text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor M. Garay y Luis Calderón Cora, acusados y apelantes.

      Número: CR-76-12

      Resuelto: 7 de septiembre de 1976

      Benigno Alicea Alicea, abogado de los apelantes; Miriam Na-veira de Rodón, Procuradora General, y Federico Cedo Alza-mora, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

Héctor M. Garay y Luis Calderón Cora asesi-naron a un joven de 19 años que se divertía con un grupo de muchachos y muchachas de su edad en una discoteca de Isla Verde. El grupo había salido junto de la Urbanización Torri-mar a despedir a unos amigos venezolanos. En la discoteca se encontraban los apelantes con otros muchachos agrupados alrededor de una vellonera. Estos adoptaron contra aquéllos una actitud insolente y ofensiva, molestando y faltándple el respeto a las muchachas del otro grupo. Las insolencias y abusos de los apelantes obligaron al otro grupo a retirarse. Ya fuera de la discoteca, Garay insistió en su conducta insolen-te provocando una pelea en que los apelantes y su grupo gol-pearon al otro grupo con vasos, cuchillas y cachiporras. Garay y Calderón persiguieron a uno de los jóvenes de nombre Alfredo Torres Richardson acorralándolo en una isleta situada en el medio de la calle. Mientras Calderón lo aguantaba en el piso, Garay le enterró una cuchilla de alrededor de cinco pul-gadas en el lado derecho del pecho que le interesó la aorta y le causó la muerte.

Los apelantes no presentaron prueba de defensa limitán-dose a impugnar el testimonio del testigo Juan Francisco Blanco quien fue el único testigo que declaró cómo ocurrió el asesinato. El jurado trajo un veredicto de asesinato en primer grado contra ambos apelantes. No conforme nos piden que revoquemos el fallo condenatorio señalando como errores que la prueba fue insuficiente, que no debió habérsele dado crédito al testigo Blanco, que no se examinó al jurado sobre supuestas comunicaciones de extraños y que no se admitió en evidencia el informe del delito rendido por el agente Baha-monde.

Todos los apuntamientos son inmeritorios.

El examen detenido que hemos hecho de la transcripción de la prueba nos convence que todos los elementos constitutivos del delito de asesinato en primer grado fueron probados más allá de duda razonable. El perseguir a una persona de 90 libras de peso, indefensa, que cae al piso, y, mientras otro lo aguanta apuñalearle por el pecho, denota una intención deliberada de asesinar a un ser humano.

Los apelantes niegan valor probatorio al testimonio del testigo Blanco quien presenció el asesinato a un metro de distancia. Arguyen que dicho testigo incurrió en contradicciones e inconsistencias en su testimonio en sala y en la declara-ción jurada prestada ante el fiscal y ante los jueces que inter-vinieron en la determinación de causa probable para el arresto y la vista preliminar. Blanco explicó claramente su inconsis-tencia explicando que hizo la declaración jurada ante el fiscal bajo amenaza de los acusados. El jurado lo vio y oyó declarar tanto en el examen directo como en el extenso con-trainterrogatorio a que lo sometió la defensa. También tuvo el beneficio del informe final de la defensa. En el ejercicio de su discreción el jurado dirimió las contradicciones de su testi-monio y le dio crédito-. No hemos encontrado justificación alguna en el récord que nos permita intervenir con su deter-minación.

-Se quejan los apelantes de que el tribunal de instancia no examinó al jurado sobre supuestas comunicaciones de extraños. No tienen razón.

Según surge del récord, en la vista celebrada el 14 de agosto de 1973, la defensa trajo a la atención del tribunal que una persona que no conocía se le había acercado en aparente estado de embriaguez y le había increpado por estar “defen-diendo unas ratas como esas.” (5 T.E. pág. 3.) El tribunal inquirió a la defensa cuál era su planteamiento para resol-verlo, asegurándole a los apelantes que ordenaría una inves-tigación si se trajera alguna scintilla de evidencia de que al-guien estaba tratando de influir al jurado. Invitó a la defensa a que hiciera claramente su planteamiento pero ésta lo re-chazó expresando:

“Sr. Abogado:
Nosotros aceptamos esa sugerencia, Vuestro Honor, debido a que nosotros tenemos dudas sobre si verdaderamente las frases emitidas por esta dama el viernes son ciertas o no, de que cono-cía a cuatro de las damas en el jurado.” (5 T.E. pág. 8.)

Inmediatamente el tribunal instruyó -al jurado con las siguientes palabras:

Les hago esta introducción para ahora bajo el juramento que ustedes prestaron para hacer la justicia que el caso este merece —yo les he dicho todas las tardes cuando terminamos que si al-guien se atreve a acercárceles a ustedes en alguna forma, uste-des vienen en la obligación legal y moral de informar de ello al Tribunal y yo confiando en su honestidad — les pregunto a ustedes sin temor de clase alguna, si alguien en alguna forma, alguien, quien quiera que sea, se ha acercado a ustedes en alguna forma; bien por telegrama, por carta, llamadas telefónicas o personal-mente a hablarles de este caso.
Señores del Jurado:
(Gesto negativo)
Hon. Juez:
Ustedes le aseguran al Fiscal, le aseguran al Juez, le aseguran a la Defensa y a los acusados que nadie, absolutamente nadie se les ha acercado, alguien le ha hecho una llamada telefónica aunque sea anónima, alguien; si han recibido alguna llamada aunque sea anónima en relación con este proceso ?
Señores del Jurado:
(Gesto negativo)
Hon. Juez:
Ustedes le aseguran eso al Tribunal ?
Señores del Jurado:
(Gesto afirmativo)
Hon. Juez:
El Fiscal quiere hacerle alguna pregunta ?
Hon. Fiscal:
Ninguna.
Hon. Juez:
La Defensa tiene alguna pregunta?
Sr. Abogado:
Ninguna, Vuestro Honor. (5 T.E. págs. 11-13.)

Al día siguiente la defensa volvió a repetir su plantea-miento esta vez identificando a la dama que lo había increpado con el nombre de Irma Toro, empleada de Fuentes Fluviales. (5 T.E. pág. 57.) En vista de que el día anterior el tribunal había inquirido al jurado sobre el asunto, no consideró propio hacer ninguna investigación adicional. No se cometió el error señalado.

No incidió el tribunal de instancia al no admitir como prueba el informe de delito rendido por el agente Bahamonde. La información contenida en dicho informe era claramente de referencia.

Se dictará sentencia confirmando la recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Luz María Marrero Reyes, demandante y apelada, v. Héctor García Ramírez y Otros, demandados y apelantes.

      Número: O-76-60

      Resuelto: 9 de septiembre de 1976

      Raúl Aponte Sánchez, abogado de los apelantes; Luis F. Abren Elias, abogado de la apelada.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La madre de una niña nacida en marzo de 1963 instó recurso de Mbeas corpus ante el Tribunal Superior contra los abuelos maternos y el padre de la menor para recobrar su custodia. La menor es la tercera de cinco hijos habidos en el primer matrimonio de la demandante apelada.

Los abuelos han criado a la menor desde que ésta contaba año y medio de edad, cuando la niña contrajo tuberculosis no pulmonar y se le envió a casa de ellos. Los abuelos se trasla-daron de San Juan a Santa Cruz, Islas Vírgenes, varios meses después, ya recuperada la niña. Los abuelos y la niña han re-sidido ininterrumpidamente en Santa Cruz desde entonces.

Unos años más tarde, en 1968, los padres de la menor se divorciaron. Por estipulación de las partes en dicho pleito, dos hijos quedaron bajo la custodia de la madre, quien especi-ficó que se trasladaría de Puerto Rico a España para con-tinuar sus estudios en medicina; el esposo, aquí codemandado, domiciliado en Puerto Rico, retuvo la custodia provisional de otros dos; y la custodia provisional de la menor objeto de la actual controversia se confió a la abuela materna, “con domi-cilio establecido en Santa Cruz, Islas Vírgenes”, según se expresó en el decreto del tribunal puertorriqueño que entendió en el asunto.

La madre regresó a Puerto Rico en abril de 1972. Poco más tarde, su ex-esposo le hizo entrega a ella de los dos hijos confiados a su custodia. El 20 de junio de 1975, luego de gestiones informales infructuosas, la madre instó un recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Superior de Puerto Rico para que los abuelos le devolviesen la custodia de su hija.

El informe de la trabajadora social revela que la menor prefiere vivir con sus abuelos; que considera a su madre, pa-drastro y hermanos más bien como amigos; que le gusta venir a Puerto Rico de paseo por unos dias, pero no a quedarse definitivamente. La trabajadora social estima que de extraerse a la niña del hogar que considera suyo -desde la infancia no le sería fácil la adaptación ya que no se siente parte de la familia. La madre admite que los abuelos quieren mucho a su hija, que la tratan bien y que le proveen todo lo que ella necesita en el aspecto material, mas le preocupa que la niña piense que ella la abandonó y que no luchó por su custodia. Del informe de la trabajadora social se desprende que las con-diciones del hogar e ingresos del hogar materno son también enteramente adecuados.

Los abuelos impugnaron desde el comienzo de este pleito la jurisdicción del los tribunales de Puerto Rico para entender en este asunto por razón de que su domicilio radica en Santa Cruz. El Tribunal Superior se declaró con jurisdicción y resol-vió que la custodia de la menor le corresponde a la madre. Dis-puso, no obstante, que la entrega permanente debía ocurrir después de un período de readaptación de cinco meses, en que la menor viniese a Puerto Rico en fines de semanas alternos. De esta sentencia es que se recurre por la abuela.

Hay cuatro problemas centrales, entre otros de orden subsidiario, que estos hechos plantean: 1) ¿Tienen juris-dicción los tribunales de Puerto Rico para resolver este caso? 2) Aun de tener jurisdicción, ¿debe ésta ejercerse? 3) De exis-tir jurisdicción y de no haber razón para rehusar su ejerci-ció, ¿cuál es la ley aplicable, la de Puerto Rico o la de las Islas Vírgenes? 4) De aplicarse la ley puertorriqueña, ¿qué reglas deben regir la concesión de la custodia en este litigio?

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La cuestión jurisdiccional.

Se han propuesto muchas teorías sobre las normas juris-diccionales que deben regir estos casos. El pensamiento sobre el particular se distingue, excepto en algunas expresiones re-cientes, por la búsqueda de un principio básico que mágica-mente resuelva de modo uniforme la extraordinaria variedad de circunstancias que entrañan las disputas sobre guarda de menores. El objetivo es intachable. La certeza en las rela-ciones humanas representa sin duda un alto valor. Desde hace algún tiempo va creciendo la sospecha, no obstante, que la persecución de ese valor puede resultar en perjuicio' de intere-ses más altos; que lo que se ha intentado hacer con intención tan noble monta en gran medida tan solo a querer darle caza al unicornio.

