author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Presidente Señor Pons Núñez,

text:
      In re Ángel L. Delgado, querellado.

      Número: O-83-323

      Resuelto: 25 de febrero de 1988

      Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; Edwin R. Bonilla Vélez, Comisionado Especial; José R. Lebrón Velázquez, abogado del querellado.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Teniendo como base una investigación que realizara su Comisión de Ética, el Ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico radicó un informe ante este Tribunal en relación con una queja presentada por el Sr. Eran cisco Báez Rodríguez y su esposa Juanita Rosario contra el abogado notario Ángel L. Delgado. Luego de que uno de los Señores Jueces de este Tribunal determinara causa probable conforme las disposi-ciones de la Regla 13 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, le ordenamos al Procurador General de Puerto Rico que radicara querella contra dicho abogado. En la misma se le imputó:

El Lie. Angel L. Delgado actuó en forma ilegal, inmoral e impropia y en contravención a los cánones de ética profesional al autorizar una Escritura donde se aseveró la inexistencia de cargas y gravámenes cuando a él le constaba que ello no era cierto y cuando él mismo admitió que la cancelación del primer gravamen estaba fuera de sus manos. La conducta del abogado notario Angel L. Delgado viola la Fe Pública Notarial y el Canon 35 de los de ética profesional. In Re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. [770] (1976); In re Lavastida, et al., 109 D.P.R. 45 (1979); Goenaga v. O’Neil de Milán, 85 D.P.R. 170, 194 (1962). Querella, pág. 1.

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Los hechos que dan motivo a la radicación del transcrito cargo tienen su origen en una transacción de compra y venta que el matrimonio querellante, como compradores, llevara a efecto en relación con una casa sita en la Urbanización Cu-pey Gardens, Río Piedras, Puerto Rico. La casa estaba afecta a una primera hipoteca por la suma de $26,271.46, siendo el acreedor hipotecario la Consolidated Mortgage Corp. El precio de venta a pagarse por los esposos Báez-Rosario lo era la suma de $45,000 de los cuales la Golden Mortgage Corp. le iba a hacer un préstamo hipotecario por la suma de $43,600. Con dicha suma de dinero se debía sal-dar, entre otros renglones, el préstamo original de $26,271.46 de la Consolidated Mortgage Corp.

El abogado Ángel L. Delgado era el notario que la Golden Mortgage Corp. utilizaba en todas sus transacciones. El día en que se iba a efectuar la compra y venta —19 de mayo de 1978— se le presentó a dicho letrado el siguiente desglose de pagos a realizarse por la Golden Mortgage Corp. con la suma de dinero ($43,600) financiada:

1. Gastos de Cierre 1,579.71
Seguro de Título 65.00
2. Seguro de Título 109.00
Sellos 271.50
3. Ledo. Angel L. Delgado — Honorarios 580.75
4. Consolidated Mortgage Corp. 26,271.46
5. Secretario de Hacienda 331.17
Telesforo Figueroa-Rosa Torres 14,033.37
6. Francisco Báez Rodríguez,
Juanita Rosario 358.04
Total 43,600.00
Querella, pág. 2.

No obstante haber sido expedido un cheque por Golden Mortgage Corp. con el propósito de pagar la acreencia hipo-tecaria de Consolidated Mortgage Corp., dicha deuda —al momento de otorgarse la escritura de compraventa— no ha-bía sido pagada. En su consecuencia, tampoco se había can-celado la hipoteca que a esos efectos constaba inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de Consolidated Mortgage Corp.

Ello no obstante, el licenciado Delgado —en la escritura de compraventa que autorizara mediante la cual adquirieron la propiedad los querellantes — hizo constar en el hecho tercero de la escritura que otorgara:

La parte vendedora afirma que la referida propiedad está libre de cargas y gravámenes hipotecarios. Querella, pág. 3.

Debido mayormente a dificultades económicas sufridas por ambas financieras, la deuda hipotecaria de Consolidated Mortgage Corp. nunca fue pagada; tampoco, en su conse-cuencia, fue cancelado dicho gravamen hipotecario en el Re-gistro de la Propiedad. Resultado de ello ha sido que la propiedad adquirida por los esposos Báez-Rosario actual-mente continúa afecta tanto a la hipoteca original por $26,271.46 como a la hipoteca de $43,600.

La posición asumida por el notario querellado es a los efectos de que él actuó conforme a la práctica común y co-rriente que prevalece en el ejercicio de la notaría en Puerto Rico y que como empleado que era de la Golden Mortgage Corp. al momento en que otorga la escritura en controversia “parte de su función, inherente a sus deberes para con dicha Corporación que lo empleaba, era el facilitar el otorga-miento de los instrumentos que se trajeran a su considera-ción”. (Énfasis suplido.) Informe de Conferencia entre Abogados, 29 de noviembre de 1983, pág. 2.

En el informe que nos rindiera el Comisionado Especial que designáramos en el presente caso, éste expresa que la “prueba presentada es en el sentido de que la práctica se-guida en esta transacción es una aparentemente generali-zada en la industria”, por lo que esta situación “debe ser mo-tivo de una expresión clara que paute la norma a seguir por los Notarios, atemperando así la ley con la realidad, en tran-sacciones como las que aquí nos ocupan”. Informe y Conclu-siones de Hechos del Consumidor [sic], 5 de diciembre de 1984, pág. 6.

El Procurador General de Puerto Rico, en un escrito en que comenta el informe rendido por el Comisionado Especial, igualmente nos exhorta a orientar a la profesión en general sentando “la pauta a regir” en esta clase de situa-ciones.

HH HH

En In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 774 (1976) expresamos:

Cuando en 1906 la Asamblea Legislativa derogó la Ley del Notariado declarando que “solo podrán en lo sucesivo ejercer dicha profesión [notarial], los abogados que hayan sido admi-tidos a practicar como tales ante las Cortes de Justicia por la Corte Suprema” (Ley de 8 de marzo de 1906, Leyes de ese año, pág. 141), se propuso fortalecer los recursos intelectuales del notariado y enriquecer su función social, poniendo a dispo-sición de la sociedad un notario que es además un técnico co-nocedor del Derecho. Por tradición, y en nuestra patria además por expresión legislativa, el notario no es simple ob-servador del negocio jurídico que ante él se realiza limitando su actuación a cerciorarse de la identidad de partes, y auten-ticidad de las firmas. Su función, que no es privada, sino pú-blica, trasciende la de un autómata legalizador de firmas y penetra al campo de legalidad de la transacción que ante él se concreta. ¿Cómo guardar silencio ante una situación lesiva para cualquiera de los otorgantes, si su entrenamiento legal le hace testigo de la irregularidad? ¿Para qué otra cosa sirve su profesión de abogado por ley puesta a disposición de las partes en su despacho notarial? En su deber de ilustrar, y dar consejo legal a las partes contratantes, no hay guardarraya que separe al notario del abogado. El notario que impasible ve consumarse en su presencia un pacto cuyas consecuencias legales ignora alguna de las partes o que pudiendo hacerlo, por ser abogado, rehúsa explicar a los menos informados del significado y proyecciones de cláusulas para ellos poco menos que ininteligibles; el notario que limita su interven-ción rutinaria a leer o dar a leer el documento a los otor-gantes y asegurarse de la identidad de sus personas y firmas, en un ritual aséptico pero vacío de la inteligencia y compren-sión de los firmantes, está con su desidia derrotando los fines y propósitos que le hicieron depositario de inapreciable con-fianza pública. En la práctica notarial con rareza se dan las circunstancias de urgencia e imprevisión que a veces frustran la abogacía por lo que son contadas las ocasiones en que un notario pueda acogerse al palio de olvido, inadvertencia o ne-gligencia excusable. El consejo del abogado notario debe guiar la redacción del documento público y dar luz en el acto final de otorgamiento.
La función del notario trasciende el acto externo de legali-zación de unas firmas. Presupone la creación de un nivel de entendimiento y comunicación entre el fedante y los otor-gantes que le permite a éstos formar una racional conciencia del acto en que concurren. La fe pública notarial tiene como base la voluntad ilustrada de los contratantes; no puede ser fruto de la 'ignorancia y la obscuridad. El notario, principal instrumento de la fe pública, tiene la indeclinable obligación de propiciar y cerciorarse de ese estado de conciencia infor-mada supliendo las explicaciones, aclaraciones y advertencias en todo caso en que hagan falta para lograr el consentimiento enterado de los otorgantes al acto notarial. Ha de dar fe y autenticidad “conforme a las leyes”; imperativo declarado en la Sec. la de la Ley Notarial de 1906 y ratificado en la actual de 1956. (4 L.P.R.A. secs. 1001 et seq.) La sociedad debe tener en todo notario una garantía de certeza y de limpieza en los actos y contratos cuya autenticación le encomienda, condi-ciones que sólo pueden lograrse a la luz del entendimiento. Cuando por Ley de 8 de marzo de 1906 se instauró la práctica del notariado exclusivamente por abogados admitidos al ejer-cicio de la profesión se elevó la calidad de la fe pública en Puerto Rico, y simultáneamente se exigió de los notarios una mayor aportación técnica, una mejor ilustración y consejo que realzara la percepción por los contratantes de los particulares y consecuencias de su aceptación del documento sometido para su firma. El notario que falla a la sociedad y a los que ante él comparecen en este fundamental aspecto de aclara-ción e ilustración será el coautor de un consentimiento en-fermo e ineficaz en derecho y habrá traicionado la fe de la que es principal guardador. El cumplimiento de los deberes del notario no tendrá dispensa por estar sumergida su actuación en el régimen o sistema de ejercicio del notariado por un bu-fete pluralizado. La responsabilidad del notario es personal e indivisible. (Énfasis suplido y escolios omitidos.)

Lo anteriormente expresado dispone del “argumento-ex-cusa” del licenciado Delgado a los efectos de que él otorgó la escritura en controversia en los términos en que la misma estaba redactada por razón de que parte de su función, inhe-rente a sus deberes para la corporación que lo empleaba, era el facilitar el otorgamiento de los instrumentos que se traje-ran a su consideración.

La fidelidad que le pueda deber un abogado notario en un momento determinado a un cliente que le produce grandes beneficios económicos nunca puede ser mayor que la lealtad que todo notario en nuestra jurisdicción tiene que tener para con la fe pública notarial y la sociedad en general. El principal juzgador de la conducta de un abogado no es este Tribunal; lo es su propio honor y conciencia. El honor ni es susceptible de división ni debe estar nunca a la venta.

En el presente caso, el notario querellado se enfrentó a una situación sumamente común en nuestros tiempos; esto es, el otorgamiento de escrituras en un negocio de refinan-ciamiento en que el pagaré hipotecario original no está en ese momento ante él para poder ser cancelado en el mismo acto. Ello, como sabemos, debido a las complejidades del mundo del financiamiento moderno. La situación ni era difí-cil ni resultaba insuperable.

