text:
    José Raúl Pagán Torres, demandante, v. Secretario de Recursos Naturales, Pedro Negrón Ramos y Otros, demandados.

      Número: O-77-18

      Resuelto: 10 de mayo de 1977

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Mario L. Paniagua, Procurador General Auxiliar, abogados del Secre-tario de Recursos Naturales; Oswald Evan Perkins, abogado de la parte demandante.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Varios agricultores de los municipios de Adjuntas y Utua-do han instado acción en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico reclamando protección constitu-cional para su alegado derecho de propiedad sobre yacimien-tos minerales en el subsuelo de fincas que poseen o cuya superficie enajenaron, fundando su derecho en disposiciones del Código Civil de Puerto Rico, el Tratado de Paz entre Estados Unidos y España, la Carta Orgánica de 1900 (Ley Foraker) y la legislación de minería de España y de Puerto Rico. Por estar planteada una cuestión de derecho puerto-rriqueño sobre la que no existen precedentes claros en la juris-prudencia de este Tribunal, la Corte Federal, en orden a la Regla 5B.4 de Procedimiento Civil nos ha certificado para determinación la siguiente cuestión de derecho:

“Si a tenor de las leyes del E.L.A. el derecho privado de domi-nio sobre inmuebles incluye un derecho de propiedad en minera-les yacentes en el interior de la tierra afectados por la aprobación del Art. I[A] de la Ley de Minas de Puerto Rico. (28 L.P.R.A. sec. Ill y ss.)”

Las partes han presentado alegatos ante este Tribunal de conformidad con la Regla 27 de nuestro Reglamento, y pro-cedemos a resolver.

Al firmarse el Tratado de Paz de París el 10 de diciembre de 1898 entre los Estados Unidos de América y el Reino de España, Puerto Rico no era “muchedumbre sin consejo pú-blico”, sin cuerpo alguno de ciudad, ni senado, ni consejo de la plebe ni magistrado.() Era un pueblo constituido en co-munidad de derecho con cierto grado de personalidad interna-eional, aun cuando de soberanía imperfecta, dimanante de la Carta Autonómica de 1897, () integrado con los elementos que identifican el Estado o persona del derecho internacional: Io, había un pueblo en número suficiente para perpetuarse. Un pueblo es un conjunto de individuos de ambos sexos que viven juntos en comunidad, a pesar de que puedan pertenecer a diferentes razas o credos y ser de color diferente; 2o, existía un territorio en el que se había asentado el pueblo; 3o, existía un gobierno organizado que ejercía control del territorio y administraba la justicia con arreglo a la ley del país; 4o, había un grado de capacidad para entrar en relaciones con el mundo exterior en la negociación de tratados de comercio; y 5o, los habitantes de Puerto Rico habían alcanzado un nivel de civilización que les capacitaba, en lo que respecta a las naciones del mundo, para honrar los principios de Derecho que rigen los miembros de la sociedad internacional. Hyde, International Law, Vol. 1, págs. 22 y 147, Segunda Edición (1951); Oppenheim, Tratado de Derecho Internacional Público, Tomo 1, Vol. 1 — Paz—Octava Edición (1961), págs. 126-127. Me-diante la Carta Orgánica (Acta Foraker) de 12 de abril de 1900, el Congreso de los Estados Unidos proveyó un gobierno civil para Puerto Rico, creando un cuerpo político bajo el nombre de “El Pueblo de Puerto Rico” (see. 7); declaró en la Sec. 13 como bienes públicos “todas las propiedades que puedan haber adquirido en Puerto Rico los Estados Unidos por la cesión de España en dicho Tratado de Paz, [] en . . . minas o minerales bajo la superficie de terrenos particulares”, las que puso “bajo la dirección del Gobierno establecido por esta Ley [Foraker], para ser administrados a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico;” y dispuso el Congreso que “la Asamblea Legislativa creada por la presente, tendrá autori-dad para legislar respecto a todos estos asuntos, según lo estimare conveniente, con sujeción a las limitaciones impues-tas a todos sus actos.” 31 Stat. 80; Tomo 1 L.P.R.A. págs. 35-36.

Dispuso el Acta Foraker en su See. 8 “Que las leyes y or-denanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, [] continua-rán vigentes, excepto en los casos en que sean alteradas, en-mendadas o modificadas por la presente; o hayan sido altera-das o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta Ley entre a regir, y en todo aquello en que las mismas no resulten incompatibles, o en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Unidos no inaplicables localmente, o con las presentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos.” 31 Stat. 79; Tómo 1 L.P.R.A. pág. 32.

Al inaugurarse el régimen estatuido por el Acta Foraker regía en Puerto Rico la Ley de Minas Española de 4 de marzo, 1868 predicada en el principio de que la propiedad de las minas corresponde al Estado, y bajo el mismo no se otorga a los particulares más consideración que la de concesionarios, y nunca la de propietarios. Declaraba en sus artículos inicia-les:

“Artículo l.° Son objeto especial del ramo de minería todas las sustancias inorgánicas, metalíferas, combustibles o salinas, los fosfatos calizos, la baritina, espato flúor y las piedras precio-sas, ya se presenten en filones, ya en capas o cualquier otra forma de yacimiento, con tal que exija su disfrute un ordenado laboreo, bien sea este superficial o subterráneo.
Artículo 2.° La propiedad de las sustancias designadas en el artículo anterior corresponde al Estado, y nadie podrá disponer de ellas sin concesión del Gobierno, otorgada en su nombre por los Gobernadores de las provincias.”

En concordancia con dicha Ley especial regía el Art. 339 del Código Civil Español que ordenaba: Son bienes de domi-nio público:

2.° Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fo-mento de la riqueza nacional, como las murallas . . . fortalezas y demás obras de defensa del territorio ... y las minas, mientras que no se otorgue su concesión.”

También regían los Arts. 426, 427 y 478 del Código Civil Español que ordenaban:

“Art. 426 Todo español o extranjero podrá hacer libremente en terreno de dominio público calicatas o excavaciones que no excedan de diez metros de extensión en longitud o profundidad con objeto de descubrir minerales; pero deberá dar aviso previa-mente a la Autoridad local. En terrenos de propiedad privada no se podrán abrir calicatas sin que preceda permiso del dueño o del que le represente.
Art. 427 Los límites del derecho mencionado en el artículo anterior, las formalidades previas y condiciones para su ejercicio, la designación de las materias que deben considerarse como mine-rales y la determinación de los derechos que corresponden al dueño del suelo y a los descubridores de los minerales en el caso de concesión, se regirán por la Ley especial de Minería.
Art. 478 La calidad de usufructuario no priva al que la tiene del derecho que a todos concede la Ley de Minas para denunciar y obtener la concesión de las que existan en los predios usufruc-tuados, en la forma y condiciones que la misma Ley establece.”
Estos artículos se limitaban a proclamar el principio de las investigaciones de los minerales, remitiendo para el ejercicio de este derecho, la determinación de los minerales y los dere-chos de propiedad y explotación sobre ellos, a la Ley especial de Minería. Bonet y Ramón, Código Civil Comentado, pág. 379, 2da. Ed. 1964.

De este esquema jurídico hasta aquí delineado se proyecta con infundible claridad que las minas yacentes en todo el subsuelo del territorio nacional de Puerto Rico eran parte de su patrimonio, de la riqueza colectiva y común de todos sus habitantes, y que el Acta Foraker ordenó al Gobierno de Puerto Rico preservar para beneficio de este pueblo. El Art. 339 del Código Civil Español destacaba las minas, mientras no se otorgaran en concesión, como bienes de dominio público, pertenecientes privativamente al Estado y destinadas al fomento de la riqueza nacional. Los recursos minerales de Puerto Rico, en virtud del derecho civil común de España, fueron investidos con el carácter de patrimonio nacional inalienable de este país, () ya políticamente definido desde 1897 como pueblo autónomo bajo un régimen constitucional.

