author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Francisco Morales Garay y Otros, demandantes y recurridos, v. Rafael Roldán Coss, demandado y recurrido; Corporación Insular de Seguros, tercera demandada, recurrente.

      Número: R-80-488

      Resuelto: 11 de febrero de 1981

      Jorge Meléndez Vela, abogado de la recurrente; Justino Ferrer Muñoz, abogado del demandado-recurrido Rafael Roldán Coss.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Morales y Morales murió en la madrugada del 2 enero, 1977 a causa de un tiro en la cabeza zafado del revól-ver de su patrono el demandado Roldán Coss. Estos hombres habían estado de parranda durante toda la noche y tocaban música navideña en el negocio de Roldán cuando surgió una pelea en el área de estacionamiento. El comerciante y su em-pleado Morales salieron hacia el sitio de la trifulca y siendo personas conocidas las enfrascadas en lucha, Roldán intervino forcejeando para separarlos, y como no tuviera éxito extrajo un revólver con el que golpeaba los contendientes, disparán-dose el arma en ese momento y alcanzando la bala al em-pleado Morales que también estaba envuelto en el esfuerzo de pacificación. Roldán Coss fue sometido a proceso por estos hechos, convicto de homicidio involuntario y agresión simple y absuelto en cargos de agresión agravada y dos infracciones de Ley de Armas. Los padres y un hermano gemelo de Morales dedujeron acción civil reclamando daños y perjuicios de Roldán Coss y cuando la aseguradora de éste negó cubierta y rehusó defenderlo, la trajo como tercera demandada. La Sala de Caguas condenó a la aseguradora Corporación Insular de Seguros al pago de $15,000 a cada uno de los padres del occiso, $8,000 a su hermano; $7,500 a Roldán Coss en resarcimiento del costo de defensa del pleito; más $2,500 para honorarios de abogado.

Recurrió la compañía de seguros en revisión y el deman-dante contra tercero y recurrido Roldán Coss radicó memo-rando de oposición; y hemos examinado la evidencia testifical de la recurrente, sometida mediante deposiciones de seis testi-gos, por lo que resolvemos bajo la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal.

Señala como errores del Tribunal Superior (1) equivo-cada apreciación de la prueba, porque debió concluir que la muerte se debió a un acto criminal y voluntario; (2) haber sostenido que la póliza cubría el referido acto; (3) concluir que la muerte fue consecuencia de conducta negligente; (4) sostener la responsabilidad de la aseguradora por acto criminal del asegurado, contraviniendo lo ordenado en el Código de Seguros; (5) imponer a la aseguradora el pago de gastos in-curridos por el demandado en su defensa; (6) condenarla al pago de $2,500 para honorarios de abogado; (7) fijar cuan-tía de indemnización sin haber recibido prueba; o en la alter-nativa, haberse excedido en la concesión de daños; y (8) con-denarla al pago de $7,500, importe del contrato de honorarios por servicios profesionales entre el demandado Roldán y su abogado, una reiteración del señalamiento 5°. Esta prolifera-ción de señalamientos se debe a la fragmentación de las cues-tiones fundamentales sobre las que decidimos ahora, prescin-diendo de la minuciosidad y duplicación.

En un acto dañoso compuesto en parte por negligencia y en parte por conducta criminal, la preponderancia de uno u otro elemento es lo que finalmente fija su verdadera naturaleza. Así lo resolvimos en Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979), al responsabilizar al Estado por la negligencia de un policía que disparó su arma contra el demandante a quien confundió con un prófugo peligroso, causándole graves lesiones, porque no obedeció la orden de detenerse; a pesar de que el Art. 6(d) de la Ley autorizando pleitos contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3081(d), niega el consentimiento para acciones por daños y perjuicios por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado “constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona”. Declaramos entonces que “es necesario distinguir entre el delito intencional y la negligencia, ya que lo que el estatuto requiere es que el elemento de negligencia o descuido en la actuación del agente supere cualquier grado de responsabilidad criminal presente en su conducta”. Pág. 182.

La víctima de un acto torticero no pierde sü derecho a reclamar contra la aseguradora del causante del daño porque dicho acto esté integrado en menor parte por conducta criminosa. El Derecho no se nutre de postulados absolutos y sí de ecuaciones que reconocen un equilibrio de factores y fuerzas contradictorias que conjugadas resultan en una adjudicación de fundamental justicia.

El acto del demandado Roldán que causó la muerte a su amigo Ramón (Tite) Morales fue calificado finalmente en su aspecto penal como homicidio involuntario que el Art. 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4005, define como ocasionar la muerte de una persona obrando con negligencia, o al realizar un acto ilegal que no constituyere delito grave. Estimando ahora los hechos, según resultaron probados tanto en la acción penal como en la civil, forzoso es concluir que con relación al occiso la conducta del demandado hacia el causante de los demandantes fue esencialmente negligente y no criminal al sacar un arma de fuego en la inmediata presencia de su empleado y usarla ilegal y torpemente como rotén o martillo contra otro, con tal impericia y descuido que se produjo el disparo que ni previo ni intentó. El método mismo que siguió el demandado al intervenir para terminar la pelea en su negocio, usando el revólver como maza para pegar, sin halar el gatillo contra los revoltosos es suficiente indicio de que ni quería ni anticipaba la muerte de su compañero de trullas. Ocurrió el “accidente” cubierto por el lenguaje de la póliza emitida por la tercera demandada Corporación Insular de Seguros, que allí se define como evento causante del daño a la persona, que el asegurado ni previo ni intentó.

Los términos de las pólizas de seguro deben ser generalmente entendidos en su más corriente y usual significado, sin atender demasiado al rigor gramatical, sino al uso general y popular de las voces. El asegurado que adquiere una póliza tiene derecho a confiar en la cubierta que se le ofrece leyendo sus cláusulas a la luz del sentido popular de sus palabras. Si seguimos esta norma al leer la cláusula de cobertura del riesgo, no hay dificultad en concluir que los hechos judicialmente depurados son de la naturaleza del evento o accidente contra el cual'el comprador de este tipo de póliza buscó protegerse. Al efecto ordena el Art. 1236 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3474, que si alguna cláusula del con-trato admitiere diversos sentidos, deberá entenderse en el más adecuado para que produzca efecto. Ha de presumirse que las partes al contratar lo hacen con el propósito de que sus pactos y convenciones tengan efectividad y no para que resulten declaraciones baldías e ilusorias. (Bonet Ramón, Código Civil comentado, 2da ed., 1964, págs. 1.010-11.)

Al resolver la acción civil el juzgador no estaba irremisi-blemente obligado a llegar a la misma conclusión obtenida en el juicio criminal por homicidio involuntario aun cuando el resultado en éste constituyere prueba prima facie de tal conducta criminosa en el demandado. Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976). El juez consideró toda la prueba ofrecida por la aseguradora y sintetizó sus determina-ciones a la página 2 de su sentencia, expresando: “. . . de con-formidad con la prueba desfilada durante las deposiciones de las partes y de los testigos, el demandado no tuvo la intención de herir ni mucho menos matar a su empleado, quien com-partía con él en las trullas navideñas desde la noche anterior”. Así quedó la falta de intención determinada como hecha en sano ejercicio del arbitrio judicial. Esa conclusión, sostenida por la prueba, valida la causa de acción de los demandantes bajo los términos de cubierta en la póliza a que nos referimos, y dispone de la alusión de la recurrente al Art. 11.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1102, en su prohibición de asegurar a persona alguna contra las consecuencias pena-les de un delito.

La aseguradora, excusada de proveer defensa legal por las alegaciones de la demanda original en que se imputaba al asegurado haber causado una muerte por asesinato frío y deliberado, perdió su excusa una vez enmendada la demanda y alegados los hechos de muerte accidental que resultaron finalmente probados en la estimación de la evidencia por el juzgador y que califican la conducta del demandado en rela-ción con el causante de los demandantes como una de negli-gencia sin intención criminal. Cuando las alegaciones del de-mandante establecen hechos que sitúan el daño dentro de la cubierta de la póliza por “accidente” o involuntariedad, la aseguradora no puede negar asistencia legal a su asegurado, independientemente de cuál sea la adjudicación final por sen-tencia del tribunal competente. Fernández v. Royal Indemnity Co., 87 D.P.R. 859, 863 (1963). El propio texto de la póliza reconoce la responsabilidad de la aseguradora en su definición de evento (occurrence) como “accidente . . . que resulta en daño corporal o a la propiedad, que el asegurado ni anticipó ni intentó” según conclusiones de instancia fundadas en la póliza, y que la parte recurrente no cuestiona.

Como la recurrente insiste en que no hay cubierta porque el acto de su asegurado Roldán fue intencional y voluntario; que no fue un homicidio involuntario coetáneo a la agresión a otra persona, sino un crimen intencional que califica al menos como homicidio voluntario, impugnando de este modo la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia, hemos leído en su integridad las declaraciones ofrecidas por la aseguradora para variar la determinación de involuntariedad en el juicio criminal y de las mismas no surge razón para alterar la calificación del acto en dicho proceso y la estimación por el juez de la totalidad de la prueba. Su decisión se ajusta a la regla de Derecho penal enunciada en el Art. 15 del Código, 33 L.P.R.A. see. 3062; el delito será intencional (a) cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o (b) cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión. La muerte del causante de los demandantes no sobrevino como consecuencia penal de un delito pues nin-guno intentó el asegurado contra su amigo y empleado, por lo que no procede la defensa de la aseguradora fundada en el Art. 11.020 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1102, que prohíbe el seguro “contra las consecuencias penales de un delito”.

Consideramos, sin embargo, que la aseguradora no fue temeraria al defenderse en esta acción que llega a este Tribunal por vez primera reclamando bajo un seguro contra negligencia, daños causados por el asegurado con conducta que, además de negligente, está definida como delictuosa en el Código Penal.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia Regla 50 modi-ficando la de instancia al solo efecto de eliminar la partida de $2,500 para honorarios de abogado, y asi modificada, será confirmada.

      En la demanda enmendada que fue finalmente a juicio, se alega la causa de acción, así:
      “Que el demandado en forma negligente y mientras intentaba separar a dos personas que se encontraban peleando frente a su residencia y sitio de negocio, sacó su revólver sin preveer las consecuencias que podía tener dicho acto, por lo que en forma imprudente e irrazonable se le escapó un tiro que fue a herir al joven Ramón Morales Morales, conocido por Ramón Morales Garay, causándole la muerte.
      “Que la acción del demandado no estaba justificada en forma alguna, siendo su actuación una de negligencia crasa, hechos por los cuales fue encontrado culpable por el Tribunal Superior, Sala de Caguas por el delito de homicidio involuntario.”

