text:
    Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, demandante y recurrida, v. José A. Lugo Torres, demandado y recurrente.

      Número: RE-92-371
    Resuelto: 25 de mayo de 1994

      Teodoro Maldonado Rivera, abogado del recurrente; Héctor Vargas Díaz, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 13 de febrero de 1988, mientras José A. Lugo Torres conducía su Jeep Cherokee fue impactado por el vehículo manejado por Luis E. Echevarría Malavé. Echevarría Malavé fue acusado por no ser chofer autorizado y por el delito de negligencia. Subsiguientemente, satisfizo a Lugo Torres con quinientos dólares ($500). En virtud de ese acuerdo, el caso de negligencia se archivó bajo la Regla 246 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Lugo Torres, quien tenía asegurado su automóvil con la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico (en ade-lante Cooperativa), le reclamó por los daños al vehículo, sin embargo no le notificó la transacción efectuada en el procedimiento penal. La Cooperativa le pagó dos mil tres-cientos once dólres con sesenta y cuatro centavos ($2,311.64). Lugo Torres los aceptó sin manifestar reserva alguna, por lo que, a tenor con la cláusula subrogatoria, cedió sus derechos de entablar cualquier acción contra Echevarría Malavé. La Cooperativa incoó una demanda (Civil Núm. TD-89-3021) contra Echevarría Malavé, quien levantó la defensa de transacción. En ese pleito no se hizo parte a Lugo Torres. Con vista a esta defensa, sin ulterior cuestionamiento, la allí demandante Cooperativa pidió el archivo por desistimiento el 5 de marzo de 1990. Así se decretó mediante Sentencia de 13 de marzo.

El 20 de marzo la Cooperativa demandó a Lugo Torres en el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce (Civil Núm. TB-90-848), reclamándole lo que le había pagado, más costas, gastos y honorarios de abogado. En síntesis, alegó que la póliza le impedía transigir, y ello conllevaba “eximir de res-ponsabilidad al causante del accidente”. Anejo IV, pág. 1. Adujo que se vio impedida de reclamarle con éxito a Eche-varría Malavé la cantidad desembolsada a Lugo Torres como compensación por los daños que sufriera su vehículo. Lugo Torres contestó que el arreglo se dio dentro del marco de un procedimiento criminal, con el único objetivo de fina-lizar ese proceso. Alegó que su intención fue transigir por quinientos dólares ($500) solamente por los daños no cu-biertos por la póliza, esto son, el deducible y los gastos legales en que incurrió durante la vista criminal y por el asesoramiento recibido del Ledo. Teodoro Maldonado Rivera sobre la reclamación que eventualmente hizo a la Cooperativa aseguradora.

Con vista a la prueba documental y testifical, el Tribunal de Distrito (Hon. Ramón Rojas Peña, Juez) desestimó en sus méritos al dictaminar que la transacción fue parcial y no tuvo el efecto de impedir la subrogación.

En apelación, el Tribunal Superior (Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez) revocó. Sentenció que los quinientos dólares ($500) constituían una transacción por la reclamación total de los daños; que Lugo Torres la efectuó no empece la pó-liza lo vedaba; que bajo el palio protector de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, tuvo el efecto de cosa juzgada y, por ende, su aseguradora no podía subrogarse.

A solicitud de Lugo Torres, re visamos.

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Procede primero trazar las coordenadas fácticas acorde con la prueba.

Distinto al Tribunal Superior, el de Distrito tuvo ante sí no sólo la minuta de la vista del caso criminal de 10 de mayo de 1988 —donde consta que el allí perjudicado, Lugo Torres, “está conforme en recibir quinientos dólares ($500) en diez (10) días como pago total de los daños”, Anejo I, pág. 3— sino el beneficio del testimonio de Echevarría Malavé, quien declaró que “conocía que había una compa-ñía de seguros y que el pago de $500.00 sólo constituyó un pago parcial ya que la diferencia se le reclamaría a la com-pañía de seguros”. E.N.P., pág. 1. Además, dicho foro escu-chó al asegurado Lugo Torres, quien atestó que no era ló-gico pensar que por quinientos dólares ($500) estuviera transigiendo los daños que alcanzaban hasta tres mil dóla-res ($3,000). Declaró, también, que le había advertido a Echevarría Malavé que aceptaba quinientos dólares ($500) porque le reclamaría el resto del dinero a su propia aseguradora. Con vista a esa evidencia y credibilidad me-recida, el Tribunal de Distrito concluyó que la transacción fue parcial: “La prueba documental admitida establece que los daños ascendieron a más de $3,000.00. Resulta invero-símil admitir que el perjudicado transó todos los daños del vehículo por la suma de $500.00 cuando él tenía un seguro que cubría todos los daños de su vehículo.” Anejo IV, pág. 7.

Coincidimos con esa apreciación y lógica decisoria. Es razonable pensar que teniendo Lugo Torres una póliza que cubría todos los daños de su vehículo aceptara quinientos dólares ($500) únicamente por concepto de los daños no cubiertos por la póliza, que son los no comprendidos en el contrato del seguro.

En ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto, no debió el Tribunal Superior intervenir en la apelación con esa apreciación. Rodríguez Amadeo v. Santiago Torres, 133 D.P.R. 785 (1993); Gallardo v. Petiton y V.T.N., Inc., 132 D.P.R. 39 (1992); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909 (1986); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155 (1977).

I — I HH h — H

Ante este trasfondo fáctico, examinemos el derecho aplicable. Sucintamente, la contención de Lugo Torres era que el Tribunal Superior incidió al concluir que la póliza prohibía todo tipo de transacción y, por ende, la efectuada parcialmente le impidió a su aseguradora, la Cooperativa, recobrar el dinero pagado a tenor con la cláusula de subrogación. Aduce además, como error, resolver que la transacción bajo la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, tenía autoridad de cosa juzgada.

Al respecto, el ilustrado Tribunal Superior sentenció:

Aún cuando fuera pertinente al caso la intención de transigir parcialmente del asegurado; cosa que no fue así según minuta del Tribunal de Distrito (supra), ¿podría este tener esta inten-ción cuando le obligaba un contrato de seguro a no tenerla? De su póliza surgían obligaciones tanto por subrogación como por cooperación. Debemos colegir que el asegurado fue, cuando me-nos negligente en el cumplimiento de sus obligaciones contrac-tuales ....
El contrato de seguro, póliza del asegurado, en ningún lugar le permitía a este el bifurcar su resarcimiento por transacción alguna. Claramente lo prohibía. El tomarse el asegurado esa libertad, sin notificación alguna a la aseguradora, constituye la omisión de la diligencia simple que hubiera resultado el solici-tar la asistencia de la aseguradora para un caso como el pre-sente, cuando la causa de acción no le pertenecía por haberla cedido en subrogación. Siendo el contrato ley entre las partes; el asegurado no podía transigir ni total ni parcialmente y al así hacerlo lo hace responsable de los perjuicios que su conducta ocasionó. Anejo I, págs. 5-6.

Este razonamiento es incorrecto. Según indicado, el Tribunal de Distrito encontró probado que la intención fue transigir por una cantidad de dinero que sólo abarcaba los gastos no compensables por la póliza de seguro. ¿Era jurí-dicamente posible? En otras palabras, ¿podía el contrato de seguro prohibir cualquier tipo de transacción, incluso una por partidas no compensables? Resolvemos en la negativa.

Genéricamente hablando, el contrato de seguros obliga a indemnizar a otra persona, a pagarle o a proveerle un beneficio específico o determinable al producirse un suceso incierto allí previsto. Art. 1.020 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 102.

Por su parte, el de vehículos “es el seguro contra la pérdida o los daños causados a un vehículo terrestre o aeronave o cualquier animal de tiro o de montura, o de propiedad mientras estuviere en los mismos o sobre los mismos, o cargándose en los mismos o descargándose de ellos, por cualquier riesgo o causa, y contra cualquier pérdida, gasto o responsabilidad por la pérdida o los daños causados a personas o la propiedad, resultantes de la posesión, conservación, o uso de cualquiera de dichos vehículos, aeronaves o animales, o incidentales a los mismos”. Art. 4.070 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 407.

El Código de Seguros de Puerto Rico establece la responsabilidad absoluta del asegurador “cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia”. (Énfasis suplido.) Art. 20.010 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 2001.

Ciertamente, la cantidad de dinero pagada por razón de un deducible y ciertos gastos legales como los aquí mencio-nados no están comprendidos dentro del concepto “pérdi-da” cubierto por la póliza. Por lo tanto, ninguna cláusula contractual puede prohibir que se transijan daños no reem-bolsables; su validez estaría en entredicho. En el caso de autos no detectamos en la póliza alguna cláusula que lo prohíba. El lenguaje que más se aproxima es el relativo a la subrogación, dispositivo de que “[e]n caso de cualquier pago bajo esta póliza la compañía se subroga en todos los derechos del asegurado a la recuperación a que hubiere lugar contra cualquier persona u organización y el asegu-rado firmará y entregará documentos y papeles y hará todo lo que fuere necesario para garantizar tales derechos. El asegurado no hará nada que pueda perjudicar tales dere-chos después de

la pérdida o daño”. (Énfasis suplido.) Esta cláusula no es suficiente: su propio lenguaje sólo activa el derecho de su-brogación “en caso de cualquier pago bajo esta póliza”.

