text:
      In re Raúl Pedraza González, querellado.

      Número: CP-91-93

      Resuelto: 23 de noviembre de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, e Iván F. Fuster Lebrón, Procurador General Auxiliar, abogados del quere-llante; Jorge R. Díaz Aquino, abogado del querellado; Abner Limardo Sánchez, Comisionado Especial.
   per curiam:

I — I

El Procurador General formuló la siguiente querella disciplinaria contra el Ledo. Raúl Pedraza González:

Cargo NÚMERO I
El Ledo. Raúl Pedraza González en el desempeño de su pro-fesión como abogado notario violó la fe pública notarial, al dar fe en la escritura número 1 de 18 de enero de 1983 sobre com-praventa, que la Sra. Josefa Buil Vélez como parte otorgante en carácter de vendedora, había firmado dicha escritura en su pre-sencia, constándole al Ledo. Raúl Pedraza González que dicho hecho era falso, y que dicha firma no era la legítima firma de la Sra. Josefa Buil Vélez y que ésta tampoco firmó dicha escritura en su presencia, sino que el nombre de Josefa Buil Vélez, fue también escrito por el Sr. Jesús Buil Vélez, parte otorgante compradora en la referida escritura, falsificándose de esta forma la referida firma.
Cargo NÚMERO II
El Ledo. Raúl Pedraza González, en el desempeño de su pro-fesión de abogado-notario, violó el Canon 38 del Código de Etica Profesional, al incurrir en conducta altamente ilegal, impropia y censurable. Dicha conducta consistió en autorizar un contrato nulo de compraventa, mediante la escritura núm. 1 de 18 de enero de 1983, por carecer dicho contrato del elemento del con-sentimiento de la Sra. Josefa Buil Vélez, parte vendedora, ya que fue el Sr. Jesús Buil Vélez, parte compradora en dicha es-critura, quien en presencia del querellado, procedió a escribir el nombre de Josefa Buil Vélez, en la referida escritura. Este he-cho como abogado-notario autorizante, le constaba o debió cons-tarle, [a]l Ledo. Raúl Pedraza González. La referida actuación del Ledo. Pedraza González constituye una desviación de las normas de conducta profesional que debe observar todo abo-gado, según establecido en el Canon 38, párrafo I del Código de Etica Profesional. Querella, pág. 2.

El querellado contestó y negó los hechos. Como defensas afirmativas adujo duplicidad de los cargos; no haber sido parte ni testigo citado e ignorar en detalle lo que se venti-laba en el Pleito Civil Núm. 87-6336 (1003) ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan; y que del hecho de que la firma de Josefa Buil Vélez fuese simulada no podía con-cluirse que él incurriese en conducta ilegal o la consintiera.

Designamos al ex Juez Superior Abner Limardo Sán-chez Comisionado Especial, con la misión de escuchar, re-cibir y aquilatar la prueba. Previa vista evidenciaría, dicho Comisionado Especial rindió su informe y nos formuló las conclusiones de hecho siguientes:

