author: El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez

text:
    Bolívar v. Aldrey, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 25.
    Resuelto en abril 29, 1907.
    Asesuramiento de Sentencia — Tiempo en que Puede Solicitarse. — La solici-tud en que se interese el aseguramiento de sentencia puede presentarse con la demanda, ó luego de interpuesta, en cualquier período del juicio antes de dictarse sentencia final. ' El aseguramiento no puede decretarse, ni puede modificarse el ya decretado, una vez dictada sentencia definitiva.
    Id. — Sentencia Final — Sentencia Firme. — El calificativo de final, que con res-pecto á la sentencia emplea, en su texto inglés, la sección 1 de la Ley de marzo 12, 1903, para enmendar la de marzo 1, 1902, sobre aseguramiento de sentencia, no es equivalente al de firme, que se usa en el texto español de dicha sección, pues sentencia firme es aquella contra la que no cabe recurso de ape-lación, mientras que contra la sentencia final procede dicho recurso en los casos establecidos por la ley.
    Id. — Las disposiciones de la Ley de marzo 8, 1905, para enmendar el artículo 22 del Código ele Enjuiciamiento Civil, ya se consideren en su texto literal, ya se tenga en cuenta el fin que las inspirara, no pueden interpretarse en el sentido ' de modificar los preceptos contenidos en la sección 1 de la Ley de marzo 12, 1903, antes citada.
    Id. — Certiorari.—El recurso de certiorari procede para obtener la nulidad de pro-cedimientos sobre aseguramiento dé sentencia, cuando éstos no están ajusta-dos á derecho.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del-peticionario: Sr. Texidor.

   El Juez Asociado Sr. HerNÁNdez

emitió la opinion del tribunal.

En 18 de febrero último, Don Gorgonio de Bolívar, por me-dio del Letrado Don Jacinto Texidor, acudió á esta Corte Su-prema en demanda de auto de certiorari, qne había de diri-girse al juez de la Sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan para qne remitiera copia certificada de todos los antos y diligencias decretadas ó realizadas con motivo del asegura-miento de sentencia en el pleito seguido ante la misma corte de distrito por sucesión de Eudaldo J. Iglesias contra Gor-gonio de Bolívar sobre cobro de pesos por arrendamientos,, procediendo este tribunal, después de recibida tal certificación,, á revisar lo actuado y á dictar la resolución procedente en derecho, que es la de declarar sin efecto ú ordenar que se declare sin efecto por la corte de San Juan, la orden que dictó en 10 de julio del año próximo pasado, en cuanto al embargo de un crédito hipotecario perteneciente á Don Gorgonio de Bolívar.

Librado el auto de certiorari solicitado, fué elevada á esta corte copia certificada dé las actuaciones relativas al asegu-ramiento de sentencia en el pleito ya mencionado, .y de dichas actuaciones aparece:

1°. Que por resolución de primero de marzo de 1905 la Corte de Distrito de San Juan, á instancia de la Sucesión de Eudaldo J. Iglesias, decretó el aseguramiento de la sentencia que recayera en el pleito iniciado por aquella Sucesión contra Gorgonio de Bolívar sobre cobro de arrendamiento, orde-nando al efecto se embargaran bienes de la propiedad del demandado por valor de cinco mil pesos.

2o. Que en cumplimiento de la resolución expresada, el marshal de la Corte de Distrito de San Juan trabó embargo en una finca urbana de la propiedad de Bolívar hasta la suma de dos mil dollars, en otra finca rústica del mismo Bolívar hasta la cantidad de quinientos dollars, y en un crédito hipo-tecario de veinte mil pesos provinciales, que por escritura pública dé 18 de agosto de 1897, había constituido Don Jaime Tila Canales á favor de Don Gorgonio de Bolívar, limitándose el embargo de ese crédito á la cantidad de mil quinientos dollars; habiéndose embargado, además, los alquileres de tres casas del demandado.

3o. Qne Don Gorgonio de Bolívar solicitó de la corte de San Juan dejara sin efecto la orden de embargo, y dicha corte, por resolución de 29 de mayo de 1905, la confirmó, pero dis-poniendo se alzara inmediatamente el embargo hecho en los alquileres de las casas del demandado, y se trabara en su lugar sobre otros bienes del mismo por la cantidad que quedaba pendiente de asegurar.

4o. Que recaída sentencia en el juicio en sentido condena-torio contra Bolívar, interpuso éste recurso de apelación, y pendiente tal recurso de resolución ante esta Corte Suprema, la representación de la Sucesión de Eudaldo J. Iglesias pre-sentó moción al juez de la Sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan en 18 de junio de 1906, para que dictara una orden en su despacho, modificando el aseguramiento de la sen-tencia, á cuya moción recayó providencia en 10 de julio si-guiente, disponien-do que el crédito hipotecario constituido en escritura pública de 18 de agosto de 1897 por Jaime Tila á favor de Gorgonio de Bolívar respondiera de todas las canti-dades principales reclamadas en el juicio, que se trabara embargo complementario por intereses caídos y por caer y costas devengadas y por devengar sobre otros bienes libres del deudor, y que se alzaran por el marshal los embargos anteriores.

5°. Que esa resolución de 10 de julio de 1906 fué impug-nada por Gorgonio de Bolívar, bajo el fundamento de que el juez de distrito de San Juan carecía de jurisdicción para dic-tarla, habiendo dicho juez desestimado la impugnación en resolución de veinte y seis del propio julio, por entender que las medidas provisionales sobre aseguramiento de sentencia no eran objeto de la sentencia dictada en el pleito, sin que, por tanto, estuvieran sujetas á la decisión de esta Corte Suprema.

Expuestos como quedan los procedimientos seguidos por la Corte de Distrito de San Juan, con motivo del asegura-miento de la sentencia en el pleito de Sucesión de Eudaldo Iglesias contra Gorgonio de Bolivar, tócanos ahora examinar si están ele acuerdo con las prescripciones de la ley aplicable al caso.

La ley para asegurar la efectividad de sentencias, apro-bada en primero de marzo de 1902, establece en su sección 3a. que ningún aseguramiento de sentencia podrá decretarse sin la presentación de la correspondiente demanda, de lo cual se deduce que desde la iniciación del pleito puede solicitarse y decretarse el aseguramiento de sentencia; y aunque la citada ley no fija expresamente el tiempo durante el cual puede pe-dirse, después de presentada la demanda el aseguramiento de sentencia, como en su sección 14a. ordena que toda resolución del tribunal sobre las pretensiones que por cualquiera de las partes se dedujeren en el curso del juicio con relación al asegu-ramiento de sentencia, será ejecutoria, desde luego, pudiendo consignarse por la parte agraviada la oportuna protesta, á los efectos del recurso que la Ley de Procedimientos les concede contra la sentencia definitiva, lógico es deducir que des-pués de interpuesto dicho recurso, como ha sucedido en'el caso de autos, no cabe pedir y decretar el aseguramiento de sentencia ó la modificación del aseguramiento ya decretado. Si se admitiera que la corte inferior, después de apelada mía, sentencia y mientras la apelación está pendiente dictara medi-das relativas á su aseguramiento, sería ociosa la protesta que se consignara sobre esas medidas á los efectos de un recurso anteriormente interpuesto.

La ley de la Asamblea Legislativa aprobada en 12 de marzo de 1903, bajo el rubro “Ley para enmendar la ley titulada “Ley sobre efectividad de sentencias, aprobada en marzo 1°. de 1902, ’ ’ vino á desvanecer, toda duda que pudiera ocurrir sobre el tiempo hábil para pedir el aseguramiento de sen-tencia, pues su sección Ia. dispone en términos claros y pre-cisos que la solicitud de aseguramiento podrá presentarse con la demanda ó luego de interpuesta, en cualquier período del juicio antes de sentencia final; y usamos ese calificativo de final y no el de firme que se emplea en el texto español de la ley, porque aquél es el que verdaderamente corresponde á la traducción correcta del testo Inglés. - Los conceptos de sen-tencia firme y de sentencia final son enteramente distintos en el lenguaje jurídico, pues contra la sentencia firme no cabe recurso de apelación, mientras que contra la sentencia final procede dicho recurso en los casos establecidos por la ley. Según el artículo. 188 del Código de Enjuiciamiento Civil, en su texto inglés, un juicio ó sentencia es la final decisión de los derechos de las partes en un pleito ó procedimiento, y según el artículo 295 puede establecerse apelación de una corte de dis-trito para ante la Corte Suprema de un juicio ó sentencia final en un pleito ó procedimiento especial comenzado'en la corte que la hubiere dictado. En ninguno de dichos artículos puede traducirse la palabra final inglesa como equivalente á la de firme en español, y de hecho ño se ha dado á aquélla semejante sentido. No vemos la razón porque en la traducción de la ley ya citada de 12 de marzo de 1903, se ha traducido el concepto inglés before final judgment por el antes de sentencia firme. Se cometió en.ello un lamentable error.

Hay otra ley posterior, ó sea la de 8 de marzo de 1905, titulada “Ley para enmendar el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil,” la que concede á los jueces de distrito facultad para dictar en sus despachos resoluciones afectantes al procedimiento ó encaminadas á asegurar la efectividad de las sentencias que se soliciten antes de contestar la demanda ó después de contestada, y también en el período de ejecución de sentencia; pero esa ley, ya se considere en su texto literal, ya se tenga en cuenta el fin que la inspiró, no ha 'alterado el precepto que contiene la Sección Ia. de la Ley de 12 de marzo de 1903.

Por las razones expuestas, entendemos que la Corte de Dis-trito de San Juan infringió las leyes de primero de marzo de 1902 y de 10 de marzo de 1903, de que dejamos hecho mérito al dictar la resolución de 10 de julio de 1906, modificando el aseguramiento de sentencia anteriormente ordenado, cuando ya carecía de jurisdicción para ello, por haber dictado sen-tencia final en el pleito, la que había sido apelada; y procede en su virtud se declare la nulidad de los procedimientos segui-dos por dicha corte desde que la representación de la Sucesión de Eudaldo J. Iglesias presentó su moción de 18 de junio de 1906,. encaminada 1 obtener aquella resolución.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf. '


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. Wole

license: Public Domain

text:
    Igartúa v. Pérez.
    ApelagióN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 121.
    Resuelto en abril 29, 1907.
    Apelación — Declaraciones Contradictorias. — En- los casos en que las declara-ciones de los testigos fueren contradictorias, á falta de alguna circunstancia extraordinaria, como fraude ó manifiesta incredibilidad, el Tribunal de ape-lación debe aeeptar las conclusiones ó resultancias de hecho que sean con-secuencia necesaria de la sentencia dictada por la corte inferior.
    Desahucio — Posesión é Identidad de la Einca. — Si en un juicio de desahucio fundado en la posesión en precario por parte del demandado, el demandante dejare de probar que la finca á que se refiere la demanda, es la misma de que está en posesión el demandado, éste no tiene necesidad de presentar documen-to alguno para justificar el título con que posea.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Franco Soto.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Doña Teresa Igartúa y del Talle compró á Doña Susana de Jesús una propiedad y estableció demanda de desahucio contra Manuel Pérez, como poseedor en precario para recu-perar cierta propiedad que dice es parte de la compra. Este último alegó en su contestación que había estado en posesión de dicha propiedad por algunos años y que la había adquirido por herencia. Durante el juicio, según se ve del pliego de excepciones, se presentaron cuestiones referentes á la pose-sión, herencia é identificación de la finca qne se trata de recu-perar, resolviendo la corte qne' la preponderancia de la evi-dencia estaba á favor del demandado. En la apelación ante esta corte, el caso no fue argumentado, pero el abogado del apelante alega qne Dona Teresa Igartúa ha probado tener la posesión civil y material de la referida finca. Hubo con-tradicción en la .prueba con respecto á la identificación de la propiedad. Por lo que habiéndose dictado sentencia á favor del demandado, debe presumirse que la cuestión, objeto del litigio, ha sido resuelta á su favor, y á falta de alguna circuns-tancia extraordinaria como fraude ó improbabilidad inhe-rente (inherent improbability), esta corte debe aceptar las conclusiones de hecho de la corte inferior en los casos en que dichas conclusiones debían presumirse necesariamente de la sentencia. No se ha demostrado que la finca que el apelante compró sea la misma que posee el apelado. Es cierto que aunque algunos de sus testigos aseguran que esa finca es la de la demandante, ó sea la que es objeto de este procedimiento de desahucio, otros sostienen que el apelado ha estado en posesión de la referida finca constantemente. El apelante no probó que ella ó sus antepasados tuvieran la verdadera pose-sión de la finca que hoy tiene el apelado.

