author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Ne-grón García.

text:
    Víctor Ossorio Ruiz, demandante y recurrente, v. José H. Grau, Secretario de la Vivienda et al., demandados y recurridos.

      Número: R-76-368

      Resuelto: 20 de mayo de 1977

      Gabriel García Maya, abogado de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, abogado del recurrente; Mario O. García Quintero, abogado de la codemandada Nereida Falto de Cole.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La Corporación de Renovación Urbana y Vivienda con-trató al recurrente para la creación de ciertos murales en varios edificios residenciales públicos. Al entender tiempo después de terminar su obra que la Corporación estaba modi-ficando la misma, el artista solicitó la expedición de un inter-dicto para prohibir su alteración o destrucción sin su con-sentimiento. El tribunal de instancia se negó a expedir el auto.

El caso plantea vitales cuestiones sobre la protección de la propiedad intelectual en Puerto Rico.

En Reynal v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260 (1974), resolvimos que la legislación estadounidense no es la única fuente de amparo para la propiedad intelectual. Este princi-pio es aún más evidente aquí. La legislación norteamericana referente a copyright se encamina a proteger la explotación económica de una obra. La doctrina civilista del derecho moral va más lejos, habiéndose diseñado para escudar las obras ar-tísticas y literarias y a sus creadores contra daños no econó-micos. Roeder, M. A., The Doctrine of Moral Right: a Study in the Law of Artists, Authors and Creators, 53 Harv. L. Rev. 554, 557 (1940); Gilliam v. American Broadcasting Companies, Inc., 538 F.2d 14, 24 (2d Cir. 1976). La doctrina del derecho moral se remonta a tiempos romanos. Dock, Marie-Claude, Etude sur le Droit d’Auteur, Paris, 1963, pág. 34 et seq. La legislación federal sobre derechos de autor no des-plaza la doctrina del derecho moral. Se trata de conceptos dife-rentes, sin conflicto entre ellos.

La propiedad intelectual posee rasgos muy singulares que la distinguen de otros géneros de bienes. Representa un haz de derechos distintos, agrupables en dos categorías: los derechos pecuniarios o patrimoniales que atañen la enajenación de la obra y los derechos personales o extrapatrimoniales que defienden su integridad y el nombre y honra de su autor, facultades que dan pie a la referida doctrina del derecho moral. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo I, vol. II, 11a ed. 1971, págs. 365-366; Ladas, The International Protection of Literary and Artistic Property, vol. I, N.Y. 1938, págs. 575-578; Kayser, Les Droits de la personnalité, 1971 Revue trimestrelle de droit civil 445, 473 (1971).

La doctrina del derecho moral del autor se reconoce en España desde hace considerable tiempo, a pesar de que el texto de la ley más reciente sobre la propiedad intelectual, aprobada el 10 de enero de 1879, no es del todo explícito sobre el tema. Scaevola, Código Civil, tomo VII, 4a ed. 1943, pág. 569 et seq. Castán de hecho apoya que “el derecho moral de los autores halle consagración expresa en una nueva ley de Propiedad Intelectual . . . .” Castán, op. cit, 367. Respecto a la fuente legal de este derecho en Puerto Rico, valga señalar que el Art. 56 de la referida ley española de 1879 la hizo específicamente aplicable a Puerto Rico. () Giménez Bayo y Rodríguez-Arias Bustamante, La Propiedad Intelectual, Madrid, 1949, pág. 333 (se incluye en este libro el texto de la ley). En virtud del Art. 8 de la Ley Foraker y del Art. 58 de la Ley de Relaciones Federales dicha legislación continuó vigente en el país bajo las condiciones que allí se especifican. La antigua legislación española y los Arts. 12 y 7 de nuestro Código Civil ofrecen amplio fundamento para el reconocimiento en Puerto Rico del derecho moral de los autores, creadores y artistas. Castán, op. cit., tomo II, vol. I, 10a ed. 1971, págs. 416-418. Base adicional la ofrece la Convención Universal sobre Derecho de Autor de 6 de setiembre de 1952, de la cual es signatario Estados Unidos. 6 U.S.T. 2731, T.I.A.S. 3324. Según la ley española de 1879, la propiedad intelectual comprende las obras científicas, literarias y artísticas que pueden darse a la luz por cualquier medio. Montero y Martínez, T., Propiedad Intelectual, La Habana, 1951, pág. 13 et seq. y 66 et seq. Véase: Duchemin, J. L., Le Droit de Suite des Artistes, Paris, 1948, pág. 69.

En el derecho civil se le reconoce particular preeminencia al derecho moral de un artista a que se respete el producto de su actividad creadora. Espín, Derecho Civil Español, vol. II, 4a ed., 1974, pág. 299 et seq.; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, tomo III, vol. II, 2a ed. 1973, pág. 213; Manresa, Código Civil Español, tomo III, 7a ed. 1952, pág. 846 et seq.; Giménez Bayo y Rodríguez-Arias Bustamante, La Propiedad Intelectual, Madrid, 1949, pág. 16 et seq., Planiol y Ripert, Derecho Civil Francés, tomo III, Habana, 1942, págs. 499-500; Monta, The Concept of “Copyright” versus the “Droit d’Auteur”, 32 So. Cal. L. Rev. 177, 179 (1959); Strauss, The Moral Right of the Author, 4 Am. J. Comp. L. 506, 507-514 (1955); Katz, The Doctrine of Moral Right and American Copyright Law — A Proposal, 24 So. Cal. L. Rev. 375 (1951); Marty et Raynaud, Droit Civil, 2eme ed., tomo II, vol. II; Sirey, 1961, pág. 428.

La doctrina del derecho moral comprende en su ámbito, entre otras facultades, “el derecho de defensa de la integridad de la obra, que en su aspecto positivo le autoriza para modificarla, y en el negativo para impedir que sea alterada o deformada por los demás.” Castán, op. cit., 366. Desbois, H., Le Droit d’Auteur en France, 2eme ed., Dalloz, 1966, pág. 483; Plaisant, R., Le Droit des Auteurs et des Artistes Exécutants, París, 1970, pág. 66; Fabiani, M., II Diritto d’Autore nella Giurisprudenza, 2a ed., Padova, 1972, pág. 57.

Fuera de España se le ha reconocido contenido análogo a la doctrina del derecho moral. En el Convenio Internacional de Berna de 1885, revisado en Berlín en 1908, en Roma en 1928 y en Bruselas en 1948, se expresa en el Art. 6 bis (1):

“(1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, y lo mismo después de la cesión de dichos derechos, el autor conserva el derecho de reivindicar la paternidad de la obra, así como el derecho a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de dicha obra, que fuere perjudicial a su honor o a su reputación.”

Véase: Giménez Bayo y Rodríguez-Arias Bustamante, op. cit., 845; Encyclopédie Dalloz, Repertoire de Droit Civil, 2eme ed., 1967, “Propriété Litteraire et Artistique”, par. 397 et seq.; Desbois, loe. cit; Fabiani, loe. cit; Moreira da Silva, M., Código do Direito de Autor, Coimbra, 1966, pág. 119; Ionascu, Comsa y Muresan, Dreptul de Autor, Bucuresti, 1969, pág. 25. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre también reconoce la doctrina del derecho moral. Art. 27(a). El derecho a evitar la deformación de una obra se ha recono-cido en la jurisprudencia y la doctrina angloamericana. Roeder, The Doctrine of Moral Right: a Study in the Law of Artists, Authors and Creators, 53 Harv. L. Rev. 554, 565-572 (1940); Yankwich, Unfair Competition as an Aid to Equity in Patent, Copyright and Trademark Cases, 32 Notre Dame Law. [sic] 438, 464 (1957); Gilliam v. American Broadcasting Co., Inc., supra, pág. 24; Prouty v. National Broadcasting Co., 26 F.Supp. 265 (D.C. Mass. 1939); Gordella v. Log Cabin Products, Inc., 89 F.2d 891 (2d Cir. 1937); Packard v. Fox Film Corp., 202 N.Y. Supp, 164 (1923); Curwood v. Affiliated Distributors, Inc., 283 Fed. 219 (S.D.N.Y. 1922); De Bekker v. Stokes, 153 N.Y. Supp. 1066 (1915); Royle v. Dillingham, 104 N.Y. Supp. 783 (1907); Drummond v. Altemus, 60 Fed. 338 (E.D. Pa. 1894).

El derecho moral nace con la obra misma y subsiste, conforme a varios comentaristas, aun después de su cesión. Puig Brutau, op. cit., tomo II, vol. I, 10a ed. 1971, págs. 423-425; Manresa, op. cit., 865-866; Espín, op. cit., 311; Giménez Bayo y Rodríguez-Arias Bustamante, op. cit., 255 et seq.; cf. Whicher, The Creative Arts and the Judicial Process, N.Y. 1965, pág. 12. Aun en ausencia total de legislación se ha sostenido la aplicabilidad de la doctrina. Monta,, op. cit., 178. La obra de un artista es de hecho una prolongación de su personalidad. Dalloz, op. cit., “Biens” par. 491 (1967). Un atentado contra la obra lesiona la personalidad y dignidad de su creador. () De ahí que algunos comentaristas hayan catalogado el derecho moral como un derecho “absoluto, no evaluable en dinero, inalienable e intransmisible, e imprescriptible.” Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo 1, vol. 2, 11a ed. 1971, pág. 366; Ladas, The International Protection of Literary and Artistic Property, Yol. I, N.Y., 1938, págs. 578-579 y 600-601. Se ha sostenido específicamente que la condición de empleado del artista no le priva de su derecho a la propiedad intelectual. Desbois, op. cit., mise en jour 1973, pág. 14.

La doctrina del derecho moral se ha aplicado específicamente para evitar la modificación de murales. Roeder, op. cit., 554, n. 2; Dalloz, op. cit., “Propriété Litteraire et Artistique”, par. 405 (1976).

La precisión de los contornos del derecho moral de auto-res y artistas exige, no obstante, que examinemos con mayor detenimiento la naturaleza de la propiedad intelectual. Su singular y complicado carácter ha provocado en ocasiones in-terpretaciones extremas de que debemos cuidarnos. Algunos comentaristas concentran exclusiva o preferentemente en la faceta patrimonial de la propiedad intelectual y se esfuerzan en sujetarla al típico derecho de bienes, con el resultado de que se lesiona severamente el derecho moral. Otros comentaristas llegan al polo opuesto al realzar el elemento extrapatrimonial en detrimento de otros intereses individuales y sociales. Fa-vorecemos un tercer enfoque, el ecléctico, que reconoce la ín-dole polifacética de la propiedad intelectual e intenta armo-nizar los intereses en potencial conflicto. Espín, Derecho Civil Español, vol. II, 4a ed., 1974, pág. 282.

Conforme a este último enfoque, no puede concebirse el derecho moral como un derecho absoluto. Debe reconciliársele con otros intereses individuales y de la comunidad. Cada caso deberá examinarse a la luz de sus propios hechos. Ladas, op. cit., pág, 579; Fisher, Studies on Copyright, Yol. II, Fred B. Rothman Co., N.J. 1963, págs. 123-125; Desbois, Le Droit di Auteur en France, 2eme ed., Dalloz, 1966, pág. 483. De todos modos, el artista no puede ejercer su derecho de modo abusivo. El ejercicio del derecho moral está sujeto a la doctrina del abuso de derecho. Plaisant, Le Droit des Auteurs et des Artistes Executants, Paris, 1970, pág. 60 et seq.; Desbois, op. cit., 484-485; Novissimo Digesto Italiano, vol. V, Ed. Torinese, 1960, “Diritti d’Autore”, 695-696.

