentario, Principles of Plea Bargaining, 9 Loy. U. Chi. L.J. 175, 177-178 n. 8 (1977); R. C. Underwood, Let’s Put Plea Discussions — and Agreements— on Record, 1 Loy. U. Chi. L.J. 1, 6-8 n. 14 (1970); President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Task Force Report: The Courts, 1967, págs. 9-13.

El Tribunal Supremo federal ha sostenido la validez cons-titucional de la negociación sobre alegaciones de culpabi-lidad, Brady v. United States, 395 U.S. 238, 242-243 (1969) y ha sugerido que, como cuestión de derecho constitucional, éstas deben hacerse constar en el récord. Boykin v. Alabama, 395 U.S. 238, 243-244 (1969). En este último caso el tribunal afirmó que siempre que un acusado afronte una pena de prisión, el juez debe dejar un récord claro y ade-cuado para cualquier procedimiento de revisión de la con-dena que pueda instarse con posterioridad. La práctica de negociar alegaciones de culpabilidad ha sido tan aceptada, que el propio tribunal ha resuelto que ni siquiera infringe la Constitución federal el hecho de que el fiscal presente contra un acusado una nueva acusación con alegación de delincuen-cia habitual, que implica una condena mucho más severa, por el solo hecho de que dicho acusado rehusara declararse culpable del delito originalmente imputado. Bordenkircher v. Hayes, supra.

Hoy día las alegaciones preacordadas han sido incorpora-das al procedimiento criminal federal. Fed. Rules Cr. Proc. Rule 11(e) (1), 18 U.S.C.A. Véase al efecto el reciente caso de Mabry v. Johnson, 44 CCH S. Ct. Bull. P. 3351 (1984). Están, además, ampliamente respaldadas por prestigiosos estudios e instituciones. A.B.A. Standards for Criminal Justice, 14-3.1 (1980); A.L.I. Model Code of Pre-Arraignment Procedure Sec. 3503.(1) (1975); Unif. R. Crim. Proc. 443(a) (National Conference of Comm’rs on Uniform State Laws 1974). Solamente una entidad las repudia: National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, Task Force on Courts Sec. 3.1 (1973).

Nuestra jurisdicción se ha mantenido rezagada en este importante aspecto de la justicia criminal, no obstante las fuertes críticas al sistema imperante y las vehementes recomendaciones de que se adopte el procedimiento condu-cente a la aceptación de las alegaciones preacordadas. Véase el Informe de la Comisión para el Estudio de la Fiscalía y la Representación Legal del Estado, al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico: Fiscalía, de 1974, págs. 241 et seq.; y el Informe del Comité de Reglas de Procedimiento Criminal de la Conferencia Judicial, 1978, Regla 81 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal.

En el descargo de nuestra obligación de pautar el derecho procesal y particularmente de impartir certidumbre y fluidez a los procedimientos, cf. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797, 806-810 (1976); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 651-652 (1975), no debemos aplazar por más tiempo la aceptación y reglamentación del sistema de alegaciones preacordadas, independientemente de que en su oportunidad se incorpore formalmente al cuerpo de Reglas de Procedimiento Criminal. () A este efecto, y tomando como guía la Regla 81 del Proyecto de Reglas de Procedimiento Criminal a que hemos aludido, que a su vez se basa en la Regla 11(e)(1) de las federales, adoptamos el procedimiento que exponemos a continuación:

1. El fiscal y el imputado, por mediación de su abogado, podrán iniciar conversaciones con miras a acordar que, a cambio de una alegación de culpabilidad por el delito alegado en la acusación o denuncia, o por uno de grado inferior o relacionado, el fiscal se obliga a uno o varios de los siguientes cursos de acción: (a) solicitar el archivo de otros cargos pendientes; (b) eliminar la alegación de reincidencia o delincuencia habitual; (c) recomendar una sentencia en particular o no oponerse a la solicitud que haga la defensa sobre una sentencia específica, enten-diéndose que ni lo uno ni lo otro serán obligatorios para el tribunal, o (d) acordar que determinada sentencia especí-fica es la que dispone adecuadamente del caso. El tribunal no participará en estas conversaciones.
2. De llegarse a un acuerdo, las partes notificarán de sus detalles al tribunal en corte abierta, o en cámara si mediare justa causa para ello. Dicho acuerdo se hará constar en récord. Si el acuerdo se refiere a alguno de los cursos de acción especificados en los incisos (a), (b) y (d) del párrafo que antecede, el tribunal podrá aceptarlo o rechazarlo, o aplazar su decisión hasta recibir y conside-rar el informe pre-sentencia. Si el curso de acción acor-dado fuere del tipo especificado en el inciso (c) de dicho párrafo el tribunal advertirá al imputado que si la reco-mendación del fiscal o la solicitud de la defensa no es aceptada por el tribunal, el imputado no tendrá derecho a retirar su alegación.
3. Si la alegación preacordada es aceptada por el tribunal, éste informará al imputado que la misma se incor-porará y se hará formar parte de la sentencia.
4. Si la alegación preacordada es rechazada por el tribunal, éste así lo informará a las partes y advertirá al imputado personalmente en corte abierta, o en cámara si mediare justa causa para ello, que el tribunal no está obligado por el acuerdo, y brindará al imputado la opor-tunidad de retirar su alegación. Le advertirá, además, que si persiste en su alegación de culpabilidad, la deter-minación final del caso podrá serle menos favorable que lo acordado entre su abogado y el fiscal. De este trámite se tomará constancia en el récord.
5. La notificación al tribunal sobre una alegación prea-cordada se hará antes del juicio, preferiblemente en el acto de lectura de la acusación, pero el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, si las circunstancias lo ameritaren, permitirlo en cualquier otro momento.
6. La existencia de una alegación preacordada, sus términos o condiciones, y los detalles y conversaciones conducentes a la misma no serán admisibles contra el imputado en ningún procedimiento criminal, civil o administrativo si la alegación preacordada hubiere sido rechazada por el tribunal o invalidada en algún recurso posterior, o retirada válidamente por el imputado. Lo anterior será admisible por excepción en un procedi-miento criminal por perjurio contra el imputado, basado en manifestaciones hechas por él bajo juramento.
7. Al decidir sobre la aceptación de una alegación prea-cordada el tribunal deberá cerciorarse de que ha sido hecha con pleno conocimiento, conformidad y volunta-riedad del imputado; que es conveniente a una sana administración de justicia, y que ha sido lograda con-forme a derecho y a la ética. A este fin, el tribunal podrá requerir del fiscal y del abogado del imputado aquella información, datos y documentos que tengan en su poder y que estime necesarios, y podrá examinar al imputado y a cualquier otra persona que a su juicio sea conveniente.

El reclamo que hace el Estado de que la sentencia impuesta fue el resultado de una alegación preacordada parece implicar que el tribunal estaba obligado a dictar y a mantener determinada sentencia. Ello es inaceptable. La sentencia a imponerse puede ser objeto de recomendación, pero sin que venga obligado el tribunal a aceptarla. La sen-tencia no puede ser comprometida por acuerdo de las partes. La discreción del juez a este respecto está arraigada en el propio texto de las Reglas 70, 71 y 72 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Esa discreción continuará siendo función exclusiva del juez bajo el sistema de alega-ciones preacordadas. Es de notarse, además, que no hay base alguna en el récord para sostener que el tribunal de instancia se comprometiera a imponer determinada senten-cia. No se cometió el error imputado.

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Como penúltimo error, el Estado apunta que las pruebas de atenuantes no se presentaron antes del acto de la imposición de las sentencias. La Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, provee para la vista de circunstancias atenuantes a los fines de la imposición de la pena. Ello presupone que la solicitud debe hacerse antes de que aquélla se dicte. Pero eso no significa que una vez dictada la sentencia el juez está impedido de considerar circunstancias atenuantes con el propósito de ejercer la facultad de reconsideración que por otro lado le confiere la citada Regla 185(a). Interpretar lo contrario sería recortar innecesariamente el alcance de esta última. Del récord se desprende que el juez sentenciador no basó la reducción de la pena en el argumento invocado por el convicto en el sentido que era primer ofensor, sino en el informe pre-sentencia y probablemente en el hecho de que el convicto estuvo de acuerdo en indemnizar a las víctimas por la pérdida económica de éstas. (Resolución de 5 de mayo de 1983.) Esto de por sí es suficiente para que no intervengamos con la discreción ejercida por el tribunal a quo.

Por último, el Estado plantea que el término de seis años originalmente impuesto fue benigno para el acusado. El Estado lo que pretende es que dejemos sin efecto la sentencia impuesta en reconsideración y restituyamos la original. Mas no aduce para ello ningún fundamento o circunstancia que amerite que intervengamos con una discreción debidamente informada én un informe presentencia. De hecho, el Estado ni siquiera alega que el tribunal abusó de su discreción al rebajar la pena.

Y

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se expedirá el auto solicitado y se confirmará la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

      (1)En Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976), accedimos a que el tribunal sentenciador reconsiderara dos sentencias en virtud de moción presentada más de cuatro años después. Resolvimos, no obstante, que la Regla 185(a) de Proce-dimiento Criminal no es aplicable a las sentencias dictadas bajo la Ley de Sustan-cias Controladas cumplidas en régimen de libertad a prueba. Señalamos, además, en la pág. 652: “Este Tribunal no ha de detenerse ante una interpretación literal de reglas para corregir un castigo a todas luces desproporcionado y exagerado.”