      La división proporcional entre causas del daño para fijar responsa-bilidad es solución práctica aceptada. Prosser, Handbook of The Law of Torts, 4ta ed., St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1971, pág. 313.

       “1. Coverage L. Personal Liability
      “The company will pay on behalf of the insured all sums which the insured shall become legally obligated to pay as damages because of bodily injury or property damage to which this insurance applies, caused by an occurrence . . .”
      “VII Definitions

        ‘Ocurrenee’ means an accident, including continuous or repeated exposure to conditions which results in bodily injury or property damage neither expected nor intended from the standpoint of the insured.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    Eufemio Morell Morell, lesionado, Bernardino Román Santiago, patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, Fondo del Seguro del Estado, asegurador-recurrente.

      Número: O-80-613

      Resuelto: 12 de febrero de 1981

      Antonio Acevedo Torres y Antonio Allende Calderón, abogados de la Administradora del Fondo del Seguro del Estado; José A. Lugo Irizarry y Francisco Irlanda Pérez, abogados del obrero lesionado.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Consideramos en el recurso ante nos cuál ha de ser el alcance de una llamada “condición emocional” presente en el caso de una persona acogida a los beneficios de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sees. 1 a 42, que amerite compensación bajo dicha ley. Resolvemos que, además de la necesaria relación causal entre la condición y el empleo, para que dicha condición sea compensable debe originar alguna incapacidad para el trabajo o agravar una incapacidad existente, y que ello debe probarse de manera convincente mediante prueba pericial basada en exámenes psiquiátricos adecuados.

Eufemio Morell Morell sufrió un accidente del trabajo en febrero de 1971. Mientras se ocupaba en su oficio de carpin-tero, se dobló a coger un tablón y al enderezarse sintió un fuerte dolor en la cintura. Contaba entonces cincuentiséis años de edad. Se diagnosticó herniación en varios discos lum-bares y, tras numerosos trámites administrativos, se le re-conoció una incapacidad funcional general permanente de un ochenta por ciento, compensable bajo la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo. Se recomendó una opera-ción quirúrgica para reducir la incapacidad, a lo cual se negó el señor Morell.

El 20 de octubre de 1978 la Comisión Industrial emitió resolución en que redujo la incapacidad a la mitad, es decir, a un 40 % de las funciones fisiológicas generales. Se amparó para ello en el Art. 3, inciso 3, de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3, que se refiere a incapacidades parciales permanentes compensables bajo la ley, y que dispone que si se hace necesaria una operación qui-rúrgica, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado tendrá derecho a ordenar un examen médico del obrero. “Si el examen —dice dicho artículo— no demuestra la existencia de enfermedad alguna o condiciones físicas que revelen peligro alguno de esta operación y el obrero o empleado, con conoci-miento de los resultados de dicho examen aún persiste en negarse a someterse a tal operación, solamente tendrá derecho a la mitad de la compensación que ordinariamente le corres-ponde bajo este Capítulo.”

El obrero había solicitado del Pondo que le reconociera, en adición a la incapacidad funcional, una llamada “condición emocional” y le compensara por ello. Como transcurriera el tiempo sin que el Fondo resolviera, la Comisión asumió juris-dicción de conformidad con el Art. 7 de la Ley, 11 L.P.R.A. see. 9, y concedió al Fondo treinta días para decidir. Se hizo una evaluación siquiátrica en el caso y finalmente se celebró una vista pública, luego de la cual se emitió resolu-ción el 17 de septiembre de 1980, que es motivo del recurso que aquí nos ocupa. Resolvió la Comisión que el Sr. Morell padece de una condición emocional, catalogada por los peritos como leve, relacionada con el accidente sufrido en febrero de 1971. A base de ello ordenó a la Administradora del Fondo del Seguro del Estado brindarle “la íntegra protección de la ley”. Concedimos término al recurrido para mostrar causa por la cual no debamos revocar la resolución recurrida. Ha comparecido, pero no nos convence.

La Comisión centró la controversia en el aspecto de relación causal. Nada expresó sobre los efectos de la condición emocional del recurrido; es decir, la forma en que dicha condición afecta la capacidad del recurrido para trabajar y ocuparse lucrativamente. Nos parece que ello es fundamental para adjudicar compensación. La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no establece un seguro para indemnizar por daños. Establece un seguro de carácter remedial para compensar, en la medida limitada establecida por la propia ley, la incapacidad productiva que sobreviene a un obrero como consecuencia de un accidente o enfermedad ocu-pacional. Véanse Villanueva Pérez v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 790 (1980); Alonso García v. Comisión Indus trial, 103 D.P.R. 183, 184 (1974); Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 741, 745 (1974); Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 733, 735-736 (1974).

Para que un estado o condición emocional sea compensable debe, pues, ser limitativo de la capacidad del obrero para tra-bajar, bien porque cause una incapacidad o bien porque agrave una incapacidad ya existente. Véanse Larson, The Law of Workmen’s Compensation, Vol. IB, Sec. 42.22, y Blair, Reference Guide to Workmen’s Compensation, sec. 6.12, quienes, al referirse a condiciones mentales compensables bajo legislación similar a la nuestra, tales como neurosis, psiconeurosis, histeria mayor o menor, o conversión, señalan que tal condición debe ser incapacitante {disabling).

Notamos que con frecuencia se recurre ante nos de decisio-nes de la Comisión Industrial que plantean la compensabili-dad de estados mentales que se han dado en llamar condiciones emocionales. El presente es un caso típico de los muchos en que se plantea la misma cuestión. Una persona sufre un acci-dente del trabajo y como consecuencia de ello se le reconoce determinado por ciento de incapacidad funcional de carácter permanente. Subsiguientemente esa persona reclama compen-sación por padecer también de una “condición emocional” relacionada con el accidente. Es difícil imaginar una persona tan insensible que no se preocupe y no sufra mentalmente al saberse limitada en su capacidad para trabajar. Pero esas preocupaciones y sufrimientos mentales, tan naturales como son, no pueden compensarse bajo la ley que aquí nos ocupa a menos que, a su vez, produzcan incapacidad. Tal tipo de incapacidad debe quedar probada convincentemente, a base de prueba pericial basada en exámenes siquiátricos adecua-dos, dada la.naturaleza vaga, nebulosa y subjetiva de dicha condición emocional y de que es susceptible de que se finjan sus síntomas.

El caso ante nos no cumple esos requisitos. Hay discrepancia entre los peritos —uno presentado por el Fondo y otro, consultor de la Comisión— sobre la causa de la condición emocional del recurrido. Ambos peritos coinciden en que es leve. Y el consultor de la Comisión, aparte de basarse en posibilidades, señaló como causa que el recurrido . . podría al verse impedido de poder seguir trabajando, desarrollar una condición emocional . . Es decir, según este testimonio, la condición emocional es el resultado de no poder trabajar. Debía ser a la inversa para que la condición emocional fuera compensable: que debido a ella el reclamante no pueda traba-jar. Señalamos en Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 715 (1975), que no puede sostenerse una decisión a base de prueba pericial “vaga, superficial e imprecisa” y que rechazaremos toda prueba “que equivalga a especulación o conjetura basada en hechos subsidiarios que no sostengan adecuadamente las conclusiones a que llegan”.

Para resumir, resolvemos que para que sea compensable una condición emocional bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, debe establecerse: (1) relación causal entre la condición y un accidente o enfermedad ocupacional, (2) que la condición es de tal naturaleza que origina por sí misma una incapacidad para trabajar o agrava una incapa-cidad funcional existente, y (3) que la prueba para demos-trar tal condición sea convincente, basada en opiniones siquiá-tricas que sean el resultado de exámenes adecuados.

Por los fundamentos expresados, se dictará sentencia que revoque la resolución recurrida y deniegue la reclamación del recurrido de que se le compense por su alegada condición emocional.

       Dicho artículo dispone como sigue en su primer párrafo:
      “En el caso de que el Administrador del Fondo del Estado demorare por más de un mes, sin causa justificada, la decisión de un caso completo sometido a su consideración, el obrero o el patrono que sean partes nece-sarias en dicho caso, o cualquier parte interesada podrá recurrir en queja ante la Comisión Industrial y obtener una orden de dicha Comisión com-peliendo al Administrador para que decida el caso; y si fuere necesario, la Comisión podrá también ordenar al Administrador que remita el expediente del caso a dicha Comisión con el objeto de asumir jurisdicción sobre el mismo y decidirlo; pero, antes de asumir jurisdicción en un caso y decidirlo, la Comisión dará al Administrador una oportunidad razonable para cerrar y decidir dicho caso.”

       Dice Blair, Reference Guide to Workmen’s Compensation, sec. 6.12 r
      “. . . Ya que es posible que los síntomas sicóticos sean fingidos, la prueba sobre ellos normalmente se considera con mucho cuidado. Se requiere que las opiniones siquiátricas estén basadas en exámenes suficientes y ca-bales (accurate) del reclamante.” (Traducción nuestra.)

       Copiamos de la “Resolución Vista Pública” de 17 de septiembre de 1980, de que se ha recurrido, pág. 2, el siguiente párrafo en resumen de la declaración del perito de la Comisión Industrial:
      “El Dr. Héctor Tejeda Sánchez en síntesis declaró que teniendo en cuenta que estamos ante un caso de un lesionado de 64 años de edad, que al momento del accidente tenía 54 años, de oficio carpintero y con una educación rudimentaria de un tercer grado de escuela elemental, acostum-brado a trabajo pesado, podría al verse impedido de poder seguir traba-jando, desarrollar una condición emocional inicial -la cual empezó trata-miento poco tiempo después del accidente; que según él y su esposa fue para 1971, luego de lo cual fue sometido aproximadamente a una docena de vistas médicas y públicas. Que sin embargo, estamos ante una condición que no es tan severa de por sí para llegar ella sola a un grado incapaci-tante total. Considera que es una reacción de ansiedad con depresión y algunos factores involutivos. Que su opinión es que el caso sí está rela-cionado con el trabajo.”


author: Juez Asociado Señor Da-vila Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Francisco Marín Quiñones, acusado y apelante.

