author: Juez Asociado Señor Negrón García

text:
      In re Carlos Ramos Pantojas y Pedro Ferrer Colón, querellados.

      Número: O-82-428

      Resuelto: 8 de mayo de 1984

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Eliadís Orsini Zagas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Evelyn Narváez Ochoa, Enrique González y Fernando Cario, abogados de los querellados.
   SENTENCIA

Los abogados Sres. Pedro Ferrer Colón y Carlos Ramos Pantojas intervinieron en distintas etapas ante el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, en la defensa de Ramón Félix Izquierdo quien admitió culpabilidad en delito de tentativa de apropiación ilegal agravada. Referido el caso al oficial probatorio, su informe no resultó satisfactorio y a instancia de los defensores el Juez Sr. Luis A. Juan accedió a reeva-luarlo, mas reiteró su orden de arresto y reclusión del con-victo, pendiente de pronunciamiento de sentencia, que no había comparecido ni en la primera ni la segunda fecha fi-jada para dicho acto. Convencido de que el juez no dejaría sin efecto la orden de arresto, el licenciado Ramos Pantojas le informó al magistrado por la tarde que el acusado venía de camino con su abogado, el licenciado Ferrer.

Después de despedirse del Lie. Ramos Pantojas, el juez habla con su secretaria quien le pregunta por el acusado a lo que responde, “el acusado no hay problema, el Lie. Ramos Pantojas me ha dicho que el Lie. Ferrer viene de camino con él”, a lo que ella replica “No, ¿cómo va a ser eso?, si me ha dicho que el acusado se encontraba en las inmediaciones del Tribunal con él”. El juez extrañado contestó: “Bueno, él me ha dicho que viene de Comerío y para mí eso es lo que hay”, diri-giéndose entonces la secretaria al área de estacionamiento del Tribunal. En eso ella le muestra un auto gris como a 200 a 250 pies de distancia y le muestra en el auto al Lie. Ramos Panto-jas en compañía de otra persona la que minutos más tarde resulta ser el acusado. El juez ordenó al alguacil detener al acusado al verle doblar por la carretera 14 que conduce a las afueras del pueblo, regresando más tarde dos alguaciles con el acusado, quien cuando es arrestado, se encontraba detenido echando gasolina en un garage. Estos anunciaron que los querellados venían detrás de ellos a hablar con el juez, cosa que no ocurre.
Traído el acusado ante el juez, se diligencian las órdenes de arresto y el acusado es llevado a la cárcel. (Escolio omitido.) Informe del Comisionado Especial, págs. 3 y 4.

Ambos letrados fueron acusados por obstrucción de la justicia, por su conducta antes relatada y el día de la vista, 29 de marzo de 1982, ambos admitieron su culpa con las siguientes expresiones:

Acusado: (Licenciado Ferrer Colón)
Con relación a la denuncia, hemos leído el contenido del pliego acusatorio, he ... aceptamos verdaderamente lo que allí se expresa, mas sin embargo, quiero aprovechar la oportu-nidad para dirigirme a este Hon. Tribunal y pedirle las más excusas a las personas que se vieron afectadas en este caso, especialmente al Hon. Juez Luis A. Juan. Quiero excusarme junto con su señoría con todos los funcionarios de este Hon. Tribunal que han intervenido en este caso, entendemos que, ha sido dentro de mis años de experiencia en la profesión, una posición sumamente traumática y deseo reiterar que me he sentido sumamente convencido y de que el Hon. Luis A. Juan ha sido, ha bregado con el asunto sumamente en forma deco-rosa, por tal razón nosotros personalmente nos sentimos sumamente en la posición de pedirle disculpas tanto al Hon. Luis A. Juan como a todo el sistema de Justicia de Puerto Rico en la cual somos parte y creemos y confiamos en el mismo, por tal razón, nosotros aceptamos lo que se imputa en el pliego de la denuncia.
Acusado: (Licenciado Ramos Pantojas)
Bueno, en el día de hoy tuve la oportunidad, anteriormente no había tenido oportunidad de leerla, analizarla, luego de evaluarla por completo, pues entiendo que damos como cierto esos hechos que se imputan en el pliego acusatorio y quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme no solamente a Vuestro Honor, sino al Hon. Juez Luis A. Juan, a todos los funcionarios de este Hon. Tribunal inclusive a todos los com-pañeros abogados que se encuentran en el día de hoy para pedir las mayores disculpas. En los cinco años que llevo en mi profesión, ha sido la experiencia más amarga que he pasado, un trauma, aceptamos los hechos que se imputan en la denun-cia y solamente resta pedirle disculpas, ya que entiendo de que las palabras no me bastan para disculparme y espero que sea una experiencia que jamás en mi vida se vuelva a repetir.

Con allanamiento del fiscal, el tribunal ordenó el archivo y sobreseimiento de la denuncia en pro de la justicia. (Regla 247b de Proc. Criminal.)

El 6 de julio de 1982 el señor Procurador General formuló querella en la que imputa al abogado señor Ferrer Colón infracción de los Cánones 5, 8 y 18 de Ética Profesional, y al abogado señor Ramos Pantojas infracción de los Cánones 8 y 18,() consistentes en engañar al tribunal para impedir el arresto del acusado según ordenado.

Según los hechos que encontró probados el comisionado especial Sr. Salvador Acevedo Colón, la falta de los quere-llados queda reducida a informar al juez que su cliente “venía de camino” hacia el tribunal cuando en realidad ya estaba en el área de estacionamiento. No se trata de presen-tación de prueba falsa, que sanciona el Canon 5, ni que los abogados estuviesen en posición de impedir la resistencia del acusado a entregarse para arresto y reclusión con la pron-titud deseable, por lo que tampoco vemos violación del Canon 8.

Sí colaboraron en ocultar al juez la verdadera situación del acusado, si estaba por llegar o si estaba ya en los predios de la corte. Canon 18. La mentira degrada el carácter y envi-lece el espíritu y es antítesis de la conducta recta y honorable que el Código de Ética Profesional exige de todo abo-gado. La palabra de éste debe en todo momento ser tan buena y tan leal como la del propio magistrado, porque tanto el juez como el abogado son partícipes en una función excelsa que jamás debe ser lastimada por la falsedad. Pare-cen así haberlo entendido estos jóvenes abogados, en el quinto año de su práctica cuando tuvo lugar este incidente, que se mostraron contritos al aceptar las alegaciones de una denuncia criminal sabiamente sobreseída por el juzgador, a quien no escapó la desproporción del delito imputado, pues no se frustra la ejecución de una orden de arresto llevando al acusado, como lo hizo el licenciado Ferrer Colón, a la sede del Tribunal.

Pero los querellados no fueron todo lo sinceros y honestos con el juez que les impone su condición de abogados. Jugar al esconder con la justicia, que es jugar al esconder con la verdad, es práctica deleznable como así lo han confesado estos querellados, principiantes en la práctica de lo criminal, a la que debe darse mejor nombre con el ejemplo de sus ejercitantes.

Su juventud y su patente inexperiencia, su esfuerzo por descargar su conciencia aún más allá de la dimensión del agravio, muestran una fibra todavía sana capaz de repo-nerse, y detienen nuestra disciplina en censura de su con-ducta profesional, que constituirá precedente en su expe-diente profesional.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión a la que se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Rebollo López con-currió en el resultado.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

Disentimos. La seriedad y gravedad de las actuaciones de los querellados Carlos Ramos Pantojas y Pedro Ferrer Colón ameritan una sanción disciplinaria de suspensión del ejercicio de la profesión que aunque limitada, guarde pro-porción con el comportamiento y conducta antiética obser-vada.

A tal efecto, la propia ponencia reconoce que ellos “no fueron todo lo sinceros y honestos con el juez que les impone su condición de abogados. Jugar al esconder con la justicia, que es jugar al esconder con la verdad, es práctica delezna-ble como así lo han confesado estos querellados, princi-piantes en la práctica de lo criminal, a la que debe darse mejor nombre con el ejemplo de sus ejercitantes”.

Ante estas circunstancias, nos es difícil coincidir que esa conducta fuera producto de la inexperiencia. Una práctica de cinco (5) años no la excusa. El compromiso con la verdad no puede estar fundado en ese criterio cuantitativo.

“Para mí, el concepto del jurista no se reduce a lo profe-sional; merecer ese nombre supone comprometerse en su vida y existencia; ‘su oficio es la búsqueda de la verdad y su finalidad la realización de la Justicia.’ Creo, todavía, que tiene el deber en conciencia de procurar discriminar lo justo de lo injusto, intentar en lo posible la redacción, interpre-tación y aplicación más justa de las reglas organizadoras de la sociedad. No ignoro que dicha concepción del Derecho será para muchos dechado de lo utópico, extraña a las reali-dades de la sociedad de consumo, etc., etc. Para mí, sin embargo, sigue siendo la piedra fundamental, que arran-cada o desconocida deja sin base o hace se derrumbe el edifi-cio jurídico; que hasta el nombre de Derecho le resulte inapropiado entonces.” F. De Castro y Bravo, Sobre el Plura-lismo del Profesor De Castro, comentario a un comentario, 26 An. Der. Civ. 1025 (1973).

      (1) En lo pertinente, disponen:

        “Canon 5. Después que el abogado se ha hecho cargo de la defensa de un acu-sado está en el deber de presentar, por todos los medios rectos y honorables, cual-quier defensa que las leyes vigentes permitan....
      “Será también altamente reprochable que un abogado defensor o fiscal pro-duzca ante un tribunal prueba falsa, con pleno conocimiento de su falsedad.

        “Canon 8. El abogado no debe permitir que sus clientes, en el trámite de los asuntos que crean la relación de abogado y cliente, incurran en conducta que sería impropia del abogado si él la llevase a cabo personalmente. Esta norma tendrá particular aplicación en lo referente a las relaciones con los tribunales, los funcio-narios judiciales, los jurados, los testigos y las otras partes litigantes. Cuando un cliente persista en incurrir en tal conducta impropia, el abogado debe terminar con él sus relaciones profesionales.

        “Canon 18.

      “La misión del abogado no le permite que en defensa de un cliente viole las leyes del país o cometa algún engaño.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Neorón García Juez Asociado Señor Torres Rigual.

license: Public Domain

text:
    Roberto Schmidt Monge, demandante, v. Eulalio A. Torres, Administrador de los Tribunales, Hon. Carlos Romero Barceló, Gobernador de Puerto Rico, demandados; Eulalio A. Torres, Administrador de los Tribunales, peticionario, v. Hon. Tribunal Superior, Sala de San Juan, recurrido.

      Número: MC-84-21

      Resuelto: 14 de mayo de 1984

      René Santiago Vega, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Neorón García

emitió la opinión del Tribunal.

M

Ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, está pen-diente () el caso Civil Núm. 83-6549 (902), Roberto Schmidt Monge v. Hon. Carlos Romero Barceló, Eulalio A. Torres y otros. Versa sobre la constitucionalidad de la Ley Núm. 85 de 28 de junio de 1978 (16 L.P.R.A. sec. 3017a) y el reclamo del allí promovente Schmidt Monge de que tiene derecho a permanecer en la posición de Juez Superior hasta que su sustituto sea nombrado y confirmado. Durante el trámite de esa causa continuó ejerciendo las prerrogativas del cargo.

