text:
    Cooperativa La Sagrada Familia, demandante y recurrente, v. Jesús Castillo Sánchez, demandado y recurrido.

      Número: R-77-263

      Resuelto: 30 de mayo de 1978

      Juan M. Ponce Fantauzzi, abogado de la recurrente; Augusto Palmer y Jesús E. Palmer, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Cooperativa La Sagrada Familia, domiciliada en Corozal, es una asociación cooperativa de crédito organizada bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico (5 L.P.R.A. see. 881 y ss.), cuyos objetivos () son facilitar préstamos a sus socios y fomentar el ahorro entre ellos. Su Junta de Directores decidió comprar una parcela de dos cuerdas con el propósito de levantar allí el edificio que alojaría sus oficinas y dependencias y al efecto, el 13 junio, 1972 su presidente Berrios y su tesorero Ortiz, suscribieron con el propietario recurrido Castillo un breve contrato de promesa de venta que dice así:

“DOCUMENTO DE OPCION DE COMPRA
—En Bayamón, Puerto Rico, a 13 de junio de 1972.
COMPARECEN
—DE UNA PARTE: Don Jesús Castillo Sánchez, mayor de edad, casado con doña Carmen J. Feliciano, propietario y de esta vecindad.—
—Y DE OTRA PARTE: La Cooperativa de Crédito y Ahorro ‘La Sagrada Familia’, representada en este acto por su Presi-dente Don José A. Berríos y su Tesorero Don Ramón Ortiz, mayores de edad, casados, propietarios y vecinos de Corozal y Bayamón, respectivamente para aquí comparecer evidenciarán dónde y cuándo y tantas veces como fuere necesario.—
—En tal virtud los comparecientes libremente, Exponen: — 1ro. Que don Jesús Castillo Sánchez es dueño de la siguiente propie-dad:—
—RUSTICA: Parcela de terreno radicada en el Bo. Pueblo, Ca-rretera Estatal núm. 159, Km. 15.5 de Corozal, Puerto Rico, com-puesta de cinco punto sesenta y ocho (5.68) cuerdas de te-rreno.—
2do. Que don Jesús Castillo Sánchez se compromete a vender y segregar y la Cooperativa de Crédito y Ahorro ‘La Sagrada Fa-milia’ se compromete a comprar una parcela de terreno com-puesta de dos punto cero cero cero una (2.0001) cuerda de te-rreno, a ser segregada de la finca principal descrita en el párrafo 1ro. de este documento, radicada en Corozal, Puerto Rico, por el convenido precio fijado tentativamente y sujeto a variaciones en-tre las partes, de OCHENTA MIL DOLARES ($80,000.00), de los cuales el vendedor recibe en este acto la suma de DIECI-NUEVE MIL DOLARES ($19,000.00) en moneda legal y co-rriente de los Estados Unidos de América y la suma de ONCE MIL DOLARES ($11,000.00) en un cheque de la Cooperativa de Crédito mencionada que lleva número 5785, de esta fecha, de manos del presidente y Tesorero de dicha Cooperativa, y a su en-tera satisfacción y contento, por lo que les otorga carta de pago por la suma recibida.—
3ro. Que este contrato de compraventa se formalizará una vez se haga la segregación de la propiedad antes descrita y se apruebe debidamente por la Junta de Planificación de Puerto Rico.—
4to. Tan pronto se apruebe dicha segregación se otorgará la co-rrespondiente escritura pública.—
—Las partes aceptan este documento en todas sus partes y se obligan a su fiel cumplimiento, no sin antes hacer constar que entre líneas ‘y segregar’, vale.—
[Firmado] Jesús Castillo Sánchez — vendedor; J. A. Berrios, Presidente; Ramón Ortiz — Tesorero.
Affidavit No. 10,736
Suscrito y reconocido ante mí, por don Jesús Castillo Sán-chez, don José A. Berrios y don Ramón Ortiz, de las circunstan-cias personales antes indicadas a quienes doy fe de conocer per-sonalmente, en Bayamón, P.R., hoy 13 de junio de 1972.
[Firmado, signado, sellado y rubricado]
Jesús E. Palmer — Notario.”

El vendedor Castillo encomendó al Ing. Luis Anzalota la segregación de la parcela de dos cuerdas y éste solicitó de la Junta de Planificación una lotificadón para uso comercial que fue desaprobada por la Junta el 22 junio, 1972 por ha-llarse la parcela en zona clasificada como “residencial” (R-l). Hizo entonces dicho ingeniero nueva solicitud para uso resi-dencial, que la Junta aprobó el 2 marzo, 1973. Enterada de estos procedimientos de la Junta de Planificación, la Coopera-tiva recurrente rehusó comprar, y por el contrario inició ac-ción civil contra su vendedor Castillo solicitando la anulación del contrato de promesa de compraventa y exigiéndole devo-lución de los $30,000.00 anticipados. El demandado reconvino exigiendo cumplimiento específico del contrato y con ello el pago de $50,000 pendientes del balance del precio.

El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, declaró sin lugar la demanda y con lugar la reconvención ordenando otorga-miento de escritura y pago por la Cooperativa al promitente Castillo de los restantes $50,000 del precio aplazado, intereses legales a partir de 21 marzo, 1973, costas y $400.00 de hono-rarios de abogado.

El 4 agosto 1977 expedimos auto de revisión a solicitud de la Cooperativa y concedimos a esta recurrente la transcrip-ción de evidencia limitada al testimonio del recurrido Castillo “y a la prueba relativa a que el uso comercial del solar era condición esencial del contrato de compraventa”, la cual ha sido elevada. Ambas partes han sometido el recurso por sus escritos iniciales de solicitud de revisión y de oposición a la expedición del auto.

La Cooperativa recurrente señala como errores de la sala de instancia, 1° concluir sin base alguna en la prueba que el Inspector de Cooperativas no impugnó ni rechazó la transac-ción con Castillo; 2o concluir, en ausencia de prueba, que las minutas de la Junta de Directores no reflejan como condición del contrato la obligación por parte del vendedor de obtener la rezonificación del área para uso comercial; y un tercer planteamiento que formuló así:

“Erró el Honorable Tribunal a quo al no concluir a base de la prueba que la parte recurrida se comprometió a obtener una segregación comercial de la parcela que tenía que venderle a la parte demandante o en la alternativa que la parte demandante prestó su consentimiento al contrato bajo la creencia equivocada que la parcela que iba a adquirir era comercial y le servía para sus fines y propósitos.”

La consideración de este tercer señalamiento absorbe las cues-tiones menores suscitadas en los anteriores.

Hay un hecho central dominante que influye con fuerza decisiva en la adjudicación de esta controversia, a saber, que la recurrente Cooperativa La Sagrada Familia convino la compra de las dos cuerdas con el fin y propósito de establecer allí sus oficinas comerciales. Así aparece reconocido en las determinaciones y conclusiones de la sala de instancia donde se dice que el Ingeniero Anzalota, a quien el vendedor Castillo comisionó para gestionar la segregación de las dos cuer-das, en descargo de su obligación contractual, hizo la solicitud a la Junta de Planificación para lotificación comercial “bajo la deducción propia de que por razón de la naturaleza de la demandante, una cooperativa de ahorro y crédito, éste era el uso apropiado . . . y que “puede deducirse que en la transacción apuntada lo más conveniente para la [Coopera-tiva] demandante habría sido hacer la adquisición garanti-zándole de primera instancia la obtención de una zona donde fuera permitido el uso comercial.” Sobre dicha causa impul-siva o motivo determinante del contrato fue explícito el ven-dedor Castillo en su deposición de 12 febrero, 1974, a cuya página 63 declara:

“P. Y usted sabiendo que la Cooperativa solamente se dedi-caba al crédito, concluyó o tenía conocimiento que la Cooperativa tenía como propósito el tener sus negocios allí?
R. Naturalmente, eso sí, eso es fácil de deducir.”

Luego en el juicio el 6 diciembre, 1976 dicho vendedor deman-dado que es vecino de Corozal y al igual que la Cooperativa tiene negocios en dicho pueblo, admite hallarse enterado de que la Cooperativa quería comprar su terreno para establecer su local de negocio. T.E. pág. 98. Que la cualidad vital de la parcela que movió la intención de las partes con fuerza de-cisiva al contratar era su inmediata disponibilidad para uso comercial una vez hecha la segregación, es realidad inducida, además, por la naturaleza e integración jurídica de la Coope-rativa a la que por Ley y Reglamento () le está vedado ad-quirir terreno para uso residencial.

La contención del vendedor Castillo, acogida por el tribunal a quo, es que la clasificación comercial no es condición exi-gible porque el contrato sólo le obliga a segregar sin que ex-prese con otras tantas palabras que la lotificación será con uso comercial autorizado. Cita como fundamentos de decisión el Art. 1235 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3473) en su prohibición de que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar; y el 1233 (31 L.P.R.A. see. 3471) en su primer párrafo que instruye: Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. El segundo párrafo de este artículo sienta una regla básica de interpretación de contratos al disponer:

“Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.”

No hubo prueba de que Castillo actuara dolosamente ofreciendo a la Cooperativa a un costo de $80,000, un terreno inservible, por la restricción de su clasificación residencial, para edificación de sus estructuras comerciales. El ingeniero que él mismo encargó de la segregación hizo la solicitud a Planificación para lotificación comercial, y es sólo cuando recibe la desaprobación que cambia la petición para residencial. No pueden llamarse claros los términos de este contrato que dejan así de indefinido el requisito de calidad de la cosa que principalmente indujo y determinó a las partes a contratar, de lo que resulta la inaplieabilidad de los citados Arts. 1235 y 1233, éste en su primer párrafo. Excluido el dolo, o engaño, por parte del vendedor, surge como única alternativa la verdad de que sus prestaciones en el contrato de opción incluían la segregación de la parcela con uso comercial inmediato que satisficiera los fines y propósitos de la cooperativa compradora. Por no haber el recurrido cumplido esa obligación esencial, carece de base para exigir cumplimiento específico del contrato.

