author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Marcelo Canales Velázquez y otros, demandantes y recurridos, v. Converse de Puerto Rico, Inc. y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-90-500

      Resuelto: 30 de enero de 1992

      Julio A. Díaz Valdés, abogado de los recurrentes; Antonio Hernández Sánchez, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El 5 de junio de 1990 el Tribunal Superior, Sala de Carolina, dictó sentencia en la que declaró con lugar la recla-mación del codemandado Marcelo Canales Vázquez por despido injustificado bajo la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a-185m) pero desestimó la ba-sada en discrimen por razón de edad bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959. Dicha sentencia fue notificada y archivada en autos el 22 de junio de 1990. El 28 de junio la parte demandada recurrente, Converse de Puerto Rico, Inc./) Carlos Benitez y Enrique Segarra (en adelante Converse), presentó a tiempo una moción de determinaciones de hecho adicionales al amparo de la Regla 43.3 de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El foro de instancia la denegó el 12 de julio. El 3 de julio la parte demandante recurrida también presentó una moción de determinacio-nes de hecho adicionales. El tribunal la declaró sin lugar y notificó el 18 de julio.

El 17 de agosto Converse presentó un recurso de revisión. El 16 de noviembre, en reconsideración, decidi-mos revisar y expedimos el auto. El 27 de noviembre la parte demandante recurrida presentó una moción de des-estimación por falta de jurisdicción. Alegó que la moción de determinaciones de hecho adicionales del 3 de julio se pre-sentó fuera del término jurisdiccional de diez (10) días que provee la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra, por lo tanto, no interrumpió el término de treinta (30) días para recurrir en alzada. Regla 53.1.(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Continuó alegando que el término para que Converse solicitara la revisión comenzó a decursar nuevamente el 13 de julio y que, por lo tanto, el recurso de revisión debió haberse presentado en o antes del 13 de agosto.() Concluyó que habiendo Converse presentado el recurso el 17 de agosto, pasado el término jurisdiccional de treinta (30) días que provee las reglas, este Tribunal carece de jurisdicción para entender en el mismo.

El 21 de diciembre emitimos una resolución en la que ordenamos a Converse mostrar causa por la cual no debe-ríamos desestimar el recurso de revisión presentado por falta de jurisdicción. Converse compareció y alegó que a pesar de que se archivó en autos copia de la notificación de la sentencia el 22 de junio de 1990, no fue hasta el 25 de junio que realmente se notificó al depositarla en el correo. Continuó arguyendo que, a tenor con lo resuelto en Vda. de Carmona v. Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966), habiéndose depositado en el correo la notificación de la sentencia con posterioridad al archivo en autos de copia de la misma, el término para presentar la moción de determinaciones de hecho adicionales comenzó al depositarse la notificación de la sentencia en el correo, no al momento de su archivo en autos. No le asiste la razón.

Las Reglas 43.3 y 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, disponen que el término de diez (10) días para solicitar las determinaciones de hecho adicionales comenzará a decursar desde el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, y que una vez presentada dicha moción por cualquier parte en el pleito quedarán interrumpidos los términos para recurrir en alzada para todas las partes. Su presentación, sin embargo, no interrumpe el término que tienen las otras partes en el pleito para presentar las mociones de determinaciones de hechos adicionales. En Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 82, 88 (1962), adelantamos la posibilidad de que no se enviara la notificación del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia “dentro del término para apelar [o revisar o se] enviara tan tardíamente que una parte no tuviera el tiempo suficiente para preparar una revisión”. Expresamos que si esto ocurriera “siempre ha-bría medios para proteger los derechos de una parte así perjudicada”. Esto fue precisamente lo que ocurrió en Vda. de Carmona v. Carmona, supra, donde la notificación se envió pasado el término para apelar. Bajo estas circuns-tancias, resolvimos que el término para apelar comenzó a correr desde el depósito en el correo de la notificación, no desde su archivo en autos. Esta no es la situación que hoy confrontamos.()

En el caso de autos los demandados recurrentes, Converse, basan su teoría de jurisdicción en la segunda moción de determinaciones de hecho adicionales, la presentada tardíamente por los demandantes recurridos. No les asiste la razón; veamos. La notificación se depositó en el correo sólo tres (3) días después de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia. Tanto la recurrente Converse como la demandante recurrida, tuvieron amplia oportunidad de preparar y presentar una moción de determinaciones de hechos adicionales dentro del término de diez (10) días provisto por la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, supra. Como cuestión de hecho Converse así lo hizo, al presentar su moción el 28 de junio, seis (6) días después del archivo en autos de copia de la notificación. Fue la segunda moción de determinaciones de hecho adicionales, la presentada por la parte demandante recurrida, la que se presentó tardíamente, ya que el punto de partida para computar el término para presentar la mo-ción era el archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia, no su depósito en el correo.() Converse no ha probado que se dieron las circunstancias extraordinarias que al amparo de lo resuelto en Vda. de Carmona v. Car-mona, supra, ameritara que el término comenzase a correr desde el depósito de la notificación en el correo, o que al amparo de Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, supra, se utilizacen otros remedios para “proteger los derechos de una parte así perjudicada”.

No habiéndose presentado en tiempo la segunda moción de determinaciones de hecho adicionales, ésta no tuvo el efecto de interrumpir el término para presentar la revisión. Carecemos de jurisdicción para entender en el recurso de revisión presentado. Cabe señalar, además, que en realidad Converse tuvo cincuenta y dos (52) días, desde el 22 de junio de 1990 —fecha en que se le notificó la sentencia— hasta el 13 de agosto, para presentar su recurso de revisión, tiempo más que suficiente para prepararlo y presentarlo.()

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia desesti-mando el recurso presentado por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado con opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El pasado 28 de junio de 1991 —en la opinión concu-rrente y disidente que emitiéramos en Lasso v. Iglesia Pent. La Nueva Jerusalem, 129 D.P.R. 219, 245-246 (1991)— expresamos, en lo pertinente, que:

Para que una ponencia en un caso normal y corriente, elabo-rada y suscrita por uno de los integrantes del Tribunal, pueda ser certificada como “Opinión del Tribunal” se requiere que la misma obtenga el voto de conformidad de por lo menos cuatro de los integrantes de este Foro judicial, en la situáción en que todos sus miembros intervienen en el caso, o de por lo menos la “mitad más uno” de los Jueces que participan en el caso, en la alternativa de que algunos de sus integrantes se hayan inhi-bido o abstenido de intervenir en el mismo.
El voto de conformidad —a diferencia de cuando meramente se “concurre con el resultado”— que le brinda un Juez a la ponencia suscrita por uno de sus compañeros magistrados sig-nifica que ese Juez está conforme no sólo con el resultado a que se llega en la ponencia emitida sino que suscribe todos y cada uno de los fundamentos que se aducen en apoyo de ese resultado. Cuando meramente se “concurre con el resultado”, no se endosan necesariamente todos los fundamentos aducidos en la ponencia en apoyo del resultado a que se llega.
Dicha función es una que no puede ser descargada “ligera” o caprichosamente por los integrantes de un tribunal colegiado como el nuestro. Como es de todos conocido, una “Opinión del Tribunal” resulta obligatoria, como precedente, para nuestros tribunales de instancia. Ello, en palabras sencillas, significa que dicha Opinión constituirá derecho vinculante en relación con las decisiones que emitan los referidos tribunales de ins-tancia en el futuro en toda situación de hechos similar a la envuelta en el caso objeto de la “Opinión del Tribunal”. Ahí radica, naturalmente, la importancia de que los fundamentos legales que se aducen en una Opinión en apoyo del resultado propuesto sean jurídicamente correctos.
No hay duda, en resumen, que la determinación que a diario tienen que hacer los integrantes de este Tribunal respecto a si endosan o no con su voto de conformidad las numerosas ponen-cias que se circulan en el seno del Tribunal, y si éstas ameritan o no ser publicadas como “Opinión del Tribunal”, es una impor-tante y fundamental para nuestro sistema de derecho. Es por ello que dicha determinación sólo debe ser el producto de un análisis jurídico objetivo y desapasionado; totalmente libre el mismo de consideraciones de amistad, enojo o prejuicio personal. (Énfasis en el original.)

Hoy añadimos el hecho obvio de que no toda decisión emitida por este Tribunal amerita ser publicada como “Opinión del Tribunal”; ello aun cuando el resultado y los fundamentos en que se basa la misma sean correctos en derecho. Los integrantes de este Tribunal no deben perder de vista que las “Opiniones” tienen el propósito, entre otros, de establecer nuevas normas de derecho, aclarar y despejar situaciones jurídicas complejas y confusas, y su-plir “lagunas” en nuestro ordenamiento. Cuando el caso ante nuestra consideración lo que plantea son cuestiones reiteradamente resueltas por el Tribunal, el vehículo deci-sorio a utilizarse debe ser el de la “sentencia”, la cual no establece norma alguna ni constituye precedente obligatorio.

El uso indebido del mecanismo procesal de la “Opinión” puede hacerle un grave daño a la imagen y reputación de este Tribunal. Los integrantes de este Foro no podemos darnos el lujo de envolvemos en una fatua y estéril compe-tencia numérica de quién es el Juez que más “opiniones” publica. Debemos mantener siempre presente que la cali- dad de la justicia que un juez dispensa no se mide exclusi-vamente a base de estadísticas.

La Opinión mayoritaria emitida en el presente caso es un vivo ejemplo de uno de los graves males que han venido aquejando al Tribunal durante los últimos seis (6) años: la publicación, como “Opinión”, de ponencias que deben ser certificadas como “sentencias”, las cuales, curiosamente, han venido consistentemente recibiendo el voto de confor-midad de una mayoría del Tribunal por razones totalmente ajenas a las que propiamente deben regir dichas determinaciones.

En la actualidad se encuentran pendientes de resolu-ción final ante este Tribunal cientos de recursos, algunos de los cuales plantean cuestiones de fundamental impor-tancia para nuestra ciudadanía y la clase togada en general. Es por ello que no alcanzamos a entender el por qué el Tribunal se envuelve en la preparación, redacción y publicación de una ponencia como “Opinión del Tribunal” en relación con los hechos que plantea el presente recurso, el cual realmente debió de haber sido resuelto mediante una simple Resolución al efecto.

Aparte de constituir una estadística más —desde el punto de vista de “un caso más” que se resuelve mediante “Opinión y Sentencia”— la ponencia emitida en el presente caso no añade nada nuevo o significativo a nuestro acervo jurisprudencial. Dicho con el mayor respeto, la Opinión mayoritaria emitida en el presente caso no pasa de ser una pérdida de tiempo valioso. Nos vemos obligados a ocupar parte de ese tiempo para explicar, y demostrar, lo antes ex-presado con el propósito de que esta situación no se repita en el futuro.

I

La Sala de Carolina del Tribunal Superior de Puerto Rico emitió sentencia en el presente caso, copia de la cual fue archivada en autos el 22 de junio de 1990. Arabas par-tes presentaron solicitud de determinaciones de hecho adi-cionales al amparo de las disposiciones de la Regla 43.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

La moción que a esos efectos radicara la demandada recurrente Converse de Puerto Rico, Inc. fue radicada en tiempo; esto es, dentro del término de diez (10) días de haberse archivado en autos copia de la notificación de la sentencia por la Secretaría del tribunal de instancia. Como es harto sabido, la radicación en tiempo de la referida mo-ción tiene el efecto de paralizar el término jurisdiccional ordinario de treinta (30) días para acudir en revisión ante este Tribunal^) término que conforme a las disposiciones de la Regla 43.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, comienza “a correr nuevamente tan pronto se archive en autos copia de la notificación [sobre] las determinaciones y conclusiones solicitadas”. Dicha moción fue denegada por el foro de instancia mediante orden a esos efectos de 12 de julio de 1990.

La moción que bajo la citada Regla 43.3 de Procedi-miento Civil radicara la parte demandante recurrida ante el foro de instancia fue radicada fuera del mencionado tér-mino jurisdiccional de diez (10) días que dispone la referida disposición reglamentaria, razón por la cual ello no inte-rrumpió el término para acudir en revisión ante este Tribunal. Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979). Es debido a ello que resulta obvio que la orden emi-tida por el foro de instancia, de fecha 18 de julio de 1990, denegando dicha moción resulta ser una superflua e inne-cesaria que no tuvo, ni tiene, consecuencia o efecto jurídico alguno.

Habiendo sido denegada la moción que radicara la de-mandada recurrente Converse de Puerto Rico bajo la ci-tada Regla 43.3 de Procedimiento Civil, con fecha de 12 de julio de 1990, el término ordinario de treinta (30) días para acudir en revisión ante este Tribunal comenzó “a correr nuevamente” el 13 de julio de 1990. Regla 43.4 de Procedi-miento Civil de 1979, ante. Dicho término, en consecuen-cia, vencía el 11 de agosto de 1990. Siendo dicho día sá-bado, el mismo se extendió hasta el lunes 13 de agosto de 1990.

No puede haber duda alguna, en consecuencia, que el recurso de revisión que la demandada recurrente Converse de Puerto Rico radicara ante este Tribunal el 17 de agosto de 1990 —y que erróneamente expidiéramos— fue radicado fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días, razón por la cual procede su desestimación por falta de jurisdicción.

Confrontada con estos hechos, la demandada recurrente elabora la errónea teoría de que no obstante haberse archi-vado en autos copia de la notificación de la sentencia dic-tada por el foro de instancia el día 22 de junio de 1990, el término de diez (10) días que dispone la antes citada Regla 43.3, tiene que contarse en el presente caso desde que la misma efectivamente se notificó a las partes, esto es, tres (3) días más tarde. Ello, naturalmente, tendría el efecto de que la moción que tardíamente radicara la parte deman-dante recurrida bajo la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, hubiera estado “en tiempo” y, en consecuencia, igual-mente el recurso de revisión que Converse radicara ante este Tribunal. Dicho argumento, no hay duda, es uno total y completamente improcedente en derecho.