(1) Raúl Pedraza González (en adelante, el Querellado) ha ejercido esa profesión desde 1970 hasta el presente, con excepci[ó]n del período de 18 meses, a partir del 16 de diciem-bre de 1986, en que fue suspendido del ejercicio del notariado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el procedimiento, In re, Raúl Pedraza González, 118 D.P.R. 87. Fue reinstalado por dicho tribunal el 16 de junio de 1988.
(2) Jesús Buil Vélez requirió los servicios notariales del Que-rellado para que otorgase la escritura pública de compraventa mediante la cual compraría un inmueble de su tía, Josefa Buil Vélez (en adelante, Doña Josefa). El Querellado conocía a Jesús Buil Vélez y a la esposa de éste, Migdalia Ocasio Durán, desde 1970 como vecinos de la Urbanización Reparto Metropolitano de Río Piedras donde él residía también. Le representaban ser personas honestas.
El Querellado se trasladó para el otorgamiento de la escri-tura expresada a casa de Doña Josefa en la Urbanización Villa Neváres de Río Piedras, que era también la residencia de Jesús Buil Vélez y su esposa. La Escritura núm. 1 del 18 de enero de 1983 del protocolo de instrumentos públicos del Querellado (Exhibit 1 del Procurador, en adelante denominada también como la Escritura núm. 1) consigna el otorgamiento de la misma. Informa esta escritura pública que Doña Josefa vendió el inmueble de su propiedad (solar urbano de 587.71 metros cuadrados, número 12 del bloque X del Barrio Monacillos de Río Piedras y casa en el mismo, inscrito como finca núm. 1351 al folio 52, vuelto del Tomo 98 de la Sec. 5ta. del Registro de la Propiedad de San Juan.) a los esposos Jesús Buil Vélez y Mig-dalia Ocasio Durán, por el precio de $70,000.00 del cual esos compradores retuvieron la suma de $43,469.32 para el pago en su día de la hipoteca “que grava dicha propiedad” y el balance de $36,530.68 manifestó la parte vendedora “haberlo recibido de manos de la parte compradora con anterioridad a (ese) acto en moneda legal de los Estados Unidos.” (Cláusula Dos de la Escritura núm. 1). (Excepto esta expresión en la Cláusula Dos de dicha escritura pública, en la vista ante el Comisonado Especial no se presentó prueba alguna para establecer que Doña Josefa recibiese ese balance o cualquier otra suma resultante de esta transacción.) Al folio cuarto de la Escritura núm. 1 ex-presa el Querellado al efecto que las partes, ante él, después que se las leyera en alta voz y encontrándola ellos conforme, la firmaron “en un sólo acto.”
El Querellado acreditó la fidelidad de todos los extremos an-teriormente expuestos de esa escritura mediante una expresión general de fe, incluida en su párrafo final, que abarca su “cono-cimiento personal de los otorgantes, de sus circunstancias per-sonales y vecindad, as[í] como de todo lo demás consignado en (ese) instrumento público”.
(3) (En el momento que el Comisionado Especial formula sus conclusiones, advierte que en el supuesto que dicho precio fuese la suma de $70,000.00 expresada, el remanente del mismo, des-pués de deducir dicho balance hipotecario de $43,469.32, debió ser $26,530.68 y no la suma de $36,530.68 que se indica en esa escritura como recibido por la vendedora. De haber sido esta última la cantidad recibida por la vendedora, el precio de la venta debió en tal caso ser $80,000.00. La prueba ante el Co-misionado Especial no aclaró este defecto.)
(4) No es correcto que Doña Jose[f]a firmase la Escritura núm. 1 ante el Querellado. La escritura o manuscrito que apa-rece con su nombre como su firma, después del párrafo final de su texto, fue hecha por otra persona que la imitó. As[í] lo con-cluyen el perito calígrafo del Procurador y el del propio Querellado. Aunque sus testimonios discrepan en cuanto a la persona que efectuó esa imitación: el calígrafo presentado por el Procurador sostiene que la firma de Doña Josefa fue efec-tuada por el compareciente como comprador en la Escritura, Jesús Buil Vélez. El calígrafo presentado por el Querellado opinó que debido a la falta de suficientes y adecuadas muestras, no es posible conclu[i]r que fuese Jesús Buil Vélez quien imi-tara la firma de Doña Josefa. La escritura o manuscrito que se informa como la firma de Doña Josefa en la Escritura núm. 1 fue comparada por ambos calígrafos con la firma, incuestiona-blemente suya, en la venta que hiciera de ciertos condominios a Juan Acosta B[á]ez mediante la Escritura Pública número 6 otorgada en Yauco, Puerto Rico[, ] el 3 de marzo de 1978 ante el Notario Iván Daniel Gil Sánchez. Esa comparación demostró, patentemente, el carácter apócrifo de la firma de Doña Josefa en la Escritura número 1. Al carecer la prueba presentada en la vista de todo indicio que sugiera que alguna persona tenía au-torización o facultad de Doña Josefa para firmar en su nombre o representación dicha escritura pública, concluimos, como cuestión de hecho, que en la Escritura núm. 1 se falsificó su firma. Estimamos correcta la apreciación del Sr. Pedro A. Figueroa, perito calígrafo del Querellado, de la imposibilidad de arribar a conclusiones sobre la identidad de la persona que imitó la firma de Doña Josefa, incluyendo descartar que lo fuera Jesús Buil Vélez de quien la prueba demostró que no se tenía otra firma suya con la cual comparar. No obstante, por todo lo anterior, concluimos también que el Querellado, al indi-car al folio cuarto de la Escritura número 1 al efecto que Doña Josefa firmó ante él y en un solo acto ese instrumento público, consignó un hecho falso, constándole su falsedad; asimismo, al dar fe de esto en el último párrafo de esa escritura lo hizo de un hecho falso, a sabiendas que lo era.
La expresión del Querellado al párrafo Dos, folio tercero de la Escritura número 1, de haber manifestado la vendedora el re-cibo del balance del precio de venta, después de descontada la suma de la deuda hipotecaria del inmueble, representa también la consignación de un hecho falso ya que no fue cierto que esto ocurriese. Lo acontecido fue que el Querellado meramente di[o] “por bueno lo que le dijeron Jesús (refiriéndose a Jesús Buil Vélez) y su esposa de que le habían pagado a Doña Josefa.” As[í] lo admitió al ser interrogado sobre este extremo en la vista ante el Comisionado Especial. Igualmente, al haber dado fe de esto al párrafo final de la Escritura núm. 1, lo hizo de un hecho falso, a sabiendas que lo era.
(5) La Escritura núm. 1 no aparece inscrita en el Registro de la Propiedad. (Certificación de dicho registro consistente del Exhibit 4 del Querellado) (En la vista ante el Comisionado Especial no se presentó prueba alguna indicativa que dicha escri-tura se presentara en el Registro de la Propiedad para su inscripción.
(6) La propiedad inmueble del solar número 12 del bloque X de la Urbanización Villa Nevares referida en la Escritura nú-mero 1 como objeto de la compraventa de la misma, fue adqui-rida mediante compra por Doña Josefa, estando soltera, a Gladys Juarbe Pérez por el precio de $65,000.00 a través de la Escritura Pública número 5 del 29 de enero de 1979 otorgada ante el Notario Alejandro Arana Aramburu Maldonado; por esta compra la indicada propiedad fue inscrita en el Registro de la Propiedad, Sección 5ta. de San Juan en la inscripción 5ta. del 8 de febrero de 1979. (Exhibit 4 del Querellado) Doña Josefa falleció el 11 de mayo de 1984 a la edad de 89 años. Había otorgado testamento abierto por la Escritura Pública número 67 del 21 de abril de 1962 en Yauco, Puerto Rico ante el Notario Carlos M. Franco Soto en el cual instituyó como únicos y uni-versales herederos a sus hermanos Sofía y Camilo Buil Vélez. En virtud de dicho testamento la referida propiedad fue ins-crita en el Registro de la Propiedad por igual a nombre de Sofía y Camilo Buil Vélez el 26 de mayo de 1989. (Exhibit 4 del Que-rellado)
Sofía Buil Vélez falleció el 16 de enero de 1986; su hermano Camilo Buil Vélez le había premuerto. A su muerte Sofía dejó testamento otorgado en Yauco, el 27 de abril de 1979 ante el Notario Luis Negrón López en el cual instituyó herederos a su hermana Doña Josefa, que le premurió, y a Fernando Martínez Pacheco, Amalia Comellas Rodríguez, Anabel Martínez Corne-lias, Wanda Martínez Comellas y Maribel Martínez Comellas, a favor de quienes se inscribió, por ello, la propiedad inmueble del solar número 12 del bloque X de Villa Nevares referida, en la inscripción 7ma. del Registro de la Propiedad del 8 de sep-tiembre de 1989. (Exhibit 4 Querellado)
(7) En pleito radicado con posterioridad a la muerte de Doña Josefa ante la Sala de Ponce del Tribunal Superior, caso Civil núm. CS-86-1333, Jesús Buil Vélez y otros parientes radicaron demanda contra los herederos mencionados Fernando Martínez Pacheco, Amalia Comellas Rodríguez y Anabel, Wanda, y Maribel Martínez Comellas en el que solicitaron la nulidad del tes-tamento otorgado por Sofía Buil Vélez. De conformidad con la información que surge de ese proceso judicial, Jesús Buil Vélez era el tutor de la causante Sofía Buil Vélez en virtud del caso Civil núm. RF-84-1323(701) del Tribunal Superior de San Juan; actuando como tal retiró y se apropió ilegalmente la suma de $177,000.00 de una cuenta de cheques del First Federal Savings Bank perteneciente a dicha pupila que tenía bajo su posesión, desapareciendo sin conocerse su paradero.
El 9 de enero de 1987 los demandados en el pleito CS-86-1333 de la Sala Superior de Ponce, radicaron contra Jesús Buil Vélez y su esposa Migdalia Ocasio Durán en el caso Civil núm. 87-6336(1003) del Tribunal Superior de San Juan una de-manda e[n] la cual reclamaron la nulidad de la compraventa otorgada mediante la Escritura número 1. Esta solicitud se fun-damentó en. que en la misma fue “influenciada y viciada (la) voluntad” de Doña Josefa; que ella “no tenía la capacidad re-querida en derecho” y además que dicha transacción fue hecha a título gratuito con el propósito de defraudar a los herederos demandantes. Se alegó en la demanda que a pesar que en esa escritura pública se consignó que la vendedora manifestó haber recibido el precio con anterioridad al otorgamiento, ella “nunca recibió el precio ni en todo ni en parte”, (párrafos 4 y 10 de esa demanda - Exhibit 5 del Procurador). Jesús Buil Vélez no com-pareció a ese proceso y le fue anotada la rebeldía; Migdalia Ocasio Durán, quien compareció representada por el Ledo. José F. Franco Rivera, negó en su Contestación las alegaciones ex-presadas de la demanda.
Con posterioridad a la radicación de la demanda en el caso civil núm. 87-6336(1003), uno de los demandantes (Fernando Martínez Pacheco) alertó al abogado que les representó en ese proceso, Ledo. José Aulet Concepción, de la posibilidad que la firma de Doña Josefa en la escritura pública impugnada fuese falsificada. El Ledo. Aulet investigó este extremo a través del calígrafo, Sr. Onofre Jusino, quien rindió informe del resultado de sus hallazgos el 17 de enero de 1989. A pesar que el Ledo. Aulet no efectuó una enmienda a las alegaciones de la demanda para incluir este nuevo ángulo como fundamento de la nulidad de la compraventa interesada, el Ledo. Franco Rivera estaba consciente del propósito de los demandantes de llevarlo a la consideración del Tribunal en la fecha del juicio, sin evidente objeción de su parte. El anunció al Ledo. Aulet que utilizaría al Querellado como testigo en el juicio. Migdalia Ocasio Durán no testificaría en el mismo. La evidencia no demostró una fundada explicación para esto último. Según el Ledo. Franco Rivera, ella se encontraba “en un estado de nerviosismo muy grande” que le impedía prestar testimonio en dicha vista. De otro lado, la ver-sión de ella al Ledo. Franco Rivera fue al efecto de manifestarle haber firmado la Escritura núm. 1 el 18 de enero de 1983; pero no podía asegurarle que su firma expresada ocurriese en el mismo momento que las firmas de Jesús Buil Vélez y Doña Josefa. En definitiva, el que dicha demandada presentara prueba en el caso iba a depender enteramente de que el Quere-llado testificara. Aunque la prueba no estableció que el Quere-llado tuviese conocimiento de esta situación, el Ledo. Franco Rivera le comunicó de su interés en que él prestara testimonio en el juicio a ventilárse; asimismo, le puso en conocimiento de la impugnación que se pretendía de la compraventa por razón de la falsedad de la firma de Doña Josefa en la Escritura núm. 1. Le expresó: “Ese es tu caso; tienes que declarar; él (refirién-dose al Ledo. J. Aulet) va a venir con un calígrafo y yo no tengo calígrafo, tienes que declarar.” El plan del Ledo. Franco Rivera era que, al ser confrontado el Tribunal con la prueba de los demandantes, de un lado y con el testimonio del Querellado afirmando su fe notarial en el documento otorgado, de otro lado, mantendría dicha fe notarial. El Querellado le mostró su dispo-sición de comparecer a declarar en la vista del juicio.
Ninguna de las partes gestionó a través del Tribunal la cita-ción del Querellado para que compareciera al juicio a ventilarse. Tampoco se demostró que el Tribunal requiriese su comparecencia. El Ledo. Franco Rivera le llamó por teléfono el 18 de enero de 1989 a su oficina para recordarle que el juicio se ventilaría al día siguiente, requiriéndole su asistencia al mismo. El Querellado le respondió de su disposición a compa-recer, aunque le expuso que al día siguiente estaría ocupado en la ventilación del juicio contra su representado, Sr. José del Rosario, denunciado en casos de Alteración a la Paz y Agresión Agravada ante el Juez Hon. Rodríguez Arena de la Sala 605 del Centro Judicial de San Juan.
(8) La prueba de la parte demandante en el juicio del caso civil 87-6336(1003) fue presentada al Tribunal en las horas de la mañana del 19 de enero de 1989. Se señaló la continuación del juicio para las dos de la tarde de ese día para escuchar el testimonio del Querellado, única prueba anunciada por el Ledo. Franco Rivera por la demandada Migdalia Ocasio Durán. (El co-demandado Jesús Buil Vélez no compareció a esa vista) El Tribunal esperó hasta las 2:50 p.M.y al no llegar el Querellado, dispuso dar “por sometido el caso por la prueba presentada” para resolver “oportunamente.” (pág. 3 de la minuta de la vista del 19 de enero de 1989 en ese caso, Exhibit 6 del Procurador) El Querellado compareció a la Sala 1003 muy poco después de las 3:00 p.m., una vez se desocupó en el compromiso profesional que atendía en la Sala 605. Se vio obligado a permanecer hasta la terminación del juicio ventilado en sus méritos contra su representado, quien salió culpable en ambas denuncias. (Exhibit 3 del Querellado) A esa hora los comparecientes se habían retirado y la Sala 1003 se encontraba cerrada; el Alguacil le informó de la conclusión del caso, retirándose el Querellado sin realizar ninguna otra gestión en relación al mismo. (Enfasis suplido y en el original.) Resolución de 7 de octubre de 1991, págs. 4-11.

