author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz (Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

text:
    Enrique Campos del Toro, demandante y recurrido, v. American Transit Corp. y Otros, demandados y recurrentes; René Aponte Caratini, demandante y recurrido, v. Posadas de Puerto Rico y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-81-515

      Resuelto: 20 de octubre de 1982

      María del Carmen Taboas y Francisco De Jesús Schuck, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de los recurrentes; López-Lay & Vizcarra, abogados del recurrido René Aponte Caratini; Morán & Rey, abogados de Enrique Campos del Toro.

      Francisco De Jesús Schuck y María del Carmen Taboas, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de los recurrentes American Transit Corp., Milton Koffman y Bárbara Koffman; Carlos A. López Lay, de López Lay & Vizcarra y Manuel A. Moreda, abogados del recurrido René Aponte Caratini; José A. Rey, de Moran & Rey, abogado de Enrique Campos del Toro.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos plantea el derecho del acreedor hipotecario —aun habiendo pactado la limitación de la responsabilidad del deudor al inmueble objeto de gravamen— a perseguir otros bienes del obligado hasta resarcirse del balance de débito impagado.

Mediante escritura Núm. 2 otorgada en San Juan el 5 enero, 1973 ante el notario Lie. Edward M. Borges, la cor-poración San Jerónimo Hotel por su Presidente, el recu-rrido Aponte Caratini, constituyó hipoteca sobre el inmue-ble de igual nombre dedicado a hotel de turismo, en garantía de pagaré por la suma principal de $7,000,000 que le prestó Empire Life Insurance Co., a vencer el 5 enero, 1976. Tanto en el pagaré como en la hipoteca pactaron pres-tamista y prestatario la limitación de la resonsabilidad del deudor a la finca hipotecada consignada en la siguiente cláusula:

Veintiséis: Exoneración
El prestatario y su acreedor expresamente convienen en que el pagaré y la hipoteca que lo asegura se emiten por el deudor y se toman por el acreedor bajo un claro entendido y acuerdo de que el prestatario jamás será personalmente responsable por suma alguna por razón de haber emitido y entregado el referido pagaré y la hipoteca que los [sfc] garan-tiza, o por incumplimiento con los términos y condiciones a que están sujetos dichos pagaré e hipoteca, habiéndose acor-dado por prestatario y acreedor que los derechos y obliga-ciones de uno y otro, o de sus sucesores o cesionarios o de cualquier otra persona que por cualquier medio adquiera título o derecho —por causa y consideración— sobre los refe-ridos pagaré e hipoteca, quedarán limitados a la propiedad inmueble objeto de esta escritura de hipoteca que garantiza el citado pagaré; y el prestatario no será personalmente respon-sable del pago de suma alguna a persona alguna, por razón de haber otorgado, emitido o entregado los dichos pagaré e hipoteca. (Traducción del inglés.)

El mismo día 5 enero, 1973 San Jerónimo Hotel Corp. vendió el hotel a Milton y Barbara Koffman y a American Transit Corp., quienes en pago de prestaciones otorgaron y entregaron un pagaré por $500,000 a su vendedora, en el cual así como en la escritura de compraventa e hipoteca se incorporó el mismo pacto de limitación de responsabilidad arriba transcrito. Dicho pagaré fue cedido al recurrido Campos del Toro en pago de préstamo que facilitó a Aponte Caratini cuando éste licitaba en la subasta del referido hotel. En una tercera operación del mismo día, los recu-rrentes esposos Koffman y American Transit Corp. garan-tizaron con hipoteca sobre el mismo inmueble un pagaré por $1,500,000, representativo del préstamo por ellos tomado, de Aponte Caratini. La escritura de constitución del crédito hipotecario también contiene la transcrita cláusula 26 de concreción de responsabilidad de los presta-tarios al inmueble afecto a la hipoteca.

Luego, el 31 agosto, 1973 Koffman y American Transit Corp. suscribieron un tercer pagaré por $500,000 a favor de Aponte Caratini, que garantizaron con hipoteca —como las anteriores, de responsabilidad limitada— sobre el mismo edificio.

La acreedora Empire Life Insurance Co. ejecutó su hipo-teca de $7,000,000 de primer rango que fue realizada en subasta pública y fue adjudicado el inmueble a dicha acree-dora; y en consecuencia, fueron cancelados los créditos pos-teriores de Campos del Toro y Aponte Caratini. Ambos instaron acciones en cobro de sus acreencias barridas del Registro, admitiéndose por los deudores recurrentes la exis-tencia de los pagarés y su falta de pago, mas oponiendo como defensa única el pacto mediante el cual su acreedor renunció la garantía patrimonial universal del Art. 1811 C.C. y aceptó la limitación al inmueble hipotecado de la responsabilidad de sus deudores. La sala de instancia resolvió que dicha convención restrictiva de responsabilidad del deudor es nula por contravenir la obligación básica y garantía genérica del citado Art. 1811, y por admitirse dicho pacto únicamente por autorización legislativa especí-fica que no existía a la fecha de contratación, y sobre la cual no hubo expresión legislativa hasta aprobarse la Ley Hipotecaria de 8 agosto de 1979, que declaró en su Art. 184:

Limitación de la obligación a bienes hipotecados.
No obstante lo dispuesto en la see. 2552 de este título, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.
En este caso la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán li-mitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor.
Cuando la hipoteca así constituida afectase a dos o más fin-cas y el valor de alguna de ellas no cubriese la parte del crédito de que responda, podrá el acreedor repetir por la diferencia exclusivamente contra las demás fincas hipoteca-das, en la forma y con las limitaciones establecidas en la see. 2568 de este título. 30 L.P.R.A. see. 2603.

Bajo esa premisa la Sala de San Juan estimó las deman-das de estos acreedores posteriores y condenó a los deman-dados recurrentes a pagar principal, intereses y 10% de la deuda en compensación de honorarios de abogado. El 22 enero, 1982 expedimos el auto de revisión y, considerados los alegatos y memoranda de las partes, resolvemos.

El Art. 1811 C.C. nunca ha sido monolito imperturbable asentado sobre una autonomía contractual en busca de nuevas formas de atenuar el rigor de las obligaciones patrimoniales. Le ha tocado convivir y contemporizar con el Art. 1207 C.C. fuente de amplísima licencia para convenir todo cuanto no sea contrario a las leyes, a la moral ni al orden público. Los recurridos limitan su ataque al pacto, a su contravención del ordenamiento por faltar autorización legislativa expresa que hiciera excepción a su favor de la norma de responsabilidad universal del deudor. El Código no debe interpretarse como veto a la benignidad del acree-dor. No había necesidad del nuevo Art. 184 para la conven-ción acordada por estos contratantes; su función es más bien declarativa de un recurso de contratación ya admitido en viejos preceptos del Código Civil a que nos remitiremos de inmediato.

La posición de los recurridos y la del juez sentenciador, al propugnar la necesidad de autorización expresa en la Ley para que pueda considerarse lícito el pacto de limitación de responsabilidad personal en la hipoteca, se disuelve al mero contacto con el fundamental principio de libertad de contratación enunciado en el Art. 1207 C.C.: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” El pacto de concreción de responsabilidad —aceptado por ambos recurrentes y por el recurrido Aponte Caratini, tanto en su condición de deudor de Empire Life Insurance Co. como acreedor de Koffman y American Transit Corp.— no es contrario a la ley. A la fecha de su concertación el 5 enero, 1973 nació bajo los auspicios de legalidad del Art. 1760 C.C.: “Los contratos de prenda e hipoteca pueden asegurar toda clase de obligaciones, ya sean puras, ya estén sujetas a condición suspensiva o resolutoria.” Confrontado Roca Sastre con lo que llama “novedad” del Art. 140 que configura la hipoteca de responsabilidad limitada y la garantía universal sobre bienes del deudor, que según el Art. 1811 C.C. ha de responder de las obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, se inclina con Castán y Pérez de Alguer a admitir la licitud del pacto, restarle calidad de primicia y a concederle al nuevo artículo la modesta virtud de eliminar dudas sobre su viabilidad. Señala que la li-mitación de la responsabilidad patrimonial pertenece al campo del Derecho Civil, que admitida la posibilidad de su restricción y la licitud del pacto no es de la incumbencia del Derecho hipotecario ocuparse de un problema que da por resuelto. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., 1979, T. IV, Vol. 1, pág. 397. No ha necesidad de autorización explícita la cuestionada convención entre acreedor y deu-dor, restrictiva de la garantía general de ley, considerando que se produce al amparo de un Código Civil que ya auto-rizaba las limitaciones convencionales a la responsabilidad, concretando a determinados bienes la acción de los acree-dores, dejando libre el resto del patrimonio del deudor, de cuya reserva moderadora que es también excepción legis-lada a la universalidad del Art. 1811, son ejemplos salientes: (a) la sustracción de determinados bienes a la responsabilidad del deudor por disposición del Art. 1707 C.C. que dice: “El que constituye a título gratuito una renta sobre sus bienes, puede disponer al tiempo del otorgamiento que no estará sujeta dicha renta a embargo por obligaciones del pensionista”, 31 L.P.R.A. see. 4796; (b) la liquidación anticipada de daños en la cláusula penal que autoriza el Art. 1106 C.C., en sí la pacción de límite máximo al im-porte de la indemnización por incumplimiento obligacional; (c) concreción de la obligación del heredero a beneficio de inventario, por disposición del Art. 977, inciso 1 C.C., al pago de deudas hasta donde alcancen los bienes de la heren-cia; (d) la exención de hogar seguro, 31 L.P.R.A. sees. 1851-1856; y (e) las exenciones de embargo y ejecución de aque-llos bienes precisos para subsistencia de la familia, 32 L.P.R.A. see. 1130. Así de vigorosa la presencia en el Código del recurso a la limitación de la responsabilidad del deudor, complementada por la amplia licencia contractual del Art. 1760 para asegurar con hipoteca toda clase de obliga-ciones, es ineludible la conclusión de que no era necesario el Art. 184 incorporado a nuestra Ley Hipotecaria de 1979 para facilitar la limitación mediante pacto de la responsabi-lidad del deudor al valor realizado del bien ofrecido y acep-tado en garantía. Parte esencial del ius disponendi del acreedor es su libertad para escoger la garantía de su crédito en lo relativo al valor del inmueble y al rango de su acreencia. En el campo del comercio hay elementos imponderables y aleatorios capaces de tornar un pacto lícito en un mal negocio.

