author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué Juez Asoeiado Señor Martín. Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Alvarez Rosario, acusado y apelante.

      Número: CR-76-148

      Resuelto: 30 de noviembre de 1978

      Benigno Alicea Alicea, Wilfredo Rodriguez Figueroa, abogados del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General In-terino, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante veredicto por mayoría de diez a dos, un jurado halló al apelante culpable del delito de falsificación. Apela de la sentencia que le condenó a una pena indeterminada de cinco a diez años de prisión. Alega la comisión de un solo error, a saber, que so pretexto de impugnar su credibilidad mientras testificaba a su favor, se permitió por sobre su opor-tuna objeción, y sin que él hubiese ofrecido prueba para sos-tener su credibilidad, que el fiscal le interrogase sobre un de-lito de hurto mayor cometido por el apelante nueve años antes.

Este planteamiento obliga a examinar nuestra decisión en Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974), en cuanto se refiere al acusado que declare como testigo a su favor. En Dones interpretamos el Art. 158 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 2150, en el sentido de que es permisible ta-char la veracidad de un testigo mediante prueba de antece-dentes o actos específicos en la vida del testigo vinculados a su credibilidad y que no sean remotos, y mediante prueba de con-vicciones de delitos que, sin importar su calificación, impli-quen deshonestidad o perjurio. Resolvemos que cuando el acu-sado opta por prestar testimonio durante el juicio, su veraci-dad puede ser tachada bajo el Art. 158 citado, en la misma forma que lo puede ser cualquier otro testigo y en la exten-sión que reconocimos en Pueblo v. Dones, supra, sujeto ello, en cuanto se refiere a previas convicciones, a que se determine que su valor probatorio es sustancialmente mayor que su efecto perjudicial.

Señalamos en Dones que el Art. 158 de la Ley de Evidencia debe interpretarse en armonía con los Arts. 21, 34 y 35 de dicha ley, 32 L.P.R.A. sees. 1664, 1677 y 1678, respectivamente, que regulan lo concerniente a la impugnación de la veracidad de un testigo. Resalta en todas dichas dispo-cisiones el principio básico de que la prueba, para ser admisi-ble, debe ser pertinente a la cuestión en controversia. Diji-mos (pág. 123):

“. .. La admisión de esta evidencia, naturalmente, debe regu-larse por las normas usuales de relevancia a la cuestión que cada caso plantea. Podrá inquirirse en el contrainterrogatorio sobre dichos antecedentes o hechos específicos vinculados a la credibili-dad, si no son remotos, y presentarse evidencia extrínseca de los mismos para impugnar la veracidad del testigo. Asimismo podrá presentarse, a los expresados fines, evidencia de convicción del testigo por delito que sin importar su calificación implique des-honestidad o perjurio. No estamos abriendo una compuerta al derrame indiscriminado de evidencia impertinente, extraña al asunto justiciable. La prueba para impugnar al testigo deberá fundarse en actos y hechos específicos y deberá limitarse a las materias relacionadas con veracidad o falsedad.”

La práctica seguida antes de nuestra decisión en Dones de admitir indiscriminadamente prueba de previas convicciones por delitos graves, no importa que no implicaran deshonestidad o perjurio, como medio de tachar la veracidad de un testigo, halla sus raíces históricas en el Derecho Romano y en el anglosajón o Common Law. En el antiguo Derecho Romano la convicción de delito como consecuencia de un proceso público significaba para el convicto la “infamia” o pérdida de la personalidad. Schofield, Cruel and Unusual Punishment, 5 Ill. L. Rev. 321, 329 (1911). Ello llevaba consigo la pérdida de varios derechos ciudadanos, incluyendo poder ser testigo. Igual ocurría en el Derecho anglosajón. McCormick, On Evidence, 2da. ed., 1972, sec. 43; 2 Wigmore, On Evidence, 3ra. ed., 1940, sec. 520; Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103, 110 (1975). La norma era justificada a base de la “depravación moral” de los convictos de delito. Se decía: “No se puede esperar que de ellos salga la verdad, dada su naturaleza abyecta.” 2 Wigmore, op. cit, sec. 519.

Aunque en la evolución del Derecho probatorio se descartó la práctica de considerar inhábil como testigo a quien ha sido convicto de delito, quedó como rémora de su desarrollo la práctica de considerar indigno de crédito a quien cometiera en alguna ocasión algún delito grave sin importar su na-turaleza. Descartamos tal práctica en Dones al limitar la prueba de convicciones anteriores, para fines de impugnación, a aquellos delitos, no importa si graves o no, que impliquen deshonestidad o perjurio y que no sean remotos. Véase Pueblo v. Padilla Arroyo, supra, a la pág. 115. La persona que una vez fue convicta de delito y pagó por ello a la sociedad no se considera sellada con estigma de mendacidad. Así tiene que ser en un sistema que postula como derechos fundamentales del ser humano, entre otros, en consonancia con su esencial dignidad, el derecho a la vida y a la libertad, el derecho a protección contra ataques abusivos a su honra y a su reputa-ción, y el derecho al disfrute pleno de los derechos civiles una vez la persona convicta de delito ha cumplido la pena im-puesta. Carta de Derechos, Secs. 1, 7, 8 y 12.

Cuando una persona imputada de delito opta por prestar testimonio en su propia causa, esos principios que nuestra Constitución califica de fundamentales cobran mayor vigencia y hay que ser más celosos y estrictos en su observancia. La privación o restricción de la libertad del acusado, en que puede desembocar el proceso criminal, ha de lograrse únicamente mediante un juicio justo e imparcial en que se destruya más allá de duda razonable la presunción de su inocencia. Por eso, aunque un acusado renuncia a su derecho a no incriminarse cuando presta testimonio a su favor y está sujeto a las mismas reglas que cualquier testigo respecto a la investigación de su credibilidad, debe garantizarse que la prueba de previas convicciones, que fuere admisible en el caso de cualquier testigo, no resulte tan perjudicial al acusado que sea determinante en que recaiga un fallo condenatorio. Todo acusado tiene el derecho constitucional a prestar testimonio a su favor. Debe impedirse que la prueba de previas convicciones se convierta en una penalidad por hacer uso de ese derecho. Véanse Griffin v. California, 380 U.S. 609, 614 (1965), y State v. Santiago, 492 P.2d 657 (Cal. 1971).

El peligro de permitir que se impugne la credibilidad del acusado que opta por declarar en su propia defensa mediante prueba de previas convicciones, particularmente en casos ventilados ante jurado, es que se utilice la prueba de tales previas convicciones como indicio de su culpabilidad, y a base de tal prueba se resuelva contra el acusado la duda sobre su inocencia. Dijimos en Padilla Arroyo, supra, págs. 110-112:

“Desde hace varias décadas se viene cuestionando la conve-niencia y aun la constitucionalidad de esta norma. Ladd, Credibility Tests—Current Trends, 89 U. Pa. L. Rev. 166 (1940). En su estudio sobre el jurado norteamericano, Kalven y Zeisel de-muestran el extraordinario efecto inhibitorio de la regla en cuestión. En la muestra estudiada por ellos, los acusados sin récord penal previo que resolvieron sentarse en la silla de testigos exce-dieron en 37 por ciento a los que tomaron igual resolución a pesar de contar con condenas anteriores. Kalven and Zeisel, The American Jury, 1966, págs. 160-161, nota 14. En los casos en que se permitió el uso de condenas previas para impugnar la credibilidad del acusado el porcentaje de veredictos de culpabili-dad aumentó un 27 por ciento, Kalven and Zeisel, supra, 160, dato que ha suscitado graves dudas sobre si se está vulnerando en estas situaciones el derecho a un juicio justo e imparcial. Spector, R. G., Impeachment Through Past Convictions: A Time for Reform, 8 De Paul L. Rev. 1, 5, nota 15 (1968); Note, Constitutional Problems Inherent in the Admissibility of Prior Record Conviction Evidence for the Purpose of Impeaching the Credibility of the Defendant Witness, 37 U. Cinc. L. Rev. 168 (1968).
El movimiento a favor de la rigurosa restricción o aun de la abolición de la norma ha sido extenso.
Las Reglas Uniformes de Evidencia redactadas en 1953 y aprobadas por el Colegio de Abogados de Estados Unidos, 3 Práctica Forense Puertorriqueña 313, Regla 21, permiten única-mente, para impugnar la credibilidad de un testigo, la presenta-ción de prueba relativa a sentencias penales anteriores indica-tivas de deshonestidad o perjurio. Las Reglas Uniformes se fun-dan a su vez en este respecto en el Código Modelo de Evidencia del Instituto Americano del Derecho, Regla 106. Goodhart, A Changing Approach to the Law of Evidence, 51 Va. L. Rev. 759, 778 (1965).
Las nuevas Reglas Federales de Evidencia, aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos el 2 de enero de 1975, Ley Pública 93-595, 93° Cong., 43 U.S. L. W. 137, 140, reflejan estas preocupaciones. La Regla 609(a) únicamente permite que se ata-que la credibilidad de un testigo con prueba de crímenes anterio-res en caso de delitos que envuelvan deshonestidad o perjurio o que sean castigables con prisión en exceso de un año y el tribunal determine que el valor probativo de la evidencia es más alto que el perjuicio que pueda causársele al acusado. Este último criterio, que envuelve sopesar los intereses envueltos, se había establecido antes por jurisprudencia en algunas jurisdicciones. Luck v. United States, 348 F.2d 763 (D.C. Cir. 1965); Brown v. United States, 370 F.2d 242 (D.C. Cir. 1966); United States v. Hildreth, 387 F.2d 328, 329 (4th Cir. 1967). Conforme a la Regla Federal 609 (b), sin embargo, no puede admitirse evidencia de la comisión de un delito anterior de la naturaleza indicada si el delito se co-metió o el acusado cumplió la condena, lo que fuese más tarde, más de diez años con anterioridad al proceso, a menos que el tribunal estime que el valor de la evidencia sobrepasa su efecto no-civo. En este último caso, el fiscal le tiene que notificar por es-crito al acusado su determinación de intentar utilizar dicha evi-dencia de modo que goce de oportunidad debida para refutarla.”

Nos inclinamos por una fórmula que armoniza con la norma que adoptamos en Pueblo v. Dones, supra. Si bien se permite impugnar la veracidad de un testigo con prueba de actos específicos vinculados a su credibilidad, incluyendo prueba de convicciones previas que impliquen deshonestidad o falso testimonio, tal tipo de prueba es inadmisible contra un acusado que declara como testigo a su favor a menos que previamente se determine por el juez, en interés de que se haga justicia, que su valor probatorio, considerados los hechos y circunstancias presentes, es sustancialmente mayor que su efecto perjudicial. En casos vistos ante jurado, tal determinación deberá hacerse fuera de su presencia, y el jurado no deberá conocer dicha prueba hasta tanto se haya resuelto que es admisible. Cuando así fuere, deberá instruirse oportu-namente al jurado que este tipo de prueba deberá ser conside-rada al fin exclusivo de determinar la credibilidad del testi-go y no como indicio de su culpabilidad. Tal prueba será inad-misible si los actos específicos o convicciones fueren remotos. Debe considerarse remota toda convicción que en la fecha del juicio tuviere más de diez años, o si hubieren transcurrido más de diez años desde la excarcelación del testigo de la re-clusión impuesta por la convicción, lo que fuere posterior.

