text:
      Ex parte José Ramón González Ramírez

      Número: 1298

      Resuelto: 7 de abril de 1971

      José Ramón González Ramírez, pro se.

   RESOLUCION

San Juan, Puerto Rico, a 7 de abril de 1971

Del presente expediente personal del abogado José Ramón González Ramírez, entre otras circunstancias, resultan las siguientes:

a) En 8 de agosto de 1945, dicho abogado fue admitido al ejercicio del Notariado, previa aprobación de la corres-pondiente fianza prestada por la Maryland Casualty Company.

b) El 27 de septiembre de. 1945 “fue nombrado para ocupar un cargo de abogado en el Departamento de Hacienda.”

c) En el desempeño activo de su ministerio notarial autorizó instrumentos públicos y formó protocolos durante los años 1945, 1946, 1949 y 1950. En los años 1947 y 1948 no autorizó alguno. Desde el 1ro. de enero de 1951 hasta el 28 de diciembre de 1970 no se había otorgado ante él ningún documento o escritura pública. Siempre ha remitido los índices semanales al Tribunal Superior, Sala de San Juan.

d) Los protocolos de los años 1945, 1946, 1949 y 1950 fueron revisados y aprobados el 23 de noviembre de 1960. “Están depositados en la Caja de Seguridad del Ledo. Rafael Ramírez Santibañez”, desconociendo este Tribunal orden judicial alguna que hubiere autorizado o permitido ese depó-sito de protocolos — de existir facultad legítima para decre-tarla — ni cómo ni cuándo tal depósito se realizó.

e) El Notario González Ramírez, desde hace más de dos años, se encuentra ocupando y desempeñando activamente, con carácter permanente, el cargo ejecutivo de “Director de la Oficina de Servicios Legales del Departamento de Hacienda” ; siempre ha mantenido en vigor su fianza notarial y continúa remitiendo índices notariales semanales a la Sala de San Juan del Tribunal Superior, a pesar de que no tiene la inmediata y directa custodia y conservación de aquellos pro-tocolos pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

f) El 20 de julio de 1970 dicho Notario sustituyó su fianza notarial prestada por la Maryland Casualty Company por otra prestada por Puerto Rican-American Insurance Company que fue aprobada el 11 de agosto siguiente, lo que motivó que aquélla solicitara la cancelación de la fianza Núm. 627286 prestada por ella, estando pendiente de proveerse a dicha solicitud de cancelación.

g) Tomando en consideración lo antes expuesto, a la luz de lo preceptuado por las Sees. 4, 24, 28, 33, 34, 35 y 39 de la “Ley Notarial de Puerto Rico de 1957”, este Tribunal, por su resolución del 22 de enero último, requirió a dicho Notario para que expusiera las razones por las cuales no debía orde-nársele cesar en el ejercicio del Notariado.

h) El 8 de febrero siguiente el Notario, respondiendo al requerimiento, presentó por escrito sus razones,- mediante las cuales, en síntesis, sostuvo que “Aun aceptando que dicha sección 35 fuese aplicable al suscribiente no existe incompati-bilidad per se alguna entre el puesto que ocupa [Director de la Oficina de Servicios Legales del Departamento de Hacienda] con el libre ejercicio de la profesión de abogado ni con el ejercicio del Notariado.”

En el mismo escrito hizo constar:

“No empece lo anterior deseo dejar consignado ante este Honorable Tribunal que este abogado por tener el convenci-miento personal, desde un punto de vista estrictamente moral de que no debe hacerlo, no ejerce ni ha ejercido nunca privada-mente la abogacía y que sólo ha practicado ocasionalmente el notariado sin fines de lucro y para beneficio del Departamento de Hacienda y del Gobierno del Estado Libre Asociado.”

A base de lo antes expuesto, este Tribunal concluye que el Notario José Ramón González Ramírez carece de oficina o despacho propio y adecuado para, el ejercicio del Notariado y la custodia, conservación y protección de sus protocolos; que durante un período mayor de 20 años consecutivos no ha ejercido privadamente su profesión de abogado ni ha autorizado, como notario, instrumento público alguno, dedicando sus horas regulares de labor profesional al activo desempeño de un cargo público permanente remunerado en el Departamento de Hacienda; que no ha tenido bajo su inmediata custodia y cuidado, los únicos protocolos que durante los años 1945, 1946, 1949 y 1950 formó, poniendo en riesgo la secretividad, conservación e integridad de los mismos, que no pueden ser extraídos de la oficina del Notario a no ser por decreto judicial.

Por todo lo expuesto, este Tribunal Supremo, en el ejerci-cio de su función de superintendencia y corrección discipli-naria del Notariado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, velando por el mejor acatamiento del estatuto que lo reglamenta, respecto al Notario José Ramón González Ramí-rez, ordena y decreta, lo siguiente:

1ro. Que dicho Notario, mientras estuviere desempeñando, con carácter permanente, el cargo ejecutivo de Director de la Oficina de Servicios Legales del Departamento de Hacienda cese por completo en el ejercicio del Notariado;

2do. Que dicho Notario inmediatamente recobre la custo-dia material de los indicados protocolos y haga pronta entrega de los mismos, y de sus libros de afidávits, al Director de Inspección de Protocolos y éste, luego de examinarlos y encontrarlos en buen estado de conservación, los entregue al Archivero Notarial del Distrito de San Juan, quien resti-tuirá a dicho Notario sus protocolos y libros de afidávits cuando haya cesado en el desempeño del cargo ejecutivo que actualmente ocupa, si volviera a incorporarse al ejercicio del Notariado, y

3ro. Se cancela la mencionada fianza notarial Núm. 627286, prestada por la Maryland Casualty Company, pero la misma se considerará buena y válida por tres años, a partir desde el 26 de julio de 1970, por los actos realizados por dicho Notario González Ramírez durante el período cubierto por dicha fianza. Notifíquese de esta cancelación al Secretario de Justicia y al Secretario de Hacienda.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario Interino.

(Fdo.) JoséL. Carrasquillo

Secretario Interino


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado v. Ricardo Rodríguez González, acusado y apelante.

      Número: CR-71-53

      Resuelto: 4 de enero de 1973

      Rolando Emmanuelli Sepulveda, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Magda E. Haidar, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER curiam:

En el proceso de seleccionar el jurado que intervino en el juicio del apelante surgieron dos incidentes que se alegan macularon el juicio justo que garantiza la Cons-titución de Puerto Rico. Pasamos de inmediato a relatarlos.

Al ser interrogados los jurados para determinar su idonei-dad uno de ellos manifestó: “Yo he sido jurado en un caso de drogas contra este señor.” La defensa planteó al juez que esta manifestación afectaba adversamente al acusado y éste trans-mitió la siguiente instrucción:

“Hon. Juez:
Sin embargo este acusado nunca ha sido aquí acusado. Eso quiere decir que a lo mejor la información que ha dado el Señor Jurado, no tiene base. En nada pueden Uds., Señores del Jurado, considerar los hechos que ha relatado el Jurado aquí al declarar ... o sea, para nada pueden considerarla, los demás Jurados, la referencia de este señor Jurado, sin base. Máxime, cuando se ha decretado, cuando se ha dicho, que nunca ha sido acusado por este delito. Este año, tampoco durante el año pasado, por lo que no deben tomarla en consideración, porque puede ser una con-fusión en la mente del señor Ulpiano Torres.”

La defensa recusó perentoriamente al jurado.

Pasamos al otro incidente. Se llamaron tres jurados adi-cionales. Uno de ellos de nombre Víctor Roubert Jiménez. Se le preguntó si había sido jurado anteriormente y contestó en la afirmativa. Surgieron las siguientes preguntas:

“¿ Ha intervenido en casos de narcóticos ?
Sí, señor.
¿Está Ud. en condiciones de actuar en el día de hoy como Jurado y rendir un veredicto justo e imparcial de acuerdo con la prueba que desfile en el día de hoy única y exclusivamente?
Sí, señor.
“¿Ha intervenido en casos de narcóticos?
Si, señor. En el ’65 y en el ’66.

Les pregunto a todos: ¿si alguno de ustedes tiene algún problema que les impida actuar en el día de hoy con tranquilidad y serenidad ?

Señores del Jurado:

(No hay contestación).”
Nada más ocurrió en cuanto a este jurado. Luego de con-victo, el apelante presentó moción de nuevo juicio fundado en que el jurado Víctor Roubert Jiménez había actuado de jurado en un caso anterior en su contra por infringir las disposi-ciones de la Ley de Armas. Es necesario apuntar que el abogado que representó al acusado en el primer caso fue el mismo que intervino en el segundo. El nuevo juicio fue dene-gado.

El primer incidente no tuvo consecuencia adversa al apelante. Las oportunas actuaciones del juez curaron cualquier perjuicio que el mismo pudo haberle ocasionado.

En cuanto al segundo incidente el hecho de que el jurado Víctor Roubert Jiménez hubiera intervenido en otro caso por otros hechos contra el apelante de por sí no establece que no tuviera un juicio imparcial. La circunstancia de que fue el mismo abogado el que defendió al apelante en ambos casos tiene gran relevancia, pues tuvo la oportunidad de recusarlo, en el segundo.

La regla aceptada en las jurisdicciones americanas es al efecto de que el hecho de que un jurado haya actuado en un caso anterior contra el acusado por otros hechos, no incapacita al jurado para actuar en el segundo caso. Jones v. State, 234 A.2d 900-901 (Md. 1967); Anotación 6 A.L.R. 3d 519-546. (1966). Sostienen que en ausencia de prueba específica de perjuicio, no puede presumirse que un jurado ha sido parcial. Y en este caso no se presentó prueba en ese sentido.

Por último ataca el apelante la apreciación de Ja prueba. Sostiene que la declaración de los agentes que intervinieron en el caso es una estereotipada; que es una repetición de la prestada en otros casos. Afirma además, que uno de los agentes que intervino enamoraba a su esposa y al desairarlo fabricó un caso contra él. La esposa declaró relatando las veces que había sido cortejada por el agente manifestando que después de arrestado su esposo le manifestó que éste podía arreglar su caso si ella salía con el agente.

El jurado consideró toda esta prueba, incluyendo las decla-raciones prestadas por el agente en otros casos, de drogas (ocho en total) -y lo declaró culpable. Siendo una cuestión llana y escueta de credibilidad, no estamos justificados en alterar la determinación de los jueces que vieron y oyeron a los testigos.

Se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce en 10 de febrero de 1969.


author: per curiam:

text:
    Margarita Morales Morales, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.

      Número: O-72-49

      Resuelto: 4 de enero de 1973

      Gregorio Ramos Rivera,- abogado de la recurrenteel Registrador recurrido compareció por escrito. - •
   per curiam:

Con la siguiente nota se denegó la inscrip-ción solicitada en el Registro de la Propiedad de Caguas:

“Se deniega la cancelación solicitada ¡por este documento por haberse observado que no comparecen los acreedores hipotecarios que en este caso lo son José C. de Windt casado con Irmina Rodríguez quien no compareció en esta escritura tomándose en su lugar anotación preventiva por el término legal de 120 días a favor de la deudora hipotecaria, al folio 281 del tomo 672 de Caguas, al margen de la inscripción Ia de la finca 21,784.”

La cuestión planteada es sencilla. ¿Es necesaria la com-parecencia de la esposa para cancelar una hipoteca que garan-tizaba un préstamo concedido por un hombre casado?

