author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    J.T.P. Development Corporation, demandante y recurrida, v. Majestic Realty Corporation et al., demandados y peticionarios.

      Número: CE-90-640

      Resuelto: 6 de mayo de 1992

      José F Cardona Jiménez, de Rivera Iturbe y Cardona Jimé-nez, abogado de la parte demandada y peticionaria; Diana Azizi de Arbona, abogada de la parte demandante y recurrida.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos toca determinar, a los fines de conceder costas, cuál es la parte victoriosa cuando se acumulan dos (2) re-clamaciones independientes y el tribunal resuelve una de ellas a favor de una parte y la restante a favor de la otra.

r-H

J.T.P. Development Corp. (J.T.P.) presentó una demanda en la cual acumuló dos (2) reclamaciones: una reivindica-toría() de la franja de terreno donde alegadamente la de-mandada Majestic Realty Corp. (Majestic) llevaba a cabo la construcción de cierta obra, y otra en reclamación de resarcimiento por los daños y perjuicios causados a la ve-getación de la demandante como consecuencia de dicha construcción. Presentó, además, una moción al amparo de la Regla 56.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en la que solicitaba una orden de cese y desista para para-lizar la construcción que llevaba a cabo Majestic en terre-nos que alegadamente pertenecían a la demandante.

Tras un acuerdo entre las partes, el tribunal nombró un perito para que determinara la colindancia entre los pre-dios en controversia. Ambas partes consignaron los hono-rarios de dicho perito. Éste concluyó que la construcción de Majestic se efectuaba dentro de su propiedad. Al aquilatar la prueba pericial de ambas partes, el tribunal quedó con-vencido con la determinación del perito, así que dictó sen-tencia mediante la cual desestimó la demanda de reivindi-cación, pero declaró con lugar la reclamación por los daños causados a la vegetación de la demandante durante la construcción de Majestic.

En virtud de lo anterior, dejó sin efecto la orden provisional de cese y desista, y condenó a Majestic a pagar la suma de tres mil dólares ($3,000) por concepto de daños. Además, declaró sin lugar la reconvención que había sido presentada por dicha demandada.

En esa etapa postsentencia, Majestic presentó oportu-namente un Memorando de Costas para recuperar única y exclusivamente los gastos en que incurrió en la defensa del reclamo de reivindicación instado por J.T.P.

A su debido tiempo, la demandante presentó su oposi-ción al referido Memorando de Costas. El tribunal a quo declaró sin lugar dicho memorando mediante la orden si-guiente:

Se desaprueba el Memo de Costas de la demandada, parte perdidosa en el pleito. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 51.

La demandada recurrió ante nosotros mediante solici-tud de certiorari, cuestionando tal determinación del tribunal. Alegó ser la parte victoriosa en cuanto a la solici-tud reivindicatoría, reclamación que aunque fue acumu-lada con la de daños, es una independiente de ésta.

Atendido el recurso, ordenamos a la parte recurrida a que mostrara causa por la cual no debíamos dictar senten-cia condenándole al pago de las costas en que incurrieron los demandados peticionarios para defenderse en el re-clamo reivindicatorío, en el cual resultaron estos últimos victoriosos.

La recurrida ha comparecido. Resolvemos según lo intimado.

h-H

La Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone en cuanto a costas lo siguiente:

Las costas le serán concedidas a la parte a cuyo favor se re-suelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo contrario por ley o por estas reglas. Las costas que podrá conceder el tribunal son los gastos incurridos necesariamente en la tramitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su dis-creción, estima que un litigante debe reembolsar a otro.

Dicha disposición, en su función reparadora, tiene el propósito de resarcir a la parte victoriosa los gastos necesarios y razonables en que incurrió durante el litigio. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 253 (1963); Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 461 (1985); Pérez Pascual v. Vega Rodríguez, 124 D.P.R. 529 (1989).() Después de todo, el derecho de la parte vencedora “no debe quedar menguado por los gastos en que tuvo que incurrir sin su culpa y por culpa del adversario”. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253.

La Regla 44.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, cuenta también con un segundo fin de índole disuasivo: desalentar los pleitos temerarios y superfinos. Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, pág. 253.

Ahora bien, no todos los gastos del litigio son recobra-bles mediante costas. Por disposición de la propia Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, la parte podrá recobrar sólo aquellos “gastos incurridos necesariamente en la tra-mitación de un pleito o procedimiento que la ley ordena o que el tribunal, en su discreción, estima que un litigante debe reembolsar a otro”. Regla 44.1(a) de Procedimiento Civil, supra.

En nuestra jurisdicción impera la norma de que la imposición de costas a la parte vencida es mandatoria. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 839 (1983); Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989). Conforme a ello, al presentársele oportunamente a un tribunal un Memorando de Costas, el tribunal habrá de hacer dos (2) determinaciones previas a la concesión de las mismas:

1. Cuál, si alguna, fue “la parte a cuyo favor se resolvió el pleito”, es decir, quién fue el litigante vencedor.

2. Cuáles gastos, de aquellos en que se incurrió, fueron necesarios y razonables.

En cuanto a la primera determinación, generalmente resulta fácil identificar cuál es la parte a cuyo favor se resolvió el pleito. Sin embargo, la acumulación de más de una reclamación dificulta a veces la tarea de identificar quién es la parte victoriosa a los fines de conceder costas. Surge en estos casos la posibilidad de que cada parte en el pleito salga victoriosa en una o algunas de las reclamacio-nes acumuladas. ()

Al discutir la Regla 54(d) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.,() y reglas estatales similares, se ha dicho que cuando tanto la parte demandante como lá demandada prevalecen, el tribunal puede denegar las costas a ambas partes. Allen & O’Hara, Inc. v. Barrett Wrecking, Inc., 898 F.2d 512 (7mo Cir. 1990); 3 Moore’s Manual, Federal Practice and Procedure Sec. 25.06[2] (Supp. 1995). Por otro lado, cuando un demandante ha presentado múltiples re-clamos y resultó victorioso en tan sólo uno, los tribunales le han concedido las costas al demandado. 4 Kooman, Federal Civil Practice Sec. 54.15 (1975). Otras veces, los tribunales han prorrateado las costas entre las partes que han obte-nido algún remedio, aunque no en su totalidad. 10 Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure Sec. 2667 (1983). En fin, las cortes norteamericanas no han sido uni-formes al conceder costas cuando hay varias reclamaciones implicadas en el pleito. Y es que “[t]here has been many cases written on the allowance of costs and most of them peculiar to their own circumstance”. (Enfasis suplido.) S.A. Hirsh Manufacturing Company v. Childs, 157 F. Supp. 183, 184 (W.D. Penn. 1957).

Frecuentemente, el prorrateo de costas entre las partes ha descansado en la sana discreción (a veces salomónica) del juzgador. Por ejemplo, en Steel Const. Co. v. Louisiana Highway Commission, 60 F. Supp. 183, 192-193 (E.D. La. 1945), el tribunal expresó lo siguiente:

Of the twenty-six items involved in this controversy only one, relating to the balance due on the final estimate, has merit, and the greater portion of that item was not in controversy. I think nine-tenths of this record is fairly attributable to matters in which plaintiff has been unsuccessful, and that the costs should be apportioned on the basis of ninety per cent, against the plaintiff and ten per cent, against defendant.

En Moran v. Lewis, 41 A.2d 905 (1945), ocurrió una si-tuación de hechos parecida a la del caso de autos, en el sentido de que tanto el demandante como el demandado obtuvieron remedios a su favor. El tribunal de instancia dictó sentencia a favor, del demandante por $111.75, más costas, y también declaró con lugar la reconvención del de-mandado por $10.50, también con las costas. El deman-dante, entonces, cuestionó la concesión de costas al demandado. La corte resolvió que, a pesar de que el de-mandante obtuvo un remedio a su favor, el tribunal de ins-tanda correctamente concedió costas al demandado en su reconvención ya que esta última se interpuso como resul-tado de una transacción separada y distinta a la reclamada en la demanda. Moran v. Lewis, supra, pág. 905.

En Puerto Rico no ha habido considerable discusión so-bre la controversia ante nosotros. Sólo en Autoridad Sobre Hogares v. Colón, 73 D.P.R. 215 (1952), se presentó una situación parecida a la del caso de autos. Allí, el tribunal de instancia declaró con lugar la demanda de expropiación forzosa, aunque determinó que el valor razonable y justo de la finca era mayor que el alegado por la Autoridad. Por esta razón, el demandado pidió que se le impusieran las costas a dicha demandante. El tribunal de instancia no impuso el pago de costas a ninguna de las partes. Al resolver que el tribunal a quo no erró al no condenar a la de-mandante al pago de costas, expresamos lo siguiente:

Bastará decir que si bien de acuerdo con la Ley 94 del 1937 los tribunales están en el deber de conceder costas a la parte a cuyo favor se dicta cualquier sentencia o resolución final, sin embargo, en el caso de autos no es posible decir que la senten-cia fuera en su totalidad favorable a los demandados. Es indis-cutible que la expropiación de la finca se decretó en favor de la demandante. A ese respecto la sentencia fu[e] favorable a ella. Si bien en la demanda se alegó que el valor razonable y justo de la finca lo era la cantidad de $14,828.25 y el tribunal en su sentencia llega a la conclusión de que tal valor lo constituía la suma de $37,000, y condenó a la demandante a pagar a los demandados la diferencia ... no por ello la sentencia resultaba totalmente a favor de los demandados. La verdad es que la sentencia en parte se dictó a favor de la demandante y en parte a favor de los demandados. Autoridad Sobre Hogares v. Colón, supra, pág. 222.

Parece ser, entonces, que si la sentencia no produce una parte victoriosa por completo, el juzgador tiene discreción para denegar la concesión de costas a favor de todas las partes. Esta conclusión, aunque correcta para algunos ca-sos, resulta un tanto desorientadora bajo otras circunstancias. Veamos.

IV

De la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, no surge una definición precisa del concepto “parte victoriosa” que se ajuste a toda situación de hechos. Hoy, como en Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, supra, nos encontramos ante “la curiosa situación de que estamos en busca de nuestra pro-pia intención” en torno a las Reglas de Procedimiento Civil.

Nuestro ordenamiento procesal valora la economía y rapidez en la tramitación de los pleitos. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Conforme a ello, nuestras reglas permiten la acumulación, en una demanda, de todas las reclamaciones que tenga un demandante contra su parte adversa. Reglas 14.1 y 43.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esas reclamaciones acumuladas pueden ser alternativas o independientes.

