author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Ramón Delgado Rodríguez, peticionario, v. Departamento de Servicios Contra la Adicción, recurrido.

      Número: O-82-403

      Resuelto: 19 de abril de 1983

      Diego Ledeé Bazán, abogado del peticionario; Luis A. Mercado, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Delgado Rodríguez, empleado que trabajó como Especialista en Conducta Humana II en el Departamento de Servicios Contra la Adicción por espacio de casi siete años mediante contrato que era renovado anualmente, fue separado de su puesto mediante carta al efecto de fecha 19 de marzo de 1981 por la Secretaria Sila Nazario de Ferrer, en la cual se alegó, como razón para la separación, una “difí-cil situación presupuestaria” que confrontaba el referido Departamento.

Inconforme con dicho despido y con el procedimiento que culminó en el mismo, Delgado Rodríguez apeló ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.), la cual desestimó “con perjuicio” la referida apelación por dos fundamentos, a saber: 1- que el recurso interpuesto era frívolo, por cuanto, en virtud de las disposiciones de la See. 4.6(9) de la Ley de Personal la Secretaria del referido Departamento podía separarlo, por ser él un empleado transitorio, “en cualquier momento den-tro del término de su nombramiento”, y 2- que la Junta no tenía jurisdicción para entender en casos de empleados transitorios, en virtud de las disposiciones de la Sec. 7.14 de la citada Ley de Personal.

Delgado Rodríguez acudió entonces, vía revisión, ante el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, el cual se negó a revisar la antes mencionada reso-lución de la J.A.S.A.P. Habiendo acudido ante este Tribunal mediante la correspondiente petición de certiorari, emi-timos orden para mostrar causa. El honorable Procurador General de Puerto Rico ha comparecido en representación de la recurrida Secretaria del Departamento de Servicios contra la Adicción. Estando en condiciones de resolver, pro-cedemos a así hacerlo.

V-H

No hay duda de que el aquí peticionario, en virtud de las disposiciones de la See. 4.3(12) de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1333(12), era un empleado transitorio. Igualmente claro es el hecho de que, en vista de lo dispuesto por la See. 1336, inciso 9, del Tít. 3 de L.P.R.A., la Secreta-ria del Departamento aquí en controversia podía separar al peticionario, por ser éste precisamente un empleado con status transitorio, “en cualquier momento dentro del término de su nombramiento”.

¿Implica ello —como lo dictaminó la J.A.S.A.P.— que la autoridad nominadora o un administrador individual pueden separar de su empleo a un empleado transitorio sin que vengan obligados a observar procedimiento o normas de clase alguna?

En virtud de las disposiciones del inciso 6 de la See. 4.6 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1336(6), y de la See. 9.3 del Reglamento de Personal, resolvemos que no.

La citada See. 9.3 —Áreas Esenciales al Principio de Mérito— dispone, en lo pertinente, que:

Cesantías
Se podrá separar del servicio a cualquier empleado, sin que esto se entienda como destitución:
(1) Debido a la eliminación de puestos por falta de trabajo o fondos, en cuyo caso las autoridades nominadoras procederán de la siguiente manera:
(a) Cada autoridad nominadora establecerá un método a los efectos de decretar cesantías en caso de éstas ser necesa-rias, el cual podrá ser revisado al inicio de cada año fiscal. Como parte de dicho método se podrá subdividir la agencia por programas, unidades, oficinas regionales u oficinas locales a los fines de identificar las jurisdicciones en las cuales habrán de decretarse las cesantías. El método que se adopte se pondrá en conocimiento de los empleados.
(b) Serán separados en primer término los empleados tran-sitorios que presten servicios en dicha agencia; en segundo lugar, serán separados los empleados probatorios; y en último término serán separados los empleados regulares. Se decretarán las cesantías dentro de los grupos de empleados cuyos puestos tengan el mismo título de clasificación. A los efectos de este inciso los empleados probatorios que inme-diatamente antes de adquirir ese status hubieren sido empleados regulares, se considerarán como empleados re-gulares.
(c) Para determinar el orden de prelación en que se decre-tarán las cesantías dentro de cada uno de los grupos de empleados enumerados en el inciso (b) que precede, la auto-ridad nominadora se ajustará a las siguientes normas:
(1) se tomará en consideración el desempeño de las fun-ciones, de manera que queden cesantes, en primer término los empleados menos eficientes. En casos de igualdad de eficiencia, se tomará en consideración el tiempo en el servi-cio de manera que queden cesantes los empleados con menos tiempo en el servicio.
(2) a falta de información válida para determinar el desempeño de las funciones, el factor determinante será el tiempo en el servicio, de manera que la persona de más reciente nombramiento en el servicio será la primera en cesar.
(d) A los fines de determinar la antigüedad se considerará todo servicio prestado en puestos, tal como se define en este Reglamento. (Énfasis suplido.)

Una lectura de la antes transcrita disposición es suficiente para concluir que, a pesar de que la autoridad nominadora tiene el derecho, respecto a empleados transitorios, para prescindir de los servicios de éstos en cualquier momento dentro del término de sus nombramientos, dicha autoridad nominadora, al así hacerlo, viene obligada a seguir el procedimiento y las normas establecidas en la citada Sec. 9.3 del Reglamento, el incumplimiento de los cuales puede conllevar la nulidad de las cesantías. Delbrey v. Municipio de Carolina, 111 D.P.R. 492 (1981).

II

Ahora bien, ¿a qué foro debe acudir ese empleado transi-torio que es separado de su empleo y que entiende que la autoridad nominadora no cumplió, al así despedirlo, con la Ley y el Reglamento de Personal?

Es correcto que la Sec. 7.14 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. sec. 1394, dispone, en lo pertinente, que se podrá apelar ante la J.A.S.A.P. “de las acciones o decisiones de la Oficina Central, de los Administradores Individuales, y de las Autoridades Nominadoras, en los casos y por las per-sonas que se especifican a continuación:

(1) En casos de destitución o suspensión de empleo y sueldo por un empleado de carrera que esté dentro del Sistema de Personal....
(2) Por un ciudadano, cuando alegue que una acción o decisión que le afecta viola su derecho a entrar en el Sistema de Administración de Personal en cumpli-miento con el principio de mérito”. (Énfasis suplido.)

~,Significa ello -como alega la parte recurrida en su comparecencia- que la J.A.S.A.P. no tiene jurisdicciOn para entender en casos de empleados transitorios por no ser éstos ni: (1) empleados de carrera, ni (2) ciudadanos fuera del sistema de personal a quienes se les ha violado su dere-cho a entrar en el referido sistema?

Resolvemos que no puede ni debe sostenerse una interpretación a esos efectos. Debemos mantener siempre presente que “al interpretar una ley hay que leerla y consi-derarla en su totalidad, no fraccionalmente y para encon-trarle su significado, el tribunal tiene que tener en cuenta el propósito de la misma”. Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 616 (1964). No existe razón lógica alguna para impedir que sea la J.A.S.A.P. la que, en primera instancia, resuelva las controversias que puedan surgir respecto a despidos en que estén envueltos empleados transitorios. Dicho organismo administrativo tiene un conocimiento especializado (expertise) que hace sumamente conveniente el que sea éste el que en primera instancia entienda en dichos casos. Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676, 683 (1978). En relación con esta clase de situaciones el objetivo debe ser siempre el de proveerle al servidor público un mecanismo rápido mediante el cual éste pueda resolver sus discrepan-cias con la agencia sin necesidad de elevar inmediatamente los procedimientos ante un tribunal, sujeto a las formali-dades y trámites procesales y gastos que ello conlleva. Aparte de que resulta inaceptable que se le brinde esa opor-tunidad a un ciudadano que está totalmente fuera del sis-tema de personal y se le niegue a uno que ya está dentro del referido sistema.

Por último, queremos señalar que esa fue la intención legislativa. En el debate legislativo que se llevó a cabo el día 3 de octubre de 1975, el senador Gilberto Rivera Ortiz expresó:

Hay otra cosa muy importante en esta ley que me parece que es digno señalar. Se crea a través de la misma una Junta de Apelaciones . . . le provee al empleado público unas condi-ciones para que pueda apelar de cualquier decisión que consi-dere equivocada con relación a su caso en particular. (Énfasis suplido.) Borrador del Diario de Sesiones, Procedimientos y Debates de la Asamblea Legislativa; Senado, 1975, pág. 156.

Como expresáramos en Rivera Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661, 666 (1982), “La interpretación judicial debe ser ágil y no hermética en propiciar la realización del ver-dadero propósito de la ley y dar el pleno valor de su texto en protección del interés objeto de legislación”.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dictará sentencia en que se revoque la resolución que dictara el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, de fecha 19 de mayo de 1982, y en su consecuencia se devuelve el caso a la Junta de Apelaciones del Sistema de Adminis-tración de Personal, la cual asumirá jurisdicción sobre el caso y procederá, conforme a derecho, a resolver el mismo.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado con opinión.

-0-

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

El 19 de marzo de 1981 Ramón Delgado Rodríguez fue notificado por carta que, debido a la difícil situación presu-puestaria, el Departamento de Servicios Contra la Adicción (D.S.C.A.) prescindiría de sus servicios efectivo el 15 de abril. Su último nombramiento, por vía de extensión y como transitorio, vencía el 31 de mayo de 1981. Estuvo ocupando la posición de Especialista en Conducta Humana II por aproximadamente cuatro años.

