author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Presidente, Señor Trías Monge,

text:
    George Blasini Stern, demandante, v. Beech-Nut Life Savers Corp., demandada.

      Número: O-75-428

      Resuelto: 26 de enero de 1976

      Antonio Zapater Cajigas, abogado del demandante; Reichard & Coldberg y Federico Cádiz Legrand, abogados de la deman-dada.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1976

Este caso debe resolverse exclusivamente bajo el principio de transmisibilidad del contrato de subarriendo, cesión a la que no puede oponerse la subarrendataria Beech-Nut por hallarse vinculada al arrendador Blasini desde que se inició el subarriendo, en virtud de claras disposiciones del Código Civil. No consideramos aplicable el principio de confusión de derechos, citado como fundamento en la opinión concurrente ya que la confusión de derechos es causa de extinción de la obligación (Art. 1146 del Código Civil — 31 L.P.R.A. see. 3211) aunque limitada a Blasini y Uni-Coop., y por el contra-rio lo que ahora resolvemos es que el subarriendo no se extin-gue sino que subsiste como contrato válidamente cedido al dueño arrendador. La configuración evidente del contrato de cesión de subarriendo hace otro tanto innecesario invocar la novación, usualmente también causa de extinción (Art. 1158 del Código Civil y ss.).

Mediante contrato suscrito en el año 1967 Blasini Stern dio en arrendamiento por término de 15 años a Cooperativas de Consumo (Uni-Coop) un solar y almacén y en septiembre de 1971 ésta subarrendó una parte del inmueble a Beech-Nut por término de cinco años. Al acogerse Uni-Coop a un procedi-miento de quiebra, la Corte aprobó una estipulación en la que el arrendador Blasini y su arrendataria Uni-Coop dieron por terminado el contrato entre ellos, expresamente dejando a salvo el subarriendo a Beech-Nut. Notificada ésta de la salida de Uni-Coop continuó pagando el canon de subarriendo a Blasini hasta abril de 1974 en que notificó su deseo de ter-minar el contrato. Cuando Blasini les recordó que el suba-rriendo no expiraba hasta el 15 de septiembre de 1976 y que quedaba un balance de más de dos años por correr, Beech-Nut alegó que la rescisión estipulada del arrendamiento original entre Blasini y Uni-Coop tuvo el efecto de extinguir el suba-rrendamiento, quedando solo un arrendamiento de mes a mes entre Blasini y Beech-Nut, desalojó el local. Blasini inter-puso demanda exigiendo los cánones impagados por vencer.

El subarrendatario nunca es un tercero con respecto al contrato primario entre su subarrendador y el dueño de la finca. Díaz v. Delgado, 41 D.P.K. 835, 839-840 (1931). En el subarrendamiento el dueño arrendador está tácitamente representado por su arrendatario. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 10, Vol. II, pág. 102 y ss., ed. 1969. Por tanto, en todo subarrendamiento realmente concurren tres personas: el arrendador primitivo, el arrendatario de éste (subarrendador a la vez) y el subarrendatario'. “. . . Todas ellas son necesarias y tienen derechos y obligaciones en el nuevo contrato, porque no se crea que el subarrendador se subroga por entero en la consideración del primitivo arrendador y que éste desaparece de la escena cuando quien era antes arrendatario trueca sus papeles por los de propietario temporal, digámoslo así, en el disfrute de la cosa arrendada y vuelta a arrendar después a distinta persona. No; si el subarriendo aparece admitido en el Código español es sobre la base de la reserva de derechos y facultades al verdadero propietario de la referida cosa, precisas para asegurar en toda ocasión sus intereses contra las demasías de un subarrendatario que pudiera escudarse con la idea de que nada pactó con ese otro interesado y hasta contra las posibles confabulaciones de subarrendatario y subarrendante en daño de la integridad de lo arrendado y de las condiciones de su utilización temporal.” Scaevola, Código Civil, Tomo 24, Ia Parte, pág. 486, ed. 1952. Fluye un nexo entre el dueño arrendador y el subarren-datario presente en los Arts. 1441, 1442 y 1445(2) del Código Civil, (31 L.P.R.A. secs. 4036, 4037 y 4052(2) ).

El subarriendo constituye un nuevo y verdadero contrato de arrendamiento entre arrendatario y subarrendatario, los cuales pasan por tales efectos a la categoría respectiva de arrendador y de arrendatario. Scaevola, Código Civil, Tomo 24, Ia Parte, págs. 487 y 493, ed. 1952; Manresa, Código Civil, Tomo 10, Vol. II, pág. 83 y ss., ed. 1969.

El arrendamiento es un derecho trasmisible por cesión. Manresa, ibid, págs. 89-91. Scaevola cita a Dalloz, Jurisprudence Genérale, quien afirma que dicha cesión coloca al cesionario en lugar del cedente y le integra en el uso y ejercicio de todos los derechos y obligaciones que provienen del arriendo primitivo. Scaevola, Código Civil, Tomo 24, Ia Parte, pág. 493, ed. 1952. Como contrato transmisible lo califica también Bonet y Ramón, Código Civil Comentado, pág. 1218.

Siendo el de subarrendamiento entre Uni-Coop y BeechNut un contrato con vida propia, la estipulación mediante la cual Blasini relevó a Uni-Coop de su obligación contractual tiene en su cláusula 6a el claro perfil de una cesión de suba-rrendamiento de Uni-Coop a Blasini al expresar que éste “asume todos los derechos y obligaciones bajo el citado suba-rrendamiento con Beech-Nut Life Savers Corp,, y releva al deudor [en quiebra] de todos y cualesquiera obligaciones bajo el mismo.” El Art. 1065 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3029) declara transmisibles todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación, y el previo nexo entre Blasini como dueño y Beech-Nut como subarrendataria no es impedimento para que aquél, en vez de un extraño, adquiera por cesión el contrato de subarrendamiento.

Entre Blasini y Uni-Coop, al resolver ésta el contrato de arrendamiento, y establecerse la cláusula favorable a BeechNut (subarrendataria) hubo una cesión de contrato por justa causa pues Uni-Coop se liberaba de su obligación arrendaticia a cambio de que Blasini aceptara a Beech-Nut como nuevo arrendatario por el balance de término. A los fines de la obli-gación contractual de Beech-Nut desprovista de elemento personal y predicada exclusivamente en el disfrute del inmueble por canon y término acordados, ninguna diferencia hace que su posesión y disfrute la obtuviera de un arrendatario o del propio dueño Blasini. La arrendataria Uni-Coop era una intermediaria entre Blasini y la subarrendataria Beech-Nut vinculados previamente por los Arts. 1441, 1442 y 1445(2) del Código Civil. La remoción de Uni-Coop convirtió en directa e inmediata la relación entre el arrendador original y la suba-rrendataria. Dice Bonet y Ramón: . es admisible la cesión de los derechos que engendra el arrendamiento con arreglo al art. 1112 [1065 PR — 31 L.P.R.A. sec. 3029], por constituir sólo una sustitución modificativa, sometida a las reglas gene-rales [de las obligaciones].” Código Civil Comentado, pág. 1216.

La circunstancia de ser el propio dueño y arrendador original el cesionario del contrato de subarrendamiento no impide y sí viabiliza la cesión que no podrá ser objetada por la subarrendataria Beech-Nut toda vez que por ministerio de ley se halla vinculada al arrendador desde que empezó a disfrutar la finca arrendada.

La resolución pactada o terminación de la relación arrendaticia entre Blasini y Uni-Coop no tuvo el efecto de extinguir el subarriendo que subsistió con vida propia, obligatoria en toda su extensión para el primitivo arrendador, y para la subarrendataria Beech-Nut. Hubo soto una sustitución modificativa bajo el Art. 1065 del Código Civil. Así resulta porque resuelto el arrendamiento primitivo por convención de los contratantes, Blasini tiene que respetar los derechos adquiridos de la subarrendataria Beech-Nut. El principio de bilateralidad impone una recíproca obligación del subarrendatario hacia el dueño en este desarrollo del contrato al que nunca fue extraño.

Opinión concurrente del

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

con la que concurren los Jueces Asociados, Señores Rigau y Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1976

Conforme a los términos de la Ley Núm. 13 de 8 de agosto de 1974, la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico nos certificó la cuestión de determinar la subsistencia o no de un contrato de subarriendo en las cir-cunstancias que a continuación se describen.

En 1967 los señores Blasini le arrendaron a la Federación Puertorriqueña de Cooperativas de Consumo (“Uni-Coop”) un solar y almacén por el término de quince años. El 15 de setiembre de 1971 Uni-Coop le subarrendó parte del referido inmueble a Beech-Nut Life Savers Corp. (“Beech-Nut”) por un término de cinco años. Algunos meses más tarde Uni-Coop se acogió a un procedimiento de quiebra y se produjo una estipulación, aprobada por la corte, mediante la cual los arren-dadores, señores Blasini, y la arrendataria-subarrendadora, Uni-Coop, dieron por terminada la relación contractual entre ellos, a la par que los arrendadores asumieron los derechos y obligaciones de la subarrendadora Uni-Coop frente a la suba-rrendataria Beeeh-Nut,

Los señores Blasini notificaron a Beeeh-Nut en agosto de 1972 de la aprobación de esta estipulación, reclamándole a su vez el pago de las mensualidades atrasadas. Beeeh-Nut pagó dichas mensualidades, sin objetar la estipulación o interponer condiciones de ninguna índole. En.enero de 1974 Beeeh-Nut les informó a los señores Blasini un cambio en la razón social de la firma, sin expresar tampoco dudas sobre la vigencia del contrato.

El 10 de abril de 1974, luego de haberle seguido pagando a los señores Blasini los cánones mensuales correspondientes a los dos años siguientes a la estipulación, Beeeh-Nut les noti-ficó a los señores Blasini que deseaba terminar el contrato entre ellos el día treinta de dicho mes, por haber resuelto mudar sus operaciones de Ponce a San Juan. Los señores Blasini le recordaron a Beeeh-Nut que su obligación de arriendo se extendía hasta el 15 de setiembre de 1976. Beeeh-Nut alegó entonces por primera vez que la rescisión del con-trato primario entre los señores Blasini y Uni-Coop tuvo por efecto la cancelación automática del subarriendo entre Uni-Coop y Beech-Nut y la creación de un arrendamiento de mes a mes entre Beech-Nut y los señores Blasini. En base a tal teoría, Beeeh-Nut procedió a desalojar el local y fue objeto de la correspondiente demanda.

No le asiste razón a la subarrendataria Beech-Nut. La quiebra de una subarrendadora no entraña, en primer tér-mino, la resolución de los subarriendos por vencer que ésta haya efectuado. Veve v. Fajardo Sugar Growers’ Association, 29 D.P.R. 654 (1921). Véase: 8 Collier, On Bankruptcy, 14th ed., 1975, sec. 3.15. La misma regla priva en el caso' de quiebra de la subarrendataria. Dalloz, Encyclopédie Juridi-que, 2eme ed., 1975, vol. 1, “Bail”, sec. 538; De Page, Traite Elémentaire de Droit Civil Beige, 2eme ed., 1951, vol. 4, sees. 750 y 753; Collier, On Bankruptcy, be cik; Ramírez, La Quiebra, Barcelona, 1959, págs. 510-511; II Provinciali, Tra-tado de Derecho de Quiebra, trad, anotada del italiano, Barcelona, 1958, pág. 379.

