source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Francisco Santos, recurrido, v. Comisión Estatal de Elecciones, recurrida; Héctor Luis Acevedo, en su condición de miembro de la Comisión Estatal de Elecciones en representación del Partido Popular Democrático, recurrente.

      Número: O-80-715

      Resuelto: 23 de junio de 1981

      Pedro E. Ortiz Alvarez y Guillermo Mojica Maldonado, aboga-dos del recurrente; los recurridos no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Francisco Santos, alcalde entonces incumbente del Municipio de Aibonito se postuló nuevamente como candi-dato independiente directo (write in) en las elecciones generales del pasado 4 de noviembre de 1980. Recibió 2,270 votos. La Comisión Estatal de Elecciones certificó electo al candidato del Partido Popular Democrático, Benigno Capó, quien obtuvo 4,399 votos sobre 4,015 logra-dos por Gerardo Rodríguez, candidato del Partido Nuevo Progresista, para una diferencia de 384 votos. Santos, ale-gando que “por lo menos 300 electores” emitieron votos a su favor fuera del encasillado correspondiente y suscri-bieron su nombre —indicativo de una clara intención al respecto— invocando las reglas y principios expuestos en P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400 (1980, el 9 de ese mes recurrió ante la Junta Revisora Electoral solicitando se ordenara a la Comisión la adjudicación a su favor de “todas las papeletas que tengan escrito mi nom-bre ya que la intención del elector es clara”.

La Junta Revisora accedió pronunciándose en lo perti-nente:

El Tribunal Supremo en los casos consolidados del Partido Socialista Puertorriqueño v. Comisión Estatal de Elecciones (O-80-635) y del Partido Popular Democrático v. Gerineldo Barreto Pérez (O-80-646), resueltos el 2 de diciem-bre de 1980, [110 D.P.R. 400], determinó que debe preva-lecer la sustancia sobre la forma y “[la] medida determi-nante es si la marca refleja claramente la intención del elector y no al evento fortuito de que la marca fue incorrec-tamente ubicada”.
El artículo 1.003(22) de la Ley Electoral define el con-cepto marca como “cualquier medio de expresión afirmativo del voto del elector” y el artículo 2.001(10) establece “el derecho a la libre emisión del voto y a que éste se cuente y se adjudique de la manera en que el elector lo emita”.
En este caso muchos electores conscientes de que el recu-rrente es el actual alcalde del Partido Popular Democrático en Aibonito creyeron correcto escribir el nombre del recu-rrente fuera del espacio provisto para ello en la columna de nominación directa. A pesar de que ubicaron incorrecta-mente su marca (el nombre del recurrente) la intención es clara y manifiesta de votar a favor del recurrente Francisco Santos. Es más clara la intención del elector al escribir un nombre que al hacer una cruz.
La Comisión Estatal de Elecciones deberá adjudicar las papeletas en controversia a favor del recurrente adjudi-cando toda papeleta en las que aparezca el nombre de “Francisco Santos”, “Paco Santos”, o “Santos” aunque estén mal escritos y/o mal ubicados.
Por los fundamentos antes expuestos se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones revisar todos los colegios y papeletas de los Precintos 73 y 74 de Aibonito y proceda a adjudicar a favor del recurrente toda papeleta donde apa-rezcan el nombre de “Paco Santos”, “Paco”, “Francisco Santos”, o iniciales donde claramente se identifica al recurrente, independientemente de su ubicación en la papeleta electoral. (Énfasis nuestro y escolios omitidos.)

El 16 de diciembre dicho foro, en ocasión de pasar jui-cio y denegar una moción de reapertura y reconsideración formulada por el Partido Popular Democrático, explicó las proyecciones de la transcrita Resolución del siguiente modo:

El alcance de nuestra resolución del 10 de diciembre no tiene el efecto que alega el Partido Popular Democrático. No obstante, procedemos a aclarar el alcance de la misma para evitar futuras controversias.
La Comisión Estatal de Elecciones deberá pasar juicio sobre las papeletas en controversia tomando en conside-ración que la regla vigente adoptada por el Tribunal Supremo en el caso de P.S.P. vs. Comisión Estatal de Elecciones, [110 D.P.R. 400], de 2 de diciembre de 1980, es que debe prevalecer la intención manifiesta del elector al mar-car su papeleta.
Si el nombre del recurrente aparece escrito en la columna de nominación directa en el espacio provisto para el puesto de alcalde o si lo escribió en la columna del Partido Popular Democrático sobre el nombre del candidato Benigno Capó López, el voto será adjudicado a favor del recurrente.
Si el elector marcó su papeleta insertando el nombre de Santos seguido de “Gobernador” o “Representante”, se debe adjudicar para esos cargos respectivamente.
Por otro lado, si el elector ubicó incorrectamente el nom-bre del recurrente en la columna de nominación directa [para alcalde] deberá interpretarse que la intención del elector fue votar por el recurrente como candidato a alcalde.
De igual forma, si el elector escribió el nombre del recu-rrente en cualquier espacio en blanco de la papeleta, que no afecta a ningún otro candidato, como por ejemplo en la columna de nominación directa en el espacio en blanco que corresponde al espacio provisto para imprimir la insignia de un partido, dicho voto debe ser adjudicado a favor del recurrente, Francisco Santos.
No será adjudicado ningún voto a favor de candidato alguno si la marca del elector fue escrita al dorso de la papeleta.
Estos criterios expresados deberán servir de guía a la Comisión Estatal de Elecciones para adjudicar las papeletas en controversia. Cualquier otra situación no contemplada en esta Resolución deberá interpretarse de acuerdo con la manifiesta intención del elector.

No conforme, el P.P.D. acudió ante nos señalando y discutiendo como errores que la Junta Revisora: (a) no podía adjudicar papeletas a base de prueba oral, sino de un examen visual que le permitiera determinar cuál fue la intención del elector; (b) no podía ordenar un recuento con posterioridad, ausente una alegación de que el resultado podía ser alterado; y (c) no podía adjudicar un voto a favor de un candidato independiente sin que hubiera una determi-nación de intención inequívoca del elector.

A los fines de evaluar los méritos del recurso, ordena-mos a la Junta Revisora nos ilustrara gráficamente -uti-lizando modelos de papeletas- la resolución recurrida. En 24 de marzo de 1981 dicho foro dio cumplimiento a ese mandato. (Anejos I-VIII unidos a esta opinión.)

I

Primeramente, atenderemos el planteamiento del recu-rrente Partido Popular repecto a que la impugnación de Santos no aduce hechos por no alegar que matemática-mente los trescientos votos adicionales puedan llevarlo a prevalecer. Ciertamente, si fuéramos a resolver este recurso con abstracción de la impugnación que pende ante la Junta Revisora (JR-292) incoada por el candidato derrota-do del Partido Nuevo Progresista Gerardo Rodríguez Rivera contra Barreto Pérez, Administrador General de Eleccio-nes, el nuevo alcalde certificado Benigno Capó López y el P.P.D., quizás tendría razón en invocar y sería de apli-cación la prueba de probabilidad matemática. Esteves v. Srio. Cám. de Representantes, 110 D.P.R. 585 (1981). No siendo así, en las circunstancias específicas de autos, el criterio aritmético antes mencionado no impide que se realice un conteo exacto y correcto que refleje fiel y final-mente la intención y votación de todo el electorado del Municipio de Aibonito. Lo vital es el triunfo de la demo-cracia en todos los lugares de Puerto Rico. P.P.D. v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 376 (1980).

II

Aclarado este extremo, percibimos que el examen del dictamen de la Junta Revisora a la luz de nuestra decisión en P.S.P., supra -salvo las instancias más adelante analizadas- es correcto y debe prevalecer por estar acorde con nuestro pronunciamiento central en el sentido de que, ante la preeminencia del derecho al sufragio, es menester apartarnos de una interpretación literal y rigu-rosa que plantearía inevitablemente un choque constitu-cional. En evitación de un decreto de inconstitucionalidad, allí resolvimos y señalamos que “[l]a medida determinante es si la marca refleja claramente la intención del elector y no el evento fortuito de que la marca fue incorrectamente ubicada”. Enfatizamos que la “circunstancia de que en el sistema de colegio abierto, en contraste con el cerrado, no existe la oportunidad para que se impartan instrucciones generales y comunes a todos los electores de cómo votar refuerza la necesidad de esta interpretación. El evento comicial envuelve a una población que excede el millón y medio de todo tipo de personas, de las más diversas posicio-nes sociales y condiciones intelectuales y académicas. Bajo esa óptica, hemos de recordar la admonición constitucional de que ‘[njadie será privado del derecho al voto por no saber leer o escribir . . .’, Art. VI, Sec. 4. En su correcta dimensión este postulado puede conllevar, en sus variadas manifestaciones, una prohibición a que se anule el voto por que el elector no siga instrucciones que sólo afectan de manera mínima el interés legislativo que persigue reco-nocer la verdadera voluntad del elector”.

t — i h-H h — I

Con esta perspectiva presente, notamos que la objeción del recurrente, basada en la necesidad de un examen visual de las papeletas, ha quedado superada con las ilustra-ciones gráficas que hemos exigido. Evaluemos los méritos del recurso.

El examen visual e integral de la manera y ubicación en que se proyectan los votos, según el decreto de la Junta Revisora, nos mueve a concluir que el mismo debe preva-lecer salvo con referencia al Anejo II, Ejemplos A y B, y al Anejo VII, Ejemplos B al H, en que resulta erróneo. En el primero, Anejo II, la norma es restrictiva y debe am-pliarse. En torno al Anejo VII, del examen comparativo, objetivo, lógico e inteligente no surge la intención clara y manifiesta del elector como la apreció la Junta. Nos explicamos.

ANEJO II — Ejemplos Ay B

Conforme el decreto de la Junta Revisora, bajo el Ejemplo A, “[s]i en el espacio en blanco sobre el cuadrante correspondiente al Partido Popular Democrático, el elector ubicó el nombre de ‘Francisco Santos’, ‘Santos’ o ‘Paco Santos’ y la palabra ‘Alcalde’, debe adjudicársele dicho voto al candidato Francisco Santos, aun cuando la marca del elector esté ubicada erróneamente”. Bajo el Ejemplo B, “[e]n aquellos casos en que el elector haya insertado el nombre de ‘Francisco Santos’, ‘Paco Santos’ o ‘Santos’ y la palabra ‘Alcalde’ dentro del cuadrante del Partido Popular Demo-crático, dicho voto debe ser adjudicado por la Comisión Estatal de Elecciones a favor del candidato Francisco Santos”.

Coincidimos con ese foro, pero somos del criterio que la plenitud de la doctrina estaría indebidamente limitada si no la extendiéramos a todas las instancias análogas, esto es, cuando la intención del elector haya sido así manifestada sobre y dentro de cuadrantes correspondientes a cualquiera de los partidos políticos. Debe modificarse en este extremo la Resolución de la Junta Revisor a. Recuérdese, que “[pjara los funcionarios y organismos electorales llamados por ley a adjudicar un voto, debe ser norma irreducible la de evaluarlo con el mayor respeto a la voluntad del elector y con el óptimo esfuerzo para salvar su intención si ésta encuentra apoyo en la inteligencia aplicada al examen de la papeleta, obviando inobservancias de índole formal que en ejercicio de entendimiento razonable no ocultan ni enredan en confusión la verdadera intención del votante”. (Énfasis nuestro.) P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 460 (1980).