Que la supresión del ejercicio de la acción personal y la renuncia por el acreedor hipotecario al déficit resultante de la ejecución, no son innovaciones instituidas por el Art. 184 de la Ley Hipotecaria de 1979, es conclusión forzosa indu-cida por la preexistencia en nuestro ordenamiento jurídico de los preceptos antes aludidos; y como sostiene M. Nin y Abarca, “sin necesidad del nuevo texto, nada impedía al acreedor hipotecario renunciar a priori a la acción personal contra su deudor ni cond[o]narle a posteriori el remanente del importe no satisfecho otorgándole carta de pago por la totalidad del crédito, como señala el artículo 1.872 del Código civil [Art. 1771 P.R.] para los casos de adjudicación de la prenda. Si tenemos en cuenta la regla de Derecho que dice: ‘se entiende permitido lo que no está prohibido’, hay que convenir que el segundo párrafo del artículo 138 [Art. 184 P.R.] es simplemente enunciativo y recordatorio”. La Hipoteca de Responsabilidad Limitada, 20 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario 292, 296 (1947).

Como complemento de suficiente afirmación habilitadora en la anterior ley, del pacto de limitación de responsabilidad en la hipoteca, puede aducirse en abono a su validez la total ausencia de prohibición del mismo. Refiriéndose a la amplitud de la iniciativa contractual en la declaración del Art. 1861 C.C. (Art. 1760 P.R.) al efecto de que la hipoteca puede asegurar toda clase de obligaciones, puras o condicionales, señala Manresa como condición única, que la obligación sea lícita y no esté prohibida por la ley. Recoge así la norma del Art. 1207 C.C. que no impone más barreras a la autonomía de la voluntad que la ley, la moral y el orden público, y mientras sus convenciones se ajusten a dicho principio, “[l]as personas pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente en sus negocios y obras . . Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 87 D.P.R. 775, 781 (1963).

La hipoteca, privada por pacto de los contratantes de la responsabilidad patrimonial genérica, tiene para de la Rica Arenal una figura similar a la hipoteca independiente que, al desligarse de la obligación personal, deja de ser accesoria y se convierte en un ente jurídico dotado de autonomía. Transmitida la finca bien por negocio oneroso, bien por con-secuencia de ejecución instada por otro acreedor, queda el primitivo deudor completamente liberado. Al segundo acreedor hipotecario, barrido del Registro por el remate de una hipoteca preferente, le es de todo punto imposible el ejercicio de la acción personal. En la hipoteca autónoma de responsabilidad limitada, muere la obligación al nacer la hipoteca. Roca Sastre destaca como figura resultante del pacto de concreción de la responsabilidad personal a la finca hipotecada un débito personal tan pegado o adherido al gravamen hipotecario, que viene a ser un simple acceso-rio de éste (y viceversa), pues le sigue donde aquél vaya a parar en las sucesivas transmisiones de la finca gravada. Así el débito personal parece quedar tan diluido o subsu-mido en la entraña misma del gravamen, que la extinción de la hipoteca por la realización del valor en cambio de la cosa gravada, efectuada en méritos de la ejecución hipote-caria, provoca también la extinción del débito personal co-rrespondiente, aunque no se haya cubierto el importe de la obligación garantida.

La sentencia revisada será revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Aso-ciados Señores Dávila y Torres Rigual intervienen por regla de necesidad para constituir quorum; los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López se inhibieron.

-0-

RESOLUCIÓN

EN RECONSIDERACIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 1982

A la moción de reconsideración del demandante recu-rrido René Aponte Caratini, presentada el 4 de noviembre de 1982, y del demandante recurrido Enrique Campos del Toro, hoy su sucesión, presentada el 12 de noviembre de 1982, no ha lugar.

En cuanto al aspecto jurisdiccional del que nos ocupamos en el escolio núm. 2 de nuestra opinión, valga aclarar que el requisito de notificación mediante correo certificado a que se refiere la Regla 53.3 de Procedimiento Civil no es lo determinante de nuestra jurisdicción. Insular Feed Corp. v. Díaz, 99 D.P.R. 145, 149 (1970). Lo determinante es que la notificación se haga “dentro del término” para solicitar la revisión. Regla 53.3. Dicha notificación se perfecciona si se hace por correo, “al ser depositada en el correo”. Regla 67.2 de Procedimiento Civil.

El requisito de que, si se hace la notificación por correo se haga por correo certificado, es uno de conveniencia a los fines de establecer cumplidamente y sin lugar a dudas la fecha del depósito en el correo. Ello no quiere decir que por otros medios, igualmente efectivos, no pueda establecerse la fecha de la notificación. Tal es el caso de autos. Independientemente de que no se cumpliera al pie de la letra con el trámite requerido para el envío por correo certificado, es un hecho indisputado que la copia de la petición fue recibida el 9 de diciembre de I^SI Ello es suficiente prueba corroborativa de que se depositó en el correo el día 7 de diciembre, fecha en que se cumplía el término para la presentación del recurso. Tomamos conocimiento judicial de que dos días, y a veces tres, es el período que por lo general se toma el servicio de correos en el trámite de entregar una pieza de correspondencia, a partir de su depósito en una estación u oficina postal.

En cuanto al aspecto de la hora, resolvimos en Tim Mfg. Co. v. Shelley Enterprises, Inc., 107 D.P.R. 530, 533 (1978), que “. . . el trigésimo o último día hábil para presentar en la Secretaría del Tribunal la solicitud de revisión termina a las 5:00 p.m. en que a tenor de la Regla 8(a) del Reglamento del Tribunal se cierra la oficina del Secretario”. Ello no significa que la notificación al abogado de la parte contraria tenga que hacerse antes de esa hora. Nuevamente, se trata de una medida de conveniencia. Es en la Secretaría de este Tribunal donde se deben presentar las peticiones de revisión, y nuestra Secretaría cierra a las 5:00 p.m. La notificación al abogado puede hacerse a cualquier hora antes de la medianoche del último día hábil para la presentación de la petición. Si se utiliza el correo, debe quedar claro, sin lugar a dudas, que el depósito se hace antes de la medianoche del último día hábil. En este caso estamos plenamente convencidos de que así se hizo y, por tanto, tenemos jurisdicción.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López se inhibieron.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

       Art. 1811: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor, con todos sus bienes presentes y futuros”. El Art. 156 de la Ley Hipotecaria de 1979 instruye que la hipoteca no alterará la responsabilidad personal del deudor que establece dicho Art. 1811 C.C., mas elimina expresamente tal prohibición al reconocer en su Art. 184 el pacto de limitación de responsabilidad.

       Comprobada la notificación en tiempo del recurso por la vía postal a los demandantes-recurridos, cuestión reglada que no afecta nuestra jurisdicción, carece de méritos la moción para desestimar la solicitud de revisión.

       Los preceptos del Código Civil reguladores de los contratos, serán aplica-bles a la hipoteca cuando al contrato deba su existencia, cuando nazca de la con-vención de las partes. J. Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1930, T. 4, pág. 186.

       Criterio ratificado por Marín Pérez en su monografía La Hipoteca de Responsabilidad Limitada, 178 Rev. Gen. Legislación y Jurisprudencia 422, 425-426 (1945).

       El mismo tenor de autonomía de los contratantes para diseñar el tipo de garantía toma relieve en el Art. 144 de la Ley Hipotecaria de 1893 (hoy Art. 187, Ley Hipotecaria, 1979) que disponía:
      “Todo hecho o convenio entre las partes que pueda modificar o destruir la eficacia de una obligación hipotecaria anterior, como el pago, la compensación, la espera, el pacto o promesa de no pedir la novación del contrato primitivo y la transacción o compromiso, no surtirá efecto contra tercero como no se haga cons-tar en el registro por medio de una inscripción nueva, de una cancelación total o parcial, o de una nota marginal, según los casos.” 30 L.P.R.A. see. 257.
      Sobre la innecesidad de la autorización expresa introducida por el Art. 138 de la Ley Hipotecaria española (equivalente al 184 P.R.) comenta Marín Pérez: “Estimamos que la figura jurídica del art. 138 de la ley Hipotecaria era ya admi-tida, aunque no de un modo explícito, por la legalidad anterior a la reforma. Basta para darnos cuenta de ello con analizar el contenido de los arts. 110 y 144 de la ley Hipotecaria [el mismo 144 de nuestra Ley de 1893] para comprender cómo, me-diante pacto, se podía limitar la responsabilidad en la forma que determina el párrafo segundo del nuevo art. 138.” Marín Pérez, op. cit., págs. 456-457.
      Roca Sastre evoluciona en su criterio hasta lo categórico:
      “... [SJolamente puede admitirse dicha concreción de la responsabilidad personal por vía de convención o pacto de limitación de la responsabilidad. Admitidos como lícitos estos pactos, es evidente que ya antes de la reforma podía llegarse al mismo resultado. Pero, aunque esto reste novedad al precepto nuevo, con todo, éste tiene la utilidad de evitar dudas, por lo que su formulación es digna de encomio, sobre todo teniendo en cuenta que dicha concreción nace del pacto, a diferencia de Cuba en que es preceptiva.” La Nueva Ley de Reforma Hipotecaria, 177 Rev. Gen. Legislación y Jurisprudencia 257, 320 (1945).

        Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. 12, pág. 538.

       De la Rica Arenal, La obligación personal y la responsabilidad real en las nuevas modalidades de hipoteca, 4 Anales de la Academia Matritense del Nota-riado 281, 304 y ss. (1948).

      Nin y Abarca, op. cit., pág. 308.

      Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., 1979, T. IV, Yol. 1, págs. 404-406.

       Nuestra decisión emitida en Universal Leasing, Inc. v. Chris Craft Corp., Núm. R-81-155, es distinguible, pues en dicho caso la notificación de la petición fue recibida por la parte recurrida tres semanas después de vencido el término para su presentación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Armando Vélez Pumarejo, acusado y recurrido.

      Número: O-82-414

      Resuelto: 20 de octubre de 1982

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Eric Milán Muñiz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El día 3 de octubre de 1981 y en jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, ocurrió un accidente de tránsito entre dos vehículos de motor, uno con-ducido por el aquí acusado-recurrido, Armando Vélez Pu-marejo, y el otro conducido por Myrna Ramos Moll, quien falleció ese mismo día a consecuencia de las heridas reci-bidas en dicho accidente. Con motivo del mismo se radi-caron tres (3) denuncias contra el mencionado señor Vélez Pumarejo: la primera de ellas, por una supuesta infracción del Art. 87 del Código Penal de Puerto Rico (delito grave); la segunda, por supuestamente estar conduciendo, al mo-mento del accidente, bajo los efectos de bebidas embria-gantes —infracción de la Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico; y la tercera y última denuncia por alegadamente conducir un vehículo de motor sin estar debidamente autorizado para ello —infracción de la See. 3-301 de la referida Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

Señalada la vista preliminar en relación con el delito por la supuesta infracción del Art. 87 del Código Penal, el imputado personalmente y por conducto de su abogado renunció por escrito a la celebración de la referida vista, por lo que el Tribunal de Distrito, Sala de Aguadilla, auto-rizó al Ministerio Fiscal a radicar contra Vélez Pumarejo la correspondiente acusación ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla. El Ministerio Fiscal igual-mente radicó acusación por las dos antes mencionadas supuestas infracciones de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico ante el referido Tribunal Superior, cele-brándose el acto de lectura de acusación en cuanto a todas y cada una de ellas.