Debemos en consecuencia analizar, en segundo término, la naturaleza de la estipulación suscrita entre los arrendadores y la subarrendadora para precisar si su efecto fue resolver el contrato entre la subarrendadora y la subarrendataria. La estipulación entre los señores Blasini y Uni-Coop revela perse-guir dos propósitos: disolver los nexos contractuales entre la arrendadora y la arrendataria, entidad acogida al procedi-miento de arreglo que prescribe el Capítulo XI de la Ley de Quiebras; y la asunción por los señores Blasini de los derechos y obligaciones de Uni-Coop bajo el contrato de subarrenda-miento con Beech-Nut. Estos dos elementos de la estipulación deben examinarse separadamente.

Respecto ai primer acto, éste representa un ejemplo clásico de confusión de derechos. Se produce la extinción de la obliga-ción al reunirse en una misma persona los conceptos de acree-dor y de deudor. 31 L.P.R.A. see. 3211. La confusión de dere-chos, no obstante, no provoca la extinción de las obligaciones que pesen sobre un tercero extraño al suceso extintivo. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, vol. I, Tomo. 2, 1956, pág. 372.

En lo que concierne al segundo aspecto de la estipulación, estamos ante una cesión de contrato. Aunque el Código Civil no lo regula expresamente, el instituto de la cesión de contrato es desde hace tiempo parte del derecho positivo español. Valls Taberner, La Cesión de Contratos en el Derecho Español, Barcelona, 1955, pág. 78. También lo es del derecho puertorri-queño. Sucn. Mercado Parra v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 710, 715 (1965). Se trata aquí de una cesión a la luz de los criterios firmemente establecidos sobre el particular. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6a ed. rev. 1969, Tomo 10, vol. 2, pág. 82 y ss. Se cede el contrato con Beech-Nut en su totalidad, sin alteración de sus términos, y se sustituye simplemente a la subarrendadora.

La extinción de la obligación original no afecta por tanto la vigencia del subarriendo. Lo que borra es la figura de la subarrendadora Uni-Coop, restando una relación directa entre los arrendadores, señores Blasini, y la subarrendataria BeechNut.

Independientemente del derecho que pueda o no asistirle a un subarrendatario a repudiar la cesión de su contrato de subarriendo por el subarrendador al arrendador primitivo— asunto sobre el cual no se ha pronunciado nuestra jurispru-dencia ni que es necesario resolver aquí — los actos de la suba-rrendataria Beech-Nut equivalen a su consentimiento a la cesión y continuación del contrato conforme a sus términos. Al notificársele la cesión por Uni-Coop a los señores Blasini, Beech-Nut no reclamó derecho alguno a rescindir, ni les advir-tió a los señores Blasini que consideraba que su antiguo con-trato de subarriendo había desaparecido, sustituyéndolo un nuevo contrato de mes a mes. Beech-Nut guardó en vez mesu-rado silencio, siguió ocupando el local, pagó por espacio de dos años los cánones convenidos, les notificó a los señores Blasini de su cambio de nombre y fue sólo al cabo de tan largo tiempo que produjo su teoría de que a su juicio podía desalojar la propiedad antes de expirar el plazo del subarriendo.

La transmisión de derechos puede ser tácita. De Diego, Transmisión de las Obligaciones, 1912, pág. 5. En R. F. Realty Corp. v. J. Gus Lallande, 87 D.P.R. 351 (1963), este Tribunal sostuvo que los actos de una arrendataria equivalían a la prestación de su consentimiento a la prórroga de un contrato por otro término equivalente al convenido anteriormente, rechazando el argumento de que ella se había convertido en arrendataria de mes a mes por no haber notificado su inten-ción de prorrogar como exigía el contrato. En este género de situación, en que la ley no señalaba con entera claridad las normas que regían la cesión, era de rigor que la subarrenda-taria revelase con prontitud su posición sobre lo sucedido. Callar equivale a consentir cuando el que calla puede y, en el modo corriente de proceder, debe hablar. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, vol. I, tomo 2, 10a ed. 1963, pág. 655; Santamaría, Comentarios al Código Civil, vol. II, 1958, pág. 276. Si derecho alguno tuvo a lo que reclamó dos años más tarde, sus actos equivalieron a una renuncia de ese derecho y a un consentimiento a la cesión. Nadie puede ir contra sus propios actos. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975).

Desde el ángulo de la novación se llega al mismo resul-tado. Varios tratadistas han tenido dificultades en reconocer la novación modificativa — VIII (1) Manresa, op. cit., 6a ed. Rev. (1967), 860; IV (1) Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, 349 y ss.; contra: Lozano Berruezo, La Nova-ción, Col. Nereo, Barcelona, 135 y ss.; Puig Brutau, op. cit., vol. I, tomo 2, pág. 412; Santamaría, op. cit., vol. II, pág. 163 —pero el derecho puertorriqueño admite expresamente tanto la figura de la novación extintiva como la de la modificativa. Arts. 1110, 1158 y 1157 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3151, 3242 y 3241. En Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 389-94 (1973), este Tribunal re-solvió que la novación no tiene que ser necesariamente extin-tiva y que de hecho no lo es a menos que haya una expresión clara a tales efectos o que la obligación resultante sea del todo incompatible con la original. En el caso de autos las partes no manifestaron el deseo, al ocurrir la cesión, de extinguir el contrato de subarrendamiento. Lo que ocurre es la acepta-ción de un cambio de sujeto. El hecho de que el consentimiento de la subarrendataria fuese tácito no afecta el análisis del problema. Lozano Berruezo, op. cit., 133 y ss. Los arrenda-dores sustituyen a la subarrendadora Uni-Coop. No se modificó ningún otro aspecto del subarriendo. Examinado el problema desde el punto de vista de la novación, estamos consiguiente-mente ante un caso de novación modificativa y no extintiva.

Por las consideraciones anteriores, concurro en que la sus-titución de Uni-Coop por los señores Blasini no afectó los términos del contrato de subarriendo.

      (*) Nota del Compilador: En este caso, con fecha 26 de enero de 1976, el Tribunal Supremo emitió la siguiente providencia judicial:
      “resolución
      San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1976
      En atención a una solicitud de certificación de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico y a tenor de la Regla 53 de Procedimiento Civil, según enmendada por Ley Núm. 13 de 8 de agosto de 1974, por tener dicho tribunal ante su consideración este caso en el cual surgen cuestiones de derecho local determinantes en la causa de acción sobre las cuales no existen precedentes claros en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, remítase por el Secretario a la Corte Federal copia certificada de la opinión emitida hoy por este Tribunal y de la opinión concurrente del Juez Presidente en la que concurren los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual.

        Notifíquese además a las partes de conformidad con Regla 27 (g) de nuestro Reglamento.
      Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.
      (Fdo.) Angel G. Hermida

        Secretario”

       La cláusula específica dispone:
      “6. The appearing parties George Blasini Stern and Vivienne Cortada de Blasini assume all rights and obligations under the aforementioned sublease with Beech-Nut Life Savers Corp. and release Debtor of all and any obligations under the same.”

      Art. 1441, Código Civil.
      “Sin perjuicio de su obligación para con el subarrendador, queda el subarrendatario obligado a favor del arrendador por todos los actos que se refieran al uso y conservación de la cosa arrendada en la forma pactada entre el arrendador y el arrendatario.”
      Art. 1442, Código Civil.
      “El subarrendatario queda también obligado para con el arrendador por el importe del precio convenido en el subarriendo que se halle debiendo al tiempo del requerimiento, considerando no hechos los pagos adelantados, a no haberlos verificado con arreglo a la costumbre.”
      Art. 1445(2), Código Civil.
      “El arrendatario está obligado:
      (1) ......
      (2) A usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia, destinándola al uso pactado; y en defecto de pacto, al que se infiera de la naturaleza de la cosa arrendada según la costumbre de la tierra.”


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado, Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
      Ex parte Jesús Rivera Sánchez y Miguel A. Salerna Ortiz, peticionarios.

      Número: JO-76-2

      Resuelto: 26 de enero de 1976

      Eudaldo Báez Cruz y José Muñoz Silva, abogados de los peticio-narios.
   RESOLUCIÓN

Se da traslado de la solicitud de hábeas corpus para la Sala de Mayagüez del Tribunal Superior, que deberá consi-derar la misma el próximo miércoles, 28 de enero de 1976 a las 9:00 a.m. Se deja sin efecto la resolución que negó fianza a los. acusados peticionarios pendientes de dictarles sentencia pudiendo ellos permanecer en libertad bajo la misma fianza provisional que garantizó su comparecencia a juicio, por el tiempo que tome a la Sala de Mayagüez proveer en primera instancia a la solicitud de hábeas corpus.

El Juez Asociado Señor Negrón García denegaría la peti-ción sin ejercicio alguno de jurisdicción original por este Tribunal, y así se expresará por escrito.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual no intervinieron.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Voto disidente del

Juez Asociado, Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1976.

Disiento con todo respeto del dictamen de este Tribunal que contradictoriamente deniega el ejercicio de su jurisdicción original en el recurso denominado Hábeas Corpus, y no obstante revoca la Resolución del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, que ordenó que los peticionarios Rivera y Salerna —convictos por jurado de violar el inciso (a) del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas (24 L.P.R.A. see. 2404 (a)) —permanecieran encarcelados hasta que se les dictara senten-cia.

La petición de Hábeas Corpus no fue ni ha sido notificada a representante del Ministerio Fiscal alguno. Su lectura de-muestra que carece de elementos de juicio suficientes para que este Tribunal haya podido adoptar fundadamente tal acuerdo —que considero en abstracto — modificando el criterio de un juez de instancia, que distinto a nosotros, es protagonista vi-viente del drama judicial y poseedor del conocimiento real de los hechos y trámites acaecidos que los peticionarios nos niegan en el mismo.


author: Juez Asociado Señor Rigau.

text:
    Fabián Sánchez Reyes, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Secretario de Justicia, demandado y peticionario.

      Número: O-75-504

      Resuelto: 26 de enero de 1976

      Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticio-nario; Samuel Ramírez Torres, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

Los demandantes en los casos de epígrafe cursaron un Requerimiento de Admisiones al Secretario de Justicia bajo lo dispuesto en la Regla 33.1 de las de Procedimiento Civil pero no fijaron en el requerimiento un plazo para contestarlo. Por haber transcurrido en exceso de diez (10) días sin que se contestaran los requerimientos el tribunal de instancia dictó sentencia dando por admitidas las cuestiones objeto del reque-rimiento y en su consecuencia decretó la nulidad de las con-fiscaciones de varios vehículos de motor que alegadamente habían sido utilizados para cargar, transportar, llevar y tras-ladar material relacionado con la bolita.

El Secretario de Justicia recurre ante nos solicitando la revocación de las sentencias dictadas. Sostiene el peticionario que la ley no fija un término para contestar el Requerimiento de Admisiones.

Expedimos orden dirigida a los recurridos para que mos-traran causa por la cual no debían revocarse las sentencias dictadas en vista de nuestra decisión en Menéndez García v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 667 (1973).

La Regla 33.1 establece, en lo que es aquí pertinente:

“Todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por admitidas, a menos que dentro de un plazo desig-nado en el requerimiento, que no será menor de 10 días después de su notificación, dentro del plazo menor o mayor que el tribunal concediere mediante moción y notificación, la parte a quien va dirigido el requerimiento notifique y entregue a la parte que requiere la admisión,. ...”

