text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José M. Costoso Caballero, acusado y apelante.

      Número: CR-70-50

      Resuelto: 12 de octubre de 1971

      Julio García Antique, E. Armstrong de Watlington y Enrique Miranda Merced, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Cándita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto de hurto mayor, Art. 428 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1683. Señala como único error el siguiente:

“Erró el Honorable Tribunal de instancia al determinar que el segundo registro practicado al acusado, cuando ya se hallaba bajo custodia policíaca, era razonable por ser contemporáneo a los hechos, y al no determinar que el fruto de ese registro fue motivado por admisiones del acusado, como resultado de unas de-ficientes y erróneas advertencias supuestamente háchales.”

Debemos examinar los hechos pues, aunque el plantea-miento es uno de derecho, está ineluctablemente unido a ellos.

Como consecuencia de una llamada telefónica, el policía Calixto Díaz se personó en el quinto piso del edificio ubicado en el Núm. 154 de la Calle Taft de Santurce y allí sorprendió al apelante tratando de forzar con un cortafrío la puerta del apartamiento Núm. 502, vivienda que no era la del apelante. El policía arrestó a aquél y lo llevó al Cuartel de la Policía de la calle Loíza, también en Santurce. El apelante llevaba consigo una carpeta o portapapeles. En el cuartel, luego de hacerle unas advertencias al acusado sobre sus derechos — de estar asistido de abogado, de usar el teléfono, de llamar a un pariente, etc. — el policía le pidió al apelante que le diese la carpeta, lo cual el apelante hizo. El policía abrió y registró la carpeta y allí aparecieron unas prendas, las cuales habían sido hurtadas ese mismo día de otra vivienda cercana al lugar en donde el apelante fue arrestado. La explicación que el apelante le dió al policía fue que las adquirió “mediante una transacción de drogas que hizo en la Parada 26.”

La posesión de esas prendas dio margen a la acusación y convicción del apelante del delito de hurto mayor que motiva esta apelación.

La posición del apelante es que el registro de la carpeta fue irrazonable por no ser contemporáneo con el arresto. Se basa primordialmente en Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

En Sosa Díaz, supra, al investigar un accidente automovilístico la policía encontró al apelante bajo la influencia de bebidas alcohólicas, por lo que éste fue detenido y llevado al cuartel. Mientras tanto un policía se quedó a cargo del automóvil. Al regresar al lugar del accidente otro policía de nombre Román registró el carro y encontró un revólver debajo de un asiento del vehículo. Allí, siguiendo a Preston v. United, States, 376 U.S. 364 (1964), revocamos la convicción del delito de infracciones a la Ley de Armas. Resolvimos allí que el registro sin orden de allanamiento fue irrazonable porque dicho registro fue remoto en tiempo y en lugar al arresto y por lo tanto no era un registro incidental al arresto. La conclusión a que llegamos en aquel caso se explica por lo siguiente. El registro, sin orden de allanamiento o registro que lo autorice, de una persona arrestada legalmente, se justifica porque se hace para ocupar armas o instrumentos que pudiesen ser utilizados para atacar a los agentes de la policía o para intentar o efectuar una fuga; para ocupar armas o instrumentos utilizados en la perpetración de un crimen; y para evitar la destrucción de evidencia. En Sosa Díaz, el registro, sin orden, del automóvil ya no podía jus-tificarse por esas razones porque el apelante ya se encontraba lejos del automóvil y bajo custodia en el Cuartel de la Policía.

El caso de autos es distinto a dicho caso de Sosa Díaz: En el caso de autos el apelante tenía en sus manos la carpeta o portapapeles. Como el policía no podía saber de antemano qué contenía dicha carpeta y dada la circunstancia de que se trataba de una persona recién arrestada, el policía actuó prudentemente al ocupar la misma. Concebiblemente, la carpeta podía haber contenido un arma.

Sobre la materia de registros de personas legalmente arrestadas, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sido inconsistente. Así lo ha reconocido el propio Tribunal Supremo. Véanse Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969) a la pág. 755; y Abel v. United States, 362 U.S. 217 (1960) a la pág. 235. El caso de Chimel v. California tiene la reputación de que ha traído “orden” al anterior estado de la jurisprudencia de aquel tribunal sobre esta materia. En el mismo se hace un recuento de los casos más importantes sobre este asunto y a la pág. 763 se expresa el pensamiento del tribunal sobre el mismo. Se dice allí lo siguiente:

“Cuando se hace un arresto, el oficial que lo ejecuta puede registrar la persona arrestada para quitarle cualquier arma que tenga y que pueda utilizar para resistir el arresto o para intentar una fuga. De lo contrario la seguridad personal del agente del orden público estaría en peligro y aun el arresto podría quedar frustrado. Además, es enteramente razonable que el agente del orden registre al arrestado y ocupe cualquier evidencia que éste tenga para evitar que la esconda o que la destruya. La misma norma debe aplicarse al área hasta la cual la persona arrestada pueda tener acceso para agarrar un arma o evidencia material. Un revólver sobre una mesa o en una gaveta frente a la persona arrestada puede ser tan peligroso como si ésta lo portase encima. Por lo tanto, hay justificación amplia para el registro de la persona arrestada y del área que está ‘a. su alcance inmediato’— queriendo decir esa frase el área de la cual el arrestado puede coger un arma o evidencia para destruirla.”

En el párrafo que sigue al antes citado dice el tribunal que, por el contrario, no se justifica el registro de los demás cuartos o dependencias de la casa, y ni siquiera el de las gavetas de un escritorio o de otros muebles ni el de otras áreas cerradas que se encuentren en el mismo cuarto en que se efectuó el arresto.

A la pág. 773 expresa el tribunal que las consideraciones que hacen razonable un registro sin orden de allanamiento incidental a un arresto legal (ocupar armas, evitar una fuga, evitar destrucción de evidencia) no se aplican a un registro de lugares a los cuales la persona arrestada no tenga acceso físico inmediato.

En Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967) encontramos que el registro fue razonable, e incidental a, y contemporáneo con un arresto legal. Allí la situación era considerablemente distinta a la del caso de Chimel, supra. En Chimel se hace un arresto válido dentro de la vivienda del acusado. El acusado no ofreció resistencia alguna. La policía, sin tener una orden de allanamiento, registró toda la casa del acusado y encontró objetos hurtados. El tribunal rechazó ese registro por ser ilegal e irrazonable. Dicho registro, aunque contemporáneo con el arresto, no estaba justificado pues no podía tener ninguno de los propósitos que por excepción justifican un registro en esas circunstancias: ocupar armas que puedan ser usadas por la persona arrestada, evitar una fuga o evitar la destrucción de evidencia. En Chimel, supra, el tribunal revocó los casos de United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 (1950) y Harris v. United States, 331 U.S. 145 (1947).

En Pueblo v. Riscard, supra, cuando la policía fue a efectuar un arresto legal en la residencia del acusado éste corrió hacia un cuarto de la casa, adonde fue alcanzado por el agente. Allí hubo un forcejeo entre el acusado y el policía, en el cual intervino también la esposa del acusado. El agente ocupó un revólver cargado, poseído ilegalmente, que se encon-traba en la tablilla de un ropero abierto que había en dicho mismo cuarto. Bajo las circunstancias de ese caso encontramos que el policía actuó prudentemente al ocupar dicha arma, pues, especialmente a la luz de la conducta del acusado y de su esposa, el arma podía ser utilizada por cualquiera de los dos para agredir al agente o para intentar la fuga del arres-tado. Un movimiento sorpresivo del acusado o de su esposa podía poner aquel revólver en manos de uno de los dos.

Cada arresto, registro o allanamiento constituye una frontera en la cual se confrontan críticamente de un lado los derechos del individuo y su dignidad personal y del otro el derecho de la sociedad de protegerse a sí misma y de proteger a los más débiles de los delincuentes. Es muy difícil, quizás imposible, redactar reglas que resuelvan este problema de crisis fronteriza de una vez y para siempre. Pero como nos confrontamos con una situación práctica, de hechos que en forma parecida ocurren con frecuencia, debemos procurar establecer lo más claramente posible la norma aunque de antemano reconozcamos que no es perfecta:

1. Es permisible un registro sin orden de allana-miento efectuado en la persona del arrestado y del área que está a su alcance inmediato. Como hemos dicho antes, esto se justifica para ocupar armas que puedan ser empuñadas y utilizadas por el acusado para agredir a los agentes del orden público o para intentar nna fuga, y para ocupar evi-dencia que de otro modo el arrestado podría destruir.

2. No es permisible un registro sin orden de allanamiento, aunque sea contemporáneo con un arresto válido, de aquellos lugares y muebles de una casa que no están al alcance inmediato de la persona arrestada. Así, al efectuarse un arresto válido no pueden registrarse sin orden de allanamiento escritorios, archivos, roperos y otros muebles, y closets y las habitaciones y otras partes de la vivienda o edificio en que se arresta al acusado. Esa búsqueda que no tiene por propósito evitar los riesgos antes mencionados (agresiones con armas, fuga, destrucción de evidencia) no son registros razonablemente hechos con motivo de un arresto y por lo tanto están proscritos por la Sec. 10 del Art. 2 de la Constitución de Puerto Rico y por la Enmienda IV de la Constitución de los Estados Unidos.

El registro efectuado en el caso de autos, según se ha dejado descrito anteriormente, fue uno razonable e incidental y contemporáneo a un arresto válido. El error señalado no se cometió. En cuanto a si las advertencias fueron o no sufi-cientes, no tenemos que entrar en ello pues, con o sin ellas, el registro de la carpeta fue legal y su producto — las pren-das — eran admisibles en evidencia.

Se confirmará la sentencia dictada en este caso.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.

       En síntesis, una “orden de allanamiento o registro” es un manda-miento firmado por un magistrado, ordenando buscar y ocupar determi-nada propiedad mueble, Regla 229 de las de Procedimiento Criminal. En dicha orden se nombrarán o describirán con particularidad la persona o el lugar a ser registrado y las cosas a ocuparse. Regla 231 de Procedi-miento Criminal.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel A. Delgado Terrón, acusado y apelante.

      Número: CR-70-153

      Resuelto: 15 de octubre de 1971

      Pedro Pérez Rodríguez, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Subprocurador General, y Jorge Ríos Torres, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto de conducir un vehículo mientras estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes, en violación de la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, 9 L.P.R.A. see. 1041.

En apelación señala tres errores. El primero es al efecto de que erró el tribunal de instancia al no desestimar la acusa-ción por no habérsele celebrado el juicio dentro de los 120 días siguientes a la fecha en que se presentó la acusación. Regla 64 (n) (4) de las de Procedimiento Criminal. Sec. 11, Art. II de la Constitución de Puerto Rico.

Como transcurrieron siete meses y dieciocho días entre la fecha en que se presentó la acusación y la fecha en que se celebró el juicio, dicho primer planteamiento merecería de-tenida consideración a no ser por las circunstancias que a continuación expresamos. .

