author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Miguel A. Martínez Ríos, acusado y apelante.

      Número: CR-79-47

      Resuelto: 18 de diciembre de 1979

      José Rafael Gelpí y Felipe Benicio Sánchez, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lorraine Riefkohl de López, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante cargos separados contenidos en un mismo pliego acusatorio se imputó al apelante que el 13 de abril de 1977 transportó y/o ocultó la sustancia controlada c/p cocaína y distribuyó la sustancia controlada c/p cocaína.

A solicitud del fiscal y en ausencia del jurado, se archivó el cargo relacionado con la transportación y ocultación y subsi-guientemente se dio lectura ante el jurado, del cargo rela-cionado con la distribución de la droga. El pliego acusatorio, que incluía el cargo de transportación y ocultación archivado, fue entregado al jurado en la etapa de deliberación. El jurado rindió un veredicto que en lo pertinente expresa como sigue: “Criminal Núm. G-78-364, el Pueblo de Puerto Rico v. Miguel Martínez Ríos por el delito de Ley de Sustancias Controladas; Nosotros los señores del jurado declaramos al acusado culpable del delito de Ley de Sustancias Controladas.”

El tribunal impuso al apelante condena de 10 a 14 años de presidio. El apelante señala la comisión de tres errores. En sustancia el apelante alega 1) que la pena impuesta no corresponde al delito imputado, 2) que dicha pena constituye un castigo cruel e inusitado y 3) que fue perjudicial que el jurado recibiera el pliego acusatorio con el cargo archivado, que constituye una declaración jurada del fiscal imputándole la comisión de otro delito, que el jurado pudo considerar como transacción separada.

No se cometió el primer error señalado. Al apelante se le imputó distribuir la sustancia controlada conocida por cocaína. La cocaína es “un compuesto, producto, sal, derivado, o preparación de ... hojas de coca,” que bajo el inciso (17) del Art. 102 de nuestra Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2102, inciso (17), se incluye como “Droga Narcótica”. Las “Hojas de coca y cualquier sal, compuesto, derivado o preparación de hojas de coca” se incluyen en la Clasificación II del Art. 202 de dicha ley, 24 L.P.R.A. see. 2202, cuya clasificación comprende sustancias con uso medicinal aceptado, pero con alto potencial de abuso y dependencia.

Bajo el Art. 401 de la Ley, 24 L.P.R.A. see. 2401, la distribución ilegal de sustancias controladas incluidas en la Clasificación II que sean drogas narcóticas, conlleva pena de 10 a 30 años de prisión. La pena impuesta al apelante de 10 a 14 años de prisión está dentro de esos límites y es válida.

La legalidad de la pena depende de que se pruebe que él distribuyó una sustancia incluida bajo la Clasificación II, que además aparece incluida como droga narcótica. En el presente caso se alegó y probó que el apelante vendió cocaína, que es una droga narcótica incluida en la Clasificación II.

El segundo señalamiento tampoco tiene mérito. La pena de 10 a 30 años de presidio dispuesta por la ley que puede aparejar la convicción por el delito imputado, no constituye un castigo cruel e inusitado. La cocaína, por su alto valor en el mercado ilícito — el apelante vendió una onza con 70% de pureza en $1,350 — constituye un incentivo atrayente, inclusive para el crimen organizado. Se ha resuelto que no constituye un castigo cruel e inusitado penalidades en exceso de 10 años, inclusive cadena perpetua, por convicciones relacionadas con la venta de drogas prohibidas. Véase Narcotic Sale — Sentence as Excessive, 55 A.L.R.3d 812, 830-835 (1974).

El tercer y último señalamiento del apelante se relaciona con la entrega al jurado de la acusación conteniendo un cargo que previamente había sido archivado. La acusación es un escrito jurado por el fiscal. Regla 34(a) de Procedimiento Criminal. Sostiene el apelante que ese escrito jurado por el fiscal constituye una deposición o declaración bajo la Regla 140 de Procedimiento Criminal. El apelante no se queja de que pasara al jurado la parte de la acusación conteniendo el cargo por el cual fue procesado, sino el cargo archivado.

La mencionada Regla 140 dispone que “Al retirarse a deliberar, el jurado deberá llevarse consigo todo objeto o escrito admitido en evidencia, excepto las deposiciones”. Igual excepción aparecía en el Art. 274 de los Códigos de Enjuiciamiento Criminal de los años 1935, 34 L.P.R.A. see. 783, y 1902 y en la See. 83 de la Ley Sobre Procedimientos en los Juicios por Jurados, del 30 de enero de 1901. En esta última ley la palabra “depositions” erróneamente se tradujo a “declaraciones” en el texto español.

Los casos citados por el apelante — Pueblo v. Reyes, 6 D.P.R. 196 (1904) y Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563 (1962) — no son aplicables. En ellos se trataba de la situación cuando una confesión del acusado va al jurado. En el caso de autos se trata de una acusación que contiene dos cargos, uno de los cuales fue archivado pero a pesar de ello pasó al jurado. Esto no perjudicó al acusado ya que la realidad es que la acusación contenía dos modalidades de un solo delito. No se hacía referencia a delito anterior alguno que hubiese cometido el acusado. Ciertamente la mencionada circunstancia no plantea un error que amerite la revocación de la sentencia.

Aunque no lo plantea formalmente como señalamiento de error, el apelante argumenta que el veredicto es nulo por ser demasiado genérico ya que expresa que “Nosotros los señores del jurado declaramos al acusado culpable del delito de Ley de Sustancias Controladas”.

Es cierto que dicho veredicto no es un modelo de redacción y que los jueces deben instruir a los jurados para que expresen su veredicto en forma más correcta, pero esa incorrección de forma no lo hace nulo. La Regla 146 de Procedimiento Criminal expresamente dispone que el veredicto declarará al acusado “culpable” o “no culpable” o “no culpable por razón de locura”. Dispone dicha Regla que no será necesario conformarlo estrictamente a esta terminología. Solamente exige que la intención del jurado sea clara. No es necesario que el veredicto exprese con precisión técnica la infracción de la ley si expresa claramente que el jurado encontró al acusado culpable. Éste es el caso de autos. Lo importante es la sustancia — la decisión a que llegó el jurado— y no determinada forma técnica de expresarlo. Si el jurado lo hubiese encontrado inocente así lo hubiese dicho en vez de declararlo culpable. En Pueblo v. Vélez Torres, 98 D.P.R. 5, 9 (1969), ante un planteamiento similar expresamos que en las instrucciones al jurado se había especificado el delito imputado al acusado y que se le había entregado además al jurado copia de la acusación. Resolvimos que fue clara la intención del jurado de declarar culpable al acusado de violación al Art. 29 de la Ley de Narcóticos aunque el veredicto no indicó el artículo o disposición legal específica bajo la cual declaró culpable al acusado. Resolvimos que la información previa que el jurado tenía lo informó suficientemente para declarar al acusado culpable o inocente de la violación imputada.

En Pueblo v. Valcourt, 16 D.P.R. 728 (1910), también sostuvimos un veredicto que fue atacado de vago e incierto. Allí expresamos que si bien hubiese sido mejor que se hubiesen empleado las palabras “de que se le acusa” o “que se le imputa” el no haberlo hecho no anulaba el veredicto. Repetimos ahora que una forma de evitar estos problemas es expresando, cuando proceda, que se declara al acusado culpable del delito imputado. Eso haría el veredicto formal-mente correcto, sin el requisito de expresiones más técnicas.

Si el acusado fue debidamente acusado y notificado de la acusación y si se le permitió hacer una defensa en el juicio que satisface los requisitos del debido procedimiento de ley el veredicto es válido cuando expresa solamente que es inocente o culpable, según lo exige la Regla 146.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Carmen Ibarra Ortega, querellada.

      Número: O-78-439

      Resuelto: 21 de enero de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carmen Ibarra Ortega, pro se y Alejandro Aramburu Maldonado, abogado de la querellada.
   PER CURIAM:

El Procurador General formuló querella contra la notario Carmen Ibarra Ortega imputándole haber faltado a la fe notarial al autorizar el 3 de marzo de 1978 una declaración jurada sin que la firmara el supuesto otorgante; que presentó la mencionada declaración como válida y legítima en apoyo de una solicitud de renovación de portación de armas en el caso civil PA-78-1411 en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Orlando Rossy García, peticionario, Ex -parte; que la abogada Ibarra se reiteró en la validez de la mencionada declaración jurada ante este Tribunal en su “Moción de Archivo y Sobreseimiento” de fecha 23 de julio de 1978; todo lo cual viola los preceptos de la Ley Notarial y los Cánones de Ética Profesional. Concedimos varias prórrogas a la querellada para contestar la querella hasta que final-mente, el pasado 16 de febrero, le concedimos un término que vencería el 28 de febrero para que mostrara causa por la cual no debía considerarse su silencio como una aceptación de los cargos formulados y aplicársele sanciones disciplinarias. Contestada la querella designamos un Comisionado Especial para oír y recibir la prueba.

El Comisionado Especial, Hon. Manuel J. Vera Mercado, rindió su informe el pasado 31 de octubre en el cual concluye que efectivamente la querellada en su cargo de abogada-notario autorizó el afidávit Núm. 1957 haciendo constar falsamente que en esa fecha el Sr. Orlando Rossy García compareció ante ella y firmó una declaración jurada rela-cionada con una Petición de Renovación de Licencia para Portar Armas, cuando lo cierto era que el Sr. Rossy García nunca firmó dicha declaración ante ella ni ante persona otra alguna; que la firma del Sr. Rossy fue escrita por el puño y letra de la querellada quien lo hizo, según su propia admisión en la vista, “por error, y bajo la creencia errónea de que firmaba una copia del original de la declaración jurada del Sr. Rossy”; que el perito calígrafo rindió un informe admitido en evidencia por estipulación de las partes afirmando que la persona que firmó como Orlando Rossy García en el jura-mento no fue la persona de quien le sometieron muestras de escritura identificadas como de aquél. El Comisionado Especial expresó, además, que no le merecía crédito el testimonio de la querellada concluyendo que la acción de ésta no se debía a error o equivocación, sino que fue hecha deliberadamente y a sabiendas de que estaba firmando en sustitución del Sr. Rossy. También concluyó el Comisionado que el pasado 23 de junio y dentro de este mismo procedi-miento de querella, la propia querellada actuando en su propia defensa reiteró ante este Tribunal “que el Sr. Orlando Rossy García firmó ante mí, en mi oficina, el día 3 de marzo de 1978 su petición de portar armas, juramento y en presencia de mis secretarias”, haciendo dicha afirmación a sabiendas de que era falsa.

