author: per curiam :

text:
    Gilberto González Pérez y otros, demandantes y recurridos, v. Gobierno Municipal de Guaynabo y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-72-96

      Resuelto: 26 de octubre de 1973

      Antonio Bauza Torres y Miguel O. Bauza Torres, abogados del Municipio de Guaynabo; Carlos Pérez Padilla y Víctor Miguel Casal, abogados de los recurridos.
   per curiam :

Haciendo uso de la facultad conferida por el Art. 43 de la Ley Municipal (Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960 — 21 L.P.R.A. see. 1262), la Asamblea Municipal de Guaynabo creó, mediante ordenanza, un cargo adicional de funcionario administrativo con sueldo de $600 mensuales, para el cual el Alcalde nombró al recurrido asignándole fun-ciones como su ayudante ejecutivo. Unos once meses después, la Asamblea derogó la ordenanza creadora y abolió el cargo. El funcionario afectado recurrió al Tribunal Superior que declaró nula e ineficaz la última ordenanza por cuanto tenía efecto de remover sin justa causa ni formulación de cargos al funcionario administrativo cuyo término es igual al del Al-calde nominador (Art. 44, Ley Municipal), y ordenó al Municipio restablecer el cargo y reponer a su incumbente. Decidimos revisar.

La Asamblea Municipal, al igual que la Asamblea Legis-lativa en su mayor ámbito, debe tener y tiene facultad para crear cargos administrativos y abolirlos según convenga a las circunstancias cambiantes en que se prestan por el Municipio a sus vecinos los servicios públicos dentro de normas dirigidas al mejor aprovechamiento de los dineros del pueblo. A los fines de lograr la adaptación de los cargos al tipo de servicio público que ha de prestarse y a la necesidad que ha de aten-derse, el poder legislativo en ocasiones hace ensayos o pruebas hasta llegar tras las modificaciones necesarias a la solución final. En el caso que ahora nos ocupa la Asamblea Municipal al crear el nuevo cargo de funcionario administrativo no le señaló término de duración y la evidencia demuestra que tanto el Alcalde como la Asamblea, insatisfechos por la resultante duplicidad de funciones ejecutivas y falta de apor-tación práctica del nuevo cargo al programa de gobierno de la Administración Municipal, tomaron la decisión correcta de abolirlo, y emplear la partida de sueldo en obras de mayor utilidad para el pueblo. Toma relieve el hecho de que la Ley Municipal al autorizar la creación de estos cargos administra-tivos adicionales los cualifica como “necesarios para llevar a cabo una administración eficiente.” Art. 43, Ley Municipal citada (21 L.P.R.A. see. 1262).

Si bien la Asamblea Municipal no puede suprimir ni reglamentar los cargos de funcionarios administrativos establecidos por la Ley Municipal, sí puede crear, reglamentar y abolir según determine su buen juicio y criterio los llamados cargos adicionales de funcionarios administrativos facultad que deriva del Art. 43 de la Ley Municipal (21 L.P.R.A. see. 1262), y que en su expresada condición de que “fueren necesarios para llevar a cabo una administración eficiente” representa una concesión autonómica por la Asamblea Legislativa a los municipios. Si esa autonomía municipal tiene algún significado y si la norma de eficiencia administrativa es lo que dirige la creación de estos cargos adicionales, debe reservarse al gobierno municipal facultad plena para decidir sobre la preservación o abolición de los mismos según convenga a los mejores intereses del pueblo servido, sin que sea obstáculo para tal actuación por la Asamblea Municipal el que dichos cargos de creación municipal tengan corriente-mente la duración señalada por el Art. 44 de la Ley a los de Alcalde, Secretario, Director de Finanzas, Secretario-Auditor, y Tesorero, creados por la Asamblea Legislativa. Queda sal-vado el principio de que la abolición del cargo responda a legí-timos fines de mejorar el servicio público, y que no sea subter-fugio para encubrir una destitución sin justa causa previa formulación de cargos. (Centeno Rivera v. Pacheco de Algarin, 94 D.P.R. 528, 533 (1967).) Ni en las conclusiones del juez de instancia ni en la evidencia admitida encontramos motivación distinta a las razones de buena administración pública expresadas en el memorando del Alcalde y en la pro-pia Ordenanza aprobada por la Asamblea.

No se excedió la Asamblea Municipal, órgano creador del cargo, en su facultad inherente de abolirlo; Belaval v. Todd, 24 D.P.R. 26, 37 (1916); ni tiene el recurrido un derecho de propiedad sobre el cargo que limite la acción de la Asamblea. Piovanetti v. Asamblea Municipal de Yauco, 31 D.P.R. 522, 525 (1923).

Se revocará la sentencia revisada.

       Art. 43, Ley Municipal
      “No obstante lo dispuesto en la sección anterior, la asamblea municipal podrá crear los cargos adicionales de funcionarios administrativos que fueren necesarios para llevar a cabo una administración eficiente. La asamblea municipal determinará, mediante ordenanza, las funciones de los cargos creados por ella y los requisitos que deberán reunir los funcionarios administrativos que hayan de ocupar dichos' cargos . . . .” (Énfasis nues-tro.)

       Art. 44, Ley Municipal
      “El alcalde nombrará todos los funcionarios administrativos con el consejo y consentimiento de la asamblea municipal y éstos desempeñarán sus cargos por el término para el cual el alcalde hubiese sido electo o nombrado, o hasta que sus sustitutos hubieren tomado posesión, a menos que fueren destituidos por justa causa, previa formulación de cargos . . . .”

      E1 9 de diciembre de 1970 el Alcalde dirigió un memorando a la Asamblea, que copiamos:
      “En vista de la situación de emergencia creada por el cambio de administración a raíz de las elecciones de 1968, me vi en la necesidad de solicitar la creación de una plaza de Funcionario Administrativo (Ayu-dante Administrativo) dentro del grupo 220 (Administración Alcaldía). La situación de necesidad de dicha plaza ha terminado y la misma no le es necesaria al alcalde. Prácticamente la plaza no está rindiendo utilidad al municipio de Guaynabo. Como sé la gran preocupación que tiene la Hon. Asamblea Municipal de Guaynabo de que el dinero de los contribuyentes beneficie hasta el máximo a todos los ciudadanos de Guaynabo, les informo esta situación a los fines de que ustedes tomen aquella acción que estimen conveniente.
      “Actualmente la plaza de Funcionario Administrativo (Ayudante Administrativo) tiene asignada la suma de $6,000.00 que bien podrán ser invertidos en otros fines de mayor utilidad.”
      Y en la Ordenanza Núm. 21 de 16 de diciembre de 1970 aboliendo el cargo se expresó así la Asamblea:
      “POR cuanto: Mediante la Ordenanza Núm. 22, Serie 1968-69, esta Asam-blea Municipal - creó el cargo de Funcionario Administrativo cuya labor primordial es ayudar directamente al Honorable Alcalde de este Municipio en sus funciones ejecutivas.
      “Por cuanto: En la práctica, el cargo de Funcionario Administrativo ha resultado superfluo e inoperante debido a la duplicidad que existe entre las funciones del Honorable Alcalde y las labores que desempeña el funcionario que cubre esta posición.
      “Por cuanto: Se ha comprobado a satisfacción de la buena labor del Gobierno Municipal de Guaynabo que el desempeño de este cargo se debe obviar ya que en la práctica el mismo se confunde con las funciones, deberes y atribuciones que la Ley Municipal Núm. 142 dá al Alcalde como primer ejecutivo del Municipio.
      “Por cuanto: Es innecesario el cargo' de Ayudante Administrativo de! Alcalde y los sueldos que se van a pagar por el desempeño de dicho cargo deben ser utilizados para cumplir necesidades económicas apremiantes de este Municipio.
      “Por cuanto: Actualmente hay varias partidas del Presupuesto para el año económico 1970-71, que han mermado considerablemente en sus fondos para cumplir con las obligaciones para las cuales fueron creadas.”

      Art. 42, Ley Municipal (21 L.P.R.A. see. 1261).
      “Los funcionarios administrativos, serán los que se expresan a conti-nuación :
      (a) En los municipios cuyos presupuestos sean mayores de cuatro cientos mil (400,000) dólares y cuya población, de acuerdo con el último censo oficial, exceda de cuarenta y cinco mil (45,000) habitantes:
      (1) Alcalde
      (2) Secretario
      (3) Director de Finanzas
      (b) En los demás municipios:
      (1) Alcalde
      (2) Secretario-Auditor
      (3) Tesorero”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

license: Public Domain

text:
    Félix Chico Ramos et al., demandante y recurrido, v. Editorial Ponce, Inc., Periódico el Día y Luis A. Ferré, demandados y recurrentes; The Associated Press (Prensa Asociada), tercera demandada y recurrida.
    Número: R-71-166

      Resuelto: 29 de octubre de 1973

      Rieckehoff, Calderón, Vargas & Arroyo y Parra, Del Valle & Frau, abogados de los recurrentes; Faustino R. Aponte y Guillermo Bird Martínez, abogados de los recurridos; Fiddler, González & Rodríguez, Julio M. Rodríguez y Salvador Antonetti Zequeira, abogados de la tercera demandada-recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de una acción de daños y perjuicios por culpa y negligencia basada en la publicación libelosa de un suelto que apareció en las páginas interiores del periódico “El Día”, propiedad de Editorial Ponce, Inc., en la edición del 6 de junio de 1967. Lee así: -

“MUERE DAMA
LUQUILLO, (AP) — La Policía de Luquillo informa que Félix Chico Ramos, de 47 años, ha sido acusado por la presunta muerte de su hermana Carmen Chico Ramos, de 43 años.
Alega la Policía que Félix, con un pedazo de madera, golpeó a su hermana Carmen, en medio de una discusión que sostu-vieron en el barrio Mata de Plátano en Luquillo. La mujer murió en el Hospital de Distrito de Fajardo a donde había sido llevada.”

Al contestar la demanda, la dueña del periódico alegó como defensa que, de haber alguna negligencia, dicha negli-gencia era de Prensa Asociada que fue la suplidora de la información supuesta libelosa. Simultáneamente el periódico trajo al pleito a Prensa Asociada mediante demanda de ter-cero contra Prensa Asociada, alegando que ésta tenía un con-trato con el periódico El Día mediante el cual supliría infor-mación que éste a su vez daría al público en su periódico. Alegó, además, El Día que, de establecer la parte demandante en su día las alegaciones contenidas en la demanda original y obtener indemnización contra los demandados y terceros de-mandantes, el tribunal deberá dictar una sentencia igual contra la tercera demandada, Prensa Asociada, resarciendo al periódico por los daños que tenga éste que satisfacer a los demandantes originales, ya que la publicación que se alega que es falsa fue dada mediante culpa y negligencia de Prensa Asociada al periódico El Día cuando le remitió el parte de prensa que fue publicado casi literalmente como fue enviado por la tercera demandada.

Prensa Asociada compareció en autos, contestó la demanda original y la demanda de tercero, negando algunos hechos y admitiendo otros. Admitió que suplió la información en la que se basa la demanda de libelo y negligencia y levantó, entre otras, la defensa de que, mediante el contrato de servicios noticiosos suscrito por las partes, Prensa Asociada fue relevada por El Día de toda responsabilidad por razón de reclamaciones de la naturaleza de la aquí instada; que actuó sin malicia; que la Ley de Libelo y Calumnia de Puerto Rico es inconstitucional; y que el demandante no actuó con la debida diligencia para minimizar los daños que alega sufrió.