La situación de hechos antes descrita, a nuestro hu-milde entender, repetimos, no justifica la preparación y certificación de una ponencia como “Opinión del Tribunal”. El recurso radicado por Converse de Puerto Rico debió de ser desestimado, por razón de falta de jurisdicción, me-diante la emisión de una simple resolución o, a lo sumo, mediante una “Sentencia” a esos efectos.

El mero hecho de que la recurrente Converse, en apoyo de su errónea contención, cite las decisiones que este Tribunal emitiera en Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 82 (1962), y en Vda. de Carmona v. Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966), no constituye fundamento para que este Tribunal pierda su tiempo en la preparación y certificación de una “Opinión” cuando hay pendientes, y sin resolver, tantos recursos ante este Tribunal, los cuales están im-pregnados de fundamental importancia para nuestra ciudadanía.

En el contexto de los hechos del presente caso, resulta, inclusive, erróneo el citar, y “distinguir”, las decisiones que este Tribunal emitiera en Figueroa Rivera v. Tribunal Superior, ante, y en Vda. de Carmona v. Carmona, ante. La situación de hechos que el Tribunal contempló en dichos casos es completamente distinta; esto es, aquella en que la fecha en que se deposita en el correo la notificación de sen-tencia es una realizada pasado el término de revisión, cal-culado el mismo a base de la fecha de archivo en autos, o tan tardíamente que la parte afectada por la sentencia dic-tada no tiene tiempo suficiente para preparar adecuada-mente un recurso de revisión. Dichas decisiones tuvieron, y tienen, el loable propósito de flexibilizar una norma férrea y así evitar que en nombre de la misma se cometa la injusti-cia de impedir que una parte sea despojada de su derecho a revisar una sentencia errónea debido a una actuación ne-gligente de la Secretaría del tribunal de instancia. Esa, ciertamente, no es la situación de hechos en el caso de autos.

La Opinión mayoritaria emitida en el presente caso, la cual aparentemente tiene el propósito de aclarar y disipar dudas, es una innecesaria y errónea. La clase togada del País, la cual tiene sumo interés en que se resuelvan los asuntos fundamentales pendientes ante este Tribunal, no tiene necesidad alguna de que se le “aclare” una situación que ya resulta ser meridianamente clara. Como expresára-mos en el Voto particular que emitiéramos el 21 de diciem-bre de 1988 en Berberena v. Echegoyen, 123 D.P.R. 76 (1988), somos del criterio que “los integrantes de este Tribunal deben dedicar todos sus esfuerzos, tiempo y empeño en asuntos más productivos y útiles” para el Pueblo de Puerto Rico.

HH !=H

No obstante lo anteriormente expresado, concurrimos en el resultado a que se llega en la Opinión mayoritaria emitida por cuanto el mismo es correcto. Esto es, y como expresáramos anteriormente, habiéndose notificado la re-solución denegatoria de la moción radicada bajo la Regla 43.3 de Procedimiento Civil, ante, el día 12 de julio de 1990, resulta obvio que el recurso de revisión que radica-ran ante este Tribunal la parte demandada recurrente el día 17 de agosto de ese año fue radicado fuera del término jurisdiccional ordinario de treinta (30) días. Procede, no hay duda, decretar la desestimación del referido recurso.

      (1) Con relación a la codemandada recurrente Converse de Puerto Rico, Inc., el 19 de julio de 1991 ordenamos la paralización de los procedimientos “hasta tanto la Corte Federal de Quiebra para el ‘Eastern District of Missouri’ no decida lo contrario”.

      (2) El término de treinta (30) días para presentar el recurso de revisión vencía el 11 de agosto de 1990, pero por ser sábado se extendió hasta el lunes 13.

      (3) En los comentarios editoriales que acompañan las Reglas de Procedimiento publicadas por Publicaciones JTS, Inc., se le dio una interpretación demasiado am-plia a lo resuelto en Vda. de Carmona v. Carmona, 93 D.P.R. 140 (1966), al expre-sarse lo siguiente:
      “Un problema constante en esta área se suscita cuando la fecha del archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia no concuerda con la fecha en que efectivamente se depositó en el correo tal notificación a las partes. En esta especial situación, el término para revisar o apelar comienza a computarse el día del depósito de la notificación en el correo, como se señaló en Vda. de Carmona v. Carmona, 93 D.P.R. 140, 144 (1966) (Pérez).” J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorri-queña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 256.

      (4) La parte demandante recurrida nos informa que recibió la notificación el 25 de junio. Esta parte presentó recurso de revisión en tiempo, el 10 de agosto de 1990 (RE-90-489). Lo denegamos el 5 de octubre.

      (5) Con respecto al planteamiento de Converse de que al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, acojamos el recurso de revisión como una petición de certiorari, basta con señalar que estamos frente a un término jurisdiccio-nal donde no existen “circunstancias extraordinarias o especiales” que justifiquen el que acojamos el recurso presentado luego de haber transcurrido el término para presentarlo como una petición de certiorari.

      (5) Con respecto al planteamiento de Converse de que al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, acojamos el recurso de revisión como una petición de certiorari, basta con señalar que estamos frente a un término jurisdiccio-nal donde no existen “circunstancias extraordinarias o especiales” que justifiquen el que acojamos el recurso presentado luego de haber transcurrido el término para presentarlo como una petición de certiorari.

      (1) En casos en que el “Estado” es parte, el término para acudir en revisión ante este Tribunal es de sesenta (60) días. Véase Ley Núm. 66 de 5 de julio de 1988 (32 L.P.R.A. Ap. III, R. 10.1).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Luz M. Figueroa García, recurrida.

      Número: CE-91-81

      Resuelto: 30 de enero de 1992

      Margarita Carillo Iturrino, abogada de la recurrida; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Laura Ydrach Vivoni, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

i-H

El Pueblo de Puerto Rico, representado por el Procura-dor General, recurre ante nos de la resolución dictada el 28 de enero de 1991 por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina (Hon. Roberto Miranda, Juez), que per-mitiría a la acusada hacer alegación de culpabilidad por homicidio a pesar de que el Fiscal había retirado la oferta de alegación preacordada por ese delito. Examinados los hechos en autos y el derecho que les aplica, revocamos la referida resolución.

