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      In re Lic. Carmelo Ávila, Jr., querellado.

      Número: O-77-234

      Resuelto: 28 de febrero de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís OrsiniZayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; LuisR. Polo y Vicente Ortiz Colón, abogados del querellado.
   PER CURIAM:

El minucioso Informe suscrito y rendido a este Tribunal por el Comisionado Especial Lie. Miguel A. Velázquez Rivera, consigna como hechos no contradichos los siguientes:

“[I]
1. El querellado, Carmelo Avila, Jr., es un abogado dedicado al ejercicio privado de su profesión, habiendo sido admitido a ejercer en Puerto Rico el 24 de noviembre de 1970.
2. Durante el año 1973 el querellado tenía su bufete profesional establecido en la ciudad de San Juan. En uno de los primeros días de ese año, recibió en su oficina, la visita de la Sra. Amparo M. Camerón, a quien el querellado no había conocido anteriormente. Doña Amparo informó al querellado que ella había sido demandada judicialmente ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior, en reclamación de los daños y perjuicios que se alegaba que ella había causado a los esposos Jorge de Juan y Mercedes Torres de Juan, al intervenir en un accidente de automóviles. Inquirió del letrado sobre la disponibilidad de éste para representarla en la acción judicial.
3. El querellado accedió al requerimiento de su visitante. En consecuencia, mediante acuerdo verbal se convino que el querellado asumiría la representación legal de la Sra. Camerón — demandada en aquel procedimiento — y que ésta pagaría al letrado la suma total de $240.00 por sus servicios profesionales.
4. En efecto, el querellado representó legalmente a la Sra. Camerón en el caso civil de daños y perjuicios ante el Tribunal Superior de San Juan. Eventualmente el magistrado que presidió la audiencia dictó sentencia declarando con lugar la reclamación de los demandantes contra doña Amparo, pero limitando a la suma de $1,800.00 la cuantía que ésta debía satisfacer para compensar los daños y perjuicios sufridos por los esposos demandantes.
5. Los esposos de Juan no estuvieron conformes con la sentencia dictada por el Tribunal Superior y, en razón de ello, instruyeron a su abogado para que iniciara los trámites legales pertinentes para que la sentencia pudiera ser revisada por un tribunal de superior jerarquía. Poco después, el abogado de los esposos demandantes en el pleito notificó telefónicamente al querellado Carmelo Avila, Jr. las instrucciones que había recibido de sus clientes y su intención de tramitar la revisión de la sentencia.
6. Así las cosas, el querellado decidió comunicarse por escrito con la Sra. Camerón. Le informó que debía pasar a verle. En efecto, el 2 de julio de 1973 la Sra. Camerón se reunió con el Licenciado Avila, Jr. en la oficina de éste. Durante la entrevista el querellado puso en conocimiento de doña Amparo los detalles relacionados con la sentencia dictada por el magistrado que había entendido en el caso, incluyendo el hecho de que había limitado a $1,800.00 la suma total por la cual ella debía responder. Al propio tiempo, le notificó que la parte adversa estaba sumamente insatisfecha por el resultado del proceso ya que consideraba ridiculamente baja la cuantía fijada por el tribunal en su sentencia. Le indicó, además, que el abogado de la parte demandante en el pleito civil le había notificado telefóni-camente su intención de recurrir al Tribunal Supremo y solicitar la revisión de la cuantía concedida en concepto de indemnización. Doña Amparo, por su parte, expresó al querellado que ella también estaba insatisfecha con la sentencia dictada por el magistrado del Tribunal Superior y tenía sumo interés, no sólo en oponerse a las pretensiones de los demandantes en su recurso de Revisión, sino en que se revisara aquella parte de la sentencia que le imponía a ella responsabilidad frente a los esposos de Juan.
7. El querellado contestó a la Sra. Camerón que él la había representado en el litigio que se había ventilado ante el Tribunal Superior a cambio de una suma de dinero que él consideraba extremadamente baja y que, como condición para continuar repre-sentándola en la etapa apelativa del procedimiento ante el Tribunal Supremo, ella debía comprometerse a satisfacerle $500.00 en con-cepto de honorarios. En ese momento, doña Amparo se mostró indecisa con respecto a la propuesta. Indicó al querellado que, en todo caso, su decisión estaría sujeta a la posibilidad de que sus hijos la ayudaran económicamente. El querellado entonces le hizo entrega a la Sra. Camerón del expediente relacionado con el caso que él conservaba en su oficina y le indicó que si no conseguía el dinero para satisfacer el importe de honorarios profesionales que él había fijado, debía buscar ayuda legal en las oficinas regionales de la Sociedad para Asistencia Legal, ubicadas en la Calle Loíza de Santurce. Al momento de despedirse el querellado apercibió a la Sra. Camerón que ella tendría que hacer ‘algo’ con la casa de su propiedad en la cual ella residía, porque, de lo contrario, se la podían ‘quitar’.
8. La semana siguiente a la entrevista la Sra. Camerón visitó nuevamente la oficina del querellado. No pudo verlo porque el Licenciado Avila, Jr. no estaba en su bufete. En consecuencia, doña Amparo no prestó ulterior atención al asunto ni gestionó los servicios profesionales de ningún otro abogado.
9. El 12 de julio de 1973 el abogado que representaba a los esposos de Juan en el pleito de daños y perjuicios radicó un recurso de Revisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico bajo el número 73-213, impugnando la cuantía concedida a sus representa-dos en la sentencia que había dictado el Tribunal Superior. El querellado fue notificado con copia del recurso de Revisión, en su carácter de abogado de récord de doña Amparo. El Licenciado Avila, Jr., sin embargo, no notificó a la señora Camerón del hecho de haberse radicado el recurso de Revisión ni radicó escrito alguno ante el Tribunal Supremo oponiéndose a las pretensiones de la parte recurrente.
10. El 9 de agosto de 1973 el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió Resolución en el recurso de Revisión que, bajo el número 73-213, habían radicado los esposos de Juan. En su Resolución, el Tribunal Supremo concedió un término de quince días a la recurrida Amparo M. Camerón para que compareciera a mostrar las causas por las cuales no debía aumentarse de $1,500.00 a $5,000.00 la cuantía fijada por el tribunal sentenciador a favor de Mercedes Torres de Juan y de $300.00 a $1,000.00 la concedida a Jorge de Juan por el tribunal de instancia.
11. Copia de la Resolución dictada por el Tribunal Supremofue notificada al querellado, en su carácter de abogado de doña Amparo M. Camerón. El Licenciado Avila, Jr. no compareció ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico a mostrar las causas por las cuales no debía aumentarse la cuantía de la indemnización fijada por el tribunal de instancia. Tampoco se comunicó con la Sra. Camerón para enterarla de la Resolución dictada por la Corte ni compareció en autos para informar al Tribunal Supremo que él no era, en aquel momento, el representante legal de doña Amparo.
12. Durante la audiencia celebrada ante el Comisionado suscri-biente el querellado intentó justificar su inacción explicando que él entendía que su relación profesional con la Sra. Camerón había terminado desde el 2 de julio de 1973, al momento en que ella recibió, de manos del querellado, el expediente de su caso. El Comisionado que suscribe no abriga la mínima duda, a base de la prueba aportada, de que — independientemente de la corrección de sus actuaciones — el querellado efectivamente tenía, en ese momento, la creencia subjetiva de que él había dejado de ser el abogado de doña Amparo desde el momento en que habían sostenido la última entrevista.
13. Finalmente, el 10 de septiembre de 1973 el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictó sentencia en el recurso de Revisión 73-213 de Mercedes Torres y Jorge de Juan v. Amparo M. Camerón. En síntesis, el Tribunal confirmó la sentencia original del Tribunal recurrido pero aumentó a $6,000.00 la cuantía de la indemnización que la Sra. Camerón debía pagar para resarcir los daños y perjuicios que había causado a la parte demandante. El querellado fue oportunamente notificado con copia de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo.
14. La Sra. Camerón estaba ajena a lo que estaba ocurriendo. Por una parte, ella no había prestado mayor atención al asunto, convencida como estaba de la justicia de su posición que rechazaba la posibilidad de que, habiendo sido exonerada de responsabilidad en la acción penal proveniente del accidente de automóviles en que las partes en litigio habían intervenido, pudiera imponérsele alguna obligación civil con respecto a los hechos previamente adjudicados. Por otra parte ni el querellado ni ninguna otra persona o autoridad judicial, le había notificado la existencia de trámite procesal alguno con posterioridad a la entrevista sostenida el 2 de julio de 1973 en las oficinas del abogado querellado.
15. Mientras tanto, el abogado de la parte adversa a la Sra. Camerón había continuado con los trámites conducentes a la ejecución de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo y la cual, con el transcurso del tiempo, había advenido firme. Eventualmente, el Tribunal Superior de San Juan ordenó que, para satisfacer el importe de la sentencia, se vendiera en pública subasta la casa residencia de la Sra. Camerón. La subasta se fijó para el 18 de marzo de 1974.
16. Días antes de la fecha señalada para la subasta doña Amparo recibió la visita de una hija suya. Esta traía consigo un ejemplar de un periódico en el cual aparecía el edicto correspon-diente a la venta pública de la casa residencia de su señora madre. Al tener conocimiento de lo que estaba aconteciendo, doña Amparo— sumamente nerviosa — inició gestiones para evitar ser desposeída de su vivienda. De inmediato visitó la oficina del magistrado del Tribunal Superior que había intervenido en los procedimientos. Como consecuencia de la orientación que allí recibió se trasladó al edificio del Colegio de Abogados de Puerto Rico en busca de ayuda. Una vez allí tuvo oportunidad de entrevistarse con una abogada que ese día estaba encargada de prestar ayuda legal a las personas que a esa institución comparecieran en procura de consejo legal.