Apeló ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.). Básicamente alegó ser empleado de carrera con status transitorio y que su cesantía era inconstitucional y contraria a la Ley y el Reglamento de Personal y el del D.S.C.A. Posteriormente mediante enmienda adujo discrimen por razones de ideas políticas. D.S.C.A. solicitó el archivo del recurso bajo el fundamento de que la Junta carecía de jurisdicción para entender en instancias de empleados transitorios. Dicho foro rehusó intervenir y desestimó el recurso a base de que hacerlo sería incompatible con lo resuelto en Pou Estape v. F.S.E., 108 D.P.R. 336 (1979). Estimó que, de considerarlo apropiado, el apelante podría “acudir a los Tribunales de Justicia”, aunque consignó “que aun en el supuesto de que ostentáramos jurisdicción en esta apelación, la misma resulta ser frívola. El texto de la precitada See. 4.6(9) [de la ley, que autoriza la separación de un empleado transito-rio ‘en cualquier momento dentro del término de su nom-bramiento’] legitima la decisión ante nos apelada, convir-tiendo en inmeritoria la presente causa de acción”. Delgado Rodríguez presentó oportunamente escrito de revisión judicial ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, el cual fue declarado sin lugar.

Ante nos señala que incidió J.A.S.A.P. al declararse sin jurisdicción, motivada por una interpretación incorrecta y estrecha de la See. 7.14(1) —Jurisdicción Apelativa— de la Ley de Personal. El planteamiento jurisdiccional requiere una incursión en el ámbito de derechos de un empleado transitorio.

I

Un breve examen inicial de la protección brindada por la anterior Ley de Personal —Núm. 345 de 12 de mayo de 1947— y su Reglamento a los empleados que ingresaban al servicio público por un espacio de tiempo limitado nos per-mite ubicar en su correcta perspectiva la solución del caso.

La ley derogada no definía el término transitorio. Sin embargo, el Reglamento disponía que el “empleado nom-brado mediante certificación de un registro para ocupar un puesto en el Servicio por Oposición por un período fijo” se consideraría un empleado transitorio. 3 R.&R.P.R. see. 647-1(18). Sobre el particular también disponía que:

Los puestos en los cuales se necesiten los servicios de los empleados solamente por períodos de un año o menos serán cubiertos mediante nombramientos transitorios. Estos nom-bramientos se harán mediante certificación de elegibles de los registros. La selección de un elegible para ocupar un puesto transitorio no eliminará el nombre de dicho elegible para puestos de carácter permanente. Ningún nombramiento transitorio excederá del período original para el cual fue extendido, excepto que si hubiere sido hecho por menos de un año, el Director podrá autorizar la ampliación de dicho nom-bramiento hasta el término máximo de un año cuando las necesidades del servicio así lo requieran. Ninguna persona que haya recibido nombramiento transitorio podrá ser nom-brada para desempeñar ese mismo puesto como empleado regular a menos que su nombre sea certificado en el orden que ocupe en el registro de elegibles correspondiente. (Énfasis suplido.) 3 R.&R.P.R. see. 647-78.

Se deduce, pues, que bajo la ley anterior Delgado Ro-dríguez no tenía derecho alguno a permanecer en su posición luego de expirado el término de su nombra-miento.

Sin embargo, hemos visto que ostentaba esa designación al aprobarse el nuevo estatuto de personal —Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975. Es menester, pues, que exploremos qué derechos, si alguno, durante su transición le concedió esa pieza legislativa. Al respecto, la misma establece que “[l]os empleados que a la vigencia de esta ley estuvieren ocupando puestos mediante nombramiento transitorio o de emergencia permanecerán en sus puestos hasta la termi-nación del período de nombramiento”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1421(2). En cuanto a los empleados con status provisional, prescribe que “pasarán a ser empleados transi-torios hasta la terminación de su nombramiento si fueran de término fijo, o hasta que sean destituidos o separados del servicio si fueran por término indefinido”. 3 L.P.R.A. sec. 1421(1)(c).

Se observa, pues, que bajo las clasificaciones de transito-rio o provisional Delgado Rodriguez podIa ser separado al expirar el término de su nombramiento. Por ende, no es determinante situar al señor ilelgado Rodriguez en una u otra clasificaciOn. Bajo cualesquiera de esas categorf as, antes y durante su transiciOn, no gozaba del derecho a per-manencia ni tenIa expectativa legitima de retener su puesto una vez expirado el término de su nombramiento. Véase, Morales Narváez v. Gobernador, 112 D.P.R. 761 (1982). En esas circunstancias no estarIa envuelto conflicto alguno con el principio esencial de mérito sobre retención. De igual modo, ausente una alegaciOn de haber sido sustituido -basado o no en razones polItico-partidistas- tampoco estarIa en controversia el principio de selecciOn.

II

Ahora bien, el récord no está claro en los siguientes extremos: (1) si la primera extensión de su nombramiento, ya vigente la Ley Núm. 5, se hizo conforme la reglamen-tación requerida a la agencia o por el Reglamento de Personal de la Oficina Central; (2) el carácter provisional o fijo del puesto, y si las razones de economía aducidas por la autoridad nominadora al separarlo conllevaron la elimi-nación del puesto; y (3) si D.S.C.A. había aprobado un plan de cesantías para tal eventualidad. Lo único claro es que durante la actual ley se le extendieron varios nombramien-tos. Las contestaciones a estas preguntas determinarán las consecuencias jurídicas y la solución final del caso.

En este sentido, nos preocupa sobremanera la conclusión de J.A.S.A.P. en cuanto a que la apelación resultaba ser frívola, debido a que la See. 4.6(9) del estatuto convalida la actuación de la autoridad nominadora. Reza: “Se podrá separar del servicio a cualquier empleado transitorio en cualquier momento dentro del término de su nombra-miento.”

En Pizarro v. Municipio de Carolina, 112 D.P.R. 822, 829 (1982), al pasar juicio sobre unas cesantías de unos jor-naleros, expresamos que era de aplicación la See. 9.3 del Reglamento de Personal, Áreas Esenciales al Principio de Mérito, debido a que los requisitos prescritos en la citada sección para decretar cesantías “amparan tanto a los empleados transitorios como a los probatorios y a los regu-lares”. (Énfasis suplido.) Puntualizamos que es política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que en el Servicio Público “sean los más aptos los que sirvan al Gobierno y que todo empleado sea ... retenido en su empleo en consideración al mérito y a la capacidad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas”. (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. sec. 1311(1).

Estos pronunciamientos responden a la visión legislativa de que todos los empleados públicos estarán cubiertos por un solo sistema de personal promulgado para hacer cumplir el principio de mérito. 3 L.P.R.A. see. 1311(2). La retención fue incluida como una de sus áreas esenciales. 3 L.P.R.A. see. 1331. Persigue alcanzar “como meta los más altos niveles de excelencia, eficiencia y productividad en el servi-cio público”, a base de que en la administración pública rijan los criterios de mayor uniformidad, equidad y justicia. 3 L.P.R.A. see. 1312 (1). A tal efecto, el estatuto le impuso la responsabilidad tanto a la Administración Central como a los Administradores Individuales de establecer los meca-nismos necesarios “para proteger a los empleados contra despidos y otras separaciones arbitrarias”. (Énfasis núes-tro.) 3 L.P.R.A. sec. 1336(2). No es tan solo el interés del servidor público lo que está en juego y el estatuto quiso tute-lar. La protección beneficia a ambas partes en la relación. Se aspira a que el personal gubernamental forme un cuerpo de servidores públicos eficientes. Hermina González v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978). Nuestra Asamblea Legislativa se sintió movida “a reformar de manera abar-cadora el sistema de personal del servicio público en 1975 [debido a] la profunda insatisfacción que el sistema enton-ces vigente causaba a sus integrantes”. Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40, 45 (1980). En adición, quiso contrarrestar el desaliento que estaba minando la fe del servidor público en el sistema de mérito manifestado en la falta de excelencia en el servicio. P.R. Asamblea Legislativa, Senado, Informe del P. del S. 1428 del 30 de septiem-bre de 1975. Esa óptica legislativa nos lleva a la siguiente interrogante: ¿cuán motivado puede estar un empleado público con status transitorio, cuando conoce que no importa lo eficientemente que esté cumpliendo sus funcio-nes puede ser separado en cualquier momento sin razón alguna? Su contestación requiere un inventario y examen de los derechos que amparan en la actualidad a un transito-rio. Varias disposiciones son pertinentes.

La See. 4.3 del estatuto de personal dispone que “[l]as personas nombradas en puestos de duración fija tendrán status transitorio. La duración de estos nombramientos co-rresponderá al periodo por el cual se cree el puesto(Énfasis suplido.) 3. L.P.R.A. sec. 1333(12). Observamos que el con-cepto transitorio está inexorablemente atado a un puesto cuyo período es limitado. El factor cronológico es el ingre-diente determinante y esencial que da margen para esta-blecer la pauta general. Sin embargo, no es absoluto. A tal efecto, por razones obvias inspiradas en una sana adminis-tración pública, el Reglamento de Personal del Departa-mento de Servicios Contra la Adicción, aplicable al caso de autos, en su Sec. 8.7 prescribe que “[l]os empleados tran-sitorios podrán ser separados de sus puestos, aunque no hayan vencido los términos de sus nombramientos, cuando sus servicios, hábitos o actitudes no fueren satisfactorios”. (Énfasis suplido.) Esta regla representa una excepción al concepto de duración absoluta, pero intrínsecamente reco-noce la norma de que un empleado transitorio es acreedor a retener su empleo durante la vigencia de su nombramiento, salvo que por razones de peso se le separe antes del servicio. No obstante, notamos que con posterioridad la Ley Núm. 1 de 17 de julio de 1979 enmendó, entre otras, las Secs. 4.3(12) y 4.6 de la Ley de Personal —3 L.P.R.A. secs. 1333(12) y 1336. En lo pertinente al caso que nos ocupa, la See. 4.6 adicionó —como inciso noveno— que “[s]e podrá separar del servicio a cualquier empleado transitorio en cualquier momento dentro del término de su nombramiento. (Énfasis suplido.) Al confrontarla con el enfoque legislativo original plasmado en las Secs. 4.3 y 8.7 de la Ley y Reglamento, respectivamente, surge una aparente inconsistencia. ¿Qué interpretación debe prevalecer?