f — I f-H

Reafirmamos la necesidad de que los notarios cum-plan rigurosa y cabalmente con las normas sobre identidad del compareciente y la fe de conocimiento, atributos inseparables de la fe notarial. Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76 (1992); In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978). Véanse, además: Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979); In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 454-455 (1982); In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 547 (1984); In re Fournier, 114 D.P.R. 255 (1983); In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986); In re Aponte Arché, 117 D.P.R. 837 (1986); In re Ríos Rivera, 119 D.P.R. 586 (1987).

En esa gestión, todo notario está obligado a cumplir con la ley y los cánones de ética, bajo apercibimiento de la acción disciplinaria correspondiente. In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205 (1983).

Según expuesto, el abogado Pedraza González permitió que ante sí, y con su autorización como notario, se cometiera un acto claro de falsificación en cuanto a la identidad de una supuesta parte compareciente al acto de firma y otorgamiento de una escritura. La prueba de peritos calígrafos así lo demuestra. De ese modo, defraudó a las partes, a los miembros de la sucesión de la supuesta otorgante y, en particular, a la fe pública que depositó en él la sociedad mediante la autorización que le conferimos de ejercer la notaría.

En Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 879 (1989), indicamos que “[clualquier persona prudente conoce las consecuencias probables de la creación, a sabiendas, de un documento falso capaz de transmitir derechos de propiedad. Todavía más consciente debió ser el apelante que por su profesión es un conocedor del Derecho”. (Enfasis suprimido y escolio omitido.)

Frente a estos hechos, procede decretar la suspensión indefinida del querellado Pedraza González como abogado y notario.

Se dictará sentencia de conformidad.()

      (1) El querellado estuvo suspendido antes por omitir rendir sus índices notariales. In re Pedraza González, 118 D.P.R. 87 (1986).


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Carlos Mattei Santiago, acusado y apelante.

      Número: CR-88-23

      Resuelto: 23 de noviembre de 1992

      Carmelo Pestaña Segovia, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Blanca Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

Estudiados y analizados los autos originales, la exposi-ción narrativa de la prueba y los alegatos de las partes, se dicta sentencia que revoque la emitida por el foro de instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Hernández Denton. El Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disi-dente, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Negrón García y Alonso Alonso.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Atendida la relación imparcial que de los hechos se hace en la ponencia emitida por la compañera Juez Asociada Señora Naveira de Rodón —la cual relación de hechos, dicho sea de paso, es la que un examen objetivo del expe-diente revela que es la correcta— concurrimos con el dicta-men mayoritario que decreta la revocación de la sentencia apelada.

A nuestra manera de ver las cosas, en el presente caso el Estado no presentó prueba de la comisión de delito por parte de persona alguna; esto es, no se demostró que alguna persona haya incurrido en conducta criminal castigable por nuestro ordenamiento jurídico. La prueba presentada por el Ministerio Fiscal, a lo sumo, demostró la existencia de una transacción comercial entre dos partes privadas y la existencia de una deuda comercial; no, repetimos, la comi-sión de un acto criminoso. No podemos permitir que el pro-ceso criminal se utilice como una “acción sustituía” de la demanda en cobro de dinero.

Por otro lado y asumiendo, a los fines de la argumenta-ción, que en efecto se hubiera demostrado la comisión de un delito —apropiación ilegal en la modalidad de “hurto mediante treta y engaño”— la prueba presentada respecto al “responsable” del mismo no cumple con el requisito de demostrar la culpabilidad del apelante Carlos Mattei Santiago, más allá de duda razonable. Este nunca ha sido parte de la corporación Centro de Transmisiones Automá-ticas ni accionista u oficial de la misma, y su “identifica-ción”, por parte de la supuesta perjudicada, es altamente cuestionable. La prueba demostró, por el contrario, que el presidente de dicha Corporación, para la fecha de los he-chos, lo era el hijo de esta persona, quien responde al nom-bre de Carlos Mattei Seijo. Cabe preguntarse: ¿No sería ese “el Mattei” con quien hizo la transacción comercial por te-léfono la principal testigo de cargo Graciela Arbucias? En nuestro criterio, a nivel de instancia se procesó a la persona equivocada.

