text:
    Rafael Colón Prieto, por sí, y la sociedad compuesta por Rafael Colón Prieto y su esposa Nilda González Casañas et al., demandantes y recurrentes, v. Lic. Wilfredo A. Géigel, demandado y recurrido.

      Número: O-83-400

      Resuelto: 29 de marzo de 1984

      Jorge Benitez Gautier, abogado de los recurrentes; Benito I. Rodrí-guez Massó, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

“La relación entre abogado y cliente puede considerarse desde varios puntos de vista. Ante todo desde el jurídico, respecto de los derechos y obligaciones que derivan para las partes del contrato de prestación de obra intelectual. . . . [S]alta a los ojos el carácter personal de la relación profe-sional, a causa del contacto humano que tiene lugar entre las partes y a causa de la naturaleza del objeto del contrato de que se trata. Sabido es que la relación que se establece entre abogado y cliente viene acotada por un carácter personal y fiduciario, así como por el hecho de que el cliente se confía a su patrocinador, debido sobre todo a la consideración que el primero tiene de las dotes de capacidad de trabajo (técnicas y morales) del segundo. . . . Está claro que de los dos sujetos de la relación profesional el abogado es el que tiene las redes en la mano y quien está destinado a desempeñar una función de arrastre en esta relación intersubjetiva, encontrándose él mismo, al menos en teoría, en posición de relativa superio-ridad respecto al cliente que, desconocedor de las reglas jurí-dicas, no conoce el ambiente forense y judicial y sufre por lo general el trauma psíquico del litigio en el que se ve envuelto como actor, como demandado o como acusado.” C. Lega, Deontología de la profesión de abogado, Madrid, Ed. Civitas, 1976, págs. 181-182.

I

Trasfondo de hechos alegados

Rafael Colón Prieto acudió al cirujano dental Philip R. Ark quien le diagnosticó que el padecimiento que sentía en su boca era causado por cuatro cordales impactados. Reco-mendó extraerlos. El 10 de noviembre de 1971 Colón Prieto se sometió a una intervención quirúrgica en un hospital. Al recuperar de la operación se percató de una herida en el lado derecho de la lengua que le producía sensación de ardor, quemadura intensa e insensibilidad en dos terceras partes de la lengua. Lo informó al doctor Ark, quien alegadamente le indicó que la herida fue ocasionada por una mordida que él mismo se produjo mientras estaba bajo los efectos de la anestesia en el cuarto de recuperación y que el dolor debía desaparecer al poco tiempo.

Lamentablemente no ocurrió así. El dolor agudo per-sistió, afectó y limitó las actividades ordinarias de Colón Prieto. Continuó visitando al doctor Ark, quien le pronosticó una recuperación con el transcurso del tiempo. La recupe-ración esperada no llegó. En la última visita que hizo en marzo de 1972 el dentista alegadamente le informó que de persistir los dolores habría que cortarle un pedazo de len-gua. Ante esa patética perspectiva, Colón Prieto recurrió aí Dr. Ricardo Pesquera, cirujano dental. Éste lo refirió al neurocirujano Dr. Max Ramírez de Arellano, quien, luego de un estudio concluyó que la lesión sufrida no fue causada por una mordida, sino que era una causalgia( ) producida por una cortadura o cercenación del nervio lingual dere-cho. () Se aduce que este hecho lo conoció Colón Prieto el 10 de noviembre de 1972.

El 10 de septiembre de 1973 Colón Prieto, en unión a su esposa, Nilda González Casañas, por sí e hijos María y Rafael, presentaron demanda contra el doctor Ark por ale-gada mala práctica, en el Tribunal Superior, Sala de Maya-güez, en que reclamaron $390,000 (Civil Núm. CS-73-3814). () Los emplazamientos expedidos el 14 de septiembre de 1973 no fueron diligenciados hasta el mes de agosto de 1974. En su contestación el doctor Ark planteó la defensa de prescripción por haberse presentado la demanda fuera del término de un año a partir del conocimiento del daño. ()

El abogado original de Colón Prieto, Lie. Manuel A. Moreda, renunció. Fue sustituido por el Lie. Wilfredo A. Géigel. Continuaron los trámites correspondientes. El 31 de marzo de 1978 las partes acordaron —con el visto bueno del Juez Superior Juan E. Lugo Rodríguez— posponer la vista en su fondo del 18 de abril con el propósito de dilucidar pre-viamente la defensa de prescripción. De prosperar, resul-taba académico continuar el proceso.

El día de la vista —que las partes entendían pospuesta— otro juez, ajeno al acuerdo de suspensión y sin el beneficio de una constancia o anotación en los autos, ante la incompare-cencia de ambas partes dispuso el archivo de la demanda e impuso a sus abogados una sanción económica para beneficio del Estado. El licenciado Géigel objetó la sanción mediante escrito del 26 de abril de 1978. Además el 27 de abril solicitó se dejara sin efecto la sentencia. Ambas peticiones fueron declaradas sin lugar. Infructuosamente presentó moción para reiterar esas súplicas. El 5 de junio formuló moción en que solicitó el relevo de sentencia y orden, la cual fue decla-rada improcedente. El 20 de julio presentó moción informa-tiva y solicitud de vista. Tampoco fue admitida. El 11 de diciembre radicó una moción bajo la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil. Fue denegada por falta de jurisdicción. Finalmente, sin éxito, el 18 de enero de 1979 solicitó recon-sideración y relevo de orden. En total presentó ante el foro de instancia seis (6) escritos. No pidió revisión de ninguna de esas resoluciones ante este tribunal apelativo.

Colón Prieto demandó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, al licenciado Géigel por mala práctica legal. Alegó que dejó transcurrir el término para solicitar revisión ante este Tribunal y que no vino en conocimiento del archivo de su causa hasta dirigirse, por iniciativa propia, al Tribunal Superior de Mayagüez para inquirir el estado de su reclamación.

Previo ciertos trámites de rigor, la Sala de San Juan (Hon. Flavio E. Cumpiano), desestimó sumariamente la demanda al resolver que estaba prescrita la reclamación original contra el doctor Ark. Además sostuvo:

Tomado, como fue, por sorpresa por la sentencia de archivo, el Ledo. Wilfredo A. Géigel, ni lento ni perezoso, procedió de inmediato a reclamar por los derechos de su cliente, hacién-dolo en forma insistente y firme. Pero como en nuestro sistema rogado de derecho unos piden y otros adjudican, sus peticio-nes, aunque bien formuladas, no fueron exitosas. No constituye acto negligente, generador de responsabilidad extracontrac-tual, el no poder convencer a un magistrado de lo inapropiado o de la incorrección de su determinación y de los méritos y la procedencia de la petición formulada.

Finalmente, consignó:

El análisis que antes hemos hecho apunta a que no hubo acción u omisión por parte del Ledo. Wilfredo A. Géigel que se pueda considerar culposa o negligente, pues apreciamos que en la atención del caso él cumplió con la práctica y las normas profesionales generalmente reconocidas por la profesión legal. Por otro lado, también hemos concluido que la razón que llevó al juez a archivar el caso no era imputable al Ledo. Wilfredo A. Géigel, por lo que no existe el nexo causal entre el alegado daño y la acción u omisión motivadora. Por último, indicamos nuestro parecer de que no hubo daños. La falta de cualquiera de los tres elementos es suficiente para desestimar esta demanda.

A solicitud de Colón Prieto revisamos.

H — ( H-I

Principios generales de responsabilidad

Coincidimos con la ilustrada sala sentenciadora de que no existe negligencia de un abogado por rio comparecer a una vista pospuesta por acuerdo de las partes y la anuencia de un magistrado. Sin embargo, el ámbito de negligencia imputada al demandado Géigel no es esa, sino aquella que surge con posterioridad a esa actuación, a saber, alegadamente no haber cumplido con el deber de informar y la relativa a su falta de diligencia en torno a no agotar los remedios en apelación.

El marco conceptual de esta acción lo encontramos en el siguiente pasaje jurídico:

El que ejerce una profesión liberal, sea de la clase que sea, y ofrece y presta sus servicios al público, está obligado a tener los conocimientos suficientes para ello, además de poner de su parte cuanto sepa para cumplir su cometido. No es suficiente poseer un título académico, a pesar de ser, en muchos casos, elemento indispensable para el ejercicio de la profesión, porque el progreso de las ciencias en unos casos, y las nuevas complicaciones que con el tiempo van surgiendo, en otros, hace precisa la diligencia debida, con posterioridad a la posesión del título académico. Y a pesar de poseer dicho título, el que ejerce una profesión, si por no tener los conocimientos, causa un perjuicio a su cliente, tiene el deber de indemnizar; porque culpable es el que, sabiendo su falta de competencia, ejerce la profesión. A. Borrell Maciá, Responsabilidades derivadas de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 66.

Para explorar y darle contenido específico a este concepto primeramente hemos de dejar sentados los elementos que enmarcan una reclamación por negligencia contra un abogado. Esencialmente la responsabilidad civil de un abogado (deber de responder) se configura a base de los elementos típicos de toda acción en daños contra un profesional. Son: (1) que la existencia de una relación de abogado-cliente que genere un deber; (2) que el abogado, por acción u omisión, lo viole; (3) que esa violación sea la causa próxima del daño al cliente; y (4) que el cliente, como reclamante, sufra daño o pérdida. D. Meiselman, Attorney Malpractice: Law and Procedure, Rochester, New York, The Lawyers Cooperative Pub. Co., 1980, págs. 39-40.

“Aun cuando existen variaciones en la caracterización de los elementos sobre la norma de cuidado, es posible precisar una definición que no dependa necesariamente de un promedio matemático de preferencias judiciales, como tampoco de la acción u omisión particular envuelta. El punto de partida es el de ‘hombre razonable’, ese ideal platónico que define la conducta apropiada de todos aquellos que desean evitar incurrir en responsabilidades. El abogado simplemente es una persona razonable que ha asistido a una escuela de derecho, ha obtenido un diploma, ha sido admitido a ejercer y que, tal vez, de la experiencia adquirió alguna sabiduría. Así, el ‘hombre razonable’ se transforma en el ‘abogado razonable’.” R. Mallen, Legal Malpractice, 2da ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1981, Sec. 252, pág. 321.

