author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Carlos S. Quirós, Secretario del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en representación y para beneficio del obrero Bernard Braun, querellante y recurrido, v. I. T. T. Western Hemisphere Directories, Inc., querellada y recurrente.

      Número: R-78-333

      Resuelto: 19 de marzo de 1979

      McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria y Justa Aponte Pedraza, abogados de la recurrente; Ruy N. Delgado Zayas, Francisco Pérez Rivera y Edwin A. Hernández Rodrí-guez, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Al cabo de 17 años de servicio con historial impecable, la recurrente I. T. T. Western Hemisphere Directories, Inc. (I. T. T.) despidió a su empleado el recurrido Braun porque éste mintió para obtener, como obtuvo, licencia para ausen-tarse de su trabajo por ocho días, actuación que la Regla 34 del Reglamento de disciplina de dicha corporación sanciona en primera ofensa con despido. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, con la facultad que le confiere la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 en su Art. Io (32 L.P.R.A. see. 3118) presentó querella ante el Tribunal Superior de San Juan reclamando para el despedido la indemnización que en ausencia de causa justificada para el despido concede la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sees. 185a-185i). La demandada I T. T. contestó la querella alegando como defensa afirmativa y justificación del despido conducta impropia del empleado “al presentar hechos falsos a los fines de obtener una licencia para ausentarse de su trabajo, todo esto en violación de las normas de disciplina de la Compañía.” Se estipuló por las partes que Braun prestó servicios a I. T. T. desde el 6 de julio de 1959 al 2 de agosto de 1976 mediante contrato sin término fijo y que fue despedido en la última fecha por la falta al reglamento que aduce el patrono, y que de prosperar la reclamación el cómputo de la mesada de com-pensación más la indemnización progresiva por sus años de trabajo arroja un total de $15,887.78. Siguiendo el procedi-miento ordenado en el Art. 8 de la Ley de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185h(a)) celebrada la conferencia con antelación al jui-cio, surgió tan claro en el criterio del juzgador, por encima del conflicto de alegaciones presente en la contienda judicial, la arbitrariedad del despido, que ordenó perentoriamente a la demandada I. T. T. que depositara en Secretaría la compen-sación total ya computada, acogiéndose la corporación a la alternativa de fianza adecuada para continuar litigando la cuestión de justa causa. Consecuente con su previa estima-ción de razón fundada favorable al empleado, el 16 de agosto de 1978 el Tribunal Superior dictó sentencia ordenando a I. T. T. pagar dichos $15,887.78 a su ex-empleado Braun.

Al recurso de revisión del patrono expedimos el auto en 11 octubre de 1978 en disposición de aclarar conceptos frente a los cambios introducidos por legislación en materia de des-pido ilegal.

I

La “mesada” por despido sin justa causa que en el prin-cipio quedó recortada al sueldo devengado, y el de un mes, una quincena o una semana adicional según fuere el plazo acordado para pago de salario, avanzó hacia el correcto significado de su nombre cuando por Ley Núm. 50 de 20 de abril de 1949 se introdujo el concepto de indemnización equi-valente al sueldo que correspondería a un mes. Aquella Ley de 1949 era parca en su previsión de remedio expresando su Art. 1 (29 L.P.R.A. see. 183) :

“Todo empleado de comercio, industria o cualquier otro nego-cio lucrativo, contratado sin tiempo determinado, que fuere des-pedido de su cargo sin justa causa, tendrá derecho a recibir de su patrono, en adición al sueldo que hubiere devengado, el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización.”

En su Informe al Gobernador, de agosto de 1959 (Tomo 1, 1959-CDC-001, págs. 135-136, Ed. Equity, 1973), la Comi-sión de Derechos Civiles de Puerto Rico hizo la siguiente recomendación :

“(a) Despidos
Debe revisarse la Ley 50 de 1949 en cuanto permite despidos sin justa causa, si media una compensación de un sueldo men-sual. Para reducir la posibilidad de arbitrariedad, sin restringir irrazonablemente la libertad de selección de los patronos, debe activarse la supervisión gubernamental de las determinaciones de justa causa y, en ausencia de buenas razones, los despidos deben estar sujetos a una compensación mayor. En las empresas donde hay uniones, los convenios generalmente tienen cláusulas que requieren justa causa.”

La recomendación fue atendida por la Asamblea Legislativa que derogó la Ley de 1949 y en su lugar aprobó la Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. secs. 185a-185i) donde se amplía la base conceptual de la justa causa para el despido, se aumenta la compensación en adición al sueldo devengado, con el sueldo correspondiente a un mes por concepto de indemnización, más una “indemnización progresiva adicional” equivalente al sueldo de una semana por cada año de servicio, computada tomando como base el tipo de salario más alto devengado por el empleado dentro de los tres años que preceden al despido. La nueva Ley tiene un Art. 8 procesal que conserva de la anterior la regla de peso de la prueba en el patrono para probar que el despido estuvo justificado y una disposición sobre consignación o fianza en aseguramiento preventivo de la suma computada para indemnización, de resultar según la prueba que no hubo justa causa.

El informe conjunto de las Comisiones de Trabajo y de Derechos Civiles del Senado, que precedió a la aprobación de la Ley de 1976, expresa que “[e]l propósito [de la medida] es darle mayor protección a los trabajadores en situaciones de despido a que se vean expuestos . . .”; establecer la indemnización progresiva por el despido injustificado y hacer más restrictivo el concepto de justa causa. Séptima Asamblea Legislativa, Senado, 23 de abril de 1975.

'HH HH

Ordena la citada Ley Núm. 80 de 1976 en su Art. 2 (29 L.P.R.A. sec. 185b):

“Se entenderá por justa causa para el despido de un em-pleado de un establecimiento:
(a) Que el obrero siga un patron de conducta impropia o desordenada.
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en viola-ción de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y regla-mentos razonables establecidas para el funcionamiento del esta-blecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento, y los cambios en los servicios rendidos al público.
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganan-cias anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.
No se considerará despido por justa causa aquél que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.”

La Ley no pretende ni puede, considerada la variedad de circunstancias y normas de los múltiples establecimientos de trabajo, ser un código de conducta conteniendo una lista de faltas claramente definidas y la sanción que corresponde a cada una y en cada instancia, si ha de ser reprimenda, suspensión o despido. Esa es opción del patrono que puede adoptar reglas y reglamentos razonables que estime necesarios para el buen funcionamiento de la empresa. La Ley Núm. 80 no favorece el despido como sanción a la primera falta y así se deduce del uso por el legislador de las voces “patrón” y “reiterada” al concretar la justa causa para el despido en que el obrero (a) siga un patrón de conducta impropia o desordenada, o en (c) la violación reiterada de las reglas y reglamentos del establecimiento. Es de notar, sin embargo, que el citado estatuto, no excluye de la sanción o despido en primera o única ofensa aquella falta cuya intensi-dad de agravio así lo requiera en protección de la buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí laboran. Al efecto, luego de condensar en los seis apartados del (a) al (f) del Art. 2 las causas que justifican el despido, de manera indirecta la ley admite la extrema sanción de des-pido aun en casos de falta única para la ofensa aislada de todo concepto de reiteración o curso de conducta, si dentro de las circunstancias en que se impone, dicho castigo de sepa-ración del empleo no refleja arbitrariedad o capricho del pa-trono. Dice el párrafo final del citado Art. 2: “No-se con-siderará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.” Luego, con sólo invertir la sintaxis, encontramos que se entenderá por justa causa para el despido la que tiene su origen no ya en el libre arbitrio del patrono, sino en razón vinculada a la ordenada marcha y normal funcionamiento de la empresa. Desvián-dose aunque de manera cualificada de su premisa esencial de reiteración o persistencia en falta como elemento integrante de justa causa para el despido, la ley considera una sola ofensa o primera falta como tal justa causa si por su grave-dad y su potencial de daño pone en riesgo el orden, la seguri-dad o la eficiencia que constituyen la normalidad operatoria del establecimiento.

Toda vez que la falta única se sanciona con despido sólo por excepción, como dejamos expuesto, toca ahora ponderar si la ofensa aislada del recurrido afectó o planteaba un peligro para el “buen y normal funcionamiento del establecimiento” al punto en que hubiese necesidad de expulsarlo de su trabajo en protección del interés colectivo de patrono y trabajadores en la vida normal de la empresa. La falta o acto aislado que dé lugar a despido del empleado en primera ofensa ha de ser de tal seriedad o naturaleza que revele una actitud o un detalle de su carácter, tan lesivo a la paz y al buen orden de la empresa, que constituiría imprudencia esperar su rei-teración para separarlo del establecimiento. En esta evaluación puede ser punto de referencia el Reglamento sobre disciplina de la recurrente I.T.T. que comprende 47 reglas en que se definen y sancionan otras tantas faltas de conducta, y los correspondientes castigos a la primera, se-gunda, tercera y hasta cuarta instancia de la misma ofensa. La mayor parte conlleva una reprimenda por primera vez, suspensión sin paga de 3 ó 5 días la segunda y despido la tercera. Algunas admiten dos reprimendas, o una reprimenda y dos suspensiones de empleo y el despido sobreviene en la cuarta incidencia. Por ejemplo, la Regla 10 sanciona la “falta de interés o negligencia en el cumplimiento del deber” con dos reprimendas y el despido no llega hasta la tercera ocasión; la Regla 6 sanciona la “suspensión [abandono en el propio local] del trabajo durante horas laborales sin justificación” con reprimenda y deducción de paga por tiempo no trabajado en la primera y la segunda falta, la tercera conlleva suspen-sión por 5 días y únicamente si el obrero reitera su conducta una cuarta vez, se le despide; las “ausencias excesivas” con-llevan dos reprimendas antes del despido (Regla 13); la ne-gativa a trabajar horas extras en casos de necesidad, sin excusa se castiga con 1 día de suspensión la primera vez, 5 días la segunda y despido en la tercera ofensa (Regla 17); y la “conducta desordenada, peleas y uso de lenguaje obsceno e impropio en los predios de la compañía” tiene suspensiones de 3 y 5 días y despido a la tercera falta. (Regla 19.)