ANEJO VII — Ejemplos B al H

Para comprender este análisis es menester una comparación. Adviértase que la Junta Revisora, según lo ilustran los Anejos I, II (Ejemplo (Q), III y IV, detectó una clara intención del elector en favor de Santos cuando su nombre se escribía en el encasillado número 6 — existente para el cargo de alcalde en la columna de cualquier partido político— siempre que se tachara el nombre del candidato en particular que aparecía preimpreso. Dos elementos respaldan la conclusión de esa intención: el haberse escrito el nombre de Santos y tachado el preim-preso.

Siguiendo esa metodología, la Junta también —según el Anejo VI— determinó que en “aquellos casos en que el elector marcó su papeleta en la columna de nominación directa, insertando el nombre de Santos, seguido de ‘Gobernador’ o ‘Representante’ u otro cargo que no sea el de Alcalde, se debe adjudicar el voto para el cargo así designado”. O sea, la Junta concluyó que el nombre de Santos, consignado dentro del encasillado que contiene preimpreso o en donde se escribió un cargo distinto al de alcalde en la columna de nominación directa, conlleva la adjudicación para el otro cargo así enunciado. (Goberna-dor, Representante o cualquier otro cargo.) Comulgamos con ese enfoque que balanceadamente recoge sin especu-lación alguna la intención del elector, pues ha mediado una acción afirmativa que precisamente excluye y curio-samente deja intocado el encasillado correspondiente y disponible para el cargo de alcalde.

Sin embargo, la Junta no sigue la lógica y fuerza de ese razonamiento respecto al Anejo VII, en que pretende con-validar como votos emitidos válidamente para Santos, como alcalde, la mera inclusión de su nombre sin ninguna otra ulterior expresión, y sin haberse tachado el cargo distinto que consta preimpreso en la papeleta, como se hace en otras instancias. Ello inevitablemente implica que el nom-bre de Santos ha sido expresamente escrito y consignado dentro de unos encasillados que corresponden a otros car-gos distintos que igualmente el elector optó por no alterar. El resultado práctico es que la intención del elector, en cuanto a votar por Santos para alcalde, no es clara ni manifiesta. Por el contrario, la situación es análoga y equivalente a los ejemplos expuestos en el Anejo VI, esto es, votos para Santos, Gobernador; Santos, Comisionado Residente; Santos, Senador o Representante por Distrito, o Santos, miembro de la Asamblea Municipal.

Es apreciable la diferencia notable que existe cuando la marca del elector, aunque en apariencia conflictiva, refleja una intención manifiesta. Sin embargo, hemos visto como ello no es así en los Anejos VI y VII, excepto el Ejemplo A. Admitir como votos válidos para el cargo de alcalde la expresión de “Santos” junto al cargo —sea preimpreso o escrito— de Gobernador, Comisionado Residente, Senador, Representante o Asambleísta tiende a ir contra la voluntad plasmada del elector. Debe también modificarse en esta instancia la Resolución recurrida.

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Finalmente, este recurso, al igual que la controversia suscitada en P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, supra, demuestra la imperiosa necesidad de que en el futuro la impresión de las papeletas electorales —en unión a una campaña amplia y efectiva de orientación previa— se haga científicamente, de modo tal que permita a cualquier elector consignar claramente su voto, reduciendo al mínimo el margen de discusión. Observamos que las papeletas utili-zadas en los recientes comicios no representan el mejor modelo que en diseño, a esos fines, se puede lograr. La técnica de evitar lugares y espacios en blanco innecesarios, al igual que ampliar los correspondientes a los encasilla-dos actualmente disponibles para todos los candidatos son, entre otras, medidas ejemplarizantes de aspectos funda-mentales que deben revisarse en abono del fortalecimiento de la democracia puertorriqueña.

Conforme lo expuesto, se dictará la correspondiente sen-tencia que modifique la Resolución de la Junta Revisora. Así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente a la que se unió el Juez Asociado Señor Rigau.

NOTA DEL COMPILADOR:

La fotocomposición utilizada en estos apéndices es una cortesía de Publi-caciones J.T.S., Inc.

ANEJO I

La Junta Revisora concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Nuevo Pro-gresista, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato por dicho partido polí-tico Gerardo Rodríguez Rivera y, en su lugar, escribió el nombre de “Francisco Santos”, “Santos”, “Paco Santos” o iniciales por las que claramente se identifica tal candidato (P. Santos o F. Santos) la Comisión Estatal de Elecciones debe adjudicar dicho voto a favor del Sr. Francisco Santos. (Énfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

ANEJO I

ANEJO II, Ejemplo A

La Junta Revisora concluyó:

Si en el espacio en blanco sobre el cuadrante correspon-diente al Partido Popular Democrático, el elector ubicó el nombre de “Francisco Santos”, “Santos” o “Paco Santos” y la palabra “Alcalde”, debe adjudicársele dicho voto al candi-dato Francisco Santos, aun cuando la marca del elector esté ubicada erróneamente.

ANEJO II, Ejemplo B

La Junta Revisora concluyó:

En aquellos casos en que el elector haya insertado el nom-bre de “Francisco Santos”, “Paco Santos” o “Santos” y la palabra “Alcalde” dentro del cuadrante del Partido Popular Democrático, dicho voto debe ser adjudicado por la Comisión Estatal de Elecciones a favor del candidato Francisco Santos.

ANEJO II, Ejemplo C

La Junta Revisora concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Popular Democrático, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato Benigno Capó López y, en su lugar, escribió el nombre de “Francisco Santos’, “Paco Santos”, o “Santos” o iniciales por las que cla-ramente se identifica al candidato (F. Santos o P. Santos) se debe adjudicar dicho voto a favor del Sr. Francisco Santos.

El Tribunal Supremo coincide con estas apreciaciones, pero modifica a la Junta a los fines de aplicar la norma a instancias análogas cuando la intención del elector haya sido así manifiesta sobre y dentro de los cuadrantes co-rrespondientes a cualesquiera partidos políticos.

ANEJO III

La Junta Revisor a concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Indepen-dentista Puertorriqueño, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato por dicho partido político Israel González Hernández y, en su lugar, escribió el nombre de “Francisco Santos”, “Paco Santos”, o “Santos” o iniciales por las que claramente se identifica al candidato (F. Santos o P. Santos) se debe contar dicho voto a favor del candidato Francisco Santos. (Énfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

ANEJO III

ANEJO IV

La Junta Revisora concluyó:

Si bajo la columna correspondiente al Partido Socialista Puertorriqueño, en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el elector tachó el nombre del candidato por dicho partido político Edwin Matos Hernández y, en su lugar, insertó el nombre de “Francisco Santos”, “Paco Santos”, o “Santos” o iniciales por las que claramente se identifica a tal candidato (F. Santos o P. Santos), se debe adjudicar dicho voto a favor del candidato Francisco Santos. (Énfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

ANEJO IV

ANEJO V

La Junta Revisor a concluyó:

Si el nombre del candidato Francisco Santos o ya sea cual-quiera de las denominaciones “Paco Santos”, “Santos” o las iniciales “P. Santos” o “F. Santos” aparece en la columna de nominación directa en el espacio provisto para el cargo de Alcalde, el voto deberá adjudicarse a favor de dicho candidato.

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

ANEJO V

ANEJO VI

La Junta Revisora concluyó:

En aquellos casos en que el elector marcó su papeleta en la columna de nominación directa, insertando el nombre de Santos, seguido de “Gobernador” o “Representante” u otro cargo que no sea el de Alcalde, se debe adjudicar el voto para el cargo así designado. (Énfasis nuestro.)

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

ANEJO VI

ANEJO VII, Ejemplos AalH

La Junta Revisor a concluyó:

Por otra parte, si en la columna de nominación directa, el elector ubicó incorrectamente el nombre de Francisco Santos o cualquiera de los otros nombres por los que hemos reiterado que se identifica a tal candidato, deberá interpretarse que la intención del elector fue votar por dicho candidato para el cargo de Alcalde, cargo para el cual éste hizo compaña y así deberá adjudicarse el voto.

Con excepción del Ejemplo “A”, el Tribunal Supremo revoca esta determinación ya que al no haber tachado el elector la palabra preimpresa que representa un cargo distinto al de alcalde, no puede admitirse que surja una intención clara y manifiesta del elector como un voto para Santos, alcalde.

ANEJO VII, EJEMPLOS A AL H

ANEJO VIII, Ejemplos A al D

La Junta Revisora concluyó:

Si el elector escribió el nombre del candidato Francisco Santos o cualquiera de los otros nombres por los que hemos especificado que se identifica a tal candidato, en cualquier espacio en blanco de la papeleta que no afecte a ningún otro candidato, dicho voto también debe adjudicarse a su favor.
DISPONIENDOSE, además, que en aquellos casos en que el elector tachó el nombre de un candidato a Alcalde, susti-tuyéndolo por el nombre de “Francisco Santos”, “Paco Santos” o “Santos” o ya escribiendo las iniciales por las que cla-ramente se identifica a dicho candidato (véase el Anejo I, Anejo II, Ejemplo C, Anejo III y Anejo IV), deberá restarse un voto al candidato a Alcalde por el partido político de que se trate si el elector votó a su vez a favor de dicho partido político.

Confirmada esta determinación por el Tribunal.

ANEJO VIII, EJEMPLOS A AL D

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de junio de 1981

Disiento de la opinión del Tribunal que acoge como legí-timo y digno de controversia lo que a todas luces es un recurso de hostigamiento, que de la propia faz de la soli-citud de revisión ante la Junta se muestra totalmente des-provisto de méritos o de cuestión justiciable.

Tenemos resuelto que los tribunales no aplicarán el Derecho a cuestiones académicas ni harán cumplir deberes intangibles. Siguiendo esta norma, que es substantiva y no procesal, y que por tanto no varía con el advenimiento de las Reglas de Procedimiento Civil, hemos dicho que los tribunales no se han constituido para resolver cuestiones académicas. Viñas v. Cuevas, Comisionado, 61 D.P.R. 295, 296 (1943); que una acción cuyo único objeto es resolver cuestiones abstractas, es puramente académica, y por lo tanto, improcedente. Navarro v. Calderón, 61 D.P.R. 339, 342 (1943); Echeandía v. Saldaña, 61 D.P.R. 799, 804 (1943); Cortés Hnos. & Co. v. Menéndez, 39 D.P.R. 852, 853 (1929), in fine; que una causa de acción debe hacer refe-rencia a una verdadera controversia. Las cortes no están constituidas con el fin de resolver cuestiones de derecho especulativas y abstractas, o para establecer reglas que sirvan de norma futura a las personas en sus negocios y relaciones sociales; sino que están limitadas en su acción judicial a las verdaderas controversias en que necesaria-mente están envueltos los derechos legales de las partes y que pueden ser resueltos concluyentemente. Bianchi v. Pierazzi et al., 25 D.P.R. 631, 636 (1917).

El ahora recurrido Francisco Santos, incumbente derro-tado en las primarias de su partido P.P.D. en su candida-tura a Alcalde del Municipio de Aibonito hizo campaña como candidato de nominación directa (write in). El escru-tinio practicado por la Comisión Estatal de Elecciones dio el siguiente resultado para Alcalde: Capó del P.P.D., 4,399 votos; Rodríguez Rivera del P.N.P., 4,015 votos; y el recu-rrido Santos, 2,270 votos. Este impugnó ante la Junta Re-visora Electoral el resultado certificado por la Comisión bajo la alegación de que dejaron de adjudicarle, por apli-cación de reglas de escrutinio de la Comisión, “por lo menos” 300 votos. La insuficiencia numérica de la solicitud de Francisco Santos para cambiar el resultado en su can-didatura a la alcaldía es de claridad que hiere la retina.

