author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    El Pueblo v. Sinigaglia.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 62.
    Resuelto en junio 27, 1907.
    APELACIÓN-APRECIACIÓN DE LA PRUEBA-PRUEBAS CONTRADICTORIAS.-La aprecia-ción de las pruebas contradictorias, y la de la credibilidad de los testigos, es facultad que compete á la corte ó al jurado, .no siendo suficientes meras con-tradicciones en la prueba para justificar la revocación de la sentencia.
    Id. — Nuevo Juicio. — En nada afecta á la aplicación de la anterior doctrina, la circunstancia de que se hubiera solicitado un nuevo juicio, pues la concesión ó negación de un nuevo juicio es materia que corresponde á la facultad dis-crecional de la corte inferior.
    Compra-Venta. — El contrato de compra-venta se perfecciona por el mero con-sentimiento de las partes en el precio y en la cosa, sin necesidad del otorga-miento de una escritura pública.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Herminio Dias.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

La- siguiente acusación fue formulada por la Corte de Dis-trito de Ponce contra Luis Sinigaglia y Lazarini:

“Acusación. —En el nombre y por la autoridad de El Pueblo de Puerto Rico. —Estados Unidos de América. —El Presidente de los Estados Unidos, ss. —El Pueblo de Puerto Rico v. Luis Sinigaglia y La-zarini. —En la Corte de Distrito de Ponce, á diez de abril de mil nove-cientos seis. —El fiscal formula acusación contra Luis Sinigaglia y La-zarini, como autor de un delito grave de impostura, previsto y penado en el artículo 471 del Código Penal, cometido como sigue: En el barrio-de “Sierra Baja,” término municipal de G-uayanilla, distrito judicial de Ponce, el acusado Luis Sinigaglia y Lazarini, después de haber ven-dido por contrato privado á Bernardo Albino, desde hacía once años y por la cantidad de seiscientos cincuenta pesos provinciales, un predio de terreno, del que tomó el comprador la posesión de que aún disfruta, voluntariamente y con ánimo de defraudar al Albino, volvió á vender el mismo predio á Paulino Irizarry y Rodríguez en doscientos dollars, que percibió, y por escritura pública pasada el 1 de junio de 1905 en San Germán, ante el Notario Miguel Juan Llaneras. Este Lecho es con-trario á la ley para tal caso prevista, y á la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico. Julio M. Padilla, Fiscal del Distrito. La acusación que antecede está basada en el testimonio de testigos examinados bajo juramento, creyendo solemnemente que existe justa causa para presen-tarla al tribunal. — Fiscal del distrito. Jurado y firmado ante mí hoy día diez de abril de 1906. — Francisco Barnes Plaja, Secretario del Tribunal del Distrito de Ponee.

Se celebró el juicio sin jurados, dictando la corte inferior ■sentencia contra el acusado. Se presentó entonces una mo-ción para nuevo juicio en la que se alegaba que la resolución de la corte era contraria á la prueba y á derecho. La corte «desestimó la moción condenando al acusado á sufrir un año de presidio. La apelación se ha interpuesto, tanto de orden por la que se negaba el nuevo juicio, como contra la sentencia dictada. La cuestión principal que se presentó en la moción para nuevo juicio fué que el veredicto era .contrario. á la prueba.

Se aportó prueba al juicio tendente á probar que el ape-lante compró á Bernardo Albino una parcela de terreno por la suma de seiscientos cincuenta pesos y que poco tiempo des-pués él la vendió de nuevo al susodicho Albino por la misma •cantidad, con ciertas condiciones especiales en cuanto al pago, á saber: que Albino había de quedar en posesión del terreno pagando á Sinigaglia con los productos del sitio. También ;se presentó prueba al objeto de probar que Bernardo había devuelto á Sinigaglia 14 fanegas de café, cuyo precio era cua-renta dollars por fanega, algunos miles de naranjas y otras cosas. Algunos diez ú once años después de la venta y en-trega del terreno por el apelante á Albino, el acusado vendió de nuevo la propiedad por escritura pública, á Paulino Iri-■zarry Rodríguez, por el precio de doscientos dollars. No dejó de presentarse prueba referente á alguna afirmación de la .acusación.

Sostiene el apelante que las declaraciones de unos y otros testigos eran contradictorias en cuanto al tiempo, sitio, con-diciones y personas presentes en la ejecución de la venta. En verdad que se lia probado qne los testigos no están acordes en lo que hace referencia á la época en qne Albino había de pagar al apelante y Antonio Irizarry, nno de los testigos de la acusación dijo qne el apelante al tiempo del otorgamiento del contrato le dijo á Albino que él podía vivir en el sitio tanto tiempo como quisiera, y que si algún día él hiciera el- pago, el apelante le daría una escritura. Se ha dado mucha im-portancia al hecho de que el testigo Quiñones dijo que el pago había de hacerse en tres años, mientras que los otfos testigos no estuvieron de acuerdo con él. También que la misma decla-ración de Albino era indefinida y dudosa; que con respecto á la entrega de los productos, no se ha fijado tiempo, sitios ó sumas determinadas; y que Albino no mencionó correcta-mente el número de testigos presentes en la venta. Estas, y tal vez, otras contradicciones, podrían citarse en la prueba. Pero esta es una acusación (proceso), formulado por el Es-tado, siendo únicamente Albino uno de tantos testigos. Aun-que su declaración es algo contradictoria é indeterminada, sos-tiene suficientemente la acusación, y aunque está contradicha, no se hizo ninguna otra tentativa para impugnarla. La mayor parte de los sucesos habían ocurrido unos diez años antes, cuyo hecho tiende á aumentar la incertidumbre de la me-moria de los testigos. Pocas sentencias condenatorias po-drían prosperar si dejaran de tener éxito porque la prueba fuese contradictoria. Es de la incumbencia del juez' ó del jurado que conoce de la causa resolver en cuanto á las con-tradicciones en la prueba y credibilidad de los testigos. A nuestra consideración tenemos solamente el récord mismo, desnudo de todo otro elemento de influencia, pero ¿ quién pu-diera decir si en la corte inferior, con el efecto vigorizante de la presencia de los testigos, la contradicción, que existe en los autos, no fué grandemente aminorada?

Pero la mera contradicción en la prueba no es bastante para que se permita á una corte de apelación revocar una sen-tencia. En el caso de Leña Verde, esta corte se expresa en los términos siguientes :

“Ha sido una cuestión objeto de gran discusión el determinar has-ta dónde llega la jurisdicción de una corte de apelación al revocar una sentencia, fundada dicha revocación en que el veredicto del jurado no está sostenido por la prueba. Un gran número de los casos que se en-cuentran en los libros sostienen que la resolución del jurado, basada en la prueba, no debe ser modificada en la apelación. En algunos casos se ha resuelto, casi en el mismo sentido, que si la prueba no es bastante para dar un -veredicto fundado en ella, dicho veredicto puede ser anu-lado en la apelación. Pero estas opiniones á menudo dejan de expresar hasta dónde puede una corte de apelación proceder á considerar la im-portancia de la prueba en causas criminales, en cuyas pruebas está ba-sado el veredicto del jurado. Sería quizás muy difícil, si no imposible, deducir de los casos anotados una regla sobre esta materia que pueda considerarse como que ha sido adoptada por todas las cortes. En Florida, Illinois y Texas las cortes han resuelto que es suficiente motivo para que se rovoque una sentencia condenatoria el que la corte de ape-lación tenga una duda razonable con respecto á la culpabilidad del acu-sado. En muchos otros Estados, entre ellos los de Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Louisiana, Michigan, Missouri, New York y Virginia, puede decirse que la regla establecida por -las decisiones de dichas cor-tes, es que no se modificará una sentencia en causa criminal por el-fun-damento de que el veredicto no está sostenido por la prueba, excepto en casos en que hay una falta absoluta de prueba, ó la misma es tan insignificante y tan poco satisfactoria, que la deducción que necesaria-mente puede hacerse de dicha prueba, es que el veredicto es el resultado de parcialidad, apasionamientos ó prejuicios. La última re-gla ha sido sostenida por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el caso de Crumton v. United States, 138 U. S., 361. En California se ha dicho, ó ha sido la resolución de su corte de último recurso, que solamente pueden considerarse cuestiones de derecho en la apelación, y si hay alguna prueba que justifique el veredicto del jurado, dicho veredicto no puede ser modificado. (People v. Williams, 59 Cal., 674; People v. Smallman, 55 Cal., 185.) Esta cuestión se ha discutido, aunque ligeramente, en una nota que se encuentra en el caso de Armstrong v. El Estado de Florida, cuyo caso se encuentra anotado en 17 Lawyers Reports Annotated, en la página 484. Estamos de acuer-do con la regla establecida por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso referido anteriormente, de que solamente el ju-rado debe considerar la importancia de la prueba presentada por el fiscal basta el límite de qne la misma fué contradicha ó refuta-da por los testigos del acusado, j por lo tanto, qu.e estas cuestiones no son objeto de'revisión por la corte de apelación, por motivo de erro-res. Si el veredicto fué evidentemente contrario á la importancia de la prueba, el acusado debió haber hecho una moción solicitando nuevo juicio bajo ese fundamento, en la corte inferior, pero la negación ó con-cesión de tal moción es una cuestión discrecional en la corte sentencia-dora. Como regla general puede decirse que esta corte no revisará la decisión del jurado sobre una cuestión de hecho, á no ser que la mis-ma sea evidentemente errónea, ó el resultado de parcialidad, apasiona-miento ó prejuicios.”

En verdad qne fuera del caso de Armstrong v. El Estado de Florida, citado en la opinión, el juez que suscribe, no ha podido hallar un caso específico en que se haya revocado una sentencia por una simple contradicción en la prueba.

Expuesto en esta forma el principio, de acuerdo con la decisión dei Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no está afectado por el hecho de que el apelante hizo una moción solicitando nuevo juicio. Hemos dicho en el caso de Leña Yercle, citado anteriormente, que es una cuestión discrecional en la corte sentenciadora la concesión ó denegación de una moción solicitando nuevo juicio. Esta declaración está sos-tenida por la jurisprudencia de California, de cuyo Estado, han sido copiadas las prescripciones de nuestro Código con respecto á nuevos juicios.

People v. Von Chong Suey, 110 Cal., 117; People v. Filzpatrick, 106 Cal., 286; People v. Geiger, 116 Cal., 440; People v. Soap, 127 Cal., 408; People v. On Dong, 106 Cal., 83.

En el último -ele estos casos, la corte dice: “La prueba es sumamente contradictoria y confusa en toda su extensión, y liay muchos casos que tienen el efecto de desacreditar la acusa-ción del fiscal. ’ ’ Pero aunque la prueba no es á nuestro juicio de ningún modo satisfactoria, no podemos decir que la misma no fué suficiente para poder fundar en ella un veredicto.

Y en Pueblo v. Soap, la Corte Suprema de California, en la página 411, dice:

“Pero la decisión en tales casos incumbe al jurado; y cuando en tal caso el juez sentenciador que lia oído toda la prueba se niega á conce-der un nuevo juicio, no puede ser concedido en esta corte, cuando, como en el caso presente, el testimonio es substancialmente contradictorio.’’'

Alega también el apelante que la propiedad no fué identi-ficada durante el juicio en la corte inferior, pero los testigos todos hablan sobre la misma cuestión, declarando el mismo acusado que él 'había vendido á Paulino Irizarry el mismo te-rreno que le había comprado á Albino y en el cual terreno había permitido que se quedara Albino.