En virtud de la Regla 14.1 de Procedimiento Civil, supra, la demandante J.T.P. acumuló en una misma de-manda dos (2) reclamaciones independientes: una reivindi-catoría y otra por daños y perjuicios. Esta última reclamación correspondió a los daños causados por Majestic a la propiedad de J.T.P. durante la construcción de la obra por aquélla. A diferencia del pleito en Autoridad Sobre Hogares v. Colón, supra, que trataba de una acción (expropiación), en el caso de autos se acumularon dos (2) reclamaciones que en nada tienen que ver la una con la otra. Son independientes. De hecho, la demanda de daños fue declarada con lugar, mientras que la reivindicatoría no prosperó. J.T.P. resultó victoriosa en su acción de daños y perjuicios.

En cuanto al pleito reivindicatorío, resulta claro que Majestic fue la parte vencedora. No cabe duda que si la acción reivindicatoría se hubiese presentado en un pleito separado del reclamo de daños y perjuicios, Majestic hu-biera resultado merecedora de las costas de ese litigio. El hecho de que el demandante haya decidido acumular dos (2) reclamaciones independientes en una misma demanda, tal y como lo permite nuestro ordenamiento procesal, no debe afectar la concesión de costas. Además, nos parece que denegar a la parte peticionaria el derecho a reclamar las costas en que incurrió al defenderse exitosamente ante la acción reivindicatoría presentada por los demandantes lastimaría la norma rectora de justicia y equidad que debe reinar en nuestros tribunales. Aguilar v. Vázquez, 6 D.P.R. 1 (1904).

Resolvemos, pues, en cuanto a la concesión de costas, que la parte victoriosa es aquella a cuyo favor se resuelve una reclamación independiente, a los fines de esa reclamación, aun cuando en el litigio se hayan acumulado otras reclamaciones.

V

Resuelto el hecho de que, en cuanto a la reclamación de reivindicación, Majestic resultó ser la parte victoriosa, resta por determinar cuáles de los gastos en que ésta incu-rrió para defenderse exitosamente en tal acción impondrá este Tribunal como costas, y cuáles serán devueltos a ins-tancia para que resuelva respecto a su concesión.

Repetidas veces hemos dicho que, “[c]omo regla general, la compensación del perito del tribunal, aunque en su origen pueda ser compartida por los litigantes, es recobrable como costas por la parte victoriosa. Regla 59(B) de Evidencia”. (Énfasis suplido.) Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 16, 22 (1983). Véase, además, Andino Nieves v. A.A.A., 123 D.P.R. 712, 716 (1989). A sugerencia del tribunal a quo, las partes en este caso acordaron que se nombrara un perito agrimensor y consignaron sus honorarios. Este perito del tribunal fue utilizado para resolver la controversia en torno a los predios. Procede, entonces, que la peticionaria, como parte victoriosa en la reclamación reivindicatoría, re-cobre como costas los honorarios de dicho perito del tribunal.

En cuanto a los peritos de parte, su compensación por vía de costas no es automática. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797, 811 (1976); Toppel v. Toppel, supra, pág. 22; Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 461 (1985); Andino Nieves v. A.A.A., supra, pág. 716. El tribunal a quo los concederá a su discreción evaluando su naturaleza y utilidad a los fines de determinar si el testimonio pericial presentado era necesario para que prevaleciera la teoría del que reclama los mismos. Los gastos en que incurrió para obtener deposiciones también son recobrables como costas si el tribunal estima que fueron necesarios. Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 78 (1967); Lehman v. Ehret, Inc., 103 D.P.R. 264, 270 esc. 4 (1975). Ala luz de lo anterior, procede que devolvamos el caso a instancia para que el juzgador determine si procede, total o parcialmente, la concesión de las costas reclamadas por los gastos en que Majestic incurrió en cuanto a los peritos contratados por esa parte y por la toma de la deposición al Sr. Dumit Azizi, según reclamados en su Memorando de Costas.

Por todo lo cual, se dictará sentencia revocando la reso-lución recurrida y se le ordena a la parte recurrida J.T.P. a pagar a la recurrente la suma de $1,250 por concepto de costas por los honorarios pagados por ésta al perito del tribunal. Se devuelve el caso para que el tribunal, a su discreción y conforme a lo que hoy resolvemos, determine la procedencia de las costas reclamadas por los peticionarios para defenderse de la acción reivindicatoría en la cual éstos resultaron victoriosos.

La Juez Asociado Señora Naveira de Rodón disiente por entender que la jurisdicción de este Tribunal debe acredi-tarse al presentarse el recurso. La acreditación de la juris-dicción pasado el término para presentar el recurso no su-bana dicha omisión ni cura el defecto de falta de jurisdicción. El Juez Asociado Señor Hernández Denton se une al voto de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

      (1) Originalmente la demanda se tituló: Sentencia Declaratoria, Interdicto Provisional, Preliminar y Permanente, Daños y Perjuicios. Entre otras cosas, alegó la demandante que Majestic Realty Corp. realizaba una construcción en terrenos que eran propiedad de aquella. Aparentemente, hubo controversia en cuanto a si la de-manda presentada era reivindicatoría o de deslinde. Tras un estudio sobre ambas acciones, el tribunal de instancia determinó que se trataba de una reclamación de reivindicación. Opinión y Sentencia de 24 de mayo de 1990, pág. 11.

       La parte peticionaria no incluyó en su recurso documento oficial alguno que reflejara cuándo se efectuó el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia. Sin embargo, alegó en la petición que ello se hizo el 1ro de junio de 1990. Mediante el examen que hemos hecho de los autos originales, hemos podido compro-bar tal aseveración. Véase The Coca-Cola Co. v. Mun. de Carolina, 130 D.P.R. 213 (1992), votos separados de los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López.

       Del Memorando de Costas, Apéndice, págs. 39-40, se desprenden los gastos siguientes:
      “a) Agrimensor Antonio Lopez Gallardo: $1,000.00
      “Honorarios del perito agrimensor por consultas profesionales y por levantar el plano de mensura del solar 312(b) que se admitió en evidencia como el Exhibit I de la parte demandada.
      “b) Luis Reyes Vazquez & Assoc.: 225.00

        “Honorarios por estudios de título realizados en las fincas individuales que pos-teriormente fueron agrupadas por J.T.P. Development.
      “c) Ing. Jose A. Ramos: 3,600.00
      “Honorarios del ingeniero perito de la parte demandada por consultas, asesora-miento en cuanto a la controversia de la colindancia y comparecencia en corte.
      “d) Secretaria Tribunal Superior: 1,250.00
      “Honorarios del perito del Tribunal consignados en la Secretaría del Tribunal Superior.
      “e) Lewis Page & Assoc.: 355.00
      “Honorarios del estenotipista de record [sic] por la comparecencia y transcrip-ción de la deposición del señor Dumit Azizi tomada como parte del descubrimiento de prueba en el presente caso.
      “Total $6,430.00.” Apéndice, págs. 39-40.

      (4) Al hacer un interesante estudio histórico del origen del concepto de costas, que se remonta a los albores del Derecho, el Tribunal en Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245, 250 (1963), señaló que:
      “Surge universalmente, aunque lentamente, el principio de que los gastos del pleito debe pagarlos el litigante que reclama aquello a lo cual no tiene razón, el que por su conducta obliga al que la tiene a defenderse o recurrir a los tribunales para hacer valer su derecho, y el que litiga con el propósito de retardar la justicia.”

      (5) El tema ha sido objeto de discusión en las jurisdicciones norteamericanas. Véanse: Anotación, Who is the “Succesful Party” or “Prevailing Party” for Purposes of Awarding Costs Where Both Parties Prevail on Affirmative Claims, 66 A.L.R.3d 1115 (1975); Anotación, Right to Costs Where Judgment is Against Plaintiff on His Complaint and Against Defendant on His Counterclaim, 75 A.L.R. 1400 (1931); Anota-ción, Dismissal of Plaintiffs Action as Entitling Defendant to Recover Attorney’s Fees or Costs as “Prevailing Party” or “Succesful Party”, 66 A.L.R.3d 1087 (1975).

      (6) La Regia 54(d) de Procedimiento Civil federal, análoga a nuestra Regla 44.1, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, dispone, en lo pertinente:
      “(d) Costs. Except when express provision therefor is made either in a statute of the United States or in these rules, costs shall be allowed as of course to the prevailing party unless the court otherwise directs ... .” Fed. Rules Civ. Proc. rule 54(d), 28 U.S.C.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    María M. Ocasio Burgos, etc., demandantes y recurrentes, v. Centro Comercial Plaza Carolina, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-92-77

      Resuelto: 15 de mayo de 1992

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de la recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración presentada en este caso, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concu-rrió con un voto particular de conformidad. El Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton se inhibió.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri.

Como bien señala el recurrente, en este recurso se pre-senta para nuestra consideración una situación litigiosa que no habíamos encarado antes. Tenemos planteada ante nos, por lo tanto, una cuestión particular nueva respecto a la cual no existen en nuestra jurisdicción pautas judiciales o pronunciamientos normativos de este Tribunal.

La controversia en esta solicitud de revisión gira en torno al uso, por una empresa comercial, de escaleras elec-tromecánicas en sus facilidades. Se plantea el asunto de cuál es el ámbito de responsabilidad torticera de tal em-presa por los accidentes que ocurren cuando un cliente de ésta utiliza una de esas escaleras.

El tribunal de instancia en este caso, mediante una con-cienzuda y ponderada sentencia (Civil Núm. FDP 90-0334 del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina), resuelve que, en circunstancias como las que tuvo ante sí —en las cuales no hubo prueba objetiva alguna de defectos en la escalera o de irregularidades en su mantenimiento u operación— no es de aplicación la doctrina de res ipsa lo-quitur y, por lo tanto, la acción de daños y perjuicios no procede si no se presenta prueba que establezca concreta-mente la negligencia de las partes demandadas.

Como usualmente hacemos siempre que se invoca nues-tra jurisdicción, este Tribunal examinó detenidamente la sentencia del foro de instancia, la solicitud de revisión y los otros documentos que obran en autos. Luego de un análisis cuidadoso de la argumentación y los fundamentos de dere-cho contenidos en los señalamientos tanto del juez de ins-tancia como del recurrente, hemos denegado el recurso y su reconsideración. Como tantas veces sucede cuando emi-timos un “No ha lugar”, nos ha parecido, luego de la debida consideración, que el caso fue bien resuelto en instancia y que no se justifica que expidamos el recurso solicitado.

