author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Enrique Reyes Coreano, demandante y recurrido, v. Ing. Wilson M. Loubriel, Director Ejecutivo de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-78-366

      Resuelto: 31 de mayo de 1979

      José A. Suro, abogado de los recurrentes; R. Adolfo de Castro y Nivea Raquel Avilés Caratvrd, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante y recurrido Reyes Coreano es un empleado público con diecisiete años de servicio al Gobierno en distintas agencias como contador, contralor, jefe de división de conta-bilidad y oficial administrativo. Llegó a la Autoridad de los Puertos procedente de la Autoridad de Tierras el 1ro. de julio de 1974 y se le nombró Ayudante Director Ejecutivo en administración y finanzas, en el servicio exento. El 17 de noviembre de 1976 la recurrente Autoridad de los Puertos aprobó un Reglamento de Personal mediante el cual se fijó en ocho el número de empleados de confianza, entre los cuales no estaba incluido el puesto del demandante a quien se le dio categoría permanente de empleado de carrera. La nueva junta de directores de la Autoridad, instaurada como resul-tado de las elecciones generales de 1976, aprobó otro Regla-mento de personal el 17 de marzo de 1977 en el cual la posi-ción del demandante, allí designada como Subdirector Ejecu-tivo Auxiliar en Administración, fue clasificada como de con-fianza. Se le despidió por carta con efecto para el 31 de mayo de 1977 en la que la Autoridad recurrida adujo como razones del despido, el exceso de personal y la situación fiscal de la agencia. La agencia no hizo esfuerzo apreciable para reubiear al demandante en otra posición, partiendo de la premisa de que nunca fue empleado de carrera.

El empleado despedido presentó en el Tribunal Superior una acción civil sobre injunction, sentencia declaratoria y daños y perjuicios reclamando derecho a reinstalación en su empleo. Resolvió la sala de instancia que el Reglamento apro-bado por la Autoridad el 17 de noviembre de 1976 era válido; que “el puesto que ocupó el demandante hasta el 25 marzo, 1977 era uno de carrera, con todos los privilegios y beneficios que en ambos Reglamentos se le otorgaban a estos puestos; que al ser cambiado a un puesto de confianza tenía derecho, en caso de ser removido, a ser reinstalado en un puesto igual o similar al que ocupaba en el servicio de carrera al momento en que pasó a ocupar el de confianza”, a tenor del Art. 103.32 del Reglamento de 17 de marzo de 1977. La Sala de San Juan expidió el injunction ordenando la reposición del demandante de conformidad con las precedentes conclusiones, con abono de sueldos dejados de percibir.

Al recurso de la Autoridad, expedimos auto de revisión el 21 de diciembre de 1978, por notar que se había efectuado un cambio de categoría en personal dentro del período vedado por la See. 4.7 de la Ley de Personal del Servicio Público, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. see. 1301 y ss.

En su alegato, la Autoridad recurrente imputa error al juez sentenciador por negar aplicación a esta agencia de las disposiciones de la citada Ley de Personal de 1975, rela-tivas a su See. 4.7, aprobación de reglamentos por agencias excluidas y requisitos del empleado de carrera.

Aun antes del cambio de categoría en el empleo del recurrido, del servicio exento a empleado de carrera, los hechos probados muestran una legítima expectativa de retener su posición con permanencia, pues había hecho del servicio público la vocación de su vida, por lo que según resuelto en Lupiáñez v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696, 701 (1977), debió mediar justa causa y vista antes del despido. Mas hay razones de derecho, independientes de la subjetividad de la expectativa, que inducen la decisión a que ahora llegamos.

El principio de mérito en el servicio público, con todo su contenido ético y moral, que aparte de ser fuente de eficiencia, lealtad y permanencia en los servicios que el pueblo demanda de su gobierno, es también amparo del servidor público contra la opresión e influencias extrañas a su trabajo, no tiene rango constitucional y por tanto, la plenitud o precariedad de su vigencia se determinan por ley de la Asamblea Legislativa. No empece la sonoridad de la declaración de política pública en el Art. 2 de la Ley de Personal de 1975, sus valiosas razones sólo cobran vida y eficacia en la esfera y con las limitaciones que ha tenido a bien imponer el legislador.

La política pública y el principio de mérito experimentaron considerable atenuación en la propia Ley de 1975, una imperfección congénita, al declarar excluidos de sus disposiciones, por la Sec. 10.6, a los empleados de agencias o instrumentalidades del Gobierno que funcionen como empresas o negocios privados y también a los de aquéllas que tengan derecho a negociar colectivamente mediante leyes especiales. La Autoridad de los Puertos es una de estas últimas.

La cuestión central del recurso de revisión, que concierne a la autonomía o grado de libertad de la Autoridad de los Puertos para adoptar sus propias reglas de personal no unio-nado ya fue específicamente resuelta en Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923 (1974); y la Ley de Personal de 1975 con su advertencia en su Sec. 10.6 de que las agencias excluidas “deberán adoptar, con el asesoramiento de la Oficina de Personal ... un reglamento de personal in-corporando el principio de mérito que regirá las normas de personal de aquellos empleados no cubiertos por convenios colectivos”, no ha derogado ni modificado en forma alguna las disposiciones relativas a personal de la ley creadora de la Autoridad de los Puertos como corporación o instrumentali-dad pública, Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, 23 L.P.R.A. see. 331 y ss., a saber:

Art. 6. “. . . [A] la Autoridad se le confieren, y ésta tendrá y podrá ejercer, todos los derechos y poderes que sean necesa-rios o convenientes para llevar a efecto los propósitos menciona-dos, incluyendo, pero sin limitar la generalidad de lo anterior, los siguientes:
(m) Nombrar aquellos funcionarios, agentes y empleados y conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes, y fijarles, cambiarles y pagarles aquella compensación por sus ser-vicios, que la Autoridad determine;” 23 L.P.R.A. see. 336 (m).
Art. 7. Funcionarios y empleados
“(a) Nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones, suspensiones, licencias, y cambios de cate-goría, remuneración o título de los funcionarios y empleados de la Autoridad, se harán y permitirán como dispongan las normas y reglamentos que prescriba el Administrador de Fomento Eco-nómico en consulta con el jefe de personal o el funcionario ejecu-tivo de la Oficina de Personal de Puerto Rico, conducente a un plan general análogo, en tanto el Administrador de Fomento Económico lo estime compatible con los más altos intereses de la Autoridad, de sus empleados y de sus servicios al público, al que pueda estar en vigor para los empleados del Gobierno estadual al amparo de las Leyes de Personal de Puerto Rico.” 23 L.P.R.A. see. 337(a).

En el diáfano lenguaje de esa ley orgánica de la Auto-ridad de los Puertos, hoy como ayer, el legislador remite a sus disposiciones especiales toda intervención con el personal de la agencia, modificada en 1945 como hemos visto, en lo que concierne a negociación colectiva, por la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 63(2) y (11), mas intocada y ni siquiera mencionada en la Ley de Personal de 1975. El legis-lador que es artífice y máximo conductor del principio de mérito, al aprobar la Ley de Personal del Servicio Público (Ley Núm. 5 de 14 octubre de 1975) preservó la libertad de la Autoridad de los Puertos para administrar su personal y con clara implicación mantuvo la integridad de las normas especiales de personal ordenadas en el estatuto creador de la agencia. No hay que revisar, sino confirmar, nuestro pronun-ciamiento en Pastor Lozada, supra, a sus págs. 931, 932:

“La Ley de la Autoridad de los Puertos, Ley Núm. 125 de 7 mayo, 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. sees. 331 y ss., dis-pone, entre otras cosas, que los nombramientos y ceses de los funcionarios y empleados de la Autoridad se harán conforme a las normas y reglamentos que prescribe el Administrador de Fomento Económico en consulta con la Oficina de Personal de Puerto Rico, ‘conducente’ dicha consulta a un plan general aná-logo al de la Oficina de Personal del Gobierno de Puerto Rico, ‘en tanto’ el Administrador de Fomento Económico lo estime compatible con los intereses de la Autoridad de los Puertos, los de los empleados y los del servicio público.
Como puede verse, la ley dispone que el Administrador de Fomento Económico prescriba las normas y reglamentos sobre la administración de personal de la Autoridad. Eso es mandatorio. Además, la ley da la directriz en el sentido de que dichas normas y reglamentos ‘conducirán’ a un plan general ‘análogo’ (no exacto) de administración de personal al que existe para el Go-bierno de Puerto Rico; esto es, el que administra la Oficina de Personal del Gobierno de Puerto Rico. Esto último es directivo, es exhortativo. Puede apreciarse que la Asamblea Legislativa deseaba respaldar y fomentar una administración de personal ordenada y científica, pero a la vez no quiso imponerle obliga-toriamente a la Autoridad de los Puertos la letra de la ley y de los reglamentos de la Oficina de Personal del Gobierno, en aten-ción a la antes mencionada necesidad de dicha Autoridad de operar con la flexibilidad y rapidez que sus responsabilidades requieren.”

La prohibición en la Sec. 4.7 de la Ley de Personal de 1975, 3 L.P.R.A. sec. 1337, contra intervenciones con el personal durante un período que se extiende desde dos meses antes a dos meses después del día de elecciones generales es “salvaguarda por excelencia del principio de mérito” según la calificamos en Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, 107 D.P.R. 819 (1978), pero el legislador no la impuso a la Autoridad de los Puertos, dejando su adopción por esta agencia a su decisión sobre su compatibilidad “con los más altos intereses de la Autoridad, de sus empleados y de sus servicios al público.” Art. 7, Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, supra. Al enmendar su Reglamento de Personal el 17 de noviembre de 1976 y ascender al demandante recurrido a empleado de carrera, la Autoridad no violó la prohibición de la See. 4.7; simplemente ejerció su opción, concedida por ley, de cambiar la categoría de sus funcionarios y empleados en cualquier tiempo, sobre la premisa principal de sus “más altos intereses” con abstracción de otros factores. Hay que presumir en el legislador tanta sabiduría para excluir el personal unionado de la Ley de Personal como para dejar a elección de la Autoridad de los Puertos la observancia de la prohibición. Nuestra decisión en Ortiz, supra, opera sobre hechos radicalmente distintos. Se trataba allí de una empleada del Municipio de Aguadilla a quien se extendió nombramiento permanente en el período vedado por la See. 4.7, de incuestionable aplicación toda vez que todos los municipios de Puerto Rico, son parte del sistema de administración de personal en el que cada uno de ellos es administrador individual. Sees. 2.1(4) y 5.3(2) de la Ley Núm. 5 de 1975, 3 L.P.R.A. sees. 1311(4) y 1343 (2). A diferencia de la Autoridad de los Puertos y otras agencias cuyos empleados tienen derecho a negociar colectiva-mente mediante leyes especiales, los municipios han sido ab-sorbidos e integrados totalmente en el sistema de adminis-tración de personal estructurado por la Ley de 1975. Dispa-rata non debent jungi.

