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author: El Juez Presidente Señor Pons Núñez

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text:
    Aurea Silva Oliveras y Otros, demandantes y peticionarios, v. Felipe Durán Rodríguez, demandado y recurrido.

      Número: CE-87-334

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      S. L. Lagarde Garcés, abogado de los peticionarios; Francisco Cuyar Fernández y Moisés Abren Cordero, abogados del recurrido; José A. Figueroa Morales, defensor judicial de Áurea Silva Oliveras.
   El Juez Presidente Señor Pons Núñez

emitió la opinión del Tribunal.

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El 1ro de mayo de 1987, los peticionarios, familiares de Myrta Silva Oliveras, presentaron un recurso de hábeas corpus en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra el recurrido Felipe Durán Rodríguez y otros. Alegaron que Myrta Silva Oliveras padecía de sus facultades mentales, al grado de no poder discernir sobre su condición de vida y libertad, y que el demandado recurrido, aprovechándose de esta circunstancia, la mantenía ilegalmente bajo su custodia; además poseía y administraba ilegalmente sus bienes. Adujeron también que durante más de un año han tratado de localizar a Myrta Silva Oliveras a través del recurrido quien, proporcionándoles falsas informaciones, ha impedido que los peticionarios se comuniquen con ella. Solicitaron finalmente que se ordenara al recurrido que pusiera en libertad a Myrta Silva Oliveras y que se concediera la custodia temporal de ella a los peticionarios.

El mismo día que se incoó la petición de hábeas corpus los peticionarios también presentaron una acción ex parte, en la que solicitaban que se declarara judicialmente la incapacidad de Myrta Silva Oliveras y se nombrara tutora a su hermana, la copeticionaria Áurea Silva Oliveras.

El 4 de mayo de 1987 la parte peticionaria presentó una tercera acción, esta vez para impugnar un poder general otorgado por Myrta Silva Oliveras a favor del recurrido Felipe Durán Rodríguez. En la misma fecha, el tribunal ordenó la hospitalización de Myrta Silva Oliveras. Se dispuso que sólo podrían visitarla aquellas personas que ella específicamente solicitara.

En vista de que en las tres acciones judiciales incoadas por los peticionarios se cuestionaba la capacidad legal de Myrta Silva Oliveras y el derecho del recurrido a tenerla bajo su custodia y administrar sus bienes, el 7 de mayo de 1987 los peticionarios presentaron una moción sobre remedios provisionales bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Solicitaron que se nombrara un administrador interino con el fin de evitar la dilapidación de sus bienes. El tribunal señaló vista para dilucidar la procedencia de los remedios provisionales. Advirtió que de no comparecer el demandado, “se concederán los remedios solicitados, en particular ... la designación de un Administrador Judicial Interino”.

El 12 de mayo de 1987, en la continuación de la vista sobre hábeas corpus, la parte demandada-recurrida presentó, para la consideración del Tribunal, una sentencia emitida el 6 de mayo de 1987 por la Cámara de lo Civil y Comercial de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de la República Dominicana. En dicha sentencia se homologó() un acta notarial de 25 de noviembre de 1984 mediante la cual Myrta Silva Oliveras adoptó a Felipe Durán Rodríguez. En corte abierta el Tribunal Superior resolvió que, para otorgarle pleno reconocimiento y validez a la sentencia extranjera, el demandado debía iniciar un procedimiento de exequátur.

No obstante, el tribunal de instancia, motu proprio, reconsideró su determinación y concluyó que no tenía otra alternativa que autorizar al demandado a inscribir directamente en el Registro Demográfico la adopción efectuada en la República Dominicana, “sin trámite ulterior alguno”. Fundamentó su determinación en lo dispuesto en el Art. 21C de la Ley del Registro Demográfico, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 1138. Dicho artículo dispone lo siguiente:

Cualquier adopción hecha fuera de Puerto Rico, de persona nacida en Puerto Rico, se inscribirá a solicitud de parte interesada, en el Registro Demográfico, previa presentación de copia autenticada de la resolución o decreto autorizando la adopción, siguiéndose el mismo procedimiento especificado en la sección anterior. Si de dicha resolución o decreto no constaren todas las circunstancias necesarias para la inscripción, la parte interesada deberá complementarla mediante declaración jurada que se unirá a los demás documentos.

El 19 de mayo de 1987 recurrió ante nos la parte peticionaria. El 20 de mayo ordenamos la paralización de los procedimientos en el tribunal de instancia y le concedimos término al recurrido para que mostrara causa por la cual no debiera:

(a) revocarse la resolución del 12 de mayo de 1987 [en la que se autoriza la inscripción de la adopción extranjera sin trámite ulterior alguno];
(b) ordenarse el nombramiento de un administrador judicial interino para los bienes de doña Myrta Silva Oliveras con poderes para que conjuntamente con el defensor judicial determine y resuelva, con el asesoramiento pericial pertinente, todo lo relativo a la custodia y cuidado de doña Myrta Blanca Silva Oliveras;
(c) ordenarse que los honorarios de dicho administrador judicial interino como los del defensor judicial sean justificados al Tribunal de instancia y pagados previa aprobación de éste con cargo a los bienes de dicha doña Myrta Blanca Silva Oliveras. Resolución del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 20 de mayo de 1987.

Con la comparecencia de ambas partes, el caso quedó sometido el 17 de junio de 1987. Procedemos a resolver.

En Ef. Litográficos v. Nat. Paper & Type Co., 112 D.P.R. 389 (1982), reconocimos que el medio adecuado para otorgarle reconocimiento y validez a una sentencia extranjera es el procedimiento de exequátur. Adoptamos allí las normas generales a utilizarse para determinar si a una sentencia extranjera se le debe dar pleno reconocimiento y validez. Es necesario, entre otras consideraciones, que la sentencia extranjera haya sido dictada mediando el debido proceso de ley, que no haya sido obtenida mediante fraude y que no sea contraria al orden público del foro requerido. Ef. Litográfícos v. Nat. Paper & Type Co., supra, pág. 404; A. Boggiano, Derecho Internacional Privado, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1983, T. II, págs. 1223-1337.

Se ha señalado que el fundamento para requerir que una sentencia extranjera tenga que ser sometida al procedimiento de exequátur, en derecho internacional, es el de la soberanía. “Fundamentalmente, ningún Estado reconoce las sentencias de otro con carácter general, por estos motivos; porque todos los actos de soberanía estatal pierden eficacia fuera de los límites territoriales, tan sólo si el titular de la soberanía reconoce la sentencia extranjera por virtud de esa su propia soberanía, podrá ser eficaz el acto soberano extranjero. Sin embargo, no es ésta la conducta que generalmente se sigue ni se puede seguir como norma, pues no es raro que se susciten dudas y hasta desconfianza contra la Justicia extranjera, sea porque descanse sobre una concepción social, económica, moral e ideológica distinta, sea porque esté corrompida o no se amolde al riguroso concepto que el Estado extranjero tenga acerca de lo que es una Justicia independiente. Estos defectos aparecen evidenciados a través del concepto de ‘orden público’, que domina por completo nuestra vida jurídica internacional.” T. Süs, El Reconocimiento de Sentencias Extranjeras, Año VIII, Núm. 1, Rev. Der. Proc. 8-9 (1952).

En el caso de autos, el recurrido pretende presentar como defensa la sentencia dominicana de adopción, sin que ésta haya sido avalada por un tribunal de Puerto Rico. La parte demandante expresamente se opuso y solicitó que se le requiriera utilizar el procedimiento de exequátur. En este sentido le asiste razón a la parte demandante. Si la sentencia extranjera no ha sido ratificada por un tribunal puertorriqueño, ésta puede ser atacada o impugnada, pues no goza de las garantías que ofrece el procedimiento de exequátur.()

Ello no quiere decir que no se pueda inscribir en el Registro Demográfico una sentencia de adopción extranjera sin haber seguido el procedimiento de exequátur. El lenguaje del Art. 21C de la Ley del Registro Demográfico, supra, lo permite. Específicamente refiriéndose a una adopción realizada en país extranjero, dicho estatuto permite su inscripción mediante “copia autenticada de la resolución o decreto autorizando la adopción”. Art. 21C, supra. Si faltare alguna circunstancia necesaria para la inscripción, ésta se puede suplir mediante declaración jurada.

Lo que sucede es que la inscripción así hecha de la adopción extranjera no acarrea que el Estado le haya otorgado su pleno reconocimiento y que la misma sea inatacable según provee el Art. 613E, supra; para que una sentencia extranjera reúna las garantías que la harían inatacable en Puerto Rico tendría que ser avalada por un tribunal de esta jurisdicción.

En resumen: (a) un decreto de adopción extranjera puede inscribirse directamente en el Registro Demográfico de Puerto Rico conforme lo permite el Art. 24C de la Ley del Registro Demográfico, supra; (b) mientras el decreto de adopción extranjera no sea ratificado por una sentencia válida de nuestra jurisdicción, la adopción está sujeta a impugnación por los medios provistos en ley y no goza de la protección que provee el Art. 613E de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, supra.

A similar resultado se ha llegado en España, donde las sentencias extranjeras sobre el estado civil logran acceso al registro civil sin necesidad del procedimiento de exequátur. Sin embargo, su pleno reconocimiento se obtiene a través de los tribunales. A. Remiro Brotons, Ejecución de sentencias extranjeras en España, Madrid, Ed. Tecnos, 1974, págs. 161-166; A. Miaja de la Muela, Derecho Internacional Privado, 9na ed., Madrid, Ed. Atlas, 1982, T. II, págs. 388-389.

Resta por considerar si, tal como habíamos intimado en nuestra orden de 20 de mayo de 1987, se debe ordenar el nombramiento de un administrador judicial interino para los bienes de Myrta Silva Oliveras.

En este caso el tribunal de instancia tuvo serias dudas sobre la capacidad mental de Myrta Silva Oliveras. Éste consideró el testimonio y un diagnóstico preliminar del Dr. Manuel A. Martínez en el que se concluye que Myrta Silva Oliveras padece de arteriosclerosis cerebral, demencia orgánica y enfermedad de Alzheimer.() El recurrido no ha refutado directamente la alegación de que doña Myrta Silva Oliveras esté de hecho en estos momentos mentalmente incapacitada. Es con conocimiento de estas circunstancias que el 15 de mayo de 1987 el Tribunal designó al Lie. José Figueroa Morales como defensor judicial de Myrta Silva Oliveras.

En su escrito, el recurrido plantea que en el procedimiento sobre declaratoria de incapacidad no está previsto específicamente el nombramiento de un administrador judicial. Sin embargo, no explica por qué no se pueden solicitar remedios provisionales bajo la Regla 56 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en dichos casos.

La Regla 56.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, específicamente provee como remedio provisional la administración judicial. Ésta, a tenor con dicha regla, se llevará a cabo de acuerdo con las normas que el Tribunal adopte y, supletoriamente, según las reglas para la administración de las sucesiones. Arts. 556-597 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. secs. 2361-2571.

El recurrido argumenta también que no procede la administración judicial, pues existe un poder general otorgado a su favor por Myrta Silva Oliveras. No le asiste tampoco la razón al recurrido.

