author: El Juez Asociado Señor Andréu García Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Cruz M. Silva Rodríguez, demandante y recurrido, v. Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, demandada y peticionaria.

      Número: CE-88-120

      Resuelto: 17 de abril de 1991

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Nilda P. Fuentes Ortiz, Procuradora General Auxiliar, abogadas de la peticionaria; Elis Oscar Pomoles Pomoles, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Andréu García

emitió la opinion del Tribunal.

Esta opinión nos permite interpretar los requisitos dispuestos en el Art. 2 de la Ley sobre Pensiones por Incapacidad o Muerte en el Cumplimiento del Deber, Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, 25 L.PR.A. see. 377, para que un miembro de la Policía que se incapacita en el ejercicio de sus funciones oficiales pueda ser acreedor a la pensión especial dispuesta por dicho estatuto. ()

Una relación de los hechos que motivaron esta opinión ayu-dará en la comprensión de la decisión que emitimos. Veamos.

El recurrido Cruz M. Silva Rodríguez era un policía estatal adscrito al Cuartel de la Policía de Caguas. El 29 de julio de 1980, mientras llevaba a cabo un patrullaje preventivo en un vehículo oficial que conducía otro agente de la Policía, sufrió un accidente en el acto de dirigirse al lugar donde había ocurrido un robo. En una declaración jurada que prestó el 19 de agosto de 1980, el señor Silva Rodríguez describió el accidente de la manera siguiente:

Que el día 29 de julio de 1980, a eso de las 12:30 p.m. me encontraba prestando servicio junto al policía Wigberto Reyes Collazo 2950, en el Sector 718 y en el turno de 12:00 M a 8:00 p.m., y surgió una llamada de emergencia de que en la calle Gautier Benitez de Caguas había ocurrido un asalto.i ) Nos dirigíamos por la avenida Mercado de Caguas con la sirena puesta, al llegar a la intersección de la calle Georgetti con la luz verde a nuestro favor fuimos impactados por el lado derecho por un auto particular que no se detuvo ante la luz roja. Sufriendo el auto oficial 8146-GE, marca Fairmont, modelo 1979, daños en lado derecho, luego del accidente fui [sic] conducido por una ambulancia al hospital municipal, me atendieron en éste y posteriormente fui [sic] referido al Fondo del Seguro del Estado: Quiero hacer constar que debido a este acci-dente no me encuentro bien de los nervios ya que he continuado padeciendo de los mismos. Que eso es todo. (Énfasis suplido.) Alegato, Exhibit Y, pág. 21.

Como consecuencia de este accidente, el policía Silva Rodríguez recibió tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo), del cual fue dado de alta el 24 de marzo de 1981, con una determinación de incapacidad resultante en pérdida de un 5% de sus funciones fisiológicas generales debido a una condición orgánica. () Posteriormente, en 1985, el Fondo, luego de diagnosticarle un desorden de ansiedad con somatizaciones, le concedió a Silva Rodríguez incapacidad adicional de un 10% como resultado de dicha condición emocional. Esta condición fue rela-cionada con el accidente que sufrió en 1980. El Fondo recomendó su retiro de la Policía de Puerto Rico.

Como resultado de dicha recomendación, mediante carta de 29 de octubre de 1985, la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (la Administra-ción) concedió al recurrido una pensión por incapacidad ocupacio-nal al amparo de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada. () No conforme con dicha determinación, éste apeló a la Junta de Síndicos de la Administración (Junta de Síndicos) por entender que tenía derecho a la pensión provista por el Art. 2(l)(e) de la Ley Núm. 127, ante, 25 L.P.R.A. sec. 377(l)(e).

Luego de celebrarse • la correspondiente vista, la Junta de Síndicos confirmó la decisión de la Administración al concluir que el apelante no tenía derecho a recibir pensión por incapacidad bajo las disposiciones de la Ley Núm. 127, ante.

De dicha determinación de la Junta de Síndicos, Silva Rodríguez recurrió en revisión al Tribunal Superior de Fuerto Rico, Sala de Caguas.

Luego de los trámites de rigor, el tribunal de instancia () revocó la resolución recurrida y ordenó que se extendieran al recurrido los beneficios provistos por la Ley Núm. 127, ante. El tribunal concluyó que los hechos probados están enmarcados dentro de las situaciones descritas en el citado Art. 2 de la referida ley.

Ahora recurre ante nos la Administración para que revoque-mos la mencionada determinación. Luego de recibir los escritos de ambas partes y de conocer sus posiciones, estamos en situación de resolver.

El alcance del Art. 2 de la Ley Núm. 127

El recurrido Silva Rodríguez entiende, y así creyó el tribunal de instancia, que el accidente ocurrido el 29 de julio de 1980 está comprendido dentro de las situaciones descritas por tal artículo. No tiene razón. Veamos.

Al examinar los alcances de la anterior Ley Núm. 189 de 2 de mayo de 1951 (25 L.P.R.A. ants. sees. 361-374) —cuyo estatuto es el originador de la pensión que ahora es objeto de análisis— en López v. Muñoz, Gobernador, 81 D.P.R. 337, 340-341 (1959), recogimos el historial de dicho estatuto del modo siguiente:

'En la Sesión Ordinaria de la Asamblea Legislativa de 1951 se consideró y aprobó un sistema general de pensiones para los empleados públicos, la Policía de Puerto Rico inclusive, bajo las disposiciones de la Ley 447 de 15 de mayo de ese año, —3 L.P.R.A. [see.] 761. En los arts. 9 y 12 de esta ley —3 L.ER.A. sees. 769, 772, — tal como fueron originalmente aprobados, se concedió a un miembro del Cuerpo de la Folicía el derecho a recibir una pensión equivalente al 50% de su sueldo, o a su viuda e hijos en caso de muerte hasta un 60%, si como resultado de una incapacidad física originada por causa del empleo y surgida en el curso del mismo quedare incapacitado para el servicio, o falleciere, siempre que dicha incapacidad fuera indemnizable de acuerdo con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo; y con sujeción, ade-más, a otras restricciones y limitaciones. En la misma Sesión la Asamblea Legislativa consideró y aprobó la Ley 189 de 2 de mayo de 1951 — 25 L.P.R.A. see. 361 — concediendo una pensión anual equivalente al sueldo completo a todo miembro del Cuerpo de la Policía Insular, de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Bomberos y de la Guardia de Penales, que resultare incapacitado para continuar en el servicio, y a los beneficiarios de éstos, en caso de fallecimiento, cuando tal incapacidad o fallecimiento ocurriere bajo las circuns-tancias relacionadas en el artículo 1 de dicha ley. Precedido de una exposición del legislador expresando el propósito con el cual apro-baba la Ley 189: “de proveer lo necesario para mitigar la situación de desamparo y penuria que la incapacidad para el trabajo físico o la muerte de miembros de la Policía Insular, de la Guardia Nacional, del Cuerpo de Bomberos del Servicio Insular de Bomberos y de la Guardia de Penales, dejan entre éstos o sus familiares cuando tal incapacidad o muerte sobreviene mientras estos servidores de la seguridad pública se dedican a la defensa del respeto que se debe a la libertad de todos y ala paz con que el pueblo de Puerto Rico quiere desarrollar sus institucionesy también que “[L]a Asam-blea Legislativa entiende que todo servidor de la seguridad públi-ca — sea policía, guardia nacional, bombero o guardia penal — debe tener asegurado por ley un trato igual para los suyos si pierde la vida protegiendo la de los demás en el desempeño honroso de su deber”, (énfasis ofrecido) el artículo 1 estatuyó que las disposicio-nes de dicha Ley 189 serían aplicables a casos de incapacidad para el trabajo físico o muerte “sobrevenida bajo las siguientes circuns-tancias:
“(a) En caso de un miembro de la Policía Insular, al evitar o al tratar de evitar la comisión de un delito, o al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir razonablemente que está conectado con la comisión de un delito”. (Énfasis en el original y escolio omitido.)