Los deberes de todo abogado para con su cliente, en términos generales, están plasmados en el Código de Ética Profesional. En su relación con los clientes tiene las siguientes obligaciones: actuar con destreza y cuidado, informarle sobre sus honorarios, proteger sus intereses, cumplir con las instrucciones por medios permisibles, consultarlo sobre dudas que no caigan en el ámbito discrecional, y mantenerlo informado sobre todo lo necesario. J.P. Eddy, Professional Negligence, Londres, Stevens & Sons Ltd., 1956, págs. 27-28.

Principio de información

Este deber, cuya génesis es el “principio de información”, significa que el abogado, además de representar a un cliente con fidelidad, lealtad y diligencia, debe siempre mantenerlo informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso cuya atención le ha sido encomen-dada. In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6, 18 (1978).

No es necesario mucho esfuerzo mental para aceptar que una sentencia de archivo —o en sus méritos— que pone fin parcial o adjudica totalmente la causa de acción y derechos, claramente cae entre los asuntos a ser informados inmediatamente por el abogado al cliente. “El principio de información desarrolla su eficacia también durante la tramitación del litigio y en su fase conclusiva. El abogado está llamado a informar diligentemente y a su debido tiempo a su asistido sobre las vicisitudes de la controversia, con mayor premura y atención cuando el mismo cliente sea sujeto activo de determinadas vicisitudes procesales . . .”. Lega, op. ciC, pág. 143.

Principio de diligencia

En Puerto Rico rige lo que la doctrina denomina “principio de diligencia”. “Los comportamientos contrarios a la diligencia se consideran negligentes.” Lega, op. cit., pág. 122. “Siendo la lucha la ley de la actividad jurídica, quien es negligente no ejerce, sino sólo simula ejercer el derecho.” J. B. Iturraspe, Función Social de la Abogada, 2da ed., Santa Fe, Argentina, Ed. Castellví, 1967, pág. 44. Invariablemente hemos requerido de los abogados “celo, cuidado y diligencia” en la tramitación de asuntos judiciales. Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974); In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976).

En este caso el principio de diligencia se plantea en lo relativo al deber de apelar. ¿Tiene ese encargo implícitamente en todo caso resuelto adversamente a su cliente? Obviamente la contestación es en la negativa. No todos los casos tienen méritos suficientes para ser llevados en alzada. Sólo aquellos casos en que luego de ser evaluados objetiva, crítica y desapasionadamente el abogado se convence de que tienen méritos suficientes para ser considerados en una ape-lación. Como regla general, en ausencia de convenio el abo-gado no tiene esa obligación con su cliente una vez dictada la sentencia. Pueblo v. Jiménez, 77 D.P.R. 687 (1954). Sin embargo, ello no debe confundirse con la responsabilidad que existe de salvaguardar el derecho de apelar. Véase Anot., Attorneys — Negligence—Liability, 45 A.L.R.2d 9, Sec. 21 (1956). Entre la defensa de los derechos de un cliente está revisar los dictámenes judiciales que le son adversos. “[C]omo no existe un deber, un abogado no es responsable por una apelación tardía, por el solo hecho de que no renunció antes de expirar el término. Sin embargo tiene el deber de ase-sorar al cliente sobre su derecho de apelar y los métodos relativos a ese remedio. Hay una diferencia sustancial entre instar una apelación y asesorar al cliente sobre el derecho y la oportunidad del remedio. Como lego, no puede esperarse que el cliente reconozca o evalúe las avenidas remediales ulteriores. Únicamente el abogado puede hacerlo.” Mallen, op. cit, Sec. 101, pág. 176.

I — I ► — I

Ambito de posible responsabilidad del abogado Géigel

Los principios expuestos deben aplicarse para evaluar en su oportunidad la explicación del licenciado Géigel de que no instó un recurso en alzada por entender que las gestiones que estaba haciendo ante el foro de instancia eran sufi-cientes, pues éste había incurrido en un error claro. Adujo “por otro lado, [que] ir en alzada al Tribunal Supremo sobre una cuestión subsidiaria cuando el asunto principal no había sido resuelto y además estaba en duda, no lo consideraba] prudente”. Es menester resolver si esas gestiones fueron suficientes. Sus diligencias no deben evaluarse a base de un criterio cuantitativo, como parece intimar el tribunal sen-tenciador, sino por lo adecuadas y por sus resultados. No podrá ser eximente de responsabilidad el razonamiento de que no vino en alzada a base de que era una “cuestión subsi-diaria”. Por el contrario, el argumento es de doble filo. El archivo de un caso en circunstancias tales que a su juicio constituía un “error claro” no puede estimarse como subsidia-rio, máxime cuando representó la pérdida de la acción de Colón Prieto contra el doctor Ark sin oportunidad de venti-larla en sus méritos.

El deber de proteger el derecho de apelación va inexorablemente ligado al de “comunicación”. El Canon 19 del Código de Ética Profesional impone al abogado “mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado”. La razón de este mandato es claro. Sólo debidamente informada una persona puede optar por determinado curso de acción procesal y evitar, si posible, perjuicio a su reclamación. Aquí se alega que el abogado Géigel violó también ese deber. Ambos aspectos deben dilucidarse en juicio plenario y no mediante sentencia sumaria.

J — 1 <

Relación causal

La naturaleza de una reclamación por mala práctica profesional, en contraste con otras, resulta más compleja respecto al elemento de la relación causal. El actor tiene que probar que tenía una causa de acción válida que se vio malograda por la negligencia del abogado. Esta exigencia peculiar, de perfiles propios, denominada por los tratadistas “un caso dentro del caso” significa que el “cliente debe establecer que él debió ganar el primer caso como paso previo para ganar el segundo”. J. Wade, The Attorney’s Liability for Negligence en Professional Negligence (Roady & Andersen eds.), Tennessee, Vanderbilt Univ. Press, 1960, pág. 231.

La necesidad de litigar el caso previo alegadamente frus-trado para abrir las puertas al segundo implica ventilar todos los puntos y elementos clásicos de un proceso ordinario, con la única variante que, de hallarse probada la causa original, no podrá exigirse de la parte culposa resarcimiento. Simplemente habrá terminado el prólogo del proceso para entonces comenzar la segunda etapa e intentar establecer la responsabilidad del abogado.

En este caso el tribunal a quo estimó que la causa original de Colón Prieto contra el doctor Ark estaba prescrita, pues éste invocó oportunamente dicha defensa. Como conse-cuencia concluyó que la instada contra el abogado Géigel no tenía posibilidades de prevalecer. También erró.

La institución de la prescripción extintiva aspira a ase-gurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975). Su innegable necesidad y valor responden a “una pre-sunción legal de abandono, derivada del hecho del trans-curso de un tiempo determinado sin reclamar un derecho”. Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89, 93 (1962). Sin embargo, ninguno de los intereses a los cuales responde es absoluto —de un lado salvaguardar un derecho y del otro darle carác-ter definido a la incertidumbre de una posible reclamación— sino que deben ser aquilatados en su justa proyección.

El período ante nuestra consideración está fijado en el segundo párrafo del Art. 1868 del Código Civil que reza: “Prescriben por el transcurso de un año ... \l]a acción para exigir la responsabilidad civil. . . por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en el artículo 1802 de este título desde que lo supo el agraviado.” (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 5298. ()

El demandado Géigel basa la defensa de prescripción en que el término se inició desde que Colón Prieto se percató de que tenía un daño. En su apoyo cita González v. Pérez, 57 D.P.R. 860 (1941), en el cual unos balaustres caen sobre una persona y le producen lesiones. El allí lesionado interpuso la demanda después del año del accidente. Este foro decidió que la reclamación estaba prescrita. El citado caso es dis-tinguible. Es más bien un ejemplo de la regla general, pues el actor “sabía”, esto es, conocía que se le había causado un daño y tenía consciencia de la responsabilidad e identidad del autor.

En un caso como el deducido contra el doctor Ark, ¿cuál es el verdadero punto de partida para la prescripción? Primeramente, debe notarse que la frase “desde que lo supo el agraviado” es con referencia a la responsabilidad civil ex delicto. Segundo, la doctrina rechaza una interpretación literal y restrictiva. Así, Borrell Maciá explica que “prescribe por el transcurso de un año a contar desde que lo supo el agraviado; y pudo ejercitar la acción, añade la jurispru-dencia. ... El aditamento de la jurisprudencia es lógico, y está de acuerdo con los principios generales que regulan la prescripción. Si ésta tiene su fundamento al establecer la pérdida de derechos, en el abandono del que los posee, pre-cisa que realmente se dé tal abandono; y si no puede ejerci-tarse la acción, no puede decirse que exista. . . . Por ello parece que hasta tal momento no debería iniciarse el plazo de prescripción, ya que es igual no poder ejercitar las ac-ciones por imposibilidad física o ignorancia del hecho cau-sante del perjuicio, que por ignorar que se tienen. Natural-mente que si la ignorancia de que se trata fuese debida a negligencia o descuido del interesado, a nadie más que a él podrían atribuirse las consecuencias de tal descuido, y no parecería lógico, en tal caso, una reserva de derechos o un aplazamiento en el inicio del plazo de prescripción”. Borrell Maciá, op. cit., págs. 344-345. Igualmente, Santos Briz, al comentar una sentencia española, consigna que “para que la justicia quede a salvo en todo caso, con que el agraviado haya sabido de la obligación de reparar daños: se ha de requerir, además, que haya podido ejercitar la acción”. (Énfasis suplido.) La brevedad del plazo justifica este crite-rio. J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 293 esc. 66.