Mas hay una razón adicional que milita contra las pretensiones del vendedor. La prueba incontrovertida acusa ignorancia y desconocimiento por la cooperativa recurrente del impedimento de zonificación que para sus propósitos representaba la clasificación residencial de los terrenos del vendedor, por lo que su consentimiento en el contrato de promesa de compraventa está viciado de error. Ello de por sí basta para anularlo, como veremos, pero la prueba señala además hacia ignorancia del propio vendedor del referido obstáculo en Planificación. No hay base para concluir que conociendo Castillo la impropiedad del terreno para los propósitos de la Cooperativa, se los ofreciera como aptos y cualificados. Este cuadro general de hechos extiende al propio vendedor el vicio de consentimiento. La situación está gobernada por los si-guientes preceptos del Código Civil:

Art. 1217 (31L.P.R.A.sec. 3404).

“Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.”

Art. 1218 (31 L.P.R.A. see. 3405).

“Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hu-biesen dado motivo a celebrarlo.
El error sobre la persona sólo invalidará el contrato cuando la consideración a ella hubiere sido la causa principal del mismo.
El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección.”

El Tribunal Superior no estimó error que recaiga sobre la sustancial) de la cosa el predicado sobre la lotificación comercial del terreno. Sin embargo, el Art. 1218 declara error que invalida el consentimiento el que recae sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubiesen dado motivo a celebrar el contrato. Bonet Ramón () considera esencial el error de hecho cuando recae sobre una cualidad del objeto de la prestación, la cual debe estimarse determi-nante de la voluntad del sujeto, llamado error in substantia, que es un error sobre las cualidades sustanciales, es decir, no sólo el error sobre la composición material del objeto, sino también sobre las cualidades que hacen entrar la cosa más bien en una categoría que en otra. Coincide Castán() al tipi-ficar como error de hecho el que gravita sobre la esencia o cualidades sustanciales de la cosa (error in substantia) que afecta no a la identidad de la cosa, sino a la materia de que se compone o a determinados atributos o caracteres de la cosa, ajenos a su materia, pero que hayan podido ser estimados como esenciales de ella para los contratantes. Este error produce la anulabilidad del contrato.

Y el Tribunal Supremo de España en Sentencia!) de 14 junio, 1943 declara que es obligado entender que la apreciación de la esencialidad del error requiere prueba y constancia del nexo que en cada caso tenga aquél con los fines y objeto que las partes hayan perseguido y tenido en cuenta al contratar; y que el Código Civil, más que cualquier otro, da destacado relieve al elemento subjetivo en la apreciación del error, pues al remitirse en el Art. 1266 (1218 P.R.) a las condiciones de la cosa que principalmente hubiesen dado motivo para celebrar el contrato bien claramente enseña que la justificación del carácter esencial del error ha de hacerse en relación con el objeto y cualidades especialmente tenidas en cuenta en el caso concreto, lo que trae como secuela que la determinación de lo que puede constituir la sustancia del objeto contractual requiere la investigación de los elementos que maticen cada caso particular, y, sobre todo, el fin perseguido por las partes, elementos que ofrecen un amplio margen al arbitrio judicial.

Colin y Capitant() presentan como ejemplo de error que anula la venta de un terreno destinado a la construcción de una escuela el ulterior reconocimiento de que este terreno presentado como suficiente por el vendedor, no tiene la extensión exigida por la Administración para autorizar la apertura de la escuela. (Orleans, 18 enero, 1895. D.P. 95. 2. 417.) Añaden su criterio a la doctrina prevaleciente respecto a la consecuencia de error acerca de la cualidad( ) de la cosa, recomendando adhesión al sistema subjetivo, según el que hay que dedicarse en cada caso a investigar la intención de las partes. La sustancia de la cosa no será, pues, un conjunto de elementos estables, siempre los mismos, sean los que sean los contratantes. Serán, por el contrario, elementos variables con cada individuo. Será la cualidad que el contratante o los contratantes hayan tenido en cuenta principalmente, aquella que les ha determinado a contratar, aquella de la que se puede decir: “Si el interesado hubiese conocido su error, no hubiese evidentemente celebrado el contrato.” Cf. Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 301 (1973).

El error acerca de la cualidad de la cosa no produce la nulidad radical, no destruye la declaración de, ,1a voluntad impidiendo la formación del acto jurídico, pero es causa de restitución y motivo de rescisión contra la adquisición que se ha hecho. La nulidad sólo puede ser invocada por quien cometió el error, mas para que merezca la protección de la ley, el error ha de ser de la clase que no se haya podido evitar con una regular diligencia. Capó Caballero v. Ramos, 83 D.P.R. 650, 673 (1961); Rosa Valentín v. Vázquez Lozada, 103 D.P.R. 796, 812-813 (1975). La recurrente Cooperativa La Sagrada Familia que contrató bajo la premisa errónea de que la parcela que adquiría tendría la cualidad esencial de servir a sus fines comerciales, no puede ser tachada de falta de diligencia en descubrimiento del error, si dependió del Ing. Anzalota que por su profesión es perito y conocedor de los reglamentos de zonifieaeión, para la lotificación comercial de la parcela a segregarse. La prueba convence de que la recu-rrente, que alega error en la condición o calidad de la cosa, no se habría obligado si no lo hubiese sufrido.

Dispone el Art. 1234 (31 L.P.R.A. see. 3472) que para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato. Sobre esta norma de interpretación ha declarado el Supremo español en Sentencias de 20 de abril de 1944 y 14 de enero de 1964 () que la interpretación de los contratos y demás actos jurídicos, aunque haya de partir de la ex-presión contenida en las palabras pronunciadas o escritas, no puede detenerse en el sentido riguroso o gramatical de las mismas, y ha de indagar fundamentalmente la intención de las partes y el espíritu y finalidad que hayan presidido el negocio, infiriéndose de las circunstancias concurrentes y de la total conducta de los interesados, como así viene a sancionarlo dicho artículo el cual no excluye los actos anteriores ni las demás circunstancias que puedan contribuir a la acertada investigación de la voluntad de los otorgantes.

Las conclusiones a que hemos llegado respecto al incumplimiento de prestación por el vendedor recurrido y nulidad del contrato por error en el consentimiento han hecho innecesario examinar el impacto del Art. 1227 en su prevención contra la causa ilícita () en los contratos, habida cuenta de que por disposición de ley y de reglamento la Cooperativa no podía obligarse ni invertir sus fondos en la adquisición de terreno para fines residenciales. Cuando media causa ilícita el contrato se frustra en su generación (Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344 (1962); Cardona v. Corte, 62 D.P.R. 61, 81 (1943); y en vez de producirse su anulabilidad el caso es de inexistencia y nulidad de pleno derecho. González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556, 564 (1928). Tampoco ha ha-bido necesidad de sujetar la exigibilidad por el vendedor re-currido de un contrato que redactó a su manera, sin inter-vención de la compradora recurrente, a la interpretación del texto menos favorable a la parte que estuvo en posición de im-poner la mayor cantidad de condiciones onerosas. C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311, 314-315 (1967); Art. 1240, Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3478).

Se dictará sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención y ordenando al demandado restituir a la demandante la cantidad de $30,000.00 que ésta anticipó en abono al precio en la compraventa, con intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda y a pagarle $800.00 para honorarios de abogado, y las costas. Revocada.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García no intervinieron.

      O Relatados en la See. Ia de su Reglamento, infra.

      (2)La compradora recurrente Cooperativa La Sagrada Familia es una entidad organizada bajo la Ley General de Sociedades Cooperativas de Puerto Rico (5 L.P.R.A. see. 881 y ss.) que tiene por objetivos facilitar crédito a sus socios y fomentar el ahorro entre ellos. Al efecto declara su Reglamento en la See. Ia:
      “Esta Cooperativa se organiza con los siguientes objetivos generales, en armonía con las disposiciones de sus cláusulas de incorporación:
      A. Estimular la economía y el ahorro entre sus socios.
      B. Brindar a éstos facilidades de crédito a un tipo razonable de inte-rés.
      C. Fomentar la educación cooperativa y la expansión del movimiento cooperativo.”
      Así delimitados sus objetivos, no puede destinar sus fondos a la com-pra de terrenos residenciales, según ordenado por la Ley General de Coope-rativas que en su Art. 4 ordena:
      “Toda sociedad organizada de acuerdo con las disposiciones de las sees. 881 a 909 de este título tendrá la capacidad para actuar de que goza una persona natural pero sólo podrá realizar aquellos actos que sean necesarios o propios para realizar los propósitos relacionados en sus cláusulas y que no estén en conflicto con las sees. 881 a 909 de este título.” 5 L.P.R.A. see. 884.
      Dichos fines y naturaleza de la Cooperativa fueron objeto de estipu-lación por las partes en litigio. T.E. pág. 8.

      (3)E1 párrafo 7 de sus conclusiones de derecho dice:
      “De deducirse un error de parte de la demandante, al formalizar con-trato de Promesa de Compraventa sin exigir una segregación que permi-tiera enseguida edificaciones de uso comercial no constituye, a nuestro en-tender, un error que vicie o invalide el consentimiento prestado, ya que no caería dicho error sobre la sustancia de la cosa que fue objeto del contrato, ni constituye un error sobre aquellas condiciones del mismo que principal-mente hubiesen dado motivo a celebrarlo, Artículo 1218 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 3405; ciertamente no puede concluirse que los terrenos objeto del contrato no sirvan jamás para un uso comercial. Por el con-trario, los mismos presumiblemente están sujetos a una probable re-zoni-ficación que sea debidamente tramitada y que permita tal uso. Además, cuando se efectuó la transacción no medió señalamiento o garantía alguna como causa principal la vigencia de una clasificación de zona comercial que luego resultara inexistente.”
      Por el contrario, la prueba dejó establecida la esencialidad del error determinada por su nexo con el fin y objeto que las partes perseguían y tuvieron en cuenta al contratar, a saber, la cualidad del uso comercial auto-rizado para la parcela vendida.