Su deber, ante todo, era ilustrar y explicarle la situación a todas las partes envueltas en la transacción; en específico, a los compradores de la propiedad. Ello le brindaba la oportunidad a éstos de tomar la decisión que entendieran procedente estando debidamente informados. Debe recordarse que el abogado en sus funciones notariales “no representa a cliente alguno, representa la fe pública”. In re Raya, 117 D.P.R. 797 (1986).

En adición, era el deber del notario querellado hacer constar en la escritura pública que otorgó el hecho de que la propiedad objeto de la compra y venta estaba afecta a una hipoteca y que se retenía del precio a pagarse por la misma a los vendedores la suma de dinero correspondiente al balance de dicha hipoteca y el hecho de que tenía ante sí el cheque que había sido expedido a esos efectos.

El notario querellado, desafortunadamente, no actuó conforme lo anteriormente expresado, lo cual constituye la práctica vigente y aceptable. Otorgó una escritura donde se aseveraba que la propiedad en controversia estaba “libre de cargas y gravámenes hipotecarios” cuando a él le constaba lo contrario. Tampoco ilustró a las partes sobre esa situación. Dicha actuación infringe la fe pública notarial y el Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Su pro-ceder amerita la separación por un período de un año del ejercicio de la notaría en Puerto Rico.

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¿Amerita esta clase de situación que le exijamos algo más” al notario que participa en la misma?

Reconocemos que dada la complejidad y sofisticación del negocio de las finanzas en el mundo en que hoy en día nos desenvolvemos no debemos sentar una norma que requiera que el notario que otorga las escrituras de un refinancia-miento tenga ante sí, con el propósito de cancelarlo, el pa-garé hipotecario correspondiente a la hipoteca que grava la propiedad. En muchas ocasiones dicho pagaré es negociado por el acreedor original a inversionistas del exterior y el mismo sale fuera de Puerto Rico. Requerir que la hipoteca que garantiza dicho pagaré sea cancelada en el mismo acto en que se otorgan las escrituras del refinanciamiento podría representar la paralización del tráfico comercial en nuestro país.

Ahora bien, si es que queremos que nuestra ciudadanía cada día tenga más fe y confianza en la profesión de la aboga-cía en general y en la fe pública notarial en particular, somos del criterio que debemos establecer una norma intermedia; esto es, una que garantizando al máximo los derechos de las partes otorgantes no afecte en forma sustancial el tráfico co-mercial. Lo hacemos bajo el poder inherente que tiene este Tribunal de reglamentar la profesión legal en general. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984); In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976).

No creemos que resulte oneroso que exijamos que el abogado notario que otorga las escrituras de un refinanciamiento requiera que el cheque mediante el cual se pretende pagar la deuda hipotecaria existente sea un cheque “de gerente” o uno “certificado” y que dicho notario tenga la res-ponsabilidad de asegurarse, después del otorgamiento, que dicho cheque sea debidamente remitido al acreedor hipote-cario, o su representante autorizado, para que se pueda pro-ceder a la cancelación de la hipoteca original. Ello impe-dirá que sucedan situaciones como la ocurrida en el presente caso; esto es, que un comprador de una propiedad se encuen-tre en la triste y desesperante situación de que la propiedad por él adquirida responde por dos hipotecas en lugar de una.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió voto concu-rrente y disidente, al cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

—O—

Voto concurrente y disidente del

Juez Presidente Señor Pons Núñez,

al cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Estamos conformes con las partes I y II de la opinión del Tribunal emitida por voz del Juez Asociado Señor Rebollo López. También estamos conformes con el resultado disposi-tivo del caso.

En cuanto a la parte III de la opinión discrepamos en parte. Creemos, en abstracto, en los méritos de la norma que se propone. Quisiéramos, sin embargo, que la misma se ava-lara por la experiencia de aquellos que laboran en la práctica notarial, así como por otros profesionales íntimamente rela-cionados con dicha práctica. Tenemos la oportunidad de así hacerlo en este asunto.

El pasado 1ro de septiembre de 1987 este Tribunal, en virtud de las disposiciones del Art. 61 del Tit. VIII (Regla-mentación e Inspección de Notarios) de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2011), conocida como la Ley Notarial de Puerto Rico, designó una Comisión sobre la Re-glamentación del Ejercicio y Admisión al Notariado. La misma está compuesta por distinguidos profesionales rela-cionados con distintos aspectos de la notaría y se encuentra en funciones laborando en el descargo de la encomienda que le hiciera este Tribunal. Entendemos que antes de adoptarse la norma propuesta debe referirse a esa Comisión para su evaluación. El estudio y análisis que la Comisión haga de la norma propuesta, con las posibles recomendaciones que ello acarree, nos puede proveer mayor certeza de que la norma o regla que adoptemos se ajusta a nuestra realidad y conjura en lo posible la situación que se quiere remediar.

Usualmente, cuando este Tribunal ha ejercido su función de reglamentar ha procurado obtener el asesoramiento de aquellos sectores en la comunidad legal entendidos en la ma-teria a reglamentarse, mediante encomienda al efecto a al-guno de sus funcionarios o mediante la creación de una comi-sión. Se ha hecho en relación con las Reglas de Procedi-miento Civil, de Evidencia, de Procedimiento Criminal y de Asuntos de Menores.

No vemos razón para no hacerlo así en este caso, espe-cialmente cuando ya existe una comisión que posiblemente puede proveernos orientación adicional.

       Determinación de causa probable realizada por el ex Juez de este Tribunal, Hon. Carlos J. Irizarry Yunqué.

       El licenciado Delgado también otorgó en dicho día como notario la escri-tura de constitución de hipoteca referente al préstamo hipotecario por $43,600 que le hiciera Golden Mortgage Corp. a los esposos Báez-Rosario.

       Ledo. Edwin R. Bonilla Vélez.

        “Canon 85. — Sinceridad y honradez

      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sin-cera y honrada.
      “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar afidávits u otros documentos, y al presentar causas. El des-truir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Dicha norma tendrá vigencia prospectiva. La promulgación de la misma en el día de hoy no es impedimento para que la Comisión sobre la Reglamentación del Ejercicio y Admisión al Notariado la evalúe y haga las recomendaciones que estime pertinentes.


source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía. Juez Presidente Señor Pons Núñez.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Judith Arandes de Celis et al., acusados y peticionarios.

      Número: CE-85-597

      Resuelto: 25 de febrero de 1988

      Pedro J. Varela, abogado de los peticionarios; Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente recurso nos ofrece la oportunidad de resolver si, en relación con el Art. 181 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4287), la falta de consentimiento por parte del custodio de la propiedad pública es un elemento del delito que prohíbe la fijación de pasquines en dicha propiedad, y si la exclusión de los postes de la prohibición de fijar pasquines en propiedad pública incluye las columnas de los puentes.

Este caso tuvo su génesis cuando dos grupos de personas fueron detenidos por la Policía debido a que se sospechaba estaban pegando pasquines. El primero de estos grupos fijó los pasquines en las columnas del puente que cruza la Ave. Iturregui en Río Piedras y une la Villa Panamericana con las facilidades deportivas instaladas allí para los Juegos Pana-mericanos. El segundo los fijó en las columnas del puente que cruza la Ave. Domenech en Hato Rey.

Los pasquines ocupados por la Policía tenían el mensaje siguiente: “PANAMERICANOS 79, BIENVENIDOS, PAR-TIDO SOCIALISTA PUERTORRIQUEÑO.” Mostraban, además, la bandera de Estados Unidos arriada y la bandera de Puerto Rico al tope del asta. La Policía también ocupó en ambos sitios brochas, cubos de goma y pega.

Los integrantes de ambos grupos fueron acusados de vio-lar el Art. 181 del Código Penal de 1974, supra, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada por la Ley Núm. 4 de 13 de junio de 1976. El Tribunal de Distrito los encontró culpables y condenó a pagar una multa de cin-cuenta ($50) dólares cada uno, o en su defecto, un día de cár-cel p‘or cada cinco ($5) dólares que dejaran de satisfacer. Los acusados apelaron ante el Tribunal Superior. Mediante sen-tencia de 13 de agosto de 1985, éste declaró sin lugar la ape-lación. De esta sentencia recurrieron ante nos mediante recurso de certiorari. Alegaron que el tribunal de instancia erró al no resolver que el Ministerio Público tenía que pro-bar, como elemento del delito, la falta de consentimiento para pasquinar en los lugares utilizados por los peticionarios, y que el Art. 181 del Código Penal de 1974, supra, excluye las columnas de puentes de la prohibición de fijar pasquines en propiedad pública.

El Art. 181 del Código Penal de 1974, supra, en su parte pertinente dispone:

Toda persona que pegare, fijare, imprimiere, o pintare so-bre propiedad pública, excepto en postes, o sobre cualquier propiedad privada, sin el consentimiento del custodio, dueño o encargado, cualquier aviso, anuncio, letrero, cartel, gra-bado, pasquín, cuadro, mote, escrito, dibujo, figura o cualquier otro medio similar, no importa el asunto, artículo, persona, actividad, tema, concepto o materia a que se haga referencia en los mismos, será sancionada con multa mínima de cin-cuenta (50) dólares y máxima de doscientos cincuenta (250) dólares. (Énfasis suplido.)

La falta de consentimiento como elemento de la conducta acriminada — Art. 181

En Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972), tu-vimos la oportunidad de interpretar el alcance del anterior Art. 517(6) del Código Penal de 1937, que prohibía fijar pas-quines en propiedad pública o privada sin el consentimiento del dueño. En esa ocasión a los acusados apelados se les de-nunció por pegar pasquines que contenían el mensaje “LAS PLAYAS PARA EL PUEBLO — Movimiento Pro Indepen-dencia” en el Puente Dos Hermanos y en ciertos postes del alumbrado público. La controversia giró en torno a si dicho artículo prohibía sólo la fijación de pasquines que contenían mensajes relacionados con artículos de comercio o si, por el contrario, cubría la fijación de pasquines con todo tipo de mensajes. Optamos por la primera de estas interpretaciones. El caso nos brindó la oportunidad de reconocer que la fija-ción de pasquines constituye un ejercicio de las libertades de expresión y prensa. Además, observamos que es un medio de difusión de ideas, inquietudes y protestas de uso generali-zado en Puerto Rico.

La fijación de pasquines es uno de los medios más econó-micos y efectivos para la divulgación de ideas a la ciudadanía en general. Es el mecanismo de comunicación masiva que, como regla general, tienen a su alcance los grupos minorita-rios y disidentes de escasos recursos económicos. Cónsono con estas realidades en Mari Bras v. Alcaide, supra, pág. 510, expresamos:

En general, una disposición legislativa que tiene como pro-pósito la limitación de la libre expresión se verá sujeta a un examen minucioso (careful scrutiny) y será válida sólo si está redactada en términos limitados (narrowly drawn) para pro-teger un interés legítimo e importante del estado {legitimate and compelling state interest).... Como consecuencia, sería inválida una prohibición absoluta de libre expresión y aun una restricción que, sin ser absoluta, sea innecesariamente abarcadora. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Con este trasfondo, en 1974, como parte de la reforma penal, se aprobó el Art. 181, supra, con el propósito de am-pliar el alcance de la prohibición para incluir todo tipo de pasquines y armonizarla con las normas enunciadas en el caso de Mari Bras v. Alcaide, supra. En 1976 el artículo fue enmendado para excluir de la prohibición la fijación de pas-quines en postes y eliminar los requisitos de interés público y valor histórico o artístico al referirse a las propiedades pú-blicas, en las cuales se prohibía la fijación de pasquines.

