text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Aníbal Rodríguez Martínez, acusado y apelante.

      Número: CR-72-76

      Resuelto: 30 de mayo de 1973

      Yamil Galib Frangle y Miguel A. Ferrer Rodríguez, abogados del apelante; /. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Un jurado declaró culpable al apelante del delito de viola-ción técnica cometido en una menor de 14 años de edad. No conforme con el fallo condenatorio nos pide su revocación imputándole al tribunal de instancia los errores que seguida-mente discutiremos:

1. “Erró el Tribunal a quo al permitir por sobre la objeción de la defensa, y como parte del res gestae, prueba de alegadas manifestaciones hechas por la presunta perjudicada a su señora madre.”

Arguye el apelante que la declaración de la madre de la perjudicada era inadmisible como parte del res gestae porque ésta no fue la primera persona con quien habló la perjudicada. Del récord se desprende que la menor perjudicada relató a su abuela sus relaciones sexuales con el apelante frente a su señora madre. Véase T.E. págs. 42, 60, 85, 101 y 103. Las manifestaciones de la perjudicada a su abuela, estando presente su señora madre, fueron espontáneas y en la primera oportunidad que se presentó. Siendo así el testimonio de corroboración de la madre era admisible. Cf. Pueblo v. Cabrera Lozada, 99 D.P.R. 689 (1971); Pueblo v. Aponte, 77 D.P.R. 917 (1955). No se cometió el error apuntado.

2. “El Tribunal a quo erró al instruir al jurado con respecto al efecto y alcance de la prueba de buena reputación.”

Se queja el apelante de que el tribunal de instancia se negó a transmitir una instrucción al efecto de que “La prueba de buena reputación que se presenta en un caso criminal por el acusado puede ser por sí sólo suficiente para establecer en vuestras mentes, en unión con la presunción de inocencia, la duda razonable que justifica la absolución.” El tribunal, sin embargo, transmitió una instrucción sobre prueba de reputación que cumple adecuadamente con las exigencias del debido procedimiento de ley, a saber:

“El acusado en este caso ha presentado prueba de buena reputación suya. La buena reputación del acusado es un elemento de prueba que debe ser tomado en cuenta por el jurado para considerar las probabilidades de que el acusado cometiera los hechos que se le imputan en la acusación, pero si vosotros, des-pués de pesar todo el resto de la evidencia presentada por una y otra parte, llegáis al convencimiento fuera de duda razonable de que el acusado cometió el crimen por el cual se le acusa, su buena reputación no debe ser óbice para que ustedes traigan un veredicto de culpabilidad en su contra.” (T.E. pág. 123.)

Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968), citado por el apelante en apoyo de su contención, no es de aplicación. Independientemente del hecho de que dicho caso se resolvió dos años después de celebrado el juicio en el caso de autos, como bien apunta el Procurador General, el mismo se refiere a una instrucción redactada en términos que limitaban indebi-damente el alcance de la prueba de reputación. Debemos advertir que una instrucción similar a la del caso de autos fue sostenida en el caso Pueblo v. Santiago González, 97 D.P.R. 99 (1969).

3. “El Tribunal a quo incurrió en error, en ocasión de que el jurado regresara a sala en solicitud de que se le leyera el testimonio del Dr. Héctor E. Pabón, al permitir que se diese lectura únicamente a lo declarado por dicho testigo de cargo en su testimonio directo y no así también a lo declarado por él en el curso de la repregunta.”

Aparece del récord que el presidente del jurado le pidió al tribunal que se leyera la declaración del Dr. Pabón porque “con respecto a la certificación hay cierta duda.” (T.E. pág. 132.) La taquígrafa leyó al jurado el testimonio directo de este testigo de cargo, denegando el tribunal la solicitud de la defensa de que leyera también el contrainterrogatorio. La duda del jurado se refería al examen médico de la perjudicada que fue el único punto cubierto por el testimonio del Dr. Pabón. El examen directo de este testigo apenas cubre página y media del récord. El contrainterrogatorio no impugnó en forma alguna dicho testimonio.

La Regla 141 de Procedimiento Criminal no requiere que en estos casos se lea el récord completo. Basta que se lea la parte del testimonio directo que interesa aclarar al jurado. Al respecto nos dice el Profesor Fricke comentando el Art. 1138 del Código Penal de California, equivalente a nuestra Regla 141, que bajo dicho artículo “se permite leer al jurado aquellas porciones del testimonio que ellos puedan interesar (People v. Hawley, 111 Cal. 78) y sólo es necesario leer aquellas porciones del récord que así se soliciten.” (Traducción nuestra.) Fricke, California Criminal Procedure, 364 (5ta. ed.) Véanse, además, People v. Carmical, 65 Cal. Rptr. 504; People v. Cathey, 8 Cal. Rptr. 694.

4. “El Tribunal a quo erró al negarse a instruir al jura-do con respecto a su obligación de absolver al acusado en caso de no dar crédito a la prueba de corroboración o de tener duda sobre su veracidad.”

El apelante se queja que el tribunal no impartió las siguientes instrucciones:

“Para ustedes en este caso poder condenar al acusado no basta que le den entero crédito al testimonio vertido por Marlyn Ortiz Barbot. Con su solo testimonio ustedes no pueden condenar al acusado. Es necesario que ustedes le den crédito al testimonio de la testigo Juanita Barbot Matos, porque de no darle crédito a ese testimonio o de tener duda razonable sobre su veracidad aún cuando les mereciera crédito el testimonio de la presunta perju-dicada es su obligación absolverlo.”

El apuntamiento no tiene mérito. El tribunal de instancia impartió instrucciones claras y precisas sobre el requisito de corroboración y de duda razonable analizando sus diversos elementos a la luz de la prueba desfilada. Véase específica-mente las instrucciones que aparecen a las páginas 116 a 121 de la transcripción de evidencia y a las páginas-136 a 137.

5. “Erró el Tribunal a quo en las instrucciones adicionales que dio al jurado en ocasión de su segundo regreso a sala sin haber llegado a veredicto por cuanto las mismas .causaron perjuicio al acusado al dar énfasis indebido a aspectos de la prueba de cargo en relación con las cuales el jurado no había solicitado ser instruido.”

6. “Incidió el Tribunal a quo habida cuenta que tomadas en conjunto sus expresiones en la ocasión que apunta el señalamiento inmediatamente precedente, las mismas consti-tuyeron una invasión de la facultad exclusiva del jurado a analizar, apreciar y evaluar la prueba habida en el caso.”

7. “Erró el Tribunal a quo al negarse en esa misma oca-sión a trasmitir al jurado una instrucción solicitada por la defensa y la cual además de proceder en derecho, se hacía necesaria con vista a las expresiones del jurado.”

Estos tres errores se refieren a las instrucciones imparti-das por el tribunal de instancia al regresar el jurado a sala por segunda vez. Surge del récord lo siguiente:

“Hon Juez:
Entonces no están muy divididos, a juicio del tribunal. Quizás podrían llegar a una determinación final. ¿En qué cree el Señor Presidente que el tribunal pueda ayudarlos a resolver el caso?
Señor Presidente: Pues, de acuerdo con lo que hemos discu-tido hay diferentes puntos de vista.
Hon. Juez:
No me diga cómo discutieron, ni lo que discutieron, ni el resultado de la discusión, esa es deliberación que no debe divul-garse, publicarse. Ahora, en qué materia o en qué punto de derecho, o en qué cuestión de hecho, cree el Señor Presidente que el Tribunal pueda ayudarlo adicionando alguna instrucción que sea necesaria para ver si pueden llegar a un acuerdo.
Señor Presidente: La prueba que corrobora las manifesta-ciones de la perjudicada ha sido completamente destruida, o sea, que ha habido mucha contradicción, o sea, la prueba, los dos testigos que usó el Ministerio Público. Más tarde en la misma declaración de un joven, el muchachito que nos ha hecho crear a cierto grupo duda en cuanto a veracidad en sí del caso para inculpar directamente al acusado. Queremos impartir justicia.”
Señor Presidente: La prueba que tenemos en las manos hay mucha duda y...
Hon. Juez:
Por eso, pero con una adecuada discusión quizás podrían llegar a un acuerdo.
Señor Presidente: Ya lo intentamos.
Hon. Juez:
¿Usted cree que el jurado ha asimilado bien las instrucciones del tribunal sobre la necesidad de corroboración en este caso?
Señor Presidente: Correcto, lo ha asimilado bien.
Hon. Juez:
¿Y ha asimilado el jurado sobre el testimonio de la sola per-judicada, aunque sea enteramente creído por ustedes, no es prueba suficiente?
Señor Presidente: Completamente.
Hon. Juez:
Claro, si no le creen a ella menos prueba hay para condenar, pues habría menos prueba todavía para condenar. Entonces, creído el testimonio de la niña, ha entendido el jurado entonces que él tiene que buscar si hay prueba que corrobore su testi-monio. Usted sabe, si entendió el tribunal, que es la parte esen-cial del testimonio de la niña que hay que corroborar. ¿Lo entendió el jurado, cuál es la parte que necesariamente tiene que ser corroborada? No tienen que ser corroborados todos los extremos, todos los detalles, sino, qué parte de su testimonio tiene que corroborar. En primer lugar tiene que haber prueba de corroboración, o sea, prueba fuera del testimonio de la niña que conecte al acusado. Ustedes tienen que buscar a ver si en el resto de la prueba hay alguna prueba que conecte al acusado. Después tienen que ver si hay prueba del testimonio de la niña que conecte, que corrobore los dos elementos esenciales de este delito que yo les dije que son la edad de la niña por un lado que puede corroborarse por el certificado independientemente de los testimonios de ella y de la madre que habla sobre ese particular y el otro extremo, de corroboración es el acto sexual, la relación sexual. Si no ha habido relación sexual y prueba de la penetra-ción, prueba de la penetración, en cuyo caso tienen el testimonio del doctor y el testimonio de la niña que habló sobre relación sexual habida. Independientemente del testimonio de la madre que es testimonio de una tercera persona quien oyó lo que le relataba la abuela y además a requerimiento de ella la niña le dio la información de lo que le sucedió ampliando en detalle los hechos que le había relatado a la abuela. Las contradicciones en una prueba puede el jurado utilizarlas para determinar el grado de credibilidad que debe darle al testimonio de la persona deter-minada pero no, quiere decir que necesariamente tenga que excluir todo su testimonio, excluir todo su testimonio porque haya contradicción si es que las contradicciones no son funda-mentales, no son hechos esenciales a probarse en el caso. Esa es la forma de analizar el testimonio de una persona, de un testigo, en cuanto a la credibilidad que debe dársele. ¿Alguna otra pregunta? Claro está, me parece que todos entendieron, pero voy a repetirles que en caso de duda razonable hay que dársela al acusado y absolver libremente en duda razonable. Duda razonable no quiere decir que estén encontrados los crite-rios del jurado o si no hay prueba suficiente en derecho para sostener el delito, en cualquiera de esos casos hay que darle el beneficio de la duda al acusado. ¿Alguna otra duda?
Señor Presidente: No.
El Tribunal ordena al jurado retirarse a deliberar.
(Se retira a las 6:40 P.M.)
(T.E. págs. 134-135 y 136-138.)

