text:
      In re Sergio Peña Clos.

      Número: MC-88-57

      Resuelto: 29 de marzo de 1994

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La Oficina del Procurador General acudió ante este Tribunal, mediante Informe de 29 de agosto de 1988, en el cual nos indicó que en 1987, mientras se investigaba la conducta profesional de un abogado, salieron a relucir hechos que, de ser ciertos, pudieran dar base a radicar una querella por conducta profesional contra el Ledo. Sergio Peña Clos y el entonces Juez José Villares Rodríguez; y que, ante estas alegaciones, la Oficina del Procurador General había comenzado una investigación contra estos dos (2) miembros del foro.

La investigación del Procurador General reveló que: el 31 de mayo de 1961, el Ledo. Sergio Peña Clos presentó demanda de divorcio, por la causal de trato cruel, en repre-sentación del Sr. Salvador Guzmán Toro contra la Sra. Nilda Iris Rivera ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas (Civil Núm. 61-1076). Este caso fue posteriormente trasladado a la Sala de San Juan, a solicitud de la demandada, mediante Orden de 21 de junio de 1961, en la que se le asignó un nuevo número (Civil Núm. 61-5521). El 28 de febrero de 1963, mediante sentencia, este caso fue archi-vado por inactividad.

El 29 de diciembre de 1961, el licenciado Peña Clos pre-sentó nuevamente demanda de divorcio, por la causal de abandono, pero esta vez en representación de la Sra. Nilda Iris Rivera contra el Sr. Salvador Guzmán Toro ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas (Civil Núm. 61-2910), la cual fue contestada ese mismo día por el demandado Guz-mán Toro, quien compareció, por derecho propio, allanán-dose éste a que se dictara sentencia. Ese mismo día, el entonces Juez José Villares Rodríguez señaló vista y dictó sentencia de divorcio. Del expediente del caso, no surge que se celebrara la “vista de conciliación”, la cual es man-datoria cuando la causal de divorcio es “el abandono” y las partes han procreado hijos menores de edad en el matrimonio. Tampoco surge del expediente que se notifi-cara de la sentencia emitida a la señora Rivera.

La investigación, además, señaló que ante el licenciado Peña Clos, en su capacidad de notario, se otorgaron las escrituras de compraventa Núms. 3 y 4 de 26 y 28 de fe-brero de 1967, respectivamente. En ambas comparecie-ron el Sr. Salvador Guzmán y la Sra. Nilda Iris Rivera, haciéndose constar en las mismas que eran casados entre sí, cuando en realidad no lo eran.

Surge del Informe del Procurador General que la Sra. Nilda Iris Rivera sostuvo que nunca había requerido los servicios del licenciado Peña Clos para que la representara en la segunda demanda de divorcio (Civil Núm. 61-2910), en la cual éste alegadamente la representó. Alegó, ade-más, que nunca estuvo en el tribunal en dicho pleito, que nunca fue notificada del mismo y que nunca ha estado fí-sicamente en un tribunal, como parte de un caso de divor-cio antes de 1976.

Ante estas imputaciones, el licenciado Peña Clos —a re-querimiento del Procurador General— respondió que era totalmente falso y carente de veracidad lo expresado por la señora Rivera a los efectos de que nunca requirió de éste sus servicios, de que jamás estuvo en el tribunal en dicho pleito, de que tampoco fue notificada de la sentencia emi-tida y de que nunca estuvo físicamente en un tribunal en un caso de divorcio antes de 1976. Alegó el licenciado Peña Clos, en adición, que radicó el segundo caso de divor-cio a petición de la señora Rivera; que ésta se lo solicitó como abogado amigo y conocedor del trasfondo conyugal e informo que aceptó la encomienda con la intención de “tra-tar de propiciar el que dos personas amigas pudieran re-flexionar, por separado, sobre su propias y particulares vidas”. Informe, pág. 6. Con relación a las Escrituras Núms. 3 y 4, antes mencionadas, en la que el señor Guz-mán y la señora Rivera figuran como casados, cuando no lo estaban, alegó que “eso fue lo que me informaron dichos comparecientes en ocasión de personarse ante m[í] para la otorgación de las referidas escrituras”; expresa que no obs-tante el procedimiento de divorcio en el que intervino, no tenía motivos para dudar de la palabra y afirmación de éstos, años después del referido divorcio. (Enfasis suprimido.) Informe, pág. 7. El asumió que éstos se habían casado nuevamente, máxime cuando los veía juntos con mucha frecuencia.

Por su parte, el ex Juez Villares Rodríguez, Q.E.P.D., declaró que en el caso de divorcio ante él, compareció la demandada, señora Rivera, a la vista de conciliación y a la de divorcio. Añadió que ésto podía ser verificado en los autos del caso. Sostuvo, además, que él conocía personal-mente al señor Guzmán y a la señora Rivera por adminis-trar éstos un negocio en los bajos del tribunal. Tanto la versión del licenciado Peña Clos, como la del ex Juez Villa-res Rodríguez fueron confirmadas por el señor Guzmán Toro. Ante estos hechos y luego de determinar que exis-tían contradicciones insalvables entre las versiones ofreci-das, el Procurador General concluyó:

... en el descargo de nuestra responsabilidad no podemos sos-layar el hecho, a la luz de las declaraciones juradas prestadas a esta oficina por la Sra. Nilda Iris Rivera, de ser estas ciertas, que el licenciado Sergio Peña Clos habría incurrido en conducta reñida con los cánones de ética de la profesión legal, concreta-mente en su preámbulo y en los cánones 21, 35 y 38. Así mismo, es imperativo destacar que el licenciado Sergio Peña Clos ha-bría incurrido en infracciones a la Fé Pública al otorgar unas escrituras allá para el 26 y el 28 de febrero, haciendo constar que para esa fecha el Sr. Salvador Guzmán Toro y la Sra. Nilda Iris Rivera estaban casados. (Énfasis suplido.) Informe, pág. 9.

El 27 de octubre de 1988, luego de analizar el informe de la Oficina del Procurador General y los documentos acompañados como anejos, este Tribunal determinó que ha-cía falta ampliar la investigación, por lo que se remitió nuevamente el asunto a la Oficina del Procurador General; le instruimos que:

... deberá, entre otras cosas, tomar declaraciones juradas al ta-quígrafo y demás funcionarios del tribunal de instancia que estuvieron presentes o intervinieron en la vista del caso de divorcio 61-2910 o cualquier incidente relacionado con el mismo; examinar los documentos oficiales del tribunal donde obran constancias sobre dicha vista; investigar todo lo relacionado con el hecho de si Doña Nilda Rivera trabajaba o asistía a menudo, para la época en que ocurrieron los hechos, a la cafetería que existía en el primer piso del edificio que albergaba el tribunal; investigar con personas que conocían a Doña Nilda Rivera y al señor Salvador Guzmán sobre si a éstos se consideraban entre sus amistades como casados para la época en cuestión; y aus-cultar cualquier otra cosa que pudiera arrojar luz sobre este asunto y sobre la veracidad de las declaraciones juradas clara-mente contradictorias que forman parte del expediente investigativo. (Énfasis suplido.) Resolución de 27 de octubre de 1988.

El 3 de enero de 1990, el Procurador General acudió ante este Tribunal informando que se habían examinado las copias de los documentos del Caso Núm. CS-61-2910, Nilda Iris Rivera v. Salvador Guzmán Toro; y que del mismo se desprendía que la demanda de divorcio, fue presentada, contestada y resuelta, todo en el transcurso del día 29 de diciembre de 1961. Señaló además:

Habida cuenta de que, el caso en cuestión se remonta a hace ya casi treinta años; y añadido el hecho de que de haberse ce-lebrado la vista, esta no ha debido llamar la atención, por cuanto trataríase de una acción de divorcio sin más particula-ridades, estimamos que sería bastante difícil encontrar algún funcionario del tribunal que recordara las particularidades del caso de autos. (Énfasis suplido.) Moción informativa, pág. 2.

En cuanto a la alegación de la señora Rivera —a los efectos de que ella nunca autorizó al licenciado Peña Clos a representarla, como abogado, en la segunda demanda de divorcio que éste radicara ante la Sala de Caguas del Tribunal Superior de Puerto Rico, acción de divorcio que se celebró ante el Juez Villares Rodríguez, y de que ella nunca compareció ante dicho tribunal en relación con esa ac-ción— cabe señalar que la prueba que pudo recopilar la Oficina del Procurador General fue una sumamente con-fusa y contradictoria. Ello fue precisamente la razón para que este Tribunal ordenara una ampliación de la investi-gación de la queja, la cual investigación posterior no rindió fruto alguno. Tenemos, de un lado, la versión del licenciado Peña Clos, la cual fue totalmente confirmada por el Juez Villares Rodríguez y el señor Salvador Guzmán, y por otro lado, la versión de la señora Rivera. Ante esta situación, y en vista de la imposibilidad de corroborar, mediante prueba documental fehaciente, alguna de dichas dos ver-siones completamente opuestas, somos del criterio que se-ría estéril ordenar la radicación de una querella formal, con la celebración de vista ante un comisionado y el corres-pondiente informe al Tribunal.

Ahora bien, de los hechos narrados podemos inferir, como cierto e incuestionable, el hecho de que el licenciado Peña Clos representó a la señora Nilda Iris Rivera en un caso de divorcio contra el Sr. Salvador Guzmán, cuando anteriormente, y en relación con una demanda de divorcio entre las mismas partes que fue archivada por inactividad, representó al señor Guzmán. Surge como hecho cierto y probado, además, que el licenciado Peña Clos otorgó dos (2) escrituras como notario en la que dio fe del hecho que éstos —señor Guzmán y la señora Rivera— estaban casados, cuando la realidad era que no lo estaban; hechos que con-travienen los Cánones 21 y 35 del Código de Ética Profe-sional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Veamos.

El Canon 21, ante, en su segundo y tercer párrafo, dis-pone:

No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que pue-dan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así ló aprueban. Será alta-mente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. (Énfasis suplido.)

Nos encontramos en el caso de autos, con un problema ético de representación sucesiva en cual el licenciado Peña Clos representó a la señora Rivera, cuando previamente había comparecido como abogado del señor Guzmán en una demanda de divorcio anteriormente radicada. Véase In re Orlando Roura, 119 D.P.R. 1 (1987). Al ser los dos (2) casos sobre la misma materia, divorcio, y entre las mismas partes, el licenciado Peña Clos tenía, o debió tener conoci-miento, de las confidencias de ambas partes en relación a este asunto, exponiendo a uno de ellos —en este caso al señor Guzmán— a perjudicarse por la anterior relación profesional con este abogado.

Ante una situación muy parecida, en In re Orlando Roura, ante, pág. 6, expresamos que el peligro de la representación sucesiva es que “[e]l principio de confidencialidad se ve conculcado de admitirse tal representación, aun concluida la relación profesional”. Véanse: In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984); In re Guzmán, 80 D.P.R. 713 (1958). En In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, ante, pág. 789, expresamos además que: “[el Canon 21 de Ética aspira a] prevenir cualquier tipo de dilución a la fidelidad que debe [un abogado] a su cliente.”