No cabe, pues, la interpretación del Tribunal Superior. “La subrogación es el derecho del asegurador a situarse en la posición del asegurado para gestionar —contra terceras partes legalmente responsables— al asegurado el recobro de una pérdida o daño pagado por el asegurador.” (Enfasis y traducción nuestros.) 16 Couch, Cyclopedia of Insurance Law Sec. 61:1, pág. 75 (1983). El mismo autor comenta que “un asegurador tiene el derecho de recobrar —por vía de la subrogación— los daños que ha sido llamado a pagar a un asegurado bajo su póliza (la del asegurado). La subrogación de un asegurador (indemnity insurer) surge por operación de ley, cuando éste hace un pago al asegurado; así, el pago de una obligación por un asegurador (surety) ordinariamente lo hace acreedor a la subrogación de todos los derechos, remedios y equities del asegurado (obligee)”. (Enfasis y traducción nuestros.) Id., Sec. 61.4, págs. 77-78. A los mismos efectos, véase Albany's Ins. Co. v. Cía. Des. Comercial P.R., 125 D.P.R. 421 (1990). La subrogación sustituye a una persona en lugar del acreedor, a cuyos derechos en relación con la deuda aquélla accede, y le confiere todos los derechos, remedios y seguros. No confiere mayores derechos al que se subroga que los que tenía el asegurado. Se coloca en la misma posición, pues nadie puede adquirir —vía subrogación— derechos que no tenía aquél cuyos derechos invoca el asegurador. Couch, supra, Sec. 61, págs. 118-120.

Vemos que si el derecho de subrogación del asegurador se traduce en recobrar el pago por concepto de daños cu-biertos por un contrato de seguro, ¿cómo sostener que la transacción efectuada por el asegurado Lugo Torres, limi-tada al deducible y a ciertos gastos legales, impedía a la Cooperativa aseguradora ejercitarlo?

Resolvemos que una cláusula de subrogación, como la de autos, no impide al asegurado mantener su propia ac-ción contra el causante de los daños para recobrar los da-ños no cubiertos por el seguro. Véase Couch, supra, Sec. 61:240, págs. 299-300.

IV

En cuanto a la cláusula de cooperación, es obvio que la póliza impone al asegurado esa obligación. No obstante, el ilustrado Tribunal Superior incidió al determinar que Lugo Torres la incumplió al transigir. La dinámica procesal y los antecedentes fácticos del caso revelan que fue la propia Cooperativa, como aseguradora, la que se colocó en esa frá-gil posición. Al subrogarse y demandar a Echevarría Malavé por los daños pagados y éste levantar la defensa de transacción, optó por desistir sin dar a Lugo Torres la opor-tunidad de explicar el alcance del arreglo en el caso criminal.

La cláusula de cooperación “tiene como propósito el proveer una oportunidad al asegurador de prepararse para enfrentar cualquier reclamación o para determinar si tiene una defensa genuina”. Cuebas Fernández v. P.R. American Ins. Co., 85 D.P.R. 626, 638 (1962). Además, persigue proteger el interés de la aseguradora, tiende a evitar la colusión entre el asegurado y un lesionado, el fraude y también la negativa del asegurado a ejecutar algún acto. Su violación por el asegurado releva al asegurador de responsabilidad. 8 Appleman, Insurance Law and Practice Sees. 4771-4772, págs. 211-215 (1981). Hemos resuelto que “[e]l asegurado se obliga a cooperar con la asegura-dora, al ser requerido acudirá a todas las vistas, le ayudará a realizar cualquier transacción aportando evidencia y la comparecencia de testigos y cooperará en todo lo que se relaciona con la tramitación del pleito”. (Enfasis suplido.) Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 D.P.R. 281, 284 (1975). Véase, también, Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972). Ello implica cumplir en forma razonable y sustancial con los términos de la pó-liza y actuar con la mayor honestidad y buena fe. La nece-sidad de cooperar puede, incluso, surgir antes de que se entable cualquier acción judicial. El asegurado debe reve-lar justa, franca y verdaderamente la información razona-ble pedida por el asegurador, de forma que le facilite deter-minar si existe o no una defensa genuina. Appleman, supra, Sec. 4774, págs. 231-233. Para que ese deber se estime incumplido, la actitud del asegurado tiene que ser de abierta y voluntaria obstrucción; la falta, de carácter sustancial y material. Appleman, supra, Secs. 4773 y 4776, págs. 222 y 244.

En el caso de autos no hubo tal negativa; de hecho, la Cooperativa nunca le requirió a Lugo Torres que explicara los términos del acuerdo o compareciera al pleito original instado por aquélla contra Echevarría Malavé. La transacción de los daños de Lugo Torres no cubiertos ni reembolsables bajo la póliza no infringió la cláusula de cooperación. “El asunto de la cooperación, en lo que respecta al incumplimiento de una cláusula de cooperación en una póliza, envuelve no solamente la buena fe del asegurado sino también la buena fe de la aseguradora. Un asegurador de automóviles tiene que hacer una demostración sustancial de diligencia antes de descansar en la defensa de no-cooperación.” (Traducción nuestra.) Appleman, supra, Sec. 4772, pág. 221.

“Es doctrina jurisprudencial en Puerto Rico que el incumplimiento por el asegurado de una condición en la póliza que requiera cooperación con el asegurador, en ausencia de perjuicio, no libera de responsabilidad al asegurador.” Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632, 636 (1986). Véanse: Valle v. Sucn. Wiscovitch, 88 D.P.R. 86 (1963); Cuebas Fernández v. P.R. American Ins. Co., supra; Lafontaine v. Municipio, 79 D.P.R. 583 (1956); Faulkner v. Nieves, 76 D.P.R. 434 (1954).

V

Finalmente, en las circunstancias de autos, también in-cidió el. Tribunal Superior al concluir que la transacción efectuada bajo el palio de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, gozaba de autoridad de cosa juzgad.

Precisa recordar que “[l]a transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o rete-niendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzando”. Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821. “[S]e puede transigir sobre la acción civil proveniente de un delito.” Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4824. No obs-tante, su alcance depende de lo acordado por las partes, pues “[l]a transacción no comprende sino los objetos expre-sados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma. La renuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción”. Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4826. Véanse: Magee v. Alberro, 126 D.P.R. 228 (1990); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74 (1987).

En este caso, la sentencia del Tribunal de Distrito deter-minó correctamente que la transacción fue parcial, por partidas no cubiertas ni reembolsables por el seguro. Sobre esas partidas es que “[l]a transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada”. Art. 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4827. A fin de cuentas, “[a] pesar de que el contrato de transacción tiene el efecto de cosa juzgada ... no opera para impedir que el juzgador interprete su exten-sión y aplicación al pleito judicial en el que se levanta como defensa. Antonio Gullón Ballesteros, La transacción. Tratado práctico y crítico de Derecho civil, Madrid, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, 1964, T. 43, Vol. 2, pág. 161”. Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787 (1981).

Tampoco hay identidad de las cosas; ahora la Coopera-tiva aseguradora pretende recobrar daños cubiertos por la póliza; en el caso criminal la transacción versó sobre daños no cubiertos.

Se dictará sentencia que revoque la del Tribunal Superior, Sala de Ponce, y confirme la del Tribunal de Distrito.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

       La Minuta de 10 de mayo de 1988, correspondiente a la vista de los casos criminales T-88-1569-1578 contra Echevarría Malavé, refleja que el peijudicado “está conforme en recibir $500.00 en diez días como pago total de los daños”. Anejo I, pág. 3.
      Como veremos, la evidencia avala la determinación del Tribunal de Distrito en cuanto a que que la intención de las partes era transigir el caso criminal por qui-nientos dólares ($500) y que dicho acuerdo sólo cubría el deducible (no cubierto por el seguro) y ciertos gastos legales.

       En su recurso, denominado erróneamente “revisión”, señala:
      “Incidió el Tribunal Superior al sustituir el criterio del Tribunal de Distrito en su apreciación de la prueba y en su lugar concluir que la transacción por los $500.00 era una por la totalidad de los daños; al determinar que la póliza prohibía en forma absoluta todo tipo de transacción y al concluir que dicha transacción forzosamente tenía el efecto de impedirle a la aseguradora el recobro por vía de subrogación ya que dicha transacción por haber sido efectuada al amparo de la Regla 246 de Procedi-miento Criminal tenía autoridad de cosa juzgada.” Petición de revisión, pág. 4.

       Para una discusión general sobre los efectos de una transacción en la res-ponsabilidad civil del asegurador, véanse: Anotación, Collision Insurance: Insured’s Release of Tortfeasor Before Settlement by Insurer as Releasing Insurer from Liability, 38 A.L.R.2d 1095; Lady Corinne Trawlers v. Zurich Ins. Co., 507 So. 2d 915 (Ala. 1987).
      En tomo a un análisis de los derechos y remedios legales de la compañía ase-guradora contra el causante de los daños a un asegurado, véanse: Anotación, Rights and Remedies of Property Insurer as Against Third Person Tortfeasor Who Has Settled with Insured, 92 A.L.R.2d 102, y casos allí citados; I A. Am. Jur. 2d Automobile Insurance Secs. 438-441, págs. 94-100 (1966) y casos allí citados.

       Para que la aseguradora levante con éxito esta defensa, de ordinario tiene que demostrar: que actuó diligentemente al gestionar la cooperación del asegurado; que sus esfuerzos fueron razonablemente calculados para obtener esa cooperación, y que la actitud subsiguiente del asegurado fue de voluntaria y consciente obstrucción. García v. Abrams, 471 N.Y.S.2d 161 (3er Dept. 1984); Thrasher v. United States Liability Ins. Co., 278 N.Y.S.2d 793 (1967).

       Dispone:
      “Sólo podrán transigirse aquellos delitos menos graves (misdemeanors) en los que la persona perjudicada pudiere ejercer acción civil por los daños sufridos, pero aun tales delitos no podrán transigirse si se cometieren tumultuosamente, o con la intención de cometer un delito grave (felony) o por o contra un funcionario judicial o funcionario del orden público en el ejercicio de sus funciones.
      “En aquellos casos en que esta regla permite la transacción, si la parte perjudi-cada compareciere ante el tribunal donde está pendiente la causa en cualquier mo-mento antes de la celebración del juicio y reconociere plenamente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal podrá en el ejercicio de su discreción y con la participación del fiscal, decretar el archivo y sobreseimiento definitivo del caso, previo pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobresei-miento y archivo, los cuales se harán constar en las minutas. El sobreseimiento y archivo así decretado impedirá la formulación de otro proceso contra el acusado por el mismo delito .” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 246.