17. Al ser informada que la subasta se celebraría la siguiente semana, la abogada recomendó a la Sra. Camerón que tratara de entrevistarse con el Alguacil del Tribunal Superior o con el abogado de la parte contraria en busca de una fórmula satisfactoria para evitar la venta en pública subasta. Ante el apremio que para ella constituía el hecho de que la venta se efectuaría el siguiente lunes, doña Amparo visitó el sábado de esa semana las oficinas del abogado que representaba a la parte adversa en la acción de daños y perjuicios. Luego de esa visita surgió la posibilidad de que la Sra. Camerón pudiera obtener un préstamo de una compañía financiera; satisfacer el importe de la sentencia y evitar su ejecución sobre el bien inmueble que constituía su residencia.
18. Eventualmente, doña Amparo se trasladó a las oficinas de un ciudadano que ella identificó como abogado retirado y una vez allí se hicieron los trámites pertinentes para que una compañía financiera expidiera un cheque por la suma de $10,000.00 a favor de la Sra. Camerón. Ésta lo endosó y, en adición, suscribió documentos comprometiéndose a pagar el importe del préstamo, más los intereses fijados por la compañía. Con el dinero así obtenido se satisfizo el importe de la sentencia que había sido dictada contra doña Amparo por el Tribunal Supremo de Puerto Rico y se canceló la subasta pública previamente señalada.
19. Doña Amparo estaba sumamente perturbada por lo acon-tecido. Días más tarde se personó a la Secretaría del Tribunal Superior de San Juan y obtuvo copia de los documentos pertinentes al caso civil de daños y perjuicios que los esposos de Juan habían radicado contra ella. Con los documentos en su poder se personó a la oficina del querellado Ledo. Avila, Jr., a quien increpó duramente. Entre otras cosas le dijo: ‘Lo que usted me hizo, no se le hace a persona humana.’
En adición, doña Amparo exigió del letrado querellado que le hiciera entrega de los documentos relacionados con su caso que el letrado tuviese en su poder. El querellado accedió prontamente a ello. Entre los documentos que la Sra. Camerón recibió de manos del querellado en esta ocasión se encontraban copias tanto de los escritos radicados ante el Tribunal Supremo como de las resolu-ciones emitidas por dicha Superioridad en el referido caso.
20. Esa fue la última vez que el letrado querellado y la Sra. Camerón se entrevistaron en relación con los hechos en disputa. Ella llevó los documentos a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico y radicó la queja que dio lugar al procedimiento de epígrafe.
[II]
21. Mientras tanto, en enero de ese mismo año 1974, el querellado había iniciado otra relación profesional que tendría repercusiones en su práctica profesional. Veamos:
22. Resulta que allá para el año 1970 la joven Luz Nereida Rosario, recién graduada de Escuela Superior, y quien residía, en unión a sus padres, en el sector de Villa Palmeras, en Santurce, conoció a un joven nombrado José L. Alexandrino. Se hicieron novios poco tiempo después. Ella trabajaba de ayudante en un laboratorio. El residía en la Urbanización Ponce de León en Guaynabo.
23. Eventualmente Luz Nereida y José Luis comenzaron a sostener relaciones sexuales. Como resultado, ella quedó encinta. Cuando tenía varios meses de embarazo decidieron casarse. El matrimonio, en efecto, se celebró el 7 de julio de 1973. En septiembre de ese año Luz Nereida dio a luz una niña, a la cual nombraron Ramona Alexandrino Rosario.
24. Al tiempo de nacer la niña ya habían surgido serias desavenencias entre los cónyuges. No vivían juntos. Ella residía en Bayamón, donde ocasionalmente recibía la visita de su esposo. Con el paso del tiempo, la situación fue deteriorándose al extremo de que el esposo comenzó a insistir en la necesidad del divorcio. Luz Nereida tenía mucho cariño a su hija. Su esposo continuamente la amenazaba diciéndole que si no accedía a divorciarse, él la privaría de la custodia de la niña. La Sra. Rosario, eventualmente, accedió a poner fin a los problemas conyugales mediante el procedimiento de divorcio.
25. Así las cosas, en uno de los primeros días de enero de 1974, José Luis Alexandrino decidió obtener los servicios profesionales necesarios para el trámite judicial. En consecuencia, visitó las oficinas del querellado Carmelo Avila, Jr.
26. Durante la entrevista entre Alexandrino y el querellado éste informó a su visitante que, a base de los hechos que éste le había descrito, recomendaba que su esposa, y no él, iniciara los proce-dimientos de divorcio. Su consejo estaba fundado en que era ella, y no él, la que tenía una causal de divorcio a su favor. El abogado le sugirió, además, que trajera a su esposa a la oficina del letrado para recibir la necesaria orientación legal con respecto a los trámites de ley en este tipo de casos.
27. Días más tarde Alexandrino visitó a su esposa en Bayamón. La instó a que lo acompañara hasta las oficinas del licenciado Avila, Jr. para discutir los trámites del divorcio. Luz Nereida accedió. Dejaron la niña al cuidado de una tía suya y se trasladaron en automóvil hasta las oficinas del querellado.
28. El Ledo. Avila, Jr. se entrevistó con los cónyuges. Indicó a la Sra. Rosario que consideraba apropiado que fuese ella la que compareciera como demandante en el pleito de divorcio porque se vería ‘feo’ que fuese el esposo el que tuviera que comparecer a declarar y establecer la culpa de ella por la causal de trato cruel e injurias graves.
29. Precisa — en este momento — que el Comisionado suscribiente adjudique la controversia que surge de los testimonios aportados durante la audiencia con respecto al hecho crucial sobre si el querellado recomendó o no a la Sra. Rosario que omitiera, tanto en la demanda a radicarse como en su posterior testimonio en corte, el hecho de que los cónyuges habían procreado una niña durante el matrimonio.
La Sra. Rosario, al declarar durante la audiencia celebrada ante el suscribiente, afirmó que el querellado expresamente le indicó que ‘dijera que no había niña, que cuando llegaran los papeles, él arreglaba los papeles para que apareciera la niña’. Continuó diciendo la declarante que el abogado querellado le indicó que no dijera nada sobre la niña porque de lo contrario había que ir a ‘relaciones de familia’ y José Luis tenía ‘prisa’.
El querellado, por su parte, fue enfático en su afirmación al efecto de que en la ocasión en que se entrevistó con los esposos Alexandrino éstos nunca le informaron sobre la existencia de hijos en el matrimonio. Negó que hubiese recomendado a la Sra. Rosario que omitiera mencionar la existencia de la niña en su testimonio en corte o en la demanda que intentaba radicar. Por el contrario— afirmó el querellado — cuando él preguntó a la Sra. Rosario, durante la entrevista en su oficina, si había hijos o bienes gananciales en el matrimonio, ella contestó en la negativa.
El Comisionado suscribiente ha concluido que los hechos rela-cionados con la no inclusión de la menor Ramona Alexandrino Rosario en los documentos judiciales relacionados con el divorcio de sus padres ocurrieron en la forma en que los describió la señora Rosario al testificar durante la audiencia.
Nos mueve a hacer la anterior conclusión, en primer lugar, la manera directa, sencilla y ecuánime en que la señora Rosario prestó testimonio. Pudimos observar en ella una total ausencia de animosi-dad personal o encono hacia el querellado. En todo momento nos impresionó como persona que — obligada por las circunstancias— deseaba relatar los hechos, tal como ella los recordaba, y reintegrarse tan pronto como fuese posible a sus ocupaciones habituales.
En segundo lugar, el examen de los documentos que fueron admitidos en evidencia durante la audiencia celebrada ante el suscribiente corrobora la versión de la señora Rosario. De ellos se desprende claramente que el querellado tuvo en todo momento absoluto control sobre todo el trámite procesal que culminó en la sentencia decretando el divorcio de los cónyuges. Obsérvese que tanto la Demanda como la Contestación a la misma fueron prepara-das en la oficina del abogado querellado, utilizándose para ello la misma máquina de escribir. Es de notar, además, que el demandado José Luis Alexandrino a pesar de que hace constar en la Contestación a la Demanda que él suscribió, que comparece por derecho propio, utiliza en dicho escrito términos poco conocidos en el lenguaje común. Por ejemplo, el demandado acepta todos los hechos de la Demanda, incluyendo el relacionado con la ausencia de hijos en el matrimonio y renuncia a ser notificado de la fecha de la vista; a su derecho de apelación, revisión o certiorari; y acepta que la sentencia que se dicte sea firme desde la fecha de la misma.
La corroboración final, sin embargo, proviene del propio quere-llado. En la declaración jurada que prestó ante el Procurador General Auxiliar el 25 de enero de 1977, mientras se investigaban los pormenores de esta queja, el Ledo. Avila, Jr. admitió que él redactó tanto la Demanda de Luz Nereida como la Contestación a la Demanda de Alexandrino; que hizo que éste compareciera por derecho propio y que fue este último quien pagó los honorarios profesionales del Divorcio, los cuales fluctuaron entre $175.00 y $200.00.
30. Lo cierto es que, luego de la entrevista con los esposos Alexandrino, el querellado radicó ante la Sala de Caguas del Tribunal Superior, la demanda de Divorcio de Luz Nereida Rosario contra José Luis Alexandrino. En las alegaciones se imputó al • demandado trato cruel e injurias graves contra su esposa. En la demanda, radicada el 28 de enero de 1974 bajo el número 74-522, se expresó que los cónyuges no habían procreado hijos ni adquirido bienes gananciales durante el matrimonio.
Por su parte, el 31 de ese mismo mes y año, el demandado José Luis Alexandrino, suscribió la Contestación a la Demanda que le había preparado el querellado. En ella admitió la veracidad de todas las alegaciones pertinentes contenidas en la demanda, inclu-yendo el hecho de no haber procreado hijos durante el matrimonio. Ese documento — antes de ser radicado en corte — fue autenticado por el demandado Alexandrino, quien compareció ante un Notario Público de San Juan y juró que era cierto todo lo que él afirmaba en la contestación a la Demanda que estaba suscribiendo.
31. Eventualmente, la Sra. Rosario compareció a declarar en Corte en el pleito de divorcio. La interrogó el querellado. A preguntas de éste se reafirmó en que no habían procreado hijos durante el matrimonio. El Tribunal, en consecuencia, dictó senten-cia de divorcio el 11 de febrero de 1974. Desde luego, la corte no hizo pronunciamiento alguno sobre hijos o pensión alimenticia.
32. Luego que se dictó la Sentencia de Divorció el padre de la menor Ramona Alexandrino Rosario no se ocupó del sostenimiento económico de ésta. Con el transcurso del tiempo Luz Nereida comenzó las gestiones para lograr que un tribunal de justicia obligara al padre de la criatura a proveerle alimentos. Como consecuencia, mientras se investigaba una querella radicada por la madre de la niña ante el Tribunal de Distrito de Río Piedras, se descubrió el hecho de que en la Sentencia de Divorcio dictada por el Tribunal Superior de Caguas en el caso número 74-522 no se había hecho constar la obligación del padre para proveer alimentos a su menor hija. Los trámites subsiguientes culminaron en la radicación de una queja contra el querellado ante la Oficina del Procurador General.