Así las cosas, el 1 de mayo de 1984 el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barceló, le extendió un tercer nombramiento de receso. Al otro día, el Lie. Eulalio A. Torres, Director Administrativo de los Tribunales, re-chazó ese documento y el juramento por inválidos e insufi-cientes. Decidió separarlo de la nómina de la Rama Judicial, efectivo el 30 de abril, y ordenó la liquidación de sus vaca-ciones por enfermedad.

Notificado ese mismo día (2 de mayo) Schmidt Monge pidió dentro del pleito principal sobre sentencia declarato-ria, en auxilio de jurisdicción y como remedio provisional, que se dictara una orden contra el licenciado Torres para que se abstuviera de poner en vigor su determinación. El Juez Limardo señaló una vista para el 9 de mayo.

Sin embargo, el 7 de mayo Schmidt Monge presentó ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una demanda (Civil Núm. 84-1191) (HL) bajo las leyes federales —28 U.S.C. see. 1343; 42 U.S.C. sees. 1981 y 1983— e invocó la primera, quinta y decimocuarta en-mienda de la Constitución Federal, para cuestionar las acciones del licenciado Torres y solicitar compensación por daños. Pidió el mismo remedio provisional que estaba pen-diente para ser discutido en el Tribunal Superior.

Como consecuencia y luego de la vista del 9 de mayo, el Tribunal Superior, sua sponte, se negó a proveer sobre dicho remedio provisional, fundado en que cualquier dictamen suyo sería de carácter “consultivo” por haber retenido el 8 de mayo, el foro federal, jurisdicción para evaluar el mismo remedio que estaba ante su consideración. En consecuencia desestimó la solicitud de remedio provisional.

No conforme, el Director Administrativo licenciado Torres presentó ante este Tribunal Moción en Auxilio de Jurisdicción en la que —luego de un recuento de los hechos-solicitó que se elevaran los autos originales, resolviéramos las cuestiones de derecho pendientes en instancia () “o en su defecto deje sin efecto la Orden emitida por el Tribunal de Instancia el 9 de mayo de 1984, mandatando [s%c\ a dicho Tribunal a entender y adjudicar la controversia ante sí, o emita cualquier otro pronunciamiento con arreglo a dere-cho”.

Aceptamos este recurso como un certiorari para examinar la negativa del foro de instancia de resolver el incidente interlocutorio y proveer un remedio limitado. En nuestro sistema, en toda etapa jurisdiccional, prevalece el principio justiciero de que “[c]ualquier defecto en la denominación del pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba”. Regla 70 de Procedimiento Civil; Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 293 (1975).

En cuanto a que nos adentremos en todas las variadas interrogantes, declinamos lo que implicaría ejercer más allá de lo necesario y a destiempo nuestra jurisdicción apelativa.

M > — I

No podemos aceptar la premisa subyacente en que descansa la abstención del Tribunal Superior. La conclusión de que su dictamen sería de índole consultiva no es correcta, pues a posteriori dicha Corte de Distrito federal tendría jurisdicción para intervenir y decretar el remedio simultáneamente solicitado en ambos organismos por Schmidt Monge. La naturaleza de las controversias —integración de la dinámica y poderes bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico— el carácter del remedio reclamado, la calidad de funcionario judicial de Schmidt Monge nacida e invocada bajo esa constitución, las avenidas procesales que ha seguido, el no haber agotado las mismas, y demás factores, ponen en entredicho una determinación tajante al respecto. Lo menos que podemos sostener es que la jurisdicción federal es dudosa. El ejercicio erróneo de tal jurisdicción no la confiere. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 538 (1980).

Resolvemos que erró el Tribunal Superior al desestimar la petición de remedio provisional de Schmidt Monge. Debió adjudicarla. Ante esa omisión lo hacemos.

I — I I — I

Notamos que la medida adoptada por el Administrador de los Tribunales licenciado Torres —de negarse a admitir las credenciales de Schmidt Monge— está intrínsecamente atada y predicada en una interpretación de sustancialmente los mismos planteamientos, que por vía de sentencia decla-ratoria, están sub júdice ante el Tribunal Superior. Su posición de que finalizada la pasada Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa el 30 de abril de 1984, Schmidt Monge cesó automáticamente en su cargo, y que el Gobernador Honorable Romero Barceló no podía extenderle otro nom-bramiento de receso, es simplemente un incidente nuevo, de igual naturaleza, a ser también adjudicado en su oportu-nidad por esa sala.

Esa circunstancia, unida a la validez presuntiva que acompaña al documento público () que es toda credencial de nombramiento de receso del Primer Ejecutivo —Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 766 (1977)— y al examen de los factores que deben ponderarse cuando se va a suspender a una persona de un puesto (o su equivalente), Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 731-738 (1982), favorecen al licenciado Schmidt Monge en la búsqueda de su remedio provisional.

Decidimos que hasta tanto no se resuelvan con carácter final y firme por los tribunales del Estado Libre Asociado los méritos de las controversias planteadas en la sentencia declaratoria (Civil Núm. 83-6549 (902)), inclusive la validez o no del nuevo nombramiento de receso extendídole por el Primer Ejecutivo el 1 de mayo de 1984, el Lie. Roberto Schmidt Monge debe continuar en el desempeño del cargo de Juez Superior.

En virtud de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, se expedirá auto de certiorari y se dictará sentencia que deje sin efecto la resolución recurrida y la determinación administrativa del Director Administrativo de los Tribu-nales, Lie. Eulalio A. Torres. En consecuencia, el Lie. Roberto Schmidt Monge continuará desempeñando las funciones del cargo de Juez Superior sujeto al resultado que por sentencia final y firme recaiga en el caso Civil Núm. 83-65f9 (902). En adición, considerando que el Juez Schmidt Monge tiene pen-diente un sinnúmero de casos sometidos para su resolución, se le releva de las funciones de Sala para que proceda a resolver esos asuntos.

Ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, conti-nuarán los trámites de rigor compatibles con lo expuesto. Esta decisión en nada prejuzga dicho caso.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió opinión disidente. El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Torres Rigual.

Es insólito que un tribunal se haya negado a proveer sobre un remedio provisional, como lo ha hecho el tribunal de instancia en este caso, no obstante tener jurisdicción sobre el asunto y de ser suya la obligación primaria de así hacerlo. Su negativa tiene el efecto de propiciar el uso inde-bido del foro federal para asuntos que ya fueron iniciados en nuestros tribunales. Las cuestiones planteadas en el tribunal de instancia han de resolverse bajo la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado, cuyo máximo intérprete es este Tribunal. La Corte Federal tiene el deber de respetar el ejercicio de esa jurisdicción y las decisiones que se emitan al amparo de ellas.

El fundamento que aduce el tribunal de instancia a los efectos de que proveer sobre el remedio provisional solici-tado constituiría una opinión consultiva, parece descansar erróneamente en Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982); caso en el cual resolvimos que la adjudicación de la validez constitucional de un estatuto puertorriqueño bajo una cláusula de la Constitución del Estado Libre Asociado similar a la norteamericana, equi-valdría a expresar una opinión consultiva. Pero es que esta decisión no es aplicable al caso de autos pues, por el contra-rio, la posible determinación de violación de derechos civiles fundamentales alegados por el honorable Schmidt Monge descansa exclusivamente en la interpretación de la ley puer-torriqueña. El propio recurrido, Schmidt Monge, lo acepta así en su demanda en la Corte Federal:

Either because plaintiff Roberto Schmidt Monge has a valid appointment since the year 1969 that has not become due, or either because he holds over the position of Superior Court Judge until his successor is appointed and takes possession of the position, and no successor to him has been appointed, said Roberto Schmidt Monge has a proprietary right to said position, and to the salary of the same, to which he has been deprived, without due process of law, by defendants Eulalio Torres and/or Edda Cordero, acting under color of state law.

Es decir, por un lado, los derechos alegados por el recu-rrido dependen de la interpretación que imparta este Tribunal a la enmienda a la Ley Electoral que prorroga el término de nombramiento del juez que ha sido nombrado miembro de la Junta Revisora Electoral, Ley Núm. 85 de 28 de junio de 1978 (16 L.P.R.A. sec. 3017a), véase a Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664 (1981). () Y por otro, al derecho del recurrido bajo las disposiciones constitucionales bajo nombramiento de receso, Art. IV, Sec. 4. Véase Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983). ()

Teniendo pues jurisdicción el Tribunal Superior para entender sobre la controversia en sus méritos, la tiene defi-nitivamente para proteger la efectividad de su sentencia y los derechos de las partes mediante la concesión de un reme-dio provisional. La resolución de un juez federal de igual jerarquía que la del tribunal de instancia, según dictada en 9 de mayo de 1978 por el Hon. Juez Héctor A. Laffite, en nada menoscaba esa facultad y, por ende, no puede servir de justificación al tribunal de instancia para negarse a proveer.

El Tribunal se excede hoy al conceder un remedio provisional de singular factura que corresponde al tribunal de instancia proveer sobre sus méritos y que es de dudosa validez.

Me sorprende que la mayoría de este Tribunal cuestione hoy tan tímidamente la jurisdicción de la corte federal y conceda un remedio provisional cuando es evidente que las probabilidades del recurrido Schmidt Monge, prevalecer en los méritos, son ciertamente remotas. Véanse Negrón Soto v. Gobernador, supra, y Hernández Agosto v. López Nieves, supra.

Por las anteriores consideraciones, consigno mi incon-formidad con la mayoría y disiento.

      (1) El magistrado Hon. Abner Limbardo, en el escolio 3 de su resolución, con-signa que el 12 de abril quedaron sometidas unas mociones de sentencia sumaria de ambas partes, las cuales “se encuentran bajo la consideración y estudio de esta sala; esperamos emitir la disposición final correspondiente dentro del más breve plazo, atendida la urgencia y naturaleza de las cuestiones planteadas”.

      (2) En su escrito expone: “Las siguientes interrogantes, entre otras, están plan-teadas ante el Tribunal de Instancia: ¿Tienen facultad los poderes Legislativo y Ejecutivo para aprobar legislación ignorando el Canon VIII de Ética Judicial? ¿Tal actuación, invade indebidamente el poder inherente del Tribunal Supremo de aprobar las reglas de conducta de los jueces del Estado Libre Asociado? Ante una actuación concertada entre el Legislativo y el Ejecutivo que erosione la integridad e independencia (separación de poderes) de la Rama Judicial, ¿tiene facultad en ley el Director Administrativo de los Tribunales para impedir tal actuación? De no tener tal facultad, ¿en quién recae dicha responsabilidad? ¿Puede el señor Gober-nador retirar unilateralmente un nombramiento de un juez sometido a la conside-ración del Senado de Puerto Rico? ¿Cuál es el efecto jurídico de un informe del Senado rechazando [s-ic] expresamente un nombramiento que le fuera sometido, posteriormente retirado en forma unilateral, mientras el incumbente continúa ocu-pando el cargol ¿Puede el señor Gobernador someter un nombramiento de receso, abstenerse de someterlo a la consideración del Senado, y al finalizar la sesión ordi-naria extender otro nombramiento de receso?"

