author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Re-bollo López. Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

text:
    Fidias Polanco, Patria Santiago y Otra, peticionarias, v. Tribunal Superior, Sala de Carolina, Hon. Roberto Bird Hoffman, demandado.

      Número: JO-86-10

      Resuelto: 3 de marzo de 1987

      Iván Pagan Hernández, abogado de las peticionarias; José R. Goyco Amador y Rafael Fuster Martínez, abogados del recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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El 19 de diciembre de 1985, Pidias Polanco y Patria Santiago demandaron en daños y perjuicios a Pueblo International Inc., ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina (Civil Núm. 85-3386). Alegaron que “fueron intervenidas [sic] e irrazonablemente detenidas por un guardia de seguri-dad de la demandada”; que en presencia del público y sobre sus objeciones “fueron conducidas a una habitación, donde el guardia empujó a una de ellas para arrebatarle el bolso y luego procedió a registrar a una de las niñas, alegando que uno de los niños había tomado un globo (bombas) [; que e] s-tuvieron detenidas allí irrazonablemente hasta tanto en cuan-to [sic] firmaran un documento de relevo o de admisión, no permitiéndole el guardia la salida hasta que no firmaran [; y q] ue debido a que la detención se hizo en público, las deman-dantes sufrieron grandes trastornos emocionales, al verse hos-tigadas, detenidas y amenazadas de ser acusadas, por lo que recibieron tratamiento médico por 15 días, para su neurosis aguda, hipertensión arterial y cefálea”. Estimaron sus daños físicos y morales en la “suma de $50,000.00 para cada una”. Exhibits 1(a) y 1 (b).

Previa prórroga al efecto, Pueblo contestó y negó los he-chos y responsabilidad. Cursó además un interrogatorio a las demandantes. El 22 de enero presentó demanda de tercero contra Private Police of P.R. Inc., y su aseguradora. Poste-riormente Pueblo desistió de esta acción, el tribunal dictó sen-tencia parcial y la archivó.

Así las cosas, continuaron varios trámites en el caso. Con relación a los interrogatorios, Pueblo objetó la suficiencia de la contestación a la pregunta Núm. 22. También solicitó y obtuvo autorización para examinar, copiar y fotocopiar los records médicos correspondientes a los alegados tratamientos prestados por los doctores Ortiz y Jiménez.

El 1 de mayo, el tribunal sua sponte, previo examen de “to-das las alegaciones de la demanda y de la contestación a la misma, aun considerado el caso a la luz de que pueda preva-lecer la parte demandante, la cantidad que el Tribunal conce-dería no confiere competencia al Tribunal Superior”, ordenó su traslado al Tribunal de Distrito. El 6 de mayo los autos fueron remitidos a este último foro y fue presentado con el Núm. 86-1182.

Acogimos como certiorari un auto inhibitorio solicitado por las demandantes y revisamos mediante trámite de mostrar causa.

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El mandato plasmado en la Sec. 2 del Art. V de la Constitución respecto a que los tribunales “constituirán un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración” —con miras a lograr la mayor eficiencia, distribución equitativa de trabajo, rapidez, especialización de jueces, economía y máxima flexibilidad— fue concebido por la Asamblea Constituyente sin menoscabo de la facultad legislativa “para determinar la competencia de los tribunales y para disponer que de acudir un litigante a un tribunal distinto al indicado por las leyes sobre competencia, la parte contraria p [odría] solicitar y obtener el traslado de la causa, o el tribunal motu proprio ... así disponerlo”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2609 (1951).

Para viabilizar esa directriz constitucional, la Asamblea Legislativa —mediante la Sec. 10 de la Ley de la Judicatura de 1952— prohibió la desestimación de una acción por el fundamento de “haberse sometido a una sección sin jurisdicción o autoridad o a una sala de un tribunal sin competencia”. 4 L.P.R.A. see. 62. Además autorizó que un caso pudiera ser visto en un tribunal sin competencia con el consentimiento de las partes y la anuencia del juez. De lo contrario, sería trasladado a la sección o sala correspondiente. En lo que atañe a este recurso, la referida Ley de la Judicatura confirió competencia al Tribunal Superior para intervenir y resolver las causas civiles “en que la cuantía en controversia, reclamación legal o valor de la propiedad en disputa exceda de diez mil (10,000) dólares, sin incluir intereses, costas y honorarios de abogado”. 4 L.P.R.A. see. 121 (a) (5).

Desde antes de la Constitución, nuestro repertorio jurisprudencial invariablemente había sostenido: (1) que el criterio rector para evaluar la competencia por cuantía surgía de la reclamada de la faz de la demanda, y (2) esa determinación nd quedaba afectada porque la suma posteriormente concedida fuera menor. Román v. Figueroa, 73 D.P.R. 875, 879 (1952); Cerra v. Motta, 70 D.P.R. 861, 866 (1950); Branizar v. Méndez, 68 D.P.R. 809, 812 (1948); Benitez v. Benitez, 64 D.P.R. 756 (1945); Jiménez v. Colón, 62 D.P.R. 907, 909 (1944); Donato v. Cruz, 59 D.P.R. 534, 538 (1941); Nazario v. Muñiz, 54 D.P.R. 51, 54 (1939); Horace Waters & Co. v. Portilla, 42 D.P.R. 950, 953 (1931).

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La decisión del foro de instancia se aparta de esta doctrina jurisprudencial e innecesariamente introduce en los trámites de causas civiles en que4se reclaman daños que no son líquidos, una solución que, aunque laudable, tiende a ocasionar mayores dilaciones de las que intenta remediar. No podemos avalarla.

La actuación del foro de instancia no está expresamente autorizada en las Reglas de Procedimiento Civil. Tampoco tiene apoyo en la casuística. No existen ni se proveen guías apropiadas para su ejercicio. En estas circunstancias, in-dependientemente de su loable objetivo, no debería prevale-cer. Su reconocimiento requeriría forzosamente ponderar, analizar y superar varios aspectos de carácter sustantivo y procesales. Veamos.

El primero a tomar en cuenta es la naturaleza intrínseca-mente compleja de la estimación de daños por angustias físi-cas y mentales. Ni los abogados ni jueces más experimentados poseen una regla matemática apriorística a usarse.

. . . Bajo la fórmula amplia de responsabilidad consagra-da en el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5141), no existe una tabla o computadora electrónica que recoja todos los elementos y premisas inarticuladas que nutren la valoración del dolor físico y mental humano y permita, me-diante la aplicación de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener el resultado final apropiado. Esta función descansa sobre el ejercicio discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador de hechos animado por un sentido de justicia y de conciencia humana. El contacto con la prueba presentada en el proceso judicial de primera instancia y las impresiones derivadas de la apreciación visual del juez, es la razón básica para que en ausencia de un dictamen imponiendo una cuan-tía ridiculamente baja o exageradamente alta, a la luz de la prueba sobre daños presentada, en nuestra función apelativa, implementemos la norma de abstención judicial fundada en criterios de estabilidad y de respeto a los tribunales de pri-mera instancia. (Énfasis suplido.) Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647-648 (1975).

Segundo, una orden de traslado por cuantía implica un prejuzgamiento sobre los méritos de uno de los elementos esenciales en que se descompone toda acción en daños y perjuicios. Su implantación representa serias dificultades. A lo sumo, podría decretarse en los inicios del proceso o en una etapa más adelantada. La inicial, idealmente tendría el mayor efecto disuasivo. Sin embargo, presenta el peligro de que el traslado se produzca sin el juzgador remitente poseer suficientes elementos de juicio. Así, la orden no descansaría en una conciencia judicial informada, sino la intuición. La avanzada, aunque penalizaría al demandante, afectaría también todas las demás partes envueltas. El traslado en esta etapa socavaría la efectividad de la Regla 37.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Le quitaría el control del caso al juez que dirigió la fase procesal en sus etapas iniciales, poniéndolo en manos de otro magistrado que tendría que comenzar por familiarizarse con el mismo. Cualquier otra interpretación sería contraria a la economía procesal. Regla 1 de las de Procedimiento Civil. Véanse: Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986), y Enmiendas propuestas a las Reglas de Procedimiento Civil, Conferencia Judicial, Decimotercera Sesión Plenaria, diciembre de 1986, págs. 79-94.

Tercero, en nuestra jurisdicción el estudio contenido en una tabla especial de un informe sometido a la Conferencia Judicial de 1985 por la Oficina de Administración de los Tribu-nales (O.A.T.), Reorganización del Tribunal de Primera Ins-tancia, revela, que de una muestra de 105 casos, los tribunales adjudicaron cuantías de $10,000 o menos, en 65 (62%). Este patrón estadístico queda corroborado por las tablas de otros años que anejamos como apéndice. Las mismas señalan que el problema es repetitivo y de proporciones alarmantes.

