author: El Juez Presidente Señor Trías Monge El Juez Asociado, Señor Jorge Díaz Cruz,

text:
    William Hernández Ortega, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, Hon. Herminio Miranda, Juez, demandado.

      Número: O-74-114

      Resuelto: 11 de noviembre de 1974

      Pedro A. Otero Fernández y William Fred Santiago, abogados del peticionario; Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del deman-dado.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Se denunció al peticionario por el delito de Asesinato en primer grado e infracciones a la Ley de Armas. Durante la vista preliminar se planteó la incapacidad mental del peticio-nario para enfrentarse a proceso. De acuerdo con lo dispuesto en la Regla 240 (d), el juez suspendió la vista y ordenó el tras-lado del expediente al Tribunal Superior. Celebrados los proce-dimientos correspondientes se resolvió que el apelante estaba incapacitado mentalmente y se le sometió a tratamiento.

Varios meses más tarde se celebró otra vista para precisar la condición emocional del recurrente. Esta vez se le halló debidamente capacitado y en consecuencia se devolvieron los autos al Tribunal de Distrito para la celebración de la vista preliminar. Llegado su turno, la defensa presentó prueba peri-cial con el propósito de plantear la defensa de locura del peti-cionario al momento de la comisión de los delitos. El Juez de Distrito manifestó que le daba entero crédito al testimonio del perito psiquiatra, y así lo admite el Ministerio Público, pero determinó la existencia de causa probable. Radicadas entonces las acusaciones correspondientes en el Tribunal Superior, el peticionario solicitó su desestimación por considerar que su defensa de locura había quedado debidamente establecida y anulaba la determinación de causa probable. Se declaró sin lugar dicha moción, así como otra en reconsideración de tal fallo y el peticionario recurre ante nos por vía de certiorari para revisar las referidas resoluciones del Tribunal Superior.

La controversia planteada es novel en esta jurisdicción. La cuestión a dilucidarse, por supuesto, es si la defensa afirma-tiva de locura es promovible en la vista preliminar.

La Regla 23 de las de Procedimiento Criminal nuestra ex-presa, con referencia a toda persona a quien se le impute un delito grave, que “La persona podrá contrainterrogar los testigos en su contra y ofrecer prueba en su favor, . .

La frase deriva básicamente de la Regla 5 (c) de las Reglas Federales de Procedimiento Criminal, aunque la totalidad de nuestra Regla 23 entronca también con disposiciones de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, del de California y del Código Modelo. Véase la nota sobre proce-dencia en 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 23.

Existen divergencias de criterio sobre las funciones que descarga la vista preliminar. Varios comentaristas estiman que la defensa afirmativa de locura no es dilucidable en la vista preliminar. Así lo considera Moore, por ejemplo, quien opina que la defensa afirmativa de coartada puede interpo-nerse en la vista preliminar, pero no la de locura. 8 Moore’s Federal Practice, Rules of Criminal Procedure, 2a. ed., sec. 5.1.02 [3], pág. 5.1-12. Véase, además, 1 Orfield, Criminal Procedure under the Federal Rules, 1966, sec. 5.30. No hemos localizado casos federales que así lo sostengan. Se cita a menudo a Charlton v. Kelly, 229 U.S. 449 (1913), sobre el particular, pero éste es un caso de extradición donde, por lo contrario, se afirma, para distinguir dicha situación de otras, que “si se. ofreciese demostrar locura al tiempo de la comisión del crimen, ésta es obviamente una defensa que debe venti-larse al momento del juicio o en una vista preliminar en la jurisdicción del crimen, si así se provee en sus leyes.” (Tra-ducción nuestra, a la pág. 462.)