Esta orientación parte de la premisa de que la ignoran-cia del titular del derecho sobre si ha nacido o no una acción derivada de un acto ilícito es pertinente y determinante. Adopta la tesis subjetiva frente a la objetiva. Sobre estas dos posiciones y sus diversos criterios, el Tribunal Supremo de España, en sentencia de 24 de septiembre de 1965, Núm. 3995, Aranzadi, XXXII Repertorio de Jurisprudencia 2456, expresa:

[E]n el terreno teórico o doctrinal, cabe la adopción de un criterio meramente “objetivo” que atiende sólo a la fecha de producción del hecho, con independencia del conocimiento que, del mismo, pueda tener el accionante o de un punto de vista “subjetivo” exigiendo que la realización o efectividad de aquél, sea conocida por el agraviado ya que éste, mal puede manifestar antes, su voluntad de ser resarcido, conforme a la ley, puesto que “nihil volitum, nisi praecognitum” y si el primer criterio, lo abonan razones de certidumbre jurídica, el segundo se ofrece como más razonable y equitativo siendo, en definitiva, el adoptado por el art. 1968 n. 2.° de nuestro C. Civ., [1868 del nuestro] que prescribe, entre otras, por el transcurso de un año, la acción para exigir la responsabilidad por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, de que no se-trata en el art. 1902 [1802 nuestro] “desde que lo supo el agraviado”.

En el caso de autos Colón Prieto se percata de la lesión en su lengua el día 10 de noviembre de 1971. Al inmediata-mente inquirir, su médico, el doctor Ark, le indicó que la herida fue el resultado de una mordida que él mismo se pro-dujo. En varias ocasiones volvió a ver al doctor Ark. El que continuara padeciendo —como enfatiza el tribunal senten-ciador no significa necesariamente que sabía la génesis del daño. El propio doctor Ark le decía y reafirmaba que se ali-viaría. La última vez que lo consultó le dijo que si la con-dición seguía, volviera a los cuatro meses. Es razonable pen-sar que Colón Prieto confiaba en lo que su médico le decía, pues es obligación de todo galeno informar el estado y pronós-tico clínico, excepto en situaciones o casos en que ese informe dificulte el tratamiento o agrave el curso de acción del paciente.

En estas circunstancias no puede imputársele conocimiento del daño desde la operación. Como paciente confió en ese galeno. No es hasta que consulta otros médicos, en particular al doctor Ramírez de Arellano, que el 10 de noviembre de 1972 sabe que su lesión no fue resultado de una mordida, sino de una cercenación del nervio lingual derecho. En ese momento es que conoce que el daño fue causado probablemente por impericia del médico doctor Ark. Bajo el criterio “subjetivo” aplicable a acciones contra médicos, el término prescriptivo comenzó desde esa fecha y al radicar su demanda estaba viva su causa de acción.

Adviértase que la relación médico-paciente constituye “un acto de confianza para las dos partes; principalmente, desde el ángulo del paciente que elige al médico”. A. J. Bueres, Responsabilidad Civil de los Médicos, Buenos Aires, Ed. Abaco, 1979, pág. 54. Como tal, Colón Prieto entregó el cuidado de su salud —diagnóstico, intervención quirúrgica y tratamiento posterior— al doctor Ark sin más seguridad que descansando en su buena fe, capacidad y opinión. Como afirma Puig Brutau, “[p]ero una cosa es que la persona ignora que le asiste un derecho, y que por tanto desde enton-ces puede ejercitarlo, y otra bien distinta que de una forma más o menos subrepticia se oculte al titular de un derecho una lesión del mismo, y que por tanto a partir de esta lesión —que se mantiene oculta— nace la correspondiente acción para hacer valer tal derecho”. Y “no puede entenderse naci-da la acción cuando la lesión del derecho ocurra en unas cir-cunstancias tales que supongan un acto clandestino u oculto del cual no pueda tener conocimiento el titular del derecho, que actúa con el grado normal de diligencia que establece la ley”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I, Vol. 1, 2da parte, págs. 876-877.

La posición señalada es la más justa y equitativa. Salvaguardamos el derecho de reclamar del perjudicado y no premiamos a aquel que, habiendo causado el daño, se refugió en la confianza e ignorancia de su paciente para beneficiarse y derrotar la acción. “Por lo demás, al perjudi-cado, para ejercitar la acción, no le basta saber que lo ha sido, sino que precisa conocer quién es el autor del daño, para poder dirigir la demanda contra él, saber a quién debe demandar; por lo cual, a la noticia del daño ha de añadirse la del que lo causó, para que corra la prescripción.” (Énfasis nuestro.) A. Borrell y Soler, Derecho Civil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1955, T. I, Parte General, pág. 500. Véanse: M. J. Argañarás, La Prescripción Extintiva, Buenos Aires, Ed. Tea, 1966, pág. 245; L. Enneccerus, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, T. II, Vol. 2, 2da parte, pág. 1163.

Resolvemos que el período prescríptivo de un año en la acción contra el Dr. Philip R. Ark comenzó a correr desde el 10 de noviembre de 1972, fecha en que el doctor Ramírez de Arellano le notificó a Colón Prieto que su lesión se debía a una cercenación del nervio lingual derecho. La demanda contra el doctor Ark no estaba prescrita.

Por los fundamentos expuestos se dictará sentencia en que se revoque la del tribunal de instancia. Se devolverá a dicho foro el caso para la continuación de trámites compatibles con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asocia-do Señor Díaz Cruz concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) “Dolor quemante, a menudo acompañado por trastornos tróficos de la piel, causado por sección completa o incompleta u otra lesión de un nervio periférico.” Diccionario de Ciencias Médicas Dorland, Buenos Aires, Ed. El Ateneo, 1979, pág. 247.

      (2)Se reclama que esta conclusión está corroborada por un nutrido grupo de médicos locales y de Estados Unidos —peritos en la materia— quienes además concluyeron que para tal padecimiento no existe posibilidad alguna de recupe-ración, ni siquiera alivio.

      (3) Existe jurisprudencia norteamericana en que se impone responsabilidad por laceraciones a la lengua durante tratamiento dental. Véase Dental Malpractice, 23 NOCA 4th 32-37 (1978).

      (4) Obsérvese que la causa de acción nace antes del 30 de mayo de 1976. Por ende, no es de aplicación la Ley Núm. 74 de ese año, y sí el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298.

      (5) La presentación de la demanda contra el doctor Ark fue con anterioridad a la Ley Núm. 74 del 30 de mayo de 1976 (26 L.P.R.A. see. 4101 et seq.).


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Tomás Dieppa Beauchamp, acusado y apelante.

      Número: CR-83-13

      Resuelto: 3 de abril de 1984

      N. Torres Marrero, abogado del apelante; Miguel Pagan, Subpro-curador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Acusado de un delito de homicidio por causar la muerte de un ser humano al propinarle un golpe en la barbilla en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera, el jurado rindió veredicto de culpabilidad contra el apelante por el delito de homicidio involuntario. Fue condenado a cumplir una sentencia de seis meses de cárcel con el beneficio de una sentencia suspendida.

En apelación impugna el veredicto porque a su juicio la identificación que se hiciera en la rueda de detenidos no fue confiable y de que su prueba de coartada es creíble. El ape-lante, además, señala en el escrito de apelación otros dos errores que no consideraremos porque no tenemos el benefi-cio de su discusión. En su alegato, el apelante se limita a repetir los dos señalamientos sin discutirlos. Nos referimos al señalamiento de que se provocaron innumerables recesos en el juicio sin decirnos cómo se afectaron los derechos del apelante, y que no se diera una instrucción sobre un posible veredicto de agresión. Recordamos a este respecto que en Pueblo v. Figueroa, 80 D.P.R. 328, 338-339 (1958), se expresó:

El apelante, en un impulso momentáneo, irreflexivo y pre-cipitado realizó un acto ilegal al golpear, con su puño, al sol-dado, que constituyó un delito de acometimiento y agresión simple. Pero al agravarse el acto ilegal con la infortunada e imprevista muerte accidental del agredido, el delito final-mente cometido resultó ser el de homicidio involuntario defi-nido por el Art. 203 de nuestro Código Penal, .... (Escolio omitido.)

Con respecto a la identificación del apelante, el alegato del Procurador General disipa cualquier duda que pudiera haber sobre la confiabilidad del procedimiento utilizado. Transcribimos del mismo a continuación.

