author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Blas Fermín Colón Hernández et als., demandantes y recurridos, v. El Municipio de Orocovis et als., demandados y recurrentes, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, tercero demandado y recurrido.
    Número: R-71-292

      Resuelto: 13 de diciembre de 1972

      Vicente Santori Coll y Luis Rodríguez Bou, abogados de los recurrentes; Enrique Corchado Juarbe y Manuel González Villafañe, abogados de los recurridos; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procurador General Auxiliar, abogados del tercero demandado-recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Rosa Casiano, casada, madre de cuatro hijos, trabajaba como Supervisora en una fábrica de medias en Orocovis. El 6 de mayo de 1969, salió de su trabajo pero no pudo llegar a su casa. Las fuertes lluvias que habían caído sobre la Cordillera Central causaron la avenida del Río Orocovis. Las aguas pasaron sobre un puente a la entrada de lá población. El tránsito se interrumpió. A ambos lados del puente se habían congregado muchas personas a observar la corriente. Asi-mismo estaban detenidos varios vehículos esperando que las aguas bajaran. Mientras Rosa Casiano y sus compañeras de trabajo esperaban, llegó un ómnibus escolar propiedad del Municipio de Orocovis. Declara una testigo de la parte demandante:

“. . . Luego llegó el señor que guía la guagua. Entonces se parquó [sic] y él dijo que sí, que iba a cruzar; que los que nos quisiéramos ir con él que nos montáramos. Entonces nosotros nos montamos en la guagua. Entonces_
La Corte: Vaya poco a poco, si me hace el favor, señora. El chofer de la guagua dijo que iba a cruzar .... Y el que quisiera montarse que se montara.” (T.E. pág. 6).

Abordaron la guagua Rosa Casiano y sus compañeras. Algunos vehículos tuvieron que ser movidos para que la guagua pudiera iniciar la marcha. “En el momento en que el conductor del autobús se propuso cruzar el puente, la corriente alcanzaba una altitud de entre 5 y 6 pies sobre el nivel del puente. El puente no era visible por estar totalmente cubierto por las aguas obscuras de la creciente. La corriente era bien fuerte y había permanecido en esa condición durante varias horas antes de ocurrir el accidente.” (Determinación de Hecho Núm. 9.)

Teodoro Correa Alvarado, testigo de la demandante describe lo ocurrido así: “Tan pronto trató de cruzar el agua, la levantó de la parte delantera y de la parte derecha y la lanzó a la parte izquierda sobre el puente.” . . . “Después un camión se alineó en el vado paralelo, y trajeron un tablón de madera y lo pusieron de la ventanilla del camión a la venta-nilla de la guagua y por ahí se iban sacando las mujeres.” (T.E. págs. 12 y 13.)

Todas las mujeres que abordaron la guagua se salvaron, menos Rosa Casiano. Resume así el juez .de instancia lo que le aconteció.

“Al observar lo que acababa de pasar Iluminado Díaz movió su truck de 14 metros para proteger la guagua de las aguas. Le rompió los cristales de una ventana a la guagua que se estaba llenando de agua y se abrió la puerta. El agua le daba al pecho a las mujeres. Procedió a darle una llave inglesa a otra de las personas dentro del vehículo para romper más cristales. En ese instante la señora Casiano presa de pánico saltó por una ventana y se le tiró encima y ambos cayeron a las aguas. El se salvó. Ella no.” (Determinación de Hecho Núm. 10.)

El viudo y los cuatro hijos radican demanda para resar-cirse contra el Municipio de Orocovis y su aseguradora. Estos radican demanda de tercero contra el Estado Libre Asociado. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda. Estimó los daños sufridos por todos los demandantes en $119,240 reduciéndolos a $83,468, al determinar que la víc-tima había incurrido en 30 % de negligencia. Adjudicó que la compañía aseguradora respondía por $20,000 y la condenó a satisfacer $5,500 de honorarios de abogado. Condenó al municipio a pagar $1,000 por ese concepto. Desestimó la demanda de tercero radicada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Recurrieron el municipio y la aseguradora. Apuntan varios errores.

Sostiene además, que la Ley Municipal según enmendada, 21 L.P.R.A. sec. 1603(a) (Tomo 4A Suplemento 1972), impide que se dicte sentencia contra el municipio por una cantidad en exceso de $30,000 sin antes obtener el consenti-miento de la Asamblea Municipal.

(1) La contención de los recurrentes al efecto de que el conductor de la guagua escolar la operaba sin autorización legal no tiene mérito. Dispone la Ley de Vehículos y Tránsito en su sección 13-101, 9 L.P.R.A. see. 1751 que:

“El dueño de cualquier vehículo de motor será responsable de los daños y perjuicios que se causen mediante la operación de dicho vehículo, interviniendo culpa o negligencia, cuando el referido vehículo sea operado o está bajo el dominio o control de cualquier persona que, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona, obtenga su posesión mediante la autorización expresa o tácita del dueño. En todo caso se presumirá, salvo prueba en contrario, que la persona que opera o tiene bajo su dominio o control un vehículo de motor, ha obtenido su posesión con la autorización de su dueño, con el fin principal de operarlo, o de hacer o permitir que el mismo sea operado por tercera persona.
La persona por cuya negligencia haya de responder el dueño de un vehículo de acuerdo con las disposiciones- del párrafo anterior vendrá obligada a indemnizar a éste.”

Vista esta disposición legal, es inescapable la conclusión de que el municipio responde de los actos del conductor.

(2) Sostienen los recurrentes que las circunstancias en que se desarrollaron los hechos, impiden que los hijos y el viudo de la víctima puedan resarcirse. Reexaminemos lo que ocurrió.

Una Supervisora de una fábrica de medias, madre de cuatro hijos, al salir de su trabajo se encuentra que no puede llegar a su casa porque el-río está crecido. Hay muchas personas a ambos lados del puente esperando a que el río baje. Las aguas cubren el puente enteramente. A pesar de ello, aborda la guagua con otras compañeras y al empezar a cruzar el puente, el río arrastra la guagua hacia un liado del puente. Se llena el vehículo de agua. Deciden poner un camión cargado al costado de la guagua, para protegerla de la fuerza de la corriente. A la vez lo utilizan para colocar un tablón y facilitar la salida de los pasajeros. El chofer del camión rompe las ventanillas de la guagua para que el agua pueda fluir sin obstáculo. La víctima presa de pánico, se lanzó por una de las ventanillas. Perece. Todas sus compañeras se salvaron.

En Viñas v. Pueblo Supermarket, 86 D.P.R. 33 (1962) consideramos la defensa de asunción de riesgos a la luz del actual estado de la ley. Consignamos allí que el concepto asunción de riesgos tiene dos acepciones. Asunción de riesgo en sentido “primario” y en sentido “secundario”. En la pri-mera acepción “se emplea el término en situaciones en que el demandado no ha incurrido en responsabilidad ya que no tenía obligación de clase alguna para con el reclamante o de haberlo tenido, no la quebrantó.” Viñas, supra, pág. 36. Esta acepción es la que los recurrentes sostienen que se aplica en el presente caso. La otra acepción clasificada como secun-daria, “no es otra cosa que una fase o manifestación de la negligencia contribuyente.” Viñas, supra.

Considerados como se desarrollaron los hechos que dan base a la acción ejercitada no es aplicable la acepción “primaria”, ya que aunque el chofer no tenía obligación alguna para las personas antes de abordar la guagua, una vez la puso a disposición de éstas, asumió una responsabilidad que en virtud de lo estatuido en la Ley de Automóviles antes citada, alcanza al municipio. Parece claro que la norma aplicable es la asunción de riesgo en su segunda acepción; que como hemos dicho no es otra cosa que la negligencia con-tribuyante. Ahora bien, la negligencia del conductor no fue superior a la de Rosa Casiano, como determinó el juez de instancia. Era evidente para ésta el peligro a que se arries-gaba y ciertamente el pánico que se apoderó de ella contri-buyó a su desgracia. En esas circunstancias nos parece que una distribución razonable de la negligencia, sería 50 % para la víctima y 50% para el conductor de la guagua.

(3) El tribunal de instancia concedió las siguientes par-tidas: “ (1) A Blas Fermín Colón por la muerte de su esposa, pérdida de su compañía, cariño y atención personal y sus angustias mentales, $25,000 y por la pérdida del ingreso que ella aportaba $12,880 para un total.de $37,880, (2) A Rosa Ivelisse Colón por la pérdida de su madre, su cariño y com-pañía y sus angustias mentales al presenciar los hechos, $15,000 y por la pérdida del ingreso que ella aportaba $12,880, para un total de $27,880. (3) A cada uno de los menores, Blas Orlando, Ramón Luis y José Reinaldo Colón por la pérdida de su madre, su cariño y compañía y sus angustias mentales la suma de $5,000 y por la pérdida del ingreso que ella aportaba la suma de $12,880 para un total de $17,880 cada uno. De esta sentencia los demandados res-ponderán de un 70% de las cantidades asignadas a cada demandante y la co-demandada Insurance Co. of Puerto Rico responderá por la suma de $20,000 bajo la póliza.”

El tribunal sentenciador concedió la suma de $64,400 por lucro cesante. Para llegar a esa cantidad tomó “como base el sueldo semanal de $60 y una expectativa de vida de 30 años y considerando que con cuatro dependientes no habrá que pagar contribución de ingreso deduciendo una tercera parte para sostenimiento de la occisa.” (Conclusión de Derecho Núm. 6.)

El tribunal para llegar a la suma de $64,400 multiplicó el sueldo semanal de $60 por la expectativa de vida de la occisa que estimó en 30 años. Esta operación dio $93,600 de la cual dedujo una tercera parte para sosteni-miento, adjudicando al viudo y a los hijos por igual los restantes $64,400.

El juez trató de seguir la fórmula a que hicimos referen-cia en Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368 (1960), pero no lo ajustó, de acuerdo con la tabla a que aludi-mos en dicho caso, teniendo en cuenta el hecho de que se recibiría la suma globalmente.

Sin entrar a considerar si esa es la forma correcta de determinar la compensación por lucro cesante, lo cierto es que no se presentó prueba sobre el estado de salud de la occisa ni del promedio de ingreso derivado de su trabajo durante algunos años antes del accidente; ver Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714, 728 (1971), lo que hace imposible determinar adecuadamente el monto de esa partida.

Procede pues eliminar la partida concedida por lucro cesante.

(4) Estuvo correcto el tribunal sentenciador al declarar sin lugar la demanda de tercero radicada contra el Estado Libre Asociado. El hecho de no haberse construido un puente adecuado no fue la causa próxima del accidente.

En cuanto a las cantidades concedidas para honorarios de abogados se reducen a $2,500 la que debe pagar la compañía aseguradora.

Habiéndose determinado que la causante de los deman-dantes incurrió en 50% de negligencia, procede modificar la sentencia en el sentido de condenar a la parte demandada a pagar a Blas Fermín Colón la cantidad de $12,500, a Rosa Ivelisse Colón, la cantidad de $7,500 y a cada uno de los menores $2,500, que hace un total de $27,500, de los cuales la compañía aseguradora pagará $20,000.