Aun así, es apropiado destacar que el informe aludido, si bien concluye que la muestra permitiría “apuntar una tenden-cia generalizada a aumentar artificialmente la cuantía en controversia” (Reorganización del Tribunal de Primera Ins-tancia, supra, .pág. 65), luego de examinar algunas alterna-tivas para desalentar esa práctica, tales como la imposición de un arancel escalonado a base de la suma reclamada, o eliminar la imposición de costas al reclamante victorioso reconoció:

[q]ue la diferencia entre la cuantía en controversia y la adjudicada puede deberse a una serie de elementos por los que no se puede culpar a los abogados. Por ejemplo, los daños morales son difíciles de valorar, al igual que la pérdida de capacidad mental o física a consecuencia de un accidente. Por otro lado, ¿ cuánto vale una muerte ? Las diferencias en cuan-to a compensaciones concedidas ha variado históricamente desde sumas relativamente pequeñas a cifras astronómicas. En ocasiones, por motivos distintos que pueden ir desde de-bilidad de la prueba al mollero judicial, se realizan transac-ciones por sumas muy inferiores a la cuantía reclamada. Con todo esto queremos decir que el problema es mucho más com-plejo que meramente comparar la cuantía reclamada y la adjudicada. (Énfasis suplido.) Reorganización del Tribunal de Primera Instancia, supra, pág. 70.

Es cuestionable, pues, presumir que en la mayoría de los casos de daños las cuantías reclamadas son rutinaria e intencionalmente sobrestimadas por los abogados. Hemos visto cómo intervienen una multiplicidad de factores legítimos que impiden sostener tajantemente esa conclusión. Las alegaciones sólo tienen la misión de notificar a grandes rasgos las reclamaciones y defensas de las partes. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). Esta realidad procesal comple-menta y explica, en parte, el delicado problema que presenta la evaluación preliminar forense de los pleitos de daños por negligencia.

En resumen, el traslado de una causa por entender el Tribunal Superior que la cuantía a ser adjudicada no excederá los $10,000, en una etapa inicial, presenta serias dificultades. En la fase procesal más adelantada puede perjudicar a la parte demandada y al eficaz desenvolvimiento del sistema de administración de justicia. Tal proceder no está expresamente autorizado. Aceptar que con posterioridad al descubrimiento de prueba el Tribunal Superior puede decretarlo —porque a su juicio la cuantía a concederse será menos de $10,000— es una solución que no sólo implica prejuzgar un aspecto importante de la causa de acción, sino que a la postre derrota el objetivo fundamental de las reglas de garantizar una solución justa, rápida y económica de las controversias.

Sin embargo, el Tribunal Superior no está huérfano de remedios disuasivos. Actualmente las reglas proveen mecanismos para conjurar y atender situaciones de este tipo que así lo ameriten. Todo abogado que suscribe y presenta una demanda ante ese foro —y alega que la reclamación en daños excede los $10,000— compromete con la firma su buena fe forense. Regla 9 de Procedimiento Civil. En caso de violación clara y voluntaria del abogado, la propia regla autoriza “la imposición de sanciones en su contra”. Y recientemente, con vigencia inmediata, la Ley Núm. 2 de 30 de diciembre de 1986, enmendó la Regla 44.1 (d) para expresamente disponer que en “caso que cualquier parte o su abogado haya procedido con temeridad o frivolidad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia al responsable, el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado que el tribunal entienda correspondan a tal conducta”. Además, por interacción armoniosa, otras sanciones —de carácter económico— interlocutoriamente pue-den ser concedidas a base de cualesquiera de las siguientes al-ternativas: (1) de prevalecer el demandante, negándole las costas; (2) concederlas a la parte contraria, o (3) imponerlas a favor del Estado. Regla 44.2. Seguimos esta ruta procesal. Corresponderá a los tribunales de instancia primeramente darle vida y alcanzar este derrotero. Véanse: Nota, Plausible Pleading: Developing Standards for Rule 11 Sanctions, 100 Harv. L. Rev. 630 (1987); E. Root, The Dynamics of Rule 11: Preventing Frivolous Litigation by Demanding Professional Responsibility, 61 N.Y.U.L. Rev. 300 (1986).

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia, revo-cará el traslado decretado por el Tribunal Superior y orde-nará la devolución del caso a ese foro.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión con-currente y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió voto particular. El Juez Presidente Señor Pons Núñez con-curre en el resultado sin opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

No obstante estar de acuerdo, dado los hechos particulares del mismo, con el resultado a que se llega en el presente caso, no podemos suscribir la opinión mayoritaria del Tribunal. El automatismo y absolutismo no deben tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico. El propósito cardinal que anima todos los esfuerzos envueltos en esta delicada misión —la de hacer la mejor justicia posible, de la manera más rápida y en la forma más económica de que seamos capaces— así no lo per-mite.

Contrario a otros, somos del criterio que la continua impo-sición de medidas disciplinarias a los miembros de la clase to-gada no es la mejor ni la única solución a los problemas que aquejan la práctica de la profesión de la abogacía en Puerto Rico. Ya es hora de que se intente solucionar los mismos uti-lizando otros enfoques. Podríamos empezar, cuando menos, confiando en el criterio y buen juicio de nuestros jueces de instancia permitiendo que éstos —a base de su experiencia— hagan la valiosa aportación de que definitivamente son ca-paces.

Procede que nos cuestionemos, ¿por qué negarle, de ma-nera absoluta, a un juez del Tribunal Superior el poder para ordenar el traslado de un caso al Tribunal de Distrito cuando éste, luego de un análisis objetivo y juicioso de la situación, queda plenamente convencido de que el caso no es de su compe-tencia?

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La parte peticionaria radicó una demanda de daños y per-juicios ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, en la cual alegó —en síntesis y en lo pertinente— que los demandantes habían sido víctimas de un arresto y registro ilegal e irrazonable por parte de un guardia de segundad em-pleado de la parte demandada mientras compraban en uno de los establecimientos comerciales de esta última; en el párrafo cuarto de la demanda alegaron que “debido a que la detención se hizo en público, los demandantes [madre e hija] sufrieron grandes trastornos emocionales, al verse hostigadas, detenidas y amenazadas de ser acusadas, por lo que recibieron trata-miento médico por 15 días, para su neurosis aguda, hiperten-sión arterial y cefálea”. Exhibit 1(a). Se solicitó, por último que se condenara a la parte demandada a pagarle a cada una de las dos demandantes la suma de $50,000 por concepto de “los daños físicos y morales” sufridos por éstas. Exhibit 1 (b).

Contestada la demanda y trabada la controversia, con fecha de 1ro de mayo de 1986 el tribunal de instancia emitió la siguiente orden:

Habiéndose examinado todas las alegaciones de la de-manda y de la contestación a la misma, aún considerando el caso a la luz de que pueda prevalecer la parte demandante, la cantidad que el Tribunal concedería no confiere compe-tencia al Tribunal Superior.
Trasládese el caso al Tribunal de Distrito. (Énfasis su-plido.) Exhibit 2(c).

Inconforme, la parte demandante acudió ante este Tribunal mediante la radicación de un “auto inhibitorio”. Habiendo considerado el recurso radicado como uno de certiorari, me-diante resolución de 26 de junio de 1986 le concedimos tér-mino a la parte recurrida para mostrar causa “por la cual este Tribunal no deba expedir el auto y dictar sentencia revoca-toria de la Orden emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, de fecha Ir [o] de mayo de 1986”. Dicha parte ha comparecido.

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Como es sabido, la Ley de la Judicatura, en su Art. 1, es-tablece en lo pertinente al asunto en controversia que el Tribunal Superior conocerá de “todo asunto civil en que la cuantía en controversia, reclamación legal o valor de la pro-piedad en disputa, exceda de diez mil (10,000) dólares, sin incluir intereses, costas y honorarios de abogado”. 4 L.P.R.A. sec. 121(a) (5).

Como bien señala la parte recurrida en su comparecencia, el efecto real y práctico de la mencionada disposición legal ha sido que, como regla general, quien decide “la competencia por cuantía” de los casos de daños y perjuicios ante el tribunal de primera instancia lo es el demandante por razón de que es quien “valora” originalmente los daños que reclama. En otras palabras, el abogado de la parte demandante es el “primer enjuiciador o juez” del pleito que se propone radicar. Dicho profesional no sólo tiene la responsabilidad de decidir si su cliente tiene o no una buena causa de acción que deba tener acceso al tribunal, sino que viene obligado a estimar el valor de la misma en dinero.

Es por ello que los miembros de la clase togada desempe-ñan un papel importantísimo en esta problemática. Debe re-cordarse que el abogado, como funcionario del tribunal que es, tiene un deber de honestidad para con el mismo. No obstante, no hay duda de que la experiencia demuestra que la mayor parte de los casos de daños y perjuicios que se radican ante el Tribunal Superior adolecen de la condición de que las cuantías reclamadas en los mismos han sido sobreestimadas. De hecho, como correctamente señala la opinión mayoritaria, un estudio realizado por la Oficina de Administración de los Tribunales —considerado por la Conferencia Judicial de Puerto Rico de 1985— revela que de una muestra de 105 casos de daños y perjuicios radicados en el Tribunal Superior, en el 62 % de los mismos la indemnización adjudicada fue de $10,000 o me-nos.