El recurrido indica en sus alegaciones que durante los últimos 18 años ha cuidado a Myrta Silva Oliveras y que hace 14 años vive con ella. Por ello podemos presumir que él conoce íntimamente la condición mental de la señora Silva, la cual se alega por los recurrentes es de incapacidad. De resultar correcta dicha alegación, y como hemos visto existe ya en los autos suficiente evidencia para creer que ello puede ser así, el mandato ha terminado, pues se reconoce que una de las causas de extinción del mandato es la incapacidad del mandante.

No cabe duda que el mandatario puede concluir sólo aquellos actos que el mandante jurídicamente puede efectuar por sí mismo. H. Mazeaud, Legons de Droit Civil, 5ta ed., Paris, Ed. Montechrestien, 1980, T. Ill, Vol. 2, pág. 859. El Código Civil específicamente provee, como una de las causas de extinción del mandato, la “interdicción” del mandante. Art. 1623 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4481. La doctrina española ha reconocido ampliamente que la “interdicción” a que se refiere este artículo debe interpretarse en el sentido de toda causa de incapacidad que inhabilite al mandante. F. Bonet Ramón, Código Civil Comentado, Madrid, Ed. Aguilar, 1962, pág. 1370; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. II, pág. 468; J. R. León Alonso, Comentarios al Código Civil y compilaciones for ales, Madrid, Ed. Rev. Der. Priv., 1986, T. XXI, Vol. 2, pág. 483; F. Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, Impresos de la Real Casa, Madrid, 1889, T. IV, pág. 494.

En este caso existe controversia legítima sobre la capacidad mental de Myrta Silva Oliveras y sobre la validez del poder general, en virtud del cual el recurrido administra sus bienes. Ambas partes litigantes reclaman el derecho a administrar los bienes, el recurrido en virtud del poder y la hermana mayor de ésta en virtud de las disposiciones sobre tutela legítima del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 701. En estas circunstancias la manera efectiva de proteger los bienes mientras se resuelve la controversia principal del pleito es nombrar un administrador judicial interino. Es precisamente para situaciones como la presente que se proveen remedios provisionales en nuestras reglas procesales.

Los honorarios y gastos incurridos por el administrador judicial interino serán con cargo a los bienes de Myrta Silva Oliveras. Véanse: Regla 56.6 de Procedimiento Civil, supra, 32 L.P.R.A. sec. 2491. Ya que el tribunal de instancia había dispuesto que los honorarios del defensor judicial serían satisfechos por el recurrido con cargo a los bienes de Myrta Silva Oliveras, al cambiar la administración al administra-dor judicial interino, éste los satisfará de igual forma. Tanto los honorarios como los gastos en que incurran el administrador judicial interino y el defensor judicial, se someterán al tribunal para su aprobación.

Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

      (1) Procedimiento análogo al de protocolización. I. de Casso y Romero, Diccionario de Derecho Privado, Barcelona, Ed. Labor, 1954, T. II, pág. 2175.

      (2) No obstante si se obtiene en Puerto Rico una sentencia de un tribunal para convalidar la sentencia de adopción extranjera, transcurridos dos años “la adopción no podrá ser atacada directa ni colateralmente en ningún procedimiento”. Art. 613E de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. sec. 2697.
      Aun si asumimos, para propósitos argumentativos, que el período de dos años que provee el Art. 613E, supra, se cuenta desde que se emitió la sentencia extranjera, en el caso de autos la adopción estaría sujeta a impugnación ya que la sentencia dominicana fue dictada el 6 de mayo de 1987.

      (3) Enfermedad de Alzheimer: “Estado caracterizado clínicamente por síntomas de debilidad mental progresiva y anatómicamente por la presencia de placas de Redlich-Fisher en la corteza cerebral.” Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, 8va ed., Barcelona, Ed. Salvat, 1963, pág. 400.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Tomás Rivera Santiago, demandante y recurrente, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-86-514

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Luis E. Vázquez Santos, de Cintrórí & Vázquez, abogado del recurrente;' Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“El cobro de contribuciones por el Estado no es irrestricto. Está sujeto a trámites mínimos de ‘debido proceso de ley’, á la exigibilidad y validez de la deuda, y a los términos prescriptivos dispuestos en los diversos estatutos.” Carazo v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 306 (1987). A la luz de este enfoque, evaluamos la validez de los procedimientos seguidos por el Departamento de Hacienda al implantar las disposiciones de la Ley Núm. 1 de 12 de agosto de 1985 (13 L.P.R.A. sec. 2251 y ss.) relativas al relevo de pago de la contribución especial impuesta en dicha ley.

La Ley Núm. 1, supra, impuso una contribución especial de veinte por ciento (20%) del monto del principal e inte-rés acumulado sobre todo certificado de depósito pagadero al portador expedido por instituciones financieras. Según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 1, supra, su propósito fue “fiscalizar y vigilar diligentemente que cada ciudadano pague las contribuciones que le correspondan conforme a sus ingresos”, y adoptar una medida ágil y eficaz “para garantizar el cobro de la contribución que legítima y justamente deba pagar todo individuo y que a su vez invalid[ara] todo intento de evasión contributiva”. 1985 Leyes de Puerto Rico 869.

Conforme el Art. 3 (13 L.P.R.A. sec. 2251b) el contribuyente puede pagarla directamente a Hacienda o — previa autorización— a través de la institución financiera. Desde la fecha de pago tiene noventa (90) días para solicitar el reintegro total o parcial si demuestra “que la totalidad o parte del principal e interés acumulado representado por el certificado de depósito fue objeto de la imposición o exoneración del pago de contribución sobre ingresos bajo las disposiciones de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, según enmendada”. Art. 5 (13 L.P.R.A. sec. 2251d).

Si no está de acuerdo con la decisión de Hacienda, puede pedir reconsideración dentro de quince (15) días de la notificación de dicha decisión. Art. 3 (13 L.P.R.A. sec. 2251b). Contra el dictamen en reconsideración, puede acudir al Tribunal Superior mediante recurso de revisión dentro del término judicial de treinta (30) días de notificada tal determinación. Art. 3, supra; Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 571 (1987).

En virtud de los Arts. 5 y 9 de la Ley Núm. 1 (13 L.P.R.A. secs. 2251d y 2251h) el Secretario de Hacienda adoptó un reglamento para implantar sus disposiciones. Su Art. 6 establece el siguiente procedimiento para solicitar el relevo del pago o retención:

En aquellos casos en que la persona reclama tener derecho al relevo del pago de la contribución impuesta por la Ley, deberá presentar una reclamación por escrito en el impreso provisto por el Departamento de Hacienda a esos efectos exponiendo en detalle las razones que demuestran su derecho al relevo y acompañar con la misma la correspondiente evidencia.
Toda reclamación que presenten las personas acompañada con la evidencia será recibida y evaluada por el Comité especial designado por el Secretario de Hacienda.
El Comité realizará la investigación que estime pertinente a los fines de establecer la veracidad de las alegaciones contenidas en las reclamaciones. A base de la evidencia recibida por el Comité y otros factores que tenga a bien considerar, tales como las planillas de contribución sobre ingresos radicadas por las personas y el historial contributivo de dichos contribuyentes, el Comité recomendará al Secretario la acción correspondiente. Esta recomendación deberá ser hecha al Secretario por una mayoría de los miembros del Comité.
El Comité tendrá treinta (30) días a partir de la fecha de la solicitud de relevo por parte de la persona para reconocer o denegar el relevo solicitado. Si la determinación es favorable, el Departamento de Hacienda procederá a expedir un documento acreditativo de que no existe la obligación por parte de la persona de pagar la contribución. Dicho documento deberá ser presentado ante la institución financiera como evidencia al efectuar la transacción.
Por el contrario, si el Comité determinare que la persona no tiene derecho al relevo solicitado, notificará a ésta su obligación de pagar la contribución impuesta por la Ley. Dicha persona deberá efectuar el pago de la misma excepto que haya solicitado reconsideración al Secretario de la determinación.
El Comité podrá recomendar un relevo parcial de la contribución impuesta por la Ley en cuyo caso determinará e informará a dicha persona el monto de la contribución que vendrá obligada a pagar, sujeto a las disposiciones estable-cidas en este Artículo. Reglamento para implantar las disposiciones de la Ley Núm. 1, aprobada el 12 de agosto de 1985, págs. 5-6.

A su vez, para solicitar reconsideración de la anterior determinación, el Art. 7(a) dispone:

Cualquier persona adversamente afectada por una decisión o determinación del Comité podrá solicitar la reconsideración de dicha decisión ante el Secretario dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de notificación de tal decisión o determinación. El Secretario deberá emitir su decisión con respecto a la solicitud de reconsideración dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la solicitud. Reglamento, supra.

Con este esquema legal y reglamentario en mente, expongamos el trasfondo fáctico y procesal.

Como tantas otras personas, al aprobarse la Ley Núm. 1, supra, Tomás Rivera Santiago poseía varios certificados de depósito que quedaron sujetos a sus disposiciones. Solicitó al Secretario de Hacienda relevo del pago de la contribución especial y en su apoyo sometió prueba. Éste se negó comunicándole lo siguiente:

Hemos examinado detenidamente la solicitud que usted radicó para que se le releve del pago de la contribución especial impuesta por la Ley Núm. 1 del 12 de agosto de 1985, sobre los certificados de depósito al portador que tiene en su banco.
La evidencia suministrada no cumple con las disposiciones del Artículo 6 del Reglamento emitido para la implemen-tación de la referida Ley.
En vista de lo anterior, usted deberá pagar la contribución impuesta acudiendo al Departamento de Hacienda o puede autorizar a su institución bancaria para que le retenga el importe de la misma.
Cualquier solicitud de reconsideración sobre la presente determinación deberá radicarse ante el Secretario de Hacienda dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de esta comunicación. Anejo I, pág. 5.

Rivera Santiago solicitó reconsideración. El Secretario de Hacienda reafirmó así su negativa:

Hemos examinado detenidamente la solicitud de reconside-ración que usted radicó para que se le releve del pago de la contribución especial impuesta por la Ley Número 1 del 12 de agosto de 1985.
Los documentos adicionales suministrados no alteran de modo alguno nuestra determinación original de que no hay evidencia razonable que justifique el otorgar el relevo solicitado.
En vista de lo anterior, nos vemos en la obligación de confirmar la decisión anterior en la cual se deniega la solicitud de relevo. Usted deberá pagar la contribución impuesta, acudiendo al Departamento de Hacienda o puede autorizar a su institución bancaria para que le retenga el importe de la misma.
De no estar conforme con nuestra determinación, usted podrá solicitar revisión judicial de la misma ante la Sala del Tribunal Superior correspondiente al lugar de su residencia, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la presente decisión. Anejo I, pág. 8.