El extendido argumento en torno al párrafo de la Sec. 10.6 de la Ley Núm. 5 de 1975 referente a la adopción por las agencias e instrumentalidades excluidas, dentro de los ciento veinte días siguientes a la aprobación de la Ley, de un regla-mento de personal incorporando el principio de mérito a las normas de personal no cubierto por convenios colectivos, se diluye ante el poder y libertad conferidos a la Autoridad de los Puertos en su ley orgánica para promulgar sus propios reglamentos. La Asamblea Legislativa “no quiso imponerle obligatoriamente a la Autoridad de los Puertos la letra de la ley y de los reglamentos de la Oficina de Personal del Gobierno.” Pastor Lozada, supra, a la pág. 931.

Con estos antecedentes y fundamentos, resultando que no hubo error en la sentencia dictada el 2U de agosto de 1978 por la Sala de San Juan del Tribunal Superior, ésta será con-firmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín concurren en el resultado sin opinión.

      EI Art. 105.6 de dicho Reglamento no permite la destitución de un empleado de carrera sin justa causa, previa formulación de cargos notifi-cados por escrito y vista. El siguiente Reglamento de 17 de marzo de 1977 retuvo y ratificó esta disposición.

       Posición en conflicto con su defensa afirmativa en la contestación al efecto de que “[n]inguna de las disposiciones de la Ley de Personal; reglamento o disposiciones administrativas de dicha oficina se aplican en el caso de autos.”

       Se confrontan a decisiva reválida con el reclamo de sindicalización de los servidores públicos hasta ahora no unionados.

      Así dispuesto por la Ley de Relaciones del Trabajo, en su Art. 2(2) y (11), 29 L.P.R.A. sec. 63(2) y (11), que también está precedida de vibrante declaración de política pública en respaldo del principio de nego-ciación colectiva y afirmando que “[a] través de la negociación colectiva deberán fijarse los términos y condiciones de empleo.” 29 L.P.R.A. sec. 62(3).

      La instrumentación del sistema de mérito jamás ha alcanzado uni-versalidad monolítica en nuestra legislación. Otro ejemplo de cómo se des-carta la uniformidad en busca de la flexibilidad funcional lo encontramos en la dispensa de requisitos para ascensos de empleados de carrera auto-rizados mediante examen sin oposición cuando las calificaciones especiales de tales empleados, o las exigencias especiales o excepcionales del servicio así lo justifiquen (Sec. 14, Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947, 3 L.P.R.A. sec. 654), recurso continuado y mantenido en la see. 4.4(1) (c) de la actual Ley de 1975 que autoriza “ascensos sin oposición cuando las exigencias espe-ciales y excepcionales del servicio, y las cualificaciones especiales de los em-pleados así lo justifiquen”, aun cuando condicionado a que no haya registro de elegibles o que haya razonable certeza de que sólo hay un candidato que reúna los requisitos. 3 L.P.R.A. sec. 1334(1) (c). (Énfasis nuestro.)

      Así también lo entiende el Señor Feijoó, Director de la Oficina Central de Administración de Personal (O.C.A.P.) que en su carta normativa Núm. 2-77 de 28 de febrero de 1977 sobre “status de las agencias con-forme a la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico” clasifica los municipios como administradores individuales; y como excluidas de las dis-posiciones de dicha Ley, veinte agencias de la rama ejecutiva, entre ellas y bajo el Número 13, la Autoridad de los Puertos.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    Francisco Rosado Rosado y Otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o Antonio de la Cruz, demandados y recurrentes.

      Número: R-76-150

      Resuelto: 20 de junio de 1979

      Miriam Naveira de Rodón y Héctor A. Colón Cruz, Procuradores Generales, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General In-terino, y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recurrentes; Ernesto Maldonado Pérez, abo-gado de los recurridos.
   per curiam :

Una niñita de 6 1/2 años de nombre Sonia fue atendida por primera vez en el Centro de Salud de Vega Alta el 9 de julio de 1971. La madre de la niña le informó al médico que la atendió, Dr. De la Cruz, empleado del Departa-mento de Salud, que ésta se quejaba de dolor de cabeza, fie-bre, diarrea y dolor de estómago.

Llevado a cabo el examen médico de rigor, el Dr. De la Cruz anotó en el récord de emergencia:

“Viene porque según la madre, a la niña le comenzó fiebre que apareció repentinamente, acompañada de malestar general y luego diarreas.
Ex. Físico: Mucosa Bucal ligeramente seca. Rino-faringe y amígdalas ligeramente congestionadas.
Temperatura 39°C
Pulso 130 x mn Respiración 28 x mn.
Corazón: Ruidos normales. Frecuencia Cardíaca 130 x mn. Pulmones: Claros. Abdomen: Flácido depresible.
Diagnóstico Provisional-Influenza, Enteritis.
Tratamiento:
1) Dieta Líquida (Jugo de Manzanas) x horas.
2) Antipirético (1 cudta. c/4 horas)
3) Antidiarreico.”

Luego de recetarle a la niña la envió a su casa. Al día siguiente 10 de julio de 1971 la niñita fue llevada de nuevo al Centro de Salud y atendida por el mismo médico. El récord médico refleja lo siguiente:

“Paciente es traída a emergencia nuevamente porque la fie-bre continúa se queja de ligero dolor epigástrico y tiene vómitos, las diarreas que ayer presentaba ha desaparecido.
Examen Físico: Mucosa bucal, seca. Rinofaringe y amígdalas normales.
Corazón: Frecuencia cardíaca 135 x mn. Ruidos normales.
Pulmones: Claros a la auscultación.
Abdomen: Sin tumoraciones palpables, flácido depresible li-geramente doloroso en región epigástrica.
Piel seca. (Deshidratación moderada.)
Diagnóstico Provisional: Influenza.
Rule out Gastroenteritis.
Tratamiento: Pasar a pediatría para observación y tratamiento por 24 horas D/N al 5% en N/S 500 CC 1 a XV gotas x minuto. Bentyl i/2 CC 1. m.
Baños de Alcohol con agua a partes iguales.
Bolsa de hielo en la cabeza.
Disposición del caso: Rechequear temperatura cada hora. Re-portar al médico de guardia para que disponga lo que crea con-veniente.
Dieta: Nada por boca mientras vomite.
Al ser sometida a tratamiento para bajarle la fiebre Sonia respondió al mismo temporeramente y a las 4:30 de ese día 10 de julio fue enviada nuevamente para su casa por el Dr. Matos quien recomendó ‘reposo en cama y a la menor alza de tempera-tura o mayor dolor en epigástrico [sic] favor de volverla a traer al Centro de Salud inmediatamente’.” Determinación de Hecho Núm. 4.

Fue traída nuevamente al Centro a eso de las nueve de la noche. Convulsaba y mostraba los siguientes síntomas:

“Paciente fue traída de emergencia presentando palpitacio-nes y dolor agudo de epigástrico [sic]. Se encuentra intranquila y depresión fosas claviculares. Apt. en estado dispneíco [sic] y convulsionante.
Auscultación HR 340/min/reg.
Pulso 92/min/reg. en ambos radiales.
Lungs rales fijos en base. Temperatura 39° 5C. oral.”

Se ordenó su traslado al Hospital de Distrito de Arecibo. Falleció en el camino. La autopsia reveló que murió de un fallo cardíaco respiratorio debido a una bronconeumonía aguda.

En Vda. de López v. E.L.A., 104 D.P.R. 178 (1975), expresamos que: “ [e] s norma reiterada por este Tribunal en casos de responsabilidad profesional médica, la presunción de que el médico ha observado un grado razonable de cuidado y atención en la administración de tratamiento médico y que los exámenes practicados al paciente han sido adecuados. Co-rresponde al reclamante controvertir tal presunción con prueba que demuestre algo más que una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento por parte del médico de su obligación profesional. Si de la evidencia surgen varias causas probables del daño, no puede imponérsele responsabi-lidad al médico, a menos que del examen de la totalidad de la prueba surja que su actuación negligente es la que mayores probabilidades tiene de haber causado el daño.”

Del récord clínico anteriormente transcrito surge que la niña fue traída por primera vez al Centro de Salud el día 9 de julio de 1971. En esta ocasión padecía de fiebre alta, dia-rreas y ligero dolor epigástrico. La niña fue examinada por el médico codemandado — Dr. De la Cruz — y el examen fí-sico — según consta del expediente médico que forma parte de los autos de este caso — describió el siguiente cuadro clínico:

“Mucosa bucal, ligeramente seca; Rinofaringe y amígdalas ligeramente congestionadas; Temperatura 39°C; Pulso 130 por minuto; Respiración, 28 por minuto; Corazón: ruidos normales, Frecuencia cardíaca, 130 por minuto; pulmones, claros; Abdomen flácido y depresible.”

A base de este cuadro de síntomas y el historial médico de la paciente, recopilado a base de la información que sobre el estado de la niña suministrara la propia madre, el Dr. De la Cruz hizo un diagnóstico provisional de “Influenza-Enteritis.” Recomendó el siguiente tratamiento: “Dieta líquida (jugos de manzana) por 24 horas; antipirético (una cucha-radita cada cuatro horas) y antidiarreíco.” Se envió a la niña a su hogar y se instruyó a la madre para que continuara en el hogar esta terapia recomendada. Temprano en la ma-ñana siguiente, — 10 de julio — la niña fue traída nuevamente al Centro de Salud. Las diarreas habían cesado y esta vez la madre informó al Dr. De la Cruz que la niña había estado vomitando toda la noche. El Dr. De la Cruz examinó nueva-mente a la paciente y del expediente médico surge que la niña tenía entonces 40°C de temperatura y aún se quejaba de dolor epigástrico.

El expediente médico según hemos visto registra la condi-ción de la paciente en esta segunda visita al Centro de Salud:

“Examen Físico: Temperatura 40°C; p. 135 por minuto; Mucosa bucal, seca; Rinofaringe y amígdalas normales; Pul-mones: claros a la auscultación; Abdomen — sin tumoraciones palpables, flácido, depresible ligeramente doloroso en región epi-gástrica; Piel seca (deshidratación moderada).”