[III]
33. Finalmente, la prueba aportada durante la audiencia cele-brada ante el suscribiente reveló la existencia de una tercera controversia relacionada directamente con el ejercicio de la profe-sión por parte del querellado Carmelo Avila, Jr.
34. Surge de esa prueba que en el mes de junio de 1974 visitó las oficinas del querellado un ciudadano nacido en Jordania, quien residía hacía algunos años en Puerto Rico. Se nombraba George Saba. A pesar de que el señor Saba se dedicaba al comercio en Puerto Rico no tenía el suficiente dominio de los idiomas español o inglés como para hacerse comprender en uno de esos idiomas. Por tanto, en esta primera visita, el señor Saba se hizo acompañar por un amigo suyo que practica la contabilidad en nuestro país, aun cuando no tiene licencia para ello.
35. El señor Saba y su acompañante indicaron al letrado Carmelo Avila, Jr. que interesaban iniciar los procedimientos judiciales correspondientes ante el Tribunal de los Estados Unidos para Puerto Rico a fin de recibir la protección establecida en la Ley Federal de Quiebras.
36. Saba — o, más bien, su acompañante — explicó que él era un mayorista dedicado a la venta de mercancía seca. Había sido dueño de un local comercial, pero éste había sido destruido por un fuego. La compañía aseguradora del local estaba en disposición de reembolsarle una suma en exceso de $20,000.00 en compensación por las pérdidas sufridas durante el incendio. Por otro lado, contra Saba se habían radicado cuatro (4) demandas de cobro de dinero. Sus acreedores habían procedido a embargar el interés que Saba pudiera tener en su reclamación contra la compañía aseguradora del local. Saba estaba dispuesto a conceder al querellado la más amplia discreción para que éste tomara las medidas legales necesarias ante la Corte de Quiebras para proteger sus intereses económicos.
37. El querellado aceptó la encomienda de Saba. Radicó en el foro federal la solicitud que provee el Capítulo XI de la Ley Federal de Quiebras e inició las gestiones de rigor.
38. Luego de sucesivas primeras reuniones de acreedores, el querellado logró que la Corte de Quiebras, en 26 de noviembre de 1975, aprobara un plan de pago a los acreedores no asegurados que consistiría en que Saba les satisfaría el 65% del total de sus acreencias. El 15% del total lo pagaría Saba de inmediato y el 50% restante en un plazo no mayor de dos (2) años. La Corte, además, autorizó el deudor George Saba a recibir $21,161.68 más los intereses que dicha suma hubiese acumulado. Esta suma era el remanente de la cantidad depositada ante la Corte de Quiebras por la compañía aseguradora del local propiedad de Saba, en pago total de la reclamación de éste luego de deducirse $3,000.00 que fueron pagados al querellado por sus gestiones profesionales en el procedi-miento de Quiebras y $1,512.79 que la corte autorizó para otros gastos.
39. Toda vez que las gestiones del letrado Avila, Jr. ante la Corte de Quiebras habían sido exitosas, Saba y el querellado acordaron que éste último se encargaría de todo el trámite conducente a pagar a los acreedores, de la suma que la compañía aseguradora había depositado en la Corte, y a la cual se ha hecho referencia, el 15% inicial correspondiente a los acreedores.
En ningún momento, sin embargo, se discutió entre Saba y el querellado el hecho de si éste tendría o no facultad para estampar la firma de Saba en algún documento o cambiar algún cheque expedido a nombre de éste.
El 31 de diciembre de 1975, la Corte de Quiebras emitió una orden autorizando al deudor Saba a utilizar aquella parte de la suma de $21,361.42 (capital e intereses) depositada por la compañía aseguradora, para pagar a los acreedores concernidos el plazo inicial correspondiente al 15% de sus respectivas acreencias.
40. Así las cosas, el 15 de enero de 1976 la Secretaria de la Corte de Quiebras notificó al querellado Carmelo Avila, Jr. que el cheque por la suma de $21,361.42, expedido a nombre de Saba y de su abogado, estaba a disposición de su cliente en la Secretaría de la Corte. El querellado pidió entonces a dicha funcionaría que le entregara el cheque y ésta así lo hizo.
41. Al siguiente día el querellado se personó al Chase Manhattan Bank a eso de las 9:00 de la mañana. Llevaba consigo el cheque de su cliente y una lista conteniendo el nombre de acreedores que habían comparecido a la Corte de Quiebras dentro del procedimiento de reorganización solicitado por George Saba. Cambió el cheque de su cliente en el Banco y pidió al Gerente que se expidieran varios cheques a nombre de los acreedores de Saba por un total de $6,016.06.
42. La suma restante, o sea $15,345.36, le fue entregada, en efectivo, al abogado querellado Carmelo Avila, Jr. Éste echó el dinero en un sobre de tamaño legal y se encaminó a su oficina. Esa misma mañana — declaró el querellado — recibió una llamada requi-riendo su presencia en la República Dominicana. En consecuencia, abordó, al mediodía, un avión y se encaminó hacia la vecina República. Llevó consigo todo el dinero de Saba. Cuando regresó a Puerto Rico a la semana siguiente, luego de terminar su estadía en Santo Domingo, el querellado pudo notar que no tenía en su poder ni un sólo centavo de la suma de dinero propiedad de Saba, que había llevado consigo.
43. George Saba nada sabía de lo que había acontecido con su dinero. Eventualmente visitó las oficinas del abogado querellado y éste le informó que, en efecto, había retirado de la Corte el dinero correspondiente a su cliente pero que se le había extraviado en Santo Domingo.
44. Saba inició de inmediato las correspondientes gestiones para que el querellado le reembolsara el dinero de su propiedad. Visitó las oficinas de un magistrado federal. En presencia de éste el querellado prometió que le pagaría el total de la suma retenida en plazos periódicos. En 26 de febrero de 1976 Saba recibió del querellado la suma de $2,000.00 y una serie de cheques postdatados para ser presentados al cobro mensualmente. En esta forma el querellado intentaba reembolsar a Saba la suma de dinero propie-dad de éste. Saba, sin embargo, no pudo cobrar los cheques en la fecha que los mismos indicaban porque el querellado tuvo dificul-tades económicas que le imposibilitaron depositar en el Banco las sumas necesarias para cubrir el importe de los cheques.
45. En el mes de septiembre de 1976 el querellado se enteró que algunos acreedores adicionales de Saba, los cuales no habían recibido el 15% de sus acreencias, habían radicado sus reclamaciones en la Corte de Quiebras. El querellado efectivamente había pagado a algunos acreedores en 26 de febrero de 1976 la suma de $6,016.06 que había retirado del Banco el 16 de enero de 1976. Sin embargo, como los acreedores adicionales no estaban incluidos en la orden original de la corte se vio precisado a depositar la suma adicional de $2,647.12 en la Corte de Quiebras para satisfacer estas nuevas acreencias. Este depósito lo hizo el querellado el 29 de septiembre de 1976.
46. Mientras tanto Saba continuaba haciendo gestiones ante diversos organismos gubernamentales para recobrar su dinero. Radicó quejas en las oficinas del Colegio de Abogadbs de Puerto Rico y ante el Procurador General. Al propio tiempo contrató los servicios profesionales del Ledo. Adolfo de Castro para que iniciara las gestiones legales necesarias para que el querellado le reembol-sara su dinero.
El 9 de junio de 1977, luego de la investigación de rigor, el Procurador General radicó su informe ante el Tribunal Supremo exponiendo ante esa Superioridad el resultado de la investigación relacionada con la conducta profesional del querellado.
El 22 de julio de 1977, el querellado, el Ledo. De Castro y George Saba llegaron a un acuerdo que puso fin a la controversia relacionada con la retención del dinero de Saba. Ese día suscribieron y radicaron ante la Corte de Quiebras una Moción Informativa, dentro del procedimiento iniciado por George Saba bajo el Capítulo XI de la Ley Federal de Quiebras, indicando que los comparecientes habían llegado a un acuerdo satisfactorio. Expresa el documento que de los $21,361.42 propiedad de Saba que el Lie. Avila, Jr. había retirado de la Corte, éste había reembolsado a Saba $2,000.00 en 26 de febrero de 1976 y que ese mismo día había pagado a los acreedores $6,016.06. Que, además, había hecho otro pago a acreedores adicionales, por la suma de $2,647.12 el 29 de septiembre de 1976 y había cobrado para sí la suma de $1,698.20 en concepto de honorarios profesionales, por los servicios legales prestados a Saba en el procedimiento de Quiebras con posterioridad al 26 de noviembre de 1975. El documento termina expresando que de los restantes $9,000.00, el Ledo. De Castro recibiría $1,000.00 por sus gestiones de recobro de dinero y George Saba recibiría un cheque oficial por $8,000.00.
47. La evidencia aportada durante la audiencia indicó que, en la actualidad, no existe animosidad personal o rencor alguno de parte de Saba hacia el Lie. Avila, Jr.. Precisa mencionar, sin embargo, para una adecuada comprensión de los hechos pertinentes que, mientras prestaba testimonio durante la audiencia ante el suscri-biente, Saba repetidamente declaró que, aun cuando él estaba satisfecho con el acuerdo de reembolso de dinero, él entendía que el querellado nunca le había devuelto la totalidad de la suma retenida porque existía una diferencia de aproximadamente $2,000.00 entre lo que el querellado debía devolver y lo que efectivamente había reembolsado.
A juicio del suscribiente, la discrepancia entre la versión de Saba y la del letrado querellado — quien afirmó repetidamente que él no adeuda suma de dinero alguna a su cliente — consiste en la partida de $1,698.20 que aparece en la Moción Informativa radicada ante la Corte de Quiebras como ‘honorarios por servicios legales prestados y a ser prestados por el querellado’ a Saba en el procedimiento de Quiebras. La génesis de este mal entendido radica en que no se explicó adecuadamente a Saba, al suscribirse el documento contentivo del acuerdo, la naturaleza de las gestiones profesionales que el querellado realizó dentro del procedimiento de Quiebras, a partir del 26 de noviembre de 1975. Hemos descrito en el presente Informe las gestiones profesionales que, de acuerdo con la prueba aportada, el querellado llevó a cabo dentro de aquel procedimiento antes y después de la mencionada fecha.” [Escolios omitidos.]