El patrono reclama legitimidad para el despido en pri-mera y única falta de su empleado recurrido en la Regla 34 que provee dicha extrema sanción para el acto de hacer una declaración falsa o fraudulenta en los formularios de solicitud de empleo o en los récords de la compañía. Como hemos visto el recurrido Braun dio una razón falsa para ob-tener licencia y ausentarse de su trabajo durante ocho días laborables. El tratamiento de pena máxima de despido en pri-mera ofensa que el Reglamento da a su falta no armoniza ni con la tolerancia de las reprimendas y suspensiones provistas para ofensas de mayor trascendencia a que nos hemos referido anteriormente, ni con la intensidad del agravio implícita en las faltas mayores para las que el mismo Reglamento reserva la sanción radical de despido, como la insubordinación, falta de respeto y desobediencia a órdenes de un supervisor (Regla 35); amenazas, conducta obscena o indecente, alteración de la paz y provocación de riñas en los predios de la compañía (Regla 37); vandalismo de la propiedad (Regla 38); falsi-ficación o alteración de informes, nóminas u otros récords de la compañía (Regla 39); hurto de propiedad en perjuicio de la compañía, de otros empleados o del público (Regla 40) ; obstrucción o reducción deliberada de los servicios de la com-pañía (Regla 41); portación de armas mortíferas en los pre-dios o vehículos del patrono (Regla 43); y revelación de información confidencial (Regla 44).

Esta evaluación comparativa de la lista de faltas y sanciones en el Reglamento destaca la desproporción de la medida disciplinaria aplicada por la I. T. T. al recurrido. Por ser la suya falta aislada y no curso de conducta para justificar el despido debía demostrarse la incompatibilidad de aquélla con la operación normal del establecimiento. Es evidente que la mentira del empleado fue incidente sin consecuencia apreciable en la normalidad funcional de la empresa, por lo que la sanción de despido en primera ofensa resulta irrazonable y arbitraria. El patrono, sobre quien recae el peso de la prueba cuando opone como defensa la de haber mediado justa causa para el despido, no descargó su obligación por insuficiencia básica de la Regla 34 en que descansó su caso. Dicha Regla no satisface la norma de razonabilidad que en el apartado (c) del Art. 2 supra, se exige para las reglas y reglamento^ del establecimiento, y es por tanto ineficaz.

Es' de todo punto inaceptable el argumento del patrono al efecto de que el subterfugio de que se valió su empleado para conseguir unos días de licencia acusa un carácter corrupto que vulnera la confianza del patrono en el em-pleado y que lo ocurrido en la privacidad de una oficina va en detrimento de la confianza que a la compañía ha otorgado la clientela a que sirve. Esa sensibilidad moral puritana que condena a un hombre en piramidal inflación de su culpa se derrite ante el hecho probado de que la compañía recurrente, antes de despedir a Braun, le ofreció credenciales de buenas referencias si renunciaba al empleo. De haber aceptado la proposición, la recurrente lo hubiese plantado sin contempla-ciones con toda su carga de “corrupción” en otra empresa, y se- hubiese economizado la indemnización por despido.

HH HH

Para el trabajador, partícipe menor en los frutos de la empresa, para quien no hay liquidación de dividendos, ni beneficios, ni intereses acumulados en la digna faena de ganar con su esfuerzo el pan que parte en la mesa con los suyos, para quien el ahorro es ilusión devorada por la estre-chez, la indemnización por despido es importante evento de la justicia social debida al hombre como factor de producción. Cuando el desempleo condena a un ser humano y a su familia al hambre o a la indignidad, hay que llegar a límites de exigencia para privarle de la protección que ha ganado acceso a nues-tra legislación social. Grave ha de ser una falta para cancelar los modestos auxilios destinados a sostener la familia en la transición a un nuevo empleo sin convertirse en carga del Estado. Cristalina debe ser la justificación que se ofrezca para despedirlo sin este mínimo abono a los años de servicio que representan la inversión de su único haber en la estruc-tura de producción: sus energías, su capacidad física e inte-lectual durante los años más fecundos, en fin, su salud que de-clina con el tiempo.

No absolvemos al trabajador, pero rechazamos la extrema severidad y desproporción del castigo.

La sentencia recurrida será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión.

-O-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 1979

Disiento. La prueba refleja que Braun faltó a la verdad y mintió para obtener una licencia o autorización para ausen-tarse de su trabajo durante ocho (8) días laborables. Tal con-ducta es suficiente para justificar su despido. No logro en-tender cómo el Tribunal condona dicho comportamiento y lq premia imponiéndole a la recurrente la obligación de satisfa-cerle la suma de $15,887.78.

I

Según su Exposición de Motivos, la Ley Núm. 80 es un esfuerzo del Poder Legislativo tendente a proteger . . de una forma más efectiva el derecho del obrero puertorriqueño a la tenencia de su empleo . . . mediante unos remedios más justicieros y consustanciales con los daños causados por un despido injustificado . . . Su texto, al ser comparado con la antigua Ley de Mesada (Núm. 50 de 20 de abril de 1949; 29 L.P.R.A. sees. 183-185), es uno más amplio y abarcador en muchos extremos, y en otro más preciso. Recoge muchos de los principios de nuestro cuerpo doctrinario jurispruden-cial, en particular sobre el concepto de “justa causa”.

En cuanto a la controversia de autos, es menester trans-cribir íntegramente el Art. 2:

“Se entenderá por justa causa para el despido de un empleado de un establecimiento:
(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.
(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en vio-lación de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.
(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y regla-mentos razonables establecidas para el funcionamiento del esta-blecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.
(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.
(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público.
(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganan-cias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.
No se considerará despido por justa causa aquel que se hace por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.” (29 L.P.R.A. sec. 185(b).)

Su lectura refleja que las circunstancias enumeradas jus-tificativas de un despido, son ilustrativas y no exhaustivas. Esta conclusión se deduce de la terminología resultante de su último párrafo, en el sentido de que “no se considerará des-pido por justa causa aquel que se hace por mero capricho o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento.” El concepto “justa causa” es uno diná-mico, que se nutre de múltiples y fluidas situaciones, imposi-bles de prever. En consecuencia, bajo este principio rector, corresponde a los tribunales de justicia evaluar y adjudicar las controversias relativas a veracidad o no en los actos o razones deducidas para sostener una cesantía; las normas es-tatuidas constituyen unas guías legislativas para dirimir la razonabilidad del despido. Cualquier sugerencia en torno a la exclusión de los foros judiciales en esta materia, plantea-ría serias interrogantes de índole constitucional.

II

Como corolario de lo expuesto, no podemos concurrir con la tesis de que la cesantía de Braun fue injustificada, aun tomando en cuenta los diez y siete (17) años de servicio pre-viamente prestados a la recurrente. Este factor — años de ser-vicio — es uno de los diversos elementos de juicio, que en jus-ticia deben ponderarse, pero sin ser determinante o caer en los extremos. Debe sopesarse con la gravedad del comporta-miento de Braun. El conocía previamente que la reglamenta-ción prohibiendo hacer declaraciones falsas o fraudulentas en los récords de la compañía, y el abandono del trabajo, eran castigables con el despido.

Más aún, su proceder trascendió el ámbito patronal para llegar al recinto judicial, donde reiteró su mentira. Para-fraseando la fórmula legislativa, su despido no lo podemos tachar de “caprichoso o sin relación con el buen y normal fun-cionamiento del establecimiento.” Ello es así, pues la verdad u honestidad, como principio comunitario no es susceptible de reducirse a una simple ecuación matemática de contraste con años de servicio. La alta jerarquía atribuida a la verdad en la escala de valores morales y judiciales nos obliga a defen-derla, aunque no consigamos hacerla triunfar. Respetuosa-mente entendemos que el análisis conceptual y forense de la opinión mayoritaria tiene como resultado la adopción de una doctrina, que en holocausto jurídico debilita el respeto mutuo que debe existir en toda relación obrero-patronal.

Revocaría la sentencia.

      Art. 1, Ley Núm. 43 de 28 de abril de 1930 pág. 357. Mir, Suau Á Cía. v. Corte, 56 D.P.R. 46, 48 (1940).

      Dispone el Art. 2 de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185b (c)) que se considerará justa causa de despido la violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables estable-cidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.

      E1 principio de que a tenor con la Ley Núm. 80 de 1976 la regla general para despido basada en “patrón de conducta impropia o desorde-nada” y “violación reiterada” de reglas y reglamentos del establecimiento, está cualificada por la excepción de una primera falta o acto aislado de intenso agravio, está correctamente formulado a la pág. 10 de las “Guías para la interpretación y aplicación de la Ley Núm. 80 . . . .” preparadas por el Departamento del Trabajo, donde expresa:
      “Debe tenerse en cuenta que lo que es conducta impropia y desorde-nada en un lugar de trabajo no lo es necesariamente en otros lugares de trabajo. En circunstancias especiales, ciertos actos aislados pueden revestir tal seriedad que pueden dar base a un despido justificado, y que pueden poner de manifiesto una clara e indubitable condición de carácter, que por la gravedad de las consecuencias que hayan acarreado o que puedan aca-rrear, o por revelar, de por sí, una actitud no susceptible a cambio, pone de relieve, desde ese momento, aquella configuración del carácter que el legislador sabiamente exigió, como norma general, que no se dejase depender en su apreciación de un acto aislado del empleado. Así, por ejemplo, el trabajador que agreda a su patrono sin provocación o justificación, de por sí solo, puede dar lugar al despido justificado. Se podrían mencionar otros ejemplos de tales actos, pero lo consideramos innecesario.”

      E1 texto original en inglés dice: “Making false or fraudulent statements on employment applications form or company records.”

      Por no ser la mendacidad hábito del recurrido tampoco invocaba la censura de La Verdad Sospechosa (P. A. de Alarcón):
      “¡Mentir, qué vicio tan feo
      Qué opuesto a mi natural!”

       Ordena el Art. 8 de la Ley de 1976 que en toda acción entablada por un empleado reclamando los beneficios de mesada e indemnización progresiva por despido ilegal, el patrono vendrá obligado a alegar en su contestación a la demanda, los hechos que dieron origen al despido y probar que el mismo estuvo justificado para quedar eximido de satisfacer la in-demnización.

      Si la mera falta de confianza del patrono en el empleado consti-tuyera causa justificada para el despido, prácticamente sería ilusoria la protección legal que concede la legislación. Wolf v. Neckwear Corp., 80 D.P.R. 537, 541 (1958).

      Rodriguez v. Caribe Hilton Hotel Corp., 94 D.P.R. 675 (1967); Vélez de Reilova v. R. Palmer Bros., Inc., 94 D.P.R. 175 (1967); Mercado v. Hull Dobbs, 90 D.P.R. 864 (1964); Cassasús v. Escambrón, 86 D.P.R. 375 (1962); Hull Dobbs v. Tribunal, 82 D.P.R. 77 (1961) ; Wolf v. Neckwear, 80 D.P.R. 537 (1958); Mercedes Bus Line, Inc. v. Tribunal de Distrito, 70 D.P.R. 690 (1949); Blanes v. Tribunal, 69 D.P.R. 113 (1948); y P.R. Cap & Tires Sales v. Tribunal, 68 D.P.R. 398 (1948).

