author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Luis A. Camacho Rodríguez, lesionado y recurrente, v. Fondo del Seguro del Estado, recurrido.

      Número: CE-88-108

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Leany Rodríguez Umpierre, de Manuel De Jesús Mangual & Asociados, abogada del recurrente; Enrique A. Martínez Ma-dera, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante resolución notificada el 22 de septiembre de 1987, la Comisión Industrial de Puerto Rico (Comisión) con-firmó la decisión que emitiera el Administrador del Fondo del Seguro del Estado (Fondo) en el presente caso. En dicha decisión el Fondo había rechazado la contención de los an-cianos padres del obrero fallecido a los efectos de que eran “dependientes” de éste a la luz de las disposiciones del Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3.

Habiendo sido denegada por la Comisión la solicitud de reconsideración radicada por los mencionados peticionarios, éstos acudieron ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de revisión. Le imputaron al mencionado organismo administrativo la supuesta comisión de dos (2) errores, a saber:

A. Cometió grave error de derecho la Honorable Comisión Industrial al resolver que los padres del obrero occiso Doña Lucila Camacho de 67 años ama de casa y Don Antonio Camacho de 77 años de edad, incapacitado por la Administración del Seguro Social no eran dependientes del obrero occiso.
[B]. Cometió grave error de derecho la Honorable Comi-sión Industrial al aplicar una regla matemática e inflexible para la determinación de dependencia en contravención con el Artículo 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y la jurisprudencia aplicable. Solicitud de revisión, pág. 4.

Originalmente nos negamos a expedir el auto solici-tado. Inconformes con dicha determinación, los recu-rrentes radicaron solicitud de reconsideración. Mediante resolución de 14 de abril de 1988, dejamos sin efecto la reso-lución denegatoria emitida y le concedimos término al Fondo para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de las resolu-ciones recurridas. Dicha parte ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

HH

El obrero accidentado, Luis Camacho Rodriguez, tenía veintinueve (29) años de edad a la fecha de la ocurrencia del accidente del trabajo —11 de abril de 1985— que le costó su vida. El padre y la madre del obrero accidentado contaban, a la fecha de la muerte de éste, con la edad de setenta y siete (77) y sesenta y siete (67) años de edad respectivamente. Ella, ama de casa, y él, incapacitado por la Administración del Seguro Social federal, agencia de la cual recibían, él, la suma de $339 mensuales, y ella, la cantidad de $141 men-suales. El occiso siempre vivió con sus padres, ayudándolos económicamente desde la edad de los diez y sies (16) años, edad en que comenzó a trabajar.

La madre del occiso prestó testimonio oral a los efectos de que tanto su esposo como ella dependían en gran parte para su subsistencia de su hijo fallecido, presentando unas “cifras” demostrativas de que el occiso sufragaba el 50% de los gastos del hogar que compartían. La Comisión requirió de los recurrentes que presentaran las planillas de contribu-ción sobre ingresos correspondientes a los últimos años de vida del obrero fallecido. Las referidas planillas no pudieron ser presentadas por éstos por razón de que el occiso no había rendido las mismas, según ello surge de certificación nega-tiva expedida por el Departamento de Hacienda. Los recu-rrentes, sin embargo, sí presentaron copias de las planillas del occiso correspondientes a otros años, de donde surge que éste reclamaba a sus padres como dependientes a los fines de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico.

La Comisión —citando a Rivera Avilés v. F. S. E., 113 D.P.R. 334 (1982)— resolvió que el obrero fallecido “no dejó dependientes para la fecha de su fallecimiento”. Apéndice, pág. 11. Expresó, en lo pertinente, que “el mero hecho de que [el occiso] diera una cantidad semanal a su madre para los gastos, no convierte a ésta en dependiente del obrero fa-llecido”. íd.

1 — I l-H

El citado Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo —en su apartado sobre Compensación en Caso de Muerte, incisos (5)(1) y (3)— dispone que:

COMPENSACION EN CASO DE MUERTE
5. (1) Si como resultado del accidente sufrido en las condi-ciones especificadas en la see. 2 de este título, ocurriere la muerte del obrero o empleado dentro de tres (3) años de ocu-rrido el accidente, y como consecuencia de éste, sin que el obrero o empleado dejare pariente alguno que de él depen-diera para su subsistencia, el desembolso con motivo de esta muerte se limitará al pago de los gastos del funeral y tales gastos no serán mayores de la suma de trescientos (300) dó-lares, en adición a aquellos otros gastos de asistencia médica, hospitalización y medicinas en que se hubiere incurrido por orden del Administrador del Fondo del Seguro del Estado. Asimismo estos gastos serán pagaderos cuando ocurra la muerte del obrero o empleado por razón de enfermedad ocu-pacional compensable, siempre que ésta ocurriere dentro del término de tres (3) años desde la fecha en que se puso de ma-nifiesto la incapacidad resultante, según se determinare a vir-tud de reclamación de parte interesada. Disponiéndose, que nada de lo anteriormente dispuesto se interpretará en el sen-tido de negar autoridad al Administrador del Fondo del Se-guro del Estado para pagar los gastos de entierro en aquellos casos en que ocurriere la muerte de un obrero hospitalizado por cuenta del Fondo del Seguro del Estado, o en aquellos casos en que se practicase la autopsia de un obrero fallecido, después que dicho Administrador del Fondo del Seguro del Estado hubiere tomado jurisdicción sobre el caso para investi-gar la causa del accidente o de la muerte, independientemente de lo que finalmente se determinare con respecto a relación causal.
(3) El Administrador del Fondo del Seguro del Estado dis-tribuirá la compensación entre los parientes antes mencio-nados que dependieran total o parcialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte, disponiéndose, que el Administrador observará las siguientes reglas para determinar los beneficia-rios del obrero o empleado fallecido .... (Énfasis suplido.) 11 L.P.R.A. see. 3(5)(1) y (3).

Referente a la controversia que plantea el presente recurso, hemos resuelto que: la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es una de dependencia y no de herencia; esto es, que en caso de muerte de un obrero protegido por la referida ley, los beneficios económicos correspondientes no pasan automáticamente a determinadas personas por el mero hecho de ser éstos técnicamente sus herederos de acuerdo con las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico; y que en vista de que la dependencia económica es el factor básico para determinar si una persona tiene derecho a compensación como “dependiente” del obrero fallecido, tal carácter no puede ser atribuido a nadie de antemano, siendo necesario que tal determinación se haga a base de las circunstancias de dependencia económica existentes en la familia del obrero al momento de su muerte. Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201, 206-207 (1967).

