author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Elías Najul Báez y Rafael Rodríguez Rivera, acusados y apelantes.

      Número: CR-80-37

      Resuelto: 26 de junio de 1981

      Baltasar Quiñones Elias, Yamil Galib Frangie, Santiago Polanco Abreu y José Luis Purcell Terrón, abogados de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Dr. Elias Najul Báez y el policía Rafael Rodríguez fueron declarados culpables, en juicio por jurado, de come-ter el delito de aborto en la persona de Myrna Esther Moya, quien estaba en su primer trimestre de embarazo como consecuencia de relaciones extramaritales con dicho policía. La prueba demuestra que el médico no hizo una previa indicación terapéutica sobre la necesidad y conve-niencia del aborto desde el punto de vista de la mujer embarazada, ni previa consulta con ella. Bajo tales cir-cunstancias, el aborto es ilegal y procede la confirmación de las sentencias.

El testimonio de Myrna Esther, no controvertido por los apelantes, demostró que el policía Rodríguez, padre de la criatura que ella cargaba, la llevó a las oficinas del Dr. Najul a eso de las 10:00 de la mañana del 5 de marzo de 1979, donde fue atendida por una enfermera adscrita al consultorio de dicho médico. Relató lo siguiente:

Que antes de pasar donde el Dr. Najul ni la enfermera ni nadie le hizo reconocimiento físico alguno, no le tomó la temperatura, ni la presión, ni ninguna otra prueba. No le preguntó nada sobre su historial médico, ni le preguntó si padecía de alguna enfermedad, ni le llenó ningún récord médico.
Que cuando entró donde estaba el Dr. Najul éste tampoco le hizo ningún reconocimiento sobre su cuerpo, que no le tomó la presión ni la temperatura ni le chequeó el corazón, que no le llenó ningún historial médico, que no le preguntó si padecía de alguna enfermedad como diabetes, corazón [sic] reumatismo ni ninguna otra. Que ni el doctor ni la enfermera ni ninguna otra persona en la oficina le hizo ningún reconocimiento físico a ella. Declaró que cuando fue a la oficina del Dr. Najul se encontraba perfectamente bien de salud, que no sangraba, que no tenía ningún problema con su embarazo, que no tenía dolores ni padecía de ninguna condición anormal.
Que una vez dentro de la oficina la enfermera la mandó a que se quitara la ropa interior y le dijo que se acostara en una camilla que parecía como una burra de las que usan en el hospital para que las mujeres den a luz. Que ella en dos ocasiones se levantó de la burra llorando porque no quería hacerse el aborto. Que en la segunda vez el Dr. Najul dijo: “Bueno yo no puedo hacer nada si ella no quiere.” Entonces Rafael Rodríguez dijo que ella tenía que dejarse hacer el aborto porque eso le traía problemas a él. Que él le comentó que cuando saliera de los problemas le iba a buscar una casa y se recogía con ella y podrían tener los hijos que qui-sieran. Que luego pasó de nuevo a la oficina y la enfermera la acostó en la burra, le puso unos sacos verdes en las pier-nas, le tiró una sábana blanca por encima (región abdominal) se fue por la parte de atrás y le puso una sábana en la boca para que no gritara. Que cuando ella estaba gritando la enfermera le decía que no gritara porque la gente se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo allí.
Que el Dr. Najul le metió unas pinzas y unas paletas por la vagina y comenzó a halarle, que parecía que le estaba arrancando la matriz y todo para afuera. Que él cogió la paleta y le enseñó lo que estaba sacando, que el feto que sacó se parecía como un ratoncito cuando es recién nacido, sin pelo y sin forma. Que cuando él le enseñó el feto que tenía en las pinzas ella se desmayó, perdió el conocimiento y cuando despertó estaba en una cama en la parte de atrás. Que luego salió de allí, fue al baño y se dio cuenta que estaba sangrando por la vagina. Luego fue donde Rafael Rodríguez, quien le preguntó si ya había terminado, a lo que ella contestó que sí; y éste le dio los $225.00 para el doctor. Que le entregó los $225.00 al doctor y éste le entregó una receta que Rafael Rodríguez compró en una farmacia que queda cerca de la oficina del médico. Que luego de comprar la receta en la farmacia y mientras iban de camino, Rafael Rodríguez le dijo que si algo pasaba que dijera que había sido una caída la que le había provocado el aborto. (E.N.P., págs. 4-5.)

Posteriormente ella relató lo ocurrido a un agente del Negociado de Investigaciones Criminales (NIC) y se for-mularon las acusaciones correspondientes.

Los recurrentes argumentan en apelación los siguientes alegados errores:

(1) Que el Art. 91 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4010, es inconstitucional.

(2) En la alternativa, que aun siendo el estatuto consti-tucional, en este caso no se puede sostener la convicción de los acusados, por haberse practicado el aborto por un médico autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico con el consentimiento de la mujer embarazada.

(3) Negarse el juez de instancia a transmitir al jurado instrucciones que fueron solicitadas oportunamente.

(4) Permitir, por sobre la objeción de la defensa, que el fiscal, en el curso de su informe, leyera el Art. 91 del Código Penal al jurado y les instruyera sobre los términos allí empleados y los principios de Derecho que según él eran aplicables al caso.

El primer apuntamiento se rige por Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596 (1980), en que decidimos la validez constitucional del Art. 91 del Código Penal. Vamos al segundo.

El Art. 91 del Código Penal a la fecha de los hechos disponía:

Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, toda persona que proporcionare, facili-tare, administrare, prescribiere o hiciere tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga, o sustancia o que utilizare o empleare cualquier instrumento u otro medio con intención de hacerla abortar, y toda persona que ayudare a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conser-vación de la salud o vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de dos años y máximo de cinco años.

Dicho artículo prohíbe que un médico intente un aborto sin una previa determinación terapéutica sobre su conveniencia para la conservación de la salud o vida de la embarazada. Pueblo v. Duarte, supra.

Alegan los apelantes durante el primer trimestre de embarazo el derecho de “privacidad” de la mujer es absoluto y que el Estado no puede intervenir con esa pre-rrogativa de la mujer durante ese período. Invocan Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973). Aparte de que la prueba no estableció que aquí la mujer embarazada hiciera uso de prerrogativa alguna suya, los apelantes parten de una premisa falsa, pues nuestro estatuto no limita esa prerro-gativa, ni viola las normas establecidas en Roe. Allí se estableció:

Por otro lado, esto significa que, durante el período del embarazo que antecede a este punto “crítico” (compelling point), el médico, en consulta con su paciente, está en liber-tad para determinar, sin intervención del Estado, a base de un juicio médico, que el embarazo de la paciente debe ser terminado. Si se llega a esa decisión, puede cumplimentarse el juicio médico mediante un aborto, libre de intervención por el Estado....
(a) Durante la etapa anterior a aproximadamente la ter-minación del primer trimestre, la decisión de hacer el aborto y la intervención para efectuarlo deben dejarse al criterio profesional del médico que atiende a la mujer embarazada. Págs. 163, 164.

Se reafirma la necesidad de consulta del médico con su paciente al llevarse a cabo un aborto en el caso de Colautti v. Franklin, 439 U.S. 379, 387 (1979), al disponerse:

- En Roe repetidamente se dio énfasis al papel del médico, tanto en cuanto a consultar a la mujer sobre si debe o no hacerse un aborto como en cuanto a determinar la manera de efectuarlo. Indicamos que hasta el punto en que impor-tantes intereses apremiantes del Estado proveen obligada justificación para intervenir, “la decisión sobre el aborto es, en todos sus aspectos, inherente y primariamente una decisión médica”, [Roe, supra,] pág. 166, y añadimos que, si se abusare de este privilegio, “estarán disponibles los co-rrespondientes remedios judiciales e intraprofesionales”. Ibid.

Nuestro estatuto sólo exige lo que el propio Tribunal Supremo federal ha establecido, a saber, que un aborto durante el primer trimestre requiere una determinación médica de su necesidad. De una lectura de lo ocurrido en las oficinas del Dr. Najul surge palmariamente la falta de consulta del médico con su paciente sobre la necesidad terapéutica de realizar el aborto. No es necesario expresarnos sobre el derecho de una mujer a tener un aborto durante el primer trimestre de embarazo. Basta señalar que un médico no puede escapar a la responsabilidad penal del Art. 91 del Código Penal al realizar un aborto sin hacer una determinación terapéutica previa de su necesidad y, tras informar de ello a su paciente, obtener su cabal consentimiento (informed consent). La mera aseveración de la paciente de que ella quiere hacerse un aborto no es suficiente para que el médico pueda liberarse de responsabilidad penal.

Teniendo el aborto consecuencias físicas y emocionales en la paciente y pudiendo su consentimiento estar viciado por presiones externas que anulen su verdadero sentir sobre la operación a llevarse a cabo, es la responsabilidad del médico inquirir e informar a su paciente de las consecuencias del aborto. Solo mediante este diálogo entre el médico y la paciente es que se establece el verdadero consentimiento de la mujer para la realización del mismo.

Los hechos de este caso demuestran que la paciente, si prestó su consentimiento, lo hizo obligada por las presiones del policía Rodríguez. De ello pudo darse perfecta cuenta el médico, y es obvio que así fue, pues por dos ocasiones la mujer protestó, al extremo de que el médico expresó que no podía hacer nada si ella no quería. La intromisión inmediata del policía Rodríguez para que ella se dejara hacer el aborto no pasó desapercibida para el médico.

En cuanto al tercer señalamiento de error, plantean los apelantes que debió darse la siguiente instrucción especial al jurado:

Aún cuando Uds. concluyeran por el resultado de la prue-ba y más allá de duda razonable que a la fecha de los hechos alegados en la acusación Myrna Moya Pérez estaba emba-razada y que los aquí acusados le produjeron un aborto; pero que a esa fecha ella tenía menos de tres meses de embarazo y prestó su consentimiento para ese aborto, o si tuvieran duda razonable de ello, entonces Uds. vendrían obligados también a rendir un veredicto absolutorio.

No tienen razón. La propuesta instrucción no hace mención alguna del requisito de determinación terapéutica que requiere el Art. 91 del Código Penal. La instrucción alterna propuesta para el caso de no impartirse la preinserta, no nos pone en condiciones para determinar si la omisión perjudicó a los acusados, pues no obran en autos las instrucciones impartidas por el juez de instancia. Competía a ellos demostrar en apelación que el tribunal apelado no actuó correctamente. Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974).

El cuarto y último apuntamiento de error carece de méritos. Aunque no nos parece buena práctica que el fiscal lea al jurado y dé su interpretación de determinada disposición de ley, él tiene derecho a hacer sus propias deducciones e inferencias sobre la prueba, en consideración del Derecho aplicable. Véase Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 103 D.P.R. 368 (1975) y Pueblo v. Rivera, 98 D.P.R. 163 (1969). Es de presumirse, en ausencia de alegación en contrario, que al impartir sus instrucciones al jurado el juez cubrió los aspectos del estatuto aplicable y advirtió, además, sobre el alcance de los argumentos del fiscal. Véase el manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, publicación del Colegio de Abo-gados, 1976, pág. 6.