En fiel acatamiento de una correcta hermenéutica, debemos interpretar el estatuto no sólo de modo que logre un resultado cónsono a la intención legislativa —Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981)— sino acorde con los valores que la Ley entraña. Badillo González v. F.S.E., 112 D.P.R. 665 (1982).

El diseño legislativo prevaleciente permite concluir que la condición de transitorio de un empleado no es incompatible con el concepto de empleado de carrera. Al ser seleccio-nado tienen que cumplirse todos los requisitos pertinentes exigidos por la Ley de Personal y el Reglamento. En este sentido el nuevo estatuto requiere que se establezca median-te reglamento los procedimientos especiales de recluta-miento y selección para puestos de duración fija, entre otros, y tan solo “[c]uando no se disponga de registros de elegibles apropiados para determinada clase de puestos y la urgencia del servicio lo justifique”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 1333(11). Ausentes esas circunstancias, no puede recurrirse a un procedimiento especial para cubrir nombramientos transitorios, sino que es menester observar el trámite ordinario prescrito en la See. 7.9 del Reglamento de Personal de la Administración Central.

En el caso de la agencia aquí concernida su propio Reglamento en la Sec. 6.11 establece los procedimientos especiales para el reclutamiento y selección de transitorios. Exige, entre otros, que en todo caso: se asegure que los nom-bramientos se hagan en consideración a la idoneidad y capacidad; que el proceso de reclutamiento se anuncie utili-zando los medios de comunicación más convenientes; que se establezcan listas de candidatos calificados para cada clase de puesto; que todos los candidatos reúnan los requisi-tos mínimos; y que la selección se haga de entre los prime-ros diez candidatos mejor calificados que estén disponibles en la lista de elegibles. Sobre normas análogas al personal bajo la Oficina Central, véase, Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, Sec. 7.10.

Ante este enfoque estatutario de vanguardia, no pode-mos concebir cómo un servidor público, aun transitorio, seleccionado en consideración al mérito, y todas sus salva-guardas, puede ser removido sin justa causa de su posición en cualquier momento durante la vigencia de su nombra-miento y, además, quede impedido de cuestionar su sepa-ración. Lo razonable y lógico es concluir que la Asamblea Legislativa se refería más bien a una separación fundada en causas compatibles con la retención, área esencial al principio de mérito. Como fundamentos para una sepa-ración válida, antes de expirar un nombramiento transito-rio cabe invocar aquellos que dan margen a una destitución o cesantía. La primera, motivada por justa causa y la última debido, inter alia, a la eliminación de puestos, falta de trabajo, razones de economía, o incapacidad física o mental del empleado. 3 L.P.R.A. sec. 1336. Cf. Art. 8 del Reglamento del D.S.C.A. El curso de acción apuntado representa la avenida lícita para que una autoridad nomina-dora prescinda de sus empleados transitorios. Su desviación puede conllevar que la separación sea nula. Olivieri Morales v. Pierluisi, 113 D.P.R. 790 (1983).

Finalmente, deben servir de admonición los pronunciamientos de Pizarro, supra, pág. 829, en cuanto a la adopción de un plan de cesantías:

El presente caso dramatiza el propósito y la importancia de este requisito. Independientemente de cuán justificadas pudieran haber estado unas cesantías desde el punto de vista económico, la política pública a favor de la implementación del sistema de mérito exige que haya constancia de que al eliminarse uno o más puestos en una clase se dejarán cesantes y serán retenidas las personas indicadas de acuerdo con los criterios objetivos que el sistema de mérito encarna. Es igualmente vital que todos los empleados públicos posean conocimiento previo del método a seguirse para que puedan defender adecuadamente sus derechos, los cuales son rela-tivos a los derechos de los demás. La ausencia de constancia clara, objetiva y difundida de los criterios para determinar quiénes habrán de quedar cesantes crea inseguridades y siembra dudas no sólo sobre la legitimidad de cada cesantía particular, sino sobre la validez y necesidad de la decisión de decretar cesantías en general. Ello, a su vez, fomenta la pro-fusión de pleitos y causa erosión y disgusto entre los emplea-dos y es contrario a los objetivos de la Asamblea Legislativa en lograr la mayor uniformidad, justicia, equidad, armonía, satisfacción y continuidad, y regularidad de los servicios públicos posibles. See. 2.2 (3 L.P.R.A. see. 1312).

Por las circunstancias apuntadas concurrimos en el resultado, devolviendo a J.A.S.A.P. el caso para ulteriores procedimientos en que las partes aclaren las interrogantes tácticas expuestas.

       Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975.

       Dispone la referida See. 4.3(12) que: “Las personas nombradas en puestos de duración fija tendrán status transitorio. La duración de estos nombramientos corresponderá al período por el cual se cree el puesto. Podrán efectuarse nombra-mientos transitorios en puestos permanentes según se determine mediante regla-mento.”

       Como empleado público que es, el empleado transitorio goza de la protec-ción del “principio de mérito”, principio que rige todo el servicio público y que constituye la base de la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de personal. 3 L.P.R.A. see. 1311.

       Los incisos (e) y (f) de la referida sección del Reglamento requieren, respec-tivamente, que se le notifique al empleado a ser cesanteado con no menos de treinta días de antelación a la fecha en que habrá de quedar cesante y que nin-guna cesantía será efectiva a menos que se cumpla con el requisito de notificación en la forma allí establecida.

       Un empleado de carrera, de acuerdo con la Sec. 5.12 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. sec. 1352, es aquel empleado que ha pasado por el procedimiento esta-blecido en la See. 4.3 de la citada Ley, 3 L.P.R.A. sec. 1333.

       En Navedo v. Municipio de Barceloneta, 113 D.P.R. 421, 422 (1982), resolvimos que la Sec. 9.3 del Reglamento de Personal “es aplicable” a empleados municipales irregulares y que la J.A.S.A.P. tiene, y debe asumir, jurisdicción sobre casos en que este tipo de empleado público cuestiona su separación del servi-cio.

       El 28 de febrero de 1975 el señor Delgado Rodríguez recibió nombramiento provisional en un puesto de nueva creación bajo el Plan CETA como Especialista en Conducta Humana I, que expiró aproximadamente seis meses después: 31 de agosto. Posteriormente, el 18 de septiembre, comenzó a ocupar la misma posición mediante nueva designación. Subsiguientemente se fueron extendiendo sus nom-bramientos hasta la fecha en que fue separado. El 31 de marzo de 1977 fue reasig-nado a la posición de Especialista en Conducta Humana II.

       El nombramiento original del señor Delgado Rodríguez se caracterizó como “provisional”. Véanse OP-15 fechadas el 28 de febrero y 18 de septiembre de 1975. Se definía el término como aquel “empleado nombrado para ocupar un puesto en el Servicio por Oposición, mediante autorización del Director hasta el establecimiento de un registro apropiado del cual pueda hacerse la certificación de rigor”. (Énfasis suplido.) 3 R.&R.P.R. see. 647-1(19).
      Del estudio integral de su expediente de personal surge más bien su condición de empleado transitorio que provisional. Lo corrobora el hecho de que estuvo ocu-pando la posición por períodos fijos de tiempo a los cuales le sucedieron exten-siones de término ascendentes a diez.

       En la etapa del caso los autos están huérfanos y desconocemos si su nom-bramiento cumplió con todos los requisitos exigidos por las normas conducentes a la selección de personal.

       La Ley Núm. 60 del 30 de mayo de 1973 creó el Departamento de Servicios Contra la Adicción como agencia exenta. Facultó al Secretario de esta nueva agen-cia a “[n]ombrar todo el personal necesario para la operación y funcionamiento del Departamento. El nombramiento y todo lo relacionado con dicho personal se hará y regirá por las normas y reglamentos que prescriba el Secretario, conducentes a un plan análogo al que pueda estar en vigor para los empleados del Gobierno Estatal al amparo de la Ley de Personal y siguiendo las normas del sistema de mérito”. 3 L.P.R.A. sec. 401f(c). Desconocemos si bajo la vigencia del derogado estatuto de personal se obedeció este mandato.
      Por su parte, la Ley de Personal en su See. 5.7 (3 L.P.R.A. sec. 1347) establece la obligatoriedad por parte de los Administradores Individuales de adoptar un reglamento con relación a las áreas esenciales al principio de mérito. En cumpli-miento de esa encomienda, el 11 de abril de 1979 D.S.C.A. aprobó un cuerpo de normas para administrar directamente todo lo relativo a su personal.

       Dispone en sus restantes incisos que:
      “(b) Para puestos de trabajadores no diestros o semi-diestros.
      “(c) Para garantizar igualdad de oportunidad en el empleo a participantes de programas de adiestramiento y empleo, a fin de cumplir con las metas de tales programas.”

       Con igual orientación examínese el Art. 9 del Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    Eduardo Colón Flores y Heriberto Colón Correa, demandantes y recurrentes, v. Municipio de Guayama y Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos, demandados y recurridos.

      Número: R-82-103

      Resuelto: 20 de abril de 1983

      Russell A. del Toro y Francisco López Romo, abogados de los recurrentes; Miguel L. Lineres Grau, de Parra, Del Valle & Frau, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El planteamiento central que consideramos en el pre-sente recurso es secuela obligada de nuestra decisión en Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981). Resolvimos en Torres que las disposiciones de la Ley de Pleitos contra el Estado, en cuanto limitaban su responsabilidad por daños provenientes de culpa y negligencia, son inconstitucionales. A igual conclusión es forzoso llegar con respecto al Art. 96-A de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. sec. 1603a, cuya validez constitucional es aquí atacada.

h — I

En horas de la madrugada del 17 de diciembre de 1974, un joven de 23 años de edad, de nombre José A. Colón Co-rrea, se dirigía a su trabajo caminando por la orilla de una carretera estrecha en la jurisdicción de Guayama. Un camión de dicho municipio que discurría en la misma dirección del joven, sin luces, y sin dar aviso alguno de su proximidad, invadió el paso del peatón con una plataforma ancha que arrastraba y que sobresalía hacia los lados, alcanzándolo y causándole serias y graves lesiones.