Con posterioridad a dicho día, y antes de la celebración del correspondiente proceso, el Ministerio Público radicó una acusación enmendada en cuanto al Art. 87 del Código Penal de Puerto Rico. Dicha acusación enmendada, en lo pertinente, lee como sigue:

El referido imputado de delito, ARMANDO VELEZ PUMAREJO, allá en o para el día 3 de octubre de 1981, a las 6:50 a.m., en la Carr. 459, del kilómetro 2.4 de Aguadilla, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla; ilegal, volunta-ria, maliciosa y criminalmente y en ocasión en que manejaba un vehículo de motor marca Chevrolet, modelo 1974, tablilla número 13-A-887, que es un vehículo de motor, lo hacía en estado de embriaguez y sin estar autorizado por el Departa-mento de Obras Públicas, División de Vehículos de Motor, por la Carretera 459, que es una zona residencial, en Aguadilla, Puerto Rico, sin tener en cuenta el ancho, uso y condiciones y tránsito de la carretera por la cual conducía y por la falta de circunspección o impericia en el manejo del vehículo, con ne-gligencia crasa y temeraria le invadió el carril al vehículo marca CHEVROLET, modelo 1980, tablilla 52-G-393, conducido por MYRNA RAMOS MOLL, a quien impactó, producién-dole allí heridas a la conductora MYRNA RAMOS MOLL, que fueron la causa directa de su muerte ocurrida el día 3 de octubre de 1981. (Énfasis suplido.)

Dicha acusación enmendada lee exactamente igual que la acusación que originalmente se radicara excepto que se le adicionó la frase de que: .. lo hacía en estado de embria-guez y sin estar autorizado por el Departamento de Obras Públicas, División de Vehículos de Motor....”

El tribunal de instancia señaló un nuevo acto de lectura de acusación en cuanto a la acusación así enmendada. En dicho día, y posteriormente por moción escrita, el represen-tante legal del imputado objetó dicha enmienda y solicitó del tribunal de instancia la devolución del caso al Tribunal de Distrito para la celebración de una nueva vista preli-minar. En la moción por escrito que radicara alegó, en lo pertinente, como fundamento de su solicitud lo siguiente:

4. Que en este caso específico no se trata de una enmienda de forma y hasta podríamos decir que no se trata de la subsa-nación de un defecto sustancial toda vez que lo que se está haciendo es introduciendo un nuevo elemento que requeriría una determinación especial en vista preliminar. La determi-nación de si existe o no existe este elemento de embriaguez podría ser razón para determinarse si se trata de un delito grave o de un delito menos grave.

Habiéndose opuesto a ello el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, me-diante resolución al efecto de fecha 14 de junio de 1982 resolvió que le asistía la razón a la defensa y en su conse-cuencia ordenó . . que la presente causa criminal sea archivada sin perjuicio que se pueda celebrar la correspon-diente vista preliminar solicitada por el acusado”. Como fundamentos de dicha decisión el citado tribunal expresó que:

Nada hay en las Reglas de Procedimiento Criminal que impida la celebración de una vista preliminar una vez radi-cada la acusación enmendada. La renuncia que hizo el acu-sado de una vista preliminar fue con anterioridad a la enmienda, por lo cual al radicarse una acusación enmendada cae bajo la sana discreción del Tribunal ordenar la cele-bración de una vista preliminar.
Al acusado lo ampara la presunción de inocencia y con ella el disfrute de todos los derechos procesales que proveen las Reglas de Procedimiento Criminal y la ley.
En nada se afecta el caso del Pueblo por el hecho de que el acusado, al radicársele una acusación enmendada, tenga el beneficio de la celebración de una vista preliminar.

Acudió ante nos el Procurador General de Puerto Rico en solicitud de que revoquemos la referida resolución por ser la misma improcedente en Derecho. Con fecha de 22 de julio de 1982 emitimos una resolución mediante la cual le concedimos al imputado Vélez Pumarejo el término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía ser revocada la resolución emitida por el tribunal de instancia.

El imputado ha comparecido. Alega, en síntesis, que la enmienda a los efectos de que el acusado conducía en estado de embriaguez . . no se trata de un defecto de forma ni sustancial, se trata de un agravante que nada tiene que ver en sí con los elementos de el delito de homicidio involuntario y por el contrario resulta ser un elemento adicional que debe ser evaluado bajo los criterios de Pueblo v. Figueroa Castro en la vista preliminar”.

De entrada es de rigor señalar que nada hay en nuestro sistema de Derecho que impida que, en un caso como en el presente, el Ministerio Público en el descargo de sus respon-sabilidades como representante de El Pueblo de Puerto Rico en los procesos criminales radique una acusación contra el imputado en cuestión por una supuesta infracción de la See. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico (guiar bajo los efectos de bebidas embriagantes) y que alegue, en la acusación que radique en relación con el acci-dente en sí, que el imputado conducía el vehículo, al momento del accidente, bajo los efectos de bebidas embria-gantes. Véanse: Pueblo v. López Carrillo, 101 D.P.R. 259 (1973); y Pueblo v. López Vera, 101 D.P.R. 37 (1973).

Al imputado Vélez Pumarejo se le imputa una infrac-ción del Art. 87 del Código Penal de Puerto Rico. Dicho ar-tículo estatuye que:

Cuando en la muerte ocasionada por una persona al con-ducir un vehículo de motor mediare imprudencia crasa o temeraria, se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
La imprudencia crasa o temeraria es aquella de tal natu-raleza que demuestre un absoluto menosprecio de la segu-ridad de los demás bajo circunstancias que probablemente produzcan daños a éstos y no significa una mera falta de cui-dado.

Como podemos notar, dicha sección de ley, a diferencia del Art. 86 del referido Código, establece un delito grave, razón por la cual se tiene derecho a la celebración de una vista preliminar, la cual, como sabemos, puede ser renun-ciada por el imputado, siempre que dicha renuncia sea voluntaria e inteligente.

Hemos resuelto que “Los delitos declarados por los Arts. 86 y 87 del Código Penal comparten un elemento común de negligencia criminal y los diferencia el grado o intensidad de esa negligencia que es cuestión a estimar exclusivamente por el jurado juzgador de los hechos”. Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237, 243 (1976).

En el presente caso el Ministerio Público le imputó, ori-ginalmente en la denuncia, al señor Vélez Pumarejo como actos ilegales constitutivos de esa “imprudencia crasa o temeraria” requerida por el citado Art. 87, el que manejaba el vehículo “. . . sin tener en cuenta el ancho, uso y condi-ciones y tránsito de la carretera por la cual conducía ...”, la cual forma o manera de conducir está prohibida por la See. 5-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico; el que lo hacía con “... falta de circunspección o impericia”, lo cual está prohibido por la Sec. 5-201 y la See. 5-1002(3) de la citada Ley; y por último, el que “invadió el carril” del otro vehículo involucrado en el accidente, lo cual está prohibido por la Sec. 5-304 de la Ley. Véase a esos efectos: Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966).

El Ministerio Fiscal venía obligado a desfilar en una vista preliminar ante un señor magistrado aquella prueba que entendiera suficiente en derecho para convencer a ese magistrado que existía causa probable para radicar una acusación formal y someter al señor Vélez Pumarejo a un proceso criminal por el delito imputado. Este último tenía el derecho a contrainterrogar a los testigos presentados por el fiscal y hasta, si así lo entendía conveniente, presentar prueba de defensa para demostrar lo contrario.

Sabido es que “El propósito evidente de la vista preli-minar es evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal. La vista brinda la oportunidad para que el ministerio fiscal demuestre que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona ante el juez instructor lo cometió”. Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970); y que “El fiscal no viene obligado a pre-sentar en una vista preliminar toda la prueba de que dis-pone para establecer en su día la culpabilidad del acusado. Le basta con presentar aquella prueba que convenza al magistrado ante quien se celebra la vista de que se ha cometido un delito y de que hay causa probable para creer que el acusado lo cometió”. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974).

El imputado Vélez Pumarejo, asistido por su abogado, y por las razones que fuera, renunció a todo ello; voluntaria e inteligentemente ejerció una de las opciones que establece la Regla 23 de las de Procedimiento Criminal y renunció a la celebración de la vista preliminar a que tenía derecho por ley, liberando de esa forma al Ministerio Público de su obligación de presentar y/o demostrar la existencia de causa probable para así poder radicar una acusación formal contra éste; en otras palabras, el imputado Vélez Pumarejo consintió que se le radicara una acusación por el delito grave que se le imputaba.

Radicada la correspondiente acusación por una supuesta infracción del Art. 87 del Código Penal de Puerto Rico, y habiéndose ya celebrado el acto de lectura de acusación, el Ministerio Público entendió que debía fortalecer su caso agregándole a la acusación ya radicada un “acto ilegal” adi-cional supuestamente cometido por el imputado Vélez Pumarejo, a saber: el que conducía el vehículo, al momento del accidente, bajo los efectos de bebidas embriagantes, hecho que no debió constituir sorpresa para el señor Vélez Pumarejo y su representación legal, por cuanto ya el Minis-terio Fiscal había radicado una acusación separada en donde le imputaba la supuesta comisión de dicho delito.

El propio acusado-recurrido acepta, como hemos visto, que la enmienda realizada “no se trata de la subsa-nación de un defecto sustancial” de la acusación original. Ello, naturalmente, es así, ya que la acusación que origi-nalmente se radicara aducía hechos constitutivos de causa de acción en cuanto al delito imputado, por cuanto el con-ducir un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes obviamente no es un elemento indispensable del delito por infracción del Art. 87 del Código Penal de Puerto Rico.

¿Qué es, entonces? Simplemente se trata, como dijéra-mos anteriormente, de la alegación por parte del Ministerio Fiscal de un supuesto acto ilegal adicional con el propósito de convencer al juzgador de los hechos —el juez o el Jurado, según sea el caso— más allá de duda razonable de que el imputado es culpable de “imprudencia crasa o temeraria”.