Se modificará la sentencia dictada por el tribunal de instancia de acuerdo con los términos de esta opinión.

       El resultado correcto de esta operación es $62,400 y no $64,400.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Presidente Señor Negrón Fernández.

license: Public Domain

text:
    Luis A. Rivera Lacourt, Baldomero Freyre, y José Aulet, apelantes, v. Junta Estatal de Elecciones, apelada; Partido Unión Puertorriqueña, y Dr. Antonio J. González, interventores.

      Número: 21

      Resuelto: 31 de agosto de 1971

      Luis A. Rivera Lacourt, pro se, Baldomero Freyre, pro se y José Aulet, pro se, todos miembros de la Junta Estatal de Elecciones; Alvaro R. Calderón, Jr., abogado de los interven-tores; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar,, abogados de la Junta Estatal de Elecciones.
   Decisión del

Juez Presidente Señor Negrón Fernández.

El 21 de mayo de 1971, la agrupación política en proceso de inscripción como partido por petición, denominada Partido Unión Puertorriqueña, presentó escrito ante la Junta Estatal de ■ Elecciones solicitando que ésta acreditara para el cupo total del.5 por ciento de peticiones requeridas por la ley para la inscripción de un partido por petición, unas 3,494 peti-ciones suscritas a favor del Partido Unión Puertorriqueña por electores que anteriormente habían suscrito peticiones a favor de la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño y del Partido Auténtico Soberanista como partidos por peti-ción.

No fue hasta el día 3 de agosto de 1971 que se reunió la Junta Estatal de Elecciones para considerar la solicitud del Partido Unión Puertorriqueña y no fue hasta esa propia sesión que se proveyó a los miembros de la Junta con copia del escrito presentado previamente por la referida agrupación política. A dicha sesión fueron invitados, y concurrieron a argumentar en favor de su solicitud, abogados que figuraban en la petición de inscripción del Partido Unión Puertorri-queña como candidatos para las elecciones generales del 1972, algunos de quienes figuraban también como designados para miembros de la Junta Central de Gobierno de dicho partido.

Ante la observación de varios de los miembros de la Junta de que no estaban en condiciones de emitir su voto sobre una propuesta hecha en esa sesión por otro de sus miembros a favor del planteamiento hecho por el Partido Unión Puerto-rriqueña, sin antes tener la oportunidad de estudiar dicho escrito y la jurisprudencia en él citada y todas las consecuen-cias de la propuesta hecha, la Junta acordó por unanimidad posponer la consideración del asunto hasta una próxima sesión que se fijó para el día 9 de agosto. Én esta última sesión, luego de discutir la procedencia de la propuesta hecha para adjudicar las peticiones de referencia al Partido Unión Puertorriqueña y su certificación como Partido por petición, se llevó a votación, en ese orden, cada una de dichas propues-tas, y no habiendo obtenido unanimidad de votos ninguna de ellas, se procedió por el Superintendente General de Elec-ciones, de conformidad con lo dispuesto en la Sec. 12 de la Ley Electoral (16 L.P.R.A. sec. 13) a emitir en igual forma su Decisión sobre cada uno de dichos extremos.

Las Decisiones del Superintendente fueron al efecto de (1) contar a favor del Partido Unión Puertorriqueña 3,478 peticiones de inscripción que hasta al día 5 de agosto de 1971 habían sido presentadas por dicha agrupación, juradas y firmadas por electores que anteriormente habían jurado y suscrito igual número de peticiones para la inscripción del Partido Independentista Puertorriqueño como partido por petición; así como 168 peticiones de inscripción en igual situación, con relación a electores que habían jurado anterior-mente peticiones presentadas por el Partido Auténtico Sobera-nista; y (2) certificar al Gobernador del Estado Libre Asocia-do de Puerto Rico, para todos los fines de ley, que la agrupa-ción política Partido Unión Puertorriqueña había adquirido la condición de Partido por petición.

Luego de emitidas por el Superintendente cada una de sus Decisiones, y en esa propia sesión — conforme se provee en la Sec. 13(d) de la Ley Electoral (16 L.P.R.A. sec. 19) — los miembros de la Junta Estatal de Elecciones, representantes en dicha Junta de los Partidos Independentista Puertorri-queño, Popular Democrático y Auténtico Soberanista, instaron para ante el Juez Presidente, conforme a las disposiciones de la referida Sec. 13(d), apelación contra las dos Decisiones del Superintendente ya mencionadas. El subsiguiente escrito ante el Juez Presidente fue presentado el día 11 del propio mes.

Conjuntamente con el escrito de apelación presentado ante el Juez Presidente se solicitó por los apelantes que se ordenara al Superintendente abstenerse de instrumentar sus Decisiones hasta tanto se resolviera la apelación interpuesta.

Mediante Resolución de 12 de agosto de 1971 (1) con-cedimos a los apelantes hasta el día 18 para radicar su alegato, y ordenamos su notificación a la Junta apelada a través del Superintendente General de Elecciones, así como a los demás miembros de la Junta; y en consideración a la naturaleza de la Decisión apelada, ordenamos igual notifica-ción a la persona que según los archivos de la Junta figurara como Presidente del Partido Unión Puertorriqueña; (2) concedimos hasta el 24 de agosto para que el Superintendente General de Elecciones y demás personas mencionadas pro-cedieran a presentar su contestación y alegato; (3) se re-quirió de la Junta que elevara a la mayor brevedad posible el récord completo y antecedentes obrantes en dicha Junta relacionados con la Decisión apelada, incluyendo la transcrip-ción taquigráfica de la sesión celebrada en 9 de agosto de 1971; (4) se convocó a las partes para el 26 de agosto para oir sus argumentos sobre los méritos del recurso y sobre cualquier otro extremo pertinente; y (5) en auxilio de la jurisdicción del Juez Presidente, se ordenó al Superintendente General de Elecciones abstenerse certificar al funcionario correspondiente la inscripción de la agrupación política Unión Puertorriqueña como partido por petición.

Los apelantes por derecho propio, la Junta Estatal de Elecciones por conducto del Procurador General, y el letrado Alvaro R. Calderón, Jr., como representante del Partido Unión Puertorriqueña y del Dr. Antonio J. González a quienes se les reconoció sua sponte por el Juez Presidente derecho de intervención, radicaron sus respectivos alegatos en tiempo y argumentaron el caso en la vista del día 26, quedando el recurso pendiente de dictamen una vez el Superintendente General de Elecciones sometiera, como lo hizo el día 27, docu-mentación e información adicional requerídale por orden del Juez Presidente el día de la vista; habiéndose completado finalmente el expediente en apelación que había sido elevado el día 24, en el día de ayer al agregarse al mismo la solicitud original del Partido Unión Puertorriqueña ante la Junta.

La posición de las partes en este recurso, según expuestas en sus respectivos alegatos y argumentos orales en la vista celebrada, pueden sintetizarse así:

Los apelantes, en esencia, sostienen que el acuerdo tomado por la Junta acreditándole al Partido Unión Puertorriqueña —a los fines del número total de peticiones de inscripción requeridas para ser certificado como Partido por petición, en virtud de lo estatuido en el tercer párrafo de la Sec. 14 de la Ley Electoral (16 L.P.R.A. sec. 20) — es uno contrario a la práctica administrativa establecida por años de adjudicar en el caso de distintas peticiones del mismo elector a favor de distintos partidos o candidaturas, al partido o candidatura, a favor del cual la suscribió primero el elector; que tal práctica administrativa y norma interpretativa de la See. 37 de la Ley Electoral es la más razonable y armoniza la intención del legislador con los derechos de los electores peticionarios; que el acuerdo de la Junta adjudicando las peticiones de inscrip-ción de referencia al Partido Unión Puertorriqueña constituye un trato preferente y privilegiado, incompatible con los requi-sitos que se le exigieron al Partido Independentista Puerto-rriqueño y al Partido Auténtico Soberanista, antes de ser éstos certificados como partidos por petición; que la Junta no tiene autoridad para derogar la See. 37 de la Ley Electoral, según ha venido siendo interpretada y aplicada, correspon-diendo al poder legislativo su modificación o enmienda, y no a la Junta Estatal de Elecciones.

Los interventores, “Partido Unión Puertorriqueña” y Dr. Antonio J. González, sostienen, conforme al escrito sometido a la Junta en 21 de mayo de 1971, lo siguiente:

“(a) La Ley Electoral provee (16 L.P.R.A. 112) que si un peticionario da su firma para inscribir más de un partido se anulan todas dichas peticiones. No entendemos en virtud de qué disposición legal o lógica jurídica la Junta pueda pasar por encima de la letra clara de la ley y aceptar como válida una de dichas peticiones y nula la otra. En este caso se han declarado válidas las prestadas por los antes referidos 3,494 peticionarios para el P.I.P. y el P.A.S. y se pretende anular las peticiones de estos para el Partido Unión Puertorriqueña. Esto sería una clara e injusta discriminación que no tiene base en la Ley.
Nuestra posición es que la Junta tiene que ser consistente; o las anula todas o las valida todas. Habiendo ya optado la Junta por validar las del P.I.P. y el P.A.S. debe así mismo declarar válidas las del P.U.P.
(b) La Ley, según está redactada es inconstitucional, porque coarta la libertad de conciencia y limita la opción electoral. Si se aplica literalmente, se daría la situación absurda de que el mismo presidente de nuestro .partido, Dr. Antonio J. González no podría firmar una petición de inscripción para su partido pues ya había firmado una para la inscripción del P.I.P.; significaría que un elector no puede cambiar de idea y abrazar luego otro partido político y ayudar a su inscripción en violación de principios constitucionales básicos.”

El razonamiento de la Junta en apoyo de su actuación dando validez a las subsiguientes peticiones de electores que antes habían suscrito otras peticiones para la inscripción de partidos distintos, está expresada por el Procurador General en la siguiente síntesis:

“Es de la esencia de la libertad ciudadana el cambiar su opinión y manifestarse de acuerdo. El proceso electoral funda-mentalmente es una expresión de juicio de los electores y éste tiene que ser mudable como lo son las circunstancias de la vida de un país. No puede pues anularse la facultad de enjuiciar del los electores atándolos permanentemente a una petición anterior. También ocurre que no puede invalidarse la acción peticionaria anterior del elector por razón de que siendo ésta perfecta en sí misma ya ha dado origen a un proceso de inscripción partidista al cual la colectividad de los electores tiene derecho.
. En cuanto al fragmento de 16 LPRA 112 [See. 37 de la Ley Electoral] citado por los peticionarios entendemos que ésta se relaciona a peticiones conflictivas de un mismo elector con rela-ción al mismo acto de inscripción por petición ante la considera-ción de la Junta Electoral y no con relación a inscripciones pasadas que ya han surtido plena eficacia. Esto es así porque en un momento dado y ante una situación específica nadie puede tener más de una voluntad. La voluntad es mudable, como ya dijimos, pero claro está, no puede tener dos expresiones simul-táneas en determinado momento. Lo primero conlleva un cambio de opinión; lo segundo una contradicción. Esa contradicción es la que la Ley declara imposible y nula.” (Páginas 5 y 6 Alegato del Procurador.)

