author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton,

text:
    Sucn. Cabassa Voustad, etc., demandantes y apelados, v. Ervin Rivera, demandado y apelante; Sucn. Cabassa Voustad, etc., demandantes y apelados, v. Generosa Ortiz, demandada y apelante, y Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor y apelante.

      Números: AC-89-653
    AC-89-689

      Resueltos: 24 de junio de 1992

      Luis E. Pérez Lebrón, abogado de Ervin Rivera y Generosa Ortiz, apelantes; Wilfredo Pérez Candelaria, abogado de los apelados; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Anabelle Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos del Estado Libre Asociado, interventor y apelante.
   SENTENCIA

Examinados los planteamientos de las partes y demás constancias, se dicta sentencia y se revoca la del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez (Hon. Germán J. Brau Ramírez, Juez), que el 31 de agosto de 1989 decretó inconstitu-cional toda la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, según enmendada, 17 L.P.R.A. see. 181 et seq. En su lugar, se dicta sentencia para acceder a los desahucios solicitados.

Se devuelven los autos originales al foro de instancia para los trámites correspondientes a este mandato.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión concurrente y disidente. La Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente y disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

I

Sostenemos una vez más la constitucionalidad de la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, según enmendada, 17 L.P.R.A. see. 181 et seq.

La sucesión Cabassa Voustad es dueña de dos (2) pro-piedades ubicadas en la Calle Dr. Basora, Mayagüez. Por muchos años, ambas propiedades han estado arrendadas a Ervin Rivera y Generosa Ortiz. La ocupada por Rivera está dedicada a uso comercial, en la primera planta, y a uso residencial, en la segunda; mientras que Ortiz utiliza la otra como vivienda. Los arrendamientos están sujetos al régimen de la Ley de Alquileres Razonables.

El 25 de noviembre de 1987 la sucesión, representada por su Administradora Ada Cabassa Voustad, instó en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, sendas demandas de desahucio contra ambos inquilinos. En síntesis, expuso que a los fines de liquidar la sucesión, sus miembros deseaban vender las propiedades como una sola unidad y libre de inquilinos. Basó la causa de acción en el Art. 364 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 1425, y en la norma estable-cida en Pizá v. Sailles Travel Agency, 114 D.P.R. 33 (1983). Además, adujo que de no prevalecer en sus planteamien-tos, cuestionaría la constitucionalidad de la Ley de Alquileres Razonables por violar las cláusulas sobre debido pro-ceso e igual protección de las leyes contenidas en el Art. II, Sec. 7 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.

Oportunamente las acciones fueron consolidadas y el Estado compareció como interventor. El 31 de agosto de 1989, el tribunal (Hon. Germán J. Brau Ramírez, Juez) dictó sentencia. Como parte de sus determinaciones de he-chos, concluyó que la sucesión recibió ofertas de compra por setecientos cincuenta mil dólares ($750,000), sujetas a que las propiedades fueran entregadas sin inquilinos. Re-solvió que la ley no permitía el desahucio en casos de ven-tas para efectuar una partición sucesoria. Esa restricción, a su juicio, configuraba una incautación de la propiedad por el Estado sin justa compensación debido a la ausencia de un estado de emergencia en el país, lo cual estaba ve-dado por el Art. II, Sec. 9 de nuestra Constitución, supra. Declaró inconstitucional toda la ley. Erró.

II

En nuestro sistema republicano de gobierno, el poder judicial tiene la facultad de interpretar las leyes. En el descargo de esa función, hemos reconocido que “el legisla-dor no puede anticipar nunca todas las posibilidades ima-ginables en el elenco de situaciones en que la dinámica y conducta humanas se desenvuelven. En esas instancias, nuestra misión suprema es salvar —por la preeminencia del derecho envuelto— aquellas situaciones en las cuales una interpretación literal y rigurosa plantearía graves in-terrogantes y objeciones de carácter constitucional. Así, cuando el texto legal habla y se configura en términos ab-solutos, requiere que hagamos un esfuerzo por evitar el choque constitucional, si bien validándolo, pero atempe-rándolo si posible, y se logra satisfactoriamente la armonía entre el interés gubernamental envuelto y el valor prima-rio (Enfasis suplido y en el original.) P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 429 (1980).

Y es que, al enfrentarnos a situaciones no visualizadas por el legislador, si posible, nuestro deber es ajustar la ley conforme a su espíritu y a sus propósitos. Medina & Medina v. County Pride Foods, 122 D.P.R. 172 (1988).

En materia de hermenéutica constitucional y ante estatutos que adolecen de inconstitucionalidad por sub-inclusión, se reco-noce la facultad de los tribunales de extender los beneficios es-tatutarios a aquellos grupos o clases excluidos ... el impedi-mento constitucional podrá ser salvado, no mediante la interpretación del texto que por sus claros términos no es susceptible de serlo de otra manera, sino por la extensión de los beneficios a la clase excluida. El propósito legislativo, que que-daría frustrado con la anulación del estatuto, queda así en vigor y se supera el discrimen. (Énfasis suplido y en el original.) Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618-619 (1981).

III

Por todos es conocido que la Ley de Alquileres Razona-bles es un estatuto no sólo de control de precios, sino de profundo contenido social. Aunque en su origen respondió al estado de emergencia surgido a raíz de la Segunda Guerra Mundial, su vigencia trascendió esa época como instru-mento del Gobierno para solucionar, en parte, el problema de la escasez de vivienda.

Aplica a unidades de viviendas con una renta de menos de doscientos dólares ($200), y de menos de cuatrocientos dólares ($400) cuando se trate de locales comerciales. Art. 4 (17 L.P.R.A. sec. 184). Al vencimiento del contrato de arrendamiento, éste se prorrogará a opción del inquilino. Art. 12 (17 L.P.R.A. sec. 192). Esta restricción obliga a cualquier propietario que subsiguientemente adquiera la propiedad. Art. 15 (17 L.P.R.A. see. 205). Cualesquiera cláusulas contractuales limitativas de estos beneficios será nula. Art. 14 (17 L.P.R.A. sec. 204).

A modo de excepción, la ley dispone que el arrendador podrá desahuciar: (1) por falta de pago en el alquiler men-sual; (2) cuando la conducta del inquilino sea inmoral o represente un peligro o estorbo para la propiedad o los ve-cinos; (3) si subarrienda o cede el uso de la propiedad en violación del contrato; (4) si el inquilino dedica la propie-dad a un uso distinto del pactado y ello causa perjuicio al arrendador; (5) cuando el inquilino maliciosa o negligente-mente causa daños a la propiedad o de algún modo modi-fica la configuración de la vivienda sin permiso; (6) cuando de buena fe el dueño necesite el local para ocuparlo inme-diatamente como lugar de vivienda; (7) tratándose de un local comercial, cuando el dueño lo necesite y no tuviere otro local en el mismo edificio, y (8) por proyectar el pro-pietario la demolición total o parcial del edificio para cons-truir uno nuevo. Art. 12-A (17 L.RR.A. see. 193).

Al interpretar algunas de estas disposiciones, en lo re-lativo a locales comerciales, hemos decidido que el dueño tiene derecho a desahuciar al inquilino si desea retirar la propiedad del mercado de alquileres y ventas, aunque no vaya a utilizarla personalmente. Raluan Corp. v. Feliciano, 111 D.P.R. 598 (1981); Roselló Hnos. v. Figueroa, 74 D.P.R. 432 (1953). En estas instancias, no es requisito acreditar la buena fe. Pizá v. Sailles Travel Agency, supra, págs. 35-37.

Sin embargo, en cuanto a las propiedades dedicadas a vivienda, el desahucio procede en los supuestos contenidos en la ley, siempre que sea para ser ocupada inmediata-mente por el dueño en calidad de residencia. Rodríguez Rodríguez v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 421 (1972); Vidal v. Corte, 71 D.P.R. 582 (1950). Incluso, en Méndez v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 544 (1951), resolvimos que la ley no permite el desahucio sólo porque el dueño desea re-tirar la vivienda del mercado de alquileres para ocuparla su hijo.

IV

En el caso de autos, la cuestión no sólo es novel, sino distinta. La sucesión Cabassa Voustad interesa vender al mejor precio posible e inmediatamente efectuar la partición. Estamos, pues, ante unas circunstancias no pau-tadas expresamente por el legislador. El estatuto guarda silencio y debemos llenar esa laguna.

Incuestionablemente, al igual que en el pasado, hoy día subsisten los males que quiso atacar esta ley. La savia legislativa que nutre las limitaciones estatutarias al des-ahucio —con la concesión de una prórroga automática a voluntad del arrendatario— es evitar la especulación con los cánones y proveerles a los arrendatarios la potestad de permanecer en la propiedad en vista de la carencia de vi-vienda existente.

Es evidente, pues, que las limitaciones sobre desahucio no son en sí mismas el fin legislativo. Son el medio o ins-trumento para lograr implantar la política pública de “re-glamentar el alquiler de modo que éste [sea] razonable ante una situación anormal de escasez de locales ...”. Colón Vélez v. Lebrón, 97 D.P.R. 154, 159 (1969). Y es que el le-gislador no eliminó el desahucio, sino que lo limitó, pues era consciente de que en ciertas situaciones era necesario, y ello no constituía un escollo en la consecución de su polí-tica pública.