Ello, sin embargo, no justifica ni acarrea la celebración de una nueva vista preliminar. En el presente caso se señaló una vista preliminar; el imputado voluntaria e inteligente-mente renunció a la misma; por lo tanto, hubo una válida determinación de causa probable. La eficacia de dicha determinación no queda menoscabada por hechos, como los presentes, posteriores a la misma. Pueblo v. López Camacho, supra, pág. 702. El Ministerio Público puede “... presentar durante el juicio la misma prueba que ofreció durante la vista preliminar, prueba adicional, y aun prueba distinta”. Pueblo v. Figueroa Castro, supra, pág. 284.

Ninguno de los fundamentos aducidos por el tribunal de instancia en apoyo de su decisión justifica la misma. El mero hecho de que nada haya en las Reglas de Procedi-miento Criminal que impida la celebración de una nueva vista preliminar por razón de haberse enmendado la acu-sación no quiere necesariamente decir que ello sea proce-dente en Derecho. El Pueblo de Puerto Rico sí se afectaría por ello; la sociedad en general tiene el derecho a que se determine a la brevedad posible la responsabilidad criminal, si alguna, de las personas acusadas de delitos. Nada hay en nuestro ordenamiento jurídico que impida que la inocencia o culpabilidad de un imputado de delito sea deci-dida rápidamente con la garantía, al mismo tiempo, de todos sus derechos constitucionales. En otras palabras, el derecho a un juicio rápido e imparcial no sólo es del impu-tado; la sociedad también tiene derecho a que no ocurran dilaciones innecesarias en los procesos criminales. Los tribunales de instancia deben velar porque así sea.

Por las razones antes expresadas se expide el auto y se dictará sentencia en que se revoque la resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, de fecha lk de junio de 1982, y en su consecuencia se reinstala la acusación radicada contra Armando Vélez Pumarejo por una supuesta infracción del Art. 87 del Código Penal de Puerto Rico, Caso Criminal Número G-81-385.

      La denuncia, en lo pertinente, expresa que: “El referido acusado, ARMANDO VELEZ PUMAREJO, allí y entonces, ilegal, voluntaria y criminal-mente y en ocasión en que manejaba un vehículo de motor marea Chevrolet, modelo 1974, tablilla 13-A-887, que es un vehículo de motor, lo hacía por la carre-tera 459, que es una zona residencial en Aguadilla Puerto Rico, sin tener en cuenta el ancho, uso y tránsito y las condiciones de la carretera por la cual con-ducía y por la falta de circunspección o impericia en el manejo del vehículo, con negligencia crasa y temeraria le invadió el carril al vehículo marca Chevrolet, modelo 1980, tablilla 52-G-393, conducido por Myrna Ramos Moll, a quien impactó, produciéndole allí heridas a la conductora Myrna Ramos Moll, que fueron la causa directa de su muerte ocurrida el día 3 de octubre de 1981.”

       Hoy día ambos delitos —tanto el de infracción de la Sec. 3-301 como el de la infracción de la Sec. 5-801— son de jurisdicción del Tribunal de Distrito, por lo que al radicarse la acusación ante el Tribunal Superior el imputado tiene derecho a juicio por Jurado. Véase Regla 111 de las de Procedimiento Criminal.

       102 D.P.R. 279 (1974).

       Aun en el supuesto de que así fuera, no procede la celebración de una nueva vista preliminar. Véase Regla 38 de las de Procedimiento Criminal.


text:
    Francisco Andrés Ramos Acosta y Otros, demandantes y recurrentes, v. Caparra Dairy, Inc. y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-81-383

      Resuelto: 20 de octubre de 1982

      Francisco Ponsa Feliú, abogado de los recurrentes; José A. Rivera Mercado, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 25 de febrero de 1978, ocurrió un accidente de tránsito en la calle U de la Urb. Ciudad Universitaria, de Río Piedras, Puerto Rico, en el cual murió un niño de seis años y ocho meses de edad, de nombre Francisco Andrés Ramos Jiménez, al ser arrollado por un camión de repartir leche, perteneciente a la co-demandada Caparra Dairy, Inc., el cual era conducido por Juan Reyes Guzmán, quien, al momento del accidente, se encontraba en funciones de su empleo como vendedor-repartidor de la referida Caparra Dairy, Inc. Se entabló la correspondiente demanda de daños y perjuicios, en donde figuran como demandantes el padre y la madre del menor fallecido y dos hermanos de padre de este último.

• Celebrada la vista del caso en sus méritos, el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, dictó sentencia, mediante la cual declaró sin lugar la demanda radicada. La parte demandante recurrió ante este Tribunal en solicitud de revisión, imputándole al tribunal de instan-cia la supuesta comisión de cinco (5) errores. Decidimos re-visar mediante resolución al efecto, del 15 de octubre de 1981.

En vista del resultado a que llegamos, entendemos procedente destacar que el resumen de la prueba que hacemos a continuación —sobre el aspecto de si hubo o no negligencia— surge de la exposición narrativa de la prueba aprobada por el tribunal de instancia, que preparara la propia parte demandada-recurrida.

Para el sábado, 25 de febrero de 1978, ya hacía como siete a ocho años que Juan Reyes Guzmán trabajaba con la compañía Caparra Dairy, Inc. como vendedor-repartidor de leche. Ese día había comenzado sus labores regulares como a las 3:30 de la madrugada y como a eso de las 10:15 a 10:30 de la mañana se encontraba ya en la Calle U de la Urbani-zación Ciudad Universitaria, próximo a realizar su última entrega de leche del día en la casa del Ledo. Héctor Varela Riestra, ruta y vecindario que conocía bien, ya que llevaba algún tiempo en dicha ruta. Juan, antes de ese día, había podido observar niños que jugaban en velocípedos y “auto-motocicletas” en las calles de dicha urbanización. El 25 de febrero de 1978, a pesar de ser un día sábado, en que los niños regularmente no tienen que ir a la escuela, no vio a ningún niño en la calle cerca de la residencia del licenciado Varela. Al llegar a la citada residencia, Juan “.. . estacionó el vehículo en dirección hacia el centro de la carretera, no alineado a la acera [debido a que así podía sacar] la leche haciendo juego con la marquesina del señor Varela . . . dejó el camión ‘prendido’, porque como estaba caminando todo el tiempo, si se apaga, después no prende”. Juan se bajó del camión —no la guagua de repartir leche que estamos acos-tumbrados a ver— “por la parte donde se encuentra el guía, a la parte de atrás, de donde sacó los litros de leche”. Ter-minada la transacción comercial en la casa del licenciado Varela, Juan “se dirigió al truck, por la parte trasera, llegó hasta el guía, quitó la emergencia, puso el cambio y avanzó; no había nada al frente que le obstruyese la visión, pues donde se sienta en el camión se ve hacia el frente”. (Énfasis suplido.) Aceptó Juan, en el juicio celebrado, que si hubiera habido un niño sentado en la calle al frente del camión no lo hubiera visto; no obstante ello, Juan “puso el camión en un cambio, en primera por ser más potente; pero no había nece-sidad de mover el guía, porque ya estaba apuntando hacia la carretera; salió lentamente, arrancó y casi inmediatamente oyó un ruido .... El camión caminó casi el largo del truck antes de sentir el ruido. (Las partes estipularon que eran algunos 25 a 30 pies)”. (Énfasis suplido.) Después de oír el ruido, Juan detuvo el camión de inmediato, se bajó del mismo “por la puerta del guía, caminó hacia atrás del camión porque de ahí provenid el ruido, por el lado del guía no había nada; y cuando fue al otro lado, encontró al niño, pegado en las guaretas traseras derechas del camión, frente a las guaretas”. (Énfasis suplido.) Le fue imposible a Juan explicar durante el juicio cómo, si sólo condujo el camión hacia el frente, podía estar el niño frente a las gomas trase-ras derechas y no detrás de ellas. Al ver Juan al niño, como era de esperar, se afectó, “se puso en un estado crítico”, gritó y llamó al licenciado Varela; éste vino enseguida; no había, al momento del accidente y en los segundos inmedia-tamente posteriores, ninguna otra persona allí.

El niño Francisco Andrés Ramos Jiménez, quien para el 25 de febrero de 1978 contaba seis años y ocho meses de edad y cursaba su primer grado de escuela, había pasado la noche del viernes 24 al sábado 25 de febrero en casa de sus tíos, William y Mary Ruiz, los cuales vivían en la Calle U de Ciudad Universitaria. Su madre, Sonia Jiménez Colón, llegó el sábado a casa de los Ruiz, con el propósito de re-coger a Francisco Andrés, como a eso de las 9:00 de la mañana. Los padres de Francisco Andrés se habían divor-ciado y se acostumbraba que el niño se quedara en casa de sus tíos los viernes por la noche y que la madre lo recogiera el sábado por la mañana. Ya dentro de la casa, la madre de Francisco Andrés comenzó a conversar con su amiga Mary Ruiz, mientras su hijo se entretenía jugando con los tres hijos de los Ruiz, de once, diez y seis años de edad, dentro y fuera de la casa, ya que como la calle era una sin salida, los niños acostumbraban a jugar en la acera; los niños entraban y salían de la casa continuamente; desde el lugar donde se encontraban las dos damas no se podía ver a los niños cuando estaban fuera de la casa. Pasada cerca de una hora, la madre de Francisco Andrés decidió irse, recogió las per-tenencias de éste y, en esos momentos, oyó unos gritos de “un nene, un nene”; salió a la calle, vio a unas personas y un camión de la leche, oyó gritos de niños, vio el cuerpo del niño debajo del camión, frente a las gomas, y que el niño no tenía la mitad de la cabeza, se dio cuenta de que era su hijo, se retiró caminando hacia atrás, vio el “big wheel” del hijo como “pinchado” al frente del camión, entró a la casa; a los tres o cuatro minutos, llamó a su ex-esposo a la oficina; a éste le tomó de cinco a diez minutos en llegar al lugar, porque su oficina no quedaba lejos de allí; cuando vio a su ex-esposo por primera vez, éste tenía la camisa manchada de sangre.