Luego de una investigación practicada por el agente inves-tigador de la Policía, Pedro J. Rivera, el día 9 de agosto de 1982 se celebraron las ruedas de detenidos (“lineups”) donde el acusado fue identificado. Al momento de celebrarse la rueda de detenidos el acusado estaba representado por su abogado, Lie. Nicolás Torres Marrero. Además, estaban presentes allí el Fiscal Warren Vázquez y el Oficial Comandante de la Armada de los Estados Unidos en los Cuarteles del Caribe, Paul Lawrence Teare. Ese día se celebraron inicialmente cinco ruedas de detenidos, una por cada uno de los marinos que figuran como testigos del Pueblo en la acusación. El acu-sado fue presentado en la rueda junto a otros sospechosos. Ninguno de los cinco marinos pudo inicialmente identificar al acusado en la primera rueda de detenidos que se celebró.
No obstante, el marino Mariano P. Roa, Jr., al salir del cuarto de identificación, le comentó al Comandante Teare que “[e]l que le había dado el puño a Jones estaba en ese grupo, pero que dijo que no lo había visto, porque quería estar positivo y que estaba nervioso.” (E.N.P., pág. 5). Igualmente, el testigo Robert Scott McNight le informó al Comandante Teare que había visto al acusado en la rueda, pero que no se atrevió a indicarlo al agente porque quería estar seguro (E.N.P., pág. 10). Ambos marinos dijeron entonces que quizás en un segundo “lineup” podían hacer una identificación.
Se celebró entonces una segunda rueda de detenidos donde participaron como testigos de identificación los marinos Roa y McNight. En esta segunda rueda Roa identificó al acusado como el autor de los hechos, pero McNight no lo pudo identi-ficar “porque estaba nervioso por las preguntas que le hacía el abogado y quería estar seguro.” (E.N.P., pág. 10).
Durante el juicio tanto Roa como McNight identificaron al acusado como el autor de los hechos delictivos. (E.N.P., págs. 2, 7 y 10).
El apelante se queja de la forma en que fue identificado y alega que hubo presiones por parte del Fiscal Vázquez para que se celebrara la segunda rueda de detenidos. Ello es total-mente incorrecto pues la segunda rueda se celebró a instancias de los propios testigos Roa y McNight, quienes querían estar seguros de que podían hacer una identificación correcta. Debe considerarse aquí que los testigos habían estado sujeto[s] a grandes presiones, ya que los hechos ocurrieron el mismo fin de semana que mataron a cuatro marinos frente al Club Náutico y ellos tenían miedo de que también los mataran. (E.N.P., pág. 12).
En ningún momento el Ministerio Público ni oficial alguno de la Policía presionó a los testigos para que éstos identifica-ran al acusado. El testigo Roa lo identificó en la segunda rueda luego de manifestar que lo había identificado en la pri-mera rueda pero que quería estar seguro. Roa tuvo amplia oportunidad para observar al acusado la noche de los hechos pues cuando ocurrió el incidente con el marino Jones, él se dirigió a la puerta de salida del negocio y pudo ver de cerca al acusado cuando éste le dio el puñetazo a Jones en la cara. (E.N.P., págs. 2 y 4). También el testigo McNight observó al acusado desde bien cerca la noche de los hechos, pues estuvo discutiendo con él cuando éste llevaba a Jones para sacarlo fuera del negocio. El acusado empujó entonces a McNight y le dio el puño en la cara a Jones. (E.N.P., pág. 7). Alegato del Procurador General, págs, 3-5.

Estamos convencidos de que el procedimiento de identifi-cación cumple con las exigencias del debido proceso.

La prueba de coartada no fue creída por el jurado y nada se aduce para justificar que intervengamos con la discreción así ejercitada.

Se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión disidente a la cual se unió el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Presidente Señor Trías Monge disiente sin expresión.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—0—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila

a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Disiento. Al enfrentarnos a casos como el que ahora con-sideramos debemos tener presente lo expresado en Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 252-254 (1969), al efecto de que:

No puede haber un juicio justo e imparcial si no se garan-tiza debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la comisión de un crimen. Los mayores extravíos en la administración de la justicia lo ocasionan los errores en la identificación de los acusados. Se apunta que en un estudio de sesenta y seis casos resueltos, en veintinueve de ellos se iden-tificó erróneamente al acusado. Ver Borchard, Convicting the Innocent (Garden City, 1932); Williams & Hammelmann, Identification Parades-I, 1963, Crim. L. Rev. 479.
En el último artículo citado se expresa:
“Las razones del peligro de esta clase de evidencia no son difíciles de descubrir. Evidencia de identificación es la evidencia de opinión por excelencia, es la clase de prue-ba de la cual el derecho inglés, siempre se ha protegido con singular cuidado. Como los Jueces Evatt y MacTier-nan comentaron en el caso australiano de Craig, ‘Un tes-tigo honesto que dice ‘El acusado es el hombre que guiaba el carro,’ lo que aparenta ser una simple, clara e impresio-nante aseveración, realmente está asegurando: (1) que él observó al conductor, (2) que lo que observó, quedó gra-bado en su mente, (3) que él todavía retiene esta impresión original, (4) que tal impresión no ha sido afectada, altera-da o reemplazada, por las fotografías publicadas del acu-sado y (5) que el parecido entre la impresión original y el acusado es suficiente para concluir que no es un parecido sino una identificación.’ La complejidad de esta controver-sia se confunde cuando al testigo se le pregunta, como comúnmente se hace, ya sea por el fiscal, o por el juez: ‘¿Ve usted hoy en corte el hombre de quien usted habla?’ La contestación a esta pregunta, con un gesto en direc-ción al banquillo de los acusados es una conclusión espe-rada: resulta poco plausible e impresiona al jurado, y sin embargo la cuestión de si el testigo reconoce ahora al acu-sado como el criminal es de tan poca fuerza probatoria que sería mejor que no se le preguntara, excepto en el contexto de otras tres preguntas: ¿cuándo y en qué circunstancias reconoció el testigo por primera vez al acusado como el hombre?; ¿si tuvo alguna dificultad en reconocerlo?; ¿y por qué rasgos lo identificó? Aún estas preguntas adicionales puede que no salven esta clase de evidencia del peligro de confundir a los jurados, pero al menos brindarán alguna oportunidad de revelar faltas en la identificación.”
Ver además Gorphe, “Showing Prisoners to Witnesses for Identification”, 1 American Journal of Police Science, 79 (1930); United States v. Wade, supra, a la pág. 228
Conociendo los errores que se pueden cometer en la identifi-cación de una persona que sólo ha sido observada por tiempo limitado, en circunstancias de tensión y nerviosismo que nece-sariamente afectan el sentido de percepción, esta fase del proceso investigativo debe rodearse con las salvaguardas nece-sarias que eviten que se malogre la justicia. No se debe depender de la identificación que pueda hacer en corte el día del juicio. La identificación en el juicio estaría maculada por los vicios de que adoleció la llevada a cabo en la etapa investi-gativa. Ver People v. Caruso, supra; IV Wigmore, On Evidence, Sec. 1130 (ed. 1940). Los testigos ya habían determi-nado que el acusado era el responsable. La identificación durante el juicio resulta una mera formalidad. Como se expresó en el artículo escrito por Williams and Hammelmann, supra, y que se cita en Wade a la pág. 229: “La experiencia ha demostrado que una vez un testigo señala al acusado en la con-frontación, no es de esperarse que se retracte más tarde, de tal manera que en la práctica la controversia de la identificación puede (en la ausencia de otra evidencia relevante) para todos los propósitos prácticos ser determinada en ese momento, antes del juicio ....”

Procede analizar la prueba. Un marino de apellido Jones, al ser expulsado por una persona del club nocturno La Riviera, luego de un día de fiesta, recibe un golpe en la qui-jada, rodando escaleras abajo. Los golpes sufridos al caer le ocasionaron la muerte. A Jones le acompañaban varios marinos. Sólo uno de ellos “identifica” al apelante. Su ape-llido es Roa. Declaró “que abandonó el barco alrededor de las dos de la tarde y se fue por la ciudad de San Juan vi-sitando varios bares, que estuvo de bar en bar y a eso de las siete a ocho de la noche se fue con unos amigos para la ‘Riviera Night Club’, que se sentó en el ‘counter’ de una de las barras de la Riviera donde consumieron bebidas alcohó-licas; había mujeres ‘a go-go’ bailando, y entre ocho y nueve de la noche vio a su amigo Tibby Jones [la víctima] a quien conocía desde agosto de 1981; describe a Jones como un joven delgado de más o menos de cinco pies y seis pulgadas de alto y ciento treinta y cinco de peso; que vio a Jones cuando caminaba por detrás del ‘counter’; que lo vio cuando él (el testigo) por curiosidad miró hacia atrás, pues él tiene el hábito de mirar para todos los lados; que luego vio al acu-sado (al cual identificó en corte abierta), dirigirse a donde estaba Jones y lo agarró por los brazos y le dijo que se saliera del bar; que Jones rechazó al acusado y trató de deshacerse de él, pero como era más chiquito no podía sol-tarse; Jones no quería irse del bar; el acusado lo empujó hacia la salida caminando una distancia de quince a veinte pies; mientras tanto él seguía bebiéndose una cerveza y no vio lo que sucedía cuando se acercaron a la puerta de salida; luego oyó unos gritos y vio alguna gente que se mov[ía] hacia la puerta; entonces él también se dirigió hacia la puerta de salida y vio otra persona bloqueando la salida; esa persona no está en la sala; pudo apreciar que la puerta es de cristal y cuando se acercó a la misma vio al acusado y a Jones argu-mentando mientras el acusado aguantaba a Jones por el brazo; Jones estaba de frente; allá también estaba el marino McNight a la parte izquierda de donde estaban Jones y el acusado; que Jones trataba de zafarse; entonces el acusado empujó a McNight y le dio a Jones un puño en la cara; Jones estaba cerca del escalón superior de la escalera; el golpe que recibió Jones fue fuerte y brincó cuatro o cinco escalones hasta caer; el golpe fue en la quijada izquierda; cuando Jones cayó, el testigo le dijo a la persona que lo bloqueaba que lo dejara pasar; la persona que estaba en la puerta lo dejó pasar y Jones estaba en el fondo de la escalera, respi-rando fuerte; Jones no podía hablar; tenía los ojos abiertos y botaba sangre por la cabeza; McNight estaba allá y ayudó a Jones a trasladarlo al barco; él regresó a la barra y no sabe lo que pasó después”. E.N.P. enmendada, págs. 1-2.