La contención del apelante es que el tribunal de instancia destacó algunos extremos de la prueba de cargo creando un desbalance perjudicial en su contra al resumir todo lo que tenía que ver con la comisión del delito. No estamos de acuerdo.

Las anteriores instrucciones expresaron con propiedad los elementos de la prueba de corroboración puntualizando la necesidad de ser creída más allá de duda razonable. El juez de instancia, en ánimo genuino de ayudar al jurado a lograr un veredicto, repitió más o menos las mismas instrucciones que ya anteriormente había impartido y que fueron objeto del cuarto apuntamiento. Nada hay en dichas instrucciones que pueda implicar parcialidad o intimidación por parte del juez de instancia. Por el contrario, el juez se dirigió al jurado en términos muy cuidadosos guardándose de que sus palabras pudieran sugerir la obligación del jurado de llegar a un vere-dicto determinado o de influenciarlo impropiamente. No se cometieron los errores apuntados.

8. “Erró el Tribunal a quo al comentar y calificar en sus instrucciones al jurado el hecho de que el acusado no hubiese testificado y no hubiese presentado prueba alguna de defensa en cuanto a los alegados hechos.”

Arguye el apelante que dicha instrucción equivale a llamar la atención al jurado sobre el hecho de que el acusado ha guardado silencio y que, además, calificó ese hecho como una “omisión”. El apuntamiento es frívolo. El mismo fue resuelto adversamente a la contención del apelante en Pueblo v. Moreu Pérez, Cr. 72-102, Sent, de 5 de abril de 1973 y ratificado en Pueblo v. Romero Cuesta, 101 D.P.R. 404 (1973) en el cual concluimos que dicha instrucción no lesiona derechos fundamentales del acusado, aun cuando se haya calificado el acto del acusado de no declarar con el vocablo de “omisión”.

9. “La sentencia apelada es contraria a derecho o es el resultado de manifiesto error en la apreciación de la prueba.”

El apuntamiento es inmeritorio. Hemos leído el récord y estamos convencidos de que la prueba desfilada, de ser creída como lo fue, es suficiente para sostener el fallo condenatorio.

Se confirma la sentencia recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disiente en voto separado en el cual concurren los Jueces Asociados Señores Cadilla Ginorio y Díaz Cruz.

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario

—O—

Voto disidente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué en el cual concurren los Jueces Asociados Señores Cadilla Ginorio y Díaz Cruz

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 1973

Ocurrió un incidente en este caso que a mi juicio amerita la revocación y que se ordene la celebración de un nuevo juicio. Luego de haber comenzado el jurado a deliberar, regresó a Sala. Sucedió lo siguiente:

“Hon. Juez:
Señor Presidente del Jurado, ¿el jurado ha llegado a algún veredicto en este caso ?
No, Señor, todavía. Solamente que hay uno de los jurados o varios de los jurados que quieren que se le vuelva a leer la declaración del doctor Pabón. Con respecto a la certificación hay cierta duda.
Hon. Juez:
Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a darle tiempo a la taquígrafa para que localice la declaración del doctor Pabón, que no fue muy extensa, para que la lea directamente del récord a ustedes.
Sr. Presidente del Jurado:
■ Y otra pregunta. ¿Podría obtener el certificado del doctor de Lajas?
Hon. Juez:
. No fue presentado ni introducido en evidencia, de manera que no lo pueden considerar como prueba en el caso y el Juez no podría suplirle, esa falta de prueba en el caso. ¿ Alguna otra pregunta ?
¿ Ninguna más ?
Se les ordena retirarse a deliberar.
(Se retira el jurado.)
Lie. Galib:
Con la venia de Vuestro Honor. La defensa quiere señalar el hecho de que se le ha dado lectura al jurado del testimonio en directo del doctor Héctor E. Pabón. Nos parecería.que en justi-cia para el acusado debió dársele lectura al contrainterrogatorio o haberle leído las notas de Vuestro Honor con respecto al con-trainterrogatorio, o sea, al principio dijimos que estábamos dis-puestos a someterlo por las notas de .Su Señoría.
Hon. Juez:
El récord debe revelar que no se debió seguir leyendo porque ya habían escuchado el punto.
Lie. Galib:
Quiero señalar a Su Señoría con la mayor honestidad. . . ¿Su Señoría le preguntó eso al jurado? No queremos que vaya al récord la impresión de que se cortó.
Hon. Juez:
Que conste en récord la excepción anotada por la defensa y receso del Tribunal hasta que el jurado desee regresar a Sala.” (T.E. págs. 182-133.)

El testimonio del Dr. Pabón está contenido en 13 páginas de la transcripción de las cuales escasamente dos contenían el examen directo. De la repregunta surgen numerosas circuns-tancias que muy bien podían dar base a las dudas que algunos de los jurados tenían. La perjudicada fue llevada por su madre donde el Dr. Pabón en Cabo Rojo, para una consulta privada, no obstante que dos días después de ocurrir la ale-gada violación y por disposición del juez de Lajas, quien tenía a su cargo la investigación, había sido examinada en Lajas por otro médico, Dr. Nazario. No se le informó al Dr. Pabón sobre los resultados del examen practicado por el primer médico. El Dr. Pabón examinó a la perjudicada el 17 de mayo, es decir, a los nueve días del incidente de su alegada desfloración por el- acusado-apelante, y siete días después de examinada por el Dr. Nazario. Un minuto antes de entrar a declarar vino en conocimiento el Dr. Pabón del resultado del examen del Dr. Nazario. El testigo elaboró sobre lo que consti-tuye desfloración, señalando en una parte que puede haber una sola desfloración o puede haber varias, dependiendo dél grado de elasticidad del himen (T.E. pág. 8); y elaboró sobre lo que es desfloración no inmediata, reciente y antigua y el tiempo de cicatrización de la herida al causarse la ruptura del himen. A la pregunta de qué facultativo está en mejores con-diciones de apreciar el tiempo aproximado transcurrido desde la desfloración declaró que el primero que examinó (T.E. págs. 11-12). Explicó la diferencia entre lo que debe encon-trarse a las 48 horas de la desfloración y la condición cuando él examinó a la perjudicada, señalando la presencia de edema de la región, hematoma alrededor de los bordes de la ruptura del himen, presencia de glóbulos y coágulos de sangre, y apa-riencia de la herida en sus bordes a las 48 horas, que describió como “edematosas, enrojecidas, cortadas”, “en carne viva” (T.E. págs. 15-16).

En este caso el jurado nunca conoció el resultado del examen hecho por el primer facultativo, Dr. Nazario. Nótese su insistencia en conocer “el certificado del doctor de Lajas.” Es significativo que la madre de la perjudicada negara durante su testimonio en el acto del juicio que conociera el resultado del examen hecho por el Dr. Nazario, cosa difícil de creer, y que dicidiera llevarla donde un médico privado a quien ella conocía, en Cabo Rojo, para que hiciera el mismo examen. Es significativo, además, que según dijo ella, llevó a su hija al Dr. Pabón al otro día de ser examinada por el Dr. Nazario, es decir, el día 11, mientras que el Dr. Pabón declaró que la examinó el día 17.

Opino que si el jurado tenía dudas y solicitó oír la decla-ración del Dr. Pabón, debió leérsele completa o, complaciendo la petición del abogado defensor, leérsele las notas del juez. Al no hacerse así, y leérsele solamente lo que el médico declaró a preguntas del fiscal, se desvirtuó la eficacia del contrainte-rrogatorio, que es donde se le da vida al principio de la con-frontación consagrado en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. Art. II, Sec. 11, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En el caso que nos ocupa, las partes estipularon que no se hiciera por el juez un resumen de la prueba desfilada al tras-mitirse sus instrucciones al jurado. Este hecho abunda en la necesidad de que, al leérsele la declaración del Dr. P.abón no se recortara y se prescindiera del contrainterrogatorio. Con ello se privó al acusado-apelante del derecho que tenía a que el jurado considerara y pesara lo declarado por el testigo a preguntas de su abogado defensor. No hacerlo en esa etapa crucial de la deliberación del jurado, que interrumpió porque tenía duda sobre la declaración del médico, y darles única-mente la versión del examen directo, podía darse a la inter-pretación por parte del jurado de que eso era lo único impor-tante y lo único que ellos tenían que tomar en cuenta de la declaración del médico.