Atendidos los razonamientos aquí expuestos, se confir-marán las sentencias apeladas.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García con-curren con el resultado.

       La Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980 enmendó, entre otros, este ar-tículo para establecer una pena fija de tres (3) años; de mediar circunstancias agravantes, pena fija hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstan-cias atenuantes, pena fija hasta un mínimo de dos (2) años.

       El término correcto debe ser “intimidad”.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    United Federal Savings & Loan Association of Puerto Rico, peticionaria, v. Departamento de Asuntos del Consumidor, recurrido.

      Número: O-79-179

      Resuelto: 29 de junio de 1981

      Correa Calzada, Collazo Salazar, Herrero & Lázaro Paoli, abo-gados de la peticionaria; Lucía Ferreira, abogada del recu-rrido; Fournier, Fournier, Rachid & Fournier y Florencio Rodríguez, abogados de la Liga de Ahorros y Préstamos de Puerto Rico, que compareció como amicus curiae.

   PER CURIAM:

United Federal Savings.& Loan Association vino en posesión en virtud de ejecución de hipoteca y dación en pago de varios apartamientos en dos edificios multipisos, para la construcción de los cuales había conce-dido sendos préstamos. Una vez adquiridos procedió a venderlos.

El Departamento de Asuntos del Consumidor le co-municó que había violado la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. see. 501 et seq.) según enmendada por la Ley Núm. 160 de 9 de junio de 1976, así como el Art. 5, Sec. 4 del Reglamento de Construcción promulgado por esa agencia gubernamental, al no haber obtenido la licen-cia requerida por la ley a urbanizadores o constructores que se dediquen al negocio de la construcción de viviendas, incluso la promoción o venta de unidades de vivienda. Se le impuso una multa administrativa de $1,000.

La peticionaria impugnó esa determinación. La Secre-taria del Departamento la sostuvo. Accedimos a revisar la sentencia del Tribunal Superior, que confirmó ese dic-tamen.

El auge en la construcción de viviendas en Puerto Rico motivó a la Asamblea Legislativa a aprobar legislación para facilitar a los compradores vindicar los derechos que las leyes vigentes le concedían. Se estableció un remedio administrativo por la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 antes mencionada. Mediante esta ley se le exige una licencia a todo urbanizador o constructor. La Ley Núm. 130 de 1967, según fuera enmendada por la Ley Núm. 160 de 1976, define el concepto urbanizador o constructor:

“Urbanizador o Constructor” significará toda persona que se dedique al negocio de la construcción en calidad de empresario o principal responsable de la promoción, diseño, venta, construcción de obras de urbanización para vivienda, o de la construcción en grande escala de viviendas, bien del tipo individual o multipisos. Incluye la persona, natural o jurídica, corredora de bienes raíces que se dedique a la pro-moción o venta de unidades de vivienda sean éstas de tipo individual o multipisos; Disponiéndose que el corredor de bienes raíces no será responsable por los defectos de construc-ción de las viviendas construidas y cubiertas por este Capítulo.
Incluye a quien asuma la responsabilidad total para la presentación ante la Junta de Planificación de consultas de ubicación y uso de terrenos, y ante la Administración de Reglamentos y Permisos del desarrollo preliminar, planos preliminares y finales para la construcción de las obras en un predio extenso de terreno que habrá de lotificarse para la construcción de viviendas (unifamiliares o multifamilia-res), o que comisione a otros para realizar cualesquiera de tales actividades.
Además incluye a quien desarrolle parcelas o lotes de te-rreno en número mayor que el permitido como lotificación simple según las leyes y reglamentos de la Junta de Planifi-cación o la Administración de Reglamentos y Permisos, o a quien construya casas o apartamientos para la venta, arren-damiento, u otro uso, en número mayor de 20 como un solo proyecto.
No incluirá a los Gobiernos de los Estados Unidos, del Estado Libre Asociado, sus subdivisiones políticas, las cor-poraciones públicas ni a los municipios. (Énfasis nuestro.) 17 L.P.R.A. sec. 502(d).

Una lectura del anterior precepto demuestra que la ley solo tiene el propósito de reglamentar las actividades del urbanizador o constructor en todas sus etapas inclusive la de venta de las viviendas. A esos que a eso se dedican son a los que el Art. 5 de la Ley les exige tener licencia. Cuando el legislador entendió que debía extender el ámbito de la ley, lo hizo expresamente añadiendo por enmienda lo que está en bastardillas en la definición de urbanizador o constructor antes transcrita. El legislador, al ampliar la definición, estableció que incluía a la persona natural o jurídica que se dedicara a la promoción o venta de unidades de vivienda. La peticionaria ni remota-mente se dedica a la promoción o venta de unidades de vivienda. No vemos cómo pueda extenderse la cubierta de la ley a una entidad que se ha visto obligada a hacerse cargo de unas viviendas en pago de una acreencia.

Precisamente en la exposición de motivos de la Ley Núm. 160 se hace referencia al problema del financia-miento para viviendas al referirse a que “. . . han surgido negocios que se dedican a obtener [el] financiamiento y a servir de intermediario entre el urbanizador y el presta-mista”. Ciertamente no debe ser por interpretación judicial que se amplíe el ámbito regulador de la ley para que incluya a las entidades que suplen el financiamiento y que se vean obligadas a ejecutar las hipotecas que garantizan los préstamos concedidos. En la exposición de motivos, como vemos, a lo que se hace referencia es al interme-diario entre el urbanizador y la entidad que proporciona el financiamiento. Es a la Asamblea Legislativa a quien le toca hacer esa determinación.

Se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, asi como la determinación del Departamento de Asun-tos del Consumidor.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Arturo Maldonado Morales, demandante y recurrido, v. Consejo de Titulares del Condominio Torre del Mar, demandado y recurrente.

      Número: R-80-526

      Resuelto: 29 de junio de 1981

      Carlos Roberto Vélez, abogado del recurrente; Dimas G. Padilla Bruno, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Los titulares de apartamientos del Condominio Torre del Mar se reunieron en asamblea y aprobaron una reso-lución. Acordaron autorizar al Consejo de Titulares del Condominio a interrumpir el suministro de agua potable de aquellos apartamientos que reflejaran deudas por cuo-tas de mantenimiento de elementos comunes generales del inmueble.

Como consecuencia del acuerdo, el Consejo colocó un candado en la llave de paso que permite el flujo del agua al apartamiento del demandante. El Consejo retuvo la llave.

El demandante promovió entonces un recurso de inter-dicto que, luego de ser visto mediante estipulación de hechos, fue declarado con lugar. Entendió la sala senten-ciadora que la asamblea de titulares del condominio no tiene tal facultad. Discrepamos.

Existe una clara política pública en Puerto Rico dirigida a estimular la utilización de terrenos y construcción de multipisos que se rijan por el Régimen de la Propiedad Horizontal. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 242 (1978); Asoc. de Condominos v. Seguros Arana, 106 D.P.R. 133, 138 (1977); Asoc. de Condómines v. Naveira, 106 D.P.R. 88, 91 (1977). La superviviencia del régimen está amenzada por el continuo problema de los condominos que pretenden disfrutar a plenitud de los elementos comunes generales sin hacer las aportaciones que le corresponden para su mantenimiento. 31 L.P.R.A. sec. 1291r.

Ya en Naveira impusimos responsabilidad por las cuotas de mantenimiento adeudadas por el dueño anterior, al adquirente del apartamiento en pública subasta. En Asoc. de Condóminos v. Seguros Arana, supra, decretamos la nulidad de la cesión de los cánones de arrendamiento hecha por el titular de ciertos apartamientos a varios ban-cos acreedores, por existir sobre dichos cánones un crédito preferente de la Asociación de Condominos por concepto de los gastos de mantenimiento. Finalmente, en Asoc. de Condóminos v. Centro I, Inc., 106 D.P.R. 185 (1977), declaramos la ineficacia de la cesión que hizo el titular de cier-tos apartamientos a un banco acreedor, de aquella parte de los cánones cedidos que era necesaria para cubrir las cuotas de mantenimiento.

El presente caso nos plantea otro aspecto del problema. Si el Consejo de Titulares de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal puede acordar válida-mente suspender el servicio de agua potable a un con-domino moroso en el pago de sus cuotas de mantenimiento, el cual mantiene un contrato de servicio de agua con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

Las cuotas que los titulares vienen obligados a satis-facer son precisamente para preservar las mejores condi-ciones de los elementos comunes, facilitar su uso y, sobre todo, garantizar el buen funcionamiento del régimen. Sin la aportación proporcional a las expensas del inmueble, el régimen no puede sobrevivir y se derrotaría la política pública al respecto. Sin embargo, hoy día la morosidad en el pago de las cuotas de mantenimiento parece ser endémica.

En este caso, el Consejo de Titulares recurrente ha ale-gado, y el titular recurrido no ha negado, que la deuda por las cuotas de mantenimeinto en dicho condominio ha ascen-dido a ochenta mil dólares aproximadamente, por lo que tuvo que acogerse al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal. El titular recurrido tampoco ha negado que su deuda en este momento asciende a $5,301.33, excluyendo intereses y penalidad, y que su delincuencia en el pago se retrotrae a varios años,

A pesar de que no paga, el demandante se beneficia de todos los elementos comunes generales, tales como el uso de los ascensores, patio, piscina, pasillos, escaleras, líneas eléctricas comunales, tubería de agua potable comunal, tubería de desagüe comunal, bomba de agua potable, cis-terna, iluminación exterior, vestíbulo y pasillos de acceso a su apartamiento. Ahora alega que la acción del Consejo de Titulares le priva de su derecho constitucional al disfrute de su propiedad. Su contención es frívola.

Recientemente, en Centro I, Inc., supra, dijimos que “[l]a propiedad, como la libertad, aun cuando inmunes a la destrucción bajo la Constitución, no lo están de la regla-mentación esencial para el bien común” y que “[cjorres-ponde a cada generación elaborar por sí misma el grado de regulación”. Págs. 193-194. Y es que como expresamos en Rivera v. R. Cobián Chinea & Co., 69 D.P.R. 672-676 (1949), “. . . no debemos perder de vista que el concepto moderno del derecho de propiedad dista mucho del que conocieron los autores de la Constitución. Hoy nadie cali-fica de ‘sagrado’ el derecho a la propiedad como ocurría frecuentemente en el pasado siglo. Hoy la propiedad tiene una función social que es la de servir a la sociedad y no exclusivamente a su dueño. Como muy bien dice la ape-lada en su alegato: ‘El nuevo concepto de la propiedad señala a ésta una función eminentemente social, que está tan lejana de aquella cerrada definición del Derecho Romano, que definía la propiedad como “el derecho de usar y de abusar de las cosas, tanto como lo permita la razón del derecho”. En el nuevo concepto el privilegio individual queda supeditado al interés social.’”