La acción del licenciado Peña Clos contraviene, además, aunque sea en apariencia, lo dispuesto por el Código de Ética Profesional, en lo referente a que “[l]a relación de abogado y cliente debe fundamentarse en la absoluta confianza. ... todo miembro del foro legal le debe a sus clientes ... la más devota lealtad y la más completa honradez”. Deberes del abogado para con sus clientes, Criterio general, Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX. En casos donde se representan clientes en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior, el abogado no puede aducir como justifica-ción para evadir el conflicto que no habrá de utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste, pues el abogado “debe evitar hasta la apariencia de con-ducta profesional impropia”. Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véase In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486 (1981).

La conducta del licenciado Peña Clos, al radicar la segunda demanda de divorcio en representación de la señora Rivera el 29 de diciembre de 1961 contravino, además, el Canon 35 del Código de Ética Profesional, ante, el cual dispone que:

La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean incon-sistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador á error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar affidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o faci-litar la desaparición de evidencia testifical en un caso es tam-bién altamente reprochable.

La conducta de todo abogado ante los tribunales debe ser una caracterizada por sinceridad y honradez y, cierta-mente, no actúa profesionalmente el abogado que no se ajusta a la sinceridad de los hechos al presentar las causas. Véase In re González, 92 D.P.R. 544 (1965). En el caso de autos, el licenciado Peña Clos presentó la segunda de-manda de divorcio (61-2910) siete (7) meses después de radicarse la primera (61-1076). Surge del informe que el Caso Núm. 61-1076 fue desestimado por inactividad en fe-brero de 1963, es decir, cuando se radicó la segunda de-manda de divorcio, el primer caso todavía estaba pendiente de resolverse. En ambos casos, el. licenciado Peña Clos era abogado de una de las partes, por lo que éste debía tener conocimiento de tal situación; su acción indujo al tribunal a error, constituyendo ésta una conducta impropia y con-traria al citado Canon 35. In re González, ante.

En In re Sánchez Rodríguez, 123 D.P.R. 876 (1989), expresamos que los abogados deben desempeñar su función con el mayor grado de competencia, responsabilidad e integridad; la buena marcha del proceso judicial del País es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal. Era deber del licenciado Peña Clos informar al Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, de la radicación del anterior caso de divorcio, el cual todavía estaba pendiente de resolución.

I — I I — I

Tenemos, en adición, el hecho de que el licenciado Peña Clos consignó en dos (2) escrituras, que otorgó como nota-rio, que el señor Guzmán y la señora Rivera estaban casa-dos entre sí, cuando en realidad no lo estaban. Ello, natu-ralmente, constituye conducta impropia al amparo de las disposiciones del citado Canon 35 y de la Ley Notarial de Puerto Rico vigente al momento de los hechos.

Reiteradamente este Tribunal ha expresado que el notario es el custodio de la fe pública; ésta, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental. In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987). Faltar a la veracidad de los hechos es una de las faltas más graves que puede cometer un notario, ya que la certificación de un hecho falso constituye un acto detrimental de la fe pública. In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978); In re Cruz Tollinche, 105 D.P.R. 500 (1976); P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988.

Es deber del notario que autoriza el otorgamiento de una escritura hacer las averiguaciones mínimas que requieren las normas más elementales de la profesión. In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987). En In re Cruz Disdier, 70 D.P.R. 453, 455-457 (1949), resolvimos que son actos de negligencia crasa en el ejercicio de la profesión de abogado redactar escrituras haciendo constar que la compradora y la vendedora eran solteras cuando el notario conocía que eran casadas.

Como anteriormente expresáramos, alega el licenciado Peña Clos que los comparecientes le informaron que esta-ban casados. Somos del criterio que el licenciado Peña Clos tenía el deber de indagar más sobre el estado civil de los comparecientes, ya que debió tener duda sobre la veraci-dad de lo alegadamente expresado por los comparecientes; ello en vista del hecho de que él los había divorciado seis (6) años antes.

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En resumen, somos del criterio que el licenciado Peña Clos definitivamente no actuó conforme a lo preceptuado por los Cánones 21 y 35 del Código de Ética Profesional, ante. Ello, de ordinario, conlleva la imposición de severas sanciones al abogado y notario que así actúa. Ahora bien, en vista de que los hechos del caso de epígrafe fueron co-metidos hace aproximadamente treinta (30) años cuando eran escasos los precedentes jurisprudenciales relativos a los planteamientos éticos aquí envueltos —no teniendo dicho abogado, por ende, el beneficio de nuestros pronuncia-mientos al efecto y guías precisas prospectivas, In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986)— y en vista del hecho de que no ha quedado demostrado que persona alguna resul-tara perjudicada por la actuación del abogado ni que éste se lucrara de manera especial por la misma, entendemos procedente únicamente, como sanción, censurar al licen-ciado Peña Clos por su actuación. Confiamos, y esperamos, que esta experiencia le ayude a mantener en el futuro una conducta profesional dentro de los límites de la pulcritud que se espera de los abogados que practican la misma; apercibiéndolo de que en el futuro deberá dar fiel cumpli-miento a los postulados que emanan de los cánones de ética profesional que rigen la profesión de abogado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Ledo. Juan Ares Velázquez. El Procurador General, luego de investigar esta queja, archivó administrativamente la misma.

       El Procurador General, Ledo. Rafael Ortiz Carrión, nos había solicitado pre-viamente el 12 de junio de 1988, mediante comparecencia especial, que lo relevaran a él y a su oficina de esta investigación por entender que podía surgir, aunque en apariencia, un conflicto de intereses o de parcialidad por haber servido éste como asesor del Presidente del Senado y de la Comisión de lo Jurídico del Senado a través del Bufete Ramírez y Ramírez, mientras el licenciado Peña Clos era Vicepresidente de este Cuerpo y miembro ex-oñeio de esta Comisión. El 25 de junio de 1987 releva-mos al Procurador General Ortiz Carríón de dicha investigación pero no así a la oficina que éste dirige. El 7 de julio de 1987, el Procurador General mediante moción solicitó reconsideración de lo acordado por este Tribunal el 25 de junio de 1987; mediante Resolución de 23 de julio de ese mismo año, declaramos no ha lugar a lo solicitado.

       Con relación al ex Juez Villares Rodríguez, el 4 de septiembre de 1990, y estando su caso ante nuestra consideración, recibimos una moción solicitando ar-chivo del mismo, por el fallecimiento del ex Juez Villares Rodríguez. Mediante Reso-lución, de 11 de febrero de 1994, accedimos a lo solicitado.

       En la Escritura Núm. 3, alegadamente el señor Guzmán y la señora Rivera vendieron una casa en Villa Carolina; mediante la Escritura Núm. 4 se adquiría una propiedad en Country Club, Río Piedras. En la última escritura alegadamente no compareció la señora Rivera.

       A la señora Rivera se le tomaron declaraciones juradas los días 12 de agosto y 9 de diciembre de 1987.

       Surge del expediente que el Procurador General se comunicó mediante carta con el licenciado Peña Clos como parte de su investigación los días 13 de agosto y 1ro y 3 de septiembre de 1987.

       En particular, en cuanto a la señora Rivera, el licenciado Peña Clos alega que conocía personalmente a ésta, entre otras cosas, por haber ella trabajado en una cafetería que para aquella época existía en el primer piso del Centro Judicial de Caguas.

       El señor Guzmán prestó declaración jurada el 7 de abril de 1988.

       En relación con la investigación, el informe expresa:
      “En consonancia a lo anterior visitamos el Centro Judicial de Caguas. Allí en-trevistamos a la Sra. Ramonita Cotto, funcionaría que a partir del año 1964 se desempeñaba como Secretaria de Sala del Ex-Juez José Villares.
      “La señora Cotto no pudo arrojar luz sobre los incidentes del caso de autos que datan de 1961, es decir unos años antes de ella trabajar en la Sala del Ex-Juez Villares.
      “Además, nuestra investigación arrojó que el Sr. Plinio Alfaro quien fue Secre-tario de Sala del Ex-Juez Villares allá para 1961 falleció hace cinco (5) años. Que el Sr. Luis Canetti quien se desempeñó para la misma época, como taquígrafo de sala también falleció. Que el Sr. Oscar Muñíz quien fungía como alguacil en la misma sala también falleció.
      “Luego entrevistamos en nuestra oficina al Sr. José Fernández Torres, a la sa-zón director ejecutivo del Centro Judicial de Caguas. Este funcionario nos informó que comenzó a trabajar en el Tribunal Superior, Sala de Caguas, allá para el 18 de noviembre de 1960, no pudo arrojar luz sobre las particularidades del caso de autos. Además, informó no conocer a la Sra. Nilda Rivera.” Moción informativa, págs. 1-2.

       Aunque los hechos alegados fueron incurridos antes de aprobarse los actua-les cánones del Código de Ética Profesional, de 24 de diciembre de 1970, los princi-pios de ellos enunciados eran ya en síntesis contenidos en los anteriores cánones de ética profesional. Véase Cánones de Ética Profesional que regirán la conducta de los abogados de Puerto Rico, 48 D.P.R. X (1935).

       A iguales efectos véase Canon 6 del Código de Ética Profesional de 1935, el cual estaba vigente al momento de los hechos.

       Véase Canon 22 del Código de Ética Profesional de 1935, el cual estaba vigente al momento de los hechos.

       La referida See. 16 de la Ley Notarial de 1957 (4 L.P.R.A. see. 1016 (ed. 1965)) —vigente al momento de los hechos— reza como a continuación:

        “See. 1016. Identidad de las partes

      “Los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conocimiento por el dicho de testigos. También darán fe acerca de la edad, estado, profesión y vecindad de los otorgantes, con rela-ción al dicho de los mismos, y en caso de que fuera casada la persona que aparezca como adquirente del derecho que es objeto del contrato, se expresará el nombre y apellido del cónyuge que no comparezca al otorgamiento. En casos graves y extraor-dinarios en que no sea posible consignar por completo estas circunstancias, expresa-rán cnanto sobre ello les conste de propia ciencia y manifiesten los testigos. El testigo o testigos de conocimiento, deberán ser, en todo caso, personas bien conocidas del notario, y éste deberá dar fe de ello en el documento. En tales casos graves y extraor-dinarios en que a un notario le sea imposible dar fe del conocimiento de los otorgan-tes, ni puedan éstos presentar un testigo o testigos de conocimiento, lo expresará así, designando los documentos que le presentaren como prueba de su nombre, estado y vecindad, y refiriendo además el motivo del caso grave o extraordinario.” (Enfasis suplido.)


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Celestino Vargas Hernández, querellado.

