author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Irma Caloca, Irma Enid Otero, Serafina Colón Vda. de Otero, demandantes y recurridas, v. Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores; Aseguradora X, demandados y recurrentes.

      Número: R-78-84

      Resuelto: 14 de diciembre de 1978

      Miguel J. Ríos-Lugo, abogado del Colegio de Ingenieros, Arqui-tectos y Agrimensores de Puerto Rico; Plinio Pérez Marrero, Agustín Mangual Hernández y Osvaldo Pérez Marrero, abo-gados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia que se plantea en este caso es si un miem-bro del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (en adelante “el Colegio”) que muere luego de comenzado el año natural sin haber satisfecho por adelantado la cuota anual de colegiación correspondiente a ese año natural queda auto-máticamente suspendido como miembro del referido Colegio, y por tanto sin derecho sus beneficiarios a los beneficios del seguro que provee el Colegio a sus miembros, si tales benefi-ciarios satisfacen el pago de la cuota adeudada.

I

La colegiación de los ingenieros es obligatoria en Puerto Rico. Esto es, no podrá ejercerse la profesión de in-geniero si no se es miembro del Colegio de Ingenieros. Para ser miembro del Colegio debe el ingeniero estar admitido a ejercer la profesión de ingeniería en Puerto Rico y cumplir con los deberes impuéstosle en la Ley. Uno de esos deberes es el pago de una cuota anual, cuya cuantía, forma y fecha de pago, conforme lo dispone la Ley, queda a discreción de la asamblea anual ordinaria del Colegio mediante reglamentación al efecto. Amparada en esa discreción la asamblea anual fijó la cuota anual y dispuso que “será pagada por ade-lantado cada año natural.” Para el año 1970 la cuota era de $30.00. La Ley propiamente dispone que el miembro que no pagare su cuota “quedará suspendido como tal miembro, pero podrá rehabilitarse mediante el pago de lo que adeude por aquel concepto.”

La cuestión a resolver es pues si la falta de pago de la cuota anual produce la suspensión automática del colegiado o si se requiere para ello una acción afirmativa del Colegio. Una disposición igual está contenida en la Ley que crea el Colegio de Abogados de Puerto Rico, la que hemos interpretado en el sentido de que la suspensión no es automática por ser de la única incumbencia del Tribunal Supremo la autoridad para suspender a un abogado del ejercicio de la profesión.

El no pagar la cuota anual en la forma y manera que dis-pone el Reglamento es claramente una violación a éste. Esa violación debe ser traída a la atención de la Junta de Gobier-no por el Tesorero del Colegio por constituir ello una falla en la recaudación de los fondos que están a su cargo. Co-rresponde entonces a la Junta el hacer cumplir el Regla-mento, presentando ante el Tribunal Disciplinario la co-rrespondiente querella, ya que éste es el órgano encargado de conocer y decidir sobre las infracciones al Reglamento. No surge que el Colegio haya puesto en movimiento el meca-nismo allí provisto para sancionar al colegiado Otero Colón, envuelto en este caso, ni a colegiado otro alguno.

Abunda al argumento de que la suspensión no es automá-tica, la práctica establecida por el Colegio desde el año 1956 (el ingeniero Otero Colón es colegiado desde 1954) de tolerar la morosidad entre los colegiados. En los quince años trans-curridos entre 1956 y 1970, con excepción de los años 1964, 1965 y 1966, menos de un 50% de los colegiados pagaron sus cuotas por adelantado. En el año en que murió el cole-giado Otero Colón (1970), menos de una cuarta parte de los colegiados habían pagado la cuota por adelantado, ya que el 76.42% pagó sus cuotas luego de haber comenzado el año natural. Y, aún más, para la fecha específica de su muerte — 15 de febrero — durante los años 1961 a 1970, entre 27% y 35% de los colegiados no habían pagado sus cuotas. Todavía más, el propio colegiado Otero Colón pagó tardíamente su cuota en los años 1956, 1957, 1959, 1964, 1965, 1967, 1968 y 1969 sin que haya evidencia de que hubiere sido suspendido como cole-giado.

Aunque es norma de derecho conocida que el dejar de poner en vigor una ley no puede alterar el sentido de la misma, aquí se trata de algo más — la aplicación arbitraria del Reglamento. Es cuestión de debido proceso de ley. El curso de conducta seguido por el Colegio, desde por lo menos el año 1956, al tolerar y consentir la morosidad de los colegia-dos, sin que se acudiera al remedio de suspensión, todo ello con el conocimiento y beneplácito de los oficiales del Colegio, de la Junta de Gobierno y de los propios colegiados constitui-dos en asamblea general anual, indujeron a creer a los cole-giados que la cuota pagada con demora no afectaba su derecho al ejercicio de la profesión. Tal curso de acción de parte del Colegio le impide ahora negar a la viuda e hijos del colegiado Otero Colón el beneficio puramente marginal de un seguro de vida ascendente a $5,000, por falta de pago de la cuota anual de $30.00. Si el Colegio no le negó lo más, esto es, el ejercicio de la profesión a tantos colegiados morosos por tantos años, no puede permitirse ahora que le niegue lo menos, que con-siste de una ayuda económica que ni siquiera proviene de las cuotas anuales sino que se deriva de aportaciones que hacen indirectamente los clientes de todos los colegiados a un fondo denominado Fondo de Asistencia Económica, cuya na-turaleza explicaremos más adelante.

h-H f — 4

El Colegio de Ingenieros fue creado “para proteger a sus miembros en el ejercicio de la profesión, y mediante la creación de montepíos, sistema de seguro y fondos especiales, o en cual-quier otra forma, socorrer a aquellos que se retiren por inha-bilidad física o avanzada edad y a los herederos o a los bene-ficiarios de los que fallezcan” (Énfasis suplido.) En adición, la Ley impone al Colegio como uno de sus deberes y obliga-ciones el “determinar medidas de protección mutua, estre-chando los lazos de amistad y compañerismo entre los miem-bros que la constituyen.” (Énfasis suplido.) Para poder rea-lizar su importante propósito de proteger económicamente a los colegiados, herederos y beneficiarios el Colegio creó el Fondo de Asistencia Económica.

Cabe señalar que para llevar a cabo los deberes y obliga-ciones del Colegio, y para el ejercicio de las facultades conce-didas por ley, el legislador previo que las cuotas fijadas por el Colegio no serían suficientes para realizar sus objetivos. Por ello, obligó a los ingenieros, arquitectos o agrimensores, a ad-herir sellos adoptados por el Colegio, a todo plano, documento o certificación enviada para la aprobación de algún departa-mento de gobierno, y a otros trabajos de ingeniería y planos especificados, conforme al valor de la obra, documento, certifi-cación, planos y trabajos de ingeniería, según fuere el caso; y dispuso que las cantidades recaudadas por dichos conceptos se ingresarían en los fondos del Colegio para los usos que éste determinare.

El Fondo de Asistencia Económica, según señala el Regla-mento, “se nutrirá de cincuenta (50) por ciento de los in-gresos por concepto de venta de sellos” y de las transferen-cias que fueren necesarias del Fondo de Reserva. Este último se nutre del quince (15) por ciento de los ingresos por sellos y sobrantes anuales de los Fondos de Asistencia Econó-mica y de Gastos Operacionales. Ninguna parte de los dineros que ingresan en el Fondo de Asistencia Económica se deriva de las cuotas anuales, ya que éstas ingresan directamente al Fondo de Gastos Operacionales. Y, aunque cabe la posi-bilidad de que el Fondo de Asistencia Económica pueda en al-gún momento recibir transferencias del Fondo de Reserva, al que ingresan además los sobrantes anuales de los Gastos Ope-racionales, el Fondo de Asistencia Económica a su vez nutre al Fondo de Reserva con sus sobrantes anuales.

En otras palabras, el pago de las cuotas no se utiliza para el sostenimiento del Fondo de Asistencia Económica que existe “para suministrar asistencia económica a los colegia-dos por mediación del sistema de seguro de vida, retiro e in-capacidad así como montepíos a los familiares cercanos de colegiados fallecidos que estuviesen en situación económica precaria.” No hay pues posibilidad de que la demora en el pago de la cuota redunde en perjuicio a la solvencia y seguri-dad del Fondo.

En vista del propósito cardinal contenido en la Ley que crea el Colegio de Ingenieros de “proteger a sus miembros en el ejercicio de la profesión y mediante la creación de monte-píos, sistema de seguro y fondos especiales, o en cualquier otra forma socorrer a aquellos que se retiren .. .y a los here-deros o a los beneficiarios de los que fallezcan” no debe esgri-mirse un tecnicismo de demora en el pago de una cuota de treinta dólares ($30.00), que no es necesaria para el sosteni-miento del plan de asistencia económica y de seguro, para negarle el beneficio de cinco mil dólares ($5,000.00) a los beneficiarios de un colegiado que formó parte del Colegio de Ingenieros ininterrumpidamente desde el año 1954 en que fue cualificado para el ejercicio de la profesión, sin que el Colegio hubiere tomado medidas para suspenderle del ejercicio de la misma a pesar del pago tardío de sus cuotas en varios años. La misma línea de conducta fue observada por el Colegio por muchos años con respecto a casi la mitad de los colegiados. Considerando especialmente el hecho de que ninguna parte de las cuotas anuales ingresan al Fondo de Asistencia Econó-mica, sino que éste se nutre de la mitad de los ingresos por venta de los sellos que exige la Ley, y en vista de los propósitos de beneficencia señalados en la Ley y el Reglamento, no debe privarse a la viuda ni a los beneficiarios del Ingeniero Otero Colón del importe del seguro a que tienen derecho todos los colegiados, lo que resultaría en una injusticia precisamente a los beneficiarios que la Ley quiere socorrer en caso de muerte de un colegiado.

HH HH

Tampoco es posible establecer analogía alguna entre el pago de la cuota anual del colegiado y la prima que se paga por una póliza de seguros. La Ley de Seguros expresamente requiere un período de gracia de un mes para el pago de las primas de seguro. La exigencia del período de gracia de la Ley de Seguros es precisamente para proteger al asegurado de la pérdida de los beneficios del seguro por una demora en el pago. De no haber dispuesto el legislador en la Ley de Seguros un período de gracia se produciría el injusto resultado a que ahora nos confrontamos en el caso de epígrafe. No habiéndose provisto un período de gracia para el pago de cuotas por los colegiados, debe regir la costumbre establecida por el propio Colegio que ha extendido el período de pago hasta por lo menos el cierre del año natural. El Reglamento del Colegio intentó requerir el pago por adelantado. Pero nunca se insistió en su cumplimiento. La equidad impide que se siga su letra para cometer una injusticia.