La situación merece seria consideración por cuanto podría significar que a nivel del tribunal de primera instancia los recursos —tanto humanos como materiales— podrían estar siendo “mal utilizados”.

No es correcto, como expone la opinión mayoritaria, que la “actuación del foro de instancia no está expresamente auto-rizada en las Reglas de Procedimiento Civil”. No existe en nuestro ordenamiento jurídico disposición alguna que impida que un juez del Tribunal Superior pueda —a fundamentada solicitud de parte antes de que se resuelva en definitiva un caso de daños y perjuicios— ordenar el traslado de un caso de esta naturaleza al Tribunal de Distrito cuando queda conven-cido de que el mismo no es de su competencia y que el caso debió de ser radicado originalmente en este último tribunal.

Lo cierto es que esta determinación está autorizada y en-cuentra apoyo en las disposiciones de la Regla 3.1 de las de Procedimiento Civil de 1979. Como es sabido, la citada regla establece:

3.1. Competencia
Todo pleito se presentará en la sección o sala que corres-ponda según lo dispuesto por ley y por estas reglas, pero no se desestimará ningún caso por razón de haberse sometido a una sección o sala sin competencia o autoridad para ello. Todo pleito podrá tramitarse en la sección o sala en que se presente por convenio de las partes y la anuencia del juez que presida dicha sala en ese momento. De lo contrario, será transferido por orden del juez a la sección o sala correspon-diente. (Énfasis suplido.)

Merece que se enfatice que el requisito de que el juez dé su anuencia en esta clase de situaciones “constituye un nuevo ele-mento añadido por la Ley de la Judicatura”. Aetna Ins. Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 480, 483 (1975).

Somos del criterio que la solución de este serio problema que afecta a las salas del Tribunal Superior, causando una indebida congestión de los calendarios, no puede ni debe ser resuelto meramente a base de la amenaza de imposición de sanciones económicas a los miembros de la clase togada. Ya es tiempo de que se reconozca que este enfoque no es la panacea de los problemas que aquejan a nuestra profesión.

Existen otras alternativas que pueden ser implementadas a todos los niveles. Debemos confiar en el buen-juicio de nues-tros jueces de instancia. En lugar de maniatarlos, debemos proveerles mecanismos para que éstos, con entusiasmo, crea-tividad e imaginación, puedan solucionar los problemas con que se confrontan.

Repetimos, no existe en nuestro ordenamiento disposición alguna que prohíba lo realizado por el juez recurrido en el presente caso. Naturalmente, que la decisión que a esos efec-tos se emita deberá ser una informada. Los “resultados” que arrojan los mecanismos de descubrimiento de prueba que pro-veen las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 pueden y deben ser de extraordinaria ayuda en esta situación por cuanto de los mismos, de ordinario, se desprende la información necesa-ria para poder realizar una evaluación razonable de los daños que se ajuste a la realidad de lo ocurrido.

Resolver lo contrario, esto es, que el Tribunal Superior no posee esta facultad tiene el efecto de hacer inoperante el Art. 1 antes citado de la Ley de la Judicatura por cuanto deja totalmente al arbitrio de los demandantes la determinación de cuál de los dos tribunales es el que tiene competencia para entender en un caso en particular. Es por todos conocido que anualmente se radican cientos de casos ante el Tribunal Superior, en relación con los cuales no se necesita ser muy perspi-caz para poderse uno inmediatamente percatar de que los mismos son de la competencia del Tribunal de Distrito. ¿Por qué obligar a los jueces del Tribunal Superior a retener dichos casos en sus salas?

La “solución” que nos brinda la opinión mayoritaria al problema ante nuestra consideración no resuelve el mismo; esto es, no importa la clase o cuantía de las sanciones econó-micas que al finalizar el caso se le impongan a los abogados “infractores”, los casos que ellos radicaron tienen el efecto de congestionar los calendarios de las salas del Tribunal Superior, imposibilitando que sus jueces resuelvan asuntos de mayor importancia que verdaderamente son de su competen-cia. Esto es, la opinión mayoritaria tiene el resultado de per-petuar la errónea distribución de trabajo existente entre las dos antes mencionadas secciones del tribunal de primera ins-tancia. Cruzarse de brazos ante dicha situación no está a la altura del objetivo que inspira y justifica nuestra misión como jueces, esto es, garantizarle a nuestro país la mejor justicia en la forma más rápida y económica posible.

Somos del criterio, en síntesis, que terminada la etapa de descubrimiento de prueba un juez del Tribunal Superior —ante una fundamentada solicitud de una de las partes pre-sentada en término razonable— debe tener la facultad de or-denar el traslado de un caso de daños y perjuicios al Tribunal de Distrito en aquellas situaciones en que su informado y jui-cioso criterio sea a los efectos que, de prevalecer la parte de-mandante, la cuantía a concederse obviamente será menor de $10,000.

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No obstante lo anteriormente expresado, estamos de acuerdo con que procede la revocación de la orden de traslado emitida en el presente caso. Como surge de la referida orden, la decisión a que llegó el magistrado de instancia está basada exclusivamente en un examen de “las alegaciones de la de-manda y de la contestación a la misma”. Exhibit 2(c). Es obvio que el tribunal de instancia en ese momento no tenía los elementos necesarios para valorizar adecuadamente el caso. Su acción, en esa etapa, constituyó un “abuso de discreción”.

Voto particular de la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Estamos conformes con la opinión del Tribunal, sin embargo, quisiéramos hacer algunas expresiones adicionales. Aunque las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 no dispo-nen un término en particular para que el Tribunal sua sponte traslade una acción civil de una sección del tribunal de instan-cia a otra, dicho cuerpo de reglas —en particular las Reglas 1, 3.5, 9 y 37.1— y su jurisprudencia interpretativa —Camleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727, 729 (1976); también véase P. Ortiz Álvarez, Un enfoque axiológico pragmático e integral para la aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil, 2 Forum 12, 15 (oct.-dic. 1986) — nos llevan a concluir que la referida determinación de trasladar el caso debe realizarse en las primeras etapas del procedimiento.

En armonía con la finalidad que persiguen las Reglas de Procedimiento Civil de lograr “una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”, Regla 1, en 1979 éstas se enmendaron para limitar á treinta (30) días el término que tiene la parte demandada para solicitar el traslado. Regla 3.5. Siguiendo esta misma filosofía hemos interpretado que mediante la utilización de la Regla 37.1 sobre conferencia con antelación al juicio, el juez debe ejercer el control de los pro-cedimientos en el caso desde sus inicios. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra; Lluch v. España Service Sta., supra. La efectivi-dad de este mecanismo procesal y la finalidad que persiguen las reglas requieren que cualquier traslado se haga en etapas tempranas de los procedimientos.

Por todo lo anterior, estamos conforme con la opinión del Tribunal.

      Los hechos que nutren la presente causa de acción y sus alegaciones, guardan bastante parecido con los hechos expuestos y daños reclamados en Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94 (1986). Allí ninguna de las partes, como tampoco el Tribunal Superior o este foro, se plantearon la suficiencia de la cuantía.

      Por su pertinencia al recurso, reproducimos esa pregunta y contes-tación :
      “Si actualmente está usted bajo la atención de algún médico, haga cons-tar (a) nombre completo y dirección exacta de dicho médico; (b) la fecha de la última vez que fue visto por dicho médico; (c) la naturaleza del último tratamiento recibido; y (d) el diagnóstico hecho por dicho facultativo.”
      “a) Primero me atendió Wallace Jiménez y luego el Dr. Claudio Ortiz, de Country Club; b) Dr. Claudio Ortiz; c) nervios; d) cefálea, hipertensión, nervios.”

       La Regla 71 de Procedimiento Civil, faculta a los tribunales, cuando no se hubiese previsto un procedimiento específico, “reglamentar su práctica en cualquier forma que no sea inconsistente con las mismas o con cualquier disposición de ley aplicable”. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 71.

