author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
      In re Edwin W. Belén Trujillo, querellado.

      Número: CE-88-195

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Iván F. Fuster y Ricardo E. Alegría Pons, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Rubén Rivera Ramos, abogado del querellado; Vicente López Pérez, Comi-sionado Especial.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Esta investigación disciplinaria nos permite pronunciarnos sobre el alcance del Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.ER.A. Ap. IX, que regula el conflicto suscitado entre los intereses personales del abogado y la representación adecuada de sus clientes. Evaluado el informe del Comisionado Especial sobre los conflictos de intereses del abogado querellado, procede la imposición de sanciones disciplinarias.

I — I

En septiembre de 1985 se publicó en el periódico El Nuevo Día un anuncio que informaba que en la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador (Universidad) había cupo para estudiantes puertorriqueños interesados en estudiar medicina e invitaba a todos los interesados a comunicarse con el Instituto Andino de Estudios Superiores (Instituto AndinoX) para obtener más in-formación. Los querellantes, estudiantes de medicina, llamaron al número de teléfono provisto que resultó ser el de la oficina del licenciado Belén Trujillo. A cada uno se le citó a una entrevista con el Presidente del Instituto Andino en la oficina del licenciado Belén Trujillo.

En la entrevista se orientó a los estudiantes sobre el costo de matrícula ($6,800 anuales),() la forma de pagarla y los requisitos de admisión a la institución. Además, cada estudiante tenía que pagar $800 por concepto de hospedaje y $500 por los boletos de avión. También se les requirió $75 como depósito para procesar la admisión. El Instituto Andino se encargaría de las gestiones necesarias para que se concediera la visa y el pasaporte a los estudiantes.

Concluida la entrevista, cada estudiante firmó un documento titulado “Aceptación” donde el licenciado Belén Trujillo, en su carácter de Presidente del Instituto Andino, certificó que el solicitante había sido admitido a cursar estudios de medicina en la Universidad.()

Cada estudiante también firmó una “Autorización Legal” donde se facultaba al querellado a realizar todas las gestiones encaminadas a lograr la matrícula en la Universidad. El docu-mento designaba al querellado como “[el] Representante Legal a todos los efectos legales pertinentes, ya sea para la gestión de la matricula así como cualquiera otra gestión necesaria y relacio-nada con [el] ingreso y permanencia [del estudiante] en la Universidad. . . (Énfasis suplido.) Exhibit IV del EG. Estipu-lado. Todas las autorizaciones legales fueron juramentadas ante la notario Leda. Neida Luz Otero Concepción en su oficina localizada en el mismo edificio donde está la oficina del querellado.

Un mes después de la entrevista inicial, el 19 de octubre de 1985, el licenciado Belén Trujillo y el grupo de estudiantes partieron hacia Ecuador para iniciar sus estudios. Luego de algunos percances con la línea aérea por el exceso de equipaje,() llegaron a Quito, donde supuestamente el Instituto tendría una persona esperándolos en el aeropuerto. Sin embargo, en realidad nadie los esperaba. Consiguieron transportación y llegaron a Cuenca el 21 de octubre a las tres de la madrugada.

Ese mismo día, cerca de las 11:00 A.M., el querellado y todos los estudiantes se dirigieron hacia la Universidad para iniciar los trámites de matrícula. Allí se reunieron con el señor Montesinos, ayudante del decano de la facultad de medicina. Durante la reunión surgió un problema con aquellos estudiantes que ya tenían estudios previos en medicina pero que no tenían las acreditaciones correspondientes. Estos pretendían que se les colocara en el año de estudios que les correspondía al acreditárseles todos los cursos tomados en otras universidades.

Debido a que no había ningún documento que evidenciara la aprobación de los referidos créditos, la universidad les ofreció la alternativa de matricular a todos los estudiantes en primer año, y a aquellos que tuviesen estudios previos se les daría exámenes para ubicarlos en el año correspondiente. Los estudiantes concernidos no aceptaron la alternativa y alegaron que el querellado les había prometido que se les convalidarían los créditos tomados en otras universidades. El licenciado Belén Trujillo negó lo expresado por los estudiantes y argüyó que él no podía violentar las normas de la institución.

Ese mismo día, a eso de las 8:00 P.M., se reunieron en el hotel el licenciado Belén Trujillo y todos los estudiantes. Estos le informaron que habían decidido renunciar al Instituto y exigieron sus expedientes. El querellado se los entregó. Sin embargo, un grupo de los estudiantes le informó al licenciado Belén Trujillo su deseo de estudiar en la universidad. Este se comprometió a hablar con el decano de la facultad de medicina para que se les acreditara el primer año de estudios en medicina por el bachillerato en ciencias que habían completado.

Ese mismo día el licenciado Belén Trujillo se querelló en el hotel porque le habían robado $9,600 en efectivo. Las autoridades de inmigración investigaron el asunto y, luego de entrevistar a los estudiantes, calificaron el hurto de “auto-robo”. A sugerencias de las autoridades, el licenciado Belén Trujillo se mudó a otro hotel.

Con el propósito de concretar el acuerdo final entre el Instituto Andino y la Universidad, el querellado se reunió con el Dr. Nelson Córdova, abogado de la Universidad. Al iniciarse la reunión, el doctor Córdova le informó al licenciado Belén Trujillo que la estudiante Sonia M. Santini le imputaba al querellado haberse apropiado del monto de los préstamos estudiantiles que ascendía a $100,000. Para continuar con las negociaciones, el doctor Córdova exigió al licenciado Belén Trujillo un documento firmado por todos los estudiantes donde se aclarara la situación. Los estudiantes no accedieron a firmar el documento y alegaron que se trataba de un asunto de la señorita Santini y el padre de ésta, quien había hecho las gestiones desde Puerto Rico.

En vista de que los estudiantes se negaron a suscribir el relevo solicitado, el querellado canceló la reunión pautada con el doctor Cordova y renunció a la representación de los estudiantes afectados. Al día siguiente se trasladó a Quito, junto a su hijo, para visitar unos familiares.

Mientras tanto, los estudiantes que habían permanecido en Cuenca instaron una denuncia contra el licenciado Belén Trujillo y el señor Vaca, representante del Instituto Andino en Cuenca, en la que alegaron falsificación de documentos de la Universidad y apropiación del dinero de los préstamos.

El querellado fue arrestado y estuvo confinado en Quito una semana hasta que se comprobó que no hubo ninguna falsificación de documentos de la Universidad. El licenciado Belén Trujillo se comprometió a producir una carta del banco que acreditara que él no se había apropiado del dinero de los préstamos. Eventualmente consiguió una certificación del banco a esos efectos.

Los estudiantes hicieron llegar a las autoridades de inmigra-ción la orden de arresto original y el licenciado Belén Trujillo volvió a ser encarcelado al día siguiente. En esta ocasión estuvo detenido por tres (3) días.

Con el transcurso de los días, la situación de los estudiantes se tornó severamente precaria. El pasaje que habían adquirido a precio especial tenía una fecha prefijada de regreso. La visa que habían obtenido era de estudiantes y, de no matricularse, estaban ilegalmente en el país. Se realizaron varias gestiones con las autoridades gubernamentales en Puerto Rico para facilitar el regreso de los estudiantes. Finalmente, estos regresaron a Puerto Rico gracias a las gestiones hechas por las autoridades consulares norteamericanas.