Es cierto que el certificado de seguro del Colegio de Ingenieros expresa que terminará automáticamente a las doce de la noche del día 31 de diciembre de cualquier año en el caso de que el colegiado no haya satisfecho la cuota correspondiente al siguiente año. Esta limitación en la vigencia del beneficio del seguro no tiene relación alguna con el seguro en sí, que no depende para su pago de que los colegiados aporten su cuota anual, sino que está predicada en la premisa de que el colegiado que no ha pagado su cuota por adelantado queda automáticamente suspendido como tal. Esto es, asume que la vigencia del beneficio del seguro depende de que el miembro esté al día en el pago de su cuota anual. Pero, ya hemos de-mostrado que el cese del colegiado por falta de pago de la cuota no es automático, pues ello depende de que se ponga en movimiento el procedimiento de suspensión por la violación del Reglamento consistente en la falta de pago de la cuota. Y, como hemos visto, los organismos rectores del Colegio no iniciaron acción alguna, sino por el contrario toleraron los atrasos desde el año 1956, según queda evidenciado en la prueba que tuvo ante sí el tribunal de instancia. De suerte que el 25 de febrero del año natural, fecha en que los bene-ficiarios pagaron las cuotas adeudadas, no puede considerarse fecha tardía a la luz de la antigua práctica del Colegio, por lo que no existe justificación para negar a dichos beneficiarios el socorro y protección que la Ley y el Reglamento quisieron extenderle a la muerte de su causante.

No es función de este Tribunal exigir el cumplimiento estricto con el Reglamento del Colegio de Ingenieros cuando esa entidad no lo ha exigido en el pasado. El Colegio tiene el mecanismo para obligar a los colegiados a pagar sus cuotas a su debido tiempo, pero parece que ha preferido no utilizarlo. Sus propios actos le impiden plantear la defensa de demora en el pago de la cuota. La equidad y la conciencia militan en su contra.

Por las razones expuestas precedentemente se confirmará la sentencia del tribunal de instancia que ordena al Colegio de Ingenieros a pagar a los beneficiarios del ingeniero fallecido el importe de la póliza, y se revocará la condena de honorarios por no haber temeridad de parte del Colegio al defenderse de una acción novel en nuestra jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

       Creado por la Ley Núm. 819 de 15 de mayo de 1938, según enmen-dada, 20 L.P.R.A. sees. 731-743.

       Incluye ingeniero civil, ingeniero mecánico, ingeniero electricista, ingeniero químico, ingeniero agrónomo o cualquier otra rama de la ingenie-ría, arquitectura y agrimensura autorizada por la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. 20 L.P.R.A, see. 733. En adelante nos referimos a los miembros indistintamente como colegiados o ingenieros.

         Id. sec. 734.

      Id. see. 739.

       Reglamento del Colegio de Ingenieros, etc., Cap. X, Art. 1.

      20 L.P.R.A. see. 740.

       Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, 4 L.P.R.A. see. 781.

      Cabe señalar que no existe disposición reglamentaria alguna que prive del derecho al voto en las asambleas del Colegio a los miembros que estén atrasados en el pago de la cuota.

        Colegio de Abogados de P.R. v. Fajardo, 51 D.P.R. 528 (1937).

       Reglamento, Cap. V, Art. 11(b), (e), (m).

        Id. Art. 4.

        Id. Cap. VIII, Art. 1.

       En los tres años exceptuados los pagos tardíos de cuota fueron el 49.31%, 47.79% y 48.33% respectivamente.

       Véase Coll v. Picó, 82 D.P.R. 27, 35 (1960).

       Reglamento, Cap. X, Art. 11(a).

      20 L.P.R.A. see. 741. No está planteada la validez de esta dispo-sición de ley que autoriza los ingresos por dichos conceptos para el único beneficio de los colegiados.

       Reglamento, Cap. X, Art. 11(a).

        Id. Cap. X, Art. 11(b).

      E1 plan de seguros del Colegio de Abogados difiere del plan del Colegio de Ingenieros, pues en el caso del primero se incluye como parte de la cuota anual el seguro de vida de término que se ofrece a los colegiados bajo una póliza maestra expedida por una compañía de seguros, cuyo pro-ducto varía en proporción inversa a la edad del colegiado.

       Reglamento, Cap. VIII, Art. I.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Rigau.

license: Public Domain

text:
    Vicente García Cruz, demandante y recurrido, v. El Mundo, Inc., et al., demandados y recurrentes.

      Número: O-78-210

      Resuelto: 20 de diciembre de 1978

      Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogados de los peticiona-rios; el recurrido no compareció ante el Tribunal Supremo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 22 de octubre de 1976 el periódico El Mundo publicó la siguiente noticia: “Veinte Líderes PNP en Nómina Munici-pio SJ Residen en Catorce Diferentes Pueblos de Isla.” El reportero, Luis A. Cabán, explicó en el artículo que usó la nómina del gobierno de la capital correspondiente al 31 de diciembre de 1975 para extraer la información necesaria y que actualizó la misma al 30 de junio de 1976 por medio de fuentes confiables. El municipio de San Juan se negó en todo momento a suplir copia oficial de sus nóminas.

La noticia publicada, la que fue difundida además por las codemandadas WKAQ Radio El Mundo y WKAQ TV, Tele-mundo, señalaba que varios de los referidos líderes participa-ron como candidatos en las primarias celebradas por el Par-tido Nuevo Progresista el 11 de julio de 1976.

El demandante recurrido, Vicente García Cruz, se postuló como candidato para el cargo de alcalde de Aguadilla en estas primarias. Fue derrotado. El artículo incluyó su nombre entre los líderes de diversos pueblos de la Isla que supuesta-mente recibían un sueldo del municipio de San Juan mien-tras estaban dedicados a sus respectivas campañas.

El 29 de octubre de 1976 el señor García Cruz demandó por la suma de un millón de dólares a El Mundo y a otras entidades y personas conectadas con esta empresa. Alegó que la información publicada era falsa en cuanto a él y que fue circulada en forma maliciosa y negligente. No se emplazó a los demandados hasta el 11 de mayo de 1977.

Los demandados interpusieron numerosas defensas, le to-maron una deposición al demandante y presentaron una mo-ción de sentencia sumaria acompañada de una declaración jurada del codemandado Luis A. Cabán. El señor Cabán ex-puso en su declaración jurada que preparó su artículo luego de numerosas gestiones consistentes en conversaciones oficia-les y el cotejo, análisis y comparación de documentos guber-namentales. Expresó asimismo que nunca dudó de ,1a veraci-dad de los documentos estudiados o del artículo publicado fi-nalmente y que sólo le animó el propósito de cumplir con su tarea periodística de mantener al público debidamente infor-mado sobre asuntos oficiales. La moción de sentencia sumaria se fundó en el argumento de que el demandante estaba obli-gado a probar la existencia de malicia real y expresa, lo cual, conforme a alegación, no había hecho.

El demandante se opuso a esta moción, acompañando una contradeclaración jurada en la que adujo tan solo que él no era una figura pública cuando se publicó la noticia. El Tribunal Superior se negó a dictar sentencia sumaria a favor de los demandados y éstos han acudido en alzada ante nos.

Estos hechos presentan tres cuestiones básicas: ¿Era el demandante un funcionario o figura pública a los fines de las normas imperantes en este campo? De serlo, ¿qué grado de prueba exige en esta situación el concepto de malicia? Por último, ¿representa una moción de sentencia sumaria el ve-hículo procesal adecuado para la solución de este caso?

I

Los conceptos de funcionario y figura públicos.

New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), le añadió una nueva dimensión a la garantía consti-tucional de la libertad de prensa al resolver que no es difa-matoria la publicación, en .el ejercicio de dicha libertad, de un informe falso o de comentarios injustificados concernientes a la conducta oficial de un funcionario público, a menos que la información fuere publicada a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no. Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977).

Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966), y Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967), extendieron la norma de New York Times a figuras públicas, cuando la co-munidad tiene un interés justificado e importante en la materia objeto de publicación. Note, Public Figures, Private Figures and Public Interest, 30 Stan. L. Rev. 157, 161-162 (1977). En Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 345 (1974), se reconocieron varios tipos de figura pública: la persona que por su posición oficial, su poder o su señalado en-volvimiento en los asuntos públicos ha alcanzado fama o no-toriedad en la comunidad; la persona que voluntariamente participa en una contienda o controversia pública; y la persona que involuntariamente se convierte en un personaje pú-blico. Se conocen otras modalidades. Eaton, The American Law of Defamation Through Gertz v. Robert Welch, Inc. and Beyond: An Analytical Primer, 61 Va. L. Rev. 1349 (1975). Véanse, para desarrollos ulteriores del concepto: Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448 (1976); Emerson, Haber & Dorsen, Political and Civil Rights in the United States, 4a ed. 1976, vol. I, págs. 688-692.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha equiparado los candidatos a cargos públicos a funcionarios públicos, hayan o no sido electos subsiguientemente. Monitor Patriot Co. v. Roy, 401 U.S. 265 (1971); Ocala Star-Banner Co. v. Damron, 401 U.S. 295 (1971).

El recurrido intenta evadir la regla de New York Times alegando que, distinto a Monitor Patriot y Ocala, la publicación concernida se produjo tres meses después de su derrota en las primarias. No es válida la distinción. Monitor Patriot resolvió “como cuestión de derecho constitucional que una imputación de conducta criminal, no importa cuán remota en tiempo o lugar, jamás puede ser impertinente a la aptitud de un funcionario o candidato para ocupar un cargo público.” 401 U.S. 265, 277. Aunque la conducta en cuestión no sea de orden estrictamente criminal, la derrota de un candidato a un cargo público no lo sumerge de inmediato en la categoría de persona privada. Su conducta para el tiempo de actividad pública está revestida de suficiente interés general como para retener a la persona concernida en la clasificación de figura pública, al menos por un tiempo ciertamente mayor de tres meses.

Esta doctrina halla amplio apoyo en la jurisprudencia. Sas Jaworsky v. Padfield, 211 So.2d 122 (La. App. 1968); Perkins v. Mississippi Publishers Corporation, 241 So.2d 139 (Miss. 1970); Adams v. Frontier Broadcasting Company, 555 P.2d 556, 560-562 (Wyo. 1976); Pierce v. Capital Cities Communications, Inc., 427 F.Supp. 180, 2 Med. L. Rptr. 1537 (E.D. Pa. 1977) (la publicación ocurrió aquí tres años después del demandante terminar su gestión pública). Es razonable aplicar la norma de New York Times a la actual si-tuacion de hechos. Eaton, op. cit, 1420. El demandante se lanzó voluntariamente al escenario político. Las informacio-nes que suplieron los medios noticiosos sobre la conducta del demandante durante el período en que aspiró al cargo de al-calde representan materia de incuestionable interés público. No es necesario pronunciarnos aquí sobre la regla aplicable cuando la noticia se refiera a la conducta estrictamente pri-vada de una figura pública o la persona haya regresado por tan largo tiempo a la vida privada, sin interés de retornar a la palestra pública, que su derecho a la intimidad pueda concebiblemente quedar vulnerado al sopesarse los valores con-flictivos envueltos. El demandante en este litigio era una fi-gura pública al ocurrir los hechos que motivaron su demanda y estaba obligado en consecuencia a probar que la noticia se publicó a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de su falsedad o certeza.

HH h*H

La prueba necesaria de malicia.