Los recurridos sostienen en su mostración de causa que de no designarse un plazo en el requerimiento se aplica el término de diez (10) días. No tienen razón.

Ya en Menéndez, supra, resolvimos que la designación del plazo para contestar el requerimiento de admisión debe apare-cer claramente del escrito original o de uno posterior suple-mentario si es que se interesa el beneficio de una admisión •automática por la falta de la parte requerida en contestar. La Regla BB.l exige la designación del plazo que no será menor de 10 días. Los peticionarios no hicieron designación de plazo.

La Regla 36 federal, equivalente a la 33 nuestra, exige desde 1970 un término de treinta días para contestar. Aunque es deseable que la nuestra contenga un término fijo aún no lo hemos adoptado.

Se revocan las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, en 12 de septiembre de 1975, en las que se declara la nulidad de las confiscaciones de vehículos reali-zadas por el Secretario de Justicia en los casos de los recurri-dos, y en su consecuencia se continuarán los procedimientos •en'el tribunal de instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Rigau disintió en opinión separada.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1976

Que el derecho no es estático pero que a la vez tiene que ofrecer garantía de estabilidad y de seguridad, es una de las paradojas con que se han confrontado jueces y juristas por siglos,

El caso de autos es, a mi juicio, uno en el cual nos topamos con esa disyuntiva. En esta materia de la “bolita” estimo que nos hemos quedado en el pasado y lo que ayer era futuro in-cierto hoy ha invadido el presente sin que podamos pretender desconocerlo.

' En el pasado sostuvimos centenares de veces la Ley de la Bolita a base del principio, de rango constitucional, de que el poder de policía del estado autorizaba a éste a prohibir la práctica de dicho juego de azar y en consecuencia lo autorizaba a recluir en la cárcel a los que interviniesen en el mismo y a confiscar la propiedad utilizada en relación con ese juego. La razón de porqué eso debía ser así nunca afloró muy claramente ni en la ley ni en los casos. Independientemente de las racio-nalizaciones más o menos convincentes que en ocasiones se expresaron, una premisa no dicha ni admitida explícitamente, en el sentido de que se consideraba inmoral jugar a la bolita parece que sirvió de soporte invisible a las decisiones judiciales que sostuvieron la prohibición estatutaria y las penalidades impuestas.

No cuestiono que para los años en que se aprobó esa legis-lación y en que se decidieron esos casos fuese válido el men-cionado ejercicio del poder de policía. En un plano teórico podría discutirse si el Estado debe legislar la moral pero no lo creo necesario hacerlo aquí porque me estoy dirigiendo al problema concreto de la Ley de la Bolita en estos días. Ante la situación actual, que más adelante precisamos, surge otro principio, también de rango constitucional, que ya no puede ignorarse. Me refiero al de la igual protección de las leyes. En Puerto Rico hoy día es legal jugar en los casinos de los hoteles de turismo, en la Lotería de Puerto Rico, en la Lotería Municipal, en innumerables loterías o bingos, autori-zados por ley, en las peleas de gallos y en las “picas” de las fiestas patronales celebradas anualmente en los 78 municipios de la isla.

Todos esos juegos se han ido permitiendo legislativamente y no hay duda de que ello ha causado una gran erosión, sino total destrucción, de la vieja creencia de que era inmoral jugar a los juegos de azar, hasta el extremo que lo que antes era la regla general — la prohibición — hoy día es la excepción y, a la inversa, lo que antes era la excepción se ha vuelto práctica-mente la regla.

En cuanto a la igual protección de las leyes, es harto sabido que la ley puede hacer clasificaciones pero éstas deben obedecer a criterios racionales y razonables. La Constitución no tolera clasificaciones arbitrarias.

Estimamos que resulta arbitrario, por no existir criterio racional ni razonable que lo justifique, que se pueda encarce-lar hoy día en Puerto Rico a una persona por jugar unos centavos a la bolita y que se pueda confiscar la propiedad utili-zada en dicho juego, mientras que se permite que se juegue durante todo el año a los muchos juegos de azar que hemos antes mencionado. Por ser irrazonable y arbitraria esa distin-ción entre el juego de la bolita y los otros mencionados juegos de azar permitidos, estimo que resulta inconstitucional la Ley de la Bolita, Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 33 L.P.R.A. see. 1247 y ss. porque viola la garan-tía de la igual protección de las leyes contenida en la See. 7 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico.

Esta solución que proponemos tendría, por lo menos, cinco resultados que creemos deseables: (1) el de hacer más justo, más consistente y más sincero nuestro ordenamiento jurídico penal; (2) el que el Gobierno podría cobrar licencias, derechos y contribución sobre ingresos a los operadores de las bancas de bolita; (3) el de abolir, o reducir a términos insignificantes, el bajo mundo que opera esa industria; (4) economizarle al erario público la considerable suma que se gasta en perseguir dicho juego (policías, fiscales, jueces, testigos, confidentes, etc.) y (5) cesar la práctica, a la larga corruptora, de mante-ner confidentes bajo paga operando en esa actividad. Puede añadirse que también ganaría la dignidad de la ley en Puerto Rico y la de los procedimientos judiciales, pues el hecho de que exista una ley que se viola con tanta frecuencia y tantas veces impunemente hace desmerecer a los ojos del ciudadano común la dignidad de la ley y la de su administración.

      Castán, Teoría de la Aplicación e Investigación del Derecho (1947), pág. 856; Pound, Law Finding Through Experience and Reason (1960), pág. 23; Allen, Law in the Making, 7a. ed. (1964), pág. 346; Pound, Inter

        pretations of Legal History (1923), pág. 1; Friedmann, Legal Theory, 5ta. ed. (1967), pág. 86; 4ta. ed. (1960), pág. 32; Patón, Jurisprudence, 2da. ed. (1951), pág. 169; Buena Vista Dairy v. J.R.T., 94 D.P.R. 624 (1967).

       Sobre este tema tiene interesantes atisbos Toffler en su Future Shock (1970).

       Sobre el debate contemporáneo sobre si el Estado debe o no legislar la moral, puede verse Hart, Law, Liberty and Morality (1963); Lord Devlin, The Enforcement of Morals (1965); Wolfenden Committee Report (1957); Friedmann, Legal Theory, 5ta. ed. (1967), pág. 45.

       Véase 15 L.P.R.A. secs. 71 y ss.; Ill y ss.; 601 y ss.; 151 y ss.; 181 y ss.; 292 y ss. y 80 y ss.


author: per curiam : Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Dr. Ramón Piñero Fernández, demandante y recurrente, v. Guillermo Martínez Santiago, demandado y recurrido; Dr. Ramón Piñero Fernández, demandante y recurrido, v. Guillermo Martínez Santiago, demandado y recurrente.

      Números: R-73-282
    R-73-357

      Resueltos: 26 de enero de 1976

      Angel Piñero, Carmen L. Santini y Angel Piñero Santini, aboga-dos del recurrente y recurrido Dr. Ramón Piñero Fernández; F. Castro Amy, abogado del recurrente y recurrido Guillermo Martínez Santiago.
   per curiam :

Los dos recursos de epígrafe fueron consoli-dados a los fines de ser resueltos conjuntamente.

En el primero de ellos, o sea el R-73-282, señala el de-mandante-recurrente Dr. Ramón Piñero Fernández que el tribunal de instancia erró al desestimar el memorándum de costas sin-jurar sometido por él, aduciendo que el juramento es un mero tecnicismo que no debe utilizarse para derrotar los fines de la justicia. No tiene razón el demandante-recurrente.

La Regla 44.4(b) de las de Procedimiento Civil requiere; en lo que es aquí pertinente, lo siguiente:

“La parte que reclame el pago de costas presentará al tribunal y notificará a la parte contraria, dentro del término de 10 días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, una relación o memorándum de todas las partidas de gastos y desembolsos necesarios incurridos du-rante la tramitación del pleito o procedimiento. El memorándum de costas se presentará bajo juramento y consignará que según el leal saber y entender del reclamante o de su abogado, las par-tidas de gastos incluidas son correctas y que todos los desem-bolsos eran necesarios para la tramitación del pleito o procedi-miento. Si no hubiere impugnación, el tribunal aprobará el memo-rándum de costas, y podrá eliminar cualquier partida que consi-dere improcedente, luego de conceder al solicitante la oportuni-dad de justificar la misma . . . .” 32 Ap. II L.P.R.A. R. 44.4(b). (Énfasis suplido.)

En las Regías de Procedimiento Civil, el requisito de juramentar las alegaciones, mociones y otros escritos judiciales es la excepción y no la regla general. Véase Waymouth Estate, Inc. v. Corte, 63 D.P.R. 668, 670 (1944). Así, no es necesario jurar las alegaciones ni acompañarlas de declaración jurada excepto cuando se disponga específicamente de otro modo por regla o por ley. 32 Ap. II L.P.R.A. R. 9. En algunos casos podrá exigirse o no la juramentación si las reglas ofrecen esa opción. Por ejemplo: (1) las deposicio-nes se tomarán ante un funcionario autorizado para tomar ju-ramentos bajo las leyes de Puerto Rico, o del lugar en que se tome la deposición, id. R. 25.1, a menos que las partes esti-pularen por escrito el que se tomen ante cualquier persona, id. R. 26; (2) las mociones solicitando sentencias sumarias podrán estar basadas o no en declaraciones juradas, id. R. 36.1, 36.2. Pero, en otros casos el juramento es necesario, tales como: (1) las contestaciones a los interrogatorios, id. R. 30; (2) las negativas a contestar requerimientos de ad-misión, id. R. 33.1; (3) los memorandos de costas, id. R. 44.4; (4) las solicitudes de anotación de rebeldía, id. R. 45.1; (5) las solicitudes de entredicho provisional, id. R. 57.2; y (6) las solicitudes de inhibición de jueces, id. R. 63.2.

El propósito del juramento es el de someter a la parte a la penalidad de perjurio si se probara que el contenido- de sus manifestaciones o declaraciones juradas no es cierto, por lo que carece de eficacia cualquier escrito que bajo las Reglas de Procedimiento Civil deba ser jurado y no lo esté. Y, en el caso del memorándum de costas en particular, las Reglas exigen en adición que debe ser sometido dentro del término improrrogable de 10 días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. La presentación del memorándum complementario seis semanas más tarde con el único propósito de suplir la deficiencia del juramento, no puede por tanto tener el efecto de extender el término fatal de 10 días. 32 Ap. II L.P.R.A. R. 68.2; Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 82 (1967).

Procede pues en cuanto al recurso R-73-282, que confirme-mos la sentencia del tribunal de instancia que desestimó el memorándum de costas sometido por el recurrente por el funda-mento de no estar juramentado.

Examinemos ahora el recurso R-73-357 del demandado re-currente Ing. Guillermo Martínez Santiago. No es necesario entrar en la discusión de los errores señalados por el recu-rrente ya que, como demostraremos a continuación, carecemos de jurisdicción para considerar el recurso.

