author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Pascual Márquez Vega, etc., demandantes y recurridos, v. Héctor Martínez Rosado, etc., demandados y peticionarios.

      Número: O-84-60

      Resuelto: 15 de mayo de 1985

      Charles De Mier Leblanc, de Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez, abogado de los peticionarios; Rodolfo R. Hernán-dez Ramos, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión dél Tribunal.

El Dr. Héctor Martínez Rosado, especialista en obstetricia y ginecología dedicado a la práctica privada de su profesión, acordó con su paciente privado la Sra. Luz M. Díaz Cruz la realización de una intervención quirúrgica con el propósito de extirparle a ésta su útero y un ovario. A esos propósitos, la señora Díaz Cruz ingresó en el Hospital Lafayette, una de varias instituciones hospitalarias que le habían concedido al doctor Martínez Rosado el “privilegio” de utilizar sus facili-dades para que éste pudiera atender a sus pacientes privados.

Realizada la mencionada intervención quirúrgica, la se-ñora Díaz Cruz, su esposo Pascual Márquez Vega y la socie-dad legal de gananciales compuesta por ambos, radicaron una demanda de daños y perjuicios en contra del doctor Martínez Rosado, el Hospital Lafayette y sus respectivas compañías aseguradoras. En cuanto al doctor Martínez Rosado se alegó que éste, debido a su negligencia y falta de pericia le causó a la señora Díaz Cruz “una fístula vésico vaginal detrás del cuello de la vejiga un poco hacia el lado izquierdo en el trígono vesical” (Ap. 2), lo que le ha causado una seria irregularidad en la eliminación de líquidos de su cuerpo, condición que no ha podido ser corregida a pesar de haber sido sometida a una nueva intervención quirúrgica por parte de un especialista en urología. En lo referente al codemandado Hospital Lafayette, se alegó en la demanda radicada, en síntesis, que dicha insti-tución hospitalaria le es responsable a la parte demandante por cuanto devengó beneficios al permitirle al doctor codeman-dado utilizar sus facilidades para llevar a cabo la citada in-tervención, “actuación tan falta de previsibilidad que desem-boca en negligencia”. (Ap. 3.)

Finalizado el procedimiento de descubrimiento de prueba, el codemandado Hospital Lafayette radicó una solicitud de sentencia sumaria, predicada la misma en su total falta de responsabilidad por lo que alegadamente le había acaecido a la parte demandante. En apoyo de lo anteriormente expre-sado, el Hospital Lafayette esgrimió como argumentos que el doctor Martínez Rosado no era empleado del hospital; que la señora Díaz Cruz era una paciente privada del mencionado facultativo médico, habiendo ingresado al hospital en tal ca-pacidad; que le había concedido al doctor Martínez Rosado el privilegio de utilizar sus facilidades para atender pacientes privados por razón de ser dicho médico uno de reconocida com-petencia y capacidad; y que, según el descubrimiento de prueba realizado, la parte demandante no contaba con prueba alguna que demostrara negligencia por parte del hospital.

En la oposición a la solicitud de sentencia sumaria que radicaron, los demandantes se limitaron a expresar que la res-ponsabilidad del Hospital Lafayette “depende de la negligen-cia que en su día se le imponga al co-demandado Doctor Héctor Martínez Rosado, porque los daños que ocasionó dicho co-demandado pudo haberlos previst[o] el Hospital Laffayette y debido a que éste se benefició económicamente al brindarle sus facilidades a la co-demandante Luz M. Díaz Cruz, paciente del co-demandado Doctor Héctor Martínez Rosado, facilidades que fueron pagadas por ella”. (Énfasis suplido.) (Ap. 31.)

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guaya-ma, mediante resolución al efecto y citando como prece-dente “por analogía” la doctrina establecida por este Tribunal en el caso de Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515 (1979), declaró sin lugar la solicitud de sentencia suma-ria radicada por el Hospital Lafayette. Inconforme, dicho co-demandado acudió ante este Tribunal vía recurso de certio-rari. Expedimos el auto solicitado. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

En las primeras décadas del presente siglo los hospitales eran meramente unas instituciones que proveían unos servi-cios básicos en el cuido "de la salud, no brindando servicios médicos como parte de los mismos. V. R. Fuchs, Who Shall Live?, New York, Basic Books, Inc., Pubs., 1974, pág. 57 et seq.; W. H. Payne, Recent Deveolpments Affecting a Hospital’s Liability for Negligence of Physicians, 18 S. Tex. L. J. 389 (1977). Poco a poco, sin embargo, las instituciones hos-pitalarias fueron ampliando los servicios que rendían al pú-blico, inclusive contratando facultativos médicos como sus empleados. Al así hacerlo, comenzaron a proyectarse hacia la comunidad como una alternativa en momentos de enferme-dad, acostumbrándose el público a percibirlos como un centro de tratamiento médico integral. A. F. Southwick, The Hospital as an Institution — Expanding Responsibilities Change Its Relationship with the Staff Physician, 9 Cal. W.L. Rev. 429, 434-435 (1973); Bing v. Thunig, 143 N.E.2d 3 (N. Y. 1957). Hoy en día es una incuestionable realidad el hecho de que una persona que se enferma tiene la opción de elegir entre acudir a la oficina de un médico privado o encaminarse direc-tamente a un hospital para que dicha institución le provea la atención médica que su caso requiere.

Esta nueva “alternativa” con que cuenta el público —pro-ducto la misma en cierto sentido de los desarrollos tecnoló-gicos habidos y costo de los mismos en el campo de la medi-cina, de las presiones del público consumidor, de la regulación de la “actividad” por parte del estado, y de la complejidad de las nuevas relaciones internas entre hospitales y doctores — ha sido causa en Estados Unidos de un profundo cambio en la doctrina respecto a la responsabilidad que tiene el hospital en relación con los pacientes y los .actos de mala práctica profesional ocurridos dentro de sus facilidades. Hannola v. City of Lakewood, 426 N.E.2d 1187 (Ohio App. 1980); Beeck v. Tucson General Hospital, 500 P.2d 1153 (Ariz. App. 1972); Ybarra v. Spangard, 154 P.2d 687 (Cal. 1944).

A pesar de que hoy en día no existe una regla mayorita-ria bien definida, la tendencia actual en Estados Unidos es hacia la imposición, cada día en mayor grado, de responsabi-lidad a los hospitales. En su consecuencia, encontramos que la doctrina moderna americana tiende a responsabilizar a las referidas instituciones no sólo por los actos negligentes come-tidos por los médicos empleados y agentes de los mismos bajo la teoría de respondeat superior, Comentario, The Hospital-Physician Relationship: Hospital Responsibility for Malpractice of Physicians, 50 Wash. L. Rev. 385 (1975); D. W. Louisell y H. Williams, Medical Malpractice, Nueva York, Ed. Matthew Bender, 1985, Vol. I, Sec. 16.01; Sendjar v. Gonzalez, 520 S.W.2d 478 (Tex. 1975), sino que el hospital puede resultar responsable ante el paciente —bajo la llamada doctrina de “responsabilidad corporativa”— aun por actos negligentes cometidos por médicos a quienes el hospital mera-mente le ha concedido el privilegio de utilizar sus facilidades para atender a sus pacientes privados. M. W. Ellison, The Hospital’s Responsibility for Its Medical Staff: Prospects for Corporate Negligence in California, 8 Pac. L.J. 141 (1977); A. F. Southwick, The Hospital’s Responsibility, publicado en R. M. Goodman y F. L. Tozer, Modern Hospital Liability— Law and Tactics, Nueva York, Ed. Practising Law Institute, 1969, pág. 350; Nota, Hospital Corporate Liability: An Effective Solution to Controlling Private Physician Incompetence?, 32 Rutgers L.J. 342 (1979); E. J. Swan, Hospital Liability for Corporate Negligence, 30 Med. Trial Tech. Q. 275 (1984).

Bajo la referida doctrina de responsabilidad corporativa, por ejemplo, los hospitales han sido adjudicados responsables si no fueron cuidadosos y diligentes al seleccionar y otorgar al médico el referido privilegio, Mauer v. Highland Park Hospital Foundation, 232 N.E.2d 776, 779 (Ill. App. 1967); Anot., 51 A.L.R.3d 981 (1973); E. Hayt, L. Hayt y A. H. Groeschel, Law of Hospital, Physician, and Patient, 2da ed. rev., New York, Hospital Textbook Co., 1952, pág. 88; al hospital no exigir que dichos médicos se mantengan al día me-diante cursos de mejoramiento profesional, Purcell v. Zimbelman, 500 P.2d 335 (Ariz. App. 1972); R. K. Lisko, Hospital Liability under Theories of Respondeat Superior and Corporate Negligence, 47 UMKC L. Rev. 171 (1978); al hospital fallar en no supervisar adecuadamente el trabajo de los re-feridos médicos y, en su consecuencia, no detectar un acto ob-vio de impericia médica o, de así haberlo hecho, no hacer nada al respecto; y, al permitir que continúe utilizando sus facili-dades un médico que ha incurrido en una serie de actos de impericia médica demostrativos de incompetencia profesional. Darling v. Charleston Community Memorial Hospital, 211 N.E.2d 253 (Ill. 1965); Ziegler v. Superior Court of State, etc., 640 P.2d 181 (Ariz. 1982); Purcell v. Zimbelman, ante; Tucson Medical Center, Incorporated v. Misevch, 545 P.2d 958 (Ariz. 1976).