En el curso de resolver la controversia que estaba presente en dicho caso, expresamos lo siguiente:

No obstante, los recurrentes invocan la “intención legislativa” para sostener su interpretación de que “. . . en cuanto a los policías se refiere, los riesgos que cubre la ley son aquellos daños causados como resultado directo, violento y extraordinario del acto de apresar a un delincuente o tratar de evitar la comisión de un delito. ” Infieren que ése fue el propósito del legislador aduciendo dos argumentos: (1) que en el caso de los bomberos específicamente se cubrió el riesgo común de un accidente de automóvil al dirigirse a un sitio para la extinción de un incendio, y (2) que la ley se aprobó a raíz de la revuelta nacionalista en que los policías tuvieron que afrontar riesgos extraordinarios. Lo curioso es que ambos argumentos corroboran superlativamente nuestra interpretación de la ley.
La premisa implícita del primer argumento es el aforismo jurídico de que si la ley se refiere a un caso dado, se entienden excluidos los demás (inclusio unius est exclusio alterius). Pero esta máxima de interpretación restrictiva no es aplicable por la sencilla razón de que en el sentido de la ley no admite excepciones en el caso de los policías. En efecto, con términos generales y terminantes el legislador cubrió todos los casos en que la incapacidad o muerte de un policía ocurra al apresar o tratar de apresar a un presunto delincuente. Y sobre todo importa subrayar que la finalidad de la ley era . . proveer lo necesario para mitigar la situación de desam-paro y penuria .... cuando [la] incapacidad o muerte sobrevienen mientras estos servidores de la seguridad pública se dedican a la defensa del respeto que se debe a la libertad de todos y a la paz con que el pueblo de Puerto Rico quiere desarrollar sus instituciones . . .” De ahí que obviamente la disposición relativa a los bomberos no sea de índole excepcional. Si consideramos las razones que el legislador tuvo para cubrir el riesgo que corren los bomberos al dirigirse a un sitio para la extinción de un incendio, es forzoso concluir que tampoco quiso excluir el riesgo de caerse e incapacitarse que corren los policías al perseguir y tratar de apresar a cualquier delincuente. Donde la razón es la misma, idéntica debe ser la norma de derecho. (Énfasis suplido.) López v. Muñoz, Gobernador, ante, págs. 345-346.

Probablemente por razón de que la Asamblea Legislativa no estuvo conforme con los efectos del mencionado estatuto, el mismo quedó derogado por la Ley Núm. 127, ante. En lugar de lo señalado anteriormente y dispuesto en el apartado (a) del Art. 1 del estatuto derogado, se adoptaron las siguientes disposiciones que se recogen en el inciso (1) del Art. 2 del nuevo estatuto, 25 L.P.R.A. see. 377(1):

Sec. 377. Aplicación de las sees. 376 a 387

Las disposiciones de las sees. 376 a 387 de este título y el reglamento que se apruebe para su administración serán aplicables a cualquier persona que como miembro de la Policía, del Cuerpo de Bomberos, de la Guardia de Penales, de la Guardia Nacional o como Agente de Rentas Internas, Superintendente de Instituciones Pe-nales del Departamento de Justicia, el Administrador General o Subadministrador General de la Corporación Industrias de Prisio-nes de Puerto Rico y Subdirectores de Corrección y en el desem-peño de sus funciones se incapacite física o mentalmente para el servicio o muera bajo alguna de las siguientes circunstancias:

1. En caso de un miembro de la Policía:

(a) al ser atacado al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito;
(b) al ser atacado al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir razonablemente que está conectado con la comisión de un delito, al realizar registros e incursiones o durante los interrogatorios siguientes a tales registros e incursiones, o en el acto de la confiscación de armas o de cualquier artículo, indepen-dientemente de su naturaleza, que estén en posesión de personas en violación de cualquier estatuto;
(c) al ser atacado al poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, motín o cualquier acción contraria al orden, a la seguridad pública, o a la autoridad debidamente constituida;
(d) al.dirigirse a, o mientras presta servicios en la extinción de un incendio;
(e) al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger propiedades que por cualquier circunstancia corrieren peligro, para lo cual tuviere que arriesgar la suya propia; o
(f) al ser atacado al intervenir con cualquier demente con el fin de recluirlo en una institución, o someterlo a proceso judicial o a tratamiento. (Énfasis suplido).

De una simple lectura de estas nuevas disposiciones nos damos cuenta de que, a través de las mismas, la Asamblea Legislativa adoptó el criterio que rechazamos en López v. Muñoz, Gobernador, ante. Así surge expresamente del informe de la Comisión de Elecciones y Personal del Senado al someter el E del S. 374 —que luego se convertiría en la Ley Núm. 127, ante— el cual, en su parte pertinente, contenía lo siguiente:

El proyecto que ahora informamos procura remediar las fallas que presenta la ley actual. Sus disposiciones proveen lo siguiente:
(1) Se aplica a los mismos grupos cubiertos por la ley actual: policías, bomberos, guardias de penales, guardias nacionales y agentes de rentas internas.
(4) Se definen claramente las circunstancias en que aplicaría la protección especial que se provee y se introduce en todos los casos, excepto en el de los bomberos y policías en la tarea de extinguir incendios y en el de estos últimos al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger propiedades que por cual[es]quier[a] circunstancias corrieren peligro para la cual tuviere que arriesgar la suya propia, el requisito de agresión física al empleado para que pueda ser de aplicación al estatuto. (Enfasis suplido.) 10 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordi-naria) T. III, pág. 1264 (1958).

Vemos, pues, que la Ley Núm. 127, ante, tuvo el propósito de requerir que el policía hubiera sido atacado para poder beneficiarse de la pensión especial que esta ley provee, excepto en las dos (2) circunstancias siguientes: (1) al dirigirse a, o mientras presta servicios en la extinción de un incendio, y (2) al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para protegerpropiedades que por cualquier circunstancia corran peligro, para lo cual tengan que arriesgar su propia vida.

Somos conscientes de que las disposiciones de un estatuto reparador, como es la Ley Núm. 127, ante, deben ser interpretadas liberalmente en favor de los beneficiarios de las mismas. Sin embargo, mediante esta ley el legislador se propuso “defin[ir\ claramente las circunstancias en que aplicaría la protección especial que se provee” por dicho estatuto, () por lo que se impone una interpretación restrictiva respecto a la enumeración que de las mismas se hace en el Art. 2, ante, que hemos transcrito. Así, en González v. Adm. de Sistemas de Retiro, 113 D.P.R. 292, 294 (1982), señalamos que la Ley Núm. 127, ante, no cubre todos los accidentes o daños que pueden sobrevenir a un policía en el desempeño de sus funciones, ya que tienen que estar presentes aquellas circunstancias especiales que fija el estatuto al enumerar taxativamente las circunstancias que pueden hacer a un servidor público acreedor a una pensión especial.

Dicho artículo señala un gran número de actuaciones específicas llevadas a cabo’ por un policía como parte de sus funciones: evitar o tratar de evitar la comisión de un delito; arrestar o tratar de arrestar a quien ha cometido un delito; llevar a cabo registros, allanamientos e interrogatorios resultantes de tales registros o allanamientos; realizar confiscaciones de armas o artículos delictivos; poner fin o tratar de poner fin a cualquier desorden, motín o cualquier acción contraria al orden, a la seguridad pública o a la autoridad debidamente constituida; prestar servicios en la extinción de un incendio; intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger propiedades en peligro y, finalmente, intervenir con cualquier demente con el fin de recluirlo en una institución o someterlo a un proceso judicial o un tratamiento.

No obstante esta extensa y detallada enumeración, el legisla-dor no incluyó el acto previo de trasladarse o dirigirse al lugar donde ha de llevarse a cabo cualquiera de las antes enumeradas actuaciones, exceptuando expresamente el acto de dirigirse a prestar servicios en la extinción de un incendio.

La derogada Ley Núm. 189, ante, no extendía a los policías el derecho a gozar de los beneficios dispuestos por dicha pieza legislativa cuando la muerte o incapacidad sobrevenía en las circunstancias previstas por esta excepción, a pesar de que los bomberos sí disfrutaban de tal derecho. Por lo tanto, es evidente que la intención del legislador al adoptar dicha excepción como parte del nuevo estatuto fue equiparar a los policías con los bomberos en cuanto a este particular se refiere. Si el legislador hubiera tenido la intención de extender el beneficio de la pensión especial provista por esta legislación al acto previo de dirigirse al lugar en que debe realizarse cualquiera de las actividades enu-meradas en el transcrito Art. 2, así éste lo habría dispuesto expresamente, de la misma forma en que lo hizo al referirse al acto previo de dirigirse a prestar servicios en la extinción de un incendio. Debemos tener presente que, como ya hemos señalado, el legislador se propuso “definir claramente” las circunstancias a las cuales se aplica la pensión especial provista por el mencionado estatuto.

Tanto esta situación relativa a la prestación de servicios en la extinción de un incendio como aquellas otras en que el policía tiene que arriesgar su vida al intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger propiedades en peligro constituyen, como hemos señalado, las únicas desviaciones del principal criterio que informó la intención legislativa al adoptar las disposiciones contenidas en el inciso (1) del Art. 2 de la Ley Núm. 127, supra. Salvo estas dos (2) circunstancias, el propósito cardinal del mencionado artículo fue cubrir aquellos daños sufridos por un policía como resultado de un ataque físico en el desempeño de aquellas actuaciones oficiales taxativamente enumeradas en dicho estatuto. El examen de tales disposiciones a la luz del historial legislativo que hemos reseñado no arroja discrepancia alguna entre el texto de la ley y los motivos o finalidades que pe:rsigue..el estatuto. Por ser tales disposiciones claras y libres de toda ambigüedad, las mismas son la excepción por excelencia de la intención legislativa en este caso, lo cual nos obliga a rechazar la interpretación que hiciera de dichas disposiciones el tribunal de instancia.

