author: per curiam: Juez Asociado Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Partido Popular Democrático et al., recurridos, v. Pedro Rosselló González et al., peticionarios. Isabel Pérez Pérez et al., recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., peticionarios. Rubén Berríos Martínez et al., recurridos, v. Pedro Rosselló González et al., peticionarios. Eudaldo Báez Galib et al., recurridos, v. Comisión Estatal de Elecciones et al., peticionarios.

      Números: CE-94-584
    CE-94-588

      Resueltos: 8 de septiembre de 1994

      Jorge C. Pizarro, Marie Elsie López Adames, y Lizette Vélez Rivé, abogados de la parte peticionaria; José Enrique Co-lón Santana y Edgardo N. Román Espada, abogados de la parte recurrida.
   per curiam:

Nos corresponde resolver si erró el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Gilberto Gierbolini, hijo), al prohibir que, para el referéndum que ha de celebrarse el próximo 6 de noviembre, las agencias del Gobierno incu-rran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública; esto es con excepción de aque-llos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley, así como aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos con autoriza-ción previa al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.). Confirmamos el dictamen del tribunal de instancia.

HH

El 2 de agosto de 1994 la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 49 —conocida como Ley Habilitadora del Re-feréndum sobre Enmiendas a la Constitución de Puerto Rico de 1994 (Ley Habilitadora del Referéndum), 16 L.P.R.A. see. 956 et seq.— que autoriza la celebración de un referéndum el 6 de noviembre de 1994, en el cual los elec-tores debidamente inscritos expresarán su aprobación o re-chazo a las enmiendas propuestas al párrafo 5 de la See. 11, Art. II; la Sec. 3, Art. V; la Sec. 20, Art. VI de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

Se instaron varias demandas contra el Hon. Pedro Ros-selló González (Gobernador de Puerto Rico), la C.E.E. y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico —por conducto del Departamento de Salud, la Policía de Puerto Rico, la Com-pañía de Turismo y la Autoridad de Energía Eléctrica— para impugnar esta ley por ser inconstitucional y solicitar, entre otras cosas, que se ordene al Gobernador y a las cor-poraciones públicas demandadas, con sus Directores Eje-cutivos y Juntas de Directores, detener sus campañas pu-blicitarias en los medios de difusión pública del país.

El 15 de agosto de 1994 el tribunal de instancia celebró una vista en la cual consolidó las demandas, escuchó los argumentos de las partes y le concedió un (1) día a los demandados para que mostraran causa por la cual no de-bía decretarse como aplicable al referéndum actual el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3351.

Considerados los memorandos de las partes, el tribunal de instancia resolvió que el referido Art. 8.001 tiene plena vigencia en lo referente al referéndum programado para el 6 de noviembre de 1994 y, en consecuencia, ordenó a la C.E.E. a nombrar la Junta de Anuncios para que ésta pueda evaluar la necesidad de publicación de todo anuncio gubernamental hasta el día del referéndum. Se funda-mentó para ello en el hecho de que la Ley Habilitadora del Referéndum dispone, en su Art. 5 (16 L.P.R.A. sec. 956d), que la Ley Electoral de Puerto Rico se considerará suple-toria a dicha ley habilitadora. Igualmente fundamentó su decisión en el principio de igualdad económica electoral in-merso en la Constitución.

No conformes, acuden ante nos los codemandados, Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) y la Compañía de Turismo, mediante peticiones de certiorari, en las cuales solicitaron la revocación de la resolución y orden recurrida.

Básicamente ambos alegaron como errores que el reme-dio concedido por el tribunal de instancia constituye una violación al derecho de libertad de expresión del Gobierno y su deber de informar al pueblo; además, que implica, a su vez, una censura previa. Asimismo, plantean que erró el tribunal de instancia al aplicar el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, a la Ley Habilitadora del Re-feréndum, por ser dicho artículo incompatible y estar contra la intención legislativa. La peticionaria, Compañía de Turismo, también alegó como error que el tribunal de ins-tancia debió abstenerse de intervenir por tratarse de una cuestión política no susceptible de adjudicación judicial, puesto que el tribunal de instancia había trascendido la esfera de sus poderes judiciales al inmiscuirse en la esfera legislativa.

Ordenamos la consolidación de las peticiones y concedi-mos a todas las partes un término para expresar sus posiciones.

Ante nos comparecieron como opositores: Eudaldo Báez Galib y Movilización Civil; Asociación Nacional de Estu-diantes de Derecho y otros; Rubén Berrios Martínez, el P.I.P. y Manuel Rodríguez Orellana; el P.P.D, Modesta Al-berty Vélez y Esteban Rodríguez Estrella. Estos alegan que resulta aplicable el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, al referéndum de 1994, en virtud del principio constitucional de igualdad de derechos y de tra-tamiento a todos los partidos políticos; que según lo re-suelto por este Tribunal en Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 D.P.R. 445 (1993), los postulados igualitarios constitucio-nales al voto son de igual aplicación a los referéndum y a las elecciones generales; que la Ley Electoral de Puerto Rico, en su definición de “elecciones”, incluye tanto a los referéndum como a las elecciones generales; que la contro-versia no es una cuestión política sino de entera competen-cia de los tribunales; que no le asiste al Gobierno el dere-cho constitucional a la libre expresión por ser éste un derecho de los individuos frente al Estado, y que el Estado debe permanecer neutral y no debe manipular directa o indirectamente la formulación y expresión de la voluntad del pueblo, en aras de proteger al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral.

Igualmente compareció la C.E.E. y su Presidente para señalar que la controversia sobre la aplicabilidad del Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, al Referén-dum de 1994 fue planteada ante dicho organismo, luego de resolver que éste resulta inaplicable por referirse sólo al año electoral y a las elecciones generales. Habiendo com-parecido las partes antes identificadas, estamos en posi-ción de resolver.