V

Por otro lado, como instituto jurídico, la partición suce-soria necesariamente conlleva el traspaso de la propiedad de manos de la sucesión a su nuevo adquirente. En el fondo, ello no representa la situación de un propietario que, enteramente libre, toma la decisión de negociar la venta de la propiedad sin inquilinos o aumentar los cáno-nes de arrendamiento, con fines especulativos económicos. Más bien se asemeja a la venta forzosa en pública subasta, a cuya situación no le aplica la prórroga obligatoria del Art. 15, supra, pues el concepto de “venta” contenido en él es equiparable con actos de libre voluntad del dueño como la cesión y enajenación. Housing Investment Corp. v. Luna, 112 D.P.R. 173, 175 (1982). En dicho caso sostuvimos que, aunque tanto la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad como la Ley de Alquileres Razonables cumplen pro-pósitos de gran valor social, las limitaciones sobre el des-ahucio no son absolutas y sólo aplican a contratos de arrendamiento otorgados con anterioridad a la hipoteca.

No es necesario una profunda exégesis para comprender que estamos aquí ante una de las circunstancias no con-templadas por el legislador. La norma imperante en nues-tro ordenamiento jurídico no favorece la propiedad en co-munidad, sino su individualización “para evitar los frecuentes y graves males que provienen de la diversidad de condominios .... Siendo este derecho una consecuencia directa del derecho de propiedad que corresponde a cada co-propietario, se presenta como la expresión de la voluntad de cada uno de ellos, frente a todos los demás, que se ven en la necesidad de soportarla; sin que puedan ni impedir que se produzca su efecto extintivo, ni sustraerse a sus efectos jurídicos. Es, pues, un acto unilateral, que actúa un dere-cho absoluto, y que no pierde sus características, por la existencia, en algunos casos, de límites legales a su ejercicio .... La limitación de este derecho del copropietario sólo puede ser impuesta por la ley, como reflejo de una limita-ción al derecho de propiedad, basada en la teoría del abuso del derecho, porque es indudable que haciendo uso de aquella facultad, sin limitación en este sentido, podría ser utilizada en ciertos casos, sin justificación, ni necesidad”. (Énfasis suplido y escolio omitido.) J. Beltrán de Heredia y Castaño, La comunidad de bienes en Derecho español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1954, págs. 332-334.

La comunidad hereditaria es una modalidad de la pro-piedad comunitaria en general. Por ende, la norma antes expuesta sobre partición le aplica, precisamente “a fin de que sabiendo cada uno cuáles [bienes] son suyos, lo custo-die con más diligencia, se apodere y disponga de ellos a su arbitrio como dueño y propietario y se eviten las discordias que de la falta de proindivisión se originan, pues ninguno puede ser compelido a tener contra su voluntad comunidad de bienes con otros (ley 1.a, título 10, Partida 5.a, ley final Código Justinianeo: ‘Communi dividundo’); ni vale el pacto de subsistir siempre en ella 0Inconmuni dividundo’); como tampoco debe se[r] obedecido en esta parte el precepto del testador, porque la comunidad perpetua está prohibida por derecho (ley Hoc iudicium) ... ”. (Énfasis suplido.) E. Bar-cenas Simarro, Particiones hereditarias extrajudiciales tes-tamentarias y abintestatos y formularios sobre herencias, Madrid, Ed. Forma Gráfica, S.A., 1978, T. I, pág. 14.

Nuestro Código Civil incorporó estos principios en el precepto de que ningún coheredero está obligado a perma-necer en la indivisión. Art. 1005 (31 L.P.R.A. sec. 2871). A fin de cuentas, la comunidad hereditaria es “una situación transitoria e inestable, fuente de litigios, obstáculo al esta-blecimiento de relaciones jurídicas regulares y dañosa a la economía .... El derecho de todo comunero a pedir la divi-sión es imprescriptible ... porque renace y se perpetúa en cada momento de la comunidad. Es un derecho potestativo y de caracterización o modificación jurídica; no porque per-mita imponer una determinada división, ni practicarla al legitimado, sino porque faculta para pedirla, es decir, para provocar necesariamente la división, con el consiguiente cambio de los derechos de participación en titularidades individuales independientes”. (Énfasis suplido y escolio omitido.) J.R. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, De-recho de Sucesiones, Barcelona, Librería Bosch, 1971, T. I, págs. 209-210.

Lo expuesto refleja que estamos, pues, ante dos intere-ses tutelados por el Estado. Aunque importantes, ninguno es absoluto. Hemos visto que en las circunstancias de autos, el no permitir el desahucio obligaría a la sucesión Ca-bassa Voustad a recibir una cantidad menor de dinero al verse compelida a vender sujetos a la permanencia de los inquilinos. La otra opción sería mantenerse en un estado perpetuo de indivisión. Ciertamente esta última coarta el derecho de los herederos a solicitar la partición. La volun-tad del heredero de no permanecer en la indivisión prácti-camente estaría supeditada a la del inquilino e incluso a la de sus herederos cuando éste falleciera ocupando la propiedad. Art. 12-C (17 L.P.R.A. see. 195). No podemos atribuirle al legislador semejante propósito.

Concluimos que el concepto de “venta” contenido en el Art. 15 de la Ley de Alquileres Razonables, supra, excluye las motivadas por la partición de una sucesión. En esas circunstancias, el desahucio procede como parte del trá-mite de liquidación de la sucesión. Esta interpretación guarda armonía con los propósitos legislativos encarnados en la ley, a la par que salva el pronunciamiento de incons-titucionalidad decretado por el ilustrado tribunal de instancia.

Por estos fundamentos, concurrimos con la sentencia revocatoria.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Hemos entendido necesario y procedente expresarnos por separado en el presente caso en vista de que no esta-mos de acuerdo con unas expresiones que, curiosamente, se hacen por separado —referentes las mismas a la consti-tucionalidad de la Ley de Alquileres Razonables— en las dos (2) restantes Opiniones concurrentes suscritas por cinco (5) de los integrantes del Tribunal; ponencias que le sirven de base a la Sentencia que se emite en el día de hoy en el caso de epígrafe. Consideramos apropiado exponer nuestros puntos de vista sobre la controversia planteada.

I

Las referidas Opiniones concurrentes constituyen, no hay duda, un extraordinario esfuerzo de los integrantes del Tribunal por extender la vida jurídica de la moribunda Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946 (17 L.P.R.A. see. 181 et seq.).

Concurrimos con el resultado al que se llega en la Sen-tencia mayoritaria emitida por razón de que la misma re-conoce y garantiza el derecho de los miembros de la Suce-sión aquí en controversia a desahuciar a los inquilinos de una propiedad perteneciente a dicha Sucesión. Diferimos de las Opiniones concurrentes en tanto y en cuanto las mis-mas pretenden validar, una vez más, la constitucionalidad de la referida Ley de Alquileres Razonables, posición sobre la cual tenemos serias reservas.

Nuestra preocupación al respecto no se basa en que la mencionada Ley de Alquileres Razonables se haya tornado obsoleta o anacrónica —véase Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703 (1988)— o que se haya resuelto sustancialmente en nuestro País el problema de vivienda que propició su aprobación. Tampoco cuestionamos que la referida ley, al igual que aquellas similares aprobadas en los Estados Unidos, representaron una medida de justicia social en beneficio de una clase que era la más afectada durante la recesión económica de la época post-guerra a fines de la década de 1940.

El problema es uno más complicado, constituyendo el caso específico ante nuestra consideración evidencia feha-ciente de ello. El caso de epígrafe resulta ser ilustrativo de uno de los efectos no intencionales ni esperados por el legis-lador al conceder ad-infinitum una prórroga del arrenda-miento y al restringir las condiciones bajo las cuales se permite al arrendador disponer de su propiedad bajo la mencionada ley.

No obstante el loable propósito que animó al legislador, en un momento determinado de nuestra historia, al apro-bar la Ley de Alquileres Razonables, un análisis de la misma, desde la perspectiva de su efecto económico sobre el arrendador propietario del inmueble, inevitablemente nos lleva a la conclusión de que el Estado se ha excedido en el ejercicio de su poder. Sin duda, la referida ley es una de naturaleza socioeconómica que afecta o restringe el derecho de propiedad. Cuestionamos la restricción irrazonable de este derecho que queda prácticamente sujeto a la voluntad y expectativa de vida del arrendatario y sus descendientes. La pérdida de naturaleza económica del arrendador, junto a la restricción de su derecho a disponer libremente, y sin trabas, de su propiedad, puede equipararse a una expropia-ción forzosa sin mediar una justa compensación.

Si bien es cierto que la legislación en el área de control de cánones de arrendamiento en los Estados Unidos resis-tió ataques a su constitucionalidad por, entre otras, la ra-zón de emergencia nacional que sustentó su aprobación, la "segunda generación” de estas leyes, o sea, aquellas aprobadas durante los años sesenta y setenta, han sido objeto de serio análisis y cuestionamiento por algunos tribunales a la luz del desarrollo de la protección constitucio-nal en el área del derecho de propiedad.

