text:
    Ramón A. Rivera Rivera, etc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Guillermina Soto Otero, interventora.

      Número: O-71-150

      Resuelto: 15 de noviembre de 1974

      Moisés García Viera, Leoncio Carrasquillo Suárez, Miguel A. Guzmán Soto, Jorge Márquez Gómez, Wilfredo Márquez Boneta y Santiago Amadiz Jiménez Sabat, abogados del recu-rrente; Jesús Hernández Sánchez, abogado de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de un recurso de revisión proveniente de la Comisión Industrial, Art. 11 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 12. Los hechos no están en controversia. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado aceptó la condición mental de la recurrente. Su posición es que dicha condición no constituye un accidente del trabajo y que, por lo tanto, no es compensable. Denegó compensación. La Comisión Industrial lo revocó y ordenó compensar.

Ante nos el Administrador señala dos errores. El primero es en el sentido de que erró la Comisión al resolver que la obrera sufrió un accidente de los cubiertos por la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo. En el segundo seña-lamiento sostiene que erró la Comisión al resolver, sin tener jurisdicción para así hacerlo, que la obrera estaba total y per-manentemente incapacitada, ya que el Fondo no había hecho en primera instancia determinación alguna sobre el particular. Discutiremos los señalamientos en ese mismo orden.

La interventora, Guillermina Soto, trabajó aproximadamente cinco años con una firma llamada Playtex Caribe, Inc. Operaba una máquina de coser y su tarea consistía en coser determinada parte de los sostenes que producía dicha firma. Debía completar 25 paquetes diarios, por lo cual recibía paga fija, pero usualmente ella hacía 32, y recibía paga adicional por el exceso sobre 25. La interventora mantenía buenas relaciones con sus compañeras de trabajo y con sus superiores. Tuvo un alumbramiento en el cual perdió la criatura. Al regresar al trabajo se le notaba muy nerviosa y a pesar de que hacía su producción usual a veces lloraba y hubo que darle vacaciones por enfermedad. Regresó a su trabajo pero seguía aparentemente enferma y tuvo que dejar de trabajar. Ante-riormente ella se había quejado de que el exceso de trabajo que realizaba le causaba dolores de cabeza y nerviosismo.

Estuvo hospitalizada en la Clínica Juliá, de Hato Rey, Puerto Rico, donde el Dr. Santiago diagnosticó su enfermedad como “síndrome cerebral crónico, asociado con desórdenes, convulsión y psicosis, relacionada con el trabajo.” El Fondo del Seguro del Estado la dio de alta bajo la firma de los Dres. Villalón y Font, los cuales determinaron incapacidad perma-nente.

En la vista celebrada por la Comisión Industrial prestaron testimonio, entre otros, varios facultativos. El Dr. Fernández Marina declaró que la tensión a que estaba sometida la obrera en el curso de su trabajo para producir determinada cantidad de material en determinado tiempo sobrepasó su resistencia y produjo la psicosis. El Dr. Charles Payne abundó en lo mismo y explicó que teniendo dicha obrera un nivel bajo de resistencia la tensión en el trabajo sumado a la pena por la muerte de su hijo pudo haber producido la psicosis. De todas maneras, el Administrador no cuestionó la enfermedad de la obrera y su posición fue la antes dicha.

El Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 2, dispone que dicha ley cubre (1) accidentes que provengan de cualquier acto o función inhe-rente al trabajo o empleo que ocurran en el curso de éste y como consecuencia del mismo y (2) muertes o enfermedades derivadas de la ocupación, según se especifican en la See. 3 de la ley.

El Art. 3 de la ley, 11 L.P.R.A. see. 3, según enmendado, establece los derechos de asistencia médica, hospitalización y compensación a que tienen derecho los obreros que sufran lesiones o enfermedades, así como la compensación por muerte. En lo relativo a incapacidades dicho artículo provee para com-pensación por (1) incapacidades transitorias, (2) incapaci-dades parciales permanentes, (3) incapacidades totales per-manentes y (4) incapacidades no relacionadas con el trabajo pero que hubiesen sido agravadas por accidentes del trabajo. Entre las incapacidades totales, dicho Art. 3 incluye “pertur-baciones mentales totales que sean incurables.”

El Fondo sostiene que en este caso no hubo un accidente compensable y que la perturbación mental no es consecuencia de un riesgo peculiar del trabajo .

A tenor con lo expresado en los casos de Vda. de Fernández v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 298, 301 (1962) y Rivera Cruz v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 229, 231 (1965), la interventora en el caso de autos tendría derecho a compensación por su incapacidad mental si la prueba estableció como creemos que lo hizo — que su enfermedad fue causada o agravada por su trabajo, aun cuando dicha enfermedad no se considere ocupacional o no esté relacionada con un accidente. En Vda. de Fernández, supra, dijimos a la pág. 301:

“[L]a misión de los organismos administrativos, en primera instancia, y de este Tribunal, no consiste en determinar el origen etiológico de la enfermedad sino que debe limitarse a determinar la existencia de una relación de causalidad entre la labor reali-zada y el resultado final — incapacidad o muerte — , o sea, si la labor contribuyó al resultado, mediante la agravación, acelera-ción o precipitación de la enfermedad.”

Y en Rivera Cruz, supra, a la pág. 231 expresamos:

“Es innegable que la esquizofrenia sobrevenida al recurrente sería compensable, aun aceptando su origen no atribuible a cau-sas del empleo, si se hubiese demostrado que las condiciones del trabajo en alguna forma precipitaron o propiciaron la recurren-cia de la enfermedad mental preexistente.”

En Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 689 (1974), luego de una amplia discusión de nuestra jurispru-dencia sobre esta materia, la cual no ha sido siempre consis-tente, nos expresamos como sigue:

“Resolvemos que la insistencia clásica en sentar finos distin-gos entre lo que constituye un ‘accidente’ y lo que entraña una ‘enfermedad’ debe ceder ante el enfoque que desde hace tiempo se ha venido dictando. Lo verdaderamente importante es deter-minar si ha ocurrido una lesión inherente al trabajo o empleo concernido o que ocurra o se agrave en el curso de éste.”

Creyendo como creemos que tuvo razón la Comisión Industrial al encontrar nexo causal entre el trabajo de la interven-tora y su enfermedad o la agravación de ésta, resolvemos confirmar dicha determinación de la Comisión.

En cuanto al segundo señalamiento de error que hace el Fondo — que la Comisión resolvió sin jurisdicción que la obrera estaba incapacitada porque el Fondo no había hecho determi-nación sobre el particular — podemos expresar lo siguiente.

Como señalamos en Montaner v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 460, 464 (1937), nada hallamos en el estatuto que revele cuál es la naturaleza de la vista que se celebra ante la Comisión, esto es, si se trata de una apelación a modo de revisión, de un juicio de novo o de uno de naturaleza mixta. Allí dijimos que las notas taquigráficas tomadas ante el Admi-nistrador del Fondo pueden ser utilizadas ante la Comisión; que cualquiera de las partes puede presentar evidencia adicional, a discreción de la Comisión; y que pueden llamarse testigos para ser examinados. Allí, pues, se le impartió una naturaleza mixta a la vista ante la Comisión — se podían utilizar las notas taquigráficas, pero también se podía presentar evidencia adicional y se podía examinar a testigos.

En Montaner v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 924-928 (1938), expresamos que la Comisión tiene facultades cuasi judiciales y cuasi tutelares y que es ella y no los tribunales la encargada de dirimir en primera instancia las contiendas que pudiesen surgir entre el Administrador del Fondo y los obreros o sus beneficiarios. En Montaner v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 183 (1938), la cuestión envuelta era si la Comisión tiene o no facultad para rebajar un tipo de seguro fijado por el Administrador, mientras se decide un recurso interpuesto ante ella en solicitud de dicha rebaja. Allí, a la pág. 185, se dijo que no hay la más leve duda de que la Comisión, al decidir el recurso, tiene facultad para rebajar la prima fijada por el Administrador. Comentando sobre la relación entre el Administrador y la Comisión, dijimos allí, a la pág. 186:

“La comisión supervisa los actos del Administrador. Y si la comisión se convence en principio de lo justo de una reclamación que afecta a miles de personas en la Isla, no debe verse constre-ñida a dilatar la adopción de alguna medida reparadora, siempre que lo haga garantizando todos los intereses envueltos.”

En Rodríguez v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 111 (1941), la viuda de un obrero y sus dos hijos legítimos solici-taron de este Tribunal que anulase una resolución de la Comi-sión mediante la cual se declararon también beneficiarios a dos hijos ilegítimos del obrero. Se señaló como uno de los errores que la resolución era contraria a la ley porque la compensación no había sido distribuida conforme lo prescribía la ley. Sobre la facultad de la Comisión para hacer la distribución de los fondos allí expresamos, a la pág. 115:

“En cuanto al tercer error o sea que la Comisión no estaba autorizada para hacer la distribución, autoridad que sólo tiene el administrador de acuerdo con el artículo 3, inciso 5 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, bastará decir que en efecto esa facultad corresponde al administrador, pero que ello no implica que apelado un caso para ante la Comisión, al resolverlo ésta tomando en cuenta los hechos y la ley, no pueda dictar la resolución que proceda y que debió haber dictado el administrador y no lo hizo.”

Sin embargo, en González v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 622 (1942), dijimos que el plan general de la ley es que el Administrador resuelva las cuestiones de primera instancia. En Cordero v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 466 (1943), el Administrador ordenó que se privara al obrero de su derecho a recibir compensación por razón de que estaba interviniendo con su tratamiento médico con el propósito de prolongarlo. El obrero apeló para ante la Comisión y ésta revocó al Administrador. Allí repetimos lo antes dicho en el sentido de que el -plan general de la ley es que el Administrador resuelva las cuestiones en primera instancia. Resolvimos que habiendo el Administrador hecho su decisión correspondía a la Comisión decidir en sus méritos la apelación del obrero contra dicha decisión.