El joven no murió en el acto. Aunque el golpe le desba-rató la columna vertebral, dejándole parapléjico, y le pro-dujo una contusión cerebral, se mantuvo consciente todo el tiempo, hasta diez días más tarde, cuando falleció en el Hospital de Distrito de Ponce al sufrir un fallo cardíaco mientras era sometido a radiografías y análisis. El trata-miento médico durante esos diez días fue sumamente dolo-roso. Los records de su hospitalización revelan un angus-tioso cuadro de un joven aquejado de profundos dolores, consciente de que su muerte era inevitable, aferrándose valientemente a un frágil hilo de vida, viendo desfallecer sus esperanzas de felicidad junto a una joven con quien estaba próximo a casarse.

El padre, único heredero del joven Colón Correa, y su otro hijo, Heriberto, demandaron por daños y obtuvieron senten-cia contra el Municipio de Guayama y su compañía asegu-radora. Dicha sentencia limitó la responsabilidad del muni-cipio a $15,000, máximo permitido por el Art. 96-A de la Ley Municipal, antes transcrito. Se incluyó en dicha suma la cantidad de $10,000 en que valoró el tribunal sen-tenciador los sufrimientos físicos y angustias mentales que padeció el joven Colón Correa durante los diez días de agonía que transcurrieron desde el accidente, hasta el momento de morir.

Plantearon los demandantes en instancia que nuestra decisión en Torres, supra, es aplicable y tuvo el efecto de anular los límites monetarios dispuestos por el Art. 96-A de la Ley Municipal. El tribunal no acogió el planteamiento por entender que Torres no tiene efecto retroactivo. Plan-tearon, además, los demandantes que es insuficiente la can-tidad de $10,000 en que se valoraron los sufrimientos y angustias por los que pasó el joven Colón Correa durante los diez días que vivió después del accidente. El tribunal se negó a reconsiderar.

Recurrieron ante nos los demandantes y expedimos orden a los demandados recurridos para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y (1) aumentar la cuantía concedida por las angustias y sufrimientos del joven Colón Correa, y (2) decretar la inconstitucionalidad del Art. 96-A. Citamos a Torres, supra, y dispusimos que se notificara al Secretario de Justicia para que se expresara al respecto. Tanto el Secretario de Justicia como el Municipio de Guayama han comparecido. No así la asociación asegu-radora.

II

El Secretario de Justicia y el municipio basan su defensa del Art. 96-A en la inaplicabilidad e irretroacti-vidad de Torres, y en la razonabilidad de los límites dis-puestos por dicho artículo. Consideramos estos plantea-mientos por separado.

—A—

En Torres declaramos inconstitucionales los incisos (a) y (c) del Art. 2 de la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado. No estaba ante nos el Art. 96-A de la Ley Municipal y, por tanto, actuó acertadamente el tribunal de instancia al negarse a aplicar dicho caso. Quintero v. Servicio de Riego, 66 D.P.R. 940 (1947). No tenía ante sí un pleito contra el Estado. El planteamiento sobre irretroactividad de Torres no tenía ni tiene, por tanto, que ser considerado.

—B—

Examinemos la cuestión central sobre la constitucio-nalidad del Art. 96-A de la Ley Municipal.

Los municipios son criaturas jurídicas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2618 (1961). Como tales, corresponde a ésta determinar lo relativo a su organización y funcionamiento. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. VI, Sec. 1; Art. 37 de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, L.P.R.A., 1982, T.1, pág. 236. Desde el punto de vista histórico, los municipios han existido como entidades autónomas del Estado con el propósito de posibilitar la efectiva realización de sus fines políticoadministrativos. También se ha dicho que existen con el propósito de poner en efecto algún poder que el Estado podría ejercer, pero no tan convenientemente como la entidad municipal. People v. Chicago Transit Authority, 64 N.E.2d 4 (1945). Con la creación del municipio, el Estado puede atender de forma mucho más satisfactoria el bienestar social y económico de un conglomerado vecinal específico, de acuerdo con sus necesidades y urgencias en particular. Véase, Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980).

La presencia del municipio como ente regulador subor-dinado al Estado existió en Puerto Rico por lo menos desde tiempos de España. Véase, e.g., A. R. Caro Costas, El régimen municipal en Puerto Rico en el siglo XVIII, San Juan, Instituto de Cultura Puertorriqueña, 1966 (estudio preliminar). Su organización y funcionamiento, basados en un esquema corporativo, se rige hoy día por legislación especial. Siendo criaturas del Estado subordinadas a éste, la Asamblea Legislativa no puede delegarle más poderes e inmunidades que los que el Estado posee. El municipio no es soberano por sí mismo. 1 McQuillin Mun Corp Sec. 2.08a, pág. 143 (3ra ed.).

En lo que concierne a la responsabilidad por daños ocasionados por un municipio, sus agentes o empleados, la Asamblea Legislativa puede limitar su responsabilidad en la misma medida en que podría limitar la propia responsabilidad del Estado. Del mismo modo, si la Asamblea Legislativa pudiera limitar la responsabilidad del Estado, no estaría obligada necesariamente a limitar la responsabilidad del municipio, sino que, por el contrario —y como sucede frecuentemente con la creación de otras corporaciones públicas— podría ampliar la responsabilidad de sus criaturas como si se tratara de entidades privadas. Cf. Canchani v. C.R.U.V., 105 D.P.R. 352, 357 (1976).

Al declarar inconstitucionales los límites de $15,000 y $30,000 fijados en el Art. 2(a) y (c) de la Ley de pleitos contra el Estado, es forzoso que los mismos límites de responsabilidad fijados en provecho de los municipios en el Art. 96-A no pueden sostenerse sin superarse los escollos de Torres, supra.

En Torres establecimos que el esquema estatutario dis-puesto para dispensar los límites de responsabilidad finan-ciera del Estado adolecía, inter alia, de que: (a) la acción legislativa está desprovista de criterios de elegibilidad que den a todos trato igual (pág. 798); (b) la ley no contempla un organismo llamado a evaluar la solicitud y hacer una determinación preliminar sobre la existencia de una causa de acción que pueda separar la validez jurídica de la recla-mación, de la simpatía o solidaridad que inspiran las des-gracias (pág. 799); (c) resulta irrisoria la indemnización a que el desarrollo de la economía ha reducido los valores de las cuantías estatuidas al momento de aprobarse la legis-lación (pág. 799); (d) el límite fijado no toma en conside-ración la magnitud de la pérdida del reclamante (pág. 800); y (e) el método de dispensa deja la eficacia de la decisión judicial a merced de la aprobación de la Asamblea Legisla-tiva (pág. 803). Dijimos, en resumen, que “[e]s patente la endeblez de este sistema legal que al repartir el foro de remedio entre la Asamblea Legislativa y [el] tribunal de justicia no es capaz de ofrecer un igual acceso de todo li-tigante a los procesos decisionales a que obligatoriamente debe someterse para obtener una adjudicación de su acción civil”.

El esquema estatutario del Art. 96-A no es distinto del que anuláramos en Torres. El Art. 7 de la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3082, disponía que “[p]ara ejercitar una causa de acción de las contenidas en los incisos (a) y (c) de la see. 3077 de este título, por una suma mayor que la allí autorizada y para pagar el exceso de una sentencia sobre dichas sumas, será preciso obtener autorización legislativa específica”.

De la misma manera, el Art. 96-A dispone en su penúl-timo párrafo que “[p]ara poder reclamar por sumas mayores que las anteriormente dispuestas [en dicho ar-tículo], o para que el Tribunal pueda adjudicar dichas sumas mayores, será necesario el consentimiento de la Asamblea Municipal, por dos terceras (2/3) partes de sus miembros, expresado mediante ordenanza o resolución al efecto, en la cual se consignarán las razones que justifican tal consentimiento”.

De la simple comparación de ambos textos se advierte que el Art. 96-A no provee criterios de elegibilidad, no con-templa un organismo que evalúe las reclamaciones, y reparte el foro de remedio entre los tribunales de justicia y una asamblea municipal. Más aún, en la Ley Municipal existe el agravante de que la dispensa a los límites fijados debe producirse mediante voto afirmativo de dos terceras partes de la Asamblea Municipal y no de la simple mayoría, como es el caso de la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado. Aunque se reconoce la facultad de la Asamblea Legislativa para autorizar cualquier reclamación contra cualquier municipio por sumas mayores a las dis-puestas en el Art. 96-A, tal disposición adolece de los mis-mos vicios que señalamos en Torres.

El Estado argumenta, sin embargo, que en el presente caso se impone una solución distinta, porque las finanzas municipales no soportarían el peso de una responsabilidad municipal ilimitada y que, por ende, se afectarían servicios esenciales que presta el municipio. A este argumento señalamos que la disponibilidad de fondos públicos no puede ser un criterio determinante para decidir si una persona tiene derecho a que se le proteja de la aplicación de una ley que afecta sus derechos constitucionales. El gobier-no, sea estatal o municipal, debe repartir el costo de admi-nistrar los asuntos públicos entre los miembros de la socie-dad, del mismo modo en que se reparte el costo de los servicios gubernamentales esenciales o los costos de ornato y recreo públicos.

En Estados Unidos, de donde hemos calcado la estruc-tura conceptual y organizativa del municipio actual, los tribunales avanzan rápidamente hacia la abolición de la doctrina de la inmunidad de los cuerpos municipales. Por muchos años los tribunales sostuvieron que cuando el muni-cipio actuaba eminentemente en una función pública, no respondía por los actos negligentes o culposos de sus agentes o empleados. Si, por el contrario, su función era más bien comercial, es decir, una función por la que el municipio se resarcía, entonces no le cobijaba inmunidad alguna y respondía por los daños ocasionados en el descargo de tal función. Véase, e.g., Whitney v. City of Worcester, 366 N.E.2d 1210, 1213-1217 (1977).