Inconforme, Rivera Santiago recurrió en tiempo al Tribunal Superior, Sala de San Juan. En su petición de revisión() expuso que sometió prueba de sus ingresos sujetos a contribución y exentos recibidos desde 1973 hasta 1984. Analizó tales ingresos conforme una “fórmula” establecida por el Secretario de Hacienda y reiteró que procedía el relevo. El Secretario de Hacienda pidió la desestimación bajo el fundamento de que no se había demostrado que su decisión fuera ilegal, arbitraria o irrazonable, o que mediara error o prejuicio al apreciar la prueba. Rivera Santiago replicó aduciendo que la argumentación contenida en su recurso de revisión era la única posible, pues desconocía las razones o fundamentos específicos del Secretario para no relevarlo.

El tribunal de instancia declinó revisar ya que no se incluyeron los documentos que forman parte del expediente del Departamento de Hacienda, ni se relacionó la naturaleza de la prueba allí presentada. A solicitud de Rivera Santiago, mediante orden de mostrar causa, revisamos.

En esencia, su queja es que hay ausencia total de determinaciones de hechos y fundamentos de la decisión administrativa. Por tal razón, no sólo ignora los hechos que el Secretario de Hacienda estimó probados, sino que no ha tenido oportunidad de refutar la prueba en contrario, si alguna, que apoye la denegatoria a su solicitud. Sostiene que ello configura una violación del debido proceso de ley. Por su parte, el Secretario de Hacienda alega que cumplió con el debido procedimiento, pues le concedió oportunidad de ser oído, presentar prueba y su decisión fue fundamen-tada “en el expediente”. Indica además, que el procedi-miento administrativo seguido fue “justo”. Procede revocar.

HH I — I t — I

El derecho al debido procedimiento de ley, consagrado en la Sec. 7 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A. Vol. 1, ed. 1982, pág. 275, preceptivo de que “[njinguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley”, tiene su contraparte y modelo en las Enmiendas V y XVI de la Constitución federal.() Sus orígenes se remontan a la Carta Magna. J. Barron y C. T. Dienes, Constitutional Law: Principles and Policy, 2da ed., Virginia, Ed. Michie Company, 1982, pág. 235.

A tono con su concepción, el debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones distintas, sustantiva y procesal. Loudermill v. Cleveland Bd. of Educ., 721 F.2d 550 (1983). Bajo la primera, los tribunales examinan la validez de la parte sustantiva de una ley a la luz de la Constitución. Véase, e.g., Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 77-86 (1983). La segunda, de ámbito procesal, toma en cuenta las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveerle a un individuo al afectarle su vida, propiedad o libertad. R. D. Rotunda, J. E. Nowak y J. N. Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Sec. 14.6. Su aplicabilidad procesal requiere un interés individual de libertad o propiedad. Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972). Cumplida esta exigencia, entonces hay que determinar cuál es el procedimiento exigido (what process is due). Loudermill v. Cleveland Bd. of Educ., supra; Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 481 (1972).

La característica medular de este derecho es que el procedimiento que siga el Estado sea justo (fair). López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219 (1987). “La garantía esencial de la cláusula de debido proceso es que sea justa. El procedimiento debe ser fundamentalmente justo al individuo en la resolución de los hechos y derechos que sirven de base para aquellas acciones gubernamentales que le privan de su vida, libertad o propiedad. Si bien situaciones diferentes pueden imponer diferentes tipos de procedimientos, siempre está el requisito general de que el proceso gubernamental sea justo e imparcial.” (Traducción nuestra.) Rotunda, Nowak y Young, op. cit., Sec. 17.8. En el caso de autos, estamos ante la aplicación del principio en su dimensión procesal, pues la actuación del Departamento de Hacienda priva a Rivera Santiago de una forma tradicional de propiedad. Véanse: Carazo v. Srio. de Hacienda, supra; Rotunda, Nowak y Young, op. cit., Sec. 17.5.

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Nuestra doctrina jurisdiccional, en materia de derecho administrativo, proclama que bajo ciertas circunstancias y en un sinnúmero de situaciones, la observancia del debido procedimiento de ley implica que se efectúen determinaciones de hecho y se expresen las razones o fundamentos para la decisión administrativa. Vega Cruz v. Comisión Industrial, 110 D.P.R. 349, 352, 353 (1980); P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 1, 3-4 (1975); López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 667 (1958); Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, 71 D.P.R. 649, 655-656 (1950).()

En López v. Junta Planificación, supra, pág. 667, expresamos la razón de ser de este requisito:

[L]a Junta de Planificación ejerce poderes cuasi-judiciales al considerar y resolver una solicitud. ... En consecuencia, tiene que celebrar una vista administrativa de carácter cuasi-judicial, ajustándose a los requisitos del debido proceso de ley. Es imprescindible que la Junta haga conclusiones de hecho fundadas en la prueba a ser presentada en dicha vista. Además, debe exponer las razones o fundamentos que sirven de base a su decisión. ... [L]a Junta debió exponer los fundamentos de hecho, refiriéndose tanto a los hechos básicos que estimó probados, luego de resolver cualesquier conflictos en la prueba, como a las inferencias de hecho que en última instancia creyó justificadas. Por otra parte, la Junta debió exponer las razones o fundamentos de derecho que sirvieron de base a su decisión. De otro modo, es obvio que toda revisión judicial sería imposible. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Aun cuando, como en el caso de autos, el estatuto guarda silencio y no impone al organismo administrativo la obligación de hacer determinaciones de hecho y expresar las razones para su decisión —sea un procedimiento administrativo formal o informal— como regla general tiene que hacerlo.() K. C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, K. C. Davis Pub., 1983, Vol. 3, Secs. 14.21-14.24. Véanse: e.g., Matlovich v. Secretary of the Air Force, 591 F.2d 852 (D. C. 1978); City of Nome v. Catholic Bishop of No. Alaska, 707 P.2d 870 (Alaska 1985); Fields v. Kodiak City Council, 628 P.2d 927, 933 (Alaska 1981). Las razones deben ser suficientes para comunicar a las partes los fundamentos decisorios y permitirles una revisión judicial. Godreau & Co. v. Com. Servicio Público, supra, págs. 655-656.

Reafirmamos la vigencia de este requisito procesal en nuestra jurisdicción. Indudablemente es un instrumento efectivo para alcanzar varios objetivos. Primero, proporciona a los tribunales la oportunidad de revisar adecuadamente la decisión administrativa y facilita esa tarea. Mundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 302, 303 n. 1 (1973); López v. Junta Planificación, supra; P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra; Securities Comm’n v. Chenery Corp., 332 U.S. 194, 196-197 (1947); Dunlop v. Bachowski, 421 U.S. 560, 568-572 (1975); Matlovich v. Secretary of the Air Force, supra; Sierra Club v. United States Army Corps of Eng., 772 F.2d 1043, 1051 (2do Cir. 1985); H. Friendly, “Some Kind of Hearing”, 123 U. Pa. L. Rev. 1267, 1292 (1975). Véase, además, The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23, 46 (1978). Al decir del Juez Cardozo, “[d]ebemos conocer qué significa una decisión antes de que sea nuestra obligación resolver si es correcta o errada”. (Traducción nuestra.) U.S. v. Chicago, M., St. P. & P.R. Co., 294 U.S. 499, 510-511 (1935).

Aclaramos no obstante, que la intención judicial en recursos presentados en virtud de la Ley Núm. 1, supra, no implica juicios de novo. No existe mandato legal que así lo requiera. Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377, 381-382 (1952). Bajo este prisma los tribunales únicamente examinarán si Hacienda incidió sobre cuestiones de derecho, incluso si las determinaciones fácticas están basadas en prueba sustancial. Ibíd. Precisamente, este ámbito de intervención judicial limitada pone de manifiesto la importancia y esencialidad de que en algún momento significativo u oportuno el contribuyente tenga la oportunidad de ser oído y que la decisión administrativa sea explicada.

Segundo, el requisito fomenta que la agencia adopte una decisión cuidadosa y razonada dentro de los parámetros de su autoridad y discreción. Contribuye a evitar actuaciones administrativas arbitrarias, caprichosas, discriminatorias, irracionales o sin jurisdicción. Matlovich v. Secretary of the Air Force, supra; Hameetman v. City of Chicago, 776 F.2d 636 (7mo Cir. 1985); Greater Boston Television Corporation v. F.C.C., 444 F.2d 841, 851 (D. C. 1970); R. Rabin, Job Security and Due Process: Monitoring Administrative Discussion Through a Reasons Requirement, 44 U. Chi. L. Rev. 60, 84 (1976).

Tercero, ayuda a la parte afectada a entender por qué el organismo administrativo decidió como lo hizo, y así, aquélla puede, mejor informada, decidir si acude al foro judicial o acata la determinación. Matlovich v. Secretary of Air Force, supra. Véase además P.N.P. v. Tribunal Electoral, supra, pág. 4.

Cuarto, promueve la uniformidad intraagencial. Friendly, op. cit., pág. 1292. Este objetivo es vital, particularmente en una situación como la de autos, en que el proceso decisorio institucional es adoptado por distintos miembros de un comité especial de la agencia, con la encomienda de celebrar vistas y recibir la prueba. Dicho de otro modo, la expresión de razones estimula que en la dinámica decisoria se utilicen criterios análogos para situaciones similares o sustancialmente parecidas, aun cuando varíe la composición del comité.

Finalmente, este argumento evita que los tribunales nos apropiemos de funciones que corresponden propiamente, bajo el concepto de especialización y destreza (expertise), a las agencias administrativas. Mundo v. Tribunal Superior, supra.

V

En el caso de autos las decisiones administrativas del Secretario de Hacienda —tanto la original como en reconsideración— fueron unas comunicaciones pro forma donde sólo le informó al contribuyente Rivera Santiago su denegatoria a concederle el relevo solicitado. No se le especificaron ni explicaron las razones para tal rechazo. En tiempo y correctamente, éste cuestionó tal proceder. Ese trámite no satisface el debido procedimiento de ley en su dimensión procesal.

En estas circunstancias, procede dictar sentencia y devolver el asunto al Departamento de Hacienda, para que como foro administrativo, en el ejercicio de su función cuasi judicial, proceda a formular por escrito y notificar las determinaciones de hechos y fundamentos para denegar ya sea total o parcialmente— la solicitud de relevo del recurrente Rivera Santiago.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió voto particular.

—O—

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Estoy de acuerdo con la opinión emitida por el Tribunal, por entender que el Departamento de Hacienda no cumplió con el debido proceso de ley al resolver su petición de relevo sin formular unas conclusiones de hechos y de derecho. En vista de que la determinación del Departamento de Hacienda afectó adversamente el dinero que tenía el señor Rivera Santiago en un certificado de depósito al portador, corresponde a esa agencia administrativa promulgar un procedimiento que ofrezca en una etapa significativa u oportuna las garantías jurídicas mínimas requeridas por el debido proceso de ley. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 730 (1982).

Para evaluar qué tipo de oportunidad de ser oído es la adecuada, hemos elaborado unos criterios que nos permiten hacer el balance necesario entre los intereses gubernamen-tales y los de la persona afectada. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, pág. 730; véanse: Maldonado Elías v. González Rivera, 118 D.P.R. 260 (1987); R. D. Rotunda, J. E. Nowak y J. N. Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Sec. 17.7.() Por ejemplo, no se ha requerido una vista de tipo cuasi judicial cuando una emergencia requiere acción inmediata del gobierno con miras a proteger la salud, la seguridad o las finanzas públicas. Calero-Toledo v. Pearson Yatch Leasing Co., 416 U.S. 663, 679 (1974); G.M. Leasing Corp. v. United States, 429 U.S. 338, 352 (1977). K. C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, K. C. Davis Pub., 1983, Vol. 2, Sec. 12.11, pág. 454; B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown & Co., 1984, Sec. 5.10, pág. 223. Esta excepción a la norma general es aplicable específicamente a casos contributivos donde el Estado tiene un interés importante en recaudar rápida-mente fondos para sus operaciones.