No basta con la afirmación desnuda en una demanda de que la publicación fue maliciosa. El demandante tiene que probar la existencia de malicia real con prueba clara y convincente. Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 432 (1977). La malicia real no se presume. Nuestra Ley de Libelo y Calumnia, Ley de 19 de febrero de 1902, 32 L.P.R.A. see. 3141 y ss., ha sido modificada en este sentido por el nuevo concepto de la libertad de prensa, Art. II, Sec. 4 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos. Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra.

No puede establecerse el “grave menosprecio” a que alude la norma, a menos que la prueba sostenga una determinación de que el demandado albergaba “un alto grado de conciencia de ... la probable falsedad.” Gertz v. Robert Welch, Inc., supra, 332; Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64, 74 (1964). Es imprescindible que el demandado “en efecto abrigue serias dudas sobre la certeza de la publicación.” St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727, 731 (1968). Hill, Defamation and Privacy under the First Amendment, 76 Colum. L. Rev. 1205 (1976). Se ha resuelto que aun prueba de mala voluntad u odio no satisface de por sí el grado constitucionalmente requerido de la prueba de malicia. Henry v. Collins, 380 U.S. 356 (1965); Rosenblatt v. Baer, supra; Eckhardt, Jr. & McKey, Caldero v. Tribune Publishing Co.: Substantive and Remedial Aspects of First Amendment Protection for a Reporter’s Confidential Sources, 14 Idaho L. Rev. 21 (1977). Se ha resuelto también que el “grave menosprecio” a que alude la norma “no se mide por lo que un hombre razonablemente prudente hubiese publicado o hubiese investigado antes de la publicación.” Tiene que existir “prueba suficiente que permita concluir que el demandado abrigaba serias dudas sobre la certeza de la información.” St. Amant, supra, 731; Time, Inc. v. Pape, 401 U.S. 279 (1971).

Del otro lado, la información puede ser tan inherentemente improbable que tan solo una persona temeraria pueda decidir difundirla. St. Amant, supra, 732. Pueden existir también razones obvias para dudar de la veracidad de la fuente. Ibid.

El demandante en este caso se limitó en la demanda y en su propia oposición a la moción de sentencia sumaria a afirmar conclusiones generales de derecho. No señaló en momento alguno los hechos en que funda sus aseveraciones de que la publicación fue maliciosa. En deposición que se le tomó en octubre de 1977 no le fue posible al demandante indicar hecho alguno demostrativo de malicia. Simplemente apuntó que lo informado no era cierto y que por lo tanto la publicación tenía que ser maliciosa.

Resta por determinar si en tales circunstancias bastaba con aseverar que la publicación tenía tal carácter y que el demandante no era una figura publica para derrotar la mo-ción de sentencia sumaria.

hH KH b-i

La 'procedencia de la sentencia sumaria.

Tanto Torres Silva como Zequeira Blanco sostienen la procedencia de una sentencia sumaria cuando el demandante no demuestra la existencia de malicia real. Se ha ex-presado que “aunque los tribunales vacilan en dictar sentencias sumarias . . . aun así han exigido a menudo una observancia más estricta de las disposiciones de la Regla 56 (e) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil cuando la acción envuelve los derechos de expresión de un demandado, ya que la prolongación de estos pleitos tiene un impacto disuasivo sobre el ejercicio de tales derechos.” Eckhardt, Jr. & McKey, supra, 51; Washington Post Co. v. Keogh, 365 F.2d 965, 968 (D.C. Cir. 1966), cert. denegado, 385 U.S. 1011 (1967). Véase también: Bon Air Hotel, Inc. v. Time, Inc., 426 F.2d 858, 864-65 (5th Cir. 1970). Ha llegado a resolverse que el procedimiento de sentencia sumaria es “una parte integral de la protección constitucional disponible a los demandados” en esta índole de litigio. Cerrito v. Time, Inc., 302 F.Supp. 1071, 1075 (N.D. Cal. 1969), confirmado per curiam, 449 F.2d 306 (9th Cir. 1971).

En Carson v. Allied News Co., 529 F.2d 206, 210 (7th Cir. 1976), se expresó que a menos que el tribunal determine, a base de declaraciones juradas, deposiciones u otra prueba documental, que la parte demandante puede probar la existencia de malicia real, en el sentido que se emplea el término en New York Times, debe dictarse sentencia a favor de la parte demandada. Al mismo efecto: Fadell v. Minneapolis Star and Tribune Co., Inc., 557 F.2d 107, 2 Med. L. Rptr. 2198 (7th Cir. 1977); Hutchinson v. Proxmire, 579 F.2d 1027, 4 Med. L. Rptr. 1016 (7th Cir. 1978).

Son en extremo numerosos los casos en que se ha conce-dido, como en esta jurisdicción, el remedio de la sentencia sumaria en casos de libelo. Para una lista parcial en exceso de cuarenta decisiones, véase: Eckhardt, Jr. & McKey, op. cit., pág. 50, n. 193.

New York Times Co. v. Sullivan, supra, 283-92, estableció que el asunto de la suficiencia de la prueba para establecer la existencia de malicia real plantea estrictamente una cuestión de derecho. Rosenblatt v. Baer, supra, 84, 88, sentó el mismo principio en lo que respecta a la determinación de lo que constituye una figura pública. La controversia trabada en el caso presente es por tanto de naturaleza puramente jurídica. Considerados los principios expuestos, resolvemos que el demandante no podía derrotar la moción de sentencia sumaria en las particulares circunstancias de este caso con la afirmación escueta de que no era una figura pública y su aserto general de que la noticia se publicó maliciosamente.

Se revoca la resolución recurrida y se desestima la de-manda.

El Juez Asociado Señor Rigau se une a la opinión pero se reserva el derecho a emitir un voto particular. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente en parte por los fundamentos de su disenso en Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977).

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1979

Dice la Sentencia publicada en este caso que “El Juez Asociado Señor Rigau se une a la opinión pero se reserva el derecho a emitir un voto particular.” Creo que es necesario hacer la siguiente aclaración. Cuando se circuló entre los Jueces del Tribunal el borrador de opinión en este caso, yo voté por escrito “Conforme”.

En la terminología que se utiliza en este Tribunal para expresar la posición de cada juez ante un borrador de opinión escrito y circulado por otro juez, “Conforme” es la fórmula que significa el más completo endoso y la más completa adhe-sión al borrador de opinión así circulado.

Un endoso más débil es “concurrir” con el resultado de la opinión. Esto se hace cuando el juez que concurre está de acuerdo con la solución del caso pero no con parte o todo de lo que en la opinión se expresa, ya sea como ratio decidendi o meramente como obiter dicta. “Unirse” a la opinión y escri-bir por separado, me parece a mí, también otra forma tibia de endosarla. Votar “Conforme” es muy distinto y significa lo que ya antes he dicho.

Como estoy de acuerdo con la opinión del Tribunal en este caso, la razón de mi expresión personal no es, desde luego, en desacuerdo con la misma, sino que es más bien una de natura-leza metodológica.

Cuando pasan por el escritorio de un juez de este Tribunal aproximadamente 30 opiniones mensuales para su estudio y decisión (incluyendo opiniones firmadas, per curiam y sen-tencias) es imposible, desde luego, estar totalmente de acuer-do con cada frase y con cada oración que esos numerosos y extensos escritos contienen. Pero si el juez está de acuerdo con la forma como se resuelve el caso y, en términos gene-rales, con las expresiones que se hacen, da su voto a favor y guarda silencio.

Pero de vez en cuando la opinión que ante nuestros ojos pasa toca algún área o materia muy sensitiva y muy impor-tante del Derecho, a juicio del juez que lee. Entonces dicho juez, tras angustioso debate con su conciencia, a veces llega a la conclusión de que 'debe expresarse. La expresión se hace, desde luego, sin el menor menoscabo del respeto y del afecto que prevalece entre los compañeros Jueces del Tribunal. En ese espíritu paso a expresarme.

En el curso de un buen número de años, casi desde comien-zos del siglo en adelante, prácticamente todos los que se han ocupado del Derecho en Puerto Rico — juristas, jueces, pro-fesores y abogados — han venido expresando su preocupación, mediante discursos y escritos, sobre la desnaturalización y confusión de que ha sido y está siendo víctima nuestro dere-cho patrio.

Creo que el caso de autos, por su importancia potencial en nuestro Derecho debió haber sido elaborado en la dirección jurídica que en discursos y en artículos hemos defendido y preconizado. La opinión del Tribunal contiene 27 citas. De ésas, dos son citas de casos de Puerto Rico y las otras vein-ticinco son de casos y artículos del derecho anglosajón. Si esa proporción — o desproporción — hubiese sido necesaria o inevitable no hubiese yo tenido querella con que así fuese. Des-pués de todo, el Derecho no es un mero ejercicio jurídico ope-rando en el vacío, pero por otro lado, el Derecho es una impor-tante manifestación cultural y de poder que se produce y opera en una sociedad dada. Debe haber una correspondencia natural y genuina entre Derecho, sociedad y poder, en vez de una correspondencia artificial o irreal y, por ende, poco efec-tiva.

Sobre el tema objeto de la opinión que nos ocupa, en Puerto Rico y en el Derecho Común Civil Europeo (que no debe confundirse con el Derecho Común Angloamericano) hay también un caudal de material que bien pudo utilizarse dando así más balance, más sentido de proyección histórica y más carne de realidad a la decisión emitida. Después de todo, agotado nuestro derecho positivo y jurisprudencial en algún caso, nuestro derecho común y supletorio es el derecho común civil continental europeo. Nuestro derecho no se originó con los primeros balbuceos del Common Law en el Siglo XII sino que se originó con el Derecho Romano que ya tenía mil años de vida cuando surge dicho Common Law. El Derecho Civil ya tenía más tiempo sobre la faz de la tierra cuando nace el Common Law que todo el tiempo que tiene el Common Law desde que nació hasta el presente. Son 25 siglos de vida inin-terrumpida de Derecho Romano y Civil. Por eso, puede decirse que sin excepción los grandes juristas angloamerica-nos reconocen y respetan esa larga y venerable tradición ju-rídica.

Así, Roscoe Pound en el Prefacio de su monumental obra Jurisprudence, luego de expresar que detrás de esa obra hay 70 años de estudio, dice que desea reconocer especialmente su deuda para con su profesor de Harvard John Chipman Gray quien, dice Pound, lo puso en el correcto camino al dirigirlo, al comienzo de sus estudios, al Derecho Romano.

En parecido sentido se expresa el profesor John Henry Merryman al decir que pone a uno a pensar el hecho de que cuando se publicó el Corpus Juris Civilis en el año 533, el Derecho Civil ya tenía una vida más larga que la que tiene el Common Law hoy día. Y añade que ese origen debe inspirar-nos (se refiere a los juristas del Common Law) respeto cuando con tal monumento intelectual y moral entramos en con-tacto.

