author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Daniel Benítez, c/p Danny, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Luis R. Apellániz, Juez, demandado.

      Número: O-74-20

      Resuelto: 9 de octubre de 1974

      Jorge R. Díaz Aquino, abogado del peticionario; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor.
   PER CURIAM:

El 31 de julio de 1972 se alega ocurrieron ciertos hechos que dieron lugar a que el 18 de junio de 1973, el peticionario fuera acusado de infringir la Ley de Sustancias Controladas. La declaración jurada del agente, que se alega que estuvo presente en la transacción que dio margen a la acusación, lee así:

“Que el día 31 de julio de 1972 trabajaba en calidad de agente encubierto de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico realizando investigaciones relacionadas con el tráfico ilegal de drogas. Que ese día a eso de las 11:10 a.m. acompañado de un confidente llegué frente a la cancha de ba-loncesto de la Urb. Villa Carolina, y después de estacionar el auto en el Area de Estacionamiento de dicha cancha, el confi-dente y yo nos bajamos del mismo y nos dirigimos hacia un grupo de sujetos que estaban jugando baloncesto. Que el confi-dente llamó a uno de los sujetos que estaba dentro de la cancha y al éste acercarse a nosotros, el confidente lo saludó y le pre-guntó que si había pasto (Marihuana). Que dicho sujeto dijo: ‘Aquí el único que tiene pasto es Danny, pero está en su casa.’ Que yo le pregunté a dicho sujeto que si nos podía llevar a la casa de Danny, y dicho sujeto aceptó. Que yo le indiqué a dicho sujeto el sitio donde yo tenía mi auto estacionado, y éste me dijo: ‘Vámonos a pie, que es aquí cerca.’ Que nos dirigimos a una casa que está ubicada en la Calle 24 esquina Central Boulevard, al lado del parque, y al llegar frente a dicha casa, el sujeto que nos acompañaba llamó por el nombre de Danny a alguien de la casa. Que momentos después salió al balcón un sujeto, quien desde el balcón le preguntó al sujeto que nos acompañaba, qué era lo que pasaba. El sujeto que nos acom-pañaba le dijo al individuo que se encontraba en el balcón: ‘Mira Danny, estos panas están buscando yerba y yo les di jé que el único que tenía eras tú.’ Que el sujeto c/p Danny nos dijo: ‘Lo único que me quedan son cinco tabacos y a menos de a $1.00 no los doy’ (Refiriéndose a cigarillos de Marihuana). Yo le dije que estaba bien, que yo se los capiaba (compraba), y Danny fue al interior de la casa y al poco rato salió nueva-mente al balcón y me dijo: ‘Dame los $5.00.’ Que yo procedía a entregarle $5.00 a Danny, y éste se metió la mano al bolsillo derecho del pantalón, de donde sacó una envoltura de papel de servilletas, color amarillo, a manera de sobre y me la entregó por entre las rejas. Que yo procedía a quitar el tape que sellaba la envoltura y comprobé que dicha envoltura contenía 5 ciga-rrillos de supuesta Marihuana en envoltura de papel blanco. Que yo procedía a despedirme de Danny y del otro sujeto, y acompañado del confidente me retiré del lugar.”

El 28 de septiembre de 1973 la defensa solicitó del Tribunal Superior, que ordenara al fiscal le diera la siguien-te información:

“Nombre y dirección de todas las personas presentes al momento de ocurrir la supuesta transacción que motivó los casos de epígrafe.”

A dicha petición, el tribunal de instancia, mediante Resolu-ción dictada el 11 de octubre de 1973, concluyó en parte lo siguiente:

“Coincidimos con el acusado en que el confidente en este caso es de carácter participante. La regla general en materia de confidentes es que, por razón de orden público, los tribunales reconocen el privilegio del Estado de no divulgar la identidad del confidente; sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido una excepción a la mencionada regla que ha sido llamada la del ‘confidente-participante’. Pero la regla de excepción no opera por el mero hecho de que se clasifique al informante como ‘con-fidente-participante’; es indispensable además que la identidad del confidente, o del contenido de su comunicación, sea rele-vante y de ayuda para la defensa del acusado o esencial para una determinación justa de la causa; aún así, el Tribunal deberá pesar y balancear a la luz de los méritos de cada caso los derechos del acusado a un juicio justo y la justicia para con la sociedad y para con su interés en que se cumplan las leyes. (Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693).
La única prueba sometida por el acusado en este caso es el Ex. A (declaración jurada del agente Hernández); el acusado no ha demostrado en esta etapa del proceso que el nombre y dirección del confidente sea prueba relevante, necesaria o indispensable para su defensa; observamos que en el momento de la alegada transacción el acusado no se encontraba solo con el informante ya que también se encontraba presente el agente Noemí Hernández; se rechaza la solicitud del acusado para que se le informe el nombre y dirección del confidente.”

El peticionario señala como error, en la presente peti-ción de certiorari, el que se rechazara la solicitud para que se le diera el nombre y dirección de las personas presentes al ocurrir la supuesta transacción.

No surge de la Resolución del tribunal de instancia que se le diera el nombre y la dirección del “sujeto” que se alega llevó al agente y al confidente donde el apelante. Erró el tribunal al no ordenarle al fiscal que dijera el nombre y la dirección de dicho “sujeto” ya que el “derecho a obtener la compa-recencia compulsoria de testigos está íntimamente relacionado con el debido procedimiento de ley, y ha sido reconocido y mantenido por este Tribunal desde mucho antes de la vigencia del actual sistema constitucional.” Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974).

En cuanto al confidente, actuó correctamente el tribunal al denegar la solicitud para que se informara la identidad del confidente. Concluye el tribunal que se trataba aquí de un participante, pero que no se había demostrado que el nom-bre y dirección del confidente fuera prueba relevante y nece-saria para la defensa del aquí peticionario. Coincidimos con el tribunal en que el confidente fue participante pues como resolvimos en Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965), “el confidente participante, como el término indica, es uno que participa, que toma parte en la transacción delictiva.”

Ahora debemos determinar si siendo el confidente uno participante, “. . . la divulgación de la identidad del confiden-te, o del contenido de su comunicación, es relevante y de ayuda para la defensa del acusado . . .”, de manera que deba ceder el “privilegio del confidente”.

Concluimos que no hay que divulgar en el presente caso el nombre y la dirección del confidente participante, pues durante el juicio tendrá la oportunidad de contrainterrogar al agente encubierto y al “sujeto” (que estamos ordenando que se le dé su nombre y dirección), para fortalecer su defensa. Además, habiendo anunciado el peticionario una defensa de coartada, para la cual él será el único testigo, no necesita interrogar al confidente. El “sujeto”, según la declaración jurada, es alguien que se hallaba jugando en la cancha de la urbanización del peticionario y fue el que realmente suplió la información que llevó al agente hasta el peticionario. No fue a través del confidente que se llegó al peticionario, sino a través de dicho agente.

Se revoca la Resolución recurrida y se ordena al Estado que informe al peticionario el nombre y dirección de la persona que llevó al agente encubierto a la casa del mencionado peticionario.

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, concurre con el resul-tado en voto particular separado. El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, concurre en parte y disiente en parte en voto explicativo separado, con el cual concurre el Juez Aso-ciado, Señor Martín. El Juez Asociado, Señor Dávila, disintió.

Voto particular del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 1974

Estoy conforme con el resultado, y ahí termina mi concu-rrencia en este caso.

Tenemos seria objeción al siguiente texto a la página 5 de la opinión per curiam circulada:

“Concluimos que no hay que divulgar en el presente caso el nombre y la dirección del confidente participante, pues durante el juicio tendrá la oportunidad de contrainterrogar al agente encubierto y al ‘sujeto’ (que estamos ordenando que se le dé su nombre y dirección), para fortalecer su defensa.”

Al así generalizar se anula toda la doctrina jurídica que en determinadas circunstancias obliga la comparecencia del confidente en juicio precisamente para comprobar o recti-ficar la veracidad del agente encubierto. Una alternativa sería anteponer la frase: “en esta etapa del procedimiento.”

Hay igual objeción al siguiente lenguaje: “Además, ha-biendo anunciado el peticionario una defensa de coartada, para la cual él será el único testigo, no necesita interrogar al con-fidente.” El dictum restrinje indebidamente el ámbito de la defensa de coartada negándole el testimonio del confidente que teóricamente podría sostener esa defensa excluyendo la pre-sencia del acusado en el lugar de la transacción.

La última oración en el párrafo de referencia expresa que “No fue a través del confidente que se llegó al peticionario, sino a través de dicho agente.” Así dicho tiene el efecto de desvirtuar la realidad de que en este caso hubo un confidente participante. Este fue el puente de confianza que movió al baloncelista a conducirlos a la casa del acusado, por lo que sí fue a través del confidente que se llegó al peticionario.

Las secciones objetadas son esencialmente dicta que deben eliminarse pues es sabido que su espectro tiende a aparecer en futuros planteamientos, para tormento del autor.

Voto particular del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

concurriendo en parte y disintiendo en parte con el cual concurre el Juez Asociado Señor Martín

San Juan, Puerto Rico, a 9 de octubre de 1974

Estoy de acuerdo en que la resolución del tribunal recu-rrido debe ser revocada, pero entiendo que no hay razón que justifique limitar la orden a que se informen al acusado úni-camente el nombre y la dirección del baloncelista que conforme a la declaración del agente le acompañaba cuando se hizo la alegada transacción. El nombre y dirección del llamado con-fidente también deben suministrarse al acusado.

No hay duda de que en este caso el confidente no fue un mero informante. La transacción se inició al establecerse con-tacto directo con el baloncelista y terminó al localizarse al nombrado Danny y efectuarse la compraventa de los ciga-rrillos de marihuana. De principio a fin el confidente estuvo presente. No puede decirse, por tanto, que no fue partícipe en la transacción, y así lo reconocen tanto la resolución del tribunal a quo como la opinión per curiam de este caso.

Si el confidente participa, pierde virtualidad el privilegio del Estado de no divulgar su identidad. Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965). La razón dada por el tribunal re-currido para negarse a ordenar que se diera la información solicitada por el acusado me parece írrita. Dijo en su reso-lución que es indispenable “que la identidad del confidente, o del [síc] contenido de su declaración sea relevante [síc] y de ayuda para la defensa del acusado, o esencial para una determinación justa de la causa.”

Si conforme concluyó el tribunal recurrido el confidente participó en la transacción, no veo cómo pueda sostenerse que su testimonio no sea pertinente a la cuestión envuelta. Si su declaración podría o no ser de ayuda para el acusado no podría saberlo éste hasta tener la oportunidad de entrevistarlo.

Es parte del debido proceso de ley el principio de que el acusado se presume inocente. Constitución del Estado Li-bre Asociado de Puerto Rico, Art. II, Sec. 11. Sería a mi juicio contravenir ese mandato constitucional si se requiriese del acusado, como condición para acceder a su solicitud de que se cite a un testigo, que pruebe que su testimonio le ha de ser favorable, cuando se le priva del derecho de saber el nombre y dirección de ese testigo y por tanto de investigarlo.