En cuanto a cómo se llevó a efecto la identificación del apelante el testigo Roa manifiesta “que compareció el día 9 de agosto de 1982, al Cuartel de la Policía para rueda de detención de sospechosos. Dice que él fue el primero en par-ticipar; se le mostraron los retratos tomados durante el proceso del ‘line up’. Dice que fue el primero en participar en dicho ‘line up’, en el cual hab[ía] otras personas. Explica el proceso anterior al ‘line up’, declarando que el oficial que dirigía el ‘line up’, le hizo advertencias bien claras en cuanto a la seguridad de la identificación; mientras estaba obser-vando la rueda de detención, al lado de él estaba el Coman-dante Teare, además del Fiscal Vázquez, el oficial que diri-gía el ‘line up’ y el abogado del acusado; declara que estaba bien consciente de lo que hacía y que estuvo el tiempo sufi-ciente para estar seguro de la identificación; pues tenía claro en la mente todas las instrucciones que al respecto le había hecho el oficial que dirigía el proceso del ‘line up’; que los sospechosos, a indicaciones de él, adoptaban distintas posi-ciones: de frente, de perfil, y de espaldas, y luego extendían los brazos hacia el frente a indicaciones del testigo durante algún tiempo moviendo los brazos en distintas posiciones para asegurar la identificación; que en el ‘line up’ donde estaba el acusado hab[ía] cuatro a cinco personas más; que él estuvo observando detenidamente a todas ellas incluyendo al acusado, no identificando al acusado como la persona que intervino en el incidente con su amigo Jones[;] que al salir del cuarto de identificación, le comentó al Comandante Teare, que el que le había dado el puño a Jones estaba en ese grupo, pero que dijo que no lo había visto, porque quería estar posi-tivo y que estaba nervioso. Que le explicó eso al Comandante Teare. Que luego que se terminaron los ‘line ups’, que fueron [de] cuatro a cinco en total y en los cuales sus compañeros McNight, Mulligan, Shibes y Godsey no pudieron tampoco identificar al acusado, a él y a McNight lo[s] sometieron en horas de la tarde a una serie de ‘line ups’, entre los cuales identificó al acusado. Que se enteró que McNight, también fue sometido a ‘line up’, pero no pudo identificar al acusado. También declaró que él había tomado tres cervezas en la tarde y había comido en la noche del 14 de mayo de 1982; por lo que pudo apreciar bien lo que aconteció en La Riviera y en la escalera del negocio. Que aunque beba el sentido de percepción y de observación no se le afecta. Declaró además que había tomado antes de llegar a La Riviera y que había comido; declaró que McNight estuvo más de cerca al acu-sado que él durante el incidente del golpe”. E.N.P. enmen-dada, págs. 4-6.

En Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978), expresamos que al calibrar la confiabilidad de una identifi-cación debíamos tomar en consideración ciertos indicadores de suficiencia y confiabilidad a que hizo referencia el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Neil v. Biggers, 409 U.S. 188, 199 (1972) y Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977). Estos indicadores son: (1) oportunidad de observar; (2) grado de atención; (3) fidelidad de la descripción; (4) nivel de certeza y (5) tiempo entre el crimen y la confron-tación.

Antes de considerar la prueba a la luz de estos indica-dores, procede consignar que en todo el proceso de identifi-cación estuvo junto a los cinco marinos su oficial comandante y que éstos sentían la obligación de explicarle que tenían dificultad en identificar al causante del daño.

Veamos cuál es la situación con el marino Roa, quien identificó al apelante. Admite que estuvo bebiendo toda la tarde, que al llegar a La Riviera continuó bebiendo y que al comenzar el incidente que terminó en tragedia estaba de espaldas, pero miró hacia atrás y continuó bebiendo y no es hasta que surge el incidente final en la escalera que se levanta y a través de un cristal, en ambiente de obscuridad, que puede apreciar entre un grupo de personas, quién propinó el golpe que hizo rodar a Jones escaleras abajo. Sin embargo, declaró que el marino McNight estaba más, cerca y junto a Jones en la escalera, pero éste no pudo identificar al apelante en dos ruedas de detenidos. Esto a pesar de haberle indicado al comandante en la primera ocasión que no había podido identificar al autor del delito, pero que sabía que estaba en la rueda. En la segunda oportunidad tampoco pudo identificar al apelante. Luego de ocurrida la desgracia, la víctima fue llevada al barco y Roa regresó a la barra.

Es evidente que este testigo que se pasó bebiendo toda la tarde y que continuó ingiriendo bebidas alcohólicas en La Riviera, no podía estar en condiciones de percibir y grabar en su mente la fisonomía de la persona que agredió a Jones y especialmente cuando los hechos ocurrieron en horas de la noche, en un establecimiento mal alumbrado con poca visibi-lidad. Cuando se inició el incidente dentro del negocio en el que Jones era llevado por un brazo, según Roa, miró hacia atrás, pero siguió bebiendo y no fue sino hasta que oyó un alboroto en la escalera que se levantó y a través del cristal de la puerta observó lo que ocurría en la escalera. Arroja sospe-chas la inmutabilidad de Roa al seguir bebiendo a pesar de que su amigo tenía problemas. Esta conducta confirma su estado de ebriedad.

Es razonable concluir que dado el estado de ebriedad en que estaba, su colocación y la obscuridad del lugar, Roa no tuvo la oportunidad de observar adecuadamente y que no prestó un grado de atención suficiente. Lo demuestra el hecho de que al comenzar el incidente continuó bebiendo, y que luego del incidente final regresa a la barra. El hecho de que tardara tanto en identificar al apelante y que en todo momento del proceso de identificación estuviera bajo la supervisión de su comandante, indican ciertamente que el nivel de certeza era de dudosa confiabilidad. Y si a esto añadimos que los otros marinos que estaban junto a Jones, especialmente McNight, no pudieron identificar al acusado en la rueda de detenidos, se demuestra con claridad la falta de confiabilidad de la identificación hecha por Roa. Revo-caría.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Ángel Oliveras, demandante y recurrido, v. Reinaldo Paniagua Diez, demandado y peticionario.

      Número: O-84-46

      Resuelto: 9 de abril de 1984

      Elisabet Rodríguez Pérez, abogada del peticionario; Héctor Lugo Bougal, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso plantea como interrogante si la doctrina de “malicia real” expuesta en Torres Silva v. El Mundo, 106 D.P.R. 415 (1977), aplica a acciones por alegada difamación cuando el que la origina es persona ajena a la prensa.

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El peticionario Ángel Oliveras, Redactor Jefe de De-portes del periódico El Nuevo Día, escribió y publicó bajo la sección () de deportes en la edición del 14 de enero de 1981 un artículo titulado () Réquiem para los que no fueron Super Cangrejeros. En el mismo, a modo de comentarios, () expuso los errores que a su juicio contribuyeron a la de-rrota en la temporada de ese año del equipo de béisbol Can-grejeros del Santurce frente a los Criollos del Caguas y criticó a su presidente, Ledo. Reinaldo Paniagua Diez. Des-tacamos los siguientes asertos:

Lo de Super siempre fue antipático . . . desde que lo lan-zaron al mercado en la temporada 79-80. Se lo apunté al pro-pietario de los Cangrejeros, Reinaldo Paniagua.
Super viene del latín “super”. Significa sobre y en las voces de nuestra lengua a que se halla unida, denota preeminencia como en superintendente; grado sumo, como en superfino; exceso o demasía como en superabundancia, supernumerario.
Si se anuncia que se trae un superequipo hay que demos-trarlo sobre el terreno de juego. En el 79-80 no fueron tan super y en el 80-81 mucho menos. Fueron super infelices. Así que lo más conveniente para la gerencia de los Cangrejeros, si es que quieren atraer nuevamente al fanático, es que se dedique a contratar peloteros y busque otro “gimmick”. Des-canse en paz lo de Super.
Pero vamos a lo más importante ... al conjunto.
En este país no se puede ser muy franco porque luego se inicia una serie de presiones que para qué les cuento. Pero estoy seguro que Paniagua prefiere, aunque le duela, recono-cer los errores cometidos, que aquellos que se le acercan y no pueden decirle las verdades.
Sin miedo.
Aquí falló Paniagua cuando no supo aprender de Cuevas, quien nació hace muchos años y ama, a su manera, el béisbol.
Lamentablemente ése no es el caso de Paniagua, quien tuvo que unirse a las huestas políticas de su partido. Esto último contribuyó en parte a que se alejara el fanático.
Cuando no se puede salir del pelotero, hay que salir del diri-gente. Pero la gerencia santurcina hizo caso omiso de la petición del fanático. Tanto Rojas como Paniagua lo sabían. Pero no escucharon el pedido del fanático, que es el que paga y es al que hay que tener contento todo el tiempo.
Algunos que están dentro y fuera del terreno, creen que lo saben todo.
Así que a Paniagua le corresponde hacer un profundo exa-men de conciencia y darse a la tarea de comenzar en cero, porque el fanático cangrejero es de los buenos y no se anda con eso de que estábamos en año de elecciones.

El 20 de enero dicho rotativo imprimió en la misma sec-ción un artículo suscrito por Paniagua Diez denominado Responde el dueño del Santurce. Caracterizó la previa publi-cación como “un artículo convertido en casi ‘editorial depor-tivo’ ”, cuestionó los móviles de Oliveras y entre otras aseve-raciones consignó:

Normalmente a un artículo como el escrito por Ángel Olive-ras no le hago caso, pero el mismo se publica en un momento de natural desasosiego para nuestra fanaticada, y me siento en la obligación moral de hacer unas expresiones para que la gran legión de seguidores Cangrejeros, no vayan a dar crédito a todo lo que este señor publica y que también conozcan sus motivaciones.
Comencemos por establecer que Ángel Oliveras trabajó con el equipo Santurce hace varios años, cuando todavía yo no había intervenido con el mismo. Luego, el año pasado, insinuó a través de un empleado mío y posteriormente a mí, que deseaba trabajar con el Santurce nuevamente. No me atreví colocarle en un trabajo temporero, durante la temporada 1979-80, ya que siendo este señor editor deportivo del periódico El Nuevo Día, podía interpretarse que comprábamos así su con-ciencia.
Estoy consciente de que eso no le gustó, pero no podíamos complacerle en algo que considerábamos moralmente inco-rrecto. Posteriormente, durante la temporada 1980-81 que acaba de concluir, se hizo cargo Ángel Oliveras, mientras actuaba como editor deportivo de El Nuevo Día, de ciertas transmisiones de radio con el equipo de Caguas, que lo con-trató. Tengo entendido que luego fue orientado por sus supe-riores a que descontinuara esa práctica.
Mi pregunta, antes de exponer la posición del Santurce en cuanto al artículo, ¿tiene el autor de esa pieza negativa el “standing moral” para actuar como crítico del equipo San-turce? ¿Lo está haciendo con limpieza y honestidad periodís-tica, o lo hace sangrando por la herida? ¿No es “payola” el término que utilizan los propios periodistas cuando una parte interesada contrata a uno de estos para que lo favorezca ante la opinión pública?