Otra alegación del apelante es que él no hizo venta alguna á Albino qne fuese válida, pero no hay nada en el Código Civil, ó en los autos, que sostenga esta alegación. Una venta es suficiente, cuando se conviene el precio y el vendedor pone al comprador en posesión de la misma, no necesitándose escri-tura pública para su celebración.

Por estas razones debe confirmarse la sentencia apelada. •

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-do, Pigueras.

Jueces disidentes: Sres. Hernández y MacLeary.


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license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. The Port América Co. et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de G-uayama.
    No. 115.
    Resuelto en junio 28, 1907.
    Acción — Partes.—Aunque una parte demandada no tenga interés alguno en el litigio, esa circunstancia no le priva del derecho que indiscutiblemente tiene de defenderse por todos los medios que la ley le conceda de la acción que contra él se dirige, pues por lo menos tiene á su favor el interés de evitarse la imposición de costas.
    Id. — Alegaciones—Excepciones Previas — Ealta de Causa de Acción. — Las alegaciones de un demandado que hubiere exeepeionado la demanda por no aducir los hechos expresados en esta causa de acción contra él, por el funda-mento de no especificarse en la misma la clase de interés que pueda tener en el litigio, no pueden aprovechar á los demás demandados que se encuentren . en el mismo caso, y que no hubieren contestado la demanda, pues éstos pueden tener algún interés y consentir la demanda y la resolución final que en ella pueda dictarse. La mejor práctica en estos casos es esperar á que las partes gestionen lo que á su derecho convenga.
    Id. — Sentencia.—Una corte no puede rechazar de plano una demanda cuando aparezca que tiene jurisdicción sobre la persona de los demandados y sobre la materia de la acción; en los casos en que no proceda una sentencia por de-sistimiento ó abandono, de acuerdo con el artículo 192 del Código de Enjui-ciamiento Civil, el Juez está obligado á dictar sentencia, con arreglo á las resultancias del pleito.
    Id. — Ejecución de Hipoteca — Procedimiento.—El acreedor hipotecario puede seguir, para el cobro de su hipoteca, el juicio ordinario que regula el Código de Enjuiciamiento Civil, ó'el procedimiento sumarísimo que establecen la Ley Hipotecaria y su Reglamento.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del apelante: &res Feuille, Attorney General, y Bossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   Los Sees. Pbesidente Quiñones y Asociado Figueea$,

emitieron la opinión del tribunal.

Este caso comenzó por una demanda que ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama presentó el Attorney General á nombre de “El Pueblo de Puerto Rico.”

Esa demanda tiene por objeto el cobro de doce mil quinien-tos dollars, costas, cargas y gastos que la “The Port América Co.” hipotecó sobre dos fincas de su propiedad para garantir el fiel cumplimiento de las condiciones que se le impusieron en la concesión de una franquicia para construir y explotar fe-rrocarriles en esta Isla y cuyas condiciones se dice que /bajo ningún aspecto ha cumplido dicha compañía, y esta es la razón del cobro judicial que hoy se pretende.

Esa demanda también se dirige contra Don Eduardo Lugo Viña, que fué quién, como apoderado de dicha compañía, com-pareció al otorgamiento de la escritura hipotecaria á favor ’ ■de “El Pueblo de Puerto Pico,” y principalmente porque dicho Lugo Viña, con posterioridad á la constitución de dicha hipoteca, adquirió la finca denominada “Pozuelo,” que es una de las dos hipotecadas á favor de “El Pueblo de Puerto Eico. ’ ’

También se dirige la demanda contra Don Fernando Lugo Viña y veinte y ocho individuos más “porque al demandante se le ha informado y cree que todos éstos alegan tener algún interés en las propiedades hipotecadas y descritas en la mis-ma demanda,” pero alega el demandante que “dichos in-tereses, si existen, Son posteriores á los derechos del deman-dante, con arreglo á la hipoteca constituida á su favor. ’ ’

La demanda relaciona, además, todos los antecedentes que. ¡sirven de historial del asunto y concluye con la siguiente súplica.

“Primero. Que se condene al demandado, “The Port América Do.”, á satisfacer al demandante la expresada suma de dóce mil qui-nientos dollars (12,500) que se le adeuda por el importe asegurado por dicha hipoteca, y las costas, cargas y gastos de esta demanda; y que los demandados, y todas las personas que por ellos ó como causaha-bientes de ellos, con posterioridad al otorgamiento de dicha hipoteca, y todas las demás personas que sin ser partes en esta demanda, tuvieren sobre ellas gravámenes á su favor por sentencia ó decreto, ó cualquier otro concepto, con posterioridad á la constitución de la hipoteca del demandante, queden excluidos de toda reclamación, título ó derecho contra dichos bienes hipotecados ó cualquiera parte de los mismos y de sus accesorios.
“Segundo. Que todos dichos bienes hipotecados, juntos ó'separada-mente, sean vendidos por decreto de esta corte, y con el producto de su venta se satisfagan:
“Io. Las costas, cargas y gastos de esta demanda.”
‘ ‘ 2o. Las contribuciones correspondientes á ellos, .si algunas hubiere, pendientes de pago.”
‘ ‘ 3o. La cantidad principal mencionada en dicha hipoteca. ’ ’
“Tercero. Que la corte ordene y falle que al demandante se le otor-gue todo otro remedio, bien general ó especial, según lo exigiere la na-turaleza del caso ó la corte estimare de justicia.
“Ctiarto. Que autorizada por esta corte y bajo el sello de la misma, se despachen citaciones dirigidas á “The Port América Co.,” Eduardo Lugo "Viña, Fernando Lugo Viña, Juan S. Benvenutti, Evangelista Burgos, Abdón Collazo, Carlos Baez, Eustaquio Cordero, Eulogio de Jesús, Nicolás Godina, Gumersindo ^Ortíz, Justiniano Cruz, Cornelio Tirado, Ramón Rodríguez, Gregorio Alamo, Marcelino Rodríguez, Inés Correa, Simplicio Beltrán, Carlos Rolón, Arsenio Ruíz, Benigno Correa, Santiago Madera, Heraelio González, Santos Estrada, Tels-foro Rolón, Soto de la Merced, Felipe Collazo, Braulio Ramos, Melitón Baez, Felipe Blek y Rafael López, los demandados en la presente, or-denándoles por dicha citación á que todos y cada uno de ellos, en determinado dia y bajo determinada pena que se expresarán en la misma, comparezcan ante esta corte y todos y cada uno de ellos con-testen la demanda, y se atengan á lo que en ella se determinare y cumplan lo que esta corte en la misma ordenare y decretare. — Frank Feuille, Attorney General de Puerto Rico.’’ '

Según el alegato, del apelante, han sido debidamente cita-dos todos los demandados menos “The Port América Co.” y Don Eduardo Lugo Viña.

Don Fernando Lugo Viña, que* es uno de los demandados que, según se expresa, está citado, compareció alegando como excepción previa á la demanda que ‘ ‘ ésta no aduce hechos su-ficientes para determinar una causa de acción” (a) “Porque el demandado que comparece, no ha sido ni es dueño de las fincas objeto de la demanda; ni ha tenido nunca contrato al-guno con El Pueblo de Puerto Rico sobre aquéllas; ni en la demanda se expresa el interés, derecho ó acción que contra el dicho demandado se entabla; ni tampoco se expresa en la demanda qué derechos del demandado (caso que los tuviera), se quieren combatir en la expresada demanda, ib) Porque la fianza que trata de ejecutar el demandante es una fianza convencional, que ha de responder del cumplimiento de un contrato y de los daños y perjuicios que origine dicho incum-plimiento, debiendo existir una acción previa terminada por sentencia ejecutoria que determine el incumplimiento del con-trato principal y la cuantía de los daños y perjuicios men-cionados. (c) Porque dicha fianza está extinguida por la pró-rroga concedida por el acreedor sin el consentimiento del due-ño actual de las fincas en cuestión. Existe una indebida acu-mulación de demandados. En efecto, con excepción de “The Port América Co.,” que constituyó la fianza, y del demandado Eduardo Lugo- Viña, actual dueño de una de las fincas gra-vadas, la única acción que contra ellos podría entablarse en todo tiempo' sería la acción de desahucio, pero nunca la que se pretende ejercitar por no ser partes en el contrato principal ni en la fianza que trátase de hacerse efectiva. La demanda es ambigua. Dicha ambigüedad estriba en que no se deter-mina por el actor la clase de acción que ejercita; si es la acción real hipotecaria ó la acción personal en cobro de pesos; e] procedimiento que se trata de practicar por el demandante, no es realmente aplicable á ninguna de las dos acciones seña-ladas, dando lugar con esto á que los demandados, y entre ellos el que excepciona, pueda contestar la demanda con la seguridad, precisión y claridad inherentes á cualquiera de aquellas acciones. Sírvase la corte, previo señalamiento de día para la discusión de estas excepciones, declararlas con lugar y ordenar el archivo de la demanda, con costas al de-mandante. — Giuayama, 22 de noviembre de 1906. — Ledo. Ra-món Nadal, Abogado del demandado Fernando Lugo Viña.”

La Corte de Distrito de Gruayama, después de oir las alega-ciones de Fernando Lugo Viña y de “El Pueblo de Puerto Rico,” representado en el acto por el fiscal del distrito, dictó sentencia en 18 de diciembre de 1906.

Esa sentencia se aclaró, á petición del fiscal, en la siguiente forma:

“Vistos los artículos 105, No. 4 y 6 del Código de Enjuiciamiento Civil y el 168 del Reglamento Hipotecario, y las sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 21 de diciembre de 1904 y 8 de febrero de 1906, se declara con lugar la excepción alegada porque la demanda no aduce hechos suficientes para determinar causa de acción bajo ningún procedimiento contra ninguno de los demandados, excepto “The Port América Co.” y Eduardo Lugo Viña; y en cuanto á estos dos últimos se refiere, aunque existe causa de acción no se ha utilizado la tramitación adecuada y deberá la parte demandante ajustarse al procedimiento establecido en los artículos 128 y siguientes de la Ley Hipotecaria. Por tanto, la corte resuelve desestimar y desestima la demanda en cuanto á todos los demandados. El fiscal reproduce la excepción que tiene tomada.”

“El Pueblo de Puerto Pico,” por medio de su representan-te, el Attorney General, interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema y aquí ba presentado un alegato escrito que se sostuvo en el acto de la vista á la que también concurrió la representación del demandado Fernando Lugo Yiña, quien alegó oralmente cuanto creyó conducente á su derecho.

En ese alegato del apelante se sostienen dos afirmaciones:

Primera. La anticonstitucionalidad del procedimiento su-mario de la Ley 'Hipotecaria para el cobro de hipotecas por no ser, se dice, un debido proceso de ley.

Segunda. La derogación de ese procedimiento desde que empezó á regir en esta Isla el Código de Enjuiciamiento Civil aprobado el primero de marzo de 1904.

Ya nosotros tratamos estas cuestiones en el caso de Emilia Giménez y Felicia Garriga y Brenes v. Julio Brenes y Aponte.

Podríamos hoy con vista del extenso y bien pensado ale-gato del apelante, bajo el punto de vista en que se coloca, agregar otros razonamientos más en apoyo de aquella nuestra opinión en aquella época emitida, pero no es á nuestro juicio en este momento necesario, y pasamos á considerar la resolu-ción apelada.

Es verdad que Don Fernando Lugo Yiña, al proponer ex-cepciones, empieza por manifestar que no tiene ningún interés en este litigio, pero esta manifestación suya no le quita el derecho que indiscutiblemente tiene de defenderse de la acción que contra él se dirige por todos los medios que la ley le con-ceda y que le brinde la misma demanda. Es seguro que si no se le hubiera comprendido entre los demandados, nada hubiera alegado, pero hoy, además del flanco débil que le ofrece la demanda, tiene á sn favor el interés, en qne no se ha fijado el demandante, pero qne existe, y es el de evitarse la imposición de costas.

