text:
    Jesús Lozada Aponte y Otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-83-429

      Resuelto: 14 de marzo de 1985

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, Lirio Bernal, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo, recurrente; Pedro J. Córdova de Miranda Cárdenas, De Corral & Rodrí-guez Suris, abogado del recurrente Dr. Jorge E. Corretjer Ben-venutti; Gilberto L. Irizarry González, abogado de la recu-rrente Corporación Insular de Seguros; Samuel Gracia Gracia, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Al decidir este recurso recordamos que “ ‘el ejercicio de la cirugía demanda una incontestable solidez moral: no hay hombre que reciba más a menudo que el cirujano la impresión de más fuertes emociones, dulces a veces, generalmente trági-cas y dolorosas pero de una variedad infinita. ... El conoce la angustia del peligro inminente y la satisfacción de la dificul-tad vencida. No hay un solo acto de su vida profesional que no importe para el cirujano tremenda responsabilidad . . .’.

“Y si esto es así, decimos nosotros, si el riesgo es la sombra que siempre se proyecta sobre la mano que opera en defensa de la vida o de la salud ¿a qué crear ese mismo riesgo sir-viendo a las exigencias de la puerilidad . . . ?” (Énfasis en el original.) J. Silva De la Riestra, Responsabilidad Médica ante la Ley, IX Rev. C. Abo. La Plata 49, 65 (1967).

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Alberto Lozada Montañez desde los doce (12) años pre-sentó en repetidas ocasiones una condición de hematuria leve —sangre en la orina— que él describía como “que orinaba color coca cola”. Según su padre, Sr. Jesús Lozada Aponte, en ocasiones sentía dolor en el área de los riñones. Por esta razón el 4 de junio de 1976 —cumplía los diecisiete (17) años en el mes de septiembre— visitó al especialista en nefro-logía Dr. Jorge Corretjer Benvenutti. Su entonces novia, hoy esposa, Sra. Migdalia Martínez Piñero lo refirió y acompañó. Era la secretaria en el consultorio privado del doctor Corret-jer. El galeno lo atendió. Comenzó el tratamiento privada-mente, pero debido a que Alberto carecía de medios econó-micos para sufragar los exámenes recomendados, continuó viéndolo y brindándole atención y tratamiento por aproxima-damente dos (2) años en el Departamento de Clínicas Ex-ternas (OPD) del Hospital Regional de Caguas. En dicho lugar este facultativo prestaba servicios para el Estado. Allí subsiguientemente se anotó en el historial clínico que la hema-turia se presentaba cuando hacía ejercicios violentos.

A partir de junio de 1976, Alberto fue paciente del re-ferido hospital. El doctor Corretjer ordenó varias pruebas y exámenes. El 25 de febrero de 1977 se le practicó un Pielo-grama Intravenoso (IVP), que consiste en una prueba radio-gráfica usada para caracterizar la morfología del riñón y su función. Se utiliza en el diagnóstico de hipertensión si hay masas, piedras, etc. Ésta reveló “blunting of the calyces with narrowing of the cortico medular ratio probably due to chronic pyelonephritic changes”. Durante otra hospitaliza-ción se le practicaron “DTPA Renal Blood Flow, DTPA Renal Scan y Hyppuran Renogram”. Estos estudios respecti-vamente revelaron “poor blood flow to the left kidney — normal right renal blood flow; abnormal scintegraphic findings confirmed the ones previously describe [d] in renogram study done on 4/19/77, which showed bilateral impairment on blood supply, function and excretory phase, all of them more prominent in the left kidney”; y “marked bilateral impairment of kidney function or blood supply but worst on the left kidney”. Durante esa hospitalización también se dieron órdenes para hacerle un arteriograma en el Centro Médico de Río Piedras el 11 de julio de 1977. Alberto iría acompañado de su her-mano Víctor Lozada. El referido arteriograma no se hizo, según el nefrólogo, porque el paciente no tenía interés, y según Alberto, porque había problemas con el equipo y no con-siguió al médico referido en el Centro Médico de Río Piedras. El 15 de julio se le dio de alta.

El récord médico del Hospital Regional de Caguas de-muestra presiones diastólicas normales, así como anormales (95 o más en un paciente de 16 años), también indica dicho récord que en la orina había en algunas ocasiones no más de dos células rojas por “high power field”. Los estudios radio-isotópicos hechos en 19 de abril y 5 de julio de 1977 demos-traron problemas con la función renal (fase excretorial) en ambos riñones (disfunción), pero más marcada en el riñón izquierdo y flujo de sangre renal deficiente en ambos lados, particularmente en el lado izquierdo. No obstante, el récord médico en dicho hospital refleja varios estudios de creatinina sérica, depuración de creatinina, de gravedad específica, que fueron normales. Así mismo hay pruebas de proteína de 24 horas que fueron normales y que demostraron integridad del tejido renal. Los estudios de albuminuria (Bun) fueron nor-males, no había sedimento activo, la proteinuria era mínima o simplemente no significativa; se hicieron varios urinálisis y no habían cilindros (casts) en la orina que deben verse cuando hay glomerulonefritis. Durante el mes de febrero de 1978 se le efectuó una cistoscopía que resultó normal.

Al persistir la hematuria leve y ante un cuadro recu-rrente, para abril de ese mismo año, el doctor Corretjer diag-nosticó preliminarmente la posibilidad de una pielonefritis o glomerulonefritis. C) Para corroborar esta impresión y esta-blecer un diagnóstico etiológico decidió —previa explicación y consentimiento informado— realizar una biopsia renal del riñón izquierdo, que era el más afectado según los resultados. En lo pertinente se hizo constar que el procedimiento sería “sacar muestra de riñón con aguja para estudios posterio-res”, y además, que fueron explicados los siguientes riesgos: “sangramiento, perforación viscera, peritonitis, shock”.

El 1ro de junio de 1978, bajo los efectos de anestesia local, se hizo la biopsia renal percutánea (a través de la piel), o biopsia de aguja, en el mencionado hospital regional. Una vez realizada Alberto fue trasladado a una habitación. Se espe-raba una convalecencia temporera. Lamentablemente no fue así. Todo indica que “sufrió un trauma en el riñón izquierdo al practicársele la biopsia renal [y] ocurrió una lesión vascular”. Comenzó a sufrir un profuso flujo de sangre por la uretra (hematuria severa). Su condición era tan delicada que fue necesario administrarle transfusiones para reponerle la pérdida masiva de sangre. Se le continuó dando un estrecho seguimiento, vigilando el pulso, respiración, presión sanguí-nea, orina y hematocrito, esperanzados el médico y demás personal que la hemorragia se detendría espontáneamente. No mejoró. Siguió deteriorándose. Fue indispensable trasla-darlo a la Unidad de Cuidado Intensivo. Durante todo este período fue necesario administrarle 2.5 litros de transfusión de sangre. () Así las cosas, al cabo de quince (15) días de la biopsia, y en vista de que no mejoraba, se decidió realizar una exploratoria del riñón afectado con el objetivo de localizar el área de sangría. El 15 de junio se llevó a cabo. No se encontró el lugar específico de la laceración. Se procedió entonces a una nefrectomía por el Dr. Agustín Medina Rosario. Al serle ex-tirpado el riñón izquierdo reveló un hematoma perirenal severo e inmerso. Después de estas vicisitudes, Alberto se re-cuperó satisfactoriamente. Posteriormente contrajo matri-monio.

Ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, Alberto, su esposa, y sus padres demandaron al doctor Corretjer, su ase-guradora la Corporación Insular de Seguros y el Estado Libre Asociado. Luego de un técnico y complejo proceso donde testi-ficaron cuatro (4) peritos —en adición a otros médicos que intervinieron en el tratamiento y estudios— el tribunal en elaborado dictamen declaró con lugar la acción. En esencia, dicho foro determinó que aun cuando existió consentimiento válido para los tratamientos habidos, se incurrió en mala práctica médica consistente en que la biopsia renal estaba contraindicada por haberse omitido un diagnóstico diferen-cial adecuado, y haberse efectuado en una facilidad clínica donde no existía un equipo de arteriografía. () Concluyó que un arteriograma pudo haber localizado el sitio preciso del sangramiento lo cual “hubiera dado la oportunidad de salvar el riñón en su totalidad o parcialmente siendo el mismo de utilidad además para dirigir al cirujano en el área de la san-gría para ayudar a salvar el riñón”. Concedió a Alberto $10,000 por los daños físicos y mentales sufridos y $80,000 por los permanentes consistentes en la pérdida del riñón. A su esposa la Sra. Migdalia Martínez Piñero la suma de $1,000 y a sus progenitores la Sra. Virginia Montañez y el Sr. Jesús Lozada Aponte, las cantidades de $2,000 y $1,500, respectiva-mente, por concepto de daños mentales.

Acordamos revisar.

HH

Existe consenso casi unánime en la comunidad medica de que la biopsia renal es el único medio disponible para llegar a un diagnóstico definitivo de las enfermedades que se sospe-chaba padecía el paciente. Así lo confirmaron los peritos pre-sentados durante el proceso. El de la parte demandante, uró-logo, Dr. José Díaz Buxó expresó: “verdaderamente, la única manera de establecer definitivamente, sin lugar a dudas, la causa de la glomerulonefritis, es el tejido, el examen del tejido a través de una biopsia renal.” T.E., Vol. 1, pág. 215. El pe-rito de los demandados, urólogo, Dr. Manuel Martínez Maldonado, igualmente indicó: “la única manera certeráUé hacer esa ... ese diagnóstico es haciendo una biopsia renal.” T.E., Vol. 3, pág. 105. Las autoridades coinciden en este extremo. De hecho, “[ajunque la biopsia renal percutánea conlleva riesgos significativos, puede ser extremadamente útil para diagnóstico, terapia y pronóstico, teniendo conocimiento exacto de qué cambios histológicos tienen lugar en el riñón. La biopsia es la única forma de obtener esa información”. (Traducción nuestra.) J. Weller, Fundamentals of Nephrology, Maryland, Harper & Row, Pubs., 1979, pág. 89.

El valor e importancia de este método diagnóstico es am-pliamente reconocido. La biopsia renal “constituye un pro-cedimiento diagnóstico valioso que sirve también como guía para el tratamiento racional. La técnica ya ha sido bien esta-blecida, y proporciona con frecuencia tejido suficiente para microscopía ordinaria y electrónica y para examen inmuno-fluoreseence”. (Traducción nuestra.) D. R. Smith, General Urology, 8va ed., California, Lange Medical Pubs., 1975, págs. 357, 358. Se suele expresar que “la biopsia renal es ciertamente el único método de hacer un diagnóstico histoló-gico exacto durante la vida del paciente”. (Traducción nues-tra.) H. E. Wardener, The Kidney — An Outline of Normal and Abnormal Structure and Function, 4ta ed., Londres, Churchill Livingstone, 1973, pág. 17. D. A. K. Black, Renal Disease, 2da ed., Philadelphia, F. A. Davis Company, 1967, pág. 170. El método no es infalible. Debido a lo pequeño de la muestra (alrededor de 25 glomérulos de aproximadamente un (1) millón), a menudo el espécimen puede tratarse de tejido normal y sano, y el resultado ser negativo, aun cuando exista el padecimiento. Por ello algunas autoridades opinan que la prueba está contraindicada en infecciones de riñones y sola-mente debe usarse después de haberse agotado otros métodos. Kidney and Urinary Tract Infections, Indianapolis, Lilly Research Laboratories, 1971, pág. 53; B. M. Brenner y F. C. Rector, The Kidney, Filadelfia, W. B. Saunders Co., 1976, pág. 1080.