Fue en cumplimiento del citado mandato de la Ley Fora-ker que en 1902 se aprobó por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico el Art. 5 del Código Político declarando: “El derecho primitivo y final a todos los bienes inmuebles y mue-bles, dentro de los límites de Puerto Rico, y no pertenecientes a los Estados Unidos, reside en el pueblo de dicho territorio.” 1 L.P.R.A. see. 2.

El Congreso ha sido consecuente en una política pública de dejar los recursos de minería, no en manos particulares, sino en poder del Pueblo de Puerto Rico. Su determinación de con-tinuar el régimen económico español en materia de minería, fundada en que la conveniencia social exige la subordinación de los intereses privados a los intereses generales y colectivos, constituyó una singular y temprana captación de las necesi-dades de desarrollo de un país de reducida extensión geo-gráfica, limitado en sus recursos naturales, así como el reco-nocimiento del principio económico-social de que dentro de estas circunstancias de realidad puertorriqueña la explota-ción de minas por pequeños propietarios dueños de minifun-dios conduce a la anarquía improductiva. () Dicha política pública del Congreso se manifiesta con invariable consisten-cia en el Art. 13 () de la Carta Orgánica de 1900 (Bill Fora-ker); en el Art. 7 de la Carta Orgánica () de 1917 (Bill Jones) y en la Ley Pública 600 de 3 de julio de 1950, que dejó en vigor dicho Art. 7 del Acta Jones incorporado como See. 7 de la Ley de Relaciones Federales. () Este curso de acción seguido por el Congreso ha sido reconocido en nuestra juris-prudencia. Ha dictaminado este Tribunal: “Perteneciendo, pues, las tierras en disputa a la Corona de España, si ésta no se había desprendido válidámente de ellas el 10 de diciembre de 1898 en que se firmó el Tratado de París, es indudable que con arreglo al Art. VIII del Tratado, su propiedad pasó a los Estados Unidos de América. La política seguida por el Con-greso de los Estados Unidos con respecto a los bienes públicos adquiridos por la nación americana de la nación española en la Isla de Puerto Rico, ha sido la de ceder a ésta todos los dichos bienes, con excepción de aquellos que por su naturaleza corresponden al dominio nacional y de los expresamente reser-vados para fines nacionales. Ni en los unos, ni en los otros se encuentran comprendidos los terrenos de que se trata en este pleito. Si algún título, pues, adquirieron sobre ellos Es-tados Unidos, dicho título pasó a El Pueblo de Puerto Rico.” El Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 656, 661-62 (1913). A igual conclusión ha llegado la Corte Federal () en Puerto Rico.

La contención de los demandantes respecto a ser dueños exclusivos de los depósitos minerales en las tierras que retie-nen o enajenaron descansa en una actuación confusa de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 1902 cuando al apro-bar el Código Civil suprimió los Arts. 426, 427 y 478 del Código Civil Español (ante), substituyó el Art. 350 de éste() por el que es hoy Art. 284 (31 L.P.R.A. see. 1115) que dispone:

“El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella y puede hacer en él las obras, planta-ciones y excavaciones que le convengan, salvo las servidumbres legalmente establecidas”;

y enmendó el Art. 478 del Código Civil Español, (), hoy 407 (31 L.P.R.A. see. 1518) que dice:

“La calidad de usufructuario no priva al dueño del terreno del derecho de propiedad que le corresponda en los minerales de todo género que existan en el subsuelo.”

Sin embargo, la Asamblea Legislativa nunca derogó ni enmendó la entonces vigente Ley de Minas Española de 4 de marzo de 1868 reformando la de Minas de 6 de julio de 1859 () (Colección Legislativa de España, Tomo 99, pág. 1044 (Ed. 1868)), y toda vez que dicha legislación especial de minería de España no era incompatible sino acorde con la política pública sobre dichos recursos minerales inaugurada por el régimen norteamericano en Puerto Rico, quedó amparada en su vigencia por la Orden General Núm. 1 de 18 de octubre de 1898, en la que el Gobernador Militar dispuso que las leyes provinciales y municipales, hasta donde afectaren la determinación de derechos privados correspondientes a individuos o propiedades y la sanción por la comisión de delitos criminales, serían mantenidas en todo su vigor, a menos que resultasen incompatibles con el cambio de condiciones realizado en Puerto Rico, y que dichas leyes serían administradas sustancialmente tal como existían antes de la cesión a los Estados Unidos. Historial del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1. Como antes hemos indicado, no eran los artículos del Código Civil derogados en 1902, sino la ley especial de minería la que determina los minerales y los derechos de propiedad y explotación sobre los mismos, incluyendo las servidumbres legales que los viabilizan, que por ser de carácter administrativo, necesariamente remiten para la aplicación a ellas del derecho positivo, a las leyes y reglamentos especiales como fuente de derecho principal o de primer grado, y al Código Civil como derecho supletorio. Art. 486 () del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 1702); Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 4, pág. 834, Séptima Edición (1972); Castán Tobeñas, opus cit Tomo 2, Vol. 2, págs. 109-110, Edición Décima (1965); Scaevola, Código Civil, Tomo 10, págs. 520-521, Quinta Edición (1947). Además de dejar intocada en toda su integridad la Ley de Minas Española, la Asamblea Legis-lativa de 1902 aprobó el Art. 5 del Código Político (hoy 1 L.P.R.A. see. 2) supra, reservando para el pueblo de dicho territorio el derecho primitivo y final a todos los bienes in-muebles y muebles, dentro de los límites de Puerto Rico, y no pertenecientes a los Estados Unidos.

Resulta claro de estos antecedentes legislativos que la aprobación por la Asamblea Legislativa del Código Civil de 1902 y la presentación al Congreso() de los Estados Unidos del Informe de la Comisión Revisora de las Leyes de Puerto Rico, según provisto por la Sec. 40 de la Carta Orgánica de 1900, en nada varió la política pública de mantener los re-cursos minerales de Puerto Rico como propiedad del cuerpo político organizado como “Pueblo de Puerto Rico” y adminis-trados para su beneficio. Cedidas nuestras minas por España a los Estados Unidos en virtud del Art. VIII del Tratado de París y transferidas éstas por el Congreso al Pueblo de Puerto Rico, su Asamblea Legislativa carecía de facultad alguna para donar este patrimonio del Estado, y no invocan los de-mandantes otra fuente de derecho que tal donación, pues ¿qué otro carácter tiene la inocua y súbita declaración del Art. 357 del Código Civil de 1902 de que “el propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella”? Re-cuérdese que el Congreso le encargó a la Asamblea Legislativa administrar esta riqueza pública, no regalarla. Art. 13, Acta Foraker. Ni las propiedades ni los fondos públicos pertene-cientes a un estado organizado pueden regalarse a personas particulares, ni utilizarse para fines privados. Savings & Loan Assoc. v. Topeka, 22 L.Ed. 455, 460-462 (1874); Parkersburg v. Brown, 27 L.Ed. 238, 244 (1882); Ottawa v. Carey, 27 L.Ed. 669, 674-675 (1882); United States v. Butler, 297 U.S. 1, 65-67 (1935); II Cooley, Constitutional Limitations, págs. 1026 y ss. y 1109; II Antieau, Modern Constitutional Law, sec. 12:58, págs. 309-310.

La legislación española sobre minas, por las razones antes dichas, no sufrió interrupción en su vigencia con el cambio de soberanía instaurado por el Tratado de París, integrándose con todo vigor a la política pública de los Estados Unidos en Puerto Rico y rigió el campo especial de la minería hasta la primera intervención con la misma por la Asamblea Legislativa mediante Ley Núm. 9 de 18 de agosto de 1933 titulada “para enmendar y reenactar la ley española de minas de 6 de julio de 1859, reformada por la de 4 de marzo de 1868”, que en su artículo 1 (28 L.P.R.A. sec. Ill) ratifica el principio de dominio público: la propiedad de las substancias del ramo de minería corresponde a El Pueblo de Puerto Rico. Este artículo ha sido renumerado como 1A y en su texto presente reitera que la propiedad de los minerales económicos que se encuentren en el suelo y el subsuelo de Puerto Rico corresponde al Estado Libre Asociado.