El interés público puede dictar, por ejemplo, en determi-nadas circunstancias la destrucción de un edificio. La exis-tencia en él de un mural no puede impedir dicha acción. () Sostener que existe un derecho irrestricto a impedirla es caer en los excesos de la teoría personal o extrapatrimonial.

Por lo contrario, argumentar, como se ha argumentado aquí, que la adquisición de una obra de arte le concede a su propietario el derecho a hacer de ella lo que se le antoje equivale a adoptar la antigua teoría patrimonial y a abolir el derecho de todo artista a que se respete el producto de su actividad creadora.

En el caso de autos la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda interesa aparentemente restaurar y retocar los murales pintados por el recurrente. Consideramos que, de ser tal la circunstancia, debe asistirle derecho a la referida Corporación a conservar su propiedad en el debido grado de frescura y limpieza. En lo que no tiene razón es en proceder a hacer los retoques o cambios necesarios sin el consentimiento del pintor, con las condiciones ya apuntadas, quien tiene derecho a su vez a velar por la integridad de su criatura artística. Puede lograrse la necesaria armonía en este caso mediante el ofrecimiento al autor de la oportunidad de ejecutar la obra. Si las condiciones económicas o de otra índole que éste quisiese imponer fuesen inaceptables a la Corporación, el tribunal puede fijar las que estime razonables a la luz de la prueba que se ofrezca, e incluso limitarlas a las que la Corporación les haya estado ofreciendo en contrato bona fide a otras personas competentes. La doctrina del derecho moral se ha diseñado para proteger intereses extrapatrimoniales y no puramente económicos. El artista no puede hacer demandas irrazonables.

Los derechos extrapatrimoniales del género discutido pue-den limitarse por legislación o tratado. Véase el Art. 6 de la ley española de 1879, Giménez Bayo y Rodríguez-Arias Busta-mante, op. cit, 287 el seq., y el Art. 4 de la Convención Universal sobre Derecho de Autor, 6 U.S.T. 2731, 2736 y 2737. El problema de la duración del derecho moral no se plantea aquí, lo que hace innecesaria su discusión en detalle.

Por las consideraciones expuestas, se revoca la sentencia de que se recurre y se devuelve el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con esta opinión. Se reinstala mientras tanto la orden de entredicho provisional dictada por el Tribunal Superior contra la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda el 29 de abril de 1976.

El Juez Asociado Señor Martín disiente en opinión sepa-rada. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente en parte y disidente en parte.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1977

El “derecho moral” del artista no está protegido constitu-cionalmente en Puerto Rico ni tampoco por ley alguna. Al producirse el cambio de soberanía en Puerto Rico en 1898 regía aquí la Ley de Propiedad Intelectual de España de 10 de enero de 1879, que fue incorporada por referencia al Có-digo Civil Español, a través de los Arts. 428 y 429, () al pro-mulgarse éste en 24 de julio de 1889. () Pero, al revisarse el Código Civil en Puerto Rico por la Comisión Codificadora en 1902 se eliminaron los Arts. 428 y 429 que hacían referencia a la Ley de Propiedad Intelectual española de 1879, R.C. Núm. 5 de Io. de marzo de 1902, Estatutos Revisados y Códi-gos de Puerto Rico de 1902, quedando por tanto nuestra juris-dicción bajo la protección que ofrecía la legislación federal aplicable a esa materia. () Carta Orgánica de 1900, Ley de 12 de abril de 1900, cap. 191, see. 8, 31 Stat. 79.

En los Estados Unidos, donde no se ha reconocido el dere-cho del artista, se ha resuelto que el artista no retiene nin-gún derecho relacionado con la protección de su reputación artística cuando aquél ha vendido incondieionalmente su obra. Crimi v. Rutgers Presbyterian Church, 194 Misc. 570, 89 N.Y.S.2d 813 (Sup. Ct. 1949); Vargas v. Esquire, Inc., 174 F.2d 522 (7th Cir. 1947), véase Merryman, J. H., The Refrigerator of Bernard Buffet, 27 Hastings L.J., págs. 1035-39. Es muy poco lo que puede hacer un artista en los Estados Unidos si no ha impuesto al adquirente de su obra una obliga-ción contractual para asegurarse que su paternidad sea re-conocida y su obra respetada. Treece, American Law Analogues of Author’s “Moral Right”, 16 Am. J. Comp. L. 487, 501 (1968).

En gran número de países de Europa, Sur y Centro Amé-rica existe legislación que protege la propiedad intelectual. Merryman, op. cit., supra, págs. 1023, 1036-37 (1976). En Francia, sin embargo, el derecho moral del artista tuvo un origen judicial y fue desenvolviéndose poco a poco a través de decisiones de los tribunales desde mediados del siglo pasado. No fue hasta 1957 que las normas fueron codificadas en for-ma de reglas generales. Sarraute, Current Theory on the Moral Right of Authors and Artists under French Law, 16 Am. J. Comp. L. 465-466; Merryman, op. cit., supra, pág. 1026. Varios de los países que han adoptado el concepto de derecho moral han suscrito convenios internacionales que obli-gan a cada país firmante respecto a los derechos intelectuales vigentes en los respectivos países. El Convenio de Berna de 1886, por ejemplo, modificado en la conferencia de Berlin en 1908 por 15 países, subsiguientemente en Roma en 1932 y luego en Bruselas en 1948. También, el Convenio Universal de Ginebra de 1952. Los requisitos para gozar de la proteo ción de los convenios se remiten al derecho interno de cada Estado, el cual podrá exigir las formalidades que quiera a las obras publicadas en su territorio o a las obras de sus naciona-les, dondequiera que sean publicadas. Véase Espín, Manual de Derecho Civil Español, Vol. II, 4a ed. 1974, págs. 304, 313. Naturalmente, los países que no ofrecen protección al derecho intelectual de sus artistas no participan en los tratados inter-nacionales.

Tres distintas posiciones han sido identificadas en torno a esta materia. En los Estados Unidos, la obligación recae sobre el artista para convenir sus derechos con el comprador, quedando subsistente el problema de que futuros adquirentes de las obras no quedarían obligados. La posición intermedia la representa la Convención de Berna y la ley de Alemania, la cual impone al comprador el peso para conseguir el consen-timiento del artista si aquél desea modificar la obra. La ter-cera posición es la existente en Francia () (y en Italia que tiene una situación comparable) donde el peso recae sobre el comprador y protege al artista contra su propio asentimiento a menos que la modificación de la obra a la que el artista ha consentido sea una de tipo razonable. Merryman, op. cih, supra, pág. 42.

El caso de autos plantea lo que se ha llamado el derecho a la “integridad” de la obra lo cual se reconoce en algunas ju-risdicciones como parte inseparable del derecho moral del artista. Este derecho, según queda dicho, está protegido en Francia y en otros países, pero no en Puerto Rico, a menos que contractualmente el artista se hubiera protegido. .

Las obras aquí en cuestión consisten de unos murales pin-tados en varias edificaciones de caseríos públicos de la Cor-poración de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.). El pintor peticionario realizó las obras de pintura como maestro de arte contratado por la C.R.U.V., mediante el pago de un salario, () en varios de los edificios administrados por dicha agencia. Según lo estipulado por las partes el peticiona-rio utilizó como ayudantes a cuatro jóvenes a quienes adiestró en sus creaciones de dibujos y pinturas y quienes fueron pagados por la C.R.U.V. Esta agencia proveyó todos los ma-teriales requeridos, incluyendo pintura. El peticionario creó e ideó las figuras, formas y significados de las obras reali-zadas.

No habiéndose reservado el autor el derecho a intervenir en la restauración de las obras adquiridas por la C.R.U.V. cuando así lo requiriera el efecto del tiempo y de los elemen-tos, el Estado puede realizar el trabajo de restauración me-diante el uso de un artista de su selección.

La determinación de lo que constituye el derecho moral de un artista y la protección de dicho derecho es una función legislativa. La ley debe establecer los criterios de lo que cons-tituye una obra de arte, así como de los atributos que debe tener un artista que ha de ser protegido. Las normas deben ser fijadas y precisadas luego de oír a personas entendidas en ese quehacer espiritual a quienes la Legislatura puede acudir para orientación y consejo. El Art. 7 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 7) que nos autoriza a resolver conforme a equidad cuando no haya ley aplicable al caso, teniendo en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios gene-rales del derecho y los usos y costumbres aceptados y estable-cidos, no nos da base para dar cuerpo a los principios que en muchos países han sido instrumentados por legislación deta-llada.

Si yo fuera legislador favorecería instrumentar legislación para proteger ese derecho. En mi carácter de Juez entiendo que no es mi función legislar.

En este caso en particular no hay prueba relativa a algún mérito excepcional de las obras en cuestión que justifiquen la intervención de los tribunales para proteger propiedad que forme parte del patrimonio público, ni tampoco surge que se hayan demostrado usos y costumbres aceptados y establecidos con respecto a los derechos morales del artista.

En vista de lo expuesto confirmaría la sentencia dictada por el tribunal de instancia que declaró sin lugar la petición de interdicto del peticionario.

—O—

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Ne-grón García.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1977

Para el cumplimiento cabal de la función adjudicativa de este Tribunal en grado apelativo, desde la Ley Judicial de principios de siglo, se contemplaron las siguientes raíces:

“[Se] parte de la base de que la primera fuente de derecho para el juez es la ley, que es preferente, que debe cumplirse estrictamente siempre y en primer caso. Después de la ley, y acompañándola y facilitando su recta interpretación, está la doc-trina jurídica, constituida por el precedente legal de las resolu-ciones de los tribunales superiores que han nacido de.anteriores debates judiciales y de la reflexión y experiencia de los jueces, o que procedan del estudio detenido o del trabajo científico de los hombres de saber, que han escrito públicamente sobre las cues-tiones de derecho de más importancia en los diversos ramos de la ciencia jurídica y de sus procedimientos. Y como pueden ocu-rrir muchos casos en el constante desarrollo y progreso de las mismas doctrinas jurídicas y en las relaciones de derecho entre los hombres, que son múltiples e ilimitadas y que presentan a cada paso aspectos nuevos para el juzgador, se hace necesario darle a éste una norma cierta dentro de la cual pueda siempre resolver, con mano segura y con criterio levantado, aquellas cues-tiones de derecho que no resulten expresamente definidas y com-prendidas en la ley vigente ni en los precedentes legales.
Y esa norma segura es la equidad, con arreglo a la cual el juez, a falta de ley estricta, debe valerse de su recta e ilustrada razón y aplicar, mediante ella, los principios generales del de-recho, es decir, aquellas reglas de justicia que no están consig-nadas en ley alguna y que, sin embargo, constituyen el espíritu fundamental de las leyes, no sólo dentro de los límites de una na-ción, sino que también pueblos cultos y civilizados.
De esta manera, pues, las sentencias de la corte de apelación deben ser, o conformes a ley, o conformes a doctrina, o con-formes a equidad y, por consiguiente, tienen que resultar, en todos los casos, conformes a justicia.” I Informe de la Comisión para Revisar y Compilar las Leyes de Puerto Rico, 121-122 (1901). (Bastardillas nuestras.)