El padre de Francisco Andrés se enteró del accidente cuando estaba en su oficina, por medio de una llamada tele-fónica de su ex-esposa; llegó al lugar en diez o quince minu-tos; al llegar, encontró el cuerpo atropellado de su hijo frente a la goma trasera derecha del camión; vio que estaba muerto, ni siquiera tenía ojos; lo levantó, se lo echó encima, cargándolo, hasta que un señor de la ambulancia se lo pidió, y le entregó el cuerpo de su hijo; pudo apreciar manchas de sangre delante de la goma trasera derecha, desde la cabeza del hijo hasta la goma; también vio un “big wheel” que se encontraba como encajado debajo del “bumper” delantero del camión; sacó el “big wheel” y lo tiró en la marquesina de la casa; un policía que llegó al sitio le preguntó lo que sabía; le explicó lo que había visto y había hecho; el policía le ordenó que pusiera el “big wheel” en el sitio original donde lo había visto por primera vez y así lo hizo.

Herminio Carrasquillo es policía estatal adscrito a la División de Tránsito de la Policía de Puerto Rico; intervino en la investigación del accidente; fue primero al Hospital Municipal donde se encontraba el cadáver del niño; fue al lugar del accidente como a las 11:30 de la mañana; pre-guntó por testigos oculares y no encontró ninguno; vio el camión, pudo observar sangre en la goma trasera del lado derecho al frente de la goma; detrás de la goma vio algo que él identificó como partículas de diente o de pelo, algo así; frente al camión, al llegar, no vio nada; habló allí con el padre del niño y éste le explicó que había movido un “big wheel” del frente del camión a la marquesina; que le ordenó al padre que lo colocara como estaba frente al camión, que éste así lo hizo; al rato llegó el agente Chapman al lugar del accidente. Sometió el caso al fiscal, pero el mismo fue archivado porque no había testigos para acusar al conductor.

Jorge Chapman es agente de la Policía de Puerto Rico, perito en reconstrucción de escenas de crímenes y de acci-dentes. Llegó al lugar del accidente como de 12:30 a 1:00 de la tarde; vio el camión; detrás del camión había lo que se conoce como masa encefálica; que delante de las llantas había una sustancia roja, gelatinosa, llamada sangre; la llanta tenía sangre; que determinó que “el vehículo no había sido movido en riversa [sic\, pues le hubiese molido la cabeza también”; que el niño “fue pillado, no aplastado”', que entiende que el camión “no pasó por encima porque hubiera triturado la cabeza, y que lo que ocurrió fue que lo pilló e hizo una explosión”; que examinó el “big wheel” y que no encontró nada, el mismo estaba intacto y no tenía raspadu-ras, que no relacionaba al “big wheel” con el accidente. (Énfasis suplido.)

La autopsia en el cuerpo de Francisco Andrés fue lle-vada a cabo por un patólogo forense del Instituto de Medi-cina Legal de Puerto Rico. El protocolo de autopsia fue ofrecido y admitido en evidencia. Del mismo surge lo siguiente:

DIAGNÓSTICOS ANATÓMICOS:

1. Aplastamiento cráneo-facial.
2. Aplastamiento torácico que originó:
a). Extensas abrasiones con patrón definido de eviden-cias de paso de una rueda de vehículo de motor.
b). Laceraciones pulmonares izquierdas.
c). Hemotórax izquierdo.
d). Contusión pulmonar derecha. (Énfasis suplido.)

En adición a lo anterior, surge de dicho protocolo de autopsia lo siguiente:

EVIDENCIA DE TRAUMA:

1. Aplastamiento, destrucción y laceración de masa ence-fálica que afecta de manera principal toda la porción lateral izquierda de la cara y cráneo a través de laceraciones en la región frontal y occipital sale masa encefálica y se ve inte-riormente gran cantidad de huesos fracturados. La bóveda izquierda está destruida [sic] y el globo ocular desorbitado.
2. Abrasiones-hematomas en “zig-zag” en disposición para-lela entre sí y disposición vertical, que afecta el cuello, región clavicular y región infraclavicular izquierda típicas de hue-llas dejadas por el paso de una goma de vehículo de motor.
3. Extensa abrasión con evidencia de aplastamiento y huella de patrón dejada en forma de ondulada con abrasión y desaparición de todo el dermis superficial que se extiende desde el cráneo hasta la región renal derecha y afecta parte de la región deltoidea y escápulo-deltoidea izquierda.
4. Abrasión extensa a nivel de la región glútea derecha.
5. Abrasión pequeña a nivel del dorso de la mano y muñeca derechas.
6. Área de abrasión a nivel de la rodilla derecha a cuyo' nivel evidenciamos una mancha negruzca compatible con grasa de vehículo de motor. (Énfasis suplido.)

Ante esa prueba, el tribunal de instancia determinó, como cuestión de hecho, que el accidente ocurrido fue “des-graciado”. Concluyó, en adición, que el conductor había actuado como “un hombre prudente y razonable que no cometió acto alguno por el cual deba responsabilizarse”, ya que nada había “en el área en que ocurrió el accidente, que le pudiera indicar a él la presencia de menores o que le requiriera tomar otras medidas y precauciones que las que tomó...”. Estas conclusiones del tribunal de instancia están predicadas en el hecho de que dicho tribunal dio entero crédito a la declaración del conductor del camión, especial-mente en cuanto a lo referente a que sólo había conducido el camión hacia el frente; “reforzado” dicho testimonio por el del agente Chapman, al cual también le dio crédito el tribunal, a los efectos de que el camión no le “pasó por encima” al menor.

Por último, expresó el tribunal de instancia que la parte demandante en un caso tiene la “obligación de poner al Tribunal en posición de resolver una controversia a su favor, estableciendo los hechos con preponderancia de prue-ba”, y que “[s]i ofreciera una evidencia más débil, pudiendo haber ofrecido una más firme y satisfactoria, la evidencia así presentada [debía] mirarse con sospecha”.

Un examen sereno, desapasionado y minucioso nos convence de que las determinaciones antes señaladas que hiciera el tribunal de instancia no representan el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia que desfilara ante dicho Tribunal y, por lo tanto, las mismas no pueden prevalecer. Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961); Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329 (1964); y Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977).

No somos dados a intervenir con frecuencia con las determinaciones de hecho que hace un tribunal de instan-cia y a sustituir nuestro criterio por el del juzgador ante quien declararon los testigos y quien tuvo la oportunidad de verlos declarar y apreciar su demeanor. Todavía más difícil es así hacerlo cuando, como en el presente caso, estamos conscientes de que el juez de instancia es competente, labo-rioso y responsable. Pero “[e]l arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto. Una apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal”. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978).

El juez de instancia, como dijéramos, determinó que el accidente fue “desgraciado” y que el conductor del camión actuó como “un hombre prudente y razonable que no cometió acto alguno por el cual deba responsabilizarse”, ya que nada había “en el área en que ocurrió el accidente, que le pudiera indicar a él la presencia de menores o que le requiriera tomar otras medidas y precauciones que las que tomó. ..”.

Veamos si ello es correcto: de la propia declaración del conductor del camión surge que estaba familiarizado con la urbanización en que ocurre el accidente, ya que hacía algún tiempo estaba en esa ruta y que, con anterioridad a ese día, había visto niños que jugaban en esa calle en velocípedos y “automotocicletas” —aun cuando en ese día no había visto ninguno— por lo que tenía que estar alerta y pendiente a la posibilidad de que pudieran aparecer niños en dicha calle.

Ante esa situación, ¿qué hace dicho conductor una vez termina la transacción en la casa del licenciado Varela? En palabras de la propia demandada-recurrida: “se dirigió al truck, por la parte trasera, llegó hasta el guía, quitó la emergencia, puso el cambio y avanzó.” Varias de las foto-grafías que fueron presentadas en evidencia demuestran que dicho camión tenía, a ambos lados, un espejo retrovisor de un tamaño imponente. ¿En algún momento de su decla-ración expresa dicho conductor que hizo uso o miró por dichos espejos retrovisores? No, al contrario: dice dicho conductor que “puso el camión en un cambio, en primera por ser más potente, pero no había necesidad de mover el guía, porque ya estaba apuntando hacia la carretera; salió lentamente, arrancó y casi inmediatamente oyó un ruido”. Demostrativo ello de que, en vista de que ni tenía que mover el guía, sólo miró para el frente y arrancó, sin mirar antes hacia los lados.

Hay un hecho del todo incontrovertible: el niño fallecido, en algún momento, se acercó o vino en contacto con el camión y fue arrollado. En qué preciso momento fue que el niño se acercó al camión, es lo que nadie puede precisar, por no haber testigos oculares. Pudo haber sido antes del chófer montarse en el camión; pudo haber sido en el intervalo de tiempo entre el momento del chófer montarse y arrancar el camión; pudo haber sido después que arrancó el camión; sólo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos —por el propio testimonio del chófer— es que nunca miró; si hubiera mirado, quizás se hubiera evitado el accidente, quizás no. Lo cierto es que, poner un camión en movimiento en una urbanización donde usualmente juegan niños en la calle, un sábado, a las diez de la mañana, sin antes mirar a los lados, es un acto constitutivo de negligencia.

Es correcto que Juan Reyes Guzmán, como conductor de un vehículo de motor ese día 25 de febrero de 1978, no era un “garantizador absoluto” de la seguridad de los niños de Ciudad Universitaria; sin embargo, Juan Reyes Guzmán tenía conocimiento de que allí usualmente jugaban niños; ese conocimiento le exigía observar un mayor grado de cui-dado del que observó. Véanse: Álvarez v. Hernández, 74 D.P.R. 493 (1953); Figueroa v. Picó, 69 D.P.R. 401 (1948).

La parte demandante-recurrente vehementemente ar-gumenta ante nos —con el propósito de demostrar un ele-mentó adicional de negligencia— que la determinación del tribunal de instancia, a los efectos de que el conductor sólo manejó el camión “hacia el frente”, es incorrecta —dicha determinación está basada en la declaración del chófer y del agente Chapman— y, en base a los hallazgos de la autopsia, alega que lo que en realidad ocurrió fue que el conductor manejó el camión hacia el frente, sintió un ruido al impac-tar por primera vez al menor, paró y, sin tomar precau-ciones, dio reversa, arrollando nuevamente al niño.

El “perito” Chapman concluye que el camión no había sido movido en reversa, pues de así haber ocurrido “le hubiese molido la cabeza”; que el niño “fue pillado no aplas-tado”; que el camión “no pasó por encima porque hubiera triturado la cabeza, y que lo que ocurrió fue que lo pilló e hizo una explosión”.