La doctrina de la inmunidad del soberano, de que es secuela la limitación de responsabilidad de los municipios, y que durante siglos sirvió de palio a los propios estados de la unión, ha sido objeto de fuertes ataques que la estremecen. Razones de lógica y sentido de justicia socavan sus cimien-tos, al punto de que dicha doctrina es hoy día un espécimen en peligro de extinción. Véase, R. Elfren Bernier, ¿Es inconstitucional en Puerto Rico la doctrina de inmunidad del Estado?, 43 Rev. Col. Abo. P.R. 651 (1982).

Como consecuencia de lo anterior, los tribunales de jus-ticia, que habían erigido sobre la inmunidad del soberano una teoría sobre inmunidad del órgano corporativo municipal, comenzaron del mismo modo a abandonar sus ante-riores puntos de vista sobre la cuestión. Más aún, muchos tribunales se apartaron de las ortodoxas clasificaciones de las actividades corporativas y en una actitud nueva frente al viejo problema de la irresponsabilidad de las entidades gubernamentales, han declarado que ya no se justifica que los agravios de los ciudadanos queden sin reparo a base de arcaicas nociones de las ciencias políticas. Gorrell v. City of Parsons, 576 P.2d 616 (1978); Brinkman v. City of Indianapolis, 231 N.E.2d 169 (1967).

III

El tribunal de instancia valoró en $10,000 el sufrimiento físico y mental del joven Colón Correa durante los diez días que transcurrieron desde que sufrió el accidente hasta que murió. Al responder a nuestra intimación para mostrar causa por la cual no debíamos aumentar dicha suma, el municipio se limita a citar la norma de abstención, que hemos reconocido jurisprudencialmente, para no intervenir con la apreciación del tribunal sentenciador en la fijación de indemnización por daños.

Ciertamente, nos merece gran deferencia la discreción que ejercitan los tribunales de instancia en su apreciación de daños. Maldonado v. Interamerican University, 104 D.P.R. 420, 423 (1975). Ello es así porque en el área del Derecho que se refiere a la estimación del sufrimiento humano, algo tan inasible y a veces ajeno a nuestra experiencia cotidiana, no existen tablas o escalas mediante las cuales se pueda computar aritméticamente el grado de angustia y sufrimiento que es necesario traducir a dólares y centavos. Alvelo v. Insurance Co. of P.R., 101 D.P.R. 486, 488 (1973). No obstante, no hemos vacilado en modificar la cuantía de daños cuando se ha demostrado que ésta es a todas luces irrazonable. Así, hemos aumentado la cuantía de daños en ocasiones —e.g., Maldonado, supra; Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972); Gallart v. P.R. Telephone Co., 100 D.P.R. 128 (1971); Vda. de Silva v. Auxilio Mutuo, 100 D.P.R. 30 (1971); y Levy v. Caribe Hilton Hotel, 98 D.P.R. 721 (1970)— y en otras ocasiones, la hemos disminuido. E.g., Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

En las circunstancias de este caso, es difícil concurrir con la estimación que hizo el tribunal de instancia. En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598, 607 (1973), concedimos $15,000 por los sufrimientos que el causante tuvo por espacio de 3 días antes de morir. Aunque en Vda. de Delgado las lesiones fueron de distinta naturaleza (quemaduras en tres cuartas partes del cuerpo), en el caso de autos las lesiones fueron tan severas, extensas y dolorosas, y el lapso en que el causante las soportó consciente, tan prolongado, que ameritan que nos apartemos de la norma de no intervenir con la apreciación del daño, que hizo el tribunal de instancia, y aumentemos a $25,000 la compensación en este renglón.

IV

Plantea el municipio en su comparecencia, como última cuestión, que de resolverse que el municipio debe responder más allá de los límites del Art. 96-A y aumentarse la indemnización a Concederse, debe hacerse responsable de la totalidad de la sentencia a su aseguradora, no obstante los límites de su póliza. Se ampara en lo resuelto en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 D.P.R. 281 (1975). Nos dice:

En el caso de autos, al igual que en el caso de Juanita Morales, supra, la aseguradora del aquí compareciente muni-cipio de Guayama, conocía desde el comienzo del pleito, que le sería imposible prevalecer sobre los demandantes; y, aún así, fue crasamente temeraria y negligente para con su asegu-rado, al litigar el caso, dilatando injustificadamente los procedimientos y negándose a transigir el caso dentro de los límites de la póliza; según se desprende de la sentencia dic-tada por el Tribunal de Instancia, específicamente en sus páginas 11 (último párrafo) y 18 (primer párrafo).

Del expediente ante nos no surgen hechos como los que justificaron en Morales responsabilizar a la asegura-dora más allá de los límites de la póliza. En Morales la ase-guradora rechazó una oferta de transacción que estaba den-tro de los límites de la póliza, desoyendo la posición del asegurado, en un caso claro de responsabilidad. Aquí, si bien el tribunal de instancia reconoció la temeridad de la aseguradora al no consignar el límite de su póliza y litigar el caso, no obstante la evidente responsabilidad por el acci-dente, no hizo determinación alguna sobre rechazo de oferta de transacción. Por otro lado, es de tomarse en conside-ración que la vigencia del Art. 96-A de la Ley Municipal protegía la responsabilidad del municipio dentro de los límites del seguro. No tenemos suficientes elementos de jui-cio para tomar la determinación que nos pide el municipio.

Conclusión

Por los fundamentos expresados en la presente opinión, se declara inconstitucional el Art. 96-A de la Ley Municipal de 1966 (21 L.P.R.A. sec. 1603(a)); se expedirá el auto de revisión solicitado, y se dictará sentencia para aumentar a $25,000 la partida por concepto de daños por los sufrimien-tos y angustias del joven Colón Correa. Se devolverá el caso a instancia para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz se inhibió.

      Esta disposición formaba parte de la Ley Municipal que estaba vigente para la fecha en que ocurrieron los hechos que aquí nos ocupan, recogida en forma substancialmente igual en el Art. 11.03 de la Ley Orgánica de los Municipios, Num. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. sec. 3403). Lo que aquí resolvemos es por tanto igualmente aplicable al Art. 11.03 de la Ley actualmente en vigor. El Art. 96-A (Ley de junio 24, 1966, Núm. 119, pág. 388) disponía:
      “Las reclamaciones contra los municipios, por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, causados por culpa o negligencia de la corporación municipal, no podrán exteder de la cantidad de quince mil (15,000) dólares. Cuando por una misma actuación u omisión se causaren daños y perjuicios a más de una persona, o cuando sean varias las causas de acción a que tenga derecho un solo perjudicado, la indemnización por todos los daños y perjuicios que causare dicha acción u omisión no podrá exceder la suma de treinta mil (30,000) dólares. Si de las conclu-siones del Tribunal surgiera que la suma de los daños causados a cada una de las personas excede de treinta mil (30,000) dólares, el Tribunal procederá a distribuir dicha suma de treinta mil (30,000) dólares entre los demandantes, a prorrata, tomando como base los daños sufridos por cada uno. Cuando se radique una acción contra cualquier municipio, de acuerdo con los términos de este articulo, el Tribunal ordenará que se notifique, mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general, a todas las personas que pudieren tener interés común, que deberán comparecer ante el Tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas, a los fines de proceder a distribuir la cantidad de treinta mil (30,000) dólares entre los demandantes, según se provee en este artículo.
      “Para poder reclamar por sumas mayores que las anteriormente dispuestas, o para que el Tribunal pueda adjudicar dichas sumas mayores, será necesario el consentimiento de la Asamblea Municipal, por dos terceras (2/3) partes de sus miembros, expresado mediante ordenanza o resolución al efecto, en la cual se con-signarán las razones que justifican tal consentimiento.
      “Nada de lo aquí dispuesto impedirá que la Asamblea Legislativa autoricé cualquier reclamación contra cualquier municipio, por sumas mayores de las antes mencionadas, cuando en el interés de la justicia así lo estime conveniente.”

       Véase el escolio 1.

      El tribunal estimó en $49,702.02 el lucro cesante, en $5,000 los sufrimientos del padre y en igual cantidad los del hermano. De ese total, responsabilizó a la aseguradora The Commonwealth Insurance Co., sustituida, por estar en liqui-dación, por la Asociación de Garantías de Seguros Misceláneos, en $30,000, límite de la póliza. Condenó, además, a dicha aseguradora al pago de $5,000 para honora-rios de abogado más intereses por temeridad. Los demandados no han recurrido.

       Nuestra decisión en Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981), se pro-dujo el 18 de diciembre de 1981. La sentencia del tribunal de instancia, dictada el 21 de octubre de 1981, estaba bajo consideración de dicho tribunal al resolverse Torres por estar pendiente una moción sobre determinaciones adicionales de hechos oportunamente presentada. Torres fue invocado en tiempo oportuno. Reglas 47 y 68 de Procedimiento Civil.

      6) El tribunal de instancia, no obstante, pudo atender el planteamiento sobre inconstitucionalidad del Art. 96-A en vista de los razonamientos de nuestra decisión en Torres, previa notificación y audiencia al Secretario de Justicia. Regla 21.3 de Procedimiento Civil.

      Para una relación de la legislación municipal en el siglo XIX véase, E. Córdova, Curso de gobierno municipal, Ed. Universitaria, 1964. Sobre la legislación de principios del presente siglo consúltese, B. Pagán, Ley municipal, Biblio-teca de Divulgación Legal, 1925, Vol. 1. La vigente Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, Núm. 146 de 18 de junio de 1980, derogó la Ley Municipal de 1960, Núm. 142 de 21 de julio de 1960, que a su vez derogó la Ley Municipal de 1928.

       No tuvimos el beneficio de considerar la posición del municipio, pues éste se limitó a exponer simplemente en su alegato que el caso de Torres, supra, es inapli-cable al de autos por no tratarse éste sobre la Ley Municipal y que, además, los demandantes no atacaron la validez constitucional del Art. 96-A en el tribunal de instancia. Ambos planteamientos han sido debidamente atendidos en el texto de esta opinión.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Fernando H. Cruz Tollinche, querellado.