Debe enfatizarse que al denegar esta solicitud de revi-sión lo hemos hecho sobre la base de un estudio a fondo de los planteamientos del recurrente. Existe en la profesión la equivocada opinión de que cuando emitimos un “No ha lu-gar” lo hacemos sin entrar en los méritos del recurso. Ello no es así. Nuestra denegación en este caso, como de ordi-nario ocurre con todas las solicitudes que vienen ante nos, no es “discrecional”, como algunos mal piensan, sino fun-dada en nuestra consideración cuidadosa de los méritos de la solicitud.()

En este caso, el juicio del Tribunal al denegar el recurso y la solicitud de reconsideración ha sido unánime.!) Yo comparto la apreciación de mis compañeros Jueces de que el caso se resolvió bien por el tribunal de instancia y de que no se justifica expedir el recurso solicitado. No obstante, me preocupa que no hayamos aprovechado la ocasión para pautar las normas judiciales que han de ser aplicables a situaciones como ésta. Tratándose de una cuestión particular novel, quizás debimos expedir el recurso para confirmar la sentencia de instancia, luego de hacer los pronuncia-mientos normativos y doctrinales correspondientes.

Resulta, sin embargo, que tal proceder con frecuencia no nos es posible aunque sea lo que idealmente debimos haber hecho. Este Foro se encuentra actualmente tan recargado de trabajo que no es posible atender como quisiéramos to-das las funciones que tenemos asignadas. La solicitud de revisión en cuestión fue presentada en el Tribunal el 19 de febrero de 1992. La denegamos luego de considerar sus mé-ritos el 13 de marzo de 1992. Recibimos la solicitud de re-consideración el 30 de marzo y el 15 de abril acordamos denegarla también. Durante el breve periodo de ocho (8) semanas transcurridas entre la presentación de la solici-tud original y la denegación de la reconsideración, este Tribunal ha atendido seiscientos sesenta y cinco (665) recur-sos en diez (10) sesiones plenarias, ha considerado y resuelto cincuenta y un (51) auxilios de jurisdicción, y ha emitido noventa (90) sentencias. Esta extensa labor, claro está, no refleja de modo alguno toda la carga de trabajo que tuvo el Tribunal durante el periodo en cuestión. Por ejem-plo, no incluye la adjudicación de varios casos mediante decisiones que se publican ni la redacción de numerosas opiniones de mayoría, concurrentes o disidentes. Pero los datos aludidos son suficientes para demostrar que la carga de trabajo es realmente exorbitante, lo que explica por qué en casos como el de marras la intervención del Tribunal se limita a resolver el asunto de modo sumario, luego de es-tudiar a fondo los planteamientos del recurrente.()

Como a pesar de lo señalado anteriormente persiste aún nuestra preocupación en cuanto al hecho de que no hemos podido pautar el Derecho aplicable a la situación novel que nos ocupa, hemos querido usar este medio para al menos dar alguna noticia a la comunidad jurídica del país sobre cuál ha sido nuestro parecer al respecto.

      (1) Véase, además, In re Informe Com. Asesora Presidente, 119 D.P.R. 165, 210-213 (1987).

      (2) El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.

      (3) Debe señalarse que si la situación aludida se repite en casos futuros o si surgen conflictos entre distintas salas del Tribunal Superior respecto a situaciones como ésta, es probable que entonces habremos de expedir el caso para pautar las normas correspondientes. Esa ha sido nuestra práctica en el pasado, no importa cuán cargados de trabajo estemos. En efecto, una razón que explica por qué en estos casos de situación novel no se expide el recurso solicitado es, precisamente, que el Tribunal prefiere esperar para ver si la situación es recurrente.


author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Jorge L. Pagán Santiago y Nereida Ortiz Sánchez, acusados y apelantes.

      Números: CR-88-66
    CR-88-77

      Resueltos: 20 de mayo de 1992

      Víctor Ramos Acevedo, abogado del apelante; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocura-dora General, y Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El Jueves 8 de octubre de 1987 el agente Félix Bauzó Carrasquillo recibió una llamada telefónica de una mujer, quien prefirió mantenerse en el anonimato. Esta le informó al agente Bauzó que en la residencia de “Georgie El Gran-de” se ocultaba cierto cargamento de droga. Luego de des-cribir la localización de la residencia, se comprometió a llamar nuevamente en dos (2) días, o sea, el sábado 10 de octubre. En efecto, la confidente llamó el sábado siguiente a la hora acordada. En su segunda llamada, ésta informó al agente Bauzó sobre una transacción que se realizaría esa misma tarde en la referida residencia. En esta ocasión informó la hora, el número de personas involucradas y des-cribió el vehículo que sería utilizado.

Luego de consultar con su supervisor, el agente Bauzó estableció vigilancia frente a la residencia del apelante Pa-gán Santiago. Su supervisor y un grupo de agentes se ubi-caron en las cercanías de la urbanización. La vigilancia comenzó aproximadamente a las 4:00 p.m. Una hora más tarde llegó el vehículo que la confidente había descrito. La descripción del vehículo y el número de personas que via-jaban en él coincidieron con la información suministrada. Acto seguido un hombre, quien luego fue identificado como el apelante Jorge L. Pagán Santiago, salió de la referida residencia. Vestía pantalones cortos blancos y camisa ne-gra de mangas largas. Este, luego de saludar a los pasaje-ros del vehículo, sacó de una cartera de mano negra una bolsa plástica transparente que contenía un polvo blanco. La entregó a uno de los individuos que viajaba en el vehí-culo, quien, de la cartera de una de las mujeres, sacó dinero y lo entregó a Pagán Santiago. Acto seguido el vehí-culo se retiró del lugar y Pagán Santiago comenzó a caminar hacia su residencia. En ese momento el agente Bauzó se percató de que un segundo individuo, identificado luego como el apelante Rafael Santiago Martínez, estaba mirando desde el segundo piso de la casa y lo había descubierto. Este le gritó a Pagán Santiago a la vez que señalaba hacia el lugar donde se hallaba el agente Bauzó. Al percatarse de la presencia del agente, el apelante Pagán Santiago corrió hacia el interior de su casa.

Inmediatamente el agente Bauzó se retiró del lugar de los hechos. Al salir de la urbanización alcanzó el vehículo que segundos antes había estado en frente de la casa de Pagán Santiago. El agente notificó por radio a su supervisor, quien se encontraba cerca del lugar, y solicitó que arrestaran a los ocupantes del vehículo. Posteriormente el agente Bauzó se enteró de que, en efecto, el vehículo había sido intervenido y arrestados sus ocupantes, habiéndoseles ocupado aproximadamente dos (2) onzas de cocaína.

Ese mismo día, como a las 7:00 de la noche, la infor-mante llamó por tercera ocasión. Esta vez informó que en la residencia quedaba todavía una cantidad de drogas y armas de fuego, y que probablemente “Georgie El Grande” se había dado cuenta de la presencia de la Policía en los alrededores de su residencia, por lo que trataría de mobi-lizar el millonario cargamento ilegal que guardaba en su propiedad.

Con la información suministrada por dicha confidente anónima, corroborada sustancialmente por la observación directa que de la narrada transacción hiciera el agente Bauzó y por la ocupación de dos (2) onzas de cocaína a los compradores de ésta después de haber sido arrestados, los agentes comienzan el trámite de conseguir la autorización para un allanamiento. La orden fue obtenida el domingo 11 de octubre, a las 11:00 de la mañana.

Un contingente de dieciocho (18) agentes ejecutaron dicha orden de allanamiento de la forma siguiente:

Varios agentes brincaron por un lado del portón eléc-trico que daba acceso a los terrenos aledaños a la residen-cia y se acercaron a ella. Un joven descrito con barba y sin camisa que se encontraba en tales terrenos los vio y gritó: “¡La Policía!”, a la vez que corría hacia la casa, siendo per-seguido y alcanzado por los agentes. Otro grupo de agentes entró al interior de la residencia cuyo portón se encontraba abierto. Allí encontraron a los apelantes Rafael Santiago Martínez, Milagros Figueroa y a tres (3) menores de edad sentados en un sofá viendo televisión. Luego de identifi-carse y de preguntar por el dueño de la casa, el agente Bauzó dejó a varios miembros del grupo custodiando a Santiago Martínez, a Figueroa y a los tres (3) menores, y se dirigió al área de los dormitorios. Allí percibió un fuerte olor a marihuana. En un dormitorio observó un rifle recor-tado y en un baño vio una balanza y al lado de ésta varios sacos de marihuana. También observó revólveres, rifles, municiones y metralletas, colocadas a simple vista sobre mesas, camas y sillas. Regresa a la sala y pone bajo arresto a las personas que allí se encontraban custodiadas. Sube a la segunda planta, donde encontró un dormitorio amplio. En la cama se encontraban durmiendo los apelantes Pagán Santiago y Nereida Ortiz Sánchez. Los despertó, les en-tregó la orden de allanamiento y les cuestionó sobre sus licencias para portar todas aquellas armas. Al contestar en la negativa, fueron arrestados y les fueron leídos sus dere-chos y advertencias de rigor. En la habitación se ocupó pa-rafernalia para el trasiego de drogas, cocaína, marihuana, dinero en efectivo y varias armas de fuego. Se tomaron fotos de la residencia así como de la mercancía encontrada en ella.

1 — 1

Por los hechos expuestos, el Ministerio Público acusó a los cuatro (4) apelantes mencionados de infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (en adelante Ley de Sustancias Controladas), 24 L.P.R.A. see. 2401, e infracciones a los Arts. 4, 5, 6 y 11 de la Ley de Armas de Puerto Rico (en adelante Ley de Armas), 25 L.P.R.A. sees. 414, 415, 416 y 421.()

En el acto de la vista preliminar celebrada por los deli-tos graves de infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y de infracción al Art. 11 de la Ley de Armas, supra, el magistrado instructor determinó que no existía causa probable para acusar a los apelantes Milagros Figueroa y Rafael Santiago Martínez. En alzada, igual dictamen hizo el Juez Superior que actuó como ma-gistrado en la nueva vista preliminar celebrada por tales delitos. En vista de ello, tales apelantes fueron acusados en el Tribunal Superior por los delitos menos graves de infrac-ción a los Art. 4 y 6 de la Ley de Armas, supra.