Hace más de sesenta años resolvimos la cuestión en Díaz v. Registrador de la Propiedad, 9 D.P.R. 187 (1905). Allí expresamos que “Considerando que con arreglo al artículo 159 del Código Civil Revisado, el marido no puede enajenar los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, sin el consentimiento de la mujer, bajo pena de nulidad; y que existiendo en el presente caso las mismas razones que el legislador tuvo pre-sente para establecer aquella prohibición, puesto que por la cancelación de un crédito hipotecario, lo mismo que por la enajenación de cualquiera inmueble, perteneciente a la sociedad conyugal, se la desapodera de un derecho real, en el cual puede estar interesada la mujer, y por consiguiente, debe entenderse aplicable en el presente caso la prohibición establecida por el artículo citado del vigente Código Civil, por el conocido prin-cipio o aforismo jurídico de que donde existe la misma razón de la ley, debe existir la misma disposición del derecho.” Ver además Caballero v. Registrador de la Propiedad, 12 D.P.R. 222 (1907).

El caso de Dávila v. Registrador, 59 D.P.R. 130 (1941) no es de aplicación a la situación que el presente plantea por tratarse de la cancelación de una hipoteca garantizando un pagaré al portador.

Se confirmará la nota recurrida.


author: per CURIAM:

text:
    Ramón A. Rivera Rivera, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Alejandro Otero López, lesionado.

      Número: O-71-286

      Resuelto: 5 de enero de 1973

      E. Delgado Roque, Jorge Márquez Gómez y Miguel A. Guzmán Soto, abogados del recurrente; no comparecieron los abogados de la Comisión Industrial ni del lesionado.
   per CURIAM:

Recurre el Administrador del Fondo del Seguro del Estado (en lo sucesivo designado como el Fondo), en 7 de diciembre de 1971, de la resolución de la Comisión Industrial que determinó que el Dr. Otero López “. . . era un empleado protegido por la Ley de Compensaciones por acci-dentes del trabajo ... y se Ordena al Administrador del Fondo ... le otorgue a este obrero la máxima protección de la ley.”

Apunta el recurrente que en la fecha del accidente en que se lesionó el referido galeno, éste era un contratista indepen-diente y no un obrero o empleado del Fondo y que el alegado accidente no era uno de los protegidos por la referida ley pues el accidente no provino de un acto o función inherente a su trabajo o empleo o en el curso de éste y como consecuencia del mismo (11 L.P.R.A. see. 2), toda vez que ocurrió con motivo de una llamada telefónica en la residencia del lesionado y . . nada tenía que ver con la prestación de asistencia médica en su propio Dispensario en Manatí, Puerto Rico, a los lesio-nados del Pondo del Seguro del Estado.”

Los hechos del caso, según se desprenden de la resolución de la Comisión Industrial, se resumen así:

El lesionado era un médico cirujano. Tenía su consultorio-dispensario particular en una propiedad que había alquilado y por la cual pagaba $50 mensuales, en la Calle McKinley Núm. 50 de Manatí, donde él pagaba por los servicios' de luz y agua allí consumidos. El sueldo de su secretaria lo pagaba él. Allí también trabajaba su hija Ángeles Otero Ramos, el sueldo de la cual lo pagaba así mismo el lesionado. Hubo prueba de que el lesionado mantenía en vigor, como patrono, una póliza expedida por el Pondo la cual cubría los empleados de su consultorio-dispensario. En este establecimiento, el lesionado atendía pacientes particulares a quienes le cobraba y, además, allí prestaba servicios a pacientes “. . . del Pondo del Seguro del Estado y a pacientes privados.” Rendía sus servicios al Pondo mediante contrato bajo el cual recibía una remunera-ción de $500 mensuales. Había rendido servicios al Pondo desde el 1917.

El día 4 de febrero de 1969, el lesionado “. . . recibió una llamada del Alcalde de Manatí [a eso de la una de la tarde] para que fuera a atender un empleado que se había lesionado.” Testificó el Dr. Otero López ante la Comisión que “. . . como médico del Pondo del Estado tenía la obligación de atender el obrero lesionado.” Una nieta del lesionado recibió la llamada, la pasó a su mamá y ésta al lesionado quien estaba en el baño. Al salir del baño, resbaló en algo húmedo, y cayó de costado, fracturándose la cadera izquierda.

El Alcalde de Manatí testificó que en el referido día, a eso de las 12:30 P.M., un obrero cayó de un camión y quedó inconsciente. Al notificársele esto, llamó al Dr. Otero López a su casa y después fue a ver al obrero. Testificó que en una declaración jurada prestada por él al Fondo, informó que “. . . el obrero después que volvió en sí, no quiso ir a ver a nadie y dijo que se encontraba bien de todo . . . que luego que el obrero volvió en sí, después de quince minutos siguió traba-jando sin asistencia médica.” El propio obrero confirmó en su testimonio lo relacionado por el alcalde en dicha declaración jurada.

La lesión sufrida por el Dr. Otero López en el referido accidente requirió que permaneciese recluido en el Hospital Pavía varios meses. De los récords del Fondo aparece que la póliza que cubría el consultorio del Dr. Otero López no se renovó a partir del 30 de junio de 1969 debido a que el lesionado cerró dicho consultorio y se retiró por motivo de edad y salud.

En 8 de diciembre de 1969, la Sra. Ángeles Otero Ramos, hija del lesionado, dirigió una comunicación al Fondo solici-tando se investigase y determinase si el accidente sufrido por su padre, relacionado en dicha comunicación “... está cubierto por la ley.” En 2 de septiembre de 1970, el Administrador del Fondo denegó la reclamación por ser el Dr. Otero López un contratista independiente y, además, porque el accidente no estaba cubierto por la ley. La Comisión revocó esta determina-ción en 24 de agosto de 1971. La reconsideración de la misma fue denegada en 5 de noviembre de 1971 y esta última resolu-ción fue notificada a las partes el 23 de dicho mes y año.

Con respecto a cuándo es una persona un contratista independiente, dijimos en Sierra Berdecía v. Pedro A. Pizá, Inc., 86 D.P.R. 447, 455 (1962), que:

“Los factores principales que los tribunales han considerado importantes para determinar si se trata de un empleado o de un contratista independiente son, sin pretender enumerarlos todos, los siguientes: 1 — naturaleza, extensión y grado de control por parte del principal; 2 — el grado de iniciativa o juicio que des-pliega el vendedor en sus gestiones; 3 — la inversión que hace el vendedor en equipo y facilidades para poder realizar la labor, y si para ello es necesario establecer una organización de negocios independiente; y 4 — posibilidad de ganancias o pérdidas en las operaciones de venta.”

Dijimos en Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782, 798, (1952), que:

“El criterio más importante se refiere al control que se pueda reservar al patrono sobre el trabajo. Independientemente de si se ejercita o no, lo importante es la existencia del derecho o la autoridad. para intervenir o controlar, que convertiría la otra persona en empleado y no en contratista independiente, al igual que es importante determinar si las instrucciones dadas tendrían que ser obedecidas. Ese mismo control puede ser ejercitado en distintas formas, y la relación entre las partes se podría deter-minar por la forma en que se ejercite ese control a la luz de las circunstancias de cada caso. Si se controlan los medios y la manera de hacer el trabajo, la persona a cargo de la labor sería un empleado y surgiría la relación de contratista independiente cuando la persona que haga el trabajo está sometida a la voluntad del patrono solamente en cuanto al resultado pero no en cuanto a los medios y manera de cumplimentarlo. La retención por el dueño del derecho de inspeccionar y supervisar es compatible con el status de contratista independiente. El control de los traba-jadores que realizan el trabajo manual es un elemento impor-tante, pero si el dueño se reserva el derecho para despedir a los empleados de un supuesto contratista, ello implica que este último no es independiente. Además, es importante determinar si el dueño suministra los trabajadores y el equipo para hacer el trabajo, aunque ello no es decisivo. En cuanto al pago surge la relación de contratista independiente cuando el contratista se obliga a hacer el trabajo en su totalidad a base de una suma específica, y cuando su remuneráción se computa con referencia a la cantidad de trabajo realizado por él. Sin embargo, el hecho de que el pago se verifique sobre la base de cantidad de trabajo no implica de por sí que exista la relación de contratista inde-pendiente cuando el resto de la evidencia demuestra que la persona utilizada es un empleado. La identidad de la persona que paga los empleados es una circunstancia a ser considerada, aunque no se puedé ignorar la posibilidad de que una persona haga los pagos a los fines de obtener un reembolso posterior. Otro elemento importante se refiere al poder de terminar el con-trato en cualquier momento ya que de existir tal poder la persona utilizada no sería un contratista independiente. También es posible que una persona sea un contratista independiente para ciertos fines y que al mismo tiempo sea un empleado de la otra persona para otros fines, y la decisión dependería en cuanto a cuál sería la situación en el momento en que se produce el daño.”

Véase, además, Nazario v. Vélez, 97 D.P.R. 458 (1969), en el cual se recopila nuestra jurisprudencia sobre la aplicación del concepto del contratista independiente en el derecho con-cerniente a compensación por accidentes del trabajo.

La prueba aducida en este caso establece que el Dr. Otero López:

1. — Rendía servicios al Pondo bajo un contrato por virtud del cual el Pondo le pagaba $500 mensuales por tales servicios.

2. — Dichos servicios consistían en prestar asistencia médica a obreros cubiertos por el Pondo.

3. — Tales servicios se prestaban en el consultorio-dispen-sario establecido en Manatí por el Dr. Otero López, quien pagaba (a) los gastos del mismo, y (b) los empleados que él escogía para asistirlo en dicho establecimiento.

4. — En ese consultorio se trataban pacientes particulares en adición a los obreros cubiertos por el Pondo.

5. — No aparece que el Pondo interviniese o controlase en forma alguna los medios y manera de prestar tales servicios; ni que controlase a las personas empleadas por el Dr. Otero López en su consultorio en el trabajo que allí realizaban; ni que se hubiera reservado el Pondo el derecho de despedirlos; ni que el Pondo le suministrase al Dr. Otero López empleados y equipo para prestar sus servicios en su consultorio-dispen-sario.

6. — La operación del consultorio-dispensario aparecía cu-bierta por una póliza expedida por el Fondo bajo la cual aparecía el Dr. Otero López como un patrono de las personas empleadas por él en el referido consultorio-dispensario.

En vista de las circunstancias previamente relacionadas no se puede sostener la conclusión de que el Dr. Otero López era un “empleado” al servicio del Fondo tal y como se define en la ley (11 L.P.R.A. see. 39).

De lo expuesto, concluimos que se debe revocar la resolu-ción de la Comisión Industrial 'previamente relacionada y ordenar a dicha Comisión que dicte otra confirmando la reso-lución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jacinto Nevárez Virella, acusado y apelante.

      Número: CR-72-26

      Resuelto: 8 de enero de 1973

      Ángel L. Tapia Flores y F. Ariel Aviles Rodríguez, abogados del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General In-terino, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Arrestado en 28 de febrero de 1970 mediante orden expedida por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, de 26 de febrero de 1970, para responder del cargo que se le hace de “haberle vendido Bebidas Alchs. a un agente de Rentas Internas en ocasiones” (Art. 108(e), Ley 143 de 30 de junio de 1969, 13 L.P.R.A. sec. 6108(e)), el fiscal formuló acusa-ción en contra del apelante en 31 de marzo de 1970 por “. . . Infr. a la Ley de Bebidas, Misdemeanor,” consistente de dos cargos, uno de “tenía [tener] en su poder y a su disposi-ción, bebidas conteniendo alcohón [sic] sin haber pagado los correspondientes impuestos al Tesoro de Puerto Rico.” El segundo cargo consistía de que “tenía en su poder y a su disposición para la venta al detal, bebidas alcohólicas sin haber pagado los correspondientes impuestos al Tesoro de Puerto Rico.” Se leyó la acusación en 5 de mayo de 1970 y se señaló el 8 de junio de 1970 para el acto del juicio el cual fue pospuesto a petición del apelante para el 29 de dicho mes y año.