II

La doctrina de cuestión política, como regla general, impide la revisión judicial de asuntos cuya resolución corresponde a las otras ramas políticas del Gobierno o al electorado. Noriega Rodríguez v. Jarabo, 136 D.P.R. 497 (1994). Se ha reconocido —por este Tribunal— que en virtud de la See. 4 del Art. VI de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, la Asamblea Legislativa posee un amplio margen de autoridad para legislar en asuntos de materia electoral. Véanse: P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 636 (1984); P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 256 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 744 (1976). En consecuencia, la Asamblea Legislativa posee una amplia potestad para determinar y reglamentar todo lo concerniente al proceso electoral. No obstante, he-mos sostenido que ello no es carta blanca ni absoluta. Véanse: P.R.P. v. E.L.A., supra; P.S.P, P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, supra. La reglamentación se rige por el axioma de igualdad inmerso en la Constitución. P.R.P. v. E.L.A., supra. De ahí que en el presente caso, al haber invocado el derecho constitucional de la igualdad electoral, resulta claro que no se plantea una cuestión política. Se trata del postulado rector que impregna la Carta de Dere-chos de la Constitución de que, en una sociedad democrá-tica, todos los electores y partidos políticos “gozarán de iguales derechos”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2627 (1952). Recordemos que radica en este Tribunal la función de ser intérprete final de las leyes y la Constitución, así como la definición de sus contornos y la determinación de la validez de su ejercicio. Véanse: Art. V, Sec. 4, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406 (1994); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).

III

Ambos peticionarios plantean que el remedio concedido por el tribunal de instancia constituye una violación al de-recho de libertad de expresión del Gobierno y a su deber de informar al pueblo, además de que implica, a su vez, una censura previa.

Los derechos contenidos en la Carta de Dere-chos le asisten a los individuos frente al Estado. Esos de-rechos no pueden extenderse a las expresiones del Go-bierno porque los derechos están formulados en términos de lo que el Gobierno no puede hacer con relación a la expresión de las personas y no a la inversa. De ahí que el Gobierno no tiene un derecho constitucional a la libre ex-presión protegido. El problema ante nos implica el axioma básico de que el proceso decisional puertorriqueño res-ponde en su realidad al postulado de igualdad inmerso en nuestra Constitución, el cual persigue lograr paridad eco-nómica entre los partidos políticos para la divulgación de ideas y mensajes en nuestro país. Véanse: Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 646 (1984); P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra, pág. 753. De ello resulta que existe un amplio poder en la limitación de la propaganda gubernamental.

Por otro lado, no se veda completamente los anuncios gubernamentales, puesto que existe un mecanismo provisto por la C.E.E., que pasará juicio sobre el anuncio, para autorizarlos si ello corresponde. Dicha determinación está sujeta a revisión por parte de los tribunales. Recordemos que se trata de un interés apremiante en proteger el derecho constitucional de igualdad, que existe un interés en que el Estado y sus instrumentalidades se mantengan neutrales, salvaguardando así el principio de libre selección del pueblo contenido en la See. 2 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.

IV

Ambos peticionarios plantean que erró el tribunal de instancia al aplicar el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, a la Ley Habilitadora del Referéndum por ser dicho artículo incompatible y en contra de la inten-ción legislativa.

El Art. 5 de la Ley Habilitadora del Referéndum, supra, provee que la Ley Electoral de Puerto Rico y los reglamentos aprobados en virtud de ésta se considerarán supletorios a la Ley Habilitadora del Referéndum en todo aquello necesario, pertinente y compatible con sus propósitos, y para lo cual no se hubiese dispuesto un régimen distinto. De ahí que la controversia está dirigida a si el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, es necesario, pertinente y compatible con la Ley Habilitadora del Referéndum. Veamos.

La Sec. 2 del Art. II de nuestra Constitución, supra, establece que las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y que protegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Surge de la discusión de dicha sección en el Diario de Sesiones de la Convención Constituyente que “[l]a comunidad de hombres iguales y libres organiza su sociedad política con arreglo a la voluntad general y remite a ésta periódicamente las cuestiones públicas en controversia, así como las candidaturas para el ejercicio del poder político. La ciudadanía actúa en ambos extremos como árbitro final”. (Enfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, pág. 2563. De ahí que el derecho constitucional del sufragio sea un elemento común a las elecciones generales y los referéndum. Ello fue reiterado por este Tribunal en Sánchez y Colón v. E.L.A. I, supra, pág. 449, en el cual se señaló que

[t]anto nuestro ordenamiento constitucional como el norteame-ricano han reconocido a cabalidad la condición fundamental y preeminente del derecho al sufragio. El Preámbulo de nuestra Constitución destaca su importancia para el sistema democrá-tico al anunciar que “el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas...”. Preámbulo, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 251.
Estos postulados constitucionales protegen y garantizan el derecho al sufragio universal, tanto en las elecciones generales como en los referéndum y en los plebiscitos. ... (Enfasis suplido.)

De lo anterior surge con claridad que las elecciones generales y los referéndum tienen como elemento común el derecho constitucional al sufragio. Dicho derecho es consustancial con la existencia misma de la democracia.

Asimismo, dentro de nuestra Constitución está inmerso el principio de igualdad. Según expresara este Tribunal en P.R.P. v. E.L.A., supra, pág. 633, “[l]a igualdad es ingrediente medular del ideal de justicia que constantemente late en la Constitución. Por su naturaleza dinámica es susceptible de manifestarse en diversas dimensiones”. Según lo resuelto por este Tribunal en Marrero v. Mun. de Morovis, supra, pág. 646, “[a]l presente, en materia electoral no se cuestiona seriamente el postulado de igualdad inmerso en nuestra Constitución. Histórica-mente ese ideal ha cobrado vida en el esquema integral financiero trazado por la Asamblea Legislativa para lograr paridad económica entre los partidos políticos y los candidatos”. El concepto de igualdad económica, con rela-ción a la distribución de fondos públicos en el proceso electoral, impide que un partido que ostente el poder de gober-nar al pueblo en un momento dado utilice fondos públicos para tomar ventaja indebida dirigida a promover su postura. El Art. 8.001, supra, es precisamente una medida preventiva para que no ocurra dicha práctica indebida. Por lo tanto, el referido artículo, por imperativo del axioma de igualdad inmerso en la Constitución, así como en protec-ción del derecho constitucional a la libre selección tradu-cido en el derecho al sufragio, resulta compatible y conse-cuentemente aplicable a la Ley Habilitadora del Referéndum. En aras de mantener un proceso democrático, no podemos permitir una ventaja indebida del partido que esté en el Gobierno para promover su postura mediante la utilización de fondos públicos.

V

Resumiendo, bajo el principio constitucional de igualdad económica que permea todo sufragio —que el Estado viene llamado a garantizar y que este Tribunal tiene que prote-ger al amparo de la See. 2 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra— procede que extendamos la prohibición que contiene el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, y la apliquemos a este caso para evitar que el Estado, mediante anuncios guber-namentales, pueda tener una influencia en la libre expre-sión de los ciudadanos en la votación, con el poder econó-mico que éste tiene mediante la utilización de fondos públicos.

El tribunal de instancia mantendrá jurisdicción sobre las decisiones que tome la C.E.E. en vista de que ordenó la reactivación de su Junta de Anuncios como organismo ad-ministrativo especializado.