No estamos de acuerdo con el apelante en que el apelado tenga la obligación de presentar prueba documental de su título, porque los puntos litigiosos entre las partes se refieren solamente á la verdadera posesión y á la identificación, es-tando de parte del apelante la obligación de probar estos hechos afirmativamente.

Por estas razones debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. Wolf

text:
    Fajardo v. Schulze y Ca. et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 117.
    Resuelto en abril 29, 1907.
    Honorarios — Mandatario.—No habiéndose probado que el pleito á que se refiere la demanda presentada en este caso, y del cual se deriva la acción ejercitada en el mismo, sobre cobro de honorarios, se siguiera por uno de los demandados como mandatario del otro, no es posible hacer responsable ,á éste del pago de costas á que fuera condenado el primero, en dicho pleito, y por lo que respecta al demandado que viene obligado á hacer ese pago, como no se ha justificado la cuantía de los honorarios reclamados en este caso, procede declarar sin lugar la demanda. '
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

Pascasio Fajardo estableció demanda en la Corte de Dis-trito de Mayagüez contra Schulze & Ca., y F. C.- Nielsen. Los hechos y súplica de la demanda son. los siguientes: ’

“1. Con fecha 24 de agosto de 1901, la Mercantil Schulze y Ca. en liquidación estableció demanda en juicio declarativo contra la Suce-sión de Da. Asunción Castro, espesa que fué de Don Lorenzo Martínez Ohuviñas, en reivindicación de un pedazo de terreno que se pretendía formaba parte de la hacienda de café nombrada Buena Vista, sita en el barrio de Río Cañas, del municipio de Las Marías.
“2. Seguido el pleito por todos sus trámites,- se dictó sentencia en primera instancia, declarando sin lugar la demanda, y estableciendo recurso de casación contra la misma para ante el Supremo Tribunal de Justicia de Puerto Rico por Schulze y Ca., en liquidación, se de-claró sin lugar, condenando á éstos al pago de las costas del mismo.
‘£ 3 Según resulta de la cláusula 5a. de la escritura sobre aclarato-ria que acompañó, el Sr. F. C. Nielsen, dueño ya en aquella fecha de la Hacienda Buena Vista, autorizó á los Sres. Schulze y Ca., en li-quidación, para establecer la demanda de reivindicación de referencia, haciéndose por este sólo hecho solidario de la demanda y corriendo, en su consecuencia, el riesgo consiguiente á todo actor dentro de la acción deducida.
“4. En el pleito sobre reivindicación establecida por Schúlze y Ca., en liquidación, por su propio derecho y como mandatario del Sr. F. C. Nielsen, según resulta de la cláusula 5a. ya citada en la escritura, sobre acta aclaratoria, cuyo testimonio acompaño, llevé ante el Supremo Tribunal de Justicia la representación de la sucesión demandada, y en tal concepto, mi cuenta de honorarios tiene un montante de mil dollars, que no habiéndome sido satisfecho, corresponde pagar á los de-mandados, Sres. Schulze y Ca., en liquidación y á Don F. C. Nielsen, mandante de los primeros, • cumpliéndose así la sentencia del Tribunal Supremo, que condenó á los demandantes Schulze y Ca., en liquida-ción, al pago de las costas del recurso,..
“En su virtud, suplico á la corte se sirva tener por establecida esta demanda y previa citación de los demandados y oída la prueba, dictar sentencia declarando que la ley y los hechos están á mi favor, y, en su consecuencia, condenar á los demandados Schulze y Ca., en liquida-ción, y F. C. Nielsen, como responsables mancomunadamente de mi cuenta de honorarios, montante á mil dollars, y al pago de la misma con las costas de esta demanda. ’ ’

1.' El demandado Nielsen contestó y expuso que, ann supo-niendo que el documento de junio 20, 1901, pudiera interpre-tarse como un poder, dicho poder no constituye á Schulze y Ca., en representante (mandatario) sino que solamente reconocía el derecho y la obligación de la sociedad vendedora de establecer su título, habiéndose hecho tal reconocimiento á instancia de la firma y no del demandado.

2. Que aún considerando que Schulze y Ca., tuviera am-plios poderes para representarlo, dicha autorización sólo ha-bría de referirse á una reclamación judicial en contra de Don Lorenzo Martínez, y no contra la Sucesión de Doña Asunción Castro, sin que el mandatario estuviere facultado para otra cosa que la provista especialmente en el mandato.

3. Que el pleito á que dió origen la reclamación que se pre-tende, fué iniciado y sostenido sólo y exclusivamente á nombre de Schulze y Ca., en liquidación, y en nada durante su trami-tación ni en diligencia alguna aparece el nombre de este ex-ponente.

4. Que aún considerando el acta aclaratoria como nn man-dato ó poder, sólo podía referirse al pleito entablado ante la Corte ele Distrito de Mayagüez, y nunca podría interpretarse como conteniendo autorización para apelar ante el Tribunal Supremo.

Scliulze y Ca., contestó admitiendo todos los hechos de la demanda, con excepción del en que se alega que la cuenta de honorarios del demandante monta á la suma de mil dollars; con excepción también de aquellos hechos tendentes á demos-trar la responsabilidad del otro demandado.

En 14 de diciembre, 1906, la Corte de Distrito de Maya-güez dictó sentencia contra el demandante, emitiendo la si-guiente opinión:

“Opinión. — La corte, después de oir las pruebas y las alegaciones de las partes litigantes, entiende que no se b a demostrado en ninguna forma que la Mercantil Scliulze y Ca., en liquidación, hubiera liti-gado como mandataria de F. C. Nielsen, en el pleito seguido por la primera contra la sucesión de Da. Asunción Castro, de que es con-secuencia el presente litigio, pues la cláusula 5a. del Acta Aclaratoria de fecha 20 de junio de 1901, en que se funda tal apreciación de la parte demandante no contiene sino una simple autorización de Nielsen á Schulze y Ca., en liquidación, para que pudieran gestionar judicialmente el derecho que á estos últimos pertenecía, pero no para que Schulze y Ca., en liquidación, hiciera efectivo acciones ó derechos pertenecientes al autorizante Nielsen, que sería en to'do caso en lo que consistiría el mandato; que tampoco se ha probado en ninguna forma que las costas en que fue condenado Schulze y Ca., en liqui-dación, por la Corte Suprema de -Puerto Pico en el pleito á que se refiere la demanda, ascienden á la suma de mil dollars. Por lo tanto, la córte es de opinión que la ley y los hechos están en contra de la demandante y á favor de los demandados, y, en su consecuencia, de-clara sin lugar la demanda interpuesta, absolviendo de ella á dichos demandados con las costas á la parte demandante, disponiéndose quede sin efecto ni valor alguno el embargo trabado para asegurar la efectividad de la sentencia; que se libre mandamiento al marshal para cumplimiento de esta sentencia y las demás que fueren necesa-rias. ’ ’ '

No se probó ante la corte inferior que el demandado Nielsen hubiera dado poder expreso para entablar pleito á nombre suyo con el fin de recüperar la determinada parcela de terreno que se trataba de recuperar de la Sucesión de Doña Asunción Castro. Es un hedió que no hay nada que muestre que los procedimientos establecidos y seguidos por Schulze y Ca. fueron hechos ó estaban autorizados por dicho demandado. Por lo tanto, no podemos menos que convenir con la interpre-tación que ha dado la corte inferior á la cláusula 5a. del con-trato de que sin alguna autoridad ó ratificación por parte del demandado Nielsen, el pleito y sus consecuencias podrían con-siderarse como afectando solamente á Schulze y Ca. Apa1 rece que el documento alegado no es sino lo que dice el deman-dado', á saber, un reconocimiento de los derechos y obligaciones-de Schulze y Ca. de entregar la finca libre de las reclama-ciones pendientes de Lorenzo Martínez.

Con respecto al demandado Schulze y Ca., estamos de acuerdo con la corte en que el demandante dejó de probar que la suma que tenía derecho á exigir, como honorarios, ascendía á mil dollars.

Por estas razones debe confirmarse la sentencia dictada por la corte inferior.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Pkesidente Se. Quiñones

text:
    Ray v. El Registrador de la Propiedad.
    Becurso gubernativo contra nota del Begistrador de la Propiedad de San Juan.
    No. 23.
    Resuelto en mayo 1, 1907.
    Inscripción de- Títulos. — Para que los títulos traslativos ó declarativos del dominio y demás derechos reales, así como los demás á que- se refiere el ar-tículo 2 de la Ley Hipotecaria, puedan ser inscritos en el registro de la pro-priedad, es necesario que consten en escritura pública, ejecutoria ó documento auténtico, otorgado eon las formalidades requeridas por la ley.

      Id. — Mandato—Formalidades de su Otorgamiento — Defecto Insubsanable.— Los poderes que tengan por objeto un acto redactado, ó que deba redactarse en escritura pública, como la transmisión del dominio sobre bienes inmue-bles, deben constar en documento público, y aquellos que tengan por objeto ejecutar actos de riguroso dominio, deben contener al efecto un mandato expreso' pues de lo contrario, carecerá el mandatario de personalidad para ejecutar tales actos y adolecerán éstos de un defecto insubsanable que impide su inscripción en el registro.
    Disolución de Sociedad — Consentimiento de Todos sus Miembros. — Para que la disolución de una sociedad y el traspaso de sus bienes á.otra, pueda pro-ducir los efectos legales correspondientes, es necesario que conste el consenti-miento y conformidad de todos los socios que la compenen.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Texidor.

   El Juez Pkesidente Se. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Jacinto Texidor, á nombre de Percy Stanley Ray, contra negativa del Registrador de la Propiedad de esta ciudad á inscribir una escritura de compra-venta.