      (3) La interacción de la Regla 56.3 de Procedimiento Civil —que prescinde de la prestación de fianza cuando la obligación reclamada surge de un documento público— y la Regla 79 de Evidencia sobre autenticación prima facie aplican a este caso. “.. . En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal consi-derará los intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia sus-tancial.” Regla 56.1, in fine, de Proc. Civil.

      (1) Al interpretarse en Negrón Soto v. Gobernador, 110 D.P.R. 664, 678 (1981), una ley similar a la Ley Núm. 85 de 1978, el propio Juez Asociado Negrón García expresó que bien fuera “directamente mediante disposición de ley expresa, o indi-

        rectamente, por interpretación judicial, esta consecuencia [la de prorrogar el término de nombramiento del juez] precisamente está vedada por la prohibición constitucional precedentemente aludida”. Se refiere al Art. VI, Sec. 10 de la Consti-tución del Estado Libre Asociado.

      (2)La mayoría parece olvidar que hace apenas siete meses expresamos en Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 621-622 (1983), que la Consti-tución del Estado Libre Asociado representa “una llamada al consenso y no una invitación a que la Rama Ejecutiva o la Legislativa intente imponerle a la otra su criterio. ... Ni los interinatos ni los nombramientos de receso pueden ser, sin embargo, razón para trastocar el fino balance de pesos y contrapesos que sostiene a nuestra estructura política. A ello se debe el plazo fijado para que las Ramas Legis-lativa y Ejecutiva puedan llegar a un acuerdo que satisfaga sus correspondientes prerrogativas constitucionales. A partir de ese momento, el puesto quedará vacante, sin que pueda ser ocupado por persona que no cuente con nombramiento en propie-dad". (Citas omitidas y énfasis suplido.)


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Ada Olga Mundo, demandante y recurrente, v. Francisco Cervoni, demandado y recurrido.

      Número: R-84-77

      Resuelto: 15 de mayo de 1984

      Sarah Torres Peralta, abogada de la recurrente; Marcos Rodríguez Frese, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En la sentencia de instancia sobre liquidación de socie-dad de gananciales de la demandante Olga Mundo y el demandado Francisco Cervoni, entre otras disposiciones se reconoció a éste un crédito contra el caudal de su ex esposa de 57% de las pensiones alimenticias por él pagadas para beneficio de tres hijos del matrimonio disuelto.

Al recurso de la demandante, el 21 marzo, 1984 reque-rimos del demandado mostrar causa por la que no deba eli-minarse dicho crédito, () habida cuenta de que el mismo representa una exoneración parcial de la obligación alimen-ticia por él estipulada y consentida. Su escrito de contesta-ción no confronta la cuestión central incorporada en la orden: acepta llanamente que “accedió, primero, a estipular la pensión, y luego, a que se le aumentara”.

Si bien el Art. 1308(5) C.C. declara cargo de la sociedad de gananciales el sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges, cuando la obligación de dar alimentos recaiga sobre dos o más personas —dice el Art. 145 C.C.— se repartirá entre ellos el pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. Resolvemos que al liquidar los gananciales un alimentante podrá reclamar crédito contra el otro obligado, sólo por los pagos en exceso de la justa pensión acordada o fijada por el tribunal y que la labor personal de un cónyuge que al administrar la pensión la convierte y destina a todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica de sus hijos (Art. 142 C.C.) debe estimarse como descargo de su propia obligación de alimentar y constituye elemento apreciable por el juzgador al dirimir la reclamación de crédito entre alimentantes solidarios.

I

La aptitud de la madre recurrente, contadora pública de práctica muy reducida, para suministrar alimentos en la proporción que fuere, fue dato necesariamente evaluado y tomado en cuenta por el demandado al estipular su parte de la obligación alimenticia en ocasión del divorcio, sentencia del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, de 21 enero, 1980; y extensamente ponderada por el tribunal al resolver la solicitud de aumento de la demandante, que concedió en $50 mensuales, de cuya resolución (2 julio, 1982) no aparece que el demandado objetara como desproporcionada la petición de aumento, y sí que “manifestó estar dispuesto a hacer ajustes en su presupuesto para aumentar un poco la pensión”. (Ap., pág. 320.) En dicha resolución la sala de instancia hizo un acucioso examen de ingresos y egresos de demandante y demandado y sólo con-cedió $50 del aumento de $168 mensual que ella solicitaba, luego de consignar que tomaba en consideración la citada expresión del demandado. En ninguna de las ocasiones en que se fijó, en 1980 y 1982, tuvo la pensión carácter provisional con reserva a favor del alimentante para repetir por parte alguna de lo pagado. Se deduce de los procedimientos reseñados que la pensión acordada no cubre la totalidad de gastos de subsistencia de los tres hijos alimentistas, y sí solamente la parte que en dicha obligación corresponde al padre exclusivamente. Se reparte la obligación solidaria de dar alimentos entre ellos, desde su incepción, en cantidad proporcionada a su caudal respectivo. Art. 145 C.C. Tam-poco comprende la pensión “gastos extraordinarios” incu-rridos para cubrir una necesidad imprevista y apremiante de los hijos. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983). En López Martínez v. Yordán, 104 D.P.R. 594 (1976), no surgen como hechos determinantes de decisión el pacto, la estipulación y el asentimiento —sin reserva para repetir— por parte del demandado, que dominan la situación factual de autos.

La total ausencia de objeción o de reserva es indicativa de que el demandado no asumió el pago proporcional que correspondía a la madre demandante ni en la estipulación original ni en la resolución modificativa. La prueba dejó establecido que la demandante es hija única de padres de holgada posición económica que le hicieron donaciones significativas y le suplieron dinero cuantas veces lo pidió ella para adquirir un automóvil, cambiar de vivienda o mejorarla durante los doce años que duró el matrimonio. Esta suficiencia económica de la demandante, aunque derivada, es ulterior indicio de que ella estaba aportando su parte al sostenimiento de los hijos y de que el demandado no pagó por ella. () En estas circunstancias, reconocerle un crédito por la pensión contra el caudal de su ex esposa equivaldría a exo-nerarlo en 57% de su obligación alimenticia. El crédito admisible se limita a lo pagado por una parte “en exceso de lo que le correspond[e]”. Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219 (1984).

II

Fundada la prestación alimenticia en la solidaridad familiar y en el derecho a la vida del alimentista, es amplísimo el concepto de “alimentos” que el Código Civil define en su Art. 142 como “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia”. Tanto contribuye a alimentar los hijos el padre que suministra con regularidad determinada suma de dinero, como la madre que con su labor y energía realiza el propósito y destino de la pensión al preparar y servir la comida a sus hijos, al mantener la casa limpia y ordenada, al llevarlos a la escuela para su educación, y al médico si se enferman. No hay base moral ni jurídica para concluir que una madre que así se conduce falta al deber de alimentar sus hijos no emancipados que le impone el Art. 153, ni puede menospreciarse su aportación física y anímica al sustento de sus hijos reduciéndola a cero, llegado el momento de liquidación de gananciales, y dándole un crédito contra ella al marido porque no contribuyó proporcionalmente con dinero. Claro que no podrá oponer su trabajo al crédito del marido, la madre que disponga de pensión tan alta que le permita contratar y pagar empleados en quienes delegar tan importantes funciones de jefe de familia y coadministradora de la sociedad, pero esta situación no se da, por regla general.

Consecuentemente, para una cabal determinación de en qué caso y hasta qué punto deba repartirse entre los dos o más obligados a dar alimentos el pago de la pensión en cantidad proporcionada a su caudal respectivo (Art. 145 C.C.), forzoso es remitirnos a la apreciación de las circunstancias por el juez, según la prueba que habrá de hacerse en el juicio. Corresponde probar a quien reclame crédito por pago en exceso de su parte proporcional dentro de la obligación solidaria, y tendrá derecho a crédito si el juez estima su alegación y al fijar la pensión deja a salvo y reserva su derecho para repetir en su día contra la otra parte obligada.

En el presente caso y en las dos ocasiones en que la pen-sión fue objeto de evaluación, no hubo reserva de derecho a repetir; y la conformidad y consentimiento del demandado excluyeron toda apreciación por el juez de la razón de pago en exceso que demoradamente se esgrime para justificar el crédito contra la demandante.

Se expedirá el auto y se modificará la sentencia revisada al solo efecto de eliminar el crédito de 57% de $lf,936 por pensión alimenticia concedido al demandado recurrido en la liquidación de gananciales. El pleito volverá a instancia para el reajuste correspondiente.

Así modificada, se confirma.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asocia-do Señor Negrón García no intervino.

      (1) 57% de $14,936 = $8,513.52

      (2)E1 demandado es cuidadoso en la protección de su interés. Cuestionó una acreencia de su suegro por $5,000 que suscribieran ambos, porque la demandante ofreció fotocopia de los cheques que integraban dicha suma, en vez de los origi-nales. Ap., pág. 221.


author: per curiam:

text:
    Manufacturers Hanover Leasing Corp., demandante y recurrida, v. Caribbean Tubular Corporation y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-84-144

      Resuelto: 16 de mayo de 1984

      Maximiliano Trujillo González, abogado de los recurrentes; Arturo Pérez Figaredo, de McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogado de la recurrida.
   per curiam:

El 9 de febrero de 1984 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dictó sentencia en el presente caso, la cual fue archivada en autos el 14 de febrero. Posteriormente Caribbean Tubular Corp. (Caribbean), junto a los demás demandados, presentó una moción para enmendar los hechos determinados en la sentencia y añadir otros. Mediante reso-lución emitida el 6 de marzo de 1984 y archivada en autos el 8 de ese mes, el tribunal declaró la moción con lugar en parte y sin lugar en parte.

Caribbean acudió en alzada ante este Tribunal mediante una solicitud de revisión presentada el 9 de abril de 1984 a las 4:45 P.M., esto es, el último día hábil para ello. Tal soli-citud no incluyó el apéndice requerido por la Regla 17(f) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, Regla 17. En su lugar presentó una moción que tituló “Moción para Radicar por Separado el Apéndice”, en la cual expresa:

Que el Apéndice consta de 235 páginas y no ha terminado de reproducirse en todas sus páginas al momento necesario para la radicación de la solicitud en este caso.

Solicitó que se le permitiera presentar el apéndice por sepa-rado dentro de los próximos dos días laborables.

La solicitud de revisión presentada por Caribbean incumple tanto con lo dispuesto por el Reglamento del Tribunal Supremo como por las Reglas de Procedimiento Civil. El referido reglamento dispone que al presentarse un recurso de revisión:

Se hará formar parte de la solicitud un apéndice que con-tendrá una copia literal de: (1) Las alegaciones de las partes y la sentencia cuya revisión se solicita incluyendo las conclu-siones de hecho y de derecho en que se funda; (2) cualquier otra resolución u orden del tribunal de instancia, o escrito de cualquiera de las partes, en que se discuta expresamente cualquier asunto que se plantee en la revisión; (3) cualquier otro documento, que forme parte de los autos en el tribunal de instancia, y que el recurrente estime indispensable a este Tribunal para tomar su decisión sobre la expedición del auto. Regla 17(f).