        (4)Código Civil Comentado, Art. 1266 C.C., Esp., pág. 981, Segunda edición, 1964.

        (5)Derecho Civil Español, Tomo 3o, págs. 411-412, Décima edición, 1967.

      (e) Citada por Castán, ibid., pág. 412, escolio (1).

      (7) Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo 3, pág. 614, Cuarta Ed., 1960.

      (®) Colin y Capitant, op. cit., pág. 613.

      (9) Citadas por Bonet Ramón, op. át., pág. 1009.

      (10)Art. 1227. — “Los contratos sin causa, o con causa ilícita, no pro-ducen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral.” 81 L.P.R.A. see. 3432.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    Idalia Rubín Vda. de Vila y Rafael Vila Rubín, demandantes y recurrentes, v. Carmen Guerra Mondragón, Gabriel Guerra Mondragón y American Motorist Insurance Company, demandados y recurridos. Francisco Vila Polanco, Monserrate Vila Polanco, Herminia Vila Polanco e Irma Cuevas Polanco, demandantes y recurrentes, v. American Motorist Insurance Company, Carmen M. Guerra Mondragón y Gabriel Guerra Mondragón, demandados y recurridos.

      Número: R-77-142

      Resuelto: 30 de mayo de 1978

      Jaime Rodríguez Rivera, Uriel G. Candelas, Carlos Rodríguez Sierra, José G. Rolón Rivera y Mario Rivera Toll, abogados de los recurrentes; Rivera Mercado & Rivera Cordero, aboga-dos de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

EN RECONSIDERACIÓN

El 17 de diciembre de 1973, a eso de las 7:45 de la ma-ñana, doña Carmen Guerra Mondragón de García conducía un automóvil por la avenida Magdalena, sector del Condado en Santurce. Iba a llevar sus niños a la escuela, que quedaba en ese mismo sector. Después de pasar la intersección con la calle Caribe su carro golpeó a don Reymundo Vila Polanco, hombre de 65 años de edad, en los momentos en que éste cru-zaba la avenida ocasionándole golpes de los que fue atendido en el Hospital Presbiteriano, donde quedó hospitalizado hasta el 30 de diciembre siguiente en que fue dado de alta. Fue tras-ladado a su casa en Bayamón, donde falleció el 5 de enero de 1974, es decir, diez y nueve días después del accidente. La viuda y el hijo de don Reymundo instaron demanda contra doña Carmen, contra el dueño y contra la compañía asegura-dora del automóvil que ella conducía. Reclamaron por los daños y perjuicios que alegaron sufrió don Reymundo y por los que a su vez ellos sufrieron. En demanda separada recla-maron por daños tres hermanas y un hermano de don Rey-mundo. Ambas demandas fueron consolidadas y los casos se ventilaron ante el tribunal a quo como un solo pleito. Todos los demandantes han recurrido ante nos para que revisemos la sentencia recaída, que declaró sin lugar sus reclamaciones por entender la Sala sentenciadora que doña Carmen no in-currió en negligencia alguna.

Mediante sentencia de 6 de marzo de 1978 confirmamos la dictada por el tribunal de instancia. () Solicitada recon-sideración, y reexaminada la exposición narrativa de la prueba, resolvimos el 6 de abril de 1978 requerir de la parte recurrida mostrar causa por la cual no debamos reconsiderar. La parte recurrida ha comparecido para oponerse a la recon-sideración. Hemos analizado nuevamente la prueba y conclui-mos que erró en su apreciación el tribunal de instancia. Ello nos obliga a reconsiderar.

Para la fecha del accidente Don Reymundo contaba 65 años de edad y era un hombre muy enfermo. Desde el 1961 en adelante fue hospitalizado en varias ocasiones debido a fallos cardíacos como consecuencia de arteriosclerosis del corazón. Para 1970 su enfermedad era crítica, razón por la cual tenía que visitar al cardiólogo, Dr. Vizcarrondo, en el Condado, casi todas las semanas. Aunque no estaba incapaci-tado para caminar, su condición requería que lo hiciera en compañía de alguien. No obstante, el 17 de diciembre de 1973 don Reymundo viajó solo desde Bayamón a San Juan, utili-zando transportación pública, para ir a ver a su médico. El carro lo dejó en la avenida Ponce de León y, como hemos seña-lado, en el momento de ocurrir el accidente cruzaba la ave-nida Magdalena. El Dr. Vizcarrondo lo había visto por última vez exactamente una semana antes, el 10 de diciembre.

El tribunal de instancia concluyó, entre sus determina-ciones de hechos, que el accidente ocurrió por la sola culpa de don Reymundo, al lanzarse a cruzar la avenida súbitamente, yendo en dirección de norte a sur, en un sitio no señalado como cruce de peatones, y no obstante que la visibilidad hacia el oeste, que es la dirección de donde fluía el tránsito, estaba limitada por una semicurva. El vehículo conducido por la Sra. Guerra Mondragón iba por el carril de la izquierda a 25 millas por hora, que era el límite máximo permitido para esa zona en aquella fecha.

La exposición narrativa de la prueba!) revela como único apoyo a la conclusión de que don Reymundo cruzaba de norte a sur, una suposición del policía que investigó el acci-dente. Y la única versión que aparece en la exposición narra-tiva de que don Reymundo salió a cruzar súbitamente la dio el abogado de la parte recurrida al formular una pregunta argumentativa a la Sra. Carmen Guerra Mondragón, de-mandada y ahora recurrida. Inexplicablemente, el tribunal de instancia ignoró el testimonio de esta testigo, única prueba testifical aportada en este caso de una persona que presenció el accidente, y que resulta ser precisamente quien guiaba el automóvil.

La conclusión de que don Reymundo se lanzó de súbito a cruzar la avenida es difícil de aceptar. Contaba 65 años de edad. A esa edad no se puede presumir la imprudencia y el despego a la vida. La madurez de los años es casi sinónimo de circunspección. Afectado seriamente por una condición de arteriosclerosis del corazón, se aferraba a la esperanza de continuar viviendo y por ello semanalmente iba a visitar a su médico. Ni su edad ni su estado de salud permitían comparar su conducta a los de la persona joven y ágil que vive de prisa y no teme porfiar el derecho de paso a los automóviles.

La sugerida conclusión!) sobre el salto súbito al peligro no encuentra apoyo en la prueba. La Sra. Guerra Mondragón no vio a don Reymundo cuando comenzó a cruzar. Dijo que estaba impedida de ello porque la semicurva le obstruía la visibilidad por 30 ó 40 pies, y al salir de la semicurva quedó temporeramente cegada por el sol. Cuando se percató de la presencia de don Reymundo ya su carro estaba a sólo 10 ó 15 pies de distancia de él.

La dirección en que caminaba don Reymundo es también importante. La Sra. Guerra Mondragón declaró clara y espe-cíficamente que él cruzaba de sur a norte. () La prueba mé-dica estableció de manera incontrovertida que los dolores que sentía don Reymundo eran en el lado izquierdo, por haber sufrido una fractura de la pelvis, en su lado izquierdo. Esto corrobora que cruzaba de sur a norte cuando recibió el im-pacto del automóvil. La presunción del policía investigador de que don Reymundo cruzaba de norte a sur no puede apoyarse en que don Reymundo pudiera haberle dado tal versión. El propio policía declaró que al personarse al lugar del accidente y conducirlo al hospital, “no le hizo preguntas mientras lo conducía en la patrulla”; que trató de hablar con él y “casi no se le podía entender lo que él decía”; que “asociaba que estaba cruzando la calle, que había salido para un dispensario y se quejaba”; que “quería expresarse en muchas formas y decía muchas cosas a la misma vez que hablaba en voz baja”; “Que el señor Vilá Polanco no le manifestó cómo había ocu-rrido el accidente”; “Manifestó que no tuvo ocasión de pre-guntarle al señor Polanco cómo ocurrió el accidente.”

Sin duda fue una imprudencia de don Reymundo tratar de cruzar la avenida en un sitio no indicado como cruce de peatones. Pero ello no fue única causa próxima del accidente. La conductora del automóvil fue imprecisa en cuanto a la velocidad a que iba. Dijo — E.N. pág. 5 — que “al momento del impacto iba como a 25 millas por hora”; y que — E.N. pág. 7 —“no sabe cuál es la velocidad máxima permisible en esa ca-rretera, pero que ella iba como a 25 m.p.h. y que generalmente corre a esa velocidad por esa calle y sobre todo en esas cir-cunstancias.”

El hecho de que por ley se señale un máximo de velocidad para determinada zona no significa que esté autorizado un conductor a ir a ese máximo todo el tiempo. Había lloviznado, según declaró el policía. Había una semicurva que impedía ver el carril izquierdo por donde transitaba la Sra. Guerra, más allá de 30 ó 40 pies. El sol de frente le nublaba la vista. Continuar la marcha a 25 millas por hora, bajo esas circunstancias, constituyó negligencia causante del accidente.

La Sec. 5-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 841, dispone, en su inciso (a) :

“La velocidad de un vehículo deberá regularse con el debido cuidado, teniendo en cuenta el ancho, tránsito, uso y condiciones de la vía pública. Nadie deberá guiar a una velocidad mayor de la que le permita ejercer el debido dominio del vehículo y redu-cir la velocidad o parar cuando sea necesario para evitar un ac-cidente. De conformidad con los requisitos expresados anterior-mente toda persona deberá conducir a una velocidad segura y adecuada al acercarse y cruzar una intersección o cruce ferro-viario, al acercarse a la cima de una pendiente, al viajar por una carretera estrecha o sinuosa, o cuando existan peligros especiales con respecto a peatones u otro tránsito o por razón del tiempo o las condiciones de la vía pública.”