Ningún derecho tienen los demandantes a los yacimientos de minerales en las tierras que posean o hayan enajenado.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Hugo Grocio, Del Derecho de la Guerra y de la Paz, Tomo 2, pág. 148, versión española por Torrubiano Ripoll, Ed. Reus (1925).

      (2)No obstante su condición de persona emergente en el plano interna-cional y la garantía inserta en el Real Decreto de que una vez aprobada la Constitución para las Islas de Cuba y Puerto Rico “no podrá modificarse sino en virtud de una ley y a petición del Parlamento insular”, Puerto Rico no fue parte en el Tratado de París. Carta Autonómica de 1897, Art. 2 o de los Adicionales.

      (3) Según el texto del Art. VIII del Tratado de París de 1898, “España renuncia en Cuba y cede en Puerto Rico . . . todos los edificios, muelles, cuarteles, fortalezas, establecimientos, vías públicas y demás bienes inmue-bles que con arreglo a derecho son del dominio público, y como tal corres-ponden a la Corona de España.” Declaraba el Art. 339 del Código Civil Español:
      “Son bienes de dominio público:
      “Io Los destinados al uso público, como los caminos, canales, ríos, to-rrentes, puertos, y puentes construidos por el Estado, las riberas, playas, radas y otros análogos.
      “2o Los que pertenecen privativamente al Estado, sin ser de uso común, y están destinados a algún servicio público o al fomento de la riqueza na-cional, como las murallas, fortalezas y demás obras de defensa del territorio y las minas, mientras que no se otorgue su concesión.”

        Cf. El Pueblo v. Dimas et al., 18 D.P.R. 1061, 1072 (1912).

      (4)Es regla general de derecho público que en cambios de soberanía de una nación a otra las leyes municipales del país, las que tienen por objeto protección de derechos privados, continúan vigentes hasta que . . . por acción expresa del nuevo gobierno sean alteradas o derogadas. Chicago, Rock Island R.R. Co. v. McGlinn, 114 U.S. 546 (1885); Ex Parte Bird, 5 D.P.R. 247, 251 y ss. (1904); Marimón contra Pelegrí, 2 D.P.R. 331, 342 (1902).
      Por Orden General Núm. 1 de 18 de octubre de 1898 expedida por el Gobernador Militar norteamericano se dispuso que las leyes provinciales y municipales, hasta donde afectaren la determinación de derechos privados correspondientes a individuos o propiedades “. . . serían mantenidas en todo su vigor a menos que resultasen incompatibles con el cambio de condiciones realizado en Puerto Rico. A pesar de hacer reconocimiento expreso de este principio, el Congreso de los Estados Unidos siempre ha calificado las minas de Puerto Rico como ‘bien público’. ”

      (5) xi “Tampoco el patrimonio, cuyos frutos son destinados para sus-tentar las cargas de la república o de la dignidad real, puede ser enajenado por los reyes ni en todo ni en parte. Pues tampoco en esto tienen mayor derecho que el fructuario. Ni admito la excepción de si la cosa vale poco, porque lo que no es mío no tengo derecho a enajenarlo ni en mínima parte. . . .” Hugo Grocio, Del Derecho de la Guerra y de la Paz, Tomo 2, pág. 74, Ed. Reus (1925).
      Por dominio particular del Estado “entiende el que a éste compete sobre aquellas cosas destinadas a su servicio, o sea, a la satisfacción de sus necesidades colectivas, y no al uso común, cosas de las que dispone como los particulares de las que constituyen su patrimonio: tales son, entre otras muchas, los montes, minas, arsenales, fortalezas y edificios militares.” Rubert Armstrong v. E.L.A., 97 D.P.R. 588, 620 (1969).

      (6)Este principio de utilidad pública que Castán identifica como limi-taciones de la propiedad por el Derecho Público (Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 2, Vol. 1, pág. 161 y ss., Ed. 10a (1971)) ha sido objeto de notable síntesis por el Prof. Guaroa Velázquez al comentar:
      “De atenernos sólo al artículo 284 [31 L.P.R.A. see. 1115] parecería que el propietario de la superficie es igualmente propietario de los yaci-mientos mineros situados en el subsuelo del fundo. Tal era la solución que imperaba en una época en todos los países, a todas luces incompatible con el interés general. Es una verdad enseñada por la experiencia, que la explo-tación de las minas, para hacerse fructuosamente y con seguridad suficiente para los obreros, exige capitales considerables. Además, su explotación no puede soportar, sin grave daño, la partición resultante de la división de la propiedad del suelo. Por otra parte, conviene al Estado que las minas sean explotadas en condiciones ventajosas. En efecto, la riqueza minera de un país constituye uno de sus principales recursos, indispensable a la prosperidad de su industria, y, con frecuencia, asimismo, a la defensa nacional. El dere-cho superior de la colectividad no es, pues, en este caso, conciliable con las consecuencias lógicas extremas del concepto de la propiedad individual. De ahí que se promulgara en España la Ley de Minas del 6 de julio de 1859, reformada por la del 4 de mayo de 1866, la que ha sido adoptada en Puerto Rico por ley de 18 de agosto de 1933. Tal disposición aporta una atempera-ción substancial al artículo 284 del Código Civil.” Los Derechos Reales Principales, págs. 82-83, Ed. 1937.

      (7) Art. 13. Bienes públicos.

      “Que todas las propiedades que puedan haber adquirido en Puerto Rico los Estados Unidos por la cesión de España en dicho Tratado de Paz, en puentes públicos, casas camineras, fuerza motriz de agua, carreteras, co-rrientes no navegables, y los lechos de las mismas, aguas subterráneas, minas o minerales bajo la superficie de terrenos particulares, y toda propie-dad que al tiempo de la cesión pertenecía, bajo las leyes de España en-tonces en vigor, a las varias Juntas de Obras de Puertos de Puerto Rico, y todas las orillas de los puertos, muelles, embarcaderos y terrenos saneados, pero sin incluir la superficie de los puertos o aguas navegables, por la presente quedan bajo la dirección del Gobierno establecido por esta Ley, para ser administrados a beneficio de El Pueblo de Puerto Rico; y la Asam-blea Legislativa creada por la presente, tendrá autoridad para legislar res-pecto a todos esos asuntos, según lo estimare conveniente, con sujeción a las limitaciones impuestas a todos sus actos.” 31 Stat. 80; Tomo 1 L.P.R.A. págs. 35-36.

      (8)Art. 7. Bienes Públicos; traspasos entre los Estados Unidos y Puerto Rico.

      “Toda propiedad que hubiere sido adquirida en Puerto Rico por los Estados Unidos, en virtud de la cesión hecha por España en el tratado de paz celebrado el día 10 de diciembre de 1898, en puentes públicos, casas camineras, fuerza motriz de agua, carreteras, corrientes no navegables y lechos de las mismas, aguas subterráneas, minas o minerales bajo la super-ficie de terrenos particulares; toda propiedad que al tiempo de la cesión pertenecía, en virtud de las leyes de España entonces en vigor, a las dife-rentes juntas de obras de puertos de Puerto Rico; todas las orillas de los puertos, muelles, embarcaderos, terrenos saneados y todos los terrenos y edificios públicos no reservados hasta ahora por los Estados Unidos para fines públicos, quedan por la presente bajo el dominio del Gobierno de Puerto Rico, para ser administrados a beneficio del Pueblo de Puerto Rico y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico tendrá autoridad, con sujeción a las limitaciones impuestas a todas sus leyes, para legislar respecto a todos esos asuntos según lo estimare conveniente . . . .” 39 Stat. 954; Tomo 1 L.P.R.A. pág. 85.

      (9)64 Stat. 319; Tomo 1 L.P.R.A. pág. 200.