Las determinaciones de hechos transcritas reflejan in-dubitadamente que el querellado Carmelo Ávila, Jr., incurrió en serias infracciones a varios cánones del Código de Ética Profesional aprobado en 24 de diciembre de 1970. 99 D.P.R. 997.

Respecto al primer cargo, ciertamente violó el Canon 20 () ya que fue negligente con relación al trámite de renuncia de la Sra. Amparo M. Camerón en ocasión de haberse interpuesto un recurso de revisión ante este Tribunal. El canon es específico en cuanto a las medidas que debe adoptar todo abogado para no dejar en estado de indefensión a un representado y no causar dilación a los procesos en los tribunales. Los deberes particulares consignados no excluyen otros consustanciales que necesariamente dependerán de las circunstancias especiales en cada caso.

Al no convenirse el pago de honorarios solicitados por el querellado como requisito para representarla ante este Tribunal, debió formular por escrito su renuncia y pedirle permiso al tribunal, ello a tono con la creencia subjetiva de que no era ya su abogado. Su conducta es altamente censurable y conflige con la buena ética. In re Coll, 101 D.P.R. 799 (1973).

En lo concerniente al segundo cargo, su gravedad es manifiesta. Deliberadamente el querellado aconsejó e indujo a su representada Sra. Rosario que ocultara la existencia de una hija en los trámites de divorcio. Más aún, ocultó a sabiendas al redactar la demanda tal hecho conociendo las consecuencias. Este comportamiento constituye una crasa violación a los Cánones 8, 26 y 35. () In re Cruz Disdier, 70 D.P.R. 453 (1949).

Y, finalmente, el querellado violentó el Canon 23, () abusó de la confianza que depositara en él su cliente Sr. George Saba al disponer impropiamente de varias sumas de dinero pertenecientes a éste, contrario a lo dispuesto en el referido canon. In re Castro Figueroa, 96 D.P.R. 317 (1968). Como dijimos en In re Guzmán, 82 D.P.R. 235, 240 (1961):

“El canon ... dispone que el abogado debe dar cuenta pronto de dinero del cliente que venga a sus manos, y que debe evitar que los fondos del cliente se confundan con sus bienes propios, sin el consentimiento y conocimiento de aquél. Esta norma de conducta responde a la necesidad de que las relaciones entre abogado y cliente estén fundadas en la honradez absoluta. Nada contribuye tanto a afectar adversamente la reputación de la profesión legal en la comunidad como situaciones similares a la que consideramos.... Y la fe y la confianza del pueblo es esencial para que el abogado pueda cumplir cabalmente la función que le corresponde en nuestra sociedad. Es por eso que no podemos dejar de sancionar rigurosa-mente los actos realizados por el querellado en este caso. El Juez Presidente Vanderbilt de Nueva Jersey ha expresado que ‘Los fondos de un cliente en poder de su abogado deben permanecer intocados. Por razones obvias, en estos casos se aplican las normas más estrictas de conducta y toda presunción es desfavorable a quien utiliza los fondos en forma no autorizada.” (Citas omitidas.)

La gravedad de las actuaciones del querellado Carmelo Ávila, Jr., justifica se dicte sentencia decretando su separación del ejercicio de la profesión de abogado-notario en Puerto Rico.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau se inhibieron.

      (1) Reza:

        “Canon 20. — Renuncia de Representación Legal

      “Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en representación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profesional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
      “Antes de renunciar la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concederle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconsejarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.
      “Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reembolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.”

      (2) Disponen respectivamente:

        “Canon 8. — Actos Impropios de los Clientes

      “El abogado no debe permitir que sus clientes, en el trámite de los asuntos que crean la relación de abogado y cliente, incurra en conducta que sería impropia del abogado si él la llevase a cabo personalmente. Esta norma tendrá particular aplicación en lo referente a las relaciones con los tribunales, los funcionarios judiciales, los jurados, los testigos y las otras partes litigantes. Cuando un cliente persista en incurrir en tal conducta impropia, el abogado debe terminar con él sus relaciones profesionales.”

        “Canon 26. — Derechos y Limitaciones en Relación con Clientes

      “Ningún abogado está obligado a representar a determinado cliente y es su derecho el aceptar o rechazar una representación profesional. Es altamente impropio aconsejar transacciones o actos en contra de la ley, entablar pleitos viciosos, instigar falsas defensas sin que pueda el abogado justificar dichos actos con el pretexto de que al actuar así, lo hizo siguiendo las instrucciones de su cliente. El abogado debe obedecer siempre su propia conciencia y no la de su cliente.”

        “Canon 35. — Sinceridad y Honradez

      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.
      “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificioso una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testigos, al redactar affidavits u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evidencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.”

      (3) "Canon 23. — Adquisición de Intereses en Litigio y Manejo de los Bienes del Cliente

      “El abogado no debe adquirir interés o participación alguna en el asunto en litigio que le haya sido encomendado.
      “Un abogado no debe adelantar o prometer ayuda financiera a su cliente para gastos médicos o subsistencia, excepto que puede adelantar el pago de las costas del litigio, y los gastos de investigación y de exámenes médicos necesarios para representar debidamente el caso de su cliente.
      “La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente, que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.”


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    United States Brewers Association, Inc. et al., demandantes y apelantes, v. Julio César Pérez, Secretario de Hacienda del E.L.A. et al., demandados y apelados.

      Número: O-79-58

      Resuelto: 29 de febrero de 1980

      Federico A. Cordero, abogado de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Alzamora, Pro-curador General Auxiliar, abogados de los apelados.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley Núm. 37, aprobada en 13 de julio de 1978, enmienda la Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969, conocida como la Ley de Bebidas de Puerto Rico. 0)

Antes de la enmienda, la Ley de Bebidas de Puerto Rico imponía una contribución de un dólar cinco centavos ($1.05) por cada galón medida sobre toda la cerveza producida o importada en Puerto Rico.

La Ley Núm. 37 aumentó la contribución sobre la cerveza a un dólar sesenta centavos ($1.60) por cada galón medida y creó una exención especial para cervezas producidas por personas cuya producción total durante su más reciente año contributivo no haya excedido de treinta y un millones (31,000,000) de galones medida. Las cervezas exentas pagan una contribución de un dólar cinco centavos ($1.05) por galón medida en vez de la contribución actual de un dólar sesenta centavos ($1.60) por galón medida. ()

Las demandantes-apelantes son corporaciones dedicadas a la producción y venta de cerveza con una producción anual que excede por mucho de treinta y un millones (31,000,000) de galones medida y una asociación comercial incorporada bajo las leyes de Nueva York que representa los manufactureros de 95% de la cerveza vendida en los Estados Unidos.

Alegan las demandantes que la Ley Núm. 37 es inconstitu-cional por violar la Sec. 1 () y la See. 7 () del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Sostienen, además, que es nula por violar la See. 3 () de la Ley de Relaciones Federales.

El tribunal de instancia resolvió a favor de la constitu-cionalidad de la ley y declaró sin lugar la demanda. Confirma-mos la sentencia apelada.

La Ley Núm. 37 se aprobó para incrementar las recauda-ciones producidas para el erario público por la Ley de Bebidas. Reconociendo la existencia de economías de escala en la producción de cerveza la ley distribuye la carga contributiva según la productividad de la empresa para fomentar la competencia entre las empresas de distintos tamaños. ()

El poder de nuestra Asamblea Legislativa para imponer y cobrar contribuciones lo establece expresamente la See. 2 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. () “La amplia discreción que posee la [Asamblea Legislativa] en el campo contributivo ha sido reconocida desde hace tiempo. Tradicionalmente la ‘clasifica-ción’ ha sido un método para ajustar los programas contributi-vos a las necesidades y usos locales a fin de lograr una distribución equitativa en la carga contributiva.” Miranda v. Sec. de Hacienda, 77 D.P.R. 171, 178 (1954).

La necesidad de recaudar fondos, razón fundamental por la cual se imponen contribuciones, ciertamente no es un argumento a favor de la imposición de ninguna contribución particular. Cuando se impugna una contribución, no basta decir que el propósito de la misma es recaudar fondos. Es necesario examinarla detenidamente para ver si viola alguna disposición constitucional o de otra índole.

El texto de la Ley Núm. 37 distingue entre las cervezas producidas por empresas cuya producción total excede de 31,000,000 galones al año y las cervezas producidas por empresas cuya producción anual no llega a esa cantidad. Sostienen las apelantes que no existiendo empresas locales cuya producción anual exceda de 31,000,000 galones, la clasificación de la ley resulta ser una distinción indebida, basada en el lugar de producción de la cerveza, para beneficio de las empresas locales. Para apoyar su posición, las apelantes señalan el caso de San Juan Trading Co. v. Sancho, 114 F.2d 969 (1940). Los hechos de ese caso, aunque son similares a los del de autos, son diferentes en al menos un detalle esencial. En San Juan Trading la clasificación se estableció para distinguir entre fósforos cuadrados y fósforos redondos. El tribunal resolvió que tal clasificación no ofrecía justificación alguna para imponer un impuesto diferente sobre dos objetos tan similares. En el caso de autos la clasificación se hace en base al tamaño de la empresa, lo cual significa unas economías en la producción de la cerveza que le permiten producir más ganancias. Tomando en cuenta las realidades económicas de la industria cervecera el legislador intentó, como bien podía, distribuir la carga contributiva entre las cervecerías de acuerdo a su potencial para producir ganancias. Como se expresó en Carmichael v. Southern Coal & Coke Co., 301 U.S. 495, 509-510 (1937), “[l]a Asamblea Legislativa, cuando impone una contribución, no está obligada a imponérsela a todos los integrantes de una clase. Puede hacer distinciones de grado que tengan una base racional y sometidas estas distinciones al escrutinio judicial debe presumirse que descansan sobre una base racional si es concebible alguna situación de hechos que justifique la distinción”. La distinción impugnada es una razonable que puede utilizarse como base para imponer contribuciones diferentes. La misma ha sido empleada por el Congreso de los Estados Unidos al aprobar un impuesto de efecto similar sobre la producción de cerveza. Public Law 94-529 [H.R. 3605]; Oct. 17, 1976; U.S.C.A. § 5051. El historial legislativo de esa ley, 5 U.S. Code Cong. & Ad. News 5535-38, señala que el propósito de la misma fue ayudar a las cervecerías pequeñas, reduciendo el impuesto sobre las mismas, para que éstas pudieran competir más efectivamente con las cervecerías grandes.

Habiendo la Asamblea Legislativa actuado a base de una clasificación razonable, no procede declarar nula la ley por el único hecho incidental de pagar las cervecerías locales la contribución menor. Hay cervecerías americanas (Chámpale) y extranjeras (Hofbrau) que pagan la contribución menor e inclusive de los 34 miembros de la United States Brewers Association, 16 cualifican para pagar la contribución menor si deciden vender su cerveza en Puerto Rico. (Determinaciones de hechos Núms. 3 y 4.)

La cláusula de la igual protección de las leyes requiere, en cuanto a reglamentación económica se refiere, que toda clasificación contenida en las leyes tenga una relación racional con el propósito de la ley. Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972). La Ley Núm. 37 cumple con este requisito. Como señalamos anteriormente el propósito de la ley es recaudar fondos. Logra este objetivo imponiendo una contribución sobre la producción e importación de cerveza en Puerto Rico y distribuye la contribución sobre las distintas cervezas en proporción a su capacidad para producir ganancias. Para distribuir la contribución clasifica las cerve-cerías de acuerdo a su producción anual total, dato que refleja la oportunidad que tiene cada cervecería para beneficiarse de las economías de escala que existen en dicha industria.

