author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Fernando Baerga Rodríguez, recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, recurrente.

      Número: CI-91-222

      Resuelto: 25 de enero de 1993

      José M. Fernández Luis, abogado del Administrador del Fondo del Seguro del Estado; Leopoldo Bonilla, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

¿Debe la Comisión Industrial (en adelante la Comisión) celebrar, al momento de otorgar una compensación en con-cepto de desfiguración de un obrero lesionado, una vista en la que el asegurador (Fondo del Seguro del Estado) pueda cuestionar si procede o no la determinación de desfigura-ción, la de compensación por tal condición y/o el por ciento de ésta? Esa es la cuestión que ha de dilucidarse en este caso.

Resolvemos que la Comisión viene obligada a cele-brar una vista informal y sumaria en la que el Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo) tenga plena par-ticipación como parte al momento de hacer la determina-ción de desfiguración y fijar la compensación o el por ciento en dicho concepto a favor de un obrero lesionado. Por ello, revocamos la resolución de la Comisión que se negó a cele-brar dicha vista en este caso.

r-H

El Sr. Fernando Baerga Rodríguez (en adelante el obrero) era un obrero de mantenimiento que trabajaba para la Administración de Vivienda Pública. () El 18 de octubre de 1988, el obrero sufrió un accidente en el trabajo cuando fue a botar un inodoro que sacó de una vivienda de un residencial público, donde se realizaban obras de repa-ración, y se le encajó el brazo izquierdo en el contenedor de la basura en donde tiró el inodoro. Ello le produjo una he-rida incisiva en el antebrazo izquierdo, región dorsal, a un tercio del radio.

El obrero acudió al Fondo donde, luego de brindarle el máximo beneficio de tratamiento, fue dado de alta defini-tiva el 18 de abril de 1989. No se le concedió incapacidad alguna.

Inconforme con esa determinación, el obrero acudió en apelación a la Comisión. Adujo el obrero que continuaba con fuerte dolor en el brazo, el cual se agudiza en el codo y la muñeca, por lo que solicitó tratamiento médico adicional y que le fuera asignada la correspondiente incapacidad.

La Comisión señaló una vista médica —sobre la apela-ción en cuanto al tratamiento médico e incapacidad— para el 24 de julio de 1989. Celebrada esa vista médica, tanto el médico asesor del Fondo como el de la Comisión recomen-daron confirmar la decisión del Fondo objeto de apelación. De acuerdo con el examen médico, el obrero presentaba un ligero dolor a la palpitación de la herida, pero los movi-mientos de la muñeca estaban conservados y el agarre, puño y pinza estaban normales. No encontraron ninguna condición física o emocional incapacitante.

No obstante, ambos galenos recomendaron referir al obrero lesionado ante la Comisión para que ésta evaluara si procedía una determinación de desfiguración.

Así las cosas, la Comisión citó al obrero para una eva-luación sobre desfiguración, ante uno de los Comisionados, el 14 de noviembre de 1989. A dicha evaluación no fue ci-tado el Fondo. Lo acontecido en esa ocasión fue recogido en la resolución sobre desfiguración emitida por la Comisión el 15 de noviembre de 1989. En lo pertinente se lee:

En este caso se citó al lesionado para que compareciera ante la Comisión Industrial para evaluación de la desfiguración que presenta en su brazo izquierdo como resultado del accidente sufrido en 18 de octubre de 1988.
El lesionado presenta una cicatriz en el antebrazo izquierdo de aproximadamente tres pulgadas de longitud y de 0.5 centí-metros de ancho..
El obrero es casado, de 49 años de edad, y trabaja en mante-nimiento, para la Administración de la Vivienda Pública.
Sometido el aspecto desfigurante a la apreciación visual del Comisionado, Sr. Luis A. Duprey Figueroa, éste determinó, des-pués de tomar en consideración la ocupación, sexo e importan-cia de la desfiguración, que existe un cambio en el brazo iz-quierdo del obrero, el cual amerita un 100 por ciento de desfiguración.
POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, la Comisión Industrial RESUELVE fijar al lesionado una desfiguración equi-valente a un 100 por ciento por brazo, de la cantidad que la Ley dispone para estos casos. (Énfasis suplido.) Resolución de 15 de noviembre de 1989.

En conformidad con su resolución, la Comisión ordenó al Fondo compensar al obrero por la desfiguración. Esa re-solución fue notificada al Fondo.

Inconforme con la determinación de desfiguración, el Fondo apeló ante la Comisión. Adujo que la determinación no se ajustaba a la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y que “no fue citado para vista Pública [sic] donde pudiese hacer los planteamientos jurídicos de rigor”. Apelación de 8 de diciembre de 1989. A tenor con ello, so-licitó a la Comisión que dejara sin efecto la resolución emi-tida en este caso y citara a vista pública.

Mediante Resolución de 8 de enero de 1990, la Comisión declaró sin lugar la apelación del Fondo y le ordenó cum-plir con su resolución anterior en la que fijó un cien por ciento (100%) de desfiguración en este caso.

El Fondo solicitó la reconsideración a la Comisión. A través de una parca “Resolución Reconsideración”, la Co-misión denegó la solicitud del Fondo y nuevamente le or-denó que cumpliera con su resolución sobre desfiguración.

De esa determinación acude el Fondo ante nos. Aduce que:

1. Erró la Honorable Comisión Industrial al otorgar compen-sación por concepto de desfiguración, con cargo al Fondo del Seguro del Estado, sin notificación al obligarlo al pago. (Sic) a) Cuestión constitucional sustancial.
Si un Organismo cuasi judicial puede, de forma compatible con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ordenar el pago de compensaciones sin ningún tipo de vista donde el afectado le sea posible defenderse o establecer la im-procedencia del pago.
2. Erró la Honorable Comisión Industrial al negarle al Fondo del Seguro del Estado el derecho a apelar una Resolución per-judicial al interés público. Ello, en forma opuesta a lo estable-cido en el artículo 10 de la Ley Núm. 45 del 18 de abril de 1935 y la doctrina de este Honorable Tribunal, F.S.E. vs. Com. Ind., 105 DPR 261. Solicitud de revisión, pág. 4.

Expedido el auto, las partes han comparecido en apoyo a sus respectivas contenciones. Resolvemos.

l-H

La resolución de la controversia ante nos exige, en pri-mera instancia, analizar someramente el andamiaje es-tructural creado por la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.()

Como estructura general, la referida ley establece que corresponde, en primera instancia, al Administrador del Fondo adjudicar las cuestiones de compensabilidad de las lesiones. González v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 622 (1942); Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 466 (1943); S.P. Amadeo, La revisión judicial de la Comisión Industrial de Puerto Rico, 15 Rev. Jur. U.P.R. 121, 124-125 (1946). Luego, la Comisión revisa esas determinaciones. Cf. Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 460 (1937); Torres Rivera v. Comisión In dustrial, 85 D.P.R. 620 (1962). Así que, como regla general, la Comisión actúa en estos casos como tribunal apelativo a nivel administrativo. En el ejercicio de esas funciones re-visoras, de naturaleza cuasi judicial, representa al interés público y no a los intereses de las partes. Cf. Art. 6(b) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 87(b). Adviértase que el esquema de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. sec. 1 et seq.) no le concede al Fondo la facultad expresa en ley para re-visar o reconsiderar sus propias decisiones. Cf. Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 11.()

Ahora bien, los casos de compensación por desfiguración se apartan de ese esquema general de la ley. Ello es así por cuanto la ley le concede facultad a la Comisión para que, en primera instancia, adjudique la procedencia y el monto de la compensación por este concepto.

El Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3, dispone con respecto a la desfiguración que:

... en los casos en que una cicatriz, quemadura o cualquier cambio en la fisionomía cause la desfiguración de la cara, ca-beza o cuello o de una o ambas de las manos o brazos del lesio-nado, a solicitud del Administrador del Fondo del Seguro del Estado o del obrero o empleado lesionado la Comisión Industrial decidirá de acuerdo con la gravedad de la lesión cuán\t\o debe compensarse por este concepto. En ningún caso se pagará por la desfiguración de la cara, cabeza o cuello del lesionado una suma mayor de tres mil (3,000) dólares y en el caso de desfiguración de las manos o brazos de mil seiscientos (1,600) dólares. En los casos de desfiguración de manos o brazos no se compensará este concepto si la desfiguración se tomó en consi-deración al fijar alguna compensación por incapacidad de dicha mano o brazo.
La Comisión Industrial graduará esta compensación to-mando en consideración la importancia de la desfiguración, la profesión y oficio y sexo de la persona lesionada .... (Enfasis suplido.)

En Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 741, 744-745 (1974), resolvimos que para ser compen-sable la desfiguración del obrero tiene que ser seria y perma-nente, y que afecte la capacidad de éste para conseguir y ¡o retener un empleo. Para ello, la ley establece los criterios que debe considerar la Comisión para adjudicar la desfiguración y graduar la compensación que ha de ser otorgada en casos en que proceda, a saber: gravedad o importancia de la des-figuración, profesión u oficio, así como el sexo del obrero lesionado. En cuanto al criterio de gravedad de la desfigura-ción cabe señalar que es uno que requiere, en gran medida, de evidencia y peritaje médico. Cf. Alonso García v. Comisión Industrial, supra.

De lo anterior se desprende que la determinación de desfiguración requiere el ejercicio discrecional de una facultad original que le reconoce la ley a la Comisión. Claro está, como en inumerables decisiones hemos sostenido, el ejercicio de la discreción conlleva, a su vez, el ejercicio razonable de la facultad o poder que le fue delegado por la ley al organismo que toma la decisión. Cf. Pueblo v. Lacroix Correa, 127 D.P.R. 557 (1990), y casos allí citados. Su antónimo es el capricho o la arbitrariedad al decidir.

En esa tarea la Comisión se despoja de su carácter tra-dicional de organismo revisor de adjudicaciones del Fondo para ella funcionar como organismo adjudicativo. ¿Podía la Comisión en tal capacidad adjudicar la cuestión de la des-figuración del empleado sin la presencia y participación de una de las partes: el Fondo?

El Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, nada dispone sobre el particular. Ello, claro está, no impone la conclusión de que no es ne-cesaría la presencia y participación del Fondo en tal determinación. Se impone, en primer lugar, examinar si de las otras disposiciones de la ley compensatoria!) o de otras leyes surge la obligación de la Comisión de dar audiencia y participación al Fondo en su determinación sobre compen-sabilidad de una lesión desfigurante.

HH

El Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, dispone, en lo pertinente, que

... una vez radicada [sic] una apelación por un obrero lesionado, en que esté envuelta una cuestión médica, éste será examinado en una vista médica por médicos del Fondo del Seguro del Es-tado y de la Comisión Industrial conjuntamente, y por el mé-dico que el obrero tuviere a bien traer y de la resolución que dictare la Comisión Industrial a base del informe médico que se rinda como resultado del examen practicado, la cual será fir-mada por un solo Comisionado, el obrero podrá solicitar la ce-lebración de una vista pública dentro de un término que no excederá de treinta (30) días.

En F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261 (1976), interpretamos el referido artículo. Ante la petición del Fondo de igual derecho a vista pública para dilucidar cues-tiones conflictivas sobre prueba pericial médica, expresa-mos:

El Art. 10 citado de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo expresa inicialmente que el obrero puede apelar ante la Comisión Industrial de las determinaciones del Admi-nistrador del Fondo. Ya aquí se traba la controversia. El Fondo es obviamente parte de la misma. Vide: Colón v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 1 (1937). No se le puede borrar del récord; no se le puede ordenar, como al genio de Aladino, que regrese a la lámpara. Luego el estatuto requiere que se celebre una vista médica, sin que nadie tenga que solicitarla, de así exigirlo la naturaleza del caso. Entonces se expresa que, de no estar con-forme el obrero con la resolución que en consecuencia dicte la Comisión, el obrero podrá solicitar una vista pública. ¿Significa esto que es solo el obrero el que tiene el derecho a ventilar su inconformidad en esta forma? ¿Que de complacerle al obrero la resolución de la Comisión —como le complacería cualquier de-cisión a su favor— pierde el Fondo su derecho a ser oído? No hemos hallado nada en el historial legislativo de la disposición concernida que le atribuya tal significado, ni razón de otro or-den que prive de oportunidad a ninguna de las partes a desfilar prueba y a contrainterrogar a, los peritos contrarios sobre la controversia médica surgida. (Enfasis suplido.) F.S.E. v. Comisión Industrial, supra, págs. 264-265.

Véase, además, Meléndez Santana v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 393, 395 (1980). Aunque reconocemos que la determinación de desfiguración no es solamente una de-terminación médica, no es menos cierto que en gran me-dida y en muchos casos esa evidencia y peritaje médicos sirve como el mejor criterio para fundamentar su gravedad. Cf. Alonso García v. Comisión Industrial, supra. Siendo ello así, no vemos cómo no deba concedérsele igual oportunidad al Fondo para dirimir en una vista, con su participación como parte, cualquier controversia surgida con la Comisión sobre la determinación de ésta de conceder una compensación por desfiguración.

Pero además, nuestro ordenamiento legal le impone a la Comisión ese procedimiento cuando ésta funge como organismo adjudicativo. La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, comúnmente conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq., establece un cuerpo de reglas mínimas para proveer uniformidad al proceso decisional de las agencias públicas del Estado Libre Asociado. La Comisión Industrial no está exenta de las disposiciones de esta ley. 3 L.P.R.A. sec. 2102(a).

En Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992), resolvimos que a la Comisión le aplicaban aquellas disposiciones de dicha ley que regulan el procedimiento administrativo de adjudicación formal de controversias ante su consideración, cf. 3 L.P.R.A. sec. 2102(k), en especial la reconsideración y revisión de su dictamen administrativo.()

Ahora bien, la adjudicación de una controversia sobre desfiguración debe seguir un procedimiento informal y sumario, 2B Larson’s Workmen’s Compensation Law Sec. 77(A). Como se señala en Larson’s, supra, págs. 15-1-15-2:

The adjective law of workmen’s compensation, like the substantive, takes its tone from the beneficent and remedial character of the legislation. Procedure is generally summary and informal. The initial handling of claims, and perhaps the first review, are administrative in all but a few states. The whole idea is to get away from the cumbersome procedures and technicalities of pleading, and to reach aright decision by the shortest and quickest possible route. (Enfasis suplido y escolios omitidos.)

Claro está, ello no significa que so pretexto de la infor-malidad se obliteren las garantías mínimas del proceso justo y equitativo. La política pública de la Ley Núm. 170, supra, es precisamente alentar este tipo de procedimiento para solucionar controversias pero sin menoscabar los de-rechos reconocidos a las partes por la propia ley. Esta ga-rantiza que la rapidez, justicia y economía del procedi-miento logren y estén enmarcadas en una solución equitativa de los casos. A tono con esa política pública, la Ley Núm. 170, supra, dispone que en los procedimientos administrativos no considerados en la ley, la agencia de-berá reglamentar su práctica a tono con sus disposiciones. Véase Ley Núm. 170, 1988 Leyes de Puerto Rico 849.

Por lo tanto, en la adjudicación informal de una desfiguración la Comisión viene obligada a brindarle al Fondo las garantías procesales mínimas que la Ley Núm. 170, supra, reconoce que se le deben garantizar a las partes en la adjudicación formal de una controversia. 3 L.P.R.A. secs. 2151-2170a.

Nadie debe dudar que en la adjudicación de la controversia sobre desfiguración el Fondo es parte interesada. Cf. F.S.E. v. Comisión Industrial, supra, págs. 264-265; 3 L.P.R.A. sec. 2102(j). Como tal, tiene derecho a que se le notifique adecuadamente el reclamo en su contra y de la celebración de la vista informal y sumaria de tipo adjudicativa; a presentar evidencia a favor de los intereses que la ley le encomendó defender, 11 L.P.R.A. see. 8; a tener una adjudicación imparcial basada en el expediente del caso; a reconsiderar una resolución que le sea adversa, y a revisar judicialmente ésta, entre otros derechos. Cf. 3 L.P.R.A. see. 2151 et seq.()

IV

En el caso ante nos está en juego la compensación por desfiguración que reconoce el Art. 3 de la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 3.() Esa compensación, que en la actualidad fija la Comisión en un procedimiento independiente y ex parte, le corresponde pagarla al Fondo. Sin duda que el interés pecuniario del Fondo, que maneja fondos públicos, se ve afectado con el procedimiento de fijar la incapacidad y el por ciento de des-figuración de un obrero lesionado.