Celebrado el juicio por tribunal de derecho, los acusados fueron declarados culpables por los siguientes delitos: Jorge L. Pagán Santiago y Nereida Ortiz Sánchez, dos (2) cargos, cada uno, por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra, e infracciones a los Arts. 5, 6 y 11 de la Ley de Armas, supra. Milagros Figueroa y Rafael Santiago Martínez fueron encontrados culpables por cuatro (4) cargos cada uno, por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas, supra.

Posteriormente se sentenció a Jorge L. Pagán Santiago a cumplir penas de quince (15) años de reclusión en cada caso por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Con-troladas, supra; diez (10) años en cada caso por infracción al Art. 5 de la Ley de Armas, supra; cinco (5) años en cada caso por infracción al Art. 11 de la Ley de Armas, supra, y un (1) año por infracción al Art. 6 de dicha ley, supra. Ne-reida Ortiz Sánchez fue sentenciada a cumplir penas de doce (12) años en cada caso por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, supra; diez (10) años en cada caso de infracción al Art. 5 de la Ley de Armas, supra; cinco (5) años en cada caso por infracción al Art. 11 de la Ley de Armas, supra, y un (1) año en cada caso por infrac-ción al Art. 6 de dicha ley, supra.

Por otro lado, Milagros Figueroa y Rafael Santiago Mar-tínez fueron sentenciados a cumplir cuatro (4) años de pri-sión por los cuatro (4) cargos de infracción al Art. 6 de la Ley de Armas, supra.

Inconformes con las sentencias impuestas, los acusados recurren ante nos mediante recursos de apelación, ale-gando la comisión de siete (7) errores. Estos recursos fue-ron posteriormente consolidados y, estando en posición de hacerlo, resolvemos.

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En su primer señalamiento de error los apelantes Figueroa, Santiago Martínez y Ortiz Sánchez cuestionan la suficiencia de la prueba en cuanto a la intención criminal requerida para la comisión del delito. Se basan en la pre-misa de que el “mero hecho de estar físicamente en un lugar y/o establecimiento no te culpa [sic] de acciones u omisiones ajenas”. Caso Núm. CR-88-66, Alegato de los apelantes, pág. 23. La apelante Ortiz Sánchez alega que “tampoco se estableció fuera de toda duda razonable que las armas y las sustancias controladas” (id.) fueran de su propiedad.

La prueba presentada y creída por el tribunal de instan-cia estableció que al momento de llevarse a cabo el allana-miento en la residencia del matrimonio compuesto por los apelantes Pagán Santiago y Nereida Ortiz, los señores Rafael Santiago Martínez y Milagros Figueroa estaban en la sala de dicha residencia. E.N.P. pág. 17. Dentro de ésta había armas y sustancias controladas, a simple vista, so-bre camas, sillas y mesas. íd. El agente Félix Bauzó Ca-rrasquillo identificó al Sr. Rafael Santiago Martínez como la persona que el día antes le gritó a Pagán Santiago (íd., pág. 15) para prevenirlo de la presencia de los agentes.

Varios de los testigos de defensa atestaron conocer a los apelantes Santiago Martínez y Figueroa, y haberlos visto en la casa, del señor Pagán Santiago en varias ocasiones antes del día del allanamiento.

Con relación a la apelante Nereida Ortiz Sánchez, es-posa del apelante Jorge L. Pagán Santiago, la prueba de-mostró que, al momento del allanamiento, ésta se encon-traba acostada en la cama del matrimonio junto a su esposo. E.N.P., pág. 17. Había armas, drogas y paraferna-lia para el trasiego de drogas en la habitación, a simple vista. Dos (2) de los envases que contenían cocaína, encon-trados en la habitación matrimonial, tenían cinta adhesiva en la que se había escrito en uno de ellos “para mi uso” y en el otro “para uso del cliente”. íd., pág. 18. También surge de la prueba que se percibía un fuerte olor a marihuana en la casa. íd., pág. 17.

La “mera presencia” de una persona durante la comisión de un delito no es suficiente, por sí sola, para sostener una convicción en contra de ella por tal delito. Sin embargo, este hecho puede considerarse conjuntamente con otras circunstancias que rodean el hecho delictivo a los fines de fijar la responsabilidad criminal. No es indispensable, pues, que los acusados ejecuten personalmente el acto delictivo. Su presencia en el lugar de los hechos es indicio de su responsabilidad como coautores siempre que ésta pueda establecerse además de otros actos anteriores o como el resultado de una conspiración o de un designio común en que participaron. Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 519-520 (1961); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 145-146 (1985).

El elemento de “concierto y común acuerdo o designio común”, como cualquier otro hecho en controversia, puede ser establecido mediante prueba indirecta o circunstancial, ya que la evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa. Regla 10(H) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Cancel Peraza, 106 D.P.R. 28, 33 (1977); Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380, 383 (1966).

Así se estableció en el presente caso. Las armas y las drogas fueron encontradas dentro de la residencia de Pa-gán Santiago, a simple vista, en la cual convivía con su esposa, la apelante Nereida Ortiz Sánchez. Al momento del allanamiento se percibía un fuerte olor a marihuana. Si bien la evidencia no estableció de una manera directa que los coacusados Santiago Martínez y Milagros Figueroa vi-vían en tal residencia, de haber estado allí de visita, ésta no era una casual o incidental. Se desfiló prueba a los efec-tos de que visitaban la casa con mucha frecuencia. El día del allanamiento, a las 11:00 de la mañana, mientras los esposos Pagán Ortiz aún dormían, ellos, junto a los hijos de éstos, veían televisión. Es razonable inferir, entonces, que estaban allí como parte del grupo que llevaba a cabo la actividad ilícita. Su conducta no era la de unos visitantes comunes y corrientes. Muy por el contrario, parecían estar en su casa, en confianza, participando y beneficiándose de la actividad ilícita que se llevaba a cabo en la residencia en cuestión.

Por otro lado, que el coacusado Santiago Martínez tenía conocimiento de dicha actividad ilícita, fue demostrado al establecerse que el día anterior éste dio aviso a Pagán Santiago de la presencia de la Policía, al percatarse de que estaban siendo vigilados por ésta al momento en que se llevaba a cabo una transacción ilegal de venta de cocaína. Dicha venta fue posteriormente corroborada con el arresto de los compradores.

Aunque la culpabilidad de un acusado tiene que ser probada mediante evidencia que establezca todos los elementos del delito más allá de duda razonable, ello no significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria, tenga que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad del acusado con certeza matemática. Sólo se exige que la prueba establezca aquella certeza moral que convence, que dirige la inteligencia y satisface la razón. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-761 (1985).

La prueba desfilada en estos casos demostró, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad de los acusados apelantes, por lo que el primer error señalado no fue cometido.

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Bajo el segundo señalamiento de error los apelantes atacan la suficiencia de la prueba con énfasis en la credi-bilidad de los testigos de cargo.

Para ello señalan varios errores en la declaración ju-rada del agente Bauzó Carrasquillo en cuanto a las fechas en que se cometieron los hechos. El agente Bauzó, en su declaración jurada, comienza señalando el jueves 8 de oc-tubre de 1987 como el día en que recibe la primera llamada. Sin embargo, cuando luego se refiere al sábado siguiente, día en que recibió la segunda y tercera llamadas, se refiere al sábado 11, cuando lo correcto hubiese sido sá-bado 10. También se equivoca al referirse en su declara-ción jurada al viernes 10 en lugar de viernes 9. Este tipo de error es, a la luz de los hechos de este caso, uno de índole insustancial cuya comisión no acarrea la violación del de-bido proceso de ley, como señalan los apelantes. Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140, 141 (1978).

Los apelantes también cuestionan la credibilidad de algunos testigos por razón de ciertas discrepancias al referirse a la presencia de unas cámaras, en lugar de unos focos, en el portón de la residencia objeto del allanamiento, el millaje recorrido por los autos oficiales utilizados durante la intervención de los agentes en este caso y sobre la persona que recibe las llamadas telefónicas de la confidente anónima en el Cuartel de la Policía. Tales discrepancias fueron explicadas por cada uno de los testigos involucrados. Sus testimonios fueron objeto de escrutinio por el tribunal de instancia, quien adjudicó su credibilidad. Tal determinación en ausencia de prejuicio, parcialidad, pasión o error manifiesto merece nuestra deferencia. En ausencia de dichos elementos, no hay razón para que este Tribunal intervenga con la adjudicación de credibilidad que hizo dicho tribunal. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodovar, 121 D.P.R. 454 (1988).

Por último, los apelantes traen a nuestra atención la supuesta fabricación de prueba por parte de algunos agen-tes que testificaron en el proceso. A los fines de aquilatar dicho señalamiento en su justa perspectiva, reproducimos a continuación las expresiones del juez de instancia sobre este particular:

En la declaración jurada por escrito que da base a la Orden de Allanamiento, así como en la declaración en corte durante la vista, el Agente Bauzó se refiere a la residencia A-18. En nin-gún sitio por escrito indica que en el área de los zafacones hu-biera un rótulo con la inscripción A-18. En el contrainterroga-torio, al preguntársele de dónde sacó las colindancias indicó: “Por lado derecho colinda con A-17.por la forma en que va la urbanización y por pregunta que hice a unos muchachos, dije-ron que no brincaban los números, que iban en orden”.
La descripción de la propiedad que su dueña considera “Buena”. Esta tiene un portón de rejas negras y en cada una de las esquinas del portón hay unas murallas y encima de éstas hay una cámara, en total en el portón hay dos (2) cámaras; la residencia es de concreto, pintada de blanco con tejas anaran-jadas y frente semi-redondo; ésta presenta arcos en la parte del frente de la residencia y los mismos tienen rejas. Sobre la resi-dencia antes mencionada tiene otra residencia construida en madera y zinc, y al frente de la segunda planta hay otra cámara más grande color blanca y probablemente ésta sea giratoria”, [sic]
Hasta el momento en que aparece la licencia del vehículo Toyota propiedad del acusado Jorge L. Pagán, con referencia a la dirección como A-17, La Esmeralda, Cidra, nadie se había percatado de que aquella residencia no fuera la A-18. Sencilla-mente no había rótulo alguno que lo indicara. Es la única con-clusión lógica a que puede llegarse luego de estudiar las foto-grafías admitidas en evidencia. Las fotos de la entrada de la residencia muestran un portón cerrado, y agua fluyendo en la entrada como si fuera un manantial. El rótulo en madera col-gando de finos alambres y otra madera tras el muro haciendo contrapeso es muy conveniente. No hay porqué poner en duda el testimonio de los testigos de defensa, vecinos y comerciantes así como el doctor Ramón Andrés Meléndez Martí, amigo de los acusados que juran que nunca han visto ese rótulo allí. Así como también que no se ven rótulos en la urbanización. Sólo señalan dos rótulos, uno de ellos A-19, que aparenta colindar con la residencia allanada.
Dicho rótulo A-18 lo más probable fue puesto allí con el único propósito de fotografiarlo el 24 de octubre de 1987.
En la declaración jurada por escrito del 21 de octubre de 1987, a las 3:00 p.m., decl. #78 ante un fiscal (firma ilegible), el Agte. Félix Bauzó se refiere a la residencia como A-17 y en ningún sitio menciona que a pesar de ello está rotulada A-18.
De haber sido tomadas las fotografías el 11 'de octubre de 1987 mientras se efectuaba el allanamiento, el portón debía aparecer abierto, y el lugar seco, no con un correntón de agua. ¿La fabricación de prueba que se desprende de estos hechos, con posterioridad a la ejecución del allanamiento, debe benefi-ciar a unos comerciantes en drogas narcóticas y armas de fuego? ¿Cambiará la situación si resultara ahora que el verda-dero nombre del acusado es otro?
Entendemos que NO. La descripción de la propiedad fue su-ficientemente clara como para dirigir correctamente a los agen-tes a la residencia indicada la cual no tenía rótulo alguno en ese momento.
Los responsables de la fabricación y perjurios posteriores, para acomodar el testimonio a hechos que vinieron en conoci-miento después de haber actuado correctamente, deben responder por ello, como deben responder los acusados por sus actua-ciones delictivas. (Énfasis en el original.) Caso Núm. CR-88-66, Resolución de 16 de junio de 1988.