Visto el caso, el Tribunal Superior, Sala de Humacao, declaró con lugar la demanda, condenó a la dueña del perió-dico a abonar a los demandantes la suma de $5,000 por con-cepto del libelo, más $500 de honorarios de abogado; desestimó la acción de tercero instada contra Prensa Asociada, en base a la cláusula de exoneración contenida en el contrato, y a que la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil impedía que Prensa Asociada fuera traída al pleito bajo la práctica de tercero, condenando al periódico, además, a abonar a Prensa Asociada $200 por concepto de honorarios de abogado, más las costas del proceso.

La propietaria del periódico recurre ante nos. Como primer error alega' la recurrente que el juez recurrido incidió al declarar con lugar la demanda sin prueba alguna que indi-cara que el periódico incurriera en malicia al hacer la publica-ción. Como no se elevó la transcripción de evidencia, cualquier referencia nuestra a los hechos descansa en las determina-ciones del juez recurrido en torno a las cuales la parte recu-rrente reconoce en su memorando que no existe controversia.

En sus determinaciones el juez a quo concluyó que la Policía rindió el siguiente informe que describe fielmente lo que ocurrió:

“Para informar que hoy 6-4-67, hora 3:00 P.M. en el Bo. Mata de Plátano, sitio Vello, [sic] sitio de Luquillo, P.R. y en finca propiedad de la Sra. MARIA RAMOS LOPEZ, mientras la occisa ayudaba a su hermano FELIX CHICO RAMOS, a limpiar el solar donde él va a construir su residencia y específi-camente a tumbar una palma de yagua, no se percataron ninguno de los (2) dos que la mencionada palma le iba a caer encima a la occisa, lo que sucedió siendo alcansada [sic] la SRA. CHICO RAMOS por la palma en el centro del cráneo. Fue conducida in-mediatamente al Hospital Dtto. de Fajardo donde fue atendida por el Dr. Luis M. López, quien certificó su muerte pocos minutos después. Hon. Juez de Paz local, Sr. Augusto Sánchez Suárez, ordenó su autopcia [sic] del cadáver.

Las partes fueron citadas para el miércoles 6 de junio de 1967, hora 9:00 P.M. se [sic] llevadas a presencia del Hon. Juez de Paz local.

Se cursó mensaje Núm. 605 al aux. del Supte. en Vigilancia, además se le dio conocimiento al Hon. Fiscal de turno.”

Concluyó, además, el tribunal que el suelto publicado en el periódico, el cual se transcribe al principio, sigue casi lite-ralmente la noticia suplida vía teletipo por Prensa Asocia-da; que lo que ocurrió fue que Félix Chico estaba nivelando un terraplén para edificar su casa cuando el viento volteó de posición una palma y ésta alcanzó a su hermana causándole la muerte; y que no hay evidencia de la fuente de la cual Prensa Asociada obtuvo la información errónea.

La recurrente cita el Art. 559 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 11 (4), a Manresa, Comentarios al Código Civil Español, y a Black’s Law Dictionary, pág. 1109, en apoyo de su tesis de que al descansar en la confiabilidad de una noticia que le fuera suplida por una agencia noticiosa, el periódico no actuó intencionalmente, sin justa causa o excusa y que, por lo tanto, no actuó con malicia al publicar el referido suelto.

Este enfoque es erróneo. La malicia en este caso tiene que ser definida e interpretada a la luz de la Ley de Libelo y Calumnia de 1902, 32 L.P.R.A. sees. 3141-3149, nuestra jurisprudencia y la jurisprudencia aplicable del derecho común, pues, como es sabido, nuestra Ley de Libelo y Calumnia proviene del derecho común. Díaz v. P.R. Ry., Lt. & P. Co., 63 D.P.R. 808, 811 (1944); Rivera v. Martínez, 26 D.P.R. 760, 764 (1918).

Las Secs. 3141 a 3149 del Título 32 de L.P.R.A. establecen una acción civil por daños y perjuicios ocasionados por libelo y calumnia. La See. 3142 nos da la definición de libelo:

“Se entiende por libelo la difamación maliciosa que pública-mente se hace contra una persona, por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio 'mecánico de publicación, tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su desprecio, o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato social, o a perjudicarle en sus negocios; o de otro modo desacreditarle, menospreciarle o deshonrarle, . . .

Para que exista libelo a los efectos de la acción en daños que concede esta ley, es preciso que la difamación sea maliciosa. Pero la ley presume que hay malicia en cualquier comunicación o escrito infamatorio o calumnioso dirigido a otra persona que no sea un pariente dentro del tercer grado, o a una persona a quien el tutor tenga bajo tutela, o cuando dicha comunicación se cruce entre personas qué tengan negocios en sociedad, u otra asociación semejante. See. 5, Ley de 1902, 32 L.P.R.A. see. 3145. La doctrina ha establecido que en libelo la imputación pública hecha a una persona de que ha cometido delito penable es infamatoria por su propia naturaleza. En tal caso, y a menos que caiga dentro de la excepción mencionada en la See. 5, la ley presume que la publicación se hizo con malicia, o sea, que hay libelo. La Ley de 1902 también establece en la See. 4, 32 L.P.R.A. see. 3144, que no se presumirá maliciosa la publicación hecha en un informe justo y verdadero de un procedimiento judicial, legislativo u otro procedimiento cualquiera, o de algo dicho en el curso de dichos procedimientos. En tal caso la ley no presume malicia en la publicación y la malicia deberá ser probada con evidencia independiente de la publicación misma, si se desea obtener daños bajo dicho estatuto. Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604, 615-616 (1964). Véanse, además, Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., 70 D.P.R. 283 (1949); Moraza v. Rexach Sporting Corp., 68 D.P.R. 468 (1948); Las Monjas Racing Corp. v. Puerto Rico Ilustrado, 58 D.P.R. 931 (1941); Casanova v. Gonzalez Padin, 47 D.P.R. 488 (1934); Quinones v. J. T. Silva Banking & Commercial Co., 16 D.P.R. 696 (1910); Jiménez v. Díaz Caneja, 14 D.P.R. 9 (1908).

En Bosch v. Editorial El Imparcial, Inc., 87 D.P.R. 285 (1963), al discutir las doctrinas aplicables al libelo publicado en un periódico, dijimos que la publicación que imputa la comisión de un delito se considera libelosa per se y, por lo tanto, no exige alegación ni prueba especial de daños; que el que publica un libelo realizado por otro es a su vez responsable de tal libelo; que, aunque el libelo sea aparente de la faz de la información, la publicación de ésta puede que no dé base para una acción de libelo por ser la publicación privilegiada de acuerdo con las Sees. 4 y 5 de nuestra ley sobre libelo; que la cuestión de privilegio es puramente estatutaria y que dicha defensa es más restrictiva en Puerto Rico que en otras juris-dicciones que han adoptado la regla de la ley común.

La información publicada por El Día no goza de dicho privilegio. En Caraballo v. P.R. Ilustrado, Inc., supra, sostu-vimos que un periódico disfruta del privilegio condicional de publicar el contenido de los asientos en el Libro de Novedades de la Policía, sujeto a la condición de que lo publicado sea una relación razonable y verídica de lo contenido en el Libro de Novedades. El periódico El Día publicó una información muy distinta a lo contenido en el informe de la Policía; la publicación no era una relación verídica ni provenía del Libro de Novedades.

Tampoco goza la publicación del privilegio que se esta-blece en la See. 5. La Legislatura creó en la See. 5 un privi-legio restringido para comunicaciones, sólo bajo cuatro clases de circunstancias (Díaz v. P.R. Ry., Lt. & P. Co., supra, a la pág. 815), ninguna de las cuales está presente en este caso. No estando cobijada bajo ni uno ni otro privilegio, la publica-ción del periódico está cubierta por la presunción de malicia de la See. 5 de la Ley de Libelo.

Sostiene el recurrente que la presunción establecida por la See. 5 de la Ley de Libelo es nula e inconstitucional— y en ello coincide con la posición de Prensa Asociada — y cita los casos de Tot v. United States, 319 U.S. 463 (1943), y Western R.R. Co. v. Henderson, 279 U.S. 379 (1929); Mobile v. Turnipseed, 219 U.S. 35 (1940); McFarland v. American Sugar Ref. Co., 241 U.S. 79 (1916); y Leary v. United States, 395 U.S. 6 (1968).

La presunción que establece la See. 5 de la Ley de Libelo y Calumnia lo que hace efectivamente es eliminar la malicia expresa o real como elemento de libelo y calumnia, excepto en las situaciones señaladas en la See. 4 y las también señaladas por excepción en la See. 5. La presunción de malicia tiene el mismo efecto que el decir que no es requisito la malicia expresa o real en el caso de manifestaciones o publicaciones libelosas que no están amparadas por alguno de los privilegios señalados en las Sees. 4 y 5. Esto es en realidad un precepto de derecho sustantivo expresado en forma de presunción. 9 Wigmore, On Evidence, sec. 3492, 3ra. ed., pág. 292.

La presunción de malicia de nuestra Ley de Libelo es distingible de las presunciones aplicadas en los casos citados por la parte recurrente. En Tot, supra; Leary, supra; y United States v. Romano, 382 U.S. 136 (1965), se trataba de presunciones estatutarias supuestamente rebatibles a ser. aplicadas en ciertos procesos criminales. Estas presunciones violaban la cláusula del Debido Proceso, violando así los dere-chos del acusado. Sin embargo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo la constitucionalidad de presunciones similares en los casos de Barnes v. United States, 93 S.Ct. 2357 (1973), 41 L.W. 4917 (18 de junio de 1973); Turner v. United States, 396 U.S. 398 (1970); y United States v. Gainey, 380 U.S. 63 (1963).

Son igualmente diferenciables las presunciones aplicadas en los demás casos citados por la recurrente. En el caso de autos la presunción aplicada es realmente una regía de derecho sustantivo que ha de aplicarse como cualquier otra regla de derecho. Véanse Ellis v. Henderson, 204 F.2d 173, cert. den. 346 U.S. 873 (1954); United States v. Provident Trust Co., 291 U.S. 272 (1934).

La única limitación constitucional que le ha sido impuesta a la legislación de Libelo y Calumnia de los estados es la que se desarrolló alrededor del privilegio restringido del comen-tario imparcial sobre asuntos públicos. La defensa del comen-tario imparcial se originó en el derecho común como un pri-vilegio restringido, pero el Tribunal Supremo Federal le dio carácter constitucional bajo la Primera Enmienda. New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964).

Con anterioridad al 1964, los medios noticiosos podían comentar la conducta de los funcionarios públicos con inmuni-dad, siempre que el comentario estuviera basado .en hechos ciertos que justificaran el comentario. La información debía ser imparcial y exacta. El privilegio no cubría el informe falso de los hechos, ni la inclusión de materia difamatoria. El peso de la prueba recaía sobre el demandado en primera ins-tancia de probar la existencia de una ocasión privilegiada para la publicación mediante prueba de un reconocido interés público o privado que justificara la publicación. Establecido el privilegio, el peso recaía sobre el demandante de probar que se había abusado del mismo mediante publicación excesiva o mediante el uso de la ocasión para un propósito impropio. Para una discusión de este privilegio antes de New York Times, véase Bosch v. Editorial El Imparcial, Inc., supra, págs. 306-313.