      (2) Es de notar, además, que si bien la decisión se produjo a los noventiún días, el tribunal actuó sobre la moción del recurrido el día número noventa, cuando señaló el día siguiente para escuchar a las partes.

      (3) Nótese que en la jurisdicción federal así se hizo, y fue luego de la decisión en Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971), que se enmendó la Regla 11 federal para incorporar el sistema de alegaciones preacordadas.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Ángel Rodríguez Vidal, apelante y peticionario, v. Benvenutti & Rivera, René Benvenutti y Ángel Nigaglioni, apelados y recurridos.

      Número: O-84-238

      Resuelto: 29 de junio de 1984

      Julio E. Gil de Lamadrid Pérez, abogado del peticionario; Domingo A. Vivaldi Fermoso, de Díaz García & Ralat, abo-gado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

[E]l deber de ciencia como conocimiento del derecho es, además, un imprescindible contacto con la materia viva. Dice Ceferino Merbilháa que “el juicio del juez no debe ser un fruto racional sino sensorial. La injusticia tiene que doler. Precisa-mente se revela por la irritación que produce. Si el oído ha sido bien cultivado, percibe las desafinaciones de una ley mal aplicada. El razonamiento viene a posteriori, a iluminar y cla-sificar el fenómeno producido en su conciencia de un modo casi misterioso. Si desandáramos su pensamiento, en el em-brión leeríamos: ‘Yo sé que esto es así, más aún no sé por qué’. Se produce de este modo un movimiento de devanadera. Por el repetido y laborioso trabajo de la memoria y de la razón, el estudiante encauza, orienta y aguza la facultad intuitiva. Luego, desde lo alto de los principios intuidos, desciende en busca de las razones que lo sustenten”. (Escolio omitido.) A. Alvarado Velloso, El juez — sus deberes y facultades; los dere-chos procesales del abogado frente al juez, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1982, pág. 25.

I

Ángel Rodríguez Vidal trabajó por 30 años para la fábrica de muebles Benvenutti & Rivera, Inc. Como resul-tado, al 8 de agosto de 1981, dicha entidad corporativa reconocía adeudarle $7,000 en concepto de comisiones.

Así las cosas, el 10 de septiembre de 1981 René Benve-nutti y Ángel Nigaglioni suscribieron el siguiente docu-mento:

-PAGARÉ A LA ORDEN-
CANTIDAD: $7,000.00
INTERESES: 10%
VENCIMIENTO: A LA PRESENTACIÓN
Debemos y Pagaremos solidariamente a la orden de Ángel Rodríguez Vidal, mayor de edad, viudo, vendedor y cobrador retirado de la Fábrica Benvenutti Rivera, Inc. y vecino de Yauco, Puerto Rico la suma de siete mil dólares ($7,000.00) por concepto de comisiones en ventas y cobros.
La antedicha obligación devengará intereses a razón del 10% anual y se pagará a su presentación a la orden al tenedor por endoso.
En la eventualidad de una reclamación judicial será de nuestra cuenta los gastos, costas y honorarios de abogado para todo lo cual se fija la cantidad de setecientos dólares ($700.00).
Nos sometemos voluntariamente a la jurisdicción del Tribunal General de Justicia de Puerto Rico en caso de reclamación judicial y renunciamos expresamente a la presentación, pro-testo o aviso de no haberse honrado este pagaré y así mismo renunciamos a las leyes de prescripción que puedan favore-cernos.
En testimonio de lo cual libramos el presente pagaré en la ciudad de Yauco, Puerto Rico, Hoy día 10 de septiembre de 1981.
\FDO.] ÁNGEL NIGAGLIONI
[FDO.] RENÉ BENVENUTTI
Aff. Núm. 3584
Suscrito y reconocido ante mí por René Benvenutti y Ángel Nigaglioni, mayores de edad, casados, industriales, en su carácter de Presidente y Tesorero de la Fábrica de Muebles Benvenutti & Rivera Inc. y vecinos de Yauco, Puerto Rico, a quienes doy fe de conocer personalmente.
En Yauco, Puerto Rico a 10 de Sept, de 1981.
[SELLO NOTARIAL] [FDO.] JUAN BÁEZ TORRES
Notario Público
(Énfasis nuestro.) Exhibit I.

Hasta el presente nadie ha satisfecho a Rodríguez Vidal la deuda ni le ha honrado el pagaré. Acudió a la vía judicial. Los tribunales de Distrito y Superior fallaron en su contra. Concluyeron que la obligación era exclusivamente de la cor-poración. Mediante orden de mostrar causa resolvemos.

II

El primer párrafo del cuerpo del pagaré no ofrece dudas: “Debemos y Pagaremos solidariamente a la orden de Angel Rodríguez Vidal, mayor de edad, viudo, vendedor y cobra-dor retirado de la Fábrica Benvenutti Rivera, Inc. y vecino de Yauco, Puerto Rico la suma de siete mil dólares ($7,000.00) por concepto de comisiones en ventas y cobros.” (Énfasis nuestro.) Más adelante, expresan: “En la eventuali-dad de una reclamación judicial será de nuestra cuenta Nos sometemos voluntariamente a la jurisdicción del tribunal... .” De ese texto aflora incuestionablemente una plura-lidad y solidaridad que fuertemente apunta hacia una responsabilidad personal. No se hizo ni hay mención alguna que cualifique la obligación. Simplemente la asumieron y renunciaron a las defensas clásicas.

No obstante, el notario Báez Torres, en la fórmula de reconocimiento de las firmas (no fue un juramento), indicó que había sido suscrito por dichas personas “en su carácter de Presidente y Tesorero de la Fábrica de Muebles Benve-nutti y Rivera, Inc.”. En virtud de esta aseveración, los foros de instancia determinaron que el pagaré representaba sola-mente una obligación corporativa. Erraron.

La palabra afidávit es una expresión latina, y más propiamente affidavit, que se deriva de affido, la cual significa doy fe. ... Un affidavit es una declaración formal de autenticidad. Debe distinguirse de una declaración jurada, porque no todos los affidavit contienen declaraciones juradas ni todas las declaraciones juradas aparecen en forma de affidavit. Ahora bien, un affidavit puede incluir una declaración jurada; pero puede haber una declaración de autenticidad de firmas sin que necesariamente haya un juramento, e incluso sin que lo pueda haber, como en el caso de los contratos. P. Malavet Vega, Notas sobre el Derecho notarial puertorriqueño, Esc. Der. Univ. Católica P.R., 1968, pág. 243.

La Sec. 1 de la Ley de 12 de marzo de 1908 define “afidávit o declaración de autenticidad el acto y el documento, mediante los cuales, un notario u otro de los funcionarios designados [en la ley] certifica o da fe de la verdad o reconocimiento de una firma, de un juramento, o de otro hecho o contrato que afectare a propiedad mueble o inmueble, no formalizados en escritura pública”. 4 L.P.R.A. see. 887.

A base de la amplitud de esta disposición legal, “[s]e suele denominar affidavit tanto al acto por el cual se declara la autenticidad como al documento que contiene dicha declaración. Ahora bien, podemos decir que affidavit es el género, dentro del cual concepto se incluyen las especies o modalidades de declaraciones de autenticidad que pueden referirse a 1) autenticidad de una firma; 2) autenticidad de un juramento; y 3) autenticidad de otro hecho, acto o contrato”. Malavet Vega, op. cit, pág. 244.

En resumen, un afidávit es un documento auténtico, que hace fe pública. Bldg. Maintenance Serv. v. H. R. Exec. Bldg., 109 D.P.R. 656, 667 (1980). Probatoriamente goza de autenticación prima facie. Regla 79 de Evidencia.

La certificación del notario de la autenticidad de la firma puede ser de juramento o de simple reconocimiento. E. Menéndez, Lecciones de Derecho Notarial, New Hampshire, Ed. Equity, 1967, pág. 64. Bajo cualesquiera de esas alternativas siempre adopta un plano documental, esto es, se reduce a escrito. Su importancia radica en que presupone una correspondencia real y legítima entre el compareciente y la firma, a base del principio medular de la fe de conoci-miento. In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441 (1982). Dicho de otro modo, “ese hecho implica el testimonio notarial de que el firmante estuvo ante él y de que, en este acto, puso su firma en el documento, y, además, lleva implícito, aunque no se exprese en la redacción del testimonio, el conocimiento o la identificación del firmante por la documentación presen-tada o por otro medio”. D. L. Lanfranchi, Formación del Acto Notarial, 103 Rev. Der. Not. 297, 364 (1979).

Ahora bien, esa declaración de autenticidad no determina ni forma parte de la sustancia del documento principal, en este caso el contenido del pagaré. Simplemente constituye un certificado o fórmula que acredita que el documento se suscribió ante un funcionario (notario) autorizado. Pueblo v. Capre, 44 D.P.R. 112, 118 (1932). Como tal, la fórmula en particular seguida es producto del notario, aunque con arreglo a la ley.() El lenguaje del documento (pagaré) es lo decisivo. En este caso, claramente indica que se suscribió solidariamente. El carácter —representativo o no— como oficiales corporativos nada quita ni añade a la obligación primaria. “En el affidavit, el Notario certifica, expresa que considera auténtica, la firma de una persona. Esto supone un conocimiento directo, personal, indubitado, de la persona que suscribe.” (Énfasis nuestro.) Malavet Vega, op. cit., pág. 245. Aunque el notario puede examinar el contenido de este documento, no califica ni certifica sobre la validez del mismo. Este profesional del Derecho no inter-viene en la formación del negocio jurídico ni da fe pública de la expresión del consentimiento. Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215, 226 (1963).

