text:
    Enrique Díaz Maldonado, etc., demandantes y recurrentes, v. Dra. María Socorro Lacot, etc., demandados y recurridos; Gloria García Santiago, etc., demandantes y recurrentes, v. Federal Express Corporation y Federal Express de Puerto Rico, Inc., demandados y recurridos.

      Números: RE-86-59
    RE-87-120

      Resueltos: 25 de enero de 1989

      Lourdes E. Zayas y Olga M. Shepard, abogadas de Gloria García Santiago, recurrente; Rafael A. Nadal Arcelay, Jaime R. Na-dal Arcelay, Hiram R. Cando y Jesús Rabel Méndez, de Can-do, Nadal & Rivera, abogados de Enrique Díaz Maldonado, recurrente; Ramón L. Velasco, abogado de Federal Express Corp. y Federal Express de Puerto Rico, Inc., recurridos; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Nilda P. Fuentes Ortiz y Doris Quiñones Tridas, Procuradoras Generales Auxi-liares, abogados de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

En dos (2) ocasiones recientes hemos tenido la oportunidad de examinar la aplicación interjurisdiccional de la figura de cosa juzgada. Se trataba de sentencias dictadas previamente por el Tribunal Federal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. En Díaz v. Navieras de P.R., 118 D.P.R. 297 (1987), la sentencia se dictó luego de un juicio en los méritos. El fundamento jurisdiccional federal utilizado fue la diversidad de ciudadanía. 28 U.S.C. see. 1332. En Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988), el tribunal federal asumió jurisdicción accesoria (pendent jurisdiction) y la acción fue desestimada por inacción.

Los casos de autos presentan una variante de este mismo problema. Las sentencias previas en éstos surgieron de acciones presentadas al amparo de la jurisdicción accesoria (pendent jurisdiction) de los tribunales federales. Las ac-ciones estatales se desestimaron como corolario de haberse desestimado, por prescripción, las acciones federales. Los demandantes entonces presentaron, nuevamente, las recla-maciones estatales ante el Tribunal Superior del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico. De acuerdo con la doctrina de cosa juzgada, el Tribunal Superior las desestimó.

I — I

Hechos del caso de Díaz Maldonado v. Lacot

En este caso, los demandantes recurrentes son un grupo de maestros que durante el año escolar 1976-1977 ocupaban plazas directivas de carácter temporal en el Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (D.I.P.). El nombramiento a dichas plazas expiraba al finalizar el año escolar. Previo a sus nombramientos, ellos ocupaban plazas en propiedad dentro del sistema de instruc-ción pública; eran, por lo tanto, empleados permanentes. Du-rante mayo y junio de 1977, y no más tarde de 17 de junio de ese mismo año, recibieron una comunicación del Director de la División de Personal del D.I.P. para notificar que, llegado el término de expiración del contrato de su nombramiento directivo, serían reinstalados a la plaza permanente que de-sempeñaban anteriormente dentro del sistema. Así las cosas, los demandantes enviaron al entonces Secretario del D.I.P., Carlos Chardón, cartas para objetar la determinación e informar que estaban llevando a cabo los trámites necesa-rios para ejercitar la acción legal correspondiente.

El 19 de junio de 1978, José Ortiz Rivera, uno de los em-pleados a quien no se le renovó el contrato, presentó una reclamación ante el Tribunal de Distrito federal contra el en-tonces Secretario del D.I.P., Carlos Chardón, y el entonces Secretario Auxiliar a cargo del personal del D.I.P., Oscar Ramos, en su carácter personal y oficial. Alegó la violación de derechos civiles garantizados por la Primera y Decimo-cuarta Enmiendas de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, y por la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1983. También reclamó al amparo de 18 L.P.R.A: sees. 214, 249a, 249e y ss. Solicitó, además, la certi-ficación del pleito como uno de clase. El 21 de agosto de 1978 el tribunal denegó la certificación de la clase por no ser ésta suficientemente numerosa.

A partir de 10 de enero de 1979, noventa y un (91) em-pleados del D.I.P. presentaron ante el Tribunal de Distrito federal demandas individuales en las que aducían los mismos reclamos planteados en el pleito de clase. De estos noventa y un (91) casos, el tribunal consolidó cincuenta y cinco (55) bajo el epígrafe Soto v. Chardón, y los restantes treinta y seis (36) bajo el epígrafe Rivera Fernandez v. Chardon.

En el caso Soto v. Chardon, 514 F. Supp. 339 (D.C. P.R. 1981), los cincuenta y cinco (55) demandantes obtuvieron un veredicto favorable. En apelación de los demandados y con-traapelación de los demandantes, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, luego de modificar el remedio en ciertos aspectos, ordenó que dieciocho (18) de los cincuenta y cinco (55) casos fueran desestimados por es-tar prescritas las causas de acción y devolvió los restantes treinta y siete (37) no prescritos para que se celebrara juicio sobre el aspecto de daños. Fernandez v. Chardon, 681 F.2d 42 (1er Cir. 1982).

Los aquí demandantes formaban parte de otro grupo de treinta y seis (36) empleados del D.I.P. en circunstancias si-milares que también habían hecho idénticas reclamaciones. En cuanto a este grupo, el Tribunal de Distrito federal de-sestimó las demandas por entender que sus acciones estaban prescritas. Navarro v. Chardon, 506 F. Supp. 229 (D.C. P.R. 1980); Velazquez v. Chardon, 500 F. Supp. 10 (D.C. P.R. 1980). Los demandantes apelaron ante el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito. Éste revocó la deci-sión. Rivera Fernandez v. Chardon, 648 F.2d 765 (1er Cir. 1981). Mediante certiorari, los demandados recurrieron ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el cual resolvió que las acciones estaban prescritas, revocó al Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito y confirmó lo re-suelto por el Tribunal de Distrito federal. El Tribunal Supremo federal determinó que el término prescriptivo aplica-ble en estos casos de violación de derechos civiles federales es el de un (1) año establecido por el Art. 1868(2) del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5298(2). También re-solvió que dicho término había comenzado a decursar cuando se notificó a los demandantes la resolución oficial de cesantía o expiración del contrato, y no en la fecha en que terminó efectivamente el empleo. Chardon v. Fernandez, 454 U.S. 6 (1981).

El 27 de mayo de 1982 el Tribunal de Distrito federal, siguiendo las instrucciones del Tribunal Supremo federal, dictó una orden desestimando las acciones. El 24 de mayo de 1983 los demandantes, a base de los mismos hechos, presen-taron ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una de-manda reclamando sustancialmente lo mismo que, al amparo de las leyes locales,, habían solicitado en la acción federal.

Fundamentada en la doctrina de cosa juzgada, la parte demandada presentó moción de desestimación y/o de senten-cia sumaria acompañada por documentos. A esta moción se opuso, oportunamente, la parte demandante. Al no haber controversia sobre los hechos, el foro de instancia acogió el planteamiento de los demandados y desestimó la acción. En-tendió que ya el asunto había sido resuelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. En la alternativa, encontró que se llegaba al mismo resultado al analizar los hechos especí-ficos del caso, ya que entendía que de todos modos la acción estaba prescrita.

No conformes con esta decisión, los demandantes recu-rrieron ante este Tribunal planteando la comisión de tres (3) errores que pueden resumirse así: (1) que el tribunal de ins-tancia erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada o su modali-dad de impedimento colateral por sentencia; (2) que erró al determinar que el término prescriptivo comenzó a decursar cuando se notificó a los demandantes sobre la destitución y no cuando se consumó efectivamente la misma, y (3) que erró al concluir que no se había interrumpido el término prescrip-tivo mediante reclamación judicial.

H-1

Los hechos en el caso de García Santiago v. Federal Express Corp.

Sobre los hechos que dan lugar a la cuestión planteada en este caso, tampoco existe controversia. El 10 de agosto de 1983, la demandante Gloria M. García Santiago, por sí y en representación de la sociedad de gananciales compuesta por ella y su esposo Héctor R. Pérez García, presentó ante el Tribunal de Distrito federal una demanda contra Federal Express Corporation y Federal Express de Puerto Rico, Inc., entre otros. Alegó haber sido objeto de discrimen por razón de sexo en el empleo, en violación a lo dispuesto en la Quinta y Decimocuarta Enmiendas de la Constitución de Es-tados Unidos de América, L.P.R.A., Tomo 1; Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964 (42 U.S.C. see. 2000e et seq.); 42 U.S.C. see. 1981; Art. II, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, y Art. 1 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 146.

En la primera causa de acción, la codemandante García Santiago reclamó al amparo del Título VII de la Ley Federal de Derechos Civiles, supra. Solicitó ser reinstalada a su puesto o a uno similar, el pago del salario dejado de percibir y los beneficios perdidos, una suma igual a éstos más intere-ses y honorarios de abogado. En la segunda causa de acción, reclamó bajo la Ley Núm. 100, supra, daños por sufri-mientos mentales. En la tercera causa de acción, el codeman-dante Pérez García solicitó daños y perjuicios por sufri-mientos mentales al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141.

El 1ro de noviembre de 1985, el Tribunal de Distrito federal dictó sentencia desestimando la demanda. Como funda-mento, adujo que la demanda se presentó después de expirar el término de noventa (90) días desde la notificación del dere-cho a reclamar hecho por la Equal Employment Opportunity Commission (E.E.O.C.). 42 U.S.C. sec. 2000e-5(f)(l). Resol-vió, además, que los demandados no habían renunciado al término prescriptivo ni éste había sido interrumpido.

El Tribunal federal reseñó los hechos del caso de la ma-nera siguiente. El 24 de agosto de 1981, la codemandante García Santiago comenzó a trabajar como courier con la co-demandada Federal Express Corporation. Una semana des-pués, el 31 de agosto, fue despedida. Entonces, el 8 de marzo de 1982, García Santiago presentó querella ante la E.E.O.C. alegando que su despido fue fundado en discrimen por razón de sexo. Aproximadamente un (1) año más tarde, el 25 de abril de 1983, la E.E.O.C. le envió a García Santiago una notificación sobre su derecho a reclamar y, el 10 de agosto de 1983, García Santiago presentó la demanda en el Tribunal de Distrito federal. El 1ro de noviembre de 1985, el Tribunal federal desestimó la demanda.

