source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

license: Public Domain

text:
    Luis R. Maldonado Elías, apelante, v. Carmelo González Rivera, Alcaide, apelado.

      Número: CE-86-97

      Resuelto: 30 de enero de 1987

      Ivette Aponte Nogueras, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Vannessa Ramírez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Luis R. Maldonado Elias presentó, el 22 de enero de 1986, una petición de habeas corpus ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para solicitar su libertad. En la vista celebrada el 12 de febrero de 1986 la defensa adujo que la encarcelación del peticionario el 9 de enero de 1986, cuando éste disfrutaba de libertad bajo palabra, fue ilegal y en violación al debido proceso de ley, toda vez que no se le celebró una vista ante la Junta de Libertad Bajo Palabra previo al arresto. Invocó los casos de Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972); Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973), y Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985). El tribunal de instancia declaró el mismo día de la vista, y en corte abierta, sin lugar el referido recurso. El 17 de marzo de 1986 se registró y noti-ficó la sentencia escrita y se le fijó fianza en apelación. En la misma fecha la Junta revocó en forma final la orden de liber-tad bajo palabra.

En apoyo del recurso se sostiene que el procedimiento esta-blecido en el Art. 5 de la ley para la revocación de este bene-ficio, 4 L.P.R.A. see. 1505, no cumple las garantías mínimas que reconoce la cláusula constitucional del debido proceso de ley y que la Junta erró al revocarle la libertad bajo pala-bra. El Procurador General ha comparecido. Resolvemos.

El Art. 5, supra, establece el procedimiento a seguirse para el arresto del liberado bajo palabra, al igual que provee para la revocación de este beneficio. El liberado podrá ser arrestado y recluido “previa investigación preliminar . . . que revele infracción de alguna condición de la libertad bajo palabra”. Dentro de los sesenta días a partir del arresto del liberado “la Junta deberá ... practicar una investigación y solicitar el informe de evaluación de la Administración de Corrección sobre la alegada violación a las condiciones de la libertad bajo palabra”.

Además, la Junta tiene que notificar por escrito al libe-rado los hechos que se le imputan como causa para la revoca-ción y darle la oportunidad de comparecer representado por abogado a exponer las razones por las cuales no deba revocár-sele el beneficio de la libertad bajo palabra. La notificación tiene que hacerse con por lo menos diez días de anticipación a la fecha señalada para la investigación, disponiéndose que:

Si la Junta no celebrare la investigación dentro del tér-mino fijado en esta sección, el liberado será puesto en liber-tad inmediatamente, previa orden al efecto expedida por el Presidente de la Junta o por la persona que esté actuando por él. La alegada infracción a la libertad bajo palabra se considerará como no cometida si, transcurridos noventa (90) días desde la excarcelación del liberado, la Junta no celebra la investigación y revoca la libertad bajo palabra. 4 L.P.R.A. see. 1505.

En el presente caso un examen del expediente ante la Junta demuestra que, para la revocación de la libertad bajo palabra al apelante, se dio cumplimiento a las disposiciones de ley. El 4 de noviembre de 1985 la Junta recibió la comuni-cación escrita del oficial que supervisaba al apelante, mien-tras disfrutaba de libertad bajo palabra, que le imputaba el uso de sustancias controladas en violación de la condición Núm. 7 del Mandato de Libertad Bajo Palabra. Dos días más tarde la Junta ordenó el arresto del apelante. Se le notificó sobre el escrito, donde se le imputó haber violado una de las condiciones fijadas a su libertad dentro del término que dis-pone la ley y se le celebró la vista dentro del plazo reglamen-tario. Habiéndose probado la comisión de la violación impu-tada, la Junta efectuó la determinación de revocar al liberado el beneficio de libertad bajo palabra.

El arresto se produjo de conformidad con las disposiciones de ley que crean el procedimiento para el arresto y revocación de la libertad bajo palabra. El tribunal de instancia actuó correctamente al denegar la solicitud de hábeas corpus y resolver que no existía ilegalidad alguna en la detención del apelante.

Sin embargo, se queja el apelante de que la Junta ordenó su arresto sin que se le celebrase una vista inicial o prelimi-nar antes de la fecha en que fue arrestado. Aduce que, por consiguiente, su encarcelación fue en violación al debido proceso de ley. Apoya su planteamiento en la opinión del caso Morrissey v. Brewer, supra.

Ante la interrogante de qué tipo de procedimiento habrá de seguirse para salvaguardarle al convicto, que goza de libertad condicionada, las garantías constitucionales aplicables en la etapa postsentencia en el procedimiento de revocación de libertad bajo palabra, el Tribunal Supremo en Morrissey v. Brewer, supra, señala que las garantías mínimas son: (1) una vista preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el liberado ha violado las condiciones de la libertad bajo palabra, y (2) una vista final antes de la decisión definitiva sobre si la libertad bajo palabra será revocada. Véase Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 725.

En Gagnon v. Scarpelli, supra, el Tribunal Supremo re-solvió a favor de los probandos al establecer que no existe diferencia alguna en cuanto al debido proceso de ley que debe ser garantizado en los procedimientos de revocación de liber-tad bajo palabra o de revocación de libertad a prueba.

Sin embargo, el probando y el liberado bajo palabra tienen una libertad cualificada, ya que se les impone una serie de condiciones que el Estado entiende que son necesarias para lograr la total rehabilitación. Una vez en la libre comunidad esas personas comienzan a desarrollar toda una serie de acti-vidades que son propias de aquellas personas que no tienen condicionada su libertad. Por esta razón, es que la persona tiene derecho a conservar su libertad mientras no viole las condiciones de la libertad bajo palabra y a que se le concedan unas garantías mínimas antes de la revocación de la libertad bajo palabra. En este contexto es que el Tribunal Supremo entiende que si una persona puede ser condenada o estar su-jeta a una pérdida lastimosa o dolorosa de su libertad, el Estado debe concederle unas garantías procesales.

No obstante, esas garantías procesales no tienen que equipararse totalmente con las que son ofrecidas a todo acu-sado en un encausamiento criminal, ya que el procedimiento de revocación de la libertad bajo palabra pertenece a una etapa posterior. Otra razón, para esa distinción, es que el Estado tiene interés en la protección de la sociedad, en que una vez la persona viole las condiciones de la libertad bajo palabra pueda ser reingresada sin la pesada carga que se le impondría de tener que concederse todas las garantías pro-cesales que cobijan a un acusado en un encausamiento criminal. Resultaría improcedente reconocer la totalidad de estas garantías procesales por la sencilla razón de que ya el Estado probó la culpabilidad de esa persona más allá de toda duda razonable cuando se celebró el juicio por los delitos por los cuales a la persona se le concede la libertad bajo palabra.

Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, configuró un procedimiento para la revocación de la sentencia suspen-dida o probatoria, con arreglo a unas directrices que fijan el contenido mínimo de la garantía constitucional que salva-guarda el interés libertario del probando, cobijado por el manto del debido proceso de ley.

El arresto sumario del convicto liberado no viola el debido procedimiento de ley como pretende el apelante. Ni Morrissey v. Brewer, supra, ni Gagnon v. Scarpelli, supra, como tampoco Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, resuelven que el debido procedimiento exige la celebración de una vista inicial antes de que pueda obtenerse una orden de arresto del convicto liberado. Lo que se exige es la celebración de una vista, prontamente, luego de su arresto y antes de que se tome la determinación final o concluyente de revocar el beneficio de libertad bajo palabra o probatoria.

Reiteramos que existe en Puerto Rico un procedimiento válido para la revocación de la libertad bajo palabra. 4 L.P.R.A. see. 1501 y ss. Éste ha sido citado con aprobación en el caso Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 727 n. 6. Allí se mencionó que el mismo incluye ambas garantías constitucionales mínimas tales como notificación y vista. El trámite estatutario confiere a la Junta la facultad para ordenar la investigación preliminar, ordenar el arresto sumario y dilucidar finalmente en una vista el hecho de la violación a las condiciones fijadas en la orden que concedió la libertad, y luego decidir si dicha violación amerita revocar la orden anterior. Estos requisitos unidos a las salvaguardas establecidas en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, protegen adecuadamente los derechos constitucionales de aquel que ha recibido los beneficios de la libertad bajo palabra.

La vista de revocación celebrada al apelante el 20 de febrero de 1986 se llevó a cabo dentro del plazo reglamentario y se observó el procedimiento estatutario vigente en nuestra jurisdicción. (Véase nota al calce Núm. 2.) En esas circuns-tancias al apelante no se le vulneró el debido proceso de ley al revocarle la libertad bajo palabra. El apelante compareció a la vista final de revocación definitiva donde tuvo la oportu-nidad de hacer valer todos sus derechos. No tener la oportu-nidad de la vista inicial no es un error perjudicial. Véase Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 733 n. 9. El trámite posterior subsanó el alegado “error” procesal.

Se confirmará la sentencia apelada y se ordenará la can-celación de la fianza y la encarcelación del apelante.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió un voto particular. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión escrita.

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Hernán-dez Denton.

Al votar a favor de la opinión del Tribunal, aprovecho la oportunidad para hacer unas expresiones adicionales en rela-ción con el alcance de la doctrina del debido proceso de ley sobre la junta gubernamental, que tiene a su cargo la conce-sión y revocación de los beneficios de libertad bajo palabra.

I

La Constitución de Estados Unidos incorpora el concepto del debido proceso de ley en las Enmiendas Quinta y Decimo-cuarta, las cuales tienen su origen en la experiencia histórica americana de que los derechos fundamentales se pueden pro-teger y conservar solamente si hay alguna limitación a las actuaciones arbitrarias y caprichosas del Estado. El aspecto procesal del debido proceso establece los límites constitucio-nales a las actuaciones gubernamentales y requiere que el ciudadano sea oído antes de que el Estado lo prive de su pro-piedad o libertad:

El principio más antiguo del derecho administrativo es el que una parte no debe sufrir [una pérdida], en su persona o propiedad, sin una oportunidad de ser oída. . . . Pero el dere-cho a ser oído ... es un derecho constitucional fundamental. ... El significado literal de debido proceso de ley es un proceso justo. Esto significa que ninguna persona puede ser privada de su vida, libertad o propiedad sin una oportunidad de ser oída en defensa de sus derechos. (Traducción nues-tra.) B. Schwartz, Administrative Law, Boston, Little, Brown & Co., 1985, Sec. 5.1, págs. 202-203.