En esas circunstancias se ha aceptado una alternativa rápida e informal que permite al ciudadano conocer con anticipación las violaciones de ley imputadas y le reconoce una mínima oportunidad de exponer ante un funcionario —de forma oral o por escrito— su posición. Goss v. Lopez, 419 U.S. 565 (1975). El principio establecido en Goss v. Lopez, supra, es particularmente aplicable a situaciones análogas a las de este caso cuando una emergencia impide un procedimiento formal de tipo cuasi judicial. Sin embargo, a la persona afectada, por lo menos, se le deben informar las disposiciones legales aplicables y se debe brindar una oportunidad de ser oído. Véase Davis, op. cit., pág. 474. Una vez comparece la persona afectada, el Estado mediante una breve explicación respaldada con determina-ciones de hechos y de derecho, debe responder a su planteamiento. Concluida esta etapa informal, la persona agraviada debe tener una oportunidad adicional de solicitar una vista de tipo cuasi judicial ante un examinador imparcial encargado de efectuar conclusiones de hechos y de derecho que faciliten la revisión judicial.

En este caso el Departamento de Hacienda, mediante reglamento, estableció un procedimiento informal para considerar una solicitud de relevo de la contribución. Sin embargo, según concluye la opinión del Tribunal, ni el reglamento ni la práctica proveen para que se le informe a la persona afectada la decisión del Departamento con una explicación con determinaciones de hechos y de derecho. Tampoco en la etapa de la reconsideración se ofrece al ciudadano una vista de tipo cuasi judicial que culmine con un informe escrito con conclusiones de hechos y de derecho revisables por los tribunales.

Por las razones descritas anteriormente, estoy conforme con la opinión del Tribunal. Corresponde ahora al Departamento de Hacienda considerar de nuevo la solicitud de relevo mediante un procedimiento con las garantías jurídicas consagradas en el concepto del debido proceso.

      (1) El vehículo apropiado para acudir al Tribunal Superior es el de revisión dentro de los treinta (30) días de la notificación. Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 571 (1987). Cuando un contribuyente se aparta de ese término, la inobservancia y desviación es fatal e impide al foro judicial intervenir en el reclamo independientemente de si el Secretario de Hacienda ha formulado o no por escrito sus determinaciones de hecho y fundamentos en que descansa. Véase Muñiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 753 (1987).

      (2) El lenguaje de ambas disposiciones es idéntico, excepto que aquí se eliminó la palabra “vida”, como consecuencia de haberse proscrito la pena de muerte. 2 y 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 1501-1509 y 1626-1628 (1952). Se hizo constar que, aun con este cambio, se mantenía el “concepto jurídico de la enmienda quinta”. Id., pág. 1627.

      (3) Igual orientación se sigue en la jurisdicción federal: Goldberg v. Kelly, 397 U.S. 254, 271 (1970); Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 487 (1972); Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539 (1974).

      (4) Claro está, no toda decisión de un organismo administrativo exige el eumplirniento riguroso de este requisito. P.N.P. v. Tribunal Electoral, 104 D.P.R. 3 (1975).

      (1) Las referencias, casos y materiales federales citados en esta opinión se invocan únicamente con fines comparativos.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. David Valentín Rivera, recurrido.

      Número: CE-87-223

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Gilberto González Barreto, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos que las sentencias dictadas en distintos casos, en una misma fecha y acto, no afectan el mandato de imposición de prisión consecutiva de la Regla 180 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

El 19 de marzo de 1985, David Valentín Rivera —quien a la sazón disfrutaba de los beneficios de libertad bajo palabra— fue acusado de los delitos graves de violar los Arts. 272 y 275 del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs. 4592 y 4595 (posesión y traspaso de documentos falsificados y falsificación de licencia, G-86-349 y G-86-350). Se le impuso y prestó fianza por dichos delitos. Otra vez cometió otros delitos graves en lugares correspondientes a las demarca-ciones territoriales de Ponce, Mayagüez y Aguadilla.

Valentín Rivera solicitó y logró que los casos pendientes en el Tribunal Superior, Salas de Ponce y Mayagüez, fueran trasladados a la Sala de Aguadilla. Allí hizo alegación de culpabilidad en todos los catorce (14) casos. El 30 de junio de 1986, dicho foro lo sentenció y condenó a un período de confinamiento global o integral de seis (6) años. Mediante enmienda nunc pro tune aclaró que las mismas habrían de cumplirse consecutivamente con cualquier otra sentencia que estuviere cumpliendo, ya que al momento de la ocurrencia de los hechos por los cuales se declaró culpable, se encontraba en libertad bajo palabra.

El 7 de noviembre de 1986 el Ministerio Público solicitó que se corrigiera esa sentencia en lo concerniente a los delitos cometidos mientras Valentín Rivera se encontraba en libertad bajo fianza. Adujo que debían cumplirse con-secutivamente y no concurrentemente con la de los delitos cometidos mientras se encontraba en libertad bajo palabra. La sala sentenciadora se negó. Consideró que el caso de Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986), se lo impedía. Interpretó que esa decisión exima una sentencia previa de reclusión para que pudiese aplicarse la Regla 180(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. A juicio del ilustrado foro, como aquí se dictaron sentencias simultáneamente en un mismo acto o pronunciamento, no existía una “sentencia previa” y, por ende, no podía aplicar dicha regla.

A solicitud del Procurador General, mediante orden de mostrar causa, revisamos.

h — I H-t

El dictamen no puede prevalecer. La Regla 180, supra, según enmendada, dispone:

No podrán cumplirse concurrentemente los términos de prisión que deban imponerse en los siguientes casos:
(a) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere bajo apelación de otra causa o causas o mientras estuviere en libertad por haberse anulado los efectos de una sentencia condenatoria.
(b) Cuando el reo estuviere recluido, o tuviere que ser recluido por sentencia a prisión en defecto de pago de cualquier multa impuéstale.
(c) Cuando el reo cometiere el delito mientras estuviere recluido en una institución penal o cumpliendo cualquier sentencia.
(d) Cuando el reo cometiere delito mientras estuviere en libertad bajo palabra o bajo indulto condicional o bajo cualquier medida de liberación condicional en la cual se le considerare cumpliendo la sentencia impuesta por el tribunal.
(e) Cuando el reo fuere sentenciado por delito cometido mientras estuviere en libertad bajo fianza, acusado por la comisión de delito grave. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 180.

En Pueblo v. Casanova Cruz, supra, págs. 787-788, al interpretar el inciso (e) dijimos:

Bajo este precepto, una sentencia no podrá cumplirse concurrentemente si el delito se cometió mientras el acusado estaba en libertad bajo fianza en espera de ser procesado por la comisión de un delito grave. Observamos sin embargo, que para que sea aplicable tiene que existir una sentencia previa de reclusión. Tal propósito surge claramente de la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 106 del 4 de junio de 1980, que añadió el inciso (e):
“La presente medida tiene el propósito de adicionar el inciso (e) a los términos de sentencia que no podrán cumplirse concurrentemente. Mediante la misma, se establece como mandatoria, la imposición de una sentencia consecutiva cuando una persona que está acusada por la comisión de un delito grave y que se encuentre en libertad bajo fianza comete un delito nuevamente. Entendemos que la medida aquí propuesta, por su efecto disuasivo en cuanto a la comisión de delito o delitos bajo la situación antes expuesta habrá de resultar en una mejor aplicación de la justicia en nuestro sistema.”
En resumen, una sentencia dictada por un nuevo delito, cometido en libertad bajo fianza, debe ser consecutiva con cualquier sentencia por delito grave que se haya dictado previamente. Informe sobre Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico según Revisadas por el Secretariado de la Conferencia Judicial, Revisión de 1985, pág. 309.
En el caso de autos, la actuación del Tribunal Superior tiene el efecto de extender la Regla 180(e) más allá de lo contemplado. Le imprime carácter de consecutivo al cumplimiento de la primera de dos sentencias impuestas a Casanova Cruz, por el mero hecho de que éste cometió el segundo delito mientras se hallaba en libertad bajo fianza. La regla e intención legislativa no permiten esta interpre-tación. Bajo el enfoque correcto, la segunda sentencia es la única que puede ser consecutiva a la primera. (Énfasis suplido.)

El alcance verdadero de estos pronunciamientos debe examinarse a la luz del contexto fáctico peculiar allí presente. Bajo esa óptica, la única norma racional y razonable que decisoriamente aflora es que, obviamente, para que una sentencia sea consecutiva tiene siempre que haber otra. Y en Pueblo v. Casanova Cruz, supra, sólo existía una (1) dictada en nuestra jurisdicción, pues la otra fue posteriormente emitida por el foro federal.

Distinto a esa situación, aquí, al cometer Valentín Rivera los delitos mientras disfrutaba libertad bajo palabra, por imperativo de la Regla 180, supra, procedía imponérsele sentencia consecutiva con aquella que cumplía por la Junta de Libertad bajo Palabra. Si posteriormente —en libertad bajo fianza— cometió otros delitos, también era menester la imposición de sentencia consecutiva con aquellos delitos que cumplía mientras estaba en libertad bajo palabra. Regla 180(e), supra.

No obstante, Valentín Rivera pretende evitar la interacción y operación mandatoria de la Regla 180, supra, a base de la imaginativa tesis de cronología simultánea originada en los traslados y consolidación de todos sus casos anteriores por delitos cometidos durante su libertad bajo palabra y fianza. La ficción de simultaneidad no puede prevalecer. La consolidación de casos no tiene ese alcance. Las sentencias dictadas en un mismo día y acto no afectan la realidad fáctica de que lo realmente importante son las fechas en que se cometieron los delitos graves y si estaba en libertad bajo palabra o bajo fianza. Una vez aceptó su culpabilidad por tales delitos, el tribunal de instancia tenía que imponerle el cumplimiento de las sentencias de forma consecutiva.

Se dictará sentencia que revoque la resolución del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla. Dicho foro deberá corregir sus sentencias conforme lo expuesto.


text:
    Tomás Inocencio Morales Torres, demandante y recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: CE-85-593

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Carlos F. López López, abogado del recurrente; Luis B. Osorio Díaz, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

HH

El 7 de octubre de 1981, Tomás I. Morales Torres, Técnico de Análisis y Programación IV de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante, la Autoridad), renunció efectivo el 14 de ese mes. El 9 de octubre acudió ante el Ing. Orlando Olivera Rivera, Presidente de la Unión Hermandad Independiente de Empleados Profesionales de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante, la Unión), para informarle que la Autoridad se negaba a pagarle el bono de Navidad, según el convenio colectivo. El ingeniero Olivera Rivera se comunicó con Oscar J. Negrón Vázquez, Jefe de Personal de la Autoridad, para exponerle la posición de la Unión. Al cesar sus labores la Autoridad le satisfizo $15,723.70 como “pago global” en concepto del sueldo devengado y las licencias regular y de enfermedad acumuladas. Excluyó el bono.