Se emitirá la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió y disintió por los fundamentos expuestos en su Opinión disi-dente emitida el 2 de septiembre de 1994 para estos recursos. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emi-tió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión escrita.

— O —

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Estoy de acuerdo con la opinión per curiam emitida por este Tribunal en la cual se confirma el dictamen del Tribunal Superior que prohibió a las agencias del Gobierno in-currir en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública sin seguir el procedimiento dis-puesto por el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3351.

Coincido con la posición mayoritaria en el sentido de que “bajo el principio constitucional de igualdad económica que permea todo sufragio —que el Estado viene llamado a garantizar y que este Tribunal tiene que proteger al am-paro de la See. 2 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra— procede que exten-damos la prohibición que contiene el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra ...”. Opinión mayoritaria, pág. 927.

La See. 2 del Art. II dispone:

Las leyes garantizarán la expresión de la voluntad del pueblo mediante el sufragio universal, igual, directo y secreto, y pro-tegerán al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de la prerrogativa electoral. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 261.

Al aprobarse la Constitución de Puerto Rico hubo un compromiso colectivo de desarrollar un país donde sus ciu-dadanos disfrutaran plenamente de libertad individual y de justicia social en una sociedad democrática. Por tal ra-zón, se diseñó un ordenamiento constitucional en el cual el Estado tiene el deber de proteger los derechos humanos y, simultáneamente, propiciar las condiciones económicas y políticas necesarias para garantizar la justicia social. En este esquema corresponde al Estado la función dual de no intervenir con los derechos individuales y, a la vez, propi-ciar las condiciones sociales y económicas que permitan que todos los puertorriqueños disfrutemos de esas liberta-des en igualdad de condiciones.

La See. 2 del Art. II de nuestra Constitución, supra, con-sagra el principio básico de que el poder político emana del consentimiento y la voluntad popular al imponer al Go-bierno una responsabilidad dual: abstenerse, por un lado, de interferir con el ejercicio del sufragio universal, igual, directo y secreto, y por otro, proteger al ciudadano contra toda coacción en el ejercicio de tal prerrogativa electoral. Se trata, pues, de un deber afirmativo, que lo obliga de igual forma en elecciones generales y en referéndums y plebiscitos. Sánchez y Colón v. E.L.A. II, 134 D.P.R. 503 (1993); Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 D.P.R. 445 (1993).

De esta disposición constitucional surge un axioma de igualdad electoral que es incompatible con el uso indebido de los fondos públicos, por el Gobierno, para propaganda político-partidista. Esto es, porque se afecta detrimental-mente el derecho de los electores a ejercer su voto libre de cualquier coacción y se pone en desventaja económica a los demás partidos. La propaganda excesiva por parte del Go-bierno durante un sufragio constituye una forma abierta y velada de coacción electoral con el propósito de beneficiar al partido que controle la Rama Ejecutiva, permitiéndole obtener una ventaja indebida sobre los demás. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368, 396 (1984) (citando la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974, Leyes de Puerto Rico, pág. 3; P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631, 637 (1984); Marrero v. Mun. de Morovis, 115 D.P.R. 643, 645 (1984); P.S.P., P.P.D., PI.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980); P.N.P v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 756 (1976). Esta práctica es con-traria a nuestro ordenamiento democrático y a los princi-pios de igualdad que rigen nuestro sistema constitucional.

Nuestra cláusula del sufragio no tiene igual en la Cons-titución de Estados Unidos. Sin embargo, la Jurispruden-cia norteamericana ha aplicado la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, para exigir neutralidad en asuntos políticos a los gobiernos de los estados. Asimismo, el deber de neutralidad se ha reco-nocido como un requisito indispensable para promover la opinión libre y genuina de los ciudadanos, lo cual es una meta fundamental de toda democracia.

La sugerencia de que la Primera Enmienda y la cláusula de garantía prohíban el partidismo oficial —sea en relación con la autoperpetuación en el cargo o con elecciones tipo referéndum y procesos relativos a enmiendas constitucionales— ni es nueva ni carece de apoyo jurisprudencial. Como aseveró el profesor Emerson:
“No hay duda de que el Gobierno está obligado por la Cons-titución a no utilizar su poder de expresión, así como ningún otro poder, para coartar la libertad de expresión. Además, no resulta paradójico invocar la Primera Enmienda para limitar la expresión gubernamental. El propósito de la Primera En-mienda es proteger la expresión privada; no existe nada en esta garantía que impida al Gobierno controlar su propia expresión o la de sus agentes.” (Traducción nuestra.) E. Ziegler, Government Speech and the Constitution: The Limits of Official Partisanship, 21 B. C. L. Rev. 578, 606 (1980).

Se considera que la neutralidad del Gobierno es necesa-ria para evitar que se frustre la expresión pura y libre de los votantes y se le otorgue una ventaja indebida a la po-sición del partido de tumo en el Gobierno:

Los casos anteriores sugieren, con claridad, que la Primera Enmienda y la cláusula de garantía protejan el derecho de los ciudadanos a estar libres de partidismo oficial con relación a las cuestiones políticas estructuradas; puesto que dicha conducta podría disminuir el efecto de las expresiones políticas de los ciudadanos que objeten las medidas y le den una ventaja in-justa a los grupos que compitan en la política privada. Los ca-sos también sugieren que este tipo de partidismo oficial no constituya una función gubernamental adecuada en un sistema de gobierno republicano, en el cual la autodeterminación se al-canza a través de los procesos democráticos. En este aspecto, no existe una distinción lógica entre unas elecciones para adoptar enmiendas constitucionales y unas elecciones que tengan que ver con asuntos oficiales referentes a una agencia federal o es-tatal en particular. El daño ocasionado a los ciudadanos con intereses contrarios en la expresión política es el mismo en am-bos casos. Por esa razón, debe prohibirse el partidismo oficial por parte de las agencias federales y estatales con relación a propuestas estatales o a la ratificación de enmiendas a la Cons-titución federal. En todos estos casos se han violado derechos fundamentales y no existe un interés apremiante del Estado que justifique dicho daño.
Se puede argumentar, además, que los actos partidistas ofi-ciales, antes mencionados, violan de otra forma el sistema de la libre expresión protegido por la Primera Enmienda. En la me-dida que el partidismo oficial utilice fondos públicos para finan-ciar un punto de vista partidista con el cual algunos contribu-yentes no están de acuerdo, efectivamente, se está obligando a los contribuyentes, que no comparten ese punto de vista, a fi-nanciar una expresión política con la que no están de acuerdo. El Tribunal Supremo ha establecido desde hace tiempo que el Gobierno no puede obligar a una persona a expresar posiciones políticas o ideológicas que resulten inaceptables para esa persona. Conforme a las palabras de Tomás Jefferson, la razón fundamental es que “obligar a un hombre a contribuir económi-camente a la divulgación de opiniones con lo que no está de acuerdo, es un acto pecaminoso y tiránico”. (Traducción y énfa-sis nuestros.) Ziegler, supra, págs. 613-614.