La repregunta es el fin esencial de la confrontación de testigos. Pueblo v. Vargas, 74 D.P.R. 144 (1952); Pointer v. Texas, 380 U.S. 400, 132 L.Ed.2d 923, 85 S.Ct. 1005. Dijimos en Pueblo v. Pacheco Padilla, 92 D.P.R. 894, 897-898 (1965) (Dávila):

“El derecho a contrainterrogar un testigo es uno fundamental en la celebración de un juicio justo e imparcial. Lo consagra la Sec. 11 de la Carta de Derechos de nuestra Constitución cuando expresa que todo acusado tiene derecho ‘a carearse con los testi-gos de cargo’. Es el medio que tiene la defensa para descubrir la verdad. Privarlo de ese derecho en relación con uno de los ingre-dientes principales en la comisión de un delito es error que con-lleva la revocación de la sentencia. Haber consumado el acto sexual es el ingrediente principal en el delito imputado al ape-lante. No permitir que la defensa ahondara en ese respecto para averiguar si en verdad se había consumado el acto, perjudicó al acusado.”

El Procurador General argumenta que, aplicando la Regla 141 de Procedimiento Criminal, cuando el jurado interesa aclarar un punto basta con leerle la parte del testimonio que cubre esa prueba. Cita a Fricke, California Criminal Procedure, 5ta. ed., pág. 364, comentando el Art. 1138 del Código Penal de California, de donde proviene la Regla 141:

“Bajo este artículo es permisible leer al jurado aquellas porciones del testimonio que ellos desean que les sean leídas (People v. Hawley, 111 Cal. 78) y solamente esas porciones de la prueba solicitadas necesitan leerse (People v. Smith, 3 Cal. App. 62).” (Traducción mía.)

Estoy de acuerdo que así sea. Pero ese no es el caso aquí. El jurado no solicitó que determinada 'parte del testimonio del Dr. Pabón le fuera leída. Solicitó, según palabras del presi-dente, “que se le vuelva a leer la declaración del Dr. Pabón.” (Énfasis suplido.) La declaración del Dr. Pabón no es lo que él dijo durante el interrogatorio directo a cargo del fiscal, sino todo lo que él declaró, incluyendo el contrainterrogatorio. Sin duda que esa parte de su declaración era tan importante y quizás más importante que la primera. El apelante tenía derecho a que el jurado la oyera.

.Así se hacía valer su derecho de confrontación.

Por estas consideraciones, no estoy conforme y disiento de la sentencia de este Tribunal que confirma la dictada por el tribunal de instancia. Debió revocarse y ordenarse un nuevo juicio.

       La Regla 141 de las de Procedimiento Criminal dispone:
      “Después que el jurado se hubiere retirado a deliberar, si se suscitare cualquier desacuerdo o duda entre los miembros con respecto a la prueba testifical, o desearen ser informados acerca de algún punto de derecho que surja de la causa, deberán requerir al oficial encargado de ellos que los conduzca al tribunal. Una vez en él, la información solicitada les será dada previa notificación al fiscal y al acusado o su abogado.”


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Ramón Ferrer Delgado, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Ramón Negrón Soto, Juez, demandado.

      Número: O-72-247

      Resuelto: 31 de mayo de 1973

      Ramón Ferrer Delgado, pro se.

   PER CURIAM:

El 22 de noviembre de 1971 revocamos la sentencia del tribunal de instancia en Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246, que denegó los daños y perjui-cios reclamados en dicho caso por el aquí peticionario. Conde-namos allí a la recurrida al pago de las costas y de los hono-rarios de abogado. Remitimos el mandato el 1ro de marzo de 1972 presentando el peticionario Ferrer Delgado su memo-rando de costas ante el tribunal de instancia el 3 de marzo de 1972. El tribunal de instancia denegó el pago de las costas por el fundamento de que el memorando no se había presen-tado dentro de los 10 días de dictada la sentencia revocada. Expedimos el auto para revisar.

La Regla 44.4(a) de Procedimiento Civil dispone que las costas se concederán a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito. El propósito de esta regla es resarcir a la parte victoriosa en los gastos necesarios y razonables incurridos con motivo del litigio. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963). En el caso de autos el peticionario perdió el pleito en el tribunal de instancia pero resultó victorioso en apelación. Su derecho a ser resarcido en los gastos del litigio surgió cuando revocamos la sentencia del tribunal de instancia el 22 de noviembre de 1971 y dictamos sentencia a su favor. No podía antes de ese momento hacer reclamación alguna de costas porque no tenía todavía el status de parte victoriosa. Es nuestra sentencia la que le da ese status y de la cual dimana su derecho a ser resarcido.

La resolución del tribunal de instancia denegando las costas es insostenible porque hace inexistente el derecho ganado por el peticionario ante este Tribunal. El término de 10 días para reclamarlo se debe contar desde que se remitió el mandato y no desde que se dictó sentencia por el tribunal de instancia. Se cometió el error apuntado.

Se revocará la resolución recurrida y se devolverá el caso' al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos con-sistentes con lo aquí expuesto.

       La Regla 44.4(a) de Procedimiento Civil dispone:
      “Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas.”


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Frank W. Fournier, et al., peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Erick E. Kolthoff, Juez, demandado.

      Número: O-72-51

      Resuelto: 31 de mayo de 1973

      Jorge J. Oppenheimer Méndez, Elba Canales de Mattina y Rosa Emilia Palou Elosegui, abogados de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de un caso corriente de daños y perjuicios resul-tantes de un choque de automóviles iniciado mediante demanda radicada en el Tribunal Superior, Sala de Baya-món, ocurrido, según surge de las alegaciones, el 7 de mayo de 1971, estando ya en vigor las disposiciones de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, 9 L.P.R.A. see. 2051 et seq.

Se unieron en la demanda cuatro demandantes que viaja-ban en uno de los vehículos envueltos, incluyendo el conductor, formularon alegaciones comunes respecto a la negligencia del conductor y dueño del otro vehículo, describieron las lesiones físicas alegadamente sufridas y los sufrimientos físicos y mentales, daños éstos que valoraron en $10,000 para cada uno.

La demanda fue dirigida contra tres partes, a saber: (1) Manual Meléndez Rolón, dueño y conductor del vehículo cau-sante del choque; (2) United States Fidelity Co., sin que se formulare alegación alguna bajo la cual fue incluida en el pleito; y (3) la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA).

Es con respecto a la inclusión de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles como parte demandada en la acción civil de daños, bajo la alegación de que está obligada por ley “ .. a compensar a los demandantes por los daños sufridos . . . cosa que se ha negado a hacer”, y a la denegatoria de la sala de instancia a eliminarla del pleito y desestimar la acción en cuanto a la Administración, que se suscita la controversia que habremos de' resolver en este recurso. ■ >

La Administración adujo tres fundamentos para desesti-mar la acción en cuanto a ella: (1) falta de jurisdicción del tribunal para dictar sentencia en su contra en este tipo de caso; (2) no se agotaron los remedios administrativos; y (3) la ACAA no puede indemnizar sufrimientos mentales.

Como se sabe, el propósito que animó a la Asamblea Legis-lativa en la aprobación de la Ley Núm. 138 fue el buscar una solución al cada día más creciente problema de las víctimas de accidentes de tránsito y procurar que a un gran número de las víctimas de accidentes de automóviles se les garantice ciertos servicios médicos y, en algunos casos, compensación por las lesiones sufridas, bajo un plan de seguro compulsorio, administrado por una instrumentalidad pública, sin que haya que satisfacer las condiciones previas exigidas, ni seguir el trámite judicial, bajo el sistema de compensación fundado en el concepto de negligencia. Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972).

La Ley Núm. 138 que creó la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles establece un procedimiento de adjudicación de reclamaciones y apelaciones. La See. 7 de la ley, 9 L.P.R.A. see. 2058, dispone que las reclamaciones ante la ACAA sólo pueden presentarse de acuerdo con lo preceptuado en dicha sección, y éstas se. adjudicarán y se revisarán de acuerdo con el procedimiento establecido en la Sec. 11, 9 L.P.R.A. see. 2061, el cual tiene que ser agotado antes de acudir a los tribunales. La única forma de llegar a los tribunales, en busca de una revisión de la determinación administrativa, es mediante solicitud de revisión judicial pre-sentada ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, según se establece en la Sec. 11, 9 L.P.R.A. see. 2061(3), limitada la jurisdicción de ese tribunal a cuestiones de derecho; las con-clusiones de hecho de la Junta, de estar sostenidas por eviden-cia sustancial, serán finales. La ley no provee en ninguna de sus secciones para que dichas reclamaciones se establezcan mediante demanda de daños y perjuicios basada en la negli-gencia de un tercero. El propósito de la ley es proveer de sus beneficios a las víctimas de accidentes de tránsito indepen-dientemente del principio de negligencia necesario en la recla-mación judicial, civil y ordinaria. De acuerdo con este propó-sito, las reclamaciones se sirven de un procedimiento indepen-diente de la acción que pueda radicar la víctima en los tribu-nales de justicia, para reclamarle al tercero negligente. No fue el propósito de la ley que la ACAA interviniera en todo pleito que envuelva un accidente automovilístico.

Suponiendo que los demandantes hubiesen hecho la recla-mación ante la ACAA, ésta pudo negarse a compensar los daños reclamados por los demandantes bajo cualquiera de los siguientes supuestos: (1) que se hayan reclamado partidas no compensables bajo la ley; (2) que la reclamación se le haya notificado después de 15 días desde el accidente y no se justificase la demora, 9 L.P.R.A. see 2057; y (3) que el acci-dente haya ocurrido bajo cualquiera de las circunstancias enumeradas en la See. 5, 9 L.P.R.A. see. 2055 (8), esto es, que el reclamante haya provocado el accidente para inflingirse daños intencionales, que el reclamante fuera un participante en una competencia de automóviles o en pruebas de velocidad, ya fuera como conductor, pasajero, espectador o como funcio-nario o empleado en áreas reservadas para tales actividades, que el reclamante estuviera conduciendo un vehículo de motor sin estar autorizado o bajo los efectos de drogas o de bebidas embriagantes, o estuviere realizando un acto criminal.