El que un testigo falte a la verdad en una parte de su testimonio no conlleva que necesariamente deba descartarse el resto de la declaración. Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974); Pueblo v. Espinet Pagán, 112 D.P.R. 531 (1982). La máxima falsus in uno, falsus in omnibus no autoriza a rechazar toda declaración de un testigo porque se haya contradicho o faltara a la verdad en parte de su testimonio. Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 D.P.R. 449 (1964). Aquilatado como lo fue, el testimonio al cual se refiere este señalamiento —por el juez de instancia a la luz de dichos principios— la apreciación que de tal testimonio hiciera dicho magistrado respecto a su credibilidad merece nuestra deferencia, por lo que no habremos de intervenir con dicha apreciación. Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, supra. El error no fue cometido.

IV

A través de los señalamientos tercero, cuarto y quinto, los apelantes cuestionan la legalidad de la orden de alla-namiento dictada contra la residencia de Pagán Santiago.

Al pasar juicio sobre los hechos presentes en un caso a los fines de determinar si éstos justifican la expedición de una orden de allanamiento, debemos siempre aplicar como criterio rector el de la razonabilidad. Esto es, se justifica la expedición de una orden de allanamiento cuando los hechos son de tal naturaleza que lleven a una persona prudente y razonable a creer que se ha cometido la ofensa imputada. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964). Allí dijimos: “ ‘Al determinar que es causa probable no estamos llamados a establecer si la ofensa que se im-puta fue verdaderamente cometida. Nos concierne sólo la cuestión de si el deponente tuvo base razonable, al mo-mento de prestar su declaración jurada y haberse librado la orden de registro, para creer que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado; y si los hechos aparentes que se desprenden de la declaración jurada son de tal natura-leza que una persona prudente y razonable pudiera creer que se ha cometido la ofensa imputada, hay la causa probable que justifica la expedición de una orden.’ ”

En el presente caso, la orden de allanamiento expedida se fundamentó en la declaración jurada del agente, Félix Bauzó Carrasquillo, quien plasmó en ésta el conocimiento obtenido a través de tres (3) acertadas confidencias de una misma persona e información que le constaba de su propio conocimiento, producto de su investigación y observación como agente del orden público.

Nos tropezamos, pues, como en innumerables ocasiones anteriores, con la expedición de una orden de allanamiento fundamentada en la declaración jurada de un agente del orden público, fundamentada a su vez en confidencias y en la observación directa del agente declarante. Hace ya muchos años que en Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977), establecimos los criterios para determinar cuándo es que una confidencia justifica la expedición de una orden de allanamiento. Estos criterios son los siguientes:

1. Que el confidente previamente ha suministrado información correcta.
2. Que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo.
3. Que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente o por información proveniente de otras fuentes.
4. Que la corroboración se relaciona con actos delictivos come-tidos o en proceso de cometerse.

Siguiendo este esquema establecido en Pueblo v. Díaz Díaz, supra, es razonable concluir que la confidencia hecha en el presente caso fue suficiente para la válida expedición de la orden de allanamiento.

Las confidencias recibidas en el presente caso, aunque de parte de una confidente anónima, fueron convalidadas mediante la observación directa del agente Bauzó. No se trata de una orden de allanamiento emitida en el vacío, sino de una reforzada por los resultados del esfuerzo de un agente del orden público. Una confidencia hecha por telé-fono a un miembro del orden público, corroborada por ob-servación directa de dicho agente o de uno de sus compa-ñeros —quien luego vierte en una declaración jurada tal conocimiento— es suficiente para que, a la luz de las cir-cunstancias de este caso, pueda un magistrado emitir vá-lidamente una orden de allanamiento después de un exa-men diligente de dicha declaración y luego de haber quedado convencido de que existe causa probable para ello a la luz de los criterios expuestos anteriormente. Pueblo v. Tribunal Superior, supra; Pueblo v. Díaz Díaz, supra.

Es cierto que en la orden se señaló incorrectamente el número de la residencia. En lugar de A-17 se indicó que el número era A-18. Este error, a la luz de los hechos ante nos, fue subsanado por la descripción acertada que se hi-ciera de la casa.() Tomando en cuenta todos los detalles implicados no podemos sostener el error alegado. Véase 1 Ringel, Search and Seizures, Arrests and Confessions Sec. 5.5(a), pág. 5-20 (1986).

V

En su sexto señalamiento de error, los apelantes atacan la actuación del tribunal de instancia al aceptar en susti-tución de la orden de allanamiento original, una copia de ésta sin estar debidamente certificada y sin cumplir con lo requerido por la Regla 70 de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV. No tienen razón.

Según determinado por la sala sentenciadora, el docu-mento original se extravió sin que, haya mediado mala fe, presentándose en su lugar la copia en duplicado que había sido entregada al apelante Pagán Santiago el día en que tal copia fue diligenciada. Además, se unió al expediente del caso la copia, también en duplicado, que poseía el Fiscal, la cual fue certificada por el juez que expidió la orden, indicando éste que tal copia correspondía al original “con-forme a su mejor recuerdo”. El juez ante quien se diligenció bajo juramento el inventario, reconoció su firma y él corro-boró el número del afidávit.

Por otro lado, la Regla 73 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, dispone que un duplicado es tan admisible como el original a no ser que surja uña genuina controversia en torno a la autenticidad del original. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, págs. 447-469.

En este caso la autenticidad del documento original no fue objeto de controversia, por lo que su duplicado fue co-rrectamente admitido. Por lo antes señalado y visto, la diligencia llevada a cabo, creída y plasmada por la sala sen-tenciadora en su resolución, es forzoso concluir que el error no fue cometido.

VI

Discutiremos someramente los señalamientos de error séptimo, octavo y noveno.

Mediante el séptimo señalmiento de error se imputa al tribunal de instancia haber errado al no acceder a la solicitud de los apelantes de que se celebrara una inspección ocular de la residencia donde fueron éstos arrestados. Tal error no fue cometido. Dicho tribunal correctamente concluyó que la inspección solicitada era innecesaria y nada aportaba a la pronta solución del caso. Este Foro se ha manifestado repetidamente al efecto de que la denegación de una inspección ocular no constituye un abuso de discreción cuando su valor probatorio nada añade al proceso y, en cambio, resulta en una dilación inconveniente e innecesaria. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981). En el presente caso, además de los testimonios de varias personas en relación con la descripción y ubicación de tal residencia, fueron admitidas múltiples fotografías de ésta, lo que hacía innecesaria la inspección solicitada.

En el octavo señalamiento, los apelantes Milagros Figueroa y Rafael Santiago Martínez sostienen que la deter-minación de no causa en vista preliminar por los delitos graves que originalmente les fueron imputados junto a los otros dos coacusados, constituye cosa juzgada y es impedi-mento para que se ventilen en un segundo proceso, aun cuando se trate de delitos distintos, los hechos que se dilu-cidaron y se resolvieron en el primer procedimiento y que son decisivos para este segundo proceso. Apoyan esta con-tención en el caso Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977). No tienen razón.

En Pueblo v. Ortiz Marrero, supra, resolvimos que la determinación del Tribunal de Distrito —después de la celebración del juicio en sus méritos que decretaba la supresión de cierta evidencia y absolvía los allí acusados— operaba como un impedimento colateral por sentencia en relación con la acusación por un delito distinto pendiente ante el Tribunal Superior, cuya acusación se produjo como resultado de otra evidencia delictiva que, aunque distinta, se ocupó en el mismo evento y de la misma forma no susceptible de fraccionamiento fáctico, en que se ocupó la evidencia suprimida por el Tribunal de Distrito. Fundamentamos nuestra decisión en el mencionado caso en la circunstancia —ausente en el presente— de que los hechos, mediante los cuales fue ocupada la evidencia para sostener ambas infracciones, fueron declarados contrarios a nuestro ordenamiento legal en virtud de una resolución final y firme del Tribunal de Distrito emitida con anterioridad a que se ventilara la acusación pendiente ante el Tribunal Superior.

Resalta a la vista la diferencia entre el citado caso de Pueblo v. Ortiz Marrero y el presente. En aquél se ventiló el juicio en los méritos, luego de lo cual se acogió el plan-teamiento sobre supresión de evidencia, por lo que se pro-dujo una sentencia final y firme de parte del Tribunal de Distrito. En el de autos, todo lo que se celebró fue una vista preliminar donde se determinó que no existía causa probable para enjuiciar a los apelantes por los delitos graves que les habían sido imputados. No habiéndose ventilado el caso en sus méritos sobre todo lo concerniente a la admisibili-dad de evidencia y a la coautoría de los apelantes con Pa-gán Santiago y su esposa Nereida Ortiz Sánchez, en rela-ción con los delitos menos graves, no existe una sentencia final y firme que active la doctrina de impedimento colate-ral por sentencia, que recoge la norma de que una senten-cia resulta concluyente entre las mismas partes cuando se trata y conlleva la relitigación en un caso posterior de las cuestiones de hecho esenciales, adjudicadas y determina-das previamente en tal sentencia. Véase Pueblo v. Ortiz Marrero, supra, y casos allí citados.

