source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Pedro Matos Miró y Otros, demandantes y recurridos, v. Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-86-713

      Resuelto: 16 de marzo de 1987

      Ricardo P. De la Villa, abogado de los peticionarios; Pedro Mu-ñoz Carrera, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Una vez más intervenimos para aclarar el alcance de la responsabilidad de la Administración de Servicios Médicos (A.S.E.M.).

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El Sr. Pedro Matos Miró instó demanda de daños y per-juicios por alegada impericia médica en una intervención qui-rúrgica. Demandó, inter alia, al Estado Libre Asociado, al Hospital Municipal de San Juan, a la Universidad de Puerto Rico, al Fondo de Compensación al Paciente, a varios doctores y ala A.S.E.M.

Solicitó y obtuvo del tribunal de instancia una orden para que la A.S.E.M. estableciera su relación contractual con las otras entidades demandadas que pudieran responder. Además, se le ordenó que presentara las acciones pertinentes y trajera al pleito a aquellas entidades que pudieran ser responsables por las reclamaciones de la demanda.

Inconforme la A.S.E.M. cuestiona, al amparo de lo resuelto en Vega v. Adm. Servs. Médicos, 117 D.P.R. 188 (1986), el dic-tamen del tribunal a quo que le ordena presentar acciones contra partes que puedan ser responsables al demandante por los daños alegados. Argumenta que dicha orden es una aplicación contraria a las Reglas de Procedimiento Civil y a la jurispru-dencia, y además no tiene apoyo en lo resuelto en Vega v. Adm. Servs. Médicos, supra.

Mediante orden de mostrar causa acogimos el recurso. Pro-cede revocar al tribunal a quo.

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En Vega v. Adm. Servs. Médicos, supra, fijamos la responsabilidad de la Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico en casos de impericia médica en el Centro Médico. Al analizar el complejo esquema operacional de esa corporación pública, reconocimos que su responsabilidad civil variaría dependiendo del “tipo de servicio suministrado, la relación contractual entre la Administración y la entidad participante, y el grado de control efectivamente ejercido sobre la contratación y supervisión del personal”. Id., pág. 146. Además concluimos que “ [c] uando el servicio lo ofrece una de las entidades participantes y no es uno de los servicios centralizados, esa dependencia responde directamente al demandante en forma exclusiva por sus actos propios bajo las disposiciones jurídicas pertinentes”. Id., págs. 146-147.

Contrario a lo resuelto por el tribunal a quo, no puede interpretarse que dichos pronunciamientos tienen el efecto de imponer el peso de la prueba cuando es demandada por impericia médica. Subsiste la doctrina jurisprudencial y el principio de que la parte que sostiene la afirmativa de una controversia, tiene el peso de la prueba. Regla 10 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10; Ríos v. Berenguer et al., 8 D.P.R. 33 (1905); Ortiz v. Dragoni, 59 D.P.R. 539, 541 (1941); Rosado v. Municipio, 59 D.P.R. 740, 747 (1942); Sucn. Rivera v. Godreau & Cía., 59 D.P.R. 835, 840 (1942). Recientemente, en Coito v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650-651 (1985), reiteramos dicha norma:

Sabido es que, como regla general, le corresponde a la parte actora en un caso de daños y perjuicios donde alegue haber sufrido daños como consecuencia de la negligencia de la parte demandada el peso de la prueba respecto a dicha alegada negligencia. Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 D.P.R. 799 (1978); Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416 (1966); Morales Mejias v. Met. Pack. & Ware. Co., 86 D.P.R. 3 (1962). En palabras más sencillas, la parte demandante tiene la obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara y específica sobre negli-gencia mediante la presentación de prueba a esos efectos.

En resumen, en los casos de impericia médica en que se demande a A.S.E.M. corresponde al demandante, como en cualquier otro caso de daños y perjuicios, poner ál tribunal en condiciones de aquilatar la responsabilidad de cada una de las partes demandadas. Ante este reclamo A.S.E.M. podrá presentar, entre otras, la defensa de que la naturaleza de la relación contractual no le provee el control sobre las actuaciones de las otras partes envueltas para asumir responsabilidad frente al demandante. Entonces corresponde a A.S.E.M. presentar su defensa estableciendo el grado de control o ausencia del mismo sobre los otros actores. También podrá, para su adecuada defensa, presentar las acciones pertinentes según lo permiten las Reglas 11 y 12 de Procedimiento Civil contra sus auxiliares, agentes, contratistas independientes o cualquier otra entidad que pueda ser responsable a A.S.E.M. o a los demandantes.

Reafirmamos que la responsabilidad de A.S.E.M. dependerá del grado de control que tenga sobre las actuaciones que originan la acción. La responsabilidad primaria e indelegable de poner ante la consideración del tribunal los hechos pertinentes para aquilatar la responsabilidad le corresponde al demandante.

Por los fundamentos expuestos, se dictará la sentencia correspondiente.


text:
    Héctor L. Ortiz Geraldino, demandante y recurrido, v. Secretario de Hacienda, demandado y peticionario.

      Número: CE-86-727

      Resuelto: 16 de marzo de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Carmen A. Bravo de Riefkohl, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ernesto L. Medina del Valle, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver cuál es el remedio que tiene un ciudadano para cuestionar una decisión del Secretario de Hacienda que requería el pago de una contribución especial sobre certificados de depósito pagaderos al portador. Al expedir el certiorari solicitado por el Procurador General de Puerto Rico, decidimos que el remedio provisto por ley es el recurso de re-visión judicial aplicable a las decisiones administrativas.

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El Sr. Hector L. Ortiz Geraldmo insto demanda contra el Secretario de Hacienda al amparo del Art. 3, de la Ley Núm. 328 de 13 de mayo de 1949 (13 L.P.R.A. see. 286) conocida como Ley de Procedimiento Judicial Contributivo, en la que impugna la denegación de su solicitud de relevo de la contri-bución especial impuesta sobre unos certificados de depósito al portador.

El Secretario de Hacienda solicitó la desestimación con el argumento de que el procedimiento a utilizarse para objetar la imposición de dicha contribución especial es el de revisión judicial provisto por la Ley Núm. 1 de 12 de agosto de 1985 (13 L.P.R.A. see. 2251 et seq.) y que no cumplió con las Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de Decisiones Ad-ministrativas ante el Tribunal Superior. 4 L.P.R.A. Ap. VIH-A. Aunque concluyó que la parte demandante no cumplió con estos requisitos, el tribunal de instancia declaró sin lugar la mocion de desestimación y concedió término al demandante para perfeccionarlo.

En vista de la importancia de la controversia que origina este recurso, acogimos el mismo y prontamente lo resolvemos.

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Mediante la Ley, Núm. 1 de 12 de agosto de 1985 se impuso una contribución especial de veinte por ciento (20%) sobre el monto del principal e intereses acumulados por todo certificado de depósito pagadero al portador, 13 L.P.R.A. see. 2251d. Al aprobar esta medida, la Asamblea Legislativa ex-puso su propósito de proveerle al Departamento de Hacienda unos instrumentos efectivos para evitar la evasión contributiva mediante los certificados de depósito al portador:

La legislación contributiva del país contiene disposiciones encaminadas a descubrir y procesar la evasión contributiva. No obstante, carece de procedimientos vigorosos para lidiar con los ingresos que el ciudadano coloca en las instituciones financieras en forma innominada y sobre los que, además, devenga unos intereses que constituyen ingresos y no in-forma al Departamento de Hacienda. Los certificados de de-pósito pagaderos al portador, al igual que ciertos valores in-nominados, se han convertido en un medio utilizado por mu-chos ciudadanos para obviar en ciertos casos el pago de la contribución sobre ingresos correspondiente a los beneficios que estos valores producen, así como para evitar informar la fuente de donde se han obtenido dichos ingresos. Exposición de Motivos, 1985 Leyes de P.R. 869.

Esta legislación establece un procedimiento particular para que una persona adversamente afectada por una decisión del Secretario de Hacienda pueda solicitar reconsideración. En caso de que la decisión en reconsideración le sea adversa, “podrá solicitar revisión judicial de la misma ante la Sala del Tribunal Superior correspondiente a la residencia de dicha persona, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de la decisión en reconsideración del Secreta-rio”. 13 L.P.R.A. sec. 2251b. El auto de revisión se expedirá discrecionalmente.

La ley expresamente titula el remedio disponible al ciuda-dano como un “recurso de revisión judicial” y además provee que “ [i] ndependientemente de que se promueva un recurso de revisión judicial, la decisión del Secretario permanecerá en todo su vigor hasta tanto se emita una orden del Tribunal Superior revocándola o modificándola”. 13 L.P.R.A. see. 2251b.

Al diseñar el remedio, el legislador estaba consciente de la experiencia de varias décadas con el procedimiento utilizado en las leyes de (1) contribución sobre ingresos; (2) contribución sobre la propiedad mueble e inmueble; (3) contribuciones sobre herencias o donaciones, y las denegatorias sobre los reintegros por cualquier clase de contribución pagada indebidamente o cobrada en exceso. 13 L.P.R.A. see. 286. Mientras que en esas leyes el remedio es una demanda que se ventila en un juicio ordinario donde él contribuyente cuestiona la determinación de deficiencia mediante demanda, la contribución especial sobre contribuciones a los certificados de depósito al portador provee un procedimiento particular igual al disponible para revisar las decisiones cuasi judiciales de otras agencias administrativas. Cf. G. Meléndez Carrucini, Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, San Juan, Inst. Contribuciones P.R., 1981, págs. 222-223.

Ante este expreso mandato legislativo, prevalece el proce-dimiento provisto por la ley especial sobre el medio disponible en 13 L.P.R.A. see. 286. “No debe olvidarse .. . que general-mente, y salvo que apareza claramente que es otra la voluntad legislativa, una ley especial priva sobre una general que cubra la misma materia. Paris v. Canety, 73 D.P.R. 403, 406 (1952); . . . Sierra v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 841, 846-847 (1954). . . .” R. B. Bernier, Aprobación e interpretación de has leyes en Puerto Rico, México, Ed. Cultura, 1963, pág. 270.