La Regla 52.1 de Procedimiento Civil por su parte dispone que “[tjodo procedimiento de apelación, revisión y certificación se tramitará de acuerdo con estas reglas y las reglas que adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico”. El término para presentar un recurso de revisión es de treinta días a partir del archivo en autos de una copia de la notifi-cación de la sentencia recurrida. Regla 53.1 de Procedi-miento Civil. El término es jurisdiccional.

La moción presentada por Caribbean para solicitar que se extienda el término para incluir el apéndice requerido por el Reglamento de este Tribunal equivale a una moción de prórroga. Las solicitudes de prórroga deben presentarse con no menos de tres días laborables, antes de expirar el plazo cuya prórroga se solicita. Regla 48 del Reglamento del Tribunal Supremo. La moción de Caribbean fue presentada fuera de término, por lo cual debe denegarse. El recurso de revisión, además, el cual sólo estuvo completo al incluirse el apéndice requerido por el Reglamento, también fue presentado fuera de término. Aun en caso de haberse presentado la moción dentro del plazo reglamentario, es improrrogable el término para la presentación del recurso con su apéndice, por ser aquél de índole jurisdiccional. Regla 48(b) del Reglamento.

A la luz de lo anteriormente expuesto, se declarará sin lugar el auto solicitado.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. Samuel Pagán Ayala.

      Número: MC-84-7

      Resuelto: 16 de mayo de 1984

      Miguel Pagán, Subprocurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El Procurador General nos ha rendido un informe sobre la conducta profesional del abogado Samuel Pagán Ayala. Se desprende de dicho informe que el señor Aracelio Ramos González contrató al abogado Pagán Ayala para que lo representara en una acción de violación de con-trato y daños y perjuicios que él interesaba interponer en el Tribunal Superior. Pagán Ayala le cobró inicialmente la cantidad de $150, pero no hizo gestiones algunas al efecto. Para reparar el daño causado por su negligencia profesional Pagán Ayala se comprometió a compensarle en la suma de $12,000 de la cual le entregó en efectivo la cantidad de $5,000 y dos pagarés por la suma total de $8,000. Pagán Ayala se ha negado a cumplir con estas obligaciones y ha ignorado los requisitos del Procurador General al efecto.

En vista de lo anterior, concedimos término al abogado Pagán Ayala para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado, independientemente de la acción civil que tiene el querellante para el cobro del pagaré. Dicho abogado ha hecho caso omiso a nuestra resolución sobre mostración de causa a pesar de haber sido notificado personalmente por el alguacil de este Tribunal.

No es esta la primera vez que el abogado Pagán Ayala falta a su deber profesional con sus clientes. El 28 de abril de 1980 emitimos opinión Per Curiam, 109 D.P.R. 712 (1980), en un procedimiento similar de conducta profesional, en la que censuramos su conducta y le exhortamos a que en lo sucesivo fuera diligente en sus relaciones oficiales y en el desempeño de sus encomiendas profesionales.

La conducta del abogado Pagán Ayala en este caso que-branta las normas éticas contenidas en los Cánones de Ética Profesional 18, 19 y 35, razón por la cual se le separa indefi-nidamente del ejercicio de la profesión de abogado.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Roberto Chévere y Vilma Colón, etc., demandantes y recurrentes, v. Pedro Cátala Rodríguez y Evelyn Quiles, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-83-332

      Resuelto: 17 de mayo de 1984

      Ivette Berrios, abogada de los recurrentes; Héctor Santiago Rivera, abogado del recurrido Manuel Félix Ramos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El concepto de responsabilidad, no es un concepto insular. No puede culminar ni agotarse dentro de sus presupuestos sino que se ramifica en el espacio y en el tiempo como conse-cuencia de la realidad que da vida al Derecho. Por ello, en forma subyacente, se vinculan a él la ley de adaptación al medio como sustrato y la autonomía de la voluntad como fundamento.
Considerada la responsabilidad en relación con el ambiente y con la posibilidad de elección, resulta un concepto dinámico que obra como estimulante en la vida profesional. Pero debe poseer límites. La falta de ella afecta al orden jurídico; pero su ilimitación produce una acción paralizante.
La adaptación al medio hace que esta figura jurídica adquiera distintas características de acuerdo con los ámbitos en los que se ejercita: se perfila atenta al signo de los tiem-pos. ... A. C. Blasetti, Responsabilidad del notario proveniente de sus deberes de asesoramiento y consejo, 771 Rev. Notarial 339-340 (1967).
[L]a extensión de la responsabilidad civil del Notario viene determinada por la configuración que haga la norma de la función notarial. Lógicamente, a cada tipo histórico y positivo de notariado corresponderá una responsabilidad más o menos extensa del Notario. D. F. Gómez-Acebo, La Responsabilidad Civil del Notario, 5 Rev. Der. Not. 311, 319 (1954).

I — í

Hechos

El notario Manuel Félix Ramos autorizó la escritura Núm. 9 sobre compraventa e hipoteca el 11 de abril de 1978. Los vendedores esposos Cátala-Quiles, a sabiendas, ocultaron a los compradores esposos Chévere-Colón la existencia de una segunda hipoteca que gravaba el inmueble desde octu-bre de 1974. “[S]i bien el señor Notario pudo haber hecho mención de la posibilidad de un estudio de título, lo hizo prestándole importancia pasajera y minima a las posibles consecuencias de no hacer este estudio posteriormente [y] des-cubrir un gravamen.

Los esposos [vendedores]... conocían de la existencia del gravamen ya que ellos mismos suscribieron la obligación. El notario no fue celoso en su deber como tal para con los com-pradores demandantes.” (Énfasis nuestro.) Sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

Ante este trasfondo fáctico, en lo pertinente, la ilustrada sala sentenciadora expuso el siguiente razonamiento jurí-dico:

4. En cuanto al Notario demandado su responsabilidad estriba en su falta de diligencia al ejercer su función como tal. Un notario no está obligado a meramente informar a las partes de un negocio jurídico, sino que está obligado a cercio-rarse, sin lugar a dudas, que las partes comprendan las conse-cuencias del acto que llevarán a cabo. En el caso In Re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976), el Tribunal Supremo señala, inter alia, que “la fe pública notarial tiene como base la volun-tad ilustrada de los contratantes. ... El Notario, principal instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de conciencia infor-mada supliendo las explicaciones, aclaraciones y adverten-cias. ...” (Énfasis nuestro.)
5. Es de señalarse que por vía de la presente no se pretende hacer obligatorio un estudio de títulos para cada caso de otor-gamiento de escritura, cosa que también señala el Honorable Irizarry Yunqué en su opinión del caso decidido por sentencia, In Re Lavastida, et al., 109 D.P.R. 45 (1979), a la pág. 79. Sin embargo, como el mismo juez indica que “un notario no puede cumplir a cabalidad su función pública, si autoriza escrituras en las que se mencionan y se constituyen gravámenes sin la certeza de que está en lo correcto en cuanto a su creación, existencia y rango.” (p. 78). Ap. I, págs. 5-6.

Sin embargo, no impuso responsabilidad solidaria al notario. Erró.

r-H h — H

Visión judicial moderna del notariado

Hace varios años este Tribunal, con énfasis renovado invistió el ejercicio notarial con una nueva visión. () El des-cargo de esa misión trasciende la pasividad. Así, en In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 597-598 (1975) para contribuir a su enaltecimiento público “fijamos otro rumbo o derrotero y rechazamos y condenamos enérgicamente en nuestra socie-dad la participación consciente” de un notario en una escri-tura simulada. Subsiguientemente, en In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 775-776 (1976) expusimos:

El consejo del abogado notario debe guiar la redacción del documento público y dar luz en el acto final del otorgamiento.
La función del notario trasciende el acto externo de legali-zación de unas firmas. Presupone la creación de un nivel de entendimiento y comunicación entre el fedante y los otor-gantes que le permita a éstos formar una. racional conciencia del acto en que concurren. La fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la ignorancia y la obscuridad. El notario, principal instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de conciencia infor-mada supliendo las explicaciones, aclaraciones y advertencias en todo caso en que hagan falta para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al acto notarial. (Énfasis nuestro y sumarios omitidos.)

Este enfoque () complementaba los pronunciamentos en Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 139 (1976) de que la “notaría es faena de tiempo y paciente inte-gración de todos los elementos documentales, que sufre su calidad con la festinación y la atracción de los atrechos fáciles”.

La responsabilidad civil notarial, según expresión de Ávila Álvarez, “puede desatarse cuando el notario causa un daño a sus clientes: 1. [p]or los defectos formales del instrumento que determinan la frustración del fin perseguido con la intervención notarialf;] 2. [p]or los vicios de fondo que determinen la nulidad absoluta (pues si los hay, el Notario debe abstenerse de intervenir) o la relativa (a menos que ésta se produzca por vicio previsto por el Notario y advertido a los otorgantes)^ 3. [p]or la desacertada elección del medio jurídico para la consecución del fin propuesto[;] 4. [p\or el deficiente asesoramiento en cuanto a las consecuencias del acto notariado (impuestos, retractos, etc.)[;y] 5. [p]or la incorrecta conducta del Notario como depositario o mandatario de sus clientes (pago de impuestos, presentación de documentos, etc.)”. (Énfasis nuestro.) P. Ávila Álvarez, Estudios de Derecho Notarial, 4ta ed., Madrid, Ed. Montecorvo, 1973, págs. 402-403.

Gómez-Acebo analiza esta responsabilidad y elabora un esquema por inobservancia de los deberes profesionales rela-tivos al: (1) juicio de idoneidad del propio Notario (compe-tencia, ausencia de prohibición legal); (2) juicio de licitud del acto; (3) juicio de capacidad; (4) juicio de legitimación de los otorgantes; (5) juicio sobre el esquema jurídico más apto para la consecución del resultado querido por los otorgantes; (6) cumplimiento de los requisitos de redacción y forma; (7) cumplimiento de los deberes de información. Gómez-Acebo, op. cit., págs. 321-323.

En cuanto al deber de información, también llamado “deber de consejo”, tanto en la práctica española como en la puertorriqueña “forma parte del mismo instrumento público: entre el otorgamiento y la autorización, el Notario debe dar fe de haber hecho las reservas y advertencias legales y se deja a la iniciativa del Notario, según su mayor o menor importancia, y a los efectos de salvar su responsabilidad, su constancia expresa en la escritura”. (Énfasis nuestro.) íd., pág. 323.

“El notario, al autorizar una escritura pública, tiene —se dice— cuatro deberes principales: 1. [ijndagar la voluntad de los otorgantes[;] 2. [fjormular la voluntad indagada[;] 3. [i]nvestigar ciertos hechos y datos de los que depende la eficacia o validez del negocio[-¡¡ 4. [d]arles a los otorgantes las informaciones, aclaraciones y advertencias necesarias para que comprendan el sentido, asi como los efectos y consecuencias, del negocio, y se den cuenta de los riesgos que corren en celebrarlo.” (Énfasis nuestro.) D. Winfried Kralik, El deber de informar del notario, 22 Anales de la Academia Matritense del Notariado, Vol. II, pág. 11 (1982). Sobre el contenido del deber, este mismo autor consigna: que no nace de una obligación del notario con su cliente por medio de un contrato jurídico, ni de la deontología, sino como deber oficial “en el interés de terceros, y por eso no está sometido ni a la disposición del notario ni a la de los otorgantes”. () íd., pág. 15.

r — H I — I I — I

Naturaleza jurídica de la responsabilidad civil

Una de las cuestiones más examinadas entre los estudio-sos de la materia resulta ser la naturaleza jurídica de la responsabilidad civil del notario: ¿contractual o aquiliana?