En la exposición de motivos de la ley se expresó que ésta representaba “parte de un programa de gobierno dirigido a armonizar los intereses de expresión con los de convivencia social. ... El elemento central de esta medida es permitir a los custodios, dueños, o encargados de propiedades públicas y privadas ejercer su consentimiento a la imposición de carteles en sus propiedades. Este elemento junto al programa afirmativo de proveer alternativas a la ex-presión, representa un genuino esfuerzo de garantizar la mejor convivencia de nuestro pueblo”. (Énfasis suplido.) 1976 Leyes de Puerto Rico 686.

Como podrá observarse, el consentimiento para pasquinar fue el mecanismo utilizado por el legislador para armonizar y balancear el ejercicio de las libertades de expresión y prensa de los ciudadanos con la protección del derecho de propiedad del Estado.

En relación con la propiedad pública, el Secretario de Transportación y Obras Públicas es el custodio de la misma. Éste “vigilará todas las obras públicas estaduales y tendrá a su cargo todas las propiedades estaduales” “todos los edificios públicos pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y todas las obras públicas estaduales sea cual fuere su naturaleza”

Al interpretar el actual Art. 181, supra, no podemos apartarnos de la corriente central de las necesidades y usos de nuestro pueblo. Tanto de una lectura del Art. 181, supra, como de un estudio del historial legislativo y de la trayectoria histórica de la medida, surge que “[l]a conducta acrimi-nada consiste de pegar, fijar, imprimir o pintar sobre propie-dad pública o privada alguno de los carteles descritos en el tipo sin la autorización de la persona encargada de la pro-piedad o del propietario”. (Énfasis nuestro.) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Revisado y Comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 322.

Resolvemos, pues, que la falta de consentimiento para pasquinar es un elemento esencial del delito que el Ministerio Público viene obligado a probar. En el caso de autos no se probó la falta de consentimiento para pasquinar, elemento esencial del delito.

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La exclusion de los postes de la prohibición de fijar pas-quines del Art. 181.

Resta ahora considerar si las columnas de los puentes están incluidas dentro de la excepción que estableció la en-mienda de 1976 al Art. 181, supra. Esta enmienda excluyó específicamente los postes de la prohibición de fijar pas-quines en propiedad pública sin el consentimiento de su cus-todio.

Reiteradamente hemos decidido que un estatuto penal debe ser interpretado restrictivamente en cuanto a lo que desfavorece al acusado y liberalmente en cuanto a lo que lo favorezca. Mari Bras v. Alcaide, supra, pág. 516; El Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276 (1914). El Art. 6 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 3021, a su vez dispone que “[l]as palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente”. Como podrá observarse, “junto con la doctrina del recto sentido de los términos se adoptó la política de interpretar la ley de la manera más favorable al acusado siempre que lo permitiera el lenguaje de la ley y las circunstancias de su aplicación, asi como el espíritu e intención de la misma”. (Énfasis suplido.) Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 11.

Recientemente en Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 410-411 (1988), expresamos que “[l]os estatutos penales deben interpretarse a la luz de la realidad social de donde surgen y operan. Nuestro deber es interpretar las leyes en el contorno de una situación social y económica actual para resolver controversias humanas de profundas im-plicaciones personales para los afectados y para la comunidad en general .... Nunca debemos olvidar que ‘el sentido de hoy no es siempre el sentido de mañana’... [y que l]a interpretación judicial tiene por su naturaleza una evolu-ción natural para las distintas épocas . . . ‘[nosotros los jueces] no [podemos estar] ajenofs] a las transformaciones sociales, científicas y jurídicas. La ley vive y se desarrolla en ambientes que cambian y evolucionan, y si no queremos estarla reformando de un modo frecuente, preciso es que la adapte[mos], como su propia voluntad permite, a las nuevas necesidades de la época.’. . . ‘[Las leyes hay que interpretarlas] a la luz de las realidades específicas de la sociedad en que opera’ (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Tomando en consideración los criterios interpretativos antes enunciados y el hecho de que estamos ante un estatuto penal que tiende a restringir y reglamentar el derecho cons-titucional a la libertad de expresión, pasemos a considerar el alcance de la exclusión provista por el Art. 181, supra, en relación con la fijación de pasquines en los “postes”. En el caso Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19, 24 esc. 3 (1979), señalamos que “[r]egularmente, recurrimos al diccio-nario como fuente confiable para determinar el significado de una palabra, presumiendo que el legislador lo conoce”. Ahora bien, el vocablo “poste” se define por el Diccionario de la Real Academia Española como: “Madero, piedra o co-lumna colocada verticalmente para servir de apoyo o de se-ñal.” (Énfasis suplido.) Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 1091.

De otra parte, tenemos que el debate legislativo que se efectuó en la Cámara de Representantes de Puerto Rico y que condujo a la aprobación del Art. 181, supra, aunque limitado, arroja alguna luz sobre la intención del legislador al aprobar la medida. Al discutirse la exclusión de los postes de la prohibición de fijar pasquines en propiedad pública, tanto el Representante Sr. Carlos Gallisá, como el Representante Sr. Eloy Aponte Colón, estuvieron de acuerdo en que ésta incluía “[t]odos los postes”. (Énfasis suplido.) El Representante Sr. Jorge Orama Monroig, por su parte, al consumir turno a favor de la medida, expresó que el anterior Art. 181, supra, había sido ineficaz en evitar “las pasquinadas indiscriminadas” y que por eso la nueva legislación permitía fijar pasquines sin necesidad de autorización en los postes, observando que “los postes del alumbrado público generalmente están localizados ... en sitios bien visibles”. Al tomar en consideración la discusión anterior y a la luz de las necesidades y realidades del Puerto Rico de hoy, resol-vemos que el propósito y espíritu del Art. 181, supra, en re-lación con la propiedad pública, es excluir de la prohibición de fijar pasquines todos los postes, entre éstos claro está, las columnas de los puentes. De esta manera, aunque se prohíbe la indeseable “pasquinada indiscriminada”, se permite un vehículo de expresión, económico y eficaz, localizado general-mente en lugares o sitios visibles, que a su vez limita a un mínimo razonable la intervención del Estado con el fundamental derecho a la libre expresión.

Todo lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que la exclusión de los postes de la prohibición del Art. 181, supra, de fijar pasquines en propiedad pública incluye las columnas de los puentes y que, por lo tanto, en éstas se pueden fijar pasquines sin necesidad de autorización de su custodio.

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Implantación discriminatoria del Art. 181.

Nada repugnaría más nuestra conciencia judicial que permanecer mudos, o como meros espectadores o tibios guardianes de la ley y el derecho, ante una situación de me-noscabo o violación al esencialísimo y fundamental derecho á la libertad de expresión. Si ello ocurriera, el derecho, en su. expresión última que es hacer justicia, se constituiría, en ese trágico momento, en un cómplice de la inacción sofocante de la voz individual y, por ende, en un instrumento opresor de la conciencia social del pueblo. Esto nunca lo permitiremos.

Hemos examinado y analizado detallada y cuidadosa-mente el récord de este caso. Discrepamos de la forma y manera en que fueron expresados e interpretados los hechos en la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García. El récord no avala esa interpretación.

Dicha opinión concurrente es sumamente limitativa del derecho a la libertad de expresión, con la cual no podemos estar de acuerdo. Al interpretar el vocablo “postes” como uno que incluya únicamente “los postes de alambrado eléc-trico, teléfono y del telégrafo”, se restringen de forma ina-ceptable los lugares que el legislador específicamente excluyó de la prohibición de pasquinar en propiedad pública sin el consentimiento de su custodio y consagró como sitios apropiados para la divulgación efectiva de ideas. Esta inter-pretación aumenta la facultad del ejecutivo para limitar los lugares públicos que estarán disponibles para la transmisión y comunicación de mensajes e ideas. Tiene el indeseable efecto de otorgar mayor facultad al Estado para, de forma indirecta, controlar o por lo menos reducir la comunicación de ideas o posiciones minoritarias. No podemos estar de acuerdo con una interpretación que conlleve tales resul-tados.

La opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García, además, al resolver que el elemento del delito de la falta de consentimiento del custodio de la propiedad pública es una defensa, ha convertido una modalidad del ejercicio de la libertad de expresión en una actividad presumiblemente delictiva. Tampoco podemos suscribir esta interpretación.

La interpretación que hoy hacemos del Art. 181, supra, salvaguarda, en su forma más amplia y auténtica, el derecho al ejercicio de la libertad de expresión, no sólo para estos acubados, sino también para cualesquiera otros cuidadanos que ejerciten en el futuro esta modalidad del derecho a la libertad de expresión. La posición adoptada en la opinión concurrente sólo protege a estos acusados. El ejercicio de este derecho fundamental debe estar disponible para todos los integrantes de nuestra sociedad, libre de asfixiantes con-sideraciones ideológicas, sociales, políticas y económicas. Las minorías, los disidentes y los desvalidos de nuestra so-ciedad, los que usualmente no tienen acceso a una sofisticada y costosa prensa, televisión y radio, deben ser protegidos. Hay que garantizarles el derecho a poder expresar y comuni-car sus ideas de forma efectiva, sin cortapisas o limitaciones irrazonables o innecesarias. El fluir de las ideas, el diálogo público, la controversia y la discusión de opiniones abren nuevas avenidas, alternativas y opciones, y promueven la comprensión entre los seres humanos. El Art. 181, supra, hay que interpretarlo de forma tal que fomente y propicie este ambiente de mejor entendimiento mediante la efectiva comunicación de ideas. De esta manera seremos más sabios y más libres.

Por las consideraciones expuestas, se dictará sentencia en la que se revoca la aquí recurrida.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García emitieron opiniones concurrentes. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía.

“Sea prédica de orientación liberal, conservadora, marxista o de otra índole —de ideología estadista, autono-mista o independentista— la levadura que hace crecer nues-tro sistema democrático es el libre intercambio y el choque pacífico de ideas. La igual oportunidad ... para diseminarlas es requisito indispensable y consustancial a ese postulado.” P.S.P. v. Srio. de Hacienda, 110 D.P.R. 313, 327 (1980).

“ . . . [L]o acontecido en el caso de autos no es materia muerta para la historia, ya que el ejercicio de la libre expre-sión es de valor comtemporáneo e imperecedero en nuestro país.” E.L.A. v. Rivera Rivera, 105 D.P.R. 640, 642 (1977), opinión disidente. Expongamos sus hechos.