De modo qne este demandado, citado en forma, pndo, con perfecto derecho, defenderse, y dentro de esa defensa están las excepciones qne él ha alegado.

Sentado esto, es indndable qne contra él no adnce la de-manda hechos qne determinen nna cansa de acción, pnesto qne, se dice, qne se cree qne tiene nn interés y éste no se especifica, no se dice si tiene sobre las fincas hipotecadas nn derecho real ó si las posefe, cnál es sn título, si es en arrendamiento ó es en precario; en fin, se parte de supuestos intereses de nn modo vago y de supuestos derechos subordinados al qne hoy ostenta “El Pueblo de Puerto Rico.” De este modo no se sabe de qué cargo debe defenderse.

Estamos conformes, por tanto, en este extremo con la sen-tencia apelada.

No lo estamos en cnanto á lo que ella afecta á los demás demandados qne se encuentran en el mismo caso de Fernando Lugo Viña.

1 Porque esos, aunque citados también, nada han alegado, y pudiera ser que ellos tengan algún interés y se resignen con la demanda y con la resolución final que en este litigio y sobre ellos recaiga.

Las alegaciones de Fernando Lugo Viña, que obra sólo por derecho propio, no pueden aprovechar por la razón expuesta á los otros demandados que en su situación se encuentran, por más que de la faz de la demanda no aparezca por ninguna parte el hecho determinante de la acción que contra ellos se ejercita. Pero es buena práctica' que en estos pasos tome el juez una actitud pasiva, porque todavía pudiera verse preci-sado á permitir que se formule una contestación después del término prescrito por la ley, según el artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, y entonces pudiera ser que esos de-mandados alegaren excepciones ó contestasen en el fondo la demanda oponiéndose ó allanándose á ella.

Ahora consideremos la sentencia apelada en cnanto se refiere al deudor hipotecario, qne es “The Port América Co.,” y al tercer poseedor de una de las fincas hipotecadas, qne es Eduardo Lugo Yiíía.

La Corte de Distrito de G-nayáma no ha podido en cnanto á ellos rechazar de plano la demanda, porque se trata, al pare-cer, de un caso en que tiene jurisdicción sobre la persona de los demandados y sobre la materia de la acción.

La razón en qne dicha corte se funda es inadmisible porque remite al demandante al procedimiento sumario establecido en el artículo 128 y siguientes de la Ley Hipotecaria y sus concordantes de su Reglamento, sin tener en cuenta la forma y súplica del escrito de demanda y que aquí la acción no se dirige contra el deudor hipotecario y tercer poseedor sola-mente, sino que comprende también á multitud de individuos qne no tienen ese carácter ni figuran en concepto alguno en la escritura hipotecaria, y á esos individuos no podrá llevárseles nunca á ese procedimiento, según esos mismos artículos qne cita' el juez en su resolución.

Las demandas ó se tienen por desistidas, á petición de los demandados, ó se declaran abandonadas por la corte en los casos que taxativamente enumera el artículo 192 del Código de Enjuiciamiento Civil.

Cuando esos casos no concurren, el juez, según el 193, está obligado á dictar un fallo, con arreglo á las resultancias del pleito.

Hay otra razón de índole distinta, pero no menos atendible.

Desde que está vigente el Código de Enjuiciamiento Civil, minea hemos resuelto que el único procedimiento para el cobro de hipotecas sea el señalado en la Ley Hipotecaria y, algún caso ha habido, en que habiéndose elegido el procedimiento ordinario del nuevo Código, nada hemos objetado contra él y se resolvió el asunto sólo con arreglo á sus resultancias.

Pero ha llegado el momento de tratar este punto, porque la apelación se presenta en circunstancias tales que se impone la necesidad de fijar un criterio que sirva de orientación á los demás tribunales y á los mismos acreedores hipotecarios.

Las únicas razones que impusieron el procedimiento suma-rio de la Ley Hipotecaria se encuentran explicadas de un modo sencillo y elocuente en la exposición de motivos que precede á dicha ley.

El párrafo que á dicho procedimiento se refiere, dice así:

“Pero donde la voz de la experiencia se ha dejado oir con mayor fuerza contra la ley, demandando remedio pronto, es en lo referente al procedimiento para hacer efectivos los créditos hipotecarios. Su complicación abrumadora, la inseguridad del éxito y su coste incalculable, retraen al capital ó sugieren condiciones usurarias; la venta á retro viene sustituyendo al préstamo, para suprimir todo procedimien-to con daño del terrateniente; se estipulan intereses que triplican el capital prestado, y tal vez, empleando otras fórmulas, se sujeta con res-ponsabilidades penales al deudor, convirtiendo la santidad de las leyes escritas para castigar delitos en vil.instrumento de la codicia contra el infortunio. Emplea estas artes la desconfianza, porque el procedi-miento legal no satisface las exigencias razonables de la contratación, y á cortar la raíz de estos males, proporcionar á la tierra el capital que necesita, y dar al prestamista seguridades de pronto y fácil cobro, se consagra la reforma de mayor transcendencia que propone el Gobier-no, suprimiendo■ trámites que, sin garantía positiva de los derechos, ahoga los más sagrados. La previa tasación, la fijeza en la competen-cia judicial para las diligencias precisas, la supresión de todo pleito, un solo requerimiento y la subasta inmediata, son las bases de la nueva legislación; suprímense juicios, excusiones, exhortos, mandamientos de embargo de lo que está ya hipotecado, incidentes, subastas simultáneas y tantas otras barreras atravesadas en la senda del crédito territorial con noble ánimo, en las que solo tropieza realmente la buena fe. ’ ’

Y en el dictamen de la Comisión del Senado se añade:

“Y por último se introduce una modificación sustancial en cuanto al procedimiento para hacer efectivo el derecho asegurado con hipote-ca, que facilitará poderosamente la prestación de capitales á la propie-dad inmueble, suprimiendo todas las trabas, dificultades y considera-bles gastos que hasta hoy venían oponiéndose á su desarrollo. Puede decirse que esta reforma, juntamente con las que ya aprobó el Senado, son las de mayor trascendencia contenidas en el proyecto. Y si se tiene en cuenta que la práctica ha venido en cierto modo á sancionar su éxito, no sólo por el ejemplo que proporcionan algunos Estados ex-tranjeros, sino por el que nos ofrecen instituciones hipotecarias que vienen desenvolviendo un procedimiento análogo, por su sencillez y tendencia que sería aventurado, sin embargo, considerar como suficien-temente eficaz para sus fines, no ha de extrañar que la Comisión in-forme favorablemente sobre su aplicación más general, dando igual dictamen para las reformas contenidas en este tercer grupo, reclama-das unas hace tiempo por la opinión, y dirigidas otras á favorecer el crédito territorial sin lastimar en lo más mínimo los intereses consa-grados, ni menos quebrantar de mpdo alguno los cardinales preceptos de nuestra legislación civil.”

Esos y no otros fueron los motivos que aconsejaron la reforma encaminada al desarrollo del crédito territorial con un procedimiento breve y poco dispendioso en el que se respe-tasen los intereses del acreedor hipotecario y los no menos sagrados derechos del deudor, porque la ley general de proce-dimientos que entonces existía era por el contrario en su tra-mitación lenta y costosa para las partes.

Pero las cosas han cambiado. Hoy el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, es mucho más rápido en su tramitación que el procedimiento sumario y brinda al acreedor hipotecario esa brevedad para el logro de su propósito porque tiene la ventaja de dejar resueltas en un solo litigio todas las cuestio-nes que pueda suscitar la defensa del deudor y que dentro del procedimiento de la Ley Hipotecaria le están reservadas para ejercitarlas en un juicio ordinario seguido con independencia de aquel procedimiento.

Si esto es así, y si dentro de los motivos que determinaron el procedimiento de la Ley Hipotecaria, está la brevedad para el cobro del capital garantido con hipoteca y si esa rapidez la puede encontrar el acreedor en el juicio ordinario que regula el nuevo Código de Enjuiciamiento Civil, porque le evita ulte-riores pleitos, no se le puede obligar á seguir el de la Ley Hipotecaria y puede optar por uno ú otro procedimiento, según lo crea conveniente, siendo casi seguro que no habrá deudor demandado, que obre de buena fe, que alegue en contra, de la elección por el acreedor del procedimiento ordinario del Código de Enjuiciamiento Civil vigente, porque dentro de ese mismo juicio elegido, tiene como se lia dicho antes, los medios-de defensa que le otorga el de la Ley Hipotecaria y que puede desarrollar antes de que se verifique la subasta de sus bienes-que en garantía de su deuda gravó con la hipoteca en el con-trato que con el acreedor celebró.

En mérito de lo expuesto, la sentencia apelada debe con-firmarse en cuanto por ella se declara con lugar la excepción alegada por el demandado Fernando Lugo Viña, consistenteen que la demanda no aduce contra él hechos que determinen una causa' de acción y debe revocarse en cuanto esa misma excepción se aprecia, sin alegación previa, en favor de los-otros demandados que en su caso se encuentran y así mismo debe revocarse en cuanto á los otros dos demandados “The-Port América Co.” y Don Eduardo Lugo Viña deudora y ter-cer poseedor, respectivamente, según la demanda, y que el juez, de conformidad con lo expuesto, proceda, con arreglo á derecho, á sustanciar el procedimiento ordinario porque opta el demandante “El Pueblo de Puerto Rico.”

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández y Wolf.

Juez disidente: Sr. MacLeary.

VOTO PARTICULAR DEL JUEZ SR. MACLEARY.

Por razones análogas á las expuestas en mi voto particular emitido en el caso de Emilia Giménez y otros contra Julio Brenes Aponte, en 26 de febrero de 1906, me veo'obligado á disentir del dictamen emitido por la mayoría del tribunal en el presente caso. Podrían alegarse muchas otras razones, tal vez, más poderosas, para mi disensión en el caso de que- se trata; pero sería inútil ahora exponerlas detenidamente. Á mi entender, el Fiscal General procedió correctamente al en-tablar esta demanda, y ba debido sostenérsele con respecto á todos los puntos en cuestión.


text:
    Díaz v. Guerra et al.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 59.
    Resuelto en junio 28, 1907.
    Pruebas. — La circunstancia de que un documento tenga fecha anterior á aquélla en que hayan ocurrido los hechos expresados'en la demanda, no es objeción suficiente para denegar su admisión, á no ser que se demuestre que es por cualquier otro concepto.
    Id. — Apelación—Inspección Ocular — Relación de I-Iechos. — Los documentos, mapas, etc., presentados como pruebas durante el juicio, debe hacerse parte de la relación de hechos, y el resultado de cualquier inspección ocular practicada por el juez, debe asimismo hacerse constar en dicha relación, á fin de que todo ello pueda ser considerado por el tribunal de apelación.
    Id.’ — Sentencia.—Cualesquiera que sean los errores cometidos por la corte inferior en su oposición, no afectan á la sentencia, ni constituyen motivo de revocación, si dicha sentencia es correcta y adjustada á derecho.
    Los liecbos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Torres.