La doctrina clásica distingue la culpa contractual de la extracontractual. Los autores modernos afirman que no existen dos culpas de distinta naturaleza, sino dos sistemas de responsabilidad distintos, es decir que sólo hay diferencias técnicas entre la responsabilidad contractual y la responsabi-lidad delicitual. M. F. Bizzotto de Coloma, Responsabilidad del Notario, 754 Rev. Notarial 513, 518 (1964).

Por su parte, “[e]n su libro, Chironi, desde el punto de vista estrictamente jurídico, refuta la división de la culpa en delictual y contractual, expresando que ‘la culpa es una’”. Blasetti, op. cit, pág. 346.

Tratando de hacer una megasíntesis con respecto a las prin-cipales líneas doctrinales, podríamos decir que hay dos grandes grupos que discrepan en cuanto a la naturaleza jurí-dica de la responsabilidad notarial. En un primer grupo podría citarse a José A. Negri, Henoch Aguiar, Enrique Díaz de Guijarro, Raymundo M. Salvat y a José María Mustápich para quienes la naturaleza de la relación jurídica entre el escribano y el cliente es de carácter extracontractual, porque aun en el caso de que violara una norma contractual que li-gara al notario con el cliente, al mismo tiempo también se estaría violando una norma superior del Estado. Desde ese punto de vista el escribano es considerado como un profesional con actividad reglamentada por el Estado y a pesar de que es un profesional, su responsabilidad es extracontractual.
Un segundo grupo, que podríamos llamar ecléctico, está integrado por Leonardo Colombo y Alberto Spota. Cuando no hay contrato porque el escribano actúa como funcionario público, la responsabilidad es extracontractual y cuando hay contrato el hecho violatorio del mismo sería contractual.
Sintetizando, diremos que la labor del escribano es una actividad profesional con función pública delegada. Luego, existen dos relaciones: una con el cliente y otra con el Estado.
Y, consecuentemente, dos órdenes de responsabilidad. . . . íd., págs. 347-348.

Giménez-Arnau, nos ilustra:

Tradicionalmente, en España al menos, se situó la respon-sabilidad civil del Notario en el terreno de la culpa extra-contractual. Pero modernamente, la cuestión es muy debatida.
El problema no es solamente de orden teórico dice GON-ZÁLEZ PALOMINO, ya que puede tener influjo nada menos que en la medida de la responsabilidad y en la fijación de las nor-mas que la regulen. Si se tratara de responsabilidad contractual las normas serían las de los arts. 1.101 al 1.107 del Código civil. Si se tratara de responsabilidad extracontractual, serían las del art. 1.902 y siguientes del Código civil. En esta rige, y no en la otra, la responsabilidad por culpa levísima.
La diferencia entre considerar que la responsabilidad de-riva de la aquilina (extracontractual) o de una relación contractual tiene grandes consecuencias en el orden práctico; en materia de carga de la prueba (del perjudicado en la contractual); en cuanto al grado de responsabilidad (levísima en la aquilina, leve en la contractual); en lo que se refiere al alcance de la reparación (los daños causados en la aquilina y los que se deriven del incumplimiento en la contractual): y en fin —as-pecto muy importante— en lo que atañe a la prescripción de la acción (un año o quince años). (Escolio omitido.) E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, Pamplona, Ed. Univ. Navarra, 1976, pág. 336.

Continúa indicando que entre estas dos posiciones se promueve una tercera, la que “da a la responsabilidad del Notario un carácter legal, equiparándola a la del funciona-rio. Así dice Escobar que la relación entre Notario y cliente no puede calificarse ni de contractual ni de extracontrac-tual: la fuente de la responsabilidad está en el derecho público ‘correspondiendo a la naturaleza pública de la fun-ción que desempeña’. Pero reconoce, de acuerdo con Otto Mayer, que la obligación de reparar el perjuicio, es de natu-raleza civil”. (Escolio omitido.) Id., pág. 336.

Este autor identifica esta tesis, la de Gómez-Acebo y González Palomino como contractualistas, que a su juicio “busca[n] una fórmula que prive a la relación contractual de sus consecuencias normales”. íd., pág. 337. Sin embargo, destaca cómo otras admiten la existencia del criterio, pero ubican la responsabilidad fuera de ese terreno. (Rodríguez Adrados.) Más aún, Jerónimo López enfoca el problema a base de distinguir dos tipos de actuación notarial; a saber, cuando el notario “se limita a prestar sus funciones con sujeción a los deberes a los que está sometido como funciona-rio público” —en cuyo caso “no existe contrato alguno” y en ausencia de negativa justificada, tiene que prestar el servicio— y cuando “presta su ministerio en el seno de una relación jurídica convenida con el o con los requirentes, o bien actúa no en la esfera en la cual debe actuar, sino en la que puede actuar como tal Notario”. Giménez-Arnau, op. cit, pág. 338.

bi en la primera situación “presta inadecuadamente un servicio” y causa daño, viene obligado a repararlo a tenor con el Art. 1.902 del Código Civil español. En el segundo de los casos la responsabilidad será contractual.

A base de este análisis Giménez-Arnau, op. cit., pág. 339, termina exponiendo las siguientes conclusiones merecedoras de nuestro endoso:

[N]os parecen aceptables ... la responsabilidad civil del Nota-rio puede ser de naturaleza contractual o extracontractual. El mero dato de haber obtenido del Notario la prestación de sus funciones no permite presumir el carácter contractual de la responsabilidad; por el contrario, es preciso adoptar como criterio general la responsabilidad de origen extracontractual siempre que la labor del Notario se haya limitado a la esfera de sus deberes como funcionario) quien pretenda que la respon-sabilidad es de otra naturaleza tiene la carga de probar la existencia de un contrato de tipo determinado. (Énfasis nuestro.)

Dependiendo de la valoración que se haga de los hechos se extiende la responsabilidad. En la extracontractual no pueden aplicarse los Arts. 1055, 1056 y 1060 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3019, 3020 y 3024. La acción prescribe al año. Y cuando se le atribuye carácter contractual, “si hay buena fe por parte del Notario responderá éste de todos los daños previstos o que se hayan podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de cumplimiento . . . [Art. 1060], aunque si ‘la responsabilidad procede de negligencia, la indemnización podrá moderarse por los Tribunales, según los casos ... [Art. 1056]. Si se actúa con dolo alcanza la reparación a todos los daños y en perjuicios que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento . . . [párrafo 2 del Art. 1060]”’. Giménez-Arnau, op. cit., pág. 341.

O

Obligación, determinación y constancia de cargas

La buena práctica notarial exige el examen de los antecedentes en la redacción del instrumento público.

Si el instrumento se redactase a base de las declaraciones de las partes simplemente no podría sentarse la presunción de legalidad y validez del negocio (por la probabilidad de que hubiese no sólo mala fe sino, también, impericia técnica en la exposición de los antecedentes por los interesados), ni la escritura quedaría completa, pues requeriría ir acompañada constantemente de la prueba documental que debió presen-tarse al Notario. Es preciso que la escritura descanse en la calificación del Notario (sobre los presupuestos del negocio), que descarte la probabilidad de mala fe, por la responsabi-lidad notarial, y de impericia, por la preparación técnica de dicho funcionario.
De aquí el derecho de éste (reconocido por el Reglamento Notarial en varios preceptos) de examinar los documentos necesarios para su calificación, y de aquí que sólo en casos excepcionales deba dispensar de la presentación de los mismos. (Escolios omitidos.) Ávila Álvarez, op. cit., pág. 109.

En In re Meléndez Pérez, supra, pág. 775 declaramos:

En su deber de ilustrar, y dar consejo legal a las partes con-tratantes, no hay guardarraya que separe al notario del abo-gado. El notario que impasible ve consumarse en su presencia un pacto cuyas consecuencias legales ignora alguna de las partes o que pudiendo hacerlo, por ser abogado, rehúsa explicar a los menos informados del significado y proyecciones de cláusulas para ellos poco menos que ininteligibles; el nota-rio que limita su intervención rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otorgantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inte-ligencia y comprensión de los firmantes, está con su desidia derrotando los fines y propósitos que le hicieron depositario de inapreciable confianza pública.

Esa investigación de los antecedentes, al igual que la determinación de cargas y gravámenes a hacerse en la escritura, resultan de incuestionable trascendencia, () para “efectos civiles (por ejemplo, saneamiento por gravámenes de la finca vendida ‘sin mencionarlo la escritura’)”; para “efectos regístrales, para la confrontación con las que fi-guren en el Registro, si bien la falta de expresión de cargas en las escrituras no es defecto que impida la inscripción del título”; y a “efectos notariales, porque la determinación de las cargas es necesaria para la posterior concreción en la parte dispositiva de las responsabilidades que contrae cada parte contratante”; a “efectos fiscales . . .”. (Escolios omiti-dos.) Ávila Álvarez, op. cit, pág. 183.

¿De qué forma acepta la doctrina esa constancia?

Se admiten dos formas:
a) Determinación individual. Se hace (en la parte expositiva de la escritura, después de la descripción y reseña del título de adquisición de la finca) indicándose la clase de carga, titular; plazo (si es temporal), contenido (capital y pensión en los cen-sos; capital, intereses y cantidad señalada para costas en las hipotecas, etc.) y fecha y título de constitución.
b) Determinación “genérica” o por remisión del Notario y otorgantes (con la conformidad de éstos) “a lo que resulte de los libros del Registro o Registros de la Propiedad”. íd., págs. 185-186.

Y sobre las fuentes de información del notario,

Las cargas se harán constar:
—“en primer término por lo que resulte de la declaración de la parte trasmitente o de la que constituya un gravamen, y
—en segundo lugar, por lo que aparezca de los títulos o documentos que al Notario se exhiban”.
Si ambas fuentes de información coinciden, no habrá pro-blema: se hará constar que, según manifiesta el otorgante y resulta del título presentado, la finca se halla afecta a las car-gas que sean.
Pero puede suceder que en los documentos exhibidos (título de adquisición, certificado del Registro, etc.) no aparezcan cargas que existan en la realidad (por ejemplo, por ser poste-riores a la fecha de dichos documentos); en este caso habrá que hacer constar que, aunque de los títulos presentados no apa-rencen cargas, la finca se halla afecta a las que manifieste el otorgante.
Y a la inversa: puede suceder que en los títulos o certifica-ciones del Registro aparezcan cargas aparentes, es decir, que no existen ya en la realidad. Y ante esta otra posibilidad de discordancia entre ambas fuentes de información del Notario, cabe:
—Prescindir de ambas y hacer la determinación genérica de cargas.
—Utilizar las dos designando individualmente las cargas según el título o certificado y haciendo constar su inexistencia (prescripción, cancelación no inscrita, etc.), según manifes-tación de los interesados.
—Atender exclusivamente a la manifestación de inexisten-cia de cargas que hagan los interesados y en especial el adqui-rente después de conocer el Registro y los títulos. íd., págs. 186-187.