El 11 de marzo de 1986, los demandantes presentaron ante el foro local una demanda contra Federal Express Corporation y Federal Express de Puerto Rico, Inc., reclamando sustancialmente lo mismo que, al amparo de las leyes locales, habían reclamado en el Tribunal federal. Al acoger una mo-ción de sentencia sumaria de la codemandada Federal Express Corporation fundamentada en la defensa de cosa juz-gada, el tribunal desestimó la demanda. No conformes, los demandantes presentaron, ante este Tribunal, un recurso de revisión. Alegaron, en síntesis, que el tribunal de instancia erró al aplicar la doctrina de cosa juzgada.

III

Principios generales sobre la aplicación interjurisdiccio-nal de la doctrina de cosa juzgada

La aplicación interjurisdiccional de la doctrina de cosa juzgada y su complemento, la doctrina constitucional de “entera fe y crédito”, son áreas del derecho donde no existen normas unitarias. Para determinar la norma de cosa juzgada a aplicar y cuán abarcadora debe ser su aplicación, cada caso debe ser objeto de cuidadoso análisis, tomando en consideración y ponderando, entre otros, factores tales como: el tipo de acción de que se trata; si la sentencia previa es de un tribunal de jurisdicción limitada; el fundamento jurisdiccional que tiene dicho tribunal para entender en el asunto; el derecho sustantivo resuelto (i.e. si es uno federal o estatal), y el fundamento utilizado para resolver el caso (i.e. si fue procesal, sustantivo o una combinación de ambos). Véanse: 18 Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction Sec. 4468 (1981); R.C. Casad, Symposium: Preclusion in a Federal System, 70 Cornell L. Rev. 599-752 (1985).

Los dos (2) casos en que hemos examinado la aplicación interjurisdiccional de la doctrina de cosa juzgada (federal y estatal) reflejan esta falta de normas unitarias. En Díaz v. Navieras de P.R., supra, adoptamos la jurisprudencia mayoritaria federal y resolvimos que, en situaciones en que se trate de sentencias previas dictadas por tribunales federales que han asumido jurisdicción fundamentados en diversidad de ciudadanía, 28 U.S.C. see. 1332, la doctrina estatal de cosa juzgada es la que gobierna. En Ramos González v. Félix Medina, supra, reconocimos que las normas federales de cosa juzgada aplican cuando se trata de un dictamen federal acerca de una cuestión federal. Sin embargo, a pesar de existir esta norma general, hay que tener presente que aun en estos casos la doctrina federal de cosa juzgada no tiene que aplicarse, con todos sus efectos, a todos los posi-bles detalles del caso. Wright, Miller and Cooper, supra, Sec. 4433, págs. 308-315 n. 8-22 y Sec. 4468, págs. 657-658; Steffel v. Thompson, 415 U.S. 452 (1974); S.H. Nahmod, Civil Rights and Civil Liberties Litigation, 2da ed., Colorado Springs, Ed. McGraw-Hill, 1986, Cap. 5, Sec. 5.20, págs. 335-336.

En Ramos González v. Félix Medina, supra, también expresamos, en relación con la jurisdicción accesoria (pendent jurisdiction) de un tribunal federal sobre una causa de acción estatal, que para que éste pueda asumir jurisdicción es necesario que la causa de acción federal que fundamenta la acción presentada sea suficientemente sustancial como para conferirle jurisdicción sobre la materia. Dijimos también que “[e]sta sustancialidad se determina a base de las alegaciones (pleadings) independientemente de la disposición ulterior del caso. Si la reclamación federal es sustancial, el tribunal puede considerar todas las reclamaciones, estatales o federales, que surjan del mismo núcleo común de hechos operacionales (common nucleus of operative facts) siempre que hubiera sido de esperarse que el demandante las litigara todas en un solo procedimento judicial. 13B Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters (Federal Question Jurisdiction — Diversity Jurisdiction), 2da ed., Sec. 3567.1, págs. 114-116 (1984)”. Ramos González v. Félix Medina, supra, pág. 333. En estas circunstancias, aun cuando el demandante no solicita del tribunal federal que asuma jurisdicción accesoria (pendent jurisdiction) sobre la reclamación estatal, la sentencia federal podría tener el efecto de cosa juzgada sobre la misma.

Tanto bajo las normas federales como bajo las de Puerto Rico, se considera cosa juzgada no sólo las cuestiones litigadas y adjudicadas, sino también aquellas que pudieron haberse litigado y adjudicado con propiedad aun cuando no fueron planteadas. Nilsen v. City of Moss Point, Miss., 701 F.2d 556, 560 (5to Cir. 1983); Santos v. Todd Pacific Shipyards Corp., 585 F. Supp. 482, 484 (D. Cal. 1984); Haefner v. County of Lancaster, Pa., 543 F. Supp. 264, 266-267 (D. Pa. 1982); Restatement of the Law of Judgments Sec. 24, comentario a (1942); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972); Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680 (1979). En Ramos Gonzalez v. Félix Medina, supra, indicamos, además, que si a pesar de haber hecho la reclamación estatal el tribunal federal decide no entender en la misma o está impedido de hacerlo, la sentencia federal no constituiría cosa juzgada en relación con el reclamo estatal.

En relación con la desestimación de una acción, tanto bajo la doctrina de cosa juzgada nuestra como bajo la federal, se exige, para que ésta sea aplicable, que tal desestimación haya sido en los méritos. Restatement of the Law of Judgments, supra, Sec. 49; Henson v. Columbus Bank & Trust, 770 F.2d 1566, 1572 (11mo Cir. 1985); Nilsen v. City of Moss Point, Miss., supra, pág. 562; Hernandez Jimenez v. Calero Toledo, 576 F.2d 402, 404 (1er Cir. 1978); Stevenson v. International Paper Co., Mobile, Alabama, 516 F.2d 103, 108 (5to Cir. 1975); Rodriguez v. Baldrich, 508 F. Supp. 614 (D.C. P.R. 1981); Wright, Miller and Cooper, supra, Sec. 4435; Mercado Riera v. Mercado Riera, supra. Un cambio en la teoría del caso, o el hecho de que se pretenda reclamar un derecho bajo una ley distinta, no afecta la aplicación de la doctrina. Vives v. Sucn. Amorós, 34 D.P.R. 174 (1925); Baltimore S.S. Co. v. Phillips, 274 U.S. 316, 319-321 (1927); United States v. California & Ore. Land Co., 192 U.S. 355 (1904); Williamson v. Columbia Gas & Electric Corp., 186 F.2d 464, 468 (3er Cir. 1950); Engelhardt v. Bell & Howell Co., 327 F.2d 30, 32-36 (8vo Cir. 1964); Mayer v. Distel Tool & Mach. Co., 556 F.2d 798 (6to Cir. 1977); Cerner v. Marathon Oil Co., 583 F.2d 830, 832 (6to Cir. 1978); Restatement of the Law of Judgments, supra, Sec. 63. Tampoco la afecta el que los fun-damentos de la sentencia previa sean erróneos. Hartmann v. Time, 166 F.2d 127,139 (3er Cir. 1948); C.A. Wright, Laws of Federal Courts, 2da ed., Ed. West Publishing Co., 1983, Cap. 10, Sec. 100A, Effect of a Prior Judgment; Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816, 832-834 (1961); Infanzón v. Admor. Estabilización Econ., 84 D.P.R. 459 (1962); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975). También, en ambas jurisdicciones, una desestimación por falta de ju-risdicción no es una adjudicación en los méritos; mientras que la decisión de un caso en rebeldía sí lo es. Ramos Gonzá-lez v. Félix Medina, supra; Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372 (1967); Rosado v. Registrador, 71 D.P.R. 553 (1950); Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612 (1948); Nilsen v. City of Moss Point, Miss., supra; Wright, Miller and Cooper, supra, Secs. 4428, 4430 y 4442. En cuanto a la desestimación como resultado de una sanción, la norma es que en la jurisdicción en que se dicte la sentencia tiene efecto de cosa juzgada, a menos que el tribunal específicamente dis-ponga en la sentencia que la desestimación es sin perjuicio. De otra parte, interjurisdiccionalmente algunos tribunales se han negado a concederle efecto de cosa juzgada cuando existen circunstancias onerosas y para evitar una injusticia. Wright, Miller and Cooper, supra, Sec. 4440.

> I — I

Desestimación por prescripción y la aplicación interjuris-diccional de la doctrina de cosa juzgada

En lo que respecta a la desestimación de una acción por prescripción, diferentes jurisdicciones han aplicado distintas normas al darle o no efecto de cosa juzgada a la sentencia, dependiendo de si consideran que el caso ha sido resuelto en los méritos. Hartmann v. Time, supra, págs. 138-139; Santos v. Todd Pacific Shipyards Corp., supra; Henson v. Columbus Bank & Trust, supra; Nilsen v. City of Moss Point, Miss., supra; Hernandez Jimenez v. Calero Toledo, supra, págs. 403-404. En nuestra jurisdicción, al igual que en la federal, como regla general una desestimación por prescripción es una desestimación en los méritos y aplica la norma de cosa juzgada, especialmente si el estatuto aplicable es el mismo en ambos foros. Serán cosa juzgada no sólo las cuestiones litigadas y adjudicadas, sino también aquellas que pudieron haberse litigado y adjudicado. Díaz v. Navieras de P.R., supra; Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, supra; Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 (1962); Wright, Miller and Cooper, supra, Secs. 4441, 4446 y 4472.

El problema interjurisdiccional surge cuando se desestima una acción por prescripción en una jurisdicción y luego se pretende darle valor de cosa juzgada en otra, donde, por privar otro término prescriptivo, la acción no está prescrita. El problema se agrava cuando se da la situación de que al presentarse por primera vez la causa de acción, ésta no estaba prescrita y, sin embargo, el tribunal la desestima —sin siquiera considerarla— como corolario de haber desestimado otra causa de acción que sí estaba prescrita. Sobre este problema los tratadistas Wright, Miller y Cooper nos dicen lo siguiente:

Successive actions in different systems of courts yield to ready answers in some settings. If the actions are on claims that both systems would regard as separate and controlled by different limitations periods, dismissal of the first action does not bar a second. If the actions are on a single claim and the second court would look to the same source of limitations law as the first court, preclusion should apply. (Escolios omitidos.) Wright, Miller and Cooper, supra, Sec. 4441, pág. 369.

De otra parte, en el Restatement of the Law of Judgments, supra, Sec. 49, págs. 194-195, se hace el comentario siguiente:

[I]f the plaintiff brings an action to enforce a claim in one State and the defendant sets up the defense that the action is barred by the Statute of Limitations in that State, the plaintiff is precluded from thereafter maintaining an action to enforce the claim in that State. He is not, however, precluded from maintaining an action to enforce the claim in another State if it is not barred by the Statute of Limitations in that State.