      (10)En el caso de Ligia C. Brady v. United States Government et als., Civil Núm. 74-357, el 13 de junio de 1974 su Juez Presidente Sr. José V. Toledo dictó la siguiente resolución:
      “Title to mineral deposits within Puerto Rico has always been a part of public domain; the transfer by treaty of said title from one sovereign to another and leading to passage of the present law of mines, Title 28, Laws of Puerto Rico Annotated, Section 111 (1933), wherein title is vested in the Commonwealth of Puerto Rico was, therefore, never violative of plaintiff’s constitutional rights. Furthermore, the Law of Mines, Section 115(1), Paragraph 4, subjects condemnation proceedings to the General Law of Eminent Domain considered an attribute of sovereignty. Green St. Ass’n v. Daley, 373 F.2d 1, cert. denied 87 S.Ct. 2054. Accordingly, plaintiff’s motion for convening of a three judge court is hereby denied for lack of substantiality and the case is hereby dismissed.
      IT IS SO ORDERED.”
      Desde el año 1904 hay una posición doctrinaria de este Tribunal Supremo cuando al aceptar los fundamentos de derecho de la sentencia ape-lada, incorporó en su opinión un “Considerando” del Tribunal de Distrito de San Juan en que se sostiene “que el derecho positivo vigente de minería está basado en el sistema de dominio eminente del Estado, limitado por la concesión que se hace al superficiario, de las sustancias minerales adheridas al suelo . . . .” Del Toro v. El Pueblo, 7 D.P.R. 517, 522 (1904).

      (11)Art. 350, Código Civil Español
      “El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella, y puede hacer en él las obras, plantaciones y excava-ciones que le convengan, salvas las servidumbres, y con sujeción a lo dis-puesto en las Leyes sobre minas y aguas y en los Reglamentos de policía.”

      (12)Art. 478, Código Civil Español
      “La calidad de usufructuario no priva al que la tiene del derecho que a todos concede la Ley de Minas para denunciar y obtener la concesión de las que existan en los predios usufructuados, en la forma y condiciones que la misma Ley establece,”

      (13)La Ley de Minas de 1859 se hizo extensiva a Puerto Rico por Real Orden de 13 de octubre de 1863 dirigida al Gobernador Superior Civil de Puerto Rico. Joaquín Rodríguez San Pedro, Legislación Ultramarina, Tomo 5, pág. 105, Ed. 1866.

      (14)Intocado por la Legislatura de 1902 que lo incorporó al Código Civil de ese año con el Núm. 557 (igual al Art. 550 Esp.) ordena este Art. 486:
      “Todo lo concerniente a las servidumbres establecidas para utilidad pública o comunal se regirá por las leyes y reglamentos especiales que las determinan, y en su defecto, por las disposiciones de la presente parte.” 31 L.P.R.A. see. 1702.

      (15)No aparece que el Congreso tomara otra acción en relación con este Informe que la autorización para que se imprimieran copias del mismo. Resolución Conjunta de 7 de marzo de 1902 (32 Stat. Part 2, pág. 1765), Muñoz Morales, Reseña Histórica y Anotaciones al Código Civil de Puerto
        Rico, Libro I, pág. 19, Ed. Universidad (1947). Sí consta una ratificación por el mismo 57° Congreso de su política de bienes públicos en Puerto Rico, cediendo al Gobierno de la Isla toda propiedad que allí tuvieran los Estados Unidos (con reserva de la necesaria para propósitos nacionales) para ser tenida y administrada para uso y beneficio del pueblo. 32 Stat. Part 1, pág. 731.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Cancel Peraza y Wilfredo Salamán Tirado, acusados y apelantes.

      Número: CR-76-144

      Resuelto: 13 de mayo de 1977

      Benigno Alicea Alicea, abogado de los apelantes; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

Contra los aquí apelantes se formularon acu-saciones por asesinato en primer grado, ataque para cometer asesinato, robo, e infracciones a los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas. Se basaron las acusaciones en sucesos ocurridos la tarde del 23 de diciembre de 1974. Para sostenerlas, el Minis-terio Público presentó el testimonio de Doris Nieves Echeva-rría como única testigo presencial de los sucesos. Lo resumi-mos a continuación.

Doris, quien a la sazón contaba 17 años, y su novio Luis Edgardo Torres Dávila, se encontraban dentro de un auto-móvil que él conducía y que estacionó al final de una calle sin salida de una urbanización en construcción. Conversaban y se besaban, cuando de entre unos matorrales salieron tres individuos. Uno, nombrado Abelardo, portaba un revólver. Este se dirigió a Luis por el lado del volante del auto. Los otros dos avanzaron hacia el lado derecho, en que se encon-traba Doris. Estos dos son los aquí apelantes, Wilfredo Sala-mán Tirado y Rafael Cancel Peraza, cuya identificación no se disputa. Abelardo ordenó a Luis y Doris que se desmon-taran, lo que éstos hicieron. Por indicaciones de Abelardo, mientras apuntaba hacia Doris con el revólver, Salamán y Cancel despojaron a Doris de su reloj pulsera y a Luis de su billetera. Cuando esto ocurrió Doris y los apelantes se habían movido al otro lado del carro. Indicó además Abelardo a sus dos acompañantes que quitaran la batería al carro y se lleva-ran la caja de herramientas.

Abelardo preguntó a Luis que de dónde eran él y Doris y éste contestó que de San Martín. Luis preguntó entonces si ellos — los asaltantes — eran de Saint Just. Ante esa pregunta, Abelardo miró a sus compañeros Salamai, y Cancel, luego miró a Luis y dijo, “a este hay que liquidarlo.” Ni Cancel ni Salamán protestaron. Acto seguido Abelardo disparó dos tiros contra Luis, éste cayó a tierra, y Abelardo le acercó el arma a la cabeza y lo ultimó de un tercer disparo. Entonces disparó hacia Doris. Ella se metió dentro del automóvil y allí Abe-lardo le hizo un segundo disparo que le rozó la cabeza. Ella cayó acostada en el asiento y él le hizo un tercer disparo por el costado derecho, que le interesó un seno. Se dispuso entonces Abelardo a tener relaciones sexuales con Doris y llegó a qui-tarle los pantalones que ella vestía, pero en eso se sintió el motor de un auto que se acercaba y los tres se dieron a la fuga, internándose en los matorrales de donde habían salido.

Doris pudo identificar positivamente a sus tres asaltantes varios días después, primero por fotografías y luego en rueda de detenidos. Abelardo, por ser menor de edad, fue procesado separadamente de los aquí apelantes. Estos han recurrido a nos en apelación contra las sentencias que les fueron impues-tas. Alegan que erró el tribunal sentenciador, (1) al per-mitir que la acusación por asesinato se enmendara el 5 de junio de 1975 para alegar que los apelantes actuaron en con-cierto y de común acuerdo entre sí y con otra persona, que actuaron con deliberación y que al acometer y agredir al hoy interfecto con la intención de matarlo lo hicieron en la comi-sión de un delito de robo; ( ) (2) al permitir que en ese mismo sentido se enmendaran las acusaciones por ataque para come-ter asesinato y por las dos infracciones a la Ley de Armas, cuyas enmiendas se hicieron al terminar la prueba de cargo; (3) al declarar a los apelantes culpables sin que se probara más allá de duda razonable que actuaban en común acuerdo con una tercera persona; y, (4) al declararles culpables de asesinato en primer grado a base de la llamada felony murder rule sin que la prueba estableciese que la muerte ocurriera “como consecuencia del robo perpetrado” o que hubiera “par-ticipación directa de los imputados en los actos conducentes al asesinato.” Ninguno de los alegados errores se cometió.

Respecto al primero, la enmienda se produjo al llamarse los casos para juicio el 5 de junio de 1975. Los apelantes dieron por leída la acusación enmendada y ratificaron su alegación de inocencia. No se les celebró juicio ese día, haciéndose un nuevo señalamiento para el 1 de julio de 1975, fecha en que comparecieron, nuevamente dieron por leídas las acusaciones, ratificaron la alegación de inocencia, y renunciaron a ser juzgados por jurado, renuncia que les fuera aceptada por haber sido hecha voluntariamente y con pleno conocimiento de su significado. No alcanzamos a comprender cómo bajo tales circunstancias pueda imputarse error.