Por vía de analogía, en la praxis notarial la doctrina científica reconoce que las “personas que intervienen en el instrumento público son los sujetos del mismo; se les llama comparecientes, porque se presentan ante el Notario, en una actuación voluntaria por parte de ellos. El que comparece es el agente que provoca la intervención notarial y la actuación de la fe pública. Comparecencia —decía Gonzalo De Las Casas— es ‘la presentación personal de algún sujeto ante cualquier juez o notario’”. (Escolio omitido.) E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1976, pág. 521.

La división teórica entre las clases básicas de compare-cencias distingue entre aquellas personas que actúan en nombre propio o ajeno. Se admite que el propio notario está excluido del concepto “compareciente”. Ello no precisa explicación. Esa cualidad más bien forma parte del ámbito del juicio de capacidad que recae apreciar el notario.

Sobre este extremo, como regla general, “[njinguna de-claración especial se precisa cuando el compareciente actúa en nombre propio, si no se hace constar que lo hace con ese carácter”. Giménez-Arnau, op. cit., pág. 524. Sin embargo, cuando la comparecencia se hace en representación ajena, es menester consignar el nombre y la cualidad del represen-tante (personal, individual o social), el carácter (legal o voluntario) de la representación y la prueba que así lo acredita.

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En el caso de autos se estipuló que los demandados Ben-venutti y Nigaglioni no estaban autorizados por resolución corporativa para otorgarlo. ¿Cómo entonces justificar que en pagaré fue suscrito a nombre del ente corporativo? ¿Si con anterioridad la corporación reconocía que adeudaba ese dinero, qué razón existió para que ellos lo ratificaran en pagaré solidario? Adviértase que no se desfiló prueba oral para sostener una explicación racional favorable a la tesis de los deudores. Nada les ayuda el argumento basado en que la corporación estaba insolvente, se acogió a un procedimiento de quiebra, y el demandante recurrente Rodríguez Vidal formuló una reclamación (proof of claim). Esa gestión no era incompatible con el carácter personal y solidario dimanante del pagaré. J.R.T v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 143 (1974). Finalmente se caracteriza como increíble pensar que “cuando la condición de la corporación era precaria, a tal efecto, que luego se fue a quiebra, y que siendo ésto de su conocimiento, fueran ellos [Benvenutti y Rivera] a garan-tizar personalmente una deuda de la corporación”. El argu-mento es de doble pespunte. Precisamente, si la corporación estaba económicamente tan frágil, ¿cómo entonces justificar y explicar que para el acreedor el pagaré fuera suscrito como una obligación corporativa?

Resolvemos que en situaciones de pagarés u otro tipo de obligaciones, en que sólo se pretende vincular a una corporación, tal limitación debe surgir y consignarse expresamente en el texto documental principal y no en la fórmula notarial autenticadora. La intención y sustancia del documento no puede dejarse en manos del notario. Lo contrario tiende a debilitar la visión judicial moderna de excelencia del notariado. Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432 (1984). Se presta además a crear confusión, perpetuar engaños y fomentar litigios innecesarios. “Nuestras leyes no han queri-do dar un valor tan mediocre al instrumento público: no han pretendido hacer del documento notarial un instrumento de eficacia incompleta o deficiente, sino un medio perfecto —en lo posible— para defender los derechos o negocios que la actuación notarial crea o contribuye crear, consagrando como ciertos los hechos y declaraciones que son fundamento de aquéllos.” Giménez-Arnau, op. cit, pág. 527.

Se expedirá el auto y dictará sentencia para revocar la del Tribunal Superior, Sala de Ponce, fechada 28 de febrero de 198U. Se declarará con lugar la demanda contra René Benvenutti y Ángel Nigaglioni.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no inter-vino.

      (1) La See. 3 reza, en lo pertinente:
      “El afidávit o declaración de autenticidad, se ajustará a las siguientes fórmu-las:
      “En el caso de tratarse de un reconocimiento de firma, con juramento: ‘Sus-crito y jurado, ante mí, por.(nombre, mayoridad, profesión y vecindad), a quien conozco personalmente (o de cuyo conocimiento me he asegurado por el dicho de los dos testigos que también suscriben, y a quienes conozco), hoy, en.(data y fecha).’
      “En el caso de tratarse de un reconocimiento de firma sin juramento, la fór-mula será idéntica, suprimiéndose las palabras ‘y jurado’.
      “En cualquier otro caso, se empleará una fórmula breve y sencilla, que com-prenda la autenticidad del acto, expresando siempre el funcionario autorizante que conoce personalmente al interesado, o a los testigos de conocimiento.” 4 L.P.R.A. sec. 889.


text:
    Edwin Pauneto Rivera, demandante y recurrido, v. Iván Núñez Borges, demandado y recurrente.

      Número: R-84-171

      Resuelto: 29 de junio de 1984

      Manuel Dorta-Duque, abogado del recurrente; Edwin Pagán Ro-dríguez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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Mediante contrato notarizado el 30 de julio de 1974, Iván Núñez Borges, casado con la Sra. Margarita Huergo Menén-dez, alquiló a Edwin Pauneto Rivera, casado con la Sra. Laura Cosme, una propiedad en Levittown que destinó a uso comercial. Vencido el término original y la prórroga, no es hasta el 1980 que lo desalojó. Pauneto Rivera lo demandó () reclamando unos cánones adeudados, los dejados de percibir y la indemnización por daños por unas alteraciones perjudi-ciales a la estructura del edificio.

El 24 de agosto de 1981, el Tribunal de Distrito, Sala de Toa Alta, dictó sentencia contra Núñez Borges. Dicho foro consignó que su responsabilidad surgía como consecuencia de sus reiterados incumplimientos con los términos del con-trato. Lo condenó a satisfacer $15,000 en concepto de indem-nización por daños materiales, $400 por rentas atrasadas, $4,308.20 por rentas dejadas de percibir más las costas y $500 de honorarios de abogado. Luego de varios trámites apelativos esa sentencia advino final y firme.

Dos (2) años después, Pauneto Rivera presentó ante dicho tribunal una moción bajo la Regla 51.7 de Procedimiento Civil regulatoria del trámite de sentencia contra deudores solidarios. En síntesis expuso que por inadvertencia no emplazó a la señora Huergo ni a la sociedad legal Núñez-Huergo. Solicitó que se les citara para mostrar causa por la cual no deberían ser solidariamente responsables de la sen-tencia. El tribunal se negó. Resolvió que la señora Huergo no estaba comprendida en el concepto de deudor solidario visualizado en la Regla 51.7. Pauneto Rivera apeló. El Tribunal Superior concluyó que aplicaba y revocó.

Recurrió ante nos la señora Huergo y la sociedad legal de gananciales Núñez-Huergo. Alegan que el Tribunal Superior erró al determinar que aun cuando nunca fueron origi-nalmente partes ni emplazados, podía hacerles responsables a través del mecanismo sumario de la Regla 51.7. Revisamos mediante trámite de mostrar causa.

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El análisis de la cuestión, nueva ante este foro, () preli-minarmente debe ser precedida de una rápida ojeada a algunos principios elementales en nuestra casuística sobre el emplazamiento, la institución de la sociedad legal de ganan-ciales y la regla de solidaridad. Únicamente así podemos investigar y descubrir la dinámica que anima la Regla 51.7 y su aplicación.

En Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750, 754 (1983), caracterizamos el emplazamiento como “el paso inaugural del debido proceso de ley que permite el ejercicio de jurisdicción por el tribunal para adjudicar derechos del demandado”. Con relación a la sociedad conyugal, hemos reconocido que con el emplazamiento de uno solo de los coadministradores de dicha sociedad es posible adquirir jurisdicción sobre la misma. Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, 110 D.P.R. 862, 864 (1981); García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 341 (1978). Sin embargo, la mejor práctica es incluir a ambos como medida cautelar ante la eventualidad de que exista un conflicto de intereses. Alicea Álvarez v. Valle Bello, Inc., 111 D.P.R. 847, 854 (1982).

Sin embargo, un examen cuidadoso refleja que en todos esos casos la sociedad legal fue expresamente demandada, objeto de alegaciones y emplazada. La necesidad de ese trámite se entiende al recordar que la sociedad de gananciales —aunque “sui generis, de características especiales”, Torres v. A.F.F., 96 D.P.R. 648, 653 (1968)— es una entidad jurídica separada con personalidad propia y distinta de la de los cónyuges que la componen. Int’l Charter Mortgage Corp. v. Registrador, supra, pág. 864. Por ende, “no absorbe la personalidad individual de los cónyuges ...”. Id., pág. 867.