El día de la vista del caso el fiscal solicitó enmendar la acusación en dos aspectos. El día 1ro. de julio de 1970 el fiscal solicitó permiso y el tribunal se lo concedió para radicar una acusación enmendada la cual se radicó ese mismo día. Dicha acusación enmendada consta de dos cargos. El primero alega que el día 9 de febrero de 1970 el apelante “tenía en su poder, a su disposición y vendió bebidas alcohólicas consis-tentes de dos cajas de cervezas, sin haber pagado los corres-pondientes impuestos al Tesoro de Puerto Rico.” El segundo cargo alega que el 13 de febrero de 1970 el apelante “tenía en su poder, a su disposición y vendió bebidas alcohólicas consis-tentes en cuatro cajas de cervezas, sin haber pagado los corres-pondientes impuestos al Tesoro de Puerto Rico.” Luego de la lectura de la acusación así enmendada, se señaló el juicio para el 4 de agosto de 1970. El 10 de julio de 1970 el apelante radicó moción de desestimación en que alegó que la acusación enmendada viola las Reglas 64(c), 64 (n) (2), 64 (p), y 52 de las de Procedimiento Criminal. El tribunal de instancia denegó dicha moción. Luego de una posposición adicional, el juicio en este caso se celebró en 18 de noviembre de 1970. El apelante fue declarado culpable de las dos infracciones a la Ley de Bebidas y se le impuso una multa de $100 en cada uno de los cargos o un día de cárcel por cada dólar que deje de satisfacer, hasta un máximo de 90 días de cárcel.

La prueba fue resumida por el Procurador General, así:

“Los agentes de Rentas Internas Jacobo Zabala y Carlos Molina, según la .prueba de cargo, le compraron en la tarde del 9 de febrero de 1970 al acusado unas cajas de cerveza procedente de las tiendas del Ejército. Esta transacción se llevó a cabo a la salida del Fuerte Buchanan en la Calle Roma de la Urbanización colindante. Los agentes no conocían al acusado pero tenían confi-dencia de que este tipo de negocios se hacía en el área. Los agentes estaban parados al lado de su vehículo cuando el acusado se aproximó en el suyo y les ofreció venderle la cerveza. Los agentes le compraron, previo regateó de precio. El acusado sacó las cajas de cerveza del baúl de su carro y se consumó la transac-ción. '

Transacción similar y en el mismo lugar ocurrió el 13 de febrero de 1970.” (En esta segunda transacción participaron los agentes Zabala y Ruiz Hernández. Este último no pudo testificar porque no se incluyó como testigo en la acusación.)

La prueba de la defensa, en síntesis, consistió en que transacciones de venta de cerveza entre el apelante y Zabala se llevaron a cabo dentro del Campamento Buchanan en 9 de febrero (dos cajas de cerveza) y en 13 de febrero (4 cajas).

Los errores ■ apuntados por el apelante carecen de mérito. A continuación nos explicamos.

1. — Alega el apelante que el tribunal de instancia incidió al juzgarle por dos violaciones a la Ley de Bebidas cuando el segundo cargo estaba basado en una denuncia nula e ineficaz ya que violaba las Reglas 5 y 64 (c) de las de Proce-dimiento Criminal pues el denunciante Carlos Medina Santana no es la persona que firmó la denuncia ni aparece como testigo.

La denuncia en cuestión no aparece en el récord del caso. Pero nos informa el Procurador General que dicha denuncia aparece firmada por Jacobo Zabala Núñez ante un juez de paz, acompañada de una declaración jurada sobre los hechos, prestada por Zabala ante el referido juez. Tiene razón el Procurador General al informarnos, en relación con estas cir-cunstancias, que:

“. . . La denuncia contenía suficiente exposición de hechos, fechas y personas para dejar claramente establecido su propósito en ley. La firma del denunciante y su carácter como tal constan en el documento. Una declaración jurada del denunciante rela-tando los hechos la acompaña. Se sigue, pues, que constaron ante el juez todos los preliminares necesarios del caso. El aparecer otro nombre como denunciante en el epígrafe es un error de forma que no confunde ni altera la sustancia de las cosas. Al calce de la denuncia consta también que el Juez de Paz examinó al testigo denunciante. No apunta, pues, una sola circunstancia en la denuncia que viole los derechos del denunciado. Alegarlo es un artificio ya repudiado por la jurisprudencia de este Honorable Tribunal y también por la Regla 36 de Procedimiento Criminal. Pueblo v. Gibson, 51 D.P.R. 120 (1937) ; Pueblo v. Tirado, 68 D.P.R. 289 (1948); Pueblo v. Cupril, 57 D.P.R. 117 (1940).”

2. — Apunta el apelante que la acusación enmendada que alega delitos de venta y no de posesión como la original viola la Regla 64 (n) (2) de las de Procedimiento Criminal pues fue radicada más de 60 días después del arresto del apelante.

No tiene razón. La primera acusación se radicó dentro de los 60 días del arresto. Se autorizó la enmienda de dicha acusación de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 38 (c) de las de Procedimiento Criminal. El apelante no ha sufrido perjuicio alguno con tal motivo ya que a petición suya se pospuso la vista del caso para el 29 de junio de 1970 cuando el fiscal obtuvo permiso para radicar y radicó la acusación enmendada y entonces se volvió a posponer la vista del caso para una fecha posterior. Nótese que la Regla 66 de las de Procedimiento Criminal permite la radicación de una nueva acusación en armonía con la determinación de causa probable. Pueblo v. Ortiz Díaz, 95 D.P.R. 244 (1967). En People v. Cryder, 202 P.2d 765 (Cal. D.C. App. 1949), se resolvió que bajo la See. 1382 del Código Penal, cuando una acusación es radicada dentro de los 15 días del arresto, la enmienda de la misma para alegar otro delito que se desprende de la evidencia en la vista preliminar no da lugar a la desestimación de la misma porque la acusación enmendada se radicó más de 15 días después del arresto. La See. 1382 del Código Penal de California es la fuente de nuestra Regla 64 (n) (2), excepto que el período prescrito es más corto, 15 días bajo dicha sección en lugar de los 60 días prescrito por la referida Regla.

3. — Arguye el apelante que fue convicto a base de evidencia insuficiente e intrínsecamente increíble e inverosímil.

En apoyo de este apuntamiento sostiene que a los fines de realizar la primera venta a los dos agentes de rentas internas a quienes no conocía y vio por primera vez, el apelante “. . . tiene que desviarse de una calle principal y entrar en una secundaria para dar con ellos. Que ellos estaban de espalda al Acusado y él tuvo que dirigirse a ellos para ofre-cerles la cerveza (T.E. p. 38). Que ellos no le hicieron ninguna clase de seña; que ellos no le vieron cuando él venía porque estaban de espalda; que él se baja del auto y les ofrece las cervezas”; que “No es posible creer, por resultar realmente ilógico, que una persona que sale del campamento militar de Buchanan con una compras [sic] de un licor, se desvíe de su ruta principal, entre en una carretera secundaria, se detenga detrás de un vehículo detenido; se acerque a unos individuos que están de espaldas, que jamás ha visto en su vida y sin ninguna otra introducción, conversación o saludo, en una Calle solitaria, ofrezca a la venta unos artículos, en violación de la Ley, a esos individuos, que como yá hemos expresado, y así lo expresa la prueba del Pueblo, jamás había visto en su vida. Sólo a un tonto, o a una persona demente se le puede ocurrir una actuación de esa naturaleza. Ya esta- Honorable Superioridad ha expresado, en variadas ocasiones, que los Tribunales no deben creer aquello que de ordinario ninguna persona de parecer razonable no creería, Sanabria vs. Sucesión González, 82 D.P.R. 885 (1961).” (Énfasis en el original.); que los testigos de cargo se contradijeron en cuanto a si hubo regateo en el precio de la mercancía; que Manuel Ruiz quien aparece como denunciante de la segunda venta aparece de la prueba de cargo como que no participó en esa supuesta tran-sacción ; que al agente Ruiz con quien el testigo agente Zabala dice que participó en la primera venta no se le permitió testi-ficar .porque no apareció como testigo en la acusación; que el testigo Carlos Molina Santana .no aparece como testigo en ninguna denuncia. Las denuncias no aparecen en el récord.. Según la prueba era costumbre que en el área fuera del Cam-pamento Buchanan concurriera gente de fuera a comprar ciga-rrillos y cerveza de los que compran en dicho campamento. No es extraño ni increíble, .por lo tanto, que al salir el apelante del campamento con su compra de cerveza, buscase un cliente y al ver a los agentes en la cercanía se acercase a ofrecérsela.

De todos modos, la prueba demuestra que se realizaron las dos ventas de cerveza. El conflicto surgió en cuanto al lugar. La prueba de cargo lo situó fuera del campamento y la defensa lo situó dentro del campamento. Este conflicto lo dirimió el juez de instancia. Nada aparece de la prueba que justifique que intervengamos con su apreciación de la prueba.

En vista de lo expuesto, se confirmará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en 18 de noviembre de 1970.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Concepción Sánchez, acusado y apelante.

      Número: CR-72-47

      Resuelto: 8 de enero de 1973

      Raúl M. Olmo Olmo, abogado del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Ruth. Tentori de Lebrón-Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado de los delitos de robo, y del de hurto de uso consistente en que actuando en concierto con otros, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas, y con intención criminal, hurtaron un determinado vehículo de motor propie-dad de Jaime Figueroa Rivera en determinado sitio y fecha, “privando de este modo a su legítimo dueño del libre goce y disfrute de su propiedad.”

Visto el caso por tribunal de derecho, éste dictaminó que:

“En el caso de robo rebajado a hurto mayor el tribunal le impone el mínimo de uno a tres años y en el de hurto de uso noventa días de cárcel, los cuales cumplirá concurrentemente.” Resulta que en el caso de robo el apelante hizo alegación de culpabilidad del delito de hurto mayor consistente, según la acusación, de haber sustraído de la persona de Jaime Figueroa Rivera una cartera conteniendo $80.00 y pedazos de billetes de la lotería (Art. 444a Código Penal — 33 L.P.R.A. see. 1700).

Apunta el apelante en este recurso, en síntesis, que en derecho se le acusó del delito de hurto por lo que no procedía condenarlo por el de hurto de uso ya que éste no está com-prendido en el delito de hurto.

La Regla 147 de las de Procedimiento Criminal dispone que:

“El acusado podrá ser declarado culpable de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito que se le imputa; o de cualquier grado inferior del delito que se le imputa; o de tentativa de cometer el delito que se le imputa o cualquier otro delito necesariamente comprendido en él, o de cualquier grado que el mismo tenga, si tal tentativa constituye, por sí misma, un delito.”

La acusación en este caso fue titulada como Hurto de Uso. Pero el lenguage de la misma lo que alega es un delito de hurto de un vehículo de motor. Én el delito de hurto, la intención criminal de privar permanentemente al dueño de la propiedad hurtada es un elemento del delito aunque no es requisito indispensable que la acusación use la palabra “permanentemente” para que sea suficiente para imputar dicho delito. Código Penal Art. 426 (33 L.P.R.A. see. 1681); Pueblo v. Meléndez, 64 D.P.R. 825 (1945). Por el contrario, el delito de hurto de uso se distingue del de hurto por el hecho de que consiste en tomar determinada propiedad, sin autorización de su dueño o de quien debidamente lo represente, con el objeto de usar la misma temporalmente. (Código Penal Art. 444a supra.)