En New York Times, supra, el Tribunal Supremo Federal abolió las doctrinas anteriores y determinó que la publicación de un informe falso o comentarios injustificados referentes a la conducta oficial de un oficial público estaban inmunes de reclamaciones por libelo y gozaban de un privilegio restrin-gido, a menos que la información fuera publicada intencional-mente y con grave menosprecio de la determinación de si la misma era o no falsa. Sostuvo el Tribunal Supremo, a las págs. 279 y 280:

“Las garantías constitucionales requieren, nos parece, una norma federal que prohíba a un oficial público el recuperar daños por una manifestación difamatoria relacionada con su conducta oficial, a menos que pruebe que la manifestación fue hecha con ‘malicia real’, esto es, con conocimiento de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no.” (Traducción nuestra.)

El Tribunal Supremo no declaró inconstitucional la pre-sunción de malicia, sino que determinó que en ese caso existía un privilegio que gozaba de protección constitucional y proce-día probar malicia real o expresa, igual que en los demás privilegios.

La decisión de New York Times, supra, se ha ido exten-diendo rápidamente. El Tribunal Supremo la aplicó a proce-dimientos por libelo criminal. Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964); lo extendió y lo hizo aplicable a todo empleado público, Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75 (1966); Pape v. Time, Inc., 354 F.2d 558 (7th Cir. 1965), cert. den. 384 U.S. 909.

En Time, Inc. v. Hill, 385 U.S. 374 (1967), extendió el privilegio constitucional a una acción basada en el derecho a la intimidad promovida por demandantes que no eran oficiales públicos. En los casos germanos de Curtis Publishing Co. v. Butts y Associated Press v. Walker, 388 U.S. 130 (1967), se extendió la doctrina de New York Times, supra, a “figuras públicas” y “noticias”. Véase sobre esto a Aponte Martinez vLugo, 100 D.P.R. 282 (1971).

En Associated Press v. Walker, supra, el Tribunal Supremo extendió el privilegio para cubrir a un general retirado que había llamado la atención pública por su activismo polí-tico al tomar una posición beligerante y controversial frente al ojo público. En este caso la naturaleza del reportaje — un parte noticioso enviado por una agencia de noticias sobre una revuelta en un campus universitario en protesta por la orden de un tribunal federal ordenando la matrícula de un estu-diante negro que podía calificarse de hot news influenció al tribunal. Pero en el caso de Butts, supra, donde no existía ese elemento, el Tribunal Supremo aplicó el privilegio a una información publicada en una revista sobre un coach de un equipo de fútbol que no era empleado público, a quien se le imputaba haber “arreglado” un juego. Con estas decisiones, se extendió la inmunidad de el “privilegio restringido” de New York Times a las “figuras públicas”. Para un análisis dé las decisiones de Hill, supra, Butts, supra, y Walker, supra, puede verse Kalven, The Reasonable Man and The First Amendment: Hill, Butts and Walker, 1967 Sup. Ct. Rev. 267.

Después de Butts y Walker, supra, los tribunales inferiores comenzaron a enfatizar el interés legítimo del público sobre la materia en lugar de la persona del demandante. Time, Inc. v. McLaney, 406 F.2d 565 (5th Cir.) cert. den. 395 U.S. 922 (1969); Bon Air Hotel v. Time, Inc., 426 F.2d 858 (5th Cir. 1970).

El Tribunal Supremo consideró nuevamente la aplicación de la garantía de libertad de prensa de la Primera Enmienda y su privilegio restringido en Rosenbloom v. Metromedia, Inc., 403 U.S.29 (1971).

La cuestión a resolverse en Rosenbloom, supra, era si la norma de knowing-or-reckless falsity de New York Times, supra, según expandida en Butts, supra, aplicaba a una acción civil de libelo instada por quien no era ni un “oficial público” ni una “figura pública”, sino una persona privada reclamando por unos informes falsos y difamatorios hechos por una estación de radio, referentes a su participación en un evento de interés público o general. El Tribunal Supremo extendió la regla del “privilegio restringido” para incluir a una persona privada involucrada en una cuestión de interés público o general, siempre y cuando el comentario o publicación no se haya hecho con malicia expresa (actual malice), o sea, con conocimiento o grave menosprecio de su falsedad (with knowing■ or reckless falsity).

En resumen, el Tribunal Supremo Federal hace aplicable el requisito de malicia expresa únicamente a los casos en que se determine que se estaba informando sobre un evento o tema de interés público o general. No señaló una doctrina absolutista. De determinarse que el evento informado no es de interés general, no tiene el periódico privilegio que lo proteja y la publicación tal como fue hecha haría responsable al demandado bajo nuestra Ley de Libelo, y Calumnia.

¿Cuáles son los eventos o temas de “interés público” o general a los cuales le aplica la doctrina de New York Times? Se ha determinado que constituyen eventos de interés público: la apertura de una obra teatral basada en hechos reales, Time, Inc. v. Hill, supra; el alegado “arreglo” del resultado de un juego de fútbol, Butts, supra; los eventos y personalidades envueltos en los esfuerzos del gobierno federal de hacer cumplir una orden de un tribunal ordenando el ingresó de un estudiante negro a la Universidad de Mississippi, Associated Press v. Walker, supra; eventos deportivos, Time, Inc. v. Johnston, 448 F.2d 378 (1971); la moralidad y la religión, Gospel Spreading Church v. Johnson Pub. Co., 14 U.S. App. D.C. 207, 454 F.2d 1050 (1971); Spern v. Time, Inc., 324 F.Supp. 1201 (W.D. Pa. 1971); las ciencias, United Med. Laboratories, Inc. v. C.B.S., 404 F.2d 706 (9th Cir. 1968); el crimen organizado, Cerrito v. Time, Inc., 449 F.2d 306 (9th Cir., 1971); Time, Inc. v. Pagano, 427 F.2d 219 (5th Cir. 1970); un crimen famoso, De Salvo v. 20th Century Fox, 300 F.Supp. 724 (1969); la corrupción de un oficial del gobierno, Cervantes v. Time, Inc., 464 F.2d 986 (8th Cir., 1972); una campaña policíaca contra la obscenidad, Rosenbloom, supra; el espionaje electrónico, Firestone v. Time, Inc., 460 F.2d 712 (5th Cir. 1972); un doble asesinato, Mistrot v. True Detective Publishing Corporation, 467 F.2d 122 (1972).

Por otro lado, los tribunales no han concedido el privilegio a publicaciones privadas que informan sobre la reputación comercial y de crédito de corporaciones o individuos, por entender que estos informes no son de interés público. Grove v. Dunn & Bradstreet, 438 F.2d 433 (1971), cert. den. 404 U.S. 898 (1971); Kansas Electric Supply Co., Inc. v. Dun & Bradstreet, Inc., 448 F.2d 647 (1971); Hood v. Dun & Bradstreet, Inc., CA, 5th Cir., September 14, 1973. El divorcio de dos personas prominentes, aunque de valor noticioso (newsworthy), no convertía los informes publicados en los perió-dicos en materia protegida constitucionalmente por no ser de importancia o consecuencia pública o general (real public or general concern). Firestone v. Time, Inc., 271 So.2d 745 (Fla. 1972).

Es de interés público el que se hagan cumplir las leyes y se procese a quienes las infringen. La existencia de una alta criminalidad es de importancia y consecuencia para el público en general, pero no todos los informes de la Policía de Puerto Rico son de interés público. Diariamente se producen muchos eventos que son llevados a la atención de la policía. Aunque no se trate de un acto delictivo, la policía tiene que rendir un informe y no por eso se convierten en eventos de interés público. La criminalidad que llama la atención y preocupación del público en general es la producida por el crimen organi-zado, las drogas y los hurtos en gran escala y todos aquellos delitos que afectan la sociedad en general. Una disputa familiar, aunque produzca una muerte desgraciada, no tiene más importancia o consecuencia para el público puertorriqueño que la que le asigna el editor de un periódico al publicarlo en las páginas interiores junto con otras muchas noticias misce-láneas y sin importancia, tal como se hizo en este caso. El interés generado por los hechos informados por la policía y reseñados en El Día no iba más lejos que el círculo de vecinos, amigos y familiares de la familia Chico-Ramos.

El periódico El Día trata de excusarse en el hecho de que la información fue diseminada por una agencia noticiosa, Prensa Asociada, y que el periódico la repitió sin malicia alguna, bajo la creencia de que la información era correcta.

No tiene razón. La buena fe del que publica un libelo no lo releva de la responsabilidad legal por la publicación. La doctrina general sostiene que la publicación de una información difamatoria o libelosa por un periódico no está privilegiada por el hecho que haya sido copiada de otra publicación. Aunque con algunas excepciones, la mayoría de los tribunales sostienen que el que la noticia haya venido por los canales normales de recolección de noticias o agencias noticiosas, sin que pudiese conocerse su falsedad, el periódico que la publica y repite es responsable para con la persona difamada a menos que exista otra justificación legal reconocida. Sacco v. Herald Statesman Co., 223 N.Y.S.2d 329 (1961); Graiepy v. Pearson, 104 F.Supp. 681 (1952); Carey v. Hearst Publications, 143 P.2d 857 (1943); Wood v. Constitution Pub. Co., 57 Ga. App. 123, 194 S.E. 760 (1937); Slazay v. New York American, 254 App. Div. 249, 4 N.Y.S.2d 620 (1938); Louisville Times Co. v. Lyttle, 257 Ky. 132, 77 S.W.2d 432 (1935); Oklahoma Pub. Co. v. Givens, 67 F.2d 62 (10th Cir. 1933). Véanse Harper & James, The Law of Torts, Vol. I, 1956, sec. 5.18, pág. 404; Thayer, Legal Control of the Press, 4th ed. (1962), págs.. 279-283; Prosser, The Law of Torts, 4th ed. (1971), sec. 113, págs. 775-776.

En el caso de autos la noticia no proviene de ningún punto lejano, ni es de tal importancia que sea necesaria una publicación rápida. No hay razón alguna para no aceptar la doctrina mayoritaria y hacer responsable al periódico por la repetición de publicación libelosa. No se cometió el error señalado. Al no gozar la recurrente de la protección de ninguno de los privilegios enumerados por nuestra" Ley de Libelo y Calumnia, ni del privilegio restringido reconocido por la Primera Enmienda, el demandante no tenía que probar malicia real o exprésa. Actuó correctamente el tribunal recurrido al aplicar la presunción de malicia de la See. 5 de la Ley de Libelo. La malicia presumida era suficiente para sostener la reclamación del demandante. No se atenta contra la libertad de prensa al requerir que sus agentes actúen dentro del ámbito de la'ley.

II

Señala como error la recurrente el haberse declarado sin lugar su demanda de tercero dándole validez a una cláusula de exoneración contractual, la cual es nula.

El contrato suscrito entre El Día y Prensa Asociada con-tiene una cláusula de relevo de responsabilidad. En dicha cláusula Prensa Asociada se compromete a proporcionar un servicio exacto de noticias hasta donde le permitan sus mejo-res esfuerzos. Esta cláusula también dispone que Prensa Aso-ciada no tendrá responsabilidad alguna, directa o indirecta-mente, por pérdida o daño alguno ocasionados a El Día o cualquier otra persona, firma o corporación, por razón de la publicación de cualquier material que Prensa Asociada supla mediante su servicio.