Con esta perspectiva presente, es menester primeramente ampliar y precisar ciertos hechos a los ya expuestos en la opinión del Tribunal. Del examen detenido de las fotografías en colores de los murales en controversia y las estipulaciones acordadas por las partes en primera instancia, es incontrovertible que el recurrente Ossorio, como maestro de pintura bajo contrato, creó con su talento las figuras, formas y sig-nificado de los murales. Concurrentemente, adiestró a cuatro jóvenes que le auxiliaron en la realización de su obra artís-tica en las paredes exteriores de varios edificios de la C.R.U.V. Se observa además, que los murales fueron pintados sobre unas paredes que forman parte esencial de la estructura de los edificios; en consecuencia no cabe especular sobre su posi-ble remoción. Más importante aún, por estar expuestos a las inclemencias del tiempo, estos murales en paredes exteriores se deterioran rápidamente y necesitan ser renovados perió-dicamente. En este sentido la situación es semejante a la pin-tura y mantenimiento que se le provee a cualquier edifica-ción, estructura o residencia en Puerto Rico.

Analizadas con sentido crítico las autoridades y juris-prudencia aludidas por el Tribunal, es sumamente frágil sos-tener que la ley española sobre propiedad intelectual aproba-da hace casi un siglo, en 10 de enero de 1879, sea aplicable al Puerto Rico de hoy, máxime ante la derogación taxativa de los Arts. 428 y 429 del Código Civil Español al adoptarse éste en virtud de la revisión realizada del nuestro en 1902.

Sin embargo, bajo la premisa de que no existe un precepto de ley claro y terminante que regule la materia, en virtud del Art. 7 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 7), pro-cede en equidad que reconozcamos en principio y demos va-lidez en nuestra jurisdicción, como primacía de factores idea-les sobre los simplemente pecuniarios, y sujeto a ciertas li-mitaciones, al derecho de propiedad intelectual en el arte pictórico en sus dimensiones de autor e integridad de obra.

En síntesis: ¿qué comprende en teoría el derecho moral?

“ [L] os derechos morales, personales o extrapatrimoniales (que salvaguardan la paternidad de la obra y la . . . integridad). Se concentra este último grupo de facultades en el llamado usual-mente — con más o menos propiedad — derecho moral del autor, que es, indudablemente, un derecho de la personalidad, ya que atañe a un bien ideal inseparable de la persona. El derecho moral de autor — expresa De Cupis — constituye un derecho privado que tiene por objeto no la obra del ingenio, que es un bien de natura-leza patrimonial, sino, más bien el bien personal de la paternidad intelectual, modo de ser moral de la persona del propio autor.” Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I, Vol. 2, 365-366 (1963).

Y Puig Brutau expresa:

“Con la denominación de propiedad intelectual se designa el conjunto de derechos que la ley reconoce al autor sobre las obras que ha producido con su inteligencia, en especial los de que su paternidad le sea reconocida y respetada, así como que se le per-mita difundir la obra, autorizando o negando, en su caso, la reproducción.
En realidad, sólo puede hablarse de propiedad en relación con obras literarias, científicas o artísticas, en un sentido muy am-plio. Basta tener en cuenta que no recae sobre una cosa corporal, no atribuye un derecho perpetuo, y no puede usarse, disfrutarse o reinvindicarse como si se tratara de la propiedad sobre un ob-jeto material. Como veremos al tratar del objeto y contenido de este derecho, el interés protegido es la obra del pensamiento o de la actividad intelectual, incluso con independencia de las cosas que la exteriorizan y le dan forma material. Tener la propiedad del ejemplar de un libro no es tener la propiedad de la obra con-tenida en el libro. La obra impresa ha sido posible por la existen-cia previa de la creación del autor, a quien corresponde el derecho exclusivo de dejarlo publicar.
Es un derecho reconocido casi en todo el mundo, aunque su regulación puede variar dentro de límites bastantes amplios. Por un lado hay que reconocer el derecho del autor, que es un mono-polio más o menos limitado; por otro lado, esta limitación trata de conseguir que el derecho del autor sea compatible con los in-tereses sociales a la divulgación de los conocimientos. El derecho está contrarrestado, en definitiva, por su carácter temporal.” Tomo III, 2 Fundamentos de Derecho Civil, 201 (1973).

Ahora bien, la exaltación de lo bello y artístico no puede lograrse mediante ideales de justicia absoluta y abstracta, sacrificando la formulación del derecho concreto y el equili-brio que debe caracterizar toda decisión judicial fundada en “equidad”. Manresa nos advierte de esta dificultad al consig-nar que el “regular el ejercicio del derecho de propiedad in-telectual, entraña un principio justo, pero que es casi impo-sible de traducir concretamente, de un modo esencialmente ju-rídico, pues tiene que formularse en disposiciones circunstan-ciales de carácter empírico y convencional.” 3 Código Civil Español, 631 (1934).

En el aspecto referente a la integridad de la obra bajo nuestra consideración y en las circunstancias particulares del caso, disiento de la disposición final que en la práctica le con-fiere al recurrente Ossorio, como pintor, un derecho absoluto casi eterno de propiedad intelectual, incompatible con los ex-ponentes de la teoría ecléctica o intermedia adoptada por el Tribunal. La prerrogativa que le asiste de velar porque su obra sea respetada debe conjugarse con el derecho de propie-dad de la recurrida C.R.U.V. a mantener, conservar y res-taurar su patrimonio permitiéndole contratar, con exclusión del recurrente si así lo estima pertinente, a otras personas idóneas, incluyendo los ex-discípulos que colaboraron en su realización.

Para esta tarea no es menester pedir autorización previa al autor, pues por la naturaleza, características y ubicación de la obra, el permiso implícitamente existe. Menos procede otorgarle un derecho preferente equivalente a vincular a la entidad recurrida perpetuamente con el artista, de manera onerosa, con el consabido gravamen y quebranto económico que de ello forzosamente surgirá. La doctrina francesa que dio fruto a la concepción del derecho moral reconoce, bajo ciertas condiciones, que es renunciable. Straus: The Moral Right of the Author, 4 Am. J. Comp. L., 515-516 (1955). “Apa-rentemente el poder de enajenar se extiende solamente al as-pecto de la modificación y uso pero no incluye el derecho a la paternidad.” Katz, The Doctrine of Moral Right and American Copyright Law — A Proposal, 24 So. Cal. L. Rev. 406-409 (1950-51).

De conformidad con lo expresado, fue correcta la conclu-sión de la ilustrada sala sentenciadora:

“La CRUV viene obligada al mantenimiento y conservación de sus edificios. La conservación incluye el embellecimiento como el que se hizo en el presente caso mediante la pintura de murales en el exterior de algunos edificios y la renovación y retoque de dichos murales. No vemos qué derecho le asiste al pintor para oponerse a la conservación de los mismos por otras personas o a exigir que sólo él sea el que pueda hacer el trabajo de restaura-ción y retoque, no habiéndose pactado nada en ese sentido en el contrato de servicios.”

El derecho de autor del recurrente Ossorio no significa una exclusiva permanente para instaurar sus obras, sino el defender la integridad de las mismas, oponiéndose a cualquier mutilación, deformación o modificación sustancial injustifi-cadas, innecesarias e irrazonables de los murales, que le causaren comprobado perjuicio a su honor o reputación. Nos preguntamos: ¿Si por razones presupuestarias la C.R.U.V. no pudiera renovar y mantener los murales, podría el recurrente Ossorio acudir a los tribunales a obligarla? Respetuosamente entiendo que bajo la tesis jurídica sostenida por el Tribunal ello es posible y que la C.R.U.V. no podría siquiera optar por eliminarlos en circunstancias justificadas.

En consideración a lo expuesto y no habiéndose demostra-do en el tribunal de primera instancia lesiones a la integri-dad de las obras, confirmaría la sentencia que declaró sin lugar la demanda interpuesta.

      (1) La ley entró en vigor en la Isla en virtud del Real Decreto de 10 de enero de 1879. Su vigencia no depende del Código Civil que entró en vigor diez años más tarde en virtud del Real Decreto de 31 de julio de 1889.

      (2) Adviértase la tangencia con la disposición del Art. II, Sec. 1, de la Constitución de Puerto Rico, en que se proclama que la dignidad del ser humano es inviolable. La vigencia de esta declaración no depende de la aprobación de ley alguna. Alberto Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964); González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 126, 133 (1963).

      (3)De ser removible, el artista podría requerir que se le permitiese hacerlo bajo las condiciones que el tribunal estime razonables. Recuérdense, además, los poderes del Instituto de Cultura Puertorriqueña para la con-servación de los valores culturales del pueblo de Puerto Rico. Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, 18 L.P.R.A. see. 1195 et seq.

      (1) Art. 428. “El autor de una obra literaria, científica o artística, tiene el derecho de explotarla y disponer de ella a su voluntad.” Código Civil Español, Dionisio Doblado, 1889, 2da. ed. Madrid.
      Art. 429. “La ley sobre propiedad intelectual determina las personas a quienes pertenece ese derecho, la forma de su ejercicio y el tiempo de su duración. En casos no previstos ni resueltos por dicha ley especial se apli-carán las reglas generales establecidas en este Código sobre la propiedad.” Ibid.

      (2)La vigencia de la Ley de Propiedad Intelectual de 1879 y del Código Civil Español en Puerto Rico se'produjo por virtud del Real Decreto de 31 de julio de 1889. Véanse Rodríguez v. San Miguel et al., 4 D.P.R. 105, 114 (1903); Torres et al. v. Rubianes et al., 20 D.P.R. 337, 345 (1914).

      (3) Véase Arthur Fisher, Studies on Copyright (1963), sobre el histo-rial de la legislación federal vigente para el Io. de marzo de 1902 relativa a los derechos del autor antes de la compilación de 1909, págs. 72-73.

      (4)En Francia la disposición estatutaria es al efecto de que el derecho moral es “perpetuo, inalienable e imprescriptible”.

      (5)En la Ley de Derechos de Autor (Copyright Act) de los Estados Unidos se estatuye que el término “autor” incluye un patrono en los casos en que la obra se realice mediante arrendamiento de servicios. Esto es, la persona que participa en la creación es un empleado del que arrienda sus servicios, y por tanto, se rompe la relación entre el artista y la obra creada. Véanse 17 U.S.C.A. see. 26; Monta, The Concept of “Copyright” versus the “Droit D’Auteur”, 32 So. Calif. L. Rev. 177, 178-79 (1959).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Presidente Señor Trías Monge.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Enrique Santi Ortiz, acusado y apelante.

      Número: CR-76-257

      Resuelto: 23 de mayo de 1977

      Ramón Rivera Valentín, abogado del apelante; Roberto- Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Ricardo- E. Ale-gría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Acusado el apelante de alterar la paz fue sentenciado a sufrir tres meses de cárcel y pagar $300 de multa. Solicitó juicio de novo. En el Tribunal Superior fue sentenciado a cuatro meses de cárcel () y $400 de multa.

Apunta dos errores. Violación de su derecho a que se le celebrara el juicio de novo dentro de los 120 días de haberse radicado los autos en el Tribunal Superior y que la pena im-puesta resulta demasiado severa.

El 27 de febrero de 1974 se radicaron los autos del Tribunal de Distrito ante el Tribunal Superior. El 11 de marzo se señala el juicio de novo para el 8 de julio de 1974. Este señala-miento se le notificó a la Sociedad de Asistencia Legal y al acusado. El 3 de abril el juez ante quien se celebrara la vista se inhibió. El 8 de abril se señaló de nuevo el caso para el 15 de julio. Se notificó al acusado. La vista del 15 de julio fue transferida para el 16 de septiembre. Esta transferencia se hizo el 6 de junio. Fueron notificados el acusado y el Lie. Pérez Caraballo de Asistencia Legal.

La razón que fundamenta nuestro criterio en las apelaciones es aplicable a los juicios de novo. Hemos resuelto repetidamente que el término de 120 días establecido en la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal de 1968 se aplica a los casos apelados del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, debiendo computarse el término a partir de la fecha en que los autos quedan radicados en el Tribunal Superior. Pennington v. Corte, 60 D.P.R. 260 (1942); Pueblo v. Balzac, 56 D.P.R. 649 (1940); Pueblo v. Ortiz, 51 D.P.R. 379 (1937); Pueblo v. Romero, 39 D.P.R. 557 (1929).