La Sec. 5-1002, 9 L.P.R.A. see. 1102, impone la siguiente obligación a todo conductor, en su párrafo (a), inciso (3):

“Tomar todas las precauciones para no arrollar a los pea-tones, debiendo tomar precauciones especiales cuando los pea-tones fueren niños, ancianos o personas incapacitadas. Estas precauciones serán tomadas aun cuando el peatón estuviere ha-ciendo uso incorrecto o ilegal de la vía pública. El uso de la bo-cina por sí solo no relevará al conductor de responsabilidad criminal, si tal uso no estuviere acompañado por otras medidas de seguridad.”

En Briales Aldrich v. Torres, 89 D.P.R. 815, 821 (1964), señalamos: “La vía franca o el derecho de paso no da licencia para arrollar, por ese solo hecho, a uno que la invada.” Véanse, además, Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 465 (1962); y Pueblo v. Pérez, 79 D.P.R. 487, 493 (1956).

Consideradas todas las circunstancias, entendemos que la Sra. Guerra Mondragón incurrió en por lo menos un 75 por ciento a la ocurrencia del accidente y en esa proporción deben responder solidariamente los demandados recurridos.

Se dejará sin efecto nuestra sentencia de 6 de marzo de 1978, se revocará la dictada por el tribunal a quo, y se dis-pondrá que éste determine, luego de descontar las deducciones autorizadas por la “Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles,” la indemnización que deberá pagarse a cada demandante en cada caso.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. Los Jueces Asociados Señores Rigau, Dávila y Martín disintieron sin opinión.

      í1) Disintieron -los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué. No intervinieron el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau.

      (2)Cabe señalar que esta exposición narrativa de la prueba está sus-crita como correcta, y así se hace constar expresamente, por el abogado de los demandados recurridos, Ledo. José A. Rivera Mercado. Es una de las exposiciones narrativas más completa, detallada y mejor preparada que hemos tenido ocasión de examinar.

      (3) Relata la exposición narrativa, pág. 7, qne mientras declaraba la Sra. Guerra Mondragón: “a preguntas del Ledo. Rivera Mercado sobre si oyó decir al señor Policía que cuando él llegó ella le dijo ‘que la luz del Sol [sic] le había nublado un poco y que el señor Vilá le había salido de súbito y ella lo había impactado’, contestó que eso era correcto.” Esa es la única ocasión en que aparece la expresión de que don Reymundo salió “de súbito.” Es curioso que ni siquiera aparece en el relato del testimonio del policía.

      (4)Dice la exposición narrativa, pág. 3, refiriéndose al testimonio de dicha señora: “El señor Reymundo Vilá cruzaba hacia el Norte. Que con relación a la Avenida Magdalena el Norte queda hacia el Mar, a mano izquierda. Que el señor Vilá cruzaba de derecha a izquierda. Que ella iba ocupando el carril de la izquierda. Que la calle tiene dos carriles.”
      Más adelante, en la pág. 5, sigue resumiéndose el testimonio de la Sra. Guerra Mondragón, así: “Tuvo oportunidad de hablar con el Policía, a quien ella le explicó lo que había pasado, lo que había ocurrido. Le dijo que yendo por el carril izquierdo a las ocho menos cuarto o menos diez de la mañana, a llevar a los niños a la escuela, al tomar la curvatura que hay antes de entrar a la intersección de la calle Caribe se había encontrado con esta persona (señor Vilá) y que en ese momento la luz del sol era fuerte, y probablemente nubló un poco su vista, y dio un golpe con el guardalodo izquierdo a la persona que estaba cruzando. Que era un día claro. Que de-bido a la curva que hay no se ve perfectamente el carril izquierdo más allá de la calle Caribe y que la semicurva le obstruía la vista de 30 a 40 pies hacia adelante. Que el carril derecho lo podía ver perfectamente. Que antes del impacto vio al Sr. Eeymundo Vilá como de 10 a 15 pies de dis-tancia y que éste iba hacia el Norte cruzando de la placita hacia el mar y que el Norte es el mar, o sea, que cruzaba de sur a norte.” (Énfasis nuestro.)


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Isaí Vega Torres y Vega Hermanos, Inc., demandantes y recurridos, v. Sucn. de Mario Mercado Riera, compuesta por Eileen y Adriana Mercado Parra; Eileen y David Coffey Mercado; y Margarita, María Luisa y Richard Wilson Mercado, demandados y peticionarios.

      Número: O-78-124

      Resuelto: 30 de mayo de 1978

      O’Neill & Borges y Raúl E. González Díaz, abogados de los peti-cionarios; William Feliciano Ruiz, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En el año 1957, Mario Mercado Riera, causante de los peticionarios, arrendó al codemandante recurrido, Isaí Vega Torres un local comercial situado en un edificio de la calle Atocha, número 74, Ponce, Puerto Rico. Este estableció una tienda dedicada al expendio de ropa de caballeros y niños, conocida originalmente con el nombre de Vega Hermanos y posteriormente como Tienda Greisac.i ) Durante el trans-curso de los años, Vega realizó' mejoras, tanto en mobiliario, como interiores y fachada principal, por valor aproximado de $100,000,00. El 21 de marzo de 1975 ocurrió un incendio que afectó, entre otros, el uso de dicho local e imposibilitó total-mente las operaciones en la tienda. Vega gestionó la con-tinuación del arrendamiento expresando su intención de re-parar a su costo el edificio, pero los peticionarios se negaron bajo la hipótesis de que el contrato terminó con el fuego. Subsiguientemente lo arrendaron a un tercero. Ante tal si-tuación, Vega y Vega Hermanos, Inc., presentaron demanda solicitando decreto judicial declarando la vigencia del arren-damiento, y en la alternativa, daños por más de $475,000.00. La demanda fue contestada y se formuló una reconvención. Posteriormente los demandados peticionarios solicitaron su desestimación mediante sentencia sumaria bajo la tesis de que la destrucción del local finalizó la relación arrendaticia. Hubo oposición, y el tribunal de instancia, en virtud de los documentos y declaraciones juradas presentadas por las partes declaró dicha solicitud sin lugar. A petición de los de-mandados expedimos orden dirigida a los demandantes para que comparecieran a mostrar causa por la cual no deberíamos revocar dicho dictamen y a la par desestimar la acción.

La argumentación de errores ante nos gira esencialmente en torno a dos extremos: () (1) determinación fáctica sobre el carácter y extensión del siniestro; y (2) consecuencias ju-rídicas del mismo sobre la continuidad o no del arrenda-miento.

I

Determinación Fáctica sobre el Carácter y Extensión del Si-niestro.

No existe duda de la ocurrencia del fuego y de que el mismo afectó la Tienda Greisac. Sobre el particular el tribunal de origen determinó que:

. . el local objeto de este litigio no se destruyó y que era reparable por los siguientes fundamentos:
a — En la vista del día 3 de noviembre de 1977, la parte de-mandante presentó como perito al Arquitecto, Virgilio Monsanto Díaz, para demostrar que el edificio no se destruyó y que era reparable. Se le concedió un término de 20 días para someter su dictamen pericial. Igual término se autorizó a la parte deman-dada para presentar un informe pericial, pero no lo hizo.
El Tribunal toma conocimiento judicial de las cualificaciones periciales del arquitecto Monsanto Díaz, dándole credibilidad a su informe del día 21 de noviembre de 1977 y del mismo se des-prende que el edificio se destruyó parcialmente y que era reparable.
b — El informe del Departamento de Bomberos, Exhibit C, parte demandada, que indica que el edificio tenía un valor de $100,000.00 y que sufrió pérdidas por la suma de $40,000.00.
c — Fotografías presentadas por la parte demandante, que in-dican que la fachada quedó intacta con las vitrinas y el rótulo de Greisac, Exhibit D, parte demandante.
d — El hecho de que la compañía aseguradora únicamente pagó la suma de $19,200.00 en la pérdida del edificio por con-cepto del fuego, en una propiedad valorada en la suma aproxi-mada de $100,000.00, Exhibit A, parte demandada.
9. La tienda, o sea la mercancía y equipo dentro de la misma, fueron pérdida total.” (Bastardillas nuestras.)

Estando basadas las anteriores determinaciones de hecho en prueba documental, este Tribunal se encuentra en igual posición que la del foro primario para apreciar y evaluar directamente los mismos. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 261-262 (1975). A la luz de dicha prueba, concluimos que se cometió manifiesto error. Examine-mos separadamente los elementos de prueba antes mencionados.

(a) Informe del Arquitecto Monsanto Díaz. En lo perti-nente dicho perito consigna:

“1. Que el fuego ocurrido consumió él interior del contenido dentro del perímetro de la edificación incluyendo él techo de la misma.
2. Que se mantuvo en pie y utilizadle las paredes exteriores que comprenden dicho perímetro de la edificación incluyendo las vitrinas existentes que dan frente a la Calle Atocha de Ponce.
3. Que los daños causados a estas estructuras en pie eran reparables y reconstrucción de la estructura total viable me-diante la instalación de un nuevo techo y el resanado del resto de la estructura. Procedí a medir lo allí existente y preparé un plano a requerimiento del propio señor Isaí Vega a los fines de acondicionar la edificación a su estado original antes del fuego.” (Bastardillas nuestras.)

Su lectura refleja que el fuego consumió todo el interior del local incluyendo el techo y que el remanente de la estruc-tura quedó afectada y su reparación exigía que fueran re-sanadas, esto es, cubiertas. Advertimos que se trata de una reconstrucción sustancial que abarca, en adición a la instala-ción de un nuevo techo, el cubrir todas las paredes. En este sentido, queda cualificada la apreciación del tribunal de ins-tancia de que “el edificio se destruyó parcialmente y que era reparable.”