Las cláusulas de exoneración no son favorecidas. En el pasado hemos repudiado las cláusulas contractuales dirigidas a exonerar a 'priori, a un contratante por los daños causados posteriormente al otro contratante por actos negligentes del primero. Carrasquillo v. Am. Missionary Association, 61 D.P.R. 867 (1943); Cabrera v. Doval, 76 D.P.R. 777 (1954); véase Rivera v. San Juan Racing, 90 D.P.R. 414 (1964) y también Castro v. Supermercados de Descuentos, 99 D.P.R. 851 (1971).

El Código Civil consagra la libertad de contratación, pero señala que la voluntad de los contratantes no puede ser con-traria a las leyes, a la moral, ni al orden público. Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372. El Art. 4 del mismo Código, 31 L.P.R.A. see. 4 dispone que los derechos conce-didos, por las leyes son renunciables a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público o en perjuicio de tercero.

La renuncia de derechos autorizada por el Art. 4 del Código debe ser clara, terminante e inequívoca. Más aún debe ser esto así cuando se trate de convenios en los cuales se exonere de responsabilidad a una persona por sus futuros actos negligentes. Cabrera v. Doval, supra, a la pág. 780. Sostuvimos allí, al revocar una sentencia que declaró sin lugar una demanda de daños y perjuicios dictada en base a un relevo a priori de responsabilidad, que (a la pág. 781):

“Como regla generalmente aceptada se establece la de que estos convenios sobre exoneración de responsabilidad no son favorecidos por la ley; [citas]; y deben, por tanto, ser interpre-tados estrictamente en contra de la parte que descansa en ellos para liberarse de responsabilidad, y .si posible, su interpretación debe ser contraria a la exoneración. [Gitas], Para que una parte quede exonerada de las consecuencias de su propia negligencia, el lenguaje usado en el documento de descargo debe indicarlo así, en forma clara y explícita. Algunas cortes sostienen, a nuestro juicio con buen sentido, que el lenguaje exculpando de responsabilidad por negligencia debe ser explícito, bien hacién-dose referencia expresa a la negligencia o bien indicando tal intención en términos inequívocos, [citas].”

Véase, Contractual Exculpation from Tort Liability in California — The True Rule Steps Fomvard, 52 Calif. L. Rev. 350 (1964); 57 Am. Jur.2d, Negligence, sec. 28, págs. 372-373. Un factor importante en la determinación de la validez de una cláusula de relevo depende de la fuerza en la negociación de cada uno de los contratantes. Si no se encuentran en igualdad de condiciones y de fuerza, de manera que una parte se encuentra obligada a aceptar'el relevo de responsabilidad por negligencia de la otra parte, el relevo es nulo. Delta Airlines, Inc. v. Douglas Aircraft Company, 47 Cal. Rptr. 518 (1966); Henningsen v. Bloomfield Motors, Inc., 161 A.2d 69 (1960); Donna v. Con Edison, 337 N.Y.S.2d 772 (1972); Kansas City Power & Light Co. v. United Tel. Co. of Kan., 458 F.2d 177 (1972).

Reconocida la doctrina general de libelo de que el que repite un libelo es tan responsable como el que lo originó y responde, independientemente de su buena fe, y le añadimos la situación poco poderosa de un periódico local que necesita de un servicio de noticias para poder subsistir, la conclusión es inevitable que cláusulas de exoneración como la aquí envuelta son contrarias al interés público y, por lo tanto, sin valor alguno. En consecuencia, concluimos que el juez sentenciador cometió error al exonerar a Prensa Asociada, frente a la demanda de tercero del periódico, en base a la referida cláusula de exoneración.

HH HH HH

El tribunal a quo también incidió al resolver que la Regla 12.1 de las de Procedimiento Civil impedía que Prensa Aso-ciada fuera traída al pleito bajo la práctica de tercero.

El error es manifiesto. La Regla 12.1 dispone, inter alia, que “[e]l demandado podrá como demandante contra tercero notificar un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y que le sea o pueda serle respon-sable por toda o parte de la reclamación del demandante . .. (Bastardillas nuestras.) La acción de tercero instada por el periódico fue formulada para hacer valer sus derechos de tipo ex-contractu contra Prensa Asociada; en otras palabras, su derecho a ser indemnizado por el daño — importe de la sentencia, etc. que viniera obligado a satisfacer al demandante —como consecuencia de haber Prensa Asociada suplido una noticia falsa para su publicación. Vélez v. Halco Sales, Inc., 97 D.P.R. 438, 444-446 (1969); 3 Moore’s Federal Practice, Secs. 14.8, 14.10, 14.11; Prosser, ob. cit, págs. 310-313.

La recurrente impugna, por entender que es exagerada, la compensación determinada por el tribunal. Esta fue fijada en la suma de $5,000.00. En sus determinaciones de hecho, el juez recurrido concluyó:

“No hay duda de que los demandantes sufrieron angustias mentales con motivo de la falsedad y que Félix Chico Ramos y su esposa sufrieron humillaciones en el reducido grupo de puerto-rriqueños en que se desenvolvían en Nueva York, aunque la intensidad es incierta y es dudoso que la situación afectase a Chico Ramos en su trabajo en la forma en que alega. Se le difi-cultó la explicación sobre sus angustias porque hablaba el español con la sintaxis usada por lo que ahora se llama neori-cans.”

Es en verdad difícil fijar la cantidad de daños que procede en casos de esta naturaleza, y es por eso que mentes razonables pueden diferir sobre la suma fijada én el de autos. Pero, no habiendo la parte recurrente elevado la transcripción de evidencia y puesto en condiciones al Tribunal de hacer su propia evaluación y determinación independiente, no creemos que se justifique nuestra intervención para reducirla por ser la misma, como se alega, exageradamente alta.

En virtud de lo anteriormente expresado, se confirmará la sentencia dictada por él Tribunal Superior, Sala de Huma- cao, que declaró con lugar la demanda; y se revocará aquella parte de la misma que desestimó la demanda de tercero ins-tada por la parte recurrente y, en su lugar, se dictará otra declarando con lugar dicha demanda de tercero y condenando a la tercera demandada Associated Press (Prensa Asociada) a satisfacer a la parte recurrente (demandados en el pleito original) el importe total que ésta venga obligada a satisfacer a los demandantes, más las costas del proceso y la suma de quinientos dólares ($500) por concepto de honorarios ■ de abogado de la parte recurrente.

El Juez Asociado, Señor Rigau, no intervino.

      En su texto original en inglés, la cláusula del contrato invocada por Prensa Asociada lee así:
      “8. — Associated will use its best efforts to provide an accurate news service but shall not be under any liability, direct or indirect, for any loss or damage occasioned to the Subscriber or any other person, firm or corporation by reason of the publication of any of the news contained in the service.”

      La noticia publicada en El Día omite el siguiente párrafo del suelto enviado al periódico por Prensa Asociada:
      “Contra Chico Ramos se formuló acusación por asesinato en primer grado y se ordenó su ingreso en la Cárcel de Distrito de Humacao, con 10 mil Dólares de Fianza. JLM 8443AAS.”

      Este artículo define el término “malicia” como la “comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa, la esciente infrac-ción de la ley en perjuicio de otra.”

      Tomo 5, pág. 589 (ed. 1951).

      “[L]a designación del comentario imparcial como un privilegio se presta a confusión especialmente en una jurisdicción como la nuestra donde se ha resuelto que la única fuente de publicación privilegiada es estatutaria. Lo cierto es que la defensa del comentario imparcial proviene del derecho constitucional de libertad de palabra y de prensa limitado por el derecho de toda persona a protección contra ataques abusivos a su honra, reputación y a su vida privada o familiar. Sees. 4, 8, Art. II, Constitución de Puerto Rico. (1 L.P.R.A. pp. 187 y 189.) Difiere, por lo tanto, de la defensa de privilegio, pues puede invocarse por cualquier individuo, perió-dico o revista y puede usarse siempre y cuando el comentario esté basado en hechos de interés público.”

      E1 requisito de malicia y su definición fue discutido en Henry v. Collins, 380 U.S. 356 (1965) ; St. Amant v. Thompson, 390 U.S. 727 (1968).

      Ver: Note: Media Privilege to Report Events of Public Interest, 85 Harv. L. Rev. 222 (1971); Note, 40 Fordham L. Rev. 651 (1971-72); Keeton, Some Implications of the Constitutional Privilege to Defame, 25 Vand. L. Rev. 59 (1972).

      Dijo el Tribunal Supremo:
      “If a matter is a subject of public or general interest, it cannot suddenly become less so merely because a private individual is involved, or because in some sense the individual did not ‘voluntarily’ choose to become involved. The public’s primary interest is in the event; the public focus is on the conduct of the participant and the content, effect, and significance of the conduct, not the participant’s prior anonymity or notoriety. . . . We honor the commitment to robust debate on public issues, which is embodied in the First Amendment, by extending constitutional protection to all discussion and communication involving matters of public or general concern, without regard to whether the persons involved are famous or anonymous ....
      “[I]t is clear that there has emerged from our cases decided since New York Times the concept that the First Amendment’s impact upon state libel laws derives not so much from whether the plaintiff is a ‘public official’, ‘public figure’ or ‘private individual’, as it derives from the question whether the allegedly defamatory publication concerns a matter of public or general interest .... In that circumstance we think the time has come forthrightly to announce that the determinant whether the First Amendment applies to state libel actions is whether the utterance involved concerns an issue of public or general concern, albeit leaving the delineation of the reach of that term to future cases.” Bosenbloom, supra, a las págs. 43-45.

      “We are not to be understood as implying that no area of a person’s activities falls outside the area of public or general interest. We expressly leave open the question of what constitutional standard of proof, if any, controls the enforcement of- state libel laws for defamatory falsehoods published or broadcast by media about a person’s activities not within the area of public or general interest.” Rosenbloom, supra, nota al calce, pág. 44.

      Han sido considerados de interés público: el arresto de un acusado de participar en una red mundial de contrabando de narcóticos, Miller v. News Syndicate Co., Inc,, 445 F.2d 356 (2d. Cir. 1971) ; la imputación de brutalidad policíaca a un capitán de la policía, Thuma v. Hearst Co., 340 F.Supp. 867 (1972) ; el arresto por expedir un cheque sin fondos conectado erróneamente a una serie de hurtos y la recuperación de los artículos hurtados, Vinci v. Gannet Co., Inc., 335 N.Y.S.2d 738 (1972).

         MacGregor v. Miami Herald Publishing Co., 119 So.2d 85 (Fla. 1960); Layne v. Tribunal Co., 108 Fla. 177, 146 So. 284 (1933).

       Ver escolio 1.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Pedro León Ortiz, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-71-75

      Resuelto: 31 de octubre de 1973

      Pedro León Ortiz, por su propio derecho; Leoncio Carrasquillo Suárez, Wilfredo Márquez Boneta, Miguel A. Guzmán Soto y Jorge Márquez Gómez, abogados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos de este caso son sencillos. El patrono recurrente es dueño de un pequeño colmado-bar en la zona rural de Maunabo. Sus empleados están cubiertos por una póliza de tienda al detall expedida por el Fondo del Seguro del Estado (en adelante denominado “el Pondo”). Una cliente que regre-saba del hospital con su hija pequeña enferma efectuó una compra en el colmado del recurrente. En vista del estado de salud de la niña, la madre pidió ayuda al recurrente para que éste consiguiera quien la llevara a su casa. El recurrente encargó a uno de sus empleados que la llevara en una camioneta, propiedad del recurrente, que utilizaba éste en relación con una construcción que estaba realizando adya-cente al colmado en cuestión. Durante el viaje el empleado tuvo un accidente en el que sufrió la lesión de un brazo, recibiendo tratamiento médico en el Fondo. El Fondo declaró al recu-rrente “patrono no asegurado” por el fundamento de que el empleado aludido se encontraba en gestiones de chofer, sin que la póliza bajo la clasificación de tienda al detall expedida para cubrir los empleados del colmado-bar incluyera la clasifi-cación de “Choferes”. La Comisión Industrial (en adelante denominada “la Comisión”) confirmó la resolución del Fondo, y ordenó al patrono recurrente a pagar al Fondo la suma de $840.39 por concepto de gastos incurridos en el tratamiento y hospitalización del empleado lesionado. De esta determinación recurre el patrono ante nos por su propio derecho, alegando que no viene obligado a incluir eñ su póliza la clasificación de chofer por no emplear choferes en su negocio ni ofrecer servicio de entrega de mercancía.

El Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (en adelante denominada Ley de Compensaciones), 11 L.P.R.A. see. 2, prescribe que las disposiciones' de la ley son' aplicables a obreros y empleados que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan . . de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo. . . Y, exceptúa expresamente a “. . . aquellos obreros y empleados cuya labor sea de carácter accidental o causal [sic] y no esté comprendida dentro del negocio, indus-tria, profesión u ocupación-de su patrono_”

A la fecha del accidente el patrono recurrente se dedicaba a dos actividades separadas y distintas: (1) operaba un colmado-bar en su carácter de dueño; y (2) realizaba una construcción en terrenos adyacentes al referido negocio. Ambas actividades estaban cubiertas por sendas pólizas expe-didas por el Fondo, una bajo la clave 5213, grupo 273, sobre “construcción con hormigón” y otra bajo la clave 8017, grupo 343, sobre “tiendas al detal”. Ambas clasificaciones aparecen en el “Manual de Clasificaciones de Oficios e Industrias y Tipos de Seguros en Vigor” (en adelante denominado “Manual de Clasificaciones”) preparado por el Administrador del Fondo conforme lo requiere el Art. 23 de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo. 11 L.P.R.A. see. 24.

La clasificación de “tiendas al detal” aparece descrita en el Manual de Clasificaciones en vigor a la fecha del acci-dente, en la forma siguiente:

“Tiendas al Detal (N.I.C.) . . . Toda clase de mercadería. Incluye joyería al por mayor y detal, tiendas por departamentos, puestos de leche, tiendas de 5 y 10 cts., tiendas de cooperativas y farmacias. Esta clasificación incluye, además, las fuentes de soda, barras y cantinas cuando se operen como parte del nego-cio.” Manual de Clasificaciones, ante.

La clasificación precedentemente citada, según se des-prende de su propio texto, ofrece cubierta completa sobre las actividades de tiendas al detall, como las del negocio del caso de autos, con sujeción a las limitaciones contenidas en la ley, en el reglamento o en la póliza. 11 R.&R.P.R. sec. 19-3. El reglamento dispone que la clasificación de patrono será aquella que envuelve la mayor nómina, excluyendo las “excep-ciones normales” que se mencionan más adelante. Id. see. 19-5. Y, en el caso de empresas sencillas, como la del caso de .autos, el reglamento dispone que cuando las actividades de un patrono consisten de una sola operación u operaciones separa-das que prevalecen en el negocio o industria descrita bajo una sola clasificación del Manual, aquella clasificación que des-criba con mayor exactitud el negocio o industria en su totali-dad es la que debe aplicarse. Id.

Queda por ver si la actividad incidental de transportar un cliente en las circunstancias presentes en este caso está cubierta por la póliza de tienda al detall que fue expedida al patrono recurrente. Ninguna de las actividades de dicho nego-cio está comprendida en las “Excepciones Normales y Exclu-siones Generales”, infra. Si lo estuvieren, habrá que segre-gar la nómina de acuerdo con las distintas actividades a los fines de aplicar la prima que corresponda a la clasificación que comprenda aquellas que están excluidas. Para ello es necesario examinar las disposiciones reglamentarias que cubren las “excepciones normales” a la luz de la situación que plantea el caso de autos.

Las “excepciones normales”, en lo que es pertinente a este caso, son las siguientes:

“. . . (3) Externos vendedores [sic], cobradores, o mensa-jeros. Son aquellos empleados dedicados a tales ocupaciones cuya labor principal se lleva a cabo fuera del local del patrono. La definición no es aplicable a ninguno de tales empleados cuya labor incluya conducción y entrega de mercancías. Aquellos empleados cuya labor incluya la conducción y entrega de mercancías, aun cuando a la vez 'hagan cobros o soliciten pedidos, se catalogarán como:
(A) Carreteros, si manejan vehículos tirados por fuerza animal.
(B) Choferes, si manejan vehículos de motor o bicicletas.
(C) Incluidos en la clasificación predominante, si viajan en vehículos de servicio público o a pie.
(5) Choferes y ayudantes, son aquellos empleados cuyo tra-bajo se lleva a cabo principalmente en vehículos de motor o en relación con los mismos, incluyéndose también empleados inciden-tales de garaje, y empleados que en el servicio de sus patronos usen bicicletas.” (Énfasis suplido.) Id. sec. 19-5.

El inciso (3) arriba citado en relación con “excepciones normales” se refiere a aquellos empleados dedicados a las ocupaciones de vendedores externos, cobradores o mensajeros, cuya labor principal se lleva a cabo fuera del local del patrono; a menos que la labor de ellos incluya conducción y entrega de mercancía en cuyo caso se catalogarán como “choferes”, si manejan vehículos de motor o bicicletas. Asumiendo que el trabajador del caso ante nos se considerase un chofer, por el hecho de estar manejando un vehículo de motor al momento de ocurrir el accidente, no es un chofer dentro de la definición de “choferes” que aparece al inciso (5) que citamos precedentemente, ya que ésta requiere que la labor de chofer sea realizada 'principalmente en vehículos de motor o en bicicleta.

La prueba no controvertida del patrono fue al efecto de que éste no hacía entregas de mercadería a domicilio ni usaba choferes en relación con su negocio de colmado, por lo que la labor del empleado lesionado era principalmente la que ordinariamente corresponde a un empleado de colmado y no a la de chofer que requiere que la misma sea realizada principalmente en vehículos de motor o en bicicleta. Dicha prueba no fue controvertida por el Fondo. Tampoco hubo prueba al efecto de que el empleado lesionado habitualmente dedicara alguna parte de su tiempo a la labor de chofer cuya clasificación envuelve un riesgo mayor que la clasificación de empleado de tiendas al detall. En las circunstancias de este caso la gestión de conducir la cliente del patrono realizada por encomienda de éste para beneficio del negocio constituyó un acto o función inherente al empleo del trabajador y ocurrió en el curso de éste, y como consecuencia del mismo. En vista de lo expuesto no debe haber duda alguna de que el empleado lesionado está propiamente cubierto bajo la clasificación de tiendas al detall en la póliza expedida por el Fondo al patrono recurrente.

La jurisprudencia ha establecido reiteradamente que cuando un contrato de seguros es susceptible de dos interpretaciones debe utilizarse la que más favorezca al asegurado. Véase Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227, 231 (1963) citando a 3 Richards On Insurance, 5ta. ed., 1952, pág. 1314 y autoridades allí citadas; véanse además Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, ed. 1956, pág. 486 y Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo III, 8a. ed., 1954, pág. 332. Las dudas deben resolverse de modo que se realice el propósito de la póliza, y no se favorecen las interpretaciones sutiles para evadir la responsabilidad. Véase Barreras, ante, pág. 235 y autoridades allí citadas. La regla no es distinta cuando el asegurador es el Estado.

La situación sería distinta si la función ejercida por el empleado al ocurrir el accidente fuere incidental a otro negocio o industria a que el patrono estuviere dedicado que no hubiere sido incluido en la póliza. Un buen ejemplo de este tipo de exclusión sería si el referido empleado del colmado fuere utilizado para una gestión del negocio de construcción del mismo patrono cuyo negocio resulta tener una clasificación distinta al de colmado. Es evidente que la actividad del negocio de colmado no es incidental a la de construcción. Ambas actividades son distintas y separadas. En la situación aludida aplicarían los preceptos del Art. 25 de la Ley de Compensaciones, 11 L.P.R.A. see. 26, que requiere que el patrono cubra bajo una misma póliza todas las actividades a las cuales se dedica, y de no hacerlo, se consideraría patrono no asegurado con respecto a la actividad no incluida en la póliza.

Ilustra la doctrina explicada precedentemente el caso de Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 68 D.P.R. 448 (1948). Se trataba allí de una empleada doméstica que rendía labores como tal al ocurrir el accidente objeto de reclamación, en relación con un patrono cuya póliza cubría un negocio agrí-cola. Se determinó en dicho caso que la lesionada no estaba realizando labor incidental al negocio agrícola del patrono. Claramente la actividad como empleada doméstica a que se dedicaba la lesionada era distinta a la actividad agrícola del patrono.

El caso de Calderone Lines, Inc. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 526 (1964), sostiene el mismo principio del de Atiles, ante. La prueba en dicho caso demostró que el negocio del patrono consistía de un 75% en la transportación de pasa-jeros y un 25% en la transportación de mercancía. El obrero lesionado se encontraba realizando un trabajo consistente en la descarga de mercancía de una lancha. La póliza del patrono cubría la actividad de “explotación u operación de embarca-ciones” que no incluía la de “cargo y descargo de vapores” que constituye otra clasificación del manual. El patrono alegaba que la descarga de mercancía era una actividad incidental a la de operación de embarcaciones. Determinamos allí que se trataba del manejo de carga pesada lo que no era incidental a la transportación de pasajeros. Resolvimos en-tonces que las tareas de carga y descarga no estaban incluidas en la clasificación comprendida en la póliza por lo que sostuvi-mos que el patrono era uno no asegurado.

En el caso de autos, contrario a los dos casos mencionados, el empleado lesionado se dedicaba a la actividad de colmado a la que se dedicaba el patrono, cuya póliza fue formalizada de acuerdo a la clasificación adecuada para ese negocio, y las gestiones realizadas por el empleado al momento de ocurrir el accidente eran incidentales a dicho negocio y para beneficio del mismo.

Estamos conscientes del factor actuarial sobre el que des-cansa la filosofía del seguro. Por ello la ley exige a los patro-nos el asegurar todas las actividades a las que se dedica. La clara intención de ello es que no se quede fuera del seguro ninguna actividad que envuelva riesgos mayores que aquellos para los que el patrono solicite cubierta. A esos fines la Ley de Compensaciones requiere que el Administrador prepare anualmente una lista de clasificaciones de acuerdo con los varios oficios o industrias. 11 L.P.R.A. see. 24. La revisión anual de las clasificaciones se efectúa a base de los datos acumulados en la práctica de seguros habida desde la fecha de vigencia de la Ley de Compensaciones y hasta el 31 de diciembre del año anterior a la revisión, y de acuerdo “con aquella otra experiencia incidental y con las estadísticas de que pueda disponerse con relación a los peligros y riesgos del seguro en la clasificación a revisar.” (Énfasis suplido.) Al revisar las clasificaciones el Administrador debe revisar también las primas que correspondan a las clasificaciones vigentes que a su juicio deben revisarse. Id. Vemos pues que el legislador delineó cuidadosamente el mecanismo actuarial del seguro que habrá de revisarse de año en año para evitar poner en peligro la estabilidad del Fondo y por ende ofrecer la protección debida a lós obreros y la que corresponde a los patronos.