En el pasado hemos reconocido que la expresión del Go-bierno —de naturaleza educativa e informativa— es indispensable para que el pueblo pueda juzgar su labor y exigir remedios a los agravios gubernamentales. Santiago v. Bobb, 117 D.P.R. 153, 158 (1986); Romero Barceló v. Hernández Agosto, supra, pág. 381. Sin embargo, existe otro tipo de comunicación gubernamental que, lejos de cumplir la ineludible obligación de informar, constituye un bombar-deo de propaganda parcializada que tiene el efecto de coac-cionar el libre pensamiento del pueblo, además de malgas-tar sus escasos recursos económicos.

Podemos tomar conocimiento judicial de que, en los pri-meros seis (6) meses del presente año, las dieciséis (16) agencias de Gobierno —con mayor inversión publicitaria— incurrieron en gastos de publicidad en prensa y televisión ascendentes a casi doce millones de dólares ($12,000,000). Llama la atención que la mayor parte del gasto publicitario proviene de agencias que, por su naturaleza, son las únicas en ofrecer un servicio y para ejercer sus funciones no com-piten con entidades privadas, pero que resultan neurálgi-cas en cuanto a la opinión pública y el apoyo que el pueblo decida brindar a las propuestas políticas de la administra-ción de turno. Existe un peligro innegable de que al menos una parte de estos anuncios se esté utilizando indebida-mente para fines político-partidistas, con el efecto de violar la See. 2 del Art. II de nuestra Constitución, supra.

Ante esta situación, la aplicación del mecanismo proce-sal del Art. 8.001, supra, resulta ser el remedio más prác-tico, justo y eficaz. La experiencia ha demostrado que este procedimiento administrativo de evaluación previa de anuncios permite que el Gobierno proceda con aquellas co-municaciones que con válidez puede emitir, mientras ase-gura que no se viole el derecho del pueblo a un sufragio libre de coacción. Es necesario enfatizar, por ende, que esta decisión no avala una veda total a los anuncios guberna-mentales, sino que provee un procedimiento de evaluación para garantizar el respeto al derecho constitucional aquí reseñado; evitando la emisión o publicación de anuncios diseñados para influir sutil e indebidamente en el pensa-miento popular. Además, se protege el principio de igual-dad económica durante un sufragio.

Por entender que el derecho a un voto libre de coacción queda adecuadamente protegido mediante el uso del meca-nismo del Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, endoso la opinión del Tribunal.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Algunas personas seguramente pensarán que disfruta-mos enormemente el disentir de nuestros compañeros Jueces. No es así. Seríamos felices si pudiéramos endosar y suscribir la mayoría de las decisiones que emite este Tribunal. Desafortunadamente no es posible. Ello en vista de las erróneas decisiones que, continuamente, emite una mayoría de los integrantes del Tribunal; decisiones que ha-cen que, en ocasiones, nos cuestionemos si realmente vale la pena continuar en el cargo que con tanto orgullo ocupa-mos y desempeñamos.

En el día de hoy, mediante la opinión per curiam que se emite, el Tribunal erróneamente confirma una resolución interlocutoria que emitiera el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan; resolución mediante la cual dicho foro judicial —sin que ninguna de las partes demandantes lo hubiera solicitado y sin que se hubiera desfilado prueba alguna al respecto— le prohibió a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico a incurrir en gastos para la com-pra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública y a publicar dichos anuncios a menos que éstos fueran pre-viamente aprobados por la Junta de Anuncios que se crea por la vigente Ley Electoral de Puerto Rico.

I

Un grupo de personas, partidos políticos y agrupaciones —a saber, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Senador Eudaldo Báez Galib y una agrupación conocida como Movilización Civil, el Partido Popular Democrático, los Consejos de Estudiantes de Ciencias Sociales y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y la Federación de Universitarios Pro Independencia— radica-ron ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, varias demandas contra el Estado Libre Asociado, la Comisión Estatal de Elecciones, la Compañía de Turismo y la Policía de Puerto Rico, en las cuales se alegó, en síntesis y en lo pertinente, que la Ley Núm. 49 de 2 de agosto de 1994, conocida como Ley Habilitadora del Referéndum so-bre Enmiendos a la Constitución de Puerto Rico de 1994 (16 L.P.R.A. see. 956 et seq.), es inconstitucional; ello por diversos motivos. En consecuencia, en las súplicas de dichas demandas, se solicitó llana y sencillamente una deter-minación del tribunal a esos efectos. Nada más y nada menos.

El tribunal de instancia, luego de la celebración de una vista oral, consolidó todas las demandas radicadas y, sin que ninguna de las partes se lo hubiera solicitado, le con-cedió término al Estado para que mostrara causa por la cual no debía determinar que al mencionado “referéndum” le es aplicable las disposiciones del Art. 8.001 de la vigente Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3351; ello en virtud de las disposiciones del Art. 5 de la propia Ley Núm. 49, supra, 16 L.P.R.A. sec. 956d. El Estado cumplió con lo ordenado.

Mediante la Resolución y orden de fecha 17 de agosto de 1994, el tribunal de instancia resolvió que las disposiciones del referido Art. 8.001 de la vigente Ley Electoral de Puerto Rico, supra, efectivamente le son aplicables al “re-feréndum” a ser celebrado el 6 de noviembre de este año. En consecuencia, le ordenó a la Comisión Estatal de Elec-ciones que nombrara una "Junta de Anuncios”, para la cual provee la vigente Ley Electoral, con el propósito de que "ésta [Junta] pueda evaluar la necesidad de publicación de todo anuncio gubernamental hasta el día del Referéndum”. Resolución y orden de 17 de agosto de 1994, pág. 1.

Esto es, el tribunal de instancia, no obstante posponer la decisión sobre el asunto principal planteado, el de la cons-titucionalidad de la Ley Habilitadora del Referéndum, en-tendió procedente —sin que nadie, repetimos, se lo solicita-ra— prohibir que el Estado publicara anuncios sin el permiso y consentimiento de la Junta de Anuncios que crea la vigente Ley Electoral; tal y como se tratara de una elec-ción general.

