text:
    Administración de Reglamentos y Permisos, etc., demandantes y recurrentes, v. Héctor J. Rodríguez, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-86-346

      Resuelto: 29 de enero de 1991

      Sonia L. Del Toro, abogada de la recurrente; Eduardo E. Ortiz, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de autos nos plantea como controversia principal la determinación del alcance del procedimiento especial que provee el Art. 28 de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamen-tos y Permisos (Ley Orgánica de A.R.Pe.), Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 72).

Los hechos

El caso de autos tuvo su génesis cuando la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) instó en el Tribunal de Dis-trito, Sala de Humacao, una acción mediante la cual solicitó la paralización inmediata de- una obra de construcción() Utilizó como fuente estatutaria el procedimiento sumario provisto por el Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra. Alegó bajo juramento que Luis J. Rodríguez, sin poseer el correspondiente permiso de la agencia según lo exigen los Arts. 16 y 17 de dicha ley, 23 L.P.R.A. secs. 71o y 71p, venía realizando una obra de construcción consistente en una ampliación hacia el frente de 32'O" x 2'6". La construcción se hallaba en la etapa de columnas. Además de la mencionada solicitud de paralización, pidió al tribunal que

. . . señale la fecha y hora para la vista de esta querella, dentro de los próximos diez (10) días, indicando al querellado que en dicha vista podrá él comparecer personalmente o por abogado, a confron-tarse con las alegaciones que se hacen en la querella; y apercibién-dole que, si dejare de comparecer, el Tribunal dictará la correspon-diente orden permanente de paralización, apercibiéndole, además, que el incumplimiento de la orden expedida dará lugar a que se le halle incurso en desacato pudiendo ser castigado por el Tribunal con multa no menor de cien ($100) dólares ni mayor de quinientos ($500) dólares o reclusión por un término no menor de diez (10) días ni mayor de seis (6) meses y dicte cualquiera otro remedio que proceda en derecho. Anejo I, pág. 2.

El tribunal dictó la orden solicitada y señaló el caso para vista. Luego de una serie de trámites procesales,() A.R.PE. compareció por escrito ante el Tribunal de Distrito mediante dos (2) mociones. En una, le informó al tribunal que el querellado no había cumplido con la orden de paralización inmediata, por lo que pidió que se le citara a explicar las razones por las cuales incumplió. Mediante la otra* solicitó que se señalara fecha para una nueva vista. Ante esta petición, el tribunal de instancia señaló la vista y dictó una orden dirigida al Sr. Luis J. Rodríguez para que compareciera a explicar por qué no había paralizado la obra. Se fijó vista para el 5 de agosto de 1983.

En dicha vista, el representante legal del querellado compa-reció e informó al tribunal que estaba en medio de gestiones cuyo fin era resolver la situación administrativamente. A estos fines pidió se le concedieran treinta (30) días adicionales. De acuerdo con las minutas oficiales, A.R.Pe. se allanó a esta petición del querellado. El tribunal concedió el término solicitado y apercibió a AR.Pe. que debería promover un nuevo señalamiento si no se lograba un acuerdo dentro del término concedido.()

Más de seis (6) meses después de la vista, el foro de instancia, conforme a la Regla 39.2 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), expidió una orden dirigida a las partes para que expusieran las razones por las cuales no debía desestimar la acción por inactividad. Catorce (14) días más tarde, dictó senten-cia mediante la cual decretó el archivo del cáso con perjuicio por no haberse diligenciado el emplazamiento del querellado dentro del término de seis (6) meses de expedido éste. Regla 4.3(b) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

Diez (10) días después, A.R.Pe. presentó Moción en Cumpli-miento de Orden en la que señaló lo siguiente:

. . . [Q]ue en el presente caso la Administración de Reglamentos y Permisos solicitó oportunamente se citara para vista para ver la solicitud sobre Orden de Paralización Permanente y luego solicitó para que se citara para mostrar causa por la cual no debía encontrarse incurso en desacato por haber continuado la construc-ción a pesar de la Orden de Paralización Provisional; que en todas las comparecencias la Administración de Reglamentos y Permisos se opuso a las dilaciones de tiempo solicitadas por la parte querellada las cuales nunca cumplió [sic] con lo que exponía como razón para solicitar tiempo adicional ... la parte querellada aprovechó el tiempo concedido por el Hon. Tribunal para concluir la obra de construcción y tampoco en esa fecha se permitió a esta parte pasar prueba sobre desacato a la Orden Provisional; que la razón del Procedimiento Especial es detener oportunamente la construcción como un medio rápido y menos oneroso sobre todo para el que construye ilegalmente para evitarle a esa parte que en un futuro se vea afectado en una demolición de obra; que en el presente caso el recurso se ha tornado académico toda vez que la parte construyó la obra; que en estos momentos la Administración de Reglamentos y Permisos le queda disponible recurrir al Tribunal Superior mediante Injunction para solicitar la demolición de la obra. Anejo III, págs. 6-7.

Conforme al escrito citado, A.R.Pe. presentó en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, una acción de injunction contra Luis J. Rodríguez y/o Jane Doe y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos constituida.() Solicitó, por ese medio, que se le ordenara a los demandados a remover o a demoler la estructura que de acuerdo con sus alegaciones fue construida en violación a las disposiciones estatutarias de A.R.Pe.

Luego de una serie de trámites procesales() A.R.Pe. pre-sentó Moción de Anotación en Rebeldía y Señalamiento de Vista. Ambas peticiones fueron denegadas y, en cambio, se acogió favorablemente una moción de desestimación presentada por la parte demandada.

El tribunal de instancia resolvió que procedía la defensa de cosa juzgada por fraccionamiento de causa de acción. Apoyó su determinación en el hecho de que AR.Pe. presentó una acción para paralizar en el Tribunal de Distrito y otra para demoler en el Tribunal Superior. El tribunal entendió que tanto la acción para paralizar como la acción para demoler debieron presentarse dentro del mismo procedimiento ya que, de acuerdo con el Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, el Tribunal de Distrito poseía competencia para intervenir en ambas acciones.

No conforme, AR.Pe. recurrió ante nos. Señaló como errores la desestimación que, conforme a los principios de cosa juzgada, hiciera el Tribunal Superior con relación a una demanda de injunction, mediante la cual se solicitaba la demolición de una construcción. Cuestionó, además, la determinación de que el procedimiento especial del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, tuviese el alcance de facultar al Tribunal de Distrito para conceder tanto el remedio de paralizar como el de demoler una obra de construcción, y la imposición de costas.

I — I HH

Alcance del Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975

Veamos, en primer término y en lo pertinente, el texto de la disposición en controversia:

El Administrador o el Secretario de Justicia en los casos en los que así se solicite a nombre del Pueblo de Puerto Rico, o de cualquier propietario u ocupante de una propiedad vecina, que resultare o pudiere resultar especialmente perjudicado por cuales-quiera de dichas violaciones, además de los otros remedios provistos por ley, podrá entablar recurso de interdicto, mandamus, nulidad o cualquiera otra acción adecuada para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio construido, o cualquier edificio o uso hechos o mantenidos, en violación de este Capítulo o de cualesquiera reglamentos adoptados conforme a ley y cuya estructuración le haya sido encomendada a la Administración. Esta autorización no priva a cualquier persona a incoar el procedi-miento adecuado en ley para evitar infracciones a este Capítulo y a todos los reglamentos relacionados con el mismo, para evitar cualquier estorbo (nuisance) adyacente, o en la vecindad, de la propiedad o vivienda de la persona afectada. A estos fines, se provee el siguiente procedimiento especial:
(a) Cuando, por persona o autoridad con derecho a ello, se presente petición jurada ante un juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico identificando un edificio o casa, alegando que el mismo está siendo construido, ampliado, reparado, trasla-dado, alterado, reconstruido, o usado, o demolido, en violación de este Capítulo o de los reglamentos, mapas o planos aplicables especificando los actos constitutivos de dicha violación e identifi-cando la persona o personas que estén cometiendo la violación en cuestión, el tribunal expedirá una orden provisional dirigida a dichas personas requiriéndoles para que paralicen inmediata-mente, bajo apercibimiento de desacato, la obra o uso a que la petición se refiere, hasta tanto se ventile judicialmente su derecho.
(b) En la orden provisional se fijará la fecha de la vista que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación de la petición y se advertirá al querellado que en dicha vista podrá él comparecer, personalmente o por abogado, a confron-tarse con las imputaciones que se le hacen, pudiendo dictarse la orden permanente si dejare él de comparecer.
(c) Tendrán derecho a presentar la petición los colindantes y vecinos que pudieren ser afectados por la violación y los funciona-rios designados por los organismos gubernamentales que insten la acción, así como ingenieros o arquitectos que actúen como proyectistas o inspectores de la obra.
(d) Dicha orden deberá ser diligenciada en la misma forma en que se diligencia la citación para la primera comparecencia en los casos de desahucio. Se podrán utilizar los servicios de cualquier alguacil de los tribunales de justicia de Puerto Rico o de cualquier miembro de la Policía Estatal para diligenciar dicha orden. Se entregará al querellado copia de la orden y copia de la petición jurada. Ambos documentos llevarán el sello del tribunal.
(e) El querellado no vendrá obligado a radicar alegación escrita alguna en contestación a la petición pero podrá oponer cualquier defensa procedente, como si se tratase de un caso criminal. No se cobrarán costas. Siempre que surgiese controversia sobre los hechos, el tribunal realizará una inspección ocular si lo creyere conveniente y si alguna de las partes lo solicita durante la vista.
(f) La resolución podrá ordenar la paralización permanente de los actos alegados en la petición o dejar definitivamente sin efecto la orden provisional. Toda resolución será escrita y contendrá una exposición de las alegaciones principales de la petición y de la prueba producida por ambas partes, una referencia al mapa, plano o ley alegadamente infringido, o una transcripción de la disposición reglamentaria aplicable y una exposición de lo que hubiese demos-trado la inspección ocular.
(g) Las resoluciones y órdenes serán apelables para el tribunal correspondiente de superior jerarquía. En tales apelaciones, y en lo aquí no provisto, regirán los términos y procedimientos que rigen las apelaciones en las acciones ordinarias, pero el récord lo consti-tuirá el expediente original, que deberá ser elevado al tribunal de apelación. En caso de que la apelación se funde en apreciación de prueba y así se haga constar en el escrito de apelación, podrá elevarse la transcripción de la evidencia. En todos los demás casos, se considerarán como finales, a los efectos de la apelación, las adjudicaciones de hecho contenidas en la resolución.
(h) El hecho de que se inicie el procedimiento especial aquí provisto impedirá el que pueda dictarse sentencia en una acción criminal sobre los mismos hechos. El hecho de haberse iniciado una acción criminal sobre los mismos hechos, impedirá el que pueda expedirse una orden provisional o permanente bajo este procedi-miento especial.() (Enfasis suplido.) 23 L.P.R.A. sec. 72.