       En las “Guías para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 aprobada el 30 de mayo de 1976”, emitidas por el propio Departamento del Trabajo, se reconoce esta realidad al expresarse:
      “En circunstancias especiales, ciertos actos aislados pueden revestir tal seriedad que pueden dar base a un despido justificado, y que pueden poner de manifiesto una clara e indubitable condición de carácter, que por la gravedad de las consecuencias que hayan acarreado o que puedan aca-rrear, o por revelar, de por sí, una actitud no susceptible a cambio, pone de relieve, desde ese momento, aquella configuración del carácter que el legislador sabiamente exigió, como norma general, que no se dejase de-pender en su apreciación de un acto aislado del empleado. Así, por ejemplo, el trabajador que agreda a su patrono sin provocación o justificación, de por si sólo, puede dar lugar al despido justificado. Se podrían mencionar otros ejemplos de tales actos, pero lo consideramos innecesario.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Rexach Concrete Corp., demandante y recurrida, v. Jardines de Monte Olivo Development Corp., Centro de Puerto Rico Development Corp., demandados; Banco Central y Economías, interventor y recurrente; Lausell Aluminum Jalousies, Inc., demandante y recurrida, v. Jardines de Monte Olivo Development Corp., Centro de Puerto Rico Development Corp., demandados; Banco Central y Economías, interventor y recurrente; Lausell Commercial, Inc., demandante y recurrida, v. Jardines de Monte Olivo Development Corp., Centro de Puerto Rico Development Corp., demandados; Banco Central y Economías, interventor y recurrente.

      Números: R-78-312, R-78-313, R-78-314

      Resueltos: 20 de marzo de 1979

      Sweeting, Pons, González & Rodriguez y Noel González Miranda, abogados del Banco Central y Economías; Maximiliano Trujillo González, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso trata sobre la anotación de un crédito refac-cionario bajo nuestro Código Hipotecario, mecanismo con-siderado hace más de cuatro décadas . . extinto, podríamos decir, en la biología jurídica de nuestro país.” VII Rev. Jur. U.P.R., Núm. 2, 149 (1937). Expongamos los hechos.

Jardines de Monte Olivo Development Corp., como dueña de una finca situada en Guayama, Puerto Rico, a través del contratista general Centro de Puerto Rico Development Corp., desarrolló un proyecto de urbanización denominado “Residen-cial La Hacienda”. Las obras de construcción realizadas fueron objeto de financiamiento interino por el recurrente Banco Economías — ahora Banco Central y Economías — ga-rantizado con una primera hipoteca inscrita por $6,000,-000.00.

Rexach Concrete Corp., Lausell Aluminum Jalousies, Inc. y Lausell Commercial, Inc., demandaron separadamente a Jardines de Monte Olivo Development Corporation y a Centro de Puerto Rico Development Corp., reclamándoles el pago de los materiales suplidos a estas últimas dos corporaciones y solicitando además, un dictamen judicial decretando que ellos son titulares de un crédito refaccionario por el importe del precio de tales materiales y una orden al Registrador de la Propiedad de Guayama para que tome anotación preventiva de dichos créditos refaccionarios sobre el inmueble objeto de la construcción del proyecto. Banco Central y Economías, si bien no fue incluido expresamente en los pleitos, fue notifi-cado con copias de las respectivas demandas mediante cita-ciones al efecto de conformidad al trámite establecido en el Art. 106 de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico (30 L.P.R.A. see. 987). Ninguno de los demandados, como tampoco el Banco, comparecieron al tribunal. En su oportunidad se anoto y dictó sentencia en rebeldía en cada uno de los pleitos men-cionados reconociéndose a los demandantes la legitimidad de las deudas, y respecto a cada crédito refaccionario se hizo “constar que es de carácter hipotecario y que goza de prefe-rencia sobre los créditos hipotecarios inscritos anteriormente en lo que exceda el precio que alcance la finca en su enajena-ción judicial a la cantidad de $1,886,636.25 que constituye el último precio dado a la finca antes de las obras.” A solicitud del Banco, acordamos revisar.

H

Etimológicamente, el termino refacción tiene su raíz latina en el verbo reficere, que significa rehacer, hacer de nuevo, subsanar, reedificar, esto es, “dar existencia a lo que sin el auxilio de nuevas obras va a perecer”: Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Tomo II, 521 (4ta. ed.); Casso y Romero, Diccionario de Derecho Privado, Tomo I, 362 (1954). Su génesis se remonta al derecho romano que reconoció .. el crédito o la garantía refaccionaria, aplicado a la reconstrucción y reparación de edificios ipignus insulae) y a armar las naves.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo III, 67 (1968). En su desarrollo histórico Marco Aurelio, en su capacidad de Senado-consulto, la estimó como una hipoteca legal tácita, de carácter preferente erga omnes, concepto que en su peregrinaje hacia España recogieron Las Partidas, conservaron las Leyes del Toro, pero la Primera Ley Hipotecaria descartó. Hoy en día, tanto allá como en Puerto Rico, el crédito refaccionario puede asegu-rarse en virtud de una anotación preventiva que puede convertirse en una verdadera hipoteca legal.

Nuestro Código Civil no contiene definición alguna sobre lo que constituye un “crédito refaccionario”, limitándose a mencionarlo en los Arts. 1823 y 1827 que tratan respectivamente sobre la preferencia de que goza dicho crédito con relación a determinados bienes inmuebles, y su prelación al concurrir con otros créditos preferidos. (31 L.P.R.A. sees. 5193 a 5212.) Tampoco la Ley Hipotecaria nos brinda una definición aun cuando al regular la garantía refaccionaria que se logra mediante la anotación preventiva de dicho derecho — susceptible de convertirse en inscripción ordinaria de hipoteca — deja entrever ciertas características de la institución. A tal efecto, el Art. 59 consigna que “el acreedor refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que de una vez o sucesivamente anticipare . . . .” (30 L.P.R.A. see. 108), dando la impresión de que éste surge por motivo de las cantidades prestadas para la construcción de una cosa. Contrario a este parecer, el Art. 60 nos habla de “la cantidad de dinero o efectos en que consistan los mismos créditos . . . .” (30 L.P.R.A. see. 109), lo que nos mueve a pensar seriamente si el crédito refaccionario está limitado exclusivamente a dinero.

Los autores están divididos. Si bien Roca Sastre expresa que “ [c] rédito refaccionario es aquél que se contrae y emplea en la construcción, conservación o reparación de una cosa (sentencia de 13 de abril de 1882) [que ejxiste . . . cuando una persona ha invertido en obras de construcción, conser-vación o reparación de una cosa, una cantidad que le ha sido prestada en una o varias veces para tal fin”, reconoce que “para que un crédito tenga la condición de refaccionario se requiere que el préstamo [o suministro de materiales], reúna las características de finalidad, objeto o destinación para las obras de refacción . . . Op. cit., 65, 69. Puig Brutau, ci-tando con aprobación a Diez-Picazo consigna que es “un acreedor cuyo derecho deriva de un contrato de préstamo, en el cual el destino de la cantidad prestada se ha fijado en obras de construcción o de reparación de un bien y la inversión efectiva de la misma se ha realizado en tales obras.” Fundos mentos de Derecho Civil, Tomo I, 568 (1976). Morell nos dice: “Suele aplicarse estas palabras a los edificios. El propietario recibe dinero para reconstruir o para hacer reparacio-nes indispensables. Del mismo modo puede considerarse como refaccionario el crédito cuando la cantidad fue facilitada para una nueva construcción casa, vía férrea, canal, etc.” No obs-tante, posteriormente cita con aprobación a Barrachina en un texto del cual se deduce que el crédito puede dimanar de los materiales que se hubiesen servido. Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Tomo 3, 159-160 (1917).

En España, aun cuando la jurisprudencia es escasa, el Tribunal Supremo, mediante sentencia de 11 de octubre de 1894, reconoció el carácter de acreedor refaccionario al ven-dedor de una tubería utilizada por el comprador en su finca y reiteró su dictamen previo el 30 de diciembre de 1896, por sentencia que adjudicó igual cualidad a los anticipos en metálico y materiales hechos por el empresario de una obra. Más recientemente juristas de la talla de Diez-Picazo y Gu-itón, sostienen el siguiente enfoque:

“Una concepción estrecha del crédito refaccionario, como es la que parece desprenderse de la legislación hipotecaria, iden-tifica al mismo con el préstamo de dinero que se destina a la construcción, conservación o reparación de un inmueble. Sin embargo, no parece haber inconveniente en estimar como crédito refaccionario al que tiene una persona como consecuencia de la puesta de trabajo o suministro de materiales para alguno de aquellos fines.” Sistema de Derecho Civil, Vol. III, 336 (1977). (Bastardillas nuestras.)

En resumen, un número sustancial de reputados tratadistas vinculan la definición de crédito refaccionario con un préstamo o entrega de dinero, guardando silencio sobre si el concepto cabe en orden a un suministro de materiales. Al evaluar las razones de justicia que inspiran la existencia del crédito refaccionario, resolvemos que el concepto permite que los suplidores de un contratista, para garantizar el pago de sus materiales, pueden anotar, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento Hipotecario, dicho crédito.

II

¿Eran los demandantes recurridos titulares de unos crédi-tos refaccionarios? ¿Fue correcta la orden judicial decretando que [ellos] gozaban “... de preferencia sobre los créditos hipo-tecarios inscritos anteriormente en lo que exceda el precio que alcance la finca en su enajenación judicial, a la cantidad de $1,886,636.25, que constituye el último precio dado a la finca antes de las obras”? Estas interrogantes exigen cierta elaboración.

El examen de los artículos pertinentes de la Ley y Reglamento Hipotecario, refleja que el trámite para solicitar la anotación del crédito refaccionario recae sobre el deudor. No existe disposición de ley alguna o comentarista que sugiera que un acreedor que ha suplido materiales, puede válidamente convertir su crédito en uno de naturaleza refaccionaria iniciando motu proprio trámite al efecto. El derecho vi-gente autoriza su anotación distinguiendo dos hipótesis dife-rentes, a saber, que la finca esté o no libre de cargas inscritas. Anotamos no obstante, que la iniciativa recae en el deudor o propietario.