El proceder mayoritario realmente no constituye una in-tervención con la apreciación que de la prueba desfilada hiciera a nivel de instancia el juzgador de los hechos. Llana y sencillamente nos enfrentamos a una situación de insuficiencia de prueba no sólo en cuanto a la existencia, o comisión, de conducta criminal castigable bajo nuestro or-denamiento jurídico, sino que en cuanto al supuesto respon-sable de la misma.

Ante una situación como la descrita emerge, como deber ineludible, el decreto de absolución del apelante.

— O —

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

La sentencia dictada contra el acusado apelante Carlos Mattei Santiago debe ser revocada por cuanto la prueba desfilada es insuficiente para sostener la convicción. De no revocarse el fallo condenatorio, se estaría cometiendo una grave injusticia. Veamos.

Al apelante Mattei Santiago se le imputó la comisión del delito de apropiación ilegal agravada. Luego del juicio por tribunal de derecho, resultó convicto de haberse apropiado de unos muebles de oficina,!) valorados en mil cuatrocien-tos veintinueve dólares con setenta centavos ($1,429.70), que la corporación Centro de Transmisiones Automáticas, Inc. (C.T.A.) le compró a Borinquen Radio Distributors, Inc. (Borinquen Radio). Se le sentenció a cumplir diez (10) años de prisión con los beneficios de sentencia suspendida.

Por versar este caso sobre un problema de suficiencia de la prueba, hemos leído y evaluado con detenimiento la Ex-posición Narrativa de la Prueba (E.N.P.), los autos origina-les y la prueba documental del caso. A continuación resu-mimos los hechos según éstos surgen de la prueba de cargo.

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Los hechos

Borinquen Radio, una corporación dedicada a la venta de muebles de oficina, realizó una venta en virtud de una orden recibida por teléfono. Los muebles serían entregados en las oficinas de C.T.A. en Puerto Nuevo. La Sra. Graciela Arbucias, condueña del negocio Borinquen Radio, atendió personalmente las dos (2) llamadas telefónicas del compra-dor, quien, de acuerdo con el testimonio de la señora Arbu-cias, se identificó como el señor Mattei. Cabe señalar que la señora Arbucias no conocía al señor Mattei y nunca había hablado con él.

Con relación a la conversación que sostuvo con el señor Mattei, al ser contrainterrogada, la señora Arbucias “acep-tó que diariamente recibía y atendía un número considerable de llamadas telefónicas. Le fue imposible recordar los nombres de las personas con las que habló por teléfono el 21 de [julio] de 1986. Aceptó que ella preparó la factura de los muebles y que escribió ‘Señor Mattei: dueño’ ”.()

Al día siguiente, 22 de julio de 1986, un empleado de Borinquen Radio se personó a las oficinas de C.T.A. en Puerto Nuevo para entregar la orden. Al llegar, los emplea-dos de C.T.A. le comunicaron al Sr. José Arce, empleado de Borinquen Radio que estaba haciendo la entrega, que pa-sara esa tarde porque el pago no estaba listo. Ante estas circunstancias, éste optó por entregar la mercancía y luego regresar a cobrar, variando así lo acordado por teléfono. Cuando el empleado regresó, en C.T.A. le informaron que el señor Mattei estaba fuera de la isla. No pagaron los muebles.

Posteriormente, la señora Arbucias realizó varias ges-tiones de cobro. Éstas consistieron en llamar por teléfono dos (2) o tres (3) veces por semana y enviar a su empleado, el señor Arce, a C.T.A. a cobrar. Por último, ella acudió personalmente a C.T.A. Allí habló con la secretaria y con el jefe del taller. Al no poder cobrar su acreencia ni recuperar la mercancía por no encontrarse los muebles en las oficinas de C.T.A. en Puerto Nuevo, veintiocho (28) días después de haberse entregado la mercancía, el 19 de agosto la señora Arbucias optó por acudir al Cuartel General de la Policía a presentar una querella.

Así las cosas, el señor Arce se personó nuevamente a las oficinas de C.T.A. en Puerto Nuevo y preguntó por la mercancía. El señor Arce expresó que

... un tal Frank Vega le dijo q[ue] él nunca había llevado mer-cancía allí y q[ue] nunca l[a] había visto allí. Q[ue] fue a la calle Guayama donde vio la mercancía y llamó a Arbucias[, ] quien la identificó.!)

Entonces, la señora Arbucias acudió a la oficina de C.T.A. ubicada en la Calle Guayama de Hato Rey. Allí re-conoció los muebles que había vendido. La señora Arbucias atestiguó que:

Preguntó por el Sr. Mattei y le dijeron que estaba tomando café.
Salió al patio y vio un señor que se identificó como Mattei. Expresó que reconoció la voz. Entonces ella le dijo que hacía un mes que lo andaba buscando. Mattei le indicó que él acababa de llegar.

El señor Mattei, con quien ella se entrevistó en la ofi-cina de C.T.A. de la Calle Guayama, fue Carlos Mattei Santiago, el aquí apelante.!) Luego de conversar con el señor Mattei Santiago, ambos se dirigieron a la oficina donde estaban los muebles que ella había vendido. Este le dijo que tenía que averiguar cómo habían llegado los muebles a esa oficina.

Más tarde, ese mismo día, la señora Arbucias acudió a querellarse al Centro de Investigaciones Criminales (C.I.C.). Allí la atendió el agente de la Policía Jorge L. Kui-lan, de la División de Propiedad Hurtada del C.I.C. Este declaró “que él ya conocía a Mattei por haber investigado unas cuantas querellas [en su contra]”. No explicó qué clase de querellas había investigado, cuántas fueron ni el resultado de las mismas. El agente Kuilan fue a indagar lo sucedido a las oficinas de C.T.A. en Puerto Nuevo. Allí fue informado por el Sr. Frank Vega que “el señor Mattei, Pre-sidente de la corporación, estaba fuera de Puerto Rico”.

Conforme al testimonio de la señora Arbucias, ella y el agente Kuilan se reunieron con el señor Mattei Santiago. Este encargó al señor Rafael Concepción, Vicepresidente de C.T.A., para que llegara a un acuerdo con la señora Arbucias. “Concepción les dijo que estaban ‘apretados’ eco-nómicamente y le pidió un término de noventa (90) días para pagar.” Frente a la negativa de la vendedora, interce-dió el agente Kuilan. Este logró un acuerdo entre la señora Arbucias y el señor Concepción para que la empresa pa-gara el 5 de septiembre o devolviera los muebles. El día convenido, cuando la señora Arbucias acudió a cobrar su acreencia, en lugar del cheque prometido se le entregó un sobre que contenía la petición de C.T.A. de 2 de septiembre de 1986 para acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras. Cabe señalar que en la Petición de Quiebra C.T.A. había incluido, como uno de sus acreedores, a Borin-quen Radio, especificando la deuda objeto de la supuesta apropiación.() No se aportó prueba para demostrar que la quiebra se presentó con el propósito de defraudar a Borin-quen Radio, esto es, de no pagarle.() Milita contra esta inferencia el hecho de que la deuda era menos del uno por ciento (1%) del total de las deudas de C.T.A. ($1,429.70 de un total adeudado de $159,971.59).()

Confrontada con esta situación, la señora Arbucias se comunicó con el agente Kuilan para informarle lo sucedido. Ambos acudieron a Fiscalía y el caso se sometió a un juez. Más tarde, el agente Kuilan acudió a C.T.A., donde se en-contró con el licenciado Súarez. El agente le informó al abogado que existía una orden de arresto, con fianza mon-tante a veinte mil dólares ($20,000), contra el señor Mattei Santiago. Ese mismo día, el apelante y su abogado fueron a Fiscalía para pagar la mercancía en cuestión, pero no se les aceptó la oferta de pago, ni mediante cheque de C.T.A. ni en efectivo.()

Finalmente, el agente Kuilan “[ijndicó que se allanó a Centro de Transmisiones Automáticas de la calle Guayama y como resultado ocuparon los muebles que posteriormente fueron recuperados por Borinquen Radio Distributors”.