Por otro lado, al fijar la desfiguración y su por ciento, la Comisión tiene que considerar unos factores subjetivos (como gravedad e importancia de la desfiguración, que ésta sea incapacitante, etc.). Esa decisión discrecional, sin duda, conlleva el riesgo inherente de cometer errores al fijar el grado o los excesos al conceder el por ciento de compensación. Resultaría, pues, de significativa valía esta-blecer los mecanismos y las salvaguardas necesarios para ajustar dicha compensación a la prueba sobre desfigura-ción real.

Ahora bien, por disposición expresa de la ley, las compensaciones otorgadas por dicho estatuto son de carácter remedial. 11 L.P.R.A. sec. 2. Por ello, los procedimientos para su otorgación deben ser sumarios e informales, de manera que se evite caer en tecnicismos que retarden el remedio rápido y justo que intenta proveer la ley al obrero. Larson’s, supra. Sin duda que la Comisión busca proteger ese interés al realizar el proceso de fijar compensación del modo que en la actualidad lo lleva a cabo.

El reconocimiento al Fondo, por parte de la Comisión, de la oportunidad de defenderse en una vista, para opo-nerse a la determinación y fijación del por ciento de desfi-guración en estos casos, no acarrea tardanzas excesivas en el proceso. De hecho, la Comisión viene obligada a celebrar este tipo de vistas en casos en que la evidencia médica de ambos organismos es conflictiva en cuanto a la incapacidad de un obrero. Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra; F.S.E. v. Comisión Industrial, supra. No tenemos conocimiento de que ello haya re-trasado indebidamente el remedio que la ley intenta brin-dar a los obreros y empleados cubiertos por el estatuto.

En conclusión, en el balance de los intereses en conflicto la balanza se inclina a favor de brindarle la oportunidad al Fondo de objetar en una vista, informal y sumaria, si pro-cede la compensación por desfiguración o el por ciento de incapacidad que la Comisión otorga en estos casos.

La naturaleza reparadora y la liberalidad con que se debe interpretar el estatuto y la necesidad de un proceso sumario e informal no puede afectar la solidez financiera del Fondo, en perjuicio de otros trabajadores, sin que se le permita a dicho organismo cuestionar la adjudicación he-cha por la Comisión. Cf. Admor. Int. v. Comisión Industrial, 98 D.P.R. 40, 44 (1969). Para ello, la Comisión debe garantizarle a las partes afectadas el mínimo irreductible de garantías procesales que hemos reconocido como justos y equitativos. Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791 (1973); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987); Henríquez v. Consejo Educación Superior, 120 D.P.R. 194 (1987). Deberá, pues, la Comisión brindarle notificación adecuada al Fondo, ofrecerle la oportunidad de confron-tarse con la prueba de la otra parte, así como presentar la suya y presentar los argumentos en su defensa.

Del mismo modo, una vez tomada una decisión que le sea adversa, el Fondo tiene derecho a acudir a la Comisión a solicitar la reconsideración/) 11 L.P.R.A. see. 11, así como a revisarla judicialmente, 11 L.P.R.A. sec. 12.

VI

Examinemos los hechos particulares del caso ante nos. Aquí el Fondo no fijó incapacidad compensable alguna por los daños que sufrió el obrero en el accidente laboral. In-conforme con esa determinación, el obrero lesionado apela a la Comisión una vez fue dado de alta definitiva por el Fondo. La Comisión ordenó celebrar una vista médica so-bre continuación de tratamiento médico e incapacidad. En esa vista los médicos, del Fondo y de la Comisión, recomen-daron confirmar la decisión del Fondo de no conceder inca-pacidad alguna por el accidente.

No obstante, acordaron los galenos referir al obrero a la Comisión (que en realidad es una evaluación visual por uno de los Comisionados) para evaluar si procedía una de-terminación de desfiguración.

En su alegato ante nos la Comisión aduce que esta vista fue suficiente oportunidad para que el Fondo adujera sus argumentos en contra de la determinación de la Comisión. Va más lejos la Comisión y señala que, una vez el médico del Fondo acordó con el de la Comisión referir al paciente a la evaluación visual del Comisionado, renunció a cuestio-nar la determinación de si procedía o no la desfiguración y del por ciento de desfiguración que éste hiciera en el caso. Esa posición no puede prevalecer.

En primer lugar, surge de la propia citación de la Comi-sión a las partes, para la vista médica celebrada, que ésta se limitaba a determinar si el obrero era acreedor a conti-nuar recibiendo tratamiento médico o si sufría una incapa-cidad compensable de acuerdo con lo que éste adujo en su escrito de apelación ante la Comisión. No se trataba de determinar la existencia o no de una desfiguración.

En segundo lugar, aun cuando se interpreta el referido que hace el médico del Fondo a la Comisión como una continuación de la vista médica, no se puede concluir que ella es válida renuncia al derecho del Fondo a ser oído durante esa continuación de vista médica. Como señala-mos en F.S.E. v. Comisión Industrial, supra, págs. 265-266:

No se ha argumentado, pero vale considerar si la acción del médico del Fondo, al no expresar, según la práctica, la razón de su disenso en el informe escrito sobre la vista médica constituyó una renuncia del derecho a vista por parte del Fondo. No lo estimamos así. Las renuncias deben ser claras y conscientes. Cuando se trata de derechos fundamentales surge de hecho una presunción contraria a la renuncia. Edelman v. Jordan, 415 U.S. 651 (1974); Brady v. United States, 397 U.S. 742, 748 (1970); Ohio Bell Tel. Co. v. Public Utility Commission, 301 U.S. 292 (1937). Contrario a lo resuelto en la Comisión Industrial, el Fondo tiene derecho a que se diriman en vista pública, con su plena participación como parte, las controversias surgidas entre los médicos asesores de la Comisión y los del Fondo.

Aquí en lo único que estuvieron de acuerdo ambos mé-dicos fue en la descripción de la cicatriz en el antebrazo izquierdo del obrero.

En tercer lugar, por mandato de ley, corresponde a la Comisión determinar si el obrero sufrió o no una desfigu-ración y el monto de la compensación. En esa determina-ción, sin duda que la Comisión considera la evidencia mé-dica en el récord. Pero no corresponde a los médicos la determinación final sobre la desfiguración. Ello es así por-que, además de la evidencia médica (la cual generalmente va dirigida al aspecto de la gravedad de la desfiguración), corresponde a la Comisión determinar si la desfiguración incapacita total o parcialmente al obrero para retener o conseguir empleo conforme al sexo, profesión y oficio de éste.

En cuarto lugar, siguiendo el “procedimiento usual y sencillo que se ha seguido por ... la Comisión Industrial desde que se aprobó la Ley que [la] crea”,() la Comisión citó sólo al obrero para la evaluación visual ante uno de sus Comisionados. El Fondo no fue, como nunca ha sido, citado para esa evaluación. Allí el Comisionado determinó un cien por ciento (100%) de desfiguración del antebrazo izquierdo del obrero por éste tener una cicatriz de aproximadamente tres (3) pulgadas de longitud y .5 centímetros de ancho en la región dorsal, a un tercio del radio, de dicho antebra-zo;() siendo éste obrero casado, de cuarenta y nueve (49) años de edad, que trabajaba en mantenimiento en la Ad-ministración de Vivienda Pública.

Pero más aún, luego de emitida esa determinación, el Fondo solicitó oportunamente apelación ante la Comisión y la celebración de una vista por no estar conforme con tal determinación. Sin fundamento legal de clase alguna la Comisión denegó dichos remedios. Solicitada por el Fondo la oportuna reconsideración, nuevamente la Comisión le negó la oportunidad de oponerse a su determinación. Esta vez limitó su resolución a exponer el trámite procesal.()

Si algo surge claro de ese trámite es que el Fondo no ha tenido la oportunidad, en algún momento significativo u oportuno, de defender los intereses que la ley le encomendó proteger en casos como éste. El trámite seguido por la Co-misión dista mucho de ser el proceso justo y equitativo, regido por las reglas de juego limpio. Ese trámite “llamado sencillo y rápido” hace recordar tiempos pretéritos, ya su-perados, cuando las controversias eran resueltas en cáma-ras cerradas sin participación de los afectados por las de-cisiones allí tomadas.