El segundo planteamiento se basa en que al terminar la prueba de cargo y solicitar el abogado de los apelantes que se les absolviera por una argumentada incongruencia entre la prueba y las alegaciones, el fiscal solicitó y el tribunal le concedió permiso para dar por enmendadas las acusaciones por ataque para cometer asesinato, robo y por infringir la Ley de Armas, para alegar, conforme a la prueba desfilada, que los apelantes actuaron en concierto y común acuerdo entre sí y con una tercera persona. El tribunal resolvió el planteamiento mediante resolución escrita que nos negamos a revisar en el recurso 0-75-360. Su resolución estuvo correctamente basada en la Regla 38(d) de las de Procedimiento Criminal.() No se trataba de una enmienda que introducía a las acusaciones algún elemento que afectaba substancialmente los derechos de los acusados. A lo más que tenían derecho era que se les concediera tiempo para tratar de controvertir ese nuevo elemento, y el tribunal en este caso les concedió un re-ceso por un término que efectivamente se extendió a más de dos meses. () No había necesidad de celebrar nuevo acto de lectura de acusación. No era sorpresa para los apelantes la prueba de que actuaron en concierto y común acuerdo con una tercera persona pues así se alegó en la acusación de asesinato enmendada el 5 de junio de 1975. Todas las acusaciones se referían a hechos ocurridos en una misma fecha — 23 de diciembre de 1974 — , en un mismo sitio — Río Piedras — , y se anunciaba para todas ellas la misma prueba testifical.

Alegan los apelantes que de haberse celebrado una nueva lectura de acusaciones hubiesen podido, en vista de la prueba, solicitar juicio por jurado, a que habían renunciado. Eso es correcto. Pero olvidan que ello no aplicaría para la acusación por asesinato en primer grado, que es el más grave de todos los delitos que se les imputaban. Ellos renunciaron expresa y válidamente a juicio por jurado frente a la acusación en-mendada por el asesinato, en que se alegaron por vía de en-mienda los mismos hechos que se adicionaron a las otras acu-saciones para ajustarlas a la prueba. Parece fútil que estén dispuestos a consentir ser juzgados por el juez en la causa por asesinato y por jurado en los casos por ataque para come-ter asesinato, robo, e infracción del Art. 8 de la Ley de Armas. El apuntamiento de error es evidentemente inmeritorio. Con-ceder un nuevo acto de lectura de acusaciones hubiese sido en estos casos contrario al principio enunciado en Pueblo v. González, 97 D.P.R. 541 (1969), de interpretar la Regla 38 para asegurar, además de una tramitación justa y de evitar dila-ciones y gastos injustificados, lograr liberalidad y flexibilidad en los procedimientos criminales.

Los dos apuntamientos finales van dirigidos a la prueba. Se pretende separar los sucesos ocurridos aquella tarde de víspera de Nochebuena del 1974 en dos episodios separados: primero, el robo, y segundo, el uso del revólver para matar y sus resultados. En cuanto al primero, pretenden los apelantes que no se probó el designio común de ellos y de Abelardo de robar. Pretenden que se vieron precisados a despojar a Luis y a Doris de sus pertenencias porque se los ordenó Abelardo a punta de revólver. Para eso, debemos ignorar que salieron juntos de entre los matorrales, que mientras Abelardo se acercó a Luis por el lado del volante los apelantes hicieron lo mismo respecto a Doris por el otro lado, y bastó la indicación de Abelardo para proceder a quitarles a sus víctimas el reloj y la billetera. Los apelantes parece que nos suponen ser muy cándidos. El designio común no tiene que probarse con prueba directa. Las actuaciones de los tres confirman la existencia del plan de robar, como robaron, a sus víctimas.

La aplicación del Art. 201 del Código Penal vigente cuando ocurrieron los hechos delictuosos que aquí nos ocupan —33 L.P.R.A. see. 633 () — que estatuye en esta jurisdicción la llamada felony murder rule es de inescapable aplicación a los apelantes. El incidente de los disparos fue en este caso parte inseparable de todo el suceso que se inició cuando los tres sujetos decidieron salir del lugar entre malezas desde el cual acechaban a la pareja de novios, y armados los tres del revólver que uno portaba, les robaron. Matar a Luis y a Doris — liquidarlos, en palabras de Abelardo — era parte del robo perpetrado, pues fue la manera escogida para silenciar-los y proteger su identidad. La mirada de Abelardo a sus compinches al decir que había que liquidar a la víctima no halló repulsa en los apelantes. Salvo un tímido pedido del coacusado Cancel a Abelardo de que dejara a la muchacha quieta, héchole cuando ya Abelardo había ultimado a Luis, había herido a Doris y se disponía a saciar sus instintos ani-males en aquella joven ya herida e indefensa, no hubo la más leve conducta de los apelantes que pueda interpretarse como que se desligaron del propósito inicial y para escapar a sus consecuencias. De hecho, se marcharon los tres juntos, no por haber desistido sus propósitos y sí ante el temor de ser sor-prendidos por los ocupantes del auto que se acercaba.

Creemos que no hay que decir más. Las sentencias deberán ser confirmadas.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)La acusación originalmente presentada omitía lo que hemos subra-yado, que es lo adicionado en la acusación enmendada.

      (2) Dicho inciso (d) de la Regla 38 dispone:

        “(d) Incongruencia entre las alegaciones y la prueba. El tribunal podrá permitir enmiendas a la acusación, a la denuncia o a un escrito de especificaciones en cualquier momento antes de la convicción o absolución del acusado, en caso de que hubiere incongruencia entre estas alegaciones y la prueba. La incongruencia o desacuerdo entre las alegaciones y la prueba no será fundamento para la absolución del acusado; pero el tribunal, siem-pre que el acusado no se opusiere, deberá posponer el juicio si es de opinión que los derechos sustanciales del acusado se han perjudicado, para cele-brarlo ante otro jurado o ante el mismo tribunal si el juicio no fuere por jurado, y según el tribunal determinare.
      “Si la incongruencia o desacuerdo es de tal naturaleza que la prueba estableciere un delito distinto del imputado, no incluido en éste, o estable-ciere la comisión de un delito fuera de la competencia del tribunal, se de-berá disolver el jurado y se sobreseerá el proceso.”

      (3)En corte abierta el 2 de julio el tribunal anunció su resolución en que desestimaba los planteamientos, y decretó un receso de tres semanas para que los acusados recurrieran a este Tribunal si lo deseaban, lo cual hicieron, y no fue hasta el 22 de septiembre que se reanudó la vista de los casos, luego de nuestra resolución de 3 de septiembre en que nos nega-mos a expedir auto de certiorari.

      (4) “Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho, o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, rapto, robo, asalto, o mutilación constituye asesinato de primer grado; siendo de segundo grado todos los demás.”


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Nilda Soto de Bernier, Inspectora de Protocolos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, peticionaria, v. Gaspar Rivera Cestero, etc., demandado y recurrido.

      Número: O-75-509

      Resuelto: 19 de mayo de 1977

      Govén D. Martínez Suris, Director Inspección de Notarías, aboga-do de la peticionaria; Gaspar Rivera Cestero, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Al inspeccionar la obra del Notario Don Gaspar Rivera Cestero, la Inspectora de Protocolos Nilda Soto de Bernier pretendió hacer constar en el protocolo correspondiente al año 1970 lo siguiente: “que todas las escrituras están correc-tas excepto que en la escritura #11 de 19 de agosto de 1970, el esposo hace una donación a la esposa contrario al art. 1286 del Código Civil de Puerto Rico, [] (31 L.P.R.A. See. 3588).” El Notario se opuso negándole facultad a la inspectora para consignar tal apreciación.

Habiendo surgido una discrepancia de criterios en cuanto al ámbito de la función de la inspectora, () ésta acudió al Tribunal Superior de acuerdo con lo preceptuado en el Art. 38 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1038. Prevaleció el nota-rio determinando el tribunal que: “No tiene la inspectora en este caso facultad alguna para consignar en el protocolo una nota como pretendía, a los efectos de que la escritura de dona-ción que dio origen a la presente divergencia viola una dispo-sición del Código Civil. Tal nota no versaría sobre la condi-ción o estado del protocolo sino sobre la validez substantiva de un instrumento público.” A petición de la inspectora accedi-mos revisar.