La acusación se presentó en 22 de abril de 1969 y el juicio fue señalado para el 11 de julio del mismo año, fecha comprendida dentro de los 120 días de presentada la acusa-ción. A solicitud de la defensa el juicio fue suspendido y señalado por segunda vez para el 19 de septiembre de 1969. Este segundo, señalamiento fue suspendido a petición del fiscal, por motivo de estar ausente la química que analizó la muestra de sangre del acusado. En esa ocasión el tribunal fue informado por el alguacil que dicha técnica se encontraba en funciones oficiales en el Tribunal de Ponee. Este caso se estaba viendo en Arecibo. El juicio fue señalado por tercera vez para el- 29 de octubre de 1969 y suspendido también a solicitud del fiscal debido a enfermedad del policía José Álvarez, quién arrestó al acusado y quién era un testigo de cargo importante.

Confrontado con esa situación el juez expresó que el juicio ya se había suspendido dos veces; una, a solicitud del acusado y otra, a solicitud del fiscal y preguntó que para qué día se podía señalar. La defensa contestó que “El problema es el de la química.” El juez expresó que en vista de lo informado por el fiscal — la ausencia por enfermedad del policía Álvarez —se veía obligado a suspender la vista y dialogó con la química para ver en qué fecha ésta podría venir al juicio. La química expresó que tenía disponible el día 19 de noviem-bre y la defensa dijo que también estaba libre ese día. En ese momento la secretaria del tribunal llamó la atención a que ese día era festivo por ser el día del Descubrimiento de Puerto Rico. El abogado defensor dijo “En diciembre, cualquier fecha” (Bastardillas nuestras.) La química preguntó si esta-ría bien el día 10 de diciembre. El juez aceptó la fecha y la defensa expresó “ [y] o acepto cualquier fecha que señale el Tribunal.” (Bastardillas nuestras.) El juez dijo que había escogido dicha fecha y la defensa dijo “Yo estoy de acuerdo con la fecha.” (Bastardillas nuestras.) El juez señaló la .vista para dicho día 10 de diciembre de 1969.

Ante esa clara y expresa renuncia del apelante de su derecho a levantar el fundamento, para solicitar la desestimación, de no habérsele sometido a juicio dentro de los 120 días siguientes a la presentación de la acusación, no podemos convenir con él en que se cometió el primer error señalado.

En su segundo señalamiento de error arguyé el apelante que erró el tribunal al admitir en evidencia el informe sobre la sangre porque el doctor que declaró en el juicio no fue la persona que le sacó la sangre al acusado y sí una enfermera de cuyo nombre el doctor no se acordaba. El apelante no argu-menta este error ni expresa nada más en relación con el mismo.

Es cierto que el médico no recordaba el nombre de la enfermera pero también es cierto que declaró que estaba positivamente seguro de que era una enfermera graduada que estaba en servicio. La ley no exige que sea el médico personalmente el que haga esas extracciones de sangre. La propia Ley de Vehículos y Tránsito autoriza a las enfermeras graduadas a extraer muestras de sangre para determinar su contenido alcohólico. 9 L.P.R.A. sec. 1043(g). En este caso el médico estuvo presente cuando se le sacó la sangre al apelante y supervisó esa operación. Fue el médico personalmente quien envasó la sangre en tres tubos. Le entregó uno al apelante y envió los otros dos al Departamento de Salud. Fue el médico también quien llenó y firmó el parte de remisión. Sobre el nombre de la enfermera, aunque el doctor no lo recordaba, indicó que podía conseguirse del récord de esa noche.

El médico podía declarar sobre el acto de la extracción de sangre que él presenció y que supervisó pues, como se sabe, un testigo puede declarar sobre hechos que le constan personal y directamente, 32 L.P.R.A. see. 1662, y la evidencia directa de un testigo que merezca entero crédito es prueba suficiente de cualquier hecho, salvo en casos de perjurio o de traición, 32 L.P.R.A. see. 1661. No se cometió el segundo error señalado.

El tercer error impugna la apreciación que de la prueba hizo el tribunal de instancia. Argumenta que el acusado se comportó correctamente y que no dijo palabras obscenas; que el policía se contradijo y que al apelante le entregaron su automóvil una hora después y le permitieron que se lo lle-vara.

El doctor declaró que notó que el apelante había ingerido alguna bebida alcohólica. El apelante declaró que se había “dado unas cuantas cervezas.” Mientras conducía su automóvil el apelante fue observado desviándose entre carriles; pasó una luz roja; no respondió a la señal de la sirena de la policía; declaró que no oyó la sirena; una vez detenido se negó a salir del vehículo; el policía lo sacó del mismo. El policía declaró además que el apelante hablaba en forma pesada, que tenía los ojos rojizos, que le salía aliento a licor y que al caminar teñía que sujetarse.

Completa el anterior cuadro de hechos el dato de que el análisis de la sangre demostró que tenía 16 centésimas del uno por ciento, por peso de alcohol. La ley dispone que cuando hay cinco centésimas del uno por ciento, o menos, se presumirá que el acusado no estaba bajo los efectos de bebidas embria-gantes. Cuando hay más de 5 centésimas del uno por ciento, pero menos de 15 centésimas, tal prueba no constituirá base para presumir que el acusado estaba o no bajo los efectos de bebidas embriagantes, pero dicha prueba podrá ser conside-rada conjuntamente con otra evidencia para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado. Pero cuando el análisis demuestra que había en la sangre del acusado 15 centésimas del uno por ciento, o más, por peso de alcohol, se presumirá que el acusado estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. 9 L.P.R.A. see. 1041. Como dijimos, el examen de la sangre del acusado dio un resultado de 16 centésimas del uno por ciento.

En cuanto a los otros argumentos, ya hemos resuelto que portarse correctamente y no decir palabras obscenas no prueba de por sí que una persona no está ebria. Distintas personas reaccionan distintamente al alcohol. Véase Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 734 (1963) y Pueblo v. Candelario Martínez, 96 D.P.R. 581, 583 (1968). En ausencia de prueba clínica — en este caso la hay — para formar juicio sobre si una persona está ebria o no, es necesario tomar en cuenta las diversas circunstancias concurrentes. El hecho de que le entregaron el carro al acusado una hora después de ha.-ber sido detenido es un dato del cual puede presumirse que para ese tiempo ya estaba más o menos normal, o que alguien 10 creyó así. La realidad es que una hora antes su sangre con-tenía 16 centésimas del uno por ciento, por peso, de alcohol.

La prueba es suficiente y no hay razón para que interven-gamos con la apreciación que de ella hizo el tribunal de ins-tancia. Tampoco se cometió, el tercer error señalado.

Se confirmará la sentencia dictada por el. Tribunal Superior, Sala de Arecibo, en 10 de diciembre de 1969, en este caso.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Wilfredo Candelario Couvertier, acusado y apelante.

      Número: CR-70-147

      Resuelto: 18 de octubre de 1971

      Julio García Antique, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Contra el apelante fue presentada la siguiente acusación;

“En El Tribunal Superior de Puerto Rico
Sala de San Juan '
En el nombre y por la autoridad
de ‘El Pueblo de Puerto Rico’
Estados Unidos de América
El Presidente de los Estados Unidos
Criminal Núm.
El Pueblo de Puerto Rico
vs.
Wilpredo Candelario Couvertier
Por: Escalamiento en Primer Grado
El fiscal formula acusación contra Wilpredo Candelario Couvertier residente en (residencia ambulante) por un delito de HURTO mayor, (felony) cometido de la manera siguiente:
El referido acusado, Wilpredo Candelario Couvertier, allá en o para el día 16 de marzo de 1969, y en Carolina, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria y maliciosamente con la intención criminal de cometer como en efecto cometió hurto y privar per-manentemente a su dueño de su legítima pertenencia, sustrajo de la residencia de la señora Antera Peralta Arroyo, doscien-tos setenta y cinco dólares ($275) en moneda legal del cuño de los Estados Unidos de América, y un aro y una sortija de matri-monio valorados en más de cien dólares, pertenecientes dichos bienes muebles a/y de la propiedad de la referida señora Antera. Peralta Arroyo.”

Celebrado el juicio por tribunal de derecho, el apelante fue hallado culpable del delito de escalamiento. Fue senten-ciado a cumplir de dos a cinco años de presidio.

Apunta el apelante que (1) la acusación no imputa el delito de escalamiento en primer grado del cual fue hallado culpable; y (2) la identificación que se hizo del apelante fue en abierta violación de sus derechos constitucionales. No tiene razón, como se verá a continuación.

(1) Es cierto que la acusación no imputa el delito de escalamiento en primer grado ya que en ella no se alega la penetración ilegal a la morada durante la noche con la inten-ción de cometer hurto o ratería.

Sin embargo, la calificación del delito “. . . hecha por el Fiscal no es definitiva, ya que son los hechos alegados en la acusación, y no las etiquetas formales, los que deben servir de base para la verdadera identificación del delito imputado y de la disposición estatutaria envuelta.” Pueblo v. Bermúdez, 75 D.P.R. 760, 763-764 (1954). Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 727 (1961).

Obviamente la acusación anterior alega un delito de hurto mayor. Pueblo v. Landráu, 78 D.P.R. 276 (1955). La prueba aducida plenamente sostiene que el apelante penetró de noche en la morada de la familia Arroyo, atacó allí a la señora Antera Peralta de Arroyo, quien se resistía con tal energía no obstante los golpes que recibió que el apelante salió de la casa no sin antes sustraer del bolso de dicha señora la suma de $275, un aro de matrimonio y una sortija de compromiso.

En este caso, como en Pueblo v. Rodríguez, (a) Cartucho, 46 D.P.R. 542, 544, 546-547 (1934), existe un conflicto entre los hechos probados y la calificación de), delito que es en sí una conclusión y, entre ambos, los hechos deben predominar. Además, la condena por el delito de escalamiento en primer grado no es un error fundamental. Lo que ha ocurrido es que el tribunal ha designado también el delito con un nombre equivocado y nada más, sin que ello ocasionara perjuicio al apelante.

(2) Los hechos que motivan esta causa ocurrieron en 16 de marzo de 1969. Tres días después, al ser llevado el apelante por tres detectives frente a la casa de la señora Arroyo, allí ésta lo identificó como la persona que penetró en su morada en la noche de los hechos y la atacó.

La norma sobre la identificación de una persona como la autora de un delito que establecimos en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 257 (caso resuelto en 6 de mayo de 1969), sólo debe aplicarse prospectivamente de manera que no cubre casos, como el que nos ocupa, en que la identificación se realizó con anterioridad a la fecha en que resolvimos Gómez Incera, supra. Pueblo v. Cruz Jiménez, 99 D.P.R. 565 (1971); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293, 296 (1967).

Además, la determinación de si los defectos en el procedimiento para la identificación de un sospechoso pueden violentar el debido procedimiento de ley depende de la totalidad de las circunstancias que rodearon el procedimiento de identificación.