Si bien la Comisión pudo subsanar la ausencia de una vista anterior, una vez le fue solicitada la apelación o re-consideración, obstinadamente aquí no lo hizo. Cf. Rodríguez v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 335 (1975); Vega Cruz v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 290 (1979). Este Foro no va a refrendar ese proceder. ()

Sin duda que en ciertas circunstancias el Fondo puede estar de acuerdo con la Comisión en la existencia y proce-dencia de la compensación por desfiguración y sólo cuestio-nar el por ciento concedido. En otras, como en la de autos, puede no estar de acuerdo ni con lo uno ni lo otro. En vista de que corresponde al Fondo realizar la erogación de los fondos que como compensación fije la Comisión, dicho or-ganismo tiene derecho a que se le brinde la oportunidad de ser partícipe en la adjudicación de tal controversia. Ello, no por capricho, sino por imperativos de la justicia y equidad con que se debe tratar a las partes interesadas. Claro está, del mismo modo la conducta del Fondo en la tramitación del caso puede reflejar una clara y consciente renuncia a ese derecho. Ese, sin embargo, no es el caso ante nos.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso a la Comisión para que dicho organismo señale vista en la que brinde oportunidad al Fondo de cuestionar la adjudicación de desfiguración o el por ciento de compensaciones en tal concepto concedido en este caso.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) A la fecha del accidente era casado y tenía cuarenta y nueve (49) años de edad.

      (2) Mediante la Ley Núm. 83 de 29 de octubre de 1992 (11 L.P.R.A. secs. 1-la, lb-l-lb-4, le, 8, 30-30d, 39 y 1) se reformó el sistema de compensaciones por acci-dentes del trabajo. Dicha ley, sin embargo, no aplica a los hechos de este caso ni provee para la vista aquí dispuesta.

      (3) Aunque el Pondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo) y la Comisión Industrial (en adelante la Comisión) administran la misma ley, operan con indepen-dencia de criterios. 11 L,P.R.A. see. 8.

      (4) Reiteradamente hemos resuelto que las disposiciones de la ley deben inter-pretarse en conjunto, las unas con las otras, porque lo que es oscuro en unas puede ser aclarado por las demás. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.RR. 64, 90 (1983); Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177, 182 (1983); Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563, 571 (1982).

      (5) La Ley Núm. 92 de 5 de diciembre de 1991 (4 L.P.R.A. sees. 301, 35, 61, 121(a), 181(a), 191, 191 n. y 307 n., y 32 L.P.R.A. see. 2872) enmendó la Ley de lá Judicatura para remitir al Tribunal Superior las revisiones de las decisiones de la Comisión, entre otros. Dicha ley fue enmendada, a su vez, por la Ley Núm. 21 de 10 de julio de 1992 (4 L.P.R.A. secs. 1, 35, 61, 61a, 121, 37-1, 191, 231(a)-(d) y ln.) disponiendo que dichas decisiones serán revisadas por el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

      (6) Para la fecha en que la Comisión adjudicó esta controversia ya la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.) había entrado en vigor. Cf. See. 8.4 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 2101 n.; Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864 (1990). Dicha ley introduce cambios procesales sustanciales en la tramitación de casos administrativos. Generalmente, los cambios procesales intro-ducidos por la ley tienen carácter retroactivo en cuanto a casos pendientes de adju-dicación final. Cf. Rodríguez v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 432, 436-437 (1969); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, págs. 400-401.

      (7) En Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 741 (1974), reconocimos la generalización de este tipo de compensación en las jurisdicciones estatales de Estados Unidos. Véanse: 1C Larson’s Workmen’s Compensation Law Sec. 58.30 (1992) y Larson’s, Vol. 4, Ap. B., Tabla 13.

      (8) Cf. General Tire Co. v. Industrial Com’n, 750 P.2d 1377 (Ariz. 1988); United Brands Co. v. Melson, 569 F.2d 214 (5to Cir. 1978); I.T.O. Corp. of Baltimore v. Benefits R. Bd., Etc., 542 F.2d 903 (4to Cir. 1976).
      Adviértase que conforme a la Ley Núm. 170, supra, dicha reconsideración es requisito jurisdiccional para solicitar la revisión judicial. 3 L.P.R.A. see. 2165; Pagán Ramos v. F.S.E., 129 D.P.R. 888 (1992).

      (9) Alegato del recurrido, pág. 4.

      (10) Adviértase que en este caso se concede compensación por la desfiguración del brazo en vista de que el Fondo no compensó al obrero con incapacidad alguna, luego de brindarle el máximo de tratamiento. Contrario a la desfiguración de la cara, cabeza o cuello (en la cual la desfiguración es adicional a cualquier incapacidad otorgada por ley, Alonso García v. Comisión Industrial, supra), la de los brazos o manos no se compensa de manera adicional si se toma en consideración el aspecto desfigurante al compensar por la incapacidad de dicho brazo o mano. Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3.

      (11) Nos llama poderosamente la atención que el expediente de este caso ante la Comisión, tal cual fue elevado a este Foro, contenga un proyecto de resolución en el cual se recomienda acoger la reconsideración del Fondo y ordenar a la secretaria de la Comisión señalar el caso para vista pública. Dicho proyecto contiene una amplia fundamentación legal de tal recomendación.

      (12) En casos como el de autos no se trata de una agencia que actúa ante una situación de emergencia en pro del bienestar y la salud general o que está involu-crada la seguridad nacional, o que sea necesario instrumentar una política pública sin oportunidad de conceder audiencia a una de las partes afectadas.


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text:
    Comisionado de Seguros de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. General Accident Insurance Company of Puerto Rico Ltd., demandado y recurrido.

      Número: CE-92-86

      Resuelto: 28 de enero de 1993

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, y Laura Ydrach Vivoni, Procuradora General Auxiliar, abogadas del recu-rrente; Juan Ramón Miranda Ortiz y Rene Pinto, de Cor-dero, Miranda & Pinto, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca interpretar por primera vez el alcance del Art. 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. 2716b.

1 — i

El 12 de febrero de 1990 la Sra. Mayra Figueroa pre-sentó una querella ante el Comisionado de Seguros de Puerto Rico (Comisionado) en la cual alega que el 16 de junio de 1989 había presentado una reclamación a la General Accident Insurance Company of Puerto Rico, Ltd., y que a la fecha de la querella la compañía aseguradora to-davía no la había adjudicado. Luego de la investigación correspondiente, mediante una orden emitida el 20 de no-viembre de 1990, el Comisionado le impuso una multa de $2,000 a la querellada por violar el Art. 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, ante, que dispone que un ase-gurador debe resolver cualquier reclamación dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días, después de haberse completado dicha reclamación o luego de noventa (90) días de haberse presentado la misma, si median causas extraordinarias. Determinó el Comisionado que la General Accident Insurance Company of Puerto Rico, Ltd. había violado dicha sección al haberse tardado más de noventa (90) días en resolver la reclamación de la Sra. Mayra Figueroa. Posteriormente, el 19 de abril de 1991, tras la celebración de una vista administrativa, el Comisionado emitió una resolución en la cual confirmó la orden previa-mente emitida. En sus determinaciones de hecho el Comi-sionado concluyó que la querellada no resolvió la reclama-ción en cuestión hasta el 5 de abril de 1990. Como cuestión de derecho, el Comisionado determinó que el Art. 27.162, ante, dispone que las reclamaciones sometidas a un asegu-rador deberán resolverse en un término de cuarenta y cinco (45) días después de haberse presentado los docu-mentos necesarios y que dicho período puede extenderse, por causas extraordinarias, hasta noventa (90) días des-pués de presentarse la reclamación. Concluyó el Comisio-nado que estos términos comienzan a contar desde momen-tos distintos: el de cuarenta y cinco (45) días comienza a contar desde que se someten todos los documentos necesa-rios para resolver la reclamación y el de noventa (90) días desde la fecha en que se presentó la reclamación. Resolvió que en el caso de autos la querellada violó esta disposición al decidir sobre la reclamación pasados los noventa (90) días desde que se presentó la misma.