Desestimaría de plano esta impugnación de resultado de escrutinio porque sus propias alegaciones la caracterizan como ejercicio fútil, toda vez que aun adjudicando al can-didato recurrido Sr. Santos los votos que para sí reclama quedaría rezagado a enorme distancia de otros dos con-tendientes por la Alcaldía de Aibonito. Nadie tiene dere-cho a inquietar las determinaciones finales de los orga-nismos electorales con reclamaciones vacías de contenido, inconsecuentes o caprichosas. Abrir brecha para este tipo de impugnación es invitar el caos en futuras elecciones en que seguramente proliferarán estas acciones de hostiga-miento, desestabilizantes del proceso democrático.

La impugnación de la elección es un proceso democrá-tico de grave responsabilidad, encauzado en el Derecho público, de consecuencias profundas en la estabilidad del régimen y en la confianza del pueblo en el sistema para organizarlo. La acción impugnatoria, más que la acción civil ordinaria, debe estar reservada a quien tenga razón de pedir o base para solicitar remedio. El ataque al resul-tado electoral no es galería de tiro a la que cualquier con-cursante puede presentarse con su escopeta a romper pla-tillos de barro.

Los pleitos electorales deben tener una legitimidad que justifique la intervención del Tribunal para proteger la integridad del proceso. La petición en este caso está carente de toda razón para pedir remedio. No satisface el requisito esencial de exponer hechos que, de probarse, cambiarían el resultado de la elección. Art. 6.014, Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 3274; Esteves v. Srio. Cámara de Representantes, 110 D.P.R. 585 (1981).

       Tomamos conocimiento judicial de ese recurso.


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Rigau. Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Santos Santiago Sánchez, acusado y apelante.

      Número: CR-79-65

      Resuelto: 25 de junio de 1981

      Miguel A. Cochran Acosta, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Marta Quiñones, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Por hallarse el Tribunal igualmente dividido, se con-firma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín y Negrón García.

El Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión a la que se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Opinión emitida por el

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1981

El apelante Santiago Sánchez, conocido por Poty, para el 20 mayo, 1978 trabajaba en el negocio de bebidas y ali-mentos de su abuelo Antonio Hernández quien vivía en el Callejón Hormigueros #25 interior, de Ponce. El negocio estaba en la Calle 25 de Enero en el inmediato vecindario del Callejón a “dos minutos, caminando a pie” (E.N.P., pág. 5) de la casa donde se perpetraron un robo y asesi-nato. Don Bartolomé Díaz era huésped del matrimonio Carmelo López y Paula Castro en la casa de éstos en Ca-llejón Hormigueros #27, quienes después del almuerzo, como habitualmente lo hacían, habían salido a coger aire por los alrededores cuando a las 4:30 P.M. don Carmelo oyó a los vecinos gritando “mataron a don Carmelo”.

Corrió a su casa y encontró a su huésped don Bartolomé muerto, tendido en el piso en un charco de sangre, con una herida honda que penetró el rostro por la boca y se exten-día de oreja a oreja, y junto al cadáver un machete (pe-rrillo) de la casa y un cuchillo doblado. Encontró el ropero forzado y desaparecidos los $4,500 que allí guardaba.

La investigación se concentró en el vecino inmediato de don Carmelo, el cantinero Antonio Hernández y otro nieto suyo y hermano del apelante llamado Fernando Luis Santiago a quienes interrogaron en el cuartel de policía sin mayor consecuencia, cuando el agente Pedro J. León recibió una confidencia indicándole que quien había matado al viejito no era Fernando Luis, sino su hermano Santos alias Poty, el apelante. Llevado éste junto a su hermano y abuelo al cpartel, confesó el delito así:

[Luego de las advertencias] Que estaba en el negocio de la esquina dándose un trago y esperó a que don Carmelo López, el dueño de la casa donde ocurrieron los hechos, lle-gara al sitio donde acostumbraba ir todos los días a coger fresco y, al verlo llegar allí, se fue a la casa de don Carmelo con el propósito de llevarse un dinero que éste tenía guar-dado, y que cuando el difunto (don Bartolomé) notó la pre-sencia del acusado, le hizo frente y éste le dijo: “Esto es un asalto, quédate quieto, que yo lo que quiero son los chavos.” (E.N.P., pág. 3.) El acusado encontró un machete y con el mismo la emprendió a tajos contra don Bartolomé. Luego de darle un golpe y dejarlo inconsciente entró al cuarto y allí con un cuchillo forzó el candado de la cajita y se llevó el dinero hasta un solar cercano; se escondió en una casa grande del vecindario y al anochecer se fue para su casa. (E.N.P., pág. 2.)

Convicto el acusado por delito de asesinato en primer grado, en su alegato de apelación abandonó la defensa de coartada de la que dependió en el juicio, y señala como errores únicamente: Io haber el tribunal admitido el tes-timonio del policía Pedro J. León sin haber éste hecho al sospechoso todas las advertencias Miranda; y haberse admitido una confesión que no fue voluntaria, ni “rodeada de las garantías que exige la Ley para no incriminarse”.

Fuera de todo señalamiento y argumento en el alegato del apelante aparecen el aspecto de corroboración de la confesión y el de duda razonable que resultan originados en la opinión del otro lado.

El juez de instancia, señor Cintrón García, constituido en tribunal de Derecho por mediar renuncia al jurado, no creyó que el acusado solicitara hablar con abogado mientras se hallaba bajo custodia en el cuartel de policía, como tampoco le mereció crédito su reclamación de que la confesión le fue extraída por castigo o tortura. Su adjudicación de credibilidad es intocable en apelación, por estar bien fundada en la prueba que en lo relevante a esta cuestión fue la siguiente: al tiempo de la confesión el detenido no estaba incomunicado, ni aislado en confrontación exclusiva con policías; allí estaban su hermano y su abue-lo. De los dos el único que habló de un supuesto “maltrato” del acusado por los policías, sin más especificación, fue el hermano Fernando, que no substanció su cargo más allá de decir que “frente a su abuelo le empezaron a decir cosas al acusado como por ejemplo, que si no le daba ver-güenza tener un hermano como el testigo . . (E.N.P., pág. 6.) En su testimonio prejuiciado llega al punto de omitir toda mención de la confesión hecha por su hermano: “Escuchó cuando interrogaban a su hermano, diciéndole que él sabía de lo ocurrido y su hermano les contestaba que él no sabía nada.” (E.N.P., pág. 6.) La misma reticien-cia en cuanto a que hubiera una confesión, siquiera for-zada, aparece en el testimonio en juicio del acusado, que en abierta disparidad con los testimonios de su abuelo y de su hermano, declaró que “los agentes empezaron a gol-pearlo”. (E.N.P., pág. 9.) Esta misma persona, que se muestra tan enterado y presto a defender su derecho como ha de deducirse de su alegación de que pidió permiso en el cuartel para hablar con su abogado señor Héctor Martínez Colón y que quería hablar con el Juez señor Rodríguez Bou a quien le fue sometido el caso para determinación de causa (E.N.P., pág. 9) nada dijo a dicho magistrado del maltrato y opresión a que lo habían sometido, a pesar de que seguía acompañado de su hermano y con entera liber-tad de movimiento, sin restricción alguna para revelar al juez instructor lo que acababa de pasar. Al negar aun que su hermano fuera llevado ante el juez, el testigo hermano declaro que “los agentes se apearon y dejaron a su her-mano dentro del carro y no lo dejaron hablar con el Juez”. (E.N.P., pág. 6.) La considerable difusión y penetración en la conciencia popular de los derechos fundamentales en la sociedad puertorriqueña de esta década final del siglo XX excluyen absolutamente la posibilidad de que un hombre obligado a confesar a golpes un asesinato y robo del que dice no saber nada porque “se encontraba trabajando en'el negocio de su abuelo” (E.N.P., pág. 9), se mantenga quieto, acompañado de su hermano, frente a la casa del juez, sin tan siquiera moverse para reclamar su inocencia y formu-lar cargo a sus acusadores. No podía merecer crédito su impugnación de la confesión, frente al testimonio del agente Pedro J. León quien relató cómo al principio hubo de descartar al hermano del apelante como sospechoso; que al centralizar la investigación en el apelante le hizo las advertencias Miranda y que éste confesó limpia y voluntariamente sin que en momento alguno mostrara interés en comunicarse con un abogado, ni que se le prohi-biera usar el teléfono para tal propósito. El juez de dere-cho, preferido al jurado por el acusado, simplemente resolvió el conflicto de credibilidad que hemos esbozado, y no vemos cómo pudiera ningún juzgador imparcial sin ánimo prevenido llegar a otra conclusión que la del Tribunal Superior de Ponce.

Con hechos tan categóricos y tan correctmente adjudi-cados el recurso a jurisprudencia en torno a las adverten-cias Miranda es pura faena escolástica. El juez quedó satisfecho de la suficiencia de las advertencias hechas al detenido por el policía León, oídas las cuales manifestó el acusado que “no había problema y procedió a hacer su confesión voluntariamente”. (E.N.P., pág. 3.) Una buena parte adjetiva de Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), es obsoleta, y ha sufrido extensa poda aquel exceso de protección contra el cual tenía que luchar el acusado que voluntariamente quería descargar su conciencia.

Los que redactaron las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos, ciertamente tuvieron en mente prohibir que nadie fuese obligado a incriminarse mediante su propio testimonio, pero no se propusieron prohibir que un delin-cuente confesase libre y voluntariamente su crimen haciendo así las paces con su conciencia y con la sociedad. Esas dos constituciones tienen como uno de sus objetivos proteger la libertad de la conciencia de los seres humanos, no encade-narlas al mal. Dichas constituciones no exigen que una persona que ha llegado a ser delincuente está además obligada a ser mentiroso o perjuro toda su vida. Lo ético es decir la verdad aunque eso resulte amargo. La constitución no está reñida con la ética. Entendemos que el primer error seña-lado no se cometió. (Énfasis en el original.) Pueblo v. Rodríguez Martínez, 100 D.P.R. 805-812 (1972).

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos se halla en franca revaloración de Miranda v. Arizona, supra, apartándose de la virtualidad que pueda atribuirse a la lectura de una tarjeta con las advertencias numeradas y reivindicando la doctrina y su cumplimiento en una conju-gación con las condiciones del detenido y las circunstan-cias peculiares del caso. En su más reciente decisión de Rhode Island v. Innis, 446 U.S. 291 (1980), advertido el sospechoso bajo custodia de sus derechos Miranda, manifestó que deseaba hablar con un abogado y mientras era conducido en un vehículo “jaula” al cuartel de policía reaccionó a una conversación entre los policías y les pidió que regresaran al sitio del arresto donde les mostró escon-dida la escopeta con que había dado muerte a su víctima. Al sostener la admisión en evidencia del arma así obteni-da, concluye el Supremo federal que el interrogatorio o la “sutil compulsión” no viola la regla de Miranda v. Arizona, supra, si no va acompañado por una noción o entendi-miento por la Policía de que sus palabras o acciones “con razonable probabilidad extraerían una respuesta incrimi-natoria”. Innis exige un nuevo elemento para que se consi-dere violada la garantía contra autoincriminación en el interrogatorio bajo custodia: que el récord demuestre que el detenido era “particularmente susceptible a una ape-lación a su conciencia” y que los policías debían saber que esa condición resultaría en la respuesta incriminatoria. La norma de Miranda, ha sido suplantada por una abstrac-ción subjetiva que la remite al campo de la especulación, y así lo reconoce el Juez Presidente Burger al concurrir en el resultado, pág. 304: “[La decisión] introduce nuevos elementos de incertidumbre; bajo la comprobación (test) de la Corte, un oficial de Policía en el breve tiempo disponi-ble, aparentemente debe evaluar la sugestibilidad y sus-ceptibilidad del acusado. . . . Pocos, si algunos, miembros de la Policía son aptos para hacer el tipo de evaluación que se contempla; hasta un siquiatra de quien se pida un criterio pericial sobre estos aspectos de un sospechoso en custodia con toda probabilidad utilizaría interrogatorio y observación extensos para formar el juicio ahora enco-mendado a agentes de la Policía.” Hace tiempo que una confesión no admisible por falta total de advertencias puede utilizarse por el Estado para impugnar el testimo-nio en juicio del acusado (Harris v. New York, 401 U.S. 222 (1971)); ya se ha condicionado la definición de interro-gatorio bajo custodia (Rhode Island v. Innis, supra); y en la apreciación general de las circunstancias del caso el derecho a estar asistido de abogado puede tenerse por renunciado aun en ausencia de una renuncia explícita, oral o escrita. North Carolina v. Butler, 441 U.S. 369 (1979). En este último caso, de total aplicación al de autos, se dijo:

Una renuncia expresa, escrita u oral del derecho a per-manecer callado o a consultar abogado usualmente es prue-ba fuerte de la validez de esa renuncia, pero no es inevita-blemente necesaria o suficiente para probar la renuncia. La cuestión no es una de forma, sino más bien si el acusado de hecho, a sabiendas y voluntariamente, renunció a los dere-chos trazados en el caso de Miranda. Como se dijo inequívo-camente en Miranda, el mero silencio no es suficiente. No significa ello que el silencio del acusado, acompañado de una comprensión de sus derechos y un curso de conducta indica-tivo de renuncia, nunca pueda sostener la conclusión de que el acusado ha renunciado a sus derechos. Los tribunales han de presumir que el acusado no renunció a sus derechos; la carga del Fiscal es grande; pero al menos en algunos casos la renuncia puede inferirse claramente de los actos y expre-siones de la persona interrogada.
... No hay duda de que este acusado fue adecuada y efec-tivamente advertido de sus derechos. Lo único que se cues-tiona es si renunció al ejercicio de uno de esos derechos: el derecho a tener un abogado a su lado. Ni la corte del estado ni el apelado [acusado convicto] ha ofrecido razón por la que la contestación a esa pregunta deba ser negativa en ausencia de una renuncia expresa. [Énfasis del texto.] No es éste el primer caso criminal que cuestiona si el acusado renunció a sus derechos constitucionales. Este es asunto con el que han de ocuparse los tribunales reiteradamente. Aun cuando está envuelto un derecho tan fundamental como el de asistencia legal en el juicio, la cuestión de renuncia deberá determi-narse sobre “los hechos y circunstancias particulares que rodean el caso, incluyendo los antecedentes, experiencia y conducta del acusado.” [Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 464 y otras citas.]
No vemos razón para descartar ese estándar y sustituirlo con una regla inflexible per se en un caso como éste. Como se ha dicho al principio de esta opinión, surge que toda corte que ha considerado esta cuestión ha llegado a la misma con-clusión. Diez de las once Cortes de Apelaciones de los Esta-dos Unidos, y las cortes de por los menos 17 estados, han resuelto que una declaración explícita de renuncia no es invariablemente necesaria para sostener una determinación de que el acusado renunció a su derecho a guardar silencio o el derecho a consejo de abogado garantizados por la decisión en Miranda. Al crear una regla inflexible de que nunca será suficiente la renuncia implícita, la Corte Suprema de Carolina del Norte ha ido más allá de los requisitos del Derecho orgánico federal. (Págs. 373-376.)

El apelante demostró estar familiarizado plenamente con su derecho a abogado, y su conducta fue de renuncia y falta de interés en asistencia legal.

En breve per curiam en Tague v. Louisiana, 444 U.S. 469 (1980), gobierna hechos distintos a los del presente caso: en la vista sobre supresión de evidencia el agente que practicó el arresto declaró que leyó las advertencias Miranda al acusado de una tarjeta, que no recordaba los derechos allí informados, que no recordaba haber pregun-tado al detenido si había entendido el contenido de la lec-tura, y que no podía “contestar sí o no” en cuanto a haber comprobado de algún modo si el acusado sabía leer y escribir o si tenía otros medios de conocer sus derechos. El Supremo federal resolvió, citando de North Carolina v. Butler, ante, que en tales circunstancias no,;podía inferirse la renuncia de derechos. Contrario a Tagne, supra, y en armonía con Butler, supra, en el caso que nos ocupa el ofi-cial de Policía que arrestó al apelante cumplimentó las advertencias Miranda, según el récord que dice:

En el trayecto hacia el cuarteí no se habló nada pero, una vez en el cuartel, como ya Poty [el apelante] era sospechoso del asesinato cometido, el testigo procedió a hacerle todas las advertencias de ley, manifestando lo siguiente: “Santos, en estos momentos te voy a hacer unas advertencias a ti como sospechoso en el caso del asesinato de Don Bartolomé”. Ahí mismo, dijo el agente, procedió a explicarle al acusado que él tenía unos derechos constitucionales que eran: Dere-cho a permanecer callado, derecho a estar asistido de un abogado, que si hablaba algo en ese momento se podría luego usar en su contra, que podía estar representado tanto por un abogado como por el familiar más cercano y que el acusado le dijo entonces que no había problema y procedió a hacer su confesión voluntariamente. (E.N.P., pág. 3.)

Esta resulta ser una segunda referencia a las adverten-cias porque ya antes a la pág. 2. E.N.P. había declarado el testigo que “hizo al acusado todas las advertencias de los derechos que el acusado tenía y que luego de las adverten-cias, el acusado hizo una confesión . . .”. La Sala de Ponce, en posición excepcional para decidir entre el testimonio del agente León y la inverosímil y evasiva conducta del acusado, determinó que las advertencias hechas cumplían con las normas Miranda y el récord sostiene su conclusión. La decisión en este campo debe fundarse en una aprecia-ción integral de todos los factores, tanto subjetivos como objetivos, y dejar satisfecha la conciencia del juzgador de hechos de que el acusado no fue ni obligado por el temor o la fuerza, ni inducido por estratagemas reprobables a ser testigo contra sí mismo. Ese es el fundamento de respeta-bilidad del fallo de instancia en el presente caso.

Hay fuerte corroboración de la confesión en el resu-men de la prueba:

1) La vivienda del abuelo casi contigua al hogar de la víctima y el negocio en el inmediato vecindario le permi-tieron el apelante conocer los hábitos del dueño de la casa (en la confesión dijo que esperó a que don Carmelo saliera a coger fresco, como era su costumbre, coincidiendo en lo declarado por éste); le permitieron enterarse del dinero guardado. Declara el confeso que en la casa encontró un machete que hundió en el cráneo de su víctima; el machete fue ocupado y don Carmelo lo identificó como suyo; confesó que había utilizado un cuchillo para forzar la cajita donde estaba el dinero, y apareció un cuchillo doblado, además del perrillo, junto al cadáver. Todos estos elementos de evidencia sustancial independiente apuntalan la veracidad de las admisiones y satisfacen la regla de Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919, 922 (1968):

Lo que se requiere es que El Pueblo traiga evidencia sus-tancial independiente que tienda a establecer la veracidad de las admisiones.

Pérez Fernández confirmó a Pueblo v. Campos Suárez, 86 D.P.R. 310 (1962), donde la prueba de corroboración con-siderada suficiente fue la siguiente:

[E]l policía que investigó los hechos, único testigo de cargo, declaró que diez minutos antes del accidente él había visto al acusado en otro sitio del pueblo junto al mismo ve-hículo, luego lo vio en el sitio del accidente junto al vehículo y allí fue que le hizo la admisión [de que él lo manejaba]. Pueblo v. Pérez Fernández, pág. 923. (Énfasis nuestro.)

La prueba de corroboración en Campos Suárez produ-cida por el único testigo policía, resulta irrisoria compa-rada con la del presente caso, sostenida por elementos obje-tivos: machete, cuchillo doblado, ropero y cajita forzados con cuchillo, convivencia en el vecindario del occiso, hábi-tos de vida del dueño de la casa conocidos por el acusado, y confidencia. La disidencia le niega valor a la prueba obje-tiva más confiable y de superior calidad, añadiendo que solo aceptaría la corroboración si el agente y el acusado hubiesen coincidido en la descripción del sitio y posición de la víctima. Esta aseveración se derrota a sí misma.

Los detalles de prueba que un tanto rezagados (últimas dos páginas) menciona la disidencia: que el agente no prestó declaración jurada; que no llevaron al acusado a un fiscal a repetir la confesión; que el dinero no apareció en el sitio donde el acusado lo guardó (desde los tiempos de Silas Marner hay mirones que le llevan el dinero a quien lo esconde); que el bebedor de cerveza y la vecina de frente a la cantina sostuvieron la coartada; que se tomaron hue-llas digitales sin que se presentaran en evidencia (¿pudieron revelarlas? ¿por qué no las pidió el apelante?); que una señora le dijo al guardia León que vio salir de la casa una persona con afro y pantalla, no constituían evidencia indispensable, y son todos detalles que necesariamente consideró el juez sentenciador al adjudicar credibilidad y su decisión que descansa como hemos visto, en la más con-vincente prueba de culpabilidad que es la confesión corro-borada con elementos objetivos, es intocable. Poca fe hay en una opinión disidente asida a prueba que no mereció crédito al juzgador, para proponer la revocación sobre un señalamiento de duda razonable abandonado por el ape-lante.

La evolución que hemos señalado en la doctrina de Miranda v. Arizona, supra, es típica de la función mutatis mutandis de la jurisprudencia, en este caso la norteameri-cana, que en ocasiones restringe y en otras expande el concepto de debido proceso respondiendo a la realidad del momento y circunstancia al interpretar una Constitución que no es pieza de museo, sino organismo vivo que ha afirmado su permanencia precisamente por la flexibilidad y adaptación, en progresiva infusión de contemporaneidad provista por las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

En el presente caso, en que como hemos demostrado, un juez constituido en tribunal de derecho concluyó y adjudicó que estaban satisfechas las exigencias de las advertencias Miranda, ninguna razón existe para ir en pos de inquietudes académicas en operación que no ten-dría otro efecto que echar a la calle una persona que bajo las normas de raciocinio, de lógica, de máxima garantía de los derechos fundamentales del hombre, por su propia confesión corroborada ha admitido su “falta”. El Tribunal Supremo de Puerto Rico es uno de apelación que no debe anular el criterio del juez de instancia, en superior posición para adjudicar credibilidad, cuando el récord descubre una cabal observancia del debido proceso de ley. No estamos aquí para sentarnos como juez de primera instancia en un nuevo juicio del acusado. Nuestra jurisdic-ción y encomienda apelativa termina en el hallazgo de debido proceso de ley en instancia. ¿Hay algo en la con-sideración integral de este caso que mueva nuestra con-ciencia hacia la determinación de que se ha castigado a un inocente? No hay uno de nosotros por educación y princi-palmente por reverencia a la justo, que estuviese inclinado a confirmar una sentencia condenatoria dictada en circuns-tancias que “estremezca[n] el sentido básico de justicia”. Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140, 143 (1978). La volun-taria y limpia confesión del acusado, corroborada por ele-mentos objetivos de prueba en forma que desplaza cual-quier duda respecto a la comisión de este asesinato motivado por robo, predomina sobre cualquier sutileza que pueda promoverse contra el fallo de culpabilidad. No hay práctica que dañe más el concepto público de la justicia que el énfasis exagerado en detalles procesales secundarios resultante en la impunidad de quien ha confesado su crimen.

La sentencia, depurada en los estadios de nuestro ampuloso procedimiento criminal por el rigor crítico de cuatro distintos jueces, será confirmada.