HH HH

Luz M. Figueroa García fue acusada por los delitos de asesinato en primer grado, conspiración e infracción a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Con anterioridad a la vista en su fondo, el representante legal de la imputada (Ledo. Max Pérez Preston) solicitó en múltiples ocasiones (unas veinte (20) o treinta (30) veces) al Fiscal de Distrito de Carolina (Hon. Nazario Lugo Sil-vagnoli) hacer alegación de culpabilidad por el delito de homicidio. Finalmente, al considerar el bie-nestar de los tres (3) hijos de la imputada, el Fiscal accedió a lo solicitado por la defensa y así se lo comunicó ver bal-mente al licenciado Pérez Preston. No obstante lo anterior, antes del juicio, el Fiscal Lugo Silvagnoli le informó al li-cenciado Pérez Preston que no podía aceptar la alegación preacordada.

Al comenzar la vista del caso, antes de iniciarse el voir dire, el licenciado Pérez Preston solicitó al tribunal de ins-tancia que ordenara al Ministerio Público el cumplimiento específico de la alegación preacordada conforme a lo con-versado con el Fiscal de Distrito a fin de rebajar la califi-cación del delito de asesinato en primer grado a homicidio.

A solicitud de las partes, el tribunal celebró una vista en la cual tanto el Fiscal como la defensa declararon bajo ju-ramento con relación a las negociaciones habidas sobre la alegación preacordada. El Fiscal sostuvo que sus conversa-ciones con la defensa fueron iniciales y que estaba en es-pera de que el licenciado Pérez Preston le indicara la acep-tación de la oferta por parte de la acusada. Al respecto, en la resolución de la cual se recurre, el foro de instancia ex-presó lo siguiente:

Rebasa nuestro entendimiento que tras aceptar que Pérez Preston le visitó de 20 a 30 veces sobre este tema, se podía inferir que Pérez Preston no estaba autorizado por doña Luz a aceptar dicha oferta. Indaguemos en la forma y manera que se produjo dicha conversación.
Lugo Silvagnoli aceptó que en dicho día, Pérez Preston no lo estaba buscando sino que fue a la inversa. Es en un pasillo del tribunal en que Lugo Silvagnoli inició la conversación llevando a Pérez Preston a una sala aparte. A preguntas del suscri-biente, Lugo Silvagnoli aceptó que sus palabras fueron al efecto de “He pensado y te doy el homicidio. La razón es por los hijos de ella.” A ésto, Pérez Preston respondió: “Gracias, me has he-cho el mejor regalo de Navidad. Me vas a hacer sentir bien en estas Navidades. Se lo iré a decir a mi cliente.” (Nota omitida.) Anejo I, págs. 3-4.

El tribunal de instancia concluyó “como cuestión de he-cho que el Fiscal de Distrito de Carolina le hizo a la repre-sentación legal de la imputada un ofrecimiento de reba-jarle la calificación del delito de asesinato en primer grado a [uno de] homicidio” y “que dicho ofrecimiento fue acep-tado [por ésta], razón por la cual proced[ía] como cuestión de derecho exigir el cumplimiento específico de lo concerta-do” y, por ende, permitirle a la recurrida formular una ale-gación de culpabilidad por el delito de homicidio. Anejo I, pág. 4. El tribunal fundamentó su decisión en la alegada naturaleza contractual de las alegaciones preacordadas.

No conforme con dicho dictamen, el Procurador General recurre ante nos.() Alega que entre el Fiscal y la defensa no se formalizó el acuerdo y que, por lo tanto, no es obliga-torio para las partes. Argumenta, además, que la Regla 72 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, regula lo que sucede una vez se ha llegado a un acuerdo y no cómo se llega a ese acuerdo. Sostiene que esto último está regulado por directrices administrativas, en apoyo de lo cual el Pro-curador General cita la Orden Administrativa Núm. 86-04 que establece que:

1. Al concluir la vista preliminar, si se determina causa probable para radicar acusación por uno de los delitos considerados de interés público/) el fiscal de vista preliminar deberá infor-mar al abogado de defensa sobre la norma establecida en el sentido de que cualquier alegación pre-acordada en estos casos requerirá la aprobación expresa y escrita del Fiscal de Distrito. (Énfasis suplido.) Anejo III, pág. 12.

Mediante el trámite de mostración de causa, acordamos revisar. Estamos en posición de resolver, y lo hacemos se-gún lo intimado.

Coincidimos con la conclusión del tribunal de instancia en tomo a que el ofrecimiento del Ministerio Público de rebajar la calificación del delito imputado de asesinato en primer grado a homicidio fue aceptado por la acusada, pues en virtud de las circunstancias es razonable inferir que su representante legal estaba autorizado a aceptar la oferta.

En vista de la conclusión anterior, debemos determinar si un fiscal puede retirar unilateralmente una oferta de alegación preacordada y aceptada por el acusado con ante-rioridad a que éste haga alegación de culpabilidad y la misma sea aceptada por el tribunal.

Tanto en la jurisdicción federal como en las jurisdicciones estatales y en Puerto Rico, se ha establecido la validez constitucional de las alegaciones preacordadas. Se reconoce, además, que es una práctica de gran utilidad que debe estimularse. Sin las alegaciones preacordadas sería difícil enjuiciar a todas las personas acusadas de cometer delitos dentro de los términos requeridos por el ordenamiento procesal y por la Constitución. Brady v. United States, 397 U.S. 742 (1970); Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984).

Sobre la naturaleza de la alegación preacordada el Tribunal Supremo federal, en Brady v. United States, supra, pág. 748, expresó que:

... a guilty plea is a grave and solemn act to be accepted only with care and discernment has long been recognized. Central to the plea and the foundation for entering judgment against the defendant is the defendant’s admission in open court that he committed the acts charged in the indictment. He thus stands as a witness against himself and he is shielded by the Fifth Amendment from being compelled to do so —hence the minimum requirement that his plea be the voluntary expression of his own choice. But the plea is more than an admission of past conduct; it is the defendant’s consent that judgment of conviction may be entered without a trial— a waiver of his right to trial before a jury or a judge. Waivers of constitutional rights not only must be voluntary but must be knowing, intelligent acts done with sufficient awareness of the relevant circumstances and likely consequences. (Énfasis nuestro y escolio omitido.)

Con posterioridad a nuestra decisión en Pueblo v. Mojica Cruz, supra, se aprobó la Regla 72 de Procedi-miento Criminal, supra, con el propósito de regular el pro-cedimiento de las alegaciones preacordadas y su efecto una vez las mismas se someten a la aprobación del tribunal. Sin embargo, dichas reglas guardan silencio respecto al efecto de las alegaciones con anterioridad a ese momento.

En el caso ante nos, el tribunal de instancia fundamentó su decisión, y la parte recurrida argumenta su posición sobre el fundamento de que en esta fase aplican las dispo-siciones de ley referentes a las obligaciones y contratos. Por ello concluyen que, una vez la oferta del Fiscal es aceptada por el acusado, éste puede exigir al Fiscal el cumplimiento específico de lo ofrecido. Sostienen su conclusión en que el Tribunal Supremo federal reconoció la naturaleza contractual de las alegaciones preacordadas en Santobello v. New York, 404 U.S. 257 (1971). No estamos de acuerdo con esta interpretación. Veamos por qué.