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La ley especial también dispone que la petición de revisión judicial deberá presentarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de notificación de la decisión en reconsideración del Secretario de Hacienda. En Tormos & D.A.C.O. v. F. R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985), interpretamos que cuando la Ley Orgánica de D.A.C.O., 3 L.P.R.A. sec. 34 lp, establece el término de diez días para radicar reconsideración, contado “a partir de la fecha de la notificación de la decisión” el “término se debe contar a partir de la fecha en que la agencia certifica que ha notificado a las partes la decisión emitida”. (Énfasis en el original.) Tormos & D.A.C.O. v. F. R. Technology, supra, págs. 157 y 158. De igual forma debe computarse el término de treinta (30) días que provee la ley de contribuciones sobre certificados de depósito para solicitar revisión judicial de una determinación del Secretario de Hacienda.

No debe perderse de vista, por último, “la doctrina que propone que cuando el legislador provee para que el contri-buyente pueda litigar contra el gobierno la reclamación del impuesto que se le formula, está el gobierno renunciando a su inmunidad de soberano. De ahí nace el principio de que los requisitos que el estatuto exige a tales fines, son de 'es-tricto cumplimiento por parte del contribuyente y por lo general de carácter jurisdiccional para los tribunales”. (Énfasis en el original.) Robert Vizcarrondo v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 566, 574 (1988); cf. Meléndez Carruciní, op. cit., pág. 3.

En el caso ante nuestra consideración, el Departamento de Hacienda notificó su decisión en reconsideración el 18 de abril de 1986, mientras que el recurrido presentó su recurso el 20 de mayo de 1986. Aunque se acogiera la demanda del recu-rrido como una petición de revisión judicial, la misma fue pre-sentada fuera del término que establece la ley, por lo que el Tribunal Superior carecía de jurisdicción para atender la misma.

Por los fundamentos antes expuestos, procede que se revo-que la resolución recurrida y se desestime la acción por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Víctor Tirado Saltares.

      Número: 2020

      Resuelto: 18 de marzo de 1987

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Víctor Tirado Saltares, pro se.

   I

PER CURIAM:

El Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, nos rindió un informe relativo a que el notario Víctor Tirado Saltares no canceló los sellos de rentas internas e impuesto notarial en todas las es-crituras que integran sus protocolos de los años 1982, 1983, 1984 y 1985. Una inspección de sus protocolos revela que du-rante esos años había notarizado un total de 360 escrituras.

Concedimos al referido notario termino para corregir tales deficiencias y para que mostrara causa por la cual no debería-mos imponerle sanciones disciplinarias.

En sus comparecencias éste aceptó que incurrió en las re-feridas deficiencias e indicó que su incumplimiento fue el re-sultado de haber tenido que utilizar parte sustancial de sus ingresos para atender varias enfermedades urgentes de sus hijos, situación que casi lo llevó al punto de perder su hogar mediante una ejecución de hipoteca.

Luego de varias prórrogas le concedimos como término final para subsanar sus deficiencias hasta el 11 de agosto de 1986. El notario ha comparecido indicando su cumplimiento con nuestra orden y solicitando el archivo del asunto.

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No podemos acceder. La gravedad de las deficiencias apun-tadas es incuestionable. In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984); In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812 (1984). Pro-cede dictar sentencia que decrete su suspensión indefinida del ejercicio del notariado y que el Alguacil General se incaute de su obra notarial para ser entregada a la Oficina de Inspección de Notarías.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Ángel Rosado Collazo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección III, recurrido.

      Número: CE-86-391

      Resuelto: 24 de marzo de 1987

      William Vivoni, Jr., abogado del recurrente; el Registrador re-currido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Ángel Rosado Collazo presentó para inscripción en el Registro de la Propiedad, la Escritura Núm. 9 sobre testa-mento abierto otorgada por su esposa Cruz Rodríguez Colón en Bayamón, el 2 de diciembre de 1979, ante el notario William Vivoni, Jr. Conjuntamente acompañó instancia jurada ante el mismo notario —afidávit Núm. 605— y solicitó la ins-cripción, a favor de la heredera y legataria Antonia Rosado Rodríguez, de un legado de participación en bien inmueble, que como parte de la sociedad de gananciales Rosado-Rodrí-guez, integraba el caudal relicto de la causante. Incluyó ade-más certificación sobre cancelación del gravamen del Depar-tamento de Hacienda de 31 de mayo de 1983, copia de un cer-tificado de defunción expedido el 2 de junio de 1983 por el Walter Reed Army Medical Center, en Washington, D.C., y una certificación negativa del Director de Inspección de Nota-rías de 3 de agosto de 1984, en cuanto a la existencia de otra inscripción sobre modificación, ampliación o revocación del aludido testamento.

El 28 de abril de 1986 el Registrador le notificó su califi-cación y apuntó como faltas que en “el Certificado de Defun-ción la causante es Cruz Rodríguez Rosado, 'persona distinta a la testadora Cruz Rodríguez Colón [y] ... [n] o se expresan las circunstancias personales de Alba Rosado Rodríguez”. (Énfasis suplido.) En recalificación, el Registrador mantuvo su criterio, denegó la inscripción y anotó preventivamente el documento por 60 días. Inconforme, Rosado Collazo interpuso este recurso gubernativo.

Su solución exige sintetizar los hechos resultantes de los documentos antes aludidos. Primero, el inmueble en cuestión consta inscrito a nombre de Ángel Rosado, casado con Cruz Rodríguez de Rosado, Segundo, en la Escritura Núm. 9 sobre testamento abierto, comparece como testadora “DOÑA CRUZ RODRIGUEZ COLÓN, mayor de edad, propietaria, casada con Don Angel Rosado Collazo, y vecina de Bayamón, Puerto Rico”. (Énfasis suplido.) Tercero, en el certificado de defunción expedido en el Walter Reed Army Medical Center se expresa el nombre de la causante como sigue: “(First) Cruz (Middle) Rodríguez (Last) Rosado” y como cónyuge supérstite, Ángel Rosado con dirección en Bayamón, Puerto Rico. Cuarto, en la cancelación de gravamen del Departa-mento de Hacienda dirigido al Sr. Ángel Rosado Collazo fi-gura el nombre de la causante, Cruz Rodríguez Colón. Y final-mente, la instancia jurada dirigida al Registrador por don Ángel Rosado Collazo consigna que “su esposa Doña Cruz Rodríguez Colón, también conocida como Doña Cruz Rodrí-guez Rosado en lós archivos del ejército de los Estados Unidos y en los libros de inscripción obrantes en ese Registro de la propiedad”.

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Se imponen unas mínimas reflexiones en torno a nuestro sistema de derecho inmobiliario registral. El mismo, “está predicado en la certeza y corrección de sus inscripciones. Los asientos del Registro deben ser lo más completos y claros que sea posible. Ello evita confusión y la comisión de errores”. Acevedo v. Registrador, 115 D.P.R. 461, 462 (1984). En la consecución de esos objetivos, la Ley Hipotecaria faculta al Registrador para calificar todos los documentos presentados ante él para su inscripción. Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110 (1986); Cabassa v. Registrador, 116 D.P.R. 861 (1986). El ámbito de esa gestión calificadora —para extender o denegar una inscripción— comprende “las formas extrínsecas de los documentos presentados, la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos y contratos contenidos en tales documentos”. Art. 64 Ley Hipotecaria, 31 L.P.R.A. see. 2267. En esa misión el “ ‘Registrador considerará, conforme a lo prescrito en el Art. 64 de la Ley [30 L.P.R.A. see. 2267] como faltas de legalidad de los documentos cuya registración se solicite, todas las que afecten, tanto a las formas de los documentos como a la eficacia de las obli-gaeiones o derechos contenidos en los mismos, siempre que re-sulten del texto de dichos documentos o puedan conocerse por la simple inspección de ellos’ ”. (Énfasis en el original.) Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., supra, págs. 127-128.

En resumen, atendiendo la función estrictamente registral de calificación, el Registrador debe determinar la legalidad de los documentos presentados y así asegurar al máximo paridad entre la realidad registral y la extraregistral. D. Martínez Irizarry, Los principios hipotecarios bajo la nueva legislación en Puerto Rico, 50 Rev. Jur. U.P.R. 195, 213 (1981); R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, págs. 255-256.

Cónsono a la función calificadora del Registrador y en cierto modo paralela, “el notario ejerce una previa calificación de la legalidad y suficiencia de los documentos que ha de presentar al Registro y debe esforzarse por alcanzar la mayor claridad y certeza en los mismos facilitando la labor del Registrador”. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 139 (1976).

II

En su primera falta, en vista de la diferencia de nombres, el Registrador consignó que “según el Certificado de Defunción, la causante es Cruz Rodríguez Rosado, persona distinta a la testadora Cruz Rodríguez Colón”. (Énfasis suplido. ) Ese dictamen se da en atención al testamento y al certificado de defunción, que son documentos esenciales para la anotación preventiva del legado —Arts. 112 y 121, Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sees. 2401 y 2410— y para la inscripción del derecho hereditario. Art. 95, Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2316 y Art. 50.2 del Reglamento. Para fines del Registro, el documento de la sucesión, “es aquel que contiene el testamento o la declaración judicial de herederos abintestato”. Art. 95 (30 L.P.R.A. see. 2316); Roca Sastre, op. cit., T. IV, Vol. 1, pág. 81.

Ciertamente, para garantizar la certeza de las constancias del Registro, es medular el principio del tracto sucesivo. Art. 57 Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2260; Martínez Irizarry, op. cit., pág. 215 et seq. Como corolario, el Registrador viene obligado a exigir correspondencia entre el nombre del transmitente y el titular registral. Art. 99.4 del Reglamento; B. Camy Sánchez-Cañete, Coméntanos a la Legislación Hipotecaria, 3ra ed., Pamplona, E. Aranzadi, 1983, Vol. V, págs. 350-351. A tal efecto, en lo concerniente a las circunstancias específicas que deben expresar las inscripciones de toda finca, el Art. 87 dispone “el nombre del titular” de quien proceden los bienes y a favor de quien se va a inscribir. 30 L.P.R.A. see. 2308. De igual modo, el Art. 99.2 el Reglamento exige que se determinen las personas naturales de quien procedan los bienes o derechos, o a favor de quien se inscriban, “expresando su nombre y demás circunstancias personales, con especificación cuando se trate de personas casadas, de los nombres y apellidos de ambos cónyuges”. Finalmente, el Art. 99.4 del Reglamento en lo pertinente dispone :

Los titulares regístrales deberán aparecer de los documen-tos presentados con el nombre y todos los apellidos que consten del Registro.
En los asientos que se practiquen se designarán los titula-res con todos los apellidos que aparezcan en los títulos que se presenten, sin que sea permitido al Registrador añadir o quitar ninguno. (Énfasis suplido.)