El hecho de que el acusado en esta causa anunciara la defensa de coartada no puede tomarse como base para negarle su solicitud. Sin duda que se reforzaría su defensa, y probable-mente obligaría a su absolución, si el confidente, al prestar testimonio, negara los hechos relatados por el agente. El tribunal recurrido no puede partir de la base de que el confidente sostendrá la versión del agente. No existe presunción de ley alguna que tal cosa permita.

       E1 26 de octubre de 1973, el acusado notificó que su defensa sería una de coartada. El 7 de noviembre del mismo año, notificó que el único testigo para dicha defensa sería el propio acusado.

       Así lo denomina el agente encubierto en su declaración jurada, supra.

         Pueblo v. López Rivera, supra.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    Aníbal Maldonado y su Esposa Lourdes Villariny, demandantes y recurridos, v. Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-70-101

      Resuelto: 9 de octubre de 1974

      Orlando J. Antonsanti y Ernesto González Pinero, abogados de la recurrente; Carlos E. Colón, abogado de los recurridos.
   per curiam:

En el novelesco desarrollo de este conflicto un modesto automóvil Chevrolet usado, modelo 1957, que fue vendido en 1964 por $530 generó para su compradora una sentencia favorable por $11,384.00. Ni el ave fénix tenía esa capacidad de recuperación. Esta exhuberancia reparadora trae causa de un error de derecho: haberse guiado el juez de instan-cia por el precepto general del Art. 1054 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3018) que sujeta a indemnización a todo aquél que contraviniere al tenor de sus obligaciones, en vez de aplicar el ordenamiento especial provisto por el Código para los casos de saneamiento por evieción en sus Arts. 1364 y ss. (31 L.P.R.A. secs. 3832 y ss.), pues todo la controversia justiciable se mantiene dentro del marco de una compra-dora despojada de su coche por quien alegaba tener un título superior al de su vendedora.

La firma Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., vendió el referido automóvil Chevrolet a Lourdes Villariny anotándose el traspaso en el Departamento de Obras Públicas y ésta lo vendió dos semanas después a Carmen Torres quien lo poseyó por 6 meses, pues el 29 de junio de 1965 un Alguacil del Tribunal de Distrito se incautó del mismo en virtud de un proce-dimiento de reposesión seguido por Caribbean Finance Company contra su deudora en venta condicional Zaida Gonzá-lez, titular anterior del vehículo en el registro de Obras Públicas, acción que terminó por sentencia firme en la que se ordenó la restitución del automóvil a la Caribbean Finance. A pesar de que intervino en esta acción de reposesión alegando ser una tercera poseedora con justo título y buena fe, Carmen Torres no trajo al pleito a su vendedora Villariny ni a la trasmitente anterior Hull Dobbs 65th Infantry, ni en modo alguno les notificó sobre dicha demanda. Optó por iniciar pos-teriormente una acción civil separada bajo el Núm. CS-66-1047 (Ponce) reclamando daños y perjuicios de su vendedora Lourdes Villariny e incluyendo como parte demandada a una entidad denominada Hull Dobbs Co., Inc., reclamándoles el precio por ella pagado, su inversión en el vehículo más $5,000 por daños morales para un total de $6,700.00. La demandada Villariny no se defendió. Aparece en autos una titulada “Contestación a la Demanda” en que acepta como ciertos todos los hechos allí alegados y añade: “Que Hull Dobbs Company les vendió dicho vehículo en la forma que se alega en la demanda” (dolosamente, teniendo conocimiento de que le pertenecía a tercera persona llamada Zaida González). El juez de instancia en aquel primer pleito desmintió dicha asevera-ción al concluir que “la Sra. Villariny tenía conocimiento de que la entidad de la cual ella obtuvo el automóvil lo era Hull Dobbs 65th Infantry, por haberle expedido dicha entidad el recibo 30045, el 18 de noviembre de 1964, como pronto pago de $530 para la compra del mismo que es el Exhibit I de la demandante.” Opinión y Sentencia, Exhibit VII, pág. 3. Con-cluyó, además, el juez en dicho primer pleito CS-66-1047 que “Hull Dobbs Co. of Puerto Rico y Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc. son dos corporaciones completamente distintas y separadas una de la otra con junta de directores distintas sin que la demandante haya aportado prueba alguna en contra-rio.” (Ibid., pág. 4, conclusión #9) por lo que absolvió a Hull Dobbs Co. of Puerto Rico y condenó a los allanados esposos Maldonado-Villariny a pagar a su compradora la suma de $6,700 por la cual ésta les aceptó un pagaré.

A pesar de que un tímido descubrimiento de prueba hu-biera revelado temprano en la litigación que Hull Dobbs 65th Infantry era la verdadera vendedora, pues como hemos visto éste era un hecho conocido por la demandada Villariny quien en su actitud cooperadora con su compradora demandante no hubiese tenido reparo en revelarlo, dicha vendedora Hull Dobbs 65th Infantry Ford no fue sustituida como parte de-mandada ni llamada al pleito como tercera demandada ni en forma alguna se enteró de dichos procedimientos por lo que ninguna oportunidad tuvo de defender su interés frente a la reclamación.

Así terminado el primer pleito Lourdes Villariny y su esposo inician el segundo bajo el Núm. CS-67-4479 dirigido esta vez contra Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., también sobre daños y perjuicios, en cuya demanda relatan los ante-cedentes ya expuestos alegando en esencia que dicha corpora-ción demandada les había vendido el Chevrolet modelo 1957 sabiendo que no era suyo sino de Zaida González y reclamando exactamente los $6,700 importe de la anterior sentencia satis-fecha con pagaré y otros $5,000 por sufrimientos morales. El juez de instancia consideró intocable la partida de $6,700 reclamados por estimar la primera sentencia inmune a todo ataque colateral, y al dictar sentencia en este segundo pleito impuso su pago a Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., con-denándola, además, a satisfacer partidas de $2,500 por angus-tias mentales; $1,184.05 de intereses legales hasta aquel mo-mento; costas y $1,000 de honorarios de abogado; en total $11,384.05.

Es contra dicha sentencia que recurre la vendedora del vehículo de motor. Como hemos anticipado, por tener todo este litigio origen en el saneamiento por evicción invocado por la compradora y ser ésta la única y legítima causa de acción ejercida, es de rigurosa aplicación el Art. 1370 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3838), que ordena: “El vendedor estará obligado al saneamiento que corresponda, siempre que resulte probado que se le notificó la demanda de evicción a instancia del comprador. Faltando la notificación, el vendedor no estará obligado al saneamiento.”

Esta defensa de falta de notificación pudo levantarla Lourdes Villariny contra su compradora Carmen Torres, en vez de allanarse, como se allanó, en el primer pleito. Se ex-tiende también a Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., frente a la demanda de su compradora Villariny. Dicho artículo es parte esencialísima del debido proceso de ley en este tipo de acción. El vendedor, antes de que pueda exigírsele responsabili-dad por la pérdida de la posesión legal de la cosa comprada, ha de ser notificado por imperativo ineludible del Código que incorpora principios procesales básicos de día en corte y juicio justo. Estamos ante una garantía precisa, de verdadero orden público, que no sucumbe a la conducta de los litigantes ni a la decisión del juzgador.

La exigencia de notificación al vendedor habrá de cumplirse aun en casos de ventas sucesivas a varios compradores. Así lo sostiene Scaevola comentando el concordante Art. 1.481 del Código Civil Español:

“En segundo término, el Código no atiende, o lo hace mal, al caso de las ventas sucesivas. Supone la posibilidad de varios vendedores, puesto que el artículo 1.482 habla de ellos, en singular y plural a la vez, pero con referencia a un solo com-prador, ya que de esta palabra usa nada más que el singular, y también singularmente hace mérito de la notificación de la demanda. Se sobreentiende, sin embargo, que lo dicho de un comprador respecto de quien a él le vendió, es aplicable a aquel de quien compró el mismo, y así sucesivamente hasta persona que fue causa, o en cuyo tiempo ocurrió el hecho de que se deriva la evicción. Esta deducción es tan clara, así como tam-bién su natural consecuencia de ser posibles, en un solo pleito, varias notificaciones sucesivas de la demanda, que no merecen mayor estudio.” Scaevola, Código Civil Español, To. 23, Vol. 2, pág. 174, 2da. Ed. Madrid 1970.

Dentro de esa norma de debido proceso de ley enunciada en el Art. 1370 citado, la recurrente Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., de haber sido citada en evicción, hubiese tenido oportunidad de probar la legalidad de su título de dominio sobre el vehículo vendido, o la ausencia de mala fe en la trans-acción limitando la reclamación de la compradora al precio del automóvil en el mercado a la fecha del juicio (Art. 1367, in-ciso 1 del Código Civil); y de proceder la condena en daños ha podido exigir prueba de los mismos, y hasta obtener una transacción más favorable que la sentencia por consentimiento producida por la claudicación de su compradora. Era la vende-dora recurrente, y no la compradora, quien lógicamente tenía en sus manos los medios de defensa precisos para oponerse a la demanda por evicción. No se le oyó, y sin ser oída se le ha declarado incursa en dolo y mala fe y se le ha impuesto el pago de una indemnización a cuya cuantía se llegó sin recibir evi-dencia de tales daños.

La notificación al vendedor es necesaria porque tratándose de una materia tan delicada como la defensa ante los tribu-nales, en que la condena o absolución pueden depender simple-mente de los medios puestos en práctica y hasta de la mayor o menor actividad que se emplea, no pudiendo consentir la ley que, a espaldas del vendedor, quizás hasta con mala fe, se siga un litigio en cuyas consecuencias es, sino el primero, el principal interesado, obliga asimismo a que se proceda desde el primer instante con su intervención, o, por lo menos, con su consentimiento. Scaevola, Código Civil Español, To. 23, Vol. 2, pág. 163,2da. ed. Madrid 1970.

Aun cuando no afloren en el expediente las claras defensas que en el caso de evicción pudo oponer la recurrente Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc., el solo hecho de que no se le citara enerva en tal grado todo el procedimiento, que hace inválida e ineficaz la sentencia revisada. Agudo Cano v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 892, 901 (1968); Gaztambide v. Sucn. Ortiz, 69 D.P.R. 315, 318 (1948); Manresa, Comentarios al Código Civil Español, To. 10, Vol. 1, págs. 316 y ss., 6ta. ed. Madrid 1969; Castán, Derecho Civil, To. 4, pág. 116, ed. Madrid 1961.

Sólo cuando citado el vendedor no compareciere, quedará el comprador relevado de seguir el pleito, pudiendo allanarse a la demanda, como lo hizo Lourdes Yillariny. Bonet y Ramón, Código Civil Comentado, pág. 1162, 2da. Ed. Madrid 1964. Todo se reduce a llamar a juicio al vendedor porque nadie puede ser condenado sin ser oído.