La cláusula del debido proceso de ley, dispone que ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley. “Todo cuanto se requiere para cumplir con los requisitos del debido procedimiento de ley es que exista un nexo suficiente entre el poder de imposición de contribución del estado y las actividades o sucesos sujetos a contribución, y que se satisface determinando meramente si el estado ha ofrecido u otorgado beneficios, protección o ventajas....” C. H. Vehicle Leasing v. E.L.A., 107 D.P.R. 94 (1978); Libby, McNeill, Etc. v. Srio. Hacienda, 82 D.P.R. 389, 397-98 (1961). Ver también, Sucn. Evans v. Srio. de Hacienda, 108 D.P.R. 713 (1979). La contribución en el caso de autos se impone sobre la producción o importación de cerveza en Puerto Rico, por lo cual no hay duda sobre el poder del gobierno para imponer la contribución. La contribución se ajusta, mediante la exención establecida por la ley, al potencial de generar ganancias de la empresa. Dicho potencial se determina según el tamaño de la empresa. Para determinar la producción total anual de la empresa se considera la producción efectuada en otras jurisdicciones. Considerar la producción total de la empresa para determinar la tasa contributiva a imponerse sobre la importación de sus productos a Puerto Rico no constituye una privación de su propiedad sin el debido procedimiento de ley. En el caso de Great Atlantic & Pacific Tea Co. v. Grosjean, 301 U.S. 412 (1937), el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió, bajo hechos un tanto parecidos a los del caso de autos, que era permisible que un estado considerara la operación total nacional de una empresa para imponer una contribución sobre su actividad dentro del estado. En el caso citado se impugnaba una ley aprobada por el estado de Louisiana que le imponía una contribución a las personas, empresas, sociedades, corpora-ciones o asociaciones dedicadas a la operación de dos o más establecimientos comerciales de los cuales al menos uno quedaba dentro del estado de Louisiana. La contribución se imponía sobre cada tienda dentro del estado pero el monto de la contribución aumentaba según el número total de tiendas dentro y fuera del estado de Louisiana. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el hecho incidental de tener las cadenas de establecimientos comerciales locales un número menor de tiendas que las cadenas nacionales no invalidaba la clasificación contenida en la ley, que la consideración de operaciones fuera del estado para determinar la tasa contri-butiva impuesta sobre operaciones dentro del estado no viola la cláusula del debido procedimiento de ley y que la ley no interfería indebidamente con el comercio interestatal. Para sostener la ley el Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que las oportunidades y poderes de las cadenas de estableci-mientos comerciales aumentan según crece el número de tiendas y que dicha ventaja no se ve afectada por estar las tiendas localizadas en distintos estados.

Por último, es necesario señalar que las demandantes impugnan la clasificación que hace la ley por entender que la misma no procede bajo ninguna circunstancia. En ningún momento se ha planteado que el trato contributivo desigual que provee la ley no esté justificado por los criterios utilizados por la Asamblea Legislativa para crear la clasificación contenida en la ley. No teniendo evidencia alguna sobre el valor y efecto de las economías de escala existentes en la industria cervecera debemos presumir que la Asamblea Legislativa actuó correctamente al representarlas mediante un diferencial contributivo de $0.55 por galón medida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual, Martín y Díaz Cruz no intervinieron.

      () 13 L.P.R.A. see. 6001 y ss.

      (2) Para el texto completo de la ley, véase Servicio Legislativo de Puerto Rico, Vol. 16, Núm. 4, págs. 608 a 611,18 L.P.R.A. sec. 6006(4)(b) y (c) y sec. 6021A.

      (3) “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.”

      (4) “... Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin el debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes....”

      (5) “. . . podrán imponerse contribuciones e impuestos sobre la propiedad, ingresos, rentas internas, y por licencias, franquicias, privilegios y concesiones, cuando dichas contribuciones sean para los fines de los gobiernos insular y municipal, respectivamente, y se impongan según las disposiciones y prescripciones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico;....
      “. . . Disponiéndose, que no se hará distinción alguna entre los artículos importados de los Estados Unidos o de países extranjeros y los artículos similares producidos o manufacturados en Puerto Rico ....”

      (6) Informe de la Comisión de Hacienda a la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 841,8va Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Extraordinaria, del 20 de junio de 1978. Informe de la Comisión de Hacienda y la Comisión de Industria y Comercio y Fomento Industrial al Senado sobre el P. de la C. 841, 8va Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Extraordinaria, del 20 de junio de 1978.

      (7) “Sección 2. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para imponer y cobrar contribuciones y autorizar su imposición y cobro por los municipios, se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa, y nunca será rendido o suspendido. El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para contraer y autorizar deudas se ejercerá según se disponga por la Asamblea Legislativa.”


author: Juez Asociado Señor Dávila. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Partido Popular Democrático, demandante y recurrente, v. Junta Revisora Electoral, demandada y recurrida.

      Número: O-80-42

      Resuelto: 7 de marzo de 1980

      Pedro E. Ortiz Alvarez, abogado del recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de revisión en el recurso de epígrafe, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Dávila emitió voto separado. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente por separado.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto del

Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 1980

Me he unido a los otros seis Jueces para no expedir el auto-solicitado en el presente caso porque me parece que es absolutamente claro que la publicación en los periódicos que circulan en Puerto Rico de una invitación a celebrar el tradicional día de Reyes en La Fortaleza en la que aparecen los retratos de los anfitriones no infringe las disposiciones del Art. 8.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 L.P.R.A. see. 3351, que “prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes”. (Énfasis suplido.)

_o_

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 7 de marzo de 1980

Comprendemos la renuencia de la mayoría a expedir. Sin embargo, siendo nuestro deber judicial darle virtualidad y convertir en realidad el ideal legislativo de igualdad en el debate político, con toda deferencia estimamos dicho proceder equivocado. Nos explicamos. Se nos pide revisemos () la juridicidad de la siguiente resolución emitida por la Junta Revisora Electoral:

“El 15 de enero de 1980 el Partido Popular Democrático radicó su impugnación a un anuncio de prensa de La Fortaleza, en el que el Gobernador y su esposa invitaban a los niños de Puerto Rico a una Fiesta de Reyes en La Fortaleza, por considerar que el mismo era contrario a lo dispuesto en el Artículo 8.001 de la Ley Electoral.
Además, el peticionario solicitó que se enmendara el ‘Reglamento de Control de Gastos en los Medios de Difusión Pública durante el Año Electoral para las Agencias del Estado Libre Asociado’ (de aquí en adelante denominado Reglamento de Control de Gastos), para proteger adecuadamente la garantía del Artículo 8.001 de la Ley.
El Artículo 12 del Reglamento de Control de Gastos, concede a los Comisionados Electorales un término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha de la notificación de la decisión de la Junta, para impugnar por escrito cualquier anuncio así aprobado. En este caso, el Partido Popular Democrático radicó su escrito de impugnación trece (13) días después de recibir la notificación de la Junta; obviamente radicado fuera de término. Además, el peticionario acepta que su escrito de impugnación es académico, ya que el anuncio no volverá a ser publicado.
Las alegaciones del peticionario son inmeritorias. El Partido Popular Democrático ha tenido a su disposición el procedimiento de impugnación contenido en el Artículo 12 del Reglamento de Control de Gastos y no lo utilizó para su beneficio.
Es improcedente e inapropiada la solicitud de enmienda al referido Reglamento porque el mismo contiene el mecanismo necesario para salvaguardar el derecho a debido procedimiento de ley.”

I

El Art. 8.001 de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, 16 L.P.R.A. see. 3351, denominada Ley Electoral de Puerto Rico consigna:

“Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebración de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avisos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de interés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán permitidos previa autorización al efecto de la Junta Revisora Electoral.” (Énfasis nuestro.)

La transcrita disposición se incorporó originalmente a nuestro ordenamiento en el Código Electoral derogado. () Por su inestimable valor al proceso electoral, la nueva Ley-Electoral la adoptó. Plasma un principio de alta moralidad en la administración pública e intenta lograr los siguientes objetivos: (a) directamente, evitar que las agencias guberna-mentales usando fondos públicos y so pretexto de exponer sus ejecutorias o planes, realicen solapadamente campaña política en favor del partido en el poder y aquellos incumbentes que aspiran nuevamente a ser electos; (b) reducir las ventajas reconocidas que gozan los candidatos incumbentes — a través del acceso a los electores y público en general por medio de la televisión, prensa y radio — que el solo ejercicio y exposición del cargo conlleva sobre sus opositores; y (c) indirectamente, frenar los excesos y economizar al erario público y a los contribuyentes los gastos ordinarios de publicidad en año de elecciones.

En virtud del Art. 1.026 de la Ley Electoral concediendo a la Junta Revisora facultad para adoptar “las reglas de procedimiento necesarias para la realización efectiva de sus funciones adjudicativas”, ésta, en 16 de junio de 1979 aprobó el Reglamento de Control de Gastos en los Medios de Difusión Pública Durante el Año Electoral para las Agencias del Estado Libre Asociado. En lo pertinente a la solución del caso declara que dicho precepto “tiene como propósito el impedir que un partido que ostente el poder de gobernar al pueblo en un momento dado utilice fondos públicos para el pago de anuncios que velada o abiertamente coacciona la libre forma-ción de la voluntad de los electores, aunque sin coartar ni obstaculizar su deber de difundir aquella información de legítimo interés público”. (Art. 2, in fine.) El Art. 4, inciso 5 define información de interés público como “toda divulgación que afecte los derechos, las obligaciones, o el bienestar de la ciudadanía en general, en el ámbito de responsabilidad de cada agencia del gobierno, según sus deberes y funciones ; y el inciso 15 explica los conceptos urgencia o emergencia como “situación de carácter súbito o imprevisto, ocasionada por actos del hombre o de la naturaleza, que requiere la inmediata divulgación de información por una agencia, según el ámbito de sus deberes y funciones”.

Adicionalmente, el Reglamento define otros conceptos y provee los mecanismos y pasos para canalizar las solicitudes de autorización de anuncios. Al respecto deberán radicarse “con no menos de treinta (30) días laborables de anticipación a la fecha en que la agencia proyecta iniciar la emisión del anuncio o tipo de anuncio específico”, conteniendo las razones para la solicitud, el porqué amerita la aprobación y “una relación sucinta y concisa de la naturaleza y forma del anuncio y copia de los mismos incluidos en la solicitud”. (Arts. 8 y 9.) Para situaciones de emergencia se prescribe un trámite bajo el Título III del Reglamento. Y por último, consigna la facultad discrecional de la Junta para ventilar mediante vista la procedencia de tales solicitudes, disponién-dose que su decisión se notificará a la agencia promovente y a los Comisionados Electorales de los Partidos Políticos.