La ley ha dispuesto que el Consejo de Titulares adopte aquellas medidas necesarias y convenientes para la comu-nidad y el mejor servicio común; incluso medidas que, como la de autos, propendan a la preservación y funcio-namiento del régimen. 31 L.P.R.A. sec. 1293b. Si alguien, con sus acciones, ha puesto al borde de la parálisis al Con-dominio Torre del Mar es precisamente el demandante, que con su morosidad ha pretendido escamotear las apor-taciones para los gastos del inmueble a los demás titulares. Es la propiedad de éstos, y no la de aquél, la que resulta mermada, al tener que cubrir con sus cuotas los gastos de todos los condominos, inclusive los morosos. Sería el demandante quien en todo caso le estaría privando el derecho que los demás titulares tuviesen al disfrute de su propiedad.

Entre los poderes que la ley le reconoce al Consejo de Titulares se encuentra el de “[ejntender y decidir en los demás asuntos de interés general para la comunidad, y acordar las medidas necesarias y convenientes para el mejor servicio común”. 31 L.P.R.A. sec. 1293b, inciso (g). Comentando idéntica disposición en el Art. 13 de la Ley de la Propiedad Horizontal española, Ventura-Traveset señala “[e]ste interés general para la comunidad es el límite de su actuación”. Así mismo señala que las medidas que la ley autoriza a adoptar han de ser necesarias, es decir, “forzo-sa[s], imprescindible^], que haga[n] falta sin duda alguna”, o convenientes, esto es “[ú]til[es], oportun[as], conforme[s] y que de la medida adoptada pued[a] seguirse una conse-cuencia útil para el bien común de los propietarios”. Ventura-Traveset, Derecho de Propiedad Horizontal, 3ra ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, págs. 323-324. Según este mismo autor, podrían incluirse en este inciso los acuerdos para “[o]bligar al cumplimiento de las obligacio-nes que corresponden a cada propietario”, entre las cuales se halla la “[cjontribución a gastos”. Id., págs. 324-325.

Pierre Poirier afirma que en algunas legislaciones se permite la suspensión de “los servicios de agua, gas, electricidad y las demás prestaciones”, pero que dicha cláusula debe ser previa a su aplicación. Poirier, La Propiedad Horizontal, (Acdeel E. Salas, trad.) 2da ed., Buenos Aires, Ediciones Arayú, 1955, pág. 166. En Puerto Rico, aun cuando el texto de la ley no dispuso expresamente tal facultad, no hay duda de que dicha autorización está implícita en la cláusula residual de poderes que contiene el transcrito inciso (g). 31 L.P.R.A. sec. 1293b. Desde Castle Enterprises, Inc. v. Registrador, 87 D.P.R. 775, 781 (1963), dijimos, y en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 243 (1978), reiteramos que la “interpretación y administración [de la Ley de la Propiedad Horizontal] debe ser constructiva e imaginativa”. La facultad de suspender los servicios derivados de los elementos generales comunes no va contra la ley, la moral ni el orden público; muy por el contrario, propende a la plena realización de la política pública involucrada en la Ley de la Propiedad Horizontal de Puerto Rico.

Alega el demandante que, de todos modos, el agua en sí no es un elemento común general, sino que es un servicio que le suministra la Autoridad de Acueductos y Alcanta-rillados en virtud de un contrato particular que él tiene con la agencia y por el cual paga directamente a ésta y no como parte de su cuota de mantenimiento. Por lo tanto, concluye, la interrupción del servicio de agua que hizo el Consejo de Titulares es improcedente.

Este argumento da correctamente por sentado la facultad que tendría el Consejo de Titulares de suspender el servicio de agua potable, si la tarifa por su consumo estuviese incluida en la cuota de mantenimiento. No obstante, en las circunstancias del presente caso, tal distinción no tiene consecuencia alguna.

El Art. 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291i, en la enumeración que hace de lo que considera elementos comunes generales incluye:

(e) Los locales o instalaciones de servicios centrales, como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cis-ternas, tanques y bombas de agua, y demás similares. (Énfa-sis nuestro.)

Si bien es cierto que el demandante, al igual que los demás titulares, contrató individualmente con la Auto-ridad de Acueductos y Alcantarillados para que ésta le suministrara agua potable, ésta trae el agua hasta la tu-bería matriz del edificio, de ahí en adelante el líquido fluye hasta los apartamientos individuales a través de la tubería común, perteneciente a todos los condominos, mediante las bombas de agua que la impulsan a los pisos superiores, asumiendo los condominos el costo de mantenimiento y limpieza de la cisterna donde se deposita el agua, de las bombas del agua, de la tubería común y de la electricidad que requiere el sistema de bombeo.

Como es sabido, las bombas de agua impulsan el agua a todos los pisos superiores de los condominios. El aparta-miento del demandante queda en un tercer piso. Por lo tanto para que pueda hacerse efectiva la facultad del Con-sejo de Titulares en lo que respecta al uso de los elementos comunes (tubería, cisterna y bomba), sin que se afecten los condominos que están al día en el pago de sus cuotas, pre-cisa que se le reconozca la facultad de tomar las medidas que sean necesarias para hacer valer los derechos de todos los condominos. La tomada en este caso resulta “necesaria” y “conveniente” como requiere Ventura-Traveset, op. cit., pág. 324.

El demandante ha desatendido su obligación de contribuir proporcionalmente al mantenimiento de los elementos comunes generales que hacen posible que el agua “comprada” a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados fluya hasta su apartamiento. La única alternativa viable para impedir que el demandante se sirva de tales elementos comunes, como lo son las bombas de agua, la cisterna y la tubería, es interrumpir el flujo del líquido mediante la llave de paso correspondiente, que es parte integrante de los elementos comunes generales. Cualquier otra interpretación derrotaría el claro derecho que tiene el Consejo de Titulares de evitar que los deudores morosos se sirvan graciosamente de los elementos a cuyo mantenimiento no contribuyen, mientras éstos se deterioran y el Régimen de la Propiedad Horizontal se desintegra y arruina.

El demandante ha suscitado una cuestión adicional relativa a la convocatoria de la reunión en la cual se tomó el acuerdo impugnado: que no fue notificada. La dificultad con este planteamiento es que el caso fue sometido a la consideración del tribunal de instancia mediante estipu-lación de los hechos según surgían de las alegaciones. Y en la Contestación se alega como defensa la octava: que la asamblea en que se tomó el acuerdo de cortar el suminis-tro de agua a los condominos morosos fue “debidamente convocada y constituida. ..”.

Por lo anteriormente expuesto se revocará la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y en su consecuencia se declara la demanda sin lugar.

      El Consejo de Titulares demandó en corte al titular recurrido y obtuvo sentencia que trató de ejecutar embargándole un automóvil que luego resultó ser propiedad de la sociedad de gananciales que tiene constituida con su esposa. Por tal razón, el titular aquí recurrido demandó al Consejo de Titulares por embargo ilegal, reclamándole una suma mayor que la adeudada por él en sentencia. Dicho pleito está pendiente.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. José Alfonso Lebrón c/p John Ruiz Lebrón, acusado y recurrido.

      Número: O-81-18

      Resuelto: 29 de junio de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticio-nario; Israel Roldan González, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El caso seguido contra el recurrido Ruiz Lebrón por delito de apropiación ilegal agravada se llamó para juicio ante la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior el 2 junio, 1980, sin que comparecieran ni el acusado ni su abogado. Había en el expediente una moción de suspensión suscrita por el defensor que el tribunal estimó, haciendo un nuevo señalamiento para 21 agosto, 1980 mas informado por el fiscal de que para la nueva fecha ya no estaría en Puerto Rico el contador Gregorio P. Narvasa, de la firma Peat Marwick Mitchell & Co., testigo esencial de cargo, el juez ordenó que se le tomara deposición el 12 junio, 1980 en presencia del acusado y su abogado. La minuta de ese día 12 informa que se tomó la deposición en el tribunal, en cuyo acto participó el abogado Sr. Medina en represen-tación del acusado. El juicio empezó el 2 diciembre, 1980 y la defensa objetó la presentación al jurado de la grabación del testimonio de Narvasa, obtenido en la deposición. El tribunal sostuvo la objeción de la defensa, y al recurrir el Estado expedimos certiorari el 9 febrero, 1981.

Tanto el acusado recurrido como el ilustrado juez superior fundamentan el criterio de exclusión de la depo-sición tomada al contable Narvasa en dos planteamientos: (a) que las Reglas de Procedimiento Criminal no permiten ese recurso al fiscal; y (b) que la presencia física del acu-sado en la toma de deposición es parte de su derecho cons-titucional “a carearse con los testigos de cargo” (Consti-tución E.L.A., Art. II, Sec. 11), vulnerado en este caso por la ausencia del acusado de dicho acto.

—A—

El desbalance que en el Procedimiento Criminal señala el apelado al autorizar la Regla 94 el remedio de deposición en caso de necesidad únicamente para la defensa, no derrota la justicia. Dicha Regla 94 corresponde a la federal Núm. 15 enmendada desde el 1975 para extender al Gobierno el derecho a tomar deposiciones, predicado el avanzado texto, como el nuestro en circunstancias excepcionales que afectan el mejor interés de la justicia. 1 Wright; Federal Practice and Procedure, Sec. 241, Supto. 1978. En Puerto Rico, a falta de la enmienda habilitadora del Procedimiento Criminal, hay remedio en las Reglas de Evidencia cuyas normas de prueba de referencia admisible por excepción han servido para implementar el fundamental derecho del acusado a la confrontación. Creado el remedio originalmente para la defensa, un enjuiciamiento racional debe proveer una correlativa autoridad al Estado en condiciones de necesidad, pues la gestión del fiscal para que el crimen no quede impune es parte de la misma justicia cuyo fracaso nadie quiere y que el tribunal está llamado a vindicar.

La vigente Regla 64 de Evidencia declara admisible, como excepción a la regla de prueba de referencia, cuando el declarante no está disponible para testificar en juicio, la deposición tomada, si es ofrecida contra una persona que tuvo la oportunidad de contrainterrogar.

La garantía constitucional del derecho de confrontación no veda las excepciones a la prueba de referencia establecidas en las Reglas de Evidencia de las cuales son ejemplo clásico la declaración del moribundo (dying declaration) y el testimonio prestado en el juicio anterior por un testigo subsiguientemente fallecido. Dutton v. Evans, 400 U.S. 74, 80 (1970). En Dutton, hubo negación substancial del derecho a confrontación del acusado Evans al admitirse en evidencia en un caso de pena capital, el testimonio de un preso de apellido Shaw, compañero de celda del coacusado Williams, en que relata que de regreso éste a la cárcel luego del acto de lectura de la acusación, el testigo le preguntó cómo había salido en la corte y que el acusado Williams contestó, “Si no fuera por el sucio hijo de perra Alex Evans, no estaríamos metidos en esto ahora”. Pág. 77. Surge la cuestión de confrontación porque inducía al jurado a inferir que el co-acusado Williams había señalado a Evans como autor del asesinato pues culpaba a Evans por su difícil situación. No obstante, el Supremo federal encontró en dicho testimonio signos de confiabilidad (indicia of reliability) determinantes de que propiamente puede someterse al jurado aunque no haya habido confrontación con el declarante Williams. “Las decisiones del [Tribunal Supremo de Estados Unidos] han sentado con claridad que el propósito de la Cláusula de Confrontación es propiciar una preocupación práctica por la corrección del proceso determinante de la verdad en los juicios criminales y ase-gurar que ‘el juzgador de hechos [tenga] una base satisfac-toria para evaluar la veracidad del testimonio anterior’.” Dutton, supra, pág. 89.