      Número: CR-79-37

      Resuelto: 19 de febrero de 1981

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, Vilma Santiago y Heyda Vigil McClin, abogadas del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Por estar igualmente dividido el Tribunal, se confirman las sentencias apeladas.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín y Díaz Cruz. El Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión disidente y concurrente a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Da-vila

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico a 19 de febrero de 1981

La prueba de cargo estableció que como a las 10:30 de la noche un automóvil rojo con capota negra pasa frente a un negocio sito en la carretera que conduce de Canóvanas a Juncos. Cuatro individuos que vienen de la dirección en que iba el vehículo antes mencionado entran al negocio. Anuncian que es un asalto. Resultado: dos vidas segadas y una bolsa de $140 a $150. Huyen. La Policía es avisada e inmediatamente anun-cia por radio lo ocurrido. Describe el vehículo en que viajan los asaltantes como rojo con capota negra.

Como a las once de la noche, al poco rato de ocurrir el asalto, un agente de la Policía que había escuchado el men-saje observó un vehículo que respondía a la descripción que había oído por la radio. Lo detuvo. Inquirió por la licencia. Cinco personas bajaron del vehículo. Uno permaneció en el vehículo. Era lisiado y sólo podía moverse en silla de ruedas. Dos se dieron a la fuga. Los otros fueron arrestados. Se ocuparon dos armas de fuego calibre 38 en la parte de atrás del vehículo “como por debajo del asiento delantero”. Una de éstas tenía cinco casquillos y una bala sin disparar. La otra tenía cuatro balas y dos casquillos. Se le ocuparon $795 a Francisco Marín, el lisiado, que es el apelante en este recurso. A los demás arrestados no se les ocupó dinero. Las armas y las balas y los casquillos ocupados fueron entregados al Laboratorio de la Policía. Ninguno de los tres testigos presenciales identificó al apelante como uno de los asaltantes.

Marín fue acusado de dos casos de asesinato en primer grado. También lo fue de robo, tentativa de asesinato y vio-lación de la Ley de Armas.

Marín fue convicto de los delitos por los que fue acusado. Todas las sentencias fueron impuestas para ser cumplidas concurrentemente. La única cuestión que plantea el apelante es la insuficiencia de la prueba. Tiene razón en todos los casos, excepto en los de violación de la Ley de Armas. La prueba presentada no establece su culpabilidad más allá de duda razonable. La prueba de cargo ciertamente no establece que los cuatro asaltantes llegaron en el vehículo rojo con capota negra. Nadie los vio descender de ese vehículo ni de ningún otro. Ninguno de los testigos los vio abordar vehículo alguno al huir. Lo único que estableció la prueba fue que “[l]os cuatro (4) muchachos se fueron corriendo carretera abajo hacia Juncos”. “Que no [se] vio vehículo ninguno y todos salieron corriendo”.

Recuérdese que ninguno de los testigos presenciales del asalto sitúa al apelante en el negocio. Sólo lo sitúan en el auto-móvil rojo con capota negra que fue detenido tiempo después por la Policía. En el referido vehículo se ocuparon dos armas calibre 38 con balas y casquillos disparados y que fueron entregados al Laboratorio de la Policía. Fácil hubiera sido constatar los plomos recuperados en los cuerpos de las víc-timas o en el local, aquellos que salieron de los cuerpos, con las armas ocupadas en el vehículo rojo y negro. Es interesante apuntar que al practicar la autopsia sólo se recuperó un pro-yectil de plomo de uno de los cadáveres “de una bala de apa-rente calibre 22”. Por otro lado, los testigos presenciales hu-bieran podido identificar a los arrestados y establecer que fueron los que participaron en el asalto, conectando de esa manera al apelante. Ninguna de esas pruebas presentó el fiscal. La deficiencia en la investigación y procesamiento de los delincuentes no puede ser compensada vulnerando los derechos fundamentales que garantiza la Constitución a todo ciudadano. Surge una duda razonable en cuanto a la culpa-bilidad del apelante en los casos de asesinato y tentativa de asesinato. Ver Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966).

Revocaría las sentencias apeladas, excepto las referentes a las infracciones de la Ley de Armas. Por eso disiento de la sentencia que confirma la dictada en los casos de asesinato y tentativa de asesinato y concurro con aquella parte que con-firma las infracciones de la Ley de Armas.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Martín y Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de febrero de 1981

La lectura reflexiva y serena de la Exposición Narrativa mueve nuestro ánimo y conciencia judicial a concluir —al igual que persuadió al juez sentenciador y a los miembros del jurado— que se desfiló suficiente prueba circunstancial, no contradicha, demostrativa de la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable y que procede la confirmación íntegra de las sentencias apeladas. Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380 (1966); Pueblo v. Picó Vidal, 99 D.P.R. 708 (1971). Aún más, todo tiende a indicar que fue el autor intelectual del asalto y de los dos asesinatos ocurridos. Veamos.

No se cuestiona seriamente la identidad del automóvil “rojo con capota negra” que pasó frente al negocio; que mo-mentos después, desde esa misma dirección, aparecen cuatro de los asaltantes; que cuatro de ellos tenían armas distintas; que luego del asalto y los homicidios huyen; que se da aviso a la Policía de que viajaban en un auto “rojo con capota negra”; que al poco rato son observados por un agente en carro pa-trulla y detenidos; que se bajaron cinco personas, y el ape-lante, lisiado, permaneció en el asiento delantero derecho; que dos se dieron a la fuga; que se ocuparon dos armas calibre 38 con balas y casquillos; que al apelante se le ocupó $795.00, y que las armas, balas y casquillos fueron entregados al Labo-ratorio de la Policía.

Ante estos hechos objetamos deferencialmente el análisis disidente que recomienda la absolución del apelante en los casos de asesinato. Primero, la conclusión en el sentido de que “la prueba de cargo ciertamente no establece que los cuatro asaltantes llegaron en el vehículo rojo con capota negra [; na-die] los vio descender de ese vehículo ni de ningún otro” parece exigir evidencia directa, olvidando el valor igual de la circunstancial. Pueblo v. Salgado Velázquez, supra, y Pueblo v. Picó Vidal, supra.

Segundo, siendo lisiado el apelante, es forzoso, por no decir ingenuo, el énfasis que se pone en que ningún testigo presen-cial lo sitúa en el lugar del negocio y escena del crimen. ¿Cómo esperarse que una persona así impedida vaya a exponerse a semejante riesgo y esfuerzo físico, cuando la rapidez y el evi-tar que sea identificado o señalado es esencial para el éxito de la operación criminal y encubrimiento de su participación?

Y tercero, por las razones que pasamos a enumerar, toda la discusión y efecto evidenciario sobre la prueba de balística y la recuperación de un plomo de bala de “aparente calibre 22”, resulta altamente especulativo: (a) la dicción aparente, significa “que parece y no es”, Diccionario de la Lengua Es-pañola, (1970) pág. 100. Por lo tanto no se le puede atribuir a esa simple caracterización verbal valor y realidad fáctica; (6) el señalamiento tampoco ha sido objeto de discusión por el apelante, y, por lo tanto no ha sido replicado por el Pro-curador General. Carecemos del beneficio de una ilustración integral forense adecuada; (c) de los autos no surge indicio alguno de que se hubieran realizado tales exámenes de balís-tica, que éstos estuvieran disponibles y, por ende, fueran voluntariamente suprimidos como se da a entender en el disenso. No es aplicable, por lo tanto, esa presunción, y menos puede atribuírsele carácter de presunta verdad.

Yernos, pues, que el detalle de la bala de “aparente cali-bre 22” no tiene alcance ni valor probatorio alguno pues no se estableció efectivamente que fuera en realidad de ese calibre. Aun aceptándolo, la evidencia reflejó que cada uno de los cua-tro asaltantes tenía un arma distinta, lo que contrasta con que se ocuparon solamente dos revólveres. Podríamos teorizar, pero nos abstenemos, que la “aparente bala calibre 22” pudo ser disparada por uno de los dos asaltantes que huyeron. A juicio nuestro, habiendo otras armas, es remoto el conje-turar sobre la concordancia entre el dato impreciso e inexacto del “calibre 22” con los dos revólveres calibre 38 ocupados. También lo serían otros extremos no discutidos por las partes y no cubiertos cabalmente, por no estar en disputa, en la Exposición Narrativa de la Prueba.

Una cosa es resolver un caso bajo la óptica de la desea-bilidad de que el Ministerio Público hubiese presentado prueba directa, pero otra es concluir que la circunstancial, no rebatida ni contradicha, es insuficiente. Del conjunto de hechos probados se puede inferir prudente y racionalmente la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable.

Existe prueba consistente de circunstancias prospectivas, concomitantes y retrospectivas que así lo establecen. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 346 (1976); Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 D.P.R. 972, 979 (1972).

       A manera de ejemplo, no consideramos correcto argüir que “[p]or otro lado los testigos presenciales hubieran podido identificar a los arres-tados y establecer que fueron los que participaron en el asalto, conectando de esa manera al apelante”, como tampoco lo sería la argumentación de las razones por las cuales el apelante solicitó y obtuvo juicio por separado.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Martín

text:
    Banco Metropolitano de Bayamón, demandante y peticionario, v. Luis Ramón Berríos Marcano, t/c/p Luis R. Berríos (no emplazado); y Carmen Providencia Rodríguez, ambos por sí y por su Sociedad de Gananciales, demandados y recurridos.

      Número: O-80-593

      Resuelto: 23 de febrero de 1981

      Calixto Ruiz-Sierra, abogado del peticionario; Maricarmen Ramos de Szendrey, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Banco recurrente instó acción civil en cobro de dinero y ejecución de prenda e hipoteca contra Luis Ramón Berrios y su esposa, la recurrida Carmen Providencia Rodríguez. Expedido el emplazamiento el 7 junio, 1979, transcurrió el término original de la Regla 4.3(b) sin diligencia, y el 26 diciembre solicitó el demandante prórroga de 30 días que le fue concedida el 2 enero, 1980 y emplazada dicha codeman-dada el 8 enero, 1980. Ella formuló moción para desestimar el pleito sobre la premisa de que solicitada la prórroga fuera de término, la desestimación de la demanda es compulsoria y automática, sin alternativa alguna fundada en discreción del tribunal. La sala de instancia denegó la moción, pero recon-sideró con grandes reservas seis meses después (el 23 sep-tiembre, 1980) expresando que “nos hemos convencido, contra nuestra noción de lo justo, de que nuestra resolución conva-lidatoria del emplazamiento diligenciado cuando había trans-currido un plazo major de seis meses estaba equivocada y que debemos dejarla sin lugar”.