A los pocos días de esta publicación Oliveras fue relevado de sus funciones como Redactor Jefe de Deportes por el perió-dico.

El 11 de febrero, Oliveras en unión de su esposa, Edwina Sánchez, por sí y en representación de la Sociedad de Gananciales, demandó a Paniagua Diez por libelo, recla-mando daños en exceso de $400,000. Así las cosas, éste solicitó sentencia a su favor basada en una declaración jura-da, un requerimiento de admisiones en interrogatorios. () Oliveras se opuso limitándose a suscribir bajo juramento haber leído las réplicas formuladas por sus abogados las cuales “recogen y reflejan la verdad, y nada más que la ver-dad”. El tribunal de instancia negó la sentencia sumaria. A solicitud de Paniagua Diez revisamos.

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Debemos determinar si el escrito de Paniagua Diez es uno de carácter libeloso, que conlleva la concesión de un remedio de indemnización por daños a la luz del status de los protagonistas y el mecanismo de sentencia sumaria. ()

No se cuestiona que en acciones basadas en libelo —aparte de probar que la información difamatoria sea falsa y que se causen daños reales— existen dos posibilidades respecto a la clasificación de la persona afectada: que sea una figura privada o una pública. En síntesis, bajo la primera, para que prospere la acción basta que el actor establezca la negligencia del autor del escrito. En tal instancia, el concepto de negligencia responde básicamente a aquel elaborado en el campo del derecho de daños y perjuicios. Sin embargo, respecto a la segunda es menester demostrar malicia real. Entonces nos apartamos del tratamiento ordinario para entrar en consideraciones exclusivas de una acción por difamación, en este caso libelo, contra figuras públicas.

En Torres Silva v. El Mundo, supra, expresamos:

New York Times v. Sullivan [376 U.S. 254 (1964)] marca un nuevo hito en el fortalecimiento de la garantía constitu-cional de la libertad de prensa al determinar que la publi-cación de un informe falso o comentarios injustificados rela-cionados con la conducta oficial de un funcionario público están inmunes de reclamaciones por libelo y gozan de un pri-vilegio restringido, a menos que la información fuera publi-cada a sabiendas de que era falsa o con grave menosprecio de si era falsa o no. Será necesario de ahí en adelante que el fun-cionario público demuestre la existencia de malicia real como requisito indispensable para ser indemnizado por daños a su reputación. [Cita.] La nueva doctrina asegura el espacio vital para el mantenimiento de un clima saludable, de puertas abiertas, en la discusión franca y vigorosa de la conducta y de las ejecutorias de los funcionarios públicos. Pág. 421.

Este requisito de malicia real fue ampliado para incluir figuras públicas. García Cruz v. El Mundo, 108 D.P.R. 174 (1978). ()

En este contexto resulta de importancia la clasificación del periodista Ángel Oliveras como figura “privada” o “pública”. Ello a su vez afectará su causa de acción. En Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 D.P.R. 369, 374-375 (1982) expusimos:

El concepto “figura pública” ha sido examinado por este Tribunal en García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978), y Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). En ambos reconocimos su evolución doctrinaria, dinámica y los elementos integrantes peculiares que deben concurrir para rubricar tal condición, a saber:
... 1) especial prominencia en los asuntos de la sociedad, 2) capacidad para ejercer influencia y persuasión en la dis-cusión de asuntos de interés público y 3) participación activa en la discusión de controversias públicas específicas con el propósito de inclinar la balanza en la resolución de las cues-tiones envueltas. Time, Inc. v. Firestone, supra a la pág. 443; Gertz v. Robert Welch, Inc., supra a las págs. 342, 345 y 351; Curtis Publishing Co. v. Butts, supra a las págs. 145-164.
Gertz define la figura pública en los siguientes téminos:
“En su mayor parte aquellos que alcanzan este status han asumido roles de especial prominencia en los asuntos de la sociedad. Algunos ocupan posiciones de tal poder e influencias que se consideran figura pública para todo propósito. Mas comúnmente, aquellos clasificados como figura pública se han lanzado a la palestra de una controversia pública en particular para influir en las soluciones de las cuestiones envueltas.” Gertz, a la pág. 345. Torres Silva, supra, pág. 422.

Y ampliando esta definición señalamos:

Vemos, pues, que la noción de figura pública está estrecha-mente vinculada —por razón de la posición oficial, poder o envolvimiento en los asuntos públicos— a la adquisición de relieve, prominencia, fama o notoriedad especial o general en la comunidad que, como corolario, de modo significativo le permite de ordinario a una persona cierto acceso a los medios efectivos de comunicación para exponer, adelantar y debatir sus puntos de vista ante la opinión pública, y como resultado corre el riesgo de estar más expuesta al escrutinio, atención e interés público .... Pág. 375.

Al confrontar la figura de Oliveras en su función de periodista, en particular redactor jefe de deportes —activamente envuelto en el mundo del deporte como espectador, entrevistador, analista y comentarista— observamos que se ajusta a la descripción básica de figura pública. En su persona concurren todas las características esenciales que diferencian a una persona pública de una privada. “En la esfera política, los medios informativos han sido llamados con propiedad ‘la cuarta rama del gobierno’, nombre que describe la función del periodismo como guardián fiel y motivador de las otras tres ramas. El medio tiene poder e influencia en las esferas sociales, políticas y económicas de la sociedad. Debido a que nos proporciona tanta información crucial es en gran parte responsable por la realidad percibida por cada persona y su información.” L. Brown, Responsabilidad Social de la Prensa, México, Eds. Asociados, 1977, pág. 9. Véase, además, T. E. Berry, Journalism in America, New York, Hasting House Pubs., 1976, pág. 2.() “El ‘concepto unificador’ comprensivo de la totalidad de campos que investigan las Ciencias de la Información, puede describirse así, según A. Benito: ‘Quien dice qué a quién, cómo y por qué medios y con qué consecuencias’” J. L. Martínez Albertos, El Mensaje Informativo, España, Ed. A.E.T., 1977, pág. 106.

Como periodista profesional Oliveras tiene particular acceso a los medios informativos. “Los periodistas consti-tuyen un grupo importante en nuestra sociedad, pues recae mayormente en ellos la responsabilidad de averiguar, in-formar y orientar al público en general sobre los aconteci-mientos y tendencias en el ambiente nacional e interna-cional. Se han tornado en los principales medios a través de los cuales la gente se entera —en adición a sus experiencias inmediatas— de lo que ocurre en el mundo circundante.” (Énfasis suplido.) R. Anderson, La Prensa en Puerto Rico, Comisión de Derechos Civiles, 1977, pág. 44.

Su condición de jefe de redacción —como el título sugiere— no limitaba su función a simplemente informar eventos noticiosos. Bajo el prisma del deporte, tenía amplia libertad para expresar, comentar y juzgar. “Ciertamente el escritor de deportes tiene una oportunidad única de desa-rrollar un estilo único. . . . Puede decirse que los choques deportivos están hechos a la medida para producir un estilo vigoroso. Pero si esto fuera poco, el escritor de deportes dis-fruta de una libertad especial.” W. L. Rivers, Periodismo, Prensa, Radio y TV, Méjico, Ed. PAX, 1969, pág. 219.

El periodismo dinámico y activo del presente no sólo informa la noticia, critica y denuncia, sino que la investiga, participa y la hace. “Muchas secciones de deportes, espe-cialmente en grandes periódicos en años recientes han aumentado el énfasis en el reportaje interpretativo. Ello se debe en parte a un incremento en las transmisiones, especial-mente la televisión, que al presente suministra las puntua-ciones y jugadas diarias de eventos deportivos específicos mucho antes de que puedan ser cubiertos por los periódicos. Los periódicos ahora miran más hacia el cómo y por qué de los sucesos cubiertos por la prensa hablada y a la interpre-tación de historias sobre las tendencias envueltas en los equipos o el deporte. . . . Muchas veces el comentario crítico es limitado debido a que el periodista está muy cerca de aquellos de quienes escribe. Es muy difícil socializar repeti-damente con un equipo y después informar objetivamente sus fallas y logros. . . . Debe mejorarse la información y análisis del periodismo deportivo pues las secciones del deporte tienen una influencia considerable sobre los deportes y los milliones de personas interesadas.” (Traducción nues-tra.) E. C. Hynds, American Newspaper in the 1970’s, New York, Hasting House Pubs., 1975, pág. 172; C. Warren, Modern News Reporting, 3ra ed., New York, Harper & Row Pubs., 1959, págs. 328-346.

Es innegable que el papel que desempeñaba Oliveras dentro del campo deportivo es uno de verdadera influencia, llegando a un gran sector de la población con sus opiniones y críticas. Que un periodista tenga acceso a un público ávido de noticias en forma de comentarios, resulta incompatible con la reclamación del status de figura privada. “Parece estar fuera de duda que el sujeto activo de aquella particular forma de comunicación masiva, que es la noticia periodística, es el periodista ... en la base de todo ello está siempre el individuo, el escritor, el periodista.” D. De Gregorio, Metodo-logía del Periodismo, Madrid, Ed. Ríalp, 1966, pág. 16. Anderson, en su estudio plantea la posibilidad de que secciones especiales de los periódicos tales como la del deporte, “con-tribuyan a formar valores y actitudes políticas o culturales, no sean las columnas de información noticiosa . ..”. Pág. 65. Con referencia a los medios de información, se ha dicho:

Su influencia y su responsabilidad son enormes, porque el impacto que produce en la opinión pública es una de las fuer-zas motivadora[s] más rigurosas de nuestra sociedad. J. Hohen-berg, El Periodista Profesional, Méjico, Ed. Letras, 1964, pág. 24.