Habiendo ocurrido la previa convicción del aquí apelante nueve años antes del juicio, y careciendo el expediente ante nos de datos que nos permitan determinar el efecto que el conocimiento de ello pudo tener en el fallo del jurado, pro-cede que revoquemos la sentencia apelada y ordenemos la cele-bración de un nuevo juicio. Se dictará sentencia de con-formidad.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió con opinión a la cual se une el Juez Asoeiado Señor Rigau. El Juez Aso-ciado Señor Martín disintió en opinión separada.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asoeiado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1978

Disiento. El Art. 158 de la Ley de Evidencia permite que un testigo sea tachado por la parte contra quien fuere lla-mado con prueba de que fue convicto anteriormente de delito grave. 32 L.P.R.A. see. 2150. Tal convicción puede probarse mediante el examen del testigo o la anotación de la sentencia. La opinión del Tribunal limita el alcance de dicha disposición legal a prueba de convicciones por delito grave que implique falta de honradez o perjurio por entender que así lo resolvi-mos en Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974).

Una breve reseña de la situación que hubimos de confron-tar en el caso de Dones permitiría poner en su justa perspec-tiva la cuestión de derecho allí resuelta. El acusado Dones apeló ante este Tribunal de una convicción, basada sólo en el testimonio de un agente encubierto, por tres infracciones a la Ley de Narcóticos con una condena de 10 a 18 años de presidio en cada cargo. Señaló el acusado como error el re-chazo por el tribunal de instancia de cierta evidencia pre-sentada por la defensa para impugnar la credibilidad del agente encubierto. .

La evidencia rechazada consistía de:

“actos en que éste [el agente Pablo N. Padilla] había acusado falsamente a otra persona por venta y posesión de drogas, en cuyo juicio se produjo una fuerte reprimenda del juez que presi-día la vista imputando al referido agente los delitos de perjurio y malversación de fondos del Estado; el informe de la investiga-ción practicada por el Cuerpo de Investigación Criminal sobre dicha conducta del agente; testimonios de dos jueces superiores ante quienes dicho agente había mentido en juicio; y la declara-ción de un tercer juez superior sobre otros actos de mendacidad y falsedad del referido agente encubierto.”

Toda vez que el juez de instancia entendió que sólo podía admitir prueba de mala reputación pero no de hechos ais-lados, decidimos examinar el Art. 158 de la Ley de Evidencia cuyo texto es el siguiente:

“Un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado, mediante evidencia contradictoria o de que su reputa-ción en cuanto a veracidad, honradez o integridad es general-mente mala, pero no con evidencia de determinados actos repro-bables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo, o la anotación de la sentencia, que fue convicto de delito grave.”

Al interpretar el lenguaje del Art. 158 de la Ley de Evi-dencia que permite tachar un testigo mediante evidencia “de que su reputación en cuanto a veracidad, honradez o integri-dad es generalmente mala, pero no con evidencia de determi-nados actos reprobables” citamos el criterio moderno relativo a las normas de pertinencia y función moderadora de la dis-creción judicial expresado originalmente en Territory v. Chávez, 8 N.M. 528, 531; 45 Pac. 1107, 1108 (1896), y citado con aprobación por Wigmore en su más reciente edición al efecto de que:

“. . . no podrá librarse al testigo de revelar su propio carác-ter bajo contrainterrogatorio, y a tales fines podrá ser interro-gado sobre actos específicos y sucesos de su vida pasada; y si no fueren muy remotos en tiempo y estén claramente vinculados a su credibilidad en un aspecto importante y pertinente [relevant}, constituiría error excluirlos.”

En consonancia con lo anterior expresamos en Dones que el procedimiento criminal evoluciona hacia la presentación cabal, franca y completa de los hechos que ha penetrado no-tablemente en el sistema de enjuiciamiento civil y añadimos:

“Todo acusado que tiene su libertad en peligro debe tener al alcance de su mano los medios más amplios para demostrar que su acusador es un truhán, falto de integridad e indigno de cré-dito. Mientras más cortapisas y restricciones se opongan a esta prueba, mayor es el riesgo de que un testimonio mendaz y falso prevalezca en corte adulterando y deshonrando la justicia, con-virtiendo el fallo judicial en trágico producto elaborado de la perversidad.” A las págs. 122-123.

Al concluir en Dones que el tribunal de instancia cometió error al rechazar la evidencia ofrecida por la defensa para impugnar la credibilidad del testigo ordenamos la celebración de un nuevo juicio.

En Dones, a mi juicio, no interpretamos la última parte del Art. 158 de la Ley de Evidencia que permite tachar a un testigo mediante evidencia de convicción de delito grave. Allí no se intentó traer prueba alguna sobre convicción por delito grave del testigo y ni siquiera por delito menos grave. La prueba rechazada se refería a actos específicos que afectaban su veracidad, honradez, integridad o móviles, los que consi-deramos a la luz de los Arts. 21, 34, 35 y 158 de la Ley de Evi-dencia interpretados integralmente y establecimos que el con-trainterrogatorio del testigo podría referirse a antecedentes o hechos específicos vinculados a la credibilidad, si no fueren remotos, permitiéndose presentar evidencia extrínseca de los mismos para impugnar la veracidad del testigo. Véase pág. 124. Añadimos en Dones que, además, “podrá presentarse, a los expresados fines, evidencia de convicción del testigo por delito que sin importar su calificación implique deshonesti-dad o perjurio.” En otras palabras, no solamente permi-tiríamos prueba sobre antecedentes y hechos específicos vin-culados a la credibilidad, que no necesariamente indicaran reputación generalmente mala en cuanto a veracidad, honra-dez o integridad, sino que permitiríamos evidencia de convic-ción por cualquier delito, grave o menos grave, que implicara falta de honradez o perjurio.

Debe admitirse que por muchos años se ha intentado modi-ficar, sin éxito apreciable, la regla de evidencia equivalente a nuestro Art. 158, que existe en casi todas las jurisdicciones estatales en Estados Unidos, a través de escritos de varios comentaristas del Derecho, por el Código Modelo de Evi-dencia y por las Reglas Uniformes de Evidencia. Un último intento produjo la formulación de la Regla 609 de las Reglas Federales de Evidencia. 10 Moore, Federal Practice, § 609.01 [1.-11].

El historial del trámite legislativo resulta interesante al revelar las diferentes propuestas de reforma que tuvo ante sí el Congreso. Primeramente, la versión del Tribunal Supremo que permitía la utilización de convicciones previas para tachar al testigo si el delito fuese grave o menos grave entendiéndose que siendo menos grave implicara falta de honradez o perjurio. La versión de la Cámara, por otro lado, admitiría convicciones previas si el delito, bien fuere grave o menos grave, implicara falta de honradez o perjurio. Luego el Senado propuso que la credibilidad del testigo pudiera ser tachada si el delito (1) fuere castigable por muerte o prisión en exceso de un año conforme la ley bajo la cual fuere con-victo o (2) implicare falta de honradez o perjurio, sin impor-tar la pena. Id. § 609.01 [1.-13],

Al llegar al Comité de Conferencia de ambas cámaras, éste adoptó una enmienda a la modalidad (1) para leer como sigue: “. . . si el delito fuese castigable por muerte o prisión en exceso de un año conforme la ley bajo la cual fue convicto y la corte determina que el valor probatorio de la convicción sobrepasa el efecto perjudicial al acusado.” Id. § 609.01 [1.-14].

La Regla 609 fue finalmente aprobada por el Congreso si-guiendo los lineamientos del Comité de Conferencia, de suerte que a los fines de tachar la credibilidad de un testigo, sea éste un acusado o un testigo cualquiera, podrá éste ser con-trainterrogado sobre una convicción previa si el delito previo acarrea pena de prisión en exceso de un año y la corte deter-mina que el valor probatorio de admitir tal evidencia sobre-pasa el efecto perjudicial al acusado.

Si fuéramos a adoptar la regla federal mencionada al caso de autos en el que el acusado de falsificación fue convicto antes de hurto mayor, tendríamos que enmarcar el delito anterior bajo la modalidad (2) que se refiere a delitos que im-pliquen falta de honradez o perjurio, irrespectivamente de su clasificación. El delito de hurto mayor, a mi entender, im-plica “falta de honradez” en el obrar.

La modificación que propone el Comité de las Reglas de Evidencia de la Conferencia Judicial a nuestro Art. 158 permitiría tachar la credibilidad de un testigo con prueba de una convicción anterior por un delito que “independiente-mente de su clasificación, envuelve deshonestidad [sic] o falso testimonio.” Aun enmarcando el delito de hurto mayor, objeto de impugnación en el caso de autos, bajo la definición de la regla propuesta, tendríamos que llegar a la conclusión que el delito de hurto mayor implica falta de honradez (des-honestidad). En todo caso, la prueba de convicción anterior del delito de hurto mayor sería admisible.

Aún más, el claro texto del Art. 158 no admite otra inter-pretación que una vez se prueba una convicción anterior de un delito grave queda tachada la credibilidad de un testigo, aun siendo éste el acusado, ya que el precepto legal no distin-gue entre un testigo cualquiera y el acusado que opta por de-clarar.

En vista de lo anterior, confirmaría la sentencia apelada.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1978

El apelante, convicto por un jurado del delito de falsifica-ción, fue sentenciado a reclusión por término de cinco a diez años. En su apelación imputa error al Tribunal Superior por haber permitido al fiscal que impugnara su credibilidad en el contrainterrogatorio confrontándole con una previa convic-ción por delito de hurto mayor sin que el acusado hubiese en su testimonio directo ofrecido prueba de ser persona veraz, o de otro modo “abierto la puerta” a prueba de reputación. Pueblo v. Archeval, 74 D.P.R. 512, 516 (1953). La insisten-cia en hacer doctrina en este caso que no muestra los extremos de crueldad de otros, resulta en inmerecido alivio para los peores infractores del orden.

La mayoría ha quedado rezagada en el tiempo. Con la apa-rición del nuevo tipo de criminal totalmente deshumanizado, insensible al bien intencionado esfuerzo de la sociedad para reformarlo, las más avanzadas y liberales sociedades del mundo occidental retornan a la severidad de la pena en los casos extremos en puro ejercicio de legítima defensa. No creo que haya jurisdicción que ofrezca más garantía que la nues-tra al derecho del acusado a un juicio imparcial y objetivo, que no hay que adornar con blanduras, ni dislocar con refina-dos obstáculos a la gestión del ministerio público.

Pueblo v. Dones, supra, está incorrectamente interpretado en la opinión de mayoría. Dones abrió el campo para impugnar la credibilidad con actos no clasificados como delito grave (felony) pero dejó inalterada la tersa disposición de ley en el Art. 158 de la Ley de Evidencia (32 L.P.R.A. see. 2150) que dice:

“Un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado ... [y] podrá probarse mediante el examen del testigo, o la anotación de la sentencia, que fue convicto de delito grave.”