Por último, tenemos que igualmente han sido encontrados responsables los hospitales ante un paciente bajo la doctrina de “autoridad o responsabilidad aparente”; esto es, cuando el paciente ha acudido en primera instancia al hospital en busca de ayuda y ha entendido, o le han dado la impresión, que todos los facultativos médicos que le atienden son empleados del hospital, independientemente de que así lo sean o no. Seneris v. Haas, 291 P.2d 915 (Cal. 1956); Mduba v. Benedictine Hospital, 384 N.Y.S.2d 527 (App. 1976); Mehlman v. Powell, 378 A.2d 1121 (Maril. App. 1977); Grewe v. Mt. Clemens General Hospital, 273 N.W.2d 429 (Mich. 1978); Comentario, op. cit.; Anot., 69 A.L.R.2d 305, 321 (1960).

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En cuanto a la responsabilidad que tienen los hospitales respecto a sus pacientes ha sido, y es, doctrina firme-mente establecida en esta jurisdicción que dichas instituciones le deben a sus pacientes aquel grado de cuidado que ejercería un hombre prudente y razonable en condiciones y circunstan-cias similares. Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031 (1960); Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315 (1963); Soc. de Gananciales, etc. v. Presbyterian Hosp., 88 D.P.R. 391 (1963); Lugo Pérez v. Santo Asilo de Damas, 89 D.P.R. 247 (1963); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973); González v. E.L.A., 104 D.P.R. 55 (1975); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197 (1978); Crespo v. H. R. Psychiatric Hosp., Inc., 114 D.P.R. 796 (1983); Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598 (1984).

Un examen de la referida jurisprudencia revela que en las ocasiones en que este Tribunal ha estimado procedente el imponerle responsabilidad a un hospital por actos de mala práctica profesional respecto a pacientes recluidos en el mismo, siempre ha mediado negligencia por parte de empleados de la institución; en su consecuencia, la responsabilidad del hospital ha estado predicada en la doctrina de responsabilidad vicaria. Véase el Art. 1803 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5142.

Ahora bien, los mismos acontecimientos que han causado que la doctrina americana respecto a la responsabilidad de los hospitales haya evolucionado a pasos agigantados se han hecho sentir en nuestra jurisdicción. Nuestra doctrina, en su con-secuencia, ha ido igualmente desarrollándose. Así, por ejem-plo, en Hernández v. Asoc. Hosp. del Maestro, 106 D.P.R. 72, 80, 81 (1977), expresamos que este Tribunal reconocía “que los hospitales han ido asumiendo una responsabilidad creciente en relación con la calidad de los servicios rendidos por los médicos de su facultad” y que, por lo tanto, las juntas directoras de dichas instituciones “deben velar por que los mecanismos que aseguren la calidad del cuidado de los pacien-tes sean establecidos y mantenidos celosamente”. En Núñez v. Cintrón, ante, pág. 605, expresamos que la “visión tradi-cional de concebir a un hospital como simplemente una estruc-tura dotada de facilidades físicas, personal y equipo para la práctica del arte de la medicina se ha ido desvaneciendo”, y que desde “años recientes el deber de cuidado hacia el paciente no sólo corresponde a su médico sino al hospital”.

Ello no obstante, nunca antes nos habíamos enfren-tado a un caso, como el presente, donde se alega que el acto de impericia médica es atribuible únicamente a un médico que no es empleado del hospital y en que la institución hospitalaria, alegadamente, está totalmente ajena a la negligencia supues-tamente cometida por el médico. Debemos resolver, en especí-fico, cuál es la responsabilidad de un hospital, si alguna, por actos de impericia médica cometidos exclusivamente por un médico, no empleado del hospital, al cual facultativo la insti-tución le ha concedido el privilegio de utilizar sus facilidades para atender sus pacientes privados.

Somos del criterio que la correcta solución del problema estriba en definir a quién el paciente le ha confiado —en pri-mera instancia y de manera principal— el cuidado de su salud: al hospital o al médico. Grewe v. Mt. Clemens General Hospital, ante; A. J. Bueres, Responsabilidad Civil de los Médicos, Buenos Aires, Ed. Abaco de Rodolfo Depalma, 1979, págs. 48, 125-131.

En la primera alternativa, o sea, aquélla en que la persona acude directamente a la institución hospitalaria en busca de ayuda médica y el hospital le “provee” a ésta los facultativos médicos que lo atienden, nos inclinamos hacia la imposición de responsabilidad solidaria al hospital en unión al médico, no empleado, responsable del acto de impericia mé-dica. Grewe v. Mt. Clemens General Hospital, ante. Bajo este cuadro de hechos, somos de la opinión que no hace dife-rencia alguna que el doctor que atienda al paciente sea o un empleado propiamente del hospital, o uno a quien el hospital le haya concedido una “franquicia” para brindar servicios mé-dicos especializados a los pacientes del mismo, o uno que es miembro de la facultad (staff) del hospital y a quien éste llama en consulta para atender al paciente, etc. Mehlman v. Powell, ante; Hannola v. Lakewood, ante, págs. 1190-1192; Nota, Independent Duty of a Hospital to Prevent Physicians’ Malpractice, 15 Ariz. L. Rev. 953, 967 (1973).

En primer lugar, en esta clase de situación el hospital es el que “provee” el servicio del médico en particular, no tenien-do el paciente usualmente opción o participación alguna en dicha selección. Mehlman v. Powell, ante; Mduba v. Benedictine Hospital, ante; Restatement (Second) of Torts Sec. 429. Hasta cierto punto se puede afirmar que en esta clase de si-tuación el hospital le está “garantizando” al paciente que ese doctor, o cualquiera otro que lo atienda bajo esas circunstan-cias, es uno competente y apto para prestarle ayuda médica. Posiblemente debido a esa “garantía implícita” por parte del hospital es que el paciente acude a esa institución en particular y no a otra o a un médico en su oficina privada. Hannola v. City of Lakewood, ante; Beeck v. Tucson General Hospital, ante; Goodman y Tozer, op. cit., págs. 329-332. En se-gundo término, desde el punto de vista del paciente, a quien él tiene “de frente” es a la institución como tal, no a médicos dis-tintos e independientes los unos de los otros y del hospital. En otras palabras, frente al paciente que llega a sus predios y a la comunidad en general, el hospital hoy en día se proyecta como una institución de servicios médicos completos y no como una estructura donde habitan profesionales de la salud que no tienen nada que ver los unos con los otros. Bajo estas cir-cunstancias no es irrazonable el aplicar la doctrina de “auto-ridad o responsabilidad aparente”. Núñez v. Cintrón, ante; Cf. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985); Magwood v. Jewish Hospital & Med. Ctr., etc., 408 N.Y.S.2d 983 (1978); Beeck v. Tucson General Hospital, ante; Purcell v. Zimbelman, ante; Tucson Medical Center, Incorporated v. Misevch, ante; Hospital Corporate Liability: An Effective Solution, op. cit., pág. 358; Payne, op. cit., págs. 398-399; D. J. Slawoski, Do the Courts Understand the Realities of Hospital Practices?, 22 St. Louis U.L.J. 452, 457-458 (1978). En ter-cer lugar, no hay duda de que cuando el “paciente” acude directamente al hospital la relación principal que se establece es entre éste y la administración del hospital. En esa situación, el médico es considerado un auxiliar del hospital, y la institu-ción debe responder por el daño causado por el médico. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, págs. 374-375. Por último, a pesar de que el médico no empleado pudiera ser considerado como un “contratista inde-pendiente”, no hay duda de que el hospital resulta principal-mente beneficiado por la labor que realiza el médico, por lo que entendemos que la institución debe responder por los actos negligentes de aquél. Cf. Martinez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515 (1979).

Bajo la segunda alternativa —aquélla en que la persona va directamente donde el médico a su oficina privada, acuerda con éste sobre el tratamiento a recibir, y acude a un hospital en particular por recomendación del médico, meramente debido a que dicha institución hospitalaria es una de varias donde el doctor que ha escogido tiene el privilegio de utilizar las facilidades de la misma— la situación es un tanto diferente. Bajo este cuadro de hechos la relación principal que se establece es entre el “paciente” y el médico, siendo de carác-ter suplementaria e incidental aquella que se crea entre el paciente y el hospital. En esta situación el hospital, como regla general, no debe responder por el acto negligente exclu-sivo del médico no empleado, a quien en primera instancia y de manera principalísima el paciente confió el cuido de su salud.