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El Ministerio Publico denunció a Judith Arandes de Celis y a otros miembros activos del Partido Socialista Puertorri-queño (P.S.P.), por infringir el Art. 181 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4287. Se les imputó que el 27 de junio de 1979, aproximadamente a las 11:00 P.M., ilegal y voluntariamente, de común acuerdo, pegaron y fijaron pasquines sobre las co-lumnas de un puente situado en la Ave. Domenech, Hato Rey, y otro ubicado en la Ave. Iturregui, Río Piedras, frente a la Villa Panamericana, ambos propiedades públicas. Esa noche también fueron arrestados y denunciados otros miembros del P.S.P., por igual acción, en Levittown, Toa Baja.

Las denuncias fueron precedidas de arrestos por la Poli-cía de Puerto Rico en los distintos lugares indicados. Los pasquines ocupados por la Policía exponían el mensaje si-guiente: “PANAMERICANOS 79, BIENVENIDOS, PAR-TIDO SOCIALISTA PUERTORRIQUEÑO.” Ilustraba la bandera de Estados Unidos arriada y la de Puerto Rico al tópe del asta.

Ante el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, fueron encontrados culpables y sentenciados a una multa de $50 o, en su defecto, prisión subsidiaria. En apelación, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, confirmó. Acordamos revisar.

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Aunque la decision del Tribunal, como técnica adjudica-tiva, tal vez sea la avenida decisoria menos escabrosa, no po-demos refrendar el resultado. Primeramente, no nos persuade la interpretación apretada de que las “columnas” de concreto de los puentes en que fueron fijados los pasquines aludidos caen bajo la excepción del vocablo “postes”, pro-visto en el Art. 181 del Código Penal, supra Esa conclu-sión es forzada. Se arriba al acudir a la definición de “poste” consignada en el Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 1091 y el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, Vox, 3ra ed., Barcelona, Ed. Biblograf, 1976, pág. 1264, a saber, “madero, o piedra o columna colocada para servir de apoyo o de señal”.

Aunque un diccionario es fuente válida para investigar el sentido literal de las palabras, en buena hermenéutica, no debemos olvidar que nuestra misión es averiguar su sentido jurídico. Aquí el Art. 6 del Código Penal traza ese rumbo. Se inspira en el espíritu de que “[l]as palabras y frases se inter-pretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente”. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 3021.

Bajo este enfoque, en nuestro país —ni aun en los círculos culturales o académicos más refinados, o en el argot técnico de la ingeniería— el término “poste” es sinónimo de “columna de un puente”. Todo lo contrario. Su uso común y corriente es con referencia a los postes de alumbrado eléc-trico, teléfono y telégrafo. Así fue visualizado e incorporado por la Asamblea Legislativa en el Art. 181, supra.

El siguiente debate —que culminó con su texto actual— lo confirma:

SR. GALLISÁ: Ademá[s] de ‘excepto en postes’ había al-guna otra excepción en el anterior Artículo.
SR. APONTE COLÓN: En el anterior no había excepción. Ahora se puso ‘excepto en postes’.
SR. PRESIDENTE: Contestada la pregunta.
SR. GALLISÁ: Señor Presidente, para ver si puedo hacer otra pregunta.
SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero.
SR. GALLISÁ: No había una excepción de postes de telé-grafos. O si fue que se eliminó a los fines de cuadrar bien la intención legislativa.
SR. APONTE COLÓN: Sí. En postes se entienden [sic] que son de telégrafos y de teléfono.
SR. GALLISÁ: Todos los postes.
SR. APONTE COLÓN: Todos los postes. (Énfasis suplido.)

Luego, en un turno posterior en favor de la medida, el señor Orama Monroig expresó:

... Y no hay duda alguna, compañero Aponte Toro, que esto es ya un problema. Es un problema de tal naturaleza que el Artículo 181, como está concebido en el Código Penal Nuevo, no ha resultado eficaz, precisamente para lo que se quería de-salentar en la forma más efectiva, las pasquinadas indiscrimi-nadas. Por eso es que en esta nueva legislación se permite en primer lugar, sin autorización de nadie en los postes, los postes del alumbrado público generalmente están localizados como todos sabemos en sitios bien visibles. Y ahí van los retratos de los compañeros del Ala Derecha, del Ala Izquierda^,] del Cen-tro, de cualquiera .... (Enfasis suplido.)

En Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19, 24 esc. 3 (1979), indicamos:

Regularmente, recurrimos al diccionario como fuente con-fiable para determinar el significado de una palabra, presu-miendo que el legislador lo conoce. Cooperativa Cafeteros v. La Capital, 82 D.P.R. 51, 62-63 (1961). Ahora bien, si del tras-fondo e historial legislativo del lenguaje que se interpreta surge que el legislador pretendió usar determinada palabra o frase queriendo describir algo distinto de lo que apunta el dic-cionario, debe prevalecer ese sentido distinto. Autoridad sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344, 359-360 (1961); Sierra, Com. v. San Miguel Fertilizer Corp., 73 D.P.R. 341, 346 (1952).

Tal es el caso de autos. El legajo legislativo tiende a sos-tener que la palabra “postes” fue concebida en su acepción limitada y tradicional de postes de alumbrado eléctrico, telé-fono y del telégrafo. No hay el más mínimo indicador en que apuntalar la interpretación que hace este Tribunal. No cabe la misma. Aun en lo penal, una interpretación restrictiva no puede ser contraria a una evidente intención legislativa. Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 44-45 (1950). En resumen, actuó correctamente el tribunal de origen al resolver que las columnas de los puentes pasquinados por los peticionarios no constituyen “postes” bajo el Art. 181, supra.

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Tampoco podemos compartir el criterio de este Tribunal de que la falta de consentimiento para pasquinar es elemento esencial que el Estado debe probar.

Ese enfoque es contrario a la doctrina básica imperante. La misma es sencilla. Frente a la presunción de inocencia que cobija a todo acusado, “[e]xiste sin embargo otro princi-pió, aceptado generalmente por los tribunales americanos, al efecto de que no incumbe al fiscal aducir prueba afirmativa para sostener una alegación negativa cuya veracidad queda razonablemente indicada por las circunstancias estable-cidas y que de ser incierta puede fácilmente ser contradicha mediante el ofrecimiento de prueba documental o de otra ín-dole que probablemente está en poder del acusado o bajo su dominio”. (Énfasis suplido y citas omitidas.) Pueblo v. Negrón, 76 D.P.R. 346, 351 (1954).

En el presente caso, la prueba de cargo estableció más allá de duda razonable que los peticionarios ilegalmente pe-garon los pasquines en las columnas de los puentes de la Ave. Domenech y la Ave. Iturregui. El Ministerio Fiscal no venía obligado a probar afirmativamente que ellos tenían consenti-miento. El estatuto prohibía tal acción, salvo permiso al efecto. En consecuencia, correspondía a los peticionarios sustanciar —en calidad de defensa— que estaban autori-zados. Pueblo ex rel. M.G.R., 109 D.P.R. 557, 562 (1980); Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220, 235 (1962); Pueblo v. Segarra, 77 D.P.R. 736, 737 (1954); Pueblo v. Figueroa, 58 D.P.R. 673 (1941).

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Ahora bien, aunque el foro de instancia no cometió los errores discutidos, las sentencias deben revocarse. Su apli-cación contra los peticionarios ha sido discriminatoria por motivos políticos. Ello anula la legalidad de esos dictámenes. Exploremos esta razón de decidir.

La libertad de expresión es derecho fundamental, de forma multidimensional, garantizado en el Art. II, Sec. 4 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. En la constelación de valores democráticos, la libertad de expresión goza de una primacía peculiar. Todo individuo está en libertad de po-der expresar sus opiniones. En el fondo proyecta un interés social comunitario de fomentar la comunicación y el libre in-tercambio de ideas, y un reconocimiento a “la libertad de conciencia ... y supone el intento de proteger jurídicamente el libre desenvolvimiento de la personalidad a través de los medios más eficaces y habituales de exteriorización de los contenidos de conciencia”. La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1954, pág. 205. En la consecución de este fin, nuestro orden constitucional esta-blece que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir del Gobierno la reparación de agravios.

Sin embargo, este derecho no es absoluto. Puede ser ob-jeto de razonable limitación en atención a otros valores e in-tereses sociales, también importantes, cuando “la necesidad y conveniencias públicas lo requieran”. Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 741, 755 (1976); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436 (1975). Así, en la colisión entre el derecho de expresión y el del disfrute pacífico a la propiedad, hemos reconocido que el uso de carteles constituye un ejerci-cio de la libertad de expresión sujeto a una adecuada limita-ción para proteger un interés legítimo del Estado. Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 510 (1976). Este tipo de le-gislación, además de evitar el abuso por terceros de la pro-piedad pública y privada —también derechos fundamen-tales— intenta resguardar como valor social la “seguridad en nuestras carreteras y la preservación del ornato y belleza del paisaje ...Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44, 56 (1969).

Ahora bien, tales restricciones no pueden anularlo. No podemos perder de vista que pasquinar, al igual que los pi-quetes, representan mecanismos efectivos de protesta, acce-sibles a muchos grupos que no pueden utilizar —por resultar muy costosos— los tradicionales medios comerciales de co-municación en masa, a saber, radio, prensa y televisión. Estos “medios técnicos tienen a veces una tendencia monopolista; están controlados por grupos sociales perfectamente definidos, sean estos grupos ajenos al Gobierno o se hayan apoderado también del poder público. En algunos casos po-seen con exclusividad los medios de comunicación de masas y eliminan el juego de la libertad de opinión y de palabra, por lo menos en su función social como mecanismo normal de la democracia, pues al lado de las pobres manifestaciones del pensamiento, según la forma tradicional, los nuevos recursos técnicos que poseen en monopolio les permiten ‘fabricar’ la opinión pública a través de sugestiones y símbolos mejor que a través de ideas y de apreciaciones razonables”. La Nueva Constitución de Puerto Rico, op. cit., pág. 212.

Bajo este prisma decisorio, hemos de descartar la tesis de que en este caso estamos ante una legislación cuya clasifi-cación sea sospechosa. No es así. Ciertamente la ley es neutral y se proyecta sin hacer distinción alguna entre personas. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975). Aquí el problema estriba en que el discrimen opera en su aplicación selectiva. Hernández Colón v. Srio. de Hacienda, 115 D.P.R. 145, 152 (1984), opinión disidente.

Los peticionarios demostraron que la ley les ha sido apli-cada discriminatoriamente por ser miembros del Partido So-cialista Puertorriqueño. A tal efecto, la prueba reveló una clara acción policiaca concertada y coordinada —casi simul-tánea— en la noche del 27 de junio de 1979, exclusivamente contra y en ocasión de las actividades del P.S.P. No sólo se produjeron los arrestos en lugares separados tales como las Avenidas Iturregui en Río Piedras y Domenech en Hato Rey, sino a una distante zona geográfica, a saber, el puente que cruza la desembocadura del Río Bayamón en Levittown, el cual tenía adherida propaganda política del Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. T.E., págs. 122-129. Si bien podría alegarse que las denuncias fueron el resultado normal e ineludible de que sólo el P.S.P. pasquinó esa noche, todos los indicadores objetivos de la prueba des-cartan el elemento de pura casualidad. Las intervenciones y arrestos no fueron rutinarios. Tanto en el pasado como en el presente, se han centrado únicamente sobre los miembros del P.S.P. y otros independentistas.