      Número: CP-90-696

      Resuelto: 30 de marzo de 1994

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Miguel A. Santana Bagur, Anabelle Rodríguez, Subprocu-

      radares Generales, Irma Casanova Pelosi e Iván F. Fuster, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Víctor J. Estrella Hernández, abogado del querellado.
   per curiam:

El 6 de febrero de 1990, el Procurador General presentó ante este Tribunal un Informe Sobre Con-ducta Profesional contra el Ledo. Celestino Vargas Hernández. Mediante Resolución del 7 de septiembre de 1990, este Tribunal dispuso que “[v]isto el escrito para mostrar causa presentado por el notario Celestino Vargas Hernández, el Tribunal ordena al Procurador General que proceda a formular querella disciplinaria en su contra”. En cumplimiento de dicha Resolución, la Oficina del Procura-dor General le imputó al Ledo. Celestino Vargas Hernán-dez, mediante Querella a esos efectos radicada el 20 de septiembre de 1990, págs. 1-2, dos cargos, a saber: (1) “El Lie. Celestino Vargas Hernández incurrió en conducta im-propia contraria a las disposiciones de la Ley Notarial vi-gente, Ley de junio 27 de 1956, Núm. 99, Sección 16, en donde se dispone sobre la Fe Pública Notarial”, y (2) “El Ledo. Celestino Vargas Hernández violó las disposiciones del Canon 35 de Ética Profesional específicamente en lo que respecta al tercer párrafo de dicho Canon relativo a la sinceridad y honradez del abogado en sus funciones. ”

Los hechos que configuran las imputaciones antes indi-cadas, según constan en la referida Querella, págs. 2-3, son los siguientes:

CASO I
El Lie. Celestino Vargas Hernández, actuando como notario, autenticó la firma del Sr. Rafael Otero Muñiz, mediante Affidá-vit Núm. 107343 a los efectos de traspasar el vehículo de motor marca Jeep Suzuki del año 1982, número de licencia 2-050834. Aunque la firma es la del otorgante, éste nunca compareció ante dicho notario para otorgar la misma.
CASO II
El Lie. Celestino Vargas Hernández, actuando como notario, autenticó la firma de la Sra. Inés María Arocho Torres, me-diante Affidávit Núm. 107344 a los efectos de traspasar el ve-hículo de motor Toyota Corona del año 1982, número de licencia 2-0967466, aunque la firma es de la otorgante, ésta nunca com-pareció ante dicho notario para otorgar la misma.
CASO III
El Lie. Celestino Vargas Hernández, actuando como notario, autenticó la firma del Sr. Luis González Hernández y el Sr. Rufino Álvarez, mediante Affidavit Núm. 108014 a los efectos de traspasar el vehículo de motor marca Datsun del año 1980, licencia número 2-0620968. Los otorgantes nunca comparecie-ron ante dicho notario para otorgar estas firmas y en el caso del Sr. Rufino Alvarez, la firma no es la de él.
CASO IV
El Lie. Celestino Vargas Hernández, actuando como notario, autenticó la firma de la Sra. Elisa Santiago a los efectos de traspasar el vehículo de motor marca Champ año 1981, licencia número 2-0907755 mediante Affidávit Núm. 107,008. Aunque la firma es la de la otorgante ésta nunca compareció ante dicho notario para otorgar la misma.

El notario querellado —mediante Contestación a Quere-lla radicada ante este Tribunal el 4 de diciembre de 1990— negó la comisión de los hechos alegados en su contra. Adujo que lleva cerca de cuarenta (40) años desempeñándose como abogado y notario público y que durante “todo ese tiempo nunca ha sido objeto de querella alguna con excep-ción a la presente y su función profesional nunca ha cau-sado daño a persona alguna.” (Enfasis suplido.) Contesta-ción a querella, pág. 1. En adición, expuso que, en sus actuaciones como notario, nunca ha realizado gestión frau-dulenta alguna y que nadie resultó perjudicado en los tras-pasos de vehículos a que se refieren los cargos de la Quere-lla en cuestión. El 21 de diciembre de 1990, este Tribunal designó a José M. Aponte Jiménez como Comisionado Especial.

Posteriormente, el querellado estipuló —en conjunción con el Procurador General— la admisión en evidencia de varias declaraciones juradas prestadas en la Fiscalía de Aguadilla por los siguientes testigos: Luis González Her-nández, Inés María Arocho Torres, Ramón Rivera Rosa, Rafael Ángel Otero Muñiz y Elisa Santiago Lamboy. El 12 de diciembre de 1991 se señaló vista —por el Comisio-nado Especial José M. Aponte Jiménez— para escuchar el testimonio no estipulado del Fiscal Auxiliar de Aguadilla, Bernardo Muñiz Arocho, y el de Rufino Álvarez Hernández.

Durante la vista, por estipulación, se admitieron en evi-dencia, ofrecidas por el Procurador General, las declaracio-nes juradas antes mencionadas que confirman los cargos imputados contra el querellado. A su vez, se admitieron, por estipulación, las cuatro (4) licencias con sus traspasos relacionadas con las violaciones a la Ley Notarial de Puerto Rico imputadas al querellado. Luego de la referida vista, el Comisionado Especial concluyó en su Informe, ra-dicado ante este Foro el 2 de enero de 1992, pág. 3, que “[l]as personas cuyo juramento y firmas certificó el notario querellado en los referidos cuatro [(4)] affidavits, contrario a lo que acreditó al autorizarlos, no comparecieron a sus-cribir los traspasos en presencia suya. Ninguno lo conocía. En el caso del señor Rufino Álvarez Lamboy, correspon-diente al affidavit 108,014, aunque la firma que aparece en el traspaso del vehículo no es la suya, autorizó verbal-mente al comprador, Luis González Hernández a firmarlo por él como vendedor”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.)

Estando en condiciones de resolver el asunto ante nues-tra consideración, procedemos a así hacerlo.

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Faltar a la veracidad de los hechos “es ciertamente, una de las faltas más graves que puede cometer el notario. Este es custodio de la fe pública, base esencial de todo el sistema del notariado. La certificación de un hecho falso, constituye un acto destructor de esa fe pública”. P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 61.

En In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987), apuntalamos la importancia que tiene la fe pú-blica notarial en nuestro sistema de justicia; expresamos, entonces, que:

La fe pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compa-reciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental. Cuando se quiebra, todo el sistema se afecta. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986). La responsabilidad del notario es personal, indivisible e indelegable. In re Laboy, 113 D.P.R. 476, 481 (1982); In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976).

“Repetidamente hemos advertido a los notarios de su obligación de cumplir estrictamente con lo preceptuado en la Ley Notarial. Deben ser exigentes y abstenerse de dar fe notarial de declaración jurada si la persona que va a otorgar el documento o la declaración jurada no ha comparecido personalmente.” In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848, 849 (1977). En In re González González, ante, pág. 499, luego de citar y reafirmar las expresiones antes aludidas,, expresamos que:

En los últimos años han aumentado notablemente los miem-bros de la profesión de abogado. Igual ha sucedido con el ejer-cicio de la notaría. Sin que profundicemos en las razones, ello ha conllevado un incremento natural en los casos disciplina-rios, incluso los de infracción a la Ley Notarial.
Reafirmamos nuestro compromiso de velar por y lograr la máxima excelencia en la profesión y función notarial. In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987); In re Pedraza González, 118 D.P.R. 87 (1986); In re Aponte Arche, 117 D.P.R. 837 (1986); In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985). (Énfasis en el original.)

En el reciente caso de In re Rodríguez Gerena I, 132 D.P.R. 693, 697-698 (1993), donde se decretó la sepa-ración permanente del ejercicio de la abogacía y del nota-riado del allí querellado por haber violado la fe pública notarial en casos relacionados al traspaso de vehículos hurtados, mediante firmas falsificadas, expresamos, en lo pertinente, que:

“Sin la fe del conocimiento, sobran los notarios. Por ende, su inobservancia es una falta grave sujeta a estrictas medidas disciplinarias. In re Echevarría González, 116 D.P.R. 423, 424 (1985); In re Félix, 104 D.P.R. 379 (1975). Las violaciones en declaraciones juradas de vehículos de motor no son la excepción. In re Nieves Rivera, [124 D.P.R. 803 (1989)]; In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987).” ... In re Feliciano Crespo, 132 D.P.R. 69, 71 (1992).
Reiteramos una vez más, la importancia suprema e ineludible de que los notarios observen escrupulosa y cuidadosamente el mandato sobre comparecencia y conocimiento de los otorgantes, usando incluso las medidas supletorias de identificación visua-lizadas en la Ley Notarial. Ramírez Lebrón v. Registrador, 131 D.P.R. 76 (1992). Nuestros pronunciamientos van acorde con el Canon 35 [del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX], en lo relativo a la sinceridad y honradez personal y profesional que debe caracterizar la fe notarial en todo negocio jurídico: intereses de profundo contenido social lo exigen. (Énfasis su-plido y en el original.)

III

La Querella ante nuestra consideración presenta una vez más una instancia donde un notario con experiencia incumple con el principio rector de la Ley Notarial de Puerto Rico, a saber, la fe de conocimiento de los otorgantes. Procede que sancionemos al mismo.

Tomando en consideración la vasta obra notarial que ha ejecutado el querellado por más de cuarenta (40) años y su previo historial limpio y el hecho de que nadie en particular se vio afectado por sus actuaciones, entendemos proce-dente suspenderlo, únicamente, del ejercicio de la notaría; ello por el término de un (1) año.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón “disiente por en-tender que la suspensión del ejercicio de la notaría debe ser por dos años en lugar del año decretado”.

       El 31 de agosto de 1950, el Ledo. Celestino Vargas Hernández fue admitido por este Foro al ejereieio de abogacía en Puerto Rico, en la actualidad su nombre se encuentra en el Registro de Abogados. Por su parte, el 15 de septiembre de 1950, le fue expedida la autorización para ejercer la notaría.

       Se estipuló por las partes que la presente Querella surgió como objeto de una investigación criminal sobre hurto de autos a solicitud de la Fiscalía de Aguadilla, remitida a la oficina del Procurador General —a través de la División Criminal del Departamento de Justicia— y que no existe salvo lo anterior, Querellante particular alguno. Véase Estipulación Núm. cuatro (4) del Informe de Conferencia entre Abo-gados radicado el 20 de marzo de 1991 ante el Comisionado Especial.

       La referida Sec. 16 de la Ley Notarial de 1957 (4 L.P.R.A. sec. 1016 (ed. 1965)) —vigente al momento de los hechos— reza como a continuación:
      “See. 1016. Identidad, de las partes

      “Los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conocimiento por el dicho de testigos. También darán fe acerca de la edad, estado, profesión y vecindad de los otorgantes, con rela-ción al dicho de los mismos, y en caso de que fuera casada la persona que aparezca como adquirente del derecho que es objeto del contrato, se expresará el nombre y apellido del cónyuge que no comparezca al otorgamiento. En casos graves y extraor-dinarios en que no sea posible consignar por completo estas circunstancias, expresa-rán cuanto sobre ello les conste de propia ciencia y manifiéstenlos testigos. El testigo o testigos de conocimiento, deberán ser, en todo caso, personas bien conocidas del notario, y éste deberá dar fe de ello en el documento. En tales casos graves y extraor-dinarios en que a un notario le sea imposible dar fe del conocimiento de los otorgan-tes, ni puedan éstos presentar un testigo o testigos de conocimiento, lo expresará así, designando los documentos que le presentaren como prueba de su nombre, estado y vecindad, y refiriendo además el motivo del caso grave o extraordinario.”