No obstante lo anteriormente expresado, razones de política pública exigen que, aun en esta clase de situaciones, se le imponga al hospital la obligación continua de velar por la salud de sus pacientes a través de: (a) una cuidadosa selección de los médicos a quienes, en la forma que sea, les ha conferido el privilegio de utilizar sus facilidades; Johnson v. Misericordia Community Hospital, 294 N.W.2d 501 (Wis. App. 1980); Mitchell County Hospital Authority v. Joiner, 189 S.E.2d 412 (Ga. 1972); Pederson v. Dumouchel, 431 P.2d 973 (Wash. 1967); Mauer v. Highland Park Hospital Foundation, ante, págs. 776, 779; Anot., 51 A.L.R.3d, ante; Hayt, Hayt y Groeschel, op. cit., pág. 88; (b) exigiendo que dichos médicos se mantengan al día a través de cursos de mejoramiento profesional; Purcell v. Zimbelman, ante; Lisko, op. cit; (c) “manteniéndose al tanto” (monitoring) del trabajo de los referidos médicos e interviniendo, cuando ello sea posi-ble, ante un acto obvio de impericia médica por parte de los mismos; Fridena v. Evans, 622 P.2d 463 (Ariz. 1981); González v. Nork, 131 Cal. Rptr. 717 (App. 1976); Corleto v. Shore Memorial Hospital, 350 A.2d 534 (N.J. 1975); Darling v. Charleston Community Memorial Hospital, ante; Ziegler v. Superior Court of State, etc., ante; Purcell v. Zimbelman, ante; Tucson Medical Center, Incorporated v. Misevch, ante; Ellison, op. cih, pág. 142; (d) descontinuan-do el privilegio concedido ante repetidos o crasos actos de mala práctica por parte de uno de esos médicos; Johnson v. Misericordia Community Hospital, ante; Swan, op. cit.; y (e) manteniéndose razonablemente al día en cuanto a los adelan-tos tecnológicos habidos. Elam v. College Park Hospital, 183 Cal. Rptr. 156 (App. 1982); Southwick, The Hospital’s Responsibility, op. cit., pág. 358. Hospital Corporate Liability: An Effective Solution, op. cih, págs. 356-375. Y es que se puede afirmar que un hospital que así no actúe prácticamente es responsable, por “complicidad”, del acto de impericia mé-dica cometido en sus facilidades por el doctor con su paciente privado. En síntesis, como expresáramos en Núñez v. Cintrón, ante, pág. 605, la tendencia moderna es a considerar que “el deber de cuidado hacia el paciente no sólo corresponde a su médico sino al hospital”.

Las leyes y reglamentos vigentes en nuestra jurisdicción relativos a esta materia fomentan esta nueva visión y enfo-que. Así, por ejemplo, tenemos que se exige que la “facultad médica” de un hospital deberá establecer y exigir unos requisi-tos mínimos para poder formar parte de la misma, y que los organismos directivos de los hospitales deberán “ejerce [r] el debido cuidado en la selección de los médicos a quienes se autorice a ejercer en el hospital”, 24 R.&R.P.R. sec. 18-92; que los médicos deberán renovar cada tres (3) años su licen-cía, ello de acuerdo con los cursos sobre educación continua que se les requiere, 20 L.P.R.A. sec. 52c; estando inclusive el Secretario de Salud facultado para (a) censurar, (b) poner a prueba, (c) suspender o revocar la licencia de una institu-ción hospitalaria, (d) requerir la instrumentación de mejoras o facilidades, ello como consecuencia de casos de impericia médica cometidos en dichas instituciones, 24 L.P.R.A. sec. 333g-l; y establecer, inclusive, que cualquier persona que diri-ja una institución hospitalaria que viole los requisitos exigi-dos por las leyes y reglamentos relativos a esta materia será culpable de delito menos grave, 24 L.P.R.A. sec. 333n, y en ciertas circunstancias, de delito grave, 20 L.P.R.A. sec. 39.

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De acuerdo a los hechos del presente caso, los cuales no están en controversia, la codemandante Luz M. Díaz Cruz era una paciente privada del Dr. Héctor Martínez Rosado. La re-ferida dama acudió al Hospital Lafayette por razón de la re-comendación que a esos efectos le hiciera el citado galeno ya que dicho hospital era una de las instituciones hospitalarias que le había concedido a aquél el privilegio de utilizar sus fa-cilidades para atender pacientes privados. Alegadamente la señora Díaz Cruz fue víctima de un acto de impericia médica por parte del doctor Martínez Rosado. No hay alegación al-guna respecto a supuestos actos de negligencia cometidos por personal del Hospital Lafayette.

Conforme la norma establecida en el presente caso, un hospital no responde por un acto exclusivo de negligencia de un médico no empleado cometido en la persona de su paciente pri-vado a menos que la institución hospitalaria hubiera sido “ne-ligente” al concederle —y mantenerle— al doctor el privilegio de utilizar sus facilidades para atender pacientes privados, o cuando no hubiera intervenido para evitar, de ello ser posi-ble, el mencionado acto de impericia médica, o cuando las fa-cilidades y equipo del hospital hubieran tenido relación con el acto de impericia alegadamente cometido.

Como hemos visto, en el presente caso se trata de un pro-fesional de la salud obviamente cualificado que, inclusive, ha sido profesor en su especialidad y quien no tiene historial al-guno de actos previos de mala práctica profesional. En se-gundo término, tenemos que el acto de impericia que se im-puta es uno, que de haber sido cometido, no podía haber sido evitado por el hospital ya que el mismo alegadamente ocurre en el transcurso de la intervención quirúrgica practicada por el doctor Martínez Rosado en la persona de la señora Díaz Cruz. Por último, el alegado acto de impericia tampoco tiene nada que ver con que el equipo y facilidades con que contaba el Hospital Lafayette en ese momento fuera inadecuado.

Por las razones antes expresadas, procede revocar la reso-lución de fecha 22 de diciembre de 1983 emitida por el tribunal de instancia en el presente caso. Se dictará sentencia desestimatoria de la demanda radicada en cuanto al codeman-dado y recurrente Hospital Lafayette.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado sin opinión.

       Surge de la solicitud que radicara el doctor Martínez Rosado ante el Hospital Lafayette con el propósito de que se le permitiera el utilizar sus facilidades para atender pacientes privados que el referido doctor se gra-duó de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico en el año 1962, habiendo realizado su “internado” en el Hospital Universitario del Centro Médico de P. R.; que la residencia en obstetricia y ginecología la realizó en el referido Hospital Universitario de 1963 a 1966, habiéndole sido concedida su licencia para practicar la medicina en P. R. en el año 1966; fue profesor en el Hospital Municipal del Centro Médico de 1966 a 1971; el doctor Martínez Rosado -es un Diplomado por la Academia de Obstetricia y Ginecología por razón de haber aprobado los exámenes (Boards) correspondientes; por último, para la fecha de los hechos a que se contrae la demanda —1982— en adición al Hospital Lafayette, tenía privi-legios para atender pacientes privados en varios hospitales de Puerto Rico.

      Hon. Carlos J. Rodríguez De Jesús, Juez.

      La parte recurrente sometió el recurso por los fundamentos ex-puestos en la petición de certiorari que radicara. La parte demandante y recurrida sometió el mismo por los fundamentos expuestos en la resolución que dictara el tribunal de instancia.

       Tales como alojamiento, comidas y servicio de enfermería.

      Hoy en día rinden servicios en un hospital médicos que son em-pleados de la institución; médicos que aun cuando no son empleados propia-mente del hospital, son miembros de la facultad (staff) y como tales no sólo están autorizados a practicar su profesión en el hospital respecto a sus pacientes privados, sino que están sujetos a ser llamados “en consulta” por el hospital respecto a cualquier paciente del mismo; médicos a quienes el hospital les ha concedido una especie de “franquicia” para operar con ex-clusividad un servicio médico especializado dentro de la institución; y mé-dicos a quienes el hospital les ha concedido el privilegio de utilizar sus fa-cilidades para atender sus pacientes privados, etc. Véase a E. Hayt, L. Hayt y A. H. Groeschel, Law of Hospital, Physician, and Patient, 2da ed. rev., Nueva York, Hospital Textbook Co., 1952, págs. 88-97.

      Es un dato sumamente interesante el que en sus comienzos la doc-trina americana consideraba que las instituciones hospitalarias eran in-munes a demanda en daños y perjuicios por actos de negligencia cometidos, inclusive, por médicos que eran sus empleados. En algunas jurisdicciones de Estados Unidos se resolvió que por ser el conocimiento de los médicos uno sumamente especializado no era posible “controlar” el juicio de un mé-dico, razón por la cual el hospital no era responsable. Véanse a manera de ejemplo: Arkansas Midland R. Co. v. Pearson, 135 S.W. 917 (Ark. 1911) y Norton v. Hefner, 198 S.W. 97 (Ark. 1917).

      Ya hayan sido éstos médicos u otro personal del hospital.

       Caso en que el hospital demandado había suspendido al doctor de su “facultad médica”, retirándole el privilegio de utilizar sus facilidades, de-bido a alegados actos por parte del médico constitutivos de negligencia.

       Caso donde este Tribunal resolvió que habían sido negligentes en el tratamiento de un paciente tanto el hospital, por conducto de sus empleados, como el médico cirujano a quien el hospital le había concedido el privilegio de uso de sus facilidades.

       Ello sin perjuicio de la causa de acción que pueda tener el hospital contra el médico responsable del acto de impericia alegadamente cometido.

      E1 fundamento utilizado por el tribunal de instancia en la resolu-ción objeto de este recurso —la aplicación, por analogía, a los hechos del presente caso de nuestra decisión en Martinez v. Chase Manhattan. Bank, 108 D.P.R. 515 (1979), a los efectos del “beneficio económico” recibido por el hospital— no puede sostenerse por, entre otras, dos razones. En primer lugar, el hacerlo significaría imponerle responsabilidad en todo caso a los hospitales por cuanto dichas instituciones usualmente reciben beneficios económicos en relación con todos sus pacientes. En segundo término, como sabemos el caso citado trata sobre el beneficio que recibe el principal en re-lación con el trabajo realizado por el contratista independiente. Bajo la alternativa ahora en discusión —donde el paciente acude en primera instan-cia al médico y luego acude al hospital por recomendación del médico— el principal sería precisamente el médico y el hospital vendría siendo el “con-tratista independiente”.