Finalmente, a través del último de los señalamientos se alega que erró el tribunal sentenciador al condenar al apelante Jorge L. Pagán Santiago a cumplir unas penas consecutivas sin prueba que justificara la imposición de tales condenas. Es evidente la frivolidad de dicho señalamiento. Reiteradamente hemos sostenido que no constituye un castigo cruel e inusitado el sentenciar a un acusado a cumplir consecutivamente varias penas de encarcelamiento cuando la naturaleza de los delitos cometidos así lo justifican y las penas decretadas están dentro de los límites fijados por el estatuto. Pueblo v. Burgos Hernández, supra. La determinación del modo de cumplir, el acusado, con los términos de prisión —si concurrente o consecutivamente— descansa en la sana discreción del tribunal, con la cual no habremos de intervenir en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o mal juicio. Pueblo v. González, 97 D.P.R. 541 (1969); Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966).

No habiéndose cometido ninguno de los errores señala-dos por los apelantes, se dictará sentencia que confirme to-das las sentencias impugnadas por los apelantes.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió mediante opinión escrita.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

En ocasiones nos cuestionamos el porqué dedicamos tiempo de nuestro recargado calendario de trabajo para so-litariamente disentir de decisiones de este Tribunal, re-frendadas por una mayoría absoluta de los integrantes del mismo, en las cuales asumimos posiciones en ciertos casos que resultan ser antipáticos no sólo para la inmensa ma-yoría de nuestra ciudadanía sino que, inclusive, para noso-tros mismos.

La contestación a dicha interrogante resulta ser sor-prendentemente sencilla: el hacerlo es un deber y obliga-ción ineludible del desempeño responsable del cargo que ocupamos; ello independientemente de cualquier otra con-sideración referente a personas o hechos específicos en-vueltos en el caso en particular en ese momento ante nues-tra consideración.

La decisión mayoritaria emitida por el Tribunal en el presente caso —el cual, no hay duda, es uno sumamente antipático debido a que todo tiende a indicar que los aquí apelantes efectivamente estaban envueltos en el repug-nante y canceroso tráfico ilegal de armas y narcóticos— es un vivo ejemplo de la inaceptable máxima o proposición de que “el fin justifica los medios”; máxima que nunca puede servir de fundamento jurídico a una convicción criminal bajo el ordenamiento vigente en nuestro País.

I

En el presente caso la orden de allanamiento emitida contra la residencia propiedad del matrimonio compuesto por los apelantes Jorge L. Pagán Santiago y Nereida Ortiz Sánchez se obtiene, principalmente, a base de la declara-ción del agente Félix Bauzó Carrasquillo quien declaró, en síntesis y en lo pertinente, que recibió una alegada confi-dencia anónima sobre trasiego de drogas en dicha residen-cia —la A-18 de la Urbanización Esmeralda de Caguas, Puerto Rico— y de unas observaciones que éste supuesta-mente hiciera, durante la “vigilancia” que de la misma lle-vara a cabo como consecuencia de la confidencia recibida; observaciones que alegadamente corroboraron la informa-ción brindada en la mencionada confidencia anónima.

Resulta necesario enfatizar el hecho de que el agente Bauzó Carrasquillo declaró que, durante la mencionada vi-gilancia, él pudo observar un letrero frente a la residencia en controversia que leía “A-18” y que, luego de efectuado el allanamiento, él estuvo presente cuando otro agente —de nombre Jaime García Butler— fotografió el frente de la casa del matrimonio apelante, fotografía de la cual surge el referido letrero localizado en el frente de la misma. El agente Bauzó Carrasquillo identificó, durante el proceso ce-lebrado, las referidas fotografías.

¿Cuál es la importancia de todo esto? Sencillo. La resi-dencia allanada no es la número A-18 de la Urb. Esmeralda; la misma es la número A-17.

¿Cómo se explica, entonces, el testimonio del agente Bauzó Carrasquillo a los efectos de que él vio, con sus pro-pios ojos, un letrero contentivo de “A-18”; que estuvo pre-sente cuando se fotografió dicha casa con el referido le-trero, y la identificación que hiciera de dichas fotografías?

Nuevamente, sencillo. El agente Bauzó Carrasquillo mintió flagrantemente sobre ese hecho; más que mentir, Bauzó Carrasquillo fabricó esa prueba. Ello no lo afirma-mos nosotros a nivel apelativo. Dicha determinación y con-clusión la hace el propio juez que presidió los procedimien-tos a nivel de instancia.

Conforme, inclusive, surge de la propia Opinión mayo-ritaria emitida por el Tribunal, el magistrado de instancia expresamente determinó que lo del letrero, contentivo de la numeración A-18, frente a la residencia en controversia, y lo de las fotografías demostrativas de ese hecho habían sido efectivamente una fabricación de los agentes de la Policía.

Procede, entonces, que uno se pregunte ¿cómo es posible que, estando basado el allanamiento en el testimonio del agente Bauzó Carrasquillo, dicho magistrado emitiera un fallo de culpabilidad contra los apelantes, esto es, le diera crédito a la declaración de dicho agente en lugar de recha-zar la misma como falsa y, en consecuencia, suprimir la evidencia ocupada durante el allanamiento efectuado?

Sorprendentemente —y, tenemos que añadir, de la ma-nera más ingenua imaginable— el referido juez contestó dicha interrogante expresando que “unos comerciantes en drogas narcóticas y armas de fuego” no se pueden “benefi-ciar” de la fabricación de prueba, por parte de agentes del orden público, que claramente se desprende de la totalidad de la evidencia que desfilara ante él. En otras palabras, el “fundamento jurídico” detrás de la determinación, o fallo, de culpabilidad emitido por el tribunal de instancia en el presente caso lo es la antes mencionada máxima de que “el fin justifica los medios utilizados”. Esto es, como en el re-gistro realizado se ocuparon armas y narcóticos —razón por la cual los aquí apelantes, conforme expresa el juez de instancia, son “comerciantes en drogas narcóticas y armas de fuego”— no importa que el testimonio del agente que sirviera de base a la expedición de la orden de allana-miento sea o no falso o que dicho agente haya fabricado prueba para sostener el caso. Lo único que importa, en opinión del referido magistrado, es que en el allanamiento se ocupó material delictivo. Ciertamente no podemos, como lo hace la mayoría del Tribunal, refrendar dicha posición.

Sabido es que este Tribunal, reiteradamente, ha resuelto que el mero hecho de que un registro y allanamiento rinda frutos criminosos nunca puede ser utilizado como funda-mento para convalidar la ilegalidad del registro y allana-miento efectuado. Pueblo v. Barrios, 72 D.P.R. 171 (1951); Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Pueblo v. Castro Santiago, 123 D.P.R. 894 (1989).

Si ello fuera de forma contraria, meramente bastaría para validar un registro y allanamiento que el Estado de-mostrara que ocupó material delictivo en el registro y alla-namiento que llevó a cabo. Esto es, no tendría el Estado que cumplir con el mandato constitucional contenido en la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado, L.P.R.A., Tomo 1, la cual, en lo pertinente, dispone que sólo se expedirán mandamientos autorizando regis-tros, allanamiento o arrestos por autoridad judicial única-mente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación describiendo el lugar a registrarse y las per-sonas a detenerse o las cosas a ocuparse.

En vista de ese claro y expreso mandato constitucional —y como debería de resultar obvio, de los hechos antes reseñados, para cualquier persona— las armas y drogas narcóticas ocupadas en la residencia aquí allanada nunca debieron ser admitidas en evidencia. En primer lugar, y como es de todos conocido, uno de los fundamentos a base de los cuales se puede solicitar, y decretarse, la supresión de una evidencia ocupada durante un allanamiento es la insuficiencia de “cualquier declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento porque lo afirmado bajo juramento en la declaración es falso, total o parcialmente”. Regla 234(f) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véase, en adición, Pueblo v. Bonilla Romero, 120 D.P.R. 92 (1987).

Como anteriormente señaláramos, el juez de instancia determinó que era completamente falso lo declarado por el agente Bauzó Carrasquillo a los efectos de que durante la vigilancia que él prestara, como consecuencia de la confi-dencia anónima que recibiera, él pudiera haber observado que frente a la residencia en controversia había un letrero que describía la misma como la “A-18” de la Urbanización Esmeralda. La Opinión mayoritaria emitida por el Tribunal, con el objetivo de “salvar” ese obstáculo y poder soste-ner la legalidad de la orden de allanamiento, conveniente-mente se escuda tras la norma jurisprudencial a los efectos de que el “que un testigo falte a la verdad en una parte de su testimonio no conlleva que necesariamente deba descar-tarse el resto de la declaración. Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974) ...”. (Énfasis suplido.) Opinión mayorita-ria, pág. 483.

Pero, es que en el presente caso hay algo más. En primer lugar, el testimonio falso prestado por el agente, como ve-remos más adelante, versa sobre un hecho sustancial; si-tuación que tiene la consecuencia de viciar su restante tes-timonio respecto a las supuestas observaciones que él alega haber hecho durante la vigilancia realizada. En se-gundo lugar, el juez de instancia, como indicáramos ante-riormente, meramente no se limitó a decir que este testigo había “faltado a la verdad” en parte de su testimonio. Dicho magistrado expresamente concluyó que el agente Bauzó Carrasquillo había “fabricado” prueba. Procede que nos cuestionemos entonces, si meramente estamos ante un testigo que en algún momento de su testimonio incurre en una contradicción, o que dice una mentirilla, o, por el con-trario, ante un consciente prevaricador que, intencional y bochornosamente, fabrica prueba.

Debemos, en consecuencia, preguntarnos: ¿merece al-gún crédito el testimonio de esa persona que, con su con-ducta ilegal, mancha el honor y la reputación del honroso cuerpo al cual pertenece? Si el “fin justifica los medios”, como aparentemente entiende tanto el tribunal de instan-cia como una mayoría de los integrantes de este Tribunal, la contestación debe de ser en la afirmativa. Si, por el con-trario, nuestro sistema de justicia es uno de ley y de res-peto a la verdad, entonces la contestación tiene que ser en la negativa.