El licenciado Belén Trujillo regresó a Puerto Rico el 25 de noviembre por la noche. Al día siguiente, el Sr. Miguel Álvarez, vicepresidente del Instituto Andino, le informó que ambos esta-ban citados para acudir a la Fiscalía de Bayamón. Los estudiantes habían denunciado al licenciado Belén Trujillo y al señor Alvarez por apropiación ilegal agravada. No se determinó causa probable contra ellos.()

Finalmente, algunos de los estudiantes presentaron querellas ante este Tribunal contra el licenciado Belén Trujillo. Luego de recibida su comparecencia y sometido el informe del Procurador General, le ordenamos que presentara cargos contra el licenciado Belén Trujillo. Designamos al Ledo. Vicente López Pérez como Comisionado Especial. Tenemos el beneficio del informe del Comisionado. Procedemos a resolver al amparo del Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra.

HH t-H

El conflicto de intereses regulado por el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, parte de la premisa que todo abogado tiene un deber de “lealtad completa” con su cliente.

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la controversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encon-trados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (Énfasis suplido.) Véase García O’Neill v. Cruz, 126 D.P.R. 518 (1990), y casos allí citados.

Tradicionalmente se ha determinado la existencia de un conflicto de intereses que requiere la imposición de sanciones disciplinarias cuando hay alguna circunstancia que impide la representación libre y adecuada por parte del abogado y vulnera la lealtad absoluta que le debe todo abogado a su cliente. Véanse, en general: R.A. Gorlin, Codes of Professional Responsibility, Washington, D.C., The Bureau of National Affairs, 1986, págs. 52-57; G. Hazard y D. Rhode, The Legal Profession: Responsibility and Regulation, Nueva York, Ed. Foundation Press, 1985, pág. 247 y ss.

Dentro de esta definición general de conflicto de intereses, se manifiestan dos (2) posibles vertientes: aquella denominada propiamente “conflicto de intereses personales”, y aquella conocida como “conflicto de obligaciones”. En su primera dimensión, existe un conflicto cuando los intereses personales del abogado imposibilitan la representación adecuada del cliente, al chocar con el deber de lealtad hacia éste. En un caso donde se manifieste este tipo de conflicto, el abogado está frente a un dilema: su deber de representar al cliente de manera efectiva puede ser incompatible con la defensa de sus propios intereses. Cuando esto ocurre, la representación adecuada conlleva, en la mayoría de los casos, perjudicar los intereses personales del abogado.() K. Kipnis, Conflict of Interest and Conflict of Obligation, en M. Davis y F. Elliston, Ethics and the Legal Profession, Nueva York, Prometheus Book, 1986, págs. 288-298. K. Kipnis, Legal Ethics, Nueva Jersey, Ed. Prentice Hall, 1986, pág. 40 et seq.

Por otro lado, existe un conflicto de obligación cuando hay representaciones simultáneas o sucesivas de clientes donde los intereses de éstos están en conflicto con el deber de guardar confidencias que tiene el abogado con cada uno. En estos casos el abogado se enfrenta ante otro posible dilema: por un lado tiene con cada uno de sus clientes el deber de guardar confidencias y de representarlo adecuadamente y, por otro, la representación adecuada de un cliente posterior o simultáneo puede requerir la divulgación de confidencias del otro. En estos casos, “[a]nte el asomo razonable de posibles conflictos[,] debe declinar representar a ambos simultáneamente” —Ortiz v. Soliván Miranda, 120 D.P.R. 568, 572 (1988)— o al cliente posterior (In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486 (1981)). Véase Conflicts of Interests in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1243, 1292-1310 (1981).

Del lenguaje del propio Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, se desprende que están expuestos en sus dos (2) vertientes tanto el conflicto de intereses personales como el conflicto de obligaciones, y que se requiere la existencia de una relación abogado-cliente. La ausencia de ésta no permite la imposición de sanciones disciplinarias por violación al citado Canon 21.

La relación abogado-cliente es una relación sui géneris que responde en gran medida a las inexorables exigencias éticas muy particulares de esta profesión. López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982). Ésta se funda en el deber de lealtad y de confidencialidad de todo abogado para con su cliente. Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra.

Los tratadistas y la jurisprudencia norteamericana, al analizar la naturaleza de la relación abogado-cliente, llegaron a la conclusión de que se trataba de una variedad de agencia donde el cliente es el principal y el abogado es el agente. Brinkley v. Farmers Elevator Mutual Insurance Co., 485 F.2d 1283 (10mo Cir. 1973); Olfe v. Gordon, 286 N.W.2d 573 (1980). Sin embargo, muy pronto fue evidente que era difícil enmarcar este tipo de relación en el concepto de agencia porque las implicaciones se extendían más allá de lo esperado en una relación agenteprincipal. Véase, en general, L.R. Patterson, Legal Ethics: The Law of Professional Responsibility, Nueva York, Ed. Matthew Bender, 1984, pág. 41 et seq.

Confrontada con esta situación, la doctrina moderna ha definido la relación abogado-cliente como una relación múltiple, compuesta de las diferentes funciones que desempeña un abogado. ' Cada una de éstas crea una relación abogado-cliente diferente y particular con un grado de responsabilidad variable.

El abogado puede desempeñarse como consejero, intermediario, defensor, auditor legal, legislador privado y negociador. “De estas funciones, las más comunes son las de defensor y consejero y a ellas responden los códigos de ética. De hecho, la función de consejero y defensor son la base del deber de lealtad en un sistema adversativo de la administración de la justicia y han delineado los contornos de la relación abogado-cliente. La función de consejero es la justificación del deber de confidencialidad, el cliente necesita estar seguro de que existe una relación confidencial para poder revelar aquella información necesaria para obtener un buen consejo legal. La función de defensor en la litigación es la justificación primordial al deber de evitar los conflictos de intereses.” (Traducción nuestra.) Patterson, op. cit., pág. 413.

Conscientes de esta multiplicidad de tareas, la American Bar Association ha promulgado un reglamento modelo que toma en consideración los distintos tipos de conflictos que surgen entre abogados y clientes. Véase Annotated Model Rules of Professional Conduct, Reglas 1.1 a 1.9. (1984).

Sin embargo, tanto en el proyecto de la American Bar Association como en nuestros cánones, es esencial distinguir entre la relación abogado-cliente sujeta a los respectivos reglamentos y las otras actividades que con frecuencia los abogados llevan a cabo y que no están relacionadas con su práctica profesional. Recuérdese que un .abogado puede dedicarse a actividades ajenas a su profesión y que nuestra jurisdicción disciplinaria no se extiende a este ámbito a menos que se realice con “el fin directo o indirecto de proporcionarle trabajo profesional lucrativo que de otra forma el bufete no hubiese obtenido”. Canon 37 del Código de Ética Profesional, supra; In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977); In re Clavell Ruiz, 106 D.P.R. 257 (1977).

En todas nuestras decisiones anteriores donde, por un conflicto de intereses, hemos impuesto una sanción disciplinaria al amparo del Canon 21, supra, ha existido una relación abogadocliente. Véanse: In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986); In re Carreras Rovira y Suárez Zagas, 115 D.P.R. 778 (1984); In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983); In re Roldán González, 113 D.P.R. 238 (1982); In re Concepción Suárez, supra; In re Martínez Rivera, 106 D.P.R. 239 (1977). No obstante, hemos hecho manifestaciones sobre la necesidad de evitar conflictos de intereses potenciales. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 190 (1985).

For esta razón, es imprescindible determinar inicialmente si existe una relación abogado-cliente. Ésta comienza cuando el cliente acude al abogado a requerir sus servicios profesionales para que lo asesore o lo represente en un asunto jurídico.