En síntesis, nuestra jurisprudencia está huérfana en cuanto a dictamen, que sin demanda, alegaciones y empla-zamiento —ausente un vínculo previo de solidaridad— haya permitido invocarse con éxito la Regla 51.7. Respecto al requisito de solidaridad, lo más cercano es Sepúlveda v. Maldonado Febo, 108 D.P.R. 530 (1979). Allí se efectuó un embargo sobre una propiedad ganancial por concepto de deuda extracontractual. Por innecesario, no nos manifesta-mos sobre el reclamo de la esposa del demandado Maído-nado, en el sentido de que ni ella ni la sociedad de ganancia-les habían sido incluidos en el pleito. Resolvimos a base de que el acto torticero (muerte ilegal) en que se fundó la acción no benefició a la sociedad, y por ende no respondía.

Para reclamar una deuda de carácter ganancial, debe el acreedor dirigirse contra los bienes gananciales, esto es, demandar a la sociedad; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. I, págs. 689-734.

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La Regla 51.7 reza:

Procedimientos en sentencia contra deudores solidarios
Cuando se obtiene una sentencia contra uno o más entre varios deudores solidariamente responsables de una obligación, aquellos deudores que no fueren partes en la acción, podrán ser citados para que comparezcan a mostrar por qué causa no han de estar obligados por la sentencia de igual modo que si hubieren sido demandados desde un principio....
Hecha la citación, el deudor citado deberá comparecer en la fecha que se indica en la citación, y en dicha vista podrá aducir cualquier defensa de hecho y de derecho para eximirle de responsabilidad. Las cuestiones así planteadas podrán subs-tanciarse como en los demás casos. (Énfasis suplido.)

Su historial y comentarios son escasos. Se apunta que no tiene equivalencia federal y que se codificó para cubrir lo que disponían los Arts. 307 a 312 del Código de Enjuicia-miento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 1331-1336, mediante la sim-plificación de la redacción y del procedimiento allí fijado. Al explorar más profundamente descubrimos que a su vez dicho código se inspiró en los Arts. 307-312 de su predecesor de igual nombre, del año 1904, y en los Arts. 989-994 de California y los Arts. 3698-3703 de Idaho, respectivamente, de los Códigos de Enjuiciamiento Civil según ambos pre-valecían en esas jurisdicciones a principios de siglo. ()

De esta interesante genealogía sólo resulta pertinente nuestra limitada jurisprudencia. A su amparo los casos de Portela v. Saldaña, 39 D.P.R. 542 (1929); Banco Territorial y Agrícola v. Vidal, 42 D.P.R. 869 (1931); Balbaño v. Cintrón, 53 D.P.R. 844 (1938); y Duran v. Sucn. Durán, 58 D.P.R. 59 (1941), establecen que el mecanismo sumario de imposición de responsabilidad y ejecución de la hoy Regla 51.7 de Procedimiento Civil, únicamente procede cuando existen unos vínculos contractuales de solidaridad para citar personas que no fueron demandados “originalmente y no comparecieron voluntariamente, requiriéndoles para que expongan las razones que puedan tener para que no se les obligue a hacer efectiva la sentencia”. Durán v. Sucn. Durán, supra, pág. 62.

En resumen, los requisitos que deben concurrir para determinar la disponibilidad del trámite de la Regla 51.7 son: (1) responsabilidad solidaria previa dimanante “de una obligación” contractual; y (2) que contra quienes se invoca pudieron haber sido demandados y emplazados al iniciarse la acción. Ausente cualesquiera de estos requisitos, la regla no es aplicable.

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Una obligación no puede ser considerada in solidum “a menos que aparezca claramente tal intención en el documento”. Rosario v. Sandoval, 60 D.P.R. 411, 413 (1942). La norma legal es que la solidaridad en las obligaciones no se presume. Debe haber pacto expreso al efecto. Art. 1090 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3101.

“De igual modo el régimen de gananciales prevaleciente reconoce, como axioma básico, el patrimonio individual de cada cónyuge separado del de la sociedad.” García v. Mon tero Saldaña, supra, pág. 335. Este principio y el de separa-bilidad de bienes rechaza una norma de solidaridad entre los cónyuges y la sociedad.

A lo expuesto, no obsta el Art. 1308 del Código Civil, según enmendado, que dispone “[s]erán de cargo de la sociedad de gananciales: 1. [t]odas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por [cualquiera de los cónyuges] . . .” . 31 L.P.R.A. see. 3661(1). Simplemente, “[la] ley presume que se contraen en interés común”. J. M. Manresa, Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. 9, pág. 740. Esta presunción es inris tantum, rebatible. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Espa-ñol, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. V, pág. 163. Sin embargo, no significa ni es equivalente a decir que los cónyuges, como individuos, son responsables solidaria-mente de todas las deudas de la sociedad. Y viceversa, de existir la responsabilidad de la sociedad, sería subsidiaria, previa excusión de bienes. La presunción de ganancialidad no es sinónimo de solidaridad.

En resumen, en el caso de autos no puede invocarse el mecanismo sumario de la Regla 51.7. No existe apriorísti-camente el lazo de solidaridad contemplado en la misma.

Se dictará sentencia para revocar la del Tribunal Superior, Sala de Bayamón y confirmar la del Tribunal de Dis-trito, Sala de Toa Alta.

      (1) No incluyó en su demanda a la sociedad de gananciales Núñez-Huergo como tampoco a Núñez Borges como su administrador. Tampoco promovió trámite alguno contra la señora Huergo.

      (2) Existe un caso de la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en que se permitió adquirir jurisdicción sobre una sociedad legal de ganancia-les mediante el mecanismo de la Regla 51.7, Frito-Lay of Puerto Rico v. Cañas, 92 F.R.D. 384, 396 (P.R. 1981). No surge si se impugnó el procedimiento por los afectados.

      (3) Véanse Cal. Codes & Stat. sees. 989-994 (1901); Idaho Code of Civ. Proc. secs. 3698-3703 (1901).


text:
    Roberto Núnez y Carmen Emilia Cruz, etc., demandantes y recurrentes, v. Dr. Heriberto Cintrón Ortiz, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-84-40

      Resuelto: 29 de junio de 1984

      Miguel A. Velázquez Rivera, abogado de los recurrentes; José Guillermo Vivas, de Vivas & Martínez Texidor, abogado del code-mandado recurrido Hospital de Damas; José Méndez Moll, abo-gado del codemandado recurrido Dr. Heriberto Cintrón Ortiz; Harry Viera Villeneuve, abogado de la codemandada recurrida Administración del Fondo de Compensación al Paciente.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Al decidir este recurso, cuyo derrotero hacia la justicia ha seguido una ruta llena de dificultades, remembramos que el jurista “[encontrará sin duda un sinfín de ventanas ce-rradas, de estrellas apagadas, de hombres dormidos. En esta tarea debe saber que no está solo. Su misión es revelar lo justo, así como el artista debe descubrir la belleza, y allí, precisamente, radica la grandeza de su oficio. . . . Deberá ante todo tener fe y muñirse de prudencia. Deberá interro-gar a la realidad una y otra vez, pensarla en términos con-cretos, ilustrarse, y por fin actuar. Recordará que el argu-mento de la razonabilidad será siempre superior a cualquier fórmula que intente apartarse de él (por más que sea). Tendrá presente que el llamado ‘mundo jurídico’ no está divorciado del real, sino que es parte integrante e inseparable (en sentido ontológico) de éste. Que no se puede ser buen juez y mal padre de familia; ni buen abogado y mal her-mano. El hombre de derecho será ante todo un buen o mal hombre”. J. E. Leonetti, El llamado “mundo jurídico” y la realidad, Rev. La Ley, Año XLVIII, Núm. 50, pág. 1.()

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A Roberto Núñez Cruz, de cuatro (4) años, le extirparon las amígdalas y adenoides el 26 de marzo de 1979. La adeno-tonsilectomía la practicó, bajo anestesia general, el otorrino-laringólogo Dr. Heriberto Cintrón Ortiz en el Hospital de Damas, Ponce. Al otro día fue dado de alta en aparente con-dición satisfactoria. Mostraba niveles normales de hemo-globina (11.3 gramos) y hematocritos (34.3 gramos).

En la madrugada del 30 de marzo de 1979 el niño comenzó a sangrar profusamente por la boca. Ante la hemorragia masiva, sus padres lo trasladaron inmediata-mente al Hospital de Damas. Durante el trayecto continuó sangrando. Llegó a las 4:55 A.M. Fue atendido por el médico de turno y encargada de la Sala de Emergencia doctora Feliciano. Le recetó una dosis de supositorios por la vía rectal, otra de Sudafed oralmente y dosis de 20cc. de una solución glucosa conocida como Ringer Lactate. Se le tomó la temperatura por la vía oral y una muestra para CBC de Laboratorio. El expediente refleja temperatura de 39°. () No le tomaron ni se anotó en el récord los signos vitales de res-piración, pulso y presión sanguínea. ()

Tan pronto administró el tratamiento, la doctora Feli-ciano ordenó al personal que se comunicaran con el doctor Cintrón Ortiz. Fue llamado a las 6:30 A.M. Desde su residen-cia el galeno impartió ciertas instrucciones. Indicó que en-viaran al paciente a la Sala de Emergencia del Hospital San Lucas donde tenía programadas cinco intervenciones esa mañana. Minutos más tarde llamó y rectificó para que el menor permaneciera en el Hospital de Damas.