       “Regla, Reglamentación y Normas para la Construcción, Funciona-miento y Mantenimiento de Hospitales”, Reglamento 319 de 19 de septiem-bre de 1957. Véase 24 R.&R.P.R. sec. 18-1 et seq.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Carácter Público de los Expedientes Originados en Solicitudes de Admisión al Ejercicio de la Abogacía. (4 L.P.R.A. sec. 721.)
    Número:-

      Resuelto: 15 de mayo de 1985
   RESOLUCIÓN

En nuestra función rectora constitucional de reglamentar los requisitos y trámites referentes a la admisión y el ejercicio de la abogacía, estimamos de rigor un pronunciamiento que reitere la norma y práctica siempre reconocida del carácter público de los expedientes individuales de los abogados, accesibles, previa solicitud escrita, de persona con interés legítimo.

Toda certificación sobre información contenida en un expediente o récord oficial individual obrante en la Secretaría, que existe de todo abogado admitido al ejercicio de la profesión, es de carácter público. Ese expediente, se origina mediante solicitud de un aspirante al Tribunal Supremo al amparo de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939 (4 L.P.R.A. sec. 721). Dicho expediente contiene la documentación y datos relativos y pertinentes al trámite de admisión y el cumplimiento de los demás requisitos legales y reglamentarios necesarios, inclusive las certificaciones oficiales de la Junta Examinadora sobre la aprobación o no de la reválida. Al mismo se suman autorizaciones al ejercicio de la notaría, decretos y otras providencias de importancia emitidas por el Tribunal con relación a cada abogado. Desde cualquier perspectiva —legal, reglamentaria y oficinesca— el carácter de documento público, bajo custodia de la Secretaría, es incuestionable.

El expediente individual de cada abogado goza de las ca-racterísticas de que son formados por documentos que por ley y reglamento se requiere que sean llevados y mantenidos como constancia o evidencia del descargo de este Tribunal de su facultad de reglamentar el ejercicio de la abogacía. La etapa de solicitud formal inicial, la publicación de edictos, resul-tados de reválida, recomendación sobre buena reputación y ju-ramento son constancias de requisitos que es menester perpe-tuar. La naturaleza pública de que está revestida la abogacía impide cualquier otra conclusión.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Secretaria General.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    José Amy Angulo, demandante y recurrido, v. Administración del Deporte Hípico y Junta Hípica de Puerto Rico, demandados y peticionarios.

      Número: O-84-813

      Resuelto: 17 de mayo de 1985

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peti-cionario; Manuel D. Herrero García, de Herrero, Castro y Porrata-Doria, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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Ante la opinión pública del estado de New York trascen-dió un escándalo de grandes proporciones, que involucró a al-gunos jinetes en el “arreglo de carreras” para propiciar de-terminados resultados. Tales irregularidades ocurrieron entre el 1974 al 1975. Se formularon acusaciones en el foro federal, que imputaban a varias personas su participación e instiga-ción en prácticas ilícitas relacionadas con el hipismo en dicho estado. José Amy Angulo, jinete puertorriqueño imputado, solicitó y obtuvo inmunidad federal. Le fue conferida por el Departamento de Justicia federal, el 12 de septiembre de 1979. A cambio de ello, se convirtió en testigo principal del Estado en el caso criminal instado. Concluido el mismo, Amy Angulo, fue citado a comparecer compulsoriamente ante la Comisión Hípica de New York.

Esta entidad había iniciado una investigación sobre los mismos hechos. Durante el juicio criminal se vinculó a Amy Angulo con las prácticas ilícitas bajo investigación. United States v. Errico, 635 F.2d 152 (1980). Fue citado a compa-recer por la importancia que revestía su testimonio. La Comi-sión de New York le citó para inquirirle sobre ese extremo. Compareció. Al ser abordado con preguntas específicas sobre su participación en las prácticas ilícitas antes aludidas, in-vocó el privilegio contra la autoincriminación bajo la Quinta Enmienda de la Constitución federal. La Comisión instó ac-ción judicial para compelerle a responder a las preguntas. Dicho caso concluyó en el Tribunal Supremo de New York del Primer Distrito Judicial, el cual resolvió que Amy Angulo no venía obligado a testificar, fundado en la duda de si su inmu-nidad era de uso o transaccional. Véase Application of Van Lindt, 440 N.Y.S.2d 969 (1981).

Aun así, en el 1980, la Comisión Hípica de New York, de-cidió suspenderle indefinidamente su licencia como jinete en dicha jurisdicción, por las siguientes razones:

In light of Amy’s refusal to testify, he thereby failed to demonstrate his good faith. Our Board questions Amy’s rehabilitation and would object to his being licensed by any jurisdication [sic] until he acts in good faith to resolve this matter. (Énfasis suplido.) Exhibit II, pág. 3.

En 1982, por imperativo circunstancial, Amy Angulo re-gresó a Puerto Rico. Solicitó licencia para montar ejemplares al Administrador del Deporte Hípico, Juan A. Alves. El 18 de noviembre de ese año, el Administrador la denegó. Expresó:

Su solicitud de licencia de Jinete ha sido recibida. Puerto' Rico funciona a base de reciprocidad con los Estados Uni-dos en materia de hipismo.
De acuerdo a su expediente, usted no es elegible para con-ced[é]rsele licencia de jinete en el Estado de New York a pesar de que anteriormente tenía licencia de jinete en dicho estado.
Tenemos información de que ésta le fue suspendida inde-finidamente en 1980. Es necesario para considerar su solici-tud en Puerto Rico que traiga usted un certificado de “Good Standing” de el ultimo hipódromo en que participó. Dicho certificado no ha sido producido. (Énfasis suplido.) Exhibit I, pág. 1.

Amy Angulo recurrió a la Junta Hípica. El miembro aso-ciado, Frank Santaella se inhibió. El otro, Luis M. García Passalacqua, opinó separadamente que la Junta carecía de jurisdicción y por ende confirmaría al Administrador. De otra parte, el presidente del cuerpo, Lie. Jorge F. Romany, emitió opinión separada en la que expresó su inconformidad con la posición asumida por el Administrador Hípico. En vista de la composición de la Junta, división de criterios e inhibición de uno de sus miembros asociados, la decisión del Administra-dor fue confirmada el 4 de febrero de 1983. Una reconsidera-ción fue denegada. Acudió el peticionario al Tribunal Superior, Sala de San Juan, mediante recurso de certiorari. El 7 de septiembre de 1983, dicho foro dictó sentencia confirma-toria. Aun así, el dictamen judicial intimó que la Junta Hí-pica tenía jurisdicción para entender en la apelación incoada. Apoyado en esa disgresióñ, Amy Angulo pidió reconsidera-ción. Adujo que la Junta no había pasado juicio en los méritos sobre su apelación, debido a que uno de sus miembros enten-día que dicho cuerpo carecía de jurisdicción. El tribunal re-consideró. Refirió el caso nuevamente a la Junta Hípica.

Allí, lamentablemente, se produjo la misma situación anterior. Santaella se inhibió. García Passalacqua, confirmó al Administrador Hípico. Esta vez trajo a colación una comuni-cación de uno de los miembros de la Comisión Hípica de New York, quien aparentemente fue consultado sobre la posible concesión de una licencia bajo probatoria al recurrido, para montar en Puerto Rico. Existe prueba en los autos que tiende a sugerir un interés de esa Comisión en el proceso delibera-tivo local. El presidente del cuerpo, licenciado Romany, nue-vamente reafirmó que revocaría al Administrador Hípico. Manifestó que Amy Angulo era merecedor de una segunda oportunidad, atendido el tiempo transcurrido de diez (10) años desde los hechos y cuatro (4) de su suspensión como ji-nete. El 3 de enero de 1984, por división de criterios, se sos-tuvo una vez más la decisión del Administrador Hípico. Nue-vamente Amy solicitó y le fue denegada una reconsideración. Recurrió otra vez al Tribunal Superior, Sala de San Juan. En esta ocasión, dicho foro, previo examen de la prueba y escritos de las partes, dictó sentencia el 25 de septiembre de 1984, que ordenaba al Administrador Hípico que le expediese una li-cencia de jinete una vez cumplidos los demás trámites ad-ministrativos requeridos por la ley y reglamentos. El tribunal destacó varios aspectos, que bajo el crisol de la Constitu-ción, configuraban un agravio impermisible. En primer tér-mino, observó que Amy Angulo satisfacía todos los requisitos consignados en el Art. 7(2) de la Ley Hípica, a saber:

... El Administrador Hípico no concederá licencias de en-trenador, cuadrero, ayudante de cuadrero y jinete a persona alguna que no compruebe, mediante certificación mé-dica obtenida en una unidad de Salud Pública, que está en buenas condiciones de salud. El Administrador Hípico no concederá licencia alguna a personas que hubiesen sido con-victas por tráfico, posesión o uso de drogas narcóticas o [sustancias controladas o de cualquiera otras o por cual-quier delito felony] que implique depravación moral. 15 L.P.R.A. sec. 187(2).
En segundo lugar, estimó —bajo el supuesto de existir re-ciproeidad— que la misma no podía prevalecer contra los de-rechos constitucionales de Amy Angulo, a un debido proceso de ley, a no ser privado absoluta e irrazonablemente de su propiedad en términos de su empleo, a su derecho inalienable a procurar su sustento y el de su familia y a no ser castigado cruelmente mediante una pena indefinida y desproporcionada a la ofensa cometida. A solicitud del Administrador Hípico acordamos revisar.