Dicha “opinión pericial” se estrella contra los hallazgos que aparecen consignados en el protocolo de la autopsia que le fuera practicada al niño fallecido. Como pudimos notar anteriormente, el patólogo forense que practicó la autopsia certifica, como diagnósticos anatómicos, un aplastamiento cráneo-facial y un aplastamiento torácico con “extensas abrasiones con patrón definido de evidencias de paso de una rueda de vehículo de motor”. Certificó dicho patólogo forense, como “evidencias de trauma”, en síntesis, un “aplastamiento, destrucción y laceración de masa encefálica que afecta de manera principal toda la porción lateral izquierda de la cara y cráneo ... y se ve [internamente] gran cantidad de huesos fracturados. . . . Abrasiones-hematomas en zig-zag . . . que afecta el cuello, región clavicular y región infracla-vicular izquierda típicas de huellas dejadas por el paso de una goma de vehículo de motor. Extensa abrasión con evi-dencia de aplastamiento .. . que se extiende desde el cráneo hasta la región renal derecha y afecta parte de la región deltoidea y escápulo-deltoidea izquierda; y área de abrasión a nivel de la rodilla derecha a cuyo nivel evidenciamos una mancha negruzca compatible con grasa de vehículo de motor”. (Énfasis suplido.)

Todos los testigos en el caso están de acuerdo en un hecho: en que el cuerpo del niño, después de que el camión finalmente se detuvo, quedó al frente de las gomas derechas traseras; o sea, en el lado derecho del camión, entre las gomas traseras derechas y las gomas delanteras derechas. Las fotografías admitidas en evidencia, de hecho, muestran las “huellas de sangre”, aproximadamente como a dos pies de las gomas traseras derechas. Todo ello tiende a indicar, con mayor razón, que en verdad el camión fue movido en reversa, pues como con tanto ahínco alega la parte deman-dante-recurrente ante nos, de haber sido conducido el camión sólo hacia el frente, lo lógico sería que el cuerpo del niño hubiera quedado detrás de las gomas traseras dere-chas y no al frente de ellas.

El problema con dicha inferencia es que realmente no podemos estar seguros de que así ocurrió; no tenemos el monopolio de la verdad y, por lo tanto, entendemos que no podemos determinar de un modo responsable, como cues-tión de hecho, que es cierto que el camión se movió en reversa.

Ello, no obstante, es una indicación adicional de que la determinación del tribunal de instancia de que el accidente fue “desgraciado” y que el conductor del camión actuó como “un hombre prudente y razonable”, no está de acuerdo con el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y, por tanto, la misma no puede prevalecer. Sanabria v. Sucn. González, supra, pág. 995.

En cuanto al señalamiento hecho por el tribunal de instancia, a los efectos de que la prueba presentada por los demandantes debía mirarse con sospecha, por cuanto pu-diendo presentar una evidencia más firme y satisfactoria presentaron una más débil, entendemos que dicho principio fue aplicado erróneamente a la particular situación de hechos que presenta el caso que nos ocupa.

Como dijéramos anteriormente, la parte demandante-recurrente presentó el testimonio oral de siete (7) testigos, incluso el de Juan Reyes Guzmán, chófer del camión, quien es la única persona que, en adición al menor arrollado, se encontraba en el sitio inmediato al momento del acci-dente.

El tribunal de instancia hace el señalamiento antes reseñado, en relación con el hecho de que la parte deman-dante no presentó a los dos agentes de la Policía de Puerto Rico que intervinieron en la investigación del accidente, a pesar de haberlos anunciado como tales, siendo presentados por la parte demandada-recurrida. Entendemos que el tes-timonio del agente Jorge Chapman, en vista de lo expresado anteriormente, es uno de dudosa validez, y que no se puede penalizar a la parte demandante por no haberlo presentado como testigo. En cuanto al testimonio del agente Hermi-nio Carrasquillo, un examen del mismo demuestra que es uno de carácter acumulativo.

Por último, debemos determinar la responsabilidad, si alguna, de la co-demandante Sonia Jiménez Colón en relación con el accidente que dio lugar al presente caso. El tribunal de instancia determinó que: “Si alguien podía anti-cipar un riesgo por la conducta del menor, sólo podía ha-cerlo su señora madre y la Señora Ruíz, con quienes el menor se encontraba minutos antes.”

Respecto a este punto, examinemos de nuevo las circuns-tancias: se trataba de un niño de seis años y ocho meses de edad; era un niño normal en su comportamiento, o sea, no se trataba de un niño “anormalmente” travieso o inquieto; que estaba jugando en compañía de otros niños entre los que se encontraba uno de once años de edad; que la madre, aun cuando desde el sitio en que se encontraba en la casa no podía ver al niño en los momentos en que éste estaba en el exterior, lo vio en varias ocasiones al éste entrar y salir de la casa; que esto ocurrió durante un intervalo de tiempo aproximado de cuarenta y cinco minutos a una hora; y que se trataba de una calle sin salida donde los niños acostum-braban a jugar en la acera.

¿Fue negligente la co-demandante Sonia Jiménez Colón?

Es cierto que en el Puerto Rico en que vivimos hoy día es usual ver niños de corta edad jugando en las aceras —y hasta en las calles— de las muchas áreas residenciales que se han construido en nuestra Isla, en la forma y manera en que jugaba el menor fallecido. Quizás ello se deba a que las residencias que se construyen en estos días, debido a los altos costos, tienen poco terreno donde los niños pueden correr y jugar libres de peligro con los juguetes modernos, tales como los “big wheels”.

El que ello sea usual y corriente, sin embargo, no significa, a nuestra manera de ver las cosas, que una madre permita que esto suceda, sin ejercer un mayor grado de cuidado y supervisión que el que ejerció la co-demandante Sonia Jiménez Colón en el presente caso. Su hijo estuvo sin la supervisión directa de ella por espacio de cuarenta y cinco minutos, aproximadamente. Ello conlleva peligros indescriptibles, pues los niños gozan de una imaginación extraordinaria que los lleva a exponerse a situaciones como la del presente caso. Entendemos que la referida co-demandante fue negligente en un treinta por ciento, el cual sólo es aplicable a ella en particular. Véase: Torres Pérez v. Medina Torres, 113 D.P.R. 72 (1982).

Por las razones antes expresadas, se revoca la sentencia dictada por el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, en el Caso Civil Núm. 80-550, mediante la cual declaró sin lugar la demanda de daños y perjuicios radicada en dicho caso y, en su lugar, se dicta sentencia que declara con lugar la referida demanda. Se devuelve el caso al tribunal de instancia para que éste, conforme la prueba de daños desfilada ante dicho tribunal, determine las sumas de dinero que deben ser concedidas a los demandantes.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

       La parte demandante-recurrente presentó el testimonio oral de: 1- Francisco Andrés Ramos Acosta, padre del menor fallecido; 2- Sonia Jiménez Colón, madre del niño; 3- Ledo. Héctor M. Varela Riestra, vecino del lugar; 4- William Ruiz, tío del niño fallecido; 5- Iván Ramos, hermano del niño fallecido; 6- Migdalia García, ex-esposa del demandante Ramos Acosta y madre de la niña Verónica Ramos, hermana del niño fallecido; y 7- Juan Reyes Guzmán, chófer del camión.
      La parte demandada-recurrida presentó el testimonio oral de los agentes Herminio Carrasquillo y Jorge Chapman, quienes habían sido anunciados como testigos por ambas partes.

       Ello, refiriéndose a la situación de los testigos Herminio Carrasquillo y Jorge Chapman, ambos agentes de la Policía de Puerto Rico que participaron en la investigación del accidente y que, como dijéramos en el escolio núm. 1, habían sido anunciados como testigos por ambas partes, pero que, al no ser utilizados por la parte demandante-recurrente, fueron presentados por la parte demandada-re-currida.

       El chófer, Juan Reyes Guzmán, declaró que, al momento del accidente, pudo observar que no había ninguna otra persona en los alrededores.

       De hecho, la parte recurrente alega, en el recurso radicado ante nos, que el agente Chapman nunca examinó el cadáver del niño y que nunca tuvo ante sí el protocolo de autopsia, hecho que no ha negado la parte recurrida. De ser cierto, ese hecho lo descalificaría para actuar como “perito” en el caso, en relación con las opiniones que emitió^durante el juicio. No hemos tomado en consideración la ale-gación a tales efectos, hecha por la parte recurrente, por ello no surgir oficial-mente de los autos del caso.

       Esa “práctica”, dicho sea de paso, impone a los automovilistas el ejercicio de una mayor precaución en el mundo de hoy día.


author: PER curiam:

text:
    Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ángel S. Feliciano Hernández, acusado y apelante.

      Número: CR-81-26

      Resuelto: 21 de octubre de 1982

      Margarita Carrillo, División de Apelaciones, Sociedad para Asis-tencia Legal, abogada del apelante; Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   PER curiam:

El apelante fue acusado por tentativa de violación, dos infracciones del Art. 105 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4067 (actos lascivos e impúdicos), dos infraccio-nes del Art. 131, 33 L.P.R.A. see. 4172 (restricción de liber-tad agravada) y una infracción del Art. 4 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 414, por hechos ocurridos en la noche del 8 de septiembre de 1980. Desfilada la prueba, el tribunal ordenó la absolución perentoria del acusado en el caso de tentativa de violación. El Jurado lo halló culpable por las infracciones a los Arts. 105 y 131 del Código Penal. El juez llegó a igual conclusión en lo que respecta al Art. 4 de la Ley de Armas.

El Ministerio Público había hecho en esta causa una alegación de habitualidad, fundada en que el acusado había sido convicto y sentenciado anteriormente por el mismo tribunal en otros cuatro casos: G-69-87, violación, senten-ciado a cumplir de uno a cinco años de presidio el 23 de mayo de 1969; causa G-69-123, también por el delito de vio-lación, sentenciado a cumplir de uno a cinco años de presi-dio, el 23 de mayo de 1969; causa G-72-39 por el delito de tentativa de violación técnica, sentenciado el 19 de octubre de 1972 a cumplir de dos a cinco años de presidio; y causa G-72-73 por el delito de violación subsiguiente, sentenciado el 19 de octubre de 1972 a cumplir de tres a siete años de presidio. El tribunal, pasado el juicio, le concedió a la defensa un término para que informase si aceptaba la ale-gación de condenas previas. La defensa expresó que era al Ministerio Público al que le correspondía la obligación de presentar prueba sobre las condenas. El tribunal procedió más tarde a tomar conocimiento judicial de las condenas previas alegadas, las que fueron certificadas por Secretaría, y dispuso que el convicto fuera separado permanentemente de la sociedad mediante reclusión perpetua para trata-miento, hasta tanto se logre su readaptación social. El término mínimo de esa reclusión habría de ser doce años naturales.

El apelante alega que no se probó su culpabilidad más allá de toda duda razonable. El señalamiento es inmerito-rio. La prueba de cargo fue contundente.