En sus comentarios al Informe del Comisionado la que-rellada no impugna las conclusiones del Comisionado pero insiste en que su actuación se debió a un error sin motivación alguna y que nunca ha habido contra ella cargos de carácter personal o profesional en los diez años que lleva practicando la profesión; que practica la profesión casi como un servicio público a la gente pobre y necesitada de Puerto Rico.

La actuación de la querellada al firmar deliberadamente un afidávit en sustitución de otra persona y al hacer constar un hecho falso a este Tribunal a sabiendas de su falsedad constituye conducta altamente censurable que destruye la fe pública depositada en ella por la Ley Notarial.

En consecuencia, se suspende a la notario Carmen Ibarra Ortega del ejercicio del notariado por el término de dos años.

El Juez Asociado Señor Negrón García suspendería indefinidamente a la querellada del ejercicio del notariado debido a la gravedad de su falta.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Jorge Luis Acevedo Ambrosiani, Blanca Gierbolini y la Soc. Legal de Gananciales que entre ellos tienen contraída, demandantes y recurridos, v. Plaza Las Américas, Inc., demandada y peticionaria.

      Número: O-79-506

      Resuelto: 1ro de febrero de 1980

      López-Lay & Vizcarra, abogados de la peticionaria; Ferraiuoli & González Gierbolini, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

¿Cuál es el foro adjudicativo apropiado para ventilar una reclamación fundada en el hurto de un automóvil del área de estacionamiento del complejo comercial denominado Plaza Las Américas?

Antes de analizar y formular la contestación a esta interrogante, se impone una síntesis de las alegaciones pertinentes, expuestas en la demanda enmendada. El 20 de abril de 1977 el codemandante recurrido Jorge Luis Acevedo estacionó, cerró y dejó su automóvil en uno de los espacios del lote numerado diez (10) del área de estacionamiento de dicho centro. Al regresar de sus gestiones comerciales se percató del hurto de dicho automóvil. Se reclama $70,000.00, invo-cándose responsabilidad bajo el supuesto de que dicha área es una de carácter “público”, según la Ley para Regular el Negocio de Áreas para el Estacionamiento Público de Vehículos de Motor — Núm. 120 de 7 de junio de 1973, 23 L.P.R. A. see. 805 et seq. En la alternativa se aduce la doctrina general de negligencia basada en que el hurto aconteció en un estacionamiento operado con ánimo de lucro, inadecuadamente vigilado.

La posición de Plaza Las Américas ante nos parte de la premisa de que por ser su estacionamiento uno gratuito, no está regulado por la Ley Núm. 120 antes mencionada, salvo el Art. 5 que exige el mantenimiento de un seguro de responsa-bilidad pública por lesiones personales y daños a la propiedad. Finalmente argumenta que el caso debe desestimarse y remitirse al foro administrativo, Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), en virtud del mandato consignado en el Art. 8 de la ley sobre jurisdicción primaria y nuestro enfoque jurisprudencial delineado en P.R. Parking Corp. v. ASERCO, 103 D.P.R. 65 (1974), reiterado en P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106 (1978).

No tiene razón. La Ley que nos ocupa “. . . recoge y reglamenta todas las condiciones y probables situaciones que puedan surgir en el negocio de áreas de estacionamiento público que operan en Puerto Rico, al igual que los procedi-mientos administrativos y judiciales, con previsión para que se reglamenten las exigencias que se imponen para protección de los usuarios de este servicio.” Informe Conjunto rendido por las Comisiones de lo Jurídico Penal y Comercio e Industria a la Cámara de Representantes (Abril de 1973).

Su ámbito regulador queda inicialmente expuesto mediante la definición de lo que constituye área de estacionamiento público, a saber, “cualquier local, solar o área que se utilice por cualquier persona para permitir que en el mismo se estacionen vehículos de motor mediante el pago de alguna cantidad de dinero”. Art. 2, 23 L.P.R.A. sec. 806(d). Sin embargo, la amplitud de su cobertura se manifiesta de una lectura del Art. 14:

“Las disposiciones de la presente ley de este título no se entenderá que son aplicables a aquellas áreas de estacionamiento público que sean operadas sin ánimo directo de lucro, esto es, que sean operadas principal y esencialmente como un servicio para conveniencia de los clientes, parroquianos, o personas relacionadas con algún negocio o actividad que se lleve a cabo en dicha área de estacionamiento. Sin embargo, todas las áreas de estacionamiento cubiertas por esta sección deberán cumplir con el artículo 5 de esta Ley.” 23 L.P.R.A. see. 818. (Bastardillas nuestras.)

El Art. 5, a su vez, exige la prestación de debidas garantías, con el propósito obvio de proteger la efectividad de una adjudicación por daños personales o a la propiedad.

De la interacción de estos preceptos, advertimos que la ley abarca dos tipos de estacionamientos. Los que caen bajo la categoría de “ánimo directo de lucro”, a saber, operados como negocio principal y único, a los cuales les aplican todas sus disposiciones, inclusive la relativa a la jurisdicción primaria de D ACO en reclamaciones por daños a la propiedad en cuyas adjudicaciones “se entenderá que el operario ha actuado como depositario del vehículo del usuario”. (Art. 8.) En este aspecto cobra vigencia la teoría jurisprudencial que impone responsabilidad al dueño u operador de un área de estacionamiento esbozada en Rivera v. San Juan Racing Assoc., Inc. 90 D.P.R. 414 (1964); Dávila v. International Parking Co., 91 D.P.R. 203 (1964).

Y segundo, aquellas áreas de estacionamiento caracterizables como de “ánimo indirecto de lucro”, esto es, “operadas principal y esencialmente como un servicio para conveniencia de los clientes, parroquianos, o personas relacionadas con algún negocio o actividad que se lleve a cabo en dicha área de estacionamiento”. Bajo esta clasificación, notamos que la actividad del área de estacionamiento es una de carácter accesorio, como servicio incidental a la actividad real del negocio principal. Aunque de la operación total se derive indirectamente cierto lucro, no representa el negocio principal del operador, sino que se opera esencialmente como un servicio para conveniencia de los parroquianos de otro negocio operado en los alrededores y que constituye el negocio principal del dueño del estacionamiento. En virtud del Art. 14 antes citado, a éstos solamente les aplica el Art. 5 obligándolos a obtener y mantener cubiertas de seguros para responder por los daños y perjuicios que sus usuarios pudieran sufrir.

En consecuencia no podemos convenir con la recurrente de que la jurisdicción primaria en el caso de autos corresponde a DACO y, por ende, no procede la desestimación de la demanda, la cual debe estimarse esgrimida bajo las alegaciones de responsabilidad general. Ahora bien, no existe, como propone la parte demandante-recurrida, una responsabilidad absoluta de los operadores de estacionamientos que caen bajo la categoría “con ánimo indirecto de lucro”. Es necesario, en su oportunidad, probar la existencia de responsa-bilidad, pues la presunción de que el “operario ha actuado como depositario del usuario” no aplica. Colegir de la cubierta de seguros tal responsabilidad es hacer extensiva e intercalar disposiciones de ley que el legislador, claramente, no contempló ni hizo.

Recapitulando, para que la Ley Núm. 120 de 1973 aplique en toda su extensión y cubierta tiene que tratarse de áreas de estacionamiento con “ánimo directo de lucro”. Bajo esta categoría, la jurisdicción primaria para ventilar reclamaciones por daños a la propiedad corresponde a DACO y existe una presunción de “contrato de depósito” que favorece al usuario. Ahora bien, si se trata de áreas operadas con “ánimo indirecto de lucro”, solamente es aplicable el Art. 5 de la ley sobre cubierta de seguros. Quedan expresamente excluidas todas las restantes disposiciones incluyendo la que confiere jurisdicción primaria a DACO. Los demandantes recurridos acudieron correctamente al foro judicial en su reclamación por el hurto del automóvil del centro comercial Plaza Las Américas, y así lo resolvió el tribunal de instancia.

Se confirmará la resolución recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Torres Rigual no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Jorge L. Chaar Cacho, acusado y apelante.

      Número: CR-79-48

      Resuelto: 6 de febrero de 1980

      Jorge L. Chaar Cacho, por su propio derecho; Héctor Lugo Bougal, Alfredo Archilla Guenard y Miguel L. Chaar Cacho, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, y Héctor Rivera Cruz, Fiscal, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado de asesinato en primer grado y de tres delitos de apropiación ilegal agravada. Renunció a su derecho a juicio por jurado. Terminada la prueba de cargo, el apelante sometió su caso sin ofrecer prueba de defensa.

La prueba relacionada con la acusación de asesinato en primer grado estableció los siguientes hechos. Don Flores Rivera tenía un apartamento en San Sebastián. El aparta-mento tenía rejas y él las mantenía cerradas, abriéndolas únicamente para recibir personas de confianza. El día de los hechos Don Flores Rivera había cenado en la casa de una de sus hijas y luego se retiró a su apartamento. El acusado intentó localizar a Don Flores Rivera y al ser informado que éste se encontraba en San Sebastián, el acusado expresó su intención de ir a verlo.

Edwin González Cortés declaró que vivía en San Sebastián en un apartamento y que Don Flores Rivera vivía en otro apartamento del mismo edificio. Ambos vivían en el segundo piso. El día 16 de diciembre de 1975 se encontraba en su apartamento acompañado por Israel Román. Cerca de las siete de la noche oyeron unos gritos como de una persona que gritaba duro, quejándose. Ambos salieron al pasillo del edificio y observaron que los gritos se originaban en el baño del apartamento de Don Flores Rivera. La ventana del baño estaba semiabierta y pudo observar al acusado abriendo la puerta del baño y saliendo. Se colocó cerca de la entrada del apartamento y observó salir primero a una persona descono-cida y luego al acusado. Llamó al acusado pero éste no le contestó. Entró al apartamento acompañado por Israel Román y encontraron a Don Flores Rivera acostado boca abajo en el piso en un charco de sangre. Salieron para avisar a los familiares pero éstos ya estaban llegando al lugar. Había conocido al acusado por algún tiempo por haber firmado una escritura ante él y haberse ofrecido a ser su testigo en un caso de licencia de portación de armas.

Juan I. Medina declaró que el 16 de diciembre de 1975 él era policía estatal y estaba de turno en el cuartel de San Sebastián. Comenzó a trabajar esa noche a las 7:30 P.M. Antonio Acevedo fue a informarle que habían asesinado a Don Flores Rivera. El Sargento Vega y el policía Sánchez salieron para el sitio donde ocurrieron los hechos. A los pocos minutos llegó el acusado ál cuartel sudoroso y jadeando y le pidió agua. El acusado le dijo que había observado a las personas que agredieron a Don Flores Rivera y al ver lo que estaba ocurriendo abandonó el lugar y fue al cuartel de la policía. Mientras hablaba con el acusado notó que el reloj y los espejuelos de éste tenían manchas de sangre. Le preguntó al acusado sobre las manchas de sangre y éste, sin ofrecer explicación alguna fue y se limpió las manchas.