Al determinar qué efecto se le debe dar a una sentencia de un tribunal federal desestimando la acción por prescripción, hay que tomar en consideración y ponderar el principio normativo, tanto federal como estatal, que exige que las reclamaciones no se fraccionen al considerar como cosa juzgada no sólo lo que se litigó y adjudicó, sino también lo que se pudo haber litigado y adjudicado. El efecto de este principio debe ser evaluado a la luz de la también impor-tante norma general que establece que los tribunales fede-rales son tribunales de jurisdicción limitada, y que éstos no vienen obligados a desestimar una acción estatal cuando de-sestiman la acción federal que fundamenta la jurisdicción ac-cesoria (pendent jurisdiction), aunque como regla general así lo hacen. Stein v. Reynolds Securities, Inc., 667 F.2d 33, 34 (11mo Cir. 1982); 13B Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction 2d Sec. 3567.1 (1984). La combinación de estos dos (2) principios ha hecho que algunos tribunales federales hayan expresado que el he-cho de que la acción estatal esté prescrita en el foro estatal, es un factor de suma importancia que el tribunal federal debe considerar al decidir si desestima la acción local pre-sentada en tiempo ante dicho foro. Henson v. Columbus Bank & Trust, supra; Pharo v. Smith, 625 F.2d 1226, 1227 (5to Cir. 1980); McLaughlin v. Campbell, 410 F. Supp. 1821 (D. Mass. 1976).

En Hernandez Jimenez v. Calero Toledo, supra, pág. 404, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito determinó que una sentencia previa de un tribunal de Puerto Rico, que desestime la acción por haber vencido el término para revisar una determinación administrativa ante el Tribunal Superior, no era una sentencia en los méritos y, por lo tanto, no había que darle efecto de cosa juzgada. La acción versaba sobre una alegada violación al debido proceso de ley fundada en el despido sin vista de Francisco Hernández Jiménez, un teniente de la Policía de Puerto Rico. Hernández Jiménez apeló el despido ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, la cual confirmó la actuación del Superintendente de la Policía. Luego de transcurrido el término jurisdiccional de treinta (30) días para apelar, recurrió ante el Tribunal Superior. El tribunal desestimó la petición por falta de jurisdicción. En alzada, nos negamos a expedir auto de certiorari para revisar.

En Rose v. Town of Harwich, 778 F.2d 77, 80-81 (1er Cir. 1985) el Tribunal Federal de Apelación para el Primer Cir-cuito criticó la norma establecida en Hernandez Jimenez v. Calero Toledo, supra, al indicar que la tendencia actual es la de conceder efecto de cosa juzgada a las desestimaciones por prescripción. Expresó que la norma establecida en dicho caso debería limitarse a la aplicación de términos de natura-leza técnico-procesal, al distinguir éstos de los términos prescriptivos orientados hacia la sustancia, constitutivos de defensas en los méritos.

V

Limitación de los efectos de la Regla Jpl (b) de Procedimiento Civil federal

Sólo nos resta por aclarar el posible efecto de la Regla 41(b) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C., sobre la desestimación. Esta regla debe interpretarse de forma restrictiva. En casos de desestimación por prescripción, el efecto de adjudicación en los méritos debe limitarse a la reli-tigación de la acción en los tribunales de la misma jurisdic-ción del que la dictó. Cualquier efecto más allá de esto de-penderá de lo que arroje un análisis individual de todos los hechos del caso en particular. 18 Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction Sec. 4441, págs. 372-373 (1981).

Según expresara el Juez Brennan en Costello v. United States, 365 U.S. 265, 285-286 (1961):

We regard the exception [“any dismissal not provided for in this rule, other than a dismissal for lack of jurisdiction, for improper venue ... operates as an adjudication upon the merits”] as encompassing those dismissals which are based on a plaintiff’s failure to comply with a precondition requisite to the Court’s going forward to determine the merits of his substantive claim.
In defining the situations where dismissals “not provided for in this rule” also operate as adjudications on the merits, and are not to be deemed jurisdictional it seems reasonable to confine them to those situations where the policy behind the enumerated grounds is equally applicable. (Énfasis suplido.)

Al tomar en consideración estas expresiones y los hechos específicos del caso ante nuestra consideración, tenemos que necesariamente concluir que la Regla 41(b) de Procedi-miento Civil federal, supra, no es dispositiva en cuanto a si estamos ante una determinación en los méritos o no. Por lo tanto, en el caso de García Santiago v. Federal Express Corp., Civil Núm. 87-120, si la desestimación de la acción por haber transcurrido el término de noventa (90) días que esta-blece la ley federal para presentar la reclamación fue una adjudicación en los méritos (con efectos de cosa juzgada in-terjurisdiccionales) dependerá del análisis que hagamos de los hechos específicos del caso; todo ello a la luz de las normas y principios de derecho antes reseñados.

VI

Conclusión

A. Díaz Maldonado v. Lacot, Civil Núm. PE 83-667 (905).

Si aplicamos los principios de derecho que hemos discu-tido al caso del grupo de maestros del D.I.P., quienes fueron removidos de sus plazas directivas y devueltos a sus plazas permanentes de maestros, encontramos que el tribunal de instancia actuó correctamente al darle efecto de cosa juz-gada a la sentencia del Tribunal federal. Los demandantes presentaron ante el Tribunal federal la misma reclamación bajo las leyes locales que más tarde presentaron ante el Tribunal Superior. Además, los hechos que fundamentaron la reclamación federal y los del caso de autos surgieron del mismo núcleo común de hechos operacionales. La misma prueba sostendría ambas acciones, y la adjudicación en los méritos de cualesquiera de ellas destruiría los derechos que da la otra. Mercado Riera v. Mercado Riera, supra.

En el foro federal, en relación con la reclamación federal, la parte demandada prevaleció en su defensa de prescrip-ción. El caso fue apelado hasta el Tribunal Supremo de Es-tados Unidos. Éste aplicó el Art. 1868(2) del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5298, y determinó que las ac-ciones estaban prescritas. Interpretó que el término pres-criptivo había empezado a decursar cuando se notificó a los demandantes de la resolución oficial de cesantía.

Ahora bien, el término prescriptivo de un (1) año estable-cido por el Art. 1868(2) del Código Civil de Puerto Rico, supra, aplica tanto a la acción federal como a la local. Bajo estas circunstancias, no cabe la menor duda de que el caso federal se decidió en los méritos y que tal adjudicación tuvo el efecto de cosa juzgada tanto sobre la acción federal como sobre la local.

La desestimación de todas las causas de acción por el Tribunal federal fue en los méritos y tiene el efecto de cosa juzgada sobre la acción presentada ante el Tribunal Superior. Además, principios de deferencia (comity) hacia la decisión interpretativa del Art. 1868(2) del Código Civil de Puerto Rico, supra, por el Tribunal Supremo federal impiden que nuestros tribunales, en el mismo caso, pasen juicio sobre la corrección de dicha interpretación. B. García Santiago v. Federal Express Corp., Civil Núm. 87-120.

Este caso presenta una situación distinta a la anterior. Aquí se trata de la aplicación de una limitación técnica proce-sal de noventa (90) días para la presentación de la demanda desde la notificación por la E.E.O.C. del derecho a reclamar que establece la ley federal. 42 U.S.C. sec. 2000e-5(f)(l). La parte demandante tenía más de un remedio disponible para vindicar la violación de sus derechos. Los reclamó todos co-rrectamente en la acción presentada ante el Tribunal federal.

Bajo las circunstancias específicas de este caso, no debió considerarse la desestimación de la acción local como una en los méritos. La acción fundamentada en la ley local que se presentó ante dicho foro, se desestimó sólo como corolario de la desestimación de la acción federal. Los estatutos de pres-cripción para ambas acciones eran distintos y con diferentes términos. El Tribunal Superior erró al darle a la sentencia federal efecto de cosa juzgada.

Por todo lo antes expuesto, procede que se dicte sentencia confirmando la dictada el 7 de enero de 1986 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso Enrique Díaz Maldonado, etc. v. Dra. María Socorro Lacot, etc., RE-86-59, revocando la sentencia de 28 de enero de 1987, dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en el caso Gloria García Santiago, etc. v. Federal Express Corporation, etc., RE-87-120, y que se devuelva este caso al tribunal de ins-tancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

       La jurisdicción accesoria (pendent jurisdiction) permite que un tribunal federal pueda adjudicar una reclamación fundada solamente en una ley estatal, que de otra forma estaría fuera de su jurisdicción, si la cuestión estatal surge de la misma situación de hechos que la reclamación federal que se encuentra propia-mente ante la consideración de dicho tribunal. En United Mine Workers v. Gibbs, 383 U.S. 715 (1966), caso normativo en esta área, el Tribunal Supremo federal expresó que un tribunal federal tiene jurisdicción accesoria sobre una reclama-ción estatal cuando: (1) hay una cuestión federal propiamente ante el tribunal; (2) la reclamación estatal y la reclamación federal se derivan de un núcleo común de hechos operacionales, y (3) la relación entre los hechos es tal que es de esperarse que el demandante, de ordinario, litigue ambas reclamaciones en un sólo procedi-miento judicial.

       Por plantear básicamente la misma cuestión de derecho, motu proprio, consolidamos los recursos.

       Revocó la concesión de salarios dejados de percibir.

       Por la conclusión a que llegamos no es necesario que discutamos estos dos (2) últimos errores.

       También alegaron que el tribunal erró al desestimar la demanda en su totalidad, cuando existen dos (2) demandados y sólo uno de ellos compareció y pidió la desestimación. Por el resultado a que llegamos, no es necesario discutir este error.

       En relación con la aplicación de la doctrina de res judicata en los tribu-nales federales cuando se trata de una sentencia previa estatal, véase S.H. Nah-mod, Civil Rights and Civil Liberties Litigation, 2da ed., Colorado Springs, Ed. McGraw-Hill, 1986, Cap. 5, See. 6.20, págs. 335-336.

        Restatement of the Law of Judgments Sec. 49, pág. 193 (1942), lee como sigue:
      “Where a valid final personal judgment not on the merits is rendered in favor of the defendant, the plaintiff is not thereby precluded from thereafter maintaining an action on the original cause of action and the judgment is conclusive only as to what is actually decided.”