Bajo el primer supuesto, si la finca no se halla gravada por derechos reales inscritos a favor de otras personas, es suficiente presentar una solicitud con el documento — que puede ser privado — acreditativo del contrato suscrito por el propietario de la finca y el acreedor, para lo cual deben todos los interesados acudir al Registro personalmente o por apo-derado especialmente autorizado. Se trata de una situación donde hay completa armonía entre el deudor y el acreedor, ambos deseosos de que se complete rápida y eficientemente la operación registral con miras cada uno de lograr su propó-sito : el deudor obtener el dinero y el acreedor garantizar su devolución.

En el segundo supuesto — que la finca está gravada por derechos reales inscritos a favor de terceras personas — sólo se puede hacer la anotación en virtud de los siguientes trá-mites: (a) convenio unánime 'por escritura publica entre el propietario y las personas a cuyo favor estuvieren constitui-dos aquellos derechos, sobre el objeto de la refacción misma y el valor de la finca antes de empezar las obras; (b) mediante providencia judicial dictada en expediente instruido para hacer constar dicho valor y con citación de todas las personas indicadas, con carga o derecho real a su favor. Arts. 59 a 64 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. sees. 108-113).

El Reglamento Hipotecario establece los pasos a seguirse en el procedimiento judicial para obtener la anotación, Arts. 104 al 109 (30 L.P.R.A. sees. 984-989). El procedimiento se insta ante el Tribunal de Primera Instancia, expresando las obras que necesita la finca, su costo aproximado y el valor que la misma finca tenga en dicho momento. Se citarán a todas las personas interesadas según el Registro, acompañándose una certificación con el aprecio pericial. Puede mediar opo-sición contra la necesidad de las obras o el aprecio de la finca. El tribunal, previa la correspondiente prueba pericial, dic-tará resolución autorizando o prohibiendo la anotación pre-ventiva del crédito refaccionario.

Bajo cualquiera alternativa — ordenada por el tribunal o consentida por las partes — se extenderá por el Registrador asiento correspondiente, no siendo necesario que los títulos en cuya virtud se solicite tal anotación determinen fijamente la cantidad de dinero o efectos en que consistan los mismos créditos. Basta que contengan los datos suficientes para liquidarlos al terminar las obras contratadas. Aclaramos, sin embargo, que es absolutamente necesario que se con* signe “el valor que en cualquier forma se diere a la finca que ha de ser refaccionada, antes de empezar las obras.” (30 L.P.R.A. see. 112.) Esta constancia es de suma importancia pues la regla general es que los acreedores hipotecarios anteriores a la anotación del crédito gozan y conservan su derecho preferente hasta el valor fijado a la finca antes de la refacción; de dicho límite en adelante, el valor adicional ganado por la finca estará al servicio preferente de los acreedores refaccionarios. Roca Sastre explica los efectos del siguiente modo:

“La ley, queriendo armonizar los intereses de los acreedores hipotecarios anteriores y del acreedor refaccionario que anota, divide en dos porciones el futuro valor en cambio de la finca, una vez esté refaccionada. Aplicando aquí la expresión usada por Oberneck en materia de la hipoteca de propietario, se puede hablar de dos parcelas de valor: una consistente en la valora-ción dada a la finca, objeto de la anotación, antes de practicarse ésta, y otra representada por el mayor valor que en su enajena-ción se obtenga. Aquel valor, que será el que tenía la finca antes de la refacción, está al servicio preferente de los acreedores hipo-tecarios anteriores; el segundo valor, que será el que con las obras refaccionarias se haya incrementado la finca, sirve prefe-rentemente de garantía al crédito refaccionario. Este reparto de valores tendrá lugar, naturalmente, cuando la finca sea objeto de enajenación, la cual el art. 64 presupone que será judicial. Por tanto, a base de esta delimitación o localización de valores, existen dos hipotecas paralelas, independientes la una de la otra, si bien afectantes a una misma finca.
Los dos créditos (el hipotecario anterior y el refaccionario), tienen el rango de primeras hipotecas en cuanto a su respectiva parcela de valor; pero actúan como segundas hipotecas en cuanto a la parcelación adscrita al otro crédito.
El derecho de los acreedores hipotecarios anteriores actuará, por ende, como primera hipoteca respecto del valor fijado a la finca antes de la anotación, y como segunda hipoteca en cuanto a la parte sobrante que quede del plusvalor asignado para el crédito refaccionario, después de satisfecho éste.
Esta actuación como segunda hipoteca tendrá lugar, princi-palmente, cuando el valor fijado a la finca antes de la refacción sea inferior al importe de los créditos hipotecarios anteriores.” Op. cit., 79. (Bastardillas nuestras.)

HH h-H I — I

A la luz de lo expuesto, es ineludible concluir que el tribunal sentenciador erró al reconocerle a los recurridos la anotación del crédito refaccionario por los siguientes funda-mentos.

Primeramente, el procedimiento judicial, conforme el trámite consagrado en el Código y Reglamento Hipotecarios, corresponde al propietario o deudor de la finca. Un acreedor materialista no está autorizado a iniciar trámite por sí solo para anotar su crédito refaccionario. En segundo lugar, la cantidad de $1,886,636.25 consignada por el tribunal a quo para valorar la finca es errónea — supuestamente representa la suma de los precios de compraventa de las tres fincas agrupadas — por ser la cifra total exacta $1,939,386.25, y resultar improcedente que se tomara como valor cualesquiera de esas cuantías sin considerar el incremento natural de lafinca y aquel resultante de las mejoras introducídales como consecuencia de las obras de urbanización realizadas antes de que se incorporaran a la misma los materiales suplidos por los demandantes recurridos. Y en tercer término, la primera hipoteca del Banco recurrente se constituyó para garantizar un préstamo brindado con el propósito esencial de financiar las obras de construcción sobre dichas fincas, esto es, estamos ante una hipoteca voluntaria que asegura $6,000,000.00 prestados para la refacción del inmueble. Sin ella nunca co-braría existencia la obra, destinado su importe a sufragar, entre otros gastos esenciales, los propios materiales suplidos. Dicho de otro modo, la hipoteca del Banco recurrente que se pretendía limitar goza de la misma naturaleza — refaccionaria —que el crédito refaccionario de los recurridos. En estas circunstancias, la plusvalía que se origina de un crédito de $6,000,000.00 debe beneficiar, en justicia, inicialmente al Banco tanto como primer acreedor hipotecario y de crédito refaccionario, por ser de estricta aplicación lo dispuesto en el Art. 1827 del Código Civil que consigna que la prelación de créditos idénticos se determinará “por el orden de antigüedad de las respectivas inscripciones o anotaciones en el registro de la propiedad.” (31 L.P.R.A. sec. 5212.) Aplica pues, la regla común de prior tempore potiur jure, teniendo preferencia aquel crédito que primero se hizo constar en el Registro. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 12, 1005-1006 (1973).

La sentencia del Tribunal Superior, Sala de Guayama, será revocada.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado con opinión y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió Voto Concurrente en el resultado.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 1979

Concurro con el resultado por la única razón de que aereé-dores refaccionarios, como los de autos, no tienen derecho a solicitar judicialmente la anotación preventiva de su crédito en el Registro de la Propiedad, sobre una finca que estuviere afecta a obligaciones reales inscritas, por ser el deudor el único que puede instar la acción judicial correspondiente contra las personas a cuyo favor estuvieren constituidas dichas obligaciones conforme lo dispone específicamente el Art. 61 de la Ley Hipotecaria — 30 L.P.R.A. sec. 110 — y el 106 del Reglamento Hipotecario — 30 L.P.R.A. see. 986.

—O—

Voto concurrente en el resultado del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 1979

Ordena el Art. 59 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 108):

Art. 59 — Anotación preventiva de crédito refaccionario— Anotación; surtirá efectos de hipoteca.
“El acreedor refaccionario podrá exigir anotación sobre la finca refaccionada por las cantidades que de una vez o sucesiva-mente anticipare, presentando el contrato por escrito que en cual-quier forma legal haya celebrado con el deudor.
Esta anotación surtirá, respecto al crédito refaccionario, todos los efectos de la hipoteca.” (30 L.P.R.A. see. 108.) (Én-fasis suplido.)

Difiero del criterio expresado en la opinión al efecto de que la Ley Hipotecaria y su Reglamento asignan al deudor la iniciativa “para solicitar la anotación del crédito refacciona-rio.” El crédito refaccionario se formaliza mediante contrato entre deudor y acreedor, como cualquier otro contrato de garantía. Lo que indica la Ley es que la concertación y for-malización del contrato bilateral de refacción ha de preceder a la solicitud de anotación del crédito. Un suplidor de mate-ríales que no exigió tal contrato de refacción como garantía previa de los que hubiese convenido servir al dueño de la obra, no puede sua sponte, en forma unilateral, crearse esa garan-tía, ya entregados los materiales. Tampoco podría acudir al tribunal en solicitud de providencia declarativa de que el im-porte de los materiales suplidos está garantido por algo similar a la hipoteca.

Es al tiempo de iniciarse la relación contractual que el acreedor impone los términos y tipo de garantía, bajo los cuales suplirá dinero u otros bienes a su deudor. Para cam-biar esos términos y garantía es indispensable la concurren-cia del deudor, y también la de aquellos otros acreedores que pudieren ser afectados en el orden de prioridad de sus acreen-cias. (Art. 61 Ley, 30 L.P.R.A. sec. 110.) Como ordena este artículo, al tribunal se recurre como medio alterno para im-partir eficacia al pacto acordado entre acreedor y deudor, en caso de no obtenerse el consentimiento de los titulares de obligaciones reales inscritas. Nótese que el expediente judicial de que trata este Art. 61 se tramita antes de suplirse la refacción por el acreedor. Tiene naturaleza de “autorización judicial” para que el deudor pueda garantizar la refacción. No está disponible para garantizar a posteriori el valor de materiales inicialmente entregados sin exigencia por el acree-dor de este tipo de garantía.

El Art. 106 del Reglamento dice que el deudor será el peticionario en el citado expediente judicial, por ser la parte principalmente interesada en obtener la refacción, la que su acreedor no le anticipará hasta tener la certeza de que estará garantizada por anotación que surtirá “todos los efectos de la hipoteca”. (Art. 59 Ley — 30 L.P.R.A. see. 108.)

Considerando que las recurridas Rexach y Lausell nunca concertaron un contrato de refacción con la dueña de la obra Jardines de Monte Olivo, aviniéndose a entregar, como entre-garon los materiales de construcción sin exigir esa garantía; y que el expediente provisto en el Art. 61 de la Ley no es vehículo para garantizar retroactivamente prestaciones cumplidas con anterioridad a la radicación de la solicitud de autorización judicial por el deudor, la sentencia recurrida debe ser, revocada.