Se revocará la sentencia revisada y se desestimará la demanda.

       Art. 1054 (31 L.P.R.A. sec. 3018)
      “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negli-gencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”

       La rendición del derecho de la demandada allí, y ahora recurrida, fue tan extensa que se le condenó a pagar la partida de $5,000 por daños morales sin que se practicara prueba alguna de daños.

       Art. 1364 (31 L.P.R.A. sec. 3832)
      “Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por senten-cia firme y a virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada.
      El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expre-sado en el contrato.
      Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o supri-mir, esta obligación legal del vendedor.”
      Art. 1367 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3835)
      “Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el compra-dor derecho a exigir del vendedor:
      1. La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta.
      2. Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entre-garlos al que le haya vencido en juicio.
      3. Las costas del pleito que haya motivado la evicción y en su caso las del seguido con el vendedor para el saneamiento.
      4. Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador.
      5. Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe.”

       Destacamos la correcta posición del abogado de la recurrida, quien también lo fue de Carmen Torres, al insistir sin éxito en que se le per-mitiera presentar prueba de los daños.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    José Ibáñez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Antonio S. Negrón García, Juez, demandado; Mateo Rosado Negrón, interventor.

      Número: O-70-95

      Resuelto: 9 de octubre de 1974

      Carlos Rivera Hernández y Juan Ponce Fantauzzi, abogados del peticionario; Pedro N. Ortiz, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata en este litigio de una demanda de servidumbre de paso a título gratuito, por razón de haber quedado encía-vado el predio del demandante al ser dicho predio segregado y vendídole por los padres del demandado. Resulta atípico el caso debido a las circunstancias de que el demandado no fue el vendedor — y por ello alega su posición de tercero — pero, por otro lado, es hijo de los vendedores y se le imputa conocimiento de la situación fáctica. La ilustrada Sala sentenciadora en su primera y persuasiva opinión declaró sin lugar la demanda y en su segunda y también persuasiva opinión la declaró con lugar. La segunda opinión, desde luego, tuvo lugar en recon-sideración.

Como los casos los hacen los hechos, vamos a poner éstos en orden para su más fácil entendimiento. El demandante, Mateo Rosado Negrón, es dueño de un predio rústico de seis cuerdas sito en Corozal, Puerto Rico, compuesto de cuatro cuerdas que compró a los esposos Ramón Ibáñez y Amalia Bou en 1944, de una cuerda que posteriormente también compró a los mencionados esposos Ibáñez-Bou y de otra cuerda que com-pró a Eleuteria Díaz en el año 1947.

El demandado, José Ibáñez, es dueño de un predio de ocho cuerdas, sito en el mismo lugar antes mencionado, que compró a sus padres Ramón Ibáñez y Amalia Bou en 1962. Este pre-dio también es parte de la finca principal que era de los es-posos'Ibáñez-Bou. El predio del demandante y el del deman-dado colindan entre sí. También colinda el predio del deman-dante por el oeste con terrenos de la señora madre del deman-dado, Amalia Bou Yda. de Ibáñez, una de las vendedoras de los terrenos que compró el demandante.

En 21 de julio de 1964 Mateo Rosado presentó una quere-lla en el Tribunal de Distrito, Sala de Toa Alta, bajo los tér-minos de la Ley Núm. 238 de 8 de mayo de 1950 sobre con-troversias sobre colindancias y derechos de paso, 32 L.P.R.A. secs. 2861 y ss., contra la Sucesión de Ramón Ibáñez. Alegó, en síntesis, que era dueño de las seis cuerdas antes mencionadas, cinco de las cuales las había comprado a Don Ramón Ibáñez; que su predio era parte de la finca principal propiedad de los querellados; que existe un camino que atra-viesa la finca de éstos; que el querellante ha venido usando ese camino desde hace tiempo; que los querellados han obstruido dicho camino con una verja; y que ese camino es la única salida que tienen para ir al pueblo y regresar.

Aparecen en los autos originales del caso en el Tribunal de Distrito unas “Determinaciones de Hechos” pero como éstas no están fechadas ni firmadas por el juez, ni por nadie, no vamos a reseñarlas. Aparece, sin embargo, una sentencia firmada por el Juez de Distrito, Honorable E. Miranda Rivera, fechada a 20 de enero de 1965, la cual lee como sigue: “En vista a las determinaciones de Hechos y Conclusiones de Derecho estipuladas por los abogados de las partes el Tribunal por la presente les da su aprobación y dicta sentencia en armonía con la estipulación que obra en autos. Regístrese y Notifíquese.”

La Estipulación mencionada en esa sentencia dice, en lo pertinente, lo siguiente:

“[L]as partes aquí comparecientes han convenido que se dicte sentencia en el presente pleito sujeto a lo siguiente:
(A) Que el querellado restaurará el portón de ‘cyclone fence’ existente actualmente, cuyo portón se compone de dos partes, una que da acceso para automóviles y la otra para personas.
(B) Que el querellado cerrará el paso que da acceso desde la casa de este hasta la casa de los querellantes con una cerca de alambre.
(C) Que el querellado proveerá a los querellantes una llave de los candados y cerraduras que tenga a bien instalar para controlar el paso de vehículos y/o peatones a través de dicho portón siendo los querellantes responsables del buen uso- de dicha llave de manera que no tenga acceso a la propiedad del querellado ninguna persona que no sea los querellantes y/o sus invitados, siendo responsables los querellantes de los actos suyos y/o de sus invitados dentro de la propiedad del querellado.
(D) Que el querellado permitirá acceso únicamente para pasar personas a pie desde el tramo que conduce de la casa del querellado hasta la casa de los querellantes, entendiéndose que bajo ninguna circunstancia pasarán automóviles o ninguna otra clase de vehículos a través del predio de terreno propiedad del querellado y que divide la finca del querellado de la casa de los querellantes.
(E) Que los querellantes se comprometen a hacer buen uso del derecho a tener acceso a su casa a través de la propiedad del querellado y a informar éste de cualquier acto o situación que pudiera dar acceso a dicha propiedad a terceras personas.
Por todo lo cual, las partes comparecientes solicitan de este Honorable Tribunal que se sirva impartir su aprobación a la presente Estipulación y proceda a dictar la correspondiente sentencia en el presente caso con los pronunciamientos que tenga a bien hacer el Tribunal.”

A los tres años y siete meses de haberse dictado la antes mencionada sentencia, Mateo Rosado, el querellante en los procedimientos en el Tribunal de Distrito, presentó en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una demanda que tituló sobre acción confesoria de servidumbre. Pero esta vez la parte demandada no es la Sucesión de Ramón Ibáñez sino que lo es José Ibáñez, hijo de aquél.

Alegó otra vez el demandante que el predio que compró a Ramón Ibáñez quedó enclavado; que José Ibáñez compró ocho cuerdas a su padre Ramón Ibáñez; que el predio del deman-dante quedó enclavado dentro de las ocho cuerdas que José Ibáñez compró a su padre; que su predio tiene como acceso un camino de a pie a través de la finca del demandado por una distancia aproximada de 150 yardas, el cual desde hace años se ha venido utilizando; que el demandado le niega la servi-dumbre pues le impide la entrada de carros hasta su finca y le impide el ensanche y mejora de dicho camino en forma ade-cuada a las necesidades de su predio; y solicitó que el tribunal estableciese una servidumbre de paso gratuita a través de la finca del demandado del tamaño suficiente para el mejor uso y disfrute de su propiedad.

En su contestación a la demanda el demandado admitió los hechos neutrales — que el demandante es dueño de un predio, etc. — y negó los que comprenden la médula de la controversia —qué el predio del demandante estuviese enclavado, que exis-tiese servidumbre de paso, etc. — y reconvencionó por $3,000.00 por alegados daños debidos a las demandas del demandante.

Llamado el caso para la vista en su fondo compareció la parte demandante asistida de su abogado, el Ledo. Pedro N. Ortiz, quien lo representaba bajo las disposiciones de la Ley Núm. 123 de 13 de julio de 1960, 5 L.P.R.A. see. 1151, la cual creó en el Departamento de Agricultura una Oficina de Ayuda Legal Para Agricultores de Escasos Recursos. El demandado no compareció personalmente ni a través de abogado, no obs-tante haber sido este último citado y notificado del señala-miento, según expresa el Tribunal Superior en su opinión.

Celebrado el juicio el Tribunal Superior hizo en su opi-nión cuatro conclusiones de hecho. En las primeras tres con-cluyó que el demandante compró la propiedad antes mencio-nada ; que la compró en las fechas y a las personas antes dichas; y que el demandado es dueño de la finca de ocho cuerdas antes dicha. En su determinación de hecho número 4, que es la crucial para la decisión del caso, el tribunal se expresó como sigue:

“4. Estudiada con detenimiento la prueba testifical y docu-mental aportada, determinamos que las propiedades del de-mandante Rosado quedan enclavadas dentro de varias fincas, entre las cuales está la perteneciente al demandado Ibáñez. De la evidencia, también surge la existencia de un ‘trillo’ o ‘caminito’ que el demandante Rosado y su familia han usado desde aproximadamente 25 años por la finca ahora pertene-ciente al demandado Ibáñez. También la prueba indica, que dicho acceso ha sido utilizado a pie por el demandante para transportar sus productos y demás pertenencias y que ‘hay otro camino, por una jalda, pero si llueve no se puede pasar.’
No se ha desfilado prueba demostrativa del monto de com-pensación que deba satisfacerse al demandado Ibáñez por el establecimiento de una servidumbre de paso.”

No surge claramente de los autos si ese “otro camino” cruza por la finca del demandado o si pasa por la finca de otro colindante del demandante.

Como cuestiones de derecho razonó la ilustrada Sala sen-tenciadora en su conclusión de derecho número seis que aun-que la finca del demandante está enclavada, éste nunca ges-tionó de sus vendedores — Ramón Ibáñez y esposa — la servi-dumbre de paso que ahora pretende obtener a título gratuito del nuevo dueño; que la servidumbre que preceptúa el Art. 503 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1734, no le beneficia pues dicho artículo obliga al vendedor, permutante o copartí-cipe, pero no al demandado, por ser éste un tercero registral, ya que no fue él el que le vendió al demandante; y que la mera tolerancia del demandado a que el demandante pasase por su finca no crea una servidumbre de paso gratuita sobre su predio. Además expresó el tribunal que el demandante pudo haber obtenido una servidumbre de paso sin indemnización de haber litigado contra sus vendedores, los esposos Ramón Ibáñez y Amalia Bou, y que por no hacerlo él era el único responsable de su situación. También se pregunta el tribunal de instancia “Si como surge de la descripción al presente de la finca, la misma tiene como colindante por el oeste a la señora Amalia Bou Vda. de Ibáñez — una de las vendedoras — quaere si el demandante puede ejercitar una acción de confesoria de servidumbre contra dicha persona.” (Como veremos más ade-lante, el tribunal de instancia, en reconsideración, dejó sin efecto toda esta conclusión de derecho Núm. 6 que hemos re-señado.)