       En el ámbito federal, el asunto cobra verdadero relieve debido a que la cuantía en exceso de $10,000 es requisito jurisdiccional. Dado a sus com-plejidades, existen disparidades de criterios. “ [G] eneralmente se ha asu-mido, tomando como base la regla enunciada por la Corte Suprema de Esta-dos Unidos en Saint Paul Mercury Indent. Co. v. Red Cab Co. [303 U.S. 283, 288—289 (1938)], que las alegaciones de un reclamante sobre la existencia de la cuantía jurisdiccional será concluyente, salvo (1) que surja que no se ha hecho de buena fe o (2) la Corte crea, como materia de certeza legal [legal

        certainty], que de hecho el valor del derecho en controversia es de diez mil dólares o menos.” Nota, Determination of Federal Jurisdictional Amount in Suits on Unliquidated Claims, 64 Mich. L. Rev. 930, 931 (1966); Nota, Nelson v. Keefer and its Implications in the Area of Jurisdictional Amount, 26 Sw. L.J. 461 (1972). Los tratadistas reconocen que los requisitos de buena fe y certeza legal son de difícil aplicación.
      Para desanimar las sobreevaluaciones de daños que no son líquidos, se han ensayado varios métodos. Las cortes pueden negarle al demandante victorioso las costas o imponérselas. Wright, Law of Federal Courts Sec. 33, pág. 185 (4ta ed. 1983). Otras exigen que mediante declaración jurada el reclamante reitere su creencia de que cumple la cuantía jurisdiccional. Harris v. Pasquotank County, North Carolina, 227 F. Supp. 625 (1964).
      En daños indeterminados se acepta que la regla es de “intangibilidad que no se presta a cálculo preciso y conlleva sopesar factores íntimamente vinculados a los méritos de la causa”. 14A Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure 2d Sec. 3707, pág. 135 (1985). Véase Anotación, Criteria of Jurisdictional Amount in Tort Action for Unliquidated Damages in Federal Court, 47 A.L.R.2d 651-664 (1956).

       Pecaríamos de ingenuos si no aceptáramos que cierto número res-tringido de abogados, con el propósito, entre otros, de mejorar el poder de regateo ante una posible transacción, sobreevalúan las cuantías reclamadas. Sin embargo, suscribimos la conclusión del informe de la O.A.T. de que no puede culpar a todos los abogados por las diferencias estadísticas entre las cuantías reclamadas y las adjudicadas. Reorganización del Tribunal de Pri-mera Instancia, informe sometido por la Oficina de Administración de los Tribunales a la Conferencia Judicial de 1985.

         Reorganización del Tribunal de Primera Instancia, informe some-tido por la Oficina de Administración de los Tribunales ante la Conferencia Judicial de Puerto Rico celebrada en noviembre de 1985, pág. 65.

      Esta facultad se asemeja a la concedida en forma general a los jueces bajo las disposiciones de la Regla 3.5 de las de Procedimiento Civil. Como es sabido, a la luz de dicha disposición, los jueces tienen la facultad de ordenar el traslado de un caso de sala o sección, a petición de parte, por razón de la localización de la propiedad inmueble en controversia, Regla 3.2; según el sitio de origen de la causa del litigio, Regla 3.3, y de acuerdo a la residencia de las partes, Regla 3.4. (32 L.P.R.A. Ap. III.)

         Sobre la Regla 9 véase lo citado en la opinión del Tribunal; también véase Enmiendas propuestas a las Reglas de Procedimiento Civil, Secreta-riado de la Conferencia Judicial del Tribunal Supremo, diciembre de 1986, págs. 30-45.

      32 L.P.R.A. Ap. III.

      Esta regla dispone en lo pertinente:
      “(a) Presentado un pleito en una sección o sala que no sea la apro-piada, si la parte demandada desea impugnar la falta de competencia de dicha sección o sala, deberá presentar, dentro de un término no mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de la notificación de la demanda y el emplazamiento, una moción para que el pleito sea trasladado a la sección o sala correspondiente. La moción de traslado deberá ser debidamente ju-rada a menos que de la faz de la demanda, o de los autos del caso, surjan los hechos en que se funda la referida moción. De no presentarse escrito alguno en oposición a la moción de traslado dentro de los diez (10) días de haberse notificado la referida moción, el caso será trasladado a la sección o sala correspondiente.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Héctor Acabá Raíces, acusado y apelante.

      Número: CR-85-91

      Resuelto: 3 de marzo de 1987

      Ismael Colón Birriel, abogado del acusado; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Reafirmamos una vez más el respeto a la operación inte-lectual y a la función estimativa de los foros de instancia en cuanto a la valoración de la prueba. Por razón de las comple-jidades de la psicodinámica judicial, en este postulado elemental se afianza la buena marcha de nuestro sistema de adminis-trar justicia. Después de todo, en su génesis, “ [c] ada una de las operaciones intelectuales que sirve para formar el fallo desempeña un papel más o menos claro o importante, según la etapa del procesa. Para el planteamiento de la cuestión, es principalmente el análisis y la clasificación de las ideas. Para la comprobación de los hechos, la observación, la intuición, el examen analítico y critico. Para la aplicación del derecho, la interpretación, la deducción, y la comparación. Para la deci-sión, la determinación, la apreciación, la síntesis y la volun-tad”. F. Gorphe, Las Resoluciones Judiciales (L. Alcalá Zamora y Castillo, trad.), Buenos Aires, Ed. Jurídicas Europa-América, 1953, págs. 68-69.

H — I

Héctor Acabá Raíces fue acusado en el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, de ilegalmente poseer y portar un arma de fuego, y de intencionalmente, pero sin malicia, apuntarla ha-cia un semejante. Arts. 6 y 8 y 32 (b) de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sees. 416, 418 y 442 (b). Por tribunal de derecho fue absuelto del cargo de violar el Art. 32 (b), pero declarado culpable en los otros dos y sentenciado a seis (6) meses por el Art. 6 y a tres (3) años por el Art. 8. Inconforme apeló.

A los fines de evaluar adecuadamente su recurso, a con-tinuación resumimos la prueba desfilada por el Ministerio Fiscal.

Fidela Guevárez Ortiz, maestra de una escuela elemental en el Bo. Gato de Orocovis, declaró que el 27 de marzo de 1985, entre las 9:00 y 10:00 de la noche, desde el lado de una ven-tana interior de su residencia, observó cuando a su casa llegó un automóvil —que entró en marcha atrás— del cual se baja-ron dos personas más y el acusado Acabá Raíces, a quien cono-cía desde antes. Éste inquirió por su esposo Carlos Rivera. Desde la ventana ella le respondió que no se encontraba. En-tonces Acabá Raíces le dijo que necesitaba hablar con él. En forma agresiva y tono molesto, se refirió a él como un bandido y le informó que lo iba a esperar frente a la casa. Ella le pidió de favor que lo hiciera en la calle o de lo contrario llamaría a la Policía. El acusado, entonces le replicó que eso era lo peor que podía hacer y se marchó.

Subsiguientemente ella permaneció en la sala de su hogar. Media hora después oyó de nuevo un automóvil. Levantó la cortina para ver si era su esposo. No era. Esta vez vio el mismo vehículo estacionado en la calle, frente a su casa. In-mediatamente oyó dos disparos corridos hechos con un arma de fuego. Ella reconoció que eran las mismas personas de antes. El acusado Acabá Raíces estaba al lado derecho del conductor. Este último fue quien disparó. Atestó que los dos dis-paros fueron hechos con un arma de fuego, pero que no podía describirla. Pudo ver las dos ráfagas, y que éstas provenían de la mano del conductor. Nada ni nadie fue impactado por los disparos. Fueron hechos en dirección a la casa donde ella estaba. En el lugar no se encontró ningún proyectil ni ningún casquillo. Francamente no podría describir el arma porque no la vio. Ella había visto y oído antes disparar armas de fuego en su casa, cuando era soltera, once (11) años atrás. Su padre tenía licencia para portar un arma. A su juicio, las detona-ciones no eran compatibles con petardos. Luego de los dos disparos, el carro se fue del lugar. Llamó a su vecino Héctor Collazo.

El otro testigo de cargo, Héctor Collazo, en síntesis atestó, que el día en cuestión estaba en su casa viendo televisión. En-tre las 9:00 y 10:00 de la noche oyó dos detonaciones. Corrió y vió un carro pequeño bastante arriba. Fue a la casa de su ve-cina Guevárez Ortiz y ésta no le quiso abrir. Ella le dijo que un individuo había disparado. Se dirigió a una estación de gasolina, encontró una patrulla de la Policía y le informó lo sucedido.

El Ministerio Fiscal renunció a otros tres (3) testigos por ser prueba acumulativa. La defensa los entrevistó y no los utilizó.

Únicamente se limitó a presentar la declaración jurada prestada por la testigo Guevárez Ortiz al Ministerio Fiscal, el 29 de mayo de 1985.

En la misma, ella relata con mayor lujo de detalles la ver-sión brindada en el juicio. Ni remotamente se contradicen am-bas declaraciones. Si algún valor probatorio tiene esta decla-ración es reafirmar plenamente la veracidad, certeza y credibilidad de su testimonio en el tribunal.

Evaluemos los señalamientos en apelación.

II

En el primer señalamiento Acabá Raíces cuestiona la sufi-ciencia de la prueba y además, argumenta que los fallos emi-tidos fueron contradictorios e inconsistentes al haber sido declarado culpable y convicto por infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas y absuelto en el Art. 32 (b).