En este caso la prueba demuestra que la Sra. Arroyo forcejeó con el apelante durante unos cinco u ocho minutos. Aunque de noche, la luz de un cercano poste de luz de mercurio penetraba y alumbraba por una ventana la habitación en que se encontraba la señora. Entonces notó que el atacante “estaba bien sucio . . . bastante barbú y con mucho pelo”; tenía bigote; era “de color”; vestía sweater negro y pantalón oscuro; era “un hombre que medía algunos cinco ocho, cinco nueve aproximadamente.” Fue llevada al cuartel de la policía a examinar cientos de fotografías con el fin de tratar de identi-ficar al autor del ataque a su persona y del hurto pero no en-contró alguna que se le pareciese. Testificó que en dos fotogra-fías se “parecía un poco en la forma de la frente y el pelo ... pero no era la misma cara.” El detective Bravo arrestó al apelante el día de la identificación “Porque en la pizarra se estaba buscando a un individuo con las mismas señales del señor acusado y yo había intervenido con él anteriormente, vestía ‘sweteti negro con mangas largas, pantalón obscuro y zapatos obscuros, negros.” Al llevarlo ese mismo día frente a la casa de la Sra. Arroyo, ésta dijo al detective Bravo y a su esposo que la persona que los detectives trajeron en ese momento “era la misma persona que había penetrado en el hogar . . . estaba con la misma ropa que había penetrado a mi casa.” Por último, la Sra. Carmen Belén Rosa de Flores, vecina de la Sra. Arroyo, testificó que se despertó, porque estaba asustada, tarde en la noche de los hechos y oyó un grito afuera; abrió la ventana y “Miré para casa de Antera ... me di cuenta que los gritos salían de ella, cuando vi el joven que salió corriendo y ella detrás de él corriendo tam-bién”; que “El usaba un ‘sweter’ negro de manga larga, cuello alto”; que usaba pantalón oscuro “ropa obscura toda”; que lo vio por unos treinta segundos; que “El foco que me queda a mí al frente alumbra bastante”; que lo vio a unos 48 a 50 pies de distancia. Al igual que a la Sra. Arroyo, le mostraron muchas fotografías en el cuartel de la policía con el fin de identificar al autor de los hechos pero cuando llevaron al apelante frente a su casa “enseguida lo pude identificar.”

La prueba que acabamos de relacionar demuestra que las dos testigos tuvieron oportunidad de observar al acusado para luego poderlo identificar a los tres días de ocurridos los hechos. Nótese que no pudieron identificarlo de las numerosas fotografías que se les mostraron explicando la Sra. Arroyo que las caras en las dos fotografías que más se parecían al apelante eran distintas. De acuerdo a. los hechos relacionados, concluimos que la identificación del acusado se hizo bajo circunstáncias que excluyen la posibilidad de perjuicio o error alguno en contra del apelante y que la misma es confiable. Pueblo v. Irizarry Ocasio, Sentencia de 4 de marzo de 1971; Pueblo v. Medina Álvarez, Sentencia de 4 de marzo de 1970; Pueblo v. Santiago Ríos, Sentencia de 20 de febrero de 1970.

La sentencia impuesta al apelante está dentro de los límites establecidos por ley como penalidad para el delito de hurto mayor. (33 L.P.R.A. see. 1685.)

Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 213 de las de Procedimiento Criminal se modificará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 19 de agosto de 1969, sustituyendo la designación del delito de escalamiento en primer grado que en ella aparece por el de hurto mayor. Así modificada se confirmará.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández y el Juez Aso-ciado Señor Hernández Matos no intervinieron.


text:
    Gonzalo Lebrón Sotomayor, demandante y recurrente, v. Junta de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: O-70-116

      Resuelto: 18 de octubre de 1971

      Luis Muñoz Rivera, abogado del recurrente; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de la recurrida.
   PER CURIAM:

El señor Gonzalo Lebrón Sotomayor ocupaba un puesto de Supervisor de Recreación II en la Administración de Parques y Recreo Públicos de Puerto Rico. La autoridad nominadora le concedió vacaciones en base a un Certificado Médico con fecha de 17 de febrero de 1969. Dicho certificado era a los efectos de que el empleado continuaría bajo trata-miento por una afección renal que padecía y que se le seguiría dando tratamiento por 15 ó 20 días más, dándosele cita para el día 3 de marzo de 1969, fecha en que se le daría de alta si había recuperado.

El empleado no se presentó a su trabajo hasta el día 14 de marzo de 1969.

El día 13 de marzo el recurrente fue destituido por la Ad-ministración de Parques y Recreo Públicos. La acción tomada por la autoridad nominadora tuvo como base un cargo impu-tando al señor Lebrón Sotomayor “abandono del servicio.” Dicho cargo estuvo formulado en los siguientes términos:

“... usted se encuentra ausente sin autorización de su trabajo. El Certificado Médico presentado por usted era hasta el día 3 de marzo de 1969 y hasta el día de hoy usted no se ha vuelto a comunicar con la Agencia violando así el Inciso B.34 del Capítulo IV del Manual Administrativo. Tal acción constituye un abandono del servicio.”

La disposición reglamentaria pertinente dispone:

“Incurrirá en abandono del servicio todo empleado que per-manezca ausente de su trabajo durante 5 días consecutivos, sin autorización de la autoridad nominadora. Tal abandono del servicio será causa justificada para que la autoridad nominadora suspenda o destituya al empleado.” 3 R.&R.P.R. see. 647-202.

Se desprende del Certificado Médico sometido en eviden-cia, con fecha de 17 de marzo de 1969, que el recurrente fue visto por su médico el día 3 de marzo y que su médico le con-tinuó dando tratamiento ambulatorio por 15 días más, al finalizar los cuales se le dio de alta para regresar a su trabajo. Es decir, que el 18 de marzo de 1969 el empleado estaba en condiciones de salud satisfactorias para reintegrarse a sus labores en la Administración de Parques y Recreo Públicos.

El día 20 de marzo de 1969 el señor Lebrón Sotomayor apeló su destitución ante la Junta de Personal de Puerto Rico. El 11 de agosto de 1969, la Junta de Personal emitió su resolu-ción en la cual, con un voto disidente, confirmó la destitución del señor Gonzalo Lebrón Sotomayor..

El 25 de agosto de 1969, el recurrente solicitó revisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Por sentencia del 17 de abril de 1970, el Tribunal Superior confirmó la resolu-ción de la Junta de Personal.

El agraviado recurre a este Tribunal por vía de certiorari.

Tanto las determinaciones de la Junta de Personal como del Tribunal Superior se basan en que, dados los hechos del presente caso, la falta cometida por el empleado constituye “abandono del servicio.” Dicha conclusión nos parece errónea aun cuando aceptamos las determinaciones de hecho de la Junta de Personal.

El señor Lebrón Sotomayor estuvo enfermo y bajo trata-miento médico y la ausencia a su trabajo se debió a esa enfermedad y tratamiento, no a negligencia de su parte en el desempeño de su carga ni a intención formada por él, ni a despreocupación negligente de ausentarse del desempeño de sus obligaciones. Es cierto que el empleado no notificó a su patrono que continuaba bajo tratamiento médico con posterio-ridad al día 3 de marzo de 1969. Su falta consistió en no in-formar a su patrono por anticipado la razón de sus ausencias. Sin embargo, el Certificado Médico del 17 de febrero de 1969 es suficientemente claro como para no dejar lugar a duda de que era posible que el 3 de marzo no se le diera de alta al paciente si éste no había recuperado. Y el segundo Certificado Médico con fecha de 17 de marzo de 1969 explica la razón de las ausencias del señor Lebrón Sotomayor.

Es insostenible la conclusión del Tribunal Superior y de la Junta de Personal de que las ausencias de este empleado, motivadas por razones de salud, constituyen abandono del servicio por el solo hecho de no haber sido notificadas a su patrono con anticipación. La sección 647-202 del Título 3 de las Reglas y Reglamentos de Puerto Rico lo que contempla como constitutivo de abandono del servicio son ausencias no autorizadas de carácter vicioso, sin justificación razonable y no cualquier tipo de ausencia. La interpretación de esa disposición reglamentaria hecha por la Junta de Personal y el Tribunal Superior conflije con el espíritu de la Ley de Personal de Gobierno. La destitución de un empleado bajo la Ley de Personal es una medida disciplinaria drástica en sus efectos y alcance, si se tiene en cuenta que la Ley autoriza al Director a rechazar una solicitud de admisión a examen o eliminar el nombre del registro, o a negarse a certificar el nombre de cualquier persona que ha sido despedida del servicio público (3 L.P.R.A. see. 655); y que el Reglamento (3 R.&R.P.R. see. 647-203) dispone que cualquier empleado destituido de su puesto en el Servicio Estatal podrá ser considerado como inelegible para nombramiento en puestos del Servicio por Oposición y del Servicio sin Oposición. Como se sostuvo en Arcelay Rivera v. Superintendente Policía, 95 D.P.R. 211 (1967), a la pág. 225:

“El que el recurrente quede inelegible para cargo alguno en el gobierno, o para aspirarlo, es un hecho bastante serio y per-judicial, en comparación con su conducta.”

Concluimos que la falta cometida por el empleado en este caso por no haber informado a sus superiores de su condición física y de que continuaba bajo tratamiento no es de tal gravedad como para justificar su destitución. Sin embargo, no debemos pasar por alto el hecho de que el recurrente infringió una norma básica de conducta que le debía a sus superiores en bien del servicio público. Su falta es reprobable; su condición física no era tal que la excusase. Una llamada, un telegrama o mensaje a través de un familiar no es mucho exigir considerando la perturbación que el no hacerlo puede ocasionar al servicio. Para tales violaciones el poder nominador puede censurar al empleado y apercibirle que medidas disciplinarias más severas como la suspensión temporal, y aun la destitución, se habrán de utilizar de repetirse esa conducta.

Por las razones anteriormente expuesta, se revocará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de fecha 17, de abril de 1970. En su lugar, se ordenará la restitución de Gonzalo Lebrón Sotomayor a su cargo de Supervisor- de Rec-reación II con el correspondiente pago de los salarios defados de percibir por éste desde su destitución.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández y el Juez Asociado Señor Dávila no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Compañía de Fianzas de Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, Hon. Carlos Maldonado Casillas, Juez, demandado.

      Número: O-70-194

      Resuelto: 18 de octubre de 1971

      E. Martínez Rivera, abogado de la peticionaria; Baragaño, Trías, Saldaña & Francis y C. Arzuaga Algarín, abogados del Banco Popular de Puerto Rico, interventor.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El 20 de agosto de 1969 la Sala de Guayama del Tribunal Superior dictó sentencia en un caso sobre cobro de dinero a favor del demandante Banco Popular contra Víctor E. Silva. La sentencia se convirtió en final y firme el 19 de septiembre de 1969. El 3 de septiembre de 1969 la sala sentenciadora ordenó el embargo de las cantidades adeudadas al demandado por el Municipio de Guayama. El 17 de abril de 1970 la Com-pañía de Fianzas de Puerto Rico radicó una solicitud de inter-vención alegando que el crédito que le era debido al Sr. Víctor Silva por el Municipio de Guayama le fue cedido a dicha compañía de fianzas. El Banco Popular se opuso. Alegó que la compañía no tiene derecho a intervenir de acuerdo con la Regla 21 de las de Procedimiento Civil y que si hubiese tenido derecho su intervención resultaba tardía. El tribunal de instancia declaró sin lugar la solicitud de intervención. Acor-damos revisar esa resolución.

La peticionaria ampara su derecho a intervenir en la Regla 21.1(c) de las de Procedimiento Civil la cual dispone:

“Mediante oportuna solicitud, cualquier persona tendrá de-recho a intervenir en un pleito (a) . . . (b) . . . (c) cuando el solicitante pudiere ser afectado adversamente por una distri-bución o cualquier otra disposición de propiedad que se hallare bajo la custodia o sujeta al control o poder de adjudicación del tribunal.”