      Sobre el particular la ilustrada sala de instancia estimó probado:
      “Dicho proyecto consta de varias partes y etapas, y que tiene proyec-tadas 1,997 unidades en total, de las cuales hay entregadas y segregadas 359 unidades, están en diverso estado de edificación (pero sin entregar ni segregar) 76 unidades, el resto no están edificadas. Asimismo se han reali-zado obras de alcantarillado y acueductos, de líneas eléctricas y de desagüe pluvial para beneficio de toda la finca. Por lo que, visto el ámbito del proyecto, las obras realizadas y las que faltan por realizar, se concluye que las obras objeto de la refacción en este proyecto y finca no están termina-das.”

      E1 señalamiento del Banco recurrente respecto a falta de jurisdic-ción no tiene mérito ya que fue debidamente emplazado entregándosele copia de las demandas. Tales documentos cumplen sustancialmente con los requisitos procesales vigentes. Véanse: Regla 4 de Procedimiento Civil; Banco de P.R., Liquidador, etc. v. Pórtela, 46 D.P.R. 108-110 (1934); Lawton v. Porto Rico Fruit Exchange, 42 D.P.R. 291, 293 (1931); Benero v. Alvarado, et al., 39 D.P.R. 778, 781-783 (1929); López v. Mélendez, 22 D.P.R. 156, 162, 165 (1915).

       “Como aquel que presta sus dineros, para adobar, o para fazer ñaue, o otro edificio, la mayor derecho en ello para ser pagado, que otro ninguno. Ñaue, o cosa, o otro edificio aviendo empeñado vn orne a otro, si después desso rescibiesse de otro dineros prestados, para refazer, e guardar aquella cosa, que se non destruyesse, o non se empeorasse, e los dependiesse en pro della, entonces mayor derecho ha en ella el segundo. . . Partida V, Título 13, Ley 28. (Bastardillas nuestras.)

      30 L.P.R.A. sec. 108. Véanse: Ramón de la Rica, La Anotación Preventiva en General, Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, Núm. 519, 389-411 (1977); Luis Diez Picazo, Las Anotaciones Preventivas, Revista de Derecho Notarial, Núm. 44, 7-28 (1964); Eduardo Capó Bonafous, Apuntes sobre la Anotación Preventiva en el Derecho Hipotecario Español, Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario, Núm. 9, 196-200 y 282-296 (1933).

       Véanse, además: La Cruz Berdejo, Lecciones de Derecho Inmobi-liario Registral, 317 (1957); Cossio y Corral, Instituciones de Derecho Hi-potecario, 269-274 (1956); M. González, Los Procedimientos Judiciales de la Ley Hipotecaria, 67-68 (1955); Dorta Duque, Curso de Legislación Hipotecaria, 393-395 (1953); Casso, Derecho Hipotecario o del Registro de la Propiedad, 540-544 (1951); Tellez, Legislación Hipotecaria, 160-161 (1949); Beraud y Lezón Fernández, Tratado de Derecho Inmobiliario, Vol. II, 3-13 (1927); Campuzano, Principios Generales de Derecho Inmobiliario y Legis-lación Hipotecaria, Tomo II, 58-63 (1941); Campuzano, Legislación Hipotecaria, Tomo 2, 23-31 (1942).

       Este Tribunal, en Gómez v. Am. Col. Bank, 34 D.P.R. 148, 152-153 (1925), resolvió que un acreedor refaccionario no tiene que probar “que el dinero entregado ha sido invertido en mejorar la finca.”

       Dispone el Art. 106 del Reglamento que para instruir el expediente “hará el deudor una solicitud al juez de primera instancia del partido en que esté situada la finca, expresando las obras que ésta necesite, el costo aproximado de ellas . . . .” términos claramente prospectivos. (Énfasis nuestro.)


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Severiano Rivera Pitre, demandantes y recurridos, v. Isabel Galarza Martínez y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-78-334

      Resuelto: 20 de marzo de 1979

      Ferrer & Alcaraz y Leopoldo Tormes, abogados de los recu-rrentes; Ramón Edwin Colón Pratts, abogado de los recu-rridos excepto Francisco Rivera Pitre; Víctor Antulio Vélez Cardona, abogado del recurrido Francisco Rivera Pitre.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La cápsula de hechos esenciales para la disposición de este recurso es la siguiente. Flores Rivera Mercado, residente de San Sebastián, otorgó testamento abierto el 19 de agosto de 1973 en Aguadilla, ante el notario Jorge L. Chaar Cacho y los testigos instrumentales, vecinos de San Sebastián, Agustín Vélez Cabán, Miguel Colón Cordobés y Pedro González Ma-tías. Alertados por el Inspector de Protocolos sobre el pro-blema relativo a la vecindad de los testigos, se acordó y otorgó en 4 de junio de 1975, otro testamento idéntico al anterior. Rivera Mercado falleció el 16 de diciembre de 1975.

En acción instada por unos coherederos, el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, decretó ineficaces ambos testa-mentos por no haberse observado varias formalidades consig-nadas en el Código Civil. No existe duda o controversia al-guna respecto a que los testamentos recogen fielmente la úl-tima voluntad de Rivera Mercado y que los testigos instru-mentales antes mencionados conocían real y satisfactoria-mente a dicho testador.

A solicitud de su viuda y albacea, la codemandada Isabel Galarza Martínez, acordamos revisar y examinar la validez o nulidad del primer testamento a la luz de lo dispuesto en el Art. 630 de dicho cuerpo legal.

HH

A manera de introito, resulta menester señalar brevemente cuál es la regla de intrepretación en casos en que se cuestiona la validez de un testamento. Primeramente, salta a la vista que debido a que en el momento en que una disposición testamentaria ha de surtir sus efectos, el protagonista del documento no está presente para aclarar cualquier extremo, se exige que el acto esté rodeado con las mayores garantías posibles en cuanto a aspectos tales como el documento, funcionario autorizante, capacidad del testador, características de los testigos, firmas y otros. Mediante estas salvaguardas y precauciones se intenta disuadir e imposibilitar que personas deshonestas o poco escrupulosas falsifiquen o alteren las condiciones bajo las cuales se otorgan, además de evitar presiones o coacciones indebidas que afecten la voluntad y plena consciencia de una persona.

“Para evitar el fraude y prevenir la mala fe, todas las legis-laciones han establecido determinadas solemnidades o requisitos para el otorgamiento de los testamentos, que a la vez que sirvan de garantía contra las falsedades y simulaciones, constituyen una prueba de su verdad en las manifestaciones de la última volun-tad; y tal importancia tiene la observancia de dichas solemni-dades o requisitos, que de ellas depende la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias.

Todo el problema jurídico relativo a la forma de los testa-mentos consiste en la acertada elección de aquellos requisitos, que haciendo imposible o cuando menos difícil la falsificación de la voluntad del testador, no disminuyan ni coarten la libertad en el ejercicio de la testamentifacción activa; y el Código, inspi-rándose en este criterio, ha procurado establecer los más eficaces para asegurar la verdad y la autenticidad del testamento, y para facilitar, además, la expresión de las últimas voluntades.

Estas solemnidades o requisitos han variado y deben variar según las circunstancias de tiempo y de lugar, y así lo hemos visto comprobado en la reseña histórica hecha en la introducción inicial de este título.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 5, 606-607 (1972).

En segundo lugar, se reconoce que el enfoque judicial apropiado y de vanguardia es aplicar los preceptos legislativos de manera tal que se cumpla, de ser evidente, la última voluntad del testador. Una interpretación juiciosa, evaluando cuáles formalidades afectan la esencia y validez del otorga-miento, frente a aquellas que no destruyen la legitimidad del documento — impregnado con un prudente arbitrio de equidad —es necesario. Manresa, op. cit, 670; Scaevola, Comentarios del Código Civil, Tomo XII, 360 (2da. ed.); Osorio Morales, Manual de Sucesión Testada, 31 (1957); Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo V, Vol. II, 49 (1977). A tal efecto, en Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 751-752 (1954), adoptamos este enfoque y nos pronunciamos del siguiente modo:

“Cierto es como sostienen los apelantes y como nos expresamos en Ex Parte Planís v. Pueblo, 42 D.P.R. 689, 691, que la forma de testamentos es algo solemne creado por el estatuto. Si no se siguen las formalidades de ley no tiene validez el testa-mento. Tales formalidades no son meras cuestiones de eviden-cia, sino requisitos substantivos. Sin estos no hay testamento. Sin embargo, la apreciación de si en un testamento se han cum-plido o no las formalidades legales es materia que incumbe a los tribunales, \_citas omitidasl, ya que el cumplimiento de aque-llas es cuestión de hecho que compete al tribunal, en su aprecia-ción, determinar, antes de que pueda declarar nula una disposi-ción testamentaria en la cuál aparezca expresada clara y ter-minantemente la voluntad del testador. [Citas omitidas]
Ya hemos indicado que las formalidades señaladas por los apelantes como incumplidas no eran de las esenciales que la ley exige que aparezcan consignadas en la escritura del testamento, o sea, no eran de las formalidades de fondo que, al quedar in-cumplidas, producen ‘ab initio’, la nulidad del testamento a dis-tinción de las solemnidades externas o de forma, [citas omiti-das], la apreciación de las cuales, en cuanto a si se han obser-vado o no y sus consecuencias ha de determinar el tribunal, ya que, ‘en principio no deben ser ni más ni menos que las precisas para hacer auténtica, segura y permanente la última voluntad.’ Clemente De Diego, Derecho Civil Español, pág. 52. El criterio que debe regir para tales determinaciones ‘no dá igual valor a todas las solemnidades del testamento, ni admite que la falta de cualquiera de ellas lleve siempre aneja la sanción de nulidad del acto. Si bien a tenor del Art. 687 del Código Civil Español, [cita], será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se haya observado las formalidades respectivamente establecidas, se im-pone, según regla de buen criterio, dada la naturaleza y signifi-cación de aquél, tener en cuenta la índole de dichas formalidades para apreciar, con relación a su trascendencia, el límite dentro del que pueden conceptuarse cumplidas, armonizando la voluntad conocida de un testador con los requisitos externos de su expre-sión’ [citas omitidas].” (Bastardillas nuestras.)

I — I h-4

Tomando en consideración lo expuesto, examinemos el estado doctrinario casuístico sobre el requisito que nos ocupa.