De acuerdo con la interpretación que A.R.Pe. hace del refe-rido Art. 28, supra, el procedimiento especial antes transcrito sólo provee la paralización de una obra que “está siendo construidla], ampliadla], reparadla], trasladadla], alteradla], reconstruidla], o usad[a], o demolid[a]. . .”. Así mismo, agrega que

. . . conforme al historial y la intención legislativa del procedi-miento especial ha quedado establecido que el Tribunal de Primera Instancia cuando el recurso utilizado es el del procedimiento especial del Artículo 28 de la ley, no tiene jurisdicción para ordenar la demolición de la obra en construcción. Por lo tanto, ARPE tiene que solicitar la demolición al amparo del Artículo 26 y del 28 (23 L.P.R.A. sec. 71 y 72) en cuanto provee estatutariamente autoridad para radicar el recurso extraordinario del injunction. Solicitud de auto de revisión, pág. 9.

En síntesis, según el criterio de A.R.PE., habiéndose utilizado el procedimiento especial provisto por el Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, el Tribunal de Distrito carecía de competencia para actuar más allá de la mera paralización provisional o permanente de la obra. En vista de que la acción es en contra de la propiedad, en la cual se requiere la comparecencia del propietario, “el mecanismo apropiado para la demolición es el injunction, de tal forma que no se desvirtúe la sumariedad del procedimiento especial abriéndolo a tecnicismos propios de otras acciones”. Solicitud de auto de revisión, pág. 10.

Por otro lado, la parte demandada recurrida sostiene que el tribunal de instancia actuó correctamente al resolver que, en virtud del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, el Tribunal de Distrito tenía competencia para llevar a cabo proce-dimientos ulteriores, como lo sería el dictar una orden para demoler. Continuó alegando que, conforme dicha interpretación, procedía la desestimación de la petición de injunction en atención a los postulados de la doctrina de cosa juzgada.

Ahora bien, la interpretación de una disposición estatutaria debe hacerse tomando “en consideración los fines que persigue y en forma tal que la interpretación se ajuste al ‘fundamento de ley’ y a la política pública que la inspira”. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968). Nuestra cardinal obligación es desentrañar y hacer prevalecer el propósito legislativo, imprimiéndole así efectividad. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334, 342 (1986); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669, 678 (1987).

En el caso de autos estamos ante un estatuto que provee un procedimiento especial que responde al fin e interés legislativo de proveerle a A.R.Pe. mecanismos efectivos procesales que hagan viable la adecuada implantación de la política pública. Sus disposiciones han de prevalecer aunque se aparten de los principios generales del derecho. Estos entran en función sólo en aquellos casos en que resulten necesarios para suplir alguna deficiencia en la ley especial. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 12; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 31, pág. 245. Reiterada-mente, hemos sostenido que las “acciones de carácter especial se tramitan, como regla general, de acuerdo con el estatuto corres-pondiente”, aunque en todas aquellas circunstancias en que no sean incompatibles con su propósito, aplican las Reglas de Pro-cedimiento Civil. Frente Unido Independentista v. C.E.E., 126 D.P.R. 309, 313 (1990).

Específicamente, con relación al procedimiento especial del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, hemos expresado que “[d]icho procedimiento es de naturaleza estatutaria, especial y sumaria”. (Enfasis en el original.) Luan Investment Corp. v. Román, 125 D.P.R. 533, 544 (1990). Su razón de ser es hacer viable, a la vez que vindicar, el cumplimiento de la ley de A.R.Pe. y la reglamentación correspondiente. A tales efectos, la citada opinión señala:

El Art. 28 de la Ley de A.R.P.E., supra, dispone un procedimiento mediante el cual tanto el Administrador de A.R.EE. como el Secretario de Justicia de Puerto Rico, además de los otros remedios permitidos por ley, pueden presentar un recurso de injunction, mandamus, nulidad o cualquier otra acción adecuada para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio cons-truido o cualquier edificio o uso hecho o mantenido en violación de la Ley de A.R.P.E. o de sus reglamentos.
Además, autoriza a cualquier persona a incoar el procedimiento adecuado en ley para evitar infracciones a la Ley de A.R.EE. y sus reglamentos, así como para evitar cualquier estorbo adyacente o en la vecindad de la propiedad o vivienda de la persona afectada. Para ello, el Art. 28 de esta ley, supra, provee un procedimiento especial para combatir la ilegalidad. (Énfasis suplido.) Luán Investment Corp. v. Román, supra, págs. 543-544. Véanse, además: Torres v. Rodriguez, 101 D.P.R. 177 (1973); A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986).()

Pasemos ahora a examinar la procedencia del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra. Mediante la Ley Núm. 218 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, se creó la Ley de Planificación y Presupuesto de Puerto Rico. Desde esta temprana etapa en el desarrollo de la ley se adoptaron medidas para castigar las infracciones a las disposiciones contenidas en el estatuto, además de pautar otros remedios disponibles para promover su cumplimiento. A esa fecha la ley, en lo pertinente, leía como sigue:

Artículo 23. — Edificios y Usos de Terrenos. — . . . Toda persona que infrinja este o cualquier reglamento, plano o mapa, será culpable de delito menos grave (misdemeanor), y convicta que fuere, se le impondrá una multa no mayor de doscientos (200) dólares, o cárcel por no más de diez (10) días, o ambas penas a discreción del tribunal. Por cada día y durante todos los días que subsista dicha violación, se considerará un delito separado cometido. El Procurador General de Puerto Rico, en nombre de El Pueblo de Puerto Rico, o de cualquier propietario y ocupante de una propie-dad vecina, que resultare o pudiere resultar especialmente perju-dicado por cualquiera de dichas violaciones, además de los otros remedios provistos por ley, podrá entablar recurso de interdicto, mandamus, nulidad, o cualquiera otra acción adecuada, para impedir, prohibir, anular, vacar o remover cualquier edificio cons-truido, o cualquier edificio o uso hechos o mantenidos en viola-ción de esta Ley o de cualesquiera reglamentos de acuerdo con la misma. (Énfasis suplido.) 1942 Leyes de Puerto Rico 1127-1129.

Como se puede apreciar, el contenido del transcrito Art. 23 de la Ley Núm. 213, supra, resulta en gran medida similar al Art. 28 de la ley vigente, supra. Sobre todo, hay que atender el hecho de que ya en esta etapa, sin necesidad del procedimiento especial, el estatuto reconocía el uso del interdicto, mandamus, nulidad, entre otros, como remedios disponibles para impedir, prohibir, anular, vacar o remover cualquier edificio construido en violación a la ley.