No obstante, se admite generalmente que para conocer con precisión el padecimiento de un paciente con diagnostico pre-liminar, entre otros, de pielonefritis o glomerulonefritis, re-sulta indispensable practicar una biopsia renal. Tal decisión debe adoptarse al sopesar la necesidad y urgencia de reali-zarlo frente a sus potenciales complicaciones inherentes, las cuales “son usualmente leves y transitorias”. (Traducción nuestra.) W. Sunderman y W. H. Green, Laboratory Diagnosis of Kidney Diseases, St. Louis, 1970, pág. 371.

Una consecuencia inevitable de la biopsia renal percu-tánea, es la hematuria, siendo frecuentemente mínima y tran-sitoria. M. Immergut y A. Plotkin, Hemorrhage Following Needle Biopsy of Kidney, 211 J.A.M.A. 827 y ss. (1970). Sin embargo, no puede descartarse la posibilidad postbiopsia de un cuadro de hematuria de carácter serio, como una de las probables consecuencias, aunque mínimas, de las cuales no se está exento, aun en las manos médicas más hábiles. Ello es por razón de que la biopsia renal percutánea es un procedi-miento invasivo que “[a] pesar ... de la pielografía() y la fluoroscopia, . . . () se realiza a ciegas”. (Traducción nues-tra.) Immergut, op. cit., pág. 828.

f — l H-1

En el caso de autos, el codemandado doctor Corretjer —quien había realizado numerosas biopsias renales sin haber confrontado nunca complicaciones serias— luego de innume-rables exámenes y análisis que no descubrieron la etiología de la hematuria, usando su mejor juicio optó por corroborar su diagnóstico preliminar. Con ese propósito realizó la biop-sia renal en Alberto, que era el único medio que consideró apropiado y tenía disponible. La corrección del procedimiento que siguió al realizarla no fue ni ha sido cuestionada, aunque según indicáramos, tuvo una complicación la lesión vascular que desencadenó el grave episodio que posteriormente requirió la nefrectomía. Durante esa prueba se siguieron las prácticas aceptadas en la comunidad médica. Igual conducta se observó en el cuidado postbiopsia. El paciente fue recluido, permane-ciendo en cama con el mínimo movimiento posible según dic-tan las normas prevalecientes en la medicina. Una vez surgió y continuó esa inesperada complicación de hematuria seria, también se actuó conforme las normas de cuidado médico. Se mantuvo a Alberto bajo una estrecha vigilancia de su pulso, respiración, presión sanguínea, orina y hematocrito. Ante su falta de mejoría () y recuperación, se intentó localizar el área de sangría a través de una exploratoria. No fue posible encontrarla. Se procedió entonces a realizar la exploratoria y eventualmente —ante la condición del riñón— la nefrecto-mía como único curso de acción por imperativo de las circuns-tancias. Smith, op. cit, pág. 357.

El sitio específico del área de sangría era un dato esencial para tener una oportunidad —aunque no garantizada— de salvar el riñón en situaciones como la de Alberto. Los peritos presentados en el proceso convinieron en que un arteriograma pudo haberlo señalado.() En definición pericial el doctor Díaz Buxó expresó:

Un arteriograma es la infusión de material de contraste. Por esto quiero decir, cualquier materia que sea “radio opaca”, que al tomar Rayos X aparece como una mancha del contraste, usualmente blanca, se inyecta en un vaso sanguíneo, en una arteria, se inyecta directamente en el sitio que se quiere diag-nosticar, y por eso se le llama selectivo, un arteriograma se-lectivo, y nos deja saber el flujo sanguíneo a través de ese vaso sanguíneo. En otras palabras, nos enseña la distribu-ción de la sangre desde el punto de inyección hasta el punto de distribución del flujo sanguíneo. T.E., Vol. 1, págs. 173-174.

El conocimiento del lugar de la sangría pudo haber redu-cido la posibilidad de la nefrectomía realizada. Sobre el particular el cirujano Medina Rosario expuso que “[s]i se loca-liza el área, se pudo haber hecho o una ligadura de una sutura del área de la lesión () o haber hecho una nefrectomía par-cial”. T.E., Vol. 1, pág. 123. En términos semejantes se ex-presó el Dr. Fernando Recio, quien indicó que “en un caso como este, que obviamente el sangramiento era masivo, se pudo, si se hubiese hecho la arteriografía, y se hubiese localizado el vaso sangrante, se pudo haber hecho una embolización con coágulo, o con teflón o un material inerte y selectivamente haber embolizado, o sea, haberle puesto un tapón, por as[í] decirlo, a la arteria que estaba sangrando. Esto, natural-mente hubiese resultado en una pérdida de parte de la fun-ción renal, ya que la parte distal al vaso se hubiera muerto necrosado, pero se hubiera salvado, básicamente el riñón. La otra alternativa, teniendo uno el área de sangramiento, era explorar, drenar el hematoma y posiblemente hacer una ne-frectomía parcial, o sea, sacar el pedazo de riñón en la parte afectada, con control de vasos sanguíneos”. T.E., Vol. 1, págs. 62-63.

Hechas estas aclaraciones, debemos concluir que conocido el lugar exacto de la sangría aumentaban las posibilidades de haber salvado total o parcialmente el riñón de Alberto. Sin embargo, es cuestionable que jurídicamente po-damos adoptar como axioma de responsabilidad la ausencia del equipo por su valor potencial de diagnosticar el área pre-cisa de la sangría. Aunque aspiramos al ideal de excelencia en la práctica de la medicina, la determinación de lo que consti-tuye negligencia, por la posesión o carencia de determinado equipo, necesariamente se nutre de diversos factores. Esta fórmula se explica, porque al “fijar la norma debemos y que-remos ser justos y razonables. No vamos a exigir requisitos y condiciones que hagan imposible la práctica de la medicina en Puerto Rico o que hagan económicamente prohibitivos los servicios médicos”. Oliveros v. Abreu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973).

Para evaluar en el caso de autos si existía el deber del Estado de poseer un equipo de arteriografía en el Departamento de Urología del Hospital Regional —que es la premisa cardinal en que basó el foro de instancia la responsabilidad— como lugar donde se realizaban biopsias renales, debemos considerar ese deber configurado en el contexto de la figura de la previsibilidad, y el elemento rector que la complementa: la razonabilidad. Ésta a su vez se nutre de factores adicionales tales como onerosidad, apremio, recursos, y sobre todo, el reconocimiento y aceptación de alternativas por la profesión médica.

La hematuria de carácter serio como resultado de biop-sias de esta índole es una probabilidad latente, y a veces inevitable, aun utilizando las mejores técnicas actuales. Algunos consideran que estas serias complicaciones ocurren entre el 5 al 10% de las situaciones. Wardener, op. bit, pág. 17. Otros las sitúan específicamente en el 5 % de los casos. J. J. Kaufman, Advances in Diagnostic Urology, Boston, Little, Brown and Company, 1964, pág. 133. Frente a estos datos, otro autor nos indica que el número de complicaciones que tiene como resultado una nefrectomía se encuentran en un nivel bajo, entre el .02 al .1% de las ocasiones. J. B. Dosseter, In- suficiencia Renal, Barcelona, Ed. Toray, 1974, pág. 63. El testimonio del perito de la parte demandante, doctor Díaz Buxó, confirma esta reducida incidencia. ()

En síntesis, la experiencia clínica en y fuera de Puerto Rico tiende a sostener el criterio y juicio profesional original del doctor Corretjer al optar por realizar la biopsia como método confiable, de riesgos mínimos, recomendado para corroborar diagnósticos relacionados con el padecimiento de Alberto. “El deber de 'previsión no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad del paciente sino a aquél que es probable que suceda y que llevaría a una persona prudente a anticiparlo. En suma, la mítica pero indispensable figura del ‘hombre prudente y razonable’ define la norma de conducta, y el hospital será responsable si ocurre un daño que en las particulares circunstancias del caso pudo razonablemente haberse previsto y evitado.” (Énfasis suplido y escolios omitidos.) Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).

Al tomarse la decisión de explorar el riñón, con el concurso del paciente y sus familiares, ya tenía ante sí el cuadro de la precaria salud de Alberto. Diariamente su condición se iba deteriorando. No podía ser trasladado al Centro Médico sin grave riesgo para su persona. Bajo estas circunstancias no podemos sostener la responsabilidad predicada en la ausencia del equipo de arteriografía. Equivaldría a responsabilidad objetiva o absoluta, lo que representa un obstáculo insalvable que limitaría la iniciativa y discreción de los médicos para actuar en situaciones apremiantes que así lo exigen, aun cuando puedan existir divergencias de criterios respetables en cuanto a uno u otro curso de acción.

Lo esencial es dictaminar si el tratamiento es uno aceptable que satisfaga las exigencias generalmente recono-cidas por la profesión médica a la luz de los medios modernos de corrección, enseñanza y equipos disponibles. Aquí se observaron. Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598 (1984); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984) ; Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983).

Albergamos reservas fundadas, sobre si el arteriograma era el método imperativamente a seguir en los hechos ante nos. Algunas autoridades médicas, aun cuando reconocen el valor e importancia de la arteriografía en situaciones de le-siones renales, indican que “ [a] unque ciertos centros son ex-tremadamente entusiastas con relación al tratamiento indi-cado [arteriograma] nosotros entendemos que no debe ser utilizado rutinariamente y que cada caso debe ser individua-lizado”. (Traducción nuestra.) R. Kendall y L. Karafin, Renal Injuries, Med. Trial Tech. Q., 493, 495 (1975).

Con relación a la condición delicada, inestable y fluctuante de Alberto, el doctor Martínez Maldonado, perito de los de-mandados, se expresó con recelo y cautela sobre la sabiduría de practicarle el arteriograma:

[Y] o tengo el riñón muy poco lleno de sangre porque el señor ha sangrado mucho y le tengo que inyectar a presión un tinte, pues mire, explotó el riñón porque ahora el riñón no tiene la defensa de estar distendido y poder hacerle resis-tencia a eso y se va a ir por el sitio de menor resistencia, se va a salir el tinte por el boquete de la aguja y se puede frac-turar el riñón literalmente, o sea, fracturar, abrirse, hendirse y el tinte se escaparía al espacio retroperitoneal y es como todos, ese es un tinte que cuando uno se lo pone en la vena a uno, pues circula, el riñón mismo lo bota, pero si se le acumula a usted en los espacios abdominales le d[a] una peritonitis química. Es una cosa que no, que no contiene ningún negocio de estar ahí. No tiene nada que buscar en ese sitio. De modo que, me parece, que porque se hizo bajo las circunstancias lo que fu[e], humanamente posible hacerse. T.E., Yol. 3, págs. 139-140.

Recapitulando, ante el cuadro clínico individual de Alberto, el doctor Corretjer usó su buen juicio profesional. El mismo estuvo enmarcado en los linderos de lo razonable y aceptado por amplios sectores de la profesión médica. Presu-miendo que fue erróneo, la existencia de criterios divergentes constituye defensa válida eximente de responsabilidad, debido a la amplia discreción profesional que es menester reconocer. Cruz v. Centro Médico de P.R., supra, págs. 731-732. Así ex-plicó el doctor Corretjer su decisión al exponer que consideró el arteriograma, pero lo descartó dada las condiciones del pa-ciente. Repetimos, este caso refleja la existencia de criterios dispares sobre si determinado procedimiento pudo realizarse en las condiciones del paciente. Ante esta legítima divergen-cia entre autoridades médicas, el juicio médico merece deferencia. Oliveros v. Abréu, supra.

HH <1

Finalmente, tampoco puede sostenerse la determinación del tribunal de instancia en el sentido de que medió negligen-cia al realizarse la biopsia sin un diagnóstico diferencial pre-vio. En el caso particular de Alberto, las enfermedades pro-bablemente padecidas eran glomerulonefritis o pielonefritis. Se desconocían sus posibles causas. El tribunal concluyó que exámenes tales como “Anticuerpo Antinucleares”; “LE Clot test” para lupus y “ASO titer” hubiesen dado una tendencia indicativa de glomerulonefritis. Por lo tanto, al no realizarlos no se distinguió entre pielonefritis y glomerulonefritis. Erró.