Comparado con Dutton, el perjuicio que a su derecho de confrontación alega el recurrido en el presente caso es leví-simo. Su alegación nace con cuestionable mérito, conside-rando que fue su moción de suspensión del juicio lo que impidió al testigo contable Narvasa testificar en corte abierta, y lo que obligó al fiscal a recurrir al medio excep-cional de la deposición en vista de que en la nueva fecha de juicio el testigo ya habría abandonado a Puerto Rico y el Estado se quedaría sin prueba. Mas este acusado tuvo una plena oportunidad de repreguntar en el acto de toma de deposición, y su abogado presente hizo uso irrestricto de ese derecho y de tal modo quedó cumplida la garantía constitucional de confrontación. En Pueblo v. Vargas, 74 D.P.R. 144, 149 (1952), este Tribunal adoptó el criterio de Wigmore que identifica la confrontación con la oportu-nidad de contrainterrogar y que considera secundaria y prescindible la “mínima ventaja” que para el acusado representa la observación por el tribunal del comporta-miento del testigo en la silla testifical. 5 Wigmore, Evidence § 1365, pág. 28 (Chadbourn rev. 1974). Después de Vargas, supra, Wigmore ha reafirmado esa posición, espe-cialmente en lo que respecta a prescindir por razón de necesidad de la llamada evidencia de comportamiento (demeanor-evidence), y citamos:

See. 1396. Presencia del testigo ante el tribunal puede dis-pensarse si no está disponible.
Finalmente la cuestión sobre el derecho de confrontación con los testigos contrarios se reduce esencialmente a si hay un derecho a contrainterrogar. Si ha habido contrainterro-gatorio, ha habido confrontación. La observancia del dere-cho a contrainterrogar . . . dispone de cualquier objeción basada en el referido derecho de confrontación.
Sin embargo, la ventaja secundaria que incidentalmente provee al tribunal la presencia del testigo —la evidencia de comportamiento— es elemento sobre el que debe insistirse siempre que pueda conseguirse. Nadie duda que es alta-mente deseable, siempre que esté disponible. Pero es mera-mente deseable. Cuando no está disponible, toda exigencia desaparece. No es parte esencial del concepto de confron-tación; no descansa en mejor base que otra evidencia a la que se atribuye especial valor; y así como el original de un documento o un testigo preferido pueden dispensarse en caso de indisponibilidad, también puede prescindirse de la evidencia de comportamiento de ser necesario. Por lo tanto, en el supuesto que el requisito indispensable de contrainte-rrogatorio se haya cumplido, lo que resta por inquirir es si la evidencia de comportamiento, derivada de la presentación del testigo ante el tribunal, está disponible. (Énfasis en el original.)

—B—

La ausencia física del acusado del acto de deposición ha sido invocada fuera de toda proporción. Parte de las circunstancias excepcionales que en el presente caso justifican la necesidad de obtener evidencia fuera del juicio son: que el día en que se llamó el caso por primera vez para juicio, el testigo Narvasa compareció al tribunal, enteramente disponible para ambas partes y que la causa directa de que no se entrara a juicio estuvo en la moción de suspensión presentada por el acusado; que éste no se presentó a juicio ese día aparentemente descansando en que se decretaría la suspensión, hábito que todavía grava el enjuiciamiento criminal; que el juez señaló la deposición para diez días después, el 12 junio, 1980 y el abogado del acusado entró a la misma sin traer a su representado, sin levantar objeción alguna ni mucho menos plantear que en. el contrainterrogatorio necesitaba de la presencia de su cliente; y que no se ha alegado ni demostrado que la ausencia física del acusado perjudicara en forma alguna la confrontación entre defensor y testigo. El derecho de con-frontación fue cumplido en su integridad. Si algún dere-cho tuviere el acusado a un careo personal y directo con el testigo tanto su conducta negándose a comparecer a juicio, como su moción de suspensión del mismo impiden que pueda ahora aprovecharse de la anomalía procesal por él provocada. Hay amplio indicio de renuncia a estar pre-sente, como lo hay en el abogado que participó sin objeción alguna en el acto de deposición, sin la presencia del acu-sado. Hubo una patente renuncia a tal presencia dentro de la significativamente mayor facultad del defensor a re-nunciar el derecho a carearse con los testigos de cargo sin consultar con el acusado. Pueblo v. Figueroa, 77 D.P.R. 188, 205 (1954).

La confrontación que garantizan la Sexta Enmienda y el Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución se cumple con la oportunidad de contrainterrogar, sin que sea indispensable la presencia del acusado. No está irremisiblemente atada al encuentro físico, al enfrentamiento nariz con nariz entre testigo y acusado, que en términos de depuración del testimonio no es ni sombra de! eficaz escrutinio, del potencial de descubrimiento de la verdad que es el objetivo constitucional y esencia del contrainterrogatorio formulado por el abogado defensor. “El principal y esencial propósito de la confrontación es asegurar al oponente la oportunidad de contrainterrogar. El adversario exige confrontación, no con el vano propósito de mirar el testigo, o para que éste los mire a él, sino con el propósito de contrainterrogatorio que sólo se logra mediante la directa formulación de preguntas y la obtención de respuestas inmediatas.” (Énfasis del autor.) 5 Wigmore, op. cit, pág. 150. El careo en silencio con los testigos de cargo sería un gesto simbólico y el Derecho no se nutre con ritos. Sobre este extremo dice McCormick: “Lo que importa . . . es el requisito de que la parte contra quien se ofrece el anterior testimonio . . . debe tener una razonable oportu-nidad de contrainterrogar. Esta requiere que el acusado o su abogado debe haber estado presente en la vista anterior, o debe haber tenido adecuado aviso y oportunidad para comparecer. El contrainterrogatorio en sí, natural-mente, no es esencial si la oportunidad fue ofrecida y .renunciada.” (Énfasis nuestro.) McCormick, Law of Evidence, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1954, pág. 482. Veinte años después Wigmore se expresa sobre la presencia o ausencia del acusado en el acto de confron-tación, así: “La ausencia de la propia parte del tribunal durante el contrainterrogatorio, difícilmente puede perju-dicar su oportunidad de contrainterrogar; toda vez que su comparecencia mediante abogado obtiene para él todo bene-ficio del derecho.” (Énfasis en el original.) Wigmore, op. cit., pág. 146. Así reducida la presencia física del acusado a elemento secundario del derecho de confrontación, y siendo ésta renunciable en su totalidad, es superfluo todo debate respecto a la ausencia física del aquí recurrido del acto de toma de deposición, al que se allanó el abogado desde un principio pues de otro modo no hubiese obtenido la suspen-sión del juicio, y al que prefirió ir sin la compañía del acu-sado en ejercicio del sano juicio del defensor y dentro de la facultad reservada al abogado, como técnico conocedor del Derecho, de tomar las decisiones que mejor sirven el interés de su cliente. La explícita conducta del abogado destaca con relieve inconfundible la renuncia del acusado de cualquier derecho, llámese secundario o de cualquier otro modo, a una confrontación ocular con el testigo.

El derecho a estar presente durante el contrainterrogatorio es renunciable. De mayor consecuencia es la renuncia a estar presente en el juicio y sin embargo se toma como tal si al comenzar el juicio, el acusado informado de los cargos en su contra por haber asistido al acto de lectura de la acusación, no comparece al tribunal. Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979).

La renuncia del derecho de confrontación no exige una forma o método particular. “El derecho a confrontar los testigos es un privilegio personal, que al igual que cualquier otro derecho constitucional, puede renunciarse por el acusado. Desde luego que la renuncia ha de ser voluntaria y con conocimiento del derecho que se renuncia, pero puede realizarse en cualquiera de las formas convencionales, como consentimiento expreso, omisión de reclamar el derecho a tiempo, o por conducta inconsistente con el propósito de insistir en el mismo.” 2 Jones, Evidence, Cap. 6, See. 6:42, pág. 77 (6ta ed., 1972). “[E]l uso de este tipo de evidencia extrajudicial contra el acusado plantea una cuestión tan técnica y compleja bajo la Cláusula de Confrontación que la decisión del abogado defensor debe por lo regular obligar a su cliente. En otras palabras, es justo considerar como renuncia, una estipulación para la toma de dicho testimonio, o la falta de objeción cuando se ofrece.” 4 Louisell & Mueller, Federal Evidence, Sec. 418, pág. 166 (1980). (Énfasis nuestro.)

Desde el año 1954 McCormick favorecía el uso por el fiscal de la deposición o testimonio anterior cuando no estuviere disponible el testigo, pero tenía reservas en cuanto a su admisibilidad por falta del estatuto habilita-dor. Se expresaba así:

Una vez que las cortes han permitido el uso por el Estado de testimonio en vista preliminar o en un juicio anterior, no hay principio bajo el cual pueda excluirse la toma y uso de una deposición por el Estado. Pero la ausencia de estatuto habilitador en la mayoría de los estados es fuente de duda, y suficiente obstáculo. La necesidad de tal estatuto para evitar el fracaso de la justicia (flouting of justice) ha sido señalada por el American Law Institute y desde el año 1944 por un eminente comité asesor designado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. McCormick, op. cih, págs. 485-486. (Énfasis nuestro.)

En el último cuarto de siglo surgieron con profusión los estatutos habilitadores en Reglas de Procedimiento Criminal y de Evidencia que allanaron el camino hacia una mejor justicia. En la jurisdicción federal se aprobó la Regla 15 de Procedimiento Criminal, enmendada en 1975 para equiparar los medios del Estado con los del acusado en lo que concierne a la admisión de deposiciones; y tanto en dicha jurisdicción como en Puerto Rico se han adoptado nuevas Reglas de Evidencia, entre ellas la 64, dirigidas a proteger la recta acción de la justicia de eventos frus-trantes como la muerte, impedimento, pérdida real o fin-gida de la memoria, retractación o simple negativa a declarar, y ausencia del testigo el día de la vista.