Finalmente determinó la ilustrada Sala sentenciadora que a tenor con las conclusiones de hecho y de derecho antes dichas declaraba sin lugar la demanda y desestimaba la reconvención interpuesta por el demandado. No impuso honorarios.

En reconsideración, la ilustrada Sala sentenciadora, en una breve sentencia concluyó como determinaciones de hecho adicionales que el demandante adquirió su predio hacía apro-ximadamente 25 años; que sus vendedores, Ramón Ibáñez y esposa, le permitieron utilizar “un caminito con una salida;” que el nuevo dueño José Ibáñez ha interrumpido el paso en distintas ocasiones; y que éste “tenía conocimiento propio o constructivo de la existencia del ‘caminito’ y que el deman-dante y su familia usaban el mismo.”

En su sentencia en reconsideración, la Sala sentenciadora adoptó las conclusiones de derecho hechas en su primera opi-nión pero dejó sin efecto la número seis antes reseñada y se expresó, en lo pertinente, en la siguiente forma:

“Aplicado el derecho antes reseñado a los hechos considera-dos probados en el caso, procede declararse con lugar la demanda conforme el remedio solicitado. Esta conclusión está basada en el siguiente análisis: La finca del demandante Rosado está en-clavada y cinco (5) cuerdas fueron adquiridas de los esposos Ramón Ibáñez y Amalia Bou, quienes a su vez le vendieron al demandado Ibáñez. Este último conocía la existencia de la con-dición ‘de estar enclavada la finca’ y de que el demandante uti-lizaba la finca de sus padres para entrar y salir a través de un eaminito.
Consideramos que en el caso de autos, debe reconocerse la servidumbre de paso — sin indemnización — que nació al quedar ■la finca del demandante enclavada en la de sus vendedores originales, quienes — hasta el traspaso posterior al demandado— la respetaron. A base de las necesidades de la finca en cuestión, reconocemos una anchura de diez (10) pies, debiendo dictarse Sentencia a tal efecto.”

A petición del demandado expedimos auto de certiorari.

Estimamos que conviene exponer, aunque tenga que ser en apretada síntesis, el basamento jurídico de este caso. La ma-teria de servidumbres está regida por el Título VII del Libro II de nuestro Código Civil, Arts. 465 al 540 de dicho cuerpo legal; 31 L.P.R.A. sees. 1631 a la 1831. Han hecho su exegesis en Puerto Rico con loable claridad Don Jacinto Texidor y Al-calá del Olmo y Don Guaroa Velázquez, ambos profesores que han honrado la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. El primero, en su artículo “Servidumbres,” Rev. Jur. U.P.R., Vol. II, p. 159, y el segundo, en su obra Los Derechos Reales Principales Según la Legislación y la Juris-prudencia Puertorriqueñas, U.P.R. (1937) mimeógrafo, págs. 216-241. Desde luego, discuten también la materia los trata-distas europeos de Derecho Civil. Aunque demasiado breves y generales, no dejan de tener interés las páginas del norteame-ricano Roscoe Pound en su monumental Jurisprudence (1959) Vol. V, págs. 171 y ss. Para estos iura in re aliena, dice Pound que prefiere el término “limited real rights,” en lo cual coincide con Castán, quien los llama “derechos reales restringi-dos.”

Como se sabe, las servidumbres pueden clasificarse de dis-tintas maneras, según el criterio clasificador que se utilice. Así, por ejemplo, por razón de su origen las hay voluntarias y forzosas o legales. Se llaman legales a las forzosas porque las impone la ley. Por razón de las formas de disfrutarse, las hay continuas y discontinuas. Por su exteriorización, las hay aparentes y no aparentes. Por la manera de ejercerse, las hay positivas y negativas. Distintas reglas gobiernan la adquisi-ción y la extinción de las distintas clases de servidumbres.

En relación con el caso de autos podemos considerar varios supuestos.

Supuesto Número 1. Si la finca que Ramón Ibáñez le ven-dió al demandante Mateo Rosado quedó enclavada, el vendedor venía obligado a dar paso, sin indemnización, a su comprador. Dicho paso debía darse por el punto menos perjudicial al pre-dio sirviente y, en cuanto fuere compatible con esta regla, por donde fuese menor la distancia del predio dominante al ca-mino público. La anchura de la servidumbre de paso sería la que bastase a las necesidades del predio dominante. Arts. 501-503 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1732-1734. Como puede verse, es el propósito de la ley que una finca no perma-nezca enclavada; pero, por otro lado, protege al predio sir-viente de manera que el gravamen impuesto resulte lo menos perjudicial posible para dicho predio.

Supuesto Número 2. Si la finca no quedó literalmente en-clavada, porque existía, en las palabras de la ilustrada Sala sentenciadora, “otro camino, por una jalda, pero si llueve no se puede pasar” habría que determinar cuán grave es la in-transitabilidad de ese camino; porque el serio gravamen que constituye una servidumbre de paso sobre el predio sirviente no puede imponerse livianamente, sino que para que se con-sidere insuficiente la salida esta debe presentar graves dificul-tades que solamente podrían vencerse realizando obras excesi-vas y de un costo fuera de toda proporción con el del predio dominante. Román v. Jiménez, 76 D.P.R. 569, 576 (1954).

De darse este segundo supuesto también venía el vendedor obligado a darle paso sin indemnización al comprador, pues para los efectos prácticos la finca habría quedado enclavada. Así también lo entiende la doctrina — Sánchez Román, De Diego, Manresa, Castán y la jurisprudencia.

En los supuestos primero y segundo es claro el derecho del comprador contra el vendedor, pero normalmente no le asistiría dicho derecho contra el demandado, pues no fue éste quien le vendió y sería un tercero en esa situación. La obliga-ción de proveer el paso sin indemnización el Código la fija claramente en el vendedor, permutante o copartícipe de la finca enclavada. Art. 503 antes citado. Esta situación queda sujeta a la posibilidad de signo aparente, la cual pasamos a mencionar.

Supuesto Número 3. Signo aparente. La servidumbre de paso puede ser aparente o no, dependiendo de que haya un camino visible o de que no lo haya. El Art. 477 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1655, dispone que la existencia de un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas, se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas se pacte lo contrario o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura. Repetidamente hemos interpretado dicho artículo en el sentido de que se aplica no sólo cuando el propietario original de dos fincas establece una servidumbre de paso sobre una de ellas, sino también cuando sobre una finca poseída por un solo dueño éste establece un signo aparente el cual al venderse parte de la finca se convierte en servidumbre, quedando así un predio dominante y un predio sirviente. Véanse Rodríguez v. Suárez, 71 D.P.R. 728, 732 (1950); Margarida v. Casalduc, 65 D.P.R. 416 (1945); McCormick v. Vallés, 55 D.P.R. 226 (1939).

En pura doctrina, mientras la finca pertenece en su totali-dad a un solo dueño no puede éste establecer la servidumbre, ya que “la servidumbre es un gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño,” Art. 465 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1631, pero lo que el dueño de la finca establece es el signo aparente, de manera que al venderse una parte de la finca a otro dueño entonces es que la servidumbre surge a la vida jurídica. La situación fác-tica que en este supuesto hace posible el nacimiento de la ser-vidumbre la establece el dueño antes de la venta.

Lo anterior es una excepción a la norma general de que para que una servidumbre surta efecto contra un tercer poseedor es preciso que conste inscrito en el Registro de la Propiedad el título constitutivo de aquélla. Lo que ocurre es que cuando los signos de la servidumbre son ostensibles e indubitados, su apariencia exterior le supone una publicidad equivalente a la de la inscripción, y por tanto surten efecto contra el adquirente del inmueble, aunque no resulte del Registro la existencia de la servidumbre. Castán cita varias sentencias del Tribunal Supremo de España en este mismo sentido. Ibid., pág. 87. En la undécima edición de la misma obra, Tomo II, Vol. II (1973), pág. 107, dicho autor cita las sentencias mencionadas y una adicional de 21 de diciembre de 1970. Véase también Martínez v. American Railroad, 19 D.P.R. 974, 978 (1913).

El supuesto antes discutido — la constitución de servidumbre por signo aparente — es también una excepción a los términos del Art. 475 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1653. Dicho artículo dispone, en lo pertinente, que las servidumbres discontinuas, sean o no aparentes, sólo podrán adquirirse en virtud de título. Como la servidumbre de paso se reputa dis-continua parece caer dentro de la interdicción de este artí-culo, pero la jurisprudencia y la doctrina han declarado que, como dijimos antes, cuando los signos de la servidumbre son ostensibles e indubitados, su apariencia les atribuye una pu-blicidad equivalente a la de la inscripción. Dicha publicidad suple el título, una vez que así queda declarado por tribunal competente. Véase que el artículo siguiente, el 476, dispone que la falta de título de las servidumbres que no pueden ad-quirirse por prescripción se puede suplir por la escritura de reconocimiento o por una sentencia firme. El Art. 477 provee que el signo aparente se considerará como título en las cir-cunstancias allí dichas.

Al operar dentro de este tercer supuesto — el de signo aparente — es necesario recordar que la mera existencia de veredas o trillos no equivale a un signo aparente de servidumbre de paso. Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.P.R. 170, 216 (1962). Tampoco queda establecida dicha servidumbre por la mera tolerancia de dicho paso. Goenaga v. O’Neill de Milán, supra, pág. 203 y autoridades allí citadas.

Como aclara Morell, al comentar la antes mencionada jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, esto no quiere decir que la servidumbre aparente haya de entenderse siempre como legalmente constituida, porque no basta su apariencia ya que podría existir por una mera tolerancia, en cuyo caso no adquiere fuerza legal. Como señala la doctrina, las servidumbres no se presumen, sino que hay que probar su constitución. Castán, obra citada, pág. 79.

En Nadal v. Muratti, 34 D.P.R. 251, 257 (1925), el en-tonces Juez Presidente Sr. Del Toro, lo expresó con sabor local:

“. . . El hecho del paso por mera tolerancia se repite cons-tantemente en las fincas de Puerto Rico. Las crecientes de ríos y quebradas, el mal estado de ciertos caminos vecinales, los atrechos, las amistades, el establecimiento de escuelas y comer-cios en determinados sitios, el temor de provocar conflictos o disgustos, el deseo de favorecer a los convecinos acortando dis-tancias y facilitando el tráfico, y otras muchas circunstancias podrían señalarse como causa para ello .... Así el paso que meramente se permite subsiste generalmente mientras de él no se abusa .... Y así cuando se desea obtener un derecho absoluto y para siempre, se sabe que hay que ir al contrato, a la adquisición del derecho mediante la compensación apro-piada, garantizando la ley hipotecaria por medio de la inscrip-ción el derecho que se adquiera en cuanto a terceros.”