La protección de los cánones de ética también se ex-tiende a aquellas ocasiones en que la persona acude al abogado para que éste le brinde ayuda legal y, por cualquier razón, no se perfecciona la relación entre ambos. En este caso de relación “imperfecta” el abogado tiene la obligación de guardar las confi-dencias del chente.

I — I 1 — ] 1 — 1

En el caso de autos, la prueba revela que los estudiantes designaron al licenciado Belén Trujillo como su representante legal y creyeron de buena fe que él era su abogado.

El hecho de que la representación fuese en un asunto que en esa etapa no era un problema jurídico y que el licenciado Belén Trujillo no estaba admitido al ejercicio de la profesión en Ecuador, no es óbice para que no existiera una relación abogadocliente. Recuérdese que el abogado, dentro de su gestión profesional, puede desempeñar varias funciones que no necesariamente acarrean la representación en los tribunales.

En la situación planteada, el licenciado Belén Trujillo actuó como representante legal de los estudiantes y como Presidente del Instituto Andino. También fungió como representante en Puerto Rico de la Universidad y actuó como mediador entre los estudiantes y esa institución. Su conflicto de intereses era múlti-ple. Tenía que velar por los intereses de los estudiantes, que eran sus representados, y además tenía que proteger sus propios intereses por ser el Presidente del Instituto Andino. El querellado no podía enfrentarse a las autoridades universitarias en busca de una solución adecuada para los estudiantes porque una acción de tal naturaleza podía representar el deterioro de las relaciones entre la Universidad y el Instituto Andino, con la inevitable consecuencia de la disolución del acuerdo de exclusividad logrado entre las partes.

Varias circunstancias abonan a la conclusión a que hemos llegado. En primer lugar, los estudiantes acudieron a la oficina de abogado del querellado a gestionar los trámites de matrícula. Así quedó demostrado que no existía ninguna independencia entre la gestión de abogado que realizaba el querellado y las gestiones realizadas como Presidente del Instituto Andino. Al existir esta confusión de servicios, los estudiantes confiaron en que la gestión que iba a realizar el licenciado Belén Trujillo iba a tener éxito, precisamente por la profesión del querellado, y que en caso de dificultades el licenciado Belén Trujillo los representaría adecua-damente.

En segundo lugar, existe un documento firmado por el querellado donde expresamente se señala que el licenciado Belén Trujillo sería el representante legal de los estudiantes. Aunque dicha frase podría interpretarse como que el querellado era el único mandatario autorizado a realizar la gestión, los hechos ante nos apuntan a una conclusión en contrario. Tenemos que recordar que aquí no se trata de un cliente conocedor del derecho, con experiencia en el trato con abogados, sino de unos jóvenes estudiantes interesados en estudiar medicina en el extranjero y fácilmente influenciables por una persona con acceso a una institución profesional que ofreciera un título en esa profesión. Cualquier persona razonable también hubiera interpretado la. frase “representante legal” como sinónimo de abogado y hubiera confiado en éste para su admisión a una escuela de medicina en el extranjero.

No hay duda que el licenciado Belén Trujillo incurrió en graves conflictos de intereses al sostener relaciones profesionales simultáneas que contravinieron no sólo sus intereses personales, sino también sus obligaciones con las distintas partes que representaba. El conflicto entre sus intereses personales y los de los estudiantes, el Instituto Andino y la Universidad es un ejemplo manifiesto de la falta de deber de lealtad para con los clientes, la cual proscribe el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra. De igual forma, el querellado incurrió en responsabilidad ética al no declinar la representación de sus clientes ante el asomo razonable de conflictos obligacionales. Ortiz v. Soliván Miranda, supra.

En estas circunstancias, procede suspender al licenciado Belén Trujillo del ejercicio de la abogacía por un término de un (1) año con seis (6) meses.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) El Instituto Andino de Estudios Superiores (Instituto Andino) es una corporación con fines de lucro organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      Su junta de directores estaba compuesta por el Ledo. Edwin W Belén Trujillo, el querellado, como su presidente; el Sr. Miguel A. Álvarez Souffront como vicepresidente ejecutivo; el Sr. Víctor Barroso Palacios como secretario, y el Sr. Julio Castro Febo como tesorero y agente residente. La Srta. Rita García era la secretaria del Instituto Andino.

      (2) El costo de la matrícula para cualquier estudiante de medicina extranjero en la Universidad Católica de Cuenca era de $675. Si el estudiante era ecuatoriano, solamente pagaba $195 por concepto de matrícula.
      Para sufragar los costos de matrícula, los estudiantes aceptados tramitaban un préstamo de estudiantes por $5,000 y otorgaban un pagaré al portador por $1,000. Los pagarés estaban en poder del Instituto Andino.

      (3) En la aceptación firmada por el estudiante Luis A. Soto Alicea aparece el sello notarial del licenciado Belén Trujillo. El querellado explicó que esto se debió a una inadvertencia de su parte porque ese documento no llevaba sello notarial alguno.
      Entre la Universidad Católica de Cuenca (Universidad) y el Instituto Andino había un acuerdo donde la Universidad autorizaba al Instituto a “recibir en Puerto Rico inscripcio-nes y documentos personales de los Interesados (sic) en cursar estudios en el Ecuador, además en forma obligatoria deberá el Doctor Edwin Belén Trujillo obtener y presentar autorización legal de los estudiantes para la realización de la gestión de matrícula, que se hará con sujeción a las disposiciones reglamentarias y estatutarias de la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador. Apéndice 2, pág. 17.

        El Instituto se comprometió a ofrecer una beca a un estudiante ecuatoriano por cada estudiante puertorriqueño matriculado y a sufragar los gastos de seminarios, profesores visitantes, etc. Por su parte, la universidad no podía aceptar ni matricular a los estudiantes puertorriqueños que no hicieran la gestión a través del Instituto Andino.

      (4) En el vuelo de Caracas a Quito, Ecuador, la línea aérea cobró $1,023 por exceso de equipaje. Se hizo una colecta entre los estudiantes y estos aportaron $400. El resto fue pagado por el licenciado Belén Trujillo.

      (5) El Instituto Andino y su junta de directores demandaron a los estudiantes por los sucesos acontecidos. Reclamaron sumas millonarias por los alegados daños sufridos. Este pleito fue desestimado por inactividad.
      Actualmente en la Universidad hay cinco (5) estudiantes puertorriqueños cursando estudios de medicina.

      (6) En K. Kipnis se establece,
      “Without the attorney knowing about it, a personal interest in the matter may compromise an attorney’s ability to exercise independent professional judgment on behalf of a client. Standing to benefit from specific advice or representation, the attorney also has an interest in underestimating the degree to which advantage to self may interfere with the fulfillment of obligations to the client. And so for many —perhaps for all— it may be ethically imprudent to trust one’s own opinion that professional judgment will be unaffected by personal interest.” Conflict of Interest and Conflict of Obligation en M. Davis y F. Elliston, Ethics and the Legal Profession, Nueva York, Prometheus Book, 1986, pág. 293.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    The Chase Manhattan Bank, N.A., demandante y recurrido, v. Municipio de San Juan, demandado y recurrente.

      Número: RE-87-232

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      José A Menéndez Cortada de Martínez Álvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abo-gado del recurrente; Julio L. Aguirre y José J. Álvarez, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Municipio de San Juan solicita la revisión de una sentencia dictada por el Tribunal Superior que declara con lugar una demanda de reintegro presentada por el Chase Manhattan Bank. El banco cuestiona las patentes recaudadas sobre las comisiones cobradas por la administración de hipotecas de terceros. Revoca-mos.