En fin, las expresiones aquí vertidas constituyen una apretada síntesis de nuestras reservas y preocupaciones sobre la constitucionalidad de la Ley de Alquileres Razona-bles, que hoy a duras penas se intenta sostener. Somos del criterio que, a menos que se provean por el legislador alter-nativas menos restrictivas al derecho de propiedad, es du-doso que el referido estatuto resista por mucho más tiempo ataques a su constitucionalidad.

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Por entender que la Ley de Alquileres Razonables es constitucional, concurro con la parte I de la opinión mayoritaria. Sin embargo, disentimos de la conclusión de la parte V de que el concepto de “venta” contenido en el Art. 15 de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. see. 205, excluye las motivadas por la partición de una sucesión.

I

Los miembros que componen la sucesión Cabassa Vous-tad, en virtud de herencia, advinieron propietarios de unos locales que estaban sujetos al régimen de la Ley de Alqui-leres Razonables, 17 L.RR.A. see. 181 et seq.

Por entender que no era para ellos económicamente fac-tible vender estas propiedades con la sujeción de arrenda-mientos bajo la Ley de Alquileres Razonables, el 25 de no-viembre de 1987 presentaron sendas demandas de desahucio contra Ervin Rivera y Generosa Ortiz, inquili-nos de dichos locales. Alegaron, en síntesis, que la única forma de dividir o liquidar la sucesión era mediante la venta de estas propiedades después de su retiro del mer-cado de alquileres. La sucesión cuestionó, además, la cons-titucionalidad de la Ley de Alquileres Razonables porque alegadamente violaba las cláusulas sobre el debido proce-dimiento de ley y la de igual protección de las leyes de la See. 7 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

El Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, resolvió que la Ley de Alquileres Razonables no permitía el desahucio en casos de venta para efectuar una partición sucesoria. No obstante, declaró inconstitucional dicha ley a tenor con la cláusula de justa compensación contenida en la See. 9 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.

De dicha sentencia apela ante nos el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico representado por el Procurador General.

II

Concurro con la mayoría del tribunal en que la Ley de Alquileres Razonables es constitucional. La See. 9 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, ed. 1982, pág. 296, dispone:

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley.

Las leyes sobre el control de alquileres reglamentan una actividad económica y, en cierta medida, regulan el uso que se le puede dar a la propiedad. L.C. Becker, Rent Control is not a Taking, 54 Brooklyn L. Rev. 1215, 1217 (1989). Una incautación en estos casos sólo ocurre cuando al propieta-rio se le ha privado sustancialmente de todo uso razonable de su propiedad. Véanse: Griffin Development Co. v. City of Oxnard, 703 P.2d 339, 344 (Cal. 1985); Agins v. City of Tiburon, 598 P.2d 25 (Cal. 1979).

En Pennell v. San Jose, 485 U.S. 1 (1988), el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó un ataque constitu-cional a una ley sobre el control de alquileres señalando que ese tipo de reglamentación no constituía una incauta-ción per se. A esos efectos señaló específicamente: “[sjtates have broad power to regulate housing conditions in general and the landlord-tenant relationship in particular without paying compensation for all economic injuries that such regulations entails.” Id., pág. 12 esc. 6 (citando Loretto v. Teleprompter Manhattan CATV Corp., 458 U.S. 419, 440 (1982)). Véase, además, P.D. Salins, Reflections on Rent Control and the Theory of Efficient Regulation, 54 Brooklyn L. Rev. 775 (1988).

De lo anterior se desprende que el Tribunal Supremo de Estados Unidos no considera que las leyes sobre el control de alquileres violen la Quinta Enmienda de la Constitu-ción de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, equivalente a la See. 9 del Art. II de nuestra Constitución, supra. Ello es así ya que dicho Foro en innumerables ocasiones ha concluido que las reglamentaciones económicas que regulan las ga-nancias de un propietario de terrenos no constituyen una incautación en tanto y en cuanto el dueño del terreno ob-tenga una ganancia razonable sobre su inversión.

Al declarar inconstitucional la Ley de Alquileres Razo-nables, el tribunal a quo determinó que dicha ley privó a la sucesión Cabassa Voustad de su derecho a una justa com-pensación por su propiedad. Como norma general, para que se active la cláusula de justa compensación es indispensable que la reglamentación impugnada prive a su pro-pietario de todo uso razonable de su propiedad. En la me-dida en que el dueño del inmueble pueda derivar algún beneficio económico de Asta, no se activa la cláusula de justa compensación.

Ciertamente la sucesión Cabassa Voustad puede derivar beneficios económicos de las propiedades, aun cuando éstas estén sujetas al régimen de la Ley de Alquileres Razonables. De hecho, como la propiedad en controversia fue heredada, los miembros de la sucesión han recibido un activo sin tener que hacer una inversión directa y el rédito que por ende obtienen por la propiedad actualmente alqui-lada es razonable. Véase a modo de referencia, T. Negrón Medero, Situación del mercado de alquileres en Puerto Rico para los años 1940 y 1970, 36 Rev. C. Abo. P.R. 598 (1975). De los autos se desprende que se han limitado a recibir ofertas por las propiedades, pero no surge que hayan inten-tado la venta de las mismas con los inquilinos. Entende-mos que, aun con los arrendamientos vigentes, la sucesión puede realizar distintos negocios jurídicos con estas propie-dades que le produzcan beneficios económicos.

HH I — i HH

Por otro lado, la opinión mayoritaria sostiene que el tér-mino “venta” a que se refiere el inciso (b) del Art. 15 de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. sec. 205(b), ex-cluye aquellas ventas motivadas por la partición de una sucesión. En vista de que esta interpretación es incompatible con los términos claros y precisos de la ley, no pode-mos suscribir la parte V de la opinión mayoritaria.

Es principio rector de los cánones de hermenéutica que el texto claro y sin ambigüedades de la ley es la expresión por excelencia de la intención del legislador. Dispone el Art. 14 de nuestro Código Civil que, “[cjuando la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. 31 L.P.R.A. sec. 14. Véanse, también: Irizarry v. Registrador, 61 D.P.R. 74 (1942); Piñan Vda. Fajardo v. Srio. de Hacienda, 83 D.P.R. 314 (1961); Cruz Fontánez v. Registrador, 126 D.P.R. 182 (1990).

En el día de hoy la mayoría de esta Curia usurpa la Rama Legislativa al enmendar el Art. 12-A de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. see. 193, para incluir una nueva causal de desahucio de inquilinos. Además, ob-via en su análisis las disposiciones fundamentales de nues-tro Código Civil referentes a la sucesión, en particular, los Arts. 599 y 601 (31 L.P.R.A. sees. 2081 y 2083) que dispo-nen que una sucesión es la transmisión de los derechos y obligaciones (bienes) del difunto a sus herederos tales como existían al tiempo de su muerte, comprendiendo también las cargas y obligaciones que le fueran inherentes. 31 L.P.R.A. see. 2081 et seq.

A esos efectos señala Hernández Gil que las relaciones obligacionales tales como los arrendamientos son clara-mente susceptibles de transmitirse mortis causa. A. Her-nández Gil, Lecciones de Derecho Sucesorio, Madrid, 1969, págs. 34-35. A esa misma conclusión llegan Lacruz Berdejo y Albaladejo cuando señalan que la posición del arrenda-dor en la sucesión universal forma parte del caudal relicto y su eficacia subsiste por operación del Art. 1257 del Có-digo Civil español. J.L. Lacruz y M. Albaladejo, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Librería Bosch, 1961, págs. 114-115.

En el caso de autos, el causante transmitió a sus here-deros dos (2) propiedades gravadas con arrendamientos su-jetos a la Ley de Alquileres Razonables.

Los miembros de la sucesión adquirieron dichos inmue-bles con las cargas y obligaciones inherentes a ellos, por lo que no pueden eximirse de la aplicación de las claras dis-posiciones de la Ley de Alquileres Razonables con el pre-texto de realizar la partición hereditaria. En vista de es-tas doctrinas de nuestro derecho privado, no podemos endosar que desde este estrado apelativo, mediante una interpretación estatutaria, se establezca una nueva causal de desahucio para permitir “las motivadas por la partición de una sucesión”. Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García, pág. 832.

Aunque somos conscientes de que esta interpretación permite que el Tribunal “salv[e] el pronunciamiento de in-constitucionalidad decretado por el ilustrado tribunal de instancia”, opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García, pág. 832, no podemos, en las circunstan-cias de autos, autorizar el retiro de propiedades del mer-cado de alquileres cuando el propósito es dedicarlas a la venta.

Por último, reconocemos que la Ley de Alquileres Razo-nables debe ser revisada para atemperarla a los cambios socioeconómicos ocurridos en Puerto Rico, particularmente en el mercado de alquileres. Sin embargo, “[s]ólo compete a la Asamblea Legislativa, cuya acción es genuino producto de la necesidad y el interés público, alterar o derogar los remedios provistos por la Ley de Alquileres”. Pizá v. Sailles Travel Agency, 114 D.P.R. 33, 38 (1983), opinión disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

       Dispone:
      “La buena fe se presume siempre, y al que afirma la mala fe de un poseedor corresponde la prueba.” 31 L.P.R.A. see. 1425.