II

La adjudicación del presente caso suscita variadas y com-plicadas cuestiones de índole constitucional, las cuales bajo una norma de sabia abstención, se pueden superar sin necesi-dad de un decreto sobre el particular. Milán Rodriguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618-619 (1981).

Examinada la suspensión de Amy Angulo por la Comisión Hípica de New York, notamos que la misma constituyó un ataque colateral al dictamen emitido por el Tribunal Supremo del Primer Distrito Judicial de dicho Estado. Advertimos que el peticionario obtuvo la protección de ese Tribunal a los efec-tos de no declarar. La sanción impuesta pretende compelerle a declarar en violación a su derecho constitucional a la no autoincriminación que se le reconoció. Véase Application of Van Lindt, supra, pág. 972.

Ello configura a su vez una situación peculiar. Amy Angulo no ha sido convicto. Tampoco se le ha celebrado vista alguna donde se le haya condenado por haber incurrido en prácticas ilícitas relacionadas con el hipismo en Puerto Rico o en el exterior. En este sentido, no es pertinente la discusión relativa al Art. 225, inciso 7 del Reglamento Hípico (Exhibit XII, pág. 43.), en cuanto sanciona a los jinetes por la comisión de faltas en hipódromos del exterior. Igual situación plantea el Art. 238 del mismo reglamento (Exhibit XII, pág. 44.), al disponer que si se suspende un jinete local en el ex-tranjero, ipso facto se le cancela su licencia en Puerto Rico por el término de la suspensión en el exterior. Los autos están saturados de menciones que por vía de referencia aluden a dicho supuesto. Ello no es suficiente para una denegatoria de licencia. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 428, 432 (1966). Repetimos, el peticionario no ha sido sus-pendido por razones compatibles con el mandato del Tribunal Supremo del Primer Distrito Judicial. En tal sentido, en el descargo de nuestra función judicial de convalidación de aque-llos actos ejecutados bajo la cláusula de entera fe y crédito (full faith & credit) es nuestro deber darle pleno reconoci-miento y validez a tal decisión. Roth v. Roth, 99 D.P.R. 25, 28-29 (1970); Lichtig v. Lichtig, 81 D.P.R. 737, 742-745 (1960). No ocurre lo mismo, sin embargo, con la suspensión emitida por la Comisión Hípica de New York. Hemos hecho claro que no pueden hacerse valer en Puerto Rico sentencias, dictámenes o decretos que hayan sido efectuados en violación al debido proceso de ley, aun cuando tales actos estén concebi-dos en relación con otras jurisdicciones domésticas. Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983); Ef. Litografícos v. Nat. Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389, 403 (1982). La cláusula de “entera fe y crédito” consagrada en la sección primera del Art. IV de la Constitución federal “[n]o opera ex proprio vigore . . . está sujeta a excepciones”. Roseberry v. Registrador, supra, pág. 747.

Después de todo, el debido proceso de ley, encarna la esencia de nuestro sistema de justicia. Su prédica compendia elevados principios y valores que reflejan nuestra vida en sociedad y el grado de civilización alcanzado. Es herencia de nuestros antepasados, fruto de nuestro esfuerzo colectivo y nuestra vocación democrática de pueblo. Preámbulo a la Constitución del Estado Libre Asociado; 2 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1101, 1104, 1501-1509 (1952); 3 Diario de Sesiones, supra, págs. 1571, 1626-1628, 1696, 2296; 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2345-2347, 2356, 2430, 2448, 2565, 2572.

El derecho a un empleo, esto es, a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las constituciones conocidas. El destino incierto de la frustrada See. 20 de nuestra Constitución, late entre aquellos derechos que aunque no se mencionan expresamente en el texto, el pueblo se reserva frente al poder político creado. Véanse: Constitución de Estados Unidos de América, Emda. Art. IX; Constitución del Estado Libre Asociado, Art. II, Sec. 19; Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791, 794-795 (1973). 4 Diario de Sesiones, supra, págs. 2530-2532, 2539-2543, 2575-2577. En efecto, la Convención Constituyente tuvo muy presente expandir el alcance del concepto “vida” como derecho inalienable del hombre. Uno de sus ilustres delegados, expresó en aquella ocasión la siguiente visión:

... La palabra “vida” contiene toda una serie de derechos aparte del de la simple respiración, que no están incluidos necesariamente en la palabra “libertad” ni en la palabra “propiedad”. O sea, de eliminarse la palabra “vida” de esta frase tan consagrada en la historia de este gran dere-cho, se estaría haciendo un cambio fundamental en cuanto [a eso], principalmente ahora que se está expandiendo el área de los derechos humanos y ahora que se está recono-ciendo una segunda carta de derechos a la anterior clásica, tipo siglo XVII, y se están significando como derechos del hombre también en este documento, el derecho a la educa-ción, el derecho al trabajo, el derecho a un nivel adecuado de vida.
Todos estos derechos que abonan y que son necesarios para el debida desenvolvimiento de la personalidad humana están comprendidos fundamentalmente en la palabra “vida”. Y es la cláusula de debido proceso de ley, ciertamente, él principal escudo histórico para su defensa. (Énfasis supli-do.) (Hon. José Trías Monge), 2 Diario de Sesiones, supra, págs. 1503-1504.

Sobre este último extremo, al igual que el foro de instancia, nos preocupa el impacto de la pena impuesta —suspensión indefinida— con los medios de subsistencia de Amy Angulo. En la vista declaró que no sabía realizar ningún otro oficio al de montar caballos. Durante cuatro (4) años ha permanecido privado de su única fuente principal de ingresos. De ordinario ello afecta a terceros inocentes, como los miembros del núcleo familiar, cédula vital de nuestra comunidad. La pena indefinida podría constituir y convertirse propiamente en un castigo cruel e inusitado, proscrito por la Constitución. Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901 (1951). En el ejercicio de esta última función, nos compete velar porque, conforme el Art. II, Sec. 12 de nuestra Constitución, no se impongan castigos crueles e inusitados. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985). Así, hemos rechazado “la tesis de castigo perpetuo” en nuestra jurisdicción. García v. Luciano, 115 D.P.R. 628, 631 (1984).

La importancia de lo expuesto no puede subestimarse. La disparidad impermisible en la aplicación de la pena lo com-prueba. Pueblo v. Pérez Zayas, supra. La comparación de las sanciones impuestas a los jinetes Amy Angulo y Jacinto Váz-quez, arroja que este último fue suspendido sólo un (1) año en relación con los mismos hechos. (Véase voto separado emi-tido por el Presidente de la Junta Hípica, Lie. Jorge F. Romany.) La celebración de una vista donde pudieran esclare-cerse las interrogantes que pudiera haber suscitado la con-ducta de Amy Angulo en 1974, se confrontan con el trans-curso del tiempo. Han pasado once (11) años. Al momento de los sucesos tenía diecinueve (19) años. La pretensión de con-vertir tal conducta en esquema moral contemporáneo de sus atributos éticos, se aproxima peligrosamente al ámbito de la arbitrariedad y por ende, podría conducir a un resultado irra-zonable. La integridad y solvencia moral del peticionario no ha sido cuestionada, ni rebatida en el proceso, fuera de tal incidente aislado. Véase Morales Merced v. Tribunal Superior, supra, págs. 430-432.

Aunque inconcluso, Amy Angulo rindió un servicio a la sociedad mediante el testimonio ofrecido.

En las circunstancias fácticas expuestas, la suma total de señalamientos e interrogantes apuntan hacia la confirmación de la sentencia recurrida.

       La redacción final de la Sec. 7 de la Carta de Derechos consagró así su reconocimiento:

        “Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual pro-tección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenen-cias no sujetas a embargo.” (Énfasis suplido.)


author: per curiam:

text:
      In re César Echevarría González, querellado.
    Número: MC-85-7

      Resuelto: 21 de mayo de 1985

      Américo Serra, Procurador General Interino, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; César Echevarría González, pro se.

   per curiam:

El abogado César Echevarría González fue admitido a la práctica de la abogacía por este Tribunal el 11 de diciembre de 1975, y al ejercicio del notariado el 6 de fe-brero de 1976.

Con fecha de 14 de enero de 1985 el Fiscal de Distrito de Ponce envió al Procurador General fotocopia de una declara-ción jurada tomádale al licenciado Echevarría González en el curso de una investigación relacionada con los delitos de apropiación ilegal agravada y posesión y traspaso de docu-mentos falsificados, en relación con varios vehículos de motor. De dicha declaración se desprende que los traspasos fraudulentos fueron notarizados por el declarante sin que las personas que figuraban como vendedores hubieran compare-cido ni firmado ante dicho notario, ni fueran conocidos por éste.

El 28 de febrero de 1985, al ser notificado este Tribunal sobre dichas actuaciones del notario mencionado, le requeri-mos mostrar causa por la cual no deba ser separado del ejer-cicio del notariado. Ha comparecido y admite las faltas come-tidas. Aduce a su favor que fue sorprendido en su buena fe por el supuesto adquirente de los vehículos, a la sazón Algua-cil del Tribunal Superior, Sala de Ponce, Sr. Francisco Guz-mán, quien era su amigo y persona de su confianza. Protesta de la sanción intimada en nuestra resolución sobre mostración de causa, diciendo:

Que entiende esto no debe ser así por creer de forma con-vincente de que su falta no se debió a interes [síc] de obte-ner lucro y beneficios personales al notarizar los documentos producto de su querella y si [s¿c] el haber sido cogido [síe] en su buena fe por la persona que gozaba de su confianza ya que como se ha informado al Honorable Procurador General y al Honorable Tribunal ésta [stc] persona era un funcio-nario público que gozaba de buena reputación y al pedirle a este abogado que notarizara los documentos le indicó que él personalmente había cogido [síc] la firma a todas las par-tes por esa razón y entendiendo que él como funcionario pú-blico y conocido de años no iba a mentir procedió a notari-zar el documento.