Del otro lado, en Jennings v. Superior Court of Contra Costa County, 428 P.2d 304, 313 (Cal. 1967), decidido en el estado de donde provino directamente nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, se resolvió que las defensas afirma-tivas, sin distinguir entre ellas, aunque la defensa allí en-vuelta era la de engaño, son planteables en la vista preliminar. Véase: Jones v. Superior Court, 483 P.2d 1241 (Cal. 1971). Algunos estados, como Mississippi, han legislado expresa-mente para asegurarse que tal sea el resultado. 2A Miss. Code 1942 Anno., Recompiled 1956, sec. 2573; véase, además, Weihofen, Mental Disorder as a Criminal Defense, Dennis & Co., Buffalo, 1954, págs. 436 et seq. y 353 et seq. Contrario también a la norma usual en Estados Unidos de que asuntos relativos a las defensas planteables no se consideran por el gran jurado, diversos estados han aprobado legislación para derogar esta antigua pauta. Lindman y McIntyre, Jr., ed., The Mentally Disabled and the Law, The Univ. of Chicago Press, 1961, págs. 347 et seq.

La vista preliminar no se conoció en Puerto Rico hasta 1963. Pueblo v. Sánchez Vega, 97 D.P.R. 133 (1969); Rivera Escuté v. Delgado, 80 D.P.R. 830 (1958). Estaba establecido antes de ello que podía levantarse la defensa al momento de negarse la acusación, Pueblo v. Cruz, 84 D.P.R. 451 (1962), pero el problema que nos ocupa no llega a ser objeto de dis-cusión expresa. Nos enfrentamos en distintas ocasiones a problemas periféricos, Molina v. Jefe Penitenciaría, 96 D.P.R. 191, 202 (1968); Martínez Cortés v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970), mas no a la cuestión precisa ante nos.

En Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970) afirmamos que “El propósito evidente de la vista preliminar es evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal.” Esta expre-sión, que entronca con Jennings, representa una concepción más amplia de la vista preliminar que la tradicional descrita por Moore. No convierte la vista preliminar en un minijuicio, pero sí evita que en situaciones como la de autos se procese a un enajenado mental a la fecha de los hechos por la comisión de un delito por el cual no es, por definición, responsable.

La teoría tradicional de la vista preliminar está hoy bajo intenso ataque. Graham y Letwin, The Preliminary Hearing in Los Angeles: Some Field Findings and Legal-Policy Observations, 18 U.C.L.A. L. Rev. 635-757 (1971); Note, The Preliminary Hearing — An Interest Analysis, 51 Iowa L. Rev. 164 (1965); Lewin, Incompetency to Stand Trial: Legal and Ethical Aspects of an Abused Doctrine, 1969 Law & Soc. Order 233. Wright — Federal Practice and Procedure, Yol. 1, Sec. 80 — has explicado en parte la ambigüedad en la frase citada de la Regla 5(c), así como, indirectamente, la visión restrictiva aún prevaleciente en varias jurisdicciones de la vista preliminar, al señalar que los comisionados federales a cargo de las determinaciones de causa probable, aunque generalmente eficientes, no tenían que ser necesariamente abogados, por lo que existía una resistencia natural a dedi-carlos a resolver cuestiones de naturaleza sutil. No se dan estas circunstancias en el caso de Puerto Rico y no existe razón en nuestro ordenamiento jurídico para prohibir judicialmente el planteamiento de la defensa de locura en ocasión de la vista preliminar. El Ministerio Público tendrá en tales casos, por supuesto, el beneficio de lo dispuesto en la Regla 74 de las de Procedimiento Criminal. Queda incólume también el principio de que es suficiente en esta etapa de los procedimientos que el juez determine la existencia o no de causa probable. El juez no tiene que adjudicar finalmente si la defensa afirmativa pre-valecerá o no eventualmente, fuera de toda duda, en la vista en su fondo de estos casos. Su función es estrictamente aquilatar la razonabilidad de exponer a una persona a quien se le imputa un delito a los rigores de un juicio criminal.

Se revocará en consecuencia la resolución objeto de la actual petición de certiorari. Esta determinación no afecta, por supuesto, los poderes del Estado para juzgar la capacidad mental actual del apelante y, de ser ello necesario, disponer su custodia bajo 1 L.P.R.A. see. 1(3), 24. L.P.R.A. secs. HI et seq., la Regla 211 de las de Procedimiento Criminal o bajo cualquier otra disposición aplicable de ley.

