author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Díaz Cruz,

text:
    Rubén Maldonado Ortiz, demandante y peticionario, v. Hon. Fred V. Soltero Harrington, por sí y como Secretario del Departamento de Recursos Naturales, demandado y recurrido.

      Número: O-82-407

      Resuelto: 29 de octubre de 1982

      José Raúl Cando, abogado del peticionario; Miguel Pagan, Pro-curador General Interino, y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido Secretario del Departamento de Recursos Naturales; y José Alberto Moure, abogado del Estado Libre Asociado.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante Rubén Maldonado Ortiz, empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por veintiocho (28) años, radicó por conducto del Ledo. Hermes Francisco Acevedo Lebrón, ante el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, una demanda que intituló acción civil, en la cual alegó, entre otras cosas, que había sido despedido de su cargo por el Honorable Secretario del Departamento de Recursos Naturales de manera arbitra-ria, por motivaciones de índole política y sin formulación de cargos, razones por las cuales solicitaba del tribunal que, previo los trámites legales correspondientes, ordenara su reinstalación como empleado, el pago de los salarios dejados de devengar, y daños y perjuicios. La parte demandada con-testó la referida demanda, negando las alegaciones funda-mentales de la misma, quedando así trabada la controver-sia.

El 8 de abril de 1981, la parte demandada sometió a la parte demandante, por conducto de su abogado, un interro-gatorio preliminar. Con fecha de 30 de septiembre de 1981, la parte demandada solicitó del tribunal la imposición de sanciones por razón de no haber contestado la parte deman-dante el referido interrogatorio preliminar. Nada alegó el licenciado Acevedo Lebrón en defensa de su representado. El tribunal, con fecha de 6 de octubre de 1981 impuso a la parte demandante una sanción de $150 por no haber contes-tado el interrogatorio y apercibió a dicha parte de la posibi-lidad de sanciones mayores de no contestar el interrogatorio en el término de diez (10) días. El licenciado Acevedo Lebrón no tomó acción de clase alguna con respecto a dicha orden. Con fecha de 9 de noviembre de 1981, la parte demandada informa al tribunal que el demandante ni ha contestado el interrogatorio ni ha satisfecho la sanción impuesta. Ese mismo día, 9 de noviembre de 1981, el tribunal de instancia dictó sentencia en la que desestimó la demanda y ordenó su archivo, a tenor con las disposiciones de las Reglas 34.2 y 34.4 de Procedimiento Civil. Copia de la referida sentencia fue archivada en autos el 12 de noviem-bre de 1981. El licenciado Acevedo Lebrón no tomó acción de clase alguna respecto a la sentencia dictada.

Con fecha de 6 de abril de 1982, el demandante Rubén Maldonado Ortiz radicó, por propio derecho, una “Solicitud de Relevo de Sentencia al Amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil” en la cual alegó, en síntesis, que se había enterado de los hechos anteriormente relatados, por primera vez, en ocasión de visitar la oficina del licenciado Acevedo Lebrón; que en dicho día el referido abogado le entregó el expediente del caso; y, en adición, le hizo entrega de un escrito, de puño y letra del abogado, en el cual reco-noce que no fue diligente en el caso y donde hace constar que el señor Maldonado “nunca se enteró de la situación hasta el día 29 de marzo de 1982 cuando le entregué el expediente”. El tribunal de instancia, con fecha de 23 de abril de 1982, dicta una orden mediante la cual, sin cele-bración de vista, declara “No ha lugar” a la referida soli-citud.

Habiendo comparecido en autos el Honorable Procura-dor General de Puerto Rico, en representación de la parte demandada, mediante una “Oposición a Solicitud de Certio-rari”, estamos en condiciones de resolver el recurso en sus méritos.

Nos enfrentamos, nuevamente, a la delicada y difícil situación de tener que establecer un balance entre, por un lado, “. . . la labor constitucional e indelegable de los tribu-nales de primera instancia de velar y garantizar que los procedimientos y asuntos se ventilen sin demora . . .”, y, por otro lado, el derecho de todo litigante a tener su “día en corte” y a que sus alegaciones y reclamaciones sean adju-dicadas en los méritos.

Es cierto que en Diaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88 (1966), dijimos que “Por regla general, y en ausencia de circunstancias que justifiquen lo contrario, todo litigante que escoge libremente a un abogado para que lo represente en un litigio no puede evitar las consecuencias de los actos y omisiones de tal agente y debe considerarse que ha tenido aviso de todos los hechos y actos que le han sido notificados a su abogado”, norma general que en el día de hoy ratificamos.

Nos parece, sin embargo, que en el caso de autos están presentes circunstancias que justifican la no aplicación de la referida norma; nos impacta sobremanera el hecho de la “admisión” por parte del abogado a los efectos de que reco-noce que no fue diligente en la tramitación del caso y de que el demandante nunca tuvo conocimiento de los aconteci-mientos que dieron lugar a la desestimación de la demanda.

No hay duda de que los tribunales tienen el poder discrecional, bajo las Reglas de Procedimiento Civil, de desestimar una demanda o eliminar las alegaciones de una parte; ese proceder, sin embargo, se debe ejercer juiciosa y apropiadamente.

Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de sanciones, éste debe, en primer término, imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la imposición de la severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las alegaciones, tan solo después que la parte haya sido debidamente informada y/o apercibida de la situación y de las consecuencias que puede tener el que la misma no sea corregida. La experiencia señala que en la gran mayoría de los casos que presentan esta clase de dificultades —el presente caso es un ejemplo de ello— las partes no están enteradas de la actuación negligente de sus abogados y, al advenir en conocimiento de ello, la situación es corregida de inmediato. Una parte que haya sido informada y apercibida de esta clase de situación y no tome acción correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún foro, de que se le despojó injustificadamente de su causa de acción y/o defensas.

Confirmar la denegatoria del tribunal de instancia en el presente caso equivaldría a privar a un ciudadano de reclamar sus derechos y de. que los mismos sean adjudica-dos en un juicio plenario, cuando ese ciudadano no ha incu-rrido en “culpa” alguna y su única negligencia consistió en haberse equivocado al escoger su representante legal.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dictará sentencia en que se revoque la dictada por el Honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el día 9 de noviembre de 1981 en el caso Civil Núm. PE 80-1625, mediante la cual se desestimó la demanda radicada en el citado caso, y se ordena la reinstalación del mismo.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado por los fundamentos expuestos en Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974), y Garriga Gordils v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 822-823 (1980). El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente al cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

. -O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz,

al que se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

Disiento respetuosamente de aquella parte de la decisión que de hecho crea una nueva regla de notificación, al exigir que aun cuando la parte esté representada por abogado, deberán notificarse los procedimientos al cliente. Este criterio enerva la representación legal, disminuye la facul-tad del abogado, derrota su autoridad para tomar deci-siones y complica el proceso en que a cada paso tendría el Tribunal —antes de resolver aun sobre trivialidades— que cerciorarse de que todas las partes han sido directa y perso-nalmente informadas de antemano sobre el incidente a resolver por el Tribunal. ¿Cuánto litigante perdidoso tratará de derrotar la justicia con nuevo abogado y la ale-gación de que nunca se enteró de lo que pasaba? Se propone una nueva regla para corregir una anormalidad que nace de conducta negligente (no tener el cliente informado) que es excepción en la práctica de la abogacía y que tiene ade-cuada sanción civil y ética, sin excluir el remedio judicial para la parte afectada.

       El original de dicho escrito fue acompañado como anejo del presente recurso de certiorari. Con fecha de 22 de julio de 1982, este Tribunal emitió una resolución mediante la cual concedió al Ledo. Hermes Francisco Acevedo Lebrón el término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado.

       Posteriormente, la parte demandante, a través de su nueva representación legal, radicó una moción de reconsideración, la cual corrió la misma suerte que la solicitud original. 4

         Heftler Const. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 844, 846 (1975).

        Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829 (1962).

      Es cierto que un cliente que es privado de su derecho a que su caso sea adjudicado en los méritos debido a la negligencia de su abogado no queda total-mente desprovisto, por cuanto, posiblemente, tendría el derecho de demandar al abogado por “mala práctica profesional”. Sin embargo, los tribunales tienen la obligación de establecer y/o fomentar normas que protejan a la ciudadanía en general en sustitución de “procedimientos” que propician los litigios.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    José Román Cruz, querellante y recurrido, v. José Leopoldo Díaz Rifas y Otros, querellados y recurrentes.

      Número: R-82-325

      Resuelto: 3 de noviembre de 1982

      Daniel R. Domínguez y José Antonio Fusté, abogados de los recurrentes; Luis A. Torres Rodríguez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El día 5 de septiembre de 1981 el Sr. José Román Cruz, al amparo del procedimiento sumario especial que establece la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sees. 3118-3133), presentó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado, una demanda y/o querella contra el Sr. Leopoldo Díaz Rifas, su señora esposa y la sociedad legal de gananciales compuesta por éstos, en la cual alegó, en síntesis, que prestó servicios ininterrumpidos en calidad de capataz, en una empresa dedicada a la actividad agrope-cuaria perteneciente a la referida parte querellada desde el año 1963 hasta el día 30 de enero de 1981, primero con el dueño anterior, padre del querellado Díaz Rifas y luego con este último, quien retuvo sus servicios, aproximadamente desde el año 1971 hasta la indicada fecha. La demanda pre-senta cuatro causas de acción, a saber: por despido injustifi-cado, por dejar de pagarle sus vacaciones y su Seguro Social federal y compensación por horas extras trabajadas y no pagadas. Reclamó, por último la suma de $10,000 por con-cepto de honorarios de abogado.

La parte querellada fue emplazada el día 6 de noviembre de 1981 apercibiéndosele, de acuerdo con lo dispuesto por la referida ley especial, que debía presentar la correspon-diente contestación a la querella en el término de quince (15) días. Dicha parte, por conducto del Ledo. José Antonio Fusté, presentó el día 16 de noviembre de 1981 un escrito intitulado moción de prórroga, en el cual solicitó del tribunal el que se le concediese a la parte querellada, por los motivos allí expresados, una prórroga de treinta (30) días para contestar la demanda-querella y en la cual informó que existía la posibilidad de que la firma de abogados La-ffitte & Domínguez se uniera al caso como abogados de la parte querellada. Dicha moción de prórroga no cumplía con lo requerido por la See. 3 de la referida ley especial, 32 L.P.R.A. see. 3120, por cuanto la misma no fue juramen-tada.

La parte querellante presentó, el día 15 de diciembre de 1981, una moción en donde solicitó del tribunal de instancia el que dictara sentencia en rebeldía en vista de que el término para contestar la querella había vencido, ya que la moción de prórroga de la parte querellada era inoperante, por cuanto no había sido juramentada. Con fecha de 17 de diciembre de 1981, quedó radicada en el tribunal de instan-cia una moción para asumir la representación legal, de parte de la firma de abogados Laffitte & Domínguez y la contestación a la querella. Estos escritos fueron enviados por correo desde la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en la tarde del 14 de diciembre de 1981, en vista de que el men-sajero que iba a radicar personalmente dichos documentos en el tribunal de instancia no le fue posible llegar al pueblo de Utuado debido a las inundaciones ocurridas en Puerto Rico.

Habiendo recibido copia de la moción presentada por la parte querellante el día 15 de diciembre de 1981, en la que se solicitaba sentencia en rebeldía, la representación legal de la parte querellada presentó el día 23 de diciembre de 1981 una moción en oposición a la de anotación de rebeldía.