La norma con respecto a cuándo se puede considerar un delito menor dentro de otro la expusimos en Pueblo v. Ramos López, 85 D.P.R. 576, 580 (1962). Dijimos en este caso que el delito menor debe estar comprendido en el mayor por el cual se le acusa y que los hechos expuestos para describir la comisión del delito mayor deben contener las alegaciones que son esenciales para constituir una imputación por el menor. Si el delito mayor incluye todos los elementos de hecho y los requeridos por la Ley en relación con el menor, el mayor incluye al menor; pero si el delito menor requiere algún otro elemento indispensable que no es parte del delito mayor entonces el menor no está comprendido en el mayor. La prueba para determinar si un delito está incluido en otro es determinar si no se puede cometer el primer delito sin que necesariamente se cometa el segundo. State v. Sutton, 452 P.2d 110 (Ariz. 1969). En People v. Francis, 450 P.2d 591 (Cal. 1969) el tribunal dijo que “Antes de que se pueda decir que un delito menor constituye una parte necesaria de uno mayor, todos los ingredientes legales del corpus delicti del delito menor deben estar incluidos en el mayor; el delito menor debe ser parte de hecho, del mayor, además de estar enmar-cado dentro de la definición legal del mayor como parte del mismo.”

Así, en Ramos López, supra, concluimos que el delito de poseer y transportar material de bolita estaba incluido en el delito de actuar “. . . como administrador de bancas de ‘Boli-Pool’ ” y como tal repartir “... tickets y boletos impresos con números de tres cifras que se usaban y pueden usarse en relación con los juegos ilegales conocidos por Bolita o ‘Boli-Poof . . . .” La acusación en ese'caso advirtió al acusado sufi-cientemente de que se le acusaba de poseer el material que repartía.

El los casos de hurto de vehículos de motor, la- doctrina prevaleciente es que el delito de hurto de uso no es un delito menor incluido en el de hurto. People v. Powell, 46 Cal. Rptr. 417 (Dist. Ct. of App. 1965).

En People v. Thomas, 23 Cal. Rptr. 161 (1962) el Tribunal Supremo de California concluyó que el delito menor de tomar un vehículo sin permiso para usarlo u operarlo tem-poralmente no está incluido en el delito.mayor de conducir o tomar un vehículo sin permiso, con la intención de privar a su dueño de su título o posesión, bien permanente o temporal-mente. Razonó el tribunal en este caso que el tomar el auto con la intención de privar a su dueño de su posesión no nece-sariamente es con el propósito de usarlo u operarlo temporal-mente; que el dueño puede ser privado de su posesión de varias maneras que no requieren- necesariamente que -el acusado use u opere el vehículo; que en este caso se acusó por el delito mayor y el tribunal concluyó que en la forma en que se redactó la acusación el delito mayor pudo haberse cometido en una manera que no incluyera la comisión- del delito menor; que durante el juicio la posición del demandado respecto a la acusación coincide por lo menos en parte con la que acabamos de expresar. En este caso el acusado solicitó una instrucción con respecto al delito menor la cual propiamente se negó ya que no estaba incluido en el delito mayor alegado. Expresó el tribunal, además que el llamado estatuto de “paseo de placer” (joyride), que en nuestra jurisdicción denominamos hurto de uso, no requiere prueba de la intención de privar al dueño de su título, o posesión del vehículo como lo requiere el delito ■mayor alegado en la acusación y dijo que la acusación pudo haber sido redactada en términos que no sólo imputara el delito de hurto de automóvil, sino que incluyera la imputación del delito de hurto de uso, cosa que no se hizo. Véase sin embargo, People v. Pater, 73 Cal. Rptr. 823 (Cal. Ct. App. 1968). Véanse, además, State v. Piper, 477 P.2d 940 (Kan. 1970); Hutchins v. State, 321 S.W.2d 880 (Texas Crim. App. 1959); State v. McCrary, 139 S.E.2d 739 (N.C. 1965). Véanse People Ex Rel Leonard v. Papp, 194 N.W.2d 693 (Mich. 1972); State v. Marcum, 247 N.E.2d 864 (Ohio App. (1969)); State v. Wall, 157 S.E.2d 363 (N.C. 1967); State v. Jackson, 420 P.2d 270 (Ariz. 1966); Wilcox v. State, 183 So.2d 555 (Fla. Ct. App. 1966); Pickens v. State, 366 S.W.2d 283 (Ark. 1963); State v. Dancyger, 143 A.2d 753 (N.J. Sup. Ct. 1958).

No obstante lo expuesto, no creemos que debamos adoptar la doctrina previamente relacionada. A nuestro juicio, el hurto de uso de un vehículo está comprendido dentro del delito mayor de hurto pues el elemento esencial de ambos es el privar al dueño de una propiedad de la posesión de la misma en contra de su voluntad. El que sea con intención de privar al dueño de dicha posesión permanentemente o temporalmente son circunstancias que van dirigidas más bien a la determinación del grado del delito.

En Stewart v. State, 187 So.2d 358, 362 (Fla. DC App. 1966) luego de citar sustancialmente la norma que citamos en Ramos López, supra, para determinar cuándo es que se puede considerar que un delito menos grave está comprendido en otro mayor, dijo el tribunal que “no tenemos dificultad en concluir que el delito menos grave de usar un vehículo (tem-poralmente) sin el consentimiento del dueño es un delito menor comprendido dentro ... del delito (felony) de tomar, hurtar y llevarse un determinado vehículo de motor”.

En Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972) indicamos que no debemos favorecer las escapatorias técnicas (loopholes) como la que apunta el apelante, máxime cuando en este caso no se ha causado perjuicio sustancial a dicha parte, sino que, por el contrario salió beneficiado al encontrársele culpable del delito menor.

A la luz de lo expuesto veamos ahora las circunstancias de este caso.

1 — En primer lugar la acusación titulada hurto de uso pretendió alegar un delito de hurto, o sea, que el apelante hurtó el vehículo del Sr. Figueroa privándolo así de su libre goce y disfrute.

2 — La prueba de cargo en este caso resumida correcta-mente por el Procurador General, es la siguiente:

“. . . el día de los hechos el perjudicado, Jaime Figueroa Rivera, se encontraba en un lugar público dándose unos tragos y jugando billar en compañía de su primo. A estos se unieron el acusado y el coacusado. Al ser informados que el negocio iba a cerrar, por ser ya entrada la noche, el grupo decidió trasla-darse a otro negocio. Durante la noche el acusado-apelante se hizo pasar, ante el perjudicado, como que él era Tito' Caraballo, jinete de caballos de carreras. Por tal razón el perjudicado invitó al grupo a ir a la casa de un tal Jesús M. Iglesias, quien era com-pañero de trabajo de la víctima y además había sido el entrena-dor de Pito Caraballo y le entregó las llaves de su auto al pre-sunto jockey — el acusado-apelante — porque él entendió que no estaba en condiciones de manejar ya que había ingerido licor. Al llegar a la casa de Iglesias le indicó al acusado que detuviera allí el automóvil pero el acusado apelante, en' lugar de parar aceleró la marcha del vehículo.

Por la anterior conducta del acusado-apelante, el perjudicado se percató que lo iban a asaltar. Procedió entonces a quitar las llaves de la ignición del vehículo y al éste detenerse se bajó y se llegó hasta el baúl del auto de donde sacó un resorte de hacer ejercicios, el cual usó para defenderse del ataque del acusado y del coacusado. Estos le atacaron, le sacaron la cartera, las llaves del vehículo, se echaron a correr y se montaron llevándose el auto. El perjudicado tuvo que caminar a pie hasta la casa de su amigo Jesús M. Iglesias.

La explicación que dio el acusado-apelante en la silla testifical al efecto de que se había llevado el automóvil del perjudicado porque éste los ‘quería dejar a pie’, no le mereció crédito alguno al juzgador.”

El vehículo fue encontrado abandonado a las 6 de la ma-ñana por la policía y llevado hacia una estación policíaca donde fue entregado a su dueño.

3 — Al terminar de pasarse la prueba de cargo, la defensa solicitó la absolución perentoria del acusado-apelante porque:

“¿Cuál es la prueba que hay aquí? Viene un testigo y se sienta y dice que le quitaron el automóvil, que le dieron patadas y se quedó inconsciente, y como no sabe más nada, que le llevaron el carro. Entonces viene el señor policía y nos cuenta que se le volvió a entregar. No, nosotros no creemos que aquí se ha pro-bado este caso. No hay ni siquiera la intención que es el elemento del delito y eso yo se lo había indicado anteriormente al Tribunal.”

El Tribunal declaró sin lugar dicha moción. Al finalizar el caso volvió la defensa a sostener que la acusación no imputa el delito de hurto de uso. Dijo el tribunal de instancia:

“. . . El compañero alega que en la denuncia no se dice especí-ficamente que él tenía intención de utilizar el vehículo temporal-mente. El Tribunal entiende que la denuncia tal como está redac-tada la acusación contiene los elementos necesarios para imputar un delito de hurto de uso en este caso y con la prueba presentada definitivamente surge claramente que lo usaron temporalmente ya que el mismo se encontró abandonado y no hay explicación ninguna de que él haya llegado al Tribunal para explicar qué pasaba que el vehículo apareció abandonado, y de lo cual se dedujo que hubo una intención temporalmente para tener dicho vehículo, cuando surge claramente que debió haberse radicado una acusación de hurto grave, pues también están los elementos porque este señor tomó este vehículo sin el consentimiento del dueño porque lo abandonó. Sabemos que apareció unas cuantas horas más tarde, por lo cual procedimos definitivamente a base de la prueba de que disfrutó temporalmente de ese vehículo por el motivo que fuera.”

4 — Sostiene el Procurador que:

"... Aunque bien es cierto que en la acusación no se alegó que el apelante hurtó el vehículo con el objeto de usar el mismo temporalmente, ello no le causó perjuicio sustancial que vulnere en forma alguna los derechos fundamentales del acusado-apelante. Por el contrario salió beneficiado ya que de la relación de los hechos se desprende que la conducta delictuosa del ape-lante fue de índole grave — -hubo violencia entre los coacusados y el perjudicado en el acto de la sustracción.”

A nuestro juicio no debemos aplicar a casos como éste la doctrina prevaleciente de que el delito de hurto de uso no es un delito menor incluido en el delito mayor de hurto. Como indicamos previamente, los elementos de hecho constituyentes de los delitos de hurto y de hurto de uso incluyen el ingre-diente de que el objeto de tomar el vehículo sea su uso contra la voluntad de su dueño.

Por los fundamentos previamente expuestos debe confir-marse la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan en 2 de julio de 1970.


text:
    Carlos Candelario Muñiz, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Héctor A. Colón Cruz, Juez, demandado; Milton Zapata, interventor.

      Número: O-71-304
    Resuelto: 9 de enero de 1973

      Enrique Rivera Santana, abogado del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Cándita R. Orlandi, Procu-radora General Auxiliar, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Recurre el peticionario de la sentencia dictada por el tribunal de instancia que revoca una resolución de 4 de agosto de 1969 de la Junta de Personal que desestimó los cargos formulados por el interventor en contra del peticionario por-que (1) al formularse los cargos hacía 48 días que el peti-cionario había presentado su renuncia y no se actuó sobre la misma de manera que en derecho la renuncia se había acep-tado antes de formularse los cargos y (2) no procedía dar efecto retroactivo a la destitución. El tribunal de instancia concluyó que la Junta incidió al interpretar la Sec. 31 de la Ley de Personal y al enmendar impropiamente la Regla 647-201 de las Reglas de Personal del Gobierno.

Para un mejor entendimiento de las dos cuestiones envuel-tas es necesario resumir los hechos del caso los que, no obstante no haberse elevado la transcripción de la vista ante la Junta y la prueba documental aducida en la misma, se relacionan por el Procurador General sin objeción del peticionario. Son los siguientes:

“Carlos Candelario Muñiz se desempeñaba como Especialista en Técnica Comercial III en el Departamento de Comercio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El día 28 de febrero de 1969, previa formulación de cargos, que se acompaña y se hace formar parte de esta oposición, el Secretario de Comercio lo destituyó de dicho puesto por abandono de servicio, bajo la autoridad concedida por la Sec. 31 de la Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947 (3 L.P.R.A. sees. 641-678). La efectividad de dicha destitución se hizo retroactiva al día 10 de diciembre de 1968, fecha en la cual el recurrente abandonó el servicio.