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Aplicación del Art. 2 de la Ley Núm. 127 a los hechos de este caso

AI revocar la resolución de la Junta de Síndicos, el tribunal de instancia determinó que al ocurrir el accidente el recurrido “se dirigía a perseguir a unas personas con el propósito de proteger propiedades y vidas”. Exhibit I, págs. 3-4. Concluyó que “[guan-do nuestro legislador aprobó la Ley Núm. 127, sabía que no era lo mismo o no constituía el mismo riesgo, el que un policía dirigiera el tráfico o trabajara de retén en el cuartel de la policía y sufriera un accidente, como de aquel policía que sale en emergencia a exponer su vida para salvar la de otro y salvar su propiedad”. íd., pág. 4. “¿Qué más exposición al peligro está expuesto (sic), éste servidor público” —se preguntó en forma retórica dicho tribunal— “que tiene que salir de urgencia para la protección del ciudadano, conociendo (sic) ellos el riesgo y el peligro que existe en nuestras carreteras?”. (Énfasis suplido.) íd.

Si bien es cierto que un conductor que transita por nuestras carreteras —al igual que por las de cualquier otro país— está expuesto a sufrir un accidente que le puede costar la vida, el párrafo (e) del inciso (1) del mencionado artículo requiere que el policía tenga que arriesgar su vida al intervenir en el salvamento de la de un semejante o en la protección de propiedades en peligro. Esto es, no basta que el policía se exponga a un posible peligro como aquel al cual se expone de ordinario un conductor en nuestras carreteras. El vocablo “tenga”, en el contexto en que es utilizado por el legislador en el mencionado artículo, implica la necesidad de exponerse a un riesgo inmediato, de carácter inminente, cuya consecuencia probable sea la muerte o grave daño corporal.

La evidencia que tuvo ante sí el tribunal de instancia demues-tra que el accidente en que se vio involucrado el recurrido ocurrió exclusivamente como consecuencia de la negligencia del conductor del otro vehículo que chocó con el auto en que viajaba dicho policía. Tal evidencia no demuestra que el auto patrulla viajara a gran velocidad o que el conductor del mismo haya tomado alguna clase de riesgo en la conducción de su vehículo.

No toda gestión policíaca que conlleve cierto riesgo o cierto grado de dramatismo pone en peligro la vida del agente. Extender el beneficio de la Ley Núm. 127, ante, a situaciones como la de autos equivaldría a ampliar excesivamente el beneficio de la ley, desvirtuando así el propósito del estatuto.

Bajo las circunstancias presentes en este caso no podemos concluir que el recurrido arriesgó su vida para salvar la de otra persona o a alguna propiedad en peligro. La liberalidad que debe prevalecer al aplicar las disposiciones de un estatuto reparador como 15 es la Ley Núm 127, ante, no puede justificar el que se extienda el ámbito del mismo más allá de la intención del legislador. Un policía lesionado en el desempeño de sus funciones no es acreedor a una pensión bajo esta ley a menos que las circunstancias del accidente estén incluidas taxativamente en el estatuto. González v. Adm. de Sistemas de Retiro, ante, pág. 294.

Cuando la ley es clara y libre de toda ambigüedad, su letra no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 81 L.P.R.A. see. 14. Cuando el legislador se ha manifestado en lenguaje claro e inequívoco, el texto de la ley es la expresión por excelencia de toda intención legislativa. Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 16, 20 (1954). Si el lenguaje de un estatuto es tan inequívoco que postula un solo significado, un sentido cabal de- humildad y autodisciplina judicial requiere la aplicación de la voluntad legislativa. Clínica Julián Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520 (1954).

For todo lo cual, 'procede la revocación de la sentencia emitida por el Tribunal Superior, Sala de Caguas. Se confirma, a su vez, la resolución emitida por la Junta de Síndicos de los Sistemas de Retiro de Empleados del Gobierno y la Judicatura mediante la cual se le niega al señor Silva Rodríguez la pensión especial al amparo de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada. ()

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente mediante opinión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

) — I

Para el jurisprudente, en “este mundo existencial de hoy, en lo que interesa, es, precisamente, ‘el hombre en su realidad concre-ta’, —no el hombre abstracto, vaciado sobre un mismo molde, idéntico siempre a sí mismo, al ser gris, irreal . . (Escolio omitido.) () No podemos, pues, compartir la visión restrictiva que sirve de ancla a la opinión del Tribunal y cuyo resultado es negarle al policía Cruz M. Silva Rodríguez los beneficios de la pensión especial visualizados en la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada, 25 L.P.R.A. see. 376 et seq.

Silva Rodríguez es acreedor a la misma. La grave incapacidad física que ahora sufre es consecuencia directa de la gestión de emergencia que emprendió en ocasión de “intervenir en el salvamento de la vida de un semejante o para proteger propieda-des que por cualquier circunstancia corrieren peligro, para lo cual tuviere que arriesgar la suya propia. . .”. (Énfasis suplido.) 25 L.P.R.A sec. 377(l)(e).

Y es que la prueba refleja que lo que era un simple patrullaje preventivo rutinario se convirtió el 29 de julio de 1980 en una emergencia producto de un robo en una joyería de Caguas. Aunque el accidente ocurrió en la intersección formada por la Calle Georgetti y la Ave. Mercado, no cabe duda alguna de que ese suceso estuvo estrechamente relacionado con el violento robo, que generó un tiroteo y causó heridas a tres (3) personas.

El cuadro expuesto y la fluidez situacional presentada derro-tan la conclusión mayoritaria de que Silva Rodríguez no se dirigía a proteger propiedades y vidas. Aunque no se expone expresa-mente, la premisa que usan es que el referido robo había sido consumado. Ese razonamiento implica que, a menos que un policía esté de manera inmediata frente a un criminal o asaltante mientras delinque, no está cubierto por este estatuto remedial. No podemos aprisionar así los valores de vanguardia social que inspiraron al legislador.

Si bien coincidimos con el aserto mayoritario de que el riesgo natural de transitar por las carreteras del país no es suficiente para automáticamente activar esta ley (opinión mayoritaria, págs. 268-269), no cabe duda de que la misma favorece a los policías si se demuestra que existió una verdadera y legítima emergencia() y la lesión es el resultado de una intervención en el salvamento o protección de las vidas o propiedades. En este sentido, poco importa que el accidente haya sido debido a la negligencia de una tercera persona. Sencillamente, esta legislación no considera ese criterio, como tampoco episodios fraccionados en las situacio-nes de emergencia. en que el agente arriesga su vida para proteger la de sus semejantes o propiedades.

No es determinante, como argumenta el Procurador General, que Silva Rodríguez no llegara al lugar de los hechos. Aunque no arribó allí a tiempo —debido, claro está, al accidente— expuso su vida y resultó gravemente lesionado. ¿No es ésta una de las situaciones atendidas en el estatuto?

La mayoría afirma que “[t]al evidencia no demuestra que el auto patrulla viajara a gran velocidad o que el conductor del mismo haya tomado alguna clase de riesgo en la conducción de su vehículo”. Opinión mayoritaria, pág. 269. Este aserto es incom-prensible. La prueba es clara: respondían y atendían una “emer-gencia”, y viajaban con la “sirena puesta”. Ante esa prueba, la inferencia judicial debería ser totalmente contraria, esto es, lo razonable y probable es que viajaban a una velocidad mayor para atender lo más pronto posible la emergencia. Más aún, subsiste la siguiente interrogante: ¿qué velocidad sería suficiente para tipifi-car una exposición a riesgos de grave daño corporal? El riesgo de la Policía en este tipo de situación no se evalúa en millas por hora (M.EH.). Francamente, bajo el prisma mayoritario, la única conclusión que cabe es que el policía Silva Rodríguez meramente paseaba en el auto patrulla.

H — I 1 — 1

En López v. Muñoz, Gobernador, 81 D.P.R. 337, 345 (1959), reconocimos que la finalidad de esta ley era “proveer lo necesario para mitigar la situación de desamparo y penuria . . . cuando [la] incapacidad o muerte sobrevienen mientras estos servidores de la seguridad pública se dedican a la defensa del respeto que se debe a la libertad de todos y ala paz con que el pueblo de Puerto Rico quiere desarrollar sus instituciones . . .”. (Énfasis suplido.)

Impregnados de ese espíritu remedial, consideramos que las graves lesiones recibidas al ocurrir el accidente vehicular cuando se dirigía a atender la llamada de emergencia del asalto que se realizaba —con la necesidad de trasladarse, usando la sirena, a la mayor rapidez posible— configuró una circunstancia extraordina-ria que puso a riesgo la vida propia del policía Silva Rodríguez. Bajo la lógica mayoritaria, si como consecuencia de la colisión hubiese muerto, ¿cabría todavía sostener que no intervino “para proteger propiedades”, arriesgando la suyal

La decisión mayoritaria se aparta dolorosamente de toda la doctrina judicial de interpretar liberalmente estatutos de natura-leza reparadora. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 455.

