author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    José Oscar Guerra García, etc., demandantes y recurridos, v. Jenaro Collazo Collazo, Secretario del Departamento de Servicios Sociales, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-81-411

      Resuelto: 28 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Pro-curador General Auxiliar, abogados de los recurrentes; Carmelo Guzmán Géigel, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El 15 de octubre de 1975 el recurrido José Oscar Guerra García fue nombrado con carácter transitorio para ocupar un puesto de Oficial de Relaciones Públicas I en el Pro-grama de Cupones para Alimentos del Departamento de Servicios Sociales. El 1 de febrero de 1976, dicho puesto fue clasificado en el Servicio Exento, a tenor con la Resolución Conjunta Núm. 5 del 26 de marzo de 1974 (8 L.P.R.A. see. 303).

El 30 de septiembre de 1976 la entonces Directora de Personal cambió el status de Guerra García y del puesto que éste ocupaba del Servicio Exento al Servicio de Carrera efectivo el 1 de octubre de 1976. Este cambio quedó anulado y sin efecto por disposición del Director de Personal. El tribunal de instancia resolvió que ese cambio del status del recurrido a empleado de carrera era nulo conforme lo resuelto en Pierson Muller II v. Feijoó, 108 D.P.R. 261 (1978). Tal determinación no ha sido impugnada en este recurso.

La nueva Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, en su inciso 7 de la See. 9 (3 L.P.R.A. see. 1421 (7)), cambió la clasificación del recurrido del Servicio Exento al Servido de Confianza. En virtud de tal disposición el Secretario del Departamento de Servicios Sociales envió el 6 de abril de 1979 la siguiente carta al recurrido separándolo de su puesto:

Estimado señor Guerra:
Usted se ha venido desempeñando en un puesto de Oficial de Relaciones Públicas I, Programa de Cupones para Alimen-tos, Oficina Regional de Mayagüez. Usted fue nombrado en este puesto con carácter Exento y por disposiciones del Ar-tículo 9.7 de la Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975 pasó a ser un empleado de confianza.
En base a la autoridad que me confiere la Ley de Personal del Servicio Público, le separo del puesto que ocupa efectivo al 15 de abril de 1979. La licencia regular que tenga acumu-lada le será pagada en suma global.

El recurrido acudió entonces al Tribunal Superior, Sala de San Juan, en acción de daños e injunction contra varios funcionarios del Departamento de Servicios Sociales ale-gando haber sido separado de su puesto por discrimen polí-tico y sin celebración de vista previa. Solicitó ser reinsta-lado a su empleo con el pago de salarios dejados de percibir y compensación por daños.

Luego de celebrado el juicio, el tribunal de instancia dictó sentencia en que declaró con lugar la demanda y ordenó a los recurrentes reponer al demandante en su empleo y pagarle el sueldo dejado de percibir. Se fundó para ello en que el recurrido tenía derecho a notificación previa, formulación de cargos y vista según la See. 9.2 del Reglamento de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, interpretada en Texidor v. Superintendente de la Policía, 109 D.P.R. 156 (1979), porque sus funciones eran equivalentes a las de un puesto en el Servicio de Carrera. Concluyó además que no hubo prueba de discrimen político contra el recurrido.

Los recurrentes nos piden la revisión de la sentencia dic-tada aduciendo que incidió el tribunal de instancia al no resolver que el recurrido era un empleado de confianza de libre selección y remoción, cuya cesantía no exigía formu-lación de cargos, notificación previa, ni vista. Emitimos orden en que concedimos término al recurrido para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia.

El examen que hemos hecho de los escritos presentados por las partes nos convence que se cometió el error apun-tado y que procede, en consecuencia, la revocación de la sen-tencia recurrida.

Como ya vimos, el recurrido ocupaba un puesto en el Servicio Exento que al entrar en vigor la nueva Ley de Personal, supra, se convirtió en un puesto del Servicio de Con-fianza. 3 L.P.R.A. see. 1421(7), escolio 2, ante. Este inciso dispone que el empleado pasará a ser de la categoría de con-fianza ya sea porque sus funciones son de confianza, según las Secs. 5.10 y 5.11 de la referida ley, 3 L.P.R.A. sees. 1350 y 1351, o aun cuando las mismas sean de carrera, pero en tal caso su sucesor será empleado de carrera. Es decir, independientemente de la naturaleza de sus funciones —si de carrera o de confianza— el empleado será siempre de confianza por disposición expresa de la ley, salvo que su sucesor será de carrera si sus funciones lo califican como tal. El sistema de mérito es un sistema integral que cubre tanto el despido del empleado como su ingreso, por lo que si el empleado ingresó al servicio público sin tener que cum-plir con los requisitos del Sistema de Mérito no puede luego reclamar la protección del Sistema en el despido, salvo cuando éste sea por discrimen político. Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982).

El Informe de las Comisiones de Gobierno y de Derechos Civiles del Senado ilumina la intención legislativa al respecto:

Artículo 9. Status y Derechos de los Empleados a la Vigen-cia de la Ley
Este Artículo tiene el propósito de disponer la forma en que ocurrirán los cambios en el status de los empleados cuando empiece a regir la nueva Ley. Todo su texto se basa en la teoría de que el hecho de entrar a regir la Ley no debe menoscabar o debilitar el status de ningún empleado ni tam-poco conceder indebidamente el status de empleados de ca-rrera a quienes no son empleados regulares bajo la Ley vigente. La única excepción a esta regla, ocurre para benefi-cio de los empleados, cuando se trata de departamentos y agencias que están totalmente comprendidos en el servicio exento o en el servicio sin oposición. En estos casos, al entrar a regir la Ley, los empleados que cualifiquen como empleados de carrera adquirirán ese status inmediatamente y los que correspondan al servicio de confianza también pasarán de inmediato a esa categoría. El primer grupo se beneficiará mediante la adquisición de un status más seguro, y el segundo grupo no se beneficiará pero tampoco se perjudicará, puesto que de todos modos al momento sus nombramientos están sujetos a la voluntad de la autoridad nominadora.
De igual manera los empleados que ahora tienen status regular en el Servicio por Oposición pasarán a ser empleados de carrera con status regular.
En los demás casos en que las funciones de empleados de carrera pasen a constituir puestos de confianza el cambio de status no se efectuará de inmediato y los empleados así afec-tados continuarán siendo empleados regulares, pero sus suce-sores serán empleados de confianza. De la misma manera en los casos de empleados exentos o sin oposición bajo la Ley actual cuyas funciones correspondan al servicio de carrera bajo la nueva Ley los cambios no se efectuarán de inmediato, sino cuando eventualmente queden vacantes estos puestos.
Con el texto de este artículo se garantiza que ningún empleado resultará perjudicado en su status con la apro-bación de la nueva Ley.