En primer lugar, en Blackledge v. Allison, 431 U.S. 63 (1977), el Tribunal Supremo federal expresó que para resolver los problemas relacionados con las alegaciones preacordadas podemos acudir al derecho contractual por analogía. Lo anterior no implica que debemos aplicar inexorablemente los principios de derecho contractual al área de las alegaciones preacordadas, pues los intereses protegidos en una y otra área son significativamente distintos. El derecho de contratos pretende proteger la seguridad del tráfico jurídico,() mientras que las Reglas de Procedimiento Criminal pretenden proteger el interés legítimo del Estado y del ciudadano a una justa y eficiente administración de la justicia criminal, salvaguardando los derechos de todas las partes.()

De suerte que en el área de las alegaciones preacor-dadas podemos acudir a los principios del derecho de obli-gaciones y contratos siempre que al hacerlo no se viole la naturaleza del proceso penal, los derechos constitucionales de los imputados, los estatutos y la política pública prote-gida por el derecho procesal penal. US. v. Papaleo, 853 F.2d 16 (1er Cir. 1988).

Ahora bien, la alegación preacordada no es un contrato tradicional entre dos (2) partes: el imputado y el Estado. No podemos hablar de un precontrato, de una oferta u opción de alegación entre las partes donde pueda exigirse el cumplimiento específico por alguna de las partes. Adviértase que bajo tal razonamiento, cuando el re-tiro de la negociación provenga del acusado, el Ministerio Público podría exigir el cumplimiento específico de la alegación de culpabilidad aun cuando ésta no haya sido aceptada por el tribunal. Según nuestro esquema constitucional, las implicaciones que tendría poner en vigor tal opción resultan insostenibles.

En la alegación preacordada, el acuerdo de voluntades entre el imputado y el Estado depende —para su consumación— de la aprobación final del tribunal. Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra. Con anterioridad a ese momento, no existe bilateralidad entre las obligaciones de las partes, pues el imputado queda libre de retirar su alegación preacordada antes de que el tribunal apruebe el acuerdo. Cf. United States v. Ocanas, 628 F.2d 353 (5to Cir. 1980).

En segundo lugar, es preciso distinguir entre lo que • constituye el retiro de una alegación preacordada y el incumplimiento con la misma. Ambos conceptos difieren en términos del momento en que se pretende deshacer el acuerdo y sus efectos. Específicamente, se retira una alegación preacordada si se pretende deshacer el acuerdo antes de que el imputado haga alegación de culpabilidad y la misma sea aceptada por el tribunal. Por otra parte, se in-cumple con la misma si se pretende deshacer el acuerdo una vez el acusado ha hecho alegación de culpabilidad y la misma ha sido aceptada por el tribunal.

Esta diferencia es importante porque al hacer alegación de culpabilidad el acusado renuncia a valiosos derechos constitucionales, e.g. el derecho a que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable; el derecho a un juicio justo, imparcial y público; el derecho a ser juzgado ante un juez o Jurado, y a presentar evidencia a su favor y rebatir la evidencia presentada en su contra.() Mientras que si la alegación preacordada se retira con anterioridad a que el acusado haga alegación de culpabilidad, no está involucrada renuncia a derecho constitucional alguno.

La diferencia entre los conceptos de incumplir y de reti-rar una alegación preacordada ha sido avalada en las de-cisiones del Tribunal Supremo federal. Santobello v. New York, supra, y Mabry v. Johnson, 467 U.S. 504 (1984).

Específicamente en el citado caso de Santobello v. New York, el Tribunal se enfrentó a una situación de incumpli-miento con el acuerdo de alegación preacordada donde el acusado, luego de negociaciones con el Fiscal, retiró su ale-gación de no culpable e hizo alegación de culpabilidad por un delito menor incluido, con el acuerdo por parte del Fiscal de que no haría recomendación específica respecto a la sentencia. Posteriormente, en el acto de imposición de sen-tencia, un nuevo fiscal que desconocía lo acordado por su antecesor, recomendó la pena máxima. El acusado objetó lo anterior, pero el tribunal sentenciador denegó la objeción e impuso la pena máxima al entender qué la recomendación del Fiscal no lo obligaba.

El Tribunal Supremo federal revocó la sentencia y reco-noció que el convicto tiene un derecho constitucional a un remedio cuando el Estado incumple con lo acordado siem-pre que:

... a plea rests in any significant degree on a promise or agreement of the prosecutor, so that it can be said to be part of the inducement or consideration, such promise must be fulfilled.() Santobello v. New York, supra, pág. 262.

Por el contrario, cuando se retira un acuerdo de alega-ción preacordada no se ven afectados los derechos consti-tucionales del acusado. Con relación a esto, el Tribunal Supremo federal, en Mabry v. Johnson, supra, págs. 507-508, expresó lo siguiente:

A plea bargain standing alone is without constitutional significance; in itself it is a mere executory agreement which, until embodied in the judgment of a court, does not deprive an accused of liberty or any other constitutionally protected interest. It is the ensuing guilty plea that implicates the constitution. (Es-colio omitido.)

En este último caso citado, el Fiscal le ofreció al acusado Johnson que, a cambio de que se declarara culpable por el delito de asesinato estatutario, recomendaría una senten-cia de veintiún (21) años a cumplirse concurrentemente con las sentencias previamente impuestas. Johnson aceptó la oferta y su abogado procedió a notificarlo al Fiscal, quien le indicó que hubo un error y que retiraba la oferta. () El Fiscal propuso una nueva oferta que consistía en recomen-dar una pena de veintiún (21) años a cumplirse consecuti-vamente con las penas previamente impuestas. Johnson inicialmente rechazó la nueva oferta pero, luego de comen-zado el juicio y decretado un mistrial, la aceptó y fue sen-tenciado según lo recomendado.

El Tribunal Supremo federal sostuvo la convicción y, con respecto a la primera oferta retirada por el Fiscal, expresó que la incapacidad del acusado de hacerla cumplir no tiene ninguna trascendencia constitucional, pues no afectó la vo-luntariedad e inteligencia de su alegación de culpabilidad a base de la segunda oferta. Sostuvo, además, que tampoco tuvo relevancia constitucional el hecho de si el Fiscal fue negligente al hacer una oferta y posteriormente retirarla, pues la cláusula del debido proceso de ley no es un código de ética sino que tiene que ver con la forma en que las personas son privadas de su libertad.