La sentencia recurrida fue dictada por el tribunal de instancia el 30 de julio de 1973. En 15 de agosto de 1973 el demandado recurrente solicitó la reconsideración de dicha sentencia por haberse cometido varios errores que se señala-ban en la referida moción de reconsideración. El demandante, aquí recurrido, presentó oposición a la misma y el tribunal señaló una vista para la discusión de la moción y de la oposi-ción, conjuntamente con el memorándum de costas y la oposi-ción a él. Surge de la correspondiente minuta que la moción y el memorándum fueron ampliamente argumentados, quedando el asunto sometido.

En 20 de septiembre de 1973 el juez de instancia dictó la siguiente resolución;

“Se declara con lugar la reconsideración en lo que respecta a la partida 6.6 de la Determinación de Hecho, (2(a) de la moción de reconsideración) y #5 de la Determinación de Hecho (2(d) de la Moción) por lo que procede eliminarse de la sen-tencia la suma de $300.00 y autorizarse al demandado a retirar de este Tribunal la suma de $3,000 que depositó en este Tribunal el 5 de junio de 1972 en el caso 71-3808.
El memorándum de costas no se aprueba por no cumplir éste con la Regla 44.4 de Práctica Civil. Pereira v. Ibec, 95 D.P.R. 28.
Notifíquese.”

No surge del expediente que el demandante hubiese solicitado reconsideración de la precedente resolución. Sin embargo, aparece otra resolución dictada sua sponte por el mismo magistrado en 26 de octubre de 1973, siendo ya la sentencia final y firme, que copiada textualmente lee como sigue:

“En su resolución de fecha 20 de septiembre de 1973 este Tribunal declaró con lugar la moción de reconsideración radicada por el demandado Guillermo Martínez Santiago concediendo la eliminación de la partida por la suma de $300.00 a que se refiere la determinación de hecho #6 y autorizando al demandado a retirar la suma de $3,000.00 que él había depositado el día 5 de junio de 1972 en el caso Civil #71-3808 consolidado con éste; pero este Tribunal no dispuso abiertamente en cuanto a los demás fundamentos y partidas objeto de su moción de recon-sideración, por lo que el Tribunal procede ahora a dictar resolu-ción denegando la moción de reconsideración del referido deman-dado en cuanto a los demás fundamentos y partidas que se men-cionan en dicha moción.
Notifíquese.”

La parte promovente no expresó duda alguna con respecto a la resolución del 20 de septiembre. Dejó transcurrir el término para solicitar reconsideración, así como el término de revisión. Por ello no nos explicamos la actuación del tribunal de instancia al pretender aclarar la primera reso-lución sin que nadie lo hubiera pedido. En su consecuencia la segunda de las dos resoluciones no pudo tener el efecto de extender el término para revisar. El pronunciamiento del 20 de septiembre dio fin a la controversia entre las partes al declarar el tribunal con lugar la reconsideración respecto a dos de las partidas objeto de reconsideración. La segunda resolución no modificó ni alteró y ni siquiera aclaró en forma alguna la primera. No era necesario expresarse sobre las otras partidas en cuestión. Al declarar el juzgador que “ [s] e declara con lugar la reconsideración en lo que respecta a la partida 6.6 de la Determinación de Hecho ... y #5 de la Determinación de Hecho . . . .” resolvía la totalidad de las cuestiones planteadas en la moción de reconsideración.

La actuación del tribunal de instancia que dio lugar a que el demandado recurrente pudiera inferir que aún tenía tiempo para recurrir ante nos no nos satisface. Los jueces de instancia deben observar mayor celo en cuanto a la fina-lidad de sus sentencias. Ambas partes en el litigio tienen derecho a ello.

En virtud de lo expuesto se anulará el auto expedido en el recurso R-7S-S57 por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué disintió en opi-nión separada con la cual concurre el Juez Presidente, Señor Trías Monge.

Voto disidente en parte del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

con el cual concurre el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1976

Estoy conforme con la disposición que se hace del recurso R-73-357, de desestimarlo por falta de jurisdicción. Disiento, por otra parte, de que se confirme, en cuanto al recurso R-73-282, la resolución del tribunal de instancia que desestimó el memorándum de costas por no estar jurado en el momento en que quedó radicado.

La Regla 44.4 (b) de Procedimiento Civil, citada en la opi-nión, requiere que el memorándum de costas se presente al tribunal y notifique a la parte contraria “dentro del término de diez (10) días contados a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia,” y más adelante dice que “se presentará bajo juramento.” Convengo en que el término de diez (10) días es fatal. Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 82 (1967). Pero no estoy de acuerdo en que la falta de juramento sea motivo para desestimarlo, omisión que puede suplirse en cualquier momento.

En el presente caso la parte victoriosa reclamó costas por la cantidad de $3,100, importe de lo que pagó al perito que tuvo que utilizar para hacer prevalecer su derecho. El recurrente, en su memorándum de costas, hizo alusión a y pre-sentó oportunamente los cheques cancelados que acreditaban los pagos y la factura que los justificaba. Estos comprobantes son de por sí tanta o más garantía de la legitimidad de lo reclamado como un juramento puesto al calce del documento.

Además, el memorándum de costas fue suscrito, no por el demandante recurrente, sino por uno de sus abogados. Dice la Regla 9 de Procedimiento Civil, en lo aquí pertinente, que “ [la] firma de un abogado equivale a certificar el haber leído la alegación; que de acuerdo con su mejor conocimiento, infor-mación y creencia está bien fundada; y que no ha sido inter-puesta para causar demora.” Esto salva, a mi juicio, el pro-pósito del juramento en el memorándum. Véase, para ejemplo, Junta Insular de Elecciones v. Corte, 63 D.P.R. 819, 827 (1944), en que, no obstante requerirse por ley que una moción en que se solicite la inhibición de un juez sea jurada, se dijo que, por estar firmada por el abogado era suficiente pues “la firma de un abogado en una moción tiene el efecto legal de un juramento.”

La cita que en la opinión se hace de Pereira v. I.B.E.C., supra, no es autoridad para sostener que la falta de juramento en un memorándum de costas lo derrota. Lo que ese caso re-suelve es que el término de diez (10) días para presentarlo es improrrogable. Aquí no se trata de prorrogar el término. Se trata de suplir una omisión que, al hacerse, tiene efectos nunc pro tune. Dicho de otro modo, permitir el juramento pasados los diez (10) días, cuando lo reclamado en el memorán-dum de costas no ha sido variado, surte efecto desde que el memorando se presentó originalmente. La verdad no se con-vierte en verdad cuando se jura. La verdad es inmutable y su existencia no puede hacerse depender de una formalidad de ley.

       Seis semanas después de presentado el memorándum de costas, el demandante-recurrente en ánimo de suplir la deficiencia de la falta de juramento presentó un escrito titulado “Declaración Jurada para Comple-mentar Memorando de Costas”.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Alicia López Martínez, demandante y recurrida, v. Jaime Ramón Yordán, demandado y recurrente.

      Número: R-75-155

      Resuelto: 27 de enero de 1976

      Dubón & Dubón, abogados del recurrente; Raúl Tirado Rodríguez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El marido recurre de sentencia mediante la cual se decretó la liquidación de la sociedad de gananciales con la recurrida. Acordamos revisar limitando el auto a dos conclusiones de la sala de instancia: (1) Que un dividendo en acciones pagado Sobre acciones privativas resulta ser un bien ganancial; y (2) Que los alimentos que el padre y la madre deben a sus hijos menores, una vez disuelto el matrimonio y hasta que se liquida la masa común de bienes, no son con cargo a dicho caudal común.

I

El Art. 1301 del Código Civil (31 L.P.K.A. see. 3641) clasifica como bienes gananciales los frutos, rentas o intereses percibidos o devengados durante el matrimonio procedentes de los bienes comunes o de los peculiares de cada uno de los cónyuges. Fruto es aquel producto derivado de la cosa principal, separable de la misma sin disminuirla y sin afectar su destino económico que se percibe con relativa periodicidad. J. L. Alvarez Alvarez, El Aumento del Capital de las Sociedades Anónimas y la Sociedad de Gananciales, 13 Anales de la Academia Matritense, pág. 240 (1959). Por otro lado, una acción es un interés o cuota perteneciente al accionista individualmente en la propiedad de la corporación. Un dividendo en acciones es aquel que se paga en acciones reservadas o adicionales emitidas de la corporación, resultando en una conversión de ganancias en capital e implica continuación de la corporación con los mismos activos y pasivos. El propósito del dividendo en acciones es capitalizar ganancias para conservar o fortalecer el capital de operación. De modo que dicho dividendo nada toma de la propiedad de la corporación ni en forma alguna reduce sus activos, como tampoco nada suma al capital del accionista. Simplemente altera la forma de su inversión aumentando el número de sus acciones y en consecuencia disminuyendo el valor de cada acción, pero dejando substancialmente igual el valor total de sus acciones; pues si bien adquiere más acciones, cada una de éstas representa un interés fraccional menor que antes en el total de la propiedad corporativa, y su participación e interés proporcional en los activos de la corporación siguen siendo los mismos. Fletcher, Private Corporations, Vol. 11, secs. 5359 y 5362, ed. revisada 1971; Eisner v. Macomber, 252 U.S. 189. En análogo examen de los activos de capital en las sociedades anónimas, Alvarez Alvarez concluye que sólo el beneficio repartido se puede considerar fruto; que las nuevas acciones con cargo a reservas han de seguir la suerte del capital social ya existente y, por consiguiente, han de ser un valor privativo del accionista; que habiendo ocurrido sólo un desdoblamiento o transformación del bien privativo original, nada adquiere en la operación la sociedad de gananciales. Ibid págs. 244-5; 258-9; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo IV, Vol. 1, pág. 646, ed. 1967.

H I — i

Por un extendido período desde el divorcio hasta mayo de 1973 el recurrido pagó $55,000 para alimentos de sus tres hijos, partida ésta que el juez sentenciador rehusó cargar a la sociedad de gananciales. Gobiernan la situación el Art. 153 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 601) que impone la obligación de alimentar los hijos no emancipados tanto al padre como a la madre; y específicamente el Art. 145 (31 L.P.R.A. see. 564) al disponer que cuando recaiga sobre dos o más personas la obligación de dar alimentos, se repartirá entre ellos el pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. En la liquidación ha de reconocerse al marido un crédito por la parte proporcional que en dichos alimentos corresponde pagar a la madre de los alimentistas. Dicha proporción es cuestión a fijarse por la sala de instancia luego de determinar el “caudal respectivo” de cada ex-cón-yuge.

Con dichos antecedentes se modificará la sentencia dictada el 7 de abril de 1975 por la Sala de San Juan al solo efecto de excluir del cuerpo de bienes gananciales sujetos a división los dividendos en acciones pagados sobre acciones privativas del recurrente en las corporaciones Industrial Productora de Gas, Inc.; Santa María Gases, Inc.; General Gases & Supplies Corp., y Banco Popular de Puerto Rico; e imponiendo a la recurrida participación proporcional en la partida de alimen-tos de los hijos.

Se devolverá el caso a la sala de instancia para procedi-mientos y ajustes en la liquidación compatibles con lo aquí resuelto. Así modificada será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no participó.


text:
    North American Mortgage Investors, etc., et al., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Barranquitas, recurrido.