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Opinión del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1981

Sobre este caso deseo expresar tres reflexiones.

La primera consiste en que la jurisprudencia estadou-nidense no está confeccionada como un traje hecho a la medida para Puerto Rico. Se trata de dos sociedades dis-tintas con dos historias y raíces distintas. En Puerto Rico, todavía, gran parte de la población vive con la idea de que la ley y la libertad ordenada son “el enemigo” y que la Gloria está representada por la sociedad que describe la literatura picaresca española del siglo XVII.

En segundo lugar, no creo que haya nada ni en la Cons-titución de Puerto Rico ni en la de los Estados Unidos que se oponga a que la moral y la ética sean compatibles con la ley y con el debido procedimiento. Es más, creo que esos documentos favorecen la realización de la moral y la ética en las sociedades para las cuales fueron escritos. En apoyo de lo antes dicho remito al lector a los preámbulos de ambas constituciones. Esos valores son compatibles con el Derecho y no son necesariamente incompatibles con el debido procedimiento de ley.

La tercera reflexión que quiero hacer sobre el particular es que cuando un hombre ha delinquido y luego desea confesar voluntariamente, ya él mismo ha dado un paso más grande hacia su propia rehabilitación y hacia el respeto a sí mismo que lo que pueden hacer todos los presi-dios y todas las cárceles de Puerto Rico. No veo por qué la jurisprudencia debe negarle a un hombre que se rehabi-lite, sobre todo cuando sabemos que las cárceles no reha-bilitan. A quien quiere la salvación moral debe dársele la oportunidad de que la logre. Estimo que no es un debido procedimiento, sino un mal procedimiento el que impide o dificulta dicha salvación. Precisamente en momentos de crisis moral y jurídica como los que vivimos es necesario volver a los valores fundamentales encarnados en la Cons-titución y en las mejores actitudes y tradiciones del cuerpo social.

Aunque no viene al caso, pero para no dejar un con-cepto incompleto y que se preste a dudas, reitero que mi posición es que aunque los presidios no rehabilitan a nadie, no importa los poemas que sobre el particular se escriban, el Derecho penal se justifica porque es un disua-sivo. Eso lo tienen probado hasta la saciedad la historia y la experiencia humana.

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Opinión del

Juez Asociado Señor Dávila

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de junio de 1981

Suscribí el disenso emitido en Pueblo v. Nieves Ramos, 101 D.P.R. 531, 539-541 (1973), que recoge conceptos apli-cables al presente caso:

Al confirmar esta sentencia estamos devolviendo las garantías constitucionales fundamentales del procedimiento criminal a un escritorio de fiscalía, consumando un retro-ceso en la dirección inquisitorial de] “star chamber”. ... El fiscal le habla de un derecho a declarar o a no declarar, y a tener abogado, en un léxico que difícilmente podía llevar al individuo el concepto de lo que estaba renunciando. Las advertencias héchasle no pasaron de ser una fórmula intras-cendente. .. .
El fiscal es una parte adversaria, claramente identificado con un lado; es un esforzado competidor en la valla donde se juega la libertad de un hombre. Esa realidad hizo que se le privara hace años de sus anteriores facultades para ordenar arrestos, fijar fianza, determinar causa probable, y ordenar archivo de casos. Si se le ha quitado poder para ordenar un arresto o graduar una fianza ¿se le va a permitir que tome a solas una confesión y haga del juicio una tragicomedia? ...
No es la simple oferta de abogado sino la presencia y la participación cabal y efectiva de éste en los pasos condu-centes a la confesión lo que haría ésta admisible sin dejar en nuestra conciencia la insatisfacción que se deriva de este caso. Habiendo tanto abogado dispuesto a auxiliar a un acusado en su confrontamiento con los expertos en la ley y el procedimiento criminal la dignidad de nuestro proceso criminal bien merece que erradiquemos definitivamente la farsa de confesiones “voluntarias y espontáneas” sin asisten-cia legal.
Peca de inconsistente el criterio de la mayoría, pues mien-tras nos esmeramos con extremado escrúpulo para cercio-rarnos de la renuncia espontánea e inteligente al juicio por jurado por parte de un acusado que ya ha tenido el beneficio del consejo y asesoramiento de un defensor de alta idonei-dad, y también revisamos con puntillosa exigencia las expresiones del juez en sus instrucciones y su intervención en el examen de testigos, guardamos la acción depuradora ante una confesión tomada sin asistencia legal aun cuando ésta tiene una consecuencia incomparablemente mayor en el resultado del juicio y en la garantía de libertad del indivi-duo para cuya preservación existe el debido proceso de ley. Volveremos al método fácil de encaminar la investigación hacia el logro de una confesión, que es el método inquisitorial más cómodo, y una vez lograda, el juicio será un auto sacramental.
La sentencia está fatalmente viciada y teñida por la con-fesión obtenida bajo las circunstancias que se indican por lo que ha debido revocarse y concederse un nuevo juicio.

Hoy los ratifico con mayor vehemencia. Mientras nuestra juventud se ha inmolado en guerras para defender las li-bertades que disfrutamos, los que tenemos la responsabi-lidad de hacerlas valer las sacrificamos en aras de sos-tener una sentencia que lo único que establece más allá de toda duda razonable es la ineficiencia de la investigación que se llevó a cabo para sostener la acusación. Como si la encarcelación de unos cuantos a espaldas del debido proceso de ley fuera a resolver el problema de la delin-cuencia. No puedo estar de acuerdo.

Veamos lo ocurrido en el presente caso en relación con las advertencias que se hicieron al apelante, según surge de la transcripción de evidencia, págs. 1-2:

Agente Pedro Juan León Declara
En la oficina después que le cojo los datos personales de él, yo le digo; Santos, en estos momentos yo te voy hacer a tí unas advertencias como sospechoso en un caso de asesinato de Don Bartolo y te explico que tú tienes unos derechos ‘constitucionales’, que son derecho a permanecer callado, derecho de estar asistido de un abogado, que si habla algo en estos momentos se puede usar en su contra, que puede estar representado, tanto de su abogado, como de familiares más cercanos.”
“Y él me contestó . . . dice no hay problemas está bien. Yo le digo si en estos momentos tú quieres explicarme a mí alguna situación que tú hayas pasado y empiezo a explicarle que en algún momento específico a uno le puede suceder algo, o alguna situación donde uno no quiere llegar, pero que por algunos motivos uno ha llegado, pero, que llega el momento en que uno se arrepiente y que cree que hablando con otra persona pueda desahogarse ..., sentirse mejor.”

Es obvio que estas advertencias no cumplen con los requisitos que se han establecido en nuestros dictámenes y en los del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Véase Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); Orozco v. Texas, 394 U.S. 324 (1969); Mathis v. United States, 391 U.S. 1 (1968); Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 199 (1969). Señalamos en Pueblo v. Guadalupe Rosa, 94 D.P.R. 190, 195 (1967), lo siguiente:

Ahora bien, no es suficiente advertencia para proteger el derecho del acusado a no incriminarse que se le informa de su derecho a consultar con abogado antes de declarar y a tener asistencia de abogado durante el interrogatorio. Es necesario además que se le informe de su derecho a ser pro-visto de asistencia de abogado en caso de que no esté en con-dición de contratar o procurarse los servicios de uno.

Y en Miranda v. Arizona, supra, se expresó a las págs. 471-472:

Por consiguiente, sostenemos que es preciso que a la persona detenida para interrogatorio se le informe con claridad que tiene el derecho de consultar con un abogado y contar con su presencia durante el interrogatorio, bajo el sistema para proteger el privilegio que esbozamos hoy. Al igual que las advertencias respecto al derecho de permanecer callado y de que lo que diga puede usarse en su contra, esta adver-tencia es prerrequisito absoluto para el interrogatorio. Nin-guna prueba circunstancial de que la persona pudo haber estado enterada de este derecho, bastará para sustituirlo.

Recientemente en Tague v. Louisiana, 444 U.S. 469, 470-471 (1980), se ratificó con votación de 8 a 1 a Miranda y al hacerlo se reafirmó lo expresado a la pág. 475:

Si el interrogatorio continúa sin la presencia de un abo-gado y se toma una declaración, sobre el gobierno recae la gran responsabilidad de demostrar que el acusado, cons-ciente e inteligentemente, renunció a su derecho de no incriminarse y a su derecho de contratar o asignársele un abogado. Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478, 490, n. 14. Este Tribunal ha fijado siempre elevados estándares de prueba para el que renuncia a los derechos constitucionales, Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938), y reafirmamos estos estándares según se aplican al interrogatorio bajo custodia. Dado que el Estado es responsable de establecer las circuns-tancias aisladas bajo las cuales se lleva a cabo el interroga-torio y posee los únicos medios de hacer accesible la prueba corroborada sobre las advertencias hechas durante el inte-rrogatorio en incomunicado, el peso recae directamente sobre sus hombros.

Luego de citar a Miranda, expresa:

Justo durante el último término, al sostener que una renuncia a los derechos Miranda no tenía que ser explícita, sino que podía inferirse de las acciones y las palabras de un interrogado, reiteramos firmemente que
“[L]os tribunales tienen que suponer que el acusado no renunció a sus derechos; el peso de la prueba que recae sobre el fiscal es grande . .
En este caso no se presentó ninguna evidencia para probar que el recurrente, consciente e inteligentemente, renunció a sus derechos antes de hacer la declaración incriminatoria. La declaración, por tanto, era inadmisible. Pag. 471.

El 18 de mayo del corriente la Corte Suprema federal ratificó a Miranda en Edwards v. Arizona, 451 U.S. 477, 482 (1981), al reafirmar que “[e]s razonablemente evi-dente, según nuestra jurisprudencia, que la renuncia a la asistencia legal no sólo tiene que ser voluntaria, sino que tiene que ser una renuncia o abandono consciente e inteli-gente de un derecho o privilegio reconocido, asunto que depende en cada caso ‘de los hechos y circunstancias par-ticulares que rodean ese caso, incluso el trasfondo, la experiencia y conducta del acusado”’. (Citas omitidas.)

En el presente caso, aparte de que no se le advirtió al acusado de su derecho a estar asistido de abogado propor-cionado por el Estado, tampoco surge que la renuncia fuera inteligentemente hecha con conocimiento de las con-secuencias que tenía el confesar. Lo que sí surge de lo transcrito es que el agente le indujo a confesar diciéndole que “llega el momento en que uno se arrepiente y que cree que hablando con otra persona pueda desahogarse . . . , sentirse mejor”. T.E., pág. 2.

La confesión obtenida sin cumplir con lo establecido por la jurisprudencia antes citada es inadmisible en evidencia.

II

Aparte de lo anterior, aun si se hubieran hecho las advertencias, y la confesión fuese admisible, la convicción del acusado tiene que descansar en algo más firme que una mera admisión o confesión no corroborada. Es un principio bien establecido que las admisiones de un acu-sado sobre hechos que lo incriminen, si no son corrobora-dos por otra evidencia, no son suficientes para sostener una convicción. Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919, 923 (1968); Pueblo v. Campos Suárez, 86 D.P.R. 310, 313 (1962) opinión concurrente; Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963); Opper v. United States, 348 U.S. 84 (1954); L. B. Orfield, Confessions of Federal Criminal Defendants, 16 U. Fla. L. Rev. 219, 241 (1963); Comment, Corroboration of Extrajudicial Statements, 7 Stan. L. Rev. 378 (1955); 7 Wigmore, Evidence § 2071 et seq. (Chadbourn rev. 1978).