En una u otra forma, todas las partes están contestes en que una interpretación de la See. 37 de la Ley, anulando todas las peticiones de un elector cuando suscribe más de una para la inscripción de partidos o candidaturas, es cuestionable constitucionalmente.

H-i

El tercer párrafo de la See. 4 del Art. VI de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, provee:

“Se dispondrá por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.”

La Ley Electoral — Núm. 79 de 25 de junio de 1919— según había sido enmendada hasta el 25 de julio de 1952— fecha en que comenzó a regir nuestra Constitución — continuó en vigor en virtud de la Sec. 1 de las disposiciones transitorias constitucionales del Art. IX, que dispuso que al comenzar a regir la Constitución, “todas las leyes que no estén en conflicto con la misma continuarán en vigor íntegramente hasta que sean enmendadas o derogadas o hasta que cese su vigencia de acuerdo con sus propias disposiciones”; y hoy día la Ley Electoral rige con las enmiendas de que ha sido objeto desde entonces.

El párrafo 13 de la See. 37 de la referida Ley que dispone “Si cualquier peticionario firmare una petición o peticiones para nombramientos de distintos candidatos para el mismo cargo, o el mismo candidato para distintos cargos, o más de una vez por el mismo candidato para el mismo cargo, en la misma petición o peticiones por separado, sus peticiones en todos esos casos quedarán en su virtud nulas y sin efecto.” aparece con esa misma redacción desde el 18 de junio de 1924, cuando dicha Sección fue enmendada mediante la Ley Núm. 2 de la indicada fecha.

La práctica administrativa y norma interpretativa de la See. 37 de la Ley — en lo que concierne a la admisión de peticiones de inscripción — de contar como válida la primera, y no la segunda, o subsiguientes peticiones que un mismo elector haya firmado a favor de distintos partidos o candidaturas, tiene su origen y justificación tanto en imperativos para la estabilidad del proceso electoral, como para el reconocimiento de los derechos fundamentales del ciudadano, entre los cuales está el derecho al sufragio, y como parte de éste, el derecho a organizarse políticamente.

Dicha práctica administrativa e interpretación estatutaria — que podía dar a la See. 37 el Funcionario Ejecutivo o Junta encargada de la administración de la ley y de la supervisión del proceso electoral para no hacerla odiosa constitucionalmente-continuó inalterada hasta el presente caso, sin que la Asamblea Legislativa, encargada por la Constitución de disponer “por ley todo lo concerniente al proceso electoral y de inscripción de electores, así como lo relativo a los partidos políticos y candidaturas.” haya variado su texto.

II

Correspondería a la Asamblea Legislativa en el uso de sus poderes constitucionales para reglamentar todo lo rela-tivo al proceso electoral, y no al funcionario o junta encarga-dos de la administración de la ley, excepto en cuanto sean poderes delegados en estos, o incidentales a su facultad de administración y supervisión otorgádasle, disponer que un elector puede jurar cuantas peticiones de inscripción de parti-dos políticos o candidaturas desee, sin limitación para unas elecciones generales en cuanto al número de peticiones que pueda jurar, ya que tal disposición conllevaría la derogación total del párrafo 13 de la See. 37 de la Ley Electoral y su sustitución por otra disposición enteramente distinta en cuanto a dicho extremo; y no una interpretación del referido párrafo de la See. 37 y su aplicación administrativa en ánimo de salvar su constitucionalidad.

En tal virtud, la Decisión del Superintendente de contar a favor del Partido Unión Puertorriqueña las peticiones juradas por electores que ya habían jurado otras para la inscripción de los Partidos Independentista Puertorriqueño y Auténtico Soberanista, no puede prevalecer.

La parte que nos ocupa de la See. 37 de la Ley Electoral, tal como está escrita, representaría una conculcación del derecho al sufragio y del derecho del elector a expresar su voluntad y crear los vehículos de opinión que mejor se ajusten a sus ideas políticas. Por eso nunca ha sido aplicada literalmente. La práctica administrativa y norma de interpretación hasta este caso vigentes, de dar efectividad a la primera petición jurada por un elector a favor de un partido político o candidatura, distintas de aquel para el cual juró su segundo o sucesivas peticiones de inscripción, y no a éstas, es una norma razonable que no establece privilegio en un caso ni discrimina en el otro, siempre que una vez terminado el proceso inscrip-cionario del partido para el cual juró la primera petición, y ya contada a favor de éste, pueda el elector jurar una segunda petición de inscripción por otro partido o candidatura distinta. El proceso puede repetirse. Con esta interpretación y aplica-ción de la ley se mantendría, de un lado, el sano principio de un buen orden electoral, y de otro, se mantendría la libertad del elector a cambiar de criterio en circunstancias en que su mejor sentido de responsabilidad ciudadana le llevaron a rec-tificar su anterior decisión mediante la creación de un nuevo vehículo de expresión que se ajuste mejor a sus ideas y pensa-miento político.

HH HH H-l

De certificación de 27 de agosto de 1971 elevada por el Superintendente General de Elecciones aparece que el Partido Independentista Puertorriqueño fue certificado como partido por petición el día 23 de enero de 1970 y el Partido Auténtico Soberanista el 24 de marzo de 1971.

Conforme a los criterios interpretativos arriba ex-puestos sobre el párrafo 13 de la See. 37 de la Ley Electoral en relación con la práctica administrativa relativa a la acep-tación de peticiones de inscripción de partidos políticos o candidaturas, las peticiones juradas a favor del Partido Unión Puertorriqueña con posterioridad al 23 de enero de 1970, en tanto los allí peticionarios hubieren jurado peticiones de inscripción a favor del Partido Independentista Puerto-rriqueño; y aquellas peticiones a favor del Partido Unión Puertorriqueña juradas con posterioridad al 24 de marzo de 1971, en tanto los allí peticionarios hubieren jurado previa-mente peticiones de inscripción a favor del Partido Auténtico Soberanista, deberán ser contadas y acreditadas a favor del Partido Unión Puertorriqueña, si reunieren los demás requi-sitos de ley, a los fines y de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Sec. 14 de la propia Ley Electoral.

Por los fundamentos antes expuestos se dejan sin efecto las Decisiones del Superintendente General de Elecciones ob-jeto del presente recurso, y se devuelve el caso a la Junta Estatal de Elecciones para las determinaciones ulteriores procedentes de conformidad con lo aquí resuelto.

NOTIFIQUESE

Lo decretó y firma

(Fdo.) Luis Negrón Fernández

Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario Interino

       “Partido por petición es cualquier partido político que, con arreglo a la See. 112 de este título, inscriba en la Junta Estatal de Elecciones de Puerto Rico para las elecciones generales inmediatamente siguientes, candidatos por petición en y para la mitad o más de los precintos electorales de toda la Isla y presente en dicha Junta para dichas elecciones, peticiones para nombramiento de candidatos firmadas y juradas por un número de peticionarios no menor de un cinco por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos para el cargo de Gobernador de Puerto Rico en las últimas elecciones generales inmediatamente precedentes. Dicho cinco por ciento deberá computarse tomando en cuenta únicamente las peticiones para nombramiento de candidatos presentadas por dicho partido, con arreglo a la See. 112 de este título, en aquellos municipios en y para los cuales dicho partido haya presentado en la Junta Estatal de Elecciones peticiones para nombramiento de candidatos firmadas por un número de peticionarios igual al cinco por ciento o más de los votos depositados en cada uno de dichos municipios para todos los candidatos para el cargo de Gobernador de Puerto Rico en las últimas elecciones generales inmediatamente prece-dentes.” (Tercer Párrafo, Sec. 14 Ley Electoral.)

       “Si cualquier peticionario firmare una petición o peticiones para nombramientos de distintos candidatos para el mismo cargo, o el mismo candidato para distintos cargos, o más de una vez por el mismo candidato para el mismo cargo, en la misma petición o peticiones por separado, sus peticiones en todos esos casos quedarán en su virtud nulas y sin efecto.” (Párrafo Núm. 13 de la See. 37 de la Ley Electoral.)

       La única interpretación, en nuestro medio, a una disposición similar a la del actual párrafo 13 de la See. 37 de la Ley Electoral, fue dada por el Procurador General de Puerto Rico, Salvador Mestre, mediante Opinión al Secretario Ejecutivo de Puerto Rico, el 11 de octubre de 1920, con relación a la anterior disposición contenida en la propia Sec. 13 de dicha Ley, en el sentido de que “Si un elector firmare más de una vez una solicitud o solicitudes, en la cual se presentare la misma o distinta candi-datura o candidaturas para un mismo cargo, la firma de dicho elector no se tomará en cuenta para ninguna de dichas solicitudes.” Esta disposición, como hemos indicado en el texto, desapareció el 18 de junio de 1924 al adoptarse la nueva redacción, que hoy sigue vigente, pero en lo que pudiera entenderse similar, a los efectos de la nulidad de todas las peticiones, decretada por la presente ley, dicha Opinión carace de autoridad jurídica o jurisprudencial que la sostenga; y su debilidad y carencia de valor persuasivo — aparte de su erróneo razonamiento fundado en fraude — fue reconocida por el propio Procurador General en dicha Opinión en los siguientes dos párrafos de la misma:
      “En conclusión, deseo llamar su atención en cuanto a que aunque no he encontrado ningún caso exactamente igual al nuestro, lo que antecede es mi opinión, la cual es únicamente expositiva de mi modo de interpretar la ley.
      “Toda vez que no existe jurisprudencia clara y terminante sobre estos extremos y que la cuestión por tanto no está definitivamente resuelta, no quisiera que mi sola opinión estableciera ninguna línea de conducta a ser seguida en absoluto por esa oficina.”
      Es obvio que dicha Opinión no estableció línea de conducta al Secre-tario Ejecutivo de Puerto Rico en el sentido de anular todas las peticiones de inscripción contradictorias de un elector y que si algún valor tuvo fue el de justificar que se contara la primera de dichas peticiones por cuanto la jurisprudencia citada en la misma se fundaba principalmente en estatutos que así lo disponían.

       Nuestro sistema electoral exige, además, que en las elecciones generales, la papeleta electoral contenga una columna para que un elector pueda votar por candidatos independientes. See. 44 de la Ley Electoral (16 L.P.R.A. see. 143).

       El caso citado por los apelantes, State v. Harmon, 35 Nev. 189; 127 Pac. Rep. 221 (1912); y los citados por los interventores, Reynolds v. Sims, 377 U.S. 533, 12 L.Ed.2d 506, 84 S.Ct. 1362 (1964); Hartman v. Forssenius, 380 U.S. 528 L.Ed.2d 50, 80 S.Ct. 117 (1965) y Clark v. Maryland, 134 S.E.2d 168, no son de aplicación al recurso que nos ocupa, ya que los mismos no interpretan una disposición o estatuto igual a la See. 37 de la Ley Electoral.
      Sobre la más reciente Decisión del Tribunal Supremo Federal anali-zando la constitucionalidad de una ley electoral estadual respecto a los requisitos para la inscripción de un partido por petición, consúltese: Jenness v. Fortson, 403 U.S. 431, 29 L.Ed.2d 554 91 S.Ct. 1970 (resuelto en 21 de junio de 1971).