Mas toda preocupación constitucional con el recurso a la Regla 64(B)(1) de Evidencia encuentra final reposo en la última opinión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que es Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980), en cuyo juicio se admitió en evidencia, en ausencia de la deponente, la transcripción del testimonio en vista preli-minar, en la que no hubo contrainterrogatorio formal por la defensa, de la única testigo de cargo para probar los de falsificación, recibo de propiedad hurtada y posesión de heroína. A modo de introducción, ratifica el principio ya anunciado en Mattox v. United States, 156 U.S. 237 (1895), de que la regla general de confrontación en el juicio, con todo su efecto benéfico y su valor para el acusado, debe ocasionalmente ceder a consideraciones de política pública y las necesidades del caso, porque en toda jurisdicción hay un marcado interés en la ejecución efectiva de la ley, y en el desarrollo y formulación precisa de las reglas de eviden-cia aplicables en procedimientos criminales, que deben responder a “condiciones cambiantes”. Ausente del juicio la testigo, que a diferencia del caso que nos ocupa no fue sometida al contrainterrogatorio “clásico”, el Supremo federal en Roberts, a la pág. 73, le reconoce confiabilidad a su testimonio y confirma la norma de California v. Green, 399 U.S. 149 (1970), que resume así: “Toda vez que hubo una adecuada oportunidad para contrainterrogar [al tes-tigo] y la defensa . . . aprovechó esa oportunidad, la trans-cripción . . . presenta suficiente indicio de confiabilidad (indicia of reliability) y ofrece ‘“al juzgador de hechos una base satisfactoria para evaluar la veracidad de la decla-ración anterior”’.” (Énfasis nuestro.)

Junto a la confiabilidad, el otro requisito para admisión del testimonio en ausencia del declarante es su condición de indisponibilidad, la que no satisface la exigencia constitucional de confrontación “a menos que el Ministerio Público haya realizado un esfuerzo de buena fe para conseguir su presencia en el juicio”. (Énfasis en el texto.) Barber v. Page, 390 U.S. 719, 724-725 (1968); Ohio v. Roberts, supra. En el presente caso la indisponibilidad del testigo Narvasa, creada por la suspensión del caso, es hecho admitido, pues el conocimiento por la defensa de que dicho testigo abandonaría a Puerto Rico y no estaría disponible en el juicio, fue factor determinante de su voluntaria participación en la toma de deposición.

Los hechos de este caso en que la defensa suspende el juicio, consciente de que el testigo, presente el día de la suspensión, no estará disponible para futuros señalamien-tos, y de que su testimonio es esencial para probar la acu-sación; y la participación del abogado en la toma de depo-sición, sin objeción ni reserva, en la que se valió de todos los recursos del contrainterrogatorio, para más tarde en el juicio impugnar el testimonio que con su conducta afir-mativa había dotado de todos los requisitos de admisibi-lidad; la ausencia de mérito en su reclamo aun en detalles que Wigmore llama secundarios o subordinados en la invocación de derechos constitucionales, actualiza la adver-tencia del Juez Cardozo en Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97, 122 (1934), (citado en Dutton, ante):

Hay un peligro de que el Derecho penal sea llevado al desprecio —que el descrédito llegue a tocar las grandes inmunidades que garantiza la Decimocuarta Enmienda— si se permite que tenues posibilidades de perjuicio al acusado anulen la sentencia dictada por un tribunal con jurisdicción en acatamiento de la ley local, y pongan en libertad al culpable.

Aun cuando no mediara la renuncia efectiva por el recurrido de su derecho a confrontación, aparecen cumpli-dos a plenitud los requisitos de no-disponibilidad del tes-tigo y confiabilidad de la deposición, por lo que ésta es admisible en el juicio.

Con estos antecedentes y fundamentos, la resolución recurrida del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, será anulada, y el caso devuelto a instancia para continuación del juicio y procedimientos compatibles con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. Los Jueces Asociados Señores Martín y Negrón García concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente.

-0-

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 1981

Dos razones me mueven a disentir: primera, que el Tribunal está enmendando, en clara pieza de legislación judicial, la Regla 94 de Procedimiento Criminal; y, se-gunda, que no puedo compartir el criterio de que el dere-cho del acusado a confrontarse con los testigos contrarios y su derecho1 a contrainterrogarles equivalen a una misma cosa.

La Regla 94 de Procedimiento Criminal es clara. Dice así en su inciso (a):

REGLA 94. DEPOSICIONES
(a) Fundamentos; testigo bajo arresto. Si se demostrare que un testigo se encuentra en condiciones de no poder asis-tir o que se le ha impedido asistir al juicio o a cualquier vista, que su testimonio es esencial y que es necesario to-marle su deposición para evitar un fracaso de la justicia, el tribunal, en cualquier tiempo después de la presentación de la acusación o denuncia podrá, a moción del acusado noti-ficada a todas las partes, ordenar que el testimonio de dicho testigo se tome por deposición y que cualesquiera libros, papeles, documentos u objetos no privilegiados que se designen en dicha moción se presenten en el momento y lugar en que debe tomarse la deposición. Si se arrestare a un testigo por no haber prestado fianza para comparecer a un juicio o a un vista, el tribunal, a solicitud escrita del tes-tigo arrestado notificada a las partes, podrá ordenar que se tome su deposición. Después de suscrita la deposición el tribunal podrá despachar al testigo. (Énfasis suplido.)

Esta regla se adoptó, en una traducción literal, de la Regla 15(a) de Procedimiento Criminal federal. Se advierte que, contrario al procedimiento civil en que las partes tienen derecho a tomar deposiciones como un medio de descubrimiento de prueba, en lo criminal las deposiciones pueden tomarse solamente si un tribunal lo ordena y no con fines de descubrimiento de prueba, sino para preser-var prueba. La autorización para tomar una deposición en el procedimiento criminal se concede únicamente bajo “circunstancias excepcionales”. Véanse 1 Wright, Federal Practice and Procedure, Sec. 241; United States v. Singleton, 460 F.2d 1148 (1972), cert. denegado 410 U.S. 984; United States v. Whiting, 308 F.2d 537 (1962); Crowe et al. v. United States, cert. denegado, 372 U.S. 909 (1963).

Adviértase que nuestra Regla 94(a), como la 15(a) federal cuando se adoptó, limita expresamente la toma de deposiciones a que se inste “a moción del acusado”. El Comité Consultivo del Tribunal Supremo federal había recomendado que se confiriera igual prerrogativa al Minis-terio Público pero, como expresó el profesor McCormick: “El tribunal, sin ofrecer explicaciones, denegó la reco-mendación y limitó la toma de deposiciones exclusivamente al acusado.” McCormick, Law of Evidence, pág. 486, (1954). Se ha expresado como razón para ello que es preferible para el gobierno perder unos cuantos casos, a reclamar algo que pueda interpretarse como que favorece un juicio a base de lo expresado en papeles”. Véanse Dession, The New Federal Rules of Criminal Procedure: II, 56 Yale L.J. 197, 218 (1947); 2 Orfield, Criminal Procedure under the Federal Rules, Sec. 15:10, pág. 464 (1966).

La Regla 15(a) federal permite ahora que el Ministerio Público pueda, como el acusado, solicitar y obtener per-miso para tomar una deposición a un testigo, sujeto a las limitaciones que establece dicha Regla. Pero para ello fue necesaria la actuación del Congreso mediante legislación. Véanse Ley Pública 91-452 de 15 de octubre de 1970, 18 U.S.C.A. see. 3503; Wright, op. cit., suplemento de bolsillo para 1978, págs. 224-228; Orfield, op. cit., suplemento de agosto, 1980, págs. 91-92. No es menester discutir aquí los méritos de tal determinación del Congreso. Posiblemente sea deseable que nuestra Asamblea Legislativa tome igual medida en cuanto a la Regla 94(a). Pero es a la Asamblea Legislativa a quien compete hacerlo; no a este Tribunal. Este Tribunal tiene facultad para adoptar reglas de procedimiento, pero tienen que remitirse a la Asamblea Legislativa al comienzo de una sesión ordinaria y estarán sujetas a su aprobación o rechazo. No tiene facultad para enmendarlas por su cuenta, sin el concurso de la Asam-blea Legislativa.

Convengo en que el acusado podría consentir a que el fiscal tome una deposición a un testigo. Y podría argüirse que hubo dicho consentimiento en este caso al comparecer su abogado al acto de toma de deposición y contrainte-rrogar al deponente. Pero no surge de los autos ante nos que el acusado renunciara a confrontarse con el deponente para que su deposición pueda admitirse en sustitución de su testimonio oral durante el juicio. La toma de deposición no tiene en lo criminal el alcance que tiene en lo civil, como ya hemos señalado. No se trata de descubrimiento de prueba y sí de perpetuar un testimonio. Es imprescindi-ble, para que ese testimonio sea admisible, que se garan-tice al acusado su derecho a carearse con el testigo. Ello no se hizo aquí.

El derecho a “carearse con los testigos de cargo” está consagrado en la Carta de Derechos de la Constitución, Art. II, Sec. 11. En la Constitución federal se le llama the right of confrontation, y está reconocido en la Sexta Enmienda. Desde Pointer v. Texas, 380 U.S. 400 (1965), determinó el Tribunal Supremo federal que se trata de un “derecho fundamental”, obligatorio para los Estados vía la Enmienda Catorce. La renuncia a un derecho constitu-cional fundamental no se presume. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 738 (1978); F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261 (1976). Debe ser expresa y no presunta, así como voluntaria y efectuada con pleno cono-cimiento de causa. Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 415-416 (1974); Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972), citados en Pagán Hernández, supra, pág. 738.

El Tribunal Supremo federal ha sido igualmente exi-gente cuando de renunciar a un derecho fundamental se trata, y a tales efectos define la renuncia como “el desisti-miento o abandono intencional de un derecho o privilegio conocido” (an intentional relinquishment or abandonment of a known right or privilege). Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 464 (1938); Brookhart v. Janis, 384 U.S. 1, 4 (1966); Barber v. Page, 390 U.S. 719, 725 (1968).

Dutton v. Evans, 400 U.S. 74 (1970), en que descansa la opinión de este Tribunal, no es autoridad para sostener que se puede prescindir aquí del derecho a confrontación. En Evans cuatro jueces del Tribunal Supremo reconocen que hay determinadas excepciones a la regla sobre prueba de referencia que no infringen la disposición constitu-cional, dada su garantía de veracidad. Me parece muy importante señalar que en Evans no hubo opinión del Tribunal. El Juez Asociado señor Stewart emitió la “sen-tencia del Tribunal” (announced the judgment of the Court) y una opinión a que se unieron el Juez Presidente y los jueces asociados White y Blackmun. El Juez Harlan concurrió en el resultado con opinión, y el Juez Marshall emitió opinión disidente a la que se unieron los jueces Black, Douglas y Brennan.

Es de notarse además, que en Evans se trataba de un comentario que era prueba de referencia —“[s]i no fuera por el sucio hijo de perra Alex Evans, no estaríamos meti-dos en esto ahora”— del cual a lo sumo podía inferirse una admisión. No se trataba de una declaración extensa a uti-lizarse en sustitución del testimonio de un testigo, que es el caso ante nuestra consideración.