En cuanto a nuestro derecho común propio, un distinguido jurista español se expresa como sigue: “Por muy diferentes que sean el Código español y el alemán, en sistematización y técnica, no cabe duda que ambos son derivaciones de un mismo Derecho común, del ius comune que impuso a Europa la Re-cepción del Derecho romano. Hubo un tiempo en que Europa poseyó un Derecho privado común y aunque los nacionalismos lo fraccionaron en Códigos, el hecho de que el de Alemania se redactara a últimos del siglo XIX y no a principios del mismo, como sucedió con el francés, significa que la recepción en Es-paña de la literatura jurídica alemana posterior al Código tenía — para decirlo de la manera más obvia — la ventaja de cien años más de estudios. Pero, sobre todo, tenía la ventaja de que los estudios, los conceptos, los razonamientos de la li-teratura jurídica alemana no podían diferir, en el fondo, de lo que establecían los artículos del Código español. Por mucha que fuera la diferencia de detalle, todos los conceptos respondían a una misma simetría, la impuesta por el fondo de Derecho romano presente en todo el Derecho privado de Europa continental.” (Bastardillas nuestras.)

En cuanto al tema de la libre expresión, del cual el caso de autos es un corolario, tiene en nuestro país el primer rango la Sec. 4ta. del Art. II de la Constitución. La misma dispone, en lo pertinente, que “No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa....”

En el Informe de la Comisión de Carta de Derechos a la Convención Constituyente de Puerto Rico se expresa que “Esta sección [la See. 4 de nuestra Carta de Derechos] co-rresponde a las restantes disposiciones de la enmienda pri-mera en la Constitución federal e incorpora a nuestra Consti-tución todo el derecho históricamente establecido con relación a la libertad de palabra, de prensa, de reunión y de petición. Las sees. 3 y 4 cubren el ámbito general de la libertad de con-ciencia, de pensamiento, de expresión, y las actividades pro-pias para ejercitar a plenitud dentro de la más dilatada li-bertad la totalidad de estos derechos.”

Estas palabras, hemos dicho antes, están llenas de signi-ficado, Aponte v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 291 (1971), ese derecho histórico comprende no solamente las decisiones de los Tribunales de los Estados Unidos sino que incluye también lo mejor del pensamiento y de la tradición constitucional occidental.

La Constitución Española de 1812 expresó en su Art. 4 que “La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los de-más derechos legítimos de todos los individuos que la compo-nen.” Y en su Art. 371 dispuso que “Todos los españoles tie-nen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas polí-ticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabi-lidad que establezcan las leyes.”

La Constitución Española de 1869 al tratar de los dere-chos civiles dispuso en su Art. 17 que: “Tampoco podrá ser privado ningún español: Del derecho de emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de palabra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedimiento semejante.”

En Puerto Rico, además de la numerosa jurisprudencia que existe sobre el particular, parte de la cual aparece citada en Aponte v. Lugo, supra, puede verse La Nueva Constitución de Puerto Rico, obra publicada por la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, pág. 206 y ss. (1954). También el Informe del Comité para el Estudio de los Derechos Civiles en Puerto Rico, Editorial Colegio de Abogados de Puerto Rico (1959).

La vigente Constitución Española aprobada el 31 de octu-bre de 1978 por el parlamento bicameral español, denominado allá “Las Cortes Generales” (compuesta por una Cámara lla-mada Congreso de Diputados y por otra llamada el Senado) y aprobada, dicha Constitución masivamente por la Nación Española en Referéndum Nacional celebrado el 6 de diciem-bre del mismo año, dispone en su Art. 20, al tratar de los de-rechos fundamentales, que se reconocen y protegen los dere-chos, entre otros, “a expresar y defender libremente los pen-samientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.” También reconoce la libertad a la producción y creación literaria, artística, cientí-fica y técnica.

Abstrayéndonos por un momento del caso de autos — surge siempre la necesidad de tener alguna teoría de Derecho para producir casos que vistos después a la distancia hagan sen-tido, pues de lo contrario estaríamos dando palos a ciegas— conviene recordar que hacer derecho jurisprudencial requiere una labor que va más allá de tomar un número de casos compatibles de colecciones, enciclopedias y digestos y hacer un collar de cuentas monocromático. Hacer derecho jurispruden-cial es una gran responsabilidad. Para comenzar, como señala don Federico De Castro y Bravo, se subvierte el orden normal constitucional y la rama que normalmente aplica el derecho se autoconvierte en soberano y se arroga la facultad de crear-lo. Por eso y por otras razones de no menor peso — 'sistema, dirección filosófica jurídica, postura frente al Derecho patrio, etc. — al hacer derecho jurisprudencial se requiere el estudio— sin demasiada prisa — del área del derecho en que se trabaja para que la decisión que se va a producir armonice con el derecho nacional con el cual va a fundirse y del cual va a for-mar parte. Los trasplantes, físicos o morales, son tarea artís-tica más que mecánica.

Tiene Castán en su libro La Formulación Judicial del Derecho, 2da. Ed. (1954), págs. 145-146, una excelente advertencia sobre la falta de valores sistemáticos del casuismo jurí-dico y nos previene de que el derecho judicial, que vive de las particularidades de cada momento no lo es todo. Conviene que en Puerto Rico releamos esas páginas de Castán de vez en cuando ya que somos tan dados a formar composiciones con innumerables casos de innumerables jurisdicciones en la forma alegre e inefable que critica Wigmore.

Lo que tan acertadamente se ha llamado en Puerto Rico “desconcertante mescolanza”, debido en gran medida a un desplazamiento por pura “acción sonámbula o avance desa-tendido del proceso de asimilación jurídica”, lo denomina don Federico de Castro y Bravo “recepción pasiva” y nos ad-vierte del peligro que ésta encierra. Ese peligro, nos dice dicho autor, está “en el mimetismo de los que, por debilidad, moda o pereza, se entregan a la servil copia de figurines ex-tranjeros. En la femenina actitud de estar ‘al tanto’ se pierde la propia personalidad; piénsese que el único modo de lograr, de verdad, y superar la gran aspiración del extranjerizante, ‘estar a la altura del extranjero’, es afirmarse en lo nacio-nal.”

Para dar un ejemplo, la opinión del Tribunal discute el concepto de figura pública en el contexto del problema legal envuelto en el caso. Ya desde hace más de siete años este Tribunal había discutido ese concepto y lo había explicado y aplicado y sin embargo la opinión no menciona el dato. Recurre a casos de otras jurisdicciones. No nos parece esta una forma muy efectiva para propiciar el crecimiento del Derecho Puertorriqueño. Debemos evitar dar la impresión, aunque ésta sea errónea, de que decimos unas cosas en nues-tros discursos y escritos y hacemos otras en la práctica. Este Tribunal no solamente decide casos sino que da el ejemplo y educa; de ahí mi preocupación por estos asuntos.

Creo que si mantenemos firme la mano en el timón y fiel y correcta la dirección, podemos absorber toda la información y los usos de otras partes del mundo que nos convenga absorber pero sin perder nuestro sentido de destino y de identidad propia. El Tribunal Supremo de un país es por excelencia pa-lacio y fragua y es el instrumento más llamado a estimular y proteger el Derecho nacional.

       Sobre la angustia de la decisión se han expresado muchos autores. Puede verse sobre el particular el ensayo del Juez Benjamin Cardozo titulado
        The Growth of the Law, Parte II y ss. (“The Need of a Philosophy of Law as an Aid to Growth”) en Margaret Hall, ed. Selected Writings of Benjamin Cardozo (1947), pág. 195 y ss.

      Luis Muñoz Morales, Reseña Histórica y Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico—Libro I (1947); Del mismo autor, Compendio de Legislación Puertorriqueña y sus Precedentes (1948); Manuel Rodríguez Ramos, Por la Reformulación del Derecho Puertorriqueño, 18 Rev. Jur. U.P.R. 22 (1948-49); Del mismo autor, Breve Historia de los Códigos de Puerto Rico, 19 Rev. Jur. U.P.R. 238 (1949-50); Luis Alberto Sánchez, La Enseñanza del Derecho, 20 Rev. Jur. U.P.R. 239 (1950-51); Joseph Dainow, The Method of Legal Development Through Judicial Interpretation in Louisiana and Puerto Rico, 22 Rev. Jur. U.P.R. 108 (1952-53); Alfonso García Martínez, Idioma y Derecho en Puerto Rico, 20 Rev. C. Abo. P.R. 183 (1960); José Trías Monge, Derecho y Justicia en Puerto Rico, 25 Rev. C. Abo. P.R. 417 (1964-65); Miro Cardona, El Sistema Penal de Puerto Rico, 35 Rev. Jur. U.P.R. 375, 381 (1966): Se incurre en evidente error al importar instituciones jurídicas por perfectas que se consideren éstas en su país de origen; Luis M. Ribo, Observaciones sobre la Jurisprudencia en la Enseñanza del Derecho, 20 Rev. de Derecho Puertorriqueño 335 (1966); T. B. Smith, The Preservation of the Civilian Tradition in “Mixed Jurisdiction”, 35 Rev. Jur. U.P.R. 263 (1966); Alfonso L. García Martinez, Forma de las Leyes, 26 Rev. C. Abo. P.R. 202 (1966); Díaz Asencio, La Teoría de la Parte Realmente Interesada en la Jurisdicción Puertorriqueña, 36 Rev. Jur. U.P.R. 87 (1967); Clara López Baralt, Español: Idioma del Proceso Judicial, 36 Rev. Jur. U.P.R. 393 (1967); Eduardo Vázquez Bote, Un Caso Ejemplar de los Problemas del Derecho en Puerto Rico, 38 Rev. de Derecho Puertorriqueño 257 (1970); Carmelo Delgado Cintrón, Historia del Derecho Puertorriqueño, 31 Rev. C. Abo. P.R. 157 y 283 (1970); Manuel Rodríguez Ramos, La Equidad en el Derecho Civil (Estudio de Derecho Comparado), 33 Rev. C. Abo. P.R. 5 (1972); José Trías Monge, Consideraciones sobre Nuestra Justicia, 33 Rev. C. Abo. P.R. 57 (1972); Carmelo Delgado Cintrón, Las Escuelas de Derecho de Puerto Rico, 1790-1961, 41 Rev. Jur. U.P.R. 7 (1972); Alfonso García Martínez, El Idioma y la Profesión Legal, 34 Rev. C. Abo. P.R. 473 (1973); José Trías Monge, Fallas de

        Nuestro Sistema de Justicia, 35 Rev. C. Abo. P.R. 379 (1974); José Trías Monge, Las Escuelas y Estudiantes de Derecho y la Reforma Judicial, 9 Rev. Jur. Univ. Interam. 143 (1974); Eulalio A. Torres, The Puerto Rico Penal Code of 1902-1975: A Case Study of American Legal Imperialism, 45 Rev. Jur. U.P.R. 1 (1976); Raúl Serrano Geyls, Los Códigos de Familia de Costa Rica y Cuba, 45 Rev. Jur. U.P.R. 84 (1976); Carmelo Delgado Cintrón, La Transculturación del Pensamiento Jurídico de Puerto Rico, 45 Rev. Jur. U.P.R. 305 (1976); Marco A. Rigau, La Formación del Abogado y Nuestro Derecho—Ética, Técnica, Idioma, 45 Rev. Jur. U.P.R. 1 (1976); y en 38 Rev. C. Abo. P.R. 1 (1977); José Trías Monge, La Enseñanza del Derecho y la Formación de un Derecho Propio, 11 Rev. Jur. Univ. Interam. 771 (1977); José Ramón Vélez Torres, La Presencia de los Sistemas de Derecho Civil y de Derecho Anglosajón en la Jurisprudencia Puertorriqueña, 11 Rev. Jur. Univ. Interam. 805 (1977); José Trías Monge, El Derecho en Puerto Rico, 12 Rev. Jur. Univ. Interam. 7 (1977); Germán de Granda, Transculturación e Interferencia Linguistica en el Puerto Rico Contemporáneo, 1898-1968 (1968).