Repasemos las teorías principales. La antigua boga de la teoría del domicilio del menor, tan ardientemente defen-dida por Beale y adoptada en la primera reformulación del derecho norteamericano — 2 Beale, Conflict of Laws, 717; Rest. Conflicts (Io), secs. 117, 148 — ilustra la dificultad a que nos referimos. Como base única o aun primordial para resolver el problema de jurisdicción es enteramente inaceptable. Rest. Conflicts (2o), sec. 99; Ehrenzweing, A Treatise on the Conflict of Laws 281 (1962). Según expresamos en Pratt v. Reuter, 79 D.P.R. 972-973 (1957), “Puede decirse que en la actualidad, la doctrina y la jurisprudencia se niegan a acep-tar que el domicilio del menor es la única base de jurisdicción sobre su persona.”

Otra teoría sostiene que la jurisdicción debe basarse estric-tamente en la existencia de jurisdicción in personam sobre los litigantes o sobre el niño. También se rechaza hoy general-mente la jurisdicción in personam como base exclusiva para determinar la facultad del foro para fallos sobre la guarda de menores. Stumberg, The Status of Children in the Conflict of Laws, 8 U. Chi. L. Rev. 42, 54-55 (1940).

Otra tesis propugna que el foro apropiado es el sitio donde habitualmente resida el menor. Kenner v. Kenner, 201 S.W. 779 (Tenn. 1917); Shechey v. Shechey, 186 A.2d 1 (N.H. 1986). Tampoco se le reconoce hoy como fundamento juris-diccional exclusivo. Clark, The Law of Domestic Relations in the United States, 1968, pág. 321.

En varios países civilistas se le da especial énfasis a la nacionalidad del niño. Silving, Nationality in Comparative Law, 5 Am. J. Comp. L. 410 (1956); 1 Rabel, The Conflict of Laws — A Comparative Study, 2a ed. 1958, 109 y ss.; Nuss-baum, Rise and Decline of the Law of Nations Doctrine in the Conflict of Laws, 42 Col. L. Rev. 189 (1942). Leflar estima que en Estados Unidos se le debe dar peso también, y que de hecho se le da, a este factor. Leflar, American Conflicts Law, ed. rev., 1968, págs. 46-47. Existe, no obstante, fuerte base para sostener que la nacionalidad per se no con-fiere jurisdicción sobre la persona, Verplaetse, Derecho Inter-nacional Privado, Madrid, 1854, pág. 630 y ss. Cheshire, Private International Law, 7a ed., 1965, Londres, pág. 555, pero debemos detenernos un tanto a considerar la teoría de la na-cionalidad, en vista de su importancia para aclarar el rol del Art. 9 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 9, en este género de controversias.

En España y Alemania, por ejemplo, la nacionalidad juega un papel distinto que el que le asignan algunos otros países donde rige el derecho civil. En Alemania se distingue claramente entre el problema de la existencia o no de juris-dicción y la cuestión conflictual sustantiva de definir la ley aplicable. B.G.B. sec. 1635; 1 Rabel, op. cit. 574. Igual sucede en España, donde generalmente se estima que el derecho pro-cesal internacional no pertenece strictu semu al derecho in-ternacional privado. Verplaetse, op. cit. 631, 638, 639, 676. Para que exista jurisdicción sobre la persona es usualmente necesario que se den los requisitos del Art. 51 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Guasp, Comentarios a la Ley de En-juiciamiento Civil, tomo 1, 2a ed. 1948, Madrid, págs. 280-285, si bien la situación no es enteramente clara en cuestiones de custodia. La nacionalidad, sin embargo, no se considera en varios países civilistas el factor exclusivo, o aun ni siquiera el decisivo en materia de guarda legal. 1 Rabel, op. cit. 574 y ss.

Las dificultades que a veces se denotan en el uso de la nacionalidad de otros criterios como base de jurisdicción se aminoran o disuelven si nos cuidamos de separar escrupulosa-mente el problema de la existencia de jurisdicción de la cues-tión de si debe ejercerse ésta en determinado caso. En este sentido no es imprescindible despojar la nacionalidad o la ciudadanía de todo peso al considerar el problema de la exis-tencia de jurisdicción. Estimamos que tiene cierto valor como norma conflíctual procesal, como un factor no exclusivo para el análisis de la cuestión jurisdiccional. Del otro lado, las inconveniencias que pueden resultar fácilmente de su uso, así como del uso de otros factores antes discutidos, pueden miti-garse mediante el establecimiento de reglas que fomenten el ejercicio mesurado y sabio de la jurisdicción de que se dis-frute. Más adelante nos referiremos a ciertas interrogantes particulares que plantea el texto del Art. 9 de nuestro Código Civil.

En las últimas décadas, ante esta proliferación de enfoques a través de largos años, han estado ocurriendo diversos desa-rrollos de interés. En primer término, se ha reconocido que no existe un fundamento jurisdiccional único, aunque se han dado esfuerzos para lograr un consenso al efecto. La tarea actual se concentra en intentar enumerar distintas bases en que se pueda asentar la jurisdicción separadamente y en lu-char porque se logre la máxima prudencia en el ejercicio de la jurisdicción de que se disfrute. En segundo lugar, la juris-prudencia y la doctrina se han estado reconciliando creciente-mente al hecho, consecuencia inevitable de lo anterior, que en muchos casos de custodia ocurre que varios tribunales poseen jurisdicción concurrente. Esto de nuevo realza la importancia de ir creando normas que regulen el ejercicio de la jurisdic-ción. En último término, se han estado revalorizando los in-tereses que respaldan varias de las teorías discutidas con la consecuencia de que se postula hoy como interés máximo un interés distinto al que antes animaba éste y otros problemas de guarda de menores. Este último desarrollo ha motivado la creación de una nueva doctrina que ha llevado a la ampliación de las posibles bases jurisdiccionales.

La nueva doctrina se remonta de hecho a más de tres dé-cadas. Stumberg la formuló vigorosamente en un artículo que tuvo honda repercusión en la doctrina y jurisprudencia nor-teamericana. Stumberg, The Status of Children in the Conflict of Laws, 8 U. Chi. L. Rev. 42 (1940). Stumberg distin-guía, como deben distinguirse, los casos de custodia de los referentes a asuntos estrictamente de divorcio, filiación y adopción. Los asuntos de guarda de menores representaban para él una categoría sui generis. A su juicio, al resolver estos casos, incluso el problema jurisdiccional, “el juzgador no se debe guiar tanto por fórmulas legalistas como por considera-ciones que atañan esencialmente los intereses del menor.” (A la pág. 55.) Stansbury expande la tesis y postula expresa-mente el principio de que “un tribunal de cualquier estado que posea un interés sustancial en el bienestar del niño o en la preservación de la unidad familiar de que forma parte tiene jurisdicción para. determinar su custodia, y esta juris-dicción puede existir en dos o más estados al mismo tiempo.” Stansbury, Custody and Maintenance Law Across State Lines, 10 Law & Contem. Prob. 818, 831-832 (1944). Stansbury influye en la posición del juez Traynor en Sampsell v. Superior Court, 197 P.2d 739 (Cal. 1948), decisión que tuvo gran im-pacto en otros tribunales y comentaristas, Currie, Selected Essays on the Conflict of Laws, Duke Univ. Press., 1963, pág. 675 y ss.

La influencia directa de Sampsell en la segunda reformu-laeión del derecho norteamericano se acepta expresamente por sus autores. Rest. Conflict (2o), sec. 79, pág. 240. El prin-cipio enunciado por Stansbury se reduce considerablemente, no obstante, en esta segunda reformulación, ya que tan solo se reconoce la existencia de jurisdicción para determinar la cus-todia de un menor cuando éste tenga su domicilio en el estado donde se instiga el pleito; o cuando el menor esté físicamente presente en dicho estado; o cuando, de no darse las condiciones anteriores, la controversia es entre dos o más personas que están individualmente sujetas a la jurisdicción del estado. Loe. cit.

En la introducción a la Ley Uniforme sobre Custodia de Menores, West, 1973, 9 U.L.A. 99 y ss., se señala que “La tendencia judicial es permitir los litigios sobre custodia en casi cualquier estado, no importa lo pasajero del contacto entre el foro escogido y el menor y su familia, sin que se preste gran atención a normas conflictuales específicas.” (A la pág. 100.) Véanse también: Leñar, American Conflicts Law, 1968, págs. 585-586 y Leñar, 1967 Annual Survey of American Law, Conflict of Laws 26 (1968). La Ley Uniforme intenta impri-mirle debido orden a esta tendencia para que no se desembo-que en una discreción ilimitada. Al mismo fin se dirige la segunda parte de esta opinión, aunque por camino distinto, pero más amplio, de modo que pueda atenderse un mayor número de situaciones en campo de tal complejidad.

Respecto a cambios sufridos en otros países, véanse: Castro-Rial Canosa, El Convenio de la Haya sobre Protección de Menores, 14 Rev. Esp. de Derecho Internacional 11 (1961); Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo 5, vol. 1, 8a ed. rev., 1960, Madrid, 702 y ss. y Puig Brutau, Funda-mentos de Derecho Civil, tomo 4, vol. 1, 1967, Barcelona, 194 y ss.

Diversos tribunales y autores han ido aún más lejos que la segunda reformulación del derecho norteamericano, admi-tiendo como base jurisdiccional el hecho de que un solo liti-gante y no necesariamente todos tengan su domicilio en el estado. Clark, The Law of Domestic Relations in the United States, 1968, págs. 319, 321.

Opinamos, a la luz de las consideraciones anteriores, que el interés primario que debe gobernar el análisis de variadas facetas de estos casos exige que se adopte la regla más abarcadora posible sobre el aspecto jurisdiccional, sujeto a las salvaguardas que se formulan en la segunda parte de esta opinión. Resolvemos a tal efecto que los tribunales de Puerto Rico tienen jurisdicción para entender en casos de custodia en cualquiera de las situaciones siguientes: 1) cuando se posee jurisdicción in personam sobre todos los litigantes o aun sobre una sola de las partes; 2) cuando el menor está domiciliado en Puerto Rico; 3) cuando el menor está físicamente presente o tiene su residencia habitual en Puerto Rico; y 4) cuando el menor es ciudadano o nacional de Puerto Rico. Resolvemos, además, que el hecho de que exista jurisdicción para juzgar un asunto de guarda de menores no justifica de por sí su ejercicio, a menos que las normas que se expresan en la segunda parte de esta opinión revelen que Puerto Rico constituye un foro apropiado a tales fines en las circunstancias específicas de que se trate.

De lo anterior se desprende que existe base jurisdiccional adecuada para resolver este caso en Puerto Rico. Hay juris-dicción in personam al menos sobre la parte recurrida y, bajo la regla de Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346 (1975), aun sobre todas las partes litigantes, si es que se atiende al hecho que el decreto original de custodia se dictó por el propio Tribunal Superior de Puerto Rico. Dada la exis-tencia de este fundamento jurisdiccional, es innecesario resolver dónde radica el domicilio de la menor, así como el asunto de si es ciudadana o nacional de Puerto Rico.