N.M.A.V., niña de 13 años de edad, expresó que, al quedarse sin gasolina el carro en que viajaba con unos fami-liares, ella y su amiga E.M.V., que caminaban separadas del grupo, aceptaron montarse en el automóvil del acusado, a quien ella conocía. Declaró que el acusado les explicó que iba a buscar a su esposa, dio muchas vueltas y se detuvo frente a una casita. Allí el acusado cometió, por medio de la fuerza y la intimidación, una serie de actos lascivos con ella y su amiga, sin consumar el acto carnal.

El testimonio de N.M.A.V. fue corroborado por E.M.V., niña de catorce años de edad. Ambas testigos narraron detalladamente todo lo ocurrido. Un hermano de N.M.A.V. declaró que vio cuando el acusado recogía en su automóvil a las perjudicadas. La defensa no presentó prueba testifical.

La prueba de cargo representa base suficiente para el veredicto rendido. Hubo ciertas incongruencias en el testimonio de las niñas, mas sobre hechos no esenciales. Ello no obliga al Jurado a descartar toda la prueba. Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976); Pueblo v. Maysonet Arroyo, 98 D.P.R. 60 (1969).

El apelante también plantea que erró el tribunal de instancia al sentenciar al acusado por los delitos de restric-ción de libertad agravada y actos lascivos e impúdicos, en supuesta contravención a las disposiciones del Art. 63 del Código Penal.

El Art. 63 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3321, dispone que:

Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones pe-nales, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas dis-posiciones pero en ningún caso bajo más de una.
La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera de las demás.

La teoría sobre el concurso de delitos se refiere a la impo-sición de penas múltiples por un mismo acto u omisión. Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977). Es innecesario determinar en el caso de autos la unicidad o diversidad de los actos delictivos envueltos. Lo que el Art. 63 y Meléndez Cartagena proscriben es la imposición de varios castigos por la comisión de un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones. El Art. 63 no prohíbe la acusación y condena en un mismo juicio por varios delitos que surjan del mismo acto u omisión. Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171, 177 (1980); Pueblo v. De la Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977). Aquí se impuso una sola pena: la separación permanente de la sociedad mediante reclusión perpetua, hasta que se logre la readaptación social. No se castigó al acusado con arreglo a más de una disposición penal.

El apelante sostiene, además, que se violaron las disposi-ciones de los Arts. 68 y 69 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 3353 y 3354, al declararse delincuente habitual al acu-sado. Tales disposiciones proveen:

3353. Examen siquiátrico e informes
No podrá imponerse medida de seguridad sin previo exa-men e informe siquiátrico y/o [sic] psicológico de la persona, realizado por siquiatra o sicólogo clínico designado por el Tribunal y un informe social realizado por un Oficial Proba-torio.
Dichos informes, con exclusión de sus fuentes informativas que se declaran confidenciales, le [sic] serán notificados a las partes.
3354. Vistas
Las partes podrán controvertir estos informes, en el cual [aíc] caso se celebrará vista, a la que deberán ser llamados a declarar los autores de dichos informes a solicitud de parte.

La vigencia de estos artículos se ha pospuesto en repeti-das veces. No están hoy en vigor ni lo estaban al momento de sentenciar al acusado apelante (el 14 de abril de 1981). Para el historial legislativo correspondiente, véanse las Leyes Núm. 115 de 22 de julio de 1974 (Art. 284); Núm. 146 de 3 de julio de 1975; Núm. 10 de 1 de diciembre de 1975; Núm. 17 de 21 de julio de 1977; Núm. 76 de 18 de junio de 1979; y la Núm. 8 de 9 de junio de 1981. La Ley Núm. 76 de 18 de junio de 1979 pospuso la vigencia de los Arts. 68 y 69 del Código Penal, entre otros, sin afectar la del Art. 74, referente a la delincuencia habitual, hasta el 22 de julio de 1981. Esta fecha de vigencia se extendió luego al 22 de julio de 1983.

El apelante argumenta, no obstante, que estas leyes extensivas de la vigencia de los Arts. 68 y 69 no afectan, por razón de la See. 5 de la Ley Núm. 10 de 1 de diciembre de 1975, las medidas referentes a la delincuencia habitual. Esta interpretación es inaceptable. La vigencia de los referidos artículos se pospuso evidentemente por razones análogas a las que discutimos en Pueblo v. Bou Nevárez, 111 D.P.R. 179 (1981), referente al informe presentencia. Nuestras expresiones en Bou Nevárez, supra, se aplican también al ataque constitucional que se insinúa respecto a la posposición de los Arts. 68 y 69 del Código Penal.

El apelante también señala que no se cumplió con los requisitos de las Reglas 48, 68 y 128 de Procedimiento Criminal. Las Reglas 48 y 128 son inaplicables a este caso, ya que, en las acusaciones, no se hizo referencia alguna a condenas previas. En lo que toca a la Regla 68, ésta determina que, al momento de hacer una alegación o en cualquier ocasión antes de leerse la acusación al Jurado, el acusado podrá admitir las condenas anteriores, sin que pueda entonces hacerse saber de ellas al Jurado. En esta causa la alegación sobre delincuencia habitual no pasó nunca a conocimiento del Jurado. El acusado no sufrió per-juicio alguno. Luego del veredicto, el acusado gozó de amplia oportunidad de negar tales condenas. El hecho de que el tribunal que lo sentenció tomase conocimiento judicial de ellas no impidió tampoco al acusado refutarlas. El procedimiento seguido no ofende el debido procedimiento de ley.

Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia apelada.

       Estas reglas disponen:
      Regla 48. Alegación de convicción anterior

      “Una acusación o denuncia no deberá contener alegación alguna de convic-ciones anteriores del acusado, a menos que una alegación en tal sentido fuere nece-saria para imputar la comisión de un delito, o para alegar la condición de reinci-dente, de subsiguiente o de delincuencia habitual en relación con el acusado.”
      Regla 68. Alegaciones

      “El acusado hará alegación de culpable o no culpable. La alegación se formu-lará verbalmente en sesión pública por el acusado o su abogado. Se anotará en las minutas del tribunal, pero la omisión de anotarla no afectará su validez en la tramitación del proceso.
      “Cuando la acusación imputare delito en grado de reincidencia o subsiguiente o delincuencia habitual, el acusado podrá, al momento de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o convicciones anteriores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en forma alguna la existencia de dicha convicción o convicciones.”
      Regla 128. Juicio; orden de la prueba

      “El secretario leerá la acusación al jurado, informándole las alegaciones hechas por el acusado. Si en la acusación se mencionare alguna convicción anterior confesada por el acusado, el secretario omitirá todo lo relacionado con dicha convicción....”


author: per CURIAM:

text:
    Delia Rodríguez Rodríguez, demandante y recurrida, v. Jaime A. Vázquez Flores, demandado y peticionario.

      Número: O-82-346

      Resuelto: 21 de octubre de 1982

      Rafael A. Oliveras López de Victoria, abogado del peticionario; Josephine Meléndez Maura, abogada de la recurrida.
   per CURIAM:

El 15 de enero de 1982 el tribunal de instancia dictó sentencia en rebeldía en la que declaró con lugar la demanda de divorcio y dispuso que el demandado debería satisfacer en concepto de pensión alimenticia la suma de $200 quincenales para beneficio de sus hijos menores.

El 5 de febrero de 1982 el demandado presentó una moción de relevo de sentencia, fundada esencialmente en su incapacidad económica para asumir la totalidad de la carga representada por la pensión alimenticia. El demandado señaló a tal efecto que desde el 1 de octubre de 1981 su puesto había sido reclasificado a guardia de seguridad y que su sueldo fue rebajado de $730 a $520 mensuales. La demandante devenga ingresos de $111 semanales.

El tribunal de instancia dictó una orden el 19 de mayo de 1982 en que se resuelve que el demandado es acreedor a una reducción de los alimentos fijados a $200 mensuales, a partir de la fecha de la orden y que deberá satisfacer en determinados plazos el remanente de $1,800 acumulado desde la emisión de la sentencia.

El demandado acudió en alzada a este foro y el 10 de junio de 1982 dictamos orden de mostrar causa por la cual no deba hacerse retroactiva al momento de su solicitud la rebaja ordenada.

Fernández v. Davison, 80 D.P.R. 253 (1958), 264 F.2d 131 (1st Cir. 1959), fija la regla vigente en esta jurisdicción sobre la retroactividad de las pensiones alimenticias. Fer-nández rechaza acertadamente el argumento de que “como la reclamación de alimentos se retrotrae a la fecha en que se interponga la demanda, también la reducción de la cuantía de la pensión fijada debe retrotraerse a la fecha en que se solicita la reducción”. Pág. 258. No existe base estatutaria para norma de tal rigidez, la cual puede representar un incentivo para retrasos por los alimentantes. Fernández reconoce, en vez, que pueden darse situaciones en que proceda fijar retroactivamente una reducción de la pensión.

La cuestión que se suscita en tales circunstancias es de orden fáctico. Normalmente no intervendremos con la dis-creción del juzgador. En el caso de autos, sin embargo, es tan clara la incapacidad del recurrente para satisfacer una pensión de algo más de $400 con $500 mensuales de sueldo, que, en justicia, debemos intervenir.

Se expedirá en consecuencia el auto solicitado, se modi-ficará la sentencia recurrida para hacerla retroactiva al 5 de febrero de 1982 y se devolverá el caso a instancia para que ordene lo que corresponda respecto al pago de las pensiones atrasadas a dicha fecha.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Felipe Arroyo Moret, lesionado y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-82-168

      Resuelto: 21 de octubre de 1982

      Ulises Ortiz Rodríguez, Yusif Mafuz Blanco y Yolanda Morales, abogados del recurrente; Carlos Juan Cintrón, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Felipe Arroyo Moret, en funciones de su trabajo, sufrió un accidente de automóvil. Reportado al Fondo del Seguro del Estado recibió tratamiento y compensación. Se le reco-noció una incapacidad fisiológica general de un 20%. El Administrador del Fondo instó acción subrogatoria contra el tercero causante del daño. El obrero hizo lo mismo. Ambas causas fueron consolidadas. El Fondo recobró los gastos por los que pagó. La sentencia dictada concedió al obrero $28,000 por “todos los daños sufridos en el acciden-te. ..”.

El obrero acudió nuevamente al Fondo. Considerado el caso como una recidiva, se le otorgó un 10% adicional de incapacidad por la condición emocional agravada, mas al percatarse el Fondo de que anteriormente le había brin-dado tratamiento y que había existido acción subrogatoria contra el tercero causante del daño, dejó sin efecto lo actuado. El obrero apeló.