El Juez Asociado, Señor Jorge Díaz Cruz,

concurre en opinión separada.

San Juan, Puerto Rico, a 11 de noviembre de 1974 Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz

El acusado de asesinato e infracción a la Ley de Armas al comparecer a la vista preliminar ordenada por la R.P.C. 23 probó con evidencia pericial médica que era un enajenado mental cuando cometió el acto delictuoso. Como el fiscal no produjera prueba en contrario, la defensa hasta sugirió la continuación de la vista para oír unos siquiatras del Estado que podían dar testimonio corroborante sobre la incapacidad del imputado. El juez consideró innecesario escuchar más peritaje y expresó hallarse convencido de que el acusado estaba loco al realizar los hechos, pero determinó causa probable para acusar por entender que el procedimiento criminal no le per-mite conocer de y adjudicar la defensa de locura en la etapa de vista preliminar. Llamado el caso para vista en el Tribunal Superior, impugnó el apelante la determinación de causa fundándose en que el juez de distrito que actuó en la vista preliminar debió adjudicar una incuestionable defensa de locura, pero su planteamiento fue rechazado. Recurre en certiorari.

Dispone la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal:

“Si la persona compareciere a la vista preliminar y no renunciare a ella, el magistrado deberá oir la prueba. La vista será privada a menos que al comenzar la misma la persona soli-citare que fuere pública. La persona podrá contrainterrogar los testigos en su contra y ofrecer prueba en su favor. El fiscal podrá estar presente en la vista y podrá también interrogar y contrainterrogar a todos los testigos y ofrecer otra prueba. Si a juicio del magistrado la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo cometió, el magistrado detendrá inmediatamente a la persona para que responda por la comisión de un delito ante la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instan-cia; de lo contrario exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad.”

El primero y más valioso recurso de interpretación de la Ley es la lectura de su texto que nos brinda un significado fresco e intocado por la glosa de comentaristas y escritores de revistas. Se recurre a éstos en mayor o menor medida cuando nos tropezamos con zonas crepusculares y aun así cuando las expresiones de dichos comentaristas se emiten en torno a un estado de derecho al menos similar al nuestro.

No hay claroscuros en la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal. Su lenguaje no deja duda de que el juez que preside la vista preliminar “exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad” si creyere que no se ha cometido delito. El juez en este caso exteriorizó su creencia de modo definitivo al decir que no tenía dudas de la enajenación del imputado, conclusión que necesariamente desemboca en que ningún delito se había cometido pues los locos no son sujetos de derecho penal (art. 39 (4) del Código Penal — 33 L.P.R.A. see. 85 (4)).

La vista preliminar no tiene como única utilidad librar a una persona de acusación evidentemente falsa, fraudulenta y sin base en ley. En adición a ésta su principal función, es un mecanismo que sirve el propósito de impedir que acusaciones frívolas e insustanciales recarguen la labor del Tribunal Superior consumiendo el tiempo de los jueces, fiscales, jurados y demás funcionarios que han de intervenir en el juicio. Jennings v. Superior Court, (1967), 428 P.2d 304, 312; 59 Cal. Rptr. 440; Jones v. Superior Court, (1971), 483 P.2d 1241, 1245, 94 Cal. Rptr. 289. Dicha vista, por tanto, no es una mera formalidad, sino un acto judicial de contornos defi-nidos en el curso procesal, de incuestionable transcendencia pues el resultado habrá de reflejarse en la libertad del proce-sado. Excluir de la vista preliminar la defensa de locura es una manera de legislar, de imponer una excepción que no insertó la Asamblea Legislativa al aprobar la Regla 23. La vista preliminar arribó a nuestro sistema de enjuiciamiento como parte de una corriente fortalecedora del derecho a la libertad y depuración del método acusatorio. Se cumple su razón de ser propiciando su alcance dentro de aquellos propó-sitos originales.