Esta explicación del querellado acusa ignorancia crasa de su responsabilidad como notario, depositario de la fe pública. Entiende, erróneamente, que la fe pública notarial puede ser delegada por el notario en una persona en quien tenga con-fianza. Ello equivaldría a dar sello de autenticidad a un do-cumento no suscrito ante el notario, pero sí ante una persona de su confianza. Quien así entiende su función como notario es indigno de serlo.

Se dispondrá la separación inmediata del querellado Ledo. César Echevarria González del ejercicio del notariado y se le previene para que en el ejercicio de la abogacía sea más cui-dadoso en la observancia de sus responsabilidades legales y éticas. Se ordenará al Alguacil General de este Tribunal que proceda sin dilación a incautarse de los protocolos y obra notarial del querellado.

       Por resolución de este Tribunal de 30 de diciembre de 1983 fue sus-pendido de la práctica de la abogacía y el notariado debido al no pago de cuotas como miembro del Colegio de Abogados. Fue reinstalado el 26 de enero de 1984, una vez satisfizo las cuotas adeudadas.

       Art. 272, Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4592.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y peticionaria, v. Nydia Guillén de Santiago, demandada y recurrida.

      Número: O-85-72

      Resuelto: 23 de mayo de 1985

      Ana L. Torres Lupiañez, abogada de los peticionarios; Jaime E. Morales Morales, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea aspectos noveles en esta jurisdicción sobre la prescripción extintiva de cinco años.

El 5 de diciembre de 1968, mientras trabajaba para la Universidad de Puerto Rico, la señora Santiago hizo un prés-tamo con la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado por la suma de mil quinientos dólares al seis por ciento anual de interés. El préstamo era pagadero en plazos mensuales de principal e intereses a descontarse automáticamente del sueldo percibido en la Universidad.

La señora Santiago renunció a su empleo en noviembre de 1969 y cesó de hacer pagos al préstamo. Cerca de diez años más tarde la Asociación le requirió la satisfacción del balance adeudado. El Tribunal de Distrito la condenó al pago de $1,288.52 que la señora Santiago adeudaba por concepto de principal, más intereses, costas y honorarios de abogado. El Tribunal Superior revocó la sentencia por entender que el plazo quinquenal era aplicable y que la acción estaba pres-crita.

El Art. 1866 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5296 dispone:

Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1. La de pagar pensiones alimenticias.
2. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.
3. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves.

Esta disposición es idéntica al Art. 1.966 del Código Civil es-pañol, el que se inspiró a su vez en el Art. 2277 del Código Civil francés.

En Lozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702 (1981), consideramos el segundo apartado del artículo transcrito y resolvimos que la prescripción extintiva de cinco años se aplica al arrendamiento de bienes muebles y que puede invocarse, al menos en el caso de arriendos por términos breves —se trataba allí de nueve días— aun cuando no medie la condición de pagos periódicos. En el caso presente el apartado a interpretar es el tercero y la pregunta a formularse, a la inversa de Lozada Torres v. Collazo, supra, es si toda prestación periódica está necesariamente sujeta al plazo quinquenal.

Existe división en la doctrina sobre este particular. Diez-Picazo, por ejemplo, estima que la prescripción del quinquenio se aplica tanto a las prestaciones principales como a las ac-cesorias cuando son pagaderas en plazos anuales o menores. L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, págs. 191-192. Puig Brutau expresa que tal es la doctrina, aunque señala su discutibilidad. “La doctrina incluye dentro de esta disposición”, expresa, refiriéndose al apartado tercero del artículo que nos ocupa, “los pagos frac-cionados o aplazados de una obligación principal (si bien ello es discutible). . .”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. 1, Vol. I, Parte 2, pág. 887.

Las autoridades en contrario son abundantes. Uno de los más antiguos comentaristas del Código Civil francés explica por qué la periodicidad en los pagos no activa en todo caso la prescripción quinquenal. Según Troplong, el tercer apartado que hemos venido discutiendo utiliza un lenguaje oscuro. A primera vista parece que todo género de obligaciones pagaderas en plazos no menores de un año están sujetas a la prescripción quinquenal. Mas la disposición, a su juicio, no debe interpretarse literalmente, sino con atención a la ana-logía provista por los apartados precedentes. La nota común de éstos es que tanto las pensiones alimenticias como los arriendos y los intereses dejan intacto el capital subya-cente. No representan una obligación única que ha sido frac-cionada, sino una sucesión de prestaciones separables. Con-cluye Troplong que el cobro del principal adeudado, aunque su pago se haya dividido en plazos no mayores de un año, no está sujeto a la prescripción quinquenal. M. Troplong, Droit Civil Expliqué — De la Prescription, 4ta ed., París, Ed. C. Hingray, 1857, pág. 584 et seq. La posición de Troplong re-presenta la doctrina actual en Francia. G. Marty y P. Ray-naud, Droit Civil, París, Ed. Sirey, 1962, T. II, Vol. 1, pág. 866; A. Weill y F. Terré, Droit Civil — Les Obligations, 3ra ed., París, Ed. Dalloz, 1980, pág. 1128; Baudry-Lacanti-nerie y Tissier, 5 Civil Law Translations 403 y ss. (1972).

Las sentencias más recientes del Tribunal Supremo de España adoptan idéntica posición a la francesa. S. de 16 de mayo de 1942, núm. 631, Aranzadi, IX Repertorio de Juris-prudencia 365, 366, y 31 de enero de 1980, núm. 174, Aran-zadi, XLVII Repertorio de Jurisprudencia 138. El Tribunal Supremo de España también ha resuelto, a pesar de la omi-sión de referencia al respecto en el Código Civil español, con-trario a lo que ocurre, como hemos apuntado, con el Código napoleónico, que el plazo quinquenal afecta por regla general el pago periódico de intereses. S. de 14 de noviembre de 1934, núm. 1809, Aranzadi, III Repertorio de Jurisprudencia 870, 871, y 14 de marzo de 1964, núm. 1594, Aranzadi, XXXI Repertorio de Jurisprudencia 993, 994. Véanse: J. M. Casado Pallarés, La Prescripción de los Intereses, 6 Rev. C. Der. In-mob. 458, 497, 577 (1930); Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 842 y ss.; M. Albaladejo, Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. I, Vol. 2, pág. 456.

Es interesante indicar igualmente que, si bien en España hay controversia sobre la aplicación del plazo quinquenal a la obligación única repartida en prestaciones periódicas, la dis-puta desaparece si la obligación está garantizada con una prenda, hipoteca, anticresis u otra garantía de naturaleza real. Hay acuerdo en tal caso que la prescripción quinquenal no es aplicable. Scaevola, op. cit., págs. 836-837; Albaladejo, op. cit., pág. 456; J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, Vol. 1, págs. 298-299.

Varios países civilistas con disposiciones análogas a las discutidas sobre la prescripción quinquenal no las interpretan en forma tan literal como ocurre con algunos comentaristas españoles. En ellos, como en Francia, por ejemplo, la prescrip-ción de cinco años no se aplica al impago de una deuda de capital, aunque ésta haya de satisfacerse en plazos periódicos no mayores de un año. El propósito primordial de esa pres-cripción —se apunta desde tiempos de Troplong— es proteger al deudor de la acumulación ruinosa de rentas, pensiones, in-tereses y otras prestaciones autónomas de ese género, mas no escudarle con prescripción de término tan corto del pago de préstamos y obligaciones de similar naturaleza. Tal es la doc-trina vigente en Italia: A. Scialoja y G. Branca, Commentario del Codice Civile, Tutela dei Diritti, 2da ed., Bologna, Ed. N. Zanichelli, 1972, T. 6, Art. 2948, págs. 298-302; en Suiza, P. Engel, Traité des Obligations en Droit Suisse, Neuchatel, Ed. Ides et Calendes, 1973, pág. 543; en Portugal, F. An-drade Pires De Lima y J. De Matos Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra, Ed. Coimbra, 1967, Vol. 1, Art. 310, págs. 200-201; en Argentina, M. J. Argañarás, La Prescrip-ción Extintiva, Buenos Aires, Ed. Tea, 1966, págs. 187-191; en Québec, P. Martineau, Traité Élémentaire de Droit Civil, La Prescription, Montréal, Ed. Les Presses de PUniversité de Montréal, 1977, pág. 275.

Consideramos más persuasiva la segunda posición descrita, la representada por las decisiones más recientes del Tribunal Supremo de España y vigente en Francia, Italia y los otros países enumerados. La deuda de capital contraída por la señora Santiago no está, en consecuencia, prescrita —el plazo de prescripción aplicable es el de quince años, Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294— aunque sí gran parte de los intereses acumulados. La Asociación sólo tiene derecho a exigir el balance adeudado del préstamo, más los intereses correspondientes a los cinco años precedentes a la presentación de la demanda. Casado Pallarás, op. cit, pág. 508; Scaevola, op. cit, pág. 839.