      Número: MC-82-15

      Resuelto: 26 de abril de 1983

      Luis F. Camacho, abogado de la parte querellante; Fernando H. Cruz Tollinche, por derecho propio y por sus abogados Wilfredo Meléndez Lugo e Iván Pagán Hernández; Agustín Man-gual Hernández, Comisionado Especial.
   PER CURIAM:

Resolvemos la querella promovida por el Colegio de Abogados de Puerto Rico contra el Lie. Fernando H. Cruz Tollinche.

H

Conforme el Informe del Comisionado Especial, Hon. Agustín Mangual Hernández, la Srta. Alicia Cruz Díaz contrató los servicios del entonces notario Cruz Tollinche para que le otorgara una escritura de compraventa e hipo-teca en que ella adquiriría un apartamento del Dr. Thomas Nicholson, persona conocida del abogado. Le pagó $135.50 en concepto de honorarios profesionales, incluidos los dere-chos de inscripción en el Registro de la Propiedad, gestión a la cual se comprometió. Se otorgó el 1ro de octubre de 1976. Aun así, la escritura no fue presentada en el Registro de la Propiedad. Sólo expidió copia certificada al doctor Nicholson y copia simple a la señorita Cruz. Para el año 1979 ella advino en conocimiento de que no se había presentado en el Registro. Como resultado de una venta que se le presentó, en varias ocasiones se comunicó con la oficina del licenciado Cruz Tollinche, con el propósito de obtener copia de la escritura. Fue informada que se había mudado de oficina y que se había perdido la escritura.

Así las cosas, el 22 de enero de 1980 la señorita Cruz envió una comunicación al licenciado Cruz Tollinche en la que resumía toda la transacción y sus gestiones tendentes a obtener copia certificada de la escritura y le pedía que se la suministrara para el 24 de enero. En esa fecha el licenciado Cruz Tollinche obtuvo copia certificada de la mencionada escritura, expedida por el Archivero General de Protocolos. Desde el 29 de diciembre de 1976 había sido suspendido del ejercicio de la Notaría por este Tribunal. In re Cruz Tollinche, 105 D.P.R. 500 (1976).

Si bien el licenciado Cruz Tollinche declaró que no se comprometió a presentar la escritura en el Registro de la Propiedad, la evidencia documental tiende a sostener que recibió sus honorarios con ese propósito. Su gestión ante el Archivero General en el año 1980 —al ser enterado por la señorita Cruz de que no se había inscrito— respondió a un deseo de subsanar, aunque tardíamente, su falta. Igual propósito medió en una oferta que hizo de pagarle $600 en tres plazos y resarcir “cualquier daño o perjuicio sufrido”.

Debido a que la escritura otorgada no fue inscrita, la señorita Cruz no pudo vender la propiedad a la persona interesada y optó por cederle el apartamento a su dueño original, el doctor Nicholson.

II

El abogado en el desempeño de su gestión notarial está obligado a cumplir con lo dispuesto en la ley, en los Cánones de Ética o en el contrato con las partes. La inobservancia de esos deberes lo expone no sólo a una acción en daños por los perjuicios causados, sino a la jurisdicción correctiva y disciplinaria por parte de este foro judicial. In re Laboy, 113 D.P.R. 476 (1982); In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441 (1982). En el caso de autos, la prueba demuestra que el licenciado Cruz Tollinche incumplió con el compromiso de presentar al Registro de la Propiedad la escritura otorgada el 1 de octubre de 1976. Ello representa una falta que de ordinario podría conllevar, como sanción disciplinaria, la suspensión provisional del notariado. Observamos, sin embargo, que el 29 de diciembre (aproximadamente dos meses después) fue precisamente suspendido como notario. Abona a su favor el intento de subsanar su error, al obtener copia certificada de la escritura del Archivero General y comprometerse a compensar a la perjudicada señorita Cruz.

En estas circunstancias procede que decretemos que la suspensión previa del ejercicio notarial del licenciado Cruz Tollinche es permanente y definitiva, y que reprobemos y censuremos, de la manera más enérgica, su proceder. Nada de lo dispuesto menoscaba el derecho de la señorita Cruz a reclamar judicialmente por aquellos daños que hubiese experimentado con motivo de la conducta que motiva este procedimiento.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Jacinto Ramos Marrero, demandante y recurrente, v. Luis A. Pagán Asencio, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-82-362

      Resuelto: 26 de abril de 1983

      Juan M. Ponce Fantauzzi, abogado del recurrente; Luis C. Soto-mayor, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

El tribunal de instancia dictó sentencia en la que declaró sin lugar la reclamación de daños sufridos por el recurrente como consecuencia de un accidente de tránsito que ocurrió en la Carr. Núm. 2 cuando el recurrente con-ducía su motocicleta por dicha carretera en dirección de Manatí hacia Arecibo. Surge de la exposición narrativa de la prueba que, además de ambas partes, declaró un testigo presencial de los hechos cuyo testimonio puede considerarse desinteresado. Dicho testigo declaró que el recurrente con-ducía la motocicleta por la carretera principal a una velo-cidad de 30 a 35 millas por hora; que vio al recurrido parado en la vía secundaria, la cual entra a la Carr. Núm. 2 y que éste “de momento se tiró a cruzar”.

El recurrente tenía a su favor el derecho de paso, lo cual imponía al recurrido la obligación de tomar la precaución necesaria para que al invadir el derecho de aquél, evitara con su acto el accidente. No lo hizo y por eso incurrió en responsabilidad.

Se dicta sentencia en la que se revoca la recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que determine los daños sufridos por el recurrente.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica la Secre-taria. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

-O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El jueves 2 de abril de 1975, en el Km. 57.9 de la Carr. Est. Núm. 2 —jurisdicción del honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo— aproximadamente a las 7:00 a.m., ocurrió un accidente entre una motocicleta con-ducida por el demandante recurrente Jacinto Ramos Ma-rrero, el cual discurría, en dirección de Manatí hacia Arecibo, por la referida vía principal o preferente, y un vehículo de motor conducido por el demandado recurrido Luis A. Pagán Asencio, el cual entraba, en forma perpendicular, a dicha Carr. Núm. 2 desde un camino privado o vía acceso-ria. El tramo de la referida vía principal donde ocurrió el accidente era recto y al momento de la ocurrencia del mismo el día estaba claro.

El demandante recurrente, quien a la fecha del accidente tenía 28 años de edad y trabajaba como supervisor en una factoría devengando un salario semanal de $175, sufrió, como consecuencia del accidente: la fractura del dedo grande del pie derecho, el cual quedó un tanto deforme; la fractura, por compresión, de la vértebra lumbar L-3; la fractura de la pelvis; la fractura del cóccix; la fractura de tres costillas; una cicatriz mutilante, de bordes irregulares y gruesos en su rostro, que corre desde el arco de la ceja izquierda hasta el labio superior izquierdo; la pérdida, como consecuencia de la fractura de la vértebra, de una pulgada de estatura; la reclusión forzosa en un hospital por espacio de dos meses y medio; y finalmente fue declarado totalmente incapacitado por la Administración del Seguro Social federal como consecuencia del accidente sufrido.

La vista del caso, ante el tribunal de instancia, se celebró el día 5 de abril de 1977. Pasados cinco años de haber quedado sometido el caso, dicho tribunal dictó sentencia mediante la cual declaró sin lugar la demanda radicada, en vista de que determinó, como cuestión de hecho, que “el accidente ocurrió por la exclusiva negligencia del propio demandante”.

Por haber acudido ante este Tribunal la parte deman-dante, imputándole error al tribunal de instancia al así resolver, ordenamos la exposición narrativa de la prueba a los fines de poder evaluar adecuada y responsablemente el recurso de revisión instado. Una vez elevada y examinada la misma —la preparación de la cual se demoró por razón de la renuncia de la judicatura del juez de instancia que había intervenido en el caso— emitimos orden, dirigida a la parte demandada recurrida, para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía revocar la sentencia dictada por el tribunal de instancia. Dicha parte ha comparecido. Fieles a nuestra posición de que este Tribunal tiene la obli-gación de orientar a la profesión y el de explicar, hasta donde ello sea humana y jurídicamente posible, el porqué de nuestras determinaciones, pasamos a expresar las ra-zones por las cuales concurrimos en el presente caso.

I

Antes de entrar propiamente en materia, deseamos expresar que estamos conscientes del hecho de que nuestros compafleros jueces del tribunal de primera instancia labo-ran dia a dia bajo condiciones que no son las óptimas, ello debido, principalmente, al gran nümero de casos asignados a cada uno de ellos y a la poca ayuda -humana y material- con que cuentan para realizar su ardua labor. Igual-mente, estamos conscientes de que dentro de ese gran cümulo de trabajo, hay casos que presentan complejas cues-tiones de hecho y de derecho que requieren, de parte de los referidos jueces, un profundo y detenido estudio, que hace virtualmente imposible el que los jueces de instancia cum-plan con las Reglas para la AdministraciOn del Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en lo referente al perIodo en que el juez viene "obli-gado" a resolver los casos, una vez éstos quedan some-tidos.

El mucho trabajo, la complejidad, de las cuestiones a resolver y la poca o inexistente ayuda, sin embargo, no pueden justificar, en ningún caso, un período como el trans-currido en el caso que nos ocupa; sobre todo cuando conside-ramos que el presente caso no presenta complicadas cues-tiones de hecho y de derecho. Nuestros jueces de instancia deben evitar que situaciones como la ocurrida en el presente caso se repitan.