En la demanda, cuatro de los cinco demandantes reclama-ron compensación por sufrimientos mentales. El dueño del vehículo en que viajaban aquellos reclamó sólo compensación por los desperfectos del mismo con motivo de la colisión. La Ley Núm. 138 no contempla compensación por ninguno de esos conceptos. La esfera de acción de la ACAA se limita a proveer beneficios que incluyen pagos por incapacidad, por muerte, por desmembramiento y por servicios médicos o de hospitalización. Dentro de los beneficios disponibles, no se incluye pagos por sufrimientos mentales, ni daños a la propie-dad.

Ahora bien, fuese cual fuese la razón por la que la ACAA denegó, como se alega, la reclamación de los demandantes, en cuanto a dicha reclamación no podía instarse demanda separada contra la ACAA para exigirle que satisficiera la misma. El principio de agotamiento de remedios administrativos requería que el caso llegara al tribunal de instancia por vía de revisión y no mediante demanda separada, después de haberse agotado los recursos de revisión y apelación administrativa provistos por la ley en su Sec. 11, 9 L.P.R.A. see. 2061. Medina v. Hato Rey Realty Co., 72 D.P.R. 638, 642-643 (1951); E.L.A. v. 12,974.78 metros cuadrados, supra. Por lo tanto, el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, no tenía jurisdicción para ver esta reclamación contra la ACAA, pues no se habían agotado los remedios administrativos y, de haberse agotado, no se recurrió en revisión al tribunal con jurisdicción que era el Tribunal Superior, Sala de San Juan, ni puede la ACAA ser deman-dada en daños y perjuicios para solicitar los beneficios pro-vistos por la Ley Núm. 138, pues se obviaría su jurisdicción primaria en detrimento de la armonía y coordinación que debe prevalecer entre los organismos administrativos y la Rama Judicial. A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 915 (1971).

A la luz de lo anteriormente expuesto, se revocará la reso-lución recurrida y se dictará otra desestimando la demanda en cuanto concierne a la Administración de Compensaciones Por Accidentes de Automóviles.

       El dueño del vehículo en el cual viajaban los demandantes reclamó sólo compensación por daños a su vehículo en la suma de $2,000.00.

       La ausencia de alegaciones en cuanto a United States Fidelity Co. no tiene relevancia en cuanto a la cuestión planteada en este recurso. Esta compañía compareció en el pleito debidamente representada, contestó la damanda, admitió la ocurrencia de la colisión, negó las restantes alega-ciones y levantó como defensa especial las deducciones que por concepto de sufrimientos mentales y otras partidas de daños provee la Ley Núm. 138, supra. Inferimos de ello que dicha compañía cubre el riesgo de este acci-dente mediante póliza de responsabilidad expedida a favor del demandado Manuel Meléndez Rolón.

       “La doctrina de jurisdicción primaria no debe confundirse con la que requiere que se agoten los procedimientos administrativos antes de acudirse a los tribunales, aunque ambas son germanas y persiguen el mismo fin:- poner orden en la administración de la justicia y armonizar el funcionamiento de la rama judicial con el de su rama hermana, la ejecutiva. La doctrina que requiere que se agoten los procedimientos administrativos determina la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales; la de la jurisdicción primaria determina qué organismo debe hacer la determinación inicial del asunto. V. Davis en 28 Texas Law Review 400 (1950).” E.L.A. v. 12,974:78 metros cuadrados, 90 D.P.R. 506, 513, (1964).


text:
    Leopoldo Mercado Santini et al., peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Daniel E. López Pritchard, Juez, demandado.

      Número: O-73-16

      Resuelto: 31 de mayo de 1973

      Jorge J. Oppenheimer Méndez, Elba Canales de Mattina y Carlos Bigles, abogados de la ACAA; Moisés García Viera, Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto, Wifredo Márquez Boneta y Santiago A. Jiménez Sabat, abogados del Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado le prestó servicios médicos al obrero Víctor Torres Rivera por lesiones sufridas por éste en un accidente de tránsito mien-tras conducía una motora “Vespa” en gestiones de su empleo. En subrogación de los derechos de Torres Rivera, el Adminis-trador inició demanda de daños y perjuicios contra el alegado causante del accidente, conductor del otro vehículo, Sr. Héctor Rivera Ortiz, a la dueña del mismo, Hertz Rent A Car, Inc., a su compañía aseguradora, Royal Globe Insurance Co., y a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Auto-móviles, reclamando para sí $490.00 por gastos incurridos en el tratamiento médico de Torres Rivera y $5,000.00 por los daños y perjuicios sufridos por el obrero lesionado.

La demanda contiene las alegaciones usuales en estos casos de daños por negligencia y, en cuanto a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), se formula la siguiente:

“7. Que la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles era responsable de los daños y sufrimientos físicos que pudiera sufrir el co-demandante hasta la suma de $8,000.00 a tenor con las disposiciones de la Ley 138 de 26 de junio de 1968.”

Solicitada por la ACAA la desestimación de la demanda en cuanto a ella, la sala de instancia denegó dicha solicitud, fundamentando su resolución denegatoria en la referida ale-gación y las normas aplicables a las mociones de desestima-ción con relación a las cuales cita el caso Rivera Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776 (1972).

La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) recurrió ante nos mediante solicitud de certiorari. El 31 de enero de 1973 dictamos una orden diri-gida al Administrador del Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.), demandante en el pleito original, para mostrar causas por las cuales no debía expedirse el auto de certiorari solicitado, dejarse sin efecto la resolución dictada por la sala de instancia y, en su lugar, dictarse otra desestimando la demanda en cuanto concierne a la ACAA. -

El Fondo del Seguro del Estado presentó su informe en oposición. Sostiene que el argumento de falta de jurisdicción, basado en la Sec. 11 de la Ley Núm. 138 de 1968, 9 L.P.R.A. see. 2061, y la alegación de la ACAA de que el Fondo no agotó los remedios administrativos establecidos en dicha sec-ción carece de méritos por cuanto la acción instada en este caso, no. es un proceso de tipo administrativo, sino que, por el contrario, es una acción en daños y perjuicios en la que los tribunales de justicia son los que tienen jurisdicción, según autorizada por lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo.

Discrepamos. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado inició esta demanda de daños y perjuicios en virtud de lo dispuesto en el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 32. Dice en parte el citado artículo:

“En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con esta ley, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren responsable a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción en la forma siguiente:
Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro' del Estado, de acuerdo con los términos de este Capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma o proporcionar trata-miento, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus bene-ficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, . . . .” (Énfasis suplido.)

Del texto de esta sección surge que, cuando un obrero o empleado lesionado o sus .beneficiarios tuvieren derecho a entablar acción para reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable, el Administrador del Fondo podrá subrogarse en sus derechos para entablar la misma acción. Es esta la acción subrogatoria que se ha traído en este caso para beneficio del obrero y para resarcirse el Fondo de los gastos incurridos. Al referirnos al citado Art. 31, sostuvimos en Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 818, 824-827 (1965) :

“En la primera ocasión en que se interpreta esta disposición se aclara en forma precisa y terminante que dicho artículo no crea una nueva causa de acción que hasta entonces no existiera a beneficio de los herederos, o beneficiarios en su caso, del obrero. Dícese en Cordero, Admor. v. Am. Railroad Co., 66 D.P.R. 460, 464 (1946): ‘. . . la responsabilidad de dicho tercero por la muerte siempre ha existido a favor de los herederos del finado, independientemente de la Ley núm. 45. El artículo 31 de la Ley núm. 45 no tiene por miras derogar esta causa de acción. Tampoco sustituye dicha acción por una a favor de los beneficia-rios bajo el inciso 5 del artículo 3. El artículo 31 más bien dis-pone sencillamente que si un beneficiario tiene tal acción, el Administrador queda subrogado en ella.’ En otras palabras que lo que le insufla vida al derecho de subrogación es la existencia de una causa de acción bajo los principios de la responsabilidad extracontractual.”

Vemos, pues, cómo la acción subrogatoria que autoriza el Art. 31 está basada en la existencia de una causa de acción bajo los principios de responsabilidad extracontractual y que es necesario que dicha causa de acción esté reconocida a favor del obrero o sus beneficiarios. ¿Es la ACAA el tercero responsable al que se refiere el referido Art. 31? Claramente no.

La See. 3 de la Ley Núm. 138, conocida como Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. see. 2053, dispone que tendrá derecho a los beneficios de esta ley “toda persona natural que sufra daño corporal, enferme-dad o la muerte resultante de éstos, como consecuencia del mantenimiento o uso por sí misma o por otra persona de un vehículo de motor como tal vehículo.” Las Sees. 7 y 11 (9 L.P.R.A. sees. 2057 y 2061) disponen el procedimiento para la radicación y adjudicación de reclamaciones de los beneficios provistos por la Ley Núm. 138. La esfera de acción de la ACAA se limita a los casos en que las partes envueltas en un accidente automovilístico sufren lesiones que producen muerte, desmembramiento, incapacidad o que requieren ser-vicios médicos o de hospitalización; y dichas partes solicitan los beneficios provistos para esos casos por la Ley de Protec-ción Social mediante la reclamación según provista en la referida ley. A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 518 (1973).