En Acevedo v. Registrador, supra, al evaluar el uso y suficiencia de la inicial y el de un sólo apellido por una mujer casada en una escritura presentada para inscripción dijimos:

Los asientos del Registro deben ser lo mas completos y claros que sea posible. Ello evita confusión y la comisión de errores. El expresar el nombre completo y los dos apellidos de los otorgantes en una escritura pública no resulta gravoso ni para éstos ni para el notario autorizante. Acevedo v. Registrador, supra, pág. 462.

Esta ha sido siempre la norma favorecida. Su observan-cia, en armonía con otros estatutos, es clave para lograr el ideal de unos asientos depurados del Registro.

La antigua Ley Hipotecaria de 1893, derogada por el Art. 254 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, disponía en su Art. 9:

Toda inscripción que se haga en el Registro expresará las circunstancias siguientes: ... 5. El nombre y apellido de la persona si fuese determinada. . . .

Esta legislación original, de carácter menos específico que la vigente, representaba el estado de derecho al momento de la primera inscripción del bien inmueble objeto del legado y del otorgamiento de la escritura que nos ocupa.

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Nuestra Ley Notarial no requiere expresamente que el notario consigne o exprese los nombres de los otorgantes. Sin embargo, ello es un deber implícito dimanante de la See. 16 (4 L.P.R.A. see. 1016) sobre la exigencia de que dicho fun-cionario dé fe de conocimiento. Dicho de otro modo, del mandato de dación de fe de conocimiento, “queda sobreenten-dido que los ha de mencionar nominalmente”. J. M. Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. I, pág. 449. Giménez-Arnau, luego de concluir que la designación del sujeto “es en sí el de mayor importancia y el que pueda ofrecer mayor complejidad”, enfatiza el modo de individualizar “las personas de los comparecientes respecto al nombre y apellidos; la edad; el estado; la profesión y la vecindad y la nacionalidad o regionalidad civil”. E. Giménez Arnau, Derecho Notarial, Pamplona, Ed. Univ. de Navarra, 1976, pág. 523.

Por lo demás, es unánime la glosa científica sobre el nom-bre que deberá expresarse, sea simple o compuesto, “con su apellido o apellidos”. P. Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, 5ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1982, pág. 127. Su importancia es evidente. “El principal de los elementos de identificación, es sin lugar a dudas, el nombre. Es atributo de la personalidad porque ella no se concibe en concreto sin la individualización del sujeto; es institución del derecho, con-cepción jurídica levantada sobre la base de la realidad, como conceptúa Celestino Piotti. No es ya, como dice luego, la simple palabra o voz de que los hombres se valían para llamarse los unos a los otros; es ahora algo más: es la denominación jurídica concreta de la persona.” (Cita omitida. Énfasis en el original.) C. E. González, Teoría General del Instrumento Pú-blico, Buenos Aires, Ed. Ediar, 1953, pág. 313.

En su documentada y abarcadora obra, Neri expone las siguientes características:

a) Nombre es la palabra con que cada persona suele desig-narse y distinguirse. Llámase también nombre de pila, o de bautismo, o prenombre, y tiene por objeto individualizar a los distintos miembros de una familia. Apellido, o nombre de familia o patronímico, es el nombre de la familia a la cual pertenece una persona; de ahí que por trasmitirse de padre a hijo se llame también nombre hereditario. . . .
e) La palabra “nombre” no es en realidad otra cosa que el atributo por el cual somos conocidos, la noción o idea por la cual se nos distingue, una especie de marca pública por medio de la cual se conoce a las distintas familias. Aunque sea del origen más oscuro y dudoso, el nombre en todo indi-viduo es una cualidad distintiva, que hasta puede ser de fama, por la manera muy personal que puede diferenciarnos de los demás. (Citas omitidas.) A. I. Neri, Tratado teórico y práctico de derecho notarial, Buenos Aires, Eds. De Palma, 1970, Vol. 3, págs. 354-368.

Y más adelante, el mismo autor, al examinar que el ape-llido se adquiere por nacimiento, transmisión hereditaria, adopción y matrimonio —sobre este último modo— nos dice: “la mujer casada, mediante la preposición ‘de’, agrega a su apellido el apellido de su esposo, y lo adita por derecho y como un deber. Por nuestro sistema, no hay sustitución del nombre; el único cambio consiste en la adjunción del apellido del esposo. Ello deriva, tanto de la inveterada costumbre como del vínculo de solidaridad moral y material que el matrimonio crea entre los esposos”. (Énfasis suplido.) Neri, op. cit., pág. 376.

Sobre este último extremo, debemos recordar que en Puerto Rico hasta que fue enmendado por la Ley Núm. 93 de 9 de julio de 1985, el Art. 94 del Código Civil disponía que “ [1] a mujer usará el apellido de su marido”. 31 L.P.R.A. see. 287. Sin embargo, hemos de aclarar que nunca hemos inter-pretado que dicho precepto haya tenido el efecto mandatorio de enmendar ex proprio vigore, en el Registro Demográfico, el nombre en el certificado de nacimiento de toda mujer casada.

IV

Teniendo en mente estos preceptos legales y comentarios, concentremos en la disposición del recurso.

Es evidente que al momento de la primera inscripción en el Registro de este bien inmueble, la testadora Cruz Rodríguez Colón, como esposa de Ángel Rosado Collazo, por imperativo del Art. 94 del Código Civil usaba el apellido de su marido. Ello explica por qué, en la técnica observada al inscribirse por primera vez el inmueble, con cierta laxitud, se dio entrada y figura a nombre de “Angel Rosado casado con Cruz Rodríguez de Rosado”. (Énfasis suplido.) Este último nombre, así ex-presado, omitía el segundo apellido “Colón”. Obsérvese, sin embargo, que la sustitución por el apellido del marido, era compatible con las disposiciones de aquel ordenamiento jurí-dico.

Al momento de otorgarse el 2 de diciembre de 1979 la escri-tura de testamento abierto Núm. 9, el notario Vivoni, Jr. en observancia de la buena práctica notarial, apropiadamente hizo constar el nombre correcto de la compareciente: “DOÑA CRUZ RODRIGUEZ COLON, mayor de edad, propietaria, casada con Don Angel Rosado Collazo,”

El certificado de defunción presenta una tercera modalidad. Fue expedido en Estados Unidos. Tomamos conocimiento judicial de que en el sistema norteamericano, distinto al nuestro, es práctica común usar el primer apellido del varón para identificar al cónyuge y el apellido materno como segundo nombre. La primera costumbre explica que en este documento aparezca Cruz como el nombre de la fallecida, Rodríguez como segundo nombre y Rosado como apellido.

Estas ligeras diferencias en los nombres no establecen ra-cionalmente una identidad distinta de personas. Aun así, deben ser subsanadas y esclarecidas. No hacerlo, atentaría contra la certeza y claridad que debe gozar toda inscripción registral. El problema es recurrente. Diariamente se generan situaciones análogas. Tiene sus orígenes en la forma laxa en que algunas veces se desenvuelve la práctica notarial, la au-sencia de un reglamento notarial, los efectos de un estatuto derogado, y las costumbres en Estados Unidos y otros países. La situación tiende a afectar el desenvolvimiento rápido y efi-ciente de las operaciones regístrales. Aspiramos a que todo titular registral esté adecuada y correctamente identificado por su nombre y dos apellidos. Acevedo v. Registrador, supra. El problema exige una solución formulada con pragmatismo judicial. Veamos.

El Art. 99.4 del Reglamento Hipotecario prohíbe al Registrador añadir o quitar alguno de los nombres o apellidos que aparecen en el Registro. Según sus términos, una vez inscrito un título a nombre de una persona, sólo podrá variarse: (1) si diere fe el notario del error y de su personal conocimiento del verdadero nombre, o (2) por resolución judicial.

En su comparecencia, el Registrador argumenta que no se trata de un error sobre la corrección del nombre, sino de una situación que sólo puede subsanarse a través de procedimiento judicial. Sugiere además, que por haber fallecido Cruz Rodrí-guez Colón, la instancia notarial no está disponible. No pode-mos convenir con esa interpretación. Primeramente, no esta-mos ante una alteración en el valor del nombre o apellidos, sino de una situación creada por una anomalía estatutaria e in-teracción con un documento —certificado de defunción— originado en Estados Unidos. No se trata propiamente de un cambio de nombre, sino de una rectificación con el limitado objetivo de atemperar su uso producido por el solo ministerio de la ley. Cf. Calderón et al. v. El Registrador de Arecibo, 31 D.P.R. 355 (1923).

Segundo, ya hemos expresado que el notario debe ejercer una previa calificación y “debe esforzarse por alcanzar la mayor claridad y certeza” en los documentos presentados ante el Registrador. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, supra, pág. 139. Aquí el notario, al redactar la Escritura Núm. 9 de testamento abierto, expresó correctamente el nombre completo de la testadora e hizo constar que estaba casada con el recurrente Ángel Rosado Collazo. No podía exigírsele más. La discrepancia no dimana de ese documento, sino de la constancia registral previa y el certificado de defunción. Se trata de una situación que podía ser subsanada por éste dando fe del mismo y de su personal conocimiento del verdadero nombre. Art. 99.4 del Reglamento.

La instancia presentada por el Sr. Ángel Rosado Collazo satisface estos requisitos. La discrepancia entre la constancia registral, el certificado de defunción y el testamento, ya hemos señalado, es producto accidental de una metodología distinta a la nuestra. La instancia hace referencia a este hecho y bajo juramento consigna que Cruz Rodríguez Colón es también conocida como Cruz Rodríguez Rosado en los archivos de un hospital del Ejército de Estados Unidos. Como tal, de su faz supera las discrepancias apuntadas por el Registrador. El aná-lisis integral de los elementos extrínsecos de los documentos —testamento, certificado de defunción e instancia— elimina cualquier duda en relación con la identidad de ella como testa-dora según el certificado de defunción.

Y tercero, debido a la naturaleza del defecto, otra solución impondría retrasos indebidos y costos injustificados en el pro-ceso de corrección de las instancias del registro. Representaría una carga excesiva e irrazonable sobre los interesados y el sistema judicial. En justa perspectiva, no podemos perder de vista que el Legislador, al momento de redactar la nueva Ley Hipotecaria en 1979, no tuvo el beneficio de la derogación posterior en 1985 del citado Art. 94 del Código Civil. Entonces, como ahora, se hubiese hecho evidente la complicación docu-mental que acarreaba y el efecto multiplicador que tendría en las constancias del Registro.