       En relación con el hecho de qne existen distintos términos preseriptivos en distintos foros aplicables a reclamaciones surgidas del mismo núcleo común de hechos operacionales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, en un caso sobre aplicación de lá doctrina de contactos mínimos, expresó lo siguiente:
      “The chance duration of statutes of limitations in nonforum jurisdictions has nothing to do with the contacts among respondent, New Hampshire, and this multistate libel action. Whether Ohio’s limitations period is six months or six years does not alter the jurisdictional calculus in New Hampshire. Petitioner’s successful search for a State with a lengthy statute of limitations is no different from the litigation strategy of countless plaintiffs who seek a forum with favorable substantive or procedural rules or sympathetic local populations. Certainly Hustler Magazine, Inc., which chose to enter the New Hampshire market, can be charged with knowledge of its laws and no doubt would have claimed the benefit of them if it had a complaint against a subscriber, distributor, or other commercial partner.” (Énfasis suplido.) Keeton v. Hustler Magazine, Inc., 465 U.S. 770, 779 (1984).
      En el esc. 10, el Tribunal hizo la observación siguiente:
      “There has been considerable academic criticism of the rule that permits a forum State to apply its own statute of limitations regardless of the significance of contacts between the forum State and the litigation_But we find it unnecessary to express an opinion at this time as to whether any arguable unfairness rises to the level of a due process violation.” Keeton v. Hustler Magazine, Inc., supra, pág. 779.

       Cuando la acción presentada ante el foro federal, al amparo de su juris-dicción accesoria (pendent jurisdiction), es contra funcionarios estatales en la cual se reclama por haber éstos violado una ley estatal en el desempeño de sus funciones, hay que tomar en consideración los recientes pronunciamientos del Tribunal federal respecto a la falta de jurisdicción de los tribunales federales. Pennhurst State School & Hosp. v. Halderman, 465 U.S. 89 (1984).

       Esta regla equivale a nuestra Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.
      En su parte pertinente, la Regla 41(b) federal dispone:
      “Unless the court in its order for dismissal otherwise specifies, a dismissal under this subdivision and any dismissal not provided for in this rule, other than a dismissal for lack of jurisdiction, for improper venue, or for failure to join a party under Rule 19, operates as an adjudication upon the merits.” Fed. Rules Civ. Proc. rule 41(b) (28 U.S.C.).
      La Regia 39.2(e) local, supra, expresa a su vez:
      “. . . A menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra desestima-ción, excepto la que se hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos.”

       En relación con esta interpretación, en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 361-362 esc. 8 (1988), señalamos:
      “Más allá del ámbito del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, nuestra jurisprudencia también ha establecido que el término prescriptivo aplica-ble a las acciones civiles en daños y perjuicios, que surgen bajo la Ley de Dere-chos Civiles, es de un (1) año. Olmo v. Young & Rubicam ofP.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 742 (1981).
      “En Chardón v. Fernández, 454 U.S. 6 (1981), el Tribunal Supremo federal determinó que en una acción bajo 42 U.S.C. see. 1983, por el despido de unos profesores sin permanencia, el término prescriptivo comenzó a transcurrir desde el momento en que se les notificó que quedaban despedidos.
      “Este enfoque es unánime. Por analogía, a la luz de la naturaleza de las acciones que surgen bajo 42 U.S.C. see. 1983, la jurisprudencia federal ha utili-zado en este tipo de acciones el término prescriptivo aplicable a las acciones en torts de los foros locales.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    Juan B. Hernández Cuevas, apelante, v. Presidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra, apelado.

      Número: CE-87-28

      Resuelto: 31 de enero de 1989

      Cándida Valdespino Zapata y Carmen Ana Rodríguez Maído-nado, de la Sociedad para Asistencia Legal, División de Ape-laciones, abogadas del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocu-radora General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogadas del apelado.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto por tentativa de robo e infrac-ción a la Ley de Armas de Puerto Rico. Se le concedió la libertad bajo palabra el 22 de diciembre de 1976, la cual que-daría extinguida el 6 de octubre de 1982. Por alegadas viola-ciones a las condiciones de su libertad bajo palabra, el 10 de enero de 1980 se expidió orden de arresto contra el apelante. Tras recibir información de que el apelante se encontraba sumariado en el estado de Illinois, la Junta de Libertad Bajo Palabra (Junta) procedió a expedir un “Warrant for Retaking and Detaining a Parole Prisoner” a la dirección indicada en Chicago, Illinois. Luego de una serie de trámites entre las autoridades del estado de Illinois y el Departamento de Jus-ticia de Puerto Rico en relación con la orden de arresto, éste último solicitó a las autoridades de Illinois que verificaran si el apelante Sr. Juan B. Hernández Cuevas se encontraba de-tenido en su jurisdicción. Mediante carta del Fiscal Auxiliar del estado de Illinois se informó que el apelante se encon-traba detenido en Illinois en espera de juicio por el delito de asesinato. El apelante fue puesto en libertad por las autori-dades del estado de Illinois el 5 de mayo de 1983, luego de que las acusaciones en su contra fueran desestimadas. Per-maneció en Chicago y tres (3) años más tarde, a su regreso a Puerto Rico, obtuvo conocimiento de la orden de arresto en su contra emitida en enero de 1980. Acudió voluntariamente al Cuartel de la Policía de San Sebastián y fue ingresado en la Cárcel de Aguadilla el 11 de abril de 1986.

El 2 de mayo de 1986 el apelante fue notificado de la cele-bración de una vista de revocación de libertad bajo palabra a efectuarse el 5 de junio de 1986. Como razones para la revo-cación de la libertad bajo palabra, se le imputó la violación de las condiciones Núms. 8 y 9: evadirse de la jurisdicción y cometer hechos constitutivos de delito público.

El 5 de junio el apelante no fue trasladado a las oficinas de la Junta, razón por la cual hubo de suspenderse la vista señalada. Se fijó la fecha de 18 de julio para celebrar la misma. No obstante, ese día tampoco pudo celebrarse la vista debido a la incomparecencia del abogado de la Sociedad para Asistencia Legal, causada por la negativa del encar-gado del estacionamiento de la Junta de permitir la entrada al abogado.

A todo esto, el apelante presenta, en julio de 1986, una petición de hábeas corpus por derecho propio ante el Tribunal Superior de Aguadilla. Alegó que procedía su excarcela-ción por razón de haber transcurrido ciento diecinueve (119) días sin habérsele celebrado vista de investigación de quere-lla ante la Junta. La vista de este hábeas corpus se celebró el 8 de agosto y el Presidente de la Junta informó al tribunal las razones para no haber celebrado la vista de revocación, esto es, la ausencia del apelante en la vista de 5 de junio y la ausencia del abogado de la Sociedad para Asistencia Legal el 18 de julio. Informó que la vista habría de celebrarse el 12 de agosto. Mediante Sentencia de 11 de agosto de 1986, el tribunal declaró sin lugar el recurso de hábeas corpus.

En la vista de revocación celebrada el 12 de agosto de 1986 el apelante aceptó haberse evadido de la jurisdicción. No obstante, solicitó que se desistiera del cargo de violación a la condición Núm. 9 por razón de que los cargos en su contra por asesinato habían sido desestimados. El Oficial Exa-minador recomendó que se le revocara la libertad bajo pala-bra. La Junta no emitió decisión alguna en ese momento.

Posteriormente, el apelante presentó ante la Junta un es-crito de “Petición de Excarcelación y Moción Informativa”. Alegó que la Junta carecía de jurisdicción. Dicha moción no fue resuelta por la Junta. El 20 de octubre el apelante pre-sentó una segunda petición de hábeas corpus. La misma fue declarada sin lugar el 24 de octubre. El apelante presentó una reconsideración, la cual también fue declarada sin lugar. Recurre ante nos.

En su escrito de apelación señala los errores siguientes: mientos de revocación de libertad bajo palabra. Escrito de Apelación, pág. 2.

A- Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Reconsideración de H[á]beas Corpus no obstante el señalamiento de que la Junta de Libertad Bajo Palabra carecía de jurisdicción para revocar la libertad de que disfrutaba el aquí demandante y que los hechos aducidos por la Junta en la vista no correspondía[n] a la realidad del caso.
B- Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no excarce-lar al peticionario, quien se encuentra detenido ilegalmente.
C- Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que la Junta cumplió con los requisitos de ley en los procedi-

Estando en posición de resolver, así lo hacemos.

El Art. 5 de la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 1505) disponía, en torno al procedimiento de revocación de libertad bajo palabra, que la Junta o cual-quiera de sus miembros estaría autorizado a ordenar el arresto y reclusión de un liberado si de la previa investiga-ción preliminar de la Administración de Corrección surgía prueba de infracción a alguna condición de la libertad bajo palabra.

A su vez, disponía que:

La Junta deberá, dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha del arresto del liberado, practicar una investigación y solicitar el informe de evaluación de la Administración de Corrección sobre la alegada violación a las condiciones de la libertad bajo palabra.
Antes de determinar si procede o no la revocación de la li-bertad bajo palabra, la Junta notificará por escrito al liberado, con por lo menos diez (10) días de anticipación a la fecha seña-lada para la investigación, los hechos que se le imputan como causa para la revocación y dará a éste la oportunidad de com-parecer representado por abogado a exponer las razones por las cuales no deba revocársele la libertad bajo palabra. En caso de que el liberado no tenga abogado, la Junta obtendrá que se le asigne uno.
Si la Junta no celebrare la investigación dentro del tér-mino fijado en esta sección, el liberado será puesto en liber-tad inmediatamente, previa orden al efecto expedida por el Presidente de la Junta o por la persona que esté actuando por él. La alegada infracción a la libertad bajo palabra se consi-derará como no cometida si, transcurridos noventa (90) días desde la excarcelación del liberado, la Junta no celebra la investigación y revoca la libertad bajo palabra. (Énfasis su-plido.) 4 L.P.R.A. see. 1505.