En buena metodología examinaremos inicialmente el seña-lamiento referente a la prueba. No tiene razón. La evidencia antes relacionada, de ser creída como lo fue por el tribunal de instancia, es suficiente y apta en derecho para sostener las convicciones. Veamos.

Con pragmatismo judicial —pues imposibilitaría todo encauzamiento y eficacia probatoria conviccional cuando un arma de fuego no es ocupada— desde principios de siglo nuestra doctrina jurisprudencial ha reconocido que no es menester presentarla en evidencia. El Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 940, 943 (1912); Pueblo v. Nieves, 35 D.P.R. 53 (1926); Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 281, 283 (1927); Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767 (1954); Pueblo v. De Jesús, 65 D.P.R. 932 (1946). Tampoco es necesario que el testigo sea “mecánico, militar, comerciante o experto en armas de fuego” para conocer e idóneamente declarar lo que otra persona tiene en sus manos. Pueblo v. Guzmán, 52 D.P.R. 458, 460 (1937). Este enfoque descansa en la premisa de que en “su aplicación humana el derecho no existe para exigir y perpetrar cosas imposibles, absurdas, inútiles o innecesarias”. P.R. Tel. Co. v. Martinez, 114 D.P.R. 328, 344 (1983); Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315, 321 (1976). Bajo esta óptica, fácil es advertir que en procesos de posesión y portación de armas, su demostración como elemento de prueba, esto es, datos capaces de contribuir al descubrimiento de la veracidad del hecho delictuoso, no puede depender de la existencia de heridos que no hay, de impactos de balas cuyas trayectorias no los produce ni de casquillos de proyectiles de balas que no están disponibles si el arma en cuestión es un modelo que no los expele automá-ticamente al ser disparada.

En síntesis, en este tipo de casos un fallo de culpabilidad puede sostenerse si existen otros elementos o circunstancias demostrativas que lleven a la conciencia íntima del juzgador a concluir que el acusado poseía y portaba el arma. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340 (1976); Pueblo v. Prieto Vélez, 93 D.P.R. 102, 108 (1966); Pueblo v. Garcés, 78 D.P.R. 102, 107 (1955). Este enfoque no es incompatible con la norma de que la prueba, en tales casos, debe ser clara y convincente. Pueblo v. Toro Asencio, 104 D.P.R. 847, 849 (1976); Pueblo v. Olivencia, 93 D.P.R. 845 (1967); Pueblo v. Rosario, 80 D.P.R. 318 (1958); Pueblo v. Santiago, 80 D.P.R. 310 (1958); Pueblo v. Oquendo, 79 D.P.R. 542, 546 (1956); Pueblo v. Pacheco, 78 D.P.R. 24, 29 (1955).

En el de autos, cuantitativa y cualitativamente, la prueba de cargo creída por el juzgador directo de los hechos sostiene satisfactoriamente las convicciones. Realmente, en cuanto a este extremo, el señalamiento central del apelante Acabá Raíces no es de insuficiencia, sino de credibilidad. A eso se reduce. Únicamente si descartamos las declaraciones y percepciones no contradichas de los testigos de cargo —de que efectivamente ellos oyeron y vieron cuándo se realizaron los dos disparos por el conductor que lo acompañaba— procedería revocar. De lo contrario, de esos hechos objetivos, mediante operación lógica, inequívocamente se puede inferir la posesión y portación del arma conforme la certeza moral que proclama la Regla 10 (c) de Evidencia. Por estos fundamentos no podemos acceder a esa pretensión. Representaría sustituir esa apreciación de la prueba testifical injustificadamente. No detec-tamos prejuicio, parcialidad o error manifiesto para así inter-venir. El magistrado de instancia, como juzgador primario, estaba en mejor posición para evaluar la fuerza de convicción y de persuasión de dicha prueba en su ánimo y conciencia judicial. Por ende, no debemos intervenir con esa adjudicación. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983).

Aclarado el alcance y suficiencia de la prueba, concentremos en el planteamiento sobre alegados fallos contradictorios e inconsistentes. Tampoco procede. Primero, poseer y portar un arma —y apuntar con ella a una persona— son delitos distintos que configuran elementos diferentes. No existe base alguna para alegar y sostener inconsistencia. Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881, 884 (1976).

Y segundo, la determinación de no culpabilidad por el delito de apuntar ilegalmente a una persona con un arma de fuego, Art. 32(b), no es irreconciliable con los dictámenes de culpabilidad por los delitos de poseer y portar ilegalmente un arma. Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171, 182 (1980).

1 — I bH 1-H

En su segundo señalamiento, Acabá Raíces expone que existieron contradicciones e incongruencias en la declaración de la testigo Guevárez Ortiz en el sentido de que él le hizo dos disparos con un arma de fuego —lo que tipificaría una viola-ción al Art. 32 (a) de la Ley de Armas— y no obstante, se le acusó por infracción al Art. 32(b), esto es, apuntar con un arma de fuego. Bajo esta premisa argumenta que el Minis-terio Público debió enmendar expresamente la acusación para conformarla con la prueba presentada según la Regla 38 de Procedimiento Criminal, y que no hacerlo constituyó error.

El planteamiento es confuso e inmeritorio. Primero, hemos visto cómo la prueba no revela su aserto sobre alegadas con-tradicciones en el testimonio de la señora Guevárez Ortiz. Por el contrario, su declaración ante el fiscal y subsiguientemente en el tribunal armonizan entre sí, al extremo de que una for-talece la sinceridad y legitimidad de la otra.

Y segundo, precisamente el apelante Acabá Raíces fue ab-suelto del Art. 32 (b), entonces, ¿de qué se queja?

I — I O

El tercer error versa sobre la alegada ausencia de prueba en cuanto a que él “tomara parte directa en la comisión del delito que se le imputó o que hubiese un plan o conspiración previ [a] para la ejecución del acto delictivo o de que el acu-sado apelante cooperare de algún otro modo en la comisión de ese acto delictivo”.

El apuntamiento es frívolo. La prueba desfilada estableció su participación en concierto y de común acuerdo con las otras dos personas que viajaban en el automóvil desde el cual se hi-cieron los disparos.

En Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511 (1961), aclaramos que si bien la mera presencia de una persona durante la comisión de un delito no es suficiente, por sí sola, para sostener una convicción, ese hecho, tomado conjuntamente con las otras circunstancias que rodean el acto delictivo, puede considerarse a los fines de la determinación de responsabilidad. Ello es cuestión, en la mayoría de los casos, eminentemente circunstancial. Nuestro ordenamiento penal nunca ha exigido que un acusado ejecute personalmente el acto delictivo para imputársele válidamente. La responsabilidad como coautor puede establecerse por actos anteriores o como el resultado de una conspiración o de un designio común en que el acusado participó. Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716, 742 (1981); Pueblo v. Santos Ortiz, 104 D.P.R. 115, 119 (1975).

En el presente caso, la prueba directa y circunstancial —e inferencias razonables— establecen plenamente la parti-cipación directa intencional y la existencia de un designio común imputable a Acabá Raíces. Fuera de duda razonable se probó que estaba en el automóvil. No hay un solo indicador objetivo en qué sustentar que su presencia fuera involuntaria o producto de coacción. Todo lo contrario. Acabá Raíces de manera ostensible contribuyó materialmente a la eventual co-misión de los delitos y sin lugar a dudas incurrió en conducta concertada. Inquirió el paradero del esposo de la señora Gue-várez Ortiz. Luego, en forma agresiva, y molesto, le comunicó que lo iba a esperar. Despectivamente se refirió a él como un bandido. Ante la manifestación de la señora Guevárez Ortiz, dueña de la casa, de que llamaría a la Policía, le dijo que eso era lo peor que podía hacer. Se montó de nuevo en el vehículo, que subsiguientemente fue estacionado frente a la residencia. Poco tiempo después, estando todavía en el auto, su conductor hizo los dos disparos con un arma de fuego. Su participación y responsabilidad penal es incuestionable. Cooperó y contribuyó a la realización de esos hechos delictuosos.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disi-dente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Disentimos. El error que comete el Tribunal al confirmar las convicciones decretadas por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aibonito, por unas alegadas violaciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, es tan craso y elemental que el mismo resulta verdaderamente alarmante. Llana y sencillamente se confunde el concepto de credibilidad —y el respeto y deferencia que nos debe merecer la adjudicación que de la misma hace el juzgador de los hechos a nivel de instancia— con el concepto de sufi-ciencia de la prueba..