       Art. 1712 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4824.

       Notamos, además, en la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, la in-tención del legislador de separar cualquier procedimiento por infracción a alguna disposición de la misma de cualquier acción civil posterior:
      “En adición a la pena que se imponga al conductor por la infracción cometida bajo las disposiciones de este Capítulo, el tribunal deberá fijar una cantidad razona-ble para el pago de daños. El pago de daños consiste en la obligación impuesta al conductor por el tribunal de pagar a la parte perjudicada una suma en compensación por los daños y pérdidas que hubiere causado a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo.
      “Dicho pago deberá ser fijado para ser satisfecho en dinero o la entrega de bienes equivalentes a los que fueron destruidos o dañados o por pago de reparación directa de los daños. Las cantidades así pagadas o de los bienes entregados se dedu-cirán de la suma que el tribunal pueda imponer por sentencia en caso de surgir de los hechos una demanda de daños y perjuicios. El pago de daños que autoriza esta sec-ción no incluye daños a la persona y los sufrimientos y angustias mentales.

      “No se fijará el pago de daños en aquellos casos en que el conductor demuestre al tribunal que posee un seguro de responsabilidad pública que cubre los daños causados por él o que la víctima ya ha sido compensada.

        “Podrá procederse a la ejecución de la sentencia imponiendo el pago de daños que autoriza esta sección en igual forma que si se tratare de una sentencia dictada en un pleito civil ordenando el pago de una cantidad, según se establece en la Regla 176 de las de Procedimiento Criminal de 1963, Ap. II del Título 34.” (Énfasis suplido.) 9 L.P.R.A. sec. 1872a.

       Véanse, además: J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. 12, págs. 160-161; Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. 28, págs. 355-356.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    The Coca Cola Company, demandante y recurrente, v. Municipio de Carolina, José E. Aponte y Felipe Rodríguez Lebrón, demandados y recurridos.

      Número: RE-90-603

      Resuelto: 27 de mayo de 1994

      Tcherine Andújar y Rafael A. Carazo, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogados del recurrente; Casiano Betancourt Morales y Jennie Rabell, abogados del recurrido; Roberto C. Rodríguez Poventud, de Bobonis, Bo-bonis & Rodríguez Poventud, abogado del amicus curiae, la Asociación de Industriales de Puerto Rico; Anabelle Ro-dríguez, Procuradora General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Héctor Clemente Delgado, Pro-curador. General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En varias ocasiones hemos evaluado el alcance de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, conocida como la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. see. 651 et seq. Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 126 D.P.R. 653 (1990), en reconsideración; Sears Roebuck de P.R. v. Mun. de San Juan, 122 D.P.R. 26 (1988); Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, 120 D.P.R. 692 (1988); American Express Co. v. Mun. de San Juan, 120 D.P.R. 339 (1988).

Hoy resolvemos si la amplia facultad concedida a los municipios para imponer y cobrar patentes incluye el pago de un dividendo a The Coca-Cola Company (en adelante Coca-Cola), bajo la tesis de que forma parte del volumen de sus negocios.

I

Los hechos estipulados revelan que en 1968 Coca-Cola adquirió la totálidad de las acciones emitidas y en circula-ción de Caribbean Refrescos, Inc. (en adelante Caribbean), entidad reorganizada bajo las leyes de Delaware, dedicada a producir localmente concentrados, bases de bebidas y ja-rabes (syrups) para la preparación de bebidas no alcohóli-cas, con y sin carbonatación. Desde 1970 Caribbean se ha-bía dedicado a la manufactura de estos productos bajo un decreto de exención industrial conforme a la Ley de Incen-tivos Industriales de 1953. Ésta opera en el Municipio de Cidra desde 1978 y había declarado y pagado dividendos a Coca-Cola por las utilidades y los beneficios resultantes de sus operaciones exentas en Puerto Rico; además, había sa-tisfecho a Puerto Rico la contribución impuesta sobre estos dividendos (tollgate tax).

El 1ro de diciembre de 1985 Coca-Cola comenzó sus ope-raciones de negocios en el Municipio de Carolina, consis-tentes en la producción y venta de bebidas concentradas de frutas y otros productos.

En 1986 Caribbean declaró y pagó un dividendo de sus operaciones exentas por ciento cincuenta millones de dóla-res ($150,000,000) y satisfizo ocho millones trescientos no-venta y dos mil ochocientos cinco dólares ($8,392,805) a Puerto Rico por el tollgate tax. El referido dividendo fue transferido electrónicamente {wire transferred) por Caribbean a una cuenta de Coca-Cola en el Banco Citibank, N.A., de Nueva York.

Coca-Cola presentó al Municipio de Carolina una decla-ración del volumen de negocios derivado de las operaciones de su oficina en Carolina consistente en el ingreso bruto de la venta de productos durante 1986. Como dicho volumen excedía los cien mil dólares ($100,000), por mandato de la Ley de Patentes Municipales adjuntó un estado situacional de ganancias y pérdidas certificado por un contador público autorizado. En ese estado, aunque incluyó el dividendo, lo excluyó de la declaración del volumen de negocios.

Oportunamente, el Municipio de Carolina le notificó preliminarmente esa deficiencia para el Año Fiscal 1987-1988. Coca-Cola protestó, pidió y obtuvo una vista administrativa. Luego, el Municipio de Carolina le comu-nicó finalmente una deficiencia de cuatrocientos cincuenta mil dólares ($450,000), más veintiséis mil doscientos cin-cuenta dólares ($26,250) en intereses y veintidós mil qui-nientos dólares ($22,500) en recargos, por un total de cua-trocientos noventa y ocho mil setecientos cincuenta dólares ($498,750). Coca-Cola afianzó para garantizar su pago y la impugnó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro (Hon. Gilberto Gierbolini, hijo) sostuvo su validez. A solicitud de Coca-Cola, revisamos.

H-í

Un dividendo es un beneficio corporativo que se convierte en ingreso de sus accionistas cuando se distribuye. Serrallés et al. v. Gallardo, Tesorero Interino, 32 D.P.R. 706, 715 (1924). Como adelantáramos, la controversia consiste en determinar si dicho ingreso (el dividendo) forma parte del volumen de negocios de Coca-Cola para efectos de la Ley de Patentes Municipales.

Dicho estatuto define “volumen de negocios” como

...los ingresos brutos que se reciben o se devenguen por la pres-tación de cualquier servicio, por la venta de cualquier, bien, o por cualquier otra industria o negocio en el municipio donde la casa principal realiza sus operaciones, o los ingresos brutos que se reciban o se devenguen por la casa principal en el municipio donde ésta mantenga oficinas, almacenes, sucursales, planta de manufactura, envase, embotellado, procesamiento, elaboración, confección, ensamblaje, extracción, lugar de construcción, o cualquier otro tipo de organización de industria o negocio para realizar negocios a su nombre, sin tener en cuenta sus ganan-cias o beneficios. (Enfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 651 a(7)(A).

Por su parte, el Reglamento de Patentes Municipales Núm. 3142 de 10 de agosto de 1984, en su Art. 2(7)(A), págs. 2-3, concibe el ingreso bruto como la “totalidad de los ingresos de fuentes dentro o fuera de Puerto Rico, que se reciben o devenguen en la operación que se lleva a cabo en cada Municipio, incluyendo todos los ingresos adicionales, como intereses y dividendos atribuibles a la operación”. (Enfasis suplido.)

En Banco Popular v. Mun. de Mayagüez, supra, resolvimos que los ingresos recibidos en Puerto Rico de fuentes externas —intereses de inversiones hechas fuera de Puerto Rico— son incluibles en el cómputo de volumen de negocios. Nuestra decisión esencialmente estuvo fundamentada en el tratamiento singular que la Asamblea Legislativa expresamente pautó para los bancos, estimar como parte del ingreso bruto los ingresos derivados de cualquier procedencia. 21 L.P.R.A. sec. 651a(7)(B). Además, allí concluimos que era aplicable la regla general de volumen de negocios —21 L.P.R.A. sec. 651a(7)(A)— por ser ingresos brutos recibidos en el municipio donde la casa principal realizaba sus operaciones; era de notar que aunque el ingreso se generaba fuera de Puerto Rico se debía a los negocios realizados en el municipio. Reiteramos que el factor determinante es que el ingreso se produzca como consecuencia de los negocios que la persona, natural o jurídica, desempeña en el municipio, lo cual implica que el ingreso no hubiese sido generado a no ser por las operaciones llevadas a cabo allí.

HH 1 — i

En el caso de autos, la situación es distinguible y exige distinto resultado. El dividendo recibido por Coca-Cola no se debe a los negocios que realiza en el Municipio de Carolina. Nos explicamos.

En primer lugar, Coca-Cola poseía la totalidad de las acciones de Caribbean con anterioridad a que estableciera sus oficinas en el Municipio de Carolina. Segundo, quedó establecido que sus operaciones en Carolina son producir y vender bebidas concentradas de frutas y otros productos asépticos. Y tercero, independientemente de mantener esa sucursal en Carolina, Coca-Cola siempre hubiese recibido el dividendo en cuestión. En resumen, este dividendo no es un ingreso “que se recibe o devenga en la operación que se lleva a cabo en el Municipio” (Reglamento sobre Patentes Municipales, supra)-, tampoco consiste en uno “atribuible a la operación” que allí realiza (id).

Finalmente, en nada varía nuestra decisión el que hubiese incluido el dividendo en el estado financiero de las operaciones de Coca-Cola. La facultad municipal de imponer patentes no es documental, sino sustantiva; no depende de que se incluya o no el ingreso en determinado estado financiero.