En Rodríguez v. Rodríguez, 62 D.P.R. 885, 889 (1944) y Arroyo v. Fernández, 68 D.P.R. 514, 518 (1948), siguiendo la antigua tradición española resolvimos que en la terminología del Art. 630, el concepto “lugar” con referencia a la condición de vecindad o domicilio, estaba forzosamente atado a la idea de una demarcación municipal. En consecuencia adoptamos como norma jurisprudencial que una persona estaba inhabilitada para intervenir como testigo en un testamento si no estaba domiciliada en el municipio en que se otorgaba el instrumento. Esta incapacidad, siguiendo la doctrina aceptada, es de naturaleza “relativa”, aunque de índole general, por aplicarse a los testigos en todas las formas testamentarias. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 6, II, 54 (1973). No ha estado exenta de crítica, señalándose lo difícil que resulta su justificación. Armero, Testamentos y Particiones, Tomo I, 130-131 (1951). Pérez-Ardoyo, en Testamentos Notariales sin Testigos, Rev. de Derecho Notarial, Núm. 39, 277-287 (1963), critica esta exi-gencia a la luz de un examen del “testamento ológrafo”. Y la utilidad de los testigos instrumentales ha sido evaluada y atacada a base de un análisis de las siguientes funciones: (1) probatoria del contenido o veracidad del testamento; (2) como coautorizantes; (3) como parte de la solemnidad, seriedad y gran valor del acto; (4) asegurar identidad del testador; y (5) atestar su capacidad mental. Bloch Rodríguez, Los Testigos en los Testamentos Notariales, Rev. de Derecho Notarial, Núm. 16, 353-390 y Núm. 17-18, 315-331 (1957).

Hemos reflexionado nuevamente sobre nuestra interpretación literal del artículo que nos ocupa restringiendo los testigos a aquellos que estén domiciliados en el lugar del otorgamiento. En España el artículo .equivalente fue enmendado en 1ro. de abril de 1939 para adoptar, como alternativa al requisito de domicilio, el conocimiento personal de los testigos de la persona del testador, Armero, op. cit., 131. No existe duda que la participación de testigos idóneos es una formalidad esencial o de solemnidad (ad solemnitatem) para la validez del testamento. Lacruz y Sancho, Derecho de Sucesiones, Tomo I, 361-364 (1971); Osorio, op. cit., 65; Vila Plana, Instituciones de Derecho Sucesorio, 164-166 (1963) ; Diego Espín, Manual de Derecho Civil Español, Vol. V, 233 (3ra. ed.); Castán, op. cit., 51; Bionda, Sucesión Testamentaria y Donación, 60-63 (1960); A. Coello, Sucesiones, Tomo I, 164-165 (1952); y Valderde, Tratado de Derecho Civil Español, Tomo V, 63 (1939). Puig Brutau, resume la cuestión así:

“Los testigos son las personas que han de presenciar el acto del otorgamiento por disposición imperativa de la ley. Su inter- vención tiene el valor de una, formalidad solemne e indispensable para la validez del testamento. ... No constituyen solamente un medio de prueba del hecho del otorgamiento, sino que se trata de un requisito esencial para su validez, puesto que su concurrencia lo exige el Código de manera indispensable para la validez del acto.” Op. cit., 52. (Bastardillas nuestras.)

Ahora bien, como afirma Castán, la “legislación positiva ..., no siempre ajusta a estos principios racionales las reglas sobre aptitud de los testigos, y conserva causas de incapacidad solo fundadas en convencionalismos tradicionales.” Op, cit, 52. Manresa, se refiere a la cuestión del siguiente modo:

“El requisito de la vecindad — como dice Diez Picazo — es an-tiguo y viene ya exigido por el ordenamiento de Alcalá y por la Ley de Toro. Se busca una garantía en el conocimiento de las' personas y de las circunstancias que proporcionan la vecindad. En realidad, este requisito que podría tener algún sentido en el Derecho Medieval, en que los núcleos urbanos eran reducidos, carece por completo de sentido en los tiempos actuales, en que, dada la extensión de los núcleos urbanos, la identidad, del domi-cilio entre el otorgante y los testigos nada significa. Por otra parte, ha planteado el problema siempre de distinguir entre vecindad y domicilio. En este sentido, Burgos de Paz asimilaba el término de vecino al de habitante (incola) que no se pierde por el hecho de habitar algún tiempo en distinto pueblo. Sin embargo, los autores se inclinan por un criterio amplio y Ma-tienzo es del parecer que todos los que no son forasteros (omnes qui non sunt forenses) pueden ser testigos del testamento.” Op. cit., 639. (Bastardillas nuestras.)

Si el propósito de la disposición sobre idoneidad es el cono-cimiento por parte de los testigos instrumentales de las cir-cunstancias que confiere el convivir en una comunidad, ¿puede sostenerse racionalmente que los testigos señores Vélez Cabán, Colón Cordobés y González Matías residentes y vecinos del testador, no estaban mejor capacitados para llevar a cabo dicha función, que cualesquiera otros testigos domiciliados en Aguadilla? ¿Bajo cuáles circunstancias se cumple el obje-tivo legislativo de proteger mejor la última voluntad del testa-dor contra el fraude, la simulación, falsedad o el engaño? Las respuestas a estas interrogantes son claras. La sala de instancia las consideró, aunque con escrupuloso respeto a la jurisprudencia de Rodríguez y Arroyo, supra, se abstuvo de disponer del caso conforme al ilustrado criterio que expresó en la forma siguiente:

“Pero de 1902 a 1978 en Puerto Rico han ocurrido trascen-dentales transformaciones, La historia nos enseña que nuestros pueblos de 1902 eran recintos donde reinaba un ambiente de hermandad, donde las relaciones de vecindad eran muy estrechas, donde los medios de comunicación y transportación, comparados con nuestra vida presente eran virtualmente de rasgos primi-tivos — aquel Puerto Rico de 1902, hoy, tres cuartos de siglo des-pués, ha desaparecido — nos enfrentamos ahora a un Puerto Rico con tendencias cosmopolitas donde el producto obtenido en la ruralía céntrica se mercadea con más facilidad y en mayor volumen en los centros metropolitanos que en las otrora bulli-ciosas plazas del mercado municipales; nuestra gente del centro de la isla busca su recreación, su educación, y realiza gran parte de su actividad ordinaria no en relación a la plaza de recreo de su pueblo, o en la botica, o en el colmado del barrio, sino en la gran urbe. Hoy nos hemos transformado y nos desplazamos para una y otra cosa a los centros comerciales, a los supermer-cados, a las tiendas por departamentos. Esto, sumado a masi-vos movimientos migratorios del campo a la ciudad, y toda esa pléyada de cambios sociales que han sacudido nuestras formas y costumbres de vida de principios de siglo, han producido, entre otros, que las relaciones de vecindad, aquello de pueblo chiquito donde todos nos conocemos hayan desaparecido. No es cosa ex-traña hoy que entretanto desconocemos quienes son nuestros vecinos, mantenemos relaciones más estrechas con aquellos que formaron nuestra primitiva vecindad pero que por efecto de los cambios expresados viven dispersos a través de la isla, o fuera de ella.
España, atendiendo los reclamos de las transformaciones sociales y culturales, revisó hace 40 años su precepto legal en la materia que nos concierne. Puerto Rico, acaso como efecto de esa pasmosa desidia que repetidamente perpetúa estatutos ya de largo no compatibles con la problemática social que se propone reglamentar y que ignora la necesidad de la revisión continua del derecho codificado para armonizarlo con la sociedad a que sirve, aún mantiene ese anacronismo estatutario que contra-viene, o cuando menos, niega reconocimiento a nuestra presente realidad de pueblo en rápida evolución y cambio.
El caso ante nos pone de manifiesto el problema. Un ciuda-dano se propone disponer su voluntad para después de su muerte. Escoge los testigos que le son conocidos y de confianza, y que reúnen todos los requisitos y condiciones de idoneidad para ser-los. Escoge el Notario. Expresa al Notario su voluntad postrera. Se redacta el testamento. Se reúnen para su otorgamiento. Todo conforme a derecho. Sin embargo, por un simple accidente geográ-fico de ubicación de las personas — testador, testigos, notario — en el acto de otorgamiento, esa voluntad postrera se nulifica. San Sebastián, Moca, Aguadilla, son pueblos vecinos, pueblos inte-grados social, cultural y económicamente; pueblos unidos por vías telefónicas, redes de carretera, donde el intercambio social es continuo, cotidiano; donde el residente de uno se mueve todos los días a trabajar en los otros, donde lo producido en uno se mercadea en cualquiera de los tres. Pero el estatuto impone que para testar, para ese acto solemne de expresión de voluntad pos-tuma, el testador lo puede hacer en cualquier parte de la isla, con una condición: si es fuera de su pueblo donde tiene su resi-dencia, los testigos tendrán que ser no sus vecinos y relacionados diarios, con quienes va al club, a la iglesia, al juego de dominó, al parque, al baile, al cine, aquellos con cuyos hijos comparten los suyos en la escuela. No. Han de ser testigos los residentes del lugar donde se otorga el testamento, aunque tales testigos solo conozcan al testador accidentalmente y para solo el acto de tal otorgamiento. Acaso estos testigos, extraños a la vecindad del testador, ignoran su estado civil, su progenie, sus bienes. ¡Pero residen en el lugar del otorgamiento! Tal contrasentido es sim-plemente insostenible y contra toda lógica racional.”

A la luz de lo expuesto, la realidad contemporánea puertorriqueña, resolvemos que la terminología del Art. 680 del Código Civil no impide que puedan comparecer como testigos instrumentales en testamentos, personas “vecinas” que residan en Puerto Rico, siempre y cuando conozcan realmente al testador. Así le damos vivencia al sentir y propósito del Poder Legislativo. Cualquier otra conclusión resultaría “. .. excesivamente radical, cuando el requisito inobservado o defectuosamente cumplido no responde a una finalidad prác-tica suficientemente justificada por la necesidad de garan-tizar la sinceridad o autenticidad del testamento.” Osorio, citado en Lacruz-Sancho, op. cih, 359.

Se dictará sentencia revocando el dictamen del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla que invalidó el testamento abierto otorgado el 19 de agosto de 1973; y en su consecuencia se dic-tará la validez de dicho testamento.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Martín está conforme y además emitió opinión concurrente a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente y concurrente en el resultado. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no inter-vino.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Martín

a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 1979

El concepto de “vecindad” lo equiparamos al de “unidad municipal” en 1944 en Rodríguez v. Rodríguez, 62 D.P.R. 885, por ser ésa la directriz utilizada en España cuando allá regía la disposición del Código Civil equivalente al Art. 630 del nuestro. Sin embargo, la interpretación que entonces hicimos debe ceder ante las circunstancias de la época en que vivimos. Ya en 1939 España había advertido cuán obsoleto resultaba el antiguo concepto de vecindad en la época moderna, y legisló para reconocer que los no domiciliados en el lugar del otorga-miento de un testamento tenían la capacidad de ser testigos, siempre y cuando asegurasen conocer al testador y el Notario conozca a éste y a aquéllos. Manresa, J. M., Comentarios al Código Civil Español, Vol. V, pág. 622, et seq., Madrid, 1972.