A través de la Ley Núm. 91 de 16 de junio de 1953, se enmendaron los Arts. 3 y 12 de la Ley Núm. 429 de 23 de abril de 1946. Entre otros cambios menores en cuanto a la cuantía de la multa y el término de cárcel aplicable, por primera vez se incluyó el procedimiento especial que al presente comprende el Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra. En esencia, excepto por pequeñas variantes, la redacción y el contenido del mismo es igual al de la ley aplicable al caso de autos.() La ley proveía y provee el uso de distintos remedios para llevar a cabo sus propósitos.

Excepto por la acción criminal, la utilización del procedimiento especial no impide el uso de los otros remedios. La acción criminal y el procedimiento especial son mutuamente excluyentes. Véase el Art. 28(h) de la Ley Orgánica de A.R.Pe., 23 L.P.R.A. sec. 72(h). Tanto la ley actual como la Ley Núm. 91, supra, expresamente aluden a las circunstancias según las cuales procede el uso del procedimiento especial. Señalan, además, quiénes pueden solicitarlo y qué ha de disponer la resolución que, una vez celebrada la vista, emita el tribunal ante el cual se presentó la petición. ()

Del historial legislativo de la Ley Núm. 91, supra, Informe de la Comisión de lo Jurídico a la Cámara de Representantes respecto al P. de la C. 1065 (2 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. 2, págs. 1520-1521 (1953)), surge con claridad la intención de proveer un remedio adicional de carácter sumario:

El proyecto tiene por finalidad hacer aquellas reformas en la legislación, reglamentación y trámite relacionadas con los permisos de construcción que la experiencia ha ido señalando es conveniente realizar para aclimatar dicha legislación y reglamentación a las condiciones reales de Puerto Rico.
Se agrega más adelante: El procedimiento de imponer multas diarias no ha dado resultado efectivo en la práctica para evitar las construcciones clandestinas y en sustitución del mismo en el Proyecto se establece un procedimiento especial mediante el cual se podría ordenar la paralización inmediata de obras clandestinas. Dicho procedimiento concede la oportunidad, a colindantes y veci-nos que puedan ser afectados, de instar el mismo. Mediante este procedimiento, a petición jurada ante un juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico de que se está construyendo una obra clandestina e identificando la misma y las personas violadoras, se puede obtener una orden provisional del Tribunal dirigida a dichas personas requiriéndolas para que paralicen inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, la obra a que la petición se refiere, hasta tanto se ventile judicialmente su derecho. Se establece el trámite para este nuevo procedimiento el cual es sumamente rápido, económico y en beneficio de ambas partes.
La resolución que en su día se dicte se dará por escrito y es apelable por ambas partes ante un Tribunal de superior jerarquía. Muy importante en este procedimiento es que el iniciar la acción que se concede en el mismo evita que se pueda denunciar a la persona que ha constru[i]do clandestinamente y viceversa, o sea, que el hecho de que se inicie una acción excluye la otra.
En relación a la última oración en el inciso (i) de dicho procedi-miento, hay una disposición que dice “que por cada día y durante todos los días en que se violare la orden provisional o permanente se considerará un delito separado cometido”. Tratándose de una orden del Tribunal, el hecho de que la persona continuara la violación de la ley, consistente la misma en continuar la construcción clandestina, violará la orden del Tribunal. Por eso recomendamos su eliminación. (Enfasis suplido.) Diario de Sesiones, supra, págs. 1521-1522.

Como podrá observarse, del historial legislativo se desprende con meridiana claridad que la intención del legislador al aprobar el procedimiento especial del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R,Pe., supra, fue establecer un mecanismo sumario rápido, limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente, de obras o usos contrarios a la ley. Desde sus comienzos, el procedimiento provisional de paralización inmediata era un procedimiento independiente complementario y, por lo tanto, de ser favorable la resolución del tribunal a la posición de A.R.Pe., ésta podía promover entonces cualquier otro de los remedios que mencionan los Arts. 26 y 28 de su Ley Orgánica, 23 L.P.R.A. secs. 71y y 72, según lo ameritara el caso en particular.()

El Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, actualmente contiene dos (2) partes. En la primera parte se autoriza tanto al Administrador de A.R.Pe. como al Secretario de Justicia y a cualquier propietario u ocupante de una propiedad vecina que resulte o pueda resultar perjudicado a instar, además de los otros remedios provistos por ley, recurso de interdicto para, entre otras cosas, “remover” y “demoler” cualquier edificio construido. La segunda parte es la que se refiere al procedimiento especial específicamente. En ésta se limita la orden a concederse por el tribunal a la paralización provisional o permanente. En síntesis, resolvemos que el procedimiento especial provisto por el Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.PE., supra, tanto en el momento en que se creó como al presente, es un recurso adicional e independiente que persigue un propósito específico y limitado: la paralización de obras o de usos que constituyan violaciones a la ley.

Con relación a la designación del Tribunal de Primera Instan-cia como aquel con competencia para entender en el procedi-miento especial establecido por el Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, en el debate que precedió la aprobación de la Ley Núm. 91, supra, se expresó lo siguiente:

Sr. POLANCO ABREU:... El propósito de usar este lenguaje era no hacerlo mandatorio en ningún caso específico, compañero Arjona. Si S.S. lo señala, señala específicamente que es en el Tribunal Superior, puede que en un momento dado para la persona afectada, la más deseable es que sea en el Tribunal de Distrito, porque queda más cerca del pueblo donde reside. Ahora, personal-mente, no tengo inconveniente en que se señale que sea en el Tribunal de Distrito o en el Tribunal Superior. Me parece más deseable dejarlo así, con el fin de proteger a la persona afectada, y en la esperanza que se radique donde más cercana, el Tribunal más cercano al sitio donde se está construyendo. Diario de Sesiones, supra, págs. 1522-1523.

De lo antes transcrito se puede colegir que el propósito de dicha disposición es permitir la presentación del procedimiento especial en el tribunal, ya fuere de Distrito o Superior, del lugar donde se ocasione menos trastornos al querellado.

En conformidad con todo lo antes expuesto concluimos que el tribunal de instancia erró al desestimar la causa de acción de A.R.EE. El procedimiento sumario que provee la ley es de alcance limitado; entiéndase, la mera paralización. No es aplicable, por lo tanto, la doctrina de cosa juzgada en su modalidad de fraccionamiento de la causa de acción cuando con posterioridad se gestiona ante el Tribunal Superior un injunction permanente donde se solicita la demolición de la obra.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia revocando la recurrida y devolviendo el caso al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto. ()

      (1) CD-83-252.

      (2) En dicha vista, el representante legal de la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) compareció a informar que no se había citado al demandado, por lo que solicitó la suspensión de la vista. Se fijó un nuevo señalamiento.
      Posteriormente, el tribunal emitió una nueva orden de paralización y apercibimiento dirigida al Sr. Héctor J. Rodríguez.
      No existe minuta escrita que refleje qué sucedió en la nueva vista señalada. No obstante, A.R.Pe. alega que a dicha vista comparecieron los representantes legales de las partes. Señala, además, que el caso se vio en Cámara y que en esa ocasión el abogado del demandado solicitó la suspensión de la vista. El tribunal, por su parte, le concedió veinte (20) días para contestar la Solicitud de Orden y dispuso, además, que se mantendría en vigor la orden de paralización provisional emitida anteriormente.

      (3) Con relación a este asunto, A.R.Pe. señaló que la vista se celebró en Cámara y que, aunque no surge de la Minuta, ellos se opusieron a la solicitud de término adicional e insistieron en que se encontrara al querellado incurso en desacato. El juez, por su parte, no acogió su oposición.

      (4) Civil Núm. 84-1364.

      (5) La primera vista se suspendió' por no haberse podido citar a la parte demandada. El emplazador de A.R.Pe. informó que no había podido emplazar, ya que la persona a ser emplazada alegaba que su nombre era Héctor J. Rodríguez y no Luis J. Rodríguez, según aparecía en el documento. Ante esta situación, A.R.Pe. presentó al tribunal una moción para enmendar el epígrafe de la demanda y solicitó, además, que se expidieran nuevos emplazamientos. Se presentó entonces demanda enmendada en la que se corrigió el epígrafe. Bajo el nuevo epígrafe, se emplazó a la Sociedad de Gananciales constituida por Héctor J. Rodríguez é Hilda Ortiz Alicea, y a ésta última en su carácter personal. No surge constancia del emplazamiento personal a Héctor J. Rodríguez.

      (6) La citada disposición estatutaria fue enmendada por la Ley Núm. 58 de 27 de junio de 1987 sólo a los fines de incluir un medio para “prohibir, suprimir, remover o modificar la instalación ... de rótulos o anuncios . . .”. 23 L.P.R.A. see. 72.

      (7) Con relación a las funciones de A.R.Pe., en Asoc. Res. Baldrich, Inc. n J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759, 767 (1987), expresamos:
      “. . . [E]ntre las funciones más importantes de A.R.P.E. está la de ‘[a]plicar y velar el cumplimiento de sus propios reglamentos, de los Reglamentos de Planificación que haya adoptado o adopte la Junta de Planificación de Puerto Rico para el desarrollo, subdivisión y uso de terrenos y para la construcción y uso de edificios, así como el cumplimiento de toda ley estatal, ordenanza, o reglamentación de cualquier organismo gubernamental que regule la construcción en Puerto Rico’.”