Con respecto a la controversia específica que nos ocupa, es decir, si puede el Fiscal retirar una oferta de alegación preacordada que ha sido aceptada por el acusado pero que no ha sido aprobada por el tribunal, no hay uniformidad en las decisiones de los tribunales estatales y federales. Algu-nos tribunales se rehúsan a permitir el retiro, mientras que otros lo permiten siempre que el acusado, en virtud del acuerdo, no haya hecho alegación de culpabilidad o reali-zado cualquier otro acto en detrimento de sus derechos. U.S. v. Papaleo, supra; Government of Virgin Islands v. Scotland, 614 F.2d 360 (3er Cir. 1980); State v. Collins, 265 S.E.2d 172 (N.C. 1980); State v. Reasbeck, 359 So. 2d 564 (D. Fla. 1978). Cf. Anotación, Right of Prosecutor to Withdraw from Plea Bargain Prior to Entry of Plea, 16 A.L.R.4th 1089 (1982).

Según lo dispuesto por la Regla 72 de Procedimiento Criminal, supra, ni el Estado ni el imputado están obligados a iniciar conversaciones para llegar a un acuerdo sobre alegación preacordada. De iniciarse conversaciones al respecto, el tribunal no participará de las mismas. Si las partes llegan a un acuerdo, el inciso (3) de la citada regla concede discreción al tribunal para aceptarla o rechazarla de modo que la realización de sus respectivas expectativas depende totalmente de la discreción del tribunal. En otras palabras, ninguna de las partes queda vinculada por el acuerdo hasta tanto el tribunal lo acepte. Por lo tanto, no se justifica que ni el acusado ni el Fiscal descansen en el acuerdo con anterioridad a que el mismo sea aceptado por el tribunal. U.S. v. Molina-Iguado, 894 F.2d 1452 (5to Cir. 1990); U.S. v. Papaleo, supra; United States v. Gross, 614 F.2d 365 (3er Cir. 1980); United States v. Ocanas, supra.

Es importante considerar, además, que cuando el Fiscal retira una oferta de alegación preacordada antes del acusado hacer alegación de culpabilidad, éste se encuentra en la misma situación que si no se hubiera efectuado la oferta, esto es, tiene derecho a ser juzgado ante un juez o Jurado salvaguardando todas sus garantías constitucionales incluyendo, naturalmente, el derecho a que se le conceda un término de tiempo razonable para preparar su defensa luego de que el Ministerio Público retire su oferta.

No hay razón en la cual sostener que el juicio es un remedio suficiente para el acusado a quien nunca se le ha efectuado una oferta de alegación preacordada, pero es in-suficiente para el acusado a quien se le hizo una oferta que posteriormente fue retirada. Concluir lo contrario le resta-ría importancia al derecho constitucional a ser juzgado por un juez o Jurado. U.S. v. Papaleo, supra; United States v. Gross, supra.

Al considerar el trasfondo doctrinal antes expuesto, re-solvemos que tanto el Fiscal como el acusado pueden reti-rar su consentimiento a un acuerdo de alegación preacor-dada con anterioridad a que el mismo sea aprobado por el tribunal y el acusado haga alegación de culpabilidad o rea-lice cualquier otro acto en detrimento de sus derechos.

En el caso ante nos, cuando el Fiscal Lugo Silvagnoli retiró su oferta, aún la señora Figueroa no había hecho alegación de culpabilidad ni el acuerdo había sido sometido a la aprobación del tribunal. La recurrente tampoco de-mostró que en virtud del acuerdo retirado realizara actos en detrimento de sus derechos. Al retirarse el acuerdo, la señora Figueroa quedó en la misma posición en que estaba con anterioridad a que Lugo Silvagnoli accediera a lo soli-citado por el licenciado Pérez Preston.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se revoca la resolución recurrida, y se ordena la devolución del caso al Tribunal Superior, Sala de Carolina, para que continúen los procedimientos en conformidad con lo aquí expuesto. Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) En su resolución, el tribunal de instancia disolvió los paneles de jurado y paralizó los procedimientos para permitirle al Ministerio Público recurrir ante nos.

      (2) La Orden Administrativa Núm. 85-01 incluye como ejemplos de delitos de interés público los delitos de asesinato, violaciones y robos de cierta trascendencia, entre otros.

      (3) E. Vázquez Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, San Juan, Eds. Jurídicas, 1973, T. III, Vol. 1, pág. 416 et seq.

      (4) Véase Reglas de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

      (5) Véase Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

      (6) Es importante destacar que el Tribunal no estableció en dicho caso cuál sería el remedio constitucionalmente requerido y devolvió el caso para que el tribunal del estado determinara si en virtud de las circunstancias se debía requerir el cumpli-miento específico de lo acordado o permitirle al acusado retirar su alegación.

      (7) En dicho caso no hubo controversia en tomo a la aceptación de la primera oferta del Fiscal, esto es, se entendió que la misma había sido aceptada por Johnson.


author: PER curiam:

text:
    In re Moisés Gómez Rijos, querellado.

      Número: 6085

      Resuelto: 31 de enero de 1992
   PER curiam:

I

Mediante Resolución de 20 de septiembre de 1991 con-cedimos un término de veinte (20) días al Lie. Moisés Gó-mez Rijos para contestar los requerimientos y corregir las deficiencias señaladas en los informes del Inspector de Pro-tocolos bajo apercibimiento de que su incumplimiento con esa resolución conllevaría su suspensión automática del ejercicio de la notaría. Simultáneamente, le concedimos el mismo término para que compareciera por escrito a mos-trar causa por la cual no debiera ser suspendido provisio-nalmente del ejercicio de la abogacía. No obstante la reso-lución y el apercibimiento, el licenciado Gómez Rijos ha hecho caso omiso a dicho requerimiento.

( — I HH

La naturaleza de las funciones de la abogacía reclama de sus integrantes que observen rigurosamente las órdenes de los tribunales. Este mandato ético también rige la conducta de los abogados en la tramitación de los asuntos disciplinarios: El compromiso de llevar a cabo to-das las diligencias necesarias para asegurar la tramitación y solución rápida de las causas requeridas por el Canon 12 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, se ex-tiende también a la jurisdicción disciplinaria de este Tribunal. In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984).

Con el propósito de desalentar las actitudes dilatorias en la consideración de asuntos éticos, exigimos que todo abogado responda diligentemente a los requerimientos de este Tribunal y del Procurador General de Puerto Rico:

La indebida, irrazonable e inexcusable tardanza del quere-llado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal. La ausencia de una contestación a los cargos imputados, conocidos por éste desde hace más de seis meses, resulta injustificada. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975).

Esta normativa también es aplicable a las investigaciones originadas por la Oficina de Inspección de Notarías. Recordemos que al amparo de la Ley Notarial de Puerto Rico de 1987 (en adelante Ley Notarial), 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., el notario es un “profesional del Derecho que ejerce una función pública, autorizada para dar fe y autenticidad conforme a las leyes de los negocios jurídicos y demás actos y hechos extrajudiciales que ante él se realicen ...”. 4 L.P.R.A. sec. 2002. Para asegurar el estricto cumplimiento del estatuto, se le otorga al Tribunal Supremo la autoridad para regular el ejercicio del notariado. 4 L.P.R.A. sec. 2107.