Inconformes, naturalmente, acudieron ante este Tribunal —vía certiorari— tanto los codemandados Estado Libre Asociado de Puerto Rico como la Compañía de Turismo de Puerto Rico en revisión de la mencionada determinación interlocutoria. En síntesis, plantearon que había errado el tribunal de instancia al aplicar, al "referéndum” en contro-versia, las disposiciones del citado Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, ante, el cual, sostienen, única-mente es aplicable a una elección general.

Mediante Resolución, de fecha 19 de agosto de 1994, una Sala Especial de Verano consolidó ambos recursos y, a los fines de evaluar los mismos, le concedió término a todas las partes “para que se expresen sobre estos recursos”. En cumplimiento de esta resolución han compa-recido tanto las partes demandantes recurridas como las partes demandadas peticionarias.

En el día de hoy, una mayoría de los integrantes del Tribunal confirma la resolución interlocutoria emitida por el foro de instancia exponiendo que los anuncios publicados por las agencias del Gobierno —sobre los cuales, repetimos, no ha desfilado prueba alguna— violan, en palabras de la mayoría, “el axioma [de igualdad] ... inmerso en la Consti-tución” y coaccionan a los ciudadanos de este País “en el ejercicio de la prerrogativa electoral”.

I — I \

Somos los primeros en admitir que siempre existe la posibilidad de que la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico —en un momento determinado de nuestra his-toria de pueblo, presente o futuro, y en relación con un evento electoral— pueda intentar violar el referido axioma de igualdad y coaccionar a la ciudadanía en su prerroga-tiva electoral.

Ahora bien, ello no lo puede presumir la Rama Judicial; esto es, estamos obligados a partir de la premisa de que la Rama Ejecutiva, de cualquier administración de Gobierno, actúa correctamente y conforme a los dictados pertinentes de la Constitución y de las leyes aplicables al asunto ante nuestra consideración. En otras palabras, la parte que ale-gue y sostenga que así no lo ha hecho la Rama Ejecutiva tiene el peso de probarlo en una vista judicial plenaria.

En el presente caso, repetimos, tanto el tribunal de ins-tancia como este Tribunal han decidido, motu proprio, ac-tivar y aplicar a la situación las disposiciones del Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, ante; disposición de ley que, por su propio texto, únicamente es aplicable a las elecciones generales que se celebran en Puerto Rico cada cuatro (4) años. Ello lo han hecho sin que ninguna de las partes demandantes se lo hubiera solicitado y sin que se haya desfilado prueba sobre los anuncios que, supuesta-mente, está publicando el Gobierno de Puerto Rico.

La razón para ello es bien sencilla. Los demandantes no han hecho dicha solicitud, ni han presentado prueba sobre dichos anuncios, por la sencilla razón de que dicha solici-tud resulta contradictoria con su posición de que la citada Ley Núm. 49 de 1994 es inconstitucional. Esto es, a los demandantes no les interesa si los anuncios que publique el Gobierno son, o no, objetivos y neutrales. Los deman-dantes sostienen que no procede la publicación de ningún anuncio; ello dado el hecho de que alegan que, por razón de que la citada Ley Núm. 49 es inconstitucional, el referén-dum no se puede llevar a cabo.

Siendo esa la situación, ni el tribunal de instancia ni este Tribunal realmente tienen “facultad” para, motu pro-prio, envolverse en un asunto o cuestión que las partes ni han solicitado ni les interesa. Debe recordarse que nuestro sistema de derecho es rogado y de carácter adversativo. Véase Rodríguez Cruz v. Padilla Ayala, 125 D.P.R. 486 (1990).

La única cuestión planteada ante el foro judicial lo es la constitucionalidad, o no, de la referida Ley Habilitadora del Referéndum de 1994. No hay razón jurídica alguna para que el foro judicial resuelva, motu proprio y en el Ín-terin, si deben o no aplicarse a la situación las disposicio-nes del citado Art. 8.001 de la vigente Ley Electoral de Puerto Rico. Sobre todo cuando consideramos que no se ha presentado prueba alguna ante el foro judicial sobre su-puesta conducta impropia por parte de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. Ello, a nuestro juicio, puede constituir una violación al debido procedimiento de ley.

En resumen, resulta prematura y jurídicamente impro-cedente la actuación del foro de instancia prohibiéndole, en estos momentos, a las agencias del Gobierno la publicación de anuncios sin la previa aprobación de la mencionada Junta de Anuncios. Dicha determinación únicamente re-sultará procedente hacerla en la alternativa, y luego, de que el foro judicial resuelva que la citada Ley Núm. 49 es constitucional; ello, naturalmente, previa solicitud de parte a esos efectos y luego de la presentación de la prueba correspondiente ante el foro judicial.

h-í f — I A

Finalizamos señalando que somos del criterio que toda la actuación del Tribunal en el presente caso puede resul-tar nula. Como expresáramos el pasado 2 de septiembre de 1994, se le puede imputar a este Tribunal el tener un “in-terés particular y especial” en el caso. Hay que recordar que “no se puede ser juez y parte en un mismo caso”.

       Dicho artículo dispone que:
      “Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, reali-zaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esa disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
      “Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones.” 16 L.P.R.A. see. 3351.

       Los peticionarios plantearon, además, que el tribunal de instancia estuvo contra la intención legislativa, toda vez que del Informe Conjunto de la Comisión de Gobierno y la Comisión de Hacienda para el P. de la C. 1463 de 19 de julio de 1994, surge que allí se concluyó que por sus propios términos no aplica el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3351, debido a que éste sólo cubre elecciones generales. Si bien es cierto que en el referido informe se indica que este Art. 8.001 no aplicará, lo cierto es que en la redacción final aprobada de la ley no se incorporó esa prohibición, sino que se dispuso meramente que la Ley Electoral de Puerto Rico aplicará de forma supletoria en todo aquello que sea necesario, perti-nente y compatible. Según concluimos antes, el referido artículo resulta totalmente necesario, pertinente y compatible con la Ley Habilitadora del Referéndum sobre Enmiendas a la Constitución de Puerto Rico de 1994, en virtud del axioma de igual-dad inmerso en la Constitución, así como en protección del derecho constitucional al sufragio. Resolver lo contrario sería ir en contra de la norma reconocida de que un tribunal no está autorizado, bajo el pretexto de buscar la intención legislativa en un estatuto, a adicionarle limitaciones o restricciones que no aparecen de su texto. Véase Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685, 688-689 (1966). Re-cordemos que el texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Véanse: Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153 (1980). Siendo, pues, claro el texto de la ley, resulta innecesario recurrir al informe conjunto de la cámara para conocer la intención legislativa. Meléndez Ortiz v. Valdejully, 120 D.P.R. 1 (1987); Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., supra. Además, una expresión aislada no puede considerarse como un mandato en lo que respecta a la interpreta-ción sobre el propósito de una ley.