La Regla 21 de Procedimiento Civil es similar a la Regla 24 de Procedimiento Federal.

Parece claro que el lenguaje de la regla permite la intervención de una parte que alega que la propiedad o derecho que se ha embargado para satisfacer una sentencia le pertenece. Es preferible que los derechos sobre la propiedad embargada se diluciden antes de que se ejecute la sentencia y se adjudiquen los bienes. Nadie se perjudica y se aligera la adjudicación definitiva. Véase 3B Moore’s Federal Practice, § 24.09 [2] págs. 24-225. Trager v. Hiebert Contracting Co., 339 F.2d 530 (1st Cir. 1964).

Además para que proceda la intervención de acuerdo con la Regla 21.1 (c), la solicitud debe ser oportuna {timely). La intervención después de la sentencia final es vista ordinariamente con recelo ya que permitirla en esa etapa puede perjudicar los intereses de las partes originales o interferir substancialmente con los procesos ordinarios en el tribunal. McDonald v. E. J. Lavino Company, 430 F.2d 1065 (5th Cir. 1970). En el presente caso la moción de la interventora no interfiere substancialmente con el orden de los procesos del tribunal. La interventora no desea reabrir el pleito o relitigar un punto que ya ha sido resuelto. La consideración más im-portante al determinar si es oportuna la solicitud de interven-ción es si alguna de las partes existentes en el pleito han sido perjudicadas por la tardanza en solicitarla. McDonald v. E. J. Lavino Company, supra; Díaz v. Southern Drilling Corp., 427 F.2d 1118, 1125 (5th Cir. 1970); Smith Petroleum Service Inc. v. Monsanto Chemical Co., 420 F.2d 1103, 1115 (5th Cir. 1970); 2 Barron & Holtzoff, Federal Practice & Procedure, 594 (Wright ed. 1961); 3B Moore’s Federal Practice, § 24. 13[1] a las págs. 24-522 (2d ed. 1969).

Como ha expresado un comentarista: “las cortes están generalmente de acuerdo con que la intervención como derecho bajo la Regla 24(a) debe ser concedida excepto cuando la solicitud ocasione un perjuicio en una de las partes originales.” The Requirement of Timeliness Under Rule 24 of Fed. Rules of Civil Procedure, 37 Va. L. Rev. 863, 867 (1951). En el presente caso la intervención fue con el propósito limitado de que se determine a quién pertenece el crédito embargado para satisfacer la sentencia. La tardanza en solicitarla no perju-dicó a las partes originales. Ver Vélez v. Corte Municipal, 65 D.P.R. 589 (1946).

Bajo la práctica anterior a la aprobación de las Reglas de Enjuiciamiento Civil en el año 1943, permitíamos la inter-vención en situaciones de hecho como la del presente caso, a pesar de que el Art. 72 del Código de Enjuiciamiento Civil, era más restrictivo que las Reglas 24 (a) de 1943 y la Regla 21.1 de 1958. Así en Benítez v. Tabacaleros, ete. y Fed. Int. Credit Bank, 50 D.P.R. 791 (1936), expresamos:

“La jurisprudencia que hemos examinado parece establecer una distinción entre aquellas intervenciones que tienen por objeto la discusión de los méritos de la controversia entre deman-dante y demandado y aquéllas cuyo único objeto es la protección de los derechos del interventor sobre propiedad embargada y sobre la cual se trata de hacer efectiva la sentencia dictada o que se pueda dictar en el pleito, sosteniendo que la primera clase de intervenciones deben ser interpuestas antes del juicio, de acuerdo con los requisitos técnicos del estatuto, y que las que se refieren simplemente a lá determinación de los derechos respectivos sobre propiedad embargada pueden ser interpuestas en cualquier mo-mento, siempre que el interventor actúe con la debida diligencia.
La petición de intervención en el caso de autos presentaba a la consideración de la corte inferior una sola cuestión, o sea si los cánones de arrendamiento eran en la fecha en que se practicó el embargo propiedad de la corporación demandada o si habían pasado ya a ser propiedad del banco interventor, no estando por tanto sujetos a embargo. Esa cuestión en nada podía afectar la controversia principal entre demandante y demandado, ni tam-poco la sentencia en rebeldía dictada en el caso. Y creemos que el hecho de que esa misma cuestión haya podido resolverse tam-bién en una demanda de tercería, no es óbice para que la corte inferior pudiera resolverla por medio de una simple demanda de intervención, teniendo como tenía jurisdicción sobre todas las partes interesadas y sobre la propiedad envuelta en la controver-sia. El fin principal que deben perseguir los tribunales es el de administrar justicia rápida y evitar litigios innecesarios. La corte inferior usó sabiamente de su discreción al interpretar liberal-mente las disposiciones del artículo 72 del Código de Enjuicia-miento Civil, para resolver una cuestión sobre la cual tenía jurisdicción y que en nada afectaba la controversia entre las partes originales.”

Por las razones expuestas se revocará la resolución recu-rrida y se dictará otra permitiendo la intervención solicitada.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.

       La Regla 24 de las federales fue enmendada en el 1966.

       Dispone así el Art. 72:
      “Cualquier persona antes de la celebración del juicio podrá intervenir en una acción o procedimiento, si tuviere interés en el asunto en litigio, en el éxito de cualquiera de las partes, o algún derecho en contra de ambas. Esta intervención tiene lugar cuando a un tercero se le permita ser parte en la acción o procedimiento seguido entre otras personas ya asociándose al demandante para reclamar lo que se pretenda en la demanda, o ya uniéndose al demandado para oponerse a las pretenciones del deman-dante, o pidiendo algo en sentido adverso a las reclamaciones de deman-dante y demandado, cuya intervención se efectúa por medio de demanda, exponiendo en ella los motivos en que se funde, presentada con permiso de la corte, y notificada a las partes que no hubieren comparecido y a los abogados de las comparecidas, quienes podrán contestar o alegar una excepción a ella, como si fuese una demanda ordinaria.”


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Asociación Puertorriqueña de Importadores de Automóviles Usados, Inc., y Otros, demandantes y recurridos, v. Ángel M. Rivera, como Secretario de Hacienda et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-70-170

      Resuelto: 18 de octubre de 1971

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de los recurren-tes; Máximo Ruiz Jiménez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

La Asociación Puertorriqueña de Importadores de Auto-móviles Usados, Inc., y otros impugnaron mediante procedi-miento de injunction la validez de varias disposiciones de un Reglamento promulgado por el Secretario de Hacienda y apro-bado por el Gobernador para implementar la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1969, 13 L.P.R.A. sec. 4034(f), enmendato-ria de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico. Dicha ley exige de los vendedores que adhieran a los vehículos de motor, a los cuales sea aplicable, cierta información.

De las diez (10) disposiciones reglamentarias impugnadas, cinco (5) fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior por estar, a su juicio, en conflicto con la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1969 y, en consecuencia, ordenó al Secretario de Hacienda y al Administrador de Servicios al Consumidor que se abstuvieran de ponerlas en vigor.

Los demandados recurren ante nos señalando cuatro erro-res. Todos en realidad giran alrededor de la autoridad del Secretario de Hacienda para aprobar las disposiciones regla-mentarias que fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior y pueden, por tanto, considerarse como un solo apunta-miento de error.

La Ley Núm. 80 enmendó el inciso “F” del Art. 34 de la Ley de Impuestos Sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. sec. 4034(f). La enmienda consis-tió en autorizar al Secretario de Hacienda a suministrar, li-bre de costo, a toda persona que lo solicite, información sobre el precio de fábrica y el precio contributivo de cualquier ve-hículo de motor que se introduzca en Puerto Rico. Además, le impuso la obligación a las personas o entidades dedicadas a la compraventa de vehículos de motor de adherir al cristal de-lantero, o en cualquier otro sitio visible del vehículo, en forma clara, correcta y que permita su fácil lectura, la siguiente in-formación :

“1. Nombre de la persona, natural o jurídica, su dirección postal y la dirección del local de negocios donde el vehículo se tiene a la venta así como el nombre y dirección del introductor del mismo y la fecha de su introducción.
2. Marca, modelo y número de serie del motor y de la caja del vehículo.
3. Precio contributivo en Puerto Rico del vehículo, su costo en fábrica, el costo de la transportación cargado al distribuidor, el monto de los impuestos y lo que se pagaría por derechos de licencia.
4. Si el vehículo fuera nuevo, el precio contributivo, el monto de los impuestos y el precio de venta sugerido por el fabricante de cualesquiera equipo opcional instalado en el vehículo en Puerto Rico.”

La posición de los recurridos es esencialmente que la divul-gación de los datos requeridos en las cinco' (5) disposiciones reglamentarias objeto de este recurso no fueron incluidos en la ley entendiéndose, por tanto, excluidos. Del otro lado, los recu-rrentes sostienen la validez de las disposiciones impugnadas basados, no en la letra de la ley, sino en la intención legisla-tiva de colocar al comprador de automóviles en una mejorada posición de hacer una inversión juiciosa.

De conocimiento general es el rápido cambio que hemos presenciado en Puerto Rico durante los últimos años; de una sociedad y economía rural hacia una de tipo urbano e industrial. Los métodos de mercadeo, distribución y consumo es sólo una de tantas áreas de alteración que hemos visto ocurrir en la Isla. La actividad económica generada por el automóvil es un ejemplo importantísimo de esta transformación. Se nos dice que entre 1950 y 1971 el registro de vehículos de motor aumentó doce veces, de 57,000 a 685,600. La total dependencia de miles de familias en el automóvil como medio de transporta-ción individual es una experiencia viva. El vehículo de motor dejó de ser hace tiempo un artículo de lujo; en Puerto Rico es ya casi una necesidad. Al finalizar el año fiscal 1970-71, había registrados un vehículo de motor por cada cuatro per-sonas. Durante el año fiscal que terminó el 30 de junio de 1971, el valor o precio contributivo de automóviles nuevos y usados que fueron importados ascendió a la suma de ciento setenta y dos millones y medio de dólares. En sólo dos meses —julio y agosto de este año — la cifra alcanzó más de vein-tiocho millones de dólares.

No debe ponerse en duda el poder de reglamentar esta importante actividad económica. La medida legislativa responde, según se expresa en el informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes (Diario de Sesiones, Vol. 23, pág. 2107), a la necesidad pública de colocar al comprador en posición de hacer una inversión juiciosa mediante la divulgación de un desglose de las partidas “que entran en el precio de venta” del vehículo. Aunque la Ley Núm. 80 que enmendó el inciso “F” del Art. 34 de la Ley de Impuestos no autoriza al Secretario de Hacienda para que promulgue reglamento alguno, sin embargo, bajo el Art. 78 de dicha ley, 13 L.P.R.A. see. 4078, ya dicho funcionario estaba facultado en términos generales para aprobar “. . . aquellas reglas y reglamentos que, a su juicio, sean necesa-rios para la administración y ejecución de este subtítulo.”