       “El problema de la vivienda es uno de los más serios con que se confronta el pueblo de Puerto Rico. La densidad de la población en vivo contraste con la limitada extensión geográfica del suelo, la concentración de una gran parte de las tierras en manos de corporaciones y de una minoría de grandes terratenientes, el éxodo de población rural hacia los grandes centros urbanos, el bajo nivel de salarios e ingresos prevalecientes en el país, la especulación en el arrendamiento de viviendas, solares, casas y edificaciones a base de alquileres injustos, irrazonables y abusivos, y otros factores económicos y sociales agravan el problema de la vivienda hasta el punto de crear una situación de emergencia que afecta el bienestar, la salud, la seguridad y la vida de cientos de miles de mujeres, hombres y niños a través de los campos y pueblos de Puerto Rico.
      “... Miles de familias pobres enclavan sus viviendas en solares ajenos, por los cuales cobran sus dueños actualmente alquileres opresivos. Prácticas especulativas de carácter similar se han extendido también a las casas y edificios que se usan para negocios, y fines comerciales e industriales.
      . . . . . . . .
      “Para asegurar adecuada protección al pueblo de Puerto Rico en lo que con-cierne a este grave problema de la vivienda, falta, sin embargo, legislación apropiada sobre inquilinato, a fin de evitar la especulación por parte de los arrendadores, de garantizar alquileres razonables y de amparar convenientemente los derechos de los inquilinos.” (Enfasis suplido.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946 (17 L.P.R.A. see. 181).

       En Pennell v. San Jose, 485 U.S. 1, 22 (1988), el Hon. Juez Scalia (a quien se unió la Hon. Juez O’Connor), en su voto concurrente en parte y disidente en parte, expresó lo siguiente: “Here the city is not ‘regulating1 rents in the relevant sense of preventing rents that are excessive; rather, it is using the occasion of rent regulation ... to establish a welfare program privately funded by those landlords who happen to have ‘hardship’ tenants”. Citando al Tribunal Supremo del estado de Nueva Jersey en Prop. Owners Ass’n, etc. v. Tp. of No. Bergen, 74 N.J. 327, 339; 378 A.2d 25, 31 (1977), el Hon. Juez Scalia concluyó que: “ ‘[a] legislative category of economically needy senior citizens is sound, proper and sustainable as a rational classification. But compelled subsidization by landlords or by tenants who happen to live in an apartment building with senior citizens is an improper and unconstitutional method of solving the problem’ ”. Pennell v. San Jose, ante, págs. 23-24.

       Para la discusión del desarrollo de este tipo de análisis en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, refiérase a K. Manheim, Tenant Eviction Protection and the Takings Clause, 1989 Wis. L. Rev. 925 (1989). En Keystone Bituminous Coal Assn. v. DeBenedictis, 480 U.S. 470, 517 (1987), se explicó que “[economic] analytical tools where the government has physically taken an identifiable segment of property. Physical appropriation by the government leaves no doubt that it has in fact deprived the owner of all uses of the land. Similarly, there is no need for further analysis where the government by regulation extinguishes the whole bundle of rights in an identifiable segment of property, for the effect of this action on the holder of the property is indistinguishable from the effect of a physical taking”. (Enfasis suplido y escolio omitido.)

       Refiérase por ejemplo a Levy Leasing Co. v. Siegel, 258 U.S. 242 (1922); Block v. Hirsh, 256 U.S. 135 (1921); Woods v. Miller Co., 333 U.S. 138 (1948), y Bowles v. Willingham, 321 U.S. 503 (1944).

       Refiérase a Nota, The Constitutionality of Rent Control Restrictions on Property Owner’s Dominion Interests, 100 Harv. L. Rev. 1067, 1071-1075 (1987), donde se discuten (entre otros) los casos de Gregory v. City of San Juan Capistrano, 142 Cal. App.3d 72, 191 Cal. Rptr. 47 (1983), y Hall v. City of Santa Barbara, 797 F.2d 1493 (9no Cir. 1986), como ejemplos donde se han invalidado estatutos de control de rentas por restringir o privar al propietario de la utilización y disposición (control) de su propiedad. Allí se explica que esta importancia a la protección contra la interfe-rencia o restricción del propietario está apoyada en las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre la naturaleza fundamental del derecho de “ex-cluir a otros” (right to exclude), entre otros. Favor de remitirse a los casos citados en la nota al calce 48, a la pág. 1074 del referido Artículo.
      En Richardson v. City and County of Honolulu, 759 F. Supp. 1477 (D. Haw. 1991), el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Hawaii concluyó que una ordenanza que imponía un tope o máximo para ser cobrado como canon de arrenda-miento constituía un taking al arbitrariamente utilizar el máximo de canon permi-sible en la renta pagada al inicio del contrato de arrendamiento. Allí se determinó (entre otras) que tal acción no le permitía a los arrendadores obtener una retribución justa y razonable. En Richardson v. City and County of Honolulu, ante, se discuten otros casos donde los estados han declarado estatutos similares inconstitucionales. Entre estos nos remiten a Birkenfeld v. City of Berkeley, 17 Cal.3d 129, 550 P.2d 1001,130 Cal. Rptr. 465 (1976), y Cromwell Assocs. v. Newark, 211 N.J. Super. 462, 511 A.2d 1273 (1985).
      La interpretación que del caso de Pennell v. San Jose, ante, se hace en una de las Opiniones concurrentes es una interpretación equivocada, por lo amplia. De unas expresiones cuidadosamente fraseadas por dicho alto Tribunal se hace una inferen-cia extremadamente abarcadora y errónea.

       Para una discusión de las posibles tendencias de los tribunales en esta área, remítase a los artículos siguientes: L.L. Westray, Are Landlords being taken by the Good Cause Eviction Requirement?, 62 S.Cal. L. Rev. 321 (1988); T.O. Morris, Rent Control Exemption, 32 How. L. J. 307 (1989), y W.Z. Hirsch y J.G. Hirsch, Legal-Economic Analysis of Rent Controls in a Mobile Home Context: Placement Values and Vacancy Decontrol, 35 U.C.L.A. L. Rev. 399 (1988).

       El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sostenido que reducciones de un 75% y un 90% en el valor de propiedades, producto de leyes de zonificación, no constituyen incautaciones confiscatorias. Véase Euclid v. Ambler Co., 272 U.S. 365 (1926); Hadacheck v. Los Angeles, 239 U.S. 394 (1915); William C. Hass v. City & Cty. of San Francisco, 605 F.2d 1117 (9no Cir. 1979); Penn. Central Transp. Co. v. New York City, supra, pág. 131; L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, See. 9-3.

       El Art. 1209 de nuestro Código Civil (equivalente al Art. 1257 español) dis-pone, en lo pertinente, que “[l]os contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan y sus herederos; salvo en cuanto a éstos, el caso en que los derechos y obligaciones que proceden del contrato no sean transmisibles, o por su naturaleza, o por pacto, o por disposición de la ley.” 31 L.P.R.A. see. 3374. Véase, además, J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, págs. 259-260.

       En el pasado hemos tenido ante nuestra consideración situaciones análogas a ésta. Véanse: Sucn. Pérez v. Gual, 75 D.P.R. 385, 386 (1953); Sucn. Ramírez v.

        Corte, 70 D.P.R. 799, 800 (1950).

       Cabe señalar que la Ley de Alquileres Razonables, en su Art. 12-C (17 L.P.R.A. see. 195), dispone expresamente que subsiste el contrato de arrendamiento en beneficio del cónyuge y los parientes del inquilino titular si éste falleciese sin necesidad de tener que otorgarlo nuevamente.
      Notamos, pues, que el legislador dispuso expresamente que la protección de este arrendamiento, al igual que la prórroga involuntaria de 17 L.P.R.A. see. 192, se transmiten mortis causa en cuanto a la posición del arrendatario también. 17 L.P.R.A. see. 195. Véase E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, pág. 272.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Hugo Carballosa Vázquez y Richard Balzac, acusados y recurridos.

      Número: O-85-429

      Resuelto: 25 de junio de 1992

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Justo Gorbea Va-rona, Subprocurador General, abogados de El Pueblo; R. Adolfo de Castro, Guillermo De Guzmán Vendrell y Marta Quiñones Zambrana, de Cando, Nadal & Rivera, aboga-dos del recurrido Richard Balzac; Wilfredo Rodríguez Figueroa, abogado del recurrido Hugo Carballosa Vázquez.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite resolver, en primer lu-gar, si puede configurarse el delito de oferta de soborno, Art. 212 del Código Penal, cuando tal oferta es dirigida a un agente encubierto de la Policía para que éste realice un acto comprendido dentro de las funciones del cargo que ha asumido a los fines de realizar una investigación criminal; en segundo término, debemos resolver en qué momento se considera presentada la denuncia, según se utiliza ese tér-mino en la regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, a los fines de determinar si la misma fue presentada dentro de los sesenta (60) días siguientes al arresto de los imputados por la comisión de un delito me-nos grave; por último, si el incluir en una acusación un desglose de las diferentes fechas en que alegadamente se llevaron a cabo ofertas y entregas de dinero viola las dis-posiciones de la Regla 64(j) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

I

El Pueblo de Puerto Rico presentó seis (6) denuncias contra Hugo Carballosa y dos (2) contra Richard Balzac imputándoles la comisión del delito de oferta de soborno, Art. 212 del Código Penal, supra, y tres (3) denuncias contra ambos por el delito de conspiración, Art. 262 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4523. Luego del arresto de los acu-sados, la vista preliminar por el delito de oferta de soborno fue suspendida, primero a petición de los imputados y luego a petición del Fiscal.

