author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Presidente, Señor Trías Monge.

text:
    Manuel Díaz Segarra y Cruz María Segarra, ambos por sí y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, demandantes y recurridos, v. El Vocero de Puerto Rico, Inc., demandada y peticionaria.

      Número: O-76-408

      Resuelto: 30 de marzo de 1977

      Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogados de la peticiona-ria; no comparecieron los abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Los esposos recurridos, vecinos de Mayagüez, presentaron ante el Tribunal Superior de aquella Sala de su domicilio, demanda de daños y perjuicios por libelo contra la corpora-ción editora del periódico “El Vocero de Puerto Rico” predi-cada en la Ley de Libelo y Calumnia de 1902 (32 L.P.R.A. see. 3141 y ss.) y en el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5141), en cuyo escrito alega el demandante haber sido difamado, expuesto al desprecio del pueblo, pri-vado de la confianza públiea y trato social y afectado en su reputación y privacidad por una noticia y reportaje publicado en dicho diario, que le imputa falsamente la comisión de un delito.

El periódico demandado solicitó traslado del pleito para la Sala de San Juan por ser en esta ciudad Capital donde se imprime y publica, invocando el Art. 79 del Código de En-juiciamiento Civil. La Sala de Mayagüez denegó el traslado y al recurrir el periódico, expedimos certiorari, toda vez que se suscita la cuestión de competencia determinada por el lugar donde el demandado realizó el supuesto acto dañoso y no por aquél donde se sufrió la pérdida. Santos v. Porto Rican Express Co., 52 D.P.R. 571, 572 (1938); Castellón v. Padín, 59 D.P.R. 275, 278-9 (1941).

La parte demandante se ha circunscrito a una sola acción civil contra el periódico promovida en el tribunal de su domicilio al que acude en primer término para reivindicar su nombre y derecho de intimidad. No puede tomarse su de-manda, estrictamente limitada al foro de Mayagüez, como recurso al amparo de la regla de derecho común de causa de acción múltiple que reconoce una razón de pedir remedio por cada ejemplar del periódico vendido o entregado. Prosser, The Law of Torts, pág. 769, ed. 1971; Restatement of the Law of Torts, Vol. 3, Sec. 578; Salmond, The Law of Torts, pág. 201, ed. 15a (1969). Dicha norma no tiene vigencia en Puerto Rico donde consideramos que la protección de la dig-nidad humana contra ataques abusivos, y del derecho de in-timidad es factible sin acudir a remedios que puedan resultar en mengua y erosión de la libertad de prensa. La dignidad del ciudadano y la libertad de palabra son sujetos del orde-nado equilibrio de intereses que informa el régimen constitu-cional. Estos valores preeminentes están resguardados por la “regla de la publicación única” o unitaria que adoptamos, según la cual la edición completa del periódico, revista o libro se considera una sola publicación que da lugar en caso de libelo, a una sola causa de acción, quedando la extensión del agravio, la distribución y circulación como elementos valora-tivos de daños. Prosser, ante, pág. 769; Restatement of the Law, Second, Torts, Tentative Draft No. 20,197k, sec. 577A.

Preceptúa el Art. 79 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sec. 405) que han de verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, los pleitos para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil (31 L.P.R.A. secs. 5141 y 5142), o a virtud de cualquier otro precepto de ley. La enmienda introducida a este Art. 79 por Ley Núm. 18 de 11 de abril de 1935, trajo a su ámbito las acciones fundadas en libelo. Zayas Pizarro v. Molina, 48 D.P.R. 920 (1935); Usera v. Luce & Co., 58 D.P.R. 290, 298 y ss. (1941). Si bien el periódico se imprimió en San Juan el impacto generador del daño no cobra relieve real hasta que el periódico se vende y circula en Mayagüez desplegando su contenido ante los lee-tores que conocen y conviven con los demandantes. De modo que como “causa de litigio” tiene mayor dimensión la distri-bución en Mayagüez que la impresión en San Juan y es com-petente para conocer del pleito la sala de Mayagüez donde esa parte principal de la causa del litigio tuvo su origen. Se trata de “causa” y no exclusivamente del lugar donde se sufre el daño a que se limitaron las decisiones en Zayas Pizarro v. Molina, Santos v. Porto Rican Express Co., y Castellón v. Padín, ante.

No es gravoso para la libertad de prensa ventilar un pleito de libelo en la sala correspondiente al domicilio del deman-dante, lugar donde su reputación alcanza valía y estima, o decae en la opinión pública.

En un país de 3,600 millas cuadradas como el nuestro, con un moderno sistema vial, la sala de justicia más lejana de un periódico editado en San Juan está a escasamente 11/2 hora en automóvil, y con los superiores recursos que el perió-dico tiene a su disposición en cualquier Sala del Tribunal General, no vemos justicia en obligar a la parte más débil, que es al mismo tiempo la parte pasiva en el desencadenamiento de hechos que dan lugar al pleito, a litigar en foro extraño a su residencia. Un periódico, que además de instrumento de información y de libre discusión de ideas, es una empresa más o menos lucrativa que vende y recauda el precio de sus ediciones que circulan en Mayagüez, no debe evadir la com-petencia de esta Sala en cuya demarcación territorial circula prestando un valioso servicio, pero también haciendo negocios.

Después que la Constitución de 1952 organizó los tribunales de Puerto Rico en sistema unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración, están fuera de lugar las interpretaciones técnicas que antaño dis-tribuían la competencia entre islas de jurisdicción. Tam-poco puede valorarse esta cuestión a la luz de precedentes nor-teamericanos que repudian la idea de permitir a un deman-dante en libelo la ventaja indebida de escoger el foro que es-time de mejor prospecto para el éxito de su causa en tér-minos de cuantía de daños contra el periódico. Esa es proba-blemente una razón válida en aquellas jurisdicciones donde las acciones civiles pueden ventilarse ante un jurado que por pura solidaridad con su vecino el demandante se inclina a traer un veredicto inmerecido o exagerado contra el periódico. En Puerto Rico, sin embargo, el tribunal de derecho que juzga un caso de libelo tiene una excepcional y uniforme objetividad en todas sus Salas.

Habiendo advenido Puerto Rico a la integración jurisdiccional de su sistema judicial, los antiguos criterios sobre “sala competente” están bajo exigente proceso de revisión que reconoce la preeminencia de un valor de justicia sobre las nociones geográficas o territoriales.

Se anulará el auto expedido. Confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge emitió opinión disidente.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de marzo de 1977

La parte recurrida presentó en la Sala de Mayagüez del Tribunal Superior demanda de daños y perjuicios por libelo contra El Vocero de Puerto Rico, Inc. La parte demandada, aquí peticionaria, solicitó el traslado de la acción a San Juan, que es donde se imprime el periódico. Se denegó el traslado en base a lo dispuesto en el Art. 78 del Código de Enjuicia-miento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. see. 404. Se recurrió de esta resolución.

En virtud de lo dispuesto en la Regla 3 de Procedimiento Civil, se mantuvieron en vigor las normas relativas a la com-petencia territorial de las cortes prevalecientes al momento de aprobarse la Constitución de Puerto Rico. Debemos examinar por tanto la relación existente entre los Arts. 78, 79, y 81 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. sees. 404, 405, 407. Recordemos su texto:

Art. 78: “La residencia legal de los comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones a todos los fines legales será el pueblo donde tuvieren su centro de operaciones u oficina principal. Los comerciantes, sociedades, corporaciones y asociaciones que tuvieren oficina o agente en diferentes distritos judiciales, podrán ser demandados en cualquiera de dichos distritos, o en el que se hubieren obligado, a elección del demandante.”
Art. 79: “Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos:
1. Para obtener el importe de una indemnización contra una compañía de seguros proveniente de un contrato de póliza de se-guro o para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con las sees. 5141 y 5142 del Título 31, o a virtud de cualquier otro precepto de ley, o para obtener el importe de una confiscación, excepto cuando se decreta por un delito cometido en una extensión de agua colindante con dos o más distritos en cuyo caso la demanda podrá entablarse en cualquier distrito contiguo a dicha exten-sión de agua y frente al sitio donde se cometió el delito.
2. Contra un empleado público, o persona especialmente nom-brada para cumplir los deberes de aquél, por cualquier acto que hubiere cometido con ocasión de su empleo; o contra una persona que, por orden suya o como su auxiliar, hiciere algo relacionado con los deberes de dicho empleado.”
Art. 81: “En todos los demás casos el pleito deberá verse en el distrito en que residieran los demandados, o algunos de ellos, al iniciarse el litigio, con excepción de los casos de alimen-tos, cuando el demandante fuere menor de 21 años de edad al momento de. iniciarse el litigio, en los cuales casos el pleito de-berá verse en la sala del Tribunal Superior de Puerto Rico co-rrespondiente a la demarcación territorial en que residiera el demandante; y si ninguno de los demandados residiere en la Isla de Puerto Rico, o si residiendo en ella, ignorase el deman-dante el distrito en que residan, el pleito podrá seguirse en cual-quier distrito designado por el demandante en la demanda; y si el demandado estuviere a punto de ausentarse de esta Isla, el pleito podrá seguirse en el distrito en que cualquiera de las partes resida, o en que se haga la citación, sin perjuicio de la facultad del tribunal para cambiar el lugar del juicio, según lo dispuesto en este Código.”

La relación entre estas disposiciones consiste en que el Art. 81 enuncia la norma general: todos los casos deben verse en el distrito en que residan los demandados o algunos de ellos al iniciarse el litigio, a excepción de los pleitos men-cionados en el Art. 79 y el propio Art. 81. En estos últimos se aplican otras normas que pueden o no resultar en que la controversia se dirima en otra sala. La función dél Art. 78, erróneamente aplicado en esta causa, es tan solo definir la residencia legal de los comerciantes, sociedades, corporacio-nes y asociaciones para los casos regidos por la norma general que fija el Art. 81.

El artículo que gobierna el caso actual es claramente el 79. Esta disposición proviene básicamente del Art. 206 del Código de Enjuiciamiento Civil de Idaho de 1881, que a la vez se inspiró en el Art. 393 del correspondiente código cali-forniano de 1872. Compárese: el Art. 63 de la Ley Española de Enjuiciamiento Civil de 1881, vigente en Puerto Rico desde 1885. Idaho y California seguían la regla de la residen-cia del demandado en los casos de daños y perjuicios y al aprobarse en Puerto Rico el Código de Enjuiciamiento Civil de 1904, el Art. 79 leía originalmente en modo análogo al de Idaho y distinto al actual. La Ley Núm. 34 de 21 de abril de 1928 enmendó, no obstante, la antigua fraseología para or-denar que “Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos . . . para recobrar daños y perjuicios de acuerdo con el Art. 1803 del Código Civil. . . .”

En Zayas Pizarro v. Molina, 48 D.P.R. 920 (1935), se resolvió que las acciones por libelo y calumnia seguían comprendidas en el Art. 81, ya que se derivaban de una ley especial y no del Art. 1802. Se apuntó, sin embargo, la posibilidad de un resultado distinto bajo otra enmienda recién efectuada por la Ley Núm. 18 de 11 de abril de 1935, no invocable en Zayas Bizarro. Dicha ley se refirió a acciones “para reco-brar daños y perjuicios de acuerdo con los artículos 1803 y 1804 ... o a virtud de cualquier otro precepto de ley. . . .” Aunque en contexto distinto a los casos de libelo y calumnia, el dictum de Zayas Bizarro se convirtió en doctrina en Usera v. Luce & Co., 58 D.P.R. 290, 296 (1941). El pleito presente deberá verse en consecuencia “en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista...