Y

Aunque el Registrador no tiene razón en su primer señalamiento, procede confirmar su calificación. Conforme la segunda falta, el peticionario no expresó en su instancia las circunstancias personales de la legataria Alba Rosado Rodríguez según el Art. 50.2 del Reglamento. Ello es requisito indispensable para inscribir ese derecho hereditario.

Por este solo fundamento, se confirmará la nota recurrida.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resul-tado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Nú-ñez no intervino.

       En su instancia registra!, el viudo Ángel Rosado Collazo expone que está inscrito a su nombre y el de su esposa Doña Cruz Rodríguez Rosado. Para fines decisorios esta variante es insustancial.

      Este artículo versa sobre el procedimiento y funcionamiento regis-tral. En lo sustantivo, hemos de remitirnos al Art. 616 del Código Civil, definidor del título hereditario. 31 L.P.R.A. see. 2121.

       En tomo al Registro Demográfico, la Ley Núm. 24 de 22 de abril de 1931, exige que en los certificados de defunción conste: “Nombre y apellidos del fallecido . . . ; [n] ombre del padre . . . [y] [n] ombre y apellidos propios de la madre.” (Énfasis suplido.) 24 L.P.R.A. see. 1103. En los certificados de nacimiento: “Nombre y apellidos del niño . . . ; [n]ombre y apellidos del padre ... [y] [n] ombre y apellidos propios de la madre.” (Énfasis suplido.) 24 L.P.R.A. see. 1133. Finalmente, en los documentos de matrimonio: “Los nombres, apellidos ... de los contrayentes [y] los nombres, apellidos y natu-raleza de los padres.” 24 L.P.R.A. see. 1165.
      Además, la ley impone al Secretario de Salud llevar un archivo e índice en que “ordenará y conservará permanentemente los certificados en forma sistemática: preparará y mantendrá al día un índice alfabético de los mis-mos por los apellidos del fallecido . . ., por los apellidos de los contrayen-tes ... y por los apellidos de los padres, ... en los de nacimiento.” 24 L.P.R.A. see. 1232.

      “[N]o puede deducirse de su silencio que considere válidos los ins-trumentos públicos a los que falte este requisito, sino que por ser tan esen-cial dicha circunstancia no creyó necesario mencionarla taxativamente.” M. Fernández Casado, Tratado de Notaría, Madrid, Ed. Vda. M. Minuesa, 1895, T. I, pág. 473.

      En la exposición de motivos la Ley Núm. 93 consignó:
      “El Código Civil de Puerto Rico le impone como obligación a la mujer casada, el uso del apellido de su marido. La mujer profesional si contrae matrimonio a veces prefiere mantener el apellido de soltera, ya que es cono-cida por éste y le perjudicaría profesional y económicamente cambiarse el apellido por el del marido.
      “La realidad actual de los matrimonios entre jóvenes y entre profesio-nales es que en ellos la mujer casada prefiere y retiene su apellido de sol-tera. Esta realidad fue expresada en el Informe Especial Núm. 2 Sobre la Mujer y la [Njueva Legislación de Derecho de Familia de 1977.
      “Este sentir de la mujer puertorriqueña fundamenta la razón de la medida[,] ya que es a todas luces contrario a nuestro ordenamiento consti-tucional el imponer a la mujer la obligación de usar el apellido de su marido, cuando a éste no se le impone una obligación igual.

        “Esta Asamblea Legislativa entiende como política pública que todo discrimen por razón de sexo que contenga nuestro ordenamiento jurídico, debe eliminwrse.” (Énfasis suplido.)


text:
    El Pueblo de Puerto Pico, peticionario, v. Francisco J. Jordán Tarraza, acusado y recurrido.

      Número: CE-86-551

      Resuelto: 24 de marzo de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticio-nario ; Raúl Aponte Sánchez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Trazamos en este recurso los linderos jurídicos y el valor probatorio ante los tribunales del país de los certificados de matrimonio oficiales expedidos por el Registro Demográfico.

I

Ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, el Ministe-rio Público formuló acusación por bigamia contra Francisco J. Jordán Tarraza, imputándole que el 31 de agosto de 1985, contrajo nupcias con Jael Campos Yaledón sin que anterior-mente se hubiera anulado o disuelto legítimamente su matri-monio con Carmen N. Collazo Jordán. Éste hizo alegación de no culpable y renunció al jurado.

En la vista en su fondo, el Ministerio Fiscal presentó los testimonios de la señora Collazo Jordán y del Lie. Miguel Fe-bres Ramírez.

La señora Collazo declaró que estaba casada con Jordán Tarraza desde el 31 de octubre de 1981, y que a la fecha del juicio —28 de junio de 1986— así continuaba. El 2 de agosto de 1985, por desavenencias conyugales, presentó demanda de divorcio por trato cruel. Posteriormente se reunieron y ambos acordaron enmendar la causal por consentimiento mutuo. Des-pués, su abogado Fabres Ramírez renunció por razón de un posible conflicto de intereses. Días antes de celebrarse la vista del divorcio recibió una invitación para la boda del acusado con Jael Campos.

El licenciado Fabres Ramírez atestó que la señora Collazo contrató sus servicios para un trámite de divorcio por trato cruel. Subsiguientemente se cambió la causal a consentimiento mutuo. Él representaba a ambos cónyuges. Pocos días antes de la vista de divorcio, la señora Collazo lo llamó informándole que había recibido una invitación para la boda del acusado Jordán Tarraza. Optó por llamarlo por teléfono y le dijo que no se podía casar. Le explicó que cometería el delito de biga-mia. Le leyó la disposición legal del Código Penal sobre el particular. Posteriormente confirmó que se había celebrado la boda por lo que renunció a la representación legal de ambos.

Además, a solicitud del fiscal se admitieron en evidencia los dos certificados de matrimonio expedidos por el Registro Demográfico correspondientes al acusado Jordán Tarraza, y varios documentos del caso de divorcio Civil RF-85-2944, Carmen L. Collazo Jordán v. Francisco J. Jordán Tarraza. Con esta prueba el Pueblo sometió el caso.

Jordán Tarraza solicitó la absolución perentoria. Argu-mentó que los certificados de matrimonio no eran suficientes para probar el caso. A su juicio, era indispensable que una de las personas, la contrayente Jael Campos Valedón o el juez, que estuvieron en la segunda boda declararan a tales efectos. Con la oposición del Ministerio Público, el 29 de mayo de 1986, el tribunal lo absolvió perentoriamente.

No conforme, el Estado presentó certiorari. Acordamos examinar si los certificados de matrimonio presentados en evi-dencia eran prueba suficiente para dejar establecido en esa etapa el delito de bigamia.

h — i 1 — 4

El ilustrado foro de instancia cometió el error de derecho. Los certificados de matrimonio —en unión a la prueba testifical no contradicha— eran suficientes para probar la celebra-ción de ambos enlaces.

El planteamiento de Jordán Tarraza de que era imprescindible presentar a la contrayente Jael Campos Valedón o el juez ante quien se realizó el segundo matrimonio es patentemente frívolo. En Pueblo v. Ramírez, 65 D.P.R. 680, 681-682 (1946), rechazamos enfáticamente esa contención, justamente en un caso de bigamia. Allí resolvimos que el matrimonio se prueba por copia certificada del acta de matrimonio del Registro, que por disposición estatutaria constituye evidencia prima facie del matrimonio. Veamos.

El Art. 24 de la Ley del Registro Demográfico —Ley Núm. 24 del 22 de abril de 1931— en interacción con su Art. 38, según enmendado, tajantemente disponen que las copias certificadas de las actas de matrimonio en el Regis-tro Demográfico son prueba del matrimonio, y además consti-tuirán “evidencia prima facie ante todas las cortes de justicia de los hechos que consten en la misma”. Su examen revela: (1) el estatuto no distingue entre casos civiles y criminales; (2) contempla la admisibilidad del certificado, como excepción a la regla general de exclusión de prueba de referencia, y (3) por efectos de la expresión “prima facie” no sólo crea una pre-sunción de que se celebró el matrimonio, sino de los demás hechos que constan en dicho certificado. Como tal, basta para probar como hecho determinado —mientras no se contradiga o desvirtúe con otra evidencia— el evento nupcial. González v. Sucn. Díaz, 69 D.P.R. 643, 650 (1949). “Lo mejor es conside-rar siempre ‘evidencia prima facie’ como presunción salvo que del contexto otra cosa surgiera.” E. L. Chiesa, Práctica Pro-cesal Puertorriqueña, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Eviden-cia — Vol. I, pág. 42.

Con relación a las Reglas de Evidencia de 1979, notamos que la Regla 61 dispone, como norma general, que no será ad-misible prueba de referencia, “ [s] alvo que por ley se disponga otra cosa”. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 61. Según hemos visto, aquí la Ley Núm. 24 del Registro Demográfico autoriza la admisi-bilidad del certificado por mandato expreso del Legislador. Ello se justifica en atención a los diversos trámites que estatu-taria y reglamentariamente tienen que cumplir los interesados y el celebrante —antes, durante y después— de la celebración de un matrimonio, a saber: análisis de sangre y examen mé-dico de la pareja para obtener la “Licencia Matrimoniar’ pre-via; suministrar la información personal y de sus progenito-res solicitada en el formulario impreso del “Certificado”; comparecencia ante la persona autorizada para celebrarlo (juez, sacerdote, ministro o rabino); realización de la ceremo-nia con la presencia de dos (2) testigos ante quienes los con-trayentes declaran su propósito de unirse; suscripción y firma documental por los contrayentes, testigos y el celebrante, y re-misión e inscripción del certificado en el Registro Demográ-fico, por cuya omisión el celebrante puede cometer un delito menos grave. Obviamente, estos requisitos rodean el acto de suficiente garantía circunstancial de veracidad, y confieren racionalmente al certificado, como documento, presuntiva legitimidad.

Más aún, bajo la Regla 65 de Evidencia, la admisibilidad de tales certificados de matrimonio —como excepción a la Regla 61— es más amplia al examinarse bajo la óptica de “récords oficiales” (Regla 65(H)); “récord de estadística vital” (Regla 65 (I)), o en sí, como “certificado de matrimonio” (Regla 65(L)). Sobre su admisibilidad, consúltense: V Wigmore, Evidence Sec. 1644 (Chadboum rev. 1974); McCormick, Handbook of the Law of Evidence Cap. 32, Secs. 317 y 319 (2da ed. 1972); 4 Lowisell & Mueller, Federal Evidence Sec. 457 (1980), y 4 Weinsten on Evidence Sec. 803(9) [1] (1985).