Recurrió el Banco en certiorari, y el 21 noviembre, 1980 expedimos orden para mostrar causa por la que no deba en consecuencia final reinstalarse la primera decisión de instan-cia, que deniega la desestimación. Ha comparecido la deman-dada-recurrida en extenso alegato, abarcador en su análisis de esta situación procesal, sin mencionar la disposición general sobre prórroga o reducción de términos contenida en la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, 1979.

Las Reglas que nos conciernen son:

Regla 4.3(b), El emplazamiento será diligenciado en el tér-mino de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término solo podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del término original. Transcurrido el término original o su prórroga sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida, con perjuicio.

Regla 68,2. Prórroga o reducción de términos

Cuando por estas reglas o por una notificación dada en vir-tud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier mo-mento y en el ejercicio de su discreción, (1) previa moción o notificación o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se solicitare antes de expirar el término original-mente prescrito o según prorrogado por orden anterior; o (2) a virtud de moción presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a negligencia excusable; pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para actuar bajo las disposiciones de las Reglas 43.3, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2, 53.1, 53.2, 53.3 y 53.7, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas prescritas.

Tanto el texto de una como de la otra regla transcritas dejan sentado con gran claridad la ingerencia decisiva de la discreción judicial en la prórroga del término para diligenciar el emplazamiento, discreción para determinar, en el momento procesal en que se suscite la cuestión, si medió justa causa o negligencia excusable en la omisión combatida.

En ausencia de alegación por la recurrida de que hubo arbitrariedad o abuso de discreción del juez al validar el emplazamiento diligenciado fuera del término original reglado, hemos de presumir su primera actuación bien fun-dada en justa causa, aun sin su explícita declaración de que decretaba el archivo de la demanda por desistimiento “man-datorio”, contra su noción de lo justo.

La Regla 4.3 (b) es un desarrollo paralelo de la 39.2 (b) sobre desestimación del pleito por inactividad, y ambas tienen el mismo propósito de acelerar la litigación y despejar los calendarios, operando la primera en la temprana etapa del pleito. Sufriría el justo equilibrio procesal, de negar a la parte que no pudo diligenciar el emplazamiento en el término original de seis meses, la oportunidad de ser oído e invocar la discreción del juez con demostración de justa causa que la Regla 39.2 ordena para los casos en que no hubiere trámite du-rante los últimos seis meses.

El mecanismo provisto en la Regla 4.3 (b) para que trans-currido el término original o su prórroga sin que el emplaza-miento hubiese sido diligenciado se tenga a la parte actora por desistida con perjuicio, tiene naturaleza esencial de re-curso del tribunal “[c]on el propósito de acelerar la trami-tación de los pleitos y de que las partes ejerzan la debida dili-gencia”, más que de defensa del demandado, quien, no obs-tante, podrá promoverla señalando oportunamente al tribunal la expiración del término, como puede hacerlo el Secretario a los fines de orden originada por el tribunal como en el caso de la Regla 39.2(b).

La determinación por el tribunal de justa causa para prorrogar el término del emplazamiento, en ausencia de abuso de discreción, debe deducirse de su negativa a imponer la sanción de desistimiento con perjuicio. El más poderoso instrumento para hacer justicia reservado a los jueces es la discreción. La equidad nació precisamente de la necesidad de atemperar el rigor de la norma mediante recurso a la concien-cia del juzgador. La sanción de desistimiento con perjuicio ordenada en la Regía 4.3(b) para la falta de diligencia del emplazamiento está predicada sobre la discreción del tribunal en la estimación de justa causa. La expiración del término de seis meses no tiene efecto de caducidad de la citación, ni de nulidad, ni mucho menos afecta la jurisdicción del tribunal. Aun aplicando la regla con la mayor severidad, no tendría más fuerza coercitiva que la asociada al cumplimiento estricto, como en el caso de la Regla 53.1(a), que obliga a radicar en el tribunal apelativo copia del escrito de apelación (Morales v. Méndez Más, 109 D.P.R. 843 (1980)); o el de previa notificación al Estado de la acción civil en daños (Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357 (1977)), pre-ceptos asequibles a la intervención moderadora del arbitrio judicial al estimar la existencia de causa justificada en tem-prana etapa del procedimiento. Como toda prórroga, ésta debe producirse en circunstancias meritorias que superen el rigor crítico del juez orientado siempre hacia el cumplimiento de los términos, elemento vital de la pronta y justa decisión de los casos. Regla 6.7.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expedirá el auto, y la resolución de 23 septiembre, 1980, que ordenó el archivo del pleito por desistimiento será anulada.

El Juez Asociado Señor Martín emitió voto disidente al cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió en el resultado sin opinión.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Martín

al cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 23 de febrero de 1981

Aunque concurro con el argumento que sostiene que el juz-gador tiene discreción bajo la Regla 68.2 de las de Procedi-miento Civil para prorrogar el plazo de seis meses que manda la Regla 4.3(b) para diligenciar un emplazamiento aun des-pués de haber expirado dicho plazo, tal discreción debe solo ejercitarse cuando la omisión de su cumplimiento se deba a negligencia excusable conforme lo preceptúa la Regla 68.2.

En este caso el banco demandante solicitó que se le pro-rrogara el término para emplazar, luego de haber expirado el plazo de ley. Alegó como fundamento “que hasta el mo-mento no hemos podido localizar a la parte demandada”. El tribunal de instancia dictó una orden “Como Se Pide” a base del fundamento expresado por el demandante en su moción. Al apercibirse la demandada que la prórroga se había conce-dido fuera de término, acudió al tribunal mediante moción de desestimación en la qu'e solicitaba se aplicara el rigor de la Regla 4.3(b).

El juez de instancia dejó entonces sin efecto la prórroga concedida y procedió a archivar la demanda, expresando que “nos hemos convencido, contra nuestra noción de lo justo, de que nuestra resolución convalidatoria del emplazamiento dili-genciado cuando había transcurrido un plazo mayor de seis meses estaba equivocada y que debemos dejarla sin lugar”.

El único asomo de la apreciación que hizo el juez de ins-tancia al decretar el archivo es al efecto de que se encuentra obligado a archivar la demanda por desistimiento mandatorio “contra [su] noción de lo justo”. Tal expresión no puede equi-pararse al requisito de “negligencia excusable” que exige la Regla 68.2, que se relaciona con las circunstancias que moti-varon la omisión de cumplir con los requisitos de emplaza-miento que impone la Regla 4.3 (b). El juez sólo puede ejercer su discreción ante la demostración de negligencia excusable del demandante. La mera alegación al efecto de que no ha podido localizar a la parte demandada, sin expresar los hechos que la sostengan, no es suficiente para probar negligencia excusable. De ser ello aceptable, tal alegación se convertiría en una mera formalidad para evadir el cumplimiento estricto de la Regla 4.3(b).

No obstante la amplia discreción que le otorgan las Reglas de Procedimiento a los tribunales para su interpretación a los fines de garantizar “una solución justa, rápida y econó-mica de todo procedimiento” —Regla 1— tal interpretación no debe ser tan elástica que dé margen a que los jueces hagan caso omiso de sus disposiciones por entender que las mismas van dirigidas “contra [su] noción de lo justo”. Debe evitarse que la elasticidad en la interpretación anule el propósito de las reglas procesales.

En vista de que reconozco que la interacción de las Reglas 4.3(b) y 68.2 concede discreción al juzgador para permitir el diligenciamiento del emplazamiento, aun después de trans-currido el plazo de seis meses que fija la Regla 4.3(b), si la omisión se debió a negligencia excusable, remitiría la cues-tión al tribunal de instancia para que éste considere la alega-ción del demandante sobre negligencia excusable que requiere la Regla 68.2.

         Regla 39.2(b) — -“El juez administrador ordenará la desestimación y archivo de todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se hubiere efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad se le justifique oportunamente. Mociones sobre suspensión o transferencia de vista o de prórroga no serán consideradas como un trámite a los fines de esta regla.”

       Comentarios del Secretariado de la Conferencia Judicial, 32 L.P.R.A. Ap. III, Regla 4.3.


author: PER guriam : Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Frank Plaza Ríos, patrono-recurrente, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador-recurrido.

      Número: O-80-509

      Resuelto: 27 de febrero de 1981

      Lorenzo O. Cabán Aroeho, abogado del recurrente; Calixto J. Rivera Colón, abogado del recurrido.
   PER guriam :

Debe declararse no ha lugar la petición de revisión, por falta de jurisdicción, ya que el recurrente no solicitó reconsideración de la resolución dictada por la Comi-sión Industrial como lo ordena la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. 11 L.P.R.A. sec. 12.

Es evidente que el disponer la ley que: “Cualquier parte interesada podrá presentar copias certificadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con este Capítulo, contra la cual se haya radicado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá solicitarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico . . (bas-tardillas nuestras), obviamente significa haber solicitado la reconsideración de la resolución de la Comisión Industrial. ¿Qué otra cosa puede significar “contra la cual se haya radi-cado petición de revisión y haya recaído resolución de ésta”? Así lo entendió este Tribunal desde el año 1935, año en que se aprobó la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo. Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10 (1935). Esta interpretación en Amenguar ha sido sostenida en nues-tro posterior pronunciamiento en Rodríguez v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 222 (1942).

Además, la Asamblea Legislativa ha conocido por cua-renta y seis años de nuestra interpretación del estatuto en Amenguar, ante, y no ha enmendado la ley con propósitos de variar dicha interpretación.

Dadas las circunstancias extraordinarias presentes en este caso, el recurrente puede acudir ante la Comisión Industrial en solicitud de relevo de la determinación que le declaró pa-trono no asegurado.