La verdadera dificultad de este caso, como puede verse, no reside en la determinación del artículo del Código de En-juiciamiento Civil aplicable en lo que toca a la competencia territorial de los tribunales. El meollo del problema es de-terminar dónde surge la causa de acción por libelo contra un periódico e interpretar el resto del lenguaje citado. El asunto debe examinarse con extremo cuidado. Los casos de libelo difieren considerablemente de otras acciones de daños y per-juicios. Los valores en pugna son muy diferentes. De adop-tarse ciertos antiguos enfoques, las consecuencias para la libertad de prensa y expresión pueden ser devastadoras, sin que ello sea necesario para la debida protección de la honra y del derecho a la intimidad.

Ejemplo de esto último es la regla del derecho común conocida como la de la publicación múltiple. Duke of Brunswick v. Harmer, 117 Eng. Rep. 72 (1849); Salmond, The Law of Torts, 15th ed., London, Sweet & Maxwell, 1969, pág. 201. Esta fue la norma adoptada por el Instituto Americano del Derecho, Restatement of the Law of Torts, vol. 3, sec. 578. Todavía prevalece en varios estados de Estados Unidos. Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4th ed., St. Paul, Minn., 1971, pág. 769, n. 91. Esta regla consiste en sostener que cada venta o entrega separada de una copia de la misma edición de un periódico constituye base de por sí para una causa de acción distinta. Puede haber tantas causas de acción como ejemplares se impriman y distribuyan.

De adoptarse la regla del derecho común en Puerto Rico, no cabría duda de que se denegó correctamente el traslado. El demandante no solo podía demandar en Mayagüez, sino también en cualquier otro distrito en que hubiere circulado la edición aquí envuelta de El Vocero. La doctrina de la pu-blicación múltiple, sin embargo, no tiene vigencia en Puerto Rico.

Diversas razones abonan esta conclusión. El derecho co-mún angloamericano no rige en Puerto Rico ex propio vigore; depende esencialmente de que se legisle la regla específica en controversia. Nuestra ley sobre libelo y calumnia de 19 de febrero de 1902, 32 L.P.R.A. sec. 3141 et seq., no lo hace ni expresa ni implícitamente. En los setenta y cinco años que lleva de vigencia esta ley este Tribunal nunca ha adoptado la norma de la publicación múltiple. Tal actitud está en conso-nancia con poderosas razones de orden público y los desarro-llos más recientes. La regla de la publicación múltiple no re-presenta a nuestro entender el equilibrio más juicioso entre los intereses en conflicto. Es excesivamente onerosa para el desenvolvimiento de una prensa libre. Contrasta con la mayor armonía que produce entre los valores en juego la regla de la publicación única. En la mayoría de los estados norteamerica-nos prevalece ya la doctrina de publicación única. Prosser, op. cit., 769; Prosser, Interstate Publication, 51 Mich. L. Rev. 959 (1953); Leflar, The Single Publication Rule, 25 Rocky Mt. L. Rev. 263 (1963). Los Comisionados sobre las Leyes Estatales Uniformes la recomiendan; véase la Uniform Single Publication Act, 13 ULA 519. El Instituto Americano del Derecho, revocando su posición anterior, también la apoya. Restatement of the Law Second — Torts—Tent, draft no. 20, sec. 577A.

La adopción en Puerto Rico de la norma de la publicación única no resuelve estrictamente, no obstante, el problema de dónde se originan las causas de libelo. La regla en nuestra jurisdicción respecto a acciones por daños y perjuicios es que el distrito donde debe verse el caso es aquél “donde se realizó el acto que ocasionó el daño y no donde se sufrió la pér-dida. . . .” Santos v. Porto Rican Express Co., 52 D.P.R. 571 (1938). Al mismo efecto: Castellón v. Padín, 59 D.P.R. 275 (1941). Conforme a esta doctrina, el acto generador del daño es incuestionablemente la impresión del periódico, seguida de su circulación inicial. El problema no consiste en medir el impacto o la dimensión del daño.

La mayoría de las cortes estadounidenses considera que los juicios de libelo deben celebrarse en el lugar en que el periódico se imprimió y se dio a la publicidad originalmente. Age-Herald Pub. Co. v. Huddleston, 92 So. 193 (Ala. 1921); River v. Atlanta Newspapers, 139 S.E.2d 395 (Geo. 1964); O’Malley v. Statesman Printing Co., 91 P.2d 357 (Idaho 1939); Forman v. Mississippi Publishers Corp., 14 So.2d 344 (Miss. 1943); Houston v. Pulitzer Publ. Co., 155 S.W. 1068 (Mo. 1913); Litzinger v. Pulitzer Publ. Co., 356 S.W.2d 81 (Mo. 1952); Prosser, loc. cit.; cf. Firstamerica Develop. Corp. v. Daytona Beach N.-J. Corp., 196 So.2d 97 (Fla. 1967).

La doctrina contraria ha sido criticada con severidad por estimarse que les permite a los demandantes en libelo la ven-taja indebida de escoger el foro que ellos consideren más aco-gedor para el éxito de su causa y la cuantía de los daños, si algunos, a percibir del periódico. Cobb, Venue: Florida Rejects Single Publication Rule., 19 U. Fla. L. Rev. 654 (1967). Esta amenaza a la libertad y estabilidad de la prensa ha lle-vado a que se sugiera una enmienda a la Ley Uniforme para que disponga que la acción de libelo se origina al tiempo de la primera publicación. Knakal, Problems under the Uniform Single Publication Act, 15 Wash. & Lee L. Rev. 321, 327 (1958).

No se ha cuestionado ante nos que El Vocero, aunque cir-cule en todo el país, se publica en San Juan. Disiento de la opinión del Tribunal denegando el traslado de la causa a la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

Conviene recordar, por último, que el Art. 79 del Código de Enjuiciamiento Civil faculta a la corte competente en estos casos a cambiar el lugar de la vista. Originalmente el Código especificaba en su Art. 83 las causas en que podrá fundarse el juez para efectuar el traslado, pero este artículo se derogó por la Regla 72 de Procedimiento Civil. Entendemos que el propósito de esta derogación no fue ciertamente eliminar el poder de traslado a que alude el Art. 79. Dicho poder deberá ejercerse en las circunstancias que la equidad ordene.

Revocaría la resolución recurrida.

      Para una estimación integral del desarrollo del concepto de sala competente en acciones por daños y perjuicios, deben verse, además, Zayas Pizarro v. Molina y Usera v. Luce & Co., citados en esta opinión.

      En casos de daños por libelo son los abogados los que principal-mente han de moverse de una sala a otra a defender el periódico. Designar a San Juan como foro obligado resulta en conveniencia para los abogados de una parte, sin aparente provecho especial para la libertad de prensa.

      Si tm periódico de circulación general es bueno para satisfacer el debido proceso en el emplazamiento por edictos que autoriza la Regla 4.5 de Procedimiento Civil, su función tiene un adicional nexo a la competencia general del tribunal de primera instancia que excluye su reclamo de San Juan como foro único.

       La Constitución de Puerto Eico dispone en su Art. V, Sec. 2 que “Los tribunales de Puerto Eico constituirán un sistema judicial unifi-cado. ... La Asamblea Legislativa, en cuanto no resulte incompatible con esta Constitución, podrá crear y suprimir tribunales, con excepción del Tribunal Supremo, y determinará su competencia y organización.” Fuente primaria del Art. V de nuestra Constitución fue la legislación inglesa de 1873, que desarrolla el concepto del tribunal unificado. Bajo dicha legisla-ción, ni el principio de la competencia jerárquica ni el de la competencia territorial está sujeto a reglas rígidas. Ambos se someten a criterios de conveniencia individual y social y, ante todo, a la buena marcha del sistema de justicia, para evitar charadas y enmarañamientos jurídicos. “Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act”, Geo. 5 c. 49, 25 Halsbury’s Statutes of England, 3rd ed., sec. 55 et seq. Se advertirá que la Consti-tución se refiere tan solo a la competencia entre los tribunales y no entre las salas de éstos, lo cual plantea la cuestión de si nuestra Constitución permite la adopción de una regla análoga a la inglesa. Dado que la Eegla 3 de Procedimiento Civil abarca tanto los problemas de competencia territorial como los de índole jerárquica, no es necesario en este caso medir el impacto de la parte citada del Art. II, Sec. 2, sobre los Arts. 78, 79 y 81 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.E.A. sees. 404, 405 y 407.

      (2) En 1928 este artículo correspondía al 1802 actual.

       Puede igualmente acudirse al derecho común cuando ello es nece-sario para la interpretación de normas de origen angloestadounidense o al resolver un pleito bajo el Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7, en cuyo caso el Tribunal también puede escoger otra norma, extranjera o de confección propia, que considere más equitativa.

      La situación prevaleciente en España es análoga. Pera Verdaguer, Jurisdicción y Competencia, 2a ed. 1958, pág. 183; Aragoneses Alonso, Téc-nica Procesal, 1955, pág. 150.

       Recuérdese que en Puerto Rico no es necesario, para sostener una acción de libelo, probar que el escrito ha sido leído por persona alguna. Basta exponerlo, a sabiendas, donde pueda leérsele. 32 L.P.R.A. see. 3148.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam: Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    Héctor Lugo Sánchez, demandante, recurrido y recurrente, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada, recurrente y recurrida.

      Números: R-76-116,
    R-76-128

      Resuelto: 31 de marzo de 1977

      Carlos M. Díaz Lamoutte, abogado .de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico; Jorge Meléndez Vela y Luis A. Archilla Laugier, abogados del demandante, recurrido y re-currente.
   per curiam:

Los Arts. 19 y 20 de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo, soportes de la estruc-tura básica del sistema de fondo exclusivo y seguro obliga-torio, excluyen la demanda basada en negligencia de tercero contra un patrono estatutario expresamente exento de la obligación de asegurar, en aquellos casos en que se reclaman daños sufridos por un empleado de su contratista asegurado.

La recurrente Autoridad de las Fuentes Fluviales con-trató con Zachry International la construcción de unas plan-tas termoeléctricas que aun después de terminadas y entre-gadas recibían beneficio de mantenimiento por la construc-tora. Surgió la necesidad de reparar una válvula de la tubería de vapor y en protección de sus empleados, Zachry avisó desde el día anterior a la Autoridad para que eliminara todo vapor de la línea. Al llegar a la planta, el empleado de Zachry en-cargado de la reparación, preguntó al ingeniero de la Auto-ridad a cuyo cargo se hallaba la instalación, si la línea estaba libre de vapor contestando éste que sí lo estaba. Descansando en dicha aseveración, el empleado de Zachry empezó a des-montar la válvula y se escapó un chorro de vapor que lo de-rribó causándole quemaduras graves. Toda vez que la con-tratista Zachry tenía su personal asegurado mediante póliza expedida por el Fondo del Seguro del Estado, la víctima del accidente fue compensada bajo dicha póliza.