Resultando: Que por escritura pública otorgada en esta capital ante el abogado y notario de la misma Don Jacinto Texidor y Alcalá del Olmo en 6 de enero de 1905, Mr. Richard D. Coe, en su carácter de representante con facultades bas-tantes para dicho otorgamiento de la corporación organizada, conforme á las leyes del Estado de Massachusetts, y que giraba en esta plaza, bajo la razón De Ford y Compañía, vendió á los Sres. G-eorge T. Parker y Percey Stanley Ray un predio de terreno, radicado en el barrio de Santurce, del término municipal de esta ciudad, compuesto de 986 metros 13 centímetros cuadrados con una casa de madera que se hallaba enclavada en dicho terreno de la propiedad que dijo ser de sus consti-tuyentes los Sres. De Ford y Ca., en precio de 3,000 dollars, de los cuales confesó el vendedor haber recibido 2,000 y los 1,000 dollars restantes los pagarían los compradores, mitad dentro del término de tres meses y la otra mitad dentro de seis, con el interés del nueve por ciento anual, pagaderos por mensualidades vencidas é hipotecando á la seguridad del pago de los mil dollars aplazados y 300 más para intereses y costas de por mitad la misma finca descrita y que adquirían por la expresada escritura de compra-venta.

Resultando: Que presentada ésta al registro de la propie-dad de esta ciudad, con un documento suscrito por Mr. Richard D. Coe, ante el notario de-Ponce, Don Rosendo Matienzo Cintrón, y dos testigos en 12 de junio de 1905, en el que mani-festaba que habiendo expresado por error en la escritura de que se ha hecho mérito, que el terreno vendido tenía de cabida 986 metros 13 centímetros cuadrados, cuando su verdadera extensión era 1,986 metros 13 centímetros cuadrados, lo que quería hacer constar así, para qué se entendiera aclarada en ese sentido la escritura; y acompañando, además, un poder extendido también en documento privado por los Sres. Henry De Ford, Francis Dumaresq, John D. H. Luce y William S. H. Lothrop, como socios que componían la razón social de De Ford y Ca. y firmado por el Sr. De Ford, ante el notario de Ponce, Don Rafael León, en 5 de diciembre de 1900, por los Sres. D. H. Luce y Francis Dumaresq, ante el notario de esta capital Don Santiago R. Palmer, en 28 de noviembre del mismo año y por el Sr. William PI. S. Lothrop, ante el Notario (Peo. E. Perrin, del Condado de Suffolk en 16 del mismo mes de no-viembre á favor de Mr. Richard D. Coe, y cuyo documento,, traducido literalmente de su' original extendido en idioma inglés, contiene la cláusula siguiente:

“Por la presente constituimos y nombramos á Richard D. Coe, de la ciudad de Ponce, en la Isla de Puerto Rico, nuestro verdadero y legal apoderado para que por nosotros, y en nuestro nombre y lugar, firme y endose cheques y giros, letras de cambio y órdenes para el pago de dinero; y para que firme y endose conocimientos, y recibos y cartas de pago, por todas las cantidades de dinero, ú otras cosas que se nos deba á nosotros:
“Y damos, por la presente, á nuestro dicho apoderado amplio poder y autoridad para que proceda en dichos asuntos y en lo concerniente á los mismos, tan amplia y eficazmente como lo pudiéramos hacer nosotros si estuviéramos presentes personalmente,’7

y que solicitada por el presentante de dichos documentos la inscripción de la escritura en el registro de la propiedad, la denegó el registrador por los fundamentos que expresa la nota puesta al pie de la misma escritura y que, copiada á la letra, dice así:

“No admitida la inscripción del anterior documento, en cuanto á la venta é hipoteca que comprende, porque el poder presentado, otorgado por Mr. Henry De Ford, Mr. Francis Dumaresq, Mr. John D. H. Luce y Mr. William S. H. Lothrop como socios de De Ford y Ca. á Mr. Richard D. Coe, suscrito por el primero, en cinco de diciembre de mil novecientos, en Ponce, ante el Notario Don Rafael León, re-conocido por los Sres. Luce y Dumaresq en veinte y ocho de noviembre del mismo año en esta ciudad, ante el Notario Don Santiago R. Palmer, y por el Sr. Lothrop en Commonwealth de Massachusetts, el diez y seis de noviembre citado, ante el Notario Mr. G-eo. E. Perrin, no autoriza á dicho apoderado para enágenar bienes inmuebles, y por-que dicho poder, por lo que respecta á los Señores de Ford, Luce y Dumaresq, no puede considerarse como documento público por no estar otorgado, con arreglo á la Ley Notarial vigente en esta Isla, y se ha extendido la anotación preventiva correspondiente por el tér-mino legal al folio ciento ochenta y tres vuelto del tomo cincuenta de esta ciudad, finca dos mil ciento 'cincuenta y dos, anotación letra A; no admitiéndose tampoco la aclaración de la cabida de la finca que se hace en documento firmado en Ponce por el Señor Coe en doce de junio del pasado año, ante el Notario Don Rosendo Matienzo Cin-tron, por no estar otorgado con arreglo á la citada Ley Notarial, y no ser, por tanto, un documento público; habiéndose hecho constar en dicha anotación letra A, los defectos subsanables de no determinarse en el documento la participación que en la finca corresponda á- cada uno de los adquirentes; de no haberse presentado documento alguno que acredite que los referidos señores poderdantes sean los componentes de la sociedad vendedora, y de no estar legalizada la firma del Notario Perrin, ante quien reconoció el poder Mr. William S. H. Lothrop.— San Juan Bautista- de Puerto Rico, julio veinte y seis de mil nove-cientos seis. ’ ’ ‘

Resultando: Que contra esta nota ha interpuesto el abo-gado Don Jacinto Texidor, á nombre de Mr. Percy Stanley Eay, el presente recurso gubernativo para que se revoque dicha nota y se ordene al registrador que proceda á la' inscrip-ción de la escritura.

Resultando: Que en confirmación de los fundamentos del recurso acompañó el recurrente además de los documentos an-teriormente relacionados, otra escritura otorgada en Ponce, ante el notario Don Alberto Salicrup, en 26 de septiembre de 1905, por el mismo Mr. Richard D. Coe, en su carácter de apo-derado general de la sociedad Lothrop, Luce y Ca., del comer-cio de Boston, New York y Puerto Rico, .en la que después de relacionar los antecedentes expuestos de la escritura de com-, pra-venta del solar, de 6 de enero del mismo año, y los rela-tivos á la disolución de la sociedad de Lothrop, Luce y Ca., rectificó Mr. Richard D. Coe el error padecido en dicha escri-tura de compra-venta, respecto á la verdadera cabida del solar y declaró que habiendo recibido de los Sres. G-eorge T. Parker y Percy Stanley Ray, en su carácter de apoderado general y representante de la expresada sociedad Lothrop, Luce y Ca., dueños de todo el activo de la extinguida sociedad De Ford y Ca., con inclusión del crédito hipotecario constituido sobre el solar de referencia por los 1,000 dollars .aplazados del pre-cio convenido de dicho inmueble, con los intereses estipulados, otorgaba á favor de los referidos George T. Parker y Percy Stanley Ray, la más eficaz carta- de pago y cancelación total del expresado crédito queriendo y consintiendo que así mismo se cancelara su inscripción en el registro de la propiedad, lo que no pudo verificarse por haberse negado el registrador á cancelar el gravamen por los fundamentos de la nota que puso al pie de la escritura, los que, copiados á la letra, dicen así:

“No admitida la cancelación, que comprende el anterior documento, porque no está acreditado que la sociedad Lothrop, Luce y Ca. sea dueña del crédito, cuya cancelación se pretende-, por no justificarse debidamente la disolución de la Sociedad de Ford y Ca. y la cesión que el socio Mr. Henry De Ford ha hecho á "W. S. H. Lothrop y John D. H. Luce, pues el documento inserto sólo comprende un extracto expresivo de dichos actos, no interviniendo en la disoiución el otro socio de De Ford y Ca., Mr. Francis Dumaresq, que lo era de esa asociación, según aparece de nn poder conferido por él y sus demás consocios á Mr. Richard D. Coe, que se relaciona en la ■ anotación letra A., extendida por la negativa de la inscripción del indicado cré-dito al folio ciento ochenta y tres vuelto del tomo cincuenta de esta ciudad, finca dos mil ciento cincuenta y dos; no acreditándose que los Sres. De Ford, Lothrop y Luce, que disolvieron la sociedad, fueran los tínicos socios de ella; y por no justificarse tampoco que los Sres. Lothrop y Luce aportaran á la sociedad Lothrop, Luce y Ca. el (¡ré-dito hipotecario mencionado, pues el extracto del convenio de consti-tución social que se inserta, no es documento bastante para ello, y no hace referencia alguna á tal aportación; y se ha extendido anota-ción preventiva correspondiente de la expresada cancelación al folio ■doscientos cuarenta y siete vuelto del tomo sesenta y dos de esta ciudad, finca dos mil ciento cincuenta y dos duplicado, anotación letra B., que tendrá efecto legal durante ciento veinte días de la fecha. — San Juan, Puerto Rico, julio 27 de 1906.”

Considerando: Que con arreglo al artículo 3 de la Ley-Hipotecaria de esta Isla para que puedan ser inscritos en el registro de la propiedad los títulos traslativos ó declarativos ■del dominio y demás derechos reales, y los demás que se ex-presan en el artículo anterior, deberán estar consignados en ■escritura pública, ejecutoria, ó documento auténtico, expedido por autoridad judicial, ó por el G-obierno, ó sus agentes, en la forma que prescriban los Reglamentos, circunstancias que no ■concurren en el documento suscrito por Mr. Richard D. Coe, .ante el notario de Ponce, Don Rosendo Matienzo Cintrón, en 12 de junio de 1905, aclarando la verdadera cabida del terreno vendido, en la escritura de 6 de enero del mismo año, toda vez ■que dicho documento no aparece entendido con las formali-dades que requería la Ley Notarial vigente, en esta Isla en la fecha de su otorgamiento.

Considerando: Con respecto al poder otorgado por los ;socios que componían la firma de De Ford y Ca., á favor de Mr. Richard D. Coe, y del que hizo uso éste para otorgar á nombre de dicha sociedad la escritura de venta del terreno de que'se trata, que no constando dicho poder por escritura pú-blica, como lo exige el artículo 1247 del nuevo Código Civil, en los poderes que tengan por objeto un acto redactado ó que deba redactarse por escritura pública, como lo requiere en su primer inciso el mismo artículo 1247 del Código Civil para la venta de bienes inmuebles, y no conteniendo por otra parte el mandato expreso para vender como lo exige también el artículo 1615 del mismo Código para que el apoderado pueda ejecutar válidamente, á nombre del poderdante, .actos de rigu-roso dominio, es evidente que dicho poder no atribuía á Mr. Richard D. Coe capacidad suficiente para otorgar á nombre de la sociedad de De Ford y Ca. la escritura de venta de que se trata.

Considerando: Que estos defectos no pueden entenderse subsanados con las declaraciones hechas por Mr. Richard D. Coe en 'la escritura de cancelación de 26 de septiembre de 1905, otorgada por el mismo en su carácter de apoderado general de Lothrop, Luce y Ca., pues no siendo suficientes los datos consignados en dicha escritura para acreditar la. disolución de la sociedad de De Ford y Ca. y la constitución de la de Lothrop, Luce y Ca., por no constar en la escritura de referencia que la disolución de dicha sociedad y el traspaso de su activo á los Sres. Lothrop y Luce fueran acordados con el consentimiento y conformidad del socio Mr. Francis Du-maresq, que, según otras constancias de este expediente, tam-bién formaba parte de la expresada sociedad de De Ford y Ca., es evidente que las declaraciones hechas por Mr. Richard D. Coe, en su carácter expresado de apoderado general de Lothrop, Luce y Ca. en la escritura de cancelación de 26 de septiembre de 1905, no pueden servir para convalidar la escri-tura de compra-venta del solar de 6 de enero del mismo año, otorgada por el mismo Mr. Richard D. Coe, como apoderado de De Ford y Ca., sin poder bastante de dichos señores para vender el inmueble de referencia.