A la luz del plan general de la ley, la cuestión del grado de incapacidad debe ser resuelta en primera instancia por el Administrador. En el caso de autos el Administrador no pasó sobre esa cuestión seguramente porque entendía que la inca-pacidad no era compensable por no estar cubierta por el esta-tuto. Este caso lleva más de cuatro años en los organismos administrativos y judiciales. Conceder ahora una segunda oportunidad al Administrador para dilucidar el grado de inca-pacidad de la obrera conllevaría una segunda decisión suya con la posibilidad de una segunda apelación para ante la Comisión y una segunda revisión judicial por nosotros.

Este caso demuestra la necesidad de que llenemos la laguna del Art. 10 de la Ley, 11 L.P.R.A. sec. 11, declarando explícitamente que la vista ante la Comisión Industrial es de naturaleza mixta. Pueden utilizarse notas taquigráficas y la evidencia presentada y admitida en la vista ante el Administrador y también puede presentarse evidencia adicional y pueden examinarse peritos médicos y testigos.

En esta forma las partes estarán en mejor posición para plantear ante nos lo que corresponda cuando una de ellas acude en revisión a este Tribunal. Eso también nos ayudará a nosotros a hacer una justicia más certera en estos casos. En la vista ante la Comisión las partes deberán y podrán hacer los planteamientos que el caso requiera; podrán presentar la evidencia correspondiente y la Comisión podrá y deberá adju-dicar todas las cuestiones que plantee el caso y que sea propio o necesario adjudicar. Así las partes no estarán sujetas a que su caso se vea fraccionadamente, por etapas, con los conse-cuentes gastos y pérdida de tiempo. En estos casos esa consi-deración tiene especial validez ya que el obrero lesionado o enfermo frecuentemente pierde su fuente de sustento. En este sentido, nótese que la propia ley establece que si el Fondo demora por más de un mes, sin causa justificada, la decisión de un caso, la Comisión puede ordenarle que lo decida o puede ordenar que se le remita el expediente y asumir jurisdicción sobre el caso y decidirlo. Art. 7 de la ley, 11 L.P.R.A. see. 9.

En el caso de autos el grado de incapacidad de la interventora fue establecido no solo por su perito médico, sino que también fue reconocido por los propios médicos del Fondo. Ante las circunstancias relatadas entendemos que no se cometió tampoco el segundo error señalado.

En vista de lo anterior, se confirmará la Resolución de la Comisión Industrial dictada en este caso.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado.

       Del expediente sólo surge esa descripción de la cantidad de trabajo que ella hacía, por lo cual no sabemos cuántos sostenes componían cada “paquete”.

      Por ejemplo, en Vda. de Fernández, 85 D.P.R., a la pág. 301, expresamos que la misión de los organismos administrativos y de este Tribunal “debe limitarse a determinar la existencia de una relación de causalidad entre la labor realizada y el resultado final — incapacidad o muerte — o sea, si la labor contribuyó al resultado mediante la agravación, aceleración o precipitación de la enfermedad.” Luego de esa aseveración, en Hernández Nieves v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 340 (1964), a la pág. 356, dijimos “Conforme a lo expuesto es preciso que el reclamante establezca que su condición fue contraída debido a un riesgo peculiar de la ocupación o empleo.” Posteriormente, en Rivera Cruz v. Comisión Industrial, 92 D.P.R., a la pág. 231, volvimos a ampliar el concepto que habíamos restringido y dijimos: “Es innegable que la esquizofrenia sobrevenida al recurrente sería compensable, aun aceptando su origen no atribuible a causas del empleo, si se hubiese demostrado que las condiciones del trabajo en alguna forma precipitaron o propiciaron la recurrencia de la enfermedad mental preexistente.”

      En nuestro sistema de Derecho Civil, de entronque europeo-continental, es permisible y a veces necesario suplir jurisprudencialmente las lagunas de la ley, sin que por esto se deba caer en la libre legislación casuística, como ocurre en las jurisdicciones de derecho consuetudinario. United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 196 (1963); El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791, 804 (1965); Borges v. Registrador, 91 D.P.R. 112, 132 in fine y 133 (1964).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

license: Public Domain

text:
    Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, etc., demandantes y recurrentes, v. Ana María Yantín y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-72-84

      Resuelto: 21 de noviembre de 1974

      Jorge J. Oppenheimer Méndez, Elba Canales de Mattina y Rosa Emilia Palou Elosegui, abogados de los recurrentes; Leopoldo Bonilla Vélez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Marcelino Burgos Resto falleció como consecuencia de un accidente de tránsito causado por la negligencia del conductor José A. Rovira Fernández. A tenor con las disposiciones de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. sees. 2051 a 2065, el Director Ejecutivo de la A.C.A.A. adjudicó en calidad de beneficios la cantidad de $5,000 a la viuda de la víctima Ana María Yantín Vda. de Burgos, más $4,999.99 a ser distribuidos entre sus ocho hijos de conformidad con lo dispuesto en la See. 4 de la ley. 9 L.P.R.A. see. 2054. Posteriormente la señora Yantín Vda. de Burgos y la anterior esposa de la víctima, Rafaela Aponte Bonilla, instaron, por sí y en representación de los hijos meno-res habidos en ambos matrimonios, una acción de daños y per-juicios contra los aquí recurridos Rovira Fernández y su ase-guradora Puerto Rican American Insurance Company. Dicha acción se transigió por virtud de sentencia por la suma de $40,000.

En base a la sentencia por transacción la A.C.A.A. retuvo el pago de los $9,999.99 adjudicados a los beneficiarios y solicitó al tribunal de instancia una sentencia declaratoria a los fines de que se resolviera si ella podía dejar de pagar los beneficios ya adjudicados o si podía recobrar los mismos de la suma acordada en la sentencia por transacción. El tribunal resolvió que la A.C.A.A. estaba obligada a pagar los beneficios adjudicados y que no tenía derecho alguno a reembolso.

No conforme la A.C.A.A. nos pide en este recurso la re-vocación de la sentencia señalando cuatro errores que van dirigidos a impugnar la interpretación que hizo el tribunal de instancia de los Arts. 4, 6 y 8 de la mencionada Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. sees. 2051 a 2065.

La A.C.A.A. fundamenta su posición esencialmente en el texto del inciso (1) (d) del Art. 4 de dicha Ley, el cual dispone:

(d) Beneficios deducibles — Todos los beneficios o ventajas que la víctima o sus beneficiarios reciban o tengan derecho a re-cibir de otras fuentes en virtud de las lesiones sufridas, se dedu-cirán de los beneficios que les correspondan bajo este Capítulo, excepto cuando aquí se disponga otra cosa.

Siempre que la víctima utilice los servicios que provee este Capítulo, los pagos que ésta o sus beneficiarios reciban o tengan derecho a recibir de otros programas de seguros por concepto de dichos servicios, se pagarán a la Administración, hasta una suma que no excederá de la cantidad gastada por la Administra-ción para prestar dicho servicio.

Partiendo de esta disposición, la A.C.A.A. arguye un supuesto derecho a recobrar o deducir los beneficios ya adjudicados. Su argumento incurre en el vicio de tomar aisladamente un artículo de la ley haciendo caso omiso del resto del articulado. Como sabemos, es norma sabia de hermenéutica que un estatuto debe ser interpretado en su conjunto y no tomando aisladamente una de sus disposiciones. Sales v. Samac Motor Corp., 92 D.P.R. 529, 540 (1965); Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974). Es por eso que deben verse las otras disposiciones pertinentes de la Ley como lo son los Arts. 6 y 8, 9 L.P.R.A. sees. 2056 y 2058.

El Art. 6 limita taxativamente el derecho de la A.C.A.A. a recobrar del causante de los daños los gastos en que ella incurra disponiendo al efecto que:

“(1) La Administración tendrá derecho a ser indemnizada por la persona responsable del accidente por todos los gastos en que incurra la Administración en relación con dicho accidente, si los daños fueron causados intencionalmente, o bajo los efectos del alcohol o de drogas narcóticas, o conduciendo un automóvil sin tener autorización legal para ello, o mientras se cometía un acto criminal que no sea una violación a las leyes de tránsito o mientras se participaba en competencias de carreras de auto-móviles o pruebas de velocidad.

Es decir, la A.C.A.A. puede únicamente recobrar en los casos expresamente mencionados en el Art. 6, a saber, cuando los daños fueran causados: 1) intencionalmente, 2) bajo los efectos de alcohol o de drogas, 8) conduciendo un automóvil sin tener autorización legal o 4) mientras se comete un acto criminal que no sea una violación a las leyes de trán-sito o 5) participando en competencias de carreras de auto-móviles o pruebas de velocidad. Nótese que no se aplica el recobro cuando el daño es causado por una violación a las leyes de tránsito como lo es precisamente el caso de autos.

El Art. 8 de la ley fortalece esta limitación al derecho de recobro relevando expresamente al causante del daño de pagar el importe de los beneficios cobrados por la víctima y sus beneficiarios. En lo pertinente dispone dicho artículo:

“(1) Los beneficios que provee esta ley ... se pagarán, hasta los límites indicados en esta sección, en sustitución de las sumas que de otro modo tendría derecho a reclamar la víctima al am-paro del principio de responsabilidad a base de negligencia, re-levándose a la parte responsable del pago de toda reclamación hasta dichos limites o hasta el importe de los beneficios cobrados por la víctima y sus beneficiarios, de los dos el que resulte mayor.
(3) .... ....
(a) En cada caso en que aplique esta sección el Tribunal deberá indicar separadamente el importe de la indemniza-ción otorgada por daños debido a dolor y sufrimientos físicos y mentales y el importe de la indemnización otorgada por otras pérdidas.
(c) La reducción aplicable a daños y pérdidas por caucas que no sean sufrimientos físicos y mentales será la suma de $2,000 o el importe de los beneficios totales pagados por la Ad-ministración, si dicho importe fuera mayor de $2,000. 99

9 L.P.R.A see. 2058. (Énfasis suplido.)

Surge con meridiana claridad de este artículo que el es-quema adoptado por el legislador fue el de imponer responsa-bilidad a la A.C.A.A. para el pago de determinados beneficios especificados en el estatuto, respondiendo el causante del daño por cualquier cantidad en exceso de la adjudicada por la A.C.A.A.