El convenio —vigente desde el 29 de junio de 1978 al 30 de junio de 1982— en síntesis, en su Art. XIX, estipulaba que todo empleado cubierto, que reuniera los requisitos de la Ley Núm. 34 de 12 de junio de 1969 (3 L.P.R.A. sec. 757), era acreedor a dicho bono. La Autoridad debía pagarlo, salvo razón de fuerza mayor, en o antes del 15 de diciembre. Para propósitos de su cómputo, la base sería el siete y medio (7.5%) por ciento del sueldo devengado desde el 1ro de diciembre del año anterior al 30 de noviembre.

El 16 de octubre, el ingeniero Olivera Rivera reiteró por escrito y solicitó de Negrón Vázquez el ejercicio de sus buenos oficios acerca de la liquidación del aludido bono. El 1 de diciembre Negrón Vázquez notificó que el pago era responsabilidad de la Autoridad de Comunicaciones, nuevo patrono de Morales Torres. El 2 de diciembre, la Unión y la Autoridad estipularon por escrito: (1) continuar el diálogo administrativamente para solucionar varias querellas, entre las cuales figuraba la “C.Q. 85-5 H Negativa a Pagar el bono navideño, Art. XIX”, correspondiente a Morales Torres; (2) de tener que posteriormente recurrir ante un árbitro, no levantar los términos prescriptivos del Art. VI del convenio, y (3) que las reglas del Comité de Querellas las determinaría el árbitro asignado por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.

El 7 de diciembre, el ingeniero Olivera Rivera planteó nuevamente ante Negrón Vázquez la cuestión. El 9 de diciembre, Morales Torres, mediante documento denomi-nado memorando legal suscrito por el abogado José Juan Santiago, pidió el pago inmediato del bono, intereses desde la fecha de su renuncia, $4,500 en daños y perjuicios, más $500 en honorarios de abogado. Negrón Vázquez se negó a recibirlo. Lo consideró como una querella que debía presentarse ante el foro establecido en el convenio colectivo. El 11 de diciembre, el licenciado Santiago la sometió al Comité de Querellas. Así acogida, la querella fue identi-ficada como C.Q. 85-5 H, numeración que coincide con uno de los asuntos objeto de la estipulación acordada previa-mente el 2 de diciembre. El 4 de enero de 1982 la Autoridad la contestó. Pidió su desestimación sumaria porque aduce que el Comité carecía de jurisdicción, pues Morales Torres ya no era su empleado. Aunque reconoció que era acreedor al bono, expuso que la controversia real era quién debería pagarlo, si ella o el nuevo patrono, la Autoridad de Comunicaciones. Hasta esta etapa la participación del licenciado. Santiago no fue objetada por la Autoridad ni la Unión.

Posteriormente, el 8 de enero, el Director del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos —después de acceder a una moción del licenciado Santiago, fechada 29 de diciembre— le notificó una lista de los árbitros disponibles para presidir la vista. Mientras tanto, con fecha de 12 de enero, el licenciado Santiago se opuso a la desestimación de la Autoridad. Sostuvo que el Comité de Querellas tenía jurisdicción. Reiteró el pago del bono, intereses, daños y honorarios de abogado, ascendentes ahora, a $1,500.

Así las cosas, la Autoridad y la Unión seleccionaron como árbitro a Pedro Santos, quien como quinto miembro ' presidiría el Comité de Querellas. El 10 de febrero de 1982 éste notificó a la Autoridad, Unión y al licenciado Santiago el señalamiento de la vista para el caso A-1436 a celebrarse el 26 de mayo de 1982. Ésta no se efectuó, pues con anterioridad la Autoridad y la Unión informaron al árbitro que la querella —y cuatro (4) más— se discutían con miras a solucionarlas administrativamente. El licenciado Santiago no fue notificado de estas conversaciones; las mismas fueron infructuosas. El 9 de marzo, el ingeniero Oliveras notificó a Negrón Vázquez que procedía la designación de un árbitro. Aproximadamente dos (2) meses después, el 10 de mayo, reiteró por escrito el pedido al Director Ejecutivo de la Autoridad, Ing. Wilson M. Loubriel. El 14 de mayo éste le indicó que el asunto había sido referido a su ayudante especial a cargo de relaciones industriales, quien haría un estudio sobre las querellas pendientes. El 26 de mayo, el ingeniero Oliveras solicitó directamente del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos la designación del árbitro. Se designó a Jaime A. Belgodere, quien señaló la vista para el 2 de agosto.

Insatisfecho, Morales Torres, por medio de su abogado, presentó el 1ro de junio en la Junta cargos contra la Autoridad y la Unión (CA-6745 y CA-6746). Morales Torres imputó a la primera violación del convenio colectivo y a la segunda, igual cargo, más infringir el deber de justa e imparcial representación. El 31 de diciembre, la División Legal de la Junta emitió querellas y las consolidó. Entonces el licenciado Santiago solicitó el archivo del caso ante el árbitro Santos del Comité de Querellas para alegar falta de jurisdicción, toda vez que ya la Junta había intervenido y expedido las querellas. El 7 de febrero de 1983 se celebró la audiencia en los casos contra la Unión y la Autoridad. Allí las tres partes acordaron que continuaría el caso en el foro de arbitraje y solicitarían el archivo sin perjuicio de los casos ante la Junta. Oportunamente la Junta accedió.

Posteriormente, el licenciado Santiago pidió que lo relevaran de esa estipulación y que continuaran en la Junta los procedimientos debido a que la Unión y la Autoridad se oponían a su participación forense ante el foro de arbitraje. El 6 de septiembre el árbitro Belgodere declaró sin lugar esta solicitud. Dejó en vigor un señalamiento para el 12 de septiembre. El 9 de septiembre el licenciado Santiago solicitó que se dejara sin efecto la resolución de la Junta que remitía el caso a arbitraje. La Autoridad se opuso a la moción y a la participación del licenciado Santiago en los procedimientos. Compareció entonces la División Legal de la Junta. Como resultado, el 10 de octubre la Junta ordenó la reapertura. En su resolución expresó: “Al transarse el caso a los fines de trasladar la controversia a foro de arbitraje, tuvimos la impresión de que el [Lie.] Santiago continuaría representando al querellante en dicho foro, máxime tratándose de que se había imputado indebida representación a la unión.” Ap. 15, pág. 104.

Finalmente, el 26 de enero de 1984 se continuó y dilucidaron los casos contra la Unión y la Autoridad, los cuales quedaron sometidos como prueba documental.

Oportunamente la Junta concluyó que la Autoridad violó el Art. XIX del convenio al no pagarle a Morales Torres el bono de Navidad e incurrió en práctica ilícita en violación al Art. 8, Sec. 1, inciso (f) de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945 (29 L.P.R.A. sec. 69(1)(f)). Igualmente determinó que la Unión “violó el Art. VI del convenio colectivo al negarse, en forma arbitraria, a tramitar adecuadamente la querella del señor Morales y al tratar con la misma en forma perfunctoria en un procedimiento informal”. Ap. 1, pág. 38. Además la halló incursa en práctica ilícita del trabajo, en violación al Art. 8, Sec. 2, inciso (a) de la ley, supra, 29 L.P.R.A. sec. 69(2)(a). Ordenó —en proporción de setenta por ciento (70%) a la Autoridad y treinta por ciento (30%) a la Unión— el pago del bono de Navidad correspondiente al 1981, una cantidad igual en concepto de la compensación adicional dispuesta en la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. sec. 246b(a)), más intereses legales a partir de la notificación de la decisión y orden de 31 de enero de 1985. Además, condenó a la Unión y a la Autoridad a satisfacer $500 de honorarios por las gestiones forenses desplegadas por el licenciado Santiago fuera de la Junta. Finalmente, ordenó que la Autoridad y la Unión fijaran un aviso de esa decisión por 30 días consecutivos.

Ésta, en lo pertinente, se fundamenta en el siguiente análisis:

La relación de hechos revela que el querellante, señor Tomás Morales, fue diligente en los trámites que realizó para agotar los remedios del convenio a los fines de que se ventilara su querella en el foro de arbitraje. Consideramos que la negligencia, y sobre todo, la arbitrariedad de la Unión en el trámite de la querella del señor Morales fue notoria. La Unión, después de haber actuado en concierto con el abogado particular del querellante, llegó a un acuerdo con un representante de la Autoridad a los fines de, supuestamente, ventilar administrativamente una serie de querellas entre las cuales se encontraba la del querellante Morales. Sin embargo, en ningún momento notificó al querellante de ese acuerdo ni tampoco el que se hubiera radicado una querella en relación a su caso. Ciertamente, la conducta de la unión y del patrono convirtieron en inoperante el proceso de quejas y agravios que existía en el convenio colectivo.
En síntesis, un patrono y una unión no pueden sacar de los canales establecidos por el convenio colectivo una querella para tratarla bajo un supuesto acuerdo informal en forma negligente, descuidada y haciendo caso omiso del tiempo produciendo el anquilosamiento del foro de quejas y agravios. La negativa de la unión en que se viera la querella del señor Morales cuando ya había sido inclusive, asignado al árbitro Pedro Santos para presidir la vista de la misma, constituye una conducta permeada de arbitrariedad. En adición, incurrieron en negligencia crasa y en un trato perfunctorio en lo relativo al trámite de la querella del señor Morales, ya que ni siquiera hicieron esfuerzos dentro de un período de tiempo razonable para reunirse con los representantes de la Autoridad a los fines de dilucidar en el contexto administra-tivo las mismas, y no es hasta transcurridos varios meses que el Ing. Olivera se reúne con el señor Negrón, quien según el Director Ejecutivo de la Autoridad, no tenía las facultades para bregar con asuntos relativos a problemas laborales. (Énfasis suplido.) Ap. 1, págs. 22-23, 26.

Subsiguientemente, previo examen de las excepciones presentadas por la Autoridad y la Unión, el 31 de enero de 1985, la Junta confirmó el proyecto de decisión y orden.

La Autoridad consignó las sumas requeridas en la Junta. Morales Torres no las aceptó. Argumentó la existencia de una deficiencia resultante de un cómputo incorrecto del bono de Navidad. El 14 de agosto la Junta declaró sin lugar el planteamiento, ordenó la separación de los casos para así proceder contra la Unión, quien no había cumplido su decisión y orden. Inconforme, Morales Torres acudió ante nos, para señalar que la Junta incurrió en varios errores. En su oposición, la Junta nos pide que la confirmemos y pongamos en vigor.()

HH V-H

En sus dos primeros señalamientos, Morales Torres se queja de que la Junta no permitió a su abogado privado inspeccionar el expediente, la transcripción de la vista, y así poder presentar excepciones al proyecto de decisión y orden. Argumenta que la Junta infringió los Arts. 9(2)(b) y 12 de su estatuto orgánico, 29 L.P.R.A. secs. 70(2)(b) y 73, y la Sec. 10 del Art. II de su propio reglamento y, por ende, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y el derecho a asistencia de abogado. No tiene razón.