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El ejercicio de la jurisdicción.

Los tribunales debemos sopesar diversos factores para determinar si, aun gozando de jurisdicción, debemos abstenernos de ejercerla. Entre ellos debemos enumerar los siguientes : la suficiencia de la información disponible para aquilatar debidamente los hechos y formar juicio sobre el impacto del decreto que se dicte sobre la personalidad y el bienestar del menor; la sustancialidad de los contactos del foro con la controversia; el grado a que el ejercicio de jurisdicción pueda desalentar la multiplicación y prolongación de controversias sobre el asunto y contribuir a crear la estabilidad necesaria; el punto a que se tienda, como se debe tender, a evitar el secuestro unilateral de menores para fines de obtener un decreto de custodia; y el extremo en que se facilite el mayor respeto posible a las determinaciones de otros estados, así como del propio foro.

El proceso es delicado. Entre los objetivos que deben per-seguirse principalmente se cuentan el logro de la mayor uni-formidad posible y el desarrollo de la máxima deferencia a las determinaciones de otros países y estados.. Sobre toda otra consideración reina, no obstante, el interés en la salud afec-tiva, el buen cuido y el bienestar general del menor. De ahí que es enteramente posible que ciertos factores inviten a invo-car' la doctrina de forum non conveniens, pero que el peso de otros aconsejen el ejercicio de jurisdicción.

En ciertos casos el análisis puede resultar muy sencillo. Si la única base de la jurisdicción, por ejemplo, es la regla de Medina, o la sumisión al foro de uno solo de los litigantes, pero se carece de datos adecuados o confiables para conceder o denegar la custodia; y el menor no está presente; y todos los litigantes tienen su domicilio fuera de Puerto Rico; y no hay otros contactos con el foro que los expresados; y todo indica que emitir juicio sobre la custodia difícilmente vaya a estabi-lizar la situación de modo verdaderamente duradero, la posi-ción más prudente del tribunal es abstenerse de ejercer su jurisdicción. Igual sucede bajo circunstancias parecidas si el único hilo que atase los tribunales puertorriqueños al caso fuese la ciudadanía o nacionalidad del menor.

Consideramos que en el caso actual 1st balanza decidida-mente se inclina a favor del ejercicio de jurisdicción. Si bien es cierto que los abuelos y la niña viven en Islas Vírgenes, se cuenta con amplia información sobre las condiciones que reúnen ambos hogares y la actitud de la menor. Se entrevistó a la niña en Puerto Rico, se conocen sus sentimientos sobre el problema y se visitó el hogar de la madre. No pudo la trabaja-dora social trasladarse a Santa Cruz, pero la madre admite que la niña recibe cariño y buen cuido por parte de los abue-los, a pesar de que el abuelo es inválido y la madre considera que la abuela es “seca, autoritaria y dominante.” La prolonga-ción de esta controversia, que de por sí tiene que ser pertur-badora para una niña en la crítica edad de trece años, es tam-bién altamente indeseable, prolongación que inevitablemente ocurriría si tienen que iniciarse nuevos procedimientos en las Islas Vírgenes. El bienestar de la menor exige que se intente resolver esta situación prontamente y del modo menos trau-mático posible. De lograrse esto último — lo cual está necesa-riamente vinculado en- cierta medida, como cuestión de rea-lidad, a la que finalmente se disponga sobre la custodia — las probabilidades son altas de que el sistema judicial de las Islas Vírgenes rehúse ejercer la jurisdicción concurrente que clara-mente tiene sobre este asunto. Adviértase, por último, la variedad de contactos que Puerto Rico tiene con este problema de cutodia: los padres de la niña — sin que tengamos que re-ferirnos a la condición de los abuelos y la niña — son puerto-rriqueños; la demandante recurrida y el padre codemandado residen aquí; también los. hermanos de la niña; la madre tiene su hogar en Puerto Rico, hogar que de no declararse ahora el hogar principal de la menor es de todos modos un hogar que a ella le gusta visitar y que, de faltarle los abuelos en edad temprana, se convertiría entonces en su único hogar. En las circunstancias señaladas, no se vulnera la deferencia debida a los tribunales de otra jurisdicción al entenderse en el fondo del caso.

III

La ley aplicable.

El Art. 9 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 9, citado anteriormente, deriva del Art. 9 del Código Civil Es-pañol. Mientras que el Art. 9 del Código Civil Español disponía, no obstante, que “Las leyes relativas a los derechos y deberes de la familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los españoles, aunque residan en país extranjero.”, nuestro código se limitó desde 1902 a expresar que tales leyes obligaban “a los ciudadanos de Puerto Rico.” Tal parece que la Asamblea Legislativa con-sideró prudente o jurídicamente inevitable soslayar el uso de términos que pudiesen dar base a argumentar la existencia de una nacionalidad puertorriqueña como tal. A tal efecto se suprimieron de nuestro Código Civil, contrario a las recomen-daciones de la Comisión Codificadora de 1902, los Arts. 17(a), 18 y 20 del antiguo Código Civil Español, que establecen, entre otros, el principio de que es español todo aquél que sea hijo de padre o madre españoles, aunque na-cieren fuera de España y que tal condición subsiste hasta tanto se renuncie la nacionalidad o se le despoje de ella bajo las disposiciones de los Arts. 22 y 23. En su lugar se insertó un artículo, el número 10 del Código Político de 1902, 1 L.P.R.A. see. 7, disponiendo que “Son ciudadanos de Puerto Rico: 1. Toda persona nacida en Puerto Rico y sujeta a su jurisdicción. 2. Toda persona nacida fuera de Puerto Rico que sea ciudadano de los Estados Unidos y resida dentro del terri-torio. 3....” A tono con las corrientes político-constitucionales que afectaban el clima de aquellos viejos tiempos, se estaba intentando claramente sustituir el concepto de la nacionalidad por la ciudadanía al modo territorial norteamericano.

La fundación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952 plantea serios problemas constitucionales. ¿Subsisten los conceptos que determinaron la acción de la Asamblea Le-gislativa en 1902, en contra de las recomendaciones de la propia Comisión Codificadora y aun antes de que se decidiese el núcleo de los Casos Insulares, o existe base jurídica hoy para reclamar, sin que se vulneren los vínculos de la asocia-ción creada, como tampoco sus términos, la existencia de una nacionalidad puertorriqueña que le haya impartido nuevo con-tenido al Art. 9 o haya establecido una nueva base para la determinación de la ley aplicable en este género de casos?

No es necesario que formulemos juicio sobre estas complicadas cuestiones, sin embargo, pues la ley aplicable a este caso es identifiable en forma menos ardua. En el pleito actual se ha objetado la jurisdicción de los tribunales de Puerto Rico, pero en momento alguno se ha argumentado que la ley aplicable es la de las Islas Vírgenes ni se ha desfilado prueba sobre la naturaleza de dicha ley. En tales circunstancias debe presumirse que la ley extranjera es idéntica a la local. Esteves v. Registrador, 43 D.P.R. 7, 9 (1932). Véase la opinión concurrente de 30 de enero de 1976 en Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R. 609 (1976). Aun cuando adoptemos el criterio de que no es necesario traer prueba de la ley extranjera, encontramos que la ley de Islas Vírgenes es igual a la nuestra. In the Matter of Hutchins, 8 V.I. 181 (1971).

IV

Determinación de la custodia.

Es doctrina sentada en Puerto Rico que las determinaciones sobre custodia deben guiarse principalmente por el bienestar y los mejores intereses del menor. Rodríguez v. Gerena, 75 D.P.R. 900 (1954); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961). Véanse también las Leyes Núm. 99 y 100 de 1976. Varios comentaristas y tribunales estadounidenses y españoles han adoptado también esta posición de avanzada. Clark, The Law of Domestic Relations in the United States, 1968, pág. 591 y ss.; Giacopelli v. Florence Crittenton Home, 158 N.E.2d 613 (Ill. 1959); People ex rel. Edwards v. Livingston, 247 N.E.2d 417 (Ill. 1969); Notes and Comments— The Rights of Foster Parents to the Children in Their Care, 50 Chi.-Kent L. Rev. 86 (1973); Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, tomo 4, vol. 1, 1967, Barcelona, pág. 194 y ss.; Sentencia de 26 de enero de 1974, 41 Repertorio de Jurisprudencia, ed. Aranzadi, Núm. 261, pág. 190; Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo 5, vol. 1, 8a ed. rev. 1960, Madrid, pág. 702 y ss. Nuestra jurisprudencia no acepta la regla mecánica de que los padres biológicos deben prevalecer siempre. N.N.N. v. N.N.N., 95 D.P.R. 291 (1967); Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241 (1921). Al mismo efecto: State ex rel. Nelson v. Whaley, 75 N.W.2d 786 (Minn. 1956). Ni siquiera se suscribe en este foro la doctrina de Mississippi y otros pocos estados al efecto de establecer una presunción a favor de los padres biológicos que tenga que refutarse por los padres psicológicos. Note, Child Custody — Rebutting the Presumption of Parental Preference, 43 Miss. L.J. 247 (1972). Tampoco gobierna el campo de la guarda de menores el con-cepto de la patria potestad. Rodríguez v. Torres, 80 D.P.R. 778, 780 (1958). La consideración preeminente en Puerto Rico es promover el máximo bienestar del menor, aunque es natural que se le asigne considerable valor al vínculo biológico al evaluar los diversos factores que deben analizarse en estos casos.

Para determinar qué tipo de decreto puede redundar en el mejor interés del menor deben examinarse, entre otros, los siguientes factores: la preferencia del menor, su sexo, edad y salud mental y física; el cariño que puede brindársele por las partes en controversia; la habilidad de las partes para satisfacer debidamente las necesidades afectivas, morales y económicas del menor; el grado de ajuste del menor al hogar, la escuela y la comunidad en que vive; la interrelación del menor con las partes, sus hermanos y otros miembros de la familia; y la salud psíquica de todas las partes. Oster, Custody Proceedings: a Study of Vague and Indefinite Standards, 5 J. Fam. L. 21, 22 (1965); Clark, op. cit., 591 y ss.; Taylor, Child Custody Problems in Illinois, 521, 522, n. 3 (1975); Calloso, Custody of the Child and the Uniform Marriage and Divorce Act, 18 S. Dak. L. Rev. 551 (1973). Véanse: Bermudez v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 825 (1969); Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961); Rodríguez v. Torres, 80 D.P.R. 778 (1958). Ningún factor es de por sí decisivo. Hay que sopesarlos todos para juzgar de qué lado se inclina la ba-lanza y al menos aproximarse al logro de la solución más justa en asunto de tan extrema dificultad.