La posición de la A.C.A.A. al insistir en un supuesto derecho de reembolso rompe este esquema legislativo privando a la víctima y sus beneficiarios de todo beneficio bajo la ley. Por un lado, éstos no podrían recobrar del causante del daño y sus aseguradores el importe de los beneficios a que tiene derecho bajo la ley porque, como ya vimos, el Art. 8 expresamente releva de dicho pago al causante. Por otro lado, tampoco podrían obtener de la A.C.A.A. el pago de esos beneficios porque los mismos estarían sujetos a reembolso. Se desvanece así en una interpretación caprichosa los loables propósitos de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. Nuestra misión — no parece necesario recordarlo —es darle eficacia a la ley y no restársela con interpretaciones que producen resultados inicuos.

Conviene señalar que el seguro provisto por la A.C.A.A. no tiene el propósito de duplicar o complementar la compensación o los beneficios en aquellos casos en que la víctima pueda percibirlos de otros programas de seguros para los cuales es elegible. El fin primordial del estatuto es llenar un vacío de necesidad social y no la de crear un seguro ortodoxo adicional. No se trata de un seguro más sino de un sistema reparador del daño resultante del uso y operación de vehículos de motor que, prescindiendo de culpa o negligencia, provee en favor de la víctima o sus beneficiarios servicios médico-hospitalarios y otros beneficios que no podrían recobrar del causante de los daños cuando éste careciere de bienes o de seguro corriente.

A tono con el propósito de evitar la doble compensación el Art. 4 inciso (1) (c), 9 L.P.R.A. see. 2054(1) (c), provee que si la víctima recibe pago de otras fuentes por servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización la A.C.A.A. podrá recobrar de ella o sus beneficiarios hasta una suma igual al valor de los servicios prestados. Ese también es el tenor del Art. 4(1) (d) supra, en el cual se basa la A.C.A.A. para sostener su pretención al recobro.

Se dictará sentencia confirmando la dictada por él tribunal de instancia.


author: per curiam :

text:
    Puerto Rico Parking Corporation, demandante y recurrente, v. Héctor L. Schmidt, en su carácter de Director de la Administración de Servicios al Consumidor, demandado y recurrido.

      Número: O-71-171

      Resuelto: 26 de noviembre de 1974

      Jaime Santos Mirabal, abogado de la recurrente; Pedro J. Torres Acevedo, Mercedes Dolz Pérez, Wilfredo López Iri-zarry, José M. González González, Henry Schmer, Juan M. Láncara Reyes, Ramiro Agosto Carrasquillo y Adolfo J. Vila, abogados del recurrido.
   per curiam :

La controversia en este caso se contrae bási-camente a resolver si la antigua Administración de Servicios al Consumidor (“ASERCO”) tenía facultades para efectuar adjudicaciones de daños como parte de su poder para regla-mentar el negocio de estacionamiento de vehículos de motor.

ASERCO recibió en este caso una querella en que el dueño de un automóvil afirmaba que estacionó el mismo en un local perteneciente a la corporación recurrente, donde alegadamente recibió abolladuras. ASERCO celebró la correspondiente vista y a la luz de la evidencia presentada por las partes le ordenó a la recurrente pagarle al perjudicado el costo de las repara-ciones al vehículo, ascendente a setenta y cinco dólares. La recurrente solicitó del Tribunal Superior que revisase la de-terminación administrativa, mas éste procedió a confirmarla.

Según los términos de la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964, hoy sustituida por la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, 23 L.P.R.A. see. 805 y ss., el Administrador de Estabili-zación Económica, hoy el Secretario de Asuntos del Consumi-dor, tenía amplia facultad para ordenar el resarcimiento de los daños y perjuicios que pudiesen sufrir las personas en circuns-tancias como las presentes. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964 y, específicamente, las disposiciones siguientes de su See. 2:

“El ámbito de las facultades que por la presente se confieren se entenderá que cubre, pero sin que ello constituya una limita-ción, la fijación de tarifas, la expedición, suspensión y can-celación de licencias, la exigencia de normas mínimas de seguri-dad y conveniencia personal para los clientes, visitantes, y em-pleados, y la prestación de las debidas garantías, mediante se-guro o en cualquier otra forma adecuada, para el resarcimiento de los daños y perjuicios que puedan sufrir las personas que con-curran a tales negocios de estacionamiento público de vehículos de motor, incluyendo los daños sufridos por sus vehículos . . . .”

La sección citada contiene a renglón seguido una segunda oración, que lee así:

“Nada de lo aquí dispuesto se entenderá en el sentido de dar facultad al Administrador de Estabilización Económica para imponer, por reglamento o en cualquier otra forma, una respon-sabilidad civil en daños y perjuicios a los operadores de solares y locales dedicados al estacionamiento público de vehículos de motor, en adición a, o en exceso de la responsabilidad que a tales efectos les impongan las leyes de Puerto Rico.”

Esta oración no era parte del anteproyecto original (el P. del S. 606) y el historial legislativo no expone la razón de su inserción. Diario de Sesiones, Asamblea Legislativa de Puerto Rico, vol. 3, pág. 1534, En Flores v. Meyers Bros, of P.R., Inc., 101 D.P.R. 689 (1973), se expresa, no obstante, lo que es el claro significado de la adición transcrita, derivable de su propio texto. Su propósito fue evidentemente evitar que se recobrase dos veces por los mismos hechos o en exceso de lo dispuesto por ley. Lo que se hizo fue privar al Administrador de Estabilización Económica de facultad para imponer daños cuando ya se hubiese concedido resarcimiento por un tribunal.

El poder de la Asamblea Legislativa para delegarle al proceso administrativo el poder de tomar acción correctiva en protección de los consumidores de bienes y servicios en situaciones como la presente se ha reconocido por este Tribunal. Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974).

Una buena reforma judicial requiere de hecho que se retiren del ámbito judicial diversos asuntos que por su naturaleza son susceptibles de tratamiento administrativo inicial o de solución por otros procedimientos más informales de decisión. Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, Informe de la Comisión para el Estudio de los Tribunales, 21 de enero de 1974, pág. 252.

La Ley Núm. 120 de 1973, 23 L.P.R.A. see. 805 y ss., encarna este principio en modo aún más eficaz que la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964, ya que actualmente el Secretario de Asuntos del Consumidor tiene jurisdicción primaria para resolver cualquier reclamación que tenga un usuario en contra del operador de un área de estacionamiento pública cuando ésta surja de daños o perjuicios sufridos por un vehículo.

Por los fundamentos expuestos se confirmará la sentencia del tribunal de instancia.

Los Jueces Asociados, Señores Angel M. Martín y Armindo Cadilla Ginorio, no intervinieron.


author: per curiam:

text:
    N. M. Bengochea et al., demandantes y recurrentes, v. N. Ruiz Torres, h/n/c Adieren’s Airport Service, demandados y recurridos.

      Número: R-74-122

      Resuelto: 29 de noviembre de 1974

      Carlos J. Santiago Torres, abogado de los recurrentes; Arturo F. Porrata Pila, abogado de los recurridos.
   per curiam:

La cuestión básica que plantea el caso de autos es si la recurrida (Adieren’s) tiene derecho a ampa-rarse en la exención que el Art. 3(d) de la Ley de Normas Razonables del Trabajo, Ley de 25 de junio de 1938, Ley Pública 89-601, C. 676, 75th Cong., 3d Sess., 52 Stat. 1060 y ss., 29 U.S.C.A. sec. 203(d), les reconocía hasta 1974 a los empleados de los estados y de sus subdivisiones políticas.

Los recurrentes demandaron a Adieren’s por concepto de salarios adeudados bajo dicha ley, montantes en total a la suma de $2,513.00. Adieren’s admite que de aplicarse la ley federal tal sería la cantidad a satisfacerse por concepto de salarios. Tampoco existe controversia entre las partes sobre los hechos restantes.

Adieren’s opera un parque de estacionamiento público de vehículos en el aeropuerto Mercedita bajo contrato con la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. La Autoridad fija las tarifas que pueden cobrarse por el servicio y prescribe el sistema de contabilidad a utilizarse; establece de común acuerdo con Adieren’s las horas de operación del local; exige ciertas condiciones para su mantenimiento, incluyendo la de que se provea suficiente personal de operación, debidamente uniformado, y de vigilancia; requiere que se obtenga su auto-rización previa en cuanto al equipo a instalarse por Adieren’s; y no permite la utilización del área arrendada excepto para el estacionamiento de vehículos de motor.

Del otro lado, Adieren’s tiene plena libertad para con-tratar y despedir empleados; los supervisa; controla la ope-ración, sujeto a los términos de su contrato; y asume entera-mente el riesgo de generar ganancias o incurrir en pérdidas. La Autoridad le cobra un canon mínimo de alquiler o un por-centaje del ingreso bruto mensual, lo que sea mayor.

A base fundamentalmente de los hechos expuestos en el tercer párrafo de esta opinión Adieren’s radicó una moción de sentencia sumaria, alegando que los recurrentes eran empleados de la Autoridad de los Puertos y no de ella y que por tanto no tenían derecho a reclamar bajo la Ley de Normas Razonables del Trabajo. Se dictó sentencia sumaria a su favor y los empleados recurrieron en alzada ante nos.

Las acciones por sueldos adeudados bajo la Ley de Normas Razonables del Trabajo pueden interponerse, por supuesto, conforme su Art. 16(b), tanto en las cortes federales como en las estatales. Overnight Motor Transportation Co., Inc. v. Missel, 316 U.S. 572 (1942). El término “estado” que se emplea en la ley abarca a Puerto Rico y sus instrumentalidades públicas. Quiñones v. Central Igualdad (D.C. P.R. 1940), 2 LC Pár. 18,565.

Las exenciones que dispone la ley deben interpretarse restrictivamente. A. H. Phillips, Inc. v. Walling, 324 U.S. 490, 493 (1945). Notable ha sido en el pasado el esfuerzo de entidades que sostenían relaciones contractuales con el gobierno por reclamar el beneficio de la exención aquí envuelta, argumentando que sus empleados eran verdaderamente empleados públicos y negando su propia condición de contratistas independientes. Algunos contratistas tuvieron éxito, Selby v. Jones Construction Co., 175 F.2d 143, 147-8 (6th Cir. 1949), hasta que se impusieron criterios aún más severos que en A. H. Phillips, Inc., supra, en Powell v. United States Cartridge Co., 339 U.S. 497 (1950).