» — I I — I

Teniendo en mente este marco jurídico conceptual, pregun-tamos: ¿debió ventilarse en sus méritos la impugnación ante la Junta? ¿Debió el Tribunal expedir el auto de revisión? Por resultar el asunto justiciable y no académico, creemos que sí. ()

Primeramente, estamos ante una nueva e importante disposición de ley electoral que cubre situaciones susceptibles de reproducirse durante los meses venideros antes de las elecciones en noviembre. Aun cuando no se repetirá en el contexto de la festividad del Día de Reyes y la ya tradicional actividad en La Fortaleza, potencialmente puede surgir en otro tipo de actos ejecutivos ya que la prohibición de ley es amplia pues contempla la exposición de “programas, proyec-tos, logros, realizaciones, proyecciones o planes”. En segundo lugar, la caracterización de académico fundada en haber pasado el evento, por sí no es una buena ni correcta norma decisional. De hecho podría interpretarse como una claudica-ción a la responsabilidad de darle vigencia y validez a la prohibición legislativa, ya que las excepciones a la ley sobre las cuales viene obligada la Junta a pasar juicio, precisamente son las basadas en “información de interés público, urgencia o emergencia”. Estos supuestos, en particular los últimos, razonablemente tienden a indicar que el grueso de las dispensas a ser solicitadas ante dicho foro versarán sobre situaciones pasajeras, de índole extraordinarias, que exigen una rápida, pero correcta actuación, y no sobre circunstancias ordinarias y rutinarias. Siendo ello así, resulta peligrosa la norma de abstención en que se apoya la Junta Revisora Electoral y que este Tribunal, con su silencio, adopta hoy. Tercero, tratar de académicos los planteamientos del recu-rrente, sin disponer sobre la enmienda al reglamento y proveer remedios que no tornen en ilusoria la participación eficiente de los comisionados electorales de los partidos políticos, en su labor fiscalizadora, deja una laguna indeseable en la eficaz administración del estatuto electoral. Y final-mente, la solicitud de dispensa debió formularse según visto, treinta (30) días antes. Nótese, además, que el término de cinco (5) días para la impugnación vencía el 7 de enero de 1980, esto es, con posterioridad a la celebración del evento. En estas circunstancias, argüir, como lo hizo la Junta, tardanza en la radicación de la impugnación — cuando ella no observó el término reglamentario — es un contrasentido que no puede servir de base para legitimar su Resolución.

r — I HH HH

Con estos antecedentes legales presentes examinemos los hechos () de importancia.

Resalta que tratándose de una actividad tradicional, de carácter anticipable, es inexplicable e inexcusable que la solicitud se presentara el 31 de diciembre de 1979. Ello concedió a la Junta escasamente dos o tres días laborables, para que dentro del cúmulo de otros asuntos pasara juicio sobre la misma. Se infringió así el Art. 8 del Reglamento que prescribe la radicación 30 días antes. Como consecuencia, lo que esencialmente no era ni urgente o de emergencia cobró, desde el punto de vista procesal, tales características por la irrazonable tardanza en que fue sometido. La misma es presentada por una agencia de publicidad comercial, y surge que el anuncio, no sólo tenía como texto la invitación, sino fotos del Gobernador y su señora esposa. La importancia y comple-jidades de los deberes del Primer Ejecutivo nos mueve razonablemente a concluir que no intervino en su preparación y estuvo ajeno a la interrogante legal que el contenido fotográfico planteaba. Ciertamente, las personas que lo hicieron trataron muy superficialmente el asunto.

Por ser la Junta un organismo cuasi judicial especializado con destreza en estos asuntos, somos de opinión que corres-ponde a dicho foro inicialmente pronunciarse si el anuncio caía dentro de la prohibición, y si bajo dicha hipótesis, la inclusión de los retratos del señor Gobernador y su señora esposa eran necesarios para comunicar eficaz y adecuada-mente la invitación a las actividades del Día de Reyes. Ello debe analizarse tomando en cuenta que sus nombres son de conocimiento general en todo el país, por ser ambos figuras públicas prominentes. También debe evaluar si al incluir tales fotos la agencia publicitaria, se violentó la disposición de ley envuelta teniendo presente el valor y las ventajas reconoci-das — que en las lides y propaganda política partidista — la fotografía de un candidato a puesto público presenta.

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La Asamblea Legislativa colocó . . los aspectos deci-sionales del proceso electoral que tengan naturaleza cuasi judicial [sic] adjudicativa en manos de un organismo capaci-tado para obrar con independencia de criterio”. () Lo denomi-nó Junta Revisora Electoral. Por ende, para que su labor resulte fructífera y de confianza en esta democracia, ha de hacerse rigurosamente, dentro de un estricto marco de legalidad, con sentido crítico y consciencia de los propósitos que inspiran la ley. Bajo el Art. 8.001 su intervención y supervisión no se limita a pasar juicio únicamente sobre aquellos anuncios en que se le solicita dispensa, sino que se extiende al examen de querellas fundadas y a posibles violaciones de ley por no haber sido autorizados los mismos. En el descargo de su encomienda viene obligada a eliminar aquella información o material irrelevante, innecesario o de carácter proselitista. Debe darle estricto cumplimiento a su Reglamento y exigir que aquellos anuncios de “interés público” que no son urgentes, sean sometidos con suficiente antelación bajo apercibimiento de no autorizarlos. No debe haber dudas de que es a la agencia de gobierno solicitante que le corresponde demostrar y establecer fehacientemente el interés público o el carácter urgente o de emergencia del anuncio. Ausentes estos requisitos, su obligación es negar la solicitud. _

Aparte de las sanciones penales preceptuadas en los Arts. 8.004 y 8.005, entre los remedios adicionales a ser diseñados reglamentariamente como penalidad por violaciones a la ley, puede y debe la Junta Revisora descontar del Fondo Electoral correspondiente al partido político en el poder el costo de tales anuncios. La lógica y justicia de esta medida correctiva radica en que la premisa del estatuto es que un anuncio no autorizado representa una propaganda político-partidista en favor del partido político que gobierna los destinos del país en determinado momento. Para tales fines, entre la información que debe acompañar la solicitud de anuncio, debe requerirse el costo total de su publicación en los medios de comunicación.

La petición de enmienda reglamentaria también es meri-toria. No puede haber adecuada fiscalización de los partidos de oposición, si la notificación es una a posteriori. Debe actuarse sobre este extremo.

En virtud de lo expuesto, expediría el auto y dictaría sentencia revocando la resolución de la Junta Revisora Electoral devolviéndole el asunto para que — previa audiencia de las partes — procediera a disponer el remedio apropiado y las enmiendas reglamentarias necesarias y a tono con este dictamen. No hacerlo es un grave error, pues si bien “[l]a ley tiene vocación de plenitud; el legislador al promulgarla no admite más excepciones de aplicación que las que él mismo reconoce en la propia norma, pero la vida es mucho más fecunda que la imaginación más fértil, de ahí que puedan surgir nuevos casos que escapen a las previsiones legislativas y el juez tiene obligación de resolverlos...”. K. Entrena, La Equidad y el Arte de Juzgar, Ed. Aranzandi, Pamplona, 1979, pág. 18.

      (1) El Art. 1.024 de la Ley Electoral de Puerto Rico, Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, autoriza el recurso de revisión, por interacción del 1.023 “dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación”, — término que se reduce a veinticuatro (24) horas si se interpone dentro de los treinta (30) días anteriores a un evento electoral — y reconoce que “todo recurso de revisión ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico al amparo de esta ley, se tramitará conforme las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico de 1958, enmendadas; excepto para los procedimientos instados en cualquier momento durante los treinta (30) días anteriores a un evento electoral, los cuales se regirán por aquellas reglas que al efecto adopte el Tribunal Supremo de Puerto Rico”. La Regla 68 de Procedimiento Civil dispone que “cuando el plazo prescrito o concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, domingos y días de fiesta legal intermedios se excluirán del cómputo”.
      Aplicadas estas normas al caso de autos, observamos que desde la fecha de notificación de la Resolución que nos ocupa — 23 de enero — hasta la radicación — 30 de enero — mediaron dos días feriados y sólo transcurrieron siete días. En consecuencia, no hay problema jurisdiccional envuelto.

      (2) Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974. Véase: Diario de Sesiones, Vol. XXVIII, Núm. 18, pág. 188 (1974).

      (3) Véase: Note, Mootness on Appeal, 83 Harv. L. Rev. 1672 (1970); Tribe, American Constitutional Law, secs. 3-8, págs. 64-56.

      (4)E1 mencionado Art. 1.024 prescribe que las “determinaciones de hecho de la Junta serán finales, pero cualquier parte perjudicada podrá entablar recurso de revisión fundamentado en cuestiones de derecho ante el Tribunal Supremo”. La ausencia de determinaciones por la Junta en el caso de autos, nos permite evaluar el cuadro fáctico pertinente. Advertimos no obstante, el principio doctrinario de que “constituye una 'cuestión de derecho’ determinar si las conclusiones de hecho que sirven de base a la orden administrativa, están sostenidas por evidencia sustancial”. López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 672 (1958).

      (5) Alcance de la Medida, Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno de la Cámara de Representantes y el Senado, pág. 12.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Enio Miranda Soto, demandante y recurrido, v. Esteban Mena Eró y Ángela Mena, demandados y recurrentes.

      Número: R-77-287

      Resuelto: 11 de marzo de 1980

      Jesús E. Palmer, Augusto Palmer, Angel Manuel Ciordia y Rafael Arzuaga Casillas, abogados de los recurrentes; Leopoldo C. Delucca, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Enio Miranda recibió $8,000.00 por gestiones de corretaje en la venta de unos terrenos de los esposos Esteban y Ángela Mena. En pleito seguido ante el tribunal de instancia obtuvo sentencia que declaró que su consentimiento al aceptar dicho pago estuvo viciado por maquinaciones insidiosas de parte de los esposos Mena. Se condenó en dicha sentencia a los referidos esposos, aquí recurrentes, a pagar a Miranda $64,500.00 en virtud de un contrato de corretaje que habían suscrito las partes en 1965. Se plantea ante nos si fue válido el consentimiento dado por Miranda al aceptar los $8,000.00. Independientemente de este planteamiento, hay aquí un caso de novación extintiva evidenciado por la clara intención de las partes, según reflejan los testimonios. El contrato de corretaje original de 1965 fue sustituido por otro de 1ro. de abril de 1970.