En Pérez Fernández, supra, págs. 921-922, expresamos:

En los tribunales federales la regla establecida es que la convicción de un acusado tiene que descansar en algo más firme que una mera admisión o confesión no corroborada. Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471, 9 L.Ed.2d 441, 456 (1963). Desde el caso de Opper v. United States, 348 U.S. 84, 99 L.Ed. 101 (1953) se extendieron a las admisiones las mismas garantías que a las confesiones a base de que aqué-llas participan de las mismas características que éstas. Ahora bien, la evidencia corroborativa no tiene que ser de tal grado que, independientemente de las admisiones, esta-blezca el corpus delicti. Lo que se requiere es que El Pueblo traiga evidencia sustancial independiente que tienda a esta-blecer la veracidad de las admisiones. Es suficiente que la prueba de corroboración sostenga los hechos esenciales admitidos y que justifique hacer una inferencia sobre su veracidad. Opper v. United States, supra.
En la mayoría de las jurisdicciones estatales se ha seguido esta regla y es un principio bien establecido que las admisio-nes de un acusado sobre hechos que lo incriminen si no son corroboradas por otra evidencia, no son suficientes para sos-tener una convicción. Pero los tribunales están de acuerdo en que no es necesario que la evidencia corroborativa por sí sola e independientemente de la admisión establezca el corpus delicti-, ni la culpabilidad del acusado fuera de duda razonable; ni tiene que tener un carácter concluyente. Evi-dencia circunstancial puede ser suficiente corroboración y cuando hay alguna evidencia aliunde tendiente a establecer el corpus delicti, la admisión puede ser considerada en relación con esa evidencia para establecer el corpus delicti —Corroboration of Extrajudicial Confession or Admission, 45 A.L.R.2d 1316 y casos allí citados.

La razón de la norma la expresa el Tribunal de los Estados Unidos en Smith v. United States, 348 U.S. 147 (1954), al expresar:

La norma general de que no es posible condenar a un acu-sado a base de su propia confesión no corroborada, ha sido reconocida antes por este Tribunal, Warszower v. United States, 312 U.S. 342; Isaacs v. United States, 159 U.S. 487; cf. Miles v. United States, 103 U.S. 304, 311-312 y se ha apli-cado consistentemente en los tribunales federales inferiores y en la inmensa mayoría de los tribunales estatales, 127 A.L.R. 1130; 7 Wigmore, Evidence, §§ 2070-2072. Su propó-sito es evitar “errores en condenas basadas únicamente en confesiones falsas”, Warszower v. United States, supra, pág. 347; sus cimientos descansan sobre una larga historia de experiencia judicial en confesiones y sobre el hecho de que comprendemos que hacer cumplir la ley con firmeza requiere de investigaciones policíacas que se extiendan más allá de las palabras del acusado. Puede que las confesiones no sean con-fiables, porque sean forzadas o inducidas y, aunque doctri-nas separadas excluyen de la consideración del jurado con-fesiones involuntarias, Bram v. United States, [168 U.S. 532 (1897)]; Wilson v. United States, [162 U.S. 613 (1896)], se justifica mayor cautela, debido a que es posible que el acu-sado no pueda demostrar la naturaleza involuntaria de sus declaraciones. Por otra parte, aunque una declaración no sea “involuntaria” dentro del significado de esta norma exclusionaria, su confiabilidad podría resultar dudosa sí se obtiene de alguien que está bajo la presión de una investi-gación policíaca, cuyas palabras pueden ser un reflejo de la tensión y la confusión presentes en la difícil situación por la que atraviesa y no un claro reflejo de su pasado. Por último, la experiencia de los tribunales, la policía y la profesión médica refiere un sinnúmero de confesiones falsas hechas voluntariamente, Note, 28 Ind. L. J. 374. Estas consideracio-nes justifican que se restrinja el poder del jurado para con-denar, porque el jurado promedio no comparte esta expe-riencia en confesiones. Págs. 152-153.

En sus inicios la norma era un tanto restringida. Una vez establecido el corpus delicti, la confesión del acusado era suficiente para establecer su culpabilidad más allá de duda razonable. “En sus inicios, la norma de corrobo-ración desempeñó una función extremadamente limitada. A fin de condenar por crímenes graves de violencia, en-tonces delitos capitales, se requería prueba independiente de que alguien en efecto había infligido la violencia, el llamado corpus delicti. Sin embargo cuando se determi-naba la existencia del crimen la culpabilidad del acusado se podía basar en su propia confesión no corroborada.” Smith, supra, págs. 153-154.

Pero la aplicación así restringida de la norma va contra el propósito mismo que la inspiró. De hecho, ha sido criticada. Ver United States v. Opdahl, 610 F.2d 490, 494 (8th Cir. 1979), opinión concurrente; Developments in the Law— Confessions, 79 Harv. L. Rev. 935, 1082-1083 (1966); Note, Proof of the Corpus Delicti Aliunde the Defendant’s Confession, 103 U. Pa. L. Rev. 638, 676-77 (1955). No se puede confiar en las meras palabras de una persona que admite unos hechos, si no existen indicios por más tenues que sean, que la conecten con el hecho delictivo, pues la admisión puede deberse a factores emocionales o bien a coacciones físicas o sicológicas. La evidencia corroborativa no tiene que ser de tal grado que, independientemente de las admisiones establezca el corpus delicti. Es suficiente que la prueba de corroboración sostenga los hechos esen-ciales admitidos y que justifique hacer una inferencia sobre su veracidad. La corroboración puede establecerse mediante prueba directa o circunstancial. Como se con-signó en Pueblo v. Campos Suárez, supra, a la pág. 317:

Ahora, ¿qué evidencia se requiere para corroborar un hecho admitido por un acusado? El caso de Opper establece como requisito el que la prueba de corroboración tienda a establecer la confiabilidad o veracidad del hecho admitido. O sea, que el juzgador tenga ante sí prueba que le induzca a creer que es verdad la admisión; que no dependa exclusiva-mente del testimonio del acusado; que haya otra prueba que le justifique determinar que lo que el acusado admitió es cierto. Esa es suficiente garantía. Martínez v. United States, 295 F.2d 426 (10th Cir. 1961); Ramírez v. United States, 294 F.2d 277 (9th Cir. 1961); Bryson v. United States, 238 F.2d 657 (9th Cir. 1956); Gulotta v. United States, 113 F.2d 683 (8th Cir. 1940); State v. Saltzman, 44 N.W.2d 24 (Iowa 1950); Wigmore, op. cit., § 2071; Comentarios: Corroboration of Extrajudicial Statements, 7 Stan. L. Rev. 378 (1955); Corroboration of Admissions, 22 U. Chi. L. Rev. 902 (1954); 41 A.B.A.J. 161 (1955); cf. Pueblo v. Colón, 81 D.P.R. 814 (1960).

Es pertinente citar lo expresado por la Corte de Apela-ciones para el Circuito del Distrito de Columbia en Naples v. United States, 344 F.2d 508, 513-514 (1964):

Para evitar los riesgos de una condena basada en confesio-nes falsas inducidas por alguna compulsión interna, es posi-ble que baste una corroboración mínima de las confesiones. Pero no siempre bastará para preservar la integridad de nuestro sistema de justicia criminal .'. . Por lo tanto, se debe exigir suficiente prueba extrínseca para resguardar la inte-gridad del derecho contra la auto-incriminación, la presun-ción de que todo acusado es inocente hasta tanto se demues-tre su culpabilidad más allá de duda razonable y la naturaleza acusatoria de nuestro sistema.

Ver además: Matter of R.A.B., 399 A.2d 81 (1979); Note, Voluntary False Confessions: A Neglected Area in Criminal Administration, 28 Ind. L.J. 374 (1953), donde se hace un excelente estudio sobre las confesiones espurias.

En el caso de autos no se presentó un ápice de prueba que tienda a establecer la veracidad de la confesión. Un examen de la prueba presentada revela que no hay indicio alguno que corrobore la confesión prestada por el acusado. La prueba, según surge de la exposición narrativa de la prueba es flaca y descarnada. Si el agente que investigó el caso hubiese prestado testimonio en que describiera el sitio de la casa donde apareció la víctima, la posición en que se encontraba, así como otros detalles, y el apelante en su confesión los hubiera descrito en la misma o parecida forma, ello hubiese sido suficiente para corroborar la con-fesión. Pero nada de esto surge de la prueba. Por el con-trario, resulta extraño que luego de que supuestamente el apelante confesara, el agente no prestara declaración jurada de los hechos del caso ante ningún fiscal y que no se llevara al acusado para que ante un fiscal prestase una declaración jurada sobre la alegada confesión. Vide, E.N.P., págs. 3-4. Más aún, el agente declaró que el acusado lo acompañó al sitio donde dijo que había guardado el dinero y que luego de buscarlo no lo encontraron., Vide, E.N.P., pág. 2. Nótese, además, que dos testigos que no tienen vínculos familiares con el apelante declararon que al momento de los hechos vieron al apelante trabajando en el negocio de su abuelo. Vide, E.N.P., pág. 8. Adviértase que se tomaron huellas digitales de todo el cuarto y se ocupó un machete y un cuchillo. Vide, E.N.P., pág. 5. Sin embargo, no se presentó en evidencia ninguna huella. El Hon. J. Ayala Cádiz declaró que en la vista preliminar en alzada el agente León había dicho que cuando entrevistó a los vecinos donde ocurrieron los hechos una señora le había informado que al que vio salir corriendo de la casa del muerto fue a una persona trigueña con afro y con una pantalla en la oreja. A la luz de estos hechos incontrover-tidos de la prueba presentada no hay prueba corroborativa de la confesión y existe duda razonable sobre la responsa-bilidad del acusado. Aparte de que, como hemos visto antes, la confesión es inadmisible.

Revocaría la sentencia.

       Su posición se reduce a que si bien fue advertido de su derecho a consul-tar abogado, no se le dijo que si no podía contratarlo, el Estado le proveería uno. Como se verá, el apelante no mostró interés alguno en abogado, y así lo adjudicó el juez al dirimir credibilidad.

      El abuelo, un bodeguero de 69 años, limitó su imputación de maltrato a una advertencia de la Policía dirigida a él y a sus dos nietos (uno de ellos el ape-lante) de que si el acusado no decía lo sucedido los iban a meter presos a todos. (E.N.P., pág. 7.) No mencionó golpes ni torturas.

      El texto de Innis, supra, se refiere a dichas advertencias como “so called Miranda rights”.

      La voluntariedad y corroboración de la confesión, única prueba del Estado, tuvieron la aprobación de cuatro jueces: el juez instructor, que encontró causa, el que presidió la vista preliminar, el que presidió en alzada, y finalmente el juez a quien el acusado se sometió como tribunal de derecho.

       Hay indicios en la prueba de aue el apelante fue objeto de coacción física. Ante las actuaciones del agente, el abuelo del apelante sufrió un colapso.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Julia Rivera de Vincenty, en su carácter de Administradora del Fondo del Seguro del Estado, (ex rel. Dolores Ramos Marrero), demandante y recurrida, v. María Socorro Lacot, Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: O-81-82

      Resuelto: 25 de junio de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de los peticionarios; Manuel G. Pérez, Antonio Acevedo Torres y Jorge Márquez Gómez, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinió del Tribunal.