Considerando: Por tanto, que careciendo de capacidad Mr. Richard D. Coe para vender á nombre de De Ford y Ca. el solar objeto de la expresada escritura de compra-venta ado-lece ésta de un defecto capital que impide su inscripción en el registro de la propiedad.

Vistos: Los preceptos legales citados y además los artícu-los 18 y 65 de la Ley Hipotecaria y 110 del Reglamento.

Se-confirma la nota denegatoria puesta por el registrador de la propiedad de esta ciudad al pie de la escritura de com-pra-venta de que se trata en el presente recurso, y devuél-vasele, en unión de los demás documentos presentados con copia certificada de la presente resolución, para su conoci-miento y demás efectos procedentes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Presidente Sr. Quiñones

text:
    Abril v. Méndez.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 71.
    Resuelto en mayo 1, 1907.
    PREUBAS — PRESUNCIÓN EN CONTRA DE L4 PARTE QUE DEJE DE APORTAR LA MEJOR Prueba. — Si una parte tuviera oportunidad de ofrecer una prueba superior á la aportada por ella misma al juicio, y dejare de hacerlo, se presumirá que el resultado de tal prueba, si se hubiera practicado, hubiera sido perjudicial para dicha parte.
    Id. — Prueba Testifical. — Si al declarar un testigo se refiriere á asientos verifi-cados en un libro, y sólo utilizare éste para refrescar su memoria, declarando con respecto á las constancias obrantes en el mismo como de conocimiento propio, la prueba así aportada tiene el carácter de testifical y surte efecto como tal. ' ,
    Los lieclios están expresados en la opinión:
    Abogados del apelante: Sres. Acuña y Méndez.

    Abogados del apelado: Sres. Swee.t, Bossy y Campillo.

   El Juez Presidente Sr. Quiñones

emitió la opinión del ■tribunal.

Don J. O. Abril, como apoderado de la sucesión de S. Amell, compuesta de su viuda Doña Sofía Pretel y Benito, y sus menores hijos María del Pilar, Salvador Agustín y María de la Consolación, dedujo demanda contra Don Eduardo Méndez, vecino del poblado de Moca, del término municipal de Agua-dilla, y en ella alegó que era apoderado de la sucesión de S. Amell, debidamente nombrado, en virtud de la escritura de sustitución de poder otorgada á su favor en 4 de julio de 1904, ante el notario de Aguadilla, Don Juan Mercader, por Don Agustín Amell y Massó, apoderado general á su vez de la referida sucesión S. Amell, según escritura otorgada ante el mismo notaiio por Doña Sofía Pretel, por su propio dere-cho, y en concepto de madre de sus menores hijos, ya nom-brados; que el demandado es deudor á la sucesión de S. Amell en la suma de cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ochenta y cuatro centavos procedentes de cantidades recibi-das por dicho demandado en concepto de refacción y para otras atenciones, según aparece de la cuenta corriente llevada en los libros del causante Salvador Amell y Massó, y cuya liquidación arroja un saldo en contra del demandado pol-la cantidad ya referida, incluyendo los .intereses al 12% anual hasta el 20 de noviembre de 1906; que dicha cuenta se originó y desarrolló en la forma siguiente: el demandado en abril 30 de 1903, tenía en su favor como resultado de una liqui-dación anterior, un haber de cuatrocientos cincuenta pesos cincuenta y nueve centavos y habiendo ido tomando este mon-tante hasta agotarse, se le fué facilitando metálico en efectivo y á su solicitud, hasta la cantidad de $1,783.00, incluyendo en esta cantidad un giro sobre la ciudad de Barcelona de $500.00, que tomó dicho demandado en diciembre 17 de 1903. Contra dichos avances el demandado entregó y abonó 6,234 quintales de caña con 7 libras, á razón de 14 centavos el quintal, lo cual, unidos á los resultantes de su haber, forman un total de $1,358.36, que es la cantidad que le ha sido abonada. De ma-nera,' que queda sin habersé abonado por el demandado una diferencia, que con los intereses al 12 por ciento, es igual á la cantidad que se reclama. Que tal diferencia, ascendente á la suma de $449.84, no ha sido satisfecha por el demandado, á pesar de habérsele requerido amistosamente para su pago; y, por tanto, suplica el demandante á la corte, que mediante las formalidades legales dicte fallo á su favor en la representa-ción que ostenta, por la suma de $449.84, así como se conceda cualquier otro remedio que proceda con arreglo -á derecho, condenándose además al demandado al pago de las costas.

La parte demandada compareció y presentó excepción pre-via á la demanda, ante la corte de distrito de Aguadilla, fun-dándose en que dicha corte no tenía jurisdicción, puesto que se reclamaba una cantidad menor de $500.00, y en estos casos la corte municipal es la competente, no pudiendo iniciarse la causa en la corte de distrito, como está titulada la demanda: presentó, además, contestación á la demanda, negando todos y cada uno de los hechos consignados en la misma, acerca de la deuda en ella expresada y de que se hubiera expedido un giro con fécha de 17 de diciembre de 1903.

En 28 de mayo de 1906 la Corte de Distrito de Aguadilla dictó sentencia declarando que la ley y los hechos están en parte á favor del demandante y en parte á favor del deman-dado, y ordenando que la sucesión de S. Amell Massó recobre de Eduardo Méndez la suma de $385.64, y que éste sea relevado de pagar $19, importe de las siguientes partidas: valor de una pieza de madera entregada al Sr. Amell, $4, arreglo del camino de Duprey, cosecha de 1902-03, $5; arreglo del camino, cosecha de 1903-04, $10; y los intereses al 1 por ciento que le reclama el demandante y. cuyos intereses no debe satisfacer desde la liquidación de 30 de abril de 1903;' y ordena, además, que cada parte pague sus costas.

Apelada esa sentencia para ante este tribunal por la re-presentación de la parte demandada, se formuló y aprobó por el juez de la Corte de Distrito de Aguadilla, la correspondiente relación de hechos que contiene toda la prueba practicada durante el juicio, y que formando parte de los autos de esta .apelación se ha sometido á la consideración. de este tribunal.

Ligeramente hemos de referirnos á la excepción previa presentada por el demandado, y al efecto, hemos de manifes-tar que constando de dicha relación de hechos que la corte desestimó la excepción porque, se trataba de una apelación pro-cedente de la corte municipal, y nó de una demanda entablada originalmente ante dicha corte de distrito, aunque la demanda estuviese titulada en dicha corte para los efectos de la apela-ción, opinamos que la desestimación de tal excepción' estuvo bien acordada, siendo de confirmarse la resolución de la corte inferior sobre la misma.

De la prueba practicada en el juicio se viene en conoci-miento de que los reparos formulados por el demandado Don Eduardo Méndez á la cuenta presentada por el demandante y cuyo saldo trata de cobrar por medio de la presente demanda, son como sigue:

1. Una partida de $200, que con fecha de junio 27, 1903, figura en la cuenta del demandante como efectivo entre-gado al demandado y cuya suma asegura éste no haber tomado-$200. 00
2. Diferencia en peso de las entregas de caña verificadas por el demandado durante el año 1903, arreglada con el administrador de la hacienda Coloso, Sr. Julia, pertene-ciente dicha hacienda á la Sucesión Amell_ 17. 00
3. Valor de una pieza de madera entregada al Sr. Amell, cuyo importe, de $4, no aparece abonado al demandado en la cuenta del demandante_ 4. 00
4. Arreglo del camino de Duprey, cosecha 1902-03 por cuenta del Coloso, según convenio con Don Salvador Amell, y que tampoco aparecen abonados en la cuenta del de-mandante__ 10. 00
5. Diferencia en precio de caña entregada en la hacienda Monserrate sobre 277,400 ks. á 15 cts., habiéndoseles abonado sólo á 14 centavos en la cuenta del demandante siendo la deferencia de un centavo en quintal á favor del demandado__' 60. 30
6. Diferencia en peso de caña entregada al Coloso en marzo de 1904, 60,070 libras, pues habiendo entregado 90,890 libras, aparecen abonadas solamente en la cuenta del demandante 20,820, importando las 60,070 libras deja-das de abonar á razón de 15 centavos_ 90.11
7. Diferencia en precio de un centavo én quintal sobre las 20,820 libras que le abonan como entregadas al Coloso á razón de 14 centavos, en lugar de 15 centavos que fué el precio convenido___ $2. 08
Total_$388.49

Estos son, como liemos dicho, los únicos reparos que hace el demandado á la cuenta del demandante, y hemos de exa-/minar separadamente á quien correspondía el peso de la prueba en cada uno y los elementos probatorios que en rela-ción á los mismos fueron aportados al juicio; debemos adver-tir, sin embargo, que en la suma total de estos reparos, hemos copiado, según aparece en la transcripción de autos presen-tada en esta apelación, se ha sufrido una ligera equivocación, pues dicha suma asciende á $383.49, en vez de $388.49, como en dicha transcripción se consigna.