Ante este cuadro clínico, el Dr. De la Cruz revisó el diag-nóstico provisional que hiciera el día anterior y anotó en la hoja el siguiente diagnóstico: “Influenza — rule out gastroenteritis.” Se desprende del expediente médico que el Dr. De la Cruz ordenó la admisión de la niña a la sala de pediatría del Centro de Salud con el propósito de mantenerla bajo obser-vación y tratamiento por las próximas 24 horas. Recomendó la siguiente terapia: solución intravenosa (suero) para com-batir la deshidratación, antiespasmódico para el dolor epi-gástrico y baños de alcohol y bolsas de hielo para combatir la fiebre. Proscribió la alimentación oral de la paciente mien-tras continuasen los vómitos y ordenó que se tomara la tem-peratura de la niña al cabo de cada hora. La hoja del expe-diente médico contiene además las siguiente indicación: “Re-portar al médico de guardia para que disponga lo que crea conveniente.”

Los demandantes-recurridos alegaron — y el tribunal sen-tenciador así lo determinó — que ante semejante cuadro clínico observado por el médico codemandado en el transcurso de unas pocas horas, el Dr. De la Cruz debió ordenar pruebas de laboratorio con miras a realizar un diagnóstico diferencial o eliminatorio y que su omisión a estos efectos constituye base para fijar responsabilidad al médico y a su patrono por la muerte de esta niña. Es equivocada esta conclusión. La prueba demuestra que en ocasión de ambas visitas de la paciente al médico, éste tuvo ante sí un cuadro de síntomas que — a base del historial de la paciente — razonablemente justificaba un primer diagnóstico de una condición de origen viral como pue-den serlo la influenza y la “enteritis”. Y la prueba estableció que el tratamiento ordenado por el médico a tenor con este diagnóstico llena las exigencias de la profesión médica.

Del testimonio pericial se desprende que no estamos ante el caso donde los síntomas de la infortunada paciente presentaran la probabilidad de un diagnóstico original de pulmonía o bronconeumonía. La prueba pericial estableció que la sintomatología que usualmente conduce a un diagnóstico de pulmonía o bronconeumonía ofrece un cuadro clínico que incluye principalmente: tos,- dificultad respiratoria, dolor toráxico y rales pulmonares; entendiéndose por rales aquellos ruidos que produce el movimiento del aire a través de los bronquios-ruidos normalmente susceptibles de ser auscultados mediante el uso del estetoscopio. Tampoco perdemos de vista que el testimonio pericial estableció que en ciertos casos, al parecer bastantes frecuentes, es posible la existencia de un padecimiento pulmonar o bronquial grave sin que los rales o ruidos pulmonares puedan ser auscultados por el estetoscopio. Estamos, por tanto, ante un caso donde ni los síntomas ni el historial del paciente apuntaban originalmente hacia un diagnóstico de pulmonía o bronconeumonía. Si tenemos presente que las intervenciones del médico codemandado con la paciente transcurren en un período de tiempo que no alcanza las 24 horas y que la condición de la paciente en la segunda visita al médico codemandado tampoco ofrecía el cuadro de síntomas que usualmente conduce a un diagnóstico de pul-monía o bronconeumonía, tenemos que concluir que la aten-ción brindada por el médico a la paciente durante esas pocas horas en que se mantuvo vigente el diagnóstico razonable-mente justificado a base del cuadro clínico presente, exhibe aquel grado de cuidado razonable que llena las exigencias de la profesión médica. El médico codemandado realizó un es-fuerzo honesto y concienzudo — durante el período de tiempo de poco menos de 24 horas en que se mantuvo operante el diagnóstico original — para enterarse de los síntomas y la condición de la paciente. Su orden, a los efectos de hospita-lizar a la niña para mantenerla bajo observación durante las que, desgraciadamente, habrían de constituir sus últimas horas de vida, pone de manifiesto un juicio de prudencia y razonabilidad en su intento por llegar a un diagnóstico co-rrecto en el cumplimiento de su deber de esforzarse por cono-cer la verdadera condición de la paciente. En vista de ello opinamos que el médico observó una conducta que demostró el ejercicio de un criterio de razonabilidad en relación con el grado de cuidado y atención médica empleados. Si a esto aña-dimos el hecho que el cuadro clínico observado por el médico durante un período de tiempo que no alcanzó 24 horas no constituía el cuadro de síntomas que de ordinario conduce a un diagnóstico de pulmonía o bronconeumonía, forzoso es con-cluir que no se justifica la imposición de responsabilidad por impericia profesional a base de que el médico omitiera or-denar una serie de pruebas de laboratorio para descartar un diagnóstico que era compatible con el cuadro de síntomas que presentaba la paciente en ocasión de ambas visitas al Dr. De la Cruz.

El caso de autos ejemplifica la circunstancia de un diagnóstico equivocado dentro de un contexto en que ha ope-rado aquel criterio de razonabilidad que libera de responsa-bilidad por impericia profésional a un médico que en el cum-plimiento de su deber, hace un esfuerzo honesto y concienzudo para enterarse de los síntomas y condición del paciente. Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188, 194 (1974).

En presencia de testimonio pericial a los efectos de que el tratamiento ordenado por el médico a tenor con los sín-tomas que presentaba la paciente es aceptable dentro de la práctica de excelencia de la medicina, no encontramos justi-ficada la imposición al médico de responsabilidad por imperi-cia profesional a base de que no se ordenaran exámenes de laboratorio durante el transcurso de las breves horas en que quedan comprendidas ambas visitas de la paciente al médico codemandado. Los síntomas presentes en la segunda visita de la paciente, a la mañana siguiente de haberse hecho el diag-nóstico preliminar, no hacían sospechar una condición pul-monar que habría de desembocar, pocas horas más tarde, en el deceso de la infortunada menor.

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Aso-ciados Señores Martín e Irizarry Yunqué concurren en el resultado.

      E1 Dr. De la Cruz estaba por concluir su tumo de guardia en la mañana en que examinó por segunda vez a la paciente. Otro médico — el Dr. Matos — habría de sustituir al Dr. De la Cruz como médico de turno aquella mañana y habría de dar de alta a la paciente cuando la fiebre hubo cesado.

       Según explicara el perito, esto obedece a la presencia de depósitos de secreciones profusas que hacen indetectable los rales por cuanto el ruido es producto del movimiento de aire a su paso por los pasajes bronquiales y las secreciones reducen este movimiento, ocupando el espacio que — en ausencia de padecimiento pulmonar — normalmente ocupa el aire.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Caribe Crown Cap Corp., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-78-360

      Resuelto: 21 de junio de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados del re-currente; Angel L. Calero, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud del Secretario de Hacienda, examinamos por vez primera las consecuencias tributarias en la contribución sobre ingresos de una corporación extranjera (Consolidated Cork Development Co., Inc.) que mediante contrato con-viene y confiere, entre otras cosas, una licencia para compar-tir exclusivamente sus conocimientos técnicos especiales (know-how) con una empresa local (Caribe Crown Cap Corp.).

La ilustrada sala sentenciadora concluyó que los pagos ascendentes a la suma de $120,000.00 durante la vigencia de dos contratos por un período total de diez (10) años, no cons-tituían ingresos provenientes de fuentes dentro de Puerto Rico, y por tanto, no había obligación de retener contribución en su origen y resultaban improcedentes las planillas de oficio y deficiencias notificadas.

I

El trasfondo fáctico según las determinaciones del tribunal de origen y las disposiciones contractuales pertinentes, es el si-guiente: La recurrida Caribe Crown Cap Corp. — corpora-ción inscrita y domiciliada en Puerto Rico — deseosa de esta-blecer aquí una planta para la fabricación de tapas o chapas metálicas para envases de cristal, el 18 de enero de 1960, sus-cribió un contrato con Consolidated Cork Development Co., Inc., — entidad corporativa con oficinas principales, planta y laboratorios de control en Brooklyn, New York — dedicada a la manufactura de tapas corona (crown corks). Los supuestos básicos que indujeron a Caribe a firmar dicho contrato fue-ron: (a) la necesidad de conocimiento adicional sobre los mé-todos y formas de fabricar las tapas; y (b) la garantía, pres-tádale por Consolidated, de que poseía la experiencia, destreza y conocimientos técnicos especiales (know-how) necesarios para la fabricación de las tapas por haber obtenido en sus Departamentos de Ingeniería y Desarrollo los siguientes lo-gros: (1) diseños de mejoras introducidas en muchas de las máquinas fabricadas por otros; (2) diseño y desarrollo de muchas máquinas construidas en sus talleres o construidas por otros; (8) desarrollo de ciertas fórmulas y controles en su laboratorio químico considerados superiores a aquellos usados de ordinario en la industria en general; y (4) desa-rrollo de métodos para combinar o simplificar algunas opera-ciones de salvamento de materia residual, que de lo contrario se perdería.

En consideración a estas representaciones y premisas, Consolidated, a cambio de las sumas antes mencionadas, se obligó a compartir con Caribe sus conocimientos técnicos espe-ciales (know-how), facilitándole: lista de maquinaria y equipo necesario y útil para producir diariamente un número determinado de gruesas de tapas, con los cambios o adiciones necesarios para mejorar la eficiencia; supervisar periódica-mente la construcción del equipo ordenado por Caribe sin responsabilidad de Consolidated; y usar sus instalaciones y procedimientos para el control de calidad. Además, las partes acordaron que:

“La Compañía [Consolidated] conviene en poner a disposi-ción de Caribe Crown los conocimientos técnicos especiales (‘know-how’) que posee, relativo al campo de la manufactura de tapas al cual Caribe Crown dedicaría, para uso exclusivo en Puerto Rico....
... Si durante la vigencia de este convenio, la corporación ad-quiere cualquier patente relacionada con el campo mencionado, protegida por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conferirá a Caribe Crown (sin cargo alguno adicional) una li-cencia exclusiva para usar tal patente solamente dentro de Puerto Rico, durante la vigencia de este convenio.”

Para lograr comunicar y suministrar a Caribe los conoci-mientos técnicos especiales (know-how) a ser utilizados en Puerto Rico, se proveyó: (a) que algunos de los empleados de Caribe — quien cubriría los gastos — recibieran adiestramiento en la planta de Brooklyn, New York y (b) que Consolidated enviara uno o más de sus técnicos para dar mantenimiento, controlar, ajustar o mejorar el equipo o maquinaria de la fábrica en Puerto Rico, comprometiéndose Caribe a satisfacer todos los gastos de dichos técnicos y a reembolsarle a Consolidated por la utilización de ellos aquí a razón de cierta canti-dad a ser estipulada.