II

Reiteradamente hemos resuelto que merecen gran con-sideraciOn, respeto y deferencia las determinaciones de hecho a que liega un tribunal de instancia, ello debido prin-cipalmente a que es el juez de instancia el que escucha y ye declarar a los testigos y por lo tanto tiene el beneficio de poder apreciar su conducta o comportamiento en Ia silla testifical (demeanor), Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357 (1982); beneficio o ventaja sobre todo presente cuanclo el caso es resuelto dentro de un término razonable, después que el mismo queda sometido ante Ia consideraciOn del juzgador de los hechos, pero que va desapareciendo con el pasar del tiempo, ~por cuanto es prácticamente imposible que un juez -ni ninguna otra persona- pueda recordar Ia forma de declarar o el comportamiento de los testigos al cabo de dos, tres o cuatro años de haberse celebrado el proceso.

Dicha doctrina -la de respeto a las determinaciones de hecho del tribunal de instancia- "puede convertirse en espada de dos fibs. Si los jueces cumplen su deber a caba-lidad resultará un poderoso auxiliar en la correcta reso-luciOn de los pleitos, pero si por el contrario no se percatan de su delicada misiOn, la doctrina puede convertirse en instrumento de opresiOn e injusticia". Torres v. González, 63 D.P.R. 964, 972 (1944).

Es por ello que “[e]l arbitrio del juzgador de hechos es respetable, mas no es absoluto”, y que “[u]na apreciación errónea de la prueba no tiene credenciales de inmunidad frente a la función revisora de este Tribunal”. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826, 829 (1978).

Un examen sereno, desapasionado y minucioso de la prueba que desfilO ante el tribunal de instancia -a través de la exposición narrativa de la prueba que por estipulaciOn de las partes fuera certificada- nos convence de que la determinación a que liegara el tribunal de instancia, a los efectos de que el accidente ocurrió debido a la exclusiva negligencia del propio demandante, no representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba y, por lo tanto, la misma no puede prevalecer. Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961).

Examinemos dicha prueba: La prueba de la parte demandante, en lo referente a la ocurrencia del accidente, consistió del testimonio oral del propio demandante y de un testigo ocular del accidente. La misma, en síntesis, fue a los efectos de que el demandante, quien transcurría en su motora como de veinticinco a treinta millas por hora en dirección de Barceloneta a Manatí por la Carr. Est. Núm. 2 —la cual en dicho tramo es una recta y consta de cuatro carriles— pudo observar a su derecha a un automóvil, mientras éste todavía se encontraba en una “carretera” accesoria a la referida vía principal, cuando se acercaba en forma perpendicular a la misma; que este vehículo entró súbitamente en dicha Carr. Núm. 2; que al ocurrir ello, el demandante, quien no tuvo tiempo para detener su motora, con el propósito de evitar el accidente, cambió del carril de la derecha al carril del centro, ocurriendo siempre, no obstante la maniobra realizada por el demandante, el acci-dente; por cuanto el automóvil, con su parte del frente, invadió dicho carril central; que la motora impactó el ve-hículo por el lado izquierdo del mismo —bien cerca del bumper delantero— impacto que causó que el demandante “volara” por encima del auto, cayendo al pavimento.

El demandado por su parte —persona que admitió “que se había hecho una operación en los ojos para corregir las figuras que él veía”, y que “antes de hacerse esa operación él era un riesgo en las carreteras y por eso no guiaba, pero que ya no era un riesgo”— declaró que él salía del camino o carretera que provee acceso a la Fábrica Casera en donde había dejado a su esposa; que se detuvo en la entrada a la Carr. Núm. 2, que miró hacia el lado izquierdo y todos los autos estaban detenidos dándole paso a él; que miró hacia el lado derecho y vio un solo auto que venía lejos; pensó que le daba tiempo a cruzar e inició la marcha; que se da cuenta, entonces, que el auto que viene del lado derecho viene muy ligero por lo que él se detiene en el carril del centro; que en ese momento mira a la izquierda y ve la motora del deman-dante como a un hectómetro de distancia; que se quedó allí a esperar el cantazo; que la motora, en lugar de reducir, aceleró la marcha-, que el impacto fue por el lado izquierdo de su vehículo, bien cerca del bumper, “volando” el deman-dante por encima de su vehículo; que lo único que dijo el demandante, después del accidente, fue “este viejo me ha matado”.

Varios hechos nos llaman poderosamente la atención: En primer lugar, el que transitaba por la vía principal o prefe-rente era el demandante; el demandado discurría por un camino privado o carretera accesoria con el propósito de ganar acceso a la vía principal; el demandado tenía el deber de cederle el paso a cualquier vehículo que se aproximara por dicha vía principal, 9 L.P.R.A. see. 951; en otras palabras, al demandante, aun cuando no en forma abso-luta, le correspondía el derecho de paso. Dicho derecho debe ser aplicado en forma rigurosa. J. Santos Briz, El Derecho de Daños, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1963, pág. 339.

En segundo lugar, el tribunal de instancia tuvo ante sí el testimonio oral de tres testigos: dos de ellos, esto es el demandante y el demandado, cuyas declaraciones son con-tradictorias entre sí, ello por razones obvias. El tercer tes-tigo, aun cuando admitió que conocía levemente al deman-dante, se puede catalogar como desinteresado. Su testimo-nio no fue desacreditado; en su consecuencia, el mismo merece gran peso. Rivera v. Central Pasto Viejo, Inc., 44 D.P.R. 244 (1932).

En tercer lugar, resulta difícil, sino imposible, el creer la versión de los hechos que narra el demandado: declara no haber visto al demandante al mirar originalmente hacia su izquierda, ello a pesar de que la carretera era recta y el día estaba claro; testifica que el demandante al ver su auto-móvil detenido en el centro de la carretera, en lugar de reducir la velocidad, continúa aumentando la misma hasta el momento del impacto. Ello resulta contrario a la con-ducta normal y ordinaria de un ser humano; por cuanto creer la versión del demandado a esos efectos es llegar a la conclusión de que el demandante actuaba como un suicida el día de los hechos.

Por último, no nos deja de impactar la admisión del demandado de que él, antes de una operación de la vista a la que fue sometido, constituía un peligro en la carretera, por no poder distinguir bien las figuras; ello causa, cuando menos, duda respecto a si el día del accidente su visión era o no defectuosa; hecho que podría ser la explicación de no haber visto la motora acercarse antes de disponerse a entrar a la citada carretera.

En resumen, la versión que brinda el demandante, y el testigo desinteresado, sobre cómo ocurrieron los hechos, en nuestro criterio representa el balance más racional, justi-ciero y jurídico de la totalidad de la evidencia que desfilara en el presente caso. Sanabria v. Sucn. González, supra.

Se impone, en su consecuencia, la revocación de la sen-tencia dictada por el tribunal de instancia y la devolución del caso a dicho foro para que sea ese tribunal, luego que la parte demandante desfile prueba al efecto, el que evalúe los daños sufridos por el demandante.

       Véase, opinión concurrente del 28 de marzo de 1983, en Escobar Galarza v. Banuchi Pons, 114 D.P.R. 138 (1983).

       La Regla 12 provee que los tribunales de instancia deberán resolver “[l]os casos contenciosos vistos en sus méritos ... dentro de cuarenta y cinco (45) días ... contados a partir de la fecha en que el asunto quedó sometido al tribunal, excepto cuando la naturaleza del asunto o alguna causa extraordinaria haga necesario un término mayor...”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. II-A.

       Dirección de donde provenía el demandante.

       Estamos conscientes del hecho de que dicha prueba deberá ser evaluada por un juez distinto al que participó originalmente en el caso por razón de la renun-cia de la judicatura de este último. Entendemos, sin embargo, que ello es lo más apropiado, ya que la exposición narrativa de la prueba que se elevó en el presente caso no arroja suficiente luz como para que este Tribunal evalúe dichos daños responsablemente.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Walla Corporation, demandante y recurrida, v. Banco Comercial de Mayagüez, demandado y recurrente.

      Número: R-81-322

      Resuelto: 27 de abril de 1983

      Carlos Martínez Vélez, de Montañez & Alicea, abogado del recurrente; Luis E. Colón Ramery, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El 12 de noviembre de 1975, Rodolfo Adán adquirió del Banco Comercial de Mayagüez dos certificados de depósito pagaderos al portador. Uno de $94,119 y el otro por $54,057. Vencían el 17 y 22 de abril de 1976, respectivamente. Adán entregó los certificados al banco como colateral de unos préstamos que éste le otorgó en marzo, abril y agosto de 1976 por la suma total de $241,000. Los certificados ven-cieron, pero Adán no exigió su pago. Alegadamente, un ofi-cial del banco entregó indebidamente los certificados a Adán. En octubre de 1976, éste los entregó a Walla Corporation en garantía de unos préstamos que le había conce-dido anteriormente. Los préstamos otorgados por el banco vencieron en septiembre y noviembre de 1976. En mayo de 1977, el banco compensó parte de estos préstamos con los certificados. En septiembre del mismo año publicó tres edictos en que notificó la compensación al público en general. En octubre de 1977 Walla solicitó el pago de los certi-ficados al banco. Éste se negó a pagarlos. Walla instó demanda contra el banco en cobro de dinero y daños.

Ambas partes solicitaron que se dictara sentencia suma-ria. El tribunal de instancia la dictó a favor de Walla. Resolvió que. los certificados eran valores negociables bajo nuestra Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 1 et seq., pagaderos al portador y que siendo el tenedor de los mismos Walla, el banco tenía que pagarle a la demandante el importe del principal más intereses.

A solicitud del banco acordamos revisar. •

En primer lugar, debemos resolver si los certifica-dos de depósito aquí envueltos son valores negociables o no. La controversia se limita a si se cumple el segundo requisito exigido por nuestra Ley de Instrumentos Negociables que requiere que el documento contenga “la promesa u orden incondicional de pagar una suma cierta en dinero”. Art. 354 del Código de Comercio, 19 L.P.R.A. see. 2(2).

Disponen en lo pertinente los certificados:

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Este Certificado se emite sujeto a los siguientes términos y condiciones, así como a las reglamentaciones del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, los cuales forman parte de este contrato.
NEGOCIABILIDAD: Este Certificado es transferible y puede ser pignorado o cedido sujeto a las condiciones aquí expresadas, pero cualquier cesión o pignoración debe ser notificada al Banco y aceptada por éste....