    Abogado del apelado: Sr. Cuevillas Hernández.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso la opinión de la corte de distrito, que se encuentra en los autos, es como sigue:

“En el presente caso el demandante pide que se condene á los demandados: 1°., á llevar á cabo la demolición de la pared de la casa de manipostería que construyeron, invadiendo el solar del deman-dante ; 2°., á indemnizar al demandante la suma de tres mil dollars; y 3°., pagar las costas. T los demandados solicitan: 1°., que la corte resuelva que, constituyendo cosa juzgada el ‘fallo de la Corte de Dis-trito de San Juan de 24 de septiembre de 1900, no cabe conceder otro juicio, ni resolver el caso nuevamente; 2°., que la casa de los deman-dados no ha invadido el solar que usufructúa el demandante; y 3°., que el demandante les pague seiscientos dollars por perjuicios causados. Y los dichos demandados establecen, además, reconvención y piden qne se condene al demandante á dejarles libre -y expedita toda parte del solar de los demandados qne indebidamente ocnpa y á pagarles qui-nientos dollars en concepto de perjuicios y costas.
“Tales son las peticiones formuladas en este pleito para basar las cuales se establecen necesarios hechos en la demanda y en la contesta-ción.
“Debemos examinar en primer término, la excepción de cosa juz-gada. Realmente este caso fué resuelto por el Tribunal de Distrito de San Juan, pero lo fué en juicio de interdicto de obra nueva, y dada la naturaleza de aquel juicio, la sentencia dictada en el mismo, no pone término á la cuestión debatida en cuanto al fondo, cuestión que puede ser luego ventilada en juicio de trámites más amplios.
“Por lo tanto, en nuestra opinión, debemos prescindir en absoluto de la sentencia pronunciada en el interdicto y resolver este caso por las alegaciones hechas y las pruebas presentadas en el mismo.
“ ¿ De qué se trata en este pleito ? ¿ Cuál es en realidad la cuestión fundamental del mismo?
‘ ‘ Se trata en verdad, y es la cuestión fundamental, de determinar á quién corresponde el usufructo de determinado espacio de terreno.
“El demandante alega que le pertenece una casa situada en la calle del Sol, del pueblo de Río Piedras, y enclavada en un solar del municipio de diez y seis varas de frente por treinta y seis de fondo; que á los demandados corresponde un solar también en usufructo de catorce varas de frente por treinta y seis de fondo, y que habiendo cons-truido una casa en dicho solar, se salieron de él é invadieron el del demandante en catorce pulgadas por el frente que, dado que la pared levantada en la colindancia de los solares no forme un ángulo recto con la pared levantada en la calle del Sol, conviértese en una y media varas aproximadamente el fondo. Y el demandado alega que á él le co-rresponde en usufructo un solar de quince varas y diez pulgadas de frente por treinta y seis varas de fondo, y que como la casa que ha levantado en dicho solar solo tiene catorce varas y veinte y dos centí-metros de frente, claro está que ha sido construida dentro de su solar y que es el demandante el que está ocupando parte del solar que usu-fructúan los demandados:
“Para probar tales alegaciones, se ha presentado una voluminosa prueba, de la cual solo resalta un hecho indiscutible, y es el de que el dominio de los dos solares en cuestión pertenecen al municipio de Río Piedras. Desde el año 1825 en que los compró, hasta la fecha, jamás dicha corporación se ha desprendido de la propiedad. Sólo los ha cedido en usufructo.
“Examinadas también las escrituras, se llega de igual modo á otra conclusión, y es á la de que al pasar de unos á otros dueños, es decir, usufructuarios, los solares de que se trata, no siempre conservaron en los documentos iguales dimensiones.
“De allí la incertidumbre que existe al apreciar esta prueba. La parte demandante ha presentado como prueba cierta certificación, que demuestra que el 8 de abril de 1886 el Alcalde de Río Piedras, Enrique Ramos Izquierdo, expidió cierto documento en el que se hacía constar que el solar que ocupaba el demandado tenía diez y seis varas de frente por treinta y seis de fondo, según constaba del expediente de creación y plano de aquel pueblo.
“Y la parte demandada presenta como prueba otro documento también expedido por el alcalde de Río Piedras en el año 1899, en el que hace constar, que según el plano, el solar usufructuado por los demandados tenía trece metros de frente, esto es, más de catorce varas.
“ La'primera certificación es enteramente favorable á los intereses del demandante; la segunda, enteramente favorable á los intereses de los demandados.
“Como ambas certificaciones se refieren al plano de Río Piedras, examinemos ese plano.' Según-la parte necesaria traída, á los autos por los peritos Don Juan Bautista Rodríguez, ingeniero, y Don Rafael Janer, agrimensor, según el plano, el solar ocupado por los de-mandados tiene trece metros de frente, y el ocupado por el demandante once metros 50 centímetros.
“Luego, en verdad, el plano da la razón á la certificación favorable á los demandados, sin que se llegue á la conclusión que hubiera mala fe por parte del alcalde al expedir la certificación de 1886; puede haber incurrido en error al hacer la reducción de metros á varas y consignar diez y seis varas en números redondos.
“Además, hay otra prueba favorable á los demandados y adversa al demandante-. Tal prueba es la de la cerca. Ella aparece trazada en el plano que obra en autos y á que nos hemos referido, levantado por los peritos Rodríguez y Janer, con su dirección oblicua, que ex-plica la de la pared del edificio de los demandados que se aspira á demoler, y dentro del perímetro que determina, aparece levantado el edificio de Guerra, ó sea de los demandados; sobre ella dictaminaron el perito Sr. Larrínaga, que expresa que la construcción de los deman-dados estaba dentro de la cerca, y sobre la cerca habla también el tes-tigo González.
“Al eseribir esta opinión aspiramos á consignar á grandes rasgos, porque llegamos á la conclusión que contiene nuestra sentencia. Dis-ponemos de muy poco tiempo y estamos seguros de que el récord sos-tiene perfectamente nuestro fallo, sin necesidad de que nosotros lo fundemos, pero este caso lia adquirido resonancia tal, que se bace necesario que el Juez lo considere y estudie por escrito, de manera que se conozca su opinión, los motivos en qué basa su resolución final.
“El verdadero proprietario, el municipio de Río Piedras, no ha sido parte • en este pleito. La lucha judicial se entabló y sostuvo entre sus usufructuarios.
“Ambas partes aspiran á que la corte adopte medidas dé seria consecuencia, sobre todo el demandante, que aspira á la demolición de todá una pared de un edificio de mampostería de altos y bajos y á que se la pague $3,000 como indemnización.
“¿La prueba que ha aportado el demandante justificaría que la corte concediera lo que él solicita? Se impone á nuestro juicio una respuesta negativa.
“Es indudable que existe prueba favorable al demandante, pero también es indudable que existe prueba favorable á los demandados en este'pleito.
“Y además, no se trata aquí del propietario que reivindica su terreno. Se trata de un mero usufructuario que nada absolutamente pagó por el térreno del que se dice desposeído. Y dista mucho de haberse probado que él fué desposeído. Esa cerca colocada allí, que él tenía que ver diariamente y que él consentía,' estaba dividiendo los solares, y los demandados fabricaron en la parte que la cerca marcaba como de ellos. Y ese plano del municipio de Río Piedras, que no se ha demostrado que ha sido alterado en debida forma, está dieiéu-donos .claramente que el edificio de los demandados está colocado entres los límites del terreno que el dicho Municipio les concedió en usufructo.
“Además, al practicar una inspección ocular de los solares de que se trata, pudimos nosotros convencernos de la certeza del plano y sobre todo de que el demandante no había sufrido entorpecimiento alguno. La casa es semialta y la escalera que le da acceso es todo lo amplia que puede desearse. Más de dos metros tiene el callejón que separa su casa de la de los demandados. No se trata, pues, de persona que haya sido privada de aire y luz por la construcción vecina, ó que debido á la construcción que redujere el espacio de que disponía, él haya sido privado de dedicarse á determinada industria ó comer-cio. Nada de eso. El arbolito de guanábanas que se dice derribado al construir la casa de los demandados, no implica nada. Ha podido estar en la línea divisoria de los solares ó dentro del mismo solar del demandante y al hacerse los cimientos de la casa de los deman-dados, lian podido cortarse sus raíces que hasta allí se extendían y caer en su consecuencia.
“Y no se diga que el demandante reclamó por recuperar lo que injustamente se le obligara á gastar en el desgraciado pleito de inter-dicto de obra nueva.
“Apreciando la prueba, debemos consignar que llegamos á la conclusión de que los gastos hechos por el demandante no deben ser indemnizados por los demandados. Triste asunto fue aquél que salió de la esfera serena del derecho, para ir á producir el escándalo en el mundo agitado de las pasiones. Triste asunto, en verdad en el que, si mancha hubo la mancha se extendió á todos, al propio deman-dante que hizo escribir, á virtud de las recomendaciones que buscara y empleara, esas cartas de las que se sirvió después, para su violenta campaña, campaña inútil para el ejercicio de su derecho, puesto que lo que ha hecho ahora, entablando un pleito más amplio que el inter-dicto, pudo hacerlo entonces.
“Tal es nuestra opinión en el presente caso. Y por las mismas razones de lo contradictorio de la prueba, creemos y debemos declarar •sin lugar lo pretendido por los demandados en la reconvención.
“Acudan ambas partes de buena fe al verdadero dueño de los terrenos y pídanle que armonice las certificaciones de 1886 y 1899 y que deslinde los solares y habrán terminado este asunto de una manera .■satisfactoria para ambos y para la equidad y la justicia.
“Pronunciada en corte abierta hoy 30 de marzo de 1906. — Fir-mado. — Emilio del Toro, Juez.

Ambas partes ban establecido recurso de apelación contra la sentencia dictada por la corte inferior.

El demandante lia impugnado la opinión que precede, entre otras cosas, porque habla de usufructuarios como si sus de-rechos fueran distintos de los de cualquier persona que tenga participación en un terreno. Convenimos con el demandante •en que las personas que poseen en usufructo tienen derechos ■que la ley está obligada á proteger, pero en realidad el funda-mento que tuvo la corte inferior al emitir su opinión fue la omisión del demandante de probar los hechos del caso, y si hubo error alguno, no afectaba á la cuestión.

La corte inferior no cometió error como alega el deman-dante al negar la admisión de un documento como' prueba, á saber: la escritura de 1837, en que el fundamento de la obje-ción fué simplemente que la misma bacía referencia á hechos anteriores á los expresados en la demanda, á no ser que tam-bién se probara, lo que no se hizo, que la referida escritura era inadmisible por alguna otra causa. Las otras objeciones, hechas á la opinión no pueden afectar á la sentencia por cuanto que el error debe estar en la misma sentencia y no en los supuestos conceptos equivocados que pueda tener el juez con respecto á la ley. Mas se ve claramente de una lectura de la opinión que las cuestiones que han sido sometidas á nuestra consideración para ser revisadas, tanto las que se refieren al demandante, como las de los demandados, son mera-mente cuestiones de hecho.

Estamos convencidos de que el juez inferior obró con arreglo.á derecho al hacer uso del plano de Río Piedras como-norma para fijar las dimensiones de los dos solares cues-tionados. Asimismo se ve en la opinión del juez que la casa de los demandados estaba comprendida dentro de la línea oblicua que se dice es el límite de las dos parcelas de terreno.

Sin embargo, con referencia al apelante Díaz Yarcárcel, si estuviéramos en duda con respecto á la corrección de la opinión del juez no podríamos revocar la sentencia, porque los documentos de que hace mención la exposición del caso no han sido debidamente certificados al remitírsenos, por el juez inferior, y la misma cosa es aplicable á la exposición del caso, presentada por la otra parte apelante. Ninguno de los planos podrían ser tomados en consideración por este tribunal porque los mismos no formaron parte de las diferentes exposiciones de hecho. Además, se hizo una inspección ocular del terreno y nada se hizo con'arreglo á ley para que dicha inspección pudiera ser revisada por una corte de apelación. Una parte que trate de fundar su derecho en este procedimiento de ins-pección ocular y en su resultado, ó que trate de impugnarlo, debe presentar el mismo en propia forma,.