Jesús Mojica Quiñones declaró que para la fecha de los hechos él era agente del Negociado de Investigación Criminal en Aguadilla. Siguiendo instrucciones del Fiscal Román se dirigió hacia el apartamento de Don Flores Rivera. Al llegar, entró al apartamento de Don Flores Rivera y luego de hablar con el Fiscal Nolla inspeccionó el área completa de la casa. Observó que en la mesa de la cocina se encontraba un litro de whiskey marca White Label ligeramente usado, dos vasos plásticos desechables y un vaso de cristal con agua. No se veían señales de lucha en el cuarto. Vio el cadáver en un charco de sangre en el baño.

Luis A. Román declaró que hace aproximadamente cinco años que ocupa el puesto de Fiscal Jefe en Aguadilla. La noche de los hechos, cuando le informaron sobre el asesinato, se dirigió directamente a la residencia de Don Flores Rivera acompañado por el agente investigador y el fotógrafo. Llegaron a dicha residencia como a las nueve de la noche. Tomaron una serie de fotografías. En el piso del baño, cerca de la puerta, había dos huellas en sangre de tacos de zapatos. Luego del baño, inspeccionaron todas las habitaciones del apartamento. El apartamento tenía una sola puerta de entrada y salida. Después de terminar su investigación se dirigó hacia el cuartel de San Sebastián. Al llegar al cuartel se encontró con Chaar Cacho quien le indicó que había estado en el apartamento de Don Flores Rivera esa noche y sería su testigo estrella. Decidió tomarle una declaración jurada a Chaar Cacho quien no se opuso. Cuando iba a comenzar a hacerle preguntas, Chaar Cacho no lo dejó seguir sino que insistió en narrar él lo ocurrido. Mientras Chaar Cacho le narraba lo sucedido él observó unas manchas de sangre en las botas y los pantalones de éste. Le preguntó a Chaar Cacho cómo se había manchado con sangre. Al oír esa pregunta Chaar Cacho se levantó y rehusó seguir declarando. Instruyó a un agente que llevara a Chaar Cacho a su casa y le ocupara la ropa que tenía puesta. A insistencias de Chaar Cacho envió a un policía a buscar el jeep de éste que se había quedado estacionado frente al apartamiento de Don Flores Rivera y a traerlo al cuartel.

Raúl Marcial Rojas declaró ser director del Instituto de Medicina Legal. Declaró que fue consultado por el Doctor Marino Sorvill en relación con la autopsia practicada al cadáver de Don Flores Rivera. Surge del protocolo de autopsia la existencia de contusiones múltiples sobre la región frontal, una herida delante de la oreja derecha, hematomas en ambos ojos, una herida sobre la ceja izquierda, una herida puzante en el hemitórax izquierdo y una herida incisa localizada en la región parietal derecha. También surge del protocolo que estaban fracturadas las costillas tercera, cuarta, y sexta en ambos lados. La causa de muerte fue el efecto conjunto de los múltiples traumatismos severos y las hemorragias.

Ana Mercedes Martínez declaró que era tecnóloga médica del laboratorio criminal de la Policía de Puerto Rico. En relación con los hechos ocurridos el 16 de diciembre de 1975 había realizado algunos análisis en el laboratorio. Recibió de manos del Fiscal Nolla unas piezas de evidencia y Leída Rodríguez, otra tecnóloga médica, recibió otras piezas de evidencia. La muestra de sangre del Señor Flores Rivera identificada con el número 3329ML75 era de tipo O. Que en el Exhibit A del Pueblo (identificado adecuadamente como el pantalón que vestía el acusado la noche de los hechos) determinó la presencia de sangre humana de tipo O. En el Exhibit O del Pueblo (identificado adecuadamente como el papel toalla utilizado por el acusado al lavar sus espejuelos y reloj en el cuartel) pudo determinar la presencia de sangre de tipo O. En el Exhibit I del Pueblo (identificado adecuadamente como las botas que usaba el acusado la noche de los hechos) pudo determinar la presencia de sangre humana. Que la bota derecha tenía sangre en la parte interior y en la superficie. La bota izquierda tenía sangre en la parte interior y en toda la suela y el taco.

El tribunal declaró culpable al apelante y lo condenó a cadena perpetua en el caso de asesinato en primer grado y a cumplir una pena de tres a ocho años de presidio en los casos de apropiación ilegal agravada. Señala el apelante la comisión de seis errores en relación con la celebración del juicio y su convicción por el delito de asesinato en primer grado. El apelante no hace apuntamiento alguno en relación con su convicción en los casos de apropiación ilegal agravada. Los errores señalados son los siguientes:

“Primer Error: Cometió gravísimo error de derecho el Honorable Tribunal de Instancia al no decretar la anulación del presente proceso, una vez se estableció que el Ministerio Fiscal había examinado y tomado declaraciones a los testigos de defensa, conculcando y eliminando de este modo el derecho constitucional del Lie. Jorge Luis Chaar Cacho de presentar ‘testigos a su favor’.
Segundo Error: Por actuaciones indebidas e ilegales del Ministerio Fiscal se violó el derecho constitucional del acusado a un debido procedimiento de ley por vía a la violación del resguardo del principio absoluto a la no incriminación y a un ‘proceso limpio’, ingrediente indispensable en nuestro sistema de un juicio justo e imparcial.
Tercer Error: Cometió gravísimo error de derecho el Tribunal de instancia al admitir en evidencia supuestas manifestaciones del acusado al Hon. Fiscal Román, sin las previas advertencias de ley y cuando el Fiscal que lo interroga, y que luego testifica en corte, sin duda alguna, tenía en su mente que el acusado era un sospechoso y no un mero testigo.
Cuarto Error: Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal de instancia al permitir la declaración del Hon. Fiscal Luis A. Román, sin que la misma fuese indispensable, privando en esta forma al acusado de un juicio justo e imparcial.
Quinto Error: Cometió grave error de derecho el Tribunal de instancia al ordenar caprichosamente el traslado del presente caso del Tribunal Superior de Aguadilla al Tribunal Superior de San Juan, sin fundamentos de hecho ni amparo en los principios de ley-vigentes en Puerto Rico, para un traslado de un caso criminal, y en contravención de la cláusula constitucional que garantiza en Puerto Rico el derecho a juicio por jurado.
Sexto Error: Cometió grave error de derecho el Honorable Tribunal de instancia al declarar culpable al Ledo. Jorge Luis Chaar Cacho, del delito de Asesinato en Primer Grado, ya que un análisis sereno y jurídico de las pruebas aportadas no establecen la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable y fundada.”

El primer señalamiento de error sostiene que procedía la anulación del proceso una vez se estableció que el Ministerio Fiscal había examinado y tomado declaraciones a los testigos de defensa.

El Art. 11 del Código de Enjuiciamiento Criminal dispone que el fiscal no deberá “interrogar a los testigos del acusado, excepto en el acto de celebrarse el juicio”. En Pueblo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 98, 105 (1970), establecimos que la medida más apropiada para proteger al acusado de las consecuencias de la violación del Art. 11 por parte del fiscal es ordenándole al fiscal poner a disposición del acusado las declaraciones juradas tomadas por él a los testigos del acusado y prohibiéndole hacer uso de dichas declaraciones. Aun si aceptáramos que para la fecha en que se tomaron las declaraciones juradas las personas interrogadas eran “testigos del acusado” para efectos del Art. 11 (ya hemos visto que el acusado no presentó prueba) del expediente surge que por orden del tribunal de instancia las declaraciones juradas fueron puestas a disposición del acusado y se le prohibió al fiscal hacer uso de ellas. Nada hay en el récord que sostenga que dichas medidas fueran insuficientes para garantizar los derechos del acusado.

El segundo señalamiento de error sostiene que por actua-ciones del Ministerio Fiscal se violó el derecho constitucional del acusado a no ser obligado a incriminarse mediante su propio testimonio. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11. Se discute, además, el privilegio que cubre las comunicaciones entre abogado y cliente. 32 L.P.R.A. see. 1734(2).

En cuanto al derecho constitucional de todo acusado a no ser obligado a incriminarse mediante su propio testimonio, es conveniente señalar que el acusado no prestó testimonio en el proceso seguido contra él. En cuanto a sus conversaciones con los fiscales en el cuartel de la policía los actos del acusado demuestran, no tan solo que fueron voluntarias sino que fue el propio acusado quien insistió en esperar la llegada de los fiscales para contarles lo ocurrido. Ver Pueblo v. Morales Silva, 99 D.P.R. 477, 483 (1970).

Sostiene el acusado que su derecho constitucional a no ser obligado a incriminarse se violó por el Ministerio Fiscal al tomarle una declaración jurada a su secretaria. No le asiste la razón. El citado derecho constitucional es uno personal que prohíbe que se obligue a una persona a testificar en su contra o a presentar y autenticar documentos o efectos personales que puedan incriminarlo. Andresen v. Maryland, 427 U.S. 463, 475 (1975); Bellis v. United States, 417 U.S. 85, 88 (1973). No obstante, el derecho a no ser obligado a incriminarse no se extiende para prohibir la presentación de evidencia incriminatoria obtenida sin la necesidad de compeler la cooperación de la persona incriminada. Fisher v. United States, 425 U.S. 391, 396 (1975); Couch v. United States, 409 U.S. 322, 328 (1972).

El privilegio que cubre las comunicaciones entre abogado y cliente no es aplicable a los hechos del caso de autos. Véanse las expresiones hechas en Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862, 871 (1962).() No surge de los hechos una relación de abogado y cliente a la cual deba aplicarse el privilegio para fomentar la relación de confianza entre ambos. No existiendo la relación principal, es improcedente invocar el privilegio en su función supletoria respecto a la secretaria del acusado.

El tercer señalamiento de error sostiene que el Fiscal Román interrogó al acusado, entonces sospechoso, sin hacerle las advertencias requeridas por ley, siendo inadmisibles en evidencia las manifestaciones del acusado.

En Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 779 (1965), comentando el caso de Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1963), señalamos que cuando la investigación de un delito toma el cariz de acusatoria y se posa sobre un sopechoso en particular con miras a sacarle una confesión, cobra realidad el proceso adversativo. “De que sea ya adversativo surge la obligación de la policía u otra autoridad competente de advertirle de su derecho constitucional a permanecer en silencio y no incriminarse, y de su derecho a tener allí y entonces asistencia de abogado y el permitirle que la tenga.” Rivera Escuté, supra. (Énfasis en el original.)