La determinación de quién constituye un contratista independiente no depende de cómo se designe el contrato por las partes ni de factor aislado alguno. Hay que examinar el conjunto de circunstancias en que se desenvuelve la relación. Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 100 D.P.R. 882 (1972). Ciertos criterios merecen, sin embargo, especial peso, tales como la retención de control por el arrendador u otorgante de la franquicia, Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1964); quién posee la facultad de contratar y despedir a los empleados, Walling v. Sanders, 136 F.2d 78, 81 (8th Cir. 1943); y la oportunidad de efectuar ganancias que tenga el contratista, Tobin v. Anthony-Williams Mfg. Co., 196 F.2d 547 (8th Cir. 1952).

A la luz de lo anterior, Adieren’s es evidentemente un contratista independiente, sin derecho a cobijarse bajo la exención de la Ley de Normas Razonables del Trabajo disponible hasta hace poco a las entidades gubernamentales. Los elementos de control retenidos por la Autoridad de los Puertos son a todas luces los que deben razonablemente imponérseles a los concesionarios en un aeropuerto para garantizarles a los usuarios un servicio eficiente, seguro y cortés. La facultad de emplear y despedir la fuerza obrera reside exclusivamente en Adieren’s (en Powell, supra, el gobierno retenía la facultad de requerir el despido de cualquier empleado y aun así no se afectó la condición de contratista independiente de la entidad privada contratante); y Adieren’s no ha sido despojada ciertamente de la oportunidad de hacer ganancias. Es cierto que la Autoridad requiere que se le pague una renta mínima y fija también las tarifas, pero ello representa una obligación de ley para facilitar la venta de los bonos de la Autoridad y propiciar su pago, 23 L.P.R.A. see. 336, que en modo alguno impide que la inversión de Adieren’s produzca ganancias, dependiendo de sus gastos y del número de usuarios del aeropuerto.

Valga señalar, finalmente, que la interpretación administrativa federal 'del problema aquí planteado concuerda con nuestra conclusión. Los empleados de un arrendatario o concesionario privado en un aeropuerto, se ha dictaminado bajo el artículo de ley que nos ocupa, no son empleados gubernamentales. W. & H. Opinion Letter No. 121, Aug. 9, 1962.

Se revocará en consecuencia la sentencia dictada y en su lugar se instruirá a los recurridos a pagarles a los señores N. M. Bengochea, Santana Pagan y Alvarado Rentas las sumas de $962.20, $651.80 y $899.00, respectivamente, sobre lo cual no existe controversia, más intereses desde la fecha de la demanda, costas y la cantidad de $300.00 por concepto de honorarios de abogado.


text:
      In re Antonio Cortés Ostolaza

      Numero: O-73-337

      Resuelto: 2 de diciembre de 1974

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Candita R. Orlandi y Lirio Bernal Sánchez, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Benicio Sánchez Castaño,

      Benicio Sánchez Rivera, Felipe Benicio Sánchez, Victor Gutiérrez Fernández y Joaquín Correa Suárez, abogados del querellado.
   per curiam :

El querellado Antonio Cortés Ostolaza fue ad-mitido al ejercicio de la abogacía y del notariado en el 1957. En mayo de 1972 lo separamos permanentemente del ejercicio del notariado. En octubre de 1973 el Procurador General le formuló querella imputándole conducta negli-gente e impropia al no hacer las diligencias pertinentes y ade-cuadas para proteger los intereses de su cliente en la tramita-ción de recursos apelativos de causas criminales y al radicar escritos ante este Tribunal conteniendo alegaciones que el querellado sabía o debía saber eran falsas. El querellado no contestó la querella.

El Comisionado Especial celebró vistas y nos ha rendido un informe del cual transcribimos las determinaciones de hecho esenciales:

«

2. Por moción escrita, fechada y radicada en 18 de junio de 1971, el querellado convino en asumir la representación legal de la convicta Francisca Cotto Vega, en la etapa apelativa en las causas criminales ante el Tribunal Superior — Sala de Caguas en los casos de dicha Sala G69-203, G69-204 y G69-205. El Pueblo de Puerto Rico vs. Francisca Cotto Vega por ‘Infracción a la Ley de Drogas’. Era otro el abogado de récord de la acusada-convicta en estos casos o cargos y quien había atendido el pro-ceso en el Tribunal Superior (Ledo. E. L. Belén Trujillo). La moción del querellado asumiendo la nueva referida representa-ción profesional de la convicta y apelante fue declarada con lugar por el Tribunal....

3. . . . surge que en los casos antes mencionados se ordenó la transcripción de la evidencia, no se solicitó beneficio de po-breza, no se consignaron los honorarios del taquígrafo y no se efectuó gestión alguna por parte del querellado para perfeccionar la apelación y descargar la responsabilidad asumida ...

4. ... el querellante solicitó del Tribunal Supremo la deses-timación de la apelación en los referidos casos G69-203 al 205 ....

5. ... el querellado ... se opone a la desestimación solicitada. Esta moción indica

‘Que la acusada apelante tiene interés en continuar con su apelación, y la razón por la cual no se han consignado los honorarios del taquígrafo es que fue notificado por uno de los taquígrafos, [sie] notificó de sus honorarios el día 15 de noviembre de 1972.’ (Ex. 1A Procurador General.)

Es en esta misma moción que se añade y se afirma categórica-mente

‘Que la acusada-apelante está consignando los honora-rios del taquígrafo para así continuar con la apelación, ya que existen cuestiones sustanciales de derecho que podrán cambiar el fallo condenatorio. Que el abogado que suscribe será el que estará a cargo para continuar la apelación.’

6. ... el Tribunal Supremo ordenó a la apelante que acredi-tara debidamente la consignación de los honorarios del taquí-grafo en los mencionados casos .... Se ordenó además que se acreditara debidamente la notificación del taquígrafo de fecha 15 de noviembre de 1972.

7. ... el querellado radicó . . . ‘Moción de Reconsideración’ en los casos M73-7 y M73-10 del Tribunal Supremo y se refiere a los sus ya mencionados casos G69-203 al 205 y a otros casos G69-385 y 386 todos de la Sala de Caguas del Tribunal Superior por Infracciones Ley de Drogas contra Francisca Cotto Vega ....

En tal ‘Moción de Reconsideración’ afirma el querellado que el Tribunal Supremo ‘había desestimado el recurso de apelación por abandono’ el 14 de febrero de 1973, y afirma el querellado que el 12 de febrero de 1973 el Tribunal Supremo ‘le concedió un término para acreditar el pago de los honorarios de taquígrafo’ y en tal moción solicita el querellado un término de 15 días ‘para consignar los honorarios de los taquígrafos que intervi-nieron en este caso ....

8. ... el Tribunal Supremo ordena la investigación de la conducta del querellado en vista de que .por la ‘Moción para que no se Desestime” . . . afirma que el apelante estaba consignando los honorarios del taquígrafo y en su siguiente ‘Moción de Re-consideración’ . . . aparece que no se habían consignado todavía tales honorarios de taquígrafo y que solicita término para ello ....

9. La señora Francisca Cotto Vega fue representada en el Tribunal Superior Sala de Caguas, durante la vista de los, varias veces, referidos casos G69-203 al 205 por el Ledo. Belén Trujillo, presidiendo el Tribunal el Hon. C. Bastián Ramos (Juez).

10. La misma acusada fue representada en otros o distintos casos ante la misma Sala del Tribunal en sus casos G69-385 y 386 por el Ledo. Manuel Pérez Sierra y luego de convicta, senten-ciada por el Hon. José Villares (Juez) el día 8 de marzo de 1971. En estos casos también se radicó apelación a instancias del que-rellado y quién también se hizo cargo de estas otras apelaciones.”

Luego el querellado hizo gestiones y consiguió fianzas pen-diente de apelaciones para la convicta ante el propio Tribunal Superior pero nada se hizo para perfeccionar las apelaciones para ante el Tribunal Supremo.

Las apelaciones en los referidos casos G69-385 representados en el Tribunal Superior por el Ledo. Manuel Pérez Sierra, a petición del Procurador General, fueron desestimadas por aban-dono por Resolución del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 1973.

11. Los casos G70-579 al 581 contra la misma Francisca Cotto Vega (Exhibits 3A, 3B y 3C del Procurador) fueron vistos en la Sala de Caguas del Tribunal Superior representada por el propio Ledo. Antonio Cortés Ostolaza ante el Juez, Hon. Carlos Bastián Ramos.

Se radicó escrito de apelación por el propio querellado, Ledo. Cortés Ostolaza. También se consiguió fianza pendiente apela-ción.

12. Estos últimos casos (G70-579-581) a solicitud del Pro-curador General . . . fueron desestimados por abandono por Resolución del Tribunal Supremo de fecha 23 de febrero de 1973. Habían sido apelados el 20 de octubre de 1971. Se había obtenido afianzamiento durante apelación pero nada se había hecho para perfeccionar tal apelación.

13. Más de 3 meses más tarde, en junio 8 de 1973, y adu-ciendo que por haberse desestimado las apelaciones en los re-feridos casos G70-579 al 581 el querellado solicita del Tribunal Supremo la desestimación de los recursos de apelaciones Nú-meros G69-203 al 205 y G69-385 al 386.

23. Finalmente declaró el propio querellado Ledo. Antonio Cortés Ostolaza. Admitió que él asumió la representación de la apelante Francisca Cotto Vega en todos los ocho casos de que fue convicta y en etapas apelativas.

Admitió que por su ‘Moción para que no se Desestime’ que fechada 25 de enero de 1973 se radicara en el Tribunal Supremo en 30 de enero de 1973, él (el querellado) en oposición de la Moción del Procurador General solicitó del Tribunal Supremo no se desestimaran dichas apelaciones. Tal moción o solicitud se radicó con la información falsa de que se estaban consignando los honorarios de taquígrafos. En lo pertinente tal moción reza así:

‘Que la acusada-apelante está consignando los honorarios del taquígrafo para así continuar con la apelación ya que existen cuestiones sustanciales de derecho que podrían cam-biar el fallo condenatorio. Que el abogado que suscribe será el que estará a cargo para continuar apelación.’ [Énfasis suplido.]