El obrero lesionado, la víctima en este accidente, podía haber radicado una reclamación ante la ACAA para solicitar los beneficios correspondientes. Esta reclamación habría de ser procesada de acuerdo a las normas establecidas por la ACAA en virtud de la ley que la creó. Ver 9 L.P.R.A. see. 2055. El Fondo del Seguro del Estado no tiene derecho alguno en esta reclamación administrativa, ni en.los beneficios que puedan concederse a la víctima. Los beneficios de la Ley de Protección Social están disponibles a la persona natural que sufre el daño (la víctima) o sus beneficiarios. La propia ley señala quiénes serán considerados beneficiarios de la víctima. See. 3, Ley Núm. 138, 9 L.P.R.A. see. 2053. Estos beneficios no podrán cederse, venderse ni transferirse, y cualquier con-trato al efecto será nulo. See. 5, 9 L.P.R.A. see. 2055(2). La Ley Núm. 138 establece un derecho a compensación indepen-diente del concepto de negligencia mediante una reclamación en un procedimiento administrativo, por lo que el Fondo no tiene acción alguna en qué subrogarse.

Es errónea la contención del Fondo al respecto de que la ACAA se convierte en una “aseguradora” en lo que respecta a las deducciones de $1,000.00 por sufrimientos físicos y men-tales y $2,000.00 por otros gastos, que puede ser demandada de conformidad con la Sec. 13, inciso (1), de la Ley Núm. 138, 9 L.P.R.A. see. 2063(1), y que, por lo tanto, es un tercero responsable de acuerdo con el Art. 31 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32.

La capacidad de ser demandada señalada en la See. 13, inciso 1, de la Ley Núm. 138, 9 L.P.R.A. see. 2063 (1), no tiene relación alguna con las reclamaciones que como función administrativa tiene que adjudicar esta agencia. De la única forma que la ACAA viene obligada a comparecer a los tribunales, en relación con reclamaciones por lesiones sufridas por accidentes de automóviles, es mediante el recurso de revisión provisto en la ley. A.C.A.A. v. Tribunal Superior, supra. Para dichas reclamaciones, la ley provee un procedimiento particular, independiente de la capacidad de la ACAA de demandar y ser demandada.

La ACAA no es una aseguradora común; es una agencia administrativa creada por ley para aliviar un grave problema en nuestra sociedad, con un sistema muy particular y con unos propósitos primordialmente sociales. Lo que establece la Ley de Protección Social es un derecho a compensación, inde-pendiente del concepto de negligencia, que tiene como fin pro-teger a las víctimas de accidentes de tránsito, brindándoles ciertos beneficios que no dependen de una determinación pre-via de responsabilidad, ni de la solvencia del responsable. Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972). La ACAA administra un sistema de compensaciones y servicios cuyo financiamiento se lleva a cabo mediante la distribución de los costos entre las personas que están más directamente rela-cionadas con el problema; los automovilistas. El que la ACAA sea la instrumentalidad pública creada para administrar el sistema de “seguro” y compensación por accidentes de trán-sito, y el que a la aportación se le llame “prima” no la con-vierte en una aseguradora.

Hemos resuelto que la Ley de Protección Social establece unos beneficios reclamables mediante un procedimiento administrativo; que cualquier planteamiento bajo dicha ley debe hacerse en el Foro Administrativo hasta que la decisión de la agencia sea una orden final, revisable por el Tribunal Superior, Sala de San Juan; y que a la ACAA no pueden reclamársele beneficios mediante demanda de daños y perjuicios, por lo que el Fondo del Seguro del Estado no puede subrogarse en acción alguna contra la ACAA, ya que ésta no es una aseguradora de las exenciones que establece la Ley Núm. 138.

En su virtud, se expedirá el auto de certiorari solicitado, se revocará la resolución recurrida y, en su lugar, se dictará otra desestimando la demanda en cuanto a la Administración de Compensaciones Por Accidentes de Automóviles concierne.

       Para proteger los intereses del Fondo del Seguro del Estado, tendría que establecerse un balance entre ambas agencias. La See. 4 de la Ley de Protección Social, 9 L.P.R.A. see. 2054, establece que los beneficios pagaderos por la ACAA serán los que estipula la ley en secciones siguien-tes, después de deducir de los mismos cualesquiera otros beneficios de otros programas de seguros para los cuales sean elegibles la víctima o sus bene-ficiarios (excepto los que la propia ley cataloga como no-deducibles en el inciso (e)). Los beneficios deducibles incluyen los beneficios o ventajas que la víctima o sus beneficiarios reciban o tengan derecho a recibir de otras fuentes en virtud de la lesiones sufridas. Dispone la See. 4, inciso (b) que si la víctima recibe de la Administración servicios por los cuales es elegible bajo otros programas de seguros, sin que se haga la deducción en los casos en que. ésta aplique, el importe de la deducción correspondiente se restará de los beneficios a que tenga derecho la víctima de acuerdo con dichos programas y se pagará por la agencia a cargo de la' administración de dichos programas, directamente a la ACAA. Siguiendo el texto de la Ley Núm. 138, es el Pondo el que primariamente viene obligado a pagar o pres-tar los servicios siempre que el accidente automovilístico sea también un accidente del trabajo. Si la ACAA paga inicialmente, podrá recobrar del Fondo; si paga el Fondo, no podrá recobrar de la ACAA ni del tercero responsable hasta los límites que fija la See. 8. El Fondo tendrá que pagar y brindar los servicios a que tiene derecho el obrero lesionado y no podrá recobrarlos del tercero responsable si no exceden los límites señalados en la Ley Núm. 138. La función de acoplar ambos sistemas es delicada y más compleja de lo que parece, pues son varias las disposiciones de la Ley Núm. 138 que están en conflicto con los intereses del Fondo del Seguro del Estado. Quizás el legislador no previo estos conflictos, pero no corres-ponde a los tribunales de justicia determinar cuál de las dos agencias ejerce una función más importante y debe recibir mayor protección.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Benito Nieves Ramos, acusado y apelante.

      Número: CR-72-122

      Resuelto: 31 de mayo de 1973

      Jorge L. Chaar Cacho, abogado del apelanté; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Rurico E. Rivera Rivera, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante fue acusado por los delitos de asesinato en primer grado e infracción al Art. 4 de la Ley de Armas. Fue encontrado culpable del delito de asesinato en segundo grado por un jurado, y de la infracción a la Ley de Armas por el juez sentenciador.

Se señala como primer error cometido por el tribunal de instancia la admisión de una declaración jurada prestada por el acusado ante un fiscal horas después de los hechos que dieron lugar a la acusación. En dicha declaración, que fue leída al jurado, el acusado admite que atacó a su víctima con un machete infiriéndole varias heridas en la cabeza Sin que mediasen.palabras y estando la víctima desarmada. Se aduce que dicha declaración es inadmisible por la condición de analfabeta del acusado que impide una renuncia válida de sus derechos constitucionales. Se sostiene además que no se le informó en détalle en qué consistía cada uno de dichos dere-chos constitucionales, lo que le privó de la oportunidad de renunciar a cada uno de ellos individualmente.

El error no fue cometido. El fiscal le advirtió de sus derechos constitucionales antes de tomarle la declaración jurada. El incidente entre el fiscal y el apelante antes de la toma de la declaración se desarrolló en la forma siguiente:

“Fiscal: ¿cual es su nombre?
Testigo: Benito Nieves Ramos.
F: ¿A usted lo conocen por algún apodo?
T: Me dicen Beño.
F: Mire Benito, yo soy el Fiscal Noel Vera Mercado de Aguadilla y estoy practicando esta investigación relacionada con la muerte de Vicente Valentín Rodríguez en la que usted es un presunto acusado de estos hechos. Que usted como presunto acu-sado tiene ciertos derechos que le garantizan las leyes de Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico. Usted tiene derecho a prestar o no prestar declaración si así usted lo desea y la declaración que usted preste puede ser usada a su favor o en su contra el día del juicio. Usted tiene derecho a estar representado por abogado o por algún familiar que usted desee que esté pre-sente en este acto. Tiene derecho además usted, a que nadie lo amenace, a que nadie le haga oferta de clase alguna, a que nadie lo agolpee, a que nadie le dé. Que esos son sus derechos como acusado y yo le garantizo esos derechos de que nadie lo obligue a usted a hacer nada ni que se amenace en forma alguna. En caso de que usted no tenga dinero, que no tenga chavos para contratar los servicios de un abogado en este acto el mismo go-bierno, el Estado le asigna un abogado para que lo represente a usted en este momento. De usted prestar declaración tiene que ser una usted quiera decir, que usted quiera decir sin que nadie lo obligue ni lo amenace. ¿Usted me ha entendido lo que yo le he dicho ?
T: Si entiendo.
F: Después de esto que yo le he. dicho y que usted me dice que me ha entendido, ¿usted me desea decir qué fue lo que pasó hoy 17 de febrero de 1968 allá en el barrio Aceitunas ?
T: Sí señor.
F: Levante la mano derecha. ¿Jura decir la verdad y nada más que la verdad?
T: Sí, señor, la verdad digo aquí y dondequiera.
F: ¿ Qué es lo que usted me quiere decir entonces ?”

Luego de finalizado el interrogatorio el fiscal volvió a preguntar al acusado lo siguiente:

“F: Vuelvo y le pregunto, Benito, si usted quiere añadir o quiere borrar esto que usted ha dicho ?
T: En ningún momento se borra eso.
F: ¿Vuelvo y le pregunto si alguien lo ha obligado, o lo ha amenazado o lo ha tratado mal a usted por algún policía, detective o sargento ?
T: No, señor, a casa fue un policía lo más decente.
F: ¿Usted conoce al Sargento Custodio González, ese fue el que fue a su casa ?
T: Fue el que yo le di el machete.”

El fiscal advirtió adecuadamente al acusado sobre sus derechos constitucionales a mantenerse en silencio, a no incri-minarse y a tener allí asistencia de abogado según las normas que establecimos en Rivera Eseuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965) conforme al caso de Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964). En adición le informó que de no tener dinero para pagar a un abogado el Estado se lo proveería. Véanse, Pueblo v. De Jesús Cabrera, 94 D.P.R. 450 (1967); Pueblo v. Guadalupe Rosa, 94 D.P.R. 190 (1967).