Podemos imaginarnos innumerables situaciones en las que se ven envueltos los patronos de día en día sin tener seguridad alguna en cuanto ■ a la cubierta que les ofrece la póliza del Fondo, por mor de que en un momento dado un empleado efectúe una gestión la cual aunque aislada, ocasional y pura-mente accidental sea inherente a la actividad a que se dedica el patrono. En la complejidad del mundo de los negocios, y desde el punto de vista práctico, no podemos imponer a los patronos una norma irrazonable que interrumpa el flujo del diario acontecer práctico en la actividad comercial, industrial o profesional del país. El patrono, naturalmente, tendrá el peso de la prueba para demostrar que la gestión llevada a cabo al ocurrir el accidente es incidental al negocio cubierto por el seguro y puramente accidental, aislada y ocasional, con respecto al tipo de trabajo que normalmente realiza el empleado.

Concluimos que el patrono peticionante es un patrono asegurado y por consiguiente la lesión sufrida por el empleado en las circunstancias presentes en este caso está cubierta por la póliza de tiendas al detall.

La conclusión a que llegamos no sólo nos parece la más ajustada a derecho sino que además cumple la función de proveerle certeza a los patronos con respecto a la cubierta de sus pólizas con el Fondo del Seguro del Estado. Esta interpre-tación es la más razonable dentro del principio de obligato-riedad que fundamenta el seguro de compensaciones a obreros.

Se revocará la decisión de la Comisión Industrial.

       El Administrador del Fondo está facultado para hacer la declara-ción de patrono no asegurado en el caso de que ocurriere un accidente de un obrero o empleado cuando trabajare para un patrono que en violación de la ley no estuviere asegurado. 11 L.P.R.A. see. 28.

      En repetidas ocasiones hemos expresado, y volvemos a repetirlo ahora, que la Comisión Industrial hasta la fecha (en los 37 años que lleva la ley en vigor), no ha determinado por reglamento, según prescribe el Art. 38 de la ley, lo que se entiende por “carácter accidental y casual”. Arraiza Iglesia v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 14, 16 (1962); Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 597, 600 (1944); Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 272, 278 (1940). La inacción de la Comisión Industrial al no haber definido lo que se entiende por “carácter accidental y casual” ha dado lugar a que el Fondo, y la Comisión,. le hayan dado su propia interpretación. La confusión que surge de la exclusión de empleados casuales ha sido motivo de que varios estados la han eliminado de sus leyes de compensaciones, tales como Massachusetts, Michigan, Missouri, New York y Wisconsin. 1A Larson’s Workmen’s Compensation Law, § 51.11, al escolio 92.

      Las siglas N.I.C. son una abreviatura de la frase “No Incluida en otra Clasificación”. Dicha abreviatura, con respecto a la clasificación “Tiendas al Detal” significa que no se aplicará dicha clasificación a caso alguno en que cualquier otra clasificación designe con mayor exactitud al negocio o industria del patrono. 11 R.&R.P.R. sec. 19-6.

      Las operaciones comprendidas bajo “Exclusiones Generales” no son aplicables al presente caso.

      En la fecha del caso citado las empleadas domésticas no estaban protegidas por la Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Epifanio Ortiz Cruz, demandante y recurrente, v. Junta Hípica de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: R-73-120

      Resuelto: 31 de octubre de 1973

      Armando Chaar Padín, abogado del recurrente; Ismael H. Herrero, Jr., abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Al rendir carrera al caballo Igneíto se le hizo una prueba química que dio positivo de habérsele administrado una droga. Como consecuencia, a su entrenador el recurrente Epifanio Ortiz Cruz le fue suspendida la licencia por término de 6 meses.

La base para su enjuiciamiento la provee el Reglamento Hípico cuyas secciones relevantes copiamos:

Art. 1104 (15 R.&R.P.R. see. 186-1104)

“El dueño, entrenador, cuadrero y ayudante de cuadrero son responsables ante la Administración de la condición física de sus ejemplares y será de su absoluta responsabilidad velar por que ninguno de sus ejemplares se estimule, deprima o se le administre drogas o substancia alguna que pueda afectar la condición natural de los mismos.” (Énfasis nuestro.)

Art. 1117 (15 R.&R.P.R. see. 186-1117)

“Al [sic] Administrador, al recibir un informe del químico certificando que una muestra ha dado un resultado positivo de contenido de alguna droga o substancia que estimule, deprima o altere la condición natural de un ejemplar, suspenderá al ejem-plar afectado y podrá suspender al dueño, entrenador, cuadrero o ayudantes de cuadrero relacionados con dicho ejemplar y así también todos los ejemplares pertenecientes a dicho dueño.”

Art. 1401, inciso 55 (15 R.&R.P.R. see. 186-1401 (55))

“Cualquier infracción a las disposiciones de la Subdivisión II se castigará de la siguiente manera:
(1) Por la primera infracción suspensión por un término no menor de 6 meses.
(2) En caso de reincidencia, cancelación de licencia.”

La decisión de la Comisión Hípica recoge una estipulación de las partes en controversia en el siguiente párrafo: “Las partes estipularon que en cuanto al querellado Epifanio Ortiz Cruz no hay prueba alguna de que él haya puesto o inyectado alguna substancia al ejemplar Igneito el día de los hechos, que haya deprimido o estimulado dicho caballo o que haya intervenido en la condición física del mismo y que la suspen-sión impuesta por el Administrador Hípico es a base de las disposiciones del Art. 1104, que'impone la responsabilidad absoluta al querellado apelante de la condición física de los ejemplares a su cargo.” (Énfasis suplido.)

La Comisión Hípica y más tarde la Sala de San Juan del Tribunal Superior entendieron que no estando en controversia el hecho de ser el apelante entrenador de Igneito ni la correc-ción del análisis químico, considerando los hechos estipulados y el principio de responsabilidad absoluta integrado en el Art. 1104 del Reglamento Hípico, no había más evidencia que considerar, y que no adoleciendo dicho artículo de invalidez constitucional, procedía el castigo. Acogimos la solicitud del entrenador y expedimos el auto.

La rigurosa atribución de responsabilidad incorporada al Reglamento Hípico es parte de la función reguladora de los juegos por el Estado y responde al propósito de proteger al público apostador en los hipódromos del engaño, el fraude y demás prácticas corruptas. Las jurisdicciones donde florece el deporte hípico han reconocido la dificultad de probar, siguiendo el método convencional evidenciario, el acto de admi-nistrar droga a un caballo, siempre encubierto por la más tupida clandestinidad y por el tiempo que inevitablemente transcurre desde que el animal recibe la droga hasta cono-cerse el resultado del análisis químico, y han enfrentado el problema de distinto modo: unos, como Puerto Rico, adop-tando la Regla de responsabilidad absoluta validada en sus cortes; y otros rechazando ésta por vulnerar la cláusula de debido proceso de ley y optando por una presunción rebatible de culpa que puede ser superada en la vista por la prueba en contrario que ofrezca el dueño, entrenador, cuadrero o sus ayudantes.

La Constitución del Estado Libre Asociado acoge dos principios que no toleran el purgatorio erigido en el Reglamento Hípico. Dispone su Art. II, Sec. 7 que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. Y más adelante la Sec. 16 del mismo Art. II de nuestra Constitución preceptúa: “Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella....”

Es incuestionable que la persona que libremente toma empleo de entrenador de caballos, por un acto de su exclusiva voluntad entra a un campo regulado por aquellas normas y reglas necesarias para proteger al público de los tahúres o manipuladores de apuestas. Pero al mismo tiempo esa persona está ejerciendo su derecho a obtener un trabajo lícito del cual ha de derivar sustento y bienestar para todos los miembros de su familia, por lo que esa gestión no deberá convertirlo en ilota desposeído de las garantías básicas de debido proceso e igual protección de las leyes. Tan respetable es la política pública dirigida a preservar la limpieza del juego en los hipódromos, como la ambición del hombre de ganar el pan en una de las ocupaciones que su patria le ofrece.

La atribución de responsabilidad absoluta sin derecho a defenderse es figura rara y tenebrosa en nuestro sistema jurídico. El concepto “absoluto” trae raíz y connotación ligadas al derecho divino de los reyes y a las facultades omní-modas de los gobernadores militares que desentonan con los principios de balance, igualdad y debido proceso de ley que informan la sociedad contemporánea. Es como un pájaro prehistórico desvelado ante una ecología transformada.

Una básica noción del Derecho, en toda la amplitud de su fuerza y amparo del hombre frente al Art. 1104 del Regla-mento Hípico, nos conduce a rechazar la tremenda desigualdad en los medios de defensa entre una persona imputada de ofensa al orden social por negligencia en su trabajo y otra acusada por asesinato, aun reconociendo que las garantías constitucionales operan con mayor rigor cuando está en juego la libertad o la vida.

El derecho constitucional a un debido proceso de ley exige concesión de vista, previa oportuna y adecuada notificación, derecho a ser oído confrontándose con los testigos de cargo y a presentar prueba y argumentos en su defensa. Morrisey v. Brewer (1972) 408 U.S. 471, 487; Goldberg v. Kelly (1970) 378 U.S. 254, 267-8.

La vista que no permite prueba para demostrar la falta de culpa en el entrenador, a quien ninguna evidencia conecta con la droga inyectada a “Igneíto” es úna mera formalidad, un vano artificio que solo hace expediente. El citado Art. 1104 del Reglamento Hípico está en pugna con las citadas disposiciones de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y su invalidez es patente.

Se serviría bien al interés público en mantener la honra-dez e integridad de nuestro deporte hípico sustituyendo la norma inconstitucional de responsabilidad absoluta por una presunción general de negligencia susceptible de ser vencida mediante evidencia de suficiente peso que produzca el encau-sado.

Se revocará la sentencia revisada y se anularán los proce-dimientos seguidos y el castigo impuesto por la Comisión Hípica al recurrente por ser inconstitucional y nulo el Art. 110 Jp del Reglamento Hípico que rigió dichos procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Pérez Pimentel, y los Jueces Asociados, Señores Rigau y Martínez Muñoz, no intervi-nieron.

       Aun cuando el castigo se haya cumplido por no surtir efecto sus-pensivo el recurso de revisión el caso no es académico pues de prevalecer la decisión adversa al entrenador, en una infracción subsiguiente corre el riesgo de ser declarado “estorbo hípico” (15 R.&R.P.R. see. 186-1119) con cancelación de su licencia y proscripción del hipódromo (15 R.&R.P.R. see. 186-1001, inciso 17).

       California, Sandstrom v. California Horse Racing Board, (1948), 189 P.2d 17, cert. denied 335 U.S. 814; West Virginia, State v. West Virginia Racing Comm., 55 S.E.2d 263; New Mexico, Jamison v. State Racing Comm., 507 P.2d 426; Ohio, Fogt v. Ohio State Racing Comm., 210 N.E.2d 730.

      Maryland, Mahoney v. Byers (1946), 48 A.2d 600; Colorado, Harbour v. Colorado State Comm. (1973) 605 P.2d 22; Louisiana, Lassistro v. State Racing Comm. (1972) 269 So.2d 834; Puerto Rico,(en la jurisdicción federal), Mongil Suárez v. Admor. del Deporte Hípico, Toledo, D.J. (Civil Núm. 915-71 Abril 25, 1973).