El testimonio de Luis R. Méndez Figueroa —fotógrafo de la Impresora Nacional— expuso en síntesis que el 15 de septiembre de 1979 tomó varias fotografías cerca del Centro Comercial de Carolina. Éstas, sometidas en evidencia, refle-jan un sinnúmero de pasquines y mensajes colocados sobre propiedad pública (puentes y columnas), las cuales anuncian actividades políticas de algunos candidatos del P.P.D. y del P.N.P. T.E., págs. 76-86.

Esta prueba, unida al conocimiento judicial que a solici-tud del Procurador General tomamos, sobre “la abundancia de pasquines, carteles y anuncios que tenemos en nuestro país, [y] de que personas afiliadas a otros partidos políticos utilizan el pasquín como medio de comunicación pública, co-locándolos en propiedad pública y privada”, es suficiente para detectar la aplicación selectiva y discriminatoria de la ley por razones políticas. Curiosamente, en los anales de nuestra jurisprudencia, sólo existen casos penales parecidos contra independentistas. Mari Bras v. Casañas, supra; Mari Bras v. Alcaide, supra. La diferencia en trato por motivos ideológicos subsiste. No es la primera vez que judicialmente así lo hemos concluido. Después de todo, el mensaje indepen-dentista específico promovido por el P.S.P. antagoniza a los partidos políticos (P.P.D. y P.N.P.) que propulsan la unión permanente con Estados Unidos. Irónicamente la historia tiende a repetirse. P.I.P. v. E.L.A., 109 D.P.R. 403, 414 (1980), opinión disidente.

Esa forma de discrimen es sutil y a veces difícil de preci-sar y cuantificar. Aun así, en el caso de autos se patentiza con la decisión de enjuiciar y procesar criminalmente sólo a miembros del Partido Socialista Puertorriqueño. Si ello no es prueba de discrimen en la aplicación de la ley, ¿cuál será?

La seriedad del asunto amerita de este foro un claro re-pudio. Una vez más invitamos a reflexionar sobre las pala-bras aleccionadoras del filósofo R. Von Ihering: “‘la defensa del derecho es un deber que tenemos para con la sociedad. ’ Por eminentes que sean las cualidades intelectuales de un pueblo, si la fuerza moral, la energía, la perseverancia, le faltan, en ese pueblo jamás podrá prosperar el derecho. Cuando la arbitrariedad, la ilegalidad, osan levantar afrento-samente su cabeza, se puede siempre reconocer en este signo, que los que están llamados a defender la ley no cum-plen con su deber. Desde el momento en que el derecho no está dispuesto a luchar se sacrifica. Así podremos aplicarle la sentencia del poeta: ‘Es la última palabra de la sabiduría; Que sólo merece la libertad y la vida; El que cada día sabe conquistarlas.’ Citado por O. Maurín Navarro, Libertad de Asociación, Argentina, Ed. Sanjuarina, 1967, pág. 17.” (Énfasis en el original.) Hernández Colón v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 152.

En las circunstancias apuntadas el único mandato judicial capaz de reivindicar el discrimen constitucional político e ideológico es la revocación de las sentencias condenatorias.

Voto concurrente emitido por el

Juez Presidente Señor Pons Núñez.

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A los peticionarios en el caso de autos se les denunció, imputándoles que el 27 de junio de 1979, ilegal, voluntaria-mente y de común acuerdo pegaron pasquines sobre las co-lumnas de varios puentes del área metropolitana. Los pasquines a exhibirse tenían el mensaje siguiente: “Paname-ricanos 79, Bienvenidos, Partido Socialista Puertorriqueño.” Ilustraba la bandera de Estados Unidos arriada y la de Puerto Rico al tope del asta. Los peticionarios fueron encon-trados culpables por el Tribunal de Distrito de violar el Art. 181 del Código Penal de 1974, según enmendado, 38 L.P.R.A. see. 4287, el cual, en su parte pertinente, dispone:

Toda persona que pegare, fijare, imprimiere, o pintare so-bre propiedad pública, excepto en postes, o sobre cualquier propiedad privada, sin el consentimiento del custodio, dueño o encargado, cualquier aviso, anuncio, letrero, cartel, gra-bado, pasquín, cuadro, mote, escrito, dibujo, figura o cualquier otro medio similar, no importa el asunto, artículo, persona, actividad, tema, concepto o materia a que se haga referencia en los mismos, será sancionada con multa mínima de cin-cuenta (50) dólares y máxima de doscientos cincuenta (250) dólares. (Énfasis nuestro.)

Se les sentenció a pagar una multa de cincuenta ($50) dó-lares cada uno o, en su defecto, un día de cárcel por cada cinco ($5) dólares que dejaran de satisfacer. De esta senten-cia se apeló ante el Tribunal Superior de San Juan, el cual confirmó al Tribunal de Distrito. De la determinación del Tribunal Superior se ha recurrido ante este Foro.

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La excepción a la prohibición de fijar pasquines en postes y el elemento de consentimiento del custodio fueron in-cluidos en el Art. 181 del Código Penal, supra, mediante la Ley Núm. 4 de 13 de junio de 1976; ello luego de nuestra decisión en el caso de Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972), en el cual señalamos que la práctica de fijar carteles, pasquines, etc., es un medio de difusión de ideas que consti-tuye un ejercicio de la libertad de expresión. En la exposi-ción de motivos de la Ley Núm. 4, supra, se señaló que el ornato de nuestras ciudades y pueblos reviste un interés vital para la paz y convivencia en nuestro país. Por tal razón, para aminorar el problema que representa la fijación indis-criminada de carteles, pasquines, etc., en la estética y ornato público, el legislador aprobó esta ley como parte de un pro-grama de gobierno dirigido a armonizar los intereses de ex-presión con los de convivencia social. Explica el legislador que el elemento central de la medida legislativa es permitir a los custodios, dueños o encargados de propiedades públicas y privadas ejercer su consentimiento a la fijación de carteles, pasquines, etc., en sus propiedades.

Como puede observarse, el propósito del Art. 181 del Có-digo Penal, supra, no fue limitar el derecho a la libertad de expresión, sino armonizar éste con el interés vital que repre-senta el ornato de nuestras ciudades y pueblos.

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La estética, como interés social importante y creciente para la consecución del bienestar general, es por sí sola fun-damento válido para el ejercicio del poder del Estado. No obstante, cuando se enfrenta a un derecho de rango constitu-cional, el Estado tiene la obligación de viabilizar de una ma-nera plena y efectiva la realización de éste.

La Carta de Derechos de nuestra Constitución, Art. II, Sec. 4, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 265, dispone:

No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de pala-bra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios.

Asimismo la Constitución de Estados Unidos de América en su enmienda primera preceptúa:

Congress shall make no law respecting an establishment religion, or prohibiting the free excercise thereof, or abridging the freedom of speech, or of the press ....

Un estatuto que intente restringir, dificultar o prohibir el disfrute de derechos constitucionalmente protegidos, como lo es el derecho a la libre expresión, debe estar fundamen-tado en un interés público apremiante; su efecto y alcance no debe ser más amplio del necesario para lograr un propósito legítimo y conveniente según expresado por el legislador. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987); Rodriguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 255-256 (1979); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 23 esc. 9 (1968); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551, 570 (1953).

Con el proposito de lograr un balance entre el valor esté-tico y el derecho a la libertad de expresión, el legislador de-legó en los custodios de propiedades públicas y privadas la facultad para consentir a la fijación de carteles, pasquines, etc. Al proveer esta vía del previo consentimiento, debe en-tenderse que el legislador visualizó que existen lugares, en adición a los postes, en los cuales pueden fijarse carteles y pasquines sin afectar adversamente el interés que desea pro-teger el Estado. El Secretario del Departamento de Trans-portación y Obras Públicas (D.T.O.P.), como custodio de las propiedades estaduales por disposición de ley, es la persona llamada a consentir y a quien el cuerpo legislativo delegó la facultad y obligación de hacerlo en cuanto a propiedad pú-blica se refiere.

La delegación de poderes cuasi legislativos y cuasi judi-ciales en agencias administrativas no se cuestiona, siempre y cuando contenga normas adecuadas que sirvan de guía y li-miten el uso del poder conferido. López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 661 (1958); Hilton Hotels v. Junta Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670, 692-693 (1953); Torres Arzola v. Policía de P.R., 117 D.P.R. 204 (1986); M.& B.S., Inc. v. Depto. de Agricultura, 118 D.P.R. 319 (1987). El propósito de esta delegación de poderes es que la agencia lleve a cabo una tarea específica con flexibilidad y con el conocimiento especializado (expertise). Por la complejidad del mandato otorgado a estas agencias administrativas, ha sido necesario que la Rama Legislativa les delegue poderes con normas am-plias y generales permitiéndoles gran discreción en el desa-rrollo y ejecución de la política pública. López v. Junta Planificación, supra; Torres Arzola v. Policía de P.R., supra. No obstante, “[cjuando las leyes habilitadoras de las agendas del Gobierno contienen normas amplias y generales es deseable que a través de la promulgación de reglamentos se defi-nan los contornos y el alcance de sus poderes. Una vez el organismo administrativo ha definido los contornos de su ac-ción a través de reglamentos debidamente promulgados, le corresponde aplicarlos celosamente”. Torres Arzola v. Policía de P.R., supra, pág. 211.

El Art. 181 del Código Penal, supra, provee el recurso del previo consentimiento pero no define este término. Obvia-mente, el consentimiento a que se refiere el legislador (en cuanto a propiedad estadual) no puede ser concedido caso por caso. “[E]l ejercicio de poderes administrativos a base de consideraciones caso por caso, no a base de una ley o de un reglamento, adolece del defecto constitucional de ambi-güedad. . . .” Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 499 (1982); Pennsylvania State Board of Pharmacy v. Cohen, 292 A.2d 277, 282 (1972); K.C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., 1978, Vol. I, págs. 181-182.

Cuando la norma estatutaria que delega facultades es im-precisa, la agencia deberá formular una reglamentación que guíe las determinaciones administrativas para así evitar ac-tuaciones arbitrarias y posiblemente discriminatorias. “La aprobación de reglamentos a su vez facilitará la revisión judicial, especialmente en aquellas áreas donde el ámbito de discreción es excesivo.” Torres Arzola v. Policía de P.R., supra, pág. 211.

Al momento de los hechos que dan lugar al caso de autos (y hasta el día de hoy), el Secretario del D.T.O.P. no había reglamentado el ejercicio de la facultad para consentir que le delegó el legislador. Esta ausencia de reglamentación tiene como consecuencia que los ciudadanos no puedan determinar en qué otras propiedades públicas se pueden fijar carteles y pasquines sin incurrir en una violación al Art. 181 del Código Penal, supra.