I

Es correcto que nuestra jurisprudencia desde tiempo in-memorial reconoce el hecho de que en casos de esta naturaleza no constituye requisito indispensable que el Ministerio Público produzca y presente el arma de fuego en evidencia, El Pueblo v. Julián, 18 D.P.R. 940 (1912). Sí se requiere, sin embargo, que cuando esa sea la situación la prueba deberá ser clara y convincente, Pueblo v. Toro Asencio, 104 D.P.R. 847 (1976), y que aun cuando el arma de fuego en cuestión no tiene que ser descrita por los testigos con la precisión de un militar o de un experto en armas de fuego, alguna descripción tiene que darse. Pueblo v. Santiago, 80 D.P.R. 310 (1958); Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767 (1954); Pueblo v. Guzmán, 52 D.P.R. 458 (1937). Por último, hemos sostenido que procede la con-firmación de sentencias condenatorias por violación a los cita-dos Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, aun cuando no haya des-cripción alguna del arma de fuego, si existen otros elementos o circunstancias —tales como personas heridas de bala y cas-quillos, plomos e impactos de proyectil— que demuestran que el imputado de delito efectivamente poseía y portaba sobre su persona un arma de fuego. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 347 (1976); Pueblo v. Garcés, 78 D.P.R. 102, 108 (1955); Pueblo v. Blanco, 68 D.P.R. 932, 934 (1948).

En el presente caso, la “testigo ocular” de los hechos no pudo brindar descripción alguna del arma de fuego que alega-damente portaba el apelante. Tampoco hay prueba de impac-tos de bala en sitio o persona alguna. No se recuperaron, por último, casquillos de proyectil alguno en el sitio de los alega-dos disparos.

La única prueba que existe en el récord sobre la supuesta posesión y portación de un arma de fuego por el apelante —hecho reconocido por la opinión mayoritaria que emite el Tribunal en el presente caso— lo constituye las “dos ráfagas” o “fogonazos” que dice la testigo haber visto y el ruido a ma-nera de detonación de un arma de fuego; opinión que emite dicha testigo a base del recuerdo que tiene de haber oído de-tonaciones de armas de fuego en su casa “once (11) años atrás”.

Esa prueba es obviamente insuficiente en derecho para sos-tener convicciones por infracciones a los citados Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

       Originalmente la denuncia fue por tentativa de asesinato, pero en la vista preliminar se determinó causa probable por el Art. 32(b).

      Ambas sentencias fueron suspendidas.

      Las actuales Reglas de Evidencia de 1979 no definen el concepto de “prueba acumulativa”. Sin embargo, la Regla 19(e) alude a la misma, como susceptible de ser —aun cuando sea prueba pertinente— válidamente ex-cluida. El Art. 378 del derogado Código de Enjuiciamiento Civil, adecuada-mente definía evidencia acumulativa como “la adicional del mismo carácter tendiente al mismo fin”. 32 L.P.R.A. ant. see. 1636.

       En Pueblo v. García, 42 D.P.R. 142, 144 (1931), indicamos que aun existiendo un proyectil, no era necesario su presentación en evidencia.

      Por esta razón y por ser repetitivo, nos abstendremos de discutir el cuarto error que brevemente cuestiona la suficiencia de la prueba.


text:
    Juan Antonio García, etc., demandantes y peticionarios, v. The Commonwealth Insurance Co., demandada; Sam P. Wallace & Co., interventora y recurrida.

      Número: CE-85-616

      Resuelto: 5 de marzo de 1987

      Pablo Carrasquillo, abogado del peticionario; Teodoro Peña Gar-cía, de Rodríguez-Ramón & Peña, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Sam P. Wallace & Co. (Wallace) demandó en cobro de dinero la suma de $1,216,108.02 a Abarca Warehouse Corp. (Abarca), por concepto de unas obras que ésta le encomendó en tres proyectos de construcción. Para garantizar la senten-cia que en su día pudiera recaer a su favor, embargó pre-ventivamente diversos bienes de Abarca valorados en $1,366,108.02. Abarca levantó dicho embargo, mediante dos fianzas montantes a la suma de $500,000 que obtuvo de la Commonwealth Insurance Co. (Commonwealth), quien man-comunada y solidariamente garantizó “el pago de la reclama-ción ... en el caso de que el demandante obtuviere sentencia definitiva y firme a su favor”.

Abarca contestó la demanda. En síntesis alegó que no exis-tía causa de acción porque la deuda no era líquida. Adujo que la demanda era prematura, pues no se habían realizado las auditorías finales ni precisado la cuantía adeudada. Recon-vino reclamando la suma de $292,730.93 por concepto de ce-sión del contrato, beneficio neto y otros extremos.

Así las cosas, el 9 de enero de 1976, Wallace y Abarca transigieron el pleito. Abarca consintió que se dictara senten-cia en su contra por la cantidad de $500,000. Esta suma sería pagadera en tres plazos evidenciados por sendos pagarés, emi-tidos el mismo día a nombre de Wallace o a su orden, exigibles el 31 de diciembre de cada año comenzando en 1976. Abarca renunció además a su reconvención contra Wallace y le cedió todos los derechos y obligaciones que tuviera respecto a los contratistas principales, Francisco Levy e Hijo, Inc. y Buttler Pan American Corp., quienes nunca fueron parte en el litigio. “[A]mbas partes se releva [ron] recíprocamente de cuantas reclamaciones tuviera una contra la otra como consecuencia de los hechos que se relata [ban] en las alegaciones de este caso.” (Énfasis suplido.) Aun así pactaron que la suma de $500,000, hasta su saldo total, estaría garantizada mancomu-nada y solidariamente por la Commonwealth en virtud de las fianzas que había expedido para levantar el embargo.

El acuerdo fue sometido al Tribunal Superior, Sala de San Juan. Éste, el 21 de enero de 1976, dictó sentencia. El 10 de mayo, Wallace solicitó y obtuvo del tribunal orden de que no se cancelaran las fianzas.

En ningún momento la afianzadora Commonwealth fue notificada, participó, intervino o consintió a esa transacción y sentencia.

Abarca sólo satisfizo el importe del primer pagaré y parte del segundo. Por esta razón el 19 de julio de 1978, Wallace solicitó del tribunal la ejecución de la sentencia. Oportuna-mente embargó y subastó algunos bienes. No logró satisfacer toda su acreencia. Entonces procedió contra la afianzadora Commonwealth a través del Comisionado de Seguros, quien actuaba como su administrador liquidador.

El comisionado rechazó la reclamación. Adujo que la transacción entre Abarca y Wallace había liberado a la Commonwealth, pues se había producido la figura de novación extintiva. A juicio suyo, la transacción extinguió la relación jurídica existente entre Abarca y Wallace, y la emisión de pa-garés creó una nueva obligación representada por esos docu-mentos. Finalmente indicó que la transacción se llevó a cabo en contra de la voluntad del fiador, por lo que a tono con el Art. 1734 del Código Civil no le obligaba.

Inconforme, Wallace acudió al Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro revocó. Sostuvo que no era aplicable la novación extintiva pues la situación jurídica posterior a la transacción no era incompatible con la situación anterior. Art. 1158 del Código Civil. En abono de esa posición invocó los casos de E.L.A. v. Urb. Damiro, Inc., 112 D.P.R. 244 (1982); G. & J., Inc. v. Doré Rice Mill, Inc., 108 D.P.R. 89 (1978), y Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). Señaló, además, que la entrega de los pa-garés, en ausencia de una intención de aceptarse pago, no ex-tinguía la obligación. Art. 1124 del Código Civil. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra. Por último, la ilus-trada sala sentenciadora concluyó que los mismos términos de las fianzas obligaban a Commonwealth.

A solicitud del comisionado revisamos.

hH hH

La solución justa del recurso nos mueve a exponer breve-mente la doctrina jurisprudencial en torno a la naturaleza y propósito de la fianza judicial para levantar embargo, y a examinar por primera vez —a la luz de los planteamientos de las partes— en qué circunstancias los efectos novatorios de una transacción relevan a un fiador judicial.

De inmediato, vale recordar que la nota característica de la fianza judicial radica en su solidaridad. Por ende, el fiador judicial no puede exigir la excusión de bienes del fiado. Art. 1755 del Código Civil; Stella, hoy su Sucn. v. Municipio, 76 D.P.R. 783 (1954); Santini Fertilizer Co. v. Roldan, 49 D.P.R. 432 (1936). Castán, luego de citar la opinión de Manresa —expositiva de que tal condición se justifica a base de que los vínculos ante los tribunales deben ser más fuertes— señala que en “los demás, y en defecto de las normas que se establecen en cada caso por la ley o por la providencia judicial, se regirán la fianza legal y la judicial por las disposiciones del Código acerca de la convencional en cuanto les sean aplicables”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1981, T. IV, pág. 752. A tal efecto, el Código Civil nos remite al tratamiento brindado a las obligaciones solidarias en los Arts. 1090 a 1101 (31 L.P.R.A. sees. 3101-3112). Entre éstos, el Art. 1096 reco-noce, como causa de extinción de una obligación solidaria, la novación.

En el ámbito procesal, las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, vigentes al comienzo de este litigio e iguales a las actuales, permitían a un demandante obtener un embargo preventivo. Su propósito es asegurar la sentencia que en su día pudiera recaer a su favor. Regla 56.1 (32 L.P.R.A. Ap. III). Vda. de Galindo v. Cano, 108 D.P.R. 277 (1979). No obstante, las reglas también proveían que un demandado pudiera levantar el embargo preventivo. Para ello éste debía sustituir los bienes embargados por una fianza que respondiera por el valor de los mismos. Regla 56.3. Igual norma subsiste hoy. Regla 56.3 (3) de Procedimiento Civil de 1979.