En Maldonado Elias v. González Rivera, 118 D.P.R. 260 (1987), examinamos dicho procedimiento de revocación de libertad bajo palabra a la luz de las garantías constitucionales mínimas reconocidas por el Tribunal Supremo federal en los casos de Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972), y por este Tribunal en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985). Así, resolvimos en Maldonado Elias v. González Rivera, supra, págs. 268-269, que:

Lo que se exige es la celebración de una vista, prontamente, luego de su arresto y antes de que se tome la determinación final o concluyente de revocar el beneficio de libertad bajo palabra o probatoria.
Reiteramos que existe en Puerto Rico un procedimiento vá-lido para la revocación de la libertad bajo palabra. 4 L.P.R.A. see. 1501 y ss. Éste ha sido citado con aprobación en el caso Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 727 n. 6. Allí se mencionó que el mismo incluye ambas garantías constitucio-nales mínimas tales como notificación y vista. El trámite esta-tutario confiere a la Junta la facultad para ordenar la investi-gación preliminar, ordenar el arresto sumario y dilucidar fi-nalmente en una vista el hecho de la violación a las condiciones fijadas en la orden que concedió la libertad, y luego decidir si dicha violación amerita revocar la orden anterior. Estos requi-sitos unidos a las salvaguardas establecidas en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, protegen adecuadamente los de-rechos constitucionales de aquel que ha recibido los beneficios de la libertad bajo palabra.

El citado Art. 5 de la Ley de Libertad Bajo Palabra, supra, fue enmendado por la Ley Núm. 2 de 26 de febrero de 1987. La Exposición de Motivos de dicha ley dis-pone:

La Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 que crea la Junta de Libertad Bajo Palabra establece un procedimiento para revo-car los beneficios de libertad bajo palabra. El mismo incluye garantías constitucionales mínimas tales como notificación y vista. No obstante, es preciso se revise dicho procedimiento para, a la luz de las doctrinas jurisprudenciales, llenar las la-gunas existentes, en nuestro esquema legislativo y reconocer plenamente los requisitos del debido proceso de ley que co-rresponden a este momento.
El Tribunal Supremo Federal en los casos de Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973), y Morrisey [sic] v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972), determinó que un probando tiene derecho a dos vistas, una preliminar al momento de su detención y arresto, para determinar si existe causa probable de que haya violado su probatoria, y otra vista, más abarcadora, antes de la determinación de revocación final. El Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Martínez Torres v. Amaro Pérez, decidido el 17 de diciembre de 1985 [116 D.P.R. 117 (1985)], señaló que ante un valor tan fundamental como la libertad, el Estado no puede negarse a conceder la protección que garan-tiza la Constitución. Así se siguió la norma establecida en Gagnon v. Scarpelli y Morrisey [sic] v. Brewer, supra.
Esta medida va encaminada a establecer un procedimiento que cumpla a cabalidad con las normas constitucionales del debido proceso de ley. 1987 Leyes de Puerto Rico 7-8.

El actual Art. 5 de la Ley de Libertad Bajo Palabra, según enmendado, dispone, con relación a las vistas de revocación, lo siguiente:

Se celebrará una vista sumaria inicial ante un oficial exami-nador designado por la Junta dentro del término más breve posible, que en circunstancias normales no debe exceder de setenta y dos (72) horas a partir del momento del arresto y reclusión del liberado, para determinar si existe causa probable para que el liberado continúe recluido hasta que la Junta emita la decisión final. El liberado tendrá la oportunidad de ser oído y presentar prueba a su favor. Podrá, a su vez, con-frontar el oficial que preparó el informe preliminar y a los testigos adversos disponibles en la investigación preliminar. El oficial examinador decidirá, dependiendo de las circunstan-cias particulares de cada caso, la necesidad de mantener en el anonimato, por razón de seguridad personal, a las personas entrevistadas por el oficial que preparó el informe preliminar.
La Junta deberá celebrar una vista final para determinar si procede la revocación de la libertad bajo palabra, dentro de los sesenta (60) días a partir de la fecha del arresto del libe-rado. Este término podrá ser prorrogado por justa causa o a solicitud del liberado. Antes de la celebración de dicha vista la Junta deberá practicar una investigación y solicitar el informe de evaluación de la Administración de Corrección sobre la ale-gada violación a las condiciones de la libertad bajo palabra.
La Junta podrá consolidar ambas vistas si la vista inicial se suspendiera a petición o por causas atribuibles al liberado, a solicitud de su abogado, o cuando no se solicite o no se logre obtener el arresto y encarcelación del liberado. En esta última circunstancia la vista final de revocación definitiva se señalará mediante notificación con no menos de treinta (80) días de an-telación.
Si la Junta no celebrare la vista final dentro del término fijado en este artículo, el liberado será puesto en libertad in-mediatamente, previa orden al efecto expedida por el Presi-dente de la Junta o por la persona que esté actuando por él. La alegada infracción a la libertad bajo palabra se considerará como no cometida si transcurridos noventa (90) días desde la excarcelación del liberado, la Junta no celebra la vista final y revoca la libertad bajo palabra. 1987 Leyes de Puerto Rico 10-11.

No obstante lo anterior, al momento de llevarse a cabo los procedimientos de revocación de la libertad bajo palabra del apelante señor Hernández Cuevas, el Art. 5 de la Ley Núm. 118, supra, sólo requería, como garantías mínimas del de-bido proceso de ley, la notificación y la celebración de una sola vista de investigación antes de determinar si procedía o no la revocación de la libertad bajo palabra. Sin embargo, dicho artículo requería que la vista se celebrara dentro de los términos allí provistos y que, de permanecer el liberado en-carcelado luego de su arresto, la vista de investigación debía celebrarse dentro de los sesenta (60) días del arresto de éste. De no celebrarse la vista dentro de ese término, el liberado sería puesto en libertad inmediatamente por orden del Pre-sidente de la Junta. Más aún, si transcurridos noventa (90) días de la excarcelación del liberado no se celebraba la vista y se le revocaba la libertad bajo palabra, la infracción a la libertad bajo palabra se consideraría como no cometida. La Junta venía obligada, para cumplir con las garantías mí-nimas del debido proceso de ley reconocidas en Morrissey v. Brewer, supra, y Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 471 (1972), a cumplir cabalmente con el procedimiento dispuesto en el Art. 5 de la ley, supra, esto es, celebrar una vista pronta-mente después del arresto y antes de revocar finalmente la libertad bajo palabra. La Junta no cumplió con dicho proce-dimiento. El apelante fue encarcelado el 11 de abril de 1986. Correspondía a la Junta celebrar la vista de investigación dentro de los sesenta (60) días del arresto del liberado. No obstante, dicha vista no llegó a celebrarse sino hasta el 12 de agosto de 1986, pasados aproximadamente ciento veinte (120) días del arresto del liberado. La Junta venía obligada a poner en libertad al apelante luego de pasados sesenta (60) días de su arresto sin celebrarle la vista de revocación, esto independientemente de las circunstancias que impidieron la celebración de dicha vista. Luego de excarcelar al liberado, cosa que la Junta no hizo, la Junta tenía noventa (90) días adicionales para celebrar la vista y revocar la libertad bajo palabra. La Junta no sólo no excarceló al apelante pasados los sesenta (60) días de su arresto, sino que luego de cele-brada la vista no fue hasta el 12 de septiembre de 1986 que la Junta decidió revocarle la libertad bajo palabra al apelante, esto es, luego de ciento cincuenta y tres (158) días de su en-carcelamiento. Al momento de revocar la libertad bajo pala-bra, la Junta carecía de jurisdicción, ya que habían transcu-rrido los ciento cincuenta (150) días que la ley le confiere a la Junta para celebrar la vista y revocar la libertad bajo pala-bra. Pasado este término sin habérsele revocado la libertad bajo palabra, las infracciones a ésta se considerarían como no cometidas y el apelante podía seguir disfrutando de su libertad bajo palabra. Procedía la excarcelación del apelante y el archivo de los cargos por infracción a las condiciones de libertad bajo palabra.

Se dictará sentencia de conformidad.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López no intervino.

       En Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 724-725 (1985), caso bajo el sistema de libertad a prueba, resolvimos que:
      . . una vez el Estado concede este ‘derecho limitado’ no puede cancelarlo con abstracción total de las normas básicas constitucionales aplicables en esta etapa post sentencia. Con todas las limitaciones que esta libertad condicionada representa, no puede negarse que estamos ante un valor fundamental acreedor de protección tanto por nuestra Constitución como por la de Estados Unidos. Pueblo v. Vélez, [76 D.P.R. 142 (1954)]; Román v. Delgado, 82 D.P.R. 598 (1961); Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982); Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983). Véanse Gagnon v. Scarpelli, [411 U.S. 778 (1973),] y Morrissey v. Brewer, [443 F.2d 942 (1971)]. En suma, no puede privarse a una persona de su libertad absoluta o limitada sin cumplirse con los requisitos mínimos del debido proceso de ley que corresponden a este momento.
      “La armonización de este derecho con el no menos importante interés de la ‘debida seguridad de la comunidad’ plasmado en nuestra ley, aunque compleja, no es imposible.
      “Bajo este enfoque, las garantías mínimas que el debido proceso de ley exige al amparo de la Constitución federal para revocar los beneficios de libertad bajo palabra o sentencia suspendida son: (1) una vista preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el probando ha violado las condiciones de su probatoria, y (2) una vista final antes de la decisión definitiva sobre si la probato-ria será revocada. Advertimos, sin embargo, que no es necesario celebrar la pri-mera vista (preliminar) cuando, durante el trámite de solicitud de revocación, no se arresta ni encarcela al probando. Moody v. Daggett, 429 U.S. 78, 86-87 (1976); Petition of Me[i]dinger, 539 P.2d 1185, 1190 (1975); Pearson v. State, 241 N.W.2d 490, 492-493 (1976).”


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Waldemar Olmeda Nazario, etc., demandantes y recurrentes, v. Andrés Sueiro Jiménez, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-87-531

      Resuelto: 31 de enero de 1989

      Hiram Lazada Pérez, abogado de los recurrentes; José Davison Lampón, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Comparecen ante nos los demandantes recurrentes Ol-meda Nazario, etc. para cuestionar una sentencia enmen-dada emitida por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, me-diante la cual dejó sin efecto un injunction dictado anterior-mente. Revocamos.

I — i

Los hechos pertinentes a la controversia ante nos comen-zaron el 30 de julio de 1986, cuando los aquí recurrentes pre-sentaron una demanda y solicitud de injunction ante la Sala de Bayamón del Tribunal Superior contra Andrés Sueiro Ji-ménez. En ésta se alegaba que el señor Sueiro, en violación a ciertas servidumbres en equidad, operaba una tienda desde un inmueble de su propiedad localizado en la Urb. Villa Cle-mentina. El tribunal celebró una vista en la cual admitió prueba documental y testifical. Además, celebró una inspec-ción ocular.