Este requisito constitucional asegura y facilita la partici-pación de la ciudadanía afectada en los procesos decisionales de las agencias administrativas. De esta manera se estimula a las agencias administrativas a reconocer y respetar la digni-dad de la ciudadanía y se fortalece el sistema democrático. L. H. Tribe, American Constitutional Law, Nueva York, The Foundation Press, 1978, págs. 502-503. También obliga a las agencias a establecer unos procedimientos que permitan que, en la distribución de los beneficios y servicios gubernamen-tales, se observen en forma rigurosa las disposiciones de las leyes y se garantice un trato igual para todos los afectados. Al requerir la oportunidad de ser oído se logra aumentar la confiabilidad y la precisión de las decisiones cuasi adjudica-tivas. Véanse: Tribe, op. cit.; F. I. Michelman, Formal and Associational Aims in Procedural Due Process, en XVIII Nomos: Due Process 126 (1977); Nota, Two Views of a Prisoner’s Right to Due Process: Meachum v. Fano, 12 Harv. C.R.-C.L. L. Rev. 405, 411-414 (1977).

En el derecho administrativo tradicional se requería una acción torticera del Gobierno contra la propiedad o los bienes de una persona mediando culpa o negligencia para que se afectara su interés propietario. R. B. Stewart, The Reformation of American Administrative Law, 88 Harv. L. Rev. 1669 (1975). Sin embargo, este modelo tradicional no proveía re-medios para proteger a la ciudadanía cuando la actuación gubernamental consistía en la privación, suspensión o revoca-ción de un beneficio o interés que no estaba protegido por el derecho consuetudinario (common lato).

El cambio posterior en el enfoque jurídico en torno a los beneficios públicos tiene su origen histórico y sociológico en el Nuevo Trato (New Deal) del Presidente Roosevelt. Este pro-grama socioeconómico y político cambió radicalmente las fun-ciones gubernamentales. Luego, en la década de los sesenta, el Plan de la Guerra contra la Pobreza del Presidente Johnson aumentó dramáticamente la distribución de fondos federales mediante diversos programas de ayuda gubernamental a los ciudadanos.

Como resultado de estas modificaciones en las funciones del Gobierno, hubo un aumento vertiginoso en el número de personas que recibían beneficios o servicios gubernamentales y que estaban sujetas a diversas reglamentaciones del Estado, desde la licencia para guiar automóviles, hasta las exenciones contributivas y los cupones de alimentos. C. A. Reich, Individual Rights and Social Welfare: The Emerging Legal Issues, 74 Yale L.J. 1245, 1255-1256 (1965).

Estos cambios causaron la modificación de los conceptos tradicionales de interés protegido, permitiendo la ampliación de la protección del debido proceso y a su vez la eliminación de la dicotomía derechos vs. privilegios, para determinar qué intereses estaban protegidos por el debido proceso de ley. Su final comenzó a principios de la década del setenta con la de-cisión del Tribunal Supremo en Golberg v. Kelly, 397 U.S. 254 (1970). Allí se resolvió que antes de terminar unos beneficios gubernamentales es preciso brindarle una oportunidad al beneficiario para que defienda sus derechos. Después de Goldberg v. Kelly, supra, el Tribunal Supremo federal amplió el concepto de interés protegido para incluir otros beneficios y servicios públicos, Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972), y lo extendió a casos que envuelvan confinados, Wolff v. McDonnell, 418 U.S. 539 (1974); a las personas que disfru-taban de libertad bajo palabra, Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972), y a los beneficios de sentencia suspendida, Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973).

I — I HH

La fuente en Puerto Rico del derecho constitucional al de-bido proceso de ley es el Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Vol. 1, pág. 275. En nuestra jurisdicción el desarro-llo de la doctrina ha sido similar al de Estados Unidos. La distinción entre derechos y privilegios otorgados por el Estado también prevaleció en nuestro derecho administrativo hasta recientemente.

Aunque en Las Monjas Racing Corp. v. Com. Hípica, 67 D.P.R. 45 (1947), se utilizó el concepto de privilegio en el con-texto de una licencia de jinete, desde López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646 (1958), hemos ignorado la dicotomía tradicional entre privilegios y derecho, requiriendo que las agencias cumplan con el debido proceso de ley cuando se priva a un ciudadano de un beneficio o autorización del Estado. En López v. Junta Planificación, supra, se trataba de una “solici-tud de autorización directa” para la construcción de un hotel y este Tribunal, a través del Juez Asociado Señor Lino J. Sal-daña, determinó que “la Junta de Planificación ejerce poderes cuasi-judiciales al considerar y resolver una solicitud . . . . En consecuencia, tiene que celebrar una vista administrativa de carácter cuasi-judicial ajustándose a los requisitos del de-bido proceso de ley”. íd., pág. 667.

Posteriormente en Lupiáñez v. Srio. de Instrucción, 105 D.P.R. 696 (1977), reconocimos un interés propietario basado en una legítima expectativa de que el puesto que desempeñaba la demandante se convertiría en permanente. A pesar de que la persona envuelta lo único que tenía era un contrato por término fijo, este Tribunal ignoró la doctrina tradicional y reconoció un interés propietario protegido por el debido pro-ceso.

En Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978), se reconoció un interés propietario al empleo público, rechazando la doctrina tradicional de que el empleo público era un privi-legio y que no estaba protegido por el debido proceso. En ese caso se utilizaron dos pruebas para determinar interés pro-pietario : “si dicho interés está protegido por ley o cuando las circunstancias crean una expectativa de continuidad.” Id., pág. 852.

Luego en Pagan Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978), se indicó que hay unos “ ‘nuevos derechos que en el Siglo XX forman parte fundamental del liberalismo demo-crático’ ”, id., pág. 737 n. 8, y concluyó que para la determina-ción de una solicitud de readmisión a la Universidad de Puerto Rico, había que establecer un procedimiento que cum-pliera con el “due process procesal”. Id., pág. 742.

Finalmente, en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717, 723 (1985), reconocimos que “el simple vocablo ‘privilegio’ de antaño, ha transitado la locución compuesta ‘privilegio-derecho’, hacia la conceptualización de ‘derecho li-mitado’ ”, y extendimos el alcance del debido proceso tanto a los probandos como a las personas que gozan del beneficio de libertad bajo palabra.

Paralelamente a la ampliación de los “nuevos derechos”, “ [h] emos resuelto que el debido proceso de ley no requiere que haya una vista previa a toda privación de un derecho o inte-rés propietario. Cuando hay una privación temporal basta con que en algún momento significativo u oportuno el afectado tenga la oportunidad de defenderse y presentar su caso en un proceso con adecuadas garantías”. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 730 (1982). En los últimos años la controversia jurídica en estos casos ha girado alrededor de qué tipo de oportunidad de ser oído es la más apropiada para permitirle al ciudadano proteger sus intereses. Con estos pro-pósitos elaboramos unos factores para que las agencias y los tribunales determinen los procedimientos constitucionalmente aceptables. Ibíd., pág. 730.

La controversia en este caso nos permite extender estos principios generales a las personas que disfrutan de los bene-ficios de la libertad bajo palabra.

HH HH Í-H

En Puerto Rico el sistema de libertad bajo palabra está reglamentado por la Ley Núm. 118 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 1501 et seq.). Mediante este sistema se permite que una persona que haya sido convicta y sentenciada a un término de cárcel cumpla la última parte de su sentencia fuera de la institución penal, sujeto al cumplimiento de las condiciones que se impongan para conceder la libertad. Este beneficio tiene el propósito principal de ayudar a los confina-dos a reintegrarse a la sociedad en forma positiva tan pronto estén capacitados, sin tener que estar encarcelados por todo el término de la sentencia impuesta. 4 L.P.R.A. sec. 1503; J. W. Palmer, Constitutional Rights of Prisoners, 3ra ed., Cincinnati, Anderson Pub. Co., 1984, págs. 143-144; Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 567, 570 (1964). Este objetivo está en armonía con el mandato que contiene nuestra Constitución en su Art. VI, Sec. 19, de que se deberá “reglamentar las instituciones penales para que sir-van sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delin-cuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social”. Cf. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 31 de 29 de mayo de 1986.

Aun cuando la decisión de conceder o denegar los benefi-cios de libertad bajo palabra descansa en la entera discreción del Estado, y no existe un derecho a obtener tales beneficios, véanse: Greenholtz v. Nebraska Penal Inmates, 442 U.S. 1 (1979); Emanuelli v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 541, 549 (1953), el procedimiento para su concesión debe cumplir con ciertas salvaguardas procesales. Palmer, op. cit., pág. 145. A tales efectos se deben publicar y tener disponibles a los confi-nados las guías o los criterios que se utilizan para conceder la libertad; debe existir algún tipo de vista o evaluación de la solicitud; de ordinario, el confinado debe tener acceso a la in-formación que utiliza el organismo gubernamental para efec-tuar su decisión, y se le debe informar por escrito las razones por las cuales se le niega la libertad. Ibíd., pág. 149; Parole Commission and Reorganization Act, 18 U.S.C. secs. 4206-4208. Cf. 4 L.P.R.A. sec. 1503.

Una vez concedida la libertad bajo palabra, el confinado puede terminar de cumplir su sentencia fuera de la institu-ción penal, siempre y cuando cumpla con las condiciones que se le impusieron al liberarlo. Al proveer un procedimiento para revocar el beneficio concedido, debemos ser conscientes de que la libertad que se va a revocar no es absoluta, sino limi-tada, sujeta a condiciones. Por tal razón, el confinado no tiene derecho a todas las garantías procesales que se exigen para un proceso criminal.