Finalmente, es menester aclarar que nada hay en nuestro ordenamiento probatorio —en o fuera del cuerpo de Reglas de Evidencia— que exija determinada forma para establecer el hecho de la celebración de un matrimonio o para corroborar lo que surge de su certificado. Después de todo, en nuestra jurisdicción el único criterio válido de suficiencia de prueba para establecer un hecho —conforme lo pautado en la Regla 10(C)— no “exige aquel [grado] de prueba que, ex-cluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza; sólo se exige la certeza o convicción moral en un ánimo no preve-nido”. 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10 (C).

El criterio de “certeza moral” queda plenamente satisfecho con el certificado de matrimonio en virtud de los requisitos que la ley exige para expedir una licencia, su celebración y eventual inscripción. En cierto sentido, sin el certificado oficial, la sola prueba testifical por quien presenció u ofició el acto de celebración es más débil y dudosa. Difícilmente, salvo un testigo con memoria prodigiosa —capaz de retener y reproducir sin error en el tribunal toda la información requerida en el certificado— podría demostrarse cabal e íntegramente que fueron satisfechos todos los requisitos de ley para la validez del enlace. Sin dicho certificado, básicamente tendríamos información fragmentada y solamente una conclusión al efecto.

Ciertamente, el certificado constituye mejor prueba para satisfacer la consciencia y ánimo del juzgador de que se observaron todos los requisitos legales para su validez. No procedía en derecho la absolución perentoria.

En virtud de lo expuesto, se dictará sentencia y revocará la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan. Con-tinuarán allá los trámites posteriores compatibles con lo re-suelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

       Tenemos el beneficio del examen de dichos autos originales. El mismo culminó con una sentencia de archivo emitida el 6 de septiembre de 1985.

       Disponen respectivamente:

        “Toda persona autorizada por la ley, ante la que se hubiere celebrado el matrimonio, estará obligada a entregar dentro de los diez días siguientes a la celebración del mismo, al encargado del registro del distrito en que tuvo lugar dicha ceremonia, la licencia matrimonial y la declaración jurada que hubiesen presentado los contrayentes de acuerdo con las disposiciones de la ley, junto con la certificación de la celebración del matrimonio, que expre-sará la fecha y lugar en que se hubiera celebrado el mismo y contendrá las firmas del celebrante y contrayentes y de los testigos presenciales del acto.” (Énfasis nuestro.) 24 L.P.R.A. see. 1163.

        “A petición de parte interesada, ... el Secretario de Salud o la persona autorizada por él, suministrará copia certificada de cualquier certificado de nacimiento, casamiento o defunción que se haya inscrito o registrado en el Registro General .... La copia del récord de cualquier nacimiento, casa-miento o defunción, después que sea certificada por el Secretario de Salud o por la persona autorizada por él, constituirá evidencia prima facie ante to-das las cortes de justicia de los hechos que consten en la misma.” (Énfasis nuestro.) 24 L.P.R.A. see. 1237.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Vicenta Bonilla y Otros, demandantes y recurridos, v. Carlos J. Chardón y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-85-48

      Resuelto: 24 de marzo de 1987

      Américo Serva, Procurador General Interino, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recu-rrentes; Carlos Quirós Méndez, de Servicios Legales de P.R., Inc., y Juan Francisco Arroyo Elicier, abogados de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La única y verdadera controversia ante nos se circunscribe a interpretar si proceden daños por angustias mentales y ho-norarios de abogados cuando el Estado incumple los deberes taxativos impuestos por la Ley de Puerto Rico de Educación Especial, Ley Núm. 21 de 22 de julio de 1977 (18 L.P.R.A. see. 1331 et seq.). Ello nos permite examinar el alcance e in-teracción de las leyes reparadoras aprobadas por el Congreso de Estados Unidos y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico con relación a las reclamaciones de los niños con impedimentos físicos.

Así deslindado el campo de esta opinión, nos abstenemos prudencialmente de considerar en abstracto el ámbito del de-recho a la educación bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por prevalecer una norma de auto-limitación judicial. Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971); Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507, 516 (1965); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958); Walker v. Tribl. Contribuciones y Tesorero, 72 D.P.R. 698, 706 (1951); Spanish Am. Tobacco Co. v. Buscaglia, 71 D.P.R. 991, 998 (1950).

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Este caso comienza en 1978 cuando unos niños sordomu-dos, estudiantes de un programa especial, fueron trasladados, sin razón alguna, de una escuela intermedia a una elemental que no disponía de los recursos humanos y físicos necesarios para ofrecer dicha educación especial. Allí se les asignó una maestra sin preparación pedagógica para instruir a estos niños y se les envió a un salón que era “una pequeña cobacha, carente de suficiente iluminación y ventilación, y que no estaba habilitada para la enseñanza de niños sordos”. (Exhibit I, pág. 3.) Los jóvenes fueron segregados del resto de los estu-diantes mediante un portón de reja que impedía su interac-ción, incluso, en las horas de almuerzo y recreo. Tampoco se les ofrecieron los servicios remediales tales como terapia del habla, equipo audiológico, transportación, educación física y otros.

Después de varios intentos infructuosos de obtener un re-medio administrativo, los padres demandaron al Departa-mento de Instrucción Pública. Ante dicha acción, el Secretario de Instrucción Pública se comprometió a brindarle a los jó-venes la educación especial requerida por ley. Los padres con-sintieron al ofrecimiento y los niños fueron trasladados a la Escuela República del Brasil (también de nivel elemental) en agosto de 1979. Sin embargo, incumplieron su promesa. En dicha escuela tampoco se les ofreció la educación especializada necesaria. Frustrados y humillados ante tal situación, los jó-venes “comenzaron a tener problemas de conducta en sus res-pectivos hogares y a no querer asistir a la escuela. Uno a uno abandonaron la escuela”. (Exhibit I, pág. 6.) Los padres acu-dieron de nuevo al foro judicial mediante el recurso de injunction e invocaron, entre otras disposiciones, la See. 1983 de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1983.

Cinco años después de la radicación de la demanda, las partes llegaron a una estipulación en la cual los demandados aceptaron la existencia de daños y la relación causal entre sus actos y los daños probados. En una extensa y bien funda-mentada sentencia, el Tribunal Superior determinó que hubo violación de los derechos constitucionales y estatutarios de los demandantes y que la actuación de suspenderle a los menores demandantes la educación especial que recibían fue “arbitra-ria, injusta y caprichosa”. El tribunal expidió un injunction que ordenaba que se le brindara a los demandantes la educa-ción especial y los servicios relacionados a que tenían derecho. También concedió la cantidad de $18,000 a cada menor y $5,000 a cada padre como compensación por los daños morales y angustias mentales producidos por la violación de sus dere-chos constitucionales. A uno de los padres le concedió una in-demnización por $6,495 para reembolsarle por gastos de edu-cación especial. El pago total ascendió a $144,495 más $3,000 por concepto de honorarios de abogados y las costas del pleito.

De dicha sentencia recurren los funcionarios del Departa-mento de Instrucción Pública e impugnan solamente la deci-sión del tribunal de instancia que concedió daños y el pago de honorarios de abogado.

W hH

Aunque por muchos siglos las sociedades han marginado, discriminado y estigmatizado a las personas con impedimentos físicos, en las últimas dos décadas el estado moderno ha to-mado medidas afirmativas para incorporarlos a la comunidad. Entre los cambios más notables se destaca el reconocimiento de su derecho a recibir y reclamar judicialmente educación remedial. Véanse: H. Quiñones Echevarría, Educación para niños con impedimentos: Análisis de legislación y jurisprudencia, 17 Rev. Jur. U.I. 365 (1983); R. Burgdorf, The Legal Rights of Handicapped Persons, Baltimore, Paul H. Brookes Publ., 1980; F. W. Ten Brock y J. Matson, The Disabled and the Law of Welfare, 54 Calif. L. Rev. 809 (1966).

En Puerto Rico la Asamblea Legislativa aprobó en 1977 una ley remedial que creó el Programa de Educación Especial para Niños con Impedimentos. En su exposición de motivos se reconoció que debido a los diferentes problemas de aprendi-zaje que tienen estos niños, necesitan educación correctiva:

. . . Esta clientela tiene diversos problemas de aprendizaje, entre los que incluyen Isie], retardación mental educable, retardación mental adiestrable, problemas específicos del aprendizaje, problemas ortopédicos, problemas crónicos de salud, audición, disturbios emocionales, visión y problemas del habla y lenguaje.
La naturaleza de estos problemas hace necesario que tales niños tengan una educación especializada, distinta a la que normalmente ofrece el Programa Regular de Instrucción Pública. Requieren además, maestros especializados y facili-dades educativas de acuerdo a sus necesidades.
El derecho que tiene el niño impedido al disfrute de una educación adecuada nos mueve a promover legislación hacia la creación de un programa especial que llene las necesidades de éstos.
Esta Asamblea Legislativa reconoce que el Pueblo de Puerto Rico tiene el deber de garantizar el derecho a la edu-cación adecuada que necesita la población estudiantil con impedimentos físicos, mentales y emocionales. Exposición de Motivos, Ley del Programa de Educación Especial, Ley Núm. 21 de 22 de julio de 1977 (18 L.P.R.A. see. 1331 et seq.).

Esta legislación reparadora define “educación especial” como la “instrucción especialmente diseñada para llenar las necesidades muy particulares del niño impedido, incluyendo experiencias de enseñanza y aprendizaje dentro del salón de clases, instrucción en educación física, bellas artes, instrucción en el hogar, en hospitales e instituciones públicas o privadas debidamente reconocidas por el Departamento que llenen los requisitos establecidos por este Capítulo sin costo alguno para el padre o encargado”. Art. 2(e), 18 L.P.R.A. see. 1332 (e). A manera de ilustración véanse: Hendrick Hudson Dist. Bd. of Ed. v. Rowley, 458 U.S. 176 (1982); Irving Independent School Dist. v. Tatro, 468 U.S. 883 (1984).