I.

Los hechos pertinentes a la controversia planteada fueron estipulados por las partes. Luego de agotados los trámites administrativos, el Chase Manhattan Bank, N.A. (en adelante Chase) reclamó judicialmente al Municipio de San Juan un reintegro por el pago en exceso de la patente municipal para el año 1983 en concepto de las comisiones cobradas por el servicio y administración de hipotecas de tercero. El banco alegó que este servicio no constituía un “negocio financiero” según lo define la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. sec. 651 et seq.) —en adelante Ley de Fatentes Municipales— y que no era aplicable la tasa de 1.0% impuesta a las actividades financieras. Por lo tanto, el Chase requirió la devolución de $31,600, más los intereses correspondientes.

El Tribunal Superior declaró con lugar la demanda y ordenó el reintegro solicitado. Dicho foro estimó que “no importa quién sea la institución que preste los servicios de administrar carteras de préstamos hipotecarios de terceros, la tasa contributiva de la patente municipal aplicable es el .30 del 1.0% . . . aplicable a negocios no financieros”. Apéndice XIII, pág. A-80. Finalmente, concluyó que “sólo los servicios y transacciones de los bancos comerciales y los otros negocios enumerados en la Sección 2(a)(5) de la Ley, 21 L.P.R.A. [s]ec. 651[a](5), que sean de carácter financiero” están sujetos al pago de una patente de 1.0% sobre el volumen de negocio de la empresa. Id., pág. A-85.

En su recurso, el Municipio de San Juan plantea que la Ley de Patentes Municipales expresamente incluye como negocio finan-ciero a todos los servicios y transacciones de bancos comerciales, bancos mutualistas o de ahorro. Con este fundamento reclama que todos los ingresos brutos de un banco con parte de su volumen de negocio están sujetos a la tasa de 1.0% aplicable a los negocios financieros. Por la naturaleza e importancia del asunto, revisamos.

i — H 1-H

Recientemente, en American Express Co. v. Mun. de San Juan, 120 D.P.R. 337 (1988), en Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692 (1988), y en Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 D.P.R. 653 (1990), examinamos en su dinámica los poderes conferidos a los municipios por la Asamblea Legislativa para imponer patentes municipales a las industrias o negocios no exentos. Ley de Fatentes Municipales, 21 L.P.R.A. secs. 651b y 651c. Concluimos que dicha Ley de Fatentes Municipales de 1974 amplió la facultad impositiva de los municipios. Su extenso historial legislativo revela que se eliminó la clasificación de negocios en grupos específicamente enumerados y se impuso patentes sobre la prestación de servicios, ventas al detal o al por mayor, negocios financieros y a otras empresas no exentas. Al explicar el alcance de la ley a la Cámara de Representantes, el Representante Rivera Ortiz expuso claramente los propósitos de la misma según fueron plasmados en el Informe de la Comisión de Hacienda:

En el proyecto la patente recae sobre la prestación de servicios, ventas al detal o al por mayor, negocios financieros o cualquier otra industria o negocio. Así la Ley se hace uniforme y se termina la peculiar situación de que la patente recae sobre una actividad económica que varíe de un municipio a otro.
La base sobre la cual se impone la patente sigue siendo el volumen de negocio. El proyecto define en su Sección 2 lo que es volumen de negocio, de acuerdo a los diferentes casos. El concepto volumen de negocios ha sido adaptado a los cambios habidos al ampliar el número de industrias y negocios sujetos a la patente. Transcripción de Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de 21 de junio de 1974, pág. 6. Véase, también, Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Represen-tantes sobre el E de la C. 1088 de 20 de junio de 1974.

En efecto, una lectura cuidadosa de la Ley de Patentes Municipales revela claramente que su propósito fue ampliar las actividades comerciales e industriales sujetas a la imposición de patentes. Por ejemplo, mientras anteriormente sólo pagaban los “bancos o casas de banca particulares”, 21 L.P.R.A. secs. 641a y 641b, la nueva legislación incluyó tanto a las industrias o negocios que se dedican a ofrecer servicios y transacciones bancarias, como a las actividades de “las compañías de financiamiento, compañías de seguro, compañías de inversión, agencias de cobro y de cualquier otra actividad financiera”. 21 L.P.R.A. sec. 651a(5).() Como vemos, la amplitud de contornos es manifiesta.

La Ley de Patentes Municipales también incluyó como parte del ingreso bruto para calcular el volumen de negocios de los bancos los “ingresos recibidos” en Puerto Rico de fuentes externas. Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 D.P.R. 653 (1990). En esa ocasión concluimos que “la autoridad concedida a los municipios para imponer y cobrar patentes e[ra] amplia y no p[odía] dársele una interpretación restrictiva”. (Énfasis suprimido.) Id., pág. 663. El presente recurso también nos permite examinar otra dimensión del concepto “procedencia” de los ingresos recibidos en Puerto Rico.

Por otro lado, en American Express Co. v. Mun. de San Juan, supra, analizamos la aplicación del estatuto a una empresa financiera y concluimos lo siguiente:

La ley no limita la aplicación de la patente a las empresas específicamente identificadas. Todo lo contrario, al extender la patente a cualquier otra actividad financiera la Legislatura delegó a los municipios el poder de cobrar este impuesto a empresas destinadas a actividades financieras. También se autorizó a los municipios a cobrar patentes a cualquier otra empresa dedicada a una actividad financiera. Dichas actividades pueden ser iguales a las realizadas por las entidades enumeradas o pueden incluir otra operación de naturaleza financiera.

Con el propósito de simplificar lo más posible la administra-ción de la ley y de evitar controversias sobre la tasa correspon-diente, se establecieron dos (2) tipos de patentes aplicables según la naturaleza de la actividad económica. Véase Informe de la Comisión-de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el E de la C. 1088, supra. En el caso particular de los negocios financieros, la ley expresamente autoriza a los municipios a imponer una patente de 1.0% sobre una base más estrecha que la aplicable a las otras entidades. 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(B).

De lo anterior se desprende que los “servicios y transacciones de bancos comerciales” están expresamente incluidos dentro del término “negocio financiero”. For otro lado, la ley también define en forma abarcadora lo que significa un servicio como ‘aquellas operaciones llevadas a cabo por toda industria o negocio de prestación de servicios al usuario”. 21 L.P.R.A. sec. 651a(3). La clave de la controversia ante nos es precisamente determinar en qué consisten los servicios y transacciones que ofrecen los bancos y las otras instituciones financieras.

I — I I — { I — I

Para la respuesta a esta interrogante es necesario que exa-minemos cuáles son los servicios y transacciones que pueden llevar a cabo los bancos comerciales y las otras instituciones financieras a tenor con la Ley de Bancos, Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, 7 L.ER.A. sec. Ill, y las otras leyes pertinentes.

Por su importancia económica, los bancos comerciales están estrictamente reglamentados por el Comisionado de Instituciones Financieras, quien tiene amplios poderes de investigación y fiscalización, y otorga licencias anuales a las entidades con la solvencia económica requerida por el estado. 7 L.ER.A. see. 159. Esta licencia se concede a las distintas instituciones para que en forma integral lleven a cabo diversas operaciones financieras, desde recibir depósitos y hacer préstamos hasta “realizar cualquier otra operación propia de la índole de estas instituciones”. 7 L.ER.A. secs. 111(a) — lll(p).

