text:
    Juan Feliciano Rodríguez, demandante y recurrido, v. Municipio de Fajardo e Hipólito Robles Suárez, Alcalde, demandados y peticionarios.

      Número: O-84-524

      Resuelto: 23 de octubre de 1984

      Eliezer Aldarondo Ortiz e Isabel López Bras, abogados de los peti-cionarios; Hiram Martínez López, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514, 519-520 (1982), extendimos a ciertos empleados públicos de confianza la protección constitucional contra el discrimen por razón de ideas políticas. Sin embargo, en principio, reconocimos la existencia de ciertos cargos en que la afiliación política en particular del empleado podría ser requisito apropiado y aceptable para el fiel desempeño de los mismos. En tal situación impusimos el peso de la prueba al Estado o entidad nominadora. Dijimos además:

[E]sta decisión no pasa juicio sobre la validez per se de una clasificación de confianza, ni cuestiona la facultad de la auto-ridad nominadora, en tales instancias, para prescindir de los servicios de un incumbente sin previa notificación, formu-lación de cargos y celebración de vista.. .. Tampoco prejuzga la posibilidad de que en otros casos de despido, atribuibles únicamente a razones políticas, pueda legítimamente detec-tarse y demostrarse —a satisfacción del Poder Judicial— que el requisito de “afiliación política” está expresamente estable-cido o implícitamente sumergido e incluido en la clasificación anterior, adoptada mediante acción legislativa, ejecutiva o administrativa al crear un puesto bajo la categoría de con-fianza.
Nuestra decisión simplemente significa que el diseño consti-tucional prevaleciente reconoce y permite que en determinadas circunstancias, pueda válidamente exigirse una particular afi-liación político-partidista como requisito para obtener o man-tener un empleo público. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

El presente caso gira en torno a la doctrina expuesta y reiterada en Colón v. C.R.U. V., 115 D.P.R. 503 (1984).

I

Juan Feliciano Rodríguez fue nombrado el 12 de enero de 1981 al puesto de Secretario Municipal del Municipio de Fajardo por Hipólito Robles Suárez, alcalde electo por el Partido Nuevo Progresista (P.N.P.). Fue confirmado por la Asamblea Municipal. Durante el cuatrienio anterior había ocupado esa misma posición. El 30 de junio de 1981 fue des-pedido por el alcalde Robles Suárez sin formulación de car-gos ni celebración de vista.

Ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao, impugnó su destitución por dos fundamentos: (1) que fue ilegal por ser acreedor a la formulación de cargos y una vista; y (2) que se debió a discrimen político. Mediante una elaborada reso-lución dicho foro concluyó que bajo la nueva Ley Municipal, el puesto de Secretario Municipal quedó clasificado en la categoría de confianza, susceptible su incumbente de ser removido por el alcalde sin necesidad de vista ni formu-lación de cargos. 21 L.P.R.A. secs. 3002(15); 2055; 3351; 3352; y 3358. Por ende, rechazó el primer argumento de ile-galidad esgrimido por Feliciano Rodríguez. No obstante, invocando Franco v. Municipio de Cidra, 113 D.P.R. 260 (1982), señaló una vista para dilucidar la alegación de dis-crimen político.

Subsiguientemente, el Municipio solicitó sentencia suma-ria a su favor fundado en ciertos hechos que surgían de una deposición tomada a Feliciano Rodríguez. Adujo que asu-miendo, sin admitirlo, que el despido fuera por sus creencias políticas, era legal ya que esas creencias eran un requisito apropiado y necesario para el adecuado desempeño del cargo de confianza de Secretario Municipal. El tribunal de instan-cia la denegó de plano citando Colón v. C.R.U.V., supra. Reiteró su señalamiento sobre vista evidenciaría. Contra esa resolución recurre el Municipio de Fajardo y su alcalde, señor Robles Suárez.

Evaluado el caso a la luz de nuestros pronunciamientos en Ramos v. Srio. de Comercio y Colón v. C.R.U.V., supra, procede que desestimemos la acción. A tal efecto, la Ley Municipal y otros estatutos disponen las siguientes funciones, deberes y jerarquía en cuanto al Secretario Municipal: está a cargo del archivo general; certifica y compila las ordenanzas y resoluciones aprobadas por la Asamblea; vende al público las ordenanzas de carácter penal; es el Secretario de la Junta de Subastas y de la Junta Municipal de Agricultura y Trabajo; se desempeña como Secretario de la Asamblea en ausencia de éste; actúa como Secretario de Actas de la misma y en unión al Presidente, habilita y certifica los libros de actas; sirve de enlace para recibir del alcalde y remitir a la Asamblea el proyecto del presupuesto; y tiene a su cargo el “Registro de Ventas Condicionales” municipal. Además, notifica al Gobernador cuando un asambleísta renuncia y la Asamblea Municipal no toma acción sobre la misma; comunica al organismo local de un partido político la existencia de una vacante en la Asamblea Municipal; notifica al Gobernador la existencia de una vacante en la Asamblea Municipal o en el cargo de Alcalde cuando el organismo directivo local del partido político interesado en la vacante o la Asamblea Municipal no actúan sobre la misma; funge como alcalde interino en caso de que no exista ordenanza de sucesión; y se desempeña como sucesor interino del alcalde en la eventualidad de incapa-cidad temporera sin que se haya designado por escrito un sustituto. 21 L.P.R.A. secs. 1157(2), (3) y (4); 1257, 1258, 1264 y 10 L.P.R.A. sec. 34. De este listado de encomiendas legis-lativas surge que el Secretario Municipal posee, con referen-cia al municipio y en lo que sea localmente aplicable, todas las facultades, funciones y deberes que el Secretario de Estado tiene en relación con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De las mismas, unido al carácter intrínseco político que acompaña el cargo de alcalde y a las funciones que arroja de la deposición tomada a Feliciano Rodríguez, se desprende indubitadamente que el atributo de afiliación política no sólo es factor indispensable y dinámico presente en el ejercicio del cargo, sino que fue el principal que originó su designación. Veamos.

En su deposición Feliciano Rodríguez admitió que además de las funciones establecidas por ley, (1) respondía directa-mente al alcalde y se consideraba su estrecho colaborador y mano derecha; (2) en unión al alcalde participó en el recuento de votos que con posterioridad a las pasadas elec-ciones se efectuó por la entonces Comisión Estatal de Elec-ciones en el denominado Edificio Valencia, siguiendo nues-tro mandato en P.P.D. v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 376, 385 (1980); (3) era el segundo hombre en la alcaldía y ejercía las funciones de vicealcalde según la tradición y costumbre; (4) lo sustituía cuando se enfermaba o estaba de vacaciones, lo que en la escena municipal, por vía de analogía, equivalía a una especie de Secretario de Estado; (5) en su ausencia daba recomendaciones de empleo y ordenaba la prestación de ciertos servicios al público que lo solicitaba; y atendía perso-nalmente las llamadas de los distintos Jefes de Agencias y de la Oficina del Gobernador. Además aceptó que estas funcio-nes no las podría realizar una persona que no perteneciera al P.N.P.

Según antes reseñado, está fuera de discusión que Felicia-no Rodríguez era un funcionario de confianza al amparo de la nueva Ley Municipal. Tampoco está en controversia el inventario de funciones de índole político-partidista ejerci-das en virtud de dicha ley y por encargo.

En Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, 112 D.P.R. 740, 744-745 (1982), resolvimos que “[n]o es la etiqueta ni la descripción escrita de los deberes lo determinante, sino la naturaleza real de las funciones —en atención al conjunto de esos deberes y responsabilidades, o la relación con el jefe de la agencia” o para ver si un empleado reúne los requisitos de confianza. Igual pauta judicial debe prevalecer para determinar si la creencia política es condición indispensable para el desempeño de un puesto. Bajo este enfoque, las funciones realizadas por Feliciano Rodríguez apoyan la conclusión de que la afiliación política era requisito imprescindible para el cargo de Secretario Municipal.

Se dictará sentencia que desestime la demanda.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re José D. Malavet Rodríguez, querellado.

      Número: O-83-490

      Resuelto: 24 de octubre de 1984

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Romualdo Vega Cordero y Alcides Oquendo Maldonado, abogados del querellado.
   PER CURIAM:

El 11 de diciembre de 1975 el Ledo. José D. Malavet Rodríguez fue admitido por este Tribunal al ejerci-cio de la abogacía. El 19 de julio de 1982 se le expidió auto-rización para ejercer como notario.

El 3 de junio de 1983 el querellado fue encontrado culpable en juicio ante la honorable Corte de Distrito de los Esta-dos Unidos para el Distrito de Puerto Rico de violar los Arts. 2 y 1542 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, 18 U.S.C. sees. 2 y 1542. Estos artículos disponen:

See. 2. Principals
(a) Whoever commits an offense against the United States or aids, abets, counsels, commands, induces or procures its commission, is punishable as a principal.
(b) Whoever willfully causes an act to be done which if directly performed by him or another would be an offense against the United States, is punishable as a principal.
Sec. 1512. False statement in application and use of passport
Whoever willfully and knowingly makes any false statement in an application for passport with intent to induce or secure the issuance of a passport under the authority of the United States, either for his own use or the use of another, contrary to the laws regulating the issuance of passports or the rules prescribed pursuant to such laws; or
Whoever willfully and knowingly uses or attempts to use, or furnishes to another for use any passport the issue of which was secured in any way by reason of any false statement—

El 29 de julio de 1983 el señor Procurador General expuso ante este Tribunal estos hechos y solicitó que se separase al querellado del ejercicio de la abogacía y la notaría en Puerto Rico. El querellado solicitó la paralización de los procedimientos hasta que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito pasase juicio sobre su apelación del caso. El 26 de julio de 1984 el Tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de la Corte de Distrito.