En el descargo de nuestra facultad de reglamen-tar la notaría, la Oficina de Inspección de Notarías desem-peña una función importante. En particular, la Oficina de Inspección de Notarías tiene a su cargo “[l]a inspección de notarías y el examen de los Protocolos” y cualesquiera otra función relacionada con la supervisión de los notarios de-legada por el Tribunal Supremo y el Juez Presidente. 4 L.P.R.A. sec. 2102. También, los notarios tienen que remi-tir a la Oficina de Inspección de Notarías un índice men-sual sobre sus actividades notariales. 4 L.P.R.A. see. 2023.

Como parte integrante de sus funciones, antes de rendir el informe correspondiente a este Tribunal la Oficina de Inspección de Notarías se comunica con el notario y requiere de éste que corrija las deficiencias encontradas en las investigaciones de sus notarías. De surgir en esta etapa divergencias de criterio entre el Inspector de Protocolos y el notario, “en relación con la forma y la manera de llevar éste sus Protocolos y Registros de Testimonios con respecto al cumplimiento de [la Ley Notarial] la cancelación de derechos o cualquier otra ley relacionada con las formalidades de los instrumentos o documentos”, el Art. 63 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 2103, provee un procedimiento para dirimir las discrepancias en el foro judicial.

Por la naturaleza de sus funciones es necesario que los notarios contesten diligentemente las comunicaciones de la Oficina de Inspección de Notarías. Una vez se reciban los señalamientos del Inspector, corresponde al notario el deber de oportunamente corregir las deficiencias o contestar el informe, exponiendo sus discrepancias por escrito. Siendo el Director de la Oficina de Inspección de Notarías el funcionario a quien este Tribunal le ha delegado la supervisión de los notarios, “la voluntaria y temeraria desatención de los abogados a esta clase de comunicación tiene el mismo efecto disruptivo en nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal”. In re Pagan Ayala, 115 D.P.R. 814, 816 (1984).

Bajo nuestro ordenamiento notarial, este Tribunal tiene el poder de corregir disciplinariamente a un notario después de concederle “[una] oportunidad ... de ser oído en su defensa ...”. 4 L.P.R.A. sec. 2102. Cuando el notario no contesta nuestras órdenes de mostrar causa para que comparezca y ofrezca una explicación razonable por la cual no ha corregido las deficiencias señaladas en la inspección de notarías, no aprovecha la oportunidad ofre-cida por este Tribunal para ser oído en su defensa. Cuando esto ocurre, procede que en auxilio de nuestra jurisdicción disciplinaria y sin ulteriores procedimientos se suspenda temporalmente del ejercicio de la notaría hasta tanto el notario acredite su disposición de cumplir estrictamente con nuestras órdenes.

III

En este caso, mediante comunicación de 25 de junio de 1991, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías envió al notario Gómez Rijos los hallazgos que de la inspec-ción de su obra notarial obtuvo el Inspector de Protocolos, Lie. Edgardo Ortiz Bauzá. Del informe del Inspector de Protocolos se desprende que en diciembre de 1990 se ins-peccionó el Protocolo correspondiente al año 1989. En esa fecha, se le señaló al notario una serie de deficiencias que persistían al reexaminar el Protocolo en marzo de 1991. Además, se encontró que el notario no había informado el cambio en su dirección ni había rendido índices desde abril de 1991.

En su misiva de 25 de junio de 1991, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías expuso que antes de so-meter el asunto al Tribunal Supremo quería “darle una oportunidad para que contest[ara] las deficiencias que se anotan en el informe” del Inspector Ortiz Bauzá. También le recordó que el Art. 63 de la Ley Notarial, supra, provee un procedimiento para dirimir divergencias de criterio en-tre el notario y el Inspector de Protocolos. Por último, se-ñaló si había “alguna explicación que usted quiere que el Tribunal Supremo considere junto con el informe de refe-renda, agradeceré que me la envíe a la mayor brevedad posible, pero antes de quince (15) días del recibo de ésta”. Íd.

En vista de que el licenciado Gómez Rijos no contestó esta solicitud, el 28 de agosto de 1991 el licenciado Martí-nez Suris remitió el informe correspondiente a este Tribunal. Mediante Resolución de 20 de septiembre de 1991, pág. 2, concedimos al licenciado Gómez Rijos “un tér-mino de veinte (20) días para contestar los requerimientos y corregir las deficiencias señaladas en los informes de la Oficina de Inspección de Notarías” bajo apercibimiento de que su incumplimiento conllevaría su suspensión automá-tica de la notaría y lo exponía a medidas disciplinarias como abogado. Esta resolución fue notificada personal-mente a través de la Oficina del Alguacil General. El nota-rio no ha comparecido para corregir las deficiencias seña-ladas y justificar su actuación.

Su historial revela que anteriormente fue suspendido por hacer caso omiso a nuestras órdenes. Claramente él sabía que su incomparecencia conllevaría su suspensión de la abogacía, y a pesar de que se le ofreció una oportunidad de ser oído, ignoró nuestros requerimientos. Su incompare-cencia en esta ocasión revela un patrón de conducta de desidia y contumacia que requiere que, sin ulteriores pro-cedimientos, tomemos las medidas disciplinarias intima-das en la citada Resolución de 20 de septiembre de 1991.

Por ende, en conformidad con lo expresado anterior-mente, procede decretar la suspensión provisional del ejer-cicio de la profesión de abogado del Ledo. Moisés Gómez Rijos hasta que corrija las deficiencias señaladas por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías y acredite que está dispuesto a cumplir estrictamente con las órdenes de este Tribunal. Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López no intervinieron.


author: per curiam:

text:
      In re Víctor Manuel Rodríguez Báez.

      Número: 7527

      Resuelto: 31 de enero de 1992

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Víctor M. Rodríguez Báez, pro se.

   per curiam:

Ejercemos nuevamente nuestra jurisdicción disciplinaria después de varios informes sometidos a nues-tra consideración por el Director de la Oficina del Inspector de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris. Otra vez sus-pendemos a un abogado por su incumplimiento craso con las órdenes emitidas por este Tribunal. Veamos el trámite que genera esta suspensión.

J — l

En febrero de 1991 se presentó en la Oficina de Inspec-ción de Notarías la Sra. Olga I. Ríos Vázquez con copia de la Escritura Núm. 18 BIS de Compraventa que aparecía autorizada por el Lie. Víctor Manuel Rodríguez Báez. Com-parecían como parte vendedora el Sr. Phil Leclerc Wood y la Sra. Catherine Leclerc Curran, y como parte compra-dora el Sr. Vincent Smith Mikolaizyk. Alegó la señora Ríos Vázquez que, no empece al hecho de que ella estaba legal-mente casada con el señor Smith Mikolaizyk al momento del otorgamiento, en dicha escritura el señor compareció como persona soltera. La señora Ríos Vázquez suministró copia del instrumento.