En el caso presente se trata por fortuna de dos excelentes hogares y de partes capacitadas y maduras, que quieren hondamente a la menor y que por todo ello es de esperarse que puedan unir su inteligencia y esfuerzo para librar a la niña a la brevedad posible de la ansiedad y zozobra que usualmente generan estos litigios. Las condiciones morales y económicas de ambos hogares son también óptimas. La menor ha expre-sado, no obstante, que prefiere continuar residiendo habitual-mente en las Islas Vírgenes, aunque disfruta sus visitas al hogar de la madre. Sus nexos familiares, escolares y comu-nales psicológicamente más estrechos son con las Islas Vír-genes. A los trece años, cuenta con edad suficiente para for-mar juicio confiable sobre sus preferencias. Las necesidades afectivas de la menor requieren reconocidamente a su edad la mayor estabilidad ambiental posible en su desarrollo. Estu-dios psiquiátricos y jurídicos recientes recalcan la importan-cia, para el desarrollo psicológico adecuado de la menor, de que se mantenga en lo posible su relación con el adulto que la ha cuidado y que ha satisfecho sus requerimientos emociona-les. Goldstein, Freud, Solnit, Beyond the Best Interest of the Child, 1973; Note, Increasing the Rights of Foster Parents, 36 Pitts. L. Rev. 715 (1975); Alternatives to “Parented Right” in Child Custody Disputes Involving Third Parties, 73 Yale L.J. 151 (1963). Para una amplia discusión de este principio, véase también la opinión disidente en Rosell v. Meléndez, 101 D.P.R. 329, 330-356 (1973). Para que ocurra un cambio vital en dicha relación debe haber sucedido un cam-bio suficiente en la calidad del cuido que se haya estado reci-biendo o la existencia de otro riesgo análogo para el menor. Colón v. Meléndez, 87 D.P.R. 442 (1963); N.N.N. v. N.N.N., 95 D.P.R. 291 (1976); Taylor, Child Custody Problems in Illinois, 24 De Paul L. Rev. 521, 527-528 (1974). Es posible, además, en este caso, formular un decreto que, sin sacrificar el interés de la menor, propenda también al bienestar de los adultos en controversia.

Antes de formularlo, no obstante, debe reafirmarse el estado de ley en Puerto Rico respecto al argumento de que la mayor edad o la edad avanzada de quien cuide de un menor debe mover siempre a decidir por fuerza a favor del reclamante biológico. En N.N.N. v. N.N.N., supra, rehusamos despojar a la abuela materna, a quien le restaban diez años de vida según el tribunal de instancia, de la custodia de un menor de cuatro años a quien había criado desde que nació.

El análisis que precede revela que lo más prudente en este caso es mantener básicamente inalterada la concesión de cus-todia que se hizo originalmente en 1968 como parte del divor-cio de los padres. La abuela retendrá la custodia, mas, del otro lado, en debida armonización de los intereses envueltos, la madre tendrá derecho a que su hija visite su hogar un fin de semana al mes y la mitad de todas las vacaciones escolares de que disfrute la niña. La distribución de dichas mitades du-rante el primer año a partir de esta sentencia la efectuará la abuela si es que no se hace, como debe hacerse, de mutuo acuerdo, correspondiéndole el segundo a la madre y así sucesi-vamente. La madre y su familia tendrán derecho, además, a visitar a la menor en Islas Vírgenes cuantas veces deseen. Las partes podrán por mutuo acuerdo alterar las fechas y dura-ción de estas visitas.

El tribunal, por último, exhorta a las partes a cooperar continuamente entre sí para que la menor, en vez de tener que vivir la angustia de hallarse entre dos partes en enten-dible, pero dañina competencia por su afecto, disfrute la for-tuna de dos buenos hogares donde se le quiere tan entrañable-mente. La abuela deberá cooperar para que se fortalezcan los lazos afectivos entre la niña y su familia en Puerto Rico. La madre sin duda comprenderá la importancia de no debilitar los lazos emocionales de la menor con sus abuelos. De la armonía y la abnegación de las partes, más de lo que pueda hacerse en ley, es que en realidad depende el bienestar de la menor.

Se revocará en consecuencia la sentencia recurrida y se procederá conforme a los términos de esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Martín y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

       Estos eran tíos biológicos y padres adoptivos de la madre apelada.

      Otra cuestión, por ejemplo, suscitada por la parte es la alegada improcedencia del recurso de hábeas corpus en casos de guarda de menores. No le asiste razón. Pratt v. Reuter, 79 D.P.R. 962 (1957); Chabert v. Sánchez, 29 D.P.R. 241 (1921); Babá v. Rodríguez, 36 D.P.R. 502 (1927).

       El Art. 9 dispone: “Las leyes relativas a los derechos y deberes de familia, o al estado, condición y capacidad legal de las personas, obligan a los ciudadanos de Puerto Rico, aunque residan en países extranjeros.”

      Cardozo la había anticipado parcialmente en Finlay v. Finlay, 148 N.E. 624 (N.Y. 1925).

      Esta Ley Uniforme se ha adoptado hasta ahora en siete estados.

       La cláusula de entera fe y crédito no juega un rol de importancia en estos casos. Kovacs v. Brewer, 356 U.S. 604 (1958); New York ex rel. Halvey v. Halvey, 330 U.S. 610 (1947); Bergen v. Bergen, 8 V.I. 336, 439 F.2d 1008 (3d Cir. 1971); In the Matter of Hutchins, 8 V.I. 181 (1971); Perrin v. Perrin, 7 V.I. 21 (3d Cir. 1969); De Pinto v. Pinto, 6 V.I. 179 (D.V.I. 1976); Bodenheimer, The Uniform Child Custody Jurisdiction Act: a Legislative Remedy for Children Caught in the Conflict of Laws, 22 Vand. L. Rev. 1207 (1969).

      Este artículo sufre enmiendas en virtud de la Ley de Bases de 17 de marzo de 1973 que no cabe discutir aquí. Para una discusión de estas enmiendas, véase: 1 Castán, op. cit, 11a ed., 1975, pág. 631 y ss.

      En el Art. 25 del proyecto de Código Civil de esta Comisión se disponía que eran ciudadanos de Puerto Rico los nacidos aquí o los hijos de padres ciudadanos de Puerto Rico. No se exigía de éstos que estuviesen sujetos a la jurisdicción. Informe de la Comisión Codificadora de Puerto Rico, tomo 1, San Juan, 1902.

      Los Arts. 17 al 27 del Código Civil Español se revisan el 15 de julio de 1954, pero se mantienen normas básicamente similares a las antes vigentes. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, tomo 1, 7a ed. rev., 1956, págs. 294-316 y 335-338.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Rolando Valdés Molina, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Santurce Realty, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-75-236

      Resuelto: 9 de septiembre de 1976

      Géigel, Silva, Soler Fa-vale y Arroyo, abogados de la recurrente; Roberto Avila Rivera y Guillermo Avila. Medina, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Para el 1967 Rolando Valdés Molina operaba dos estudios de fotografía bajo el nombre de Habana Artistic Studio. Uno de los negocios estaba localizado en el número 1672 de la Avenida Ponce de León en Santurce. El otro en el Bayamón Shopping Center en Bayamón. Santurce Realty era la arren-dadora del local de Bayamón. Aunque Valdés residía perma-nentemente en Miami venía a Puerto Rico con frecuencia para ver cómo éstos marchaban.

Debido a que se habían dejado de satisfacer los cánones de arrendamiento del local de Bayamón correspondientes a los meses de mayo a diciembre de 1967, Santurce Realty pre-sentó acción en cobro de dinero contra Rolando Valdés recla-mando $3,200.00.

Como medida de aseguramiento de sentencia, Santurce Realty procedió a embargar bienes del deudor. El 18 de diciembre de 1967 Juan F. Méndez Jaime, Alguacil Auxiliar y José Antonio Burgos, depositario judicial seleccionado por el embargante, se personaron en el local de la Habana Artistic en Santurce y tomaron posesión del equipo mueble de foto-grafía y de oficina que allí se encontraba. Burgos cerró la puerta de entrada del local con una cadena y un candado que había traído consigo. Igualmente hicieron en el local de Baya-món ese mismo día.

Mediante moción de 29 de diciembre de 1967 Valdés so-licitó del Tribunal Superior se le entregara la llave de los dos locales. La orden de entrega de llaves proveyó sola-mente para el local de la Avenida Ponce de León.

El 14 de febrero de 1968 se dictó sentencia declarando con lugar la demanda por falta de pago interpuesta por Santurce Realty contra Valdés. El 16 de abril de 1968 se llevó a cabo la subasta de los bienes embargados, los cuales fueron adjudicados a Lawrence Kogan, representante de la embargante, por $3,000.

Poco antes, el 29 de marzo de 1968, Valdés había radi-cado demanda en daños y perjuicios contra Santurce Realty reclamando $150,000 por daños que se le había causado con el cierre de los locales. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, Luis A. Juan, Juez, declaró con lugar la demanda or-denando a la demandada a pagar al demandante $225,000. El tribunal de instancia hizo claro “que el ‘issue’ envuelto, según se desprende de nuestras Conclusiones de Derecho, no es si el embargo fue legal o ilegal, por cuanto surge de los documentos ofrecidos en evidencia que el mismo fue legal, sino, si el cierre de los locales por parte del aquí demandado fue una actuación razonable o en las mismas se eccedió [sic] en sus facultades.” Accedimos a revisar.

La recurrente Santurce Realty sostiene que la forma en que el embargo fue llevado a cabo fue legal. Argumenta que aunque los bienes embargados no estaban fuertemente adheri-dos a los locales, en este caso concurrieron circunstancias especiales que justificaron el cierre de los negocios. Estas razones se reducían a que el depositario judical no tenía un lugar en donde poner la mercancía embargada ni personal para sacarla de los locales, debido a que el embargo se llevó a cabo a las once de la mañana.

No le asiste razón a la recurrente.

En Fresh-O-Baking v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509 (1975), establecimos:

“Usualmente el alguacil y el depositario designado están lla-mados a realizar el embargo con sujeción a los bienes meneiona-dos en el señalamiento y orden, careciendo ambos de facultad para tomarse la iniciativa de ordenar el cierre de un local. Sólo una orden expresa del tribunal o aquella implícita que recono-cemos emana cuando los bienes en cuestión están adheridos al mismo y cuya remoción razonablemente causaría deterioro y daños, o implica el que se tenga que incurrir en gastos sustan-ciales desproporcionados a la reclamación, constituyen las ex-cepciones a tal regla, pues la eficacia de la providencia judicial requiere la clausura del local para evitar que el demandado tenga acceso y posesión de los bienes objeto del embargo, ha-ciendo fútil e inoperante el embargo: Carlo v. Corte, supra, págs. 896-897.”