Para la instalación de la maquinaria, inicialmente Consolidated pondría a disposición de Caribe, y ésta utilizaría, los referidos conocimientos técnicos especiales (Jenoiv-how) inclu-yendo planos de la planta, diseño y especificaciones. Enviaría a Puerto Rico uno o más de sus técnicos más diestros para auxiliar y supervisar la instalación del equipo en la planta y asistir y supervisar la producción inicial de tapas. Para cu-brir costos y gastos de tales técnicos se pactó la suma de $5,000.00 más gastos de viaje de ida y vuelta a New York.

Se convino que de surgir algo nuevo en el campo de manu-factura de tapas — que a juicio de Consolidated pudiera ser de utilidad a Caribe, o que ésta lo solicitara — se proveería dicha data. También, estipularon que durante la vigencia del con-trato ésta no otorgaría acuerdos similares con ningún fabri-cante que pretendiese establecerse en Puerto Rico para la ma-nufactura de tapas de botellas, como tampoco pondría a dis-posición sus conocimientos técnicos especiales {know-how), ni prestaría los servicios mencionados en los párrafos ante-riores. Caribe se comprometió en utilizar dichos conocimien-tos exclusivamente dentro de Puerto Rico y a no divulgar, sin el consentimiento de Consolidated, la naturaleza de tal in-formación o conocimientos, si éstos no hubieren sido divul-gados a través de alguna patente o publicación impresa. Tam-bién actuaría como agente de compañía de Caribe para lograr obtener precios más ventajosos en el mercado por razón de sus conocimientos técnicos especiales {know-how).

Finalmente, se convino en que Caribe pagaría la suma de $60,000.00 mediante un pago inicial de $3,000.00 al firmarse el contrato y $3,000.00 en plazos trimestrales durante los cinco (5) años de vigencia del contrato.

Al vencimiento del primer contrato — 18 de enero de 1965 —las partes lo renovaron por las mismas cláusulas, términos y condiciones, salvo algunas excepciones. En este nuevo con-trato, Consolidated no sólo garantizó poseer los conocimientos técnicos especiales {know-how), sino que consignó poseer los medios para conseguir dichos conocimientos. Se convino la misma cantidad de dinero, aunque se variaron los plazos, y se estipuló que los gastos de los técnicos de Consolidated en Puerto Rico serían satisfechos por ésta.

La sala sentenciadora concluyó lo siguiente: como resul-tado del contrato, un ingeniero y un mecánico de Consolidated permanecieron en Puerto Rico aproximadamente dos meses asesorando a Caribe en la construcción e instalación de la planta, por cuyos servicios Caribe pagó a Consolidated $5,583.00 y retuvo la contribución correspondiente; un in-geniero y un mecánico, empleados de Caribe, recibieron en-trenamiento inicial en la planta de Consolidated en Nueva York que luego transmitieron al personal de Caribe en Puerto Rico; a este adiestramiento siguieron visitas periódicas anua-les a la planta de Consolidated por personal de Caribe; ade-más, cuando surgían problemas técnicos, Consolidated acon-sejaba por teléfono o por carta a Caribe; y la calidad de las tapas coronas de Caribe era evaluada en los laboratorios de Consolidated en New York a donde se enviaban muestras dos veces a la semana.

H-1

Los preceptos de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de Puerto Rico — Ley Núm. 91 del 29 de junio de 1954, según enmendada — que rigen este caso son:

“(a) Corporaciones y Sociedades Extranjeras no dedicadas a Industria o Negocio en Puerto Rico.—
(1) Regla General.—
(A) Imposición de la Contribución. — Se impondrá, cobrará y pagará para cada año contributivo, en lugar de la contribución impuesta por las sees. 3013 y 3015 de este título, sobre el monto recibido por toda corporación o sociedad extranjera no dedicada a industria o negocio en Puerto Rico, procedente de fuentes den-tro de Puerto Rico, por concepto de intereses . . . , rentas, sala-rios, jornales, primas, anualidades, compensaciones, remunera-ciones, emolumentos, u otras ganancias, beneficios e ingresos anuales o periódicos que sean fijos o determinables, una contri-bución del 29 por ciento de dicho monto . . . .” Sec. 231(a), 13 L.P.R.A. sec. 3231(a).
“(a) Ingreso Bruto de Fuentes en Puerto Rico. — Las si-guientes partidas de ingreso bruto serán consideradas como in-greso de fuentes dentro de Puerto Rico.
(4) Rentas y cánones (royalties).— Rentas o cánones (royalties) de propiedad situada en Puerto Rico o de cualquier interés en dicha propiedad, incluyendo rentas o cánones (royalties) por usar o por el privilegio de usar en Puerto Rico pa-tentes, propiedad intelectual, fórmulas y procedimientos secretos, plusvalía, marcas de fábrica, sellos de fábrica, franquicias y otra propiedad similar.” Sec. 119(a), 13 L.P.R.A. sec. 3119(a). (Én-fasis nuestro.)
“ (a) Obligación de Retener. — En el caso de corporaciones ex-tranjeras sujetas a tributación bajo este subtítulo no dedicadas a industria o negocio dentro de Puerto Rico se deducirá y renten-drá en el origen, en la misma forma y sobre las mismas partidas de ingreso que se proveen en la see. 3143 de este título, una con-tribución igual al 29 por ciento de dicho ingreso . . . .” See. 144(a), 13 L.P.R.A. sec. 3144(a).
“(a) Obligación de Retener. — Todas las personas, cualquiera que sea la capacidad en que actúen,.. . que tengan el control, re-cibo, custodia, disposición, o pago de intereses, dividendos, par-ticipación en beneficios de sociedades, rentas, salarios, jornales, primas, anualidades, compensaciones, remuneraciones, emolu-mentos, u otras ganancias, beneficios e ingresos anuales o perió-dicos que sean fijos o determinables de cualquier individuo no residente (pero solamente hasta el límite en que cualquiera de las partidas arriba mencionadas constituya ingreso bruto de fuentes dentro de Puerto Rico) deberán deducir y retener de dichas ga-nancias, beneficios e ingresos anuales o periódicos una cantidad igual al 29 por ciento de los mismos si el receptor fuere un ex-tranjero . . . See. 143, 13 L.P.R.A. sec. 3143(a).

En Inter-American Orange Crush Co. v. Srio. de Hacienda, 81 D.P.R. 293, 306 (1959), expresamos:

“Los términos ‘fuentes fuera o dentro de Puerto Rico’ que usan las secciones 19 y 31 déla Ley, se refieren con todo rigor al origen de los ingresos. Estos se atribuyen al sitio en el cual se desarrollan las actividades o se usan o están localizadas las pro-piedades que rinden ganancias y utilidades. Y, en el caso de una corporación extranjera, los ingresos no son tributables si las propiedades de las cuales se derivan los mismos se usan o están localizadas fuera de Puerto Rico. La teoría básica de esta norma es que la imposición de contribuciones debe estar relacionada con la protección, oportunidades y ventajas otorgadas por el Estado a las propiedades y actividades que engendran las ganancias, uti-lidades y otros ingresos. Véanse P.R. Telephone Co. v. Secretario de Hacienda, 79 D.P.R. 895 (1957) y 8 Mertens, op. cit. supra, sec. 45.27.
Respecto a cánones (regalias), como hemos visto anterior-mente, la Ley de 1924 prescribe expresamente que la ‘fuente’ de dichos ingresos depende del sitio donde real y efectivamente se use la propiedad intangible que los produce. Si el uso tiene lugar en Puerto Rico, los cánones se atribuyen a ‘fuentes dentro de Puerto Rico’. En cambio, si la propiedad intangible se usa en un país extranjero, las ganancias y utilidades percibidas se consi-deran como ingresos derivados de ‘fuentes fuera de Puerto Rico’.” (Énfasis nuestro.)

Este pronunciamiento recoge claramente la medida básica a aplicarse para determinar si un ingreso proviene o no de fuentes de Puerto Rico, a saber, el factor predominante constituye el sitio donde real y efectivamente se usa la propiedad intangible que produce los ingresos. Sin embargo, como reconoce Mertens, al formular una respuesta en casos de rentas producidas por intangibles, incorporales o inmateriales . . nos acosa el viejo problema de precisar su sitio”. 8 Law Federal Income Taxation, Sec. 45.35,135.

Antes de analizar este aspecto, debemos resolver primera-mente si el conocimiento técnico especial (know-how), cons-tituye propiedad bajo la disposición de ley que considera in-gresos las rentas y cánones “por usar o el privilegio de usar”. La cuestión ha sido limitadamente examinada: Duke, Foreign Authors, Inventors, and the Income Tax, 72 Yale L.J. 1092 et seq. (1963); Bittker & Ebb, United States Taxation of Foreign Income & Foreign Person, (Source of Income), 172-182 (1968). Del estudio de las escasas fuentes disponibles, varios razonamientos nos mueven a concluir en la afirmativa. En el año 1955 se emitió la Opinión Administrativa Núm. 55-17 del Servicio de Rentas Internas Federal que considera-mos persuasiva:

“La esencia del contrato es poner a disposición de la corpora-ción doméstica los conocimientos, métodos y experiencia técnica, esto es, el conocimiento técnico especial (know-how) de la cor-poración foránea. Aun cuando el conocimiento técnico especial (know-how) de fabricar no es de naturaleza patentable, sí es algo que su poseedor puede conferir a otro por alguna considera-ción. El derecho a usar tal conocimiento técnico especial (know-how) no es materialmente diferente del derecho a usar marcas de fábricas, procesos secretos, fórmulas.” (Traducción nuestra.)