Supuesto Número 4. Este cuarto supuesto supone la situa-ción en que el demandado no estuviese obligado a proveer paso sin indemnización al demandante, por ser el demandado un tercero y por no existir signo aparente que lo obligue, pero en la cual la finca estuviese enclavada ya por no tener ninguna salida a camino público o ya porque, aunque teniéndola, ésta fuese imposible de utilizarse.

En esta cuarta situación el demandante tendría derecho a exigir paso por algún predio vecino, previa la correspondiente indemnización. Rige esta situación el Art. 500 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1731, el cual dispone soluciones para cuando la servidumbre se establece en forma de una vía per-manente y para cuando la servidumbre se limita al paso ne-cesario para el cultivo de la finca enclavada y para la extrac-ción de sus cosechas, sin que se establezca una vía permanente. En el primero de los casos — cuando se establece una vía per-manente — dicho Art. 500 dispone que la indemnización con-sistirá del valor del terreno que se ocupe más el importe de los perjuicios que se causen al predio sirviente. En el segundo de los casos — cuando no se establece vía permanente sino que el paso se utiliza solamente para las labores de cultivo y de ex-tracción de las cosechas — la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que se ocasione al predio sirviente.

En esta última situación el paso podría ser por el predio del demandado pero no tiene que serlo necesariamente, ya que el paso debe exigirse por el punto menos perjudicial, siempre y cuando que sea adecuado, y en cuanto fuere compatible con esta regla, por donde sea menor la distancia al camino público. Art. 501 del Código Civil, 81 L.P.R.A. see. 1732; Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19 (1971).

Una quinta situación la constituye la posibilidad de que, si la finca del demandante está realmente enclavada, no sea el demandado el que deba responderle sino la Sucesión de Ramón Ibáñez, de quién el demandado adquirió su predio.

El peticionario señala cuatro errores. El primero es al efecto de que erró el tribunal de instancia al negarle la oportunidad de presentar prueba en apoyo de su moción de reconsideración. Como el peticionario demandado no compareció a la vista del caso en su fondo celebrada en 25 de septiembre de 1969, ni tampoco compareció a la vista de la moción de reconsideración del demandante, celebrada en 80 de octubre de 1969, lo que realmente pretendió el demandado en su moción de reconsideración, luego de recaída la sentencia en reconsideración de 25 de noviembre de 1969, fue litigar entonces el caso. No abusó de su discreción el tribunal al denegar la presentación de prueba en esa ocasión. En cuanto al segundo señalamiento de error, éste envuelve otra tentativa 'del demandado para presentar prueba. Esto fue en efecto una segunda moción de reconsideración y el tribunal no erró al denegarla.

Los otros dos señalamientos son los siguientes. En uno se sostiene que el tribunal incidió al concluir que existía un derecho de servidumbre de paso sin indemnización y en el otro, que erró al ampliar el ancho de la servidumbre, pues, se argu-menta, no se podía ampliar el ancho de una servidumbre que no existía.

A los efectos de resolver, aceptamos la conclusión del tribunal de instancia en el sentido de que la finca del demandante quedó de hecho enclavada. La existencia de un caminito o vereda de a pie no es el acceso adecuado que una finca y una residencia deben tener. Aceptamos también la determinación del tribunal sentenciador en el sentido de que el demandado no es un tercero, que ignoraba la situación a la cual advino al comprarle a sus padres la finca antes mencionada, sino que por el contrario tenía conocimiento de que el demandante había adquirido su predio de sus padres y de que la finca del deman-dante estaba enclavada y éste entraba y salía por el terreno que el demandado compró. Como una vereda de a pie no es ac-ceso suficiente, pues supone que todos los muebles — nevera, televisor, camas, muebles de sala, compra de víveres y demás enseres — tendrían que ser transportados a la residencia del demandante al hombro o sobre el lomo de una bestia, el ac-ceso concedido por el tribunal de instancia es el adecuado y correcto. Creemos que esta solución encarna el balance más racional y justiciero de la controversia que este caso plantea. Véase Rosa Félix v. Medina Calderón, 89 D.P.R. 456 (1968). No se cometieron los errores señalados.

Se confirmará la sentencia, de la cual se recurrió.

       Tomamos conocimiento judicial de este procedimiento, Núm. Civil CD-64-10, llevado a cabo en el Tribunal de Distrito, Sala de Toa Alta, Puerto Rico, ya que en este país existe un solo distrito judicial, sobre todo el cual el Tribunal General de Justicia ejerce su poder y autoridad. Sección 1 de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, 4 L.P.R.A. sec. 1.

       La antes citada Ley Núm. 238 permite dictar nna orden inapelable fijando un estado provisional de derecho, pero dicha orden no constituye cosa juzgada. 32 L.P.R.A. sec. 2866. En abono a la Asamblea Legislativa es justo consignar el propósito humano de dicha ley. En su exposición de mo-tivos se expresa que las controversias sobre colindancias y sobre derechos de paso por fincas privadas generan pasiones que son fuente de deli-tos contra la persona. La Asamblea Legislativa quiso mediante la Ley 238 proveer un procedimiento sencillo y rápido que estableciese un estado provisional de derecho que fijase las relaciones y derechos de las partes mien-tras los casos se ventilan siguiendo los cursos ordinarios de la ley. Este procedimiento tiene el propósito de conservar la paz y evitar actos de violen-cia mientras la controversia se adjudica en su fondo. Véase el historial bajo 32 L.P.R.A. see. 2861. Sobre este mismo asunto véase la Ley Núm. 140 de 23 julio 1974, 32 L.P.R.A. secs. 2871 y ss.

       “Si adquirida una finca por venta, permuta o partición, quedare enclavada entre otras del vendedor, permutante o copartícipe, éstos están obligados a dar paso sin indemnización, salvo pacto en contrario.” Art. 603 del Código Civil.

       Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo II, Vol. 2, 10ma. ed. (1965), pág. 116; Zayas v. Sucn. Daleccio, 80 D.P.R. 158 (1957); Casellas, “Servidumbre Forzosa de Paso de la Accesibilidad a Camino Público: Zayas v. Sucesión Daleccio, 80 D.P.R. 158 (1957),” 28 Rev. Jur. U.P.R. 93 (1958).

       Citado en Colón v. Plazuela Sugar, 47 D.P.R. 871, 877 (1935).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Tropigas de Puerto Rico, Commercial Insurance Company of Newark, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Hon. Juan C. Santiago Matos, Juez, demandado.

      Número: O-72-373

      Resuelto: 14 de octubre de 1974

      ■Vivas, Martínez-Texidor & Ramírez, abogados de los peticio-narios; Harold D. Vicente, abogado de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado, sub-rogándose en los derechos de la viuda de un obrero que falle-ció en funciones de su empleo como consecuencia de un ac-cidente, instó demanda contra Tropigas de Puerto Rico, Inc. y su aseguradora Commercial Insurance Company of Newark. Alegó que mientras el obrero trabajaba bajo el patronato de Industries Freight Service, Inc., sufrió serias lesiones físicas al producirse la explosión de un tanque de gas licuado de petróleo propiedad de Tropigas, a quien imputó la responsabi-lidad del accidente por alegada negligencia de sus empleados. En la demanda se reclamó para el Fondo del Seguro del Estado el importe de $19,234.10 incurrido como gastos de esa agencia. Se reclamó para la viuda la suma de $150,000 desglosada así: $100,000 por los daños y perjuicios causados a ella por la muerte de su esposo, y $50,000 por las angustias que él padeció desde la fecha del accidente hasta el momento de su muerte ocurrida once días después.

El accidente ocurrió el 10 de diciembre de 1968. El 12 de mayo de 1971 el Administrador emitió decisión final respec-to de su investigación administrativa y el 22 de junio si-guiente presentó la demanda. El 8 de septiembre de 1972 la viuda solicitó permiso para enmendar la demanda para incluir como demandantes a cuatro hijos habidos en el matrimonio con su difunto esposo, todos mayores de edad para la fecha de su muerte y quienes no dependían de él ni podían ser considera-dos como sus beneficiarios bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 3. La demanda en-mendada no propuso cambios en las cantidades reclamadas originalmente. Se limitó a añadir a los cuatro hijos como miembros de la sucesión del obrero fallecido y reclamar para ellos y para su viuda los $50,000 estimados como indem-nización a que él tenía derecho por sus sufrimientos y reclamar los $100,000 como la totalidad del valor de los daños y per-juicios sufridos personalmente por todos los demandantes.

Tropigas y Commercial se opusieron a la moción para enmendar la demanda alegando que las causas de acción de los hijos estaban prescritas. El Tribunal Superior desestimó su oposición y admitió la demanda enmendada. Expedimos auto de certiorari para revisar la resolución que así dispuso. La resolución es errónea en cuanto aplica a la causa de acción personal de cada hijo por sus propios daños y perjuicios. Es correcta en cuanto se refiere a la causa de acción que here-daron de su padre. Veamos ambas cuestiones por separado.

i — i

Tanto la causa de acción de la viuda como la de sus hijos con respecto a los daños y perjuicios que les produjo a ellos la muerte del obrero tienen su base en los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5141 y 5142, respectivamente. El primero obliga al que causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, a reparar el daño causado mediante la correspondiente indemnización. El segundo hace exigible la obligación además contra las personas que deben responder por el que causa el daño, entre ellas “los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios cau-sados por sus dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieren empleados, o con ocasión de sus funciones.” Véase el cuarto párrafo del citado Art. 1803.

Conforme al Art. 1868 del mismo Código, 31 L.P.R.A. see. 5298, la acción que se deriva de esas disposiciones prescribe al año, a contar desde que el agraviado tiene conocimiento del daño. No está en discusión ante nos la fecha en que la viuda y sus hijos tuvieron conocimiento del accidente y de la muerte subsiguiente del obrero. Se acepta que tuvieron conocimiento de esos hechos dañosos desde que ocurrieron. La acción debía ejercitarse, por tanto, dentro del año siguiente a la muerte del causante, a menos que ocurrieran circunstancias que tuvieran el efecto de interrumpir o paralizar el término prescriptivo. Tales circunstancias podrían ser la formulación de reclamaciones extra judiciales o el reconocimiento de su obligación por los demandados, Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303; la minoridad o incapacidad de los demandantes conforme se establece en el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 254; o la vigencia de leyes especiales que afecten el ejercicio de las acciones. Ninguna de dichas circunstancias concurre en este caso en lo concerniente a los hijos del obrero fallecido.

El Administrador del Fondo del Seguro del Estado instó la demanda amparándose en el derecho de subrogación que le confiere el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32, según enmendado. Por ser bastante extenso lo transcribimos al margen. El artículo reconoce el derecho de un obrero lesionado en un ac-cidente del trabajo, y el de sus beneficiarios si el accidente le hubiere causado la muerte, a demandar en resarcimiento de daños y perjuicios a la persona responsable de que ocurriera el accidente si ésta no fuere su patrono. Dispone que la acción podrá ejercitarse “dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la resolución del caso por el Adminis-trador”, a quien le concede un término de 90 días a partir de la fecha en que su decisión fuere firme para, subrogán-dose en los derechos del obrero, o en el de sus beneficiarios si hubiere muerto, demandar al tercero responsable.