El caso de autos posee, además, características especiales que llevan al mismo resultado por otros caminos. Los présta-mos de la Asociación de Empleados poseen una estructura muy particular. El Art. 7(a) de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, 3 L.P.R.A. sec. 862f(a), autoriza a la Junta de Directores a conceder préstamos a los empleados y socios acogidos al sistema con la garantía y los términos de amorti-zación que determine. El principal y los intereses de estos préstamos se pagan normalmente mediante descuentos del sueldo del empleado. En caso de separación del empleado, dis-pone el referido Art. 7(a):

... Se faculta a la Asociación y a los sistemas de retiro aus-piciados por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para descontar de los ahorros y aportaciones de aquellos empleados que se separen permanentemente del ser-vicio por cualquier causa, cualquier suma que tengan pen-diente de pago en la Asociación, y se faculta a todos los sis-temas de retiro de empleados públicos para descontar de las pensiones las amortizaciones mensuales para abonar a los préstamos concedidos. . . .

Los Arts. 31 y 32 de la ley, 3 L.P.R.A. secs. 863c y 863d, dis-ponen otros métodos para intentar asegurar el pago de las deudas de los asociados que hubiesen cesado en sus puestos. De lo anterior se desprende que estos préstamos son présta-mos con garantía, aunque ésta puede resultar insuficiente. Cualquier crédito, depósito, sobrante u otro beneficio que por disposición de ley esté en manos del Estado Libre Asociado a favor del deudor queda gravado para garantizar la obligación insatisfecha. En segundo término, al cesar el empleado sus servicios en el Gobierno la deuda pierde su periodicidad, y queda el balance sujeto a cobro.

Respecto al primer rasgo, ya que el récord carece de suficiente información sobre la operación del gravamen en este caso, podemos abstenernos de discutir aquí la regla relativa a la exclusión de las obligaciones garantizadas de la prescripción quinquenal. El segundo rasgo es, por demás, concluyente. Aun bajo la teoría minoritaria, la prescripción quinquenal se aplicaría únicamente por el tiempo en que la obligación fuese pagadera en plazos no mayores de un año. Al convertirse en exigible la totalidad de la deuda debido a la pérdida o renuncia del empleo, la obligación queda naturalmente sujeta a la prescripción ordinaria. Está establecido que si aun las deudas periódicas clásicas, conforme a la doctrina mayoritaria, sometidas a la prescripción quinquenal se transforman en deudas de capital, el plazo prescriptivo aplicable es entonces el ordinario. Weill y Terré, op. cit., pág. 1128.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia recurrida y se devolverá él caso a instancia para procedimientos ulterio-res compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión.

       Para la historia anterior de estos textos, véanse: Lozada Torres v. Collazo, 111 D.P.R. 702 (1981); M. Troplong, Droit Civil Expliqué — De la Prescription, 4ta ed., París, Ed. C. Hingray, 1857, pág. 569 et seq. Advertí-mos que las normas que se sientan en esta opinión aplican únicamente a situaciones cubiertas por el Código Civil, pero no necesariamente a aquellas sujetas a disposiciones específicas del Código de Comercio.

       E1 Código Civil francés, distinto al español, incluye expresamente los intereses dentro del plazo quinquenal. Más adelante veremos que el en-foque en España es idéntico, aunque por vía de la doctrina.

       Hay disputa sobre los intereses de demora.

       Cuando se ha deseado sujetar el pago de deudas de capital a la prescripción de cinco años o menos se ha legislado expresamente al efecto. Véanse el Art. 197 del Código Civil alemán en L. Enneccerus, T. Kipp y M. Wolff, Código Civil Alemán (BGB) (C. Melon Infante, traductor), Barcelona, Ed. Bosch, 1955, pág. 40 y el Art. 3538 del Código Civil de Luisiana, La. C.C. Comp. Ed., en 17 West’s L.S.A.-C.C., pág. 700 (1972).


text:
    H. F., Inc., interesado-recurrente, v. Hon. Gloriana Ruiz, Registradora de la Propiedad de Humacao, registradora-recurrida.

      Número: O-85-16

      Resuelto: 10 de junio de 1985

      Gloria Ortega Otero, abogada de la recurrente; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En el vasto campo del Derecho, incluso en el área de her-menéutica legal, cabe la expresión de Unamuno, “[h]ay que convertir en reflexión el instinto si se quiere que llegue a ser instintiva la reflexión”. M. Alonso Pedraz, Ciencia del len-guaje y arte del estilo, 12da ed., Madrid, Ed. Aguilar, 1975, Vol. I, pág. 17.

I

El 19 de octubre de 1984, los esposos Martín Benabe Figueroa y María M. Rivera, suscribieron a favor de la entidad H. F., Inc., la Escritura Núm. 1126 sobre Primera Hipoteca, ante el notario Miguel García Suárez. El 26 de octubre de 1984, a las 10:40 A.M., la acreedora H. F., Inc. la presentó para su inscripción en el Registro de la Propiedad, Sección de Humacao, asiento 578 del Diario de Operaciones Núm. 475. El 6 de diciembre, la Registradora, Lie. Gloriana Ruiz, no-tificó por correo regular al presentante una falta resultante de una discrepancia en la descripción de la cabida. Dicha fun-cionaría consignó que a los veinte (20) días —el 26 de diciem-bre— se entendería consentida la falta de no radicarse escrito de recalificación.

El 24 de diciembre, H. F., Inc., remitió al Registro, por correo certificado con acuse de recibo, un Escrito de Recalifi-cación. El 26 de diciembre, la Registradora extendió en el Diario de Operaciones, al margen del asiento de presentación y en el propio documento, nota indicativa de que se consin-tieron los defectos. El escrito de recalificación fue recibido en el Registro el 27 de ese mes. Inmediatamente, la Registradora cursó una carta al Lie. Raúl J. Torres Bobonis, en la cual le indicaba que no podía considerarlo porque la falta había sido consentida desde el día anterior, al no haberse interrumpido el término de caducidad de veinte (20) días establecido en la Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979 (Ley Hipotecaria y Registro de la Propiedad).

Inconforme, el 15 de enero de 1985, H. F., Inc., presentó recurso gubernativo. En síntesis, sostiene que dicho término quedó suspendido en la fecha en que depositó en el correo su Escrito de Recalificación (24 de diciembre). Aduce además, que son aplicables los tres (3) días adicionales, concedidos en la Regla 68.3 de Procedimiento Civil de 1979. Finalmente nos invita a que pasemos juicio sobre los méritos de la falta noti-ficada en la calificación original. Oportunamente, la Registra-dora ha sometido su alegato de oposición.

Í-H l-H

El procedimiento de “recalificación”, consignado en nuestra Ley Hipotecaria, se instituye como un paso previo a la presentación del recurso gubernativo, y brinda al Registrador la oportunidad de reconsiderar su calificación original. Este concepto es establecido en nuestra legislación, ante el clamor de la doctrina, que venía “preconizando el establecimiento de un recurso de reposición contra la calificación, para que, en vista de los argumentos y razones que en él se aduzcan, pueda el Registrador modificar su criterio si aquéllos le convencen, evitándose así la tramitación del recurso gubernativo”. T. Ogayar Ayllón, Impugnación de la Calificación Registral, 50 Rev. C. Der. Inmob. 11, 22 (1974). Este procedimiento es fijado en el Art. 70 de nuestra ley, el cual lee:

No obstante lo dispuesto en [el Artículo] anterior, el pre-sentante o el interesado que no esté conforme con la califi-cación del Registrador podrá, dentro del término impro-rrogable de 20 días siguientes a la fecha de la notificación, radicar personalmente con el Registrador o remitirlo por co-rreo certificado, un escrito solicitando recalificación, expo-niendo sus objeciones a la calificación, los fundamentos en que apoya su recurso y una súplica específica de lo que in-teresa. Transcurridos los 20 días se entenderán consentidos los defectos señalados por el Registrador. (Énfasis suplido.) 30 L.P.R.A. sec. 2273.

La recurrente, H. F., Inc. argumenta que el Legislador, al consagrar que el presentante o el interesado “podrá”, fijó un término directivo y proveyó dos alternativas para la ra-dicación de un escrito de recalificación dentro de los 20 días reglamentarios: personalmente o por correo certificado. Si opta por enviarlo por correo certificado, ello asegura una fecha cierta dentro de los 20 días reglamentarios. A su juicio, la fecha determinante es el depósito en el correo y no la fecha en que arriba al Registro. Finalmente concluye, que si se com-puta desde que el documento es recibido en el Registro, “se estaría acortando el término de 20 días, lo cual no fue la in-tención del legislador”.

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Una de las características o principios del Derecho Registral es su naturaleza rogada. “En armonía con el carác-ter privado de la finalidad inmediata a la que el procedimien-to se halla ordenado, es procedimiento dispositivo, se inicia a instancia de parte. Como dice don Jerónimo González, no basta con que llegue a su conocimiento la realización de actos o la consumación de hechos que alteren la situación hipoteca-ria de una finca o derecho, sino que será precisa una manifes-tación de voluntad, más o menos formal, por parte de los in-teresados, para que el encargado del Registro proceda a prac-ticar las operaciones correspondientes.” J. L. Lacruz Berdejo y F. A. Sancho Rebullida, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, págs. 348-349.