Finalmente, aparte de ese comentario, que el Juez Blackmun consideró “inofensivo más allá de una duda ra-zonable”, hubo en Evans prueba abundantísima para sos-tener la convicción del acusado. Expresó el Juez Stewart al anunciar la sentencia del Tribunal, pág. 87:

En el acto del juicio no menos de 20 testigos compare-cieron a testificar como prueba de cargo. El abogado de Evans tuvo plena oportunidad de contrainterrogar a cada uno. El testigo más importante lo fue, por mucho, un testigo ocular que describió todos los detalles del triple asesinato y que fue contrainterrogado ampliamente. De los restantes 19 testigos, solamente el testimonio de uno es objeto de plan-teamiento aquí. Dicho testigo declaró sobre una breve con-versación sobre Evans que él tuvo con un compañero de prisión en la Penitenciaría de Atlanta. El testigo fue con-trainterrogado vigorosamente y con efectividad por el abo-gado defensor. Su testimonio, que fue a lo sumo de signifi-cación periférica, se admitió como prueba bajo una excepción sobre co-conspiradores a la regla sobre prueba de referencia por largo tiempo establecida en los estatutos del Estado.

El derecho al careo, por ser fundamental, no puede interpretarse restrictivamente. Si bien se asocia general-mente este derecho con el derecho a contrainterrogar al testigo contrario, es más amplio que éste. El derecho a contrainterrogar es parte del derecho al careo, pero no es el derecho al careo. El careo supone, además, la confron-tación cara a cara entre el testigo de cargo y el acusado en presencia del tribunal. El derecho a esta confrontación surge desde el momento mismo en que el testigo comienza a declarar, mientras que el derecho a contrainterrogar surge una vez el testigo ha evacuado su testimonio en examen directo.

Hace muchos años, en Mattox v. United States, 156 U.S. 237, 242-243 (1895), dijo el Tribunal Supremo:

El objetivo primario de la disposición constitucional en cues-tión [la cláusula sobre confrontación de la Sexta Enmienda] fue evitar el uso de deposiciones o de declaraciones juradas ex parte . . . contra el acusado en lugar del examen y repre-gunta del testigo en que el acusado tiene la oportunidad, no solamente de cuestionar la memoria y de escudriñar la con-ciencia del testigo, sino también de obligarle a estar cara a cara en presencia del jurado para que éste le vea y juzgue a base de su comportamiento (demeanor) en la silla testifical y la manera como expone su testimonio si es digno de crédito. (Énfasis suplido.)

Esas expresiones continúan teniendo hoy el mismo respaldo del Tribunal Supremo, que las ha citado con aprobación en Barber v. Page, supra, pág. 721; en Douglas v. Alabama, 380 U.S. 415, 418 (1965); California v. Green, 399 U.S. 149, 156-157 (1970). Véase, al mismo efecto, Mancusi v. Stubbs, 408 U.S. 204, 213 (1972).

El principio está recogido, además, en la Regla 40 de Evidencia, que dice:

Un testigo podrá testificar únicamente en presencia de todas las partes involucradas en la acción y estará sujeto a ser interrogado por todas ellas, si éstas optan por asistir a la vista y por interrogar al testigo. (Énfasis suplido.)

Véase Lilly, An Introduction to the Law of Evidence, West Publishing Co., 1978, pág. 275.

No creo que pueda cuestionarse que a un testigo le es más fácil mentir e incriminar a una persona a espaldas de ésta que frente a ella. “Carear” viene de cara y se define: “Poner a una o varias personas en presencia de otra u otras, con objeto de apurar la verdad de dichos o hechos”. Dicciona-rio de la Lengua Española, Real Academia Española, 19na ed., pág. 260. No puede haber careo, ni en la acepción vulgar ni en la acepción técnica jurídica de la palabra, si el testigo acusador no está cara a cara frente al acusado, no solamente cuando es contrainterrogado por el abogado, sino desde el momento en que que comienza a testificar.

Lo expresado no pasa por alto la Regla 64(B)(1) de Evi-dencia, que dispone:

(B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia:
(1) Testimonio anterior: Un testimonio dado como tes-tigo en otra vista o una deposición tomada conforme a dere-cho del mismo u otro procedimiento, si es ofrecido contra una persona que en la ocasión en que se hizo la declaración ofreció la misma para su beneficio o tuvo la oportunidad de contrainterrogar al declarante con un interés y motivo similar al que que tiene en la vista.

Esta regla no puede tomarse livianamente frente a las disposiciones constitucionales mencionadas, que tratan específicamente del derecho del acusado al careo o con-frontación con los testigos contrarios en todo proceso criminal. La regla se ha adoptado por razón de necesidad, pero sin que se menoscabe ese derecho fundamental, porque las leyes no pueden estar reñidas con disposiciones constitucionales.

La razón de permitir tal tipo de prueba, en función de necesidad, la expone la regla a base de no disponibilidad del testigo. Sobre este aspecto el Tribunal Supremo federal ha sido igualmente riguroso. El caso decisivo lo es Barber v. Page, antes citado. En una vista preliminar en que Barber, acusado de robo, estaba presente y represen-tado por abogado, testificó un coacusado, Woods, incrimi-nando a Barber. El abogado de Barber tuvo oportunidad de contrainterrogar a Woods, pero no lo hizo. Al llamarse el caso para juicio contra Barber siete meses más tarde — el juicio se celebró en un tribunal del estado de Oklahoma— se ofreció por el Ministerio Público y se admitió por el tribunal, sobre la objeción de Barber, una transcripción del testimonio prestado por Woods en la vista preliminar. Se adujo que Woods no estaba disponible porque se ha-llaba encarcelado en una penitenciaría federal en un lugar del estado de Texas, a 225 millas del tribunal de Oklahoma.

Al revocar la convicción de Barber, expresó el Tribunal Supremo, en decisión unánime, luego de reconocer el carácter fundamental del derecho de confrontación y que no hubo una renuncia efectiva a dicho derecho, que no se demostró que el Ministerio Fiscal hiciera alguna diligen-cia para obtener la comparecencia del testigo. Dijo el Tribunal, pág. 723:

Hay que reconocer que varios tribunales y comentaristas han asumido hasta aquí que la mera ausencia de un testigo de la jurisdicción era suficiente base para dispensar el requisito de confrontación bajo la teoría de que “es imposi-ble compeler su asistencia, porque el proceso en la corte en que se celebra el juicio no tiene fuerza obligatoria fuera de su jurisdicción, y la parte que desea su testimonio está por tanto desamparada”. 5 Wigmore, Evidence § 1404 (3ra ed. 1940).
Cualquiera que fuera la corrección de esa teoría en determinado tiempo, es claro que hoy en día ha quedado largamente privada de toda validez en el Derecho penal, dada la cooperación, cada vez en aumento, entre unos esta-dos y otros y entre los estados y el gobierno federal.

En las páginas 724-725, in fine, expresó:

Para abreviar, un testigo “no está indisponible” para fines de la excepción al requisito de confrontación a menos que el ministerio público haya hecho un esfuerzo de buena fe para obtener su presencia en el juicio. Aquí el Estado no hizo tal esfuerzo y, hasta donde lo revelan los autos, la única razón para que Woods no estuviera presente para testificar en persona fue que el Estado no trató de asegurarse de su pre-sencia. El derecho a confrontación no puede dispensarse tan livianamente.

Más aún, expresó el Tribunal que hubiese llegado a la misma conclusión aun si el abogado del acusado hubiese contrainterrogado al testigo Woods durante la vista preli-minar. Luego de citar Motes v. United States, 178 U.S. 458 (1900), dijo, pág. 725: “El derecho a confrontación es bási-camente un derecho del juicio. Incluye tanto la oportu-nidad de contrainterrogar como la ocasión para que el jurado pueda sopesar el modo de conducirse el testigo.”

Las normas sentadas en Barber v. Page fueron recono-cidas y sostenidas más recientemente en Mancusi v. Stubbs, antes citado.

Por las razones expuestas, confirmaría la resolución recurrida.

       “REGLA 94. DEPOSICIONES
      (a) Fundamentos; testigo bajo arresto. Si se demostrare que un testigo se encuentra en condiciones de no poder asistir o que se le ha impedido asistir al juicio o a cualquier vista, que su testimonio es esencial y que es necesario to-marle su deposición para evitar un fracaso de la justicia, el tribunal, en cual-quier tiempo después de la presentación de la acusación o denuncia podrá, a moción del acusado notificada a todas las partes, ordenar que el testimonio de dicho testigo se tome por deposición y que cualesquiera libros, papeles, documen-tos u objetos no privilegiados que se designen en dicha moción se presenten en el momento y lugar en que deba tomarse la deposición. Si se arrestare a un testigo por no haber prestado fianza para comparecer a un juicio o a una vista, el tribunal, a solicitud escrita del testigo arrestado notificada a las partes, podrá ordenar que se tome su deposición. Después de suscrita la deposición el tribunal podrá despachar al testigo.”

       Reza la introducción a la Regla 15 federal:

        RULE 15. DEPOSITIONS

        . . Whenever due to exceptional circumstances of the case it is in the interest of justice that the testimony of a prospective witness of a party be taken and preserved for use at trial, the court may upon motion of such party and notice to the parties order that testimony of such witness be taken by deposition. . . .” (Énfasis nuestro.)

      5 Wigmore, Evidence § 1398, pág. 190 (Chadbourn rev. 1974).

       Regla 64 de Evidencia
      “(A) Definición. No disponible como testigo incluye situaciones en que el declarante:
      (5) está ausente de la vista y el proponente de su declaración ha desple-gado diligencia para conseguir su comparecencia mediante citación del tribunal.”

      Wigmore, op. cit., págs. 154-155.

       Regla 64 de Evidencia
      “(B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia:
      “(1) Testmonio anterior: Un testimonio dado como testigo en otra vista o una deposición tomada conforme a derecho del mismo u otro procedimiento, si es ofrecido contra una persona que en la ocasión en que se hizo la declaración ofreció la misma para beneficio o tuvo la oportunidad de contrainterrogar al declarante con un interés y motivo similar al que tiene en la vista.”

        Ohio v. Roberts distingue, al colocar en correcta perspectiva de hechos las anteriores decisiones de Barber v. Page, 890 U.S. 719, 722-725 (1968); y California v. Green, 399 U.S. 149 (1970).

       Dispone el Art. V de la Constitución, en su See. 6:
      “El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evidencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como pos-teriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.”

       El Juez Blackmun, por su parte, emitió una opinión concurrente a la que se unió el Juez Presidente, y comentó: “El error aquí habido, si es que existe, es inofensivo más allá de una duda razonable.” Pág. 93.

        Pueblo v. Vargas, 74 D.P.R. 144 (1952), en que descansa la opinión de este Tribunal para justificar la equiparación entre confrontación y contrainterroga-torio no es autoridad para ello, pues ni se le planteó ni tenía que resolverlo. Además, lo que allí se resuelve es que la renuncia a contrainterrogar hecha por el abogado en el curso del juicio obliga al acusado sin necesidad de su consenti-miento expreso.

      En un escolio, el número 4, de esa opinión, se señala entre las disposicio-nes que obligan a esa cooperación, la Uniform Act to Secure the Attendance of Witnesses from Without a State in Criminal Proceedings, y se señala que para el 1967 dicha ley estaba en vigor en 45 Estados, el Distrito de Columbia, la Zona del Canal, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

      Dice el original en inglés: “The right to confrontation is basically a trial right. It includes both the opportunity to cross-examine and the occasion for the jury to weigh the demeanor of the witness.”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Carmen Suro Vda. de García et al., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-81-43

      Resuelto: 29 de junio de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo 'Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Jorge M. Suro, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A petición del Estado Libre Asociado de Puerto Rico revisamos la valoración de lucro cesante ascendente a $527,348.77 estimada en la acción de daños incoada por la sucesión del abogado Ángel García Lugo —compuesta por su viuda Carmen Suro e hijas Carmen Nydia, María de Lourdes y Teresita— y que culminó en sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, sosteniendo que en su trágica muerte medió un veinticinco por ciento (25%) de negligencia del Estado.