El doctor Cintrón llegó a las 7:00 de la mañana. Examinó a Robertito y los resultados de la prueba CBC de laboratorio efectuada a las 6:00 de la mañana. La hemoglobina había bajado alarmantemente hasta 8.5 gramos y los hematocritos a 27.0 gramos. Observó que no estaba sangrando en ese momento. No pudo determinar la vena o arteria que provocó la hemorragia. Concluyó que el niño había perdido una gran cantidad. Ordenó le aplicaran una inyección de vitamina K y una transfusión de 500cc. de sangre pura (whole blood). Enfatizó administraran ambas inmediatamente (STAT). No determinó la causa de la fiebre de 39° anotada en el récord. Tampoco se desprende del récord la condición, en esta etapa, de los signos vitales como pulso, respiración y presión sanguí-nea.

Antes de salir para efectuar las otras operaciones, el doctor Cintrón informó a los padres que había examinado al niño, que en su opinión se le había desprendido uno de los puntos de sutura, pero no estaba seguro si era en el área de las amígdalas o de las adenoides. Además les indicó que había dispuesto su hospitalización y que tenía que partir hacia el Hospital San Lucas. Anotó en el expediente que ordenaba la hospitalización —según traducción del tribunal de instancia— para “observación y control de sangramiento” (iobservation and control of bleeding).

El niño permaneció en la Sala de Emergencia. A las 7:30 de la mañana las enfermeras le aplicaron la dosis de vitami-na K. Anteriormente le habían suministrado el Sudafed, Tigan y el Ringer Lactate. No se le administró la transfusión de sangre. Anotaron que la sangre no se ponía en Emergen-cia sino en el piso, es decir, una vez se le instalara en una habitación.

Aproximadamente a las 10:00 de la mañana lo trasla-daron a la habitación núm. 511-B en el departamento de Pediatría. Sus padres lo acompañaban. Lucía visiblemente pálido. Todavía no le habían suministrado la transfusión. Le estaban inyectando el suero Ringer Lactate. Aquí, por pri-mera vez, se anota en el expediente denominado “Perfil de Enfermería” —preparado por la enfermera del piso— el signo vital del ritmo cardíaco. Según determinó el foro de instancia, para esa hora había adquirido proporciones taquicárdicas, 120 pulsaciones por minuto.

Al ser instalado en la habitación eliminó un coágulo. El personal del hospital lo comunicó al doctor Cintrón. Éste no tomó acción de inmediato. No inquirió si le habían adminis-trado la transfusión. Testificó, que en efecto había recibido el informe, pero que su última intervención quirúrgica en San Lucas había terminado a las 10:55 A.M., salió a las 11:30 A.M. y arribó a Damas a las 11:55 A.M. Mientras el tiempo transcurría, el Hospital de Damas no asignó otro facultativo ni el doctor Cintrón Ortiz designó un sustituto para que atendiera al niño durante su ausencia.

Al arribar el doctor Cintrón Ortiz, el padre del menor —que en todo momento lo acompañaba— le informó que el niño estuvo escupiendo sangre. El propio facultativo notó manchas de sangre en la sábana que cubría la cama. El galeno salió al mostrador de enfermeras a hacer unas anota-ciones y fue llamado porque el niño estaba sangrando nuevamente. Se observaba pálido y mareado.

Desde ese instante, la hemorragia fluyó continua e inin-terrumpidamente. Momentos antes —a las 10:45 A.M.— el personal del hospital había comenzado a administrarle la transfusión que había sido ordenada con carácter de urgen-cia (STAT), desde las 7:00 A.M. Según la prueba desfilada, esa transfusión de 500cc. de sangre a un niño tarda 2 horas aproximadamente en bajar al organismo.

Ante este cuadro, el doctor Cintrón ordenó el traslado del niño a la sala de operaciones para intentar detectar la hemorragia. A las 12:18 P.M. un anestesiólogo lo examinó. Encontró que tenía una taquicardia de 120 pulsaciones por minuto, lucía pálido, anémico, shoky y sangraba profusa-mente. Anotó en el récord que en caso de que hubiese que aplicarle anestesia debía clasificarse de alto riesgo (4-E).

El doctor Cintrón decidió operar a Robertito. A los 35 minutos de administrarle anestesia, y cuando ya la taqui-cardia había subido a unas 140 pulsaciones por minuto, ocurrió uno de los riesgos que el anestesiólogo había pre-visto: el corazón dejó de latir. El paro cardíaco se prolongó por varios minutos. En consecuencia no llegó oxígeno al cerebro. A pesar de que se logró restituir los latidos del corazón, ocurrió una anoxia cerebral. El doctor Cintrón con-tinuó la operación y con carácter de urgencia, ordenó una prueba de laboratorio con la misma expresión utilizada para la transfusión: STAT. Al atardecer logró culminar la ope-ración y detener la hemorragia.

La prueba pericial reveló fuera de toda duda que el menor sufrió anoxia cerebral como resultado del paro car-díaco. El daño cerebral es de naturaleza permanente. Ha causado un impedimento ascendente a un 75% de las funcio-nes fisiológicas generales. Esta proporción y tipo de impe-dimento produce incapacidad total. El menor no podrá reali-zar labor productiva alguna.

Ante este trasfondo de hechos, los padres del menor por sí y en su representación demandaron al Hospital de Damas y al Dr. Heriberto Cintrón Ortiz reclamando daños por negli-gencia. En la vista en su fondo las partes desfilaron prueba pericial. El tribunal declaró sin lugar la demanda. Estimó la prueba antes resumida insuficiente para establecer que el tratamiento médico administrado por el doctor Cintrón Ortiz fuera inadecuado o contrario a las normas de la buena práctica de la medicina. En cuanto al hospital, determinó que a pesar de que no administró la transfusión de sangre, según la orden médica, no tomó los signos vitales, ni asignó otro médico mientras el galeno de cabecera estaba ausente, era especulativo concluir que tal acción u omisión causó el paro cardíaco.

A solicitud de los demandantes revisamos. Procede revo-quemos.

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Tendencia judicial sobre la función de los hospitales

La visión tradicional de concebir a un hospital como sim-plemente una estructura dotada de facilidades físicas, personal y equipo para la práctica del arte de la medicina se ha ido desvaneciendo. A. R. Southwick, The Hospital as an Institution — Expanding Responsibilities Change Its Relationship with the Staff Physician, 9 Cal. W.L. Rev. 429, 430-431 (1973). J. D. Cunningham, The Hospital-Physician Relationship: Hospital Responsibility for Malpractice of Physicians, 50 Wash. L. Rev. 385 (1975).

Desde años recientes el deber de cuidado hacia el paciente no sólo corresponde a su médico sino al hospital. Aunque al principio vacilante, existe una irreversible tendencia judicial a imponer responsabilidad a un hospital que falla en darle seguimiento y revisar los servicios de médicos acreditados y con privilegios por tratamiento dentro de sus facilidades. Véase J. Kahn, Hospital Malpractice Prevention, 27 De Paul L. Rev. 23 (1977). El hospital tiene el poder de retirar el privilegio de uso a aquellos médicos que no cumplen con la reglamentación razonable y válida existente, o que no dispensan el cuidado requerido a sus pacientes. Véase C. R. McCorkle, Hospital—Physician—Discrimination, 24 A.L.R.2d 850 (1952). “Reconocemos que los hospitales han ido asumiendo una responsabilidad creciente en relación con la calidad de los servicios rendidos por los médicos de su facultad. Por ello, los hospitales tienen un legítimo interés en que los médicos de sus facultades posean las cualificaciones y observen la conducta requerida para la consecución del mejor cuido y tratamiento de los pacientes que allí acuden. En ese empeño es necesario que sus medidas de evaluación periódica de la competencia profesional de sus médicos y en relación con el mantenimiento cuidadoso de los records médicos sean de excelencia. Las juntas directivas, por lo tanto, deben velar por que los mecanismos que asegu-ren la calidad del cuidado de los pacientes sean establecidos y mantenidos celosamente.” Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, 106 D.P.R. 72, 80-81 (1977).

El concepto de contratista independiente ha quedado relegado. Véanse Fridena v. Evans, 622 P.2d 463 (1980); Purcell v. Zimbelman, 500 P.2d 335 (1972). La dicotomía clásica de hospital y servicios médicos ha ido desapareciendo. “Ello es así porque el médico de hoy depende del hospital del mismo modo que el hospital depende del médico.” Southwick, op. cit, pág. 466. Véase A. G. Nadel, Hospital’s Failure to Supervise Doctor, 12 A.L.R.4th 57 (1982). Así en su relación externa frente al paciente, el hospital es responsable de los actos negligentes de uno de los médicos de su facultad (staff). En ciertas circunstancias, también puede ser responsable por aquellos galenos que sólo gozan del privilegio. Bajo esas alternativas, la responsabilidad sería solidaria, sin menoscabo de que en esa relación interna se determinen los grados exactos de culpa a los fines de uno u otro obtener reembolso directo en proporción a esa responsabilidad.

Negligencia del hospital

La negligencia del hospital se configura por la acción y omisión en varios aspectos. Veamos.