La prueba demuestra que el acusado le narró al fiscal su versión de los hechos voluntariamente y bajo circunstancias que no nos permiten revocar la conclusión del tribunal de instancia de que en dicho momento el Fiscal Román no sospechaba que el acusado fuera el autor del crimen. Por tanto, no era necesario hacerle las advertencias al acusado en aquel momento y no cometió error el tribunal de instancia al admitir en evidencia las manifestaciones hechas por el acusado.

El cuarto señalamiento de error sostiene que fue un error de hecho permitir que el Hon. Fiscal Luis A. Román declarara sin que fuera necesario por existir otros testigos de los hechos.

En las jurisdicciones estatales, como regla general, se ha determinado que los fiscales pueden testificar aunque se ha reconocido varios conflictos que pueden resultar en determinadas ocasiones. Annotation: Prosecuting Attorney as a Witness in Criminal Case, 54 A.L.R.3d 100 (1973).()

En Pueblo v. Flecha, 70 D.P.R. 685 (1949), señalamos en un escolio que el doble papel de fiscal y testigo debe evitarse porque el jurado tiende a conceder más peso a la declaración de un fiscal que a la declaración de un testigo corriente.

Como autoridad para el anterior aserto citamos a Robinson v. United States, 32 F.2d 505 (8th Cir. 1928). Una lectura de dicho caso revela que lo que se aconseja para evitar el mal que se apunta es que el fiscal que testifica no participe en el juicio. Ver además United States v. Pepe, 247 F.2d 838-844 (2d Cir. 1957); 54 A.L.R.3d, supra, a la pág. 118. Precisamente eso fue lo que ocurrió en el presente caso. El Fiscal Román fue fiscal-investigador y participó en los procedimientos de determinación de causa probable y fijación de fianza, pero en la vista del caso ante el Tribunal Superior de San Juan el Ministerio Fiscal estuvo representado por los fiscales Esteban de Jesús y Héctor Rivera Cruz. Además, al renunciar el acusado voluntariamente al derecho ajuicio por jurado, y al derecho de presentar testigos en su favor, desaparece el problema señalado en Pueblo v. Flecha, supra, sobre la credibilidad que pueda merecerle al jurado el testimonio del fiscal frente al testimonio de un testigo corriente. People v. Superior Ct. of San Luis Obispo Cty., App. 148 Cal. Rptr. 704, 710 (1978).

En vista de lo anterior concluimos que en el caso de autos, la declaración del Fiscal Román no privó al acusado de un juicio justo e imparcial.

El quinto apuntamiento sostiene que fue un error trasladar el caso al Tribunal Superior de San Juan. No se cometió el error señalado. La cláusula constitucional que garantiza el derecho a juicio por jurado imparcial compuesto por 12 vecinos del distrito no impide el traslado de ciertos casos a otros distritos.() Las Reglas 27 y 81 de las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 claramente contemplan el traslado y disponen los fundamentos que pueden aducirse para solicitar el mismo.

En el caso de autos los apelantes sostienen que la publicidad que tuvo el caso perjudicó al acusado y evitó que se celebrara un juicio imparcial. El hecho de un caso recibir mayor publicidad no establece por sí solo la comisión de un error en el juicio ni crea automáticamente prejuicio en contra del acusado. Véase lo expresado en Pueblo v. Dumas, 82 D.P.R. 416 (1961) y Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976). Se ha reconocido generalmente que las consecuencias adversas que puede tener la publicidad se contrarrestan considerablemente cuando el juicio se celebra en un área metropolitana populosa. People v. Manson, 132 Cal. Rptr. 265, 319 (1976).

Bajo los hechos del caso de autos, actuó correctamente el tribunal de instancia al trasladar el juicio al distrito judicial de San Juan para contrarrestar los posibles efectos adversos de la publicidad.

El sexto señalamiento de error sostiene que un análisis sereno y jurídico de las pruebas aportadas no establece la culpabilidad del acusado por el delito de asesinato en primer grado más allá de toda duda razonable. El relato que hemos hecho de la prueba desvirtúa este apuntamiento.

Se confirman las sentencias apeladas.

Los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García no intervinieron.

      (1)La Regla 25 de las Reglas de Evidencia de 1979 define la comunicación confidencial que protege este privilegio como “aquella comunicación habida entre un abogado y su cliente en relación a alguna gestión profesional basada en la confianza de que no será divulgada a terceras personas, salvo a aquellas que sea necesario para llevar a efecto los propósitos de la comunicación”.

      (2)Las Reglas de Evidencia de 1979 no prohíben que los fiscales sirvan como testigos por el hecho de ser fiscales. La anterior Ley de Evidencia tampoco lo prohibía.

      (3)Véase la discusión sobre la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, T. 3, págs. 1592-93.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Agustín Alcalá Fernández, acusado y apelante.

      Número: CR-78-63

      Resuelto: 13 de febrero de 1980

      Heyda Vigil MeClin, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante Agustín Alcalá Fernández fue declarado culpable del delito de asesinato en primer grado al perpetrar los delitos de violación y sodomía en la niña Jancy Préstamo de cuatro años de edad ocasionándole la muerte. Los hechos ocurrieron en el Residencial Dr. Pila de la ciudad de Ponce pero a solicitud del apelante el Hon. Arturo Cintrón García en una resolución ampliamente fundada ordenó el traslado del caso a la Sala de San Juan, lugar en que se celebró el juicio por tribunal de derecho al renunciar el apelante a un juicio por jurado.

En apelación Alcalá Fernández impugna el fallo condena-torio señalando como error que su confesión y admisiones incriminatorias fueron el producto de un arresto ilegal y de la coacción en violación de sus derechos constitucionales. Es menester resumir los hechos pertinentes para considerar en su debida perspectiva el planteamiento del apelante y nuestra conclusión.

En la noche del 31 de diciembre de 1977 se reunieron varios vecinos con el propósito de despedir el año en la acera del bloque 31 del Residencial Dr. Pila de Ponce. Allí se encontraba la infortunada Jancy, su señora madre Graciela Rodríguez y el apelante Agustín Alcalá Fernández. Minutos después de las doce de la noche Graciela subió por unos minutos a su apartamento y al bajar notó la ausencia de Jancy. Preguntó por ella y un vecino le informó que la había visto parada en la acera frente al bloque 32 al lado del apelante. Al no ver a éste ni a la nena empezó a gritar y todos salieron a buscarla por los alrededores. Fueron al aparta-mento donde vivía el apelante con su hermano pero no lo encontraron. A las dos de la mañana cuando llegó la policía al apartamento a investigar la desaparición de Jancy ya el apelante había regresado. El policía le pidió que se vistiera y le acompañara al cuartel para una investigación. El apelante se vistió rápidamente y se fue con el policía al cuartel. Allí le informaron que se había reportado como desaparecida a la niña Jancy Préstamo y que como él era la última persona que se había visto cerca de ella lo habían llevado al cuartel para conversar con él y ver si podía brindarles cualquier informa-ción que les ayudara a localizarla.

No le hicieron advertencia alguna en ese momento porque él no estaba detenido ni lo consideraban sospechoso de delito ya que no se había reportado delito alguno. De todas maneras el apelante no ofreció información y poco tiempo después le informaron que podía irse. El apelante no quiso regresar al Residencial Dr. Pila y pidió a la policía que lo llevara al Residencial Villa Pámpanos donde su hermano le había gestionado alojamiento.

El seis de enero la niña apareció muerta en unos matorrales cerca del Residencial Dr. Pila. Notificado del hallazgo, el Sargento Flor Casiano fue al lugar de los hechos en un auto patrulla. Es allí donde sospecha del apelante y decide ir a buscarlo a Villa Pámpanos para llevarlo a la oficina.

Considerado ya el apelante sospechoso de delito, Casiano le hizo entonces las advertencias de rigor informándole que la niña había aparecido muerta y que él era un sospechoso del crimen; que tenía derecho a estar asistido de abogado, que si no lo podía pagar él haría las gestiones para conseguirle uno; que tenía derecho a permanecer callado; que cualquier cosa que dijera podía ser utilizada en su contra y que podía estar asistido de un familiar cercano, habiendo accedido ya, dicho sea de paso, a que su hermano lo acompañara. Casiano llamó por teléfono a la Oficina de Investigaciones Criminales y para mayor seguridad pidió que le trajeran un automóvil sin rotular. Se movieron todos en el vehículo rotulado a un lugar cercano frente al drive-in a esperar el vehículo sin rotular. Casiano se bajó del automóvil, siguiéndolo el apelante y otro agente. José, el hermano del apelante, se quedó dentro del automóvil. Caminaron los tres alrededor de quince pasos cuando el apelante preguntó a Casiano si era cierto que la niña había aparecido muerta, contestándole Casiano afirmati-vamente. Casiano volvió a hacerle las advertencias leyén-doselas de una tarjeta que se usa para esos fines. Fue entonces que el apelante expresó: “Ah, si yo no la quería matar.” T.E., Vol. I, pág. 162. Casiano volvió a hacerle las advertencias pero el apelante continuó: “Oh, si yo no sé como se me vino a mí a la mente. Si yo a quien estaba velando... era a Milagros... pero como esas eran cosas de picao que se llevó esa nena....” Acto seguido indicó el apelante que había intentado violar a la niña pero que al verla “aleteando mucho” la había dejado tirada en el matorral. Id. a las págs. 164,165. En eso llegó el fiscal Justo Torres en un vehículo, se le informó que el apelante había confesado y se fueron a la Oficina del Negociado de Asuntos Criminales donde el fiscal entrevistó al apelante.

Salieron de la Oficina del Negociado de Asuntos Criminales al lugar de los hechos y el apelante les explicó con lujo de detalles la ruta que había seguido con la niña desde el frente de los apartamentos hasta el pastizal donde apareció muerta. El público se aglomeró, se exaltaron los ánimos y tuvieron qué correr hacia el automóvil para protegerse de la ira de los vecinos. Salieron para la Fiscalía donde el fiscal le hace las advertencias de rigor, le consigue a un abogado para que lo asista en los procedimientos y el apelante vuelve a hacer admisiones de culpabilidad y a prestar una declaración por escrito.

Hasta aquí los hechos pertinentes para considerar los planteamientos del apelante. No es necesario resumir los múltiples incidentes que ocurrieron en la Fiscalía porque aun eliminando la confesión escrita que allí hizo el apelante, hay en el récord prueba suficiente que sostiene ampliamente el fallo condenatorio.