La Sala de Utuado del Tribunal Superior de Puerto Rico no tomó providencia alguna respecto a ninguna de las siguientes: moción de prórroga no jurada, moción para asumir la representación legal, moción para que se dictara sentencia en rebeldía, contestación a la querella, moción en oposición a que se dictara sentencia en rebeldía.

La Secretaría del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado, archiva en autos con fecha del 30 de junio de 1982, copia de una sentencia en rebeldía dictada por dicho tribunal —Rubén Hernández Rosario, J.— la cual lleva fecha del 10 de diciembre de 1981 y mediante la cual se con-dena a la parte querellada al pago de las sumas reclamadas de $44,892 de principal y de $10,000 por concepto de hono-rarios de abogado.

En dicha sentencia, inexplicablemente, se hace referen-cia a la moción en solicitud de que se dicte sentencia en rebeldía, que presentó la parte querellante el día 15 de diciembre de 1981.

De dicha sentencia recurrió ante nos la parte querellada; imputó al tribunal de instancia la supuesta comisión de cinco errores, a saber:

A. Primer Señalamiento:
Vistas las circunstancias procesales del presente caso, el Tribunal Sentenciador erró al no disponer del asunto de la prórroga solicitada según lo ha dispuesto este Tribunal Supremo de Puerto Rico en los casos de Murphy Lugo v. Atl. Sou. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964) y Secretario del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864 (1965).
B. Segundo Señalamiento:
Erró el Tribunal Sentenciador al adoptar un proyecto de sentencia en rebeldía preparado por el abogado de la parte querellante-recurrida, tomando en consideración el hecho de que dicho proyecto de sentencia en rebeldía fue firmado con fecha anterior a la radicación de documentos a los cuales hace referencia.
C. Tercer Señalamiento:
Erró el Tribunal Sentenciador al no darle cumplimiento a la Regla 46 de las de Procedimiento Civil de 1979, sobre Notificación y Registro de Sentencias. El Tribunal Sen-tenciador tenía la obligación de considerar todos los documentos en autos, incluyendo la contestación a la querella, radicados con anterioridad a la fecha de despa-cho, notificación y archivo en autos de copia de la notifi-cación de la Sentencia.
D. Cuarto Señalamiento:
Erró el Tribunal Sentenciador al permitir la acumulación de incidentes pendientes de resolución desde el 16 de noviembre de 1981, cuando se solicitó una prórroga para radicar la contestación a la demanda, hasta el 30 de junio de 1982, fecha en que se archivó en autos copia de la noti-ficación de una sentencia dictada el día 10 de diciembre de 1981.
E. Quinto Señalamiento:
Erró el Tribunal Sentenciador al adoptar, sin justifi-cación para ello en autos, un proyecto de sentencia en rebeldía que condenaba a la parte querellada, aquí recu-rrente, al pago de $10,000.00 de honorarios de abogado, según solicitado en la demanda radicada.

Con fecha del 29 de julio de 1982, emitimos una orden dirigida a la parte querellante-recurrida, en la que se le concedía el término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual, en vista de lo alegado por la parte quere-llada-recurrente, no se debía revocar la sentencia en rebeldía dictada por el tribunal de instancia. Dicha parte, después de la concesión de una prórroga por ella solicitada, ha comparecido. Estando en condiciones de resolver, pro-cedemos a así hacerlo.

No hay duda de que nuestra Asamblea Legislativa, preocupada con la lentitud de los trámites judiciales ordinarios, tuvo el propósito de agilizar los procedimientos de reclamaciones de salarios al aprobar la citada Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. Ahora bien, las leyes no se interpretan ni se aplican en el vacío. No todos los casos son iguales; un determinado caso puede requerir un tratamiento distinto al que se le haya dado a otro, por más que éstos parezcan ser iguales. Ante un cuadro de hechos que así lo exigía, hemos sido enérgicos en la interpretación y aplicación de la citada ley especial; ejemplo de ello lo es el caso de Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 (1975). En otras ocasiones, cuando los hechos así lo han requerido, hemos sido más flexibles; constituyen ejemplo de ello los casos de Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964), y Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864 (1965).

Un examen de los hechos del presente caso demuestra que la parte querellada fue emplazada el 6 de noviembre de 1981, y se le apercibió de su obligación de contestar la que-rella dentro del término de quince (15) días, por lo que estaba en la obligación de contestarla en o antes del 23 de noviembre de 1981. La querellada presentó su moción de prórroga no jurada el día 16 de noviembre de 1981; si el tribunal de instancia hubiera tomado acción sobre ella —denegatoria— quizás la parte querellada, apercibida de su error, hubiera podido corregir el mismo y someter su contestación en o antes del citado día 23 de noviembre de 1981.

Debemos recordar que la querella presentada se refería a una reclamación por un largo período —diez y ocho (18) años— lo cual hace imperativo, en la gran mayoría de los casos, el que la parte querellada haga una investigación de los hechos alegados para poder contestar responsablemente la querella en su contra; fundamento que adujo la parte querellada en el presente caso, en la moción de prórroga no jurada que presentó.

Otro hecho que merece seria consideración es que, de las mismas alegaciones de la querella presentada en este caso, surgía la posibilidad de varias defensas válidas en derecho, que podía ejercer la parte querellada. Ejemplo de ello es que, de la propia faz de la querella, surge la posibi-lidad de que varias de las reclamaciones estuvieren prescri-tas y que el querellante, por razón del trabajo que desem-peñaba, pudiera no tener derecho a reclamar parte de lo que allí reclamaba. Estas defensas afirmativas fueron las que la parte querellada levantó en la contestación a la que-rella, sometida el día 17 de diciembre de 1981.

La posibilidad del ejercicio de defensas válidas por parte de un demandado es un hecho que los tribunales de instancia deben de tomar en consideración antes de llegar a determinaciones que, por su naturaleza, conllevan consecuencias funestas para esa parte. Como bien dijimos en J.R.T. v. Missy Mfg. Corp., 99 D.P.R. 805, 811 (1971), en relación con la Regla 45 de las de Procedimiento Civil:

El objeto de estas disposiciones procesales no es conferir una ventaja a los demandantes o querellantes para obtener una sentencia sin una vista en los méritos. Son normas proce-sales en beneficio de una buena administración de la función adjudicativa, dirigidas a estimular la tramitación de los casos. ...
Cuando, como en este caso, se aduce una buena defensa y la reapertura no ocasiona perjuicio alguno, constituye un claro abuso de discreción el denegarla. Como regla general una buena defensa debe siempre inclinar la balanza a favor de una vista en los méritos, a menos que las circunstancias del caso sean de tal naturaleza que revelen un ánimo contumaz o temerario por parte del querellado.

En adición a lo anteriormente expresado, la actuación del tribunal de instancia al archivar en autos copia de la sentencia el día 30 de junio de 1982, despojó de toda su efi-cacia y desvirtuó la razón de ser de la referida Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. El propósito de dicha ley, como dijéramos antes, fue el de agilizar y acelerar los procedi-mientos en los casos de reclamación de salarios por parte de nuestra clase obrera. Poco bien le hizo el tribunal de instan-cia al trabajador reclamante en el presente caso al man-tener en su oficina, hasta finales del mes de junio de 1982, una sentencia que aparece firmada el día 10 de diciembre de 1981.

En el presente caso, la parte querellada, una vez consciente del error que había cometido al no presentar la moción de prórroga juramentada fue diligente: sometió la contestación a la querella, se opuso a la solicitud de sentencia en rebeldía e inquirió, en innumerables ocasiones, sobre la determinación, si alguna, del tribunal de instancia respecto a las mismas. Inexplicablemente, el tribunal de instancia no tomó acción alguna por el término de más de seis (6) meses. No hay duda de que los tribunales tienen el poder incuestionable de exigir a las partes que sean diligentes en relación con los asuntos que traen a su conside- ración; los tribunales, a su vez, tienen el deber de recipro-carles en este aspecto.

Por último, en vista de uno de los señalamientos de error que hace la parte recurrente, consideramos nuestra obligación el señalar que la costumbre existente en los tribunales de instancia de solicitar que las partes sometan proyectos de sentencia no es, de por sí, una mala práctica; la misma es el resultado del mucho trabajo, la presión del tiempo y la poca ayuda que tienen nuestros jueces de instancia. Dichos proyectos de sentencia, utilizados correctamente, alivian la pesada carga que llevan nuestros jueces, ya que les sirven como punto de partida o como papeles de trabajo (working papers) en la confección de la sentencia que finalmente emiten. Véase: Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971).

Lo censurable lo constituye la práctica de “firmar a ciegas” dichos proyectos de sentencia; debemos recordar que, infortunadamente, la parte que lo prepara, por lo general, intenta “salir por la puerta ancha” en todos los aspectos del caso y que jamás un proyecto de sentencia recoge el verdadero sentir ni la opinión del juez que la emite ni cuál es el verdadero propósito detrás de la celebración de un juicio plenario ante determinado magistrado. La sentencia que firma un juez debe ser el producto honesto de su trabajo, no el de otro.

La sentencia emitida en el presente caso es un ejemplo de lo que significa “firmar a ciegas” un proyecto de senten-cia. Ello, posiblemente, sea la única explicación para que dicha sentencia aparezca firmada el 10 de diciembre de 1981, cuando en la misma se hace referencia a un escrito que fue presentado en la secretaría del tribunal de instancia el día 15 del mismo mes, y para la imposición a la parte querellada de la suma de $10,000 por concepto de honora-rios de abogado en un caso en que se dicta sentencia en rebeldía.

Entendemos, por las razones antes expresadas, que la sentencia dictada por el tribunal de instancia no puede ni debe subsistir. En consecuencia, se expide el auto y se dic-tará sentencia que revoque la del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Utuado, con fecha del 10 de diciembre de 1981; se admite la contestación a la querella que presentó la parte querellada-recurrente, y se devuelve el caso al tribunal de instancia para los procedimientos ulteriores corres-pondientes.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asocia-do Señor Negrón García concurren en el resultado sin opi-nión. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

      “... en base al hecho de que se está llevando a cabo una investigación de la reclamación hecha por el Sr. José Ramón [sic] Cruz, con ánimo de determinar si procede la reclamación en todo c en parte. El propósito es tratar de eliminar con-troversias o reducir las mismas al mínimo.”

       Se alega en dicha contestación que la cesantía decretada fue por razones económicas; que se le satisfizo el pago de todas las vacaciones del querellante; que se pagó el Seguro Social federal; y que habiendo trabajado el querellante como capataz, no tenía derecho al pago de horas extras. En adición se levantó, entre otras, la defensa de prescripción.

      La parte querellada ha presentado recortes de periódicos de circulación general en Puerto Rico que demuestran lo así alegado.

       Ambas partes informan o aceptan —los querellados-recurrentes en su escrito de revisión y el querellante-recurrido en su comparecencia para mostrar causa— que durante el período comprendido entre finales de diciembre de 1981 a junio de 1982 hicieron innumerables gestiones por teléfono con el propósito de indagar sobre la determinación, si alguna, por el tribunal de instancia respecto a los escritos presentados por ellos y la información que se les brindó fue a los efec-tos de que el expediente del caso —y, por lo tanto, sus escritos— se encontraba en la oficina del Hon. Juez Hernández Rosario.

       El 21 y 22 de noviembre de 1981 eran sábado y domingo, respectivamente.

       Desde hace escasamente algunos años los jueces del tribunal de primera instancia cuentan con un panel (pool) de oficiales jurídicos.