A dicho recurrente se le imputó haber estado ausente sin autorización alguna a partir del 10 de diciembre de 1968, en cuya fecha tenía que reintegrarse, luego de habérsele autorizado licen-cia anual por vacaciones desde el 1ro. de noviembre hasta el 9' de diciembre de 1968, inclusive.

El día 10 de enero de 1969, el recurrente presentó la renuncia del puesto que ocupaba en documento fechado 9 de diciembre de 1968. Este hecho se estipuló como cierto, entre otros, a solicitud de la autoridad nominadora en la vista administrativa celebrada durante los días 18 y 25 de junio de 1969 ante la Junta de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en adelante denominada ‘La Junta’. (Énfasis en el original.)

Con fecha 4 de agosto de 1969 la Junta expidió resolución desestimando los cargos formulados contra el recurrente y fijando el día 25 de enero de 1969 la fecha en la cual éste cesó como empleado del Departamento de Comercio. (Énfasis en el original.)

Resumiendo, la Junta concluyó que una autoridad nominadora no puede hacer una destitución con efecto retroactivo por estar ésta en la obligación de tomar acción positiva dentro de un período de quince (15) días, una vez le sea presentada la renun-cia por un empleado.”

Según el Procurador General, a partir del 10 de diciembre de 1968 y hasta el 10 de enero de 1969 el peticionario “. . . estuvo trabajando en la Vaquería Tres Monjitas con un sueldo de $600 mensuales aproximadamente. En repetidas ocasiones se le requirió inútilmente que presentara certificado médica que justificara su' abandono de servicio. Consciente de la investigación que estaba llevando a cabo la autoridad nomi-nadora, presentó una carta de renuncia el día 10 de enero de 1969 fechándola 9 de diciembre de 1968.”

La Sec. 31 de la Ley de Personal (3 L.P.R.A. see. 671) dispone, en parte, que:

“ (a) Los funcionarios y empleados regulares en el Servicio por Oposición sólo podrán ser destituidos por justa causa, y previa formulación de cargos.

Para la destitución de un funcionario o empleado regular en el Servicio por Oposición, según antes se dispone, se seguirá el siguiente procedimiento:

En adición a los procedimientos que se establezcan en las reglas de la Junta con respecto a querellas y medidas disciplina-rias, la autoridad nominadora tendrá derecho a destituir a cual-quier funcionario o empleado regular dentro del Servicio por Oposición previa formulación de cargos, debiendo la autoridad nominadora dirigir al empleado o funcionario en cuestión un escrito, expresando las causas o fundamentos de los mismos. La autoridad nominadora someterá una copia de este escrito al Director. .
Un funcionario o empleado regular en el Servicio por Oposi-ción podrá apelar ante la Junta de la actuación de la autoridad nominadora decretando su destitución dentro del término de diez (10) días a partir de la notificación. La Junta verá el caso en apelación con audiencia de las partes y deberá dictar resolución dentro de los diez (10) días siguientes a la vista. La autoridad nominadora, con la autorización del Director, podrá cubrir el puesto, si así conviene al servicio, con un nombramiento provisional hasta tanto se resuelva en definitiva el recurso de apelación del funcionario o empleado destituido.”

Las Sees. 647-201 y 202 de las Reglas de Personal (3 R.&R.P.R. sees. 647-201 y 647-202) disponen lo siguiente:

Sección 201.
“Todo empleado que desee renunciar su puesto deberá pre-sentar su renuncia por escrito a la autoridad nominadora con no menos de 15 días de antelación a su último día de trabajo. La autoridad nominadora, sin embargo, podrá aceptar renuncias presentadas con un plazo más breve de antelación.”
Sección 202.
“Incurrirá en abandono de servicio todo empleado que perma-nezca ausente de su trabajo durante 5 días consecutivos, sin autorización de la autoridad nominadora. Tal abandono del 'servicio será causa justificada para que la autoridad nominadora suspenda o destituya al empleado.”

Apunta el peticionario que al hacer el interventor la desti-tución del peticionario retroactiva al 10 de diciembre de 1968 violó lo dispuesto en la referida Sec. 31 ya que una desti-tución retroactiva a la fecha en que se formularon los cargos (28 de febrero de 1969) equivale a una destitución sin la previa formulación de cargos.

Arguye el peticionario, además, que habiéndose presentado la renuncia del peticionario en 10 de enero de 1969, y no habiendo actuado el interventor con respecto a la misma dentro de los siguientes 15 días, el peticionario cesó como empleado el día 25 de enero de 1969, de manera que cuando se le formula-ron los cargos en 28 de febrero de 1969 ya él no era empleado del referido Departamento de Comercio por lo que no procedía que se le formularan cargos.

Discutiremos el primer apuntamiento del peticionario pri-meramente, pues, como tiene razón en cuanto al mismo, se hace innecesario considerar y resolver la cuestión de retro-actividad planteada en el segundo.

Contrario al caso de los funcionarios públicos, las renuncias de los cuales tienen que ser aceptadas para que queden vacantes sus cargos (3 L.P.R.A. sees. 555 y 556), en el caso de los demás empleados del gobierno nada se dispone en la Ley de Personal sobre alguna acción a tomar eoii respecto a sus renuncias. Es en el Reglamento promulgado por la Junta de Personal que se dispone que las renuncias deberán radicarse con no menos de 15 días de antelación al último día de trabajo. Nada se ha dispuesto al efecto de que dicha renuncia tenga que ser aceptada para ser efectiva, excepto que la renuncia puede ser aceptada, “en un plazo más breve de antelación” o sea, antes de los referidos 15 días. Tampoco se ha dispuesto, por supuesto, término alguno para tomar la acción positiva de aceptar la renuncia.

No es lógico suponer que una persona que renuncia un puesto bajo la Ley de Personal venga obligada indefinida-mente a continuar ejerciéndolo hasta que se le acepte la renuncia. De ser así la norma de derecho, la persona renun-ciante en efecto quedaría obligada a continuar ejerciendo el cargo en contra de su voluntad, pues de no hacerlo corre el riesgo de ser destituida por haberlo abandonado, destitución que conlleva inelegibilidad para nombramiento en puestos de Servicio por Oposición y del Servicio sin Oposición. Lebrón Sotomayor v. Junta de Personal, 100 D.P.R. 164 (1971).

Concluimos que la interpretación razonable de la Regla 647-201 es que el renunciante cesa en el cargo a la expiración de 15 días de radicada su renuncia pues ese es, de acuerdo con dicha Regla, “. . . su último día de trabajo.” (Énfasis suplido.)

Esto no quiere decir que se pueda perpetuar en el servicio público a personas que no son acreedoras a ello o que mediante tal renuncia un empleado pueda evadir una investigación dirigida a la formulación de cargos que, de ser probados, resul-tarían en su destitución.

Convenimos con la Junta que esto se puede evitar, y particularmente se pudo evitar en el caso ante nos en el cual el peticionario estaba bajo investigación por el abandono de su cargo desde antes de presentar la renuncia, mediante el ejercicio de la facultad inherente en el funcionario que tiene el poder de llenar la plaza o. cargo, de informar, dentro del referido plazo de 15 días, que rechaza la renuncia porque existen razones que justifican investigar la conducta del renunciante, debiendo limitarse el plazo de dicho rechazo a un término razonable dentro del cual se inicie y finalice la investigación y se haga la determinación de aceptar la renuncia o proceder a la formulación de los cargos. People v. Kerner, 167 N.E.2d 555, 558 (Ill. 1960).

En vista de lo expuesto, debe revocarse la sentencia dic-tada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 2k de noviembre de 1971, y dictarse otra en su lugar con-firmando el dictamen de la Junta de Personal de k de agosto de 1969 que desestimó los cargos formulados en contra del peticionario.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado.


text:
    Ernesto Aponte, demandante y recurrido, v. Cortés Express e Insurance Company of Puerto Rico, demandadas y recurrentes.

      Número: R-71-312

      Resuelto: 10 de enero de 1973

      Vicente Santori Coll, abogado de las recurrentes; Antonio Bauza Torres, abogado del recurrido.
   per CURIAM:

En reclamación de daños ocasionados a un camión del recurrido en que por estipulación se admitió la negligencia de Cortés Express y los daños de hojalatería, ascendentes a $200, quedaron por dirimir en el juicio la naturaleza y cuantía de otros daños con motivo de los desper-fectos ocasionados al diferencial del camión.

Concluyó el tribunal de instancia que:

“2. — El diferencial que sufrió los daños es uno del tipo U-200, y para la reparación del mismo se requería la suma de $1,320.00, que se desglosa en $235.00 costo del cónico, $480.00 costo de la catalina, $15.00 costo de grasas y juntas, más $600.00 por la mano de obra. El camión del demandante al momento del acci-dente tenía de 10 a 11 meses de uso. Era marca ‘Reo’.
3. — A raíz del accidente, el demandante llamó a Cortés Express reclamando sus daños y luego notificó a la Compañía de Seguros. En vista de que la compañía de seguros no resolvía el problema optó por comprar un diferencial usado, el cual le costó $500.00. Dicho diferencial se lo vendió el Sr. Santana Ruiz el 23 de diciembre de 1966. Bajo condiciones normales de uso y cuidado el tiempo útil de vida de un diferencial varía dependiendo de la condición en que se encuentre, el uso que se le ha dado y si ha sido o no ajustado previamente. Un diferencial nuevo puede durar hasta quince (15) años. El primer diferencial usado instalado por el demandante apenas duró diez y siete (17) meses. Además fue necesario parar el camión por un intervalo de treinta (30) días para repararlo, ya que hubo que buscar el diferencial y luego instalarlo.
4. — El 5 de junio de 1968 se dañó el primer diferencial usado instalado, por lo que el demandante tuvo que comprar otro diferencial usado a Riozana Auto Parts, Ine., por la suma de $400.00. El Tribunal no va a entrar a considerar daños por pérdida de uso en este período, ya que en la demanda sólo se reclama $1,500.00 en esa partida. El 7 de diciembre de 1970, se daña esté segundo diferencial usado y el demandante compra otro usado, a la Asociación de Camioneros Unidos, por el precio de $600.00. A la fecha de la vista este último diferencial estaba empezando a fallar. En todas estas ocasiones el demandante instaló la unidad completa. No hay prueba de que el demandante haya hecho mal uso del equipo o que no le haya dado el debido mantenimiento a dichos diferenciales."
5. — A la fecha de los daños, el demandante devengaba ingre-sos netos ascendentes a $60.00 diarios. Como consecuencia de los daños, y el intervalo entre éstos y la primera reparación, el demandante estuvo sin poder utilizar su vehículo durante veinti-cinco (25) días hábiles, lo que eleva a $1,500.00 en ingresos deja-dos de devengar.
6. — Después de haber instalado el primer diferencial usado, y aproximadamente dos (2) meses después del accidente/ el testigo Pedro Alcaraz fue a ver el diferencial que sufrió el daño en. el accidente, y aunque lo encontró en estado reparable, sin embargo, le recomendó a la compañía de seguros que pagara sólo el costo del diferencial usado aunque no sabía si éste último estaba en buenas condiciones. A los siete (7) meses del accidente, fue el demandante a ver al Sr. Roberts de la compañía Insurance Company of Puerto Rico. El demandante no fue atendido. Durante todo ese tiempo, el diferencial original pudo haber sido reparado, pero debido a sus gastos y necesidades, el demandante no pudo costear , el costo de la reparación del diferencial que, como expresamos anteriormente ascendía a la suma de $1,320.00. El señor demandante optó por comprar diferenciales usados cuya vida útil varía dependiendo de las circunstancias antes menciona-das. El demandante trataba bien y con cuidado a su camión. Cabe señalar que el señor demandante pagaba la suma mensual de $553.00 por dicho camión, por lo que detenerlo en espera de que la compañía demandada viniera a resolver el problema, quizás hubiese significado la entrega del camión a la casa financiadora, ya que el señor demandante no estaba en condiciones de hacer dicho pago. Estimamos que el señor demandante fue diligente y que aunque de esa manera — mediante la compra de tres dife-renciales usados — aminoró los daños, el problema de su camión persiste pues dichos diferenciales se le han dañado. El último que le puso ya estaba fallando. Un diferencial nuevo — como él que tenía el camión al momento del accidente — hubiese durado hasta quince (15) años.”