En dicha vista declaró el sargento de la Policía, Adal-berto Mercado,'quien pertenecía a la División de Inteligen-cia Criminal. Este había estado realizando una investiga-ción confidencial sobre contrabando de café y había preparado varios informes al respecto. A esos fines, parti-cipó en varias reuniones con el Director de la División de Inteligencia y con el entonces Secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico (en adelante Departamento). En una de las reuniones se le entregó a Mercado copia de una carta que se había recibido en el Departamento. En esta carta Hugo Carballosa expresaba que se había ente-rado por medio de un programa de televisión que el Depar-tamento tenía almacenado un excedente de 53,000 quinta-les de café de segunda clase y, en la misma, éste le hacía una oferta al Departamento como solución para disponer de ese sobrante de café. El Secretario de Agricultura so-licitó que se realizara una investigación sobre esta oferta debido a que el nombre de Carballosa se mencionaba en algunos informes preparados por el Sargento Mercado y porque la oferta parecía ser demasiado generosa. Mercado solicitó entonces los servicios del agente Adrián Pagán para que éste realizara la investigación solicitada en torno a dicha propuesta.

Por su parte, el agente Pagán declaró en tal vista preli-minar que el 14 de noviembre de 1983, y retroactivo al 9 de noviembre de 1983, suscribió los documentos pertinentes a los fines de ocupar la posición de Ayudante Especial del Administrador de la Administración para el Desarrollo Agrícola, a cargo de los Programas de Intercambio de Café. Desde la fecha antes mencionada hasta el 30 de marzo de 1984, dicho agente se dedicó a familiarizarse con el personal y las funciones de dicha Administración. Como tal fun-cionario, se comunicó posteriormente con Carballosa y acordaron reunirse para discutir la mencionada propuesta.

Se reunieron en varias ocasiones. En la primera de ellas, Pagán informó a Carballosa que estaba estudiando su propuesta para tomar una determinación y hacer una recomendación al Departamento. Carballosa le indicó que él representaba a los hermanos Balzac en Puerto Rico, quienes tenían sus oficinas principales en Nueva York y se dedicaban a los negocios relacionados con el café. En otra ocasión, Carballosa le ofreció parte del dinero que habría de corresponderle a éste como resultado de la transacción a cambio de que Pagán hiciera una recomendación favorable lo antes posible. Le indicó, además, que habría de hablar con los hermanos Balzac a los fines de llegar a un acuerdo sobre el particular. En una reunión posterior, Carballosa le entregó una carta firmada por él donde le garantizaba la mitad del dinero a ser devengado por éste en el negocio. En una de las reuniones estuvo presente Richard Balzac, quien ratificó dicho ofrecimiento.

Después que se firmó el acuerdo en que Balzac aceptó la contraoferta que le hizo el Departamento, Pagán acom-pañó a Carballosa a Nueva York a cobrar el dinero que éste le había ofrecido por ayudarle a que se materializara la transacción de café. En Nueva York fueron a la oficina de Balzac, quien le entregó a Pagán $25,000 en efectivo. Días más tarde Carballosa le entregó a Pagán $25,000 adiciona-les en Puerto Rico.

Tras escuchar esta prueba, el magistrado que presidió la vista preliminar determinó causa probable contra Carba-llosa y Balzac por un solo cargo del delito de oferta de so-borno por entender que se trataba de una sola transacción criminal. En la acusación presentada por tal delito, el Fiscal hizo referencia a seis (6) fechas diferentes. Imputó que en cuatro (4) de estas fechas los acusados prometieron dar, y en otras dos (2) entregaron, dinero a un funcionario del Gobierno con el propósito de que “tal remuneración o bene-ficio habría de influir en cualquier acto, decisión o dicta-men de dicha persona en su carácter oficial”. Exhibit XVII, pág. 22.

En el acto de la lectura de las acusaciones, los acusados solicitaron tiempo para alegar y luego presentaron sendas mociones en las que solicitaron la desestimación de las mismas bajo los incisos (j), (n)(2) y (p) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Se celebró una vista oral para discutir estas mociones, a las cuales se opuso por escrito el Ministerio Público. Luego de oír a las partes, el tribunal sostuvo las mismas y ordenó la desesti-mación de todas y cada una de las acusaciones presentadas. El Pueblo de Puerto Rico recurrió ante este Tribunal mediante petición de certiorari, solicitando la re-visión de dicha resolución. Expedimos el auto y ahora pro-cedemos a resolver, atendiendo los planteamientos del Es-tado en el mismo orden en que fueron hechos.

II

Señala el Estado que el tribunal a quo erró al acoger los planteamientos presentados por ambos imputados en su moción de desestimación al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra, y proceder a desestimar la acusación presentada en contra de éstos por el delito de oferta de soborno, Art. 212 del Código Penal, supra.

Los recurridos alegan, por su parte, que la determina-ción de causa probable por tal delito no fue hecha con arre-glo a derecho porque la evidencia presentada por el Estado en la vista preliminar no estableció uno de los elementos necesarios del delito imputado, ya que quedó establecido que el agente Pagán no era, en realidad, un funcionario del Departamento con facultad en ley para realizar el acto por el cual recibió el supuesto soborno.

Incidió el tribunal de instancia al acoger dicho planteamiento. Veamos.

El Art. 212 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4363), leído en conjunto con el Art. 209 del mismo Código, 33 L.P.R.A. see. 4360, dispone:

Toda persona que directamente o por persona intermedia diere o prometiere a un funcionario o empleado público, o ju-rado, o árbitro, o cualquier otra persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, o a un testigo, dinero o cualquier beneficio ... [para realizar un acto regular de su cargo o función] será sancionada con la pena de reclusión fijada en la sección correspondiente.

El delito de oferta de soborno comprende como una de sus modalidades dar o prometer “ ‘a un funcionario o em- pleado público, directamente o a través de un intermedia-rio, dinero o cualquier beneficio para que realizara un acto regular de su cargo o función..(Énfasis suplido.) Pueblo v. Márquez y Bermúdez, 122 D.P.R. 93, 103 (1988). Véase Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 758 (1985).

En Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, págs. 757-758, resolvimos que “[s]on elementos esenciales del delito de oferta de soborno ... los siguientes: 1. dar u ofrecer dinero o cualquier beneficio; 2. que la dación u ofrecimiento se haga a un funcionario o empleado público, ya sea directamente a él o a través de un intermediario, y 3. que la dación u ofrecimiento se haga con el propósito de que dicho empleado o funcionario realice un acto regular de su cargo o función”. (Énfasis suplido y escolios omitidos.) Este último requisito es el que suscita la polémica en el presente caso, pues alegan los recurridos que la posición que ocupaba el agente Pagán en el Departamento era sólo para fines de la investigación y que, por lo tanto, el acto que los recurridos pretendían que el agente realizara no era “ ‘un acto regular de su cargo o función’ ”, faltando así uno de los elementos esenciales del delito. Apéndice II al Memorando en oposición a petición de certiorari, pág. 3.

Como señaláramos en Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, págs. 756-757, “[e]l Art. 212 condena cierta conducta antisocial e indeseable, la cual corrompe o pretende corromper al funcionario público, quien debe descargar gratuitamente las obligaciones inherentes de su cargo sin que esté de por medio emolumento o cualquier beneficio adicional al que por ley le corresponde”. (Énfasis suplido.) El delito va dirigido, pues, a penalizar exclusivamente a la persona que mediante el ofrecimiento o entrega de cualquier beneficio (monetario o de otra índole) a un funcionario público pretende que este último cumpla con las funciones que está obligado a realizar gratuitamente. Ese tipo de conducta es la “que se pretende reprimir al estatuir el de-lito de oferta de soborno”. Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, pág. 757. No hay que probar, sin embargo, que el funciona-rio “tenía la autoridad final en la cadena de eventos. ... Es suficiente en derecho que el acto que se interesa llevar a cabo esté comprendido entre los deberes generales del em-pleado según descritos en su nombramiento y conforme a las tareas que diariamente realiza”. (Enfasis en el original.) Id., pág. 759. Según la evidencia que tuvo ante sí el magistrado en la vista preliminar, al momento de los hechos el agente Pagán había sido nombrado y había to-mado posesión del cargo de Ayudante Especial del Admi-nistrador, a cargo de los Programas de Intercambio de Café, y temporeramente se encontraba ejerciendo las funciones inherentes al cargo. Los recurridos le entregaron el dinero al agente Pagán en la creencia de que éste lleva-ría a cabo de tal modo un acto regular del cargo o empleo que estaba temporeramente ocupando. Eso es todo lo que requiere el Art. 212 de nuestro Código Penal, supra.