Durante el juicio, luego de finalizada la prueba de cargo, la defensa solicitó la absolución perentoria del acusado en vista de que este caso se trataba de una deuda de natura-leza civil y no el delito de apropiación ilegal agravada, ya que la supuesta perjudicada había transferido legalmente la posesión de los muebles al entregarlos en un camión de su propia compañía. El tribunal de instancia denegó la solicitud. Entonces, la defensa presentó como testigos al Sr. Rafael Concepción, Vicepresidente de C.T.A., y al ape-lante Mattei Santiago.

Pasemos, pues, a discutir en conjunto los tres (3) seña-lamientos de error del apelante relacionados con la sufi-ciencia de la prueba.()

II

La confiabilidad de la identificación del acusado

Reiteradamente hemos resuelto que la “ ‘identificación’ del acusado es una de las etapas más esenciales o críticas en el procedimiento criminal Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302, 309 (1987). No puede haber una convicción válida sin prueba que relacione al acusado del delito, más allá de duda razonable, como el responsable del delito imputado. Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.RR. 249, 251 (1969); Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 112 (1974).

Con relación a la identificación de un acusado, debemos recordar las palabras de ese gran jurista Frankfurter: “What is the worth of identification testimony even when uncontradicted? The identification of strangers is proverbially untrustworthy. The hazards of such testimony are established by a formidable number of instances in the records of English and American trials.” F. Frankfurter, The Case of Sacco and Vanzetti, 1927, pág. 30. Se ha reconocido que “[l]os mayores extravíos en la administración de la jus-ticia lo ocasionan los errores en la identificación de los acusados”. Pueblo v. Gómez Incera, supra, pág. 252.

Es imperativo, pues, que se identifique correctamente al autor del delito y se le pueda relacionar con los hechos que se le imputan.

La culpabilidad del acusado supone, no sólo prueba más allá de duda razonable sobre los elementos constitutivos del delito im-putado (corpus delicti), sino también, por supuesto, que el acu-sado es el responsable por la comisión del delito. Puede haber prueba más allá de duda razonable sobre que se cometió un asesinato u homicidio, Le. —una persona fue decapitada — , o un robo, pero sin embargo, quedar duda razonable en torno a si el acusado fue autor o coautor del delito, lo que acarrea su absolución. De ahí la importancia de “identificar” al acusado. E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, Cap. 5, pág. 217.

La evidencia sobre la identidad de una persona fundada en la impresión personal de otra, aunque bona fide, es qui-zás, de todas las clases de evidencia, la que más sujeta está a producir un error. El tratadista LaFave, al analizar los elementos relacionados con la confiabilidad de la identifi-cación de una persona, nos dice que con relación a eventos que en su origen no son importantes, pero que luego cobran un gran significado, el proceso perceptual selectivo puede producir graves fallas en la observación o captación que se hace del evento. Resulta también de gran importancia, al evaluar la confiabilidad de un testimonio sobre la identifi-cación de un acusado, el tomar en consideración que las expectativas personales, las necesidades, los intereses y los prejuicios de un testigo pueden fácilmente distorsionar su percepción y memoria. Esto, unido al hecho de que la re-presentación de un evento almacenado en la memoria está en constante cambio a medida que surge nueva informa-ción sobre el evento y que ésta difiere de la almacenada en la memoria, hace necesario que las circunstancias que ro-dean la identificación y tiendan a corroborarla cobren gran importancia. También resulta de gran relevancia el tener presente que los testigos, a medida que pasa el tiempo, tienden a cobrar mayor confianza en la correción de sus recuerdos; esto significa que la seguridad de un testigo en la exactitud de su recuerdo no necesariamente es reflejo de la veracidad de la misma. 1 LaFáve and Israel, Criminal Procedure Sec. 7.1, págs. 548-553 (1984).

El profesor Chiesa hace el siguiente resumen de las cau-sas de identificación errónea:

(i) percepción selectiva del evento, debido a limitaciones del ce-rebro humano
(ii) pobres condiciones de observación o percepción
(iii) tensión (stress) que produce el evento o crimen
(iv) fallas de la memoria
(v) sugestividad
(vi) expectativas, necesidades y prejuicios personales
(vii) dificultad en identificar personas de otra raza
(viii) influencias extrínsecas o extrañas. (Enfasis suplido y en el original.) Chiesa, op. cit., pág. 218.

En Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172, 186-187 (1978), establecimos como criterios a considerar para de-terminar la confiabilidad de la identificación de un acusado bajo la doctrina de la totalidad de las circunstancias los siguientes: (1) la oportunidad del testigo para observar (en este caso oír) la voz del autor del delito; (2) el grado de atención prestada (aquí sería a la conversación); (3) la exactitud de la descripción, o sea, de la voz o conversación; (4) el nivel de certeza demostrada al hacer la identificación (esto, claro está, implica el tomar en consideración las cir-cunstancias que rodearon la misma), y (5) el tiempo trans-currido entre el haber escuchado la voz del acusado y su identificación.

En Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, págs. 312-313, al aplicar la doctrina de la totalidad de las circunstancias, se aceptó la identificación del acusado mediante el recono-cimiento de su voz. En dicho caso se trataba de los delitos de violación, sodomía, robo y restricción a la libertad agravados. Allí expresamos que, según el testimonio ver-tido por la perjudicada, “los hechos delictivos tuvieron una duración aproximada de cuarenta y cinco (45) minutos. Durante ese período de tiempo, el apelante estuvo hablán-dole a la perjudicada. Su voz quedó grabada en la mente de ésta. Treinta días más tarde, sin intervención de clase al-guna por parte de funcionarios del Estado [o de cualquier otra persona, de forma espontánea], la perjudicada reco-noce esa voz inmediatamente que la escucha en su sitio de trabajo. Observa, durante cinco o seis minutos, la persona de quien proviene la voz. El físico de dicha persona corresponde al individuo que la violó y sodomizó”. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, págs. 312-313.

El caso de autos es radicalmente distinto al de Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra. Procedemos ahora a analizar los hechos al amparo de los criterios establecidos en Pueblo v. Peterson Pietersz, supra, sobre la totalidad de las circunstancias con relación a la identificación.

(1) La oportunidad de escuchar al acusado apelante. La señora Arbucias declaró que la persona que la llamó para hacer la orden de los muebles fue Carlos Mattei Santiago. Sin embargo, a preguntas del propio Fiscal, admitió que antes del 21 de julio de 1986, cuando llamaron por teléfono para hacer la orden, ella no lo conocía. “Nunca antes había hablado con él y tampoco lo había visto.” La única vez que supuestamente habló con él fue el día que se hizo la orden por teléfono. Debe destacarse el hecho de que la señora Arbucias también admitió que en la factura que ella pre-paró para la entrega de los muebles anotó “Cto. Transmi-siones Automáticas” con la dirección de ésta, y como cliente “Sr. Matei [sic]”, es decir, no hizo constar ambos apellidos.