En Puerto Rico, desde la vigencia del Código Civil, ha habido fluidez en cuanto a la demarcación geográfica de los municipios. Desde la Ley Foraker de 1900 la Asamblea Legis-lativa ha tenido la facultad de crear, consolidar y reorganizar municipios. Carta Orgánica del 12 de abril de 1900, cap. 191, see. 32, 31 Stat. 83. Tal facultad continuó bajo la Ley Jones de 1917. Carta Orgánica de 1917, cap. 145, Art. 37, 39 Stat. 964. Fue dejada en vigor por la Ley de Relaciones Federales de 3 de julio de 1950, cap. 446, Art. 4, 64 Stat. 319; y luego fue incorporada a la Constitución del Estado Libre Asociado que faculta a la Legislatura para “crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios [y] modificar sus límites territoria-les.” Art. VI, Sec. 1.

La Asamblea Legislativa ha ejercido dicho poder en múl-tiples ocasiones resultando ello en la creación de nuevos mu-nicipios, en la abolición de otros, en la fusión de algunos y en la división de varios. En 1902, por ejemplo, a poco tiempo del cambio de soberanía, había 68 municipios que fueron reducidos por ley a 48. Second Annual Report of the Governor of Porto Rico, pág. 58, Washington, 1902. Aquéllos que fue-ron abolidos se incorporaron a los restantes. Luego se reins-talaron en municipios independientes los que habían sido abolidos con los mismos límites territoriales que antes tenían. Ley de 9 de marzo de 1905.

En el eurso del tiempo se han modificado los límites te-rritoriales de varios municipios existentes para crear nuevos municipios. En 1911 se creó el Municipio de Jayuya al sepa-rarse tres barrios del Municipio de Utuado. Ley Núm. 34 del 9 de marzo de 1911. En 1914 se separaron varios poblados de los municipios de Yaueo, Fajardo y Humacao para constituir los de Guánica, Luquillo, Ceiba y Las Piedras. Ley Núm. 9 del 12 de marzo de 1914. En 1917 se separó de Juana Díaz el poblado de Villalba pasando éste a ser un municipio. Ley Núm. 42 del 12 de abril de 1917. En 1927 se constituyó el Municipio de Cataño mediante la segregación de dos barrios del de Bayamón. Ley Núm. 30 del 25 de abril de 1972. En 1951 se fusionaron los Municipios de San Juan y Río Piedras para constituir uno solo denominado San Juan Bautista. Ley Núm. 210 del 4 de mayo de 1951. En 1971 se separó el po-blado de Loíza del Municipio de Canóvanas para formar un nuevo municipio. Ley Núm. 91 del 24 de junio de 1971. En 1971 se creó el Municipio de Florida al separarse dicho po-blado del Municipio de Barceloneta. Ley Núm. 30 del 14 de junio de 1971.

Todos los cambios habidos en los límites territoriales de los municipios según hemos reseñado precedentemente han respondido a necesidades o conveniencias de carácter político o administrativo, y necesariamente han afectado la natura-leza del concepto tradicional de “vecindad”. En la generalidad de los casos una “vecindad” ha pasado a ser más de una “vecindad” o una “vecindad” distinta. Así, por ejemplo, los municipios de San Juan y Río Piedras que antes eran dos “vecindades” son ahora una sola. Y, el Municipio de Canó-vanas que era antes una sola vecindad, al dividirse en dos municipios como consecuencia de la segregación del poblado de Loíza para constituir un municipio separado, adquirió el carácter de dos vecindades.

Si insistiéramos en la interpretación que hicimos del Art. 630 en Rodríguez v. Rodríguez, 62 D.P.R. 885 (1944), resultaría paradójico que los vecinos del poblado de Loíza que anteriormente podían utilizarse como testigos en el otorga-miento de un testamento en el municipio de Canóvanas, ya no podrían ser utilizados, por el mero hecho de que se trazara una línea imaginaria separando los habitantes de una y otra vecindad para fines exclusivamente políticos y administra-tivos. Así también, los vecinos de Río Piedras, antes de su anexión a San Juan, no podían ser testigos de un testamento otorgado en San Juan, sin embargo, luego de la anexión que-daron habilitados para serlo, todo ello como consecuencia de una ficción legal desvinculada de la esfera de la testamen-taría.

En un momento de nuestra historia era lógico que el con-cepto de municipio se utilizara como definidor del concepto de vecindad del párrafo 2° del Art. 630 del Código Civil. El pobre estado de nuestras facilidades de comunicación redun-daba en una escasa relación entre las comunidades munici-pios del país por la condición de aislamiento de unas res-pecto a las otras. Puerto Rico contaba, al momento del cam-bio de soberanía, con sólo 284 kilómetros de carreteras. Second Annual Report of the Governor of Porto Rico, pág. 38, Washington, 1902; Coll y Tosté, C., Reseña del Estado Social, Económico e Industrial de la Isla de Puerto Rico al tomar posesión de ella los Estados Unidos, pág. 7, San Juan, 1899. Cada municipio representaba una comunidad cuyo desenvol-vimiento giraba necesariamente en torno al núcleo municipal. Estas comunidades pequeñas se caracterizaban por la intensa relación interciudadana con el resultado de que en la genera-lidad de los casos, los comunícipes se conocieran personal-mente. El municipio puertorriqueño, además de ser un cuerpo político y administrativo, era una comunidad de integración social. Con base en esas circunstancias de naturaleza socioeco-nómica, nuestra decisión en Rodríguez, supra, eficazmente ayudaba a garantizar el requisito de conocimiento entre testa-dor, testigos y notario que requiere el Art. 634 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2150, y a facilitar el trámite de inci-dentes futuros que, con respecto al testamento, se suscitaran. Manresa, J. M., Comentarios al Código Civil Español, Tomo V, pág. 639, Madrid, 1972.

Hoy contamos con 7669.6 kilómetros de carreteras— treinta veces el número de kilómetros existentes al comienzo del siglo — y una variada red de comunicaciones que entrela-zan nuestros pueblos. Departamento de Transportación y Obras Públicas, División de Estudios Especiales, Kilómetros de carretera en Puerto Rico por tipo de superficie y sistema administrativo; San Juan, 30 de junio de 1978. La integra-ción de nuestras comunidades es realidad que vivimos cada día. En algunos casos es imposible determinar dónde termina un municipio y dónde comienza el próximo. Las construc-ciones de viviendas se suceden una después de otra en forma ininterrumpida, de suerte que en una “vecindad” pueden coincidir dos o más municipios. Ese es el caso de San Juan, Guaynabo, Cataño y Bayamón por un lado y de San Juan y Carolina por otro. La creciente movilidad de los habitantes de nuestra isla de los campos a los pueblos, y de los campos y pueblos a las ciudades, ha tenido como consecuencia el que se hayan proliferado en las ciudades núcleos de personas representativas de sus comunidades de origen. También se ha generalizado el que personas que residen en un municipio ten-gan sus trabajos en otros o lleven a cabo actividades comer-ciales, profesionales, culturales y sociales en pueblos distin-tos al que residen. De suerte que sus amigos, conocidos y reía-donados se encuentran dispersos a través de toda la Isla de Puerto Rico. Al igual que se mueve la actividad comercial, industrial y social de uno a otro extremo de la isla, testadores y notarios, acuden, según lo requieran sus particulares nece-sidades, a diversos lugares del país en actividades relaciona-das con declaraciones de última voluntad. Es evidente que Puerto Rico se identifica hoy como una sola vecindad para múltiples propósitos, incluyendo el de la actividad testamen-taria.

El devenir del tiempo, y con él la profunda huella del progreso, han causado que nuestra decisión en Rodríguez, supra, carezca hoy de utilidad social y de valor jurídico. El requerimiento de “vecindad” comprendido en el Art. 630 del Código Civil, que una vez equiparamos a “municipalidad”, debe hoy interpretarse en el sentido de que los testigos ins-trumentales que comparezcan en el otorgamiento de un testa-mento sean, sin más, vecinos de nuestra Isla. Lo importante es que se cumpla con el requisito de conocimiento entre tes-tador, testigos y notario del Art. 634 del Código Civil.

—O—

Opinión disidente en parte y concurrente en el resultado del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de marzo de 1979

De su faz el testamento abierto otorgado por don Flores Rivera Mercado en Aguadilla el 19 de agosto de 1973 ante el notario Jorge L. Chaar Cacho, por aparecer que los tres testi-gos instrumentales en aquel momento eran vecinos de San Sebastián, contraviene el Art. 630 del Código Civil preceptivo de que “no podrán ser testigos en los testamentos: (2) [1]os que no tengan la calidad de vecinos o domiciliados en el lugar del otorgamiento, . . . .” Dice así el texto del citado artículo:

(31 L.P.R.A. see. 2146) — Testigos, quiénes no podrán serlo.
“No podrán ser testigos en los testamentos:
1. Los menores de edad.
2. Los que no tengan la calidad de vecinos o domiciliados en el lugar del otorgamiento, salvo en los casos exceptuados por la ley.
3. Los ciegos o los totalmente sordos o mudos.
4. Los que no entiendan el idioma del testador.
5. Los que no estén en su sano juicio.
6. Los que hayan sido condenados por el delito de falsifica-ción de documentos públicos o privados, o por el de falso testi-monio, y los que estén sufriendo pena de interdicción civil.
7. Los dependientes, amanuenses, criados, ni persona otra alguna que trabaje en la misma oficina, o sea socio, o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del notario autorizante.”

El defecto apuntado tiene sanción de nulidad en el Art. 636 (31 L.P.R.A. see. 2152) al prevenir que será nulo el testa-mento en cuyo otorgamiento no se hayan observado las for-malidades respectivamente establecidas; y también en el Art. 4 (31 L.P.R.A. see. 4) que declara nulos los actos ejecu-tados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez. La Ley Notarial observa absten-ción en materia de testamentos y demás disposiciones mortis causa. (4 L.P.R.A. see. 1022.)

La Sala de Aguadilla, contra su propio criterio y solo en respeto a precedentes adversos al mismo, anuló el testamento. El 11 de octubre de 1978 expedimos auto de revisión.