Vale recordar aquí, el “[f]laco servicio [que] hacemos a la justicia y muy mal retribuimos un servicio tan riesgoso —como el del policía— cuando desatendemos un reclamo tan justificado. Un trabajador, padre de familia, impulsado exclusivamente por el deseo de cumplir con su deber, expone y sufre úna merma en su patrimonio y se desoye su justa solicitud .... Nuestra sociedad, asediada y deteriorada por la criminalidad, clama como un acto de justicia ese resarcimiento”. Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 832 (1988).

En González v. Adm. de Sistemas de Retiro, 113 D.P.R. 292, 294 (1982), sin ambages sentenciamos que “[n]o es la letra de la ley, sino su espíritu, lo determinante de su significado”. HOY ESTE TRIBUNAL NO HACE JUSTICIA; SENCILLA-MENTE APLICA EL TEXTO DE LA LEY, EERO MATA SU ESFÍRITU.

      (1) La mencionada ley concede, como veremos más adelante, una pensión equivalente a la totalidad del sueldo que devengaba el servidor público al momento de sobrevenir su incapacidad.

      (2) El asalto tuvo lugar en una joyería. Según el Informe de Delito preparado por la Policía, dos (2) jóvenes entraron a dicho negocio y tras amenazar de muerte a varias personas cargaron con unos $20,000 en prendas. Al abandonar el lugar, hubo un intercambio de disparos entre el dueño de la joyería y los asaltantes. Como consecuencia de dicho intercambio, tres (3) transeúntes menores de edad resultaron heridos.. Los dos (2) asaltantes fueron posteriormente identificados y se arrestó a uno de ellos. Éste resultó convicto de robo y de dos (2) infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 411 et sea. Aparentemente, el otro nunca fue arrestado.

      (3) La lesión sufrida se le diagnosticó como “residuos de trauma craneal, hombro derecho, pecho y ambas piernas, relacionado”.

      (4) 3 L.P.R.A. see. 761 et seq. Esta ley, en su Art. 9, dispone:
      “Todo participante que como resultado de una incapacidad que se origine por causa del empleo y surja en el curso del mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá derecho a recibir una anualidad por incapacidad ocupacional, siempre que: (a) de uno o más médicos, según se dispone en la see. 771 de este título, se recibiere prueba adecuada en cuanto a la incapacidad mental o física del participante; (b) el participante o el patrono, de acuerdo con los reglamentos de la Junta, notifique al Administrador con respecto a dicha incapacidad, y (c) la incapacidad fuere indemnizable de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Capítulo I del Título 11.
      “El importe de la anualidad será igual al cincuenta (50) por ciento del tipo de retribución que se hubiere percibido en la fecha en que la misma sea efectiva.” 3 L.P.R.A. see. 769.

      (5) Hon. Enrique Jordán Musa, Juez.

      (6) Véase el Informe de la Comisión de Elecciones y Personal del Senado sobre el E del S. 374 (10 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Ordinaria), T. III, pág. 1264 (1958)).

      (7) Reiteradamente hemos sostenido que las conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos especiales merecen gran consideración y respeto. Este Tribunal respetará tales determinaciones si estas están sostenidas por evidencia sustancial. Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, 111 D.P.R. 708, 712 (1981); Sucn. A. Bernat v. Peñagarícano, Admor., 84 D.P.R. 526, 581-533 (1962); Reyes v. Junta de Planificación, 79 D.P.R. 620 (1956).

        (1) A. Reyes Terra, El principio de la buena fe en la práctica judicial civil, Montevideo, Fund, de Cultura Univ., 1969, pág. 6.

      (2) La Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 301 et seq., incluye los vehículos de la policía en la categoría de “vehículos de emergencia” y los exime de varias reglas. Véanse: Sees. 6-503 y 5-1101 de la Ley Núm. 141, supra, 9 L.P.R.A. sees. 952 y 1131.


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text:
    Magdalena Mercado Vega, demandante y recurrida, v. Universidad de Puerto Rico, demandada y peticionaria.

      Número: CE-90-597

      Resuelto: 18 de abril de 1991

      Luis M. Vázquez Rodríguez, abogado de la peticionaria; Rafael J. Sola Díaz, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrida, Magdalena Mercado Vega, presentó ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico una demanda en contra de la Universidad de Puerto Rico (U.RR.), de su entonces Presidente, Prof. Fernando E. Agrait, del Rector del Recinto de Río Piedras y de la Administradora Interina del Plan de Clasificación y Retribución de los Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico.

Alegó que mientras se desempeñaba como Secretaria Admi-nistrativa II realizó funciones propias de una Secretaria Adminis-trativa V porque se desempeñaba como secretaria de la Decana Auxiliar de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto Univer-sitario de Río Piedras, y no se le reclasiñcó como tal a pesar de que todas las demás secretarias de Decanos Auxiliares en las distintas facultades de dicho recinto gozan de la clasificación de Secretaria Administrativa V. Aduce que la negativa de la deman-dada a otorgarle esta última clasificación constituye una violación a la garantía constitucional de la igual protección de las leyes y, como colorario de ello, invoca el derecho a igual paga por igual trabajo.

Para justificar la falta de agotamiento de los remedios admi-nistrativos provistos por los reglamentos de la U.P.R., alegó que no tenía remedio alguno adecuado en ley, que el proceso admi-nistrativo de la U.P.R. es lento e ineficaz y que sus reclamos constitucionales son de carácter irreparable que ameritan eludir el procedimiento administrativo universitario en primera ins-tancia.

Después de haber utilizado ambas partes los mecanismos de descubrimiento de prueba mediante interrogatorios escritos, re-querimiento e inspección de documentos y la toma de una deposición a la demandante, la demandada presentó una moción para solicitar que se dictara sentencia sumaria, apoyada en el fundamento, entre otros, de que la reclamación de la demandante no revelaba un agravio de patente intensidad que justifique obviar los procedimientos administrativos disponibles en el sistema universitario.

La parte demandante se opuso a esta solicitud de sentencia sumaria y el tribunal a quo declaró no ha lugar la misma sin expresar las razones legales para ello. De esta determinación del tribunal es que recurre la demandada.

El pasado 5 de octubre expedimos una orden dirigida a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual “no se deba expedir el auto solicitado y dictar sentencia revocatoria de la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, por razón de no haberse agotado los remedios administrativos provis-tos por el Reglamento sobre Procedimientos Apelativos de la Universidad de Puerto Rico, así como por el Reglamento sobre la Junta de Apelaciones del Personal No Docente en el Sistema Universitario”.

La recurrida ha comparecido en cumplimiento de la mencio-nada orden. A continuación resolvemos acorde con lo intimado.

El presente recurso no presenta controversia alguna de hechos. Estos, evidenciados por la parte recurrente a través de los documentos presentados en apoyo de su solicitud y no controver-tidos por la parte recurrida, son los siguientes: ()

1. La demandante, Magdalena Mercado Vega, comenzó a traba-jar en el Recinto Universitario de Río Piedras en junio de 1980, como Secretaria Administrativa II.
2. Desde junio de 1980, la demandante ejerció las funciones de secretaria de la Sra. Rita M. Flores [D]e Jesús, Decána Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras.
3. El 2 de febrero de 1987, la Directora de la Oficina de Personal de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico, denegó una solicitud hecha por el Recinto de Río Piedras para reelasificar el puesto de la demandante a Secretaria Administrativa IV Sin embargo, autorizó la reclasificación de la posición que ocupaba la demandante a la posición de Secretaria Administrativa III.
4. Esta reclasificación al puesto de Secretaria Administrativa III fue aprobada con carácter retroactivo al 1 de marzo de 1986.
5. El motivo por el cual no se reclasificó la posición que ostentaba la demandante al nivel de Secretaria Administrativa IV fue porque no tenía experiencia secretarial en funciones comparables al puesto de Secretaria Administrativa III de la Universidad de Puerto Rico, lo que constituye el requisito mínimo del nivel IV de la clase de Secretaria Administrativa.
6. Desde junio de 1985 hasta el 20 de septiembre de 1987 la demandante se desempeñó como Secretaria Administrativa III en la Oficina de Asuntos Estudiantiles.
7. Una vez reclasiñcado el puesto ocupado por la demandante como Secretaria Administrativa III, el 16 de septiembre de 1987 ésta fue trasladada al Departamento de Geografía en el cual se desempeña como la secretaria del Director del Departamento.
8. La demandante estuvo de acuerdo y aceptó dicho traslado.
9. El 27 de marzo de 1987, la Directora de la Oficina de Personal del Recinto de Río Piedras, le remitió al Decano de la Facultad de Ciencias Sociales y a la demandante la determinación de la Admi-nistración Central en torno a la reclasificación de la demandante como Secretaria Administrativa III.
10. El 8 de abril de 1987 la demandante solicitó una revisión de dicha reclasificación pues entendía que era acreedora a que se le reclasificara como Secretaria Administrativa V
11. Mediante comunicación de 5 de mayo de 1987 la Directora de la Oficina de Personal del Recinto de Río Piedras le informó a la demandante que de acuerdo a la Directora de Personal de la Administración Central, como Administradora del Plan de Clasifi-cación y Retribución, la demandante no reunía los requisitos mínimos de experiencia específica en el puesto clasificado de Secretaria Administrativa IV al cual fue recomendad[a] por el Recinto de Río Piedras y que por lo tanto tampoco era elegible a la reclasificación al nivel V de dicho puesto. A tales efectos, se señaló en la parte pertinente de la comunicación:
“. . . Para Secretaria Administrativa V es necesario poseer cuatro años de experiencia secretarial en funciones similares o comparables a puestos de Secretaria Administrativa IV en la Universidad de Puerto Rico ...”
Se expresó en dicha comunicación que se elevaría a la considera-ción de la Oficina Central de Personal para que determinara la similaridad o comparabilidad de las tareas que realiza con las de una Secretaria Administrativa V
12. La posición de la Administración Central sobre el hecho de que la demandante no poseía la experiencia requerida para ser clasificada como Secretaria Administrativa V ya había sido expre-sada claramente en la comunicación de 2 de febrero de 1987 suscrita por la Directora de la Oficina de Personal de la Administración Central. (Escolios omitidos.) Anejo II, págs. 4-7.