La relación que el Alguacil hiciera de los bienes embargados demuestra que todos eran bienes muebles sus-ceptibles de ser removidos de los locales. La supuesta carencia de almacén y personal para sacar los bienes embargados no justifican el cierre de los locales. Ver Carlo v. Corte, 58 D.P.R. 889 (1941). Sin embargo la compensación concedida por los sufrimientos del demandante con motivo del cierre de los locales — $30,000—nos parece excesiva. Una indemnización de $3,000 es suficiente.

Durante el cierre de los negocios aparentemente se quedaron encerrados los libros de cuentas. El Tribunal Superior, tomando en consideración las cuentas por cobrar de 1966, concedió $150,000 por cuentas dejadas de cobrar debido al cierre de los locales.

La prueba presentada por Valdés para apoyar esa canti-dad de cuentas dejadas de cobrar fue vaga y especulativa. El testimonio de José Ramón Pedrogo, contable de los negocios de Valdés, declaró que para el 1967, año en que los negocios fueron cerrados, no se había hecho informe financiero al-guno. El último informe cubrió desde enero de 1966 hasta agosto de ese mismo año. En forma imprecisa expresó: “Para mí [las cuentas] cobrables era no menos de $150,000.” La declaración de Valdés sobre este particular también fue especulativa.

Consideramos que la cantidad por cuentas por cobrar fue concedida indebidamente. Uno de los locales (el de Santurce) estuvo cerrado más o menos once días y el otro como tres meses. Luego de este término en que estuvieron cerrados los locales, Vaidés pudo haber sacado los libros y cobrar las cuentas. También pudo haber solicitado del tribunal una orden para sacar los libros de cuentas ya que éstos no consti-tuían materia embargada. Ver Fresh-O-Baking, supra.

También se impugna la determinación del tribunal que concedió a Valdés $45,000 como daños por una compraventa que no pudo llevarse a cabo por el cierre de los locales.

Según Valdés, Francisco Pagés había convenido comprar los negocios de Valdés pagando $45,000 por ellos. Pagés daría a Valdés $15,000 de pronto y el remanente en plazos mensua-les de $1,000 hasta el total pago de lo pactado. Al conocer del cierre el comprador se retiró de la relación.

Es de dudosa credibilidad que un negocio por una canti-dad tan considerable de dinero meramente se hiciera de una manera tan informal, siendo las partes unos comerciantes con vasta experiencia. No se había preparado ni firmado ningún documento que evidenciara la compraventa, ni se demostró la capacidad económica del supuesto comprador. Fácil hubiera sido de los $15,000 que el comprador entregaría de pronto, pagar el canon adeudado y continuar con el negocio en marcha. Procede la eliminación de esta partida.

Procede por lo expuesto modificar la sentencia recurrida eliminando todas sus partidas de daños, con excepción de la referente a cíanos morales que se reduce a $3,000.

Así modificada, se confirmará.

       La cantidad concedida en daños y perjuicios por el tribunal inferior se desglosa como sigue:
      (a) $ 45,000 — Por una compraventa de los negocios que no se pudo llevar a cabo por el cierre de los locales.
      (b) $150,000 — Por cuentas susceptibles de cobro que no pudieron ser cobradas al quedar encerradas en los locales.
      (c) $ 30,000 — Por angustias mentales.

      “Die. 18 de 1967.
      “Certifico que me personé a el negocio conocido por Habana Artistic Studios y procedí a embargar dichos bienes después de haberme mostrado el sr. Rolando Valdés Molina dueño y el sr. Salomón Bender depositario un documento de mandamiento de embargo en el caso 67-6239A. Gentleman Inc. vs. Habana Artistic Studio fue el embargo hecho por sr. All [sic] Millán Alg. Aux. el día 8 de Die. de 1967 — Ahora estoy embargando en el caso 67-6781 de Santurce Realty Inc. vs. Habana Artistic Studios hoy día 18 de Dic/68 hecho por el Alg. Aux. Juan F. Méndez Jaime — Cuando entré al negocio estaba abierto al público y entraba y salía persona haciendo negocio el día 18 de Die. de 1967 a las 11:10 AM
      1 caja Registradora Marca RCAllen #8810 serie 0041466 26 sillas de espera de madera y plástico
      2 silla secretarial jiratoria
      1 silla larga de caja Registradora (stool)
      1 sofá curvo de 4 pieza color crema-
      1 sofá color Brown
      1 sofá color Verde
      4 mesas de Esquinero
      2 mesas de centro
      2 mesas escritorio de madera y formica
      1 treepoli de cámara
      1 Lámpara del pelo
      7 Stand de hierro para poner fotografía
      4 Lámpara de techo colgada-
      1 Countel de Curva en madera y formica (firmado) José Antonio Burgos, Depositario 12-18-67
      1 Santos grande Caridad del Cobre

        7 Santos distintos Imágenes
      4 Bombillas de 8 pies
      2 Stand de poner cuadro de 10 pies de alto madera
      1 Cámara con Treepoli
      3 Lámparas con su treepoli
      1 Electronics serie 557 Serie 400
      1 Ampliadora Marca Omega serie 23446
      100 Ganchos de metal de revelar películas
      12 chasis de cargar películas
      1 máguina de secar negativo
      3 Emantadora de secar retratos
      24 Imágenes santos
      1 abanico marca Manning Bowman roto Electric
      1 Maquinilla Remington serie SPP-2-51-351
      1 Calculadora Marca Víctor sin serie
      1 file Supreme Steel Product Inc. de 6 gavetas 8 Pies alto
      1 Aire acondicionador marca Anmana
      1 aire acondicionador marea Scoriel
      1 file de 4 gavetas a un lado
      1 abanico de aire
      1 Stand de 5 tablillas de hierro
      70 Marco de madera para montar retrato y licencias
      1 Guillotina de cortar retrato de 12 pulgadas
      “Certifico que me personé a la Habana Artistic y levanté la mercancía que aparece en el Inventario y se le entregó al Sr. José Antonio Burgos hoy día 22 de Enero de 1968 la mercancía la recibió hoy Lunes 22 de enero de 1968 en presencia del sr. Salomon Bendet y el sr. Antonio Burgo firmó conforme al inventario. Santurce P.R.
      “(Fdo.) Sr. Luis P. Rivero Otero
      Alguacil General
      “Por
      Juan P. Méndez Jaime
      Alg. Aux.
      (Pdo.) Antonio Burgos Dávila*
      Depositario 1/22/68”
      * Nota del Compilador: Así aparece el texto en el original.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Artemio Rosario Rivera et al., demandantes y recurridos, v. Virgilio Ramos y Otro, demandados y recurrentes.

      Número: R-75-315

      Resuelto: 14 de septiembre de 1976

      Federico Torres Jiménez, abogado de los recurrentes; Roberto Buso Aboy y Raúl Tirado Rodríguez, abogados de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Un menor de 15 Vía años de edad fue contratado para hacer labor de replanteo de terreno operando una máquina pesada. Son hechos aceptados los que resume la parte re-currente así:

“Virgilio Ramos, hijo, contrata, desconociendo su minoría de edad, al menor Angel Antonio Rosario Torres para llevar a cabo un trabajo de ‘replanteo de terreno’ en una finca perteneciente a Cesáreo Santiago. El acceso al área de trabajo lo constituye un camino o tramo de terreno, hacia uno de cuyos lados se encuen-tra una jalda. En la jalda propiamente había un muro de conten-ción de bloques de concreto como medida preventiva contra el desprendimiento de terreno. El menor, conduciendo una máquina Trackcavator propiedad de Virgilio Ramos, transita sin proble-mas por el camino y llega al área de trabajo, donde opera la máquina por espacio de varias horas hasta terminar el trabajo. Luego de ello, el menor conduce la máquina por el referido ca-mino y al detener la marcha de la misma para conversar con unos muchachos, se desprende el terreno precipitándose la má-quina con el menor jalda abajo. Como consecuencia del descrito accidente, falleció Angel Antonio Rosario Torres el mismo día.
Más aún, aunque la cuestionada Sentencia guarda silencio al respecto en sus determinaciones, lo cierto es que los propios de-mandantes, mediante el testimonio de Virgilio Ramos, hijo, apor-taron evidencia en el sentido de que el trabajo relacionado con la muerte del .menor Angel Antonio Rosario fue gestionado para éste por su propio padre Artemio Rosario Rivera, uno de los demandantes, quien, según la prueba, prestaba servicios para Virgilio Ramos reparando equipo pesado y gestionando con-tratos en los que se utilizaba al menor fallecido como operador de equipo pesado.”

Toda vez que el patrono recurrente no estaba asegurado, los familiares del joven occiso instaron acción bajo el 1802 del Código Civil alegando en el párrafo 6o de su demanda que los codemandados “valiéndose de engaño, indujeron a éste a operar una máquina excavadora.” No resulta así de la sen-tencia ni de los hechos anteriormente reseñados. Las deter-minaciones de la sala de instancia sobre el particular com-primidas en dos párrafos informan:

“De que el fallecido era menor de edad, no háy duda. El menor fallecido había nacido el 4 de abril del 1957 y el accidente en que ocurre la muerte fue el 24 de septiembre de 1972, por lo que tenía 15 años de edad.
Aunque la evidencia indica, cierta precocidad de este menor, fumando y bebiendo ocasionalmente, y que dicho menor había trabajado con equipo pesado en trabajos varios, lo cierto es que aparentemente, tan pronto se descubría que era menor de edad, se le cesanteaba.”

Con esos hechos, el juez superior condenó al patrono a una indemnización de $45,000 más $2,000 de honorarios de aboga-do.

Si este joven era un operador diestro de equipo pesado a quien su propio padre le gestionaba tareas, y que aparentaba tener la edad apropiada al trabajo porque según la frase del juez había que descubrir la verdadera, el patrono recurrente bien pudo haber sido inducido a error como el de Silva,, infra, a la pág. 895. La norma de Silva en cuanto a las oportuni-dades del patrono para ser oído y defenderse tiene tanta vi-gencia en aquél como en el del caso de un patrono no ase-gurado.

En Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891 (1965), este Tribunal reconoció la manifestación engañosa como buena defensa de un patrono asegurado que contrata un menor. En aquel caso, como en el de autos, fue la conducta del padre del joven obrero lo que indujo al patrono a emplearlo; y al igual que en Silva, en el presente caso el menor era conocido como trabajador que había sido empleado por distintos patronos. No estimó justo este Tribunal que habiéndo tanto el menor como su padre inducido la bien fundada creencia de que tenía 18 años se beneficiaran de la acción civil por negligencia cuando ocurrido el accidente, se descubrió que el obrero no tenía la edad que aparentaba. Consideramos entonces que admitir tal demanda equivalía a permitirle a una persona ir contra sus propios actos (pág. 904) y en adición vulnerar la doctrina de equidad que repudia el enriquecimiento injusto, expresando que “. . . [e]s ésta [de enriquecimiento injusto] una doctrina o principio general de derecho que puede aplicarse a situaciones muy distintas entre sí, siempre y cuando tengan en común un elemento: el que de no aplicarse se perpetraría la inequidad de que alguien se enriqueciese injustamente en perjuicio de otro. Se trata de una doctrina general basada en la equidad, reconocida por el derecho de todos los países civilizados, que domina muchas re-laciones de derecho privado y cada día dominará más, susceptible de aplicación en múltiples casos que son imposibles de prever.” Págs. 897-898.