Sin embargo, aunque su libertad es condicionada, repre-senta un interés de suficiente valor como para exigir una opor-tunidad de ser oído antes de su revocación. Morrissey v. Brewer, supra, págs. 482-484; Palmer, op. cit., pág. 152. Así lo re-conocimos en Martinez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 725, al establecer las salvaguardas constitucionales para la revocación de esos “derechos limitados”:

Bajo este enfoque, las garantías mínimas que el debido proceso de ley exige al amparo de la Constitución federal para revocar los beneficios de libertad bajo palabra o senten-cia suspendida son: (1) una vista preliminar para determi-nar si hay causa probable para creer que el probando ha vio-lado las condiciones de su probatoria, y (2) una vista final antes de la decisión definitiva sobre si la probatoria será re-vocada. Advertimos, sin embargo, que no es necesario cele-brar la primera vista (preliminar) cuando, durante el trá-mite de solicitud, de revocación, no se arresta ni encarcela al probando. Moody v. Daggett, 429 U.S. 78, 86-87 (1976); Petition of Medinger, 539 P.2d 1185, 1190 (1975); Pearson v. State, 241 N.W.2d 490, 492-493 (1976). (Énfasis suplido.)

En dicha ocasión indicamos, además, que si la persona era arrestada se le debía celebrar la vista inicial en el plazo más breve posible, que en circunstancias normales no debería ex-ceder de 72 horas. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 728. Sin embargo advertimos, que no constituía un error perjudicial la omisión de la vista inicial cuando se ha tenido el beneficio de la vista final, y en ésta se determina revocar la libertad. Ibíd., pág. 733 n. 9.

Al requerirle al Estado que ofrezca a una persona una oportunidad de ser oído antes de revocar los beneficios, nos aseguramos de que no se actúe errónea y arbitrariamente. Mediante estas salvaguardas también se logra que la persona afectada acepte y-respete la decisión. Palmer, op. cit., pág. 152.

IV

En el presente caso, mientras el apelante Luis R. Maído-nado gozaba de los beneficios de libertad bajo palabra, se le imputó por su oficial supervisor, la violación de sus condicio-nes de libertad. Examinada una comunicación de dicho supervisor que informaba sobre el particular, la Junta ordenó el arresto del señor Maldonado, el cual se efectuó el 9 de enero de 1986. Luego de la encarcelación no se celebró la vista inicial a que tenía derecho el apelante. Por tal razón, presentó, una solicitud de hábeas corpus el 22 de enero de 1986, en que recla-maba violación de sus derechos, al mantenérsele encarcelado sin la celebración de la referida vista preliminar.

En las anteriores circunstancias el planteamiento del ape-lante era meritorio y oportuno, pues tenía como parte del de-bido proceso de ley, derecho a que se le celebrara una vista inicial inmediatamente después de su detención para que se determinara si existía causa probable para creer que había violado sus condiciones de libertad, Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 725. Su continua detención, sin efectuarse la vista, constituía una clara violación de sus derechos, por lo que el tribunal de instancia erró al denegar el hábeas corpus, o en la alternativa, al no ordenar la celebración inmediata de la vista. N. P. Cohen y J. J. Gobert, The Law of Probation and Parole, Colorado, Ed. Shepard’s McGraw-Hill, 1983, pág. 598.

Sin embargo, por razón de que posteriormente la Junta de Libertad Bajo Palabra celebró una “vista final” y determinó revocar los beneficios de libertad del señor Maldonado, en este caso su reclamo particular para la celebración de la vista ini-cial se ha convertido en académico. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. En estas circunstancias, y para subsanar el error cometido, lo que procede es que el período que estuvo detenido sin la celebración de la vista se le acredite al tiempo que tiene que cumplir como resultado de la revocación de la libertad bajo palabra. Cohen y Gobert, op. cih, pág. 598.

Por último, es nuestra obligación advertirle a la Junta de Libertad Bajo Palabra que inmediatamente debe tomar las medidas necesarias para asegurar que en el futuro, antes de privar a alguien de sus beneficios de libertad, se celebre una vista inicial dentro de las setenta y dos horas de su detención y se incorporen las otras salvaguardas constitucionales esta-blecidas en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. Me preo-cupa que lo que ocurrió en este caso constituya una práctica administrativa y no una situación excepcional. Nos corres-ponde seguir muy de cerca los procedimientos establecidos por la Junta para asegurar su cumplimiento estricto con nuestras decisiones.

       Procesalmente sólo tenemos ante nos la apelación de la sentencia que denegó el auto de habeas corpus.

       También se queja de que la vista final que se celebró fue una pro forma. La vista se celebró el 20 de febrero de 1986. El oficial examinador se negó a paralizar los procedimientos porque el liberado no renunció al tér-mino de sesenta días que fija el Art. 5 (4 L.P.R.A. see. 1505). Surge de la transcripción de la referida vista, que ante la negativa a suspender, el abo-gado del apelante expresó lo siguiente:
      “Antes que prosiga el Oficial Examinador, perdone que lo interrumpa, es que de ahora en adelante, el Oficial Examinador se dirigirá a la Oficial Sociopenal señorita Hernández, nosotros tomamos excepción de todos los procedimientos en el día de hoy aquí en esta vista y determinamos y solici-tamos que la Junta declare esta vista como una vista pro-forma ya que no va a haber ningún tipo de defensa ninguna.” T.E., pág. 9.
      La referida oficial declaró que el liberado había abandonado el trata-miento de adicción a drogas y que había dado positivo al uso de cocaína y heroína. La defensa no interrogó ni cuestionó dicha prueba.

      “What is needed is an informal hearing structured to assure that the finding of a parole violation will be based on verified facts. . . .” Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471, 484 (1972).
      “(b) The Revocation Hearing. There must also be an opportunity for a hearing, if it is desired by the parolee, prior to the final decision on revocation by the parole authority.” (Énfasis suplido.) Morrissey v. Brewer, supra, págs. 484 y 487-488.

       “Petitioner does not contend that there is any difference relevant to the guarantee of due process between the revocation of parole and the revocation of probation, nor do we perceive one. Probation revocation, like parole revocation, is not a stage of a criminal prosecution, but does result in a loss of liberty. Accordingly, we hold that a probationer, like a parolee, is entitled to a preliminary and a final revocation hearing, under the conditions specified in Morrissey v. Brewer, supra.” (Escolios omitidos.) Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778, 782 (1973).

       “Whether any procedural protections are due depends on the extent to which an individual will be ‘condemned to suffer grievous loss’.” Morrissey v. Brewer, supra, pág. 481.

       “We begin with the proposition that the revocation of parole is not part of a criminal prosecution and thus the full panoply of rights due a defendant in such a proceeding does not apply to parole revocations. . . . Parole arises after the end of the criminal prosecution, including imposition of sentence.” (Cita omitida.) Morrissey v. Brewer, supra, pág. 480. Véase, además, Martinez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

       Adviértase que siendo idéntico el propósito de ambas leyes (libertad bajo palabra y probatoria), debe darse la misma interpretación a sus dis-posiciones correlativas. Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 567, 573 (1964).

      A los fines de establecer el procedimiento a seguir en la revocación de la libertad a prueba, se adicionó un segundo párrafo al Art. 4 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, enmienda aprobada el 29 de mayo de 1986. Allí se recoge, esencialmente, lo establecido jurisprudencialmente en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, págs. 727-730, de la siguiente forma:
      “La corte sentenciadora podrá en cualquier momento en que a su juicio la libertad a prueba de una persona fuere incompatible con la debida segu-ridad de la comunidad o con el propósito de rehabilitación del delincuente, revocar dicha libertad y ordenar la reclusión de la persona por el período de tiempo completo señalado en la sentencia cuya ejecución suspendió para ordenar la libertad a prueba, sin abonarle a dicha persona el período de tiempo que estuvo en libertad a prueba. La corte sentenciadora podrá en cualquier momento solicitar de la Administración de Corrección un informe periódico de la conducta de la persona puesta a prueba.
      “Si el Ministerio Fiscal interesa obtener la revocación de la libertad a prueba y por ende el arresto y encarcelación del probando el tribunal se-guirá el siguiente procedimiento:
      “(1) Celebrará a solicitud del ministerio fiscal, una vista ex parte ini-cial para evaluar si existe causa probable para creer que el probando ha violado las condiciones de la probatoria. La solicitud sobre revocación se hará ante cualquier magistrado del Tribunal de Primera Instancia o Juez Municipal, excepto al juez que hubiese sentenciado inicialmente al probando, quien al momento de recibirla determinará si ordena la detención inmediata del probando o lo cita para la vista sumaria inicial.
      “La determinación discrecional del juez de arrestar o citar en esta etapa se fundará en un examen del oficial sociopenal y su informe en tomo a la gravedad de las condiciones alegadamente incumplidas, el récord criminal previo, la conducta observada durante la probatoria y aquellas otras circunstancias pertinentes.
      “(a) Si el juez opta por citar al probando y éste no comparece, se podrá ordenar su arresto de inmediato.
      “ (b) La orden de citación o arresto deberá incluir una relación de los procedimientos celebrados, notificar concisa y claramente las alegadas violaciones a las condiciones de la probatoria y en caso de arresto la fianza, si alguna impuesta.
      “(c) El probando, si es arrestado, deberá ser llevado en el plazo más breve posible, ante la presencia de un magistrado para celebrarle la vista sumaria inicial. En circunstancias normales este plazo no deberá ex-ceder el término de setenta y dos (72) horas desde que fuere arrestado. En caso de que no pudiese prestar fianza, de habérsele impuesto, el juez orde-nará su encarcelación.
      “(2) Celebrará una vista sumaria inicial para determinar si procede la revocación provisional y encarcelamiento hasta la celebración de la vista final. El probando tendrá la oportunidad de ser oído y presentar prueba a su favor. Podrá a su vez confrontar al oficial sociopenal promovente y a los testigos adversos disponibles en esta etapa. El tribunal decidirá, caso a caso, la necesidad de mantener en el anonimato, por razón de seguridad personal, a las personas entrevistadas por el oficial sociopenal para fines de su in-forme. El peso de la prueba corresponderá al Ministerio Fiscal.
      “La vista será de carácter informal y las Reglas de Evidencia sólo serán aplicables flexiblemente de modo que no desnaturalicen u obstaculicen el procedimiento. Las Reglas de Procedimiento Criminal regirán en la me-dida en que no sean incompatibles con la naturaleza sumaria e informal de la vista. El juez hará por escrito una relación sucinta de los procedimientos y de su decisión de la cual serán notificados el probando y el Ministerio Fiscal. El probando podrá estar asistido por abogado.
      “Si se tratase de un probando, al cual se le imputa la comisión de un delito grave, que se encontrase disfrutando de libertad condicionada según se dispone en el Artículo 2A de la Ley 259 de 3 de abril de 1946, según en-mendada, se celebrará la vista sumaria inicial de la forma y manera que aquí se provee, junto con la vista de determinación de causa probable del delito imputado de tal suerte que no se obstaculice la pronta y justa deter-minación de la misma. El tribunal podrá, en ese momento, revocar provi-sionalmente la libertad del probando.
      “(3) Celebrará una vista final después de celebrada la vista sumaria inicial y determinada la revocación provisional y encarcelamiento. Salvo justa causa o acuerdo de las partes, con la anuencia del juez, la vista final sobre revocación deberá celebrarse dentro de un término que no exceda de treinta (30) días a partir de la celebración de la vista sumaria inicial.