En síntesis, se nos argumenta que el ingreso anual promedio de García Lugo, cuatro años antes de su muerte, según evidenciado por sus propias planillas de contri-bución sobre ingresos y los comprobantes de retención de su patrono, fue de $12,642.21 y no $30,000 según lo apre-ciara el tribunal. Además se discute que la cantidad en que se valora el lucro cesante es “exhorbitante y no guarda proporción con ese ingreso promedio” y que debe restarse “una tercera parte como los gastos propios del causante, [y el] remanente sería de $20,000.00”. Mediante una ope-ración matemática se concluye que el total del lucro cesante es $240,840, cantidad mucho menor de la evaluada por el foro de origen.

Por su parte los demandantes recurridos aducen que: (a) la valoración en controversia estuvo fundamentada en el testimonio de la viuda, señora García, y prueba docu-mental al respecto, aun cuando ciertamente el contri-buyente, al rendir sus planillas, “reportó menos ingresos de los que recibía”; (b) aplicar ese enfoque de cuatro (4) años a una proyección de ingresos de veintidós (22) años —período de expectativa de vida productiva— sería penali-zar a sus herederos; y (c) el efecto neto de haber reportado menos ingresos nunca sería igual a la diferencia entre ambas partidas. Finalmente alegan la existencia de un error matemático cometido por un perito, que los favorece a base de que la fórmula de valoración debió haber tomado en consideración otros factores y no deducirle una parte de los ingresos de García cuando éste llegara a su retiro mandatorio como Oficial de la Guardia Nacional.

Concluimos que la desproporción entre la valoración promedio de $30,000 anuales reconocida por el tribunal, y las cantidades de ingreso informadas en sus planillas por García Lugo es tan patente y significativa que no podemos hacer caso omiso al señalamiento del Estado.

En Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375, 379 (1978), dijimos: “Ciertamente es censurable que el señor Negrón Morales no haya cumplido con su obligación ciudadana de rendir planillas, pero su admisión de este hecho a riesgo de la acción que en su contra pueda tomar el Secretario de Hacienda, robustece en vez de debilitar su credibilidad. La sanción por omitir cumplir la Ley de Contribuciones sobre Ingresos no puede ser la pretendida por la parte recurrente. Correspondería ser determinada dentro del proceso administrativo o el judicial que pudiera iniciar en su contra el Departamento de Hacienda.” En el caso presente, las actuaciones tanto del occiso licenciado García Lugo como de su patrono son aún más censurables que las del señor Negrón. Se trata de profesionales del Derecho, peritos en sus materias, que se valen de subterfugios para violentar las disposiciones de la Ley de Contribuciones. Es inconcebible que ante la majestuosidad de la ley se invoque el derecho a resarcimiento y por otro lado se vulnere y niegue la eficacia al deber correlativo de rendir correctamente las planillas de contribución sobre ingresos. En la medida que atañe al Poder Judicial, varias alternativas existen para conjurar esta práctica. La primera, como penalidad y para fines de indemnización, negarse los tribunales a reconocer ingresos no figurados por el contribuyente en su planilla. La dificultad que entraña esta postura es que, en circunstancias como el caso de autos, debido a su fallecimiento, García no es quien reclama el lucro cesante, sino su familia. Estas personas son entes pasivos, por no decir ajenos, al acto fraudulento cometido, por lo cual resultaría injusto y de excesivo rigor aplicarles tal sanción. Por otro lado, la adjudicación del derecho se debe erigir sobre hechos cimentados en la verdad. Si efectivamente, como concluyó la sala de origen, García Lugo recibió, aunque no informó, tales ingresos, el Poder Judicial no debe hacer caso omiso a esa realidad, pues impli-caría resolver casos de daños a base de una ficción, lo cual resulta un metodología no favorecida por los tribunales. Ante estas opciones, en fino balance judicial, debemos tratar este caso igual que el de Negrón, supra, con la va-riante de ordenar que se remita al Secretario de Hacienda copia certificada de la opinión y sentencia para que dicho funcionario advenga en conocimiento de tales hechos, y, con arreglo a las disposiciones de ley aplicables, proceda a realizar las gestiones tendentes a cobrar las contribuciones e intereses que procedan. En casos análogos los tribunales del país deberán tomar igual medida.

Atendido ese señalamiento, concentremos la atención en la corrección de la fórmula utilizada para computar lucro cesante. Jurisprudencialmente hemos sostenido que el método “no pretende exponer de manera absoluta todos los criterios matemáticos a tomarse en cuenta, sin aquellos comúnmente reconocidos. La razonabilidad de la cuantía total no puede hacerse depender de unos cómputos aritmé-ticos, que en fin de cuentas se elaboran sobre unas bases y expectativas, que aunque precisables, no están inmunes de cierto grado de especulación”. (Énfasis nuestro.) Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 871 (1978). Como punto de partida tenemos los pronunciamientos modelos esbozados en Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368, 370 (1964), modificados en Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201, 219-220 (1969), y confirmados en Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1, 4-5 (1971). Ade-lantamos que la fórmula debe ser objeto de ciertos ajustes para que responda a las situaciones del momento. En esta tarea es menester precisar los factores básicos que sirven de trasfondo fáctico para su aplicación.

A. Expectativa de vida útil

Al momento de su muerte el licenciado García Lugo tenía 48 años de edad. Su expectativa de vida, como correctamente determinó el tribunal de instancia, era de 29 años. Ahora bien, existe una gran diferencia entre lo que es la expectativa de vida de las personas y cuál será el número de años que una persona en particular, dentro de esa expectativa de vida, va a estar produciendo ingresos. Al computar el lucro cesante debemos utilizar la expecta-tiva de vida útil, por ser el mecanismo más confiable y de mejor sintonía con el carácter compensatorio que informa nuestro sistema civilista, a saber, que los daños a concederse, como mecanismo remedial, son los que en ver-dad se sufrieron. En definitiva, lo que en verdad podía ganar el causante de los reclamantes hasta el momento en que ejerciera su labor, es lo que éstos pueden recobrar.

En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714, 728 (1971), aseveramos que la expectativa de vida útil era hasta los 65 años de edad. En el caso ante nos el foro de instancia estimó la expectativa de vida útil del licenciado García Lugo hasta los 70 años fundamentándose en que a los jueces y empleados federales les es obligatorio retirarse a dicha edad. Contra esa postura, el Estado-recurrente nos dice que “[e]l hecho de que los jueces y los empleados fede-rales sean obligados a retirarse a los 70 años es irrele-vante, si consideramos el hecho de que los abogados en el servicio público en Puerto Rico deben retirarse mandato-riamente a la edad de 65 años”.

La determinación de cuál es la expectativa de vida útil de una persona no está sujeta a una fórmula rígida apriorística. Dependerá de su edad, sexo, ocupación, estado de salud, origen, idiosincrasia, hábitos y un sinnúmero de otros factores intangibles. Claro está, cuando evaluamos el caso de algún individuo en particular, para el cual la ley ya previamente ha establecido una fecha para la jubiliación, la tarea y conclusión resultan ser más sencillas y precisas. Así ocurrió en Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., supra. En el caso de autos el licenciado García Lugo trabajaba como abogado dedicado a la prác-tica privada, gestión donde no existe de antemano una fecha cierta para fines de limitar su utilidad profesional. De acuerdo con su condición personal no es especulativo concluir que razonablemente podía trabajar hasta los 70 años. Resolvió correctamente el tribunal de instancia.

B. Incremento Anual Promedio

Otro factor de importancia impugnado por el Estado es la aplicación por el tribunal de instancia de $174.72 anuales, como incremento anual promedio de los ingresos del licenciado. García. Se ampara en lo resuelto en Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., supra, págs. 4, 5, donde mani-festamos que “un aumento en el costo de la vida de 3.7%” era un “elemento más o menos especulativo”. No tiene razón. Sánchez es distinguible del caso de autos.

Primeramente es menester aclarar que existe una gran diferencia entre lo que es un aumento en el costo de la vida y un incremento anual promedio de los ingresos de una persona. El aumento en el costo de la vida responde básicamente a la tasa inflacionaria que constantemente está experimentando nuestra economía. Al presente la inflación es motivo de preocupación para economistas, abogados y funcionarios públicos. Ello ha llevado a los tribunales de justicia a reevaluar los enfoques existentes sobre cómo computar los daños por lucro cesante. G. L. Crosby, Impact of Inflation and Income Taxes on Future Damages in Personal Injury and Death Cases, 21 Trial Law. Guide 196 (1977); J. G. Fleming, The Impact of Inflation on Tort Compensation, 26 Am.J. Comp. L. 51 (1978); P. A. Formuzis & D. J. O’Donnell, Inflation and the Valuation of Future Economic Losses, 38 Mont. L. Rev. 297 (1977); M. D. White, Pre-Assessment Inflation as a Factor in Damages, 48 U. Cinc. L. Rev. 999 (1979); y S. A. Rea, Jr., Inflation, Taxation and Damage Assessment, 58 Can. Bar Rev. 280 (1980). En la jurisdicción federal existe división en cuanto a si se debe considerar o no la tasa de inflación como factor al compensarse daños por pérdida de ingresos. Véanse Johnson v. Penrod Drilling Co., 510 F.2d 234, 236 (5th Cir. 1975), cert. denegado 423 U.S. 839 (1975); Williams v. United States, 435 F.2d 804, 807 (1st Cir. 1970); United States v. English, 521 F.2d 63, 74-76 (9th Cir. 1975); Feldman v. Allegheny Airlines, Inc., 524 F.2d 384 (2d Cir. 1975); y J. R. McQueen, Consideration of Inflation in Calculating Lost Future Earnings, 62 Cornell L. Rev. 803 (1977).

Igual sucede en la esfera estatal. Así, una de las mani-festaciones más recientes y persuasivas en cuanto a recono-cer la inflación al computarse el lucro cesante se hizo en Kaczkowski v. Bolubasz, 421 A.2d 1027, 1030 (1980). Allí se dijo: “La inflación y la productividad cada vez requie-ren mayor atención de los tribunales, particularmente en relación con acciones por daños y perjuicios por lucro cesante a causa de lesiones corporales. Tradicionalmente se ha considerado que la evidencia relativa a futuros aumentos en la inflación y la productividad cae demasiado en el terreno de la especulación como para incluirla al cal-cular daños futuros, a pesar de que los aumentos en la inflación y la productividad pueden reducir drásticamente una indemnización que inicialmente parecía espléndida. 18 Washburn L. J. 499 (1979). No obstante, a la luz de evidencia científica clara de que la inflación y la producti-vidad se han convertido en parte integral de nuestra eco-nomía, hoy en día se hace necesario que se tomen en cuenta dichos factores al determinar una indemnización.”