      Número: O-75-559

      Resuelto: 27 de enero de 1976

      Fiddler, González & Rodríguez y Aurelio Emanuelli Belaval, abogados de los recurrentes; El Registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Presentadas en el Registro de la Propiedad, Sección de Barranquitas, escritura de cancelación de pagaré al portador por $1,226,500.00, emitido por la corporación Hotel Coamo Springs, Inc., garantizado con hipoteca sobre inmueble perte-neciente a ésta, y otra constituyendo nueva hipoteca por $840,000.00 sobre la misma finca en garantía de pagaré entre-gado a la financiera North American Mortgage Investors, el Registrador requirió como documentos complementarios el certificado de incorporación y constancia de la facultad de su presidente Hernández para otorgar la cancelación y constituir la nueva hipoteca.

Como demorara el presentante en producir dichos comple-mentarios, el 30 de abril de 1974 el Registrador suspendió la inscripción con la siguiente nota: “Devuelto el presente docu-mento que es copia de la escritura número 23 otorgada en San Juan, el día 19 de abril de 1973 ante el notario Enrique Córdova Díaz, y suspendida la inscripción del mismo por no haberse acreditado las facultades de Abimael Hernández para la cancelación de 1a- hipoteca extendiéndose en su lugar nota de Suspensión por 60 días según lo dispone la Ley 73 de 23 de junio de 1958 y lo notificado el día 30 de enero de 1974. Barranquitas, a 30 de abril de 1974.”

En su alegato el Registrador reconoce que tenía dos alternativas bajo el Art. 19 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 44) : denegar la inscripción o suspenderla “por medio de nota fundada ... la cual durará sesenta días.” Optó por suspenderla según aparece de su nota transcrita, pero omitió notificar la suspensión al presentante o a la parte interesada. No vemos más propósito en dicho término de 60 días que el de plazo final para presentar al Registro los documentos complementarios exigidos, descartada su utilidad como término para recurrir al Tribunal Supremo que es el mucho más breve de 20 días (30 L.P.R.A. see. 1773). La parte recurrente eventualmente presentó al Registro los citados documentos adicionales, ajena a y desconociendo la nota de suspensión de la que sólo se enteró por iniciativa propia. Resulta, por tanto, que faltando notificación, al traerse al Registro los complementarios, no había empezado a correr el término de 60 días dispuesto en el Art. 19.

Las facultades de Abimael Hernández, Presidente de Hotel Coamo Springs, Inc., para constituir hipotecas están acreditadas por certificación de un acuerdo de su junta de directores autorizándole expresamente a “otorgar y entregar pagarés, pagarés hipotecarios, giros . . . hipotecas sobre pro-piedad inmueble o mueble de la corporación, instrumentos de garantía, acuerdos y cualquier otra obligación de esta corpo-ración a tales fines [tomar dinero a préstamo y obtener crédito de instituciones financieras] en la forma que satisfaga a éstas.”

Tenía también facultad para cancelar el pagaré hipotecario emitido por Hotel Coamo Springs, pues tratándose de una obligación al portador en poder de la deudora se había extinguido la hipoteca por confusión de derechos y la cancelación no implicaba acto de enajenación dentro del contexto de los Arts. 82 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 156) y 1604 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4425). Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo III, págs. 253-54, Edición 1968; cf. Lozada Merced v. Registrador, 100 D.P.R. 99, 104 (1971). En este caso de nada se desprendía la corporación en su perjuicio, sino que la cancelación viabilizaba la nueva operación de crédito que le permitió tomar $840,000.00 de la financiera recurrente.

Se revocará la nota y se ordenará al Registrador la ins-cripción de las escrituras objeto del recurso que son las Núms. 23 y 2Jp de 19 de abril de 1973 ante el notario Enrique Córdova Díaz, con la prioridad que corresponde a sus respectivos asien-tos de presentación.

      La parte relevante de dicho Art. 19 dispone:
      . . Si el defecto insubsanable consistiese únicamente en la falta de acompañar algún documento complementario indispensable para la inscrip-ción, anotación o cancelación, el registrador requerirá a las mismas per-sonas y dentro del mismo término indicado, para que acompañen tales documentos complementarios, y, si éstas no lo hicieren, el registrador podrá denegar la inscripción, anotación o cancelación de acuerdo con el procedi-miento establecido por ley, o suspenderla por medio de nota fundada que extenderá al margen del asiento de presentación, la cual durará sesenta días, y de ella podrá recurrirse para ante el Tribunal Supremo utilizando el remedio establecido en la Ley sobre Recursos contra las Resoluciones de los Registradores de la Propiedad, sees. 1771 et seq. de este título; Disponién-dose, que la notificación al presentante del documento o al interesado en la operación registral o al notario se hará constar al margen del asiento de presentación. . . .”
      Se repite el requisito de notificación en el Art. 1 de la Ley sobre Recursos Gubernativos que en su texto ordena:
      “Cuando el registrador deniegue o suspenda alguna inscripción, anota-ción o cancelación, expondrá al pie del documento, clara y concisamente, los motivos legales de su negativa y de ella notificará al interesado, quien fir-mará la notificación.” 80 L.P.R.A. see. 1771.

      Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, pág. 279, Sexta Edición, 1968.


text:
    Wilda Díaz en representación de su hijo menor Angel Arsenio Díaz, demandante y recurrido, v. Angel A. Gaud, demandado y recurrente.

      Número: R-74-208

      Resuelto: 29 de enero de 1976

      Celedonio Medín hozada Gentile y Celedonio Medín hozada, abo-gados del recurrente; la firma del abogado de la parte recurrida es ilegible.
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1976

En el caso de epígrafe el 29 de diciembre de 1975 dictamos la siguiente Resolución:

“Considerada la tardanza habida en el trámite de la trans-cripción de evidencia, el Tribunal deja sin efecto su resolución de fecha 10 de julio de 1974 y en el ejercicio de su discreción y al amparo de lo dispuesto en la Regla 50 m fine en armonía con la Regla 18(c) de su Reglamento, ordena a las partes que dentro del término de sesenta (60) días procedan a preparar una expo-sición de la prueba oral desfilada, en sustitución de la transcrip-ción de evidencia y previa certificación por el Juez que conoció y resolvió el asunto o mediante estipulación, procedan a radicaría en la secretaría del tribunal de instancia para que éste oportuna-mente la eleve en unión al legajo en revisión. Conjuntamente con la relación de prueba certificada, deberá el tribunal de instancia elevar cualquier prueba documental que se hubiese admitido.”

Los abogados de las partes al presente, en escrito denominado Estipulación, nos solicitan que en lugar de la exposición de la prueba les autoricemos la transcripción de evidencia de la vista oral debido a que el juez que intervino en primera instancia en el caso, Lie. Miguel Montalvo, renunció y el abogado de la parte demandante en dicha etapa, Lie. Carlos Pagán, cesó en sus funciones como abogado de Asistencia Legal y en la actualidad se desempeña como fiscal. No surge de manera alguna que el Lie. Montalvo y el fiscal Pagán hayan sido requeridos o le hayan negado a los actuales abogados de las partes el beneficio de sus conocimientos y notas para la preparación de la referida exposición de la prueba.

No ha lugar a la estipulación acordada. En situaciones como la presente en que uno de los abogados de las partes en primera instancia cesa en su representación por cualquier motivo, al igual que el juez sentenciador renuncia a su cargo, rige la norma de que tales abogados — como funcionarios del sistema de justicia puertorriqueño — están obligados a prestar toda la cooperación necesaria a las partes y sus actuales abogados para la preparación de una exposición de prueba oral en sustitución de la transcripción de evidencia.

En virtud de lo expuesto, se ordena al Juez Administrador del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, que convoque al ex-juez Miguel Montalvo y al fiscal, Hon. Carlos Pagán, para que éstos presten toda la cooperación necesaria conducente a que los actuales abogados de las partes en el recurso ante nues-tra consideración, cumplan con nuestra Resolución del 29 de diciembre de 1975.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario


author: per curiam :

text:
      In re Matías Díaz García, querellado.

      Número: O-75-11

      Resuelto: 30 de enero de 1976

      Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Ruth Tentori y Adolfo J. Vila, Procuradores Generales Auxiliares, aboga-dos de El Pueblo; el querellado compareció por su propio de-recho.
   per curiam :

Contra el abogado notario Matías Díaz Gar-cía la Procurador General de Puerto Rico radicó el 10 de enero de 1975 querella conteniendo los siguientes cargos;

“PRIMER CARGO: El querellado, prevaliéndose de su condi-ción de abogado de Rosa Camelia Figueroa se comprometió a negociar tres pagarés hipotecarios al portador por la cantidad de $5,000.00 cada uno, garantizados por la escritura de hipoteca número 100 del año 1947, otorgada ante el notario Ledo. Diego Guerrero Noble, cuya hipoteca se constituyó sobre una propiedad de la referida Rosa Camelia Figueroa. Hasta la fecha de hoy el querellado no ha entregado a Rosa Camelia Figueroa dinero alguno proveniente de la negociación encomendada, así como tampoco ha devuelto los pagarés a la mencionada quejosa, a pesar de haber sido requerido por ésta, para que así lo hiciera. Las referidas actuaciones son constitutivas de una conducta inmoral, ilegal e impropia y violan las disposiciones del Preámbulo del Código de Etica Profesional de los Abogados, aprobado por este Honorable Tribunal el 24 de diciembre de 1970, y específicamente infringen los cánones 18, 19 y 23.

SEGUNDO CARGO: El querellado, en su condición de abo-gado retuvo indebidamente sin autorización alguna el cheque 338274 del Banco de San Juan por $902.41 expedido a favor de Rosa Camelia Figueroa por orden del Tribunal Superior Sala de San Juan, el 31 de mayo de 1973, en el caso América Figueroa Ex Parte sobre administración judicial, Civil Núm. 49-2435. Que dicho cheque fue cambiado, apareciendo en su reverso la firma del querellado y sin que fuera endosado por la referida Rosa Camelia Figueroa. Que el Ledo. Matías Díaz García, no ha entre-gado el cheque a la Sra. Rosa Camelia Figueroa, ni tampoco el importe del mismo, a pesar de habérselo requerido judicial y extraj udicialmente.

Esta actuación del querellado constituye una conducta in-moral, ilegal e impropia de un abogado y viola las disposiciones del Preámbulo del Código de Etica Profesional y concretamente los cánones 18, 19 y 23.

TERCER CARGO: El querellado, con absoluto desprecio de la autoridad judicial desobedeció la orden dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el anterior caso para que entre-gare o hiciere efectivo a Doña Rosa Camelia Figueroa, el cheque, a que se hace referencia en el cargo número dos.

Este hecho, es revelador de una conducta ilegal, inmoral e impropia de un abogado e infringe el canon 9 del Código de Etica de la Profesión Legal de Puerto Rico.

CUARTO CARGO: El 6 de mayo de 1970 el querellado nota-rizó la escritura de compraventa número 12, en la que compare-ció como compradora Doña Antonia Santana. El Ledo. Matías Díaz García se comprometió con la referida compradora a inscri-bir dicha escritura en el Registro de la Propiedad y a esos efectos le cobró el importe correspondiente de los sellos de rentas inter-nas. Hasta la fecha no ha presentado el mencionado documento en el Registro de la Propiedad, a pesar de su compromiso al efecto y de reiteradas peticiones por parte de la compradora, y de la hermana de ésta, Doña Lydia Santana para que así lo hiciera.

La anterior conducta es inmoral, ilegal e impropia de un abogado y notario y viola el canon 18 del Código de Etica de la Profesión Legal, así como los incisos a, b y c del Preámbulo de dicho código.”