Luego de compensado por el Fondo, el obrero lesionado inició acción de daños y perjuicios contra su patrono estatu-tario la Autoridad de las Fuentes Fluviales fundada en ne-gligencia de ésta por mantener vapor en la línea que él había de intervenir y en la falsedad de la información del ingeniero que lo indujo a creer que no había riesgo de vapor en la obra de reparación. Invoca como fuente y fundamento de su de-manda por daños el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 32) que en lo per-tinente dispone: “32. — Responsabilidad de Tercero; Subrogación. — En los casos en que la lesión, enfermedad pro-fesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicie-ren responsables a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán re-clamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año sub-siguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción...

La cuestión a decidir estriba en si Fuentes Fluviales es un “tercero” causante del daño o lesión y como tal susceptible a la demanda por negligencia contra ella entablada. La contestación la hallamos en el Art. 19 de la Ley (11 L.P.R.A. sec. 20) que ordena: “Todo patrono asegurado al dar cuenta con sus nóminas anuales, deberá incluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros y empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista o subcontratista independiente empleado o contratado por dicho patrono, y toda cuenta, o impuesto cobrado por el Estado se basará sobre la nómina corriente del patrono, en las cuales deberán estar incluidos los trabajadores antes mencionados; Disponiéndose, que esta disposición no será aplicable a los patronos para quienes se hiciere trabajo por un contratista independiente que estuviere asegurado como patrono de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo.”

¿Qué otro propósito que no sea extender inmunidad al pa-trono estatutario, tiene la expresión del legislador en el Art. 19 al efecto de que “esta disposición [de incluir en sus nómi-nas los salarios de todos los obreros y empleados] no será aplicable a los patronos para quienes se hiciere trabajo por un contratista independiente que estuviere asegurado como patrono de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo.?”

Es inaceptable la teoría de la parte recurrida conducente a la conclusión de que en este Art. 19 el legislador le dice al patrono estatutario: “no tiene que asegurar los obreros de su contratista independiente asegurado, pero si ocurre un accidente usted responde.” Se estaría negando el principio rector de todo el sistema de seguro obrero en Puerto Rico enunciado en su Art. 20 (11 L.P.R.A. sec. 21) así: “Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí establecido para obtener compensación será el único remedio en contra del patrono, aun en aquellos casos en que se haya otorgado el máximo de las compensaciones o beneficios de acuerdo con el mismo; . . . La característica de remedio único fue afirmada por la Ley Núm. 103 de 21 de junio de 1968 que añadió a este artículo la cláusula: “aun en aquellos casos en que se haya otorgado el máximo de las compensaciones o beneficios. ...”

Dentro de su relación contractual con la constructora Zachry, la Autoridad de las Fuentes Fluviales es un patrono,' llámese principal o “estatutario” como en Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208 (1969). La recurrente no es un tercero por ser parte inextricablemente vinculada al contratista independiente y al empleado de éste dentro del orden jurídico dictado por el Art. 19 de la Ley. El principal contratante o dueño de la obra no puede considerarse tercero, dice Schneider. Concurre Larson al dictaminar que en aquellas jurisdicciones como la nuestra y las de cuarenta y tres estados donde la Ley impone responsabilidad al contra-tista general por las lesiones del obrero del subcontratista no asegurado, el contratista general se convierte en efecto en patrono a los fines de la ley de compensaciones, y es obvio que debe tener inmunidad de patrono y no podrá considerársele “tercero”. Larson, Workmen’s Compensation, Yol. 2A, Sec. 72.31, pág. 14-47, Edición 1976.

Reiterando el principio se resolvió en la jurisdicción federal que el patrono que requiere de su contratista independiente que asegure a sus obreros contra accidentes del trabajo, ha “asegurado” a los obreros del contratista independiente dentro del alcance del Art. 20 que exime al patrono de responsabilidad civil. Musick v. Puerto Rico Telephone Co., 357 F.2d 603 (1966).

Toda vez que la recurrente Autoridad de las Fuentes Fluviales tiene por ley la condición de “patrono estatqtario” no puede considerársele tercero ni aun bajo la estrecha definición de dicho vocablo adoptada en López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254, 258 (1974), como incluyendo “a toda persona aparte del empleado lesionado y su patrono asegurado.”

El tercero sujeto a demanda por daños y perjuicios a los fines del Art. 31 de la Ley es persona extraña, ajena y separada de la interacción jurídica que relaciona al patrono estatutario (A.F.F.) y al contratista (Zachry) con el Fondo del Seguro del Estado en la obligación legal común de ase-gurar sus obreros y empleados a tenor de lo dispuesto en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Bajo ninguna premisa puede considerarse tercero o extraño cau-sante de daño al patrono a quien la Ley expresamente dis-pensa de la obligación de asegurar y quien es parte regulada por el esquema de seguro exclusivo compulsorio.

“No hay responsabilidad del contratista principal si el subcontratista ha asegurado la compensación de sus em-pleados, toda vez que el propósito de la ley es impedir que se encargue de trabajos a subcontratistas irresponsables, pri-vando a los obreros lesionados de los beneficios de la ley. El propósito del estatuto se ha cumplido si el subcontratista ase-gura. Imponer al principal responsabilidad por la compen-sación, aun cuando el subcontratista está asegurado, resul-taría en conceder a los empleados del subcontratista más de-recho que los empleados del principal, porque tendrían dere-cho a reclamar de su patrono inmediato el subcontratista al igual que del principal, situación que no armoniza con la in-tención legislativa.” Schneider, Workmen’s Compensation, Yol. 2, Sec. 326, pág. 177, Ed. 1942.

La Ley no presenta las complicaciones originadas por este recurso. Todo lo que se propone el estatuto es que el obrero esté protegido por un seguro cuya prima la pagará el patrono estatutario o el contratista según sea el caso. Pero la Ley no exige dos seguros en vez de uno. Tampoco puede haber dos responsables bajo el diseño legislado, si uno es dispensado del seguro. Revocada.

El Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión disidente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Dávila

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1977

La Autoridad de las Fuentes Fluviales contrató con Zachry International la construcción de unas plantas termo-eléctricas. Luego de entrega y aceptada la obra, Zachry con-tinuó a cargo de ciertos trabajos de mantenimiento. En oca-sión en que debía llevar a cabo una reparación en una válvula de la tubería de vapor, avisó desde el día anterior a la Auto-ridad para que tomaran las medidas necesarias para que no hubiera vapor en la línea. Al llegar a la planta, el encargado de hacer el trabajo preguntó al ingeniero a cargo de la línea si estaba libre de vapor. El ingeniero, empleado de la Auto-ridad, le confirmó que lo estaba. Comenzó a desmontar una válvula y salió un golpe de vapor que lo tiró al piso y le causó graves quemaduras.

El empleado de Zachry, Héctor Lugo, fue compensado por el Fondo del Seguro del Estado, con cargo a la póliza de Zachry. Posteriormente Lugo demandó a la Autoridad de las Fuentes Fluviales, alegando que era un tercero causante del daño y que de acuerdo con lo que dispone el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo debía compensarle los daños sufridos. Alegó que la Autoridad fue negligente al mantener la línea con vapor y que él fue prudente al cerciorarse con el ingeniero a cargo de la planta de que en verdad la línea estaba lista para ser reparada.

La demanda fue declarada con lugar. La Autoridad soli-citó la revisión a la que accedimos por estar planteada una cuestión fundamental en la interpretación del Art. 31 antes citado, en relación con lo que constituye un tercero causante del daño.

El Art. 19 de la Ley establece que “[t]odo patrono ase-gurado al dar cuenta con sus nóminas anuales, deberá incluir en tales nóminas los salarios pagados a todos los obreros y empleados que estuvieren trabajando o fuere a emplear bien por ajuste, o ya bajo una persona con quien ajustó el patrono o bajo un contratista o subcontratista independiente empleado o contratado por dicho patrono, y toda cuenta, o impuesto co-brado por el Estado se basará sobre la nómina corriente del patrono, en las cuales deberán estar incluidos los trabajado-res antes mencionados; Disponiéndose, que esta disposición no será aplicable a los patronos para quienes se hiciere tra-bajo por un contratista independiente que estuviere asegu-rado como patrono de acuerdo con las disposiciones de esta ley.”

Una lectura de dicho artículo demuestra que es condi-cional la obligación del patrono estatutario de incluir en su nómina al obrero del patrono contractual. El mencionado artí-culo “se aplica solamente en los casos en que el contratista in-dependiente no estuviere asegurado.” Montaner Adm. v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 285-290 (1941). De manera pues, que si el patrono contractual está asegurado el patrono estatutario no tiene que incluir a los obreros del primero en su declaración de nómina, no surgiendo por tanto en esta situa-ción la relación de patrono y empleado entre el patrono esta-tutario y el empleado del patrono contractual. Como conse-cuencia de lo expuesto, si el patrono contractual no está ase-gurado y el patrono estatutario cumple con las disposiciones del Art. 19 le cobija la inmunidad establecida en el Art. 20.

Sostiene la recurrente que “[l]a relación de contratista independiente entre Zachry y la Autoridad le concedía el derecho a el [sic] demandante a recibir compensación bajo la póliza ocupacional de la Autoridad como póliza subsidiaria, en la eventualidad de que por cualquier razón la póliza de Zachry no fuera suficiente, careciera de cubierta, o Zachry careciera de póliza como tal. Este derecho que se le concede a el [sic] empleado del patrono contractual o real, le concede a la vez a el [sic] contratista independiente (la Autori-dad) gozar de la inmunidad del remedio exclusivo como pa-trono asegurado.”

' Invoca la recurrente a Larson en su Workmen’s Compensation Law, Vol. 2A, Sec. 72.31 sosteniendo que debe recono-cérsele la inmunidad al patrono estatutario ya que si no se le concede no tendría incentivo alguno para exigirle al patrono con quien ha subcontratado que obtenga una póliza del Fondo del Seguro del Estado.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., surgió como una medida de protec-ción social para garantizarle compensación al obrero que su-fre un accidente en el curso de su empleo independientemente del hecho de si medió o no negligencia por su parte o por la del patrono. Es una medida social impuesta por la Asamblea Legislativa. El empleado renuncia a su derecho a recobrar del patrono mediante la acción ordinaria a cambio de que será compensado por todo accidente que sufre en el curso de su empleo. El patrono paga la prima del seguro establecido para llevar a cabo los propósitos de la ley a cambio de su in-munidad. López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254-258 (1974); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574 (1964).

Las disposiciones de la ley y la interpretación que le he-mos dado a las mismas restringen la responsabilidad del pa-trono estatutario que contrata con otro que no está asegurado vis a vis los derechos del obrero. Así en Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208 (1969), resolvimos “que un patrono ‘estatutario’ en virtud del Art. 19 de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo solo responde de la compensación ordinaria que corresponde al empleado u obrero de un subcontratista no asegurado. Cuando concurre la cir-cunstancia de que el obrero es un menor empleado en contra-vención a la ley, el resarcimiento de la compensación adicional recae sobre el patrono contractual.”