Inconforme, la compañía aseguradora presentó un re-curso de revisión ante el Tribunal Superior, en el cual alegó que el aludido término de noventa (90) días comienza a correr desde que se someten todos los documentos necesa-rios para resolver la reclamación y no desde la fecha en que ésta se presenta. Tras el cumplimiento de los trámites de rigor, el foro de instancia emitió una sentencia mediante la cual revocó la imposición de la multa por entender que el término de noventa (90) días comienza a contar cuando se someten al asegurador todos los documentos necesarios para resolver la reclamación y determinó que en este caso la compañía aseguradora había atendido la reclamación dentro de ese término. Como cuestión de derecho, la sala sentenciadora concluyó: “El estatuto hace claro que el primer plazo de 45 días se cuenta desde el momento en que el reclamante hubiese sometido al asegurador ‘todos los docu-mentos que fueren necesarios’. Si ese plazo de 45 días puede ser extendido hasta 90 días en circunstancias ex-traordinarias, sin permiso del Comisionado, sería absurdo que entonces los 90 días resultantes de esa extensión se fuesen a contar desde la fecha en que la reclamación fue originalmente presentada, pues lo que resultaría en mu-chos casos no sería una extensión sino un recorte, y el pe-riodo de 90 días podría expirar antes de expirar el de 45, o incluso podría expirar antes que el periodo de 45 hubiese siquiera comenzado a correr, como ocurriría en este caso si aceptáramos la ilógica posición del Comisionado.” (Enfasis en el original.) Exhibit 1, págs. 3-4.

De dicha sentencia acudió ante nos el Comisionado e hizo el señalamiento de error siguiente:

Cometió error de derecho el Tribunal de instancia al concluir que la General Accident Insurance Company of Puerto Rico, Inc. había adjudicado la reclamación dentro de los términos establecidos en el Art. 27.162 del Código de Seguros, al haber dispuesto de la misma a los 44 días de haberle sometido todos los documentos; cuando había transcurrido en exceso el tér-mino máximo de 90 días dispuesto desde que se sometió la re-clamación y éste no había solicitado extensión al Comisionado según dispuesto en la ley. Petición de certiorari, pág. 4.

í — I

En síntesis, la controversia planteada nos requiere de-terminar si el término de noventa (90) días dispuesto por el Art. 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, ante, comienza a correr desde que se presentó originalmente la reclamación al asegurador o, en cambio, si es desde que se sometieron al asegurador todos los documentos necesarios para resolver la reclamación.

El Art. 27.162 dispone, en lo pertinente:

(1) La investigación, ajuste y resolución de cualquier recla-mación se hará en el período razonablemente más corto dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días después de haberse sometido al asegurador todos los documentos que fueren necesa- rios para disponer de dicha reclamación. Sólo cuando medien causas extraordinarias se podrá extender ese primer período, pero tal extensión nunca podrá exceder el término de noventa (90) días desde la fecha en que se sometió la reclamación. En aquellos casos en que el asegurador necesite un término adicio-nal a los noventa (90) días, deberá así solicitarse por escrito al Comisionado veinte (20) días antes del vencimiento de dichos noventa (90) días, debiendo también notificarse de ello al reclamante. Si el Comisionado entendiera que la solicitud de tiempo adicional es irrazonable, sea porque la misma no está debidamente justificada o el tiempo adicional es excesivo, le notificará al asegurador que no procede dicha prórroga y que, por tanto, deberá disponer de la reclamación en el término re-glamentario o dentro del término adicional que en dicha notifi-cación se le concediera.
(2) El Comisionado en cualquier momento podrá requerir el ajuste y resolución inmediata de cualquier reclamación si con-sidera que se está dilatando o retrasando indebida e injustifi-cadamente la misma. (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. sec. 2716b.

Debe observarse inicialmente que la letra de la ley, de su propia faz, dispone sin ambigüedad que el término en cuestión ha de contarse “desde la fecha en que se sometió la reclamación”.() Conocido es el fundamental principio de hermenéutica que requiere que se observe la letra de la ley, a menos que la interpretación literal contradiga el propósito del estatuto. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 14; Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 363 (1975); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). En este caso, el claro tenor literal de la ley coincide con la intención legislativa, según se desprende del historial de la disposición en cuestión.

En octubre de 1976 el Comisionado de entonces propuso a la Asamblea legislativa un anteproyecto de ley que iba dirigido a mitigar el serio problema que encaraba la Ofi-ciña del Comisionado con las numerosas querellas que se recibían allí debido a la falta de resolución y ajuste por parte de las aseguradoras de reclamaciones de asegurados. Dicho anteproyecto se convirtió en el P. de la C. 137 y en el P. del S. 830, primeros antecedentes del Art. 27.162 del Código de Seguros, ante, que leían de la manera siguiente:

La investigación, tramitación, resolución, ajuste y pago de cualquier reclamación se hará en el período más corto dentro de las primeras cuatro (4) semanas de haberse sometido. Sólo cuando medien causas extraordinarias se podrá extender ese primer período, pero tal extensión nunca podrá exceder del tér-mino de noventa (90) días desde la fecha en que es notificada la reclamación. Disponiéndose que en aquellos casos en que sea necesario un término adicional a los noventa (90) días, deberá así solicitarse al Comisionado diez (10) días antes del venci-miento de dichos noventa (90) días, debiendo también notifi-carse de ello al reclamante. La solicitud de tiempo adicional no excederá de sesenta (60) días más y sólo se concederá a discre-ción del Comisionado si es debidamente justificada por la parte solicitante. El Comisionado en cualquier momento podrá reque-rir el ajuste inmediato de cualquier reclamación si considera que se está dilatando o retrasando indebida e injustificada-mente la misma. (Enfasis suplido.)

El memorial explicativo que respaldaba la aprobación de dichos proyectos, en su parte pertinente, señalaba:

La experiencia de esta Oficina en el trámite de querellas re-lacionadas con el ajuste de reclamaciones por la industria nos demuestra que gran parte de los problemas que confrontan los asegurados en el ajuste de sus reclamaciones responden a la dilación, y en algunos casos la inacción, de parte de los asegu-radores y otros sectores de la industria.
Aunque el actual Artículo 27.161 en unión a la Regla 47 apro-bada en 1975 contemplan la corrección de esta situación, enten-demos que es necesario establecer mediante ley un límite máximo de tiempo dentro del cual deberán haberse ajustado las reclamaciones. Bajo ninguna circunstancia debe entenderse que al establecerse este límite se podrá esperar hasta que se cumpla el mismo para ajustar y pagar las reclamaciones. Pre-viendo, naturalmente, que podrían haber casos que requieran tiempo adicional, se provee para que se pueda extender el tér-mino para el ajuste. También se salvaguarda el interés de los reclamantes al facultar al Comisionado para requerir el ajuste de cualquier reclamación inmediatamente y en cualquier momento. (Enfasis suplido.)

El 25 de marzo de 1977 el Ledo. Rolando Cruz, nuevo Comisionado para esa fecha, suscribió un memorando diri-gido al Presidente de la Comisión de Comercio e Industria de la Cámara de Representantes en el cual recomendaba unos cambios al referido proyecto. Explicó, en lo perti-nente, lo siguiente:

...entendemos que el referido artículo debe enmendarse a los efectos de ampliar a cuarenta y cinco días el primer período que se concede, para disponer una reclamación. Opinamos que el período de cuatro semanas que se concede es muy breve. En adición, entendemos que la discreción que tiene el Comisionado para conceder un término adicional para el trámite de la recla-mación, no debe ser un término inflexible, tal y como se reco-mienda en este artículo. A esos efectos, recomendamos el que se elimine el período fijo de sesenta días. (Enfasis suplido.)

El 22 de abril de 1977 las Comisiones de Asuntos del Consumidor, de Comercio e Industria y de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes sometieron a la conside-ración de ese cuerpo legislativo un informe conjunto me-diante el cual recomendaron la aprobación del P. de la C. 137, según enmendado. En dicho informe se indicaba:

El Artículo 5 adiciona el Artículo 27.162 Capítulo 27 de ley número 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico. El propuesto artículo, con las enmiendas que sugerimos, reduciría grandemente la dilación y la inacción de parte de algunos aseguradores en el proceso de ajuste de reclamaciones. Este artículo establece un límite máximo de tiempo dentro del cual deberán ajustarse las reclamaciones a la vez que permite la flexibilidad que requiere el Comisionado de Seguros para proveer tiempo adicional en los casos que lo ameriten. (Enfasis suplido.)