La doctrina de diagnóstico diferencial —Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 183 (1974) y Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra— está basada en la exigencia de un procedimiento para distinguir entre posibles padecimientos que requieren tratamientos diferentes y específicos. Esa no es la situación de autos. Aquí, la distinción entre uno u otro padecimiento no hubiese descartado la necesidad de la biopsia renal la cual estaba indicada como único medio disponible para tratar de hacer un diagnóstico preciso. Black, op. cit, pág. 170; Wardener, op. cit., pág. 17; Weller, op. cit, pág. 89; Sunderman y Green, op. cit, pág. 367.

Se dictará sentencia que revoque la del Tribunal Superior, Sala de Caguas.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1) “La pielonefritis es definida como cambios (patológicos y fisiológi-cos) que ocurren como consecuencia de infección en el riñón.” B. M. Brenner y F. C. Rector, The Kidney, Filadelfia, W. B. Saunders Co., 1976, pág. 1080.
      “Glomerulonefritis es un desorden en el riñón, en el cual el glomérulo es lesionado a través del mecanismo inmunológico. Se manifiesta, carac-terísticamente, por ciertos cambios prolíferos e inflamatorios de la estruc-tura glomerular y una presentación clínica distintiva.” (Traducción nues-tra.) Abner-Golden y J. F. Maher, The Kidney-Structure and Function in Disease, Baltimore, The Williams and Wilkins Company, 1971, pág. 89.
      A su vez el glomérulo es el “manojo de vasos capilares de los corpúscu-los renales, alimentados por las ramas terminales de la arteria renal”. Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, 6ta ed., Argentina, Librería “El Ateneo”, 1979, pág. 611.

      (2)El cuerpo humano contiene aproximadamente 5 litros de sangre. V. B. Montcastle, Medical Phisiology, 13ra ed., San Luis, The C. V. Mosby Co., 1974, Vol. 2, pág. 846.

      (3) “Radiografía de un territorio arterioso que se obtiene inyectando en el tronco principal una sustancia opaca a los rayos X.” Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, op. cit,, pág. 145.

      (4) “Registro radiográfico de las vías excretoras del riñón.” Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, op. cit., pág. 1094.

      (5) “Examen de la imagen formada en una pantalla fluorescente por un cuerpo interpuesto entre ésta y una fuente de rayos Roentgen.” íd., págs. 565 y 1207.

      (6) “Las potenciales complicaciones serias . . . casi siempre cesan sin necesidad de terapia específica, transfusión u operación alguna.” (Traducción nuestra.) J. J. Kaufman, Advances in Diagnostic Urology, Boston, Little, Brown and Company, 1964, pág. 133.

      (7)En ello coinciden los peritos de los demandantes (Dr. Fernando Recio, T.E., Vol. 1, pág. 60, y el Dr. José A. Díaz Buxó, T. E., Vol. 1, págs. 229-230, 244-247, y 213), así como el de los demandados (Dr. Manuel Martínez Maldonado, T.E., Vol. 3, págs. 250-260, y 271-273).
      En adición, el médico que realizó la exploratoria y nefrectomía, doctor Medina Rosario, expresó que tuvo que extirparle el riñón, pues no se encon-tró el área de la sangría. Admitió que un arteriograma pudo haber ayu-dado a localizar el sitio exacto de sangramiento. T.E., Vol. 1, págs. 105-112.

      (8)El Dr. Manuel Martínez Maldonado descartó la posibilidad de este procedimiento. T.E., Vol. 3, págs. 282-284.

      (9) Interrogado sobre el índice de complicaciones de la biopsia renal percutánea, el doctor Díaz Buxó atestó:
      “Juez:
      “P. Doctor, usted habló de la biopsia renal, dice que es una prueba electiva y que el índice de complicaciones es alto.
      “Dr. Díaz:
      “R. Cierto.
      “P. ¿Usted nos podía dar, en términos numéricos cuál es el índice de complicaciones?
      “R. Muy bien.
      “P. En una y en otra biopsia, porque usted está hablando de índice de complicaciones en qué tipo de biopsia, ¿en la que se hizo en este caso?
      “R. En la biopsia percutánea, s[í]. Me limité a hablar de las compli-caciones en la biopsia percutánea, en la biopsia cerrada. Para usar números que no provengan de una serie, sino que sea una serie colectiva de la litera-tura incluyendo varios miles de series, que creo es lo más justo, ah . . . vamos a hablar de las complicaciones que mencionamos anteriormente. Ah . . . primero: morbilidad en general. Ah . . . cualquier problema, cual-quier cosa que cause dolor, que cause molestia, que determine que el pa-ciente tiene que quedarse en el hospital más de las 24 horas, pues la inciden-cia es de alrededor del 9%, y varía entre 4.6 y 11%, de los pacientes.
      “P. Perdón, ¿me quiere repetir eso, por favor?
      “R. S[í], entre 4.6 y 11% de los pacientes tienen algún tipo de pro-blema. Así que alrededor del 8 ó 9%.
      “Específicamente, hematuria gruesa varía entre el 3 y el 40% de las series. De hecho, la serie de 40% es una de las más grandes, ‘Welt.’ En nuestra serie de mil casos consecutivos, me parece que fu[e] . . . bueno, —no me parece— lo digo específicamente, fu[e] 6.9% de los pacientes tu-vieron hematuria gruesa. Hematomas perirenales, clínicamente hablando, algo que se manifieste como en este caso, como una masa, dolor, baja en el hematocrito, evidencia clínica, es de alrededor del 1.5%, uno y medio por ciento, de uno a dos pacientes, en cien, van a tener un problema de esa mag-nitud. Pacientes que requieren transfusiones debido a que la sangría es de tal grado que indica clínicamente que se deben de recibir, entre medio por ciento, entre punto cinco por ciento y tres por ciento de los pacientes en la serie grande de la literatura.
      “R. Que requirieron transfusiones, ya fueran hematoma perirenal, hematuria, ah . . . ah . . . sangría interna por la razón que fuera, que re-quirieron cirugía, en la serie nuestra de mil casos, dos ‘pacientes en mil, re-quirieron cirugía. Y en la literatura varia cerca de estos números. Varía entre uno por ciento, entre uno y cien y uno, en dos mil pacientes. Así que la variedad es increíble. Muy pocos pacientes, en otras palabras, requirieron

        cirugía, específicamente, de siete series grandes, hubo tres de ellas donde ningún paciente requirió cirugía. En la nuestra, dos en mil, en la de ‘Welt’, punto cero seis por ciento, que son seis en diez mil y en la de ‘Slotkin’, tres en mil. Así que cirugía es poco frecuente.” (Énfasis nuestro.) T.E., Vol. 1, págs. 231-233.


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author: El Juez Asociado Señor Negrón García

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text:
    Clara P. Pérez González, peticionaria, v. Junta Dental Examinadora de Puerto Rico, recurrida.

      Número: O-82-486

      Resuelto: 18 de marzo de 1985

      José P. González García, abogado de la peticionaria; Miguel Pagan, Subprocurador General, y Rosemary Corchado Lorent, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

La Dra. Clara P. Pérez González, natural de Cuba, obtuvo grado en cirugía dental el 1ro de agosto de 1950 de la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana. Durante doce (12) años ejerció esa profesión en su país natal. En el año 1962 se trasladó a residir a Puerto Rico. Desde entonces ha trabajado como profesora de Ciencias Biológicas en la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico. Para el año 1969 obtuvo la ciudadanía norteamericana por naturalización.

El 14 de julio de 1972 solicitó admisión al examen de re-válida a la Junta Dental Examinadora. La Escuela de Odon-tología de la Universidad de La Habana, Cuba, como institu-ción extranjera no estaba reconocida por dicho organismo. Esta petición fue denegada el 14 de enero de 1973, indicán-dosele que no se había podido determinar si reunía los requi-sitos relativos a los estudios predentales. No obstante, la Junta por conducto del Sr. Justino Valle, le escribió el 7 de agosto informándole del programa existente para graduados de universidades no acreditadas. Éste consistía en aprobar un mínimo de dos años —correspondientes a los dos últimos del currículo de la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico— como requisito para tomar los exámenes de re-válida. El propósito del programa era que los candidatos al-canzaran los mismos conocimientos y experiencias que los es-tudiantes regulares de odontología. El certificado así obtenido se presentaría como parte de la solicitud para derecho a exa-men. Por razones personales no se acogió a ese programa.

Subsiguientemente, ella optó por tomar un curso de edu-cación continua en la Escuela de Odontología de la Universi-dad del Estado de Florida en Gainesville. Desde octubre de 1975 a junio de 1976 tuvo un aprovechamiento aproximado de 150 horas de curso didáctico y 60 horas de curso clínico.

Transcurrieron varios años. El 23 de abril de 1979, la doctora Pérez González solicitó reconsideración. El 4 de junio de ese año la Junta Dental le reiteró que la evidencia presen-tada no era suficiente para evaluar la calidad de la enseñanza de sus estudios dentales. La Junta además le indicó que dicho proceder no se ajustaba a las guías establecidas para evaluar escuelas extranjeras.

El 17 de junio de 1980 radicó otra solicitud. Acompañó entonces la siguiente documentación: (1) su diploma de Doc-tora en Cirugía Dental, expedido por la Facultad de Odonto-logía de la Universidad de La Habana, Cuba; (2) una decla-ración jurada del 3 de marzo de 1980 de la Asociación de Den-tistas Cubanos en el Exilio, que certificaba las materias exi-gidas como requisito de admisión y el currículum de la re-ferida escuela; (3) copia de carta del 29 de mayo de 1970 firmada por el Dr. Raúl F. Mena, ex decano de la Universidad de La Habana, dirigida al Dr. William A. Clauss de la Uni-versidad de Miami, en que se detalla el currículum de la men-cionada escuela. El doctor Mena firmó esta carta como miem-bro de la facultad de Odontología de la Universidad de La Habana en el Exilio; (4) declaración jurada del 27 de fe-brero de 1980 del Dr. Antolín González del Valle y Ríos, pro-fesor emeritus de la Universidad de Carolina del Norte, que certificaba el currículum de las Escuelas Superiores e Insti-tutos de Segunda Enseñanza de Cuba, mientras desempeña-ba la posición de Director General de la Enseñanza Superior y Secundaria del Ministerio de Educación de la República de Cuba durante los años de 1952 al 1953, y (5) declaración jurada del 10 de junio de 1980 de la peticionaria la cual ex-pone entre otras cosas: (a) que asistió a la Escuela de Odon-tología de la Universidad de Cuba durante los años 1945 al 1950; (b) que aprobó treinta (30) asignaturas detalladas; y (c) que para ser admitida tomó durante los años del 1940 al 1945 las materias requeridas para obtener un diploma de Bachiller en Ciencias.

En adición presentó el certificado de aprobación de las Partes I y II del National Board of Dental Examiners, y haber asistido al curso de la Escuela de Odontología de la Universidad del Estado de Florida, Gainesville, antes rela-cionado.