Hemos visto que la obligación del patrono estatutario de incluir en su nómina los obreros del patrono contractual que le realiza un trabajo es condicional a que el segundo no esté asegurado y que en los casos en que el patrono estatutario ha asumido el costo del seguro su responsabilidad es limitada. Siendo ello así no vemos razón alguna para extender la in-munidad concedida por la ley al patrono estatutario cuando por razón de su negligencia un empleado de un patrono contractual sufre daños. No podemos olvidarnos de que los ter-ceros que ofrecen mayor peligro a la seguridad de los obreros son los empleados de los patronos estatutarios que trabajan en el mismo proyecto. El obvio propósito de la disposición que permite las demandas contra terceros causantes del daño es que la pérdida la sufra el causante del daño y no la tenga que soportar el obrero lesionado o el Fondo del Seguro del Estado.

Colón Núñez v. Horn-Linie, 423 F.2d 952 (1st Cir. 1970; Fonseca v. Pacific Constr. Co. Ltd., 513 P.2d 156 (Hawaii 1973); Workmen’s Compensation Law, 32 U. Pitt. L. Rev. 259 (1971). En el presente caso se le avisó a la demandada con anticipación para que tuviera las líneas libre de vapor y antes de comenzar el trabajo se inquirió del supervisor de mantenimiento si las líneas estaban libres y al contestar en la afirmativa se dio comienzo al trabajo con las trágicas con-secuencias que dieron base a este litigio. ¿Acaso la deman-dada adoptó esa actitud por considerar que le cubría la cláu-sula de inmunidad y que no respondería en daños y perjui-cios? Hay que tener presente que los accidentes en aquellos casos en que el patrono contractual está asegurado no se con-sideran para la experiencia de la póliza del patrono estatuta-rio, Art. 30, 11 L.P.R.A. 31, y que de reconecerle inmunidad a estos patronos, el Fondo no podía recobrar lo gastado en el obrero lesionado. Además ya en López Rodríguez v. Delama, supra, expresamos que “[e]n ausencia de expresión legisla-tiva sobre el significado del vocablo ‘terceras personas’ usado en el artículo 31 de la Ley debemos conferirle su significado usual asumiendo que incluye a toda persona aparte del em-pleado lesionado y su patrono asegurado.”

Claramente se sirve mejor a la seguridad de los trabaja-dores, que es el propósito cardinal de la ley, responsabilizando en daños al patrono estatutario que por su negligencia oca-siona daños a un obrero de un patrono contractual, que ex-tendiéndole el palio protector de la inmunidad como incentivo para lograr que los patronos contractuales aseguren sus obre-ros. Para el obrero y para el Pondo representa lo mismo el que la prima la satisfaga cualquiera de los dos patronos. Bajo las dos alternativas los obreros están asegurados.

No puedo estar de acuerdo con la doctrina sentada en el presente caso. Confirmaría la sentencia'recurrida que declaró con lugar la demanda.

       Este mismo Art. 31 autoriza la subrogación del Fondo del Seguro del Estado en los derechos del obrero contra “tercero” como medio de re-cuperar los gastos incurridos. En el presente caso el Fondo no se subrogó en evidente reconocimiento del status patronal estatutario de la Autoridad de las Fuentes Fluviales.

      A los fines del citado Art. 19 o Sec. 20, se denomina a nn contra-tista como el “patrono estatutario” para distinguirle del subcontratista, llamado el “patrono contractual” o “real”. Colón Santiago v. Comisión Industrial, infra.

       Schneider, Workmen’s Compensation, Vol. 3, Sec. 842(e), pág. 215. ‘ Tercera Edición (1943).

       Larson cita un caso de Puerto Rico en el cual el dueño de un barco contrató con un contratista de estibadores para cargar la nave. En ese trabajo se lesionó el obrero demandante quien luego de compensado instó acción por negligencia y condición inepta (unseaworthiness) contra el dueño del barco. Se resolvió que siendo empleado de un subcontratista asegurado, su acción no procedía bajo la ley de Puerto Rico. López Correa v. Marine Nav. Co., 289 F.Supp. 993 (1968).

        Musick, supra, fue revocado en Colón Núñez v. Horn-Linie, 423 F.2d 952 (1970), en deferencia a Sentencia de este Tribunal que la Corte de Circuito interpretó como un cambio en el criterio local. Colón Núñez, supra, sin embargo, no es precedente a seguir, por ser contrario a la doc-trina constante mantenida en la jurisprudencia y los tratadistas. Larson condena con lenguaje fuerte esta decisión por acoger un criterio minori-tario e ir contra la tendencia predominante en la jurisprudencia. Se pre-gunta: “¿Cómo hemos de entender este bocado de xenofobia?” Larson, Workmen’s Compensation, Vol. 2A, Sec. 72.31 pág. 14-51, Ed. 1976. En sana función de raciocinio, nadie sigue precedentes equivocados.

       El Administrador del Fondo no se subrogó en los derechos del obrero según establece el Art. 31 y éste radicó la demanda contra la Auto-ridad de las Fuentes Fluviales.

      Dispone el Art. 81, en su parte pertinente:
      “En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren responsables a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Administrator del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción....”

       Dispone el Art. 20:
      “Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí establecido para obtener compensa-ción será el único remedio en contra del patrono, aun en aquellos casos en que se haya otorgado el máximo de las compensaciones o beneficios de acuerdo con el mismo; pero en el caso de accidente, enfermedades o muerte de los obreros o empleados no sujetos a compensación de acuerdo con este Capítulo, la responsabilidad del patrono es y continuará siendo la misma que si no existiere el presente Capítulo.”

      (4)Es incorrecto llamar a la Autoridad contratista independiente. Lo correcto es patrono estatutario. Ver Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208-210 (1969), donde denominamos al contratista como pa-trono “estatutario” y al subcontratista patrono “contractual o real”.

      El Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en un caso originado en el Distrito de Puerto Rico había resuelto en Musick v. Puerto Rico Telephone Company, 357 F.2d 603 (1966), que la inmunidad concedida por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo a los patronos asegurados se extendía a los patronos estatutarios. Posteriormente dicho Tribunal revocó a Musick en Colón Núñez v. Horn-Linie, 423 F.2d 952 (1970), entre otras razones, porque interpretó que una sentencia de este Tribunal en el caso de González v. Cervecería Corona, Inc., R-67-272 re-suelto el 29 de enero de 1969 implicaba que este Tribunal no estaba de acuerdo con el dictamen de Musick.


author: PER Cüriam:

text:
    Susana Negrón de Vega, querellante y recurrida, v. Departmento de Servicios Sociales; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, querellado y peticionario.

      Número: O-76-466

      Resuelto: 31 de marzo de 1977

      Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino; Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Mora & Cangiano, abogados de la recurrida.
   PER Cüriam:

Instada una querella contra el Departa-mento de Servicios Sociales y el Estado Libre Asociado en que se reclamó por horas trabajadas por una empleada de dicho Departamento en exceso de la jornada regular de ocho horas, y en que se siguió el procedimiento sumario de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. sees. 3118 a 3132, se notificó la querella y la orden a tal efecto expedida por el tribunal, mediante entrega personal al Secretario del Departamento. No se notificó al Secretario de Justicia. Este compareció mediante escrito en que impugnó la jurisdicción sobre el Estado y solicitó por tal motivo, y por alegada falta de causa de acción, que se desestimara la querella. Contra la denegatoria del tribunal de instancia ha recurrido ante nos la parte querellada.

El 24 de noviembre de 1976 emitimos resolución en que requerimos de la parte querellante recurrida que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari solicitado por la parte recurrente, dejar sin efecto la resolu-ción del tribunal de instancia y ordenar la desestimación de la querella. Luego de varias prórrogas compareció la recu-rrida mediante escrito de 26 de enero de 1977 en que argu-menta contra la expedición del auto.

Dos son las cuestiones planteadas, a saber: (1) si adqui-rió jurisdicción el tribunal sobre el Estado y (2) si la quere-llante tendría causa de acción para reclamar el pago de 1,760 horas que alega haber trabajado en exceso de la jornada regular de ocho horas diarias, como empleada del Departa-mento de Servicios Sociales, durante el período de dos años a que se contrae su querella. No tenemos que resolver la se-gunda, en esta etapa, por cuanto entendemos que el Estado, que es la parte realmente demandada, no fue válidamente emplazado y cualquier sentencia que recayere en su contra sería ineficaz.

El Departamento de Servicios Sociales fue creado por la Ley Núm. 171 de 80 de junio de 1968, 3 L.P.R.A. see. 211 y siguientes, como un departamento ejecutivo del Gobierno. Es parte de la rama ejecutiva, sin personalidad jurídica propia para demandar y ser demandado. En otras palabras, el patrono de la querellante es el Estado, no el Departamento. La inclusión del Departamento como parte querellada o demandada es improcedente por superflua y debe eliminarse.

La See. 3 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. see. 3120, dispone la manera como se emplazará al querellado cuando se emplea el procedimiento sumario esta-blecido por dicha ley. Dice, en su segundo párrafo:

“El alguacil o una persona particular diligenciará la orden del juez. Si no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden en la persona que en cualquier forma represente a dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación o en su oficina o residencia. Si el querellado no pudiere ser emplazado en la forma antes dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos casos.”

Siendo el patrono querellado el Estado, que obviamente no es el caso contemplado en la segunda oración del párrafo transcrito, es menester recurrir al procedimiento ordinario establecido por las Reglas de Procedimiento Civil para el diligenciamiento de emplazamientos contra el Estado. Dice la Regla 4.4 (f) que en tal caso se hará “entregando copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justicia, o a una persona designada por éste, y cuya designación conste en la Secretaría del Tribunal.”

Aun en el supuesto que el Departamento de Servicios So-ciales pudiera considerarse “una instrumentalidad del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corpo-ración,” que dice la Regla 4.4(g), y que pueda ser deman-dado, dicha Regla requiere que el diligenciamiento se haga “entregando copia del emplazamiento y de la demanda ... al jefe ejecutivo de dicha instrumentalidad y al Secretario de Justicia o a una persona designada por éste y cuya designa-ción conste en la Secretaría del Tribunal.”

En uno u otro caso, aquí no se entregó copia de la demanda y del emplazamiento al Secretario de Justicia. Su comparecencia como abogado del Estado para impugnar precisamente la validez del emplazamiento no cura el defecto. Interpretar que su comparecencia a ese limitado propósito equivale a someterse el Estado a la jurisdicción del tribunal, como lo alega la querellante recurrida, sería un contrasentido. Véase Franco v. Corte, 71 D.P.R. 686, 689 (1950). Véase, además, Domínguez Rivera v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 117 (1974).

No obstante lo expuesto, la falta de jurisdicción sobre una parte no es por sí solo motivo para desestimar la querella. El defecto en el diligenciamiento puede ser subsanado mediante la expedición de una nueva orden o emplazamiento y su diligenciamiento conforme a la Regla 4.4(f) antes citada. Eso sería lo procedente en este caso.

Se expedirá el auto, se dejará sin efecto la resolución del Tribunal Superior, y se autorizará la continuación de los procedimientos de manera consistente con lo aquí expuesto, y sin perjuicio de que se reproduzca ante dicho tribunal, en su oportunidad, la defensa de falta de causa de acción, cues-tión sobre la cual nos abstenemos por ahora de pronunciarnos.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Ignacio Rodríguez Negrón, demandante y recurrido, v. Gerónimo Morales García, demandado y peticionario.