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley el 8 de mayo de 1977 de la forma siguiente:

Artículo 27.162 - Término para Disponer de Reclamaciones

La disposición de cualquier reclamación se hará en período razonablemente más corto dentro de los primeros cuarenta y cinco (45) días después de haberse sometido al asegurador to-dos los documentos que fueren necesarios para disponer de dicha reclamación. Sólo cuando medien causas extraordinarias se podrá extender ese primer período, pero tal extensión nunca podrá exceder el término de noventa (90) días desde la fecha en que se sometió la reclamación, disponiéndose que en aquellos casos en que sea necesario un término adicional a los noventa (90) días, deberá así solicitarse al Comisionado diez (10) días antes del vencimiento de dichos noventa (90) días, debiendo también notificarse de ello al reclamante. Si el Comisionado entendiera que la solicitud de tiempo adicional es irrazonable, sea porque la misma no está justificada o el tiempo adicional es excesivo, le notificará al asegurador que no procede dicha pró-rroga y que, por tanto, deberá disponer de la reclamación en el término reglamentario o dentro del término adicional que en dicha notificación se le concediera.

Por otro lado, el 6 de febrero de 1979 se radicó en el Senado el P. del S. 830, que era el equivalente al P. de la C. 137 antes aludido. En el informe de 13 de junio de 1979 la Comisión de Gobierno indicó, entre otras cosas, con rela-ción a dicho P del S. 830 lo siguiente:

Se enmienda el Artículo 27.162 para establecer un límite máximo de tiempo dentro del cual deberán de haberse ajustado las reclamaciones. No debe entenderse que al establecerse ese límite de tiempo se debe esperar a que se cumpla el mismo para ajustar y pagar las reclamaciones. De requerirse tiempo adicio-nal, se provee para la extensión del término\ en el Artículo 27.162 que se adiciona al Código de Seguros. (Enfasis suplido.)

Finalmente el proyecto fue aprobado, según la versión del P. del S. 830, y quedó redactado el Art. 27.162 del Có-digo de Seguros de Puerto Rico, ante.

Del examen de este historial surge claramente que la intención legislativa fue establecer un límite máximo de tiempo dentro del cual debían ajustarse las reclamaciones para conjurar la dilación o inacción de parte de los asegu-radores y otros sectores de la industria del seguro, dilación o inacción que para esa época presentaba un problema se-rio a los asegurados. Ese límite máximo era el término de noventa (90) días, contados a partir de la fecha en que se sometía la reclamación al asegurador.

Como bien señala el Comisionado, interpretar que el término de noventa (90) días corre a partir del momento en que se hayan presentado ante el asegurador todos los do-cumentos necesarios para disponer de la reclamación des-virtuaría el claro propósito de esta legislación. Son las pro-pias compañías aseguradoras las que de ordinario le hacen saber al reclamante qué documentos necesitan para poder atender y ajustar una reclamación. Son ellas las que deter-minan si una reclamación está incompleta y las que deci-den qué le han de requerir al asegurado para completar la reclamación y cuándo han de requerírselo. Si el término de noventa (90) días no empieza a correr hasta tanto la com-pañía aseguradora ha hecho la determinación de que el reclamante ha sometido todos los documentos necesarios, entonces ese término no es un límite máximo de tiempo, como el que quiso fijar el legislador, sino más bien un lapso sujeto a la discreción de la propia compañía aseguradora, la cual decide según sus necesidades e intereses cuando le notifica al reclamante los documentos que ella estima pro-pios para completar la reclamación.

Reiteradas veces hemos dicho, enfatizando las reglas de hermenéutica legal, que al interpretar una ley nuestra función primordial consiste en lograr que prevalezca su propósito legislativo. Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992); García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.RR. 193 (1988); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.RR. 618 (1985).

En el reciente caso Zambrana Maldonado v. E.L.A., ante, pág. 749, señalamos que:

Es por eso que el análisis de la ley debe hacerse teniendo en mente los fines que ésta persigue y de forma tal que la ley se ajuste a la política pública que la inspira. En el proceso de interpretación no debemos desvincularla del problema cuya so-lución persigue, pues tenemos “el deber de hacer que el derecho sirva propósitos útiles y evitar una interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos”. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988). Véanse: Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aproba-ción e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Caps. 36, 39 y 40.

En este caso, para que prevalezca el propósito legisla-tivo y para que la interpretación sirva un fin útil vinculado al problema cuya solución se persigue, es menester con-cluir que el término de noventa (90) días corre desde el momento cuando se presenta la reclamación. De otro modo, el término que prescribe la ley, sujeto como quedaría en realidad al control del propio asegurador, no sería un límite máximo de tiempo. Una interpretación de tal índole del Art. 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico, ante, no sólo derrotaría el claro mandato legislativo, sino que haría inoperante la solución que quiso dársele al problema de las demoras e inacción de las compañías aseguradoras, ya que continuaría estando en manos de ellas cuándo dis-poner de una reclamación mediante su facultad de deter-minar cuando la misma está completa.

Para terminar, debe señalarse que la interpretación que hemos formulado del citado Art. 27.162 del Código de Seguros de Puerto Rico es la que surge no sólo de la letra clara de la ley y de su incuestionable historial legislativo sino que es, además, la que ha hecho la propia agencia administrativa encargada del cumplimiento de dicho artículo. Hemos resuelto repetidamente que merece deferencia substancial la interpretación del organismo al cual le compete administrar un estatuto y que tal interpretación no necesita ser la única razonable para que merezca esa deferencia; basta con que sea razonable y compatible con el propósito legislativo.() Calderón v. Adm. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 1020 (1992); De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 D.P.R. 407 (1989); Srio. D.A.C.O. v. J. Condominos C. Martí, 121 D.P.R. 807 (1988); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985); A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986); M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984); Rubin Ramírez v. Trías Monge, 111 D.P.R. 481 (1981). El Comisionado no sólo promovió la legislación en cuestión sino que es, además, la agencia especializada que mejor conoce el asunto sobre el cual trata este caso. Su interpre-tación nos merece deferencia substancial, sobre todo en vista de que el problema que le preocupó a la sala senten-ciadora de que en determinados casos los noventa (90) días máximos que fija la ley podrían expirar antes dé que haya transcurrido el otro término de cuarenta y cinco (45) días que también ésta fijó, de ocurrir, se resolvería sencilla-mente solicitando del Comisionado que extienda el período de los noventa (90) días, si ello es razonable, tal como lo dispone el propio Art. 27.162.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que re-voque la emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 16 de diciembre de 1991, y se ordena que se deje en vigor la resolución del Comisionado de 19 de abril de 1991.

      (1) Dicho artículo alude, a la vez, a la fecha en que se hayan “sometido” todos los documentos necesarios y a la fecha en que se “sometió” la reclamación. Como en un mismo párrafo se usa el vocablo dos (2) veces, debe suponerse que se utiliza en ambos casos con la misma acepción, que sería necesariamente la de “presentar” o “radicar” los documentos y la reclamación.

      (2) Debe quedar claro que la norma de dar deferencia a la interpretación que hace una agencia de la ley o el reglamento que esté bajo su administración es de hermeneútica, que de ningún modo afecta el alcance de la facultad de revisión de los tribunales. Cualquier conclusión de derecho de una agencia es revisable judicial-mente en todos sus aspectos (3 L.P.R.A. see. 2175), pero entre los criterios y funda-mentos que el tribunal puede considerar y dar peso al hacer su revisión está la propia interpretación de la agencia.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Víctor Robles González, acusado y recurrido.

      Número: CE-91-209

      Resuelto: 29 enero de 1993

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Anabelle Rodrí-guez, Subprocuradora General Auxiliar, abogados del pe-ticionario; Rafael Rodríguez Rivera, de la Sociedad para Asistencia Legal, Nelson Pérez Domínguez, Juan Santiago Nieves y José Juan Nazario de la Rosa, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos que dan lugar al presente recurso son el re-sultado de una problemática social que nos afecta cada vez con más auge: la comisión de delitos por parte de adictos con el propósito de poder satisfacer el vicio de las drogas. Los asesinatos cometidos durante la perpetración del de-lito de robo son cada vez más comunes; la mayoría de éstos consecuencia del uso de estupefacientes.

Nos corresponde en este caso establecer la norma a re-gir en nuestra jurisdicción sobre la pertinencia, y admisi-bilidad, de prueba relativa a la intoxicación voluntaria de los imputados de delito, consecuencia del uso de drogas o alcohol, en los casos de asesinato en primer grado cometi-dos en la modalidad del “asesinato estatutario” (felony murder).