Se dictará resolución de conformidad.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau e Irizarry Yunqué.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de febrero de 1981

El recurrente obtuvo una póliza de seguro obrero con el Fondo del Estado que ha sostenido por doce años pagando las primas por correo desde Mayagüez. Su empleado Ramón Vargas Lorenzo sufrió un accidente laboral el 20 febrero, 1978 y el Fondo del Seguro del Estado negó cubierta y declaró el caso como uno de patrono no-asegurado porque para esa fecha comprendida en el segundo semestre del año 1977-78 la prima vencida era de $111.10 de los que había remesado en cheque $108.52 faltando una diferencia de $2.58 que fue pagada post accidente, en cheque remitido el 13 abril, 1978. El recurrente explicó la tardanza en el pago y la deficiencia de $2.58 con prueba no contradicha recogida en la resolución de la Comisión que en lo pertinente dice:

El abogado del patrono alegó que para la fecha del alegado accidente estaban asegurados. Trajo como evidencia un cheque del 17 de febrero que se envió al Fondo del Seguro del Estado y se pagó al segundo período de tiempo. Fue depositado en el correo en febrero 17 de 1978, o sea, 3 días antes de la fecha que ocurrió el accidente. Fue recibido en marzo 12 de 1978. Se pagó ■la misma cantidad que se había pagado en el primer semestre de $108.51. Que aparentemente hubo un error y posteriormente se envió el remanente y eso lo notificaron el 24 de febrero de 1978 que era $111.10. Hizo constar además que el patrono lleva dos años pagando una póliza del Fondo del Seguro del Estado y la lleva pagando por el correo.
El señor Frank Plaza Ríos, patrono en este caso, declaró que tuvo que salir a principios de octubre, aproximadamente el 17 o el 18 hacia los Estados Unidos, le notificaron que su hija había tenido un accidente y la tenían en un hospital y salió hacia donde permaneció hasta febrero más o menos que regresó a Puerto Rico. En ese transcurso le habían amputado una pierna y a eso tuvo que estar más tiempo. Su hija se llama Sandra Plaza. Durante ese tiempo su secretaria se quedó a cargo del negocio. Ella no tenía ninguna autoridad para expedir cheques. Se enteró al regresar que empezó a poner las cuentas al día, que se sentó en el escritorio a decirle “hay que hacer estos pagos” e inclusive los del Fondo del Seguro del Estado que encontró una forma y revisó el talonario de cheques y la cantidad que había enviado el otro semestre era de $108.51 y procedió a hacer el pago por -la misma cantidad, y lo echó por correo como ha acostumbrado siempre durante todo el tiempo que ha estado llevando póliza con el Fondo del Seguro del Estado. Lleva pagando póliza por 12 años y los ha pagado siempre por correo y siempre el Fondo del Seguro del Estado ha cobrado los mismos hasta la fecha. Que ese pago específicamente lo cobraron.
A preguntas del Fondo del Seguro del Estado el patrono declaró que el Fondo del Seguro del Estado le envía un formu-lario por la cantidad que tiene que pagar. Para el segundo se-mestre chequeó el talonario del cheque y de ahí sacó la cantidad que había pagado anteriormente. Para la cantidad que había pagado en el primer semestre tenía un formulario pero se le había extraviado. Tenía el talonario del Fondo del Seguro del Estado donde le indicaba lo pagado del primer semestre. Que esos pagos él mismo procedió a hacerlos, o sea, se los hacen y él los firma y los manda por correo. El primer pago para el primer semestre vencía en octubre y lo envió en noviembre.
A preguntas de la Comisionada Ponente el patrono declaró que cuando se fue le había dejado a la secretaria una serie de cheques firmados en blanco para pagar en el almacén y todo porque antes de irse tenía a la mano toda esa papelería. Le firmó cierta cantidad de cheques de acuerdo a la cantidad que tenía en el banco porque no podía seguir expidiendo cheques porque no tenía fondo en el banco. Que su negocio es en ebanis-tería.
El abogado del patrono hizo constar que el señor Plaza tenía conocimiento de que tenía que pagar $111.10 en un recordatorio que le enviaron en 24 de febrero de 1978. De ahí fue que surgió la diferencia de los $2.58 que adeudaba al Fondo del Seguro del Estado y no sabía de dónde procedía el dinero.

Al recurrir el patrono de esta resolución el 9 de octubre, 1980 expedimos la siguiente orden:

Considerando mínima en extremo la deficiencia en el pago de la prima de seguro obrero y explicada la misma por razones atendibles, la Administradora del Fondo del Seguro del Estado tendrá un plazo hasta el 31 octubre, 1980 para mostrar causa por la que no deba revocarse la resolución recurrida y en su lugar considerar al recurrente patrono asegurado.

I

En su escrito de oposición la Administradora del Fondo del Estado cuestiona nuestra jurisdicción por no haber el pa-trono recurrente solicitado reconsideración de la decisión ad-versa de la Comisión Industrial antes de promover su recurso de revisión ante este Tribunal. Indebidamente nuestras deci-siones en Amenguar v. Comisión Industrial, 49 D.P.R. 10, 11 (1935) y Rodríguez v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 222 (1942) invistieron la solicitud de reconsideración con atri-butos de condición previa y requisito jurisdiccional. No hay base para tal aseveración ni para distinguir en esta forma la moción de reconsideración ante la Comisión Industrial de la autorizada por la Regla 47 de Procedimiento Civil. En ambas dicha alegación es opción libre de la parte y no condición pre-cedente de revisión. Tanto en la Regla 47, como en el Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. sec. 11) la moción de reconsideración queda re-mitida al arbitrio o elección de la parte inducida por el vo-cablo “podrá”. Provee el Art. 10 que “la Comisión podrá motu proprio, o a solicitud de parte interesada, reconsiderar sus decisiones; y Disponiéndose, además que en este último caso [moción de parte] la petición . . . deberá presentarse dentro de los diez (10) días a contar de la fecha en que el interesado reciba la notificación de la decisión de la Comi-sión”. Y en ordenamiento paralelo dispone la Regla 47 que “[l]a parte adversamente afectada por una resolución, orden o sentencia 'podrá, dentro del término de quince (15) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden o desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, presentar una moción de recon-sideración de la resolución, orden o sentencia”. (Énfasis nues-tro.)

Ningún ejercicio obligatorio del derecho a solicitar recon-sideración aparece en el Art. 11 de la citada Ley (11 L.P.R.A. sec. 12) que establece la revisión por el Tribunal Supremo con el siguiente lenguaje:

Cualquiera parte interesada podrá presentar copias certifi-cadas de una orden o decisión de la Comisión Industrial, de acuerdo con este Capítulo, contra la cual se haya .radicado peti-ción de revisión y haya recaído resolución de ésta, de la que podrá solicitarse revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico dentro del término de quince (15) días después de su notifica-ción; Disponiéndose, que dicha revisión solamente podrá con-cederse sobre cuestiones de derecho o apreciación de prueba cuando ésta sea de carácter pericial.
Ninguna de las partes incurrirá‘en costas de clase alguna en la tramitación de los recursos establecidos por este Capítulo. (Énfasis nuestro.)

Nótese que la instancia de reconsideración está propia-mente reglada por su nombre en el Art. 10, mientras el Art. 11 alude a una misteriosa revisión para la cual no se fija tér-mino alguno. “El medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella . . .”. (Art. 19, Código Civil.) Debe rechazarse toda interpretación de la ley que conduzca al absurdo, o a la realización de “cosas inú-tiles y vanas”. Celis Alquier v. Méndez, 18 D.P.R. 88, 93 (1912). La obligatoriedad de la moción de reconsideración impuesta por declaración judicial ha resultado en remora del procedimiento ante la Comisión como lo demuestra la expe-riencia: de 267 mociones de reconsideración del Fondo sólo prosperaron 7 para un 2.6%; y de 286 mociones de recon-sideración de parte lesionada sólo prosperaron 6, para un 2%. Como en el enjuiciamiento civil ordinario, la moción de reconsideración ante la Comisión Industrial es actuación puramente volitiva; es recurso procesal a la disposición de quien quiera usarlo, esencialmente optativo, como lo es el de revisión al Supremo. Toda vez que la moción de reconside-ración a la Comisión Industrial tiene su propia virtualidad que no se gobierna por las Reglas de Procedimiento Civil, su interposición suspende el término para recurrir al Tribunal Supremo en todo caso, independientemente de que se deniegue de plano, se acoja para decisión, se señale para vista o se tome cualquier otra providencia para su adjudicación.

En cuanto resuelven lo contrario debe cesar el valor de precedente de Amenguar y Rodríguez, supra. Tenemos juris-dicción para conocer de la solicitud de revisión.

rH I — I

Para que el asegurado pueda disfrutar de la cobertura de riesgo que le ofrece su póliza con el Fondo del Estado debe-rán darse dos condiciones: (1) rendir a tiempo una planilla o declaración de la nómina; (2) pagar la prima correspon-diente en los plazos y cantidades fijados por el Administra-dor. En este caso median circunstancias extraordinarias que unidas a la insignificancia de la deficiencia conducen a una solución equitativa que reduzca a su correcta dimensión el incumplimiento del patrono en el pago completo de la prima antes de ocurrir el accidente. Se produce esta controversia dentro de un estatuto remedial y un sistema dirigido a servil-la justicia social, por lo que sus propósitos han de ser servidos evadiendo el rigor de exigencias extremas y quitando a sus participantes' de la áspera disciplina en circunstancias de minimus. La Administradora recurrida arguye que esta si-tuación no se hubiera producido y el Fondo del Estado hu-biera mantenido cubierta la operación del patrono de haber éste solicitado prórroga. En el margen mínimo a que se con-trae el caso y atendidas las razones que justificaron la de-mora, el pago de la pequeña deficiencia iguala en su efecto final la eficacia de una prórroga y satisface en principio el propósito perseguido en los términos de vencimiento de la prima.

Debió expedirse el auto y revocarse la resolución recu-rrida ordenándose al Fondo del Seguro del Estado que ex-tienda cubierta de patrono asegurado por el accidente que dio lugar a este litigio.

       Hay aparente error de transcripción en la resolución que dice “dos años”.

       Estadística sobre Resoluciones de mociones de reconsideración, durante el año natural de 1980, suplida por la Comisión Industrial.

      Así se deriva del Art. 27 de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 28) que en parte ordena:
      “El seguro de cada patrono por el Estado comenzará a regir inmedia-tamente después de que haya sido archivada en las oficinas del Administra-dor del Fondo del Estado su nómina o estado acompañado del importe de la cuota que corresponda al tanto por ciento de los jornales declarados en dicho estado, de acuerdo con los tipos fijados por el Administrador; Dis-poniéndose, que cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago será considerado como un caso de patrono no asegurado a menos que el patrono verifique el pago dentro del término fijado por el Administrador del Fondo del Estado, en los cuales casos el seguro empezará a regir desde la fecha en que el patrono archivó la nómina o estado, en la oficina del Administrador.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Donald Turner Goodman, acusado y recurrido.