Ella testificó que el 21 de julio de 1986 contestó dos (2) llamadas telefónicas de quien ella alega era el apelante. Ambas fueron conversaciones relativamente breves y de carácter puramente comercial. La primera fue para pedir unas cotizaciones de unos muebles de oficina. Ella le dio los precios. La segunda fue para preguntarle sobre si hacían ventas de cobro a la entrega (C.O.D.). Al ella contestar en la afirmativa, el interlocutor ordenó los muebles C.O.D.

(2) y (3) Grado de atención prestada y la exactitud de la descripción. No surge de la prueba que la persona que rea-lizó las llamadas tuviese alguna característica distintiva en la voz o en su forma de hablar, como por ejemplo, un acento peculiar, tartamudeo o seseo al grado de hacer memorable su voz. La señora Arbucias no aseveró que se le grabó la voz del apelante por tener éste un timbre de voz peculiar o por alguna otra circunstancia que llamara la atención que hubiese surgido de la conversación. Tampoco surge de la prueba que ella tuviera alguna habilidad poco usual para reconocer voces. A todo esto hay que añadir el hecho de que ésta admitió que fue una llamada comercial común y corriente, y que como vendedora ella diariamente recibía y atendía un número considerable de estas llama-das telefónicas. Le fue imposible recordar los nombres de las personas con las que habló el día en que se hizo la orden de los muebles.

(4) y (5) Nivel de certeza demostrada al hacer la identi-ficación y tiempo transcurrido. La testigo principal de El Pueblo, la señora Arbucias, identificó al apelante señor Mattei Santiago, por su voz, luego de que se le indicara que “Mattei”, se encontraba tomando café. “Salió al patio y vio a un señor que se identificó como Mattei.” Es entonces que alegó reconocer la voz. Debemos tener presente que ella nunca lo había visto y que sólo había oído la voz que iden-tificó como la de él, en dos (2) breves ocasiones, en conver-saciones comerciales comunes y corrientes hacía ya más de un mes.

Cabe señalar, además, que el Ministerio Público no adujo prueba de que el señor Mattei Santiago tuviera una relación directa con C.T.A. Es más, de la prueba documen-tal surge que éste nunca ha sido parte de la empresa ni mucho menos accionista de la misma. Es importante acla-rar que el apelante Mattei Santiago sí es el padre de Carlos Mattei Seijo, que era, para la fecha en que ocurrieron los hechos, Presidente de C.T.A. El señor Mattei Seijo fue uno de los incorporadores de C.T.A., era uno de sus tres (3) directores y el accionista principal de la empresa con un 40% de las acciones a su nombre.()

Al evaluar la evidencia presentada sobre la identifica-ción del apelante Mattei Santiago, también hay que tomar en cuenta que la señora Arbucias era consciente al mo-mento de efectuar la transacción comercial con C.T.A. que un tal “Sr. Matei (sic) (Dueño)” se desempeñaba allí. Así lo hizo constar en la factura admitida en evidencia. La iden-tificación que hizo ella el día que fue a las oficinas de C.T.A. en la calle Guayama no fue otra cosa que relacionar erró-neamente el apellido de un cliente que le debía un dinero, y a quien no había podido localizar, con otra persona que le habían informado se encontraba tomando café y que se identificó como Mattei. Esta persona tenía el mismo nom-bre y primer apellido que su cliente ya que estaban empa-rentados: era su padre.()

Un análisis integral de la totalidad de las circunstan-cias en el caso de autos, según ésta surge de la prueba de cargo, nos lleva a concluir que el Ministerio Público no aportó prueba suficiente para avalar la conclusión de que la señora Arbucias reconoció, espontáneamente, la voz del apelante e hizo una identificación confiable.() No cabe la menor duda de que los hechos en este caso son muy distin-tos a los que apoyaron la confiabilidad de la identificación por la voz en el caso Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra.

— O —

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Negrón García y Alonso Alonso.

Tenemos ante nuestra consideración una situación no resuelta antes por este Tribunal. Debemos decidir si los hechos particulares del caso constituyen el delito de apro-piación ilegal agravada, según dictaminó el tribunal de instancia, o si en cambio, como alega el apelante, sólo se trata de una deuda de naturaleza civil cuyo incumpli-miento no es un acto criminal punible.()

HH

El apelante, juzgado por tribunal de derecho, fue decla-rado culpable del delito de apropiación ilegal agravada el 9 de marzo de 1987 y se le impuso una sentencia de diez (10) años de presidio el 26 de febrero de 1988, sentencia que fue suspendida al concedérsele los beneficios del régimen de libertad a prueba.

Según la evidencia de cargo, que fue aceptada como cierta por el tribunal de instancia, sin duda alguna,( ) el 21 de julio de 1986 el apelante Carlos Mattei Santiago llamó por teléfono a la Borinquen Radio Distributors —empresa dedicada a la venta y distribución de muebles de oficina— se identificó por su nombre e indagó sobre los precios y la entrega de determinada mercancía. Luego de dos (2) con-versaciones del apelante con la dueña de la empresa, aquél ordenó unos muebles de oficina que le interesaban, indi-cándole a la dueña de la empresa que había sido referido a ellos por Casas Office Machines y solicitando que le envia-ran los muebles al local de su compañía sita en Puerto Nuevo. El apelante se comprometió a pagar el costo de los muebles ($1,429.70) al momento mismo en que se le entre-gara la mercancía.

Temprano en la mañana del día siguiente, los muebles fueron llevados por un empleado de Borinquen Radio Distributors al lugar indicado por el apelante. El empleado no pudo obtener el pago de los muebles al momento de la en-trega, según se había acordado, porque dos (2) personas vinculadas a la compañía donde se entregaron los muebles, y que recibieron los mismos a nombre del apelante, le in-dicaron a dicho empleado que el pago no estaba listo y le sugirieron que regresara en la tarde de ese día para obtenerlo. El empleado de la empresa vendedora volvió esa tarde, pero tampoco logró el pago, explicándosele esta vez que el apelante estaba fuera de Puerto Rico.

Posteriormente, en varias ocasiones, tanto el empleado como la dueña de la empresa vendedora gestionaron el pago de la mercancía sin éxito. Siempre se les indicaba que el apelante estaba de viaje o que los oficiales de la compa-ñía no estaban presentes. La empresa entonces trató de obtener la devolución de los muebles, enviando a recoger-los al empleado que los entregó, pero ello tampoco fue po-sible porque los muebles ya no estaban en el local donde habían sido entregados. En vista de ello, la dueña de la empresa acudió a Casas Office Machines para indagar so-bre el apelante que éstos le habían referido y, allí, se enteró de que ellos no lo conocían. Así las cosas, el 19 de agosto de 1986 la dueña de la empresa vendedora presentó la quere-lla correspondiente contra el apelante en el Cuartel General de la Policía.