      (8) El texto en cuanto a este extremo quedó plasmado según transcribimos a continuación:
      . . Procedimiento Especial, (a) Cuando por persona o autoridad con derecho a ello, se presente petición jurada ante un juez del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico identificando un edificio o casa, alegando que el mismo está siendo constru[i]do, ampliado, reparado, trasladado, alterado o reconstru[i]do en violación de esta ley o de los reglamentos, mapas o planos, especificando los actos constitutivos de dicha violación, e identificando la persona o personas que estén cometiendo la violación en cuestión; el Tribunal expedirá una orden provisional dirigida a dichas personas requiriéndoles para que paralicen inmediatamente, bajo apercibimiento de desacato, la obra, a que la petición se refiere, hasta tanto se ventile judicialmente su derecho.
      ‘“(ó) En la orden provisional se fijará la fecha de la vista, que deberá celebrarse dentro de los 10 días siguientes a la radicación de la petición y se advertirá al querellado que en dicha vista podrá él comparecer, personalmente o por abogado, a confrontarse con las imputaciones que se le hacen, pudiendo dictarse la orden permanente si dejare él de comparecer.
      “‘(c) Tendrán derecho a presentar la petición los colindantes y vecinos que pudieran ser afectados por la violación y los funcionarios designados por la Junta de Planificación, el Negociado de Permisos y la Autoridad Sobre Hogares de Puerto Rico.

        “‘(d) Dicha orden deberá ser diligenciada en la misma forma en que se diligencia la citación para la primera comparecencia en los casos de desahucio; Disponiéndose que para diligenciar dicha orden se podrán utilizar los servicios de cualquier marshal de los Tribunales de Justicia de Puerto Rico o de cualquier miembro de la Policía Estadual. Se entregará al querellado copia de la orden y copia de la petición jurada. Ambos documentos llevarán el sello del tribunal.
      “ ‘(e) El querellado no vendrá obligado a radicar alegación escrita alguna en contestación a la petición pero podrá oponer cualquier defensa procedente, como si se tratase de un caso criminal. No se cobrarán costas. Siempre que surgiese controversia sobre los hechos, el tribunal realizará una inspección ocular si lo creyere conveniente y si alguna de las partes lo solicita durante la vista.

        “‘(j) La resolución podrá ser ordenando la paralización permanente de los actos en la petición o dejando definitivamente sin efecto la orden provisional. Toda resolución deberá darse por escrito y contendrá una exposición de las alegaciones principales de la petición y de la prueba producida por ambas partes, una referencia al mapa, plano o ley alegadamente infringido, o una transcripción de la disposición reglamentaria aplicable y una exposición de lo que hubiese demostrado la inspección ocular.

        ‘“(g) Las resoluciones y órdenes serán apelables para el Tribunal correspondiente de superior jerarquía. En tales apelaciones y en lo aquí no provisto regirán.los términos y procedimientos que rigen las apelaciones en las acciones ordinarias, pero el récord lo constituirá el expediente original, que deberá ser elevado al tribunal de apelación. En caso de que la apelación se funde en apreciación de prueba y así se haga constar en el escrito de apelación, podrá elevarse la transcripción de la evidencia. En todos los demás casos se considerarán como finales, a los efectos de la apelación, las adjudicaciones de hecho contenidas en la resolución.
      “ ‘(h) El hecho de que se inicie el procedimiento especial aquí previsto impedirá el que pueda dictarse sentencia en una acción criminal sobre los mismos hechos. El hecho de haberse iniciado una acción criminal sobre los mismos hechos, impedirá el que pueda expedirse una orden provisional o permanente bajo este procedimiento especial.

        ‘“(i) Toda persona que violare los términos de una orden provisional o permanente recaída bajo el presente procedimiento especial incurrirá en desacato y será convicta por el tribunal que expidió la orden con multa no menor de $25 ni mayor de $200 o cárcel por un término no menor de diez días ni mayor de tres meses.’ ” 1953 Leyes-de Puerto Rico 323, 325 y 327.

      (9) Véanse, bajo el Art. 12 de la Ley Núm. 91 de 16 de junio de 1953, los incisos (a), (b) y (c). Bajo el Art. 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 72), véanse los incisos (a), (b) y (c). “La resolución podrá ordenar la paralización permanente de los actos alegados en la petición o dejar definitivamente sin efecto la orden provisional.” Art. 28 de la Ley Núm. 76, supra, 23 L.P.R.A. sec. 72(f).

      (10) Sobre este particular, en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 35 de 17 de agosto de 1990, se expresó:
      “La planificación adecuada es un asunto de gran interés público especialmente en un país industrializado, de poca extensión territorial y densamente poblado como Puerto Rico. El propósito de la Asamblea Legislativa al proveer distintos mecanismos en los Artículos 18, 25, 26, 28 y 29 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, según enmendada, para detener o eliminar cualquier violación a los Reglamentos de Planificación fue precisamente permitir la agilidad y efectividad de las agencias al poner en vigor las disposiciones de la ley.” (Escolio omitido.) 1990 Leyes de Puerto Rico 136-137.
      Con relación al carácter provisional del Art. 28 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., supra, cabe también señalar que en nuestro sistema de derecho existen otras leyes cuya naturaleza es de carácter provisional únicamente y donde se requiere de una acción ulterior e independiente para adjudicar finalmente la controversia, sin que por ello se violente la doctrina de cosa juzgada. Véase, de forma ilustrativa, la Ley Núm. 140 de 23 de julio de 1974, conocida como Ley Sobre Controversias y Estados Provisionales de Derecho, 32 L.P.R.A sec. 2871 et seq. Esta ley sirve de complemento y paso anterior al uso de los remedios que se conceden bajo el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, enmendado por la Ley Núm. 22 de 29 de abril de 1974, conocida como Ley sobre Perturbación o Estorbo, 32 L.P.R.A. sec. 2761.
      En cuanto al Art. 26 de la Ley Orgánica de A.R.Pe., 23 L.P.R.A. sec. 71y, éste va dirigido a autorizar expresamente a A.R.P.E. a instar “el recurso adecuado en ley para impedir, prohibir, anular, vacar, remover o demoler cualquier edificio construido, usado o mantenido en violación de este Capítulo o de cualquiera de los reglamentos que regulen la construcción y uso de edificios y pertenencias en Puerto Rico. Se autoriza, además, a la Administración a iniciar el trámite judicial correspondiente para que el tribunal ordene a las correspondientes agencias de servicio público a suspender sus servicios a toda pertenencia que se construya, amplíe o use en violación a los Reglamentos de Planifica-ción”.

      (11) Ante el resultado a que hemos llegado, no es necesario discutir el tercer señalamiento de error.


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text:
    Paula Pou et al., demandantes y recurridos, v. American Motors Corporation y otros, demandados y peticionarios.

      Número CE-87-5

      Resuelto: 30 de enero de 1991

      John Málley Vega, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogado de los peticionarios; Plinio Pérez Marrero, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos toca resolver si al amparo de la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III, el tribunal de instancia válidamente asumió jurisdicción sobre una corporación foránea mediante la entrega del emplazamiento y copia de la demanda a su distribuidor en Puerto Rico, una corporación doméstica.

A continuación sintetizamos los hechos que dieron lugar a esta controversia.

I

Los hechos

Debido al resultado de un accidente automovilístico en el que estuvo involucrado un vehículo marca “Jeep”, modelo C J-5 del año 1980, los demandantes recurridos presentaron acción en daños y perjuicios contra Yuyo González, Inc. (Yuyo)/) American Motors Corporation (A.M.C.) y Jeep Corporation (Jeep). Una vez el tribunal de instancia expidió los respectivos emplazamientos, éstos fueron diligenciados, junto con copia de la demanda, me-diante entrega personal al Sr. Juan “Yuyo” González Rodríguez en las oficinas de su corporación en la ciudad de Ponce. Además de los emplazamientos y de la demanda, se le entregó una carta dirigida a la gerencia de Yuyo González, Inc., suscrita por el abogado de los demandantes, la cual dispone como sigue:

Con la presente acompaño demanda dirigida a American Motors Corporation, Jeep Corporation of America y Yuyo González Inc., por un accidente en que estuvo envuelto un vehículo Jeep, según detalles que se explican en la demanda. Yuyo Carrasquillo Inc. ha sido incluido [sic\ como distribuidor y representante de American Motors Corporation y Jeep Corporation of America en Puerto Rico. Por esta razón se le entregan también las demandas contra estas corporaciones. Suponemos que hará llegar estas [sic] a sus principales con la premura necesaria para que éstos actúen con-forme a derecho. (Enfasis suplido.)