El 30 de octubre de 1986 el tribunal de instancia dictó sentencia en la que concluyó que las servidumbres en equi-dad eran razonables y estaban vigentes. Concluyó, además, que el uso comercial de la propiedad constituía una violación a las restricciones y declaró con lugar la demanda. Ordenó a los demandados cesar y desistir de la operación de sus nego-cios. De esta decisión los demandados recurrieron ante nos mediante solicitud de revisión. Luego de examinar el re-curso, declinamos su invitación a revocar la decisión del tribunal de instancia.

El 13 de marzo de 1987, cuatro (4) meses y trece (13) días después de la fecha de la sentencia original de injunction, los demandados presentaron ante el tribunal de instancia una moción de relevo de sentencia en la cual plantearon que por error o inadvertencia las defensas de consentimiento, conciencia impura, incuria (laches) e impedimento no fueron levantadas en el memorando en oposición al injunction. El tribunal decretó un no ha lugar a esta solicitud, notificándose la resolución el 27 de marzo de 1987. Luego de la renuncia de su anterior abogado, los demandados presentaron una mo-ción de reconsideración el 14 de abril de 1987. Alegaron que “por inadvertencia de [su previa] representación legal . . . [se] omitió desafortunadamente la presentación de evidencia y hechos que sin lugar a dudas alteran como cuestión de de-recho el resultado de la sentencia dictada”. Apéndice IX, pág. 19. Esta evidencia consistía en copias de dos (2) senten-cias del Tribunal Superior, Sala de Bayamón: Bonet v. Delgado, Civil Núm. 67-3003, Sentencia de 29 de agosto de 1969, y A.R.P.E. v. Sueiro, Civil Núm. CS-85-4965, Sentencia de 11 de marzo de 1986.

El 24 de septiembre de 1987, el Tribunal Superior acogió la solicitud y dictó sentencia enmendada en la que dejó sin efecto su decisión original de 30 de octubre de 1986. Con-cluyó que la sentencia de Bonet v. Delgado, supra, constituía la ley del caso y que la parte demandante debió haber inter-venido en el pleito de A.R.P.E. v. Sueiro, supra, y no instar una demanda independiente. Es de esta sentencia enmen-dada que los demandantes recurren ahora ante nos. Por en-tender que el tribunal de instancia erró tanto en el aspecto procesal como en el sustantivo, revocamos la sentencia dic-tada.

1 — 1 I — I

En el caso de autos, los demandados inicialmente solicitaron sin éxito el relevo de sentencia para plantear ciertas defensas al injunction. Dieciocho (18) días después, solicitaron la reconsideración de la resolución, introduciendo una nueva defensa e incluyendo en su moción copia de las sentencias dictadas con anterioridad, las cuales alegadamente cambiarían el resultado del caso. Esta reconsideración es la que el tribunal de instancia acoge. Incidió. El tribunal no tenía jurisdicción para considerar la reconsideración, pues ésta fue presentada pasados los quince (15) días que establece la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Aun considerando la reconsideración presentada como una segunda solicitud de relevo bajo la Regla 49.2 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, o como una revisión motu proprio por el tribunal de su dictamen, los deman-dados no tienen razón. A poco que examinemos el plantea-miento de los recurridos en reconsideración, notamos que no se apoya en el descubrimiento de nueva prueba luego de pa-sados los términos para solicitar nuevo juicio (Regla 49.2(2) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III), sino más bien lo que se pretende es presentar una nueva defensa —res ju-dicata— la cual nunca se levantó alegadamente por “[ejrror, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable”. Regla 49.2(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, le confiere a los tribunales la facultad de dejar sin efecto una sen-tencia, una orden o una resolución. Sin embargo, antes de hacerlo el tribunal debe determinar si bajo las circunstancias específicas del caso existen razones que justifiquen la conce-sión de un remedio contra los efectos de la sentencia. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986).

Además, aun cuando hemos señalado que la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, debe interpretarse de forma liberal, esto no significa que se utilice en sustitución de los recursos de revisión o reconsideración. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 688 (1979); González v. Chávez, 103 D.P.R. 474, 476 (1975). Una persona no tiene derecho a que sus reclamaciones adquieran permanencia en los tribunales, manteniendo a la otra parte en un estado de incertidumbre sin más excusa para su falta de diligencia que una escueta referencia a circunstancias especiales, descuidos o inadvertencias. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra; Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 458 (1974).

En el caso de autos, la moción de relevo de sentencia se fundamentó en el error de no presentar cierta prueba en el juicio que alegadamente cambiaría el resultado final del litigio al entonces tenerse que aplicar la defensa de cosa juzgada. La defensa de res judicata es una defensa afirmativa, por lo que se entiende renunciada si no se levanta al hacer la primera alegación responsiva. Reglas 6.3 y 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Los recurridos pretenden levantar esta defensa no sólo después de haber contestado la demanda, sino más de cinco (5) meses después de haberse dictado sentencia. Ello no es posible. Esta interpretación sería contraria al principio de la Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, de que estas reglas se interpretarán para garantizar “una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”.

Para reabrir un caso bajo el segundo inciso de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, se requiere, entre otras cosas, que la parte promovente demuestre que a pesar de que ejercitó una diligencia razonable no pudo descubrir la prueba que ahora pretende introducir. Tratándose en este caso de dos (2) sentencias dictadas con anterioridad a la presentación del presente pleito, en una de las cuales el recurrido fue parte, no podemos concluir que se desplegó la debida diligencia. Bajo la circunstancia especial de este caso, no procedía el relevo de la sentencia bajo el inciso (2) de la Regla. 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Véase Banco Crédito v. Chico Sagastibelza, 90 D.P.R. 125, 138 (1964).

Veamos si procedía bajo el primer inciso de la citada Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Al amparo de este acápite se requiere del promovente una demostración por preponderancia de prueba de los hechos que justifican la moción. Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra. También se debe tomar en consideración si la otra parte sufrirá perjuicio de concederse el remedio solicitado. Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., 120 D.P.R. 283 (1988). En casos en donde se dicta sentencia en rebeldía o por incomparecencia de la parte promovente, hemos dicho que se requiere alegar y demostrar que se tiene una defensa válida que oponer a la reclamación de la otra parte. Fine Art Wallpaper v. Wolff, supra, pág. 459; J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805 (1971); Neptune Packing Corp. v. Wackenhut Corp., supra. No es posible bajo este inciso solicitar la reapertura para plantear defensas renunciadas, excepto las que producen la nulidad absoluta de la sentencia.

No se trata este caso de una sentencia en rebeldía o dictada por la incomparecencia del recurrido. Ambas partes tuvieron oportunidad de presentar prueba para establecer sus reclamaciones y defensas. Lo que desean los recurridos es utilizar el mecanismo de relevo de sentencia para relitigar su caso al aducir defensas previamente renunciadas, todo ello en claro perjuicio de los recurrentes. Creemos que el tribunal de instancia abusó de su discreción al reabrir el caso.

HH

Aun permitiéndole a los recurridos presentar las nuevas pruebas y defensas, sus planteamientos no afectan el dicta-men original de injunction. Lo que se pretende introducir ahora son dos (2) decisiones de la Sala de Bayamón del Tribunal Superior en pleitos relativos a la Urb. Villa Clemen-tina.

En la sentencia de Bonet v. Delgado, supra, el tribunal sostuvo que el demandante en ese caso no actuó con “las manos limpias” al atacar la operación de una escuela en la urbanización. Aunque el tribunal concluyó que el deman-dante no impugnó otros usos no residenciales en la urbaniza-ción, y que esto era un impedimento para la concesión del remedio solicitado, no resolvió definitivamente que estos usos tuvieran el efecto de eliminar la vigencia de las servi-dumbres en equidad.

El hecho de que diecisiete (17) años atrás se permitiera el establecimiento de una escuela en la urbanización no implica que se abandonaran las restricciones al uso de la propiedad que gravan la vecindad. Tampoco implica que hayan ocurrido cambios sustanciales en el uso de la propiedad tolerados por los vecinos. Estas alteraciones tienen que ser tan radicales que hagan la restricción irrazonable y opresiva, y que también destruyan el valor que tenía el convenio original. Asoc. V Villa Caparra v. Iglesia Católica, 117 D.P.R. 346 (1986); Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242 (1959). Si bien es cierto que ya desde la fecha de la sentencia de Bonet v. Delgado, supra, la urbanización había sufrido al-gunos cambios, en el caso de autos, luego de realizar una inspección ocular, el tribunal inferior concluyó que los cam-bios no eran radicales.

Con estos pronunciamientos en mente y a la luz de las conclusiones de hecho y de derecho a las que originalmente llegó el tribunal inferior, la sentencia de 1969 que autorizó la localización de una escuela en la urbanización no puede afec-tar la vigencia y validez de las servidumbres en 1988.

En la segunda de las decisiones presentadas como nueva evidencia, A.R.P.E. v. Sueiro, supra, la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) solicitó un injunction contra el Sr. Andrés Sueiro porque éste construyó una es-tructura sin los correspondientes permisos y operaba una tienda en una zona residencial. Este injunction fue conce-dido, pero el demandado le hizo caso omiso a la orden. De hecho, el 5 de septiembre de 1986, el tribunal lo encontró incurso en desacato y le ordenó una vez más cesar la opera-ción de su negocio por su incumplimiento con los regla-mentos de A.R.P.E. En el caso de autos, el tribunal inferior concluyó que los aquí demandantes recurrentes debieron so-licitar intervenir en el pleito instado por A.R.P.E. porque presentaba y discutía las mismas controversias. Al así hacer-lo, erró.

El hecho de que A.R.P.E. lleve una acción para hacer valer sus reglamentos no impide que otros ciudadanos lleven acciones independientes para poner en vigor las servidumbres en equidad. Ya hemos resuelto que las acciones de A.R.P.E. para poner en vigor sus reglamentos son separadas e independientes de aquellas que pueden llevar los ciudadanos para hacer valer sus intereses legítimos. Véanse: Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 179, 183-184 (1973); Pérez v. Pagán, 79 D.P.R. 195, 198-199 (1956); Colón v. San Patricio Corporation, supra, págs. 267-268; Rodríguez v. Twin Towers Corp., 102 D.P.R. 355 (1974).