       El referido Canon 35 del Código Ética Profesional en lo pertinente reza en su tercer párrafo:
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testi-gos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evi-dencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       Las referidas declaraciones juradas se prestaron ante el Hon. Luis A. Román, Fiscal de Distrito, el día 4 de mayo de 1984.

       La referida declaración jurada se prestó ante el Hon. Luis A. Román, Fiscal de Distrito, el día 23 de julio de 1984.

       Véanse, en adición: In re Landing; y Aulet, 107 D.P.R. 103 (1978); In re Cruz Tollinche, 105 D.P.R. 500 (1976); In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848 (1977).

       Véanse, en adición: In re Maldonado, 133 D.P.R. 346 (1993); In re Rodríguez Gerena I, 132 D.P.R. 693 (1993).


author: El Juez Presidente Señor Andréu García El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Efraín Meléndez, Fiscal Especial Independiente.

      Número: CE-93-340

      Resuelto: 30 de marzo de 1994

      Efraín Meléndez, Fiscal Especial Independiente, peticionario; Julio Eduardo Torres, abogado del compareciente Fidel Rivera Romero.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

Acude ante nos Efraín Meléndez, Fiscal Especial Inde-pendiente, para que revisemos una resolución que dictó el Tribunal Superior, Sala de Ponce (Hon. Leida González De-gró, Juez), en reconsideración, en la cual denegó una mo-ción del peticionario para que se le ordenara a los imputa-dos Fidel Rivera Romero y Ángel León Martínez comparecer ante el Fiscal con el propósito de prestar mues-tras de caligrafía.

I — I

En noviembre de 1992 la Oficina del Fiscal Especial In-dependiente presentó cinco (5) denuncias contra Fidel Rivera Romero por infracción a la See. 8 de la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, conocida como la Ley de la Bolita, 33 L.RR.A. see. 1247 et seq. Se presentaron, además, dos (2) denuncias similares contra Angel León Martínez y una contra Edward García Chamorro. Se determinó causa probable para el arresto en todos los casos.

El 26 de enero de 1993 el Fiscal Especial Independiente presentó una moción en la cual solicitó que se ordenara a los imputados Fidel Rivera Romero y Ángel León Martínez que prestaran muestras de caligrafía para fines de compa-ración con ciertos documentos que éstos alegadamente ha-bían escrito.

Subsiguientemente, el 3 de febrero, el Tribunal de Dis-trito de Ponce (Hon. Gilberto Zayas, Juez) declaró sin lugar la moción. En su resolución, el tribunal consignó como fun-damento que los documentos y las muestras caligráficas no quedan dentro del ámbito de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Añadió que bajo dicho pre-cepto el Fiscal únicamente puede solicitar cierta informa-ción o documento si el imputado ha hecho, a su vez, uso del mecanismo de descubrimiento de prueba.

Por último, el Tribunal Superior, citando la decisión de Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985), expresó que el mecanismo de descubrimiento de prueba en la etapa de la vista preliminar tiene un alcance limitado.

El 8 de marzo de 1993 la vista preliminar culminó y, como resultado, el Tribunal de Distrito determinó causa probable en dos (2) de los cinco (5) cargos contra Fidel Rivera Romero.

Oportunamente, el peticionario presentó otra moción, esta vez ante el Tribunal Superior, mediante la cual solicitó que, conforme a la Regla 235 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, se le ordenara a Fidel Rivera Romero y a Angel León Martínez que sometieran muestras caligráficas a determinado perito. En la moción, el peticio-nario indicó que las muestras se solicitaban con el propó-sito de poder demostrar que ciertos documentos que cons-taban en poder del peticionario habían sido escritos del puño y letra de los imputados.

El 16 de junio el Tribunal Superior, Sala de Ponce (Hon. Leida González Degró, Juez), declaró sin lugar la petición del Fiscal. En su día, el peticionario solicitó la reconside-ración del tribunal. La misma, sin embargo, fue denegada.

Así las cosas, el peticionario acudió ante nos mediante certiorari, en el cual solicitó la revisión de la resolución emitida por el Tribunal Superior. Apuntó como único error que se declaró sin lugar la moción en la cual se solicitó que se ordenara a los imputados comparecer para prestar las muestras caligráficas.

Los imputados alegan, principalmente, que las Reglas de Procedimiento Criminal, en especial la Regla 235 y la Regla 95A, 34 L.P.R.A. Ap. II, no dan autoridad al Fiscal para citar —o para solicitar la citación del imputado para su comparecencia— a los fines de éstos prestar declaracio-nes o someterse a exámenes y pruebas físicas. Asimismo, añaden que ofrecer las muestras de escritura solicitadas tiene un efecto testimonial parcial, violando así el derecho del acusado a no autoincriminarse, esbozado por la Cons-titución de Puerto Rico en su Art. II, Sec. 11, L.P.R.A., Tomo 1.

No habiendo trámites ulteriores, procedemos a revocar la resolución dictada por el tribunal de instancia y a resolver que procede en esta etapa investigativa ordenar a los imputados que sometan las referidas muestras caligráficas en presencia del perito.

r-H 1 — I

Los tribunales poseen el poder inherente de crear las reglas de procedimiento necesarias para facilitar la ad-ministración de la justicia y promover la búsqueda de la verdad. Este poder, por lo tanto, no es creado ni se circuns-cribe por los estatutos y reglamentos que lo definen. Por el contrario, se observa que ambos, el procedimiento civil y el procedimiento criminal, comprenden un cuerpo legal creado judicialmente. Es en vista de ello que determina-mos que existe amplia autoridad para que un tribunal pro-vea para el descubrimiento de prueba aun en ausencia de un mandato constitucional o de una legislación habilitadora. Véanse: United States v. Nobles, 422 U.S. 225 (1975); Millaud v. Superior Court (People), 227 Cal.Rptr. 222 (1986).

Ahora bien, este poder propio de la función judicial no es absoluto. Es inapropiado ejercitar el mismo de forma conflictiva con la Constitución federal y con la de Puerto Rico, o con la legislación promulgada al respecto. Conforme a ello, expresamos en el caso Frattallone Di Gangi v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 104, 115 (1967), que “[e]l fiscal puede conducir su investigación en la forma que estime apropiada dentro del marco que define la ley, siempre que no se lesionen los derechos de los testigos y los presuntos acusados”. Véase Holman v. Superior Ct. of Monterey Cty., 174 Cal.Rptr. 506, 629 P.2d 14 (1981).

Siendo ello así, al considerar si procede ordenar a un imputado o acusado que comparezca o se someta al descu-brimiento solicitado por un fiscal en un caso en particular, es necesario determinar si se permite o se prohíbe expre-samente por la ley o la Constitución.

¡-H I — I h — I

En el caso de autos, los imputados alegan que la Regla 95A de Procedimiento Criminal, supra, es un impedimento legal a la solicitud del Fiscal. Esta regla dispone para el descubrimiento de prueba por parte del acusado en favor del Ministerio Fiscal. Dicho precepto establece que el tribunal tiene autoridad para ordenar que se le permita al Ministerio Público llevar a cabo el descubrimiento de documentos, declaraciones juradas, informes y cualquier otro material similar que la defensa intentará utilizar en el juicio. Se establece, asimismo, que sólo se permite cuando la defensa ha comenzado, a su vez, el descubrimiento.

Expuesto lo anterior, consideramos que el argumento de los imputados no es correcto. La petición del Fiscal ante instancia en este caso no fue hecha bajo la autoridad con-cedida por la citada regla. Es claro que en este caso la misma fue hecha antes de haberse presentado acusación alguna. Asimismo, no se trata este caso de material o in-formación que el imputado pretenda utilizar como prueba en un juicio. La primera moción fue presentada antes de la vista preliminar y la segunda, de la cual recurre el peticio-nario ante nos, lo fue antes de llevarse a cabo la vista pre-liminar en alzada. La solicitud, por lo tanto, fue hecha como parte de la etapa investigativa del caso.

Tampoco consideramos que es correcta la aseveración de los imputados de que la citada Regla 235 veda la solicitud del peticionario. Dicha regla autoriza a los magistrados a expedir citaciones para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos ante sí para los trámites de determinación de causa probable, para el acto del juicio o para cualquier procedimiento pendiente de vista. También faculta a los magistrados a expedir citaciones para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos ante sí o ante los fiscales a los fines de la investigación de un delito.

Coincidimos con los imputados en que esta regla no afirma nada en cuanto a si un tribunal está obligado, a solicitud de un fiscal, a ordenarle a un imputado a que se someta a una muestra caligráfica (o a cualquier índole de examen físico), so pena de desacato. Ahora bien, aceptar esto no nos lleva a concluir que la misma impide que un tribunal así lo ordene de considerarlo apropiado a los me-jores fines de la justicia.

IV

Por último, los imputados alegan que la petición del Fiscal en este caso viola el derecho contra la autoincrimina-ción protegido por la Constitución federal y la de Puerto Rico. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Emda. V, Const. EE. UU., L.P.R.A., Tomo 1.

Hemos expresado anteriormente que el derecho contra la autoincriminación excluye la producción compulsoria de las comunicaciones o de los testimonios del individuo. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980). Dicho privilegio, sin embargo, no excluye la evidencia real o física derivada de la persona del sospechoso o acusado. Pueblo v. Adorno Quiñones, 101 D.P.R. 429 (1973). Conforme a esto, desde temprano este siglo hemos aplicado la doctrina de que el privilegio a no incriminarse se refiere sólo al testimonio compelido en sentido estricto, rechazando su invocación en casos de evidencia real física derivada de la persona del sospechoso o acusado. Pueblo v. Adorno Quiñones, supra, págs. 432-433.

En Pueblo v. Aspurúa, 61 D.P.R. 252 (1943), un fiscal le solicitó a un acusado que alegaba defensa propia que se quitara la camisa para examinar si había en su cuerpo huellas de golpes. Limitando la protección constitucional a declaraciones bajo compulsión, rechazamos allí el argu-mento de violación al derecho contra la autoincriminación.

Citando al profesor Wigmore, expresamos:

no es meramente cualquiera o toda compulsión lo que cons-tituye la médula del privilegio, históricamente y de acuerdo con las definiciones constitucionales, sino prestar declaración bajo compulsión. ... El privilegio protege al individuo de hacer reve-laciones que se pretenda arrancarle como testigo en un proceso legal en su contra. ... El límite es claro. ... [U]na inspección de las características físicas por el Tribunal o por los testigos no puede constituir una violación del privilegio, porque no exige nada del acusado como testigo, esto es, con la responsabilidad de su testimonio. ...” (Enfasis en el original.) Pueblo v. Aspurúa, supra, págs. 255-256.

En Pueblo v. Adorno Quiñones, 101 D.P.R. 429 (1973), tampoco aceptamos la contención del acusado de que se había violado su privilegio constitucional a no incriminarse. En dicho caso se obligó a un sospechoso de haber violado a una mujer ciega a participar en un experimento de comparación de voces. Expusimos allí que la voz, al igual que los rasgos faciales o la letra de una persona, son características físicas de identificación que se excluyen de la protección de la Quinta Enmienda. íd., pág. 432. Consignamos, además:

Se ha aceptado generalmente que el privilegio contra la au-toincriminación no protege contra la compulsión de someterse a toma de huellas digitales, fotografías o medidas; escribir o ha-blar a los fines de ser identificado-, presentarse al tribunal, po-nerse de pie, adoptar determinada posisión, andar o hacer un gesto particular. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Adorno Quiñones, supra, pág. 432. Véase Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

En casos posteriores, igualmente hemos repudiado la aplicabilidad del privilegio en casos de evidencia compelida. Así, en Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986), indicamos que el exigir la extracción de una muestra de sangre no viola el derecho a la no incriminación por tratarse no de una declaración acerca del cuerpo sino, más bien, una investigación del cuerpo en sí.