HH

La nulidad que la situación plantea no queda rebatida por argumentos geográficos en torno a la acrecentada fluidez del tránsito y comunicación entre pueblos, ni en los cambios ope-rados en el desarrollo urbano y sistema vial de nuestra patria. Dichas facilidades, destacadas por el detalle de que en el 1898 Puerto Rico tenía 284 kilómetros de carreteras y hoy tiene 7670 kilómetros, si algo demuestran es que el notario de hoy, con mucha más comodidad que el de ayer, puede guardar la ley y cumplir con el requisito de residencia de los testigos cuando el testador no esté avecindado en el municipio donde tiene abierta su notaría y prefiera sus vecinos de testigos, simplemente trasladándose al pueblo del domicilio del testador y otorgando allí, con los testigos compueblanos, la escritura de testamento abierto.

Carece de contenido jurídico el referido argumento sobre el urbanismo contemporáneo pues descansa en la premisa del desuso o cambio en la costumbre y hábitos de vida del puerto-rriqueño, opuestos a la letra de la ley. Dispone el Art. 5 del Código Civil que las leyes sólo se derogan por otras leyes pos-teriores; y que no prevalecerá contra su observancia el de-suso, la costumbre, o la práctica en contrario. “De otro modo” comenta Castán Tobeñas, “no se sabría nunca en qué momento la inejecución de una ley era bastante prolongada para destruirla.”

La decisión de este Tribunal en Paz v. Fernández, 76 D.P.R. 742, 752-3 (1954), aun cuando precursora en su juridicidad, no es precedente para la dispensa del requisito de vecindad de testigos que ahora nos ocupa. Allí intentamos una clasificación de las formalidades o solemnidades por ley exi-gidas en los testamentos, distinguiendo entre las esenciales o de fondo, y las externas o de forma. No hubo concreción de doctrina toda vez que al sostener el testamento en Paz, supra, nos limitamos a rechazar señalamientos frívolos relacionados con la redacción del documento porque según la prueba en instancia todas las formalidades externas fueron cumplidas, y porque “ [n] inguna formalidad de fondo, de las que vician de nulidad el testamento [estuvo presente ni], fue curada por la prueba a que dio crédito el tribunal sentenciador.” Ibid., pág. 753.

Tampoco es convincente el ejercicio semántico tendente a establecer que los vecinos o domiciliados de San Sebastián lo son también de Aguadilla. Lo que define la vecindad es la convivencia en la unidad poblada: el barrio, el pueblo, la aldea, el sector, el ayuntamiento, por lo que no hay error en Rodríguez v. Rodríguez, 62 D.P.R. 885, 889 (1944), ni en Arroyo v. Fernández, 68 D.P.R. 514, 518 (1948), en cuanto identificaron el concepto “lugar del otorgamiento” con “Municipio” donde se constituye el notario para legalizar el acto. Sin salimos de la Ley Notarial encontramos que su Art. 4 (4 L.P.R.A. see. 1004) instruye que en caso de que el notario no pudiese atender su oficina nombrará como sustituto “otro notario que sea su convecino”, voz ésta que la Academia define como “que tiene vecindad con otro en un mismo pueblo.” (Énfasis nuestro.) Sobre el particular dictamina Manresa “que el único criterio apreciable para fijar el concepto de vecino en estos casos, es el hecho de pertenecer al mismo municipio o término municipal.” Comentarios al Código Civil Español, Tomo 5, pág. 625, 7ma. ed. (1972).

II

A tenor del Art. 634 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 2150) los testigos del testamento cumplen dos funciones: identificación del testador pues dos de ellos por lo menos de-berán conocerlo; y juzgar, con el notario, la capacidad legal del testador necesaria para testar. Por razón de éstas y sus demás funciones pertinentes a la legitimidad de la disposi-ción testamentaria, los testigos han de ser personas de capa-cidad intelectual, probidad e imparcialidad. La exigencia de ser vecino o domiciliado en el lugar de otorgamiento aparece tan desvinculada de aquellas cualidades esenciales, que mo-tivó su eliminación del Art. 681 del Código Civil Español, que corresponde al 630 nuestro, supra. La generalidad de los tratadistas clasifican las causas de incapacidad para ser testigo testamentario en absolutas, que son las que inhabili-tan una persona para intervenir en cualquier testamento, y relativas, que inhabilitan tan solo para los testamentos en que concurran determinadas circunstancias. Como corolario de este reconocimiento de distintos grados, índole y trascen-dencia de las formalidades del testamento concernientes a testigos, se ha impuesto la necesidad de templanza del rigo-rismo por la jurisprudencia, método de la equidad que va en auxilio de la legítima voluntad del testador manteniendo la validez formal de su testamento. No es este recurso nuevo de la jurisprudencia civil. Surge en el caso resuelto por sentencia de 30 de abril de 1909 del Tribunal Supremo de España en la que discutiendo el requisito de vecindad de un testigo, se declara en el primer considerando: “... si bien a tenor de lo dispuesto en el art. 687 del Código Civil [Art. 636 P.R.] será nulo el testamento en cuyo otorgamiento no se hayan obser-vado las formalidades respectivamente establecidas, se im-pone, según regla de buen criterio, dada la naturaleza y sig-nificación de aquél, tener en cuenta la índole de dichas forma-lidades, para apreciar, con relación a su trascendencia, el límite dentro del cual pueden conceptuarse cumplidas, armo-nizando así la voluntad conocida de un testador con los re-quisitos externos de su expresión.”

Esa atenuación del rigor de las solemnidades del testa-mento no es contradicción doctrinal, sino flexibilidad fundada en criterio de equidad, justificado por circunstancias espe-ciales en que no se afecta de modo fundamental la sustancia del acto testamentario, como la que se da en el presente caso en que la residencia de los testigos en lugar distinto al de otorgamiento no produce conflicto con su capacidad intelec-tual, probidad e imparcialidad.

El Código Civil no establece quién pueda ser testigo sino que, por el contrario, hace lista de las incapacidades abso-lutas o relativas para el desempeño de esa función. La esti-mación de la incapacidad relativa de un testigo de testamento corresponde a los tribunales que al ejercitar su arbitrio no deben preferir, sin distinguir de casos y circunstancias, la severidad del precepto legal interpretado, menos necesario ese rigor de ritualidad hoy que antes, “si” como declara el Tribunal Supremo español, “se tiene en cuenta el alto nivel de aptitud profesional y reconocida [garantía] de la fe pública.” Sentencia de 27 de mayo de 1914. Hay que tener presente que aunque por la generalidad y amplitud conceptual de sus términos tan brevemente expresados, parece que la sanción de nulidad del Art. 636 es tan absoluta que ni el más insignifi-cante requisito queda excluido de ella, bastando su falta para viciar fatalmente el acto, sin embargo, su precepto se refiere y limita, como señala la jurisprudencia, a aquellas formali-dades que puedan afectar la esencia y validez del otorga-miento.

Con estos antecedentes y fundamentos sostengo la validez del testamento impugnado, y consecuentemente la sentencia de instancia debe ser, revocada.

      En cuanto al segundo testamento, su nulidad es absoluta y no se cuestiona.

      Reza en parte:
      “No podrán ser testigos en los testamentos:
      (2) Los que no tengan calidad de vecinos o domiciliados en el lugar del otorgamiento, salvo los casos exceptuados por la ley. . . (31 L.P.R.A. see. 2146.)

       El presente caso no plantea problema que podamos resolver a base de la conocida clasificación de incapacidad de testigos que distingue entre incapacidades relativas e incapacidades absolutas. Las incapacidades abso-lutas, son las que inhabilitan a una persona para intervenir en cualquier testamento. Son absolutas, entre otras, la de los menores de edad, la de los que no están en su sano juicio y la de los ciegos y totalmente sordos o mudos. Por otra parte, se les llama relativas a las que inhabilitan tan solo para los testamentos en que concurran determinadas circunstancias, afec-tando la incapacidad relativa los no domiciliados en el lugar del otorga-miento, el cónyuge o parientes del notario etc. . . . Así pues el cónyuge del notario es hábil para ser testigo en cualquier testamento pues no adolece de incapacidad natural alguna, excepto en aquellos testamentos que otorgue su consorte. Ahora bien, una vez que concurren las circunstancias que dan lugar a la incapacidad, el efecto es el mismo: la nulidad del testamento por faltar, como expone la opinión del Tribunal, un requisito indispensable en la solemnidad testamentaria. Ver Manresa, J. M., Comentarios al Código Civil Español, Tomo 6, Vol. II, pág. 50 et seq., Madrid, 1973; Puig Brutau, J., Fundamentos de Derecho Civil, Tomo V, Vol. II, pág. 52, Barcelona, 1977. Sin embargo, con la interpretación que hoy adopta el Tribunal del concepto de “vecindad” se resuelve el problema que en casos como el de autos presentaba la incapacidad relativa resultante de no ser domiciliado del lugar del otorgamiento.

       Con la profusión y dispersión de notarios en todo el territorio na-cional debe inferirse que son contadísimos y de excepción los testamentos que requieran tal traslado, con el correspondiente aumento en costo para el testador.

        Derecho Civil Español, Tomo 1, Vol. Io, págs. 449-450, lOma. ed. (1962).

       Art. 634-Notario y testigo deberan conocer al testador.
      “El notario y dos de los testigos que autoricen el testamento deberán conocer al testador, y si no lo conocieren, se identificará su persona con dos testigos que le conozcan y sean conocidos del mismo notario y de los tes-tigos instrumentales. También procurarán el notario y los testigos asegu-rarse de que, a su juicio, tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar.
      “Igual obligación de conocer al testador tendrán los testigos que auto-ricen un testamento sin asistencia de notario, en los casos de las sees. 2187 y 2188 de este título.” (31 L.P.R.A. see. 2150.)

       Por Ley de Io de abril de 1939 que ordena:
      “En los testamentos intervendrán los testigos exigidos por la legisla-ción vigente, pudiendo los instrumentales ser a la vez testigos de conoci-miento.
      “No será necesario que los testigos tengan Vecindad o domicilio en el lugar del otorgamiento, cuando aseguren que conocen al testador y el notario conozca a éste y a aquéllos.” Scaevola, Tomo 12, 2da. ed. (1950), pág. 271.

       Scaevola, Código Civil, Tomo 12, págs. 279-280; 2da. ed. (1950); Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Tomo 6, pág. 161; 3ra. ed. (1976); Castán Tobeñas, op. cit., Tomo 6, Vol. 2, pág. 53 y ss.; Manresa, op. cit., Tomo 5, pág. 627 y ss., 7ma. ed. (1972).

        Jurisprudencia Civil Núm. 88, Tomo 114, pág. 672 y ss., ratificada por Sentencia de 5 de diciembre de 1909.

        Jurisprudencia Civil, Núm. 80, Tomo 130, pág. 390 y ss.