Ahora la mayoría acuerda una derogación vía jurispru-dencia de esta disposición a menos de 2 meses de la Conferen-cia Judicial que habrá de considerar este Art. 158 como Regla 788, a la pág. 120 del Informe del Comité de Reglas de Evi-dencia que básicamente sigue la Regla 609 Federal. Se adopta una norma cuya final consecuencia es hacer más difícil para el Estado el eneausamiento de incorregibles y para ello la mayoría se anticipa a la Conferencia Judicial, se constituye en Legislatura y deroga el Art. 158 (32 L.P.R.A. see. 2150) de la Ley de Evidencia que ordena:

“Un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado, mediante evidencia contradictoria, o de que su reputa-ción en cuanto a veracidad, honradez o integridad es general-mente mala; pero no con evidencia de determinados actos repro-bables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo, o la anotación de la sentencia, que fue convicto de delito grave.” (Énfasis nuestro.)

Ante el explícito texto de la ley, restringir la revelación de antecedentes penales de un acusado que se sienta a declarar, es tender una cortina de secreto que aisle al jurado de la ver-dad y le mantenga ignorante del carácter del sujeto que juzga. De paso convierte al reincidente en acusado privilegiado por-que cada vez que haya de responder en juicio de su más re-ciente felonía, renovará el nimbo de principiante en la vil faena de pisotear todas las libertades de su prójimo, con opor-tunidad de granjearse con el jurado la simpatía o la compa-sión que pueda merecer un historial sin mancha. No hay trato justo ni para la sociedad ni aun para los sujetos de pri-mera experiencia penal, en ocultar al jurado mediante cons-piración de silencio, la auténtica fibra del ofensor impeni-tente.

La conclusión y resultado final de la opinión de mayoría es que si el acusado no da el consentimiento “abriendo la puerta” no podrá tachársele ni aun con la restringida norma de Pueblo v. Dones, supra, que limita la prueba de impugna-ción de credibilidad a antecedentes y convicciones de delito grave, o menos grave que impliquen deshonestidad o perjurio. A través de su labor creadora de preciocismo procesal, la opi-nión desemboca en la expedición de nuevas e intocables cre-denciales para cada juicio seguido al infractor contumaz.

La mayoría no hace otra cosa que incorporar en su esencia la Regla 108 del Proyecto de Reglas de Evidencia de 1958 que fueron sometidas a la Asamblea Legislativa y desaprobadas sucesivamente en 1958, 1959, 1960 y 1961. Práctica Forense, Evidencia, Tomo 8, pág. 121. Edición Equity 1964. En los últimos veinte años esta Regla se ha desconectado de la cir-cunstancia y el medio en que habría de operar. Los nuevos e implacables infractores de la ley decretaron su obsolescencia.

Dispone la rechazada Regla 108:

Impugnación del acusado como testigo
“No se podrá ofrecer evidencia sobre la comisión de un delito por el acusado que declara en el juicio, o sobre su convicción por un delito, ni se podrá contrainterrogarle sobre el particular con el único fin de atacar su credibilidad, si el acusado no ha produ-cido antes evidencia con el solo fin de sostener su credibilidad. Si el acusado ha traído evidencia con el fin único de sostener su credibilidad, se podrá admitir en su contra cualquier evidencia admisible bajo la Regla 106.”

No veo justicia en ocultar al jurado la conducta ignomi-niosa del acusado mientras la reputación de éste sea elemento relevante en la estimación de la prueba. Cada hombre es en gran medida arquitecto de su vida y responsable de sus actos y por su libérrima voluntad se hace de una hoja de conducta limpia o turbia que no debe dejar fuera, como quien se quita una capa, al entrar a la sala de justicia. Pierde'objetividad él sistema que da igual tratamiento al que delinque por primera vez y al que reincide en su conducta criminosa.

La situación que este caso presenta no es comparable con la exclusión de prueba de delito subsiguiente si el acusado admite y acepta antes del juicio la existencia de una primera convicción (Regla 68 de Procedimiento Criminal). Allí se sigue un balance de reciprocidad y si admite la alegación de subsiguiente, y con ello la posibilidad de una pena fuerte en caso de veredicto de culpabilidad, podrá guardar su secreto ante el jurado. En el caso de autos el acusado nada cede ni expone; insiste simplemente en suprimir sus antecedentes y así desviar fundamentalmente la inclinación del jurado al pasar juicio sobre su culpabilidad o inocencia. Con este crite-rio coincide la Corte Suprema de California que al sostener la constitucionalidad de la norma y comentar su efecto de su-primir la declaración del acusado por temor a ser impugnado con previas convicciones, ha dicho: “No vamos a alentar o tolerar el chantaje por los acusados. Ningún testigo, inclu-yendo al acusado que opta por declarar en su propio interés, tiene derecho a una falsa aureola de veracidad.” People v. Beagle, 6 Cal. 3d 441 (1972); Sup., 99 Cal. Rptr. 313.

El acusado que elige declarar puede ser impugnado como cualquier otro testigo, y su previa convicción por delito grave puede demostrarse para atacar su credibilidad. Wharton, Criminal Evidence, Vol. 2, sec. 481 (1972), pág. 450. La regla se mantiene como principio rector aun después de reexamen crítico por algunas jurisdicciones. Wigmore, On Evidence, Vol. 3A, sec. 890 (1970), pág. 654.

       Dicho artículo dispone:
      “Un testigo podrá ser tachado por la parte contra quien fuere llamado, mediante evidencia contradictoria, o de que su reputación en cuanto a vera-cidad, honradez o integridad es generalmente mala; pero no con evidencia de determinados actos reprobables, salvo que podrá probarse mediante el examen del testigo, o la anotación de la sentencia, que fue convicto de delito grave.”

      Los citados artículos disponen:
      “Se presume que un testigo dice la verdad. Esta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la forma en que declare, por el carácter de su declaración o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integri-dad o móviles, o por evidencia contradictoria.”
      “La evidencia deberá corresponder a las alegaciones esenciales y ser pertinentes a la cuestión que se ventila. Queda, sin embargo, a arbitrio del tribunal, permitir la investigación de un hecho accesorio siempre que éste estuviere directamente relacionado con la cuestión en controversia, y fuere necesario para su debida determinación o afectase la credibilidad de un testigo.”
      “De conformidad con las precedentes disposiciones, podrá presentarse en un juicio evidencia de los hechos siguientes:
      1. El hecho exacto en controversia.
      2. El acto, declaración o admisión de una parte, como evidencia contra la misma.

        3. El acto o declaración de otra persona, en presencia y bajo la obser-vación de una parte, y la conducta de ésta, relacionada con dicho acto o declaración.
      4. El acto o declaración, verbal o escrito, de una persona que hubiere fallecido, o se hallare fuera de la jurisdicción del tribunal, con referencia al linaje, nacimiento, ascendencia, edad, matrimonio, muerte o parentesco, de cualquiera persona relacionada por sangre o matrimonio con dicha persona; el acto realizado, o declaración hecha, por un difunto, contra su interés, respecto a sus bienes.
      5. Después de probada la existencia de una sociedad o agencia, el acto o declaración de un socio o agente de la parte, dentro del objeto de la so-ciedad o agencia y durante su existencia.
      6. El testimonio de un testigo que hubiere fallecido, o se hallare fuera de la jurisdicción, o estuviere imposibilitado para testificar, prestado en una causa anterior entre las mismas partes, y referente al mismo asunto.
      7. La opinión de un testigo respecto a la identidad o carácter de letra de una persona cuando conozca a la persona y su carácter de letra; su opinión sobre una cuestión de ciencia, arte, o comercio, cuando fuere perito en la materia.
      8. La opinión de un testigo, firmante de un escrito, cuya validez se dis-putare, respecto a la sanidad mental del otorgante.
      9. La fama pública existente antes de la controversia, referente a hechos de interés público o general ocurridos con anterioridad de más de treinta años.
      10. El uso o costumbre para explicar el verdadero carácter de un acto, contrato o documento, cuando este carácter verdadero no pudiese de otro modo esclarecerse; pero el uso nunca es admisible, excepto como medio de interpretación.
      11. Los monumentos o inscripciones en sitios públicos, como evidencia de fama común; y las notas o asientos en libros de familia o cartas genea-lógicas, grabados en sortijas, retratos de familia y objetos análogos, como evidencia de linaje, nacimiento, ascendencia, edad, matrimonio, muerte, o parentesco de cualquier miembro de dicha familia.
      12. El contenido de un escrito, cuando la evidencia oral del mismo fuere admisible.
      13. Cualesquiera otros hechos de los cuales los hechos en controversia se presumieren o pudieren lógicamente inferirse.
      14. Los hechos que sirvieren para demostrar la credibilidad de un testigo, según lo explicado en la see. 1664 de este título.”

       Se cita a Starkie, Evidence, 1824, sec. 83, que decía:
      “Since the object of the oath is to bind the conscience of the witness .. . it follows also that the testimony of a person who by the turpitude of his conduct has shown that he is regardless of all laws both human and divine ought not to be received, for it cannot reasonably be expected that such a person would regard the obligation of an oath.”

       Para la fecha de esta opinión ya han transcurrido más de diez años desde la convicción anterior del apelante por el delito de hurto. Esto, sin embargo, no será óbice para que dicha previa convicción sea admisible en el nuevo juicio que aquí disponemos — salvo, por supuesto, los otros criterios de admisibilidad que hemos indicado — toda vez que en la fecha del juicio por el caso de falsificación motivo de esta opinión aún no había transcu-rrido el plazo de diez años.

      (1) “Deshonestidad” es una traducción literal del inglés. El término correcto debe ser “falta de honradez o de integridad.” Honestidad, según el Diccionario de la Real Academia Española, ed. 1970, es compostura, de-cencia y moderación en la persona, acciones y palabras; recato, pudor; ur-banidad, decoro o modestia. Deshonestidad es, por tanto, la ausencia de dichos atributos.

       Véase Spector, Impeachment Through Past Convictions: A Time for Reform, 28 De Paul L. Eev. 1, 3, escolio 6 (1968). Para una discusión sobre soluciones e impedimentos a la reforma, véase 19 Hastings L.J. 925-929.

       Model Code of Evidence, Rule 106 (1942).

       Uniform Eules of Evidence 21 (1953).

      A varias semanas plazo de la Conferencia Judicial que habrá de considerar la revisión de las Reglas de Evidencia en forma integral pre-feriría oír las opiniones de los jueces, fiscales y abogados que habrán de participar antes de sentar una norma forzada sobre una regla existente.

      En los comentarios del Comité de Conferencia sobre la Regla Federal 609 se expresa que la frase “falta de honradez y perjurio” com-prende delitos tales como perjurio o incitación al perjurio, declaración falsa, fraude criminal, desfalco o falsa representación, o cualquier otro delito de naturaleza de crimen falsi, la comisión de los cuales envuelva algún ele-mento de engaño, falta de veracidad, o falsificación que refleje la propen-sión de un acusado a declarar falsamente. En esta jurisdicción no se ha atribuido un significado concreto a dicha frase. Es de esperarse que algunas guías surjan de las discusiones en la Conferencia Judicial.

        Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974), admite la impugnación de credibilidad mediante antecedentes de falta de honestidad, y falsedad. El hilo de deshonestidad que enlaza el primer delito de hurto con el segundo de falsificación es innegable.

      Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      “En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.
      “En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.
      “Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

        “Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.
      “Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
      “La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.”

       Regla 68, Procedimiento Criminal
      “Cuando la acusación imputare un delito en grado de reincidencia o subsiguiente o delincuencia habitual, el acusado podrá, al momento de hacer alegación, o en cualquier ocasión posterior siempre que fuere antes de leerse la acusación al jurado, admitir la convicción o convicciones ante-riores y, en tal caso, no se hará saber al jurado en forma alguna la existen-cia de dicha convicción o convicciones.”


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    Asociación Médico-Veterinaria de Puerto Rico, demandante y recurrida, v. Animal Rescue Association, Audrey Benítez, Betty Saade, Juan del Pueblo y Fulano de Tal, demandados y recurrentes.

      Número: R-78-388

      Resuelto: 30 de noviembre de 1978

      William E. Naveira, abogado de los recurrentes; Cerezo & Morón, abogados de la recurrida.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de revisión, no ha lugar por falta de juris-dicción sin perjuicio de los remedios provistos en la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto explicativo. El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto explicativo del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1978

El recurso interpuesto, impugna una sentencia y orden de injunction. Es errónea la conclusión de la ilustrada sala de instancia decidiendo que las peticionarias — Animal Rescue, Association y las señoras Audrey Benitez, Betty Saade y otros miembros voluntarios — están practicando la profesión de ve-terinaria en contravención a la Ley Núm. 59 de 13 de abril de 1916 (20 L.P.R.A. see. 591 et seq.). Se trata de una cor-poración sin fines de lucro cuyos miembros básicamente tra-tan animales realengos, les buscan hogares, los curan y ejer-citan otras funciones en beneficio de los mismos, a base de la experiencia y enseñanza adquirida en dicha gestión y obte-nida de algunos médicos veterinarios que le han prestado la cooperación. Específicamente dan tratamiento para parásitos, tratan casos de diarrea, ponen vacunas, diagnostican y tratan enfermedades de la piel y oído, inyectan hormonas en casos de partos y prestan primeros auxilios en accidentes. Por tales servicios no reciben remuneración, salvo el costo de algunas medicinas. Esta labor se proyecta sobre la clase pobre que no puede satisfacer los honorarios de los veterinarios.

El tribunal a quo acepta que en Puerto Rico no hay sufi-cientes veterinarios para atender adecuadamente estos ani-males, por razón de su número considerable y porque muchos de sus dueños no poseen la capacidad económica para sufra-gar los altos costos de tratamiento. Reconoce, además, que el Estado no provee estos servicios ni gratuitamente ni a un costo moderado.

Al examinar las disposiciones pertinentes de la Ley Núm. 59 advertimos que su ámbito de prohibición se proyecta sobre el ejercicio de la veterinaria mediante remuneración o anun-cio ilegal (See. 6). Las peticionarias no realizan sus funcio-nes con el propósito e “... intención de usurpar las funciones de los veterinarios autorizados, . . . .” sino para complemen-tar limitadamente unos servicios mínimos necesarios de lo que constituye tratamiento común y corriente a los animales realengos y de los pobres, susceptibles de ser brindados por cualesquiera personas sin que sean necesarios los conoci-mientos técnicos y académicos exigidos por la ley.

Tampoco procede la orden de injunction a base de los fun-damentos aducidos por la sala de instancia en el sentido de que la Asociación Médico-Veterinaria de Puerto Rico está sufriendo daños irreparables, a base de la inferencia de que los servicios de las peticionarias conlleva una “disminución de clientes” a sus miembros; y que la Ley Núm. 59 antes ci-tada tiene como propósito garantizar que tales servicios se presten por un profesional debidamente capacitado ya que las enfermedades de los animales pueden afectar la salud de los seres humanos. En primer lugar, reflejando la prueba que los servicios son gratuitos por prestarse a animales realengos o a los de dueños pobres que no pueden satisfacer los honora-rios de un veterinario, no es válido el razonamiento de que puede haber disminución de clientes; y en segundo lugar, pre-cisamente por tratarse de servicios que no estarían disponi-bles de otro modo, la gestión de la entidad recurrente en lugar de ser contraria a los propósitos que inspira la ley, es comple-mentaria ya que tiende a evitar que las enfermedades de los animales realengos o de propiedad de los indigentes afecten— por falta de tratamiento — la salud de los seres humanos.

El argumento aducido en oposición en el sentido de que denegar el injunction “equivaldría a solicitar el desmantela-miento de la profesión médica y legal porque existen personas médica y legalmente indigentes y los recursos del Estado no son suficientes para atender sus necesidades” no nos convence pues no se trata de tratamiento aplicado a seres humanos sino a animales, en una situación en que el Estado no provee nin-gún tipo de servicio gratuito.

No obstante lo expuesto, el haberse radicado tardíamente el recurso de revisión me obliga a concurrir con la denegación del auto.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    J. Soler Motors, Inc., demandante, reconvenida y recurrida, v. Kaiser Jeep International Corp., y/o American Motors Corporation, demandadas y peticionarias, v. Jeep Corp. y Jeep de Puerto Rico, Inc., demandadas, reconvenientes y recurridas.

      Número: O-77-336

      Resuelto: 4 de diciembre de 1978

      Samuel T. Céspedes, abogado de Kaiser Jeep International Corporation; Teodoro Peña García, abogado de J. Soler Motors, Inc., José Emilio Motta, abogado de Jeep de Puerto Rico, Inc.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La causa de acción en este caso se ejercita bajo las dispo-siciones de la Ley de Contratos de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. see. 278, reclamando la recurrida J. Soler Motors, Inc., daños alegadamente sufridos por el menoscabo de las relaciones contractuales establecidas con los recurrentes Kaiser Jeep International Corporation y otros. El tribunal de instancia dictó una orden provisional contra los recurrentes ordenándoles continuar en todos sus términos las relaciones establecidas en el Contrato de Distri-bución Directa otorgado el 23 de octubre de 1968 y abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menoscabo de dicha rela-ción.

Los recurrentes impugnan en este recurso la validez de la orden interdictal y suscitan interesantes cuestiones que ameri-tan considerarse relacionadas con el alcance de la Ley Núm. 75, supra, específicamente, 1) si las relaciones establecidas entre las partes caen bajo su ámbito, y 2) si propiamente hubo un menoscabo de las relaciones contractuales entre las partes.

Los hechos son esenciales para la discusión de las cues-tiones planteadas por lo que procedemos a resumirlos.

La recurrida J. Soler Motors, Inc., fue designada en el 1962 traficante (dealer) de los vehículos y piezas Jeep en el área de Bayamón por Félix A. Thillet, quien a la sazón era el distribuidor general de dichos vehículos en Puerto Rico. Thi-llet recibía una comisión de un 7 1/2 % sobre los vehículos y un 10% sobre las piezas que compraban los traficantes. En el 1968 Thillet y Kaiser Jeep International Corporation termi-naron por mutuo acuerdo la relación de distribución, susti-tuyendo Kaiser el sistema de distribuidor general por uno de venta directa a los traficantes regionales. El nuevo sistema se instituyó mediante el otorgamiento de un Contrato de Distri-bución Directa que confirió a la recurrida J. Soler Motors, Inc., el derecho de vender al detal los productos Jeep en el área de Bayamón, reservándose Kaiser el derecho de vender al detal o al por mayor en dicha área, de participar en subastas del gobierno de Puerto Rico o de Estados Unidos y de ceder el contrato. Se dispuso, además, que J. Soler Motors, Inc., paga-ría los precios vigentes a la fecha de entrega, que Kaiser su-ministraría listas de precios pero reservándose el derecho de alterarlos sin notificación previa.

Con motivo de una merma sustancial en las ventas de los vehículos Jeep, la recurrente efectuó en junio de 1975 un estudio de su sistema de mercadeo con el propósito de deter-minar la posibilidad de volver al sistema anterior de un dis-tribuidor general que se hiciera cargo de la distribución, tal y como lo había hecho hasta el 1968 Félix A. Thillet. El estu-dio recomendó que se designara distribuidor general a Yuyo González, Inc., quien cubría la región de Ponce, gozaba del mejor récord de ventas de vehículos y piezas Jeep en Puerto Rico, tenía la capacidad de crédito necesaria y mantenía fa-cilidades físicas adecuadas para inventario y servicios. Gon-zález organizó una corporación para atender las funciones de distribución, la Jeep de Puerto Rico, Inc., manteniéndola separada de su negocio de traficante en el área de Ponce.

Los Contratos de Distribución Directa incluyendo el de la recurrida J. Soler Motors, Inc., fueron cedidos por Kaiser a Jeep de Puerto Rico, Inc., en noviembre de 1975. En virtud de esta cesión, J. Soler Motors, Inc., venía obligada a tramitar sus órdenes de compra y las garantías de los vehículos Jeep a través de Jeep de Puerto Rico, Inc., cuyo inventario de ve-hículos y piezas radica en Ponce.

La recurrida J. Soler Motors, Inc., había hecho gestiones con Kaiser para obtener la distribución general de los ve-hículos Jeep y al informársele de la designación de Jeep de Puerto Rico Inc., objetó la cesión a ésta de su contrato de tra-ficante de área, se negó reiteradamente a hacer negocios con ella e insistió en continuar sus relaciones directamente con Kaiser. Hay en el récord correspondencia en la que Kaiser afirma a la recurrida que se mantendrían los mismos términos y condiciones y que la cesión no alteraría la forma de deter-minar los precios ni le acarrearía desventajas competitivas.

Conviene apuntar que la cesión del contrato de traficante a Jeep de Puerto Rico, Inc., se hizo conforme las disposiciones de la cláusula 28 del propio contrato que reservó el derecho de Kaiser a cederlo y a quedar relevado de sus obligaciones en virtud de tal cesión.

Así las cosas, la recurrida J. Soler Motors, Inc., instó de-manda al amparo de la Ley Núm. 75, supra, reclamando la suma de $3,000,000 en resarcimiento de los daños alegada-mente ocasionados por la cesión del contrato la cual, a su jui-cio, constituyó una terminación sin justa causa en violación a la mencionada ley. Simultáneamente solicitó una orden de en-tredicho provisional para dejar sin efecto la cesión y man-tener sus relaciones contractuales directamente con Kaiser. El tribunal dictó el interdicto preliminar, objeto de esta revi-sión, ordenándole a Kaiser continuar las relaciones estable-cidas en el Contrato de Distribución Directa otorgado en el 1968, entregar las órdenes de compra de la recurrida bajo los mismos precios, términos y condiciones y prohibiéndole nom-brar nuevos distribuidores en Bayamón y pueblos adyacentes. Véase escolio (1) supra.