Mediante esta legislación se provee a cada niño una edu-cación remedial conjuntamente con una serie de servicios com-plementarios. Para mayor efectividad del programa, se re-quiere que se diseñe un plan individualizado para cada niño donde se identifiquen sus fortalezas y necesidades particulares. Art. 10 (18 L.P.R.A. sec. 1340(c)); Reglamento del Pro-grama de Edticación Especial, Art. IX. Además, se exige que los niños reciban los programas educativos en un ambiente que estimule y facilite su desarrollo. Reglamento del Programa de Educación Especial, Art. Ill (A) (14); Nota, Enforcing the Right to an “Appropriate” Education: The Education for All Handicapped Children Act of 1975, 92 Harv. L. Rev. 1103, 1118-1124 (1979); Hendrick Hudson Dist. Bd. of Ed. v. Rowley, supra, págs. 202-203.

La ley también provee un procedimiento para que los padres y los niños puedan obtener esta educación remedial. En primer lugar, todas “ [1] as decisiones relacionadas con la iden-tificación, evaluación, ubicación y tratamiento que afecta al niño impedido se tomarán, en todo momento, con el consenti-miento y aprobación de los padres”. Art. 8(a), 18 L.P.R.A. sec. 1338(a). Cualquier objeción podrá ser presentada como querella ante la Región Educativa, donde deberá ser conside-rada y evaluada diligentemente, 18 L.P.R.A. sec. 1338(b). Dentro de los veinte (20) días laborables luego de instada su reclamación, el querellante tendrá derecho a una vista, y po-drá apelar ante el Secretario cualquier determinación tomada por el examinador. Reglamento del Programa de Educación Especial, Art. XI.

Del historial legislativo se desprende que al aprobar la Ley del Programa de Educación Especial, la Asamblea Legislativa utilizó como modelo la Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos, Ley Púb. Núm. 94-142, 84 Stat. 175, 20 U.S.C. see. 1400 et seq. Esta legislación provee fondos federales a agencias educativas a nivel local y estatal, para que éstas brinden instrucción remedial a niños con impedimentos físicos de acuerdo con los requisitos sustantivos dispuestos por el Congreso. La ley requiere que las agencias beneficiarías del programa federal provean garantías procesales a los padres e hijos, tanto para la reclamación como para la protección de los derechos adquiridos.

Bajo el esquema legislativo analizado anteriormente, las cortes estatales pueden ejercer jurisdicción concurrente sobre litigios basados en la Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos. El ejercicio de la jurisdicción concurrente por los tribunales estatales para proteger derechos de creación federal ocurre con relativa frecuencia. Véase Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, 112 D.P.R. 256, 259-260 (1982). La Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos específicamente autoriza a cualquier ciudadano perjudicado por una decisión de una agencia educativa local a recurrir en revisión judicial a los tribunales, tanto estatales como federales, para proteger sus derechos.

Por otro lado, la legislación puertorriqueña apro-bada para poner al Gobierno en condiciones de recibir la asig-nación federal para estos programas remediales, crea también unos derechos reclamábles en los tribunales del país. Aunque la ley de Puerto Rico guarda silencio sobre la revisión judicial del proceso administrativo, esto no impide necesariamente nuestra intervención. Cuando la legislatura no ha prohibido en forma expresa y clara su intención de limitar el acceso a los tribunales, se presume la revisión judicial. Rivera v. Benitez, Rector, 73 D.P.R. 377 (1952); López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4 (1957); Medina v. Pons, 81 D.P.R. 1 (1959). Tampoco es permisible bajo nuestro sistema consti-tucional que se le impida a los tribunales, en forma direeta o indirecta, ejercer sus facultades revisoras cuando los orga-nismos administrativos han actuado en forma contraria a los preceptos constitucionales. Hernández Montero v. Cuevas, Director, 88 D.P.R. 785, 803 (1963).

hH h-i I — I

La parte recurrente alega que el foro de instancia erró al conceder indemnización por las angustias mentales sufridas por los demandantes. Apoyándose en la jurisprudencia federal, Smith v. Robinson, 468 U.S. 992 (1984); Burlington School Comm. v. Mass. Dept. of Ed., 471 U.S. 359 (1985), el Procurador General argumenta que ni la ley federal ni la es-tatal proveen un remedio para los daños causados por el in-cumplimiento del mandato legislativo.

En Smith v. Robinson, supra, el Tribunal Supremo federal concluyó que al aprobarse la Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos, se creó un remedio especial y exclusivo para reclamar el derecho a la educación adecuada. Sin embargo, se aceptó que la -Ley de Derechos Civiles podía utilizarse como instrumento para vindicar una violación al debido proceso de ley. Smith v. Robinson, supra, pág. 1014 n. 17. Por otro lado, en Burlington School Comm. v. Mass. Dept, of Ed., supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos permitió, como parte de los remedios autorizados por la ley federal, el reembolso de gastos educativos incurridos en insti-tuciones privadas cuando el plan educativo propuesto por la agencia no es el apropiado para el niño.

La Ley Federal de Educación autoriza a los tribunales estatales o federales a conceder “aquel remedio que determine apropiado”. 20 U.S.C. sec. 1415(e)(2). De esta manera el Congreso estableció para ambas jurisdicciones un remedio federal que fue interpretado restrictivamente en Smith v. Robinson, supra, y Burlington School Comm. v. Mass. Dept, of Ed., supra, pero dejó a los estados en libertad para ampliar los remedios disponibles.

En el caso de Puerto Rico, la regla general en el campo de la responsabilidad extracontractual es que aquel que por acción u omisión causa daño a otro interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Se desprende de dicho principio, que todo perjuicio, material o moral, da lugar a reparación si concurren tres requisitos o elementos: (1) tiene que haber un daño real; (2) debe existir nexo causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona, y (3) el acto u omisión tiene que ser culposo o negligente. Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 311-312 (1970). Al interpretar el referido precepto legal, nuestra jurisprudencia ha expresado que el concepto de culpa “es tan infinitamente amplio como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño”. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 579 (1982). Este precepto constituye una norma general para la reparación de todo daño ilícito, Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, supra, pág. 311, incluso cuando la actuación cul-posa contraviene intereses o derechos garantizados por la Constitución o por legislación protectora de derechos civiles. Colón v. Romero Barceló, supra; Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370, 376 (1951).

El hecho de que nuestra ley de educación especial no disponga de un remedio en daños, no impide que al amparo del Art. 1802 del Código Civil se puedan reclamar por una crasa violación del debido proceso de ley garantizado por las leyes federales y estatales que crean los programas de educación remedial para los niños impedidos. Tanto la legislación vigente como sus reglamentos le imponen un deber ex-traordinario a los funcionarios del Departamento de Instrucción de observar unos procedimientos específicos para la protección y beneficio de los niños con impedimentos físicos. La responsabilidad delegada en estas funciones rebasa las obligaciones regulares inherentes a sus cargos. La intención legislativa fue garantizarle a los impedidos el derecho a una educación especial, por lo que se estructuraron mecanismos procesales que aseguraran que no se les privaría de su derecho injustificadamente. En estas circunstancias, y al considerar el carácter reparador de esta legislación especial, la violación arbitraria e injustificada de esos deberes impuestos por ley es fuente de responsabilidad por los daños causados. Véase Muriel v. Suazo, supra, pág. 376. Cf. Art. 659 de la Ley de Recursos Extraordinarios, 32 L.P.R.A. see. 3431.

En este caso los daños fueron clara y efectivamente probados. Cf. Carey v. Piphus, 435 U.S. 247 (1978). La parte recurrente aceptó su existencia y relación causal mediante una estipulación; el foro de instancia concluyó que éstos fueron producidos por los actos arbitrarios, injustos y caprichosos de los demandados, constitutivos de deliberada indiferencia y negligencia crasa en el desempeño de sus deberes en violación del debido proceso. Esta conducta constituye una violación de sus derechos, que es remediable tanto por la Ley Federal de Derechos Civiles como por el Art. 1802 del Código Civil. En estas circunstancias, la compensación de daños a los recurridos no es incompatible con la Ley de Puerto Rico de Educación Especial, por lo que procede que los funcionarios demandados respondan por.sus actuaciones. Al no cumplir éstos con las obligaciones impuestas por estas legislaciones y probados los daños y la adecuada causal, procede la reparación de los mismos.

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Finalmente, queda por discutir el señalamiento de los re-currentes en cuanto a la procedencia de honorarios de abogado. Alegan que bajo la Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos y la Ley de Puerto Rico de Educación Especial no se podían conceder honorarios. Cf. De León v. Sria. de Instrucción, 116 D.P.R. 687 (1985).

La acción que origina esta controversia fue instada al am-paro de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1983 y del Art. 1 de la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. sec. 3524). En el ejercicio de su juris-dicción concurrente, el Tribunal Superior acogió la demanda y dictó la sentencia elevada a esta curia. El foro de instancia actúo correctamente bajo la Ley Federal de Derechos Civiles cuando ejerció jurisdicción concurrente sobre una alegada vio-lación al debido proceso de ley de la Constitución de Estados Unidos. Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra; Martínez v. California, 444 U.S. 277, 283 n. 7 (1980); Maine v. Thiboutot, 448 U.S. 1, 3 n. 1 (1980).

Contrario a lo argumentado por los recurrentes, la Ley Federal de Educación a Niños con Impedimentos no impide que se utilice la Ley Federal de Derechos Civiles cuando es para vindicar una violación del debido proceso. En Smith v. Robinson, supra, el Tribunal Supremo federal consintió que se utilizara la legislación de derechos civiles para obligar a las agencias a cumplir con los procedimientos mínimos garantizados por la Constitución. Véanse: Manecke v. School Bd. of Pinellas County, Fla., 762 F.2d 912, 918-921 (11mo Cir. 1985), cert. denegado 54 L.W. 3461; Rose v. State of Neb., 748 F.2d 1258, 1263-1264 (8vo Cir. 1984), cert. denegado 54 L.W. 3223; Teresa Diane P. v. Alief Independent Sch. Dist., 744 F.2d 484, 491 (5to Cir. 1984); Quackenbush v. Johnson City School Dist., 716 F.2d 141, 147-148 (2do Cir. 1983); Bonadonna v. Cooperman, 619 F. Supp. 401, 416 (D.C. N.J. 1985); Stock v. Massachusetts Hosp. School, 476 N.E.2d 210, 212-213 (Mass. 1985), cert. denegado 54 L.W. 3225.

La Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos provee para que una parte perjudicada por una determinación administrativa acuda al foro judicial para su revisión. Allí se recibirá el récord del proceso administrativo y se podrá presentar nueva evidencia. 20 U.S.C. sec. 1415(e) (2). Este lenguaje claramente presupone la existencia de una audiencia administrativa. Por lo tanto, a quien se le ha negado en su totalidad el debido proceso que le garantiza la Ley y la Constitución, tiene derecho a invocar el remedio de la See. 1983 así como los honorarios de abogados que concede la See. 1988.

La actuación de los funcionarios estatales, en el caso ante nos, de privar injustificadamente a unos niños de los servicios educativos especializados requeridos por una ley especial, de no cumplir con ninguna de las garantías procesales antes de terminar los mismos, y luego, negarse a atender sin explicación alguna los continuos reclamos para iniciar el trá-mite administrativo, constituye una crasa y deliberada viola-ción del derecho a un debido proceso de ley garantizado tanto por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico como por la de Estados Unidos. Esto forzó a los demandantes a acudir al foro judicial a vindicar tal derecho. En estas cir-cunstancias, no es incompatible con la Ley Federal de Educa-ción a Niños con Impedimentos que se permita la invocación de la See. 1983. Siendo la partida de honorarios de abogados com-plemento indispensable del remedio a otorgarse, procede su concesión al amparo de la Ley Federal de Derechos Civiles, aun en el tribunal estatal. Maine v. Thiboutot, supra, págs. 10-11.

El resultado no podría ser otro. De no concederse los honorarios en los tribunales estatales, la mayoría de los demandantes no tendrían otra alternativa que ir al foro federal en busca de un remedio completo. Se frustraría la política pública instaurada en Acevedo v. Srio. Servicios Sociales, supra, de que preferentemente sean nuestros tribunales los que vindiquen los derechos civiles. Esta posición es acorde con la política pública y con el carácter general y amplio de la jurisdicción de nuestros tribunales. También es la más justa. Precisamente esa fue la intención legislativa al enmendar el Código de Enjuiciamiento Civil para permitir que los tribunales de Puerto Rico pudieran emitir un injunction del mismo alcance que los disponibles en el foro federal, para vindicar las violaciones a los derechos civiles fundamentales por funcionarios públicos en el descargo de sus obligaciones. Véanse: Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 852 (1978); Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272, 275 (1979); M. Naveira de Rodón, Inter-Relación entre el Foro Local, el Foro Federal y la Reforma Judicial, 36 Rev. C. Abo. P.R. 951, 984-985 (1975).

No debemos perder de. vista que la eficacia de la Ley Federal de Derechos Civiles depende considerablemente de que se utilice efectivamente por los desvalidos para proteger sus derechos civiles. La See. 1988 de la Ley Federal asegura el acceso efectivo al proceso judicial a las personas agraviadas. Los honorarios de abogado bajo esta sección constituyen un remedio necesario para que la Ley de Derechos Civiles no se convierta en una declaración en el vacío sin utilidad práctica, para que el ciudadano promedio pueda hacer valer sus derechos. Informe del Senado Núm. 94-1011, 94th Cong., 2d Sess. 1976, U.S. Code Cong. & Admin. News 5909-5910; Newman v. Piggie Park Enterprises, 390 U.S. 400 (1968); Hensley v. Eckerhart, 461 U.S. 424 (1983); Nota, The Scope of the Civil Rights Attorney’s Fees Awards Act after Maine v. Thiboutot, Maher v. Gagne, and Supreme Court of Virginia v. Consumers Union, 66 Iowa L. Rev. 1301 (1981). Pero estos honorarios no son de carácter mandatario. Como regla general, la ley confiere al tribunal discreción para concederlos, a menos que medien circunstancias especiales. Evans v. Jeff, 54L.W.4359 (1986).

Por último, debemos aclarar que los honorarios que autoriza la See. 1988 no son por temeridad. Nuestro ordenamiento sanciona la temeridad de un litigante perdidoso mediante el pago de honorarios de abogado, Regla 44.1 (d) de Procedimiento Civil, con excepción del Estado. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Acevedo v. E.L.A., 91 D.P.R. 796 (1965). No obstante, la See. 1988 opera independientemente de la temeridad en que hayan incurrido las partes. Su propósito no es sancionar, sino proveer un remedio completo para fomentar la vindicación de derechos civiles. Su imposición procede contra los funcionarios del Estado.

Por estas razones concluimos que en el ejercicio de su jurisdicción concurrente al amparo de la Ley Federal de Derechos Civiles, un tribunal de Puerto Rico puede conceder honorarios de abogado bajo la See. 1988.

Por los anteriores fundamentos, debe confirmarse la sen-tencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resul-tado con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Estamos completamente de acuerdo con la determinación que hace el Tribunal a los efectos de que los hechos que dan lugar al presente recurso constituyen base suficiente para la imposición de responsabilidad por los daños causados a los niños impedidos y sus progenitores. De hecho resulta verda- deramente difícil comprender cómo unos funcionarios públicos son capaces de incurrir en un patrón de conducta que demues-tra tal grado de insensibilidad. El Pueblo de Puerto Rico cier-tamente puede prescindir de los servicios de esa clase de servi-dores públicos.

Concurrimos plenamente con el resultado a que llega una mayoría de los integrantes de este Tribunal, de que procede la reparación de los daños sufridos por la parte demandante-re-currida. No compartimos totalmente, sin embargo, los funda-mentos en que se basa la mayoría para llegar al resultado antes mencionado. Somos del criterio que el análisis realizado para llegar al mismo es uno incompleto; ello debido a que la-mentablemente se incurre en un error de enfoque.

En primer lugar, el Tribunal circunscribe su análisis a una interpretación estatutaria bajo la premisa errónea de que es aplicable a esta situación la “norma de autolimitación judicial” relativa a cuestiones constitucionales; cuya norma en lo pertinente, como es sabido, le impone el deber a un tribunal de abstenerse de entrar a juzgar la validez constitucional de un estatuto cuando le es factible resolver la cuestión planteada por otros fundamentos, la cual claramente no es la situación en el presente caso. La actuación del Tribunal tiene el resul-tado nocivo de limitar la “razón de pedir” de los niños impedi-dos de nuestra patria; “privándolos”, como veremos más ade-lante, de su verdadera y real “base jurídica” para reclamar la educación especial: la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En segundo lugar, el craso error de enfoque cometido lleva al,Tribunal a equivocadamente resolver que la compensación decretada resulta procedente únicamente como consecuencia de la “crasa violación del debido proceso de ley garantizado por las leyes federales y estatales que crean los programas de educación remedial para los niños impedidos” cometida por los funcionarios del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico; esto es, como resultado de la “violación arbitra-ría e injustificada de [los] deberes impuestos” a estos funcio-narios por las mencionadas leyes especiales. (Énfasis suplido.) Op. Tribunal, pág. 603.

En tercer término, el establecimiento de la norma a los efectos de que el incumplimiento o violación, por parte de funcionarios del Estado, de unos deberes que le impone un estatuto constituye “fuente de responsabilidad” en daños y perjuicios puede tener consecuencias sumamente graves y peligrosas para el Estado. Dicha norma abre una “caja de pandora” cuyas posibilidades son ilimitadas al ser la misma aplicada a otras situaciones o áreas del derecho.

I

La See. 5 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Vol. 1, ed. 1982, pág. 271, dispone:

Sección 5. [Instrucción pública]
Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades funda-mentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gra-tuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoria para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sosteni-miento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impe-dirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienes-tar de la niñez.
[Según fue enmendada en las elecciones generales del 4 de noviembre de 1952, ef. Enero 29, 1953.] (Énfasis suplido.)

No obstante, el hecho de que el debate que hubo en la Con-vención Constituyente referente a la aprobación de la antes transcrita disposición constitucional arroja dudas sobre si los “constituyentes” consideraron que estaban incorporando en la Constitución un “derecho” como tal, este Tribunal en Pagan Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 737-738 (1978), reconoció que la referida See. 5 efectivamente consagra como derecho constitucional, y hasta fundamental, el “derecho a la educación”. Recientemente, en Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414 (1985), implícitamente resolvimos que el “derecho a la vida” —derecho inalienable del hombre— consa-grado' por la See. 7 del Art. II de nuestra Constitución a su vez comprende e incluye “derechos fundamentales” tales como el derecho a la educación, el derecho al trabajo o a un empleo, y el derecho a un nivel adecuado de vida.

De manera pues que, según nuestra jurisprudencia, la de-terminación o conclusión a los efectos que el “derecho a la educación” es uno constitucional y fundamental surge del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: en forma expresa de las disposiciones de la See. 5 y, de manera implícita, de las de la See. 7.

Y es que ello tiene que ser asi. En palabras de uno de los señores delegados de la referida Convención Constituyente: “¿De qué vale una carta de derechos si vamos a tener un pueblo que no va a poder leer . . ni entender la misma? Preguntamos nosotros: ¿no corre peligro de ser derrocado un sistema democrático de gobierno mientras permita que un sector de su ciudadanía permanezca en el analfabetismo y la ig-norancia? En los países en que desafortunadamente han do-minado por años las dictaduras, ¿acaso las mismas no han sido, en gran medida, el resultado precisamente del desconoci-miento e ignorancia de las controversias por parte de un gran sector de dichos pueblos? A nuestro juicio, el derecho a la edu-cación en Puerto Rico es uno de rango constitucional y fundamental; Tío cabe otra interpretación. El mismo, en adición, resulta de cardinal importancia para la subsistencia de nues-tro actual sistema de gobierno y para el crecimiento y mejo-ramiento del mismo. No debemos perder de vista que la delin-cuencia y la explotación del menos afortunado precisamente se nutren del analfabetismo y de la ignorancia de un pueblo. No cabe interpretar nuestra Constitución en una forma que fo-mente el discrimen: la falta de fondos para la educación nunca afecta a la clase pudiente; la que siempre resulta perjudicada por ello lo es la clase menos afortunada.

No concebimos la existencia de razón o fundamento alguno que válidamente pueda oponerse al derecho fundamental de nuestros ciudadanos a, por lo menos, recibir una educación básica. Ese derecho, con mayor razón, cobija y protege a nues-tros niños impedidos.

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Acorde con todo lo anteriormente expresado, la verdadera y principal fuente en nuestra jurisdicción para la compensa-ción de daños en casos como el que nos ocupa lo constituye la violación por parte del Estado del derecho, garantizado por nuestra Constitución, que tiene todo ciudadano a una educa-ción; constituyendo una fuente secundaria de responsabilidad la “violación de los deberes” que le impone la Ley Núm. 21 de 22 de julio de 1977 —que creó un Programa de Educación Especial para Niños con Impedimentos— a los funcionarios del Estado. De hecho, lo que hizo la referida ley especial fue “im-plementar” la antes mencionada disposición constitucional, estableciendo unas guías generales y proveyendo unos benefi-cios específicos en relación con los niños impedidos.