        “(a) El probando tiene derecho a recibir notificación escrita pre-via con antelación suficiente de las alegadas violaciones a la probatoria, que le permita prepararse adecuadamente y estar representado por abogado. Su-jeto a la protección de aquellos entrevistados a quienes se les garantizó anonimato por razón de seguridad, confrontará la prueba testifical en su contra y presentará prueba a su favor.
      “(b) El peso de la prueba corresponde al Ministerio Fiscal. La decisión del juez, formulada a base de la preponderancia de la prueba, será por escrito y reflejará las determinaciones de hechos básicos, la prueba en que se basó y las razones que justifican la revocación. El probando y el Mi-nisterio Fiscal serán notificados de dicha decisión.
      “(c) El tribunal podrá consolidar ambas vistas si la vista inicial se suspendiera a petición o por causas atribuibles al probando, a solicitud de su abogado, o cuando el Ministerio Fiscal no solicite o no logre obtener el arresto y encarcelación del probando. En esta última circunstancia la vista final de revocación definitiva se señalará mediante notificación con no menos de treinta (30) días de antelación.
      “(4) La vista sumaria inicial y la vista final deben dilucidarse ante distintos jueces, pero la vista final puede ser ventilada ante el mismo juez que sentenció originalmente al probando.
      “(5) En todo procedimiento establecido en esta ley, deberá cumplirse con el debido proceso de ley.” (Escolio omitido.) Ley Núm. 31 de 29 de mayo de 1986.

       Este tipo de beneficio también sirve para aliviar los costos de man-tener un alto número de confinados en las cárceles del país.

      La vista de revocación se efectuó finalmente el 20 de febrero de 1986, más de 40 días después de su detención.

       Aunque la legislación vigente no provee para este “beneficio”, 4 L.P.R.A. see. 1505, esto se debe a que parte de la premisa de que la deten-ción inicial es legal.


author:
      (Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
      In re Enmienda al inciso (b) de la Regla 4 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.
    Número:-

      Resuelto: 3 de febrero de 1987
   RESOLUCIÓN

Por la presente se enmienda el inciso (b) de la Regla 4 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 4 (b), para que lea:

Regla U. Decisiones en los méritos
(b) Los jueces que intervengan en la decisión de un caso deberán indicar su posición dentro de veinte días de circu-lada una ponencia como sentencia o dentro de treinta días de circulada una ponencia como opinión. Cualquier juez que de-see expresar por escrito su criterio deberá notificarlo a los demás jueces dentro del término indicado y deberá circular su ponencia dentro de los treinta días siguientes. Este tér-mino podrá ser ampliado por el Tribunal, por causa justifi-cada. Una vez dicho juez exprese por escrito su criterio, los demás jueces deberán expresar su posición al respecto den-tro de cinco días de circulada dicha expresión escrita cuando la ponencia original se circuló como sentencia o diez días cuando la ponencia original se circuló como opinión.
Cuando un juez no se manifestare o no formulare su po-nencia dentro de los términos a que se refiere el párrafo anterior, se podrá certificar la decisión haciéndose constar su no intervención o su expresión si la hubiere hecho. No se podrá certificar ponencia alguna que no haya sido previa-mente circulada a todos los jueces por lo menos diez días antes de ser certificada, a menos que una mayoría así lo dis- ponga o que por la naturaleza urgente del asunto se prescin-da de dicho término, aunque no de la circulación.
El párrafo anterior no aplicará a las ponencias circuladas durante los últimos quince días del término de sesiones, en cuyo caso los términos antes prescritos comenzarán a contar desde el primer día hábil del próximo término de sesiones. En casos de ponencias circuladas durante el primer mes del término de sesiones, el término para devolver o indicar cri-terio será de cuarenta y cinco días.
Cuando se circulare una ponencia y ésta recibiere la con-formidad de todos los jueces, será certificada por el juez po-nente como la decisión del Tribunal. Cuando la ponencia cir-culada obtuviere la conformidad de una mayoría de los de-más jueces, por lo menos veinticuatro horas antes de certifi-carla como decisión del Tribunal, el juez ponente deberá no-tificar de su propósito de así hacerlo, informando a su vez la fecha de circulación de la ponencia, los nombres de aquellos jueces que se hubieren inhibido o no intervinieren, los que concurrieren y los que disintieren. Todas las ponencias sobre un caso o asunto se certificarán simultáneamente, excepto en las circunstancias indicadas en el siguiente párrafo. Al cer-tificarse una ponencia el juez ponente lo informará por es-crito a los demás jueces.
Los jueces sólo podrán reservarse el derecho a emitir una ponencia luego de que se haya certificado una decisión del Tribunal cuando, por la naturaleza del asunto envuelto, la mayoría del Tribunal haya decidido acortar los términos aquí establecidos. En estas circunstancias, el juez que se haya re-servado este derecho tendrá que circular su ponencia dentro del término de diez días contados a partir de la fecha en que notificó dicha reserva. Los otros jueces tendrán un término adicional de cinco días para expresar su posición sobre la ponencia descrita anteriormente. Concluidos estos términos se certificarán todas las ponencias o expresiones simultánea-mente y desde ese momento no se certificará ninguna otra ponencia o expresión sobre el caso.
El término ponencia incluye sentencias, opiniones, votos particulares o explicativos, así como cualquier otra expre-sión escrita de un juez.
Estas enmiendas tendrán vigencia inmediata.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disi-dente.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

La responsabilidad que contrajimos al tomar posesión del cargo que ocupamos —el cual no sólo nos concede unos dere-chos sino que nos impone unos deberes ineludibles— no nos permite permanecer callados ante las enmiendas a la Regla 4(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 4 (b), que en el día de hoy una mayoría de los señores jueces que componen el Tribunal ha tenido a bien aprobar mediante resolución a esos efectos.

Las citadas enmiendas fundamentalmente tienen como ob-jetivo la prohibición de la “práctica” de que un juez de este Tribunal se pueda reservar el derecho a emitir en el futuro una opinión concurrente o disidente; práctica que como seña-láramos en el voto particular que certificamos el día 13 de enero de 1987 en el caso de Pueblo v. González Navarrete, 117 D.P.R. 577 (1987), es una aceptada que existe hace más de veinte (20) años en esta jurisdicción.

Consideramos que la prohibición de la misma tal'y como ésta ha existido por más de dos décadas constituye un error el cual este Tribunal lamentará según sus miembros actuales vayan haciendo camino con el pasar de los años. Dicha deter-minación —no obstante ser bien intencionada— puede tener el efecto de entorpecer el desarrollo del Derecho en nuestra jurisdicción. En adición, la referida determinación tiene la consecuencia indeseada de suprimir la posibilidad de la disi-dencia o la crítica fundamentada a una decisión mayoritaria por parte de uno o varios de los señores jueces de este Tribunal que en un momento determinado se encuentren en minoría; actitud o posición que recientemente criticáramos indirecta-mente respecto a otra de las ramas de nuestro Gobierno.

Entendemos es nuestra obligación expresamos una vez más, en disidencia. Estamos plenamente conscientes de que ello puede no ser del agrado de todos por lo que podemos ser objeto de críticas. Aceptamos dicho riesgo por cuanto el deber no puede ser soslayado.

I

La forma y manera en que se trabaja y la labor que se realiza en un tribunal colegiado es sumamente distinta a aque-lla de un tribunal de primera instancia, sea éste perteneciente a la esfera estatal como a la federal.

En los tribunales de primera instancia el juez resuelve los casos ante su consideración de acuerdo a los hechos que él en-tiende han quedado establecidos y conforme lo que él personal-mente considera es el derecho aplicable a los mismos. No nece-sita el consentimiento de ninguna otra persona para emitir la decisión final en el caso.

En un tribunal colegiado, por el contrario,. para que se emita una decisión se requiere, por lo menos, que una mayoría de los señores jueces que integran el mismo estén de acuerdo no sólo con el resultado final al que se llega sino con los funda-mentos para sostener el mismo. Ya que personas razonables pueden diferir razonablemente sobre un asunto, lograr el re-sultado deseado no constituye tarea fácil.