El Art. 9(2)(b), supra, en lo pertinente, dispone que la Junta, para fines de una revisión ante este foro, expedirá una transcripción certificada. Por otro lado, el Art. 12 invocado dispone:

Sujeto a la razonable reglamentación que establecerá la Junta, los cargos, peticiones, querellas, transcripciones de evidencia, decisiones y órdenes relativas a procedimientos instituidos por la Junta o ante ella, deberán ser documentos públicos a la disposición de los que interesen consultarlos o copiarlos. (Énfasis suplido.) 29 L.P.R.A. sec. 73.

El lenguaje de ambas disposiciones, por delegación legislativa, confiere a la Junta poder para reglamentar razonablemente el acceso a los documentos y la expedición de transcripciones debidamente certificadas.

Contrario a lo que parece argumentar Morales Torres, la caracterización de documentos públicos no conflige con los principios generales esbozados en Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982).

Así aclarado, la cuestión se reduce a determinar si son razonables las normas de la Junta. En esta tarea, debemos bosquejar a grandes rasgos ciertas características en que se afianzan las encomiendas de dicho organismo. Por mandato de ley, la Junta desempeña un deber tutelar fundamental en las relaciones obrero-patronales con miras a implantar la política oficial, prevenir prácticas ilícitas y diseñar remedios apropiados. En la consecución de estos fines, investiga y, previa presentación de cargos, ventila y finalmente, como foro cuasi adjudicativo, resuelve querellas. En esa función de dirimir querellas, el “peso de la prueba recae sobre los abogados de la Junta”. J.R.T. v. Bankers Club of P.R., Inc., 94 D.P.R. 600, 604 (1967). El esquema sigue básicamente el modelo federal. 29 U.S.C. sec. 151 et seq.

La Sec. 6, Art. II del Reglamento Núm. 2 de la Junta, válidamente dispone —con sujeción al ejercicio discrecional del Oficial Examinador— admitir la presencia y partici-pación limitada de un abogado de un patrono, unión u obrero en particular. Ello no significa que el abogado de la División Legal de la Junta queda desplazado. Sobre éste continúa recayendo el deber primordial de ejercer las funciones básicas tales como citar testigos, interrogar y contrainter-rogarlos, y presentar la prueba documental. Por ende, la intervención en este proceso de un abogado privado está circunscrita a cubrir extremos pertinentes o suplir lagunas evidenciarías conforme lo autorice el Oficial Examinador.

En resumen, ni la ley ni el reglamento de la Junta reconocen un derecho absoluto e irrestricto a que un abogado privado intervenga y participe en los trámites y audiencias ante la Junta. El estatuto se apuntala en que el abogado de la Junta es quien representará los intereses de aquellos obreros querellantes afectados. La experiencia tiende a demostrar que este diseño, en la práctica, ha funcionado satisfactoriamente. Igual ha sido en la jurisdicción federal. En ausencia de planteamiento válido constitucional o razones de peso, hemos de abstenernos de trastocarlo. Resolvemos que la intervención en el proceso de un abogado privado es limitada. En los abogados de la División Legal de la Junta descansa el ingrediente medular del interés público que la ley prevé.

Esclarecido este extremo, de los dictámenes de la Junta se desprende que éstos tenían como único fin indicarle al abogado de Morales Torres que canalizara su reclamo “a través de la División Legal de la Junta”. Subsiguientemente se le aclaró que ese trámite no era óbice para que su representante privado examinara el expediente así como el récord taquigráfico en poder del Lie. Luis B. Osorio de la División Legal. En el expediente de la Junta no hay prueba indicativa de arbitrariedad de la Junta o que le haya negado acceso al expediente al abogado de Morales Torres. Si algo revela el expediente administrativo, es que hubo una efectiva participación del licenciado Santiago en todo momento, incluso en la audiencia ante el Oficial Examinador. El propio licenciado Santiago así lo admite al afirmar que su extenso memorando de derecho ante el Oficial Examinador fue considerado por la Junta. “La norma de ‘debido proceso de ley’ no tiene en el campo del derecho administrativo la rigidez que se le reconoce en la esfera penal.” A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875, 882 (1974).

Respecto a la presentación de excepciones al proyecto de decisión y orden por el abogado de Morales Torres, la Junta nuevamente aduce que ello corresponde al abogado de la División Legal, encargado de abogar y representar la vindicación de derechos públicos. Tiene razón. La cuestión es una eminentemente discrecional, que a la luz de la experiencia pericial (expertise) del organismo habremos de respetar.

Notamos que la Junta satisfactoriamente ha reglamen-tado la ordenación de sus labores y procedimientos. Según autorizado en la ley, corresponde “al miembro de la Junta, agente o agencia que conduzca la audiencia ... permitir ... a cualquier otra persona, que intervenga y que presente prueba en dicho proceso”. 29 L.P.R.A. sec. 70(1)(a) in fine. A tal efecto, como mecanismo diseñado para hacer viable la intervención y participación en cualquier procedimiento o audiencia de cualquier persona, empleados, patrono u organización obrera con demostrado interés, 29 R.&R.P.R. sees. 64-4 y 64-7 (b), el reglamento concede a cualquier parte en el caso o al abogado de la Junta, la potestad de presentar excepciones al informe del Oficial Examinador o a cualquier otra parte del expediente o procedimiento. 29 R.&R.P.R. sec. 64-11.

Finalmente, advertimos que los derechos de un obrero quedan protegidos, pues la propia Ley le reconoce capacidad legal para cuestionar ante este foro judicial toda orden final de la Junta, que conceda o niegue —en todo o en parte— el remedio que interesa. 29 L.P.R.A. sec. 70(2)(b). En resumen, no hay evidencia de que a Morales Torres se le haya privado o impedido de ejercitar sus derechos ante la Junta o que el procedimiento haya sido ineficaz. Sujeto a la reglamentación razonable antes aludida, tuvo plena participación.

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Morales Torres cuestiona además que la Junta no le haya: (1) concedido daños y perjuicios por la violación del convenio; (2) costas, gastos y honorarios de abogado; (3) fijado honorarios de abogado más altos por la gestión del abogado privado ante el foro de arbitraje; (4) ordenado el pago de intereses desde la fecha en que se debió pagar el bono de Navidad; (5) computado las compensaciones por vacaciones acumuladas y licencia por enfermedad para propósitos del bono de Navidad; (6) imputado responsabi-lidad solamente al patrono, y (7) resuelto que las querelladas no violaron el Art. 5(1) de la ley y el Art. VI, Sec. 4(Q) del convenio colectivo, al no permitir al recurrente tramitar su querella. Evaluemos estos señalamientos.

1. Daños y perjuicios

En el pasado hemos reconocido la facultad discrecional de la Junta para conceder los remedios necesarios y apropiados conducentes a lograr los propósitos de la ley. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512, 533 (1970). En el contexto de los hechos del caso de autos, del análisis de la Junta se desprende que dicho foro consideró que la imposición de daños y perjuicios no era necesaria ni apropiada. Debemos respetar esa decisión. No hay motivos para sustituirla. Ciertamente el agravio sufrido por Morales Torres no era de tal intensidad que ameritara ese remedio. Simplemente no se le pagó un bono. La Junta al tomar su decisión concedió el remedio inserto en la Sec. 30 de la Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956, consistente en la imposición de una “compensación adicional, además de las costas, gastos, intereses y honorarios de abogado del procedimiento, estos últimos en suma razonable que nunca bajará de cincuenta (50) dólares”. 29 L.P.R.A. sec. 246b(a). Además, en su decisión de 31 de enero de 1985, ordenó el pago de una “compensación igual adicional”, Ap. 6, pág. 66, remedio que satisface plenamente los objetivos de la Ley de Relaciones del Trabajo. No se cometió el error señalado.

2. Honorarios de abogado y costas ante la Junta

Con relación a éstos la Junta expresó:

... reiteramos nuestro criterio en el sentido de que no impondremos honorarios a favor de un abogado privado de una parte querellante por servicios dados a tal “parte” en este foro, toda vez que la representación la ostenta la División Legal de la Junta, la cual a su vez representa el interés público. Esta posición no impide, sin embargo, que reconozcamos la procedencia de conceder honorarios por gestiones realizadas fuera de esta agencia, tales como en el foro de arbitraje, como efectivamente sucedió en este caso, en virtud de la citada ley y jurisprudencia aplicable. (Citas omitidas.) Ap. 1, págs. 35-36.

En virtud de este enfoque le concedió una partida de $500 en concepto de honorarios del abogado privado de Morales Torres por sus gestiones fuera de la Junta.

Ello está a tono con la doctrina expuesta en Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143, 159-160 (1974). Allí al equiparar un laudo arbitral a una adjudicación judicial, concluimos que, de ordinario, “procede la imposición de honorarios en casos en que el obrero tiene que acudir al foro sustitutivo del judicial a hacer valer sus derechos.... Sin embargo, preciso es destacar que al igual que las acciones ventiladas en el escenario judicial, la cuantía de honorarios a ser impuesta dependerá de la naturaleza del asunto y demás factores y criterios desarrollados en nuestra jurisprudencia, y ello bajo un sano ejercicio discrecional del árbitro”. Véase, también, Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633 (1969).

3. Cuantía de honorarios

La consideramos razonable. De hecho, la suma de $500 es igual a la originalmente estimada en su querella original, que ciertamente fue prematura, pues el bono sería pagadero “en o antes del 15 de diciembre”.

Las determinaciones de hechos según la prueba son concluyentes, pues están respaldadas por la evidencia. Art. 9(2)(a) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 70(2)(a); J.R.T. v. Acevedo, 78 D.P.R. 540, 545 (1955). No debemos alterarla. Igual conclusión se impone en cuanto a costas y gastos.

4. Pago de intereses

La norma establecida jurisprudencialmente es que la imposición de intereses legales se computa a partir de la fecha de la orden, laudo o decisión. Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467, 472 (1982); Colón Molinary v. A.A.A., supra; J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 102 D.P.R. 774, 782-783 (1974); J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844, 860 (1964). La argumentación del recurrente Morales Torres no nos persuade de variarla.

5. Cómputo de vacaciones

El recurrente Morales Torres argumenta que procedía incluir en la determinación del bono las vacaciones acumuladas y licencia por enfermedad. No tiene razón.

El Art. XIX del convenio colectivo vigente a la fecha de la renuncia preceptuaba que: “se considerará como sueldo anual del empleado el que éste devengue del 1ro. de diciembre del año anterior al 30 de noviembre del año en que se pague el bono hasta la cantidad de ... $19,000 en el año 1981”. Ap. 1, pág. 31. Contrario al argumento, a modo de excepción, el Art. XIX disponía:

(c) que cuando el empleado se retire para acogerse a una de las pensiones del Sistema de Retiro del Gobierno o se retire por incapacidad, tendrá derecho a que: (1) se le pague el bono en forma proporcional a los salarios devengados hasta la fecha en que se retire, aunque no haya trabajado los seis (6) meses que requiere la ley y (2) para los efectos de computar el pago se incluyan los días por vacaciones regulares y licencia por enfermedad que se liquiden, entendiéndose que el sueldo a considerarse para ese año no podrá exceder del máximo del sueldo anual establecido en este párrafo. Ap. 1, pág. 31.