¿Por qué la fabricación de prueba? La contestación a dicha interrogante nos lleva al segundo fundamento en apoyo de nuestra contención a los efectos de que el material delictivo ocupado en la residencia allanada no era admisi-ble en evidencia; ello por dos (2) razones: porque la orden de allanamiento emitida concedía “discreción” a los agen-tes para allanar más de una residencia, y en segundo tér-mino, por razón de que el allanamiento efectuado es ilegal por haber sido realizado en una residencia distinta a la aparentemente indicada, por número, en la orden a esos efectos expedida por el Tribunal de Distrito. Veamos.

La declaración jurada que prestara el agente Bauzó Ca-rrasquillo con el propósito de lograr la expedición de la orden de allanamiento en controversia —la cual juramentó el 11 de octubre de 1987 ante la Juez del Tribunal de Dis-trito de Puerto Rico, Hon. Josefina López de Font— en adi-ción a brindar una somera descripción de la residencia a ser allanada, identifica la residencia objeto de la confiden-cia anónima, y en relación con la cual él prestara una ale-gada vigilancia, como la A-18 de la citada Urb. La Esmeralda; la cual residencia, conforme lo expresado en dicha declaración jurada:

...Por el lado derecho colinda con la residencia A-17, la cual tiene un portón de rejas color negra y varias palmas y el camino no está pavimentado. Por el lado izquierdo colinda con la resi-dencia A-19, por el frente colinda con la Calle Principal de la Urb. La Esmeralda de Caguas. (Enfasis suplido.) Caso Núm. CR-88-66, Alegato del Procurador General, pág. 33.

Como consecuencia de lo afirmado bajo juramento por Bauzó Carrasquillo en dicha declaración, la mencionada magistrada expidió ese mismo día 11 de octubre de 1987 una orden de allanamiento contra la residencia sita en el número A-18 de la Urbanización La Esmeralda, Caguas, Puerto Rico. ¿Qué sucede? La residencia, perteneciente a los apelantes Pagán Santiago y Ortiz Sánchez, que los agentes allanaron no es la A-18, sino que la A-17. Ahí la razón de la fabricación de las fotografías con un letrero con el número A-18. Dichos funcionarios —conocedores de nuestra jurisprudencia a los efectos de que es defectuosa y nula una orden de allanamiento que conceda discreción a los agentes de la Policía para allanar una (1) de dos (2) o de varias casas, Pueblo v. Cruz Martínez, 92 D.P.R. 747, 749 (1965), y aparentemente duchos en la fabricación de prueba para “cuadrar” un caso— se “aseguraron” de que la validez de dicha orden pudiera ser sostenida en corte po-niéndole un letrero con el número A-18 a la residencia A-17 de la Ürb. La Esmeralda y fotografiando la misma con dicho letrero; esto es, “arreglaron” la escena de los hechos para conformarla al testimonio perjuro del agente Bauzó Carrasquillo. Dicha actuación o conducta —reprochable y delictiva— es la que este Tribunal en el día de hoy refrenda al confirmar las convicciones decretadas a nivel de instancia.

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Conforme surge de la Opinión mayoritaria, contra los apelantes Milagros Figueroa y Rafael Santiago —personas que, aun cuando no residían en la residencia ilegalmente allanada, se encontraban presentes en la sala de dicha re-sidencia el día del allanamiento— el Estado radicó acusa-ciones por infracciones al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401, y al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 418, los cuales son delitos graves, y por infracciones a los Arts. 4 y 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 414 y 416, los cuales están catalogados como delitos menos graves.

De acuerdo con el procedimiento pautado por las Reglas de Procedimiento Criminal, los pliegos acusatorios por los delitos menos graves —por no tener derecho a vista preli-minar bajo la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II— fueron radicados “directamente” ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, y las denuncias por los dos delitos graves antes mencionados fueron referidos al Tribunal de Distrito para la celebración de la antes mencionada vista preliminar. Procede que se enfatice, en este momento, que todo el material delictivo fue ocupado en la residencia como consecuencia del allana-miento allí realizado y que estas dos personas fueron acu-sadas, respecto a dicho material delictivo, por meramente encontrarse allí presentes al momento de dicho allanamiento.

En otras palabras, la ocupación de Id evidencia contra los apelantes ocurrió en un mismo evento, no susceptible de fraccionamiento fáctico ni jurídico, y por el mero hecho de estar allí presentes al momento de la ocupación de la misma. Veamos la importancia de ello.

Como se expresa en la propia Opinión emitida por el Tribunal en el día de hoy, el juez del Tribunal de Distrito que presidió la celebración de la vista preliminar que esta-blece la citada Regla 23 de Procedimiento Criminal deter-minó no causa contra los apelantes Figueroa y Santiago en relación con los dos delitos graves que se le imputaban. Inconforme con dicha determinación de no causa, el Estado acudió en alzada, conforme establece la Regla 24(c) de Pro-cedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, ante un juez del Tribunal Superior de Puerto Rico. Dicho magistrado con-firmó o ratificó la determinación de no causa que había realizado anteriormente el magistrado del Tribunal de Distrito.

A base de ello, la representación legal de Milagros Figueroa y Rafael Santiago, diligentemente solicitaron del Tribunal Superior, Sala de Caguas, la desestimación de los pliegos acusatorios radicados contra dichas personas por las alegadas infracciones a los Arts. 4 y 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, por razón de cosa juzgada y/o impedimento colateral por sentencia. Dicho planteamiento fue declarado sin lugar por el tribunal de instancia. En su escrito de apelación los referidos apelantes le imputan al foro de instancia haber errado al así resolver. Contrario a lo que sostiene la mayoría de los integrantes de este Tribunal, somos del criterio que le asiste la razón a los referidos apelantes en dicho planteamiento. Veamos por qué.

Como certera y correctamente señala la representación legal de Milagros Figueroa y Rafael Santiago en el alegato que radicaron, el ordenamiento penal vigente en nuestra jurisdicción reconoce la doctrina de impedimento colateral por sentencia. La misma recoge la norma de que una sen-tencia resulta concluyente entre las mismas partes si versa y conlleva la relitigación en un caso posterior de las cues-tiones de hecho esenciales, adjudicadas y determinadas previamente en tal sentencia. Pueblo v. Pagán Pagán, 100 D.P.R. 532 (1972); Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971). Se acepta que ello impide la ventilación de un se-gundo proceso y es motivo de desestimación, aun cuando se trate de un delito distinto, si dentro de la adjudicación del caso anterior, clara, directamente, se dilucidaron y resol-vieron hechos necesariamente decisivos para el segundo. A esos efectos, véanse: Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 559-560 (1945); Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977).

La Mayoría del Tribunal rechaza la aplicación de esta doctrina al caso de los apelantes Figueroa y Santiago ba-sándose en que en los casos antes citados, a diferencia del presente, hubo “una sentencia final y firme de parte del Tribunal de Distrito” —(énfasis suprimido) opinión mayo-ritaria, págs. 488-489)— en el primer caso, mientras que en la situación de autos “todo lo que se celebró fue una vista preliminar donde se determinó que no existía causa probable para enjuiciar a los apelantes por los deli-tos graves que le habían sido imputados”. íd., pág. 489.

Dicho argumento es tan flagrantemente erróneo que realmente no hay que extenderse mucho para refutarlo. El Tribunal se olvida del hecho que, conforme establecen las citadas Reglas 23 y 24 de Procedimiento Criminal, la de-terminación de no causa probable que originalmente emi-tiera el Tribunal de Distrito, la cual fue ratificada en al-zada por el Tribunal Superior, tuvo el efecto de exonerar totalmente a estas dos personas de los delitos graves que se le imputaban y el de impedir que el Ministerio Fiscal pueda presentar acusación alguna contra dichas personas en relación con dichos delitos.

Somos del criterio que, a los efectos de la doctrina de impedimento colateral, no existe diferencia alguna entre una sentencia absolutoria, emitida la misma después de la celebración de un juicio, y una resolución exoneratoria, emitida después de la celebración de una vista preliminar. Ambas —la sentencia absolutoria y la resolución exonera-toria— tienen el efecto de impedir que la persona pueda ser procesada por otros delitos relacionados siempre que —como sucede en el presente caso— estén presentes cues-tiones de hecho decisivas para todos los casos que necesa-riamente fueron objeto de adjudicación en el primer proce-dimiento celebrado.

En las dos vistas preliminares celebradas en el presente caso, en cuanto a los delitos graves, y en el juicio que da origen a esta apelación, la cuestión fundamental de hecho decisiva a dilucidar lo era si, por el mero hecho de estar presentes los apelantes Figueroa y Santiago en la residen-cia allanada, se le podía imputar a éstos la posesión tanto de los narcóticos como de las armas de fuego allí ocupadas. Dos (2) magistrados —luego de escuchar la prueba de cargo en dos (2) ocasiones— determinaron que ni tan si-quiera existía causa probable para radicar acusación contra éstos. Al así resolver, necesariamente dilucidaron el he-cho decisivo de la posesión en contra de la contención del Estado. Ese hecho, igualmente, estaba presente en los ca-sos que, por infracción a los Arts. 4 y 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, ante, se celebraron ante el foro de instancia. El mismo, en consecuencia, no podía ser reliti-gado nuevamente. Véase Pueblo v. Ortiz Marrero, ante.

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En resumen —y en relación con todos y cada uno de los apelantes— disentimos de la Opinión mediante la cual el Tribunal confirma las sentencias apeladas por entender que el material delictivo ocupado por los agentes del orden público en la residencia perteneciente a los apelantes Pa-gán Santiago y Ortiz Sánchez no debió haber sido admi-tida en evidencia por razón de que: (1) lo afirmado bajo juramento en la declaración jurada que sirvió de base a la expedición de la orden de allanamiento es falso, total o parcialmente, Regla 234(f) de Procedimiento Criminal, ante; (2) debido a que la orden de allanamiento expedida es fatalmente defectuosa ya que concedía discreción a los re-feridos agentes del orden público para allanar una (1) de dos (2) o varias residencias, Pueblo v. Cruz Martínez, ante, y (3) debido a que la residencia efectivamente allanada por la Policía fue una distinta a la que aparentemente indi-caba, por número, la orden a esos efectos expedida por el tribunal que emitió la misma.

Ya únicamente en cuanto a los apelantes Milagros Figueroa y Rafael Santiago, disentimos por razón de enten-der que en relación con las acusaciones que contra ellos se dilucidaron en el foro de instancia es de aplicación la doc-trina de impedimento colateral por sentencia.

      (1) Además, se presentaron acusaciones contra cada uno de los acusados apelan-tes por el recibo y la transportación de bienes apropiados ilegalmente. Art. 168 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4274. Todos fueron exonerados de tal delito en el acto de la vista preliminar.