      Número: O-79-635

      Resuelto: 6 de marzo de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del peticio-nario; Víctor M. Negrón Padilla, Ángel M. Castillo Rodrí-guez y Joaquín Peña Peña, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso no tendría mayor trascendencia a no ser por unos hechos, cuyo acaecimiento nos preocupa, sobre todo si implican la existencia de determinadas prácticas policíacas. Siempre hemos mantenido como norma inalterable el derecho a una prensa libre, que no lo sería si a su vez no tuviera la prensa el derecho de estar bien informada. Este derecho, sin embargo, tiene que ejercitarse dentro del marco de la Carta de Derechos, sin violentar el fundamental principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano, consagrado en su primerísima oración. La Policía tiene el deber de propiciar a los medios informativos las necesarias facilidades para que éstos se enteren y puedan difundir aquellas noticias que el pueblo tiene derecho de conocer, pero sin trasponer innecesariamente la intimidad y mancillar la honra de las personas, que son consubstanciales a su esencial dignidad.

En la madrugada del 7 de marzo de 1979, agentes de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía se personaron en el apartamiento del acusado Donald Turner Goodman, en el condominio La Mancha en Isla Verde, para diligenciar una orden de arresto librada en su contra por alegada infracción de la Ley de Sustancias Controladas. Los agentes tocaron a la puerta, identificándose como policías, y el acusado, a medio vestir, les abrió. Inmediatamente los agentes entraron al apartamiento seguidos por periodistas de “El Vocero”, “The San Juan Star”, “El Mundo”, y reporteros con cámaras de televisión. La versión de los hechos de aquí en adelante es con-flictiva.

Víctor Millán Cruz, agente de la División de Drogas, de-claró que tan pronto entró al apartamiento vió unas plantas en el balcón que le parecían ser de marihuana, y se incautó de ellas, El análisis químico dio positivo y el Sr. Turner fue acusado por la posesión ilegal de dichas plantas.

La versión del Sr. Turner desmiente lo declarado por el agente del Estado. Dijo que los policías entraron a su residen-cia, lo sujetaron a él y a su esposa y procedieron a registrar todo el apartamiento. Describió el apartamiento y su con-figuración para demostrar que el balcón no era visible desde la entrada. Ello quedó corroborado mediante pianos, fotogra-fías y un croquis hecho en una pizarra. Declaró que las plan-tas de marihuana, que estaban sembradas en unos tiestos, no eran visibles desde la sala, porque estaban en el balcón tras el acondicionador de aire, y porque había unas cortinas frente a la puerta corrediza de cristal que separaba el balcón de la sala, que estaban cerradas.

La prueba incontrovertida estableció que los agentes poli-cíacos registraron todo el apartamiento, y ocuparon una bolsa de azúcar que estaba en la nevera y una cantidad de dinero que había en unas gavetas en un dormitorio. Mientras los agentes registraban, los periodistas tomaban notas y los ca-marógrafos tomaban películas. Entre agentes y reporteros había ocho personas. Al cabo de diez a quince minutos se lle-varon arrestados al Sr. Turner y a su esposa. Ella tuvo que vestirse y fue vista “media [síc] desnuda’7 por agentes que la siguieron al dormitorio, conforme a la versión del Sr. Turner. El apartamiento quedó en completo desorden. Declaró el Sr. Turner: “La ropa la sacaron de las gavetas. La ropa del ‘closet’ estaba en el piso. Las matas las habían sacado. Las maletas estaban fuera del ‘closet’. Los muebles estaban vira-dos. Los cogines [sic] estaban en el piso y mis libros estaban tirados por todos los sitios”. Se admitieron fotografías sobre esta situación.

El juez de instancia declaró nulo el registro por ser ilegal. Recurre ante nosotros el Pueblo, alegando que las plantas de marihuana fueron incautadas válidamente por estar a “plena vista” del agente y no ser producto de un registro. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). No tiene razón.

El juez de instancia aquilató las versiones conflictivas de los hechos, creyó la versión del acusado y descartó la de los agentes. No tenemos base para intervenir con la apreciación de la prueba que hizo el tribunal de instancia en ausencia de pasión, prejuicio, error manifiesto o parcialidad. Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125 (1977); Pueblo v. Pacheco Betancourt, 92 D.P.R. 698 (1965). No habiendo merecido credibilidad la versión del agente de que las plantas de marihuana estaban a plena vista, es inaplicable la doctrina del caso de Dolce, supra.

Ya desde Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969), 23 L.Ed.2d 685, 968, el Tribunal Supremo de los Estados Uni-dos reconoció que el mero hecho de que los agentes policíacos tengan una orden de arresto válida no justifica el registro total de un hogar donde se encuentra el acusado. En Agnello v. United States, 269 U.S. 20, 33 (1925), 70 L.Ed. 145, y Payton v. New York, 445 U.S. 573 (1980), 63 L.Ed.2d 639, se estableció que el mero hecho de que exista causa probable para creer que objetos sujetos a allanamiento están en un hogar no justifica un registro sin orden.

A los fines de la Cuarta Enmienda hay una diferencia constitucional entre hogares y automóviles. Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976). El derecho a la intimidad cobra mayor importancia cuando el Estado interviene en los hogares de los ciudadanos. Payton v. Neto York, supra. Solamente bajo circunstancias excepcionales se justifica el registro de una residencia, sin orden de allanamiento. Aquí no hay tales circunstancias.

No puede justificarse tampoco el allanamiento bajo la jurisprudencia que permite registros incidentales a un arresto legal. Los hechos demuestran que al entrar al apartamiento del acusado, los agentes tenían control sobre la persona del acusado y su esposa. Ellos no reaccionaron violentamente ni trataron de escapar. No tenían armas sobre sus personas ni había peligro de que se armaran para agredir a los agentes. Estaban impedidos físicamente de hacerlo por la presencia y el control que sobre ellos tenían los agentes. Además, no se justificaba registrar el balcón en busca de armas, pues éste no estaba dentro del área de arresto ni al alcance inmediato del arrestado, Pueblo v. Dolce, supra, ni es ese un lugar donde se guardan armas. Si los agentes tenían motivos fundados para creer que había material delictivo en la residencia, de-bieron obtener una orden de allanamiento.

El tráfico ilegal de drogas y narcóticos es uno de los males que aqueja hoy día a nuestra comunidad. Es laudable todo propósito de perseguir con máxima diligencia y encausar a quienes se lucran de ello. Pero hágase todo conforme a la ley y con la debida consideración a la persona humana. No hay explicación en los autos de este caso para la intervención de reporteros y camarógrafos en las diligencias sobre la orden de arresto. No existe justificación para su intromisión en el hogar de los esposos Turner ni puede haber justificación para la conducta oficial que la permitió ni para el proceder oficial en menosprecio de la intimidad y del respeto al hogar de este matrimonio. Todo ello merece nuestra más enérgica censura y nuestra admonición de que los tribunales no habrán de sancionar tales prácticas.

Se anulará el auto expedido y se confirmará la resolución recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Martín, Díaz Cruz y Ne-grón García concurren en el resultado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz hace constar lo siguiente:

“El Juez Asociado Señor Díaz Cruz está conforme con el resultado por entender que no deben adoptarse a priori unas reglas de ámbito y acción permisibles para dirigir la conducta de la Policía con uniformidad en todos los casos de arresto, los cuales por necesidad plantean situaciones distintas que requieren una diligencia distinta de parte de la Policía.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Andrés Olmo, demandante y recurrente, v. Young & Rubicam of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-80-215

      Resuelto: 10 de marzo de 1981

      Calderón, Rosa Silva & Vargas y David Rivé Rivera, abogados del recurrente; Laffitte & Domínguez y María Isabel García Vázquez, abogados de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante-recurrente, señor Olmo, fue empleado de la demandada-recurrida, Young & Rubicam of Puerto Rico, Inc., por espacio de varios años. El 14 de enero de 1977 Young & Rubicam despidió al señor Olmo al eliminar su plaza. El 4 de diciembre de 1978 el señor Olmo demandó a su patrono alegando que se le despidió por pertenecer a la raza negra. Reclamó daños bajo las disposiciones del Art. 2 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959 (29 L.P.R.A. see. 146) y del Art. 1 de la Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943 (1 L.P.R.A. sec. 13) conocida como la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico.

Young & Rubicam presentó una moción para desestimar la demanda sobre la base de que ésta estaba prescrita por haber transcurrido más de un año. El tribunal de instancia acogió el planteamiento. Acordamos revisar para aclarar cuál es el plazo prescriptivo aplicable en acciones de despido por discrimen racial basadas en las leyes citadas.

El recurrente alega que ninguna de las leyes en que funda su acción establece un plazo prescriptivo. Afirma que se debe acudir en consecuencia al plazo más análogo, que a su juicio es el término de tres años fijado por el Art. 29 (anterior-mente el 32) de la Ley de Salario Mínimo, Ley Núm. 96 de 26 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. sec. 246d(a)), o al plazo de quince años que establece el Art. 1864 del Código Civil de Puerto Rico para las acciones personales que no tengan señalado término especial. La recurrida entiende que el plazo aplicable es el de un año dispuesto por el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298, para exigir la responsabilidad civil por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia.

Hemos resuelto que la prescripción es materia sustantiva y no procedimental, regida por los principios que informan el Derecho civil. Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 407 (1974). En Derecho civil, como en muchos otros sistemas jurídicos, se reconoce el problema del silencio de la ley y se incluyen disposiciones expresas en los códigos o se desarrollan principios en la doctrina o la jurisprudencia para atenderlo. Véanse los Arts. 4 y 19 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 4 y 19. El empleo a estos fines de ana-logías es conocido en el Derecho civil español y otros. Esta técnica tiene por efecto necesariamente la dilatación de dis-posiciones específicas de ley. Tal ha sucedido con el Art. 1.968 del Código Civil español, de texto idéntico al 1868 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 5298. El Art. 1.968 dispone:

Prescriben por el transcurso de un año:

1.° La acción para recobrar o retener la posesión.
2.° La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negli-gencia de que se trata en el artículo 1.902, desde que lo supo el agraviado.

A pesar de la referencia expresa al 1.902, el equivalente de nuestro 1802, es sabido que la prescripción extintiva de un año se ha hecho extensiva a otras acciones indemnizatorias de naturaleza similar, siempre que sus efectos resarcitorios no se rijan por leyes especiales. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 1196; Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 879.