La omisión de reglamentar, por parte del Secretario del D.T.O.P., tiene como secuela que el referido artículo penal tenga un alcance más amplio de lo necesario para llevar a cabo el propósito legislativo de lograr la estética y el ornato. Ante la restricción del disfrute del derecho de libertad de ex-presión, el Estado no ha provisto alternativas razonables que viabilicen de manera efectiva la realización del mismo.

Para resumir: la ausencia de reglamentación por parte del custodio de la propiedad estadual tiene el efecto de eli-minar la alternativa que proveyó la Asamblea Legislativa para no coartar indebidamente el derecho constitucional-mente protegido de la libertad de expresión. Por tales ra-zones, no puede darse vigencia a las disposiciones del Art. 181 del Código Penal, supra, hasta tanto se actúe legislativa-mente o la agencia administrativa elimine el defecto de va-guedad a través de una reglamentación adecuada.

En consideración a lo antes expuesto, concurro en que deben revocarse las sentencias condenatorias ante nuestra consideración.

       Ley Núm. 4 de 13 de junio de 1976, Leyes de Puerto Rico, pág. 686.

       Código Político, 1902, Art. 133; Mayo 12, 1942, Núm. 212, pág. 1065, Sec. 8; Plan de Reorg. Núm. 10 de 1950, Art. 111(d); Julio 2, 1981, Núm. 18, pág. 125, ef. Julio 2, 1981; 3 L.P.R.A. sec. 411:

        “Secretario de Transportación y Obras Públicas; facultades y deberes

      “El Secretario de Transportación y Obras Públicas vigilará todas las obras públicas estaduales, y tendrá a su cargo todas las propiedades estaduales, inclu-yendo los edificios, caminos y puentes públicos, las fuerzas hidráulicas, los ríos no navegables y sus cauces, las aguas subterráneas, minas y minerales debajo de la superficie de terrenos particulares, los terrenos públicos y las tierras públicas, los registros y archivos públicos y terrenos saneados; excepto todas las propie-dades adjudicadas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en cobro de contribu-ciones en o antes de la fecha de efectividad de esta ley, que no se utilicen para fines públicos; Disponiéndose, que el Secretario de Hacienda, en consulta con el de Justicia, tendrá a cargo la administración y disposición de los bienes inmue-bles así adjudicados, de los cuales podrán disponer mediante arrendamiento o venta en pública subasta, conforme al reglamento aprobado por ellos, cuyo pro-ducto ingresará al Fondo General.” (Énfasis suplido.)

       Art. 393 del Código Político, 3 L.P.R.A. sec. 417.

        “Edificios, obras y bienes públicos, a cargo del Secretario

      “El Secretario de Transportación y Obras Públicas tendrá a su cargo todos los edificios públicos pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y todas las obras públicas estaduales sea cual fuere su naturaleza y nombre, ya fueren costeadas con fondos donados, o asignados por cualquier persona o corpo-ración o por el Gobierno o Congreso de los Estados Unidos, a beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Estará encargado asimismo de toda la propiedad cedida por el Gobierno de España al de los Estados Unidos, y cuya administra-ción se puso en manos del Gobierno de Puerto Rico con arreglo a la sección 13 de la Ley del Congreso denominada ‘Ley para proveer, temporalmente, de rentas y un gobierno civil a la Isla de Puerto Rico, y para otros fines’.”
      A tenor con estos deberes y facultades y en virtud de lo dispuesto en el Art. 181 del Código Penal de 1974, el Secretario de Transportación y Obras Públicas promulgó el 13 de junio de 1976 una resolución donde otorgaba su consentimiento para el uso de los tablones de expresión pública:
      “Por virtud de la facultad que me eonfiere[n] la Ley Núm. 4 de 13 de junio de 1976 y la Ley Núm. 212 de 12 de mayo de 1942, según enmendada, doy el consen-timiento para el uso de los tablones de expresión pública en las propiedades pú-blicas bajo mi custodia, para pegar, fijar, imprimir o pintar cualquier aviso, anuncio, letrero, cartel, grabado, pasquín, cuadro, mote, escrito, dibujo, figura o cualquier otro medio similar, no importa el asunto, artículo, persona, actividad, tema, concepto o materia a que se haga referencia en los mismos.
      “Además, decreto el Reglamento para establecer las normas para el uso de los tablones de expresión pública en los cuales se llevará a cabo exclusivamente las actividades mencionadas arriba.” (Énfasis nuestro.)
      Llamamos la atención al hecho de que según certificación del Departamento de Estado emitida el 20 de julio de 1987, “hasta el presente el Departamento de Transportación y Obras Públicas no ha radicado en [el Departamento de Estado], a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 112 del 30 de junio de 1957, según enmendada, el Reglamento para Regular los Tablones de Expresión Pública en las propiedades públicas bajo la custodia del Secretario de Transportación y Obras Públicas . . . .”

       Un análisis de la trayectoria histórica de este artículo refleja que la dispo-sición original provino del Art. 602(f) del Código Penal de California. Se incor-poró a nuestro ordenamiento jurídico a través del Art. 517(6) del Código de 1937. Este artículo estuvo vigente hasta junio de 1974 cuando se aprobó el Art. 181, Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974.
      Deering’s California Codes, Penal Code Annotated, 1983 edition, Bancroft Whitney, sec. 602, pág. 616:

        “Sec. 602. Tresspasses constituting misdemeanors; enumeration

      “(f) ... or putting up, affixing, fastening, printing, or painting upon any property belonging to the state, or to any city, county, town, or village, or dedicated to the public, or upon any property of any person, without license from the owner, any notice, advertisement, or designation of, or any name for any commodity, whether for sale or otherwise, or any picture, sign, or device intended to call attention thereto.” (Énfasis suplido.)
      Véase Art. 517(6) del Código Penal de 1937 (33 L.P.R.A. ant. sec. 2067) ed. 1956:

        “Sec. 2067. Transgresión

      “Incurrirá en delito menos grave toda persona que voluntariamente co-metiere cualquiera de las siguientes violaciones:
      “6. Poner, pegar, fijar, imprimir o pintar sobre cualquier propiedad pertene-ciente al gobierno o municipio, ciudad o pueblo, o consagrada al público, o sobre la propiedad de cualquiera persona, sin permiso del dueño, cualquier aviso, anun-cio, designación o nombre de cualquier artículo, para ofrecerlo en venta, u otro fin, o cualquier cuadro, letrero o mote, con objeto de llamar la atención hacia el mismo.” (Énfasis suplido.)
      La Ley Núm. 115, supra, dispone:
      “Toda persona que pegare... sobre cualquier propiedad pública cuya visibi-lidad o utilidad esté revestida de un particular interés público, o que tenga un valor histórico o artístico, o sobre cualquier propiedad privada sin el consenti-miento del dueño o encargado....” (Énfasis suplido.) 1974 Leyes de Puerto Rico 503.
      Como podrá observarse, el elemento común en todas estas disposiciones es que lo que se prohíbe es pasquinar sin el consentimiento del dueño o encargado.

       Ley Núm. 115, supra.

       Con respecto al Art. 6 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3021, la profe-sora Nevares-Muñiz se expresa como sigue sobre la interpretación del estatuto penal:
      “El primer párrafo del artículo 6 enuncia la regla general de interpretación que habrá de seguir el magistrado al aplicar la ley. En los países de la órbita jurídica de la Europa continental se clasifica la interpretación judicial a base de los medios utilizados y del resultado obtenido. En ese esquema de clasificación la regla enunciada en el primer párrafo del artículo correspondería respectiva-mente a lo que se conoce como interpretación gramatical e interpretación decla-rativa. Nevares Muñiz, Derecho Penal, See. 4.5.2.
      “La interpretación gramatical se refiere a que el magistrado habrá de exa-minar el significado gramatical de las palabras y la sintaxis de las oraciones en la ley. Si el análisis revela una interpretación clara ahí habrá de concluir la interpretación del magistrado.

      “Cuando la interpretación se evalúa en términos del resultado, tenemos en el artículo un caso de interpretación declarativa. Se trata de aquella interpretación donde el juez aplica la ley estableciendo una correspondencia exacta entre la letra y el espíritu de la ley.” (Énfasis suplido.) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Revisado y Comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 10.

       Véase nuestra discusión anterior sobre la limitación a la libre expresión (Parte I de esta opinión).

       El Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, Vox, 3ra ed., Madrid, Ed. Biblograf, 1976, pág. 1264, ofrece una definición idéntica.

       “SR. GALLISÁ: Ademá[s], de ‘excepto en postes’ había alguna otra ex-cepción en el anterior Artículo.
      SR. APONTE COLÓN: En el anterior no había excepción. Ahora se puso ‘excepto en postes’.
      SR. PRESIDENTE: Contestada la pregunta.
      SR. GALLISÁ: Señor Presidente, para ver si puedo hacer otra pregunta. SR. PRESIDENTE: Adelante, compañero.
      SR. GALLISÁ: No había una excepción de postes de telégrafos. O si fue que se eliminó a los fines de cuadrar bien la intención legislativa.
      SR. APONTE COLÓN: Sí. En postes se entienden [sic] que son de telé-grafos y de teléfono.
      SR. GALLISÁ: Todos los postes.

      SR. APONTE COLÓN: Todos los postes.”

       Representante señor Orama Monroig:
      “... Y no hay duda alguna, compañero Aponte Toro, que esto es ya un pro-blema. Es un problema de tal naturaleza que el Artículo 181, como está concebido en el Código Penal Nuevo, no ha resultado eficaz, precisamente para lo que se quería desalentar en la forma más efectiva, las pasquinadas indiscriminadas. Por eso es que en esta nueva legislación se permite en primer lugar, sin autoriza-ción de nadie en los postes, los postes del alumbrado público generalmente están localizados como todos sabemos en sitios bien visibles. Y ahí van los retratos de los compañeros del Ala Derecha, del Ala Izquierda[,] del Centro, de cualquiera . ...” (Énfasis suplido.)

       Dicho artículo dispone:
      “Toda persona que pegare, fijare, imprimiere o pintare sobre propiedad pú-blica, excepto en postes, o sobre cualquier propiedad privada, sin el consenti-miento del custodio, dueño o encargado, cualquier aviso, anuncio, letrero, cartel, grabado, pasquín, cuadro, mote, escrito, dibujo, figura o cualquier otro medio similar, no importa el asunto, artículo, persona, actividad, tema, concepto o mate-ria a que se haga referencia en los mismos, será sancionada con multa mínima de cincuenta (50) dólares y máxima de doscientos cincuenta (250) dólares. Las con-vicciones subsiguientes por el mismo delito serán sancionadas con pena de reclu-sión que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal sentenciador podrá requerir de la persona convicta del delito para que resarza a la parte perjudicada de los daños ocasionados o para que asuma lá obligación de corregir el mal causado por su acto delictivo.” (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 4287.