El 6 de marzo de 1981 la Junta acordó no admitirla a exa-men por el fundamento de que no podía evaluar la calidad de una escuela de odontología a base de declaraciones juradas e información indirecta. Se reafirmó en que era graduada de una escuela no reconocida. Ante una reconsideración, la Junta ordenó una audiencia administrativa. Como resultado, su Oficial Examinador, Carmelo Galíndez rindió el 22 de sep-tiembre de 1981, un informe que en lo pertinente consignó:

La Peticionaria sometió tres documentos de distintas fuen-tes para demostrar todas las materias que cursó, tanto en la Escuela de Odontología de la Universidad de [L]a Habana, como de los cursos preparatorios o predentales. La informa-ción de todos estos documentos coincide, por lo que considero que debe dársele credibilidad.
Las materias cursadas por la Peticionaria en cursos pre-dentales, de acuerdo a los documentos sometidos, compara con los requisitos de la Escuela de Odontología de la Univer-sidad de Puerto Rico, de acuerdo al boletín de información para los años 1978-79 y 1979-80, excepto por la química inor-gánica. En los cursos para obtener el Bachillerato en Cien-cias, la Peticionaria tomó en sus dos últimos años asigna-turas de química orgánica e inorgánica, ciencias naturales, biología y física.
La Peticionaria tomó treinta (80) materias para obtener su diploma en la Escuela dé Odontología de la Universidad de [L]a Habana. El curr[í]culum de la Escuela de Odon-tología de la Universidad de Puerto Rico incluye más de cua-renta (40) materias, por lo que queda por determinar si el programa académico que ofreció a la Peticionaria la Uni-versidad de [L] a Habana es análogo al que ofrece la Univer-sidad de Puerto Rico.
Decisión
En consideración a las determinaciones de hecho y conclu-siones de derecho arriba señaladas, concluimos que la Peti-cionaria cumple con todos los requisitos que le exige la Ley para ser admitida al examen de reválida de odontología, ex-cepto que falta por demostrarse que el programa académico a base del cual obtuvo su diploma es análogo al que exige la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico. Este hecho sin embargo, puede ser comprobado por la Honorable Junta si toma como correcta la información suminis-trada por la Peticionaria y la compara con el curr[í]culum de la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico.
Recomendamos que la Honorable Junta compare los pro-gramas académicos de ambas universidades y de concluir que son análogos admita a la Peticionaria al examen; de no serlo, debe negar la admisión a examen por no cumplirse con todos los requisitos de Ley. (Énfasis suplido.) Exhibit 7, pág. 59.

El 2 de noviembre de 1981, la Junta emitió resolución donde reafirmaba su negativa. Adujo que “[a] base de la prueba presentada, la Junta no puede hacer una evaluación completa de la Escuela de Odontología de la Universidad de [L] a Habana, por hacer falta una visita a dicha institución. Para concluir que dicha institución universitaria sea análoga y comparable a la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, conlleva una analogía tanto en currículo como en facilidades físicas”. Exhibit 8, pág. 60.

Inconforme la doctora Pérez González acudió en revisión al Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro, mediante orden de mostrar causa intimó una posible revocación de la decisión de la Junta, fundada en dos alternativas: autorizar su admisión a la reválida o devolver el asunto con instruc-ciones a la Junta de que hiciera una evaluación formal de las facilidades de la dicha Escuela de Odontología a la luz de la evidencia disponible por estimar “arbitraria y contraria a derecho la exigencia de que dicha evaluación no se puede efec-tuar sin hacer una visita a las facilidades físicas de dicha Institución, visita que aun cuando pudiera hacerse en el 1982 no reflejaría gran cosa sobre las condiciones de dicha escuela para la época (muchos años antes) en que la recurrente es-tudió allí”. Exhibit 10, pág. 67.

Ante ese curso de acción, la Junta, sua sponte solicitó la devolución del caso para efectuar una nueva vista. Accedió el tribunal. La audiencia fue ante el Oficial Examinador, Sr. Jaime Roque. En su informe recomendó:

Después de considerar objetivamente determinaciones de hecho y conclusiones de derecho relativos al caso recomiendo que se le permita tomar el examen a la Dra. Pérez González. No veo razón en ley que pueda impedir que la Dra. Pérez González sea acreedora a este derecho. Además, si la Honorable Junta entiende que el examen que ellos preparan reúne los requisitos de validez y confiabilidad no veo motivo de pre-ocupación por las credenciales de la Dra. Pérez González, pues si las mismas no son de excelencia el mecanismo de evalua-ción la excluirá o descalificará como candidata a ejercer la profesión. Exhibit 16, pág. 94.

No obstante, la Junta rechazó esta recomendación. Rei-teró su negativa e indicó en lo pertinente:

El Dr. Luis Blanco Dalmau, Presidente de la Juntal Dental Examinadora, solicitó a un grupo de educadores del Recinto de Ciencias Médicas, Escuela de Odontología, que hicieran un análisis comparativo de los currículos de la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico en sus comien-zos (1957), y la Escuela de Odontología de la Universidad de [L]a Habana para el 1950.
Véase carta del 31 de marzo de 1982, en donde los educa-dores, Dr. Francisco Rivera Hidalgo, Dr. José L. Soto Padín, Dr. Ramón Claudio Tirado y Dra. Lilliam Ramos Cedeño indican que no puede hacerse una comparación a base de lis-tados de cursos. ()
II. HISTORIAL DE LA JUNTA DENTAL EXAMINADORA EN EL RECONOCIMIENTO DE ESCUELAS DE ODON-TOLOGIA EN EL EXTRANJERO:
Véase las “Guías para la Acreditación de Escuela de Odon-tología”, copia adjunta.
En el 1977 la Junta Dental solicitó oficialmente al entonces Decano Asociado de la Escuela de Odontología de la Universi-dad de Puerto Rico, Dr. José Edgardo López, asesoramiento en cuanto a la evaluación de currículos de Escuelas de Odonto-logía. (Véase carta de 21 de septiembre de 1977.)
El Dr. Carlos L. Suárez, Decano, le ofreció los servicios de los Dres. Edgardo López y Ramón Claudio para que sirvieran como asesores de la Junta con respecto a la evaluación de cu-rrículos de Escuelas de Odontología. (Véase carta del 15 de agosto de 1977.)
En la historia de la Junta Dental, ésta no ha aceptado egre-sados de escuelas extranjeras no reconocidas. Solamente se aceptaron dos escuelas de la República Dominicana — Univer-sidad Pedro Henríquez Ureña y Universidad Autónoma — a las cuales se les retiró el reconocimiento. (Énfasis suplido.) Exhibit 18, págs. 101-102.

Informado e insatisfecho el tribunal de instancia de esta decisión, ordenó a la Junta que formulara una nueva resolu-ción donde explicara los criterios utilizados. Así lo hizo el 26 de mayo de 1982.

Por su importancia, transcribimos in extenso las partes más esenciales de la misma:

DETERMINACIONES DE HECHOS
1. El ejercicio de la Odontología en Puerto Rico está regla-mentado por la Ley Núm. 75 del 8 de agosto de 1925, según enmendada. Esta Ley establece como requisito para ser ad-mitido a examen de reválida que el candidato sea graduado de una escuela cuyos requisitos de admisión y programa aca-démico sean análogos y comparables a los de la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universi-dad de Puerto Rico.
2. La Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico se toma como parámetro para evaluar y reconocer otras escuelas a los efectos de permitir a sus egresados tomar los exámenes de reválida de Odontología en Puerto Rico.
3. La Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Mé-dicas de la Universidad de Puerto Rico recibió la acreditación oficial del Consejo de Educación Dental de la Asociación Dental Americana (Council on Dental Education of the American Dental Association) en el 1961, antes de la graduación de su primera clase. Dicha escuela también fue electa a membresía activa en la Asociación Americana de Escuelas Dentales el 19 de marzo de 1962 y aún pertenece a ésta.
4. Para conseguir esta acreditación y luego mantenerla, hay que someterse a cierto proceso de acreditación bastante extenso que culmina con una visita de este Consejo o Comisión (Council on Dental Education — American Dental Association). Esta visita de acreditación se repite cada siete años para poder mantener dicha distinción y reconocimiento.
Los preparativos para esta visita toman a los administra-dores, facultad, empleados y estudiantes, ya que éstos parti-cipan, cerca de dos años. Primeramente la institución hace un auto estudio evaluativo, enumerando problemas de dife-rente índole, con sus posibles soluciones. Estos problemas deben haberse resuelto o por lo menos deben estar en proceso de solución antes de la visita. Estos documentos se envían a la Comisión antes de su visita para su estudio.
5. La evaluación de una escuela de Odontología es una labor muy compleja. Para que la Junta Dental Examinadora pueda determinar si una escuela del extranjero es análoga y comparable a la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, tal cual lo exige la Ley, tiene que estar en condiciones de poder realizar un estudio similar al que se somete nuestra escuela cada siete años. Para lograrlo, es indispensable que la Junta tome en cuenta los siguientes criterios que son los utilizados por el Consejo de Educación Dental al evaluar la Escuela de Odon-tología de la Universidad de Puerto Rico: ()
A. Relación de la Escuela de Odontología con la Univer-sidad
B. Facilidades Físicas y Estructuras Relacionadas
C. Biblioteca
D. Admisiones
E. Currículo
F. Facultad
G. Programas Extramurales
H. Relación con la Escuela de Medicina y Hospitales
6. La evidencia sometida por la Dra. Clara P. Pérez Gon-zález ante la Junta Dental consta de un listado de cursos tomados durante su carrera de Odontología y el número de horas que comprendía el curso. Con esta información le es imposible a la Junta determinar la adecuacidad de estos cur-sos, ya que la mayoría de las escuelas de odontología del mundo tiene un listado parecido con número de horas similar. Esta información es insuficiente para evaluar el programa de es-tudios cursado por la doctora a la luz de los criterios antes mencionados y determinar si es análogo y comparable al de la Universidad de Puerto Rico. Véase Exhibit I como ejemplo de las interrogantes que surgen al estudiarse el listado de cursos y que no pueden ser contestadas con la información contenida en el mismo.
Esta determinación que exige la ley es imprescindible, ya que la preparación académica de un egresado de escuela ex-tranjera no puede evaluarse meramente mediante exámenes de reválida, por más detallados que éstos se traten de hacer. Los exámenes de reválida sólo miden unos aspectos limitados como indicadores de conocimientos y destrezas clínicas.
7. En Puerto Rico, todo aspirante a examen de reválida tiene y siempre ha tenido que demostrar que es graduado de una escuela análoga y comparable a la Escuela de Odon-tología de la Universidad de Puerto Rico. Todos los egre-sados de escuelas no análogas y comparables han tenido que someterse a cursos de capacitación, ubicándose en escuelas acreditadas por el Consejo de Educación Dental, incluyendo el Recinto de Ciencias Médicas, recibiendo diplomas de dichas escuelas, para poder ser admitidos a reválida en Puerto Rico. Se incluyen como Exhibits II y III dos listados de estudiantes diferentes que siguieron este procedimiento.
8. Este requisito es exigido también por las escuelas de Odontología localizadas en Estados Unidos que han recibido la acreditación del Consejo de Educación Dental. En los años comprendidos entre 1959 y 1964, doscientos veintitrés (223) dentistas egresados de escuelas extranjeras, incluyendo a se-tenta (70) cubanos, previa la aprobación de un examen de aprovechamiento diseñado especialmente para medir sus co-nocimientos en las ciencias básicas y su aplicación a proble-mas orales, fueron admitidos a escuelas reconocidas por el Consejo de Educación Dental en Estados Unidos y Puerto Rico. Estos estudiantes fueron ubicados según el resultado de sus respectivos exámenes con el propósito de capacitarlos y permitirles obtener el diploma de medicina dental otor-gado por estas escuelas. Veintiséis cubanos se graduaron de la Universidad de Puerto Rico en 1963 mediante este sistema.
En junio de 1969 nueve dentistas cubanos fueron admitidos a la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico después de haberse examinado. Tres de éstos fueron ubicados en tercer año y seis en segundo año. Los tres primeros se graduaron de esta escuela en 1969 y los otros seis en 1970. Véase Exhibit III.
9. Consciente de la escasez de odontólogos en Puerto Rico, la Legislatura aprobó una serie de leyes para capacitar a los egresados de escuelas no análogas al Recinto de Ciencias Mé-dicas y permitirles tomar el examen de reválida, a saber:
A. Ley Núm. 104 de 26 de junio de 1962:
Autorizó al Rector de la Universidad de Puerto Rico a matricular y conceder ayuda económica a dentistas gradua-dos de universidades extranjeras no análogas y compara-bles. Veintiséis dentistas de estas escuelas tomaron un curso intensivo de un año y luego de graduarse de la Es-cuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas toma-ron y aprobaron la reválida del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
B. Ley Núm. 120 de 8 de junio de 1967:
Autorizó al Rector del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a matricular hasta un máximo de veinticinco (25) dentistas graduados de universidades extranjeras no reconocidas por el Consejo de Educación Dental de la Asociación Dental Americana para los años académicos 1967-68, 68-69, 69-70 y 70-71.
C. Ley Núm. 136 de 26 de junio de 1968:
Autorizó a la Junta Dental a expedir licencias especiales a personas graduadas de cirugía dental de universidades no reconocidas por dicha Junta, siempre y cuando cumplie-ran con ciertos requisitos. Además, autorizaba al Secre-tario de Salud a contratar personas que hubieran obtenido licencias especiales al amparo de esta Ley, para prestar servicios públicos estatales y municipales. (Estas tres leyes han sido derogadas.)
10. A la Dra. Clara P. Pérez González, al igual que a otros compañeros suyos, se le ofreció la oportunidad de ampararse en las leyes antes mencionadas. La Dra. Pérez González, a diferencia de sus compañeros, no se acogió al beneficio de estas leyes por diversidad de razones que se detallan en la Resolución del 6 de abril del año en curso. Tampoco aceptó someterse al examen de Ciencias Médicas y estudiar dos años en el Recinto de Ciencias Médicas.
11. En la actualidad se le ofrece a la Dra. Clara P. Pérez González tomar el examen de ubicación en la Escuela de Odon-tología de la Universidad de Puerto Rico y cursar los años requeridos según el nivel en que se encuentre, que no será menos de dos años. Al concluir los mismos, obtendría el grado de Doctor en Medicina Dental de la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico. Véase Exhibit IV.
A base de las anteriores determinaciones, emitimos las si-guientes :
CONCLUSIONES DE DERECHO
1. La Legislatura posee la facultad de legislar para la pro-tección de la salud y el bienestar del pueblo. Ejerció esta fa-cultad al aprobarse la Ley Núm. 8 de 25 de agosto de 1925, según enmendada, que reglamenta el ejercicio de la odonto-logía en Puerto Rico.
Esta Ley en su Sección 9, inciso 5, dispone los requisitos de admisión para aquellos que aspiran a ejercer la odonto-logía en Puerto Rico.
2. Esta Ley impone a la Junta Dental el deber de evaluar y determinar si la escuela de la cual proviene un aspirante es análoga y comparable a la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas. La Junta Dental hace esta evaluación a la luz de los criterios que el Consejo de Educación Dental de la Asociación Dental Americana utiliza a su vez para acre-ditar al Recinto de Ciencias Médicas que es el parámetro dispuesto por ley.
3. Esta determinación que exige la Ley es requisito previo para que el aspirante sea admitido a examen de reválida. Una vez hecha esta determinación inicial, la ley exige a todos los aspirantes someterse a examen de reválida para concederles la licencia.
La razón de ser de estos dos requisitos independientes es que la preparación de un egresado de escuela de odontología no puede evaluarse exclusivamente mediante exámenes de reválida, por más detallados que éstos se traten de hacer. Los exámenes de reválida sólo miden unos aspectos limitados como indicadores del conocimiento y destreza.
4. La evidencia sometida por la Dra. Clara Pérez González consta únicamente de un listado de cursos aprobados por ella y la cantidad de horas que comprendía cada curso. Estos datos resultan insuficientes para que la Junta pueda evaluar dicha escuela a la luz de los criterios mencionados y determinar si es análoga a la nuestra, tal cual lo exige la Ley.
5. Una visita a la Universidad de La Habana permitiría a la Junta obtener información imprescindible para una eva-luación adecuada. Por razones obvias esta visita es imposible de realizar. De ser posible dicha visita, todavía persistiría la dificultad adicional de que las condiciones de la Universidad de La Habana en la actualidad son diferentes a las existentes para los años en que la doctora Pérez González obtuvo su título.
6. En muchos Estados de Estados Unidos se exige que el aspirante a reválida sea egresado de una escuela acreditada por el Consejo de Educación Dental de la Asociación Dental Americana con el propósito de garantizar la calidad de la pre-paración profesional del odontólogo a quien se le va a otor-gar licencia.
En Puerto Rico el criterio exigido por ley es que el aspirante sea egresado de una escuela análoga y comparable al Recinto de Ciencias Médicas. La ley establece expresamente como pa-rámetro al Recinto de Ciencias Médicas que a su vez está acreditado por el Consejo de Educación Dental.
7. La Junta infiere que la capacitación del egresado de la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico es superior a la capacitación del egresado de la Universidad de La Habana ó cualquier otra universidad no reconocida por la Junta.
Se basa en que una de las diferencias básicas que distinguen la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico de la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana es que la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico tiene que someterse a un procedimiento de acreditación cada 7 años por el Consejo de Educación Dental de la Asocia-ción Dental Americana. La Escuela de Odontología de la Uni-versidad de La Habana no se somete a este procedimiento.
En cuanto a los requisitos de admisión, varían considera-blemente. El llamado “Bachillerato” en Cuba es sinónimo de lo que conocemos en Puerto Rico como Escuela Superior. El estudiante que desee ser admitido al Recinto de Ciencias Médicas, Escuela de Odontología, Universidad de Puerto Rico, tiene que tener completados sus 3 años de escuela superior, dos años de estudios pre-dentales a nivel de colegio ó universidad, tomar el examen de ingreso a la Escuela de Odontología (Dental Aptitude Test) y poseer un índice aca-démico alto para poder competir favorablemente con la gran cantidad de candidatos aspirantes (2.00 en escala de 4.00).
Fue por ello que se legisló para que dentistas graduados de universidades no reconocidas pudieran equipararse al graduado de universidades reconocidas y pudieran someterse a reválida y brindar un servicio de calidad al pueblo de Puerto Rico.
8. La historia de la Junta Dental Examinadora refleja que en Puerto Rico, el requisito de que el aspirante a reválida sea egresado de una escuela análoga y comparable siempre se ha aplicado por igual, tanto a aspirantes de Puerto Rico, como a aspirantes extranjeros.
En todos los casos se les ha exigido a estas personas egre-sadas de escuelas no reconocidas que tomen cursos de capaci-tación, ubicándose en escuelas de odontología debidamente acreditadas, recibiendo el correspondiente diploma para luego ser admitidos a examen de reválida.
9. La Legislatura de Puerto Rico, consciente de la escasez de profesionales en este campo, legisló expresamente en el 1962, 1967 y 1968 para aquellos profesionales en igualdad de condiciones que la Dra. Clara Pérez González, para que se ubicaran en la Escuela de Odontología del Recinto de Cien-cias Médicas y de esa forma se capacitaran para poder ser admitidos a examen de reválida.
10. El hecho de que la Dra. Pérez González no se acogiera a esas alternativas, no le da derecho a que se le acepte ahora a examen de reválida. De aceptarse a la doctora Pérez Gon-zález a reválida, se estaría discriminando contra todos aque-llos profesionales en igualdad de condiciones con la doctora Pérez González, que tuvieron que someterse al requisito de capacitación para ser admitidos a examen de reválida.
Por los fundamentos expuestos, la Junta Dental Exami-nadora entiende que no debe aceptar a examen de reválida a la Dra. Clara P. Pérez González por no haber podido deter-minar que los cursos de estudios y requisitos de admisión de la Universidad de La Habana sean análogos y comparables a los de la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, que fue el criterio establecido por el legislador como cuestión de política pú-blica. Exhibit 21, págs. 120-131.

Evaluados los planteamientos de la doctora Pérez Gonzá-lez a la luz de esta resolución, el tribunal de instancia declaró sin lugar la revisión. A solicitud de ella, examinamos la juri-dicidad de ese dictamen.

HH HH

La potestad del Estado para regular y controlar el ejercicio de las profesiones es reconocida universalmente. Hoy no se discute. Se cimienta en principios elementales de salud y bienestar general. Román v. Trib. Exam. de Médicos, 116 D.P.R. 71 (1985). Entre sus elementos esenciales la reglamentación cubre el aspecto de los requisitos para la admisión al ejercicio de la profesión. En nuestra democracia, como afirmamos en Infante v. Junta de Médicos Exam. de P.R., 43 D.P.R. 325, 330 (1932), “[t]oda persona tiene derecho a ejercer la medicina, la abogacía o cualquier profesión o negocio que crea conveniente pero no como un derecho absoluto sino como mera licencia subordinada a los requisitos y condiciones que razonablemente imponga la legislatura en el ejercicio del poder regulador (police power) que tiene para beneficio de la comunidad”.

Bajo esta dimensión, la práctica de la cirugía dental no es la excepción. Los requisitos para su admisión se encuentran en la See. 9 de la Ley Núm. 75 del 8 de agosto de 1925, según enmendada. En lo pertinente reza:

Toda persona que aspire a obtener licencia para ejercer cirügía dental en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, deberá cumplir, ante la Junta Dental Examinadora, con los siguientes requisitos:
4. Poseer un diploma, o su equivalente, de cirujano dental expedido por la Escuela de Odontología del Recinto de Cien-cias Médicas de la Universidad de Puerto Rico o por alguna otra universidad o colegio, caso en el cual la Junta aceptará dicho expediente académico del aspirante si éste acredita:
(a) que los requisitos de admisión y el programa acadé-mico a base del cual se expidió el diploma o su equivalente, son análogos a los que exige la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico con el mismo propósito.
(b) que el aspirante cursó, por lo menos los dos últimos años del curso de estudios requerido para la expedición de tal diploma o su equivalente en una universidad o colegio que a juicio de la Junta[,] tanto por razón de sus programas de estudios como por el reconocimiento que tenga en el país donde está ubicada, o en otras jurisdicciones, pueda razonable-mente considerarse que es una institución educativa adecuada y comparable, en cuanto a la enseñanza de los antedichos cur-sos de estudios, con la Escuela de Odontología del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. (Énfasis nuestro.) 20 L.P.R.A. see. 89.

De su lectura integral aflora la corrección de la interpretación de la Junta al estimar que en el inciso 4(a) se establecen dos requisitos válidos, a saber, uno referente al criterio de ingreso previo (predental) y otro relativo al programa o curso en sí de la escuela de odontología de origen. En lo que respecta a universidades no reconocidas, ambos requisitos, aunque independientes, están inextricablemente atados al proceso evaluativo de analogía. Entre sus diferentes acepciones, la palabra analogía, según aquí utilizada, significa una “[r] elación de semejanza entre cosas distintas”. Diccionario de la Real Academia Española, 20 ed., 1984, T. 1, pág. 89. A su vez, semejanza implica “parecido”; “equivalente”; “similar”.

El desempeño de esta encomienda delegada no se limita a la concesión o negativa de admisión al examen como un mero acto ministerial. Se extiende para entrar a determinar las cualificaciones del solicitante. Estas cualificaciones exigidas comprenden aspectos tales como capacidad intelectual, cualificaciones académicas e integridad moral. También, bajo el criterio de analogía, el sano ejercicio de este poder implica diferenciar entre centros de enseñanza en busca de evaluar la formación académica del aspirante a la licencia. Corresponde a un aspirante diplomado de una universidad no reconocida suplir los documentos y datos para la Junta descargar su misión.