El banco alega que la promesa de pago no es incondi-cional, porque la cláusula de “negociabilidad” requiere la notificación y aprobación del banco para su transferencia. Tiene razón.

En el caso de autos, precisamente, la cláusula transcrita exige que se le notifique al banco la cesión de los documentos y que éste la apruebe. Esta cláusula destruye la negociabilidad de los certificados, pues la promesa de pago del banco está sujeta a tal notificación y aprobación, por lo que la misma no es incondicional. Véase, Citizens Nat. Bank of Orlando v. Bornstein, 374 So. 2d 6, 13 (1979). En efecto, es la ausencia del requisito de consentimiento del deudor un jalón importante en la distinción entre los docu-mentos negociables y los no negociables. Walla aduce, y así resolvió el tribunal de instancia, que dicha cláusula de negociabilidad está excluida porque los certificados son pagaderos “al portador” y leen “CERTIFICADO DE DEPOSITO NEGOCIABLE”. No es correcta esta posición.

Estas expresiones no convierten en negociables los certificados aquí envueltos. Para que sea negociable, un instrumento debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la See. 2 de la Ley. T. Quinn, Uniform Commercial Code Commentary and Law Digest, Boston, Massachusetts, Warren, Gorham & Lamont, Inc., 1978, Sec. 3-104[A] [3]. Es impertinente cómo lo clasifiquen o lo estimen las partes. R. Anderson, Anderson on the Uniform Commercial Code, 2da ed., Rochester, New York, The Lawyers Co-operative Publishing Co., 1971, Vol. 2, Sec. 3-104:4, pág. 600. El hecho de que el documento sea pagadero al portador no lo hace negociable si, como en este caso, no se cumplen los otros requisitos de la See. 2 de la Ley. Bank of California v. National City Co., 244 P. 690; revocado en 251 P. 561 (1926). El hecho de que se exprese en los certificados que son negociables tampoco los convierte en negociables. Véanse, Moore v. Vaughn, 150 So. 372, 373 (Miss. 1933); Board of Public Instruction, etc. v. Wright, 11 So. 2d 770, 773 (1955). Es inescapable concluir que los certificados de depósito en el caso de autos no son instrumentos negociables bajo nuestra Ley de Instrumentos Negociables.

Por no ser instrumentos negociables los cerificados, su transferencia tiene el efecto de una cesión y el librador del documento —el banco en este caso— puede oponerle al cesionario —Walla— cualquier defensa que tuviere. Por lo tanto, la segunda cuestión a resolver en este caso es si el banco puede oponerle a Walla, que no es tenedor de buena fe en virtud de la no negociabilidad de los certificados, la compensación de las acreencias que tiene contra Adán. O sea, si puede compensar los certificados de depósito con los préstamos que Adán tomó al banco. Resolvemos que sí.

La compensación es una de las causas de extinción de las obligaciones y se usa para simplificar las relaciones jurídicas entre aquellos que están recíprocamente obligados. R. López Vilas, Comentarios al Código Civil y compilaciones fonales, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1980, T. XVI, Vol. I, pág. 400. Uno de sus efectos es que se extinguen las deudas en la suma concurrente. Véanse, Art. 1156 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3228; López Vilas, op. cit., págs. 489-490.

Existen tres clases de compensación: legal, judicial y voluntaria. López Vilas, op. cit., pág. 411; J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. I, págs. 818-819. En el caso de autos estamos ante la primera. Esta es la que se reglamenta en el Código Civil y se produce cuando se cumple con todos los requisitos establecidos en los Arts. 1149 y 1150 del Código, 31 L.P.R.A. sees. 3221 y 3222. Sentencia núm. 1554 del Tribunal Supremo de España de 26 de marzo de 1968, Aranzadi, XXXV Repertorio de Jurisprudencia 1056; López Vilas, op. cit, pág. 486; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1975, Vol. III, págs. 166-167. Además se exige que no exista prohibición legal que impida compen-sar. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común yforal, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1974, T. 3, págs. 377-378. La doctrina española casi unánimemente sostiene que la com-pensación legal opera ipso jure desde que concurren las deudas y dichos requisitos. Véanse, entre otros, a M. Alba-ladejo, Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. II, Vol. 1, pág. 256; Castán, op. cit., pág. 340; Espín Cánovas, op. cit., pág. 166; López Vilas, op. cit., págs. 486-488; Q. M. Scaevola, Código civil comentado, 2da ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1957, T. XIX, pág. 1094; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. 1, Vol. II, pág. 451; J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, Vol. 1, pág. 130. Pero véase la tesis de González Palomino en López Vilas, op. cit., págs. 488-489. Ni siquiera se exige el conoci-miento de los interesados. Art. 1156 del Código Civil, ante; Castán, op. cit., págs. 378-379; R. Alvarez Vigaray, El efecto automático de la compensación, en Estudios de Derecho Civil en honor del prof. Castán Tobeñas, Pamplona, Eds. Universidad de Navarra, 1969, T. IV, págs. 52-54. Claro, para que se produzca la compensación tiene que ser invo-cada judicial o extrajudicialmente por una de las partes. López Vilas, op. cit., págs. 491-497; Espín Cánovas, op. cit., pág. 166; Alvarez Vigaray, op. cit., págs. 58-64. Véase, además, la Regla 6.3 de las de Procedimiento Civil. Una vez se hace y se prueba esta declaración, se extiende su eficacia retroactivamente al momento de la concurrencia de las obligaciones. López Vilas, op. cit., págs. 496-497; Manresa, op. cit., págs. 378-380.

En el caso de autos los certificados vencieron en abril de 1976 y los préstamos en septiembre y noviembre de ese mismo -año. En cuanto a los que vencieron en septiembre, operó automáticamente la compensación, pues Adán y el banco eran reciproca y principalmente deudores y acree-dores, las deudas consistían de una cantidad de dinero, eran líquidas, exigibles, estaban vencidas y no había retención o contienda sobre ninguna, instada por terceros. Véanse los Arts. 1149, 1150 y 1156 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3221, 3222 y 3228; Osorio v. Sucn. Álvarez, 47 D.P.R. 398 (1934); sentencia núm. 1062 del Tribunal Supremo de España de 21 de mayo de 1932, Aranzadi, II Repertorio de Jurisprudencia 460; López Vilas, op. cit., págs. 411-412. Se realizó la compensación, pues el banco la invocó extraj'udi-cialmente al compensar los préstamos en mayo de 1977 y al publicar los edictos en septiembre de ese mismo año. Además, la alegó judicialmente como una de las defensas en su contestación a la demanda instada en este caso por Walla.

De igual forma se produjo la compensación ipso jure en cuanto a los préstamos que vencieron en noviembre. La única diferencia de las deudas antes mencionadas es que; a la fecha de vencimiento de estos préstamos, se había efec-tuado la cesión de los certificados, por lo que no existía reciprocidad de deuda y acreedor entre Adán y el banco. No obstante, el banco podía oponerle a Walla la compensación. Pasemos a explicar.

El tercer párrafo del Art. 1152 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3224, permite que si la cesión de un crédito se efectuó sin que el deudor lo conociera, éate pueda reclamar al cesionario la compensación de los créditos que tenga contra el cedente y que sean anteriores a la cesión y los posteriores hasta el momento en que supo de la misma. López Vilas, op. cit, págs. 451-452. Esta compensación es excepcional y se fundamenta, no en la antes mencionada reciprocidad, sino en que cuando no se exige el consenti-miento del deudor para la cesión, ésta no puede perjudicarlo por desconocerla. Albaladejo, op. cit., pág. 258.

En este caso, el banco no conoció de la cesión hasta octu-bre de 1977, o sea, casi un año después de vencidos los préstamos. Por lo tanto, el banco podía compensar los certi-ficados de depósito con los préstamos que tenía Adán con él.

Aunque las partes no lo alegaron, procede considerar si existe prohibición legal que impida la compensación en este caso. La única que podría aplicar es la dispuesta en el primer párrafo del Art. 1154 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3226, que prohíbe la compensación cuando una de las deudas surge de un depósito o de las obligaciones que tiene el depositario. Aunque los documentos aquí envueltos se denominan “certificados de depósito”, esta prohibición no aplica, pues la relación entre Adán y el banco es de acree-dor y deudor y no de depositario y depositante, y el contrato entre ambos es de préstamo y no de depósito. Véanse: Tesorero de P.R. v. Banco, etc., y Manrique, Int., 46 D.P.R. 308 (1934); Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100 (1953).

Se dictará sentencia que revoque la dictada por el Tribunal Superior.

       También el Art. 265 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1741, quedó excluido en este caso por la citada cláusula de aceptación.

       Este artículo lee:
      “El efecto de la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan conocimiento de ella los acreedores y deudores.”

       Dispone el Art. 1149:
      “Tendrá lugar la compensación cuando dos personas, por derecho propio, sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra.”
      El Art. 1160 lee:
      “Para que proceda la compensación, es preciso:
      “1. Que cada uno de los obligados lo esté principalmente, y sea a la vez acree-dor principal del otro.
      “2. Que ambas deudas consistan en una cantidad de dinero, o siendo fungibles las cosas debidas, sean de la misma especie y también de la misma calidad, si ésta se hubiese designado.
      “3. Que las dos deudas estén vencidas.
      “4. Que sean líquidas y exigibles.
      “5. Que sobre ninguna de ellas haya retención o contienda promovida por terceras personas y notificada oportunamente al deudor.”

       Dispone:
      “Si la cesión se realiza sin conocimiento del deudor, podrá éste oponer la com-pensación de los créditos anteriores a ella y de los posteriores hasta que hubiese tenido conocimiento de la cesión.”

       Dispone:
      “La compensación no procederá cuando alguna de las deudas proviniere de depósito o de las obligaciones del depositario o comodatario.”