La forma correcta de preparar un récord se ha explicado en el caso de Eurípides López v. The American Railroad Co. of Porto Rico resuelto por este tribunal en junio 28, 1906.

Por estas razones, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Pigueras y MacLeary.


text:
    El Pueblo v. Hernández.
    Solicitud para que se dicte auto de Mandamus.

    No. 127.
    Resuelto en junio 28, 1907.
    Mandamus — Aprobación de un Pliego de Excepciones. — Un auto de mandamus no procede para obligar á un juez de distrito á que apruebe un pliego de excepciones, cuando aparece que éste no es fiel reflejo de lo ocurrido en el juicio, y no se justifica que el juez se haya negado á aprobar en pliego re-dactado correctamente y ajustado á la verdad de los hechos.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. José Guzmán Benitez.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

El juez ha expresado varias razones para negarse á firmar el pliego de excepciones, pero la única que, en nuestra opinión es buena, es que el pliego de excepciones que le fué presentado no expresaba los hechos verídicamente. Las notas taquigrá-ficas que se han presentado á este tribunal muestran que en el pliego de excepciones los hechos no están expresados comple-tamente, aunque nos parece que fácilmente pudo haber hecho el juez las enmiendas necesarias, y si el peticionario presen-tara un pliego de excepciones enmendado, siguiendo las indi-caciones hechas por el juez en su contestación, no vemos nin-guna razón que impidiera que el juez aprobara y firmara el mismo. Nosotros no podemos ordenar al juez que lo firme en la forma en que está redactado y debe desestimarse la solici-tud para que se dicte auto de mandamus.

Denegado.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández y Figueras.

El Juez Asociado Sr. MacLeary también concurrió, aunque por razones distintas á las expresadas en la opinión.


author: El Juez Presidente Sr. Quiñones,

text:
    Torruella v. El Reristrador de la Propriedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce.
    No. 9.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Legado — Prohibición de Enagenar, Gravar, Etc'. — Usotructo.—En el testa-mento á que se refiere el caso de autos, y con respecto á un legado hecho por el testador á favor de su hijo, consignó aquél lo siguiente: “Que el legatario no podrá enagenar, permutar, gravar, ni hipotecar la finca urbana que le correspondiese por virtud de dicho legado, sino únicamente usufructuarla, con-servando la propiedad para sus descendientes legítimos.” Se resolvió: Que esa prohibición del testador era absoluta, y limitaba, no sólo la nuda pro-piedad, sino el usufructo, y que el legatario no podía ceder este último á un tercero.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. García Cuervo.

   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Emilio G-arcía Cuervo, á nombre de Don Rafael Torruella y Cortada, contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce denegatoria á inscribir una escritura de cesión del usufructo de parte de una finca urbana.

Resultando: Que por escritura pública otorgada en la ciu-dad de Ponce ante él abogado y notario de la misma D. José F. Fernández en 21 de marzo del año en curso, Don Carlos Gavarain. y Besosa cedió á Don Rafael Torruella y Cortada, por la suma de 1,000 dollars que confesó recibidos, el usn: frncto que le correspondía en nn solar con casa de altos y bajos, de manipostería, señalada con el número 2 del Gobier-no, haciendo esquina á las calles de la Villa, hoy Rafael Corde-ro, y de la Concordia, de la misma ciudad de Ponce, y cuyo usufructo le correspondía por legado que le hiciera su difun-to padre Don Carlos Gavarain y Gr a jales, en el testamento cerrado que otorgara en 20 de noviembre de 1892 protocolado en la Notaría de Don Rosendo Matienzo Cintrón y en cuyo testamento se consigna por el testador “qúe el legatario com-pareciente Sr. Gavarain y Besosa no podrá enajenar, per-mutar, gravar ni hipotecar la finca urbana que le correspon-diese, por virtud de dicho legado, sino únicamente usufruc-tuarla, conservando la propiedad para sus descendientes legí-timos.”

Resultando: Que presentada esta escritura en el Registro de la Propiedad de Ponce para su inscripción, la denegó eJ registrador por los motivos que expresa la siguiente nota:

“Denegada la inscripción del precedente documento, porque ha-biéndole sido adjudicada á Don Carlos Gavarain y Besosa la participa-ción de la finca, cuyo usufructo vitalicio cede, en pago de su parte en el legado hecho por su padre Don Carlos Gavarain y Grajales, y con la ■condición impuesta por éste en su testamento, de que ninguno de sus hijos podría enajenar, permutar, gravar, ni hipotecar “en parte” nin-guna de las fincas urbanas ó rústicas, que se le adjudicasen por tal le-gado, sino únicamente usufructuarla conservando la propiedad para ¡sus descendientes legítimos; esta prohibición, que es absoluta, limita la totalidad del dominio, lo mismo el usufructo que la nuda pro-piedad ; pues es evidente que la intención ,del testador no fué sólo la ■conservación de los bienes legados para trasmitirlos á los descendientes legítimos del legatario, sino que éste los usufructuara durante su vida; y en este caso, dicha disposición queda infringida con la cesión que comprende la aludida escritura. Y tomada en su lugar anotación preventiva por cuatro meses al folio 205 del tomo 140 de este ayunta-miento, finca número 740 triplicado, anotación letra B. — Ponce y abril 16 de 1907.”

Resultando: Que contra esta nota ha interpuesto el Aho-gado D. Emilio G-arcía Cuervo á nombre de D. Rafael To-rruella y Cortada él presente recurso gubernativo para que se revoque, y se ordene al registrador la inscripción de la escri-tura con las costas.

Aceptando los fundamentos de la resolución impugnada.

Se confirma la nota denegatoria del Registrador de la Pro-piedad de Ponce y devuélvasele la escritura presentada con copia de la presente resolución para su conocimiento y demás efectos procedentes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Hernández,

text:
    El Convento de las R. R. M. M. Carmelitas v. Silva.
    Apelación contra sentencia condenatoria de la Corte de Dis-trito de San Juan.
    No. 77.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Cambios — Circulación de las Monedas Extranjeras — Moneda Oficial. — Aun cuando la circulación de las monedas norteamericanas, francesas y mejicanas, estuvo autorizada en 'Puerto Rico, y á dichas monedas se fijó un valor legal en relación con la oficial, nunca tuvieron el carácter de moneda oficial, que estuvo reservado á la moneda fuerte de cuño español, autorizada su circula-ción por R. D. de 1857, hasta el año 1895, en que la moneda mejicana fué sustituida por la especial creada para Puerto Rico y cuyo valor no era igual al de la moneda española.
    Id. — Canje de la Moneda Especial — Moneda Española. — El canje de la moneda decretado por la sección 11 de la Ley Orgánica se refiere únicamente á la moneda especial de Puerto Rico y no comprende la moneda propiamente es-pañola, ni ninguna otra clase de moneda extranjera, debiendo reputarse aquélla y éstas como mercancías, cuyo valor está sujeto á las oscilaciones del cambio.
    Id. — Obligaciones Constituidas en Moneda Española — Tipo A que Debe Ajustarse el Pago de las Mismas. — El pago de las obligaciones constituidas en moneda española, debe hacerse en la misma moneda, ó en moneda ameri-cana, pero no al tipo de canje establecido en la Ley Orgánica de Puerto Rico, sino al Upo corriente en plaza.

    Id. — Consignación del Importe de la Obligación. — La consignación hecha ante un notario, y no ante la autoridad judicial, y la hecha por una cantidad menor que la debida, no es eficaz para relevar al deudor de la responsabilidad contraída por su obligación.

      Id. — Naturaleza del Censo — Redención del Censo. — Aunque sea de la naturaleza del censo que la cesión del capital 6 de la cosa inmueble sea perpetua ó por tiempo indefinido, sin embargo, una cláusula al efecto de que transcurridas dos anualidades de los réditos de un censo sin haber sido 'satisfechos, deba el censatario redimir y entregar el capital del censo es válida y no puede esti-marse contraria el precepto del artículo 1511 del Código Civil.
    Id. — Cartas Dótales ú Obligaciones Hipotecarias. — En los casos en que la obli-gación participe de la naturaleza de carta dotal, ó tenga el carácter de hipo-tecaria, las disposiciones del artículo 1511 del Código Civil no podrían ser de aplicación en modo alguno.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Morera Martines.

    Abogado del apelado: Sr. Falcón.

   El Juez Asociado Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Por escritura pública otorgada en esta ciudad á 9 de marzo de 1867 ante el Escribano Eeal y Público D. Juan Basilio Núñez, impuso y reconoció Don Manuel F. Fernández á censo y tributo la cantidad de dos mil pesos fuertes sobre una casa de altos y bajos, de piedra y azotea, de la propiedad del Fer-nández, situada en la calle de San Justo de esta ciudad y mar-cada con el número 18 del Gobierno, para que aquella cantidad sirviera de dote" á su legítima hija Doña María del Carmen Fernández y Umpierre, que intentaba profesar de religiosa en el convento de Reverendas Madres Carmelitas de esta ciudad, y con las rentas de la referida suma al cinco por ciento anual, que estaba pronto á satisfacer el otorgante al Admor. de dicho Monasterio, pudiera atender y atendiera su mencionada hija á las cargas propias de su profesión, á cuyo efecto sub-sistiría el capital de dos mil pesos fuertes sobre la casa de referencia, con obligación por parte del Fernández y sus legítimos sucesores en el dominio de ella de pagar cumplida y religiosamente los réditos correspondientes en el concepto de que transcurridas dos anualidades sin haber sido satisfe-chos, estaban obligados, tanto Fernández como sus herederos y sucesores, á redimir y entregar el capital para su imposición en otra finca, ó para lo que en ese caso dispusiera el tribunal competente, sin que pudiera tener efecto la redención ni tras-paso del mismo capital, en todo ó en parte, sin expreso cono-cimiento y consentimiento del expresado tribunal, entendién-dose además, que los réditos Rabian de ser pagados al venci-miento de cada año, libres de toda carga y contribución, y quedando hipotecada la repetida casa al cumplimiento de lo consignado en dicha escritura, en la cual, además, se hizo constar que los dos mil pesos reconocidos procedían de seis mil ochocientos cuarenta y un pesos cuarenta y nueve y un quinto centavos, que Fernández tenía en su poder pertene-cientes á su referida hija, á la que fueron adjudicados, en vir-tud del legado del tercio de sus bienes que la hiciera su difunta abuela paterna Da. Francisca Martínez.

Por otra escritura pública otorgada ante el propio notario, en el mismo día 9 de marzo de 1867, el citado Don Manuel F. Fernández impuso y reconoció además, otra cantidad de dos mil pesos fuertes, á censo y tributo, sobre la casa anterior-mente descrita, para que aquella cantidad sirviera de dote á Doña Peregrina. Navarro y Lemos, que también intentaba profesar en el convento de Reverendas Madres Carmelitas de esta ciudad, y á la que Da. María del Carmen Fernández y Umpierre había ofrecido la constitución de dote con parte del capital que tenía en poder de su padre D. Manuel F. Fernán-dez, conteniendo dicha escritura las mismas condiciones, obli-gaciones y cláusulas que la anterior.