       La parte recurrida, en su escrito para mostrar causa, acepta “. . . haber redactado el proyecto de sentencia en rebeldía”.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Ramiro Agosto Carrillo.

      Número: MC-82-20

      Resuelto: 5 de noviembre de 1982

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Rosa Negrón, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ramiro Agosto Carrillo, por derecho propio.
   PER CURIAM:

El abogado Ramiro Agosto Carrillo cesó en el ejercicio del notariado el 24 de agosto de 1977, al no prestar la fianza para garantizar sus funciones notariales. Tres años más tarde otorgó dos instrumentos públicos sin capacidad para ello.

El Procurador General nos sometió un informe del cual se desprende que el 16 de octubre de 1980 se autorizó ante dicho abogado la escritura de compraventa Núm. 2 por don Ernesto Mesaros, en representación de los esposos Iván y Rosa Mesaros, según escritura Núm. 1 del año 1980 ante el mismo notario. El Registrador de la Propiedad rechazó la inscripción de este documento, porque el mismo adolecía de faltas.

Posteriormente, el abogado Agosto Carrillo presentó en el Registro de la Propiedad otra escritura de compraventa Núm. 2, en que comparece como parte vendedora don Iván Mesaros, casado con Rosa I. Mesaros, quienes a la fecha del otorgamiento residían en el estado de Carolina del Sur y no eran vecinos de San Juan. Dicha escritura también fue rechazada por el registrador porque, entre otras faltas, la esposa del vendedor aparecía como signataria, sin haber comparecido a firmar dicho instrumento.

El pasado 17 de junio concedimos un término al abogado Agosto Carrillo para que compareciera a mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado. El abogado Agosto Carrillo ha comparecido, acepta los anteriores hechos y aduce como explicación que los mismos ocurrieron en un momento en que estaba desorientado, bajo tratamiento siquiátrico y pasando por un momento de sumo dolor.

Son penosas, sin duda, las circunstancias personales que alega afectaron el desenvolvimiento normal del abogado Agosto Carrillo en su vida privada y en el ejercicio de la profesión. La falta cometida, sin embargo, es de naturaleza grave porque, habiendo sido suspendido del ejercicio de la notaría, autorizó dos instrumentos públicos en abierta vio-lación a la Ley Notarial.

Se dictará sentencia en la que se suspenda al abogado Agosto Carrillo del ejercicio de la profesión por un término de dos años, al final de los cuales podrá solicitar al Tribunal su readmisión si se ha operado un cambio en sus circunstan-cias personales.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz reduciría el castigo a un (1) año de suspensión.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José Hernández Flores, acusado apelante.

      Número: CR-81-85

      Resuelto: 5 de noviembre de 1982

      Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Va-rona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Alfredo Cardel Matos, abogado del apelante.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso presenta la cuestión de si un acusado, a quien se le niega antes del juicio una moción de supresión de prue-ba por registro ilegal, puede reanudar su reclamo en el acto del juicio.

Tras de obtener la correspondiente orden de allana-miento, el agente Irizarry Vélez detuvo y registró el vehículo que conducía el apelante y ocupó picadura de marihuana, un estuche de papel “bambú” y unas pinzas niqueladas. Unas semanas antes de la celebración del juicio, el acusado solicitó la supresión de la prueba ocupada. En apoyo de su moción adujo que la orden de registro era nula de su propia faz, que la declaración jurada en que se fundó era falsa y que no hubo causa probable para expedirla. En la vista señalada para resolver la moción, el acusado presentó prue-ba, parte de la cual consistió en el testimonio del agente Miguel González, firmante de la referida declaración jura-da. El tribunal declaró sin lugar la moción.

En la vista del caso en su fondo, el Ministerio Público utilizó como único testigo al señor Irizarry Vélez. Su otro testigo, el agente Miguel González, fue puesto a la dispo-sición de la defensa. La defensa lo llamó a declarar y comenzó a interrogarlo sobre las declaraciones hechas por él para que se expidiese la orden de allanamiento. El Minis-terio Público objetó debido a que el asunto había sido discu-tido y resuelto previamente. La defensa expresó que estaba sentando las bases para demostrar, mediante nueva prueba, que el registro fue ilegal. La defensa no explicó al tribunal de instancia, como tampoco a esta Corte, cuál era la nueva prueba en que fundaba su segunda moción de supresión.

El acusado fue declarado culpable. Su contención principal ante este foro es que erró el tribunal al no permitirle reproducir durante el juicio su moción de supresión de evi-dencia, alegadamente fundada en prueba adicional, por el hecho de haber rechazado su moción original al mismo efecto.

La Regla 234 de Procedimiento Criminal expresa:

La persona agraviada por un allanamiento o registro ilegal podrá solicitar del tribunal al cual se refiere la regla anterior la supresión de cualquier evidencia obtenida en virtud de tal allanamiento o registro, o la devolución de la propiedad, por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) Que la propiedad fue ilegalmente ocupada sin orden de allanamiento o registro.
(b) Que la orden de allanamiento o registro es insuficiente de su propia faz.
(c) Que la propiedad ocupada o la persona o sitio registrado no corresponde a la descripción hecha en la orden de allana-miento o registro.
(d) Que no había causa probable para creer en la existencia de los fundamentos en que se basó la orden de allanamiento o registro.
(e) Que la orden de allanamiento fue librada o cumplimen-tada ilegalmente.
(f) Que es insuficiente cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente.
El tribunal oirá prueba sobre cualquier cuestión de hecho necesaria para la resolución de la solicitud. De declararse con lugar la moción, la propiedad será devuelta, si no hubiere fundamento legal que lo impidiere, y no será admisible en evidencia en ningún juicio o vista. La moción se hará cinco días antes del juicio a menos que no hubiere oportunidad para ello o que al acusado no le constaren los fundamentos de la moción, o que la ilegalidad de la obtención de la evidencia surgiere de la prueba del fiscal.

Se advertirá que la Regla 234, aunque provee para situa-ciones en que pueda requerirse, por primera vez, en el acto del juicio la supresión de evidencia obtenida ilegalmente, nada dispone sobre la facultad de reiterar el planteamiento y exigir que se resuelva de novo después de su denegación con anterioridad a la vista de la causa. Las Reglas 12 y 41(f) de Procedimiento Criminal federal tampoco tratan el pro-blema.

En Pueblo v. Nieves, 67 D.P.R. 305, 307-308 (1947), afirmamos:

... en los casos en que evidencia ofrecida ha sido ilegal-mente obtenida, si mientras se presenta la prueba de cargo surge del examen directo o del de repreguntas que la eviden-cia fue ilegalmente obtenida —como hemos supuesto en el presente caso— y por lo tanto, no es necesario detener los procedimientos en el caso criminal para resolver una cuestión colateral, el acusado podrá objetarla, a pesar de que antes del juicio hubiera tenido conocimiento de que tal evidencia se intentaba presentar en su contra y aunque previamente al juicio hubiera solicitado tal supresión y la moción para suprimirla hubiere sido denegada.

En Pueblo v. Villariny, 71 D.P.R. 741, 745-746 (1950), expresamos:

El hecho de que el acusado hubiera radicado una moción sobre supresión de la prueba el mismo día de la vista y que, por este motivo, fuera desestimada dicha moción, no era un impedimento para solicitar su supresión durante el juicio si en el curso de éste se hubiera demostrado la ilegalidad de la ocupación. (Escolios omitidos.)

Resulta claro que en Puerto Rico la moción de supresión de prueba puede presentarse en el acto del juicio, aun cuando se haya presentado y denegado previamente, si de la prueba de cargo —el examen directo y la repregunta— surge la ilegalidad del registro. Hemos expuesto la norma de Nieves y Villariny en repetidas ocasiones. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 425-426 (1976); Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146, 149 (1964); Pueblo v. Barrios, 72 D.P.R. 171, 173-174 (1951).

Los hechos del caso ante nosotros presentan, sin embargo, una situación distinta. No se trata aquí de un pleito en que, conforme al ámbito en que opera la norma de Nieves y Dolce, la ilegalidad de la obtención de la evidencia surge de la prueba del fiscal. Se trata de precisar más bien otras cir-cunstancias en que puede o no reproducirse una moción de supresión de prueba.

Excepto en las jurisdicciones en que se exige tal reiteración en el juicio para preservar los derechos de los acusados bajo la Enmienda Cuarta, los tribunales no favorecen la reconsideración de mociones de supresión de prueba. W. R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1978, Vol. 3, Sec. 11.2(f), págs. 524-527; Jones v. United States, 362 U.S. 257, 264 (1960); revocado sobre otros particulares, United States v. Salvucci, 448 U.S. 83 (1980); State v. Pope, 224 N.W.2d 521, 525-526 (1974); United States v. Montos, 421 F.2d 215, 220 (5th Cir. 1970), cert. denegado, 397 U.S. 1022 (1970).

Tal precepto general no representa una regla inflexible. Hay derechos constitucionales en juego. En Gouled v. United States, 255 U.S. 298, 312-313 (1921), caso que influye en Nieves, se dijo:

.. . cuando en el curso de un juicio surge la probabilidad de que haya habido un incautamiento ilegal de documentos, el tribunal de instancia deberá permitir que se objete su admisión o se solicite su exclusión y deberá resolver el asunto aun cuando la moción para la devolución de lo incautado se haya denegado antes del juicio.

Gouled ha sido reafirmado en otros casos. Cogen v. United States, 278 U.S. 221, 224 (1929); Lawn v. United States, 355 U.S. 339, 353-354 (1958); DiBella v. United States, 369 U.S. 121, 129 (1962); Rouse v. United States, 359 F.2d 1014 (D.C. Cir. 1966). Véase: United States v. Raddatz, 447 U.S. 667 (1980).

En Rouse, supra, se expresó:

Una resolución sobre una moción de supresión de prueba no obliga al juez en toda circunstancia. Nuevos hechos, nueva luz sobre la credibilidad de los testigos de cargo u otras materias que surjan en el juicio pueden arrojar dudas sobre la reso-lución anterior. En tal caso el juez de instancia tiene el deber de considerar de novo la procedencia de la supresión y, si necesario, celebrar una vista en ausencia del jurado. (Escolios omitidos.) Págs. 1015-1016.

Las excepciones a que aluden Gouled, Rouse y casos análogos no operan, sin embargo, automáticamente. No basta con su invocación desnuda. La defensa tiene que poner al tribunal en condiciones de resolver que las circunstancias específicas del caso ameritan o exigen que se permita reproducir la moción de supresión de prueba. United States v. Montos, supra, pág. 220; United States v. Quiroz-Carrasco, 565 F.2d 1328, 1330 (5th Cir. 1978); United States v. Chapling, 427 F.2d 14, 15 (2nd Cir. 1970), cert. denegado, 400 U.S. 830 (1970); C. A. Wright, Federal Practice & Procedure, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1982, Sec. 676, pág. 788 et seq.) Moore’s Federal Practice, 2da ed., New York, Matthew-Bender, 1983, Vol. 8B, Sec. 41.24, pág. 41-304 et seq.

En el caso presente la defensa se limitó a afirmar escue-tamente que contaba con prueba adicional para probar la ilegalidad del registro. No especificó entonces ni ahora en qué consiste tal prueba. El juez, por otro lado, tenía ante sí un registro realizado después de una orden de allanamiento. Se insistía en interrogar al propio testigo que la defensa utilizó en la vista de supresión de evidencia, sin explicación anclada en hechos concretos. En tales circunstancias el acu-sado no gozaba de un derecho indenegable a reproducir su moción de supresión de evidencia.