En Puerto Rico no puede afirmarse que este Tribunal haya hecho caso omiso a la situación de la economía pre-valeciente en determinada época al conceder compensación en las acciones de daños. Ya en Rojas v. Maldonado, 68 D.P.R. 818, 830 (1948), habíamos manifestado lo siguiente sobre el efecto de la inflación en el valor del dólar:

La intención justa y humana de la ley es conceder una compensación suficiente a la persona a quien se ha causado un daño. Esa compensación debe tener un valor real y efec-tivo y no un valor ficticio. Por eso no puede decirse que una cantidad determinada sea compensación suficiente, lo mismo cuando el dinero está barato que cuando está caro. Teniendo en cuenta que el dólar como unidad de medida de los valores es una medida imperfecta y fluctuante, los economistas han ideado una unidad de medida, que aunque también es imperfecta, es más exacta que el dólar para medir los valores. Esa unidad de medida es el poder adquisitivo del dólar, el cual se determina tomando como base el costo en dinero de las cosas esenciales para la vida, tales como los alquileres, vestidos, alimentos y combustibles durante un período de tiempo determinado, para compararlo con el costo en dinero de esas mismas necesidades durante un período anterior de igual duración. Esto demuestra que el valor real y efectivo del dinero no es el dinero mismo y sí lo que por ese dinero se puede adquirir.

Ahora bien, en el caso de autos no es menester resolver si debemos aplicar o no, al computar el lucro cesante, un factor inflacionario. Lo que consideró el tribunal de instancia fue el incremento anual promedio del salario en virtud de prueba de carácter pericial. Al computar el incremento anual, el perito utilizó la mediana del ingreso semanal en Puerto Rico para todas las industrias en los últimos 22 años. Dicha partida aumentó en un promedio de $3.36 semanales, lo que arroja un incremento anual de $174.72. Ese criterio no es especulativo. El incremento anual promedio experimentado en Puerto Rico es un dato que puede ser fácilmente constatado utilizando los informes preparados trimestralmente por el Departamento del Trabajo de Puerto Rico.

Un sinnúmero de factores han hecho que el ingreso de las personas haya experimentado un continuo aumento. Así por vía de ejemplo cabe mencionar el grado educa-cional alcanzado por los individuos antes de ingresar acti-vamente a la fuerza obrera, la influencia de la edad sobre los ingresos de los participantes en su ciclo de vida, el sig-nificado de la productividad, y el crecimiento y el impacto de la inflación. J. P. Henderson, The Consideration of Increased Productivity and the Discounting of Future Earnings to Present Value, 20 S.D. L. Rev. 307, 312 (1975). Ahora bien, hay autores que consideran que se es muy conservador al pensar que el incremento que ha experimentado la economía en cuanto al ingreso promedio, en un sinnúmero de años, será el mismo en años futuros. No puede tomarse esa expresión previa para proyectar una constante. Se dice que el rápido desarrollo de la tec-nología industrial, incluso la automatización, hace que el crecimiento fluctúe y sea cada día mayor. Los economistas señalan, sin embargo, que dicho crecimiento dependerá en gran medida de las técnicas innovadoras. Este hecho hace que la tasa de crecimiento del ingreso promedio para el futuro no pueda ser predicho. C. J. Peck & W. S. Hopkins, Economics and Impaired Earning Capacity in Personal Injury Cases, 44 Wash. L. Rev. 351 (1969). No obstante, el consenso es que la economía ha experimentado, en cuanto al ingreso promedio de los individuos, un incremento y que razonablemente seguirá aumentando. R. E. Miller, Capital Value of Man in Law, 13 Trial Law. Guide 265 (1969); Peck & Hopkins, op. cit.; y Henderson, op. cit.

Para evaluar la razonabilidad del informe pericial en autos, ayuda el examinar el Informe al Gobernador, ren-dido por la Junta de Planificación de Puerto Rico para el año 1980. Como dato importante su Tabla A-l refleja el aumento en el ingreso personal desde el 1940 hasta el 1980. Ese período, supuestamente extraño, es un buen indicador que nos permite concluir que el ingreso prome-dio del puertorriqueño continuará aumentando por los próximos años, aunque, ciertamente no podemos predecir cuánto será. Afortunadamente, conocemos el aumento promedio de los pasados 22 años. Esa cifra, sin margen de error o especulación, era susceptible de utilizarse en el caso de autos para estimar el incremento anual promedio aplica-ble. Desde esta óptica, actuó correctamente el tribunal de instancia en considerar y computar el incremento anual de las industrias para fines del lucro cesante ($3.36 x 52 = $174.72).

C. Otros factores: Cómputo

Los ingresos del licenciado García Lugo eran los siguientes: salario en el bufete $9,000, liquidación trimestral de $1,500 —al año serían $6,000— ingresos por sus propios casos $6,000 y Bono de navidad de $1,500. La suma de estas cantidades arrojan un gran total de $22,500 al año. El licenciado García Lugo, además de ejercer su profesión de abogado, era miembro de la Guardia Nacional Aérea de Puerto Rico. Al momento de su muerte le faltaban 12 años de servicio para jubilarse, período en el cual sería acreedor a ciertos ingresos de acuerdo con los aumentos a base de los pasos autorizados por ley. A partir de su retiro mandatorio de la Guardia Nacional a los 60 años, hasta la fecha de su muerte, tendría derecho a recibir por concepto de retiro la suma de $672 mensuales, equivalente a $8,064 anuales.

Aplicando los factores antes mencionados, los cómputos finales son como siguen:

Ingresos del año 1971 al 1992 inclusive, $22,500 anuales por 22 años, más el incremento anual de $174.72 $539,204.16
Ingresos por servicio a la Guardia Na-cional Aérea de 1971 a 1982 inclusive 55,446.50
Pensión de la Guardia Nacional de 1983 a 1992 inclusive ($8,064 x 10 años) 80,640.00
Total de ingresos hasta los 70 años = $675,290.66

El ingreso promedio anual del licenciado García Lugo se obtiene dividiendo $675,290.66 -A 22 años = $30,695.03. Este ingreso promedio anual, después de descontársele una tercera parte como gastos propios de la familia, sería de $20,463.36 ($30,695.03 - $10,231.67 = $20,463.36). El valor actual de $20,463.36 pagaderos anualmente durante 22 años se obtiene multiplicando dicha suma por el valor menor de la tabla actuarial, que es a base de 6%, o sea, 12.042. Por tanto el valor presente del ingreso promedio anual sería de $20,463.36 x 12.042 = $246,419.78.

Debemos de señalar además que cuando el licenciado García Lugo cumpliera los 70 años, alcanzando así su máximo de edad útil, le quedarían todavía 7 años para recibir pensión de la Guardia Nacional Aérea a razón de $8,064 anuales. Esto representaría un gran total de $56,448 ($8,064 x 7 años). El ingreso promedio anual después de descontársele una tercera parte como gastos propios de familia sería de $5,376 ($8,064 - $2,688). El valor actual de $5,376 pagaderos anualmente durante 7 años, se obtiene igual que el anterior, pero en este caso multiplicando por 5.5824. Por tanto, $5,376 x 5.5824 = $30,010.98.

Finalmente, para saber cuál es la cantidad final de lucro cesante sumamos $246,419.78 + $30,010.98 para un total de $276,430.76. El tribunal de instancia concluyó que el Estado fue responsable en un 25% y, por lo tanto, el esti-mado de la cuantía por lucro cesante a ser distribuido entre los herederos es de $69,107.69.

Es menester consignar que al efectuar los anteriores cómputos mantuvimos separadas las partidas que debía recibir a licenciado García Lugo por concepto de salario y pensión de la Guardia Nacional debido a que no eran sus-ceptibles de considerarse conjuntamente para efectos del incremento anual, porque ya dichas partidas: (1) habían sido computadas utilizando sus respectivos incrementos autorizados por ley; y (2) la pensión era fija, dispuesta por ley.

Como señalamos previamente, el tribunal de instancia valoró el lucro cesante en $527,343.77. Aparte de la erosión que sufre al aplicársele un 75% de negligencia comparada, la gran diferencia entre esa cantidad y la determinada por este foro responde básicamente a que: (1) el tribunal de origen erradamente computó el ingreso promedio anual a base de $35,389.40; (2) dividió errónea-mente el índice de la tabla actuarial en dos períodos, y los multiplicó, estableciendo así una diferencia improcedente entre los primeros ocho y los últimos doce años de la vida útil del causante; y (3) le aplicó indebidamente al ingreso proveniente de la Guardia Nacional el incremento anual promedio.

Se dictará sentencia que modifique la de instancia, reduciendo el lucro cesante de García Lugo, luego de apli-carle la proporción de negligencia comparada, a la suma de $69,107.69. Se devolverá el caso a dicho foro para que proceda a distribuir la partida aquí concedida entre los herederos del causante. Así modificada, será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual no intervinieron. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 29 de junio de 1981

Disiento de esta opinión que descarta como base para el cómputo de lucro cesante lo declarado en las planillas de contribución sobre ingresos del causante. Son declaracio-nes contra interés, que obligan a sus causahabientes demandantes y que no pueden ser obviadas por prueba en contrario que en la misma opinión se tacha de falta de contenido moral y ético. Elevar ingresos ocultos a la cate-goría de causa en el sentido jurídico, es colocar el fraude al amparo de preceptos legales; y perpetuar el discrimen, aun más allá de la muerte, contra el empleado de nómina, para quien no hay otra base para computar productividad que la estrictamente informada en la planilla.

Recuérdese que la planilla de ingresos tiene la calidad probatoria de declaración escrita rendida bajo penalidades de perjurio. 13 L.P.R.A. see. 3051. La sala de instancia debió excluir la prueba que contradijo lo declarado en la planilla, aun cuando no la hubiere objetado la parte demandada, y todavía en revisión estamos a tiempo para subsanar esta anomalía que resulta factor decisivo en la sentencia cuya revocación se nos pide. Regla 4(2) de Evidencia.

Considero especulativa la adjudicación de un incre-mento anual promedio en el salario pues la experiencia estadística es que en los países en desarrollo ese índice se reduce, según el ingreso va alcanzando una cifra tope; la misma situación que se da en el crecimiento del producto nacional total que para los años 1950-60 era de 9% y 10% y ahora apenas llegamos al 1% y los economistas hablan de un “crecimiento negativo”. En la propia opinión se admite que el aumento del ingreso promedio del puertorriqueño es impredecible.

       Según estipulación de las partes, consignada en la determinación de hecho Núm. 7 de la Sentencia.

       Admisiones contra interés obligan al “pariente” aun cuando la causa de acción de éste sea independiente. Acosta v. Crespo, 70 D.P.R. 239, 255 (1949); Falero et al. v. Falero, 15 D.P.R. 118 (1909); Ríos et al. v. Amorós et al., 27 D.P.R. 804 (1919); Reglas 74 y 76(G) de Evidencia.