Los hijos de un obrero o empleado fallecido, para ser considerados sus beneficiarios conforme dispone la citada ley en su Art. 3, deben ser personas “que dependieran total o parcialmente para su subsistencia de lo que ganaba el obrero o empleado fallecido al tiempo de su muerte”, ser “menores de diez y ocho años de edad, salvo que dichos menores sean per-sonas permanentemente incapacitadas para el trabajo por razón de su condición mental o impedimentos físicos, o hasta la edad de veinticinco años si estuvieren prosiguiendo estu-dios.” Véase Cortés v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 241, 243-246 (1962).

Los hijos del empleado que aquí nos conciernen no pueden considerarse sus beneficiarios por no reunir los requisitos de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo. El Administrador no podía subrogarse en sus derechos al amparo del Art. 31. La reclamación por los daños y perjuicios por ellos sufridos, hecha por primera vez mediante la de-manda enmendada, estaba prescrita.

No hemos pasado por alto la Regla 13.3 de Procedimiento Civil, que dice:

“Siempre que la reclamación o defensa expuesta en la alega-ción enmendada surgiere de la conducta, transacción o evento expuesto en la alegación original, las enmiendas se retrotraerán a la fecha de la alegación original.”

No tenemos que considerar ahora si por tratarse de demandantes adicionales, cada uno con una causa de acción propia e independiente de la de los demás y de la viuda, los hijos caerían fuera del alcance protector de esta Regla. Compárense Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 587-590 (1972); Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959 (1952); Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947); Sánchez v. Compañía Azucarera, 66 D.P.R. 346 (1946). Aun si se retrotrayera la enmienda que les incluye como demandantes a la fecha en que se presentó la demanda original, su reclamación estaría prescrita. La demanda original se presentó el 22 de junio de 1971, pasados más de dos años de la muerte de su padre. El Art. 31 de la Ley de Compensaciones a Obreros había interrumpido la prescripción para la viuda, única beneficiaría de su difunto esposo. No podía tener el alcance de interrumpir la prescripción extintiva de la acción de los hijos, quienes no tenían beneficios que derivar de la aplicación de dicha ley.

II

Mediante las enmiendas propuestas a la demanda los hijos del obrero fallecido reclaman para ellos y la viuda la cantidad de $50,000 que se alegó como valor de los daños y perjuicios que sufrió su padre desde que ocurrió el accidente hasta que murió. Leemos en la demanda que durante los once días que vivió luego del accidente el obrero padeció intensas angustias físicas y mentales como consecuencia de numerosas quemaduras de primero, segundo y tercer grado que le cu-brían la mitad de su cuerpo. En Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973), resolvimos que el derecho de la víctima de un accidente causado por el acto u omisión culposo o negligente de otro a reclamar por sus daños y perjuicios es un bien patrimonial que se transmite por su muerte a sus herederos. Conforme a este principio la causa de acción que tuvo el obrero hasta el momento de su deceso pasó a su suce-sión, compuesta por su viuda e hijos según alegado en la de-manda enmendada.

El obrero en este caso no podía ejercitar su causa de acción mediante la presentación de demanda hasta pasados 90 días de ser firme la decisión que rindiera el Administrador del Fondo del Seguro del Estado. Así lo exige el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, transcrito en el escolio número 1, supra. Ese artículo establece como período prescriptivo de la acción que tenía el obrero para reclamar por sus propios daños y perjuicios, el de un año a partir de la fecha en que fuere firme la resolución del Administrador. El período prescriptivo no corría contra el obrero en la fecha de su muerte ni comenzó a correr contra sus herederos hasta 30 días después del 12 de mayo de 1971, fecha en que el Administrador emitió su decisión final. Es así porque el Art. 11 de la Ley, 11 L.P.R.A. sec. 10, establece un término de 30 días para apelar de la decisión del Administrador para ante la Comisión Industrial y. en este caso no se apeló.

A base de lo dicho la demanda presentada por el Adminis-trador y por la viuda el 22 de junio de 1971 estaba en tiempo tanto respecto a sus derechos propios como al derecho de la viuda como heredera de la causa de acción que tenía su es-poso al momento de morir. Esta acción de la viuda aprovecha a sus hijos, como veremos a continuación, e interrumpió la prescripción de lá acción de ellos como herederos de su padre.

La adición de los hijos como demandantes no tiene el efecto de introducir una nueva causa de acción para reclamar lo que ya la viuda había reclamado por los daños que sufrió el obrero. El patrimonio del obrero pasó a sus herederos “por el hecho solo de su muerte”, que dice el Art. 610 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2092. La presentación de la demanda por o en interés de la viuda interrumpió la prescripción para todos los herederos de su esposo. A este efecto, dice el Art. 1874 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5304, en su primer párrafo:

“La interrupción de la prescripción de acciones en las obli-gaciones solidarias aprovecha o perjudica por igual a todos los acreedores y deudores.”

La obligación de Tropigas frente al obrero era una; in-demnizarle por los daños y perjuicios sufridos por él con motivo de las lesiones que la explosión del tanque de gas li-cuado le produjo. Habiendo muerto, su causa de acción pasó a sus herederos, que lo eran sus hijos y su viuda. Estos son los acreedores de Tropigas, y por razón de la póliza, de Commercial como codeudora solidaria. El ejercicio de la acción por cualquiera de ellos — en este caso por la viuda — aprovecha a todos los demás.

La doctrina española se pronuncia unánimemente con-forme con lo dicho. Scaevola, Código Civil, tomo XII, libro III, título III, ed. 1950, comentando el Art. 659 del Código Civil Español, equivalente al 608 nuestro, 31 L.P.R.A. sec. 2090, dice a la pág. 55:

“Se encuentra reconocido en nuestro Derecho por el art. 659 del Código civil, el principio general de que la herencia com-prende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte, en términos que, conforme a lo dispuesto en el 661, los herederos suceden al difunto por el solo hecho de su muerte en todos sus derechos y obligaciones, y, en armonía con tales preceptos, tiene sancionado la juris-prudencia que, aún estando proindivisa la herencia, cualquiera de los herederos puede ejercitar en beneficio de la masa común las acciones que correspondían al difunto, quedando al hacer esto sometido a las reglas de la comunidad de bienes o de las obligaciones mancomunadas y solidarias. En su virtud — agrega —lo adquirido por el heredero al ejercitar con tal carácter un derecho perteneciente a aquél de quien trae causa, no produce la adquisición para sí, sino a favor de la herencia, y queda sujeto por tanto, a la distribución que de esta se haga.” (Sen-tencia de 8 de abril de 1930, que viene a completar la doctrina de la de 22 de diciembre de 1860, que cita el comentarista.)

Manresa, Comentarios al Código Civil Español, tomo V, libro III, título III, ed. 1972 y comentando el Art. 661, equi-valente al 610 nuestro, 31 L.P.R.A. see. 2092, señala a la pág. 443:

“Fundándose en el precepto de este artículo, y en el del 657, declara el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de octubre y 23 de noviembre de 1903, que mientras la herencia se halla proindiviso, cada uno de los herederos puede por sí sólo, o sin el concurso de los demás, ejercitar las acciones que correspon-dieran al difunto, siempre que redunden en beneficio de la masa, o no sea en perjuicio de los otros coherederos, sujetándose a los preceptos reguladores de la comunidad de bienes, por lo que infringe los citados artículos el fallo que exige que la acción se entable por todos los herederos.”

Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo VI, volumen I, ed. 1960, expresa a la pág. 247:

“En cuanto al ejercicio de acciones, es jurisprudencia del Tribunal Supremo que cualquiera de los coherederos puede ejercitar en beneficio de la masa común las acciones que co-rresponderían al causante, quedando al hacerlo, sometido a las reglas de la comunidad de bienes.”

Se modificará la resolución del Tribunal recurrido para declarar con lugar la defensa de prescripción en cuanto se refiere a la reclamación de los hijos del obrero por los daños y perjuicios que ellos personalmente sufrieron con motivo de la muerte de su padre, y se confirmará en sus otros extremos. Se devolverán los autos al Tribunal recurrido para ulteriores procedimientos consistentes con lo aquí expresado.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, no intervino. El Juez Asociado, Señor Dávila, emitió opinión separada con la cual concurre el Juez Asociado, Señor Torres Rigual, disin-tiendo en parte.

Opinión del

Juez Asociado Señor Dávila

con la cual concurre el Juez Asociado Señor Torres Rigual disintiendo en parte

San Juan, Puerto Rico, a 14 de octubre 1974

El Tribunal concluye que la causa de acción de los hijos no dependientes está prescrita en cuanto se refiere a los daños por ellos sufridos como consecuencia de la muerte de su padre, pero que la acción para recobrar los daños que sufrió su padre, en los 11 días que vivió desde que sufrió el accidente hasta su deceso, a la luz de lo resuelto en Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973), no está prescrita. Para fundamentar esta proposición se afirma que “el obrero en este caso no podía ejercitar su causa de acción mediante la presentación de demanda hasta pasados 90 días de ser firme la decisión que rindiera el Administrador del Fondo del Seguro del Estado.” No puedo estar de acuerdo con este razonamiento.

La muerte del obrero terminó con su causa de acción. A su muerte según resolvimos en Vda. de Delgado, supra, la causa de acción la heredaron su viuda y sus hijos. No la podían ejercitar, en virtud de lo dispuesto por el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 32, la viuda y los dependientes del obrero, pero nada impedía que los herederos no dependientes la ejercitaran. La propia opinión del Tribunal sostiene que no tenían que comparecer en la demanda la viuda y todos los herederos al exponer que “el ejercicio de la acción por cualquiera de ellos .. . aprovecha a todos los demás.” Cf. Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 98 (1957). Así es que nada impedía que los here-deros no dependientes la ejercitaran dentro del año de haber muerto su padre. Al no ejercitarla dentro del año de ocurrida la muerte la acción prescribió en cuanto a ellos.