       El derecho de todo ciudadano de los Estados Unidos a seguir cualquier vocación lícita, negocio o profesión de su preferencia es carac-terística que distingue nuestras instituciones republicanas. Aquí todas las ocupaciones están abiertas a todo el mundo en igualdad de condiciones. Todas pueden proseguirse como fuente para ganar el sustento .... El interés, o como se le llama algunas veces, el derecho adquirido en las mis-mas, que en sí es el derecho a continuar su disfrute, con frecuencia es de gran valor para el poseedor, y no le podrá ser arrebatado, como no puede quitársele su propiedad mueble o inmueble. Dent v. West Virginia, 129 U.S. 114.


author: per CURIAM:

text:
    Narciso Rabell Martínez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Miguel Montalvo, Juez, demandado.

      Número: O-72-119

      Resuelto: 1ro. de noviembre de 1973

      Graciany Miranda Marchand y José B. Díaz Asencio, abogados del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados del demandado.
   per CURIAM:

El mismo día del juicio en este caso el peticionario verbalmente solicitó al tribunal de instancia la desestimación de la acusación aduciendo que: (a) no se le dio cumplimiento a la Regla 64 (n) (2) de Procedimiento Criminal por no celebrarse la vista preliminar dentro de los 60 días del arresto y (b) que el tribunal carecía de jurisdicción porque en la determinación de causa probable no se pasó prueba sobre todos los elementos del delito. El tribunal de instancia declaró sin lugar por tardía dicha moción.

El examen que hemos hecho de los autos nos convence que no incidió el tribunal al así actuar y que procede, por lo tanto, dejar sin efecto el auto expedido y devolver los autos para que se continúen los procedimientos.

La Regla 64 (n) (2) reconoce el derecho del apelante a que se presente acusación contra él. dentro de los 60 días de su arresto a no ser que se demuestre justa causa para la demora. No se trata de un término jurisdiccional sino de una garantía del derecho a juicio rápido que el acusado puede renunciar expresa o implícitamente. Ferrer v. Corte, 60 D.P.R. 624 (1942). La moción invocando este término debe presentarse al momento de hacer alegación de no culpable o antes de alegar, según dispone la Regla 63 de Procedimiento Criminal; y debe ser formulada por escrito y firmada por el acusado o su abogado conforme lo exige la Regla 65. En el caso de autos el apelante hizo caso omiso de estos requisitos. La moción se hizo verbalmente, el mismo día del juicio y cerca de dos años y medio después del acto de lectura de la acusación. Ello es motivo más que suficiente para denegarla como correctamente la denegó el tribunal de instancia. Pero es que, además, el récord revela hasta la saciedad que el apelante renunció expresa e implícitamente su derecho a un juicio rápido. Las múltiples suspensiones que provocó el apelante, tanto para la celebración de la vista preliminar como para vista del juicio constituyen justa causa para la demora habida. Véase a manera de ilustración las varias mociones del apelante solicitando la inhibición del juez instructor, la moción del 23 de julio de 1969 para que se dejara sin efecto la determinación de causa probable, la suspensión del señalamiento de la segunda vista preliminar del 11 de agosto de 1969 por enfermedad del apelante, la renuncia expresa del apelante a juicio rápido el día de la lectura de la acusación (Minuta de 29 de octubre de 1969, pág. 6, Autos), la suspensión del señalamiento del 25 de junio de 1970 por no estar preparado el apelante, la suspensión del 18 de noviembre de 1970 provocada por un recurso de certio-rari instado por el apelante y denegado por este Tribunal, la suspensión del 9 de diciembre de 1970 por enfermedad del abogado del apelante, la suspensión del 6 de abril de 1971 por haber acudido el apelante a la Corte Federal y, final-mente, la suspensión del 7 de abril de 1972 en la cual el apelante expresó no estar preparado para juicio.

Tampoco tiene razón el planteamiento del apelante impugnando la validez de la determinación de causa probable. Su planteamiento ante el tribunal de instancia fue tardío ya que se formuló verbalmente el mismo día del juicio. Cf. Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720 (1963).

Martínez Cortés v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970), no es de aplicación al caso de autos. En dicho caso resolvimos que una determinación válida de causa probable requería presentar testigos con conocimiento personal de los elementos esenciales del delito imputado. La determinación de causa probable goza, como toda determinación judicial, de la presunción legal de corrección. Art. 464, Cod. Enj. Civil, 32 L.P.R.A. see. 1887. Tal presunción puede ser atacada por el acusado presentando prueba en contrario para destruir su carácter de presunta verdad. Para ello es necesario probar la existencia de errores fundamentales como se hizo en Martínez Cortés. Una vez controvertida la presunción el Ministerio Público viene obligado a establecer su validez mediante la preponderancia de su propia prueba. Ese es el alcance de lo resuelto en Martínez Cortés v. Tribunal Superior, supra. En el caso de autos nada se adujo ante el tribunal de instancia que diera base para controvertir la presunción, siendo tardía la moción de desestimación presentada el mismo día del juicio.

Se deja sin efecto la expedición del auto y se devuelve el caso para que se continúen los procedimientos.


text:
      In re Víctor A. Coll, querellado.
    Número: O-72-339

      Resuelto: 6 de noviembre de 1973

      J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Roberto Armstrong, Jr., y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Pro-curadores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Benicio Sánchez Castaño y Benicio Sánchez Rivera, abogados del querellado.
   per curiam :

Contra el abogado Víctor A. Coll se formuló por el Procurador General querella de desaforo basada en cuatro cargos, a saber: 1º, que abandonó la defensa de Amé-rico Ríos y esposa en un pleito de daños y perjuicios, y en su lugar autorizó un pagaré de $5,000 con garantía hipotecaria sobre la casa vivienda de dichos demandados para burlar la reclamación del demandante Laborde; 2º, que no inscribió dicha obligación hipotecaria en el Registro de la Propiedad y a pesar de ello, falsamente alegó ante el tribunal en la etapa de ejecución de sentencia del pleito de daños y perjui-cios, que dicho crédito tenía prelación al embargo del deman-dante Laborde; 3º, que no informó a los demandados Américo Ríos y esposa de cuál era su posición y el curso del pleito, resultando en una sentencia en rebeldía contra dichos deman-dados; y 4º, que vendida en subasta pública la casa de dichos demandados el comprador de apellido Quiñones instó acción de desahucio contra los esposos Ríos para entrar en posesión del inmueble, y el querellado tampoco los defendió en este segundo caso que terminó con orden de desalojo contra los demandados.

Designado el Juez Superior .Sr. Agustín Mangual Her-nández, Comisionado Especial, celebró vistas en que recibió la evidencia ofrecida por las partes y sometió sus conclusiones a este Tribunal.

El informe del Comisionado Especial, ajustado en sus con-clusiones a la evidencia oral y documental admitida, resulta en gran medida exonerante del querellado. La prueba estable-ció que dicho abogado en ningún momento aceptó la represen-tación legal de los demandados esposos Ríos en el caso de daños y perjuicios, y que ante la imposibilidad de atenderlos los refirió a otro abogado a cuya oficina nunca comparecieron aquéllos; que el pagaré hipotecario por él preparado, y sus-crito por los esposos demandados, no tuvo el propósito de defraudar al demandante creando un gravamen ficticio sobre la vivienda de dichos deudores, sino el de garantizar un préstamo anterior por ellos tomado del Dr. Luis Ramos Gon-zález y que éste encargó al propio deudor Ríos de presentar la hipoteca en el Registro de la Propiedad dándole dinero para cubrir los derechos, ignorando el abogado querellado que Ríos, un ebrio habitual, jamás había llevado los documentos al Registro; que el querellado intentó transigir la acción de desahucio con el abogado del adquirente en subasta quien mostró buena actitud y sugirió que el demandado Ríos fuera a verle pero éste se personó a su bufete borracho e insultando por lo que el abogado tuvo que expulsarlo, y entendiendo el querellado que Ríos ninguna defensa tenía en la acción de desahucio y en vista de su conducta enervando la transacción consideró inútil asistir a la vista del caso en su fondo.

Consideramos que en este aspecto faltó el querellado a su deber para con el tribunal y con su cliente. Es deber del abogado comparecer personalmente, o por escrito cuando las circunstancias lo permitan, en todo acto, incidente o vista relacionado con el caso de su cliente, Su presencia en corte es el método insustituible de defensa de su cliente, por lo que a pesar de lo desesperanzado del caso debe rendir hasta el final la obligación libremente asumida de proteger los inte-reses a él confiados. Sólo quedará relevado de esta obligación cuando discrepancias irreconciliables de criterio con el cliente relativas a la defensa del caso, o insalvable conflicto personal o fricción entre el cliente y el abogado justifiquen la renuncia de éste ante el tribunal para que le sustituya otro abogado. La indefensión de una parte en un procedimiento judicial es la negación extrema del debido proceso de ley. Incumplió el querellado con su deber al tomar la decisión de no asistir al juicio de desahucio por estimarlo fútil, y su conducta conlleva la reprobación y censura de este Tribunal, sin que haya nece-sidad de mayor acción disciplinaria en vista de que la incom-parecencia del abogado no agravó apreciablemente la situa-ción de los demandados quienes habían rehusado defenderse en la acción principal de daños y perjuicios en la cual se subastó y adjudicó la casa, utilizándose el desahucio como procedimiento colateral haciendo las veces de auto de posesión.

El Tribunal desestima la querella en lo que respecta a todos los demás cargos.

El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio no intervino.

        Canon 18 de Etica Profesional

      “Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligente-mente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.”


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Oscar Cruz, acusado y apelante.
    Número: CR-73-8
    Resuelto: 12 de noviembre de 1973

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1973

Contra el apelante se ventilaron por tribunal de derecho, previa renuncia a juicio por jurado, nueve cargos por pose-sión, transportación y venta de heroína, seis de ellos origina-dos en la actuación del agente de la policía Herrera quien compró dicha droga al acusado en dos ocasiones, el 5 de abril y el 22 de mayo de 1968 y los otros tres cargos producto de la labor encubierta del agente de Rentas Internas José Mojica a quien el apelante vendió heroína el 24 de mayo de 1968. Sentenciado a penas concurrentes de 5 a 12 años de presidio. en cada cargo, funda su recurso de apelación en dos señala-mientos de error: (1) que no se le conectó con los decks ocupa-dos el 22 de mayo de 1968 por ser insuficientes las marcas de identificación puestas en el laboratorio donde se analizó la substancia; y (2) insuficiencia de prueba para sostener la convicción en los cargos de 24 de mayo (acusación de 30 de julio). No cuestiona el apelante su convicción y sentencia por los tres cargos derivados de la venta de 12 decks consumada el 5 de abril.

(1) No se produjo la posible confusión de los tres decks comprados por el agente Herrera al apelante el 22 de mayo y otros tres decks adquiridos por el mismo agente el mismo día de José Ocasio, todos los cuales le fueron entregados al químico Vázquez para análisis, ya que el análisis se hizo el propio día de las transacciones en presencia del agente de la policía quien diferenció unos de otros por los colores de la envoltura: los del apelante blanco rayado, y los de Ocasio verde claro. Aun aceptando que las marcas de identificación puestas por el químico en las envolturas no fueron lo suficientemente explícitas, la identificación por el agente de la policía en cuya inmediata presencia se analizaron las muestras excluye la posibilidad de que se imputara al apelante heroína ocupada a otro.