Hemos de deducir que ésta fue la posición adoptada por nuestra Asamblea Legislativa en el Código Penal de 1974 cuando en su Art. 30 (33 L.P.R.A. see. 3152) dispuso: “No es imputable el que en el momento del hecho, a causa de enferme-dad o defecto mental, careciere de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley.” Al así legislar la Asamblea Legislativa necesariamente estuvo informada del estado de derecho procesal configurado en la R.P.C. 23. La imputabili-dad es la cuestión central dominante en la vista preliminar. ¿No es precisamente la vista preliminar el primer acto judicial donde se decide la imputabilidad en casos graves? Concurre el Prof. Wright al expresar que “al hacer su determinación el magistrado se encuentra entre las partes no como interesado, sino como juez. En su objetivo y función, dicha vista es judicial. Así debe ser la esencia de su procedimiento.” Wright, Federal Practice and Procedure, To. 1, pág. 141, ed. 1969. La vista preliminar no debe ser recortada en su básica función de proteger la libertad del que es falsa e indebidamente acusa-do. El hecho de que la R.P.C. 240 (d) guarde silencio sobre el procedimiento a seguir sobre la defensa de locura en nada disminuye la fünción judicial de la vista. Se hubiese incurrido en una repetición innecesaria y particularizada, porque ya la R.P.C. 23(c) ordena con claridad que cuando a juicio del magistrado no se ha cometido delito éste “exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad.” El silencio de la R.P.C. 240 (d) no es más que la abstención de repetir; no es silencio que conmina, ni tabú paralizante. Tanto Moore como Orfield al expresar dudas sobre la procedencia de la de-fensa de locura en la vista preliminar, carecen de fuerza de convicción y valor persuasivo. Moore sí admite la de coartada y Orfield plantea la interrogante y se la contesta citando un caso de extradición de 1912 y añade el absurdo de que tam-poco ha de considerarse una alegación de exposición anterior (.former jeopardy) basándose en un caso de Virginia de 1807. Su doctrina en esta materia es dolorosamente rancia, indigna de seguirse en nuestra patria donde por acción legislativa e interpretación judicial hemos puesto en marcha una vasta liberalización del procedimiento criminal encaminada hacia el más amplio, efectivo y rápido acceso de la verdad a los centros de decisión judicial especialmente cuando de la libertad se trata. Los eminentes autores no parecen estar familiarizados con nuestro notable desarrollo en el campo del derecho proce-sal ni con la acción de nuestra Asamblea Legislativa en el Art. 30 del Código Penal de 1974 reconociendo la defensa de enajenación en la misma primera etapa del curso procesal y destacando expresamente el orden de su planteamiento al sus-tituir el concepto de “incapacidad” por el de “inimputabili-dad.” No debe descartarse como factor de retraso en el con-cepto de vista preliminar visualizado por Moore y Orfield la circunstancia presente en numerosas jurisdicciones de los Estados Unidos de ser un comisionado, no necesariamente abogado, quien actuaba como magistrado en la vista, situación que hemos superado en Puerto Rico donde la vista preliminar es presidida por un juez de distrito y en segunda instancia por un juez superior. Wright, opus cit., sec. 80, pág. 134.

La vista preliminar instituida por la Regla 23 de Procedi-miento Criminal es umbral del debido proceso de ley y el claro lenguaje, reclamo del vigor y alcance que para ella propuso el legislador, la configura abierta para oír y resolver sobre cualquier defensa que promueva el acusado, sin que ello afecte el principio regidor de que el grado de prueba exigido para determinación de causa es de estándar mínimo y no aquél necesario para sostener una convicción.

No se abandona el principio de que bastará para determi-nación de causa la prueba que incline al juez hacia la creencia en la probabilidad de que se ha cometido un delito, por ser dicha prueba de tal grado, que aun cuando insuficiente para superar la presunción de inocencia señala hacia la convenien-cia de amplia dilucidación en juicio de la cuestión mayor de inocencia o culpabilidad que interesa tanto al Estado como al individuo.