Obviamente la regia general era que el bono de Navidad sería computado a base del sueldo del empleado. Solamente cuando éste se retirara para acogerse al Sistema de Retiro del gobierno o por incapacidad serían incluidas, como parte del sueldo, las licencias por vacaciones y por enfermedad, según lo dispone el convenio.

6. Distribución de responsabilidad

Hemos visto cómo la Junta en sus conclusiones de derecho encontró al patrono y a la Unión incursos en violaciones al convenio colectivo y a la ley. Según expusimos recientemente en J.R.T. v. Unión de Tronquistas, 117 D.P.R. 790 (1986)—en atención a los principios esbozados en Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171 (1967), y Bowen v. United States Postal Service, 459 U.S. 212 (1983)— dicho foro distribuyó la responsabilidad.

Su actuación fue correcta. Sigue la norma establecida que ordena tal distribución allí donde la Unión ha contribuido a los daños sufridos por el obrero. En el caso de autos, la Junta determinó, al sopesar los intereses envueltos y el daño, que el patrono respondería por el 70% de la partida concedida y la Unión por el 30%. Véase C.J. Morris, The Developing Labor Law, 2da ed., Washington D.C., B.N.A., 1983, Vol. II, pág. 1354.

7. Reclamo de violación de los Arts. 5(1) y 6, Sec. U(a) de la ley y convenio colectivo, respectivamente

El error no fue cometido. Tras un exhaustivo análisis de los hechos, la Junta determinó que la Autoridad y la Unión no violaron las disposiciones citadas por el recurrente. Debemos confirmarla. Además, es inconse-cuente la caracterización y clasificación al respecto. La Junta reconoció a Morales Torres sus derechos y remedió el agravio. La sensación que aflora de sus planteamientos es un apetito voraz económico, de desmedidamente pretender lograr más indemnización de la que legal y razonablemente era y es acreedor.

Se dictará sentencia que confirme el dictamen de la Junta.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.

      (1) El 25 de febrero de 1986, la Junta optó por modificar su resolución de 11 de febrero y posponer la acción contra la Unión.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José E. Rodríguez Maysonet, acusado y apelante.

      Número: CR-85-34

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue juzgado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, en relación con varios casos de violación, sodomía, robo y restricción a la libertad agravada ocurridos —en distintas fechas y con distintas perjudicadas— en la jurisdicción del pueblo de Manatí, Puerto Rico.() El jurado que intervino, como juzgador de los hechos, en dicho proceso rindió veredictos absolutorios en todos los casos excepto en cuanto a los cargos relacionados con la joven Ivette Ortiz Menéndez. El tribunal de instancia dictó sentencia condenando al apelante a cumplir, en forma concurrente, treinta años de reclusión por el delito de violación, doce años por el delito de sodomía, doce años por robo y tres años por el delito de restricción a la libertad agravada.

En apelación se le imputa al foro de instancia la supuesta comisión de ocho errores, a saber:

A. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar No Ha Lugar la Moción de Supresión de Identificación, en violación al debido procedimiento de ley y la jurispruden-cia aplicable.
B. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al considerar la Moción de Supresión de Identificación dentro del juicio por jurado, no obstante haber sido presentada oportuna-mente antes del juicio, permitiendo con ello que pasara al jurado prueba sobre la identificación que es confusa, inadmisible y sin hacer una determinación previa como cuestión de derecho. Todo ello en violación al debido proceso de ley y al derecho constitucional a un juicio por jurado justo e imparcial.
C. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al admitir en evidencia una fotografía del acusado que de la propia prueba del Ministerio Público surge que no era la que le fue mostrada a la perjudicada Ivette Ortíz [sic]. La misma era inexistente al momento en que se hizo la identificación por fotografías. Se admitió no obstante haber sido oportunamente objetada y en violación al debido proceso de ley y al derecho a contar con un juicio justo e imparcial.
D. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no suprimir como evidencia, en los casos que se apelan, el “cartapacio” de fotografías en el cual se incluye úna foto del aquí apelante, no obstante haber declarado la perjudicada Ivette Ortíz [s-ic] que las fotos se las mostraron sueltas y sin haberse levantado la correspondiente acta que exige la Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, todo ello a pesar de la oportuna objeción de la defensa y en violación al debido proceso de ley y la jurisprudencia aplicable.
E. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al admitir en evidencia el cartapacio de fotografías para los casos en que la perjudicada era Ivette Ortíz Meléndez [szc], a pesar de ser objetada su admisibilidad por haberse solicitado mediante Moción bajo la Regla 95 y no haber sido ofrecido por el Ministerio Público para dichos casos, y sí para los casos en que la perjudicada fue Jeannette Meléndez Solía, casos por los que finalmente el acusado fue absuelto. El Ministerio Público vino a alegar por primera vez en el juicio que el mismo cartapacio de fotos se utilizó para las identificaciones por fotografía en los casos de ambas perjudicadas. Todo esto se hizo en violación de la Regla 95 de Procedimiento Criminal y del debido procedimiento de ley.
F. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no determinar como cuestión de derecho que la identificación no fue confiable a la luz de los criterios establecidos en los casos de Pueblo vs. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463 (1982); Pueblo vs. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980); Pueblo vs. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978); Pueblo vs. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1972); y Pueblo vs. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969).
G. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al no determinar como cuestión de derecho que las circunstancias de los casos exigían la utilización del método de identificación de “line up” de voces, ya que la propia perjudicada declaró que podía reconocer a su agresor por la voz, lo cual había indicado a la agente que investigó el caso, y los hechos ocurrieron de noche en un paraje solitario sin alumbrado, no había luna visible, según declaró el perito y testigo de defensa, Garred A. Giles, y el agresor estaba enmascarado con un pañuelo, todo ello en violación al debido procedimiento de ley y el derecho a un juicio justo e imparcial.
H. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar como cuestión de hecho y de derecho que se estableció la identidad y culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, en violación a la Regla 110 de Procedimiento Criminal y al debido procedimiento de ley. Alegato del Apelante, págs. 20-21.

Para el 3 de febrero de 1984 —fecha de la alegada comisión de los . hechos— la joven Ivette Ortiz Menéndez contaba con diez y nueve años de edad. Estudiaba de día en uno de los colegios regionales de la Universidad de Puerto Rico y trabajaba de noche en una farmacia. El día de los hechos, como a eso de las 11:00 P.M., la joven Ortiz Menén-dez se encontraba conversando con un amigo —en el automóvil de éste— en la playa “Los Tubos” de Manatí, Puérto Rico. De repente se les acercó un individuo — portando un revólver y con el rostro cubierto con un pañuelo de la nariz hacia abajo— quien despojó a ambos de sus prendas personales, obligó al acompañante de la perjudicada a introducirse en el baúl del carro, luego de lo cual condujo dicho vehículo de motor a un paraje solitario cercano. En dicho lugar, bajo amenaza de inferirle grave daño corporal, violó y sodomizó a la joven Ortiz Menéndez.

Habiendo transcurrido aproximadamente un mes desde la ocurrencia de los hechos y encontrándose la joven perjudicada en su trabajo sucedió —en palabras de ella a preguntas del Ministerio Público durante el juicio celebrado— lo siguiente:

F: ¿Qué ocurrió, si ocurrió algo, en su trabajo?
T: Este ... Luego de eso, como un mes más tarde, si mal no recuerdo, apareció este individuo a la Farmacia donde yo estaba, al “counter” donde yo me encontraba esa tarde ... , esa noche, perdón. Me dijo por estas palabras: Oye chica, déjame ver esa calculadora. El de momento no me vio, porque yo estaba ... doblada escribiendo algo en el “counter”. Tan pronto él me dijo esa oración, la ... primera palabra que me dijo, oye chica, ya yo estaba segura en ese momento de que ése había sido el acusado. Me doblé cuidadosamente a buscar la calculadora, por el cristal de la vitrina lo miré. Cuando él me vió se llevó la calculadora sin esperar cambio, garantía, nada ... Simplemente se fue. Luego de eso, yo llamé a mi tía, a la casa. Le dije, esto ... : Madrinita, vi al individuo que me atacó en la playa, lo vi. Ella me preguntó y recalcó si el ... si yo estaba segura y yo le dije: Sí, estoy segura.
F: ¿En qué se basaba usted en ese momento para determinar que esa persona que estaba comprando una calculadora es el aquí acusado?
T: Porque ... De hecho, esa noche cuando el individuo ... Tenía que hablar porque me decía cosas ... y yo me grabé ... fue tan ... es que ... para ... para uno estar tan seguro de lo que está diciendo es que hay que pasar una experiencia como esta. Y estoy segura de que era él. Estaba en ese momento tan segura como que me llamo Ivette Ortíz Meléndez [sic] ... (LLORA) ... de que él fue el individuo que abusó de mí.
F: ¿Qué hizo usted joven, una vez esa persona se fue?
T: Pues como le dije anteriormente, pedí permiso en la Farmacia para llamar a mi tía. Le dije que había visto al individuo y ella, pues, me preguntó que si yo estaba completamente segura y yo le dije que sí. Entonces ella me dijo: No te muevas de ahí, que voy a llamar al Cuartel de la Policía. Ahí ella llamó y se comunicó ... se comunicó con el ... Teniente Pagan, cuando eso era Teniente, y él dijo que ... que yo no me moviera de la Farmacia, le dijo a ella después ... que me contaron, que no me moviera de la Farmacia, me dijo mi tía ... qué no me moviera de la Farmacia, que ella iba a llamar al Cuartel de la Policía, llamó al Teniente y él salió a dar vueltas. Cuando salió de ... que salió, fue a la Farmacia donde yo estaba y me preguntó que cómo estaba vestido el individuo y yo le dije y salió.
F: ¿Cómo vestía el individuo ese día?
T: Tenía una camisa en algodón, a cuadros, un mahón ... y un mahón.
F: ¿En esta ocasión estaba sol[o] o estaba acompañad[o] de alguien?
T: Estaba solo.
F: ¿Por qué tiempo usted lo está viendo allí en la Farmacia?
T: En la Farmacia ... él estuvo como alrededor de unos cinco o seis minutos, porque es desde que él me pide la calculadora, yo me doblo, lo veo y cuando me ve, se va sin esperar el cambio y sin nada. Como unos cinco o seis minutos yo calculo. (Énfasis suplido.) T.E., págs. 22-23.

Según ello se desprende de una lectura de los ocho errores que el apelante le imputa haber cometido al tribunal de instancia, la contención principal de éste es a los efectos de que el “procedimiento de identificación”, llevado a cabo por las autoridades con anterioridad a la radicación de los correspondientes cargos criminales contra el apelante, fue uno plagado de errores, sugestivo y poco confiable.() Plantea, en adición, que el tribunal de instancia, durante el proceso celebrado, cometió error en la admisión de cierta y determinada prueba relacionada con dicho procedimiento de identificación. Toda esta situación, en opinión del apelánte, amerita y conlleva la supresión de la identificación que de él se hiciera por la perjudicada y, en su consecuencia, la revocación de las sentencias apeladas.' No le asiste la razón; veamos por qué.