Todas las operaciones y transacciones de los bancos comerciales tienen que efectuarse conforme a la legislación bancaria y son parte integral de su negocio financiero. Por lo tanto, los ingresos de todos esos servicios deben ser incluidos en el cómputo del volumen de negocio para propósitos del pago de la patente aplicable a las instituciones financieras.

Así específicamente lo dispone la Ley de Patentes Municipales cuando destaca que en el caso particular de los bancos comerciales “el ingreso bruto significará los intereses recibidos o devengados de préstamos, los cargos por servicios prestados, las rentas, el beneficio bruto en la venta de propiedades o valores y las ganancias, beneficios e ingresos derivados de cualquier otra procedencia”. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(6)(B) (4).

De esta manera interpretamos el lenguaje de la ley con un significado que valida el propósito del estatuto y el ánimo del legislador según lo demuestra su extenso historial legislativo. Rivera Maldonado v. Autoridad Sobre Hogares, 87 D.P.R. 453 (1963); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968). Al interpretar una disposición específica de una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos persegui-dos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determi-nación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener. García Comercial v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 765 (1958); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 245.

En este caso la Ley de Fatentes Municipales tuvo como propósito ampliar el alcance del poder impositor de los municipios para incluir a toda persona dedicada a un negocio financiero. Ese propósito quedó plasmado en las disposiciones del estatuto al describir lo que constituye un negocio financiero y el método para computar el volumen de negocio en los casos específicos de los bancos.

Examinado este trasfondo doctrinal, réstanos evaluar específicamente el planteamiento del Chase en el sentido de que la actividad de servir y administrar hipotecas no constituye un negocio financiero bajo la Ley de Fatentes Municipales, por lo que la patente pagada debió computarse conforme la Sec. 5(b) de la citada ley, 21 L.P.R.A. sec. 651(d), correspondiente a negocios no financieros.

H — I <1

Ante nos el Municipio de San Juan expone que las comisiones cobradas por el Chase en la administración de préstamos hipote-carios de terceros constituye un cargo por un servicio prestado por el banco como parte de sus operaciones bancarias en Puerto Rico. Del análisis doctrinal anterior se desprende que para poder ofrecer un servicio el Chase tiene que estar autorizado por la Ley de Bancos o estatutos análogos. De lo contrario, su actividad sería contraria a la ley, y la institución estaría sujeta a las penalidades pertinentes.

De hecho, el legislador expresamente autorizó a los bancos de Puerto Rico a dedicarse “parcial o totalmente, al negocio de concesión de préstamos hipotecarios para todos los fines, incluyendo para financiar o refinanciar la adquisición de bienes inmuebles, o actuar como corredor de Préstamos Hipotecarios sobre bienes inmuebles . . .”. Art. 2 de la Ley de Instituciones Hipotecarias, 7 L.P.R.A. sec. 1052. La Ley de Instituciones Hipotecarias dispone que los bancos pueden llevar a cabo este tipo de actividad financiera sin antes obtener una licencia especial del Comisionado de Instituciones Financieras. Este ordenamiento especial parte de la premisa de que la Ley de Bancos faculta a los bancos comerciales autorizados por el Comisionado a administrar préstamos hipotecarios originados tanto por la misma institución como por terceros.

Por su parte, la propia Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, 7 L.ER.A. sees. 2001 et seq., clasifica como una “institución financiera” a cualquier corporación o persona que haga negocios en Puerto Rico y que esté sujeta a la Ley de Bancos o a la Ley de Instituciones Hipotecarias. 7 L.PR.A. secs. 2004(g)(1) y 2004(g)(5). Bajo cualquiera de los dos (2) esquemas legislativos, la actividad de administrar hipotecas de tercero llevada a cabo por el Chase constituye una transacción bancaria e, ipso jure, un negocio financiero.

Por las razones expuestas anteriormente, revocamos la sen-tencia del Tribunal Superior de San Juan y dejamos en vigor la decisión del Municipio de San Juan sobre las patentes aplicables a la controversia revisada.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) “El término ‘negocio financiero’ significa toda industria o negocio consistente en servicios y transacciones de bancos comerciales, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos mutualistas o de ahorros, compañías de financiamiento, compañías de seguro, compañías de inversión, agencias de cobro y de cualquier otra actividad financiera llevada a cabo por cualquier industria o negocio.” (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 651a(5).


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
      In re Queja contra el Lic. Héctor Rivera Cruz.

      Número: AB-89-22

      Resuelto: 29 de junio de 1990
   RESOLUCIÓN

Examinada la resolución emitida el 5 de marzo de 1986 por el Hon. Guillermo Arbona Lago, Juez Superior, así como su comu-nicación de 6 de julio de 1989 y la comunicación de 29 de Junio de 1989 del Hon. Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, no ha lugar al ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Negrón García y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibieron. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

¿Puede un abogado en nuestra jurisdicción comunicarse ex parte con un magistrado que está presidiendo un litigio, en el cual dicho abogado participa como tal, con el propósito de privada- mente comunicarle que tiene en su poder información que alegadamente obliga a dicho juez a inhibirse en el caso y advertirle que, de así no inhibirse, procederá a radicar formal y públicamente una moción demandando su inhibición? Contrario a la actuación, y creencias, a esos efectos del Hon. Secretario de Justicia de Puerto Rico, Ledo. Héctor Rivera Cruz —posición que, en cierto modo, refrenda el “no ha lugar” que provee una mayoría del Tribunal en el día de hoy— contestamos dicha interrogante en la negativa.

Somos del criterio que una actuación de esa naturaleza —en adición a ser contraria a las expresas disposiciones de la Regla 63 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.ER.A. Ap. III) — viola, cuando menos, el propósito de los Cánones 9,11 y 88 del Código de Ética Profesional, J L.P.R.A. Ap. IX, que rige el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y denota una ausencia de buen juicio por parte de dicho abogado.

f — I

La situación ante nuestra consideración tiene su genesis en una resolución que emitiera el 5 de mayo de 1986 el Hon. Guillermo Arbona Lago, Juez del Tribunal Superior asignado al Centro Judicial de San Juan, en relación con un caso entonces pendiente en la Sala que él preside, Pueblo International v. Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia de Puerto Rico y otros, Civil Núm. 80-6454. En la mencionada resolución se hace referencia a una solicitud de inhibición que contra dicho magis-trado radicara en el caso el Departamento de Justicia y a unas actuaciones y gestiones, previas a la radicación de la moción de inhibición, que por encomienda e instrucciones del Secretario Rivera Cruz realizaron abogados del Departamento de Justicia con el objetivo de que dicho magistrado “voluntariamente” se inhibiera de participar en el mencionado caso. La referida actua-ción fue catalogada por el Juez Arbona Lago, en la resolución que emitiera, como “una impermisible amenaza de naturaleza chan-tajista que bajo ningún concepto el juez suscribiente puede tan siquiera considerar y por tanto, fue rechazada con indignación y la más profunda convicción, en el mismo momento y por el mismo conducto en que recibimos tan impropia y tendenciosa invita-ción”. (Énfasis suplido.) Resolución, pág. 3.