La definición de “volumen de negocios” visualiza que se incluyan “los ingresos brutos que se reciben o se devenguen por la casa principal [Coca-Cola] en el municipio donde ésta mantenga oficinas [Carolina]... sin tener en cuenta sus ganancias o beneficios [las de la casa principal]”. 21 L.P.R.A. sec. 651a(6)(A). Fue la intención de la Asamblea Legislativa que se excluyera del volumen de negocios sujeto al pago de patente los beneficios o ganancias de la casa principal no atribuibles a su operación en el municipio. El dividendo en este caso forma parte de estas ganancias o beneficios exentos.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió por entender que este Tribunal carece de jurisdicción para con-siderar el recurso de autos. Al presentar su recurso, Coca-Cola Company no acreditó fehacientemente nuestra juris-dicción, pues no incluyó mía copia de la orden del foro de instancia en la que acogió oportunamente la moción de re-consideración de la empresa. Esta omisión tiene la conse-cuencia de que, al evaluar originalmente el recurso, este Foro no tenía jurisdicción. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón no intervino. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri se inhibió.

       Dicha ley fue enmendada por las Leyes Núms. 82 de 30 de agosto de 1991 y 93 de 17 de noviembre de 1992. Adjudicamos este recurso al amparo de la ley vigente al momento de los hechos.

       Cabe señalar que la definición de “ingreso bruto” fue sustancialmente modi-ficada a raíz de la enmienda aprobada mediante la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992 (21 L.P.R.A. sec. 651a(7)(A)).

       Confirma este enfoque el que la Asamblea Legislativa, en aras de precisar los ingresos sujetos al pago de patentes, en las enmiendas adoptadas a la ley el 30 de agosto de 1991 definió “atribuibles a la operación” como “la totalidad de los ingresos derivados dentro y fuera de Puerto Rico que reciba o devengue una persona relacio-nada con la explotación de una industria o negocio en Puerto Rico, tales como, pero no limitado a intereses sobre inversiones, pagarés u otras obligaciones excluyendo los intereses exentos según definido en la sec. 651h de este título, así como los dividendos o beneficios recibidos por dicha persona”. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 651a.
      De hecho, incluyó entre las exenciones “[l]os ingresos, no atribuibles a operacio-nes en Puerto Rico, de corporaciones exentas bajo las sees. 256 et seq. del Título 13 y leyes de incentivos industriales anteriores, de conformidad con las disposiciones de las Secciones 936 y 482 del Código de Rentas Internas Federal”. 21 L.P.R.A. see. 651h(27).


text:
    Junta de Directores Condominio Montebello, demandante y recurrente, v. Lourdes Fernández, demandada y demandante contra tercera recurrida, v. Ángel A. Rivera; Everett Belville y otros; Junta de Directores Condominio Montebello, demandantes y recurrentes, v. Carlos Roger, Jelina Roger, etc., demandados y demandantes contra terceros recurridos, v. Ángel A. Rivera, Everett Belville y otros, terceros demandados.

      Número: CE-93-697

      Resuelto: 31 de mayo de 1994

      Mario A. Beauchamp, abogado de los recurrentes; Rafael Santos Del Valle, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión de Tribunal.

Nos toca resolver si una parte interesada puede iniciar por su cuenta un procedimiento judicial para poner en vigor una orden válida emitida por el Departamento de Asuntos al Consumidor o si ello es prerrogativa exclusiva de ese departamento.

H-H

El 9 de octubre de 1990 Ludmilia Rivera Burgos, propie-taria del apartamento D-408 del Condominio Montebello de Trujillo Alto, presentó una querella ante el Departa-mento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.). Alegó que va-rios condominos habían alterado la fachada del edificio ilegalmente.

Para atender la aludida querella, D.A.Co. convocó a las partes a una vista administrativa que fue celebrada el 15 de febrero de 1991. Comparecieron a dicha vista la quere-llante, el vicepresidente de la junta de directores del con-dominio, acompañado por su abogado, el administrador del condominio y otro condomino. Abase de la prueba desfilada y de las estipulaciones acordadas, D.A.Co. determinó que varios titulares del condominio, por su cuenta, habían ins-talado puertas y ventanas exteriores diferentes a las origi-nales, habían cerrado balcones y habían ampliado áreas cerradas de los apartamentos, alterando así la fachada co-munal del edificio en violación al Art. 15(d) de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291m(d). D.A.Co. también determinó que la junta de directores del condomi-nio no había tomado acción alguna en relación con las al-teraciones aludidas, y que hizo caso omiso al deber que le fijaba el Art. 38-D(a) e (i) de dicha ley, 31 L.P.R..A. sec. 1293b-4(a) e (i), de proceder en contra de los condominos que habían alterado la fachada comunal ilegalmente.

El 25 de febrero de 1991 D.A.Co. emitió una resolución en la cual ordenó a la junta de directores del condominio que tomara todas las acciones legales necesarias para lo-grar que cesasen y se corrigiesen las alteraciones de fa-chada en cuestión. Además, D.A.Co. le impuso a la junta la obligación de notificar dicha resolución a todos los titulares del condominio. Le apercibió que, de no cumplir con lo or-denado, D.A.Co. podría imponerle una multa administra-tiva de hasta $10,000.

La resolución de D.A.Co. concluía con una advertencia de que las partes afectadas por ésta podían presentar re-consideración dentro del plazo de veinte (20) días, a partir de la fecha de notificación de dicha resolución, y les infor-maba los términos y procedimientos para la revisión judicial de la resolución.

Días más tarde, el 5 de marzo de 1991, el presidente de la junta de directores del condominio le escribió a los condominos. Les envió una copia de la resolución de D.A.Co.; les reiteró la obligación que existía de corregir las alteraciones ilegales de fachada; le notificó a cada condo-mino la alteración ilegal particular que había realizado, si alguna; les indicó que si estaban en desacuerdo con lo or-denado por D.A.Co. tenían veinte (20) días para presentar su reconsideración ante dicha agencia, y les citó a una asamblea extraordinaria de los condominos, el 13 de marzo de ese año, para allí determinar el término dentro del cual los condominos en cuestión debían corregir las alteraciones.

La asamblea extraordinaria de los condominos final-mente se celebró el 27 de marzo de 1991, luego de una segunda convocatoria. Allí, el representante legal del pre-sidente de la junta, que había asistido a la vista ante D.A.Co., contestó las preguntas de los condominos sobre la orden de dicho departamento y les reiteró su deber de cum-plir con la misma o solicitar su reconsideración.

El 29 de abril de 1991 el presidente de la junta de direc-tores le escribió a los dueños de apartamentos que habían realizado alteraciones ilegales y les solicitó que corrigiesen dichas alteraciones dentro de los noventa (90) días siguientes. También les reiteró su derecho de acudir a D.A.Co. para solicitar reconsideración si no estaban confor-mes con la orden de corregir las alteraciones. El 10 de junio de 1991, el presidente de la junta volvió a escribirle a los condominos en cuestión para reiterarles lo expresado en su carta anterior.

Finalmente, el 19 de agosto de 1991, el representante legal del presidente de la junta le escribió a los dueños de los apartamentos aludidos para notificarles que, si no co-rregían las alteraciones ilícitas durante los próximos se-senta (60) días, la junta habría de tomar los pasos necesa-rios para hacer cumplir lo ordenado por D.A.Co. Se les advertía, además, que serían responsables de los gastos en que incurriese la junta para hacer valer la orden de D.A.Co. Esta carta fue enviada certificada con acuse de recibo a veintidós (22) de los veinticuatro (24) condominos que habían realizado alteraciones en la fachada. Uno de éstos había corregido las alteraciones y otro había acudido a D.A.Co., por lo que no se les envió dicha carta.

A pesar de las gestiones realizadas por la junta de direc-tores, la gran mayoría de los condominos que habían rea-lizado alteraciones ilegales en la fachada hizo caso omiso de la orden de D.A.Co. y de los diversos requerimientos de la junta. Ello dio lugar a que el 16 de noviembre de 1991 la junta solicitase formalmente la intervención de D.A.Co. para que se pusiese en vigor la Orden de 25 de febrero. D.A.Co. nunca contestó dicha solicitud de intervención.

El 17 de octubre de 1992 la Junta de Directores del Con-dominio Montebello volvió a solicitar la intervención de D.A.Co. en este asunto. Para esta fecha dos (2) condominos habían hecho las reparaciones pertinentes y tres (3) ha-bían comparecido ante D.A.Co. Por eso se le solicitó a este departamento que instruyese a los otros diecinueve (19) condominos a cumplir con su orden.

D.A.Co. tampoco contestó esta segunda solicitud de in-tervención que le hizo la junta de directores del condominio. Sin embargo, en una comunicación dirigida a uno de los condominos que acudió a D.A.Co., el Secretario Auxiliar para Asuntos Legales de dicha agencia le informó a dicho condomino lo siguiente:

En su gestión para hacer cumplir la Orden [de D.A.Co. de 25 de febrero de 1991] la Junta de Directores no puede acudir al Departamento. Dicha gestión deberá hacerla ante el foro judicial. Anejo XVI, pág. 22.

En vista de la inacción por parte de D.A.Co., la junta de directores del condominio entabló una acción judicial para hacer cumplir su orden y el 17 de marzo de 1993 demandó en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, a dos (2) de los titulares que no habían corregido su alteración a la fa-chada ni recurrido a D.A.Co. La junta solicitó en sus de-mandas que el tribunal ordenara a los demandados a co-rregir su alteración a la fachada y a restituirla a su estado original, más el pago de costas y honorarios de abogado.

Los demandados, por su parte, presentaron demanda contra tercero contra los miembros de la junta de directores. Alegaron que ésta había sido selectiva al de-mandar sólo a algunos de los condominos por las alteracio-nes a las fachadas y le imputaron otras actuaciones su-puestamente ilícitas.

Luego de varios trámites procesales, el tribunal de ins-tancia desestimó todas las referidas acciones por entender que carecía de jurisdicción para considerarlas. De esa de-terminación acudió ante nos la junta de directores me-diante petición de certiorari presentada el 22 de noviembre de 1993, en la cual se alegaba, en síntesis, que el foro a quo había errado al desestimar las dos (2) demandas originales por falta de jurisdicción. El 4 de febrero de 1994, mediante resolución, le concedimos término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no se debía revocar la sen-tencia de instancia en cuanto a la desestimación de las dos (2) demandas originales. Dicha parte compareció el 8 de marzo de 1994.