Yuyo no compareció al pleito en su contra. Tampoco compa-recieron las codemandadas A.M.C. y Jeep. Así las cosas, los demandantes solicitaron anotación de rebeldía contra la parte demandada. En su moción alegaron que surgía de los emplaza-mientos obrantes en autos que las tres (3) corporaciones codemandadas fueron emplazadas a través del Sr. Juan “Yuyo” González Rodríguez. Alegaron, además, que junto con los empla-zamientos se le entregó al señor González copia de la antes mencionada carta suscrita por el abogado de los demandantes, y señalaron que de ésta “surge la representación [de las codemandadas A.M.C. y Jeep] ostentada por el señor Yuyo González, recipiente de los emplazamientos”. Apéndice, pág. 15.

■ El tribunal de instancia celebró insta en rebeldía el 6 de octubre de 1983. En dicha vista se presentó toda la prueba testifical. Posteriormente, los días. 26 de octubre de 1983, 26 de enero y 15 de febrero de 1984, se presentó la correspondiente prueba documental. El 1ro de mayo de 1984 el tribunal de instancia dictó sentencia mediante la cual impuso responsabilidad a las codemandadas de forma solidaria. Las condenó a pagar $321,959.21 por concepto de compensación por los daños causados. Les impuso, además, el pago de las costas del proceso. Esta sentencia fue notificada mediante correo al señor González Rodríguez y al abogado de la parte demandante.

Las codemandadas peticionarias recibieron reclamaciones extrajudiciales en Estados Unidos mediante las cuales se les exigió el pago de la mencionada sentencia en rebeldía. Una vez enteradas de la existencia de dicha sentencia, comparecieron al tribunal y solicitaron que se les relevara de la misma. Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Argumentaron que la sentencia era nula por haberse dictado sin jurisdicción sobre sus personas. Alegaron como fundamento la ineficacia de los empla-zamientos. Argüyeron que la parte demandante sólo intentó diligenciar el emplazamiento y copia de la demanda en la persona del señor González Rodríguez o a través de Yuyo, como supuestos agentes residentes o representantes de Jeep y de A.M.C. en Puerto Rico, cuando éstos carecen de capacidad en derecho para recibir tales documentos a nombre de Jeep o de A.M.C. Presen-taron varias declaraciones juradas, firmadas por oficiales de las codemandadas, en las que plantearon que debido a la falta de autoridad, y como cuestión de hecho, tanto el señor González Rodríguez como Yuyo nunca les remitieron los emplazamientos y copia de la demanda. En síntesis, alegaron que A.M.C. y Jeep nunca fueron emplazadas en el pleito de autos.()

El 21 de agosto de 1986, el tribunal de instancia celebró una vista en la que recibió prueba documental y testifical relacionada con la controversia. Posteriormente, las codemandadas peticiona-rias presentaron un escrito en apoyo de su petición de relevo de sentencia en el cual expusieron los hechos pertinentes a la controversia que, a su entender, quedaron probados por los documentos que obran en autos y por la prueba documental y testifical desfilada en la vista de 21 de agosto. Luego procedieron a señalarle al tribunal que tanto A.M.C. como Jeep eran y son corporaciones foráneas, no domiciliadas o autorizadas por el Departamento de Estado a hacer negocios en Puerto Rico. Indicaron que no han designado agente residente y que el señor González Rodríguez nunca fue empleado ni contrató en su capa-cidad personal con A.M.C., Jeep o con cualquiera de sus subsidia-rias o antecesoras. Alegaron, además, que el señor González Rodríguez siempre fue presidente y único accionista de Yuyo y de Jeep de Puerto Rico (J.PR.), ambas corporaciones domésticas independientes. En cuanto a las relaciones comerciales que existieron entre Yuyo y las codemandadas peticionarias, éstas señalaron lo siguiente:

Yuyo González, Inc. era un vendedor local (“dealer”) de productos marca “Jeep” para el área de Ponce. En 1975 American Motors Pan American Corporation (“AMPAC”), subsidiaria de AMC, decidió nombrar a Yuyo González, Inc. distribuidor general no exclusivo de productos Jeep en Puerto Rico. Yuyo González, Inc. aceptó tal designación y firmó el contrato de distribución propuesto por AMPAC. El mismo no se perfeccionó porque, según el testimonio del señor González, se estimó que podrían surgir problemas de monopolio por la concesión de la distribución a Yuyo González, Inc. sobre otros vendedores. A esos efectos, las partes acordaron que el señor González organizaría una corporación separada, Jeep de Puerto Rico, Inc. (“JPR”), lo cual hizo, y en noviembre de 1975 se perfeccionó entre éstos el mismo contrato de distribución anterior-mente propuesto. En todo momento el señor González actuó libre y voluntariamente fomentando sus propios intereses de negocio. De hecho, el señor González requirió la adición de un suplemento a dicho contrato a los fines de incorporar en el mismo las disposiciones de la Ley 75 del 24 de junio de 1964, protectora de los intereses de distribuidores locales contra terminaciones por sus principales.
Para principios de 1983, cuando se propició el emplazamiento en este caso, las relaciones comerciales establecidas en 1975 entre AMPAC, AMC y Jeep y JPR habían deteriorado seriamente debido en parte a la decisión de AMPAC de nombrar a otro distribuidor general en Puerto Rico, “Casablanca Distributors”. JPR estaba amenazando a AMPAC con demandarla y exigiendo en transacción la compra de todos los activos y plusvalía de JPR. Mediante carta fechada 25 de marzo de 1983, o sea, un mes antes del incidente de emplazamiento en este caso, JPC [sic] reiteró que no veía como [sic] las relaciones de trabajo anteriormente existente [sic] podían ser reestablecidas [sic], y exigió nuevamente la compra de sus activos como única solución^ cosa que no ocurrió ya que el 7 de noviembre de 1983 JPR radicó petición de quiebras, Caso Núm. B-83-01695, In re: Jeep de Puerto Rico, Ine., de lo cual el tribunal puede tomar conocimiento judicial. (Exhibit I de las codemandadas).
La naturaleza y ámbito de la relación que una vez existió entre JPR y AMPAC se desprende de los términos del contrato de distribución suscrito entre éstos. El documento es claro. Sin duda alguna JPR asumió un sinnúmero de obligaciones contractuales estrictas obviamente encaminadas a asegurarle a AMPAC el ade-cuado desarrollo de un mercado local como lo es el de automóviles y accesorios a nivel de distribuidor general. El curso de negocios entre JPR y AMPAC necesariamente tenía que ser continuo y caracterizado por cierto grado de supervisión periódica, aprobacio-nes y asistencia con recurso de AMPAC. Sin embargo, el contrato de igual forma revela el establecimiento de una relación de negocios entre dos entidades completamente independientes, cada una per-siguiendo sus propios intereses y sólo incidentalmente promoviendo los intereses del otro.() (Énfasis en el original y escobo omitido.) Alegato en apoyo de la petición de relevo de sentencia, págs. 3-4.

El 25 de noviembre de 1986 el tribunal de instancia dictó resolución mediante la cual denegó la solicitud de relevo de sentencia presentad a por las codemandadas peticionarias. Al así resolver concluyó que el señor González Rodríguez o Yuyo era “representante comercial” de las codemandadas en Puerto Rico, siendo aquélla una corporación “dedicadla] exclusivamente y cread[a] ad hoc para asumir dicha representación”, y como tal sus representadas pueden ser emplazadas a través de ésta. Resolu-ción, pág. 1. En cuanto al asunto de si, como cuestión de hecho, Yuyo remitió o no copia de los emplazamientos y la demanda a las codemandadas peticionarias, el tribunal de instancia concluyó, “por preponderancia de la prueba”, que los documentos fueron remitidos a A.M.C. y a Jeep.()

Mediante nota al calce, el tribunal de instancia señaló que tanto American Motors Pan American Corp. (A.M.EA.C.), A.M.C. y Jeep “actuaron como una sola unidad contratante” con J.ER. “y realizaron negocios en Puerto Rico a través de JPR sin la debida autorización para ellas así hacerlo”. Resolución, pág. 2 n. 2.

No conformes con esta resolución, A.M.C. y Jeep presentaron solicitud de certiorari. Decidimos revisar y expedimos el auto.

En su comparecencia ante nos, las codemandadas peticiona-rias A.M.C. y Jeep alegan la comisión de dos (2) errores: que “[e]rró el tribunal de instancia al resolver que bajo la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil de Puerto Rico se puede emplazar válida-mente a una corporación foránea mediante el diligenciamiento de la demanda y el emplazamiento a otra corporación local que opera como su distribuidor general, máxime cuando la relación entre éstas ha deteriorado sustancialmente” (Petición de certiorari, pág. 11), y que erró “al resolver que las peticionarias realizaron negocios en Puerto Rico a través de JPR en violación del Artículo 1401 de la Ley de Corporaciones, en efecto impartiéndole igual sentido al concepto de ‘hacer negocios’ en dicha ley y al de efectuar transacciones de negocio’ de las Reglas 4.7(a)(1) de Procedimiento Civil”. íd., pág. 9.