Un examen de la moción de inhibición que radicara el Depar-tamento de Justicia revela que fueron tres las razones que indujeron al Secretario Rivera Cruz a pensar que existía base legal suficiente para solicitar la inhibición del Juez Arbona Lago. La primera de ellas se refiere al hecho de que la señora esposa del mencionado magistrado, Leda. Diana Azizi, era para esa época la “asesora legal” de las Farmacias El Amal, establecimiento que, a pesar de no ser parte en el pleito sobre la controversial Ley de Cierre, podían verse afectados —como miles de otros— por la decisión que se emitiera en dicho caso. En específico, sostuvo el Departamento de Justicia que en una visita que hiciera la licenciada Azizi de Arbona al mencionado Departamento en busca de orientación sobre la Ley de Cierre, ésta alegadamente hizo una manifestación “en el sentido de que creía que [su esposo] aún tenía jurisdicción sobre este pleito . . .”.()

Como segundo fundamento, adujo el Departamento de Justi-cia que un hermano del magistrado en controversia, de nombre Joaquín Arbona Lago, era objeto para esa fecha de una investi-gación por parte del referido Departamento en relación con unas alegadas irregularidades cometidas en las ventas, por subastas, de determinados alimentos al Departamento de Instrucción Pú-blica de Puerto Rico, la cual podía desembocar en la radicación de cargos criminales contra dicho ciudadano.

Por último, alegó el Departamento de Justicia como funda-mento para solicitar la inhibición del Juez Arbona Lago el supuesto hecho de que éste, en la consideración y resolución de un incidente anterior ocurrido en dicho pleito, había erróneamente “adoptado o hecho suyas” unas alegaciones de la parte deman-dante que no se ajustaban a la verdad, lo cual había ocasionado que este Tribunal hiciera unas expresiones imputándole al Depar-tamento de Justicia haber actuado de “mala fe y con falta de manos limpias”.()

Lo anteriormente señalado, repetimos, a juicio del Secretario Rivera Cruz constituía base legal suficiente para solicitar la inhibición del Juez Arbona Lago. En lugar de impartir instruc-ciones a sus subalternos en el Departamento de Justicia para que se radicara, formal y públicamente, una moción de inhibición ante el tribunal de instancia, el Secretario Rivera Cruz instruyó al Ledo. Felipe Algarín, Secretario Auxiliar a cargo de la División de Litigios del Departamento de Justicia, para que le llevara —en palabras del Juez Arbona Lago— “un mensaje” a dicho magis-trado a los efectos de que si éste no se inhibía “voluntariamente” en el caso, el Departamento radicaría una moción en solicitud de su inhibición. La persona que utilizó el licenciado Algarín para transmitir al Juez Arbona Lago el “mensaje” del Secretario Rivera Cruz lo fue el entonces Juez Administrador del Centro Judicial de San Juan, Hon. Carlos E. Polo.

La gestión encomendada al Juez Polo por el Secretario de Justicia —por conducto del licenciado Algarín— tuvo la fuerte y enérgica reacción antes mencionada por parte del Juez Arbona Lago. En la Resolución de 5 de mayo de 1986, el Juez Arbona Lago refirió para la atención de otro magistrado la moción de inhibición que le radicara el Estado.() En adición, instruyó a la Secretaría del Tribunal Superior de San Juan para que elevara a este Tribunal copia de su resolución.

Una mayoría de los integrantes de este Tribunal, por consi-derar que la situación “no estaba madura”, se negó entonces a tomar acción alguna respecto a la mencionada resolución emitida por el Juez Arbona Lago. Disentimos en aquella ocasión. En el “voto particular individual” que a esos efectos emitiéramos con fecha de 9 de mayo de 1986 expresamos, en lo pertinente, que:

Somos del criterio que el asunto planteado por la referida resolución amerita la más pronta y enérgica actuación por parte de este Tribunal en el ámbito de su jurisdicción disciplinaria como consecuencia de su poder inherente de reglamentar la profesión de abogado. La investigación a ser realizada esclarecería la situación, poniéndole coto a una situación que no beneficia a nadie, fijando responsabilidades, si es que las mismas son procedentes, sobre aquellos funcionarios del Departamento de Justicia de Puerto Rico y los miembros de la [Jjudicatura que tuvieron participación en los incidentes a que hace referencia la resolución emitida.
La resolución en controversia fue emitida por un juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, la misma va dirigida al Señor Secretario de Justicia de Puerto Rico, y contiene graves y serias imputaciones que dependiendo del resultado final pueden constituir violaciones a los Cánones de Ética Profesional o a los Cánones de Ética Judicial. Permitir que el asunto planteado permanezca en el “limbo jurídi-co” por un tiempo indefinido le hace un grave daño al sistema de justicia en Puerto Rico. (Énfasis suplido y en el original, y escolios omitidos.) Pueblo Int’l Inc. v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 362, 364 (1986).

En la reunión del Pleno del Tribunal correspondiente al 15 de junio de 1989 se acordó solicitar del Secretario Rivera Cruz los “comentarios que a bien tuviera hacer” respecto a la resolución que emitiera el Juez Arbona Lago el 5 de mayo de 1986. A esos efectos, el entonces Secretario General Interino del Tribunal, Sr. Heriberto Pérez Ruiz, le envió una carta de 19 de junio de 1989 al Secretario Rivera Cruz concediéndole un término dentro del cual éste debía comparecer “con sus comentarios y reacciones en torno a la” resolución emitida por el Juez Arbona Lago.

En cumplimiento de dicha solicitud, el Secretario Rivera Cruz compareció mediante comunicación escrita de fecha 29 de junio de 1989. En la misma, en lo pertinente, expresó:

. . . [DJeseo hacer los siguientes comentarios sobre lo ocurrido. Durante la litigación del caso Pueblo International, Inc. vs. Héctor Rivera Cruz, Civil Núm. 80-6454, ante el Juez Superior Arbona Lago, se trajo a mi atención unos hechos por abogados del Departamento relacionados con la posible recusación del Juez Arbona Lago. Luego de una evaluación conjunta de los hechos, entendimos que el deber del Departamento de Justicia era solicitar la recusación del Juez Arbona Lago. Razonablemente concluimos de buena fe que la situación ameritaba ser llevada ante la atención de un Tribunal.
Es conocido en el foro y nuestra experiencia lo confirma, que es una práctica utilizada con frecuencia en los tribunales del país que un abogado que tiene la intención de solicitar la recusación de un Juez le informe primero verbalmente e informalmente al Juez de su intención y de los fundamentos para su proceder. El propósito de este procedimiento informal es darle la oportunidad al Magis-trado de inhibirse voluntariamente si entiende que las razones que se aducen para su inhibición son válidas y le impiden desempeñarse como Juez en el procedimiento. De esta forma el Juez se inhibe sin que sea necesario radicar un procedimiento formal. Con el propósito antes indicado, se le comunicó al Juez Carlos E. Polo, entonces Juez Administrador de lo Civil, para que éste le informara al Juez Arbona Lago, los hechos, que a nuestro juicio, justificaban la inhibición; hechos que posteriormente se expusieron bajo jura-mento en la moción de recusación.
En ningún momento tuvo este Secretario o ningún abogado del Departamento de Justicia la intención de amenazar al Juez Arbona Lago o atacar su integridad. Simplemente, el Departamento estaba utilizando un procedimiento informal que entendemos forma parte integral de nuestras costumbres procesales judiciales y que está basado en consideraciones de cortesía hacia el Magistrado. La reacción del Juez Arbona Lago tiene que haber sido producto de un mal entendido. (Énfasis suplido.) Carta de 29 de junio de 1989, págs. 2-3.

Recibida la comunicación del Secretario Rivera Cruz, el Tribunal solicitó del Juez Arbona Lago —igualmente por con-ducto del señor Pérez Ruiz— los comentarios que éste tuviera a bien hacer respecto a lo expresado por el referido funcionario. El Juez Arbona Lago, mediante comunicación de fecha 6 de julio de 1989, expresó, en lo pertinente, “que nada ten[ía] que añadir” a la resolución que emitiera el día 5 de mayo de 1986.