Sólo procede declarar con lugar una moción para desestimar una acusación o denuncia basada en el inciso (p) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, cuando existe una ausencia total de prueba que demuestre la existencia de causa probable para creer que el acusado cometió el delito que se le imputa. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975). A la luz de los criterios que fijamos en Pueblo v. Bigio Pastrana, supra, y de los pro-nunciamientos que hacemos hoy, forzoso es concluir que erró el tribunal de instancia al determinar que la evidencia que tuvo ante sí el magistrado en la vista preliminar fue insuficiente para presentar las acusaciones contra los re-curridos por el delito de infracción al Art. 212 del Código Penal, supra.

Por último, queremos hacernos eco de los planteamientos que hace el Procurador General Auxiliar en su recurso en torno a la importancia de la figura del agente encubierto en el esclarecimiento y procesamiento de cierto tipo de delitos que, como el caso de autos, tienden a come-terse subrepticiamente. Señala el Procurador, citando el caso Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 730 (1961), lo siguiente:

“No hay duda de que el agente encubierto es un arma de investigación que es necesario utilizar en ciertos delitos, que por su característica esencial de clandestinidad, permanecerían impunes si no se contara con este método. Todo cuanto se re-' quiere es que la actuación del agente no incite o induzca la intención criminal en la mente del acusado, aunque facilite la comisión del delito.” (Citas omitidas.) Petición de certiorari, pág. 7.

Apoyamos el uso apropiado del agente encubierto en aquellos casos relacionados con delitos contra la función pública siempre y cuando su intervención no sea para in-ducir al acusado a la comisión de un delito que de otro modo no hubiera intentado cometer.

HH I — I HH

Alega el Estado que erró el tribunal a quo al desestimar bajo la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, las acusaciones presentadas contra ambos imputados por el delito de conspiración. No se cometió dicho error.

La Regla 64(n)(2), supra, establece como motivo para desestimar la acusación el que no se haya presentado acusación o denuncia contra el acusado dentro de los se-senta (60) días de su arresto o citación. Esta regla va diri-gida a proteger el derecho constitucional a juicio rápido. En este caso habían transcurrido ciento cuarenta y nueve (149) días desde la fecha del arresto de Carballosa y ciento treinta (130) días desde que se diligenció el arresto de Balzac, cuando fueron presentadas por el Fiscal las acusacio-nes en contra de éstos por el delito de conspiración. El he-cho de que los imputados hayan solicitado la suspensión de la vista preliminar señalada para determinar si existía o no causa probable para acusar a los recurridos por el delito grave de oferta de soborno, en ninguna forma interrumpió el término de sesenta (60) días que tenía el Fiscal para presentar las acusaciones por el delito menos grave de conspiración, contados a partir de la fecha del arresto de los acusados. Para presentar las acusaciones por tal delito no fue necesario la celebración de una vista preliminar previa. Regla 23(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Aun cuando el delito de conspiración es menos grave, por excepción, es el Tribunal Superior el que tiene competencia exclusiva sobre el mismo. Art. 262 del Código Penal, supra. En los procesos iniciados en el Tribunal Superior, la acusación es la primera alegación del Estado. Esta se presenta por el fiscal en la Secretaría del Tribunal Superior luego de firmarla y jurarla. Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Sin embargo, la presentación de una denuncia por el delito de conspiración en el Tribunal de Distrito dentro de los sesenta (60) días siguientes al arresto de los acusados, hubiera tenido el mismo efecto que si se hubiese presentado la acusación en el Tribunal Superior, ya que desde que se aprobó la Cons-titución en el 1952 los tribunales de Puerto Rico constitu-yen un sistema judicial unificado en lo que concierne a su jurisdicción, funcionamiento y administración. Pueblo v. De Jesús Gómez, 100 D.P.R. 629, 632-633 (1972); Art. V, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

A tenor con dicho precepto, el señor Procurador alega en apoyo a su segundo señalamiento de error que la denuncia que sirve de base a la expedición de una orden de arresto o citación, conforme dispone la Regla 6 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, es la misma “denuncia” a la que alude la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, por lo que, según el Procurador, las denuncias en el caso de autos fueron presentadas dentro de los sesenta (60) días del arresto de ambos imputados, cumpliendo así con los términos de juicio rápido que ordena la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra. Este planteamiento por parte del Estado es inmeritorio y carente de toda lógica procesal.

La “denuncia” a que alúde la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra, se refiere a la primera alegación del Estado en un proceso iniciado en el Tribunal de Distrito. Esto ocurre cuando la denuncia original es remitida por el magistrado, una vez determinada causa probable para el arresto o citación del imputado, a la sala correspondiente del Tribunal de Distrito, convirtiéndose entonces en el pliego acusatorio o primera alegación del Estado que sirve de base para el juicio. Es en dicho momento cuando se considera “presentada la denuncia” a que hace referencia la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, supra.

Por lo antes expuesto resolvemos que actuó correcta-mente el tribunal a quo al desestimar dichas acusaciones a tenor con lo dispuesto en la Regla 64(n)(2), supra. Por tra-tarse de un delito menos grave, dicha desestimación im-pide la presentación de una nueva acusación por el delito de conspiración.

IV

Como último planteamiento, señala el señor Procurador que también se equivocó el juez de instancia al aplicar el fundamento contenido en el inciso (j) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, supra, para desestimar la acusa-ción presentada en contra de ambos imputados por el de-lito de oferta de soborno. Tal error se cometió. Veamos.

A pesar de que la prueba presentada en la vista preli-minar demostró que en varias ocasiones uno solo de los imputados, y en otras ambos conjuntamente, ofrecieron y entregaron dinero al agente Pagán con la inteligencia de que éste, a cambio, ayudara a que se materializara la oferta de compraventa de café que éstos habían hecho al Departamento, el magistrado en la vista preliminar deter-minó causa probable por un solo delito de oferta de soborno porque entendió que se trataba de una sola transacción criminal. A base de dicha determinación, el Fiscal presentó una acusación en contra de ambos por el delito de oferta de soborno, en la cual se alegó en un solo cargo que:

Los referidos acusados, HUGO CARBALLOSA VAZQUEZ y RICHARD BALZAC, actuando en algunas situaciones indepen-dientemente y en otras en concierto y común acuerdo y en un designio común, en o allá para los días 24 de abril de 1984, a la 1:30 p.m. en la Calle Hipódromo, Parada 20 en Santurce, Puerto Rico, 28 de abril de 1984, a las 7:15 p.m. en la Ave. Campo Rico de Country Club, Río Piedras, Puerto Rico, 22 de mayo de 1984, a las 10:00 a.m. en Hato Rey, Puerto Rico, 4 de junio de 1984, a las 10:55 a.m. en el Hotel Palace de Isla Verde, Puerto Rico, 2 de septiembre de 1984, a las 5:50 p.m. en Bronxville, Nueva York y 21 de septiembre de 1984, a las 9:35 a.m. en la Ave. Campo Rico de Country Club, Río Piedras, que forma parte de la jurisdic-ción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, prometieron dar en algunas ocasiones y en otras dos entregaron la cantidad de $25,000 y $24,640 respectivamente, a un funcionario de la Ad-ministración de Fomento para el Desarrollo Agrícola de Puerto Rico en la inteligencia de que tal remuneración o beneficio ha-bría de influir en cualquier acto, decisión o dictamen de dicha persona en su carácter oficial. Exhibit XVII, pág. 22.

El juez de instancia desestimó la acusación por entender que ésta imputaba en un solo cargo la comisión de más de un delito, lo que constituye fundamento para desestimar la acusación bajo la Regla 64(j) de Procedimiento Criminal, supra.

Al así actuar, el juez de instancia cometió error al desestimar la acusación, pues no surge de ésta que se les estuviera imputando a ambos recurridos la comisión de más de un delito en un solo cargo, sino que en un solo cargo se les imputó la comisión de un delito continuado que se llevó a cabo mediante diferentes actos realizados en diferentes fechas, y que constituyen las dos (2) modalidades en que puede cometerse el delito imputado.

En la tradición civilista, y en particular en los códigos ibero-americanos, se define el delito continuado como varias violacio-nes de la misma ley o disposición penal, cometidas en el mismo momento de acción o en momentos diversos con actos ejecutivos de la misma resolución criminal, o con el mismo designio, o con una intención genérica común. Entre los requisitos del delito continuado están: violación de la misma disposición legal, plu-ralidad de actos o hechos realizados en fechas distintas, una misma resolución, propósito o intención criminal. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Hato Rey, Ed. Inst. De-sarrollo del Derecho, 1983, See. 8.4.2., pág. 278.

En este caso se trata de un solo delito porque la serie de actos alegadamente realizados por los recurridos violenta-ron una misma disposición penal y estuvieron dirigidos a alcanzar un mismo fin o designio criminal, aun cuando cada uno de estos actos, de haberse realizado aisladamente y de forma independiente, hubiesen podido ser juzgados como un delito distinto. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 392, 396 (1967); Pueblo v. Adorno, 81 D.P.R. 518, 535-536 esc. 5 (1959).

Cuando todos los actos imputados en un solo cargo constituyen un solo delito, no hay duplicidad y no es de aplicación la Regla 64(j) de Procedimiento Criminal, supra, que sólo aplica cuando se imputa más de un delito en un solo cargo.