Expedimos el auto para revisar y en auxilio de nuestra jurisdicción suspendimos los efectos del interdicto preliminar emitido por el tribunal de instancia.

Dos cuestiones debemos resolver: a) ¿Es J. Soler Motors, Inc., una distribuidora protegida por la Ley Núm. 75, supral, b) Si lo es, ¿constituyó la cesión un menoscabo de la relación contractual entre las partes?

I

En la transferencia de un producto del fabricante al con-sumidor generalmente intervienen en sus distintos niveles varios intermediarios que forman la cadena de distribución. Estos intermediarios pueden clasificarse en distintas formas, comerciantes mayoristas, agentes distribuidores, detallistas, concesionarios por franquicias, representantes de fábrica, etc. El proceso de distribución los incluye a todos, tanto al primer intermediario que es el distribuidor general como al último que transfiere el producto al consumidor, el detallista. La cadena de distribución puede también estar dividida en zonas o regiones y en cada uno de sus niveles puede estar integrada por uno o más intermediarios.

En la industria automotriz de los Estados Unidos el siste-ma de distribución es a través de la concesión de franquicias a los traficantes. Cundiff-Still-Govoni: Fundamentals of Modern Marketing, a la pág. 216 (1973 Prentice-Hall, Inc., Englewoods Cliffs, New Jersey). Este fue precisamente el sistema que utilizó la recurrente en Puerto Rico desde 1968 a 1975.

La Ley Núm. 75, supra, tiene el propósito de proteger a los intermediarios puertorriqueños que representan un producto o un servicio en los distintos niveles de la cadena de distribución. Al respecto, el Art. 1 de dicha ley define en términos amplios y abarcadores los conceptos “distribuidor” y “contrato de distribución”:

“Para los propósitos de este Capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa, excepto cuando el con-texto claramente indique un significado diferente:
a) Distribuidor: persona realmente interesada en un con-trato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representación de determinada mercancía o servicio.
b) Contrato de distribución: relación establecida entre un distribuidor y un principal o concedente, mediante la cual, e irres-pectivamente de la forma en que las partes denominen, carac-tericen o formalicen dicha relación, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribución de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mercado de Puerto Rico. (Bastardillas nuestras.)

Art. 1,10 L.P.R.A. sec. 278.

La recurrente, sin embargo, sostiene la inaplicabilidad de la Ley Núm. 75, supra, aduciendo que la recurrida J. Soler Motors, Inc., es sólo una traficante al detal en el área de Baya-món sin exclusividad en la venta de los vehículos Jeep; que su limitada función de detallista en un sector no exclusivo im-pide que se le considere como el distribuidor que real y efecti-vamente tiene a su cargo el mercado, función ésta que en el pasado desempeñó Thillet hasta 1968, luego Kaiser Jeep International Corp., hasta 1975 y de ahí en adelante Jeep de Puerto Rico, Inc.

No aparece ni en el texto de la ley ni en su enjuto historial referencia alguna a requisitos de exclusividad en la distribución o que tal actividad tenga que cubrir todo el terri-torio de Puerto Rico.

Las cláusulas de exclusividad no tienen aceptación en la industria de automóviles porque pueden estar en conflicto con las leyes contra los monopolios. Véase: Estrella, Arturo, Dr.: El Contrato de Agencia o Representación Comercial, 31 Rev. Col. Abo. de P.R., 248, escolio 19 (1970). Desde el 1952 la División Antimonopolística del Departamento de Justicia de los Estados Unidos obligó a la industria automotriz a elimi-nar la cláusula de representación exclusiva en sus contratos. Véase: Kessler: Automobile Dealer Franchises: Vertical Integration by Contract, 66 Yale L.J. 1135, 1147-1148, 1158 y 1161 (1957).

Al interpretar un estatuto debemos siempre conciliar los conflictos que puedan surgir con otras disposiciones legales. Por eso, ante el posible conflicto de las cláusulas de exclusividad con las leyes antimonopolísticas no podemos asumir que fue la intención de la Asamblea Legislativa al aprobar la mencionada Ley Núm. 75 el establecer la exclusividad en la distribución como requisito para los remedios en ella estatuidos.

Tampoco fue la intención legislativa el requerir que la actividad de distribución cubriera todo el territorio de Puerto Rico. El Art. 3 de dicha ley parece indicar lo contrario, pues al incluir la plusvalía como factor a considerar en la fijación de la cuantía de daños declara que ésta se determinará tomando en consideración la proporción del mercado de Puerto Rico que representa el volumen de distribución del agente. Si fuera requisito de la Ley Núm. 75 que el distri-buidor abarcara todo el territorio de Puerto Rico no sería lógico considerar como factor la “proporción del mercado de Puerto Rico” pues él representaría todo el mercado de Puerto Rico. Este factor sólo cobra sentido cuando la distribución está limitada a un área determinada. Por otro lado, no sería consistente con los propósitos de la Ley Núm. 75 ni con su propio texto el excluir de su protección a concesionarios que, como J. Soler Motors, Inc., han mantenido con la recu-rrente una relación mercantil que se caracteriza por su con-tinuidad, estabilidad, confianza mutua, coordinación entre ambas partes en calidad de empresarios independientes, sin subordinación jerárquica, y, en cuya virtud, la recurrida ha hecho una inversión sustancial, todas las cuales son notas dis-tintivas del contrato de agencia. Véase: Garriguez: III Tratado de Derecho Mercantil, Vol. 1, pág. 536 (1963).

La función de J. Soler Motors, Inc., ha sido siempre la misma: concesionaria para la venta al detal de los vehículos Jeep en el área de Bayamón. Así fue desde 1962 cuando Thillet era el distribuidor general en Puerto Rico, continuó la misma función con Kaiser Jeep International Corp., en 1968 al otorgarse el Contrato de Distribución Directa, y, de ahí en adelante con Jeep de P.R., Inc., cuando en el 1975 Kaiser le cedió dicho contrato. El mero hecho de que en la cadena de distribución se introdujera un nuevo intermediario en el 1975, Jeep de P.R. Inc., no altera la condición de distribuidora de la recurrida. En cada una de esas etapas la protegía la Ley Núm. 75, no importa cómo las partes hubieren denominado, caracterizado o formalizado sus relaciones contractuales ni las estructuras o mecanismos corporativos que el principal hubiese creado para encubrir la verdadera naturaleza de la relación. Arts. 1 y 4 de la Ley Núm. 75, supra.

Concluimos, por tanto, que la Ley Núm. 75, supra, protege a la recurrida J. Soler Motors, Inc., como concesionaria no exclusiva de los automóviles y piezas Jeep en el área de Bayamón.

II

No es necesario que nos detengamos a considerar el plan-teamiento de la recurrente al efecto de que si se concluyera, como lo hemos hecho, que J. Soler Motors, Inc., es una distri-buidora, entonces, lo fue desde antes de la vigencia de la Ley Núm. 75, supra, y no podría aplicársele retroactivamente dicha ley en virtud de lo resuelto en Warner Lambert v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). Basta apuntar que el Contrato de Distribución Directa entre Kaiser Jeep International, Corp. y J. Soler Motors Inc., se otorgó en el 1968, después de estar en vigor la Ley Núm. 75, supra, y que dicho contrato estableció una nueva relación contractual que ex-presamente canceló y anuló las anteriores. Véase Cláusula 25 del Contrato de Distribución Directa. El planteamiento de retroactividad resulta, por tanto, inmeritorio.

Procederemos a considerar si la cesión del contrato de Distribución Directa a Jeep de Puerto Rico, Inc., constituyó un menoscabo de las relaciones establecidas por dicho contrato entre Kaiser Jeep International Corp. y J. Soler Motors, Inc.

El tribunal de instancia concluyó que la cesión del contra-to a Jeep de Puerto Rico, Inc., menoscabó la relación existente entre las partes porque: a) el tener que tramitar J. Soler Motors, Inc., las órdenes de compra y las garantías de los ve-hículos por conducto de Jeep de Puerto Rico, Inc., conlleva dilaciones, b) aumentó los costos de los vehículos en un 7 1/2% y en un 10% el de las piezas, y, c) que las cartas de crédito requieren ahora más tiempo.

La recurrida intenta sostener las conclusiones del tribunal con el argumento de que la cesión menoscabó sus relaciones con la recurrente porque se hizo a favor de un competidor “con todo el detrimento que esto conllevaría en términos de que se le supla efectivamente las unidades que sus clientes le requieran, imposibilidad de asistir a subastas públicas por no poder competir en precios con el distribuidor.”

No hay prueba alguna en autos relativa a dilaciones en el trámite de órdenes de compra y de garantías. En verdad no puede haberlas ya que la recurrida nunca ha hecho negocios con el cesionario Jeep de Puerto Rico, Inc. Su actitud siempre ha sido objetar la cesión, rehusando reiteradamente hacer negocios con el cesionario e insistiendo en continuar relacio-nes directamente con la recurrente. Por otro lado, la cesión se hizo, no al competidor Yuyo González, sino a Jeep de Puerto Rico, Inc., entidad separada y distinta de aquél, en la misma forma que la recurrida J. Soler Motors, Inc., es una entidad separada y distinta de Joaquín Soler Chevrolet, Inc., que representa los vehículos marca Chevrolet.

Debe recordarse que el sistema de un distribuidor general establecido en el 1975, vino como consecuencia de una baja notable en las ventas de vehículos Jeep y por la necesidad de establecer un sistema de mercadeo más eficiente. El Contrato de Distribución de Jeep de Puerto Rico, Inc., específicamente requiere que el distribuidor general tenga un inventario de vehículos y piezas adecuadas para atender las órdenes de compra, para promover las ventas y estar en condiciones de dar servicio eficiente a los traficantes. Véase International Distributor Franchise, secs. 2.3 y 2.5, exh. 20 del deman-dado. Independientemente de estas obligaciones contractuales es lógico asumir que Jeep de Puerto Rico, Inc., tiene un claro interés en atender y tramitar las órdenes de compra de todos sus traficantes por la sencilla razón de que ese es su negocio y le produce beneficios económicos. No hay justificación en el récord para inferir que por propósitos mezquinos de compe-tencia Jeep de Puerto Rico, Inc., habría de faltar a sus obli-gaciones contractuales en detrimento de sus propios intereses. Notamos a este respecto que obra en el récord comunicación de Jeep de Puerto Rico, Inc., a J. Soler Motors, Inc., indicán-dole a ésta su interés en hacer negocios con ellos y de Soler rechazando consistentemente tal invitación. Exh. 19 de los demandados.

En ausencia total de prueba, la objeción de la recurrida a la cesión es más bien de conveniencia pues se funda en que la cesión se hizo a favor de otro traficante, sin embargo, ella no tuvo reparo alguno en gestionarla para sí, a pesar de que ella también era traficante.

Incidió el tribunal de instancia al concluir sin base al-guna en el récord que la cesión del Contrato de Distribución Directa a Jeep de Puerto Rico, Inc., conlleva dilaciones en los trámites de las órdenes de compra de vehículos y piezas.