Visto lo anterior, dictamos orden para que la parte quere-llada mostrase causa por la cual no debe procederse a su desaforo.

Dado lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. See. 735), y examinado el escrito del querellado, se decretará la separación indefinida del quere-llado del ejercicio del notariado y la abogacía.


text:
    M. A. Caribbean Corp. y Great Southwest Fire Insurance Company, demandantes y recurridas, v. Caribbean Rustproofers, Inc. y Guaranty Insurance Company, demandadas y recurrentes.

      Número: R-83-561

      Resuelto: 24 de octubre de 1984

      Ramón Lloverás Otero, de Lloverás & Quilichini, abogado de la recurrente Guaranty Insurance Co.; Federico Ramírez Ros, de Ramírez, Segal & Latimer, abogado de las recurridas M. A. Caribbean Corp. y Great Southwest Fire Ins. Co.; Rolando Cruz, abogado de la recurrida Caribbean Rustproofers, Inc.
   PER CURIAM:

M. A. Caribbean Corp. (Caribbean) entregó un camión de remolque a Caribbean Rustproofers, Inc. (Rustproofers) para que le diera un tratamiento anticorro-sivo. El camión fue hurtado mientras estaba en posesión de Rustproofers.

Great Southwest Fire Insurance Company (Great Southwest) había expedido una póliza a favor de Caribbean que cubría parcialmente el valor del vehículo. Great Southwest pagó a Caribbean parte de la pérdida sufrida y se subrogó parcialmente en los derechos de ésta. Caribbean y Great Southwest demandaron entonces a Rustproofers y a Guaranty Insurance Company (Guaranty), aseguradora de Rust-proofers, por la pérdida sufrida.

Al entregarle el camión remolque a Rustproofers, Caribbean había obtenido un recibo en que se acordaba:

You further agree that the aforesaid chassis has been delivered to you in a new and/or undamaged condition and that you will take good care of the said chassis, protect it against all loss or damage including, but not limited to, loss or damage due to natural causes, the elements, vandalism, calamity, casualty, negligence of any person or otherwise, and you agree to be responsible for any loss or damage to the above chassis from whatever cause while the same, is in your possession or under your control. (Énfasis nuestro.)

La póliza entre Rustproofers y Guaranty a su vez dis-ponía:

The Company will pay on behalf of the insured all sums which the insured shall become legally obligated to pay as damages because of:
B. theft or larceny
occurring while such automobile or other property is in the custody of the insured for safekeeping, storage[,] service or repair. (Énfasis nuestro.)

La responsabilidad de Guaranty estaba sujeta a la siguiente cláusula de exclusión:

This insurance does not apply:
(a) to liability of insured under any agreement to be responsible for loss.

. Tras varios incidentes, el tribunal de instancia dictó sen-tencia sumaria parcial en que determinaba que la cláusula de exclusión citada era confusa, vaga y ambigua y que, en consecuencia, no liberaba a Guaranty de responsabilidad. Guaranty ha recurrido a este foro.

La referida cláusula de exclusión es una cláusula que se inserta a menudo en los contratos de seguro por responsabilidad. El propósito de este género de cláusula —existen varias versiones de ella— es limitar la cubierta de la póliza al campo cuasidelictivo. 12 Couch on Insurance Secs. 44A:35; 44A:37; 45:108, págs. 55, 58-59, 343 (ed. rev. 1981). Cuando se desea que la póliza abarque también la responsa-bilidad contractual se elimina la exclusión y se paga una prima más alta. Comentario, Effect of Clause in Liability Insurance Policy Excluding Coverage for Contractual Indemnity Liability, 25 Fordham L. Rev. 714 (1957). Cuando el asegurado responde en una situación determinada tanto contractual como cuasidelictivamente, la cláusula de exclusión contractual no exime al asegurador de su responsabilidad en daños y perjuicios. La cláusula de exclusión contractual tampoco libera a las compañías de seguros cuando la obli-gación asumida por el asegurado es coextensiva con la obli-gación legal de la cual sería responsable ordinariamente. Couch, op. cih, págs. 58-59.

La cuestión a resolver en este pleito es, por lo tanto, si al expedirle Rustproofers a Caribbean el recibo de garajista que hemos citado se obligó más allá de lo que la ley le impone, si la responsabilidad contractual contraída por Rustproofers excede su responsabilidad ordinaria.

La cuestión ha sido objeto de consideración por este Tribunal. Cuando Caribbean le entregó a Rustproofers el camión de remolque surgió entre las partes una relación de depositante y depositario. El depositario, salvo pacto en contrario, sólo responde por la pérdida del objeto que se le entrega cuando no cumple con su deber de guardar la cosa como un buen padre de familia. Si el depositario logra establecer que no medió negligencia de su parte, él y su compañía de seguros quedan liberados de responsabilidad. American Sec. Ins. Co. v. Ocasio, 102 D.P.R. 166 (1974); P.R. & American Ins. Co. v. Duran Manzanal, 92 D.P.R. 289 (1965).

Lo que sucedió en este caso fue que Rustproofers, al acordar el contrato de recibo con Caribbean, amplió su responsabilidad legal hasta convertirla en absoluta. Bajo los términos del recibo aquí transcrito, Rustproofers se obligó a resarcir a Caribbean por la pérdida del vehículo, sin impor-tar la causa. La responsabilidad de Guaranty, sin embargo, estaba limitada por la cláusula de exclusión a la responsabi-lidad extracontractual de Rustproofers. Dados estos hechos, era improcedente dictar sentencia sumaria parcial para responsabilizar a Guaranty bajo cualquier circunstancia, y anular el impacto de la cláusula de exclusión.

En resumen, Rustproofers asumió responsabilidad abso-luta frente a Caribbean y su sucesora en interés, Great Southwest. Guaranty sólo asumió responsabilidad por los actos cuasidelictivos de Rustproofers o aquellos en exceso de su responsabilidad legal. Rustproofers les responde a Caribbean y a Great Southwest de modo absoluto por el hurto del camión de remolque. Guaranty responde tan sólo en caso de determinarse que Rustproofers faltó torticeramente a su obligación de guardar el camión de remolque como un buen padre de familia.

Se revocará la sentencia parcial recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulteriores compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    José A. Clavell Ruiz et al., demandantes y recurridos, v. El Vocero de Puerto Rico, Inc., y Tomás De Jesús Mangual, demandados y recurrentes.

      Número: O-83-718

      Resuelto: 24 de octubre de 1984

      Juan R. Marchand Quintero, de Rivera Cestero & Marchand Quin-tero, abogados de los peticionarios; César A. Hernández Colón, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 28 de marzo de 1981 el diario El Vocero de Puerto Rico publicó un artículo bajo la firma de Tomás De Jesús Mangual en que se informaba el arresto del Lie. José A. Cla-vell Ruiz. El artículo expresaba que la Juez R. M. Pérez le había concedido al licenciado Clavell un término de veinti-cuatro horas para abandonar el hogar de su esposa, “a quien supuestamente le propinó una golpiza”; que el letrado fue hallado culpable de desacato civil, pues se le había prohibido visitar a su esposa como resultado de una denuncia anterior interpuesta por su consorte; que también fue acusado esta segunda vez por agresión, y que al efectuar su arresto, el licenciado Clavell insultó a los alguaciles, profiriendo obs-cenidades, teniendo que ser reducido a la obediencia. En parte del artículo se expresó:

El Lie. Clavell, quien fuera desaforado por el Tribunal Supremo hace varios años, tras relacionársele con un “racket” de fianzas en esta ciudad [Ponce], recibió posteriormente una dispensa por el Alto Tribunal para ejercer solamente en casos notariales.

El licenciado Clavell demandó al periódico por $18,000,000, con la alegación de que la información era falsa. Por estipu-lación de los litigantes en la conferencia con antelación al juicio, el letrado limitó su alegación de falsedad al párrafo citado y redujo la cantidad solicitada. El resto de la noticia fue aceptada como correcta por el demandante. La parte demandada aceptó a su vez que era errónea la información relativa a que la dispensa concedida por este Tribunal se limitó al ejercicio de la notaría. ()

El diario presentó el 9 de febrero de 1983 una moción de sentencia sumaria, acompañada de declaraciones juradas suscritas por el periodista y el Alguacil General del Centro Judicial de Ponce. El señor Alguacil General declaró en la suya que narró al periodista lo sucedido. El alguacil había suministrado información en varias ocasiones al señor De Jesús Mangual, según acostumbraba hacer con otros repor-teros. El señor De Jesús Mangual lo consideraba una fuente confiable a la luz de sus experiencias pasadas. Esta vez el reportero mencionó que recordaba haber redactado una noticia sobre el desaforo del licenciado Clavell y le preguntó al alguacil sobre el particular. El señor Torres le confirmó la información y comunicó al periodista que, de acuerdo con órdenes judiciales, el licenciado Clavell no podía actuar como abogado en la corte, aunque podía ejercer la notaría.