A continuación exponemos los hechos en detalle. Para el año 1965 la sociedad de gananciales constituida por los esposos Esteban y Ángela Mena era dueña de dos fincas radicadas en la playa de Mar Chiquita en Manatí. Ambas sumaban unas cincuenta y cinco cuerdas.

El 21 de octubre de ese año los esposos Mena y el señor Enio Miranda, corredor de bienes raíces, suscribieron ante notario un contrato que, en lo aquí pertinente dispone:

“Por la presente autorizamos al Sr. Enio Miranda a llevar a cabo las gestiones de venta para el terreno de nuestra propiedad en la playa de Mar Chiquita, Manatí, Puerto Rico.
El Sr. Miranda recibirá como compensación por sus gestiones el cinco (5%) [s-ic] de la venta de la propiedad si se vendiere en $3,000 la cuerda.
Si el precio de venta exediera [sic] la cantidad de $3,000 la cuerda el Sr. Miranda recibirá la mitad (50%) de la cantidad que exediera [sic] la venta a base de $3,000 la cuerda.

Como resultado de gestiones del Sr. Miranda, el 10 de febrero de 1966 se firmó un contrato de opción de compra que culminó el 28 de julio de 1966 en el otorgamiento de una escritura de compraventa entre los esposos Mena y Villas de Mar Chiquita, Inc., corporación doméstica que se propuso urbanizar los terrenos y construir en ellos casas para la venta. El precio estipulado fue $250,000.00 a cuya suma se acredita-ron $20,000.00 pagados al firmarse la opción, la compradora retuvo $40,000.00 para saldar dos hipotecas de $20,000.00 cada una que gravaban una de las fincas, y el balance de $190,000.00 se pagaría con parte del producto de la venta de las casas a construirse, para lo cual se fijó un plazo de cuatro años. Más tarde surgieron problemas en cuanto al pago de las hipotecas y al permiso de Planificación para el proyecto, lo que motivó que los esposos Mena demandaran judicialmente la resolución del contrato de compraventa y daños y perjuicios ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Mientras tanto, el Sr. Miranda no había cobrado su comisión y acordó con los esposos Mena, el 1 de abril de 1970, el siguiente contrato que redujeron a escrito y suscribieron:

“NOSOTROS, suscribientes esposos ESTEBAN MENA ERO y ANGELA NIEVES JIMENEZ, por la presente convenimos con el suscribiente ENIO MIRANDA remunerar su labor del corretaje de nuestras fincas de Mar Chiquita, Manatí, con Francisco Levy Cumpiano — por razón del pleito 69-2376 de la Sala de San Juan del Tribunal Superior, surgido de este negocio — en la siguiente forma: una vez se resuelva final y firmemente dicho caso y se nos devuelva las fincas estaremos obligados a pagarle OCHO MIL ($8,000.00) DOLARES; si además de sernos devueltas las fincas se condena a Francisco Levy Cumpiano a pagarnos la totalidad o parte de los daños que le reclamamos, estaremos obligados a pagarle una suma no menor de QUINCE MIL ($15,000.00) DOLARES, siendo la suma mayor a ésta discrecional de nosotros.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL firmamos este documento en presencia del Ledo. AN GEL MANUEL CIORDI A, quien guardará la única copia que se hará del mismo hasta que surja la obligación de cumplir; también lo firma Enio Miranda en aceptación de lo dispuesto en el mismo.
En San Juan, Puerto Rico, a 1 de abril de 1970.” ()

Transcurrió cerca de un año. En el ínterin, el Tribunal Superior desestimó la demanda de los esposos Mena contra Villas de Mar Chiquita, Inc., recurriendo dichos esposos ante nos en solicitud de revisión. El Sr. Miranda había expresado en repetidas ocasiones su necesidad de dinero. El 18 de junio de 1971, el Sr. Mena le entregó $8,000.00 mediante cheques oficiales del Banco Crédito y Ahorro Ponceño, y en esa misma fecha Miranda suscribió el siguiente documento:

“CARTA DE PAGO Y SALDO
Yo, ENIO MIRANDA, por la presente hago constar que he recibido de manos del Sr. Esteban Mena Eró un cheque por la suma de $8,000.00, en pago de todos mis trabajos, labores y gastos en el corretaje que le hice de su finca en la playa Mar Chiquita dándole por ésta la más eficiente carta de pago total.
En Santurce, Puerto Rico, a 18 de junio de 1971.”

El 23 de noviembre de 1971 Miranda instó demanda contra los esposos Mena en reclamación de la suma de $64,500.00 que alegó serle adeudada por éstos en virtud del contrato de corretaje suscrito el 21 de octubre de 1965. Alegó que la finca se vendió en $310,000.00. No mencionó en su demanda el contrato de 1 de abril de 1970 ni la carta de pago de 18 de junio de 1971. El tribunal de instancia determinó, luego de un juicio en los méritos del caso, que los demandados esposos Mena habían transigido el pleito que llevaban contra Villas de Mar Chiquita, Inc., cuando efectuaron el pago de $8,000.00 a Miranda, de cuyo hecho no dieron conocimiento a éste y por el contrario le manifestaron que dicho caso estaba aún pendiente. Concluyó como cuestión de derecho, sin más elaboración, que el acuerdo del 1 de abril de 1970 no dejó sin efecto el contrato de corretaje suscrito en 1965; que Mena, “mediante maquinaciones insidiosas, y a sabiendas de que el pleito civil había terminado y que al demandante correspondía la suma acordada en el contrato de corretaje llevó al deman-dante a aceptar la suma de $8,000.00 y a firmar una carta de saldo”; y dictó sentencia en que condenó a los esposos Mena a satisfacer al demandante Miranda la suma de $64,500.00, intereses, costas, y $4,000.00 para honorarios de abogado. Inconformes, los esposos Mena instaron ante nos recurso de revisión. Ordenamos la transcripción de la prueba testifical y expedimos el auto. Las partes han presentado sus respectivos alegatos, quedando el caso sometido a nuestra consideración.

La controversia ante nos ha sido centrada por las partes en si el consentimiento dado por Miranda al aceptar los $8,000.00 en “pago y saldo” de sus gestiones de corretaje estuvo viciado por dolo. La conclusión del tribunal de instancia en ese sentido, aunque halla algún apoyo en la prueba, no es convincente. Pasa por alto que el Sr. Miranda no estaba ajeno al pleito entre los esposos Mena y Villas de Mar Chiquita, Inc., en que él, Miranda, era testigo esencial. Y pasa por alto que Miranda no es una persona ignorante, de poca preparación, dúctil y de fácil manejo. Es, por el contrario, un corredor de bienes raíces, que se presume experimentado en los negocios y que se desenvolvía entre abogados e inversionistas de gran solvencia económica, según se desprende de la transcripción de su testimonio y el del Ledo. Carlos E. Látimer. Fue el Sr. Miranda quien indujo a los esposos Mena a otorgar el contrato de corretaje de octubre de 1965, redactado por él y suscrito ante notario de su selección, hecho expuesto en la petición y no negado en su oposición al recurso. El Sr. Miranda era, además, Oficial de Intercambio Internacional en el Estado Libre Asociado, según expresó en su declaración. La pre-paración académica, condición social y económica, y rela-ciones y tipo de negocios en que se ocupa una persona son factores de particular significación al determinar la existen-cia de dolo que anule su consentimiento. Compárese Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 D.P.R. 659, 668 (1970); Cruz v. Liverpool & London Ins. Co., 79 D.P.R. 722 (1956); y Cruz v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 76 D.P.R. 312 (1954). Además, el dolo, como el fraude, no se presume, y para establecerlo se requiere prueba que satisfaga la concien-cia del juzgador. Véanse Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., supra, pág. 662, y casos allí citados.

Pero, independientemente del aspecto del supuesto vicio del consentimiento al aceptar los $8,000.00 en pago de sus servicios de corretaje, se plantea aquí si el contrato de 1 de abril de 1970 tuvo el efecto de producir una novación extintiva de la obligación contraída por los esposos Mena en el documento de 21 de octubre de 1965. Si se produjo la novación— y así ío entendemos — carece de importancia si hubo o no dolo en la transacción del 18 de junio de 1971.

El Art. 1110 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3151, establece que la novación es causa de extinción de las obligaciones. No obstante, como señalamos en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 389 y ss. (1973), y reafirmamos en G. & J., Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 D.P.R. 89 (1978), la novación no es siempre extintiva. Puede ser meramente modificativa de una obligación anterior que queda subsistente. En este sentido, nuestro Código Civil se aparta del Derecho romano en que “el formalismo de la contratación exigía que la más leve variación en los términos de una relación obligatoria se tradujera en la extinción de la obligación primitiva y en la creación en su lugar de otra relación nueva”. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, (ed. 1976), T. I, Vol. II, pág. 457. Más adelante continúa diciendo Puig Brutau, pág. 458:

“En Derecho moderno las reglas de la novación son compatibles, en principio, con la voluntad de los sujetos de derecho para obligarse, liberarse o alterar sus relaciones jurídicas de la manera que estimen conveniente, sin más límites que los resultantes del art. 1.255 del Código Civil. Las partes pueden extinguir una obligación sustituyéndola completamente por otra o pueden limitarse a modifi-carla. La novación puede ser extintiva o modificativa de la obligación que se considere. Con acierto observa DÍEZ-PICAZO que la discusión de si una obligación sólo se ha modificado o si, con la variación, ha cambiado tan esencialmente que se trata de otra obligación, no es una discusión escolástica, sino que, con ello, ‘lo que en rigor se está discutiendo es el régimen jurídico que, a partir de la modificación, le es aplicable. Dicho más claramente: la permanen-cia o no permanencia de la relación, es, en rigor, la pervivencia o no pervivencia del régimen jurídico anterior’.” (El Art. 1.255 citado, del Código Civil español, es equivalente al 1207 del nuestro, 31 L.P.R.A. see. 3372.)