La primera partida que se objeta, ó sea la de $200 es la que figura precisamente en primer término en .el Debe de la cuenta de Don Eduardo Méndez, producida por la parte y que corresponde con la que figura en el libro mayor presentado por dicha parte durante el juicio. Para probar la reclama-ción de esta partida, presentó el demandante en el acto del juicio el libro mayor de S. Amell y Massó, á cuyos folios 147 y 349 obra la cuenta corriente de Eduardo Méndez, y pre-sentó, además, la declaración de Don Guillermo Schomburg que manifestó haber sido empleado de Don Salvador Amell con el que ejerció el cargo de Cajero; que Eduardo Méndez* llevaba relaciones de negocios con él y que con motivo de una reclamación que se le hizo á Méndez tuvo ocasión de hacer un extracto de la cuenta de éste, que asegura es el mismo que se ha presentado como prueba en este juicio; que el saldo de esta cuenta es de $421.22, y que ella corresponde con la que aparece en el libro mayor, y que, al empezar dicha cuenta, Méndez tenía á su favor un saldo de $450.59; que la primera partida de $200, que figura en esa cuenta con fecha 27 de julio de 1903, fué motivada por una suma igual tomada por Eduardo Méndez á quien la entregó el testigo Sr. tíchomburg, anotándola de su puño y letra en el libro de caja, que tenía á su cargo, reconociendo el asiento que se le mostró del libro de caja mencionado, como hecho de su puño y letra; que la misma partida de $200, se llevó al libro diario con la misma fecha de 27 de julio, en el que también verificó dicho asiento personalmente, y habiéndosele mostrado el libro diario reco-noce el referido asiento como hecho por él mismo. Tenemos, por consiguiente, la declaración del testigo Sr. Schomburg, Cajero que fué de la Sucesión Amell, de haber entregado per-sonalmente al demandado Méndez la suma de $200 en 27 de julio de 1903, en relación con los asientos de dicha partida que figuran en los libros diarios, mayor y de caja, reconocidos también por el mismo testigo como hechos de su puño y letra, como prueba de la legitimidad de la reclamación de esa parti-da por parte del demandante. Para'destruir esta prueba pre-senta el demandado la declaración de Don Manuel Jiménez, tenedor de libros del mismo, en relación con los libros de la casa de éste; declara el testigo que los $200, que alega el demandante haber entregado en 27 de julio de 1903, al deman-dado, no figuran en los libros de éste, pero manifiesta tam-bién que no tenía' conocimiento directo de los negocios de Méndez y al cargar ó abonar cantidades en sus libros lo hacía siguiendo las indicaciones de Méndez y los datos de las entre-gas de caña que se le proporcionaban. Resulta, pues, que, aparte de la circunstancia de no aparecer anotada la entrega, ele los $200, en los libros del demandado, no prueba que tal entrega no se hubiera efectuado; la última manifestación del cajero de Méndez que dejamos consignada, anula por com-pleto su testimonio en relación con el punto que discutimos, pues es perfectamente claro que si no tenía conocimiento directo de los negocios de Méndez, y al cargar y abonar canti-dades en sus libros lo hacía siguiendo sns indicaciones, dicho cajero no está en condiciones de asegurar siguiera la certeza de los asientos verificados por él, resultando en todo caso completamente ineficaz sus manifestaciones para destruir la prueba del demandante sobre este particular; además, ni aún el propio demandado en su declaración ba tratado de arrojar la menor sombra de duda sobre lo manifestado por el testigo Schomburg de haberle entregado á él mismo los $200, en cuestión; ha tenido la oportunidad de ofrecer una prueba superior á la aportada por él con respecto á este extremo, cual era su propia declaración, bajo juramento, negando la certeza de tal entrega y al no hacerlo así, hay que aceptar, según los principios generales establecidos en nuestra ley de Eviden-cia, que tal prueba no le convenía, y que si se hubiera practi-cado le hubiera resultado perjudicial. Tampoco puede ha-cerse con éxito la alegación de que la circunstancia de no haber exigido el Cajero, Sr. Schomburg, el recibo de los $200, al demandado, destruye en absoluto la eficacia ó mérito de su declaración, pues esa circunstancia ha sido explicada por él en'el sentido de que Don Salvador Amell, su principal, no acostumbra exigir recibos al demandado, manifestación que está corroborada con el hecho de que en la cuenta producida por el demandante constan muchas otras entregas de dinero verificadas en distintas épocas al demandado y de las que no aparece que se le haya exigido recibo alguno; asimismo re-sulta infructuosa la alegación de que, según el artículo 1196 del Código Civil, los asientos que figuran en los libros presen-tados por el demandante, sólo son admisibles como prueba en tanto en cuanto le perjudiquen, y decimos que es infructuosa, porque el mencionado testigo ha declarado con respecto á la entrega del dinero como hecho que le consta de ciencia propia y sólo se ha referido á los libros para constatar la fecha en que tal entrega se verificara, es decir, que ha utilizado sus asientos para refrescar su memoria, lo que es perfectamente válido y legal, quedando así contestadas todas las demás ale-gaciones que hace el apelante con respecto al valor proba-torio que puedan tener los asientos de los libros de que nos venimos ocupando. Conceptuamos, por consiguiente, suficien-temente probada, por parte del demandante, la entrega de los $200 al demandado, y en este particular la sentencia re-currida no debe ser modificada.

El segundo de los reparos opuestos por el demandado á las reclamaciones del demandante, consiste en una diferencia, á su favor, en el peso de unas cañas entregadas por él, al último, durante el año 1903 y que asegura no le lia sido abonada. El peso de la prueba de este punto corresponde, desde luego, al demandado y sobre él no lia aportado más pruebas que unas cartas que constan en autos y que fueron dirigidas el deman-dado pór el Sr. Juliá, administrador que fue de Don Salvador Amell. Esas cartas nada prueban en relación con el particular de que nos ocupamos; una de ellas está concebida en términos muy generales, y además no consta su fecha, y por esa razón no puede ser tomada, en consideración; la otra tiene fecha de 17 de abril de 1905 y es contestación á una del demandado de la misma fecha, pues así se expresa en ella; en verdad, que esta última carta es de resultados contraproducentes para las pretensiones del demandado; en ella dice á éste el Sr. Juliá, entre otros párticulares, y textualmente, que “La diferencia en el peso de la caña debe estar abonada á su cuenta, puesto que se dió cuenta de ello á Don Salvador y estuvo conforme * * y efectivamente, si examinamos la cuenta produ-cida por el demandante se verá que en ella figura un abono á favor del demandado, con fecha de 19 de marzo de 1904, por diferencia en peso del total de las cañas entregadas en ese año. Ahora bien, ¿ ha probado el demandado que lá diferencia en el peso de las cañas, de que nos habla la carta del Sr. Juliá, se refiera á cañas entregadas en el año 1903? De ningún modo, y en estas condiciones hay que presumir que dicha carta se refiere á la diferencia en peso de la caña entregada en 1904, no tan sólo porque, como hemos dicho, esa carta está fechada en abril de 1905, y es contestación á otra del deman-dado de esa misma fecha, sino también porque de la cuenta producida por el demandante, aparece que hubo una liquida-ción de las cuentas del demandado en 30 de abril de 1903, la que arrojó un saldo á favor del último de $450.59, que figura como primera partida en el haber de la referida cuenta del demandante, y como no aparece que el demandado haya entra-gado al demandante cantidad alguna de caña después de aque-lla fecha hasta enero de 1904, es natural y lógico deducir que la mencionada diferencia, de que nos habla Ja expresada carta, se refiere á diferencia en el peso de las cañas, cuyas entregas estaban aún por liquidar, ó cuya correcta liquidación estaba gestionando el demandado, las que no pueden ser otras, según la prueba aportada al juicio que las entregadas durante el año 1904, y que como hemos dicho ha sido debidamente aloo-nado al demandado en marzo de ese mismo año. El deman-dado no ha justificado, por consiguiente, en absoluto los $17, que importa la diferencia á que se refiere el segundo de sus reparos á la cuenta del demandante.

De los reparos opuestos por el demandado en tercer y cuarto lugar, ó sea los que se refieren al valor de una pieza de madera entregada al Sr. Amell y al arreglo de un camino llamado de Dúprey, no tenemos que ocuparnos, pues éstos fueron apreciados por el juez de la corte de distrito en favor del demandado y contra su resolución nada objetó la parte demandante.

Los reparos que hemos anotado con los números cinco y siete debemos considerarlos conjuntamente, pues ambos se refieren á una diferencia en el precio de caña entregada que el demandante abona á razón de catorce centavos, alegando el demandado no ser ese el precio convenido con Don Salvador'Amell y sí el de quince centavos por quintal. El peso de la prueba en este punto correspondía á la parte demandada, y en relación con él, aportó su propia declaración corroborada con la de dos testigos más y en cierto modo, también, con la del Sr. Schomburg; declaró el demandado, á este efecto, en el sentido de que Don Salvador Amell accedió á su preten-sión de que se le abonara la caña á razón de quince centavos el quintal, por haberle manifestado el exponente que tenía pér-didas y también porque á los colonos que estaban cerca de la vía del ferrocarril se les pagaba la conducción de la caña por Amell, en tanto qne á él no se le liacía ese abono por dispo-ner de carros para el trasporte; Amell le dijo qne conti-nuase sembrando cañas, qne se las pagaría á quince centavos con tal qne se callase, y qne esa conversación tuvo lugar en el mes de mayo de 1903, y fné presenciada por los Sres. Si-meón Rovira y Antonio Díaz; estos declararon también, mani-festando el primero qne, efectivamente, en el mes de mayo de 1903, presenció una conversación entre Méndez y Amell con respecto al precio de la caña, en la qne el segundo dijo al primero “yo te voy á pagar así (debe ser á tí), á quince centavos, pero es un precio que no se lo pago á nadie”; el otro testigo Díaz manifestó qne en la época mencionada oyó una proposición hedía por Amell á Méndez, qne consistía en cues-tión de cañas; qne era qne Méndez le decía que no podía seguir sembrando cañas á 13 centavos y Don Salvador le dijo que le pagaría á 14 centavos, contestándole Méndez que no podía sino le pagaba á quince centavos, á lo qne Amell replicó: “Siembra qne tú siempre has sacado de mí lo qrj.e has querido.” Es cierto qne en las declaraciones de estos dos testigos se notan algunas ligeras contradicciones, pero ellas se refieren sim-plemente á detalles ocurridos durante la conversación entre Méndez y Amell, más en lo sustancial ambas se complemen-tan, y consideradas sus manifestaciones en relación con el testimonio del demandado, con lo declarado por el testigo Sr. Schomburg que dijo que no sabía con exactitud á qué precio pagaba Amell la caña,-pero qne le constaba qne “á veces hacía concesiones á algunos amigos” y qne de los libros no se podía deducir el precio á qne se pagaba la caña; todas estas conside-raciones unidas á la circunstancia de qne el demandante no ha aportado prueba alguna sobre este particular, y al hecho de haberle abonado el demandante, al demandado, un centavo más en cada quintal de las cañas entregadas, qne abonó prime-ramente á 13 centavos, y luego le hizo una. bonificación de un centavo por quintal, resultando así á catorce centavos, llevan al ánimo del juzgador la certeza ó convicción moral de qne Don Salvador Amell había aceptado las proposiciones del demandado Méndez y prestado su conformidad á satisfacer la caña que éste entregara en adelante á razón de quince centavos quintal, siendo por consiguiente bastante satisfactoria la prueba producida por el demandado sobre este particular y suficiente á justificar un pronunciamiento favorable á sus pre-tensiones ; por lo tanto, debe abonarse al demandado, y' dedu-cirse de la suma á que lia sido condenado, la cantidad de $62.34, importe de la diferencia de un centavo por quintal sobre los 6,234.07 quintales de cañas que figuran en la cuenta del demandante como entregados por el demandado y que es objeto de los reparos números cinco y siete.