En su testimonio oral el querellado justifica la falsa asevera-ción ‘que la acusada-apelante está consignando los honorarios’ por creer que la hija de la apelante iba a depositar dichos honora-rios simultáneamente a la radicación de la referida moción. (Los honorarios del taquígrafo tenían que consignarse en la Sala de Caguas del Tribunal Superior. La Moción era para radicarse y se radicó en el Tribunal Supremo.)

En el contrainterrogatorio el querellado admitió que no com-pareció a la oficina del Procurador General al ser citado en rela-ción a la investigación que se llevaba a cabo. No radicó escrito alguno aclarando ni exponiendo defensa. Admitió haber recibido copia de las mociones de desestimación en los recursos de apela-ción que motivaron esta querella y del Escrito Informativo radi-cado por el Procurador General en el Tribunal Supremo. Asi-mismo admitió que no consignó los honorarios del taquígrafo posterior al recibo del referido Escrito Informativo, ni hizo ges-tión alguna para perfeccionar la apelación en los recursos ape-lativos pendientes. No pidió beneficio de pobreza. Manifestó que ‘estaba bajo la impresión se habían consignado’ los referidos honorarios.

Fue en ‘Moción de Reconsideración’ radicada mucho más tarde Febrero 26, 1973 que el querellado solicitó al Tribunal Supremo ‘término de 15 días’ ‘para consignar los honorarios’ había en moción radicada 30 de enero de 1973 manifestado ‘que la acusada apelante estaba consignando’.”

Surge de las anteriores determinaciones de hecho que el querellado Antonio Cortés Ostolaza faltó al cumplimiento de su deber con su cliente al no defender diligentemente los intereses de éste en el trámite de varias apelaciones inter-puestas provocando con su conducta que las mismas se desesti-maran. Igualmente el querellado Cortés Ostolaza faltó al cumplimiento de su deber para con este Tribunal al afirmar un hecho que le constaba que era falso, como lo fue el informar en su moción de 25 de enero de 1973 el estar consignando los honorarios del taquígrafo para continuar con la apelación cuando ello era falso.

Ha faltado el querellado a la confianza que en él depo-sitaron su cliente y este Tribunal entorpeciendo con su con-ducta una recta administración de justicia, razón por la cual debe ser separado permanentemente del ejercicio de la aboga-da. Se dictará sentencia de conformidad.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Estrella Carrero Suárez, demandante y recurrida, v. Sergio Sánchez López, demandado y recurrente.

      Número: R-71-145

      Resuelto: 2 de diciembre de 1974

      B. Quiñones Elias y S. Quiñones Elias, abogados del recurrente y peticionario.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Esencia del debido proceso de ley es que nadie sea privado de su propiedad sin darle oportunidad de ser oído.

La concubina de un hombre unido en matrimonio a otra mujer instó ante la Sala de Aguadilla del Tribunal Superior, una acción pidiendo la disolución y liquidación de la comuni-dad de bienes entre ella y el hombre casado afectando el pleito tres inmuebles adquiridos por compra a los que les atribuye un valor global de $27,000 para el 19 de octubre de 1967, fecha de presentación de la demanda. Emplazado el concubino, única parte demandada, no hizo alegación alguna y 2 1/2 años más tarde, el 7 de abril de 1970, se dictó sentencia en rebel-día adjudicando a la demandante “la mitad del valor en el mercado” de las tres fincas urbanas objeto de la reclamación. Pidió el demandado se dejara sin efecto la sentencia así dic-tada en moción en que alega haber sido engañado por la de-mandante quien a raíz de la presentación de la demanda le había dicho que no proseguiría el caso, razón por la cual no compareció él a defenderse; y que no tuvo ulterior noticia del asunto hasta tres años después (octubre, 1970) en que le noti-ficaron mandamiento y aviso de subasta y demás papeles de ejecución de la sentencia. En el párrafo sexto de su solicitud de apertura el demandado informa al tribunal que “es casado en primeras nupcias con Doña Inés Cajigas Rosas desde el 7 de julio de 1957, y tiene defensas que levantar.” La sala de instancia rehusó dejar sin efecto la sentencia y el demandado trajo un recurso de revisión que hemos tomado como certiorari. La parte recurrida, notificada de la expedición del auto desde el 1971 no ha formulado alegación alguna ante este Tribunal.

El Tribunal Superior bien pudo negarse a creer que el demandado hubiera dejado de comparecer y defenderse inducido por el engaño y falsa representación de la concu-bina demandante, sin incurrir en abuso de su discreción. Pero tenía ante sí una cuestión fundamental de debido proceso que no podía pasar por alto. En sus propias conclusiones había declarado que una de las fincas urbanas fue adquirida por el demandado recurrente en el año 1959 y que las otras dos fueron compradas por él sin que se exprese fecha de adquisición. El complicado estado civil del demandado mues-tra un concubinato de más de veintiún años de los cuales y durante los últimos trece ha estado legalmente casado con Inés Cajigas, y en ausencia de capitulaciones, tenía con ella constituida una sociedad de gananciales. A falta de con-trato sobre los bienes dice el Art. 1267 del Código Civil, se entenderá el matrimonio contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales, en el que se aplican las reglas del contrato de sociedad según declara el Art. 1298. Son bienes gananciales, entre otros, los adquiridos por título one-roso durante el matrimonio a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad bien para uno solo de los esposos; y los obtenidos por la industria, sueldo o trabajo de los cónyuges o de cualquiera de ellos. Final-mente el Código Civil establece una presunción de gananciali-dad al declarar en su Art. 1307 que se reputan gananciales todos los bienes del matrimonio, mientras no se prueba que pertenecen privativamente al marido o a la mujer, y por el Art. 1313 prohíbe al marido la donación, enajenación o gravamen de los bienes inmuebles pertenecientes a Ja sociedad de gananciales, sin el consentimiento expreso de la mujer, y en orden a impartir la mayor eficacia a esta prohibición dispone que “toda enajenación o convenio que sobre dichos bienes haga el marido en contravención a esta sección, y las demás dispuestas en este título o en fraude de la mujer, será nulo, y no perjudicará a ésta ni a sus herederos.” (Art. 1313, 31 L.P.R.A. 3672.)

Considerando ese estado de derecho y el hecho de coexistir por unos trece años el concubinato y el matrimonio, la esposa Inés Cajigas debió ser traída al pleito como parte indispensable, emplazada y notificada de todos los procedimientos por si perjudicaren su derecho. Era aún más urgente e imperativo darle a ella participación en el caso en vista de que entre la presentación de la demanda y el juicio en rebeldía transcurrieron más de dos años sin que el marido defendiera al menos el derecho de la esposa. Hay en el marco de estos hechos la preterición de una parte que no ha tenido su día en corte y aun así sufre perjuicio en su derecho de propiedad. La acción civil de la concubina promoviendo la liquidación de una comunidad de bienes con un hombre legalmente casado aun cuando incluya al marido como única parte demandada, necesariamente afecta y somete el interés de la esposa en la sociedad de gananciales cuando según ocurre en este caso la comunidad y la sociedad conyugal han coexistido en apreciable contemporaneidad. El derecho de la esposa arranca del régimen ganancial y claramente no depende de la elección de la concubina designándola o no demandada. A la luz del debido proceso de ley el inciso (d) de la Regla 15.3 de Procedimiento Civil que concede a la mujer facultad para defender su propio derecho, y si el marido dejare de defen-derse, defender también el derecho de éste, cuando ella y el marido fueren demandados conjuntamente, debe leerse como requiriendo la intervención de la esposa a defender su interés y aun el de su marido en toda acción que les afecte conjunta-mente, cuando no hubiere ella dado su expreso consentimiento a la obligación reclamada y que gravite sobre bienes inmuebles de la sociedad de gananciales. De otro modo estaría la es-posa expuesta a ser despojada de su haber ganancial, y queda-ría burlada la protección para ella dispuesta en el Código Civil, por la simple connivencia entre el marido y la concubina lograda con sólo dejarse dictar una sentencia en rebeldía. Cuando la presunción de ganancialidad declarada en el Art. 1307 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3647) apunta hacia la posible lesión de la propiedad e interés de la esposa en el acervo de la sociedad de gananciales ella es parte propia e indispensable en toda acción promovida por una concubina dirigida a obtener una liquidación de bienes en que alega comunidad con el marido. La Regla 16.1 de Procedimiento Civil dirige al tribunal hacia la inclusión como parte de toda persona que tenga un interés común en la cuestión litigiosa.

La sentencia revisada no puede subsistir frente al precepto constitucional de que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado (Carta de Derechos). El tímido y apenas audible anuncio del demandado de su condición de hombre casado es suficiente iniciativa en este caso para proteger el derecho de propiedad de su esposa, más aún cuando no lo fuera el debido proceso de ley es singular encomienda de los tribunales que no tienen que depender de la iniciativa de las partes para imponerlo en todo momento. Es ésta una garantía de verdadero orden público que no sucumbe a la conducta de los litigantes ni a las decisiones del juzgador. Maldonado v. Hull Dobbs, Etc., 102 D.P.R. 608 (1974). Se vislumbra en este caso la probable privación de propiedad de una persona que no ha sido oída por el tribunal.

Se dejará sin efecto la sentencia en rebeldía y se devolverá el caso a la sala de instancia para que disponga la inclusión y emplazamiento de Inés Cajigas Rosas como parte demandada y se continúen procedimientos consistentes con esta opinión.