Tampoco existe controversia alguna al efecto de que la recurrida no agotó los trámites administrativos provistos por los reglamentos universitarios para revisar la acción administrativa que fue objeto de la demanda presentada en este caso.

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La Regla 36.3 de Procedimiento Civil () dispone que se dictará sentencia sumaria inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiese, demuestren que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material y que como cuestión de derecho debe dictarse sentencia sumaria a favor de la parte promovente. El propósito cardinal de esta regla es promover una solución justa, rápida y económica de la litigación, abreviando la disposición de pleitos que, por no presentar una controversia genuina de hechos, hace innecesario la celebración del juicio en su fondo. Usado con sabio discernimiento resulta ser un mecanismo valioso para descongestionar los calendarios judiciales. Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 392 (1963).

Una vez la parte promovente establece que no existe controversia sobre hecho material alguno, la parte promovida no puede cruzarse de brazos y descansar en sus alegaciones. Tiene que refutar los hechos alegados y sustanciar su posición con prueba tendente a establecer los hechos en controversia. Si se cruza de brazos, corre el riesgo de que le dicten sentencia en su contra sin la celebración de un juicio en su fondo. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986). La recurrida se limitó en este caso a argumentar que las actuaciones de los recurrentes constituyeron sendas violaciones a las cláusulas constitucionales de igual protección de las leyes y de igual paga por igual trabajo, cuya sola alegación le dispensaba, según ella, de tener que agotar los remedios administrativos dispuestos por los reglamentos de la U.ER. No refutó con prueba alguna los hechos alegados y establecidos por la parte recurrente.

La aplicabilidad de las garantías constitucionales invocadas por la recurrida, si se cumplió o no con las normas y los reglamentos de la U.ER., o si se debieron agotar los remedios administrativos, eran cuestiones que únicamente requerían una determinación del derecho aplicable a la luz de los hechos presentados. Ausente una controversia real respecto a tales hechos, todo cuanto quedaba en este caso era estrictamente una cuestión de derecho que debió haber sido resuelta inmediata-mente por el tribunal de instancia.

I — I I — I y — i

En principio, la doctrina de agotar los remedios administrativos fue creada jurisprudencialmente () en respuesta a las necesidades de competencia administrativa y orden en los procedimientos. La misma se apoya en la premisa fundamental de que “nadie tiene derecho a auxilio judicial por un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio administrativo prescrito”. (Traducción nuestra.) Myers v. Bethlehem Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938).

El propósito de esta doctrina es establecer el momento apropiado para que los tribunales intervengan en una controversia sometida previamente a la esfera administrativa. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978). Existen, además, importantes consideraciones de política pública detrás del requisito de agotar los remedios administrativos con anterioridad a la intervención del foro judicial. ()

En Vélez Ramírez v. Romero Barceló, ante, pág. 728, reiteramos que la impugnación constitucional de actuaciones administrativas está sujeta a la norma de agotamiento. En First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 438 (1983), este Foro expresó que “[e]l mero hecho de invocar una cuestión constitucional no margina automáticamente el proceso adminis-trativo. Aunque es a los tribunales a quienes compete toda interpretación constitucional, ello no implica que una simple alegación al efecto excluya el foro administrativo”.

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La impugnación de la demandante está predicada en que la negativa de la U.ER. a no reclasificar su puesto de Secretaria Administrativa II a Secretaria Administrativa V viola su derecho a gozar de la igual protección de las leyes garantizado por la Constitución de Puerto Rico,() porque realizaba funciones equi-valentes a las funciones del puesto de Secretaria Administrativa V a pesar de no tener los años de experiencia en puestos inferiores exigidos como requisito mínimo para dicha posición. Deduce que por tal razón se violó su derecho a igual paga por igual trabajo reconocido por la Constitución del Estado Libre Asociado.

El Sistema de Personal de la U.ER. está fundamentado sobre el sistema de mérito; principio que permea todo el sistema de personal del servicio público. La cláusula constitucional que garantiza la igual protección de las leyes no exige un trato igual a todos los ciudadanos, sino que prohíbe un trato desigual e injustificado. Una clasificación es válida a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un interés legítimo del Estado. Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625, 632 (1987); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 276-277 (1975); 2 Rotunda, Nowak y Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure Sec. 18.2 (1986).

Además de la cláusula sobre igual protección de las leyes, la Constitución del Estado Libre Asociado de Fuerto Rico reconoce en su Art. II, Sec. 16, L.P.R.A., Tomo 1, entre otros, el derecho de todo trabajador a recibir igual paga por igual trabajo.()

Al adoptar dicha Sec. 16, la Convención Constituyente tuvo el propósito de concederle al trabajador puertorriqueño una protección social específica en la esfera obrero-patronal. La Convención Constituyente subrayó la alta dignidad del esfuerzo humano y destinó esta sección al señalamiento de los derechos básicos del trabajador como tal. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2573 (1951). Véase también, en otro contexto, el voto explicativo de conformidad emitido por el Juez Asociado Señor Rebollo López en Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 87-88 (1986).

“El principio de igual paga por igual trabajo interesa evitar discrímenes de una parte e irritaciones de otra, producidas cuando la compensación diferente carece de justificación frente a la igualdad de la labor rendida.” (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, ante, pág. 2574. La principal inspiración de este mandato de justicia obrera fue la realidad imperante en la época de su adopción cuando a las mujeres con frecuencia se les pagaba menos aunque rindieran la misma o mayor labor que el hombre. For tal motivo, “[e]l principio de igual paga por igual trabajo debe entenderse en su contexto histórico sin atribuírsele consecuencias extrañas a su propósito, a base de un literalismo desnaturalizados No supone, por ejemplo, imposibilitar constitucionalmente los aumentos automáticos por años de servicio, o las vacaciones con sueldo a mujeres en época de gravidez y lactancia, o las bonifica-ciones especiales en consideración al número de dependientes o el pago por sobre el mínimo trabajo superior o por mayor produc-ción”, o la adopción de otras medidas dirigidas al mejoramiento del trabajador. Id.

El propósito que persigue el sistema de clasificación y reclasificación de puestos de la U.ER. al requerir del empleado un mínimo de experiencia en determinado puesto antes de su ascenso, transferencia o reclasificación es propiciar la adquisición de los conocimientos y destrezas que la nueva posición exige. ()

Según señala la U.ER. en su alegato, la clasificación de puestos es una prerrogativa gerencial, ya que se trata de un instrumento para la administración de los recursos humanos. Aunque la autoridad del patrono no es absoluta, ya que cada empleado tiene derecho a ser correctamente clasificado, le corresponde, sin embargo, a la autoridad nominadora la plena facultad de determinar cuáles son los puestos necesarios para realizar la misión de la agencia y cuáles son las funciones a realizar y los requisitos que debe tener el incumbente de un puesto específico. For analogía, véase De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472 (1989). En virtud de ello, para que un puesto pueda ser reclasificado se requiere la acción afirmativa de la autoridad nominadora conforme a las normas previamente aprobadas por ésta.

Reconocida la facultad de la U.ER. para clasificar y reclasificar sus puestos al amparo de sus propias normas, la sola desviación o incumplimiento de las mismas no constituye de por sí un agravio de tal intensidad que revista carácter constitucional. Snowden v. Hughes, 321 U.S. 1, 15 (1944), opinión concurrente del Juez Frankfurter; McKart v. United States, 395 U.S. 185, 193-194 (1969); Palmigiano v. Mullen, 491 F.2d 977 (1er Cir. 1974); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, ante; Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 850-851 (1978); Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 D.P.R. 387, 392 (1980). No se ha alegado, ni hemos encontrado en este caso, hecho o circunstancia alguna de la cual podamos inferir la existencia de tal agravio. Hemos resuelto, y es doctrina firmemente establecida, que para qüe proceda un reclamo por la violación de un derecho garantizado constitucionalmente, a los fines de eludir el cauce administrativo, es necesario que se demuestre la existencia de un agravio de patente intensidad que justifique desviarse del mencionado cauce. Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763, 771 (1983); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205, 208 (1982); PedrazaRivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272, 276 (1979); Pierson Muller I v. Feijoó, ante; Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977); García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987). Cuando la parte demandante demuestra indefinición y falta de concreción en el derecho constitucional invocado, no se justifica tal desvío. Otero Martínez v. Gobernador, ante, pág. 556.