De conformidad con lo anteriormente expresado hemos resuelto, en adición, que corresponde a los reclamantes probar que dependían del obrero fallecido para su subsistencia, Tomás v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 860 (1942), y que el asunto de la dependencia es una cuestión de hecho a ser determinada por el juzgador —la Comisión en primera instancia— tomando en consideración todas las circunstancias que concurren en cada caso en particular. Cepeda v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 801, 807 (1954).

No debe perderse de vista, sin embargo, que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es una cuyo propósito es eminentemente social y reparador, Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183 (1974), y que dado el espíritu de justicia social que anima esta legislación, “la compensación que se paga al obrero o a sus beneficiarios no es una limosna: es un derecho que la ley les reconoce cuando en el curso de su trabajo y como consecuencia del mismo, sufren lesiones o se inutilizan, o pierden la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo. Inspírase la ley no sólo en ese acto de justicia al obrero y a los que de él dependen, si que también en evitar que a la muerte del obrero puedan aquéllos quedar sin el necesario sustento . . .”. (Énfasis suplido.) Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 267, 272-273 (1941).

Por otro lado, es enteramente correcto que en Rivera Avilés v. F. S. E., ante —decisión en que basó la Comisión su resolución denegatoria en el presente caso— expresamos que “el mero hecho de que una persona contribuya a pagar los gastos, en que tanto ella como las personas con quienes convive incurren, no significa, al amparo de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, que dichas personas ‘dependan’ de ella, máxime cuando su contribución al ‘fondo común’ apenas es suficiente para cubrir los gastos de su propia subsistencia”. (Énfasis suplido.) íd., págs. 336-337.

La Comisión erró al aplicar mecánicamente lo resuelto en Rivera Avilés v. F. S. E., ante, al presente caso. Los he-chos de dicho caso —como surge de la faz de la citada deci-sión— son muy distintos a los del presente recurso. Allí la obrera fallecida, quien vivía en casa de su hija al momento de su deceso, percibía un salario de $240 mensuales, mientras que la reclamante, su hija, tenía un sueldo mucho mayor. En adición, se demostró que la hija reclamaba a su madre como dependiente a los fines de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos y la madre meramente contribuía con algún dinero a los gastos del hogar que compartían. Resolvimos, bajo esos hechos, que la hija no “dependía” de la madre fallecida a la luz de las disposiciones de la citada Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

En el presente caso, por el contrario, la prueba es a la inversa. El ingreso del obrero fallecido era mayor que el de sus padres. Dicho occiso sufragaba, según el testimonio oral aducido por su señora madre, el 50% de los gastos del hogar. En adición tenemos que se presentó prueba a los efectos de que en varias planillas de contribución sobre ingresos rendidas por el occiso, éste reclamaba a su padres como dependientes de él. Es cierto que dichas planillas no eran de fecha reciente. Sin embargo, no es menos cierto que los padres reclamantes estaban imposibilitados de presentar éstas ya que el occiso no rindió las mismas. No se trata en esta situación —contrario al caso de Rivera Aviles v. F. S. E., ante— de una persona que meramente contribuía a pagar los gastos en que incurrían tanto ella como las personas con quienes convivía, contribución que apenas era suficiente para cubrir los gastos de su propia subsistencia. Por el contrario, nos enfrentamos a una situación en que el obrero fallecido, cuando menos, contribuía con una cantidad de dinero sustancial al “fondo común” del núcleo familiar en que convivía. No debe pasarse por alto que el transcrito Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no requiere que dicha dependencia sea una total. Establece que la misma puede ser parcial.

En resumen, somos del criterio que la prueba aportada por los recurrentes a nivel de la Comisión estableció satis-factoriamente que ellos “dependían” del obrero fallecido a la fecha de la muerte de éste por lo que tienen derecho a los beneficios que concede a esos efectos dicha ley.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expre-sado.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurre con el resultado sin opinión escrita.

       Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.

       Resolución de fecha 17 de marzo de 1988. Surge de la misma que el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García hubieran expedido el auto solicitado, y que el Juez Asociado Señor Rebollo López no inter-vino en la consideración de la misma.

       Su incapacidad data desde el año de 1971.

       Años de 1972 y 1974.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    Carmen Gloria Monrozeau, demandante y peticionaria, v. Hon. Héctor Rivera Cruz, etc., demandados y recurridos.

      Número: CE-86-615

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Rafael A. Oliveras López de Victoria, abogado de la peticionaria; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Anabelle Ro-dríguez, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley Núm. 82 de 6 de julio de 1985, vigente desde esa fecha, enmendó la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para que leyera:

44.3. Interés

(a) Se incluirán intereses al tipo del doce por ciento (12%) anual en toda sentencia que ordena el pago de dinero a com-putarse sobre la cuantía de la sentencia desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha inclu-yendo costas y honorarios de abogados.
(b) El tribunal también impondrá a la parte que haya pro-cedido con temeridad el pago de interés al tipo del doce por ciento (12%) anual desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero y desde la radicación de la demanda, en caso de daños y perjuicios, y hasta la fecha en que se dicte sentencia a computarse sobre la cuantía de la sentencia, excepto cuando la parte demandada sea el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus municipios, agencias, ins-trumentalidades o funcionarios en su carácter oficial. (Én-fasis nuestro.) 1985 Leyes de Puerto Rico 284, 285.

El Art. 2 de la Ley Núm. 82, supra, dispone que:

Las disposiciones de esta ley serán aplicables a toda sentencia dictada con posterioridad a la vigencia de la misma. 1985 Leyes de Puerto Rico 284, 286.

Veamos cuál es el alcance de dicha enmienda a la situa-ción presente en este caso.