       “Excepto cuando trafica con sus bienes privativos o cuando la pro-cedencia es privativa, con relación a bienes reputados gananciales no halla acomodo en nuestra norma jurídica una ‘comunidad de bienes’ o una ‘socie-dad de intereses’ constituida entre uno de los cónyuges como tal y un extraño a la sociedad, aunque se trate de bienes adquiridos mediante la industria o trabajo personal, y aunque exista con ese extraño la relación típica de un concubinato.
      Lo anteriormente expuesto no impide que se desarrolle una comuni-dad de bienes o cualquier otra figura jurídica respecto a bienes entre la sociedad de gananciales como tal y un tercero. Si para la adquisición de estas propiedades gananciales la demandante aportó dinero suyo, ella podría tener un crédito o reclamación personal contra la sociedad.” (Enfasis en el original.) Reyes v. Merlo, 91 D.P.R. 136, 141-2 (1964), confirmado en Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 587 (1969).


author: PER CURIAM:

text:
    José A. González et al., demandantes y recurridos, v. Centex Construction Co. of Puerto Rico, Inc., et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-71-106

      Resuelto: 3 de diciembre de 1974

      J. M. Calderón García, William J. Riefkohl, J. R. Calderón Cere-cedo, Francisco Alonso Rivera y Orlin P. Goble, abogados de los recurrentes; Plinto Pérez Marrero, R. Elfrén Bernier y Hjalmar Y. Flax, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

El 13 de junio de 1966 los recurridos, los esposos González, adquirieron de la recurrente Centex una vivienda en la Urbanización Villa Carolina. La misma adole-cía de distintos defectos. El empañetado interior y el exterior no formaban una superficie lisa; los lomos resultantes eran de tal naturaleza que al colocarse una vara entre la parte inferior y superior de una pared la separación resultante montaba a casi dos pies. (T.E. pág. 13.) El balcón del segundo piso quedó unas dos pulgadas más alto que el resto del piso de la casa, con la consecuencia de que cuando llovía entraba el agua al segundo piso y, por las escaleras, al primero. Los gabinetes de cocina tenían un laminado de formica colocado en pedazos, separados los unos de los otros; las gavetas no abrían bien. El centro de las puertas interiores y exteriores era de cartón y éstas se habían deteriorado notablemente. La instalación eléc-trica estaba en malas condiciones. (T.E. págs. 11-15; 64-65.)

Antes de firmarse la escritura de adquisición los compra-dores no tuvieron oportunidad, por insistencia de las vende-doras recurrentes de que se otorgase inmediatamente el con-trato, de inspeccionar la casa (Determinación de Hecho Núm. 2 del Tribunal Superior). Al advertirlos se comunicaron con diversos funcionarios de Centex, cuyo vicepresidente, por carta de 1 de julio de 1966, comprometió a la empresa vende-dora a “intentar corregir cualesquiera defectos que puedan existir en la casa comprada por usted en Villa Carolina. . .” (traducción nuestra; Exhibit 1 de la parte demandante).

Se incumplió la promesa. El señor González hizo alrededor de veinte visitas al vicepresidente de Centex y acudió de ocho a diez veces a las oficinas de los abogados de ésta. Resultaron infructuosas sus gestiones (D. de H. Núm. 6).

Los esposos González nunca habitaron la casa, aunque no existe base en el récord para concluir que ésa fue su intención original. Poco después de adquirir la propiedad, un hijo de ellos, recién casado, se mudó a la misma, en la que vivieron por corto tiempo, dadas sus condiciones. Luego el señor Gonzá-lez pensó alquilar la casa pero ante el temor de las consecuen-cias de una demanda por daños y perjuicios optó por no hacerlo. (D. de H. Núm. 5.) Para este período su esposa sufrió desgraciadamente una caída. Incurrió el matrimonio en gastos extraordinarios, mermaron marcadamente sus in-gresos y al cabo perdieron la vivienda al ejecutársela la Housing Investment Corporation. Al momento de dictarse senten-cia la casa no pertenecía a los demandantes (loe. cit.)

El juicio se celebró el 20 de octubre de 1970. Testificaron a favor de la parte demandante el señor González y un inge-niero. La parte demandada no presentó prueba. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda, ordenando el pago a la parte demandante de la suma de $7,206.00, más $500 por concepto de honorarios de abogado y las costas del proceso. Seis mil dólares de esta cantidad correspondían, conforme el tribunal, a la reparación de los defectos de la vivienda; trescien-tos dólares por razón de daños morales; y el resto represen-taba el pronto pago, los gastos iniciales de cierre y el monto del primer plazo de renta. El precio de compra de la casa fue de cerca de catorce mil dólares. (T.E. pág. 35.)

Las vendedoras recurrentes le imputan la comisión de cuatro errores al tribunal de instancia: la imposición de res-ponsabilidad a las vendedoras por vicios que no eran ocultos, sino manifiestos; la concesión de $6,000 a los compradores para la reparación de una casa que no les pertenecía ya; el reconocimiento de $300 de daños por angustias mentales; y la concesión de $7,206.00 por los daños totales cuando alegada-mente no se estableció su ocurrencia ni que se debiesen a actos de las vendedoras. Los discutiremos todos, pero en el orden que dictan los principios que debemos resumir en esta opinión.

En primer término, importa recalcar que estos casos de ventas de viviendas defectuosas no tienen que enmarcarse necesariamente dentro de los postulados que sientan los Arts. 1373 al 1375 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3841-3843, relativos básicamente a la acción redhibitoria y a la estimatoria o quanti minoris. Los compradores tienen en estos casos una serie de causas a su disposición, cada cual con sus propios preceptos y principios. Dependiendo de las circunstancias, puede aeudirse, entre otras, a la acción decenal a que alude al Art. 1483 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124; a la que fluye de la culpa aquiliana; a la rescisoria por error, dolo o lesión; y a las que deriven de la violación de obli-gaciones contractuales. El análisis de cada caso depende natu-ralmente de las figuras jurídicas en juego. La disponibilidad de tal variedad de causas no significa que pueda recobrarse bajo varias de ellas. Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967). No existe razón para no alzar en tales circunstancias la barrera de la doctrina del enriquecimiento injusto. Compañía Popular v. Corte, 63 D.P.R. 121 (1944); Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965). Del otro lado, el título que las partes o el tribunal de instancia le impongan a la acción, aunque de importancia, no es decisivo necesariamente. No vivimos los rigores del antiguo derecho procesal inglés.

En el caso de autos, ni las alegaciones ni la prueba se encierran en estrecho cuadro jurídico que constriñan la acción de efectuar justicia entre las partes. Puede examinarse la situación desde varias vertientes, aunque debe reconocerse desde el principio la inaplicabilidad de ciertas causas. Podemos descartar, por ejemplo, la acción contractual contra la vende-dora fundada en la garantía que la Administración Federal de Hogares exige al contratista de un edificio. Dicha garantía le asegura al comprador que la vivienda se construyó sin sus-tancial divergencia de los planos y especificaciones. La prueba en este caso no se encaminó fundamentalmente a establecer este hecho o su presunción respecto a los distintos defectos señalados.

La naturaleza de la prueba constituye, en efecto el factor de mayor peso, aunque para aquilatarla es preciso en ocasiones determinar la intención del demandante. Veamos de nuevo, a la luz de estos factores, la configuración de esta causa.

La redacción de la demanda no se hace en términos de la acción estimatoria. Faltan elementos, en la demanda o en la prueba, de varias otras acciones.

Lo que la prueba establece básicamente es una causa de acción contractual bajo la garantía que Centex les dio a los compradores de corregir los defectos señalados dentro de un plazo razonable. La demanda está redactada en términos sufi-cientemente amplios para sostener dicha conclusión y, aun de no haberlo estado, se entendería naturalmente enmendada a tal efecto.

Examinemos ahora los errores. Las vendedoras recurrentes no tienen razón al aducir que la sentencia es errónea porque los vicios o defectos mencionados eran manifiestos. Ellos se comprometieron a corregirlos e incumplieron su pro-mesa. Aun si se tratase de una acción estimatoria, la negativa de las recurrentes a permitirles a los compradores examinar la vivienda antes de firmar la escritura de adquisición impediría la utilización de dicho argumento.

Tampoco procede la impugnación de los daños morales concedidos. Son recobrables estos daños en este tipo de causa, Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 56-60 (1967), y el hecho de que los compradores no habitaran la casa no altera esta conclusión. Ellos sufrieron el hecho de presenciar la mudanza forzada de su hijo recién casado. Ellos se vieron impedidos, cuando un acto fortuito mermó sus ingresos, de mudarse a una vivienda más económica. Ellos vivieron la obstinada desidia de las vendedoras en corregir los defectos.

Respecto al error referente a la concesión a los compradores de la cantidad de $6,000.00 para reparar una casa que no era ya de su propiedad, consideramos que se cometió el error. No se trata aquí de una situación como la de Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973), en que se le reembolsa a un comprador, quien ya había vendido su casa, la cantidad que pagó en exceso originalmente, deduciéndose la ganancia efectuada en la venta hecha por él. En el caso de autos, por causas ajenas a los vendedores, los compradores permitieron que se les ejecutase la vivienda. Los nuevos adqui-rientes de la vivienda, de no repararse los defectos, pueden in-coar la acción decenal, entre algunas otras, contra Centex. Se expone en tales circunstancias al contratista a desembolsar dos veces el costo de las reparaciones. Pereira, supra, 34-45. No hallamos tampoco base en ley dentro del contexto de este caso para concederle al comprador de una casa que ya no le pertenece dinero para repararla.

Esto no significa, sin embargo, que los compradores en la situación singular de este caso quedan huérfanos de protec-ción. El Art. 1060 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3024, expresa, al referirse a los daños y perjuicios recobrables por la violación de obligaciones contractuales que: “Los daños y perjuicios de que responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al tiempo de consti-tuirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento. . . .” De la prueba desfilada surge que el valor rentable de la casa en 1966 era de ciento veinticinco dólares mensuales, de haberse hallado ésta libre de defectos (T.E. pág. 19), y hubo evidencia de que alguien interesaba alquilarla por dicha cantidad. Era perfectamente previsible en una situación como la de autos que los compradores, quienes poseían por catorce años su propia vivienda, intentasen alqui-lar la nueva. Deben los vendedores responderles por tanto a los compradores por la diferencia entre el valor rentable de la casa y los pagos hipotecarios a efectuarse. Dicha diferencia monta a treinta y tres dólares mensuales y se eleva en el período de tres años y diez meses que los compradores pose-yeron la casa a la cantidad de $1,518.00. Aparte de la cuestión de su aplicabilidad o no, la prueba no justifica el criterio de Boyd u otros análogos para precisar la medida de estos daños.