Con respecto a la conclusión relativa a los costos de ve-hículos y piezas, sostiene la recurrente que no se trata de un aumento en los costos por motivo de la cesión sino del diferen-cial que siempre ha existido entre el costo al distribuidor general y el costo al traficante. Efectivamente, la prueba docu-mental revela que Thillet recibía un beneficio de 7 1/2 por ciento en la venta de vehículos a los traficantes. Véase Agreement of Mutual Release and Settlement, pág. 58 del Apéndice de la Solicitud de Revisión. Igualmente aparece que antes de la cesión, bajo el Contrato de Distribución Directa con Kaiser, el costo de los vehículos a traficantes era de 7 1/2 por ciento más alto que el del distribuidor. Véase al efecto la lista de precios netos al distribuidor de febrero de 1975 (Exh. 3 de la demandada) y la lista de precios netos al traficante. (Exh. 4 de la demandada.) En dichas listas aparece que el precio neto al distribuidor del Jeep C-5 Modelo 84 era de $3,075.00 mientras que el precio neto al traficante era de $3,295.00, o sea, un 7 1/2 por ciento más bajo. Es decir, que tanto bajo Thillet como bajo el Contrato de Distribución Directa siempre hubo un diferencial de 7 1/2 por ciento en el costo de los ve-hículos a los traficantes.

Notamos, además, que tanto antes como después de la ce-sión se efectuaron aumentos en los costos de los vehículos de alrededor de un 11 por ciento, probablemente como consecuen-cia de alzas en los costos de producción. Ejemplo de ello es que en septiembre de 1974 el Jeep C-5, Modelo 83 tenía un precio neto para el traficante de $2,970. Cinco meses después el mismo vehículo había aumentado a $3,295, un 11 por ciento en su precio neto. Pero ya para noviembre de 1975, que fue cuando se llevó a cabo la cesión, el precio había aumentado a $3,370, un poco más de un 2 por ciento en un período de nueve meses. No hay controversia sobre el derecho del recu-rrente a alterar los precios pues expresamente el Contrato de Distribución Directa se lo reservó.

La recurrida, sin embargo, insiste en que el diferencial de costos le impide participar en subastas en competencia con el distribuidor Jeep de Puerto Rico, Inc. No es correcto. El Contrato de Distribución Directa reservó a Kaiser el derecho de licitar en subastas públicas pero la realidad es que Kaiser siempre se abstuvo de participar. AI respecto el tribunal de instancia concluyó que este derecho se había variado verbal-mente. Al efectuarse la cesión del contrato a Jeep de Puerto Rico, Inc., Kaiser garantizó a la recurrida que se mantendrían las mismas condiciones y términos que habían prevalecido hasta entonces. Esta garantía se confirmó en las vistas cele-bradas en el tribunal de instancia al declarar el señor Gonzá-lez que Jeep de Puerto Rico, Inc., se abstendría de participar en subastas en la misma forma que basta entonces lo había hecho su antecesor (pág. 22 del Alegato de Réplica del Recu-rrente), garantía que consistentemente reafirmó el recurrente en la solicitud de revisión y en los múltiples y voluminosos alegatos que ha sometido a este Tribunal. De manera que la posición de la recurrida con respecto a su participación en su-basta pública no ha sido alterada, y, por tanto, no se han menoscabado sus relaciones contractuales con el recurrente.

En vista de las anteriores consideraciones, se dictará sen-tencia anulando la orden 'provisional y devolviendo el caso al tribunal de instancia para que fije los honorarios a favor del recurrente.

      La Orden dispone:
      “Se ordena a las demandadas Kaiser Jeep International Corporation y/o American Motors Corp., Jeep Corporation y a sus apoderados, suce-sores, distribuidores, agentes y/o empleados, a continuar en todos sus tér-minos las relaciones establecidas de principal distribuidor con la deman-dante, mediante el Contrato de Distribución Directa, otorgado el 23 de octubre de 1968; y abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menos-cabo de la misma o variar en forma alguna dicha relación; se le ordena, además entregarles las órdenes de vehículo marca Jeep, piezas y demás accesorios que le solicita la demandante bajo los mismos precios, términos y condiciones recientes que se le concede, según facturación en Puerto Rico, a cualquiera de sus distribuidores, concesionarios o agentes; se le ordena a las demandadas entregar la mercancía ordenada por la demandante en un plazo que será equivalente al plazo de tiempo acostumbrado bajo el con-trato de distribución antes mencionado. Mientras esta orden se halle en vigor se le prohíbe a las demandadas gestionar, nombrar o negociar el establecimiento de nuevos distribuidores para áreas comprendidas en el Contrato de Distribución con la demandante, a saber:
      Bayamón Morovis Vega Baja
      Orocovis Comerío Manatí
      Naranjito Vega Alta Dorado
      “NOTIFIQUESE:
      “DADA en Bayamón, Puerto Rico, a 8 de agosto de 1977.”

       El tribunal de instancia infirió de la prueba desfilada que también se firmaron contratos similares con los demás traficantes.

      E1 Art. 3 dispone que la cuantía de daños se fijará a base de los siguientes factores:
      “(c) la plusvalía del negocio, o aquella parte de ésta atribuible a la distribución de la mercancía o la prestación de los servicios de que se trate, a ser determinada dicha plusvalía tomando en consideración los siguientes factores:

        “(i) ........
      “(2).
      “(3) proporción del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa;

      (Bastardillas nuestras.) Art. 3(c)(3), 10 L.P.R.A. sec. 278b.

      La Cláusula 25 lee:
      “. . . and this Agreement supersedes, cancels and annuls all contracts, understandings and agreements of prior date between the parties hereto and shall continue in force and govern all transactions between the parties hereto until the expiration hereof or the cancellation or termination hereof by either party, and Dealer hereby releases and forever discharges the Company from any claims, demands, or causes of action which it may have against it arising out of or by reason of any matter or thing occurring prior to the date hereof, except as to credits heretofore approved and allowed in writing by the Company arising under any preceding agreement in effect at the time of execution of this Agreement.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Gilberto Peña, Rubén Hernández y Juan S. Peña, demandantes y recurridos, v. La Federación de Esgrima de Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-78-329

      Resuelto: 6 de diciembre de 1978

      Julio Eduardo Torres, abogado de la parte recurrente; Noel J. Torres Colón, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La eficacia inmediata del auto de injunction, característica esencial de este remedio legal extraordinario, ha sido frustrada en nuestra jurisprudencia desde que se sostuvo en Muñoz v. Montañez, 37 D.P.R. 318, 320 (1927), que el injunction “debe regirse por la ley general sobre ejecución de sentencias y apelaciones” por no estar comprendido entre las excepciones a la regla de que la apelación interpuesta suspende todo procedimiento en la sala sentenciadora. Más de medio siglo ha transcurrido sin que se haya rescatado el injunction de la parálisis impuesta por la citada doctrina y es llegado el momento de rectificación.

La Federación de Esgrima de Puerto Rico es una corpora-ción de fines no pecuniarios, sostenida en gran parte con fon-dos públicos, cuyo objetivo es el fomento y difusión del de-porte de esgrima en todo el país. Los demandantes recurridos Gilberto Peña, Rubén Hernández y Juan S. Peña son espadas, miembros de la Federación, a quienes ésta suspendió por seis meses a partir del Io de marzo de 1978, como sanción por haber entregado un combate en la eliminatoria del equipo de espada celebrada el 19 de febrero de 1978, y en consecuencia privándoles de participación en las actividades de la Federa-ción y en viajes a competencias fuera de Puerto Rico y negánr doles el uso de sus equipos y dependencias. Los deportistas suspendidos instaron demanda de injunction ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior, la que concluyó que la sus-pensión no se ajustó al debido proceso, entre otras razones, porque nunca se les citó ni oyó en audiencia donde pudieren rebatir el cargo y el 31 de mayo de 1978 dictó sentencia que en su parte dispositiva ordena:

“... se declara con lugar el Injunction Permanente solicitado por los demandantes y se le ordena a la parte demandada que res-tituya en su calidad de miembros a los demandantes con todos los derechos y privilegios que los mismos disfrutaban antes del 1ro. de marzo de 1978. Se le ordena, además, que en dicha resti-tución se les provea a los demandantes todas las oportunidades que éstos hayan perdido para cualificar en competencia local, na-cional e internacional que se celebre en o fuera del Estado Libre Asociado y en la cual participe la demandada. Se le apercibe a la demandada que el incumplimiento de lo aquí dispuesto conlleva desacato al Tribunal.”

Como no cumpliera la Federación de Esgrima con el auto de injunction, limitándose a radicar una moción sobre deter-minaciones adicionales de hecho que interrumpe el tér-mino de revisión (Reglas 43.2 y 68.2 de Procedimiento Civil), los espadas demandantes solicitaron del Tribunal Superior que la castigara por desacato, y celebrada la vista sobre esta moción el 30 de junio de 1978 el Juez Sr. Peter Ortiz dictó resolución de la misma fecha declarando el injunction en vigor desde su notificación y la Federación incursa en desa-cato por lo que le impuso multa de $500, prevenida de arresto y encarcelamiento de su Presidente.

Desestimamos un recurso de apelación de la Federación demandada por no plantear cuestión constitucional sustancial pero acogimos su solicitud de revisión con orden para mostrar causa de 11 de octubre de 1978 que dispone:

“Los demandantes recurridos tendrán un término hasta el Io noviembre, 1978 para comparecer a mostrar causa por la que no deba dejarse sin efecto la condena en desacato de la Federación de Esgrima de Puerto Rico en vista de lo resuelto en Municipio v. Corte, 60 D.P.R. 171 (1942).”

La Federación recurrente limita su recurso a la impugna-ción de la condena por desacato basada en que la sentencia de injunction mandatorio no es firme ni ejecutoria. En la al-ternativa arguye que su conducta estuvo dirigida por el es-tado de derecho reflejado en Municipio de Gurabo v. Corte, 60 D.P.R. 171 (1942), y podría añadir Las Monjas Racing Corp. v. Arandes & Grovas, 52 D.P.R. 945 (1937), en los que este Tribunal adoptó la doctrina de que la apelación suspende la ejecución del injunction mandatorio, y excluye toda con-dena de desacato por su incumplimiento hasta que advenga firme, norma que no gobierna el injunction llamado prohibi-torio el cual se ha considerado ejecutable desde su notificación. La distinción se hizo en Municipio de Gurabo supra, siguiendo una monografía publicada en 93 A.L.R. 709-723, a pesar de que el Art. 297 del Código de Enjuiciamiento Civil declara que formalizada la apelación “producirá el efecto de suspender todo procedimiento en la corte inferior”; y del Art. 298 del mismo cuerpo que niega efecto suspensivo a la apelación de sentencias en que se ordena la venta de cosas susceptibles de pérdida y deterioro, en casos de quo warranto sobre cargo público y en los de traslado, sin que la excepción se extienda al injunction en ninguna de sus modalidades. Véase escolio 1.