Una indemnización dentro de estas circunstancias, más que cumplir el fin social de reparar un daño, surtiría el inde-seable efecto de causar grave perjuicio económico a quien de buena fe confió en la representación que se le hizo. Cf. International General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871 (1976).

Hay una razón adicional que dicta la revocación de la sentencia condenando al pago de daños y perjuicios. La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. sec. 1 y ss.), en su Art. 2 limita su aplicación a los obreros y empleados “que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo . . . .” Los hechos resumidos al principio de esta opinión indican que el accidente fatal ocurrió después de terminado el trabajo cuando el operador de tractor ya de regreso se detuvo en el camino para conversar con unos muchachos. Por regla general accidentes que ocurren mientras se va o se regresa del trabajo no son compensables. Bacó v. Comisión Industrial, 52 D.P.R. 866 (1938); Atiles, Admor. v. Com. Industrial y Sucn. Alvarez, 73 D.P.R. 15 (1952). No obstante, al regular la responsabilidad del patrono no-asegurado instruye la citada Ley que cualquier obrero o empleado perjudicado o sus beneficiarios pueden proceder contra tal patrono ejercitando contra él una acción por daños y perjuicios, “lo mismo que si este Capítulo [Ley] no fuera aplicable” y añade que “[e]n tal procedimiento no constituirá defensa para el patrono que el obrero o empleado fue culpable de negligencia contributoria o que asumió el riesgo de la lesión o que la lesión fue causada por negligencia de un contratista o subcontratista independiente, a menos que el contratista o subcontratista independiente se hubiere asegurado con arreglo a las disposiciones de este Capítulo [y que] [n] o será válido ningún contrato celebrado entre un patrono y un obrero o empleado que se proponga permitir el uso de cualquiera de estas defensas.” 11 L.P.R.A. sec. 16. Interpretando esta disposición este Tribunal ha re-suelto que “la acción ante los tribunales, en cuanto a la negli-gencia del patrono, [queda] sujeta a las reglas generales que se aplican en las cortes a las acciones . . . [por daños y per-juicios] y no a las especiales de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo que debe considerarse a ese respecto ‘lo mismo que ... si no fuera aplicable.’ ” Castro v. Matrero, 54 D.P.R. 201, 207 (1939).

Las modificaciones que en el curso de su vigencia se han introducido a esta legislación social, son el mejor índice de que toda acción de daños contra un patrono no-asegurado debe satisfacer los requisitos de alegaciones y de prueba como una bajo el Art. 1802 del Código Civil. Al efecto encontra-mos que la actual Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo que es la Núm. 45 aprobada el 18 de abril de 1935 eliminó la presunción legal estatuida en la sec. 31 de la anterior Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo (Núm. 85 de 14 de mayo de 1928) que citamos: “Disponién-dose, que en tal acción se presumirá que el daño recibido por el empleado fue resultado directo y se debió a la negligencia del patrono, y el peso de la prueba descansará sobre el patrono para contrarrestar la presunción de negligencia.” Leyes de Puerto Rico, año 1928, pág. 669.

Contra este trasfondo hay que revisar la sentencia recurrida. La única negligencia imputada en la demanda a los demandados-recurrentes es que el “24 de septiembre de 1972, valiéndose de engaño, indujeron [al menor] a operar una máquina excavadora en un terreno aledaño a la carretera que conduce de Cayey a Guayama; terreno sumamente jaldoso que hace prácticamente imposible el tránsito de equipo pesado en el mismo y que ofrece un alto grado de peligrosidad.” (De-manda, párr. 6.) Las conclusiones del juez de instancia no sostienen tal alegación, pues descartan. todo elemento de en-gaño, o de dificultad para operar el tractor por condición del terreno, o la peligrosidad del mismo. Los demandantes, por tanto, no probaron negligencia alguna de los demandados que pueda trazarse como causa de la muerte del obrero, esencia de la acción de daños bajo el 1802. Pérez v. Santiago, 56 D.P.R. 763 (1940); Ojea v. Drug Co. of P.R., 40 D.P.R. 652, 653 (1930); Pueblo v. Pereira, 49 D.P.R. 891, 895 (1936). La acción de daños y perjuicios del obrero ante los tribunales está sujeta a las reglas generales que se aplican en las cortes a las acciones de tal naturaleza y no a las especiales de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo que debe con-siderarse a ese respecto “lo mismo que ... si no fuera apli-cable.” Castro v. Marrero, (1939) supra, a la pág. 207.

Estas exigencias de alegaciones y prueba del Art. 1802 no varían porque sea menor la víctima del accidente. No se de-claró presunción de negligencia para el acto de emplear un menor de 18 años de edad “en una ocupación peligrosa o per-judicial a su vida, salud, educación, seguridad y bienestar, cuando dicho peligro o perjuicio sea así determinado mediante reglamento por la [Junta para Determinar las Ocupaciones Peligrosas para Menores]” al reglamentar sobre esta mate-ria por Ley Núm. 230 aprobada el 12 de mayo de 1942 (29 L.P.R.A. sec. 448). Esta legislación es de exclusivo carácter penal y sanciona sus infracciones como delito menos grave (29 L.P.R.A. sec. 449). El concepto de negligencia per se por emplear un niño menor de 14 años, adoptado por este Tribunal por opinión dividida en Rivera v. Ribas, 31 D.P.R. 361, 369 (1923), seguido con reservas en Cruz v. Central Pasto Viejo, 44 D.P.R. 367, 398 (1933), donde el niño empleado tenía 10 años, armoniza con un estado de derecho causado por la en-tonces vigente Ley de Indemnizaciones a Obreros de 1928, cuya presunción de negligencia para acciones civiles, según indicamos a la pág. 119, ante, fue derogada por la actual Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo de 1935. Siendo la indubitable intención legislativa que en la acción de daños y perjuicios no tenga el patrono más limitación en sus de-: fensas que las taxativamente enumeradas en 11 L.P.R.A. sec. 16, supra, y abandonada la presunción de negligencia en tales casos, no cabe imponer por fíat judicial más cortapisas y restricciones que las legisladas.

La edad del menor ilegalmente empleado por un patrono no-asegurado debe ser un elemento factual de gran peso, en determinadas circunstancias, para adjudicar negligencia, pero no factor único que reduzca la prueba, aun de grado prima facie, a la simple presentación de un certificado de nacimiento. En tal caso no sería el tribunal el que hallaría negligencia, sino el Registro Demográfico, y se emprendería un retorno a la presunción proscrita y a la inversión de la carga de la prueba inserta en la Ley de 1928, hoy derogada. El criterio de Rivera v. Ribas, supra, sosteniendo que el empleo de menores, sin más, constituye negligencia per se, no puede subsistir en nuestro régimen jurídico contemporáneo pues contraviene la garantía de debido proceso de ley que como hemos visto no incluye esa norma en la restricción de defensas del patrono demandado, con mayor impacto en el presente caso en que el obrero tenía 15 años, edad que sobre-pasa la de 14, límite en la prohibición constitucional sobre empleo de menores. Aparte de que su decisión se produce dentro de un estado de legislación que ha desaparecido, funda-mentos adicionales hacen la doctrina de Rivera v. Ribas, supra, inaplicable al caso de'autos, considerando que en aquél fue determinante que el niño obrero tenía 11 años cuando sufrió el accidente “durante el tiempo de su empleo [y] con motivo de su empleo”, hallándose activamente ocupado en el mismo (pág. 371); y que se le puso a trabajar en violación de ley y de la entonces vigente Carta Orgánica de 1917 que al final de su See. 2 decía: “El empleo de niños menores de catorce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral o que ponga en riesgo la vida o cualquier parte del cuerpo, queda por la presente prohibido.” Leyes de Puerto Rico Ano-tadas, Tomo 1, pág. 62.

El debido proceso de ley no tolera desviaciones', y emerge con fuerza ineludible en la exigencia de que la parte deman-dante pruebe negligencia en esta acción particularmente one-rosa para el demandado que tiene sus defensas limitadas y sus bienes a merced del actor, toda vez que el Art. 15 de la Ley (11 L.P.E.A. sec. 16) le concede derecho sin presta-ción de fianza, a embargar la propiedad del patrono deman-dado para asegurar la efectividad de la sentencia, tanto en su principal como en la partida de honorarios de abogado, en un pleito donde la indemnización sería alta, “embargo [que] se mantendrá hasta que el caso haya sido fallado y satisfecho el importe de la sentencia.”

La sentencia revisada no puede sostenerse frente al im-pedimento que en este caso presenta el principio de venir contra los propios actos, y adicionalmente, por no haber los demandantes probado que el accidente en que perdió la vida el joven obrero tuviera causa en culpa o negligencia de los demandados recurrentes. Revocada.

       A la página primera de su alegato los demandantes-recurridos aceptan que esa relación de hechos “está esencialmente correcta.”

       En aquel momento ni siquiera hubiese aducido causa de acción la demanda del caso de autos por omitir toda alegación relativa a que el patrono no estaba asegurado. Al efecto, añadió el Juez Del Toro: “Y como esas reglas generales exigen que se alegue la negligencia del patrono para que surja la causa de acción contra el mismo y la demanda en este caso no contiene tal alegación, es evidente que no aduce hechos suficientes como resolvió la corte sentenciadora.” Castro v. Marrero, supra, a la pág. 207,

       El juez sentenciador resumió sus conclusiones sobre esta imputa-ción de culpa o negligencia en el siguiente párrafo:
      “Según los testigos, el referido menor realizaba un trabajo convenido por la parte demandada y al detener por un tiempo la máquina en una parte del camino la trepidación de la misma hizo ceder el suelo en la parte que daba a un terreno empinado, volcándose la máquina rodando jalda abajo con el menor, quedando el cuerpo del menor destruido produ-ciéndose su muerte horas después.”

       Ordena el Art. II, Sec. 15 de la Constitución del Estado Libre Asociado que “no se permitirá el empleo de menores de catorce años en cualquier ocupación perjudicial a la salud o a la moral, o que de alguna manera amenace la vida o integridad física.”

       Dentro de la elección de remedios provista por el citado Art. 15 el reclamante contra un patrono no-asegurado puede optar por una petición para compensación ante la Comisión Industrial, que sigue un curso procesal distinto a la acción civil por negligencia bajo el Art. 1802 del Código Civil. Rivera v. Comisión Industrial, 67 D.P.R. 561, 563 (1947); Castro v. Marrero, 54 D.P.R. 201, 206 (1939), cf. Pratts v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 364, 367-368 (1969).