       Aunque el Partido Unión Puertorriqueña asume la posición de que la See. 37 de la Ley Electoral (párrafo 13) es anticonstitucional, ello no tendría la consecuencia de favorecer su caso, que se funda más bien en el argumento del discrimen que la interpretación administrativa de dicha ley y la práctica seguida hasta ahora representan para el Partido que radica peticiones de electores que han jurado otras previamente.
      En la alternativa, en su alegato sostiene que “la ley puede interpre-tarse de forma que se mantenga su validez constitucional al resolverse que su prohibición cesa al quedar debidamente inscrito un partido y, entonces, los electores que dieron su firma para inscribir el mismo, pueden firmar peticiones para la inscripción de otro partido.”

       De dicha certificación aparece, además, que a esa fecha aún no se había llevado acabo el cotejo de las peticiones de inscripción del Partido Unión Puertorriqueña y las del Partido Auténtico Soberanista.

       En vista de la conclusión a que aquí hemos llegado respecto al derecho de un elector a jurar una petición de inscripción a favor de un partido político con posterioridad a la certificación de otro partido por petición, si hubiere jurado una a favor de éste, es innecesario considerar el caso específico del interventor, Dr. Antonio J. González.

      En la vista oral del presente recurso el letrado del Partido Unión Puertorriqueña indicó que estimaba, por lógica, que el mayor número de peticiones sometidas por el Partido Unión Puertorriqueña de electores que previamente habían jurado peticiones a favor del Partido Independen-tista Puertorriqueño, debían haber sido juradas con posterioridad a la certificación de este último como partido por petición.
      De un examen de 118 peticiones de inscripción del Partido Unión Puertorriqueña correspondiente al precinto de Adjuntas, elevadas como muestra, a su iniciativa, por el Superintendente General de Elecciones— que en el informe de éste a la Junta de 5 de agosto de 1971, se clasifican como rechazadas para la inscripción del Partido Unión Puertorriqueña, por corresponder a electores que también habían jurado peticiones a favor del Partido Independentista Puertorriqueño — aparecen 11 juradas con poste-rioridad al 23 de enero de 1970.


text:
    Luis A. Rivera Lacourt, Baldomero Freyre, José A. Aulet y Alvaro Calderón, Hijo, apelantes v. Junta Estatal de Elecciones, apelada.

      Número: 22

      Resuelto: 23 de marzo de 1972

      Luis A. Rivera Lacourt, pro se, José Aulet, pro se, Alvaro Calderón, hijo, pro se, y Ulises Barros (en sustitución del Ledo. Baldomero Freyre), pro se, todos miembros de la Junta Estatal de Elecciones; Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Subprocurador General, y Peter Ortiz, Procurador General Auxiliar, abogados de la Junta Estatal de Elecciones.
   Decisión del

Juez Presidente Señor Negrón Fernández.

(Dada en corte abierta el 23 de marzo de 1972.)

El asunto que se ha traído a consideración del Juez Presi-dente, en virtud de las disposiciones contenidas en las Sees. 12 y 13d — que corresponden a la 13 y 19 del Título 16 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas — es con relación a una De-cisión emitida por el Secretario de la Junta actuando en fun-ciones del Superintendente, debido a inhabilidad del propio Superintendente a actuar, según lo dispone la Ley Electoral.

Esa Decisión emitida por el Superintendente actuante, señor Buso, representa, según la disposición de la ley invocada para la apelación, la Decisión de la Junta Estatal de Elecciones. Lo que resolvió el señor Superintendente interino, ante la no unanimidad de votos de los miembros de la Junta representantes de los partidos políticos, fue que la Junta no tenía facultad — según fue planteado por uno de los miembros de la Junta — para adoptar la resolución que se había presentado y se había discutido y se había variado en términos; pero en los términos en que quedaba a la fecha o al momento en que se planteaba, que no tenía autoridad para adoptarla. Así fue planteada la cuestión por uno de los miembros de la Junta y sostenida como la Decisión de la Junta por el Superintendente actuante. Con esa limitación en la revisión bajo la disposición correspondiente de la ley, es que viene el asunto al Juez Presidente.

La Junta Estatal de Elecciones, como es de conocimiento y ya ha sido citado por los compañeros, tiene a su cargo por disposición de ley, la inspección y dirección de las elecciones en Puerto Rico. Esa dirección e inspección se efectúa de dos maneras: Como lo dispone la ley en aquello en que la ley dispone como llevar a cabo los procesos electorales en sus distintas etapas y alcances; y además, mediante la adopción de Reglas y Reglamentos — que no podrán estar en contradic-ción con la ley, como es principio general — y que tendrán, una vez aprobados por el Gobernador, fuerza y efectividad de ley.

No disponiendo la ley que la Junta tenga en sí, ex-presamente — independientemente de cualquier otra función que le corresponda como reglas y reglamentos de su adopción — la manera de llevar a cabo la dirección e inspección; no siendo una de ellas específicamente por ley establecida, la de adoptar acuerdos relativos a actuaciones de sus funcionarios, específicamente el Superintendente General de Elecciones, que es un funcionario nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado y forma parte de la Junta y la preside por disposición de la ley, sólo puede la Junta reglamentar la conducta de sus funcionarios mediante la adopción de reglas y reglamentos. En tanto esta conducta pueda afectar — en su aplicación general el reglamento — lo que en la imagen pública debe ser la mayor imparcialidad, la mayor confianza en la administración, dirección y supervisión de los procesos electorales por la Junta Estatal de Elecciones y sus funcionarios.

El Superintendente General es un funcionario nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, que forma parte de la Junta y la preside, y no es un representante en la Junta de partido político alguno. Tal como está estructurada la Junta, por ley, para que cualquier norma de conducta se le aplicare al Superintendente General de Elecciones, tendría que estar prevista o caer en la órbita de aquello que esté reglamentado como norma de conducta o norma ética de los funcionarios electorales, en semejanza a las normas que se adoptan para los tribunales y los magistrados — los cánones de ética judicial — y que tendrían fuerza de ley una vez aprobadas por el Gobernador de Puerto Rico y podrían ser aplicables precisamente al señor Superintendente. Es al Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al que correspondería cualquier acción de tipo disciplinario, incluyendo censura o cualquier grado de expresión que pudiera significar algún tipo de censura. En el historial de la cuestión que se planteó por el compañero Rivera Lacourt, ése era el propósito original — variado luego en las deliberaciones y con las aportaciones y discusiones de los demás miembros de la Junta — con relación a unas actuaciones del Superinten-dente relativas al proceso plebiscitario.

Hemos sido informados, por la certificación que leimos hace algunos minutos, que la Junta no ha adoptado reglas ni regla-mentos de aplicación general para regir la conducta de sus funcionarios y empleados en relación con sus funciones ofi-ciales en la Junta, o que en alguna manera puedan afectarlas. Tales reglas o reglamentos son altamente deseables para mantener la imagen pública al más alto grado de confianza en el proceso electoral.

Estamos limitando nuestras palabras exclusivamente a la cuestión que se ha suscitado y no en cuanto a los hechos que motivaron, o se discutieron, en el curso de la consideración de la resolución del compañero Lacourt en la Junta; en conside-ración a las disposiciones generales de la Ley, las disposi-ciones del Código Político en lo relativo a nombramientos de funcionarios públicos y los derivados del ejercicio de ese poder de nombramiento, en tanto pudiera ello conllevar algún tipo de censura, que corresponde al poder nominador hacer.

En atención a que se nos ha informado que no existen reglas o reglamentos para regir la conducta de los funcionarios y empleados de la Junta Estatal de Elecciones y en consideración a que no nos parece que es estrictamente una cuestión administrativa, sino más bien una de índole legislativa, por tratarse de la adopción de reglas o reglamentos — independientemente que vaya dirigida al mejor orden administrativo o al mejor orden en los procesos en sí de supervisión y dirección de las elecciones — estimo que debo resolver desestimar el recurso, por pertenecer el asunto a la esfera propia de la Junta Estatal de Elecciones en su función de reglamentación y no de adjudicación.

En la primera de dichas funciones el Juez Presidente no tiene intervención, a menos que se sostenga que para adoptar un reglamento se necesita la unanimidad de votos de los miem-bros de la Junta, y con esa invocación se haga operante la disposición de ley que puede traer el asunto a consideración del Juez Presidente. No teniendo el asunto ese origen, ni habiéndolo adquirido en el proceso normal del ejercicio de las facultades de la Junta de adoptar reglas y reglamentos — y dentro de ellas aquellas de naturaleza ética o de reglamenta-ción de conducta, para el mejor orden en la propia supervi-sión y descargo de las labores que supervisa y dirige a través de todo su personal, manteniendo así fuera de toda duda pública las actuaciones de sus propios funcionarios — corres-ponde a la Junta, para el mejor ordenamiento de ese proceso electoral, adoptar reglas de conducta para sus propios fun-cionarios, bajo la autoridad conferídale expresamente por la Asamblea Legislativa, como uno de los medios de llevar a cabo su función de dirección y supervisión. En esa regla-mentación puede estar incluido aun el Superintendente General de Elecciones, como pueden estar incluidos aun los pro-pios miembros de la Junta, si por su propia determinación así lo deciden.

En cuanto al Superintendente, que es un funcionario nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado, la objeción de que pudiera serle aplicable quedaría salvada por la aprobación del Gobernador de esas reglas y reglamentos. Quedaría curado cualquier defecto de supuesta falta de autoridad de la Junta para hacerlo exclusivamente por sí, con relación a un funcionario de nombramiento ejecutivo y confirmación del Senado, que no puede la Junta destituir y con ello en ningún grado aplicar sanción de tipo disciplinario. Si fuéramos a considerar únicamente una recomendación — sin que ello signifique crítica alguna a los compañeros que la favorecían — realmente deja de tener el efecto obligatorio, normativo, para constituirse en una mera expresión, que de por sí puede hacer individualmente cual-quier miembro de la Junta, cualquiera de ellos, sin que tenga que ser un acuerdo de la Junta.

Entiendo, que lo que está sujeto a venir a consideración del Juez Presidente, bajo la disposición invocada en este caso, es una adjudicación, una decisión. Si la Junta Estatal de Elecciones, en cualquier momento en que tuviera ante sí la determinación sobre la aprobación de un reglamento para regir la conducta de sus propios miembros, entendiera y aplicara el mecanismo de la unanimidad de votos para requerir la aprobación de tal reglamento, y no la mayoría de los miembros constituyentes de la Junta, entonces podría invocarse la jurisdicción del Juez Presidente para pasar sobre la procedencia de aquello que estuviese planteado, en los términos en que el asunto se llevó en su origen o finalmente a decisión. El término “decisión” más bien va dirigido a la función adjudicatoria que tiene la Junta y no a las funciones incidentales corrientes, administrativas, de día a día; tampoco, en general, a aquellas de tipo legislativo, como las de adoptar reglas y reglamentos. Las reglas de mayor importancia que podría aprobar serían aquellas para regir la conducta de los funcionarios y miembros de la Junta Estatal de Elecciones, para que no pueda entenderse contaminado el proceso electoral con cualquier tipo de conducta previsible en esas normas pre-establecidas, de aplicación general.