      Número: O-76-474

      Resuelto: 31 de marzo de 1977

      Israel Delgado Ramos, abogado del peticionario; José L. Matta Ruiz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

En Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85 (1961), resolvimos que el recurso procedente para que este Tribunal revise sentencias del Tribunal Superior en casos de reclamaciones de salarios y desahucios iniciados en ese Tribunal es el de revisión discrecional que establece la Ley Núm. 115 de 1958, el que debe interponerse dentro del término de 30 días contados a partir del archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. Resolvemos ahora la inte-rrogante expresada en Viuda de Carmona v. Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966), escolio 3, pág. 144, respecto a “si igual término rige en las apelaciones del Tribunal de Distrito al Superior en acción de desahucio.”

El tribunal de instancia sostuvo que “no hay dudas de que para apelar en casos de desahucio del Tribunal de Dis-trito al Tribunal Superior aplica el término jurisdiccional de 5 días desde la notificación de la sentencia que dispone el artí-culo 630 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La Ley de la Judicatura, Núm. 11 de 24 de julio de 1952, 4 L.P.R.A. sec. 1 et seq., en la Sec. 19 establece “el derecho a apelar al Tribunal Superior de cualquier sentencia final del Tribunal de Distrito” pero dispuso que “[e]l procedimiento de apelación se seguirá a tenor con las reglas promulgadas por el Tribunal Supremo.” Este Tribunal, cumpliendo con la disposición antes citada, aprobó las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. III. Dispuso en la Regla 4 que “[s]i el escrito de apelación no se hubiere radicado dentro del término, y con la notifica-ción, provistos en las Reglas 53.1(a) ... de Procedimiento Civil, la apelación será desestimada por el Juez correspon-diente del Tribunal Superior.” Y la Regla 53.1(a) establece que “[l]a apelación se formalizará presentando un escrito dé apelación en la secretaría de la sección del tribunal que entendió en el caso, dentro de los treinta (30) días siguien-tes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia.”

Como vemos, la Ley de la Judicatura estableció el derecho a apelar de cualquier sentencia final del Tribunal de Distrito y dispuso además que el procedimiento se seguiría a tenor con las reglas promulgadas por el Tribunal Supremo y este Tribunal estableció que debía radicarse la apelación dentro de un término de 30 días a contar desde el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. No hicimos excepción alguna, como tampoco la hizo la Asamblea Legis-lativa, al disponer en la Ley de la Judicatura que el Tribunal Supremo establecería el procedimiento para regular las ape-laciones del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior. El hecho de que sometiéramos a la Asamblea Legislativa el 13 de enero de 1958 las Reglas de Procedimiento Civil dejando expresamente vigente el procedimiento para el desahucio reglamentado por los Arts. 620 al 637 del Código de Enjuicia-miento Civil, 32 L.P.R.A. sees. 2821 a 2838, no impide que este Tribunal, en el ejercicio de la facultad que le concede la Ley de la Judicatura para reglamentar el procedimiento de apelar del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, modi-fique el término para establecer la apelación consignada en la Ley de Desahucio. Cf. Andino v. Fajardo Sugar Co., supra.

Es pues evidente que el término para apelar en casos de desahucio originados en el Tribunal de Distrito es el de 30 días contados a partir del archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia. Aparte de que se establece un término uniforme para todas las sentencias dictadas por el Tribunal de Distrito, el término que establecía la Ley de Desahucio en el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil de 5 días a partir del archivo en autos de la notificación de la sentencia podía en ocasiones, dada la tardanza prevaleciente en el despacho del correo, traer contratiempos, pues si bien es verdad que dicha tardanza no podrá derrotar el derecho a apelar, Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 82-88 (1962), se requieren trámites ulteriores para poder hacer uso del derecho a revisar la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito. Yer escolio 5 en Figueroa Rivera, supra, pág. 88. Además debe tenerse presente que la fianza exigida por la Ley de Desahucio debe ser prestada dentro del término para apelar.

Habiéndose radicado la apelación en el presente caso dentro de los 30 días a partir de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia, se revocará la sen-tencia recurrida y se devolverá el caso al Tribunal Superior para ulteriores procedimientos consistentes con esta opinión.

       Dispone el Art. 630 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 2831:
      “. . . Las apelaciones [en casos de desahucio] deberán interponerse en el término de cinco (5) días contados desde la fecha en que fueren noti-ficadas de la sentencia por el secretario de la corte correspondiente, las partes perjudicadas por la misma o sus abogados.”

       Con posterioridad a la aprobación por este Tribunal dé las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, la Asamblea Legislativa promulgó la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 que en su Sec. 10 establece un término de 10 días para apelar del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior en casos de reclamación de salarios. Ver Dorado Beach Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 610 (1965) y Sierra v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 841 (1954). Cf. Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77 (1961).

      Así lo resolvimos en Fog v. Corte, 65 D.P.R. 161-164 (1945). Ver además Andino v. Fajardo Sugar Co., 82 D.P.R. 85, 90 (1961).

      Dispone el escolio 5:

        “Hill v. Hawes, (1944) 320 U.S. 520 ofrece el ejemplo de un correctivo. El secretario de una corte de distrito envió la notificación del registro de la sentencia 7 días después de vencer el término para apelar. Para co-rregir tal omisión el Juez sentenciador dejó sin efecto la sentencia regis-trada y volvió a dictarla de manera que la parte apelara en tiempo. No obstante, la Corte de Apelaciones entendió que esta apelación estaba fuera de término y desestimó. El Tribunal Supremo, revocándola, sostuvo la apelación interpuesta a partir del segundo registro de la sentencia. Con posterioridad a esta decisión la Regla 77(d) fue enmendada adicionándose la materia a que hicimos referencia en el escolio 4 ante.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado, Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Cristóbal Colón Colón, acusado y apelante.

      Número: CR-76-177

      Resuelto: 31 de marzo de 1977

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada del acusado; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Maggie Co-rrea Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior celebró un juicio en ausencia del acusado quien había desaparecido después del acto de lectura de la acusación en que alegó ser inocente de los delitos impu-tados de hurto mayor e infracción del Art. 4, Ley de Armas. A pesar de enérgica oposición de la defensa fundada en ha-llarse limitada en sus medios por la ausencia de su cliente, de motivación desconocida, se insaculó un jurado que estimó la prueba y produjo un veredicto de culpabilidad en ambos cargos y el juez halló incurso al ausente en desacato. Pero el procedimiento no terminó en veredicto y fallo como para el caso taxativamente instruye la Regla 248 de Procedimiento Criminal. Rebasando el debido proceso al acusado ausente le fue negada la única vista para él preservada por la propia Regla, la de lectura de sentencia, que se dictó por el magis-trado imponiéndole de 2 a 4 años en el caso de hurto, 6 meses en el de armas y 10 días por desacato.

La Regla 243, según enmendada por Ley Núm. 138, de 23 de julio de 1974, dispone:

“(a) Delitos graves. En todo proceso por delito grave (felony) el acusado deberá estar presente en el acto de la lectura de la acusación y en todas las etapas del juicio, incluyendo la cons-titución del jurado y la rendición del veredicto o fallo, y en el pronunciamiento de la sentencia; excepto, que si habiendo el acusado comparecido al acto de la lectura de la acusación y citado para juicio no compareciere, el tribunal luego de investigadas las causas, podrá celebrar el mismo en su ausencia hasta que reca-yere fallo o veredicto. Si en cualquier etapa durante el juicio el acusado no regresare a sala para la continuación del mismo, el tribunal luego de investigadas las causas, podrá dictar manda-miento ordenando su arresto, pero en todo caso la ausencia volun-taria del acusado no impedirá que el juicio continúe hasta que se rinda el veredicto o el fallo del juez en casos vistos sin jurado.
(b) Delitos menos graves. En procesos por delitos menos graves (misdemeanors), siempre que el acusado estuviere repre-sentado por abogado, el tribunal podrá proceder a la lectura de la denuncia o acusación, al juicio, al fallo y al pronunciamiento de la sentencia, y podrá recibir una alegación de culpabilidad en ausencia del acusado. Si la presencia del acusado fuere necesaria, el tribunal podrá dictar mandamiento ordenando su asistencia personal. El tribunal podrá proceder en casos de delitos menos graves según dispuesto en la excepción del inciso (a) cuando las circunstancias fueren las allí contempladas.”

La enmienda de 1974 dejó intacta, al ajustar su texto a la exigencia constitucional del debido proceso, la prevención de que el juicio in absentia por delito grave se detendrá en “el veredicto o el fallo del juez en casos vistos sin jurado”, tal como disponía la Regla antes de la enmienda. Si la exigencia de debido proceso como máxima garantía de libertad, satura y dirige el juicio cuando el acusado está presente, con mayor razón debe respetarse el debido proceso provisto por las Reglas para el que se halla ausente sin explicación. No fue acción inconsulta la que impuso esta limitación en la Regla 248. Nótese su presencia en el texto original de 1963, en su fuente la Regla 43 Federal y en la enmienda de 1974 auspiciada por la Reforma Judicial. Contrástese con el orden del juicio provisto por su apartado (b) para delitos menos graves en que la privación de libertad resultante de una convicción puede ser mínima o ninguna si la sentencia es de multa. Para misdemeanor, sí autoriza la Regla que se llegue “al pronunciamiento de la sentencia” y hasta permite una declaración de culpabilidad en ausencia del acusado, datos irrecusables que destacan la diferencia fundamental de procedimiento entre casos por delito grave y los menos grave.

No puede invocarse el “ordenamiento procesal moderno” para anular derechos fundamentales del hombre y para revocar nuestro dictamen en Estremera v. Jones, 74 D.P.R. 202, 205 (1952), si el derecho a ser oído en la etapa final del juicio ha sido garantizado por el reformado texto de la Regla 243(a) y en estricta concordancia con el Art. II, Sec. 7 de la Constitución: ninguna persona será privada de su libertad sin debido proceso de ley. Ese debido proceso cons-ta definido y prescrito en la Regla que instruye no demorar el juicio si el acusado está ausente, pero que también res-tringe y limita los procedimientos a la obtención de un vere-dicto o fallo. Contra una reserva tan clara de derecho a ser oído por lo menos en la etapa final de su juicio, el acto de lec-tura de sentencia donde puede explicar su ausencia y aducir variadas defensas que inclinarían el tribunal a anular el juicio in absentia, no podemos percibir propósito legislativo de facultar implícitamente a los tribunales para dictar sen-tencia, y asirnos de la implicación y lo supuesto para ampliar una excepción, contra lo que está escrito con claridad cor-tante en la Regla y en la Constitución.

Y aunque el rigor con que está resguardado el derecho del acusado ausente durante el juicio a ser oído en el acto de lectura de sentencia, no cede a conveniencias administrativas de calendarios, ningún obstáculo representa detener la sen-tencia hasta oír al acusado. Celebrado el juicio con arreglo a derecho, escuchados los testigos y rendido el veredicto o fallo, ya está concluida la labor judicial y el testimonio oral per-petuado. ¿Qué se obtiene con pronunciar una sentencia contra un fantasma, contra alguien que no se sabe si vivirá para cumplirla y contra quien de ser oído podría impedir con ra-zones que la misma se dictara? ¿Será cuestión de llenar un encasillado de estadística? Aparte del clarísimo mandato legislado que exige la presencia del acusado en dicho acto, ¿no guarda más armonía con la dignidad y respetabilidad de nuestro sistema de enjuiciamiento oír al acusado siquiera en el acto final de su juicio, honrar el debido proceso, mínimo y residual si se quiere, pero con toda la potencialidad de una barricada final de libertad?