Por los fundamentos expuestos se modificará la sentencia del tribunal de instancia para concederles a los compradores, en vez de los $7,206.00 originales, la suma total de $2,968.00, más intereses a partir de la fecha de la demanda, $500.00 por concepto de honorarios de abogado y las costas del proceso. Dicha suma de $2,968.00 se compone de los $1,518.00 por razón de los daños últimamente citados, a los que deben sumarse los $200.00 desembolsados al perito ingeniero que testificó en la vista; $800.00 por concepto de daños morales; y $950.00 (T.E. pág. 51) como reembolso de la inversión efec-tuada. Así modificada, se confirmará la sentencia.


text:
    Abelardo González Ivankovich, demandante y recurrido, v. Las Americas Professional Center, Inc. y/o Las Americas Professional Center Corp., Consolidated Mutual Ins. Co., y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-71-216

      Resuelto: 3 de diciembre de 1974

      González & Rodríguez, abogados de las recurrentes; César J. Dones Magaz, abogado del recurrido.
   per curiam:

Un joven vino a residir en la Urbanización Baldrich con el propósito de seguir estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. No se había familiari-zado con el nuevo medio existencial cuando tuvo necesidad de comprar unas medicinas en una farmacia de la Ave. Dome-nech (este) en Hato Rey. Allá se dirigió en su coche Oldsmobile que estacionó al extremo de una larga línea de automó-viles aparcados. El sitio que ocupó queda rectamente frente a la farmacia. Hay allí un borde de cuneta que es marco de la calle, luego una pequeña franja de césped o yerba separada de la acera por una cadena ondulante sostenida por pequeños postes de metal. La cadena es un recurso ornamental y tiende a desalentar el cruce de personas sobre la grama cuando se dirigen desde la calle al edificio, induciéndolas a un pequeño rodeo por uno de los extremos de la elegante barrera. Sabemos cómo se ha generalizado el uso de dichas cadenas para cerrar o desviar el paso tanto en áreas públicas como privadas de nuestra Ciudad Capital.

El recurrido se bajó del carro y cruzó la grama en dirección a la puerta de la farmacia, tropezó con la cadena y resultó con un brazo fracturado. El tribunal de instancia le concedió $5,000 por daños físicos y morales, sentencia que no puede subsistir. Las numerosas fotografías admitidas en evidencia muestran la cadena claramente visible uniendo en hamaca los pequeños postes y cortando una silueta que no escapará a cualquiera que mire hacia el frente al caminar. El accidente ocurrió a las 10:30 a.m. y la evidencia fotográfica no sostiene la conclusión del juez al efecto de que cadena, acera y edificio se confunden en un mismo patrón de colores. Un peatón alerta se hubiese abstenido de cruzar la grama y hubiera evitado el tropezón con la cadena como en otra área de menor desarrollo urbanista hubiese evadido una cerca de alambre de púas, un seto vivo espinoso, una boca de incendio, o una barrera que protege el cemento acabado de tirar. La cadena instalada en el lugar del accidente no creó una condición peligrosa, corría paralela a la acera y a la franja verde separando una de la otra, sin coartar el libre tránsito de personas por la acera. Para tropezar con ella era necesario cruzar en línea vertical o al menos oblicua de la grama a la acera o viceversa.

Los hechos probados y la lectura de la transcripción de la evidencia nos convence de que no hay en este caso otra causa próxima y eficiente del daño que la inadvertencia y descuido del propio recurrido. Las personas que se mueven por las vías públicas han de observar la precaución y el cuidado que se espera de una persona de regular inteligencia para evitar colisiones y caídas; y la precaución debe redoblarse cuando se cambia de una zona a otra de mayor y más complejo desarrollo urbano. Vázquez v. A.F.F., 99 D.P.R. 547 (1971).

Incidió el tribunal de instancia al considerar la cadena una condición peligrosa y absolver al recurrido de toda culpa, por lo que su sentencia dictada el 9 de julio de 1971 será revocada.


text:
    Gabriel Rivera Robles, demandante y recurrente, v. Insurance Co. of Puerto Rico, demandada y recurrida; Marrero Auto Sales Inc., interventora y recurrente.

      Números: R-72-170, R-72-176

      Resueltos: 9 de diciembre de 1974

      Meléndez & Suárez, abogados de la interventora-recurrente; Vicente Santori Coll, abogado de la recurrida; Gilberto R. Padró Díaz, abogado de Gabriel Rivera Robles.
   per curiam :

El 8 de setiembre de 1965, el señor Rivera Robles demandó a Insurance Company of Puerto Rico (“Insurance Co.”) por daños sufridos por su automóvil por razón de fuego. Insurance Co. negó responsabilidad alguna bajo la póliza que el señor Rivera mantenía con ella. Luego Marrero Auto Sales Inc. (“Marrero Auto”) obtuvo intervención en el pleito como vendedora condicional del vehículo comprado por el señor Rivera.

En enero de 1969 las partes sometieron por estipulación al Tribunal Superior la cuestión preliminar de si la póliza cubría el riesgo incurrido. El Tribunal Superior resolvió que sí e Insurance Co. solicitó de este Tribunal la expedición de un auto de certiorari para revisar dicha resolución. Denegamos la expedición del auto el 25 de marzo de 1970.

El 1 de marzo de 1972 se estipuló ante el Tribunal Superior por todas las partes en ambos recursos que “el vehículo fue destruido por una falla de origen eléctrico que originó un fuego en el motor” y que de determinarse que existía cubierta bajo la póliza, le correspondería al señor Rivera la suma de $1,755.00 y a su acreedora Marrero Auto la cantidad de $4,000.00. El tribunal de instancia resolvió esta vez bajo tales hechos que la póliza del señor Rivera excluía el daño sufrido. El señor Rivera y Marrero Auto recurren ante nos alegando la comisión de dos errores: que existía cubierta bajo la póliza y que, de no ser así, la cuestión era cosa juzgada por haber resuelto el tribunal de instancia el asunto inicialmente a su favor.

No se incurrió en ninguno de los dos errores. La póliza abarca daños misceláneos al vehículo bajo la cubierta “D” (“Comprehensive”), la cual disponía:

“Comprehensive — Loss of or Damage to the Automobile, except by Collision or Upset but including Fire, Theft and Windstorm.”

Entre las excepciones a dicha cubierta se especificaba, sin embargo, la siguiente:

“This policy shall not apply:
. . . (L) under coverages D, E, F, G, H, I and J, to any damage to the automobile which is due and confined to wear and tear, freezing, mechanical or electrical breakdown or failure, unless such damage is the result of other loss covered by this policy.”

Las partes aceptan que la destrucción del vehículo se debió a una falla de origen eléctrico. Se aplica en consecuencia la exclusión citada y, no estando cubierto el riesgo por ninguna otra disposición de la póliza, no puede recobrarse contra la aseguradora.

En numerosas instancias hemos resuelto que los contratos de seguro, por ser de adhesión, deben interpretarse liberalmente a favor del asegurado. Rosario v. Atlantic Southern Ins. Co., 95 D.P.R. 759, 765 (1968); Pérez Escolar v. Collado, 90 D.P.R. 806 (1964); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963). Las cláusulas de exclusión en especial deben interpretarse restrictivamente en contra del asegurador. Barreras, supra, 235. Del otro lado, si el lenguaje del contrato es explícito, no queda margen para interpretaciones que violenten obligaciones contraídas al amparo de la ley, que se atengan a lo acordado por las partes y que no contravengan el interés público. Barreras, supra, loc. cit.; 1 Couch On Insurance, secs. 15:37, 15:38, 15:47.

La exclusión aquí envuelta es, además, conocida en pólizas de este tipo y ha sido respetada por los tribunales. 11 Couch On Insurance 129; Lunn v. Indiana Lumbermens Mutual Insurance Co., 201 S.W.2d 978 (Tenn. 1947); Hemel v. State Farm Mutual Auto Insurance Co., 29 So.2d 483 (La. 1947).

Debe recordarse, además, que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico aprueba o rechaza los formularios de pólizas utilizados en el país, Código de Seguros, Art. 11.110, 26 L.P.R.A. see. 1111(1) y aun tiene el poder de retirar una aprobación previa. 26 L.P.R.A. see. 1111(3). La exclusión envuelta en el presente tipo de contrato ha merecido en todo momento la aprobación del Comisionado, Es cierto que la exclusión limita en modo sustancial el ámbito del riesgo asegu-rado, pero el remedio es a todas luces de naturaleza adminis-trativa o legislativa y no judicial.

Respecto a la segunda imputación de error, baste señalar que no puede invocarse la doctrina de cosa juzgada cuando no existe, como en este caso, una decisión final en los méritos que sirva de base a la defensa. Código Civil, Art. 1204, 31 L.P.R.A. see. 3343; García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 150-151 (1951); Restatement, Judgments, secs. 41, 45 (1942); Developments in the Law — Res Judicata, 65 Harv. L. Rev. 818, 835 et seq. (1952). La doctrina de la ley del caso es tampoco aplicable por igual razón, fuera de que hemos resuelto que cuando la ley del caso es errónea y puede causar una gran injusticia, puede emplearse una norma de derecho diferente. Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967). Un principio análogo rige la doc-trina de cosa juzgada. Millón v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494 (1961); Pérez v. Bauza, 83 D.P.R. 220, 226 (1961); Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940 (1972).

Por los fundamentos expuestos se confirmará la sentencia dictada por él tribunal de instancia.

El Juez Asociado, Señor Armindo Cadilla Ginorio, no participó.

       De los archivos de la Oficina del Comisionado surge que esto es así al menos desde el 26 de setiembre de 1956 y que hasta el día de hoy se admite la exclusión.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Pacheco Baquero y Víctor Correa Díaz, acusados y apelantes.

      Número: CR-71-156

      Resuelto: 9 de diciembre de 1974

      Enrique Miranda Merced, abogado de los apelantes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Los apelantes fueron acusados y convictos de asesinato en primer grado por la muerte de un hombre que fue encontrado agonizante a causa de golpes fatales en el cráneo.