También, los intentos definitorios del concepto nos ayudan a reconocer su característica de propiedad. “El término no es susceptible de una definición exacta. En su sentido más am-plio, puede consistir de inventos, procesos, fórmulas o diseños que no están patentizados o no son patentizables; puede evi-denciar alguna forma de materia física, tales como planos, dibujos o especificaciones; de manera casi invariable incluye secretos de comercio; y puede envolver experiencia y destreza técnica acumulada, que a lo mejor, o tal vez, sólo puede ser comunicada a través del medio de servicios profesionales.” Creed & Bangs, “Know-How” Licensing & Capital Gains, 4 Patent, Trademarks & Copyright J. of Research Educ., 93 (1973). Otro autor, siguiendo esta misma línea de pensa-miento divide el conocimiento técnico especial (know-how) a base de su definición primitiva circunscrita a servicios profe-sionales hasta su evolución contributiva de propiedad:

“Conocimiento técnico especial (know-how) es inherente-mente un atributo personal, una idea, una destreza. Es el resul-tado de entrenamiento, práctica, experimentación y experiencia. Mucho de lo que se denomina conocimiento técnico especial (know-how) no puede expresarse tangiblemente por escrito o dibujos. Puede ser el medio a través del cual un técnico diestro, después de años de entrenamiento y constante práctica, hace su trabajo. Ha sido definido como el peritaje técnico y la destreza práctica acumulada que transforma una operación complicada a una eficiente y suave. A menudo ese conocimiento técnico especial (‘know-how’) solo puede ser comunicado mediante ciertas acciones del técnico; mediante enseñanzas; discusión y demons-tración. En el sentido contributivo, ahí hay solo ‘servicios’.”
“Hoy en día, conocimientos técnicos especiales (know-how) es más que una idea personal, destreza o servicio. Por su uso generalizado, él término abarca un número amplio de renglones que son producto de ideas o destrezas humanas. Algunos ejem-plos son diseños, planos, proyectos de plantas, modelos, especifi-caciones, formulaciones, patrones y procesos.” Duffy Frank, Doing Business Abroad, Use of American Know-how, 20th Annual N.Y. Institute, (1962) págs. 1269-1270.

Resumiendo, el concepto conocimiento técnico especial (know-how) implica la existencia de un conocimiento, destreza, habilidad y maestría, producto de un entrenamiento, práctica y experiencia susceptibles de ser transmitido a otra persona o aplicado a un objeto. Como tal puede ser valorado y sujeto al comercio de los hombres mediando retribución y cobra sentido estatutario “de propiedad similar” para fines contributivos de la See. 119 de la Ley, cuando de la dimensión de lo intangible pasa al mundo de lo corporal a través de un contrato que confiere una licencia de posesión exclusiva y con carácter de monopolio territorial a la obligación de suminis-trar dicho conocimiento técnico especial {know-how).

HH

En el caso de autos hemos visto, que mediante el contrato, Consolidated ofreció, representó y vendió sus conocimientos técnicos especiales (know-how) a Caribe y le otorgó una concesión de exclusividad o monopolio de explotación industrial en sus distintas fases, no transferible a otras personas. Es innegable que tal concesión produjo a Consolidated ingresos aquí en Puerto Rico. Estas circunstancias nos mueven a concluir que se trata de una “licencia”, tal y como lo reconocieron las partes al así caracterizarlo en las facturas. (Exhibit I — demandante). Dailey, The Concept of the Source of Income, 15 Tax L. Rev. 415, et seq. Estamos ante la explotación industrial de un conocimiento técnico especial (know-how) tributable, por originarse en Puerto Rico los ingresos. “Ingresos de regalías por el derecho a usar inventos, patentes o conocimientos técnicos especiales {know-hoio), tienen su fuente, en el país en que está ubicada la propiedad o se usa la tecnología”. J. White, International Tax Planning with U.S. Source Rule, 51 Taxes, The Tax Magazine 216 (1973). (Énfasis nuestro.)

Según los instrumentos, ambas partes aceptaron que la esencia del convenio era el carácter superior e innovador del conocimiento técnico especial (know-how) de Consolidated dimanante de su experiencia, originalidad, adaptación, inno-vación sustancial y mejoras en la técnica de la manufactura-ción de tapas, fórmulas y procesos en el control de calidad. Por diez (10) años las partes se beneficiaron recíprocamente de dicho conocimiento técnico especial {know-how). Por lo tanto, Caribe no puede ampararse en el hecho de que no hu-biera patentes o fórmulas secretas durante el período de los contratos, pues ella obtuvo “el derecho a recibir tales patentes o fórmulas secretas.”

Ahora bien, también la prueba refleja que Consolidated rindió en Brooklyn, Nueva York, los siguientes servicios de asesoría: Ingeniero Vivas y mecánico Camacho durante un período dos (2) y cuatro (4) meses respectivamente; a otros técnicos, asesoramiento y entrenamiento posterior en varias ocasiones; y análisis de laboratorio sobre control de tapas a base de una remisión de muestras semanales. Estos servicios fueron prestados fuera de Puerto Rico y no pueden computarse para fines contributivos como derivados de fuentes dentro de nuestra jurisdicción. Si bien en un enfoque estricto procesal correspondía a Caribe, como reclamante, el peso de la prueba y el aportar la evidencia necesaria para poder computar el valor razonable de tales servicios — y reducirse en la proporción correspondiente de la totalidad de los $120,000.00 pagados a Consolidated — consideramos de justicia devolver el caso a instancia de modo que dicho foro dilucide este extremo. Wodehouse v. Commissioner, 178 F.2d 987 (1949). La ausencia de normas, reglamentos e interpretación por el Secretario de Hacienda sobre esta novedosa cuestión así lo justifica.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no inter-vinieron.

      “Na menoscabamos la regla de respeto a las determinaciones de hecho de los tribunales de instancia cuando evaluamos prueba documental, pues sobre ésta ocupamos igual posición que la de los foros primarios. . . .” Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 262-263 (1974).

       Tienen como antecedentes las Sees. 119, 143 y 144 del Código de Rentas Internas federal de 1939.

       Para el tratamiento de este delicado asunto y el examen de alguna de las interrogantes que plantea, véanse: Rev. Rul. 55-17, 1955-1 CB 388; Bittker & Ebb, op. cit. 180.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Víctor Ríos Rivera, lesionado, Puerto Rico Glass Corporation, patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada y recurrida, Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-79-125

      Resuelto: 25 de junio de 1979

      Víctor G. Colón Hernández, Antonio Acevedo Torres y Francisco Fálú Lebrón, abogados del Fondo del Seguro del Estado, re-currente; Manuel De Jesús Mangual, José A. Lugo Irizarry, Pedro M. Ortiz Ubiñas y Héctor García Fernández, abogados del lesionado.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos que plantea el presente recurso requieren que examinemos una vez más — ya lo habíamos hecho en Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 712 (1973) — lo relacionado eon el pago de dietas por parte del Fondo del Se-guro del Estado, particularmente en el caso de personas a quienes se les ha reconocido alguna incapacidad parcial per-manente con motivo de lesiones contraídas en relación con su empleo, si dichas personas reclaman derecho a tratamiento médico adicional al que se les brindó durante el período inicial de recuperación.

Señalamos en Rivera Rivera, supra, pág. 716, que “[la] Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, codificada en el Título 11 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (L.P.R.A.), establece distintamente tres tipos de beneficios a que tiene derecho todo obrero o empleado que sufra lesiones o enfermedades ocupacionales dentro de las condiciones de dicha ley, a saber: (1) asistencia médica y medicinas que le sean prescritas, incluyendo servicios de hospital cuando fuere necesario; (2) compensación durante el período de recuperación, mientras el obrero esté incapacitado para trabajar, que es lo que se ha dado en llamar ‘dietas’; y (3) compensación ‘adicional’ por cualquier incapacidad permanente resultante, fuere de naturaleza parcial o total.” La controversia que ahora se suscita está centrada en los beneficios relacionados bajo el número (2), es decir, el derecho al pago de dietas, pero una vez se ha determinado la existencia de una incapacidad permanente y la persona lesionada reclama tratamiento adicional.

Veamos los hechos. El empleado Víctor Ríos Rivera su-frió una lesión en la espalda relacionada con su trabajo y bajo cubierta del Fondo del Seguro del Estado. Fue sometido oportunamente a tratamiento médico y dado de alta el 25 de enero de 1977, habiéndose determinado, mediante decisión notificádale el 21 de marzo de 1977, que resultó con una in-capacidad parcial permanente equivalente al diez por ciento de sus funciones fisiológicas generales. El empleado no estuvo conforme y apeló para ante la Comisión Industrial. Esta se-ñaló vista médica para el 2 de mayo siguiente, que fue sus-pendida por incomparecencia del abogado del apelante. Se hizo un segundo señalamiento de vista médica para el 17 de mayo de 1977 que también se suspendió, esta vez por faltar el expediente del Fondo. Un tercer señalamiento para el 6 de junio se dejó sin efecto por no haber comparecido ni el ape-lante ni su abogado. Finalmente se celebró la vista los días 22 de junio y 16 de noviembre de 1977, cuando se resolvió por la Comisión referir al empleado al Fondo para evaluación y terapia física en descanso. Parece no haber controversia en cuanto a que desde que se inició el tratamiento de terapia fí-sica en descanso — presumimos que el 17 de noviembre de 1977 —el apelante ha continuado bajo dicho tratamiento y no ha sido dado de alta.

El apelante reclamó del Fondo que se le pagaran dietas por el período comprendido entre el 25 de enero de 1977, fecha del alta luego del tratamiento inicial, y el 17 de noviembre de 1977, fecha siguiente a la decisión de la Comisión de referirlo al Fondo para evaluación y terapia física en descanso. El Fondo denegó la reclamación y el empleado apeló nuevamente ante la Comisión que luego de una vista pública ante un oficial examinador celebrada el 9 de agosto de 1978, decidió por resolución de 8 de diciembre de 1978 que el empleado re-clamante tiene derecho al pago de dietas “desde el 2 de mayo de 1977 al 15 de noviembre de 1977, previa verificación de que el lesionado no realizó labor remunerativa alguna durante el referido período.” A petición del Fondo hemos acordado re-visar dicha decisión y la resolución posterior que denegó su reconsideración, según lo intimamos en resolución sobre mos-tración de causa.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo re-gula lo concerniente al pago de dietas en el inciso 2 de su Art. 3,11 L.P.R.A. sec. 3, bajo el título “Incapacidad Transitoria.” Dicho inciso 2 dispone en su primer párrafo, que es el aquí aplicable, lo siguiente:

“2. Si la incapacidad fuere de carácter temporal o transi-toria, a una compensación equivalente a sesenta y seis y dos ter-cios (66%) por ciento del jornal que percibía el día del acci-dente, o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente, durante el período de incapacidad para el trabajo, pagadera por semanas vencidas. El período de tal pago no exce-derá en ningún caso de trescientas doce (312) semanas; Dis-poniéndose, que en ningún caso se pagará más de cuarenta y cinco (45) dólares ni menos de diez (10) dólares semanales. No se concederá compensación alguna por los primeros tres (3) días subsiguientes a la fecha en que el obrero o empleado se presente al médico para recibir tratamiento, a menos que el período de incapacidad para el trabajo como resultado de la le-sión se prolongue por diez (10) días o más, en cuyo caso se pagará al obrero o empleado lesionado el importe de los referidos tres (3) días. Disponiéndose que en aquellos casos que un lesio-nado a juicio del Administrador requiera como parte del trata-miento ser referido a adiestramiento o readiestramiento vocational el lesionado recibirá a la [sic] compensación antes men-cionada, pero en ningún caso se pagará más de veinte y seis (26) semanas. Ningún empleado o funcionario público, podrá recibir durante el período de incapacidad para el trabajo, con excepción del período que disfrute de la licencia regular por vacaciones o por enfermedad, cantidad alguna por concepto de compensa-ciones semanales que, sumado al sueldo que reciba de la agencia del gobierno para la que trabaje, exceda del sueldo regular de su plaza.”