       Theodore Plucknett, A Concise History of the Common Law (1956) 294.

        The Civil Law Tradition, 4-5 (1969).

       José Puig Brutau, La Acción Recíproca del Derecho Español y del Derecho Norteamericano en Puerto Rico, 44 Rev. de Derecho Puertorriqueño 499, 500 (1972).

         Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, ed. Equity de 1961, Tomo 4, pág. 2564.

        Derecho Civil de España, Tomo I, 554 (1955).

       I Wigmore, On Evidence, 3rd Ed. (1940), Sec. 8a.

       José Trías Monge, La, Enseñanza del Derecha y la Formación de un Derecho Propio, 11 Rev. Jur. U. Inter. P.E. 771, 775 (1977).

       José Trías Monge, Derecho y Justicia en Puerto Rico, 25 Rev. C. Abo. P.R. 417, 419 (1965).

       Obra y Tomo citados, pág. 338.

       Véase 100 D.P.E. 293 (1971).


author: PER curiam :

text:
    Ramón Franco y su esposa Claudia E. Pérez Estevez, demandantes y recurrida la última, v. Mayagüez Building, Inc. y la Compañía de Seguros Commercial Insurance Co. of Newark, New Jersey, demandadas y recurrentes.

      Número: R-78-177

      Resuelto: 22 de diciembre de 1978

      Vivas & Martinez-Texidor y Roberto E. Dávila López, abogados de las recurrentes; Víctor E. Báez, abogado de la recurrida.
   PER curiam :

El 24 de agosto de 1970, poco después del mediodía, doña Claudia E. Pérez de Franco sufrió una caída mientras bajaba las escaleras exteriores de un edificio propie-dad de Mayagüez Building, Inc., conocido como el Mayagüez Shopping Center, que había sido abierto al público hacía tres o cuatro semanas. Era una escalera ancha, con barandas de metal a ambos lados, a las cuales aún no se habían instalado pasamanos. Tampoco estaba provista de una baranda central.

La Sra. Franco se hallaba en estado de embarazo, vestía un ancho traje de maternidad y usaba zapatos de tacón bajo. Mientras descendía las escaleras junto a la baranda del lado izquierdo, pisó en un hueco de un escalón en que faltaba una loseta y perdió el equilibrio. Se agarró de la baranda más cer-cana, pero el metal le causó una cortadura en la mano. Instin-tivamente soltó la baranda, trató de agarrarse de otra persona, pero no pudo, y rodó escaleras abajo siete u ocho esca-lones.

Al ocurrir el accidente la Sra. Franco era empleada de la Administración de Fomento Cooperativo. Fue oportuna-mente compensada por el Fondo del Seguro del Estado. Trans-currido el plazo que la ley concede al Fondo para instar de-manda de subrogación, la Sra. Franco y su esposo presenta-ron demanda contra la Mayagüez Building, Inc., y su asegu-radora para resarcirse por los daños que ambos alegaron haber sufrido. La causa de acción de su esposo fue desestimada por haber prescrito, pues la demanda se presentó el 6 de fe-brero de 1975.

Las demandadas recurren contra sentencia que declaró con lugar la demanda y las condenó a indemnizar a la Sra. Franco en $25,000.00 por sus daños personales más $6,788.00 por sueldos que dejó de percibir, las costas y $3,000 de hono-rarios de abogado. Las cantidades de $25,000.00 y $6,788.00 mencionadas fueron estipuladas.

El 31 de mayo de 1978 emitimos resolución en que concedi-mos plazo a los recurridos para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto al único fin de revisar la concesión de $6,788.00 por lucro cesante, por considerar dicha cantidad de naturaleza ganancial. La parte recurrida ha comparecido para oponerse a lo así intimado, pero no nos convence.

El lucro cesante es una pérdida de naturaleza econó-mica que se traduce en daños. No se concede indemnización por este concepto para restituir o sustituir la integridad fí-sica de la persona. Sustituye ingresos provenientes del trabajo. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978). Cf. Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21 (1966). Tales ingresos de-jados de percibir constituyen por tanto una pérdida para la sociedad de gananciales que, siendo una entidad separada y distinta de los cónyuges que la componen—Rovira Tomás v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 173, 176 (1963) —era quien te-nía que reclamarla y no lo hizo dentro del término prescriptivo de la acción. Véase 31 L.P.R.A. see. 5298. La extensión de dicho término por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 32, para dar tiempo al Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado a subrogarse, si lo desea, aplica a los daños personales del obrero o empleado le-sionado. Igual que el esposo de la demandante, la sociedad legal de gananciales constituida entre ambos no estaba impe-dida de ejercer la acción de daños y perjuicios antes de que se emitiera la decisión del Administrador del Fondo. Alvarado v. Calaiño Romero, 104 D.P.R. 127, 135 (1975); Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201, 207-208 (1967). La reclamación de la sociedad legal de gananciales por lucro cesante estaba prescrita al instarse la demanda, defensa que fue oportunamente promovida por la parte demandada.

Se expedirá el auto, se modificará la sentencia del tribunal de instancia para eliminar la partida de $6,788.00 por lucro cesante y, así modificada, deberá ser confirmada.


author: Juez Presidente, Señor Trías Monge, Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. José Luis Delgado Rodríguez, acusado y recurrido.

      Número: O-78-100

      Resuelto: 27 de diciembre de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Maggie Correa Avi-lés, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Benigno Alicea Alicea, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Se confirma la resolución recurrida por estar el Tribunal igualmente dividido. .El Juez Presidente, Señor Trías Monge, emitió una opinión, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual e Irizarry Yunqué. El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, emitió opinión separada, a la cual se unieron los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín y Ne-grón García.

Lo acordó y manda el Tribunal y certifica el señor Secre-tario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General

—O—

Opinión emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 1978

La cuestión a determinar en este caso es si la norma en Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977), debe tener únicamente efecto prospectivo. En Meléndez Cartagena resolvimos que en las circunstancias allí presentes no era per-misible imponer condenas separadas por los delitos de poseer, transportar y transferir heroína. Anulamos las sentencias por los primeros dos delitos y mantuvimos en vigor la tercera.

El recurrido en el caso de autos, J. L. Delgado Rodríguez, invoca los beneficios del referido fallo. En 1971 se acusó al recurrido de infringir el Art. 29(2) de la Ley de Narcóticos de Puerto Rico, Ley Núm. 48 de 18 de junio de 1959, 24 L.P.R.A. sec. 974z (2). Se le imputó haber poseído, ocultado, transportado y transferido heroína. Fue declarado culpable y sentenciado a cumplir de ocho a doce años de reclusión por cada cargo. El tribunal dispuso que las sentencias por los delitos de transportación, ocultación y traspaso se cumpliesen consecutivamente, mas concurrentemente con la condena por posesión de la droga. Este Tribunal confirmó el fallo el 4 de abril de 1972.

En octubre de 1977 el recurrido radicó ante el Tribunal Superior una Moción de Anulación de Sentencia fundada en la norma de Meléndez Cartagena. El tribunal de instancia la declaró con lugar y anuló las condenas por los delitos de pose-sión y transportación, manteniendo en vigor la sentencia en el caso de traspasar y recibir heroína. El Procurador General ha comparecido ante nos para solicitar que no se aplique re-troactivamente la regla de Meléndez Cartagena.

El debido análisis de la cuestión planteada exige que'exa-minemos la fuente y razón de la doctrina de la irretroactivi-dad o aplicación prospectiva de los fallos, los criterios elabo-rados para regir su uso, las críticas formuladas a estos cri-terios y el impacto sobre el caso presente de las conclusiones derivables de todo lo anterior.

1. Trasfondo de la doctrina de la irretroactividad.

La doctrina de la irretroactividad de algunos fallos judi-ciales es de cuño relativamente reciente. Se le desconocía en el derecho común, Todavía los tribunales ingleses se abstienen de utilizarla, aunque algunos comentaristas la favorecen en determinadas circunstancias. Lord Diplock, The Courts as Legislators, Presidential Address, The Holdsworth Club, 1965; Friedmann, Limits of Judicial Lawmaking and Prospective Overruling, 29 Modern L. Rev. 593 (1966). La situación canadiense es análoga. Friedland, Prospective and Retrospective Judicial Lawmaking, 24 U. of Toronto L.J. 171 (1974). La Cámara de los Lores estimaba hasta hace poco que carecía aún de poder para revocar sus propias decisiones, facultad que a su juicio residía exclusivamente en el Parlamento. Attorney General v. Windsor, 11 Eng. Rep. 472 (1860). Aun luego de concluir lo contrario, House of Lords Practice Statement [1966] 3 All E.R. 77, existe gran resistencia a emplear el nuevo poder. Stone, On the Liberation of Appellate Judges: How Not to Do It!, 35 Modern L. Rev. 449, 462-463 (1972).

La técnica de la aplicación prospectiva de los fallos se de-sarrolla principalmente en Estados Unidos. No deriva de es-tatuto alguno o disposición expresa de la Constitución. Fue una invención judicial. Hay casos norteamericanos ais-lados que se remontan a 1892 en que se emplea tal método, pero no es hasta Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965), que se crea y bautiza la doctrina oficialmente. Es de ahí que emigra a Puerto Rico. Este Tribunal adoptó las pautas sen-tadas en Linkletter en Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92D.P.R. 765 (1965).

La doctrina de la irretroaetividad, tanto en la versión original expuesta en Linkletter como en sus giros posteriores, ha sido objeto de intenso debate. Mishkin, The Supreme Court 1964 Term, Foreword: The High Court, The Great Writ and the Due Process of Time and Law, 79 Harv. L. Rev. 56 (1965); Schwartz, Retroactivity, Reliability and Due Process : A Reply to Professor Mishkin, 33 U. of Chi. L. Rev. 719 (1966); Haddad, Retroactivity Should be Rethought: A Call for the End of the Linkletter Doctrine, 60 J. Crim. L.C. & P.S. 417 (1969); Mahmud, Prospective Limitation and the Rights of the Accused, 56 Iowa L. Rev. 321 (1970); Rossum, Neto Rights and Old Wrongs: the Supreme Court and the Problems of Retroactivity, 23 Emory L.J. 381 (1974); Beytagh, Ten Years of Non-Retroactivity: A Critique and a Proposal, 61 Va. L. Rev. 1557 (1975). La crítica ha sido general-mente desfavorable al modo en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha aplicado la nueva teoría. Algunos autores aun han argumentado que la irretroaetividad debe abolirse. Hasler, Retroactivity Rethought: The Hidden Costs, 24 Maine L. Rev. 1, 34 (1972). La generalidad considera que la doc-trina de la irretroaetividad puede servir propósitos útiles en varias situaciones específicas, pero que deben reexaminarse los criterios tradicionalmente empleados para regir su uso. El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos ha comen-zado a cuestionar la aplicabilidad de los viejos criterios en determinadas instancias. Robinson v. Neil, 409 U.S. 505 (1973).