El Reglamento, 13 R.&R.P.R., sec. 4034-4, preceptúa que será deber de todo traficante que introduzca y tenga para la venta vehículos de motor, adherir al cristal delantero o en cualquier otro sitio visible del vehículo un formulario, que será prescrito de mutuo acuerdo por el Secretario de Hacienda y el Administrador de la Administración de Servicios al Consumidor, en el cual el traficante hará constar su nombre y dirección, la fecha de introducción del vehículo, la descripción, marca, modelo, número de serie del motor y ciertos datos referentes al costo de transportación, impuestos o arbitrios, precio contributivo en Puerto Rico. En cuanto al costo exige que se divulgue el precio de venta fijado para los vehículos nuevos y usados; y el precio cargado por el traficante en cuanto a equipo opcional instalado en Puerto Rico en vehículos nuevos. En vehículos usados, se exige que se publique, en adición a ese dato, el precio de venta sugerido por el traficante por el equipo opcional que le sea instalado en Puerto Rico.

En Ex Parte Irizarry, 66 D.P.R. 672, 676 (1946), expresamos la norma de derecho que:

“... [cjuando la legislatura delega en una junta o persona po-deres para promulgar reglamentos éstos, para ser válidos, no pueden estar en conflicto con las normas establecidas en la ley. [citas] El fin perseguido al delegar el poder de reglamentación no puede ser otro que el de implementar la ejecución de la ley, pero nunca puede ese poder ejercitarse en tal forma que susti-tuya el criterio del legislador por el de la junta o persona autori-zada a reglamentar.”

Existen en este caso unas diferencias de sustancia, no de forma, entre el texto del Art. 34 (f) de la Ley de Impuestos y las disposiciones del Reglamento a que nos hemos referido.

Así vemos que la ley enumera una serie de datos que el traficante deberá adherir en sitio visible del vehículo nuevo o usado. Estos son el precio contributivo, su costo de fábrica, el costo de transportación, el monto de los impuestos y los que se pagarían por derechos de licencia. 13 L.P.R.A. see. 4034(f) (3). Nada dispone la ley sobre el precio de venta. Y nada encontramos- en su historial que justifique pueda ésta ser modificada mediante reglamento. Si algo surge de allí es que lo que el legislador tuvo en mente fue que se divulgara “un desglose de las partidas que entran en el precio de venta.” La suma de todas estas partidas obviamente no constituye el precio de venta. Falta la ganancia bruta del traficante. Este dato no es requerido por la ley. En ausencia de una autorización clara y específica del estatuto no puede ello exigirse por reglamento. Además, el precio de venta es un dato que el comprador conoce, quizás el primero que desea saber para luego llevar a cabo la compraventa. La manera de adquirir ese conocimiento no le priva, conociendo ya los otros datos requeridos, de hacer una inversión juiciosa.

Igual resultado se impone con relación a aquellas disposi-ciones del Reglamento que requieren que se haga constar el precio cargado por el traficante por cada equipo opcional instalado en Puerto Rico en vehículos nuevos y usados, y en cuanto a los usados, además, el precio de venta sugerido por el traficante. El párrafo (4) del inciso (f) del Art. 34 de la Ley dispone:

“4. Si el vehículo fuera nuevo, el precio contributivo, el monto de los impuestos y el precio de venta sugerido por el fabricante de cualesquiera equipo opcional instalado en el vehículo en Puerto Rico.” (Bastardillas nuestras.)

Salta a la vista que en cuanto a equipo opcional los datos requeridos se refieren al equipo instalado en Puerto Rico “si el vehículo fuera nuevo” enumerando taxativamente los mismos. Contrario a lo que dispone el Reglamento, la ley no exige que se incluya “el precio cargado por el traficante para cada equipo” ni, en cuanto a este renglón, que deba hacerse figurar en los carros usados.

Si bien los recurrentes tienen, la facultad primaria de implementar mediante reglamento, las disposiciones de la ley aquí envuelta, como sostuvimos en Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634, 642 (1967), . .1 [ J] amás debe entenderse modificado o suplantado el texto legal por el reglamentario.” Ello es así, particularmente cuando como en el presente caso el Reglamento pretende hacer de-lito la violación de disposiciones reglamentarias no contem-pladas por la ley. Ex Parte Irizarry, (supra).

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández y el Juez Asociado Señor Martín no intervinieron.

         Cifras oficiales del Departamento de Hacienda, Negociado de Arbi-trios Generales.

       Existe legislación federal, con propósitos similares a la nuestra, aplicable a los fabricantes y distribuidores de automóviles conocida con el nombre “Disclosure of Automobile Information Act”, 72 Stat. 325-326; 15 U.S.C.A. §§ 1231-1233. Se dice en el caso de Plymouth Dealers’ Ass’n. of Northern Cal. v. United States, C.A. Cal. 1960, 279 F.2d 128: “. . . [t]he purpose of the [law] was to prevent misbranding, abuse of caravan car prices and the ‘packing’ . . . .” Esta es la práctica de aumentar el precio su-gerido por el manufacturero (list 'price) de manera que permita ofrecer un valor inflado al automóvil usado tomado a cambio.

       No estamos emitiendo juicio en cuanto a la deseabilidad de que se ofrezca al comprador de automóviles información adicional a la exigida por la Ley Núm. 80 de 1969, pues esa es una función que claramente le in-cumbe a la Asamblea Legislativa.

      14) 13 R.&R.P.R. sec. 4034-14 (b) :
      “(b) Las personas que infrinjan las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1969 [13 L.P.R.A. see. 4034], o de esta División, convic-tas que fueren por un Tribunal competente, serán condenadas al pago de una multa no menor de 100 dólares ni mayor de 2,000 dólares o cárcel por no menos de 30 días ni más de un (1) año. En los casos de infracción en grado subsiguiente se impondrán ambas penas, multa y cárcel.”


author: per curiam:

text:
    Héctor Zambrana, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. José Rivera Barreras, Juez, demandado; Miranda & Eguía, Inc., interventora.

      Número: O-71-83

      Resuelto: 26 de octubre de 1971

      José A. Suro, Antonio José Amadeo y Ernesto Rodríguez Font, abogados del peticionario; P. J. Santiago Lavandero, abogado de la interventora.
   per curiam:

El peticionario Héctor Zambrana presentó el 14 de septiembre de 1966 una querella ante el tribunal de instancia reclamando al interventor Miranda & Eguía, Inc., la cantidad de $15,000 por salarios dejados de devengar. Posteriormente, el peticionario presentó en el Tribunal de Distrito, por conducto del Secretario del Trabajo otra que-rella reclamándole a Miranda & Eguía, Inc., $484.00 como indemnización por despido injustificado.

. El Tribunal de Distrito dictó sentencia en esta segunda querella declarándola con lugar. Miranda & Eguía, Inc., pagó al peticionario el monto de la sentencia y en una conferencia con antelación al juicio de la primera querella solicitó que se desestimara ésta aduciendo la sentencia del Tribunal de Distrito como cosa juzgada en la modalidad que impide el fraccionamiento de la causa de acción. El tribunal de instan-cia accedió a la desestimación.

Expedimos el auto para revisar.

La defensa de cosa juzgada en su aspecto de fraccionamiento de causa de acción se aplica a toda reclamación posterior entre las mismas partes sobre el mismo asunto. Avellanet v. Porto Rican Express, 64 D.P.R. 693 (1945), Cruz v. Ortiz, 82 D.P.R. 834 (1961). El propósito de esta defensa es promover la finalidad de las controversias judiciales y evitar las continuas molestias a una parte con la presentación sucesiva de varios pleitos relacionados con el mismo asunto.

En el caso de autos, la primera querella presentada no había sido adjudicada. Al presentarse la segunda querella en el Tribunal de Distrito, el interventor Miranda & Eguía, Inc., no podía aducir la defensa de cosa juzgada puesto que nada se había adjudicado aún, pero sí podía solicitar al tribunal la consolidación de dicha querella con la radicada anteriormente en el Tribunal Superior. No lo hizo así, sino que, por el contrario, renunciando a la consolidación se sometió a la jurisdicción del Tribunal de Distrito para disponer de esta segunda querella. En estas circunstancias no es de aplicación la defensa de cosa juzgada. Aplicarla como pretende el interventor constituiría un reconocimiento a la utilización indebida de los procedimientos con el propósito de matar una causa de acción.

Se revoca la resolución recurrida y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos consistentes con lo aquí expuesto.

Los Jueces Asociados Señores Hernández Matos y Rigau no intervinieron.


text:
    Luis Antonio Pérez Rodríguez, etc., et al., peticionarios, v. Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, Hon. José A. Bianchi, Juez, demandado; Alberto Castro, interventor.

      Número: O-70-274

      Resuelto: 26 de octubre de 1971

      Luis Negrón López y Luis Negrón Lizardi, abogados de los peti-cionarios; José Méndez-Moll, abogado del interventor.
   SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN

El 19 de mayo de 1971 dictamos sentencia revocando la resolución del tribunal de instancia dictada el 28 de marzo de 1970, la cual revocó la resolución del 3 de junio de 1969 que reinstaló el caso de autos para juicio en su fondo. En dicha sentencia mantuvimos en todo su vigor la resolución del 3 de junio de 1969 y ordenamos que se celebrara el juicio en su fondo, en la fecha más próxima disponible.

El interventor nos ha solicitado la reconsideración de nuestra sentencia aduciendo un nuevo fundamento el cual consiste en que al dictarse por el tribunal de instancia la resolución del 3 de junio de 1969 reinstalando el caso no se celebró vista. Los recurrentes nada aducen en su réplica contra esta nueva contención.

Estamos convencidos de qúe procede dejar sin efecto nuestra sentencia de 19 de mayo de 1971 y devolver el caso al tribunal de instancia, para que considerando la llamada moción de reconsideración que dio motivo a la resolución del 3 de junio de 1969 como propiamente una moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, se celebre una vista sobre los méritos de dicha moción y luego resuelva lo que crea menester.

Se reconsidera nuestra sentencia del 19 de mayo de 1971, se revocan las resoluciones dictadas por el tribunal de instan-cia el 3. de junio de 1969 y el 28 de marzo de 1970 y se devuelve el caso para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí expuesto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario Interino.

El Juez Presidente Señor Negrón Fer-nández no intervino.

José L. Carrasquillo

Secretario Interino


text:
      In re Rafael Adolfo de Castro, Juez de Distrito General de Puerto Rico, querellado.

      Número: O-69-69

      Resuelto: 1ro. de noviembre de 1971

      J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Gilberto Gierbolini, Procurador General, Norberto Colón, Fiscal Aux-iliar, y Elpidio Arcaya, Procurador General Auxiliar, abo-gados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Lorenzo Lagarde Garcés, Víctor M. Pons, Jr., y Sergio Peña Closs, abogados del querellado.
   per curiam:

Luego de que un Magistrado de este Tribunal halló causa probable, el Procurador General formuló dos cargos contra el Juez de Distrito Hon. Rafael Adolfo De Castro, a tenor con lo dispuesto en el Art. 24 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. see. 232, Suplemento. El primer cargo se basa en una agresión realizada por el querellado contra el Juez de Distrito Hon. Guillermo Méndez. El segundo cargo se basa en una riña en la cual, el querellado participó, la cual tuvo lugar momentos después del incidente que dio lugar al primer cargo. Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 1969 en una fiesta que se celebraba en el Barrio Guayanés de Yabucoa. El querellado contestó los cargos alegando de-fensa propia en ambos casos.