A. Omisión en tomar los signos vitales

Una de las complicaciones más serias de las adenotonsi-lectomías son las hemorragias. G. M. English, Otolaryngol-ogy, Harper & Row, 1977, Vol. 3, Cap. 28, págs. 18-23; 6 Lawyer’s Medical Cyclopedia, Sec. 40.15, pág. 110 (1975); Basharat Jazbi, Pediatric Otorhinolaryngology: Tonsillec tomy and Adenoidictomy: A Controversial Problem, New York, Appleton Century-Crafts, Cap. 23, 1980, pág. 249. Pueden ser primarias, esto es, que ocurren durante o inme-diatamente después de la cirugía. Se consideran muy peli-grosas. Afortunadamente no son frecuentes. Los estudios revelan una incidencia baja que oscila entre menos de 1% hasta 1.4%. Paparella & Shumrick, Otolaryngology, Philadelphia, W. B. Saunder Co., 1980, Vol. III, pág. 2297. La otra categoría reconocida es la secundaria o tardía. De ordi-nario se produce entre el quinto y décimo día post operato-rio. “Una hemorragia tardía raramente es peligrosa, salvo que se descuide, en cuyo caso puede ser fatal.” DeWeese & Saunders, Textbook of Otolaryngology, Ch. f, The Tonsils and Adenoids, St. Louis, C. V. Mosby Co., 1977, pág. 80; Have-ner-Saunders-Keith-Prescott, Nursing Care in Eye, Ear, Nose & Throat Disorders, St. Louis, C. V. Mosby Co., 1974, pág. 197.

Las hemorragias a su vez pueden ser mortales o exponer a los pacientes a graves riesgos, tales como estados de shock —Paparella & Shumrick, op. cit.; 4 Lawyer’s Medical Cyclopedia, Sec. 30.8(a), pág. 184 (1975) — ; anoxias cerebrales —R. N. Gray, 3 Attorney’s Textbook of Medicine, Sec. 58.91(4a), pág. 58-162 (1985) — ; y fallos cardíacos al aplicar anestesia —3B Lawyer’s Medical Cyclopedia, Sec. 25.7, pág. 296 (1983). Para saber con precisión las condiciones en que se encuentra una persona que ha sufrido una hemorragia, diagnosticar y ofrecer tratamiento adecuado, es imprescindible que se realicen análisis de laboratorio y se tomen continuamente los signos vitales del paciente, especialmente su presión sanguínea. Rambo & Wood, Nursing Skills for Clinical Practice, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1982, pág. 426; 4 Lawyer’s Medical Cyclopedia, Sec. 30.7(c), pág. 183 (1975). Ello se explica. Al experimentar pérdida de sangre, todo cuerpo humano va ofreciendo unos cambios físicos que sirven de mensajes a través de sus sistemas vascular, endocrínico y metabólico.

A pesar de que el niño Robertito llegó en estado de emer-gencia —se veía pálido— con un historial de hemorragia severa luego de ser sometido a este tipo de operación, el hospital incumplió con esta norma básica que exige la práctica excelente y diligente de la medicina. De haber tomado los signos vitales, el hospital hubiera estado en mejor posición de detectar antes la condición grave y de marcado deterioro del niño, y actuar sin tardanza para aplicar el tratamiento requerido, inclusive adelantar la transfusión de sangre. “Cuando existe pérdida de mucha sangre, el pulso se acelera y el niño se ve pálido.” Havener-Saunders-Keith-Prescott, op. cit., pág. 199.

Sobre este aspecto el tribunal de instancia determinó que esta omisión fue “grave pues esto pudo haber ayudado a decidir qué medidas urgentes tomar con el paciente”. Coin-cidimos.

B. Posposición y tardanza de la transfusión

Además de incurrir en la negligencia antes expuesta, el personal del hospital incumplió una orden médica legítima, apropiada, clara y terminante. La misma exigía la administración inmediata de sangre a un niño de tierna edad en estado de gravedad. Se ordenó la transfusión STAT, abreviatura de Statim, que significa de inmediato, sin dilación. Dorland’s Illustrated Medical Dictionary, 23 ed., Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1957, pág. 1298; J. E. Schmidt, Attorneys’ Dictionary of Medicine and Word Finder, New York, Matthew Bender Press, 1985, pág. S-166. ()

En los hospitales del país las enfermeras y el resto del personal paramédico tienen el ineludible deber de realizar y llevar a cabo, con la premura requerida y a tono con las cir-cunstancias particulares de cada paciente, las órdenes médi-cas. D. G. Warren, Problems in Hospital Law, Maryland, Aspen Systems Corp., 1981, págs. 71-78; Notter-Spalding, Professional Nursing: Foundations, Perspective & Relationship, Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1976, págs. 47-51; Creighton, Law Every Nurse Should Know, Philadelphia, W. B. Saunders Co., 1981, págs. 47-51.

Sin embargo, ante el tribunal de instancia y este foro, el hospital justifica su incumplimiento al explicar que la glu-cosa Ringer Lactate era un sustituto de la sangre, y que por tanto, no era necesaria la transfusión inmediata. Aduce, además, que la sangre se administra en el piso y no en la Sala de Emergencia, salvo en casos de vida o muerte, y ello luego del médico de cabecera haber llenado un formulario que lo libera de responsabilidad.

No tiene razón. Aunque teóricamente se admite que puede ser un sustituto, no compartimos el criterio de los peritos de que en este caso, la glucosa sustituyó, hizo las veces de la transfusión o redujo su urgencia. Primero, la orden terminante del médico Cintrón Ortiz es el mejor juicio pericial contra esa tesis. La misma representa el discerni-miento del facultativo que allí, en el momento oportuno, examinó al paciente. Contenía el tratamiento a seguir ante un diagnóstico concreto. Las autoridades médicas coinciden que en caso de hemorragia grave, luego de practicada una adenotonsilectomía, lo recomendable es la administración inmediata de transfusión para restaurar el volumen de san-gre circulante. English Gerard, Otolaryngology, op. cit., págs. 46-47; Jasby, op. cit., pág. 250; DeWeese & Saunders, op. cit., pág. 80.

Esa determinación y orden apremiante la efectuó dicho galeno a pesar de que anteriormente la doctora Feliciano había recetado la glucosa. De ello sólo podemos inferir que si la ordenó era porque, según su mejor criterio, la glucosa no era suficiente para compensar el desangramiento. Al adop-tar ese curso de acción, el cuadro médico ante sí era más completo. Ya tenía el análisis de la hemoglobina y hematocri-tos. Y segundo, el lamentable desenlace destruye esa postura a posteriori pericial. Lo menos que podemos afirmar es que la glucosa, ni fue buen sustituto, como tampoco redujo la urgencia en la transfusión.

En estas circunstancias, es ineludible concluir que el personal paramédico del hospital, sin destrezas ni autoridad alguna en diagnóstico y tratamiento, prácticamente cambió la orden médica al administrar solamente la glucosa e irra-zonablemente posponer la transfusión.

Tampoco es eximente de responsabilidad los argumentos basados en la reglamentación del hospital disponiendo que las transfusiones se administren en el piso y no en la Sala de Emergencia, salvo en casos de vida o muerte, y ello luego de obtener la firma de un relevo de responsabilidad por el médico que la ordena. Primero, notamos que la posposición de la transfusión no estuvo basada en una determinación previa del personal médico del hospital de si se trataba de un caso de vida o muerte, sino en una simple cuestión de lugar. Desde que el niño llegó es incuestionable que presen-taba un caso claro de emergencia. Bastaba con que se toma-ran medidas para suministrar la sangre en la Sala de Emergencia o que se instalara al menor rápidamente en un piso, trámite que debió tomar poco tiempo. Segundo, resulta cuestionable la declaración en el juicio del doctor Cintrón Ortiz de que ordenó la transfusión para ponerse en la habi-tación una vez el niño fuera ingresado y no en la Sala de Emergencia. Los términos de su misma orden aclaran la cuestión. Escuetamente requirió transfusión inmediata (STAT). Bajo esta premisa nos preguntamos, ¿cómo condi-cionar un tratamiento tan crucial y la vida del paciente a la disponibilidad de una habitación? Tercero, quedó estable-cido que se tardaron más de dos horas y media en trasladar al niño de la Sala de Emergencia a una habitación. Luego les tomó casi una hora más, desde que llegó al piso, para comenzar la transfusión. Esta situación se agrava si toma-mos en cuenta que la dosis tardaba dos horas en bajar al organismo.

También es insostenible la pretensión de que por no haberse llenado un formulario de relevo se pospusiera el cumplimiento de la orden médica.

El derecho moderno ha superado la magia atribuida a este tipo de relevo o dispensa de responsabilidad anticipada. Se trata de documentos de adhesión en que la libertad de contratación y consentimiento de una de las partes se reduce al mínimo. La trayectoria jurisprudencial se ha encargado de situarlos en su correcta perspectiva, restándole importancia y eficacia jurídica en ciertas situaciones. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759, 778-779 (1973); Cabrera v. Doval, 76 D.P.R. 777 (1954); Carrasquillo v. Am. Missionary Association, 61 D.P.R. 867, 883-884 (1943). La responsabilidad civil hoy se examina y resuelve en función a lo esencial y no a la forma. En el campo de la medicina con mayor justificación. Está comprometida la salud, elemento axiológico de primer orden público. Sería ilógico y vulneraría principios ético-jurídicos una dispensa por falta de cuidado (deber de diligencia). Véase L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, págs. 716-720. Aún asumiendo la validez del pacto entre el médico y el hospital, frente al paciente sería res inter alias acta.