En el caso de autos, la peticionaria cumple con casi todos los requisitos de la ley. No ha podido, sin embargo, acreditar la analogía de la enseñanza predental y de los programas del recinto donde se graduó hace tres (3) décadas. Ella no cues-tiona la validez de la exigencia estatutaria de acreditar que los requisitos de admisión académica eran análogos a los exi-gidos por la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico. () Su planteamiento versaba en torno a si la información suplida a la Junta era suficiente.

Al resolver este aspecto, reconocemos que la dificultad de comprobar estos datos es el resultado del transcurso del tiempo y de las condiciones políticas existentes entre su país natal, donde cursó estudios, y Estados Unidos. También que en el contexto de estas circunstancias particulares, presentó todos los documentos que tenía accesibles y disponibles. La Junta los evaluó. Al amparo de la amplia facultad estatutariamente reconocídale determinó que esa evidencia “cons-ta únicamente de un listado de cursos aprobados por ella y la cantidad de horas que comprendía cada curso. Estos datos resultan insuficientes para que la Junta pueda evaluar dicha escuela a la luz de los criterios mencionados y determinar si es análoga a la nuestra, tal cual lo exige la Ley”. Exhibit 21, pág. 129.

Un análisis de toda la evidencia nos mueve a coincidir con la decisión de la Junta. Ciertamente dicho organismo no podía llegar a una determinación de “analogía”, según prescribe la ley. No era posible llegar a esa conclusión con los medios suministrados por la peticionaria.

Finalmente, enfatiza que por breve tiempo la Asamblea Legislativa estableció ciertos mecanismos para capacitar a los egresados de instituciones no análogas a la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Rico, al punto de que graduados de la Universidad de La Habana fueron ad-mitidos al ejercicio de la odontología sin los requisitos que hoy exige la Junta. Dicho período se remonta a los años de 1962 a 1972. Alega que no se benefició- de esa legislación ni solicitó admisión en ese tiempo debido a razones personales. Indirectamente nos plantea la tesis de que como lo más probable es que si ella hubiera solicitado admisión para esa época la Junta habría estimado suficiente sus credenciales académi-cas, no puede ahora negarse la suficiencia de sus estudios pre-paratorios y profesionales.

En primer lugar, este razonamiento pierde de perspectiva que no es la Junta la que ha legislado ni impuesto los criterios de admisión al ejercicio de la odontología. Ésta ejerce facultades delegadas, pero ciertamente definidas, por mandato de la Asamblea Legislativa. No fue la Junta la que estableció el requisito de graduación de escuelas acreditadas o su equivalente. La Asamblea Legislativa actuó al amparo de su poder de razón de Estado. Las condiciones que imponga a los aspirantes para ejercer una profesión no tienen que ser a través de los años, las mismas, sino razonables. Román v. Trib. Exam. de Médicos, supra.

En segundo lugar, por imperativo social de necesidad o bienestar público, el legislador puede disponer requisitos diversos en el transcurso del tiempo, sin que ello confiera a una persona un derecho constitucional a que se le apliquen hoy los requisitos de ayer sólo porque está en condiciones de satisfacer aquellos que anteriormente la Asamblea Legislativa consideró suficientes. Son muy pocas, si no inexistentes, las instancias en que la promulgación de una ley al prohibir conducta hasta entonces considerada lícita, o regular alguna actividad económica antes irrestricta, no afecte a un individuo. Así ocurre cada vez que la ley orgánica de una junta examinadora para alguna profesión, ocupación u oficio, impone requisitos por primera vez que de algún modo afectarían a quienes se dedicaban o pensaban dedicarse a dicha profe-sión, ocupación u oficio. Aun en presencia de las cláusulas de salvedad (conocidas por grandfather’s clauses) la ley gene-ralmente confiere un término para acogerse a sus disposi-ciones, y aquellos que no lo hagan están sujetos a la regla-mentación posterior.

La peticionaria tiene razón al atribuirle un espíritu liberal a los estatutos de 1962, 1967 y 1968. Sin embargo, ol-vida que sus efectos fueron temporales. Las dificultades pe-culiares que presentaron casos análogos al suyo fueron remediados, según relaciona correctamente la Junta, median-te legislación especial promulgada por la Asamblea Legisla-tiva. Todos los antecedentes e historial de esas medidas parten de una premisa que opera en su contra, esto es, que la Escuela de Odontología de la Universidad de La Habana no estaba acreditada por la Junta Dental Examinadora. No puede sostenerse que la Asamblea Legislativa la acreditó. Por el contrario, impuso a sus egresados condiciones de prepara-ción profesional mínima de dos años. La ausencia de acredi-tación se entiende. Después de todo, hemos visto cómo ese pro-ceso es uno dinámico y complejo, que por imperativo está condicionado a los elementos de tiempo y espacio. La doctora Pérez González invoca los beneficios de esos remedios legisla-tivos y los adapta a sus particulares circunstancias. Aunque simpatizamos con su causa, no podemos rubricar su posición. Ello le permitiría lograr acceso directo, sin sujetarse a las condiciones que impuso la Asamblea Legislativa para superar problemas similares resultantes de la falta de acreditación.

No hemos detectado, ni se nos ha señalado, planteamiento o infracción alguna en la dimensión constitucional. Por el contrario, sostener su posición implicaría un trato preferente injustificado. Román v. Trib. Exam, de Médicos, supra. A su vez, no está huérfana de remedio, pues tiene a su alcance el examen de ubicación e ingreso a la Escuela de Odontología.

Se confirmará la sentencia.

      (1) Este Comité expresó:
      “Nuestra evaluación nos ha llevado a la siguiente conclusión:
      “Sólo se nos provee el título de los cursos; no su contenido ni descrip-ción. La información disponible no permite establecer las equivalencias con nuestros cursos en la Escuela de Odontología de la Universidad de Puerto Eico.
      “Deseamos señalar, además, que a base de la información que se nos provee, la Escuela de Odontología de [L]a Habana estaba aceptando sus estudiantes con sólo 18 años de estudios formales previos. En Puerto Rico se exigen 15 ó 16 años de estudios previos. El nivel de bachillerato que se informa en los documentos cubre los años de estudio 9, 10, 11, 12 y 13. En términos de años corresponden a sólo un año de estudios sobre nuestro nivel de escuela superior.” Exhibit 18-A, pág. 107.

      (2) Hemos prescindido de transcribir el contenido de estos criterios.

      (3) Véanse Semler v. Dental Examiners, 294 U.S. 608 (1935); Graves v. Minnesota, 272 U.S. 425 (1926).


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Ramón Orlando De Jesús Martínez et al., demandantes y apelantes, v. Carlos E. Chardón, etc. et al., demandados y apelados.

      Número: O-84-533

      Resuelto: 19 de marzo de 1985

      Jaime R. Nadal Arcelay, de Cando, Nadal & Rivera, abogado de los recurrentes; Alberto J. Pérez Hernández, del bufete de Alex González, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito nos ha certificado importantes cuestiones referentes a la prescripción extintiva o liberatoria. Las pre-guntas emergen del contexto siguiente de hechos.

El 6 de junio de 1977 Ramón De Jesús Sierra, empleado del sistema de instrucción pública, recibió una carta en que se le comunicó que quedaba trasladado de su puesto de supervisor a uno de inferior categoría.

El 29 de mayo de 1978, antes de expirar el año para la prescripción de la acción por daños,!) De Jesús Sierra fa-lleció.

El 15 de enero de 1979, tras un intento tardío y fallido de impugnar en un pleito de clase el descenso de De Jesús Sierra, se presentó en nombre de éste una acción por tal motivo en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Los abogados de De Jesús Sierra no estaban conscientes de su muerte. A moción, luego, de la viuda e hijos —dos menores y dos adultos— de De Jesús Sierra el tribunal los sustituyó el 5 de mayo de 1980 como demandantes en el litigio. El 2 de julio siguiente el tribunal se revocó y desestimó el caso.

El 8 de diciembre de 1980 los herederos de De Jesús Sierra instaron la causa presente en su propio nombre. El tribunal declaró prescrita la demanda el 7 de noviembre de 1988, lo que motivó el actual recurso ante la Corte de Apelaciones. La Corte nos certifica tres preguntas:

1. Under the circumstances of this case, is the filing of the action on January 15, 1979, in the name of the deceased to be considered the “institution before the courts’' of that action for purposes of section 5303 [Art. 1873 del Código Civil] thus interrupting the running of the one-year statute of limitations ?
2. If the filing of the action in the name of the deceased is not considered an “institution before the courts”, is service of the defective complaint upon the defendants properly considered an “extrajudicial” claim of a creditor upon a debtor for purposes of section 5303 so that the present action is timely?
3. If the filing of the defective action and the service of the complaint are not properly considered either an “institution before the courts” or an “extrajudicial” claim under section 5303 so that the statute of limitations is not tolled, do the claims inherited by the minor children nonetheless survive by operation of P.R. Laws Ann. tit. 32, sec. 254? Cer-tificación No. 83-1894, pág. 2.

I

El Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5303, dispone:

La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejer-cicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.

En Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623 (1982), al explorar el significado de la frase “su ejercicio ante los tribunales”, enfrentamos la necesidad de contestar la pregunta: ¿ante qué tribunales es que cabe actuar para interrumpir la prescripción? () La pregunta en el caso de autos toca otro aspecto de la frase: ¿quién es el que debe ejercitar la acción? Examinemos en mayor detalle que en Duran Cepeda v. Morones Lebrón, supra, el historial y razón de ser de la prescrip-ción extintiva en el Derecho Civil. Ello es importante para la exploración de la primera pregunta.

La prescripción liberatoria, la cual se remonta en el De-recho romano a una Constitución de Teodosio II de 424 A.D., se incorporó pronto a una de las primeras fuentes del derecho español, el Código de Eurico de 476 A.D., Art. 277(4), A. D’Ors, Estudios Visigóticos (El Código de Eurico), Madrid, Ed. Sues. Rivadeneyra, 1960, Vol. II, págs. 20-21.()

En el célebre Fuero Juzgo (el Libro de los Jueces o Liber ludiciorum) de 634 A.D. se perfila ya con mayor nitidez el fundamento central de la prescripción extintiva. Se disponía en el Libro X, Tít. 2, Ley 4ta de la referida compilación goda:

Muchas veces la negligencia, et non guardar las cosas que omne deve aver de derecho, desface las cosas que omne ha ciertas. Et assí la negligencia desface lo que pertenece por derecho de herencia, . . . et quando los XXX. annos son passados, que assí deven seer todos los pleytos finados, é aca-bados bien, as [s] í como si fuesse puesto por mandado de los reyes, mas pénelo por necesario que deve seer por natura. (Traducción del latín vulgar al castellano del siglo XIII.) Fuero Juzgo o Libro de los Jueces, Barcelona, Eds. Zeus, 1968, Vol. 2, págs. 204-205.

El castigo a la inercia prolongada en el ejercicio de un derecho aparece ya aquí como móvil para la aplicación de la prescripción liberatoria.

El concepto se amplía en las Siete Partidas (1256-1263 A.D.) y otros textos bajomedievales. En la Partida III, Tít. XXIX, Ley L, Las Siete Partidas, Madrid, Ed. Real Academia de la Historia, 1972, T. II, págs. 733-734, se expresa:

Moviéronse los sabios antiguamiente á establescer que las cosas que se podiesen ganar ó perder por tiempo por esta razón, porque cada un home podiese seer cierto del señorío que hobiese sobre las cosas; ca si esto non fuese, serien algu-nos homes negligentes et olvidarien sus cosas, et otros algunos las entrarien et las ternien como por suyas, et podrien ende nascer pleytos et contiendas en muchas maneras, de guisa que non serie home cierto cuyas eran. Et por ende por des-viarlos de las misiones et de los daños que les podrien nascer de tales pleytos ó contiendas, tovieron por bien de señalar tiempo cierto sobre cada una cosa por que se podiese ganar ó perder si fuesen negligentes en las non requerir á aquellos cuyas fuesen podiéndolo facer, et otrosi porque el señorio de las cosas fuese en cierto cuyo era.