Y finalmente, sobre la advertencia, “El Notario en todo caso ‘advertirá al adquirente de la conveniencia de que se acredite el estado de cargas con la certificación del Registro de la Propiedad, o lo compruebe directamente examinando los libros del mismo’. Y quizá convenga advertir también que la expedición de la certificación no cierra el Registro y que, por tanto, no obstante la certificación negativa que se presente, pueden existir cargas inscritas con posterioridad ... por muy reciente que sea dicha certificación.” íd., pág. 187.

V

Conclusiones

Al aplicar al caso de autos estos enfoques doctrinarios de vanguardia en esta materia aflora prístinamente la conclusión de que la responsabilidad civil del notario Manuel Félix Ramos es de origen extracontractual y solidaria.

La causa de acción de los esposos Chévere-Colón no sólo está predicada en el engaño de los vendedores Cátala-Quiles, sino en la negligencia del notario Félix Ramos al incumplir con su deber legal de una adecuada ilustración e infor-mación al prestarle “importancia pasajera y mínima a las posibles consecuencias de no hacer este estudio posterior-mente y descubrir un gravamen”. Ap. I, págs. 6-7. Ambas conductas de los protagonistas —una de acción y la otra de omisión— se combinan para causar el daño. El vínculo in solidum es evidente. Véanse Rivera v. Great Am. Indemnity Co., 70 D.P.R. 825, 828 (1950); García v. Gobierno de la Capital, 72 D.P.R. 138, 146 (1951). “En la práctica notarial con rareza se dan las circunstancias de urgencia e imprevisión que a veces frustran la abogacía por lo que son contadas las ocasiones en que un notario pueda acogerse al palio de olvido, inadvertencia o negligencia excusable.” In re Meléndez Pérez, supra, pág. 775.

El “notario que falla a la sociedad y a los que ante él comparecen en este fundamental aspecto de aclaración e ilustración será el coautor de un consentimiento enfermo e ineficaz en derecho y habrá traicionado la fe de la que es principal guardador”. (Énfasis nuestro.) In re Meléndez Pérez, supra, págs. 776-777.

Se expedirá el auto y modificará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, fechada 6 de junio de 1983, a los efectos de condenar solidariamente a todos los deman-dados a satisfacerla. Así modificada, será confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

      (1) Los criterios generales que imponen sobre el notario “un grado de responsa-bilidad muy considerable”, se explica “ya que cada notario asume personalmente todas las atribuciones inherentes a la potestad notarial, y el acto notarial es com-pleto con la sola intervención del notario, sin que ninguna otra autoridad pueda revisarlo ni modificarlo. Si más que ninguna otra función, tiene la notarial un ca-rácter personalísimo, puesto que el público acude al notario por la confianza que la persona le inspira, se comprende que la ley ha de ser rigurosa en exigir responsabi-lidad al que, burlando tal confianza o abusando de ella, falta a la noble misión que le incumbe”. J. M. Sanahuja y Soler, Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. I, págs. 340-341.

      (2)“E1 notario no es, como en el amanecer de la Institución, un simple redactor del acto o contrato, sino que es una fuerza inteligente, emanación de la soberanía, que al comunicar la autenticidad a los instrumentos ha de garantizar, además de la certeza de lo que en ellos conste, su valor jurídico_” (Énfasis nuestro.) Sanahuja y Soler, op. eit, pág. 341.

      (3) Entre los extremos integrantes del deber de información, Winfried Kralik sostiene que conlleva “cerciorarse de que los otorgantes hayan comprendido el sen-tido y contenido del negocio mismo” (pág. 16); “informar .. . los requisitos necesa-rios para [su] validez” (pág. 17); “abarca también las consecuencias jurídicas del negocio, aun cuando no resulten del texto mismo del documento. Los otorgantes deben conocer la ejecutoriedad de la escritura pública y los efectos prácticos de esa ejecutoriedad” (pág. 19); en regla general, “el notario no tiene el deber de informar a los interesados sobre las consecuencias económicas del negocio jurídico” (pág. 23); el deber de información “no debe degenerar en un formalismo a cargo del notario” (pág. 26); ese deber subsiste aun “cuando las partes hayan concluido el negocio antes de acudir [ante] él (pág. 27); al “informar a los interesados, tiene que observar la más estricta imparcialidad” (pág. 28); y “hay que distinguir las personas a quienes el notario debe dar sus informes y advertencias, y las personas que pueden hacer valer su responsabilidad por los daños causados por la omisión de la debida información” (pág. 29). D. Winfried Kralik, El deber de informar del notario, 22 Anales de la Academia Matritense del Notariado, Vol. II, pág. 11 y ss. (1982).

      (4) La práctica no es nueva. Ya desde el 1895, Fernández Casado en su citada obra exponía: “Acontece, respecto de algunas circunstancias que ni constan en los títulos, ni las partes pueden 6 quieren expresarlas; y en este caso hay que distinguir si aquellas circunstancias son irritantes del acto ó contrato ó no lo son; en-el primer caso, debe el Notario negarse á redactar y autorizar el instrumento-, en el segundo, advertirá á las partes la conveniencia de expresarlas; y si no quisieren ó no pudieren hacerlo, salvará la propia responsabilidad acreditándolo en el mismo instrumento público." (Énfasis nuestro.) M. Fernández Casado, Tratado de Notaría, Madrid, Ed. Vda. M. Minuesa de los Ríos, 1895, T. I, pág. 553.
      Resulta cuestionable, como hipótesis absoluta, que hechas y consignadas tales advertencias en el documento, puede el notario autenticar el documento sin ulterior responsabilidad. Una buena práctica notarial rechaza esa postura. Al instrumentar un auto anulable en función a “la advertencia del vicio o de la ineficacia relativa a los otorgantes —es, a mi entender— una razón inviable legalmente, ya que no existe, en absoluto, ningún texto legal, ni reglamentario, que permita al Notario autorizar, en general, con ‘advertencias’...”. J. A. Molleda Fernández-Llamazares, Deber de servicio y juicio notarial de legalidad, 21 Anales de la Academia Matri-tense del Notariado 451, 496 (1978).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Eladio Laureano Burgos, peticionario.

      Número: O-84-130

      Resuelto: 17 de mayo de 1984

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la División de Apelaciones de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del peticionario; Doris Zoé Pons Pagán, abogada de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Llamados para el acto del juicio los casos que por una supuesta infracción a los Arts. 2, 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico() le imputa el ministerio público al aquí peticionario Eladio Laureano Burgos, el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, denegó una soli-citud de éste para que todos los casos fueran vistos ante un jurado. Determinó el tribunal de instancia que el peticiona-rio no tenía derecho a juicio por jurado en relación con los casos por infracciones a los Arts. 2 y 6 por cuanto éstos eran delitos “menos graves” y según las disposiciones del Art. 33 de la referida Ley de Armas los mismos deben ser ventilados por tribunal de derecho. ()

Inconforme, el peticionario recurrió ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de cer-tiorari. Expedimos orden de mostrar causa. La oficina del Hon. Procurador General de Puerto Rico ha comparecido. Procede revocar la resolución recurrida. Veamos por qué.

De acuerdo con las disposiciones de la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Regla 111 de las Reglas de Procedimiento Criminal, todo acusado de delito grave en nuestra jurisdicción tiene derecho a que las cuestiones de hecho sean dilucidadas por un jurado, compuesto el mismo por doce (12) vecinos del distrito judicial en que supuestamente ocurran los hechos imputados.

El Art. 12 del Código Penal de Puerto Rico () establece, en lo pertinente, que los “delitos se clasifican en menos graves y graves” y que es “delito menos grave todo aquel que apareja pena de reclusión por un término que no exceda de seis meses”, constituyendo delito grave “todos los demás delitos”. (Énfasis suplido.)

En el 1980 fue aprobada la Ley Núm. 110 de 4 de junio de 1980, conocida como la Ley de Sentencias Determinadas. Las penas a imponerse a una persona que haya sido encon-trada culpable de una infracción a los citados Arts. 2 y 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico fueron aumentadas a un término fijo de un afio de reclusión. ()

En vista de las disposiciones del antes citado Art. 12 del Código Penal, los delitos estatuidos por los Arts. 2 y 6 de la citada Ley de Armas se han convertido en principio, por mandato de ley, en delitos graves; () en consecuencia, una persona que sea acusada de la supuesta infracción a dichos artículos de ley tiene derecho a que los casos sean ventilados ante un jurado. ()

Por las razones antes expresadas, se expide el auto de cer-tiorari solicitado y se dicta sentencia que revoca la resolu-ción emitida por el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, en el presente caso y se devuelve el caso ante dicho tribunal para la continuación de procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto. ()

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado sin opinión.

      (1)25 L.P.R.A. secs. 412, 416 y 418.

      (2)25 L.P.R.A. sec. 443.
      El Tribunal Superior y el Tribunal de Distrito tendrán jurisdicción concu-rrente para conocer de todos los delitos menos graves definidos y castigados por este Capítulo. El Tribunal Superior tendrá jurisdicción exclusiva para conocer de todos los delitos graves definidos y castigados por este Capítulo. Todos los casos que se ventilen ante el Tribunal Superior lo serán por tribunal de derecho.

      (3)33 L.P.R.A. sec. 3044.

      (4) Toda persona convicta por infracción al Art. 2 de la Ley de Armas “será ... castigada con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año. De mediar cir-cunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de dos (2) años; de mediar circunstancias atenuantes podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses....” 25 L.P.R.A. see. 450.
      En cuanto a las penalidades que pueden ser impuestas por una infracción al Art. 6 de la Ley de Armas, véase 25 L.P.R.A. see. 448.

      (5)En vista de que una vez convicta la persona el tribunal, ante prueba de atenuantes, podrá imponer la pena de seis (6) meses de cárcel, el delito tipificado en dichos artículos podría convertirse en “menos grave”. Ello, sin embargo, nada tiene que ver con el derecho “original” a juicio por jurado. Véase: Baldwin v. New York, 399 U.S. 66, 69 (1970).

      (6) La decisión aquí emitida encuentra apoyo en las decisiones emitidas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a los efectos de que el criterio relevante o controlante en la determinación de si una pesona tiene o no derecho a juicio por jurado lo es la severidad de la pena máxima que se pueda imponer por la comisión de la ofensa en particular. Véanse: Schick v. U.S., 195 U.S. 65 (1904); Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968); Frank v. U.S., 395 U.S. 147 (1969); y Baldwin v. New York, supra.

      (7) La decisión a la que se llega está predicada en el hecho de que el peticionario en el presente caso reclamó oportunamente su derecho a juicio por jurado.


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Rodolfo E. Betancourt García, demandante y peticionario, ex parte, v. Reyes Ruiz Resto, interventora y recurrida.