Más recientemente aún, en Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990), manifestamos que so-meter a un menor a evaluaciones sociales y psiquiátricas dentro de un procedimiento de renuncia de jurisdicción no constituía una violación a las protecciones constitucionales. Las evaluaciones bajo contención giraban en torno a actitudes, emociones y sensaciones de la personalidad del menor que no estaban directamente relacionadas con los hechos específicos por los cuales había de ser juzgado. Por tal razón, resolvimos allí que las mismas no representaban una violación al privilegio contra la autorincriminación.

En cuanto a la toma de pruebas caligráficas, en Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397 (1968), sostuvimos la exclusión de evidencia de las muestras tomadas en un caso de delito de falsificación. Sin embargo, manifestamos allí:

... justificamos el rechazo de la evidencia ofrecida no por el fundamento de que se viola el derecho contra la autoincrimina-ción, sino por la falta de asistencia de abogado en una etapa crítica anterior de un proceso por falsificación. (Enfasis suplido.) íd., pág. 402.

AI efecto precisamos que, al ser la identidad de la caligrafía uno de los elementos esenciales del delito de falsificación, admitir la muestra en evidencia hubiera podido tener el efecto de autenticar la firma. Sin embargo, confirmando la doctrina de evidencia compelida desarrollada en toda la jurisprudencia antes citada, proferimos que, por lo general, una muestra caligráfica no revela evidencia de testimonio competido. Es evidente que la escritura es una característica o expresión que la persona expone constantemente al público. Obligar al imputado a someterse a un examen caligráfico, por lo tanto, equivale a someterle a una inspección de las características físicas del tipo permitido en nuestro derecho constitucional.

En el caso de autos, los imputados enfrentan una posi-ble acusación por el delito configurado por la See. 8 de la Ley de la Bolita, supra. Las muestras de caligrafía que solicita el peticionario no se refieren ni se relacionan con alguno de los elementos esenciales del delito por el cual se les intenta procesar. Tampoco se pretenden utilizar para presentar en evidencia unas manifestaciones escritas he-chas por los imputados. Más bien, se pretende utilizar como evidencia de característica física para los únicos efec-tos de identificar a los imputados como autores de unos documentos que obran en poder del Fiscal Especial Independiente. Ante esta situación, no hay duda de que no procede invocar el derecho contra la autoincriminación.

V

En resumen, resolvemos que a tenor con las disposiciones de la Regla 235 de Procedimiento Criminal, supra, no existe impedimento para que un magistrado, a solicitud del Ministerio Público, ordene la citación y comparecencia de un sospechoso o imputado a una vista donde se ventile la solicitud del Fiscal para que tal sospechoso o imputado sea sometido al examen de que se trate, estando facultado el tribunal para ordenar a éste a someter el espécimen o muestra solicitada de entender el magistrado que existe justificación para ello.

Por lo tanto, en estos casos los tribunales deberán cer-ciorarse de que exista justificación para el ejercicio de dicha discreción. Más aún, en los casos apropiados, podrán proveerse las órdenes protectoras que sean necesarias para evitar la onerosidad en los procesos y la opresión de los sospechosos e imputados. Véase Frattallone Di Gangi v. Tribunal Superior, supra, pág. 115.

En el caso en controversia, no encontramos limitación legal o constitucional alguna a lo solicitado por el peticionario. Además, en consideración a los hechos parti-culares de este caso —la etapa en que se encontraba el caso al hacer la petición, la naturaleza del delito imputado y el hecho de que ya los imputados contaban con representa-ción legal— resolvemos que era apropiado ordenarle a los imputados Fidel Rivera Romero y Ángel León Martínez que comparecieran ante el Ministerio Fiscal con el propó-sito de dar muestras de su caligrafía.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que re-voque la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton

disintió con el pronunciamiento siguiente:

La Regla 235 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, no autoriza la petición del Fiscal Especial Independiente. En ausencia de legislación, no se contempla en nuestro esquema constitucional el que los tribunales adoptemos reglas nuevas de procedimiento penal que afecten adversamente los derechos de imputados o acusados.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Adelantamos que las expresiones del tribunal de instancia respecto a que el descubrimiento de prueba en favor del Ministerio Fiscal es más limitado que el que se hace en favor de un imputado no es correcto. Además, la analogía presentada con el caso citado es inapropiada.
      En el caso Pueblo v. Rodríguez Aponte, 116 D.P.R. 653 (1985), un fiscal había solicitado la citación de once (11) testigos en un caso de tentativa de asesinato. En la vista preliminar el Fiscal presentó el testimonio de tan sólo cuatro (4) de los testigos, reservándose el uso de los de los otros seis (6) para el día del juicio. El abogado de la defensa, sin embargo, solicitó que se llamara como testigo de defensa a uno de los testigos de cargo no utilizados por el Fiscal. Este Tribunal determinó que no procedía ordenar la presentación de los testigos de cargo reservados por el fiscal.
      Indicamos allí que la Constitución sólo provee para el derecho del acusado a carearse con los testigos de cargo y a obtener la comparecencia compulsoria de tes-tigos a su favor en la etapa del juicio. Además, como norma general, expresamos que la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, sólo autoriza el descubri-miento de prueba después de la acusación, circunscribiendo el derecho del imputado a interrogar o entrevistar a los testigos de cargo en las etapas anteriores al juicio a la voluntad de los testigos.
      Consideramos, además, en este momento que no aplica tampoco la decisión de Pueblo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 98 (1970). En ese caso se determinó que los fiscales carecen de autoridad para tomar declaraciones juradas y citar, so pena de desacato, a los testigos anunciados por el acusado para atestignar a su favor.

       En cuanto a las otras denuncias, determinó ausencia de causa probable.

       Las muestras caligráficas fueron solicitadas por el Fiscal Especial Indepen-diente con el propósito de identificar a los imputados como autores de unos documen-tos que obran en su poder. Dichos documentos contenían escritos relacionados con el juego de la “bolita”.

       Resolvió allí el tribunal que, estando pendiente una vista preliminar en al-zada, se denegaba esa petición sin perjuicio de que se presentara en el procedimiento criminal una vez comenzado.

       En este caso, el Tribunal Supremo federal determinó que los tribunales pue-den extender el mecanismo de descubrimiento de la Regla 16 de Procedimiento Criminal federal, 28 U.S.C. (equivalente a la Regla 95 de Puerto Rico, supra) a materias explícitamente no autorizadas por la misma.

       La Regla 95A establece:

        “REGLA 95A. DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DEL ACUSADO EN FAVOR DEL MINISTERIO FISCAL

      “(a) Previa moción del Ministerio Fiscal luego de que el acusado haya solicitado el descubrimiento de prueba bajo las cláusulas (3) y (4) del inciso (a) de la Regla 95, y dentro del término prescrito para someterla, el tribunal ordenará al acusado que permita al Ministerio Fiscal inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que esté en posesión, custodia o control del acusado y que pretenda presentar como prueba en el juicio:

      “(1) Cualquier libro, papel, documento, fotografía u objetos tangibles.
      “(2) Cualquier resultado o informe de exámenes físicos o mentales y de pruebas científicas o experimentos realizados en relación con el caso en particular.
      “(3) Esta regla no autoriza inspeccionar, copiar o fotocopiar récords, correspon-dencia, escritos o memorando que sean producto de la labor del acusado o del abo-gado del acusado en la investigación, estudio y preparación de su defensa, ni de cualquier comunicación hecha por el acusado, como tampoco de aquellas declaracio-nes hechas por el acusado, por los testigos o posibles testigos de la defensa o de El Pueblo para el acusado o para los agentes o abogados del acusado.” 34 L.P.R.A. Ap. II.
      La Regla 95 de Procedimiento Criminal, supra, en lo pertinente expone:

        “REGLA 95. DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA DEL MINISTERIO FISCAL EN FAVOR DEL ACUSADO

      “(a) Previa moción del acusado sometida en cualquier momento después de ha-berse presentado la acusación o denuncia, y dentro del término prescrito para some-terla, el tribunal ordenará al Ministerio Fiscal que permita al acusado inspeccionar, copiar o fotocopiar el siguiente material o información que está en posesión, custodia o control del Ministerio Fiscal!.]”

         La Regla 235 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, fue enmendada por la Ley Núm. 80 de 9 de julio de 1986 para facilitar la requisición de la compare-cencia de testigos e imputados a solicitud del Ministerio Público en casos en que el Estado decida revisar una determinación de causa que no le es favorable. El historial legislativo de dicha ley expone que la enmienda se encamina a establecer un proce-dimiento en casos de vista preliminar en alzada y “para establecer la obligación del tribunal de citar tanto a testigos como a imputados, cuando el fiscal o los agentes de la Policía lo soliciten”. 1986 Leyes de Puerto Rico 268, 269. Dicha regla dispone del modo siguiente:

        “REGLA 235. TESTIGOS; QUIEN PODRA EXPEDIR CITACION

      “Cualquier magistrado podrá expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos ante sí a los fines de la investigación de un delito o de una vista preliminar. Cuando el fiscal, en los casos y bajo las condiciones que estas reglas lo permitan, provea al tribunal el nombre y dirección de imputados o testigos, ello se entenderá como una solicitud de citación, bien para el trámite de determinación de causa, para el acto del juicio o para cualquier procedimiento pendiente de vista. En estos casos será deber del tribunal, prontamente, expedir u ordenar al secretario del tribunal que expida la citación o citaciones correspondientes, las cuales serán dili-genciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados.
      “El juez de cualquier tribunal podrá expedir u ordenar al secretario que expida citación para la comparecencia de cualquier testigo a juicio, a la toma de su deposi-ción o a cualquier vista. El secretario del tribunal, a petición del acusado, podrá expedir citaciones libres de costas a esos mismos fines.
      “Cualquier fiscal podrá igualmente expedir citación para la comparecencia y examen bajo juramento de testigos ante sí a los fines de la investigación de un delito. Si un testigo no obedeciere su citación, el tribunal a solicitud del fiscal podrá expedir mandamiento para su comparecencia ante dicho funcionario en la fecha y hora que señalare, bajo apercibimiento de desacato.”

       El profesor Chiesa advierte que la “evidencia compelida” no es lo mismo que “testimonio compelido”. Añade, además, que el privilegio contra la autoincriminación sólo se refiere al último. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. I, pág. 130.

       En Schmerber v. California, 384 U.S. 757 (1966), que citamos en el caso Pueblo v. Adorno Quiñones, 101 D.P.R. 429 (1973), el Tribunal Supremo de EE. UU. manifestó que aunque obligar a un sospechoso a someterse a un examen de sangre sin su consentimiento contiene un elemento de producción compulsoria, la Quinta Enmienda sólo protege cuando se obliga a una persona a ser testigo en contra suya.