El 18 de abril de 1975 admitimos la acumulación del quinto cargo que lee como sigue:

“QUINTO CARGO: El querellado incurrió en conducta in-moral e impropia de un abogado al negarse durante más de dos años a satisfacer a la Sra. Hortensia Valdejully de Liceaga el canon de $125.00 mensuales por concepto de arrendamiento del local donde ubicaba la Oficina profesional del querellado a pesar de haber recibido numerosos requerimientos al efecto. Asimismo el abogado iquerellado se negó a desocupar el referido local.

El mencionado proceder del abogado querellado, dado que guardaba relación estrecha con su profesión por tratarse del arrendamiento de su Oficina jurídica, viola los criterios expues-tos en el Preámbulo y el Canon 38 del Código de Etica que rige la conducta de los miembros de la profesión legal de Puerto Rico.”

El trámite que siguió la querella lo expusimos claramente en nuestra Resolución del 29 de septiembre de 1975, de la cual transcribimos:

“Simultáneamente concedimos veinte días improrrogables para formular su contestación, ello bajo apercibimiento. Este último dictamen fue notificado personalmente el 31 de julio. El 11 de agosto solicitó otra prórroga, ante lo cual dictamos la siguiente Resolución:

‘Vista la moción informativa sometida por el querellado el 11 de agosto de 1975, se concede a éste un término a vencer el 15 de septiembre de 1975 para que proceda a formular su contestación a la querella. El término aquí dispuesto es de carácter improrrogable, quedando apercibido el querellado que de no formular oportunamente su contestación, el Tribunal considerará admitidos todos y cada uno de los cargos y procederá, sin ulterior trámite, a dictaminar la acción disci-plinaria correspondiente.’

El mismo día de su vencimiento, el querellado suplica un tér-mino adicional de tres días aduciendo lo copioso y difícil de la tarea de recopilar prueba documental para defenderse de los car-gos de la querella, aduciendo además haber estado ocupado aten-diendo un juicio criminal.

La indebida, irrazonable e inexcusable tardanza del quere-llado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal. La ausencia de una contestación a los cargos imputados, cono-cidos por éste desde hace más de seis meses, resulta injustificada.

En virtud de lo dispuesto en la Regla 13(d) (4) de nuestro Reglamento, suspendemos provisionalmente del ejercicio de la práctica de la profesión de abogado al querellado Matías Díaz García hasta tanto el Tribunal considere apropiada su reinstala-ción por haber acreditado, mediante las diligencias de rigor, estar presto a afrontar el procedimiento de desaforo sin ulte-riores dilaciones innecesarias.”

Esta Resolución fue notificada por el Alguacil del Tribunal, quien simultáneamente se incautó de los libros de proto-colos correspondientes a los años 1965 al 1974 inclusive y de dos (2) libros de declaraciones juradas (afidávits). La única gestión posterior del querellado es una Moción Informativa de fecha 30 de septiembre de 1975 en que relaciona los esfuerzos que realiza para preparar su prueba en el caso de autos— combinado con compromisos de casos criminales pendientes— y expresa estar consciente de la gravedad de los cargos, reiterando un profundo respeto hacia los tribunales.

A esta fecha han transcurrido cuatro (4) meses desde la última comparecencia del querellado que sumados a los ante-riores totaliza más de diez (10) meses sin que haya formulado contestación a la querella. Nuestro deber de imprimir rapidez a los procesos, nos obliga a que conforme los términos de nuestra citada Resolución de 21 de agosto de 1975 considere-mos “. . . admitidos todos y cada uno de los cargos y pro-cede [mos], sin ulterior trámite, a dictaminar la acción dis-ciplinaria correspondiente.”

Constituye conducta inmoral, ilegal e impropia— contraria a los principios expuestos en el Código de Etica Profesional — las actuaciones incurridas por el querellado consistentes en haber retenido indebidamente tres pagarés hipotecarios al portador por la cantidad de $5,000.00 cada uno; haber cobrado un cheque sin autorización de su cliente, como tampoco satisfecho su importe a pesar de los requerimientos judiciales y extrajudiciales; desobedecido una orden judicial relativa a la entrega o pago del valor de dicho cheque; omitido inscribir una escritura en el Registro de la Propiedad no obstante haber cobrado el importe correspondiente a los sellos de Rentas Internas; y negádose a pagar durante dos (2) años cantidad alguna por concepto de canon de arrendamiento pactado del local de su oficina profesional. Además, tal conducta afecta adversamente la reputación de la noble profesión de abogado que debemos mantener ante la sociedad, poniendo en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios mayores a las cuales ha contribuido históricamente.

Se ordenará la separación del querellado Matías Díaz García de la ‘profesión de abogado y la eliminación de su nom-bre del Registro de Abogados de este Tribunal.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.


author: per CURIAM: Juez Presidente, Señor Trías Monge, Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Futurama Import Corp. e Isaac Menda, demandantes y recurrentes v. Trans Caribbean Airways, demandada y recurrida.

      Número: R-74-48

      Resuelto: 30 de enero de 1976

      Reiehard & Colberg y Federico Calaf Legrand, abogados de los recurrentes; F. Castro Amy, abogado de la recurrida.
   per CURIAM:

Distinto a otras instituciones de nuestro Código Civil, en materia de responsabilidad extracontractual dimanante del Art. 1802 (31 L.P.R.A. see. 5141) es forzoso reconocer que “a pesar de [la] divergencia entre los Derechos del grupo que podríamos llamar continental y el angloameri-cano, la materia regulada es de las que ofrece caracteres más uniformes en todos los países.” Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Yol. 2, pág. 660. Predomina lo que dicho autor caracteriza como “Derecho resultante de la casuística profesional [que] representa el elemento verda-deramente creador y que impulsa la evolución de los sistemas jurídicos.” El caso de autos rebasa sus hechos sencillos, para poner de manifiesto la realidad antes expuesta. Veamos^.

La demandante recurrente, Futurama Import Corp., im-portó por la vía aérea de Italia un cargamento de ropa de mu-jer. La mercancía fue llevada a Nueva York por la línea Iberia. Allí fue descargada y más tarde transportada a Puerto Rico por la Trans Caribbean Airways, aquí demandada recu-rrida. En el Ínterin en que la mercancía estuvo en Nueva York, parte de la carga se dañó por haber quedado expuesta a la lluvia antes de ser cargada en el avión de la demandada.

La firma importadora estimó el valor de la mercancía dañada en $5,565.60. El tribunal de instancia aceptó esa cifra como correcta. Un inspector o ajustador de seguros, quien 35 días después de recibida la mercancía en Puerto Rico fue a estimar la pérdida, no pudo hacerlo porque la importa-dora le informó que la había rematado por $350.

La mercancía había sido asegurada en Italia con la Riu-nione Adriática, una compañía aseguradora de aquel país, la cual pagó a Futurama la mitad de la pérdida. Futurama re-clamó a Trans Caribbean Airways la otra mitad y en vista de que ésta se rehusó a pagar, le demandó por la totalidad de la pérdida.

En su sentencia original el tribunal de instancia con-denó a la demandada a pagar el total de la pérdida menos los $350 que Futurama había recobrado al vender la mercancía dañada, lo que arrojó un balance de $5,215.60. Previa moción de reconsideración de la demandada Trans Caribbean Airways, el tribunal de instancia, en sentencia enmendada, reconsideró y redujo la sentencia a $2,432.80. Dicha cifra es el resul-tado de haberle restado los $2,782.80 que la demandante había recibido de la compañía aseguradora italiana.

Invocando la aplicación de la doctrina de la fuente co-lateral “collateral source doctrine” la recurrente argumenta que debió mantenerse la cifra original de $5,215.60. Si bien los hechos particulares del caso nos convence que debemos confirmar la sentencia recurrida, es necesario una breve exégesis al respecto.

Reiteramos la vigencia en nuestra jurisdicción de dicha doctrina, que como regla general impide al causante de un daño deducir del importe de la indemnización de la cual responde, la compensación o beneficios que haya recibido el perjudicado de una tercera persona o entidad, esto es, de una fuente no relacionada con el demandado, denominada “collateral source rule”. Constituye la norma que aplicáramos en los casos de Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956 ); Pereira v. Commercial Transport Co., 70 D.P.R. 641 (1949) y Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942), en que sostuvimos el derecho de una parte a reclamar unos salarios por lucro cesante, no em-pece habérselos pagado su patrono, por estimar que se trata-ban de unas donaciones que no podían beneficiar al demandado. El pago de salarios durante vacaciones o enfermedad del em-pleado se reconoce por razones distintas a las que dan lugar a una compensación por negligencia. Los salarios se originan en un contrato de trabajo, y en caso de ausencia por acciden-te hasta podrían tener carácter de bonificación o donación a un buen empleado para beneficio de su familia que depende de ese ingreso; no es una compensación propiamente dicha. Un análisis de la abundante literatura sobre esta doctrina, de-muestra que la misma descansa sobre fundamentos racionales y lógicos, que si bien a veces resultan complejos, no necesaria-mente anulan su eficacia y la variedad de beneficios en que es susceptible de ser correctamente aplicada.

El valor o interés social de una norma jurídica sobre daños está subordinado al principio rector de hacer justicia independientemente de su origen. La utilidad de la doctrina que nos ocupa no puede circunscribirse en términos, exclusivos de castigar al causante del daño o de premiar al perjudicado. Tampoco puede basarse en una premisa de costo. El enfoque trasciende tal disyuntiva para darle cabida a un principio de mayor valía, a saber, si a una persona se le permitirá cosechar el fruto de su propio esfuerzo en determinadas circunstancias. La preocupación en torno a la llamada “doble compensación” o el exceso de compensación se desvanece al constarse que ello no es a costa ni con cargo del demandado, mientras que, por el contrario, la no aplicación de la regla, de ordinario, perjudica-ría al demandante — víctima—ya que él pagó las primas, en el caso del seguro, o soportó los descuentos para, por ejemplo, la pensión de retiro y otros.

“Cuando la víctima es indemnizada, el perjuicio ha desapare-cido. Por ello no cabría demandar de nuevo reparación. El prin-cipio es simple. Pero su aplicación origina numerosas dificulta-des. Se refieren a que es delicado en ocasiones saber si ha sido total la indemnización de la víctima; cuando no la haya sido, la víctima puede demandar el complemento. Se refieren también a que, en algunos casos, el accidente permite a la víctima recibir de un tercero una suma de dinero; ¿se encuentra todavía la víc-tima con derecho para reclamar una indemnización al autor del daño ?

La segunda constituye lo que puede llamarse el problema de la acumulación de las indemnizaciones. La víctima no puede acumu-lar varias indemnizaciones por el mismo perjuicio. Así, cuando el daño le haya sido causado por varias personas, aquélla tiene derecho a reclamar reparación de la totalidad a uno solo de los coautores; pero, si obtiene satisfacción, no puede reclamar ya nada a los restantes coautores (cfr. infra, ns. 536 y 1.072). La cuestión es más difícil de resolver cuando cabe dudar acerca de la naturaleza de la suma que la víctima ha recibido de un tercero: ¿es una indemnización?; en ese caso, su acción se ha extinguido, ya que está reparado el daño sufrido; ¿se trata de una suma abonada por otro título?; entonces, la víctima conserva su acción contra él autor del daño.” (Énfasis suplido.)