Se confirmará la sentencia recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Producciones Tommy Muñiz, Inc., demandante y recurrente, v. Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN) demandado y recurrido; El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor y recurrido.

      Números: R-79-169, R-79-176

      Resueltos: 9 de noviembre de 1982

      Rubén T. Nigaglioni, de Nigaglioni, Palou & Ledesma, abogado de la recurrente; Wilfredo A. Géigel, abogado del recurrido; Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado del interventor E.L.A.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Cuestiones fundamentales relacionadas con los requisi-tos que integran la oferta como elemento esencial para la perfección del contrato y con la obligación de resarcir los perjuicios causados por la terminación injustificada de los tratos preliminares, reclaman el ejercicio de nuestra fun-ción revisora en este caso. Es de rigor hacer un resumen de los hechos pertinentes, según aparecen de las determina-ciones de hechos del tribunal de instancia, para una com-prensión adecuada de estos asuntos y de nuestra decisión.

El Sr. Arturo Carrión, presidente del Comité Organiza-dor de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN), se reunió con distintos productores de televisión con el propósito de discutir la venta de los derechos exclusivos para la trans-misión de los juegos en Puerto Rico y les invitó a someter licitaciones. Producciones Tommy Muñiz, Inc. (Muñiz) resultó el mejor postor entre los tres productores que some-tieron ofertas, al ofrecer por los derechos exclusivos de radio y televisión en Puerto Rico, la cantidad de $200,000 y la instalación de un centro de televisión “... que estará dis-puesto y será adecuado para negociar su uso con otros mer-cados”.

El 16 de enero de 1979 la Junta de Subasta de COPAN notificó por escrito a Muñiz que se le había adjudicado la subasta, advirtiéndole que: “En breve se le someterán, para su firma, los documentos escritos ratificando [sic] los acuer-dos entre ustedes y COPAN-79.” En efecto, el 22 de enero, COPAN presentó a Muñiz el documento escrito para su firma, pero éste lo objetó porque contenía cláusulas onero-sas que no estaban incluidas en su licitación. Específica-mente, objetó que el centro de televisión que COPAN con-cebía era mucho más complejo y costoso que lo que había tenido en mente. Muñiz entendía que el centro de televisión era para la transmisión de los juegos en Puerto Rico, mien-tras que Carrión entendía que era tanto para la transmisión local como para la internacional. Esta conclusión del tribunal de instancia parece confligir con la propia oferta de Muñiz, pero las partes no la han impugnado, por lo que por ahora nos limitamos a señalar la discrepancia.

Con motivo de la discrepancia COPAN y Muñiz inicia-ron negociaciones en el curso de las cuales se produjeron siete borradores de contrato. En el cuarto borrador, acor-daron entrar en una empresa común para la instalación del centro. El Comité Ejecutivo de COPAN, en su reunión del 24 de enero, consideró este borrador y lo encontró, según la minuta de esa fecha, “. .. apropiado y solamente quedó pen-diente la versión final que va a ser muy parecida a la ver-sión actual”. No obstante, surgieron dificultades por razón del alto precio del equipo que el centro de televisión requería, por lo que Muñiz se comunicó con Carrión y acordó con éste que si la empresa común no pudiera llevarse a cabo, Muñiz pagaría a COPAN la cantidad adicional de $25,000. El acuerdo se concretó en el quinto borrador que también se discutió en la reunión de COPAN y su comité eje-cutivo, celebrada el 22 de febrero de 1979. En esa reunión COPAN trazó unas directrices que fueron incluidas por Carrión en el sexto borrador. De la discusión de este docu-mento surgió el sétimo proyecto, el cual eliminó definitiva-mente la empresa común, debido a las dificultades surgidas con respecto al equipo técnico que se necesitaba para la transmisión internacional. Este borrador fue preparado por Muñiz, quien lo entregó el 6 de marzo a Carrión, junto con una carta explicativa.

El 13 de marzo, Carrión informó al Gobernador de Puerto Rico que se estaba negociando un contrato con Muñiz. En esa ocasión el Gobernador indicó a Carrión que las emisoras del gobierno estaban disponibles y que le gus-taría que se explorara la posibilidad de transmitir los juegos por esas emisoras. Al día siguiente Carrión informó a Muñiz que, por instrucciones del Gobernador, el contrato no se firmaría.

No obstante, no es sino hasta el 20 de marzo que COPAN desaprueba el sétimo borrador y ordena a Carrión a suspender las negociaciones con Muñiz, autorizándolo a comen-zar negociaciones formales con el Departamento de Instruc-ción Pública para determinar la posibilidad y conveniencia de que los juegos se transmitieran por las emisoras del Pueblo de Puerto Rico. Todo ello, a pesar de que ya desde 1977 Carrión había rechazado la posibilidad de transmitir los juegos por dichas emisoras y así se había informado a la directora, Dra. Elsi Calero de Martínez. En ningún momento la doctora Calero de Martínez o el Secretario de Instrucción Pública efectuaron gestión alguna ante COPAN para variar el criterio de Carrión. Es después de adjudi-cada la subasta a Muñiz que el Secretario de Instrucción manifestó a Carrión su interés en transmitir los juegos por las emisoras del gobierno, pero éste reiteró su criterio.

Con motivo de la referida resolución del 20 de marzo, Carrión invitó entonces al Secretario de Instrucción Pública a reunirse con él para discutir todo lo relativo a la trans-misión de los juegos, pero el Secretario no respondió a la invitación; tampoco los funcionarios de las emisoras del gobierno se reunieron con Carrión. No obstante, el 21 de marzo, horas antes de que se certificara la referida reso-lución, el Gobernador anunció en rueda de prensa que los juegos se transmitirían por las emisoras del gobierno.

En orden a estos hechos y-otros-que no son pertinentes a las cuestiones en controversia, el tribunal de instancia denegó el auto de injunction permanente solicitado por Muñiz para obligar a COPAN a cumplir con la adjudi-cación de subasta, por entender que no se había perfec-cionado un contrato entre las partes y resolvió que COPAN venía obligado a indemnizar a Muñiz por los perjuicios cau-sados y los gastos incurridos durante las negociaciones.

Ambas partes solicitaron la revisión de la sentencia dic-tada por el tribunal de instancia; Muñiz porque su oferta fue incondicionalmente aceptada por COPAN mediante la carta de adjudicación de subasta fechada el 16 de enero de 1979, lo que, a su juicio, tuvo el efecto de perfeccionar un contrato entre ellos y COPAN, porque consideró que no se debe imponer responsabilidad bajo la doctrina de culpa in contrahendo. Consolidamos los recursos y acordamos re-visar.

i

Ciertamente, la aceptación de la oferta es el procedimiento normal para el perfeccionamiento del contrato. En esa forma se manifiesta el consentimiento de las partes, que como sabemos, es requisito esencial para la existencia del contrato. Así lo preceptúa el Art. 1214 del Código Civil cuando dispone que: “El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato.” 31 L.P.R.A. see. 3401.

Es decir, el vínculo obligacional entre las partes surge del acuerdo de voluntades que se manifiesta con la oferta y la aceptación. Pero para que ello sea así, es indispensable que la oferta reúna determinados requisitos entre los cuales se destaca, por su importancia en el caso de autos, el que la declaración de voluntad del oferente sea completa; que contenga todos los elementos esenciales del contrato que se estimen necesarios, de manera que quede el contrato perfeccionado con la mera aceptación de la oferta. L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, pág. 193; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 180, n. 14; J. L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, Vol. 2, págs. 74-75; J. Castán Tobefias, Derecho Civil Español, Común y Foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1974, T. III, pág. 533; E. Vázquez Bote, Derecho Civil en Puerto Rico, Barcelona, Ediciones Jurídicas, 1973, T. III, Vol. 1, págs. 481-482. Puig Brutau subraya que “[s]ólo es verdadera oferta la que puede generar el contrato con la simple aceptación”. Op. cih, pág. 180, n. 14. En el mismo tenor se pronuncia Moreno Quesada:

Otro requisito para la existencia de verdadera oferta es que en ella se contengan los elementos esenciales del negocio que se trata de realizar, ... de tal modo que por la aceptación, es decir, por la mera adhesión de la persona a la que va dirigida, pueda surgir el contrato; y esto es porque, siendo la oferta con la aceptación, lo fundamental del contrato, si con su concu-rrencia no fuera suficiente para su formación y hubiera que recurrir a un nuevo acuerdo, el valor de la primitiva pro-puesta no sería el de verdadera oferta, sino el de trato preli-minar encaminado a la formulación de la misma. Así, ten-dremos oferta cuando en ella se contengan los elementos esen-ciales para la formación del contrato, de tal modo que no sea necesario para saber su contenido un nuevo acuerdo de las partes cuando se haya producido la aceptación. B. Moreno Quesada, La Oferta de Contrato, Barcelona, Colección Nereo, 1963, págs. 64-65. (Énfasis suplido.)

La norma imperante en el Derecho norteamericano coincide plenamente con la doctrina española a este respecto. W. H. E. Jaeger, Willinston on Contracts, 3ra ed., Mount Kisco, New York, Baker, Voorhis & Co., Inc., 1957, Vol. I, See. 37, pág. 108; A. Corbin, Corbin on Contracts, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1963, Vol. I, Sec. 11, pág. 26.

El principio afirmado en Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296 (1973), al efecto de que la adjudicación de la buena pro a un licitador crea vínculo contractual, arranca evidentemente del supuesto de una oferta que contenga todos los elementos esenciales para la conclusión del contrato; de una oferta verdadera, como afirma Puig Brutau. Y éste es el punto crucial que en este caso requiere dilucidación.

La oferta de Muñiz para obtener el derecho exclusivo de transmisión de los juegos en Puerto Rico consistía de: 1) el pago de la cantidad de $200,000, y 2) el establecimiento de un centro de televisión que estaría disponible y sería ade-cuado para negociar su uso con otros mercados. El centro de televisión constituía, pues, uno de los elementos esen-ciales de la oferta cuyo contenido debía quedar claramente definido y concretado por las partes para que su aceptación por COPAN pudiera generar un vínculo contractual. Por supuesto, no era necesario que Muñiz incluyera en su decla-ración de voluntad todas las especificaciones del centro de televisión si éstas quedaban entendidas por haber sido objeto, por ejemplo, de discusión en conversaciones prelimi-nares a la subasta y, por consiguiente, ellos las conocían y tenían claro su concepto. En tal caso, las conversaciones preliminares complementaban la imprecisión e insuficien-cia de la frase “adecuado para negociar su uso con otros mercados”, impartiéndole contenido cabal a la oferta para que el contrato quedara perfeccionado con la simple acep-tación de COPAN en la carta del 16 de enero de 1979.

La prueba, sin embargo, no revela el contenido preciso de las conversaciones de Carrión con los productores de tele-visión para la celebración de la subasta. Razonablemente, puede inferirse que se discutió el interés de COPAN en que se estableciera un centro de televisión, pues Muñiz lo incluyó en su oferta como parte del precio, lo que indica que estaba consciente de ese interés. Pero no surge del récord que las partes tuviesen un entendimiento claro sobre lo que en esencia debía ser dicho centro, de manera que la sucinta expresión “adecuado para negociar su uso con otros merca-dos” fuera suficiente para transmitir una idea concreta y definitiva de su significado. El asunto era uno, por demás, técnico y complejo, por lo que tampoco puede inferirse su entendimiento sin base alguna en el récord. Es por eso que el tribunal de instancia concluyó en su sentencia que no estaba claro cuál era el concepto de centro de televisión comprendido en la oferta de Muñiz.