       “§32. Responsabilidad de tercero; subrogación.
      “En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con este Capítulo, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren responsable a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en. que fuere firme la resolución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, empleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción en la forma siguiente:
      “Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este Capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus bene-ficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en todo procedimiento que estableciere el Administrador bajo las disposicio-nes de esta sección, y será obligación del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (S) días de iniciada la acción.
      “Si el Administrador dejare de entablar demanda contra la tercera persona responsable, según se ha expresado en el párrafo anterior, el obrero o empleado, o sus beneficiarios quedarán en libertad completa para entablar tal demanda en su beneficio, sin que vengan obligados a resarcir al Fondo del Seguro del Estado por los gastos incurridos en el caso.
      “El obrero o empleado lesionado ni sus beneficiarios podrán entablar demanda ni transigir ninguna causa de acción que tuvieren contra el ter-cero responsable de los daños hasta después de transcurridos noventa días a partir de la fecha en que la resolución del Administrador del Fondo del Seguro del Estado fuere firme y ejecutoria.
      “Ninguna transacción que pueda llevarse a cabo entre el obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en caso de muerte, y el tercero res-ponsable, dentro de los noventa (90) días subsiguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, o después de expirado dicho término si el Administrador hubiere presentado su demanda, tendrá valor y eficacia en derecho a menos que se satisfagan previamente los gastos incurridos por el Fondo del Seguro del Estado en el caso; y no se dictará sentencia en pleitos de esta naturaleza, ni se aprobará transacción alguna con relación a los derechos de las partes en dichos pleitos sin hacer reserva expresa del derecho del Fondo del Seguro del Estado a reembolso de todos los gastos incurridos; Disponiéndose que el secretario de la sala que conozca de alguna reclamación de la naturaleza antes descrita notificará al Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado sobre cualquier providencia dictada por el tribunal que afecte los derechos de las partes en el caso, así como de la disposición final que del mismo se hiciere.
      “El Administrador del Fondo del Seguro del Estado podrá transigir sus derechos contra tercero responsable de los daños; entendiéndose, sin embargo, que ninguna transacción extrajudicial podrá afectar los derechos del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, sin la conformidad o aproba-ción expresa de ellos.
      “Cualquier suma obtenida por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, por los medios dispuestos en esta sección, será ingresada en el Fondo del Seguro del Estado a beneficio del grupo particular en que se clasificaba la ocupación o la industria en que se empleaba al obrero o empleado lesionado o muerto.”


text:
    Edma Santiago de Hernández, etc., peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, Hon. Luis R. Apellániz, Juez, demandado; Ramón Valentín Cruz, interventor.

      Número: O-73-83

      Resuelto: 15 de octubre de 1974

      Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, J. F. Rodriguez Rivera, Procurador General Interino, y Magda E. Haidar de Marti, Procuradora General Auxiliar, abogados de los peticionarios; Lorenzo O. Cabán Arocho, Jovino Martínez y Yan García, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Valentín Cruz, el aquí interventor, fue nombrado en mayo de 1969 Director de Zona de la Defensa Civil, Zona de Mayagüez. En febrero de 1973 la Directora de la Oficina de Defensa Civil le ordenó hacerse cargo de la zona de Huma-cao y lo trasladó a dicha zona. Valentín Cruz presentó de-manda de injunction contra el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Rafael Hernández Colón, y contra la Directora de la Oficina de Defensa Civil, Honorable Edma Santiago de Hernández, solicitando que se dejara sin efecto la orden de traslado y que se les prohibiese realizar “tales o análogos actos” en contra del demandante. Alega Valentín Cruz que su traslado se debió a razones políticas.

Un día después de presentar su demanda en el tribunal, el interventor presentó una querella sobre este mismo incidente ante la Junta de Personal de Puerto Rico.

El tribunal de instancia dictó una orden de entredicho provisional en 12 de febrero de 1973, la cual, de acuerdo con sus propios términos y a tenor con la Regla 57.2 de Procedi-miento Civil, expiraría a los diez días de su expedición y me-diante la cual ordenó al Gobernador y a la Directora de la Defensa Civil a abstenerse de trasladar de su cargo al Director de Zona de Mayagüez, hasta nueva orden.

Mediante nueva orden del día 22 de aquel mes el tribunal de instancia enmendó la orden anterior y prorrogó el entre-dicho provisional hasta la fecha en que el Tribunal Supremo resolviese el asunto. En esa misma fecha el tribunal de instan-cia declaró sin lugar una moción de desestimación presentada por los demandados. Basaron su solicitud de desestimación los demandados en que el injunction era improcedente porque (1) el demandante tenía a su disposición un remedio administra-tivo al amparo de la Ley de Personal, cuyo procedimiento ad-ministrativo ya él había iniciado y (2) porque el Art. 678 (3) del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3524(3), Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946, prohíbe la expedición de injunctions para impedir el cumplimiento de actuaciones de funcionarios públicos autorizadas por la ley, sin que previa-mente exista una sentencia final y firme declarando que dichas actuaciones son inconstitucionales o inválidas.

A la luz del texto entonces vigente del Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. sec. 3524, y del Art. 1 de la Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946, enmendatoria de nuestra Ley de Injunctions, y de nuestra jurisprudencia in-terpretativa de dicho artículo, Arrarás v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 379 (1972), expedimos auto de certiorari.

El citado Art. 1 de la Ley Núm. 1 de 25 de febrero de 1946 expresa:

“. . . La expedición de órdenes de entredicho y de injunctions por las cortes inferiores, en relación con la observancia de estatutos públicos y demás actuaciones de la administración pública, desorganiza el proceso ordenado de gobierno y crea incertidumbre y confusión en la observancia de la ley por mo-tivo de la diversidad de opiniones entre los distintos jueces en cuanto a la validez o constitucionalidad de diversos estatutos y actos públicos.”

En el caso de autos no se cuestiona la facultad que en ley tienen el Gobernador y su delegado, el Director de Defensa Civil, para hacer traslados dentro de esa organización — la Oficina de Defensa Civil — de personal de tipo normativo o de confianza. No se trata en el caso de autos de un empleado oficinesco sino que se trata de un Director de Zona, cargo que es de importancia jerárquica dentro de la organización estatal de la Defensa Civil. Mal podría funcionar un Director de Defensa Civil si no tuviese la facultad ejecutiva y administrativa de asignar los directores de zona a las zonas del país que él estime necesario.

En las ocasiones en que’ al Gobernador de Puerto Rico, o a su subalterno, el Director de la Defensa Civil, le corresponde actuar en relación con los desastres que la ley prevé, tiene que hacerlo rápida y eficazmente y a través de oficiales y funcionarios dentro de esa organización en los cuales tenga plena confianza. El cargo de Director de Zona cae dentro de esa categoría de personal normativo y de confianza. La propia Ley de Personal dispone que, en cuanto al personal clasificado cubierto por dicha ley, están comprendidos en el Servicio Sin Oposición, y no en el Servicio Por Oposición, quince o menos funcionarios de cada agencia u organismo público que sean de “tipo normativo, especializado, asesorativo o de confianza.” 3 L.P.R.A. sec. 648(b) (2). La ley lo que hace es reconocer un principio fundamental y básico de administración pública que preconiza que la responsabilidad debe ser conmensurable con la autoridad, y viceversa,

En vista de que la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974, la cual autoriza, en lo pertinente, a los tribunales a dictar órdenes de entredicho provisional cuando en la petición se alegue que alguna persona bajo autoridad de ley esté privando al petitionario de algún derecho protegido por la Constitución y las leyes de Puerto Rico, y en vista de que nuestra Constitución prohíbe las discriminaciones por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social y por ideas políticas o religiosas; y por otro lado, atendidas también las necesidades del servicio público y en especial la naturaleza de la Oficina de Defensa Civil, dejaremos en suspenso el entredicho provisional dictado por el tribunal sentenciador, dejaremos en vigor la orden de traslado, y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la celebración de una vista en su fondo sobre los méritos de la demanda.

Los Jueces Asociados, Señores Dávila y Torres Eigual, con-curren en el resultado.

       En el primero de esos casos — Servicio Sin Oposición — el nom-bramiento y el despido es facultativo de la autoridad nominadora. En el segundo — Servicio Por Oposición — el nombramiento es previo examen y el despido es previa formulación y prueba de cargos.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Cámara de Comerciantes Mayoristas, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Hon. Roberto Veray Torregrosa, Juez, demandado; Sucesores de Esmoris & Co., Inc., interventora.

      Número: O-74-88
    Resuelto: 15 de octubre de 1974

      Benjamín Rodríguez Ramón, Teodoro Peña García y Alfonso L. García Martínez, abogados de la peticionaria; Frank Viz-carrondo Vivas, abogado de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

A la sindicatura o administración judicial en aseguramiento de efectividad de la sentencia se llega como solución última, exigiéndose demostración previa de que ningún otro remedio provisional tendrá ese efecto. Regla 56.6 de Procedimiento Civil. Reconoce la regla que implicando la sindicatura la interdicción del derecho de propiedad en el área extensa de gobierno y manejo de los bienes, pues quita esa facultad al dueño titular y la transfiere a un comisionado o agente del tribunal, la sindicatura es remedio drástico al que ha de acudirse únicamente en circunstancias extremas. Freeman v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 1, 29 (1965).

Una vez satisfecho el tribunal de la necesidad de recurrir a la sindicatura para asegurar las reclamaciones de los acree-dores, su acción al decretarla ha de tener el propósito de impo-ner un sistema integral dentro del cual pueda el síndico bajo la dirección del tribunal atender en forma ordenada a los reclamantes que compiten entre sí por cobrar primero como si de una arrancada de purasangres tras la copa del hipismo se tratara.

Para que la administración judicial opere con normalidad y eficiencia es necesario centralizar y encauzar en ella todas las reclamaciones. Permitir que unos acreedores se avengan a la administración y dejar a otros libres para proseguir en acciones independientes la reclamación de sus créditos hasta ejecutar y sacar a subasta los bienes bajo sindicatura, equivale a la destrucción de la fórmula y del sistema ordenado que se propuso al decretar la administración y la suplantación del orden por la anarquía de “sálvese el que pueda”, aparte de que desaparecerán o se mermarán en ejecuciones periféricas los bienes cuya administración y eventual disposición por el síndico en pago de acreencias es lo que da contenido y base económica a la sindicatura. He allí la razón por la cual, nombrado un síndico deberán some-terse a su autoridad y régimen todas las reclamaciones que afecten los bienes bajo sindicatura, y habrán de cesar los esfuerzos aislados de los acreedores para ejecutar sus créditos por medios propios evadiendo la administración. Clark On Receivers, infra, To. 2, sec. 620, Tercera Ed. 1959. Hacia el núcleo central de administración han de dirigirse planteando allí su reclamo, inclusive los de preferencia o prelación de créditos y a ellos deberá atender el administrador en su cabal función de brazo del tribunal, pues la función del síndico se ejerce con universalidad sobre la masa entera de bienes. El síndico ha de regirse por las normas de derecho y equidad; el hecho de que para ser viable y eficaz su encomienda sea necesario despejar el campo de toda acción individual o búsqueda de remedio a través del remate en subasta pública de los bienes afectos a su administración, no le faculta para alterar las reglas de preferencia que distinguen entre clases y rangos de acreencias. Su gestión va encaminada, respetando todo precepto de ley, a lograr el más racional y justo aseguramiento y eventual pago de los créditos, al mismo tiempo que gobierna y administra los bienes con máxima idoneidad que propicie los mejo-res intereses de los acreedores y del deudor dueño del caudal intervenido. Coinciden las autoridades en este criterio de ocu-pación del campo por el síndico o administrador judicial con exclusión de acciones y ejecuciones fuera de su ámbito. Clark, Law and Practice of Receivers, To. 2, secs. 333, 623, 624, Tercera Ed. 1959; ibid. Vol. 1, sec. 276; Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, Civil, Vol. 12, secs. 2984 y 2985, Ed. 1973.