V

A la fecha en que la U.ER. tomó la determinación de la cual se acudió directamente al tribunal en este caso, el procedimiento a seguirse para revisar decisiones administrativas sobre el personal no docente, relacionadas al principio de mérito, se regía por la Certificación del Consejo de Educación Superior Núm. 70, 1981-1982: Reglas para la Implantación y Administración del Plan de Clasificación para los Empleados No Docentes de la Universi-dad de Puerto Rico.()

El Art. 8 de las mencionadas reglas disponía lo siguiente:

8.0 Procedimiento de Revisión
8.1 El empleado que se crea adversamente afectado por una decisión del Administrador del Plan, en el origen a la (sic) implan-tación del Plan de Clasificación —1 de julio de 1977 — , podrá elevar una petición de revisión al Director de Personal de su unidad, a través de su supervisor inmediato, dentro de los siguientes diez (10) días a partir de la fecha en que se le notifica el cambio. Igual remedio podrá solicitar el supervisor que se entienda adversamente afectado por una decisión del Administrador del Plan respecto a un puesto vacante bajo su jurisdicción.
c) Si la decisión no resultare satisfactoria para la parte intere-sada, podrá apelar ante la Junta de Apelaciones del Plan de Clasificación conforme a lo establecido en la Sección 9 de estas Reglas. Anejo XV, págs. 233-234.

El Art. 9 del referido reglamento expresamente creó la Junta de Apelaciones del Plan de Clasificación sobre las áreas esenciales del principio del mérito, estableciendo, a su vez, los procedimien-tos apelativos ante ella.

Por último, el Art. 10 de la Certificación Núm. 70 proveía para la revisión por el Consejo de Educación Superior de la decisión que emitiera la Junta.

Vemos, pues, que el esquema apelativo antes descrito establecía un mecanismo que de su faz resultaba ser eficaz para la revisión expedita de la actuación impugnada en este caso. En virtud del mismo, la demandante no estaba privada de remedio alguno como alega en su demanda. Por el contrario, dicho remedio administrativo estaba accesible a la demandante como foro ade-cuado y primario para dilucidar, en primera instancia, la impug-nación a la acción tomada en su contra por las autoridades universitarias. Ninguna prueba ofreció ésta para demostrar que en realidad dicho esquema era “uno ineficaz y lento”, según expuso en sus alegaciones.

VI

A pesar de la conclusión a que hemos llegado nos percatamos de que a la recurrida, quien no estuvo representada por abogado en la gestión que realizó ante las autoridades universitarias para obtener la clasificación que de su puesto pretende, no se le advirtió de su derecho a apelar ante el organismo administrativo corres-pondiente de la acción tomada en su contra. Dicha omisión tal vez explica su insistencia en obtener una decisión favorable del mismo funcionario que emitió el dictamen en lugar de acudir al remedio apelativo provisto por la reglas del Consejo de Educación Superior contenidas en la Certificación Núm. 70, ante. Por lo tanto, se impone que propiciemos una oportunidad a la recurrida para que ésta pueda agotar el referido trámite administrativo cuya falta de agotamiento le impide acudir directamente al foro judicial de la acción que le fue desfavorable. Véase, por analogía, García v. Adm. del Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53, 58 (1978).

Tampoco hemos pasado por alto el tiempo prolongado que tomó el trámite burocrático en este caso, mas esa sola circunstancia no hace inefectivo el proceso administrativo. No se ha evidenciado que dicho factor o alguno otro justifique la preterición de los canales administrativos. Al referir a la recurrida a dicho foro lo hacemos confiados en que el trámite habrá de desarrollarse en forma expedita. Sin embargo, cualquier dilación indebida o injustificada que torne inefectivo el mismo podrá entonces encontrar reparo en el ámbito judicial. Véanse: Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582 (1988); Vda. de Iturrequi v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491 (1970). Después de todo tenemos que presumir que la U.ER. tiene tanto interés como la demandante recurrida en resolver cuanto antes la controversia existente entre ambas a los fines de propiciar y conservar el clima de paz y justicia laboral a que aspiran la propia Universidad, sus empleados y nuestra ciudadanía.

Toda vez que se cometió el error señalado, se expide el auto solicitado y se revoca la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, mediante la cual denegó la solicitud de sentencia sumaria instada por la parte recurrente. En su lugar, se dictará sentencia que desestima la demanda presentada por la parte recurrida por no haber cumplido con el requisito de agotar los remedios administrativos provistos por los reglamentos de la Universidad de Puerto Rico, y se concede a dicha recurrida un término de treinta (SO) días, contado a partir de la fecha de la devolución del mandato en este caso, para recurrir, si así lo interesa, de la negativa a reclasificar su puesto como Secretaria Administrativa V ante la Junta de Apelaciones del Personal No Docente en el Sistema Universitario, conforme al reglamento establecido en la Certificación Núm. 80, Serie 1988-1989, del Consejo de Educación Superior.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“El derecho es plenario pero no hermético. Muchos de sus elementos son, diríamos, abiertos hacia la vida. El derecho, se ha dicho, está sometido a un trasiego constante con la vida.” (Enfasis en el original.) E.J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1978, T. III, pág. 44.

La mayoría se aparta de esa visión. Como demostraremos, cinco (5) años más tarde le niegan a la demandante, Sra. Magdalena Mercado Vega, la oportunidad de dilucidar prontamente en el foro judicial sus reclamos. Todavía insisten en un ritual injusto. Aun cuando reconocen que no fue advertida de su derecho a apelar y admiten “el tiempo prolongado que [ha tomado] el •trámite burocrático en este caso” —(énfasis suplido) opinión mayoritaria, pág. 289— la condenan a la futilidad de agotar el foro administrativo universitario. La única conclusión que cabe es que se ha revocado esa doctrina de derecho administrativo. Además, como agravante, se apartan de la norma de que no procede una sentencia sumaria si existe controversia legítima de hechos. Finalmente, llegan al extremo de adelantar innecesariamente criterios jurídicos y de hacer pronunciamientos que, para todo propósito ulterior, representan realmente una decisión adversa de este Foro contra la señora Mercado Vega. Bajo los mismos, no tendrá ella la más mínima posibilidad de prevalecer. Para su causa, LA SENTENCIA ES DE MUERTE.

Expongamos integralmente los hechos. En esa tarea, distinto a la mayoría, no habremos de circunscribirnos a los “reseñados en el alegato de la recurrente” Universidad de Puerto Rico (U.PR.). Rechazamos esa metodología decisoria pues los mismos represen-tan una versión unilateral inaceptable. Es menester, pues, tomar en cuenta aquellos hechos y datos adicionales que se desprenden de los documentos presentados por ella en instancia oponiéndose a la sentencia sumaria, los cuales obviamente el juzgador tomó en cuenta al rechazar en dos (2) ocasiones las pretensiones de la U.PR.

I — I

Hace diez (10) años —-junio de 1980— la señora Mercado Vega, en ascenso, fue clasificada Secretaria Administrativa II. En esa condición comenzó a trabajar como secretaria de la Sra. Rita M. Flores De Jesús, Decana Auxiliar de Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto Universitario de Río Piedras.

En octubre de 1980 le comunicó verbalmente a la señora Flores De Jesús, como supervisora inmediata, su preocupación de que las funciones que ella realizaba correspondían más bien a las de una Secretaria Administrativa V Ante este señalamiento, la señora Flores De Jesús le indicó que el trámite de su reclasiñcación sería sometido oportunamente. Transcurrió el tiempo. El 14 de junio de 1983 reiteró por escrito su solicitud de que se revisara su clasificación. Con su pedido sometió el cuestio-nario de reelasificación. Seis (6) meses después, la señora Flores De Jesús remitió el asunto a la consideración de la Decana, Sra. Juana Almeyda.

• Continuó transcurriendo el tiempo. El 23 de abril de 1984 la señora Flores De Jesús refirió la cuestión al Director de la Oficina de Personal, Sr. Juan G. Vega.

Durante todos estos años, la señora Mercado Vega siguió realizando, según sus alegaciones, las labores de Secretaria Administrativa V aunque cobraba el sueldo de Secretaria Admi-nistrativa II. El 3 de diciembre de 1985 pidió que se acelerara el proceso. El 18 de diciembre se le notificó “que su caso está pendiente para estudio”.