(b) Respecto al Informe del Departamento de Bomberos, es menester apuntar que no sólo demuestra que el cuarenta (40%) por ciento del edificio quedó averiado, sino que la tienda Greisae fue la que experimentó mayores pérdidas. De esta observación, unida al anterior informe de Monsanto Díaz, cabe razonablemente deducir que el local en contro-versia fue el más afectado.

(c) Con referencia a las fotografías de la fachada, las mismas demuestran que el frente de la tienda no sufrió daño mayor. Ello no vulnera la realidad de que todo el interior y techo quedaron destruidos.

(d) En torno al fundamento sobre el pago de $19,200.00 en una propiedad valorada en $100,000.00 es de rigor desta-car que dicho monto fue satisfecho en virtud de una póliza cuyo máximo de cubierta era $20,000.00. Como elemento de prueba tiende a demostrar el carácter sustancial del in-cendio pues representa un equivalente a noventa y seis (96%) por ciento del valor total asegurado de la propiedad.

(e) Y finalmente, la pérdida total del equipo y mercancía dentro de la tienda, tiende a corroborar que el siniestro con-centró sus efectos destructivos en dicho local.

En adición a los ingredientes valorativos de prueba re-señados, debemos mencionar las siguientes apreciaciones del propio codemandante Vega, las cuales constituyen admisiones reveladoras de la magnitud e intensidad del incendio: Carta de 21 de abril de 1975 al Juez de Quiebra en la que afirma que “... el día 21 de marzo de 1975, nuestra Tienda principal en Atocha #74 de Ponce, fue totalmente destruida por un gran incendio . . .”; y carta del 17 de abril de 1975 dirigida a los arrendadores, que expresa: “‘El día 21 de marzo de 1975, el mes pasado, nuestra Tienda Greisac que ocupaba un local vuestro en la Calle Atocha #74, fue totalmente des-truido por un incendio . . .”, y que “. . . el arrendamiento del local, (ahora del solar, ya que hay que hacer reforma total del edificio, pues el techo de ladrillos, madera y zinc quedó prácticamente destruido ....” (Bastardillas nuestras.)

Apreciada la prueba documental presentada por ambas partes en apoyo de sus respectivas contenciones, queda seria-mente cuestionada y condicionada la validez de la aseveración medular del tribunal a quo de que el local no se destruyó y era reparable. Ciertamente hemos de reconocer la posibilidad en el campo de la ingeniería de que toda ruina o remanente de una estructura destruida como la de autos sea reparable a base de una inversión sustancial. Sin embargo, anotamos que en sus variadas acepciones la palabra “destruir” — del latín destruere — significa “deshacer, arruinar o asolar una cosa material.” Diccionario de la Lengua Española, 467 (1970). En su correcta perspectiva, resolvemos que el análisis integral de la evidencia tiende a establecer preponderantemente el hecho incontrovertible de que el local “quedó prácticamente

destruido” y no apto para el uso destinado; el hacerlo utilizable equivalía a reconstruirlo casi en su totalidad.

II

Aceptada la destrucción sustancial del local, resta con-siderar la certeza de la conclusión de derecho de “. . . que la cosa no se destruyó por el fuego y por lo tanto no se extin-guió el contrato de arrendamiento.”

{2] En el capítulo referente a contrato de arrendamiento, entre las causas de su extinción nuestro Código Civil no hace mención expresa sobre la pérdida de la cosa arrendada. ¿Qué significado tiene? Advertimos que la única referencia sobre el particular se encuentra en el Art. 1458 que dispone: “[s]i se pierde la cosa arrendada o alguno de los contratantes falta al cumplimiento de lo estipulado, se observará respectiva-mente lo dispuesto en [los artículos 1136 y 1137 y en los 1054 y 1077] de este título.” (31 L.P.R.A. see. 4065.) Al examinar los Arts. 1136 y 1137 notamos que éstos abarcan el tópico rela-tivo a la pérdida de la cosa debida como causa general de ex-tinción de las obligaciones. (31 L.P.R.A. sees. 3191 y 3192.) Como acertadamente nos ilustra Castán, “[f]úndase este modo de extinción en que, suponiendo toda obligación un ob-jeto, desde el momento que éste falta tiene que desaparecer el vínculo.” 3 Derecho Civil Español, Común y Foral, págs. 360-361 (1974). Así queda contestada la interrogante; el Código Civil al omitir mencionar taxativamente la pérdida de la cosa arrendada como causa de extinción, simplemente evita repe-tir una premisa cardinal en materia de obligaciones recípro-cas : desaparecida la cosa, expira la obligación. Esta interpre-tación queda reforzada al percatarnos de que el Art. 1458 antes transcrito implícitamente reconoce que la pérdida fina-liza el arriendo, pues su texto simplemente parte del supuesto de que ante tal eventualidad cesa el arrendamiento, ocupán-dose entonces de señalar las variadas circunstancias en que el arrendatario será responsable por tal pérdida.

El examen de la doctrina española en sus artículos concordantes acepta unánimemente la anterior conclusión: la pérdida de la cosa extingue el contrato de arrendamiento y en consecuencia, coetáneamente también terminan las obligaciones respectivas entre el arrendador y el arrendatario. X 2 Manresa: Comentarios al Código Civil Español, págs. 235-237; XXIV, 1 Scaevola; Código Civil, págs. 590-594 (1952); IV Castán, op. cit., pág. 303; III 2 Puig Peña: Compendio de Derecho Civil Español, pág. 725; III Valverde: Tratado de Derecho Civil, 476-477 (1937); III Espín, Manual de Derecho Civil, pág. 540.

Manresa informa: “Por lo demás, no puede ofrecer duda que la pérdida de la cosa extingue el contrato de arrendamiento . . . pues ... el contrato no puede subsistir desde el momento en que le falta el objeto sobre que recaía.” Y aclara que “. . . por pérdida de la cosa no solamente se entiende su destrucción material y completa, sino aquel esencial cambio de estado que la haga inapta para el fin a que venia siendo destinada.” Op. cit., 238 (bastardillas nuestras). Tal es el caso de autos, en que el fuego afectó sustancialmente el loeal arrendado.

No existiendo controversia real entre las partes en cuanto al hecho básico en que descansa la demanda respecto a que el incendio del 21 de marzo de 1975 ocasionó la pérdida de la cosa arrendada, y que como consecuencia simultáneamente de jure se extinguió el contrato de arrendamiento prevale-ciente entre las partes hasta ese momento, a tono con la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil vigentes procedía senten-cia sumaria a favor de los peticionarios y la desestimación de la demanda. Se dictará la correspondiente Sentencia.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué se inhibió.

      (1)Para el año 1964 fue incorporada la entidad Vega Hermanos, Inc., quien operó la tienda y en ocasiones satisfizo los cánones de arrendamiento. Ello es la razón aparente para figurar como codemandante.

      (2)Los peticionarios apuntan y discuten nueve (9) errores tanto de tipo procesal como de derecho sustantivo. En vista de nuestra decisión, no consideramos necesario pronunciarnos sobre todos ellos.


author: PER CURIAM:

text:
    Ab Intestato de Reinaldo Marini Pabón, Ex parte, Lillian Negrón Cintrón, peticionaria y recurrente.

      Número: R-77-156

      Resuelto: 31 de mayo de 1978

      Enrique Báez García, abogado de Lillian Negrón Cintrón, peti-cionaria y recurrente; Amador Ramírez Silva y Alfredo Ar-chilla Guenard, abogados de Luis Oscar Marini, albacea de la Sucesión Marini Pabón; Víctor Sánchez Fernández, abo-gado de los legatarios en la Sucesión Marini Pabón.
   PER CURIAM:

El causante Reinaldo Marini Pabón otorgó testamento abierto, siendo soltero, por escritura número 36 de 3 de junio de 1965 ante el Notario Enrique Báez García. En 17 de diciembre de 1966 contrajo nupcias con la peticiona-ría-recurrente Lillian Negrón Cintrón, con quien estuvo ca-sado hasta el día de su muerte en 13 de junio de 1975. El testamento otorgado antes de su matrimonio no fue revocado ni modificado por el testador.

En el testamento mencionado instituyó como sus únicos y universales herederos a su hermana de doble vínculo Georgina Marini Pabón en la mitad de todos los bienes (y en caso de su muerte a la hija de ésta Georgina Ramos Marini), y en la otra mitad a sus cinco sobrinos hijos de Luis Enrique Marini Pabón por partes iguales (y en caso de la muerte de alguno de éstos a sus descendientes respectivos).

Dispuso además en el testamento que los bienes que consti-tuyen su herencia “deberán permanecer en fideicomiso” por un término de veinte (20) años, a contar de la fecha de su fallecimiento y designó fiduciario a la institución bancaria The First National City Bank of New York. Los frutos del fideicomiso serían distribuidos, luego de cubrir gastos, en la forma siguiente: la mitad a su hermana Georgina Marini Pabón (y en caso de muerte a la hija de ésta Georgina Ramos Marini), y la otra mitad a sus cinco sobrinos mencionados precedentemente y en caso de muerte a los descendientes de aquéllos.

Designó Albacea Testamentario al coheredero Luis Oscar Marini “a los efectos de atender a las disposiciones relaciona-das con los funerales y hasta que el fiduciario se incaute de los bienes fideicomitidos” con relevación de fianza instruyén-dole poner en conocimiento inmediato del fiduciario el hecho de su muerte para que aquél pueda tomar posesión de los bienes en fideicomiso.

Una de las condiciones del fideicomiso testamentario fue al efecto de que dentro de los sesenta días siguientes a su fallecimiento el fiduciario habría de notificar la defunción al Secretario de Hacienda a los efectos del pago de la contribu-ción de herencia, y facultando al fiduciario para el pago de dicha contribución “y para recuperar la cantidad que in-vierta en dicho pago podrá retener las rentas de las propie-dades hasta cobrarse la cantidad pagada con los intereses y gastos.”