Véase también la Partida III, Tít. XXIX, Ley XX.

Desde al menos el siglo trece, por tanto, los fundamentos de la prescripción extintiva en el Derecho español adquieren su contorno moderno. La institución se basa en el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los derechos y asegurar así el tráfico jurídico, “el señorío de las cosas”, al evitar litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones.

La doctrina y la jurisprudencia españolas actuales siguen sosteniendo igual punto de vista. Véanse: F. Bonet Ramón, Código Civil Comentado, Madrid, Ed. Aguilar, 1962, pág. 1541; L. Díez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 27 y ss.; F. Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Sucs. Rivadeneyra, 1891, T. 3, pág. 262 y ss.; M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. I, Vol. 2, págs. 484-487; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. I, pág. 681 y ss.; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1977, Vol. 1, págs. 483-484; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. III, Vol. 1, pág. 360 y ss.; J. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 1013-1019, 1235-1236; J. Castán, Derecho civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. 1, Vol. 2, pág. 962; S. de 12 de marzo de 1958, núm. 22, LXV Rev. Gen. Leg. y Jur. 219; S. de 21 de abril de 1958, núm. 119, LXV Rev. Gen. Leg. y Jur. 1303; S. de 25 de enero de 1962, núm. 562, Aranzadi, XXIX Repertorio de Jurisprudencia 348; S. de 21 de diciembre de 1974, núm. 4936, Aranzadi, XLI Repertorio de Jurisprudencia 3765; S. de 9 de julio de 1975, núm. 2947, Aranzadi, XLII Repertorio de Jurisprudencia 2226 y S. de 16 de junio de 1976, núm. 2815, Aranzadi, XLII Repertorio de Ju-risprudencia 2226 y S. de 16 de junio de 1976, núm. 2815, Aranzadi, XLII Repertorio de Jurisprudencia 2084.

La posición general de los comentaristas modernos en otros países extranjeros donde priva el Derecho civil es idéntica. Véanse: G. Marty y P. Raynaud, Droit Civil, París, Ed. Sirey, 1962, T. II, Vol. I, págs. 861-862; H., L. Mazeaud y J. Mazeaud, Leçons de Droit Civil, 6ta ed., París, Ed. Montchrestien, 1978, T. 2, Vol. 1, pág. 1154 et seq.; C. N. Aubry y Rau, Droit Civil Français, 7ma ed., París, Ed. Librairies Techniques, 1961, T. 2, pág. 440 n. 3; P. Martineau, La Prescription, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal, 1977, págs. 240-242; A. Scialoja y G. Branca, Commentario del Codice Civile, Tutela dei Diritti, Bologna, Ed. N. Zanichelli, 1977, T. 6, Art. 2934, págs. 202-204; W. De Barros Monteiro, Curso de Direito Civil, 20ma ed., Sao Paulo, Ed. Saraiva, 1981, Vol. 3, págs. 283-285; M. J. Argañarás, La Prescripción Extintiva, Buenos Aires, Tip. Ed. Argentina, 1966, págs. 6-8.()

El concepto de la interrupción de la prescripción, derivado de la teoría de su basamento, tiene también raíces muy antiguas. La disposición del Art. 1873 de nuestro Código Civil referente al efecto interruptor del ejercicio de la acción ante los tribunales aparece claramente dibujada en la Partida III, Tit. XXIX, Ley XXIX:

. . . Otrosí decimos que si alguno hobiese comenzado á ganar por tiempo cosa agena, que si aquel cuya era et contra quien la ganaba, le ficiese emplazar sobre ella por carta del judgador ó por portero, ó gela hobiese demandada en juicio, la ganancia del tiempo que habie comenzado contra él destá-jase et piérdese por ende. . . . Eso mesmo serie si el señor del debdo gelo demandase delante de amigos ó de avenidores.

Se advertirá el entronque entre el fundamento de la prescrip-ción extintiva y los actos interruptores de ella. Mal puede castigarse la inercia o desidia del acreedor cuando éste in-tenta hacer valer su derecho. En tal caso se borra entera-mente el plazo transcurrido y el tiempo ha de contarse de nuevo por entero una vez cese la causa interruptiva. Diez-Picazo, op. cit, pág. 100.

Del fundamento de la prescripción se deriva también el concepto de quién ha de ejercer la acción obstativa. La au-sencia de inercia, la voluntad de no perder su derecho debe manifestarse naturalmente por su titular o su representante autorizado. Asimismo, cuando el titular se abstiene de ejercer un derecho en daño a persona interesada, a ésta se le permite hacer valer la prescripción. ()

Esta posición halla sólido apoyo en la doctrina y en la jurisprudencia. Diez-Picazo, op. cit., pág. 42 n. 48, 45, 69 y ss.; M. Albaladejo, Comentario al artículo 1.973 del Código Civil, 61 Rev. Der. Privado 987, 989 (1977); Bonet Ramón, op. cit., pág. 1581; Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, págs. 944-947; Espín Cánovas, op. cit., págs. 485-486; Aubrey y Rau, op. cit, pág. 477 et seq.; Marty y Raynaud, op. cit., págs. 871-873; S. de 12 de octubre de 1891, núm. 54, LXX Juris. Civil 202; S. de 15 de febrero de 1899, núm. 64, LXXXVI Juris. Civil 294; S. de 31 de marzo de 1924, núm. 167, CLXI Juris. Civil 824; S. de 3 de mayo de 1957, núm. 2, LXI Rev. Gen. Leg. y Jur. 21; S. de 7 de enero de 1958, núm. 4, LXIV Rev. Gen. Leg. y Jur. 31; S. de 26 de diciembre de 1961, núm. 5176, Aranzadi, XXX Repertorio de Jurisprudencia 3318; S. de 6 de diciembre de 1968, núm. 5747, Aranzadi, XXXV Repertorio de Jurisprudencia 3848; S. de 25 y 27 de junio de 1969, núms. 3638 y 3668, Aranzadi, XXXVI Repertorio de Jurisprudencia 2465 y 2484; S. de 8 de marzo y 10 de octubre de 1972, núms. 1055 y 4232, Aranzadi, XXXIX Repertorio de Jurisprudencia 793 y 3146.

En Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966), expresamos, a tono con parte de lo expuesto:

... el fundamento reconocido de la interrupción es la ma-nifestación inequívoca de quién, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo.

En Durán Cepeda v. Morales Lebrón, supra, pág. 627, se le dio valor interruptivo a la presentación de una demanda ante un foro inapropiado por ser clara la voluntad del titular de hacer valer sus derechos.

La primera cuestión certificada ante este Tribunal es novel en este foro, mas los principios explicados hasta aquí permiten su contestación. La acción presentada el 15 de enero de 1979 en nombre del titular por sus representantes legales, quienes ignoraban su fallecimiento y quienes no ostentaban ni sabían si ostentarían la representación de los herederos, fue ineficaz en derecho para interrumpir la prescripción. Tal acción no constituyó un “ejercicio ante los tribunales” dentro del significado del Art. 1873 de nuestro Código Civil, ya que no se hizo en nombre de los verdaderos titulares del derecho, para entonces los herederos, ni evidencia voluntad alguna de parte de éstos de romper la inercia que nutre la prescripción liberatoria.

Tampoco eran los herederos las “personas interesadas” a que se refieren el Código y la doctrina. Estos terceros interesados, en cuya definición no nos toca entrar aquí en todo su detalle, pueden interrumpir la prescripción extintiva mediante actos propios o de sus representantes autorizados o actuaciones, como en el caso de la solidaridad, que les aprovechen por razón de derecho. Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5304; Scaevola, op. cit., págs. 945-947. En el caso presente la acción de 15 de enero de 1979 no representó gesto alguno de los herederos que revelase una intención impeditiva ni hemos hallado base adecuada en la legislación, la jurisprudencia o la doctrina, para concluir, como cuestión de derecho, que la acción de los representantes legales del finado benefició a los herederos. Adviértase que en este litigio, de hechos tan singulares, la acción del finado estaba ya prescrita el 15 de enero de 1979. No se estaba ejerciendo en tal fecha la causa de acción a favor de los herederos, 32 L.P.R.A. see. 254. El acto de los representantes legales del difunto era un acto ineficaz, vacío, enteramente desconectado de la voluntad de los nuevos titulares del derecho y desprovisto, por tanto, de efecto interruptor.

La contestación a la primera pregunta certificada por el honorable Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito es, por tanto, en la negativa.

► — i H-H

La segunda pregunta certificada es al efecto de si la acción incoada el 15 de enero de 1979 en nombre del finado constituye una “reclamación extrajudicial del acreedor” dentro del significado del Art. 1873 de nuestro Código Civil. () La contestación es igualmente negativa por las razones antes expresadas. Para que tenga efecto impeditivo, la acción tiene que partir “del acreedor”, del titular del derecho, su agente o persona interesada a quien pueda atribuírsele intención interruptora manifiesta. Diez-Picazo, op. cit., págs. 130-131; Scaevola, op. cit., págs. 965-971; Puig Brutau, op. cit., págs. 362-363.

III

Resta la tercera pregunta, concerniente a la superviven-cia o no de la acción heredada por los hijos menores de edad del causante.

El Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. see. 254, vigente desde 1904, dispone:

Si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no sea la reivindicatoría de propiedad inmueble, fuese al tiempo de nacer la causa de acción:

1. Menor de edad; el tiempo que dure tal incapaci-dad no se considerará parte del tiempo fijado para empe-zar a ejercitar la acción.

Para la debida interpretación de este artículo y la contes-tación de la pregunta certificada deben recordarse otras dis-posiciones de ley. El Art. 41 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 255, provee:

Si una persona con derecho a ejercitar una acción muriese antes de terminar el período de prescripción requerido para deducir aquélla, y la causa de la acción subsistiera, los re-presentantes de tal persona podrán ejercitar dicha acción después de la terminación de aquel período y dentro de un año de la defunción....

Nuestro Código Civil contiene otras disposiciones perti-nentes. El Art. 610 (31 L.P.R.A. sec. 2092) decreta:

Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte, en todos sus derechos y obligaciones.

El Art. 1832 (31 L.P.R.A. see. 5243) a su vez disponía hasta 1930:

Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídicas, en los términos prevenidos por la ley.
Queda siempre á salvo á las personas impedidas de ad-ministrar sus bienes el derecho para reclamar contra sus representantes legítimos, cuya negligencia hubiese sido causa de la prescripción.

Las disposiciones citadas ilustran un fenómeno que en ocasiones se ha dado en el derecho puertorriqueño. Al importarse íntegramente vastos cuerpos jurídicos, como sucedió con los códigos procedimentales civiles de Idaho, Montana, California y Nueva York, fuentes de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, se afectaron, a veces inconscientemente, zonas de nuestro antiguo derecho. De ahí el hecho curioso que, aunque la mayor parte del tema, antes el todo, de la prescrip-ción se rige en Puerto Rico por el Código Civil, parte de la materia se gobierna por el Código de Enjuiciamiento Civil. La situación ha requerido una delicada labor de deslinde y engranaje de textos ocasionalmente dispares.

¿Cuál es el alcance, por ejemplo, del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil? El Art. 40 nos dice que el tiempo que dure la minoría de edad no se considerará parte del tiempo fijado para empezar la acción. ¿El Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil se aplica a las acciones heredadas por el menor o únicamente a sus acciones personales? En Bussati v. Grace & Compania, Puerto Rico, 396 F.2d 233 (1st Cir. 1968), se resolvió que el Art. 40 no se aplica a las acciones heredadas, por lo que la prescripción sigue corriendo en tales casos contra los menores.