Lo anteriormente expresado requiere que los componentes de un tribunal colegiado continuamente, luego de que uno de ellos prepara y circula una ponencia, estén en conversaciones tendentes a lograr un acuerdo. Si consideramos que dicho pa-trón de conducta resulta necesario no sólo respecto a todas y cada una de las ponencias que ese juez prepara y circula, sino que respecto a todas y cada una de las ponencias circuladas por todos y cada uno de los demás integrantes de ese tribunal colegiado, fácil resulta darse cuenta que la labor es extrema-damente difícil y compleja.

A ello le debemos añadir el hecho de que los miembros de este tribunal colegiado tienen la responsabilidad, semana tras semana, de resolver si revisar o no las sentencias finales emi-tidas por todas las salas del Tribunal Superior de Puerto Rico en relación con las cuales se radican ante este Tribunal recur-sos de revisión y apelación, y de decidir si expedir o no los recursos de certiorari respecto a las numerosas resoluciones interlocutorias dictadas por esos tribunales de instancia.

El futuro, en este aspecto, no luce halagador. El cúmulo de trabajo ciertamente va en aumento. En palabras del Señor Juez Pons Núñez “estamos viviendo en una sociedad que tiene una probada y cada día más voraz propensión litigiosa” y, desafortunadamente, “la capacidad productiva de los jueces tiene unos límites que no guardan proporción con esa” pro-pensión litigiosa.

Es por ello que resulta de fácil comprensión el porqué —no obstante los términos concedidos por la citada Regla 4(b) del Reglamento— los jueces de este Tribunal tengan en ocasiones la necesidad de hacer la mencionada reserva.

En adición, no todas las ocasiones en que un juez de un tribunal colegiado propulsa una posición en particular puede con-vencer a los demás componentes del mismo, no importa los fundamentos que aduzca. En esas ocasiones, el deseo de ex-presar su criterio por escrito debe ceder ante otros imperati-vos : ni es justo que la decisión mayoritaria a emitirse se dilate innecesariamente, con el consiguiente perjuicio para los litigantes; ni resulta conveniente que la consideración por ese juez de otros asuntos más urgentes sea pospuesta. Tampoco, sin embargo, se debe evitar que ese juez exponga su criterio al respecto para la posteridad.

Debe mantenerse presente que la reglamentación de la práctica aquí en controversia y, por lo tanto, la limitación de la posibilidad de que se emita un disenso tendrá la consecuen-cia de forzar a los jueces a recurrir, cada día más, a la disi-dencia no explicada; lo cual no le hace bien a esta Institución por cuanto, entre otros, ello no resulta en beneficio alguno para la clase togada ni ayuda a fortalecer la fe de nuestro Pueblo en la justicia que día a día dispensa su más alto Tribunal.

En resumen, impedir —limitando el término— que un juez se exprese al enfrentarse a una materia del Derecho que a jui-cio de éste es de extrema importancia para dicha disciplina o para uno de sus conciudadanos, puede tener el lamentable re-sultado de evitar el enriquecimiento del Derecho y el fortale-cimiento de este Tribunal.

HH > — i

La determinación que hoy se ha tomado tiene, por lo antes expresado, el efecto perjudicial e indeseable de coartar el de-recho a expresarse de los componentes de este Tribunal y afec-ta el desempeño y descargo del deber y las responsabilidades que todos los miembros de esta Institución tenemos con el Pueblo de Puerto Rico.

Un tribunal colegiado nunca debe suprimir o limitar el derecho de expresión de sus integrantes. Tenemos la obliga-ción como jueces de fomentar al máximo la observancia de ese derecho. Debemos siempre recordar que la posición minori-taria de hoy puede constituir la mayoritaria del mañana.

       La aprobación de la citada resolución, obviamente como consecuen-cia de lo “acontecido” en el recurso CR-85-35, Pueblo v. González Navarrete, 117 D.P.R. 577 (1987), fue objeto de otro incidente, el cual, en estos momen-tos, resulta innecesario reseñar.

       Según las enmiendas aprobadas, únicamente se podrá recurrir a dicha práctica cuando “por la naturaleza del asunto envuelto, la mayoría del Tribunal, haya decidido acortar los términos” establecidos en la Regla 4(b) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

       Discurso pronunciado por el Señor Juez Presidente de este Tribunal en ocasión del juramento de nuevos abogados los días 14 y 15 de enero de 1987.

      E1 descargo, en forma responsable, por los señores jueces de este Tribunal de todas las anteriormente reseñadas funciones explica el porqué algunos jueces certifican un número menor de ponencias que otros. No somos iguales; no todos tenemos las mismas habilidades y capacidades. Lo impor-tante, naturalmente, es la calidad de las decisiones que se emiten, no el nú-mero de ellas. Claro está, todos venimos en la obligación de autoexigimos un mínimo de trabajo.

       No debemos perder de vista que el juez que originalmente tiene a su cargo un recurso en particular cuenta, dentro de lo razonable, con tiempo ilimitado para poder estudiar, ponderar y redactar la ponencia que luego circulará entre sus compañeros jueces. Aun cuando reconocemos que re-sulta necesario el establecimiento de unos términos para que los restantes jueces se expresen respecto a la ponencia circulada, es un hecho innegable que existe un “desbalance” entre el tiempo con que cuenta el juez que origi-nalmente circula y el tiempo concedido al que pretende expresarse respecto a la ponencia. Ahí radica precisamente la razón de ser de la reserva; la misma intenta subsanar el “desbalance”. La acción hoy tomada por una mayoría del Tribunal hace más gravosa la situación.


author: El Juez Asociado Señok Ortiz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante-peticionario, v. Jaime Oliver Frías, Humberto Torres González y Otros, demandados-recurridos.

      Número: CE-85-624

      Resuelto: 4 de febrero de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ildefonso Freyre, Hermes F. Acevedo Lebrón, Eudaldo Báez Cruz, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señok Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente caso, el 17 de mayo de 1984 se presentaron varias denuncias contra los recurridos por infracciones al Art. 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4591. Dicho ar-tículo dispone:

Toda persona que con intención de defraudar a otra hi-ciere, en todo o en parte, un documento, instrumento o es-crito falso, mediante el cual se creare, transfiriere, terminare o de otra forma afectare cualquier derecho, obligación o in-terés, o que falsamente alterare, limitare, suprimiere o des-truyere, total o parcialmente, uno verdadero, será sancio-nado con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija esta-blecida podrá ser aumentada hasta un máximo de catorce (14) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

Las denuncias 1 y 2 imputan hechos alegadamente ocurri-dos el 19 y 27 de diciembre de 1979; las denuncias 3 y 4 im-putan hechos alegadamente ocurridos el 21 de enero y el 1 de febrero de 1980; la denuncia 5 imputa hechos alegadamente ocurridos los días 11 y 25 de julio de 1980; las denuncias 6, 7 y 8 imputan hechos alegadamente ocurridos los días 14 y 18 de julio de 1980; el pliego 9 imputa hechos alegadamente ocurri-dos los días 12 y 16 de septiembre de 1980, y el pliego 10 im-puta hechos alegadamente ocurridos los días 13 y 19 de enero de 1981. El 17 de mayo de 1984 el Juez Municipal de Maya-güez determinó causa probable para los arrestos por los deli-tos imputados, y ese mismo día los recurridos fueron arres-tados. Como el delito tipificado en el Art. 271 del Código Penal es de naturaleza grave, conforme a lo dispuesto en la Regla 23 de Procedimiento Criminal, el 17 de abril de 1985 se celebró la vista preliminar contra los imputados. El Juez del Tribunal de Distrito, Hon. Carlos Rodríguez, determinó que no existía causa probable por el delito de falsificación de documentos, y sí por el delito de negligencia en el cumplimiento del deber, tipificado por el Art. 215 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4366, éste de naturaleza menos grave. Dicho artículo dispone:

Todo funcionario o empleado público que obstinadamente descuidare cumplir las obligaciones de su cargo o empleo, o que infringiere cualquiera disposición legal relativa a sus obligaciones o las del cargo o empleo, de no existir alguna dis-posición especial señalando la pena correspondiente, será sancionado con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos dólares, o am-bas penas a discreción del tribunal.

Ya que no estaba conforme el Ministerio Público con la de-terminación de causa probable por un delito distinto al impu-tado originalmente, recurrió al Tribunal Superior mediante el mecanismo de vista preliminar en alzada conforme a la Regla 24 (e) de Procedimiento Criminal. La misma se celebró el 6 de junio de 1985. El tribunal determinó que no había causa probable contra los acusados en algunos de los casos, y en cuanto a los otros mantuvo la determinación de la cual se recurría, o sea, la existencia de causa probable por el delito menos grave de negligencia en el cumplimiento del deber. El magis-trado ordenó lo siguiente:

El tribunal permite a los imputados permanecer bajo la misma fianza. En los casos en que no hubo causa probable se ordena la cancelación de la fianza prestada.
Se ordena que los casos pasen a la sección correspondiente de este tribunal. No se señala lectura de acusación por ser delitos menos grave [s].

El fiscal no sometió nuevas denuncias para ajustar las ale-gaciones de hechos a los elementos constitutivos del delito me-nos grave. O sea, el proceso ha seguido su curso a base de unas alegaciones que imputan el delito grave de falsificación de documentos públicos, el cual requiere la intención específica de defraudar al Estado.

Los abogados de la defensa radicaron posteriormente sendos escritos para solicitar la desestimación de la denuncia, alegando que los delitos imputados habían prescrito. El delito de negligencia en el cumplimiento del deber prescribe a los cuatro (4) años, según lo dispuesto en el Art. 78(b) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3412 (b). Este término de prescripción, al igual que para todos los delitos estatuidos en nuestro Código Penal, se computa desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se expida el mandamiento de arresto o de citación. Art. 79 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3413. Como los delitos habían ocurrido entre el período del 19 de diciembre de 1979 y el 19 de enero de 1981, la defensa alega que a la fecha de la determinación judicial en la vista preliminar del 6 de junio de 1985, había ya transcurrido el término prescriptivo de cuatro (4) años. El Ministerio Público se opuso a que se desestimaran las denuncias 5, 6, 8 y 10 alegando que, como los hechos habían ocurrido entre el 11 de julio de 1980 y el 19 de enero de 1981, la determinación inicial de causa probable para el arresto del día 17 de mayo de 1984 había interrumpido los términos prescriptivos, a tenor con el Art. 79 antes mencionado. El fiscal aceptó que las denuncias 1, 2, 3 y 4 estaban prescritas.