En resumen, el puesto ocupado por el recurrido era de confianza, de libre selección y remoción y, por ende, podía ser cesanteado sin formulación de cargos y sin vista previa. 3 L.P.R.A. see. 1350; Pierson Muller II v. Feijoó, supra; Diaz González v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 195 (1974); Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923 (1974). No consideramos en este recurso la alegación de discrimen político del empleado, pues el tribunal de instancia resolvió que “el aspecto político no tuvo que ver con la cesantía” estimando por el contrario que ésta fue causada por pro-blemas disciplinarios e ineficacia en el trabajo.

Texidor v. Superintendente de la Policía, supra, no es de aplicación. Allí se trataba de un empleado probatorio al cual el Reglamento de Personal vigente le concedía derecho a notificación por escrito y a solicitar revisión ante la Junta de Apelaciones de las razones por las cuales fracasó en su período probatorio. Aquí el recurrido era un empleado de confianza que podía ser despedido sin necesidad de que se le formularan cargos ni se celebrara una vista previa.

Por las razones expuestas se dictará sentencia que revoque la del Tribunal Superior.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre con el resul-tado sin opinión.

       Dispone:
      “El personal del Programa de Cupones para Alimentos estará incluido en el Servicio Exento, Sección 8 de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, conocida como Ley de Personal; exceptuando al personal que participe en las determina-ciones de elegibilidad de los participantes en el Programa quienes estarán inclui-dos en el Servicio. Clasificado de dicha ley. La Secretaría de Servicios Sociales adoptará un reglamento para la administración de personal de los empleados incluidos en el Servicio Exento.”

       Dicho inciso provee:
      “Los demás empleados que estuvieren ocupando puestos en el Servicio Exento a virtud de las disposiciones de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, o de leyes especiales, serán empleados de confianza si conforme a lo establecido en las sees. 1350 y 1351 de este título estuvieren comprendidos dentro de la categoría de empleados de confianza. Si de acuerdo con las referidas sec-ciones no estuvieren comprendidos dentro de la categoría de confianza pasarán a ser empleados de confianza mientras la autoridad nominadora los retenga en sus puestos, pero sus sucesores serán empleados de carrera.”

       En lo pertinente dispone:
      “Los empleados de confianza serán de libre selección y remoción.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Neftalí Toro Lugo et al. II, demandantes y recurridos, v. Miguel A. Ortiz Martínez et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-82-147

      Resuelto: 28 de mayo de 1982

      Vicente Santori Coll, abogado de los recurrentes; José A. Pérez Ferrari, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Entre 3:00 y 3:30 de la madrugada del 22 noviembre, 1973 el demandante que salía de su trabajo como cantinero conduciendo su automóvil Pontiac por la Avenida Fidalgo Díaz, donde había alumbrado público, hubo de desviarse de su carril hacia la derecha para eludir un vehículo que se aproximaba en dirección opuesta, y en la maniobra se estrelló contra un trailer estacionado correctamente y visible. No obstante el Tribunal Superior halló al dueño del camión incurso en 25% de negligencia y le condenó a pagar $43,052.52 al demandante.

La parte demandada recurrió en revisión el 14 abril, 1982 y visto el escrito de oposición del recurrido, resolvemos con la prontitud provista en la Regla 50 del Reglamento del Tribunal.

La sentencia revisada no puede prevalecer. La cuestionada falta de luces en el vehículo estacionado no es signo de negligencia al darse en una amplia avenida con alumbrado público. Cf. El Pueblo v. Vargas, 30 D.P.R. 513 (1922). Y aun entrando en grados de iluminación el caso se gobernaría por la norma de que la culpa del demandante absorbe totalmente la del demandado por la evidente desproporción entre culpas. Mas esta acción de daños encuentra su solución definitiva en la aplicación del principio de causa eficiente, la que por sí sola determinó las consecuencias lesivas por las que se pide resarcimiento. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 (1971); Muñoz v. R. Fabián & Co., 71 D.P.R. 485 (1950). Es patente e inevitable la conclusión de que la desviación del conductor demandante —disfrutando de la visibilidad provista no sólo por el alumbrado de la avenida, sino por sus propias luces— hacia el camión estacionado, constituyó la causa única, eficiente y productora del daño. Cf. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 697 (1979); Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982).

Se expedirá el auto, y se dictará sentencia de conformi-dad.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre en el resultado sin opinión.

       El juez sentenciador en sus determinaciones acepta esa versión del acci-dente —a pesar de que el demandante en el juicio civil negó la presencia de un tercer vehículo— por ser la teoría ofrecida por el actor tanto en una deposición como en su testimonio en el juicio criminal por conducir negligentemente (See. 5-201 Ley de Tránsito) en el que fue convicto, y cuyo resultado declaramos admi-sible como evidencia prima facie de negligencia en el caso civil. Ver Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976).

       Regla enunciada en Mazeaud & Tune, Tratado Teórico y Práctico de La Responsabilidad Civil, Ed. Buenos Aires, 1963, T. 2, Vol. 2, págs. 75-76.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Áurea E. Torres Ponce, demandante y recurrida, v. Enrique Jiménez y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-81-161

      Resuelto: 2 de junio de 1982

      Daniel R. Domínguez, abogado de los recurrentes; Rafael Humberto Marchand, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Se recurre de una sentencia que ordenó reponer a la demandante en su empleo con el pago de los salarios dejados de percibir desde que fue cesanteada y cualquier otro bene-ficio a que tuviera derecho. El tribunal de instancia for-muló las siguientes determinaciones de hecho, sobre las cuales no existe controversia alguna. La demandante comenzó a prestar sus servicios a la Puerto Rico Telephone Co. desde abril de 1972. Trabajó durante siete años consecu-tivos y recibió continuos ascensos por su labor. La demandante no es miembro de la Unión que representa a los empleados de la Telefónica porque su puesto no cae den-tro de la categoría de la unidad apropiada. Forma parte de los empleados gerenciales. Al momento del despido se desempeñaba como empleada regular. Había aprobado el período probatorio. Ocupaba el puesto de contadora. El 9 de octubre de 1978 fue despedida sumariamente sin celebrarse vista. Acudió a los tribunales.

El 30 de octubre de 1978, recibida demanda de injunction, el tribunal señaló vista para el 28 de noviembre de 1978. El mandamiento fue diligenciado cumpliendo con los requisitos de ley. El 28 de noviembre la parte demandada presentó moción de desestimación. Las partes se reunieron en cámara. Varios documentos fueron presentados en evi-dencia por ambas partes. En la minuta aparece que se les concedió treinta días para someter memorandos de derecho y diez días a la demandada a partir de recibir la notifi-cación del memorando de derecho del demandante para contestar la demanda.