En 10 de junio de 1969 este Tribunal designó al Juez Superior Hon. Francisco Espinosa. para que actuara de Co-misionado Especial y recibiera la prueba y la depositase en la Secretaría de este Tribunal con sus conclusiones de hecho. La transcripción de evidencia de la vista celebrada ante el Comisionado Especial consta de 234 páginas y la transcrip-ción de evidencia del proceso que contra el querellado se cele-bró en el Tribunal de Distrito, Sala de Yabucoa, por el aco-metimiento y agresión cometido contra el Juez Méndez, consta de 532 páginas. En este caso en particular se hizo transcrip-ción de la evidencia desfilada en el Tribunal de Distrito. Por estipulación de las partes, dicha transcripción fue sometida y admitida en evidencia por el Comisionado Especial. El Juez de Distrito que presidió el mencionado proceso absolvió al Juez de Distrito aquí querellado.

En el primer cargo se le imputó al querellado conducta inmoral, impropia y reprensible consistente en los siguientes hechos:

“En dicho sitio y fecha ya indicados, entre cinco y seis de la tarde, mientras el Juez Administrador del Tribunal de Dis-trito, Sala de Humacao, Hon. Guillermo Méndez Muñoz y el querellado departían respecto a la forma y manera en que ha-bría de conducirse, el lunes 13 de enero de 1969, la labor judicial del referido tribunal, el querellado R. Adolfo de Castro acometió y agredió, voluntaria y maliciosamente, al Juez Hon. Guillermo Méndez Muñoz, quien como resultado de dicha agresión sufrió la fractura de los huesos nasales y serias lesiones en las regiones maxilares y periorbitales que requirieron la hospitalización del agredido.”

El segundo cargo lee como sigue:

“Instantes después del incidente reseñado en el primer cargo, el querellado R. Adolfo de Castro provocó con palabras obscenas e intentó agredir al ciudadano Manuel Mediavilla Vázquez, origi-nando una pelea cuerpo a cuerpo con el Sr. Mediavilla en las inmediaciones del solar de la residencia del Sr. César Pérez. En la pelea intervinieron varios ciudadanos que allí se encon-traban y el querellado extrajo de su bolsillo una pistola pequeña, marca Colt, calibre 25, debidamente cargada, lista para ser dis-parada, con la que hizo correr a numerosas personas, con grave riesgo de la vida y la seguridad de las muchas personas que allí se encontraban.”

El Comisionado Especial presentó en 29 abril 1971 un breve Informe y Determinaciones de Hechos. El tono del Informe del Comisionado puede apreciarse de las siguientes palabras de dicho Informe:

“No tenemos razones de índole alguna para descartar y no dar crédito al testimonio de uno de los magistrados y aceptar y dar crédito a la del otro. Ambos ocupan cargos de jueces y am-bos nos merecen el debido respeto y la más alta consideración. Por otro lado, venimos obligados a someter al Hon. Tribunal Supremo nuestra conclusión sobre lo ocurrido entre ambos ma-gistrados en esa ocasión.”

La conclusión del Comisionado es que en los casos cu-biertos por ambos cargos el querellado actuó en defensa propia. La posición del Comisionado parece ser la de que como ambos protagonistas — el Juez De Castro y el Juez Méndez— son jueces, ambos le merecen crédito y concluye que la teoría de la defensa — la de defensa propia — es la correcta. No esta-mos conformes. Debemos, pues, ver con más detenimiento la situación.

El querellado fue admitido a ejercer la profesión de abo-gado en Puerto Rico en 30 de septiembre de 1963. En 20 de diciembre del mismo año, a los 32 años de edad y a los dos meses y 20 días de experiencia profesional, fue nombrado Juez del Tribunal de Distrito, cargo que ocupó desde entonces, hasta después de la fecha de los hechos, en el Tribunal de Distrito, Sala de Humacao. Durante los cuatro años que pre-cedieron al 28 de junio de 1968, el querellado también actuó en capacidad de Juez Administrador de dicha Sala. En esa fecha solicitó al Juez Presidente de este Tribunal que lo rele-vara de dicha responsabilidad. En 5 de julio de 1968, el Director Administrativo de los Tribunales, mediante memo-rando recomendó favorablemente dicha solicitud y propuso que se nombrara al Juez Méndez para actuar como Juez Administrador, en sustitución del querellado. Ambas reco-mendaciones fueron adoptadas. Durante el tiempo que el que-rellado fue Juez Administrador de su Sala, todos los casos de infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito se veían ante él. El querellado había sido enviado por la Adminis-tración de los Tribunales a los Estados Unidos para tomar un curso o seminario sobre infracciones de tránsito y tenía especial interés en presidir los casos de tránsito. Desde que el Juez Méndez ocupó el cargo de Juez Administrador alteró esta práctica, tomando él los casos en que los infractores hacían declaración de culpabilidad y asignando al querellado los casos en que había declaración de inocencia, y, por con-siguiente, juicio plenario.

Este cambio en la práctica de asignación de casos que efectuó el Juez Méndez, según veremos más adelante, apa-rentemente fue el motivo que inició el incidente ocurrido entre él y el querellado. Hubo, además, otros tres incidentes entre los dos jueces, que discutiremos a continuación.

En 13 de junio de 1968, cuando el querellado todavía ejer-cía funciones del Juez Administrador, se encontraba alre-dedor del mediodía en el negocio de Porfirio Delgado, ubi-cado cerca del Tribunal de Distrito de Humacao, tomando una cerveza con el Sub-Alguacil de dicho Tribunal, Juan B. Martínez Cruz. Llegó allí el Juez Méndez con el propósito de comprar pan y el querellado lo invitó a tomar una bebida, la cual aceptó. Según la versión del querellado, y del Sub-Alguacil Martínez, el querellado informó al Juez Méndez que durante esa mañana ciertas personas se habían quejado en relación con un solar que alegadamente había sido regalado a este último; pero que él (el querellado) lo había arreglado todo. El Juez Méndez se levantó molesto y manoteando cerca de la cara del querellado y le dijo a éste que eso era embuste, que él era un embustero. El querellado contestó diciendo que no quería pelear con él (Méndez) y éste se retiró del lugar.

La versión del Juez Méndez en relación con este incidente difiere en cuanto niega que hubiera manoteado al querellado o le hubiera llamado embustero, pero afirma que le dijo al querellado que él (el querellado) no era “más moral que yo, ni más Juez, ni más abogado, que yo soy una persona honrada que llevo 28 años trabajando con el gobierno.” Tanto el Juez Méndez, como el querellado afirman que después de este incidente las relaciones entre ambos se mantuvieron cor-diales. Sobre este incidente véase págs. 314-328, 385-400 de la Transcripción de Evidencia del caso Pueblo v. de Castro, Cr. 69-181 ante el Tribunal de Distrito.

El segundo incidente entre el Juez Méndez y el querellado tuvo lugar en 6 de septiembre de 1968. Ya han transcurrido alrededor de tres meses desde el primer incidente y cerca de dos meses desde que el Juez Méndez sustituye al querellado en sus funciones de Juez Administrador. De Castro le escribe un memorando al Juez Méndez, cuyo contenido es como sigue:

“Redacto este memo con un lápiz prestado. Había lápices para un año en agosto, ahora no hay lápiz alguno. Por favor consígame lápices.”

El tercer incidente tiene lugar el 27 de septiembre de 1968, escasamente tres semanas después de surgido el segundo incidente. Es de notarse la forma en que el querellado es-cribe, esta vez, para dejar sin efecto una orden dictada por el Juez Méndez. La orden del Juez Méndez se relaciona con un caso de abandono de menores que había comenzado a ventilarse ante el querellado. En dicho caso el querellado había dictado una orden declarando con lugar una moción interesando una exposición más definida de los hechos imputa-dos al acusado. El fiscal, con fecha de 27 de septiembre de 1968, presentó una moción oponiéndose a' la orden dictada por el querellado. En igual fecha el Juez Méndez dictó orden declarando con lugar la moción y ese mismo día el querellado, a su vez, dejó sin efecto la misma mediante una orden que lee como sigue:

“La orden dictada por el Sr. Juez Administrador de esta Sala el 27 de sept, de 1968 constituye una intromisión adminis-trativa a la función judicial. El Sr. Juez Administrador actuó sin jurisdicción. Así se determina por el tribunal y se anula su orden. La moción de referencia tendrá su vista el día señalado por el Sr. Juez Administrador.”

El primer incidente relatado fue traído por el querellado para demostrar la aprensión que justificaría su teoría de defensa propia. Los otros dos incidentes fueron introducidos por el fiscal para demostrar la naturaleza de las relaciones que existían entre los dos jueces antes del suceso que se ventila en el presente proceso. La prueba en cuanto a estos incidentes surge principalmente del expediente del caso Pueblo v. de Castro, 69-181, por Acometimiento y Agresión Grave, ante el Tribunal de Distrito, Sala de Yabucoa. Véanse T.E. págs. 4-5 de la vista de 27 de agosto de 1970, del presente recurso. Con estos antecedentes en mente examinemos los hechos que son objeto de los cargos formulados ante este Tribunal.

Los hechos imputados ocurren el día 11 de enero de 1969, cuando escasamente habían transcurrido tres meses y medio del tercer incidente relatado, en una fiesta que celebró el Sr. Adalberto Mullenhoff en un edificio del Sr. César Pérez, en la playa del Bo. Guayanés de Yabucoa. El querellado acudió a la fiesta alrededor de las 3:00 P.M. El Juez Méndez también asistió a la fiesta acompañado de su familia, cerca de las 5:30 P.M. El lugar estaba colmado de personas cono-cidas de la comunidad.

Tan pronto llegó el Juez Méndez al lugar y luego de salu-dar a varias amistades se inició una conversación entre él y el querellado. Conforme a la declaración del Juez Méndez la conversación se originó a instancia del querellado, quien lo tocó en el hombro y le dijo que quería hablarle. El Juez Méndez siguió al querellado hasta un balcón donde conver-saron. El querellado negó que hubiera llamado al Juez Mén-dez. Declaró que el Juez Méndez se encontraba solo en el balcón cuando se dirigió hacia él para hablarle.

La conversación se inició indicándole el querellado al Juez Méndez que el lunes siguiente, día 13 de enero de 1969, él había sido invitado para la toma de posesión del alcalde de Yabucoa. En igual fecha el Juez Méndez había sido invi-tado para juramentar la toma de posesión del alcalde de Humacao. A propuestas del Juez Méndez ambos llegaron a un acuerdo sobre cómo atender los trabajos del Tribunal dicho día 13 de enero.

Luego, conforme al testimonio del Juez Méndez, el que-rellado le preguntó que porqué él (Méndez) estaba viendo casos de tránsito, que él (Méndez) no sabía de tránsito, pero el querellado sí, porque había tomado, un curso sobre la materia. El Juez Méndez contestó que él sólo atendía alega-ciones de culpabilidad y para ello no era necesario ser un experto; que además él (Méndez) llevaba 35 años en el go-bierno, 28 de los cuales habían sido reconocidos por la Aso-ciación de Retiro; que esta experiencia muchas veces cuenta más que el estudio. Ripostó el querellado que no sabía cómo lo habían nombrado Juez Administrador (a Méndez), que él era un mediocre y que lo que ocurría era que el Juez Presi-dente, el Administrador de los Tribunales y él querían des-truirlo (al querellado). El Juez Méndez trató de terminar la discusión alejándose del querellado, pero este lo aguantó por un brazo a la vez que le dijo al oído “me voy a ... en tu madre y te voy a partir la cara.” Acto seguido el que-rellado agredió al Juez Méndez. Unos invitados separaron al querellado del Juez Méndez y otros le prestaron primera ayuda para detener una hemorragia nasal. Uno de los golpes le fracturó los huesos nasales al Juez Méndez. Éste nece-sitó atención médica.