¿Procedía hacer constar en el protocolo del notario que la donación consignada en la escritura Núm. 11 de 19 de agosto de 1970 era contraria a lo preceptuado en el Art. 1286 del Código Civil?

En su parte pertinente dispone la See. 38 de la Ley Notarial :

“Si durante el curso del examen surgiera cualquier divergen-cia de criterio entre el inspector de protocolos y el notario, en re-lación con la forma y manera de llevar éste sus protocolos y registros de afidávits, o con respecto al cumplimiento de cual-quiera de las otras disposiciones de este Capítulo o de cualquiera otra ley de Puerto Rico, incluyendo las de arancel notarial, el inspector deberá hacerlo constar en su informe haciendo una breve exposición de los hechos y de las razones en que se funda la con-troversia, y dicho informe será remitido a la sala del Tribunal Superior del lugar en que ejerza el notario para que oyendo al inspector y al notario resuelva la controversia, pudiendo su reso-lución revisarse por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari interpuesto dentro de diez (10) días después de noti-ficado.”

Consigna la Ley Notarial que la gestión del inspector de protocolos debe concentrarse en el estado en que ha encontrado el protocolo examinado debiendo constar en su informe el estado de conservación de los protocolos, si aparecen adheridos en la matriz de los instrumentos los sellos de rentas internas, y si en el otorgamiento de los documentos se han cumplido los postulados de la Ley Notarial al igual que las disposiciones de cualquier otra ley aplicable. Esta última frase ex-pande el ámbito de la labor de inspección del inspector de protocolos pues éste deberá también velar porque el notario cumpla con otros preceptos de ley. Ahora, estas disposiciones adicionales cuyo cumplimiento debe velar, serán aquellas que se relacionen en forma y solemnidad con la función notarial y no con claros aspectos de derecho sustantivo. Así el inspector consignará, entre otras observaciones, si en la escritura investigada no se ha hecho constar la hora en que se otorgó un testamento abierto, (Art. 645 Código Civil); si los testigos de este tipo de testamento no son idóneos, (Art. 644); si al otorgar el notario el testamento abierto o cerrado no ha cum-plido con las formalidades exigidas por el Código (Arts. 649 y 657); si el notario no ha consignado en la escritura los re-quisitos enumerados en la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, (31 L.P.R.A. see. 1292); si el notario no ha cumplido con la Ley de Arancel Notarial, (4 L.P.R.A. sees. 851 a 853), etc.

Se hace énfasis en la legislación notarial española que en la inspección a las notarías se corregirán aspectos formales establecidos por el Reglamento Notarial vigente de 2 de junio de 1944. Expresa el Art. 305 de dicho Reglamento que:

“Las Juntas Directivas de los Colegios por medio de uno de sus individuos o de alguno de los colegiados, podrán girar visitas de inspección a las notarías y archivos del mismo Colegio, a fin de corregir los defectos u omisiones subsanables en la manera de escribir y conservar los instrumentos y protocolos y uniformar la práctica, asegurándose del exacto cumplimiento de las obliga-ciones notariales en todo el territorio e imponiendo la correc-ción establecida en el artículo 342.” () Título Cuatro, Capítulo IV, Sección 2a, Art. 305.

Como expresa Argentino I. Neri, “Una función de estricta subordinación a la ley, como es la relativa a la inspección de los protocolos, debe juzgarse delicada, pues cabe destacar que la misión del inspector no es la de ‘limitarse a verificar sola-mente el aspecto formal del instrumento’ matrizado, sino igualmente la de ‘tender a comprobar el cumplimiento es-tricto de todas las obligaciones notariales’, en particular modo de ‘todas aquellas que se vinculan con el decoro profesional, la eficacia de los servicios notariales y el respeto a los princi-pios de ética profesional a que hace referencia el Reglamento notarial’. Señalando el alto grado de importancia de este co-metido moralizador, fiscalizante y reprimente de la incon-ducta profesional que el Colegio y el inspector deben cumplir in solidum, Yorio ha expresado que ‘la incorporación de esta delicada misión, por su naturaleza y por la responsabili-dad que importa para el Colegio de escribanos, ha tenido por finalidad que su intervención signifique una acción beneficiosa para el prestigio de la institución notarial y constituya una garantía real de la eficiente y correcta actuación de los cole-giados en el desempeño y cumplimiento de las obligaciones que imponen las leyes y reglamentaciones para el ejercicio de la fe pública notarial’.” Tratado Teórico y Práctico de Derecho Notarial, Vol. 4, Ed. 1971, págs. 114-115.

Al contraer matrimonio, los otorgantes de la escritura de donación que nos ocupa establecieron un régimen de estricta separación de bienes. El propósito de la escritura de donación era hacer que un apartamiento que iba a adquirir el esposo fuese propiedad de ambos cónyuges. Para lograr este propósito el Dr. Víctor Rivera donó a su esposa la mitad de lo que había invertido en la compra del condominio, $4,983.78 1/2. La determinación de la modicidad de esta donación competía exclusivamente a los tribunales, por ser ésta un área de derecho sustantivo. Refiriéndose a este aspecto del Art. 1334 del Código Civil Español, equivalente al 1286 nuestro, Scaevola expresa:

“Por consiguiente, siempre habrá que dar por supuesto que la modicidad a que alude el precepto ha de ser un punto de hecho de la exclusiva competencia del Tribunal sentenciador, cuando el caso se presente en forma de contienda judicial; y en toda ocasión, aun tratándose de fortunas espléndidas, más que a tal entidad módica, debe atenderse a si la liberalidad excede del límite, o sea la décima parte de los bienes presentes que señala el artículo 1.331 para las donaciones de los desposados en las capitulaciones matrimoniales.” (Énfasis nuestro.)

('Código Civil, Tomo XXI, Ed. 1967, pág. 373). Véase tam-bién Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Vol. 4, 4ta. ed. 1972, pág. 221; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo IX, ed. 1969, pág. 311.

Es claro que la Inspectora se excedió en sus facultades al pretender consignar en el protocolo correspondiente al año 1970 del Notario Don Gaspar Rivera Cestero la observación de que la donación establecida en la escritura Núm. 11 del 19 de agosto de 1970 era contraria al Art. 1286 del Código Civil.

Se deberá extender nota de aprobación del protocolo para el año 1970 del Notario Don Gaspar Rivera Cestero.

Se confirmará la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) El Art. 1286 del Código Civil expresa:
      “Será nula toda donación entre los cónyuges durante el matrimonio.
      “No se incluyen en esta regla los regalos módicos que los cónyuges se hagan en ocasiones de regocijo para la familia.”

      (2) Así dispone en su parte pertinente dicho artículo:
      “Los inspectores de protocolos actuarán bajo la dirección del Juez Presidente y desempeñarán los deberes y obligaciones que éste les asigne, debiendo pasar visita una vez por lo menos cada año, a todas las notarías, a cuyo efecto los notarios pondrán a disposición de cualquiera de ellos en su oficina notarial, para su examen los protocolos y los registros de afidávits, todos los días laborables de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Terminada la inspección de protocolos de un notario, el inspector consignará en una breve diligencia bajo su firma y a continuación de la última escri-tura en cada tomo de los protocolos examinados el estado en que los ha en-contrado, haciendo constar la fecha de la inspección. Una vez terminada ésta, el inspector rendirá un informe por escrito al Juez Presidente en el que hará constar el resultado de su examen, el estado de conservación de los protocolos, si éstos son guardados de acuerdo con la ley, si se cumplen en el otorgamiento de los documentos que los integran las disposiciones de este Capítulo y las de cualquier otra ley aplicable, y si en la matriz de los instrumentos protocolizados aparecen adheridas y canceladas las estampillas de rentas internas correspondientes a la cuantía de derecho que debe de-vengar el Estado Libre Asociado de Puerto Rico computados de acuerdo con el arancel notarial y el correspondiente sello notarial del Colegio de Abogados de Puerto Rico.”