EN CONSECUENCIA, es mi conclusión que el recurso de apelación entablado, por las razones expuestas — y recono-ciendo el alto espíritu y el propósito que inspiró en su posición a los apelantes — debe ser en aplicación estricta de la ley y sin otro medio posible para poder considerarlo, DESESTI-MADO. En ese sentido es la Resolución que será transcrita con fecha de hoy y notificada a los compañeros.

Dada en corte abierta, en San Juan, de Puerto Rico, a 23 de marzo de 1972.

Lo decretó y firma

(Fdo.) Luis Negrón Fernández

Juez Presidente

CERTIFICO:

{Fdo.) JoséL. Carrasquillo

Secretario General


text:
    El Miembro de la Junta Estatal de Elecciones que representa al Partido Popular Democrático, Arcilio Alvarado, parte recurrente, v. La Junta Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Walter Busó, Presidente en funciones y Superintendente General de Elecciones, Interino, parte recurrida.

      Número: 23 y 24

      Resuelto: 1ro. de septiembre de 1972

      Arcilio Alvarado, pro se, Miembro de la Junta Estatal de Elec-ciones; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados de la Junta Estatal de Elecciones.
   Decisión del

Juez Presidente Señor Negrón Fernández.

(Dada en corte abierta el 1ro. de septiembre de 1972.)

La siguiente es la determinación o Decisión del Juez Presidente en los Recursos de Apelación Números 23 y 24 que están bajo su consideración en que la parte apelante es el miembro de la Junta Estatal de Elecciones que representa al Partido Popular Democrático, Ledo. Arcilio Alvarado, contra la Junta Estatal de Elecciones — en decisión de su Superintendente Interino — respecto a dos instrucciones in-cluidas en el Manual de Instrucciones adoptado por la Junta el día 16 de agosto pasado, como conjunto de instrucciones a los Funcionarios de Colegio que han de actuar en las elec-ciones generales del próximo 7 de noviembre en Puerto Rico.

Como bien se indicó por los compañeros que argumentaron estos Recursos — el propio apelante y el Procurador General, Ledo. Gilberto Gierbolini — no es la primera vez que la Junta Estatal de Elecciones adopta un Manual de Instrucciones para los Funcionarios de Colegio-. Solamente he podido revisar y examinar los Manuales de Instrucciones desde el año 1960 hasta el presente; pero con anterioridad también la Junta había adoptado Manuales de Instrucciones similares para los Funcionarios de Colegio. El propósito de ese Manual es llevar a los Funcionarios de Colegio el mensaje de la Junta Estatal de Elecciones — representada en ella cada uno de los partidos políticos principales o por petición — a través de esas instrucciones, como directivas del consenso de los miembros de la Junta, y orientarles para el mejor cumplimiento de las funciones que les corresponde realizar el día de las elecciones, en que se lleva a cabo la votación y el escrutinio.

En primer lugar, deseo indicar que no se trata, como bien apuntaron los compañeros, de una reglamentación que tenga fuerza de ley — que en la Ley Electoral están dispersas, y aquí se tienden a concentrar en forma que puedan ser entendidas por personas que no son peritos en el Derecho y que tienen una función de altísima responsabilidad que llevar a cabo en las respectivas encomiendas que la ley les hace. Conoce el Juez Presidente la preocupación genuina de los miembros de la Junta Estatal de Elecciones — como lo fue de las anteriores Juntas — porque se conduzca el proceso electoral en forma ordenada y de conformidad con la ley, y que se dé así efectividad al derecho del ciudadano al sufragio como fundamento de nuestro sistema de gobierno y de vida democrática.

Tratan estos dos Recursos de dos instrucciones específicas. Es el criterio del Juez Presidente que este tipo de directiva a los Funcionarios de Colegio es en el que, por excelencia — y superando criterios que puedan ser disímiles en todo aquello en que pueda lograrse unanimidad de los miembros de la Junta — debe existir tal unanimidad en el conjunto de instruc-ciones; por lo que representa la imagen de la Junta Estatal de Elecciones respecto a los Funcionarios de Colegio, y porque ello lleve el peso, sin discrepancias notorias, de ese consenso, de acuerdo con las disposiciones de la ley.

He dado consideración a los planteamientos del apelante y a los planteamientos de la Junta. He examinado las trans-cripciones de las reuniones en que fue objeto de discusión este Manual. He examinado con gran detenimiento las dispo-siciones de ley aplicables, así como el Manual en su totalidad y especialmente las instrucciones impugnadas, e igualmente he examinado los anteriores Manuales.

El Juez Presidente asume jurisdicción sobre estas apelaciones porque no se trata en sí de una acción de la Junta de tipo reglamentario, que por su esencia — como he indicado en Recursos anteriores — es de tipo legislativo y tiene otro cauce para su expresión. Una vez adoptada alguna regla o reglamentación por la Junta, para darle efectividad de ley y validez, se hace necesaria la aprobación por el señor Gobernador.

I

Recurso Número 23

En el Recurso Núm. 23, la instrucción objetada que motiva la apelación en dicho Recurso y que fue aprobada por la Junta con el voto en contra del miembro del Partido Popular Democrático — una vez hechas las salvedades que constan en récord en cuanto a la no presencia del miembro del Partido Independentista Puertorriqueño, por el compañero Alvarado, al comienzo de su exposición — dice, bajo el título Funciona-rios de Colegio, luego de hablar de los Inspectores y de los Secretarios y bajo el epígrafe o subtítulo de Recusadores: “Son los responsables de velar porque toda persona que acuda al colegio a votar sea un elector capacitado, de acuerdo a las normas que más adelante se establecenLa instrucción aparece así, en la copia a máquina del Manual elevado por la Junta, en la página 6 del mismo. Más adelante, en las páginas 18 hasta la 23, incluyendo ambas, se enumeran las funciones del recusador bajo el título Recusador.

La instrucción impugnada a que he hecho referencia en este Recurso Núm. 23 es, a mi juicio, improcedente en derecho, porque conforme a su contexto, sitúa en el recusador, con carácter exclusivo, la responsabilidad de velar porque toda persona que acuda a votar sea un elector capacitado, llevando la connotación de que para descargar esa responsabilidad el recusador tiene, como obligación afirmativa, la de comprobar la capacidad de toda persona que acuda al colegio a votar, la capacidad para votar, esto es, su capacidad para ser elector. En un funcionario celoso del cumplimiento de su obligación o deber, la directiva de la Junta, implícita en esa instrucción — por sus términos absolutos de responsabilidad— puede llevar a ese funcionario a actuar como un continuo censor del derecho de los electores a ejercer el sufragio en el momento mismo de la votación, a fin de cerciorarse afirmativamente, de que concurren, en todas y cada una de las personas que acuden a ejercer ese derecho, los requisitos de capacidad como elector.

El propósito que la ley persigue a través de toda la regla-mentación del derecho al sufragio, es la de obtener la mayor pureza en el proceso electoral — incluyendo preeminentemente la fase de la votación y el subsiguiente escrutinio, que es la fase final, a ese nivel, de las distintas etapas en el ejercicio del derecho al sufragio. El momento culminante para el ciu-dadano, para el elector, es el de la votación.

Al elector que aparece inscrito en las listas electorales de un colegio — por toda la reglamentación previa, y por el cumplimiento de todas las exigencias y los trámites que provee la Ley Electoral para obtener una inscripción como elector y figurar en la lista del colegio a que se le asigna votar — le acompaña la presunción de que hasta ese momento ha cumplido con todas esas exigencias y requisitos de ley, y es un elector capacitado. Es por vía de excepción, y como parte del propósito general que persigue toda la reglamentación del derecho al sufragio, que se confiere a un recusador designado por cada uno de los partidos políticos, el derecho de recusar el voto de una persona que, figurando en las listas de electores del colegio, no reúna en su más ponderado juicio y con aquella información que le haga legítimamente suponer que no reúne algunos de los requisitos para ser elector, por alguna de las causas que taxativamente establece y enumera la ley. Este derecho a recusar no puede ejercerse viciosa o injustificadamente, porque ello conllevaría sanción delictiva para el recusador; al igual que conllevaría sanción delictiva para un elector o cualquier persona que no reuniendo los requisitos de ley para ser elector, trate de votar ilegalmente.

Las funciones del recusador conforme lo dispuesto en la ley; su derecho a recusar bajo juramento a una persona que pretenda votar sin ser elector capacitado, o sin ser persona cuya inscripción aparece en las listas de votantes del colegio; el procedimiento de recusación e identificación de tales per-sonas ; las causas o motivos por los cuales se puede recusar, y la manera de marcar la papeleta recusada, aparecen todas en las instrucciones subsiguientes, desde la página 18 a la página 24 del Manual de Instrucciones aprobado por la Junta.

La instrucción impugnada puede crear en el recusador durante el proceso mismo de la votación — que es cuando actúa el recusador y no antes ni después — la compulsión de intervenir con todas las personas que acudan al colegio a votar, para así constatar invariablemente, como rutina, a su manera y entendimiento y descargar la responsabilidad que por la directiva contenida en la instrucción se le impone, la capacidad de cada una de las personas que acudan al colegio a votar. Dicha instrucción tiende a hacer una síntesis defini-toria de las funciones del recusador, pero lo hace en un con-texto que excede el ámbito limitado por la ley a su gestión interventora mientras discurre el proceso de votación.

Fundado en lo anterior es que el Juez Presidente con-sidera que la instrucción impugnada no puede prevalecer y debe ser dejada sin efecto. La disposición ulterior respecto a este Recurso Núm. 23 la haremos una vez que nos hayamos referido al Recurso Núm. 24.

II

Recurso Número 2k

La instrucción impugnada en el Recurso de Apelación Núm. 24 está consignada en la página 11 del Manual bajo el título Funciones Relacionadas con el Proceso de Votación, y' es parte del inciso 2 de dicho título, en lo concerniente a las personas que acudan al colegio, con los documentos correspon-dientes, a votar preferentemente o por affidavit. La parte específicamente impugnada es la oración de ese inciso que lee: “Antes de que dicha persona deposite la papeleta en la urna, el presidente de la Junta de Colegio tomará su pape-leta sin abrirla y pondrá al dorso ‘papeleta recusada’ por haber votado mediante preferencia o affidavit y pondrá dentro de la misma el certificado de preferencia o el affidavit que le entregó el elector.”

La anterior instrucción, aunque tiene el propósito de expeditar los procedimientos en las recusaciones de oficio cuando se vota preferentemente o por affidavit, y se funda en la condición de presidente de la Junta de Colegio — según lo provisto en la Ley Electoral, respecto a cuál de los inspectores ha de presidir dicha Junta — y tiene también el propósito de facilitar el mejor ordenamiento de los trabajos de la mesa, pudiera limitar sin embargo, el derecho de los demás inspecto-res de la Junta de Colegio a la ejecución del acto que en dicha instrucción se dispone que realice exclusivamente el Presi-dente de la Junta de Colegio.