Dueño Don Julián Silva de la casa sobre la cual gravitan las cargas de referencia, se negó á pagar los réditos corres-pondientes á los años de 1903 y 1904, por haber surgido dife-rencias entre el deudor Silva y Don Manuel Díaz Cane ja, colector de obras pías del Obispado Católico de Puerto Rico y administrador de los bienes y derechos del monasterio ó con-vento de Carmelitas, sobre la cantidad que en concepto de réditos debían ser pagados por esos dos años, pues mientras la comunidad de Reverendas Madres Carmelitas, represen-tada por Díaz Caneja, pretendía se le pagaran cuatrocientos pesos fuertes españoles ó su equivalente en oro americano, al tipo corriente en plaza, por los dos años expresados, Silva sólo estaba dispuesto á pagar doscientos cuarenta pesos de la moneda americana boy corriente, cantidad que en 2 de marzo de 1905 entregó al notario público de esta ciudad, D. Julio César González, para que por éste fuera entregada á Díaz Caneja, el cual se negó á recibirla por no ser esa la cantidad adeudada, según se bizo constar en acta de requerimiento de la misma fecba.

Los liecbos que se dejan expuestos dieron lugar á que D. Manuel Díaz Cañe ja, como colector de obras pías del Obis-pado Católico de Puerto Eico y administrador de los bienes y clerecbos del monasterio ó convento de Carmelitas, produjera ante la corte de distrito de San Juan, en 18 de marzo de 1905, demanda contra D. Julián Silva, con súplica de que previos los trámites de ley, fuera condenado Silva en su día ó la devolución de los cuatro mil pesos, que montaban las cargas impuestas sobre la casa No. 18 de la calle de San Justo, que estaba poseyendo Silva, y al pago de los réditos vencidos desde Io. de enero de 1903 y que sigan venciendo al cinco por ciento, sin descuento alguno, todo en moneda fuerte española ó su, equivalente en oro americano, al tipo corriente en plaza, más los intereses legales de dichos réditos que dejaron de pagarse oportunamente, con las costas á cargo del demandado.

D. Julián Silva, al contestar la demanda se opuso á ella, alegando que no cabe pretender una oscilación constante en el pago de los intereses de que se trata, sujetándolos al tipo que tenga en plaza el cambio cuando se haga el pago de ellos; que la moneda española tuvo en su época el canje correspondiente, siendo sustituida por otra basta llegar á la hoy corriente, que es oro americano; y que la devolución del capital de los capi-tales es improcedente, pues la falta de pago de las dos últimas anualidades ha dependido del mismo demandante que ha po-dido aceptar el pago que trató de hacérsele mediante requeri-miento notarial, sin perjuicio de gestionar los derechos de que se creyera asistido, aparte de que el censualista no puede re-clamar tal devolución por estar reservada únicamente al cen-satario la redención del censo, aun en el caso de que exista pacto en contrario; por lo que suplicó el demandado fuera declarada sin lugar la demanda con las costas al demandante, ordenando que éste, en el carácter con que gestiona, perciba la cantidad consignada por Silva, que es la de doscientos cuarenta dollars, como pago de las dos anualidades pendientes, por ser esa cantidad la que corresponde pagar, hecha la de-ducción del cuarenta por ciento; por razón del canje de la moneda, ya realizado al tipo expresado.

La Corte de Distrito de San Juan, por sentencia de 21 de agosto del año próximo pasado, declaró que los hechos y el derecho están en contra de la parte demandante, y ;en su vir-tud declaró la demanda sin lugar con las costas á cargo de la misma, contra cuya sentencia interpuso la representación de las Reverendas Madres Carmelitas recurso de apelación, que hoy pende de decisión ante esta Corte Suprema, después de vistas y oídas las alegaciones, así escritas como orales, de los ahogados de ambas partes.

Las cuestiones legales á discutir y resolver en el presente pleito son las siguientes:

Ia. Si el pago de los réditos de los dos capitales de que se trata debe hacerse en moneda americana al tipo de cambio prevenido por la sección 11a. de la Ley Orgánica de Puerto Rico, aprobada en 12 de abril de 1900, según alega el deman-dado, ó si por el contrario debe hacerse en moneda española ó su equivalente en oro americano, al tipo corriente en plaza, según pretende el demandante.

2a. Si no habiendo verificado Silva el pago de dos anuali-dades vencidas de los dos capitales, debe ser compelido á la devolución de los mismos.

En cuanto á la primera cuestión, somos de opinión que la sección 11a. de la Ley Orgánica de Puerto'Rico no es aplicable al presente caso. Veámoslo.

Por Real Decreto de 5 de mayo de 1857 se dispuso el canje de la moneda macuquina, que entonces circulaba en esta Isla por moneda fuerte del cuñó' español,, y con tal motivo el G-o-bierno G-eneral dictó en 27 de julio del mismo año varias dis-posiciones tendentes á la realización de dicho canje, entre las qne se encuentra la señalada con el número 10, por la .qne se ordenó qne desde dicha fecha quedara solamente en curso como oficial y para todas las operaciones de cambio, compras, ventas y demás usos á qne está destinada la moneda, la fuerte española de cordón, quedando también, al mismo tiempo establecidas en todas las oficinas y para todos los documentos públicos, la contabilidad en pesos fuertes y centavos de los mismos.

En dicha clase de moneda, ó sea en pesos fuertes españo-les, fueron reconocidos los capitales á que se refieren las dos escrituras de 9 ele marzo de 1867, otorgadas por D. Manuel F. Fernández.

Posteriormente, ó sea por Real Orden de 20 de noviembre de 1867, fué aprobada la determinación por la que el Gobierno Superior Civil de esta Isla había autorizado la circulación en ella de las monedas de oro y plata norteamericanas y fran-cesas, con el descuento de un cinco por ciento en relación á la moneda española; y por otra R. O. de 26 de marzo de 1877, se acordó que el Estado admitiera en esta Isla la onza es-pañola de oro, al tipo ya establecido en el comercio, de diez y siete pesos moneda americana corriente.

De las dos Reales Ordenes citadas se desprende que no sólo la moneda fuerte española de cordón, sino también la norteamericana y la francesa tenían circulación oficial en esta Isla, sin que fueran iguales en valor, pues las últimas, con relación á la primera, estaban sujetas á depreciación.

Con el transcurso del tiempo, las monedas de plata meji-cana provocaron uña crisis monetaria en el país por efecto de la depreciación que sufrían en los mercados extranjeros en relación con el valor legal y oficial que aquí tenían, y para conjurar esa crisis el Gobernador General de esta Isla expidió un Decreto con fecha 18 de noviembre de 1885, ordenando, entre otras cosas, que las monedas de plata mejicana en circu-lación conservaran el valor oficial que entonces tenían en el Tesoro Público y en el comercio, y que transcurridos los pla-zos fijados se marcaran á su introducción por las aduanas todas' las monedas de plata mejicana, las cuales no serían admitidas en las cajas del Tesoro ni tendrían curso legal.

Como se ve,, las monedas norteamericanas, francesas y mejicanas tuvieron valor legal en Puerto Rico; pero no eran-la moneda oficial, cuyo carácter estaba reservado á la moneda, española.

En esa situación vino el Real Decreto mandado cumplir en 7 de diciembre de 1895, el que aparece publicado en el No. 148' de la Gaceta Oficial de esta Isla,, correspondiente al día 10 del propio diciembre. En ese Real Decreto se ordenó la recogida de la moneda mejicana y se creó en sustitución de los pesos, mejicanos circulantes en la Isla una moneda especial, ó sea el peso español de dimensiones y ley exactamente idénticas á las. de las monedas de 5 pesetas de las provincias peninsulares,, como también se ordenó la recogida y refundición de la mo-neda divisionaria extranjera circulante en Puerto Rico, y su canje por moneda divisionaria de acuñación especial é idén-tica, en cuanto á su ley y tipo, á la moneda similar que en-tonces circulaba en las referidas provincias. En diclio Real Decreto no bay disposición alguna qué equipara la moneda especial á la propiamente española; y antes por el contrario, se dispuso qué el Gobierno presentaría á las cortes, cuando la experiencia demostrara su conveniencia, un proyecto de ley 'autorizando la circulación de aquélla en las provincias de España é Islas adyacentes.

En cuanto al valor de,la moneda especial que sustituyó á la mejicana, no fué igual al de la moneda española, pues ambas partes lian convenido en que después del canje los giros sobre España se cotizaban del 25 al 33 por ciento.

A la moneda especial creada para Puerto Rico y que aquí circulaba, se refiere el canje por moneda de los Estados Uni-dos, ordenado por la sección undécima del Acta Orgánica de Puerto Rico de 24 de marzo de 1900, sin que dicho canje com-prendiera la moneda propiamente española y ninguna otra clase de moneda extranjera, debiendo reputarse, por tanto, esas monedas como mercancía, cuyo valor está sujeto á las oscilaciones del cambio. Los litigantes ban aceptado por mutuo acuerdo el becbo de que desde el mes de julio de 1905, al 9 de agosto siguiente, en que se celebró el juicio, los giros sobre España se cotizaban del 10 al 11 por ciento.

Habiendo sido constituidas en moneda española las obli-gaciones consignadas en las dos escrituras de 9 de marzo de 1867, es de aplicación á ellas el artículo 1138 del Código Civil vigente, que dice así:

“El pago de las deudas de dinero deberá hacerse en la especie pactada y no siendo posible entregar la especie, en la moneda de plata ú oro que tenga curso legal en Puerto Eieo. ’ ’

Con arreglo al precepto legal transcrito, el demandado D. Julián Silva viene obligado á pagar los réditos de que se trata en moneda española ó también en moneda americana, no al tipo de canje que establece el Acta Orgánica de Puerto Rico, sino al tipo corriente en plaza, en 9 de agostcr de 1906, en que se celebró el juicio, debiendo ser ese tipo el de once por ciento,’ pues si bien ambas partes han convenido en que los giros sobre España ge cotizaban del diez al once por ciento, debemos aceptar la cotización de once por ciento como más beneficiosa al demandado. En tales términos, debe resolverse la primera cuestión legal anteriormente propuesta.

En cuanto á la segunda cuestión, opinamos que la consig-nación de doscientos cuarenta dollars, -hecha por Silva en poder de un notario, no puede estimarse como pago de la obli-gación á que estaba sujeto de pagar los réditos, pues esa can-tidad no era la debida, sino la de cuatrocientos pesos en mo-neda española ó americana al tipo corriente en plaza, según dejamos expuesto, ni tampoco la consignación se hizo ante la. autoridad judicial, por cuyas razones no puede ser eficaz y librarle de responsabilidad, según los artículos 1125, 1145, y H46 del Código Civil.

Habiendo dejado Silva de pagar dos anualidades vencidas de los dos capitales reclamados, lia incurrido en la obligación de redimirlos y entregarlos, con arreglo á lo convenido en las dos escrituras de nueve de marzo de mil ochocientos sesenta y siete, redención y entrega que por las razones anteriormente consignadas deben tener lugar en moneda española, ó ameri-cana, al tipo de canje de once por ciento.

Ni cabe invocar en contrario el artículo 1511 del Código citado, que prescribe ser de la naturaleza del censo que la cesión del capital ó de la cósa inmueble sea perpetua ó por tiempo indefinido, pues el artículo 1222 del mismo Código estatuye que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios á las leyes, á la moral ni al orden pú-blico'; y no vemos razón alguna para comprender en esa ex-cepción el pacto de que transcurridas dos anualidades de los réditos de un censo sin haber sido satisfechos, deba el censa-tario redimir y entregar el capital del censo, como sucede hoy respecto de D. Julián Silva.