       Existen cuatro (4) variedades de derechos humanos: (1) status negativus libertatis, que representa la reserva de libertad del individuo fuera del poder del Estado; (2) status positivus civitatis, que presenta las esferas de acción que tienen que estar disponibles para el individuo en todo momento; (3) status activae libertatis, que concierne los derechos relativos a la participación en el poder, y (4) status credi-toris, que exige una acción positiva del Estado en beneficio del individuo. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1982, Vol. III, pág. 200. La See. 2 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, representa uno de los derechos conocidos como status activae libertatis.

       En el pasado hemos reconocido el inmenso poder de la propaganda sobre la opinión pública:

        “[L]os medios de comunicación de masas [pueden] elimina[r] el juego de la li-bertad de opinión y de palabra, por lo menos en su función social como mecanismo normal de la democracia, pues al lado de las pobres manifestaciones del pensa-miento, según la forma tradicional, los nuevos recursos técnicos ... permiten ‘fabri-car’ la opinión pública a través de sugestiones y símbolos mejor que a través de ideas y de apreciaciones razonables.” Escuela de Administración Pública, La nueva Constitution de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1954, pág. 212.

        “See. 3351. Gastos de difusión pública del Gobierno

      “Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del afio en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros reali-zaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
      “Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones.” (Énfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3351.

       Compuesta la misma por el Juez Presidente Señor Andréu García y los Jue-ces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Alonso Alonso.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Jesús Crespo Cardona et als., demandantes y recurridos, v. Autoridad de Carreteras et als., demandados y recurrentes.

      Número: CE-94-191

      Resuelto: 9 de septiembre de 1994

      Héctor Quijano Borges y Concepción González Cordero, abo-gados de la parte recurrente; Edgardo Mesonero Hernán-dez y Jorge L. Cajigas Morales, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

I

Hemos resuelto reiteradamente que una estipulación suscrita por las partes, y aceptada por el tribunal, que fi-naliza un pleito, constituye un contrato de transacción que las obliga. Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821; Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987). No obstante, también hemos resuelto que, por su naturaleza, el contrato de transacción debe interpretarse restrictivamente. íd. Específicamente, el Art. 1714 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 4826, limita la transacción, ri-gurosamente, a los objetos expresamente determinados o que por inducción necesaria de sus palabras deben repu-tarse incluidos.

La renuncia general de derechos se extiende a los que tienen relación con la disputa sobre la cual ha recaído la transacción. La razón para ello es que las transacciones se otorgan, por lo general, con carácter complejo por las en-tregas u obligaciones recíprocas de los contratantes, con sacrificios mutuos de régimen excepcional en algunos as-pectos y, por lo tanto, no deben interpretarse con extensión, sino limitadamente, aunque sin descuidar lo de la recipro-cidad como norma interpretativa. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, pág. 355. Man-resa añade que el Art. 1714, supra, tiene por objeto deter-minar la extensión de la transacción o los límites de su objeto. Según este autor, su fundamento estriba en que siendo por su naturaleza determinada la litis o la contro-versia extrajudicial, necesariamente tiene que tener dicho carácter la transacción; y que, en cuanto a la renuncia de derechos, es evidente que por más generales que sean sus términos tiene que seguir la naturaleza de la transacción a que va inherente y entenderse, por consiguiente, limitada a los mismos objetos, es decir, a las diferencias suscitadas por las partes en la controversia sostenida por éstos, sobre la cual ha de versar la transacción. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 760.

De otro lado, en Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, resolvimos que a los contratos de transacción les apli-can las reglas generales sobre la interpretación de contra-tos, en lo que no sean incompatibles con las normas que los regulan. Arts. 1709-1718 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 4821-4830. Sobre el particular señalamos:

...en relación con la interpretación de los contratos, Diez-Picazo nos dice que éstos “deben interpretarse de acuerdo con la buena fe ... [que es] un [standard] de conducta arreglada a los impe-rativos éticos exigióles de acuerdo con la conciencia social im-perante .... Los contratos han de ser interpretados presupo-niendo una lealtad y una corrección en su misma elaboración, es decir, entendiendo que las partes al redactarlos quisieron ex-presarse según el modo normal propio de gentes honestas y no buscando circunloquios, confusiones deliberadas u oscuridades .... El contrato debe ser interpretado de manera que el sentido que se le atribuya sea el más conforme para llegar a un desen-volvimiento leal de las relaciones contractuales y para llegar a las consecuencias contratuales exigidas conforme a las normas éticas. La buena fe impone también la aplicación de las ideas de confianza y autorresponsabilidad en la interpretación .... Las declaraciones de voluntad deben interpretarse en el sentido más conforme con la confianza que hayan podido suscitar de acuerdo con la buena fe”. (Enfasis suplido.) L. Diez-Picazo, Fun-damentos del Derecho Civil patrimonial, Madrid^ Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, Cap. XI, See. 45, págs. 251-252. (Enfasis en el original.) Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 75.

Por último, en Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787 (1981), expresamos que a pesar de que el contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada, esto no opera para impedir que el juzgador interprete su extensión y aplicación al pleito judicial en que se levanta como defensa.

Analizaremos la controversia surgida en este caso con-forme a este trasfondo jurídico.

II

El caso de autos se inició en 1988 con una demanda presentada por el Sr. Jesús Crespo Cardona y su madre, la Sra. Ana Cardona López, por los daños y perjuicios que éstos alegadamente sufrieron por causa de una inundación que afectó su propiedad, en marzo de 1987, causada su-puestamente como resultado de unos trabajos de desvío y recogido de aguas realizados en 1978 por la Autoridad de Carreteras en la Carretera Estatal Núm. 2. Posterior-mente, las partes terminaron el litigio mediante una tran-sacción por estipulación, a favor de los demandantes, la cual fue aprobada por el tribunal el 6 de febrero de 1992.