Ante la alternativa de aplicar mecánicamente la doctrina o rechazarla en su totalidad, somos de opinión que lo más razonable es el identificar en cada caso' sus circunstancias peculiares, y de acuerdo a la naturaleza del daño sufrido y del examen del origen y propósito o razón de ser del beneficio colateral de que se trate, determinar la improcedencia o la justificación de la acumulación de compensaciones. Contrario a las posiciones extremas aludidas, ésta toma en cuenta las diversas clases de fuentes de beneficios colaterales y las diferencias entre las mismas. “Es incorrecto analizar el ámbito o frontera de la regla en el contexto de lograr una regla sencilla aplicable.” Feeley v. United States, 337 F.2d 924, 927 (1964); Helfend, supra, págs. 61-63, escolio 3.

A los fines de decidir la aplicabilidad o no de la doctrina, en el campo de seguro es necesario establecer una distinción entre seguros de cosas y los seguros sobre la vida o contra accidentes susceptibles de ocurrirle a las personas.

En el caso de autos, bajo la vertiente civilista de acumulación de indemnizaciones o bajo la doctrina anglosajona, es obvio que la cantidad adicional que reclama la recurrente no sólo tiene el mismo concepto y naturaleza que la ya recibida de la compañía aseguradora italiana, sino que se funda en un seguro por pérdida de cosa, en el cual predomina el aspecto de indemnización. Ya fue, por tanto, resarcida de esa parte de los daños y no debe aspirar a una indemnización adicional por los mismos.

Finalmente, es conveniente recordar que sin menoscabo de nuestra tradición civilista, tanto ayer como al presente, son válidas las siguientes expresiones:

“Ciertamente que en esta jurisdicción la ley común no es una frase que debemos oir como un conjuro, y por otro lado tampoco debemos alarmarnos por la mera circunstancia de que cualquier doctrina en particular, por estar basada en la justicia y la razón universal, resulte tener su origen en la ley común. Al confrontarnos con un caso que no esté previsto en nuestro Código Civil u otra disposición legislativa no debemos temer los males ni rechazar las bondades que pueden hallarse en los principios de la ley común u en otras fuentes de la humana experiencia. Pocos tribunales se hallan menos embarazados por los preceden-tes, o en materias no previstas por el estatuto, tan libres para seguir los dictados de la conciencia y del sentido común que los tribunales de esta isla. Levantar una sólida estructura sobre los principios fundamentales que tan amenudo se encuentran arrai-gados lo mismo en la jurisprudencia americana que en la es-pañola que comprenda los mejores elementos de los dos grandes sistemas, y que en tanto sea posible quede libre de los defectos de ambos, es nuestro especial privilegio si solamente aprovecha-mos la oportunidad que se nos presenta.” El Municipio de Vega Baja v. Smith, 27 D.P.R. 632, 637-638 (1919).

La sentencia será confirmada.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado, señor Rigau, emitieron opiniones concurrentes por se-parado con las cuales concurre el Juez Asociado, Señor Iri-zarry Yunqué.

Opinión concurrente del

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

con la cual concurre el Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 1976

Concurro con el resultado a que llega el Tribunal. Com-parto, no obstante, el criterio del compañero Juez Rigau de que debe rechazarse la inserción en nuestro derecho civil de la regla angloamericana de la fuente colateral. En el propio derecho angloamericano se ha abandonado la versión primi-tiva de esta regla, producto de las circunstancias particulares en que se desarrolla en dicho medio jurídico, durante el siglo diecinueve en especial, el derecho de daños. Sedler, The Collateral Source Rule and Personal Injury Damages: The Irrelevant Principle and the Functional Approach, 58 Ky. L.J. 36, 38-40 (1969); McGregor, Compensation versus Punishment in Damage Awards, 28 The Modern L. Rev. 629 (1965) ; Cooper, A Collateral Benefits Principle, 49 Canadian Bar Rev. 501 (1971).

El derecho civil cuenta con una amplia literatura sobre los complejos problemas que suscita la acumulación de benefi-cios. Borrell Macía, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extracontractual Civil, 1958, pág. 267 y ss.; Reyes Monterreal, Acción y Responsabilidad Civil Derivadas de Delitos y Faltas, 3a ed., 1958, pág. 272 y ss.; Santos Briz, Derecho de Daños, 1963, pág. 227 y ss.; Lombardi, La Responsabilidad Extracon-tractual Civil en el Derecho Panameño, 1965, pág. 293 y ss.; Quintano Repolles, Seguros y Responsabilidades Civiles Delic-tuales, 45 Rev. de Der. Privado 3 (1961); II (2) Mazeaud y Mazeaud, La Responsabilidad Civil, 1960, pág. 62 y ss. Es a esta fuente primaria que debemos acudir para analizar la cues-tión ante nos, sin que ello signifique naturalmente que debemos cerrarnos a lo que esté sucediendo en otros sistemas jurídicos.

La literatura civilista citada revela una tendencia, observable también en el derecho angloamericano actual, a no suscribir una regla general para la determinación de cuándo debe permitirse y cuándo no la acumulación de beneficios. Se elaboran pautas distintas, aun en proceso de desenvolvimiento, para situaciones diferentes. Deben identificarse en consecuen-cia, como acertadamente se observa en la opinión per curiam, las circunstancias específicas de cada caso y examinar en tal contexto factores tales como el origen, la naturaleza y el pro-pósito del beneficio adicional envuelto; los objetivos básicos del sistema de daños y el rol del seguro en sí; la naturaleza del daño sufrido; si el beneficio adicional entraña un enrique-cimiento injusto; si deriva, y hasta qué punto, de sacrificios, pecuniarios del perjudicado; si el tercero benefactor puede o no subrogarse en los derechos del perjudicado contra el causan-te del daño; los costos sociales de una solución u otra; y el mejor modo, en suma, de conciliar los intereses envueltos en el caso concreto ante nos.

En el caso de autos, el beneficio adicional proviene de un seguro contra pérdida de cosa, adquirido en el curso normal de los negocios. Como bien se señala en la opinión per curiam y en la del compañero Rigau, ni en el derecho civil ni en el angloamericano, si bien se han formulado algunos pare-ceres distintos, se admite hoy en día la acumulación de benefi-cios en este tipo de casos. Se trataba aquí de una actividad co-mercial en que la contratación del seguro se efectúa rutinaria-mente, por lo general, y es parte del costo de hacer negocios. No hay verdadero sacrificio pecuniario del demandante pues el pago de la prima es inseparable de la actividad comercial. La misión de este seguro es claramente reparadora. Basta con re-sarcir al comerciante perjudicado de los daños sufridos. No hay políticas sociales que aconsejen premiarlo con el recibo de una compensación adicional. En estos casos, en efecto, la práctica normal es que el beneficiario del seguro le cede al asegurador sus derechos contra el tercero causante del daño, siempre y cuando esta subrogación esté permitida por ley. Sedler, supra, 82; Cooper, supra, 511, 524; Borrell Macía, supra, 269-270; Lombardi, supra, 294. En tales circunstancias lo único que puede recobrar el perjudicado es la diferencia, si alguna, entre los daños sufridos y lo cobrado bajo el seguro.

Por las razones mencionadas, creo que debemos abstener-nos de comentar la corrección o incorrección de Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956) y Pereira v. Commercial Transport, 70 D.P.R. 641 (1949). Estos casos deberán anali-su debido tiempo a la luz de los criterios anteriormente ex-puestos.

Existen dos cuestiones adicionales en este pleito que merecen mención. El daño a la mercancía ocurrió en el estado de Nueva York. El caso por lo tanto encierra un problema de Derecho Internacional Privado. No se presentó prueba, sin embargo, respecto a lo que dispone la ley de Nueva York sobre las cuestiones planteadas en este litigio. Conforme a la teoría tra-dicional vigente en Puerto Rico, la ley extranjera debe ser objeto de prueba. Esteves v. Registrador, 43 D.P.R. 7, 9 (1932); Velázquez, Directivas Fundamentales del Derecho In-ternacional Privado Puertorriqueño, Río Piedras, 1945, pág. 75 y ss. Véase el Art. 36 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. 1711. Si no se presenta dicha prueba, la teoría adoptada por este Tribunal es que se presume entonces que la ley extranjera es idéntica a la local. Esteves v. Registrador, supra.

La teoría tradicional se enfrenta actualmente a la fuerte competencia de la doctrina que permite tomar conocimiento judicial de las leyes extranjeras. Esta segunda teoría es la adoptada por las jurisdicciones que se han acogido a la Uniform Judicial Notice of Foreign Law Act, 9A U.L.A. 320 (1957) o a la Uniform Interstate and International Procedure Act, 13 U.L.A. 309 y ss., secs. 4.01-4.04 (1975). En Puerto Rico se intentó adoptar esta teoría más moderna en las Reglas de Evi-dencia de 1954 y 1958 (Reglas 802 y 803 de ambos proyectos). Aun bajo esta teoría, no obstante, es imprescindible que las partes aleguen al menos que debe aplicarse la ley extranjera, lo cual no sucedió aquí. Ehrenzweig, A Treatise on the Conflict of Laws, St. Paul, Minn., 1962, pág. 362. Es innecesario por tanto discutir en su fondo si situaciones como la presente se rigen por la lex loci delicti — como actualmente es el caso en España después de la revisión al Título Preliminar del Código Civil Español (Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 11a ed., 1975, tomo 1, vol. 1, págs. 633 y 642)' — o por otra regla conflictual. Se aplica de todos modos en las circunstancias de este caso, en ausencia de prueba o alegación referente a disimi-litudes entre la ley de Nueva York y Puerto Rico, la ley de Puerto Rico.

El segundo asunto es a modo de aclaración solamente. El Capítulo 20 del Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, 26 L.P.R.A. sees. 2001-2004, puede o no afectar casos de daños a la propiedad. Es impropio expre-sarnos sobre el particular, sin embargo, ya que los hechos de este caso son distintos a las circunstancias a que se refiere el Código de Seguros.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau

con la cual concurre el Juez Asociado Señor Irizarry Yunque.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 1976

Los hechos del caso están resumidos en la opinión del Tribunal y no es necesario repetirlos aquí. A ellos nos remitimos.

La cuestión que plantea este recurso es si estuvo correcto o no el tribunal de instancia al reducir la cuantía de los daños reconocidos como tales, en la cantidad que el demandante perjudicado de hecho recibió de la compañía aseguradora. Entendemos que lo estuvo, como lo entiende la mayoría, y por eso concurrimos con el resultado de su decisión.

Sin embargo, creimos que el Tribunal debió pronunciarse sobre el problema aquí envuelto, en el sentido de revocar la inserción que en nuestro derecho civil de daños se ha hecho de la llamada regla de la fuente colateral (collateral source rule).

El problema jurídico de compensar los daños causados por culpa o negligencia se consideró desde tiempo inmemorial como uno de estricto derecho privado, esto es, como un problema de compensar el daño causado con fondos del patrimonio del cau-sante del daño y como uno de reconciliar lo mejor posible los in-tereses en conflicto. En la actualidad, además de adjudicar para una justa compensación en el nivel privado, los tribu-nales consideran como parte del problema el interés social que pueda ser tocado por la decisión.