Habiéndose radicado los autos en el Tribunal Superior el 27 de febrero de 1974, el juicio de novo debía celebrarse en o antes del 27 de junio de 1974. Fue celebrado el 16 de septiem-bre, expirando ya el término de 120 días. Pero hemos dejado anteriormente consignado que el primer señalamiento de 11 de marzo se hizo para el 8 de julio, fecha en que ya dicho tér-mino había expirado. El señalamiento del 15 de julio tiene fecha de 8 de abril y el del 16 de septiembre se hizo el 6 de junio. Todos estos señalamientos se hicieron antes de expirar el término de 120 días. No es hasta el 23 de julio después de expirado el referido término, que el acusado solicita el archivo. El tribunal de instancia denegó el pedido. Actuó correcta-mente.

En Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977), citamos a Sykes v. Superior Court of Orange County, 507 P.2d 9 (1973) de la Corte Suprema de California que sostiene que “[l]a única obligación que la ley impone a un acusado para proteger su derecho a un juicio rápido consiste en presentar objeción cuando su juicio ha sido fijado para una fecha posterior al período establecido por ley y entonces proceder a presentar una moción de desestimación una vez dicho período haya expirado....”

El acusado en el presente caso presentó la moción de archivo luego de expirado el término de 120 días, pero no presentó objeción alguna a ninguno de los señalamientos he-ehos antes de expirar el término, para fechas posteriores a la expiración del término de 120 días. Es interesante apuntar que precisamente al día siguiente de vencer el término de 120 días, el 28 de junio, el acusado a través de un nuevo abogado solicitó información de la Secretaría del Tribunal para corro-borar el “día de radicación del ‘juicio de novo’ en el Tribunal Superior” y “nuevo señalamiento”.

No habiéndose opuesto el acusado al señalamiento hecho con su consentimiento el 6 de junio, tres semanas antes de vencer el término de 120 días de radicados los autos en el Tribunal Superior, es evidente que el acusado renunció a su dere-cho a un juicio rápido.

Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 415 (1974), citado por el apelante, es distinguible. En Arcelay Galán reconocimos que el derecho a juicio rápido es uno de los dere-chos constitucionales fundamentales cuya renuncia debe ser expresa y no presunta, voluntaria y efectuada con pleno cono-cimiento de causa. En aquel caso el acusado se opuso a una moción del fiscal para que se suspendiera el juicio en la fecha para la cual había sido señalado, y para ello invocó su derecho a juicio rápido. El tribunal, no obstante, accedió a la suspen-sión e hizo un nuevo señalamiento para una fecha ciento treinta y tres días más tarde. El acusado no consignó objeción a este nuevo señalamiento, y en las circunstancias de aquel caso entendimos que no tenía que hacerlo, pues ya había ex-presado su oposición a la suspensión precisamente por el fun-damento de que se violaba su derecho a juicio rápido.

Las circunstancias en el caso que ahora consideramos sugieren poderosamente que el silencio del acusado a los distintos señalamientos, todos para una fecha posterior al plazo de 120 días, no obedeció a una inadvertencia. El estaba representado por abogado. Por ser esencial para el descargo adecuado de sus funciones, los abogados en la práctica criminal están atentos a los señalamientos, especialmente para invocar los términos que puedan favorecerlos. Al percatarse un abo-gado de que el nuevo señalamiento viola el plazo de 120 días y permanecer callado para luego invocarlo para beneficio de su cliente habiéndose vencido el plazo, es una estratagema que no debe derrotar el derecho del Estado a que se le celebre jui-cio al acusado. En el caso de autos, el acusado debidamente representado por abogado, no objetó a tres señalamientos he-chos con suficiente anterioridad, todos para fechas posteriores al vencimiento del plazo de 120 días. Su pasividad, en tales circunstancias, es más que una renuncia tácita a ser juzgado en 120 días. Fue voluntaria y efectuada con pleno conoci-miento de causa. No se violó, por tanto, su derecho a juicio rápido.

La pena impuesta excedió los límites establecidos para el delito por el cual se acusó al apelante. Se modificará la sen-tencia a los efectos de reducir el período de reclusión a tres meses, Art. 368, Código Penal 1937, 33 L.P.R.A. sec. 14-39. Así modificada se confirmará.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió en opinión separada.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de mayo de 1977.

Considero que la confirmación de la sentencia en este caso está reñida con la norma establecida en Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 415 (1974), donde rechazamos la ver-sión entonces vigente en Puerto Rico de la doctrina de renun-cia al juicio rápido. Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946, 951-952 (1970), expresamente revocado en Arcelay, repre-sentaba la doctrina anterior. Sus hechos son análogos al caso de autos. Estimo respetuosamente que la opinión de la mayo-ría adopta una interpretación innecesariamente restrictiva de Arcelay.

      (1) Se le suspendió la sentencia de cárcel a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946.


author: per curiam:

text:
    Juan José Hernández Cibes, demandante y recurrido, v. Asociación Hospital del Maestro, Inc., José Eligio Vélez Torres, Presidente de su Junta de Directores, demandados y peticionarios.

      Número: O-76-279

      Resuelto: 31 de mayo de 1977

      Luis E. Gandía Arguelles y Francisco A. Colón Cruz, abogados de la peticionaria; Enrique González y René Muñoz Padín, abogados del recurrido.
   per curiam:

En 18 de abril de 1975 el Dr. Juan J. Her-nández Cibes fue informado, en comunicación firmada por el Presidente y el Secretario respectivamente de la Facultad Médica () del Hospital del Maestro, que en reunión celebrada por el Comité Ejecutivo de dicha Facultad el día 8 del mismo mes, se acordó recomendar la suspensión de sus privilegios como miembro activo de la referida Facultad Médica. La de-cisión de suspender al Dr. Hernández Cibes se basó en un estudio de los cargos que tuvo ante sí el Comité Ejecutivo los cuales estaban apoyados en declaraciones juradas que tuvo ante sí. El querellado ejerció su derecho a solicitar una vista y reconsideración de dicha determinación ante el Comité de Revisión Judicial conforme lo autoriza el Art. Ill, Sec. VI, inciso B, del Reglamento de la Facultad Médica.

El referido Comité de Revisión Judicial se compuso de cinco miembros designados de entre la Facultad Médica y el Comité Profesional de la Junta de Directores, ninguna de cuyas personas había intervenido directamente en la consi-deración del caso. El querellado tuvo amplia oportunidad para presentar sus puntos de vista e interrogar a los testigos cuya comparecencia había requerido.

El Comité de Revisión Judicial, presidido por el Dr. Adán Nigaglioni, sometió su informe y recomendaciones en torno a la apelación del querellado, enviando copia del mismo al Co-mité Ejecutivo de la Facultad Médica, a la Junta de Direc-tores de la Asociación del Hospital del Maestro, Inc. y al querellado Dr. Hernández Cibes. Las determinaciones conteni-das en dicho informe fueron las siguientes: (1) El querellado no fue lo suficientemente diligente para conseguir quien le relevara en un turno de guardia de emergencia en 14 de no-viembre de 1974; (2) El expediente clínico de una de sus pa-cientes hospitalizada en febrero de 1975 resultaba inadecuado por no reflejar la gravedad de su estado ni el tratamiento re-cibido; (3) los expedientes médicos del querellado durante el último año reflejaban una manifiesta falta de diligencia y esmero de su parte.

Aunque el Comité de Revisión Judicial encontró probadas las faltas imputadas expresó no coincidir con la recomenda-ción del Comité Ejecutivo de suspender al querellado sus pri-vilegios como miembro de la Facultad. En consideración a “la pasada y comprobada dedicación del doctor Hernández Cibes a la Institución y su propósito reiterado de enmienda” el Co-mité de Revisión Judicial recomendó a la Junta de Directores que no retirara al querellado de la Facultad activa del hospital sino que le extendiera nombramiento de carácter proba-torio por el período de un año (a vencer en 30 de junio de 1976), y que al final de ese período se le levantara la limita-ción a sus privilegios sujeto a la previa recomendación favorable de la Facultad del Departamento de Obstetricia y Gine-cología, a solicitud de la Junta de Directores a través del jefe de dicho Departamento.

El querellado fue entonces notificado por el Presidente de la Junta de Directores que conforme a la recomendación del Comité de Revisión Judicial se le extendía un nombramiento provisional de médico obstetra y ginecólogo por un año a ven-cer en 30 de junio de 1976. Expresaba dicha comunicación que su labor sería evaluada al final del año por los miembros de su departamento. El querellado cursó una aceptación al nombramiento provisional extendídole.

En 27 de marzo de 1976, antes de vencer el nombramiento provisional del querellado, el Director Médico del Hospital del Maestro le comunicó que la Junta de Directores, en reunión extraordinaria, había resuelto no aceptar las recomendaciones del Comité de Revisión Judicial y por unanimidad había acordado cancelar su nombramiento como miembro de la Fa-cultad Médica y suspenderle todos sus privilegios, efectivo in-mediatamente. Se le advertía que, conforme lo dispone el Art. Ill, Sec. VI del Reglamento podía solicitar reconsidera-ción y vista de la Junta de Directores.

Aunque la Junta de Directores le había extendido un nom-bramiento provisional por recomendación del Comité de Re-visión Judicial, es evidente que aún no había tomado acción definitiva en cuanto al “status” del Dr. Hernández Cibes como miembro activo de la facultad. El nombramiento provisional parecía ser indicativo que aún no se había resuelto la quere-lla. Su condición de miembro de la facultad continuaba en cuestión y sujeto a la evaluación que habría de hacer el de-partamento al que pertenecía.

Por constituir esa decisión una acción contraria a la reco-mendación del Comité de Revisión Judicial el médico aludido tenía el derecho de solicitar una reconsideración de la deter-minación y la celebración de un vista. Art. Ill, Sec. VI. El querellado así lo solicitó y la Junta de Directores señaló una vista para el día 14 de mayo siguiente. En su solicitud im-pugnó el poder de la Junta para la suspensión inmediata.

En vista de la naturaleza sumaria de la suspensión, el 3 de mayo de 1976 el querellado solicitó del Tribunal Superior que expidiera una orden de injunction dirigida al Hospital del Maestro para que se le restituyera como miembro de la Facul-tad Médica por constituir la suspensión una violación de las disposiciones reglamentarias.

El Hospital del Maestro se opuso a la expedición del injunction por el fundamento de que el nombramiento provisional extendido al querellado había expirado con la acción de la Junta de Directores en 27 de marzo de 1976, y en todo caso por ser la petición prematura por no haberse agotado el trá-mite administrativo de reconsideración ante la Junta de Directores, cuya vista estaba señalada para el día 14 de mayo de 1976.

Expedimos orden dirigida a ambas partes que mostraran causa por la que (1) no debía ordenarse la continuación de los procedimientos administrativos ante la Junta de Direc-tores de la Asociación Hospital del Maestro, Inc., para deter-minar si procede la suspensión de los privilegios del Dr. Juan Hernández Cibes como miembro activo de la Facultad Médica de la referida institución; y (2) de proceder la suspensión, si la misma debía ser efectiva a la terminación del período probatorio señalado por la Junta de Directores, o sea, en 30 de junio de 1976, o si dicha suspensión es la del tipo sumario a que se refiere la Sec. VI del Reglamento; y (3) no deba dejarse sin efecto la orden de injunction preliminar dictada por el tribunal de instancia a partir de la fecha de venci-miento del nombramiento provisional extendido por la Junta de Directores. ()

Las partes comparecieron y expusieron sus puntos de vista en relación con los señalamientos de nuestra orden de mostrar causa. Los argumentos ofrecidos por las partes nos dan base para exponer algunos criterios que pueden servir de guía en la resolución de la controversia suscitada.