El querellado en su testimonio admite que hubo la discu-sión sobre los casos de tránsito; que se sacó a colación la cuestión de los estudios especializados del querellado y los años de experiencia del Juez Méndez. Niega que entonces dijera que el Juez Méndez era mediocre. Afirma, en cambio, que dijo que el Juez Méndez era tan bruto como el día en que nació. Admite que había ingerido bebidas alcohólicas en la fiesta y que le disgustó que no se hubiese continuado su tribunal de tránsito. Dice el querellado que cuando él llamó bruto al Juez Méndez, ocurrió lo siguiente:

“Bueno, - cuando yo le dije estas últimas palabras, él me da un fuerte golpe en el pecho a la vez que avanza, a mí me dio la impresión como que iba a pasar por encima de mí.
... él me da con sus manos, yo no puedo precisar si fue de esta manera o fue de esta otra, mas creo que fue el mismo gesto que meses anteriores había hecho, solo que esta vez me dio fuertemente en el pecho a la vez que me dice que me va a entrar a tiros y yo, estamos, digo, me voy un poco pa [sic] atrás y él encima de mí.

Y yo ahí me defendí con la única manera que tenía, digo, él teniendo encima de mí, con las manos en el pecho y me va a entrar a tiros, pues yo le pegué en la cara, diciéndole que primero, a la vez que le estoy dando, que primero le parto la cara y después es que él me entra a tiros . . . .” T.E. del caso ante el Tribunal de Distrito, págs. 342-343.

Los únicos testimonios en cuanto a cómo se originó la discusión y quién inició la agresión física son el del propio querellado y el del Juez Méndez; y los mismos, hemos visto, son conflictivos en cuanto a algunos extremos esenciales. El Juez Méndez niega haber amenazado o haber agredido al querellado. T.E., supra, págs. 112-113.

Durante los momentos en que los dos jueces conversaban o discutían, un testigo, el Lie. Osvaldo Gil, se acercó a ellos y departió con ellos por breves momentos, pero declaró no observó nada anormal que le indujera a pensar que estaban discutiendo. T.E., supra, págs. 227-229.

Otro testigo, José Manuel González Rivera, fue introdu-cido por la defensa para corroborar el testimonio del quere-llado en cuanto a que el Juez Méndez fue quien inició la agresión física. Un examen del contenido del testimonio de este testigo, nos induce a concluir que dicho testimonio no es muy digno de crédito. Véase T.E., supra, págs. 282-308. Conforme a su testimonio: El es conserje de la escuela Ponce de León. También trabaja jornada parcial en el Restaurant El Veterano, donde ha servido al Juez Méndez y al querellado. Trabaja, además, sirviendo en fiestas. Vio al querellado en la fiesta desde cerca de las 3:00 P.M. Cuando el querellado conversaba con el Juez Méndez, se les aproximó para brin-darles entremeses. Ninguno de ellos cogió entremeses. Más tarde regresó para ofrecerle comida a los dos jueces. El que-rellado dijo al testigo que le sirviera comida a sus hijos. El testigo hizo fila para ello y llevó la comida a los hijos del querellado a una mesa que sabía que éstos estaban ocupando. Luego fue a la cantina para continuar preparando vasos con hielo. Cuando terminó regresó adonde el querellado para informarle que sus hijos estaban comiendo. Esperó un se-gundo y el querellado le dijo “O.K., está bien.” Luego el testigo se paró para ver si habían botellas o algo en la baranda del balcón y le llamó la atención que “el Juez Méndez hizo un ademán y le puso las manos en el pecho al Juez Castro. ... Se las puso, las tendió sobre el pecho del Juez de Castro. Lo que hizo no sé, sé que las tendió sobre el pecho.” T.E., supra, pág. 289. Este movimiento se describe como “dando con el dorso de la mano en el pecho.” T.E., supra, pág. 290. Continúa el testigo declarando que “cuando el Juez Méndez le extendió las manos sobre el pecho al Juez de Castro, no sé cómo las tendió, yo sé que el Juez de Castro, no sé, ahí hubo algo y cuando hubo ese algo yo me fui con mi azafatito a llevar las botellas que había recogido a la cantina para seguir limpiando la sala.” Al preguntársele qué fue “ese algo” que observó declaró que fue que “este señor Juez Castro alzó la mano, no sé con qué idea, porque cuando alzó la mano me fui. . . .” T.E. págs. 290-291. (Bas-tardillas nuestras.)

Aparte de este testigo ningún otro testigo vio que el Juez Méndez agrediera al querellado. En cambio todos los demás vieron que fue el querellado quien golpeaba al Juez Méndez. Véanse declaraciones de Myrta Pérez, Carlos Rafael Menció, Lie. Osvaldo Gil, Edwin Torruellas en la transcrip-ción de evidencia del caso criminal. También es significativo que nadie tuvo que agarrar al Juez Méndez para detener la pelea, y que varias personas tuvieron que agarrar al quere-llado por la cintura y por los brazos para que éste cesara de golpear al Juez Méndez.

Un testigo de cargo, el Juez Superior José Dávila Ortiz, declaró que después de la segunda pelea el querellado le in-formó que el Juez Méndez lo había desafiado a pelear y la entrarse a tiros y que él (el querellado) le había pegado al Juez Méndez. El querellado omite indicarle al testigo que el Juez Méndez había extendido sus brazos hacia él, pero admite que él es quien le pega al Juez Méndez. Varios testigos de-claran que el Juez Méndez, pasados algunos minutos después de ser agredido, habló de buscar su revólver en su automóvil, pero que la impresión que les dio fue que se trataba de una mera amenaza verbal pero sin intención real de llevarse a la práctica.

¿Procedería la teoría de defensa propia a base de los hechos expuestos?

Si damos credibilidad a la versión del Juez Méndez, es indudable que dicha teoría no prosperaría. En apoyo de la versión del Juez Méndez encontramos que en cada uno de los incidentes anteriores al de autos es el querellado el que toma la iniciativa para hostigar al Juez Méndez. Es el querellado quien está disgustado con las actuaciones del Juez Méndez, tanto por haberle eliminado su corte de tránsito, como por haber intervenido en casos de su incumbencia. Es el querellado quien en la fiesta inicia la discusión con el Juez Méndez. Es únicamente el querellado quien en la discusión expresa palabras groseras contra su compañero Juez. Y él es la única persona que es observada cometiendo actos de agresión.

Por otro lado parece improbable que el Juez Méndez ame-nazara con entrarle a tiros al querellado, estando él (Méndez) desarmado y cuando cabía la posibilidad de que el querellado estuviera armado, como en efecto lo estaba. En cuanto a el Juez Méndez haber extendido sus brazos hacia el querellado, ni el querellado ni su testigo de corroboración pudieron dar una descripción exacta de la forma en que el Juez Méndez extendió sus brazos. Si su intención era agredir al querellado lo normal habría sido golpearlo con los puños cerrados y no con el dorso de las manos en el pecho.

No obstante, se hace innecesario dirimir el conflicto de la prueba en favor de una u otra versión de los hechos, pues aun aceptando la versión del querellado, de la misma no surge un caso de genuina defensa propia.

La fuerza o violencia que la ley permite ejercer en casos de defensa propia es solamente la que fuese necesaria. No puede causarse más daño que el que sea necesario para repeler la agresión. 33 L.P.R.A. see. 823; Pueblo v. Lozada, 37 D.P.R. 927 (1928); Pueblo v. Ríos Rivera, 88 D.P.R. 165 (1963) ; Pueblo v. Iturrino de Jesús, 90 D.P.R. 706 (1964). Quien causa más daño o emplea más fuerza de la necesaria no puede invocar defensa propia, sino que es culpable de acometimiento y agresión. Pueblo v. Jiménez, 48 D.P.R. 14 (1935). Cuando la prueba no demuestra quién fue el primero en agredir, pero se prueba que.el acusado golpeó violentamente al perjudicado, el acusado es prima facie culpable de acometi-miento y agresión y sobre él descansa el peso de la prueba para demostrar que actuó en defensa propia. Pueblo v. Hernández, 26 D.P.R. 773 (1918). No se favorece la teoría de la defensa propia cuando el agresor provoca con insultos y amenazas a otro. Pueblo v. Martínez, 26 D.P.R. 786 (1918).

En el presente caso aun asumiendo que la versión correcta de los hechos es tal y como la presenta el querellado, no se trata de uno de defensa propia. Las razones son las siguien-tes: (1) fue él quién provocó la pelea llamando bruto al Juez Méndez; (2) él es prima facie culpable de la agresión, ya que golpeó violentamente al Juez Méndez y nadie vio a este último repetir, ni el querellado sufrió daños físicos en esta pelea; (3) la agresión no fue con el propósito ni se limitó a repeler un ataque: el querellado manifestó que antes de que el Juez Méndez le entrara a tiros a él, primero él le rompería la cara, lo que acusa ira y deseo de hacer daño más que defensa; (4) cuando el Juez Méndez ya había caído al piso el querellado quería continuar agrediéndolo, lo que no pudo hacer por el hecho de que varias personas lo aga-rraron por los brazos y por la cintura; (5) los hechos y cir-cunstancias no justifican que un hombre de moderado valor temiera que se enfrentaba a un peligro de grave daño corporal o de muerte: el Juez Méndez supuestamente amenazó al querellado con entrarle a tiros pero no hizo ningún gesto de llevarlo a cabo, sólo extendió el dorso de las manos hacia el pecho del querellado, en un lugar donde había varios cien-tos de personas, siendo el querellado un hombre más alto y más joven que el Juez Méndez y estando él (el querellado) armado y el Juez Méndez no. A la fecha de los hechos el que-rellado tenía 37 años y el Juez Méndez 52.

Desde luego, para encontrar conducta impropia o reprensible en un procedimiento como el de autos no es necesario demostrar un caso claro de acometimiento y agresión tal como si se tratase de un caso criminal. Tampoco es nece-sanamente conducta inmoral participar en una riña (con-ducta inmoral de parte de un juez sería el soborno, el hurto, abuso de confianza, hacer fraudes, intervenir para fines ile-gales con los testigos, con los jurados o con la prueba, etc.) pero agredir a una persona en la forma brutal e innecesaria en que lo hizo el querellado constituye una conducta alta-mente impropia y reprensible de parte de un juez. Un juez debe sentir unas grandes inhibiciones para utilizar la vio-lencia y solo debe utilizarla cuando sea indispensable en caso de defensa propia, según ésta se define en la ley.