El licenciado Clavell no contestó la moción de sentencia sumaria. El 16 de febrero de 1983 el tribunal de instancia le concedió otra oportunidad para oponerse a la moción. El demandante no presentó oposición alguna. El 5 de mayo de 1983 el tribunal le fijó un término perentorio de diez días para comparecer. El licenciado Clavell tampoco cumplió con esta resolución. Aun así, el tribunal declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria.

El tribunal concluyó que el licenciado Clavell se convirtió en figura pública debido a la notoriedad que adquirió al ser desaforado, pero que tal condición no perduró para la fecha en que se publicó el artículo objeto del litigio. Determinó, además, que aunque el demandante no se opuso a la solicitud de sentencia sumaria, según lo requiere la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, los autos revelaban la existencia de una controvesia sobre si el periódico incurrió en negligencia al publicar que la reinstalación del demandante a la profesión legal se limitaba al ejercicio de la notaría.

El diario acudió en alzada a este foro. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la resolución recurrida y dictarse sentencia a favor de la parte recu-rrente. La parte recurrida ha comparecido, mas no nos persuade a variar el criterio anticipado.

H-i

El derecho aplicable

La fuente principal de la protección contra la expresión difamatoria es la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Ley de Libelo y Calumnia, Ley de 19 de febrero de 1902 (32 L.P.R.A. see. 3141 y ss.), sobre-vive tan sólo en cuanto es compatible con esa Constitución. Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174, 180 (1978).

Al igual que los estados de la Unión Americana, Puerto Rico posee la facultad de establecer sus propias nor-mas de responsabilidad por difamación, siempre que no se imponga responsabilidad absoluta o que las reglas que se adopten no reduzcan el contenido mínimo de la Enmienda Primera a la Constitución de Estados Unidos. Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 347, 349 (1974).

Sujeto a esas limitaciones familiares, es al ordenamiento jurídico de Puerto Rico al que debe acudirse para sopesar los intereses envueltos en casos de difamación. La jurispruden-cia norteamericana, estatal o federal, en este campo posee, por lo demás, carácter ilustrativo o persuasivo tan sólo. Nuestra percepción de los valores envueltos y el modo de conciliarios pueden ser enteramente distintos. Esta situación no es particular de Puerto Rico. Comentario, Defamation and State Constitutions: The Search for a State Law Based Standard after Gertz, 19 Willamette L. Rev. 665 (1983).

II

El marco conceptual e histórico

Dos preceptos constitucionales de nuestro ordena-miento jurídico enmarcan el derecho de difamación: la cláusula del Art. II, Sec. 4 que dispone que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa...” y la disposición del Art. II, Sec. 8 al efecto que “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusi-vos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”.() Cortés Portalatín v. Hau Colón, supra, pág. 738. La legislación no es indispensable como condición al ejercicio de estos derechos. Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964).

En varias circunstancias los valores encarnados en estas disposiciones constitucionales confligen. Los casos de difamación plantean esencialmente la necesidad de determinar el peso respectivo del interés en una ciudadanía debidamente informada, en fomentar el debate vigoroso sobre cuestiones de interés público, de un lado, y el derecho a la intimidad, del otro. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415, 420 (1977). Esta labor afecta en el fondo la aplicación de las mecánicas de pesaje establecidas a su amparo.

En tiempos de la Convención Constituyente hubo intentos de pormenorizar y consignar circunstancias en que deter-minado valor prevalecería sobre el otro. Así, por ejemplo, doce años antes de New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), mas yendo mucho más allá de lo allí establecido, se propuso distinguir enfre funcionarios públicos y privados, al prohibir en forma absoluta la imposición de responsabi-lidad civil o criminal “por libelo o calumnia consistente en manifestaciones escrita[s] u orales relativas a un funcionario público . . .”. Prop. Núm. 35. La Convención Constituyente no acogió la propuesta, y dejó a otros procesos la dilucidación de los conflictos entre las dos series de valores.

Ello llevó a la adopción de diversos métodos para resolver la tensión entre la libertad de palabra y el derecho a la intimidad en diferentes situaciones. El derecho norteame-ricano fue fuente de valiosos préstamos jurídicos sobre el particular. () Se distinguió así en Puerto Rico entre funcio-narios públicos y otros ciudadanos. El funcionario público no puede ser indemnizado por daños a su reputación a menos que demuestre que la publicación se efectuó con malicia real, a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415, 421 (1977); Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 432, 435 (1977).

La norma relativa a los funcionarios públicos se aplica también a las figuras públicas. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 293 (1971); Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, pág. 422; García Cruz v. El Mundo, Inc., supra; Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 D.P.R. 369 (1982). El caso de autos trata fundamentalmente de este concepto y el impacto del transcurso del tiempo sobre su definición.

HH l-H

La figura pública y el transcurso del tiempo

En varias sentencias hemos señalado rasgos peculiares de la figura pública. Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra; Pueblo v. Olivero Rodríguez, supra, pág. 374. Para el debido entendimiento y aplicación de estos rasgos hay que recordar que términos como “figura pública” constituyen modos taquigráficos de intentar representar grupos de ideas o conceptos más amplios. La aplicación a una persona de la etiqueta de “figura pública” significa, a fin de cuentas, que para prevalecer en un pleito de difamación se le someterá a un criterio más riguroso de prueba, que su derecho a la intimidad pesa menos que el derecho de otros a la libre expresión, a menos que demuestre la existencia en éstos de malicia real. Las razones que apoyan la definición de “figura pública” están inexorablemente ligadas a los valores que informan el derecho de la responsabilidad por difamación. El proceso de decisión se complica a la luz del reconoci-miento en Puerto Rico y fuera de aquí del hecho de que existen muchas clases de figuras públicas, entre ellas aun la de la persona que se convierte involuntariamente en perso-naje público. García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, págs. 178-179.

En Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, pág. 422, expresamos:

El fundamento racional de la dicotomía figura publica-privada consiste en que la figura pública, por lo general, goza de un acceso mayor a los medios de comunicación para refutar la publicación difamatoria y contrarrestar su efecto. Además, se asume [s-ic] que la figura pública se ha expuesto volunta-riamente al riesgo de un juicio más riguroso por el público. Pero tal asunción [sic] no se justifica en el caso de las figuras privadas que no se han lanzado a la palestra pública y cuyo interés en la reputación personal no ha sido menguado por ninguna actuación voluntaria de su parte.

En otras palabras, la figura pública es persona investida de mayor interés comunal. Tiene acceso a la luz pública y ésta a su vez legítimamente alumbra algunas de sus actuaciones y dichos. Los líderes y otras personas destacadas de la socie-dad no son las únicas personas identificables como figuras públicas. Un ciudadano privado puede adquirir la notorie-dad necesaria para que, por las razones expresadas en nues-tra jurisprudencia, el bienestar general exija que prevalezca el derecho a la libertad de expresión.

Dentro de los principios establecidos en este foro, el caso de autos no representa dificultad alguna sobre la clasificación del licenciado Clavell como figura pública para el tiempo que este Tribunal lo desafora y más tarde lo reinstala al ejercicio de la profesión legal. Hasta aquí coincidimos con la ilustrada sala de instancia. Diferimos, no obstante, de la conclusión que el licenciado Clavell había perdido esa con-dición para el tiempo en que se publicó la noticia que motivó este pleito. Veamos en más detalle los hechos referentes al licenciado Clavell, algunos de los cuales no constan en autos mas pueden ser objeto de conocimiento judicial según la Regla 11 de Evidencia.

El licenciado Clavell estuvo desaforado desde el 29 de septiembre de 1977 hasta el 29 de diciembre de 1978. La formulación de la querella que culminó en el referido desa-foro fue ordenada por este Tribunal el 7 de marzo de 1975. La acción contra el querellado fue objeto de publicidad.

Estos hechos de por sí convirtieron por un tiempo al licenciado Clavell en figura pública. Desde la rehabilitación del licenciado Clavell al ejercicio de la abogacía el 29 de diciembre de 1978 hasta la publicación alegadamente difa-matoria de 18 de marzo de 1981 trascurrieron dos años y casi tres meses. Para determinar si ello fue suficiente para sumergir nuevamente a la parte recurrida en la categoría de ciudadano privado consideremos otros hechos.

La notoriedad que adquirió el licenciado Clavell no se limita a los hechos de legítimo interés público que conlle-varon su desaforo en 1977. El licenciado Clavell se vio envuelto, además, en los procedimientos judiciales iniciados en junio de 1975 con relación a la herencia de Isabel Luberza Oppenheimer, conocida como “Isabel la Negra”. Tales procedimientos recibieron amplia cobertura en la prensa del país. La conducta del licenciado Clavell en tal asunto y otros provocó la presentación de un informe preliminar el 29 de diciembre de 1977 en que la Administración de los Tribu-nales recomendó que el expediente se sometiese a la conside-ración de un magistrado de este Tribunal para la determi-nación de causa probable. El 22 de octubre de 1981 este Tribunal resolvió, en vez de eso, remitir el asunto al señor Procurador General de Puerto Rico “para que éste, previa reinvestigación y corroboración, rinda un informe a este foro contentivo de sus recomendaciones al respecto”. El 28 de junio de 1983 la Oficina del Procurador General rindió el informe solicitado y el 20 de octubre de 1983 este Tribunal ordenó la presentación de una nueva querella contra el licenciado Clavell. El procedimiento aún sigue su curso.