El récord revela que la renuncia del apelante a los derechos queda ley le concede fue inteligente y voluntaria y basada en el conocimiento de todos sus derechos constitucionales. Pueblo v. Guadalupe Rosa, supra, pág. 195. La voluntariedad no se cuestiona. Y, respecto a lo inteligente de la renuncia, una mera lectura de la declaración jurada en cuestión y del extenso interrogatorio a que fue sometido el apelante durante el juicio nos convence que el apelante tenía la capacidad necesaria, aun sin saber leer y escribir, para entender plenamente el alcance de las advertencias que se le hicieron y sobre el significado y probables consecuencias de su confesión. El que las advertencias no fuesen explicadas individualmente ni los derechos renunciados por separado no ha lesionado en forma alguna los derechos constitucionales del apelante.

Como segundo error se señala que el fiscal “asumió una postura reñida con los altos principios de justicia al parciali-zarse de tal forma como 'acusador’ que fue altamente impro-pia su tendencia marcada de ocultar e imposibilitar hasta donde le fue posible, evidencia que le era de beneficio al acu-sado-apelante.” Se aduce para sostener este apuntamiento que la defensa solicitó y obtuvo del tribunal autorización para inspeccionar documentos, papeles y objetos en posesión del fiscal al amparo de la Regía 95 de Procedimiento Criminal, pero que el fiscal no le mostró, antes del juicio, una cuchilla “corva” alegadamente perteneciente al difunto que fue en-contrada cerca del lugar de los hechos.

El apelante plantea ahora por primera vez la alegada ocultación de la cuchilla por el fiscal. Sin embargo, hemos examinado detenidamente los autos originales y la transcripción de evidencia del presente caso, la que no nos permite concluir que hubiere habido ocultación de la referida pieza de evidencia. Independientemente de ello entendemos que la preparación de la defensa del apelante no sufrió perjuicio sustancial por tal motivo. El fiscal entregó dicha cuchilla a la defensa durante el transcurso del juicio habiendo la defensa logrado su principal objetivo al obtener la misma y ofrecerla en evidencia.

En el tercer señalamiento de error se atacan las instruc-ciones ofrecidas al jurado, desglosándolo en cinco partes: (1) que las instrucciones sobre el delito de asesinato se ofrecieron en forma desarticulada y tienden a confundir al jurado; (2) que la sala sentenciadora se limitó a leer suscintamente lo establecido en el Código Penal sobre el delito de homicidio; (3) que las instrucciones sobre-la prueba de buena reputación resultan ser indiferentes; (4) que las instrucciones sobre defensa propia no se ofrecieron hasta que la defensa las soli-citó y que las mismas son inadecuadas; (5) que no se instruyó al jurado sobre la admisión que hizo el tribunal de la declara-ción jurada del apelante.

El apelante no solicitó instrucciones adicionales ni objetó las instrucciones sobre los aspectos que ahora se tratan de impugnar. Al no haberlo hecho es de aplicación la Regla 137 de Procedimiento Criminal que reza así: “Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquiera porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que plan-teare su objeción a ellas o solicitare instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar . . . La ausencia de tal solicitud u objeción constituye una renuncia al plantea-miento en apelación siempre que no se hayan lesionado dere-chos fundamentales del apelante. Pueblo v. Torres Rolón, 99 D.P.R. 970 (1971); Pueblo v. Álvarez de Jesús, 99 D.P.R. 124 (1970); Pueblo v. De León Claudio, 99 D.P.R. 266 (1970); Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968). Aunque lo expresado precedentemente es suficiente para dis-poner del planteamiento, pasamos a discutir los apuntamien-tos del tercer error:

(1) Las instrucciones impartidas por el juez sentenciador en relación con el delito de asesinato y sus dos grados estable-cen claramente la diferencia entre uno y otro de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicable. También instruyó el juez de instancia diáfanamente al jurado sobre la cuestión de duda razonable entre el asesinato en primer grado y en segundo grado advirtiéndoles que de tener duda con respecto al grado debían traer una convicción en el grado menor. No se cometió el error.

(2) La instrucción sobre el delito de homicidio, si bien fue suscinta, y no tan detallada como al hacer la distinción entre los dos grados del delito de asesinato, constituyó una exposi-ción correcta de la ley aplicable. Añadió además el juez que si hubiere duda de haberse cometido un delito de asesinato en primer grado o en segundo grado o uno de homicidio volun-tario, es el deber del . jurado dar el beneficio de la duda al acusado y traer un veredicto de homicidio' voluntario. La instrucción fue adecuada.

(3) Hemos examinado el testimonio sobre la buena reputación del apelante y solamente hemos encontrado una manifestación al respecto dicha por uno de los testigos de defensa que lo conoce desde pequeño (T.E. pág. 205) al efecto de que “Yo lo conozco como una bella persona.” Tal expresión, de por sí, al no contener hechos que puedan fundamentar dicha conclusión, resulta débil y escasa y no constituye el tipo de prueba que pueda justificar unas instrucciones al efecto de que el propósito de dicha prueba es crear duda razonable. Especialmente cuando la propia declaración del apelante estableció en términos definitivos su culpabilidad. Y, habiendo sido la instrucción impugnada una pequeña parte de las extensas instrucciones ofrecidas, el hecho de que la instruc-ción sobre reputación pudiera ser errónea en cierto aspecto, no constituye un perjuicio sustancial de sus derechos que requiera revocar su convicción. Pueblo v. Negrón Vélez, supra, pág. 439.

(4) La defensa solicitó del tribunal que instruyese al jurado sobre defensa propia. El juez transmitió instrucciones sobre este extremo. El hecho de que las instrucciones sobre defensa propia ño se hubieren transmitido hasta que las mismas fueron solicitadas por la defensa no afectó los derechos fundamentales del apelante. Las instrucciones transmitidas sobre ese concepto fueron claras y adecuadas.

(5) En cuanto a las instrucciones sobre la admisión de la declaración jurada del apelante, consideramos que las mismas eran innecesarias. La Regla 151.1 de Procedimiento Criminal dispone que corresponde al juez en ausencia del jurado oír y resolver todas las cuestiones de hecho y de derecho referentes a la admisibilidad de una confesión del acusado. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729 (1965). La propia Regla 151.1 dispone que el acusado no está impedido de presentar al jurado evidencia relativa al peso o credibilidad de la confesión y sobre las circunstancias bajo las cuales fue ésta obtenida. En el caso de autos la defensa no presentó prueba en presencia del jurado que justificara una instruc-ción al respecto. Tampoco solicitó una instrucción especial sobre dicho extremo.

Por las razones expuestas no se cometió el tercer error.

Aunque el apelante no ataca la sentencia de un año de cárcel que se le impuso por la infracción al Art. 4 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 414, por tratarse de un delito menos grave se reduce la pena por dicha infracción al término de seis meses de cárcel en virtud de' la Ley Núm. 8 de 7 de julio de 1971. Pueblo v. De Jesús Rosado, 100 D.P.R. 536 (1972).

Así modificada, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, en este caso el 12 de noviembre de 1968.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en voto separado, con el cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila, Cadilla Ginorio e Irizarry Yunqué.

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario

—O—

Voto disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz en el cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila, Cadilla Ginorio e Irizarry Yunqué

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1973

Al confirmar esta sentencia estamos devolviendo las garantías constitucionales fundamentales del procedimiento criminal a un escritorio de fiscalía, consumando un retroceso en la dirección inquisitorial del “star chamber”. El apelante cometió un crimen pasional, es un analfabeto que en la etapa más crítica del proceso, nublado su precario entendimiento por la tragedia ocurrida pocas horas antes, se enfrenta a un fiscal sin abogado. El fiscal le habla de un derecho a declarar o a no declarar, y a tener abogado, en un léxico que difícil-mente podía llevar al individuo el concepto de lo que estaba renunciando. Las advertencias héchasle no pasaron de ser una fórmula intrascendente. La confesión así obtenida se. lee al jurado, debemos inferir que para obtener el mayor castigo contra el acusado, pues él declaró en el juicio y admitió haber atacado con machete a su antagonista.

El fiscal es una parte adversaria, claramente identificado con un lado; es un esforzado competidor en la valla donde se juega la libertad de un hombre. Esa realidad hizo que se le privara hace años de sus anteriores facultades para ordenar arrestos, fijar fianza, determinar causa probable, y ordenar archivo de casos. Si se le ha quitado poder para ordenar un arresto o graduar una fianza ¿se le va a permitir que tome a solas una confesión y haga del juicio una tragicomedia?

El jurado, que ante un crimen pasional pudo absolver -o traer un veredicto de homicidio, oída la confesión produce un veredicto de asesinato en segundo grado con pena mínima de 10 años de presidio.

No es la simple oferta de abogado sino la presencia y la participación cabal y efectiva de éste en los pasos conducentes a la confesión lo que haría ésta admisible sin dejar en nuestra conciencia la insatisfacción que se deriva de este caso. Habiendo tanto abogado dispuesto a auxiliar a un acusado en su confrontamiento con los expertos en la ley y el procedi-miento criminal la dignidad de nuestro proceso criminal bien merece que erradiquemos definitivamente la farsa de confer siones “voluntarias y espontáneas” sin asistencia legal.

Peca de inconsistente el criterio de la mayoría, pues mien-tras nos esmeramos con extremado escrúpulo para cerciorar-nos de la renuncia espontánea e inteligente al juicio por jurado por parte de un acusado que ya ha tenido el beneficio del consejo y asesoramiento de un defensor de alta idoneidad, y también revisamos con puntillosa exigencia las expresiones del juez en sus instrucciones y su intervención en el examen de testigos, guardamos la acción depuradora ante una confesión tomada sin asistencia legal aun cuando ésta tiene una conse-cuencia incomparablemente mayor en el resultado del juicio y en la garantía de libertad del individuo para cuya preserva-ción existe el debido proceso de ley. Volveremos al método fácil de encaminar la investigación hacia el logro de una con-fesión, que es el método inquisitorial más cómodo, y una vez lograda, el juicio será un auto sacramental.