Una investigación realizada por la Oficina del Director de Inspección de Notarías reveló que la escritura no había sido informada por el notario en el índice correspondiente a 1988. La escritura correspondiente al número que llevaba la de autos no era de compraventa. Ante esta situación, se le cursó una carta al notario solicitándole una explicación de la razón por la cual la escritura no aparecía en su índice notarial y que informara si el original se encontraba en el Protocolo de ese año.

En vista de que el notario no contestó esta comunica-ción, se le impartieron instrucciones al Inspector de Proto-colos, Lie. José L. Matías, para que examinara toda la obra notarial del licenciado Rodríguez Báez que estuviera pen-diente de inspección y que determinara si la Escritura de Compraventa Núm. 18 BIS estaba encuadernada en su Protocolo. En esta investigación sólo apareció la Escritura Núm. 18 sobre Cancelación de Hipoteca en Garantía de Pagaré.

Después de la inspección, el notario contestó la misiva enviada por el licenciado Martínez Suris e informó que “por error m[í]o yo le asigné el n[ú]mero 18 a dos escritu-ras” y que “[e]l original de dicha escritura no se encuentra encuadernadfo] en mi protocolo de 1988”. Carta de 15 de abril de 1991. Contestó, además, que en una etapa posterior enviaría el informe estadístico anual, “ya que creo que en mi mudanza de oficina dicha forma se extravi[ó]”. Íd.

Ante la profusión de deficiencias notariales() halladas por el inspector en su examen, el 29 de abril de 1991 se le cursó una comunicación al notario, incluyéndole copia del informe del Inspector de Protocolos y dándole una oportu-nidad para que lo contestara y subsanara los errores encontrados. Como él no contestó esta comunicación, el asunto fue remitido a este Tribunal.

En vista de la seriedad de las deficiencias señaladas y el incumplimiento del notario con los requerimientos del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, el 7 de junio de 1991 ordenamos “la incautación inmediata de los proto-colos del Licenciado Rodríguez Báez” y le concedimos un término de cinco (5) días para que nos mostrara causa por la cual no debía ser suspendido “provisionalmente con efecto inmediato” del ejercicio de la notaría. Resolución de 7 de junio de 1991, pág. 2. También ordenamos que en un período de treinta (30) días corrigiera todas las deficiencias señaladas en el Informe del Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías. La resolución fue notificada personal-mente el 12 de junio de 1991 y su obra notarial fue incautada.

Posteriormente, el abogado compareció y alegó que ha-bía corregido sustancialmente las deficiencias señaladas. Sin embargo, al constatar esta información con la Oficina de Inspección de Notarías, su director nos informó que el abogado no había terminado de corregir los defectos y que, además, el inspector no había encontrado documento al-guno que indicara que las Escrituras de Protocolización de Poder, autorizadas durante 1987,1988,1989 y 1990 fueran inscritas en el Registro de Poderes.

En vista de la información expuesta por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías y considerando el incum-plimiento craso del notario con las resoluciones del Tribunal, procedimos inmediatamente a suspenderlo provisio-nalmente del ejercicio de la notaría y le concedimos un término adicional de treinta (30) días para corregir los de-fectos y para mostrar causa por la cual no debía ser sus-pendido indefinidamente del ejercicio de la abogacía.

Mediante Moción presentada el 15 de octubre de 1991, el notario en cuestión nos solicitó nuevamente una pró-rroga para subsanar los defectos en sus Protocolos. Adujo que por haberse mudado a Estados Unidos se le hacía difícil cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, tomando en consideración “los problemas relacionados con tal[es] mudanzas como la localizaci[ó]n de archivos, escri-turas, etc.”. Moción solicitando prórroga de 15 de octubre de 1991, pág. 2.

Posteriormente, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías compareció ante nos e informó que prevalecía la misma situación de inactividad que había notificado previamente. No obstante ello, y para darle una última oportunidad al licenciado Rodríguez Báez, el 1ro de no-viembre le concedimos un término adicional de cuarenta y cinco (45) días para que cumpliera con nuestra Resolución de 13 de septiembre del 1991. Conforme a su patrón de conducta de desidia e incumplimiento, el abogado de autos no ha hecho gestión alguna encaminada a corregir las de-ficiencias encontradas ni a contestar nuestras resoluciones.

i — I W

Recientemente, en In re Cruz Ramos, 127 D.P.R. 1005 (1991), nos expresamos sobre la función del notariado. Allí, al suspender por un (1) año a un notario que fue negligente en rendir sus índices notariales, dijimos:

El notario puertorriqueño es un profesional del Derecho que ejerce a su vez una función pública. En el ejercicio de su res-ponsabilidad profesional, el notario disfruta de plena autono-mía e independencia. Sin embargo, el ejercicio de este punti-lloso ministerio trasciende la esfera privada y en el crisol de la práctica se impregna de carácter público. In re Cruz Ramos, supra, pág. 1007.

Precisamente, por el carácter público de su función, los notarios tienen que ser sumamente cautelosos en el ejercicio de su práctica, teniendo en todo momento presente las consecuencias nefastas que sobre los negocios jurídicos podría tener su negligencia.

El abogado Víctor Manuel Rodríguez Báez ha demostrado una incapacidad patente para el ejercicio del notariado. Así lo ha demostrado su falta de diligencia y su desinterés en subsanar los serios defectos identificados en su Protocolo. Esta conducta está claramente reñida y es incompatible con el ejercicio de este ministerio. “Los notarios están obligados a cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq., en los cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y en el contrato entre las partes. La inobservancia de tal obligación los expone a la acción disciplinaria correspondiente. In re Raya, 117 D.P.R. 797, 804 (1986): In re Cruz Tollinche, 114 D.P.R. 205 (1983); In re Rodríguez Mena, supra.” In re Bringas Rechani, 128 D.P.R. 132, 134 (1991).

También ha demostrado un patrón de conducta ética ca-racterizado por un incumplimiento continuo con las órde-nes de este Tribunal. La naturaleza de la función de abo-gado exige una estricta observancia de las resoluciones de este Tribunal, en especial en la jurisdicción disciplinaria. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

En estas circunstancias y por las razones expuestas, procede la separación provisional inmediata del Lie. Víctor Manuel Rodríguez Báez del ejercicio de la profesión de la abogacía hasta tanto corrija las deficiencias encontradas en su obra notarial y acredite su disposición a cumplir es-trictamente con las resoluciones de este Tribunal y las nor-mas que rigen nuestra profesión.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López no intervinieron.

      (1) El Inspector de Protocolos halló, entre otras cosas, que todos los Protocolos desde el 1987 estaban sin encuadernar, que faltaban más de quinientos (500) dólares en sellos a cancelarse en su registro de declaraciones de autenticidad, que había infinidad de poderes sin inscribirse, que le faltaba el sello y la rúbrica a un gran número de escrituras, que varias escrituras estaban perdidas, que había notas de saca sin firmar, que había varias escrituras sin firma de los comparecientes y que faltaban varios cientos de dólares en sellos de rentas internas e impuesto notarial.