Pasó el tiempo. Ella continuó inquiriendo sobre su solicitud en. la Oficina de Personal. Nuevamente, el 31 de octubre de 1986, ante la demostrada ineficiencia administrativa, manifestó su preocupa-ción y, además, expuso el trato desigual que se le brindaba a su solicitud. Aludió a varios casos iguales al suyo, sometidos conjun-tamente y resueltos favorablemente con anterioridad.

Así las cosas, el 27 de enero de 1987 volvió a pedir acción. Finalmente, el 2 de febrero de 1987, la Oficina Central de Personal le notificó que, efectivo el 1ro de marzo de 1986, quedaba reclasificada como Secretaria Administrativa III.

El 3 de abril de 1987 apeló esa determinación. Invocó su derecho constitucional de igual paga por igual trabajo y presentó evidencia de su experiencia para cualificar. El 5 de mayo de 1987 le contestaron que sus planteamientos eran improcedentes, pues carecía de experiencia (4 años) en funciones correspondientes al puesto de Secretaria Administrativa IV Se le informó que su señalamiento sobre la norma de reclutamiento había sido elevado a la Oficina Central de Personal. El 16 de septiembre de 1987 fue trasladada al Departamento de Geografía como secretaria del Director del departamento.

En vista del largo tiempo transcurrido y de que su reclamo fue desatendido, el 9 de noviembre de 1987 demandó judicial-mente a la Universidad de Puerto Rico.

I — I

Los antecedentes y trámites administrativos expuestos nos impiden refrendar la opinión mayoritaria. Tres (3) fundamentos animan nuestra conciencia judicial.

Primero, si algo reflejan los autos, es el vía crucis burocrático que durante cinco (5) años ha tenido que soportar la señora Mercado Vega. La mayoría acepta esta dolorosa realidad; sin embargo, le dicen que debió esperar antes de acudir a los tribunales. ¿Cuánto tiempo más?

Estamos ante un caso claro en que no es procedente invocar la doctrina de agotamiento de los remedios administrativos. Para el 5 de mayo de 1987 todavía estaba sin resolverse su solicitud, pues parte integral de la misma —el planteamiento sobre la norma de reclutamiento— fue referido a la Oficina Central de Personal. ANTE LA DILACIÓN EXCESIVA HABIDA, EL IMPO-NERLE ESE REQUISITO ES EXIGIRLE UNA GESTIÓN INFRUCTUOSA, POCO REMEDIAL E INJUSTA.

Segundo, distinto a la conclusión mayoritaria, los documentos y alegaciones de la señora Mercado Vega, PRIMA FACIE CONFIGURAN UNA CONTROVERSIA LEGÍTIMA DE HE-CHOS QUE IMPIDE DICTAR SENTENCIA SUMARIA. De ser ciertos, reflejarían un tratamiento violatorio a la igual protec-ción de las leyes —Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.PR.A, Tomo 1— y a su derecho a recibir igual paga por igual trabajo —Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., supra— que debe ser de inmediato reivindicado judicialmente.

Y tercero, OBJETAMOS QUE LA MAYORÍA, PARA ARRI-BAR A SU CONCLUSIÓN, A PRIORI HAYA EVALUADO Y PREJUZGADO EN CONTRA DE LA CAUSA DE LA SE-ÑORA MERCADO VEGA. Esa es la única conclusión aceptable una vez examinamos los pronunciamientos mayoritarios esboza-dos en las págs. 284-287, a saber, inaplicabilidad al caso de las cláusulas constitucionales sobre igual protección de las leyes (Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., supra) e igual paga por igual trabajo (Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., supra)-, propósitos del sistema de clasificación y reclasificación universitaria, y amplia prerrogativa gerencial. Más aún, si alguna duda hubiese, la misma queda despejada cuando de manera terminante deciden que “[n]o se ha alegado, ni hemos encontrado en este caso, hecho o circunstancia alguna de la cual podamos inferir la existencia de tal agravio [en la reclasificación]”. (Enfasis suplido.) Opinión mayoritaria, págs. 286-287.

¿Qué justificación hay para prejuzgarle adversamente el caso? ¿Por qué semejante trato? Al agravio y violación del debido proceso de ley administrativo hemos añadido el judicial. Si la mayoría está así persuadida, ¿por qué jugar judicialmente al gato y al ratón? ¿No sería mejor directamente decirle que ellos entienden que su acción no puede prosperar y, sin vacilaciones, desestimársela? De lo contrario, ¿no hubiese sido más justo haberle dado una oportunidad real de demostrar los méritos de su causa en una vista judicial evidenciaría?

Nunca debemos eregir obstáculos procesales de naturaleza administrativa para cerrar nuestras puertas y derrotar reclamos de orígenes constitucionales. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 851 (1978). A fin de cuentas, la aplicación de normas de agotamiento administrativo son de conveniencia y no correspon-den a una ciencia exacta, divorciada de la vida humana. A LA ABUSIVA BUROCRACIA UNIVERSITARIA, AÑADIMOS LA JUDICIAL.

Confirmaríamos el dictamen del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que se negó a desestimar por la vía sumaria la demanda de la señora Mercado Vega.

      (1) Según aparecen reseñados en el alegato de la recurrente.

        (2) 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (3) Este requisito fue recogido en la See. 4.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. see. 2172.

      (4) A esos efectos, en McKart v. United States, 395 U.S. 185 (1969), se señalaron las siguientes:
      1. Para evitar la interrupción prematura del procedimiento administrativo.
      2. Para permitir a la agencia administrativa desarrollar el transfondo fáctico (factual background) que habrá de servir de fundamento a la decisión.
      3. Para permitir que la agencia administrativa ejerza su discreción o aplique su conocimiento pericial (expertise).

      4. Para mejorar la eficiencia del procedimiento administrativo.

        5. Para conservar los escasos recursos judiciales, debido a que la parte querellante puede resultar con éxito en la vindicación de sus derechos en el procedimiento adminis-trativo, sin necesidad de intervención judicial.
      6. Para darle una oportunidad a la agencia administrativa de descubrir y corregir sus errores.
      7. Para evitar el posible debilitamiento de la efectividad de la agencia administrativa, mediante la tramitación frecuente y deliberada de los asuntos que a ésta atañen, en el foro judicial.

      (5) Art. II, Sec. 1. Const. E.L.A., L.ER.A, Tomo 1.

      (6) Esta sección dispone:
      “Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar’ a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección contra riesgos para su salud o integridad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no exceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se disponga por ley.” Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 327.

      (7) Mediante comunicación de 5 de mayo de 1987, la Directora de la Oficina de Personal del Recinto de Río Piedras le informó a la demandante que, de acuerdo con la Directora de Personal de la Administración Central, como Administradora del Plan de Clasificación y Retribución de los Empleados No Docentes de la Universidad de Puerto Rico, la demandante no reunía los requisitos mínimos de experiencia específica en el puesto clasificado de Secretaria Administrativa IV al cual fue recomendado por el Recinto de Río Piedras y que, por lo tanto, tampoco era elegible a la reclasificación al nivel V de dicho puesto. A tales efectos, se señaló en la parte pertinente de la comunicación:
      “Para Secretaria Administrativa V es necesario poseer cuatro años de experiencia secretarial en funciones similares o comparables a puestos de Secretaria Administrativa IV en la Universidad de Puerto Rico.” Exhibit VIII.

      (8) Ésta quedó derogada por el Art. 12 de la Certificación Núm. 80, Serie 1988-1989. En los demás aspectos del principio de mérito, como son la retención, la selección, el adiestramiento, etc., se regia por el Reglamento sobre Procedimientos Apelativos Admi-nistrativos de la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 138, 1981-1982, según enmendada, del Consejo de Educación Superior. Todas estas controversias sobre el principio de mérito del personal no docente se dilucidan en la actualidad bajo el organismo especializado de la Junta de Apelaciones del Personal No Docente en el Sistema Universitario, en conformidad a la Certificación Núm. 80. Véanse: Arts. 1, 6 y 12 de dicho reglamento.


author:
      (Fdo. ) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, etc., demandantes y recurridas, v. Partido Nuevo Progresista, Carlos S. Quirós Vázquez, etc., demandados y recurrentes.

      Número: RE-91-157

      Resuelto: 23 de abril de 1991

      Armando Cardona Estelritz, abogado del Partido Nuevo Progresista, recurrente; las recurridas no comparecieron.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de revisión, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Aociado Señor Negrón García emitió un voto concurrente, al cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Andréu García.

(Fdo. ) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se unen los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Andréu García.

La corrupción y el desembolso indebido o ilegal de fondos públicos —en sus formas múltiples, a veces burdas y otras sofisticadas— son actos incompatibles con el sistema de gobierno democrático consagrado en nuestra Constitución y apuntalado en el respeto a la dignidad humana y el dinero del pueblo como único soberano. No importa las modalidades que adopten ni la jerarquía del funcionario involucrado; las mismas son intolerables. En última instancia, quien verdaderamente se perjudica, no solo en lo económico sino en lo moral, es la ciudadanía en general independientemente de su afiliación política. Es, pues, obligación de los tribunales reivindicar esos valores fundamentales.