Más tarde, los muebles fueron encontrados en otro local de la compañía que los había adquirido, y la dueña de la empresa vendedora se presentó a este otro local para veri-ficar si en efecto los muebles eran los suyos. Allí preguntó por el apelante y, al encontrarlo, le planteó la situación. El apelante alegó desconocer de qué ella le estaba hablando y le dijo que tenía que averiguar cómo habían llegado los muebles hasta allí. La dueña decidió entonces acudir ante el agente de la Policía a cargo de la investigación del caso para informarle lo acontecido. El agente, adscrito a la División de Propiedad Hurtada del Centro de Investigaciones Criminales, le indicó a la dueña que él ya conocía al ape-lante, porque había investigado unas cuantas querellas contra él, y sugirió que fueran a verlo juntos. Se traslada-ron al local de la compañía donde ahora estaban los mue-bles y, allí, se reunieron con el apelante. Este, que antes había alegado desconocer el asunto de los muebles, admitió que la propiedad en cuestión era de la dueña de la empresa vendedora, pero les pidió que le dieran una oportunidad para pagar porque en ese momento no podía hacerlo. El apelante entonces encargó al Vicepresidente de la compa-ñía a discutir la cuestión del pago con ellos, y el agente de la Policía intercedió para que llegasen a un acuerdo. La dueña de la empresa vendedora no estuvo conforme inicial-mente pero luego accedió a esperar hasta el 5 de septiem-bre de 1986 para el pago de lo adeudado o, en su defecto, para la devolución de los muebles.

El 5 de septiembre la dueña de la empresa vendedora fue a cobrar el pago según acordado, pero en vez del dinero prometido sólo recibió una copia de un documento exposi-tivo de que la compañía que tenía los muebles se había acogido a la Ley de Quiebras federal tres (3) días antes. La dueña y el agente de la Policía le informaron entonces lo sucedido al Fiscal a cargo del caso, quien procedió a some-ter el mismo.

Más tarde, luego que el agente de la Policía a cargo del caso diligenciara una orden de arresto contra el apelante, éste y su abogado fueron a Fiscalía y ofrecieron pagar la mercancía en efectivo, pero no se les aceptó el dinero.

II

Plantea el apelante que no hay aquí hechos constituti-vos del delito de apropiación ilegal. Alega específicamente que no existe el elemento de apoderación o sustracción ile-gal ni la intención criminal, que es condición del delito imputado. Según el apelante, el caso sólo trata de una transacción comercial legítima entre dos (2) corporaciones mediante la cual, por “estrecheces económicas”, no fue po-sible cumplir con lo adeudado, y lo que procede —si algo— es una acción civil por incumplimiento de contrato.

En nuestra jurisprudencia, sobre el delito de apropia-ción ilegal, hemos señalado reiteradamente que bajo dicho delito se intenta penalizar toda una diversa gama de con-ductas criminales que antes se tipificaban separadamente. El texto vigente de este delito consolida varios delitos del anterior Código Penal, tales como el hurto, el abuso de con-fianza, la falsa representación, la estafa y otros. Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713 (1977); Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312 (1982); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986). La agrupación de todos esos delitos en uno solo se hizo para evitar las dificultades procesales que surgían con frecuencia debido a la confusión engendrada por la diversificación de elementos en tales delitos. Se quiso superar el enredo conceptual que se había creado al dividir arbitrariamente un hecho punible esencial en varios delitos estatutarios. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).

El hecho punible esencial, denominador común de toda la gama de conductas criminales comprendidas en este de-lito, es el apoderarse ilícitamente, pero sin violencia o inti-midación, de bienes muebles pertenecientes a otra persona. Los elementos definitorios del delito son, en primer lugar, la apropiación, que quiere decir que el imputado de algún modo ha hecho propia una cosa ajena. Debe haber una transferencia de una propiedad mueble de las manos de su legítimo dueño a las del que propiamente no tiene derecho a ella. En segundo lugar, la desposesión, despojo o sustracción de la propiedad mueble, esto es, la transferen-cia debe hacerse de algún modo ilegal sin llegar a la vio-lencia o intimidación. Puede ser furtivamente o por fraude, simulación, ardid o treta, o sea mediante cualquier forma de engaño o desconocimiento del dueño. Lo medular es que de algún modo que no sea violencia o intimidación se con-culque o vulnere la voluntad del dueño; es decir, que de alguna manera deliberada se rebase su consentimiento. Si se dan estas dos (2) circunstancias esenciales, se incurre en conducta criminal.

Aplicando estas normas a los hechos en cuestión, no cabe duda de que se cometió el delito. La transferencia de la propiedad mueble ocurrió innegablemente. El apelante logró hacer suya la mercancía que le pertenecía a la em-presa vendedora. Esa transferencia se hizo ilícita y delibe-radamente; más allá del consentimiento del dueño de la propiedad. No tratamos aquí con una situación ordinaria donde una persona vende unos muebles pero luego, fortui-tamente, no logra que el comprador se los pague. Como cuestión de derecho, hubo prueba suficiente —que el juz-gador de los hechos creyó— para establecer que la transfe-rencia se hizo mediante treta o engaño. La dueña de la propiedad sufrió lo que puede considerarse como una ca-dena de maquinaciones por parte del apelante. Primero se le dieron referencias falsas. Seguidamente, se le dijo que los muebles se pagarían al entregarse. Después se le dijo que el pago no estaba listo. Luego se le dijo que los que podían autorizar el pago estaban ausentes. Entonces, se le escondieron los muebles. Posteriormente se le pidió que diera otra oportunidad para pagarlos, aunque se preveía una quiebra. De los hechos y de las maquinaciones aludi-das surge la treta o el engaño y la intención ilegal reque-rida para concluir que se cometió el delito en cuestión. Pueblo v. Padró Ríos, supra. Así lo entendió el juez que aquilató la prueba, cuya apreciación merece gran respeto y deferencia —Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974); Pueblo v. Nevarez Virella, 101 D.P.R. 11 (1973); Pueblo v. Rodríguez Hernández, 91 D.P.R. 183 (1964)— por ser quien está en mejor posición para valorar la misma. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3 (1984). Al no demostrar el apelante que el juez de instancia incurrió en error manifiesto o que actuó con prejuicio o parcialidad, nos obliga su apreciación de la prueba. Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982); Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454 (1988).

Es menester reiterar que no hay nada en los autos de este caso que permita impugnar el juicio del juzgador de los hechos. Ciertamente no existen las razones serias y fundadas —Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974)— que deben estar presentes para abandonar nuestra firmemente arraigada y habitual postura de otorgarle gran respeto y deferencia a la apreciación del juez que aquilató la prueba. Según señalamos al principio de esta opinión (en la primera nota al calce) el apelante, luego de fundar su defensa principalmente en la cuestión de derecho que hemos discutido antes, alega accesoria-mente que el que hizo negocios con el perjudicado no fue él y que debió haber sido su hijo, quien también se llama Carlos Mattei y es, según determinados documentos, Pre-sidente de la compañía que obtuvo los muebles en cuestión. Pero esta alegación no le mereció crédito al juzgador de los hechos, quien recibió y sopesó toda la prueba de modo directo e integral, evaluación que no está a nuestro alcance.