Surge del recurso instado ante nos que el coheredero Luis Oscar Marini que fue designado Albacea Testamentario por el causante obtuvo las correspondientes Cartas Testamenta-rias del tribunal de instancia sin que haya gestionado la colo-cación de los bienes hereditarios en el fideicomiso constituido por el testador en su testamento; surge además que dicho Al-bacea ha satisfecho gran parte de la contribución adeudada, y que ha efectuado varios actos de administración con res-pecto al caudal.

La viuda del causante compareció ante el tribunal de ins-tancia alegando en sustancia que durante el matrimonio con el causante adquirieron bienes gananciales que se encuentran en posesión del Albacea, que las propiedades ya han sido va-loradas por el Albacea a los fines de la contribución sobre herencia, que le ha sido vedada la administración de dichos bienes, que tiene derecho a recibir la cuota usufructuaria sobre los bienes privativos del causante, que el Albacea no ha gestionado la instrumentación del fideicomiso testamentario, que los bienes privativos del causante y los gananciales de ambos están mezclados y que deben separarse a los fines de la constitución del fideicomiso, y que no desea permanecer en in-división forzosa de los bienes. Por los fundamentos expresa-dos la viuda solicita se decrete la Administración Judicial de los bienes que constituyen la herencia, a los fines de que pueda recibir la participación que le corresponde por concepto de herencia y cualquier otro derecho que le corresponda por ley.

El Albacea y coheredero Luis Oscar Marini en oposición a la solicitud de la viuda admitió que está administrando los bienes de la herencia; que aún no se ha liquidado el importe de la contribución sobre herencia; que aún no ha podido de-terminarse con exactitud el valor de la participación ganan-cial; que la viuda puede intervenir cuando estime necesario en la forma y manera como se están administrando los bienes; que el fideicomiso testamentario es inexistente porque el banco fiduciario rehusó aceptar la designación como tal; que el fideicomiso quedó inoperante como consecuencia del derecho de la viuda como heredera forzosa, y que el Albacea es el único autorizado para pedir la Administración Judicial.

Ante la oposición de los herederos testamentarios a que se decrete la Administración Judicial el tribunal de instancia declaró sin lugar la petición de la viuda. Expresó el tribunal que el albacea está cumpliendo con toda normalidad con su función de administrar los bienes y observó que el albacea radicó con prontitud un inventario detallado de los bienes; citó a los posibles vendedores y comenzó a pagar las deudas de la herencia; inició el trámite para liquidar la contribución sobre herencia y pagó la contribución estimada; ha cobrado las rentas y ha rendido con puntualidad las cuentas trimes-trales de su gestión. En cuanto al fideicomiso el tribunal de instancia entiende que en el supuesto de que el banco fidu-ciario esté dispuesto a aceptar su designación como tal, sería imposible llevarlo a efecto, por impedirlo el matrimonio con-traído por el testador con posterioridad a la disposición tes-tamentaria, con las consecuencias que ello implica que no permite dejar en indivisión por 20 años bajo el fideicomiso los bienes gananciales de la viuda. El tribunal recurrido entiende que la viuda tiene derecho a una pronta división de la heren-cia para recibir su participación ganancial y su derecho a usufructo.

La viuda del causante recurre ante nos señalando como errores:

(1) el permitir que el Albacea impugne el testamento del causante por ser ello contrario a lo consignado en 31 L.P.R.A. see. 2521 que impone al Albacea la obligación de vigilar so-bre la ejecución de todo lo ordenado en el testamento, y sos-tener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.

(2) el resolver que la existencia del Albacea impide la designación de un Administrador Judicial a pesar de que el causante no facultó a aquél para administrar los bienes de la herencia.

(3) el resolver que la no aceptación del fiduciario ex-tingue el fideicomiso.

(4) el resolver que el matrimonio posterior del testador y la mezcla de los bienes gananciales con los privativos del causante convierte el fideicomiso en inoperante.

(5) al declarar sin lugar la petición de Administración Judicial.

El primer error relativo a la obligación del Albacea para sostener la validez del testamento en lo que respecta al fideicomiso resulta ser prematuro en esta etapa por cuanto aún no se ha determinado cuáles son los bienes del causante que habrán de ser entregados al fiduciario. El encargo hecho por el testador al Albacea de hacer entrega de los bienes de la herencia del testador al fiduciario no será posible hasta tanto se haya efectuado la liquidación de la sociedad de gananciales — 31 L.P.R.A. sees. 3691-3700 — lo cual no fue previsto por el testador al hacer su testamento, y se haya determinado la cuantía del usufructo viudal y la forma en que habrá de satisfacerse. 31 L.P.R.A. sees. 2414, 2415.

El segundo y quinto error sobre la denegatoria de la administración judicial pueden discutirse conjuntamente. No se cometieron. El tribunal de instancia ponderó con buen juicio las actuaciones del Albacea y concluyó que éste había actuado con la corrección y cuidado que exige la ley. Aunque el testador no le confirió facultades de administración, ya que sus funciones están limitadas, dadas las circunstancias existentes que no eran previsibles en la fecha del otorgamiento del testamento, y estando aún pendiente de entrega los bienes que finalmente estarán comprendidos en el fideicomiso, el Albacea tiene aquellas facultades que podrían llamarse secundarias o instrumentales, que sean necesarias para el ejercicio de las otorgadas por el testador o para su normal utilización, entre las que se encuentran: la de vigilar sobre la efectividad de las facultades que el testador le concedió en el testimonio y sostener siendo justo, la validez del deseo del testador en juicio y fuera de él, a los fines de que pueda llevar a cabo su cometido y la facultad adicional de tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes con intervención de los herederos pre-sentes, hasta el momento que la herencia del causante sea en-tregada al fiduciario. 31 L.P.R.A. see. 2521; véanse Paine v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 817 (1962); Mercado v. Mercado, 66 D.P.R. 811 (1947); Albaladejo, El Albaceazgo en el Derecho Español, 1969, pág. 242.

El tercer error que envuelve la extinción del fideicomiso por la no aceptación del fiduciario es también académico por prematuro. Llegado el momento deberá determinarse a la luz de lo dispuesto por los Arts. 849 y 860 del Código Civil — 31 L.P.R.A. sees. 2556, 2567 — si al no designar el fideicomitente un sustituto del fiduciario al constituir el fideicomiso, y el fiduciario designado repudiare el encargo, si puede un tribunal designar un sustituto a petición de los fideicomisarios o del fiscal en los casos que requieran su intervención. Por otro lado, habría que considerar si por convenio expreso y personal de todas las partes puede extinguirse prematuramente el fideicomiso. 31 L.P.R.A. see. 2559(8). Y, en un caso como el de autos en que existen beneficiarios contingentes e indeterminados si su consentimiento es necesario. Véase al respecto, Sánchez Vilella, El Fideicomiso Puertorriqueño III, 37 Rev. C. Abo. P.R. 417, 441.

El cuarto error relativo al efecto del matrimonio posterior del causante sobre el fideicomiso también resulta ser académico por razón de que la viuda no tiene derechos que provengan de la creación del fideicomiso. Sus derechos son anteriores a éste, pues es necesario liquidar su participación en los bienes gananciales así como su cuota viudal usufructuaria con antelación a la efectividad del fideicomiso.

Como sabemos este Tribunal no tiene que limitarse a la consideración de los errores señalados. Es nuestra obligación velar porque se haga justicia a aquel que de acuerdo con el más sano criterio del juzgador tiene derecho a ella. Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108 (1957). Y en ese espí-ritu también podemos entender en todos los hechos y trámites en la causa tal y como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho y evitar injusticias y demoras. 4 L.P.R.A. see. 36; véase Dávila v. Valdejully, 84 D.P.R. 101, 104 (1961).

Ya en nuestra orden de mostrar causa dirigida a las partes convinimos con el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, en que no se señalaban las condiciones que justificarían la administración judicial de los bienes. 31 L.P.R.A. see. 2878; 32 L.P.R.A. sees. 2361-2372. Y señalamos que habida cuenta de que el Albacea que estuviere en posesión de todo el caudal y hubiere satisfecho o tuviere en su poder bienes bastantes para satisfacer las deudas y gastos de la administración, debe pedir al tribunal el nombramiento de un contador para practicar la división de la herencia, si el testador no lo hubiere designado. 32 L.P.R.A. sees. 2621-2626.

En vista de que han transcurrido tres años desde la muerte del testador sin que haya un leve asomo en el expe-diente de que habrá una pronta determinación de los derechos que a la viuda del causante corresponden en la herencia es imperativo que se proceda al nombramiento de un contador partidor que efectúe la liquidación de la sociedad de ganan-ciales constituida por el testador y la recurrente Lillian Ne-gron Cintrón, así como la determinación de lo que a ella co-rresponda por su cuota viudal usufructuaria.

Se devolverá el caso al Tribunal Superior, Sala de Maya-güez, para que continúen los procedimientos conforme lo ex-puesto precedentemente.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.


text:
    Julia Rivera de Vincenti, en representación del obrero Alfredo Maldonado Bou, querellantes y recurridos, v. Hull Dobbs Company of Puerto Rico, querellada y recurrente.

      Número: R-77-276

      Resuelto: 31 de mayo de 1978

      Ernesto González Pinero, abogado de la recurrente; Enrique Verges Borrero, Francisco Pérez Rivera y Rafael A. Marzán Robles, abogados de la recurrida.
   PER CURIAM:

El querellante Alfredo Maldonado Bou tra-bajó para la querellada-recurrente Hull Dobbs Company of Puerto Rico desde noviembre de 1955 hasta el 15 de enero de 1969 en calidad de vendedor de autos nuevos y usados. Las re-laciones obrero-patronales se regían por convenio colectivo desde el 9 de diciembre de 1960 hasta el 9 de diciembre de 1968. En el período anterior al 9 de diciembre de 1960 no existía convenio colectivo. El Decreto Mandatorio aplicable a través del período de empleo lo es el Núm. 8 Enmendado.