El apelante sostiene que las admisiones inculpatorias al Sargento Flor Casiano y al fiscal no son admisibles como prueba en su contra por ser las mismas el producto de un arresto ilegal y de presiones indebidas, y que su renuncia al derecho a no autoincriminarse no fue voluntaria ni inteli-gentemente hecha. A esos efectos, arguye que fue ilegalmente detenido la noche del primero de enero y que se le sometió a un proceso inquisitorial para presionarle a que hablara; que el día dos de enero estuvo sujeto a otra intervención por el Alcalde de Ponce que llevaba el propósito de inducirlo a declarar con promesas de ayudarlo; que la detención del seis de enero fue ilegal porque la mera sospecha del Sargento Flor Casiano no constituía motivo fundado para justificar el arresto; que tampoco fue suficiente para conectarlo con el crimen el hecho de que se viera a la niña por última vez parada junto a él; que siendo ilegal la detención efectuada el 6 de enero, aunque el Sargento Casiano le hizo las advertencias de ley, sus admisiones inculpatorias en esa ocasión eran inadmisibles por ser el fruto de un arresto ilegal conforme lo resuelto en Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963) y Brown v. Illinois, 422 U.S. 590 (1975).

Es decir, el apelante engarza en su argumentación inci-dentes acaecidos en tres momentos distintos, el día primero de enero, el dos y el seis para sostener la inadmisibilidad de sus declaraciones incriminatorias. En aras de la mayor claridad en la discusión consideraremos estos incidentes separadamente para determinar: (a) la legalidad del arresto y (b) la voluntariedad de la confesión. En cuanto a lo segundo, por supuesto, se trata de determinar si medió por parte del apelante una renuncia consciente e inteligente del privilegio contra la autoincriminación.

Legalidad del arresto

Como se sabe, un funcionario de orden público puede efectuar un arresto sin la orden correspondiente, entre otros casos, cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave, independientemente de que dicho delito se hubiese cometido o no en realidad. Regla 11 de Procedimiento Criminal, 2 Práctica Forense, pág. 20. La jurisprudencia enmarca el concepto de “motivo fundado” en la posesión de aquella información y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha cometido delito. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70, 74 (1965); Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245, 248 (1966). La conducta del funcionario público se juzga pues en orden al criterio de la persona prudente y razonable, por lo que es necesario considerar las circunstancias específicas del arresto para determinar su validez.

Debe advertirse que el primero de enero no hubo arresto ni el apelante hizo admisión alguna que lesionara sus derechos constitucionales. Se recordará que esa noche él fue conducido voluntariamente al Cuartel de la Policía con el propósito de conversar con él para ver si podía suministrar alguna información relacionada con el paradero de la niña ya que él fue la persona que se vio cerca de ella por última vez. Aún no se le consideraba sospechoso de delito porque todavía no había información de que se hubiera cometido delito alguno y, por tanto, no era necesario que la policía le hiciera las advertencias de rigor. Así lo acepta el apelante en su alegato.

No obstante, el apelante arranca de los incidentes de esa noche para atacar las admisiones inculpatorias que posterior-mente hizo fundándose en que el hecho de haber estado detenido en el Cuartel desde las dos de la mañana hasta cerca de las cuatro de la tarde constituía una presión psicológica indebida que le indujo a incriminarse. No tiene razón. Como hemos visto, la prueba demostró que su estadía en el Cuartel se prolongó debido a que su hermano salió a hacer gestiones para conseguirle alojamiento en Villa Pámpanos, ya que debido a la exaltación de los ánimos en el vecindario del Residencial Dr. Pila ellos consideraron prudente no regresar a ese lugar.

Consideraremos ahora las circunstancias que motivaron el arresto del apelante el seis de enero.

El punto de partida para el arresto fue la aparición del cadáver de la niña ese día. El Sargento Casiano tuvo ante sí en ese momento como hechos irrefutables (1) la desaparición de la niña en circunstancias singulares el primero de enero; (2) la reacción espontánea de los vecinos que inmediatamente señalaron al apelante como sospechoso hasta el punto que al primer sitio que se dirigieron a buscarla es a su apartamento; (3) el hecho de que fue él la última persona que se vio junto a la niña asesinada; (4) la decisión voluntaria del apelante y su hermano de no regresar al apartamento del Dr. Pila por temor a la ira de los vecinos y (5) la aparición del cadáver de la niña.

No se trataba, como arguye el apelante, de una mera sospecha por el hecho de haber sido él la persona junto a la cual se vio a la niña por última vez, sino de un conjunto de circunstancias cuyo conocimiento constituía motivo fundado para que una persona razonable y prudente creyera que él había asesinado a la niña desaparecida. En consecuencia, la actuación del Sargento Casiano de arrestar al apelante el seis de enero estuvo ampliamente justificada, conforme los criterios establecidos en la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, y la jurisprudencia interpretativa de la misma. No son de aplicación al caso de autos lo resuelto en los casos de Wong Sun v. United States, supra, ni Brown v. Illinois, supra, citados por el apelante en su alegato, por tratarse de un arresto legal.

Voluntariedad de la confesión

La prueba demuestra que el Sargento Casiano hizo al apelante las advertencias de rigor en dos ocasiones: al momento de efectuar el arresto en Villa Pámpanos y al comenzar el apelante a hacerle las admisiones incriminatorias frente al moto-cine cuando se detuvieron a ocupar el vehículo sin rotular. El apelante no cuestiona la validez de las advertencias que le hizo el Sargento Casiano, las cuales hemos examinado en el récord y encontramos que cumplen rigurosamente con las normas requeridas en Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 657 (1965) y Pueblo v. Guadalupe Rosa, 94 D.P.R. 190 (1967). Sostiene, sin embargo, que las mismas no son admisibles porque son el producto de la coacción y el engaño, y, que su renuncia al privilegio de la autoincriminación no fue consciente ni inteligentemente hecha. No tiene razón.

El récord demuestra que no hubo coacción física ni sicológica para inducir al apelante a incriminarse. Su propio hermano José declaró como testigo de la Defensa que no hubo en su presencia amenazas ni coacción física:

“P. Le pregunto, desde ese instante en que Agustín y Casiano se montan en el carro, se detienen más alante, usted estaba presente cuando se detiene, está presente en el carro, le pregunto si algún agente, Casiano o alguna otra persona amenazó de palabras a este señor Agustín, le dijo: “Mira . . . , alguna amenaza de esas de palabras.”
“R. No, no, en honor a la verdad, en mi presencia yo no vi.” T.E., Vol. III, pág. 27 (Énfasis suplido.)

Más adelante José ratifica que en el trayecto del moto-cine a la Comandancia, los agentes se portaron calmadamente y que no hubo agresión o amenaza alguna. T.E., Vol. III, págs. 32, 33. Aparece, además, del récord que en ese momento no había la presencia de un público hostil ni aglomeración excesiva de agentes del orden que pudieran amedrentar sicológicamente al apelante. Su hermano estuvo presente desde el momento del arresto en Villa Pámpanos hasta llegar a la Comandancia. Al momento de hacer las admisiones incrimi-natorias sólo estaban presentes el Sargento Casiano, dos agentes de la policía y, como a veinte pasos de ellos, su propio hermano sentado en el automóvil. Tampoco fue el apelante sometido a un interrogatorio persistente, ni agresivo, ni incomunicado en forma alguna.

Todas estas circunstancias son muy diferentes a las presentes en Pueblo v. Fournier, 77 D.P.R. 222 (1954), que tan insistentemente cita en su apoyo el apelante. Por otro lado, el apelante es una persona normal que cursó hasta el octavo grado, tomó un curso comercial, trabajó en la oficina de un abogado por varios años y a la fecha de la comisión del delito era empleado del Municipio; todo lo cual demuestra su capacidad para entender las advertencias que se le hicieron y la consecuencia de su admisión con respecto a su culpabilidad.

Los hechos anteriormente apuntados nos convencen que las admisiones incriminatorias hechas por el apelante el día 6 de enero al Sargento Casiano fueron voluntarias, inteligentes y conscientemente hechas por lo que fue correcta la actuación del tribunal de instancia al admitirlas en evidencia.

No hemos considerado necesario referirnos al argumento del apelante de que el Alcalde de Ponce le hizo promesas para inducirlo a declarar cuando él y su hermano se reunieron el dos de enero con el Alcalde en los terrenos donde ubican las oficinas del Municipio de la Playa de Ponce. El récord guarda silencio sobre el contenido de esas conversaciones y el alcance y naturaleza de las mismas, por lo que no estamos en condiciones de juzgar el efecto que pudieron tener, si alguno, en la mente del apelante para determinar si éstas constituyeron o no presión indebida.

Se dictará sentencia confirmando la aquí apelada.


author: (Fdo.) Ernesto L. Chiesa Juez Asociado Señor Dávila. Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Partido Independentista Puertorriqueño, representado por su Presidente, Rubén Berríos Martínez, demandante y apelado, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y apelantes.

      Número: O-80-68

      Resuelto: 14 de febrero de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Subprocurador General Interino, abogados de los apelantes Estado Libre Asociado y Secretario de Hacienda; Miguel A. Pagan, Eunice Sein Llompart y José A. Carlo, abogados del Administrador General de Elecciones, apelante; Héctor M. Laffitte y Héctor Reichard, Jr., abogados del New Democratic Party of Puerto Rico, interventor; Luis Rivera Lacourt, abogado del Partido Independentista Puertorriqueño, apelado.
   RESOLUCIÓN

Examinados los autos, se deniegan las mociones radicadas por el Administrador General de Elecciones y otros para que, en auxilio de la jurisdicción de este Tribunal, se paralice el interdicto permanente dictado por el Tribunal Superior por voz de la Hon. Carmen Sonia Zayas en este caso. Las razones para la continuación del interdicto dictado se expresan básicamente en P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978).

Lo aquí resuelto en nada afecta el uso de los edificios escolares autorizado por la Ley Núm. 94 de 30 de junio de 1975, 18 L.P.R.A. sec. 126a. Véase nuestra Resolución de 27 de setiembre de 1978 en P.S.P. v. E.L.A., supra.

El Señor Juez Asociado, Hon. Antonio S. Negrón García, emitió un voto particular concurrente. Los Señores' Jueces Asociados, Hons. Carlos V. Dávila y Ángel M. Martín, emitieron votos disidentes.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

-0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 1980

Sin entrar a considerar si lo dispuesto en el Art. 32() de la nueva Ley de Primarias, Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, salva los defectos apuntados en el dictamen de este Tribunal en el caso de P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978), disiento del acuerdo del Tribunal al negarse a dejar sin efecto el entredicho dictado por el Tribunal Superior en virtud de lo expresado en mi disenso en el caso antes mencionado.

Ahora bien, aparte de lo anterior, considero irrazonable el acuerdo del Tribunal. Veamos porqué.