Todos estos argumentos denotan costumbres y prácticas institucionales rígidas e invariables que resultan inexcusables. Rechazamos que en los hospitales del país, incluyendo sus Salas de Emergencias, pueda prevalecer una rutina o un sistema administrativo inadecuado que implique desatender o posponer el tratamiento de pacientes en estado crónico, aumentando el riesgo y peligro de sus vidas.

Finalmente, el hospital alega que hacer un análisis de incompatibilidad de sangre y obtener el tipo correspondiente toma varias horas. Sin embargo, no desfiló prueba alguna que ilustrara que este análisis o la carencia del tipo de san-gre en las facilidades del hospital fuera la causa de la demo-ra. De ordinario, el análisis de incompatibilidad requiere de 20 a 60 minutos. Petz & Swisher, Clinical Practice of Blood Transfusion, Newport, Churchill Livingstone, 1981, pág. 402. Según hemos visto, todos los indicadores apuntan como única causa para la dilación la costumbre burocrática de no administrar una transfusión en la Sala de Emergencia sin antes obtener un relevo del médico.

C. Atención inadecuada del menor en ausencia del médico de cabecera

. La sentencia puntualiza una declaración del doctor Cintrón Ortiz de que el menor no sangró en la Sala de Emergencia sino hasta que él lo volvió a examinar a las 12:10 P.M. Sin embargo, lo cierto es que la hemorragia con-tinuó, aunque en menor grado, durante el período de su ausencia. A las 10:00 de la mañana el menor eliminó un coágulo. Mientras estuvo en la habitación estuvo escupiendo sangre. El propio galeno se percató de las manchas en la sábana que cubría la cama y tan pronto llegó, fue llamado porque estaba sangrando profusamente otra vez.

Coetáneamente, mientras el médico de cabecera no estaba presente, el menor continuó en estado de gravedad. Su ritmo había adquirido proporciones taquicárdicas y se notaba pálido. ¿Qué gestiones hizo el hospital desde las 7:00 A.M. hasta las 11:45 A.M.? Se limitó a seguir una rutina. Lenta, pasiva y negligentemente ejecutó unas órdenes médi-cas dadas en o antes de las 7:00 de la mañana. Algunas no las cumplió. Son ejemplos, la aplicación morosa de la trans-fusión y el omitir anotar el signo vital del ritmo cardíaco, hasta que fue trasladado a la habitación. Cuando el niño escupió el coagulo, se limitó a llamar al doctor Cintrón. Cuando éste no tomó ninguna acción, persistieron en la ru-tina. El hospital no actuó agresivamente como la situación ameritaba en evitación de daños ulteriores a la salud del paciente.

No se tomó la iniciativa de consultar o llamar a otro médico. El cuadro clínico de emergencia exigía que se asignara personal médico ante la ausencia prolongada del médico de cabecera, doctor Cintrón Ortiz. Un hospital no es una hospedería que se limita a ejecutar las órdenes de médicos que ejercen privilegios en sus facilidades. Como institución de salud tiene el deber de estar vigilante, y si necesario y en coordinación con los familiares, gestionar y proveer el servicio de otro médico que atienda aquellos pacientes de emergencia si el médico de cabecera no está disponible para brindar la atención requerida. Ninguna costumbre, práctica o norma de ética puede soslayar este deber. La profesión médica, personal paramédico y los hospitales existen para el bienestar de los pacientes, no viceversa.

Reiteradamente nos hemos pronunciado sobre el deber de los hospitales y médicos de ofrecer a sus pacientes la atención que satisfaga las exigencias generalmente reconocidas por la profesión médica a la luz de los medios modernos de comunicación y enseñanza. Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983); Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375 (1978); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197 (1978); González v. E.L.A., 104 D.P.R. 55 (1975); Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188 (1974); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973). En virtud del Art. 1803 del Código Civil —31 L.P.R.A. see. 5142— equivalente a la responsabilidad vicaria, el incumplimiento de ese deber por el personal del hospital conlleva responsabilidad extracontractual de la institución hospitalaria frente al perjudicado. Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947). Ese enfoque se impone con mayor énfasis en las Salas de Emergencia. “El concepto emergencia denota una combinación de circunstancias que necesariamente requieren un inmediato curso de acción o remedio. . . . Conlleva acción rápida en evitación de la muerte del lesionado o grave complicación a su salud.” Márquez Alfonso v. F.S.E., 105 D.P.R. 322, 328 (1976). Véase L. S. Powers, Hospital Emergency Service and the Open Door, 66 Mich. L. Rev. 1455 (1968).

Negligencia atribuible al médico de cabecera doctor Cintrón Ortiz

“Es inmensa la responsabilidad de operar un menor.” Scott-Browns, Diseases of the Ear, Nose and Throat, 3ra ed., Philadelphia, J. B. Lippincott Co., 1971, Vol. 4, pág. 119.

Desde que el doctor Cintrón Ortiz fue llamado a su resi-dencia en horas tempranas de la mañana por personal del hospital para comunicarle la condición de Robertito, dió la impresión de estar presionado o más interesado en efectuar las otras cinco operaciones selectivas que iba a realizar en el Hospital San Lucas. Así ordenó que lo trasladaran a dicho hospital, pero luego recapacitó e indicó que permaneciera en Damas. Posteriormente llegó al hospital y a pesar de que constató y diagnosticó una hemorragia tardía (late bleeding) —4 días desde la operación— y que no pudo determinar su origen, optó por ordenar la transfusión y marcharse a rea-lizar las cinco operaciones rutinarias pendientes en el San Lucas. No se demostró que éstas fueran de emergencia y colocaran al galeno en la encrucijada de tener que escoger entre dos situaciones que presentaban estados legítimos de necesidad.

Ante el cuadro clínico previamente descrito, el deber del médico que antes operó al niño, era permanecer a su lado o relativamente accesible en todo momento para así estar en condiciones de supervisar el cumplimiento de sus órdenes, y aplicar el tratamiento rápido, adecuado y recomendado en casos de hemorragia grave, a saber cirugía inmediata y así evitar serio menoscabo a la salud. Gray, IB Attorney’s Textbook of Medicine, Sec. 10B. 35(5), pág. 10B-24; A. Roddley Holder, Medical Malpractice Law, 2da ed., New York, John Wiley & Sons, 1975, pág. 124.

Aún a las 10:00 A.M. cuando le fue notificado que Rober-tito escupió un coágulo, continuaba sangrando, tenía taqui-cardia y estaba pálido, pudo muy bien posponer la última operación para acudir a atenderlo. No lo hizo. No puede rehuir la responsabilidad al aducir que no conocía la gra-vedad de la situación. Era evidente (o debió serlo), que cuando el personal del Hospital de Damas decidió interrum-pir sus labores fue porque la condición del menor realmente era en extremo alarmante y se había deteriorado. Ni siquiera inquirió qué síntomas presentaba. Tampoco cotejó si habían cumplido sus órdenes.

El éxito de un profesional no es fácil. Los grandes logros son la suma de muchísimos pequeños detalles. Ya evaluemos la conducta del doctor Cintrón Ortiz bajo la presión o fatiga resultante de esas cinco (5) cirugías, el efecto fue relegar a segundo plano el caso de Robertito. Su proceder reflejó una actitud de despreocupación. No tomó ninguna medida cuando le comunicaron que el menor había vomitado sangre. Preguntamos, ¿para qué entonces ordenó que observaran la posibilidad de sangramiento? No llamó, sugirió u ordenó localizaran otro médico que lo sustituyera.

La responsabilidad de un médico con su paciente no queda adecuadamente descargada con meramente dejar unas órdenes a cargo de otros sin cerciorarse, de algún modo, que sean cumplidas. Una vez asume la responsabilidad profesional, tiene el deber de diligentemente darle seguimiento y verificar si el hospital ha brindado el tratamiento prescrito a su paciente. En un estado de emergencia, como la hemorragia de Robertito, ese deber era continuo. Si está imposibilitado de brindar personalmente tal atención por otros quehaceres válidos de la profesión o razones personales de peso, su obligación es buscar y lograr que otro personal médico competente lo sustituya. Crawford & Moritz, Doctor and Patient and the Law, St. Louis, C. V. Mosby Co., 1971, págs. 138, 344-346, 374-375.

Contrario a lo resuelto por el tribunal de instancia, resolvemos que el demandado doctor Cintrón Ortiz incumplió los anteriores deberes. Aunque en menor proporción que la del Hospital, incurrió en negligencia. Su actitud fue poco prudente; de dejadez y desinterés. No se conforma con las mejores prácticas de la medicina. Sobre estos extremos con-súltense: W. G. Alton, Jr., Malpractice, Boston, Little, Brown & Co., 1977, págs. 31-37, 74-77; 1 Lawyer’s Medical Cyclopedia, Secs. 2.2 y 2.3, págs. 49-51 (1981); C. T. Drechsler, Liability of physician for lack of diligence in attending patient, 57 A.L.R.2d 379, 421 (1958); Reed v. Laughlin, 332 Mo. 424, 58 S.W.2d 440 (1933); Jackson v. Burton, 226 Ala. 483, 147 So. 414 (1933); Batenan v. Rosenberg, 525 S.W.2d 753 (1975); Johnson v. Vaughn, 370 S.W.2d 591, 596 (1963).