En Pueblo v. Echavarry et al., 28 D.P.R. 6, 10 (1920), citamos con aprobación del caso Ben v. State, 58 Am. Dec. 242, que:

“Cuando varios actos ejecutados por la misma persona no son sino pasos sucesivos en el curso de un propósito criminal y que constituyen en conjunto un solo delito, aunque cada uno de ellos realizados aisladamente podrían constituir un delito, dichos actos todos pueden ser imputados en un solo cargo[.]” Véanse, además: United States v. Cohen, 444 F. Supp. 1314, 1320 (1978); United States v. Cohen, 35 F.R.D. 227, 231 (1964), confirmado en Cohen v. United States, 378 F.2d 751, 754, cert. denegado, 389 U.S. 897 (1967); United States v. Selage, 175 F. Supp. 439, 442 (1959).

Tampoco existe duplicidad en la acusación por el hecho de que en un solo cargo se haya alegado que ambos imputados cometieron el delito de oferta de soborno bajo las dos (2) modalidades en que éste puede cometerse, o sea, en ocasiones prometiendo dar y en otras entregando dinero a un funcionario público con el propósito de sobornarlo.

Cuando un delito puede cometerse en dos (2) o más formas o modalidades diferentes, según tipificadas en la misma disposición penal, puede incluirse en un solo cargo de la acusación todas las modalidades que alegada-mente cometieron los imputados si éstos fueron cometidos con un mismo propósito, fin o designio criminal en un mismo curso de conducta por constituir todos los actos rea-lizados un solo delito. Pueblo v. Cedeño, 95 D.P.R. 369, 370 (1967); Pueblo v. Adorno, supra, págs. 533-534 esc. 4; Pueblo v. Palacios, 66 D.P.R. 961, 962-963 (1947); Pueblo v. Labrador, 57 D.P.R. 687, 691 (1940); Crain v. United States, 162 U.S. 625, 636 (1896); United States v. Lubomski, 277 F. Supp. 713, 718 (1967); United States v. Ricciardi, 40 F.R.D. 135, 136 (1965); United States v. Selage, supra, pág. 442; United States v. Raff, 161 F. Supp. 276, 281 (1958).

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se dic-tará sentencia que revoque la resolución recurrida en cuanto desestimó la acusación presentada contra ambos imputados por el delito de oferta de soborno, y que confirme dicha resolución en lo referente a la desestimación de las acusaciones presentadas en contra de éstos por el delito de conspiración. Se ordenará la devolución del caso al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos en forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opi-nión escrita.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

No obstante reconocer que la opinión mayoritaria emi-tida en el presente caso constituye un admirable y loable esfuerzo por “salvar” una laguna que, desafortunada-mente, existe en nuestro ordenamiento penal, nos vemos imposibilitados de refrendar la misma con nuestro voto de conformidad. El principio jurídico que impide que así lo hagamos resulta ser de vital importancia en nuestro orde-namiento jurídico: el principio de legalidad.

I

Como clara, correcta y sucintamente expresara este Tribunal hace más de siete décadas en Pueblo v. Terrasa, 28 D.P.R. 11, 12 (1920):

.. .para que una persona pueda ser castigada como infractora de una ley penal es necesario que el acto o la omisión que se cas-tigue aparezca claramente establecido en la ley, porque no debe quedar convicto un hombre por un delito que no esté claramente definido y castigado por las leyes y jamás debe forzarse el texto de la ley mediante interpretación al efecto de que quede com-prendido en él ningún delito que la Legislatura no haya tenido claramente presente. (Énfasis suplido.)

Conforme, correcta y certeramente, expresamos en Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 662 (1964), que el juez es un intérprete —y no un creador— de la ley. Esto es, constituye axioma fundamental, conforme al principio de legalidad, que la Asamblea Legislativa es la que tiene la facultad constitucional exclusiva de tipificar los delitos. A esos efectos, véanse: Art. 8 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3031; Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986); Pueblo v. Escambrón Beach Club, 63 D.P.R. 761 (1944); Corretjer v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 754 (1951); Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716 (1981); Pueblo v. Rodríguez Jiménez, 128 D.P.R. 114 (1991).

II

Establece el Art. 209 del vigente Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4360, que:

Todo funcionario o empleado público, o jurado, o árbitro, o cualquier persona autorizada en ley para oír o resolver alguna cuestión o controversia, que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cual-quier beneficio, o aceptare una proposición en tal sentido, por realizar un acto regular de su cargo o función, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida po-drá ser aumentada hasta un máximo, de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años. (Enfasis suplido.)

Por su parte, el Art. 212 del referido Código, 33 L.P.R.A. see. 4363, dispone que:

See. 4363. Oferta de soborno
Toda persona que directamente o por persona intermedia diere o prometiere a un funcionario o empleado público, o ju-rado, o árbitro, o cualquier otra persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, o a un testigo, dinero o cualquier beneficio, con el fin previsto en las sees. 4360 a 4362 de este título, será sancionada con la pena de reclusión fijada en la sección correspondiente. (Énfasis suplido.)

Esto es, y como correctamente se señala en la opinión mayoritaria emitida, las referidas disposiciones legales, leídas en conjunto, establecen que:

“Toda persona que directamente o por persona intermedia diere o prometiere a un funcionario o empleado público, o ju-rado, o árbitro, o cualquier otra persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, o a un testigo, dinero o cualquier beneficio ... [para realizar un acto regular de su cargo o función] será sancionada con la pena de reclusión fijada en la sección correspondiente.” (Énfasis suplido.) Opinión ma-yoritaria, pág. 848.

III

En el presente caso, por más esfuerzos y ejercicios men-tales que se realicen, el agente Adrián García de la Policía de Puerto Rico, que “intervino” con los acusados y a quien alegadamente se le hiciera la oferta de soborno, no es el “funcionario o empleado público” al cual se refieren, o con-templan, los citados Arts. 209 y 212 del Código Penal de Puerto Rico. Ello así, llana y sencillamente, debido a que dicho testigo de cargo, al no ser un empleado bona fide del Departamento de Agricultura de Puerto Rico, no podía re-cibir el dinero ofrecido como soborno “para realizar un acto regular de su cargo o función”, según ello claramente esta-blecen y exigen las antes transcritas disposiciones del Có-digo Penal de Puerto Rico. Opinión mayoritaria, pág. 848.

Dicha “laguna jurídica”, desafortunadamente, no puede ser suplida por este Tribunal. Ello es de la competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Donde más claro se puede apreciar el error del Tribunal lo sería en el caso de un Jurado. Asumamos, a los fines de ilustración, que el Estado se entera de que una persona intenta sobornar va-rios de los miembros de un Jurado que se encuentra juz-gando un caso criminal. Conforme se resuelve en el día de hoy, el Estado podría hacer pasar como integrantes de ese Jurado a unos agentes encubiertos y éstos ser los “recipien-tes” de la oferta de soborno. Ello es jurídicamente imposible. Los jurados y no los agentes encubiertos, con-forme las disposiciones de los antes citados Arts. 209 y 212 del Código Penal de Puerto Rico, son los únicos autorizados “en ley para oír o resolver alguna cuestión o controversia ...”. En consecuencia, no se podría cometer el delito a tra-vés de agentes encubiertos.

En cuanto al caso específico hoy ante nuestra considera-ción, el Tribunal intenta obviar el obstáculo al cual se en-frenta expresando que el agente encubierto había suscrito “los documentos pertinentes a los fines de ocupar la posi- ción de Ayudante Especial del Administrador de la Admi-nistración para el Desarrollo Agrícola, a cargo de los Pro-gramas de Intercambio de Café”. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 846. La mencionada maniobra, llevada a cabo en dicha agencia administrativa con el obvio propósito de “cualificar” al encubierto como empleado de la misma, no pasa de ser una ficción o engaño (sham). Para rechazarla, por impropia e improcedente, basta con cues-tionarse si ese agente contaba con los requisitos necesa-rios, de estudio y de experiencia, pára ocupar la mencio-nada plaza de “Ayudante Especial del Administrador”.

IV

En resumen, y por entender que el Tribunal está ac-tuando ultra vires —al crear una nueva modalidad del de-lito de oferta de soborno— disentimos.

       33 L.P.R.A. see. 4363.

       Dicha disposición prohíbe el que se incluyan en una acusación o denuncia más de un delito.

       La oferta consistía en cambiar ese café de segunda clase por un café de primera importado y semitostado al 10%, más una bonificación de $12 por quintal para el Departamento de Agricultura. La carta también señalaba que si el Departa-mento de Agricultura aceptaba la oferta, éste obtendría una ganancia de aproxima-damente $3,030,540.

       Nuestro Código Penal, en su Art. 7(16), define al funcionario o empleado público como “[t]oda persona que ejerza un cargo o desempeñe una función retri-buida o gratuita, permanente o temporal, en virtud de cualquier tipo de nombra-miento, contrato o designación (Enfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 3022(16).

       Ante un planteamiento similar al que hacen los recurridos en este caso, la Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito señaló lo siguiente:
      “To limit [Sec. 201 (b) (1)(C)] in the manner suggested by the defendants would excuse bribers of public officials who fully intended to gain an advantage by making a corrupt offer to a public official but were mistaken in their impression of what the public official could lawfully do. The deterrent value of punishing the bad intent of bribers is the same regardless of whether or not the acts to be accomplished are within the scope of the actual lawful duties of the bribed public official and regardless of whether the briber has correctly perceived the precise scope of the official’s lawful duties.” United States v. Gjieli, 717 F.2d 968, 976 (1983).

       Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

       La Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece como uno de los fundamentos para desestimar una acusación o denuncia lo siguiente: “Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta (60) días de su arresto o citación ....”

       Regla 34(B) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

       Regla 5, 6(a), 22(c), 24(a), 34(B) y 35(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véase Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 580, 582 (1967).

       Regla 67 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

       Dispone el Art. 8 que:
      “No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
      “No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad.” 33 L.P.R.A. see. 3031.


author: per curiam:

text:
      In re Martín Hernández Rodríguez.

      Número: 5825

      Resuelto: 26 de junio de 1992

      Martín Hernández Rodríguez, pro se.

   per curiam:

El 26 de abril de 1990 concedimos término al abogado-notario Martín Hernández Rodríguez para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado como notario por no haber hecho constar en la Escritura Núm. 4 que el bien objeto de la misma era privativo y por no dar cumplimiento a las instrucciones de la Ley Notarial.

El 19 de octubre de 1990 emitimos otra resolución, en la cual expresamos lo siguiente:

Surgiendo de la escritura otorgada en 1985, que el vendedor estaba casado y sin embargo no se hizo constar la comparecen-cia de la esposa, la cual había fallecido al momento del otorga-miento, ni de que los bienes era [sic] privativos, ni de que había un Poder vigente en dicho momento, se ordena al Ledo. Martín Hernández que dentro de un término de veinte (20) días, con-tado a partir de la notificación de esta resolución, muestre causa por la cual no debe ser sancionado como notario y además informe si la referida escritura ha sido inscrita por el Registra-dor de la Propiedad correspondiente y remita copia a este Tribunal.

El 20 de noviembre de 1990 el licenciado Hernández Rodríguez compareció y expresó que la escritura no había sido inscrita en el Registro de la Propiedad y nos informó, además, de las gestiones que estaba haciendo para subsa-nar el error. El 7 de diciembre de 1990 concedimos término adicional al licenciado Hernández Rodríguez.

Luego de una serie de mociones y órdenes, el 27 de diciembre de 1991 le concedimos al licenciado Hernández Ro-dríguez un término improrrogable para que mostrara causa por la cual no debía suspendérsele provisionalmente del ejercicio del notariado hasta tanto hubiese cumplido con nuestra Resolución y Orden de 5 de abril de 1991. Éste compareció, y el 6 de marzo de 1992 emitimos la resolución siguiente:

Atendidas las razones expuestas por el Lie. Martín Hernán-dez en su moción informativa, se le concede un último término de noventa (90) días, contados a partir de la notificación de esta resolución, para cumplir con nuestra resolución de 5 de abril de 1991. De no cumplir en dicho término con lo aquí ordenado, quedará automáticamente suspendido de la profesión de nota-rio hasta que cumpla y otra cosa disponga este Tribunal. (Enfa-sis suplido.)

Esta resolución fue notificada el 12 de marzo de 1992. El licenciado Hernández Rodríguez no ha dado cumplimiento a la misma. Tampoco ha comparecido para explicar dicho incumplimiento.

Transcurridos los noventa (90) días que concedimos al licenciado Hernández Rodríguez, se dictará sentencia me-diante la cual se le suspenda del ejercicio de la profesión de notario hasta que otra cosa disponga este Tribunal desde el 11 de junio de 1992. Se ordena al Alguacil General de este Tribunal que se incaute de los Protocolos y registros de afi-dávit del licenciado Hernández Rodríguez.


text:
      In re Amedee López Maldonado, querellado.

      Número: CP-92-292

      Resuelto: 26 de junio de 1992

      Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Arnedee López Maldonado, pro se.

   per curiam:

El 14 de mayo de 1992, la Procuradora General presentó una querella contra el abogado-notario Arnedee López Maldonado. En la misma le imputó los car-gos siguientes:

CARGO NUMERO I

El Ledo. Arnedee López Maldonado, en el desempeño de su profesión como abogado notario, violó la fe pública notarial, al autorizar la escritura número 34 de 17 de noviembre de 1983 sobre Cesión de Acciones y Derechos en Cumplimiento de Esti-pulación y Orden y dar fe en dicha escritura de que se hac[í]a un traspaso de la finca número 7,706 inscrita al folio 276 del to[m]o 149 de Vega Alta, cuando en realidad el querellado co-nocía, y así lo admitió, que el traspaso en cuestión era un tras-paso de un solar segregado y aún no inscrito y no sobre la finca número 7,706, [supra], descrita por el querellado en la referida escritura.

CARGO NUMERO II

El Ledo. Arnedee López Maldonado incurrió en violación a la fe pública notarial, al dar fe en la escritura número 34 de 17 de noviembre de 1983, de que la finca número 7,706 estaba ins-crita al folio 276 del tomo 149 de Vega Alta, a nombre del Sr. Juan Hernández Rodríguez y Virginia López Rodríguez. Esta información a la fecha de la autorización de la escritura refe-rida número 34, no era cierta, según surgía de los libros del Registro de la Propiedad correspondiente. El querellado no se percató de dicha situación registral y procedió a dar fe en la forma antes expuesta, sin antes realizar el estudio registral correspondiente que el querellado admitió le solicitó su cliente, el Sr. Carlos Otero Figueroa.
Como resultado de la referida actuación impropia, admitida por el querellado, el Sr. Carlos Otero Figueroa fue objeto de un engaño al aceptar, mediante una estipulación transaccional, una propiedad que no le pertenecía a los señores Juan Hernán-dez Rodríguez y Virginia López Rodríguez, por no estar la misma en el dominio de estas personas a la fecha de la autori-zación por el querellado de la escritura número 34 de 17 de noviembre de 1983 antes mencionada. Querella, págs. 1-2.

El 3 de junio el abogado-notario contestó la querella. En la contestación aceptó que no había llevado a cabo un es-tudio de título antes de otorgar la Escritura Núm. 34 de 17 de noviembre de 1983 sobre Cesión de Acciones y Derechos en Cumplimiento de Estipulación y Orden. También ex-presó que no deseaba “entrar en la ventilación de esta que-rella mediante la celebración de vista” y que aceptaba la responsabilidad. Contestación a querella, pág. 2. Además, nos informó que había resarcido al querellante Carlos Otero Figueroa la suma de dos mil quinientos dólares ($2,500).

Acompañó con su contestación una declaración jurada del querellante Otero Figueroa en la cual éste hace un re-cuento de lo ocurrido y nos informa que, habiéndole el li-cenciado López Maldonado devuelto los dos mil quinientos dólares ($2,500) que él le había pagado en concepto de ho-norarios de abogado, ya no tenía interés en proseguir con la querella. Expresó el querellado, además, que tanto él como el licenciado López Maldonado desconocían al mo-mento de otorgarse la Escritura Núm. 34 que la finca principal estaba siendo objeto de ejecución.

Reiteradamente hemos recalcado la importancia de llevar a cabo a la fecha del otorgamiento de una escritura una investigación de los antecedentes regístrales de la propiedad. In re Ramos Meléndez y Cabiya Ortiz, 120 D.P.R. 796, 801-802 (1988); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 443-445 (1984); In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45, 79 (1979); Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.P.R. 170, 194 (1962).

Un abogado-notario viola la fe notarial al no hacer un estudio de título en el Registro de la Propiedad y pro-ceder a preparar y a autorizar una escritura —dando fe de que se hace un traspaso de una finca— cuando en realidad el traspaso es de un solar segregado y aún no inscrito, y no sobre la finca descrita en la escritura. También viola la fe notarial el dar fe en una escritura de que la finca está inscrita a nombre de una persona cuando de los libros del Registro de la Propiedad surge que esto no es cierto.

El notario trasciende en su función el acto externo de la legalización de unas firmas. Para ser notario se exige no sólo ser abogado, sino también el haber aprobado un examen que lo cualifique para el ejercicio de la notaría. “La sociedad debe tener en cada notario una garantía de certeza y de limpieza en los actos y contratos cuya autenticación le encomienda ...”. (Énfasis suplido.) In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 776 (1976).

En resumen, la conducta observada por el Ledo. Amedee López Maldonado en la autorización de la Escritura Núm. 34 objeto de esta querella, efectivamente demuestra que éste violó la fe notarial. El licenciado López Maldonado alega como atenuantes el haber resarcido al querellante en la suma de dos mil quinientos dólares ($2,500); el hecho de que esta querella data de 1984; el haber “atendido en tiempo todas las citaciones, llamadas y gestiones del Honorable Procurador, así como la Declaración Jurada suscrita por el querellante ...”. Contestación a querella, pág. 2. A base de esto nos pide que decretemos el archivo de la querella. No podemos acceder. El licenciado López Maído-nado no ha actuado con la corrección y diligencia que se requiere de todo abogado- notario. Su violación a la fe notarial fue crasa y requirió la intervención tanto de este Tribunal como de la Oficina de la Procuradora General.

Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia mediante la cual se separe al Ledo. Amedee López Maído-nado del ejercicio de la notaría por el término de seis (6) meses. Se ordena al Alguacil General de este Tribunal que se incaute de los Protocolos y registros de afidávit de dicho notario.