La resolución revisada sosteniendo la determinación de causa probable para acusar debería anularse, mas conside-rando el historial de enajenación del peticionario remitirse el caso al tribunal de instancia para procedimientos adecuados y consistentes con la protección de la sociedad.

       Imputabilidad es la genérica aptitud para responder penalmente del hecho propio. Requiere como elemento esencial que el sujeto posea cier-tas condiciones de salud que integren el armónico equilibrio de la mente. Sin imputabilidad no es posible hablar de conducta ilícita (fundamento de la pena) sino de conducta peligrosa (presupuesto de las medidas de segu-ridad). Los actos realizados por inimputables podrán constituir hechos jurí-dicos, pero no ilícitos penales. Miró Cardona, Proyecto de Código Penal, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 41, Núms. 3-4, págs. 424, 427 (1972).

       Una indeseable consecuencia práctica de no admitir la defensa de enajenación en la vista preliminar es la conculcación del derecho constitu-cional del procesado a prestar fianza. No ha de ser fácil obtener fianza provisional para un loco.

       Moore’s Federal Practice, Rules of Criminal Procedure, Tomo 8, 2a. ed., sec. 5.102 [3], pág. 5.1-12; Orfield, Criminal Procedure under the Federal Rules, 1966, Tomo 1, sec. 5.30.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

license: Public Domain

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Caribbean Towers, Inc. y/o Asociación de Dueños de Condominio Caribbean Towers, demandados.

      Número: O-73-17

      Resuelto: 11 de noviembre de 1974

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, José E. Rodríguez Rosaly, Richard V. Pereira y Federico Díaz Ortiz, abogados de la peticionaria; Luis Angel López Olmedo, por derecho propio, y en representación del obrero Armando Romero y el Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico radicó una petición ante este Tribunal para que pusiéramos en vigor una orden suya dirigida a los aquí demandados.

La orden referida fue dictada por la Junta en el caso ante ella conocido como: “En el Caso de Caribbean Towers, Inc. y/o Asociación de Dueños de Condominio Caribbean Towers y/o Pedro Vergne Roig y Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico, Inc., caso núm. CA-4084, D-9-72-618, la cual fue dictada el 24 de abril de 1972, y que copiada literal-mente, lee así:

“A base del expediente completo del caso y de acuerdo con el Artículo 9, Sección (b) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico por la presente Ordena, que las querelladas Caribbean Towers, Inc. y Asociación de Dueños de Condominio Caribbean Towers, sus agentes, sucesores, oficiales y cesionarios deberán solidaria,-mente:

1. Cesar y desistir de:

a) En manera alguna violar los términos del convenio colectivo firmado con el Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico, Inc. especialmente los Artículos 7 (Días Feria-dos) y 15 (Plan de Bienestar).
2. Tomar la siguiente acción afirmativa que consideramos cumple los propósitos de la Ley:
a) Compensar al Sr. Armando Romero por las cantidades adeudadas al dejar de pagarle ciertos días feriados que éste trabajó, a doble tiempo, más los intereses legales correspon-dientes.
b) Remitir al Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico, Inc. los dineros adeudados al Plan de Bienestar, más los intereses legales correspondientes.
c) Fijar en sitios conspicuos de su negocio copias del Aviso a Todos Nuestros Empleados que se adhiere a y se hace formar parte de esta Decisión y Orden y mantenerlos fijados por un período no menor de 30 días consecutivos desde la fecha de su fijación.
d) Proporcionar al Presidente de la Junta suficientes copias firmadas del referido Aviso.
e) Notificar al Presidente de la Junta dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de esta Orden qué providencias ha tomado la querellada para cumplir con lo ordenado.”

En la petición radicada la Junta alegó que los demandados no habían cumplido con dicha orden a pesar de las múltiples gestiones realizadas por la peticionaria para lograrlo.