En el día de hoy el Tribunal —me diante una escueta resolu-ción, producto la misma de un acuerdo mayoritario— ha decidido proveer “no ha lugar al ejercicio de [su] jurisdicción disciplinaria”. Lamentamos tener que diferir nuevamente de una actuación mayoritaria en el presente asunto.

! — I

La ausencia de imparcialidad por parte del juez que preside un procedimiento judicial constituye una negación absoluta del debido procedimiento de ley. Esa, naturalmente, es la razón de la existencia de la Regla 63.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), la cual establece que:

A iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez deberá inhibirse de actuar en un pleito o procedimiento en cualquiera de los casos siguientes:
(a) Por estar interesado en su resultado o tener prejuicio o parcialidad personal hacia cualquiera de las partes o sus abogados.
(b) Por existir parentesco de consanguinidad o afinidad con cualquiera de las partes o de sus abogados dentro del cuarto grado.
(c) Por haber sido abogado o consejero de cualquiera de las partes o sus abogados en el pleito pendiente ante él, o fiscal en una investigación o proceso criminal donde los hechos fueren los mismos que habrían de ser sometidos a su resolución.
(d) Por existir una relación de amistad de tal naturaleza entre el juez y cualquiera de las partes o sus abogados que pueda frustrar los fines de la justicia.
(e) Por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia. (Enfasis suplido.)

Advertido un abogado que participa como tal en un litigio pendiente de resolución ante uno de nuestros tribunales de justicia de la existencia de una causa o razón que incapacita al magistrado que preside el mismo para seguir actuando en el caso, dicho abogado viene en la obligación ética de inmediatamente plantear dicha situación ante el tribunal mediante la presenta-ción de una moción de inhibición o recusación.

La obligación ética a esos efectos surge de las disposiciones, entre otros, de los Cánones 9 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, los cuales, en términos generales, le imponen al abogado la obligación de ser un celoso guardián de la buena imagen y calidad de la justicia que se dispensa en nuestra jurisdiction() El requisito de plantear el asunto inmediata-mente mediante la presentación de una moción de inhibición ante el tribunal emana de las disposiciones de la Regla 63.2 de Procedimiento Civil de 1979, supra, la cual, en lo pertinente, dispone que la moción de “recusación deberá ser presentada tan pronto el solicitante advenga en conocimiento de la causa de recusación”. (Énfasis suplido.) Como es sabido, el término “debe-rá” es uno “imperativo o mandatorio” que impone un “deber ministerial”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Cap. 36, pág. 267; Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158, 161-163 (1967).

El Secretario Rivera Cruz, en su comparecencia ante este Tribunal, realmente no niega que lo anteriormente expresado sea correcto; inclusive se puede decir que lo acepta. Como pudimos notar, en la referida comparecencia dicho funcionario expresa que, luego de “una evaluación conjunta de los hechos”, él entendió que “el deber del Departamento de Justicia era solicitar la recusación del Juez Arbona Lago”, llevando el asunto ante la atención de un Tribunal. . .”. Carta de 29 de junio de 1989, supra.

Aduce en su defensa, sin embargo, el Secretario Rivera Cruz que ello así no se hizo desde el primer momento en el presente caso en vista de una alegada “práctica utilizada con frecuencia en los tribunales del país que un abogado que tiene la intención de solicitar la recusación de un Juez le informe primero verbalmente e informalmente al Juez de su intención y de los fundamentos para su proceder”, la cual práctica, según el Secretario Rivera Cruz, no sólo es “conocid[a] en el foro” puertorriqueño, sino que su “experiencia [como abogado] l[a] confirma . . .”. (Enfasis suplido.) Carta de 29 de junio de 1989, supra.

Realmente sorprende el hecho de que el Secretario de Justicia de Puerto Rico —quien es el abogado que representa al Estado ante los tribunales de justicia en nuestra jurisdicción, quien tiene bajo sus órdenes y controla un número considerable de abogados, y quien en tal capacidad debe de ser un ejemplo para otros— asuma y endose esa posición.

En primer término, y aun cuando reconocemos que es factible que la conducta que refrenda sin reservas de clase alguna el Secretario Rivera Cruz haya ocurrido en una que otra ocasión, tenemos serias dudas sobre el hecho de que ésta sea una práctica generalizada a nivel de instancia. No consideramos posible que los jueces de instancia hayan pacientemente soportado dicha práctica —la cual resulta ser no sólo peligrosa, sino que ofensiva a su condición de funcionario íntegro, honesto e imparcial— por tanto tiempo sin tomar las medidas pertinentes a su alcance para ponerle fin a la misma. Nos resistimos a así aceptarlo; nuestra experiencia ciertamente así no lo indica.

En segundo lugar, y aun aceptando —a los fines de la argumentación— que efectivamente ello constituye una práctica generalizada a nivel de instancia, la misma es una contraria y nociva a la mejor administración de la justicia. Dicha práctica resulta ser incompatible con las disposiciones del Canon 11 del Código de Etica Profesional, supra, el cual dispone:

Canon 11. Indebidas atenciones e influencias hacia los jueces
Las marcadas atenciones y la hospitalidad inusitada por parte de un abogado hacia un juez traen consigo equívocas interpretaciones sobre los motivos tanto del juez como del abogado y deben evitarse. Un abogado no debe comunicarse ni discutir con el juez en ausencia de la otra parte sobre los méritos de un caso pendiente, y merece ser reprendido por cualquier acción encaminada a obtener especial consideración personal de un juez. Sumó cuidado debe tener el abogado que ocupa un cargo público o político en abstenerse de tratar de ejercer influencia o presión indebida en la tramitación de cualquier asunto sometido a la consideración judicial.” (Énfasis suplido.)

Como podemos notar, el Canon 11 citado prohíbe la comunicación ex parte entre el abogado y el juez sóbre los méritos del caso. Aun cuando una conversación sobre el tema en controversia —solicitud “informal” de inhibición del juez— no cualifica estric-tamente como una “sobre los méritos del caso”, nos parece obvio que el propósito que persigue el citado Canon 11 lo es el de evitar toda clase de comunicación, o conversación,- ex parte entre el abogado y el juez sobre aspectos que puedan afectar fundamen-talmente el resultado del caso. No creemos que alguien pueda, con seriedad jurídica, sostener que el aspecto de la inhibición del juez que preside los procedimientos en un caso es algo que no tiene profundos efectos y consecuencias sobre el resultado final del mismo, por lo que dicho aspecto resulta ser igual o niás impor-tante que una conversación sobre los méritos del caso. De manera, pues, que —aun cuando la práctica en controversia pueda ser una generalizada en nuestra jurisdicción— dicha práctica es una prohibida por las disposiciones del antes citado Canon 11 del Código de Ética Profesional que este Tribunal debería de prohi-bir de inmediato.

¿Cesa dicha prohibición si, en lugar del abogado sostener la conversación con el juez sobre su posible inhibición en forma ex parte, éste acude a la oficina del juez en compañía de la repre-sentación legal de la otra parte? Contestamos, igualmente, en la negativa. Ello así por cuanto las disposiciones de la antes citada Regla 63.2 de Procedimiento Civil son claras, específicas y mandatorias. Las mismas, como hemos visto, le imponen el deber ineludible al abogado de acudir al tribunal, mediante moción a esos efectos, con el propósito de públicamente plantear el asunto “tan pronto [como] advenga en conocimiento de la causa de recusación” (Regla 63.2, supra) y no mediante una- audiencia privada e informal con el magistrado. Como expresara este Tribunal en Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495, 506 (1978), “las alegaciones se prueban y demuestran a través de los trámites y medios evidenciarios establecidos en ley”.()

La inhibición de un juez en un caso en particular no es asunto para ser discutido tras puertas cerradas. No debe perderse de vista que cuando un abogado entiende que existe “causa suficien-te” para solicitar la recusación o inhibición de un juez, y solicita la misma, no sólo cuestiona la imparcialidad de éste para poder actuar objetivamente en el mismo sino que, en cierta forma y en determinadas situaciones, pone en tela de juicio la integridad profesional y personal del juez.