Como resultado de tales conclusiones, el tribunal de instan-cia condenó a los recurrentes a pagar al recurrido, en adición a los $200 por reparación de la hojalatería del camión, $1,320 por los daños sufridos por el diferencial dañado debido al accidente, $1,500 por los tres diferenciales usados instalados en el referido camión más $1,500 por pérdida de uso y ganan-cia dejada de devengar por el recurrido.

Se apunta que el tribunal de instancia incidió al conceder $1,500 por el costo de los tres diferenciales; al concluir.que los ingresos netos del recurrido eran $60 diarios; y que sufrió una pérdida del uso del vehículo por 25 días hábiles.

Es evidente de dichos apuntamientos que no se impugna la concesión de $1,320 por los desperfectos ocasionados al dife-rencial original instalado en el camión con motivo de la coli-sión con el vehículo de Cortés Express.

A los fines de resolver, es necesario hacer referencia a determinados hechos sobre los que testificó el recurrido. En cuanto a sus ingresos, testificó como sigue:

“Podría decirnos cuánto usted ganaba utilizando ese camión para cargar cemento a granel para la fecha del accidente?
Bueno hay veces que uno da tres o cuatro viajes y eso reporta $100.00 diarios.
Y esos cuatro viajes los daba al mes al día?
Se dan todos los días.
Cuánto le deja limpio en la utilización de dicho camión diario en el negocio del acarreo de cemento, cuánto le dejaba para la fecha del accidente, para el 1966 ?
Pues eso podría dejarme limpio como $60.00 ó $65.00 ó $70.00 pesos todos los días.
Diario ?
Sí.
A raíz del accidente, cuánto tiempo estuvo sin utilizar el camión mientras el mismo fue reparado ?
Tuve como cerca de 25 días porque tuve como 15 días espe-rando, verdad, porque me vinieran a reparar el truck y como no vinieron tuve como 5 ó 6 días en buscar el diferencial y después lo compré y en lo que se montó y todo eso pues. . . .”

Más tarde, en contrainterrogatorio, testificó así :

“Usted rinde planilla de Income Tax?
Sí, rindo planilla.
Usted para esa época, eso fue en el 1966, en Diciembre, ya finalizado el año, usted rindió planilla para esa época?
Sí.
Y cuánto pagó de Income Tax?
No pagué nada porque no me sobraba, al contrario, estaba embrollado pagando $543.00 mensuales, que apenas me sobraba y después las gomas que valen a $225.00.
Y usted no pagaba nada más de Income Tax, rindió planilla, pero no pagó ?
No.
A pesar de que ganaba $3,000.00 al mes ?
Sí, señor.
Hon. Juez:
Cuál fue la pregunta?
Lcdo. Santori:
A pesar de que ganaba $3,000.00 al mes.
Hon. Juez:
El dijo que él pagó Income Tax?
Lcdo. Santori:
Que no .pagó Income Tax ese año del 1966.
El accidente ocurre en Diciembre del 1966, que fue a finales del año, y ese año del 1966 no pagó nada de Income Tax, a pesar de que ganaba $3,000.00 al mes ?
Lcdo. Bauza:
■ El señor explicó la razón.
Lcdo. Santori:
Sí, que las gomas costaban mucho.
Testigo:
$225.00.
Lcdo. Santori:
Y usted tenía que pagar la mensualidad del vehículo, verdad? Sí, señor.
Que eran cuánto, $543.00?
Sí, señor.
Por eso era que usted no podía?
No.
Y en el 1965, también pagó Income Tax, el año antes?
No lo pagué. Durante esos tres años no pude pagar. Es más, que saqué una libreta de cheques en el Banco y tuve que retirarlo.
Usted tenía necesidad de utilizar el camión?
Sí, señor.
Usted no tenía otra forma de ingreso de vida para obtener sus ingresos ?
De ninguna especie.
Qué usted hizo cuando cambió el diferencial con las piezas del diferencial nuevo ?
Las dejé allá para que las fueran a arreglar.”

De la lectura de la transcripción resulta aparente que el recu-rrido reclamaba un diferencial nuevo de la recurrente asegu-radora.

Bajo la norma de minimizar los daños, el recurrido no estaba obligado a esperar 15 días, como esperó, para que los agentes de la aseguradora vinieran a examinar el diferencial damnificado y determinar si era reparable o había que reponerlo. Al igual que lo hizo el mecánico de la aseguradora dentro de la inusitada e irrazonable tardanza de 2 ó 3 meses después del accidente, el recurrido pudo cerciorarse, con razonable ' prontitud, con su propio mecánico, de la rotura del cónico y la catalina del mismo del costo de esta reparación y que dicha reparación tardaría de 2 a 3 días. No hubo prueba de que el recurrido estuviese económicamente impedido de costear esta reparación. Sólo hubo prueba de que tenía necesidad de utilizar el camión pues no tenía otra forma de vida para obtener sus ingresos.

Es necesario aclarar, sin embargo, que en casos en que las reparaciones sean tan costosas que estén fuera del alcance de los medios económicos del dueño del vehículo damnificado debido a la negligencia de otra persona asegurada contra ese riesgo, la norma de minimizar los daños no debe imponerle al reclamante el deber imposible de realizar las reparaciones necesarias con prontitud. Más bien, en estos casos, es obligación de la aseguradora, con el fin de aminorar su responsabilidad, proceder con prontitud, luego del accidente, a investigarlo, determinar quién fue el causante del accidente, qué daños se causaron y, aceptado que la causa fue la negligencia del asegurado, proceder a ofrecer reparar el vehículo con el fin de restaurarlo a su condición de antes del accidente, siendo responsable, por supuesto, en los casos en que el vehículo constituya el medio de vida del reclamante, por el ingreso’ que este ha dejado de percibir durante la tardanza no atribuible al reclamante, hasta que se haya reparado el vehículo.

En el caso ante nos, es evidente que el recurrido pudo determinar la naturaleza de los desperfectos- sufridos por el diferencial original con motivo del accidente dentro de 24 horas y,.en ausencia de prueba en contrario, pudo ordenar la reparación requerida en seguida de manera que la tardanza que en este caso hubiera' sufrido, se limitara a cuatro días. Se deduce de esto que sólo dejó de percibir ingresos por la cuantía de $240 (o sea, a razón de $60'durante cuatro días). La tardanza de 25 días hasta que logró instalar el primero de los tres diferenciales y todo el costo de esto resultó innecesario y, en derecho, irrecobrable. Por el contrario, estas inútiles gestiones eran más bien demostrativas de que el recurrido sólo reclamaba un diferencial nuevo y no la reparación del original y de que esta reparación no estaba fuera del alcance de sus medios económicos.

En tal virtud, se modificará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, en 29 de noviembre de 1971, a los fines de eliminar de la misma la concesión de $1,500 por tres diferenciales y reducir la cuantía de los daños por ingresos dejados de percibir a $21.0.00.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Martínez Muñoz y Martín, concurren en el resultado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José López Vera, acusado y apelante.

      Número: M-72-28

      Resuelto: 16 de enero de 1973

      Félix A. Toro, Jr., abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Cándita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Debemos resolver si en un caso en que el apelante, mientras conducía su automóvil chocó con otro en una calle de Adjuntas, puede ser denunciado por manejar dicho vehículo en estado de embriaguez (Art. 5-801, Ley de Vehí-culos y Tránsito — 9 L.P.R.A. see. 1041) y, además, denun-ciado por conducir el vehículo de manera descuidada, atolon-drada y negligentemente (Art. 5-201, Ley de Vehículos y Tránsito — 9 L.P.R.A. see. 871). Concluimos que puede ser denunciado por ambas infracciones por los fundamentos que expusimos en Pueblo v. González Rivera, 94 D.P.R. 686 (1967), pues no procede aplicar a las circunstancias de este caso la norma que adoptamos en González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136 (1971.)

Basamos nuestra determinación en González, en el de People v. Bauer, 461 P.2d 637 (1970), resuelto por el Tribunal Supremo de California. Sin embargo, ese mismo tribunal resolvió el caso de In re Hayes, 75 Cal. Reptr. 790 (1969) al cual se hace una mera referencia en Bauer y no se distingue ni se modifica o revoca y, por lo tanto, es la norma prevaleciente en California al considerar simultáneas violaciones a las leyes de tránsito resultantes de un solo acto o curso de conducta a la luz de lo dispuesto en la See. 654 del Código Penal de California que es equivalente al Art. 44 del Código Penal de Puerto Rico (33 L.P.R.A, sec. 90).

En In re Hayes, supra, el Tribunal Supremo de California resolvió que la imposición de sentencias por conducir mientras la licencia de conducir ha sido suspendida y por conducir en estado de embriaguez no es contrario al estatuto que prohibe la imposición de castigos múltiples por un solo acto u omisión criminal. Dijo el tribunal que el acto común en los delitos en este caso, el mero acto de conducir un vehículo de motor, no es punible por estatuto alguno; que “El enfoque apropiado, por lo tanto, es aislar los varios actos criminales envueltos y entonces examinar sólo aquellos actos a los fines de identidad. En este caso los dos actos criminales son (1) conducir con una licencia suspendida y (2) conducir en estado de embriaguez; dichos actos no son en sentido alguno idénticos o equivalentes. El peticionario no está siendo castigado dos veces — porque no puede ser castigado en forma alguna — por el ‘acto de condu-cir’. Está siendo castigado una vez por conducir con una licencia inválida y una vez por su acto independiente de con-ducir en estado de embriaguez. . . . Además, no debemos con-fundir simultaneidad con identidad. ... En resumen, pues, la Sección 654 del Código Penal prohibe los castigos múltiples por un solo acto u omisión punible bajo distintos estatutos, es decir, un solo acto u omisión criminal. Como el mero acto de guiar no es punible bajo ningún estatuto, no es el tipo de acto u omisión a que se refiere la Sección 654. Los actos punibles realizados por este peticionario fueron (1) conducir con una licencia suspendida y (2) conducir en estado de embriaguez, dos actos criminales separados y distintos; el hecho que se realizaran simultáneamente y que compartan en común el acto neutral de conducir, que no es de naturaleza criminal, no hace que el castigo del peticionario por ambos delitos esté en con-flicto con la Sección 654 del Código Penal.”

El tribunal, en In re Hayes, desaprobó la conclusión con-traria a que llegó, bajo circunstancias similares, el Tribunal de Apelaciones para el Cuarto Distrito de ese estado, en People v. Morris, 47 Cal. Reptr. 253 (1965).

En casos de violación simultáneas de leyes de tránsito repetidamente se ha utilizado la prueba (test) de “la misma evidencia”, es decir, “la prueba de la evidencia requerida”, el alcance preciso de la cual lo expusimos en González Rivera, supra. Es la norma prevaleciente. State v. Jackson, 248 So.2d 663 (Fla. Ct. App. 3 1971); State v. Elliot, 488 P.2d 1189 (Ore. Ct. App. 1971); McMillan v. State, 468 S.W.2d 444 (Texas Ct. Crim. App. 1971); Estes v. Commonwealth, 181 S.E.2d 622 (V. Ct. App. 1971); State v. Sawyer, 180 S.E.2d 387 (N.C. Ct. App. 1971); Martinez v. People, 484 P.2d 792 (Col. 1971); State v. Currie, 197 A.2d 678 (N.J. 1964); United States v. De Mauras, 441 F.2d 1304 (8th Cir. 1971); Contra-Upchurch v. State, 184 N.W.2d 607 (Minn. 1971).