La acción de injunction al amparo del Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, según enmendado, 32 L.P.R.A. sec. 3524(3) dispone que se tramitará conforme a los términos de la Regla 57.1 de Procedimiento Civil. La Regla 57.1 dispone que no se expedirá ningún auto de injunction preliminar sin notificación previa a la parte adversa y que las vistas para considerar un injunction preliminar y uno permanente pueden consolidarse. La Regla 57.1 corresponde a la 65(a) de Procedimiento Civil federal. En la jurisdicción federal la regla ha sido interpretada en numerosas ocasiones. Se entiende que el propósito de la vista es recibir evidencia para dilucidar hechos en controversia. 7 Moore’s Federal Practice, Sec. 65.04 [3], pág. 65-59, y casos citados allí.

En Securities and Exch. Com’n v. Murphy, 626 F.2d 633 (1980), el demandado alegó que el tribunal de instancia erró al conceder el injunction preliminar sin celebrar vista para recibir evidencia al resolver una moción de sentencia suma-ria. El tribunal apelativo confirmó. Sostuvo que luego de examinar la totalidad de las circunstancias llegó a la con-clusión de que la Securities and Exchange Commission había establecido con claridad la ausencia de controversias genuinas de hecho. Por ser el propósito de la vista escuchar a las partes y recibir evidencia sobre los hechos que estu-vieren en controversia y por no existir tal controversia podía dictarse el injunction sin celebrarse la vista. Ver: Sims v. Greene, 161 F.2d 87 (1947); Marshall Durbin Farms, Inc. v. National Farmers Org., Inc., 446 F.2d 353, 356 (1971); Socialist Workers v. Ill. State Bd. of Elections, 566 F.2d 586 (1977).

En el caso de Corujo Collazo v. Viera Martinez, 111 D.P.R. 552 (1981), sostuvimos que el procedimiento a seguir en los casos de injunction es el que dispone la Regla 57 de Procedimiento Civil y que las demás reglas aplican de modo supletorio, siempre y cuando no desvirtúen el carácter sumario del recurso.

En el caso de autos, el demandado presentó moción de desestimación. Alegó que como cuestión de derecho no procedía el injunction porque la Puerto Rico Telephone Co. no era una instrumentalidad pública. Entendió que debía desestimarse porque la demanda no exponía una recla-mación que justificara la concesión de un remedio. Es evi-dente que el tribunal de instancia actuó conforme a la Regla 10.2 de Procedimiento Civil y consideró la moción de deses-timación como una Sentencia Sumaria. Las partes no se opusieron. La minuta de ese día revela que reunidos en cámara acordaron someter memorandos de derecho. La anotación hecha en el expediente en puño y letra de la juez expresa que el caso quedó sometido. El demandado en ningún momento cuestionó los hechos alegados en la demanda. Tuvo oportunidad de cuestionarlos en la vista en cámara y no lo hizo. Tuvo oportunidad de negarlos haciendo uso del término concedido por el tribunal de diez días des-pués de ser notificado del memorando de derecho de la parte demandante para contestar la demanda y tampoco contestó. Presentó varios memorandos de derecho sobre si la Puerto Rico Telephone Company era o no una corporación pública. Tuvo oportunidad de solicitar vista y no lo hizo. Todas sus actuaciones reflejan que entendía que la controversia era de derecho y no de hechos. No puede alegar ahora que no se observó el debido proceso de ley.

El caso de autos es similar al de Securities and Exch. Com’n v. Murphy, supra. Procede dictar un injunction sin celebrar vista cuando, en ausencia de controversia de hechos, se resuelve mediante una moción de sentencia sumaria.

Pasamos a considerar la médula del recurso.

Después de la Primera Guerra Mundial surgió la nece-sidad de desarrollar corporaciones públicas para cumplir con las nuevas y numerosas tareas que confrontaban las naciones del mundo occidental. Mientras antes los gobiernos sólo se limitaban a reglamentar el funcionamiento y la ope-ración de algunas industrias, se vieron obligados a llevar a cabo por sí mismos ciertas actividades económicas. Por ejemplo, durante la guerra Estados Unidos se incautó de los ferrocarriles, el teléfono y el telégrafo y los administró. En época de escasez de capital, de altas tasas de contribución sobre las ganancias, de grandes riesgos para la inversión, se establecieron corporaciones públicas en los sectores de la economía donde el empresario se abstuvo de actuar. El desarrollo de las mismas, en los distintos países, en muy pocos casos fue el producto de legislación sistemática y deli-berada. En la mayoría de los casos una mezcla de factores políticos y prácticos fue el motivo determinante para su creación. De la infinita variedad de corporaciones públi-cas se destacan principalmente tres tipos.

1) Las agencias o departamentos de los gobiernos.

2) Las corporaciones públicas puras creadas por esta-tuto.

3) Las corporaciones de emisión de acciones organizadas al amparo de las leyes de corporaciones privadas que son controladas total o parcialmente por el gobierno.

En Estados Unidos se ha incorporado bajo la Ley de Corporaciones de Delaware una gran mayoría de las del último tipo. Tanto en Estados Unidos como en otros países, muchas de las que se organizaron bajo leyes de corporacio-nes privadas sufrieron profundas modificaciones.

Se han señalado varias ventajas para asumir la estruc-tura de la corporación privada. Entre ellas se encuentran el evitar el formalismo y la reglamentación rígida para promo-ver la eficiencia y la originalidad gerencial.

La estructura de corporación público-privada permite un funcionamiento independiente. No se ve obligada a esperar recibir asignaciones anuales de fondos para fun-cionar. Produce y genera su propio capital. Puede reinver-tir el sobrante, ahorrar o reducir las tarifas de los consumi-dores, según convenga. De su estado financiero responderá a aquellos organismos dispuestos por ley, mediante informes periódicos preparados por auditores comerciales y los del propio gobierno. El hecho de que una corporación de esta naturaleza no funcione con el objetivo de hacer ganancias, sino de generar beneficio social, no justifica que su gerencia manifieste menor preocupación por el éxito de su adminis-tración. Al contrario, por razón de su status especial tiene una obligación mayor de examinar sus costos y rendir cuen-tas de sus operaciones. En cuanto a su política de personal, se ha considerado un axioma que la eficiencia de una empresa comercial requiere que la selección, ascensos, retención de empleados se den respondiendo a un sistema puramente de mérito. En los departamentos y agencias de gobierno por lo general el reclutamiento y tenencia de empleo se basa en las cualificaciones políticas de los candi-datos. Este tipo de corporación que estamos considerando posee suficiente independencia para poder ignorar factores políticos y desarrollar sus propias soluciones a los proble-mas de compensación, horario de trabajo, incentivos, tenen-cia y relaciones laborales. La calidad de las relaciones entre la gerencia y los empleados puede convertirse en el mayor activo de la corporación. El personal de estas corporaciones debe estar lleno del ideal de servicio público, aunque ho necesariamente formen parte del sistema de personal central. Hasta qué punto los empleados de estas corporaciones deben ser o no ser parte de ese sistema, es una materia que está fuertemente influida por las tradiciones, por el deseo de seguridad y por otras consideraciones que varían de país a país.