Dolores Ramos Marrero, en funciones de su empleo como conferenciante de la Policía de Puerto Rico en una escuela del Departamento de Instrucción Pública tuvo un accidente en una de las escaleras del plantel. Como resul-tado de la caída sufrió daños y recibió tratamiento médico y beneficios económicos del Fondo del Seguro del Estado. El Fondo se subrogó y conjuntamente con Ramos demandó al Estado Libre Asociado por ser el Departamento de Instrucción Pública una de sus agencias, alegando negli-gencia en las condiciones y conservación de las escaleras. El Estado solicitó la desestimación bajo la tesis de que no procedía una acción subrogatoria del Fondo en su contra por no ser un tercero en relación a los daños sufridos por el empleado lesionado. Alegó que la Policía e Instruc-ción Pública son instrumentalidades adscritas a la Rama Ejecutiva del Gobierno, y, como tales, no tienen capacidad jurídica para demandar y/o ser demandadas. Su represen-tación la ostenta el Estado y sus presupuestos funcionales provienen de las asignaciones contenidas en el Presupuesto Anual de Gobierno.

De otro lado, los demandantes en oposición adujeron que de la enumeración de entidades gubernamentales establecida por el Art. 2 de la Ley de Compensaciones a Obreros puede de manera palmaria colegirse la intención del legislador a los efectos de reconocer como patrono individual e independiente a todas y cada una de las agen-cias del E.L.A. Este artículo en sus párrafos pertinentes dispone:

Est[a] [ley] será aplicable a todo patrono que emplee uno o más obreros o empleados comprendidos en el mismo cual-quiera que sea su salario. El Gobierno del Estado Libre Aso-ciado, y los diversos gobiernos municipales, juntas, comisio-nes, autoridades, instrumentalidades, corporaciones públicas y agencias del Estado Libre Asociado, se considerarán como patronos y como tales serán comprendidos dentro de las dis-posiciones de est[a ley] en cuanto a los obreros, empleados y funcionarios que utilicen.
Los diversos departamentos del gobierno, juntas, negocia-dos o comisiones, y los gobiernos municipales, incluirán en sus presupuestos anuales, y en sus presupuestos especiales, el montante total de primas requeridas por el Administrador del Fondo del Estado para el seguro de sus empleados. (Énfasis nuestro.)

La posición del Fondo encontró eco ante el tribunal de instancia, el cual se negó a desestimar. Mediante orden de mostrar causa examinamos la cuestión.

I

La solución requiere que repasemos el concepto de tercero y su fundamento bajo el esquema vigente en la Ley de Compensaciones. A tal efecto, en López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254, 258 (1974), apuntamos que el tercero es “. . . toda persona aparte del empleado lesionado y su patrono asegurado”. Sobre su base allí indicamos que la razón de ser del tercero y la inmunidad conferida a un asegurado radica en que:

[L]a ley establece un sistema de compensaciones por acci-dentes del trabajo mediante el cual el obrero recibe compen-sación independientemente de quién sea responsable del accidente. Se ha considerado que es razonable y justo que en reciprocidad se le otorgue inmunidad al patrono, sobre quien recae el peso económico del sistema, mediante el pago de cuo-tas anuales. Pero ciertamente no hay justificación en extender la inmunidad que confiere la ley a [personas] que no contribuyen personalmente para sufragar los gastos del Fondo cuando éstos han incurrido en negligencia y han cau-sado daños a otros empleados. Kimbro v. Holladay, 154 So. 368 (1934); Merchants Mut. Cas. Co. v. Tuttle, 101 A.2d 262 (1953); Churchill v. Stephens, 102 A. 657 (1917). (Énfasis nuestro.) Págs. 258-259.

Subsiguientemente, en Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861, 866-867 (1977), precisamos que es aquella “. . . persona extraña, ajena y separada de la interacción jurí-dica que relaciona al patrono estatutario” y a un contra-tista con el Fondo “en la obligación legal común de ase-gurar sus obreros y empleados”. Dijimos que “[b]ajo ninguna premisa puede considerarse tercero o extraño causante de daño al patrono a quien la Ley expresamente dispensa de la obligación de asegurar y quien es parte regulada por el esquema de seguro exclusivo compulsorio”.

De los pronunciamientos antes transcritos se desprende que el concepto de tercero está inexorablemente atado a: (1) la existencia o no de la obligación de asegurar; y (2) si efectivamente está la persona cubierta por el Fondo, con referencia al obrero reclamante. Se enfatiza, pues, que la inmunidad del patrono responde básicamente al hecho de que es él quien asume la responsabilidad real o potencial de indemnizar a su empleado mediante el pago de las primas. En el caso de autos es el Estado Libre Asociado que del tesoro estatal asigna un presupuesto a sus agencias del cual se estarán pagando las primas aludidas, por lo tanto, es el Estado el patrono sobre el cual recae la responsabilidad del pago de las primas.

La solución dada a situaciones análogas a la de autos en distintas jurisdicciones norteamericanas ha sido reconocer que aunque una persona sea un empleado de una agencia gubernamental, no deja de serlo del Estado.

Se cuestiona la responsabilidad de un estado y sus subdi-visiones cuando hay más de una agencia envuelta en el empleo de un individuo. Aunque un empleado sea nominal-mente empleado de un estado, junta o comisión, el estado será considerado como su patrono real. De modo que un individuo empleado por una comisión estatal de carreteras se ha tenido como un empleado estatal y no de la comisión de carreteras, debido a que la comisión no fue considerada una subdivisión política del estado. 2 Schneider, Workmen’s Compensation Law, Sec. 388, pág. 327 (perm. ed. 1942).

En 2A Larson, Workmen’s Compensation Law, Sec. 72.80, pág. 14-116 (1976), encontramos una situación parecida a la que nos ocupa y se dijo: “Igualmente, a nivel estatal, un empleado del Departamento de Carreteras, quien fuera golpeado y lastimado por un automóvil manejado por un patrullero estatal del Departamento de Seguridad Pública no puede llevar una acción de ley en contra del Departa-mento de Seguridad Pública, ya que ambos son empleados del Estado”.

HH > — I

Advertimos que el cuadro táctico que atendemos en el caso de autos presenta lo que los tribunales de los Estados Unidos han denominado doctrina de la doble capacidad (the dual capacity doctrine). Larson la describe como aquella bajo la cual “un patrono normalmente inmune a una reclamación por daños y perjuicios en virtud del principio de remedio exclusivo puede ser responsable hacia su empleado si ostenta, además de su capacidad como patrono, una segunda capacidad dimanante de una obligación independiente a la impuesta como patrono”. Op. cit, Sec. 72.80, pág. 14-112.

La doctrina de la doble capacidad pretende corregir la anormalidad de que los patronos se escuden bajo el manto de la inmunidad que les ofrece la ley, aun cuando el daño causado al empleado no surge de la relación empleado-patrono y sí de una acción torticera del patrono cuando éste actúa en otra capacidad. La doctrina está en evo-lución. No ha sido acogida por razón de que propende a limitar la inmunidad patronal y ello tiende a abrir una brecha en el sistema de protección laboral. La mayoría de las jurisdicciones americanas la rechazan. “Una cosa está clara. No se determinará la existencia de capacidad dual simplemente porque el patrono posea un número de depar-tamentos o divisiones cuyo funcionamiento y operaciones estén tal vez separados completamente. El asunto frecuen-temente surge respecto a los gobiernos. ... Se hán hecho reiterados intentos de subdividir una municipalidad [o a nivel de gobierno estatal], e invocar una causa de acción a favor de un empleado de un . . . departamento contra otro departamento como si fuera un extraño. Consistentemente estos intentos han fracasado.” Larson, op. cit., págs. 14-115, 14-116; Schneider, op. cit., pág. 327. Véase, además, Walker v. City and County of San Francisco, 219 P.2d 487 (1950); Bross v. City of Detroit, 274 N.W. 714 (1933); De Giuseppe v. City of New York, 79 N.Y.S.2d 163 (1948); Thompson v. Lewis Cty., 595 P.2d 541 (1979).

En resumen, no creemos que el lenguaje utilizado por la Ley de .Compensaciones, a los fines de determinar los empleados que están cubiertos, en el sentido de que las agencias e instrumentalidades del Estado “se consideran patronos individuales e independientes”, constituye suficiente fuente estatutaria para destruir el manto de inmunidad patronal del Estado. La fuente de dinero para el pago de la prima es una sola: el tesoro público. Tanto constitucional como estatutariamente, el Departamento de Instrucción Pública y la Policía —aunque distintos para fines administrativos en el descargo de sus responsabilidades— sus empleados y funcionarios tienen un mismo patrono: el Estado Libre Asociado. No podemos concluir que es un extraño ajeno a ambos. El deber primordial del Estado es proveer servicios esenciales a la ciudadanía. En las agencias mencionadas, seguridad y educación. Estas gestiones, si bien se implementan separadamente, en subs-tancia y en última instancia representan el ejercicio de una obligación común y una sola capacidad, la guberna-mental.

Cometió error el tribunal de instancia al negarse a desestimar la acción. Se dictará la correspondiente sen-tencia.

       Ramos Marrero reclama daños ascendentes a $75,000 por alegadas contu-siones múltiples, limitación de los movimientos, neurosis depresiva severa Clase III, por la cual se le reconoció incapacidad total y permanente. El Administra-dor del Fondo reclama gastos incurridos ascendentes a $27,739.52.

       Efectivamente es el Estado Libre Asociado quien a través del Secretario de Hacienda desembolsa el pago de las primas. El Departamento de Instrucción Pública al igual que la Policía de Puerto Rico son dos agencias adscritas a la Rama Ejectuva del Gobierno. Ninguna tiene capacidad jurídica para demandar y ser demandada, por lo que, para recobrar daños causados por éstas, hay que demandar al E.L.A. Por otro lado, ambos departamentos obtienen sus fondos del Tesorero Estatal del Gobierno (véase 23 L.P.R.A. secs. 101 a 109; 18 L.P.R.A. sec. 308K), y sú presupuesto es una asignación del Presupuesto Anual de Gobierno.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Víctor Ortiz González, acusado y apelante.

      Número: CR-80-21

      Resuelto: 26 de junio de 1981

      José Rafael Gelpí y Sergio A. Peña Clos, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante ultimó a José Luis Molina de dos tiros. Fue acusado de asesinato en primer grado y de infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Fue hallado culpable de asesinato en segundo grado y de infracción de los ci-tados artículos de la Ley de Armas.

El apelante apunta cinco errores. Todos relacionados con las instrucciones impartidas al jurado. En su primer apuntamiento el apelante plantea que “[e]l tribunal erró al instruir que homicidio era dar muerte ilegal a un ser humano sin que medie malicia, lo que no es correcto desde la vigencia del Código Penal de 1974, bastando con que la muerte haya ocurrido en ocasión de una súbita pendencia o de un arrebato de cólera”. Alega el apelante que como de la tipificación de los delitos de asesinato y homicidio se eliminó en el Código Penal de 1974 el adjetivo “ilegal”, la instrucción es errónea por cuanto utilizó el término “muerte ilegal” en las ocasiones en que el tribunal definió los delitos de asesinato y homicidio. En consecuencia, afirma el apelante, el jurado pudo confundirse.

El apelante sostiene que la instrucción presume que todo homicidio es ilegal, a pesar de que, a partir de 1974, homicidio no es dar muerte ilegal a un ser humano, sino darle muerte con motivo de un arrebato de cólera o súbita pendencia. La distinción es errónea.

Antes que nada, debemos señalar que el apelante no objetó ninguna de las instrucciones, razón por la cual no puede objetarlas por primera vez en apelación. Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 369 (1980). Además, las instrucciones fueron leídas textualmente de las páginas del Manual de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico. A dichas instrucciones las cobija una presunción de corrección (Resolución de 7 de mayo de 1976, 104 D.P.R. 1067), que no puede ser impugnada en ausencia de una demostración real de que, en efecto, la instrucción es errónea. En este caso no lo es.