En efecto, desde el primer momento, a partir de la refe-rida carta de aceptación del 16 de enero de 1979, se puso de manifiesto una seria discrepancia sobre cómo cada una de las partes entendía la oferta. El propio comportamiento de las partes al discutir y redactar siete proyectos diferentes en ánimo de conciliar sus intereses avalan la conclusión de que las partes no tenían claro el concepto de centro de tele-visión, objeto del contrato, cuando se hizo la oferta.

La ausencia de ese entendimiento claro, previo a la de-claración de voluntad de Muñiz, requería que el concepto de centro de televisión, comprendido en la frase “adecuado para negociar su uso con otros mercados”, fuera definido claramente y concretado en la oferta, de manera que ésta pudiera generar fuerza vinculante. Sin una oferta completa no podía haber una aceptación definitiva que perfeccionara el contrato.

Las negociaciones posteriores a la adjudicación de la subasta tampoco lograron producir un acuerdo de volun-tades sobre el centro de televisión, que pudiera generar un vínculo obligacional entre las partes. Quizá pudiera argüirse que el acuerdo plasmado en el cuarto borrador para la creación de una empresa común tuvo el consentimiento de ambas partes, ya que, en efecto, el Comité Ejecutivo de COPAN en su reunión del 24 de enero de 1979 lo consideró “apropiado”. En el contexto de las negociaciones hasta ese momento, y si tomamos en cuenta que en la minuta de esa reunión se expresó, además, que solo quedaba pendiente la versión final “que va a ser muy parecida a la actual”, podía razonablemente interpretarse esta expresión como una aceptación del contrato. Pero debe recordarse que surgieron dificultades por razón del precio del equipo del centro de televisión y que, con motivo de ello, Muñiz se volvió a comu-nicar con Carrión y acordaron entonces que si la empresa común no pudiera llevarse a cabo, Muñiz pagaría a COPAN la cantidad adicional de $25,000. No se acordó cómo ni quién determinaría que la empresa común no era factible, por lo que, lógicamente, era necesario un acuerdo posterior para la sustitución de la empresa común por la cantidad de $25,000. Por otro lado, no hay prueba en el récord de que COPAN impartiera su consentimiento a este acuerdo, sino que meramente lo discutió en su reunión del 22 de febrero y con motivo del mismo trazó unas directrices que desco-nocemos.

Las anteriores consideraciones nos convencen de que no incurrió en error el tribunal de instancia al concluir que nunca se perfeccionó un contrato entre las partes.

1 — i l-H

La inexistencia del vinculo contractual no dispone, sm embargo, del planteamiento sobre la responsabilidad de COPAN, como consecuencia de los hechos que hemos reseñado. El planteamiento propiamente consiste en lo siguiente: ¿Es COPAN legalmente responsable de los daños sufridos por Muñiz, por causa de su retiro de las negocia-ciones? Si lo es, ¿cuál es la naturaleza de esa responsabi-lidad? ¿Es de tipo contractual, extracontractual o sui géne-ris? La solución a estas interrogantes nos lleva al complejo ámbito de la responsabilidad en la fase precontractual, tema que ha suscitado variados enfoques y no poca contro-versia entre los tratadistas y expositores de la doctrina científica. Diez-Picazo, op. cit., págs. 188-192; Puig Bru-tau, op. cit., págs. 226-230; Lacruz Berdejo, op. cit., págs. 77-80; Castán Tobeñas, op. cit., págs. 530-532; Moreno Quesada, op. cit., págs. 32-58, 195-209; Puig Peña, Com-pendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Edi-ciones Pirámide, 1977, T. III, pág. 380; M. Alonso Pérez, La Responsabilidad Precontractual, 47 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario 859 (julio-diciembre 1971); J. L. De Los Mozos, El Principio de la Buena Fe, Barcelona, Ed. Bosch, 1965, págs. 222-224; Mazeaud y Tune, Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, 5ta ed. (trad, por Luis Alcalá-Zamora y Castillo), Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1962, Vol. II, T. I, págs. 164-169; M. Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. II, Vol. 1, págs. 317-319; J. Santos Briz, La Contratación Privada, Madrid, Ed. Monte-corvo, 1966, págs. 97-100; L. Ennecerus, Tratado de Dere-cho Civil (trad, y comentarios de Pérez y Alguer), Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II. Vol. I, págs. 231-232; P. F. Entenza Escobar, La Responsabilidad Precontractual en Derecho Puertorriqueño, 7 Rev. Der. Puertorriqueño 105 (1963); Vázquez Bote, op. cit., págs. 474-481.

Sabido es que nadie está obligado a contratar. Este principio basilar del Derecho de obligaciones tiene como consecuencia que las partes no están obligadas a proseguir con las negociaciones hasta perfeccionar el contrato, sino que están en libertad de contraer el vínculo o de retirarse, según convenga a sus mejores intereses. Albaladejo, op. cit., pág. 317; Puig Brutau, op. cit., pág. 226.

Las negociaciones preliminares, sin embargo, generan una relación de carácter social que impone a las partes el deber de comportarse de acuerdo con la buena fe, que, como bien señala Diez-Picazo, “no impera solamente en las rela-ciones jurídicas ya establecidas o constituidas, sino también en las relaciones derivadas de un simple contacto social”. Op. cit., pág. 191.

No obstante las dificultades que la naturaleza de la cues-tión plantea, los autores admiten plenamente la existencia de responsabilidad por la terminación injustificada de los tratos preliminares. Moreno Quesada, op. cit., págs. 41-42; Puig Brutau, op. cit., pág. 228. La discusión se ha centrado más bien en el fundamento jurídico de esta responsabilidad. Nos limitaremos por el momento a destacar los matices más definidos de tan interesante cuestión.

El primero en plantear el problema fue el insigne jurista alemán Von Ihering, quien, basándose en el Derecho romano, atribuyó carácter contractual a la culpa que se produjese en el proceso de las negociaciones. R. Von Ihering, De la culpa incontrahendo, en Oeuvres Choisies, 2da ed. francesa, París, 1893, núm. 15, pág. 9, citado por Moreno Quesada, op. cit., pág. 200. Mas no parece lógico derivar una responsabilidad contractual de los tratos preliminares si no hay contrato. Esta fase precontractual no crea vínculo jurídico hasta que culmine en el perfeccionamiento del con-trato. Mazeaud y Tune afirman categóricamente: “No hay responsabilidad contractual sin un contrato.” Op. cit., pág. 166. En iguales términos se pronuncian Diez-Picazo, op. cit., pág. 190; Santos Briz, op. cit., pág. 98; y Entenza Escobar, op. cit., pág. 105.

Otros, como Menéndez Pidal, han intentado a través de los principios generales del Derecho, extender la doctrina de responsabilidad objetiva a los tratos preliminares, criterio al que se opone Moreno Quesada fundado en que la aplicación de los principios de responsabilidad objetiva está reservada a los supuestos que expresamente estén consa-grados en la Ley. Moreno Quesada, op. cit., pág. 43.

El fundamento doctrinal más arraigado se asienta en la responsabilidad extracontractual regulada por el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, equivalente al Art. 1902 del Código Civil español. Moreno Quesada, op. cit., págs. 43 y 44; Alonso Pérez, op. cit., pág. 912; Santos Briz, op. cit., pág. 99; Albaladejo, op. cit., pág. 319. En efecto, el grueso de la doctrina considera hecho ilícito el rompimiento injustificado de las negociaciones, porque constituye un quebrantamiento de la buena fe que, como sabemos, penetra todo nuestro ordenamiento positivo. La buena fe impone a las partes un deber de lealtad recíproca en las negociaciones. En palabras de Alonso Pérez:

La buena fe . . . impone a las partes que tratan o negocian un arquetipo de conducta social, lealtad y fidelidad a la pala-bra dada ... y consiste en que cada parte de la relación pre-contractual se entreg[ue] confiadamente a la conducta leal de la otra. Fía y confía en que ésta no le engañará. . . . Las partes tienen la obligación de comportarse según la buena fe en el sentido de que a ella incumbe la carga de una lealtad recíproca de conducta socialmente valorable y exigible. Op. cit., págs. 888-889.

Puede objetarse, sin embargo, que el rompimiento injus-tificado de los tratos no es más que el ejercicio de un dere-cho, ya que las partes están en plena libertad de contraer el vínculo o de no proseguir con las negociaciones. A este respecto, Diez-Picazo señala que “no cabe hablar de acto ilícito en supuestos de una lícita retirada de una negocia-ción”. Op. cit., pág. 191.

No obstante, sabemos que el ejercicio de un derecho no está exento de responsabilidad cuando se realiza en forma abusiva. Nuestro ordenamiento recoge ya el concepto jurí-dico de abuso del derecho como fuente de responsabilidad. Al respecto expresamos en Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 588 (1981), que: “Es ilegítimo el ejerci-cio de un derecho cuando el titular excede manifiestamente los límites impuestos por la buena fe o por el fin social o económico de ese derecho.” Véase, además, Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979). Moreno Quesada propugna una orientación analítica similar:

Con arreglo a esta dirección que marca la jurisprudencia, y teniendo en cuenta que si bien el desistimiento de continuar los tratos preliminares está comprendido dentro del ejercicio del derecho que autoriza a las partes a retirarse de ellos, no es menos cierto que el hecho de la arbitrariedad o injustificación de ese desistimiento, cuando razonablemente se pudiese esperar la conclusión de un acuerdo, constituye una actuación abusiva de ese derecho, por lo que pueden encuadrarse esos supuestos dentro del ámbito del artículo 1.902 del Código Civil. Op. cit., págs. 45-46.

En nuestra jurisdicción, Entenza Escobar reafirmó la aplicabilidad de la norma general de daños, contenida en el Art. 1802 del Código Civil:

Alrededor del artículo 1.802 puede fundarse la imposición de una responsabilidad de tipo extracontractual (“culpa aqui-liana”) a quien actúa culposa y dañosamente durante los tra-tos preliminares. En efecto, aparentemente, ahí se encuen-tran presentes todos los elementos del delito civil o “tort”: acción u omisión culposa, resultado de daño, relación de cau-salidad entre la conducta y el resultado. Op. cit., pág. 107.

Las negociaciones que anteceden al contrato pueden ser de variada índole y, por tanto, la responsabilidad precontractual puede surgir en diferentes supuestos. Así, cuando la conducta de una de las partes es por su propia naturaleza culposa, dolosa o fraudulenta —como cuando uno de los contratantes oculta al otro su falta de capacidad para contratar— o se mantienen los tratos sin propósito de contratar, sólo para obtener información confidencial del negocio, o se inician los tratos, no con el propósito de realizarlos, sino de obtener alguna ventaja para negociar con un tercero, o cuando por culpa de una de las partes el negocio celebrado resulte ineficaz. En fin, la amplia gama de supuestos sobre los que puede asentarse la responsabilidad precontractual hace necesario que en el análisis del pro-blema se considere qué figura jurídica —culpa, dolo, fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios gene-rales del derecho— responde más adecuadamente como fundamento jurídico para la solución del caso.