Antes de Linkletter la posición tradicional era que los fallos judiciales difieren de los estatutos precisamente en que los segundos tienen efecto prospectivo y los primeros no. La aplicación retroactiva de las sentencias se explicaba lamen-tablemente, sin embargo, en términos de la vetusta teoría de que lo único que los jueces hacen o deben hacer es descubrir la ley que siempre ha existido. Desde Blackstone hasta nuestros días, en que todavía sobreviven autores que suscriben el con-cepto, se le negaba a la judicatura papel alguno en el proceso de formación de la ley. Un fallo judicial no podía tener efecto prospectivo porque ello equivalía a legislar. El mito que jus-tificó históricamente la norma de la retroactividad no goza hoy de gran favor. Se sabe que imperativos de justicia y trato igual ante la ley, entre otros valores, bastan para brindarle sólido fundamento a esta norma. Se sabe también que estos mismos valores pueden exigir en ciertos casos que un fallo re-ciba únicamente efecto prospectivo. El problema estriba en evitar el empleo indiscriminado de la irretroactividad, la es-tructuración de normas excesivamente amplias o inflexibles. La técnica de la irretroactividad o limitación prospectiva de los fallos ha desarrollado también desafortunadamente su propia mitología. Traynor, Quo Vadis, Prospective Overruling: A Question of Judicial Responsibility, 28 Hastings L.J. 538 (1977); Freeman, Standards of Adjudication, Judicial Law-Making and Prospective Overruling, 26 Current Legal Problems 166 (1978).

Para completar el trasfondo de la teoría de la irretroacti-vidad debe recordarse igualmente que ella fue esencialmente un producto de la corte presidida por el Juez Warren. Fuera de sus méritos intrínsecos, la doctrina sirvió entonces fines eminentemente prácticos. Aquéllos eran tiempos de vastas re-formas, especialmente en el campo del enjuiciamiento criminal. La introducción del novel'recurso de imprimirle efecto prospectivo a algunas decisiones innovadoras necesariamente facilitó su adopción por el Tribunal y redujo su impacto sobre los sistemas estatales de impartir justicia. Al mismo tiempo, la utilización frecuente de la nueva técnica dramatizó inevita-blemente el rol “legislativo” de la Corte y envolvió a ésta en agrias disputas sobre su alegado activismo y la base filosófica de sus actuaciones. Levy, Realist Jurisprudence and Prospective Overruling, 109 U. of Pa. 1 (1960).

Examinemos a continuación, conscientes de las circuns-tancias particulares que provocan la gestación de la técnica de la irretroactividad, los criterios desarrollados para su uso por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.

2. Los criterios tradicionales para el empleo de la doc-trina.

La formulación y desarrollo de los criterios tradicionales ocurren principalmente en Linkletter v. Walker, supra; Tehan v. United States ex rel. Shott, 382 U.S. 406 (1966); Johnson v. New Jersey, 384 U.S. 719 (1966); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967); Desist v. United States, 394 U.S. 244 (1969); Holliday v. United States, 394 U.S. 831 (1969); United States v. U.S. Coin and Currency, 401 U.S. 715 (1971); Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972); Hankerson v. North Carolina, 432 U.S. 233 (1977) y Robinson v. Neil, supra. En estos casos y en los artículos de revista antes citados se mencionan otros de importancia. En Stovall se enu-meran los tres criterios básicos que comenzaron a plasmarse en Linkletter para determinar si una decisión debe tener únicamente efecto prospectivo.

Debe tomarse en consideración, expuso el Tribunal, el pro-pósito que persigue la norma recién establecida en el caso objeto de análisis. De imprimírsele efecto retroactivo a la norma, ¿se cumple mejor su propósito? El segundo criterio atañe al grado en que la confianza generada por la antigua regla requiere que sólo tenga efecto prospectivo la norma que la sustituya. El tercer criterio consiste en medir el impacto en la administración de la justicia de la aplicación retroactiva de la nueva norma.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha establecido jerarquías entre estos criterios. En Desist, supra, 249, se resolvió que el primordial es el primero mencionado aquí. En Holliday se determinó que los criterios enumerados controlan la retroactividad o irretroactividad tanto de decisiones de asuntos constitucionales como de otra índole. En Williams v. United States, 401 U.S. 646 (1971), se le negó validez a dis-tinción alguna entre los métodos de revisión directa y de ata-que colateral como medio para plantear el efecto retroactivo de una regla.

La aplicación y aun la propia creación de estos criterios no fue tarea generadora de gran armonía en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El Juez Harlan señaló en una oca-sión que el peregrinaje de Linkletter es casi tan difícil de seguir “como las huellas de un animal feroz en búsqueda de su víctima escogida.” Mackey v. United States, 401 U.S. 667, 676 (1971). Para el Juez Fortas, cuando se trata de aplicar un principio constitucional de orden sustantivo la retroactivi-dad debe negarse únicamente bajo las circunstancias más apremiantes. Desist, supra, 273.

3. La crítica a los criterios tradicionales.

En United States v. U.S. Coin and Currency, supra, 724, se perciben los primeros indicios de inconformidad de la Corte con su propia expresión de la nueva doctrina. El Tribunal ha-bía llegado a afirmar en Linkletter, 639, que tan solo las nor-mas procedimentales que afecten la integridad del proceso de determinar los hechos deben recibir efecto retroactivo. En U.S. Coin el Tribunal se apartó de esta pauta por estimar que “la conducta que [aquí] se penaliza es constitucionalmente inmune al castigo. Ninguna otra circunstancia requiere con más fuerza la invocación de la más completa retroactividad.” Asimismo en Furman v. Georgia, supra, se hizo caso omiso de la referida doctrina de Linkletter y se aplicó retroactivamente la norma allí envuelta, aun cuando la integridad del proceso de determinar los hechos no quedaba afectada. Por último, en Robinson v. Neil, supra, se resuelve que la fórmula de Linkletter y casos posteriores no es aplicable a todo tipo de caso. Linkletter y su progenie, se expresa, tratan de problemas re-lativos al uso de determinada prueba o a modos específicos de enjuiciar a un acusado. Su enfoque no es apropiado en con-troversias que envuelven algunas garantías no procesales. Basado en este razonamiento, el Tribunal le impartió efecto retroactivo a la norma anunciada en Waller v. Florida, 397 U.S. 387 (1970), sobre el alcance de la cláusula de la Quinta Enmienda relativa a la exposición anterior.

Otras cortes federales y estatales han ido desarrollando el enfoque de Robinson. En Bailey v. Holley, 530 F.2d 169 (7th Cir. 1976), se reitera que debe ser retroactiva toda decisión en que la conducta penalizada es constitucionalmente inmune a castigo, añadiéndose que las mismas normas que gobiernan el efecto prospectivo o retroactivo de una decisión de orden constitucional rigen también los fallos interpretativos de un estatuto. En Adkins v. Leverette, 239 S.E.2d 496 (W. Va. 1977), se le impartió plena retroactividad a una decisión en que se resolvía que el tiempo transcurrido en libertad bajo palabra antes de la revocación de esta debe aplicarse a la sentencia a cumplirse. Resolvió el Tribunal que la confianza depo-sitada por el Estado en la norma contraria, establecida en de-cisiones anteriores, era irrelevante ya que la cláusula protec-tora de la doble exposición impide no sólo la celebración de un segundo juicio, sino la imposición de un segundo castigo.

Los comentaristas, según habíamos adelantado, han ido igualmente más lejos en la crítica del análisis de Linkletter y casos posteriores. Para Traynor, la técnica del efecto pros-pectivo debe utilizarse únicamente en aquellos casos contados en que los fines de la justicia y del respeto a la ley exijan con toda claridad su empleo. A su juicio, el problema básico es el logro de la justicia, la determinación en diferentes clases de casos de si ese propósito se cumple mejor a través de la re-troactividad o de la aplicación prospectiva. La confianza depo-sitada en la norma es generalmente irrelevante en casos de índole penal. Los otros dos criterios son también inadecuados. “Su insuficiencia,” explica el distinguido comentarista, “ra-dica principalmente en no medir el sufrimiento y la inequidad que padecen aquellos a quienes se les niega el beneficio de la nueva norma y quedan obligados a soportar el peso de lo que se reconoce ya como una regla injusta. Tal sufrimiento, espe-cialmente cuando median los peligros de prisión y ajusticia-miento, parecería pesar más que la confianza depositada en la vieja norma por las agencias encargadas de ejecutar la ley, así como el peso adicional que se imponga en la administra-ción de la justicia.” Traynor, Quo Vadis, Prospective Overruling: A Question of Judicial Responsibility, 28 Hastings L.J. 533, 561 (1977). Según Traynor, la negativa a liberar a un prisionero por razón de una fecha arbitraria suscita un grave problema de igual protección de las leyes. Ibid., 559.

Rossum considera que los criterios de Linkletter pueden ser de utilidad, pero no necesariamente en el contexto o hasta el grado en que tradicionalmente se emplean. Rossum no des-carta enteramente, por ejemplo, el factor de la confianza depo-sitada en la norma, pero favorece que se haga siempre la pre-gunta de cuál es el daño que fluiría de su rechazo en un caso específico. “Los jueces y los ejecutores de la ley,” señala el autor, “pueden sentirse frustrados o molestos, pero cierta-mente no perjudicados o castigados por la confianza indebida-mente depositada.” Rossum, New Rights and Old Wrongs: The Supreme Court and the Problem of Retroactivity, 23 Emory L.J. 381, 398-399 (1974). Rossum recalca la necesi-dad de tomar especialmente en cuenta, en adición a los cri-terios tradicionales sujetos a nuevo análisis, los criterios de la libertad, la igualdad y la imagen de la justicia. Ibid., 403. Veamos las conclusiones derivables de todo lo anterior y su impacto sobre el caso presente.

4. Conclusiones.

La técnica de la irretroactividad representa a nuestro en-tender un recurso de valor para el desarrollo prudente del derecho y la tarea de impartir justicia. Ha sufrido excesos. No es aplicable a todo género de controversia. Pueden refi-narse los criterios establecidos para su uso. Deben incluirse otros valores. No han recibido en ocasiones su debido peso los valores de la justicia y la igualdad ante la ley. A fin de cuen-tas, de lo que se trata es de sopesar intereses, situación a si-tuación, se opte o no en algunas instancias por requerir la presencia de intereses apremiantes como condición para ne-garle, total o parcialmente, retroactividad a un fallo.