      Número: R-83-388

      Resuelto: 17 de mayo de 1984

      Carlos López de Azúa, abogado del recurrente; Antonio González Géigel, abogado de la recurrida.
   RESOLUCIÓN

Al recurso de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué lo expediría por los fundamentos que expresa en opinión separada de esta misma fecha.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Voto separado del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

El matrimonio que existió entre don Rodolfo E. Betan-court de Mateo y doña Reyes Ruiz Resto fue disuelto por sen-tencia de divorcio, por la causal de separación por más de dos años, el 20 de agosto de 1979. Don Rodolfo falleció ah intestato el 2 de noviembre de 1982 sin que ni él ni doña Reyes se volvieran a casar. Al tramitarse declaratoria de herederos al óbito de don Rodolfo, el tribunal de instancia declaró herederos del causante a tres hijos de éste y a doña Reyes en cuanto al usufructo viudal. No conforme con ello el peticionario, quien es uno de los hijos, instó ante nos el recurso que aquí consideramos. Doña Reyes ha comparecido mediante escrito de intervención y oposición. Este tribunal deniega la expedición del auto. Con ello deja pasar la opor-tunidad para señalar la norma que no ha quedado clara respecto al usufructo viudal en el caso de cónyuges divorcia-dos y, no menos importante, dejar sentado de una vez y por todas que el divorcio en esta jurisdicción rompe todo nexo entre los cónyuges, asunto que ha preocupado a los estudio-sos del Derecho puertorriqueño desde las decisiones emitidas en Tormes Ex Parte 53 D.P.R. 417 (1938), y Marxuach v. Registrador, 57 D.P.R. 134 (1940). A continuación dejo cons-tancia de mi posición.

H

El planteamiento central que hace el peticionario es que no habiendo cónyuge culpable al decretarse el divorcio bajo la causal de separación, no tiene derecho el supérstite a la cuota viudal usufructuaria autorizada por el Art. 761 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2411. Tiene razón.

El citado Art. 761 dispone en su primer párrafo, aquí pertinente, lo siguiente:

El viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no mejorados. (Énfasis nuestro.)

El Art. 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 321, según enmendado y como ha estado vigente desde antes de ocurrir el divorcio entre don Rodolfo y doña Reyes, dispone la causal de separación como base para que se decrete el divorcio en su inciso noveno, que dice:

La separación de ambos cónyuges por un período de tiempo sin interrupción de más de dos años; Disponiéndose que, pro-bada satisfactoriamente la separación por el expresado tiempo de más de dos (2) años, al dictarse sentencia no se considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable. Para los efec-tos del Artículo 761 de este Código, se considerarán ambos cónyuges como inocentes.

La causal de separación se introdujo en Puerto Rico al adicionarse este inciso (9) al Art. 96 mediante la Ley Núm. 46 de 9 de mayo de 1933. Dispuso dicha ley que al dictarse sentencia de divorcio bajo dicha causal “se considerará como cónyuge inocente a la mujer con todos los derechos inhe-rentes a tal condición como consecuencia del divorcio”. La Ley Núm. 101 de 2 de junio de 1976, parte de un esquema legislativo orientado hacia la eliminación del discrimen por razón de sexo, enmendó dicho inciso para disponer que “no se considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable”. Esta expresión creó dudas en cuanto a la aplicación del Art. 761 que, de su faz, establece como condición para que el cónyuge divorciado tenga derecho a la cuota viudal usufruc-tuaria, que lo esté “por culpa del cónyuge difunto”.

La Ley Núm. 183 de 26 de julio de 1979 pretendió disipar las dudas. Añadió al mencionado inciso (9) su última oración, a saber: “Para los efectos del Artículo 761 de este Código, se considerarán ambos cónyuges como inocentes”. Su expo-sición de motivos expresa:

Las enmiendas introducidas al Artículo 96, inciso (9) del Código Civil de 1930 por la Ley Núm. 101 de 2 de junio de 1976, decretó que al probarse satisfactoriamente la separación ininterrumpida de ambos cónyuges por más de dos (2) años, al dictarse sentencia no se considerará a ninguno de los cónyuges inocente, ni culpable. Esto ha dejado serias dudas con respecto a la aplicabilidad de las disposiciones del Artículo 761 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado.
El susodicho Artículo 761 decreta el derecho de usufructo del cónyuge viudo y establece que el viudo o viuda, según sea el caso, que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota en usufructo.
Como requisito para obtener una cuota usufructuaria viu-dal, en caso de divorciados, el cónyuge divorciado supérstite tiene que haber sido declarado cónyuge inocente al momento del divorcio, entre otras cosas.
En la forma que quedó enmendado el Artículo 96 no se establece claramente si este derecho a cuota usufructuaria viudal está presente en los casos de divorciados por sepa-ración, en la cual no hay cónyuge inocente ni culpable.
Aunque la intención de la Ley Núm. 101 de 2 de junio de 1976 es clara y pretende únicamente eliminar la discrimi-nación por razón de sexo hasta ese entonces existente en dicho artículo. Se entiende que procede aclarar el mismo para que de forma expresa se determine que a los efectos del susodicho Artículo 761 se considerarán ambos cónyuges como inocentes.

A mi juicio estas expresiones no han aclarado las “serias dudas” creadas por la enmienda del 1976. Los informes de la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Represen-tantes y de la Comisión de lo Jurídico del Senado, únicas fuentes de información que hemos podido hallar en el histo-rial legislativo de la mencionada Ley Núm. 183 son parcos, prácticamente idénticos, y nada dicen que no esté expresado en la exposición de motivos de dicha ley. ()

Si el Legislador quiso que el cónyuge divorciado por la causal de separación tenga derecho a la cuota viudal usu-fructuaria establecida por el Art. 761 fácil le hubiese sido enmendar dicho artículo, intercalando la frase “o por la causal de separación”, así:

El viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto o por la causal de separación, tendrá derecho a una cuota, en usu-fructo. ...

Las Leyes Núm. 46 de 1976 y Núm. 183 de 1979, además de eliminar el discrimen por razón de sexo que se hacía en la redacción original del inciso (9), tuvieron el efecto de eli-minar el concepto de culpa en la causal por separación, con-cepto que ha estado vinculado al divorcio desde que se insti-tuyó en esta jurisdicción. Hasta la enmienda del 1976 en todo caso de divorcio tenía que haber un cónyuge inocente y uno culpable. Como señaláramos en Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978), la teoría de la culpa en el divorcio, hoy desprestigiada, ha ido desapareciendo en las legislaciones modernas de América y de Europa. La situa-ción en Estados Unidos la describimos así, pág. 266:

En Estados Unidos, de cuyo antiguo derecho proviene nues-tra ley de divorcio, con su fuerte dependencia en el concepto de culpa y castigo, la tendencia ha sido a abolirlo, junto a las defensas que se derivan de él, tales como la colusión, la recri-minación y la connivencia. Para el 1 de agosto de 1977 sólo tres estados de la Unión, Illinois, Pennsylvania y Dakota del Sur, se aferran, como Puerto Rico, a la desprestigiada teoría de la culpa como base para la concesión del divorcio. 3 Fam. L. Rep. 4047-4048. En treinta y un estados puede obtenerse el divorcio por ruptura irreparable del nexo matrimonial, como causal aparte de la de separación de los cónyuges por deter-minado período. 3 Fam. L. Rep. 4048. En cinco estados se re-conoce abiertamente el divorcio por simple consentimiento mutuo. 3 Fam. L. Rep. 4099. Se ha cuestionado en la doctrina el poder del estado para denegar el divorcio por consenti-miento mutuo. P. Berg, Are Fault Requirements in Divorce Actions Unconstitutional?, 16 J. of Fam. L. 265, 279 (1977-1978).

España introdujo el divorcio como tal, es decir, como causa de disolución del matrimonio válidamente contraído, por ley de 7 de julio de 1981. Hasta entonces el llamado “divorcio” era en España no otra cosa que una separación regulada por ley. La legislación del 1981 fue más lejos y adoptó el divorcio sin culpa, basado como única causal, en el cese efectivo de la convivencia conyugal “durante un período ininterrumpido que puede ser de un año o de dos años, según las circunstancias que establece el art. 86 del Código civil”. Véase M. Albaladejo, IV Curso de Derecho civil, Derecho de familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, pág. 81 y ss.

El derecho a una cuota viudal usufructuaria que se ha venido reconociendo al cónyuge divorciado en nuestra juris-dicción a base del Art. 761 ha estado enmarcado en dos premisas, a saber, (1) la culpa del cónyuge difunto como cau-sante del divorcio y (2) una vinculación post divorcio entre los ex cónyuges mantenida en virtud de la decisión de este Tribunal en Marxuach v. Registrador, supra.

El aspecto de culpa quedó eliminado en la causal de separación en virtud de las citadas leyes de 1976 y 1979. Al decirse en la exposición de motivos de la Ley Núm. 183 de 1979 que para tener derecho a cuota usufructuaria viudal “el cónyuge divorciado supérstite tiene que haber sido decla-rado cónyuge inocente”, lo que ello implica es que el cónyuge fallecido debió tener la culpa por el divorcio entre ambos, pues el Art. 761 no habla del cónyuge inocente. Confiere el derecho del cónyuge divorciado a la cuota usufructuaria viudal si “lo estuviere por culpa del cónyuge difunto”. Como por las enmiendas del 1976 y 1979, para los efectos de este artículo (761) “se considerarán ambos cónyuges como ino-centes”, no puede decirse que el divorciado lo esté “por culpa del cónyuge difunto”. En conclusión, no hay derecho a cuota viudal usufructuaria en casos de divorcio por la causal de separación por no haber cónyuge culpable bajo dicha causal. ()

í — I h-H

En cuanto al efecto del divorcio sobre el vínculo matrimonial, es tiempo de que rectifiquemos a Marxuach v. Registrador y reconozcamos la correcta doctrina de Tormes Ex Parte, supra.

Antes del 1902 regían en Puerto Rico las disposiciones sobre divorcio contenidas en el Código Civil de 1889. El divorcio no tenía el alcance de romper el vínculo matrimonial. Consistía en una separación regulada por ley, pero los cónyuges seguían casados entre sí, al extremo que si uno de ellos contraía nupcias incurría en el delito de bigamia.

En 1902 se introduce en Puerto Rico el divorcio absoluto que, según el Art. 173 del Código de entonces, hoy Art. 105 (31 L.P.R.A. see. 381), “lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges”. No obstante, al reincor-porarse al Código, en 1905, el Art. 834 del Código español (hoy Art. 761 del nuestro), se copió tal como aparecía en el Código español sin advertirse que en España, distinto a Puerto Rico, el divorcio no rompía el vínculo. Véase L. Muñoz Morales, Derecho del cónyuge divorciado, 10 Rev. Jur. U.P.R. 219-220 (1940). Dijimos, al respecto, en Tormes Ex Parte, supra, págs. 419-420:

Y mientras el divorcio en España “sólo produce la suspen-sión de la vida común de los casados” (artículo 104 del Código Civil español), el 105 del de Puerto Rico estatuye que “el divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cónyuges”.
De modo que en lo que respecta a los efectos del matrimonio y a las consecuencias del divorcio, existe marcada diferencia entre la legislación de un país y otro. En España “. . . sólo el fallecimiento de uno de los consortes desata el lazo exis-tente . . .” porque allí “la perpetuidad del vínculo, el consortium omnis vitae de Modestino, constituye la esencia de la institución del matrimonio, el cual únicamente acaba con la aplicación del principio mors omnia solvit . . .” . Manresa, Comentarios al Código Civil Español, tomo 1, pág. 294, tercera edición. En Puerto Rico, el divorcio tanto como la muerte y la declaración de nulidad disuelven el matrimonio. En España la ley rechaza el divorcio quoad vinculum, circunscribiéndolo al quoad thorum et mutuam habitationem. El divorcio en Puerto Rico quebranta, rompe, disuelve el lazo matrimonial en vida de los cónyuges, a quienes deja en libertad de contraer nuevas nupcias.
Aunque tanto el artículo 761 de nuestro Código Civil como su equivalente el 834 del de España establecen un derecho claro a favor del viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, es obvio de lo que precede, que ambos artículos tienen distinto concepto del “divorciado” a que se refieren, por lo que distintos deben y han de ser también los derechos que establecen.