El periodismo es “un instrumento, un poder, una pro-fesión, un género literario, una fuerza social y un derecho público ” J. Cardó Guarderas, Periodismo, México, Ed. Diana, 1974, pág. 23; Johnstone, Seawski & Bowman, The News People, Illinois, U. Ill. Press, 1976, págs. 181-188.

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Aclarado este extremo, notamos que nuestra casuística expositiva del requisito de “malicia real” ha sido articulada. en situaciones que envuelven la publicación de un escrito por la prensa. Como consecuencia, el análisis recaía constitucio-nalmente sobre la libertad de prensa. En el caso de autos ello no está en juego. El autor del escrito en controversia es una persona, que aunque de relieve público, a los fines adju-dicativos, es ajena al medio noticioso. En lugar de caer bajo el resguardo de la “libertad de prensa”, lo está bajo la “liber-tad de expresión”.

Ante está perspectiva, ¿cuál es el criterio a utilizarse —negligencia o malicia real— cuando está envuelta la libertad de expresión y no la de prensa? La cuestión, aunque nueva en esta jurisdicción, ha sido objeto de estudios y comentarios en otras latitudes. A tal efecto, R. Sack nos dice:

Inexplicablemente la Corte Suprema se ha negado a con-firmar que la doctrina de “malicia real” del New York Times aplica en pleitos de funcionarios públicos y figuras públicas contra demandados que no pertenecen a los medios noticiosos. Pero en Rosenblatt v. Baer, la doctrina del New York Times fue aplicada al demandado que sólo de manera marginal era del medio noticioso: un contribuyente regular, pero no un empleado del periódico. Y en St. Amant v. Thompson, la doc-trina se aplicó a un pleito contra un candidato a un puesto público no vinculado a la prensa; sus manifestaciones, objeto del pleito, habían sido televisadas. Otras cortes han sostenido o simplemente asumido que New York Times aplica a deman-dados que no pertenecen a la prensa. Ninguna corte ha resuelto en contrario.
Sería ilógico proteger especialmente a los medios noticiosos en la discusión pública y crítica del gobierno o personas envueltas en asuntos públicos y remover esa protección de los ciudadanos individuales. La difamación por la prensa del gobierno y sus agentes, o de figuras públicas, posiblemente atraerá más pleitos que aseveraciones privadas. Ello no es razón suficiente para no conceder esa protección al ciudadano particular por lo que él, como participante de la democracia, dice sobre su gobierno o sobre aquellas personas que han asu-mido una prominencia especial en la sociedad. (Traducción nuestra.) R. Sack, Libel, Slander and Related Problems, New York, Practicing L. Inst., 1980, págs. 227-228.

La cita transcrita refleja el pensamiento mayoritario, aunque no unánime. J. Christie, The Public Figure Plaintiff v. The Nonmedia Defendant in Defamation Law: Balancing the Perspective Interests, 68 Iowa L. Rev. 517 (1983); J. D. Eaton, The American Law of Defamation Through Gertz v. Robert Welch, Inc. and Beyond: An Analytical Primes, 61 Va. L. Rev. 1349, 1416-1417 (1975). J. P. Brody, Defamation Law of Wisconsin, 65 Marq. L. Rev. 505, 540 (1982).

El reconocimiento de unos derechos a la prensa inexorablemente conlleva extender iguales derechos y privilegios a la ciudadanía en particular vía la cláusula sobre libertad de expresión. En el desarrollo de una sociedad democrática ambas caminan juntas de la mano. En última instancia el valor que late en el fondo de la cuestión es de singular jerarquía. “Lo que se debe proteger no es la institución en sí, sino la labor de la prensa: viabilizar un vehículo de información y opinión, informar y educar al público, ofrecer críticas, proveer un foro para la discusión y el debate, y actuar como un sustituto para obtener noticias e información para sus lectores, que por sí y como individuos no pueden o desean compilarla. Una garantía especial de la libertad de prensa deberá aplicar no solamente a aquellos que la corte podía clasificar como ‘prensa’ sino a quienquiera, de cualquier tamaño, y cualquier medio, que regularmente asuma la misión de la prensa.” (Traducción nuestra.) B. J. Chamberlain', C. J. Brown, The First Amendment Reconsidered, New York, Longman, 1982, pág. 110.

El escrito y expresiones de Paniagua Diez () hacia Olive-ras, figura pública para fines decisorios, caen bajo el pri-vilegio restringido reconocídole al autor. Por ende, Oliveras viene obligado a probar que existió malicia o grave menos-precio de la verdad para que prospere su acción en daños y perjuicios por libelo.

> J — i

La procedencia de una sentencia sumaria en una situación fáctica y jurídica como la de autos es un remedio procesal apropiado. En García Cruz v. El Mundo, supra, dijimos:

Tanto Torres Silva como Zequeira Blanco sostienen la procedencia de una sentencia sumaria cuando el demandante no demuestra la existencia de malicia real. Se ha expresado que “aunque los tribunales vacilan en dictar sentencias su-marias .. . aun así han exigido a menudo una observancia más estricta de las disposiciones de la Regla 56(e) de las Reglas Federales de Procedimiento Civil [36.5 nuestra], cuando la acción envuelve los derechos de expresión de un demandado, ya que la prolongación de estos pleitos tiene un impacto disua-sivo sobre el ejercicio de tales derechos”. Ha llegado a resol-verse que el procedimiento de sentencia sumaria es “una parte integral de la protección constitucional disponible a los demandados” en esta índole de litigio.
En Carson v. Allied News Co., 529 F.2d 206, 210 (7th Cir. 1976), se expresó que a menos que el tribunal determine, a base de declaraciones juradas, deposiciones u otra prueba documental, que la parte demandante puede probar la exis-tencia de malicia real, en el sentido que se emplea el término en New York Times, debe dictarse sentencia a favor de la parte demandada.
Son en extremo numerosos los casos en que se ha concedido, como en esta jurisdicción, el remedio de la sentencia sumaria en casos de libelo.
New York Times Co. v. Sullivan, supra, 283-92, estableció que el asunto de la suficiencia de la prueba para establecer la existencia de malicia real plantea estrictamente una cuestión de derecho. Rosenblatt v. Baer [383 U.S. 73 (1966)], sentó el mismo principio en lo que respecta a la determinación de lo que constituye una figura pública. La controversia trabada en el caso presente es por tanto de naturaleza puramente jurí-dica. (Citas omitidas.) Págs. 182-183.

Los planteamientos levantados por el demandante Olive-ras en oposición a que se dicte sentencia sumaria nos conven-cen que no aportó nada, para ni siquiera implicar, que Pania-gua Diez actuara con malicia o con grave menosprecio de la verdad al contestarle sus observaciones y críticas origi-nales. () Se ha dicho que “la materia prima del periódico son las noticias y las ideas que en ella se contraen; dicho con otras palabras, su contenido”. De Gregorio, op. cit., pág. 58. Más adelante, este mismo autor informa: “Lo más elemental es el comentario, que constituye el juicio del perió-dico o del periodista, en forma declaradamente personal o subjetiva, acerca de un hecho o de un acontecimiento.” íd., pág. 63.

Tampoco nos persuade del contenido difamatorio del escrito o que trascienda los límites jurídicamente permisi-bles de la función informativa, crítica y del libre intercam-bio de ideas. “La crítica confirma la estatura e importancia de su tema. Como la imitación, es una forma sincera de adu-lación. ... La crítica a menudo es mal usada. Pero cuando está bien informada, y es honesta puede ser una poderosa fuerza social.” Brown, op. cit., pág. 86. Y en la misma sin-tonía conceptual: “El elogio y la crítica han de tener también como presupuesto, la libertad.” El elogio sin libertad, como recuerda diariamente el periódico francés Le Fígaro, es adu-lación. ()

Aplicable al caso de autos resulta lo resuelto en García Cruz v. El Mundo, supra: “Considerados los principios expuestos, resolvemos que el demandante no podía derrotar la moción de sentencia sumaria en las particulares circuns-tancias de este caso con la afirmación escueta de que no era una figura pública y su aserto general de que la noticia se publicó maliciosamente.” Pág. 183.

Se dictará sentencia y revocará la resolución del tribunal de instancia fechada el 13 de diciembre de 1983. Se deses-timará sumariamente la demanda.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto concurrente y los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué no intervinieron.

—O—

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Somos del criterio que dados los hechos específicos del presente caso, es completa y totalmente innecesario el entrar en la consideración de si el editor deportivo de un periódico es o no —a los fines de una demanda por libelo— una “figura pública” y si la doctrina de “malicia real” aplica o no en acciones por alegada difamación cuando el que “la origina” es persona ajena a la prensa.

Ello es así por cuanto los hechos a que se hace referencia en el artículo publicado bajo la firma del demandado Pania-gua son ciertos, () situación aceptada por el demandante Oliveras en la etapa de descubrimiento de prueba.

Esos hechos aceptados como ciertos por el referido demandante son los que sirven de base a la manifestación que, en forma de pregunta, hace el demandado Paniagua y que es señalada por ehdemandante como difamatoria. ()

Manifestaciones, comentarios o críticas, como las aquí objetadas, no son libelosas bajo la doctrina del “comentario justo” (fair comment) o de la inferencia lógica y razonable que de un hecho cierto puede hacer una persona, los cuales están protegidos por el derecho de libertad de expresión que le garantiza a toda persona la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América.