Las circunstancias del caso presente nos relevan de aden-trarnos más en el tema de la insuficiencia de los criterios de Linkletter. Al igual que en Robinson, no se trata aquí de una garantía que involucre el proceso de determinar los hechos. Se trata de un derecho al que se le ha asignado rango consti-tucional por muchos tribunales, aun bajo constituciones más parecidas a la de Estados Unidos que la nuestra. State v. Ahuna, 474 P.2d 704 (Haw. 1970); Heldenbrand v. Mills, 476 P.2d 375 (Okla. 1970); People v. Stewart, 256 N.W.2d 31 (Mich. 1977); People v. Martin, 247 N.W.2d 303 (Mich. 1976); State v. Allen, 292 A.2d 167 (Me. 1972); Newton v. State, 373 A.2d 262 (Md. 1977); Adkins v. Leverette, 239 S.E.2d 496 (W. Va. 1977). La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado provee que “Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo de-lito.” Se advertirá que esta fraseología impide tanto múlti-ples procesamientos como múltiples penas por el mismo delito. Sea por obra de nuestra Constitución o del estatuto correspondiente, además, la conducta castigada aquí estaba inmune a castigo por ser parte de un mismo acto dentro del criterio expresado en Meléndez Cartagena, cuestión no impugnada por el Ministerio Público. El tribunal de instancia carecía simple-mente de poder para imponer múltiples castigos por la misma ofensa.

Estamos ante una situación muy particular, radicalmente distinta a la de Linkletter. El resultado de Meléndez Carta-gena privó a los tribunales del país de autoridad para im-poner las sentencias impugnadas. ¿Cómo decretar entonces que se cumplan penas por algunos, pero por otros no, cuando su imposición está prohibida, necesariamente para todo tiem-po, por nuestro ordenamiento jurídico? La extensión de la doc-trina de la irretroactividad a este singular género de casos, al menos en ausencia de intereses apremiantes del Estado que así lo exijan, ofende el principio de igualdad ante la ley y, en palabras del Juez Fortas en Desist, disminuye la Constitu-ción.

El caso de autos es de índole tan particular, no obstante, que aun bajo los combatidos criterios de Linkletter, y su pro-genie se alcanza el mismo resultado. El criterio más impor-tante, como se ha indicado, es el propósito de la nueva norma y la manera de servirlo mejor. Cuando el objetivo, como ocu-rrió en el propio Linkletter, es establecer una regla enca-minada a disuadir a los agentes del orden público de emplear ciertas tácticas indeseables, la declaración de retroactividad de la norma no sirve tal fin. Basta en dicho caso con impar-tirle efecto prospectivo a la norma. El propósito de Meléndez Cartagena, parecido al de Robinson, es otro. En Meléndez Cartagena se declara que hay ausencia de poder para imponer más de una sentencia por los delitos que allí se imputaron. El mejor método de servir este objetivo es reconociendo que así como no existe autoridad hoy tampoco la hubo ni la podía haber antes. La posición contraria derrota el propósito de la norma. Estamos ante una instancia clásica para la aplica-ción de la norma de retroactividad.

Los otros dos criterios carecen del rango del anterior, pero aún así su análisis no revela en este caso la presencia de intereses superiores al de no penalizar conducta constitucio-nalmente inmune a castigo. No es este un caso en que los fun-cionarios a cargo de ejecutar la ley son los que principalmente depositan confianza en la norma. La confianza se depositó aquí por la judicatura y es la judicatura quien ha retirado esa confianza. Meléndez Cartagena no afecta en lo más mí-nimo la investigación por la Policía o el curso de acción del Ministerio Público en estos casos. Puede continuarse acusando por las diferentes violaciones imputadas en Meléndez Carta-gena. Pueden obtenerse convicciones por los distintos cargos. Lo único que impide Meléndez Cartagena es la imposición de múltiples penas cuando las ofensas imputadas son el producto de un mismo acto o curso de acción. Debe advertirse también que el resultado de Meléndez Cartagena se previo por este Tribuna], en otro contexto, en González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136 (1971). El criterio de la confianza depositada en la norma no posee aquí la fortaleza para inclinar la balanza al lado contrario del favorecido tan pesadamente por el primer criterio.

Respecto al último factor, el impacto sobre la administra-ción de la justicia, las situaciones a que se refiere este criterio normalmente son aquellas en que, al igual que en LinJcletter, de reconocérsele efecto retroactivo a la norma se le estaría exigiendo al Estado la tarea prácticamente imposible de cele-brar nuevos juicios muchos años después de los hechos, con la consiguiente dificultad en obtener testigos y reconstruir la prueba. En la situación de autos no se le impone tal carga al sistema. Lo único que ocurre es que pueden anularse ciertas sentencias, aunque no la impuesta por el delito mayor. No hay que celebrar nuevos juicios. Debe señalarse también, indepen-dientemente del número de reos que pudiesen quedar afec-tados, que a partir de lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946, 34 L.P.R.A. see. 1025, la natura-leza concurrente o consecutiva de las sentencias no afecta ne-cesariamente en este género de casos el tiempo de reclusión. Bajo cualquiera de las circunstancias la Junta de Libertad Bajo Palabra adquiere jurisdicción cuando el reo cumple un período de prisión igual al mínimo más largo. Oliveras Sepulveda v. Jefe Penitenciaría, 91 D.P.R. 604, 607, n. 3 (1964). Conforme a Meléndez Cartagena, la sentencia que queda en pie es la más grave, por lo que su aplicación retroactiva no altera el momento en que la referida Junta adquiere jurisdic-ción ni la fecha de excarcelación del convicto según los regla-mentos aplicables.

Confirmaría la resolución recurrida.

—O—

Opinión del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de diciembre de 1978

El acusado debía extinguir una sentencia de 8 a 12 años de reclusión, de términos consecutivos en los cargos de trans-portación, ocultación y traspaso, pero concurrentes con la con-dena por posesión. Dicha sentencia fue confirmada en apela-ción por este Tribunal el 4 de abril de 1972. Ahora hemos de atender a una moción sobre nulidad de sentencia promovida por el convicto y en la que reclama para sí el beneficio de apli-cación retroactiva de la decisión en Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338 (1977), en la cual percibimos en el Art. 63 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 3321) un conte-nido dinámico que se activa al considerar la pluralidad de actos delictivos consumados “con tan estrecho ligamen causal entre cada estadio que el de rango mayor absorbe las sancio-nes correspondientes a los otros.”

El vasto alcance que la opinión del Juez Presidente pro-pone para la nueva regla de retroactividad en el procedimiento criminal me obliga a disentir.

En Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 782 y ss. (1965), siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos adoptamos la norma de que las decisiones de este Tribunal favorables al apelante tendrán efecto retroactivo y afectarán sentencias finales y firmes en casos anteriores similares, únicamente cuando con-ciernan a la integridad misma del proceso judicial, como es el caso cuando la nueva regla proyecte grave duda sobre el hecho de culpabilidad; o cuestione la imparcialidad del juicio, o el método seguido para adjudicación de los hechos determi-nantes de culpabilidad. Rivera Escuté, pág. 785. Podría sinte-tizarse la norma como impartiendo retroactividad a aquellas decisiones que mejoran la corrección y confiabilidad del pro-cedimiento para determinar los hechos en el juicio. Esa es la regla no abandonada por el Supremo nacional en Coin & Currency, (escolio 1, supra) sino distinguida, adicionando la conducta inmune al castigo por privilegio constitucional, a la conocida razón de que la inaplicación de las nuevas reglas en los anteriores juicios conlleve altas probabilidades de que hombres inocentes hayan sido injustamente sentenciados. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido consistente en esta doctrina en ánimo de proteger de erosión el sistema de justi-cia criminal. El 17 de junio de 1977 se expresó así: “Jamás nos hemos desviado de la regla expuesta en Ivan V [v. City of New York, 407 U.S. 203] al efecto de que ‘allí donde el mayor propósito de la nueva doctrina constitucional es superar un aspecto del juicio criminal que substancialmente menoscaba su función descubridora de la verdad y de tal modo levanta serias cuestiones relativas a la corrección de los veredictos en juicios pasados, la nueva regla tendrá un completo efecto retroactivo.’ ” Hankerson v. North Carolina, 432 U.S. 233, 243 (1977).

Nuestra decisión en Pueblo v. Meléndez Cartagena, supra, proscribiendo las condenas separadas en los delitos de poseer, transportar y vender drogas y confirmando la pena por la modalidad más grave sin anular las convicciones, no establece norma que afecte la “integridad del proceso judicial” en los extremos que dejamos expuestos. Su aplicación a casos ya ter-minados es arbitraria intervención con el criterio del juez sen-tenciador que oyó la prueba y sólo impulsado por la intensidad del agravio a la sociedad se salió del automatismo de la sen-tencia concurrente y optó por la rara alternativa en nuestros jueces de unas penas consecutivas.

Si el recluso es acreedor a una sustancial reducción en su término de reclusión, tiene el remedio de libertad bajo palabra provisto por Ley Núm. 295 de 10 de abril de 1946 (34 L.P.R.A. see. 1025) que en su Art. 2 ordena que “una vez la persona haya cumplido el término mínimo fijado por el tribunal sentenciador para el delito cometido, quedará bajo la jurisdicción de la Junta de Libertad Bajo Palabra, la cual podrá concederle su libertad condicional cuando tenga la ra-zonable convicción de que en dicha persona se ha iniciado él cambio favorable que se desea . . . .” Oliveras Sepulveda v. Jefe Penitenciaría, 91 D.P.R. 604 (1964).

La imposición excepcional de penas consecutivas es vivo indicio de que si el juez sentenciador estuviese obligado en aquella época por Meléndez Cartagena, supra, no se hubiese limitado al mínimo de ocho años, ajustando el período de reclusión que la prueba y su consciencia le dictaban. La sen-tencia es el resultado de un proceso que hizo justicia a la so-ciedad y al acusado, que mereció nuestra confirmación en grado apelativo y debe, por tanto, respetarse.

El impacto que sobre la administración de justicia pueda tener la aplicación retroactiva de una nueva regla es preocu-pación ineludible de este Tribunal. Hankerson, supra, a la pág. 242. Este Tribunal no puede excarcelar mediante la pro-puesta retroactividad un número indeterminado de convictos. Careciendo de una data clara en cuanto al impacto de esta decisión poniendo en la calle, no a inocentes sino a convictos, se está actuando a ciegas. Equivale a una fuga masiva auto-rizada si lo vemos en términos de la epidemia actual de fu-gas. Se está fomentando una operación indiscriminada de “vaciar cárceles”, creando un riesgo más de seguridad por-que no sabemos cuántos convictos endurecidos (los que reci-ben sentencias consecutivas), van a caer otra vez sobre la so-ciedad sin cumplir el castigo que le impuso el juez después de un proceso limpio, sin tan siquiera haber cualificado por su conducta, para una libertad bajo palabra.

Expediría el auto de certiorari y anularía la resolución recurrida.

      Se desconoce también en derecho civil español, donde continúa el debate, aun luego de la aprobación del nuevo Título' Preliminar del Código Civil, sobre si la jurisprudencia constituye o no fuente del derecho. Comentarios a las Reformas del Código Civil, Ed. Tecnos, Madrid, 1977, vol. 1, pág. 132 y ss.