La corporación Felipe López Lugo, Inc. fue puesta el 13 de mayo de 1971 bajo la administración judicial de un síndico. Como antes expresamos la sindicatura tiene el efecto de fijar o inmovilizar las reclamaciones fuera de su ámbito y somete los bienes a una posesión superior por el síndico a veces llamada custodia legis (Aponte y Sobrino v. Sucn. Pérez, 48 D.P.R. 449, 451 (1935)); y coloca al deudor intervenido en situación de functus officio. (Hernández, Síndico v. Ballester, 49 D.P.R. 869, 871 (1936).)

Tanto la peticionaria Cámara de Comerciantes Mayoris-tas como la interventora Sucesores de Esmoris & Co. Inc., son acreedores comunes de dicha corporación sujeta a sindicatura, la primera como cesionaria de mayoristas y la otra como tal mayorista que entregaron mercancía a la deudora López Lugo, Inc. Dichas acreedoras siguen rutas distintas para cobrar sus créditos, aunque, según veremos, sin erosión de la sindi-catura: la Cámara de Comerciantes comparece ante el sín-dico, acredita la autenticidad de su reclamación y el síndico le extiende el 13 de junio de 1972 un certificado que no es otra cosa que un pagaré por $48,747.45 que representa “deuda de la sindicatura”, a vencer el 9 de noviembre de 1972. Esmo-ris, cuyo crédito es de $11,729.31, rehusó un certificado o pagaré como el antes dicho y optó por presentar demanda en cobro de dinero y el 2 de marzo de 1972 obtuvo una orden de embargo preventivo para asegurar la efectividad de la sen-tencia, anotó el embargo en el Registro de la Propiedad, y el 31 de agosto de 1972 el mismo Tribunal Superior (Aguadi-11a) donde se han llevado a efecto todos los procedimientos, dictó sentenca concediendo a Esmoris el principal recla-mado más $1,000 de honorarios de abogado para un total de $12,729.31. En la vista sobre esta demanda estuvo represen-tado el síndico quien concurrió, se allanó a la demanda, y aprobó los procedimientos, y fue a instancias suyas que al dictar sentencia el 31 de agosto de 1972 dispuso el tribunal que “la demandante no ejecutará dicha sentencia sobre el embargo anotado para asegurar la efectividad de dicha sen-tencia sobre la propiedad de la demandada por un término de 120 días a partir del día de hoy.” (T.A. Tomo 3, pág. 87.)

Ninguna de las acreedoras hizo efectiva su acreencia du-rante la sindicatura, en aparente espera de que la firma deudora allegara fondos y no hubiese que recurrir a la eje-cución y es así como el 22 de mayo de 1973 un grupo de acree-dores entre ellos la Cámara de Comerciantes Mayoristas repre-sentada por su abogado Peña García transigieron sus recla-maciones contra la corporación López Lugo, Inc.; estipularon plazos y condiciones para el pago de sus respectivas acreen-cias y acordaron que el síndico cesara en sus funciones el 30 del mismo mes de mayo de 1973 (Minuta, T.A. To. 3, págs. 24-31); y consecuentemente en 20 de junio siguiente el tribunal dictó una orden autorizando a Celso López Peña a recu-perar la administración de los bienes de la corporación. (T.A; To. 3, pág. 34.) Como López Peña no cumplió lo acordado la Cámara de Comerciantes obtuvo el 5 de noviembre de 1973 una orden del tribunal disponiendo “la venta judicial de bienes del fundo de la Sucn. Felipe López Lugo, Inc., para que con el producto de la venta se satisfaga la acreencia preferente adeudada a la Cámara de Comerciantes Mayoristas.” (T.A., Tomo 3, pág. 64.) Se opone Esmoris invocando la preferencia de su crédito y en su resolución reconociendo prelación al cré-dito de Esmoris el tribunal destaca como fundamentos: que la sentencia a favor de ésta fue consentida por el síndico, con pleno conocimiento de que previamente se había anotado un embargo para asegurar su efectividad y a cuya solicitud se aplazó la ejecución por un término de 120 días; el tribunal nunca autorizó certificados individuales como los expedidos por el síndico a la Cámara y a otros acreedores, sino un solo certificado preferente y negociable por $130,000 para levantar fondos en algún banco con qué pagar las acreencias, gestión que no tuvo éxito, y que el negocio afectado había dejado de operar careciendo de efectivo o crédito para el pago de deudas, por lo que rehusó suspender la subasta promovida por Esmoris en ejecución de su sentencia. Es contra esta reso-lución que recurre la Cámara a cuya petición suspendimos la subasta fijada para el 12 de marzo de 1974.

Lo cierto es que al atender la reclamación de la recurrente Cámara de Comerciantes, el síndico se limitó a expedir un certificado o comprobante de crédito que nunca hizo efectivo por el medio a su alcance de remate y realización de los bienes de la corporación deudora. La propia recurrente debilitó y redujo las probabilidades de cobrar su acreencia al pactar' con otros acreedores la terminación de la sindicatura. Al así actuar estaba renunciando al más eficaz instrumento para asegurar su crédito de clasificación común. Por otro lado el allanamiento del síndico a la demanda interpuesta por Esmoris y la aprobación por el juez que lo nombró de lo allí actuado al dictar la sentencia, convierte la disposición tomada respecto a dicho crédito en acto de la sindicatura.

Disuelta y terminada la sindicatura ha quedado la recurrente Cámara de Comerciantes Mayoristas con un pagaré del síndico y Esmoris con una sentencia final y firme a su favor. A pesar de que el referido pagaré o certificado expresa que el mismo se haría efectivo con preferencia, esta declaración no sustituye los criterios de prelación y clasificación de créditos establecidos por los Arts. 1821 y ss. del Código Civil (31 L.P.R.A. secs. 5191 y ss.) y la sentencia a favor de Esmoris que sólo era un gravamen latente paralizado por la duración de la administración judicial, surge ahora con toda la eficacia y preferencia que le reconoce el Art. 1824 (4) (b)—31 L.P.R.A. sec. 5194 (4) (b). No habiendo sindicatura que proteger de las incursiones de acreedores individualistas, el camino está expedito para Esmoris ejecutar su sentencia.

Se anulará el auto expedido y se remitirá el caso al tribunal de instancia para continuación de procedimientos consis-tentes con esta opinión.

       Roca Sastre, Derecho Hipotecario, To. 2, pág. 905 Sexta Ed. Barcelona 1968.

       Este certificado de síndico es una figura aclimatada de la Ley de Quiebras (11 U.S.C. 516-2).

       Será la sentencia, y no el embargo, la que determine la preferencia de crédito. Art. 1824 Código Civil, infra.

      “A) La finalidad o motivación de la anotación preventiva de embargo es sujetar frente a posteriores adquirentes los bienes anotados a una afección de tipo hipotecario en seguridad de la efectividad de un crédito vencido.
      “El cometido de la anotación preventiva de embargo es impedir que el deudor embargado pueda burlar o eludir el embargo con sólo disponer del bien inmueble objeto del mismo, a favor de posteriores adquirentes, frustrando con ello las legítimas esperanzas del acreedor y dejando inoperante el procedimiento de ejecución.
      “Evidentemente con este precepto [art. 1927 del Código Civil Español equivalente al 1827 nuestro] para nada había de tenerse en cuenta la antigüedad del crédito, sino la del asiento, y esto era inadmisible, porque precisamente en las anotaciones preventivas de embargo la prelación de éstas opera sólo en perjuicio de los créditos contraídos después de prac-ticada la anotación preventiva de embargo, es decir de créditos posteriores en su nacimiento a tal anotación preventiva, ya que ésta no altera la natu-raleza jurídica del derecho creditual correspondiente. Por esto la exposi-ción de motivos de la ley Hipotecaria de 1861 expresó que las anotaciones preventivas ‘no declaran ningún derecho ni menos convierten en real el que no tenía este carácter’, como tampoco ‘puede decirse de ellas que son el premio de la carrera, como en otra nación se ha dicho, asimilando el empeño de los acreedores para anticiparse a obtener la anotación, al afán con que se disputa la llegada al término en las carreras de caballos; no son un favor inmerecido que se da al acreedor más exigente; no modifican el carácter de las obligaciones, cambiando las simples en hipotecarias, ni hacen al Juez agente de los litigantes, compeliéndole a que supla la negli-gencia del acreedor y le otorgue garantías, que tal vez el deudor mismo al tiempo de obligarse no habría constituido . . . ; el derecho del acreedor por la hipoteca judicial no se ha modificado, no ha cambiado de carácter, sólo ha adquirido mayor seguridad desde el punto de vista de quitar al deudor los medios de destruir la cosa, de enajenarla y de constituirse el mismo en insolvencia’, de suerte que ‘el acreedor que obtiene a su favor una anota-ción preventiva . . . , sólo gozará de preferencia sobre los que tengan sobre el mismo deudor otro crédito contraído con posterioridad a la anotación .... El que contrata y no exige hipoteca se contenta con la garantía que le da el crédito personal del deudor, y no debe tener preferencia alguna sobre los que se hallan en el mismo caso. Si el deudor deja de cumplir lo pac-tado al tiempo convenido, podrá el acreedor compelerlo al pago acudiendo a la vía judicial, pero esta demanda no cambia la naturaleza del crédito ni la fuerza del título.’ ” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, págs. 887 y 904-905, Sexta Ed. Barcelona 1968. (Subrayado del autor.)

       Las constancias en autos no dejan duda de la terminación de la sindicatura, dato que Esmoris ofrece en un escolio, y que la Cámara en una comparecencia críptica califica como transacción entre unos cohere-deros, como si no hubiese estado allí representada por el mismo abogado que firma el recurso de certiorari y quien el 28 de junio de 1973 suscribió una moción admitiendo la realidad de haber cesado la administración judicial (T.A. Tomo 3, pág. 45).

       La preferencia derivada de la anotación de embargo es relativa, muy por debajo de la mitología que arropa su figura. Roca Sastre, ob. cit.; Manresa, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo 6, págs. 610-511, Ed. Madrid 1956; Crespo v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 568, 572 (1961); Hidalgo v. García de la Torre, 4 D.P.R. 66-72 (1903); Longpré v. Wolff, 23 D.P.R. 15, 24 (1915); Fernández v. Márquez, & Cía., 3 D.P.R. 210, 214 (1903); Hernández v. Medina, 19 D.P.R. 88, 91-92 (1913); Sociedad de Auxilio Mutuo v. Rossy, 17 D.P.R. 83 (1911); Morell, Legislación Hipotecaria, Tomo 3, pág. 94, 2da. Ed.; Art. 1823, N° 5 Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 5193 N° 5).

       Aun en los casos en que el tribunal emite orden autorizando la expedición de certificados de deuda, la orden no le imparte a éstos un rango de crédito mayor que el de la deuda que representan. Clark, Receivers, Vol. 2, Sec. 459, 3a. Ed. 1959.