La Comisión Industrial dictó resolución mediante la cual ordenaba al Fondo suministrar tratamiento siquiátrico al obrero. Se celebró vista pública para reevaluar la decisión. La Comisión dictó resolución el 23 de octubre de 1981 que favoreció al obrero. El día 29 siguiente, se notificó al Secre-tario del Fondo. El abogado del Fondo no fue notificado. El 18 de noviembre siguiente, el abogado del Fondo presentó moción de reconsideración. Fue declarada sin lugar por haber transcurrido el término de 10 días provisto por el Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 11, para solicitar la reconside-ración de una resolución de la Comisión Industrial.

El Fondo alega que la Comisión erró al resolver que la moción de reconsideración se presentó fuera del término legal y que no procedía notificar al abogado de récord del Fondo. El Art. 10 antes mencionado dispone que: “la petición de reconsideración deberá presentarse dentro de los diez (10) días a contar de la fecha en que el interesado reciba la notificación de la decisión de la Comisión.” (Énfasis nuestro.) No consta en el expediente prueba alguna sobre cuándo fue que el Secretario del Fondo recibió la notificación de la resolución. Sólo hay evidencia de que el 12 de noviembre de 1981 el abogado del Fondo se personó a la oficina de Secretaría de la Comisión y recibió copia de la resolución.

En Marrero Bermúdez v. Comisión Industrial, 107 D.P.R. 777, 778 (1978), dijimos que el término de 10 días de que habla el Art. 10, supra, se cuenta a partir de la fecha en que el interesado reciba la notificación de la decisión de la Comisión Industrial. La Comisión sostiene que, conforme a su Reglamento, hizo la notificación adecuadamente, ya que es práctica acostumbrada notificar al Secretario del Fondo y no a su abogado de récord. Si bien el Reglamento dispone en su Sec. 8-6(d), 11 R.&R.P.R. sec. 8-6(d), que “[e]l Secre-tario notificará las decisiones a las partes o sus abogados inmediatamente que las reciba de los Comisionados”, el pre-sente caso constituye ejemplo de que el sistema contiene fa-llas que deben superarse. Es necesario que cualquier trá-mite que se establezca asegure que el abogado sea debida-mente notificado, ya que es éste quien tiene la responsabi-lidad con el cliente, bien sea el obrero o el Administrador del Fondo.

En Berríos v. Comisión de Minería, 102 D.P.R. 228, 230 (1974), dijimos:

Sólo por excepción expresamente autorizada, y aun así con renuencia, puede aceptarse como suficiente la notificación a una parte ignorando a su abogado. Una vez provisto por esta-tuto el recurso de apelación, tanto en lo administrativo como en la litigación civil, es parte del debido proceso de ley y por tanto la notificación al abogado que interviene en represen-tación de persona interesada es indispensable en todas las etapas.

Para dar debido cumplimiento a lo anteriormente expuesto, deben adoptarse tanto por la Comisión Industrial como por el Fondo del Seguro del Estado aquellos meca-nismos que fueren pertinentes para evitar situaciones como la presente, en que el abogado que tiene el caso a su cargo no fue notificado a tiempo. La debida coordinación entre ambos organismos obviará que se frustre el debido proce-dimiento de ley.

Aparece implícito en su planteamiento que considera, además, que el término para presentar la reconsideración se cuenta a partir de la fecha de envío de la notificación. Está equivocada. La. ley claramente dispone que el término se cuenta a partir de la fecha de recibo de la notificación. Habiéndola recibido el abogado el 12 de noviembre, la presentación de la moción el día 18 siguiente cumple con la ley. Marrero Bermúdez, supra, pág. 778; 11 L.P.R.A. sec. 11, párr. 2.

Sostiene el Administrador del Fondo que la Comisión Industrial erró al resolver que un obrero lesionado tiene derecho a recibir compensación adicional no empece el hecho de haber recibido indemnización del causante del daño “por todos los daños sufridos en el accidente”, como disponía la sentencia dictada por el Tribunal Superior.

La posición asumida por el Administrador del Fondo no tiene apoyo en la ley y es contraria al propósito liberal que la inspira. La ley y el reglamento garantizan a todo obrero accidentado en su trabajo que si sufre una recaída de su lesión sin la intervención de causa ajena al accidente tendrá derecho a tratamiento adicional. 11 L.P.R.A. see. 3; 11 R.&R.P.R. see. 3-4; y ver, además, Ríos Rivera v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 808 (1979).

El hecho de que el accidente del trabajo lo ocasionara una tercera persona ajena al patrono y que el obrero haya recibido compensación del causante del accidente, no puede impedir que reciba el tratamiento adicional que su condición física o emocional requiera. La compensación recibida del tercero causante del daño, se limita a los daños sufridos a la fecha del juicio. De hecho en Alvarado v. Calaiño Romero, 104 D.P.R. 127 (1975), por inferencia, así lo establecimos al consignar en la página 136 que “[n]o hay ocasión de expresarse en consecuencia sobre la interesante cuestión de si una sentencia obtenida contra un tercero, tras demanda iniciada dentro del año de convertirse en firme y ejecutoria la decisión del Administrador en un caso, 11 L.P.R.A. see. 32, primer párrafo, representa base suficiente para oponer la defensa de cosa juzgada o la de prescripción cuando se le demanda de nuevo por haber ocasionado per-juicios posteriores al daño inicial. Baste decir que el asunto es objeto de debate, ofreciendo la jurisprudencia, la doc-trina y las leyes bajo distintos regímenes de derecho diver-sas soluciones a este problema de sencillez engañosa”. De manera implícita, se reconoce el derecho del obrero a recibir el tratamiento en recidiva. Sobre lo que no nos expresamos fue sobre el derecho del Administrador de recuperar del tercero causante del daño original, los gastos adicionales.

Por los motivos antes expresados, se revoca la resolución de la Comisión que declaró sin lugar la moción de reconside-ración por falta de jurisdicción y se confirma aquella que revocó la determinación del Fondo en la cual se negaba tra-tamiento en recidiva al obrero lesionado.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López concurren en el resultado.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Iluminada Rivera Encarnación, Enrique Felipe Llanos Collado, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico; ABC Insurance Co., John Doe, Richard Roe, Fulano de Tal, Corporación de Servicios Médicos, Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, demandados y recurridos.

      Número: R-82-214

      Resuelto: 22 de octubre de 1982

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de los recurrentes; Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 5 de julio de 1980 la codemandante recurrente, Ilu-minada Rivera Encarnación, dio a luz unos gemelos frater-nos en el Hospital Universitario de Río Piedras. El 3 de agosto de 1980 sufrió una hemorragia vaginal y una baja en la presión sanguínea y fue atendida de emergencia en el Hospital Regional de Fajardo. Al día siguiente le extir-paron el últero para salvarle la vida.

Los demandantes iniciaron esta acción el 3 de junio de 1981. El Estado presentó moción de sentencia sumaria fun-dada en que no se le notificó el daño y las otras circunstan-cias pertinentes dentro de los noventa días que exige el Art. 2A de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. sec. 3077a). En oposición a este escrito, los recurrentes replicaron con la documentación debida que no adquirieron conocimiento de los daños reclamados hasta el 17 de febrero de 1981, fecha en que, tras innumerables gestiones, pudieron obtener copia parcial del récord médico de Fajardo. Del récord se desprendía que la causa de la hemorragia había sido la placenta degenerada dejada por los médicos que atendieron el parto. Se notificó entonces al Estado, con-forme al Art. 2A citado, el 21 de abril de 1981, dentro de los noventa días que dispone la ley. El Tribunal Superior desestimó la demanda por no haberse realizado a tiempo la notificación requerida. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia.

El apartado c del mencionado Art. 2A (32 L.P.R.A. sec. 3077a(c)), provee en parte:

La referida notificación escrita se presentará al Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. (Énfasis nuestro.)

El lenguaje utilizado es análogo al del Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298, al determinar que prescribe por el transcurso de un año la acción derivada de la culpa o negligencia “desde que lo supo el agraviado”. En uno y otro caso el plazo no comienza a contar a partir de la ocurrencia del acto negligente o el daño, sino desde el conocimiento del daño.

Se ha señalado que la fecha de conocimiento del daño constituye un delicado problema de prueba e interpretación. L. Diez Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 240; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. 1, Vol. I, 2da parte, pág. 894. La carga de la prueba recae sobre el demandante. Diez Picazo, loe. cit.; A. L. Da Cámara Leal, Da Prescrigao e da Decadencia, 2da ed., Río de Janeiro, Ed. Forense, 1956, pág. 38; A. Azevedo Franco, A Prescricao Extintiva no Código Civil Brasileiro, 3ra ed., Río de Janeiro, 1956, pág. 38. La dificultad reside en la variedad de circunstancias en que se da el problema del conocimiento del daño. Hechos distintos requieren solu-ciones diversas. Entre las diversas categorías de hechos se hallan la de los daños sucesivos o continuados; la de los daños instantáneos y permanentes; la del daño cuya exten-sión o cuantía no se manifiesta de inmediato; la del daño embrionario o latente, no identificable hasta el transcurso de determinado tiempo; la del daño que se oculta dolosa-mente por el autor; la de los daños múltiples, algunos de los cuales no son descubribles hasta más tarde; y la del daño desconocido, que no viene a detectarse hasta tiempo después del acto culposo. Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 881; A. Borrell Maciá, Responsabilidades derivadas de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 344 et. seq.; A. Scialoja y G. Branca, Commentario del Codice Civile, Reimp. de la 2da ed., Roma, Soc. Ed. Foro Italiano, 1972, libro 6to, Art. 2947, págs. 290, 292; C. Viada, La prescrip-ción de las acciones y el perdón de los delitos, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1950, pág. 104; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. 1, Vol. 2, pág. 963.

La especie que nos concierne en el caso de autos, al menos en esta etapa de los procedimientos, es la del daño desconocido. En su oposición a la moción de sentencia sumaria, como hemos visto, los recurrentes alegan que no habían establecido relación alguna entre el parto y la hemorragia vaginal que ocurrió semanas después; que cuando le extirparon el útero a la codemandante, la impresión que se le comunicó era que se debía a un tumor; que luego ella solicitó copia de sus records médicos y no quisieron dárselos; que tiempo después le informaron que sus records se habían extraviado, y que no fue hasta el 17 de febrero de 1981 que recibió copia parcial. Ante tales circuns-tandas no podía dictarse sentencia sumaria en contra de los recurrentes.

Por las consideraciones expuestas, se expedirá el auto, se revocará la sentencia dictada y se devolverá el caso a instan-cia para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Negrón García concurren con el resultado, sin opinión.