Para el acusado que es convicto en ausencia la lectura de sentencia no es función ceremonial ni rito. Si la Regla no dispusiera la necesidad de su presencia en ese momento, pa-sado un juicio en que se le tuvo por renunciado a todas las ga-rantías y salvaguardas ordenadas en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución, la Regla estaría gravemente viciada de endeblez constitucional. Cf. Pueblo v. Aquino, 33 D.P.R. 255 (1924); Pueblo v. Marrero Méndez, 95 D.P.R. 605 (1967); Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974). Cuando sin ver ni oír al individuo se tienen sus derechos fundamentales por clau-dicados, en algún punto el proceso judicial deberá reservarle una audiencia en que pueda quedar satisfecha la conciencia judicial de que la privación de derechos estuvo plenamente justificada. Ese momento final de comprobación es el acto de lectura de sentencia y de ahí que deba detenerse hasta que el acusado esté presente, bien por voluntad propia o traído por orden de arresto. El contenido jurídico vital del momento único reservado a un convicto en ausencia para oírle no es asunto de farsa ni ceremonia.

El apelante descansa en Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34, 37 (1969), donde se resolvió por este Tribunal que la facultad de la sala de instancia para continuar la vista del caso hasta la rendición de veredicto o fallo en caso de delito grave, surge de la ausencia voluntaria del acusado durante el juicio, en su argumento de que en su caso no hubo previa comprobación de tal voluntariedad y que por tanto todo lo actuado es nulo. La Regla 243 exige que el tribunal antes de proceder con el juicio “investigue” la causa de la ausencia pero tal investigación previa no tiene ni la dimen-sión ni la formalidad que reclama el apelante. En este caso dicha determinación de presunta voluntariedad en la ausen-cia quedó cumplida una vez enterado el tribunal de las in-fructuosas gestiones del alguacil y del fiador por localizar en la jurisdicción al acusado desaparecido.

Establecido el hecho de que un acusado debidamente citado y apercibido de las consecuencias de su evasión, desaparece sin explicación de la jurisdicción donde tiene juicio pendiente, su conducta debe tomarse como-renuncia voluntaria a las garantías constitucionales provistas para quien se enfrenta en juicio a su acusador. Cf. State of Illinois v. Allen, 397 U.S. 337 (1970); Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340 (1976); Márquez Quiñones v. Tribunal de Distrito, 105 D.P.R. 203 (1976).

Quedan subsistentes los procedimientos habidos en ins-tancia hasta el veredicto y fallo. Se dejarán sin efecto las sentencias dictadas. Revocada.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente y disidente en parte.

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado, Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1977

Con relación al delito de hurto mayor, concurro en el re-sultado. Es claro el texto vigente de la Regla 243(a) de Pro-cedimiento Criminal vedando a nuestros tribunales de pri-mera instancia de la facultad de dictar sentencias en casos de delitos graves no obstante haberse ausentado un acusado voluntaria y deliberadamente. Aun cuando las circunstancias prevalecientes son distintas, en este aspecto nuestro ordena-miento adjetival no ha trascendido la etapa dogmática e his-tórica que le vio nacer, ello en contraposición a otras jurisdicciones, que si bien estiman este derecho valioso, lo consideran renunciable cuando se ausenta intencionalmente. un acusado que ha sido debidamente apercibido: 3 Wharton, Criminal Procedure, Sec. 482, pág. 341 (1975); Bird v. Ricketts, 213 S.E.2d 610 (1975), cert. denegado, 422 U.S. 1011; People v. Rife, 310 N.E.2d 1030 (1973); People v. Colon, 322 N.Y.S.2d 907 (1971); People v. Fay, 246 N.Y.S.2d 399 (1963), cert. denegado, 84 S.C.T. 979 (1964); People v. White, 95 Cal. Rptr. 576 (1971); e In Re: Jiménez, 75 Cal. Rptr. 152 (1969).

Estas decisiones se inspiran en el hecho básico e irrefutable de que un acusado libre bajo fianza controla sus movi-mientos fuera de los tribunales y está en libertad de adop-tar el curso de acción que estime más conveniente. Con gran sentido común se sostiene que no debe permitírsele tomar ven-taja y violar impunemente el deber de honrar la comparecen-cia y citación a un tribunal. Este deber es correlativo a las nuevas dimensiones del derecho constitucional a permanecer en libertad bajo fianza. Su abuso derrota los mejores fines de la justicia proyectando una imagen de incertidumbre e im-potencia.

No se cuestiona el derecho del acusado a estar presente, sino la vigencia de esa prerrogativa cuando su conducta es claramente indicativa de un rechazo.

A riesgo de exponer unas herejías, una vez advertido ex-presamente un acusado de tal eventualidad: ¿qué justificación racional existe para que el proceso sea congelado y paralizado en la etapa del pronunciamiento de sentencia? ¿Qué explica-ción hay para que ante tal ausencia, se acepten como válida-mente renunciados distintos e importantes derechos constitu-cionales, incluyendo el careo con los testigos de cargo y el estar presente durante el veredicto o fallo, y no se llegue a igual conclusión respecto al acto de sentencia? ¿Puede soste-nerse que el derecho a la confrontación de testigos consagrado en nuestra constitución es de menos importancia que el esta-tutario referente al de la lectura de la sentencia?

En torno a nuestra jurisdicción apelativa: ¿Cuándo co-menzará a correr el término para presentarse una apela-ción? Ciertamente es debatible que pueda entablarse una apelación pues: ¿sobre cuál sentencia versaría? Si hubiere que esperar a que el acusado compareciere, el sistema judicial queda expuesto a uno de sus peores males: la tardanza. Ante tal situación son anticipables que ocurran los siguientes eventos negativos: (1) que el juez que presidió el proceso, como persona mejor cualificada, esté impedido de pronunciar la sentencia correspondiente por renuncia, muerte u otra in-capacidad; (2) que presentada una apelación al cabo del tiempo, por razón de la dilación, diversos factores imposibili-ten la transcripción de las notas del proceso o la preparación de una exposición narrativa; y (3) que de decretar el tribunal apelativo un nuevo juicio, el resultado justo y real quede afectado por la pérdida de mémoria, indisponibilidad o falta de interés de los testigos atribuible al simple trans-curso del tiempo.

, El enfoque penal de vanguardia que permite el pronuncia-miento de sentencia en casos graves y la continuación de los trámites apelativos posteriores, eliminando o reduciendo la posibilidad de que concurran algunos de los factores nega-tivos antes enumerados — sin perjuicio de que una vez apre-hendido, el acusado sea acreedor a una vista ante el tribunal correspondiente para que sea informado de los términos de la sentencia y exponga las razones por las cuales deba anu-larse y no cumplirse — está a tono con las necesidades de la realidad contemporánea puertorriqueña.

Finalmente, el caso de autos ilustra dos de las anomalías de la Regla vigente. La primera, mientras otra persona acu-sada también por los mismos hechos imputádoles al apelante compareció, afrontó el proceso y se declaró culpable, el ape-lante lo ha burlado perpetuando una farsa en la administra-ción de la justicia. La Regla deja al capricho de los acusados, beneficiados por el derecho a permanecer en libertad bajo fianza, la decisión de cuándo finalizar los procesos en primera instancia y cuándo comenzarlos en grado apelativo. Y la se-gunda, hemos incurrido en el error de anular dos sentencias válidas dictadas en los casos menos graves de reclusión de seis (6) meses por infracción al Art. 4 de la Ley de Armas y de diez (10) días por desacato. Asumiendo que corrigiéra-mos dicho error, ello ilustra como el desdoblamiento contenido en las Reglas nos obliga a dejar inconcluso en primera instan-cia los casos graves fraccionándolos de los menos graves por ser éstos apelables.

La decisión de hoy corresponde a la expresión e intención literal establecida en las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes. Cabe destacar que la limitación estatutaria vigente contradice el principio rector hermenéutico de que las Reglas representan un conjunto orgánico y armónico de preceptos y sobrentendidos contentivos de derechos y deberes tanto del Estado como de los acusados. Al negarnos a conciliar en este caso los conflictos expuestos, corresponderá a la Asam-blea Legislativa seguir el curso de acción “que permita con-jugar los derechos individuales que desmesurados podrían re-sultar conflictivos entre sí y los derechos de la comunidad en su vida, salud y bienestar.” 4 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente, 2576 (Ed. 1961).

Disiento en cuanto se anulan las sentencias dictadas en los casos menos graves, pues la Regla 243 en su inciso (b) autoriza, “el pronunciamiento de la sentencia” si el acusado estuviere representado por abogado.

      En una decisión limitada a casos por delitos menos graves, cuando no existía el procedimiento cuidadosamente delineado en la Eegla 243, sos-tuvimos que la incomparecencia voluntaria del acusado equivale a renuncia del derecho a estar presente durante el acto de sentencia. Pueblo v. Ortiz, 57 D.P.R. 469 (1940).

      En Estremera, supra, aplicando el mandato terminante del Art. 311 del antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal de que cuando se dicte sentencia si la convicción es por felony (delito muy grave), el acusado debe hallarse presente personalmente, conservado en la primera oración de la actual Eegla 243, dijimos: “Es indudable que una sentencia en de-litos graves no puede dictarse válidamente en ausencia del acusado.” Ibid, pág. 205.
      En el caso de Taylor v. United States, 414 U.S. 17 (1973), el proce-dimiento en ausencia se detuvo justo en el veredicto del jurado y se pos-puso el pronunciamiento de sentencia hasta que se arrestó y se trajo al convicto a presencia del tribunal. Así se interpretó la Regla 43 Federal (fuente de nuestra RPC 243) que en lo pertinente dice: “In prosecutions for offenses not punishable by death, the defendant’s voluntary absence after the trial has been commenced in his presence shall not prevent continuing the trial to and including the return of the verdict.” Taylor, por tanto, ratifica el criterio de Estremera v. Jones, supra.

      Con el inconfundible vocablo “excepto” se inicia el texto de la en-mienda introducida en 1974.

      La genealogía relacionada con el derecho de un acusado a estar presente en su juicio se traza al derecho consuetudinario inglés. La prác-tica estaba fundada en distintas razones tales como las relacionadas con los métodos entonces existentes para determinar la culpabilidad o inocen-cia — Ajuicio por fuego o agua” y el “juicio por combate” — ; la ausencia de abogado defensor, y otras. Véanse: Cohen, Trial in Absentia Ré-Examined: 40 Tenn. L. Rev. 165 (1973); Goldin, Presence of the Defendant at Rendition of the Verdict in Felony Cases; 16 Colum. L. Rev. 18 (1916); y People v. Epps, 372 N.Y.S. 606 (1975).

      En Márquez Quiñones v. Tribunal de Distrito, 105 D.P.R. 203 (1976), concretamos uno de estos deberes al resolver que si un acusado “se ausenta de la dirección por él informada, sin notificar el cambio de dirección,' su conducta no es menos que una renuncia a los términos que en la Regla 64 de Procedimiento Criminal implementan la garantía cons-titucional de un juicio rápido.”

      Debe tenerse presente nuestra decisión en Pueblo v. Hernández, 94 D.P.R. 116 (1967), respecto a que la práctica de alocución prescrita en la Regla 166 de Procedimiento Criminal no es rígida e inflexible, y que su omisión no conlleva automáticamente la nulidad de las sentencias.