El 23 de octubre de 1992 la propiedad de los demandan-tes volvió a inundarse como resultado de unas fuertes lluvias. Por tal razón, en 1993 presentaron una nueva re-clamación por daños y perjuicios en la cual alegaron que la inundación fue como consecuencia de los antedichos traba-jos realizados por la Autoridad de Carreteras en 1978. Ale-garon, además, que la situación les creaba daños continuos y recurrentes cada temporada de lluvia y que así se lo ha-bían informado constantemente a los demandados. La Au-toridad de Carreteras presentó Moción de Desestimación y/o Solicitud de Sentencia Sumaria basada en la doctrina de cosa juzgada, habida cuenta que en el pleito anterior se había transigido el caso. En su moción la autoridad planteó “[q]ue la controversia descrita en la demanda ya fue dilu-cidada entre las mismas partes y sobre los mismos hechos en el caso de Jesús Crespo Cardona y Ana Cardona López vs. Depto. de Transportación y Obras Públicas y Autoridad de Carretera de Puerto Rico, Civil Núm.: CS 88-1209,... en el cual se llegó a una Estipulación entre las partes y se dictó Sentencia a esos efectos, el pasado 6 de febrero de 1992”. (Énfasis suplido.) Los demandantes se opusieron a la mencionada moción. Alegaron que no era aplicable la doctrina de cosa juzgada en su carácter ofensivo, toda vez que los hechos alegados en la primera demanda acontecie-ron en 1987 y los hechos de la segunda demanda ocurrie-ron en 1992.

Así las cosas, el 1ro de febrero de 1994 el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, dictó una resolución en la cual denegó la moción de desestimación presentada por la Au-toridad de Carreteras y declaró sin lugar la solicitud de sentencia sumaria. Inconforme con dicho dictamen, recu-rren los demandados mediante recurso de certiorari en el cual señalan, en síntesis, que erró el tribunal de instancia al no aplicar la doctrina de cosa juzgada. Procede que se confirme la resolución emitida por el Tribunal Superior.

En primer lugar, como señaláramos anteriormente, el tribunal de instancia no estaba impedido de interpretar la extensión y aplicación del contrato de transacción pactado.

En segundo lugar, conforme a la norma de interpreta-ción restrictiva de los contratos de transacción, surge, cla-ramente, que la estipulación habida se refería a los daños presentes y futuros producto de los hechos ocurridos en 1987. Los daños reclamados en la segunda demanda son producto de unos hechos ocurridos en 1992.

En tercer lugar, la Autoridad de Carreteras basa su pe-tición de certiorari en que los hechos, aunque en tiempos distintos, ocurrieron en el mismo lugar y entre las mismas partes y que, por lo tanto, para que la Autoridad de Carre-teras responda civilmente era necesario incluir en la esti-pulación que se trataba de un daño continuo y proveer re-medios para esa eventualidad. No estamos de acuerdo. Acceder a lo que solicitan sería otorgarle un relevo de res-ponsabilidad absoluta al Estado por los alegados proble-mas de drenaje existentes en el área. Aun cuando se haya transado el primer pleito, eso no significa que con esta transacción el Estado se inmuniza de toda responsabilidad y se le releva de corregir los supuestos problemas existen-tes, pudiendo así desatenderse de cualquiera de los proble-mas resultantes de los trabajos de construcción realizados en 1978. Llegar a otra conclusión no sólo estaría en contra de la interpretación restrictiva de este tipo de contratos, sino que además estaría en contra de los postulados de la buena fe contractual, ya que dicho acuerdo afectará adver-samente los derechos de los demandantes al interpretarse que releva a la Autoridad de Carreteras, para siempre, de toda responsabilidad por eventos presentes y futuros deri-vados de los trabajos de construcción realizados en 1978.

Es importante señalar que el señor Crespo Cardona, en su moción en oposición a la expedición de certiorari, in-cluye como Apéndice II una notificación dirigida a la Auto-ridad de Carreteras donde le advierte del problema. En ésta, con fecha de 8 de abril de 1992, el señor Crespo Car-dona le informa al Director Ejecutivo de dicha corporación sobre la transacción acordada a su favor y le solicita que corrijan los problemas del desagüe, toda vez que la posibi-lidad de daño era continua. Le indica, además, que existen varios estudios hidrológicos que constan en el expediente del caso que podrían ser utilizados por la agencia para co-rregir la situación. Como podemos notar, la Autoridad de Carreteras había sido advertida de que el problema aún existía y que eventos futuros podían producir otras inun-daciones y causar otros daños.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto y se dicta sentencia confirmando la resolución emitida por el Tribunal Superior,; Sala de Aguadilla, el 1ro de febrero de 1994.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con una opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liadó

Secretario General

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

La decisión mayoritaria emitida en el presente recurso —uno que plantea una sencilla cuestión sobre la defensa de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de causa de acción— es una trágica y funesta que tendrá graves consecuencias en la práctica de la profesión en Puerto Rico-, en específico, en la fase de la litigación.

HH

El día 3 de mayo de 1988, Jesús Crespo Cardona y su señora madre, Ana Cardona López, radicaron ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, una de-manda en reclamación de los daños y perjuicios que sufrie-ron como consecuencia de una inundación que afectara su propiedad; inundación alegadamente causada por unos trabajos de drenaje que había realizado la demandada Au-toridad de Carreteras en el año 1978. Dicho pleito terminó con una transacción por estipulación que suscribieron las partes. La referida estipulación fue aprobada por el tribunal de instancia, mediante la emisión de la correspon-diente sentencia a esos efectos. Debe señalarse que en dicha estipulación, las partes acordaron transigir la reclamación por la suma total de nueve mil quinientos dó-lares ($9,500).

Procede enfatizar el hecho de que en la mencionada es-tipulación de transacción, y a cambio de la referida suma de dinero, se hizo expresamente constar que la parte de-mandante

... releva y para siempre descarga a la parte demandada de todas las reclamaciones y/o causas de acción pasadas, presentes y futuras que surjan por cualquier motivo o razón de cuales- quiera daños o pérdidas que dicho demandante haya sufrido o pueda sufrir como consecuencia de los hechos alegados en la demanda. (Enfasis suplido.) Exhibit III.

En el año de 1993, los referidos demandantes presenta-ron ante el antes mencionado tribunal de instancia una nueva demanda de daños y perjuicios. En esta segunda demanda alegaron que, como consecuencia de los antes mencionados trabajos de drenaje realizados por la Autori-dad de Carreteras en el año de 1978, su propiedad nueva-mente se inundó al llover copiosamente en dicha zona. La demandada Autoridad de Carreteras radicó una solicitud de sentencia sumaria; predicada la misma en la doctrina de cosa juzgada. Luego de que la parte demandante se opu-siera a la misma, el tribunal de instancia, mediante reso-lución a esos efectos, declaró sin lugar la solicitud de sen-tencia sumaria.