Los hechos reseñados revelan que el licenciado Clavell no ha cesado de ser figura pública. Desde 1975 el letrado recu-rrido ha sido foco de atención periodística (véase su moción de 21 de marzo de 1984 en que solicita la paralización del caso pendiente sobre conducta profesional). Los autos no demuestran que su notoriedad haya disminuido o menguado su acceso a los medios de comunicación. En la referida moción de 21 de marzo de 1984 el licenciado Clavel! expresa que “[s]on innumerables (más de 25) los informes periodísti-cos durante el proceso . . .”. El licenciado Clavell añade que en ocasiones acudió a los medios noticiosos para aclarar informaciones alegadamente falsas o expresar una opinión a requerimiento de los propios medios. Finalmente, la publi-cación de que se queja el demandante tiene que ver con suce-sos provocados por su propia conducta.

El licenciado Clavell ha retenido su condición de figura pública. En García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, pág. 179, establecimos, aun en ausencia de circunstancias adicionales que atrajeran la atención pública a una persona, que deter-minada conducta puede estar revestida de suficiente interés general como para mantener a esa persona por determinado tiempo en la categoría de persona pública. En García Cruz v. El Mundo, Inc., supra, el tiempo transcurrido fue única-mente tres meses, período que consideramos insuficiente para devolver al demandante a la vida privada. Cada caso deberá resolverse a la luz de sus circunstancias específicas.

Por vía de ilustración tan sólo, pueden citarse muchas sentencias en que el período de retención ha sido considera-blemente mayor que el término envuelto aquí. En Times, Inc. v. Johnston, 448 F.2d 378 (4th Cir. 1971), se criticó la habilidad de un jugador de baloncesto nueve años después de su retiro como jugador y doce años después de haber ocu-rrido los eventos mencionados en la publicación. Se resolvió que retenía su condición de figura pública. En Brewer v. Memphis Pub. Co., Inc., 626 F.2d 1238 (5th Cir. 1980), el tiempo transcurrido fue de diez años; en Street v. National Broadcasting Co., 645 F.2d 1227 (6th Cir. 1981), apelación desestimada por estipulación, 454 U.S. 1095 (1981), el período fue de cuarenta. Véanse: Comentario, Public Figures and the Passage of Time: Scottsboro Revisited in Street v. National Broadcasting Co., 34 Stan. L. Rev. 901 (1982); Comentario, Public Status over Time: A Single Approach to the Retention Problem in Defamation and Privacy Law, U. Ill. L. Rev. 951 (1982); Nota, Defamation Law: Once a Public Figure Always a Public Figure?, 10 Hofstra L. Rev. 803 (1982); Nota, Public Figures and the Passage of Time, 39 Wash. & Lee L. Rev. 1327 (1982).

Los casos citados tienen un hilo común. La reclamación en ellos surgió de la inexactitud de informaciones sobre hechos que atrajeron inicialmente la atención pública hacia la parte demandante. Tal fue el caso presente. Este factor es merecedor de gran peso para determinar el papel del devenir del tiempo sobre el criterio —malicia real o negligencia— que habrá de juzgar una publicación determinada. El criterio de malicia real claramente controla el caso presente.

> H-1

La procedencia de la sentencia sumaria

Nuestra jurisprudencia establece que procede la sentencia sumaria cuando el demandante no demuestra la existencia de malicia real. Tal demostración requiere prueba clara y convincente. No basta con la mera afirmación en la demanda de que la publicación fue maliciosa. El procedimiento de sentencia sumaria es una parte integral de la protección constitucional disponible a los demandados en este género de litigio. García Cruz v. El Mundo, Inc., supra; Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., supra; Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra.

El demandante en este caso se limitó a expresar conclu-siones generales en la demanda. Más aún, al presentar la parte demandada su solicitud de sentencia sumaria, el licen-ciado Clavell no interpuso oposición a pesar de que el tribunal de instancia le instó a ello en dos ocasiones. Vistas las disposiciones de la Regla 36.5 de Procedimiento Civil, debe concluirse sumariamente que no se probó que la publicación obedeciese a la requerida malicia real.

Por las condiciones expuestas, se revocará la resolución recurrida y se dictará sentencia sumaria a favor de la parte demandada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

      (1) El licenciado Clavell fue separado indefinidamente del ejercicio de la abo-gacía mediante sentencia dictada el 29 de septiembre de 1977. El 13 de octubre del mismo año se reconsideró tal sentencia y en su lugar se le impuso una suspensión por el término de un año, al cabo del cual debía comparecer ante este Tribunal para solicitar su reinstalación. In re Clavell Ruiz, 106 D.P.R. 257 (1977).
      La conducta que ameritó la referida sanción consistió en que el licenciado Cla-vell reiteradamente actuaba, en violación del Canon 37 de Ética Profesional, como apoderado de una compañía de fianzas, mientras que rendía servicios profesionales a acusados a quienes esa compañía les había otorgado fianzas para permanecer en libertad a prueba. Se determinó, además, que el licenciado Clavell había simulado conscientemente una compraventa, para encubrir una transacción, mediante la cual recibió una propiedad inmueble de un cliente en pago de supuestos honorarios de abogado en un caso criminal. La verdadera causa del contrato fue la de garan-tizar a la compañía de fianzas, de la cual era apoderado, el pago de una fianza otorgada al dueño del inmueble para permanecer en libertad provisional.
      Transcurrido el término de un año fijado por este Tribunal, el licenciado Cla-vell solicitó ser reinstalado al ejercicio de la profesión. Su petición fue denegada, por lo que presentó una segunda moción. Finalmente, el 29 de diciembre de 1978, se ordenó su rehabilitación al ejercicio de la abogacía. In re Clavell Ruiz, 108 D.P.R. 259 (1978). En este caso citamos nuestras expresiones en In re González, 60 D.P.R. 94, 98 (1942):
      “A él corresponde, en el futuro demostrar, con sus actuaciones, que no erramos al dar crédito a la confianza en él depositada y al concederle, como le concedemos, el alto privilegio de ejercer de nuevo la profesión de abogado y notario y de llevar con honor la toga que dignifica.”

      (2) Un gran número de constituciones extranjeras modernas reconocen también el derecho a la intimidad. F. X. Beytagh, Jr., Privacy in Perspective: The Experience under Foreign Constitutions, 15 U. Tol. L. Rev. 449 (1984).

      (3) Sobre el tema de estos y otros préstamos vale recalcar, en términos gene-rales, que el trasplante de figuras o conceptos jurídicos de una sociedad a otra o aun dentro de una misma sociedad de contextura tan variada y compleja como la de Estados Unidos no acarrea la generalización de un solo enfoque. Textos idénticos pueden tener significados muy distintos en comunidades diferentes. Nota, Private Abridgment of Speech and the State Constitution, 90 Yale L.J. 165 (1980).


author: per curiam:

text:
    Héctor Hernández Soto, Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, demandante y recurrido, v. Benito Gutiérrez Díaz, demandado y peticionario.

      Número: O-84-382

      Resuelto: 25 de octubre de 1984

      Benito Gutiérrez Díaz, por derecho propio; Eileen Herrero, aboga-da del recurrido.
   per curiam:

A solicitud del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos el Tribunal Superior expidió una orden para que el señor Gutiérrez Díaz, presidente de Medical Equipment Corp., compareciera ante el Negociado de Segu-ridad de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y contestase el interrogatorio a que se le sometiera “en relación con la contribución de Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad desde el comienzo de operaciones hasta el presente”. El Tribunal dispuso asimismo:

. . . que al comparecer el querellado lleve consigo: libros, nó-minas, documentos, cheques cancelados, talonarios de che-ques, copias de la declaración de salarios para los fines del Seguro Social Federal, copias de planillas de contribución sobre ingresos, así como cualquier otro récord que conserve de sus actividades comerciales durante el período antes indicado....

El 11 de junio de 1984 el señor Gutiérrez acudió a este foro para que se dejase sin efecto la orden citada. El 5 de julio dictamos orden de mostrar causa limitada a la modifi-cación de la orden recurrida para añadirle al final del párrafo transcrito la frase “que sea pertinente al citado objeto de la investigación”.

La parte recurrida ha comparecido y expresa no tener objeción a la modificación de la orden en la forma indicada. Queda por atender, no obstante, el planteamiento del peti-cionario de que debe anularse la orden emitida a solicitud del Secretario del Trabajo por incumplirse, alegadamente, las normas sentadas en E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197 (1984).