T vamos, por último, al reparo indicado en esta opinión con el número seis, y que es el que nos queda por examinar. Consiste en una diferencia de 60,070 libras en el pago de la caña entregada en la hacienda “Coloso” en marzo de 1904, pues habiendo entregado, según alega el demandado, 90,890 libras, le fueron abonadas tan solo 20,820, resultando así la diferencia expresada. El demandante manifiesta que sola-mente fueron entregados en dicha hacienda diez carros de cañas, en tanto, que el demandado sostiene que entregó 41 carros; el último es el obligado á probar este extremo, y al efecto, en su declaración se limitó á exponer sencillamente que había entregado 41 carros, habiéndosele abonado solamente diez carros, sin hacer ninguna otra manifestación sobre este punto, en relación con el cual declaró también el testigo .Galo María, capataz de la finca de Méndez, y encargado de anotar y enviar los carros de caña que salen de la misma para ser entregados en la hacienda “Coloso; dijo que no recor-daba de memoria los carros de cañas que -se enviaron á la hacienda “Coloso” y “Monserrate”, por Eduardo Méndez, durante la zafra de 1904, pero que llevaba una libreta donde anotaba el número de carros de caña que se entregaban, y por ella se podían ver; se presenta esa libreta como prueba y de ella aparece que se entregaban 291 carros en la hacienda. “Monserrate” y 41 carros en el “Coloso”, manifestando el testigo que él mismo apuntaba esos dalos y que estaba se-guro de su exactitud, pero á preguntas del abogado de la parte demandante contéstó “que tomaba nota del número de carros que salían de las piezas de caña de la hacienda de Méndez, ya porque lo presenciase, ya porque se lo manifes-tase el carretero que llevaba las cañas á entregar,” es decir-■que tampoco está este testigo en condiciones de asegurar, como hecho que le conste de ciencia propia, que los 41 carros que aparecen anotados en la libreta, como entregados al Coloso, fueran realmente 41 carros y nó otro número, y como algunas de esas anotaciones' resultan tomadas á indicación de otras personas, qüe no han declarado en el juicio, y como tampoco el testigo Galo María señala el número, ni siquiera aproxi-mado, de los carros que anotara en la libreta por haberlos pre-senciado salir, resulta completamente ineficaz la prueba apor-tada por el demandado para justificar sus pretensiones en el particular que venimos estudiando. T no se diga que los asientos de la mencionada libreta de Galo María concuerdan perfectamente con los libros de Méndez, á cargo de su-tenedor de libros, Sr. Jiménez, pues así como Galo María hacía sus anotaciones por indicaciones de otras personas, así también hemos visto que dicho Sr. Jiménez no tenía conocimiento directo de los negocios de Méndez, que cargaba y abonaba, siguiendo sus indicaciones, y los datos de las■ entregas de cañas que se le proporcionaban, por cuya razón hemos con-signado que carecen de valor probatorio las anotaciones y asientos obrantes en la libreta y libros referidos. Frente á esta pru'eba del demandado, presenta el demandante las decla-raciones de Belén Vázquez y Lino Santiago, ambos pesadores de caña en las haciendas “Monserrate” y “Coloso”, respec-tivamente ; ambos tienen sus libretas en donde anotan el peso de las cañas entregadas en las respectivas haciendas, y Váz-quez reconoce la suya, y dice que era él quien pesaba la caña y ■que toda,s las entregas.que hizo Méndez én la “Monserrate” •constan en dichas notas; el otro testigo Santiago declara que -ejercía y aun ejerce, en el “Coloso” el- cargo de pesador de -cañas; que si se le presentaran las notas ó apuntes semanales de las entregas que hacían los interesados en el “Coloso”, .podría reconocerlas y, en efecto, reconoce como suyas las que se presentaron como pruebas; que del 13 al 19 de marzo hizo el Sr. Méndez una entrega de cañas que asciende á 208 quintales con 20 libras; que esa entrega, ba sido abonada en los libros y no figura ninguna otra en la semana del 13 al 19 de marzo. Examinadas las libretas de ambos pesadores, encontramos que contienen los mismos detalles, á excepción de que en la libreta de la “Monserrate” se expresan las fechas en que se efectuaron las entregas, no sucediendo' lo propio con respecto á la del “Coloso”; ambos expresan el número de carros en-tregados/la procedencia y clase y el peso bruto, tara y peso neto, siendo 10 carros los que aparecen entregados en el “Coloso”, con un peso neto de 20,820 libras, que son las abonadas en la cuenta del demandante. No dudamos en mani-festar que, dadas las declaraciones de los testigos Vázquez y Santiago, nos merecen mayor crédito las anotaciones con-signadas en las libretas producidas por el demandante que las que se expresan en lá del demandado, ya que las primeras son resultado de operaciones en que intervinieron directa-mente los mismos que las anotaron, mientras que las segun-das, hemos visto que son de referencia.. Además, por la prueba practicada en el juicio se viene también en conoci-miento, por propia confesión del demandado, que éste acos-tumbraba obtener semanalmente en el “Coloso” la nóta del peso de los carros de cañas entregadas en el mismo, y si esto es así, no se comprende como no se protestara inmediatamente.de una diferencia tan importante como son las 60,070 libras que asegura le dejaron de abonar, y si así lo hubiera hecho, muy fácil hubiera sido rectificar el error, pues no es posible acep-tar que se entregaran y pesaran 31 carros-de cañas,- sin dejar evidentes pruebas de haberse recibido por la hacienda. Todas estas consideraciones nos inducen á opinar que el demandado ha dejado de probar las diferencias que constituyen el sexto' reparo formulado por él á la cuenta que le reclama el deman-dante y deben, por consiguiente, desestimarse sus preten-siones en relación con ese particular.

Por los fundamentos expresados en esta opinión, propone-mos que se confirme la sentencia apelada, deduciéndose de los $385.64, á que fué condenado el demandado, los $63.34, im-porte de la diferencia, de un centavo por quintal que, para completar los quince centavos del precio convenido, debe abo-nar el demandante al demandado sobre los 6,234.07 quintales de cañas que figuran entregados por él, condenándose, en su consecuencia, al demandado á pagar al demandante la suma de trescientos veinte y tres pesos ($323.30) y treinta centavos, confirmándose en lo conforme, y en lo que nó, revocándose la sentencia apelada, entendiéndose las costas de ambas instan-cias, sin especial condenación.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Jtjez Asociado Se. Figueras JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

text:
    Lowande v. García et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 110.
    Resuelto en mayo 3, 1907.
    Jurisdicción — Valor de la Cosa Reclamada — Uso de la Misma. — Si el valor de la cosa reclamada no estuviere comprendido dentro de la cuantía necesaria para dar jurisdicción á la corte, ésta carece de ella, sin que 'pueda ser eficaz la alegación de que sólo se redama el uso de esa cosa, y que el valor de tal uso está comprendido dentro de la cuantía jurisdiccional, pues no es posible presumir que el valor del uso de una cosa sea superior al valor de la cosa misma.

    Ip, — Cortes Municipales — Cortes de Distrito. — La jurisdicción de las cortes municipales,'en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito basta la suma de quinientos dollars, comprendiendo intereses, es exelusiva, y no puede afirmarse que en estos casos la jurisdicción de las cortes de distrito sea concurrente con la de.las cortes municipales.
    Id. — Injunction.—El injunction no es una acción que pueda confundirse con la demanda misma y que irremisiblemente deba seguir la misma suerte que ésta; el injunction es un remedio extraordinario y urgente para prevenir un per-juicio irreparable y como tal perjuicio puede resultar lo mismo en los asuntos de la competencia de las cortes municipales, que en aquellos que sean de la de las cortes de distrito, y como sólo éstas, y la Corte Suprema, tienen facultades para expedir mandamientos de injunction, es evidente que las cortes de dis-trito tienen competencia para expedir dichos mandamientos cualquiera que sea la cuantía de la cosa Reclamada en la demanda.
    Prueba Contradictoria — Apreciación de la Corte Inferior — Apelación.—En los casos de prueba contradictoria, la apreciación que de la misma hubiere hecho la corte inferior, debe ser aceptada por el tribunal de apelación.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Guzmán Benitez.

    Abogado del apelado: Sr. Díaz Navarro.

   El Jtjez Asociado Se. Figueras

emitió la opinión del tribunal.

En 22 de agosto de 1906 Tony Lowande, por medio del letrado Don José de Guzmán Benítez, presentó una demanda ante la Corte de Distrito de San Juan contra Manuel A. Gar-cía y los Sres. Otero y Ca. alegando el demandante:

Primero. Cierto contrato celebrado con Manuel A. Gar-cía por el cual se obligaron á facilitarse mutuamente ciertas películas, para exhibirlas en sus respectivos cinematógrafos, especialmente y con preferencia á otra la titulada “Casa-miento del Rey de España.”

Segundo. Que-el demandante cumplió por su parte el com-promiso establecido y no lo cumplió en toda su integridad el demandado Manuel A. García, toda vez que no le remitió con ■el fin indicado la película anteriormente nombrada, y por el contrario, se la envió á los Sres. Otero y Ca. para su exhibi-ción, cansándole esto grave perjuicio.

. Tercero. Que estos señores, teniendo coñocimiento del con-trato celebrado con Manuel A. García, aceptaron esa película, •anunciaron su exhibición y se proponían exhibirla en la noche ■del 22 de agqsto de 1906, fecha de la demanda.

Con esos antecedentes, como esenciales, concluyó el deman-dante Tony Lowande, solicitando que se dictare sentencia condenando á Manuel A. García á entregarle la película titu-lada “Casamiento del Rey de España,” para exhibirla en su •cinematógrafo, con preferencia á los Sres. Otero y Ca. y á todo otro empresario análogo, toda vez qne indebida é ilegal-mente se la entregó á dichos Sres. Otero y Ca., que al propio tiempo se ordene á éstos que se abstengan de exhibirla, porque sobre el uso de ella tiene el demandante derecho preferente y que se condenase á ambas partes demandadas al pago de las costas.

En la misma fecha citada y antes de ser citados los de-mandados, ó sea el 22 de agosto de 1906, Tony Lowande, fun-dado en la anterior demanda y en los graves perjuicios que se le causarían solicitó que, previa fianza, se expidiese una orden de injunction contra los Sres. Otero y Ca. y Manuel A. G-arcía para que, mientras dura este pleito y desde el momento en que se practicare el requerimiento, se abstuviesen de exhibir y de permitir que por otros se exhiba en el cinematógrafo de dichos demandados Otero y Ca. que funciona en San Juan, ni en ningún otro, la película titulada “Casamiento del Eey de España,” que dichos señores tienen en esta fecha en su poder, según lo refiere y expresa la demanda, con las demás preven-ciones del caso.

Se prestó una fianza y se expidió el mandamiento de injunction.

Los Sres. Otero y Ca., por medio del letrado Don Herminio Díaz Navarro, fundados en la propia demanda de Tony Lo-wande, en una declaración jurada y en la sección 10 de la Ley de 8 de marzo de 1906, solicitaron en 23 de agosto de dicho año, que se revocase, disolviese ó dejase sin efecto el injunction con costas á Lowande y con reserva de derechos para hacer efectivos en la fianza prestada los daños y perjuicios que les ha causado con su temerario proceder.

En la declaración jurada á que nos hemos referido, expresa Don Manuel Otero, como representante de los Sres. Otero y Ca., que la película “Casamiento del Eey de España” la com-praron los Sres. Otero y Ca. á Don Federico Vidal en 98 dollars, que es su justo valor, cuyo, precio se lo entregaron al vendedor en el acto de la compra y que en ese momento ni el declarante, ni sus representados tenían conocimiento del con-trato que se dice en la demanda celebrado entre Tony Lo-wande y Manuel A. García y que aunque lo hubieran sabido no hubieran tenido reparo alguno en comprarla, toda vez que no la adquirían ni adquirieron del Sr. García y sí del Sr. Vidal.

La corte de San Juan en 31 de agosto de 1906, tomando en consideración las alegaciones de las partes, las pruebas y los informes, resuelve que el demandante no tenía derecho al injunction que pidió y obtuvo contra los demandados y en su yirtud lo declara disuelto, cesando la prohibición á Otero y Ca. y á Manuel García de exhibir en sus cinematógrafos ó en cualquiera otros, la película “Casamiento del Rey Alfonso XIII,” ordenando, además, que el demandante pague las cos-tas con reserva á los demandados de sus derechos en conse-cuencia de esta resolución y que se devuelva á los Sres. Otero y Oa. la película que en poder del secretario depositaron.

El demandante Tony Lowande pidió al juez que redac-tase la opinión qne fundamentaba la anterior sentencia y en 16 de noviembre de 1906 la redactó consignando como razón primordial el hecho de que la película cuya entrega se re-clama, no vale más de 98 dollars y por este motivo debía anu-larse la orden de injunction, porque no es este asunto de la competencia de la corte de distrito y sí de la corte municipal, y según la vigente ley sobre injunctions sólo pueden expedirlos la Corte Suprema y las de distrito para hacer efectiva su jurisdicción.