Inconforme, la Autoridad de Carreteras acudió —vía certiorari— ante este Tribunal en revisión de la mencio-nada resolución, imputándole al foro de instancia, en sín-tesis, haber errado al no aplicar al caso la doctrina de cosa juzgada. Mediante Resolución de 20 de mayo de 1994, le concedimos término a la parte demandante para que mos-trara causa

... por la cual este Tribunal no deba expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla.

Luego de solicitar prórroga, y habiéndose concedido la misma, dicha parte compareció en cumplimiento de la re-ferida Resolución. En el día de hoy una mayoría de los integrantes del Tribunal resuelve que procede confirmar la resolución mediante la cual el foro de instancia denegó la solicitud de sentencia sumaria radicada por la Autoridad de Carreteras. Disentimos. Veamos por qué:

h-t H-1

Establece el Art. 1709 del Código Civil, ante, see. 4821, que la “transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. Conforme a ello, reiteradamente este Tribunal ha resuelto que una estipulación, suscrita por las partes y aceptada por el tribunal, que finalice un pleito constituye un contrato de transacción que las obliga. Véanse: Consejo de Titulares v. C.R.U.V., 132 D.P.R. 707 (1993); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987), y casos allí citados. Resulta aplicable, además, al presente caso el Art. 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4827, el cual, en lo pertinente, dispone que la “transac-ción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada ...” (Énfasis suplido.)

1 — < H-1

De un examen de ambas demandas, notamos que las mismas se basan en los daños sufridos como consecuencia de unas labores únicas de recogido y desvío de aguas lleva-das a cabo por la Autoridad de Carreteras en el año 1978. Ambas demandas son prácticamente idénticas con excep-ción de que en la primera se reclamaron daños sufridos por una inundación ocurrida en 1987 y en la segunda por una alegadamente ocurrida en 1992.

En la estipulación que suscribieron las partes en el primer pleito se hizo constar que “en consideración a la suma antes relacionada la parte demandante releva y para siem-pre descarga a la parte demandada de todas las reclama-ciones y ¡o causas de acción pasadas, presentes y futuras que surjan por cualquier motivo o razón de cualesquiera daños o pérdidas que dicho demandante haya sufrido o pueda sufrir como consecuencia de los hechos alegados en la demanda”. (Énfasis suplido.) Exhibit III. Basándose am-bas demandas en daños sufridos como consecuencia de las labores realizadas por la Autoridad en 1978, resulta claro que la estipulación acordada en el primer pleito impide a los demandantes instar nueva demanda reclamando nue-vos daños como consecuencia de las mismas labores.

Ello así por cuanto resulta ser aplicable al segundo pleito la defensa de cosa juzgada en su modalidad de frac-cionamiento de causa de acción. Véase Zambrana v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 179 (1971). Debe recordarse que el propósito de la defensa de cosa juzgada, en su aspecto de fraccionamiento de causa de acción, es promover la finali-dad de las controversias judiciales y evitar las continuas molestias a una parte con la presentación sucesiva de va-rios pleitos relacionados con el mismo asunto. Zambrana v. Tribunal Superior, ante.

IV

Los demandantes, quienes como toda parte demandante en un pleito civil ordinario tenían la obligación de probar su caso en un juicio plenario, optaron por transigir su caso. No debemos perder de vista que éstos sabían, o debían saber, si las labores de drenaje realizadas por la Autoridad de Carreteras en el 1978 podían causar inundaciones sucesi-vas y, en consecuencia, daños continuos a su propiedad. Optaron, repetimos, por transigir el caso por la suma total de nueve mil quinientos dólares ($9,500) ¿Por qué razón así lo hicieron? Acaso sería por razón de que tenían dudas sobre si podían, o no, “probar” su caso en un juicio plenario. El foro judicial nunca lo podrá saber. Lo que sabemos es que la transacción acordada relevó a los demandantes de esa obligación. Ese fue el “beneficio” por ellos obtenido como consecuencia de la transacción efectuada.

La demandada Autoridad de Carreteras, parte que ob- viamente estaba consciente de que tenía que ser vencida en un juicio plenario, igualmente optó por transigir el caso. Cabe preguntar: ¿cuál fue el “beneficio” por ésta obtenido con motivo de la transacción llevada a cabo? La contesta-ción salta a la vista y hiere la retina: los términos en que fue concebido el relevo contenido en la estipulación suscrita por ambas partes.

Recordaremos que, a cambio de la suma total de nueve mil quinientos dólares ($9,500), la parte demandante, vo-luntaria y libremente, relevó, para siempre, a la Autoridad de responsabilidad por cualquier daño, pasado o futuro, que hubieran sufrido, o sufrieran, los demandantes como consecuencia de los trabajos de drenaje que la Autoridad realizó en el año 1978. Nada más y nada menos.

V

Resulta verdaderamente difícil de imaginar que pueda existir un lenguaje o unos términos y cláusulas más claros que los de la referida estipulación. Ello no obstante, y so color de “interpretar” los mismos, en el día de hoy una ma-yoría de los integrantes del Tribunal resuelve que la refe-rida estipulación “se refería [únicamente] a los daños pre-sentes y futuros producto de los hechos ocurridos en 1987”. Opinión mayoritaria, pág. 943.

Dicha posición no sólo es una total y completamente ab-surda sino que la misma afecta, de una grave manera, la práctica de la profesión en nuestra jurisdicción. Cabe pre-guntarse qué abogado, de una parte demandada, se atre-verá de hoy en adelante a recomendarle a un cliente que transija un caso pendiente ante nuestros tribunales. Real-mente, ninguno. Ello así ya que, no importa los términos claros y diáfanos en que éste plasme una estipulación so-bre transacción —en lo relativo al relevo de responsabili-dad futura del demandado ante la parte demandante— siempre cabrá la posibilidad de que los integrantes de este Tribunal, en su infinita y teórica sabiduría, “interpreten” los mismos en “forma restrictiva” y resuelvan que la tran-sacción efectuada no relevó de responsabilidad futura a la parte demandada.

La decisión hoy emitida, en adición a necesariamente confundir a los abogados que se dedican a la litigación en Puerto Rico, abre las puertas para que se radiquen pleitos de “mala práctica” profesional contra aquel abogado que se arriesgue a transigir un pleito. Resulta verdaderamente trágico y lamentable que este Tribunal emita decisiones como la presente. Las mismas tienen el efecto indeseable de erosionar, aún más, la imagen y opinión que de este Foro tiene la profesión y nuestros conciudadanos.