Lo que el peticionario cuestiona en efecto es el ámbito de la investigación, asunto que se gobierna por los principios expuestos en E.L.A. v. P. R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983), y en P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741 (1976). No se trata aquí de la razonabilidad de un registro, allana-miento o incautación en el curso de una investigación admi-nistrativa, tema principal de E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co. En el caso de autos limitamos nuestra orden de mostrar causa en la forma descrita pues no se nos ha demostrado infracción alguna, una vez se enmiende la orden del Tribunal Superior de la manera reseñada, de las reglas expuestas en E.L.A. v. P. R. Tel. Co. La investigación en este caso no excede la autoridad de la agencia; el requerimiento no es demasiado indefinido y la información solicitada no es impertinente a la investigación. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co. no es aplicable al caso presente, que versa tan sólo sobre la validez de una citación o requerimiento.

Se expedirá el auto, se modificará la orden recurrida en la forma expresada en nuestra resolución de 5 de julio y así modificada, se confirmará.


text:
    Pablo Aponte Donato, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.

      Número: O-84-508

      Resuelto: 25 de octubre de 1984

      Faustino R. Aponte, abogado del peticionario; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   PER CURIAM:

El 12 de abril de 1984 se presentó al Regis-tro la Escritura Núm. 348 sobre Compraventa, otorgada el 12 de diciembre de 1983. Por este medio el Sr. Ulpiano López Laviena y otros le vendían a Pablo Aponte Donato una finca en Humacao. Los vendedores eran dueños tan sólo del usufructo y de una estructura que enclava sobre la propie-dad. Del Registro surgía que la finca estaba inscrita a favor de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (CRUV).

La Registradora recurrida denegó la inscripción el 2 de julio de 1984 y se acudió en alzada ante este foro. La cuestión planteada es si puede inscribirse la enajenación del usufructo y de la estructura enclavada sobre una finca inscrita a nombre de la CRUV, cuando la escritura que motiva la transferencia señala que los titulares del usufructo son dueños en pleno dominio de la finca e intentan vender ésta.

La contestación es no. El Art. 57 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2260), dispone en parte:

Para registrar documentos por los que se declaren, trasmi-tan, graven, modifiquen, o extingan el dominio y demás dere-chos reales sobre bienes inmuebles, deberá constar previa-mente registrado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos referidos.

El concepto de la previa inscripción o tracto sucesivo exige que esté previamente inscrito el derecho de la persona que otorgue la transmisión o gravamen. En la escritura otorgada en este caso se expresa que los vendedores son dueños en pleno dominio del inmueble cuya enajenación se pretende. Ello no corresponde a la realidad registral, pues de ella consta que CRUV es la dueña. Ello basta para denegar la inscripción. En A. Sanz Fernández, Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. II, pág. 99, se afirma:

La previa inscripción ha de referirse al derecho de la persona que debe ser el titular registral según el título inscribí-ble. Esta circunstancia exige una perfecta identidad objetiva entre lo que resulte del título y la inscripción, de la misma manera que en su aspecto subjetivo exige el tracto una perfecta identidad entre el titular inscrito y el que debe serlo según el título.
La identidad objetiva se refiere al derecho inscrito y a la finca —o derecho— sobre que recae.
Respecto del derecho ha de ser el mismo que se invoca en el título inscribible y las mismas sus circunstancias esenciales, especialmente las que pueden afectar a su extensión, duración —en su caso— y, muy especialmente, facultades dispositivas del titular.

Véase, también, R. M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. II, pág. 321 y ss.

El recurrente argumenta que debe inscribirse la venta únicamente en cuanto al derecho de usufructo sobre el solar y al de dominio sobre la edificación. El problema con este planteamiento es que ello no corresponde a lo que dice la escritura, de la cual surge que se pretende vender el pleno dominio de la finca. No puede sustituirse de este modo el objeto de la contratación.

Se confirmará la calificación de la señora Registradora.


text:
      In re José A. Varona Pacheco, querellado.

      Número: 78

      Resuelto: 25 de octubre de 1984
   PER CURIAM:

José A. Varona Pacheco fue admitido al ejercicio de la profesión de abogado el 28 de julio de 1942. El 21 de mayo de 1950 fue desaforado por este Tribunal como resultado de haber sido sentenciado por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por el delito de conspirar “para comprar, recibir, transferir y pasar billetes falsificados de los Estados Unidos . . . In re Varona Pacheco, 71 D.P.R. 411, 412 (1950). Cumplió y extin-guió las sentencias criminales del 28 de julio de 1956.

El 30 de abril de 1965, previa una minuciosa investi-gación por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI), el entonces Presidente de los Estados Unidos Lyndon B. Johnson, le concedió un indulto completo e incondicional. A par-tir de ese año Varona Pacheco solicitó infructuosamente en varias ocasiones su reinstalación.

El 22 de diciembre de 1983 formuló una petición de reins-talación. Remitimos el asunto a la consideración del Procu-rador General y además a la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Ambos han rendido informes favorables.

Reexaminado totalmente el caso, coincidimos en que el peticionario, en la medida en que humanamente podemos percibir su capacidad moral, es acreedor a ser reintegrado, al cabo de 34 años, a la profesión de abogado.

Se dictará sentencia al efecto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Torres Rigual no intervinieron.


text:
      In re José Núñez López, querellado.

      Número: O-84-601

      Resuelto: 25 de octubre de 1984

      Raúl Barreras Morales, Procurador General Interino, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El 23 de julio de 1984 el abogado José Núñez López, previa alegación de culpabilidad, fue senten-ciado en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Dis-trito de Puerto Rico de distribuir aproximadamente 26.0 gramos de heroína en violación de la Sec. 841a(l) del Título 21 U.S.C.A.

El 6 de septiembre de 1984 el Procurador General for-muló ante este Tribunal querella, la cual le fue notificada el 12 de septiembre. A esta fecha no ha formulado su contes-tación.

En virtud de lo expuesto, de conformidad con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), procede que se dicte sentencia que lo separe permanentemente del ejer-cicio de la profesión de abogado.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


text:
    Viajes Lesana, Inc., demandante y recurrida, v. Ángel M. Saavedra y Evelyn Anadón, demandados y recurrentes.

      Número: O-84-149

      Resuelto: 25 de octubre de 1984

      Nydia González Ortiz, abogada de los peticionarios; Juan Muñiz Belbrú, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea la necesidad de definir el significado de la cláusula del Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, reía-tiva a que “nadie será encarcelado por deuda”, así como el alcance del Art. 1811 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5171, dentro del contexto siguiente de hechos.

En el curso de un pleito de interdicto las partes some-tieron una estipulación sobre transacción. Se dictó sentencia de conformidad. En la estipulación los demandados recu-rrentes se comprometieron a pagar a Viajes Lesana, Inc. determinada cantidad por el traslado de unos teléfonos, así como a satisfacer el costo de las llamadas efectuadas antes del traslado. Los recurrentes incumplieron el acuerdo. El tribunal de instancia fijó un plazo para el pago de lo conve-nido. Al no cumplir los recurrentes esta orden, Viajes Lesana solicitó que se les declarase incursos en desacato. Tras la vista correspondiente, el tribunal ordenó el encarce-lamiento requerido. Los recurrentes alegan ante este foro que tal resolución infringe la referida prohibición constitu-cional del encarcelamiento por deuda.

El encarcelamiento por deuda tiene una larga historia, tanto en los derechos romanogermánicos como en los de sello común. D. F. Clemente de Diego, Transmisión de las Obligaciones, Madrid, Lib. Gen. de V. Suárez, 1912, págs. 64-85; R. Ford, Imprisonment for Debt, 25 Mich. L. Rev. 24 (1926); Civil Contempt, 9 Halsbury’s Laws of England, 4ta ed., Londres, Ed. Butterworths, 1974, págs. 47-52.

En el antiguo Derecho romano, la persona del deudor respondía por sus obligaciones. Para el 326 A.D., sin embargo, ya se completaba el paso del principio de la responsabilidad personal al de la sujeción patrimonial. Los bienes del deudor, no su persona, respondían del cumpli-miento de sus obligaciones. Caído el Imperio Romano, se retornó en Occidente al concepto de la prisión por deudas. La práctica subsistió por siglos. Se le reconoció, bajo el nom-bre de apremio personal (contrainte par corps), en el propio Código Civil francés de 1804. La Novísima Recopilación española de 1805, Ley XII, Art. XXVIII, Libro XI, admitía la institución. No fue hasta la segunda mitad del siglo dieci-nueve que se impuso el principio de la responsabilidad patrimonial. Véanse: H. F. Jolowicz y B. Nicholas, Historical Introduction to the Study of Roman Law, 3ra ed., Cambridge, Univ. Press, 1972, págs. 164, 187 et seq.; J. Castán Tobeflas, Derecho civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. 3, pág. 260 y ss.; J. Puig Brutau, Funda-mentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. I, Vol. II, pág. 12 y ss.

La prisión por deudas civiles o comerciales se abolió en Francia por Ley de 22 de julio de 1867. Para la situación actual, incluso la discusión de excepciones permitidas hoy, véanse: B. Starck, Droit Civil — Obligations, París, Librai-ries Techniques, 1972, pág. 607 et seq.; A. Weill y F. Terré, Droit Civil — Les Obligations, 2da ed., París, Ed. Dalloz, 1975, pág. 892 et seq.; G. Marty y P. Raynaud, Droit Civil, París, Ed. Sirey, 1962, T. II, Vol. 1, pág. 685 y ss. () La supresión del encarcelamiento por deuda ocurrió en Italia diez años más tarde por Ley de 6 de diciembre de 1877. G. Del Vecchio, Acerca del resarcimiento del daño en relación con la pena (E. Galán y Gutiérrez, traductor), 189 Rev. Gen. Leg. Jur. 259, 268 n. 6 (1951).