Igual rémora, aunque sólo en apariencia, al valor de ac-tualidad y vigencia inmediata del injunction presentan la Regla 51 de Procedimiento Civil que pospone la ejecución hasta que la sentencia se convierte en firme, y el Art. 14 de la Ley de la Judicatura (4 L.P.R.A. see. 37) en su disposición en cuanto a que la presentación de una solicitud de revisión o de un escrito de apelación suspenderá los procedimientos en el Tribunal Superior.

La actual Regla 62 Federal que conserva el principio común de que la apelación priva de jurisdicción al tribunal de instancia, regula con especialidad el auto de injunction, en cuanto ahora nos concierne, en sus incisos (c) y (g) así:

(c) Injunction 'pendiente la apelación
“Cuando se apela o recurre de una sentencia final o interlocu-toria concediendo, disolviendo o denegando un injunction, el Tribunal [de instancia] en el uso de su discreción podrá suspender, modificar, restituir o conceder un injunction durante la pen-dencia de la apelación bajo aquellos términos relativos a fianza y demás que estime adecuados para proteger los derechos de la parte contraria....
(g) Poder sin límite del Tribunal de Apelación
Lo dispuesto en esta Regla no restringe la facultad del tribunal de apelación o de uno de sus jueces para paralizar los pro-cedimientos por el tiempo que esté pendiente la apelación [o re-visión] ; o para suspender, modificar, restablecer o conceder un injunction mientras esté pendiente la apelación o para dictar cualquier orden adecuada para preservar el status quo o la efec-tividad de la sentencia que ha de emitirse en su día.”

La Regla 62 (c) Federal que autoriza a la sala de instancia para suspender, modificar, restituir o conceder un injunction durante la pendencia de la apelación, lo mismo cuando ha denegado que cuando ha concedido el auto, no hace más que codificar el poder inherente de los tribunales para dictar cuanta orden sea necesaria para mantener el status quo y asegurar la efectividad de la sentencia que finalmente recaiga.

El remedio extraordinario de injunction se caracte-riza por su perentoriedad, por su acción dirigida a evitar un daño inminente o a restablecer el régimen de ley conculcado por conducta opresiva, ilegal o violenta del transgresor del orden jurídico. Su eficacia descansa en su naturaleza sumaria y en su pronta ejecución, por lo que una distinción entre el prohibitorio y el mandatorio aun cuando fundada en algo más que el manejo del léxico, menoscaba su capacidad de remedio. Su vigencia inmediata se inicia con la notificación de la sen-tencia.

A pesar de que esta reserva de poder en el tribunal de instancia nada resta a la facultad del tribunal de apelación para tomar similares medidas de paralización en auxilio de su jurisdicción, la autoridad para suspender los efectos de la sentencia y detener su ejecución {stay) debe residir también en la sala de instancia que por su contacto inmediato con la prueba, ayudada por la inspección ocular o reconocimiento judicial, de frecuente utilidad en casos de injunction, se halla en posición excepcional para ejercer el sano arbitrio entre los intereses, conveniencias y perjuicios de una y otra parte afectados por la concesión o denegación de efecto suspensivo a la sentencia.

La solicitud para detener {stay) la ejecución de la sentencia en los casos de injunction, bien se radique en instancia o en el tribunal de apelación, va dirigida a su discreción y deberá satisfacer los siguientes requisitos: (a) que el peticionario presente un caso fuerte de probabilidad de prevalecer en los méritos de la apelación; (b) que demuestre que a menos que se detenga la ejecución sufrirá daño irreparable; (c) que ningún daño substancial se causará a las demás partes interesadas, y (d) que la suspensión de la sentencia no perjudica el interés público. (Virginia Petroleum Jobbers

Assn. v. F.P.C., 259 F.2d 921, 925; 104 U.S. App. D.C. 106 (1958), originó la regla que adopta Wright & Miller, Tomo 11, Sec. 2904, pág. 316.)

En observancia de esta regla y en su función básica de proteger el interés de todas las partes, y considerando que la suspensión (stay) de la sentencia no se da por razón de derecho y sí en ponderado ejercicio de discreción, el tribunal debe sopesar el beneficio que la suspensión representa para el perdidoso contra el daño que le irroga a la parte que ha obtenido el injunction, y si decide detener la ejecución mientras pende la apelación o revisión deberá requerir fianza supersedeas e imponer aquellas condiciones y salvaguardas que sin oprimir a una parte tampoco diluyan en laxitud el derecho de su adversario.

A la fecha en que se expidió el auto de injunction y luego cuando se le condenó por desacato regía en Puerto Rico, como hasta ahora, la doctrina de Muñoz v. Montañez; Municipio de Gurabo; y Las Monjas Racing, que negaba vigencia y valor ejecutable a la sentencia de injunction mandatorio hasta que adviniera firme, bien por transcurso del término de revisión o por su confirmación en grado apelativo. Aun cuando en retrospección nos parezca pueril la detención de un injunction con una simple moción para enmienda por adición a las determinaciones de hecho bajo la Regla 43.2 de Procedimiento Civil, estaba en su derecho entonces la recurrente Federación de Esgrima cuando presentó dicha moción preliminar a su recurso de revisión. Una parte puede depender del estado de derecho, y de la jurisprudencia que es una de sus fuentes, para guiar su conducta. Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, Tes., 64 D.P.R. 914, 937-38 (1945); Claudio v. Cruz Aguila, 84 D.P.R. 435, 440 (1962); González v. Pueblo, 71 D.P.R. 430, 435 (1950).

Esta situación nos obliga a anular la sentencia de desacato, a pesar de los correctos fundamentos de decisión del juez de instancia respecto al problema procesal que antici-paron los de esta opinión. Atada como está a la cronología la exoneración por desacato, la misma no se extiende a futuro incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior. Que-dan expresamente revocados, en cuanto sean incompatibles con lo ahora resuelto, los citados casos de Muñoz v. Montañez; Municipio de Gurabo; y Las Monjas Racing.

Se expedirá el auto de revisión modificando la decisión de instancia al solo efecto de anular la condena en desacato, y así modificada, confirmada.

       Art. 297, Código Enjuiciamiento Civil
      “Formalizada una apelación, producirá el efecto de suspender todo pro-cedimiento en la corte inferior, respecto a la sentencia u orden apelada, o a las cuestiones comprendidas en ella, pero la corte inferior podrá proseguir el pleito en lo que respecta a cualquier extremo del mismo no comprendido en la apelación.” 32 L.P.R.A. see. 1284.
      Art. 298, Código de Enjuiciamiento Civil
      “La formalización de un recurso de apelación suspende los procedi-mientos en la corte inferior en cuanto a la sentencia u orden apelada, salvo cuando dispusiere la venta de cosas susceptibles de pérdida o deterioro, en cuyo caso la corte inferior podrá ordenar que se vendan dichas cosas, de-positándose su importe hasta que dicte su sentencia la corte de apelación. Y salvo también, cuando la sentencia declare al demandado culpable de usurpación, intromisión o ilegal desempeño de un cargo público, civil o militar, en el Estado Libre Asociado. Y salvo asimismo, cuando la orden conceda o rehúse conceder, un cambio de lugar para la celebración del juicio.” 32 L.P.R.A. see. 1285.

      En Municipio v. Corte, 60 D.P.R. 171, 174 (1942), el entonces Juez de Distrito de Humacao Sr. Benjamín Ortiz instó a este Tribunal a revocar a Muñoz v. Montanez, sin éxito. Sin embargo, produjo una liberación parcial de la aplicación absoluta al injunction del efecto suspensivo de la apela-ción y resolvimos que la apelación no suspende el injunction de naturaleza prohibitoria, pero sí el mandatario. La decisión remitió la subsistencia y efi-cacia del injunction a la habilidad semántica del magistrado, elaborando el texto de su orden con orientación prohibitoria o mandatoria, lo que es fac-tible en la mayoría de los casos.

       La sala de instancia nunca la resolvió.

      Dice la resolución:
      “Kesolvemos que el Injunction en este caso está en vigor desde su noti-ficación. Habiendo aceptado la demandada que no ha dado cumplimiento a la sentencia, la declaramos incursa en desacato y se le impone una multa de $500.00, la cual deberá ser depositada en el Tribunal en o antes del 3 de julio de 1978, o una fianza por dicha cantidad una vez se radique un Es-crito de Apelación o recurso ante el Honorable Tribunal Supremo. De no así hacerlo, se ordenará el arresto y encarcelamiento del Presidente de la Federación de Esgrima, Lie. Roberto José Maldonado. 32 L.P.R.A. see. 3533.”

       “Por supuesto, la regla general es que cuando se apela, la corte de distrito pierde jurisdicción para toda ulterior acción en el caso pero el inciso (c) de la Regla 62 es una excepción a dicha regla general y un re-conocimiento del por largo tiempo establecido derecho de la sala de instan-cia, una vez interpuesta la apelación, a dictar las órdenes apropiadas para preservar el status quo por el tiempo que el caso esté pendiente en la corte de apelación.” Newton v. Consolidated Gas Co. of New York, 258 U.S. 165; 66 L.Ed. 538 (1922).
      El inciso (c) de la Regla 62 omite referencia al tiempo específico en que la corte de distrito puede conceder dicho injunction, y estimamos que bajo elementales normas de interpretación, debe ahora sostenerse que esta autoridad de la corte de distrito continúa durante la pendencia de la apelación.” United States v. El-O-Pathic Pharmacy, 192 F.2d 62, 79-80 (9th Cir. 1951) (Leading Case); Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Tomo 11, pág. 324.


author: PER CURIAM:

text:
    José Rodríguez Bonilla, querellante y recurrido, v. Fidelity Bond Mortgage Corporation of Puerto Rico, y otros, querellados y peticionarios.

      Número: O-78-369

      Resuelto: 11 de diciembre de 1978

      José B. Díaz Asencio, abogado de los peticionarios; Miguel Gon-zález Montalvo, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

En procedimiento sumario sobre reclamación de salarios — 32 L.P.R.A. sees. 3118 a 3133 — la ilustrada sala sentenciadora, ordenó el embargo preventivo de la suma re-clamada en la querella por el celador Rodríguez Bonilla, as-cendente a $76,040.47, al amparo de dicha see. 3133, que auto-riza el embargo sin fianza cuando “la demanda aduzca hechos suficientes para una causa de acción a favor de la parte de-mandante y haya motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que de no efectuarse inmediatamente dicho embargo preventivo, la sentencia que se pueda obtener resultará aca-démica porque no habrá bienes sobre los cuales ejecutarlas.”

El tribunal ordenó el embargo sin fianza, sin que el quere-llante presentara prueba tendiente a establecer que existían motivos para temer que la sentencia podía resultar incobra-ble. El tribunal encontró innecesaria la presentación de esa prueba, a base de que 1) el querellante alegó que se había en-terado de que los querellados se proponían vender a la Ad-ministración de Fomento Cooperativo, el proyecto en el cual él trabajó como celador; 2) el querellante tiene un gravamen sobre dicho proyecto, bajo 29 L.P.R.A. see. 186; y 3) el embargo tiene el propósito de asegurar ese gravamen en caso de que el proyecto se venda. En armonía con lo expresado, el tribunal ordenó que se depositara en Secretaría la suma de $76,040.47, si la venta llegaba a realizarse.