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No puede haber duda en la mente de persona alguna del hecho de que nunca puede haber una convicción sin prueba que “conecte” o “señale” a un imputado de delito, más allá de duda razonable, como el responsable de los hechos delictivos- que se le imputan. Es por ello que la “identificación” del acusado es una de las etapas más esenciales o críticas en el procedimiento criminal, Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 251 (1969); Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 112 (1974), por cuanto la admisión en evidencia de prueba viciada sobre identificación puede constituir una violación del debido procedimiento de ley. Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977); Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682 (1972).

Hay que mantener presente, sin embargo, que la determinación sobre si dicha prueba constituye o no una violación del debido proceso en un caso en particular depende de la totalidad de las circunstancias presentes en el mismo. Esto es, la norma vigente en nuestra jurisdicción, como resolvimos en Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172, 183 (1978):

... hace depender la confiabilidad de la identificación de la “totalidad de las circunstancias”, aun cuando el procedimiento de confrontación haya sido sugestivo. Se señalan como factores principales que deben guiar la posibilidad de un error de identificación la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado de atención del testigo, la corrección de la descripción previa del criminal por el testigo, el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. ... La admisión de testimonio relativo a un procedimiento sugestivo e innecesario de identificación, no viola el debido proceso siempre y cuando la identificación tenga suficientes elementos de confiabilidad. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Ahora bien, no podemos perder de vista que los requisitos o directrices exigidos por la Regla 252 de las Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 252, son principalmente aplicables y tienen el propósito de regular el procedimiento de identificación cuando éste está en manos, o es dirigido o controlado, por los funcionarios del Estado encargados de la seguridad pública de nuestro país. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 199 de 23 de julio de 1974.()

Ello por razón de que se “teme” que los funcionarios del Estado a cargo del procedimiento de identificación en un caso en particular “interfieran” indebidamente con los testigos de los hechos “sugiriéndoles” a éstos la persona que deben identificar. Dicha situación, como es sabido, puede viciar irremediablemente la identificación realizada por cuanto “[l]a experiencia ha demostrado que una vez un testigo señala al acusado en la confrontación, no es de esperarse que se retracte más tarde, ..., ”. Pueblo v. Gómez Incera, ante, pág. 254.

Dicho “temor” no tiene razón alguna de ser cuando la identificación del imputado de delito es realizada por la víctima o el testigo por sí solo, esto es, sin intervención de clase alguna de funcionarios del Estado. Somos del criterio que posiblemente ésta sea la identificación más espontánea y confiable que pueda darse. De hecho, en una situación de esta naturaleza realmente no hay problema de identificación.

Así expresamente lo reconocimos hace más de una década en Pueblo v. Bell Pound, 101 D.P.R. 41 (1973), único caso en nuestra jurisprudencia en que hemos tenido la oportunidad de expresarnos al respecto. En dicho caso, luego de que los perjudicados de un asalto a mano armada dieran cuenta del mismo a la Policía de Puerto, Rico, se trasladaron al aeropuerto internacional por cuanto pensaron que existía la posibilidad de que sus asaltantes, por ser extranjeros, se encontraran allí. Estando en los predios del aeropuerto alcanzaron a ver a los mismos, siendo éstos arrestados al ser señalados por los perjudicados a los agentes del orden público.

Al rechazar la contención de los allí apelantes a los efectos de que “la identificación estuvo viciada de sugestividad, que no tuvieron asistencia legal en esa etapa de los procedimientos y que no se siguió la norma sentada en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), que requiere la participación del acusado en unión con otras personas de circunstancias exteriores semejantes en el procedimiento de identificación”, Pueblo v. Bell Pound, ante, pág. 42, expresamos:

Los apuntamientos adolecen de un vicio fatal: No tienen apoyo alguno en la prueba desfilada. Los apelantes parten en su alegato de un enfoque equivocado pues no hay en este caso un problema de identificación. ...
Quizás no se encuentre un caso de mayor espontaneidad en la identificación que el caso de autos. La identificación la hicieron los propios perjudicados a iniciativa propia y antes de que se verificara el arresto por los delitos cometidos contra ellos. En esa etapa todavía no había intervenido la maquinaria policial y, por lo tanto, no era necesario la asistencia de abogados ni la aplicación de las. normas sentadas en Gómez Incera, supra. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Bell Pound, ante, págs. 42-44.

Lo anteriormente expresado realmente hace innecesaria la discusión por separado de los ocho (8) errores que le imputa el apelante al tribunal de instancia. No obstante el caso de autos presentar unas variantes no presentes en el caso de Pueblo v. Bell Pound, ante, lo allí decidido resulta determinante. En el presente caso, según el testimonio vertido por la perjudicada, los hechos delictivos tuvieron una duración aproximada de cuarenta y cinco (45) minutos. Durante ese período de tiempo, el apelante estuvo hablándole a la perjudicada. Su voz quedó grabada en la mente de ésta. Treinta días más tarde, sin intervención de clase alguna por parte de funcionarios del Estado, la perjudicada reconoce esa voz inmediatamente que la escucha en su sitio de trabajo. Observa, durante cinco o seis minutos, la persona de quien proviene la voz. El físico de dicha persona corresponde al individuo que la violó y sodomizó. En sus propias palabras, en ese momento, estuvo tan segura de que se trataba del individuo que la tuvo atemorizada durante cuarenta y cinco minutos “como que me llamo Ivette Ortiz Menéndez”.

Como es sabido, la voz como el cuerpo de una persona son características físicas de identificación. “Al igual que sus rasgos faciales o su letra, su voz se manifiesta reiteradamente para que otros la oigan. Nadie puede razonablemente esperar que otros no conozcan el sonido de su voz, como tampoco podría esperar que su rostro sea un misterio para el mundo”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Adorno Quiñones, 101 D.P.R. 429, 432 (1973).

La identificación que del apelante realizara la perjudicada en su trabajo —unida, naturalmente, con la realizada en corte— es suficiente por sí sola para sostener las convicciones decretadas. La misma fue una espontánea, confiable, independiente y anterior a la intervención de la Policía que hacía innecesaria la identificación del apelante por cualquiera de los dos métodos contemplados por la citada Regla 252 de Procedimiento Criminal. Pueblo v. Bell Pound, ante. Cualquier expresión en contrario contenida en Pueblo v. García Reyes, 113 D.P.R. 843, 847 (1983) debe entenderse expresamente revocada.

No debe perderse de vista que luego que la perjudicada identifica por su voz al apelante, observa a éste por un período de cinco a seis minutos. Ello constituye fundamento adicional en apoyo de la conclusión de que resultaba innecesario llevar a cabo una rueda de detenidos por cuanto la misma “es un instrumento en reserva cuando la confusión, el correr del tiempo, la difícil percepción, el recuerdo tenue, la inseguridad del testigo, o cualquier otro factor en evaluación lógica enerve la razonable certeza exigida de quien señala al autor del delito”. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 11, 19 (1974), ninguno de los cuales factores está presente en el caso de autos.()

Por otro lado, el uso de fotografías por parte de los agentes del orden público en el presente caso tampoco tiene la importancia que le atribuye el apelante. La identificación que de él hiciera la perjudicada no se basó en dichas fotografías. Como expresáramos en Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828, 841 (1986), las “fotografías sirvieron más bien como prueba corroborativa” del testimonio de la perjudicada.()

Por las razones antes expresadas, se dicta sentencia confirmatoria de las dictadas por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resultado sin opinión escrita.

      (1) El Ministerio Público radicó ante dicho tribunal acusaciones por cinco (5) cargos por violación, tres (3) cargos por sodomía, cuatro (4) cargos por robo y cuatro (4) cargos por restricción a la libertad agravada; dichos cargos en relación con cuatro supuestas perjudicadas.

      (2)En específico señala —como prueba de la poca eonfiabilidad de la identificación— que la perjudicada, durante el proceso celebrado, al preguntársele si la persona que observó en el trabajo era el acusado, en forma categórica expresó: “Parecido, porque no es igual.” T.E., pág. 74.

      (3) “Para estatuir una nueva Regla 252 de Procedimiento Criminal de Puerto Rico a fin de establecer un Procedimiento Uniforme de Identificación con anterioridad al Juicio; y para renumerar las [R]eglas 252, 253 y 254 como [R]eglas 253, 254 y 255 respectivamente.
      “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
      “La ausencia de normas claras y precisas basadas en las guías jurispru-denciales sobre identificación anterior al Juicio en el procedimiento criminal ha dado lugar a absoluciones de acusados por ese motivo. El Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo Federal se han expresado sobre la necesidad de que la Policía y los fiscales cumplan con dichas normas jurisprudenciales así como sobre la deseabilidad de que la legislatura reglamente los procedimientos de identificación anteriores a juicio.
      ' “El Informe de la Comisión para el Estudio de la Policía del Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, al recomendar legislación diseñando un procedimiento uniforme de identificación anterior al juicio, expresó con claridad las ventajas y objetivos de esta reglamentación.
      “El establecimiento de dicho procedimiento persigue varios propósitos entre los cuales destacamos los que a continuación se exponen:
      “En primer lugar[,] un procedimiento uniforme en ese sentido promoverá el que la Policía cumpla con las mejores normas de identificación evitando así absoluciones de delincuentes debido a identificación inadecuadas.

        “En tal sentido el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969), cita con aprobación unas manifestaciones del Profesor Daniel E. Murray a los efectos de que casi todos, si no todos, los ataques al proceso de confrontación se podrían evitar por un estatuto uniforme modelado a base de las mejores características de los ordenamientos civiles.
      “En segundo lugar, una reglamentación a esos efectos imprimirá mayor confiabilidad al proceso de identificación criminal pudiéndose anticipar un enfoque judicial más perceptible.” (Énfasis suplido.) 1974 Leyes de Puerto Rico, Parte 2, 90, 91.

      (4) Otra situación en que hemos entendido innecesario la utilización de los méto-dos de identificación que provee la Regla 252 de Procedimiento Criminal ha sido cuando el testigo conoce al acusado con anterioridad a los hechos que se le imputan a éste. Véanse: Pueblo v. García Reyes, 113 D.P.R. 843, 848 (1983); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

      (5) Por último —en cuanto al señalamiento específico que hace el apelante, como “prueba de la poca confiabilidad” de la identificación realizada, a los efectos de que la perjudicada al preguntársele si la persona que observó en el trabajo era el acusado, en forma categórica expresó: “Parecido, porque no es igual”— debemos señalar que una lectura del récord taquigráfico demuestra, sin lugar a dudas, que dicha pregunta y respuesta no se refería al apelante propiamente y sí al boceto que de éste había preparado la Policía de Puerto Rico a base de la descripción que originalmente había brindado la perjudicada. (Véanse: págs. 73, 74 y 75 de la transcripción de evidencia.) Los abogados de las partes, antes de elaborar argumentos de esta naturaleza, deben corroborar los hechos en que basan los mismos, ya que pueden inducir a error a los tribunales al así actuar.