Solicitó que ordenáramos a los demandados a cumplir con la totalidad de la orden y que pagara al Sr. Armando Romero una suma adicional igual a la adeudada, por concepto de pago doble de días feriados en virtud del Art. 13 de la Ley Núm. 379 de 1948.

El 23 de abril de 1973 dictamos sentencia declarando con lugar la petición y en su consecuencia se puso en vigor en su totalidad la referida orden de la Junta del 24 de abril de 1972; y se requirió a los demandados para que sin excusa ni pre-texto alguno dieran cumplimiento a dicha orden.

El 7 de agosto de 1974 la Junta radicó ante este Tribunal una “Solicitud de Ampliación de Sentencia”, en la cual expone que a base de un cargo radicado por el Sindicato de Guardia-nes y Ramas Anexas de Puerto Rico, Inc., dicha Junta expidió querella imputándole a Caribbean Towers, Inc. y/o Asocia-ción de Dueños de Condominio Caribbean Towers y/o Pedro Vergne Roig, lo siguiente:

“1. .......
2. ......
3. Que desde el día 5 de marzo de 1969 y hasta el pre-sente las relaciones entre los querellados y la querellante se han regido por un convenio colectivo firmado el 8 de abril de 1969.
4. Que el Artículo 7 del convenio colectivo anteriormente señalado dispone:
ARTICULO 7
DIAS FERIADOS
Sección 1. — Los siguientes serán días de fiesta a los efectos de este Convenio:
DIAS COMPLETOS
1. 1ro. de enero Año Nuevo
2. 6 de enero Día de Reyes
3. Abril (movible) Viernes Santo
4. 4 de julio Día de la Independencia
5. Septiembre (1er. lunes) Día del Trabajo
6. 25 de diciembre Día de Navidad
Sección 2. — Conforme a las disposiciones de la Sección 387 del Código de Puerto Rico [sic] siempre que cualquiera de los citados días festivos cayeran en domingo, el día siguiente a dicho domingo, será considerado como día festivo.
Sección 3. — Los empleados recibirán su paga por un día de trabajo, cuando no trabajan en los días de fiesta antes enume-rados, y cobrarán dos veces su salario regular en cualquier día completo de fiesta que trabajaren.
Sección 4. — Los días feriados serán pagados sin importar el día de la semana en que caigan.
5. ......
6. Que a pesar de que el Sr. Armando Romero trabajó el día 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos), el primer lunes de septiembre (Día del Trabajo) y el Día Viernes Santo del año 1969, el patrono le pagó en forma sencilla.
7. ......
8. Que la conducta señalada anteriormente constituye una violación a los artículos 7 y 15 del convenio vigente y una violación al artículo 8(2)(a) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.”

Esta querella fue notificada a las partes, celebrándose una audiencia ante un Oficial Examinador el 17 de mayo de 1970, estando presentes todas las partes; y dicho funcionario rindió su Informe el 10 de noviembre de 1970. Los demandados pre-sentaron sus objeciones y excepciones al mismo; y con fecha 24 de abril de 1972, la Junta peticionaria emitió su “Decisión y Orden Núm. 618” declarando a las partes demandadas incur-sas en prácticas ilícitas de trabajo y ordenándoles, entre otras cosas, lo siguiente:

“1. .......
2. Tomar la siguiente acción afirmativa que considera-mos cumple los propósitos de la Ley:
a) Compensar al Sr. Armando Romero por las cantidades adeudadas al dejar de pagarle ciertos días feriados que éste tra-bajó, a doble tiempo, más los intereses legales correspondientes.”

La peticionaria notificó a los demandados las cantidades adeudadas por ellos al obrero Armando Romero y al Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico.

El 30 de mayo de 1973, la Junta emitió una Resolución ordenando el cierre definitivo del caso basándose en que las partes querelladas habían cumplido con la orden del 24 de abril de 1972 y con la sentencia de este Tribunal del 23 de abril de 1973.