       Principio reconocido jurisprudencialmente en casos de Ley de Armas y de Ley de Vehículos y Tránsito.

       Igual enfoque prevalece en la jurisdicción federal. Schenck v. United States, 249 U.S. 47, 52 (1919); City Council v. Taxpayers for Vincent, 466 U.S. 789 (1984).

       El esfuerzo legislativo por fomentar y preservar el ornato y la belleza natural del paisaje se evidencia desde principios de siglo con la Ley Núm. 55 de 10 de marzo de 1910 (10 L.P.R.A. secs. 313-320). Esta legislación, dirigida a la promoción comercial, prohibió la fijación de carteles, letreros, anuncios, etc., en propiedades pertenecientes al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sujeta a servidumbre a favor de éste; reglamentó los anuncios y rótulos instalados en edificios comerciales y declaró delito menos grave cualquier infracción a la misma.
      Posteriormente, en la legislación sobre Construcción y Conservación de Ca-rreteras, Ley Núm. 427 de 13 de mayo de 1951, luego enmendada por la Ley Núm. 62 de 13 de junio de 1977, también se hizo sentir la preocupación legislativa sobre la instalación de anuncios en las carreteras. 9 L.P.R.A. sec. 32.
      No pasamos aquí juicio sobre dicha legislación.

        Berman v. Parker, 348 U.S. 26 (1954); Cervecería Corona, Inc. v. Srio. de Obras Públicas, 97 D.P.R. 44, 48 (1969).

       Código Político de 1902, Art. 133 (3 L.P.R.A. sec. 411).

       De los hechos debidamente probados en el caso de autos no puede dedu-cirse razonablemente que se ha implantado discriminatoriamente el Art. 181 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4287, pero ciertamente podría darse tal situación. Véase K.C. Davis, A New Approach to Delegation, 36 U. Chi. L. Rev. 713 (1969).

       Aun cuando podría determinarse razonablemente por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas que las columnas de los puentes son unas de esas propiedades en las cuales, en el ejercicio de la libre expresión, pueden fijarse carteles y pasquines sin violentar el interés que pre-tende proteger el Estado, en este caso, a la luz del historial legislativo, no po-demos suscribir la tesis de que el vocablo “postes” comprende las columnas de los puentes.


author: (Fdo.) Bruno Cortés Trigo Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón,

text:
    Hermenegildo Ortiz, etc., demandantes y recurridos, v. Dr. Ramón A. Soliván Miranda et al., demandados y recurrentes.

      Número: CE-88-100

      Resuelto: 25 de febrero de 1988

      Manuel J. Camacho Córdova, de Cando, Nadal & Rivera, abo-gado de la Corporación Insular de Seguros, recurrente; Walter H. Muñiz, de Carlo & Dubos, abogado del Dr. Ramón A. Soli-ván Miranda, recurrente; Osvaldo Pérez Marrero, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

hH

El 15 de febrero de 1985 el Dr. Ramón A. Soliván, mien-tras transitaba por la Carr. Est. Núm. 1, sufrió un accidente automovilístico en el que perdió la vida su esposa, que lo acompañaba. Los padres y los hermanos de la occisa deman-daron en una acción de daños y perjuicios al doctor Soliván y a su compañía aseguradora, la Corporación Insular de Se-guros.

Por designación de la aseguradora, el bufete Can ció, Na-dal & Rivera asumió la representación legal de ambos. En la contestación de la demanda se admitió la existencia de una póliza de seguros, la cual habría de estar sujeta a las cláu-sulas, condiciones y limitaciones de la misma.

Señalado el caso para vista, compareció a la misma como abogado de los demandados recurrentes el Ledo. Miguel Bo-nilla del bufete antes mencionado. Al inicio de la vista, éste solicitó al tribunal que le eximiera de la representación legal del doctor Soliván y de la compañía aseguradora, toda vez que durante el proceso de descubrimiento de prueba pudo constatar que la cubierta de la póliza de la codemandada, aquí recurrente, excluye las reclamaciones de familiares del asegurado y que esta situación creaba un conflicto de intereses que le obligaba a renunciar a la representación de ambos.

El tribunal de instancia declaró sin lugar el pedido, ba-sándose en que a ese nivel de los procedimientos era impro-cedente en derecho levantar la defensa de falta de cubierta, en vista de lo cual desaparecía cualquier conflicto de inte-reses entre las partes y, por ende, la renuncia de representa-ción legal por este fundamento no procedía.

De esta determinación acudió ante nos la codemandada recurrente Corporación Insular de Seguros para alegar que había incidido el tribunal a quo al denegar la renuncia de representación legal y al no permitir que se levantara la de-fensa de falta de cubierta en la vista del caso.

Mediante resolución de 22 de febrero de 1988 decretamos no ha lugar al recurso de certiorari presentado.

El 24 de febrero de 1988 compareció nuevamente la recu-rrente mediante solicitud de reconsideración, en la que reite-raba su pedido de que se expida el auto de certiorari solicitado.

Acordamos reconsiderar y expedimos el auto de certio-rari bajo los términos de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. Procedemos a decidir sin ulteriores procedimientos.

h — I H-i

Dispone el Canon 21 de Ética Profesional que:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la con-troversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses en-contrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
Cuando un abogado representa a un cliente por encomienda de otra persona o grupo, quien le paga al abogado por dicho servicio, debe renunciar la representación de ambos tan pronto surja una situación de conflicto de intereses entre la persona o grupo que le paga sus honorarios y la persona a quien representa. — Diciembre 24, 1970, ef. Diciembre 24, 1970. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21.

No hay duda de que dentro del significado del Canon 21 de Ética Profesional, supra, existe un conflicto de intereses entre la compañía aseguradora y el codemandado, aquí recu-rrente, doctor Soliván que hace impropio que los mismos abogados representen a ambas partes. Los abogados tienen el deber de abogar a favor de la compañía aseguradora la inexistencia de cubierta, mientras que también tienen el de-ber de abogar por la existencia de cubierta a favor del doctor Soliván. Pueden existir hechos relevantes a una u otra posi-ción que sea pertinente probar durante la vista del caso. El hecho de que el tribunal a quo no haya permitido levantar la defensa de falta de cubierta no es determinante, pues esa no es una decisión final. La misma puede reconsiderarse o revo-carse por el mismo tribunal, Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 136, 140 (1967); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 94 (1974); In re Stanford Fork & Tool Co., 160 U.S. 247, 256 (1895), o puede revisarse por este Foro. En vista de ello, las partes tienen derecho a que sus abo-gados tomen las medidas y determinaciones propias y legí-timas que puedan hacer valer sus respectivas posiciones. No es posible ni permisible que los mismos abogados asuman posiciones tan irreconciliables representando partes en con-flicto en un mismo pleito. Procede, por tanto, autorizar la renuncia de representación planteada por el bufete Cancio, Nadal & Rivera.

La relación abogado-cliente, como se desprende del ci-tado canon, debe estar basada en la absoluta confianza entre ambas partes. En función de este principio ético, el abogado al representar más de un cliente debe estar atento y auscul-tar la posibilidad de conflictos entre sus representados, pre-vio a la aceptación de la representación legal. Ante el asomo razonable de posibles conflictos debe declinar representar a ambos simultáneamente. Esta exigencia se acentúa cuando se trata de clientes que mantienen entre sí relaciones pro-pensas a confligir. Son prolijos los casos en los que han sur-gido conflictos entre asegurador y asegurado por razón de interpretaciones encontradas de los términos de la póliza o de la cubierta, lo cual debe ser de conocimiento de todo le-trado.

El abogado de la recurrente sostiene que fue durante el procedimiento de descubrimiento de prueba que se percató o tuvo conocimiento del conflicto antes aludido, por no des-prenderse de la demanda la relación matrimonial del doctor Soliván y la occisa. Consideramos, sin embargo, que una simple investigación preliminar sobre la cubierta de la póliza y las partes, básica y rutinaria en todo caso, hubiera puesto de relieve la relación matrimonial en cuestión. Además, aun cuando no fuera posible anticipar este alegado conflicto o no hubiera sido factible detectarlo previo al descubrimiento de prueba, no actuó el bufete Cancio, Nadal & Rivera con la debida diligencia al esperar el momento de la vista para soli-citar la renuncia a la representación legal, cosa que pudo ha-ber hecho tan pronto se percatara del posible conflicto de intereses durante el proceso de descubrimiento de prueba. Ello pudo haber evitado demora en la vista del caso.

A tenor con los anteriores pronunciamientos, declaramos con lugar el pedido de reconsideración, se expide el auto de certiorari, se autoriza la renuncia de la representación legal de los abogados de Cancio, Nadal & Rivera, y se le impone el pago de $300 en honorarios de abogado a favor de los deman-dantes recurridos, por razón de la injustificada tardanza en hacer el planteamiento en cuestión.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió voto particular disidente, al cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

Voto particular disidente de la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón,

al cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

La demanda en este caso se presentó el 13 de febrero de 1986 y la contestación el 14 de mayo de 1986. Sin embargo, según se desprende de la minuta que acompañó la recurrente con su recurso de certiorari, no es hasta el 9 de noviembre de 1987, el día señalado para la vista en su fondo y luego que el tribunal de instancia ya había ordenado que se le tomara juramento a los testigos y había juramentado al demandado, aquí recurrente, Dr. Ramón A. Soliván Miranda, que el Lie. Miguel A. Bonilla Sierra, abogado que representa a los de-mandados recurrentes, doctor Soliván Miranda y la Corpo-ración Insular de Seguros (Corporación), solicitó que se le eximiera “de continuar con la representación legal del Dr. Soliván Miranda y de la codemandada Corporación ..., por-que hay conflicto de intereses, ya que la póliza del deman-dado excluye los hechos de este caso, o sea las reclamaciones de familiares”. Exhibit I, pág. 1.

El tribunal de instancia, muy acertadamente, no acogió este planteamiento. Expresó “que levantar la defensa de conflicto de falta de cubierta en esta etapa de los procedi-mientos, es improcedente en derecho, insólito, que por lo tanto se renunció a esa defensa, que la Compañía de Seguros viene obligada a continuar con la cubierta que hasta la fecha había representado, que no existe entre ellos ningún con-flicto, de haber habido alguno se renunció”. Exhibit I, pág. 1.

Así las cosas, el licenciado Bonilla Sierra solicitó que se paralizaran los procedimientos, aparentemente, para recu-rrir ante este Tribunal. El foro de instancia señaló la vista para el 20 de noviembre de 1987, por no estar “la prueba de la parte demandante”. Deducimos que la vista en su fondo se pospuso, pues en su moción en auxilio de jurisdicción la de-mandada recurrente Corporación nos indica que la vista en su fondo está señalada para hoy 25 de febrero de 1988. En vez de recurrir inmediatamente para revisar la determina-ción del tribunal de instancia sobre renuncia por conflicto de intereses, la Corporación esperó hasta el 19 de febrero de 1988, más de tres (3) meses, para presentar este recurso.