El proceso registral se encuentra constituido por una serie ordenada de actos: petición de inscripción, presentación de documentos, calificación del Registrador y la extensión del asiento. A. Sanz Fernández, Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. II, pág. 183. Tanto la petición de inscripción como la presentación de documentos, en conjunto e inherentemente, constituyen “el ruego”. Una vez propiamente solicitado, se entra en un proceso automático. “. . . El carácter privado de los derechos sujetos a inscripción y el carácter público del Registro, se concilian no permitiendo que éste se ponga en marcha más que a petición de parte —carácter rogado — ; pero hecha esta petición, pasan a primer plano las consideraciones de orden e interés público y el procedimiento sigue por los trámites taxativamente marcados por la Ley y el Reglamento —carácter automático — , sin que sea dado al Registrador alterar u omitir dichos trámites, y sin dar apenas intervención a los particulares.” Sanz Fernández, op. cit, págs. 83-84. De ser la calificación en la negativa, y no estar conforme el interesado, se presenta —en nuestra jurisdicción— la petición de recalificación que, igualmente, constituye un recurso de naturaleza rogada.

Por razón de esta característica, debemos identificar el momento preciso de ruego, el cual pone en marcha el procedimiento registral. La doctrina ha diferenciado' dos momentos: la petición y la presentación. “La diferencia entre petición y presentación es clara. La primera es una declaración de voluntad dirigida a poner en marcha el procedimiento registral, y de aquí que, conceptualmente al menos, sea anterior a él. La presentación es un hecho material, aunque de importantes consecuencias jurídicas, complementario de aquélla, y que constituye el primer trámite del procedimiento. Conse-cuencia de esta separación entre ambos conceptos es que la presentación puede ser posterior a la petición —lo que ocu-rrirá generalmente en los casos de petición escrita — , simul-tánea a ella —como ocurrirá en los casos de petición verbal y tácita — , o anterior —por ejemplo, la petición de anotación de defectos subsanables — (Énfasis suplido.) Sanz Fernán-dez, op. cit., pág. 88.

Por ello, aun considerando que la petición de recalificación se efectúa al momento de remitir la comunicación escrita, la presentación (o “radicación”, como la denomina nuestra ley) no se perfecciona, hasta el momento de su arribo ante el Registrador. Véanse: R. M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Mun-cunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, pág. 167; B. Camy Sánchez-Cañete, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 3ra ed., Pamplona, Ed. Aran-zadi, 1982, Vol. I, págs. 286-289; J. M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. M. Pons, 1981, T. I, págs. 628-629.

Para poder salvar esta ilación doctrinal, resultaría necesaria una disposición expresa en la ley. Ésta no existe. Nuestra Ley Hipotecaria establece la regla general de que los documentos deben ser presentados al Registro personalmente, y no se admiten los recibidos por correo. En lo pertinente el Art. 34 de la ley dispone:

La presentación de los documentos ha de ser personal y no se admitirán documentos que para su registración se reci-ban por correo. Al momento de la presentación se hará cons-tar en el asiento que corresponda en el libro Diario el nom-bre del presentante, la fecha y hora de la presentación y se identificará el título presentado, y una breve referencia a los documentos complementarios que lo acompañen pudiéndose redactar el resto del asiento dentro de ese mismo día natural. 30 L.P.R.A. sec. 2154.

Las contadas excepciones a este requisito se encuentran expresamente establecidas. Una de ellas es el artículo que nos ocupa. La permisibilidad de remitir escritos por correo se sustenta en la legítima finalidad de facilitar la tarea a todo interesado en presentar y solicitar una reealificación.

Igual enfoque existe en España; la excepción es la presen-tación por correo, aunque allá no se requiere que sea certifi-cado. Art. 418 del Reglamento Hipotecario. Diversos autores debaten la razón de ser y utilidad del método de remisión por correo. Centran el análisis con relación a la figura del presen-tante como mandatorio. Así, al discutir críticamente la cues-tión encuentran como justificación la necesidad de que el mé-todo de presentación por correo posea la característica de dejar fiel constancia del nombre del presentante como parte indispensable del trámite básico registral. Camy Sánchez-Ca-ñete nos ilustra: “Si el Registrador admite en el Diario de presentación el documento que le fue remitido por correo, no se puede intuir ya dónde queda la figura del presentante ni para qu[é] sirve el artículo 6o. de la Ley Hipotecaria, pues en estos casos el asiento de presentación no podrá recoger nombre alguno del presentante, que realmente no existe, salvo en el caso improbable de que la remisión se hiciese por correo certificado, y, en consecuencia, dicho asiento se limitará a in-dicar, que en la hora de que se trate se presenta en el Regis-tro un documento remitido por correo, continuándose en cuanto a lo demás este asiento de presentación conforme al texto del modelo oficial.” (Énfasis suplido.) Camy Sánchez-Cañete, op. cih, págs. 286-287. Igual discusión elabora Roca Sastre, op. cih, pág. 167, aunque se aparta de las críticas y conclu-siones de Camy en torno a la utilidad de la figura del pre-sentante.

En Puerto Rico, distinto a España, se requiere el correo certificado. El método armoniza con la figura del presentante. Es, pues, perfectamente compatible con el carácter improrrogable dispuesto por el Legislador en el Art. 70. Es también evidente que el método por correo certificado no pudo tener el propósito de extender y derrotar el carácter jurisdic-cional de dicho término.

Resumiendo, en una perspectiva integral del diseño vi-gente y la dinámica registral, el método excepcional de pre-sentación por correo, forzosamente tiene que ser certificado. Así armoniza con las características de datos personales que es menester perpetuar en el libro Diario de presentación en torno a la persona del “presentante”, sobre la cual la Ley Hi-potecaria impone una serie de consecuencias jurídicas.

En conclusión, resolvemos que la única interpretación posible a tono con la doctrina, el texto y el espíritu del Art. 70 es en el sentido de que, el uso del correo certificado está disponible para una parte interesada presentar un escrito de recalificación, siempre y cuando el mismo sea entregado por el correo en el Registro dentro de los veinte días aludidos. Su utilización es a riesgo de dicha parte. Esta interpretación es la única que, contrario a la tesis de la recurrente H. F., Inc., ni acorta ni alarga el término. De este modo, tampoco erosiona el principio de publicidad registral y sus efectos frente a terceros, quienes a partir del vigésimo primer día, tienen el derecho a descansar en la premisa establecida por el Legislador de que la falta se estimó consentida.

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Nos resta discutir la alegación de la recurrente en el sentido de que la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, tiene aplicación en estas circunstancias. Arguye que al plazo de veinte (20) días del Art. 70 se deben agregar tres (3) días adicionales. Este argumento pasa por alto que las Reglas de Procedimiento Civil no aplican a los trámites relativos al Registro de la Propiedad, excepto cuando por mandato ex-preso el Legislador así lo dispuso.

Ante el hecho no contradicho, de que el escrito de recalifi-cación de la recurrente H. F., Inc. fue recibido en el Registro de la Propiedad después de los veinte (20) días de la notifica-ción del defecto, actuó correctamente la Registradora al sos-tener que la falta ya había sido consentida.

En virtud de lo dispuesto en el Art. 76 de la Ley Hipo-tecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2279, este Tribunal carece de juris-dicción para resolver en sus méritos y pasar juicio sobre la corrección de la calificación.

Se dictará sentencia que desestime el recurso por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

       Diversos autores postulan que el carácter rogado del procedimiento no posee la categoría de principio. Sobre esta controversia doctrinal, expone Roca Sastre, “[n]osotros no damos excesiva importancia a la cuestión de si el criterio de rogación o instancia, necesario, en general, para poner en marcha el procedimiento registral o de inscripción, tiene o no la categoría de principio hipotecario, aunque sea de índole formal y no sustantivo o material, pues lo importante y decisivo es que tal criterio de rogación exista, independientemente de que se le dé o no la jerarquía de principio hipote-cario”. R. M.. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, pág. 162.

       El Legislador estaba consciente de que existía la alternativa de darle el depósito en el correo, la capacidad de perfeccionar la notificación. Así el Proyecto de la Cámara de Representantes, P. de la C. 522, del 16 de febrero de 1978, “Para derogar la Ley Hipotecaria vigente y su reglamento y para adoptar una Ley del Registro de la Propiedad”, disponía en su Art. 71, para la notificación de corrección de faltas: “La notificación por correo que-dará perfeccionada al ser depositada en el correo.” No obstante el Art. 81, que comprendía el procedimiento de recalificación, no hacía esta salvedad. Por el contrario disponía el carácter improrrogable del término, concepto que se incorporó en la legislación final.

       Desde principios de siglo, resolvimos que para acudir ante nos contra la calificación inicial del Registrador —procedimiento que bajo la anterior legislación era el recurso gubernativo— un escrito remitido por correo dentro del término legal, y llegado con posterioridad a los 20 días indicados en la ley, no tenía el efecto de interrumpir el término. Soc. Agri. de Gurabo v. Reg. de la Prop., 18 D.P.R. 818 (1912).

       Regla 68.3. “Siempre que una parte tenga derecho a realizar, o se le requiera para que realice algún acto dentro de determinado plazo después de habérsele notificado un aviso u otro escrito, y el aviso o escrito le sea notificado por correo, se añadirán tres (3) días al período prescrito, salvo que no será aplicable a los términos que sean contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.”

       A modo de ejemplo, éstos son: el Art. 149 (30 L.P.R.A. sec. 2473) de la ley. En el Reglamento, éstos son: los Arts. 119.5, 119.7, 123.3 y 131.1.