      (3)E1 Art. 342 del “Reglamento” supra, reza así:
      “El apercibimiento se hará por escrito y constará en el expediente del notario.
      “La multa no podrá exceder de 1.000 pesetas cuando se imponga por las Juntas directivas, ni de 5.000 cuando sea impuesta por el Ministro de Justicia, como superior jerárquica del Notariado, o por la Dirección General.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Ckuz Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Alvaro Calderón Acosta y Carmen Mongil de Calderón, demandantes y recurrentes, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrido.

      Número: R-77-90

      Resuelto: 19 de mayo de 1977

      Calderón, Rosa Silva & Vargas y David Rivé Rivera, abogados de los recurrentes; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Ckuz

emitió la opinión del Tribunal.

Los Arts. 1 y 2 de la Ley Núm. 60 de 20 de junio de 1958 (13 L.P.E.A. sees. 597, 598) disponen:

Art. 1. — “Por la presente y previo el trámite que más ade-lante se dispone quedan exentas del pago de contribuciones terri-toriales aquellas propiedades total o parcialmente afectadas por el mapa oficial, aprobado por la Junta de Planificación a tenor con las secs. 11 y 19 del Título 23; así como aquellas incluidas dentro de un distrito ‘P’ de un mapa de zonificación y dentro de cualesquiera proyectos de mejoras públicas en áreas zonificadas debidamente aprobadas que requieran la compra o expropiación de dichos solares para la realización de dichos proyectos.”
Art. 2. — “El dueño de una propiedad afectada según se dis-pone anteriormente, podrá presentar al Secretario de Hacienda una solicitud para acogerse a los beneficios de las sees. 597 a 603 de este título, acompañada de una certificación de la Junta de Planificación en la cual se exprese la parte del solar afectado por el mapa oficial o que radique dentro de un distrito ‘P’ o dentro de cualesquiera proyectos de mejoras públicas como los antes mencionados. La Junta de Planificación notificará al- dueño de una propiedad afectada sobre los derechos que le concede la pre-sente ley.
Para poder disfrutar el dueño de la propiedad afectada de tales beneficios, el contribuyente deberá radicar con el Secretario de Hacienda la solicitud de exención contributiva dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de dicha notificación, o dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la notifica-ción de la imposición contributiva sobre la propiedad afectada, cual de las dos situaciones ocurra primero.”

A los recurrentes les fue congelada una propiedad inmue-ble en mayo de 1965 al ser incluida dentro de un distrito “P” de un mapa de zonificación por la Junta de Planificación la cual nunca notificó a los dueños del terreno afectado por dicha determinación. Cuando nueve años más tarde, el 1ro. de no-viembre de 1974, la Administración de Terrenos adquirió la referida propiedad para uso público por precio de $425,000.00, retuvo $9,808.12 por concepto de contribuciones territoriales impuestas a la propiedad en cuestión y adeudadas por los años en que estuvo la propiedad afecta por la referida clasificación “P”. Los recurrentes pagaron todas las contribuciones que demandaba el Secretario de Hacienda e instaron solicitud de reintegro fundada en 13 L.P.R.A. see. 598. El pleito fue sometido en instancia con la siguiente estipulación:

“Que cada año envuelto en este caso, el demandado Secretario de Hacienda notificó las contribuciones y que el contribuyente no solicitó la exención dentro de los treinta (30) días de la noti-ficación y que la notificación remitida por el Secretario de Hacienda no contenía información indicando que la propiedad estaba zonificada para ese año en particular, por la Junta de Planifica-ción como Zona ‘P’.”

Tanto el contribuyente como el Secretario solicitaron sen-tencia sumaria y el Tribunal Superior la dictó a favor del Gobierno resolviendo que era tardía la reclamación de exen-ción que debió formular el contribuyente “dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de la notificación de la imposi-ción contributiva sobre la propiedad afectada.” (13 L.P.R.A. see. 598, supra.)

Expedimos orden para mostrar causa considerando que de los hechos admitidos y probados el contribuyente recurrente nunca tuvo notificación ni aviso de la congelación de su propiedad bajo clasificación “P” por lo que no surgió fecha para cómputo del término dentro del cual puede reclamar su derecho a reintegro. El informe del Procurador General intenta sostener las premisas erróneas que prevalecieron en instancia: que toda vez que esta exención es una gracia legislativa, corresponde al contribuyente a quien Planificación no le notifica la congelación de su propiedad, iniciar por su cuenta averiguaciones periódicas de modo que pueda reclamar exención dentro de los 30 días siguientes a cada notificación anual de que hay un recibo al cobro en Colecturía. La exención concedida por 13 L.P.R.A. see. 597 no es tal gracia ni privilegio. Es una parcial compensación del perjuicio económico derivado de la congelación que de hecho saca la propiedad del libre comercio de los hombres. “Una clasificación ‘P’ constituye casi una total congelación. El propietario no puede utilizarlo durante el tiempo que esté así clasificado. Suena casi a una expropiación aunque sin compensación. Parece que el poder de policía del Estado se funde en el de expropiación. Urge ya que las autoridades correspondientes le presten su atención a estas inequidades en el sistema vigente de clasificación de terrenos con miras a corregirlas en bien de una sana administración pública.” Heftler International, Inc. v. Junta de Planificación, 99 D.P.R. 467, 474-75 (1970).

Por ser la exención contributiva un derecho y alivio concedido a quien sufre la dicha clasificación “P”, su reclamación no caduca mientras no se le notifique cumplidamente que su propiedad ha sido afectada. La omisión por la Junta de notificar al dueño “sobre los derechos que le concede la presente ley” (13 L.P.R.A. see. 598) y la falta de tal aviso en los de imposición contributiva no debe ni puede generar la ca-ducidad de tales derechos. El debido proceso de ley usualmente se inicia con una notificación que en este caso nunca se hizo.

Se expide el auto, se revocará la sentencia revisada y en su lugar se dictará sentencia sumaria declarando con lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibió. El Juez Aso-ciado Señor Martín emitió opinión disidente.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de mayo de 1977

Los contribuyentes no pueden ser favorecidos en las cir-cunstancias que presenta este caso. La demanda, a mi juicio, no aduce hechos constitutivos de una causa de acción contra el Secretario de Hacienda. Las alegaciones de los demandan-tes no son suficientes para justificar el remedio solicitado.

Se trata de una demanda de reintegro de contribuciones pagadas. Invocan los demandantes el derecho a una exención de contribuciones sobre cierta propiedad inmueble que fuera clasificada por la Junta de Planificación para uso público () e incluida dentro de un distrito “P” de un mapa de zonifica-ción en 13 de mayo de 1965.

El estatuto que concede la exención contiene ciertos re-quisitos con los cuales ha de cumplirse para tener derecho a ella. Comienza expresando que: . . previo el trámite que más adelante se dispone quedan exentas del pago de contribu-ciones territoriales aquellas propiedades . . . incluidas dentro de un distrito T’ de un mapa de zonificación . . . .” 13 L.P.R.A. see. 597. (Énfasis suplido.) El trámite previo a que se refiere la ley y el alcance de la exención del pago de contri-buciones está delineado en las Sees. 598, 600-603 del Título 13, suplementadas éstas por el Reglamento promulgado al efecto. 13 R.&R.P.R. secs. 579-1 a 579-7. ()

Hasta el año 1965 la ley no proveía término alguno para presentar la solicitud de exención al Secretario de Hacienda, pero en 26 de junio de ese año se enmendó la ley para esta-blecer un término de treinta (30) días para hacerlo, el que empieza a correr una vez el contribuyente reciba la notifica-ción de la Junta de Planificación informándole sobre los de-rechos de exención con respecto al solar afectado, o al recibir la notificación de la imposición contributiva del Departamento de Hacienda, cual de las dos situaciones que ocurra primero. Su vigencia fue inmediata y sus efectos se hicieron retroac-tivos al primero de enero de 1965 para que rigieran para el año fiscal 1965-66. Confórme surge del Informe de la Comi-sión de Hacienda de la Cámara de Representantes el nuevo requisito de los treinta días “tiene el propósito de limitar el derecho a disfrutar de los beneficios de la exención.” Diario de Sesiones, vol. 19, parte 5, pág. 1972 (1965).