HH l-H

Normas generales de jurisdicción sobre la persona

Para que un tribunal pueda asumir jurisdicción sobre una persona natural o jurídica no domiciliada, el debido procedimiento de ley exige que se cumpla con dos (2) requisitos básicos: (1) que la persona haya tenido contactos mínimos con el foro y que la causa de acción surja de o esté relacionada con estos contactos (Schwartz v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 856 (1952); A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883 (1970); Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346 (1975); Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548 (1983); Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330 (1987); A.R. Kamp, Beyond Minimun Contacts: The Supreme Court’s New Jurisdictional Theory, 15 Ga. L. Rev. 19 (1980)),() y (2) que el método utilizado para emplazar tenga una probabilidad razonable de notificar e informar al demandado sobre la acción entablada en su contra, de forma tal que pueda comparecer a defenderse si así lo desea (Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989); Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306 (1950)).

Con relación a los contactos mínimos necesarios, en Schwartz v. Tribl. de Distrito, supra, pág. 866, expresamos que éstos se determinan:

De acuerdo con las circunstancias de cada caso, [considerando] si es justo y es razonable que se someta a una corporación extranjera al poder estadual, ya sea porque esa corporación ha disfrutado de la protección de las leyes estaduales o porque ha tenido suficientes contactos con el estado para justificar tal sumisión y en el balance de conveniencias es más justo que el caso se vea en el territorio donde se han llevado a cabo ciertas actividades corporativas, entonces, desde el punto de vista de la justicia sustancial y de la razonabilidad, debe entenderse que la corporación ha estado efectuando negocios dentro del estado.

Las corporaciones demandadas aceptan que las transacciones de negocios llevadas a cabo en Puerto Rico fueron suficientes y de una naturaleza tal como para constituir los contactos mínimos necesarios para poder someterlas a la jurisdicción de nuestros tribunales con relación al caso de autos. Cuestionan, sin embargo, el método utilizado para emplazarlas.

HH H — i

Emplazamiento de una corporación foránea al amparo de la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil

Cuando se trata de una corporación foránea/) para asegurar el cumplimiento del requisito de informarle o notificarle adecuadamente, es necesario que el emplazamiento sea diligenciado en una persona, natural o jurídica, que con razonable certeza, por ser “un oficial, gerente administrativo o agente general o cualquier otro agente autorizado por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamientos”, le haga llegar el mismo a la corporación demandada. Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Rodríguez v. Nasrallah, supra; Mullane v. Central Hanover Tr. Co., supra. Sin embargo, si la corporación foránea no está presente en Puerto Rico o no ha designado en la isla un agente autorizado para recibir emplaza-miento, ésta podrá ser emplazada mediante los procedimientos provistos en las Reglas 4.5 y 4.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, o en el Art. 1404 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 2404, dependiendo de las circuns-tancias particulares de cada caso.

En el caso de autos, el tribunal de instancia validó el empla-zamiento diligenciado en la persona jurídica de Yuyo, a través de su presidente, el señor González Rodríguez, luego de determinar que dicha corporación había actuado en calidad de representante en Puerto Rico de las demandadas peticionarias. Al así resolver, señaló lo siguiente:

Si lo verdaderamente decisivo para determinar si se es agente de otra persona o entidad con autoridad para recibir emplazamientos en su nombre lo es la relación entre las partes, con vista a los actos efectivamente ejecutados no empece como las partes denominen tal relación, cf. United F.M. Company Inc. v. Tribunal Superior, 96 DPR 362, (1968) no debe haber duda de que tenía tal autoridad para recibir emplazamientos, cual lo hizo en ocasión anterior a la presente.() Resolución, pág. 8.

Pasemos ahora a examinar si bajo la situación de hechos en el presente caso se puede considerar a Yuyo o al señor González Rodríguez como el agente de las peticionarias A.M.C. y Jeep con autoridad para recibir el emplazamiento a nombre de-éstas.-Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra.

En United F.M. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 362 (1968), se nos planteó una situación similar a la presentada en el caso de autos.() Allí tuvimos que resolver si la United Fireworks Manufacturing Company, Inc. (United F.M.),- “una corporación extranjera”,, fue debidamente emplazada mediante la entrega de copia de la demanda y del emplazamiento al Sr. Néstor Piovanetti como supuesto “agente” de United F.M. en Puerto Rico, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra. Esta regla establece el procedimiento para diligenciar personalmente copia de la demanda y el emplazamiento cuando se trata de una corporación u otra persona jurídica. Luego de descartar que el señor Piovanetti fuera un funcionario u oficial de la corporación United F.M. o un agente autorizado por nombra-miento o designado por ley para recibir emplazamientos a nombre de la misma, pasamos a determinar si éste era un gerente administrativo o agente general de la mencionada corporación. En cuanto a la distinción entre la figura del gerente administrativo y la del agente general, expresamos, al citar de Schwartz v. Tribl. de Distrito, supra, lo siguiente:

“Un agente general es distinto a un' agente administrativo (‘managing agent’) y, en cuanto a este último, los requisitos son más estrictos, pero un diligenciamiento válido puede efectuarse sobre cualquiera de esas dos clases de agente.. . . [Tjambién se establece la diferencia entre un agente administrativo y uno general ya que el primero controla, dirige o supervisa un negocio corporativo y el segundo tiene un status más generalmente representativo. Un agente general es aquel que está autorizado a conducir una serie de transacciones que envuelvan una continuidad de servicios .... El agente general es aquel que disfruta de poderes amplios y generales ... o que tenga autoridad para efectuar todos los negocios de su patrono de una clase particular o en un sitio particular, y que esté autorizado a actuar en representación de su patrono en todas aquellas cuestiones que estén incluidas dentro del curso o carácter-ordinario del negocio de su patrono . ... No es necesario que la autoridad del agente se extienda sobre la totalidad del negocio del patrono ... ni es necesario que sea un funcionario de la corpora-ción.” (Citas omitidas y énfasis suplido.) United F.M. Co., Inc. v. Tribunal Superior, supra, págs. 368-369.

Una vez concluido este análisis y vistos los hechos del caso, resolvimos que el señor Piovanetti tampoco era “agente” o gerente administrativo o agente general de United F.M. En cuanto al hecho de la existencia de una carta en la que United F.M. mencionaba como su agente a Dumont Sales Agency, entidad bajo cuyo nombre hacía negocios el señor Piovanetti, señalamos que la misma no era “decisiva en la determinación de si Dumont era un agente [de United F.M.] con autoridad suficiente para recibir emplazamientos en su nombre”. United F.M. Co., Inc. v. Tribunal Superior, supra, pág. 369. Al así resolver, señalamos que “[l]o verdaderamente decisivo es la naturaleza de las relaciones entre las partes” (id.) y no lo que diga un documento.

En el presente caso, A.M.C. y Jeep han mercadeado sus productos en Puerto Rico desde antes de 1968, vehículos marca “Jeep”, piezas y accesorios para éstos. Originalmente lo hacían a través de un distribuidor general, pero en un momento dado optaron por utilizar el sistema de traficantes regionales. Debido a una reducción en ventas, en 1975 decidieron volver al sistema original de distribuidor general. En ese año A.M.EA.C., una subsidiaria de A.M.C., nombró a Yuyo distribuidor general, no exclusivo, de los productos “Jeep” en la isla. Yuyo firmó el contrato de distribución propuesto por A.M.EA.C., pero éste no fue perfeccionado. De acuerdo con lo declarado por el señor González Rodríguez, se consideró que la concesión de la distribución a Yuyo podía presentar problemas de monopolio. Dada esta situación, las partes acordaron que el señor González Rodríguez organizaría una corporación separada que se encargaría de la distribución de los productos. Este organizó la corporación J.ER., entidad con la cual se perfeccionó el contrato de distribución antes propuesto a Yuyo. J.ER. se creó como una corporación independiente total-mente poseída por el señor González, quien era a la vez su presidente.