Bussati v. Grace & Compania, Puerto Rico, supra, halla sólido apoyo bajo determinados estatutos y circunstancias. Gómez v. Leverton, 509 P.2d 735 (Ariz. 1973); Harris v. McGovern, 99 U.S. 161 (1878); Commercial Bank & Trust Co. v. Jordan, 278 P. 832 (Mont. 1929); Whaley v. Catlett, 53 S.W. 131 (Tenn. 1899); Hill v. Beeler, 286 S.W.2d 868 (Tenn. 1956). La situación estatutaria ha arrojado resultados distintos en otras jurisdicciones. Cross v. Pacific Gas & Electric Company, 388 P.2d 353 (Cal. 1964); Nolan y. Trans-ocean Air Lines, 276 F.2d 280 (2d Cir. 1960), 290 F.2d 904 (2d Cir. 1961), revocado por otros fundamentos, 368 U.S. 901 (1961); Switzer v. Reynolds, 606 P.2d 244 (Utah 1980); Ex’ors of Everett v. Adm’rs of Whitfield, 21 Ga. 133 (1858); Wilson v. Jackson, 43 Ga. 288 (1871).

Si atendemos la curiosa condición de este aspecto, de la prescripción liberatoria en Puerto Rico pueden surgir interro-gantes, sin embargo, sobre la norma de Bussati v. Grace & Compania, Puerto Rico, supra. En primer término, Bussati se apoya en Valentín v. Jaime, 86 D.P.R. 774 (1962), caso que no resuelve o discute la cuestión que nos ocupa: la aplica-bilidad o no del Art. 40 a las acciones heredadas.

En segundo lugar, la propia atmósfera legal en que se adopta el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico —que equivale a la inserción dentro de una ma-triz civilista de un principio derivado de uno de los códigos de Field— provocó problemas que encaminó nuestra jurispru-dencia y nuestra legislación por cauces diferentes. Él Art. 40 chocaba o aparentaba chocar, al menos parcialmente, con el Art. 1832 de nuestro Código Civil, antes citado, que tajante-mente sentaba que los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, excepto que los impedidos de administrar sus bienes tendrían derecho a reclamar contra sus representantes legítimos cuya negli-gencia hubiese sido causa de la prescripción. En Ibáñez v. Diviñó, 22 D.P.R. 518 (1915), este Tribunal advirtió la in-compatibilidad y resolvió que el Art. 40 derogó el Art. 1832 (entonces designado el 1833).

En 1930, no obstante, ocurrió algo de extraordinario interés. Mediante la Ley Núm. 48 de 28 de abril de ese año, la Asamblea Legislativa enmendó el Art. 1832, sin entenderlo derogado —acto al que tenía perfecto derecho, pues el proble-ma consistía en la interpretación de la intención parlamen-taria. La enmienda consistió en la eliminación del segundo párrafo, el referente a la acción concedida a los impedidos contra sus representantes legítimos. ¿Qué motivó a la Asam-blea Legislativa a efectuar esta enmienda? No hay constancia en los records, pero es de suponer que la Asamblea Legislativa entendió, bien o mal, que el Art. 40 proveía un mejor remedio para los impedidos, lo que hacía innecesario el segundo pá-rrafo del Art. 1832. Es así como, a partir de 1930 este Tribunal llega a un resultado distinto al que se alcanzaría más tarde en Bussati v. Grace & Compania, Puerto Rico, supra. En Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622 (1946), confirmado en 170 F.2d 99 (1st Cir. 1948), cert. denegado, 335 U.S. 911 (1949), se trataba de una acción heredada por un menor —la reclamación de la parte de su padre en la liquidación de una sociedad. Se resolvió, aunque sin discutir expresamente la cuestión precisa analizada en Bussati v. Grace & Compania, Puerto Rico, supra, que el término preseriptivo no empezaba a contar contra el menor hasta que éste llegase a la mayoría de edad. Para la discusión de las consideraciones de orden público envueltas en la aprobación de la enmienda de 1930, véase Márquez v. Tribl. Superior, 85 D.P.R. 559 (1962).

Mas, en verdad no estamos precisados a resolver que Bussati v. Grace & Compania, Puerto Rico, supra, no representa la interpretación correcta del Art. 40 del Código de En-juiciamiento Civil. Aun presumiendo que el Art. 40 no se aplica a las acciones heredadas por los menores y otros impe-didos, ello no significa que éstos están desprovistos de todo derecho en situaciones como la presente. Volvamos a la en-mienda de 1930 al Art. 1832. La acción de la Asamblea Legis-lativa puede interpretarse en varias formas. O la Asamblea Legislativa creyó correctamente que al enmendar el Art. 1832 estaba protegiendo a los impedidos, vía el Art. 40, en todo género de acciones, sin exceptuar las heredadas, o la Asam-blea Legislativa se equivocó sobre el alcance real del Art. 40, en cuyo caso creó una laguna legal sobre las normas de pres-cripción que deben regir en Puerto Rico las acciones hereda-das por menores y otros incapacitados. Creó una laguna legal porque mal puede interpretarse que la enmienda de 1930, si se presume la corrección de Bussati v. Grace & Compania, Puerto Rico, supra, tuvo por fin despojar a los menores y otros impedidos aun del exiguo remedio, criticado en Márquez v. Tribl. Superior, supra, que les proveía el Código Civil contra sus representantes legítimos en el caso de las acciones heredadas.

Es nuestra obligación llenar tal laguna legal, hasta tanto se pronuncie la Asamblea Legislativa, conforme el mandato del Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 7. A tal efecto, valga con referirnos a la figura de la suspensión de la prescripción, institución típica del Derecho Civil y dife-rente a la de la interrupción. () El Art. 2252 del Código Civil francés ilustra el efecto de la prescripción respecto a los me-nores al disponer que “La prescripción no corre contra los me-nores no emancipados y los mayores bajo tutela . . .”. (Tra-ducción nuestra.) La negligencia de sus representantes no puede afectarlos. La prescripción se suspende durante todo el período de incapacidad del menor. Mazeaud y Mazeaud, op. cit., págs. 1165-1167. La suspensión de la prescripción, además, aprovecha al menor no sólo en el caso de sus causas personales, sino también en el de las heredadas. Aubry y Rau, op. cit, pág. 452. Al mismo efecto: Fuzier-Herman, Code Civil Annoté, París, Ed. Sirey, 1949, T. 7, pág. 972; F. Laurent, Principios de Derecho Civil Francés, Puebla, Ed. Barroso, Hermano y Comp., 1900, T. XXXII, págs. 74-75; Baudry-Lacantinerie y Tissier, Prescription (J. Mayda, traductor), Civil Law Translations, St. Paul, West Pub. Co., 1972, Vol. 5, pág. 225. Aunque en modo diferente, la suspensión es reconocida en Italia y Portugal, entre otros países. Scialoja y Branca, op. cit, pág. 246 y ss.; F. Andrade Pires De Lima y J. De Matos Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coímbra, Ed. Coímbra, 1967, Vol. I, Art. 320, págs. 207-208. En varios países de Latinoamérica prevalece la posición francesa. D. Antokoletz, Código Civil, Buenos Aires, Ed. J. Roldán & Cía., 1931, T. II, Art. 3966, págs. 997-998; el Art. 3966 del Código original fue enmendado, G. A. Borda, Tratado de Derecho Civil, 4ta ed., Buenos Aires, Ed. Perrot, 1975, T. II, Arts. 819-820, págs. 30-31; Código Civil, Santiago, Ed. Jur. Chile, 1977, Art. 2509, pág. 576; Código Civil Brasileiro, 31ra ed., Sao Paulo, Ed. Saraiva, 1981, Art. 5, pág. 16. Adoptamos la regla general francesa de la suspensión de la prescripción contra los menores y otros impedidos, dada la laguna surgida en 1930 al eliminarse la regla española con la supresión del segundo párrafo del Art. 1832 del Código Civil. La norma francesa, valga apuntar, si bien muy distinta al derecho es-pañol actual es enteramente acorde con la posición española de siglos. Véanse Lib. II, Tít. XI, Ley 3 del Fuero Real; Partida III, Tit. XXIX, Ley VIII.

La contestación a la tercera pregunta es que, bien bajo las disposiciones del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil o conforme las normas relativas a la suspensión, la acción he-redada por los menores en este caso no está prescrita.

Se dictará certificación al efecto.

      (1)Véanse el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298(2); Chardón v. Fernández, 454 U.S. 6 (1981).

      (2)En Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623 (1982), resolvimos que la demanda ante un foro incompetente surte efecto interruptivo.

      (3)E1 Código de Eurico, traducción del latín vulgar, disponía en la parte citada que: “Y todos los otros litigios, justos o injustos, incluso los penales, que no fueron fallados en el plazo de treinta años, ... o las deudas que no fueron cobradas, de ningún modo sean ya reclamados.”

      (4)En la Luisiana se ha desarrollado una teoría distinta a la expuesta sobre el fundamento de la prescripción liberatoria y el tipo de acto necesa-rio para causar la prescripción. Allí se ha resuelto, bajo unos hechos simi-lares, que “the elemental basis of legal interruption of liberative prescription in tort suits is informing the defendant of the legal demand”. Nini v. Sanford Brothers, Inc., 276 So. 2d 262, 266 (La. 1973). Véanse: Jones v. Philco-Ford Corp., 441 So. 2d 1251 (La. App. 1983); State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Farnsworth, 425 So. 2d 827 (La. App. 1983); Lee v. State Farm Fire and Cas. Co., 400 So. 2d 330 (La. App. 1981); Allstate Ins. Co. v. Theriot, 376 So. 2d 950 (La. 1979); Conner v. Continental Southern Lines, Incorporated, 294 So. 485 (La. 1974).
      La posición de la Luisiana no nos persuade en esta ocasión. De una parte, el Derecho español, como hemos visto, no la acepta y nuestra juris-prudencia ha seguido en este caso la tradición española. No vemos razones de orden público que nos induzcan a cambiar de rumbo. En segundo término no hemos hallado respaldo adecuado en el propio Derecho francés para la posición de la Luisiana, supuestamente derivada de esa fuente. Véanse: A. Colin y H. Capitant, Traité de Droit Civil, París, Ed. Dalloz, 1959, T. II, págs. 898-899; Baudry-Lacantinerie y Tissier, Prescription (J. Mayda, traductor), Civil Law Translations, St. Paul, West Pub. Co., 1972, Vol. 5, pág. 247, y los tratadistas franceses antes mencionados.

      (5)E1 Art. 1837 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5248, equivalente al 1937 español, provee:
      “Los acreedores y cualquiera otra persona interesada en hacer valer la prescripción, podrán utilizarla a pesar de la renuncia expresa o tácita del deudor o propietario.”
      Respecto a la interrupción por tercero, véase L. Diez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, págs. 103-104.

      (6)La reclamación extrajudicial, como indicamos en Duran Cepeda v. Morales Lebrón, supra, pág. 626, es una causa de interrupción típica-mente española, usualmente desconocida en otras jurisdicciones donde rige el Derecho Civil.

      (7) Cuando la prescripción se interrumpe, el plazo comienza a contar de nuevo al cesar la causa impeditiva, mas cuando se suspende el cómputo tan sólo se reanuda. C. M. Aubry y Rau, Droit Civil Français, 7ma ed., París, Ed. Librairies Techniques, 1961, T. 2, págs. 462, 482-484; W. Rodys, Traité de Droit Civil du Québec, Montréal, Ed. Wilson et Lafleur, 1958, T. 15, págs. 190-192; S. de 22 de diciembre de 1950, núm. 101, XXXII Rev. Gen. Leg. y Jur. 1023.