El 23 de julio de 1973, compareció el obrero Armando Romero y el Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico ante la Junta mediante moción suscrita por el Ledo. Luis Angel López Olmedo titulada: “Moción Para Que Se Ordene Cumplimiento de Sentencia”, alegando:

“1. Que en este caso existe una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, condenando a Caribbean Towers, Inc. y/o Asociación de Dueños del Condominio Caribbean Towers, Inc. et al., a pagar ciertas sumas de dinero por violación a con-venio colectivo con el Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico, Inc.
2. Que Caribbean Towers, Inc. y/o Asociación de Dueños del Condominio Caribbean Towers, Inc. et al., no ha cumplido en su totalidad con la sentencia impuesta habiendo depositado sola-mente el importe sencillo de la sentencia, adeudando los inte-reses legales impuestos más el doble del importe de los daños causados, más costas, gastos y honorarios de abogado, conforme a la ley.”

El 13 de febrero de 1974, la Junta, que había denegado la solicitud contenida en dicha moción, reconsideró su decisión, emitiendo Resolución al efecto, y ordenando a los querellados a satisfacer a los querellantes el pago de los intereses legales computados desde la fecha en que fueran notificados de las cantidades ciertas hasta el momento que les abonaran el principal de la deuda. En su referida Resolución del 13 de febrero de 1974, la Junta hizo mención de que en la petición original ante este Tribunal para poner en vigor la orden suya, suplicaron que se impusiera a los demandados la obligación de satisfacer al obrero Armando Romero una suma igual a la adeudada en virtud de lo establecido en el Art. 13 de la Ley Núm. 379 de 1948, 29 L.P.R.A. sec. 282. Igualmente instruyó al letrado suyo para que recurriera ante nos en solicitud para que se amplíe nuestra sentencia del 23 de abril de 1973.

Cumpliendo con lo ordenado por la Junta, la representa-ción legal de ésta radicó ante nos, dentro de este mismo caso, una “Solicitud de Ampliación de Sentencia”, en la cual nos pide que ampliemos nuestra sentencia del 23 de abril de 1973 a los fines de:

“1. Ordenar a la parte demandada que satisfaga a los quere-llantes las sumas correspondientes por concepto de intereses legales acorde a lo dispuesto por esta Peticionaria en su Reso-lución del 14 de febrero de 1974.
2. Ordenar a la parte querellada a satisfacer al obrero Armando Romero la compensación adicional dispuesta por el Ar-tículo 13 de la Ley 379 del 15 de mayo de 1948.”

El 9 de septiembre de 1974 expedimos otra orden para mostrar causa, concediéndole un término de 20 días a las partes, para que comparecieran a mostrar causa por la cual no debía accederse a la “Solicitud de Ampliación de Sentencia’’ radicada por la Junta; modificando nuestra sentencia del 23 de abril de 1973, pero limitada solamente la modificación a la cuestión contenida en la súplica de dicha moción bajo el enca-sillado (1), a saber: ordenar a la parte querellada a satisfacer a los querellantes las sumas correspondientes por concepto de intereses legales de acuerdo con lo dispuesto por la Junta en su resolución del 14 de febrero de 1974, únicamente en cuanto al pago de las cantidades al Sr. Romero, a tiempo sencillo. Todas las partes fueron notificadas al día siguiente de dictada esa orden nuestra.

Dos días después de dictada nuestra última orden de mos-trar causa, compareció el Ledo. Luis Angel López Olmedo, en representación del obrero Armando Romero y el Sindicato de Guardianes y Ramas Anexas de Puerto Rico, y además por derecho propio, con una Moción Informativa y Solicitud de Honorarios de Abogado; haciendo constar que recibió copia de la solicitud de ampliación de sentencia radicada por la Junta; y que desea informar al Tribunal que ha representado al obrero Armando Romero y al Sindicato mencionado, ante la Junta solicitando el pago de los intereses legales, más el doble de los daños causados, más costas, gastos y honorarios de abo-gado en el caso, conforme a la Sec. 282 del Título 29 de L.P.R.A. y el caso de Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633 (1970); y en trámites subsiguientes ante la Junta hasta hoy; y que no habiendo cumplido los demandados con el pago de las penalidades establecidas en la ley, debe este Tribunal aplicar la referida Sec. 282 del Título 29 de L.P.R.A.