Varios códigos, anteriores y posteriores al nuestro, se refieren directamente al papel del pensamiento analógico en el derecho. El Art. 10 del Código Civil portugués de 1966 dis-pone, por ejemplo:

1. Los casos no previstos por ley se regularán por la norma aplicable a los casos análogos.

2. La analogía existe cuando en el caso omitido proceden las razones justificativas de la reglamentación empleada en el caso previsto por ley.

3. A falta de caso análogo, la situación se resolverá con-forme con la norma que el propio intérprete crearía, si hubiese de legislar de acuerdo al espíritu del sistema. (Traducción nues-tra.) Código Civil Portugués Actualizado, Coimbra, Livraria Al-medina, 1975, págs. 11-12.

El nuevo título preliminar del Código Civil español, cuyas bases se aprobaron en 1973, provee:

Art. 4.°

1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.

El texto citado clarifica la situación anterior, más bien que establece un nuevo principio. V. Torralba Soriano y otros, Comentarios a las Reformas del Código Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1977, Vol. 1, págs. 198-203. Los precedentes en dere-cho comparado, que se remontan al código austríaco de 1811, son amplios. Torralba Soriano, op. cit, págs. 196-98.

Este Tribunal se enfrentó por primera vez al problema de la relación entre la acción por discrimen racial y el Art. 1802 en Dottin v. Rigo & Co., 22 D.P.R. 405 (1915). No se le permitió el acceso a un establecimiento público en este caso a una persona “de color”. No existía ley puertorriqueña al res-pecto, por lo que se invocó el Art. 1802 (entonces numerado 1803) del Código Civil y la enmienda decimocuarta a la Cons-titución de Estados Unidos. El Tribunal estimó entonces, en la tabla de valores de los tiempos, que la igualdad de razas no era un derecho fundamental, de mayor rango que el de-recho de propiedad del comerciante demandado, por lo que se negó a extender las disposiciones citadas a los casos de discri-men racial, en ausencia de legislación específica al efecto.

El enfoque del Tribunal varió dramáticamente, antes de la aprobación de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado, en Muriel v. Suazo, 72 D.P.R. 370 (1951). Para este momento se había aprobado el Art. 1 de la Ley de Derechos Civiles (véase el segundo escolio de esta opinión), pero el Tribunal se hallaba ante la dificultad de que tal disposición creaba tan solo una acción de índole penal. El Tribunal acudió al procedimiento analógico y falló que existe en Puerto Rico la “acción civil de daños y perjuicios fundada en discrimen racial” (a la pág. 371). Expresamos en aquella ocasión:

La regla general, aun cuando hay autoridades en contrario, es que un estatuto protector de derechos civiles, no obstante contener una disposición de índole penal por su violación, no impide el ejercicio de una acción civil de daños y perjuicios, ya que el deber impuesto a las personas a quienes se aplica lo es para la protección y beneficio de otras personas, y la violación de ese deber es fuente de responsabilidad por cualquier daño causado como consecuencia de ella.

El caso presente es más sencillo que Muriel, ya que el Art. 2 de la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendado (véase el primer escolio de esta opinión), crea específicamente tanto una acción civil como otra penal por despidos fundados en discrímenes raciales. En vista de que el estatuto no fija el término prescriptivo, debemos utilizar el más análogo, lo que exige la aplicación de la regla de Muriel. Muriel reconoció correctamente la existencia en Puerto Rico de la acción de daños y perjuicios basada en el discrimen racial. Muriel no se limita a una modalidad del discrimen racial, la que fluye de la negativa a permitir el acceso a un establecimiento público. Es enteramente razonable entender que la regla que allí establecimos y el plazo de prescripción que de ella se deriva son igualmente aplicables, en ausencia de legislación en contrario, a otra modalidad de discrimen racial: la que motiva un despido. Recuérdese, además, que en Cortés v. Valdés, 43 D.P.R. 192 (1932), ya habíamos resuelto que la acción por despido ilegal, sin referencia específica al motivo en nuestra decisión, estaba sujeta al período prescriptivo .de. un año. .

No le asiste razón al recurrente cuando reclama que el plazo prescriptivo aplicable es el trienal establecido por la Ley de Salario Mínimo (véase el tercer escolio de esta opi-nión). La disposición en que se funda el recurrente se refiere tan solo a la prescripción de las acciones en reclamación de salarios. No se hace referencia alguna al discrimen racial. La analogía más estrecha en este caso es claramente con la regla de Muriel. Lo que se solicita aquí son daños por discri-men racial culposo y no por salarios sin percibir.

La doctrina de Muriel se ha interpretado correctamente por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Dis-trito de Puerto Rico y por la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en casos de derechos civiles fundados y aun en los no fundados en el discrimen racial. Rosado Maysonet v. Solís, 409 F.Supp. 576, 580-81 (D.P.R. 1975); Graffals González v. García Santiago, 550 F.2d 687, 688 (1st Cir. 1977); Ramírez de Arellano v. Alvarez de Choudens, 575 F.2d 315 (1st Cir. 1978); [Gual] Morales v. [Hernández] Vega, 461 F.Supp. 656 (D.P.R. 1978), revocado en parte en 579 F.2d 677 (1st Cir. 1978); Hernández del Valle v. Santa Aponte, 440 F.Supp. 254 (D.P.R. 1977), revocado por otros motivos en 575 F.2d 321 (1st Cir. 1978). Estos casos admiten que el plazo prescriptivo aplicable en este tipo de pleito es el de un año. La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al enmendar la Ley de Derechos Civiles y la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, pudo alterar, mas no lo hizo, el plazo establecido en Muriel.

Razones de peso apoyan la aplicación en las circunstancias presentes del plazo prescriptivo de un año, en vez del de quince, en ausencia de la fijación de un plazo distinto por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Respecto al término prescriptivo de un año provisto por el Código Civil español, se ha escrito que la razón de la brevedad del plazo de un año reside, entre otros factores, en la necesidad de que el lapso de tiempo no confunda ni borre los esclarecimientos de la res-ponsabilidad y las evaluaciones de su cuantía. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 879. El término prescriptivo de las acciones indemniza-torias varía según la legislación de los distintos países, pero en gran número de ellos la tendencia es a acortar el plazo, al menos para ciertas acciones. Así vemos, por ejemplo, que en Inglaterra las acciones indemnizatorias prescribían a los seis años. “The Limitation Act, 1939”, (2 & 3 Geo. 6 c. 21), sec. 2(1) (a), 13 Halsbury’s Statutes of England, 2da ed., pág. 1160. Si la acción se entabla contra una entidad o fun-cionario público, el término se reduce a un año. Art. 21 de la ley citada, op. cit., págs. 1180-81. El plazo general de seis años se ha rebajado a tres. “The Law Reform (Limitation of Actions, & c.) Act, 1954” (2 & 3 Eliz. 2 c. 36), sec. 2, 34 Halsbury’s Statutes of England, 2da ed., pág. 464. En el caso de España, el término prescriptivo de un año se ha reducido a seis meses en las causas relativas a accidentes en la nave-gación aérea. M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil Español, Común y Foral, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, pág. 584. En Francia, las acciones por difamación prescriben a los tres meses. Encyclopédie Dalloz, “Prescription Civile”, pág. 399.

Al igual que en el caso de las acciones indemnizatorias de tipo general, conviene que el subtipo de las acciones por viola-ción de derechos humanos se incoe y dilucide con prontitud. La prueba es a menudo evanescente. Puede esfumarse con rapidez. No es vino que madure con los años. Además del in-terés de la parte agraviada, existe vital interés público de que estos pleitos, en bien de la salud colectiva, se ventilen con la debida celeridad. Así se ha reconocido por el Art. 26 de la Convención Europea sobre Derechos Humanos, Roma, 4 de noviembre de 1950, T.S. 71 (1953), al establecer un plazo prescriptivo de seis meses para su invocación en la Corte Europea. Véase, sobre la naturaleza y modo de operación de este plazo: F. G. Jacobs, The European Convention on Human Rights, Oxford, Clarendon Press, 1975, pág. 241 et seq. Así se ha reconocido también en Estados Unidos, donde tradi-cionalmente se ha decidido que las acciones por violación de los derechos civiles son acciones de daños y perjuicios. Johnson v. Railway Express Agency, 421 U.S. 454, 456 n.2 (1974); Graffals González v. García Santiago, supra. Así lo establecimos hace años en Muriel y lo reafirmamos hoy aquí.

Se confirmará la sentencia apelada.

      Este artículo provee, en parte:
      “Todo patrono que despida, suspenda o discrimine contra un em-pleado suyo en relación a su sueldo, salario, j'omal o compensación, tér-minos, categorías, condiciones o privilegios de su trabaj'o, o que dej'e de emplear o rehúse emplear o reemplear a una persona, o limite o clasifique sus empleados en cualquier forma que tienda a privar a una persona de oportunidades de empleo o que afecten su status como empleado, por razón de edad, según ésta se define más adelante, raza, color, sexo, origen o condición social, ideas políticas o religiosas del empleado o solicitante de empleo: (a) incurrirá en responsabilidad civil. . . .”

      Este artículo dispone:
      “(a) En Puerto Rico no se negará a persona alguna acceso, servicio e igual tratamiento en los sitios y negocios públicos y en los medios de transporte por cuestiones políticas, religiosas, de raza o color o por cual-quiera otra razón no aplicable a todas las personas en general.
      “(b) Será ilegal la publicación, circulación o distribución de toda orden, aviso o anuncio tendiente a impedir, prohibir o desalentar el patrocinio de, o la concurrencia a los sitios y negocios públicos y los medios de transporte, por cuestiones políticas, religiosas, o de raza o color.
      “(c) Ninguna persona que posea el derecho de vender, arrendar o subarrendar una vivienda, podrá negarse a conceder una opción de venta, a vender, arrendar o subarrendar dicha vivienda a cualquier otra persona o grupo de personas por cuestiones políticas, religiosas, o de raza o color.
      “(d) Será ilegal la publicación o circulación de anuncios, avisos o cualesquiera otras formas de difusión, estableciendo limitaciones o requisi-tos en cuanto a afiliación política, ideas religiosas, o en cuanto a raza o color, como condición para la adquisición de viviendas, o para la concesión de préstamos para la construcción de viviendas.
      “(e) Ninguna persona natural o jurídica que se dedique a conceder préstamos para la construcción de viviendas podrá negarse a prestar dicho servicio a cualquier otra persona o grupo de personas por cuestiones políti-cas, religiosas, o de raza o color.”