HH

El Ministerio Público radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, pliegos acusatorios por los delitos de asesinato en primer grado, robo, infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, y violación al Art. 168 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4274, contra el recurrido José Robles Gonzá-lez y otros dos individuos.() Las acusaciones surgen como consecuencia de la muerte de un ser humano acaecida du-rante la perpetración de un robo, a mano armada, en que alegadamente participó el peticionario Robles González.

El 2 de abril de 1991 comenzó, por segunda vez,() el juicio contra José Robles González. El acusado peticionario renunció a su derecho a juicio por jurado y solicitó ser juz-gado por tribunal de derecho. Al comenzar el proceso, las partes estipularon la prueba de cargo, consistente la misma en varias declaraciones juradas, fotografías y documentos. Sometido el caso por el Ministerio Fiscal a base de dicha evidencia, el acusado Robles González anun-ció como su primer testigo a la psiquiatra forense, doctora Cynthia Casanova.

Mediante el testimonio de la Dra. Casanova, la defensa trató de establecer que el acusado había consumido drogas el día de los hechos. Ante la objeción del Ministerio Fiscal, el tribunal preliminarmente dictaminó que dicha asevera-ción no se consideraría para establecer la veracidad de su contenido, sino solamente como un dato utilizado por el perito para emitir su opinión. La opinión pericial de la doc-tora Casanova —a los efectos de que el hecho de que Robles González había ingerido estupefacientes ese día le impedía a éste configurar una intención específica al efectuar el ro-bo— se basó en dos entrevistas con el acusado, una con la señora madre de éste, el examen de una serie de documen-tos relacionados con el proceso judicial, y unos informes sobre el tratamiento del acusado en Hogares Crea. Luego de terminado el testimonio de la doctora Casanova, la de-fensa sometió su caso. El Ministerio Fiscal nuevamente ob-jetó el mismo, aduciendo falta de pertinencia y que dicho testimonio constituía prueba de referencia; además, atacó el testimonio pericial por carecer de base suficiente. El tribunal rechazó la objeción del Fiscal, dictaminando que el testimonio era pertinente y prestado conforme a derecho.()

A solicitud del Ministerio Público, el tribunal de instan-cia concedió tiempo al Estado para recurrir ante este Tribunal, vía certiorari. En el recurso que a esos efectos radi-cara, alega el Estado que el foro de instancia erró:

“1. ... al permitir prueba impertinente sobre intoxicación del acusado al momento de los hechos imputados.
2. ... al admitir prueba sobre el efecto de la intoxicación del acusado al momento de los hechos, sin que hubiera prueba ad-misible alguna sobre el uso y consumo de drogas ....
3. ... al negar al perito de refutación del ministerio público ac-ceso a las notas de la perito de defensa sobre sus entrevistáis] con el acusado y con su madre. Petición de certiorari, pág. 4.

Mediante el trámite de mostrar causa, acordamos revi-sar; ordenamos, adicionalmente, la paralización de los pro-cedimientos a nivel de instancia. Encontrándonos en posi-ción de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

I — I

El Estado, mediante su primer señalamiento de error, cuestiona la pertinencia de la prueba, admitida por el foro de instancia, sobre intoxicación voluntaria del recurrido al momento de la comisión de los hechos bajo un pliego acu- satorio que imputa el delito de asesinato estatutario (“felony murder”) en el cual el “delito base” lo es el de robo.( )

De entrada debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico garantiza que nadie podrá ser castigado penalmente por una acción u omisión que la ley establece como delito “si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal”; pudiendo demostrarse dicha intención o negligencia “por las circunstancias relacionadas con el delito, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona”. Art. 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3061. Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 D.P.R. 365 (1990). El referido Código Penal, en su Art. 15, establece que un delito es intencional: (a) cuando el resultado ha sido previsto y querido, o (b) cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto como consecuencia natural o probable de su conducta.() Pueblo v. Ruiz Ramos, ante; W.R. LaFave y A.W. Scott, Handbook on Criminal Law, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1982, pág. 196.

La primera categoría establecida por este artículo se conoce como “intención específica” y la segunda se denomina como “intención general”. Pueblo v. Castañón Pérez, 114 D.P.R. 532 (1983); D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 28; E. Cuello Calón, Derecho Penal, 17ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. I, Vol. 1, pág. 432. En palabras de la profesora Nevares-Muñiz, op. cit., págs. 28 y 29, en el caso de la intención específica, se “trata de aquella situación en que la persona tiene un deseo expreso de efectuar el acto y quiere la producción del resultado, el cual ratifica con su actuación”, mientras que el concepto de intención general “debe ser explicado si-guiendo la doctrina desarrollada en el derecho angloame-ricano, de donde tiene su origen ... que establece que toda persona es responsable de las consecuencias naturales y probables de sus actos”, no requiriéndose en esta categoría “prueba específica respecto a la intención, como en los ca-sos de intención específica, sino que el comportamiento sea tal que demuestra una intención general de cometer el acto tipificado como delito”. (Enfasis suplido.) Véanse, en adi-ción: Pueblo v. Colón Soto, 109 D.P.R. 545 (1980); Pueblo v. Betancourt Asencio, 110 D.P.R. 510 (1980). Ahora bien, pro-cede que se enfatice el hecho de que el grado, o elemento, de intención requerido en cada delito en particular —ya sea general o específica— dependerá de la definición o,tipi-ficación que el legislador le haya dado al mismo al incor-porarlo a nuestro ordenamiento jurídico.

Por otro lado, resulta de particular pertinencia e importancia al planteamiento hoy ante nuestra consideración las disposiciones del Art. 33 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3155, a los efectos de que:

La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sustancias similares no exime de responsabilidad criminal. Pero siempre que la existencia real de algún fin, motivo o inten-ción determinados fuere elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo o intención con que cometió el delito. (Enfasis suplido.)

Esta disposición habla por sí sola; conforme a los términos expresos de la misma, evidencia sobre la embriaguez o intoxicación voluntaria del imputado de delito al momento de la comisión de los hechos únicamente será pertinente, y admisible, en casos en los cuales el legislador ha requerido, como elemento indispensable del mismo, que el Estado presente prueba sobre la “intención específica” de cometer dicho delito por parte del acusado. () Debe mante-nerse presente, sin embargo, que la referida embriaguez, o intoxicación, voluntaria “tiene que ser de tal grado o carác-ter que inhiba en el acusado su facultad mental para for-mar la intención específica requerida por el Código para la convicción de un delito —o grado del mismo— en el cual se requiera tal intención específica, y que la determinación de ese hecho es esencialmente una para el jurado o la corte juzgadora”. Pueblo v. Rivera, 70 D.P.R. 570, 573-574 (1949). Véase Pueblo v. Méndez Ramos, 108 D.P.R. 59, 62 (1978).

Aclarados estos extremos, acometemos la solución de la controversia específica ante nuestra consideración.

HH

Conforme el vigente Código Penal, comete el delito de asesinato aquel que le da muerte a un ser humano con malicia premeditada.!) Existen dos grados de asesinato. Acorde con las disposiciones del Art. 83 del citado Código,!)

Constituye asesinato en primer grado:
(a) Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, toda clase de muerte alevosa, deliberada y premedi-tada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio agravado, violación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, es-tragos, mutilación o fuga.
(b) La muerte de un miembro de la Policía o de un Oficial de Custodia que se encuentre en el cumplimiento de su deber oca-sionada dicha muerte como resultado de la comisión o tentativa de comisión de un delito grave o encubrimiento del mismo. Todos los demás asesinatos serán considerados de segundo grado. (Enfasis suplido.)

El elemento mental general requerido en el delito genérico de asesinato lo es el de “malicia premeditada”. Este Tribunal ha definido la misma como

... la ausencia de justa causa o excusa al ocasionar la muerte e implica además la existencia de la intención de ocasionar la muerte de un semejante. Esa intención se puede manifestar a través de uno de los dos siguientes elementos, cualquiera de los cuales es suficiente para determinar la existencia de malicia premeditada, a saber, (a) la intención específica de matar, con-siderada como equivalente al deseo y propósito directo, explí-cito y definido de matar, o sea, precisamente formulado con el objetivo directo de matar, o, (6) la intención de realizar un acto o de producir un grave daño corporal cuya consecuencia probable sea la muerte de una persona. Este criterio se refiere a la peligrosidad envuelta en la actuación de un acusado, en el sen-tido de creación de un riesgo sustancial de muerte.() (Escolio y citas omitidas y énfasis suplido.)