El problema más importante que confronta cada país es alcanzar el equilibrio adecuado entre la autonomía geren-cial de estas corporaciones y la responsabilidad política de ofrecerle la dirección pública adecuada. A pesar de que se aproximan al status de personas legales privadas, esta característica no puede tener supremacía sobre las respon-sabilidades públicas que su organización conlleva. La com-binación de ser reglamentada bajo la ley pública, de un lado, y bajo la ley privada, de otra parte, es un asunto toda-vía difícil de aceptar cuando se trata de analizar los pro-blemas jurídicos, pero es esencial ante las circunstancias socio-históricas presentes.

El recurrente alega que la Puerto Rico Telephone Co. es una corporación privada porque fue incorporada y mantiene su status de corporación privada bajo la Ley de Corporaciones de Delaware. Cumple con los requisitos que se le exigen a las corporaciones privadas. Como vimos, esto no constituye fundamento para negar su condición de corporación público-privada. A pesar de estar incorporada como corporación privada bajo la Ley de Delaware, la Autoridad de Teléfonos, corporación pública del Estado Libre Asociado, es dueña del 100% de sus acciones. Existe un desdoblamiento de personalidad público-privada con el fin de lograr rendir un mejor servicio público y lograr unos propósitos. La Ley Núm. 25 del 6 de mayo de 1974 (27 L.P.R.A. see. 405) facultó a la Autoridad de Teléfo-nos, corporación pública creada por esa misma ley, 27 L.P.R.A. see. 402, para adquirir el sistema o todas las acciones comunes emitidas por la Puerto Rico Telephone Co. Dispuso que todos los miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos compondrían la Junta de Directores de la Puerto Rico Telephone Co. y que el Director Ejecutivo de la Autoridad ocuparía el cargo de Presidente de la Compañía. Le confirió a la Autoridad el poder discrecional para continuar operando el sistema de teléfonos a través de la Compañía o de disolverla. El Art. 3 (27 L.P.R.A. see. 403 (a) y (b) declaró que el propósito de la ley era mejorar y expandir las facilidades de comu-nicaciones para rendir al público servicios adicionales y más eficientes. El Art. 11 de la Ley le exime de pagar con-tribuciones o arbitrios, exención típica de las instrumen-talidades gubernamentales.

Finalmente alega el recurrente que la Puerto Rico Telephone no es una corporación pública por el hecho de que el Art. 9 (27 L.P.R.A. see. 409) dispone que “nada en este Capítulo se interpretará como que se le concede a la Puerto Rico Telephone Company o a cualquier compañía cuyo capital sea adquirido por la Autoridad, la condición de una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. El Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno, Hacienda, Desarrollo Socioeconómico y Planificación, Comercio e Industria, Asuntos del Consumidor y Jurídico-Civil previa consideración del P. del S. 737, de 15 de marzo de 1974, que se convirtió en la Ley Núm. 25 de 6 de mayo de 1974, expresa a la pág. 39, que la adquisición de las acciones comunes de la Puerto Rico Telephone Co. se contempla “como” una corporación privada subsidiaria de la Autoridad. Esta preservación del status de compañía privada serviría para asegurar la tributabilidad de los inte-reses que se paguen sobre $120 millones en obligaciones vigentes (debentures). Una vez vencida o retirada la deuda de la Telefónica la Autoridad podría disolverla. En adición permitiría flexibilidad .en la planificación y estructuración de la Telefónica. Asimismo lo manifiesta el informe some-tido al Honorable Gobernador de Puerto Rico por la Comisión sobre la Adquisición de la Puerto Rico Telephone Company, con fecha del 6 de febrero de 1974, en la See. 8, pág. 1.

El 26 de abril de 1974 se discutió el proyecto de ley que se convirtió en la Ley Núm. 25, supra. El Acta de la Cámara de Representantes de esa fecha refleja que el Representante Del Valle Escobar, quien presentó el proyecto, manifestó que la Puerto Rico Telephone Company continuará operando como una corporación privada, subsidiaria de la Autoridad porque “esta preservación de ‘status’ serviría para asegurar la tributabilidad de los intereses que se paguen sobre ciento veinte millones en obligaciones vigentes”. Por otro lado, el Representante Jar abo comentó el Art. 3 de la Ley y señaló que inciso a establecía que el sistema eficiente de comuni-caciones era una prioridad y el inciso b establecía que el sistema de comunicación sería propiedad pública.

Se contempló que en un período de cinco años podía integrarse totalmente en uno el sistema de comunicación telefónica de Puerto Rico, bajo la supervisión de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Teléfonos, que a su vez sería la Junta de Directores de la Puerto Rico Telephone Company. La intención del legislador es clara. Adquirió la Puerto Rico Telephone Company para que fuera parte del sistema de corporaciones públicas que rendiría el servicio telefónico y que funcionaría pomo el tipo de corporación pública que se organiza bajo lasleyes de corporaciones privadas para que funcione como una corporación privada por las razones antes expuestas. Por consecuencia, para ciertos asuntos o negocios jurídicos, de acuerdo al caso en particular se le considerará como corporación pública o corporación pri-vada.

La Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.), Ley de Personal del Servicio Público, en su Sec. 2.1 (3 L.P.R.A. sec. 1311(2)) dispone que todos los empleados públicos, sean éstos empleados estatales, municipales o de otras agencias estarán cubiertos por un solo sistema de personal, establecido para hacer cumplir el principio de mérito, el cual se conocerá como Sistema de Personal del Servicio Público. La Sec. 10.6 (3 L.P.R.A. see. 1338(3) y (4)) establece que las disposiciones de este Capítulo no aplicarán a los empleados de agencias o instrumentalidades que funcionen como empresas o negocios privados ni a los empleados de agencias o instrumentalidades que tengan derecho a negociar colectivamente mediante leyes especiales. Añade que estos grupos deberán adoptar, con el asesoramiento de la Oficina de Personal y dentro de los próximos 120 días de la aprobación de la Ley, un reglamento de personal en que se incorpore el principio de mérito que regirá las normas de personal de aquellos empleados no cubiertos por convenios colectivos. En la Carta Normativa Núm. 1-80 del 9 de julio de 1980 dirigida a los distintos Jefes de Departamentos y Agencias, el Director de la Oficina Central de Administración de Personal informó que la Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico estaba excluida de las disposiciones de la Ley de Personal y conforme a la Ley debería adoptar un reglamento de personal que incorporara el principio de mérito que regiría las normas de personal de aquellos empleados no cubiertos por convenios colectivos. La Autoridad de los Puertos fue clasi-ficada en esta misma categoría. En Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40 (1980), resolvimos que el prin-cipio de mérito era aplicable a la Autoridad de los Puertos. Es obvio que por las mismas razones el principio de mérito también le es aplicable a la Autoridad de Teléfonos y su subsidiaria, la Puerto Rico Telephone Co., no obstante su organización como corporación privada. El análisis hecho en Reyes Coreano, supra, a la luz de los principios de polí-tica pública de la Ley, subsiste. La Ley revela la clara intención de extender los beneficios de una administración de personal basada en el principio de mérito al mayor número posible de empleados del sector público. Le impuso la obligación de administrar su personal no unionado de conformidad con el principio de mérito, aun cuando en atención a sus particulares circunstancias quedaran efecti-vamente excluidas de las restantes disposiciones de la Ley. Cuando anteriormente discutimos las ventajas de las corpo-raciones público-privadas, vimos que la política pública que se concretiza en esta ley es una de las ventajas o activos que posee este tipo de corporación. Así se ha implementado en varios países. Propicia el mejor y más eficiente servicio.

En Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, 109 D.P.R. 5 (1979) y en Delbrey v. Municipio de Carolina, 111 D.P.R. 492 (1981), resolvimos que si los reglamentos de los munici-pios no cumplen con el propósito primordial de garantizar la aplicación estricta del principio de mérito para la sepa-ración de servicio, entonces se observará lo provisto por la Ley y el Reglamento de Personal.

Examinemos, pues, si el Reglamento de la Puerto Rico Telephone Co. garantiza los derechos concedidos por el principio de mérito de la Ley de Personal. La carta de despido que consta en autos dirigida a la demandante con fecha 9 de octubre de 1978, justifica el despido a base de aplicarle la Regla Núm. 41 de Reglamento de Disciplina (Actos Amenazantes), que conlleva el despido inmediato sin vista. Por lo tanto, ese mismo día quedó cesante sin celebración de vista. La See. 4.6 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1336(4)) dispone que las autoridades nominadoras podrán destituir a cualquier empleado de carrera por justa causa y previa formulación de cargos, por escrito y previa vista administrativa si así lo solicitare el empleado. Al despedir a la demandante, la Puerto Rico Telephone no cumplió con el principio básico del sistema de mérito: una vista previa al despido. La Regla 41 del Reglamento de la Puerto Rico Telephone Co. no es válida.

Por las razones antes expuestas 'procede dejar sin efecto el despido del empleo de la recurrida y se ordena la cele-bración de una vista según lo requiere la Ley.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asocia-do Señor Díaz Cruz no intervinieron.

        Exhibits 2 y 3 — Copia del expediente de personal que refleja las fechas de los ascensos y aumentos de sueldos periódicos.

        Exhibit 4 — Carta con fecha de 7 de junio de 1975, del Presidente de la Corpo-ración en que manifiesta su agradecimiento por el extraordinario esfuerzo reali-zado por la demandante en sus labores.

        Exhibit 5 — Carta con fecha de 27 de mayo de 1977 del Presidente de la Corporación en que expresa su agradecimiento a la demandante por su continua dedicación, aumentándole el sueldo a $7,809.

       “Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable que dicha ley o actuación auto-rizada por ley es inconstitucional o inválida.
      “Disponiéndose sin embargo que; el tribunal podrá dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil...

      “(a) Notificación. No se expedirá ningún auto de injunction preliminar sin notificación previa a la parte adversa.
      “(b) Consolidación de la vista con el juicio en sus méritos. Antes o después de comenzada la vista para considerar una solicitud de injunction preliminar, el tribunal podrá ordenar que el juicio en sus méritos se consolide con dicha vista. Aun cuando no se ordene la consolidación, cualquier evidencia que sea admitida en la vista sobre la solicitud de injunction preliminar y que sea admisible en el juicio en sus méritos, pasará a formar parte del récord del caso y no tendrá que presentarse nuevamente el día del juicio.”

      “. . . a opción de la parte que alega, las siguientes defensas pueden hacerse mediante moción debidamente fundamentada: ... (5) dejar de exponer una recla-mación que justifique la concesión de un remedio; (6). . . Si en una moción en que se formulare la defensa número (5) se expusieren materias no contenidas en la alegación impugnada y éstas no fueren excluidas por el tribunal, la moción deberá ser considerada como una solicitud de sentencia sumaria y estará sujeta a todos los trámites ulteriores provistos en la Regla 36 hasta su resolución final y todas las partes deberán tener una oportunidad razonable de presentar toda materia perti-nente a dicha moción bajo dicha regla.”

       Mociones del 12 de febrero de 1979,16 de febrero de 1979, 15 de octubre de 1979 y 11 de abril de 1980.

      En Jacobson & Co., Inc. v. Armstrong Cork Co., 548 F.2d 438 (1977), se decidió que el demandado no puede quejarse de la falta de vista cuando tuvo opor-tunidad de solicitarla antes de expedirse el injunction para presentar evidencia y no la solicitó.

      D. E. Lilienthal, The Conduct of Business Enterprises by the Federal Government, 54 Harv. L. Rev. 545, 547 (1941). The Public Corporation, A Compar

        ative Symposium, edited by W. Friedmann, Canada, Carswell Company, 1954, pág. 541.

        The Public Corporation, A Comparative Symposium, supra, pág. 542.

       Id., pág. 545.

       Id., pág. 547.

       J. Thurston, Government Proprietary Corporations, 21 Va. L. Rev. 351 (1935).

       Id., pág. 364.

       Lilienthal, supra, pág. 563.

      Lilienthal, supra, pág. 565; The Public Corporation, supra, pág. 590.

        The Public Corporation, supra, pág. 590.

        The Public Corporation, supra, a las págs. 568-565.

       Id., págs. 591-593.

       “Por la presente se faculta a la Autoridad para adquirir el Sistema o todas las acciones comunes emitidas por la Puerto Rico Telephone Company (la Com-pañía) que estén en circulación, por el precio y bajo los términos y condiciones que la Autoridad estime sean en bien de los mejores intereses del Estado Libre Asocia-do de Puerto Rico, disponiéndose que tanto la Autoridad como la Compañía y sus compañías matrices, podrán negociar esta transacción libremente y sin la inter-vención de terceros, incluyendo a la Comisión de Servicio Público. En relación con la adquisición del Sistema, la Autoridad podrá, a su discreción, asumir el pago del principal e interés de cualesquiera o de todos los bonos de la Compañía y asumir cualesquiera o todas las deudas y obligaciones de la Compañía, y proveer para la cesión a la Autoridad, o persona o entidad designada por ésta, de cualesquiera o todos los contratos en existencia y derechos e intereses intangibles de la Compañía. En el caso que la Autoridad adquiera todas las acciones comunes de dicha Com-pañía, todos los miembros de la Junta de Gobierno compondrán la Junta de Direc-tores de la Compañía, disponiéndose, además, que el Director Ejecutivo de la Autoridad ocupará el cargo de Presidente de la Puerto Rico Telephone Company. La Autoridad podrá, a su discreción, continuar operando el Sistema a través de la Compañía, o disolver la Compañía o hacer que todo o parte del activo, derechos e intereses de la Compañía sean cedidos o de otro modo traspasados a la Autoridad o a cualquier corporación subsidiaria de la Autoridad, o de otro modo, ejercer todos los derechos y poderes conferidos por ley a los accionistas de la Compañía. Nada de lo expresado aquí se considerará como una limitación o prohibición al derecho de la Autoridad de adquirir el Sistema o cualquier parte del mismo mediante el ejercicio del derecho de expropiación.”