La sentencia está fatalmente viciada y teñida por la con-fesión obtenida bajo las circunstancias que se indican por lo que ha debido revocarse y concederse un nuevo juicio.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Manuel Disdier Pacheco, demandante y recurrente, v. José M. García, demandado y recurrido.

      Número: R-69-3

      Resuelto: 12 de junio de 1973

      Orlando A. Disdier, abogado del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente radicó demanda contra el recurrido en mayo de 1961, en solicitud de un injunction para recobrar la posesión de un predio de terreno de 820 metros cuadrados. Alegó que dentro del año precedente a la presentación de la demanda estaba en la posesión real del inmueble y que fue perturbado en dicha posesión por el demandado-recurrido, quien destruyó una cerca que separaba el predio en cuestión de otro del demandado y destruyó además un rancho en que el demandante-recurrente tenía almacenados algunos muebles. Por razones que no surgen de los autos ante nos, no se radicó contestación hasta el 31 de enero de 1962 — diez meses después —en que se negaron las alegaciones de la demanda.

El caso fue señalado para juicio en numerosas ocasiones y suspendido en otras tantas por mociones de las partes y renuncias de abogados. No fue hasta el 10 de septiembre de 1968, más de siete años después de presentada la demanda, que el pleito fue a juicio. El 8 de noviembre de 1968 se pro-dujo sentencia que declaró sin lugar la demanda. Se solicitó su reconsideración, accediendo a ello el tribunal a quo única-mente en cuanto a su pronunciamiento sobre imposición de honorarios de abogado.

Oportunamente se radicó solicitud de revisión ante nos. Decidimos revisar. Se expidió y se diligenció el correspon-diente mandamiento de revisión en febrero de 1969. Por razones que tampoco surgen de los autos no se elevaron los autos originales hasta mayo de 1972, y fue luego de ordenar nosotros la desestimación del recurso por abandono que,, pre-via moción del abogado del recurrente para dejar sin efecto nuestra resolución desestimatoria, a que accedimos, se radicó por dicho abogado su memorando de autoridades en apoyo del recurso. En cuanto al recurrido, no ha comparecido en los autos ante nos para oponerse al recurso. No hemos tenido el beneficio de conocer sus fundamentos de oposición, si algunos.

Hemos hecho esta relación de fechas porque de inmediato salta a la vista el poco interés y la falta de diligencia de los agobados de ambas partes en la tramitación de este caso. Es inconcebible que una acción tan sencilla como lo es un interdicto posesorio se haya tomado tanto tiempo en dilucidarse y resolverse. Tenemos que consignar la más enérgica censura de la desconsiderada actitud de los abogados, no sólo en cuanto a su deber de velar por los derechos de sus respectivos representados, sino también en cuanto a su obligación de velar porque el trámite judicial sea tan rápido como lo debe ameritar su eficacia, para lograr la realización de la justicia. Véase Ríos Mora v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 117, 124 (1967).

En búsqueda de razones que expliquen la irrazonable dila-ción habida en la tramitación del caso, hemos considerado oportuno analizar la naturaleza procesal de la acción ejercí-tada. Aunque no se justificaría la dilación habida aun si se tratase de una acción ordinaria, es posible que así se conside-rase y por ello no se diera cumplimiento por el tribunal a quo a los preceptos del Código de Enjuiciamiento Civil vigentes sobre el particular.

La Ley Núm. 43 de 13 de marzo de 1913 “proveyendo procedimientos para recobrar la posesión de propiedad in-mueble” fue incorporada al Código de Enjuiciamiento Civil (1933) en sus Arts. 690 a 697, 32 L.P.R:A. sees. 3561 a 3566. La referida ley instituyó un remedio de naturaleza sumaria para proteger al poseedor de un inmueble, aun contra el propio dueño, Navedo v. Amato, 70 D.P.R. 673 (1949), cuando se pretendiere despojar al poseedor de su posesión (interdicto para retener), o se hubiere desposeído a éste (interdicto para recobrar), siempre que el demandante, “dentro del año precedente de la presentación de la demanda, estaba en la posesión real de la propiedad que en dicha demanda se describe, si se trata de recobrarla, y estaba y está, si de retenerla.” Art. 691(1), 32 L.P.R.A. see. 3562.

El carácter sumario de la acción quedó consagrado por los Arts. 692, 693 y 694, 32 L.P.R.A. sees. 3563, 3564 y 3565, respectivamente, que leen como sigue:

“§ 3563. Fecha de la vista; emplazamiento
La corte fijará fecha para el juicio en dicha' demanda, el cual tendrá lugar dentro de los quince días subsiguientes, debién-dose emplazar al- demandado ocho días antes, cuando menos, al fijado para el. juicio. — Código Enj. Civil, 1933, art. 692.
§ 3564. Mociones
Toda moción o excepción deberá presentarse y verse en el acto del juicio. — Código En. Civil, 1933, art. 693.
§ 3565. Sentencia; costas
La corte dictará sentencia sin demora indebida. Se impon-drán las costas a la parte contra la cual se dictare sentencia.— Código Enj. Civil, 1933, art. 694.” '

Pero he aquí que en 1943 se incorporaron a nuestro sis-tema procesal civil gran parte de las Reglas Federales de Enjuiciamiento Civil, bajo la rúbrica de “Reglas de Enjuicia-miento Civil.” La número 81 disponía, en su inciso (a): “Estas reglas serán aplicables a todas las acciones civiles ordinarias y a todos los casos de mandamus, injunction, interdictos para retener o recobrar la posesión, tercerías, reclamaciones del derecho de hogar seguro.” El alcance de dicha disposición fue despojar a los interdictos posesorios de su carácter sumario. Sucn. Figueroa v. Hernández, 72 D.P.R. 508 (1951); González y. Vélez, 68 D.P.R. 904 (1948) y Rivera v. Cancel, 68 D.P.R. 365 (1948). Ello significó sin duda un paso atrás en cuanto'respecta a la tramitación rápida de la acción, tan sencilla como es, reñido sin duda con la pauta de hermenéutica consignada en la número uno de dichas Reglas, al efecto de que: “Se interpretarán en forma tal que garanti-cen una solución justa, rápida y económica de toda acción.” (Énfasis nuestro.)

Las citadas Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943 fueron expresamente derogadas por la número 72 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, 32 L.P.R.A., Ap. II. El mismo precepto derogó el Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933, pero dejó vigente expresamente todo el articulado de dicho Código que regula el interdicto para retener o recobrar la posesión de propiedad inmueble, a saber, los Arts. 690 a 695, 32 L.P.R.A. sees. 3561 a 3566. Es inescapable la conclusión, y así lo resolvemos, de que la acción interdictal que nos ocupa ha sido restituida a su carácter de, y es desde el 31 de julio de 1958, fecha en que comenzaron a regir las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, una acción de naturaleza sumaria a la que le son aplicables para su ejercicio las normas establecidas en los Arts. 690 a 695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 3561 a 3566.

El principio del Art. 6 del Código Civil,'31 L.P.R.A. see. 6, de que la derogación de una ley derogatoria no restablece la primitiva ley derogada, no es óbice para la conclusión a que llegamos. La Regla 72 es clara en cuanto a la intención legis-lativa expresa de dejar en toda su fuerza y vigor el articulado del Código de Enjuiciamiento Civil que regula el interdicto posesorio. Véase el art. 43 del Código Político, ed. de 1902, 2 L.P.R.A. see. 251.

Conviene a la rápida y económica tramitación de la acción interdictal el que se le haya restituido el carácter sumario que tuvo antes de la vigencia de las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1948. Por la naturaleza sencilla de la acción, en que sólo se ventila el hecho de la posesión, Rodríguez v. Alcover, 78 D.P.R. 822 (1955), y casos más adelante citados, no debe su ejercicio estar sujeto a los vaivenes de mociones, vistas y medios de descubrimiento de prueba que, si deseables en las acciones ordinarias, sin duda frustarían el propósito de que el hecho de la posesión sea resuelto y adjudicado sin dilación y dentro de los términos que específicamente prescribe el Art. 692, arriba transcrito.

No habiéndose traído ante nos la transcripción de la prueba oral desfilada ante la Sala sentenciadora no estamos en condiciones de determinar si las partes de este caso y el tribunal a quo orientaron la tramitación del pleito como una acción ordinaria para determinar los derechos de los liti-gantes. Las alegaciones de la demanda, la “Relación del caso, Determinaciones de Hecho [síc] y Conclusiones de Derecho” en que se funda la sentencia recurrida, y los fundamentos del recurso que nos ocupa evidencian, por otra parte, que lo que se pretendió y se debió litigar ante el tribunal a quo fue la acción interdictal y no una acción para que se adjudicasen los dere-chos dominicales de los litigantes sobre el predio de 820 metros cuadrados. Salvo circunstancias excepcionales que no surgen de los autos, la acción debió tramitarse y resolverse como una de carácter sumario. Tenemos que repetir que no se justifica una dilación de más de siete años para su disposición por el tribunal a quo, y más de tres años para el perfecciona-miento del recurso ante nos.