Habiendo la Junta Estatal de Elecciones señalado en el curso de la argumentación del día de hoy — por conducto de su ilustrada representación, el Procurador General — que esa instrucción adoptada y que es objeto de este Recurso Núm. 24, tal como reza, no impide a algún otro de los inspectores hacer la anotación al dorso de las respectivas papeletas en los casos a que se refiere dicha instrucción, el Juez Presidente estima que en aras de la mayor precisión y en evitación de incerti-dumbres en el curso de la votación, dicha instrucción debe ser objeto de la ulterior consideración por la Junta, para salvar la limitación excluyente que la misma establece en su contexto respecto a los demás inspectores.

¡-H

Disposición

Aun cuando la adopción final de este Manual no debe dilatarse, y su impresión y distribución oportuna a los fun-cionarios a que va dirigido debe llegar lo antes posible, según las normas de la propia Junta, el Juez Presidente considera que en ambos recursos la instrucción adoptada por la Junta debe ser dejada sin efecto a los exclusivos fines de que la Junta pueda, en el Recurso Núm. 23, determinar si es necesaria una instrucción al respecto como la impugnada y cómo deba ser sustituida a su satisfacción, como sería lo deseable, teniendo el consenso de todos los miembros de la Junta.

Por las razones que indiqué al comienzo de esta exposición procede, respecto a la instrucción objeto del Recurso Núm. 24 —a los fines de tratar de salvar las limitaciones excluyentes que pudieran dar origen a incertidumbres, cuando no es el deseo de los miembros de la Junta que haya incertidumbres en el desarrollo del proceso electoral que tiene su culminación con la votación el día de las elecciones — dejarla.sin efecto y, a dichos fines, devolver el caso. La Junta, en ambos casos, sin demora y a la brevedad posible, debe pasar sobre lo que a su juicio deba ser la directiva, si alguna, en cada uno de esos casos, y su alcance, con miras a lograr lo que ha sido el propósito de la Junta desde que se comenzaron a hacer estos Manuales de Instrucciones para los Funcionarios Electorales: el objetivo alto y constructivo de darle a los funcionarios de colegio, en la forma más sencilla que pueda lograrse, la debida orientación para la mejor realización de sus funciones.

No creo que haya envuelta cuestión alguna de semántica, ni debe ser ello motivo de discrepancia entre los miembros de la Junta. El común propósito de lograr el objetivo de que no haya incertidumbre o incidentes en la aplicación de la ley y en la ejecución y descargo de las funciones de los diferentes funcionarios electorales el día de las elecciones — como hasta ahora lo ha sido — posiblemente conlleve el que se ceda en parte en la forma de expresión, ya que cada persona puede tener su propia manera de expresar una idea, el ordena-miento de las distintas instrucciones en el Manual y hasta la metodología para producir el mismo. Deben salvarse esos escrúpulos — si pudiera llamarse así — para obtener el acuerdo unánime de la Junta y mantener ante los funcionarios de colegio, los funcionarios de las Juntas Locales y todo el pueblo de Puerto Rico, la imagen de la Junta Estatal de Elecciones, en su mejor deseo de instrumentar el derecho electoral del ciudadano en la forma más eficaz, ordenada y pacífica posible.

Esta es la Decisión del Juez Presidente que, con aquellas correcciones de expresión o estilo que fueren necesarias al ser transcrita y firmada, constituye desde este momento la Decisión Oficial en estos dos Recursos. Como es natural, se requiere el proceso de transcripción y notificación ulterior; pero en este momento los miembros presentes de la Junta y la representación de la Junta misma, quedan informados de los motivos y fundamentos de la Decisión, en cada uno de los Recursos, y de la disposición de que vuelvan a la Junta para su consideración a la brevedad posible.

Se transcribirá esta Decisión y se completará con ella cada uno de los expedientes 23 y 24 y se notificará a la Junta, a través del Procurador General, y a los Miembros que com-ponen la misma en representación de los distintos partidos políticos.

Con esta Decisión termina la sesión convocada para el día de hoy.

Dada en Corte Abierta, en San Juan de Puerto Rico, a 1ro. de septiembre de 1972.

Lo decretó y firma

(Fdo.) Luis Negrón Fernández

Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario General


text:
    Alvaro R. Calderón, Junior, Miembro de la Junta Estatal de Elecciones en representación del Partido Unión Puertorriqueña y Etiony Aldarondo Galván, Miembro de la Junta Estatal de Elecciones en representación del Partido del Pueblo, apelantes, v. Junta Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Walter Busó, Superintendente General de Elecciones, Interino.

      Número: 25

      Resuelto: 11 de septiembre de 1972

      Alvaro R. Calderón, Jr., pro se, y Etiony Aldarondo Galván, pro se, ambos miembros de la Junta Estatal de Elecciones; Gilberto Gierbolini, Procurador General, abogado de la Junta Estatal de Elecciones.
   Decisión del

Juez Presidente Señor Luis Negrón Fernández

(Dada en corte abierta el 11 de septiembre de 1972.)

La siguiente es la Decisión que el Juez Presidente emite en este Recurso, que envuelve una Apelación interpuesta de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Electoral por los miembros de la Junta Estatal de Elecciones que en la misma representan a los Partidos Políticos Unión Puertorriqueña y del Pueblo, Ledo. Alvaro Calderón, Jr., y el Profesor Etiony Aldarondo Galván, respectivamente.

La decisión objeto del presente Recurso fue en el sentido de que en adición a las listas electorales oficiales que la Junta entregaría a los diferentes partidos políticos de conformidad con las disposiciones de la ley, se pusiera a disposición de todos los partidos la cinta magnética o tape que utilizan las máquinas electrónicas para preparar las listas electorales, a fin de que pudieran reproducirla y sacar copias adicionales de dichas listas. En esa misma sesión de la Junta, celebrada el 31 de agosto pasado, se acordó por unanimidad que el Superintendente entregara a cada uno de los partidos políticos una copia de listas alfabetizadas por municipios, y por precintos en caso de que el municipio tuviera más de un precinto.

Después del debido estudio de la cuestión planeada, a la luz de las disposiciones de ley; examinada la transcripción del récord y antecedentes elevados en este Recurso y luego de oída la argumentación oral de las partes en el día de hoy, el Juez Presidente es de opinión que debe dejar sin efecto— como por la presente lo hace — la decisión apelada, por los siguientes fundamentos:

I

Los partidos políticos, tanto los partidos principales como los partidos por petición debidamente inscritos, tienen igual-dad de derechos ante la ley.

La Junta Estatal de Elecciones es el organismo respon-sable de la inspección y dirección de todo lo concerniente a la inscripción de electores y a las elecciones en Puerto Rico y ejerce su autoridad conforme a las disposiciones de la Ley Electoral y de otras leyes relacionadas con el proceso electoral y de las Reglas y Reglamentos que de conformidad con las mismas adopte.

Si la Junta Estatal de Elecciones considera, en el ejercicio de esa autoridad, que está justificado — en el interés público y del proceso electoral — el que los partidos políticos tengan, en adición a las copias de las listas electorales que la ley dispone les sean suministradas, otras listas, o más copias de aquellas, y así lo acuerda, entonces todos los partidos políticos — no importa el estimado o el potencial de su fuerza electoral — tendría derecho al trato igual que la ley provee para todos.

En tal caso, no sería el producto a medias — de un tape o cinta magnética, que requeriría su final elaboración en máquinas electrónicas, según cada partido pudiera hacerlo de acuerdo a su capacidad económica — a lo que tendría derecho cada partido político por igual, sino al producto finalmente elaborado, que en este caso serían las listas electorales en sí, terminadas, y no las cintas magnéticas solamente, que constituyen sólo un proceso intermedio o fase inconclusa de la preparación de las listas propiamente dichas.

En ausencia, de tal acuerdo, tendría que cumplir cada partido interesado, en el ejercicio del derecho a obtener copias certificadas de las listas electorales que le reconoce la See. 35 de la Ley Electoral — 16 L.P.R.A. see. 85 — con aquel requisito dispuesto en la misma para la obtención de tales copias,, mediante, la cancelación en sellos de rentas internas de los derechos dispuestos por ley para ello.

II

La verdadera igualdad de derechos entre los partidos políticos — proclamada por la Ley Electoral — no se logra con la paridad de la ayuda económica básica que el Estado en cierta forma presta durante el período pre-eleccionario a todos los partidos a través del Fondo Electoral, creado por ley, en una suma inicialmente igual para todos y en una suma adicional que se determina en proporción a la fuerza electoral de cada uno, según resulte de los comicios.

La verdadera igualdad, en justo derecho, es una de razonable oportunidad para competir ante la totalidad del electorado, sin agravar las desventajas resultantes de la disparidad económica de sus afiliados o simpatizadores, para contribuir con fondos particulares a la organización política de su preferencia; desigualdad económica que el Fondo Electoral, en la realidad competitiva de las actuales campañas para allegar adeptos en nuestro tiempo — cada vez. más com-plejas y sofisticadas — no logra por sí solo desvanecer.

t — l HH I — I

Toda actividad electoral de un partido es, por el objetivo inherente a su existencia misma, una de proselitismo político; esto es, con el fin de ganar adeptos a sus programas y a sus candidatos, a la vista de unas elecciones para formar gobierno. El establecimiento de múltiples centros de orienta-ción por parte de los partidos políticos es una de las maneras en que pueden llevar a cabo esa actividad de proselitismo.

Aunque tal actividad es parte del derecho que todo partido político puede ejercer, y que la ley no le veda, el estableci-miento de centros de orientación al electorado para ilustrarlo en cuanto a la manera de ejercer el derecho al voto y a cómo votar — sin influir en su libertad de pensamiento para hacerlo —podría darla el Estado, a través de su organización electoral oficial, sin que tuviera que depender el electorado de la ini-ciativa, organización y capacidad económica de los partidos políticos, a los cuales, desde luego, no se le puede coartar ese derecho.

EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR, se declara con lugar el Recurso interpuesto y en consecuencia se deja sin efecto la decisión apelada, y se devuelve el caso a la Junta para la acción que ésta estime procedente compatible con lo expuesto.

Dada en Corte Abierta, en San Juan, de Puerto Rico, all de septiembre de 1972.

NOTIFIQUESE.

Lo decretó y firma

(Fdo.) Luis Negrón Fernández

Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario General


text:
    Alvaro R. Calderón, Junior, representante del Partido Unión Puertorriqueña y José Aulet, representante del Partido Auténtico Soberanista, apelantes, v. Junta Estatal de Elecciones de Puerto Rico; Walter Busó, Superintendente General de Elecciones Interino, apelados.

      Número: 26

      Resuelto: 15 de septiembre de 1972

      Alvaro Calderón, Hijo, pro se, miembro de la Junta Estatal de Elecciones; Gilberto Gierbolini, Procurador General, abogado de la Junta Estatal de Elecciones.
   Decisión del

Juez Presidente Interino Señor Pérez Pimentel.

El Superintendente General de Elecciones ordenó la pre-paración de las tarjetas de electores provistas en la See. 76 del Título 16 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas. Dichas tarjetas fueron preparadas con las insignias de los partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones generales.