T conste que no entramos á discutir por creerlo innece-sario, si las escrituras de nueve de marzo de mil ochocientos sesenta y siete son realmente constitutivas de censo consigna-tivo, tal como éste aparece definido por el artículo 1509 del Código Civil, ó si participan de la naturaleza de cartas dótales ú obligaciones hipotecarias, en cuyo caso, bajo concepto algu-no, podría serles aplicable el artículo 1511, que en su defensa invoca la representación de Don Julián Silva. Bajo cualquier punto de vista que se las considere, revelan la existencia de obligaciones que hoy afectan á Silva, y á cuyo cumplimiento se encuentra éste sujeto en los términos en que fueron con-venidas.

Por las razones expuestas, entendemos que procede la revocación de la sentencia apelada, dictada en 21 de agosto del año próximo pasado, y que en su lugar se dicte otra decla-rando con lugar la demanda y condenando á Don Julián Silva á la devolución de los cuatro mil pesos que se,le reclaman y al pago de los réditos vencidos y que sigan venciendo á con-tar desde Io. de enero de 1903, á razón del cinco por ciento ' anual, todo en moneda fuerte española, ó su equivalente en oro americano, con el descuento del once por ciento que sufri-rá la moneda española con relación á la moneda americana, más los intereses legales ele los réditos correspondientes á los años de 1903 y 1904, y con las costas de ambas instancias á cargo del demandado y apelado.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Pbesidente Sr. Quiñones,

text:
    Siaca v. Brunet.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 109.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    'Pruebas — Denegación de Pruebas. — No comete error alguno el tribunal que deniega la admisión de un documento, cuya legitimidad no esté debidamente justificada y cuyo valor probatorio, á los efectos del caso, resulte ineficaz, por no arrojar luz alguna sobre la cuestión en controversia.
    Alegaciones — Acumulación de Distintas Causas de Acción. — Aun cuando el demandante puede acumular varias causas de acción en la misma demanda, cuando se deriven de alguna de las clases á que se refiere el artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil, todas las causas de acción que se acumulen deben pertenecer á una sola de dichas clases, afectar á todas las partes del pleito, no exigir distintos lugares para la celebración del juicio y ser expuestas separadamente.

    Id. — Es doctrina bien establecida que cuando en la demanda se expresa más de una causa de acción, cada causa debe expresar por sí sola todos los hechos necesarios para completarla, pues aunque todas se alegan en una misma de-manda, sin embargo, para los efectos de la acción, son tan distintas como si estuvieran expuestas en demandas separadas y cada una debe contener inde-pendientemente todos los hechos que sean necesarios para constituir una causa de acción.
    Id. — Omisiones Cometidas en Alguna de las Causas Acumuladas. — Las omi-siones en que se incurriere al exponer alguna de las causas de acción acumu-ladas, no pueden ser suplidas con hechos expresados en las otras causas de acción alegadas, á no ser que se hubiere hecho expresa referencia á ellos y se hubieren adoptado como parte de la causa de acción en que tales hechos se omitieran.
    Id. — Divorcio—Adulterio—Injurias G-raves. — El hecho séptimo de la demanda en este caso, dice así: “7. Que la demandada siguiendo su conducta comen-zada ha llegado al extremo de olvidar en absoluto sus deberes matrimoniales y ha concluido por faltar á la fidelidad conyugal, siendo en la actualidad adúltera, é injuriándole gravemente, sosteniendo amores con otro “hombre.” Alega el apelante que en este hecho hay acumuladas dos causas de acción: el adulterio y la injuria grave. Se resolvió: (a) Que en el supuesto de que se hubieran alegado dos causas distintas de acción, como no se han expuesto separadamente, ha habido una manifiesta infracción del artículo 304 del Código de Enjuiciamiento Civil; (6) que en la forma en que ha sido redactado ese hecho de la demanda, no es posible deducir del mismo más que una sola causa de acción, ó sea,, el adulterio, pues siendo las relaciones amorosas un elemento esencial del adulterio, su alegación tiende, más bien que á formular un hecho distinto, á robustecer é integrar los constitutivos del fundamento esencial de la demanda, que es el adulterio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Lopes Landrón.

    Abogado del apelado: Sr. Fiscal.

   El Juez Pbesidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Don Francisco Siaca Pacheco presentó ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao demanda de divorcio contra su esposa Doña Teresa Brunet Bomán, expre-sando como hechos que habían contraído matrimonio católico en el mes de diciembre del año 1899, y que en ese matrimonio procrearon una hija llamada .Cesaria María Teresa del Carmen Siaca; que durante los dos últimos años de su matrimo-nio la demandada ha tenido disgustos y disidencias ocasio-nadas por su despego para con el demandante y la indiferen-cia con que atendía sus súplicas é indicaciones; que esa indife-rencia ha aumentado últimamente hasta el extremo de que el demandante ha tenido que recordar á la demandada sus debe-res y obligaciones como esposa; y que la demandada, siguien-do la conducta comenzada, ha llegado hasta el extremo de olvi-dar en absoluto sus deberes matrimoniales y concluido por faltar á la fidelidad conyugal, siendo en la actualidad adúltera, é injuriándole gravemente, sosteniendo, amores con otro hombre; por virtud'de los Rectos expresados suplicó el-deman-dante al tribunal que teniendo por presentada la demanda se sirviera citar y emplazar á la demandada por el término legal, y en su oportunidad dictar sentencia decretando el divorcio entre Don Francisco Siaca Pacheco y su esposa la demandada Doña Teresa Brunet Román, declarando roto el vínculo matrimonial entre ambos cónyuges, la separación de bienes entre los mismos y que la bija legítima, procreada en su matrimo-nio, quedara al cuidado y bajo la patria potestad del deman-dante, su padre, con imposición de las costas á la parte deman-dada. Esta contestó la demanda aceptando las alegaciones de la misma referentes á personalidad y matrimonio de los litigantes y nacimiento de la bija, pero negando en general y específicamente todos y cada uno de los demás becbos expre-sados en la demanda; formuló,• además, reconvención expre-sando que el demandante, su esposo; voluntaria é injustifica-damente la tiene en absoluto abandono, habiéndola echado de la casa conyugal hace siete meses, no atendiendo durante todo ese tiempo á sus necesidades, ni facilitándole recursos de' ninguna clase para su subsistencia, teniendo la demandada que vivir acogida á la caridad de su familia; y que en los dos últimos años y antes de que el demandante la expulsara de 1$ casa conyugal en diversas ocasiones, y ante personas amigas y aún extrañas, la ha injuriado gravemente llamándola ‘ ‘ sin-vergüenza” y “mala mujer” y atribuyéndola, falsa y malicio-samente, el hecho de faltar á la fidelidad conyugal, imputación que reproduce en su demanda; por virtud de esos hechos, - pidió la demandada al tribunal, que declarando sin lugar la demanda y con lugar la reconvención, dictara sentencia á su ’ favor decretando el divorcio y declarando disuelto el vínculo matrimonial entre ambos cónyuges, con separación de bienes, •disponiendo que la hija, procreada en su matrimonio quede bajo la guarda, potestad y cuidado de su madre, la demandada-Doña Teresa Brunet.

EÍ día 5 de diciembre de 1906, fué llamado el caso para ‘ vista ante la corte de distrito, habiendo comparecido ambas partes, las que anunciaron estar listas para entrar en juicio, dándose lectura á los escritos de demanda, contestación á la demanda y reconvención, y practicada la prueba del deman-dante, la representación de la parte demandada presentó á la corte moción escrita para que se declarara desistida y aban-donada la demanda por parte del demandante, fundando dicha moción en el No. 5 del artículo 192 del Código de Enjuicia-miento Civil que autoriza á la corte para declarar el desisti-miento y abandono de la acción, á moción del demandado, cuando el demandante no presentare prueba suficiente para fundar sobre ella una sentencia, y como en el presente caso el demandante fia presentado como alegación esencial de la demanda el adulterio por parte de la esposa, y durante el juicio no fia presentado prueba alguna que demuestre que tal adulterio fiabía existido, siendo esa la única alegación esencial del demandante, y no habiéndola probado, no puede fundarse una sentencia en el caso. La Corte de Distrito de Humacao, oída la moción é informes de los abogados, la declaró con lugar, y en su consecuencia, ordenó el sobreseimiento y ar-chivo del caso con las costas al demandante, el que apeló de esa resolución para ante este tribunal.

A los efectos de esta apelación se fia presentado un pliego de excepciones y una relación de hechos, condensando la prueba practicada en el juicio; fiemos examinado cuidadosa-mente todas y cada una de las excepciones tomadas por la representación de la parte demandante á las resoluciones de la corte inferior sobre pertinencia ó impertinencia de pregun-tas formuladas por dicha representación á los varios testigos que declararon en el juicio, y fiemos encontrado perfectamente ajustadas á derecho las resoluciones de la corte inferior con respecto á cada uno de los puntos que fueron objeto de las mismas. Asimismo estimamos ajustada á derecho la resolu-ción de dicha corte que negó la admisión como prueba, de una carta presentada por el demandante é inserta en el pliego de excepciones, pues aparte de que no conceptuamos que su legi-timidad haya quedado suficientemente demostrada, su valor probatorio, á los efectos de este caso, resulta completamente ineficaz, toda vez que, como veremos más adelante, la causa de acción alegada en la demanda es el adulterio, y éste no lia sido probado en modo alguno, ni sobre su existencia arroja luz al-guna la carta en cuestión, aunque ésta hubiera podido tener algún valor como prueba corroborante. Si el demandante hubiera aportado al juicio alguna otra prueba tendente á de-mostrar la existencia de la causa de su acción; por esta razón confirmamos la resolución del juez de distrito sobre este particular.

Pero la cuestión más importante á resolver en la presente apelación consiste en determinar si la demanda debe interpre-tarse en el sentido de establecer'dos causas distintas de ac-ción, ó una sola; el hecho séptimo de la demanda que es el que ha de ser objeto de esa interpretación, á fin de determinar sus> verdaderos efectos, dice literalmente así:

“7. Que la demandada, .siguiendo su conducta comenzada, ha lle-gado al extremo de olvidar en absoluto sus deberes matrimoniales y ba concluido por faltar á la fidelidad conyugal, siendo en la .actualidad' adúltera, é injuriándole gravemente, sosteniendo amores con otro hombre.”

Sostiene el apelante, ó sea el demandante, ante la corte inferior, que en ese hecho se establecen dos causas distintas de acción; el adulterio y la injuria grave, causada, esta 'última, por las relaciones amorosas de la esposa; la parte apelada combate esa alegación y afirma que en el hecho transcrito se ha expuesto como única y exclusiva causa de acción la del adulterio.

El artículo 104 del Código de Enjuiciamiento Civil prescribe que el demandante puede acumular varias caudas de acción en la misma demanda, cuando se deriven de alguna de las clases de acción que el mismo artículo determina, pero en-el No? 8 de dicho artículo se establece que todas las causas de acción que se acumulen deben pertenecer á una sola de dichas clases, afectar á todas las partes deh pleito, no exigir distintos lugares para la celebración del juicio y ser expuestas separa-damente; precepto este último, contenido también en el artí-culo 427 del Código de Enjuiciamiento Civil de California, que substancialmente es igual al 104 del nuestro, y que lia confir-mado la jurisprudencia constante y uniforme del Tribunal Supremo de dicho Estado, según la cual, es doctrina bien esta-blecida que cuando en la demanda se expresa más de una causa de acción, cada causa debe expresar por sí sola todos los hechos necesarios para completarla, pues aún cuando todas se alegan en una misma demanda, sin embargo, para los efec-tos de la acción, son tan distintas como si estuvieran expuestas en demandas separadas, y por consiguiente, cada una debe contener independientemente todos los hechos que sean nece-sarios para constituir una causa de acción, y las omisiones en que en algunas se incurriere no pueden ser suplidas por los hechos que se expresan en las otras causas de acción alegadas, á no ser que se hubiere hecho expresa referencia á ellos y se hubieren adoptado como parte de la causa en que tales hechos se omitieran.