El 19 de marzo de 1985 se presentó la demanda que recla-maba el pago de $65,567 más los intereses legales y honora-rios de abogado. La causa de pedir estaba fundada en que dicha suma de dinero había sido depositada en el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, a nombre de la demandante y que al ésta solicitar su retiro, no se pudo cobrar por no encon-trarse la misma depositada o acreditada en la Secretaría del Tribunal. El 31 de enero de 1986 el tribunal dictó sentencia parcial que condenó a la parte demandada a pagar $65,567 más intereses legales desde el 10 de diciembre de 1980. Tam-bién se fijaron los honorarios de abogado en la suma de $3,000.

El 2 de junio de 1986 el Estado consignó la suma de $92,749.99 para satisfacer el importe de la referida senten-cia. El 18 de julio de 1986 la demandante sometió una moción para solicitar la corrección de los fondos consignados. En síntesis, sostuvo que los intereses legales debían computarse a razón del doce por ciento (12%) anual desde que surgió la causa de acción. En su oposición el Estado sostuvo que com-putó los intereses hasta el 5 de julio de 1985 a razón del seis por ciento (6%) anual y al doce por ciento (12%) anual a par-tir de dicha fecha. La referida moción fue denegada de plano por el tribunal de instancia. La demandante presentó ante nos este recurso de certiorari. El 24 de octubre de 1986 emi-timos la orden siguiente:

Los demandados-recurridos tendrán veinte días para mos-trar causa por la cual no se deba expedir auto de revisión, revocar la orden del 13 de agosto de 1986 y devolver el caso a la sala de instancia para que ordene se paguen los intereses legales a partir del 10 de diciembre de 1980, a tenor con lo dispuesto en la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, según en-mendada por la Ley Núm. 82 del 6 de julio de 1985.

Examinada y evaluada la posición del Procurador General, resolvemos según lo intimado.

Aunque de ordinario la demandante no tendría derecho a recobrar intereses y honorarios de abogado por la temeridad del Estado, Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983), el Procurador General admite que en los casos sur-gidos con motivo del desfalco en el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, el Estado ha pagado los intereses y honorarios fi-jados por los tribunales. Así lo hizo en este caso. La parte demandada no solicitó la revisión de la sentencia. La misma es final y firme en este momento. Ante dicha renuncia de la defensa, nada tenemos que resolver.

La controversia ante nos se limita a interpretar el al-cance de la enmienda vigente desde el 6 de julio de 1985. En Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 722-723 (1987), señalamos que:

La imposición de intereses en el presente caso es de natura-leza idéntica a la imposición de honorarios de abogado. Ambos proceden cuando la parte perdidosa ha sido temeraria y persi-guen idénticos propósitos: disuadir la litigación y alentar las transacciones, mediante sanciones a la parte temeraria que compensen los perjuicios económicos y las molestias, pro-ducto de su temeridad, sufridos por la otra parte. Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972). Al igual que con los honorarios de abogado, si el tribunal con-cluye que una parte ha sido temeraria la imposición de intere-ses es imperativa. La propia Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil no da margen a una regla distinta; dice dicha regla que el tribunal “impondrá” dichos intereses a la parte que haya pro-cedido con temeridad, desde la radicación de la demanda en casos de daños y perjuicios. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Rodríguez Cancel v. A.E.E., supra.
En Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, supra, pág. 843, expre-samos:
“. . . No puede haber una temeridad a los fines de la imposición de intereses computados desde fecha anterior a la sentencia y otra temeridad a los fines de la imposición de honorarios de abogado. Ello sería contrario a un orde-nado y lógico sistema procesal de hacer justicia.”

En la sentencia de Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, por ser un caso de daños y perjuicios, conde-namos a la parte demandada a pagar intereses al tipo del doce por ciento (12%) anual desde la presentación de la de-manda. Resolvemos ahora que, por mandato de ley, los inte-reses al tipo del doce por ciento (12%) deben pagarse desde que surgió la causa de acción en todo caso de cobro de dinero, ya que los tribunales vienen obligados a aplicar el por-centaje fijado por la ley vigente al momento de dictar la sentencia. Ello es así, ya que la intención clara del legislador fue darle efecto retroactivo a la enmienda en todos los casos pendientes a esa fecha en que se dictara sentencia con poste-rioridad al 6 de julio de 1985. El lenguaje del Art. 2 de la Ley Núm. 82, supra, no da lugar a duda alguna al respecto. En abono de esta conclusión, en la exposición de motivos de la Ley Núm. 82, supra, se señala que:

El mundo de la economía es uno afectado constantemente por los muchos cambios locales e internacionales de diversas na-turalezas que ocurren. El tipo de interés prevaleciente en el mercado ha fluctuado grandemente en los últimos años. La gran discrepancia que existe en Puerto Rico entre la tasa de interés legal por sentencia (Artículo 1649 del Código Civil) y la tasa de interés prevaleciente en el mercado de dinero es uno de los factores que estimulan a los demandados a litigar irra-zonablemente y posponer la adjudicación de controversias.
Esto congestiona los tribunales con casos en trámite. La litigación no debe ser nunca un medio de financiamiento. Para evitar esto y la mencionada congestión de casos en trámite es que adoptamos la siguiente enmienda. (Escolio omitido.) 1985 Leyes de Puerto Rico 284, 285.

Es significativo también que al incorporarse la anterior Regla 44.4(e), equivalente a la Regla 44.3 de Procedimiento Civil actual, supra, mediante la Ley Núm. 68 de 26 de mayo de 1967, se dispuso que las mismas serían aplicables a las causas de acción que surgieran con posterioridad a la fecha de su aprobación. Igual metodología se siguió al aprobarse las Reglas de 1979. Mediante la Ley Núm. 82, supra, el legislador varió el esquema e hizo la enmienda aplicable a casos ya presentados a la fecha de su vigencia.

Como el caso de epígrafe estaba “en trámite” al momento de entrar en vigor la enmienda, sus disposiciones benefician a la demandante y obligan tanto al tribunal como a la parte demandada.

Por lo que, se dictará sentencia conforme a lo aquí ex-puesto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López no intervinieron.

       Antes de esa fecha se computaba a base del interés legal. Regla 44.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

       Por la apropiación de éstos y otros fondos, el Secretario del Tribunal fue acusado, juzgado y convicto. Véase Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727 (1988).

       Para una discusión general del problema de la retroactividad de las leyes, veáse a R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Cap. 63; Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983); Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822 (1983); Ortiz v. Fernós López, 104 D.P.R. 851 (1976).