Es sabido que toda ley se presume constitucional y que la Asamblea Constituyente estableció en la See. 4 del Art. V de la Constitución que “[njinguna ley se declarará inconstitucional a no ser por una mayoría del número total de los jueces de que esté compuesto el tribunal de acuerdo con esta Constitución o con la Ley”. El obvio propósito de esta disposición es salvaguardar la voluntad del pueblo representado en la Asamblea Legislativa. Siendo esto así, y alegándose en el presente recurso que en la nueva Ley de Primarias, Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, se ha subsanado la principal deficiencia de que adolecía la anterior ley — Ley Núm. 102 de 24 de junio de 1977 — según se resolvió en P.S.P. v. E.L.A., supra resulta irrazonable e injusto mantener en toda su fuerza y vigor el interdicto dictado por el Tribunal Superior. El no suspenderlo convierte en académico el recurso en lo que se relaciona a las primarias a celebrarse el 17 de febrero de 1980. Por otro lado, si se suspenden los efectos del interdicto convierte en académico el caso de la parte demandante. La única forma justa y razonable de resolver este dilema es adoptando una resolución siguiendo los términos de la que adoptó el Tribunal en el caso de P.S.P. v. E.L.A., y teniendo presente lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley Núm. 6 antes mencionada al efecto de que “[l]as primarias presidenciales se celebrarán en la fecha que cada partido político afiliado determine, pero no antes del tercer domingo de febrero ni después del 31 de marzo del año en que deban celebrarse las elecciones presidenciales en los Estados Unidos”.

Así, para proteger los intereses de ambas partes en el litigio la resolución dictada en el día de hoy por el Tribunal debió consignar que el recurso se resolvería no más tarde del 22 de febrero de 1980 de suerte que las partes tuvieran oportunidad de posponer las primarias y revisar el dictamen emitido y proteger sus derechos solicitando remedios ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en auxilio de su jurisdicción.

-O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 1980

Disiento de la decisión del Tribunal que deniega la paralización del entredicho dictado por el Tribunal Superior contra el Administrador General de Elecciones y el Secretario de Hacienda de Puerto Rico.

Este Tribunal basado en lo resuelto en P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978), ha convertido en ilusorios los recursos de apelación instados en tanto en cuanto afectan el desembolso de fondos para las primarias del Partido Republicano de Puerto Rico a celebrarse dentro de tres días. Al así actuar considero que ha anticipado su criterio en cuanto a los méritos de los recursos presentados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Secretario de Hacienda y el Administrador General de Elecciones, así como la solicitud de intervención del New Democratic Party of Puerto Rico.

En mi opinión disidente en P.S.P., supra, expresé mi criterio sobre la facultad de la Asamblea Legislativa para disponer de propiedades y fondos públicos para fines públicos conforme lo dispone la Sec. 9 del Art. VI de la Constitución de Puerto Rico.

Allí expresé que:

“El concepto de ‘fin público’, a falta de definición en la Constitución, ha de ser moldeado por la Asamblea Legislativa que es la rama de gobierno que tiene la facultad primaria de hacer la determinación, por mandato constitucional, estando dicho poder subordinado a la soberanía del pueblo. Su facultad, como he dicho anteriormente, es amplia y abarcadora, siendo sus miembros los representantes directamente electos, por el pueblo para ejercer la función legislativa, con todos los medios a su disposición para hacer las determinaciones que correspondan luego de hacer los estudios y consultas de todos los factores envueltos, tales como los beneficios que habrá de derivar el pueblo de las medidas que adopte y previa las deliberaciones entre sus componentes.
El concepto ‘fin público’ y la latitud que tiene la Legislatura para determinar su alcance fue interpretado por primera vez, durante la vigencia de la Ley Jones, por este Tribunal en McCormick v. Marrero, Juez, 64 D.P.R. 260 (1944) al declarar:
‘La Legislatura tiene amplia discreción para determinar qué es lo que constituye un fin público y para tomar aquellas medidas que a su juicio promuevan el bienestar de la comunidad. No es función de los tribunales la de expresar opinión sobre la sabiduría o conveniencia de una medida legislativa. Si ésta contiene elementos de beneficio público y el propósito que se trata de realizar es de carácter público, la cuestión en cuanto al beneficio que haya de recibir el público debe ser resuelta por la Legislatura y no por los tribunales.. . .’ pág. 267.
Luego en P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 D.P.R. 982 (1960) (Serrano Geyls, J.), al considerar el poder de imposición de tributos que confería la Carta Orgánica de 1917 a la Legislatura y los fines para los que dichas contribuciones habrían de ser utilizadas, concluimos a la luz del significado lógico y corriente de las palabras usadas, de la gravísima importancia del poder fiscal, de la intención del Congreso ‘de dotar a Puerto Rico con poderes de gobierno similares a los de un estado, y de la práctica invariable de más de medio siglo, que la frase ‘para los fines de los gobiernos insular y municipal’ de la see. 3 de la Carta Orgánica no tiene un significado más estrecho que la frase ‘para un fin público’, limitativa de los poderes del Congreso y los estados’. Págs. 994-995.
Toda vez que la referida disposición de la Carta Orgánica de 1917 ata la imposición de tributos con los fines a que éstos han de dedicarse al ámbito de poder de la Legislatura para imponer tributos queda limitado éste a los fines en que habrán de utilizarse los tributos. La función judicial para revisar, tanto la imposición de contribuciones como los fines a que se destinen, según expresamos en P.R. Telephone es extremadamente reducida, y al efecto dijimos:
‘A los criterios usuales de autolimitación que guían ‘la grave y delicada función’judicial de juzgar la validez constitucional de las medidas legislativas — E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 595-597 (1958) — se une en este caso la especial circunstancia de que la determinación del legislador tiene por base variados elemen-tos de la política pública cuyo escrutinio está fuera de la competencia de los jueces.’ Pág. 996.
Allí citamos con aprobación jurisprudencia federal en torno al problema de la discreción legislativa al decir:
‘En repetidas ocasiones el Tribunal Supremo federal ha fijado la profundidad de las incursiones judiciales en esta área. En Carmichael v. Southern Coal Co., 301 U.S. 495, 514-515 (1937) el Tribunal explicó que desde la adopción de la Enmienda XIV los estados sólo pueden imponer contribuciones para un fin público y no para propósitos privados, pero que los requisitos del debido procedimiento dejan ‘campo libre para el ejercicio de una amplia discreción legislativa al determinar qué erogaciones servirán el interés público’. Esa discreción incluye, desde luego, la asignación de fondos para el ‘bienestar general’. ‘Las maneras de beneficiar el interés público están peculiarmente dentro del conocimiento de Legislatura’ y ‘es a ésta y no a los tribunales a la que corresponde el deber y la responsabilidad de escoger entre los posibles métodos’. Por consiguiente para justificar la inter-vención de un tribunal se requiere ‘un caso claro de desviación de cualquier propósito público que razonablemente pudiera conce-birse’, o como se dijo en Helvering v. Davis, 301 U.S. 619, 640 (1937) ‘un despliegue de poder arbitrario, no una demostración de juicio’. Y esa autoridad judicial, se añadió en Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1, 6(1947), debe ejercitarse ‘con la más extrema cautela’.’ 81 D.P.R. págs. 996-997.
También nos referimos allí a lo que constituía ‘el fin público’ al expresar:
‘El concepto de ‘fin público’ no es uno estático, atado de por siempre a las ideas que en un momento histórico particular definieron los poderes y responsabilidades del gobierno. Está, por el contrario indisolublemente ligado al bienestar general y, como éste, tiene que ceñirse a las cambiantes condiciones sociales de una comunidad específica y los problemas peculiares que éstas crean, y a las nuevas obligaciones que el ciudadano impone a sus gobernantes en una sociedad democrática alta-mente compleja. Helvering v. Davis, supra, pág. 641. Debe recordarse que la ‘Enmienda XIV no privó a los estados de su facultad de enfrentarse a problemas que anteriormente habían sido dejados para ser resueltos por los individuos.’ Everson v. Board of Education, supra, pág. 7.’ Pág. 997.”

J — I h — i

Al establecer el sistema de primarias presidenciales!) compulsorias el legislador plasmó en la exposición de motivos de dicha pieza legislativa el reconocimiento del “fin público” perseguido. Me permito citar a continuación algunas partes pertinentes de dicha exposición:

“El preámbulo de la Constitución de Puerto Rico establece como factor determinante en nuestra vida, la ciudadanía de los Estados Unidos de América y la aspiración a continuamente enriquecer nuestro acervo democrático en el disfrute individual y colectivo de sus derechos y prerrogativas. La participación de los puerto-rriqueños en los procesos políticos de nuestra Nación está acorde con lo consignado en el Preámbulo de la Constitución de Puerto Rico.
El proceso político para las elecciones presidenciales de 1980 ya se ha iniciado en Puerto Rico. El Partido Republicano tiene un organismo directivo central y se encuentra en un proceso de reorganización. El Partido Demócrata, por otro lado, en una elección interna o primaria, en la cual participaron más de 350,000 puertorriqueños, eligió 200 delegados estatales, que constituyen su Organismo Directivo Central y que es el equivalente de una Convención o Asamblea Estatal.
Es de conocimiento general el interés que han demostrado nuestros ciudadanos de participar activamente en el proceso de nominación de los candidatos de los distintos partidos políticos nacionales aún dentro de las limitaciones del actual marco jurídico político de Puerto Rico. Ello se ha hecho evidente a través de los años, ya que hace décadas que distinguidos puertorriqueños vienen participando en representación de Puerto Rico como delegados en las convenciones nominadoras de los partidos nacionales.
Ese interés extraordinario del pueblo puertorriqueño por la participación en las actividades y procesos decisionales de los partidos políticos nacionales de los Estados Unidos, quedó dramáti-camente demostrado durante las elecciones internas o primarias especiales que se llevaron a cabo en Puerto Rico durante el mes de octubre de 1978 y en las cuales participaron más de 350,000 puertorriqueños, lo que constituye una cantidad sustancial de nuestro electorado, ya que es equivalente a una cuarta parte de los electores que participaron en las elecciones generales de 1976. Hubiese sido claramente imposible llevar a cabo dicha actividad mediante la utilización del viejo sistema denominado como ‘caucus’. La organización de tal actividad fue localmente celebrada conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 102 de 24 de junio de 1977, conocida como ‘Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias’. De no haberse utilizado el sistema de primarias una cuarta parte de nuestro electorado tal vez hubiese estado expuesta al riesgo de la violencia corporal o a la intimidación de la conciencia. El propósito principal de la presente ley, al igual que lo fue el de su legislación antecesora, es el de proveer un sistema racional y seguro que viabilice las manifiestas ansias de nuestros ciudadanos de participar activamente en los procesos de selección de los delegados puerto-rriqueños que participan en las convenciones nominadoras de los partidos nacionales, así como en los procesos internos de dichos partidos, como es el de redactar la plataforma de cada partido nacional que eventualmente pueda constituirse en el programa de gobierno de la nación. Existe en el votante un legítimo interés de seleccionar libremente las personas que habrán de representarle en la confección del programa de gobierno de cada Partido Nacional.
La aprobación de esta ley, como lo requirió su antecesora, probablemente demande la erogación de fondos públicos para poner en vigor los altos propósitos de participación democrática y paz social que la inspiran.
El Artículo VI de la Sección 9 de la Constitución de Puerto Rico expresa: ‘solo se dispondrá de las propiedades y fondos públicos para fines públicos y para el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones del estado y en todo caso por autoridad de ley’. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al aprobar esta legislación, provee con ella la autoridad de ley necesaria, para que, en su día, se autorice la erogación de fondos públicos y la utilización de las propiedades del pueblo necesarias para dar cumplimiento cabal al fin e interés públicos que quedan expresados en los párrafos que preceden.”