HH

El 13 de septiembre de 1988 las autoridades públicas de Energía Eléctrica (A.E.E.), de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.), de Edificios Públicos (A.E.E) y la Compañía de Fomento Recreativo (C.F.R.) presentaron demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra el Partido Nuevo Progresista (EN.E) y varias personas que desde agosto a noviembre de 1984 se desempeñaron como altos funcionarios en esas entidades.

En síntesis, alegaron que en esos meses los codemandados, en su capacidad de funcionarios directivos, reclutaron ilegalmente varios de sus empleados para trabajar en un centro de cómputos electoral del EN.E Reclamaron los salarios así satisfechos. Los empleados reclutados no fueron demandados.

Contestada la demanda, previa solicitud al efecto, el Tribunal Superior (Hon. Wilfredo Alicea López, Juez) dictó sentencia sumaria y declaró con lugar la acción. En su dictamen encontró probado que, efectivamente, durante el período antes señalado los empleados en cuestión () no desempeñaron labor alguna para sus agencias. Por el contrario, realizaron trabajos exclusivamente para el EN.E Aun así, cobraron sus salarios de las agencias. ()

El ilustrado foro de instancia se fundó en la doctrina de enriquecimiento injusto y aplicó los requisitos expuestos en Ortiz Andújarv. E.L.A., 122 D.P.R. 817 (1988), a saber: (1) la existencia de un enriquecimiento; (2) un correlativo empobrecimiento; (3) una conexión entre ese enriquecimiento y el empobrecimiento, y (4) la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.

En consecuencia, impuso responsabilidad solidaria al EN.E y a los funcionarios codemandados. Explicó que “en el caso de autos [la] responsabilidad nace de su colusión para propiciar un enri-quecimiento injusto por parte del EN.E y en este sentido su responsabilidad es solidaria”. Sentencia, pág. 26. La suma total a ser restituida asciende a $14,292.72, más los intereses al 11% anual a partir de la fecha de la presentación de la demanda.

Ante nos, el EN.E cuestiona que se haya resuelto sumariamente el caso y aplicado la figura de enriquecimiento injusto.

WH J-H

No tiene razón. El error' en torno a la utilización de la sentencia sumaria no fue cometido. El siguiente extracto de la sentencia apoya incuestionablemente esa vía decisoria:

En el caso que nos compete casi la totalidad de los hechos que se alegan como ciertos y sobre los cuales se acompaña extensa prueba documental para sostenerlos no han sido siquiera controvertidos por la parte demandada. Los escritos de oposición que ha sometido la parte demandante giran en torno a la doctrina jurídica que debe prevalecer al momento de adjudicar el pleito. Precisamente ese es el caso típico en él cual procede la adjudicación del pleito mediante el mecanismo de sentencia sumaria ya que sólo resta adjudicar el derecho. Sin embargo, debemos señalar un punto antes de así proceder. Aun cuando de la declaración jurada que se le tomó al Sr. Carlos S. Quirós y que se acompaña como anejo 10-A de la moción de sentencia sumaria del demandante surgen expresiones dirigidas a controvertir las alegaciones del demandante respecto a la parti-cipación del señor Quirós en el proceso que llevó a la contratación de estas personas para realizar labores en el Centro de Cómputos, visto el expediente en su totalidad dicha declaración no puede tener tal efecto. Luego de realizar un examen de los documentos en conjunto, no puede quedar duda razonable en el ánimo de este Tribunal sobre la participación del señor Quirós en la contratación de los empleados que hizo la A.E.E. No estamos frente a la situación de una duda que amerite observar el comportamiento del señor Quirós en la silla testifical para entonces escoger entre su versión de los hechos o la de los Sres. Mervill Allende o Wilfredo Marcial, los cuales directamente han declarado sobre la participación del señor Quirós. Dicha participación surge de declaraciones juradas que constituyen prueba incriminatoria en su contra y las cuales tienen garantía de credibilidad. Tampoco el señor Quirós ha negado su participación directa en el Centro de Cómputos del EN.E a la fecha de los hechos. For el contrario de las declaraciones juradas que se acompañan para sostener la causa de acción de este pleito no surge duda alguna de la participación de éste en dicho Centro de Cómputos. Si en adición a todo esto le unimos el hecho de la posición que éste ocupaba tanto en el EN.E como en la agencia A.E.E. sería irreal pretender sostener lo declarado por el señor Quirós. No hay razón alguna para entrar a celebrar una vista evidenciaría, quizás larga y tediosa, si ésta no aportará nada para la adjudicación de este pleito. En consecuencia y no habiendo duda sobre la participación del señor Quirós en estos hechos, avalamos la determinación de hecho que hiciéramos al principio de esta sentencia relacionados con su persona. (Énfasis suplido.) Sentencia, págs. 13-14.

I — I 1 — I HH

Superado el señalamiento procesal, evaluemos el referente a la doctrina de enriquecimiento injusto. El EN.E nos argumenta que no se determinó el monto de su enriquecimiento ni se estableció relación entre sí y el empobrecimiento de las agencias demandantes. Tampoco tiene razón.

En Ortiz Andújar v. E.LA., supra, indicamos:

El enriquecimiento puede ocurrir en dos modalidades diferentes: el positivo o aumento en el patrimonio (lucrum emergens) o el negativo o disminución del patrimonio (damnum cessans). El negativo (damnum cessans) se apuntala en la premisa de que un no gasto equivale a un ingreso. En otras palabras, en la medida en que alguien sufre una pérdida que ordinariamente debería padecer otro, él primero le ahorra un gasto al segundo. Esa situación no tiene cabida en un sistema donde impera lo justo y debe ser remediada. (Enfasis suplido.)

Según este prisma, es evidente que al recibir el EN.E un servicio de unos empleados pagados por las distintas agencias del Gobierno, aquél se enriqueció en la medida en que no tuvo que incurrir en esos gastos de salario. En esta modalidad damnum cessans se desfiló suficiente prueba sobre la cantidad en la cual el EN.E se enriqueció. ()

La cuestión no es nueva. Un comentarista específicamente nos ilustra así: “[T]ambién puede constituir el enriquecimiento en un ahorro de gastos, supuesto distinto de recibir un incremento patrimonial, como cuando se emplea sin derecho la actividad profesional ajena evitándose desembolsos por parte del que lo utiliza, siempre que la ventaja obtenida sea valuable en una suma de dinero.” (Énfasis suplido.) J. Santos- Briz, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Frivado, 1984, T. XXIV pág. 33.

Y es que, según surge de la sentencia del foro de instancia —corroborado en los autos ante nos— “no hay conflicto de prueba ni ha sido negado en ningún momento que las agencias deman-dantes pagaron a sus empleados un sueldo mientras éstos reali-zaban sus labores en el Centro de Cómputos”. Sentencia, pág. 17.

En resumen, según la doctrina de enriquecimiento injusto, se cumplieron los requisitos de nexo o conexión entre el empobreci-miento de las agencias demandantes y el enriquecimiento del codemandado EN.E

IV

Una advertencia final. Aquí las agencias no demandaron a los empleados que cobraron fondos públicos, aun cuando éstos sabían que indebidamente estaban prestando sus servicios a un partido político y no a las agencias donde cobraron ilegalmente sus sueldos. Más allá de su valor de precedente judicial, algún propósito aleccionador ha de tener esta experiencia para madurar nuestra DEMOCRACIA. En situaciones análogas, todo em-pleado público debe saber que puede ser incluido como deman-dado y, al final, también ser responsable.

Es hora de desterrar de nuestro suelo la PARTIDOCRACIA, esto es, la creencia de que el Gobierno y el partido político mayoritario son una misma cosa. De acuerdo con nuestra Cons-titución, es axiomático que si la conducta en la cual se incurrió es ilegal o atenta contra las sanas normas jurídicas o administrativas vigentes para el mejor desembolso de fondos públicos, ni la lealtad de un ciudadano —incluso la de los funcionarios públicos hacia su partido político— ni la obediencia jerárquica son defensas válidas.

Por los fundamentos expuestos, concurrimos con la negativa a expedir el auto.

      (1) De la Autoridad de Energía Eléctrica (A.E.E.): José Maldonado Candelario y Carmen Rodríguez Echevarría; de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (A.A.A.): Sonia Ferrer Silva, Brenda Quiñones López, Diana Vázquez Sánchez y Maritza Nieves Farrilla; de la Autoridad de Edificios Públicos (A.E.E): Aida L. Fuentes Fagán, y de la Compañía de Fomento Recreativo (C.F.R.): Dolores Hernández Ocaña.

      (2) Se desglosan así: $5,000 por dos (2) empleados de la A.E.E.; $5,185.77 por tres (3) empleados de la A.A.A.; $1,287.92 por la empleada de la C.F.R., y $2,819.03 por la empleada de la A.E.E

      (3) La argumentación del recurrente, Partido Nuevo Progresista (EN.E) nos mueve a pensar que ha confundido la restitución de la acción por enriquecimiento injusto con una de indemnización por daños.