El reglamento de la institución peticionaria dispone, en lo que es aquí pertinente, lo que exponemos a continuación. El ser miembro de su facultad médica es un privilegio que solamente se extenderá a aquellos médicos que cumplan estric-tamente y continúen cumpliendo con las normas y requisitos exigidos por el reglamento. Solamente se admitirán médicos cuyo entrenamiento y experiencia aseguren, a juicio de la Junta de Directores, que cualquier paciente admitido o tra-tado en el Hospital del Maestro tendrá el mejor cuido y peri-cia profesional. Deberán conducirse en la más alta tradición ética. Art. Ill, Sec. I. Los nombramientos se harán por la Junta de Directores, previa recomendación de la facultad ac-tiva, por períodos de un año o hasta el 30 de junio de eada año que es el cierre del año fiscal. Cualificarán para renova-ción de su nombramiento por un año adicional aquellos que sean recomendados por el jefe del departamento concernido al Comité Ejecutivo de la Facultad, el que a su vez someterá sus recomendaciones a la Junta de Directores, a través del Director Médico, con recomendaciones adicionales sobre los privi-legios que estime deben extenderse a los candidatos, bien fuere ampliando o restringiendo los privilegios. Art. Ill, Sec. IV.

En los casos en que el Comité Ejecutivo recomiende suspender o revocar el nombramiento de un miembro de la facul-tad, el miembro afectado podrá solicitar reconsideración de su caso ante la Comisión de Revisión Judicial a base de que la decisión fuere errónea, irrazonable, arbitraria o capri-chosa. El Comité Ejecutivo deberá hacer los arreglos para que el querellado tenga una audiencia ante el Comité de Revisión Judicial, previa la notificación de una relación de los actos u omisiones que se le imputan. El Comité de Revisión Judicial consistirá de 5 miembros seleccionados entre los miembros de la Facultad Médica y del Comité Profesional de la Junta de Directores que no hayan tomado parte en las deliberaciones contra el miembro afectado. Este tendrá el derecho de presen-tar y examinar testigos, presentar evidencia, repreguntar a los testigos de oposición, impugnar sus testimonios y rebatir la evidencia presentada contra él. El Comité de Revisión Judicial hará un informe con sus recomendaciones al Comité Ejecutivo de la Facultad Médica y a la Junta de Directores, y notificará una copia al miembro afectado. Dicho informe puede contener recomendaciones para que la Junta de Direc-tores confirme, modifique o rechace las recomendaciones origi-nales del Comité Ejecutivo. El perjudicado podrá apelar de ello dentro de los 10 días después de ser notificado para ante la Junta de Directores y solicitar una audiencia. Art. Ill, Sec. VI. Dicha apelación es renunciable si no se solicita. En el evento de que la Junta tome una acción contraria a las reco-mendaciones de la Facultad Médica en cuanto a nombramien-tos o privilegios la parte perjudicada podrá solicitar recon-sideración y vista ante la Junta de Directores.

Un examen detenido del reglamento de la institución recurrente a la luz de los hechos que surgen del expediente del caso y de la sentencia dictada por el tribunal de instancia al expedir la orden de injunction preliminar revela que la aludida institución provee todos los resguardos necesarios que exige el debido procedimiento de ley, y que como cuestión de hecho, dicha institución ha observado y el médico recurrido se ha valido de las disposiciones reglamentarias pertinentes. En vista de que la adjudicación final de la Junta fue contra-ria a las recomendaciones del Comité de Revisión Judicial, para lo cual tiene facultad reglamentaria, queda aún pen-diente el derecho a la reconsideración y vista solicitada y ya concedida por la Junta de Directores, cuya vista quedó en suspenso al recurrir el médico afectado ante el Tribunal Superior en solicitud de la orden de injunction.

La controversia que suscita su petición de injunction que-da limitada a resolver si la suspensión inmediata decretada por la Junta de Directores fue válida a la luz de lo dispuesto en el reglamento de la institución. El reglamento provee el trámite para la suspensión sumaria absoluta, así como para la suspensión limitada de un miembro de la facultad. La pri-mera de las dos, o sea, la absoluta, se origina cuando la Junta de Directores, o el Comité Ejecutivo o el Jefe del Departa-mento correspondiente determina que debe tomarse acción in-mediata para proteger la vida o el bienestar de un paciente, o cuando la licencia del médico es cancelada o suspendida por la Junta Examinadora de Médicos; y la segunda, o sea, la suspensión limitada, se produce si el médico ha incumplido con el requerimiento del Director Médico de la institución de completar la preparación de los récords médicos de pacientes del médico en cuestión, para lo cual se le conceden treinta (30) días. Art. Ill, Sec. VI.

No surge del expediente que la suspensión sumaria del Dr. Hernández Cibes haya sido motivada por una de las causales dispuestas por reglamento para ello. En su consecuencia, la suspensión decretada debe ajustarse a las nor-mas reglamentarias para suspensiones ordinarias para lo cual debe seguirse el trámite administrativo que señalamos anteriormente en esta opinión.

La discreción que tiene la Junta de Directores de un hospital privado para suspender a un miembro de su facultad médica o para retirarle o limitarle sus privilegios como tal, no puede ser ejercida de modo irrazonable, caprichoso o arbi-trario. Art. Ill, Sec. VI. Se ha sostenido que un médico que haya sido excluido irrazonablemente de la facultad de un hospital podría ser repuesto. Véase Woodward v. Porter Hospital, 217 A.2d 37 (1966). Los tribunales harán caso omiso o declararán inválidas las normas que adoptare un hospital para suspensiones si dichas normas resultaren muy vagas o subjetivas. Una afirmación, por ejemplo, al efecto de que la suspensión fue efectuada en los mejores intereses del hospital o de sus pacientes, sin estar apoyada en hechos específicos podría ser invalidada. Véase Milford v. People's Community Hospital Authority, 144 N.W.2d 687 (1966).

También se ha reconocido que un médico debe tener la oportunidad de una audiencia para presentar la evidencia con que contare antes de que la acción tomada contra él por la institución sea final, a menos que su continuada presencia en el hospital constituyera una seria e inmediata amenaza. Véase, Sussman v. Overlook Hospital Ass’n, 231 A.2d 389 (1971).

En cuanto a sus remedios ante los tribunales, es nuestra opinión que, antes de recurrir a ellos, debe haber agotado los remedios que ofrecen los procedimientos disponibles en ley, y solamente intervendremos cuando el hospital hubiere incurrido en violaciones de sus propios requisitos procesales de notificación y vista.

Reconocemos que los hospitales han ido asumiendo una responsabilidad creciente en relación con la calidad de los servicios rendidos por los médicos de su facultad. Por ello, los hospitales tienen un legítimo interés en que los médicos de sus facultades posean las cualificaciones y observen la conducta requerida para la consecución del mejor cuido y tratamiento de los pacientes que allí acuden. En ese empeño es necesario que sus medidas de evaluación periódica de la competencia profesional de sus médicos y en relación con el man-ténimiento cuidadoso de los récords médicos sean de exce-lencia. Las juntas directivas, por lo tanto, deben velar por que los mecanismos que aseguren la calidad del cuidado de los pacientes sean establecidos y mantenidos celosamente. Véanse Darling v. Charleston Community Memorial Hospital, 211 N.E.2d 253 (1965), cert. den. 383 U.S. 946 (1966); Hansch v. Hackett, 66 P.2d 1129 (1937). Consideramos una buena norma la de no intervenir con los criterios adoptados por las juntas directivas de los hospitales en la reglamenta-ción de sus facultades médicas a menos que la reglamentación no satisfaga los requisitos mínimos del debido proceso de ley y que sus determinaciones sustantivas sean arbitrarias, ca-prichosas o irrazonables. Véanse Klinge v. Lutheran Charities Association of St. Louis, 523 F.2d 56 (8th Cir. 1975); Kaplan v. Carney, 404 F.Supp. 161 (E.D. Mo. 1975); State ex rel. Wolf v. La Crosse Lutheran Hospital Ass’n, 193 N.W. 994 (1923).

Resumimos suscintamente los hechos relatados precedentemente. El Comité Ejecutivo de la Facultad Médica recomendó suspenderle los privilegios de miembro de dicha facultad al Dr. Hernández Cibes por las razones expuestas en el pliego de cargos notificádole. En apelación, el Comité de Revisión Judicial, aunque encontró sustancialmente probados los cargos, recomendó que el médico afectado continuara formando parte de la facultad mediante un nombramiento de carácter probatorio por un año, sujeto a que al finalizar dicho período obtuviera la recomendación favorable de la Facultad del Departamento de Obstetricia y Ginecología. La recomendación del Comité de Revisión Judicial estaba predicada en la pasada y comprobada dedicación del doctor Hernández Cibes a la Institución y su propósito reiterado de enmienda. La Junta de Directores inicialmente siguió la recomendación del nombramiento provisional, y luego de evaluar las'recomendaciones que tenía ante sí optó por suspender al Dr. Hernández Cibes. Conforme lo dispone el reglamento, a petición de dicho médico señaló una vista en reconsideración. Hasta ese mo-mento se habían observado los trámites reglamentarios, con la excepción de la suspensión sumaria, la cual no procede a menos que sea por las razones aducidas en el reglamento. Hasta que la Junta de Directores resuelva la reconsideración solicitada no puede recurrir a los tribunales el médico per-judicado para que se adjudique su condición de médico activo. El tribunal entonces podrá determinar si la acción tomada por la Junta fue caprichosa, arbitraria o irrazonable.

Se expedirá el auto, se modificará la orden de injunction preliminar que restableció todos los derechos y prerrogativas del Dr. Juan Hernández Cibes como miembro activo de la Facultad Médica del Hospital del Maestro, y se limitará su vigencia como miembro provisional hasta que la Junta de Directores resuelva la reconsideración pendiente ante ella. En su consecuencia se ordenará al tribunal de instancia a devolver el caso para que se continúe el trámite reglamentario adminis-trativo ante la Junta de Directores del Hospital del Maestro para la determinación final del “status” del médico recu-rrido.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual no intervinieron.

      (1) El nombre correcto es Facultad Médica y Dental del Hospital del Maestro, Inc.

      (2)A solicitud de la parte peticionaria ordenamos la paralización de los procedimientos relacionados con la orden de injunction permanente ante el tribunal de instancia.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan Belmonte Colón, acusado y apelante.

      Número: CR-76-192

      Resuelto: 31 de mayo de 1977

      César Andréu Rivas, abogado del apelante, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Al no aceptar el Ministerio Público la declaración de cul-pabilidad del apelante por el delito de homicidio voluntario y habiendo renunciado a que el caso se viera ante.un jurado, se celebró el juicio por tribunal de derecho al solo efecto de determinar la calificación del delito.