      “Por la presente se resuelve y se declara que:
      “(a) un sistema eficiente de comunicaciones es esencial para las operaciones del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y para proseguir con el desarrollo económico de Puerto Rico en beneficio y para el bienestar general de los habitantes de Puerto Rico;
      “(b) a fin de mejorar y expandir las facilidades de comunicaciones en Puerto Rico, con el propósito de rendirle al público servicios adicionales y más eficien-tes. ...”

       “por la presente la Autoridad queda facultada para crear por resolución aquellas corporaciones subsidiarias que estime conveniente para llevar a cabo los fines de este Capítulo y para prestar o donar' fondos y transferir cualesquiera de sus propiedades a tales corporaciones subsidiarias. Dichas corporaciones subsidia-rias serán corporaciones públicas poseídas enteramente por la Autoridad y tendrán las facultades y deberes conferidos a la Autoridad bajo las disposiciones de este Capítulo que le sean asignados a ellas por la Junta de Gobierno; Dispo-niéndose, sin embargo, que nada en este Capítulo se interpretará como que se le concede a la Puerto Rico Telephone Company o a cualquier compañía cuyo capital sea adquirido por la Autoridad, la condición de una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Junta de Gobierno nombrará a los miembros de la Junta de Directores de cualesquiera de tales corporaciones subsi-diarias, disponiéndose, que por lo menos una mayoría de los miembros de la Junta de Directores de las mismas estará compuesta por miembros de la Junta de Gobierno. Todos los derechos, privilegios, inmunidades y exenciones concedidas a la Autoridad bajo este Capítulo quedan por la presente concedidas [a] tales subsi-diarias en el desempeño de las facultades y deberes asignados a ellas por la Junta de Gobierno.”

       La Opinión del Secretario de Justicia, Núm. 4 de 1975 concluyó que la “Telefónica” no tenía que ser registrada en el Departamento de Estado como se le requiere a una corporación privada, ya que para los fines de su creación y funcio-namiento dicha corporación se constituyó “como una corporación pública” con todos los poderes de la Ley Núm. 25 del 6 de mayo de 1974. En la Decisión y Orden del 20 de febrero de 1975 de la Junta Nacional del Trabajo de la Región 24 del Caso no. 24-RG-5524, Puerto Rico Telephone Company and Unión de Tronquistas de Puerto Rico, Local 901, etc., se desestimó la solicitud de traslado del caso a la jurisdicción federal porque se entendió que la adquisición de la Puerto Rico Telephone Company convirtió a ésta en una subdivisión política del Estado y por lo tanto no tenían jurisdicción para ver el'easo.

      “A fin de asegurar la extensión y el fortalecimiento del principio de mérito a todos los sectores del servicio público puertorriqueño, todos los empleados públi-cos, sean éstos empleados estatales, o municipales a excepción de los excluidos en la see. 1338 de este título, estarán cubiertos por un solo sistema de personal, esta-blecido para hacer cumplir el principio de mérito, el cual se conocerá como Sis-tema de Personal del Servicio Público.”

      “(3) Los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o negociados privados
      “(4) Los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que ten-gan derecho a negociar colectivamente mediante leyes especiales y
      “Las agencias o instrumentalidades aquí excluidas bajo los incisos (3) y (4) deberán adoptar, con el asesoramiento de la Oficina de Personal, y dentro de los próximos 120 días de la aprobación de esta ley, un reglamento de personal incor-porando el principio de mérito que regirá las normas de personal de aquellos empleados no cubiertos por convenios colectivos. Copia de los reglamentos así adoptados serán enviados a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.”

       “Las autoridades nominadoras podrán destituir a cualquier empleado de carrera por justa causa y previa formulación de cargos, por escrito y previa vista administrativa, si así lo solicitare el empleado.”

       La Ley Núm. 1 de 17 de julio de 1979 (3 L.P.R.A. see. 1336(4) Suplemento) enmendó la anterior para suprimir “y previa vista administrativa, si así lo solici-tare el empleado”. Como el despido en el caso de autos ocurrió en 1978, se aplica la ley vigente al momento del despido.

      En Bishop v. Wood, 426 U.S. 341 (1976), un empleado de carrera fue des-pedido sin vista. Se le hicieron imputaciones de conducta no adecuada para servir en el cuerpo de la Uniformada. El estatuto de personal permitía que se despidiera a los empleados de carrera a gusto y voluntad de la ciudad. Se decidió que la Ley en sí no le aseguraba un derecho de propiedad y el conocimiento de la misma Ley impedía que se hubiere forjado una expectativa de continuidad en su empleo. Por lo tanto, no se le violó el derecho al debido proceso de ley y el despido sumario fue válido.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Luis A. Torres Pérez y Santa V. Hernández López, etc. demandantes y recurridos, v. Ramón Medina Torres y Milton Feliciano López, demandados y recurrentes.

      Número: R-81-75

      Resuelto: 2 de junio de 1982

      Rafael Sánchez Valentín, abogado de los recurrentes; Aníbal Iri-zarry Alicea, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Una niñita de cuatro años de edad fue arrollada por un vehículo ambulante expendedor de mantecados poco des-pués de haber vendido un mantecado a la niña. La madre había permitido que la niña cruzara la calle sola. Conclui-mos que la responsabilidad por el accidente y los resul-tantes daños recae por igual en el vendedor de mantecados y en la madre de la niña. La negligencia de la madre no puede, sin embargo, ser imputada a la niña ni al padre de ésta y no procedería, por tanto, reducirse su indemnización en proporción a la imprudencia concurrente de la madre.

I

No hay controversia sobre los hechos. El 13 de septiem-bre de 1976, en horas de la tarde, la niña Rate Marilú Torres Hernández, de cuatro años de edad, se hallaba con su señora madre en casa de una parienta en las Parcelas Lajas Arriba del Municipio de Lajas. Pasaba por la calle frente a la casa un vehículo de motor en que se vendían mantecados. Éste se detuvo y la madre permitió que la niña cruzara la calle para comprar un mantecado. Nadie la acompañó. La madre permaneció en el balcón de la casa. La niña compró el mantecado mientras el motor del vehículo permanecía en marcha. Habían transcurrido “unos dos minutos” desde que la niña salió a comprar el mantecado. Se oyó un grito, y se la encontró sangrando, tendida entre una de las ruedas delanteras y una de las ruedas traseras del vehículo.