El objetivo de la acción de A.R.P.E. es fundamentalmente distinto al de los demandantes recurrentes en este recurso. El organismo administrativo aseguró el cumplimiento de ciertos reglamentos, mientras que los ciudadanos defienden la vigencia de las restricciones privadas que impusieron a sus propiedades. Además, aun si se tratara de intereses similares “[n]o puede oponerse al derecho de los demandantes a solicitar un injunction para defénder sus intereses legítimos, el derecho que la ley independientemente le confiere al Estado y a la Junta de Planificación de iniciar una acción similar”. Torres v. Rodríguez, supra, pág. 184. Debemos recordar que los tribunales deben “facilitar en todo lo posible, dentro de [la] ley, el que tanto el Estado como las personas particulares puedan hacer efectivas las disposiciones civilizadoras de urbanismos”. íd., pág. 185. Por lo tanto, no hay razón para exigirle a una persona intervenir en las acciones instadas por A.R.P.E., dado que el fin perseguido por ésta es distinto al perseguido por los ciudadanos privados.

En conclusión, las razones aducidas por los demandados recurridos para dejar sin efecto la sentencia no fueron válidas. La “nueva” evidencia ahora traída no afecta el dicta-men original de injunction. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, no es una llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente dictada. Ríos v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 793, 794 (1974); Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445, 449 (1977); Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978). Concluimos que erró el tribunal de instancia al dejar sin efecto su sentencia original de injunction.

Por los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia enmendada del tribunal de instancia. Se le instruye a dicho foro a que con la prontitud y rapidez deseable en este tipo de casos ponga en vigor su dictamen original que declara con lugar la demanda incoada por el ciudadano afectado por la violación de las servidumbres de equidad que gravan la ur-banización.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resul-tado sin opinión escrita.


text:
    Reglas para el Procedimiento de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior
    Número:_

      Resuelto: 2 de febrero de 1989
   RESOLUCIÓN

Al amparo de la facultad inherente de este Tribunal para reglamentar los procedimientos judiciales y de lo dispuesto por la See. 4.4 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.), se adoptan las Reglas para el Procedimiento de Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior adjuntas a esta resolución.

Estas reglas serán aplicables a todos los recursos ins-tados ante el Tribunal Superior para revisar órdenes, resolu-ciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos en su función adjudicativa o cuasi legisla-tiva, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 170, supra.

Esta resolución en modo alguno representa expresión institucional o criterios individuales de naturaleza judicial sobre cualesquiera planteamientos que puedan surgir en el ejercicio constitucional de la facultad de este Tribunal para adjudicar oportunamente controversias justiciables.

Se ordena la inmediata publicación de esta resolución y las reglas adjuntas. A esos efectos, notifíquese adicional-mente al Hon. Secretario de Justicia, al Director Adminis-trativo de los Tribunales y al Colegio de Abogados de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

{Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

REGLAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR

Regla 1: Base legal

Estas Reglas son adoptadas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en virtud de su facultad inherente para regla-mentar los procedimientos judiciales y lo dispuesto por la See. 4.4 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988.

Regla 2: Aplicabilidad

Estas reglas serán aplicables a todos los recursos ins-tados para que el Tribunal Superior revise órdenes, resolu-ciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos, ya sea en su función adjudicativa o cuasi le-gislativa, conforme lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988.

Regla 3: Competencia

El recurso se presentará en la sala del Tribunal Superior que se hubiera dispuesto por ley. En aquellos casos en que no haya disposición de ley al respecto, el recurso se presentará en la sala del lugar donde se esté, se planee o se haya llevado a cabo la actividad o incidente que hubiera dado lugar a la controversia. Si la actividad o incidente se lleva o se llevará a cabo, o hubiere ocurrido en más de un distrito judicial, se podrá presentar el recurso en cualquiera de las salas ubi-cadas en tales distritos judiciales.

Regla 4: Término para presentar recurso de revisión

El recurso de revisión deberá ser presentado y recibido en la Secretaría del Tribunal Superior dentro del término jurisdiccional dispuesto por ley.

Regla 5: Contenido de la solicitud de revisión

(a) El epígrafe de la solicitud de revisión contendrá los nombres de las mismas partes que comparecieron ante la agencia administrativa, identificándolas con la designación que allí tenían, tal como peticionario, opositor, querellante, querellado, apelante, apelado, interventor, etc. Se añadirá en el sitio apropiado la designación de recurrente y recurrido, y se indicará claramente el nombre de la agencia administra-tiva de la cual proviene el recurso. En los recursos de revi-sión para impugnar la validez de una regla o reglamento bajo las disposiciones de la Sec. 2.7(b) de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, el epígrafe expresará el nombre de la persona que impugna, identificándola como recurrente, y el nombre de la agencia que adoptó la regla o reglamento, iden-tificándola como recurrida.

(b) Cualquier solicitud de revisión contendrá las siguien-tes partes numeradas en el mismo orden que aquí se dispone:

(1) Una referencia a la resolución, orden o providen-cia administrativa de la cual se recurre, incluso el nombre y el número del caso ante la agencia, la fecha en que se dictó la misma, la fecha en que se archivó en autos copia de la notifi-cación a las partes, la fecha en que se presentó moción de reconsideración ante la agencia y todas las fechas poste-riores en que ocurrieron eventos que puedan afectar plazos jurisdiccionales.

(2) Una relación breve y objetiva de los hechos del caso que sean pertinentes al recurso de revisión.

(3) Un señalamiento breve y conciso de los errores que se imputan a la agencia o de las cuestiones de derecho planteadas por el recurso. Dichos señalamientos serán nu-merados por separado.

(4) Una discusión por separado de los asuntos seña-lados en la parte anterior, siguiendo la misma numeración.

(c) La cubierta de la solicitud tendrá solamente el epí-grafe, el nombre, la dirección, el número de teléfono y nú-mero de colegiado del abogado del recurrente, y el nombre, la dirección y el número de teléfono del abogado o abogados de las demás partes, identificando claramente qué abogado representa a qué parte. Si alguna parte no hubiese estado representada por abogado ante la agencia, se indicará el nombre, la dirección y el número de teléfono de la propia parte.

(d) No se permitirá la presentación de un memorando separado en apoyo de la solicitud y el tribunal no le dará consideración alguna a cualquier memorando tal. Se deberán incluir todos los fundamentos y los argumentos en el propio cuerpo de la solicitud al momento de presentarla en el tribunal.

(e) Salvo autorización del tribunal, la solicitud de revi-sión no excederá de veinte (20) páginas, excluyendo el apén-dice.

(f) Junto con la solicitud se deberá incluir un apéndice que contendrá copia completa y legible de los documentos siguientes:

(1) La orden, resolución o providencia administrativa cuya revisión se solicita.

(2) Las alegaciones de las partes ante la agencia, tales como: la solicitud original, querella o apelación, las con-testaciones a las anteriores hechas por las otras partes, etc.

(3) La moción o mociones de reconsideración presen-tadas a la agencia contra la decisión cuya revisión se solicita.

(4) La decisión de la agencia que resuelve en defini-tiva la reconsideración.

(5) Cualquier otra decisión, orden o resolución dic-tada por la agencia, o cualquier otro escrito presentado por las partes a la misma, o cualquier exhibit que se hubiese pre-sentado a la agencia durante el trámite administrativo que sea importante para que el Tribunal Superior tome una deci-sión bien informada sobre el recurso presentado.

(g) Las páginas del apéndice deberán estar numeradas consecutivamente. El apéndice irá precedido por un índice que indicará claramente la página del apéndice en que apa-rece cada documento. Cuando en el cuerpo de la solicitud se haga referencia a cualquier documento del apéndice, se indi-cará siempre la página del apéndice en que el documento aparece, y si se hace referencia a algún dato en particular en el documento se indicará siempre la página del apéndice en que aparece tal dato.

(h) No se incluirá en el apéndice ningún documento que no forme parte del expediente ante la agencia.

(i) Si se presenta una solicitud que sustancialmente no se ajuste a los requisitos de esta regla, el tribunal podrá deses-timar el recurso. Si la omisión no fuere sustancial, el tribunal ordenará que sea subsanada y podrá paralizar el trámite hasta que ello se realice.

Regla 6: Forma de los escritos

(a) Todo escrito deberá ser hecho en papel tamaño legal (8V2" x 14"), con un margen izquierdo no menor de IV2", y será escrito por un solo lado del papel, a doble espacio, en maquinilla de tipo “pica” o mayor. No se admitirá ninguna solicitud impresa en el sistema conocido como “dot matrix”.

(b) Todo escrito estará fechado, será firmado por el abo-gado o por la parte que lo presenta y contendrá una certifica-ción de su notificación a las demás partes que indique en cada caso el nombre y la dirección de los abogados o partes notificadas, y la forma y la fecha en que la notificación fue hecha, sujeto a lo dispuesto en la Regla 7 para el recurso de revisión.

Regla 7: Presentación y notificación de la solicitud de revisión

(a) La solicitud deberá ser presentada por el recurrente y recibida por el Tribunal Superior antes de su notificación a las demás partes. La Secretaría del tribunal procederá a asignarle número de presentación al recurso, conforme lo dispuesto en la Regla 66.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, e informará inmediatamente dicho número al presentante. El presentante anotará, entonces, dicho nú-mero en las copias del recurso que han de ser notificadas a las partes y a la agencia o agencias que hayan intervenido en el proceso.

(b) El recurrente notificará, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, las copias así numeradas dentro del plazo requerido por la See. 4.2 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988. Una vez hecho esto, el recurrente le certificará al tribunal, no más tarde del siguiente día labora-ble, el haber hecho la notificación indicando el nombre y la dirección de las personas notificadas, y la fecha y la forma en que las notificaciones fueron hechas.

Regla 8: Oposición a que se expida el auto

(a) Las partes podrán presentar su oposición a la expedi-ción del auto dentro de un plazo de quince (15) días desde la fecha en que se les envió la notificación del recurso. Cual-quier parte que estime que en el apéndice de la solicitud de revisión no se incluyeron documentos que debieron ser in-cluidos, podrá incluirlos en un apéndice a su oposición, cuyas páginas deberán estar numeradas consecutivamente y el cual tendrá un índice igual al ordenado por la Regla 5(f).

(b) Si el tribunal estima que para tomar una decisión adecuada en cuanto a la expedición del auto debe tener el beneficio del punto de vista de cualquiera de las partes, po-drá ordenar a ésta o a la agencia que se exprese en torno a la procedencia del recurso de revisión.

Regla 9: Transcripción de la evidencia

(a) Cuando, a los fines de la decisión sobre la expedición del auto de revisión o para resolverlo, si se hubiere expedido, cualquiera de las partes interesare acompañar una copia total o parcial de la transcripción de evidencia y fuere necesa-rio que el tribunal concediera tiempo para hacer la transcrip-ción, dicha parte deberá, en moción separada al efecto, com-probar la necesidad de ello con vista de las determinaciones de hecho de la agencia, haciendo referencia a las cuestiones planteadas en la solicitud de revisión y al contenido de los testimonios específicos que se intente utilizar.