Debemos ahora determinar qué constituye el rompimiento injustificado o arbitrario de la negociación. Ya vimos que no hay obligación de culminar los tratos y, en consecuencia, el rompimiento por sí mismo no es suficiente para asentar la responsabilidad. Es preciso considerar las circunstancias del rompimiento, específicamente: (1) el desarrollo de las negociaciones, (2) cómo comenzaron, (3) el curso que siguieron, (4) la conducta de las partes durante su transcurso, (5) la etapa en que se produjo el rompimiento, y (6) las expectativas razonables de las partes en la conclusión del contrato, así como cualquier otra circunstancia pertinente conforme los hechos del caso sometidos a escrutinio judicial.

El Derecho norteamericano no está ajeno a los valores subyacentes que encierra el principio de la buena fe y la doctrina de la culpa in contrahendo. La jurisprudencia re-conoce la responsabilidad precontractual en supuestos simi-lares a los que en el Derecho civil aplica las nociones de la buena fe y la culpa in contrahendo, mediante las figuras jurídicas del promissory estoppel, Hoffman v. Red Owl Stores, Inc., 133 N.W.2d 267 (1965); Chrysler Corporation v. Quimby, 144 A.2d 123 (1958); y negligent misrepresentation, Guilbert v. Phillips Petroleum Company, 503 F.2d 587 (6th Cir. 1974). Véase, además, F. Kessler y E. Fine, Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A Comparative Study, 77 Harv. L. Rev. 401, 448 (1964).

I — I I — I

Conforme los criterios enunciados, examinemos los hechos antes reseñados para determinar si COPAN incurrió en responsabilidad al romper las negociaciones y, en conse-cuencia, debe reparar los perjuicios causados a Muñiz.

Los hechos revelan que COPAN no manifestó su volun-tad con la claridad y minuciosidad que la naturaleza del negocio exigía, lo que provocó en Muñiz la errónea creen-cia de que la adjudicación de la subasta había perfeccionado el contrato y, por tanto,.' podía continuar sin pérdida de tiempo los preparativos para transmitir los juegos. Induda-blemente, esta creencia se fortaleció al notificarle COPAN que “[e]n breve se le someterán, para su firma, los docu-mentos escritos ratificando [sic] los acuerdos entre ustedes y COPAN-79”. En el curso de las negociaciones sobre el cen-tro de televisión se prepararon siete borradores de contrato, unos por COPAN y otros por Muñiz, que fueron objeto de consideración. El borrador número 4 fue aceptado en prin-cipio por COPAN y el número 5 tuvo el endoso de Carrión. El curso de estas negociaciones crearon en Muñiz una expectativa razonable de que el contrato habría de con-cluirse. Al fin y al cabo había sido el licitador que había obtenido la buena pro y ya desde el 1977 COPAN había descartado transmitir los juegos por las emisoras del gobierno, por lo que era razonable confiar que se llegaría a un acuerdo sobre el centró de televisión, que satisficiera los intereses legítimos de ambas partes.

Por otro lado, COPAN no adujo razón fundada para el rompimiento abrupto de las negociaciones.

Todo lo anterior demuestra, sin la más leve duda, que el rompimiento fue injustificado y que la conducta de COPAN en las circunstancias apuntadas no sólo quebrantó la buena fe impuesta por las relaciones precontractuales, sino que, además, constituyó un abuso del ejercicio de su derecho a retirarse.

Se dictará sentencia que confirme la recurrida y se devuelve el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos.

El Juez Asociado Señor Dávila se une a la opinión en voto separado. El Juez Asociado Señor Rebollo López se une a la opinión en las partes I y II y disiente en la parte III en opinión separada. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente con opinión y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

-O—

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Estoy en completo acuerdo con lo expresado en la pri-mera parte de la opinión del Tribunal a los efectos de que la aceptación de la oferta es el procedimiento normal para el perfeccionamiento de un contrato, ya que el vínculo obliga-cional entre las partes surge del acuerdo de voluntades que se manifiesta con la oferta y la aceptación, pero que, para poder ser así, es indispensable que la oferta contenga todos los elementos esenciales para la conclusión del contrato; en otras palabras, que una vez aceptada la oferta, por ser ésta una “oferta verdadera”, no hay necesidad de ulteriores negociaciones entre las partes.

Entiendo que es correcta la conclusión a la que llega la opinión del Tribunal a los efectos de qüe, atendidos los hechos particulares del presente caso, nunca se perfeccionó un contrato entre las partes.

Concurro, igualmente, con la norma que la citada opinión establece, a los efectos de que la retirada injustifi-cada por una parte de unas negociaciones puede generar responsabilidad, no empece el hecho de que las partes envueltas en ellas no están obligadas a proseguir con las mismas hasta perfeccionar el contrato, ya que en unas negociaciones siempre existe la libertad de obligarse en definitiva o de retirarse, según mejor convenga a dichas partes.

Entiendo que es una norma saludable aquella que pro-pone que el dolo, el fraude y la mala fe estén ausentes de una negociación; permitir que estén presentes en el trato profesional y en el tráfico comercial diario, a mi juicio, sería permitir que la ley que impere en esta sociedad sea la ley del más listo e inescrupuloso. Tenemos un deber ineludible de velar porque no sea así.

Estoy de acuerdo también en que, como el rompimiento en unas negociaciones por sí solo no genera responsabilidad, es mandatorio, para determinar si se impone o no responsa-bilidad a la parte que se retiró, examinar las circunstancias en que se produjo el rompimiento, tales como: (1) la forma en que comenzaron las negociaciones; (2) el desarrollo de las negociaciones y el curso que siguieron éstas; (3) la conducta observada por las partes durante ese curso o desarrollo; (4) la etapa en que se produjo el rompimiento; y (5) la expecta-tiva razonable, de la “otra” parte, en relación con la culmi-nación del contrato.

Lamento muy de veras, sin embargo, el no estar de acuerdo con la aplicación de la norma que hace la opinión del Tribunal a los hechos específicos del presente caso y, por lo tanto, me veo obligado a disentir.

Lo primero que hay que tener presente en este caso, es que Producciones Tommy Muñiz, Inc., representada en esas negociaciones por su presidente, el Sr. Tommy Muñiz, es una corporación compuesta por personas que han estado ligadas al mundo y negocio de las producciones de espectáculos por muchos años. En otras palabras, se trata de una entidad y de personas con mucha experiencia en este campo y que no sólo cuentan con dicha experiencia, sino con el asesora-miento necesario —técnico y legal— para llevar a cabo dicha producción.

1. ¿Cómo comenzaron las negociaciones?

Como bien señala la opinión del Tribunal, las mismas comenzaron mediante conversaciones que sostuviera el Sr. Arturo Carrión, Presidente del Comité Organizador de los VIII Juegos Panamericanos (COPAN), con distintos pro-ductores de televisión, para invitarlos a que sometieran lici-taciones.

2 y 3. El desarrollo y curso que siguieron dichas negocia-ciones y la conducta observada por las partes.

Tenemos que Producciones Tommy Muñiz, Inc., resultó ser el mejor postor al ofrecer, por los derechos exclusivos de radio y televisión en Puerto Rico, la suma de $200,000 y la instalación de un centro de televisión “que estará dispuesto y será adecuado para negociar su uso con otros mercados”.

Nótese que la oferta de Producciones Tommy Muñiz, Inc. se divide y se compone de dos partes: (a) la suma de $200,000 por los derechos exclusivos para transmitir por radio y televisión en Puerto Rico, y (b) la instalación del citado centro de televisión, el cual sería adecuado para negociar su uso con otros mercados.

Una vez que COPAN “adjudica” a la mencionada corpo-ración la subasta y le hace entrega de los correspondientes documentos, surge la gran dificultad, que estuvo presente a través de todas las negociaciones. ¿Cuál? Producciones Tommy Muñiz, Inc. objeta los documentos porque, alega-damente, el centro de televisión en relación con el cual ellos se obligaron sólo se usaría para la transmisión de los juegos en Puerto Rico.

Resulta sumamente difícil de aceptar, aun para un lego en la materia de producción de espectáculos, que la frase “estará dispuesto y será adecuado para negociar su uso con otros mercados” pueda ser interpretada en la forma y ma-nera que Producciones Tommy Muñiz, Inc. pretendía que se hiciera, una vez le fue adjudicada la subasta.

Debemos tener presente que en los VIII Juegos Panameri-canos participaban, además de Puerto Rico, numerosos países de América que estaban interesados en la transmisión por televisión de dichos juegos. La frase “otros mercados” no puede tener otra interpretación que “otros paísesno pode-mos llegar al ridículo e interpretarla como que se refería, digamos, además del “mercado” de San Juan, a “mercados” tales como los de Vieques o Culebra. Hace muchos años el ex Juez Asociado de este Tribunal, Hon. Raúl Serrano Geyls, expresó que “Los jueces no debemos, después de todo, ser tan inocentes como para creer [lo] que nadie más creería”. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 582 (1961).

Debido al “tranque” en las negociaciones las partes se reúnen una y otra vez y hacen y rehacen siete borradores de contrato. En otras palabras, COPAN, ante el “tranque” causado por la absurda interpretación que a sus propias palabras pretendió darle Producciones Tommy Muñiz, Inc., pacientemente negocia durante dos meses (del 22 de enero al 14 de marzo de 1979) con Producciones Tommy Muñiz, Inc., haciendo un esfuerzo por llegar a un acuerdo, propó-sito que no se pudo lograr.

¿Quién causó el tranque? ¿Quién actúa y negocia de mala fe? Nos parece que la contestación es obvia: Producciones Tommy Muñiz, Inc.

4. La etapa en que se produjo el rompimiento.

Al cabo de dos meses de negociaciones y encontrándose todavía las partes “en el mismo sitio que cuando empe-zaron” —por cuanto todavía se encontraban discutiendo sobre el “centro de televisión”— COPAN decide retirarse de las negociaciones con Producciones Tommy Muñiz, Inc. y utilizar las facilidades de la estación de televisión del Gobierno de Puerto Rico.

Se argumenta y se recalca —aparentemente con el propósito de “demostrar” que las negociaciones fueron rotas en forma injustificada y arbitraria por COPAN— el hecho de que el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barceló, tomó injerencia en el asunto antes de que COPAN se retirara de las negociaciones con Producciones Tommy Muñiz, Inc.

No podemos olvidar que, a pesar de que COPAN es una corporación privada con fines no pecuniarios, en el desa-rrollo, la celebración y el éxito que pudieran tener los VIII Juegos Panamericanos estaba empeñado el honor, el presti-gio, la palabra y la imagen del Pueblo de Puerto Rico.

Ante una situación de hechos en que al final de dos meses de negociaciones las partes están como cuando empe-zaron, ello debido a que una de las partes (Producciones Tommy Muñiz, Inc.) pretende interpretar el ofrecimiento formal que hiciera, en una forma absurda; en que la fecha de la celebración de los juegos ya se acerca; en que dichos juegos están revestidos de un gran interés público, aparte de que en los mismos están envueltos fondos públicos, ¿es sorprendente el hecho de que el Gobernador de Puerto Rico interviniera en el asunto? Entendemos que no; era su deber hacerlo así.

5. Expectativa razonable de Producciones Tommy Muñiz, Inc. en relación con la culminación del contrato.

Ante una situación en que es la propia Producciones Tommy Muñiz, Inc. la que no sólo causa el “tranque” en las negociaciones, sino que las prolonga durante dos meses, ¿se le debe conceder daños por razón de que tenía una “expec-tativa razonable” de que se culminara el contrato? Sos-tenemos que no.

La opinión del Tribunal expresa que por razón de que Producciones Tommy Muñiz, Inc. había sido el licitador que había obtenido la buena pro “era razonable confiar que se llegaría a un acuerdo...”.