En la sesión celebrada el viernes, 8 de septiembre de 1972, la Junta Estatal de Elecciones, con los únicos votos a favor del representante en dicha Junta del Partido Nuevo Progre-sista y del Sr. Superintendente General de Elecciones Interino, decidió hacer entrega de dichas tarjetas a todos los partidos. El Partido Unión Puertorriqueña apeló de dicha decisión para ante el Juez Presidente del Tribunal Supremo.

Ordenamos, en auxilio de jurisdicción, que el Sr. Superin-tendente General de Elecciones Interino se abstuviera de hacer entrega de las susodichas tarjetas de electores a los partidos políticos hasta que se resolviera el recurso de apelación.

La Junta Estatal de Elecciones representada por el Pro-curador General ha radicado un informe allanándose a que el acuerdo apelado de la Junta sea dejado sin efecto y que el asunto sea devuelto para que la Junta tome la acción que corresponda.

Disponiendo expresamente la antes citada See. 76 del Título 16 de L.P.R.A., que “Dichas tarjetas serán todas del mismo color y se prepararán sin insignias de partido.”, se anula- y deja sin efecto el acuerdo de la Junta apelado en este recurso y se devuelve el asunto para que la Junta tome las providencias- que procedan en derecho,

Notifíquese a la Junta Estatal de Elecciones y a sus miembros individualmente.

(Fdo.) Pedro Pérez Pimentel

Juez Presidente Interino

CERTIFICO:

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario General


text:
    Alvaro R. Calderón, Junior, Miembro de la Junta Estatal de Elecciones en representación del Partido Unión Puertorriqueña, apelante, v. Junta Estatal de Elecciones de Puerto Rico; Walter Busó, Superintendente General de Elecciones, Interino, apelada.

      Número: 27

      Resuelto: 18 de septiembre de 1972

      Alvaro R. Calderón, Jr., pro se, miembro de la Junta Estatal de Elecciones; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, aboga-dos de la Junta Estatal de Elecciones. El Ledo. Luis A. Rivera Lacourt, miembro de la Junta Estatal de Elecciones en representación del Partido Independentista Puertorri-queño, estuvo presente en la vista de este recurso.
   Decisión del

Juez Presidente Interino Señor Pérez Pimen-tel.

En la sesión celebrada el día 8 de septiembre de 1972 por la Junta Estatal de Elecciones, el representante del Partido Unión Puertorriqueña ante dicha Junta solicitó “que se tomara una decisión por la Junta de que en aquellos pueblos donde se han radicado aceptación de candidaturas y el Partido cumplió con el requisito de inscripción, esos candi-datos van a la papeleta, esos son candidatos del Partido Unión Puertorriqueña y la información que me ha dado el Secretario General del partido es que hay como 12 ó 14 precintos adicionales que entonces estarían incluidos con [aíc] candidaturas del Partido Unión Puertorriqueña.”

A esta solicitud se opusieron el representante del Partido Nuevo Progresista y el del Partido Independentista Puerto-rriqueño.

Se discutió ampliamente la cuestión y finalmente se some-tió a votación la proposición del Partido Unión Puertorri-queña, concretada a lo que aparece en la siguiente transcrip-ción de los procedimientos habidos:

“Lie. Calderón:
Mi proposición fue en el sentido de que debe contarse las candidaturas del Partido Unión Puertorriqueña, tanto aquellas certificadas al mediodía del día 5 de septiembre como aquellas en las cuales el Partido Unión Puertorriqueña en el proceso de ins-cripción radicó reñidamente aceptación de candidatura de can-didatos y peticiones de inscripción en esos precintos o munici-pios montantes al mínimo requerido por Ley.
Lie. Viera Martínez:
Pues yo voy a pedir que se fraccione la proposición para votarla por separado porque tiene dos planteamientos que a mi juicio son contradictorios con relación a lo que estamos discu-tiendo aquí. Yo no tengo objeción a que se lleve y se tengan como bien radicadas todas aquellas candidaturas que se hicieron después de convenciones antes de las 12 del día 5 de septiembre. Lie. Calderón:
Para simplificar, lo que quiero es aclarar que la proposición es que en adición a esas, con las cuales yo entiendo que no hay ningún tipo de controversia, que en adición a esas se cuenten aquellas de aquellos precintos que ya le confesé al compañero que no se cuantos son — eso habría que determinarlo mediante el cómputo administrativo correspondiente — de aquellos pre-cintos en los cuales el partido sometió aceptaciones de candida-tos y peticiones de inscripción equivalentes al mínimo requerido por ley.
Lie. Viera Martínez:
Yo quisiera clarificarlo porque el compañero usa en adición a. Lo que yo entiendo es que en los sitios donde no han certifi-cado candidaturas ahora a base de convenciones se tengan por candidatos aquellos que aparecían en las peticiones de inscrip-ción en los municipios donde no radicaron ahora.
Lie. Calderón:
Y que si hay algún municipio o precinto donde no se haya radicado candidatura ni por petición ni mediante certificación, ahora, pues esos se quedan sin candidatos. Esa es la proposi-ción.”

Votaron a favor los representantes del Partido Unión Puertorriqueña, Partido Auténtico Soberanista y del Partido Popular Democrático. Se abstuvo de votar el representante del Partido del Pueblo y en contra votó el Partido Nuevo Progresista y el Partido Independentista Puertorriqueño. La cuestión sometida fue decidida en contra por el voto del Sr. Superintendente General de Elecciones Interino.

Limitaremos pues nuestra decisión a la cuestión tal y como fue sometida a votación.

La Sec. 20 del Título 16 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, define los partidos y los clasifica en partidos prin-cipales y partidos por petición. El partido principal es uno que ha concurrido a las elecciones generales inmediatamente precedente y ha conservado, por haber obtenido su candidato para Gobernador en dichas elecciones el número de votos exigidos por ley, su condición de partido principal. El partido por petición no ha concurrido a unas elecciones generales y adquiere su condición de partido por petición cuando con arreglo a la See. 112 del Título 16 de L.P.R.A. inscribe en la Junta Estatal de Elecciones para las elecciones inmediata-mente siguientes, candidatos por petición en y para la mitad o más de los precintos electorales en toda la Isla y además, presenta en dicha Junta para dichas elecciones, peticiones para nombramiento de candidatos firmadas y juradas por un número de peticionarios no menor de un cinco por ciento del total de votos depositados para todos los candidatos para el cargo de Gobernador de Puerto Rico en las últimas elecciones generales inmediatamente precedentes, computado dicho cinco por ciento en la forma dispuesta en la propia Sec. 20.

¿Cómo se presentan las candidaturas por uno u otro partido? Esto lo estatuye la ley en sus Secs. Ill y 112 del Título 16. La 111 se ocupa de la presentación de candidaturas por medio de convenciones de los partidos. Al efecto dispone:

“Cualquier partido político principal, o cualquier partido que hubiere depositado más del 5% (cinco por ciento) del total de votos despositados para todos los candidatos a Gobernador de Puerto Rico en las elecciones generales inmediatamente prece-dentes, tendrá derecho a nombrar candidatos por medio de con-venciones, debidamente convocadas. Dichas convenciones se celebrarán a más tardar el 28 de agosto del año en que se celebren las elecciones generales, y el presidente y el secretario de las mismas certificarán al Superintendente General de Elec-ciones, a más tardar a las doce del mediodía del día 2 de septiem-bre de dicho año, los nombres de los candidatos designados por la convención. Si cualquiera de los partidos dejare de presentar al Superintendente General de Elecciones el 2 de septiembre de dicho año, a las doce del día, o antes, el nombre de algún candi-dato para algún cargo, entonces el partido que así faltare, perderá el derecho a la presentación de candidatos para tal cargo o cargos.”

Ante el problema planteado es crucial la interpretación que se de a la disposición transcrita, pues la Junta sostiene que la misma se aplica al partido por petición y que por ende, éste viene obligado a nombrar candidatos por medio dé convenciones, o de lo contrario pierde el derecho a la presen-tación de candidatos para cargos.

La disparidad en la interpretación proviene de que al decir esta Sec. Ill “Cualquier partido político principal”, incuestionablemente se refiere al partido político principal definido en el primer párrafo de la See. 20 y ya hemos visto que con arreglo a esta Sec. 20, partido principal es aquel cuyo candidato para Gobernador de Puerto Rico obtuvo en las últimas elecciones generales inmediatamente precedentes un cinco por ciento o más del total de votos depositados en dichas últimas elecciones generales inmediatamente prece-dente por todos los partidos para todos los candidatos a Gobernador de Puerto Rico.

Sin embargo, la Sec. Ill, luego de referirse a cualquier partido principal, añade, “o cualquier partido que hubiere depositado más del 5% (cinco por ciento) del total de votos depositados para todos los candidatos a Gobernador de Puerto Rico en las elecciones generales inmediatamente precedentes, tendrá derecho a nombrar, . . . Este “o cualquier otro partido. . . no es otra cosa que un partido principal, porque lo que hace esta Sec. Ill es repetir la definición de lo que es un partido principal con la única diferencia de una transposición sin importancia de palabras pues mientras la Sec. 20 al referirse al requisito del por ciento de votos, dice “un cinco por ciento o más”, la Sec. Ill dice “más del 5% (cinco por ciento); que en definitiva viene a ser lo mismo.

Ahora bien, para sostenér que “o cualquier otro partido que hubiere depositado más del 5% (cinco por ciento) del total de votos,” etc., la Sec. Ill se refiere a un partido por petición, es forzar una interpretación que no la sostiene ni el propio lenguaje de dicha Sec. Ill ni otras disposiciones de la Ley Electoral.

Si se hubiera querido incluir en la Sec. Ill al partido por petición, bastaba con llamarlo por su nombre, como lo hizo con el partido principal o sino bastaba con definirlo con el lenguaje que se define el partido por petición en el tercer párrafo de la Sec. 20.

De suerte que los partidos principales deben, conforme a la Sec. Ill celebrar convenciones para nombrar candidatos para los diferentes cargos políticos y certificarlos en la forma y término provisto por la ley, al Superintendente General de Elecciones.

De los partidos por petición, en lo que respecta al nombramiento de candidatos, se encarga la See. 112 del Título 16. Luego de estatuir el procedimiento para nombrar candidatos por petición, dispone en su último párrafo lo siguiente:

“Una vez completado el número de peticiones válidas nece-sarias para la inscripción de un candidato en la papeleta electoral será obligación del Superintendente General de Elecciones incluir a dicho candidato en la referida papeleta electoral con-forme a lo dispuesto en este Subtítulo.”

No hay duda de que el candidato que figura legalmente en la petición de inscripción, una vez completado el número de peticiones válidas necesarias para su inscripción en la papeleta electoral, debe ser incluido por el Superintendente General de Elecciones en la papeleta electoral.

Ese es un medio que tiene el partido por petición para nombrar candidatos. Mas, no es el único. En el párrafo quinto de la Sec. 20 se consigna el derecho del partido político que ha adquirido la categoría de partido por petición a nombrar candidatos para todos los cargos que hayan de votarse en las elecciones generales inmediatamente siguientes, aun en aquellos municipios o precintos en los cuales dicho partido por petición no presentó peticiones para el nombramiento de candidatos o el número de peticiones que presentó no alcanzaba el mínimo exigido por la ley. Es obvio, por consiguiente, que en estos municipios o precintos el partido por petición, si quiere ejercitar el derecho a nombrar candidatos, deberá hacerlo por medio de convenciones.