En España la abolición del apremio personal tardó varios años. En el proyecto de Código Civil de 1851 la institución se mantiene, aunque suavizada un tanto. F. García Goyena, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil español (reimpresión ed. de 1852), Zaragoza, Ed. Cometa, 1974, pág. 972 et seq. En el Art. 1.911 del Código Civil español de 1889 ya se decía, sin embargo: “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.” Este artículo, del cual es copia fiel el Art. 1811 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5171, adopta el principio de la responsabilidad patrimonial. Castán, op. cit., pág. 263; L. Rodríguez-Arias Bus-tamante, Comentando el Artículo 1.911 de nuestro Código Civil, 189 Rev. Gen. Leg. Jur. 29, 31 (1951). Es imprescindi-ble acudir a su historia, dada la naturaleza críptica de su texto, para establecer su relación con el antiguo apremio personal. La simple lectura del Art. 1811 no revela su ver-dadero enlace con la prohibición del encarcelamiento por deudas.

La prisión por deudas fue por siglos parte del Derecho Común inglés, aunque no en sus inicios. La institución fue parcialmente abolida por la Debtors Act 1869 (32 & 33 Viet, c. 62). Para la situación actual, consúltese también la Magistrates’ Courts Act 1980 (1980 c. 43), 50(2) Halsbury’s Statutes of England, 3ra ed., Secs. 79 y 96 (1981).

Lo indicado hasta ahora revela la razón por la cual la Constitución de Estados .Unidos no prohibió la prisión por deudas. La institución, como en otros países, era parte del ordenamiento jurídico de la época. Para 1830, en que comienza un movimiento de reforma, las personas encar-celadas por deudas, algunas montantes a menos de un dólar, se contaban por miles. La situación fue mejorando lenta-mente, aunque varias constituciones estatales aún no se han pronunciado sobre el particular y existe gran variedad de criterios sobre las circunstancias en que es impermisible el encarcelamiento civil. Ford, op. cit., pág. 29 et seq. Para el estatuto que gobierna las cortes federales, proveniente, con enmiendas, de 1896, véase 28 U.S.C.A. see. 2007.

En Puerto Rico hemos vivido y estamos viviendo una situación curiosa. En la Ley Foraker de 1900 no se incluyó disposición alguna sobre el particular, como tampoco en la versión de la Carta de Derechos aprobada por la Asamblea Legislativa en 1902. De 1900 a 1917, por tanto, el único dique contra el apremio personal era el Art. 1811 (entonces numerado 1812) del Código Civil. ()

En la Ley Jones de 1917, en el sexto párrafo de la See. 2, se dispuso que “ninguna persona será encarcelada por deu-das”. No hay indicación histórica de que esta disposición se debiera a la influencia de la tradición civilista. El antece-dente a todas luces de la disposición fue el lenguaje idéntico de la Ley Orgánica de las Filipinas, Ley de 1 de julio de 1902, c. 1369, 32 Stat. 691. La Ley Jones de 1917 fue a su vez el modelo del que se extrajo la cláusula que nos ocupa de la Carta de Derechos de nuestra Constitución.

Es característica peculiar de nuestro ordenamiento jurídico, por tanto, que el principio de la responsabilidad patrimonial deriva de dos fuentes: el Art. 1811 de nuestro Código Civil y el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico. Contra la prisión por deudas existen dos escudos en nuestro país. Hay que penetrar ambos para alcanzar la persona del deudor.

El caso de autos no presenta dificultad alguna, bien se mire desde el punto de vista del Art. II, Sec. 11 de la Consti-tución o a la luz del Derecho civil. Bajo ambos procede la revocación de la resolución recurrida por conducir a una prisión por deudas.

En Freeman v. United States, 217 U.S. 539, 544 (1910), el Tribunal Supremo de Estados Unidos tuvo oportunidad de interpretar la Ley Orgánica de las Filipinas sobre el particular. El Tribunal estableció, al excluir del alcance de la prohi-bición los estatutos penales que castiguen el abuso de con-fianza y otras clases de apropiaciones de dinero, que el propósito de la cláusula es “evitar el encarcelamiento de deudores por obligaciones que surjan de contratos”. (Tra-ducción nuestra.) La jurisprudencia estatal acepta igual-mente que la prohibición aplica a encarcelamiento por deu-das contractuales, aunque existe diversidad de criterios sobre su aplicabilidad al resarcimiento por daños y perjui-cios, el fraude, la infracción de deberes fiduciarios y a algu-nos otros asuntos. D. B. Dobbs, Contempt of Court: a Survey, 56 Cornell L. Rev. 183, 268 et seq. (1971); Comentario, Mod ern Survival of Imprisonment for Debt, 37 Yale L.J. 509 (1928); E. R. Parnass, Imprisonment for Civil Obligations in Illinois, 15 Ill. L. Rev. 559 (1921); Ford, op. cit.

En el Derecho civil la prisión por deudas es también improcedente no sólo en el caso de las obligaciones contrac-tuales sino también en las de naturaleza ex delicto y aquellas otras expuestas en el libro cuarto del Código. Castán, op. cit., pág. 262 et seq.; Puig Brutau, op. cit., pág. 12 et seq.; Del Yecchio, op. cit., págs. 268-269; Starck, op. cit., pág. 607; Marty y Raynaud, op. cit. pág. 685.

Tanto en el Derecho civil como en el común se per-mite el encarcelamiento por deudas en determinadas situaciones, no siempre las mismas en ambos derechos. No está ante la consideración de este Tribunal enumerarlas. Basta con señalar que un principio común informa estas excepciones. El encarcelamiento no se produce en esos casos para vindicar intereses primordialmente privados. La excepción nace por el valor público que la permea. Más que forzar el pago de una deuda de lo que se trata en esos casos es de obligar al descargo de una responsabilidad de mayor rango, de un deber revestido de gran interés público. Ésta es la explicación, por ejemplo, de la validación en tantas jurisdicciones, incluso en Puerto Rico, del uso del desacato civil bajo ciertas condiciones para provocar el cumplimiento de pensiones alimenticias.

Nuestra jurisprudencia se ha ocupado en diversas oca-siones de la prohibición de prisión por deudas. En Frau v. Canals, 8 D.P.R. 120 (1905), el Tribunal no permitió el apremio personal para hacer efectivos unos alimentos provi-sionales en un caso de divorcio. En López v. Corte de Distrito de Guayama, 31 D.P.R. 137 (1922), se dejó a Frau v. Canals sin efecto. Véanse también: Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901, 906-908 (1951); Sosa Rodríguez v. Rivas Sariego, 105 D.P.R. 518 (1976). En Villa v. Corte, 45 D.P.R. 879, 890-891 (1933), se señala la diferencia entre el concepto “deuda” y el de “deber público”. Expresó el Tribunal, en palabras que indican también la amplitud en Puerto Rico de las obligaciones no ejecutables por la vía del encarcelamiento:

Los tribunales asignan diversas razones para sostener que la obligación de alimentar no es una deuda dentro de las dis-posiciones constitucionales que proh[í]ben encarcelamiento por deuda. Una orden concediendo alimentos es simplemente un medio de hacer cumplir un deber que el marido tiene con-traído tanto con el público como con su esposa. La prohibición constitucional se aplica únicamente a deudas que se derivan de contratos expresos o implícitos, o de responsabilidades por culpa y negligencia. La prisión se decreta en realidad por la resistencia a la orden de la corte, cuando la persona que desobedece tiene medios de cumplirla, () y no simplemente por haber dejado de pagar el dinero. (Escolio nuestro.)

La cita exige dos advertencias. La determinación de lo que constituye una “deuda” para los fines del Art. II, Sec. 11 de la Constitución, así como bajo el Art. 1811 del Código Civil, no es un ejercicio en puro razonamiento abstracto. La tabla de valores de la comunidad concernida es la que provee la clave. Si una obligación privada tiene un carácter tan acentuado de deber social que lo segundo ahoga o sobrepasa lo primero, como en el caso de las pensiones alimenticias, la vía del apremio personal puede estar disponible. Las excepciones a la norma general contraria a la prisión por deudas son contadas, tanto en el Derecho civil como el común.

En segundo término, el incumplimiento de una orden judicial conlleva usualmente la sanción del desacato, mas no puede utilizarse la resistencia al mandato de una corte como medio para lograr la prisión por deudas, inasequible por otras vías. De ser ello posible bastaría con que un tribunal ordenase, bajo apercibimiento de desacato, que se pagase cualquier deuda ordinaria. Hace ya casi un siglo que el Código Civil les cerró este camino a los acreedores y a los propios tribunales al adoptar el principio de la responsabi-lidad patrimonial, norma que adquirió en 1952 rango consti-tucional.

En el caso de autos la obligación concernida era una deuda contractual ordinaria no revestida de interés público preeminente. En tales circunstancias el tribunal a quo carecía de facultad para ordenar, por desacato a su requerimiento, el encarcelamiento de los deudores.