En 10 de febrero de 1971 el querellante presentó’ querella reclamando el pago de vacaciones acumuladas y no disfru-tadas!) durante las fechas señaladas precedentemente, más una suma igual en concepto de penalidad. 29 L.P.R.A. see. 245 y ss. La reclamación fue desestimada por prescripción por el período anterior al 15 de enero de 1959. También fue desestimada la reclamación correspondiente al período cu-bierto por el convenio colectivo que rigió de 10,de diciembre de 1965 hasta el 9 de diciembre de 1968 por el fundamento de que aquélla debía ventilarse mediante el procedimiento de ar-bitraje establecido en el convenio.

En su consecuencia, la reclamación quedó limitada al período comprendido entre el 15 de enero de 1959 y el 9 de diciembre de 1965. Repetimos, no había convenio antes del 9 de diciembre de 1960. En esa fecha comenzó a regir un con-venio que estuvo en vigor hasta el 9 de diciembre de 1962. Luego hubo otro convenio que rigió desde el 9 de diciembre de 1962 hasta el 9 de diciembre de 1965.

Ambos convenios contienen una disposición al efecto de que cualquier disputa, controversia o conflicto, o cualquier mal entendido, por cualquier razón, entre la Unión y el patrono respecto a la interpretación de las obligaciones de las partes bajo el convenio, serán dilucidadas en forma final e inapelable conforme al procedimiento de arbitraje allí dispuesto.

Ya en Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963), resolvimos que tal arbitraje incluye las contro-versias sobre salarios y horas extras, a menos que específica-mente no estén excluidas del arbitraje. Pero tal interpreta-ción se hizo con carácter prospectivo para que aplicara a con-venios colectivos otorgados después del 25 de enero de 1963, fecha en que se resolvió Pérez.

Amparándose en Pérez el tribunal de instancia, en un in-cidente anterior en este mismo caso, dictó sentencia parcial desestimando la querella en lo que se refería al período posterior al 25 de enero de 1963. Hubimos de confirmar dicha sentencia parcial haciendo la salvedad de que al no surgir de los autos la fecha de otorgamiento de los convenios envuel-tos, no podíamos hacer determinación alguna sobre cómo que-daba afectado cada convenio en particular bajo la norma de Pérez.

Al devolver el caso para la continuación de los procedi-mientos al tribunal de instancia las partes acordaron esti-pular la totalidad de la prueba en documento de Estipulación sometido y a base de una copia de los convenios colectivos aplicables.

Se estipuló entre otras cosas que Pérez v. Autoridad Fuen tes Fluviales aplica a convenios otorgados con posterioridad al 25 de enero de 1963, y que aquellos convenios otorgados antes de la fecha crítica no se rigen por la norma de Pérez aun cuando la reclamación se extienda más allá de dicha fecha. Para sostener ese acuerdo descansan en Nazario v. Hull Dobbs of P.R., Inc., 102 D.P.R. 568 (1974).

Un somero examen del convenio que cubre de 9 de diciem-bre de 1962 a 9 de diciembre de 1965 revela que fue otorgado en febrero de 1963, sin indicar el día exacto, o sea, después de nuestra opinión en Pérez. Debemos asumir que las partes te-nían conocimiento de la norma allí expuesta. El hecho de que los efectos del convenio se retrotrajeran a una fecha anterior no pudo tener la consecuencia de dejar sin efecto la decisión de Pérez a los fines del convenio. Es lógico pensar que de haber sido la intención de las partes excluir la aplicación de la norma de Pérez así lo hubieran expresado. Es sabido que un gran número de convenios se otorgan después de la fecha de expiración del anterior luego de las negociaciones de rigor. A los fines de que los empleados gocen de los beneficios acordados, el término de vigencia es generalmente retroactivo al día siguiente de la expiración del convenio anterior. Cons-cientes de esa realidad al resolver en Pérez que la doctrina allí adoptada habría de regir a contratos otorgados con pos-terioridad a nuestra decisión nos referimos expresamente a los otorgados después del 25 de enero de 1963. Erró pues el tribunal de instancia al interpretar que el efecto retroactivo de dicho convenio excluía la aplicación de Pérez. Debe deses-timarse la querella con respecto al convenio del 9 de diciem-bre de 1962 a 9 de diciembre de 1965, otorgado en febrero de 1963.

Queda aún por resolver los derechos que pueda tener el querellante bajo el convenio vigente desde el 9 de diciembre de 1960 al 9 de diciembre de 1962 (al que nos referiremos como el primer convenio) y por el período anterior al 9 de diciem-bre de 1960 en que no regía convenio alguno.

El primer convenio dispone que “cualquier vendedor po-drá tomar quince (15) días de vacaciones al año sin paga”. () A pesar de que expresa que las vacaciones se tomarán sin paga provee un pago en lugar de vacaciones según la si-guiente cláusula:

“La Compañía pagará un bono de Navidad en lugar de vaca-ciones equivalente al 5% de la compensación del vendedor desde el 1ro. de junio de 1961 hasta el 1ro. de diciembre de 1961, en 15 de diciembre de 1961”. ()

Las partes estipularon que en cumplimiento de lo dispues-to en los convenios colectivos la querellada efectuó los co-rrespondientes pagos por los conceptos que se mencionan en las cláusulas-referentes al bono de Navidad. Y que en lo que respecta a la reclamación del período anterior al primer con-venio colectivo la querellada hacía un pago cada seis (6) meses en la misma forma que se hizo bajo los convenios colec-tivos primero y segundo.

La controversia gira alrededor de la legalidad de la sus-titución del derecho a cobrar vacaciones por el pago de un bono navideño. La posición del querellante es que el Decreto Mandatorio Núm. 8 Enmendado requiere el pago de vacacio-nes equivalentes a quince días laborables al año, y que el no pago de dichas vacaciones aunque sea sustituido por el pago de un bono navideño resulta contrario y por tanto en viola-ción al decreto. El tribunal de instancia concluyó (1) que el derecho a recibir el pago de vacaciones bajo el Decreto quedó eliminado en el Convenio al proveerse que se concederán quince días de vacaciones al año sin paga, no obstante el pago del bono navideño, todo ello en violación del Decreto; (2) que aun asumiendo que el pago del bono de Navidad fue en con-cepto de vacaciones que el querellante trabajó, el mismo es ilegal por no haber mediado el permiso del Secretario del Trabajo; y (3) que en su consecuencia el querellado tiene derecho al pago de vacaciones durante el período compren-dido entre el 15 de enero de 1959 al 9 de diciembre de 1965.

Al recurrir la querellada ante nos en revisión expedimos orden dirigida al querellante para que mostrara causa por la que no debía revocarse la sentencia recurrida por el funda-mento de que las vacaciones a que tenía derecho el querellante fueron disfrutadas y pagadas con el bono de Navidad que sustituyó en exceso la compensación a que tenía derecho dicho querellante por vacaciones. Al comparecer éste hace un gran esfuerzo en persuadirnos de que el pacto contenido en los Convenios Colectivos entre la unión Retail Clerks International Association, Local #552 AFL-CIO y Hull Dobbs Company of Puerto Rico, Inc., mediante el cual se sustituye el pago de vacaciones por el pago de un bono de Navidad, es con-trario a las disposiciones de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 245t(b) y el Decreto Manda-torio Núm. 8 Enmendado, 29 R.&R.P.R. sec. 245n-138(b).

La Ley de Salario Mínimo en lo que es aquí pertinente, en las fechas cubiertas por la reclamación del querellante, dis-ponía :

“Cualquier convenio colectivo, laudo o contrato de trabajo en virtud del cual convenga un empleado en aceptar salarios meno-res a los fijados en las sees. 245 a 246m de este título, en un decreto mandatorio, en una orden de la Junta, o en una orden de salario federal, será nulo.” 29 L.P.R.A. sec. 245t(b).

Por otra parte, el Decreto Mandatorio Núm. 8 Enmen-dado, en lo que concierne al derecho de vacaciones del quere-llante, dispone como sigue:

“Todo empleado tendrá derecho a vacaciones, con sueldo com-pleto que se hará efectivo al comenzar a disfrutarlas, a razón de uno y cuarto (114) día laborable por cada mes en que haya tenido por lo menos ciento veinte (120) horas de labor. Las vacaciones las disfrutará consecutivamente el empleado y se con-cederán anualmente en forma que no interrumpan el normal funcionamiento de la empresa, a cuyo fin el patrono establecerá los turnos correspondientes .... Si el salario no se ha estipulado por días o períodos mayores, el sueldo correspondiente a cada día de vacaciones se computará multiplicando por ocho (8) el tipo por hora regular más alto que hubiere percibido el empleado durante el mes a que correspondan las vacaciones. Será ilegal y nulo cualquier contrato mediante el cual el empleado renuncie, por dinero u otra causa, a disfrutar de hecho sus vacaciones a menos que medie un permiso del Secretario del Trabajo . . . para permitir a cualquier empleado renunciar por dinero al dis-frute de sus vacaciones . . . .” 29 R.&R.P.R. sec. 245n-138(b).

No hubo estipulación ni prueba alguna sobre si el querellante disfrutó de las vacaciones a que tenía derecho, o de no haberlas disfrutado si medió la autorización del Secretario del Trabajo. En ausencia de prueba en contrario debe presumirse que la ley — el Decreto en este caso — fue acatada. Art. 102(32) de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1887(32). La conclusión del tribunal de instancia al efecto de que las vacaciones fueron trabajadas por el quere-liante no encuentran apoyo en la estipulación presentada por las partes.