La exención que concede la ley no es absoluta ni tiene aplicación automática. Puede ser total o parcial dependiendo de ciertos factores señalados en la ley o en el reglamento. Si el terreno está edificado y utilizada la edificación como vi-vienda propia del dueño, o si está produciendo rentas, la exención se limita al 50% del valor de tasación. Si se utili-zare la propiedad como área de estacionamiento para la pro-ducción de rentas o para la venta de vehículos de motor, no le cobija la exención. Id. see. 600. Los terrenos no edificados que estén produciendo rentas tienen un 50 % de exención si de llevarse a cabo el proyecto de mejoras públicas no pueda cons-truirse en el remanente del solar por impedirlo los reglamen-tos de la Junta. Id. see. 601. La construcción de cualquier es-tructura o el uso productivo de los terrenos acogidos a la exen-ción será motivo para que el Secretario de Hacienda revise sus determinaciones. See. 602. Por reglamento se dispone la forma de calcular la exención parcial si por razón del impedi-mento causado por la clasificación “P” la propiedad no estu-viere rindiendo un ingreso razonable. También se imponen los requisitos con que habrá de cumplir el dueño para obtener los beneficios de la exención parcial. 13 R.&R.P.R. secs. 579-1 a 579-7. Por depender la exención de circunstancias cambian-tes la ley señala un procedimiento para revisar cualquier de-terminación del Secretario. 13 L.P.R.A. sees. 459, 603.

La obligación que impone la ley y el reglamento de ren-dir una solicitud para acogerse a los beneficios de la exen-ción, constituye la norma que reiteradamente hemos recono-cido en casos de exención contributiva al efecto de que recae sobre el contribuyente el peso para reclamar y demostrar su derecho a los beneficios de una exención. Véanse Club Yaucano v. Secretario de Hacienda, 83 D.P.R. 623 (1961); Francis v. Tribunal de Contribuciones, 74 D.P.R. 19 (1952). El contribuyente debe demostrar real y efectivamente que es merecedor de la exención. Es sabido que las exenciones contri-butivas no deben extenderse más allá de los términos expresos y exactos del estatuto que las otorga y toda duda debe resol-verse en contra de la existencia de la exención. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968); véase Texas Co. (P.R.) Inc. v. Tribunal de Contribuciones, 82 D.P.R. 134, 160 (1961). Por vía de excepción nos apartamos de esa norma en casos en que la exención constituye un instrumento que uti-liza el Estado para fomentar la industria y la inversión pro-ductiva y una interpretación del estatuto resulta contraria al propósito legislativo. Textile Dye Works, Inc. v. Srio. de Hacienda, 95 D.P.R. 708 (1968).

En el caso que nos ocupa, no se trata de la exención con-tributiva clásica que constituye una gracia legislativa, que exige interpretación restrictiva, Texas Co. (P.R.) Inc. v. Tri bunal de Contribuciones, supra, pág. 160, ni la exención cuyo propósito es fomentar el crecimiento económico, de interpre-tación liberal, Textile Dye Works, supra, pág. 785, sino que nos enfrentamos al propósito de aliviar en alguna medida la situación del dueño de una finca cuando la acción de la Junta de Planificación al clasificar la propiedad para uso público le causa impedimentos en cuanto a la utilización de su propiedad o resultare en una merma en sus ingresos.() Debemos interpretar el estatuto tomando en consideración los fines que persigue y en forma tal que la interpretación se ajuste al fundamento racional o fin esencial de la ley y a la política pública que lo inspira. Véase Esso Standard Oil, supra. En este caso la ley requiere que el contribuyente de-muestre el perjuicio sufrido como consecuencia de la acción de la Junta, exponiendo en una solicitud al efecto los hechos en que basa su derecho a la exención total o parcial.

El contribuyente apoya su reclamación, sin más, en el tec-nicismo legal de que nunca fue notificado por la Junta de Planificación de que su propiedad hubiese sido clasificada en un distrito “P”. Pero es curioso que el contribuyente no hu-biese pagado la contribución territorial sobre la propiedad afectada durante siete años luego de que la propiedad hubiese sido clasificada en “P”, a pesar de que admite haber recibido todos los años la notificación de la imposición contributiva.

Su reclamación se limita a la suma que le fuera retenida por la Administración de Terrenos para el pago de la contri-bución adeudada por los últimos siete años anteriores a la adquisición de sus terrenos. El transcurso de dichos siete años sin haber pagado las contribuciones adeudadas, a pesar de haber recibido oportunamente la notificación de la imposi-ción da lugar a inferir que al contribuyente podía imputár-sele conocimiento de la clasificación de que había sido objeto su propiedad. ()

Según hemos visto el contribuyente no solamente tiene que cumplir con el expresado término de treinta (30) días para la presentación de la solicitud de exención sino que tiene que demostrar que sufrió impedimentos que causaran la inutiliza-ción total o parcial de su propiedad. El contribuyente no alega en su demanda el haber cumplido con todos los requisitos que exige la ley para tener derecho a la exención, según exige el estatuto. () Se limita a apoyar su derecho a la exención en la falta de la notificación de la Junta de Planificación, pero ad-mite, sin embargo, haber recibido la notificación de la impo-sición de la contribución del Secretario de Hacienda, de la que hizo caso omiso. () Es forzoso concluir que el contribuyente no puso en condiciones al tribunal de instancia para que éste pudiese determinar si a pesar de no haber radicado la solici-tud dentro del término de ley, tenía algún derecho en' equidad por haber cumplido con todos los otros requisitos del estatuto reparador. Aun si lo hubiese planteado entiendo que su soli-citud de reintegro es tardía por no haberse tramitado dentro del término de ley. La enmienda de 1965 para exigir la pre-sentación de la solicitud de exención dentro del término de 30 días a partir de las notificaciones alternas allí provistas no pudo haber sido un acto fútil del legislador. Su propósito fue precisamente el de “limitar el derecho a disfrutar de los bene-ficios de la exención”. Diario de Sesiones, supra.

El resolver que el contribuyente tiene derecho a la exen-ción en este caso equivale a premiar al contribuyente al re-conocerle un derecho a exención total, sin haber éste demos-trado que cualificó para ello durante los siete años envueltos, no obstante su incumplimiento constante y continuado con la obligación que le impone la ley de pagar la contribución que le corresponde. La equidad y la ley en este caso favorecen al Estado.

Por los motivos expuestos confirmaría la sentencia del tribunal de instancia que declaró sin lugar la demanda de rein-tegro de contribuciones.

      (1)E1 inmueble es una finca de 7.7527 cuerdas localizada en el barrio Cupey de Río Piedras. Finalmente, en 1 de noviembre de 1974 la Adminis-tración de Terrenos de Puerto Rico adquirió 5.0856 cuerdas de dicha finca mediante el pago de la suma de Cuatrocientos Veinticinco Mil Dólares ($425,000).

      (2) Aprobado por el Secretario de Hacienda y radicado ante el Secre-tario de Estado en 13 de septiembre de 1957, expediente Núm. 76.

      (3) Aunque el contribuyente retuvo para sí alrededor del 21% del total de la cabida de la propiedad objeto del pleito no surge del expediente el efecto que esto tuvo sobre cualquier exención a que tuviera derecho.

      (4) Nótese que los contribuyentes no alegan que nunca se enteraron de que la propiedad estaba clasificada dentro de un distrito “P”. Se limitan a expresar bajo juramento en apoyo de la solicitud de sentencia sumaria que “en momento alguno recibimos notificación escrita de la Junta de Planifica-ción al momento de que dicha propiedad fue congelada.” (Énfasis suplido.)

      (5)La estipulación de hechos que tuvo ante sí el tribunal de instancia no contiene hechos que apoyen el derecho del contribuyente a acogerse a los beneficios parciales o totales que concede la ley. El peso de la prueba al efecto recae sobre el contribuyente quien es el demandante.

      (6) Surge del expediente que las contribuciones correspondientes a los dos años siguientes a haber sido clasificada la propiedad en “P” aparecen satisfechas. Es precisamente en el año en que se efectúa la clasificación que se dejan de pagar.