Ese mismo hecho parece ser lo que motivó a Produc-ciones Tommy Muñiz, Inc., una vez se le “adjudicó” la su-basta, a cambiar su ofrecimiento: una vez obtuvo la buena pro, parece ser que intentó situarse y negociar con COPAN desde una “posición de poder”.

La sentencia que dictara el tribunal de instancia en el presente caso debe ser revocada en tanto y en cuanto determina que Producciones Tommy Muñiz, Inc. tiene derecho a daños y perjuicios.

-0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Por regla general, y como la llaman Diez-Picazo y Antonio Gullón en línea de principios, la ruptura de una nego-ciación no origina ninguna responsabilidad. “Las partes, por el hecho de haber tratado preliminarmente la for-mación de un contrato, en manera alguna están obligadas a su conclusión.” Toda vez que la negociación se da en un plano de confianza que no debe ser defraudada, de rom-perse los tratos sin justificación, hay que indemnizar a la parte que confiaba honestamente en la conclusión del acuerdo los gastos en que haya incurrido (pago de asesores, desplazamientos, interés del dinero conseguido para cum-plir la prestación a la que le obligaría el contrato, etc.). Así de limitada estaría la responsabilidad de COPAN, aun si aceptáramos la conclusión expresada en la opinión, pág. 531, de que “[e]l curso de estas negociaciones crearon en Muñiz una expectativa razonable de que el contrato habría de con-cluirse”. Tal expectativa necesariamente debió sufrir una erosión gradual hacia la extinción al fracasar el acuerdo a lo largo de siete proyectos, sin que se progresara ni aun cuando quien alentaba la expectativa ofreció $25,000 adicio-nales sobre los $200,000 de oferta original. La ruptura unilateral genera responsabilidad sólo si el estado de las nego-ciaciones era avanzado “por haberse logrado acuerdos importantes que hacía confiar lícitamente a la parte perju-dicada la celebración del contrato”. Castán Tobeñas se une a este criterio de limitación a gastos al dictaminar:

Ha de estimarse, como apuntan Ruggiero y Maroi, que en la fase de formación del contrato hay ya para las partes un deber de lealtad recíproca y buena fe. Por regla general, la ruptura de los tratos no traerá consigo ninguna responsabi-lidad; mas si llegadas las convenciones a un punto en que podía razonablemente esperarse la conclusión del contrato, una de las partes se vuelve atrás sin motivo justificado, está obligada a responder a la otra, por su arbitrario proceder, de los gastos que haya hecho y de las pérdidas patrimoniales que haya sufrido. Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., 1967, T. 3, pág. 469.

Entre Muñiz y COPAN nada se avanzó en torno a la pro-visión por el primero del centro de televisión.

Se reconoce derecho a indemnización de daños y perjui-cios bajo el Art. 1802 C.C. cuando se rompen las negocia-ciones de mala fe, pero ya éste es caso de excepción en que se sanciona la falta de conducta honesta y leal del que va a la negociación sin propósito legítimo, como obtener conoci-miento de técnicas de producción de la otra parte, u oculta a ésta su falta de capacidad para contratar, o para aparentar la solidez financiera de su empresa o desviar su contraparte de otros negocios que el culposo no desea que se lleven a cabo. La prueba no coloca a COPAN en ninguna de éstas o análoga posición defraude o mala fe contra Muñiz.

Se impone esta distinción entre: (1) responsabilidad li-mitada a gastos en caso de fundada expectativa de final formación del contrato; y (2) responsabilidad en daños y perjuicios de quien actúa de mala fe, porque de exigir igual responsabilidad en uno y otro caso se produciría un temor de riesgo en los contratantes que frenaría y hasta enervaría la deseable fluidez y libertad de acción en toda la etapa pre-contractual. En palabras de Diez-Picazo y Gullón al citar a De Cupis, “al establecer un régimen general de responsa-bilidad, se impone a las partes tal cautela y circunspección que se impide enérgicamente la vida del tráfico”. (Énfasis nuestro.)

Debe preocuparnos la incorporación a nuestra jurispru-dencia de la doctrina propuesta para gobernar la contra-tación, habida cuenta de la densa negociación precontractual que ésta requiere en la actualidad, y su impacto adormece-dor en la actividad económica del país. Aun en distinta apreciación de los hechos y desatención de las autoridades citadas, la decisión del Tribunal debería limitarse a otorgar gastos de expectativa a Producciones Tommy Muñiz, Inc.

—O—

Voto separado del Juez Asociado Señor Dávila.

Al unirme a la opinión del Tribunal deseo expresar el alcance que a mi juicio tiene el precepto que hoy sentamos.

No cabe malinterpretar la expresión del Tribunal al efecto de que, establecidas las negociaciones previas al con-trato, no pueden los negociadores abandonarlas sin incurrir en un “quebrantamiento de la buena fe”. No pretendemos decir que se requiere justa causa para ejercer el derecho a no contratar, que es esencialísimo corolario de nuestro derecho de contrato consensual. Es sólo el retiro abusivo de la negociación el acto que demanda reparación. Véanse F. Kessler y E. Fine, Culpa in Contrahendo, Bargaining in Good Faith, and Freedom of Contract: A Comparative Study,.77 Harv. L. Rev. 401 (1964).

El retiro de COPAN de sus negociaciones con Muñiz se torna abusivo, no por no tener justificación, sino por frus-trar las expectativas que COPAN, con sus actos al negociar, en forma razonable, despertó en Muñiz. Durante las nego-ciaciones, COPAN nunca manifestó a Muñiz que la suerte de sus esfuerzos no dependería de la vinculación de sus desacuerdos y conflictos, sino del criterio, no dudamos, sano y bien intencionado de partes ajenas a la negociación, cual era el señor Gobernador de Puerto Rico. Si, en cambio, COPAN le hubiese participado a Muñiz, durante el curso de sus tratos, que el criterio último sería el del Gobernador, difícilmente podría concebirse base alguna para tachar de abusivo el proceder de COPAN. El interés del Gobernador era clarísimo. Después de todo, el gobierno enjugaba buena parte del coste de los juegos. Mas, la prueba no revela que COPAN hiciera depender sus negociaciones con Muñiz del criterio del Ejecutivo. Tal y como se ha presentado ante nos, el récord revela que el contrato se perfeccionaría de poderse zanjar las ya reducidas discrepancias entre COPAN y Muñiz. La sorpresiva introducción de elementos, hasta en-tonces ocultos, para apartarse de súbito de tan avanzada gestión de negociación, constituye un proceder abusivo de parte de COPAN, que demanda reparación.

Creo menester expresarme también sobre el tipo de daño que debe resarcirse en estos casos. Sirve de clara ilus-tración el criterio de la Corte de Casación de Italia, según resumido por Mariano Alonso Pérez: “la responsabilidad precontractual no supone el resarcimiento de todos los daños contractuales sufridos por la otra parte, sino sólo de los perjuicios englobados en el llamado ‘interés negativo’ —id quod interest contractum initum non fuisse — ; es decir, los gastos que la contraparte hizo en previsión del futuro contrato —viajes, informes periciales, asesoramientos, etc. — , así como las pérdidas ocasionadas por desaprovechar oca-siones favorables de celebrar un contrato con otras personas (C. de 10 de octubre de 1962, número 2919).” La Responsa-bilidad Precontractual, 47 Rev. Crítica de Derecho Inmobi-liario 859, 905 (julio-diciembre 1971).

Resaltando estos elementos, es que uno mi voto a la opinión del Tribunal.

      Es con motivo de este quinto borrador que Muñiz declaró que Carrión le manifestó que tenía un contrato y que siguiera adelante. Pero Carrión negó que hiciera tales manifestaciones, y el tribunal no hizo conclusión alguna sobre este extremo.

       Denegamos, además, la solicitud en auxilio de jurisdicción presentada por Muñiz. Véase Prod. Tommy Muñiz, Inc. v. COPAN, 108 D.P.R. 699 (1979).

       Apéndice a la obra de Hilsenrad, Las Obligaciones Precontractuales, ed. esp., Madrid, s.f., citado en Moreno Quesada, op. cit., págs. 37-38.

       Moreno Quesada separa, a los fines del análisis, la responsabilidad en dos períodos a los que atribuye distintos significados: la fase de negociación con ante-rioridad a la oferta y que culmina en la formulación de ésta, y la fase posterior a la oferta. Op. eit., pág. 195.

        Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., 1980, Vol. II, pág. 74.

       Diez-Picazo y Gullón, op. cit., pág. 75.

        Op. cit., pág. 75.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Ivelisse Rodríguez, demandante, v. Dr. Armando Barreto, demandado.

      Número: O-82-406

      Resuelto: 15 de noviembre de 1982

      Ernesto F. Rodríguez Suris, de Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez, abogado del demandado; Antonio J. Amadeo Murga, abogado del demandante.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico nos ha certificado la siguiente cuestión de dere-cho:

Si el período prescriptivo de dos años que establece la última oración del artículo 41.090 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4109, respecto a demandas por impericia médica se computa desde la fecha en que tuvo lugar la intervención médica que alegadamente causó los daños o desde la fecha en que la parte demandante supo o debió haber sabido de los daños.

Nos informa el Tribunal los hechos que sirven de tras-fondo a la cuestión. Para fines de junio de 1977 el doctor Barreto le practicó a la señora Rodríguez una mamoplastía con el propósito de agrandarle los senos. La operación con-sistió en insertarle unas bolsas.

En o alrededor de julio de 1980 la señora Rodríguez sintió dolor y observó una protuberancia en el seno derecho. La zona afectada había adquirido un color rojizo y verdoso. La señora Rodríguez acudió nuevamente a las oficinas del doctor Barreto, quien no halló nada en los síntomas. La paciente se trasladó entonces a Washington, donde visitó las oficinas de otro cirujano plástico. El cirujano descubrió una infección en el seno derecho y operó a la señora Rodríguez, removiéndole las bolsas colocadas por el doctor Barreto. Días más tarde se repitió la operación en el seno izquierdo.

El 29 de mayo de 1981 la señora Rodríguez demandó al doctor Barreto en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. La demandante alega que la acción no ha prescrito por razón de que el plazo de dos años a que se refiere el Art. 41.090 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4109, no comienza a contarse hasta que ella descubrió el daño.

El referido artículo dispone:

(1) Los términos de prescripción contenidos en esta sección serán los únicos aplicables a las acciones de daños por culpa o negligencia (malpractice) que se inicien contra profesionales en el cuidado de salud e instituciones para el cuidado de salud.
La acción por alegados daños por culpa o negligencia (malpractice) comenzará, independientemente de lo dispuesto en otra ley, dentro de un año a partir de la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la acción, o dentro de un año desde el momento en que el daño fue descubierto o debió haber sido descubierto con la debida diligencia. En ningún caso se podrá iniciar la acción más tarde de dos años, desde la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la causa de acción.

¿Cuál es la verdadera estructura de esta disposición? ¿Cuál es la relación entre el plazo de un año y el de dos que esta-blece el artículo? ¿Tienen ambos el mismo punto de partida? Veamos el historial de las frases que motivan la certifi-cación.

El Código de Seguros de Puerto Rico tiene por fuentes los de Arizona, Kentucky, Michigan y Washington. 9 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 561 (1957). Las frases en cuestión provienen, no obstante, de la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976, cuyo escaso historial legislativo no arroja luz sobre las fuentes empleadas. Para su hallazgo conviene examinar los criterios utilizados en el Derecho norteamericano y el civil para la solución de estos pleitos.