La niña fue tratada de emergencia en un Centro de Salud y de allí conducida al Hospital de la Concepción en San Germán, donde permaneció doce días. Tenía fractura del húmero izquierdo, con una herida profunda lacerada; fractura de la pelvis; contusión en el abdomen; lesión del bazo, y laceraciones en diversas partes del cuerpo. En el Hospital se le redujeron las fracturas y se la sometió a una laparotomía exploratoria. Se le mantuvo el brazo izquierdo enyesado durante dos meses. Posteriormente, en julio de 1978 y en abril de 1979, tuvo que ser hospitalizada para cirugía plástica y para una intervención en el codo izquierdo.

El dueño y el conductor del vehículo expendedor de mantecados recurrieron ante nos de sentencia que les responsabilizó totalmente por el accidente y los resultantes daños. Éstos fueron valorados en $35,000 para la niña y $5,000 para cada uno de sus padres por sus angustias men-tales. Plantean que la prueba no estableció la conclusión del tribunal de instancia de que el accidente se debió a la falta de cuidado, prudencia y negligencia del conductor del ve-hículo al reiniciar su marcha después de servirle el mante-cado a la niña, que la causa del accidente debió atribuirse a la negligencia de la madre; y que debieron deducirse $1,000 de la indemnización concedida a la víctima, conforme a la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. sec. 2058(3)(b).

Respecto al primer planteamiento, no tienen razón los recurrentes. Cierto que no hubo testimonios directos sobre cómo se produjo el accidente, pero las circunstancias en que se encontró a la niña, entre las ruedas delanteras y traseras del vehículo, las lesiones que sufrió, y el hecho de que el vehículo permaneció todo el tiempo con su motor encendido, no permiten otra inferencia que la conclusión del tribunal de que el accidente se produjo al reiniciar la marcha el ve-hículo. Un vehículo expendedor de mantecados es especial-mente atractivo a los niños. El conductor en este caso le vendió un mantecado a esta niña, que a su corta edad no podía percatarse del peligro que entrañaba colocarse cerca de las ruedas del vehículo. Consciente de su presencia en las cercanías del vehículo, su conductor tenía el deber, antes de iniciar la marcha, de asegurarse que la niñita estaba fuera del alcance de sus ruedas. Véanse Rivera Matos v. Amador, 86 D.P.R. 856, 859 (1962); y Castro v. González, 58 D.P.R. 368, 382 (1941).

No obstante, la prueba estableció que la madre de la niña faltó a su obligación de vigilarla y su actitud permisiva al dejarla cruzar la calle sola, no obstante su corta edad, para acercarse al vehículo de motor, contribuyeron de mane-ra eficiente a la ocurrencia del accidente. Consideramos, además, que debió hacerse la deducción que manda la cita-da Ley de Protección Social. En consecuencia, requerimos de los demandantes recurridos mostrar causa por la cual no deberíamos adjudicar en un cincuenta por ciento la negli-gencia concurrente de la madre y reducir proporcional-mente la indemnización, además de disponer que se deduzca de lo concedido a la niña la cantidad de $1,000, conforme a la citada disposición de ley. Los demandantes no han respondido a dicho requerimiento. Presumimos, por tanto, que aceptan lo intimado en nuestro requerimiento. Se reducirá en un cincuenta por ciento la indemnización con-cedida a la madre de la niña y se deducirá la cantidad de $1,000 de lo adjudicado a la niña, que fue la víctima del accidente. Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757, 774-775 (1978); Coira Luquis v. De Jesús Rosas, 103 D.P.R. 345, 349 (1975).

Réstanos considerar si la negligencia concurrente de la madre debe tener algún efecto sobre las indemnizaciones concedidas a la niña y al padre de ésta. ¿Es imputable a la niña la negligencia de la madre? ¿Es imputable dicha ne-gligencia a su esposo y padre de la niña? Examinemos estos planteamientos.

I — i I — I t — H

A una niña de cuatro años de edad no puede imputársele responsabilidad por sus actos. A esa edad un niño no tiene la “prudencia, atención y discreción” para evitar colocarse en situaciones de peligro para su seguridad, y “no se le requiere que cumpla con las normas de conducta que es razonable esperar de un adulto”. Torres Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338, 347-348 (1969); Hernández v. Acosta, 64 D.P.R. 171 (1944). Véanse Rivera Matos v. Amador, y Castro v. González, antes citados. Es posible que a esa edad un niño, quizás por el instinto natural de conservación, pueda sentir aprensión ante el peligro que representa el fuego, la altura, o un cuerpo de agua, de la misma manera que puede temer a la oscuridad, a los ruidos intensos, y a determinados fenómenos naturales. Compárense Ortiz v. Levitt & Sons, 101 D.P.R. 290, 294 (1973); Santiago v. A.F.F., 96 D.P.R. 558, 559 (1968); Díaz Colón v. Autoridad de Tierras, 96 D.P.R. 42, 45 (1968); Vargas Rodríguez v. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 104 (1962). Pero ello no implica que a los cuatro años de edad pueda imputársele responsabilidad a un niño por sus actuaciones u omisiones. Con más razón está exento de responsabilidad un niño de esa edad que se acerca a un vehículo detenido, cuyo motor está en marcha, y que constituye una invitación precisa-mente a los niños para que compren mantecados. Compá-rense Quiñones v. Hernández et al., 83 D.P.R. 212, 216 (1961); Berenguer López v. Gov. Employees Ins. Co., 90 D.P.R. 478 (1964); Torres v. A.F.F., 94 D.P.R. 314 (1967).

No puede tampoco imputársele al niño la negligencia de sus padres. Los casos de responsabilidad vicaria, es decir, la de aquellos a quienes se puede imponer responsabilidad por la culpa o negligencia de otros, están taxativamente enumerados en el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5142. La doctrina estima unánimemente que dicha enumeración es taxativa y no a título de mero ejemplo. C. Rogel Vide, La responsabilidad civil extracontractual en el Derecho español, Editorial Civitas, S.A., 1977, pág. 127; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1956, T. II, Vol. II, pág. 687; J. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 1977, T. 4, pág. 908. Puig Brutau, op. cit., dice que dicha enumeración es una “precisión, en serie cerrada”. Y Castán, op. cit., refiriéndose al Art. 1.903 del Código Civil español, equivalente al 1803 del nuestro, dice:

El texto del art. 1.903, en su apartado Io, al aludir a un deber de responder por los actos de otras personas, da a entender que para que exista esta responsabilidad se requiere una declaración del legislador y que, consiguientemente, los supuestos establecidos por los siguientes apartados de este mismo artículo son limitativos y no pueden aplicarse a casos diversos. (Énfasis suplido.)