       Veáse Comentarios a la Regla 44.3, Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia, New Hampshire, Ed. Equity, 1979, pág. 116.


text:
    Gabriel Medina y Otros, demandantes y recurridos, v. International Basic Economy Corp., demandada y peticionaria.

      Número: CE-87-94

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      David Carrión Fuentes, de Carrión Fuentes, abogado de la peti-cionaria; Juan T. Peñagarícano, Jr., abogado de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver en este recurso si el Tribunal Superior, Sala de San Juan, incidió al interpretar y determi-nar que la decisión de este Tribunal en Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 384 (1978), únicamente tiene vali-dez y efectos prospectivos. Al así resolver, rehusó desesti-mar la demanda por alegados vicios y/o defectos de construc-ción presentada por cincuenta y dos (52) demandantes luego de transcurridos más de once (11) años desde la fecha en que se adquirieron las propiedades objeto de la acción.

El Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124, dispone que:

El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la construcción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez (10) años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsabilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince (15) años.

Luego de analizar la doctrina, en Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra, resolvimos que dicho artículo establece un plazo decenal único tanto para que surjan los vicios como para interponer la acción legal. Rechazamos expresamente el criterio contrario de que existen dos (2) plazos, uno para que se manifiesten los defectos y otro para incoar la demanda correspondiente. Allí utilizamos el razo-namiento siguiente:

En tres ocasiones diferentes este Tribunal se ha expresado a favor de la doctrina del plazo único. En González v. Agostini, 79 D.P.R. 510, 521, n. 9 (1956), dijimos: “En cuanto a los vicios ocultos ... el demandante, podrá, de arruinarse el edificio por vicios ocultos de la construcción, reclamar los daños dentro del plazo decenal fijado por la ley.” En Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50 (1962), citando a Traviesas, Castán y Santama-ría, declaramos: “La obligación de indemnizar es una obliga-ción establecida a favor de cualquier propietario que adquiera el edificio, siempre que la reclamación se efectúe en el tiempo que señala el artículo 1483.” Reiteramos esta expresión de Géigel en Coop. de Viviendas v. Villas de Navarra, 104 D.P.R. 718, 719 (1976).
Los propietarios recurridos atacan esta serie de decisiones a base de Bartolomei v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 495, 497 (1970), donde señaló el Tribunal:
“No debe confundirse el término legal que para el ejer-cicio de la acción tenga el dueño del edificio arruinado, con el plazo decenal de garantías. La acción puede pres-cribir si no se acude en tiempo al tribunal. El otro tér-mino, el de los diez años, es uno dentro del cual debe ocurrir la ruina del edificio por vicios de construcción, para que el contratista sea responsable.”
La única cuestión verdaderamente planteada y resuelta en Bartolomei era si en la demanda debía alegarse que la ruina había ocurrido dentro del plazo decenal. Aun así, examinemos cuál debe ser la norma que rige en esta jurisdicción, si la con-signada en González, Géigel y Villas de Navarra o la aludida en Bartolomei. Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra, págs. 386-387.

Luego de un meticuloso examen del derecho comparado sobre esta materia, decidimos que:

Consideramos irreal y poco sabia la teoría de añadirle a un plazo de garantía ya largo de por sí —fijado bajo otras cir-cunstancias en el siglo XIX y conocido desde el Estatuto de Módena de 1327 A.D.— un plazo de quince años para el ejerci-cio de la acción, conforme el Art. 1864 de nuestro Código. Aun si se quisiese añadir por jurisprudencia tan s[ó]lo el plazo de un año, se estaría actuando en contra de la doctrina repetida-mente enunciada por este Tribunal desde 1956, con la posible excepción de Bartolomei, y, aún más grave, tendría que cons-truirse la nueva doctrina sobre la endeble base de que la ac-ción en estos casos es de naturaleza cuasidelictual. Véanse: Sánchez Fontáns, El Contrato de Construcción, Montevideo, vol. II, 1953, págs. 241-242; González v. Agostini, 79 D.P.R. 510, 518 (1956). La aconsejable tarea de modernizar nuestro código, utilizando el método de la creación de tres plazos al modo italiano, el portugués, el que ilustra el nuevo proyecto francoitaliano de Código de Obligaciones u otro análogo, está por necesidad en manos de la Asamblea Legislativa.
Se reafirma nuestra posición en Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50 (1962) y casos señalados. Se deja sin efecto toda otra expresión en contrario. Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra, pág. 390.

Al así resolver, rechazamos la teoría de la opinión disi-dente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Negrón García, de que el Art. 1483 (31 L.P.R.A. see. 4124) establece dos (2) plazos dis-tintos. Más importante aún para los fines del caso ante nos, la mayoría no siguió el análisis de la disidencia, en que dis-crepaba de la afirmación de la mayoría, al efecto de que en las decisiones en González v. Agostini, 79 D.P.R. 510 (1956); Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46, 50 (1962), y Coop, de Viviendas v. Villas de Navarra, 104 D.P.R. 718 (1976), este Tribunal se había expresado a favor de la doctrina del plazo único.

No nos cabe duda de que la mayoría en Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra, estimó innecesario pronunciarse expresamente sobre la vigencia prospectiva o retroactiva de la norma seguida. Ello por razón de que vio claro que la cues-tión ya había sido establecida. Por eso afirma que la decisión de Bartolomei v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 495, 497 (1970), constituye una excepción de la “doctrina repetida-mente enunciada por este Tribunal desde 1956 ...”. Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., supra, pág. 390.

Pero los demandantes recurridos tienen un obstáculo mayor que vencer y es el hecho de que aun si fuera correcta su contención de que Bartolomei v. Tribunal Superior, supra, varió la norma de Géigel v. Mariani, supra, y su progenie, ellos presentaron su demanda en el 1969, o sea antes de la fecha en que se decidió Bartolomei v. Tribunal Superior, supra, que fue el 9 de febrero de 1970. Resulta obvio que dicha decisión no puede favorecerlos. Ellos no pueden alegar que actuaron bajo una norma posteriormente adoptada.