El delito de asesinato en primer grado, en su modalidad de muerte alevosa, premeditada y deliberada, requiere una intención específica de ocasionar la muerte; en su modalidad de muerte por veneno, acecho y tortura, este Tribunal ha reconocido que en el empleo de tales medios está implícita la malicia premeditada y, en la mayoría de los casos, la deliberación. Pueblo v. Belardo, 50 D.P.R. 512 (1936); El Pueblo v. Figueroa, 26 D.P.R. 754 (1918).

En lo que respecta al asesinato estatutario, hemos reconocido que el mismo “incluye no solo una determinación legislativa [previa] de mens rea sino que, también, un criterio sobre causalidad”. (Enfasis en el original.) Pueblo v. Calderón Laureano, 113 D.P.R. 574, 579 (1982). En otras palabras, y como expresáramos en Pueblo v. Palóu, 80 D.P.R. 364, 372 (1958), esta “es una situación ... en que un ingrediente esencial de un delito lo constituye a la vez la comisión o el intento de cometer, otro delito. En ese caso la muerte es a fortiori asesinato de primer grado, aunque no hubiera prueba separada de deliberación y premeditación”. (Enfasis en el original.) Pueblo v. Rodríguez Rivera, 84 D.P.R. 299, 303 (1961).

En resumen, bajo la modalidad del asesinato estatutario el Estado no tiene que presentar prueba sobre premeditación, deliberación e intención específica de matar. El Pueblo v. Acosta, 11 D.P.R. 249 (1906); El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441, 449 (1911); El Pueblo v. Alméstico, 18 D.P.R. 320, 333 (1912); El Pueblo v. Izquierdo, 25 D.P.R. 382 (1917); El Pueblo v. Matos y Matos, 26 D.P.R. 586 (1918); Pueblo v. Olivencia, 54 D.P.R. 908 (1939); Pueblo v. Palóu, ante; Pueblo v. Rodríguez Rivera, ante, pág. 300; Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716 (1981); D. Nevares-Muñiz, Asesinatos y Homicidios, 23 Rev. Jur. U.I.A. 1, 12 y 26 (1988). La intención del acusado es la de cometer el “delito base”, pero se le responsabiliza a título de asesinato si ocurre una muerte al inferirse, por mandato legislativo, que el autor “razonablemente ha previsto o puede prever que la consecuencia natural o probable de su acción puede desembocar en la muerte de alguna persona”. Pueblo v. Lucret Quiñones, ante, pág. 740. Neva-res-Muñiz, Asesinatos y Homicidios, ante, pág. 29. Bajo esta modalidad, en consecuencia, bastará con que el Ministerio Público presente prueba de los elementos integrantes del “delito base” estatuido y demuestre que la muerte ocurrida fue producto de la perpetración de ese delito, o de su tentativa, para que quede configurado el delito de asesinato en primer grado en su modalidad de asesinato estatutario. El Pueblo v. Rivera (a) Panchito, 9 D.P.R. 505, 525 (1905). Dicho de otra forma, el elemento mental nece- sario para la comisión del delito de asesinato estatutario es aquel que es requerido para que se entienda cometido el “delito base”.

Procede que se señale, y se enfatice, el hecho de que algunos de los delitos que sirven “de base” al asesinato estatutario requieren “intención específica” y, otros, meramente “intención general”. Sobre la primera clasificación señalamos, a manera de ejemplo, los delitos de escalamiento e incendio agravado. Pueblo v. Soriano Rodríguez, 92 D.P.R. 46 (1965); Pueblo v. Pacheco Betancourt, 92 D.P.R. 698 (1965); Pueblo v. Sánchez Vega, 97 D.P.R. 133 (1969); Pueblo v. Rodríguez Rivera, ante. En relación con el “delito base” aquí en controversia (el robo) el Art. 173 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4279, establece, en lo pertinente, que será culpable del mismo toda “persona que se apropiare ilegalmente de bienes muebles pertenecientes a otra, ya sustrayéndolos de su persona, o de la persona en cuya posesión se encuentre, ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de la violencia o de la intimidación ...”. Hemos resuelto que la Asamblea Legislativa actuó correctamente al incluir el mismo como uno de los “delitos bases” del asesinato estatutario. A esos efectos, ex-presamos en Pueblo v. Lucret Quiñones, ante, pág. 739, que “[sjiendo ... el delito de robo uno de tipo grave y extremadamente peligroso para la vida humana, la Legislatura válidamente puede incluirlo bajo la doctrina del asesinato estatutario”.

Por último, resulta de particular importancia a la controversia hoy ante nuestra consideración el hecho de que reiteradamente hemos resuelto que el delito de robo no es uno de intención específica. Véanse: Pueblo v. Betancourt, 66 D.P.R. 132, 133 (1946); Pueblo v. Asencio Trinidad, 95 D.P.R. 473, 477 (1967); Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266, 269 (1969).

HH <

En vista de que en nuestra jurisdicción: la intención re-querida en el delito de asesinato estatutario es aquella ne-cesaria para cometer el delito base; que el delito que aquí nos ocupa —robo— es uno de intención general, y no de intención específica; y que la prueba sobre intoxicación vo-luntaria únicamente es pertinente en casos de delitos que requieren prueba sobre intención específica, resulta man-datoria la conclusión a los efectos de que la prueba pericial sobre intoxicación por drogas —presentada por la defensa en el presente caso con el propósito de demostrar que el aquí recurrido no pudo formar la intención específica para cometer el “delito base”— es impertinente y, por ende, inadmisible. Erró, en consecuencia, el tribunal de instan-cia al admitir en evidencia prueba a esos efectos.

En vista de lo expresado, procede expedir el auto de “cer-tiorari” y dictar sentencia revocatoria de la resolución emi-tida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ca-guas, referente a la admisibilidad de la prueba de intoxicación voluntaria del recurrido, devolviéndose el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos ulte-riores compatibles con lo aquí expuesto.

El Juez Presidente Señor Andréu García se inhibió.

      (1) Estos dos coacusados —como resultado de un procedimiento de alegación preacordada (plea bargaining)— hicieron alegación de culpabilidad por el delito de asesinato en segundo grado.

      (2) En Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750 (1990), disolvimos al Jurado en el primer juicio caselebrado por los mismos hechos. Luego se presentaron varios recur-sos ante este Foro cuestionando la constitucionalidad de la Ley Núm. 34 de 19 de junio de 1987, de la Ley Núm. 14 de 29 de junio de 1989 y alegando doble exposición (CE-90-688 y CE-90-689).

      (3) Debe señalarse que, en ese momento, el Ministerio Fiscal le informó al foro de instancia que estaba en posición de presentar prueba pericial de refutación. A tales efectos solicitó que se le proveyeran todos los documentos que sirvieron de base a la opinión del perito de defensa. Tras un reparo inicial, la defensa accedió a entre-gar copia de los documentos pero solicitó una orden protectora del tribunal, a los efectos de que no se pudieran reproducir los mismos y que éstos le fueran devueltos. El tribunal ordenó la entrega de todos los documentos, con excepción de las notas tomadas por la perito durante las entrevistas con el acusado y su madre. Estas notas permanecerían en un sobre lacrado bajo la custodia del tribunal.

      (4) La representación legal del recurrido alega que la acusación bajo la cual se juzga a éste es una que imputa el delito de asesinato en segundo grado. Dicho plan-teamiento es uno carente de méritos.

      (5) 33 L.P.R.A. see. 3062.

      (6) A iguales efectos, en la jurisdicción federal se ha sostenido que la embriaguez o intoxicación voluntaria sólo es defensa para los delitos que requieren una “inten-ción específica” al perpetrarse. U.S. v. Sneezer, 900 F.2d 177 (9no Cir. 1990); United States v. Lavallie, 666 F.2d 1217 (8vo Cir. 1981); United States ex rel. Goddard v. Vaughn, 614 F.2d 929 (3er Cir. 1980); United States v. Nix, 501 F.2d 516 (7mo Cir. 1974); Caples v. United States, 391 F.2d 1018 (5to Cir. 1968).

      (7) Art. 82 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4001.

      (8) 33 L.P.R.A. see. 4002 (Sup. 1987).

      (9) Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913, 921-922 (1953). Véanse: Pueblo v. Martínez Padró, 91 D.P.R. 536, 538 (1964); Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676, 682 (1972).