Contra la resolución disolviendo ó anulando el injunction, interpuso Tony Lowande recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Aquí se ha presentado el récord con una exposición de hechos aprobada por el juez, y de ella resulta que declararon multitud de testigos, que se presentaron, telegramas, cartas, recibo y un requerimiento notarial á Otero y Oa. para que se abstuvieran de exhibir la película “Casamiento del Rey de España.” •

El apelante presentó su alegato y los dos abogados ya citados informaron oralmente en el acto de la vista.

De modo, que eii primer término, se presenta á nuestra con-sideración el punto siguiente:

¿Es admisible la razón que expone el Juez de la Corte de Distrito de San Juan como fundamento para anular ó disol-ver el injunction preliminar que libró, ó sea la falta de juris-dicción por la cuantía de la película, cuyo valor no excede de 98 dollars?

Hay que distinguir entre la demanda presentada y la soli-citud de injunction.

Es indudable que el juez de la corte de distrito no tiene jurisdicción para conocer de la demanda en cuanto á Otero y Oa., por estar ya demostrado de modo que no deja lugar á dudas que se le reclama la entrega de cosa que no excede de '98 dollars, sin que sea eficaz la alegación de que sólo se re-clama el uso de esa cosa, porque no podemos llegar á presumir que el valor del uso de una cosa sea superior al valor de la cosa misma.

La sección' 4a. de la ley para reorganizar el sistema judicial de Puerto Rico aprobada en 10 de marzo de 1904 dice:

‘ ‘ Que los jueces municipales tendrán. jurisdicción en todos los asuntos civiles que se promuevan en su distrito liasta la suma de quinientos dollars, intereses inclusive, etc.”

La palabra “todos” empleada en la ley parece demostrar que cuando se trata de la cuantía que dicha ley señala, la jurisdicción originaria de las cortes municipales es exclusiva y, por consiguiente, no puede afirmarse en estos casos que la jurisdicción de las cortes de distrito sea concurrente con la de las cortes municipales.

El criterio unánime que sobre este punto han seguido las ■cortes de la Isla, los abogados y las partes que ejercitan sus derechos, revela de modo claro que esa y no otra es' la inter-pretación racional del precepto citado.

Pero si pensamos para resolver este punto en nuestro de-recho procesal histórico, tenemos que el artículo 714 de la .antigua Ley de Enjuiciamiento Civil determinaba que los jueces municipales eran los únicos competentes para conocer en juicio verbal de toda demanda, cuyo interés no excediese de 1,000 pesetas. Desde ese interés en adelante sólo podían conocer originariamente los jueces de primera instancia.

El artículo 54 de la misma ley limitaba la prorrogación de la jurisdicción civil á juez ó tribunal que por razón de la ma-teria, de la cantidad objeto clél pleito y de la jerarquía que tuvieran en el orden judicial, podían conocer del asunto que ante él se propusiese.

Vino luego la Orden G-eneral No. 118 de 15 de agosto de 1899 que organizó y reguló las funciones de los tribunales de justicia de la Isla.

En el artículo 26 determinó que los jueces municipales conocerían de toda cuestión entre partes, cuyo interés no exce-diese de 400 pesos oro americano.

En el artículo 47 dijo, toda cuestión civil entre partes, cuyo interés exceda de 400 pesos oro americano será trami-tada y resuelta ante la corte de distrito respectiva.

Y en el artículo 49 previno que en estos casos la demanda se presentase ante la corte de distrito.

Luego aquí también se ve claro que nunca hubo jurisdic-ción originaria concurrente en las cortes de distrito para conocer con los jueces municipales de asuntos, cuya cuantía fuera inferior á 1,000 pesetas y á 400 pesos oro americano.

Creemos, repetimos, que boy tampoco la tienen originaria las cortes de distrito para conocer con los jueces municipales de demandas en cantidad que no exceda de 500 dollars con sus intereses inclusive.

Dedúcese de todo esto que la Corte de Distrito de San Juan no tuvo competencia para conocer de la demanda de Tony Lowande, en cuanto á Otero y Ca.

¿Pero la tuvo para conocer del injunction¶ Indudable-mente que sí.

¿Pudo disolverlo ó anularlo bajo el fundamento de no tener jurisdicción por la cuantía de la película? Indudablemente ■que' no.

Luego, por ese solo fundamento no podría sostenerse la resolución apelada.

El injunction no es una acción que pueda confundirse con la demanda misma y que irremisiblemente deban seguir am-bas la misma suerte.

El injunction es un remedio extraordinario y urgente para prevenir un perjuicio irreparable.

Ese perjuicio lo mismo puede venir en asunto de la com-petencia del juez municipal que en aquellos de la competencia de las cortes de distrito.

Pero como, según la ley aprobada en 8 de marzo de 1906, sección 2a, sólo la Corte Suprema ó cualquier juez de la misma para hacer efectiva su jurisdicción y los jueces de las cortes de distrito en todos los casos en que tales mandamientos sean procedentes pueden librarlos, resultaría que con la limitación por la cuantía quedarían perjudicados todos aquéllos que sus demandas fueran de la competencia de los jueces municipales, porque'éstos no están autorizados para librar los mandamien-tos de inju/nction. Esto seiúa un privilegio irritante para los que sus reclamaciones fueran de la competencia de las cortes de distrito. Esto no puede ser; donde hay un perjuicio debe haber el remedio del injunction, cualquiera que sea la cuantía de la cosa reclamada.

Los jueces de las cortes de distrito sólo deben fijarse, se-gún la ley, en la procedencia ó improcedencia del remedio del injunction sin atender á la jurisdicción por la cuantía.

' También se fundó el juez de la Corte de Distrito de San Juan para disolver ó anular el injunction preliminar, en que “la prueba demostró que si bien Otero y Ca. tenían algún conocimiento del contrato entre Lowande y Manuel A. García, no podía afirmarse que ellos sabían el contrato en toda su extensión, ni que conocían las cláusulas ó estipulaciones del mismo y especialmente el tiempo de su duración, para poder decir, en caso de que hubieran comprado tal película á Manuel García, que les constaba la vigencia del contrato y que á sabiendas trataba Otero y Ca. de perjudicar á Lowande, confabulándose para esto con García. La prueba también demostró, dice el juez, que la película la compraron Otero y Ca. por medio de su representante en Cayey, á persona dis-tinta de García, y que la trajo á San Juan un señor nombrado Vidal, que recibió el importe de Otero y Ca., y que firmó el recibo de venta. De modo que la película en cuestión no apa-rece comprada á Manuel A. García, sino á persona distinta,”

Y esto mismo resulta de la relación de liecbos que en forma legal se lia presentado.

El abogado de la parte apelante afirmó en el acto de la vista que la prueba fue .contradictoria, pero aún en este caso debe sostenerse la resolución del juez ante quien se desarrolló toda la prueba por ser el único que pudo penetrarse de la verdad dentro de la contradicción. Este es el criterio más sano que debe aceptarse por un tribunal de apelación y así se estableció en el caso de la Sucesión de Iglesias v. Gorgonio de Bolívar y Alvarez, fallado en 12 de diciembre de 1906, con la opinión del Juez Sr. Wolf.

De modo que sólo por las razones que de la prueba nacen, debe confirmarse la sentencia que en 31 de agosto de 1906 dictó la Corte de Distrito de San Juan, anulando ó disolviendo el injunction preliminar librado en este caso y deben impo-nerse las costas del recurso á la parte apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández y MacLeary.

El Juez Asociado Sr. Wolf también concurrió expresando separadamente los fundamentos de su voto.

VOTO CON CURRENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SB. WOLE.

En el presente caso se presentó una demanda y después una solicitud interesando un injunction. Después de un exa-men de la ley organizando el sistema judicial de la Isla, así .como la práctica que existía bajo el gobierno español y la organización militar, me lie convencido ele que la corte de dis-trito no puede tener -jurisdicción original en casos en que la suma en cuestión es'menor de quinientos dollars. No sucede lo mismo en los casos en que un recurso como el injunction ó el mandamus ha sido especialmente puestd bajo la facultad de la cort,e dé distrito. Tal jurisdicción no ha. sido conferida á lás cortes municipales siendo las cortes de distrito las más in-feriores para conocer de una solicitud interesando un injunction. Cuando el objeto de la demanda es conseguir un auto de injunction puede la corte de distrito en un caso, debido tener jurisdicción aún cuando la suma en cuestión fuera menor de $500. Pero no sucede lo mismo cuando el objeto principal de la demanda va dirigido á otro fin y el injunction es un mero incidente de la demanda y ha sido presentado separadamente de la demanda. En tal caso si la corte no tiene jurisdicción para conocer de la demanda principal el defecto de jurisdic-ción, se extiende á todos los incidentes de lá misma. Un liti-gante puede fácilmente evitar este impedimento, haciendo que el injunction sea el objeto de la' demanda. Puesto que la corte inferior resolvió que no tenía jurisdicción y disolvió el injunction, y como estoy de acuerdo con la mayoría de la corte en la consideración que ha hecho de la prueba, estoy conforme con la sentencia.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas

text:
    El Pueblo v. Gallart et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guayama.
    No. 71.
    Resuelto en mayo 3, 1907.
    Apelación — Pliego be Excepciones — Relación de Hechos — Errores -Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apa-reciendo de los autos que se hubiera cometido algún error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Delito Contra la Justicia Pública — Pena.—La circunstancia de haberse im-puesto al acusado pena de cárcel solamente,- cuando la ley señala la de multa y cárcel por la infracción del artículo 137 del Código Penal, no deb.e ser motivo para agravar la situación del reo, en la apelación, ni puede producir tampoco la nulidad de la sentencia, pues lejos de perjudicar, favorece, tal error, los derechos del acusado.

      Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueeas

emitió la opinión del tribunal.

Este caso empezó por denuncia jurada y presentada ante el juez de paz de Salinas en la que el Policía Insular José H. Beyes expresó “que el día 15 de octubre de 1906, y en el po-blado “Coquí,” correspondiente al distrito judicial municipal de Guayama, José Gallardo, y otros más, le habían impe-dido el arresto de Luis Colón y de Juan J. Benvenntti, dando voces de “que no se arresten, y otras por el estilo, agarrando á dicho guardia por los brazos al extremo de que tuvo que hacer uso de la fuerza para arrestar á dichos acusados.”

Celebrado el juicio en la Corte de Distrito de Guayama se les declaró culpables y el 16 de enero de 1907 se condenó á José Gallart ó Gallardo á la pena de un mes de arresto, y á José Contreras á la de seis meses que deberán sufrir en la cárcel común del distrito y al pago de costas por iguales partes

Aunque fueron condenados otros cinco individuos más, sólo Gallart ó Gallardo y Contreras establecieron recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

Pero no se ha presentado pliego de excepciones, ni exposi-ción de hechos y ni siquiera han comparecido ante esta corte y por tal razón el fiscal de la misma solicita la confirmación del fallo apelado.

Debe advertirse que se les ha condenado por infracción del artículo 137 del Código Penal y á pesár de que la pena en él señalada es conjunta de multa máxima de cinco, mil dollars y cárcel por término máximo de un año, sólo se les ha impuesto la de cárcel.

Yo creo que en un recurso de apelación'no debe agravarse la situación del reo.

Además, el artículo 461 del Código de Enjuiciamiento Criminal, dice:

“Ni el hecho de seperarse de la forma prescrita por este Código para cualquier alegación ó procedimiento, ni el de que éste adolezca de algún error ó equivocación, bastará para invalidarlo, á menos que real y efectivamente haya perjudicado al acusado ó tienda á perjudi-carle en cuanto á algún derecho sustancial.”