Considerado lo anteriormente expuesto, regresemos a la decisión de instancia. El tribunal razonó de la forma si-guiente:

Las demandas en los casos de epígrafe fueron radicadas en 1969 y en ellas se reclama la compensación por vicios y/o de-fectos de construcción, m[á]s la concesión de daños por angus-tias y sufrimientos morales.
La parte demandada presentó, en ambos casos, mociones de sentencia sumaria solicitando la desestimación de las de-mandas por ser de aplicación la doctrina establecida por el Tribunal Supremo en el caso de Rafael Rivera Rodríguez y María I. Ortiz Meléndez v. Las Vegas Development Co., Inc., 107 D.P.R. 384 (1978). En dicho caso se resuelve que el plazo de diez (10) años establecido en el Art. 1483 del Código Civil para la responsabilidad del contratista o empresario de obras por vicios de construcción, es tanto un plazo de garantía — dentro del cual deben surgirlos vicios— como uno de caduci-dad para radicar la correspondiente causa de acción en daños por vicios ocultos de la obra. También el Tribunal dejó sin efecto la siguiente expresión en Bartolomei v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 495, 497 (1970):
“No debe confundirse el término legal que para el ejer-cicio de la acción tenga el dueño del edificio arruinado, con el plazo decenal de garantías. La acción puede pres-cribir si no se acude a tiempo al tribunal.”
Es un hecho establecido que al radicarse las demandas ya habían transcurrido más de once (11) años desde la fecha de adquisición.
Resolvemos que las demandas de los casos de epígrafe no están prescritas, pues al radicarse las mismas imperaba la doctrina de que el plazo de diez (10) años sólo era uno de ga-rantía, teniendo el reclamante hasta quince (15) años para ra-dicar la causa de acción. Dicha doctrina fue dejada sin efecto en el caso de Las Vegas Development, supra.
Reiteradamente se ha resuelto que una variación en el dere-cho vigente, bien sea en virtud de una enmienda a la ley o por decisiones judiciales, como regla general, tendrá validez y efectos prospectivos. Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 400, 408 (1977). Resolución y orden de señala-miento, págs. 001-002.

Repetimos que es errónea la conclusión dé que al presen-tarse las demandas, imperaba la doctrina de que el plazo de diez (10) años sólo era uno de garantía, teniendo el recla-mante hasta quince (15) años para presentar la causa de ac-ción. Sencilla y llanamente, esa no era la norma imperante en el 1969.

Ello, a su vez, dispone de la invocación que se hace, sin mayor elaboración, de las expresiones que hicimos en Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 400, 408 (1977), en el sentido de que “una variación en el derecho vigente tendrá, como regla general, validez y efectos prospectivos”. Repetimos que aquí no estamos ante “una variación en el derecho vigente”, ya que las demandas se presentaron antes de decidirse Bartolomei v. Tribunal Superior, supra.

Se expedirá el auto, se revocará la resolución recurrida y se desestimarán las acciones.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ne-grón García no intervino.

       Los demandantes recurridos no cuestionan la doctrina seguida en dicho caso. Su único argumento es que, por haberse presentado su acción antes de resolverse Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 384 (1978), éste sólo debe tener efectos prospectivos.

       Lo anterior nos releva de entrar a considerar la interesante polémica sobre cuáles son los criterios a seguir al resolver si una nueva doctrina debe tener efectos prospectivos o retroactivos. Véase, en cuanto a la norma en casos crimi-nales, a Pueblo v. Delgado Rodríguez, 108 D.P.R. 196 (1978), en el cual este Tribunal se dividió en votación de cuatro (4) a cuatro (4). Para un examen integral sobre esta problemática, véase R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., Pubs. J.T.S., 1987, Cap. 23, págs. 191-197. Dentro de ese marco no tenemos que resolver, en este mo-mento, si el hecho de que en Puerto Rico la prescripción es materia sustantiva y no procesal, Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 D.P.R. 550 (1987), y Mortensen & Lange v. S.J. Mercantile Corp., 119 D.P.R. 345 (1987), impide de forma absoluta darle efectos prospectivos a una nueva norma sobre cuáles son los plazos prescriptivos o de caducidad.


text:
    José A. Ortiz Hernández, demandante y recurrido, v. Autoridad de Edificios Públicos y su Junta de Apelaciones, demandadas y recurrentes.

      Número: CE-87-440

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Rafael Vázquez Colón, abogado de las recurrentes; Sabino Cotto Cruz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

A petición de la Autoridad de Edificios Públicos (Autori-dad), una corporación pública del Estado Libre Asociado creada mediante la Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958 (22 L.P.R.A. see. 901 y ss.), revisamos la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que a su vez revocó, a instancias del empleado José A. Ortiz Hernández, una reso-lución de la Junta de Apelaciones de la Autoridad (Junta) y le ordenó a la recurrente satisfacer al empleado la suma de $1,800 en pago de honorarios de abogado.

H — l

El 9 de septiembre de 1985 el Director Ejecutivo de la Autoridad remitió al Sr. José A. Ortiz Hernández una carta de amonestación por motivo de un incidente entre Ortiz Her-nández y el Sr. Radamés Mendoza Hernández.

El 26 de septiembre de 1985 el empleado afectado apeló a la Junta para alegar que:

1. En la carta que se me envió se me está amonestando y no se me están indicando mis derechos.

2. La forma irregular en que se me [sic] llevó a cabo la in-vestigación de los hechos que se me acusan.

El 13 de noviembre de 1985 el Director de la Oficina de Personal le comunicó que, por motivo de la amonestación, la agencia se veía imposibilitada de considerarlo para aumento por mérito para el período evaluativo 1984-1985.

Esta acción de personal fue hecha parte de la apelación. Ya iniciados los trámites, mediante documento presentado el 18 de julio de 1986, se solicitó enmendar el escrito apelativo para “que se adicione que solicita el pago de una suma razo-nable de honorarios de abogado”.