Ante recurso de certiorari solicitado por los querellados, expedimos orden para que las partes mostraran causa por la cual no debía revocarse dicha orden. El querellante presentó escrito limitándose a exponer que le resultaría oneroso pre-sentar la prueba exigida por la citada see. 3133.

La fianza tiene el propósito de asegurar que, en su día, puedan recobrarse daños causados por embargos preventivos infundados. Por vía de excepción, la citada see. 3133 exime de esa fianza reclamaciones de salarios, cuando exista el peligro de que la sentencia pueda resultar inejecutable.

Ni la alegada onerosidad de probar ese peligro, ni el gravamen que la ley concede a los trabajadores constituyen base para relevar de probar ese peligro. Dicha see. 3133 es clara y no contiene esas excepciones. Cuando la ley es clara, su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu, 31 L.P.R.A. sec. 14.

Se dejará sin efecto la orden de embargo recurrida, sin 'perjuicio de que dicho embargo, si procede, se perfeccione en la forma dispuesta por ley.


author: per curiam :

text:
      In re Edelmiro Martínez, Jr.

      Número: O-77-334

      Resuelto: 12 de diciembre de 1978

      Edelmiro Martínez, Jr., por su propio derecho.
   per curiam :

En el pleito Civil Núm. CS-75-1192 del Tribunal Superior, Sala de Guayama, sobre ejecución de hipo-teca la corporación demandante Inversiones de Puerto Rico y sus deudores esposos Alberto Curet y María Medina, deman-dados reconvinientes y a su vez demandantes contra los terceros Edelmiro Martínez Rivera, Edelmiro Martínez Jr. y J. L. Biamón Sánchez, sometieron una estipulación en la que los deudores demandados se allanan a la ejecución del crédito por estar vencido y exigible, desisten de su reconvención y demanda contra tercero y la acreedora Inversiones de Puerto Rico a su vez les entrega a los esposos Curet-Medina “la suma de $5,500.00 como compensación por cualquier derecho o in-terés que éstos tengan o puedan tener en el futuro en relación con cualquier mejora que se haya efectuado en la propiedad objeto de la presente acción.” Convinieron, además, “que la sentencia a dictarse bajo esta estipulación tendrá para las partes carácter de definitiva, final y firme y estará sujeta a hacerse efectiva mediante trámite de ejecución a partir de su fecha.”

Dictóse sentencia ajustada a los términos de la estipula-ción y al solicitar la acreedora demandante ejecución de la misma, los deudores radicaron moción solicitando se enmen-dara la sentencia “a los fines de establecer claramente que la parte demandada no debe responder a la parte demandante de cualquier cantidad que quedare insoluta, ya que sería con-trario a lo estipulado, por cuanto por vía de transacción reci-bió cierta suma de dinero y de acuerdo a los términos de la sentencia pudiera verse obligado a pagar al demandante una cantidad incierta que sería la diferencia entre el producto de la subasta y la sentencia.” Se opusieron a la enmienda tanto los terceros demandados como la corporación demandante representada por su abogado Edelmiro Martínez, Jr. La sala de instancia oyó a las partes en vista oral sobre la propuesta enmienda y el 11 de agosto de 1977 resolvió así:
“La posición de la parte demandante-reconvencionada y ter-ceros demandados es insostenible. El hecho de que la sentencia dictada esté basada en una estipulación de las partes con solici-tud de que la misma sea final y firme, no la inmuniza contra pro-cedimientos posteriores por cualquier razón válida en derecho. Si la pretensión de la parte promovente conllevara una negación o variación del contenido de la estipulación, entonces tendríamos que aplicar la doctrina de que a nadie es lícito ir contra sus propios actos; International General Electric vs. Concrete Builders, 1976, CA-53, pág. 7; Crossroads Development Corp. vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 1975 CA-95, pág. 5. La solicitud de la parte demandada es a los efectos de que se enmiende la sentencia precisamente para armonizarla con la estipulación sometida. Específicamente nos pide dos remedios: primero, que se incluya en la sentencia una parte dispositiva en cuanto a los $5,500.00 que recibiera por vía de transacción y segundo, incluir una restricción a los efectos de limitar el alcance de la responsa-bilidad económica de los demandados hacia la demandante, al pro-ducto obtenido por la venta en pública subasta del inmueble ob-jeto de la demanda. De este Tribunal no dejar sin efecto dicha sentencia, o de no conceder el remedio solicitado, puede darse el absurdo que la parte demandada tenga que reembolsar a la parte demandante una cantidad de dinero igual o mayor que la suma recibida por vía de transacción. Esto no puede ser la intención de dicha estipulación y los tribunales no están para consagrar absurdos. La finalidad del derecho es hacer justicia. En Don Quixote Hotel vs. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19, pág. 29, se dijo: ‘Las ideas de justicia y equidad son esenciales y consustan-ciales a la noción del Derecho, el cual dejaría de cumplir sus finalidades morales y sociales si no aspirase a realizar la justicia y no una justicia abstracta y teórica sino una justicia realista y humana acorde a las circunstancias de cada caso.’ No cumpliría-mos con nuestra finalidad de hacer justicia si permitiéramos que la parte demandante pueda recobrar del demandado reconven-cionista, más del importe que le pagara mediante transacción.
A tenor con lo anterior se deja sin efecto la sentencia dic-tada, se reabre el caso y se señala para vista en sus méritos el día 22 de noviembre de 1977, a las 8:30 de la mañana.”

Contra esta Resolución que remitía a las partes al juicio plenario recurrió la demandante Inversiones de Puerto Rico, representada por su abogado Edelmiro Martínez, Jr. y el 22 de septiembre de 1977 denegamos el certiorari (Núm. O-77-334). Luego el 20 de octubre de 1977 denegamos su moción de reconsideración.

El 27 de octubre de 1977 el abogado Sr. Edelmiro Martínez, Jr., presentó el siguiente escrito en el expediente de Certiorari O-77-334:

“MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN
AL HONORABLE TRIBUNAL:
La demandante del epígrafe respetuosamente, solicita recon-sideración de la Resolución de 20 de octubre de 1977 denegando la moción de reconsideración presentada en este caso.
Por entender que mediante su negativa a expedir el auto de certiorari solicitado en este caso, este Honorable Tribunal Supremo introduce en los procedimientos civiles la modalidad del chantaje judicial para obligar a una parte a renunciar derechos adquiridos que el juez actuante se niegue caprichosamente a re-conocer, la demandante recurrente se allana a que este Honorable Tribunal ordene al Tribunal recurrido restituir la sentencia que dictó el 7 de marzo de 1977 con la enmienda que propusieron los demandados recurridos en su moción de 21 de marzo de 1977 a los efectos de aclarar que en el caso que la finca sea vendida por un precio inferior a los términos de la sentencia, la parte deman-dada quedará exonerada del pago de dicha suma de dinero.
En San Juan, Puerto Rico, hoy 26 de octubre de 1977.
CERTIFICO: Haber cursado por correo copia fiel y exacta de esta Moción de Reconsideración a los licenciados Antonio y Efraín Aponte Berdecía, Abogados de la parte demandada, a su dirección, G.P.O. Box Apartado 2227, San Juan, Puerto Rico, 00936.
Respetuosamente,
(Fdo.) Edelmiro Martínez, Jr.
Edelmiro Martínez, Jr.
Abogado de la Demandante
Inversiones de Puerto Rico
Avenida Domeñech #112
Hato Rey, Puerto Rico 00918
Tels. 764-9306 y 763-8185.”

El 17 de noviembre de 1977 denegamos esta segunda mo-ción de reconsideración, y dictamos la siguiente orden para mostrar causa:

“Vistas las expresiones del abogado Sr. Edelmiro Martínez, Jr. en la moción de reconsideración por él suscrita y presentada el 27 de octubre pasado, ante este Tribunal dicho abogado tendrá un término hasta el 9 de diciembre de 1977 para exponer las razones por las que no deba ser disciplinado.”

El 8 de diciembre de 1977 el Lie. Edelmiro Martínez, Jr., presentó un titulado escrito sobre mostración de causa de nueve hojas cuyo contexto general es una reafirmación de las expresiones indecorosas y vulgares de su segunda moción de reconsideración, las cuales según él debe este Tribunal tomar como crítica y “acogerlas con gracia”, y argumenta: “Este abogado mencionó la adopción del chantaje judicial. ¿Cómo puede legal y moralmente este Hon. Tribunal ofenderse o sancionar a este abogado que creyó que en el Tribunal Supremo de su país se le haría justicia?”

Dimos a este abogado una oportunidad de ser oído, confrontado con esciente infracción del Canon 9° de Ética Profesional en su prevención de que “[e]l abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto”; y de la Regla 9 de Procedimiento Civil. Su comparecencia no es más que una desafiante reiteración de su proceder antiético y prueba de que su lenguaje es el producto de reflexión y propósito deliberado de denigrar al Tribunal.

La conducta de este abogado constituye un agravio no sólo para la dignidad del Tribunal sino para la tradición de honor y respeto de la profesión jurídica de Puerto Rico. El signo de destemplanza en este miembro del Colegio de Abogados puede o no ser indicio de una deformación profunda y de una total inadaptabilidad a los Cánones de Ética que lo descualifican para seguir perteneciendo a la comunidad forense. Su conducta es una rara y muy infrecuente mancha en la larga historia del abogado puertorriqueño, esforzado en su quehacer y celoso guardador en todo momento de la dignidad y prestigio de nuestros tribunales que son una e inseparables de la propia dignidad y prestigio de la profesión de abogado.

Atendemos a nuestro deber para con la profesión y los tribunales al sancionar la conducta irrespetuosa de este abogado, y sólo para propiciar la alternativa de que su ulterior re-flexión sobre su grave falta le devuelvan la aptitud anímica para guiar por las normas de ética los años que le resten de actividad profesional, seremos benignos. Así alentamos una esperanza de rectificación y dejamos todavía a su decisión su propio futuro en la profesión de abogado.

Se suspende al abogado Sr. Edelmiro Martínez, Jr., en el ejercicio de la profesión por término de tres meses, contados desde que reciba notificación de la presente.

El Secretario de este Tribunal y la Administración de los Tribunales notificarán esta decisión a todas las Salas de Jus-ticia.

      Es obvio que la venta en subasta del inmueble hipotecado por un precio irrisorio o su adjudicación a la acreedora por valor inferior a su acreencia, dejaba a los demandados respondiendo por el balance impagado e inevitablemente anulaba las ventajas económicas de lo transado en la estipu-lación. Los opositores de la enmienda terminaron por allanarse a la misma a pesar de que el juicio señalado les brindaba una oportunidad de plena ventilación de los méritos de las respectivas posiciones de todas las partes envueltas en el litigio.

      La introducción de materias difamatorias e indecorosas y el uso de lenguaje ofensivo o soez en las alegaciones dará lugar a acción discipli-naria.