      E1 Tribunal Supremo de los Estados Unidos creó distintos tipos de irretroactividad. Existen la irretroactividad pura, en que la nueva regla se aplica únicamente a los casos futuros y ni siquiera al caso en que se anuncia; aquella que le da efecto prospectivo a la norma a partir de la fecha de la sentencia, aplicándose la nueva regla al caso' en que se anuncia y a los que surjan a partir de tal fecha; aquella que aplica la nueva norma a todos los casos pendientes, y aquellas que fijan otra fecha, al arbitrio del Tribunal.

      De este género de garantía es que hemos hablado hasta ahora en otros casos. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, supra; Pueblo v. Adorno Lorenzana, 93 D.P.R. 788 (1966); Pueblo v. Guadalupe Rosa, 94 D.P.R. 190 (1967); Pueblo v. Natal Rojas, 93 D.P.R. 844 (1967); Pueblo v. Vélez Santiago, 95 D.P.R. 619 (1967); Pueblo v. Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968); Pueblo v. Cruz Jiménez, 99 D.P.R. 565 (1971); Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); Pueblo v. Candelario Couvertier, 100 D.P.R. 159 (1971) y Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974). Es interesante señalar que en la opinión disidente de los Jueces Santana Becerra, Hernández Matos y Dávila en Pueblo v. Delgado Martínez, supra, se anticipan aspectos básicos de Robinson.

      La Constitución federal, Enmienda Quinta, dispone al respecto: “. . . nadie podrá ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad corporal . . . .”

      El Art. 44 del Código Penal de 1937, 33 L.P.R.A. see. 90, vigente al momento de los hechos de este caso, disponía: “Un acto u omisión penable de distintos modos por distintas disposiciones de este Código, podrá casti-garse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones, pero en ningún caso bajo más de una . . . .” El Art. 63 del nuevo Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3321, repite esencialmente este lenguaje.

        Linkletter v. Walker, 381 U.S. 618 (1965) ; Chicot County Drainage Dist. v. Baxter State Bank, 308 U.S. 371; también In re López, 42 Cal. Reptr. 188, 398 P.2d 280; United States v. U.S. Coin & Currency, 401 U.S. 715, 724 (1970).

       La anterior Ley de Narcóticos bajo la cual se juzgó al acusado sancionaba la transferencia o recibo de heroína con reclusión de 5 a 20 años. (24 L.P.R.A. sec. 974dd.)


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    San Juan Mercantile Corporation, demandante, v. Canadian Transport Co., Ltd., demandada.

      Número: O-78-97

      Resuelto: 28 de diciembre de 1978

      Emilio Rodríguez Colón, abogado de la demandante; Fiddler, González & Rodriguez y Julio M. Rodríguez, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso sirve de complemento a J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, 108 D.P.R. 134 (1978), en lo referente al alcance de los términos “distribuidor” y “contrato de distri-bución” estatuidos en la Ley de Contratos de Distribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 278.

Se trata de un proceso de certificación mediante el cual la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico nos solicita que determinemos si el contrato otor-gado entre la San Juan Mercantile Corporation y Canadian Transport Co., Ltd., está o no cubierto por dicha ley. La cer-tificación incluye otras cuestiones relacionadas con la consti-tucionalidad de dicha ley, a saber, si de ser aplicable la Ley Núm. 75 al contrato en cuestión su aplicación constituiría un menoscabo de las obligaciones contractuales en violación del Art. I, Sec. 10 de la Constitución de los Estados Unidos y el Art. II, Sec. 7, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; si la medida de los daños y la definición del tér-mino “justa causa” priva a Canadian Transport Co., Ltd., de su propiedad sin el debido proceso de ley; si dicha ley viola la cláusula constitucional sobre la igual protección de las leyes y si impone una carga irrazonable al comercio interestatal y al comercio extranjero protegido por el Art. I, Sec. 8 de la Constitución de los Estados Unidos. No es necesario que abor-demos estas cuestiones en vista de nuestra conclusión al efecto de que la Ley Núm. 75 no es de aplicación por no ser dicho contrato uno de distribución.

Las partes estipularon los hechos pertinentes a la cuestión certificada que aquí consideramos:

San Juan Mercantile Corp. se desempeña como agente de barcos extranjeros y de los Estados Unidos a cargo de las operaciones de carga y descarga y Canadian Transport Co., Ltd., es una firma marítima canadiense que opera una línea de barcos de carga y transporta madera al mercado de Puerto Rico. Por muchos años la firma Wilford & McKay, Inc., sirvió de agente general de la Canadian Transport en Puerto Rico hasta que en el 1972 fue reemplazada por otra firma. En su carácter de agente general gestionó los servicios de San Juan Mercantile para que ésta se encargara de las operaciones de descarga de los barcos de Canadian Transport. A tales efectos otorgaron un contrato en virtud del cual San Juan Mercantile asumió las obligaciones de suplir el servicio de descarga de los barcos, proveer el personal, equipo y maquinaria necesario para estas operaciones, despachar la madera y entregarla a los consignatarios y a rendir las cuentas de desembolso. Como un servicio adicional, la San Juan Mercantile tenía a su cargo el atender la llegada a puerto de los barcos, haciendo los arreglos necesarios con los prácticos y remolcadores, y tramitar la documentación relativa a las aduanas. Estos servicios se designan en el tráfico marítimo como husbandry agency. El contrato fijaba la compensación convenida por tales servicios. La carga no pertenecía a la San Juan Mercantile sino a una tercera persona quien tenía designado un agente en Puerto Rico.

En diciembre de 1972 Canadian Transport notificó a San Juan Mercantile la terminación del contrato de servicio de descarga ofreciéndole la oportunidad de continuar prestando los servicios de husbanding agent, pero ésta declinó la oferta y procedió a instar demanda al amparo de la Ley Núm. 75, supra, reclamando daños por la terminación sin justa causa del contrato. El pleito fue trasladado a la Corte Federal, y, en virtud del procedimiento de certificación establecido en la Regla 53 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. II, Rs. 53.1 y 53.4, procedemos a determinar la cuestión certifi-cada.

La Ley Núm. 75, supra, contiene una definición de los términos “distribuidor” y “contrato de distribución”, pero, según veremos a continuación, ésta resulta muy esquemática y es necesario delimitar su contenido a la luz de los fines que persigue el estatuto. El Art. 1 de dicha ley provee:

“ (a) Distribuidor: persona realmente interesada en un con-trato de distribución por tener efectivamente a su cargo en Puerto Rico la distribución, agencia, concesión o representación de determinada mercancía o servicio.
(b) Contrato de Distribución: relación establecida entre un distribuidor y un principal o concedente, mediante la cual, e irrespectivamente de la forma en que las partes denominen, ca-ractericen o formalicen dicha relación, el primero se hace real y efectivamente cargo de la distribución de una mercancía, o de la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia, en el mercado de Puerto Rico. . . .” Art. 1,10 L.P.R.A. see. 278.

La figura del distribuidor se identifica fundamentalmente por su gestión de crear un mercado favorable y conquistar una clientela para un producto o servicio mediante la promoción y conclusión de contratos de ventas. Su función comprende generalmente las actividades necesarias para la transferencia del fabricante al consumidor, o a algún punto intermedio entre ambos, de los productos o servicios que representa. Cf. J. Soler Motors v. Kaiser Jeep Int’l, supra. La publicidad, la coordinación del mercado, las entregas de mercancía, los cobros, el mantenimiento de inventario y principalmente la promoción y conclusión de contratos de ventas son en términos generales obligaciones del distribuidor. Véanse Garrigues: III Tratado de Derecho Mercantil, Vol. 1 pág. 544 (1963) y Estrella Arturo, Dr.: El Contrato de Agencia o Representación Comercial, 31 Rev. C. Abo. P.R. 248, escolio 19 (1970).

Es precisamente la creación del mercado y la conquista de una clientela lo que constituye el fundamento jurí-dico para la indemnización al distribuidor por la terminación arbitraria del contrato. Garrigues expone dicho fundamento en la forma siguiente:

“Para comprender esta justificación es necesario puntualizar el sentido que tiene en nuestro caso la indemnización. No se trata de una indemnización por incumplimiento de obligación contractual, la cual seguiría las normas propias del incumplimiento contractual. Tampoco se trata de una indemnización de carácter social inspirada en el deseo de proteger al trabajador como parte económicamente débil. Se trata más bien de una compensación de servicios realmente prestados por el agente. En efecto, la activi-dad del agente durante el contrato tiene generalmente como re-sultado la conquista de nuevos clientes. Pero esta nueva cli-entela es tanto del agente como del representado y en este sentido constituye un elemento del activo tanto de la empresa del uno como de la empresa del otro. Esto se ve claro cuando se extingue el contrato de agencia. En tal momento puede ocurrir una de estas dos cosas: o bien que los clientes permanezcan con el em-presario representado perdiéndolos el agente; o bien que con-tinúen vinculados al agente, el cual seguirá vendiéndoles, o bien por cuenta propia, o bien por cuenta de un nuevo empresario. Si ocurre lo primero, parece justo conceder al agente una indemni-zación que le compense de la pérdida del premio sobre las opera-ciones con una clientela que fue conquistada por él. En tal carác-ter se parece mucho esta compensación a la que reciben los agen-tes de seguros por el llamado ‘valor de cartera’.” Garrigues: Tratado de Derecho Mercantil, Tomo III, Vol. 1, pág. 576 (1963).

La Ley Núm. 75, supra, fue diseñada expresamente con el propósito de remediar los perjuicios causados por las prácticas abusivas de manufactureros que eliminaban arbi-trariamente a los distribuidores tan pronto éstos creaban un mercado favorable a sus productos y servicios. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). Al respecto la Exposición de Motivos de dicha ley expone:

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede perma-necer indiferente al creciente número de casos en que empresas domésticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios o agentes, o sin eliminarlos total-mente van gradualmente mermando y menoscabando el alcance de las relaciones previamente establecidas, tan pronto como dichos distribuidores, concesionarios o agentes han creado un mer-cado favorable y sin tener en cuenta sus intereses legítimos . ...”

Los informes de las comisiones legislativas que precedie-ron a la aprobación de la ley expresan la misma preocupación. Véase Vol. 18, parte 3, Diario de Sesiones 1531 (1964).

Con estas consideraciones el problema de interpretación que dio motivo a la certificación de la cuestión aquí envuelta se disipa y queda claro que el distribuidor protegido por la Ley Núm. 75, supra, es aquel que gestiona la creación de un mercado o conquista nueva clientela para un producto o servicio mediante la promoción y conclusión de contratos de ventas.

Esta conclusión excluye a San Juan Mercantile Corp. del ámbito protector de la Ley Núm. 75, supra. La estipulación de hechos anteriormente reseñada demuestra que esta sólo presta un servicio sin duda importante y valioso para Canadian Transport Co., Ltd., pero no genera en forma alguna un mercado ni conquista clientela mediante promoción y venta.