        El Juez Brennan expresó en representación de la mayoría lo siguiente:
      “ ‘[t]he prohibition of compelling a man in a criminal court to be witness against himself is a prohibition of the use of physical or moral compulsion to extort communications from him, not an exclusion of his body as evidence when it may be material. The objection in principle would forbid a jury to look at a prisoner and compare his features with a photograph in proof.’ ” Schmerber v. California, supra, pág. 763.

       Expresamos, además, que

        “[precisamente por tratarse de un delito de falsificación, cuyo elemento proba-torio esencial es la identidad del escrito atribuido al acusado, podría afirmarse que prácticamente no existe diferencia con las admisiones orales incriminatorias a que aludimos al adoptar la norma de Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965).” Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 397, 400 (1968).
      En cuanto al alcance de esa expresión, quaere.

       Más aún, en la Moción en Oposición de Moción Solicitando Orden de 2 de febrero de 1993 los mismos imputados observan que este caso se trata de funciona-rios públicos cuyos escritos obran en los archivos de las alcaldías. Nos parece poco lógico que se invoque el privilegio contra la autoincriminación en un caso en el que la caligrafía de los imputados está físicamente disponible al público.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Se-ñor Rebollo López. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Generosa Rodríguez Rodríguez y Victoria Cardona Nazario, demandantes y recurrente la primera, v. David Moreno Rodríguez, demandado y recurrido; Wilfredo Moreno Cardona, interventor.

      Número: RE-91-468

      Resuelto: 30 de marzo de 1994

      Raúl Barreras Morales y Rafael Rodríguez Guasp, abogados de la recurrente; Máximo Ruiz Jiménez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante recurso de revisión comparece Generosa Ro-dríguez Rodríguez para solicitar que modifiquemos el por ciento de participación adjudicado por el Tribunal Superior a la comunidad de bienes formada por ella y el demandado durante el período en que sostuvieron una relación consensual. El Tribunal Superior concluyó que la deman-dante sólo era acreedora al cincuenta por ciento (50%) de la participación del demandado en dicha comunidad.

Sin embargo, este Tribunal carece de jurisdicción por la ausencia de parte indispensable, a tenor con lo dispuesto en la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Veamos.

t — I

El 14 de abril de 1939 el demandado David Moreno Ro-dríguez y la demandante Victoria Cardona Nazario contra-jeron matrimonio en Puerto Rico bajo el régimen de la so-ciedad legal de gananciales. Diez (10) años después tuvieron su primer hijo, al que llamaron Wilfredo Moreno Cardona, quien solicita la intervención en este caso. En 1951 el matrimonio decidió vender todas sus propiedades y se trasladaron al estado de Nueva York.

Una vez allí, David Moreno comenzó a trabajar como empleado de una fábrica de embarque y, posteriormente, con la ayuda de un socio, adquirió una carnicería y por su propia cuenta un negocio de vegetales, y se dedicó a pres-tar dinero con intereses. Por su parte, Victoria Cardona trabajaba en la industria de la aguja y realizaba trabajos de costura. Según fue determinado por el tribunal de ins-tancia, ambos administraban las finanzas del hogar. Sen-tencia, pág. 3.

Entre 1956 y 1960 David Moreno estableció un aparta-mento separado de la residencia que todavía compartía con Victoria Cardona. En dicho apartamento comenzó a tener relaciones amorosas con distintas mujeres. Fue para 1960 cuando conoció a la demandante, Generosa Rodríguez Ro-dríguez, con quien congenió inmediatamente. Generosa Rodríguez estaba casada con César Cruz, quien no es parte en este pleito y con quien procreó tres (3) hijos.

En 1963 David Moreno decidió regresar a Puerto Rico cargando con doscientos mil dólares ($200,000) producto de la venta de los dos (2) negocios pertenecientes a la sociedad legal de gananciales y del negocio de préstamos. Unos me-ses después, Generosa Rodríguez se trasladó a Puerto Rico y ambos comenzaron a vivir como marido y mujer. David Moreno organizó aquí una corporación llamada Davidson of Puerto Rico, a los fines de establecer un motel. El tribunal de instancia determinó que todo el capital corporativo había sido aportado por el demandado. Este negocio se de-sarrolló rápidamente.

Ahora bien, en 1972 Victoria Cardona se divorció de David Moreno. Por su parte, Generosa Rodríguez se divorció de César Cruz al año siguiente. Posteriormente, Generosa Rodríguez y David Moreno contrajeron nupcias en 1977. Este último matrimonio fue disuelto en 1986. Han sido consolidados los casos de liquidación de la sociedad legal de gananciales entre David Moreno y Victoria Cardona y Ge-nerosa Rodríguez, respectivamente.

El tribunal de instancia determinó que entre 1963 a 1977 existió entre David Moreno y Generosa Rodríguez “una relación humana afectiva y económica indicativa de un pacto implícito para aportar bienes, esfuerzo y trabajo para el beneficio común. Véase Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 494 (1975)”. Sentencia, pág. 18. Sin embargo, rechazó dar efecto completo a la decisión de Cara-bailo Ramírez, supra, entendiendo que —luego de nuestros pronunciamientos en Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70 (1982), y en WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127 (1985)— David Moreno no podía obligar de ma-nera unilateral a la sociedad legal de gananciales a estar en comunidad con Generosa Rodríguez, debido a que esta relación no era en beneficio de la familia. Concluye que aun cuando David Moreno y Victoria Cardona se divorciaron en 1972, lo cierto era que desde 1963 hasta ese momento exis-tía entre ellos una comunidad de bienes. Por lo tanto, de-terminó que Generosa Rodríguez sólo era acreedora al 50% de la participación de David Moreno en dicha comunidad. En cuanto a César Cruz, ex esposo de Generosa Rodríguez, concluyó que no tenía derecho alguno.

Mediante recurso de revisión, Generosa Rodríguez nos solicita que revoquemos al tribunal de instancia en cuanto a los por cientos adjudicados a la recurrente.

HH I — I

Luego de un examen de los hechos del caso de autos y a la luz de las relaciones obligacionales que se configuran en éstos, concluimos que es necesario que se acumule como parte indispensable al Sr. César Cruz.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 1979, supra, dispone:

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya presen-cia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de-mandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada.

Una parte indispensable es aquella que podría ver afectados sus derechos e intereses al momento de dictarse la sentencia o resolución por no encontrarse presente en el litigio. Véanse: Pueblo v. Henneman, 61 D.P.R. 189, 194 (1942); Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952). La regla persigue que la persona que no esté presente quede protegida de los efectos legales de la sentencia y así evitar la multiplicación innecesaria de pleitos. Véanse: Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412-413 (1982); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 604-605 (1983); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 841 (1978). Así se evita que la persona pueda quedar privada de su propiedad sin un debido pro-ceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Su finalidad procesal propende a que el remedio adjudi-cado sea más completo. Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993).

En diversas situaciones hemos exigido la acumulación de una parte indispensable. En el caso de la sociedad legal de gananciales, hemos sostenido la necesidad de la inclusión de ambos cónyuges como parte indispensable cuando “en acciones que afecten el patrimonio de la sociedad de gananciales obviando el riesgo de nulidad, ante la posibilidad de que la defensa del interés social por uno solo no se ejercite con la debida eficiencia, o la existencia de incompatibilidad entre los cónyuges respecto a la defensa de su interés dentro de una sociedad que ambos gobiernan con igual autoridad”. Alicea Álvarez v. Valle Bello, 111 D.P.R. 847, 854 (1982). Es mejor práctica emplazar a ambos. Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591, 594 (1984).

Recientemente resolvimos que, aun cuando estén casados bajo el régimen económico de capitulaciones matrimoniales y se solicite tomar en consideración los ingresos de ambos para fijar la pensión alimentaria de un hijo no común, es necesaria la inclusión de ambos cónyuges en el pleito. Cepeda Torres v. García Ortiz, supra.

Ahora bien, también hemos exigido, cuando una concubina presenta un pleito solicitando la disolución y liquidación de la comunidad de bienes habida entre ella y un hombre casado, que se acumule como parte indispensable a la esposa de este último. Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974). Allí dijimos que “[l]a acción civil de la concubina promoviendo la liquidación de una comunidad de bienes con un hombre legalmente casado aun cuando incluya al marido como única parte demandada, necesariamente afecta y somete el interés de la esposa en la sociedad de gananciales cuando según ocurre en este caso la comunidad y la sociedad conyugal han coexistido en apre-ciable contemporaneidad”. íd., págs. 80-81.

h-H h — I

En el caso de autos es un hecho probado que durante los primeros nueve (9) años de la relación concubinaria habida entre David Moreno y Generosa Rodríguez ambos estaban casados con otras personas. Específicamente, entre 1963 y 1973 Generosa permaneció casada con César Cruz, por lo que éste tiene interés en la cuantía e intereses que en su día podría recibir Generosa Rodríguez con respecto a los nueve (9) años en que ésta, aún casada, mantuvo una re-lación de concubinato con Moreno. Véanse: Suárez v. Sánchez López, supra; Art. 1326 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3701.

El hecho de que César Cruz conociera la relación de con-cubinato al divorciarse y aun así aceptara la alegada inexistencia de bienes gananciales, no es óbice para que se le considere parte indispensable en este pleito. No nos co-rresponde en esta etapa adjudicar la posible renuncia de César Cruz a su derecho. Tratándose de una defensa afir-mativa que admite excepciones, las partes interesadas en este pleito son las que podrían plantear la defensa de cosa juzgada (Regla 6.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill) y el tribunal de instancia. Con el beneficio de la com-parecencia del señor Cruz, decidiría si procede o no la defensa.

Sería incorrecto en esta etapa de los procedimientos, sin haber dado oportunidad al señor César Cruz para expre-sarse, resolver que debido a aquella aparente renuncia el señor Cruz está impedido de reclamar cualquier interés que en derecho tenga sobre los bienes gananciales genera-dos por Generosa durante los nueve (9) años que estuvie-ron casados y ésta mantuvo un concubinato con Moreno. Sin duda, la acumulación como parte indispensable del se-ñor Cruz es necesaria para la resolución de esta controversia. Por ende, procede revocar el dictamen recurrido.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto de conformidad. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión disidente. Los Jueces Asociados Señores Alo-nso Alonso y Fuster Berlingeri no intervinieron.

- O -

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Rebollo López.

I

Entendemos, al igual que se expone en la opinión mayo-ritaria emitida por el Tribunal, que en el presente caso hay ausencia de parte indispensable, conforme a lo pautado por la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; ello en vista de que existe una parte cuyos derechos e in-tereses podrían ser adversamente afectados por el dicta-men judicial que resulte jurídicamente procedente en el caso. Pueblo v. Henneman, 61 D.P.R. 189, 194 (1942); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 841 (1978); Hernández Agosto v. Romero Parceló, 112 D.P.R. 407, 412-413 (1982); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 604-605 (1983); Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993).