En consonancia con Elliott, supra, una convicción de manejar en estado de embriaguez no requiere una determinación de que se manejaba descuidada, atolondrada y negligentemente. A contrario sensu, el conducir en esta última forma no necesariamente implica o requiere una determinación de que se conducía el vehículo en estado de embriaguez.

En vista de lo expuesto, debe confirmarse la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en 31 de agosto de 1971.

El Juez Asociado Señor Dávila concurre en el resultado.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. George Bell Pound y Julio Higinio Vázquez de la Torriente, acusados y apelantes.

      Número: CR-72-7

      Resuelto: 16 de enero de 1973

      Enrique Miranda Merced, abogado de los apelantes; J. F. Ro-dríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Un jurado declaró culpable a los apelantes por varios delitos de robo a mano armada y de infracciones a los Arts. 6, 8 y 32 de la Ley de Armas de Puerto Rico. 25 L.P.R.A. see. 411 et seq. Los actos delictivos se realizaron el mismo día 18 de junio de 1970, en la Joyería Liz y en el Restaurant La Linterna, ubicados, uno en el sector del Condado y el otro en Miramar. No conforme con los veredictos los apelantes nos piden la revocación señalando varios errores que discutiremos seguidamente.

Los primeros tres errores impugnan el procedimiento de identificación. Arguyen los apelantes que la identificación estuvo viciada de sugestividad, que no tuvieron asistencia legal en esa etapa de los procedimientos y que no se siguió la norma sentada en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), que requiere la participación del acusado en unión con otras personas de circunstancias exteriores semejantes en el procedi-miento de identificación.

Los apuntamientos adolecen de un vicio fatal: No tienen apoyo alguno en la prueba desfilada. Los apelantes parten en su alegato de un enfoque equivocado pues no hay en este caso un problema de identificación. Basta reproducir a este respecto el testimonio del dueño de la joyería, Reto Kominoth, y del dueño del Restaurant La Linterna, Perfecto González.

Declaró Kominoff [sic]:

Después que yo le informé ésto a la policía, yo fui al aero-puerto para buscarlos, que eran como las cuatro y media que yo me fui de la tienda. Y como a las cinco y cuarto yo vi a George Bell caminando en los alrededores del aeropuerto con una maleta en sus manos y yo fui a buscar un policía para que lo arrestara. Arrestamos al Sr. Bell y lo llevamos al Cuartel de la Policía del aeropuerto y después que estaba en el Cuartel de la Policía, yo me fui a ver, a buscar el otro hombre, Vázquez. Después de 15 minutos, no lo vi y no lo encontré. Entonces regresé al Cuartel de la Policía para que me dieran el número de vuelo y el número de puerta por donde sale el número de vuelo para ver si podía ver a Vázquez allí. Fui a la ‘reja’ 25 después de éso y vi a Vázquez por allí y fui busqué otro policía. Cuando regresamos vimos que Vázquez estaba subiendo a bordo del avión. Le dije al policía que velara al avión que no se saliera de la pista y volví para buscar los agentes del C.I.C. que venían hacia el aeropuerto. Cuando ellos llegaron, volvimos al avión que ya estaba cerrado y hicimos que abrieran el avión de nuevo y entonces yo entré dentro del avión con los agentes, identifiqué al Sr. Vázquez, lo arrestaron y lo llevaron al Cuartel de la Policía. En ese tiempo ellos abrieron la maleta que estaba cargando el Sr. Bell y toda la. . . .” (T.E. págs. 28 y 29.)

González declaró:

P. ¿ Qué fue lo próximo que usted supo de los asaltantes ?
R. Bueno, lo próximo fue que Roberto lo vio en el periódico retratado y entonces cogió llamó la detective y dijo que eran los mismos, entonces vino la detective, trajo la foto y ellos son, sí. Como eso fue todo en el intervalo de un día o dos vimos la foto de ellos y los reconocimos.
P. Testigo, usted dice que la detective vino y le trajo las foto-grafías.
R. Sí

Hon. Juez:

¿Trajo qué?
R. Las fotos que digo venían en el periódico, ahí estaban porque los periódicos los compró un muchacho empleado y la vimos. Además vino la detective y vimos que eran ellos.” (T.E. págs. 99 y 100.)

Tanto Kominoth como González identificaron a los apelan-tes sin intervención de la policía. El. primero, sospechando la fuga de los apelantes va por su cuenta al aeropuerto, reco-noce a Bell y pide su arresto al primer policía que encuentra y que nada sabía del robo. Luego averiguó el número del vuelo de Vázquez y, sin pérdida de tiempo, se dirige al salón de espera correspondiente, lo ve allí é inmediatamente busca a otro policía para que lo arreste. Todo ello, repetimos, sin intervención de la policía y antes de que se efectuara arresto alguno. González por su parte reconoció las fotos de los apelantes en el periódico. Su empleado Roberto Pérez Nieves llamó a la policía y les informó de su identificación.

Quizás no se encuentre un caso de mayor espontaneidad en la identificación que el caso de autos. La identificación la hicieron los propios perjudicados a iniciativa propia y antes de que se verificara el arresto por los delitos cometidos contra ellos. En esa etapa todavía no había intervenido la maquinaria policial y, por lo tanto, no era necesario la asistencia de abogado ni la aplicación de las normas sentadas en Gómez Incera, supra.

CUARTO ERROR:

“Erró el Honorable Tribunal al admitir en evidencia las armas alegadamente ocupadas en el aeropuerto a George Bell Pound, dos de las cuales alegadamente habían sido usadas por los acusados-apelantes' durante la perpetración de los dos robos que se le imputan.”

El apuntamiento es inmeritorio. Tanto el perjudicado Kominoth como el policía Cruz Jiménez, quien prestaba servicios en el aeropuerto el día del arresto del apelante Bell, identi-ficaron debidamente las armas que se le ocuparon a éste, por lo que las mismas eran admisibles en evidencia.

QUINTO ERROR:

“La evidencia presentada por el Ministerio Público era in-suficiente para establecer fuera de duda razonable que la pistola alegadamente portada por George Bell Pound durante el alegado robo en la Joyería Liz estuviese cargada.”

El apelante Bell intenta impugnar la suficiencia de la prueba para establecer la infracción al Art. 8 de la Ley de Armas durante el atraco de la Joyería Liz. Los testimonios de Kominoth, dueño de la joyería, y de Raymond Ward, quien se encontraba en la joyería comprando un regalo al momento del atraco, sostienen adecuadamente este cargo.

SEXTO ERROR:

“Erró el Honorable Tribunal al declarar culpable y sentenciar a George Bell Pound por dos .alegadas infracciones al Art. 6 de la Ley de Armas (M 70-1664 y M 70-1665) en relación con el alegado robo al Restaurant La Linterna, a pesar de que la prueba del Fiscal solo tendía a establecer una infracción al Art. 6 en esa transacción.”

Hemos examinados los autos y constatamos que, efectiva-mente, este error fue' cometido. La prueba desfilada revela que el apelante Bell sólo poseía una pistola al realizar el atraco de la joyería y del restaurant. Sin embargo, se presentaron tres acusaciones por esos mismos hechos, la M-70-1664 ,y M-70-1665, las . cuales son idénticas. El Procurador General en su informe se-allana en la revocación de una de. estas sen-tencias. ...

El séptimo error se refiere a la misma situación que la anterior, pero con respecto ál apelante Vázquez de la -Tó-rnente, y, procede' igualmente que revoquemos una de las sentencias por'la infracción al Art. 6.'

OCTAVO ERROR:

“Erró el tribunal de instancia al declarar culpable y sentenciar a George Bell Pound por varias alegadas infracciones al'Art. 6 de la Ley de Armas, a pesar de que esas alegadas infracciones se referían a una misma pistola, y constituían una misma infrac-ción al Art. 6 de la Ley de Armas, que penaliza la posesión de un arma de fuego sin haber obtenido la licencia correspondiente.”

Las acusaciones contra Bell por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas le imputan propiamente cinco cargos. Tres por la posesión sin licencia de las tres armas que le fueron ocupadas en el aeropuerto, y, dos por la posesión de la pistola usada para el atraco de la Joyería Liz y por la usada en el Restaurant La Linterna. La contención del apelante Bell es que se trata de un delito continuo.

No tiene razón. No se trata de una sola transacción ni una serie de actos continuos puestos en movimiento por un solo impulso. Cf. Pueblo v. Negrón, 77 D.P.R. 782 (1954). No hay aquí unidad de tiempo ni de espacio en la posesión de las armas de fuego. La prueba fue distinta para cada uno de los cargos; como también fue distinta la intención criminal en cada uno de ellos. Se trata de delitos separados y distintos en cada una de las ocasiones que poseyó el arma de fuego independiente-mente de que se tratara de la misma arma.

El noveno error hace idéntico planteamiento con respecto al apelante Vázquez y procede la misma determinación que la anterior.

DECIMO ERROR:

“Erró el Honorable Tribunal al declarar culpable y sentenciar a los acusados-apelantes por alegadas infracciones al Artículo 32 de la Ley de Armas a pesar de que dichas alegadas infracciones se habían fundido (merged) en los alegados delitos de robo.”

El apuntamiento es frívolo. Se trata de dos delitos distintos cuyos elementos esenciales son diferentes. La infracción al Art. 32, apuntar con un arma de fuego, no está incluido en el de robo. Pueblo v. Rivera Ramos, 88 D.P.R. 612 (1963), citado por el apelante en apoyo de este apuntamiento, no es de aplicación.

Tienen razón los apelantes en su señalamiento adicional impugnando las sentencias de ocho meses de cárcel que les fueron impuestas en todos los casos por delitos menos graves. En virtud de la Ley Núm. 9 de 7 de julio de 1971 la pena por delito menos grave no excederá de seis meses. Pro-cede, por lo tanto,- reducir a seis meses las sentencias por los delitos menos graves.

Se confirman las sentencias dictadas contra los apelantes por los delitos de robo y de infracciones a los Arts. 6, 8 y 32 de la Ley de Armas, quedando reducidas estas ultimas a seis meses de cárcel. Se revoca la sentencia por infracciones al Art. 6 de dicho estatuto dictada contra el apelante George Bell Pound en el caso M-70-1666 y la dictada contra Higinio Vázquez de la Torriente en el caso M-70-1661 por infracción a dicho Art. 6.


text:
    Felipe González González, demandante y recurrido, v. Hon. Félix Ramón Esteves, Alcalde de Utuado, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-72-91
    Resuelto: 19 de enero de 1973

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procurar dor General Auxiliar, abogados de los recurrentes; Jorge Marín Báez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos resolver si es procedente en derecho que al recurrido se le deduzca lo cobrado como sueldo en exceso de $425 en el ejercicio del cargo de Tesorero Director Escolar del Municipio de Utuado, cargo al que fue nombrado por el Alcalde de dicho Municipio en 13 de enero de 1969, el mismo día en que el recurrido juró- su cargo como Asambleísta Municipal al cual había sido electo y al cual renunció al día siguiente. Antes de dicha elección, el recurrido era maestro de escuela con un sueldo de $400 al mes.

El cargo de Tesorero Director Escolar en cuestión figuraba en el presupuesto del municipio con anterioridad a las elec-ciones de 1968 con un sueldo de $425.00. Fue aumentado en 1ro de julio de 1969 a $450 y en julio de 1970 a $475. La oficina del Contralor concluyó que durante el período entre 5 de enero de 1969 y 31 de marzo de 1970 el demandante había recibido pagos indebidos por un monto de $396.82 en violación de la Ley Núm. 9 de 7 de marzo de 1951 (3 L.P.R.A. sees. 679-684) y de la See. 5 del Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Asociado. En tal virtud el Alcalde de Utuado, por instrucciones del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, ordenó retener el sueldo del recurrido en exceso de $425, retención que ha sido realizada por el Auditor Municipal.