II

La única cuestión ante nos es determinar si el tribunal de instancia tenía jurisdicción para atender la solicitud de la Junta de Directores del Condominio Montebello de que se le ordenase a los demandados a cumplir con la orden de D.A.Co. relativa a la alteración de la fachada realizada por éstos. Dicho tribunal decidió que no tenía tal jurisdicción, por entender que sólo D.A.Co. tiene autoridad para procu-rar que se ponga en vigor judicialmente una orden admi-nistrativa suya como la de marras. Determinó el foro de instancia que:

Cuando DACO ejerce su jurisdicción exclusiva sobre un asunto, emite una orden y ésta es incumplida, la parte interesada no puede iniciar un procedimiento separado ante el Tribunal Superior para requerir de éste que ponga en vigor la orden administrativa. Anejo I, pág. 6.

El tribunal sentenciador no fundamentó su novel dicta-men detalladamente o a fondo. Se limitó sólo a citar unas breves expresiones nuestras en D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 D.P.R. 905 (1993), en la que señalamos de pasada que el trámite judicial mediante el cual D.A.Co. procura poner en vigor sus órdenes es parte integral del trámite ante dicha agencia que dio lugar a la orden admi-nistrativa que se desea hacer valer judicialmente. El foro de instancia supuso que si D.A.Co. tenía jurisdicción pri-maria exclusiva para atender el problema sobre el condo-minio, también era exclusivamente suya la facultad de ha-cer valer judicialmente las órdenes administrativas resultantes, ello en vista de que uno y otro trámite son parte integral de un mismo procedimiento. Dicha suposi-ción, sin embargo, no es correcta. Veamos por qué.

t — I HH

Como se sabedlos foros judiciales de Puerto Rico son tribunales de jurisdicción general. Como tal tienen autoridad para entender en cualquier causa de acción que presente una controversia propia para adjudicación. Son fundamentalmente distintos de los tribunales de jurisdicción limitada, que sólo pueden conocer de asuntos que ex-presamente les sean conferidos por ley. Para privar a un tribunal de jurisdicción general de su autoridad para en-tender en algún asunto particular, es necesario que así se haya dispuesto expresamente en algún estatuto o que ello surja del mismo por implicación necesaria. Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153 (1980); Rosado v. Registrador, 71 D.P.R. 553 (1950); Oronoz v. Román, 26 D.P.R. 25 (1917); Antonetti et al. v. Foot et al., 16 D.P.R. 590 (1910); Coll et al. v. Rigo, 16 D.P.R. 319 (1910); Lowande v. García, 13 D.P.R. 271 (1907); 13 Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction, Sec. 3522, págs. 60-65 (2da ed. 1984). Véanse, también: Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650 (1988); Velez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981); Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R 451 (1974).

Conforme al aludido principio general de derecho, el tribunal de instancia en el caso ante nos estaría impe-dido de ver la acción en cuestión por falta de jurisdicción únicamente si así ello se ha dispuesto claramente por ley. Un análisis cuidadoso de la legislación pertinente, sin embargo, revela que no existe tal impedimento. Ni la Ley Or-gánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (Ley Orgánica de D.A.Co.), Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. see. 341 et seq.), que crea a D.A.Co. y define sus poderes y responsabilidades, ni la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 1291 et seq., que reglamenta lo pertinente a condominios, prohíben que la junta de direc-tores de un condominio pueda incoar una acción judicial para hacer valer una orden de D.A.Co., cuando dicha agen-cia ha declinado ponerla en vigor a través de los tribunales. Tampoco lo hace la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.

En efecto, las tres (3) leyes aludidas tienen disposiciones explícitas y detalladas relativas casi exclusivamente a la revisión judicial de las órdenes administrativas. Muy poco disponen, en particular, sobre la facultad especial de la agencia para hacer valer dichas órdenes judicialmente, y nada señalan o intiman sobre la exclusividad de tal facultad. La Ley Orgánica de D.A.Co. sí tiene una disposición que autoriza al Secretario a recurrir al Tribunal Superior para solicitar que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir emitida por él o cualquier orden correctiva, 3 L.P.R.A. sec. 341Z(e), lo que evidentemente establece la autoridad para que D.A.Co. pueda procurar poner en vigor judicialmente órdenes ad-ministrativas como la de marras. Pero, por sus propios tér-minos, dicha disposición es de naturaleza potestativa y de ningún modo establece una función que tenga carácter exclusivo.

Por otro lado, debe notarse que la Ley de la Propiedad Horizontal le impone a la junta de directores de un condominio el deber especial de velar por que se cumplan las normas relativas a los elementos comunes generales del inmueble, y expresamente la autoriza a cumplir y a hacer cumplir las disposiciones de dicha ley y del reglamento del inmueble. 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a) e (i). Tales disposiciones de dicha ley pueden razonablemente interpretarse como una autorización a recurrir a los tribunales en casos como el de autos. Ello es particularmente así en vista de que la Ley Orgánica de D.A.Co. le da la facultad a dicha agencia de imponer multas administrativas por violaciones a sus órdenes, y D.A.Co. había apercibido a la junta de directores en este caso de que, si no realizaban las gestiones necesarias para que se corrigiesen las alteraciones ilegales de fachada en cuestión, se le impondría a la junta una multa de hasta $10,000. La junta, pues, estaba sujeta a un mandato válido de D.A.Co., y como dicha agencia optó por no poner en vigor ella misma la orden de marras, la junta no tenía otra alternativa que acudir al foro judicial para así cumplir no sólo con el deber que le fijaba la Ley de la Propiedad Horizontal, sino también con la propia orden de D.A.Co. Si el foro judicial no estuviese disponible en casos como éste, evidentemente se frustrarían importantes políticas públicas como las contenidas en las dos (2) leyes aludidas. La implantación efectiva de esas políticas públicas, pues, milita en contra de suponer que el remedio judicial en cuestión está disponible exclusivamente para D.A.Co., particularmente cuando no hay nada en la legislación pertinente que permita concluir que se quiso restringir de tal forma la jurisdicción que de otro modo tendrían los tribunales para entender en este asunto.

IV

Es cierto, como resolvió el ilustrado tribunal de instancia, que en Puerto Rico existe la doctrina de la jurisdicción primaria exclusiva que reconoce que determinado organismo administrativo será el único con jurisdicción original para atender determinados asuntos. Los propósitos del legislador al conferir jurisdicción primaria exclusiva al organismo administrativo son bien conocidos. Se persigue suplir un procedimiento ágil y sencillo, poco costoso, que atienda el asunto sin el rigor procesal que generalmente ha caracterizado a los tribunales tradicionales. Otras veces, dicha jurisdicción responde al objetivo de ofrecer el beneficio de los más entendidos en las materias altamente técnicas que se discuten. Srio. D.A.C.O. v. J. Condominos C. Martí, 121 D.P.R. 807 (1988); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834 (1978). Pero la doctrina de la jurisdicción primaria exclusiva se refiere únicamente a la cuestión de cuál foro tiene inicialmente la facultad para dilucidar la controversia en cuestión. P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106 (1978). Por sus propios términos, se trata de una doctrina que determina cuál es el foro apropiado para proceder primero. No es una doctrina que ex-cluya toda intervención judicial en una controversia.

En el caso ante nos, cuando se acudió al foro judicial ya la agencia administrativa había decidido inicialmente la controversia de marras. Ya había intervenido la agencia especializada y se había dilucidado expeditamente el asunto. Se habían cumplido ya, pues, con el tenor y los propósitos de la doctrina de la jurisdicción primaria exclusiva. No procedía, pues, invocar a ésta para denegar la acción judicial incoada. Dicha doctrina no tiene eficacia para privar al foro judicial de jurisdicción cuando lo que se solicita es precisamente hacer valer una orden administrativa. La referida doctrina sencillamente no viene al caso. P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park System, supra, pág. 111.

V

Para concluir nuestro análisis, es menester resaltar que en el pasado hemos sido muy cautelosos en relación a cues-tiones precisamente como la que tenemos ahora ante nos, acerca de la supuesta ausencia de jurisdicción de un tribunal respecto a un asunto por su tangencia con las funciones de un organismo administrativo. Hemos sido renuentes a aceptar la carencia de jurisdicción, excepto en aquellos ca-sos en los enales el legislador la ha decretado en un len-guage sin ambages. Tal ha sido nuestra posición en deci-siones relativamente recientes, tales como P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, supra, y Ferretería Matos v. P.R. Tel. Co., supra.

Nuestra renuencia a determinar ausencia de jurisdicción en estos casos es una concomitancia obligada de nuestra concepción de que, de ordinario, los tribunales de justicia están llamados a resolver los casos y controversias que se presentan ante ellos, concepción que tiene su origen en la disposición constitucional que establece el poder judicial. Vélez Ruiz v. E.L.A., supra. Resolver de otra forma atentaría contra el esquema normativo básico que define el rol y las funciones de los tribunales de justicia en una sociedad como la nuestra.

VI

En resumen, pues, el tribunal de instancia tenía juris-dicción para atender las acciones presentadas por la parte demandante.

En vista de ello, por las razones expuestas se dictará sentencia en conformidad, revocatoria de la del Tribunal Superior, Sala de Carolina, de 22 de octubre de 1993, en lo que se refiere a la desestimación de dichas acciones.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita.

       El caso D.A.Co. v. Alturas Fl. Dev. Corp. y otro, 132 D.P.R. 905 (1993), no era uno que tuviese nada que ver con la cuestión de jurisdicción primaria exclusiva de D.A.Co. Se trata esencialmente de un caso sobre la doctrina de descorrer el velo corporativo. Como el mismo se inició mediante una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.), que luego dicha agencia intentó hacer valer ju-dicialmente, hicimos unas breves expresiones sobre la relación que existe entre un procedimiento y el otro. Nada de lo allí expresado, sin embargo, de modo alguno sostiene lo resuelto por el tribunal de instancia en este caso. No hay siquiera una alusión a ello. Por lo tanto, la determinación de instancia es pura suposición suya.