Es imprescindible que se incluya al Sr. César Cruz como parte en el pleito de epígrafe. Éste fue cónyuge de la Sra. Generosa Rodríguez Rodríguez hasta 1973; esto es, du-rante los últimos diez (10) años en que estuvo vigente esa sociedad legal de gananciales ya su cónyuge sostenía una relación concubinaria con Moreno Rodríguez. Ciertamente el señor Cruz posee interés en el dinero que pudiera, en su día, recibir su ex cónyuge —por concepto de una remunera-ción proporcional al trabajo que ella realizara durante dicho período de tiempo— en el pleito de división de bienes con el Sr. David Moreno Rodríguez.

HH I — I

En vista de la correcta disposición que se hace del re-curso, resulta innecesario hacer cualquier otro pronunciamiento. Ello no obstante, por razón de que en la opinión disidente se adelantan, a destiempo, unos pronun-ciamientos —respecto a cómo deben liquidarse los bienes de una comunidad de bienes habida en un caso como el de marras— entendemos procedente expresarnos al respecto. No podemos perder de perspectiva que los derechos que pretende reconocerle la opinión de mayoría a una de las partes —Generosa Rodríguez Rodríguez— nacen no tan sólo de una relación que es contraria a las disposiciones del Código Civil referentes a los derechos y las obligaciones que existen entre marido y mujer sino de una relación que, ade-más, constituye conducta punible bajo nuestro ordena-miento jurídico-penál. Véanse: Art. 129 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4147; Ortiz De Jesús v. Vázquez Cotto, 119 D.P.R. 547 (1987).

Somos del criterio que ante una relación de esta natu-raleza, no debe reconocerse pacto expreso o implícito al-guno, Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578 (1969); Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 494 (1975); ello en vista de que conforme al Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372, los contratantes podrán establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que éstos no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. En Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149, 153 (1976), definimos orden público como

... el conjunto de valores eminentes que guían la existencia y bienestar de una sociedad. El concepto orden público recoge y ampara un interés social dominante por su trascendencia, por el número de personas que afecta y por la valía de los derechos que tiende a proteger. Wiley v. Livingston, 376 U.S. 543, 549-50 (1964). En gran medida el orden público es acopio de normas de moral y de ética pública que en ocasiones alcanzan su exposi-ción en ley, pero que aun sin esa expresa declaración legisla-tiva, constituyen principios rectores de sabio gobierno nacidos de la civilización y fortalecidos por la cultura, la costumbre, por la manera de ser, en fin por el estilo de una sociedad. (Enfasis suplido.)

Premiar a la Sra. Generosa Rodríguez, reconociendo la existencia de una comunidad de bienes entre ésta y la so-ciedad legal de gananciales Moreno-Cardona, constituye, a nuestra manera de ver las cosas, una recompensa a aquel que actúa de forma ilegal e inmoral; determinación judicial que resulta extraña y contraria a los principios que desde tiempos inmemoriales rigen la sociedad puertorriqueña. Rechazamos enérgicamente dicha actuación. Ello no obs-tante, entendemos procedente compensar a la señora Ro-dríguez Rodríguez por el justo valor de su trabajo durante el período anterior a que contrajera matrimonio con Moreno Rodríguez; ello en ánimo de evitar un enriquecimiento injusto. Véanse: Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817 (1988); Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987); Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697 (1983).

- O -

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“[Qluiérase o no, al amparo y como consecuencia de esas uniones imperfectas, pueden surgir situaciones y estados que un sentimiento noble no rechaza y que una más justa política legislativa no puede silenciar.” F. Puig Peña, Las uniones maritales de hecho, 33 Rev. Der. Priv. 1086 (1949).

HH

Én 1939 David Moreno Rodríguez contrajo matrimonio con Victoria Cardona Nazario bajo el régimen de la socie-dad legal de gananciales. En 1949 nació su único hijo, Wilfredo Moreno Cardona. En 1951 el matrimonio Moreno-Cardona decidió establecerse en la ciudad de Nueva York. Allí Moreno Rodríguez comenzó a trabajar y a ahorrar dinero, que utilizó para adquirir varios negocios; ella traba-jaba en la industria de la aguja, cosía en el hogar y admi-nistraba conjuntamente con su esposo las finanzas del hogar y de los negocios.

Entre 1956 y 1960, el demandado mantuvo su hogar con Victoria. Sin embargo, estableció un “apartamiento de sol-tero” debido a que para esa fecha había comenzado a man-tener relaciones extramatrimoniales con otras mujeres. Para 1960 Moreno se había separado de su esposa. Preci-samente durante ese año Moreno Rodríguez conoció a Ge-nerosa Rodríguez Rodríguez, quien era casada. Comenza-ron relaciones extramaritales, aunque continuaron viviendo en hogares distintos. En 1963 Moreno Rodríguez decidió regresar a Puerto Rico y establecer un motel. Por tal motivo vendió todos los negocios que poseía en Nueva York y se trasladó a la isla, trayendo consigo aproximada-mente doscientos mil dólares ($200,000). Al poco tiempo adquirió un negocio en Isla Verde. Generosa Rodríguez, embarazada como resultado de su relación extramarital con Moreno Rodríguez, vino más tarde durante ese año a reunirse con él. De inmediato comenzó a ayudarlo en sus gestiones para establecer el negocio y, además, atendía el hogar que compartían. Entre tanto, Moreno Rodríguez con-tinuaba sus esfuerzos de establecer un motel. A tales efec-tos, ese mismo año organizó una corporación doméstica —Davidson of Puerto Rico, Inc.— la cual adquirió terrenos en los que se inició la construcción del motel. Todo se finan-ció con el dinero que trajo de Nueva York. En 1964 comenzó la operación del motel. Desde el principio, Generosa Rodrí-guez participó y colaboró intensamente en su operación y administración. El motel continuó creciendo, pues parte de las ganancias fueron utilizadas para financiar la construc-ción de más cabañas; para 1984 contaba con cincuenta y ocho (58) cabañas. Además, adquirieron varios inmuebles con las ganancias generadas por el motel.

En 1972 Moreno se divorció de su esposa Victoria Car-dona Nazario, mientras que Generosa Rodríguez obtuvo su divorcio en 1973. Finalmente, en 1977 se unieron en ma-trimonio y vivieron juntos hasta 1984, cuando Moreno Ro-dríguez abandonó el hogar.

En 1986 se decretó el divorcio entre Generosa Rodríguez y Moreno Rodríguez. Se estipuló que él satisfaría: (a) dos mil dólares ($2,000) mensuales como pensión alimentaria; (b) tres mil dólares ($3,000) mensuales como adelanto de la participación de ella en la sociedad legal de gananciales; (c) cincuenta mil dólares ($50,000) por concepto de adelanto de participación ganancial; (d) cuatro mil quinientos dóla-res ($4,500) adicionales como adelanto de participación ganancial. Por último, a Generosa Rodríguez se le obligó a pagar la suma de quince mil dólares ($15,000) por concepto de dos (2) préstamos gananciales.

Así las cosas, el 14 de enero de 1987 Generosa Rodrí-guez presentó en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, una demanda en la que solicitó la liquidación de la comu-nidad de bienes y la posterior sociedad legal de gananciales Moreno-Rodríguez. Por su parte, la primera esposa de Moreno Rodríguez —Victoria Cardona Nazario— el 3 de abril de 1987 pidió la división de la sociedad legal de ganancia-les Moreno-Cardona. Ambas acciones fueron consolidadas.

Previa vista en su fondo, dicho foro (Hon. Carmen Rita Vélez Borrás, Juez) dictó sentencia el 31 de julio de 1991. Conforme a Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 494 (1975), concluyó que “en el período comprendido entre el 1963 y el 1977 existió entre Generosa y David Moreno una relación humana, afectiva y económica indicativa de un pacto implícito para aportar bienes, esfuerzo y trabajo para el beneficio común”. Sentencia, pág. 18. No obstante, dis-tribuyó los bienes objeto del pleito utilizando criterios dis-tintos:

... en el momento en que el Tribunal Supremo adjudicó el caso de Caraballo Ramírez pasó por alto —tal vez porque las partes en aquel pleito no lo plantearon— el hecho de que un esposo como en este caso no puede obligar unilateralmente los bienes de la Sociedad Legal de Gananciales que él coadministra me-diante un pacto —implícito o expreso— para compartir ingre-sos y gastos que él realice con otra mujer que no sea su cónyuge. Sentencia, pág. 18.

A juicio suyo, dicho aspecto jurídico no fue aclarado hasta las decisiones de Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70 (1982), y WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127 (1985). Bajo ese razonamiento, concluyó que la participación de Generosa Rodríguez en los bienes pro-ducidos durante el período en que mantuvo la relación consensual con Moreno Rodríguez debía limitarse al 50% de la participación ganancial de su compañero y no al 50% del total de los bienes producidos.

De esta determinación Generosa Rodríguez acudió a este Foro. Acordamos revisar.

HH b — I

Por estar estrechamente relacionados, procedemos a discutir juntos los primeros dos errores.

Podemos fundir estos errores en la interrogante si-guiente: establecer la participación del concubino en los bienes adquiridos por los integrantes de la relación extramarital, la comunidad resultante de esa participación: ¿es entre la sociedad legal de gananciales (Moreno-Cardona) a la cual pertenece uno de los participantes en la relación extramarital y su concubino o el cónyuge de uno de los concubinos y los participantes en la relación extramarital?

Nuestra doctrina sobre comunidad de bienes concabina-rios fue expuesta en Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, en la cual recogimos la casuística previa de Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578 (1969); Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609 (1961); Pereles v. Martinó, 73 D.P.R. 848 (1952); Pérez v. Cruz, 70 D.P.R. 933 (1950), y Torres v. Roldan, 67 D.P.R. 367 (1947). Sus principios han sido reiterados pos-teriormente en Ortiz De Jesús v. Vázquez Cotto, 119 D.P.R. 547 (1987).

En Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, págs. 481-482, dijimos:

... la concubina puede probar la existencia de una comunidad de bienes, sea porque así se hubiese convenido expresamente o sea porque la conducta de las partes —la relación humana y económica entre ellos— demuestra que se obligaron implícita-mente a aportar, y aportó cada uno bienes, esfuerzo y trabajo para beneficio común. En defecto de probar dicho pacto expreso o implícito, es decir, que no se pruebe la existencia de la comu-nidad de bienes, la concubina podría probar que aportó bienes, valores y servicios, que estos produjeron ganancias, y como un acto justiciero para evitar el enriquecimiento injusto de la otra parte, reclamar el valor de dichos valores y servicios y sus co-rrespondientes ganancias.

Dicha comunidad se crea entre la sociedad legal de ga-nanciales de la cual es miembro uno de los participantes en relación extraconyugal y su concubino. No puede ser de otra manera. Nos explicamos.