La Junta celebró vistas públicas los días 8, 29 y 31 de julio de 1986. En su decisión de 19 de septiembre de 1986 la Junta llegó a las determinaciones de hecho siguientes:

El primero de [ajgosto de 1985 se suscitó un incidente entre el Sr. José A. Ortiz Hernández y el Sr. Radamés Mendoza Hernández, ambos empleados de la AER en las Oficinas Cen-trales del Area de Conservación, ubicadas en el piso (6), Edifi-cio Norte del Centro Gubernamental Minillas, en Santurce.
Surge de los autos del caso y de la propia vista que el Sr. Ortiz Hernández le indicó al Sr. Mendoza Hernández la frase “Compañero usted está del carajo” y el Sr. Mendoza Hernán-dez molesto, le contestó “Para el carajo se va usted”.
Que el Sr. Mendoza Hernández recurre el mismo 1ro. de [a]gosto, mediante comunicación escrita, a la Oficina de Personal y solicita una investigación sobre el incidente acusando al Sr. Ortiz Hernández de haber usado un lenguaje soez en la oficina.
Que la Oficina de Personal procedió con una investigación administrativa de los sucesos, conduciendo la misma el señor Fernando Valls Ferrero, Técnico de Relaciones Industriales estando también presente el Sr. Jorge Martínez González, Técnico de Relaciones Industriales y el Ing. Enrique Guzmán Vidal, quien para la fecha del incidente actuaba como Director Interino del Area de Conservación e Ingeniería de Seguridad, donde ocurrió el incidente.
Que durante la vista del caso, aunque se reconoció por los representantes de la Oficina de Personal que conforme al Re-glamento de Personal la investigación inicial debió hacerse al nivel del Departamento u Oficina donde ocurrieron los hechos, el Ing. Guzmán Vidal solicitó de la Oficina de Personal que efectuaran la misma conjuntamente y que ellos (los funciona-rios de Personal) tomaran la iniciativa de rendir el informe y recomendaran las medidas que fueran pertinentes.
Que el informe de la investigación administrativa fue prepa-rado, fechado el 22 de agosto de 1985, suscrito únicamente por el Sr. Valls Ferrero con la recomendación de que la Oficina de Personal considerara el realizar una reunión administrativa donde se le permitiera a los empleados envueltos en el inci-dente a confrontarse con los testimonios y pruebas presen-tadas por la otra parte.
Que el Director de la Oficina de Personal usando la discre-ción que le otorga el Reglamento consideró una nueva investi-gación y procedió a someter el caso al Sr. Director Ejecutivo de la AEP.
Que durante la vista del caso surgieron los siguientes he-chos:
1. Que la AEP tiene un sistema de evaluación para los em-pleados no unionados que consta de trece (13) criterios o fac-tores y que cada uno de estos criterios o factores tiene cinco (5) valores o grados y la puntuación final en porciento(%).
2. Mediante Resolución de la Junta de Directores (la [Núm.] 337 del 3 de septiembre de 1985) y conforme a la acla-ración hecha a la misma en fecha que no consta pero que res-ponde a una petición del Director de la Oficina de Personal y Relaciones Industriales del 22 de octubre de 1985, y la cual cubre el caso del apelante, los aumentos de sueldo por mérito para los empleados no unionados se considerarán tomando en consideración los siguientes criterios:
a. Eficiencia
b. Buena conducta
c. Asistencia al Trabajo
3. En el testimonio prestado a esta Junta por la actual Directora de Personal, quien para la fecha en que ocurrieron los hechos estaba a cargo de pasar juicio sobre la concesión de los aumentos de sueldo por mérito, declaró que a base de los tres (3) criterios establecidos por la Junta de Directores, la Oficina de Personal desarrolló un Cuestionario de Evaluación para medir la eficiencia, a base de los trece (13) criterios o factores mencionados antes. Para medir la buena conducta se usa la violación a las normas de conducta conforme lo define el Re-glamento de Personal y en cuanto a asistencia, el r[é]cord de asistencia y tardanzas. Declaró, [a]demás, que había tres (3) condiciones en las cuales un empleado no podía tener derecho a un aumento por mérito.
1. Que no cumpliera con el requisito de eficiencia, o sea, que obtuviera menos de 70% en la evaluación como puntuación final.
2. Que incurriera en algún tipo de conducta que violentara las normas de disciplina de la Agencia.
3. Que se hubiese procedido contra el empleado por haber incurrido en ausencias o tardanzas frecuentes.
Informó tambi[é]n la Directora de Personal que a[u]n cuando la Junta de Directores se limitó a señalar los tres (3) criterios sin directrices adicionales, fue la Oficina de Personal la que reglamentó las normas para administrar la concesión de esos aumentos por mérito y decidió que con que uno de ellos no se cumpla el empleado pierde el paso por mérito. Su-ponemos que el poder de reglamentar esas normas fue dele-gado por el Director Ejecutivo, porque es en él donde reside dicha facultad. Sin embargo, la misma Directora de Personal admitió que no están escritas y por lo tanto nunca han sido publicadas, aunque añadió que son conocidas en términos ge-nerales cuando la gente pregunta [...] o sea, a base de orien-tación individual cuando un empleado pide información.
Declaró también la Directora de Personal que irrespectiva-mente de la puntuación final sobre 70% que obtenga un em-pleado gerencial en su informe de evaluación correspondiente, sería inelegible para recibir el paso por mérito [si no] reúne los otros dos criterios uno de los cuales —asistencia— figura como criterio en el mismo informe de evaluación.
Que el Director Ejecutivo se comunicó con el Sr. Ortiz Her-nández el 9 de septiembre de 1985, en relación con los hechos del caso y como consecuencia el 13 de noviembre de 1985, se le niega un paso por mérito aún habiendo obtenido una evalua-ción de 90%. Apéndice 4, págs. 18-21.

A base de dichas determinaciones, la Junta concluyó que la carta de 9 de septiembre de 1985 constituía una amonesta-ción y que el Director Ejecutivo actuó conforme a su criterio y discreción al escribirle sobre el incidente. En cuanto a la negativa a concederle el paso de aumento por mérito con-cluyó que:

No hay duda que los aumentos de salarios deben concederse como resultado de una evaluación científica, basada en crite-rios objetivos, medibles y meridianamente claros para todos los empleados y los evaluadores. Pero es además, absoluta-mente necesario que [e]stos criterios y forma de medición as[í] como el impacto que tendrá la evaluación en la condición del empleado evaluado, sea plenamente y claramente com-prendida tanto por el evaluado como por el evaluador y esto s[ó]lo puede conseguirse mediante la publicación y difusión de las normas si posible a todos y cada uno de los empleados.
Está claro del r[é]cord de la vista, que existe un Informe de Evaluación que se hace para los aumentos de salario por mé-rito a concederse anualmente pero en dicho informe no se le advierte al evaluado que no importa la puntuación de 70% o más que obtenga en su puntuación final, no recibirá el au-mentó por mérito si no cumple con los requisitos exigidos por los tres (3) criterios indicados por la Junta de Directores a pesar de que de dicho Informe de Evaluación se obtiene la información para medir dos (2) de los tres (3) criterios: el cri-terio de eficiencia y el de asistencia.
También el r[é]cord de la vista demuestra que las normas adoptadas por la Oficina de Personal para reglamentar la con-cesión de aumentos de sueldo por mérito nunca se han publi-cado y por consiguiente, si no se han publicado, no pueden haberse difundido, ni circulado entre los empleados, que son los interesados. Estos se enteran mediante orientación individual, cuando preguntan. Por tanto, las normas que van a deci-dir verdaderamente si se recibe o no el aumento de sueldo anual no son de conocimiento general. Podría decirse usando un término de derecho administrativo que no se observa el debido proceso de ley al no existir la notificación correspon-diente. Esta ausencia de publicidad y difusión contrasta, por el contrario, con el Informe de Evaluación. Este Informe es del conocimiento general de todos los empleados, a pesar de que como hemos indicado antes, el mismo pretende conllevar una suposición de elegibilidad cuando esta evaluación no es realmente determinante de por s[í].
Esta ambivalencia crea confusión e inseguridades y siem-bra dudas, no s[ó]lo sobre la legitimidad de cada acción sino sobre la validez de la decisión en general, además de causar malestar y disgusto entre los empleados.
Y para concluir, a pesar de que el Apelante fue amonestado, vistas las discrepancias existentes en los mecanismos para la evaluación de los empleados en lo que se refiere a aumentos de sueldo por mérito y al hecho aceptado por la propia Directora de Personal de la AEP de que las normas existentes no se han publicado ni son del conocimiento general de los empleados, entendemos que no es justo, ni razonable que se prive al Ape-lante de un aumento de sueldo por mérito bajo las condiciones antes expuestas.
Esta Junta reconoce la buena intención que anima a su Director Ejecutivo y a su cuerpo de oficiales directivos, y es-tamos seguros entenderán nuestro propósito al hacer este señalamiento, en aras de lograr la mayor uniformidad, justi-cia, equidad, armonía, continuidad y satisfacción en los servi-cios públicos de la AEP. Apéndice 14, págs. 22-24.

Por dichas consideraciones ordenó a la Autoridad que re-conociera el privilegio al paso por mérito denegado. En el recurso de revisión presentado en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, al amparo del inciso (13) de la See. 5 del Regla-mento de Personal de la Autoridad, el empleado solicitó que el tribunal invalidara todo el proceso administrativo por ra-zón de la violación a su derecho constitucional a un debido proceso de ley o, en su defecto, que se eliminara la carta de amonestación, que se le concediera honorarios de abogado y que se impusiera al patrono el pago de intereses legales so-bre el ajuste salarial. El tribunal expidió el auto de revisión solicitado.

En los méritos rechazó el planteamiento sobre viola-ciones al debido proceso de ley. Asimismo resolvió que la amonestación estuvo ampliamente sostenida por la prueba. Accedió al pedido de que se siguiera la práctica administra-tiva de la agencia y se eliminara dicha amonestación de su expediente personal por haber transcurrido más de un (1) año desde el incidente. En lo que atañe a este recurso resol-vió que:

La procedencia de honorarios de abogadfo] está sostenida por las disposiciones de la Ley de Reclamaciones por Servi-cios Prestados, según enmendada en 1980, (32 LPRA 3111 y ss.) donde se establece la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de que la compensación que reciba el obrero no sea reducida por el pago de servicios profesionales a su representante legal. Específicamente dentro de la defini-ción de patronos obligados por la ley se incluye a las Autori-dades y Corporaciones Públicas y sus representantes. Véase también, Colón Molinary v. A.A.A., 103 DPR 143 (1974). La concesión de honorarios descansa en la sana discre[c]ión del tribunal. Consideramos razonable, atendiendo todos los pro-cedimientos de este caso, la cantidad de $1,800.00.
La procedencia del interés legal sobre la cuantía del ajuste salarial por el aumento de mérito denegado, está ampliamente sostenida por nuestra jurisprudencia. Ver Municipio Mayag[ü]ez v. Rivera, 113 DPR 441 (1982) y casos allí citados.
Por los fundamentos antes señalados revocamos la resolu-ción de la Junta de Apelaciones de la Autoridad de Edificios Públicos del 19 de septiembre de 1986, a los siguientes efec-tos. Se le ordena a la Autoridad a remover la carta de amones-tación del expediente del recurrente, se le concedan intereses sobre el ajuste salarial computados desde la fecha en que la Junta emitió su resolución y satisfaga $1,800.00 de honorarios de abogado. Apéndice 1, págs. 5-6.

En su recurso ante nos, la Autoridad plantea las cues-tiones de derecho siguientes:

A. Erró el Tribunal de Instancia al resolver la procedencia de honorarios de abogado a tenor con las disposiciones de la Ley 402 de 12 de mayo de 1950 según enmendada en un re-curso de revisión implícita de una determinación administra-tiva.
B. En la alternativa, en el supuesto que la Ley 402, supra fuera de aplicación, la referida disposición fue aplicada erró-neamente po[rq]ue el recurrido no prevaleció en su reclama-ción.
C. En la alternativa el Tribunal de Instancia abusó de su discreción al imponer una suma excesiva de honorarios de abogad[o].

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El primer planteamiento del patrono es altamente con-fuso. Parte de la premisa de que los honorarios de abogado se le impusieron a la Junta por razón de su decisión. Está equivocado. Los honorarios de abogado están predicados en las supuestas actuaciones erróneas de la propia Autoridad. Veamos si ésta responde.