       La ausencia de una disposición expresa, dándole facultad exclusiva a la agencia para hacer valer sus órdenes judicialmente, es de por sí bastante indicativo de que dicha facultad no existe. En el derecho norteamericano, de donde hemos adoptado nuestro entramado de agencias administrativas, es claro que la cuestión de la exclusividad depende de que dicha facultad haya sido claramente concedida por estatuto. Véanse: Amalgamated Workers v. Edison Co., 309 U.S. 261 (1940); 2 Am. Juris. 2d Administrative Law Sec. 524, pág. 512 (1994).

       El planteamiento de los recurridos de que no se les dio la oportunidad de ser oídos ante D.A.Co. y que por ello se ha violado el debido proceso de ley, de ser válido, ha de atenderse en instancia. Es decir, en los procedimientos judiciales, para consi-derar y resolver la acción de la parte demandante, los demandados, si tienen derecho a ello, tendrán amplia oportunidad para ser oídos, presentar evidencia, tener acceso a la documentación que sea procedente y todos lo otros derechos que garantiza el debido proceso de ley. También tendrán la oportunidad de dilucidar si lo anterior subsana cualquier omisión lesiva de sus derechos en que haya incurrido D.A.Co., si alguna existiese.


author: Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri, Juez Asociado Señor Re-bollo López,

text:
    José Manuel Colón Miranda y otros, demandantes y recurridos, v. Plaza Las Américas, Inc. y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-90-196

      Resuelto: 1ro de junio de 1994

      Pedro Toledo González, abogado de los demandados y recu-rrentes; José A. Rodríguez Jiménez, abogado de los deman-dantes y recurridos.
   SENTENCIA

Expedimos el presente recurso con el propósito de revi-sar, más a fondo, una sentencia emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante la cual dicho foro judicial le impuso responsabilidad a la co-demandada Plaza Las Américas, Inc., y su compañía ase-guradora Eagle Star Insurance Co. of Puerto Rico, en relación con una caída que sufriera el codemandante José Gil Colón Rodríguez mientras caminaba por uno de los pa-sillos, o área común, del centro comercial conocido como Plaza Las Americas.

Luego de revisar con detenimiento tanto la transcrip-ción de evidencia como los alegatos de las partes, hemos llegado a la conclusión que en el presente caso están pre-sentes los tres (3) requisitos que tienen que concurrir para que prospere una acción de daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141, a saber: ocurrencia de un daño; un acto u omisión culposo y negligente por parte del demandado; y relación causal en-tre el daño sufrido por la parte demandante y la acción u omisión culposa y negligente de la parte demandada. Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957).

Esto es, y conforme lo resuelto por este Tribunal en Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985), entendemos, y así lo resolvemos, que a la luz de los hechos particulares del presente caso, la parte demandada responde por los daños sufridos por el codemandante Colón Rodríguez como consecuencia de la caída que éste sufriera en el mencio-nado centro comercial; caída causada por una condición de peligrosidad que la parte demandada permitió que subsis-tiera por un período de tiempo irrazonable en los predios del referido centro comercial.

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta Sentencia confirmatoria de la emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan; devolviéndose el caso a dicho foro judicial para procedimientos ulteriores consis-tentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Fuster Berlin-geri emitió un voto de conformidad, al cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El Juez Asociado Se-ñor Rebollo López emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García. El Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton disintió “por entender que en el caso de autos no quedó probado que Plaza Las Americas fue negligente”.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liadó

Secretario General

— O —

Voto de conformidad emitido por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri,

al cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

El caso ante nos presenta, desde el punto de vista nor-mativo, una situación bastante ordinaria en lo que al dere-cho de daños y perjuicios se refiere. Propiamente hablando no es un caso novel que requiera formular pautas o pro-nunciamientos jurídicos para ampliar o añadir elementos a las doctrinas vigentes.

Lo anterior no obstante, al aplicar los conocidos princi-pios de responsabilidad civil a la situación de hechos con-cretos del caso, es menester ponderar y sopesar cuidadosa-mente un asunto que es particularmente determinativo de la acción instada, y que amerita, además, que se formulen unas breves expresiones por escrito en tomo a éste.

El asunto en cuestión es determinar si la parte deman-dada actuó razonablemente a tiempo para eliminar del centro comercial en cuestión la condición de peligrosidad que causó la caída del demandante y, por ende, los daños que sufrió.

Según los hechos esenciales probados, el demandante resbaló al pisar los residuos de un helado derretido que estaba desparramado sobre una porción del suelo del área del centro comercial donde ocurrió el accidente. Luego de la caída, el demandante se levantó del piso con la ayuda de un amigo que lo acompañaba. Entonces ambos examinaron el lugar para determinar qué había provocado la caída. Ob-servaron el helado derretido y otras circunstancias del si-tio, y concluyeron que había sido la esponjosa substancia del licuado helado lo que dio lugar a que el demandante se resbalara. Después de realizar este examen, el amigo del demandante fue a buscar ayuda y realizó gestiones perti-nentes a ese fin por espacio de diez a quince minutos. Luego de hacer dichas gestiones, el amigo regresó al lugar del accidente. No encontró al demandante allí, pero pudo observar que los residuos del helado permanecían todavía en el suelo y no habían sido eliminados.

Frente a este cuadro de hechos, la cuestión jurídica par-ticularmente decisiva de la acción instada es determinar si los responsables de ello en el centro comercial fueron ne-gligentes al no limpiar el piso a tiempo y así evitar la caída del demandante. Es decir, la controversia esencialmente gira en tomo a la cuestión de si la parte demandada tenía instalado en su negocio un sistema continuo de limpieza y mantenimiento que fuese adecuado.

No cabe duda de que no puede exigírsele a un estableci-miento comercial que elimine tan pronto ocurra, o aun po-cos de minutos después, una condición peligrosa que su-ceda de imprevisto en sus áreas comunes, causada casualmente por alguna de las numerosas personas que frecuentan dicho establecimiento. Lo que sí puede razona-blemente requerírsele es que tenga un medio expedito para enterarse de tales condiciones y para luego corregirlas con prontitud.

El tiempo jurídicamente requerido para eliminar la con-dición peligrosa debe ser más o menos el mismo en cual-quier establecimiento comercial. Ello significa que mien-tras más grande sea el negocio, mayores deben ser los recursos que sus responsables deben dedicar a procurar razonablemente la seguridad de sus clientes.

¿Existía en este caso el aludido sistema de limpieza y mantenimiento? Es decir, ¿un sistema que fuese adecuado? La parte demandada presentó prueba en instancia de que tenía siete empleados de mantenimiento para velar por la continua limpieza de dos pisos del más grande centro co-mercial del país, Plaza Las Américas. También presentó testimonio a los efectos de que uno de estos empleados de-bía pasar generalmente cada quince minutos por el área donde ocurrió el accidente. Finalmente, alegó la parte de-mandada que este “sistema” de siete empleados que dan servicio a determinadas áreas cada quince minutos era ra-zonablemente suficiente para procurar la seguridad de sus clientes en este centro comercial.

La parte demandada basó su defensa —en cuanto al asunto que nos interesa aquí— esencialmente en lo antes reseñado. No justificó de modo satisfactorio alguno, porque entendía que el aludido sistema de vigilancia y limpieza era suficiente. No presentó elementos de juicio fundamen-tados en criterios comparativos o basados en conocimientos especializados sobre la materia, que persuasivamente de-mostraran que el sistema que tenía instalado allí era real-mente adecuado. Intuitivamente parecería más bien que tal sistema de mantenimiento no era suficiente, si se con-sideran los enormes espacios incluidos en las áreas de res-ponsabilidad de dichos empleados y las miles de personas que cotidianamente las frecuentan.

Por otro lado, los planteamientos aludidos de la parte demandada no son convincentes, visto el hecho de que aun luego de haberse derramado el helado que causó el acci-dente, y después de haber ocurrido dicho accidente, trans-currieron otros lapsos de tiempo mientras que el amigo de la víctima fue a buscar ayuda para ésta, y en lo que regresó al lugar de los hechos, y los residuos del helado todavía permanecían en el piso. Habían transcurrido, en efecto, mucho más de quince minutos desde que se derramó el helado y aún éste no había sido eliminado del piso.

En resumen, pues, tenemos dudas tanto en cuanto a la razonabilidad como en cuanto a la operación del sistema de mantenimiento que alegadamente existía en Plaza Las Américas al momento del accidente de marras; dudas sufi-cientemente serias como para impedirnos intervenir con el dictamen de negligencia del tribunal de instancia que aquilató la prueba. No se nos ha convencido de que el curso más justo a seguir sea revocar dicho dictamen.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Andréu García.

El 24 de agosto de 1987, alrededor de las dos de la tarde, y luego de asistir a sus clases en la Universidad de Puerto Rico, el Sr. José Gil Colón Rodríguez se dirigió al centro comercial Plaza Las Américas en Hato Rey, acompañado por su amigo el Sr. Juan Noriega Sotolongo; ello con el propósito de comprar un traje de baño con los colores re-presentativos de la Universidad de Puerto Rico. Luego de visitar varios de los comercios allí establecidos sin en-contrar el mencionado artículo, y estando en la tienda Sears, decidieron dirigirse a JC Penney. Encontrándose en el segundo piso de Sears, ambos tomaron la salida que co-necta con el pasillo central del segundo piso del mencio-nado Centro Comercial para así dirigirse a su destino. Es-tos —mientras conversaban— cogieron el pasillo común del lado derecho y pasaron por el área de las escaleras mecánicas que comunican los pisos segundo y tercero del referido Centro Comercial. En el instante en que pasaban por el lado del directorio ubicado en el pasillo antes men-cionado —cerca de la tienda de chocolates y golosinas “Magritte”— Colón Rodríguez resbaló súbitamente, cayendo de espaldas al piso, y recibiendo fuertes golpes en la espalda, en la cabeza y en el hombro izquierdo. Mientras caía, Colón Rodríguez trató de agarrarse del referido directorio, pero su esfuerzo fue en vano.