Señalamos en nota al pie de página en Rivera Rivera, pág. 716, escolio (2), la tendencia moderna a abandonar la terminología clásica de “incapacidad temporera” o “transitoria” a que se aplica el pago de dietas, y llamar “período de recuperación,” en inglés healing period, a aquél comprendido entre el momento en que el lesionado se presenta al médico para tratamiento y la fecha en que es dado de alta. Al leer el transcrito primer párrafo del inciso 2 se notará que no se hace distinción alguna respecto a si el derecho a dietas ha de referirse al tratamiento que normalmente antecede a la determinación de la existencia de una incapacidad permanente, o a tratamiento posterior a dicha determinación.

Reconocemos en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y los reglamentos adoptados para hacerla cumplir las siguientes circunstancias bajo las cuales el Fondo del Seguro del Estado debe proveer tratamiento médico a un empleado que esté lesionado o sufra alguna condición física o mental como consecuencia de su trabajo:

(1) período de recuperación inicial, que es el que se inicia una vez el empleado se presenta para tratamiento luego de ocurrir un accidente del trabajo o cuando el empleado se queja por primera vez de alguna condición relacionada con su tra-bajo, y termina al ser dado de alta curado y sin incapacidad o porque se reconoce la existencia de una incapacidad perma-nente que no ha de mejorar con más tratamiento; 11 L.P.R.A. sec. 3; Rivera Rivera v. Comisión Industrial, supra;

(2) período de recuperación por recidiva, que es cuando con posterioridad al período de recuperación inicial, el em-pleado sufre una recaída en su condición sin intervención de causa alguna ajena al accidente, y dicha recaída requiere tratamiento adicional; 11 L.P.R.A. sec. 3; 11 R.&R.P.R. sec. 3-4. Véase Colbert v. Consolidated Laundry, 107 A.2d 521 (1954); y

(3) período de recuperación por agravación de una inca-pacidad preexistente, que es cuando con motivo de un se-gundo o subsiguiente accidente del trabajo, el empleado que ya padece una incapacidad parcial permanente, sufre una agravación de ésta y requiere tratamiento.

En cualquiera de estos casos el Fondo viene obligado a pagar dietas al empleado si durante el tratamiento el em-pleado está incapacitado para trabajar. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 751, 753 (1975). Esta incapa-cidad transitoria puede deberse a que la condición del em-pleado no le permita trabajar o a que el tratamiento mismo impide que trabaje. El pago de dietas estará sujeto sin embargo y en cada caso, a que la duración del tratamiento exceda de tres días y no exceda en su total acumulado las 312 semanas. 11 L.P.R.A. sec. 3, inciso 2.

Como hemos señalado, en adición al pago de dietas, el empleado a quien se le reconozca una incapacidad permanente relacionada con su trabajo tiene derecho a compensación adicional computada a base de dicha incapacidad, 11 L.P.R.A. sec. 3; Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 757 (1942). Ambos pagos sin embargo, no deberán coexistir. Bajo disposiciones estatutarias que persiguen propósitos similares a la nuestra así se ha resuelto en State Highway Dept. v. Crossland, 391 P.2d 801 (1964); Franks v. Dept. of Labor & Industries, 215 P.2d 416 (1950). Así, respecto al período de recuperación inicial, terminado éste se suspenderá el pago de dietas y comenzará el pago de compensación adicional si se determinare la existencia de una incapacidad permanente. Respecto a los períodos de recuperación por recidiva o por agravación de una incapacidad preexistente, se suspenderán los pagos correspondientes a compensación adicional una vez se restablezca el derecho al pago de dietas y mientras ese derecho subsista. Terminado ese segundo o subsiguiente período de recuperación con el alta que se decrete, se reinstalarán los pagos por compensación adi-cional. Véase Hondo Petroleum Co. v. Piearcy, 376 P.2d 1012 (1962). Los períodos de recuperación no afectarán la dura-ción o número de semanas a que el empleado tenga derecho por concepto de compensación adicional.

La razón de ser de estos pagos de dietas estriba en el concepto por el cual se pagan dietas. Hemos señalado que el pago de dietas procede si el empleado por motivo de su condición o del tratamiento está impedido de trabajar. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 751, 753 (1975). La Ley, hemos dicho, llama paga por “incapacidad transitoria” a estos pagos de dietas. Un empleado con una incapacidad parcial permanente puede trabajar, aunque limitado por su incapacidad. Cf. Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964); Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 549 (1965). La Ley le compensa en ese caso por la limitación que tiene. Pero si durante un período de recuperación está temporeramente impedido de trabajar, está privado del ingreso que el trabajo podría producirle, y la Ley le compensa por esa incapacidad temporera mediante el pago de dietas. Aunque este pago por dietas está limitado al equivalente de dos terceras partes del salario que devengaba antes de iniciarse el período de recuperación, pero no más de $45.00 ni menos de $10.00 por semana, dicha paga es normalmente mayor que la compensación por la incapacidad permanente. Es así porque aunque limitadamente las dietas pretenden suplir el salario que devengaba el empleado, mientras que la compensación adicional por incapacidad permanente suple el por ciento de incapacidad que limita la productividad del empleado. El pago de dietas se hace en base a un supuesto de incapacidad total transitoria. El pago de compensación adicional se basa en una incapacidad permanente, que puede ser parcial o total.

Atendidas las precedentes consideraciones, volvamos al caso de Víctor Ríos Rivera. Luego del período de recuperación inicial, el Fondo le dio de alta con un diez por ciento de inca-pací dad permanente. No estuvo conforme y apeló a la Co-misión. Esta no determinó un aumento en la incapacidad, pero dispuso tratamiento adicional de “terapia física en des-canso.” Podría entenderse con ello que la Comisión consideró que el período de recuperación inicial no había terminado cuando el Fondo le dio de alta el 25 de enero de 1977, lo que significaría que el Fondo le dio de alta indebidamente. Si ello fuere así, el pago de dietas no puede considerarse interrum-pido el 25 de enero de 1977. La prueba reseñada en los autos ante nos, sin embargo, no permite concluir que el alta dada el 25 de enero de 1977 fuera incorrecta.

La Comisión Industrial entendió que el lesionado debía ser sometido a tratamiento adicional, y dispuso el pago de dietas desde el 2 de mayo de 1977 hasta el 15 de noviembre de 1977 (¿ ?). No acertamos a comprender la justificación de estas fechas. El 2 de mayo de 1977 fue la fecha del primer señalamiento para vista médica, dejado sin efecto por incom-parecencia del abogado del lesionado, como fue también sus-pendido un señalamiento posterior — para el 6 de junio de 1977 — por incomparecencia del lesionado y de su abogado. La fecha del 15 de noviembre es la anterior a la de la decisión de ordenar tratamiento adicional.

Se ha señalado, por otra parte, que a la fecha en que el caso quedó sometido a nuestra consideración (30 de abril de 1979) el lesionado continúa bajo tratamiento “en descanso” y no ha sido dado de alta por el Fondo. ¿Significa esto que este hombre ha estado bajo incapacidad total transitoria desde el 25 de enero de 1977 hasta el presente? Ello sería cues-tionable si la incapacidad permanente del empleado que aquí nos ocupa es de solamente un diez por ciento de las funciones fisiológicas generales. Parece que por alguna parte se ha es-tado ignorando al lesionado, que debió ser atendido pronta-mente, o descuidando la obligación de velar por la solvencia económica del Fondo. El lesionado tampoco mostró gran in-terés en la solución de su caso, dado que él o su abogado o ambos provocaron la suspensión de dos señalamientos para vistas médicas hechos por la Comisión.

El pago de dietas no puede hacerse depender de los azares del trámite administrativo. Debe depender de que se inicie y exista un período de recuperación que, como hemos señalado, supone que el empleado esté impedido de trabajar y que esté bajo tratamiento. Los autos ante nos son insuficientes para permitirnos llegar a alguna conclusión sobre el particular. Para hacer cumplida justicia al lesionado y al Fondo, deberá determinarse médicamente, tan cercano a la realidad como fuese posible, cuál ha debido ser la duración del período de recuperación de este lesionado a los fines de su posible derecho al pago de dietas y adjudicarse en definitiva el por ciento de su incapacidad permanente y la fecha a que deba retrotraerse tal adjudicación.

Se expedirá el auto de revisión solicitado, se dejará sin efecto la resolución recurrida, y se dispondrá que el caso sea devuelto a la Comisión Industrial para que, a la mayor brevedad posible, determine lo que proceda de conformidad con lo aquí expuesto.

      La Ley regula estas incapacidades en el citado Art. 3 bajo el acápite “Incapacidades preexistentes.” 11 L.P.R.A. sec. 3.

      Un empleado puede ser dado “de alta para continuar trabajando con derecho a curación en horas no laborables, por razón de haber cesado la inhabilidad para el trabajo.” 11 R.&R.P.R. sec. 3-7(a). En estos casos debe considerarse que el período de recuperación en lo que al pago de dietas se refiere, termina con el “alta para continuar trabajando.” Véase Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 664 (1944).