Es por ello que somos del criterio que no resulta necesario hacer malabares —como lo hace la opinión mayoritaria— con la citada Ley Núm. 21, forzando una interpretación de la misma con el propósito de alcanzar la conclusión deseada de que procede compensar los daños sufridos por los niños impe-didos como consecuencia del obvio incumplimiento del Estado con la obligación constitucional de proveerles la educación que su condición física requería.

Para poder hacer cumplida justicia en casos como el de autos ni tan siquiera existe la necesidad de recurrir a lo resuelto por este Tribunal en González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125, 133 (1963), a los efectos de que “cuando en una constitu-ción se establece una norma general no se necesita de legisla-ción para implementarla”. (Énfasis suplido.)

Afortunadamente contamos —en adición a la referida dis-posición constitucional— con lo preceptuado por el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, en relación con el cual nuestra jurisprudencia ha reconocido que el concepto de culpa que el mismo contempla es tan “infinitamente amplio como la conducta de los seres humanos e incluye cualquier falta de una persona que produce un mal o daño”. (Énfasis suplido.) Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573, 579 (1982); Gierbolini v. Employers Fire Ins. Co., 104 D.P.R. 853 (1976).

Por otro lado, merece que se enfatice el hecho de que en Puerto Rico el sistema de instrucción pública es uno integral, a nivel nacional, controlado desde un departamento de educa-ción central. En armonía con lo dispuesto por la citada See. 5 del Art. II de nuestra Constitución, ello significa, entre otras, que el Gobierno de Puerto Rico viene en la obligación de pro-veer la misma calidad de enseñanza, y las mismas oportuni-dades, a todo niño de edad escolar, independientemente de su condición física y del lugar o pueblo donde resida.

La importancia de que el derecho de estos niños impedidos a que el Estado le provea una educación especial sea, en lugar de estatutario, uno de rango constitucional —consecuencia de que en nuestra jurisdicción toda persona tiene un derecho constitucional a una educación— resulta obvio. Basta señalar que una ley aprobada por la Asamblea Legislativa puede ser derogada con suma facilidad mediante el voto mayoritario de los componentes de la Asamblea Legislativa; no así nuestra Constitución, la cual únicamente puede ser enmendada me-diante referéndum especial al efecto por el voto mayoritario de nuestro Pueblo. Sec. 1, Art. VII, Constitución del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico. Ello prácticamente garantiza que nuestros niños impedidos siempre tendrán la educación especial que necesitan y merecen.

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Distinto ocurre en la jurisdicción federal. La Constitución de Estados Unidos no garantiza en forma expresa el derecho a la educación. Por otro lado, el Tribunal Supremo federal se ha negado a reconocer el derecho a la educación como uno fundamental. Véanse: San Antonio School District v. Rodríguez, 411 U.S. 1 (1973); Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982); Papasan v. Allain, 54 L.W. 4939 (1986).

En adición a lo antes expresado, debe mantenerse presente que en la mayoría de los cincuenta estados que componen la Unión Americana el sistema de enseñanza no es uno centrali-zado. De hecho, la calidad de la enseñanza —y las oportuni-dades— que se le provee a los estudiantes inclusive puede va-riar de condado (county) a condado dentro de un mismo es-tado. Ello depende de la apropiación de fondos que para el sistema educativo provea no sólo el estado en sí, sino las juntas de los diferentes distritos escolares que controlan o gobiernan la situación en dichos condados. Es por ello que en la ma-yoría de los casos de niños impedidos que requieren educación especial se tiene que acudir a la esfera federal invocándose la Ley Federal de Educación para Niños con Impedimentos, Ley Púb. Núm. 94-142 (20 U.S.C. see. 1400 et seq.). Cf. Plyler v. Doe, ante, teniendo los ciudadanos a su disposición la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1983, para vindicar sus derechos bajo la ley especial. Smith v. Robinson, 458 U.S. 992 (1984). Ello naturalmente por no contarse en esos estados, por lo general, con una disposición constitucional como la contenida en la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico.

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En resumen, somos de la opinion que en nuestra jurisdic-ción —aun cuando no existiera ley especial, federal o local, a esos efectos— un niño impedido de edad escolar puede exigir del Gobierno que le provea educación especial a base de la ga-rantía provista en las Secs. 5 y 7, Art. II, de nuestra Constitu-ción. Dicho niño, en adición, puede reclamar y obtener indem-nización por los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de dicha obligación, fundándose exclusiva-mente en la referida garantía constitucional en interacción con las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil. Nada de lo anteriormente expresado, naturalmente, resulta un obs-táculo para que los niños con impedimentos de nuestro Puerto Rico puedan aprovecharse y reclamar los beneficios específicos que actualmente les provee la Ley Núm. 21 de 22 de julio de 1977.

       Durante el juicio la parte demandante presentó extensa prueba tes-tifical y documental, incluyendo a varios peritos. Por su parte, los deman-dados no presentaron prueba alguna y tampoco contestaron un requeri-miento de admisiones que se dio por admitido.

       Aunque los recurrentes también han cuestionado las cuantías conce-didas como indemnización, sus argumentos no son persuasivos. Rodriguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443 (1985).

      Sobre el particular véanse también: Dunlop v. Bachowski, 421 U.S. 560 (1975); Data, Processing Service v. Camp, 397 U.S. 150 (1970); Barlow v. Collins, 397 U.S. 159 (1970); Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136 (1967).

       En el presente caso se concedió un reembolso de este tipo ascendente a $6,495, el cual no ha sido cuestionado por los recurrentes.

      E1 Art. 12 del Código Civil, 81 L.P.R.A. sec. 12, dispone que “[e]n las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones de este título”. Véase Martínez v. Llavat, 86 D.P.R. 235, 247 (1962).

       Debido a la conclusión del foro de instancia sobre la conducta de los demandados que no ha sido, cuestionada ante nos, no es necesario considerar si la simple negligencia es suficiente para recobrar daños por una causa de acción de este tipo.

      La See. 1983 dispone:
      “Every person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress. For the purposes of this section, any Act of Congress applicable exclusively to the District of Columbia shall be considered to be a statute of the District of Columbia.”

      Esta ley dispone en su parte pertinente que:
      “3. ........
      . . [E]l tribunal podrá dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:
      “(1).
      “(2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o Leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto

       Esta sección dispone en lo pertinente que :
      “. . . In any action or proceeding to enforce a provision of sections 1981, 1982, 1983, 1985, and 1986 of this title, title IX of Public Law 92-318 [20 U.S.C. sec. 1681 et seq.], [42 U.S.C. sec. 2000d et seq.], the court, in its discretion, may allow the prevailing party, other than the United States, a reasonable attorney’s fee as part of the costs.” 42 U.S.C. sec. 1988.
      Esta disposición ha sido interpretada como que sólo permite la conce-sión de honorarios cuando se instan procedimientos judiciales para poner en vigor los derechos civiles allí enumerados. North Carolina Dept. of Transp. v. Crest Street Community Council, 55 L.W. 4001 (1986).

       Diversos tribunales estatales han seguido la norma de conceder honorarios de abogados al ejercer jurisdicción concurrente bajo la Ley Federal de Derechos Civiles. Davis v. Everett, 443 So.2d 1232 (Ala. 1983); Filipino Accountants v. State Bd. of Account., 204 Cal. Rptr. 913 (Cal. App. 1984); Intern. Soc. for Krishna v. Colo. State Bar, 673 P.2d 368 (Colo. 1983); Henderson v. District of Columbia, 493 A.2d 982 (D.C. App. 1985); Logan v. Johnson, 293 S.E.2d 47 (Ga. App. 1982); Stanton v. Godfrey, 415 N.E.2d 103 (Ind. App. 1981); Blessum v. Howard Cty. Bd. of Sup’rs, 295 N.W.2d 836 (Iowa 1980); Wyman v. Inhabitants of Town of Skowhegan, 464 A.2d 181 (1983); Stratos v. Department of Public Welfare, 439 N.E.2d 778 (Mass. 1982); Royer v. Adams, 437 A.2d 316 (N.H. 1981); Ramirez v. County of Hudson, 404 A.2d 1271 (N.J. Super. Ct. 1979); Haussman by Schneider v. Kirby, 468 N.Y.S.2d 375 (A.D. 1983); Morrell v. Com., Unemploy. Comp. Bd. of Rev., 485 A.2d 1214 (Pa. Commw. 1984); O’Connors v. Helfgott, 481 A.2d 388 (R.I. 1984); Lange v. Nature Conservancy Inc., 601 P.2d 963 (Wash. App. 1979); Thompson v. Village of Hales Corners, 340 N.W.2d 704 (Wis. 1983); Board of Trustees, etc. v. Holso, 584 P.2d 1009 (Wyo. 1978).

       En vista de esta conclusión no es necesario determinar en este caso si la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. see. 3524) autoriza la concesión de honorarios de abogados.

       Véase 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1450 (1952).

      En Pagan Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 738 (1978), uno de los puntos principales en controversia lo constituía el derecho a la educación que le asistía al demandante-recurrido. Se resolvió que precisamente por tratarse de un derecho constitucional, el mismo no podía entenderse renun-ciado implícitamente; esto es, que cuando se trata de derechos fundamen-tales, las renuncias a los mismos “deben ser ‘expresas y no presuntas, así como voluntarias y efectuadas con pleno conocimiento de causa’

       Procede que se enfatice que durante el transcurso del presente liti-gio el propio Estado aceptó que el derecho a la educación es uno de rango constitucional, el cual surge de la See. 5, Art. II, de nuestra Constitución. Véase Memorando de Derecho de 12 de julio de 1984, pág. 5, radicado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el cual constituye el exhibit VII del Recurso de Revisión radicado por el Procurador General de Puerto Rico ante este Tribunal.

       Véase, en adición, P. Muñoz Amato, El Derecho a la educación y la libertad académica, 24 Rev. C. Abo. P.R. 463, 468 (1964).

       Sr. Lino Padrón Rivera, 2 Diario de Sesiones, supra, pág. 1468.

       Véase, en general, E. Reutter, The Law of Public Education, 3ra ed., Mineóla, New York, Foundation Press, 1985.