“Suscintamente expuesta en sus aspectos fundamentales la prueba de cargo demostró que para el 21 de mayo de 1974, el acusado-apelante quien era jinete en el Hipódromo El Co-mandante vivía con su esposa Bethzaida Burgos y sus dos hi-jos en la Urbanización Country Club. Ese día su esposa fue con los niños a peinarse a un salón de belleza. Allí estuvieron desde las dos de la tarde hasta las siete y media u ocho menos cuarto. Una de las personas allí presentes le pidió a la señora Burgos que le hiciera el favor y llevara a la testigo de cargo, Haydée Rodríguez de García, a su casa. La occisa cogió una fiambrera y salieron en su carro, un Barracuda, color vino. La testigo de cargo, señora Rodríguez de García ocupó el asiento del frente al lado de la occisa y los dos niños se fueron en la parte de atrás. Cuando salieron la señora Bethzaida Burgos le explicó a la testigo de cargo que antes de llevarla a su casa iban a llevarle una comida a su esposo, que debía estar rebajando y debía estar cansado. Al llegar a la residencia del acusado-apelante encontraron dos o tres carros estacionados frente a la casa por lo que ella se tuvo que estacionar al otro lado de la calle, pero frente a la casa. Eran entre las ocho menos cuarto y las ocho de la noche. La señora Bethzaida Burgos apagó el carro y ya que se iban a bajar del mismo llegó el acusado-apelante introdujo la mano por la ventanilla donde estaba sentada la testigo de cargo y le disparó tres tiros a su esposa. Las detonaciones afectaron el tímpano de la se-ñora Rodríguez García. El tribunal calculó que los disparos se hicieron a ocho pulgadas de su rostro.” (Alegato P.G. 28.)

La defensa presentó prueba en el sentido de que el acu-sado estaba tomando una droga para rebajar y que el día en que ocurrió la muerte el acusado había estado ingiriendo be-bidas alcohólicas. Un médico siquiatra que declaró por la defensa respondiendo a una pregunta hipotética en la que se le expuso la conducta del acusado horas antes de la llegada de su esposa y el hecho de que estaba tomando bebidas alcohó-licas, manifestó que “el cuadro que Ud. pinta es un cuadro de una persona sicótica.”

Fue declarado incurso en asesinato en segundo grado. Al dictar su fallo el juez expresó:

“La prueba presentada por usted es tendiente a demostrar un grado de intoxicación mediante pastillas y alcohol. Este Tribunal no es que esté convencido de que eso ocurrió, pero por lo menos, tiene una duda razonable en cuanto a si usted estaba o no bajo esos efectos. Una vez este Tribunal ha determinado eso, tiene que determinar qué tipo de delito ha cometido usted.
La mayoría de los Estados configura una persona que actúa en esa forma como un atenuante, no un eximente y dicen que el delito que usted comete es el de asesinato en segundo grado. Inclusive el libro que tan gentilmente el compañero me prestó, estuvimos examinando y en la página 345 del ‘Criminal Law’ de Wayne R. Lasave & Austin W. Scott establece ese hecho, donde dice que siempre es reconocido que el delito es el de segundo y que no debe ser utilizado para llevarlo hasta homicidio volun-tario _” ()

La tesis de la defensa es al efecto de que el haber ingerido bebidas alcohólicas mientras estaba tomando una droga para adelgazar inhibió a tal grado las facultades del acusado que lo incapacitaba para concebir la intención de matar con ma-licia premeditada, elemento indispensable en el delito de asesinato en segundo grado y que por tal razón lo procedente era declararlo culpable de homicidio voluntario. ()

La doctrina invocada por el apelante ha sido aceptada por los estudiosos de esta fase del derecho penal. Weihofen & Overholser, Mental Disorder Affecting Degree of Crime, 56 Yale L.J. 959 (1947); Diamond, Criminal Responsibility of the Mentally Ill, 14 Stan. L. Rev. 59-80 (1961); Taylor, Partial Insanity As Affecting the Degree of Crime, 34 Calif. L. Rev. 625 (1946) y ver además Nota: Diminished Responsibility and Psychiatric Testimony in Pennslyvania, 28 U. Pitt. L. Rev. 679 (1967); Masuti, Psychiatric Testimony, 33 U. Pitt. L. Rev. 650 (1972); Nota, 31 Dick. L. Rev. 100 (1966); Havel, Diminished Capacity, 18 U.C.L.A. L. Rev. 56 (1971); Cooper, Diminished Capacity, 4 Loyola U. of L.A. L. Rev. 308 (1971); Hasse, California’s Diminished Capacity, 60 Calif. L. Rev. 1641 (1972); Comentario: Diminished Capacity: The Middle Ground of Criminal Responsibility, 15 Santa Clara L. Rev. 911 (1975); 2 Cipes, Criminal Defense Techniques, Sec. 32.02 et seq. (1972).

Hace ya casi un siglo la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció en el caso de Hopt v. People, 104 U.S. 631, 634 (1881), que “cuando un estatuto que establece distintos grados de asesinato requiere premeditación deliberada para que constituya asesinato en primer grado, la cuestión sobre si el acusado está en tal estado mental, por razón de embria-guez o por cualquier otro motivo, como para ser capaz de una premeditación deliberada, se convierte necesariamente en un asunto pertinente para ser considerado por el jurado.”

La doctrina está predicada en la premisa de que debido a enfermedad o al uso de drogas o intoxicantes la capacidad mental se afecta en tal forma que la persona no es capaz de concebir la intención de matar con premeditación y delibera-ción requerida para calificar un homicidio de asesinato. La evidencia para establecer ese hecho debe ser aportada por peritos médicos y sicólogos. El jurado o el juez en su caso determina tomando en consideración las circunstancias rela-cionadas con el delito y la evidencia pericial presentada si en verdad el acusado carecía de la facultad para premeditar y deliberar. Leib, Diminished Capacity: Its Potential Effect in California, 3 Loyola U. of L.A. L. Rev. 153 (1970). Varias jurisdicciones han emitido sendos dictámenes adoptando esta doctrina. United States v. Brawner, 471 F.2d 969 (D.C. Cir. 1972); State v. Padilla, 347 P.2d 312 (N.M. 1959); State v. Ferrick, 506 P.2d 860 (Wash. 1973); State v. Cooper, 213 S.E.2d 305 (N.C. 1975); Washington v. State, 85 P.2d 509 (Neb. 1957); Johnson v. Commonwealth, 115 S.E. 673 (Va. 1923). Pero véase Bethea v. United States, 365 A.2d 64 (1976).

Si bien en algunas jurisdicciones se ha adoptado la doc-trina en la extensión propuesta por el apelante en el sentido de que la inhibición de las facultades mentales por el efecto del alcohol incapacitan para concebir la malicia premeditada, que es elemento necesario del asesinato en segundo grado, People v. Conley, 411 P.2d 911 (Calif. 1966); People v. Berry, 556 P.2d 777 (Calif. 1976); State v. Santiago, 516 P.2d 1256 (Hawaii 1973); State v. Green, 6 P.2d 177 (Utah 1931), la mayoría de-dichas jurisdicciones limitan sus efec-tos a reducir la modalidad del delito de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado. United States v. Brawner, supra; Commonwealth v. Walzack, 360 A.2d 914 (Pa. 1976); ver Anotación, Criminal Law: Mental or Emotional Condition as Diminishing Responsibility for Crime, 3 A.L.R.3rd 1228 (1968).

La razón para esta limitación en la aplicación de la doc-trina se resume con precisión en lo expresado por Weihofen and Overholser, Mental Disorder Affecting the Degree of Crime, 56 Yale L. J. 959 (1947) a la pág. 969:

“La distinción entre asesinato y homicidio tiene una historia totalmente diferente y está basada en criterios enteramente dis-tintos a los utilizados entre diversos grados de asesinato. Aquél pertenece al derecho común, éste al estatutario; el primero en-vuelve un criterio objetivo, el segundo uno subjetivo. La provoca-ción que en el derecho común reduce un asesinato a homicidio deberá ser aquella que produzca cólera o pasión en un hombre razonable, o sea, un hombre promedio con dominio ordinario de sí mismo. A menos que cumpla con esta norma objetiva de razo-nabilidad, el hecho objetivo del estado pasional no convierte dicha muerte en homicidio. Factores tales como anormalidad mental o intoxicación son, por lo tanto, irrelevantes, puesto que la norma de ‘hombre razonable’ presupone un hombre cuerdo o sobrio.”

Ver además State v. McAllister, 196 A.2d 786 (N.J. 1964); United States v. Brawner, 471 F.2d 969, escolio 75 a la pág. 1002 (D.C. Cir. 1972).

Coincidimos con el criterio de los dictámenes que sostienen que la incapacidad mental que puede producir el uso de drogas y bebidas alcohólicas para cambiar un designio criminal sólo tiene el efecto de reducir el grado del delito, de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado.

Actuó correctamente el tribunal de instancia al determi-nar que el delito cometido por el acusado era el de asesinato en segundo grado.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Así es en efecto lo expresado en la obra citada por el juez de instancia:
      “Just as intoxication may negative some required intention or knowledge, so too it may negative the premeditation and deliberation which a common type of first degree murder statute requires. Just as one may be so emotionally upset, or in such a panic, or so mentally abnormal (though not insane), as to be incapable of premeditation and deliberation, so intoxication may rob him of his capacity to premeditate and deliberate and thus reduce his crime from first degree to second degree murder. It is, generally, held, however, that intoxication cannot further reduce the homicide from second degree murder down to manslaughter....”

      (2) Atisbos de esta doctrina los encontramos en la expresión que hici-mos en Pueblo v. Rivera, 70 D.P.R. 570-573 (1949), al interpretar el Art. 41 del anterior Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 87:
      “La regla adoptada en aquellas jurisdicciones donde prevalecen dispo-siciones de ley idénticas o similares a la contenida en el artículo 41 de nues-tro Código Penal es que la embriaguez — voluntaria—tiene que ser de tal grado o carácter que inhiba en el acusado su facultad mental para formar la intención específica requerida por el Código para la convicción de un delito — o grado del mismo — en el cual se requiera tal intención específica, y que la determinación de ese hecho es esencialmente una para el jurado o la corte juzgadora.” (Citas omitidas.)
      El Art. 41 del anterior Código Penal leía así:
      “Embriaguez, Efecto de ésta. Ningún acto cometido por una persona en estado de voluntaria embriaguez es menos criminal por haberse cometido en tal estado. Pero siempre que la existencia real de algún fin, motivo o intento determinado fuere elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial, el jurado podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio, al determinar el fin, motivo o intento con que cometió el acto.”
      El artículo correspondiente del nuevo Código Penal, que es el Art. 33, lee así:
      “La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sustancias similares no exime de responsabilidad criminal. Pero siempre que la existencia real de algún fin, motivo o intención determinados fuere elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo o intención con que cometió el delito.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Asociación de Condómines, Condominio Town House, demandante y recurrida, v. William E. Naveira, demandado y peticionario.

      Número: O-76-145

      Resuelto: 31 de mayo de 1977

      William E. Naveira, pro se; Manuel Fuentes Adorno, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Asociación de Condómines demandó a Naveira ante el Tribunal de Distrito en cobro de $2,777.70 por concepto de cuotas de mantenimiento de elementos comunes correspon-dientes al apartamento Núm. 2207 del Condominio Town House en Río Piedras. Formuló el demandado moción de sen-tencia sumaria acompañando a la misma documentos acredi-tativos de que adquirió dicho apartamento en subasta pública celebrada el 28 de mayo de 1974, en procedimiento de ejecu-ción de hipoteca instado por Federal National Mortgage Association contra la viuda e hijos de Henri Marsh quien el 10 de diciembre de 1964 había hipotecado dicho apartamento en garantía de un pagaré por $20,000.00 el que de buena fe y en el curso regular de los negocios fue endosado y cedido a la ejecutante por la acreedora original Housing Investment Corporation. Se sacó a remate el apartamiento de los Marsh para satisfacer una sentencia que por $17,526.98 de principal, $2,000 de costas y honorarios de abogado y otros crédi-tos accesorios obtuvo la Federal National Mortgage Association en el Tribunal Superior de San Juan. A la subasta com-parecieron otros dos licitadores además del aquí demandado Naveira quien obtuvo la buena pro con una oferta final de $24,000 que superó seis licitaciones previas, y a petición suya el Tribunal Superior a tenor del Art. 125 de la Ley Hipóte-caria ordenó la cancelación de gravámenes posteriores entre los que se contaba un embargo por $248.00 anotado el 25 de abril de 1968 en el Registro de la Propiedad a favor de “Association Owners Condominium Town House” originado en pleito en cobro de dinero contra Henri Marsh.