       Véase también, al mismo efecto, el Art. 1867(3) del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5297(3).

       Véanse los Arts. 1840 a 1874 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5261-5304.

      Para las limitaciones al Art. 1867(3) del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5297(3), véase: L. Diez Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 208 et seq.


author: per CURIAM:

text:
      In re Luis A. Maldonado Soto, querellado.

      Número: O-80-81

      Resuelto: 12 de marzo de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Mario A. Rodríguez y Andrés Díaz Nieves, abogados del querellado.
   per CURIAM:

Contra el abogado Luis A. Maldonado Soto, el Procurador General de Puerto Rico radicó querella por alegada infracción al Canon 23 del Código de Ética Profe-sional, consistente en haberse apropiado para su propio y personal beneficio —sin conocimiento ni consentimiento de su cliente Raúl Ortiz Vega— de la suma de $3,449.00 que le fuera entregada el 21 de febrero de 1974 para satisfacer una sentencia dictada en contra de Ortiz Vega. Se alega, además, que esa “conducta viola el criterio general de los deberes del abogado para con sus clientes”.

Medió contestación y se celebró vista ante el Comisionado Especial designado. A base de la prueba documental y testifical desfilada y la credibilidad merecida, dicho funcionario formuló las siguientes determinaciones de hecho:

1. El Ledo. Luis A. Maldonado Soto fue admitido por el Tribunal Supremo el día 22 de noviembre de 1957 al ejercicio de la profesión legal ante los Tribunales de Puerto Rico y en la actualidad su nombre se encuentra incluido en el Registro de Abogados.
2. El Ledo. Luis A. Maldonado Soto fue suspendido del ejercicio de la abogacía por el Honorable Tribunal Supremo el día 13 de septiembre de 1961 (In re: Maído-nado Soto, 83 D.P.R. 444). El Ledo. Luis A. Maldonado Soto fue readmitido al ejercicio de la abogacía el 15 de abril de 1968.
3. El señor Abelardo Rodríguez radicó en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón una demanda de daños y perjuicios contra el señor Raúl Ortiz Vega, en la cual se solicitaba se condenara al demandado al pago de $3,449.00 más intereses, gastos y honorarios de abogado en el litigio, caso Civil Núm. 72-2012.
4. La Nationwide Mutual Insurance Company compareció posteriormente en dicho caso como interventora en ejer-cicio del derecho de subrogación que le asistía alegando que le había pagado al demandante la suma de $1,596.00, suma que reclamaba.
5. El demandado, Sr. Raúl Ortiz Vega, estuvo representado durante todo el proceso por el Ledo. Luis A. Maldonado Soto.
6. El 8 de febrero de 1974, el Tribunal Superior de Baya-món dictó sentencia con sus correspondientes determina-ciones de hecho y conclusiones de derecho condenando al Sr. Raúl Ortiz Vega a pagar la suma de $1,603.00 al Sr. Abelardo Rodríguez y la suma de $1,546.00 a la Nationwide Mutual Insurance Co., las costas del pleito y la suma de $300.00 para honorarios de abogado.
7. El día 21 de febrero de 197J el Sr. Raúl Ortiz Vega entregó al Lcd,o. Luis A. Maldonado Soto la suma de $3, 4-19.00 para satisfacer la sentencia en el caso Civil Núm. 72-2012. El Ledo. Luis A. Maldonado Soto recibió el dinero y firmó recibo a esos efectos.
8. El Ledo. Luis A. Maldonado Soto recibió de manos del Sr. Raúl Ortiz Vega la cantidad arriba mencionada para satisfacer la sentencia que había recaído en su contra en el caso Civil 72-2012, y tan pronto dicha sentencia fue final y firme se comunicó con el Ledo. Juan Santiago Ramírez abogado del Sr. Abelardo Rodríguez, deman-dante en el caso Civil 72-2012, y en la oficina del Ledo. Luis A. Maldonado Soto, este último le entregó al Ledo. Santiago Ramírez, el día 30 de marzo de 1974 un giro por la suma de $1,903.00 para beneficio del Sr. Abelardo Rodríguez y en satisfacción de sentencia habiendo el Ledo. Santiago Ramírez firmado documentos a esos efec-tos.
9. No surge que el Ledo. Luis A. Maldonado Soto le haya entregado a la otra parte, la Natiomvide Mutual Insurance Company, la suma que le correspondía según la sentencia dictada. Tampoco surge la hubiera depositado en el Tribunal.
10.Con fecha 14 de abril de 1977 la interventora en el caso 72-2012, la Nationwide Mutual Insurance Co., solicitó y obtuvo del Tribunal mandamiento de ejecución de sen-tencia, presentándose al negocio del Sr. Raúl Ortiz Vega, Farmacia Etika, un alguacil para proceder al embargo de bienes de dicho Sr. Ortiz Vega.
11. Para evitar se procediera con el embargo, el Sr. Ortiz Vega tuvo que satisfacer la suma de $903.84 que le fuera exigida por el depositario judicial en concepto de gastos e intereses y además la suma de $3,449.00 en satisfacción de la sentencia. Para satisfacer esta suma, el Sr. Ortiz Vega tuvo que solicitar un préstamo al Banco Popular.
12. Con fecha 28 de junio de 1977 el Sr. Raúl Ortiz Vega y su esposa radicaron una demanda por daños y perjuicios en el Tribunal Superior, Sala de San Juan contra el Ledo. Luis A. Maldonado Soto y la Nationwide Mutual Insurance Company, Civil Núm. 77-4772. En la demanda se le imputa a la Nationwide Mutual Insurance Company haberse subrogado el derecho de cobrar una sentencia que favorecía a otra persona, al Sr. Abelardo Rodríguez, quien no lo había autorizado a ello y más cuando a dicha parte se le había satisfecho la suma que le correspondía por la sentencia dictada en el caso Civil Núm. 72-2012 y habiéndose suscrito por dicha parte documento sobre satisfacción de sentencia.
Los demandantes le imputan al Ledo. Luis A. Maldonado Soto el incumplimiento del contrato de servicios profesionales y/o su responsabilidad y obligación pro-fesional al no satisfacer la totalidad de la sentencia en el caso Civil 72-2012 a pesar de haber recibido de su representado, Sr. Raúl Ortiz Vega, el demandante en el caso, el dinero y haberse comprometido a ello.
Los demandantes en este caso alegan que como re-sultado de la exposición de éstos al embargo, éstos han sufrido daños que estiman en $30,000.00.
13. En dicho pleito Civil Núm. 77-4772, el Sr. Raúl Ortiz Vega fue representado por el Ledo. Bennie Frankie Cerezo. En dicho caso se dictó sentencia por estipulación el 11 de noviembre de 1977. El Sr. Raúl Ortiz Vega, demandante, recibió la suma de $7,000.00 en resarci-miento de daños.
14. Con fecha 25 de noviembre de 1977 este Hon. Tribunal Supremo dictó resolución dando traslado a la Oficina del Hon. Procurador General • de Puerto Rico una queja radicada por el Sr. Raúl Ortiz Vega contra el Ledo. Luis A. Maldonado Soto alegando representación profe-sional negligente.
15. Como resultado de la investigación realizada por el Hon. Procurador General de Puerto Rico, el día 20 de febrero de 1980 se radicó querella en contra del Ledo. Luis A. Maldonado Soto.
16. Con fecha 15 de agosto de 1978 el Sr. Raúl Ortiz Vega en la declaración jurada que prestara ante el Hon. Procura-dor General con motivo de la investigación de su queja contra el Ledo. Luis A. Maldonado Soto, informa que para él (Raúl Ortiz Vega) su caso contra el Ledo. Luis A. Maldonado Soto estaba terminado y que él entendía se había llegado a un arreglo justo.
17. Aunque la evidencia demostró que el Ledo. Luis A. Maldonado Soto no le entregó a la Nationwide Mutual Insurance Company la parte que le tocaba de la sentencia, somos de opinión que esto se pudo deber a una inadver-tencia y/o olvido del Ledo. Luis A. Maldonado Soto. [Escolio omitido.]
18. En ningún momento el Ledo. Luis A. Maldonado Soto se apropió para sí la suma entregada por el Sr. Ortiz Vega para beneficio de la Nationwide Insurance Company. No se presentó ni la más leve evidencia a estos efectos.
19. Si el quejoso Ortiz Vega sufrió algún daño cuando se presentaron a su negocio para proceder a un embargo, el mismo fue ampliamente indemnizado por el querellado como resultado del procedimiento judicial llevado en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. El propio Sr. Ortiz Vega lo ha aceptado repetidas veces.
20. El Ledo. Luis A. Maldonado Soto, quien tiene sus oficinas abiertas en la ciudad de Bayamón, luego de ser readmitido a la práctica de la profesión de abogado, ha sido muy cuidadoso y diligente en sus relaciones con sus clientes. Se ha distinguido como una persona de gran moral y muy correcto en sus actuaciones como persona particular y como profesional.
21. De haber incurrido el Ledo. Maldonado solo en alguna falta profesional, dicho abogado reiteradamente se ha dirigido a este Hon. Tribunal dando sus excusas y solici-tando indulgencia.
22. Los hechos anteriormente relatados nos llevan a concluir que la actuación del querellado en este caso, Ledo. Luis A. Maldonado Soto, no constituye conducta impropia, in-moral e ilegal con su cliente, Sr. Raúl Ortiz Vega. (Bas-tardillas nuestras.)

Concedimos término a la partes y éstas han comparecido informando estar de acuerdo sobre la corrección de las apre-ciaciones fácticas consignadas por el Comisionado Especial.

Coincidimos en que no se demostró el cargo de apropiación de fondos. Ahora bien, el abogado Maldonado Soto faltó a su obligación de ejercer su profesión con el celo, cuidado y dili-gencia que se le requiere en los Cánones de Ética Profesional. El resarcimiento de los daños sufridos por su cliente con mo-tivo de las actuaciones negligentes del abogado no es razón suficiente para librar al abogado de nuestra amonestación y advertencia sobre su futura conducta en el desempeño de la delicada función como abogado. Copia de esta opinión deberá unirse al expediente profesional del abogado Maldonado Soto.

Se dictará la correspondiente sentencia.

      “La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.” 99 D.P.R. 1015.