En el Derecho angloamericano, bajo la doctrina de ne-gligencia contribuyente, se mantuvo por mucho tiempo la norma de impedir que un niño fuera indemnizado por daños sufridos por culpa o negligencia del demandado si su padre o madre contribuyó al accidente con su propia culpa o ne-gligencia. Esta “regla bárbara”, como la llama Prosser, fue abolida en Inglaterra, Oliver v. Birmingham & Midland Omnibus Co., 1 K.B. 35 (1933), y ha sido abolida en todos los Estados de la Unión, con excepción de Maine, por estatutos o por decisiones jurisprudenciales. Aun en Maine, sigue señalando Prosser, no parece probable que sobreviva mucho tiempo. Prosser, Law of Torts, 4ta ed., Sec. 74, pág. 490.

La doctrina de negligencia contribuyente, que estuvo vigente en Puerto Rico durante muchos años, fue derogada estatutariamente por la Ley Núm. 28 de 9 de junio de 1956 al enmendarse el Art. 1802 del Código Civil para añadirle que “La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indem-nización”. Véase Torres Trumbull v. Pesquera, supra, en las págs. 347-348. La doctrina de negligencia contribuyente, adoptada jurisprudencialmente, nunca debió tener vigencia aquí, pues nuestro Derecho de daños es de estirpe civilista y no angloamericano. Véase Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353, 365-369 (1962). La doctrina de negligencia comparada o concurrencia de culpas, introducida por la enmienda al Art. 1802, es doctrina harto conocida del Derecho civil. Con-súltense Rogel Vide, op. cih, pág. 91; Gullon, Contratos en especial — Responsabilidad extracontractual, Madrid, 1968; Puig Brutau, op. cih, T. II, Vol. II, pág. 686 y las citas que allí hace de Castán y de Pérez González y Alguer; J. Santos Briz, El Derecho de daños, Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1963, págs. 63-70; J. M. Manresa, Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 857.

En síntesis, tanto bajo el Derecho civil como/ bajo el Derecho angloamericano, la negligencia de la madre al des-cuidar su deber de vigilancia de su hija no puede perjudicar el derecho de ésta de ser resarcida por los daños sufridos. Siendo solidaria la obligación de los co-causantes del daño, los demandados y aquí recurrentes vienen obligados a indemnizar a la niña por la totalidad de sus daños. Torres v. A.M.A., 91 D.P.R. 714, 717 (1965), y casos allí citados.

¡> I

Examinemos el aspecto de imputabilidad de la negli-gencia de la madre de la niña a su esposo y padre de ésta.

En Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583, 597 (1968), resolvimos que la indemnización que corresponde a uno de los cónyuges por concepto de daños y perjuicios físicos y morales es un bien privativo suyo. De ser ganancial, podría imputársele a la sociedad legal de gananciales la negligen-cia concurrente de la esposa. Pero no lo es. De no mediar otro vínculo de solidaridad entre el padre y la madre de la niña, como lo sería el hecho de que aquél hubiese contri-buido en alguna forma a la ocurrencia del accidente, no puede imputársele responsabilidad. Aquí, la prueba esta-bleció que la niña estaba con su madre cuando se produjo el accidente. El padre no estaba allí. No puede imputársele negligencia concurrente con la madre al permitir que la niña cruzara la calle sola y se acercase al vehículo en que se vendían mantecados.

El mero hecho de que exista un vínculo marital no justifica que el padre sufra una reducción en su compensación privativa por actuaciones negligentes de su esposa, no consentidas por él.

La norma que permite imputar la negligencia de uno de los cónyuges al otro, por razón del matrimonio, ha sido abandonada en casi la totalidad de las jurisdicciones nor-teamericanas. Prosser, op. cit, pág. 489, señala:

Otra vieja regla imputaba la negligencia contribuyente de un cónyuge al otro, por la sola razón de la relación marital. Su origen descansaba en la identidad legal entre la esposa y el esposo en el Derecho común, que significaba que cada uno respondía de la negligencia del otro, y que el resarcimiento por uno de ellos beneficiaba al otro. En todos los estados las Leyes de Mujeres Casadas [Married Women’s Acts] hace tiempo que dieron por terminada esta identidad legal, y per-miten que la esposa demande por daños personales en su pro-pio nombre, sin unir a su esposo en la acción. Como resultado se considera a la esposa como un individuo separado, cuya negligencia no habrá de atribuirse a su esposo, ni la de él a ella, como en el caso de cualquier otra persona; y la impu-tación de negligencia contribuyente por razón del matrimonio y nada más ha desaparecido de la ley en la mayoría de las jurisdicciones. La única excepción se halla en el caso de una o dos jurisdicciones que, bajo la influencia del Derecho civil, consideran que la indemnización por daños recobrable por uno de los cónyuges es un bien ganancial, y en consecuencia continúan imputando la negligencia del uno al otro para evitar que la parte negligente se beneficie, como parte de la comunidad ganancial, de su propia actuación dañosa.

Como señaláramos, aunque en nuestra jurisdicción se consideran gananciales los bienes adquiridos durante la vigencia del matrimonio, la indemnización que corresponda a un cónyuge por sus daños personales físicos y morales es un bien privativo suyo. Robles Ostolaza v. U.P.R., supra.

Concurrimos con el análisis hecho en Flores v. F. & J. M. Carrera, Inc., 83 D.P.R. 332 (1961), en cuanto a que no puede reducirse la indemnización concedida a un demandante a base de la negligencia contribuyente en que incurriera otro codemandante como causa de un accidente, a menos que la negligencia de este último pudiera imputarse al primero. Allí la negligencia combinada de los conductores de dos vehículos causó daños a una persona que viajaba como pasajero en uno de ellos. Éste y el conductor del vehículo en que viajaba demandaron a la aseguradora del otro vehículo. Al ratificar la norma de que la negligencia del conductor de un vehículo no es imputable a su pasajero, resolvimos que éste tenía derecho a ser resarcido por la ase-guradora del otro vehículo en la totalidad de los daños por él sufridos, dada la solidaridad de la obligación entre co-causantes del daño, independientemente de que la indemni-zación correspondiente al conductor del vehículo en que via-jaba fuera reducida en proporción a su negligencia contri-buyente.

La misma regla aplica aquí. La indemnización por los daños morales sufridos por la madre de la niña será redu-cida en proporción a su grado de negligencia, mas no así la indemnización que corresponde al padre, a quien no le es imputable la negligencia contribuyente de su esposa.

V

En resumen, siendo la niña Rate Marilú Torres Hernán-dez la víctima del accidente deberá deducirse de su indemni-zación por daños personales la cantidad de $1,000 de con-formidad con la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. Habiendo contribuido su señora madre a la ocurrencia del accidente en proporción igual a la del conductor del vehículo, se reducirá su indemnización por los daños por ella sufridos en esa misma proporción. Se modificará la sentencia recurrida para así disponerlo y, así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

      E1 caso de Quintana Martínez v. Valentín, 99 D.P.R. 255 (1970), en cuanto se aparta de esta norma, debe considerarse revocado. Véase Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, Publicaciones J.T.S., 1980, págs. 7-97 y 7-98.