Luego de la caída, su acompañante Noriega, lo ayudó a levantarse y a incorporarse; ambos pudieron observar, y concluyeron que Colón Rodríguez había resbalado en los residuos de un helado derretido que se encontraba en el piso. Además, había en el suelo un envase plástico tras-parente de alrededor de seis (6) a ocho (8) pulgadas y un “utensilio”, presumiblemente utilizado para ingerir el helado. Según el testimonio del propio Colón Rodríguez, el helado, el envase y el utensilio ocupaban un área total de dos (2) pies con dos (2) pulgadas. T.E., págs. 110-111.

Noriega —percatándose de la condición de su amigo— decidió ir a buscar ayuda; mientras tanto, Colón Rodríguez permaneció en el sitio del accidente. El proceso de hacer las referidas gestiones le tomó a Noriega aproximada-mente de unos diez (10) a quince (15) minutos. Luego de dichos trámites, Noriega regresó al área del Centro Comer-cial donde había dejado a Colón Rodríguez; éste ya no se encontraba allí. Noriega se marchó del referido Centro Co-mercial; posteriormente se enteró de que Colón Rodríguez no se encontraba en el lugar de los hechos, debido a que había sido llevado a la caseta de seguridad de Plaza Las Américas y de allí al hospital a recibir tratamiento por sus lesiones.

Colón Rodríguez fue trasladado al Dispensario de Puerto Nuevo y, luego, al Hospital Hermanos Meléndez de Bayamón. Allí se le tomaron radiografías y se le diagnos-ticó que había sufrido, a consecuencia de la caída, una dis-locación del hombro izquierdo. Con posterioridad al acci-dente, el hombro comenzó a dislocarse en forma espontánea y desarrolló, según la prueba presentada, una dislocación recurrente multidireccional que se ha hecho habitual. T.E., págs. 8-9.

El 2 de marzo de 1988, Colón Rodríguez, y sus padres, radicaron acción en daños y perjuicios ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra Plaza Las Américas, Inc., y su aseguradora Eagle Star Insurance Company of Puerto Rico. La parte demandada contestó la demanda negando la ocurrencia del accidente por falta de informa-ción, y por ende, responsabilidad por la alegada caída. Los días 18 de abril y 31 de octubre de 1989 se celebró la vista en su fondo del caso, quedando el caso sometido para reso-lución del tribunal.

El 22 de diciembre de 1989, el tribunal de instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda. Concluyó que Plaza Las Américas fue negligente, imputándole cono-cimiento de la condición peligrosa existente el día de los hechos. El 23 de marzo de 1989, los demandados insta-ron recurso de revisión ante este Tribunal imputándole al tribunal de instancia haber errado al así resolver. El 19 de abril de 1990 decidimos expedir.

En el día de hoy una mayoría de los integrantes del Tribunal confirma la sentencia recurrida. Disentimos; vea-mos por qué.

I

El Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, enuncia la norma genérica que prohíbe causar daño a otro mediante conducta activa o pasiva. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 105 (1986). Dicho artículo de ley establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. Art. 1802, ante. Para que prospere una acción de daños y perjuicios, bajo el ci-tado Art. 1802, deben concurrir tres requisitos, a saber: (1) realidad del daño sufrido; (2) un acto u omisión culposo o negligente, y (3) nexo causal entre el daño y la referida acción u omisión culposa o negligente de la otra parte. J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1993); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., ante, pág. 106; Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957).

Los factores a considerarse, para determinar si una omisión genera responsabilidad bajo el Art. 1802, son: (1) existencia de un deber jurídico de actuar por parte del ale-gado causante del daño, el incumplimiento del cual consti-tuiría la “antijuricidad”, y (2) si de haberse realizado el acto, se hubiera evitado el daño. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., ante, pág. 106. De estos factores surge el deber de previsibilidad ya que “el Art. 1802 gira inevita-blemente en torno a la función de previsión del individuo, como factor determinante de su responsabilidad con su congénere”. (Enfasis suprimido.) Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 18 (1987). “Claro está, esto no quiere decir, que la persona esté obligada a prever todos los posi-bles riesgos que puedan concebirse en una determinada situación, pues prácticamente se convertirá entonces en una responsabilidad absoluta.” Pacheco v. A.F.F., 112 D.P.R. 296, 300 (1982). “El deber de previsión no se ex-tiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad ... sino a aquel... que lleva-ría a una persona prudente a anticiparlo.” Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).

Bajo los mencionados parámetros es que surge el deber de cuidado que tiene que observar un operador de un esta-blecimiento comercial. En el normativo caso de Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 (1985), señalamos que:

No hay duda de que una persona o empresa que opera un establecimiento abierto al público con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para su propio beneficio debe hacer lo posible por mantener dicho establecimiento en condiciones tales de seguridad que los clientes que patrocinan el mismo no sufran ningún daño; en otras palabras, corresponde al dueño de un negocio o al propietario del mismo mantener el área a la que tienen acceso sus clientes como un sitio seguro. A esos efectos, véanse: Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473 (1955); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961); Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962), y Aponte Betancourt v. Meléndez, 87 D.P.R. 652 (1963). Deberá observarse, sin embargo, que —como expresáramos en Goose v. Hilton Hotels, ante, págs. 527-528— el dueño del estableci-miento “no es un asegurador de la seguridad de los clientes del negocio, y su deber sólo se extiende al ejercicio del cuidado ra-zonable para su protección” y que el visitante tiene que probar que el dueño del establecimiento no “ha ejercido el cuidado de-bido para que el local sea seguro para él”. En los casos antes citados impusimos responsabilidad por cuanto los mismos en-volvían condiciones peligrosas existentes dentro de los estable-cimientos correspondientes, las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía imputárseles a éstos”. (Enfasis suplido.)

En relación específica a caídas en establecimientos co-merciales, establecimos en el citado caso de Cotto v. C.M. Ins. Co., ante, pág. 651, que:

Un análisis de nuestra jurisprudencia referente a la situa-ción específica de reclamaciones por caídas revela que hemos exigido de la parte demandante que pruebe, como parte esen-cial de la causa de acción que ejercita, la existencia de la con-dición de peligrosidad que ocasionó la caída. (Enfasis suprimido.) Véanse: Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971); González Ivankovich v. Las Amen Prof. Ctr., 103 D.P.R. 89 (1974); Maldonado v. Interamerican University, 104 D.P.R. 420 (1975); Weber v. Mejías, ante; Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967); Torres v. Metrópoli- tan School, 91 D.P.R. 1 (1964); Ferro v. A.M.A., 91 D.P.R. 770 (1965), y Goose v. Hilton Hotels, ante.

El deber antes aludido de mantener los lugares comer-ciales seguros para el público que los visita aplica a los centros comerciales, según lo resolvimos expresamente en J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, ante, pág. 791:

No cabe la menor duda que, con relación a los centros comer-ciales regionales, por la variedad de actividades que allí se lle-van a cabo y el cúmulo de servicios que se ofrecen, o sea, por su naturaleza esencial, éstos están obligados a ofrecer al público que los frecuenta, cuando las circunstancias así lo ameritan, un grado de protección y seguridad, adecuado y razonable, inde-pendiente del que puedan ofrecer las agencias de seguridad pública.

A la luz de lo resuelto en Cotto v. C.M. Ins. Co., ante, se desprende, con claridad, que para imponerle responsabili-dad a un lugar comercial hay que determinar, primera-mente, si existía una condición peligrosa y, en segundo lu-gar, si la existencia del tal condición peligrosa era del conocimiento de la parte demandada o podía imputársele a éste tal conocimiento.

Procedemos a discutir estas dos interrogantes a la luz de los hechos del caso de autos.

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No nos cabe la menor duda que en el pasillo central de Plaza Las Américas donde ocurrió el accidente el día de los hechos había una condición que puede catalogarse como peligrosa para los clientes de dicho Centro Comercial, a saber; mantecado derretido en el piso. Esta conclusión re-sulta obvia en vista del testimonio de los testigos —señor Colón Rodríguez y señor Noriega— que nos convencen de la existencia del helado derramado en el piso, prueba que no fue controvertida por la parte demandada.

Ahora bien, procede que determinemos, a la luz de la prueba presentada, si la condición peligrosa era del cono-cimiento de Plaza Las Américas o si se le podía imputar a ésta el referido conocimiento. En el presente caso, luego de un análisis detenido de la totalidad de la prueba vertida, somos del criterio que el tribunal de instancia no tuvo ante sí prueba suficiente para imponerle responsabilidad a Plaza Las Américas. Sabido es que únicamente se le im-pondrá responsabilidad a un demandado cuando, mediante la presentación de prueba, se ponga al tribunal en condi-ciones de poder hacer una determinación clara y específica sobre negligencia. Cotto v. C.M. Ins. Co., ante, pág. 652. La prueba presentada por la parte demandante tan sólo de-mostró la existencia del helado derretido en el pasillo del referido centro comercial y que el demandante resbaló en dichos residuos. Entendemos que esta prueba, por sí sola, no es suficiente para imponerle responsabilidad a la parte demandada ya que de la misma no se infiere negligencia per se de su parte. Véanse: Cotto v. C.M. Ins. Co., ante, pág. 652; Malavé v. Hospital de la Concepción, ante; González Ivankovitch v. Las Américas Prof. Center, ante.