El 22 de julio de 1985, el Tribunal de Distrito de Maya-güez, declaró con lugar las mociones para desestimar, y deter-minó que el arresto del 17 de mayo de 1984 por el delito de falsificación de documentos no interrumpió el término pres-criptivo. De dicha determinación recurrió el Pueblo mediante petición de certiorari que fue denegada de plano por el Tribunal Superior. Expedimos el auto de certiorari para revisar los procedimientos.

La cuestión a resolverse en el presente caso es si la deter-minación inicial de causa probable para el arresto y el arresto o citación por un delito distinto al que finalmente se determina causa probable en la vista preliminar interrumpe el término prescriptivo de dicho segundo delito.

La prescripción en el campo del Derecho Penal ha sido descrita como “el término de tiempo que tiene el Estado para iniciar la acción penal, pasado el cual estará impedido de iniciarla”. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 333; Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 122 (1980). Cuello Calón la define como la “extinción de la res-ponsabilidad penal mediante el transcurso de un período de tiempo, en determinadas condiciones, sin que el delito sea per-seguido o sin ser la pena ej [e] cutada. La primera se denomina prescripción del delito o de la acción penal, la segunda pres-cripción de la pena”. (Énfasis del original.) E. Cuello Calón, Derecho Penal, 18va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1981, T. 1, Vol. 2, pág. 789. Sigue comentando dicho autor:

... La prescripción del delito se justifica por el argu-mento de carácter procesal, que con el transcurso del tiempo se extinguen o se debilitan las pruebas del hecho punible. A la buena administración de justicia interesa que las pruebas en los juicios criminales sean frescas y fehacientes pues las que, por haber transcurrido mucho tiempo desde la comisión del hecho han perdido su vigor probatorio, pueden originar sensibles errores judiciales.
En defensa de la prescripción de la pena se alega con ver-dad que transcurrido un largo período desde la perpetración del hecho delictivo el recuerdo de éste se borra, y los senti-mientos colectivo [s] que origina la intranquilidad y la alar-ma, el deseo de dar satisfacción al ofendido, el afán de que el criminal pague su deuda, se atenúa [n] y llegan a extin-guirse por completo, y la sociedad sólo debe castigar cuando perduran el malestar y la inquietud causados por el hecho criminal. Cuello Calón, op. cit., págs. 789-790.

Según Mangual Figueroa, “lo que reálmente da contenido a la doctrina de la prescripción es su propósito de proteger al acusado de estar expuesto a un proceso criminal por un tiempo indeterminado”. A. Mangual, La prescripción en el Derecho Penal, 78 Rev. Der. Puertorriqueño 147, 154 (1980).

En State v. Fogel, 492 P.2d 742, 744 (1972), se dijo lo siguiente:

Statutes of limitation in criminal cases are designed primarily to protect the accused from the burden of defending himself against charges of long completed misconduct. Unlike a statute of limitation in a civil case, a criminal statute of limitation is not a mere limitation upon the remedy, but a limitation upon the power of the sovereign to act against the accused. Waters v. United States, 328 F.2d 739 (10th Cir. 1964). It is jurisdictional. People v. Rehman, 62 Cal.2d 135, 41 Cal. Rptr. 457, 396 P.2d 913 (1964).

También se ha dicho que la “razón de ser de la prescripción es lograr que el Estado le informe al imputado con suficiente anticipación de la intención de procesarlo y de la naturaleza del delito imputado, de forma que no se menoscabe la oportunidad de defenderse por razón de que la evidencia disponible para establecer su defensa desaparezca o se afecte con el transcurso del tiempo”. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 334. En Puerto Rico, y según lo transcrito del Art. 79 del Código Penal, el término en que deben ejercitarse las acciones penales empieza contarse desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se decreta el arresto del acusado, o en su defecto, la fecha en que se presenta la acusación. Art. 79 del Código Penal, .supra. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 24 (1961). Dicho caso describe la trayectoria de la jurispru-dencia de este Honorable Tribunal Supremo en cuanto a la prescripción en el ámbito penal de la siguiente forma:

Prescribe el artículo 79 del Código Penal, ed. 1937, 33 L.P.R.A. see. 233, que la acción penal por cualquier delito menos grave deberá establecerse dentro del año de su comi-sión. Aun cuando no se trataba de la disposición de una de-fensa de prescripción, dijimos en El Pueblo v. Rivera, et al., 9 D.P.R. 403 (1905) que el arresto del acusado o el primer paso dado por el fiscal —cualquiera que sea— a fin de traer el delincuente ante la justicia para responder por los actos que se le imputan, constituye el principio del proceso en to-da causa criminal. Veintitrés años después, al considerar específicamente el planteamiento para resolver sobre una ex-cepción previa de prescripción, y luego de estudiar la dife-rencia entre nuestra disposición y la de California que expresamente alude a la presentación de la acusación o in-formación, indicamos en Pueblo v. Capestany, 37 D.P.R. 586 (1928), que el momento que debe tomarse en cuenta para computar la prescripción es la fecha del arresto del acusado, y en su defecto, desde aquella en que se presenta la acusa-ción, por ser éste entonces “el primer paso” afirmativo en la persecución del delito. Pueblo v. Báez, 40 D.P.R. 15, 18 (1929). Y en Pueblo v. Lugo, 58 D.P.R. 183 (1941) aclara-mos que este término no se interrumpe por el o los arrestos practicados a los fines de otra u otras acusaciones por el mismo delito que fueron sobreseídas por no haberse cele-brado el juicio dentro del término fijado por la ley. Cf. Pueblo v. Tesorero, 60 D.P.R. 530, 532 (1942); Rivera Escuté v. Delgado, 80 D.P.R. 830, 850 (1958), en donde indicamos que a los fines del derecho “incondicional y absoluto” a asisten-cia legal el proceso criminal comienza con la radicación de la acusación. (Escolio omitido.) Pueblo v. Tribunal Superior, supra, págs. 26-27.

El problema específico ante nuestra consideración no ha sido resuelto por este Tribunal. La determinación judicial más cercana a ello se vio en el caso de Pueblo v. Lugo, 58 D.P.R. 188 (1941), citado con aprobación en Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969). En Pueblo v. Lugo, supra, los alegados hechos delictivos ocurrieron el 15 de agosto de 1936, sin embargo, la acusación original fue sobreseída por no ha-berse celebrado el juicio dentro del término prescrito por ley. Se le arrestó otra vez por el mismo delito el 23 de mayo de 1939, siendo sobreseído el caso por la misma razón. Se arrestó finalmente el 22 de noviembre de 1939, más de tres años desde la alegada comisión de los hechos delictivos. Allí se resolvió que los arrestos originales y las subsiguientes acusaciones que fueron sobreseídas, no interrumpieron el término prescriptivo de tres (3) años dispuesto para el delito de ataque para come-ter homicidio. Allí expresamos que:

... Es cierto que el artículo 452 del Código de Enjuicia-miento Criminal dispone que cuando se trata de un delito grave (felony) el sobreseimiento decretado de acuerdo con el artículo 448 no impide la formación de otro proceso y que aquí la corte de distrito expresamente al decretar los sobre-seimientos de las acusaciones anteriores lo hizo sin perjuicio de que pudiera formularse otra acusación, pero tanto la ley como la orden deben interpretarse en armonía con el otro precepto legal que también rige, a saber, el de que la acción penal deberá entablarse dentro de los tres años de la comisión del delito. Si esos tres años no hubieran transcurrido, ley y orden tendrían realidad en la práctica, pero habiendo trans-currido, no pueden aplicarse. Ambos preceptos legales, el artículo 78 del Código Penal y el 452 del Código de Enjuicia-miento Criminal, deben interpretarse armónicamente de modo que puedan como pueden subsistir. Pueblo v. Lugo, supra, pág. 186.

En el presente caso, distinto al de Pueblo v. Lugo, supra, el delito imputado originalmente y el delito por el cual finalmente se encontró causa probable en la vista preliminar, son de naturaleza completamente distinta. El delito estatuido por el Art. 215, negligencia en el cumplimiento del deber, no alcanza tan siquiera a ser un delito menor comprendido den-tro del de falsificación de documentos del Art. 271. Los ele-mentos de ambos delitos son diametralmente opuestos. En el delito grave hay que alegar y probar la intención de defrau-dar. En el menos grave solamente que el funcionario fue ne-gligente en el cumplimiento de las obligaciones de su cargo o empleo o al violar alguna disposición legal relativa a sus obli-gaciones o las del cargo o empleo. A esos efectos la profe-sora Nevares-Muñiz en su obra, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 367, analiza los ele-mentos de dicho delito en la siguiente forma:

Al igual que el artículo anterior el delito tiene una redac-ción muy similar a la de su antecesor en el Código derogado, que a su vez, provino de la see. 143 del Código Penal de California, ed. 1872, la cual fue derogada en 1947.
El sujeto activo será el funcionario o empleado público, según definido en el artículo 7 (16) C.P. La conducta atípica debe realizarse a título de negligencia, en las modalidades de: 1) descuidar obstinadamente las obligaciones del cargo o empleo; y 2) violar alguna disposición legal relativa a las obligaciones del cargo o empleo.
En la primera modalidad, el descuido de las obligaciones del cargo o empleo debe realizarse con obstinación. Entién-dase, de manera repetitiva, obrar a porfía de lo dispuesto, por lo que uno o dos actos aislados de descuido no son sufi-cientes para configurar el delito. Debe tratarse de un patrón de conducta de descuido del deber profesional.
En cuanto al ámbito de las obligaciones del cargo, refiérase a los deberes generales del funcionario público según dis-pone la ley, su nombramiento o se le atribuyen normalmente al cargo.
AI igual que el artículo anterior el tipo incluye una cláu-sula de reserva a los efectos de que si hubiera otra disposi-ción de ley que acrimine específicamente los actos negligentes llevados a cabo por el sujeto activo, aqu[é]lla habrá de preva-lecer.