La eliminación del adjetivo “ilegal” no tiene ninguna consecuencia jurídica, pues, como señala el comentario al pie del Art. 82 del Código Penal, Ed. Colegio Abogados, “[l]a frase ‘muerte ilegal’ es sustituida por ‘muerte’ ya que resulta redundante y se presta a confusión. Véase, Pueblo v. Díaz, 35 D.P.R. 582 (1926)”. Esto no quiere decir que a partir de 1974 homicidio no es matar ilegalmente a un ser humano. Tanto en el homicidio como en el asesinato la muerte es producida ilegalmente. La diferencia es que, cuando la muerte es resultado de un arrebato de cólera o súbita pendencia, la calificación del delito y la pena varían en beneficio del actor. Ni la súbita pendencia ni el arre-bato de cólera son causas de exclusión de responsabilidad penal. Véase: Arts. 18 al 25 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 3091-3098. Una instrucción que constituye una expo-sición correcta del derecho no pudo haber perjudicado al apelante por el solo hecho de que la instrucción no siguió fielmente el nuevo texto de la Ley. Cf. Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676, 690 (1972).

El segundo apuntamiento es igualmente inmeritorio. Plantea el apelante que “[e]l tribunal erró al no instruir específicamente que de no creer el jurado la prueba de peligro real tendente a una absolución presentada por la defensa, ha debido considerar la prueba de peligro apa-rente presentada por El Pueblo y absolver al acusado”.

Alega el apelante que la prueba de cargo incluyó el tes-timonio del señor Carmelo Bastián, testigo renunciado por la defensa, quien declaró que oyó al occiso proferir insultos al apelante y que también vio salir al occiso en posición de acecho de detrás de una camioneta con un objeto en la mano en el preciso momento en que el apelante le disparó dos veces. El apelante sostiene que de dicho testimonio puede inferirse que el apelante actuó en defensa propia porque estimó que su vida realmente peligraba, mientras que la prueba de defensa tendió a demostrar que el ape-lante actuó bajo la creencia razonable de que su vida corría peligro.

A base de lo anterior, el apelante afirma que las instrucciones sobre defensa propia debieron ser más especí-ficas en cuanto a la distinción entre el peligro aparente y el peligro real. No estamos de acuerdo.

Nuevamente tenemos que señalar que la instrucción sobre defensa propia impartida fue leída del citado Manual de Instrucciones. La misma es correcta y, además, suficiente. Por otro lado, debemos añadir que el apelante nunca solicitó instrucciones específicas en ese sentido. Por lo tanto, como antes expresamos, no puede quejarse en apelación.

El apelante pone demasiado énfasis en el hecho de que uno de los testigos de cargo aportó los elementos de una defensa propia, mientras El Pueblo clamaba por un vere-dicto por asesinato. Lo cierto es que este hecho solo pudo favorecerlo, no perjudicarlo.

En su tercer señalamiento el apelante apunta que “[e]l tribunal erró al no instruir al jurado sobre los delitos en que podía traer veredictos de culpabilidad y ha debido ins-truir no en términos generales, y no [s-ic] en forma especí-fica ilustrándolo con determinada prueba, expresando cuál era la que podía sostener uno u otro veredicto”.

Hemos leído detenidamente la transcripción de las instrucciones impartidas y encontramos que las mismas son suficientes en derecho. Hubo instrucciones específicas sobre los posibles veredictos de: (1) culpable de asesinato en primer grado; (2) culpable de asesinato en segundo grado; (3) culpable de homicidio; (4) no culpable, y (5) no culpable por haber actuado en defensa propia. Con relación a la acusación por infracción del Art. 8 de la Ley de Armas, también se dieron las correspondientes instruccio-nes. El apelante a todos los efectos admitió su responsabi-lidad en los casos relacionados con la Ley de Armas, pues declaró “que el día 20 de marzo de 1979 en un almacén de madera del pueblo de Naguabo había encontrado un revólver y se lo había llevado para su casa; que el revólver estaba cargado y no se lo informó a la policía. . . . Admit[ió] que cometió una falta al no entregar el revólver a la policía inmediatamente”.

Nuevamente repetimos que el apelante no solamente dejó de objetar las instrucciones impartidas, sino que tam-poco solicitó instrucciones específicas. De todos modos, la juez sentenciadora no tenía la obligación de analizar toda la evidencia a la luz de las distintas exposiciones de dere-cho que componían las instrucciones al jurado. El hacerlo hubiese resultado en instrucciones innecesariamente ex-tensas. En Pueblo v. Velázquez Caraballo, supra, pág. 374, dijimos:

Consideramos buena práctica que las instrucciones al jurado no sean innecesariamente largas ni repetitivas, sino que se ajusten a la letra de la ley, a las instrucciones conte-nidas en el citado manual de Instrucciones al Jurado y que su lenguaje sea claro y directo. Una vez expresado clara-mente un concepto, su repetición e innecesaria elaboración puede producir confusión en la mente de los oyentes.

En su cuarto señalamiento de error, el apelante alega que “[e]l tribunal erró al instruir al jurado que las foto-grafías que fueron admitidas como prueba, lo fueron . . . con el propósito de ilustrar los móviles del delito”.

Las fotografías a que se refiere el apelante mostraban el cadáver de José Luis Molina. Una de las fotografías mostraba al occiso con dos heridas de bala en la espalda. Afirma el apelante que las fotografías fueron admitidas no para demostrar móvil alguno, como dijo la juez, sino para demostrar la salida de plomos por la espalda, y que la instrucción tuvo el efecto de insinuar que el apelante atacó a su víctima por la espalda.

El apelante no ha transcrito la instrucción completa, sino que ha entresacado una frase aislada para sostener la incorrección de dicha instrucción. Ya expresamos en Pueblo v. Domenech Meléndez, 98 D.P.R. 64, 68 (1969), que “[h]ay que considerar las instrucciones en conjunto para determinar su corrección o incorrección”. La instrucción impartida, leída del ya citado Manual de Instrucciones fue como sigue:

Las fotografías de la víctima en este caso se admitieron únicamente con el propósito de ilustrarles a ustedes, Damas y Caballeros del Jurado, sobre el carácter y naturaleza de las heridas, los móviles del delito y la manera y el medio en que se ocasionó la muerte. Así como para demostrar la proxi-midad del acusado a la víctima al ocurrir la muerte.
Con respecto a esta evidencia se les instruye que ustedes no deben dejarse impresionar indebidamente por la misma y que deberán considerarla en relación con el testimonio del doctor Rafael Criado y los testigos que describieron los hechos; y que corresponde única y exclusivamente a ustedes darle a esa prueba la credibilidad o el valor probatorio que la misma merece. (T.E., pág. 15.)

El doctor Criado fue sumamente explícito al declarar que “de ninguna manera estos disparos [los que mataron a Molina] pudieron ser hechos estando el occiso de pie y la persona que disparó detrás del occiso” (énfasis nuestro) (E.N.P., pág. 6), y “que por el hecho de que se ha descrito la trayectoria de la bala mirando el cadáver de espalda no quiere decir que los tiros fueron por la espalda” (énfasis nuestro) (E.N.P., pág. 7).

Como se ve, el temor del apelante de que el jurado pudiera pensar que la referencia a móvil significaba muerte a traición, se desvanece. La fotografía fue admitida para el fin legítimo de ilustrar el testimonio del Dr. Criado, y como tal era admisible. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

La referencia a móvil quedó subsanada con la parte final de la instrucción, que así lo aclara. No se cometió el error. De haberse cometido, el mismo no afectó derechos sustanciales del acusado. Pueblo v. Cabrera Lozada, 99 D.P.R. 689, 694 (1971).

Finalmente, señala el apelante que “[e]l tribunal erró al instruir que la defensa propia consistía en dar muerte a un ser humano cuando la vida de uno corría peligro inmi-nente, bien sea real o aparente de muerte o de grave daño corporal, ya que no es necesario dar muerte”.

La instrucción fue leída de la pág. 66 del citado Manual de Instrucciones que fue, en parte, la siguiente:

El acusado no está en obligación de probar la defensa propia más allá de duda razonable sencillamente porque si así fuera, se le estaría exigiendo que probase su inocencia y todo acusado, como antes ustedes han oído, se presume inocente hasta que se le pruebe su culpabilidad. En consecuencia, bastará que la evidencia en apoyo de la defensa propia, considerada conjun-tamente con toda la prueba, lleve a la mente de ustedes duda razonable de si el acusado actuó en defensa propia, para que exista el deber de darle el beneficio de esa duda al acusado y traer un veredicto de no culpable. (T.E., pág. 21.)

El apelante nos invita a que corrijamos el citado Manual de Instrucciones, porque la instrucción leída diz que supone que es al acusado a quien incumbe siempre presentar prueba de defensa propia, cuando lo cierto es que, como en este caso, la prueba de defensa propia puede surgir de la de cargo. Declinamos la invitación. La instrucción no se refiere al origen de la prueba, es decir, a quién corresponde presentarla. Meramente ordena al jurado que considere la prueba sobre defensa propia, la que sea, conjuntamente con toda la prueba presentada.

En este caso hubo prueba de defensa propia presentada por el apelante. Los elementos de defensa propia que pudo aportar la declaración de un testigo renunciado por la defensa, pero presentado por el fiscal, fueron debidamente considerados por el jurado, independientemente de la suti-leza técnico-legal a la cual el apelante le atribuye carácter decisivo.

La defensa del apelante se basó en dos teorías: (1) defensa propia o, en su defecto, (2) homicidio. Para sustentar la defensa propia, el apelante descansó en cierta prueba que supuso al occiso atacándolo con un objeto en la mano; para el homicidio, invocó un ataque verbal de la víctima. Ninguna de las dos defensas prosperó ante el jurado.

La prueba de cargo estableció que José Luis Molina y el apelante habían tenido un incidente personal varios días antes, en el que Molina agredió físicamente al apelante y a su mujer e hija. El apelante se armó ilegalmente de un revólver y decidió resolver su asunto con Molina. Aparentemente la víctima usaba el alcohol con frecuencia y en ocasiones obser-vaba conducta antisocial.

El día de los hechos la víctima se desmontó de un carro público que lo dejó frente al negocio del apelante. Cruzó para el negocio de un tal Félix Banrey, que queda enfrente, desde donde, según el apelante, comenzó a proferir insultos contra él. En adelante la prueba es conflictiva, pero la de cargo sostuvo que el apelante, al escuchar y ver a la víctima, buscó el revólver, salió afuera y comenzó a dispararle hasta que se acabaron las balas y el martillo del revólver daba en seco.

La notable provocación a que alude el apelante en una parte de su alegato como justificación para matar al occiso es que éste le dijo: “Mira canto de cabrón, tú quieres quitarme la herencia de la viejita.” Alega el apelante que “[e]sas palabras dichas en Puerto Rico a un hombre casado... es una notable provocación y es una de las ofensas más grandes que puedan inferirse”. (Alegato, pág. 19.) Falso. Las hay peores y, aun así, no se justifica que el agraviado le entre a tiros al vociferante.

El concepto de la honra y el honor de una persona no se afecta con meros insultos de un alcohólico endeble. La muerte no estuvo justificada, aun si el jurado hubiera creído que hubo tal provocación.

La prueba de este caso apoya el veredicto rendido por el jurado, y en ausencia de manifiesto error, pasión, pre-juicio o parcialidad no estamos autorizados a dejarlo sin efecto. Pueblo v. Torres Montanez, 106 D.P.R. 125, 130-31 (1977).

Se confirmará la sentencia apelada.

       Es interesante apuntar que la prueba de cargo le imputa al apelante haberle dicho “cabrón” a la víctima, en un incidente que tuvieron el 16 de marzo y que dio origen a la tragedia que terminó el 21 siguiente.