El señor González Rodríguez no era empleado, funcionario u oficial de las demandadas, ni había contratado con ellas en su capacidad personal. No podía, pues, considerársele como “agente” o gerente administrativo o agente general de A.M.C., Jeep o A.M.P.A.C. para propósitos de recibir emplazamientos. United F.M. Co., Inc. v. Tribunal Superior, supra; Schwartz v. Tribl. de Distrito, supra. Además, ni el señor González Rodríguez ni Yuyo o J.P.R. habían sido nombrados agentes con autoridad para recibir emplazamientos a nombre de A.M.C., Jeep o A.M.P.A.C., ni habían sido designados por ley para tal asunto.() Los hechos también reflejan que las demandadas peticionarias no ejercían un “extenso control y supervisión” sobre las actividades de J.P.R. o Yuyo. Siempre se mantuvo una genuina separación corporativa entre estas entidades. Cf. Scalise v. Beech Aircraft Corporation, supra; Leach Company v. General Sani-Can Manufacturing Corp., supra. Las demandadas peticionarias no podían ser emplazadas mediante la utilización de la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra.( )

IV

Los conceptos “hacer negocios” y “transacciones de negocio”— La Regla 4.7 de Procedimiento Civil y el Art. 1401 de la Ley de Corporaciones

El estado puede imponer requisitos que deben cumplir las corporaciones foráneas que interesan ser admitidas a hacer negocios en el mismo. El propósito de estos requisitos o condiciones, de cuyo cumplimiento depende el que puedan “hacer negocios” en dicha jurisdicción, es colocar a las corporaciones foráneas en la misma posición en que se encuentran las corporaciones domésticas. De este modo estarán sujetas a ser inspeccionadas de forma tal que se conozcan las condiciones bajo las cuales operan. El estado puede, además, proveer a sus residentes mecanismos relativamente sencillos para emplazar a dichas corporaciones foráneas. Fletcher Cyc. Corp. See. 8446 (Perm. Ed.).

La autoridad del estado para imponer estas condiciones a las corporaciones que pretenden hacer negocios en su jurisdicción estriba en el poder de razón de estado (police power) ínsito a todo sistema de gobierno. El nuestro no es la excepción. La única limitación que tendría un estado, dentro del esquema jurídicopolítico vigente, es que las condiciones impuestas no pueden contravenir las disposiciones de su propia Constitución o de la Constitución de Estados Unidos.

Alegan las codemandadas peticionarías que erró el tribunal de instancia al equiparar el concepto de “hacer negocios” de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 2401, con el de “transacciones de negocio” que establece la Regla 4.7(a)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.() Veamos.

Aquellas corporaciones foráneas que se encuentran “haciendo negocios” en nuestro foro, según dicho término se utiliza en el Art. 1401 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.ER.A. see. 2401, deben nombrar en la isla un agente autorizado para recibir emplazamientos. Si no tienen tal agente, la entrega o notificación del emplazamiento podrá hacerse al Secretario de Estado o a un funcionario designado por éste a tales fines. 14 L.P.R.A. sec. 2404.

De otra parte, las corporaciones no domiciliadas que a tenor con la Regla 4.7(a)(1) de Procedimiento Civil, supra, hayan “efectuado por sí o por su agente transacciones de negocios en Puerto Rico”, serán emplazadas de acuerdo con los preceptos de la citada Regla 4.5 de Procedimiento Civil.

Con relación al término “hacer negocios”, hemos expresado lo siguiente:

No existe una regla inflexible para determinar qué se entiende por la frase “haciendo negocios” a los efectos de poder considerar la corporación extranjera como presente en la jurisdicción y sujeta a ser emplazada por medio de sus agentes. Cada caso debe resolverse por sus propios méritos. Pueblo v. South P.R. Sugar Co., 56 D.P.R. 661, 665 (1940).

Cabe señalar que existen varias situaciones en las que se utiliza el término “hacer negocios” o “efectuar transacciones de negocio” con relación a las actividades de las corporaciones foráneas en nuestra jurisdicción. La determinación de qué actividad constituye “hacer negocios” o “efectuar transacciones de negocio” es una de grados. Las tres (3) situaciones más frecuentes y relevantes en que el legislador ha utilizado estos términos son: (a) aquella actividad requerida para someter a una corporación foránea a las penalidades dispuestas para quienes no hayan obtenido la autorización requerida por la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 1101 et seq.; (b) la actividad requerida para someter a una corporación foránea a nuestras leyes contributivas, 13 L.P.R.A. sec. 466, () y (c) la actividad requerida para que se pueda emplazar y someter a una corporación foránea a la jurisdicción de nuestros tribunales, Reglas 4.5 y 4.7(a)(1) de Procedimiento Civil, supra. Debido al propósito que se persigue, el grado de actividad requerida para someter a una corporación foránea al cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Corporaciones debe ser mayor qne si se tratara de meramente imponerle nuestras leyes contributivas. La actividad debe ser aun menor cuando el propósito es el de someter dicha corporación a la jurisdicción de nuestros tribunales.() Isaacs, An Analysis of Doing Business, Col. L. Rev. 1018 (1925).

Con relación al concepto “hacer negocios”, hay que tener presente que el propósito de las disposiciones de los Arts. 1401 a 1408 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. secs. 2401 a 2408, es reglamentar las corporaciones foráneas y extranjeras que a través de agentes o representantes destacados en Puerto Rico hagan negocios en la isla. A estas corporaciones foráneas se les exige, entre otras cosas, llevar y conservar en Puerto Rico los libros de contabilidad, antecedentes, documentos y circunstancias que acrediten la forma en que están realizando sus operaciones. A estas personas jurídicas se les considera que están dentro del área territorial de Puerto Rico.

En el caso de autos, al momento de realizarse el emplazamiento objeto de esta controversia, J.P.R. tenía un contrato con A.M.P.A.C. para la distribución en Puerto Rico de los productos marca “Jeep”. J.ER., aunque sujeta a cierto grado de control y supervisión por parte de A.M.P.A.C. para garantizar la calidad del producto y su óptima distribución en la isla, operaba como una corporación doméstica independiente, fomentando sus propios intereses de negocios. Como cuestión de hecho, ya para esa época las relaciones entre A.M.P.A.C. y J.P.R. se habían deteriorado (podrían considerarse antagónicas). Cabe señalar, además, que A.M.P.A.C. no la había designado su agente o representante para propósito de las disposiciones de la Ley General de Corporaciones ni la había autorizado para recibir emplazamientos a su nombre.

Una corporación doméstica independiente que tenga un contrato de distribución, represente un producto en la isla y opere para fomentar sus intereses de negocios no se constituye, como regla general, por el hecho de que el suplidor tenga cierto grado de control y supervisión sobre ella para asegurar se mantenga la calidad del producto y se logre un mercado adecuado, en el agente o representante de la corporación foránea suplidora del producto para propósitos de la Ley General de Corporaciones. Tampoco esto la convierte en “agente”, “gerente administrativo” o “agente general” de su suplidora para propósitos de la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra. Schwartz v. Tribl. de Distrito, supra.

Erró el tribunal de instancia al equiparar el concepto “hacer negocios” de la Ley General de Corporaciones con el de “efectuar transacciones de negocio” de la Regla 4.7(a)(1) de Procedimiento Civil, supra, y al determinar que las corporaciones foráneas peticionarias podían ser emplazadas mediante el mecanismo provisto en la citada Regla 4.4(e).

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia mediante la cual se revoca la resolución emitida por el tribunal de instancia el 25 de noviembre de 1986, se concede el relevo de sentencia solicitado y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

      (1) La demanda originalmente presentada incluía a “Yuyo Carrasquillo, Inc.” como parte demandada. Posteriormente, mediante enmienda al efecto, se sustituyó a dicha parte por “Yuyo González, Inc.” (Yuyo). En sentencia dictada en rebeldía contra las demandadas, el tribunal de instancia determinó que “Yuyo González, Inc.” era la representante de las demandadas peticionarias en Puerto Rico. La sentencia en rebeldía no hace mención de la entidad “Jeep de Puerto Rico, Inc.” (J.P.R.), corporación a través de la cual se alega que se intentó emplazar a las peticionarias y la cual sí es mencionada en la resolución objeto de este recurso. En esta opinión hacemos mención de ambas corporaciones, “Yuyo González, Inc.” y “Jeep de Puerto Rico, Inc.”, según surge de las propias comparecencias de las partes.

      (2) Las codemandadas peticionarias plantearon que, “como corporaciones foráneas, no domiciliadas y sin agente residente en Puerto Rico, debieron haber sido emplazadas por edictos bajo el procedimiento establecido en la Regla 4.5 de Procedimiento Civil”.

      (3) Hemos examinado el expediente y los autos, y de ellos surge que los hechos narrados por las demandadas peticionarias efectivamente quedaron probados tal como ellas los han expuesto.

      (4) El tribunal resaltó, sin embargo, que esto es una “determinación secundaria”, insuficiente, de no ser cierta, para dejar sin efecto la sentencia dictada en rebeldía una vez se determinó que Yuyo es representante de las codemandadas y está autorizado para recibir emplazamientos a nombre de éstas.