Por otro lado, la medula del delito de falsificación consiste en la intención del acusado de perjudicar, causar daño o defraudar a otros a sabiendas de que los documentos envueltos son falsos. Pueblo v. Rivera, 69 D.P.R. 411 (1948). Véanse, además, Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 439 (1973); Pueblo v. Ortiz Castro, 90 D.P.R. 593 (1964); El Pueblo v. Torregrosa et al., 24 D.P.R. 12 (1916).

La regla general existente en la jurisdicción norteameri-cana es que el segundo delito, imputado después de transcu-rrido el término prescriptivo establecido para el mismo, está prescrito si es un delito distinto al imputado en la acusación o denuncia original. Anotación, Finding or Return of Indictment, or Filing of Information as, Tolling Limitation Period, 18 A.L.R.4th 1202,1222-1224. En este sentido véanse: People v. Chapman, 121 Cal. Rptr. 315 (1975); People v. McKay, 159 Cal. Rptr. 174 (1979); State v. Pryor, 134 S.W.2d 1083 (Ct. App. 1939); State v. Glover, 604 P.2d 1015 (Wash. Ct. App. 1979); United States v. O’Neill, 463 F. Supp. 1205 (Dist. Ct. 1979); State v. Lamar, 249 S.W. 654 (Ct. App. 1923); People v. Bellamy, 406 N.Y.S.2d 250 (1978); State v. Stewart, 438 A.2d 671 (Vt. 1981).

Hemos determinado que los delitos imputados a los acusados en el presente caso son de naturaleza completamente distinta, por no ser un delito menor comprendido dentro del otro. La regla es que un arresto o acusación por un delito mayor al que finalmente quiere procesarse, luego de vencido el término de prescripción para dicho segundo delito, interrumpe el término prescriptivo de dicho delito cuando éste es uno me-nor comprendido. A tales efectos véanse: In re McCartney, 415 P.2d 782 (Cal. Dist. Ct. App. 1966); People v. Brooks, 123 P.2d 556 (Cal. Dist. Ct. App. 1942); Howard v. State, 385 So. 2d 739 (Fla. Dist. Ct. App. 1980).

En el caso ante nos, la acusación por el primer delito dis-tinto al segundo no interrumpe el término prescriptivo de este último, aun si ambas imputaciones surgen de un mismo curso de conducta. Véanse: State v. Pohlhammer, 254 N.W.2d 478 (Wis. 1977); People v. McKay, supra. En este último caso, a la pág. 179 se dijo lo siguiente:

... On the other hand, an information may not be amended to insert, after the statute of limitations has run, a charge which is not a necessarily included offense, even though it relates to the same conduct as was originally charged, and even though the amendment follows the upsetting of a plea bargain which went awry. (Énfasis del original.)

En United States v. O’Neill, supra, pág. 1207, se expuso que:

. . . When an indictment issued beyond the limitations period for a crime supersedes an indictment concerning the same transaction which was issued within the limitation period, the Court must scrutinize the new indictment to insure that “the second [indictment] did not broaden or substantially amend the charges made in the first”.

En el caso de People v. Bellamy, supra, pág. 253, también se dijo:

The legislative intent to toll the statute is more readily understandable if its application is limited to the same charge or charges which were previously dismissed on technical grounds. It extends the time for such a presentation upon prior approval of the Court.
This does not apply, however, to a new charge now barred by the Statute of Limitations. . . .

Por todo lo anterior, se dictará sentencia que anule el auto expedido y confirme la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurre en el re-sultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Una de las denuncias alegaba que:
      “Los referidos acusados, CLOVIS TROCHE MAS, JAIME OLIVERA, HUMBERTO TORRES GONZALEZ, allá en o para los días 19 de diciembre de 1979 y 27 de diciembre de 1979, en Mayag[ü]ez, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior, Sala de Mayag[ü]ez, actuan-do en concierto y [de] común acuerdo con terceras personas, ilegal, volun-taria, maliciosa y criminalmente, con la intención de defraudar a la Cor-poración de Renovación Urbana y Vivienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, falsificaron documentos públicos consistentes en Formulario de Solicitud de Precio, fechado 19 de diciembre de 1979, Formulario de Tabula-ción de Cotizaciones, fechado 27 de diciembre de 1979, Formulario de Co-mité de Subasta, fechado 27 de diciembre de 1979, logrando de esa manera que Forto Chemical Corp. se adjudicara la subasta de la CRUV del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.” Exhibit I, pág. 1.
      Las otras denuncias variaban en cuanto a las fechas y entidades bene-ficiadas.

       Este delito no requiere prueba de mens rea, Pueblo v. Aparicio, 34 D.P.R. 5 (1925).

       Véase que las denuncias objeto de este recurso alegan hechos tipi-ficados en el Art. 271, por lo que la cláusula de reserva podría ser determi-nante, ya que cuando los actos pueden castigarse con arreglo a otra dis-posición, no puede procesarse bajo el Art. 215; Ex Parte Correa, 8 D.P.R. 251 (1905).

       “Un delito menor por su naturaleza puede estar comprendido dentro de otro mayor cuando la única diferencia que existe entre uno y otro son los agravantes determinados por ley, o sea el primer delito resulta ser un in-grediente del otro que se supone comprendido.” Pueblo v. Negrón, 77 D.P.R. 782, 788 (1954).
      “A necessarily included offense exists when the charged offense as defined by statute, or as stated in the accusatory pleading, cannot be committed without also committing a lesser and included offense.” (Énfasis del original.) People v. Chapman, 121 Cal. Rptr. 315, 319 (1975).

      Como hemos señalado aquí, no se radicó una nueva denuncia ni se enmendó la original.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    George Díaz Burgos et al., demandantes y recurridos, v. Navieras de Puerto Rico et al., demandados; Travelers Insurance Company, demandada y peticionaria.

      Número: O-85-369
    Resuelto: 12 de febrero de 1987

      Nelson Rivera Cabrera, de Rúa & Mercado, abogado de la peticio-naria Travelers Insurance Company; Antonio Montalvo Na-zario, abogado de la Corporación Insular de Seguros; Rafael S. Fuentes Rivera, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 28 de diciembre de 1980 el conductor George Díaz Bur-gos impactó un vehículo de motor contra un furgón de la Au-toridad de Navieras de Puerto Rico estacionado en la Carr. Núm. 28. Díaz Burgos y su pasajera Elba Alvarado Bonilla sufrieron daños. Ambos, incluyendo unos familiares de Díaz Burgos, presentaron demanda de daños y perjuicios en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, contra Navieras de P.R., Inc. y otros. Luego Elba Alvarado, residente de Connecticut, desistió sin perjuicio de esa acción e instó demanda en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico contra George Díaz Burgos, Navieras, Ariel Ruiz Charón (camionero independiente que había estacionado el furgón) y la Corporación Insular de Seguros. Posteriormente Travelers Insurance Company fue traída como tercera demandada. Díaz formuló demanda de coparte contra los demás codemandados por los mismos hechos que motivaron el pleito en el Tribunal Superior.

Así las cosas, el Tribunal Superior celebró una vista para dilucidar la negligencia de las partes. El 9 de julio de 1984, les notificó un escrito titulado “Relación del Caso, Determina-ciones de Hechos Probados, Conclusiones de Derecho y Sen-tencia Parcial”. Determinó que Díaz Burgos había incurrido en negligencia comparada en un 20 % y los demandados en un 80 %. Leía así:

En base a las Determinaciones de Hechos Probados y Con-clusiones de Derecho que preceden, incorporándolas, el Tribunal dicta Sentencia Parcial declarando con lugar la de-manda, determinando que la parte demandante contribuyó en un 20 % de negligencia comparada y la parte demandada en un 80 % a tenor y de conformidad con las Determinacio-nes de Hechos probados que preceden y las Conclusiones de Derecho aplicables antes consignadas.
Todo lo relativo a las demandas de terceros, demandas contra coparte, Reconvenciones e imposición de honorarios de abogado, y cualquier otro incidente procesal y/o sustantivo será asimismo adjudicado al dictarse la sentencia final co-rrespondiente.
DADA en Bayamón, Puerto Rico, a 29 de junio de 1984.
REGISTRESE Y NOTIFIQUESE.
(Fdo.) JOSE F. RODRIGUEZ RIVERA
Juez Superior

Concurrentemente los procedimientos en el foro federal continuaron -y culminaron con las siguientes determinaciones del jurado: (1) que el codemandado y demandante contra co-parte Díaz Burgos fue responsable en un 60%; (2) que Na-vieras fue responsable en un 20%; (3) que la demandante Elba Alvarado fue responsable en un 5%, y (4) que el camio-nero independiente Ruiz Charón fue responsable en un 15%. La Corte de Distrito dictó sentencia y dispuso de todas las re-clamaciones. Luego de aplicar las negligencias comparadas y la “nivelación”, Díaz Burgos y Elba Alvarado fueron indem-nizados en $295,000 y $200,000, respectivamente.

Luego de este dictamen, Travelers pidió al Tribunal Superior la desestimación de la demanda, o la causa de acción de Díaz Burgos, por el fundamento de que la sentencia dictada en el foro federal era cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia. El tribunal se negó. En reconsideración reiteró que ya había adjudicado la controversia sobre la negligencia de las partes. A solicitud de Travelers, expedimos para exa-minar la cuestión.