En apelación señalan dos errores. El primero, en el sentido de que las instrucciones impartidas al jurado sobre los ele-mentos del delito de asesinato fueron confusas. En el segundo se impugna la suficiencia de la prueba.

En cuanto al primer señalamiento, las instrucciones impartidas al jurado fueron las que usualmente se dan en estos casos y las cuales ya han sido sostenidas por este Tribunal. Tomadas en conjunto, son suficientes. En cuanto al segundo error, hemos examinado detenidamente la transcripción de evidencia y encontramos que hay base en ella para sostener el veredicto del jurado. No tenemos motivo para intervenir con la determinación del juzgador de los hechos.

Deseamos señalar lo siguiente, por la utilidad que debe tener para una mejor administración de la justicia. En este caso fue necesario leer y releer la transcripción de evidencia debido a que la misma es, a trozos, incoherente y desorganizada. En muchas ocasiones las contestaciones de los testigos no eran responsivas, a veces eran irrelevantes, y no fueron guiados en forma tal que surgieran en forma natural y clara los hechos. Abogados, jueces y fiscales tienen el deber de ver que el interrogatorio oral de los testigos, tanto en los casos civiles como criminales, se conduzca de tal forma que los hechos relevantes salgan a la luz lo más clara y ordenadamente posible de manera que, en su día, los tribunales de apelación puedan for-marse una idea fiel a la realidad de lo ocurrido. También para el juez o jurado que ve el caso esto es necesario.

Repetidas veces hemos dicho que los jueces pueden hacer preguntas para aclarar la prueba. Pueblo v. Vázquez Colón, 87 D.P.R. 734, 736 (1963); Pueblo v. Martínez Santiago, 91 D.P.R. 879, 880 (1965); Pueblo v. Rivera Guzmán, 98 D.P.R. 691, 692 (1970); Pueblo v. Pabón, 102 D.P.R. 436 (1974). Hemos descartado la vieja norma — basada en la premisa errónea y ya superada de la teoría deportiva del juicio — de que las intervenciones razonables del juez son perjudiciales al acusado. En Pueblo v. Vázquez Colón, supra, dijimos a la pág. 736:

“Como los jueces no son testigos oculares de los hechos que juzgan, sino que la información que les llega es necesariamente de segunda mano, ellos pueden hacer preguntas para aclarar los hechos. ¿Cómo podrían esperarse sentencias justas si se les veda a los jueces del Tribunal de Primera Instancia la manera de resolver dudas mediante la formulación de preguntas?”

En Pueblo v. Rivera Guzmán, supra, expresamos a la pág. 692:

“La función de los tribunales es hacer justicia y para hacerla necesitan conocer lo más posible la verdad de los hechos. Los acusados no tienen un interés creado en la ignorancia [que] de los hechos [tiene el] juez.”

En Pueblo v. Pabón, supra, a la pág. 440, volvimos a insis-tir y dijimos:

“El juez no es el simple árbitro de un torneo medieval entre la defensa y el Ministerio Público o el retraído moderador de un debate. El juez es partícipe y actor principal en el esclareci-miento de la verdad y en la determinación de lo que es justo. El juez puede y debe ser en casos vistos con o sin jurado . . . par-ticipante activo en la búsqueda de la justicia, siempre que no vulnere la imparcialidad que su alto oficio reclama. Puede el juzgador en consecuencia requerir la declaración de determina-dos testigos o interrogar a los que las partes ofrezcan, siempre que su conducta se mantenga dentro de las normas de sobriedad y equilibrio que impiden que el juez sustituya, en vez de que complemente, la labor del fiscal o del defensor. Nada impide que un juez, para aclarar un testimonio o una situación, o consciente de que no se han formulado algunas preguntas centrales para la determinación de lo sucedido verdaderamente en un caso, se tome la iniciativa a dicho efecto.” (Bastardillas nuestras.)

En vista de lo anterior, se confirmarán las sentencias apeladas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justino Rodríguez Irizarry, acusado y apelante.

      Número: CR-74-62

      Resuelto: 10 de diciembre de 1974

      Roberto De Jesús Cintrón y A. De Jesús Matos, abogados del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Au-xiliar, abogadas de El Pueblo.
   per curiam:

Un solo error apunta el apelante: no haber renunciado expresa e inteligentemente al derecho a ser juz-gado por jurado.

Para sostener este apuntamiento, el apelante acompaña el récord taquigráfico completo de todas las incidencias del juicio (252 págs. a maquinilla) cuando el incidente a que se contrae su recurso se transcribe en sólo tres páginas. No cumple con su deber un abogado que hace transcribir todas las notas taquigráficas de un juicio, ocasionando gastos a su cliente y que además le toma el tiempo al taquígrafo que puede dedicarlo a otras transcripciones, causando dilación en la tramitación de otros recursos, cuando sólo necesita la transcripción de un incidente específico; especialmente cuando es el mismo abogado el que representó al apelante en el tribunal de instancia.

Deja mucho que desear también la actuación del abogado en el presente caso cuando él mismo le anuncia al tribunal que

“. . . después de conferenciar con nuestro representado, analizar la prueba y ver y examinar las acusaciones, anuncia-mos al señor Juez que le hemos explicado lo que es un jurado, que le hemos dicho que son doce miembros de esta comunidad que se sientan ahí a pasar juicio sobre el caso para resolver sobre su inocencia o culpabilidad, le hemos dicho también que para que lo puedan condenar se necesita una mayoría de por lo menos nueve a tres, que él tiene ese derecho; nosotros, después de ver toda la prueba, hemos entendido y así hemos aconsejado y así él ha entendido que este caso debe verse por Tribunal de derecho; no se le ha hecho promesa de clase o naturaleza alguna, digo, que su renuncia es inteligente, luego de pesar todos los factores, se trata de un hombre que no solamente es un hombre que ha cursado algunos estudios lo que le capacita para entender lo que se le habla, que a su vez, era para entonces dueño de un comercio, no es la persona que está por debajo de los standard de educación, de tal modo que no puede entenderse eso y después de esas circunstancias y él bajo esa situación de cosas ha dicho que desea que su caso se vea por Tribunal de Derecho . . .

y luego apela y sostiene ante este Tribunal que el acusado no renunció expresa e inteligentemente al juicio por jurado.

La renuncia a que su caso se viera ante jurado fue expresa e inteligentemente hecha. Luego del abogado expresarse como queda consignado, se desarrolló el siguiente diálogo entre el juez y el acusado donde aparece que el juez se cercioró de que lo que le manifestó el abogado era cierto:

“Hon. Juez:
Mire, señor Rodríguez, de acuerdo con la Constitución del Estado Libre Asociado, todo acusado de delito grave, como es el delito de robo, tiene derecho a ser juzgado por un jurado, y su abogado, el . . . uno de sus abogados, el compañero Roberto De Jesús ha indicado que él ha explicado a usted qué es un jurado, yo le pregunto si usted ha entendido lo que el compañero le ha explicado de lo que es un jurado?
R. Sí, señor
P. Qué compone la institución del jurado?
R. Sí, señor
P. Su Abogado dice que usted quiere renunciar a ese derecho que usted tiene a ser juzgado por un jurado y que sea el Juez que preside la Sala, en este caso, yo, que resuelva si usted es inocente o culpable de los hechos que se le imputan, eso es correcto ?
R. Sí, señor
P. Alguien le ha amenazado para que usted renuncie a ese derecho constitucional que usted tiene?
R. No, señor
P. Le han indicado, digo, le han intimidado, como diríamos . . . vamos a intervenir con usted para que usted renuncie a ese derecho y que no sea una renuncia libre, voluntaria, inteligente?
R. No señor
P. Qué edad usted tiene?
R. Treinta y séis años
P. Hasta qué grado estuvo en la escuela?
R. Hasta los diez y nueve años.
P. Qué grado cursó?
R. Estuve cuatro años de High School o sea, cuarto año y año y medio en Administración en la Fuerza Aérea.
Hon. Juez:

El Tribunal entiende que la renuncia que el acusado Justino Rodríguez hace a su derecho a ser juzgado por un jurado es libre y voluntaria e inteligente y en su consecuencia el caso con-tinuará ventilándose por Tribunal de Derecho.”

Es claro que el apelante fue informado adecuadamente de su derecho a que su caso se viera ante jurado y que renunció a ese derecho expresa e inteligentemente. Ver Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969); Pueblo v. Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968); Pueblo v. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753 (1968).

El apelante alega además que “[n]o surge del récord del proceso que el Juez sentenciador le advirtiera al acusado-ape-lante que de haber sido encontrado culpable por Tribunal de Derecho del delito de Robo, éste podría enviarlo a la Peniten-ciaría Estatal por el término dispuesto en la ley, ni surge del récord que le preguntara al acusado si había sido convicto an-teriormente de delito felony alguno, y si con anterioridad ■había sido juzgado ante un Tribunal por un jurado por la comisión de algún delito grave, como es el delito de Robo, aunque dicha alegación de subsiguiente contase en la acusación radicada en su contra.”

Es evidente que la representación legal del apelante confunde lo que debe expresarle el juez al acusado cuando renuncia al juicio por jurado con las advertencias que debe hacerle antes de aceptarle una declaración de culpabilidad. Ver Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846 (1973).

En Pueblo v. Prieto Maysonet, 103 D.P.R. 102 (1974), resuelto en el día de hoy, dejamos consignado que sólo debe apelarse de una sentencia condenatoria cuando se tiene la convicción de que se ha cometido un error que amerite la revocación de la sentencia.

Se confirmarán las sentencias apeladas.

      La Regla 200 de las de Procedimiento Criminal dispone:
      “Dentro de los diez días de la presentación del escrito de apelación, el apelante deberá designar aquellas porciones de la prueba oral practicada cuya transcripción interese para perfeccionar su apelación y notificará dicha designación al fiscal dentro del mismo término. Dentro de los diez días siguientes a la notificación de dicha designación, el fiscal podrá notificar y presentar una designación de aquellas porciones adicionales de la prueba oral practicada cuya transcripción interese.”