      (2) La propiedad fue descrita de la manera siguiente:
      “...la residencia A-18, es una residencia grande, la cual tiene portones electró-nicos y a cada lado de los portones tiene una cámara, de ese portón a la residencia hay un camino en cemento y encima de esta hay otra residencia en madera y zinc, se refiere al techo de la primera planta hay otra cámara apuntando hacia el portón principal de la residencia....” Caso Núm. CR-88-66, Alegato del Procurador General, pág. 33.
      “ ‘Residencia ubicada en la Urb. La Esmeralda A-18, Caguas, Puerto Rico, esta tiene un portón de rejas negras y en cada una de las esquinas del portón hay dos (2) cámaras, la residencia es de concreto, pintada de blanco con tejas anaranjadas y frente semi-redondo, ésta presenta arcos en la parte del frente de la residencia y los mismos tienen rejas. Sobre la residencia antes mencionada tiene otra residencia construida en madera y zinc, y al frente de la segunda planta hay otra cámara más grande color blanca y probablemente esta sea giratoria.’

        “Colindancia: Por el lado derecho colinda con la residencia A-17, la cual tiene un portón de rejas color negra y varias palmas y el camino no está pavimentado. Por el lado izquierdo colinda con la residencia A-19,jpor el frente colinda con la Calle Principal de la Urb. La Esmeralda de Caguas.” (Enfasis en el original.) Caso Núm. CR-88-66, supra.

       “G. Erró el Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar una solicitud sobre inspección ocular de la residencia allanada y sus alrededores a pesar de existir una controversia material y real entre lo declarado por el agente que solicitó la orden de allanamiento y la descripción real y verdadera de la propiedad.
      “H. Erró el Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar una Moción Bajo la Regla 64(p) y otra bajo la Regla 64(f) de Procedimiento Criminal.
      “I. Erró el Honorable Tribunal al sentenciar al apelante Jorge L. Pagán Santiago a cumplir penas consecutivas, sin prueba alguna que justificara la imposición de dicha pena, tratándose de un primer ofensor en contravención a la filosofía de carácter rehabilitadora de la Ley Penal.” Caso Núm. CR-88-66, Alegato de los ape-lantes, pág. 21.


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Ñegrón García,

text:
    El Vocero de Puerto Rico, peticionario, v. Hon. Miguel A. Hernández Agosto et als., demandados.

      Número: MD-92-9

      Resuelto: 20 de mayo de 1992

      Juan R. Marchand Quintero, abogado del peticionario; Nico-lás Nogueras, Hijo, pro se.

   RESOLUCIÓN

Vista cuidadosamente la solicitud de mandamus del pe-ticionario, El Vocero de Puerto Rico, el Tribunal no encuen-tra justificado el ejercicio de nuestra jurisdicción original.

El peticionario invoca nuestra jurisdicción original ba-sándose en la urgencia del remedio solicitado, “en vista de la proximidad de las primarias a celebrarse el domingo 31 de mayo de 1992” y “del derecho constitucional al voto in-formado que tiene la ciudadanía de Puerto Rico”. Solicitud de mandamus, pág. 7. Resulta, sin embargo, que práctica-mente todos los demandados ya han presentado su particular estado financiero ante la Comisión Estatal de Elec-ciones en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Electoral de Puerto Rico. Según información que es de conocimiento público, setenta y ocho (78) de los ochenta y dos (82) legis-ladores demandados son, de nuevo, candidatos a puestos electivos, y todos han sometido estados de situación finan-ciera ante la Comisión Estatal de Elecciones hasta el 18 de mayo de 1992. Esos estados financieros están disponibles al peticionario, que puede de ese modo lograr pronta y rá-pidamente lo que solicita en esta petición de mandamus. Siendo ello así, no existen las circunstancias que reitera-damente hemos requerido como condición para ejercer nuestra jurisdicción original. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960); Partido Popular v. Gallardo, 56 D.P.R. 706 (1940); Prensa Insular de P.R. v. Cordero, Auditor, 67 D.P.R. 89 (1947); Mun. de Quebradillas v. See. Ejecutivo, 27 D.P.R. 147 (1919). Véase, también, D. Rivé Rivera, Recursos Extraordinarios, Ira ed., Atlanta, Darby Printing Company, 1989, pág. 105.

Se deniega el ejercicio de nuestra jurisdicción original y se ordena el traslado de la solicitud de “mandamus” al Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente, al cual se unió el Juez Asociado Señor Re-bollo López.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Ñegrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

HH

Disentimos. La legitimación activa (standing) del peti-cionario El Vocero de Puerto Rico, a través de su Director Asociado Germán Martínez Negrón, en virtud del “interés especial” que ostenta como administrador y editor de un periódico, es incuestionable. Prensa Insular de P.R. v. Cordero, Auditor, 67 D.P.R. 89, 102-103 (1947).

En virtud de los claros términos de la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Ley de Ética Gubernamental), Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 (3 L.P.R.A. see. 1801 et seq.), los miembros de la Asamblea Legislativa se autoimpusieron la obligación de adoptar un código de ética o enmendar sus reglamentos, incorporando los principios éticos del estatuto, ello dentro del año de su vigencia, y subsiguientemente someter sus informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental.

A la luz de su carácter obligatorio, la omisión de la Asamblea Legislativa respecto a adoptar el aludido código de ética o reglamento, sólo puede significar una negativa a regirse por los principios éticos y de sana administración pública contenidos en la Ley de Ética Gubernamental. La situación es intolerable. Frente a ésta, dichos principios aplican supletoriamente. Lo contrario crearía un vacío que, por razonamiento y omisión circulares, derrotaría el espí-ritu y los propósitos fundamentales de dicha ley.

La negativa de los legisladores a someter sus informes se proyecta, preliminarmente, como la situación clásica para judicialmente compelerlos mediante mandamus. Una vez la Ley de Ética Gubernamental fue refrendada por la Asamblea Legislativa y el Primer Ejecutivo, todos los legis-ladores quedaron sometidos a sus disposiciones. Su es-tricto acatamiento no puede estar sujeto a la conveniencia personal o al buen o mal juicio individual.

II

La presentación de estados financieros ante la Comisión Estatal de Elecciones, como fuente alterna de información, no es excusa para aceptar este incumplimiento. Aparte de que no cubre a todos los miembros de la Legislatura, se trata de normas, trámites y sanciones distintas e indepen-dientes: el deber de divulgación bajo la Ley de Etica Guber-namental es anual, no cuatrienal, como dispone la Ley Electoral de Puerto Rico.

En vista de la urgencia del recurso, la legitimación ac-tiva del peticionario y el derecho de acceso a información —Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982)— debimos acoger en jurisdicción original el recurso y conceder un tér-mino breve a los demandados Hons. Miguel Hernández Agosto et ais. para que expusieran sus razones por las cua-les no deberíamos expedir el mandamus.

El traslado al Tribunal Superior, Sala de San Juan, constituye un mal precedente. Sólo augura más demora y, con ello, la continua violación de la Ley de Etica Gubernamental.

       La Ley Electoral de Puerto Rico le requiere a todo candidato a cargo electivo someter un estado de situación financiera (16 L.P.R.A. see. 3151). Tratándose de expedientes públicos, tomamos conocimiento judicial de que dichos estados están sometidos ante la Comisión Estatal de Elecciones.

       El peticionario solicita taxativamente que se le ordene a los demandados proveerle al peticionario sus estados financieros, y que ello se haga antes del 31 de mayo de 1992, cuando se celebran primarias en Puerto Rico. Expresamente dice el peticionario que no está solicitando que se adopte el reglamento que debió ser adop-tado ni ningún otro remedio.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
      In re Luis Figueroa Abreu.

      Número: MC-88-62

      Resuelto: 29 de mayo de 1992

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Nilda P. Fuentes Ortiz,

      José Roberto Vega Díaz, e Ivonne Casanova Pelosi, Procu-radores Generales Auxiliares, abogados de la Oficina del Procurador General; Luis F. Abreu Elias, abogado del que-rellado, Luis Figueroa Abreu, pro se.

   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

per curiam: Mediante Resolución de fecha 6 de abril de 1989, suspendimos temporeramente del ejercicio de la pro-fesión de abogado al Ledo. Luis Figueroa Abreu. El Procurador General de Puerto Rico, con fecha de 13 de marzo de 1990, nos informó que contaba con información que demos-traba que el abogado Figueroa Abreu, no obstante la sus-pensión decretada, aparentemente había actuado como abogado y notario. En vista a ello, le concedimos término al referido abogado para que mostrara causa por la cual no debía ser separado, en forma indefinida, del ejercicio de la abogacía en nuestra jurisdicción. Luego de la ocurrencia de varios trámites que resultan innecesarios relatar —que in-cluyen la asunción de representación legal del querellado por parte de varios abogados, la posterior renuncia de éstos como abogados del querellado, y la comparecencia pro se de éste— el licenciado Figueroa Abreu no sólo ha incumplido con varias órdenes de este Tribunal, sino que ha abando-nado nuestra jurisdicción sin informar dirección alguna en que pueda ser notificado.

Reiteradamente hemos resuelto que no se tolerará la inexplicada, incomprensible y contumaz negativa de un miembro del foro de cumplir con las órdenes de este Tribunal, In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992), en adición, que tam-poco el Tribunal está en disposición de tolerar el abandono de la jurisdicción por parte de un abogado sin informar su futura dirección y con el obvio propósito de tratar de burlar procedimientos disciplinarios pendientes en su contra, In re Aponte Sierra, 128 D.P.R. 177 (1991), siendo ello causa suficiente para decretar la separación de dicho abogado del ejércicio de la profesión en Puerto Rico.

En el presente caso, así se decreta. Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernán-dez Denton se inhibieron.


text:
      In re Manuel Parrilla Márquez.

      Número: CE-85-755

      Resuelto: 29 de mayo de 1994

      Carlos R. Noriega, abogado del peticionario; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, Rosa Negrón de Quiñones e Ivo-nne Casanova Pelosi, Procuradoras Generales Auxiliares.

   RESOLUCIÓN

Examinada la petición de reinstalación como abogado y notario presentada el 20 de marzo de 1992 por Manuel Parrilla Márquez, se accede a lo solicitado y se autoriza su reinstalación al ejercicio de la profesión de abogado y no-tario a partir de hoy, luego del cumplimiento de los trámi-tes necesarios para ello.

Esta resolución se publicará.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General