       Mientras subsista el texto de la Regla no existe remedio para este mal pues es al final del proceso que el mismo se detiene si el acusado opta por desaparecer.


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yun-qué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Edith Braun, acusada y apelante.

      Número: CR-76-123

      Resuelto: 31 de marzo de 1977

      Sarah Torres Peralta, abogada de la apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General, y Mario L. Paniagua, Pro-curador General Auxiliar, abogados del El Pueblo.
   SENTENCIA

El 28 de marzo de 1975 la apelante utilizó su automóvil para embestir contra una persona ubicada detrás de una verja. Hizo daño a la verja pero no a la persona. Fue denun-ciada por daños maliciosos y acusada de ataque para come-ter homicidio. Fue absuelta en el Tribunal de Distrito en el caso menos grave. El caso grave se ventiló en la Sala de Baya-món del Tribunal Superior. Fue declarada culpable.

Sostiene que habiendo sido absuelta del caso de daños ma-liciosos no procedía procesarla por el caso de ataque para cometer homicidio.

Tiene razón la apelante. Dispone el Art. 63 del nuevo Có-digo Penal que “. . . un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en nin-gún caso bajo más de una. La absolución o convicción y sen-tencia bajo alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera de las demás.”

En González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 147 (1971), interpretando el Art. 44 del anterior Código Penal, antecesor del actual Art. 63, expresamos “que al aplicar el Art. 44 no deben desmenuzarse los hechos para tratar de establecer delitos separados. Si así se hiciera se frustraría el propósito que dio vida al Art. 44: evitar que se persiga irrazonablemente al ciudadano radicándose acusaciones por delitos distintos que tienen su origen en un solo acto u omi-sión . . . impedir que sea convicto de violar varias disposi-ciones del Código con una serie de penas que podrían resultar excesivas.”

Surgiendo que un solo acto de la apelante violó dos dispo-siciones legales y que fue absuelta de una de ellas, era im-procedente procesarla por la otra. El Estado debió haberla procesado primero por el caso de ataque para cometer homi-cidio, pero permitió que se celebrara primeramente el caso menos grave. El Art. 63 le impide procesarla por el caso radi-cado ante el Tribunal Superior.

Se revoca la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión concurrente a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual se inhibieron.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yun-qué

a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de marzo de 1977

Concurro con la sentencia del Tribunal, pero creo que de-bíamos expresarnos más extensamente sobre las cuestiones que en este caso se plantean y adoptar las normas que paso a exponer. Para una mejor inteligencia del asunto, me permi-tiré exponer en detalle los hechos que han dado margen a los planteamientos que aquí consideramos.

Contra la apelante se presentó una denuncia en el Tribunal de Distrito, Sala de Toa Alta, en que se le imputó el delito de daños tipificado en el Art. 179 del Código Penal adoptado en 1974. La denuncia imputó a la apelante que el 28 de marzo de 1975, a las 12:30 P.M., voluntariamente lanzó un automóvil violentamente contra la residencia de Eva Majewska y destruyó un portón de rejas y parte de una verja de bloques de dicha residencia. Se le celebró juicio en que se presentó como única prueba de cargo el testimonio de Eva Majewska, luego de lo cual el tribunal absolvió a la apelante al acoger el planteamiento de que no se probó a quién per-tenecía la casa en que residía la señora Majewska. El testi-monio de ella estableció que la casa pertenecía, para la fecha en que ocurrieron estos hechos, al ex esposo de la testigo quien a su vez lo había sido antes de la acusada, y que existía entre la acusada y su ex esposo un pleito sobre los bienes ganancia-les habidos durante su matrimonio.

A base del mismo episodio a que se refirieron la referida denuncia, juicio y absolución, se formuló acusación fiscal contra la apelante en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, por el delito grave de tentativa de homicidio. La apelante so-licitó, antes del juicio, que se desestimara la acusación. Alegó impedimento colateral por sentencia, y haber sido expuesta por los mismos hechos en la causa por daños ante el Tribunal de Distrito. Denegada su solicitud, se le celebró juicio por Tribunal de Derecho luego de renunciar a ser juzgada por jurado. Al igual que en el juicio que se le siguió por el delito de daños, la única prueba presentada contra la apelante fue el testimonio de Eva Majewska, quien declaró lo mismo que en el Tribunal de Distrito, sin diferencia alguna. Reprodu-cido el planteamiento sobre impedimento colateral y doble exposición al terminar la prueba de cargo, substanciado por prueba documental consistente en la denuncia y la sentencia absolutoria en el caso de daños, fue nuevamente desestimado. La apelante prestó testimonio en su defensa y el tribunal dictó su fallo y la declaró culpable de tentativa de agresión. Contra la sentencia que le impuso $25 de multa ha apelado.

Plantea la apelante ante nos que fue expuesta dos veces en violación de la cláusula constitucional de doble exposi-ción, y que la absolución en el Tribunal de Distrito consti-tuía cosa juzgada y estaba impedido el Tribunal Superior de pasar nuevamente sobre los mismos hechos. Tanto bajo la doc-trina de impedimento colateral por sentencia como bajo la cláusula constitucional de doble exposición debió desestimarse la acusación en el Tribunal Superior.

El impedimento colateral por sentencia, denominado collateral estoppel en las jurisdicciones norteamericanas, está consagrado estatutariamente en Puerto Rico en el Art. 63 del Código Penal de 1974, adoptado del Art. 44 del derogado Código Penal de 1937. Dice así, copiado de 33 L.P.R.A. see. 3321:

“Salvo lo dispuesto en la sección siguiente, un acto u omisión penable de distintos modos por diferentes disposiciones penales, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones pero en ningún caso bajo más de una.
La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omi-sión, bajo cualquiera de las demás.”

La sección que sigue a ésta, que es la única excepción que reconoce, es el Art. 64, 33 L.P.R.A. sec. 3322, que dice:

. “Un acto criminal no deja de ser penable como delito por ser también penable como desacato.”

En otras palabras, salvo el caso en que mediante un mismo acto u omisión una persona cometa desacato y al mismo tiempo otro delito, como sería, para ejemplo, que la persona cometiera una agresión en una sala de justicia debidamente constituida, el Art. 63 constituye un impedimento para que se celebre juicio a una persona por un delito que surja del mismo acto u omisión que diera lugar a otra infracción penal por la que hubiese sido juzgado y absuelto o convicto y sentenciado.

En González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136 (1971), nos enfrentamos a una situación de hechos similar a la del caso ahora ante nos. Una persona se hizo pasar por otra y a base de esa simulación prestó fianza en favor de un dete-nido. En el documento de fianza hizo constar falsamente, bajo juramento, ser la persona a quien pretendió suplantar como fiador y ser dueño de determinada propiedad inmueble. Fue acusado ante el Tribunal de Distrito por cinco delitos de falsa representación, se declaró culpable y fue sentenciado a pagar $1,000 de multa ($200 en cada caso). También se le formularon cinco acusaciones por perjurio ante el Tribunal Superior, a base de esos mismos hechos. Al revocar las sen-tencias impuéstales en los cinco casos por perjurio, aplicamos el Art. 44 del entonces vigente Código Penal, equivalente al 63 del actual Código. Con la salvedad, de que en González el acusado había sido convicto y sentenciado por los casos ante el Tribunal de Distrito, mientras que en el caso ante nos la apelante fue absuelta en el Tribunal de Distrito, no hay dife-rencia entre la situación en González y la situación que ahora consideramos que justifique un trato distinto. Nótese que el Art. 63 (antes 44) impide un segundo proceso judicial por delito distinto si en el primer proceso, basado en el mismo acto u omisión, el acusado fue absuelto o si fue convicto y senten-ciado.

En el caso ante nuestra consideración, la apelante fue absuelta, luego de celebrádole juicio, del delito de daños, a base de una denuncia que tuvo base a su vez en el mismo acto que dio origen a la acusación por tentativa de homicidio, a saber, que lanzó un automóvil en dirección a la testigo Eva Majewska mientras ésta se encontraba parada tras una verja, chocó contra la verja y la destruyó parcialmente.

La intención que tuviera la acusada al embestir con su automóvil en dirección a la verja y a la señora Majewska es irrelevante. Si quiso matar a la señora Majewska y al tratar de hacerlo destruyó una propiedad, podía ser acusada de ten-tativa de homicidio, o de daños, o de ambos delitos, pero no podía ser juzgada por uno, esperar que fuera absuelta o convicta, y celebrarle un segundo juicio por el otro delito. Eso es precisamente lo que impide la letra clara del Art. 63.

Al dar la razón histórica que explica la adopción de la doctrina de impedimiento colateral por sentencia dijimos en González, supra, pág. 141:

“La situación que trata de proteger el Art. 44 no presentaba problema fundamental alguno cuando se redactó la enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que proscribe la doble exposición por el mismo delito. En aquel tiempo existían rela-tivamente pocos delitos, claros y definidos. Las acusaciones eran sencillas y precisas. Según pasaban los años y la sociedad rural se convertía en una sociedad urbana e industrializada se multi-plicaron los delitos y los estatutos penales se hicieron más abar-cadores y técnicos, pudiendo un solo acto violar varias disposi-ciones penales. [Citas omitidas]. Esto podría resultar injusto y opresivo para el ciudadano. Los tribunales fueron desarrollando varias doctrinas para proteger al acusado del rigor excesivo de la ley. [Citas omitidas.] Una de las doctrinas adoptadas es la del impedimento colateral por sentencia (collateral estoppel by judgment).”

Hay, además, otra razón de índole constitucional que no se nos planteó en González, y que ahora tenemos que resolver. Se trata de la alegación de la apelante sobre doble exposición, o double jeopardy, que es su denominación en inglés.

La Constitución del Estado Libre Asociado dispone en su Art. II, Sec. 11:

“Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.”

Esta disposición proviene de la cláusula de doble exposi-ción de la Constitución federal que en su Enmienda V dispone que nadie podrá “ser sometido por el mismo delito dos veces a un juicio que pueda ocasionarle la pérdida de la vida o la integridad corporal.”

En Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436 (1970), resolvió el Tribunal Supremo federal, con la sola disidencia del Juez Presidente Burger, que la doctrina de impedimento colateral por sentencia está incluida en y es parte de la prohibición contra doble exposición de la Enmienda V, aplicable a los Estados por medio de la Enmienda XIV según resuelto en Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969).

En Ashe seis personas que jugaban al poker en el sótano de la residencia de una de ellas fueron asaltadas y robadas por varios enmascarados. Cuatro individuos, entre ellos el peticionario Ashe, fueron acusados ante un tribunal del Es-tado de Missouri, cada uno bajo seis acusaciones separadas por robo, una por cada víctima. Juzgado en uno de los casos, un jurado absolvió a Ashe al tener dudas sobre su identifica-ción. Juzgado nuevamente por el robo a otra de las víctimas, fue convicto por un jurado y su convicción sostenida por el Tribunal Supremo del Estado. Ashe recurrió mediante habeas corpus a la correspondiente Corte de Distrito federal y alegó que fue expuesto dos veces por el mismo delito en violación de la Enmienda V. La Corte de Distrito se negó a expedir el auto y fue confirmada por la Corte de Apelaciones para el Octavo Circuito.