El recurrido radicó demanda de sentencia declaratoria en que solicita se resuelva que, a la luz de lo relacionado previa-mente, la actuación del Alcalde y del Auditor Municipal es ilegal y sin justificación y, por lo tanto, viola los derechos del recurrido.

El tribunal de instancia resolvió que el juramento de Asambleísta que hizo el recurrido fue una cuestión pro forma; que el Contralor “... quiere aplicar la ley siguiendo una norma ortodoxa de raíz matemática . . . que no fue la intención legislativa, aplicar los estatutos mencionados a un caso como el presente.” Por lo tanto concluyó .que ,las retenciones del sueldo del recurrido eran ilegales por lo que ordenó.que se le. pagase “. . . todo el dinero que por concepto de sueldo le han retenido ... y todas aquellas cantidades que se han negado a pagarle.”

Los estatutos en cuestión son los siguientes:

(a) Sec. 15, Art. Ill Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico (1 L.P.R.A., Vol. 1, pág. 249), la cual dispone que:

“Ningún Senador o Representante podrá ser nombrado, durante el término por el cual fue electo o designado, para ocupar en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentali-dades, cargo civil alguno creado, o' mejorado ■ en su sueldo, durante dicho término. Ninguna persona podrá ocupar un cargo en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalida-des y ser al mismo tiempo Senador o Representante. Estas dispo-siciones no impedirán que un legislador sea designado para desempeñar funciones ad honorém.”

(b) Los .Arts. 1 y 2 de la Ley Núm. 9 de 7 de marzo de 1951 (3 L.P.R.A. Secs. 679-680) que disponen:

See. 679—

“Ninguna agencia del Gobierno de Puerto.Rico extendrá nom-bramiento a ninguna persona que: (1) desempeñe un puesto en otra agencia del Gobierno de Puerto Rico;. (2). haya desempeñado un puesto en otra agencia del Gobierno de Puerto Rico a menos que hayan transcurrido noventa días entre la fecha de su sepa-ración del ¡puesto anterior que ocupaba y su nombramiento para el nuevo puesto. Si dicha persona recibe vacaciones con sueldo al renunciar su puesto anterior se. entenderá que- su • renuncia. tuvo efecto al expirar dichas vacaciones.”

See. 680—

“La prohibición de la see. 679 de este título se aplica sola-mente si la retribución del nuevo puesto es mayor que la del puesto anterior; Entendiéndose que en caso de que sea igual o menor, queda sin efecto, el nombramiento si dentro de los seis meses después de haberse hecho se concede un aumento sobre la retribución percibida en el cargo o empleo anterior.”

(c) El Art. 29 de la Ley-Municipal (21 L.P.R.A.. see, 1171) lee así: ....

“Todas las limitaciones impuestas por la Constitución, del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico a la Asamblea Legislativa y a sus miembros, serán aplicables, hasta donde fuere posible, a la asamblea municipal y a los miembros de la misma...

El propio tribunal de instancia informa en su sentencia que el recurrido fue debidamente electo Asambleísta Municipal de Utuado; juró el cargo y a las horas lo renunció. No podemos convenir con dicho tribunal que dicho juramento fue pro forma. El recurrido en derecho llegó a ocupar el cargo de asambleísta y, aún siéndolo, fue nombrado 'Tesorero Director Escolar de Utuado. Le aplica por tanto la clara disposición constitucional, hecha extensiva a los asambleístas municipales, que en efecto prohibe el aumento de sueldo de un cargo en un municipio al cual es nombrado un asambleísta municipal, durante el término por el cual fue electo. Igualmente se violó en este caso lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 9 de 1951 previamente citado.

En Cordero, Auditor v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 378, 385 (1951), dijimos que la frase “durante el tiempo por el cual hubiere sido electo” es una frase clásica que se usa “. . . dondequiera que los redactores quisieron hacer que un legislador fuera inelegible durante todo el período de tiempo por el cual fue electo, independientemente de su renuncia del escaño legislativo.” Ese significado está consagrado por su uso.

Cuando la disposición constitucional en cuestión se consi-deró por la Comisión de la Rama Legislativa de la Convención Constituyente, su redacción original disponía que ningún miembro de la Asamblea Legislativa podría ocupar un cargo civil en Puerto Rico, sus instrumentalidades y municipios durante su incumbencia y que durante el término para el cual fue electo no podría ser nombrado para un cargo civil que se crease o cuyo sueldo se aumentase durante dicho período. Esta disposición fue luego redactada de nuevo e incluida en la

Constitución en la redacción que aparece en la Sec. 15 del Art. III. Hubo extensas discusiones en la Constituyente sobre el término “incumbencia”. Se enmendó para eximir de la pri-mera prohibición el desempeñar cargos ad honorem. Diario de Sesiones, Tomo 2, págs. 778-806, 809-814, 1088-1099, 1327-1335, Tomo 4, págs. 2435-2436, 2580.

No hemos encontrado en el Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente debate, comentario o discusión que en forma alguna indicase un sentir o interpretación de la frase “durante el término para el cual fue electo” contrario al significado “consagrado por el uso” que previamente hemos indicado. Por el contrario, la extensa discusión sobre el voca-blo “incumbencia” revela que los señores delegados entendían la marcada diferencia que existe entre el significado de dicho vocablo y la frase “durante el término para el cual fue electo” de manera que al adoptar esta última en la Sec. 15 del Art. Ill de la Constitución se quiso prohibir absoluta-mente, es decir, durante el término para el cual un senador, representante, o asambleísta municipal es electo, el que pueda ocupar un cargo civil en el Gobierno de Puerto Rico, sus municipios o instrumentalidades, creado o mejorado en su sueldo durante dicho término.

En vista de lo expuesto, debe revocarse la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, en 1ro de marzo de 1972, y en su lugar dictarse otra desestimando la demanda.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Ramón L. Cabrera, Juez, demandado; Virgilio Hernández, interventor.
    Número: O-72-251

      Resuelto: 19 de enero de 1973
    ‘ Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Benicio Sánchez Castaño, Carie ■ Coll Car-pintero, Leonardo Llequis y Gregorio Lacot, abogados del interventor.
   Voto disidente emitido por el

Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel

San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 1973

Estimo que a base de los documentos que componen el expediente en el presente recurso de certiorari, el Tribunal no está en condiciones de resolverlo, a menos que lo haga fundándose en suposiciones.-

Lo ocurrido en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en su sesión del día 10 de julio de 1972, para cuya fecha estaba señalada la vista de una moción de reconsideración a la orden del tribunal concediéndole un nuevo juicio al convicto Virgilio Hernández, fue lo siguiente, según reza la minuta unida a nuestro expediente: “Llamado estos casos en el día de hoy, la defensa solicita que se le suministre los récords de todos los casos que han intervenido los agentes Pablo N. Padilla, Elias Torres y Eulices Martínez.

El tribunal ordena que con 15 días de antelación a la vista de esta moción se le suministre a la defensa lo solicitado^”

Esta es la orden cuya revisión ha solicitado el Procurador General mediante el presente recurso de certiorari.

Este Tribunal expidió una orden concediéndole a las partes un término de 10 días “. . . para que informaran las razones que tuvieren por las cuales no debe expedirse el auto y dejarse sin efécto la orden objeto de este recurso.”

Contestó el acusado-interventor alegando que la minuta del día 10 de julio de 1972 no refleja exactamente la solicitud formulada por el interventor ni la orden dictada al efecto, debiendo las notas taquigráficas reflejar “que lo solicitado por la defensa lo fue el que se suministrara una relación de los casos de drogas cuyo archivo se solicitó por el Ministerio Fiscal debido y por mor de la intervención en los mismos de los tres antes mencionados agentes encubiertos.”

El acusado solicitó que se ordenara se elevara la trans-cripción de esas notas taquigráficas, pero este Tribunal, nada proveyó sobre ello.

El Procurador no ha admitido esta situación de hecho. Este Tribunal, sin embargo resuelve el recurso a base de lo alegado por el interventor en su contestación a la orden para mostrar causa, y descarta el contenido de la minuta, que es un documento al cual siempre le hemos dado entero crédito si no se demuestra que es erróneo.

A los fines de resolver el recurso es importante las discre-pancias que surgen entre el contenido de la minuta y lo que dice el acusado que fue su solicitud. Si la minuta es correcta, entonces el acusado estaba solicitando que se le suministraran los récords de todos los casos en que han intervenido los tres agentes antes mencionados. ¿Qué récords son ésos? Pueden ser aquellos casos en que se presentó acusación por el fiscal y claro está, esos documentos están en la secretaría del tribunal, o pueden ser casos en que el fiscal haya solicitado su archivo, al amparo de la Regla 24 (b) de Procedimiento Criminal, según la cual el secretario, previa aprobación del tribunal lo guar-dará registrando dicha causa en el Registro de Casos Archi-vados, o pueden ser casos que estén en poder del fiscal para su determinación sobre si presenta acusación u ordena con apro-bación del tribunal, que se archiven, información ésta que no se puede anticipar.

En cualesquiera de estos casos no se trata de una solicitud del acusado para que el fiscal produzca, para ser inspecciona-dos, copiados o fotografiados aquellos objetos, libros, docu-mentos y papeles que no fueren declaraciones juradas excepto de la declaración del propio acusado;, que el pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo, que es a lo que se limita el descubrimiento de prueba a que tiene derecho el acusado conforme lo dispone la Regla 95 de Procedimiento Criminal. Pueblo v. Colón Rivera, 93 D.P.R. 852 (1967).

Los récords que interesa el acusado conforme a la minuta del tribunal, están bajo la custodia del secretario, son docu-mentos públicos y el acusado puede examinarlos sin necesidad de una orden judicial.

Asumiendo, como lo hace este Tribunal, que el alcance de la solicitud del acusado, y de la orden del tribunal de instancia, es el alegado ante nos por el acusado, aun así, sería errónea la orden objeto ahora de revisión.

Si la solicitud del acusado era para que “se produjera y se pusiese a la disposición de la defensa una relación de todos los casos de drogas y narcóticos que hubiesen sido archivados a instancias y/o pedimento del Ministerio Fiscal por razones de haber intervenido y/o participado en su investigación los agentes encubiertos Sres. Pablo N. Padilla, Elias Torres y Eulices Martínez”, no se trata ya de una medida de descubri-miento de prueba autorizada por las Reglas de Procedimiento sino va mucho más allá. Su solicitud requiere del fiscal una admisión de hecho. Requiere que el fiscal admita que ha solici-tado el archivo de casos criminales por las razones expuestas en la solicitud; Como desconocemos lo ocurrido en la vista donde se discutió la solicitud del acusado, no podemos, como lo hace el Tribunal, partir de la base de que ése es un hecho cierto. Pero es que además, las Reglas de Procedimiento Criminal, no autorizan al tribunal a ordenar al fiscal que prepare y suministre al acusado memorando ni relaciones de hechos, ni mucho menos que investigue, recopile y suministre datos que el acusado considere puede necesitar para preparar su defensa.

Aparentemente en este caso el acusado ha solicitado, o por lo menos, a eso equivaldría • su solicitud, una especie de pliego de particulares, dirigido no contra la acusación de la cual se defiende, sino contra el ministerio público y si no es así, pues entonces podría considerarse su solicitud como un interrogatorio dirigido al fiscal. Nada de esto está autorizado por las Reglas de Procedimiento Criminal. El tribunal, ahora las amplía concediendo al acusado un remedio no autorizado por dichas Reglas.