Los términos de la Estipulación sometida por las partes así como las disposiciones sobre vacaciones contenidas en el primero y segundo convenio eran al efecto de que se pagaba un bono de Navidad en sustitución del pago de las vacaciones a que tenían derecho los vendedores bajo el Decreto aplicable. No se nos ha demostrado que dichos acuerdos contractuales sean en violación de la ley o de alguna disposición constitucional. El Decreto requiere que las vacaciones sean disfrutadas como cuestión de hecho y que las mismas sean pagadas. Según dijimos precedentemente no hubo prueba demostrativa de que el querellante no las disfrutara. Pero sí hubo prueba de que recibió el pago de una bonificación de Navidad en sustitución del pago de vacaciones. Esto es, como cuestión de realidad, hubo un pago que específicamente acordaron las partes que se hiciera en lugar de {in lieu of) las vacaciones. Es indudable que las partes expresaron en los convenios su conformidad de que la bonificación equivalía al pago de vacaciones, y así lo entendemos no importa el apelativo con que se devenga el pago.

Cabe observar que el querellante estuvo debidamente re-presentado en la negociación de los convenios por la unión Retail Clerks International Association, Local #552 AFL-CIO. Expirado el primer convenio se negoció el segundo con-venio sin que se variara el concepto de sustitución del pago de vacaciones. El Decreto Enmendado Núm. 8 estuvo en vigor durante todos los años en que el querellante prestó servicios a la querellada. Es significativo que durante todos esos años la Unión no instara reclamación alguna con respecto a la cuestión de las vacaciones aquí envueltas bajo el primer y segundo convenio. () Ni siquiera acudió ahora en protección del querellante quien hubo de recurrir al Secretario del Tra-bajo para que lo representara. Estamos convencidos de que el pago de las vacaciones del querellante quedó satisfecho con el pago de la bonificación navideña.

Comoquiera que la remuneración del querellante estaba basada en comisiones, y no en un salario fijo, restaría por considerar sin embargo cómo queda afectado el querellante por la disposición del Decreto al efecto de que “si el salario no se ha estipulado por días o períodos mayores, el sueldo correspondiente a cada día de vacaciones se computará mul-tiplicando por ocho (8) el tipo por hora regular más alto que hubiese percibido el empleado durante el mes a que correspon-dan las vacaciones.”

Pero el querellante no cuestiona la razonabilidad de la remuneración recibida, cuya compensación él acepta que se hizo en cumplimiento de lo dispuesto en los convenios colec-tivos, incluyendo lo reclamado por el período anterior a los convenios. Ni puso al tribunal de instancia en condiciones para hacer tal determinación. Solamente estipuló su remune-ración anual durante los años 1960 al 1965, sin revelar cuál fue su compensación mensual sobre la cual se ha de computar el Decreto. Aunque el pago de la bonificación navideña está basado en un porcentaje de la compensación recibida durante un período de seis meses, no es posible determinar la adecua-cidad de dicho pago en términos absolutos en proporción a toda la compensación recibida por comisiones durante el año completo. Tampoco aportó prueba el querellante para demos-trar en cuantas veces de cada año laboró por lo menos las ciento veinte (120) horas que exige el Decreto para así tener derecho al día y cuarto de vacaciones correspondientes a cada mes en particular. No podemos pues hacer disposición alguna sobre la adecuacidad o razonabilidad del pago que sustituyó las vacaciones.

La prueba estipulada y los convenios sometidos se limitan a impugnar la sustitución que se acordó en los convenios de un pago de bonificación en lugar de un pago de vacaciones. Surge con meridiana claridad de los convenios colectivos que la intención de las partes fue pagar la bonificación navideña en lugar del {in lieu of) pago de vacaciones. Tal acuerdo no niega el derecho a la compensación por vacaciones sino que establece la forma en que ha de computarse su pago para aquellos que no reciban una compensación fija, que es el caso del querellante. Por ello debemos desestimar la reclamación por vacaciones por el período anterior al primer convenio co-lectivo y por el período correspondiente a dicho convenio.

En mérito de lo expuesto se expedirá el auto solicitado y se revocará la sentencia dictada por la Sala de San Juan del Tribunal Superior en el caso Núm. PE-71-228.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (x) El querellante no demostró no haber disfrutado de las vacaciones reclamadas. Solamente está en controversia el pago de vacaciones.

      (2)E1 texto del convenio en inglés reza así: “Any salesman shall be allowed to take fifteen (15) days vacation per year without pay.”

      (3)El texto en ingles dice: “The Company will pay a Christmas [bonus] in lieu of vacation bonus equal to 5% of the salesman’s earnings from June 1st, 1961 through December 1st, 1961 by December 15th, 1961.”

      (4)No fue hasta la negociación del tercer convenio que rigió desde el 9 de diciembre de 1965 a 9 de diciembre de 1968 que se varió el texto sobre vacaciones para expresar que se recibiría una compensación por vacaciones.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Hernández Ayala, acusado y apelante.

      Número: CR-77-147

      Resuelto: 31 de mayo de 1978

      Antonio E. Arraiza Miranda, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Marie Corchado Lorent, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado y convicto de una infracción al Art. 4 de la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, según enmendada, 25 L.P.R.A. see. 414. Fue senten-ciado a reclusión por seis meses.

Este caso en su fondo se vio conjuntamente en el Tribunal Superior con una apelación de vista preliminar que contra el mismo acusado se seguía en un caso de robo, basados ambos delitos en los mismos hechos. En la vista preliminar sobre la acusación de robo, un magistrado distinto, el Honorable Vicente Géigel Lanuza, determinó no haber causa probable por razón de que el testigo y perjudicado en este caso varió su declaración en la vista en forma distinta a la que había pres-tado ante el fiscal anteriormente. En el caso de autos, sobre infracción a la Ley de Armas, el testigo se reafirmó en su declaración original dada al fiscal. Qué motivaciones tuvo para variarla en la vista preliminar no lo sabemos.

Debemos ir a los hechos. La exposición narrativa de la prueba fue sometida conjuntamente por ambas partes, el Pueblo y el acusado. Aparece certificada por el Juez Superior, Sala de Arecibo, Honorable Luis Raúl Cruz Jiménez. El per-judicado declaró que un día estando él solo en su casa se pre-sentaron dos jóvenes, le dijeron que eran empleados del Se-guro Social y que venían a entrevistarlo. Le preguntaron cuánto recibía del Seguro Social, cuánto recibía en cupones, si tenía armas en la casa y otros extremos. Luego se marcha-ron. Al otro día, como a la 1:00 de la tarde, ambos regresaron y uno que tenía barba “le echó una llave por el cuello y le puso un cuchillo en el cuello diciéndole dame el dinero o te mato.” El otro también sacó un cuchillo y se lo puso por la espalda. Le robaron $600. Lo dejaron amarrado pero él pudo soltarse y fue al Cuartel de la Policía a notificar el caso.

La defensa trajo como testigos al Juez, Honorable Vicente Géigel Lanuza y al Fiscal Eduardo Pérez Soto, funcionarios que habían intervenido en el anterior caso de robo. El dis-tinguido magistrado declaró, en esencia, que ante las contra-dicciones de la declaración del perjudicado — su declaración en corte y su anterior declaración al fiscal — él determinó la no existencia de causa probable. El mencionado fiscal declaró que él representó al Pueblo en dicha anterior vista preliminar y que ante el cambio de declaración del testigo él había reco-mendado la radicación de una denuncia por perjurio. En la vista del caso de autos el fiscal no sometió a contrainterroga-torio a los dos distinguidos testigos de defensa, el fiscal y el juez.

Ante nos se señalan dos errores en el caso de autos. En el primero se expresa que el magistrado erró al determinar que el acusado portaba un cuchillo de 5 pulgadas de largo, uti-lizándolo en la comisión de un delito público. En el segundo se señala que erró en la apreciación de la prueba al declarar culpable al acusado sin haberse probado el delito más allá de duda razonable.

Discutiremos ambos errores conjuntamente. En su ale-gato el apelante hace énfasis en que el juzgador de los hechos le dio credibilidad al perjudicado y no al testimonio de los dos funcionarios antes mencionados. Dicho sea con todo respeto y la consideración que le debemos a cada cual, aparte del pro-fundo problema de que ante la ley todos somos iguales y que compete al juzgador de los hechos evaluar y apreciar la prueba, problema que aquí no vamos a discutir por ser in-necesario hacerlo, hay en el planteamiento un error de lógica. Consiste en lo siguiente. Aun dándole credibilidad a los dis-tinguidos testigos de defensa se podía llegar a la conclusión a que llegó el magistrado sentenciador por la sencilla razón de que los dos testigos de defensa no declararon sobre los méri-tos del caso en sí. Esto es, no declararon sobre si el acusado portó ilegalmente el cuchillo, sobre si ellos lo vieron o no lo vieron, etc. Dichos testigos declararon, no sobre la existencia del caso que se ventilaba, la portación ilegal del arma, sino sobre unos problemas posteriores y adjetivos. Declararon que se había celebrado una vista preliminar sobre otro delito— el del robo — y que por las circunstancias antes indicadas aquel otro magistrado había declarado no haber causa probable. En el caso de autos de la prueba presentada, según resu-mida y sometida por ambas partes, se desprende con toda claridad que el delito fue planificado — recuérdese la visita de los dos individuos el día anterior de los hechos a la casa del perjudicado y las preguntas que le hicieron — y que el acusado conjuntamente con otro individuo utilizó delictiva e ilegal-mente el arma. Leída la exposición narrativa de la prueba no puede llegarse a otra conclusión a menos que uno no determine descartarla por completo, lo cual no vemos cómo pode-mos hacer. Los errores señalados no se cometieron.

En vista de lo anterior, se confirmará la sentencia ape-lada.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.