Si al inicio de una relación extraconyugal uno de los participantes es casado, los esfuerzos e inversiones econó-micas que realice en comunidad con su concubino, presun-tamente los hará en calidad de administrador (o coadmi-nistrador a partir de 1976) de la sociedad legal de gananciales de la cual aún es miembro. Este cónyuge inte-gra dicha sociedad mientras no se haya disuelto el matrimonio. Art. 1315 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3681. Ahora bien, como señaló el ilustrado tribunal de ins-tancia, aunque la sociedad legal de gananciales se disuelve cuando la sentencia de divorcio adviene firme, “ello no produce la liquidación automática de los bienes de la referida entidad”. Sentencia, pág. 21. Los ex cónyuges pasan a for-mar una comunidad de bienes, la cual nace, según el Art. 326 del Código Civil, “cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas”. 31 L.P.R.A. sec. 1271. Consúltese, además, Calvo Mangas v. Aragonés Jiménez, 115 D.P.R. 219 (1984). De manera, pues, que la persona casada al entrar en la comunidad de esfuerzos con su concubino para adquirir bienes, lo hace a nombre de la sociedad legal de gananciales o de la comu-nidad a la cual pertenece. De hecho, la casuística invocada por el tribunal sentenciador para apoyar la distribución de los bienes concubinarios de forma distinta a lo dispuesto en Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, confirma la potestad de coadministrador que tienen los componentes de una so-ciedad legal de gananciales. Esto, sin embargo, no tiene por qué afectar los derechos del concubino que, de ser sol-tero, estaría aportando a la comunidad sus propios bienes y esfuerzos.

Bajo esta óptica, fue correcta la determinación de que entre David Moreno y Genoveva Rodríguez existió una re-lación humana indicativa de un pacto implícito de estable-cer una comunidad de bienes. La solución más justa y co-rrecta en derecho es que los frutos netos de la comunidad Moreno-Rodríguez se dividan entre Generosa de una parte y la comunidad resultante de la sociedad legal de ganan-ciales Moreno-Cardona.

El derecho es un instrumento para los seres humanos. Debemos reconocer que nada de lo que aquí digamos cam-biará el hecho de que Moreno aportó bienes y esfuerzos (gananciales) en conjunto con los esfuerzos de Generosa a una empresa comercial común. Se ha dicho “[ajntes de nada, lo primero que ha de constatarse es que las relacio-nes patrimoniales entre compañeros —quiérase o no tener en cuenta jurídicamente— existen y además son inevitables”. E. Estrada Alonso, Las uniones extramatrimoniales en el Derecho Civil español, Madrid, Ed. Civitas, 1986, pág. 164. Ante esta innegable realidad, sin poder re-troceder en el tiempo, réstanos tomarla en cuenta y aplicar las normas jurídicas más justas y adecuadas a la situación.

Distinto al resultado llegado por el ilustrado tribunal sentenciador, el análisis de los casos de Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, supra, y WRC Props., Inc. v. Santana, supra, en conjunción con Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, refleja que sus pronunciamientos no pueden tener el efecto de negar la existencia de unos esfuerzos comunes realizados por dos (2) personas, independientemente de su relación en el plano afectivo. Ni el Art. 1308 como tampoco el Art. 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3661 y 3672, crean impedimento alguno para que cualquier beneficio que Moreno haya obtenido de esa empresa beneficie la so-ciedad legal de gananciales Moreno-Cardona, a la cual pertenecía. De hecho, el Art. 1313 del Código Civil, supra, expresamente prohíbe que se perjudique la sociedad por ese tipo de conducta o acciones, pero no que la beneficie. Quetglas v. Carazo, 134 D.P.R. 644 (1993). Precisamente los casos antes aludidos confirman este axioma. No contie-nen expresiones que puedan estimarse limitativas de la facultad de un cónyuge de beneficiarse de las ganancias derivadas de los actos unilaterales de administración o dis-posición del otro cónyuge. En cuanto a las deudas resultan-tes de esos actos, sin embargo, dispone que sólo serán de cargo de la sociedad si sirven a un interés familiar y no están predicadas en un ánimo fraudulento u oculto de per-judicar al otro cónyuge. Véase WRC Props., Inc. v. Santana, supra, pág. 135.

La justicia intrínseca de esta norma es evidente. Aplica al caso de autos, y en vista de que la situación distribuye unos beneficios resultantes de los actos unilaterales de uno de los cónyuges, y no la atribución de deudas u obligacio-nes, los casos mencionados no son óbice a la norma expresada.

Una última aclaración sobre las normas para fijar la participación de las partes en los bienes a ser distribuidos. Según Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, pág. 483, una vez se determina que se constituyó la comunidad de bie-nes, por acuerdo implícito, se debe recurrir “al articulado del Código Civil que define y regula esta institución”. Su Art. 326, supra, dispone:

Hay comunidad cuando la propiedad de una cosa o de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas.
A falta de contratos o disposiciones especiales, se regirá la comunidad por las prescripciones de las sees. 1271 a 1285 de este título.

Y el Art. 327 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1272, establece el método a ser utilizado en la determinación de la porción de los partícipes en la comunidad, en ausencia de pacto expreso:

El concurso de los partícipes, tanto en los beneficios como en las cargas, será proporcionado a sus respectivas cuotas.
Se presumirán iguales, mientras no se pruebe lo contrario, las porciones correspondientes a los partícipes en la comunidad.

Procede esta aclaración, pues el tribunal a quo estimó iguales la aportación de esfuerzo de Moreno Rodríguez y Generosa Rodríguez a la comunidad. Tal determinación tiene apoyo en la prueba. Sólo quedaba determinar el valor de la aportación inicial hecha a esa comunidad del dinero perteneciente a la sociedad legal de gananciales Moreno-Cardona para poder proceder con la división de los bienes.

       El tribunal de instancia señaló: “[d]esde luego, la misma regla opera a la inversa. Es decir, el esposo ... no tiene-derecho alguno a participar de las resultas del pacto implícito que su cónyuge hizo con Moreno durante el tiempo que estuvo casada con él”. Sentencia, pág. 20 esc. 6

       El caso de autos es claramente distinguible del caso Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 494 (1975). En Caraballo Ramírez la concubina era soltera y los bienes que generaba eran propios. En el caso de marras, Rodríguez era la concubina de un hombre casado pero, a diferencia de los hechos en Caraballo Ramírez, Rodrí-guez estaba casada. Los bienes que generaba a través de los años mediante su tra-bajo y esfuerzo con Moreno no eran propios. Esos bienes eran gananciales y perte-necían a la sociedad legal de bienes gananciales constituida entre Rodríguez y César Cruz, la cual fue disuelta por divorcio en 1973.

       Véase, además, Casiano, Jr. v. Borinfex Mfg. Corp., 133 D.P.R. 127 (1993).

       El primer esposo de Generosa, César Cruz, no fue acumulado como parte en el presente pleito, debido a que no es parte indispensable. Regla 16.1 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. No existe impedimento para adjudicar el caso.
      Se ha dicho que “no existe una fórmula prescrita para determinar en cada caso si una persona o corporación es una parte indispensable o no”. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña, Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 91, citando a Niles-Bennet Co. v. Iron Moulders Union, 254 U.S. 77 (1920). Véase, además, Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983); Alicea Alvarez v. Valle Bello, 111 D.P.R. 847, 852 (1982); Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974).
      No resolvemos en el vacío. Es de notar que Cruz conocía de la relación existente entre su entonces esposa Generosa y David desde sus inicios. De hecho, debido a estas relaciones en Nueva York se le privó temporeramente de la custodia de sus hijos (Determinación de Hecho Núm. 13). Estando, pues, consciente de esta situa-ción, Cruz se divorció de Generosa el 5 de abril de 1973 (Determinación de Hecho Núm. 26) en el caso Civil Núm. RF-73-1761. El tribunal de instancia tomó conoci-miento de esa sentencia. En dicho proceso Cruz aceptó bajo juramento los hechos alegados en la demanda; en su tercera alegación exponía que durante el matrimonio las partes no habían obtenido bienes pertenecientes a la sociedad legal de gananciales. Quedó, pues, disuelta y liquidada dicha sociedad.
      Obviamente, cualquier reclamación de Cruz tendría que estar predicada exclu-sivamente en su posible participación en la extinta sociedad legal de gananciales que una vez formó con Generosa, su disolución y liquidación, y su aceptación de que no se habían acumulado bienes le priva de cualquier interés en el presente pleito.

       Los errores fueron los siguientes:
      “Primer Error: Erró el Tribunal de Instancia al dictar sentencia adjudicándole a esta parte compareciente tan solo una participación equivalente al 25% en la comu-nidad de bienes existente entre la demandante recurrida Victoria Cardona Nazario, el demandado David Moreno, y la aquí demandante recurrente, Generosa Rodríguez Rodríguez.
      “Segundo Error: Erró el Tribunal de Instancia al declarar sin lugar la moción de reconsideración radicada por esta parte compareciente.
      “Tercer Error: Erró el Tribunal de Instancia al no incluir como parte de los bienes de la comunidad de bienes los ingresos generados por el Motel El Río desde el año 1986 hasta el presente.
      “Cuarto Error: Erró el Tribunal de Instancia al valorar el Motel El Río de acuerdo a una tasación deficiente del año 1988, no valorando el mismo de acuerdo a su valor real y actual.” Solicitud de revisión, pág. 5.
      Estimamos que el tercer y cuarto error no se cometieron.

       Esta determinación sólo establece quiénes son las partes en dicha comunidad y no la participación de las partes en ésta. Esta participación ha de estar sujeta a prueba.

       En Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, 112 D.P.R. 70, 74 (1982), dijimos:
      “Cualquiera de los cónyuges puede, como regla general, efectuar en Puerto Rico actos de obligación con cargos a la sociedad de gananciales sin el consentimiento del otro.”
      Asimismo, el Art. 91 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 284, dispone: “Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la sociedad conyugal. ...’’Véase, además, WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127, 136 (1985).
      Estos casos, no obstante, confirman la excepción a la regla aquí enunciada, que postula:
      “La norma de que la sociedad de gananciales no responde de las deudas contraí-das por el marido con el fin de perjudicar a la mujer rige desde hace muchas décadas en Puerto Rico.” Banco de Ahorro del Oeste v. Santos, supra, pág. 76.

       Así, por ejemplo, si dos (2) personas, “A” y “B”, entran en una comunidad de bienes y cada uno aporta una unidad de esfuerzos, “B” no debe ser afectado en su derecho a la mitad de los frutos de dicho esfuerzo por el hecho de que “A” forma parte de una sociedad legal de gananciales.

       Según hemos expresado, lo que hacemos hoy es determinar cuáles son las partes que componen este tipo de comunidad y no la participación que en los bienes pueda tener cada una de dichas partes. Reiteramos que la participación que corres-ponda a cada uno será objeto de prueba.
      Mas, sin embargo, si se admite la tesis del tribunal de instancia de que una de las dos (2) partes en la comunidad es la esposa de David Moreno y que, en conse-cuencia, le corresponde una participación de un 50% en ésta, habría que admitir la posibilidad de que el esposo de Generosa Rodríguez también podría reclamar un 50% de participación en la comunidad, quedando David Moreno y Generosa Rodríguez sin participación alguna.

       De igual modo, cualquier pequieio que se hubiese causado a la participación de Victoria en la comunidad de bienes Moreno-Cardona posterior a la reforma de 1976, podría generar un crédito a su favor toda vez que desde esa fecha Moreno ya no era el administrador, sino coadministrador de dicha comunidad, por lo que había cesado su facultad de obligarla unilateralmente.

       En cuanto a la división, véase el Art. 340 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1285.