Se expedirá el auto y se revocará la resolución recurrida.

      (1) Consúltense el Art. 1142 del Código Civil, los Art. 749 al 762 del Código de Procedimiento Penal y el 467 del Código Penal franceses.

      (2) Considérese sobre este particular lo dispuesto en los Arts. 143 y 144 del Código de Enjuiciamiento Civil de la época. Ex Parte Carreras y El Pueblo, 39 D.P.R. 488 (1929).

      (3) Sobre la condición de medios de cumplirla consúltese la legislación francesa y británica citada en el curso de la opinión. Véase también a Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 72 D.P.R. 901, 907-908 (1951).


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de América, AFL-CIO, demandante y recurrida, v. V. & E. Engineering Construction Co., Inc., Ing. Víctor González, Levitt Homes Inc. y Reliance Insurance Company, demandados, y peticionaria la tercera.

      Número: O-84-183

      Resuelto: 29 de octubre de 1984

      Jorge L. Capó Matos y Raymond E. Morales, de O’Neill & Borges, abogados de la peticionaria; Nicolás Delgado Figueroa, abo-gado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea la necesidad de aclarar aspectos esen-ciales de la Regla 35.1 de Procedimiento Civil, referente al procedimiento de oferta de sentencia.

El 23 de febrero de 1982 la recurrida, Hermandad Unida de Carpinteros y Ebanistas de América, AFL-CIO (la Her-mandad) demandó por cien mil dólares a V. & E. Engineering Construction Co., Inc., a Levitt Homes, Inc. (Levitt) y a otros por no deducir las cuotas de la Unión y cometer alega-das violaciones adicionales al convenio entre la Hermandad y V. & E. Engineering.

Dos días después de contestar la demanda Levitt notificó a la Hermandad una oferta para consentir a que se dictase sentencia en su contra por la cantidad de mil doscientos dólares. La oferta fue rechazada.

Después de completarse el descubrimiento de la prueba y otros trámites, la partes solicitaron que el tribunal de instancia resolviese el aspecto de la responsabilidad vicaria de Levitt por la deuda de V. &. E. Engineering, una contra-tista independiente empleada por Levitt y otros en diversos proyectos. El 9 de diciembre de 1983 el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria en que desestimó la demanda contra Levitt y condenó a la Hermandad al pago de costas. Levitt presentó entonces un memorando de costas por $819.92 y una moción bajo la Regla 35.1 para que se le concediesen $5,226.50 por concepto de honorarios de abogado incurridos a partir de la fecha de la referida oferta de sentencia. El tribunal declaró sin lugar la moción sobre los honorarios, así como ciertos renglones del memorando de costas. Levitt ha recurrido a este foro.

La Regla 35.1 de Procedimiento Civil dispone:

En cualquier momento antes de los diez (10) días prece-dentes al comienzo del juicio, la parte que se defiende de una reclamación podrá notificar a la parte adversa una oferta para consentir a que se dicte sentencia en su contra por la cantidad o por la propiedad o en el sentido especificado en su oferta, con las costas devengadas hasta ese momento. Si dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación la parte adversa notificare por escrito que acepta la oferta, cualquiera de las partes podrá presentarla junto con la notificación de su aceptación y la prueba de su notificación, y entonces el secre-tario del tribunal dictará sentencia. Si no fuere así aceptada, será considerada como retirada y la misma no será admisible en evidencia, excepto en un procedimiento para determinar costas, gastos y honorarios de abogado. Si la sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable, ésta tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta. El hecho de que se haga una oferta y ésta no sea acep-tada no impide que se haga otra subsiguiente. Cuando la responsabilidad de una parte haya sido adjudicada mediante sentencia pero queda aún por resolverse en procedimientos ulteriores la cuantía de los daños o extensión de dicha respon-sabilidad, la parte cuya responsabilidad se haya adjudicado podrá notificar una oferta de sentencia y la misma tendrá el mismo efecto que una oferta hecha antes de juicio si se notifica dentro de un término razonable no menor de diez (10) días antes del comienzo de la vista. () 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 35.1.

La cuestión precisa que plantea este caso es determinar el significado de la frase: “Si la sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no. fuera más favorable, ésta tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta.” ¿Se incurre en tal obligación cuando la sentencia que se dicte finalmente favorece a quien hace la oferta en vez de a quien la recibe?

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se enfrentó a esta misma interrogante en Delta Air Lines, Inc. v. August, 450 U.S. 346 (1981). Por decisión de cinco contra cuatro jue-ces, el tribunal resolvió que la Regla 68 federal de Proc. Civil es inaplicable a las situaciones en que la sentencia fa-vorece a la parte demandada.

Las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos en este campo tienen únicamente valor persuasivo en esta jurisdicción, cual es la situación en los estados, aunque se trate de textos idénticos. Ello es así aun en el caso de disposiciones constitucionales, sujeto a las normas que hemos reiterado en repetidas ocasiones. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 426-428 (1976); M. Vitiello, Independent and Adequate State Grounds: A Stone Unturned by Louisiana’s Criminal Defense Bar?, 25 Loy. L. Rev. 745 (1979); Nota, Camping on Adequate State Grounds: California Ensures the Reality of Constitutional Ideals, 9 Sw. U.L. Rev. 1157 (1977).

No consideramos convincente la posición de la mayoría en Delta Air Lines, Inc. v. August, supra. Según señaló el Juez Rehnquist en su opinión disidente, ni el texto, ni el historial ni el propósito de la Regla permiten concluir que un deman-dado que gana un pleito debe ser colocado en peor posición que el que lo pierde por suma menor que la ofrecida.

La posición mayoritaria en Delta Air Lines, Inc., supra, ha sido objeto de crítica severa. Nota, Delta Air Lines, Inc. v. August: Taking the Teeth out of Rule 68, 43 U. Pitt. L. Rev. 765 (1982); J. F. Barnicle, Offers of Judgment under Federal Rule 68: The Impact of Delta Air Lines, Inc. v. August, 26 Trial Law. Guide 139 (1982). Hasta la emisión del dictamen en Delta Air Lines, Inc., supra, la norma federal era contra-ria a la dispuesta luego. Mr. Hanger, Inc. v. Cut Rate Plastic Hangers, Inc., 63 F.R.D. 607 (E.D.N.Y. 1974); Scheriff v. Beck, 452 F. Supp. 1254 (D. Colo. 1978).

En Beattie v. Thomas, 668 P.2d 268 (Nev. 1983), el Tribunal Supremo de Nevada rehusó regirse por la doctrina de Delta Air Lines, Inc. v. August, supra. El Tribunal expresó:

. . . Rehusamos adoptar el razonamiento de Delta Air Lines, no sólo por las diferencias entre NRCP 68 y FRCP 68 [la regla de Nevada, al igual que la nuestra, incluye expresamente los honorarios de abogado, contrario a la federal], sino porque tal razonamiento lleva a un resultado anómalo. Bajo la norma propuesta por el apelante y adoptada por la mayoría en Delta Air Lines, el receptor de una oferta sería penalizado en caso de obtener sentencia a su favor en términos menos favorables que los ofrecidos, mas no estaría sujeto a penalidad alguna en caso de perder el pleito. (Traducción nuestra y escolio omi-tido.) Pág. 274.

Al mismo efecto, pero anterior a Delta Air Lines, Inc., supra Wright v. Vickaryous, 611 P.2d 20, 23 (Alaska 1980).

La opinión mayoritaria en Delta Air Lines, Inc., supra, consigna acertadamente su preocupación por el problema de las ofertas irrazonables, mas para resolverlo no es necesario llegar al mismo resultado que el alcanzado allí. El propósito básico de la Regla 35.1 de Proc. Civil es fomentar las transacciones. Tal objetivo se derrota si se permite invocar la regla mediante ofertas de sentencia irrisorias o irrazonables. Hemos dictaminado que el principio de la buena fe es exigencia general de nuestro derecho. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 587-588 (1981). La Regla 35.1 no es operante cuando dentro del contexto de cada caso, la oferta no es realista, razonable y producto de la buena fe. Igual doctrina prevalece en algunos otros foros. Corley v. Epperson, 353 So.2d 794 (Ala. 1978); Barnicle, op. cit., págs. 162-163. De darse las circunstancias para la operación de la Regla, el tribunal de instancia conserva naturalmente su discreción para determinar la razonabilidad de la cuantía de honorarios que interesa cobrar el oferente.

Por último, cabe señalar que el concepto de costas, tanto bajo nuestra Regla 35.1 de Proc. Civil, como bajo la 44.1(a), se regirá por lo dispuesto en Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963).

Se expedirá el auto, se revocará la resolución recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulte-riores compatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Rebollo López emitieron votos concurrentes separados.

—O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

He suscrito mi conformidad con la opinión que hoy se emite. No obstante, me parece oportuno hacer algunas expresiones atinentes a lo que estamos resolviendo.

Cabe señalar que si bien la Regla 35.1 de Procedimiento Civil nos viene de la Regla 68 de Federal Rules of Civil Procedure, vía la 35.1 de las Reglas de 1958, sus alcances tienen que enmarcarse en el contexto tradicional nuestro de las normas sobre imposición de costas y honorarios de abo-gado, que es distinto al de las Reglas federales y que se man-tiene en nuestras Reglas.