Según la prueba que el juzgador de los hechos estimó veraz, el nombre que se le dio a la perjudicada cuando se ordenaron los muebles fue el del apelante, no el de su hijo. Cuando los muebles se entregaron, fueron recibidos a nom-bre del apelante, no de su hijo. Cuando no se hizo el pago debido de los muebles, la excusa que se dio fue que el ape-lante —no su hijo— estaba ausente de Puerto Rico. Luego la perjudicada identificó al apelante —no a su hijo— por su voz a base de dos (2) llamadas telefónicas que habían sostenido. Más importante aún, fue el apelante —y no su hijo— la persona que estuvo a cargo de los asuntos de la compañía las dos veces que la perjudicada visitó el local de esa compañía para tratar de cobrar los muebles u obtener su devolución. Además, fue el apelante —y no su hijo— quien fue identificado por el agente de la División de Pro-piedad Hurtada del Centro de Investigaciones Criminales de la Policía a cargo del caso como la persona a quien él había investigado en otras querellas. También fue el ape-lante —no su hijo— quien admitió, tanto a la perjudicada como al agente policiaco, que los muebles en cuestión se le debían a la perjudicada, prometiendo que se pagarían si se le daba otra oportunidad para ello. Finalmente, fue el ape-lante —no su hijo— quien le encargó al Vicepresidente de la compañía discutir la cuestión del pago con la perjudicada. Todo esto ocurrió antes de que se expidiera la orden de arresto contra el apelante, quien entonces trató de resolver el asunto ofreciendo pagar en efectivo el precio de los muebles en cuestión. Vista cumulativamente toda esta prueba, que fue creída por el juez que juzgó los hechos, es más que suficiente para sostener la determinación judicial de instancia de que fue el apelante y no su hijo quien cometió el delito. De hecho, el hijo no estuvo involucrado de modo alguno en ninguno de los varios eventos de este caso en torno a los cuales se presentó prueba. Por ello es sor-prendente e inconcebible que, como en efecto hace la ma-yoría de este Tribunal, se pretenda cuestionar la aprecia-ción del juzgador sin fundamento que constituya error manifiesto, prejuicio o parcialidad, que son las únicas cau-sas que en derecho permitirían tal impugnación. El juzga-dor determinó que no tenía duda sobre quién fue el autor de los hechos delictivos. Vista la prueba cumulativa que tuvo ante sí, que en derecho es claramente suficiente y constitutiva del delito imputado, no tenemos otra alterna-tiva que confirmar la sentencia del tribunal de instancia, independientemente de las opiniones que algunos de los Jueces de mayoría puedan tener en cuanto a que esta parte del derecho penal no se debe aplicar a “negocios” entre comerciantes.

Por los fundamentos expuestos, disentimos de la opi-nión mayoritaria. Hubiéramos confirmado la sentencia del Tribunal de instancia.

        (1) Los muebles de oficina vendidos al Centro de Transmisiones Automáticas, Inc. (C.T.A.) se describen como dos (2) escritorios ejecutivos, dos (2) credencias, dos (2) gaveteros, dos (2) sillas y dos (2) brazos de sillas.

      (2) De la prueba presentada por la defensa surge que el señor Concepción, Vice-presidente de C.T.A., atestiguó que fue él quien hizo la orden referido por Casas Office Machines a Borinquen Radio. Se puede tomar conocimiento judicial de que en el mundo de los negocios, al pedir cotizaciones para la compra de mercancía, lo usual es llamar a distintas empresas. En el caso de autos, como Casas Office Machines no tenía la mercancía que C.T.A. buscaba, es plausible que lo refiriera a Borinquen Radio, como ocurre en el curso normal de los negocios. El hecho de que la señora Arbucias llamara a Casas Office Machines casi un mes después y allí le informaran que no conocían a Carlos Mattei no implica, necesariamente, que la persona que llamó por teléfono para solicitar la orden mintiera. Pudo haberse tratado de un referido casual de los múltiples que ocurren en el mundo de los negocios. Según atestiguó la señora Arbucias, la información ofrecida por la persona que hizo la orden no fue en el sentido de que C.T.A. era cliente reconocido de Casas Office Machines, sino que fue “referido” por esa empresa.

      (3) De la E.N.P. no surge la manera mediante la cual el señor Arce se enteró que los muebles en cuestión estaban en las oficinas de la Calle Guayama en vez de estar en Puerto Nuevo, lugar donde él los había entregado. Debido a que el señor Arce atestiguó que visitó las oficinas de C.T.A. en la Calle Guayama después de hablar con el señor Vega, se puede inferir que el señor Arce se enteró de la existencia de esta segunda oficina a través del propio señor Vega, el gerente de C.T.A.

      (4) De la prueba no controvertida por el Pueblo surge con meridiana claridad que el apelante Carlos Mattei Santiago se dedicaba a la producción de espectáculos especiales y era Presidente del Desfile Puertorriqueño de Nueva York.

      (5) Véase Exhibit III (exhibit por estipulación de las partes).

      (6) El récord no refleja lo que Analmente ocürrió con el caso en la Corte Federal de Quiebras.

      (7) La mercancía fue recuperada por Borinquen Radio a raíz de un allanamiento en las oficinas de C.T.A. en Hato Rey, lo cual corrobora que los muebles estaban accesibles y no se intentó esconderlos.

      (8) Sobre este particular, la señora Arbucias declaró “ ‘[q]ue a quien se le ofreció el pago total fue al Fiscal Rodríguez Elias y a Kuilan. Que ella no le vendió al Centro de Transmisiones Automáticas y lo que se quería era que cayera bajo la Corte de Quiebras’ ”.
      De la moción de reconsideración presentada en el foro de instancia el 20 de agosto de 1987 por el apelante, surge que durante “el juicio, la defensa quiso presen-tar documentos acreditativos de que Borinquen Radio compareció a la Corte de Quie-bras, como parte interesada, pero dicha prueba no fue admitida”.

      (9) “SEGUNDO ERROR:
      “El fallo del Honorable Tribunal de instancia es contrario a derecho y a la prueba desfilada.

        “TERCER ERROR:
      “Incidió la Sala de instancia al decretar [sic] culpable al apelante a base de una prueba insuficiente y que no estableció que existía intención criminal por parte del acusado-apelante de cometer el delito imputado.
      “CUARTO ERROR:
      “La prueba de cargo no rebatió la presunción de inocencia ni estableció la cul-pabilidad del apelante más allá de toda duda razonable.”

      (10) Exhibits II y III admitidos por estipulación entre las partes.

      (11) Cabe señalar que para evitar el equívoco de confundir a dos (2) personas diferentes que tienen el mismo apellido, los puertorriqueños utilizamos ambos ape-llidos, esto es, el paterno y el materno. Tanto el apelante como su hijo se llaman Carlos Mattei. La única diferencia en el nombre resulta ser el apellido materno.

      (12) Tratándose de un problema de suficiencia de la prueba, no de apreciación o credibilidad, no aplica la norma de que en ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión no existe fundamento en derecho para intervenir con la deter-minación de hecho del foro de instancia. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986).

      (1) Además de la cuestión medular que plantea el apelante sobre la suficiencia de la prueba para establecer el delito imputado, también se impugna un aspecto de la apreciación de la misma. El apelante alega en esencia que no fue él quien hizo negocios con el perjudicado y que debió haber sido su hijo, quien también se llama Carlos Mattei y es Presidente de la compañía que obtuvo los muebles en cuestión.
      En la opinión concentramos nuestra atención en lo relativo a la suficiencia de la prueba no sólo porque es el asunto principal, sino además porque el apelante no ha demostrado que hayan razones serias y fundadas para cuestionar el juicio del juzgador de los hechos. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974). Según se desprende de la exposición narrativa de la prueba, la alegación del apelante en cuestión fue claramente controvertida por la prueba de cargo y al tribunal de instan-cia evidentemente no le mereció credibilidad la prueba de la defensa.

      (2) En las Minutas de 9 de marzo de 1987, el juez de instancia que vio la prueba hace constar que “el Tribunal declara al acusado culpable ...ya que no tiene duda”, (Énfasis suplido.)