Ante tan diáfanas manifestaciones es altamente impropio y contrario a la función de esta Corte, sustituir el criterio legislativo y consignar que no hay fines públicos presentes. A las ramas políticas, que están en contacto con el pueblo, les compete auscultar el interés comunitario. Nuestra invasión de esa función podría convertir el Poder Judicial en un principado. Los jueces no estamos exentos de la norma que proscribe el abuso del derecho. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979).

El amplio poder de la Asamblea Legislativa para deter-minar que las primarias presidenciales constituyen “fines públicos”, reforzado con la deferencia y respeto que debemos a las actuaciones de la rama legislativa, de igual jerarquía que la judicial, dentro de nuestro sistema de gobierno constitucional, debe merecer nuestro respeto a menos que sea un caso claro de desviación de cualquier propósito público que pueda concebirse.

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Comoquiera que uno de los fundamentos decisionales dé P.S.P. v. E.L.A., supra, fue que “la Asamblea Legislativa está desprovista de poder ... para legislar en zonas reservadas al pueblo de Puerto Rico, tales como la relativa al voto presi-dencial, a menos que el pueblo la autorice expresamente”, estimo necesario hacer un breve análisis sobre tal fundamento. (Bastardillas nuestras.)

El Tribunal se refería a la Sec. 19 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que reza como sigue:

“La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertene-cientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específica-mente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.”

Para reforzar su afirmación de que la citada cláusula constitucional invade una zona vedada a la autoridad legisla-tiva, cual es la relativa a los derechos pertenecientes al pueblo, descansa el Tribunal en el argumento de que es al Pueblo de Puerto Rico “a quien corresponde entender directa-mente en la decisión de su destino político final o en la aprobación de medidas que afecten de modo importante sus relaciones con Estados Unidos”. Y, se apoya, además, en la Resolución Núm. 23, inciso (d), de la Convención Consti-tuyente, que dice que: “El pueblo de Puerto Rico retiene el derecho de proponer y aceptar modificaciones en los términos de sus relaciones con los Estados Unidos de América.”

No cuestiono, mas sin embargo acepto, que cualquier cambio en los vínculos jurídicos que rigen la relación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los Estados Unidos de América, tales como el voto presidencial, requiere el consentimiento del pueblo mediante referéndum celebrado al efecto.

La opinión en P.S.P. v. E.L.A., supra, que pretende abordar la cuestión constitucional en torno a la reserva de los poderes del pueblo evade el análisis de lo que constituyen las medidas que afectan de modo importante las relaciones entre ambos pueblos. Menciona la decisión del destino político final del país y el voto presidencial. Tales decisiones requieren un proceso político complicado y van dirigidas a modificar los vínculos jurídicos que unen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico con los Estados Unidos de América. Resulta, pues, peregrino que las primarias presidenciales constituyen cambio en dichos vínculos jurídicos.

Por los fundamentos expuestos concluyo que tanto la Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979 que autoriza las primarias presidenciales, como la Resolución Conjunta Núm. 79 de 12 de julio de 1979, deben sostenerse como consti-tucionalmente válidas y, en su consecuencia, paralizaría la orden de entredicho dictada por la Sala de San Juan del Tribunal Superior en 11 de febrero de 1980.

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Voto del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 1980

Conscientes de que la decisión de no paralizar los procedi-mientos torna académico el pretendido derecho a utilizar fondos públicos y demás facilidades gubernamentales en las primarias republicanas del próximo domingo — salvo el uso de las escuelas públicas con sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 94 de 30 de junio de 1975, 18 L.P.R.A. sec. 126a(a) — y reconociendo la gama de criterios dispares, todos respetables, que esta controversia genera, dentro y fuera del Tribunal, en cuanto a los méritos y curso de acción ulterior del caso, estimamos oportuno exponer varias reflexiones mínimas sobre la inconstitucionalidad del inciso (e) de la Resolución Conjunta Núm. 79 de 12 de julio de 1979, asignando $518,000 para las denominadas Primarias Presidenciales, y de la Ley Núm. 1 de 7 de junio de 1978,16 L.P.R.A. sec. 3007(n).

La sentencia del tribunal de instancia encuentra apoyo en sólidos principios fundamentales, de rango constitucional según consignáramos en nuestra ponencia separada en el caso de P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978). Veamos.

La Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979, denominada Ley de Primarias Compulsorias, en términos generales refleja la intención de la Asamblea Legislativa — inspirada en el deseo de darle mayor participación pública a los electores interesados en participar de algún modo en el proceso de selección de candidatos presidenciales de los Estados Unidos. Intenta regular y establece un sistema de primarias presi-denciales obligatorias en Puerto Rico para canalizar pacífi-camente la expresión de los electores puertorriqueños en cuanto a candidatos a la nominación para la presidencia de los Estados Unidos y para la elección de delegados y sus alternos a la Convención Nacional nominadora de los partidos nacionales. Su exposición de motivos, en síntesis, expresa: que la participación de los puertorriqueños en los procesos preliminares en los Estados Unidos está en consonancia con el preámbulo de nuestra Constitución; ha sido en el pasado limitada; que existe al presente un partido republicano en proceso de reorganización y uno demócrata; que la ciudadanía en general ha expresado un interés en particular; que hay la necesidad imperiosa de reglar y sistematizar, ordenadamente y sin riesgos, dicho proceso; y que para ello será menester asignar fondos públicos caracterizándose la erogación de éstos como uno permisible constitucionalmente. Se hace salvedad sobre los siguientes extremos:

“Es política pública del Pueblo de Puerto Rico la de que corresponde exclusivamente a las mayorías electorales puerto-rriqueñas el tomar cualquier decisión que estimen propicia con relación al destino político de Puerto Rico mediante su expresión en un proceso plebiscitario que deberá llevarse a cabo separadamente de las Elecciones Generales de Puerto Rico y, por supuesto, separadamente también del proceso de primarias, sean éstas relativas a los partidos políticos locales o a los partidos políticos nacionales.
Por otro lado, consideramos que dado el hecho histórico de la existencia en Puerto Rico de filiales de Partidos Nacionales, es requisito esencial el de que cualquier partido político afiliado, para gozar de tal condición cuente con el reconocimiento del Partido Nacional de que se trate. Esta ley, no obstante liberalizar en cierta medida, los requisitos de inscripción de los partidos políticos afiliados, mantiene las mismas, con el rigor necesario, para asegurar que no se vulnere la buena fe de los Partidos Nacionales. Por ello, se hace mandatorio el que las peticiones de inscripción de los partidos políticos afiliados sean debidamente suscritas ante Notarios Públicos Autorizados.”

El Art. Sexto, See. 4 de nuestra Constitución reza:

“Las elecciones generales se celebrarán cada cuatro años en el día del mes de noviembre que determine la Asamblea Legislativa. En dichas elecciones serán elegidos el Gobernador, los miembros de la Asamblea Legislativa y los demás funcionarios cuya elección en esa fecha se disponga por ley.
Será elector toda persona que haya cumplido dieciocho años de edad, y reúna los demás requisitos que se determine por ley. Nadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir o por no poseer propiedad.
Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.
Todo funcionario de elección popular será elegido por voto directo y se declarará electo aquel candidato para un cargo que obtenga un número mayor de votos que el obtenido por cualquiera de los demás candidatos para el mismo cargo.”

Su texto claramente expone — corroborado de un examen detenido del legajo de la Constituyente — que la amplia facultad concedida a la Asamblea Legislativa para promulgar y reglar el proceso electoral se proyecta y parte de la premisa de que dicha facultad es con referencia a elecciones para candidatos a puestos electivos en Puerto Rico. IV Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente, 2621 (ed. 1961). Y, claro está, dicho poder no puede usarse indiscriminada o arbitrariamente.

Salta a la vista que la Asamblea Legislativa, mediante la Ley de Primarias antes mencionada, realmente ha creado por ficción unos partidos políticos adicionales que no existen como tal, pues sus miembros necesariamente salen de las filas de los partidos principales locales puertorriqueños. Como veremos más adelante, ello vulnera el derecho de otros electores basado en la igual protección de las leyes.