La doctrina generalizada antiguamente en el Derecho norteamericano era que la prescripción comenzaba a contar en este género de causas desde el momento en que ocurre el daño. Si el daño era descubierto después de expirar el plazo prescriptivo, la persona perjudicada quedaba desprovista de remedio. W. L. Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4ta ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1971, Cap. 5, Sec. 30, pág. 144. Varios estados de la Unión Americana aún conservan esta regla. D. W. Louisell y H. Williams, Medical Malpractice, New York, Matthew Bender, 1983, Vol. 1, Sec. 13.15, pág. 13-56 y ss.

La regla difería fundamentalmente de la prevaleciente en el Derecho civil. El Art. 1868 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298, decreta, por ejemplo, que la acción por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia prescribe por el transcurso de un año “desde que lo supo el agraviado”.

Hacia la formulación de un criterio paralelo a este último es que los tribunales y las asambleas legislativas de los estados norteamericanos se fueron moviendo con el tiempo. La situación actual se ha descrito del modo siguiente, American Law Institute, Restatement of the Law, Second: Torts 2d, St. Paul, Minnesota, American Law Institute Publications, 1979, Vol. 4, Sec. 899, comentario e, págs. 440, 444-445:

Un grupo de casos en que los tribunales se han apartado extensamente de la regla anterior al efecto de que el plazo prescriptivo transcurre, aunque la parte demandante no tenga conocimiento del daño, envuelve demandas por imperi-cia médica....
En una ola de sentencias recientes estos mecanismos [los creados para evitar la aplicación de la antigua regla] han sido reemplazados y, enfrentándose directamente al asunto, las cortes han resuelto que el plazo no comienza a contar hasta que la parte demandante ha descubierto en efecto el hecho de que ha sufrido daño o debía haberlo descubierto mediante el uso de diligencia razonable....

Véanse también: Prosser, loe. cit.; S. Sacks, Statutes of Limitations and Undiscovered Malpractice, 16 Clev.-Mar. L. Rev. 65 (1967); Note, Medical Malpractice — Statute of Limitations Begins to Run when the Patient Discovers He Has Been Injured, 30 Ohio St. L.J. 425 (1969); T. F. Lambert, Comments on Recent Important Personal Injury (Tort) Cases, 28 NACCA Law Journal 63, 158 y ss. (1961). En la actualidad treinta y dos jurisdicciones en Estados Unidos utilizan como punto de partida para el inicio de la prescrip-ción extintiva el descubrimiento del daño y varias de ellas le añaden el concepto de deber descubrir el daño con la debida diligencia. Louisell y Williams, loe. cit. Respecto a la norma federal, véase United States v. Kubrick, 444 U.S. 111 (1979).

Vemos así que la frase “desde el momento en que el daño fue descubierto o debió haber sido descubierto con la debida diligencia”, empleada en el Art. 41.090 de nuestro Código de Seguros, según enmendado, se origina en el desarrollo reseñado del Derecho norteamericano También podemos ver que la frase referente a que ninguna acción se iniciará más tarde de dos años “desde la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la causa de acción”, toma como punto de partida del cómputo la antigua norma del Derecho común. Son dos puntos distintos de arranque.

El plazo de dos años representa un plazo tope. La utili-zación de este recurso es conocida tanto en el Derecho común como en el civil. El Art. 60 del Código suizo de las obligaciones establece, por ejemplo, un plazo tope de diez años a partir del hecho culposo, se conozcan o no los daños, para interponer una acción por responsabilidad civil. Véanse: Borrell Maciá, ante, pág. 347, y Louisell y Williams, ante, Sec. 13.07, pág. 13-20 y ss. Cualquier posible cuestión que pueda suscitar la fijación de un plazo tope en unos casos, a exclusión de otros, no ha sido certificada a este Tribunal y es improcedente que nos expresemos sobre el tema.

En consideración a lo anterior, contestamos la pregunta certificada en la siguiente manera. El período de dos años que establece la última oración del Art. f 1.090 del Código de Seguros se computa desde la fecha en que ocurrió el daño, que en este caso es el momento de la primera intervención quirúr-gica, y no desde la fecha en que lo supo o debió saberlo la parte agraviada.

El Juez Asociado Señor-Negrón García emitió voto disi-dente, al cual se unieron los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué.

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de noviembre de 1982

Por primera vez en Puerto Rico, en aras de una obser-vancia legislativa estrictamente gramatical se produce un resultado no sólo injusto, sino ajeno a principios básicos de hermenéutica. “Tres postulados básicos inspiran nuestra decisión. Primero, que en su función pormativa y remedial el Derecho atiende y tutela necesidades, problemas y expe-riencias del ser humano. Éste, como autor y receptor de la ley, le nutre e inyecta en gran medida a las soluciones que provee, su conocimiento y juicio valorativo ideológico, moral y económico. Segundo, que la norma legal no es enemiga —o no debe serlo— de la verdad científica. Son entera y perfec-tamente reconciliables. Y tercero, que la realidad científica, al igual que los factores sociales contemporáneos que cir-cundan la vida del derecho —Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565, 573 (1979)— no pueden ser descartados por los tribunales en abono de un estado negatorio de la rea-lidad de las cosas o de la personalidad humana. Exponga-mos los hechos.” Moreno Álamo v. Moreno Jiménez, 112 D.P.R. 376; 377-378 (1982).

HH

La demandante Rodríguez se sometió con el demandado Dr. Armando Barreto a una mamoplastía a fines del mes de junio de 1977. Transcurrió el tiempo sin que se manifes-taran signos físicos ostensibles de alguna anormalidad, irregularidad o daño hasta julio de 1980, fecha en que ella observa “una extraña protuberancia en su seno derecho”. Visitó al galeno, quien le indicó que esa sintomatología era menor. Viajó a los Estados Unidos y, tras ser examinada por un cirujano plástico, éste le diagnosticó una infección. Para curar ese mal o daño se sometió a dos intervenciones quirúrgicas. Demandó al doctor Barreto en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, ale-gando negligencia y reclamando daños. Dicho foro nos cer-tifica la interrogante que resolvemos en torno al punto de partida para computar una causa de acción de esta natura-leza.

La opinión del tribunal interpreta correctamente, desde la perspectiva de literalidad, el Art. 41.090 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4109, solamente si se equipara el concepto daño con el de conducta culposa. Tal solución no procede.

Nuestro disentir se funda en que el derecho no existe para exigir o perpetuar cosas imposibles, absurdas, inútiles o innecesarias. Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315, 321 (1976). Tiene como objeto, tutelar derechos, relaciones y conducta de los seres humanos. No se legisla crudamente para proteger piedras u objetos inanimados, sino con refe-rencia a las personas. Este principio rector debe guiarnos al interpretar toda ley. En lo posible, debemos abstenernos de refrendar una explicación irracional en aras de la inten-ción legislativa. Con mayor razón si perpetuamos una injus-ticia. Así ocurre en el caso de autos. Nos explicamos.

Toda causa de acción por impericia profesional (malpractice) se descompone en tres elementos: (1) acción u omisión; (2) daños; (3) relación causal entre éstos. Es a base de estos tres ingredientes que puede apreciarse el término prescriptivo en la Ley. Así lo reconoce el lenguaje referente a la limitación de que en “ningún caso se podrá iniciar la acción más tarde de dos años desde la fecha en que ocurrió el daño que dio lugar a la causa de acción”. 26 L.P.R.A. see. 4109. (Énfasis suplido.) Nótese que deslinda el concepto de daños y el de causa de acción. ¿Qué explicación tiene? La respuesta se obtiene al leerlo en interacción con la defi-nición específica de “daño” provista en el inciso 4 de la See. 1 de la Ley Núm. 74. Reza: “Significa cualquier daño ocasio-nado a un paciente por error, omisión, culpa o negligencia como consecuencia de o inherentes a servicios profesionales brindados o que debieron haber sido brindados por un profesional en el cuidado de salud o una institución para el cuidado de salud.” 26 L.P.R.A. see. 4101(4). (Énfasis suplido.)

De los textos transcritos se advierte, pues, qüe daño no es equivalente ni sinónimo del acto u omisión médica negli-gente que lo provoca. Por el contrario, se define como el daño o perjuicio “consecuencia” de esa acción culposa. Bajo esta perspectiva la Ley reconoce la realidad y dinámica humanas de que médicamente habrá ocasiones en que el acto u omisión negligente genera un daño en forma simultá-nea o coetánea; y que, en otras, el daño sobreviene y se manifiesta con posterioridad. ¿Cómo entonces fijar un plazo absoluto de dos años a lo que constituye un curso imprede-cible y que oculta la propia naturaleza Cf. United States v. Kubrick, 444 U.S. 111 (1979).

En virtud de lo expuesto, no podemos suscribir la tesis de que el Art. 41.090 consagra la antinomia de reconocer que el término prescriptivo de un año comienza “desde el momento en que el daño fue descubierto” para luego cer-cenar ese derecho al limitarlo a un plazo tope de dos años. Como intérprete de la justicia, ante distintos significados, el juez debe optar por aquel congruente con su misión rectora y el espíritu legislativo. Existen diversos criterios de hechos con relación a la determinación de la fecha del conocimiento del daño. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383 (1982).

Bajo el enfoque propuesto, el plazo de dos años repre-senta un límite más bien de “caducidad” que no es posible extender más por interrupciones extrajudiciales. El que se haya utilizado el término “prescriptivo” para cubrir supues-tos de “caducidad” no debe extrañar a nadie, como tampoco afecta la cuestión. Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 856, 863 (1965). Pero el período de un año siempre comienza desde que se obtiene el conocimiento o descubri-miento real o constructivo del daño. Es desde ese momento que la causa de acción es realizable y nace. Mientras no hay daño, no se completa la trilogía de elementos que consti-tuyen una causa de acción. En el caso de autos, se alega que el daño surgió al manifestarse externamente la infección en el seno derecho, por una protuberancia color rojiza y ver-dosa. Esa fecha es la determinante. Ortiz v. Municipio de Orocovis, 113 D.P.R. 484 (1982).

El estudio investigativo de la intención legislativa es parco y limitado. En tal situación, la interpretación no debe consagrar inequidades, ser restrictiva ni evitar los plan-teamientos de inconstitucionalidad que la propia opinión implícitamente reconoce en su epílogo. Solo así cumplimos con nuestro mandato de hacer justicia y sostener al Poder Legislativo. Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618 (1981).

      No hay diferencia perceptible entre el criterio del “descubrimiento del daño” y la norma civilista referente al momento “desde que lo supo el agraviado”. La glosa del Art. 1868 del Código Civil es, en consecuencia, de utilidad para la interpretación de tal parte del Código de Seguros. Véanse: González v. Pérez, 57 D.P.R. 860 (1941); Cruz v. González, 66 D.P.R. 212 (1946); Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383 (1982); Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 861; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común yforal, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. 1, Vol. 2, pág. 963; A. Borrell Maciá, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extracontractual Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 346. La referencia en el Código de Seguros al momento en que el daño “debió haber sido descubierto con la debida diligencia”, puede naturalmente conducir, bajo determinadas circunstancias, a resultados distintos a los que obligue el Código Civil.

       Que el legislador no impuso términos absolutos se desprende de los incisos 2 y 3, respectivamente, extendiendo por tiempo indefinido el término en casos en que se impidió el descubrimiento del daño por fraude, ocultación o falsa represen-tación o, en acciones de menores o incapacitados, computándolo a partir de esa incapacidad.