En relación con el segundo cargo imputado al querellado, la prueba también es conflictiva en cuanto al hecho de cómo se originó la pelea. El querellado salió del local en que se celebraba la fiesta y su familia estaba entrando en su auto-móvil para irse del lugar. Según versión del querellado, en ese momento varias personas comenzaron a agredirlo, cayó al piso y lo patearon. Pudo zafarse, sacó una pistola del bol-sillo trasero y los atacantes comenzaron a huir. Entregó la pistola a Hilton Colón y poco después se retiró del lugar.

Según versión de Manolín Mediavilla, él se enfrentó al querellado y lo llamó abusador. El querellado profirió una obscenidad e hizo un ademán y “se formó.”

En vista de que surgen contradicciones en la propia prueba de cargo en cuanto a hechos relacionados con el se-gundo cargo, entendemos que no hay motivos para alterar las conclusiones del Comisionado Especial en cuanto al mismo, especialmente cuando toda la evidencia testimonial relacio-nada con dicho cargo desfiló ante él, distinto a lo que acon-teció con la prueba en cuanto al primer cargo.

El querellado levantó una defensa de derecho consistente en alegar que habiendo sido juzgado y absuelto previamente en el Tribunal de Distrito de Yabucoa por el delito de acometimiento y agresión grave, ello impedía la formulación de la presente querella. No tiene razón. Ese planteamiento ya ha sido resuelto en forma adversa al querellado. In re Tormes, 30 D.P.R. 267, 271 (1922); In re González Blanes, 65 D.P.R. 381, 391 (1945); In re Abella, 67 D.P.R. 229, 238 (1947); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255, 256 (1961).

La conducta altamente impropia y reprensible del querellado justifica y hace necesario su separación del cargo de Juez de Distrito. Aunque nos es penoso debemos así hacerlo pues tenemos que mantener un standard mínimo en la conducta de los jueces, cuyo standard mínimo excluya el uso de la violencia en forma innecesaria, imprudente e inmoderada. El querellado demostró no tener — por lo menos en esta etapa de su vida — la moderación, la prudencia y la autodisciplina que son indispensables en la persona de un magistrado.

Por todo lo anterior, el Tribunal separará al querellado de su cargo de Juez de Distrito.

El Señor Juez Presidente y los Jueces Asociados Señores Pérez Pimentel y Ramírez Bages no intervinieron.


author: per curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ismael Guzmán Vélez, acusado y apelante.

      Número: CR-71-27

      Resuelto: 2 de noviembre de 1971

      Santos P. Amadeo y Jaime Corujo Collazo, abogados del ape-lante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Rurieo E. Rivera Rivera, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

Se nos solicita la revocación de nuestra opinión en el caso de Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510 (1967). En dicho caso decidimos que es discrecional del juez permitir que se continúe un proceso criminal por tribunal de derecho, luego de comenzado el proceso ante jurado.

Ismael Guzmán Vélez fue acusado, juzgado y convicto por los delitos de asesinato en primer grado, ataque para cometer asesinato e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, siendo sentenciado en la siguiente forma: re-clusión perpetua con trabajos forzados por el delito de ase-sinato en primer grado; de uno a diez años de presidio con trabajos forzados por el delito de ataque para cometer ase-sinato; de uno a cinco años con trabajos forzados por infrac-ción al Art. 8 de la Ley de Armas; y un año de cárcel por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas. Dichas sentencias a cumplirse concurrentemente con la de reclusión perpetua.

Durante el juicio, luego de presentada la prueba de cargo y después de haber comenzado a desfilar la de la defensa, el apelante solicitó que se excusara al jurado y que el proceso se continuara por tribunal de derecho. El juez dispuso de la solicitud de la siguiente manera:

“Hon. Juez: El Tribunal quiere hacer constar que el acusado solicitó un receso y durante el mismo solicitó renunciar al jurado y continuar el caso por Tribunal de Derecho y no aceptando el Tribunal a la altura que está el proceso del caso y seguirá viéndose por jurado hasta el fin.”

El apelante señala como único error que: “erró el Juez sentenciador al no permitir que el acusado apelante renun-ciara al derecho a juicio por jurado una vez que había em-pezado el juicio, ya que en Puerto Rico, distinto a otras jurisdicciones, es un derecho absoluto del acusado el soli-citar juicio por jurado, así como el derecho a renunciarlo en cualquier etapa del procedimiento. Para hacer esta renuncia no es necesario el consentimiento del juez ni del fiscal.”

En Pueblo v. Rivera Suárez, supra, pág. 515, dijimos lo siguiente:

“La práctica prevaleciente en esta jurisdicción a la fecha en que se celebró el juicio — 24 de septiembre de 1962 — y la ahora vigente en virtud de lo dispuesto en la Regla 111 de las de Procedimiento Criminal, no obliga a un acusado a que su caso se vea por jurado. Distinto a la tradición imperante en los Estados Unidos, hemos visto que en nuestro medio el juicio por jurado, si bien actualmente es un derecho garantizado constitu-cionalmente, no es un ingrediente esencial en nuestro procedi-miento. Siempre se ha reconocido el derecho del acusado a renunciarlo.
. . . Ahora bien, esa renuncia debe hacerla el acusado antes de comenzar el juicio. En ese momento es un derecho que el acusado tiene y al ejercitarlo debe ser sostenido por el tribunal. Pero la situación es distinta cuando luego de optar porque el caso se vea ante jurado y comenzado el mismo cambie de pare-cer y opte por renunciar a ello. En ese caso ya se ha movido la maquinaria de la justicia de acuerdo con lo pedido por el acusado, y es discreción de la corte concederlo o no. Pueblo v. Hernández, 55 D.P.R. 954 (1940) y ver además Pueblo v. Plata, 43 D.P.R. 464 (1932). En el presente caso el acusado pretendió renunciar al jurado en el momento en que lo hizo, evidentemente influido por las manifestaciones del juez transcritas anterior-mente. Las mismas podían interpretarse en el sentido de que el juez favorecía la posición de la defensa. El juez posiblemente entendió que el acusado así lo interpretaba y que inducido por esa interpretación, tal vez equivocada, fue que solicitó que el juicio continuara por tribunal de derecho. El juez actuó pru-dentemente al denegar lo pedido. Por situaciones como éstas u otras análogas, es que debe ser discrecional del juez que preside un juicio el acceder a que el mismo continúe por tribunal de derecho una vez comenzado a ventilarse ante un jurado.”

El apelante arguye que nuestra decisión en el caso de Rivera Suárez es contraria a la interpretación que la Asam-blea Constituyente de Puerto Rico dio al Art. II, Sec. 11, Inciso 2, de nuestra Constitución, que garantiza el derecho a juicio por jurado en Puerto Rico, en el sentido de que tanto el derecho a juicio por jurado como el derecho a re-nunciarlo son absolutos.

En apoyo a su contención trae a nuestra consideración el incidente ocurrido durante la Asamblea Constituyente entre los señores Fernández Méndez y Benitez en relación con este asunto. Véase Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, edición 1961, tomo 3, págs. 1598 a 1599. En la discusión al respecto el señor Fernández Méndez propuso una enmienda al proyecto de Constitución “al efecto de que el juicio por jurado podrá ser renunciado por el acusado en la forma que se disponga por ley”, ya que de no haber tal cláusula “el derecho a juicio es una protec-ción y un manto que le da el Estado al individuo y que éste no puede renunciar.” Añade el señor Fernández Méndez, acto seguido: “La pregunta es que si la intención es que sea renunciable.”

A dicha propuesta el señor Benitez expresó su creencia de que “el derecho a juicio por jurado es renunciable en Estados Unidos en una gran cantidad de las jurisdicciones y así se ha hecho por ser un derecho y una potestad del ciu-dadano que él puede ejercitar o puede en un momento dado preferir ser juzgado por jueces, y debe tener la alternativa de una cosa o la otra.” Además, dijo el señor Benitez: “. . . es el propósito de la comisión que se estatuya y se establezca el derecho a juicio por jurado como una protección al ciuda-dano, que en la forma en que aquí se establece no se le podrá quitar; pero que el ciudadano, en el ejercicio de su derecho, podría renunciar.”

Para dejar demostrado que el juicio por jurado es re-nunciable el señor Benitez enfatizó la diferencia existente entre la fraseología de algunas constituciones estatales con la del proyecto de Constitución objeto de la discusión agre-gando: . . donde las constituciones dicen que todos los juicios penales — como algunas lo dicen — serán por jurado y entonces ya ésta es una situación distinta de que cuando se dice ‘el acusado tendrá el derecho a juicio por jurado/ Dis-poniendo así el articulado nuestro que éste es un derecho del acusado que se establece taxativamente como algo que a él le corresponde . . .

Como consecuencia de la discusión aludida la enmienda propuesta por el señor Fernández Méndez fue derrotada.

A nuestro juicio lo único que se establece en la anterior discusión es que el derecho a juicio por jurado es renunciable. La prerrogativa de renunciar a un derecho constitucional, según expresara con gran claridad el Juez Warren en el caso de Singer v. United States, 380 U.S. 24 (1965), no quiere decir necesariamente que pueda insistirse en lo contrario a dicho derecho. Al respecto dijo el Juez Warren:-. 769; Kersten v United States, 161 F2d 337, 339 (CA 10th Cir 1947), certiorari denegado, 331 US 851, 91 L ed 1859, 67 S Ct 1744; y aunque puede renunciar a su derecho a confrontarse con los testigos en su contra, nunca se ha sugerido seriamente que pueda obligar al gobierno a ventilar el caso por estipula-ción.” United States Supreme Court Reports, tomo 13, pág. 638.

“. . . La capacidad de renunciar un derecho constitucional de ordinario no conlleva el derecho a insistir en lo contrario a tal derecho. Por ejemplo, aun cuando un acusado puede, bajo ciertas circunstancias, renunciar a su derecho constitucional a un juicio público, éste no tiene un derecho absoluto a exigir un juicio privado, véase United States v. Kobli, 172 F.2d 919, 924 (CA 3d Cir 1949) (por implicación) ; aunque puede renunciar su derecho a ser juzgado en el estado y distrito donde se haya cometido el delito, no puede exigir en todos los casos que se transfiera el caso a otro distrito. Véanse Platt v. Minnesota Mining & Mfg. Co., 376 US 240, 245, 11 L ed 2d 674, 678, 84 S Ct

No perdamos de vista que el derecho que garantiza nuestra Constitución es el de juicio por jurado, no el de la renuncia al jurado, y aunque taxativamente la Constitución no expresa este último derecho es claro que la Convención Constituyente quiso que pudiera ejercerse. Tal intención no significa que el acusado tenga derecho a insistir en un juicio por tribunal de derecho una vez haya ejercido el derecho a que se ventile por jurado y que, como cuestión de hecho el juicio haya comenzado. Reiteramos que siendo el juicio por jurado un derecho con rango constitucional, no constituye violación del mismo el que el juzgador en el uso de su sana discreción se niegue a aceptar la renuncia a ese derecho luego de comenzada la vista del caso y la presentación de la prueba. Tal actuación del juez de instancia no viola el debido procedimiento de ley. Por el contrario, su negativa conlleva el disfrute del derecho que precisamente le garantiza la Constitución.

Por los fundamentos expuestos nos ratificamos en nuestra opinión en el caso de Pueblo v. Rivera Suárez, supra.

Se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, el 22 de junio de 1967.

El Juez Presidente Señor Negrón Fernández no intervino.