Como indicáramos en P.S.P., supra:

“El carácter presuntivo de partidos políticos bona fide — con aspiraciones legítimas de postular candidatos para las elecciones generales del país — ... ha quedado destruido. El nombre no hace la cosa. . . . [Estos partidos] no ostenta[n] ni gozafn] de franquicia electoral en nuestro país lograda mediante el trámite inicial de inscripción exigido en la Ley Electoral a los partidos políticos puertorriqueños. El concepto partido político afiliado a uno nacional, acuñado en la Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias, es extraño al bosquejo y diseño constitucional vigente. ‘Desde tiempo inmemorial se ha dicho que una elección para un puesto público no es nada más ni menos que la expresión por electores cualificados de su candidato preferido.’ U.S. v. Classic, 33 U.S. 299, 318 (1940). (Bastardillas nuestras.)
Por circunstancias particulares en la relación política prevale-ciente que no nos corresponde examinar, nuestra Constitución ni la de los Estados Unidos reconocen el derecho a que los electores de Puerto Rico voten por los candidatos a dichos cargos públicos. En otras palabras, no somos electores- cualificados para votar con relación a dichos cargos ejecutivos federales. ¿Podría la Asamblea Legislativa otorgar dicha cualidad? Al presente nuestra fuente de poder político y público ‘. . . emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América. ’ (Art. I, Sec. 1 Constitución.) R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964). En lo que respecta al poder de la Legislatura para disponer todo lo concerniente al proceso electoral y ampliar el contenido y atributo de un voto creando cargos electivos, esta autoridad política se extiende solamente a nuestra Isla y aquellas adyacentes dentro de su jurisdicción. Excepto el puesto de Comisionado Residente en Washington, los resultados de unos comicios electorales en el país tienen alcance constitucional y jurídico insular (Art. VI, Sec. 3 Constitución), y no extraterritorial.
El ingrediente medular tutelado en el voto de todo elector — de carácter universal, igual, directo, secreto y libre de coacción, según proclamado en la See. 2 del Art. II de la Carta de Derechos — y como corolario, el obtener colectivamente una franquicia electoral como medio de garantizar la expresión de la voluntad de un pueblo, presupone que ese voto, en última instancia, será ejercitado y tendrá realmente un valor y eficacia en la elección [directa] de determinados candidatos a puestos públicos. Desprovisto de esa característica, ingrediente, consecuencia y valor, subsiste solamente como expresión privada, sin que le acompañe un efecto político-público fuera de las latitudes, jurisdicción o fronteras en que se desenvuelve el cuerpo político soberano.
El diseño constitucional electoral existente en Puerto Rico no lo autoriza. La Asamblea Legislativa no puede por fiat extender credenciales ni status de partido político a agrupaciones cuyos integrantes no tienen el derecho a votar por unas posiciones ejecutivas a nivel federal en los Estados Unidos independientemente de la sabiduría o no de dicho fin. Tal actuación carece del elemento consustancial e imprescindible soberano del cual dimana un poder público de esta naturaleza. La Ley Núm. [6] es un mecanismo extra-constitucional negativo de los axiomas antes apuntados.
Estas circunstancias a juicio nuestro despojan el carácter público de la empresa y destruyen la validez y legalidad de la asignación y desembolsos de los [$518,000.00] y el uso de facilidades y personal de la Comisión Estatal de Elecciones en tales elecciones internas.
Es menester aclarar que este pronunciamiento en nada impide al Estado — en el descargo de su obligación de otorgar protección a toda reunión pacífica de cualesquiera ciudadanos ejercitando su derecho a asociación y expresión — que provea la protección nece-saria para evitar actos de violencia como los señalados en el historial de la ley.”

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Según nuestro criterio expresado en la ponencia del caso de P.S.P., supra, tanto la nueva Ley de Primarias, como la asignación de fondos y la participación de la maquinaria gubernamental, violenta la igual protección de las leyes a los electores miembros del Partido Independentista Puertorri-queño y otras personas que se oponen a la celebración de las primarias presidenciales en Puerto Rico.

Tomamos conocimiento judicial de que en la promoción de la actividad para el próximo domipgo toda la campaña publicitaria de las primarias republicanas se proyecta sobre la base y el mensaje expreso de que un voto por determinado candidato es un voto para la fórmula de la estadidad. Esta idea también se promueve a través del impreso que lleva la papeleta para elegir delegados, la cual como símbolo ilustra un mapa de la Isla de Puerto Rico conteniendo el número 51:

“Se manifiesta además al caso de autos en varias dimensiones la violación de la cláusula constitucional de igual protección de las leyes consagrada en las Secs. 1 y 2 de nuestra Carta de Derechos. Veamos. Tomamos conocimiento judicial de que en Puerto Rico existen y se debaten básicamente tres pensamientos ideológicos legítimos en cuanto a su destino político como pueblo: la estadidad, autonomía e independencia. Históricamente estos derroteros han formado parte de la aspiración y expresión individual ciudadana, tomado cuerpo colectivo, y previa inscripción, participado como partidos políticos en los procesos eleccionarios generales. También se ha manifestado en consulta plebiscitaria celebrada a los fines de pulsar la opinión pública en determinada época respecto a una redefinición o modificación de las relaciones básicas entre Puerto Rico y los Estados Unidos. P.P.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338 (1970).
Diluida propiamente la controversia del caso, la realidad ex-puesta es un punto de vista válido para invocar una desigualdad de tratamiento. En todos estos procesos, por imperativos de unas garantías constitucionales, la ley siempre ha implementado unos mecanismos igualitarios, particularmente en materia de subsidio económico electoral, proveyendo a todo el electorado del país la opción de poder democráticamente expresar en las urnas su predilección sin que se discrimine contra ninguno de los ideales aludidos. La ejecución de la pieza legislativa que nos ocupa, en lo concerniente al uso de dineros públicos por uno o más grupos de ciudadanos que no ostentan la franquicia electoral, la campaña publicitaria generada por la orientación que la Comisión Estatal de Elecciones debe llevar a cabo, y el hecho de que en su fondo el participar y votar en tales elecciones presupone, proyecta y presenta una vinculación o endoso con los ideales de la estadidad o de asociación autonómica a los Estados Unidos, representa un dis-crimen y una ventaja — directa e indirecta — de carácter indebido contra aquellos electores independentistas que no coinciden con dichas aspiraciones y otros ciudadanos que propugnan una tesis política contraria. Cualquier otra solución sería un eufemismo judicial y desatendería el único vínculo racional que existe entre la declaración legislativa y el objeto perseguido en la Ley Núm. [6]. ¿Cómo es posible exigir a los electores independentistas que hagan su ingreso y voten en un partido político nacional estadounidense como medio de alcanzar una plataforma que les permita viabilizar sus aspiraciones? No existe un mandato mayoritario, expreso y previo que les obligue, producto de un referéndum o plebiscito — en que se le haya dado la oportunidad de votar a favor o en contra a todos los electores capacitados del país — sobre la trascendental decisión de incorporar el proceso eleccionario puertorriqueño— financiado y pagado por todos sus contribuyentes — un reconoci-miento a los trámites internos y gestiones de los partidos nacionales de los Estados Unidos con miras a lograr alguna participación colectiva en la nominación de candidatos a presidente y vice-presidente. Ello vulnera el principio igualitario que sirve de fundamento y premisa para sostener la legalidad de los desembolsos de unos fondos públicos, que no están asequibles a todos en las urnas en lid electoral en que se miden, en igualdad de condiciones, las alternativas ideológicas o decisiones fundamentales que constituyen un cambio o una redefinición de las relaciones básicas entre Puerto Rico y Estados Unidos, según la Constitución vigente. P.N.P. v. Tribunal Electoral, [104 D.P.R. 741, 751 (1976)].
Se produce, además, otro discrimen, de carácter dual, contra los electores miembros de partidos políticos principales y por petición puertorriqueños. Primeramente, mientras la Ley Electoral vigente exige a los partidos insulares el que en la elección precedente mantengan o presenten subsiguientemente peticiones de inscripción a base de un cinco por ciento (5%) de fuerza electoral — a los fines de retener u obtener la franquicia — la Ley de Primarias Presidenciales Compulsorias viabiliza la inscripción de un partido político afiliado, grupo de ciudadanos o candidato independiente a base de presentar solamente peticiones de inscripción equivalentes [a la mitad (1/2) del uno por ciento (1%) del total de votos emitidos para el cargo de Gobernador], En la práctica se están aplicando dos reglas distintas para nominar electores y partidos políticos colocadas bajo la Constitución en una misma posición.” P.S.P. v. E.L.A., supra, págs. 624-626.

La desigual protección de las leyes se manifiesta vivamente sobre el Partido Independentista Puertorriqueño en virtud del siguiente hecho. Bajo la Ley Electoral vigente dicho partido, como uno principal, es acreedor a un fondo electoral durante el presente año eleccionario ascendente a $200,000.00. 16 L.P.R.A. see. 3116. Al igual que los otros partidos políticos principales, este dinero puede ser utilizado en sus actividades administrativas de campaña y propaganda política, inclu-yendo primarias. 16 L.P.R.A. see. 3118.

Aunque algunos quieran negarlo, el proceso primarista sobre candidatos a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos solamente es compatible con la tesis que acepta y promueve la estadidad o la autonomía. Es irreconciliable con el ideal de la independencia. La creación por la Asamblea Legislativa de la Ley de Primarias y el reconocimiento de agrupaciones locales como afiliadas a los partidos nacionales en Estados Unidos choca contra la tesis política principal del demandante apelado Partido Independentista Puerto-rriqueño. Para la campaña de orientación por la Comisión Estatal de Elecciones la Asamblea Legislativa proveyó los fondos aquí impugnados, sin embargo, dejó de equiparar, aunque fuera proporcional a los electores de la minoría independentista con fondos públicos para oponerse a la participación en tales primarias. En consecuencia, dicha minoría se ha visto forzada a hacer uso de sus economías provenientes de las aportaciones de sus propios miembros y del fondo electoral. Como corolario, en los próximos comicios electorales del país en noviembre de 1980, la paridad econó-mica visualizada en la Ley Electoral en virtud de fondos públicos ha desaparecido. Los electores de los partidos políticos principales que propulsan la estadidad o autonomía llevan una ventaja pecuniaria sobre la minoría indepen-dentista.

Nuestra decisión no queda afectada por el Art. 32 de la Ley:

“Interpretación de los Resultados de las Primarias Presi-denciales. Siempre que los procedimientos de primarias presiden-ciales sean administrados e implementados desde su inicio hasta cumplimentación final por el Administrador Estatal de Elecciones, ni el número de los participantes, ni los resultados de ningún otro elemento del proceso de las mismas y/o demás procedimientos que se lleven a tenor con lo dispuesto en esta ley podrá ser oficialmente interpretado por el Gobierno de Puerto Rico para propósito alguno como indicador en relación con las preferencias que tenga o pueda tener nuestro pueblo o un sector del mismo en cuanto al asunto del status político, ni en cuanto a la dirección, si alguna, por la cual deba o pueda encaminarse Puerto Rico en términos de cambios a su actual status.”

La campaña publicitaria y de propaganda partidista que generan las primarias y la forma en que la han vinculado a la estadidad una mayoría de los candidatos presidenciales, anula el texto de ley antes transcrito. La norma de hermenéu-tica legislativa choca contra la realidad viva; es una utopía la abstracción del proceso.

      (1) Dispone así:
      “Interpretación de los Resultados de las Primarias Presidenciales. Siempre que los procedimientos de primarias presidenciales sean administrados e implementados desde su inicio hasta cumplimentación final por el Administrador Estatal de Elecciones, ni el número de los participantes, ni los resultados de ningún otro elemento del proceso de las mismas y/o demás procedimientos que se lleven a tenor con lo dispuesto en esta ley podrá ser oficialmente interpretado por el Gobierno de Puerto Rico para propósito alguno como indicador en relación con las preferencias que tenga o pueda tener nuestro pueblo o un sector del mismo en cuanto al asunto del status político, ni en cuanto a la dirección, si alguna, por la cual deba o pueda encaminarse Puerto Rico en términos de cambios a su actual status.”

      (1) Ley Núm. 6 de 24 de septiembre de 1979.