       Permanente es aquella incapacidad que ha de existir a través de toda la vida del lesionado. 2 Larson The Law of Workmen’s Compensation, sec. 57.10, nota 7. Dicha condición, sin embargo, puede agravarse, mejorar, o aun en ciertos casos, desaparecer, lo que motivaría la reapertura del caso y el ajuste en la compensación. 3 Larson, supra, sec. 81.00; 11 L.P.R.A. sec. 6; Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 270 (1975); Rodriguez v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 915 (1944).


text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-76-536

      Resuelto: 26 de junio de 1979

      Gladys J. Ramos Rosario, abogada de la peticionaria; Marcelino Delgado Medina, abogado de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso versa sobre la obligación contraída por un pa-trono, en virtud de un convenio colectivo, de descontar de la paga de sus empleados y remesar a la unión que les repre-senta las cuotas de afiliación que éstos deben pagar. Se plan-tea si el trámite iniciado por otra unión para ser certificada por la Junta de Relaciones del Trabajo impide que opere una cláusula de renovación automática del convenio y si, de ha-berse renovado el convenio en virtud de dicha cláusula, actúa correctamente el patrono y no incurre en práctica ilícita de trabajo al remesar a la primera unión lo descontado para cuotas, no obstante haber sido certificada la segunda como representante exclusiva de los empleados y tener conoci-miento de ello el patrono para la fecha de la remesa. Se plan-tea, además, si la Junta, en el supuesto de hallar al patrono incurso en la práctica ilícita, tiene facultad para, al ordenar al patrono devolver a los empleados lo descontado, imponerle como penalidad el pago de una suma adicional igual.

I

Los hechos no están controvertidos. La Unión de Emplea-dos Profesionales de la Autoridad de las Fuentes Fluviales— en adelante UPAFFI — formuló un cargo por práctica ilícita de trabajo contra la Autoridad de las Fuentes Fluviales a base del cual la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico expidió querella en que alegó, en lo aquí pertinente, lo siguiente:

“3. Que hasta el 2 de julio de 1971, fecha en que expiró el convenio anterior, la Brotherhood of Railways, Airlines and Freight Handlers, Express and Station Employees, AFL-CIO era la representante exclusiva de los empleados profesionales uti-lizados por la querellada.
“4. Que la querellante, previo un procedimiento de represen-tación, fue certificada por la Junta el 21 de julio de 1971, asu-miendo así la representación exclusiva de los antes mencionados empleados.
“5. Que no obstante este hecho, el 16 de agosto de 1971 la querellada remesó a la anterior unión cuotas descontadas a los empleados profesionales para la quincena del 3 al 17 de julio de 1971, cuando ésta ya no representaba a dichos empleados.
“6. Que la conducta anteriormente señalada constituye una práctica ilícita de trabajo a tenor con el Artículo 8, Sección 1, Inciso (b) de la Ley.”

La Autoridad contestó oportunamente la querella. Aceptó lo alegado en el transcrito párrafo 4, negó el 3 y el 6, y en cuanto al 5 expresó:

“De las alegaciones del párrafo 5 admite que realizó el des-cuento y envío de cuotas a la Brotherhood of Railways, Airline and Freight Handlers, Express and Station Employees, AFL-CIO, (BRAC), pero niega que durante la quincena del 3 al 17 de julio dicha Unión no fuera la representante de los empleados.”

La contención de la Autoridad, invocada en sus defensas afirmativas, se centró en su alegación de que hasta el 21 de julio de 1971, fecha en que la UPAFFI fue certificada por la Junta como representante de los empleados, rigió el convenio colectivo que existía entre ella y la BRAC, y que el descuento de cuotas y su envío a la BRAC se hizo de conformidad con los términos de dicho convenio.

Luego de los correspondientes trámites administrativos la Junta halló probado el cargo e ineursa a la Autoridad en la práctica ilícita imputádale. En consecuencia, además de or-denarle cesar y desistir de incurrir en tal práctica, le re-quirió “[reembolsar] a todas las personas que se determine eran empleados profesionales de la querellada a quienes se le descontaron cuotas durante la quincena comprendida entre el 3 y el 17 de julio de 1971, la diferencia en salario que no se les pagó más una suma igual por concepto de doble penalidad y en adición, los intereses legales correspondientes.” La Junta nos ha solicitado que pongamos su orden en vigor y la Auto-ridad se opone.

No se discute ante nos que el descuento de las cuotas y su envío a una unión que no representa a los empleados constituye una práctica ilícita de trabajo en violación de la See. 8(1) (b) de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 69(1) (b). Esta disposición considera práctica ilícita de trabajo el que un patrono:

“(b) Inicie, constituya, establezca, domine, intervenga o in-tente iniciar, constituir, establecer, dominar o intervenir con la formación o administración de cualquier organización obrera, o contribuya a la misma con ayuda económica o de otra clase; Disponiéndose, que no se prohibirá a un patrono deducir suma alguna de dinero del salario, ganancias o ingresos de un empleado para el pago de cuotas a una organización obrera cuando tal de-ducción sea requerida en virtud de los términos de un convenio colectivo celebrado entre el patrono y una organización obrera no establecida, mantenida o ayudada por acción alguna definida en este subcapítulo como práctica ilícita de trabajo, si dicha or-ganización obrera es el representante de una mayoría de sus em-pleados según lo provisto por la sec. 66(1) de este título en una unidad apropiada cubierta por tal convenio.”

El convenio que aquí nos ocupa fue suscrito en abril de 1969 entre la Autoridad y BRAC como representante de los empleados profesionales, para regir hasta el 2 de julio de 1971. Su artículo XLIX disponía, sin embargo, en su inciso A, que el convenio continuaría en vigor después de su venci-miento “por años subsiguientes con todas sus propiedades a menos que una de las partes notifique por escrito a la otra su deseo de modificarlo a más tardar seis (6) meses antes de su vencimiento.”

La prueba estableció que el 9 de septiembre de 1970, es decir, casi diez meses antes del vencimiento, UPAFFI inició trámites ante la Junta de Relaciones del Trabajo para “in-vestigación y certificación” como representante de los em-pleados profesionales de la Autoridad. Hubo más tarde — el 22 de febrero — un desistimiento sin perjuicio, y luego se reno-varon las gestiones de la UPAFFI, que culminaron con la celebración de elecciones el 2 de julio, día en que vencía el convenio, elecciones que ganó la UPAFFI, siendo certificada el 21 de julio como representante exclusiva de dichos empleados.

» — I

Arguye la Autoridad que la mera presentación a la Junta de la solicitud de investigación y certificación hecha el 9 de septiembre de 1970 no constituía la notificación requerida por el convenio, ni impedía su renovación automática. No estamos de acuerdo. Presentada la solicitud mucho antes de los seis meses que faltaban para el vencimiento del convenio, pudo tener el efecto de impedir la prórroga. No tenía que ser la BRAC quien diera el aviso requerido por la cláusula que nos ocupa. El fundamento lo expresó con claridad la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo en In the Matter of Mill B., Inc., 40 N.L.R.B. 346, 351, (1942), al expresar:

“La salvaguardia contra la perpetuación por inercia de un representante negociador .... radica en el poder de los emplea-dos de notificar dentro del término especificado en el convenio su reclamo a tener un nuevo agente negociador. Debe tenerse pre-sente siempre que las organizaciones obreras son meramente agentes de los empleados en una unidad apropiada. No vamos tan lejos como sostener que solamente la unión que es una parte en el convenio puede notificar la intención de terminarlo antes de que opere la cláusula sobre renovación. Los empleados pueden lograr el mismo resultado si ellos mismos significan su intención de designar un nuevo representante, ya sea mediante notificación directa al patrono o mediante la formulación de una petición ante la Junta.”

En Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509, 520 (1966), hicimos expresiones parecidas. “También conviene tener presente,” dijimos, “porque parece que se olvida, que las uniones no son las beneficiarías de los convenios colectivos, sino que los beneficiarios son los obreros, en aquella medida en que los convenios les confieren beneficios de cualquier clase.” Y más adelante, en la misma página, señalamos: “Las partes sustantivas en la relación obrero-patronal son los obreros y los patronos y no sus respectivos agentes o representantes.”

El desistimiento por UPAFFI de su solicitud, hecho el 22 de febrero de 1971 y ya dentro del período de los seis meses anteriores al vencimiento del convenio, pudo tener el efecto de anular la notificación de no renovar a que equivalió la presentación de la petición en septiembre. Pero no puede pasarse por alto que se hizo sin perjuicio, y que según surge de los autos, ya el 19 de enero UPAFFI había presentado otra petición a los mismos fines.

La fraseología de la cláusula de renovación automática es, por otra parte, de dudosa obligatoriedad en cuanto a impedir a los empleados dar por vencido el contrato y celebrar elecciones. Dicha cláusula dice: “. . . y continuará en vigor por años subsiguientes con todas sus propiedades . . . .” Cláusulas redactadas en términos similares han sido eonsi-deradas en el ámbito federal como que establecen prórrogas de duración indefinida. Véanse Lane Aviation Corp. and Teamsters Union, 211 N.L.R.B. 824 (1974); Hope Webbing Co., 119 N.L.R.B. 145 (1957); Fawcett-Dearing Printing Co., 106 N.L.R.B. 21 (1958). Se ha resuelto que tales cláusulas no impiden que el convenio sea terminado por voluntad de cualquiera de las partes. Fawcett-Dearing, supra, pág. 22, escolio 4. Véase también Hope-Webbing, supra. Se resolvió en Pacific Coast Associates, 121 N.L.R.B. 990, 993 (1958), que los convenios de duración indefinida no impiden la celebración de elecciones. Señalamos en Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., supra, pág. 519, que “un convenio de duración excesivamente larga no sería obstáculo para una elección y para una nueva negociación” tanto en nuestra jurisdicción como en la federal.

Independientemente de las normas que hemos expuesto en cuanto a la terminación del convenio, la Autoridad estaba impedida en este caso, por sus propios actos, de seguir reme-sando a la BRAC las cuotas descontadas a sus empleados. La Autoridad no negó al contestar la demanda que la remesa se hizo el 16 de agosto de 1971. Ya para esa fecha sabía que la unión certificada como representante exclusiva de sus em-pleados profesionales era la UPAFFI. Dicha unión fue certi-ficada el 21 de julio de 1971, y entonces comenzaron negocia-ciones entre UPAFFI y la Autoridad para concertar un nuevo convenio.