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Rigau con la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Francisco Vélez Colón et al., demandantes y recurrentes, v. Iglesia Católica et al., demandados y recurridos.

      Numero: R-72-250

      Resuelto: 15 de septiembre de 1976

      José Aulet, abogado de los recurrentes; Joaquín Lago Padín y Joaquín Lago Miranda, abogados de la Iglesia Católica, Dió-cesis 'de Arecibo; R. Martínez Rodríguez y Antonio Maysonet Rosario, abogados de Juan Rodríguez y Delia Picón.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

No pocas veces los tribunales se confrontan con casos en que una honda compasión por la gravedad de los daños sufridos puede llevar a una forzada norma de responsabilidad. El sentimiento de lástima es comprensible pero la norma de responsabilidad ha de formularse en base a criterios racionales y razonables para que sea útil y de aplicación uniforme en situaciones similares. De otra manera, podríamos muy bien satisfacer nuestros sentimientos personales pero no nuestra función de promover la certeza de la norma en un área de conflicto como es la de la responsabilidad civil derivada de culpa o negligencia.

Prevenido nuestro ánimo, consideremos ahora la contro-versia que plantea este recurso.

El menor Luis Rubén Colón sufrió severos daños como consecuencia del disparo de un cohete en una verbena que se celebró en el barrio Sabana Hoyos de Arecibo. Ha perdido la visión total de un ojo, su rostro ha quedado mutilado con motivo de la depresión de la región frontal del cráneo y su personalidad ha sido marcadamente afectada.

El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda contra el que disparó el cohete y sin lugar la acción instada contra la Iglesia Católica y contra los esposos Rodríguez Picón concluyendo que no hubo prueba que estableciera rela-ción causal entre alguna acción u omisión negligente o culposa de ellos con el accidente que ocasionó los daños al menor Luis Rubén.

Los padres de Luis Rubén sostienen que debe imponérsele responsabilidad a la Iglesia Católica porque ésta auspició la verbena y se benefició económicamente de ella. En vista de la gravedad de los daños acordamos expedir. Concluimos que no tienen razón.

Las conclusiones de hecho del tribunal de instancia, am-pliamente sostenidas por la prueba desfilada, revelan lo si-guiente :

Un grupo de vecinos del barrio Sabana Hoyos de Arecibo organizó una verbena con el propósito de recaudar fondos para ayudar a sufragar deudas de la capilla católica de dicho barrio. El día de la verbena los co-recurridos esposos Rodríguez Picón cuando se dirigían al lugar de las festividades recogie-ron unos cohetes en un negocio del camino y los entregaron en la casa del Sr. Agustín González junto con unas vituallas que habrían de venderse en la fiesta. La Sra. Picón formaba parte del comité organizador de la verbena y estaba a cargo de las actividades relacionadas con el reinado y con la cara-vana que habría de recorrer los barrios adyacentes invitando al público a que asistiera a la fiesta.

A eso de las diez de la noche del día de la verbena, el hijo del señor Agustín González, un joven de 17 años de edad, prendió uno de los cohetes que por alguna razón desvió su curso y fue a dar contra la frente del menor Luis Rubén oca-sionándole los graves daños que mencionamos anteriormente. No aparece del récord quien lo autorizó a prender el cohete.

La Iglesia Católica no tuvo participación en la organiza-ción de la verbena, salvo que el párroco, quien iba al barrio a dar clases de doctrina un día a la semana y misa el primer y tercer domingo de mes, acogió con beneplácito la iniciativa de los feligreses y los exhortó a que continuaran con el pro-yecto por considerarlo útil para unir la feligresía. Su partici-pación se limitó a invitar a la feligresía a que cooperara con la actividad y a aconsejar a los organizadores del acto. No tuvo siquiera conocimiento de la existencia de cohetes, los cuales fueran regalados por el Municipio de Arecibo para animar la fiesta.

Con respecto a la ausencia de control de la Iglesia Cató-lica sobre la iniciativa de los feligreses, el Canciller de la Dió-cesis de Arecibo depuso:

a
P. ¿Por su experiencia, se necesita permiso de alguien como usted, con jerarquía?
R. Un grupo de ciudadanos residentes de un barrio pueden hacer cualquier actividad, una actividad por su cuenta y después darle el producto de esa actividad, lo podrían entregar luego a la parroquia o al párroco.
P. ¿Y para eso no tendrían que tener permiso o se permite usar el nombre de la iglesia sin autorización previa ?
R. Se podría. No podemos tener control dondequiera que apa-recen nombres religiosos y demás usándose para cualquier fin y no tenemos control de eso. Un grupo de ciudadanos podría hacer cualquier actividad en público y organizaría por su cuenta y en-tregar los beneficios a la parroquia.” (Deposición págs. 6-7.)

El Padre Tosello Giangiacomo, encargado de la capilla del barrio Candelaria, confirmó lo anterior al declarar en el juicio:

“P. ¿Qué intervención tuvo usted como sacerdote del barrio en esas actividades?
R. Animar a los feligreses para que cooperaran. (T.E. pág. 44.)
P. ¿Qué intervención tuvo usted en la verbena?
R. Cuando presentaron esa idea yo les dije, ‘ustedes tienen la aprobación mía pero no cuenten con mi ayuda física porque estoy demasiado de ocupado.’ Id. 48.
P. ¿Quién era la persona encargada de esa actividad?
R. Los feligreses.
P. ¿Quién le encomendó eso?
R. Era una comisión de todos los que estaban encargados que colectaban el dinero de los votos de la reina y ella misma con la mamá.” (T.E. pág. 55.)

También en la deposición que obra en autos depuso a preguntas del recurrente:

“P. ¿ Quién estaba a cargo de eso, de dirigir eso?
R. Los feligreses.
P. ¿ Dirigían en qué sentido ?
R. En organizar, recibir dinero y de ver qué se iba a tocar en la cosa.” (Deposición pág. 29.)

Surge, pues, claramente del récord que la Iglesia Católica no organizó, ni promovió, dirigió o tuvo control alguno en la celebración de la verbena ni intervino en ninguno de sus actos. Tampoco es imputable a la Iglesia Católica la negligencia que pudieran haber tenido los feligreses en la organización, supervisión y control de las actividades de la verbena. Como se sabe, la obligación de reparar daños en nuestro ordenamiento jurídico generalmente dimana de un hecho propio. Art. 1802 Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141. Excepcionalmente, se impone responsabilidad por hechos ajenos cuando existe un nexo jurídico previo entre el causante del daño y el que viene obligado a repararlo. Art. 1803, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142, Vélez v. Llavina, 18 D.P.R. 656 (1912).

Como ya vimos, no existe en este caso el hecho propio ge-nerador de responsabilidad. Tampoco existe el nexo jurídico previo entre la Iglesia y los feligreses que pudiera dar base a la imposición de responsabilidad a aquélla por los actos de éstos. Los feligreses actuaron de su propia iniciativa con el loable propósito de contribuir al sostenimiento del templo y no como empleados o agentes de la Iglesia.

El recurrente también argumenta que debe imponérsele responsabilidad a la Iglesia Católica por el hecho de haberse ésta beneficiado económicamente de la actividad organizada por los feligreses. El beneficio económico, sin más, no es suficiente para imponer responsabilidad en las circunstancias de este caso.

El criterio de beneficio económico lo hemos aplicado li-mitadamente en otras circunstancias para extender la respon-sabilidad del dueño de una propiedad con un invitado. Weber v. Mejias, 85 D.P.R. 76 (1962). Véase al efecto la discusión del tópico en Harper & James: IJ The Lato of Torts, pág. 1478 (Ed. 1956). También la hemos aplicado para ampliar la responsabilidad vicaria cuando un empleado realiza una gestión que tienda a lograr la encomienda del patrono. Martínez v. Comunidad M. Fajardo, 90 D.P.R. 461 (1964). Prosser, Law of Torts, pág. 458 (4th ed. 1971). La responsabilidad en estos casos se justifica por excepción como norma de polí-tica pública cuando existe un nexo jurídico previo del cual dimana la obligación de reparar el daño. Justificar la repara-ción del daño por el hecho ajeno exclusivamente a base de un beneficio económico, como pretende el recurrente, dilataría el concepto de responsabilidad a extremos tan laxos que desnatu-ralizaría el esquema impositivo del Art. 1803, supra.

Aun enfocando el caso en la forma más favorable para el recurrente no cabe imponerle responsabilidad a la Iglesia Católica bajo lá institución de gestión de negocios ajenos consagrados en los Arts. 1788 a 1794, Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5101 a 5107. No están presentes los elementos jurídicos indispensables que permitan encajar la situación factual de autos en las relaciones y consecuencias que dimanan de una gestión de negocio ajeno. Al respecto nos dice Manresa:

“Según la legislación de Partidas y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, repetidísima y constante en este punto, es requisito indispensable, para que se dé lugar al cuasicontrato de que nos ocupamos, que los negocios objeto del mismo se hallen abandonados, bien por ausencia o negligencia, o bien por enfer-medad o incapacidad. El Código Civil nada dice acerca de ello; pero entendemos que esta omisión en la nueva ley no puede ser causa de dificultad ni de opiniones distintas, puesto que esa con-dición es inherente al citado cuasicontrato, porque — como ha dicho un autor — el inmiscuirse en la gestión de los bienes o de los negocios que están atendidos por sus dueños ‘sería una ver-dadera usurpación, y aun en el caso de abandono, la prohibición del dueño es bastante para que el gestor oficioso no pueda llevar adelante la gestión, so pena de exponerse a contraer las con-siguientes responsabilidades, sin adquirir por su parte derecho alguno.’ ” Comentarios al Código Civil Español, Tomo 12, Art. 1887, 6ta. Ed. (1973).

El beneficio económico es sólo uno de los múltiples elementos que pueden integrar el cuasicontrato de gestión de negocios ajenos. Por sí solo no puede justificar la imposición de responsabilidad.

En orden a lo anterior somos de opinión que no incidió el tribunal de instancia al desestimar la demanda instada contra la Iglesia Católica. En virtud de los mismos razonamientos, se impone igual conclusión con respecto a la desestimación de la demanda instada contra los esposos Rodríguez Picón. Estos participaron en un aspecto de la celebración de la verbena, el del reinado y la caravana de automóviles. La participación de ellos con los cohetes fue puramente accidental, insuficiente para imponerles responsabilidad.

Se dictará sentencia confirmando la aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau emitió opinión disidente con la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunque.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau con la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de septiembre de 1976

Se trata de un caso de daños. Los hechos son sencillos y no están controvertidos. En lo pertinente se contraen a lo que sigue. Un niño de ocho años de edad asistió con sus padres a una verbena que se celebraba para levantar fondos para la Iglesia Católica, denominada de aquí en adelante la code-mandada. Un cohete allí disparado fue a dar en la cara del menor demandante.