El derecho que se le concede al partido por petición de nombrar candidatos para todos los cargos conlleva el de poderlos cambiar o sustituir en la forma y dentro de los términos prescritos por ley para los partidos principales. Sin embargo, este derecho a nombrar candidatos no obliga al partido por petición a nombrarlos por medio de convenciones cuando tales nombramientos han sido ya hechos por el partido en el número de peticiones válidas necesario para la inscripción del candidato en la papeleta electoral.

Es por ello que opinamos que la solicitud hecha por el Partido Unión Puertorriqueña, en la forma concreta que quedó sometida a votación, debió prosperar y al decidirse dicho planteamiento en contra por el voto del Sr. Superin-tendente General de Elecciones, Interino, se incurrió en error.

En su consecuencia se anula y deja sin efecto el acuerdo apelado, y se devuelve el asunto a la Junta para que tome las providencias que procedan.

Notifíquese a la Junta y a todos sus miembros individual-mente.

(Fdo.) Pedro Pérez Pimentel

Juez Presidente Interino

CERTIFICO:

(Fdo.) JoséL. Carrasquillo

Secretario


text:
    Etiony Aldarondo Galván, Miembro de la Junta Estatal de Elecciones en representación del Partido del Pueblo, apelante, v. Junta Estatal de Elecciones de Puerto Rico, Gilberto Gierbolini, Superintendente General de Elecciones, apelada.

      Número: 28

      Resuelto: 28 de noviembre de 1972

      Flavio Cumpiano, abogado del apelante y del Partido del Pueblo; Arcilio Alvarado, abogado del Partido Popular Democrático; Luis A. Rivera Lacourt, abogado del Partido Independentista Puertorriqueño; Ángel Viera Martínez, abogado del Partido Nuevo Progresista; y J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, abogado de la Junta Estatal de Elecciones, apelada.
   Decisión del

Juez Presidente Interino Señor Pérez Pimentel.

En su sesión del día 15 de noviembre de 1972, la Junta Estatal de Elecciones decidió que aquellas papeletas elec-torales marcadas con una cruz debajo de la insignia del Partido Popular Democrático y además con otra cruz o marca en el rectángulo en blanco que queda inmediatamente debajo del. rectángulo en que aparece impreso el nombre del candi-dato a Representante por Acumulación del Partido del Pueblo, Sr. Roberto Sánchez Vilella, no podrán ser consideradas como votos a favor de dicho candidato Sr. Sánchez Vilella pero si como votos a favor de la candidatura íntegra del Partido Popular Democrático.

De esta decisión apeló para ante el Juez Presidente Inte-rino, el representante del Partido del Pueblo ante la Junta Estatal de Elecciones.

En su comparecencia ante nos, la Junta Estatal de Elec-ciones, además de sostener su decisión, ha solicitado la deses-timación del recurso, alegando que éste no está autorizado por ley. El Partido Nuevo Progresista y el Partido Indepen-dentista sostienen el criterio de la Junta sobre la improce-dencia del recurso.

Debe desestimarse el planteamiento. La Ley Electoral, especialmente en sus Secs. 13 y 19 (16 L.P.R.A.) constituyen suficiente autoridad para sostener la procedencia de la apelación interpuesta por el Partido del Pueblo. La propia Sec. 19 se encarga de establecer que el recurso de apelación interpuesto contra una decisión de la Junta Estatal no suspenderá, paralizará, impedirá o en forma alguna obstaculizará el escrutinio general que es el que en estos momentos practica la Junta Estatal. De ello se concluye que no empece el hecho de la apelación, el escrutinio general sigue su curso, y que de no ser apelable para ante el Juez Presidente ninguna decisión tomada por la Junta durante el proceso del escrutinio general, carecería de significado la disposición legal antes citada al efecto de que la apelación no suspenderá ni paralizará ü obstaculizará el escrutinio general.

No se nos ha señalado por las partes que sostienen la improcedencia de este recurso, cuales son aquellas decisiones hechas por la Junta Estatal de Elecciones durante el proceso del escrutinio general que sean apelables para ante el Juez Presidente del Tribunal Supremo. Opinamos que la forma de hacerse la adjudicación de la papeleta electoral objeto de la decisión apelada, fue una cuestión sometida a la consideración de la Junta Estatal de Elecciones y como no recibió la unanimidad de votos a. que se refiere la Sec. 13 del Título 16 de las.Leyes de Puerto Rico Anotadas, la cuestión fue decidida por el Sr. Superintendente General de Elecciones, considerándose su decisión como la decisión de la Junta Estatal de Elecciones, de la cual, puede apelarse en la forma provista en la Sec. 19 del indicado Título 16 de L.P.R.A. y que como ya sabemos es una apelación que se interpone para ante el Juez Presidente del Tribunal Supremo.

En aras de la brevedad nos abstenemos de exponer otros argumentos en contra de la solicitud de desestimación del recurso.

A nuestro requerimiento la Junta Estatal ha elevado con el récord una fotocopia de una de las papeletas electorales objeto de la decisión apelada.

Esta papeleta tiene siete columnas verticales separadas unas de otras por una gruesa línea negra. En cada columna, excepto en la dedicada a los candidatos independientes, figu-ran de arriba hacia abajo la insignia de cada uno de los seis partidos políticos que concurrieron a las últimas elecciones generales. Debajo de las insignias de los partidos aparece el nombre del Partido y le siguen los nombres de candidatos a Gobernador, a Comisionado Residente de los Estados Unidos, Senadores por el Distrito, Representantes por el Distrito, alcalde y asambleístas municipales. Le siguen hacia abajo los espacios para los Senadores por acumulación y finalmente en la parte inferior de la papeleta, siguen los espacios o encasi-llados para Representante por acumulación.

De suerte que la papeleta electoral está dividida verti-calmente en tres partes o secciones. En la primera de arriba hacia abajo figuran los candidatos generales ya antes men-cionados. En la segunda sección figuran los candidatos a Senadores por Acumulación, en la tercera, que es la parte inferior de la papeleta, figuran los candidatos a Represen-tantes por Acumulación. Es fácilmente notable la división vertical y horizontal de la papeleta.

La papeleta que estamos considerando aparece marcada con una cruz debajo de la insignia del Partido Popular Democrático y con otra cruz debajo del nombre del Sr. Roberto Sánchez Yilella pero en otro encasillado en blanco. En la columna o espacio vertical donde figuran todos los candidatos del Partido del Pueblo y debajo del encasillado “Representantes por Acumulación” figura impreso única-mente el nombre del Sr. Sánchez Yilella y debajo de su nombre siguen cinco encasillados en blanco. En el primero de ellos, que sigue inmediatamente al nombre de Roberto Sán-chez Vilella, fue que el elector marcó una cruz.

La Ley Electoral dispone que el elector podrá designar el candidato para Senador o Representante por acumulación de la manera siguiente: votando la candidatura íntegra del partido, en cuyo caso se entenderá que su intención fue votar por el nombre del candidato que para dichos cargos figure en primer término en el orden impreso de la papeleta electoral, aunque no marque al lado de la insignia o divisa del candi-dato, pudiendo también demostrar su intención de votar por otro candidato para Senador o para Representante por acumulación, cuando, además de marcar la papeleta electoral, hace alguna cruz o señal al lado del nombre, de la divisa o insignia de un candidato para Senador o Representante por acumulación, en cuyo caso, esta señal se entenderá como que el candidato así marcado, fue la intención del elector votarlo solamente para dicho cargo o cargos. 16 L.P.R.A. see. 220 (c).

Si aplicamos rigurosamente determinados apartados de la ley, ciñéndonos a su letra, el acuerdo apelado de la Junta Estatal podría sostenerse. Esto nos llevaría a una interpre-tación restrictiva del derecho al voto. La propia ley, en la sección arriba citada, dispone: “En cualquier caso de duda, deberá tenerse como eficaz el señalamiento de la papeleta de tal manera que siempre que resulte en cualquier forma la intención del votante, aun cuando aparezca defectuosamente el señalamiento, la papeleta será válida y eficaz.”

Puede concederse que la papeleta que examinamos aparece defectuosamente marcada bajo el nombre del candidato a Representante por acumulación, Sr. Sánchez Vilella. Sin embargo, considerando que la marca se hizo en la columna del Partido del Pueblo, que esta columna está separada de las de los otros partidos que figuran a sus lados izquierdo y derecho, por una gruesa línea negra de un octavo de pulgada de ancho, y que debajo del nombre impreso de Roberto Sánchez Vilella no figura el nombre de ningún otro candidato, nos parece que resulta que la intención del votante fue votar por dicho candidato para Representante por acumulación. Esa intención debe prevalecer y la papeleta debe considerarse válida y eficaz como un voto a favor del Sr. Sánchez Vilella para Representante por acumulación y a favor de los restantes candidatos que figuran en la co-lumna del Partido Popular Democrático.

Al así resolverlo estamos rechazando la posición asumida por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Partido Nuevo Progresista al efecto de que la papeleta electoral en controversia es nula porque el elector marcó candidatura íntegra en las candidaturas de más de un partido cuyos can-didatos son totalmente diferentes. 16 L.P.R.A. sec. 220(a).

Si bien es cierto que la indicada Sec. 220(a) dispone que el elector puede también votar por la candidatura íntegra de un solo partido haciendo una cruz o línea dé cualquier dimensión y forma “. . . en cualquier espacio en la columna correspondiente a dicho partido, excepto dentro de los espacios que están a la derecha o izquierda de los nombres de los candidatos;” ello no significa, a nuestro juicio, que necesariamente toda marca hecha en cualquier espacio en la columna correspondiente a un partido, es un voto para la candidatura íntegra de ese partido, si se considera el historial legislativo de dicha disposición.

Debemos hacer constar que en lá papeleta electoral que estamos examinando en este recurso, prácticamente no se dejó' espacio alguno a la derecha o izquierda del nombre y divisa del único candidato a Representante por Acumulación por el Partido del Pueblo, resultando en su consecuencia, defectuosamente impresa la papeleta electoral, si es que fuere aplicable el aludido inciso (a) de la See. 220. Es muy probable que a ello se deba que algunos electores, al votar por el Sr. Sánchez Vilella, hayan marcado la papeleta en el espacio o rectángulo en blanco que sigue inmediatamente debajo de su nombre.

Este no es el caso en que el elector haya querido votar y haya votado la candidatura íntegra de dos partidos políticos. Votó por todos los candidatos del Partido Popular Demo-crático, excepto el candidato a Representante por Acumula-ción, haciendo una cruz debajo de la insignia de dicho Par-tido, y además votó por el Sr. Sánchez Vilella marcando la papeleta en la forma ya explicada.

Así deben adjudicarse las papeletas electorales que moti-van este recurso.

Notifíquese a la Junta Estatal de Elecciones y a sus miembros individualmente.

(Fdo.) Pedro Pérez Pimentel

Juez Presidente Interino

Certifico:

(Fdo.) JoséL. Carrasquillo

Secretario