Si se apuntare error en la apreciación de la prueba o que alguna de las determinaciones de hecho no están sostenidas por la prueba, la parte recurrente incorporará en la moción un resumen de la parte pertinente de la prueba presentada ante la agencia a fin dé sustanciar el apuntamiento. La omi-sión de cumplir con esta regla dará lugar a que se declare sin lugar la moción.

(b) El tribunal podrá, cuando lo considere necesario o conveniente para lograr una más pronta tramitación del caso, o para servir mejor a los fines de la justicia, ordenar que en lugar de la transcripción se haga una exposición na-rrativa de la prueba. En tal caso, la parte recurrente prepa-rará dicha exposición y se la notificará a la agencia que deci-dió el caso y a todas las demás partes. Si hubiere objeción fundamentada de la propia agencia o de cualquiera de las partes a la exposición así preparada, se celebrará una vista ante la agencia para resolver las objeciones. La agencia hará entonces las correcciones que fuesen necesarias a la exposi-ción y, una vez así corregida, la certificará y la elevará al tribunal. El tribunal podrá fijar plazos límites para las dife-rentes etapas del proceso indicado, según las circunstancias de cada caso.

(c) Cuando no se solicite u ordene ni la transcripción ni la exposición narrativa de la prueba, el caso será considerado y resuelto a base del expediente administrativo.

(d) Una vez expedido el auto, de no haberse ya acompa-ñado la transcripción o exposición narrativa de la prueba, la parte recurrente tendrá diez (10) días para solicitar, con-forme al párrafo (a) de esta regla, la transcripción total o parcial de la evidencia o informar que se acogerá el procedi-miento de la exposición narrativa de la prueba. Si pidiere la transcripción parcial, las partes contrarias tendrán diez (10) días para solicitar la transcripción total o adicional que en-tiendan necesaria.

Regla 10: Legajo en revisión

El expediente administrativo consistirá de los autos ori-ginales o copia de los mismos certificados por la agencia o el funcionario recurrido, y de la transcripción de evidencia o exposición narrativa de la prueba, si se ordenare, también certificada. Las partes podrán estipular, con una breve expo-sición de los motivos que tengan para ello, que el expediente administrativo se limite a parte de los autos, o de la trans-cripción de la evidencia, o de la exposición narrativa de la prueba. Esta estipulación estará sujeta a la aprobación del tribunal.

Regla 11: Órdenes de mostrar causa

(a) Luego de presentada la solicitud de revisión, el tribunal podrá emitir una orden a las partes para que muestren causa por la cual no deba expedir el auto para revocar o mo-dificar la orden, resolución o providencia administrativa ob-jeto del recurso. Excepto en circunstancias de urgencia extrema, no se expedirá una orden tal antes de que hubiese vencido el plazo para oponerse a la expedición del auto.

(b) Una vez se expida la orden para mostrar causa, las partes tendrán el plazo simultáneo que en ella se especifique para contestar la misma. La contestación tendrá un máximo de quince (15) páginas, exclusive las del apéndice, si lo tu-viere.

Regla 12: Disposición del recurso

Una vez transcurrido el término para oponerse al recurso o una vez contestada la orden para mostrar causa, o expirado el plazo para contestarla, el tribunal, conforme a derecho, procederá a: (1) denegar la expedición del recurso; (2) expe-dir el auto definitivo y dictar sentencia en los méritos confir-mando, modificando o revocando la decisión objeto del re-curso; (3) ordenar que se continúe con el trámite ordinario del recurso, o (4) dictar cualquier otra providencia u orden.

Regla 13: Alegatos

(a) En aquellos casos en los que se expida formalmente el auto y se ordene elevar el expediente administrativo, las partes presentarán sus respectivos alegatos. El recurrente presentará el suyo dentro de los treinta (30) días de haberse notificado por la Secretaría el recibo del expediente adminis-trativo o legajo en revisión, y las demás partes presentarán los suyos dentro de los treinta (30) días de notificado el ale-gato del recurrente.

(b) El alegato del recurrente contendrá, al igual que la solicitud original, una breve relación de los hechos del caso que sean pertinentes al recurso y reiterará el señalamiento breve y conciso de los errores que se imputan a la agencia y/o de las cuestiones de derecho planteadas por el recurso que ya había hecho en la solicitud de revisión. Tendrá, entonces, una discusión por separado de los asuntos señalados, si-guiendo la numeración de los señalamientos. No se podrán hacer señalamientos nuevos, pero en la discusión de los asuntos previamente señalados se podrán incluir argu-mentos nuevos y/o expandidos.

(c) Los alegatos de las demás partes discutirán por sepa-rado todos los señalamientos hechos en el alegato de la parte recurrente y podrán incluir cualquier observación adicional que fuese pertinente a una adecuada solución del caso. Tales alegatos podrán incluir una relación de hechos propia si la parte entiende que la hecha por el recurrente no es fiel a lo ocurrido.

(d) El tribunal podrá negarse a aceptar un alegato reci-bido fuera de término o de la prórroga que pueda haber sido concedida.

(e) Los alegatos no podrán tener más de veinte (20) pá-ginas, a menos que el tribunal por causa justificada autorice un número mayor. No será necesario unir un apéndice al ale-gato, ya que es suficiente el apéndice de la solicitud de revi-sión. Si en cualquier alegato se hiciera referencia a un docu-mento de dicho apéndice, deberá siempre indicarse la página del apéndice en que aparece el documento.

Regla 14: Mociones de desestimación

Cuando una parte tuviere fundamentos para pedir la de-sestimación del recurso de revisión, presentará prontamente una moción al efecto de no más de diez (10) páginas y notifi-cará inmediatamente la misma a las demás partes. Estas tendrán plazo de quince (15) días para oponerse a la desesti-mación, con escritos que tampoco serán de más de diez (10) páginas.

Regla 15: Vistas

El tribunal podrá convocar a una vista oral cuando lo es-time necesario. Las partes podrán solicitar vistas orales y el tribunal, a su discreción, podrá o no concederlas. La solicitud se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la presenta-ción del alegato de la parte recurrida. Si ninguna de las partes la solicitare dentro de dicho término, quedará some-tido el recurso.

En las vistas, las partes tendrán quince (15) minutos para su argumento inicial y (5) minutos para rebatir, a menos que el tribunal disponga de otro modo.

Regla 16: Mociones de reconsideración

Cualquier parte podrá pedir al tribunal que reconsidere cualquier decisión que hubiese tomado en el caso. Tales mo-ciones se regirán por lo dispuesto en la Regla 47 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Regla 17: Mandatos

Dentro de los cinco (5) días después de haber advenido final y firme la decisión dictada por el Tribunal Superior, el Secretario enviará el mandato a la agencia concernida.

Regla 18: Sanciones

El incumplimiento de estas reglas u orden del tribunal por cualquiera de las partes podrá dar lugar a la imposición de sanciones. Ello podría incluir la desestimación del recurso o la imposición del pago de honorarios razonables de abo-gado, y las costas y gastos a cualquier parte que incurriera en el incumplimiento.

Regla 19: Poder adicional de reglamentación del tribunal

En situaciones no previstas por este reglamento, el tribunal encauzará el trámite en la forma que, a su juicio, sirva los mejores intereses de todas las partes.

Queda reservada la facultad del tribunal para en casos apropiados prescindir de términos, escritos o procedi-mientos específicos en orden al más justo y eficiente despa-cho del caso.

Regla 20: Vigencia

Estas reglas comenzarán a regir en la misma fecha de vigencia de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 y, una vez en vigor, derogarán las reglas aplicables a los recursos para la revisión de decisiones administrativas ante el Tribunal Superior, adoptadas por el Tribunal Supremo el 23 de septiembre de 1976 (4 L.P.R.A. Ap. VIII-A).


author: PER CURIAM:

text:
      In re Helión W. Cruz González.

      Números: MC-88-68
    MC-88-66
    7243

      Resueltos: 9 de febrero de 1989
   PER CURIAM:

Se consolidan los recursos del epígrafe.

El 4 de noviembre de 1988 compareció ante nos el Hon. Procurador General para informarnos que el Ledo. Helión Cruz González había ignorado sus requerimientos para que expusiera su posición ante una querella que presentó en su contra el señor Burgos Vega.

El referido abogado, además, había hecho caso omiso a una notificación del Director de la Oficina de Inspección de Notarías y de nuestra Orden de 25 de agosto de 1988.

El 17 de noviembre de 1988 emitimos resolución que con-solidaba ambos asuntos y concedimos al abogado un término improrrogable de diez (10) días a partir de la notificación de la resolución para que cumpliera con los requerimientos del Procurador General. Concedimos, también, el término de treinta (30) días para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado como notario y como abogado. Además, lo suspendimos temporalmente del ejercicio del notariado.

El 17 de enero de 1989, mediante opinión Per Curiam, le suspendimos del ejercicio de la profesión por un (1) mes por razón de otra conducta contraria a los cánones de ética. In re Cruz González, 123 D.P.R. 108 (1989).

El 24 de enero de 1989, mediante certificación de la Ofi-cina del Alguacil General, se nos informó que las gestiones realizadas para localizar a dicho abogado fueron infruc-tuosas y que su ex esposa informó que él se encuentra fuera de Puerto Rico, pero ella desconoce su dirección postal o re-sidencial. Por ello, no se han podido diligenciar las distintas órdenes dictadas en su contra.

El licenciado Cruz González no ha notificado cam-bios en su dirección postal. Quebrantó así la obligación recogida en la Regla 8(j) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, que impone a todo abogado el deber de notificar cualquier cambio en su dirección postal. Como con-secuencia de dicho incumplimiento, se ha obstaculizado la labor investigativa del Hon. Procurador General y de nuestra jurisdicción disciplinaria. Como señaláramos en In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494, 495 (1987):

Cuando en incidentes de quejas y querellas, la omisión del abogado de mantener al día su dirección obstaculiza sustan-cialmente una adecuada canalización del ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria o su labor investigativa, ello de por sí, podría justificar, como medida auxiliadora, una suspensión temporal.

Visto el incumplimiento del licenciado Cruz González, se le suspenderá indefinidamente del ejercicio de la profesión legal.

       Con relación a la queja disciplinaria del convicto señor Ortiz Couvertier.

       Se ha informado que él se trasladó al estado de California.