Pasemos ahora sobre los méritos del recursó. Reiteradamente hemos resuelto que en acciones ■ interdíctales para retener o recobrar la posesión de inmuebles solo puede litigarse el hecho y no el derecho a la posesión, sin perjuicio de que los derechos de los interesados, sean dilucidados en una acción plenaria. Segarra Boerman v. Vilariño, 92 D.P.R. 314, 320 (1965); Rodríguez v. Alcover, supra; Janer v. Álvarez, 75 D.P.R. 37 (1953); Rodríguez v. Suárez, 71 D.P.R. 728 (1950); Martorell v. Municipio, 70 D.P.R. 380 (1949); Mena v. Llerandi, 70 D.P.R. 176 (1949); Rivera v. Cancel, 68 D.P.R. 365 (1948); Ramos v. Puig, 61 D.P.R. 83 (1942) y Sucn. Maldonado v. Maldonado, 43 D.P.R. 678 (1932). Dijimos en Martorell v. Municipio, supra, a la pág. 385: “No se está prejuzgando en esta acción quién tiene el derecho de posesión a las parcelas de terreno en controversia, si el demandante o el demandado. Solo tiene por objeto 'decidir interina- mente sobre el hecho de la posesión sin perjuicio del derecho de los interesados/ ya que Tor su propio carácter, las resolu-ciones en ellas recaídas no deciden nada en definitiva . .-. .’ ”

Resumimos a continuación lo que el tribunal de instancia determinó como hechos probados. (1) En 1958 el demandante recurrente adquirió por compra un predio de terreno radicado en el Barrio Río Cañas de Caguas, compuesto de cinco cuer-das. Se inscribió su título en el Registro de la Propiedad. (2) En 1959 el demandante obtuvo autorización de la Junta de Planificación para segregar de dicha finca un predio de una cuerda. (3) El 20 de agosto de 1959 y mediante escritura pública el demandante vendió a Efraín Pérez Vázquez, quien no fue parte en el pleito que nos ocupa, el remanente de cuatro cuerdas. (4) El 23 de mayo de 1960 y también por escritura pública el demandante vendió al demandado-recu-rrido el predio de una cuerda. En las subsiguientes determina-ciones, identificadas con los números del 5 al 9, concluyó el tribunal de instancia que la venta del predio de una cuerda no se hizo a un tanto por unidad de medida, sino por .el precio alzado de $7,200.00; que el demandante entregó dicho predio al demandado y éste tomó posesión de él tres días después de otorgarse la. escritura; y que desde que se hizo la entrega el demandado ha estado en la posesión de dicho predio.

Nada concluyó el tribunal de instancia respecto de los 820 metros cuadrados reclamados por el demandante y de que fue desposeído por el demandado, según sus alegaciones. La con-tención del demandante-recurrente es que aunque por la escritura de 20 de agosto de 1959 aparece vendiendo el rema-nente de cuatro cuerdas al Sr. Efraín Pérez Vázquez, la realidad fue que le vendió solamente 14,539.44 metros cua-drados, lo que así se hizo constar por documento privado sus-crito el día anterior (19 de agosto de 1959), y ratificado por escritura pública posteriormente. Sostiene el demandante-recurrente que se hizo figurar la venta de cuatro cuerdas para facilitar su inscripción, pero que retuvo, según convenido, el predio de 820 metros cuadrados, que formaba parte de la finca de cuatro cuerdas y no de la de una cuerda vendida al demandado. Alegó que el demandado le desposeyó de los 820 metros cuadrados al destruir la cerca que los separaba del predio de una cuerda, y al destruir un rancho que el . deman-dante tenía en el predio de 820 metros, trasladando unos muebles que tenía en él almacenados.

El tribunal a quo, aplicando los preceptos del Código Civil relativos al exceso o disminución de cabida de un inmueble cuya venta se hace por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, Art. 1360, 31 L.P.R.A. see. 3820 resolvió que el demandado no viene obligado a devolver “el exceso”. Asumimos que al decir, “el exceso” se refiere a los 820 metros cuadrados, aunque no lo dice.

Al entrar en la consideración sobre qué fue lo que se vendió necesariamente entraba el tribunal de instancia en la cuestión del título, para adjudicar los derechos dominicales de la partes. Perdió de vista que, como hemos apuntado tantas veces, el único objeto del interdicto posesorio es mantener en la posesión al que la tiene, y es perturbado en ella, sin que en dicho procedimiento puedan investigarse cuestiones de título. Véanse los casos ya citados y en especial el de Sucesión Maldonado v. Maldonado, 43 D.P.R. 678 (1932). Su propósito obvió es proveer al poseedor un remedio rápido y eficaz para proteger su posesión, desalentando así que los ciudadanos recurran a la fuerza y la violencia frente a amenazas de des-posesión o a la desposesión consumada.

Es significativa, además, la contradicción entre las deter-minaciones de hechos y la conclusión de derecho que se hacen en la sentencia respecto del requisito de ley de que el deman-dante estuviera en posesión de la finca dentro del año prece-dente a la fecha de presentación de la demanda. En sus deter-minaciones de hechos concluyó la Sala sentenciadora que el demandante “entregó la finca vendida al demandado José M. García tres días después de haberse formado [sic] la corres-pondiente escritura de compraventa”; que el demandado “tomó posesión real de la finca adquirida”; que el demandante “con posterioridad a la venta de dicha finca nunca ha estado en posesión de la misma.” (Énfasis nuestro.)

De la faz de la demanda no surge en qué fecha se radicó. Debemos presumir que se radicó en la fecha que lleva al calce — 12 de mayo de 1961 — cuando aún no se había cumplido el año de haberse otorgado la escritura de compraventa. Necesariamente la perturbación alegada, de haber ocurrido, lo fue con posterioridad al otorgamiento de dicha escritura y cuando no se había cumplido un año de haber dejado el demandande de estar en posesión de la cuerda vendida y del predio de 820 metros cuadrados. No obstante, sugiere la sentencia recurrida en la última de sus conclusiones de derecho que no se cumplió el requisito de posesión dentro del año que señala el Art. 691, 32 L.P.R.A. see. 3562. Es obvio que sí se cumplió dicho requisito. Además de surgir de las determinaciones de hechos, la prueba documental admitida por la Sala sentenciadora que hemos examinado, demuestra que, cuando menos, prima facie se presentó por el demandante un caso de perturbación de su posesión del inmueble, ocurrida dentro del año precedente a la presentación de la demanda. Eso es precisamente lo que requiere el articulado vigente del Código de Enjuiciamiento Civil para el ejercicio del interdicto posesorio. Eso es lo que debió litigarse y resolverse.

Debe revocarse la sentencia recurrida.

Considerando que han transcurrido doce largos años desde que se inició este caso, y tratándose de un recurso que no ha de adjudicar los derechos de las partes sobre el predio de terreno en litigio, debemos poner punto final a la acción inter-dictal ejercitada. Se dictará sentencia declarando con lugar la demanda y se devolverá el caso al tribunal de instancia a los fines de que, cumpliendo con lo preceptuado por el Art. 695 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3566, dicte orden de injunction para que el demandante sea resta-blecido en la posesión del predio de 820 metros cuadrados descrito en la demanda y requiera del demandado para que en lo sucesivo se abstenga de cometer los actos a que se refiere dicha demanda u otros que manifiesten el mismo propósito, bajo apercibimiento de desacato si se incurriere en desobe-diencia al predicho injunction. Quedará a salvo el derecho de las partes y de otros a quienes pueda competer para litigar mediante el procedimiento ordinario el derecho titular sobre el inmueble y cualesquiera otros extremos que fueren proceden-tes. Se impondrán las costas al demandado.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz está conforme con la revocación, pero entiende que el caso ha debido devolverse al tribunal de instancia para determinación de la cuestión factual de la posesión física por uno u otro litigante del predio en litigio, dentro del año precedente a la radicación de la demanda.

       Dicho artículo provee:
      “Ninguna ley o parte de ley revocada por otra ley de la Asamblea Legislativa, queda restablecida en virtud de la revocación de la ley por que fue abolida a no consignarse expresamente en la nueva ley el restable-cimiento de la ley o parte de ley revocada.”

       Abunda a este respecto el hecho de que la demanda, que no se juró originalmente, fuera jurada por el demandante el 12 de enero de 1966, obviamente para cumplir con el Art. 691, 32 L.P.R.A. see. 3562. Resolvimos hace cerca de 60 años en Serrano v. Sucesión Santos, 24 D.P.R. 175 (1916), que el requisito del juramento queda dispensado si no es objetado y se entra a juicio ofreciéndose prueba testifical que sostiene las alegaciones de la demanda. Por otra parte, el tribunal a quo trató la acción a ratos como sumaria y a ratos como ordinaria. Dispuso inicialmente un señalamiento en que específicamente requirió “que toda moción o excepción deberá presen-tarse y verse en el acto del juicio según lo dispone la see. 3564, Título 32, Leyes de Puerto Rico Anotadas.” Pero la orden de señalamiento que así se pronunció se expidió el 21 de julio de 1961, señalándose “la primera comparecencia” (?) para el 9 de agosto de 1961, apartándose así de lo dispuesto por el Art. 692, 32 L.P.R.A. see. 3563. Además, permitió un interrogatorio formulado al demandante bajo la Regla 30 de las de Procedimiento Civil y una moción bajo la Regla 34.4 por no haber contes-tado.

       Dicho artículo lee:
      “En la venta de un inmueble, hecha por precio alzado y no a razón de un tanto por unidad de medida o número, no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.
      Esto mismo tendrá lugar cuando sean dos o más fincas las vendidas por un solo precio; pero si además de expresarse los linderos, indispensables en toda enajenación de inmuebles, se designaren en el contrato su cabida o número, el vendedor estará obligado a entregar todo lo que se comprenda dentro de los mismos linderos, aun cuando exceda de la cabida o número expresados en el contrato; y si no pudiere, sufrirá una disminución en el precio proporcional a lo que falte de cabida o número, a no ser que el contrato quede anulado por no conformarse el comprador con que se deje de entregar lo que se estipuló.” — Código Civil, art. 1360 (1930).

       Ningún planteamiento se ha hecho ante nos ni surge de los autos originales que se hiciera ante la Sala sentenciadora implicativo de que la demanda se hubiera radicado en fecha distinta a la que aparece de su calce.