La anterior doctrina se encuentra establecida en los casos siguientes :

Hopkins v. Costa County, 106 Cal., 570.

Reading v. Reading, 96 Cal., 4.

Green v. Clifford, 94 Cal., 49.

Bidwell v. Babcock, 87 Cal., 29.

Baldwin v. Ellis, 68 Cal., 495.

Haskell v. Haskell, 54 Cal., 262.

Barlow v. Burns, 40 Cal., 351.

En el caso de autos, y por una simple lectura de la de-manda, se ve claramente que no se han alegado dos causas de acción separadamente; pretende, sin embargo, la parte demandante que en eí hecho 7, que hemos transcrito, se han alegado dos causas distintas de acción, ó sea el adulterio y la injuria grave, pero aparte de que esto constituye una ma-nifiesta infracción del precepto terminante del artículo 104 citado, de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, es de per-f ecta aplicación á este caso, especialmente' por la analogía que con él guarda, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo de California en el de Sharp v. Miller, 54 Cal., 331, del que-tomamos los párrafos siguientes:

“La corte en sus instrucciones al jurado dice: que en la demanda se expresaron dos causas de acción, una por instituir maliciosamente procedimientos de embargo, y la otra fundada en la fianza de embargo * * * no estamos dispuestos, sin embargo, para aceptar la opinión de la corte con respecto al numero de causas de acción acumuladas en la demanda. Es completamente claro que en la demanda no se expre-san dos causas de acción' separadamente, é igualmente claro, según nuestra opinión, que si en la misma se expresaran dos causas de acción, ningún tribunal podría indicar dónde terminan, los lieclios de la una ó dónde empiezan los de la otrq,. Nosotros no tenemos que afirmar ó negar' que la demanda contiene palabras que si se colocaran debida-mente podrían expresar dos causas de acción. Pero nos parece que en la forma en que ahora aparecen colocadas, expresan lo que se tuvo in-tención que expresaran, ó sea, una causa de acción, y esa no es la que hace referencia á la fianza.”

La misma observación, precisamente, debemos hacer con respecto al caso objeto de la presente apelación; nosotros no tenemos que resolver si la demanda contiene palabras que, debidamente colocadas, expresarían las dos causas.de acción que pretende el apelante; pero sí opinamos que en la forma en que ha sido redactado el hecho 7 de la demanda, no es posi-ble deducir del mismo más que una sola causa de acción, y esa es la del adulterio, máxime cuando se pretende fundar la otra causa de acción que se dice alegada, ó sea la injuria grave, en las-relaciones amorosas de la demandada con aquél con quien se alegó que había cometido el adulterio, constituyendo, como constituyen las relaciones amorosas un elemento esencial del adulterio y pareciendo, por consiguiente, que la tendencia de esa alegación era, más bien que formular un hecho distinto, robustecer é integrar los constitutivos del fundamento esen-cial de la demanda, que e.s el adulterio.

Por estas consideraciones no,dudamos en afirmar que el adulterio es la única y exclusiva causa de acción de la de-manda presentada en este caso, y en esas condiciones jes procedente la resolución dictada por la Corte de Distrito de Humacao ordenando el sobreseimiento y archivo de este caso, k moción escrita, presentada á ese efecto por la parte deman-dada, durante la celebración del juicio y después de terminada la práctica 'de la prueba del demandante? Indudablemente que sí, toda vez que de la relación de hechos que á nuestra consideración se.ha sometido en el presente caso, no aparece la más ligera prueba tendente á mostrar la responsabilidad de la esposa como tal adúltera, y siendo esto así, hay que con-venir en que es de perfecta aplicación al caso el precepto contenido en el No. 5 del artículo 192 del Código de Enjuicia-miento Civil, que autoriza al tribunal para desestimar la demanda, á moción del demandado, en los casos en que el de-mandante dejare de presentar prueba suficiente para fundar sobre ella una sentencia.

Por todas las consideraciones expuestas, proponemos la confirmación en todas sus partes de la resolución apelada con las costas del recurso á la parte apelante

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Figueras, MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Hernández, no intervino en la resolución de este caso.


author: El Juez Presidente Se. Quiñones,

text:
    Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la - Propiedad de Caguas.
    No. 7.
    Resuelto en junio 29, 1907.
    Acción Rescisoria — Enajenación de Bienes Inmuebles Sujetos á Reserva— Inscripción del Derecho de Reserva — Terceros.—Las enajenaciones de bienes inmuebles sujetos á reserva, hechos por el viudo ó viuda después de contraer segundo matrimonio, no son nulas de derecho, sino rescindibles en los casos en que á su muerte quedaren descendientes legítimos del primer matri-monio, pero tal acción de rescisión no puede ejéreitarse en perjuicio de tercero que hubiere inscrito su derecho, cuando no se ha hecho constar claramente, en el registro, la .calidad de reservables de los bienes de que se trate. La anterior doctrina es aplicable á los casos de reserva á que se refiere el artículo 799 del Código Civil.
    Los Rectos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Hernández TJsera.

   El Juez Presidente Se. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don José Hernández Usera, á nombre de Porto Rican Leaf Tobacco Co. v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, denegatoria á inscribir una escritura hipotecaria.

Resultando: que por escritura pública otorgada en el pueblo de Aibonito, ante el abogado y notario de esta ciudad, con ejercicio en toda la Isla, Don José Hernández Usera,' en 24 de noviembre de 1906, Don Eusebio Coronas y Fernández, como apoderado especial que dijo ser de su legítima esposa Doña Luisa Muñoz Rivera, convino con Don Luis Toro Pasa-rell, como director y representante legal en esta Isla de la Porto Rican Leaf Tobacco Co., corporación organizada bajo las leyes de New Jersey y registrada debidamente en esta Isla de Puerto Rico, un contrato de refacción para la siembra de 60 cuerdas de tabaco en una finca de la propiedad de su citada esposa Doña Luisa Muñoz Rivera, situada en el barrio de “Honduras,” del término municipal de Barranquitas, la que adquirió por herencia intestada de su hijo Don Lorenzo Genaro Santiago y Muñoz, bajo las bases y condiciones estable-cidas en dicha escritura, entre ellas la de adelantarle el Sr. Toro Pasarell en la representación que ostentaba en concepto dé refacción hasta la cantidad de 3,’800 dollars que le devol-vería á Coronas en un plazo que no excedería del 30 de junio de 1907, con sus intereses á razón del 7 por ciento anual, é hipotecándole el Sr. Coronas en representación de su esposa la finca expresada por los 3,800 dollars de capital y 1,000 dollars más para intereses y costas.

Resultando: que presentada esta escritura en el Registro de la Propiedad de Caguas para su inscripción, la denegó el registrador, por los motivos que expresa la nota puesta al pie de dicho documento, la que copiada á la letra dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento, porqhe el número 7 del artículo 108 de la Ley Hipotecaria prohíbe hipotecar el derecho de usufructo concedido por las leyes á los padres ó madres sobre los bienes de sus hijos, pues, de tal usufructo puede reputarse el derecho que tiene Doña Luisa Muñoz Rivera sobré la finca que se trata de hipotecar, atendida la obligación que, con arreglo .al artículo 799 del Código Civil, tiene de reservarla en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado y pertenezcan á la línea de donde tal finca, procede, toda vez que ésta la adquirió por título de herencia intestada de su hijo habido de su primer matrimonio con Don Genaro Santiago Negrón, llamado Don Genaro Santiago Muñoz, quien á su vez adquirió dicha finca, según derecho de representación por su refe-rido padre, de su abuelo Don José Monserrate Santiago, como aparece de las inscripciones 5a. y 3a., respectivamente, de la referida finca. Sin que sea aplicable á este caso la ley de 8 de marzo de 1906, deroga-toria del citado artículo 799, por no tener efecto retroactivo, pues la obligación de reservar nació desde el mismo momento en que ocurrió el fallecimiento del intestado Don Genaro Santiago Muñoz, ó sea desde el día 12 de marzo de 1905, y por ende es de aplicarse la regia 6a. de las disposiciones transitorias del expresado Código. Además, dada la obligación de reservar que el artículo 936 del Código Civil impone á la viuda sobre los bienes que haya adquirido de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio, y teniendo en cuenta la clara y terminante declaración que se hace en el artículo 941 del mismo Código, es evi-dente que aquel acto ó contrato de enajenación es nulo en sí por ha-berlo realizado Doña Luisa Muñoz Rivera después de haber contraído segundo matrimonio eon Don Eusebio Coronas y Fernández; estando comprendido el derecho de hipoteca dentro del concepto de enajena-ción, según repetidas resoluciones de la Dirección de los Registros, de fechas 13 de junio de 1874, 22 de septiembre de 1879 y 14 de marzo de 1887• habiéndose tomado en su lugar anotación preventiva por ciento veinte días, con presencia de otro documento al folio 46 del tomo 8 de Barranquitas, finca número 48, duplicado, anotación letra B. — Caguas diciembre 15 de 1906.”

Resultando: que contra esta nota lia interpuesto en tiempo el abogado Don José Hernández Usera, á nombre de la Porto Rican Leaf Tobacco Co., el presente recurso gubernativo para que se revoque y se ordene al registrador la inscripción de la esciitura sin nuevos derechos.

Considerando: que con arreglo al 'artículo 942 del Código Civil vigente, las enajenaciones de los bienes inmuebles suje-tos á reserva, hechas por el viudo ó viuda después de contraer segundo matrimonio, no son nulas de derecho, sino rescindi-bles, si á la muerte del cónyuge quedaren descendientes legí-timos del primer matrimonio, y esto sin perjuicio, como agrega el artículo citado del Código, de lo dispuesto por la Ley Hipotecaria; aludiendo sin duda á ló preceptuado por los artículos 36 y 38 de la misma sobre las acciones reseisorias y resolutorias dedos contratos que no pueden tener efecto en perjuicio de tercero que hubiere inscrito su derecho, cuando no constan claramente del mismo registro; y por consiguiente, si en el registro no consta la calidad de reservable de la finca de que se trata, que se dice haberla heredado Doña Luisa Muñoz Rivera de uno de los hijos de su primer matrimonio, que á su vez la hubo por herencia de su padre, no puede per-judicar esta circunstancia á la sociedad Porto Rican Leaf Tobacco Co., que ha tomado una hipoteca sobre esa finca, igno-rando que fuera reservable y que ha presentado su título para ser inscrito en el registro de la propiedad.

Considerando; .que esta doctrina es igualmente aplicable por analogía de razón á los casos.de reserva establecidos.por el artículo 811 de] antiguo Código Civil, concordante con el 799 del Código Civil vigente, como así lo ha declarado el Tribunal Supremo de Justicia de España en sentencia de 8 de noviembre de 1894 y la Dirección G-eneral de los Registros en diversas resoluciones; y por consiguiente, que la escritura de que se trata no es nula, como equivocadamente la ha califi-cado el Registrador de la Propiedad de Caguas en su nota denegatoria de la inscripción de dicha escritura.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Oaguas al pie de la escritura hipotecaria de que se trata en el presente recurso, la que se declara inscri-bible ; y devuélvase al registrador con copia certificada de la presente resolución, para que proceda á itíscribirla en la forma correspondiente y á lo demás á que haya lugar, con arreglo a derecho.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Higueras, Mac-Leary y Wolf.