      (5) La jurisprudencia norteamericana ha establecido algunos criterios o requisitos adicionales a considerarse al momento de un tribunal decidir si debe o no asumir jurisdicción sobre una corporación foránea. Entre otros, se ha señalado que los tribunales de los estados, entiéndase incluido a Puerto Rico para efectos del asunto aquí analizado, deben sopesar lo siguiente: (1) la carga que la litigación en el estado que asume la jurisdicción le impone a la parte demandada; (2) el interés del foro estatal en adjudicar la controversia y el interés del demandante en obtener resarcimiento; (3) el interés del sistema de justicia interestatal en que las controversias se resuelvan de la manera más eficiente, y (4) el interés compartido de los diversos estados en adelantar políticas sociales sustantivas y fundamentales. Internat. Shoe Co. v. Washington State, 326 U.S. 310 (1945); Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235 (1958); Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 186 (1977); Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84 (1978); World Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286, 292 (1980); Rush v. Savchuk, 444 U.S. 320 (1980); Helicópteros Nacionales de Colombia v. Hall, 466 U.S. 408 (1984); Burguer King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462, 477 (1985); Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102, 113 (1987).

      (6) En aras de claridad y de la correcta utilización de la terminología, quisiéramos señalar que denominamos “foráneas” a aquellas corporaciones organizadas con arreglo a las leyes de cualquier estado o jurisdicción de Estados Unidos. A modo de ejemplo, véase Art. 902(a) de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 1902(a). Las corporacio-nes organizadas con arreglo a las leyes de cualquier país extranjero se denominan “extranjeras”. Las organizadas con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico son las “domésticas”. El análisis hecho en esta opinión se limita específicamente al proceso que debe seguirse para obtener jurisdicción in personam sobre las corporaciones foráneas de acuerdo con las disposiciones aplicables contenidas en nuestras Reglas de Procedimiento Civil.

      (7) El foro de instancia también utilizó los casos de Scalise v. Beech Aircraft Corporation, 276 F. Supp. 58 (Pa. 1967), y Leach Company v. General Sani-Can Manufacturing Corp., 393 F.2d 183 (7mo Cir. 1968), para fundamentar su sentencia. Ambos son claramente distinguibles de la situación de autos.
      En Scalise v. Beech Aircraft Corporation, supra, el tribunal sostuvo la validez de un emplazamiento contra un fabricante efectuado en la persona de su distribuidor debido al “extenso control y supervisión” que sobre éste efectuaba el fabricante. El fabricante ejercía un control prácticamente absoluto de las operaciones de la corporación que distribuía sus productos:
      “It is evident upon an examination of the record that Beech controlled Atlantic Philadelphia’s sales and service policies, facilities, public relations, accounts and records, and marketing practices. In fact, its influence was exerted over every important matter concerning the sale of Beechcraft by Atlantic Philadelphia.” Scalise v. Beech Aircraft Corporation, supra, pág. 66.

        En Leach Company v. General Sani-Can Manufacturing Corp., supra, el empla-zamiento contra todos los demandados fue diligenciado en la persona del señor Guiffrida, quien era a la -vez codemandado y presidente de Sani-Can Midwest Co., también codemandada. General Sani-Can solicitó la desestimación del pleito en su contra alegando, entre otras cosas, falta de jurisdicción sobre su persona debido a que era una corporación foránea. El tribunal denegó la desestimación y, debido a la incomparecencia de General Sani-Can, dictó sentencia en rebeldía en su contra. En apelación se sostuvo el dictamen de instancia señalando que el tribunal actuó correctamente al considerar a Midwest, para efectos de jurisdicción, emplazamiento y competencia, como si fuese la misma corporación, General Sani-Can. A estos efectos se dijo lo siguiente:
      “. . . Appellant and Midwest did not observe even the form of corporate separation. Vincent Guiffrida was continued as an insured employee under appellant’s group life and hospitalization insurance programs. He was permitted to take a company car with him to Chicago, and appellant maintained insurance on the car. Appellant shipped large quantities of merchandise to Midwest and extended liberal credit to it in disregard of the credit policy applied to its other distributors. Midwest paid appellant when convenient and always owed appellant $15,000-20,000. Appellant did not sign a distributorship agreement with Midwest, although it executed such agreements with its other distributors. Appellant referred prospective distributors to Midwest for ‘action’ and referred to Vincent Guiffrida and Midwest as ‘our Chicago representative.’
      “Each of these facts, taken singly, might not have justified the district court in. disregarding the corporate separateness of appellant and Midwest. However, taken together they indicate that appellant and Midwest freely disregarded their separateness and compel the conclusion reached by the district court ‘that the corporate form of Vincent’s Midwest operation was the sheerest of shells to cloak his real agency for General Sani-Can.’ The rulings of the district court were not clearly erroneuos.” Leach Company v. General Sani-Can Manufacturing Corp., supra, pág. 186.

      (8) Aunque este caso fue resuelto al amparo de las anteriores Reglas de Procedi-miento Civil, la norma allí establecida es de entera aplicación a las actuales reglas.

      (9) El hecho de que la representación legal de la parte demandante le haya cursado una carta a Yuyo en la que señaló que ésta “ha sido incluidla] como distribuidor y representante” de las demandadas peticionarias, razón por la cual “se le entregan también las demandas contra estas corporaciones”, no tiene el efecto de convertir a Yuyo en agente o representante de American Motors Corporation, Jeep o American Motors Pan American Corp. con capacidad para recibir emplazamientos. United F.M. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 362 (1968).

      (10) Además de todo lo expuesto, abona a esta conclusión el hecho de que para la fecha en que se efectuó el emplazamiento en la persona del señor González Rodríguez, las peticionarias habían decidido terminar el contrato de distribución con J.ER. para otorgarle la distribución exclusiva de sus productos a otro traficante (dealer) de vehículos en Puerto Rico. Esto tuvo el efecto de que las relaciones entre J.ER. y las demandadas peticionarias degeneraran hasta el punto de convertirse en adversarios.
      Esto, de por sí, sería suficiente para arrojar dudas en cuanto a si el señor González Rodríguez hizo llegar o no a las peticionarias la copia de la demanda y los emplazamientos dirigidos a éstas, entregados al señor González. El hecho de que en ocasiones anteriores hayan notificado a las peticionarias de acciones en su contra no es indicativo de que en el caso de autos lo hayan hecho. Véase en este sentido el caso de Goetz v. Interlake S.S. Co., 47 F.2d 753, 757 (1931), donde se señaló que cuando se trate de una persona que no ha sido designada como agente con autorización para recibir emplazamientos, el hecho de que ésta haya podido notificar a la corporación del diligenciamiento de un emplazamiento es irrelevante. En este caso, al así concluir, el tribunal expresó lo siguiente:
      “. . . On another occasion he might not have done so. Another and less careful man might have thrown the summons away.”

      (11) En lo pertinente, estas disposiciones señalan lo siguiente:
      Art. 1401 de la Ley General de Corporaciones, 14 L.ER.A. see. 2401 (requisitos para hacer negocios en Fuerto Rico; procedimiento):
      “(a) Ninguna corporación organizada con arreglo a las leyes de cualquier país extranjero, o de cualquier jurisdicción o estado de los Estados Unidos . . . podrá hacer negocios en el Estado Libre Asociado... o mediante agentes o representantes destacados en éste, hasta que radique en las oficinas del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado una copia certificada de su carta constitutiva o certificado de incorporación, más el nombre o los nombres de su agente o sus agentes autorizados en el Estado Libre Asociado, junto con una declaración jurada que haga constar el activo y el pasivo de la corporación.. . .”
      Regla 4.7(a)(1) de Frocedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III:

        “Emplazamiento a un no domiciliado.

      “(a) Cuando la persona a ser emplazada no tuviere su domicilio en Fuerto Rico, el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico tendrá jurisdicción personal sobre dicha persona, como si se tratare de un domiciliado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, si el pleito o reclamación surgiere como resultado de dicha persona:
      “(1) Haber efectuado por sí o por su agente, transacciones de negocio dentro de Puerto Rico . . . .”

      (12) Esta sección, al igual que otras de la ley de contribuciones relativas a la imposición de contribuciones a corporaciones foráneas, utiliza el término “transacción de negocios”.

      (13) Cónsono con lo antes señalado y con relación al concepto “efectuar transacciones de negocio” de nuestras Reglas de Procedimiento Civil, debemos tener presente tres (3) normas básicas a las cuales, como regla general, hay que acudir para determinar la existencia de jurisdicción in personam, sobre un no residente: (1) que el demandado no residente realice algún acto o efectúe alguna transacción dentro del foro (dicho acto o transacción no tiene que efectuarse físicamente dentro del foro y basta que sea un solo acto o transacción, si sus efectos son suficientemente sustanciales como para establecer un contacto mínimo); (2) que la causa de acción surja o resulte de las actividades del demandado dentro del foro y, si surge fuera de éste, el demandado debe realizar actividades que tiendan a mantener un “contacto mínimo sustancial” de éste con el foro, y (3) una vez establecido el contacto mínimo entre el demandado y el foro, la asunción de jurisdicción a base de ese contacto “debe ser compatible con los principios de “trato imparcial’ y ‘justicia sustancial’ del debido procedimiento de ley".