Básicamente en el caso de autos se trata de si es justo, en el ámbito privado, que una parte sea compensada dos veces por un daño económico, y si en el ámbito del interés general es socialmente deseable y económico que así ocurra o, si por el contrario, eso es socialmente indeseable por constituir ello un despilfarro social.

Sobre el particular el derecho no es unánime. Muchas ju-risdicciones, dejándose llevar probablemente por la actitud inicial que mencionamos — la de que se trataba de un mero con-flicto privado — no se preocuparon por los valores sociales en-vueltos y adoptaron la norma conocida como la regla de fuente colateral mediante la cual se sancionaba como bueno que el de-mandado satisficiese el importe total de los daños aun cuando el demandante hubiese recobrado la pérdida o parte de ella de otras fuentes.

Esa norma de la doble compensación ha sido severamente criticada por los autores. Realmente es una norma irracional. Repugna al buen sentido de justicia que se cobre una acreencia más de una vez, y en el plano social ello resulta en un costo adicional a la sociedad que la paga. Borrell Macía expresa lo siguiente:

“De acuerdo con los principios que regulan la materia de repa-ración e indemnización de daños y perjuicios, en materia de se-guros, el perjudicado no puede beneficiarse del accidente por él sufrido. La misión del seguro es reparar.”

James discute la cuestión ampliamente y concluye que el perjudicado debe poder escoger entre los distintos medios de compensación a su alcance, pero sin que pueda recibir doble compensación. Esa nos parece la mejor norma. El perjudicado podrá demandar al que le causó el daño o a su asegurador, o a ambos, y a cualquiera otra persona o entidad que estime que viene obligada a reparar el daño, pero no deberá recibir com-pensación en exceso de la justa y adecuada en relación con el daño causado.

También opina James que el asegurador — salvo pacto en contrario, presumimos — no debe poder repetir contra el cau-sante del daño. Explica que la compensación no es un castigo —a menos que se justifiquen daños ejemplares — sino que es una reparación por el daño causado. También señala que no constituye ningún bien social el que el demandado satisfaga daños que ya han sido compensados. Por el contrario, como hemos señalado, socialmente eso constituye un gasto adicional injustificado y adicionalmente gravoso a la sociedad que ha de pagarlo. James es de opinión que cuando hay seguros la pér-dida debe recaer en el asegurador y ahí detenerse, pues las compañías de seguro son las que están precisamente en el negocio de asegurar riesgos y son las distribuidoras de riesgos' por excelencia. James, Social Insurance and Tort Liability: The Problem of Alternative Remedies, 27 N.Y.U.L. Rev. 537 (1952).

Para otras discusiones sobre el problema puede verse: Ganz, Mitigation of Damages by Benefits Received, 25 Modern' L. Rev. 559 (1962); West, The Collateral Source Rule Sans-Subrogation: A Plaintiff’s Windfall, 16 Okla. L. Rev. 395' (1963); Kimball and Davis, The Extension of Insurance' Subrogation, 60 Mich. L. Rev. 841 (1962); The Collateral Source Rule in the American Law of Damages, 46 Mich. L. Rev. 669 (1962); Schwartz, The Collateral Source Rule, 41 B.U.L. Rev. 348 (1961); Unreason in the Law of Damages: The Collateral Source Rule, 77 Harv. L. Rev. 731 (1964); Fleming, The Collateral Source Rule and Loss Allocation in Tort Law, 54 Calif. L. Rev. 1478 (1966); Sedler, The Collateral Source Rule and Personal Injury Damages: The Irrelevant Principle and the Functional Approach, 58 Ky. L.J. 36 y 161; Cooper, A Collateral Benefits Principle, 49 Can. B. Rev. 501 (1971); Harper and James, The Law of Torts, Vol. 2, sec. 25.22 (1956).

En Puerto Rico habíamos tocado solamente tangeneial-mente el problema. En Reyes v. Aponte, 60 D.P.R. 890 (1942), a la pág. 896, expresamos que a pesar de que el principal del demandante le había pagado a éste su sueldo durante los dos meses que no pudo trabajar, el demandante también podía reclamarlo del demandado. Se utilizó allí como razona-miento que el hecho de que el demandante hubiese cobrado sus salarios no debía beneficiar al que causó el daño. Por lo tanto se permitió la doble compensación. Se ve en dicho caso un enfoque incorrecto del problema. La reclamación en daños no tiene el propósito de castigar al demandado sino de resarcir o compen-sar al que sufrió el daño. “Make him whole,” dice la antigua frase inglesa. Una vez compensado el perjudicado, no hay razón en justicia ni en derecho para que sea compensado otra vez.

Tres años después, en Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718, 721 (1945), un caso de daños causados por un embargo hecho por error, el Tribunal tuvo ocasión de expresar que “La concesión de daños, como dijo la corte inferior, no es un castigo que se impone al que debe pagarlos, sino una compensación al que los ha sufrido, y por consiguiente debe éste probar su existencia para que le puedan ser concedidos.”

Posteriormente, en Pereira v. Commercial Transport Co., 70 D.P.R. 641 (1949), se resolvió correctamente, a la pág. 644, que habiéndose pagado al demandante su salario por las dos semanas que no había trabajado no correspondía condenar al apelante a pagarlas de nuevo. Pero dos páginas más adelante, en reconsideración, se resolvió lo contrario a base de una mera mención del citado caso de Reyes v. Aponte, supra. Igual hici-mos en Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956).

Sobre esta materia de daños el precepto rector lo contiene nuestro Código Civil en su Art. 1802, el cual es extraordina-riamente claro. Dispone que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obli-gado a reparar el daño causado.”

Estamos empeñados en una reforma judicial y en un deseo de depurar nuestro Derecho. Como se ha señalado antes, vastas zonas de nuestro derecho civil se han cedido, sin razón válida para ello, al derecho casuístico norteamericano, por des-cuido o por indebido aprecio de los valores envueltos. Esta ten-dencia “sonámbula” e increíblemente despreocupada debe de-tenerse. Es deber tanto de jueces como de abogados así ha-cerlo.

El caso de autos presentaba una buena oportunidad para restablecer a sus auténticos términos el citado Art. 1802 extirpando de nuestro Derecho el concepto de la “collateral source rule,” regla que no tiene justificación racional ni moral.

       Véase la documentada opinión del Tribunal Supremo de California de Helfend v. Southern California Rapid Transit Dist., 465 P.2d 61 (1970) la cual hace un extenso estudio sobre la doctrina, pondera las críticas a la misma y le reitera en principio su adhesión. También Tyminski v. United States, 481 F.2d 257 (1973).

      Un comentarista crítico de la doctrina concluye: “No obstante, ante el sistema prevaleciente, la regla realiza un fin social. En lo menos, remueve de la escena del juicio cuestiones controversiales complejas. En lo más, en algnnos casos, opera como un instrumento de lo que la mayoría de nosotros estaríamos inclinados a llamar justicia.’’ Maxwell, The Collateral Source Rule in the American Law of Damages; 46 Minn. L. Rev., págs. 669, 695 (1962). (Énfasis y traducción nuestro.)

      Mazeaud, Derecho Civil, Parte II, Traducción de Luis Alealá-Zamora y Castillo, págs. 62 a 63 (ed. 1960).

      Véanse: Cooper, A Collateral Benefits Principle, 49 The Canadian Bar Review 601 (1971) y; Sedler, The Collateral Source Rule and Personal Injury Damages: The Irrelevant Principle and The Functional Approach, Part II, 68 Ky.L.J. 86, en especial a la pág. 63 (1969-70); James, Social Insurance and Tort Liability, 27 N.Y.U.L. Rev. 637 (1962).

      No es necesario en este caso expresar juicio sobre si existe o no aquí derecho de subrogación.

       Maine, Ancient Law, ed. Beacon Press (1963), pág. 358; Seavey, Principles of Torts, 56 Harv. L. Rev. 72 (1942). Este ensayo, un clásico en su campo, aparece también publicado en Landmarks of Law, Henson, ed. (1960), pág. 377. W. Friedmann, Law in a Changing Society (1959), Cap. 5 titulado “Tort and Insurance”; Pound, Introduction to the Philosophy of Law, ed. rev. (1953) Cap. 4 titulado “Liability”; James, Accident Liability Reconsidered, 57 Yale L.J. 549 (1948), publicado también en Cohen and Cohen, Readings in Jurisprudence and Legal Philosophy (1951), pág. 266; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 2, Vol. 2 (1956), pág. 659 y ss.; Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 4, 9na. ed. rev. (1961), pág. 836 y ss.; Prosser, Law of Torts, 4ta. ed. (1971), pág. 14.

       Véase Trías Monge, Derecho y Justicia en Puerto Rico, 26 Rev. C. Abo. P.R. 417, 418 (1965).


text:
    Querellas sobre Conducta Profesional de Abogados.

      Número:

      Resuelto: 30 de enero de 1976
   RESOLUCIÓN

La práctica seguida hasta ahora de calificar como procedimiento de desaforo toda querella presentada contra abogados en relación con su conducta profesional no se ajusta muchas veces a la naturaleza de la conducta imputada ni a la acción disciplinaria que ella pueda ameritar. Desaforar implica privar a un abogado del ejercicio de su profesión; suspenderlo e impedirle actuar como tal. Es la máxima sanción que este Tribunal puede imponer a un abogado por incurrir en conducta inmoral o impropia en el ejercicio de la abogacía. Hay faltas, sin embargo, que no ameritan el desaforo, y en que una suspensión temporera, o una amonestación, son suficiente sanción. No es justo, por tanto, que toda querella contra abogados esté rubricada como procedimiento de desaforo. La mención de este vocablo en las primeras etapas del procedimiento por sí solo daña la reputación del abogado antes de que se pase juicio sobre su conducta.

En adelante se descontinuará dicha práctica. Todo expediente iniciado en virtud de querella contra abogados hará referencia en su título a los cánones de ética profesional cuya infracción se impute, o en términos generales indicará que se trata de una acción sobre conducta profesional.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Tamayo Navas, Inc., demandante y peticionaria, v. Angel Luis Rivera, demandado y recurrido.

      Número: O-75-552

      Resuelto: 2 de febrero de 1976

      Ramos & Riera, abogados de la peticionaria; José Raúl López de Victoria Blas, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

El pasado 24 de diciembre de 1975 expedimos la siguiente orden sobre mostración de causa:

“Apareciendo del expediente y documentos anejos que el tribunal de instancia erróneamente consideró como instrumento de trabajo no sujeto a embargo el automóvil perteneciente al recu-rrido Angel Luis Rivera, quien se dedica a la práctica de la medi-cina y no a la transportación de pasajeros mediante paga, se concede un término de 10 días al recurrido para que muestro causa por la cual no debemos expedir el auto, y una vez expedido revocar la resolución recurrida.”

Aun cuando el recurrido ha comparecido fuera de término, hemos considerado sus argumentos y no nos convencen.

Se expide el auto, se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso para que se continúen los procedimientos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz, disiente en voto separado.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 2 de febrero de 1976

Disiento por hallarse todavía en vigor en su texto inglés el inciso 6, Art. 249 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 Laws of Puerto Rico Annotated, section 1130, paragraph 6) que motivó nuestra decisión en Quiñones v. Gutiérrez et al., 29 D.P.R. 772 (1921), intocado por nuestra Asamblea Legisla-tiva a pesar de que subsiguientemente ha introducido en-miendas a dicho artículo relativas a vehículos de motor.