En Vda. de Galindo v. Cano, supra, pág. 283, explicamos que la función de esta fianza judicial, “tiene el efecto de sustituir los bienes embargados y no el de menoscabar la garantía para responder de la efectividad de la sentencia que pueda recaer a favor del demandante”. Véase igual concepto vertido en Benabe v. Corte, 42 D.P.R. 896 (1931).

En Sucrs. de L. Villamil & Co. v. Díaz y Laborda, 41 D.P.R. 467 (1930), enfrentamos una situación parecida a la de autos. Allí, para asegurar la efectividad de la sentencia, la demandante embargó un automóvil. El demandado levantó el embargo al prestar la fianza requerida. El fiador era un ter-cero. Posteriormente las partes transigieron. Se acordó que el demandado haría una serie de pagos mensuales para extin-guir la deuda, y se suspendería la ejecución de la sentencia a menos que el demandado dejara de cumplir su compromiso. El demandado incumplió y la parte demandante procedió contra el fiador. Éste esgrimió la defensa de que no se le había notifi-cado la transacción. Rechazamos su contención. Sostuvimos la responsabilidad del fiador en virtud del lenguaje absoluto de la fianza y “la clara intención de las partes”. Sucrs. de L. Villamil & Co. v. Díaz y Laborda, supra, pág. 469. La opinión no analizó ni discutió la transacción en su dimensión novatoria. En virtud de los planteamientos de las partes, nos corresponde ahora esa misión.

III

La transacción y la novación, aunque ofrecen similaridades, son figuras jurídicas distintas. Como hemos expresado, la novación es una forma de extinguir las obligaciones. En cambio, la transacción es un contrato por el cual se evita o pone término a un litigio. A. Moxó Ruano, Notas sobre la naturaleza de la transacción, 34 Rev. Der. Privado 673, 689 (1950). En la transacción se fija una relación jurídica subjetivamente incierta consistente en un conflicto de pretensiones. A. Gullón Ballesteros, La Transacción, en Tratado práctico y crítico de Derecho civil, Madrid, Ed. Inst. Nac. Est. Jur., 1964, T. XLIII, Vol. 2, pág. 71. El cambio de lo incierto a lo certero ha sido calificado por algunos como modificativo. T. Ogáyar Ayllón, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, T. XXII, Vol. 2, pág. 4. No obstante, con casi absoluta unanimidad, la doctrina civilista se pronuncia a favor de que la transacción, per se, no constituye novación clásica. Gullón Ballesteros, op. cit., págs. 75-78; Ogáyar Ayllón, op. cit, págs. 4, 8, 18; G. Pescatore y C. Ruperto, Codice Civile Annotato, 7ma ed., Milán, Ed. Dott. A. Giuffré, 1978, pág. 1961, n. 4. El carácter novatorio de la transacción depende de cómo concibamos su naturaleza jurídica. Gullón Ballesteros, op. cit, pág. 75. Se ha debatido entre su naturaleza traslativa y declarativa. En el primer supuesto la transacción crea nuevos derechos. En el segundo sólo reconoce o declara derechos preexistentes. Natu-ralmente si la transacción es traslativa provocará necesaria-mente la novación. En cambio, si es declarativa, ese resultado no es inexorable. Gullón Ballesteros, op. cit.

La tradición romanística, fundada en el aforismo transi-gere est alienare, reconocía en la transacción naturaleza tras-lativa. Pero la doctrina moderna, de origen francés, acepta la naturaleza declarativa de la transacción. Ogáyar Ayllón, op. cit, pág. 6; Gullón Ballesteros, op. cit., pág. 70. Así la transacción “non est titulus, sed tituli confessio”. Mazeud et Mazeud, Lecons de Droit Civil, 5ta ed., París, Ed. Montchres-tien, 1980, T. Ill, Vol. 2, pág. 1091. Tal conclusión, sin embargo, debe cualificarse, pues como observa Mazeud, “la transacción sólo es declarativa en la medida que concierne a los derechos litigiosos”. (Traducción nuestra.) Mazeud et Mazeud, op. cit., pág. 1092.

Con esta perspectiva en mente la doctrina ha distinguido entre la transacción pura y compleja. Es pura cuando versa únicamente sobre los derechos controvertidos; es compleja cuando se incluyen en la misma materias u objetos no litigados o cuestionados. En la transacción compleja se pro-ducen “efectos traslativos en orden a los objetos extraños al litigio; siendo sólo declarativa por lo que se refiere a los reco-nocimientos y renuncias de pretensiones”. F. Puig Peña, Tra-tado de Derecho Civil Español, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. IV, Yol. 2, pág. 614. Así pues, la transac-ción puede tener un carácter mixto dependiendo del contenido que las partes le hayan dado a ésta en relación con la situación jurídica incierta que le dio vida.

Se ha dicho que la transacción tendrá carácter novatorio cuando “la situación anterior a la controversia es sustituida por la situación jurídica que origina la transacción”. Ogáyar Ayllón, op. cit., pág. 4; cf. Gullón Ballesteros, op. cit., pág. 76, n. 42. Es decir cuando por voluntad de las partes el negocio transaccional elimina, sustituye o modifica —y no sólo fija— la anterior relación incierta. Gullón Ballesteros, op. cit.-, p^g. 77. Bajo este supuesto es imprescindible examinar la intención de las partes en la transacción. Cf. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, págs. 628-629; Castán Tobeñas, op. cit., págs. 817-819. Esta encuesta debe realizarse sin hacer abstracción de la modificación real habida. En este sentido el análisis de los intereses económicos envueltos es esencial. Cf. M. Godreau, Esquema para la solución de problemas de Derecho civil patrimonial, 55 Rev. Jur. U.P.R. 9 (1985).

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Apliquemos este enfoque al presente caso. Coincidimos con el comisionado en que el cuadro fáctico reseñado pro-yecta una extinción de la obligación principal bajo la cual Commonwealth convino en prestar una “fianza solidaria” para el levantamiento de un embargo. Hemos visto cómo, entre las cláusulas estipuladas, Abarca y Wallace voluntariamente se relevaron mutuamente de toda “reclamación” recíproca que tuvieran entre sí respecto a la deuda original. Esa reclama-ción, así reemplazada, de convertirse en sentencia final y firme, fue la única que Commonwealth afianzó originalmente al expedir las fianzas. Al otorgarlas, la posible deuda de Abar-ca hacia Wallace no era líquida ni exigible. No se habían hecho las necesarias auditorías de los contratos. Con la transacción surgió posteriormente una nueva obligación me-diante la cual Abarca satisfaría a Wallace ciertos pagarés a su vencimiento. Ciertamente ello no se contempló en el con-trato de fianza ni en las representaciones que se le hicieron a Commonwealth para expedirla. En los comienzos del pleito la fiadora garantizó un “riesgo”. Ahora garantizaría, sin su conocimiento y consentimiento, una obligación sustancial-mente distinta nacida después, en ocasión de las partes con-venir extinguir las reclamaciones mutuas existentes y susti-tuirla por el pago de una suma cierta y determinada en virtud de la transacción. Ello generó una relación diferente.

El análisis económico para cada decisión —la de otorgar fianza para levantar un embargo por una reclamación en ciernes e indeterminada, en contraste con la de afianzar el cumplimiento de una deuda u obligación exacta evidenciada por los tres pagarés expedidos— forzosa y lógicamente ha de ser totalmente distinto. Exige una solución jurídica diferente. Adviértase que Abarca renunció a una reconvención, a todos sus derechos y defensas, en perjuicio de los mejores intereses de Commonwealth.

La obligación de Commonwealth era accesoria. No se presume y debe ser expresa. No se extiende más allá de lo contenido en ella. Art. 1726 (81 L.P.R.A. see. 4876). Resolve-mos que las actuaciones de Abarca y Wallace, mediante el mecanismo de transacción, produjeron una novación extintiva de la obligación. Esa conducta está afectada por el espíritu que nutre el principio encarnado en el Art. 1734, antes citado, de que la transacción hecha por el deudor con el acreedor no surte efecto para con el fiador contra su voluntad.