T aquí lejos de eso han salido los apelantes favorecidos con la sentencia. Por esto al presentar el caso en apelación en la forma en que lo han hecho, descubren claramente el propósito único de retardar el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

No hay razón para revocar ni modificar el fallo apelado, y por tanto debe confirmarse con las costas del recurso á los apelantes.

Confirmada.

''' Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-biados, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. MacLeáRy

text:
    El Pueblo v. Díaz.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 70.
    Resuelto en mayo 6, 1907.
    JVCulta — Prisión Subsidiaria por Defecto de Pago de Multa. — La prisión sub-sidiaria que se imponga al acusado por defecto de pago de la multa á que 1'' haya sido condenado por la corte de distrito, no debe exceder de .un día poi-cada dollar que dejare de satisfacer.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. MacLeáRy

emitió la opinion del tribunal.

El apelante fue procesado y declarado culpable en la Corte de Distrito de Mayagüez por el delito de portar armas prohi-"bielas. La sentencia lleva fecha de 23 de enero de -1907. La pena impuesta fue la de multa de $25. La apelación fue debi-damente establecida en el mismo día,'fijándose la fianza en $500.

En 8 de marzo se presentaron en esta corte las transcrip-ciones de autos, celebrándose la vista el día 2 de mayo sin que compareciera á dicho acto la representación del apelante.

No hay en los autos pliego de excepciones ni exposición de hechos, no encontrando en ellos error fundamental alguno excepto que la prisión alternativa en los casos en que no se paga la multa debe ser veinte y cinco días en vez de sesenta días, según ha dicho el tribunal sentenciador. El estatuto en la sección 322 del Código de Enjuiciamiento Criminal prescribe que la prisión que la corte de distrito ha de decretar, en caso de que no se pague una multa, no debe exceder de un día por cada dollar de multa, siendo en este caso la multa de veinte y cinco dollars; de ahí que la prisión alternativa no debe exceder de veinte y cinco días. Esto ha sido resuelto por esta corte en el caso de habeas corpus presentado por Guadalupe Andino en 22 de mayo de 1905, á cuyo caso se hace referencia.

Con esta modificación, debe confirmarse la sentencia ape-^a<^a"

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Asocia-dos, Hernández,\ Figueras y Wolf.


text:
    El Pueblo v. Aranda.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 65.
    Resuelto en mayo 8, 1907.
    Denuncia — Requisitos—Lugar en que se Cometiera el Delito. — Las formali-dades á que debe ajustarse una denuncia son menos rigurosas que las que se exigen para una acusación, y si en aquella no se especifica el lugar en que se cometiera el delito, pero indica que fué cometido dentro del distrito judicial de la corte municipal en que dicha denuncia se presentara, ésta es suficiente, aunque sería mejor práctica especificar el sitio exacto en que se cometió el delito.
    Id. — La Denuncia no Tiene que Estar Firmada por el Fiscal. — Aunque es necesario que la acusación esté firmada por el fiscal, no hay precepto alguno que exija esto mismo con respecto á la denuncia, la que puede formularse por medio de declaración jurada del querellante, ó de la autoridad ó funcionario que hubiere arrestado al acusado.
    Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes — Alevosía.—El acto ejecutado por el acusado al disparar tres tiros de su revólver contra el denunciante es suficiente para calificar el delito de acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, y la concurrencia ó falta de alevosía por parte del acusado no influye para nada en la calificación del delito ó en la imposición de la pena.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. López Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wolf

emitió la opinión del tribunal.

La siguiente acusación fué presentada contra José Aranda Massó en el distrito municipal de Caguas:

“En la corte municipal del distrito judicial municipal de Ca-guas. — Estados Unidos de América. — El Presidente de los Estados Unidos, ss. — El Pueblo de Puerto Rico v. José Aranda Massó. — No. 618. — En la ciudad de Caguas á '26 de noviembre de 1906, ante, mí Pedro Yergne de la Concha, juez municipal, compareció Rafael San Millán, Teniente de la Policía Insular, vecino de Caguas, y después de prestar juramento en forma legal, dijo: que establece la presente querella á nombre del Pueblo de Puerto Rico contra José Aranda Massó, vecino del barrio de * * * por el delito dd acometimiento, cometido el 26 de noviembre en el distrito judicial de esta corte, en la. siguiente forma: que el acusado como á las 10 y 45 p. m., de la noche anterior, alevosamente acometió al ciudadano Gerardo Martí, dispa-rándole tres tiros con un revólver. Son testigos de este hecho Clemen-te Aponte, Josefa Martí, Nicolasa Bruno, y Carmen, Martí. Firmado Rafael San Millán, Teniente Policía Insular. Jurada y suscrita ante mí hoy 26 de noviembre de 1906. — José Molina, Juez de Paz Instructor. ’ ’

Se estableció apelación ante la Corte ele Distrito de Huma-cao, en cuya corte el abogado del acusado hiz'o una moción, solicitando la desestimación del caso, antes de qne se presen-tara alguna prueba, fundando dicha moción en el hecho de que °no constaba que el delito por el cual se denunciaba al acusado hubiese sido cometido en la jurisdicción de la corte de Caguas. Esta moción fué desestimada por la corte. Sería una práctica mejor el que la denuncia especificara el verdadero sitio en que el delito se cometió, particularmente porque la jurisdicción de la corte municipal situada en Caguas incluye á Caguas y Aguas Buenas, según la ley sobre Organización Judicial de marzo 10, 1904.

Sin embargo, el articulo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal, en su párrafo 4 revela que una acusación es sufi-ciente si de ella puede venirse en conocimiento de que el delito fué cometido en algún lugar dentro de la jurisdicción de' la corte. Aún menos detalles se exigen para las denuncias que para las acusaciones, y solamente se haría un esfuerzo soli-citando el sobreseimiento de una causa, 'criando en la denuncia se ve que el delito fué cometido dentro del distrito judicial de dicha corte municipal. La corte de distrito procedió correcta-mente al desestimar la moción.- Después el abogado del acu-sado solicitó en otra moción el sobreseimiento del caso, fun-dando su petición en la “forma y validez” de la denuncia. Esta moción fué desestimada por la corte, y terminado el juicio, el acusado fué condenado á sufrir año y medio de pri-sión en la cárcel del distrito, y al pago de una multa de tres-cientos dollars y las costas. -

En la apelación ante este tribunal el abogado del apelante alega que además ■ del error cometido por la corte desesti-mando su primera moción, la denuncia no expresaba de una manera clara y distinta la alevosía con que el acto había sido realizado.

Opinamos con el fiscal en que el hecho de que el delito se haya efectuado con alevosía ó sin ella, no efecta en la cali-ficación del mismo, ni en la imposición de la pena, siendo sufi-ciente el hecho de que el acusado disparara tres tiros de su revólver para calificarlo ele acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes.

Otra objeción formulada por el apelante es que la denuncia' no fué firmada por el fiscal. Si bien es cierto que este requi-sito es necesario en las acusaciones, no bay ley alguna que lo exija en las denuncias. '

El artículo 22 del Código de Enjuiciamiento Criminal, según ba sido enmendado por la ley de 12 de marzo de 1903, dice entre otras cosas, que una denuncia puede formularse por medio de declaración jurada del querellante, (prosecuting witness), ó por la autoridad ó funcionario que arreste al acusado, como sucedió en el presente caso.

Ninguno de los beebos del caso ban sido presentados ante este tribunal por medio de un pliego de excepciones, y no ■encontrando error alguno en los autos, ordenamos la confir-mación de la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres! Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Pigueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas,

text:
    El Pueblo v. Colón.
    ApelaoióN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.

      No. 73.
    Resuelto en mayo 11, 1907.
    Apelación. — Pliego de Excepciones. — Relación de Hechos. — Errores Mani-fiestos.' — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apareciendo de los autos que se hubiera cometido error que justifique la revo-cación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Suspensión del Juicio. — Si no constaren de la .transcripción de autos las razones que sirvieran de fundamento á una moción de la defensa solicitando la sus-pensión del juicio, debe presumirse que la resolución denegatoria está ajus-tada á la ley, y no hay términos hábiles para impugnarla en apelación.
    Los beebos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Figueeas,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Rogelio Colón, contra sentencia de la Corte de Distrito de Guayama que le condenó por el delito de seducción á la pena, de ciento cincuenta dollars de multa ó en su defecto á ciento cincuenta días de cárcel, que sufrirá en la de aquél distrito, y al pago de las costas.

El apelante fué acusado debidamente por el delito de que se ba hecho mérito, cometido del modo siguiente:

“El citado Rogelio Colón, en la noche del 10 de junio de 1906, en Santa Isabel, bajo y por virtud de una promesa de matrimonio, sedujo á la Srta. Mercedes Daroca Yélez, te-niendo actos carnales con ella, quien hasta entonces era pura. ’ ’

El acusado alegó que era inocente y solicitó ser juzgado por el tribunal de derecho. Celebrado el juicio, la corte des-pués de oir la acusación, la contestación del acusado, la prueba documental propuesta por el fiscal, la testifical de ambas par-tes y los informes,- lo declaró culpable el 20 de' diciémbre de 1906 y el 22 de dicho mes, como nada se alegase en contra del pronunciamiento de la sentencia, la dictó en los términos que se dejan expuestos.

No hay pliego de excepciones, ni exposición de hechos, ni siquiera se ha hecho ante esta Corte Suprema alegación al-guna por parte del recurrente.

Aparece del récord una excepción 'tomada á consecuencia de la resolución de la corte negando la suspensión del juicio, pero como no constan las razones en que se fundó la moción de la defensa, debe presumirse que la resolución denegatoria está ajustada á la ley.

Como se vé no se ha planteado problema jurídico á resolver, ni del récord aparece motivo alguno que aconseje la revo-cación ó modificación de la sentencia apelada y, por consi-guiente, debe confirmarse, porque siendo la pena impuesta tan insignificante, se vé claro que el único propósito del recurrente es' retardar el cumplimiento de la sentencia condenatoria.

Confirmada

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado 'Se. MacLeary

text:
    El Pueblo v. Delannoy.
    Apelación procedente de la Corte de. Distrito de Guayama.
    No. 74.
    Resuelto en mayo 11, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones. — Relación de Hechos — Ekbores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apa-reciendo de los autos que se hubiera cometido error que justifique la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado 'Se. MacLeary

emitió la opinion del tribunal.

La presente es una apelación interpuesta contra una sen-tencia dictada -por la Corte de Distrito de Guayama en 17 de diciembre de 1906, por la que fué declarado el demandado culpable del delito de homicidio voluntario, y condenado á cinco años de reclusión en el presidio departamental.

Interpuso apelación para ante este tribunal y después de las demoras usuales y necesarias, se celebró el juicio.el día 10 del presente mes.

La acusación fué debidamente hecha é iüiputaba al acu-sado el delito de asesinato en segundo grado, por haber dado muerte á Aniceto Figueroa. De un examen cuidadoso del récord no resulta ningún error fundamental. No aparece en el récord ni pliego de excepciones, relación de los hechos, ni alegato del abogado defensor. No se pronunció ningún argu-mento oral á su favor en el acto del juicio en esta corte.

En este estado de los hechos, es claro que de acuerdo con la sentencia de esta corte en el caso del Pueblo de Puerto Pico v. Marcelino Ramírez, resuelto en 29 de abril del presente año, y otros casos anteriores á aquél, esta sentencia debe con-firmarse en todas sus partes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, Figueras y Wolf.