Con motivo de ello el niño Luis Rubén Colón sufrió un trauma cráneocerebral que le produjo una fractura abierta en la parte frontal del cráneo, con depresión, hemorragia in-tracerebral y contusión cerebral severa. Perdió la visión total de un ojo, con la considerable incapacidad física que ello con-lleva. Su rostro ha quedado mutilado con motivo de la de-presión de la región frontal del cráneo. Su personalidad y sico-logía han sido marcada y adversamente afectadas. Los padres del menor han padecido grandes sufrimientos y angustias mentales como consecuencia de todo ello. Lo anterior son con-clusiones del juez sentenciador. A la fecha del juicio, expresa la sentencia, el menor aún sufría fuertes dolores de cabeza.

La ilustrada Sala sentenciadora declaró la demanda con lugar contra el codemandado Luis González Rosario (joven de 17 años que disparó el cohete) y sus padres, pero la de-claró sin lugar en cuanto a la codemandada. A petición del menor y sus padres el Tribunal decidió revisar.

El recurrente señala como error la determinación del tribunal en el sentido de que no se probó relación causal entre la acción de la codemandada y el daño perpetrado. Esa tam-bién es la posición de la codemandada ante nos. Entiendo que el error señalado se cometió.

El caso plantea dos cuestiones de derecho las cuales, a mi modo de ver, hacen forzoso modificar la sentencia en cuanto a la codemandada. Estas son las siguientes: (1) como se verá, la prueba demuestra que la codemandada era promotora o, por lo menos, copromotora de la verbena, y (2) que dicha ac-tividad se llevó a cabo para recaudar fondos para aquélla. Esto es, se llevó a cabo para su beneficio económico. Creo que cualquiera de estas dos cuestiones hacen necesario la modifica-ción de la sentencia.

En primer lugar, veamos la prueba, la cual está recogida en dos piezas de transcripción de evidencia y en dos deposicio-nes. La madre del menor perjudicado declaró como sigue:

“P. — ¿ Usted estaba en la verbena con los nenes ?
R. — Sí, señor.
P. — ¿Cuántos son?
R. — Dos y el nene tres.
P. — ¿ La invitó alguien a usted ?
R. — La Iglesia hacía la invitación.
P. — ¿Quién la hizo?
R. — El Padre, que cooperaran y asistieran a la verbena.”

Al testigo Juan Serrano Rosario de 64 años de edad, se le preguntó que en dónde estaba en la fecha de los hechos. Contestó: “En la verbena que se estaba efectuando en el par-que de Candelaria a beneficio de la Iglesia Católica.”

El testigo Pedro Juan Rodríguez de León, al pregun-társele sobre dicha fecha declaró: “Ese día específicamente acompañaba a mi esposa a llevar una contribución que ella iba a hacer a la Iglesia con relación a una fiesta para una verbena que se estaba celebrando...Más adelante el mismo testigo declaró que su esposa estaba cooperando para beneficio de la Iglesia con dicha verbena.

La testigo Delia Picón de Rodríguez, al serle preguntado si tenía conocimiento de la actividad, declaró: “Como yo asisto a la Iglesia lo anunciaban en las misas los domingos que se iba a celebrar la verbena.” La misma testigo, al de-clarar sobre la contribución que le solicitaron se expresó como sigue:

“R — Esa contribución me la pidieron.
P — ¿ Quién se la pidió ?
R — El Comité Organizador.
P — ¿Le pidió qué?
R — Que todo el que quisiera cooperar con algo para sacar fondos que lo hiciera.
P — ¿Sacar fondos para qué?
R — Para la Iglesia Católica.”

Dicha testigo, en la deposición, declaró que el sacerdote dirigía el grupo que organizaba la verbena..

Veamos la declaración del sacerdote Tosello Giangiacomo. El distinguido religioso declaró que, además de otros deberes que tenía, era el encargado de la capilla del Barrio Candela-ria, la localidad envuelta en este caso. En la deposición de-claró como sigue:

“P. ¿ Cómo se hacían las invitaciones ?
R. Por voz viva en la iglesia. No se pusieron avisos de invi-tación, excepto lo que yo les decía.
P. ¿Qué decía?
R. Que en tal fecha se va a llevar a efecto una verbena y están todos cordialmente invitados. Invitando a los vecinos a gastar sus chavos.
P. Eso se lo decía a los feligreses usted ?
R. Sí, señor.”

Declaró también el sacerdote que él “animaba a los feli-greses para que cooperaran”; que él dio su aprobación para la celebración de la verbena; que él “aconsejaba” en cuanto a dicha actividad; admitió que la dirigía aunque no podía traba-jar físicamente en ella; reiteró que invitaba a los feligreses en las misas a concurrir a la verbena y que “en ésta en particular la contribución era para la Iglesia.”

Surge, pues, de la prueba que la codemandada era promoto-ra de la verbena. Allí se utilizaron cohetes. Cuando se uti-lizan fuegos artificiales — de los cuales los cohetes son una variedad — en algún acto público, el promotor o promotores deben proveer un sitio seguro a los espectadores y seleccionar a un experto o persona diestra en esos menesteres para mani-pularlos. Bonet v. Municipio de Barceloneta, 87 D.P.R. 81, 87 (1963), y autoridades allí citadas. Ninguna de esas dos cosas se proveyó en esta ocasión. El uso inexperto y negligente de los explosivos fue la causa del accidente. La promotora tenía el deber de proveer condiciones más seguras para sus invitados. El promotor no puede evadir su responsabilidad alegando que no ejercía control sobre el manejo y uso de los cohetes. Si esto fuese posible sería fácil evadir dicha responsa-bilidad en casi todos los casos. Véanse, Spenzierato v. Our Lady Monte Virgine Soc. of Mutual Benefit, 169 A.2d 831 (1934); Anno: Liability of private promoter or operator of public fireworks exhibition or display for personal injury, death, or property damages, 81 A.L.R.2d 1207; Anno: Liability for injury by explosive or the like found by, or left accesible to a child, 10 A.L.R.2d 22, 146-155.

La segunda fuente de responsabilidad civil de la codeman-dada, a la que antes aludimos, surge del hecho de que la verbena se celebraba para recaudar fondos para aquélla. Consti-tuye lo que la jurisprudencia y la doctrina denominan el cri-terio de beneficio económico. Ya hemos reconocido y aplicado dicha doctrina en el campo de daños y perjuicios. Martínez v. Comunidad M. Fajardo, 90 D.P.R. 461, 467 (1964); Weber v. Mejias, 85 D.P.R. 76, 79 (1962). Véase también, Lugo Montalvo v. González Mañón, 104 D.P.R. 372 (1975), en donde resolvimos que si la acción o gestión del marido aprove-cha económicamente a la masa ganancial la responsabilidad civil, de haberla, será de cargo de dicha masa. Allí, citando a Scaevola, expresamos que quién está a las ganancias debe estar a las pérdidas.

El beneficio económico como fuente generadora de respon-sabilidad civil no es nada nuevo en nuestro derecho autóctono. El Código Civil lo reconoce expresamente en el régimen de las obligaciones que se contraen sin convenio. Así por ejemplo, en lo pertinente, el Art. 1793 de dicho Código, 31 L.P.R.A. see. 5106, dispone que “Aunque no hubiese ratificado expresa-mente la gestión ajena, el dueño de bienes o negocios que aprovecha las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés ,_”

Comentando dicho artículo, que es el equivalente al 1893 español, Manresa escribe:

Para fuentes anglosajonas puede verse Harper & James, The La/bü of Torts, Vol. 2 (1956) pág. 1478 y ss.; y Prosser, Business, Visitors and Invitees, Vol. 26, Minn. L. Rev. 573 (1942).

“Es decir, que en el primer caso, en el de la ratificación ex-presa, es indiferente que la gestión haya producido o no venta-jas; y desde luego se comprende, puesto que existe un acto mani-fiesto e indubitable de la voluntad del dueño aceptando la gestión y, por tanto, sus consecuencias. Pero en el caso de la aceptación tácita, para que se repute que ésta ha existido, es preciso que haya habido esas ventajas o beneficios, puesto que su aprovecha-miento por parte del dueño es lo que constituye la presunción de la ratificación del mismo.
[S3 i la gestión produce algún beneficio para el dueño, no sería justo que esta ventaja cediera en absoluto en favor de éste, sin que quedara sujeto a obligación alguna, ni aún siquiera a responder .del reintegro de los gastos hechos y a la indemni-zación de los perjuicios sufridos por aquel a cuyos actos se debe el beneficio alcanzado o la ventaja obtenida, porque es un princi-pio axiomático consignado, no sólo en el Código de las Partidas, sino hasta en la moral universal, ‘que debe sentir el embargo de las cosas aquel que ha el pro de ellas.’
Por eso, cuando el dueño se aprovecha de las ventajas que proporcione la gestión ajena en sus negocios, se constituye en las mismas obligaciones que tendría si fuera mandante, aunque no haya ratificado expresamente la gestión, porque en otro caso vendría a lucrarse injustamente de esas ventajas o de los bene-ficios producidos por los actos del gestor.”

Puede verse la clara justificación económica y de justicia de la doctrina que comentamos. Es justo que quien recibe Jas ventajas o beneficios económicos de una actividad o negocio, generalmente hablando, también afronte la responsabilidad que pueda surgir. Considero sumamente injusto que, como en el caso de autos, además de los graves daños físicos y sicoló-gicos que el menor sufrió, éste tenga también que absorber la perdida económica, cuando la verbena no se celebraba para su beneficio. La base de esta solución que ofrece el derecho jurisprudencial, así como también lo ofrece el Código Civil, es la equidad, sustancia y espíritu de todo el Derecho y la cual “propicia el desarrollo del derecho civil dentro de sí mismo.” — Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 899 (1965).

Como bien señala Castán, “las ideas de justicia y equidad son esenciales y consustanciales a la noción del Derecho, el cual dejaría de cumplir sus finalidades morales y sociales si no aspirase a realizar la justicia....”

Yo enmendaría la sentencia recurrida en el sentido de de-clarar la demanda con lugar también en cuanto a la code-mandada.

       La demanda contra el Municipio de Arecibo se archivó por desistir los recurrentes.

       El Art. 1802 provee:
      “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.”

       El Art. 1803 provee:
      “La obligación que impone la sección anterior es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

        “Lo son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, o con ocasión de sus funciones.”

       Manresa, Código Civil Español, Tomo 12, Sexta ed. rev. (1973), págs. 800 y 802. En la 5ta. ed., mismo tomo, págs. 606 y 608.

         La Formulación Judicial del Derecho, 2da. ed. rev. (1954), pág. 87.