Ello es la razón por la cual la citada Regla 63.2 de Procedi-miento Civil exige que la moción de inhibición sea jurada. De esta forma se intenta evitar —en protección de la imagen e integridad de los jueces— que personas inescrupulosas soliciten la recusación de un magistrado mediante la utilización de razones frívolas e infundadas. Tratándose de una moción jurada que se radica formalmente ante el tribunal, éste queda facultado para, en situaciones en que así suceda, fijar responsabilidades en salva-guarda de su dignidad.()

Permitir que las alegadas “razones” de inhibición se discutan verbalmente en la oficina privada de los jueces, donde no existe récord, promueve y se presta para que se “amedrente” y se hiera la dignidad de éstos con frívolas e infundadas razones sin que proceda la imposición de sanciones a quien así actúe. Ello no es conducente a una sana administración de la justicia en nuestra jurisdicción.

Conviene recordar las certeras expresiones de este Tribunal en In re Criado Vázquez, 108 D.P.R. 642, 643 (1979), a los efectos de que:

El abogado, en el descargo de su responsabilidad como represen-tante de su cliente, debe actuar sin temor cuando tiene motivos fundados para solicitar la inhibición de un juez. Debe, sin embargo, ser cauteloso, sobre todo cuando el motivo de inhibición que invoca acusa conducta del juez reñida con la ética judicial. Y mientras más grave sea la imputación, mayor debe ser su ponderación de las bases de la misma.
La fe en la justicia se nutre y se fortalece con el concepto de la alta moralidad que se tenga de quienes la imparten. En el descargo de su obligación como servidores de la justicia los abogados deben ser celosos guardianes del prestigio de quienes tienen esa difícil y noble misión. Jamás deben hacerse eco de información que puedan desmerecerles a menos que estén en condiciones de substanciarla cumplidamente. Deben recordar que la calumnia respecto a los hombres de honor, siempre deja su huella de infamia. (Énfasis suplido.)

( i — I

El caso específico ante nuestra consideración es uno aún más grave y serio. El abogado que pretendió lograr la inhibición —de manera impropia mediante un “mensaje” verbal a esos efectos— del Juez Arbona Lago no es un abogado común y corriente. Se trata del Secretario de Justicia de Puerto Rico, funcionario que no sólo ha asesorado tradicionalmente al Gobernador de Puerto Rico sobre nombramientos, y renominaciones, judiciales sino que es el funcionario de la Rama Ejecutiva de nuestro Gobierno encargado de la investigación y procesamiento de los casos criminales ante nuestros tribunales de instancia.

Cuando consideramos que una de las alegadas causas para solicitar —de manera verbal, ex parte, y por “mensajero”— la inhibición del Juez Arbona Lago lo fue el hecho de que un hermano del referido magistrado había sido, y estaba siendo en esos momentos, objeto de una investigación que podía desembo-car en la radicación de cargos criminales, realmente no puede sorprender a nadie la reacción de indignación del Juez Arbona Lago al ser objeto de dicho “mensaje” y la calificación que éste hizo de dicha acción —al igual que cualquier persona en las mismas circunstancias razonablemente hubiera hecho— como “una impermisible amenaza de naturaleza chantajista . . Re-solución, supra.

Lo que verdaderamente resulta sorprendente e impermisible lo es que fuera el Secretario de Justicia quien originara tal acción y que dicho funcionario, en esta etapa de los procedimientos, todavía esté sosteniendo y defendiendo la procedencia jurídica y propiedad de su actuación. El Secretario de Justicia de Puerto Rico, como principal abogado del Gobierno, debe mantener bien presente lo establecido por el transcrito Canon 11 del Código de Ética Profesional a los efectos de que “[s]umo cuidado debe tener el abogado que ocupa un cargo público o político en abstenerse de tratar de ejercer influencia o presión indebida en la tramitación de cualquier asunto sometido a la consideración judicial”. Por otro lado, no deja igualmente de sorprender la inacción de este Tribunal al no haber actuado sobre este asunto durante cuatro largos años y la lamentable acción que mayoritariamente toma este Foro en el día de hoy, luego de transcurrido dicho término, de proveer un escueto no ha lugar al ejercicio de su jurisdicción disciplinaria.

En resumen, disentimos de la actuación de la mayoría del Tribunal por razón de que somos del criterio que este Tribunal debió asumir jurisdicción disciplinaria en el presente asunto, prohibir la práctica en controversia y, como sanción disciplinaria, amonestar y reprender al Secretario Rivera Cruz por su acción de solicitar, de manera impropia, la inhibición del Juez Arbona Lago.

      (1) Véase la declaración jurada prestada por el Ledo. Federico Cedo Alzamora, Secretario Auxiliar del Departamento de Justicia de Puerto Rico, pág. 1.

      (2) Dicho fundamento obviamente se refiere a unas opiniones concurrentes y disidentes emitidas por varios de los integrantes del Tribunal con fecha de 25 de abril de 1986, la mayoría de las cuales contienen unas merecidas y severas críticas a la forma y manera en que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, y el Secretario del mismo, habían actuado en el referido caso de la Ley de Cierre. Véase: Pueblo Int’l. Inc. v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 230 (1986).

      (3) La moción de inhibición fue declarada sin lugar por el Hon. Juez Superior Abner Limando mediante una bien fundamentada resolución de fecha 7 de mayo de 1986. La misma no fue objeto de recurso alguno ante este Tribunal por parte del Estado.

      (4) Dispone el citado Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A Ap. IX:

        “Canon 9. Conducta del abogado ante los tribunales

        “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustifica-dos o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en tos tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimien-tos judiciales.

        “El deber de respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa.” (Énfasis suplido.)
      Por su parte, establece el referido Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.ER.A. Ap. IX, en lo pertinente, que:

        “Canon 38. Preservación del honor y dignidad de la profesión

      “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal participación conlleva necesariamente asumir posiciones que puedan resultarle personalmente desagradables pero que redundan en beneficio de la profesión, tales como: denunciar valientemente, ante el foro correspondiente, todo tipo de conducta corrupta y deshonrosa de cualquier colega o funcionario judicial-, aceptar sin vacilaciones cualquier reclamación contra un compa-ñero de profesión que haya perjudicado los intereses de un cliente; poner en conocimiento de las autoridades apropiadas todo acto delictivo o de perjurio que ante él se cometiera; velar y luchar contra la admisión al ejercicio de la profesión de personas que no reúnan las condiciones morales y éticas, así como de preparación académica, que nuestra profesión presupone. Todo abogado debe estar convencido de las condiciones idóneas, morales y éticas de un aspirante al ejercicio de la profesión antes de recomendarle para su admisión al foro. . . .” (Énfasis suplido.)

      (5) Véase, en general, las disposiciones de la Regla 8 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

      (6) A esos efectos, debe recordarse que el citado Canon 9 del Código de Ética Profesional le impone al abogado la obligación de observar para con los tribunales “una conducta que se caracterice por el mayor respeto”.