Más aun, el 4 de agosto de 1971 la Autoridad y UPAFFI llegaron a un acuerdo que hicieron figurar por escrito y sus-cribieron, el cual contiene las siguientes estipulaciones:

“1. Adoptar el convenio colectivo que firmaron el 25 de abril de 1969 la AUTORIDAD y la Brotherhood of Railway, Airline and Freight Handlers, Express and Station Employees, AFL-CIO, Unión que representaba anteriormente a los empleados pro-fesionales de la Autoridad. Se entenderá que el convenio colec-tivo se adopta en su totalidad salvo como más adelante se espe-cifica.
2. Cuando el convenio colectivo antes referido se haga alusión a la ‘Brotherhood of Railway, Airline and Freight Handlers, Express and Station Employees, AFL-CIO’, o a la ‘Brotherhood’, o a ‘la Local de la Brotherhood’, se entenderá para todos los efec-tos que se refiere a la UPAFFI.
3. La UPAFFI queda relevada del requisito de la notificación de seis meses establecido en el apartado (a) del Artículo XLIX.
5. El acuerdo contenido en esta estipulación estará vigente desde el 3 de julio de 1971 hasta tanto se firme el convenio colec-tivo que las Partes han comenzado a negociar.”

Como hemos señalado, ese acuerdo se firmó el 4 de agosto. No obstante que expresamente se dispuso que donde se hiciera referencia en el convenio a la BRAC “se entenderá para todos los efectos que se refiere a la UPAFFI” doce días más tarde, el 16 de agosto, la Autoridad remesó a BRAC, que ya no re-presentaba a sus empleados, los dineros descontados a éstos. La BRAC no les representaba desde el 3 de julio por haberse hecho retroactivo a dicha fecha (párrafo 5 del acuerdo) las estipulaciones entre la Autoridad y UPAFFI. Para la fecha en que remesó los descuentos a la BRAC no podía ignorar el acuerdo contraído con UPAFFI.

La A.F.F. cita en su apoyo los casos de J.R.T. v. A.M.A., 91 D.P.R. 500 (1964); Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966); Fender Musical Instruments, 175 N.L.R.B. 873 (1969); N.L.R.B. v. Swift, 294 F.2d 285 (1961); y Suburban Transit Corf. v. N.L.R.B., 86 L.R.R.M. 2627 (1974).

Los casos de J.R.T. v. A.M.A., supra; Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., supra; y Fender Musical Instruments, supra, son distinguibles del caso de autos por tres razones. En primer lugar, ninguno presenta la operación de una cláusula de renovación auomática, por el contrario, los tres presentan un convenio colectivo de duración determinada. Segundo, los tres presentan convenios colectivos que no habían vencido al mo-mento en que se realizó el acto que se imputa como práctica ilícita del trabajo. Tercero y último, en esos tres casos las elecciones y la certificación se produjeron antes de la fecha establecida en el convenio para su expiración. En el caso de autos lo que se plantea es precisamente si operó la cláusula de renovación automática y las elecciones y la certificación se produjeron luego de la fecha de expiración del convenio.

Pasemos a los casos de N.L.R.B. v. Swift, supra, y Suburban Transit Corp. v. N.L.R.B., supra. El segundo de ellos es una reafirmación de la doctrina establecida en el primero. Ninguno tiene valor persuasivo para lo planteado ante nos, en primer lugar, porque se refieren a la doctrina de Midwest Piping & Supply Co., 68 N.L.R.B. 1060 (1945), que tampoco es aplicable al caso de autos. Según dicha doctrina, constituye una práctica ilícita el que un patrono reconozca y negocie con una de dos o más uniones como representante exclusivo mien-tras está pendiente la petición de certificación de otra unión rival y exista una verdadera cuestión sobre representación. Esa situación de hechos no está presente en autos.

En segundo lugar, el caso de autos no presenta una re-clamación “desnuda de representación mayoritaria” (“naked claim of majority representation”) como en Swift, supra. Allí nunca se ordenó o celebró una elección, ni se logró reu-nir el 30% de los empleados para la solicitud de certificación. En el caso de autos se presentaron tres peticiones por la mis-ma unión, culminando el proceso en una elección y certifica-ción de una nueva representante.

En conclusión, el convenio que suscribieron la BRAC y la Autoridad cesó a su vencimiento el 2 de julio de 1971. La oportuna solicitud de investigación y certificación presentada por la UPAFFI a la Junta el 9 de septiembre de 1970, im-pidió su renovación automática. Sin embargo, el acuerdo en-tre la UPAFFI y la Autoridad suscrito el 4 de agosto de 1971, tuvo el efecto de renovar dicho convenio provisionalmente a partir del 3 de julio de 1971, y desde entonces era la UPAFFI y no la BRAC la unión que representaba a los empleados.

III

Consideraremos el aspecto de la penalidad impuesta, es decir, el pago de lo descontado más una suma igual. Convenimos con la Autoridad en que se trata de una medida punitiva y no reparadora, que es lo que contempla la Ley de Relaciones del Trabajo. Rivera v. J.R.T., 70 D.P.R. 5, 13 (1949).

Para que un remedio sea reparador, la acción afirmativa que se ordena “debe propender a garantizar a los empleados aquellos derechos que el estatuto consagra, entre los cuales se destacan el de negociar colectivamente, y como corolario indispensable, el de disfrutar de los beneficios que se logran a través de la negociación. La acción afirmativa que contempla la Ley se dirige a restituir al empleado afectado por la comisión de las prácticas ilícitas a las misma posición que ocuparía de no haberse observado la conducta detrimental.” J.R.T. v. Ceide, 89 D.P.R. 674, 685-686 (1963). La suma igual adicional aquí ordenada por la Junta, si bien engrosaría el patrimonio de los empleados, no persigue con ello repararles ningún perjuicio. El descuento indebidamente hecho queda compensado con su devolución, más los intereses. La imposición del pago de una suma igual es claramente punitiva. La autorización para este tipo de imposiciones debe surgir con claridad de algún estatuto. Salgado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 367, 372 (1965) y casos ahí citados. No se nos ha citado, ni hemos hallado ley alguna, que lo autorice.

La Junta cita en su resolución el caso de J.R. T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844 (1964), para sostener su facultad para imponer la penalidad que aquí consideramos. Dicho caso es completamente inaplicable. Allí ni se impuso una doble compensación por la Junta ni se planteó si la Junta tenía facultad para imponer tal tipo de penalidad. Únicamente se impuso el pago del salario dejado de percibir por los obreros despedidos.

En Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974), concluimos que en ausencia de estatuto, convenio colectivo o contrato particular que asi lo reconozca, no procede la imposición de penalidades en casos de reposición por despido. Mucho menos proceden en casos de prácticas ilícitas en las que su imposición no constituiría una medida reparadora.

Se enmendará la orden de la Junta de Relaciones del Trabajo para eliminar la imposición de una suma igual como penalidad y así modificada se dictará sentencia poniendo en vigor dicha orden.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

      Se ha reconocido bajo la ley federal de relaciones del trabajo, en Stainless Steel Products, Inc., 157 N.L.R.B. 232 (1966), que ello constituye una práctica ilícita de trabajo.


author: PER CURIAM:

text:
    Edilberto Torres, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Dr. Francisco Rivera Lizardi, Dr. Herminio Alvarez Díaz y Hospital San Rafael, demandados y recurrentes.

      Números: R-78-432, R-78-436

      Resueltos: 27 de junio de 1979

      Angel R. de Corral Julia, abogado del recurrente Dr. Francisco Rivera Lizardi y Guillermo Silva Janer, abogado del recurrente Dr. Herminio Alvarez Díaz; Rafael S. Fuentes Rivera, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

Los hechos de este caso son tan claros, la relación causal entre parte de esos hechos y el daño infligido es tan directa, el control del agente o instrumento que causó el daño estaba tan totalmente en manos de los demandados, la completa ignorancia e indefensión de la niña perjudicada era tan total y la inescapable conclusión de que si hubiese habido la diligencia y cuidado mínimo que es de esperar en tales situaciones no se hubiese causado el daño, hacen de este caso prácticamente uno de res ipsa loquitur.

Este es un caso tan claro como el célebre caso original que inició la conocida teoría o doctrina de responsabilidad civil de res ipsa, en el cual, como se recordará, un barril se cayó de un segundo piso y estropeó a una persona que transitaba en esos momentos por la calle. Byrne v. Boadle, 2 H. & C. 722, 159 Eng. Rep. 299 (1863).

A la perjudicada, una niña recién nacida, se le estaba practicando un cambio de sangre. Para tales fines la niña fue colocada dentro de una bandeja o azafate de plástico que se fabrica para esos y otros propósitos y en el cual hay, en bajo relieve, construida la figura de un niño. Allí se coloca al pequeño paciente y se le amarra para que no se mueva mientras los facultativos llevan a cabo la operación o tratamiento pertinente.

En este caso, para mantener a la paciente a una temperatura cálida le colocaron debajo de la bandeja o azafate plástico una almohadilla eléctrica de calefacción que estaba enchufada mediante un alambre eléctrico a un recep-táculo suplidor de corriente eléctrica. Desde luego, la intensidad del calor y la duración del mismo deben ser las apropiadas para mantener al paciente lo más confortable posible pero no para perjudicarlo.

En este caso los dos médicos demandados y la enfermera no estuvieron conscientes de esas limitaciones y el resultado fue que la paciente sufrió quemaduras graves, de tercer grado, en sus nalgas. Las fotografías demuestran que las nalgas de la paciente quedaron achicharradas y de color oscuro, exactamente como queda la carne quemada. Las fotografías posteriores, luego de la penosa curación de dichas quemaduras, demuestran las nalgas de la niña con enormes cicatrices rojas y la piel deformada. Durante la operación el bebé lloraba y, según la prueba aportada por la enfermera, uno de los facultativos estimó que se debía a deficiencia de calcio y le administró una inyección de dicha sustancia. Dicho tratamiento no detuvo el llanto de la paciente.

La enfermera declaró que notó que la niña estaba caliente y rojiza y solicitó permiso para retirar la almohadilla de calefacción, el cual obtuvo y la retiró.

Los facultativos recurrentes alegan que no conocían de la existencia de la almohadilla. Esto no nos parece muy probable, pero de ser cierto, debieron haberlo sabido. Debió ser un indicio digno de investigación el hecho de que la niña estaba caliente y rojiza, según declaró la enfermera.

El tribunal de instancia valoró modestamente los daños causados a la perjudicada en $40,000 y en $5,000 para cada uno de los padres. También concedió $2,000 por concepto de honorarios de abogado y las costas. Ante la situación de hechos de este caso no vemos razón alguna para intervenir en las conclusiones de hecho del tribunal de instancia ni con su estimación de los daños. Recurrieron ante nos los dos facultativos pero no el hospital demandado.

Se confirmará la sentencia recurrida y la responsabilidad solidaria de todos los demandados.