Fundado en dichos antecedentes, alegó el recurrente en su moción de sentencia sumaria que por ser un comprador de buena fe en subasta pública a quien aprovecha la preferencia de primer gravamen reconocida a la hipoteca ejecutada, sobre las cuotas de condominio y habiéndose cancelado por provi-dencia judicial todos los gravámenes posteriores, la demanda no plantea cuestión justiciable. Tanto el Tribunal de Distrito como el Superior denegaron la moción del demandado y al recurrir éste en certiorari, expedimos el auto el 22 de abril de 1976.

La construcción de grandes edificios divididos en aparta-mientos y sometidos al régimen de propiedad horizontal pro-visto en la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. see. 1291 y ss.) ha sido en Puerto Rico una importante con-tribución al mejoramiento de la vivienda para todas las clases económicas, aprovechando al máximo la escasa tierra disponi-ble para el desarrollo urbano y aminorando los altos costos de servicios públicos de seguridad, vías públicas, limpieza, acueductos y alcantarillados y demás inherentes a la disper-sión en un solo plano que caracteriza las urbanizaciones. La vivienda en condominio tiene el inevitable corolario de una paz hogareña compartida que se logra únicamente si los con-dómines en su totalidad observan una conducta de respeto y consideración al bienestar común dentro de una relación que no puede ser disuelta sin mediar el consentimiento unánime. Art. 34 de la Ley (31 L.P.R.A. see. 1292Í). Una de las más frecuentes causas de erosión de la buena convivencia entre condómines, que constituye a la vez amenaza para la preser-vación y buena administración del edificio, radica en la falta de aportación a los gastos comunes de conservación, hoy generalmente conocidos como cuotas de mantenimiento. Contra esta situación anómala previno la Ley desde un principio en su Art. 39 al ordenar:

“Los titulares de los apartamientos están obligados a contri-buir proporcionalmente a los gastos para la administración, con-servación y reparación de los elementos comunes generales del edificio y, en su caso, de los elementos comunes limitados, así como a cuantos más fueren legítimamente acordados.
Ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni por aban-dono del apartamiento que le pertenezca.” 31 L.P.R.A. see. 1293c ().

Para asegurar las fuentes de crédito () imprescindibles para la construcción y continuada existencia de los multi-familiares y demás edificios bajo régimen de condominio, el legislador estableció la siguiente prelación de créditos:

Art. 40

“El crédito contra cualquier titular, por su parte en los gastos a que se refiere la sec. 1293c de este título tendrá preferencia sobre cualquier otro crédito de cualquier naturaleza, excepto los siguientes:
(a) Los créditos a favor del Estado por el importe de las tres últimas anualidades vencidas y no satisfechas de las contribucio-nes que graviten sobre el apartamiento.
(b) Por la prima de seguro de dos años, del apartamiento o del edificio total, en su caso, y si fuese el seguro mutuo por los dos últimos dividendos que se hubiesen repartido.
(c) Los créditos hipotecarios inscritos en el Registro de la Propiedad.” 31 L.P.R.A. sec. 1293d. ()

Mas acentuando su determinación de que “ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia de uso o disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del apartamiento que le pertenezca” (Art. 39, ante), la Asamblea Legislativa impuso la siguiente norma de respon-sabilidad solidaria:

Art. 41

“El adquirente de un apartamiento será solidariamente res-ponsable con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor con la sec. 1293c de este título, hasta el mo-mento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario.” 31 L.P.R.A. sec. 1293e.

Este precepto cuyo texto original antes de su enmienda por Ley Núm. 157 de 1976 gobierna la reclamación contra el recurrente, convierte al adquirente en fiador o garantizador del condómine deudor. El recurrente, comprador en subasta de tal grado voluntario que hubo de sobrepujar a otros dos licitadores para llevarse el remate se colocó de su libre arbitrio en la situación de responsabilidad solidaria que define el artículo. Su razón de adquirir fue un acto volitivo dictado por su propia conveniencia en el campo de los negocios, y por tanto no puede invocar la preferencia () que el Art. 40(c) reserva al dueño de un crédito hipo-tecario. Dicha preferencia correspondía a la acreedora eje-cutante Federal National Mortgage Association cuyo repre-sentante hizo dos ofertas en el acto de subasta: al abrir, una por $17,527.00 y más tarde otra por $22,161.95 (importe de la sentencia), que fueron superadas por el recurrente. Este detalle de incompatibilidad de intereses y de abierta compe-tencia entre la acreedora hipotecaria y el adjudicatario en subasta muestra en alto relieve la ausencia de condición en éste para reclamar la prelación reservada al “crédito hipo-tecario inscrito en el Registro de la Propiedad.”

La política pública de fomentar la construcción de edifi-cios de apartamientos en condominio, manifiesta en el balance logrado en la Ley entre los intereses de los titulares condó-mines y los de sus acreedores recibió una saludable aclara-ción y ratificación al reformarse por la Ley Núm. 157 de 1976 el texto del Art. 41 así:

Art. 41

“La obligación del titular de un apartamiento por su parte proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamiento. Por lo tanto, el adquirente voluntario de un apartamiento será solidariamente responsable con el trans-mitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor con el Artículo 39, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario.
La referida obligación será exigible a quien quiera que sea titular de la propiedad que comprende el apartamiento, aun cuando el mismo no haya sido segregado e inscrito como finca filial en el Registro de la Propiedad, o enajenado a favor de persona alguna.” (31 L.P.R.A. sec. 1293e.)

La intención legislativa de fortalecer la responsabilidad solidaria entre el condómine deudor y el adquirente del apartamiento, por los gastos comunes que aquél adeude hasta el momento de la transmisión, extensiva a un comprador en subasta, se deduce del abarcador lenguaje del Art. 41 desde su texto original de 1958 en que el legislador descarta la exención provista para el adquirente en venta involuntaria en el Estatuto modelo de la FHA see. 23 (b), () patrón seguido por algunos estados de la Unión, y que por el constante financiamiento de viviendas por dicha agencia en Puerto Rico es pieza de regulación conocida.

El texto del Art. 41 (31 L.P.R.A. sec. 1293e) tanto antes como después de las enmiendas introducidas por la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, impone responsabilidad solidaria por las sumas que adeude el titular, al adquirente voluntario, como lo es un comprador convencional, un donatario, un permutante o un licitador que se lleva la buena pro en la subasta. Resultarían adquirentes “involuntarios” y por lo tanto exentos de la citada obligación por los gastos comunes del condominio, aquellas personas que advienen dueños del apartamiento al ejercer los créditos preferentes que señalan las letras (a), (b) y (c) del Art. 40 (31 L.P.R.A. see. 1293d). La razón bien fundada de esta distinción entre el adquirente voluntario y el involuntario radica en el disímil interés de uno y otro. El voluntario es un comprador que bien informado de los gravámenes y cargas del apartamiento lo adquiere porque es un buen negocio. El adquirente involun-tario es originalmente un acreedor cuyo interés fundamental no es hacerse dueño' del apartamiento sino proteger su acreencia constituida usualmente antes de que empiece a acu-mularse la deuda por gastos comunes del condominio. El adquirente voluntario tiene oportunidad y medios de en-terarse() de la deuda por gastos comunes del condominio y poder de decisión para asumirlos como gravamen del in-mueble que adquiere. Para el adquirente involuntario, acree-dor en uno de los tres casos del Art. 40, dicha deuda no es elemento u objeto de contratación y su acreencia no debe sufrir disminución porque el deudor incumpla otra obligación ajena y extraña a la suya. Bajo ninguna circunstancia sería equitativo exigir esa deuda al Estado o Municipio que eje-cuta en cobro de contribuciones, al asegurador que exige judicialmente las primas de dos años o al acreedor hipote-cario que ejecuta para recobrar el principal y los intereses pactados. Cualquiera de éstos sería un adquirente accidental que advendría dueño sólo en el caso de que realizado el apartamiento en subasta pública ningún licitador se presen-tara y hubiere entonces el ejecutante que tomar la propiedad en pago total o parcial de su acreencia como único recurso para proteger su crédito.

La Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 introdujo una fundamental enmienda al Art. 41 al ordenar que “la obligación del titular de un apartamiento por su parte proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamiento” precepto equivalente a declarar que la obligación del propietario de un departamento por expensas comunes sigue siempre al dominio de su departamento, aun respecto de expensas devengadas antes de su adquisición.

Por haber surgido los hechos del presente caso antes de la enmienda no es necesario por ahora analizar su efecto sobre la prelación de créditos instituida en el Art. 40 y la exención de solidaridad con el deudor de cuotas de mantenimiento en esta opinión reconocida al primer acreedor hipotecario.

El recurrente no está exento de solidaridad con el titular deudor porque no es acreedor que ejecuta uno de los créditos preferentes del Art. 40, sino un comprador o adquirente voluntario. Confirmada.

      (1) Esta medida de protección colectiva fue fortalecida por enmienda del Art. 39 mediante Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 que le adicionó los siguientes 6 párrafos:
      “La cantidad proporcional con que debe contribuir cada titular a los gastos comunes se determinará, fijará e impondrá al principio de cada año calendario o fiscal y vencerá y será pagadera en plazos mensuales. Las cuotas que los titulares no cubran dentro del plazo fijado para su pago, devengarán intereses al tipo máximo legal. La falta de pago de tres o más plazos consecutivos conllevará una penalidad adicional equivalente al uno por ciento mensual del total adeudado.
      “El titular moroso será requerido de pago mediante correo certificado con acuse de recibo y de no verificar el pago en el plazo de quince días, se le podrá exigir por la vía judicial.
      “La deuda de un titular por concepto de gastos comunes hasta la suma de quinientos (500) dólares o hasta la cantidad que represente la falta de pago de no más de seis (6) plazos, le podrá ser reclamada judicialmente con arreglo al procedimiento abreviado dispuesto bajo la Regla 60 de las de Procedimiento Civil de 1958, según enmendadas.
      “Cuando se reclame la deuda por la vía judicial, el Tribunal, a instan-cias del demandante, decretará el embargo preventivo de los bienes del deudor o deudores, sin otro requisito que la presentación de una certifica-ción jurada por el Presidente y por el Secretario del Consejo de Titulares, ante un notario público u otro funcionario autorizado para tomar jura-mentos, en que conste el acuerdo que aprobó el gasto exigible y su cuantía, así como la gestión de requerimiento de pago a que se refiere el párrafo cuarto anterior.
      “Cuando el demandante así lo solicitare en aquellos casos en que el titular moroso hubiere arrendado el apartamiento, el Tribunal podrá orde-nar al arrendatario que consigne judicialmente a favor del Consejo de Titu-lares la cantidad total por concepto de cánones de arrendamiento, según éstos vayan venciendo, hasta que se cubra totalmente la deuda del titular.
      “Aquellos titulares que adeuden tres (3) ó más plazos consecutivos, quedarán temporalmente privados de ejercer su derecho al voto en las reu-niones del Consejo de Titulares hasta tanto satisfagan la deuda en su totalidad.”