(2) El 24 de mayo el agente de Rentas Internas Mojica actuando como encubierto, solicitó del apelante le vendiera heroína y éste convino en proveerle 12 decks por $32, precio que recibió en dinero del agente comprador. El acusado, que aparentemente no tenía la droga sobre su persona, le dijo al agente que esperara en lo que buscaba el material, se unió a un tal Papo Alvarez quien ese mismo día había vendido heroína al agente de Rentas Internas, y se retiraron ambos del lugar, regresando Alvarez solo a entregar los 12 decks al agente encubierto.

La prueba no revela el convenio entre el apelante y Alvarez que indujo a éste a entregar la droga pagada al pri-mero. Pudo el apelante haber utilizado a Alvarez como man-dadero para que entregara la heroína que el primero guardaba o careciendo de la mercancía en ese momento pudo haberle comprado y pagado los 12 decks a Alvarez con la encomienda de que éste pusiera la heroína en manos del agente compra-dor. No estamos frente al caso de la posesión breve o tempo-rera correctamente sancionada en Pueblo v. Pellot Pérez, 92 D.P.R. 812, 814 (1965). La evidencia circunstancial no permite inferir, y la directa no establece, que aparte de reali-zar un acto de venta, incurriera también el apelante en los delitos de posesión y transportación de la referida droga.

Se absuelve al apelante de los cargos por posesión y dominio; y ocultación y transportación de heroína correspon-dientes al 24 de mayo de 1968, y se confirman las sentencias apeladas dictadas el 13 de diciembre de 1968 por la Sala de San Juan del Tribunal Superior, en todos los demás cargos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Asociado Señor Martín emitió voto disi-dente en parte.

(Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario

Voto disidente en parte del Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 12 de noviembre de 1973

Estoy conforme con la confirmación que hoy hacemos de las sentencias dictadas contra el apelante el 13 de diciembre de 1968 por el tribunal de instancia. Pero, no estoy conforme con la absolución del apelante en cuanto a los tres cargos por posesión y dominio, y ocultación y transportación de heroína correspondientes al 24 de mayo de 1968 en relación con la transacción entre el apelante y el agente de Rentas Internas José Mojica.

Aunque no hay prueba directa para demostrar que el apelante tuviese la posesión física de la droga, puede inferirse que el apelante y el que entregó la droga tenían una posesión conjunta y por tanto el control de la misma. Ya hemos dicho reiteradamente que no es necesario tener la tenencia física para estar incurso en los delitos castigados por la Ley de Narcóticos. La posesión puede ser inmediata o constructiva. El acusado tiene la posesión constructiva cuando mantiene el control o el derecho al control del contrabando. Pueblo v. Cruz Rosado, 97 D.P.R. 513 (1969). El apelante en este caso hizo la venta al agente, recibió el pago en dinero, se retiró para buscar el material, y luego apareció un tercero a hacer entrega de la droga al agente. Es inescapable que la entrega se hacía por instrucciones del apelante, quien conforme a la prueba, tenía interés en la venta. El apelante tenía la droga “en su poder” que es lo mismo que decir que tenía el poder de controlar su disposición. No podemos sustraernos ante la ingenuidad de creer que el apelante, quien había recibido el pago con antelación a la entrega, no tenía relación alguna con la determinación de la entrega de la droga. Concluyo pues que éste ejercía el control inmediato o constructivo de la droga. En el caso de Pueblo v. Pellot Pérez, 92 D.P.R. 812 (1965) hicimos una distinción entre la “posesión civil” contenida en el Código Civil y la posesión requerida bajo la Ley de Narcóticos. 24 L.P.R.A. see. 742. Allí dijimos que la posesión civil consiste en la tenencia de una cosa por una persona, unida a la intención de haberla como suya. Pueblo v. Pellot Pérez, supra, pág. 815. Dijimos además que la intención de la Ley de Narcóticos era el de proteger la salud, la moral y la segu-ridad pública y no el de reglamentar la propiedad y las diversas maneras de poseer una cosa. No caben, pues, en la interpretación del término posesión bajo la Ley de Narcóticos, las sutilezas técnicas del Código Civil. Se trata sencillamente de una inferencia razonable que de los hechos probados hace en su discernimiento el juez sin que al efecto medie mandato expreso de la ley. Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1882. Véase Pueblo v. Rodriguez, 91 D.P.R. 157, 161 (1964). En vista de lo anterior, yo confirmaría la sentencia en cuanto a los tres cargos por posesión y dominio y ocultación y transpor-tación de heroína correspondientes al 24 de mayo de 1968.


text:
    Juan Antonio Román Mayol, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Relaciones de Familia, San Juan, Hon. Luis A. Juan, Juez, demandado.
    Número: O-73-128
    Resuelto: 13 de noviembre de 1973

      César R. Vázquez Díaz y Luis R. Montañez Aviles, abogados del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Al reconocer el carácter personalísimo e individual de la pensión de retiro percibida con posterioridad al divorcio, que la excluye del caudal de la sociedad de gananciales sujeto a liquidación, este Tribunal se expresó así:

“Queda incólume en el caso de autos el derecho a alimentos de la interventora provisto por el Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 385. En la determinación de este derecho, claro está, se puede tomar en consideración el monto de la pensión del recurrente.

Queda por resolver si ese derecho a alimentos de la esposa, divorciada puede hacerse efectivo contra la pensión por incapacidad de un ex-empleado federal. El recurrente, un anterior empleado federal así pensionado, invoca el carácter exento de su pensión basándose en la See. 8346 del Título 5 del Código Anotado de los Estados Unidos (5 U.S.C.A. see. 8346) que transcrita literalmente dice:

“ (a) Los dineros mencionados en este subcapítulo no pueden ser cedidos, ni en ley ni en equidad, ni estarán sujetos a ejecu-ción, imposición, embargo, retención u otro proceso legal' (or other legal process).”

El derecho a alimentos de la mujer divorciada está regu-lado por el Art. 109 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 385). Cf. Suria vi Fernández Negrón, 101 D.P.R. 316 (1973). La deuda alimenticia se funda en el derecho a la vida. Recae como deber moral de asistencia sobre todos los miembros de la sociedad, y como obligación jurídica en el marco más res-tringido de la familia. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, ed. 1970, Tomo IV 2o, pág. 334. Con base en el derecho a la vida la considera Tedeschi; y Sánchez Román coincide estimando la prestación alimenticia como fundamento esencial de la existencia pues sólo preservando ésta podrá el hombre cumplir su destino ético. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, ed. 1966, Tomo 5, Yol. II, págs. 254-5. Condensa esta realidad reconocida en la legislación universal, el enci-clopedista Arrazola citado en Manresa, Comentarios al Código Civil Español, ed. 1956, Tomo I, págs. 782-3 cuando dice:

“ ‘El ser humano, que viene a la vida con el destino que le señale su propia naturaleza, tiene un derecho a la existencia y al desarrollo de la misma según sus facultades; es decir, tiene un derecho absoluto a su conservación. En la organización actual de la familia y de la sociedad se halla impuesta, primero a los parientes y después al Estado, la obligación de proveer a dicha necesidad; y cada uno en su caso está en el deber de procurar al que por sí no podría cumplir dicho fin, los medios necesarios para su conservación y desarrollo: deber altamente social, que no depende de la voluntad del que le tiene, sino que se impone a todos como una de las condiciones necesarias de la vida pro-gresiva de la humanidad.’ ”

Obligación de tan alto relieve no puede estar comprendida por implicación en la frase “otro proceso legal” de 5 U.S.C.A. see. 8346 citada. Esta exención se refiere a obligaciones corrientes originadas en la contratación privada que pueden dar lugar a embargo, ejecución, o secuestro. La obligación alimenticia no se asemeja a ninguna de éstas; su alto fin social y humanitario y su calidad moral no permiten equipararla a una deuda de colmado, de mecánico o mueblería. Una ley de exención que sirva de escudo al incumplimiento de la obligación alimenticia sería contraria a la moral y al orden público, pues el Estado tiene tanto interés en el bienestar del jubilado como en la preservación de la vida de.sus dependientes o alimentistas.

Este es el criterio casi unánime de las cortes norte-ameri-canas que en algunos casos han tratado la exención como una mera conveniencia administrativa en el pago de pensiones, que libera la oficina de pagaduría de una contabilidad extensa y aparte de cuanto embargo, retención o ejecución afecte la pensión,

Las cláusulas genéricas de una ley deben limitarse en su aplicación para producir una interpretación sensata que excluya la injusticia, la opresión o el absurdo. Church of the Holy Trinity v. United States, 143 U.S. 457; 36 L.Ed. 226. Debe evitarse una interpretación que ocasione grandes inconveniencias o inequidad, prefiriéndose otra que sea más razonable y justa. Bloomer v. McQuewan, 14 How. 539; 14 L.Ed. 532; Knowlton v. Moore, 178 U.S. 41; 44 L.Ed. 969. Esta norma de interpretación, fundada en la política pública, es la aplicable no solo a la exención concedida a pensiones de empleados federales, sino también a las de veteranos, cuyo texto es más extremoso. (38 U.S.C.A. see. 3101). Siguiendo esa línea se ha resuelto que una ley no debe interpretarse arbitrariamente sino en forma que propicie el sentido y significado razonable deducible de su contenido; qué el vocablo “alimentos” comprende el sostenimiento o ayuda que un marido separado o divorciado deberá proveer a su anterior o actual cónyuge, que por su propia naturaleza no está incluido en la cláusula de exensión del estatuto dirigida a liberar la pensión que es el medio de vida del pensionado y su familia de reclamaciones de terceras personas. Fischer v. Fischer, 13 N.J. 162; 98 A.2d 568 (1953); Gerold v. Gerold, Or. 488 P.2d 294 (1971).

Vemos la pensión de retiro, no como una donación, sino como una retribución final y bien ganada por el empleado público que honrando una vocación de servicio, que en muchas ocasiones conlleva sacrificio y renuncia de bienes materiales, dedica los años fructíferos de su vida al bien común. Tiene el propósito de proveer un ingreso mínimo de subsistencia al jubilado. De ahí que al afectar una pensión de retiro al pago de pensión alimenticia deberá tomarse en cuenta el estado económico general del obligado. Esa es la connotación de la frase “podrá asignarle alimentos discrecionales” del citado Art. 109 del Código Civil. Habrá ocasiones extremas en que el modesto pago de retiro o incapacidad mermado por las fuerzas económicas inflacionarias o por erogaciones indispensables e imprevistas anulen la capacidad del obligado para desprenderse de parte de su pensión, requiriendo el caso una exoneración. Cf. Molinari v. López Acosta, 20 D.P.R. 510 (1914); Puigdollers v. Monroig, 14 D.P.R. 782 (1908); Quiñones v. Corte, 54 D.P.R. 189 (1939). La sana discreción del juez habrá de dirigirlo hacia la más justa y equitativa decisión.

El recurrente no ha elevado la transcripción de la evidencia oral ni por ningún otro medio ha puesto a este Tribunal en condiciones de intervenir con la discreción del juez sentenciador que fijó la pensión alimenticia en $100.00 mensuales.

Se anulará el auto expedido y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la continuación de procedimientos consistentes con esta opinión.

      E1 Art. 109 del Código Civil provee:
      ‘Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discre-cionales ¡de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimenticia de la cuarta parte de los ingresos, rentas o sueldos percibidos.’ ” Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370, 378, (1972).

       La exención nunca se concibió como una ayuda a esposos evasores de su responsabilidad y sí tuvo el propósito de relevar a las autoridades federales, administradoras del fondo, de la molestia de embargos de pensiones en su poder. Commonwealth v. Berfield, Pa., 51 A.2d 523 (1947).