Ante estas circunstancias no podemos estar de acuerdo con la opinión de la mayoría de este Tribunal. El tribunal de instancia actuó correctamente al no permitir esta táctica dilatoria. La defensa de falta de cubierta se había renunciado; no existe conflicto de intereses. Denegaríamos el recurso.


author: (.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

text:
      In re Saúl Duprey Maese, querellado.

      Número: 4507

      Resuelto: 3 de marzo de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; E.L. Belén Trujillo, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

Mediante resolución de 9 de noviembre de 1984 suspen-dimos al Ledo. Saúl Duprey Maese del ejercicio de la aboga-cía y el notariado por no haber pagado su cuota anual y fianza notarial, condicionando su reinstalación al pago de las canti-dades adeudadas o al acuerdo de un plan de pago con el Cole-gio de Abogados.

El 11 de agosto de 1987 el Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, nos informó que a pesar de su suspensión el licenciado Duprey Maese continuó ejerciendo la notaría desde el 9 de noviembre de 1984. En esas circunstancias, emitimos una resolución el 20 de agosto de 1987 en la que reiteramos que el licenciado Duprey Maese se encontraba fuera del ejercicio de la abogacía y el nota-riado, y ordenamos la incautación de su obra notarial para ser entregada al Director de Inspección de Notarías.

Oportunamente el señor Duprey Maese compareció para acreditar el pago parcial de las cuotas atrasadas para diciembre de 1984 y someter documentación pertinente sobre un plan de pago acordado cón el Ledo. Antonio J. Bennazar, cuando éste fungía como Director Ejecutivo del Colegio de Abogados. También ha comparecido el Colegio de Abogados de Puerto Rico para acreditar el pago total de las cuotas atrasadas.

Considerando que el señor Duprey Maese ha cumplido con los términos de las resoluciones de 9 de noviembre de 1984 y de 20 de agosto de 1987, y en vista de las explicaciones y las excusas ofrecidas por el abogado, se ordena sti reins-talación como abogado, efectivo el 7 de marzo de 1988.

Se le apercibe al Ledo. Saúl Duprey Maese que en el fu-turo deberá cumplir estrictamente con el pago de las cuotas anuales al Colegio de Abogados.

Publíquese y remítase copia al Procurador General de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Mark H. Pate et al., demandantes, v. United States of America, demandado.

      Número: CE-87-656

      Resuelto: 4 de marzo de 1988

      Néctor Robles Abraham, abogado de los demandantes; Wanda Rubianes Collazo, Fiscal Federal Auxiliar, abogada del de-mandado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico acude ante nos mediante Procedimiento de Certificación y formula la interrogante siguiente: “¿Tienen los aquí demandantes, padres de un infante fallecido, el dere-cho a ejercer válidamente una causa de acción en nombre de su hijo por el menoscabo de su potencial de generar in-gresosV’ (Énfasis y traducción nuestra. Expongamos una síntesis de los hechos no contradichos que originan esta in-cógnita.

I

El 23 de septiembre de 1984, Janie Marie Pate fue admi-tida en el Hospital de la Base Naval de Roosevelt Roads de-bido a una ruptura espontánea de las membranas de la placenta. Al día siguiente fue transferida a la sala de cuidado intensivo neonatal del Centro Médico de Río Piedras.

El 4 de octubre nació prematuramente Mark Pate, Jr. Pe-saba escasamente tres (3) libras y once (11) onzas. Su deli-cada condición requirió que se mantuviera hospitalizado hasta el 20 del mismo mes, fecha en que fue dado de alta. Al otro día, 21 de octubre, fue alimentado por su madre, si-guiendo las órdenes médicas, con una solución concentrada de fórmula para infantes diluida en un suero pediátrico.

Alrededor de las 4:20 A.M. del día siguiente, los esposos Pate lo llevaron a la Sala de Emergencia del Hospital Naval. Tenía diarreas, se mostraba pálido y estaba deshidratado. El médico de turno recomendó trasladarlo al Centro Médico, pero a instancias de sus preocupados padres fue admitido allí con un diagnóstico de “prematuro, pobre aumento de peso”. Aun así, no se ordenaron pruebas de laboratorio para corro-borar dicho diagnóstico. Lamentablemente, a las 6:30 P.M. el menor Mark Pate, Jr., murió víctima de una deshidratación severa.

En su demanda ante el foro federal, sus progenitores, los cónyuges Pate, alegaron que de haberse ordenado los exá-menes de rigor con toda probabilidad se hubiese llegado al diagnóstico correcto y la muerte del niño se hubiese evitado. El gobierno federal aceptó la negligencia, pero negó que pro-cediera indemnización por el menoscabo del potencial de ge-nerar ingresos.

HH HH

La cuestión medular planteada exige que reexaminemos, a modo comparativo, la característica diferenciadora que doctrinariamente nutre los conceptos de lucro cesante y el menoscabo del potencial de generar ingresos.

El primero dispone la “indemnización concedida por concepto de lucro cesante ... como consecuencia de lesiones, enfermedad, muerte y, en ciertos casos, incumplimiento de contrato. No deberá confundirse la indemnización corres-pondiente al lucro cesante con la que se concede como in-demnización por lesiones, enfermedad o muerte. Las com-pensaciones correspondientes a estos últimos elementos de daño son distintas y separadas de la indemnización corres-pondiente al lucro cesante”. (Énfasis suplido.) H. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 474. Véase, también, Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 869-870 (1978).

Bajo esta óptica, el actor debe probar ingresos previos. Aunque no es necesario demostrar con absoluta certeza matemática la ganancia futura frustrada, sí deberá producirse prueba sobre la razonable probabilidad de haber continuado obteniendo dicho ingreso. Velazquez v. Ponce Asphalt, 118 D.P.R. 39, 48 (1982).

En lo relativo a la transmisibilidad de la acción por lucro cesante, nuestra doctrina es clara y consistente. “El lucro cesante que se produce con motivo de la muerte del causante con motivo de un acto ilegal de un tercero se trans-mite o no en la medida en que el fallecido tuviera personas que dependieran de él al momento de su muerte. Los dependientes pueden o no ser los herederos legítimos de la víctima de manera que el causante puede dejar hijos y nietos, siendo estos últimos los acreedores a la porción fijada en concepto de lucro cesante si pueden demostrar haber sufrido una interrupción real y efectiva de ingreso[s] provenientes del patrimonio del causante.” E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, págs. 260-261.

Esta trayectoria judicial encuentra eco desde Vda. de Valentín v. ELA, 84 D.P.R. 112, 115 n. 2 (1961). Allí expresamos la naturaleza eminentemente “especulativa” y conjetural de este tipo de compensación. En casos posteriores, la partida de lucro cesante sólo se ha concedido cuando ha existido una relación de dependencia. Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 868 (1964); Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201 (1969); Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 (1971); Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971); Colón v. Municipio de Orocovis, 100 D.P.R. 1009 (1972); Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 D.P.R. 324 (1977); Publio Díaz v. E.L.A., supra.

Finalmente, en Zurkowsky v. Honeywell, Inc., 112 D.P.R. 271, 275 (1982), al reiterar nuestro rechazo doctrinal a la compensación por pérdida de herencia futura como daño patrimonial, señalamos enfáticamente que “[e]l concepto de lucro cesante está inexorablemente vinculado al de dependencia económica al momento de la muerte. Tales dependientes tienen una causa de acción por su condición de recipientes de unos ingresos que se ven interrumpidos”. (Énfasis suplido y escolio omitido.)

En resumen, en nuestra jurisdicción, el lucro cesante de un causante no forma parte del patrimonio transmisible a sus herederos. Exploremos, pues, si igual solución procede en cuanto al menoscabo del potencial de generar ingresos.

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En Ruiz Santiago v. E.L.A., 116 D.P.R. 306 (1985), por primera ocasión, reconocimos expresamente la posibilidad de compensar a un menor por la pérdida de ingresos futuros en acciones de daños y perjuicios. Conceptualmente denominamos esta modalidad del lucro cesante como el me-noscabo del potencial de generar ingresos. De esta manera, allí lo distinguimos del lucro cesante que “aprisiona la imagi-nación judicial al requisito de ingreso previo derivado de trabajo” como característica diferenciadora. (Énfasis su-plido.) íd., pág. 311.

En esa ocasión nos pronunciamos en el sentido de que las complicaciones inherentes que conllevaban la cuantificación y determinación de una compensación adecuada en tales instancias, no podían servir de obstáculo en nuestra principal función de hacer cumplida justicia. Después de todo, “aun tratándose de un menor, se ha destruido como ser humano su potencial de ingresos”. Ruiz Santiago v. E.L.A., supra, pág. 314. Indicamos que este tipo de daño “es una lesión identificable, con marcada probabilidad”. íd., pág. 317. Para fines de moldear el diseño remedial, enumeramos varios factores que deberían tomarse en consideración al fijarse la cuantía. A tal efecto, en “esa función judicial estimativa y ante la ausencia de un historial previo de actividad retribuida, deben tomarse en cuenta el [status] del me-nor al momento de la incapacidad y su proyección futura razonable. Son factores apropiados, tales como: tipo de núcleo familiar, grado de estabilidad del hogar, edad, condición de salud física y mental previa, inteligencia, su disposición, educación alcanzada, hábitos de estudio, habilidad en la escuela, talento, intereses específicos, ‘entretenimientos y destrezas desarrolladas, grado de madurez y experiencia’. . . . En cuanto a sus proyecciones, es pertinente] el examen de aquellas otras guías susceptibles de indicar mejores oportunidades para alcanzar destrezas o educación más avanzada. ... Finalmente, las leyes de salario mínimo, los promedios de ingreso en las variadas ocupaciones o profesiones prevalecientes, y los sistemas de retiro o la edad promedio de retiro forman parte del cuadro total”. (Citas omitidas.) Ruiz Santiago v. E.L.A., supra, pág. 318.

En Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 458 (1985), reiteramos esta doctrina y utilizamos los factores antes enumerados para adjudicar los daños de este tipo.

IV

Lo expuesto nos provee la clave para la solución de este recurso. La única diferencia detectable entre lucro cesante y el menoscabo del potencial de generar ingresos — existencia o no de ingresos previos— no justifica variar el enfoque en cuanto al aspecto sucesoral. Debemos resolver de igual manera, pues uno se deriva del otro. Y como expresamos anteriormente —citando la obra del profesor González Tejera y Zurkowsky v. Honeywell, supra— la transmisibilidad de esta causa de acción está inexorablemente atada a la existencia de una condición de dependencia. Ausente esa circunstancia, el solo nexo familiar no es suficiente para admitir que puede incoarse una causa de acción por menoscabo del potencial de generar ingresos por los herederos no dependientes.

Se dictará sentencia que conteste en la negativa la pre-sente certificación.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

       El texto original dispone: “Whether plaintiffs herein, the mother and father of a deceased infant, can validly claim the cause of action of ‘diminished potential to generate income’ on behalf of their deceased son.” Civ. No. 86-1214 PG.