El Tribunal Supremo expidió certiorari y revocó. Resol-vió, como hemos señalado, que la doctrina de collateral estop-pel es parte de la prohibición contra la doble exposición, apli-cable en dicho caso a favor del peticionario Ashe. Hizo la salvedad el Tribunal — pág. 446 — que no se trata de si el Estado podía válidamente acusar al peticionario de seis deli-tos separados de robo en cuanto a cada una de las víctimas, o si el acusado podía ser castigado por cada uno, “si hubiese sido convicto en un mismo juicio de robar a las seis víctimas.” Lo que está prohibido es que se le celebren juicios separados para cada uno de los casos. Dijo el Tribunal, pág. 447:

“En este caso el Estado ha aceptado francamente que luego de la absolución del peticionario, trató el primer juicio no más que como un ensayo en preparación para el segundo caso: ‘Sin duda el fiscal pensó que el Estado tenía un caso que podía ser probado en el primer cargo y, cuando perdió, hizo lo que cualquier buen abogado haría — refinó su presentación a la luz de lo acontecido en el primer juicio/ — Sin embargo, esto es precisa-mente lo que la garantía constitucional prohíbe.” (Traducción nuestra.)

Si bien es cierto que la cláusula sobre doble exposición se refiere a un mismo delito, es decir, prohíbe que una persona sea expuesta a ser castigada dos veces por él mismo delito, tal concepto — el mismo delito — no significa una misma infrac-ción penal. Sobre este particular se han elaborado dos teorías, una que define ese concepto en términos de “la misma prueba” y otra que lo define en términos de “el mismo acto u omi-sión”. Véase, Ashe v. Swenson, supra, opinión concurrente de los Jueces Brennan, Douglas y Marshall, pág. 451 y si-guientes. La norma de “la misma prueba” fue adoptada hace casi 200 años en Inglaterra en The King v. Vandercomb, 2 Leach 708, 720; 168 Eng. Rep. 455, 461 (Crown 1796). Allí se dijo que “a menos que la primera acusación sea tal que el acusado pueda ser convicto por prueba de los hechos alegados en la segunda acusación, una absolución de la primera acu-sación no impedirá la segunda.”

La norma de “el mismo acto u omisión,” — same transaction — requiere que, “excepto en circunstancias muy limita-das, deben ventilarse en un solo juicio todos los cargos contra un acusado, que nazcan de un mismo acto, suceso, epi-sodio o evento criminal.” Ashe, supra, pág. 453. Continúa diciendo el Juez Brennan, pág. 454:

“Esta norma de ‘el mismo acto u omisión’ aplicable al ‘mismo delito’ no solamente hace cumplir la antigua prohibición contra enfadosos procesos múltiples contenida en la cláusula sobre doble exposición, sino que responde de igual manera al creciente y difundido reconocimiento de que la consolidación en un solo pro-ceso judicial de todas las cuestiones que surgen de un mismo acto o suceso promueve más eficazmente la justicia, la economía y la conveniencia. Las modernas reglas de procedimiento criminales y civiles reflejan este reconocimiento.”

El Tribunal Supremo federal no ha decidido aún cuál de las normas mencionadas serviría mejor a la garantía sobre doble exposición de la Enmienda V. Véase Layton, Criminal Law: The same offense in Oklahoma — Now you see it, now you don't, 28 Oída. L. Rev. 131, 136 (1975). La tendencia es hacia la adopción de la norma de “el mismo acto u omisión” (same transaction test). Así, el American Law Institute, que había adoptado la norma de “la misma prueba” en 1935, la suplantó en 1962, cuando adoptó la de “el mismo acto u omi-sión”. Véase el Código Penal Modelo del A.L.I., Sec. 1.07 (1962). De igual manera, los Standards for Criminal Justice Relating to Joinder and Severance de la American Bar Association adoptan la norma de “el mismo acto u omisión”. ABA Standards, Joinder and Severance, Sec. 1.3 (1968). In-glaterra abolió la norma de “la misma prueba” en 1964, en favor de “el mismo acto u omisión”. Connelly v. D.P.P., AC 1254 (1964); Ashe v. Swenson, 397 U.S. 436, 454 (opinión Brennan), escolio 10. La mayoría de los escritores también favorecen “el mismo acto u omisión” como la mejor garan-tía.

Tanto las Reglas de Procedimiento Criminal federales como las nuestras favorecen la acumulación de partes y car-gos en un mismo juicio. Véanse las Reglas 8(a), 8(b) y 13 federales, y las Reglas 37 (a) y 37 (b) y 89 nuestras. Véase, además, Fuentes Morales v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 705 (1974), en que reconocimos como la práctica más reco-mendable acumular en un mismo pliego acusatorio aquellos delitos que surjan de un mismo evento.

En lo sustantivo, la regla del impedimento colateral por sentencia establecida en el Art. 63 del Código Penal (1974), antes citada, es clara en su adopción de la norma de “el mismo acto u omisión”. Al referirse a que un acto u omisión pueda ser penado bajo diferentes disposiciones penales, con-cluye dicho artículo: “La absolución o convicción y sentencia bajo alguna de ellas impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión, bajo cualquiera de las demás.” (Én-fasis suplido.)

En resumen, y para concluir, salvo en limitadas circuns-tancias, todos los delitos que puedan imputarse a una persona y que se originen en el mismo acto u omisión deben litigarse en un mismo juicio contra dicha persona y no por separado. La cláusula de doble exposición de la Constitución no impide que contra una persona se formulen acusaciones por varios delitos que surjan de un mismo acto. Lo que dicha cláusula prohíbe es que se le juzgue más de una vez por hechos delicti-vos que tengan su origen en el curso de un solo acto criminal.

Por las precedentes consideraciones concurro en que se revoque la sentencia apelada y se absuelva a la acusada.

      El delito de daños era designado como “daños maliciosos” en el Código Penal de 1937. En el Código de 1974, aplicable en la fecha en que ocurrieron los hechos a que se refiere la denuncia de este caso, se define el delito imputado así: “Toda persona que destruyere, inutilizare, alte-rare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare un bien mueble o inmueble ajeno, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.” Art. 179, 33 L.P.R.A. sec. 4285.

      Así surge de la “Relación del Caso” preparada por el Hon. Edwin Meléndez Grillasea, juez que presidió la vista en el Tribunal Superior, que puede sintetizarse así: Para el 28 de marzo de 1975 la testigo se encon-traba en su casa. Vio a la acusada frente a la casa en un automóvil, del cual se bajó al tiempo que profería frases insultantes contra ella. Un hijo de la acusada la agarró y la subió al automóvil. En ese momento la testigo y una hija suya de 22 años de edad se encontraban detrás de la verja de la casa. La Relación del Caso recoge la narración de la testigo de lo que a continuación sucedió, de la manera siguiente: “La acusada mane-jaba un carro azul Chevelle, luego de entrar al mismo lo prendió, le dio marcha atrás (su carro estaba frente a otro carro), giró a la izquierda gritando ‘te voy a matar para que no abuses más de mí,’ tiró el carro contra la verja mientras gritaba que la quería matar. Embistió la verja de frente con el carro y tumbó parte de la misma. No hay acera. Que la acusada dio para atrás rápidamente después que embistió la verja, dio gasolina, gritando ‘la voy a matar.’ Conoce el Chevelle, es como viejo, lo ha visto con frecuencia. Ella la amenazaba cada vez que tenía que denun-ciarla. No la acusó de alterar la paz. Declaró que en el Tribunal de Dis-trito declaró lo mismo, que no hay diferencia. La testigo estuvo casada con el ex esposo de la acusada diez años.”

      Esta versión en español es la traducción oficial según aparece en el tomo I de L.P.R.A., pág. 183. El texto en inglés es el siguiente: “. . . nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb.”

      (4) La frase en inglés dice: “it treated the first trial as no more than a dry run for the second prosecution.”

       En inglés se denominan estas normas como the same evidence test y the same transaction test. Hemos adoptado como traducción más ajus-tada a la segunda norma, la de “el mismo acto u omisión” en vez de “la misma transacción” pues la palabra “transacción” no tiene en español el mismo significado que transaction. El término “transacción” está limitado en su definición a “trato, convenio, negocio” (Diccionario de la Real Academia Española, ed. 1970), mientras que transaction es más abarcador en inglés, pues además de coincidir en el significado del término “transacción” del español, tiene como sinónimos “proceeding, action; performance, discharge”. (Webster, New International Dictionary of the English Language, ed. 1954.) Además, debemos ser consistentes con el término del Art. 63 del Código Penal, que aquí aplicamos como parte de la cláusula sobre doble exposición, y que se refiere a “acto u omisión” y no a “transacción”.

      Se dan como ejemplos: el caso en que, celebrándose o ya celebrado juicio a una persona por determinado delito se descubre que surgieron otros delitos del mismo acto que dio origen al primer proceso; o cuando un mismo tribunal no podría tener jurisdicción sobre todos los delitos impu-tados; o los casos en que se demuestre que el acusado o El Pueblo sufri-rían perjuicio de acumularse varios delitos o acusados en un pliego acu-satorio o por la celebración del juicio conjuntamente, que es el caso de la Regla 90 de Procedimiento Criminal. Véanse los escolios 7 y 11, págs. 453 y 455, respectivamente en Ashe v. Swenson, ya citado.

      En el Estado de Texas se ha adoptado jurisprudencialmente una norma más exigente aún que la de “el mismo acto u omisión”. Allí rige una llamada carving doctrine, que podríamos traducir libremente como la doc-trina o norma de “trinchar”. Consiste la norma, adelantada por primera vez hace un siglo en Quitzow v. State, 1 Texas Ct. App. 47 (1876), en que por un solo acto no puede acusarse a una persona por más de un delito, es decir, que si un solo acto puede dar margen a varias infracciones de índole penal, el ministerio fiscal tiene derecho a acusar por el más grave de los delitos que dicho acto pueda justificar y por más ninguno. (The prosecutor has a right to carve as large an offense out of this transaction as he could, yet must cut only once). Esta doctrina ha sido reafirmada re-cientemente en Duckett v. State, 454 S.W.2d 755 (Texas Ct. App. 1970) y en Price v. State, 475 S.W.2d 742 (Texas Ct. App. 1972), a la luz de Benton v. Maryland y de Ashe v. Swenson, ya citados. Véase Baker, One Transaction — One Conviction: The Texas Doctrine of Carving, XXV Baylor L. Rev. 623 (1973).

       Carroway, Pervasive Multiple Offense Problems — A Policy Anar-lysis, 1971 Utah L. Rev. 105, 117 (1971); Fisher, Double Jeopardy, Two Sovereignties and the Intruding Constitution, 28 U. Chi. L. Rev. 591, 608-10 (1961); Kirchheimer, The Act, The Offense, and Double Jeopardy, 58 Yale L.J. 513, 534 (1949); Nota, Criminal Law — Double Jeopardy— Should “Offense” Be Defined in Terms of Substantive Law?, 38 Mo. L. Rev. 528, 530 (1973) ; Nota, The Protection Against Multiple Trials, 11 Stan. L. Rev. 735 (1958-39); Layton, Criminal Law: The Same offense in Oklahoma — Now you see it, now you don’t, 28 Okla. L. Rev. 131, 136 (1975).