A estos efectos encontramos expresiones tales como las expuestas en Gertz v. Welch, 418 U.S. 323, 339-340 (1974), en el sentido de que: “Under the First Amendment there is no such thing as a false idea. However pernicious an opinion may seem, we depend for its correction not on the conscience of judges and juries but on the competition of other ideas”; en Bailey v. Charleston Mail Association, 27 S.E.2d 837, 842 (1943), en donde se expresó: “Treating the matters alleged in the plea to be true, the comments appearing in the editorials are not so violently or intemperately expressed as to tras-cend the right of fair comment made on the basis of truth.... If the facts expressed in a writing form a sufficient, reasonable and logical basis for the inferences, comments, criticisms and opinions expressed, no liability for such comment is imposed on the defendants, even if the comment is uncharitable” (énfasis suplido); y en Wehringer v. Newman, 400 N.Y. S.2d 533, 536 (1978), en donde se puntualizó que: “Opinions, false or not, libelous or not, are constitutionally protected and may not be the subject of private damage actions, provided that the facts supporting the opinions are set forth.” (Énfasis suplido.)

En resumen, entendemos que como no son libelosas las manifestaciones hechas por el demandado Paniagua Diez, lo procedente es desestimar la demanda por dicho fundamento; no existe necesidad alguna de entrar a discutir si el deman-dante Oliveras es o no una “figura pública” o si cuenta o no con prueba que demuestre que Paniagua actuó con malicia o con grave menosprecio de la verdad.

      (1) “Columna: Llamadas también ‘secciones’, son espacios ágiles de un periódico, ya sea de comentarios o noticias.” R. Guarderas, Periodismo, Méjico, Ed. Diana, 1971, pág. 38.

      (2)‘“E1 título presenta a la noticia’. Por ello, es sumamente importante que el título sea concebido y escrito con ponderación, reflexión e inteligencia. El título es el primer polarizador de la atención del lector.” D. De Gregorio, Metodología del Periodismo, Madrid, Ed. Rialp, 1966, pág. 81.

      (3) Cardó afirma: “Son espacios dedicados a la crítica o simple exposición de criterios de los redactores, que generalmente son especializados, como por ejemplo el de política, deportes, espectáculos, etcétera, en los cuales la opinión muy subje-tiva del escritor resulta una orientación para ciertos hechos que han sucedido o van a suceder; en ellos el lector encuentra muchas veces un consejo determinado para tal o cual asunto que piensa realizar o investigar, pero que realmente no encuentra a su alrededor personas que conozcan el asunto. Los comentarios de deportes —por ejemplo— dan a los lectores una idea de la situación real a la fecha de las compe-tencias, líderes y coleros, dudas acerca de tal o cual contrincante, aspiraciones mismas, que son también del pueblo, etcétera.” J. Cardó Guarderas, Periodismo, Méjico, Ed. Diana, 1974, pág. 96.

      (4) Oliveras admitió bajo juramento que siendo editor deportivo del periódico El Nuevo Día, durante la temporada de béisbol de 1981, a razón de $35 por presenta-ción, trabajaba para el equipo de los Criollos de Caguas en la antesala de ciertas transmisiones radiales entrevistando a los jugadores y dirigentes.

      (5) Tanto en el foro de instancia como ante nos, Oliveras enfatiza y dirige parte de sus señalamientos contra El Nuevo Día aduciendo que la publicación del artícu-lo por Paniagua provocó su cesantía. Bajo esta proposición, inmerso en su argu-mento, está la premisa de que el despido fue injustificado. Sin resolverlo, de ser así, la acción sería contra dicho rotativo.

      (6) Véanse: Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759 (1973); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).

      (7)Aun sus críticos reconocen el poder e influencia de la prensa escrita: “Spengler, cuando argumenta que el medio prensa es la causa de una deterioración de la cultura: ‘La democracia ha sustituido totalmente, en la vida espiritual de las masas populares, el libro por el periódico. El mundo de los libros, con su riqueza de puntos de vista —riqueza que obligaba al pensamiento a elegir y a criticar — , no es ya propiedad real más que de reducidos círculos. El pueblo lee un periódico, su periódico, que penetra diariamente en millones de ejemplares en todas las casas, ata de buena mañana todos los espíritus a su poder, hace olvidar los libros que aún aparecen en el horizonte del individuo’.” L. Núñez Ladevéze, El Lenguaje de los Media, Madrid, Eds. Pirámide, 1979,.pág. 95.

      (8) Sobre el derecho a replicar, véanse: S. Trippi, Defamation of a Public Personal: The Need to Provide A Forum For Reply, 26 Loy. L. Rev. 114,121-133 (1980); T. Barton Carter, Right of Reply Versus the Sullivan Rule: Time for a Second Look, 27 Loy. L. Rev. 41 (1981); T. H. Suddatch, Jr., Waldbaum v. Fairchild Publicational, Inc.: Giving Objectivity to the Definition of Public Figures, 30 Cath. U.L. Rev. 307 (1980).

      (9)“Un editorial, un artículo de fondo, un comentario crítico son, habitual-mente, el desarrollo argumentado de una tesis previa y, además, un desarrollo dis-cursivo, en el que la escritura se comba para potenciar sus recursos persuasivos, desde el estilo a la ironía, desde la selección del dato a la consistencia cuasilógica de la argumentación.” Núñez Ladevéze, op. cit., pág. 295.

      (10) E. Ruíz Vadillo, Algunas anotaciones sobre la información periodística en los derechos penal y civil de España y sus límites, 38 Rev. Gen. Derecho 1.187 (1976).

      (1) A los efectos de que mientras el demandante Oliveras trabajaba como editor deportivo del rotativo en controversia realizó trabajos, mediante paga, para un equipo profesional de pelota.

      (2)“¿No es ‘payola’ el término que utilizan los propios periodistas cuando una parte interesada contrata a uno de éstos para que lo favorezca ante la opinión pública?”


author: PER CURIAM:

text:
    Mariana Llavat Cristy, demandante y recurrida, v. Efraín Pérez Pérez, demandado y recurrente.

      Número: R-84-66

      Resuelto: 11 de abril de 1984

      Héctor A. Rodríguez Figueroa, abogado de la parte recurrente; Héctor Cruz Ramírez, abogado de la parte recurrida.
   PER CURIAM:

Los demandantes cedieron en arrendamien-to en 1964 al señor Pérez, un local comercial por el canon de arrendamiento de cien dólares mensuales. El contrato no prohibía el subarriendo de la propiedad. Tras unos años, el arrendatario subarrendó el local por el mismo canon. Los arrendadores no objetaron tal acto por largo tiempo, hasta la presentación en 1981 de demanda de desahucio contra el señor Pérez por razón del subarriendo alegadamente no autorizado.

El Tribunal Superior decretó el desahucio por la referida causal y por interesar de buena fe los arrendadores retirar la propiedad del mercado de alquileres. Resolvemos en vir-tud de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

La causal de desahucio por subarriendo no autorizado no es invocable en este caso. Las circunstancias demuestran que los arrendadores accedieron implícitamente al subarriendo. Además, el Art. 1440 de nuestro Código Civil, 81 L.P.R.A. see. 4035, permite el subarrendamiento cuando, como en este caso, no existe prohibición expresa. El Art. 12-A de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. sec. 193(2A) dispone:

Por haber el inquilino subarrendado o cedido el uso de la propiedad arrendada, en todo o en parte, sin la autorización escrita del arrendador cuando esta acción constituya una vio-lación al contrato escrito entre las partes. Disponiéndose, que en aquellos casos donde no exista contrato escrito esta causal será igualmente aplicable, excepto que, a solicitud del inqui-lino, cuando sea motivo de gran necesidad para éste suba-rrendar o ceder el uso de la propiedad por él arrendada, el Administrador, luego de determinar los hechos podrá otorgar, si lo cree justificado, la autorización correspondiente.

Aquí hubo contrato escrito, sin prohibición de subarriendo, por lo que no cabe la causal. Aun de no haber habido con-trato escrito, la prohibición tiene que ser pactada, lo que tampoco se probó aquí. No es razonable concluir que, a pesar de que es posible subarrendar en ausencia de prohibición expresa bajo el Código Civil en todo caso y en los contratos escritos bajo el Art. 12-A, los contratos no escritos sin pro-hibición de subarriendo exigen un tratamiento distinto. El “[disponiéndose” del Art. 12-A se aplica claramente a con-tratos no escritos en que se haya pactado prohibir el suba-rriendo. Se decretó indebidamente el desahucio en este caso por la causal de subarriendo sin autorización.

En lo que respecta a la causal de buena fe, la declaración del tribunal fue oficiosa. Los arrendadores no invocaron esta causal.

Por las razones expuestas, se expide el auto y se revoca la sentencia recurrida, sin perjuicio de que los arrendadores puedan reinstar acción de desahucio por causal o causales procedentes.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no participó en la decisión de este caso.


author: per CURIAM:

text:
    Emeterio Bidot Pamias y Carlina Peña de Bidot, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan (Sección Segunda), recurrido.

      Número: O-84-29

      Resuelto: 12 de abril de 1984

      Orlando J. Muñiz, abogado de los peticionarios; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   per CURIAM:

Se solicita la desestimación del pre-sente recurso gubernativo. Procede. El Art. 70 de la Ley Hipotecaria de 1979 dispone que “. . . el presentante o el interesado que no esté conforme con la calificación del Registrador podrá, dentro del término improrrogable de 20 días siguientes a la fecha de la notificación, radicar perso-nalmente con el Registrador o remitirlo por correo certifi-cado, un escrito solicitando recalificación, exponiendo sus objeciones a la calificación, los fundamentos en que apoya su recurso y una súplica específica de lo que interesa. Trans-curridos los 20 días se entenderán consentidos los defectos señalados por el Registrador”. 30 L.P.R.A. see. 2273.

El obvio propósito de la disposición es darle una oportunidad al Registrador de reconsiderar cualquier calificación errónea. No es hasta que el Registrador pasa juicio sobre la recalificación solicitada que se puede recurrir a este Tribunal. La parte recurrente en el presente recurso no la solicitó. Por eso procede desestimarlo.