En resumen, por una multiplicidad de acciones y omisiones, la observancia de una rutina, y el confiar el médico en las gestiones del hospital, y viceversa, un caso grave y de emergencia no fue debidamente atendido. Como veremos, el resultado final es un ser humano cuya vida ha quedado tronchada desde su corta edad. Por la negligencia combinada en la atención del niño Roberto E. Núñez Cruz responden el Hospital de Damas y el médico Heriberto Cintrón Ortiz. Ambos contribuyeron al fracaso del tratamiento.

I — I

Relación causal

Réstanos examinar si se demostró causalidad entre los hechos negligentes expuestos, el paro cardíaco y el daño cerebral.

La sala de instancia expresó que no podía dictaminarla. Se apoyó en que todos los peritos atestaron que ello era materia de incumbencia divina (“sólo Dios sabe”). En el con-texto utilizado, esa expresión equivale a exigir prueba de certeza matemática. Erró. “El juez no se mueve sobre mate-ria sujeta a las inexorables leyes del cálculo matemático; el camino a recorrer entre la norma general y la solución con-creta escapa a una mera operación calculadora, interpo-niéndose algo tan heterogéneo como la apreciación del sujeto en todos sus matices o facetas y la propia personalidad del Juez. No ha de llegar, pues, a la certeza absoluta, pero tam-poco le basta apoyarse en un terreno de simples probabili-dades, con fundado temor de posible equivocación.” F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, págs. 21-22.

Nuestra jurisprudencia establece que no es necesario demostrar una única y exacta causa de daño. Basta que el actor pruebe, mediante preponderancia de evidencia, que la conducta negligente del demandado fue el factor que con mayor probabilidad lo causó. En casos de este género, hemos reconocido la dificultad de determinar, qué en efecto, con mayor probabilidad causó el daño, en particular cuando la práctica médica o clínica omitida no puede garantizar un resultado positivo. Cruz v. Centro Médico de P.R., supra.

Cuantitativamente, la prueba pericial de la parte de-mandada —Dres. Orlando L. Vázquez Torres, Félix Cortés, Víctor Montes Jordán, José L. Jiménez Vélez y Ernesto Colón Yordán— fue a los efectos de que varios factores pudieron causar el paro cardíaco y como consecuencia la anoxia cerebral. Atestaron que la anestesia pudo ser. Y que nadie podía asegurar la verdadera causa ni si la demora en la transfusión de sangre la produjo. Sobre esas bases el tribunal de instancia determinó que no podía imputar a la con-ducta de los demandados los daños sufridos.

Por otro lado, el perito de los demandantes, doctor Pérez Valdés, declaró que estaban relacionados y eran previsibles. Con claridad expuso la dinámica fisiológica que lo precipitó. Veamos.

El trasfondo clínico de Robertito era uno de debilita-miento del sistema cardiovascular ante la pérdida profusa de sangre. La transfusión se aplicó tardíamente y demoraba en llegar al organismo una vez se comenzó. Ante el cuadro de pérdida masiva de sangre en un corto período de tiempo, el organismo alerta los mecanismos de defensa del sistema cardiovascular. Así, el pulso se acelera y ocurre una vaso-constricción —reducción de los vasos sanguíneos, venas y arterias— de manera que circule una cantidad menor de sangre y se produzca una presión arterial suficiente para mantener su función. Entonces ocurre una reducción del flujo sanguíneo a los órganos secundarios y se presenta el síntoma de palidez. Aclaró que la palidez del menor, que continuó acentuándose, al igual que la aceleración de su pulso, eran signos de este fenómeno.

Al aplicarse, la anestesia provoca una apertura o dila-tación de los vasos sanguíneos y arterias. El volumen de sangre no es suficiente para llenar los conductos, la presión arterial cae, la cantidad de sangre que llega al corazón es insuficiente y se facilita el paro cardíaco. Dicho perito indicó que varios factores contribuyen al paro cardíaco, pero que no podía determinar el porcentaje en que cada uno contri-buyó. “Eso, Dios nada más lo sabe.” De lo anterior surge meridianamente claro, que la tardanza en aplicar la trans-fusión de sangre y el no controlar a tiempo la hemorragia contribuyeron directa y sustancialmente al funcionamiento irregular y deterioro del sistema cardiovascular de Rober-tito. Esta explicación encuentra apoyo en las autoridades: Petz & Swisher, op. cit., págs. 426-428. “En un niño pe-queño, cuyo volumen total de sangre es proporcionalmente menor [al de un adulto], la pérdida rápida de sangre se torna mucho más grave antes. Su mecanismo compensatorio está más expuesto a fallar súbitamente y su corazón más susceptible de detenerse por anoxia. Si el mecanismo natural hemostático o la capacidad del transporte de oxígeno de la sangre está también menoscabado, entonces el escenario está preparado para el desastre.” (Traducción nuestra.) Scott-Brown, op. cit, pág. 120. Ante la necesidad de aplicar anes-tesia para la segunda cirugía la fragilidad de su condición y la dinámica fisiológica aumentaron los riesgos. R. M. Smith, Anesthesia for Inf ants and Children, St. Louis, C. V. Mosby Co., 1980, págs. 494-495. ¡Qué duda cabe! La dilación y omisión fueron factores principales que contribuyeron a desencadenar los eventos que culminaron en el paro cardíaco y anoxia cerebral, fenómenos enteramente previsibles para la ciencia. Lo corrobora el que días antes, Robertito tolerara sin ninguna dificultad o complicación la anestesia general y demás medicamentos en ocasión de la adenotonsilectomía.

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A modo de epílogo, coincidimos con el ilustrado juez sen-tenciador de que la verdad absoluta, y su corolario de justi-cia perfecta, son cualidades exclusivas del Sumo Hacedor. Sin embargo, bajo las normas jurisprudenciales de evalua-ción de prueba, tenemos el convencimiento jurídico y la cer-teza moral de que se demostró satisfactoriamente que las conductas negligentes de los demandados fueron los factores que con mayor probabilidad causaron el daño.

El juez, “[h]a de propender hacia la certeza moral, excluyendo toda duda que razonablemente pudiera alber-garse; para su logro son cualidades indispensables un estricto sentido de moralidad personal y una intensa cultura jurídica. De ahí que deba saturarse en la convicción de la necesidad de formar una conciencia moral adecuada, marco que dignifique y aureole su vida profesional; ... Es la con-ciencia —escribe Peinador— la norma de la moralidad sub-jetiva, y, sin ella, la norma objetiva, que lo es la ley divina y humana, resulta prácticamente inoperante; una conciencia bien formada es la mejor garantía de una moralidad en todo conforme con los preceptos a que tiene que ajustarse la acti-vidad del hombre, la general o la profesional. . . . Siempre sabrá prestar oídos, en última instancia, a la voz de la con-ciencia, verdadera pauta de moralidad difícilmente falible cuando la inteligencia está ilustrada por la ciencia y la voluntad disciplinada por la moral. Todos sabemos de las constantes y moduladas inflexiones de esta voz insobornable, fértil consejera, desinteresada amiga, a veces suavemente tranquilizadora, en otras insistentemente admonitiva”. (Es-colios omitidos.) F. Soto Nieto, op. cit., pág. 22.

Se dictará sentencia que imponga responsabilidad soli-daria a los demandados. ()

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (1) Esta cita meramente ilustra un pensamiento en abstracto. No se refiere a ninguno de los abogados que participaron en el litigio, médicos envueltos, como tampoco al juez sentenciador, Hon. Quintín Morales Ramírez. Este último dedicó gran parte de su vida a dispensar diligente y eficientemente la justicia. Su valía personal y profesional merece la más profunda deferencia de este foro.

      (2) El tribunal de instancia determinó que no se le dio tratamiento al menor para controlar la fiebre. El hospital demandado aduce que el Sudafed fue para reducirla. Sin embargo, este medicamento es un descongestionante nasal. Physician’s Desk Reference, Medical Economy Co., 1981, págs. 770-771.

      (3) El Hospital de Damas no solicitó determinaciones de hechos adicionales ni revisión de la sentencia. Sin base alguna en el récord alega que los signos se tomaron, pero no se anotaron. Sin embargo, no llevó a declarar al personal médico y paramédico que atendió al menor en emergencia que pudo aclarar este aspecto. No alteraremos la conclusión del tribunal de instancia.
      Y aún asumiendo que se tomaron los signos, no incluirlos en el expediente constituye una falta de diligencia. Véase Cruz v. Centro Médico de P. R., 113 D.P.R. 719 (1983). Con esta omisión se pierde la utilidad futura de la data en una evalua-ción integral médica del curso clínico posterior. Se dejan de proveer las reacciones y signos que la naturaleza fisiológica refleja y que forman parte de los elementos de juicio a tomarse al prescribir el tratamiento adecuado. A. F. Southwick, The Law of Hospital and Health Care Administration, H. A. Press, 1978, pág. 301.

      (4) El carácter perentorio queda demostrado durante la operación quirúrgica de la tarde. Al ocurrir el paro cardíaco, se ordenó al personal del hospital una prueba de sangre con la palabra STAT, la misma utilizada en la orden de la mañana.

      (5)Este dictamen es sin menoscabo de cualquier acción en nivelación que pudieran los demandados deducir entre sí una vez satisfecha la sentencia.