En otras palabras, la prueba presentada no nos sitúa en posición de determinar que Plaza Las Américas conocía de la condición peligrosa o de que se le podía imputar dicho conocimiento. Al respecto, resulta pertinente lo expresado en Baptiste v. Schwegmann Bros. Giant Supermarkets, 338 So. 2d 1163, 1165 (1976), a los efectos de que:

...the fact that the ice cream was melted when first seen by plaintiff proves nothing as to the length of time it had been on the floor prior to plaintiff’s fall. Insofar as in shown by the record, at the time plaintiff fell the ice cream could have been on the floor for a very short time or for a comparatively long time.

Debido al gran tamaño de un centro comercial, no re- sulta razonable imputarle, a las personas responsables del mismo, conocimiento de toda condición peligrosa que ocu-rra en las áreas comunes, y la obligación de atender y eli-minar la misma, de una manera inmediata. El así hacerlo podría llevarnos a un absurdo o, cuando menos, imputarle responsabilidad absoluta a los mismos. Acorde con este ra-zonamiento, no podemos exigirle a este tipo de Centro Co-mercial que limpie o remueva, en cuestión de segundos o minutos, cualquier material o sustancia que los cientos, o miles, de personas que frecuentan el mismo dejen caer, o tiren, al piso en un momento determinado Dichos cen-tros comerciales, naturalmente, sí vienen en la obligación de establecer un sistema de limpieza, y mantenimiento, continuo y razonable.

En estos tipos de casos, le corresponde a las partes, en especial a la parte demandante, poner al foro judicial en posición de —mediante, naturalmente, la presentación de prueba— poder hacer una determinación clara a los efectos antes mencionados. En relación con el caso específico hoy ante nuestra consideración, la parte demandante no pre-sentó prueba alguna al respecto. La prueba ofrecida —no rebatida— por la parte demandada, consistente del testi-monio del Sr. Raúl Chávez Hernández, Supervisor de Man-tenimiento de Plaza Las Américas, nos convence de que el sistema de mantenimiento y limpieza de Plaza Las Améri-cas era uno adecuado y eficiente. Esto es, dicha eviden-cia nos ha convencido de que el sistema de mantenimiento que utilizaba Plaza Las Américas, para la fecha del acci-dente aquí en controversia, era uno que lo releva de res-ponsabilidad en relación con los hechos del presente caso; sistema mediante el cual Plaza Las Américas anticipaba cualquier peligro, de la naturaleza aquí envuelta, que pu-diera ocurrirle a sus patrocinadores.

En resumen, luego de un análisis desapasionado y mi-nucioso de la prueba, somos del criterio que las determina-ciones que hiciera el tribunal de instancia, sobre negligen-cia de la parte demandada, no representan el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia que desfilara ante dicho foro, y, por lo tanto, las mismas no pueden prevalecer. Ramos Acosta v. Caparra Dairy, Inc., 113 D.P.R. 357, 364 (1982).

Por las razones antes expresadas, es que disentimos de la acción mayoritaria que confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, sentencia mediante la cual declaró con lugar la demanda de daños y peijuicios radicada en el presente caso.

       T.E., pág. 49.

       El Sr. José Gil Colón Rodríguez, al momento de los hechos, tenía veinte (20) años de edad y cursaba estudios universitarios en la Universidad de Puerto Rico. Son sus padres José Manuel Colón Miranda y Eugenia Rodríguez, con quienes reside en Bayamón.

       El traje de baño era para ser utilizado por el Señor Colón Rodríguez en las pruebas (try outs) para formar parte del equipo de polo acuático de la Universidad de Puerto Rico. T.E., pág.65.

       Según el testimonio de Colón Rodríguez, éste describió las condiciones del mantecado como que estaba en un estado semi-sólido como con la consistencia de un pancake (T.E., pág. 68); “como si se estuviera secando...[d]esde afuera hacia adentro. Primero las orillas y luego la parte central” (T.E., pág. 69); se veía de “color ‘brown’. Y, además, ésta parte de adentro como una nata, una nata un poco más suave” (T.E ., pág. 70) y “la consistencia no era líquida, se estaba tomando..., era una consisten-cia esponjosa, esa es la palabra, y había adquirido un color más oscuro al que tenía el resto de la nata que ya le dije que ...” (T.E., pág. 71).

       En otras palabras, el hombro de Colón Rodríguez se puede dislocar en cual-quier dirección que tome el hombro al hacer un movimiento. Véase determinación de hecho número diez (10) de la sentencia de instancia.

      6) En la demanda Colón Rodríguez alega que debido al accidente se tuvo que dar de baja del R.O.T.C.; ha tenido que suprimir toda actividad física, viéndose im-pedido de practicar distintos deportes; no pudo terminar el curso para tomar la licencia que lo capacitaría para trabajar como instructor de natación o salvavidas; ha perdido 35% de la fuerza del brazo y ha sufrido angustias por las operaciones, por todo lo cual reclamó la suma de doscientos mil dólares ($200,000).
      A su vez, alegó que no pudo seguir con su trabajo en Pueblo Xtra ya que no puede utilizar su brazo izquierdo en ninguna actividad que conlleve fuerza física. Por este concepto reclamó una pérdida de ingresos pasada de dos mil seiscientos dólares ($2,600) y futura en no menos de cincuenta mil dólares ($50,000).
      Alegó también que sus padres y su hermana han sufrido angustias y sufrimien-tos ante la condición incapacitante de éste, por lo cual reclamaron cincuenta mil dólares ($50,000) para cada uno de los padres y veinte mil dólares ($20,000) para su hermana.

       Plaza Las Américas, Inc., es una corporación debidamente organizada en Puerto Rico haciendo negocios y operando un complejo comercial en Hato Rey bajo ese mismo nombre. Véase determinación de hecho número dos (2) de la sentencia de instancia.

       Eagle Star Insurance Company of Puerto Rico es una compañía de seguros que para la fecha de los hechos había expedido una póliza a favor de Plaza Las Américas, Inc. para cubrir riesgos y daños como los alegados en este caso. Véase determinación de hecho número tres (3) de la sentencia de instancia.

       La prueba presentada por la parte demandante consistió del testimonio pe-ricial de los doctores Juan Llompart y William Mieheo; el testimonio del Sr. Juan Noriega Sotolongo, acompañante de Colón Rodríguez el día de los hechos; el testimo-nio del propio Colón Rodríguez; y el testimonio de sus padres, a saber, Sr. José Colón Miranda y Sra. Eugenia Rodríguez Ramírez.
      Por su parte, la prueba presentada por la parte demandada consistió del testi-monio del Sr. Raúl Chávez Hernández, Supervisor de Mantenimiento de Plaza Las Américas.

       En la sentencia de instancia se le otorgó a la parte demandante la cantidad de cuarenta y siete mil dólares ($47,000), la cual se desglosó como sigue: trece mil dólares ($13,000) por limitaciones e incapacidad; once mil dólares ($11,000) por da-ños incluyendo cicatriz, dislocación, terapia y tratamiento; nueve mil dólares ($9,000) por angustias y sufrimientos mentales, molestias e inconvenientes al verse privado de practicar deportes y de pertenecer al R.O.T.C.; tres mil quinientos dólares ($3,500) por angustias y sufrimientos de los padres; dos mil quinientos dólares ($2,500) por gastos médicos incluyendo la operación que será necesaria; siete mil dólares ($7,000) por ingresos dejados de percibir y mil dólares ($1,000) de honorarios de abogado.

       Véanse, en adición: Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 17-18 (1987); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 313 (1970).

       En Salvá Matos v. A. Díaz Const. Corp., 95 D.P.R. 902, 906 (1968), definimos la previsibilidad como el elemento característico de la culpa, consistente en la posi-bilidad de prever los resultados dañosos de la acción no previstos de modo efectivo en el caso de que se trate.

       Véase en adición Rivera Pérez v. Cruz Corchado, ante, pág. 19.

       El Departamento de Comercio define centro comercial como una “ ‘[s]erie de unidades comerciales independientes, físicamente separadas en un mismo edificio, pero integradas con el propósito de brindar una oferta complementaria de bienes y servicios’ ”. J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785, 790 (1993).

       En cuanto a los establecimientos comerciales en sí, existentes en un centro comercial o de manera individual en nuestro País, el período de tiempo que se re-quiere que transcurra para poder imputarle el conocimiento de una condición peli-grosa a los responsables de un local comercial necesariamente tendrá que basarse, entre otros factores, en el tamaño del establecimiento en controversia.
      Ello así, ya que mientras más pequeño sea el local, debido al mayor grado de visibilidad y control del área, resulta más fácil y evidente para los empleados del mismo el percatarse de la advenimiento o existencia de una condición peligrosa. En consecuencia, se le puede imputar a éstos el conocimiento de la referida condición peligrosa en un período de tiempo relativamente corto.
      A contrario sensu, en un establecimiento relativamente grande —donde transi-tan más personas y el control de las áreas y la visibilidad son más difíciles de imple-mentar— el percatarse de una condición peligrosa puede tomar más tiempo.

      6) El Sr. Raúl Chávez Hernández testificó que en el turno de siete (7) de la mañana a cuatro (4) de la tarde trabajan siete personas de mantenimiento en los pisos primero y segundo de Plaza Las Américas. T.E., pág. 148. El tercer piso lo atiende una compañía privada. T.E., pág. 149. Por su parte testificó que hay ciento veinticinco (125) zafacones distribuidos en los dos pisos. T.E., pág. 154. A su vez, explicó que en el área de los hechos debe pasar generalmente un empleado de lim-pieza o un guardia cada quince (15) minutos según el plan pre-establecido. T.E., pág. 161. También aclaró que cada empleado, de acuerdo a los pies cuadrados de ambos pisos, tiene que cubrir un promecho de diecisiete mil (17,000) pies cuadrados. T.E., págs. 158-159. El Señor Chávez testificó que entiende que el sistema de manteni-miento es adecuado. T.E., pág. 159.

       Véanse, en adición: Abudo Servera v. A.T.P.R., 105 D.P.R. 728 (1977); Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329 (1964), y Sanabria v. Sucn. Gonzalez, 82 D.P.R. 885 (1961).