HH HH

Primeramente, Travelers sostiene que el dictamen del Tribunal Superior fue una resolución de carácter interlocutorio, no una sentencia. Tiene razón. El lenguaje usado en la notificación a los efectos de que era una sentencia parcial final, en cuanto al aspecto de negligencia respecto a todas las partes litigantes, no tiene ese alcance. No convierte el dicta-men en sentencia definitiva y final. El tribunal simplemente fraccionó los elementos básicos de la controversia: negligencia y daños. Al disponer del primer aspecto no resolvió “finalmente la cuestión litigiosa y de la cual pueda apelarse o solicitarse revisión”. Regla 43.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Aparentemente intentó equiparar ese trámite con el autorizado en la Regla 43.5 sobre reclamaciones o partes múltiples. En tales casos puede dictar una sentencia parcial final.

En el caso de autos no se dispuso de ninguna reclamación entre ninguna de las partes. Lo único que se resolvió fue que el demandante Díaz fue negligente en un veinte por ciento (20%) y que las demandadas en conjunto incurrieron en un ochenta por ciento (80%). La resolución no determinó los grados de negligencia entre los distintos codemandados. Tam-poco en cuanto al remedio de daños a concederse.

En resumen, estamos ante una resolución interlocutoria. En Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 511 (1977), en igual situación, dijimos: “Quedaría aún sin resolver el remedio a que tenía derecho el demandante, esto es, la cuantía de daños. Mientras no se resuelva este último aspecto la sentencia no puede ser final por no ser aún ejecutable. Podría darse el caso inclusive de que no se probaran daños, convirtiéndose en ilusoria la sentencia parcial.” (Énfasis suplido y escolio omitido.) Véase, también, Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955).

Una vez establecido que el dictamen sobre negligencia de 9 de julio de 1984 fue una resolución interlocutoria, es evidente que el simple transcurso de tiempo no le daba finalidad ni firmeza.

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Aclarado este extremo, concentremos en torno a la defensa de cosa juzgada, que se reduce a determinar cuál doctrina es la aplicable, la estatal o la federal.

Travelers argumenta en favor de la federal. En la alter-nativa sostiene que se cumplen los requisitos de la estatal.

En situaciones como la de autos, en que una corte federal dicta sentencia luego de asumir jurisdicción por diversidad de ciudadanía, la jurisprudencia mayoritaria se inclina a reconocer que la doctrina estatal es la que gobierna. Esta postura se fundamenta en la premisa básica de que la doctrina de cosa juzgada es materia que pertenece al ámbito de derecho sustantivo y, por ende, rige Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938). Véase Hanna v. Plumer, 380 U.S. 460 (1965). Además, Anot., Law Governing Res Judicata, 19 A.L.R. Fed. 709, en particular Standard Acc. Ins. Co. v. Doiron, 170 F.2d 206 (1er Cir. 1948); Patuleta v. Patuleta, 127 F. Supp. 60 (D.C. Mass. 1955); Eisel v. Columbia Packing Company, 181 F. Supp. 298 (D.C. Mass. 1960); Schmitt v. Jacobson, 272 F. Supp. 301 (D.C. Mass. 1967); 21 Fed. Proc., L. Ed. See. 51:212, pág. 603 (1984); 18 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice & Procedure Sec. 4468, pág. 654 y ss. (1981); Gonzalez v. Fireman’s Fund Insurance Company, 385 F. Supp. 140 (D.C. P.R. 1974).

Como corolario de este enfoque mayoritario, el mismo ra-zonamiento se utiliza para aplicar la doctrina estatal de cosa juzgada cuando la causa es llevada ante una corte federal —que tiene jurisdicción por diversidad de ciudadanía— y posteriormente se presenta la sentencia allí dictada ante un tribunal estatal. Aerojet-General Corporation v. Askew, 511 F.2d 710 (5to Cir. 1975); Dodge v. Carri-Craft, Inc., Div. of Wis. Tanktainer, Inc., 332 F. Supp. 651 (1971).

Suscribimos este enfoque. Esta decisión armoniza con la jurisprudencia del país. Hace años en Ninlliat v. Suriñach et al., 18 D.P.R. 195 (1912), sostuvimos la defensa de cosa juz-gada basada en una sentencia previa de la corte federal.

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Una vez resuelto que es susceptible de aplicarse la doctrina estatal sobre cosa juzgada, veamos si en el caso de autos se cumplen sus requisitos. Primeramente, es incuestionable que ambas reclamaciones surgían de los mismos hechos. La Corte de Distrito resolvió de manera final y concluyente todas y cada una de las reclamaciones y dirimió las defensas traídas ante su consideración.

De igual modo, es innegable que existió la más perfecta identidad entre las cosas, causas, personas litigantes y la cali-dad en que lo fueron. Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3343. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975); Pagan Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 721 (1978); Sucn. Zagas Berrios v. Berrios, 90 D.P.R. 551 (1964); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961); Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816 (1961); Araújo v. Arenas, 60 D.P.R. 284 (1942); Hull-Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 221 (1959); Vázquez Prada v. Santos, 54 D.P.R. 618 (1939); Cintran v. Yabucoa Sugar Co., 54 D.P.R. 518 (1939). En conclusión, la defensa de cosa juzgada basada en la sen-tencia federal era oponible a la demanda contra Díaz Burgos.

Contra esta conclusión no milita la existencia en el Tribunal Superior de partes demandantes adicionales que no litigaron en el foro federal. Ciertamente contra ellos no puede prosperar la defensa de cosa juzgada. La relación de parentesco con Díaz Burgos, padre, madre y tías no es suficiente para establecer la solidaridad requerida.

Finalmente, no procede la tesis de Díaz Burgos de que no debemos aplicarle la defensa de cosa juzgada por haber reclamado en instancia ciertos daños específicos que no fueron solicitados ante la corte federal. Reiteradamente hemos resuelto que una sentencia dictada en un caso anterior constituye cosa juzgada en cuanto a todos los puntos que pudieron o debieron haber sido litigados y determinados. Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242 (1959); Cruz v. Ortiz, 82 D.P.R. 834 (1961); Pereira v. Hernández, 83 D.P.R. 160 (1961); Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 92 D.P.R. 837 (1965); Riera v. Pizá, 85 D.P.R. 268 (1962).

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia y se revocará la resolución del Tribunal Superior, Sala de Baga-mán, fechada 23 de abril de 1985. En su lugar se desestimará la demanda de George Díaz Burgos. Se devolverán los autos originales al foro de instancia para la continuación de proce-dimientos compatibles con nuestro mandato.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

       Rafael Díaz Cruz y Justina Burgos, padre y madre de George Díaz Burgos; sus tías Priscila y Justina de apellidos Burgos Ramos, y Rubén Avilés.

      Esta Sentencia Parcial es final en cuanto al aspecto de negligencia respecta en relación con todas las partes litigan-tes, ya que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre el aspecto de negligencia hasta la resolución total del pleito en virtud de lo cual se ordena ésta se registre y notifi-que. (Regla 43.5 de las de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia, 1979; véase asimismo Asociación de Propietarios del Condominio Villas de Playa I de Dorado del Mar, Inc. vs. Santa Bárbara Company of P.R. Inc. y otros, 82-JTS 7; Inmobiliaria Estado, Inc. vs. Caribbean Properties Ltd. Inc., [sic] 82 JTS 138).

       Según Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 39-40 (1982), la Regla 43.5 debe leer:
      “Cuando un pleito comprenda más de una reclamación, ya sea mediante demanda, reconvención, demanda contra coparte o demanda contra tercero o figuren en él partes múltiples, el tribunal podrá dictar sentencia final en cuanto a una o más de las reclamaciones o partes sin disponer de la totali-dad del pleito, siempre que concluya expresamente que no existe razón para posponer dictar sentencia sobre tales reclamaciones o partes hasta la resolu-ción total del pleito, y siempre que ordene expresamente que se registre sen-tencia.
      “Cuando se haga la referida conclusión y orden expresa, la sentencia parcial dictada será final para todos los fines en cuanto a la controversia en ella adjudicada, y una vez sea registrada y se archive en autos copia de su notificación, comenzarán a correr en lo que a ella respecta los términos dis-puestos en las Reglas 47, 48 y 53.
      “En ausencia de la referida conclusión y orden expresa, cualquier orden o cualquier otra forma de decisión, no importa cómo se denomine, que adju-dique menos del total de las reclamaciones o los derechos y obligaciones de menos del total de las partes, no terminará el pleito con respecto a ninguna de las reclamaciones o partes y la orden u otra forma de decisión estará sujeta a reconsideración por el tribunal que la dicte en cualquier momento antes de registrarse sentencia adjudicando todas las reclamaciones y los derechos y obligaciones de todas las partes.”

      La Corte de Distrito federal puede asumir jurisdicción original en causas entabladas ante partes que sean ciudadanos de distintos estados o territorios. 28 U.S.C. see. 1332. En el caso de autos se cumple con los re-quisitos establecidos para que exista jurisdicción por diversidad de ciuda-danía.

       Otros casos han aplicado la doctrina federal de cosa juzgada, en situaciones donde la corte federal había asumido jurisdicción por diversi-dad de ciudadanía. El fundamento para tal actuación lo recoge la siguiente cita:
      “. . . It would be destructive of the basic principles of the Federal Rules of Civil Procedure to say that the effect of a judgment of a federal court was governed by the law of the state where the court sits simply because the source of federal jurisdiction is diversity. The rights and obligations of the parties are fixed by state law. These may he created, modified and enforced by the state acting through its own judicial establishment. But we think it would be strange doctrine to allow a state to nullify the judgments of federal courts constitutionally established and given power also to enforce state created rights.” Kern v. Hettinger, 303 F.2d 333, 340 (2do Cir. 1962).
      Esta jurisprudencia no es de aplicación al caso de autos. Aquí el tribunal federal dictó sentencia primero y la misma es invocada ante el Tribunal Superior. Los fundamentos esbozados en Kern v. Hettinger, supra, no son válidos cuando un tribunal estatal es el que va a determinar cuál es la doctrina de cosa juzgada aplicable. Tucker v. Crickelair, 493 A.2d 247 (1985); Monroe v. Lubonivic, 329 S.E.2d 583 (1985).