El Art. 1158 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3242, exige que “[para] que una obligación quede extinguida por otra que la substituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles”. De aquí resulta que la novación extintiva puede producirse porque así lo hayan expresado las partes, o porque de la prueba surja claramente su voluntad de extinguir la anterior obligación por otra nueva incompatible con la primera. A esta segunda hipótesis se refiere el profesor Vázquez Bote, Derecho civil de Puerto Rico, (ed. 1973), T. III, Vol. 1, pág. 380, como novación tácita. Diez-Picazo y Guillón, Sistema de Derecho civil, (ed. 1976), Vol. II, pág. 195, señalan que en rigor, “la incompatibilidad existe cuando la obligación anterior y la posterior al acto novativo pertenecen a tipos distintos o se han transformado de naturaleza”. Empero, apuntan que la jurisprudencia “afirma reiteradamente que la incompatibilidad existe cuando hay alteraciones esenciales en la obligación, es decir, variación de ‘las condiciones principales’ de las que habla el Art. 1203 [1157 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 3241] como el objeto o el precio en el contrato. No hay novación, en cambio, cuando subsistiendo la obligación primitiva se dan facilidades para su cumplimiento, v. g., prórroga o plazos fraccionados. No obstante, cuando el plazo constituye condición esencial del contrato, su alteración es causa de novación extintiva por incompatibilidad entre la nueva y la primitiva obligación. En definitiva, el criterio jurisprudencial es el que juzga acerca de si han variado ‘las condiciones principales’, en suma, se deja a la apreciación de cada caso si una variación afecta a una condición que ha de ser tenida por principal”. (Entre corchetes suplido; bastardillas nuestras.)

Aplicando estos criterios, veamos cuál fue la intención de las partes según se desprende de la prueba en el caso ante nos. G. & J., Inc., supra; Warner Lambert Co., supra, pág. 389; Hernández v. Burgos, 40 D.P.R. 460, 463 (1930).

La obligación contraída por los esposos Mena el 21 de octubre de 1965 era la de pagar a Miranda determinado por ciento (cinco por ciento) del precio de venta de las fincas más cincuenta por ciento de lo que ese precio de venta excediera de $3,000.00 la cuerda. Mediante el contrato de 1 de abril de 1970 se cambió la obligación de los esposos Mena por otra: pagar $8,000.00 a Miranda si se resolvía la venta. En ambas obligaciones la causa para los esposos Mena era la misma: compensar a Miranda por sus servicios de corretaje. Pero se estableció para ello un nuevo plazo, indeterminado, a saber, cuando se resolviera a favor de los esposos Mena, “final y firmemente” el caso pendiente contra Villas de Mar Chiquita, Inc. Además, conforme al primer contrato, la compensación a pagarse dependía de que se lograra la venta. En el segundo la compensación dependía de que se devolvieran las fincas a los esposos Mena, es decir, de que no hubiera venta. Las dos obligaciones eran incompatibles y no podían por tanto coexistir.

El Sr. Miranda fue explícito en cuanto a su entendido de que el segundo contrato sustituía al primero y no era una mera modificación de éste. Interrogado por su abogado por qué aceptó ese segundo acuerdo, dijo: “Yo no hubiera tenido derecho a comisión conforme a un documento anterior.” (T.E., pág. 24.) Se refería al contrato de 1965. Así también lo entendió su abogado Ledo. Luis A. Lugo cuando argumentaba ante el tribunal de instancia sobre una moción de desestima-ción formulada por los demandados aquí recurrentes al concluir la prueba de Miranda. Refiriéndose al segundo contrato, dijo: “Las partes contemplaban cuando firmaban este documento que la finca revirtiera al demandado y que no iba a haber venta. Y lo dijo el propio demandante; que esa fue la única razón por la cual él firmó eso.”

Sobre este aspecto el Ledo. Ángel Manuel Ciordia, que fue quien redactó el contrato de 1 de abril de 1970, corroboró a Miranda al testificar: “Siendo estas las pretensiones del señor Mena [resolver el contrato de compraventa] en su caso surgió el problema de que el contrato que tenía el señor Miranda con él, pues, quedaba en el aire una vez Mena recibiese la propiedad. O sea, Miranda iba a perder su labor porque no se iba a consumar la venta. No se iba a consumar ese negocio. Al haber una sentencia que favoreciera al señor Mena. Hablamos con el señor Miranda quien a la vez se necesitaba como testigo en el otro caso — en el caso de Esteban Mena contra Villas de Mar Chiquita. — Y lo fuimos a ver con el propósito de que él nos sirviera de testigo en el caso, dando todo el conocimiento que él tenía de la relaciones y conversaciones entre Mena y Cumpiano, quien fue demandado personalmente y como accionista y dentro de la corporación. En las conversaciones él se enteró de que él vio la posibilidad de si prosperaba la acción de Mena iba a quedar sin ninguna ganancia y en la conversación que tuvimos con él se convino en destruir el contrato aquél original que había firmado en septiembre del ' 65 por otro que se firmó otro día entre Mena, su esposa, el señor Miranda y yo como testigo, el día 1ro de abril de 1970. (T.E., págs. 44-45.) (Énfasis nuestro.)

Este testimonio no fue contradicho por Miranda, lo cual pudo hacer en su turno de refutación si consideraba que no se convino, como declaró Ciordia, en destruir el contrato de 1965 y sustituirlo por el de 1970. Hemos expresado reiterada-mente que “la declaración de un testigo no contradicho sobre un hecho determinado, debe merecer crédito, a no ser que su versión sea físicamente imposible, inverosímil o que por su conducta en la silla testifical se haga indigno de crédito”. Caballero v. González, 53 D.P.R. 539 (1938); Navarro v. Compañía Azucarera “El Ejemplo”, 53 D.P.R. 726, 735 (1938); Planellas v. Sucn. Planellas, 59 D.P.R. 372, 390 (1941); Pedraza v. González, 66 D.P.R. 757, 761 (1946); Cintrón v. Cintrón, 70 D.P.R. 770, 784 (1950); Biaggi v. Sucn. Esbrí, 71 D.P.R. 450, 457 (1950); Villaronga, Com. v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 331, 345 (1953); Alicea v. Sucn. F. Gil Rivera, 87 D.P.R. 789, 790 (1963).

Como puede colegirse de todo lo anteriormente expuesto, para el 1ro de abril de 1970 los esposos Mena habían vendido las fincas a Villas de Mar Chiquita, Inc., por $250,000.00, de lo cual correspondía una comisión al Sr. Miranda por sus gestiones de corretaje. Pero para esa fecha no se había cobrado el precio de la venta, la cual estaba en litigio. Si el pleito era ganado por Villas de Mar Chiquita, Inc., Miranda cobraba conforme el contrato de corretaje de 21 de octubre de 1965. Pero eso era incierto. Y Miranda concibió la probabili-dad de que el contrato de compraventa se resolviera y no habiendo venta, nada tendría derecho a cobrar. Ante esa perspectiva Miranda optó por cambiar el contrato por otro. Cobraría si se resolvía el contrato. La novación extintiva es evidente, y erró por tanto el tribunal de instancia al condenar a los esposos Mena a pagar a base del contrato de corretaje de 21 de octubre de 1965. Su obligación bajo dicho contrato fue extinguida por novación mediante el contrato de 1 de abril de 1970. Siendo así, carece de importancia ahondar en la validez de la aceptación por Miranda de los $8,000.00 que en junio de 1971 le fueron pagados.

Se dictará sentencia en que se revoque la aquí recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García no intervinieron.

      () Francisco Levy, a quien se alude en los autos como una persona millonaria, fue la persona traída por Miranda como comprador de las fincas. La venta se hizo luego a favor de Villas de Mar Chiquita, Inc., de la cual Levy era presidente y accionista.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, en interés del menor I.C.C., apelante.

      Número: O-79-203

      Resuelto: 17 de marzo de 1980

      Amir Lastra y Edmée Vincenty, de Servicios Legales de San Juan, Inc., abogados del menor apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Consideramos en el presente caso la apela-ción interpuesta por un menor contra la adjudicación hecha por la Sala de Menores, San Juan, del Tribunal Superior, declarándole incurso en la falta de violar la Ley Núm. 30 de 16 de mayo de 1972, 33 L.P.R.A. see. 2091. Se plantea como único error que se le violó al menor “la garantía constitucional como ciudadano a un debido proceso de ley en la etapa adjudicativa de los procedimientos... ya que durante la vista celebrada no se probó más allá de duda razonable todos y cada uno de los elementos constitutivos de la falta imputada, ni se logró controvertir la presunción de inocencia...”. El error no fue cometido.

La prueba de cargo fue al efecto de que el 15 de noviembre de 1978 un agente de la Policía, respondiendo a una llamada telefónica que informaba que un menor se hallaba ilegalmente dentro del plantel de la Escuela Superior Berwind en Río Piedras, se personó a dicho plantel y, al llegar, luego de serle señalado el menor aquí apelante como el intruso, al intervenir con él, el menor se le abalanzó encima, hubo un forcejeo y, finalmente, el menor escapó cuando trató de llevarlo a su auto patrulla. La prueba de defensa pretendió establecer que el incidente ocurrió en una acera frente a la escuela y tendió a probar que el menor en cuestión fue víctima de una injusti-ficada agresión por parte del policía, lo cual motivó que el padre del niño formulara querella administrativa en su contra. El juez de instancia dirimió el conflicto y creyó la prueba de cargo.

La citada ley dispone en su primera sección, 33 L.P.R.A. see. 2091, en lo aquí pertinente:

“(a) Toda persona que penetre en el edificio o en terrenos de una escuela elemental, intermedia, o secundaria, colegio público o privado en Puerto Rico, sin permiso del director o encargado del mismo, de su sustituto o de un funcionario o empleado de rango superior a éstos, o que habiendo terminado alguna gestión legítima en el edificio o terrenos de dichas instituciones educativas anterior7 mente señaladas, permanezca dentro de ellos después de haber sido ordenado a salir del edificio o terrenos de dichas instituciones educativas anteriormente señaladas, por el director o encargado de éstas, su sustituto, un maestro de la misma, o por algún funcionario o empleado de rango superior a éstos o por un agente del orden público estatal o guardia municipal o cualquier persona encargada de la vigilancia de cualesquiera de las instituciones a que se hace referencia en este artículo, incurrirá en delito menos grave.”

Sostiene el apelante que esta sección establece un delito cuyos elementos son la penetración en el plantel de enseñanza por la persona no autorizada y la permanencia en él de dicha persona después de ordenársele salir. No tiene razón. La citada sección es clara. Establece dos posibles violaciones de la ley: una, la entrada al edificio o terrenos de la escuela sin autorización y, otra, la desobediencia a la orden de salir, aunque la entrada fuera autorizada. Véase que se usa la disyuntiva “o” y no conjuntiva “y” al definir las dos modalidades. Se probó la primera a satisfacción del juez que vio y oyó declarar a los testigos, mediante prueba satisfactoria que es suficiente, al ser creída, para vencer la presunción de inocencia más allá de duda razonable. Si el policía se excedió o no en el uso de la fuerza es cuestión ajena a la imputación hecha al apelante de que penetró al plantel sin autorización.

Se confirmará el fallo del tribunal de instancia.