La decisión en Marxuach v. Registrador, supra, que dejó sin efecto la bien razonada y jurídicamente correcta doc-trina expuesta en Tormes Ex Parte ha sido objeto de severa crítica por prominentes juristas y estudiosos del Derecho puertorriqueño. Véanse: Muñoz Morales, op. cit., págs. 197-226; D. Toledo Álamo, Exigibilidad de las obligaciones mercantiles, 19 Rev. Jur. U.P.R. 1, 7 n. 11 (1949); G. Velázquez, Teoría del Derecho sucesorio puertorriqueño, Puerto Rico, Ed. Equity Pub. Corp., 1968, Sec. 25, pág. 26; C. E. Masca-reñas, La disolución del matrimonio en el Derecho puerto-rriqueño, 29 Rev. Jur. U.P.R. 269 y ss. (1960), particular-mente las págs. 824-330; E. González Tejera, Derecho su-cesorio puertorriqueño, Puerto Rico, Ramallo Bros. Printing, Inc., 1983, Vol. I, págs. 90-92.

Es de notarse que hace casi un cuarto de siglo, en virtud de la Ley 24 de abril de 1958, se dio en España una nueva redacción al Art. 834 (761 nuestro). Desde entonces dice:

Art. 834. El cónyuge que al morir su consorte no se hallare separado o lo estuviere por culpa del difunto, si concurre a la herencia con hijos o descendientes, tendrá derecho .... (Énfa-sis suplido.) Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, pág. 245.

Como puede verse, se sustituyó la palabra “divorciado” por “separado” que es el término apropiado para el estado de

Derecho relativo al divorcio en España, tanto antes de la legislación de 1981 como ahora. Bajo la legislación actual, como antes señaláramos, el divorcio rompe el vínculo matrimonial de manera absoluta.

HH I — I

Lo expresado bastaría para concluir que, independien-temente del concepto de culpa, el cónyuge divorciado no tiene derechos hereditarios en los bienes de su ex cónyuge difunto. Ello equivaldría a eliminar la parte del Art. 761 que concede tal derecho. No obstante, tropezamos con el escollo de que si bien el legislador incurrió en una inadver-tencia al reincorporar dicha disposición al Código Civil en 1905, nuestra decisión en Marxuach v. Registrador, supra, ha creado un estado de Derecho que ha inducido al legislador a dar por buena su doctrina y considerar, como surge de la Ley Núm. 183 de 1979, que cuando hay culpa en el divorcio el cónyuge inocente tendrá derecho a la cuota viudal usu-fructuaria al ocurrir el fallecimiento del cónyuge culpable. Parece que este Tribunal no considera apropiado enfren-tarse por ahora al problema. Quizás si alertado el Poder Legislativo, toma la decisión deseable a mi juicio de eliminar la referencia al divorcio en el Art. 761. Por otra parte, el problema también se resolvería mediante la eliminación del concepto de culpa en relación con el divorcio. Para ello se necesitaría legislación.

Las cuestiones planteadas en este recurso no pueden sos-layarse por más tiempo. Es lamentable que el Tribunal pase por alto esta oportunidad de enfrentarse a ellas. El auto soli-citado debió ser expedido y la sentencia recurrida debería revocarse.

      (1) Véase 33 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 76-77 (1979), y el informe de la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes (P. de la C. 670), donde dice:
      “El propósito de la medida es enmendar el inciso (9) del Artículo 96 del Código Civil de 1930 según enmendado, a los fines de que se considere para efectos del Artículo 761 a ambos cónyuges como inocentes. Como está vigente el Artículo 761 del Código Civil de 1930, para que el cónyuge divorciado supérstite tenga dere-cho a la cuota usufructuaria tiene que haber sido declarado cónyuge inocente al momento del divorcio, presupone la culpa del cónyuge difunto. Al enmendarse el inciso (9) del Artículo 96 del Código Civil de 1930 por la Ley Núm. 101 de 2 de junio de 1976 se estableció que al dictarse sentencia no se considerará a ninguno de los cónyuges inocente ni culpable dejando una laguna respecto a la aplicabilidad del Artículo 761 del Código Civil a las disposiciones de este artículo no quedó clara-mente establecido si este derecho a cuota usufructuaria viudal está presente en los casos de divorciados por separación, en el que no hay cónyuge inocente ni culpable. Es por lo tanto necesario aclarar el Artículo 96 inciso (9) para que de forma expresa se determine que a los efectos del Artículo 761 se considerarán ambos cónyuges como inocentes.”

      (2) Lo contrario llevaría al absurdo, según ilustra el siguiente ejemplo: A y B, casados entre sí, están separados hace más de dos años debido a que B abandonó el hogar para irse a vivir en concubinato con C. Por la razón que fuere, se divorcian por separación. Luego del divorcio muere A. Si se entendiera que B, por ser “cónyuge inocente” bajo la ley, pues el divorcio fue por separación, tendría derecho al usufructo viudal, de hecho se estaría premiando al cónyuge culpable. El ejemplo puede ser más irritante si B, después de la muerte de A, se hubiese casado con C.


text:
    Investment Center, Inc., demandante y recurrida, v. Ángel Luis Santiago et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-84-89

      Resuelto: 17 de mayo de 1984

      María Luisa Colón y Ángel Luis Santiago, peticionarios, por dere-cho propio; Enrique Leo Henríquez, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

En procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía sumaria, y a moción de la acreedora demandante fundada en el Art. 216(g), párr. 3, de la Ley Hipotecaria, () la sala de instancia —al acoger la alegación de la demandante en cuanto a que el demandado que no consigna el importe del requerimiento en 30 días no podrá mantener su impugnación— desestimó la contestación y ordenó la venta en pública subasta del inmueble gravado.

Al recurrir los deudores, el 16 de febrero de 1984, dicta-mos la siguiente resolución:

Considerando: que el art. 216 10° de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 2716,10°) en su prevención de que el plazo de 30 días improrrogables para verificar el pago de las sumas re-clamadas en el requerimiento no se interrumpirá por el escrito de impugnación del deudor, sólo significa que ésta “no paralizará el procedimiento ejecutivo” (como en el art. 211 Ley), sin que su letra ni su espíritu exijan la previa consig-nación por el deudor del balance del crédito como condición para que el Tribunal asuma jurisdicción y conozca de la impugnación; y que de otro modo se estaría imponiendo un tributo por demás oneroso al acceso del deudor a la Corte, res-tringiendo en forma confiscatoria su derecho fundamental a pedir remedio y a ser oído, todo ello con grave erosión del debido proceso de ley, la parte demandante recurrida tendrá de término hasta el 2 marzo, 1984 para mostrar causa por la que no deban anularse la resolución de 19 Die., 1983 y demás actuaciones de la Sala de instancia desestimatorias del escrito de impugnación, y disponer que la Sala conozca de y provea al mismo como en Derecho corresponda, sin que se ordene su-basta hasta recaer resolución definitiva en la impugnación.

La acreedora demandante ha presentado un breve escrito en que se allana a la revocación de la decisión que antes promovió en instancia. La ampliación de audiencia al deudor cuya propiedad se ejecuta es una de las fundamentales innovaciones al ejecutivo sumario hipotecario introducidas por la Ley de 1979.

Se expedirá el auto y se anularán las actuaciones revisa-das. El caso volverá a instancia para continuación de proce-dimientos compatibles con lo aquí intimado y resuelto.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (1) Art. 216(g).
      El transcurso de los treinta días improrrogables para verificar el pago de las sumas reclamadas no se interrumpirá ni afectará en modo alguno por la presenta-ción de dicha comparecencia [del deudor requerido], pero la venta en pública su-basta no se ordenará hasta la resolución definitiva de las impugnaciones formula-das. 30 L.P.R.A. see. 2716.


text:
    Cecilia M. Acevedo, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Tercera, recurrido.

      Número: O-84-176

      Resuelto: 22 de mayo de 1984

      Francisco Radinson Pérez, abogado de la peticionaria; El Regis-trador recurrido compareció por escrito.
   PER CURIAM:

Mediante las escrituras núms. 109 y 110, otorgadas las mismas en San Juan de Puerto Rico el día 21 de diciembre de 1983 ante el abogado-notario Francisco Radinson Pérez, doña Blanca Rosa González viuda de Martí-nez y su hija Ivette Mercedes Martínez González vendieron a don Fernando R. Díaz Oliver y a su esposa Cecilia M. Acevedo una casa que ubica en la Urbanización Reparto Me-tropolitano, hipotecando estos últimos, a su vez, la referida propiedad.

Presentadas las referidas escrituras públicas ante la sección tercera de San Juan del Registro de la Propiedad, el señor registrador denegó la inscripción solicitada por el fundamento de que “deberá expresarse el nombre completo de la inicial o los dos apellidos de la esposa del comprador”()

Inconforme, ha recurrido ante este Tribunal la Sra. Cecilia M. Acevedo alegando, en síntesis, que las escrituras pre-sentadas no adolecen de defecto o falta alguna que impida su inscripción.

El Art. 87 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad de 1979, () en lo pertinente, establece que la pri-mera inscripción de toda finca que se haga en el Registro, y las subsiguientes inscripciones, expresarán el nombre del titular de quien procedan inmediatamente los bienes y a cuyo favor se haga la inscripción.

El Art. 99.4 del reglamento para la ejecución de la citada Ley Hipotecaria de 1979, en lo pertinente a la controversia aquí planteada, dispone:

Los titulares regístrales deberán aparecer de los documen-tos presentados con el nombre y todos los apellidos que consten del Registro.
En los asientos que se practiquen se designarán los titulares con todos los apellidos que aparezcan en los títulos que se pre-senten, sin que sea permitido al Registrador añadir o quitar ninguno.
No podrán usarse iniciales para designar nombres de per-sonas naturales.

No hay duda de que en Puerto Rico existen muchas personas que responden a un mismo nombre y apellido. Ello, como sabemos, debido a que hay apellidos que son muy comunes en nuestra tierra. Nuestro sistema de derecho registral está predicado en la certeza y corrección de sus inscripciones. Los asientos del Registro deben ser lo más completos y claros que sea posible. Ello evita confusión y la comisión de errores. El expresar el nombre completo y los dos apellidos de los otorgantes en una escritura pública no resulta gravoso ni para éstos ni para el notario autorizante.

Se confirmará la nota recurrida.

      (1) Solicitada en tiempo la recalificación, la misma fue denegada por el señor registrador.

      (2)30 L.P.R.A. sec. 2308.