      (2)E1 Art. 40 es explícito en lo relativo a la prelación del crédito hipo-tecario, reconociendo preferencia sobre éste únicamente a seis anualidades de contribuciones y dos de primas de seguro. En cierto aspecto importante este Artículo es una representación a inversionistas y financiadoras de con-dominios de que la garantía de su dinero no será disminuida por las cuotas de mantenimiento impagadas que acumule el deudor hipotecario. De otro modo se introduciría un nuevo elemento o factor en el financiamiento de in-muebles que haría más oneroso la obtención de crédito por el comprador de vivienda en condominio. Es realidad notoria que en Puerto Rico la inmensa mayoría de apartamientos en condominio se adquieren mediante facilidades de crédito aseguradas con hipoteca, y todo lo que restrinja o encarezca este mercado de hipotecas habrá de reducir indefectiblemente la capacidad de los compradores para adquirir una vivienda. Se deduce de ello la razón del legislador al no postergar la hipoteca a la responsabilidad por cuotas de mantenimiento devengadas con posterioridad al gravamen real preferente y cuyo importe es impredecible en el momento de constitución del crédito hipotecario. El comprador convencional pacta y acuerda el precio conociendo el total exacto de las cuotas adeudadas, por las que habrá de asumir respon-sabilidad. Para el acreedor hipotecario esa deuda no es elemento contractual simplemente porque no existe al tiempo de constituirse la hipoteca que garantiza el precio de compra.

      ()Este Art. 40 tiene el siguiente nuevo texto introducido por las en-miendas de 1976:

        Art. 40
      “El crédito contra cualquier titular por su parte en los gastos a que se refiere el Artículo 89 de esta ley tendrá preferencia sobre cualquier otro crédito de cualquier naturaleza excepto los siguientes :
      “(a) Los créditos a favor del Estado Libre Asociado y la correspon-diente municipalidad por el importe de las cinco últimas anualidades y la corriente no pagada, vencidas y no satisfechas de las contribuciones que graviten sobre el apartamiento.
      “(b) Por la prima del seguro de dos años, del apartamiento o del in-mueble total, en su caso, y si fuese el seguro mutuo por los dos últimos divi-dendos que se hubiesen repartido.
      “(c) Los créditos hipotecarios inscritos en el Registro de la Propie-dad.”

      (4)La falta del adjetivo “voluntario” cualificando la voz “adquirente” en el Art. 41 le permitió al recurrente el argumento de que de no operar la prelación a su favor, tampoco beneficiaría al Estado que cobra las contri-buciones, a la aseguradora que exige sus primas o al acreedor que ejecuta la hipoteca dado el caso que fuesen adjudicatarios en subasta lo que plan-tearía un conflicto entre los Arts. 40 y 41. La teoría es inaceptable a la luz de la política pública que encarna la Ley de la Propiedad Horizontal y del cuidadoso balance en que mantiene los intereses de la administración del condominio de una parte y los de sus acreedores de la. otra, según explica-dos con amplitud en esta opinión. En este aspecto la enmienda de 1976 que introdujo en el Art. 41 el adjetivo “voluntario” sólo corrigió una deficiencia de expresión, toda vez que la doctrina consistentemente exime de responsa-bilidad solidaria por cuotas de mantenimiento al acreedor hipotecario que adquiere título de propiedad del apartamiento en procedimiento ejecutivo. Ferrer y Stecher, Law of Condominium, Vol. 1, Sec. 438, pág. 303.
      Notamos que el recurrente prácticamente abandonó el argumento de que la cancelación de gravámenes posteriores por mandamiento judicial post subasta a tenor del Art. 125 de la Ley Hipotecaria, obtenida por un acreedor preferente, exhonera a éste de toda responsabilidad por las cuotas de condominio. Su posición revisada se ajusta al concepto de prelación de créditos definido en el Art. 1827 del Código Civil así: “Los créditos que gozan de preferencia con relación a determinados bienes inmuebles o dere-chos reales, excluyen a todos los demás por su importe hasta donde alcance el valor del inmueble o derecho real a que la preferencia se refiera.” 31 L.P.R.A. see. 5212. La extinción de un derecho real en la esfera registra! no conlleva su extinción en la esfera de derecho civil extraregistral. Art. 125, Párrafo 3o, Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 221).

      (5)Dicha sec. 23(b) dice:
      “Where the mortgagee of a first mortgage of record or other purchaser of an apartment obtains title to the apartment as a result of foreclosure of the first mortgage, such acquirer of title, his successors and assigns shall not be liable for the share of the common expenses or assessments by the Association of Apartment Owners chargeable to such apartment which became due prior to the acquisition of title to such apartment by such acquirer....”

      (6)En ninguna de las tres instancias que ha recorrido este pleito, ha alegado el recurrente que desconociera la deuda por cuotas de condominio cuando fue a la subasta.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Toro Electric Corp., demandante y recurrida, v. Augusto A. Zayas Cintrón, Constructora Zayas, Inc., First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, John Doe, demandados y recurrente la tercera.

      Número: R-77-59

      Resuelto: 31 de mayo de 1977

      Baralt, Miranda & Ledesma, abogados de la First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, recurrente; Wilfredo Colón Pagan, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Bajo el Art. 1489 del Código Civil () y nuestra doctrina: () ¿es responsable un acreedor que provee financiamiento al dueño de una obra en construcción, de las deudas incurridas por el contratista principal en concepto de mano de obra y materiales suplidos por un sub-contratista antes del acreedor hacerse cargo de la obra?

La sinopsis de acontecimientos que motivan esta interro-gante son: como urbanizadora, Constructora Zayas, Inc., con-trató con El Toro Electric Corp., la instalación del sistema eléctrico de un proyecto que desarrollaba denominado Villa del Río en Guayanilla, Puerto Rico, garantizando su pago mediante pagaré. Al no serle satisfecho lo adeudado por obra parcial, El Toro Electric Corp. paralizó y se negó a termi-narla. Extrajudicialmente se hicieron reclamaciones recí-procas. El Toro Electric Corp. demandó a Constructora Zayas, Inc., por la suma de $14,097.80, y entre otros, al First Federal Savings & Loan Association of Puerto Rico, acreedor de la constructora en virtud de un préstamo de dinero efec-tuado originalmente para la construcción del proyecto, y el cual ante las dificultades económicas del constructor, como medida para asegurar su crédito, se hizo cargo de completar su desarrollo.

El Tribunal Superior, Sala de Ponce, contestó en la afir-mativa la pregunta enunciada y condenó al First Federal a satisfacer la suma de $14,097.80, costas y $700.00 de honora-rios de abogado, más intereses por temeridad. La ilustrada sala sentenciadora estimó que la acción incoada era una au-téntica de enriquecimiento injusto (actio in rem verso) debido a que el First Federal se benefició de la ejecución par-cial de la obra y además, aun cuando no se trataba de una “. . . fianza prestada para asegurar el cumplimiento de un contrato y sí repito — de que la tercera tenedora de un prés-tamo (First Federal) se hizo cargo del proyecto para cobrar su crédito, le aplica [ba] — lo resuelto en International Gene ral Electric v. Concrete Builders of P. R., R-76-48, de 19 de mayo de 1976 [104 D.P.R. 871 (1976)] . . . .” Ante la revi-sión presentada por First Federal, emitimos orden de mostra-ción de causa para que la demandante recurrida El Toro compareciera y expusiera razones por las cuales no debiéra-mos expedir y revocar.

El estado de derecho que hemos pautado al amparo del mencionado Art. 1489 del Código Civil no nos permite ex-tenderlo a la situación fáctica de autos. Armstrong, supra, resume adecuadamente los derechos y limitaciones de esta acción:

“En American Surety Co. v. Tribunal Superior, supra, expusimos el estado de derecho de los materialistas que radican acción en contra del dueño de una obra bajo el art. 1489 del Código Civil.
Al radicar su acción en contra del dueño de la obra para co-brar lo que el contratista o empresario le adeuda por concepto de materiales suplidos y usados en la obra, tal derecho de cobrar está limitado en dos extremos: a. a la cantidad que le adeude el dueño de la obra al contratista bajo el contrato de tal construc-ción cuando se hace la reclamación mediante la interposición de la acción, b. el suplidor no adquiere ante el dueño de la obra más derechos que los que tenía el contratista, de manera que la canti-dad adeudada está sujeta necesariamente a liquidación por razón de reajustes o posibles reclamaciones recíprocas que surjan en relación con la obra contratada entre el contratista empresario y el dueño de la misma. Sin embargo, tales reajustes no incluyen la variación del precio del contrato de construcción por convenio privado entre el contratista y el dueño de la obra en perjuicio de los que suministran materiales. ... c. El Art. 1489 del Código Civil crea un derecho a manera de refacción o retención que no puede eludir ningún dueño de obras en tanto en cuanto sea deudor del contratista. . . . d. Aunque los suplidores no tienen una prefe-rencia sobre el crédito del empresario el cual es al mismo tiempo una deuda del dueño de la obra, el derecho de los suplidores se hace eficaz con la reclamación; ‘entonces surge el entredicho; a partir de ese momento el dueño se hace deudor de los suplidores y cesa de serlo del contratista’ Scaevola, Código Civil, t. XXIV, pág. 170 .... La radicación de la acción del materialista en el caso que nos ocupa, la cual se llevó a cabo con anterioridad a la ac-ción de la referida cesionaria, produjo ‘el importantísimo efecto de sustraer el importe de lo reclamado por el . . . materialista de las reclamaciones de otros acreedores del contratista, pues desde ese instante en que se hace la reclamación al dueño, éste se con-vierte en deudor de los . . . materialistas del empresario/ Desde ese momento el materialista en el caso que nos ocupa se convirtió en acreedor directo de la Asociación como dueña de la obra y ‘su crédito no está sujeto a los vaivenes de las responsabilidades del contratista por otros conceptos/ ” Págs. 740-743.

Resultando que la disposición de ley que nos ocupa es excepcional y taxativamente de índole limitativa, pues sólo reconoce que la acción de los suplidores y operarios será hasta la cantidad que el dueño adeude al contratista, y no poseyendo el recurrente tal condición al momento en que los servicios fueron prestados — sino la de principal acreedor — la sentencia no puede prevalecer por este fundamento. Tampoco puede sostenerse bajo la doctrina de enriquecimiento injusto, ya que para que tenga eficacia resulta “. . . necesario que la persona lesionada no tenga ninguna otra acción para obtener resarcimiento.” Velázquez, G., Las Obligaciones, 140 (Ed. Equity 1964). ( )

Se expide él auto. Se dictará sentencia modificando la del Tribunal Superior, Sala de Ponce, a los únicos efectos de desestimar la demanda contra la recurrente.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado.

      (1) Reza así:
      “Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzada-mente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquel cuando se hace la reclamación.” (31 L.P.R.A. see. 4130.)

      (2)Según expuesta en las siguientes decisiones: Empresas Capote, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 765 (1975); Armstrong Etc. v. Inter-Amer.

        Builders, Inc., 98 D.P.R. 734 (1970); Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452 (1969); C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819 (1968); Ferrer v. Alliance Co. of P.R., 93 D.P.R. 1 (1966); A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (1964).

      (3) Véanse además Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1975) y Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 2, Vol. 2, pág. 603 (1956); Manresa, Comentarios al Código Civil, Tomo 12, págs. 760 a 780 (Ed. 1973); Diego Espín, Manual de Derecho Civil, Vol. 3, pág. 466 (Ed. 1957); Scaevola, Código Civil, Tomo XXX, Vol. II, pág. 366 (Ed. 1961); Colin y Capitant, Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo 3, pág. 939 (Ed. 1951).