La Autoridad de Edificios Públicos es una corporación pública que puede demandar y ser demandada. Ley Núm. 56 de 19 de junio de 1958 (22 L.P.R.A. see. 906(4)). El Art. 2 de esta ley, según enmendada por la Ley Núm. 90 de 3 junio de 1980 (32 L.P.R.A. see. 3115) dispone que, para los efectos de las sees. 3114 a 3117 de dicho título, “la palabra ‘patrono’ incluirá a las autoridades y corporaciones públicas del Gobierno Estadual..El derecho a honorarios de abo-gado surge “[e]n todo caso radicado ante los tribunales de Puerto Rico por un trabajador o empleado en que se reclame cualquier derecho o suma de dinero contra su patrono, al amparo de la legislación laboral federal o local o convenio de trabajo de naturaleza individual o colectivo y en que se con-ceda la reclamación en todo o en parte ...”. 32 L.P.R.A. see. 3115.

Si bien es cierto que aquí no se reclamó bajo un convenio colectivo o la legislación laboral clásica, los remedios concedidos por el tribunal emanan de su interpretación del reglamento de personal que cubre a los empleados gerenciales de la Autoridad y de la práctica administrativa. El reglamento y el sistema de mérito que regula es parte del contrato de trabajo de los empleados. En el lenguaje de la ley es un “convenio de trabajo de naturaleza individual”. 32 L.P.R.A. see. 3115.

El reglamento de personal sustituye el procedimiento clásico de arbitraje, o la alternativa de ir directamente al foro judicial, por el de una revisión ante la Junta.

En Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 159-160 (1974), resolvimos que:

Aun cuando hemos fallado que no es de aplicación al caso que nos ocupa lo preceptuado en el Art. 13 de la Ley Núm. 379 y en la Sec. 30 de la Ley de Salario Mínimo —y no obstante no ser propiamente una reclamación de una deuda por servicios prestados— la política pública que inspira la legislación sobre honorarios de abogado y nuestras decisiones al efecto equipa-rando un laudo arbitral a una adjudicación judicial, nos llevan a concluir, que de ordinario, procede la imposición de honora-rios en casos en que el obrero tiene que acudir al foro sustitu-tivo del judicial a hacer valer sus derechos. De tal resultado no estaría normalmente exenta la Autoridad pues el Art. 2 de la Ley Núm. 402 la considera comprendida en la definición de Patrono. (Escolio omitido.)

Esta norma fue recientemente seguida por este Tribunal en Morales Torres v. J. R. T., 119 D.P.R. 286 (1987). Véanse, además: Morales González v. J. R. T., 121 D.P.R. 249 (1988); Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 472 (1982).

Por las anteriores consideraciones resolvemos que la Autoridad no está exenta del pago de honorarios de abogado en los casos presentados ante la Junta y el foro judicial. Ello es cónsono con la política pública de que los empleados privados y de corporaciones públicas no tengan que pagar de su propio peculio los honorarios de su abogado.

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La Autoridad sostiene que no proceden los honorarios de abogado, porque el empleado recurrido no prevaleció en toda o en parte de la reclamación. Dicha contención es claramente frívola. El tribunal concedió parte sustancial de los remedios solicitados, a saber: (1) la eliminación de la carta de amones-tación del expediente de personal; (2) la imposición de inte-reses, y (3) la concesión de los honorarios de abogado solicitados. Por lo que no incidió el tribunal al resolver que procedía una condena al pago de honorarios de abogado.

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Le asiste la razón a la Autoridad en su último plantea-miento. Bajo las circunstancias presentes, el tribunal abusó de su discreción al imponer una suma excesiva de honorarios de abogado. Volvemos a Colón Molinary v. A.A.A., supra, pág. 106, donde resolvimos que:

Sin embargo, preciso es destacar que al igual que las ac-ciones ventiladas en el escenario judicial, la cuantía de hono-rarios a ser impuesta dependerá de la naturaleza del asunto y demás factores y criterios desarrollados en nuestra jurispru-dencia, y ello bajo un sano ejercicio discrecional del árbitro.
La norma que adoptamos debe tener efectos prospectivos en lo que se refiere a honorarios de abogado en los procedi-mientos de arbitraje. No es extensiva a situaciones en que un laudo reconoce que el patrono estuvo justificado en imponer medidas disciplinarias —por haberse demostrado la ocurren-cia de los hechos que dan margen a la misma— y el dictamen meramente sustituye o varía la severidad de la sanción. Con-trario sensu, si el laudo exonera totalmente al obrero o em-pleado, el árbitro conserva la facultad discrecional para fijar honorarios. En armonía con lo dispuesto, en vista de la conclu-sión expresada en el laudo de que la Autoridad estuvo justifi-cada en suspender a los peticionarios, no procede la condena de honorarios de abogado en dicha etapa como tampoco ante este foro.

Aunque el empleado prevaleció ante el tribunal, su éxito fue parcial y limitado. Bajo las circunstancias presentes estimamos razonable la cantidad de $500 como pago por honorarios de abogado.

Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón está conforme con las partes I, II y III de la opinión y disiente de la parte IV ya que rebajaría la cuantía otorgada como honorarios de abogado. El Juez Asociado Se-ñor Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

       Esta Junta de Apelaciones de la Autoridad (Junta) está regida por el Art. IX, Sec. 5(5) del Reglamento de Personal de la Autoridad de Edificios Públicos (Autoridad) y se creó para intervenir en “controversias que envuelvan despidos, destituciones, descensos y acciones disciplinarias por alegados motivos políticos, religiosos o de violación de los reglamentos y procedimientos adoptados por el Director Ejecutivo y la Junta de Directores”. Apéndice 3, pág. 13.

       Este escrito fue presentado por derecho propio. Posteriormente envió otro en que añadía que la investigación fue también viciada y parcializada en su contra. El 1ro de octubre de 1985 el licenciado Cotto Cruz asumió la representa-ción legal del apelante ante la Junta. Este abogado también lo representó en el caso judicial.

       También ordenó que se preparara un reglamento para establecer el pro-cedimiento para la concesión de paso por mérito a empleados gerenciales.

       En el caso ante nos, no está presente la norma de excepción fundada en la doctrina de inmunidad soberana de que no procede la imposición de honorarios e intereses por temeridad contra el Estado. Véase Catalytic Ind. Maint. Co. v. F. S. E., 121 D.P.R. 98 (1988).

       Por no estar propiamente ante nos, es innecesario pronunciarnos sobre la interrogante levantada por la recurrente de si proceden honorarios de abogado en los casos originados ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administra-ción de Personal (J.A.S.A.P.).