Vicente Guilarte Zapatero nos orienta sobre el alcance de esta disposición legal:

Por el contrario, nuestro C.c. en el precepto presente ad-mite explícitamente la transacción que, manteniendo la vi-gencia de la obligación principal y de la accesoria, no debe alterar los respectivos términos en que deudor y fiador apa-recen obligados si no es con su propio consentimiento y el del acreedor. Así, pues, los efectos de la transacción qvte, en su caso, se realice quedarán limitados a quienes sean parte en la misma. Tal solución resulta plenamente correcta pues, como se ha dicho anteriormente, obligación principal y obli-gación de garantía, no obstante, su independencia y el nexo de accesoriedad que ofrecen, constituyen relaciones con cier-ta autonomía y sustantividad y su modificación no debe, en principio, afectar sino a los que intervienen en el negocio de donde surge aquélla. (Énfasis suplido.) V. Guilarte Zapa-tero, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Jaén, Ed. Rev. Der. Privado, 1979, T. XXIII, pág. 164; cf. National City Bank v. Guarch, 50 D.P.R. 888, 895 (1937).

Finalmente, la reserva que hicieron Wallace y Abarca, de que el pago de la deuda establecida en ese momento estaría garantizada por la fianza, no es determinante. Carece de valor ante la naturaleza extintiva de la transacción, pues “la auto-nomía negocial dejada a las partes encuentra sus límites en la ley y no puede desvirtuar la esencia de las instituciones”. J. Amorth, La responsabilidad del deudor solidario, Barcelona, Colección Nereo, 1963, Libro 4, Tit. I, Cap. III, pág. 296.

En resumen, la transacción convenida por las partes no obliga a Commonwealth. Distinto a los hechos que dieron margen a la conclusión arribada en Sucrs. de L. Villamil & Co. v. Díaz y Laborda, supra, estamos ante una transacción novatoria. La transacción, “aunque no es naturalmente una forma de extinción de las obligaciones, en sí misma considerada, puede, en ocasiones, dar lugar a una novación que, si tiene carácter extintivo, originará la desaparición de la fianza . . .”. Guilarte Zapatero, op. cit., págs. 292-293. (Énfasis nuestro.)

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque el dictamen del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disi-dente. El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Disentimos. Al leer la ponencia mayoritaria emitida por el Tribunal en el presente caso, curiosamente nos vienen a la mente las palabras que expresáramos en la opinión disidente que emitiéramos en San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704, 721 (1983) a los efectos de que “[l]o complicado y elaborado no necesariamente es lo jurídicamente correcto”.

La opinión emitida por el Tribunal resulta verdadera-mente sorprendente. Mediante la misma el Tribunal resuelve que una compañía de seguros que ha emitido una fianza judicial con el propósito de que una parte demandada “levante” un embargo —mediante la cual fianza había solidariamente garantizado “el pago de la reclamación ... en el caso de que el demandante obtuviere sentencia definitiva y firme a su favor” — ■ queda exonerada de responsabilidad al posteriormente mediar en el pleito sentencia por transacción en que se regla-menta el pago de lo adeudado; ello, supuestamente, por el fundamento de que la obligación solidaria contraída por la compañía de seguros quedó extinguida por razón de novación.

El Tribunal llega a la determinación antes mencionada, no obstante reconocer en la opinión que emite que “con casi absoluta unanimidad la doctrina civilista se pronuncia a favor de que la transacción, per se, no constituye novación clásica” y de admitir —realmente no hay otra alternativa— que los fundamentos aducidos y el resultado a que se llega en la misma son contrarios a toda la jurisprudencia de este Tribunal, vi-gente y pertinente a la materia aquí en controversia; lo cual, naturalmente, hace completamente innecesario que nos exten-díamos en nuestra argumentación en contrario.

La ausencia de visión sobre el efecto y las consecuencias que tendrá la decisión sobre la práctica de la profesión resulta evidente. La opinión hoy emitida por una mayoría de los se-ñores, jueces que integran el Tribunal sin lugar a dudas cau-sará una enorme confusión y crisis a nivel de instancia. Ello es así por cuanto se esboza una “nueva” norma sin que se revoque la jurisprudencia vigente y sin que se le brinde a la profesión en general una explicación razonable de cuándo pro-cede aplicar dicha jurisprudencia anterior y cuándo es de aplicación la “nueva” norma que hoy se implanta. Ello, unido al hecho de que la “nueva” norma, per se, tiene la consecuen-cia perjudicial de evitar la solución y terminación por transac-ción de cientos de litigios, tendrá un efecto devastador a nivel de instancia con el consiguiente perjuicio para las partes liti-gantes y para una sana y eficiente administración de la jus-ticia en nuestro país.

      “La transacción hecha por el fiador con el acreedor no surte efecto para con el deudor principal.
      “La hecha por éste tampoco surte efecto para con el fiador, contra su voluntad.” 81 L.P.R.A. see. 4896.

      “Para que una obligación quede extinguida por otra que la substi-tuya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.” 31 L.P.R.A. see. 3242.

       “El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pac-tada, y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata u oro que tenga curso legal en Puerto Rico.
      “La entrega de pagarés a la orden, o letras de cambio u otros docu-mentos mercantiles, sólo producirá los efectos del pago cuando hubiesen sido realizados, o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado.

        “Entretanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso.” 31 L.P.R.A. see. 3174.

       En lo pertinente, reza:
      “El fiador judicial no puede pedir la excusión de bienes del deudor principal.” 31 L.P.R.A. see. 4973.

      “La novación, compensación, confusión o remisión de la deuda, he-chas por cualquiera de los acreedores solidarios, o con cualquiera de los deu-dores de la misma clase, extinguen la obligación, sin perjuicio de lo dispuesto en la see. 3110 de este título.
      “El acreedor que haya ejecutado cualquiera de estos actos, así como el que cobre la deuda, responderá a los demás de la parte que le corresponde en la obligación.” (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 3107.

      En el Derecho Romano Clásico, algunos autores afirman que la transacción no es más que un •pactum que pone fin a los litigios. Para que este pactum sirviera como medio de exigir el cumplimiento había que darle una “cobertura nueva basada en el ius civile por medio de la estipulación Aquiliana. Con esta estipulación se producía una novación que transfor-maba la primitiva reclamación del actor y su correspondiente acción en otra reclamación distinta”. (Escolio omitido.) J. L. Murga, Derecho Romano Clá-sico II: El Proceso, Zaragoza, Secretariado de Publicaciones, Univ. de Zara-goza, 1980, pág. 269. Cf. J. Iglesias, Derecho Romano: Instituciones de De-recho Privado, 7ma ed., Barcelona, Ed. Ariel, 1984, pág. 535; A. d’Ors, Derecho Privado Romano, 3ra ed., Pamplona, Ed. Univ. de Navarra, S.A., 1977, págs. 485-486. No obstante, en la posterior evolución del derecho ro-mano, la transactio fue concebida como un contrato innominado haciendo in-necesaria la stipulatio. Murga, op. cit., pág. 269. Se debate hasta qué punto la transacción fue novatoria en el Derecho romano en general. A. Moxó Ruano, Notas sobre la naturaleza de la transacción, 34 Rev. Der. Privado 673, 689 (1950).

      Por tal motivo, no es suficiente ni determinante el análisis simple basado en la doctrina que asimila la transacción a la sentencia firme, cri-terio que adoptamos en Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782 (1981).

      En el pasado hemos expresado que las fianzas otorgadas por lucro, mayormente por compañías dedicadas a este negocio, deben interpretarse liberalmente. Cf. E.L.A. v. Urb. Damiro, Inc., 112 D.P.R. 244, 248 (1982); Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 D.P.R. 448, 454 (1975); Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 259 (1975).

        • La presente decisión no es incompatible con ese enfoque doctrinario. No significa ni justifica, en ningún sentido que se vaya más allá del claro lenguaje de la obligación. No es carta blanca para imponer, mediante in-terpretación judicial, obligaciones que un fiador nunca pensó asumir. Mun. San Juan v. Stadium & Coliseum Opers., 113 D.P.R. 490, 494 (1982).
      Una sentencia luego de juicio ordinario, es el resultado de una dinámica procesal distinta. De ordinario, implica que el demandado obligado a prestar la fianza, tiene toda la oportunidad de defenderse y hasta de ganar el pleito, vis á vis una sentencia por estipulación donde, en muchas ocasiones, la parte más débil económicamente se vio precisada a allanarse o consentirla.

      La interpretación brindada responde a la visión civilista que en ma-teria sustantiva rige en nuestra jurisdicción —Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 695-697 (1979). En el derecho norteamericano, en lo proce-sal, no existe tratamiento uniforme. Algunos tribunales sostienen que la es-tipulación entre demandante y demandado en un pleito no libera al fiador que sirve para levantar un embargo preventivo, en ausencia de colusión o dolo que cause perjuicio al fiador. Meyer v. Jones, 32 C.A. 878, 163 P. 67 (1916). Tampoco que la sentencia se haya obtenido en rebeldía, Martiniello v. Robitaille, 199 N.E. 534 (1936). Véanse: A. Stearns, The Law of Surety-ship, 5ta ed., Cincinnati, 1951, Sec. 10.24; 16 Cal. Jur. 3d, Creditor’s Right & Remedies Sec. 313 (1983); 7 C.J.S. Attachment Sec. 267 (1980); 6 Am. Jur. 2d Attachment & Garnishment See. 535 (1963).