En el ordenamiento federal la imposición de costas a la parte perdidosa no es mandatoria. En lo aquí pertinente, la Regla 54(d) federal de Proc. Civil dispone:

(d) Costs
Except when express provision therefor is made either in a statute of the United States or in these rules, costs shall be allowed as of course to the prevailing party unless the court otherwise directs .... Fed. Rules Civ. Proc., Rule 54(d), 28 U.S.C.A.

En nuestra jurisdicción la situación es diferente y ha sido por tradición jurídica diferente. Así, el Código de Enjuicia-miento Civil de 1933 disponía, en su Art. 327, 32 L.P.R.A. see. 1461, que “[l]a parte a cuyo favor se dicte cualquier sen-tencia o resolución final le serán concedidas las costas”. Esta disposición fue recogida en la Regla 44.4(a), Reglas de Procedimiento Civil, 1958, así:

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en ape-lación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo con-trario por ley o por estas reglas.

Esta disposición fue repetida en las vigentes Reglas (1979), a la que se le adicionó el concepto de costas que adop-tamos en Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963). La Núm. 44.1(a) expresa:

(a) Su concesión. Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en ape-lación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo con-trario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá con-ceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que un litigante debe reembolsar a otro. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(a).

Como puede verse, en esta materia de costas nos aparta-mos de la norma federal e, independientemente de la aplica-bilidad de la Regla 35.1 sobre ofertas de sentencia, si se de-clara sin lugar una demanda el demandante siempre vendrá obligado a pagar las costas no importa que mediara una oferta de sentencia. La única variante sería si el demandante prevaleciera en la sentencia, pero por una cantidad menor a la ofrecídale bajo la Regla 35.1, en cuyo caso, por excepción a la regla general, vendría obligado a satisfacer las costas incurridas por el demandado con posterioridad a la oferta. Dice, en lo pertinente, la Regla 35.1:

... Si la sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable, ésta tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta....

En cuanto al aspecto de honorarios de abogado, nuestra tradición jurídica se basa en la determinación de temeridad y ello ha descansado siempre en la sana discreción del tribunal sentenciador. Así fue reiteradamente expresado por este Tribunal al interpretar la disposición del Art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 1461, que autoriza la imposición de honorarios de abogado. () Véanse: Segarra v. Vivaldi, 59 D.P.R. 803 (1942); Ramírez v. Morales, 69 D.P.R. 703 (1949); Cerra v. Motta, 70 D.P.R. 861 (1950); Torres v. Biaggi, 72 D.P.R. 869 (1951). Y así sigue siendo bajo las vigentes Reglas de Procedimiento Civil. Dice la 44.1(d):

(d) Honorarios de abogado. En caso que cualquier parte haya procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honora-rios de abogado.

Esta regla, equivalente a la 44.4(d) de las Reglas de 1958, no corresponde con regla alguna federal.

De lo expresado resulta claro que en esta jurisdicción, como regla general, las costas se imponen mandatoriamente a la parte perdidosa en un pleito, pero la imposición de honorarios de abogado va vinculada a la determinación de temeridad que a su vez está regida por la discreción del juz-gador.

Es dentro de ese marco que debe operar la Regla 35.1. No tenemos que buscar apoyo en Delta Air Lines, Inc. v. August, 450 U.S. 346 (1981). La Regla 35.1 no puede ni debe ser camisa de fuerza que inmovilice la discreción judicial al extremo de permitir cosas absurdas. () El tribunal debe siempre tener la facultad de hacer uso de su discreción judicial y determinar, considerando las circunstancias del caso, si la oferta de sentencia fue hecha de buena fe y constituía una oferta razonable, y si su rechazo fue razonable. Es así como debe determinarse la aplicabilidad de la Regla 35.1, sin necesidad de distinguir entre el caso en que la sentencia concede una cantidad inferior a la ofrecida y el caso en que la sentencia nada concede a la parte a quien se le hubiese hecho la oferta.

Entiendo que ese es el alcance de la opinión que hoy emi-timos, según queda resumido en sus últimos párrafos. Por ello he suscrito mi conformidad.

—O—

Voto concurrente separado emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

He dado mi conformidad a la decisión que hoy emite este Tribunal debido a que entiendo que la misma, en términos generales, es jurídicamente correcta. Nos preocupa, sin embargo, la interpretación y alcance que puedan darle a la presente decisión los tribunales de instancia y la clase toga-da en general en Puerto Rico.

La decisión no debe ser interpretada —por lo menos, desde nuestro punto de vista particular— como un freno a la litigación genuina y honesta, o como un castigo al que acude al foro judicial en busca de justicia debido a que honesta-mente se siente perjudicado por otro, o como que otorga una indebida ventaja al litigante poderoso frente al que no lo es, o como un mandato para que se impongan las cuantiosas sumas de dinero gastadas en honorarios de abogado —en ocasiones infladas— por un litigante que ha sido demandado, ha hecho una oferta de sentencia, pero que finalmente preva-lece.

No hay duda de que ante nuestras salas de justicia se radican innumerables casos que son inmeritorios. Pero no todo caso en que finalmente se declara sin lugar una demanda significa necesariamente que el mismo no debió haber sido radicado. Todos los días surgen situaciones de hecho, que no pueden ser resueltas extrajudicialmente, sobre las cuales profesionales competentes tienen profundas y honestas diferencias de criterio respecto a cuál es el derecho aplicable a dicha situación o quién es, o no es, jurídicamente responsable, y en relación con las cuales se hacen rutinaria-mente como cuestión de estrategia ofertas de sentencia. ()

Entendemos, al igual que el Honorable Juez Irizarry Yunqué, que el criterio rector en cuanto a la concesión o no —y la cuantía a concederse— de honorarios de abogado debe ser siempre la sana y juiciosa discreción del tribunal senten-ciador, ejercitada dicha discreción a la luz de su determi-nación sobre la existencia, o no, de temeridad de la parte perdidosa; en esta clase de situación, de la parte deman-dante.

En ese sentido, y de acuerdo con nuestra manera de ver las cosas, la decisión que hoy se emite no “altera” la situación jurídica imperante en nuestra jurisdicción. Lo que sí hace la presente decisión es “aclarar” la disposición específica que contiene la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil, a los efectos de que una sentencia desestimatoria de la demanda que ha radicado un demandante es obviamente “menos favorable” para éste que una oferta de transacción que, vigente el pleito, le fuera hecha por la parte demandada.

      (1) Esta Regla deriva de la 68 federal, con algunas variantes.
      “At any time more than 10 days before the trial begins, a party defending against a claim may serve upon the adverse party an offer to allow judgment to be taken against him for the money or property or to the effect specified in his offer, with costs then accrued. If within 10 days after the service of the offer the adverse party serves written notice that the offer is accepted, either party may then file the offer and notice of acceptance together with proof of service thereof and thereupon the clerk shall enter judgment. An offer not accepted shall be deemed withdrawn and evidence thereof is not admissible except in a proceeding to determine costs. If the judgment finally obtained by the offeree is not more favorable than the offer, the offeree must pay the costs incurred after the making of the offer. The fact that an offer is made but not accepted does not preclude a subsequent offer. When the liability of one party to another has been determined by verdict or order or judgment, but the amount or extent of the liability remains to be determined by further proceedings, the party adjudged liable may make an offér of judgment, which shall have the same effect as an offer made before trial if it is served within a reasonable time not less than 10 days prior to the commencement of hearings to determine the amount or extent of liability.” Fed. Rules Civ. Proc., Rule 68, 28 U.S.C.A.

      (1) En lo pertinente disponía:
      “En caso de que cualquier parte haya procedido con temeridad la corte debe imponerle en su sentencia el pago de los honorarios del abogado de la otra parte, estableciendo en su sentencia el montante de dichos honorarios, teniendo en cuenta el grado de culpa en el litigio y trabajo necesariamente prestado por el abogado de la otra parte; Disponiéndose, que nada de lo contenido en esta sección se entenderá en el sentido de conceder honorarios de abogado para ser incluidos en las costas que se impusieran a un demandado que no hubiere radicado su comparecencia en una acción o procedimiento, excepto en el caso de que dicho demandado se hubiere obli-gado a ello.” (Énfasis suplido.)

      (2)Un ejemplo de lo absurdo sería el caso de una demanda por daños por ale-gada negligencia de un médico. Sabido es que en estos casos las partes dependen en gran medida de opiniones y dictámenes periciales. El demandante ha sufrido daños físicos que bien podrían justificar una sentencia de $100,000 o más y sus peritos sostienen de buena fe la responsabilidad del médico. Por otra parte éste también está convencido de que no es responsable y hace una oferta de sentencia, para poner coto a un pleito que entiende es frívolo, por $1,000. Por supuesto, es rechazada. De determinarse en la sentencia que no quedó preponderantemente probada la respon-sabilidad del médico y desestimar la demanda, el demandante se vería abocado, no obstante no haber sido temerario a tener que pagar por honorarios de abogado substanciales.

      (1) Normalmente por el “valor de fastidio” (nuisance value) del pleito.