Ninguna de las partes ha comparecido a contestar nuestra orden para mostrar causa, con excepción de la Moción Infor-mativa firmada por el Ledo. López Olmedo.

El Oficial Examinador Sr. José Oscar Ortíz cursó el 12 de julio de 1972 a la parte querellada una notificación, que no fue recibida por ésta hasta el 24 de julio de 1972, de las sumas adeudadas y a pagarse al Sr. Romero que detalló así:

“A. — A Armando Romero
1) 4 días feriados del año 1969 a $1.65 la hora .... $ 52.80
2) Dos días feriados del año 1970 a $1.65 la hora 26.40
3) 4 días feriados del año 1970 a $1.70 la hora .... 54.40
4) Dos días feriados del año 1971 a $1.70 . 27.20
5) 4 días feriados del año 1971 a $1.80 la hora .... 57.60
6) 3 días feriados del año 1972 a $1.80 la hora .... 43.20
Paga correspondiente al señor Romero por días feriados . $261.60”

Resumiendo, diremos que se nos pide la ampliación de nuestra sentencia del 23 de abril de 1973, para cubrir los siguientes cuatro puntos:

1. Condenar a la parte querellada a satisfacer una suma igual a la pagada por salarios a tiempo simple que ascendió a $261.00 por los días feriados que trabajó, o sea, $261.00 adicionales para cubrir el salario que debieron haber pagado, a tiempo doble.

2. A pagar intereses al tipo legal sobre esa suma de $261.00 desde que el Oficial Examinador notificó a la parte querellada, o sea, desde el 24 de julio de 1972, hasta el día en que se pague definitivamente esa deuda.

3. A pagar una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios, conforme a lo establecido por el Art. 13 de la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 282.

4. Que se condone a la parte querellada a pagar las costas, gastos del procedimiento, más una suma razonable por con-cepto de honorarios de abogado, conforme a lo establecido en dicha Ley Núm. 379, supra.

Dicha Ley Núm. 379, en su See. 282, en su parte perti-nente, lee así:

“Todo empleado que reciba una compensación menor que la fijada en las sees. 271 a 288 de este título para horas regulares y horas extras de trabajo o para el período señalado para tomar los alimentos tendrá derecho a recobrar de su patrono mediante acción civil las cantidades no pagadas, más una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios, además de las costas, gastos y honorarios de abogados del procedimiento. (Bas-tardillas nuestras.)

Es cierto que esta disposición de la Ley Núm. 379 le confiere al obrero una acción civil directa ante los tribunales de Puerto Rico, y en este caso se planteó la cuestión de las sumas adeudadas al obrero y se resolvió a través de una que-rella ante la Junta mediante laudo y orden de la misma; pero no obstante, en el caso de Beauchamp v. Dorado Beach Hotel, 98 D.P.R. 633 (1970) (Rigau) , resolvimos que las disposi-ciones de dicha Ley Núm. 379 se consideran parte del contrato de trabajo, y deben considerarse incorporadas al mismo; y el pago de la suma adicional es una conclusión inevitable por ordenarlo así la ley; y no depende de que se recurra a un pleito ante los tribunales bajo la Ley Núm. 379, supra. Igualmente ocurre cuando la reclamación se hace a través de la Junta, como en este caso. En el referido caso de Beauchamp, supra, se dijo que lo allí resuelto se aplicaría solamente a las decisio-nes de los Comités de Quejas y a los laudos de arbitraje que se emitieren a partir de la fecha de esa opinión; pero resolve-mos ahora que es extensivo a los laudos que la Junta emita a partir de la fecha de esta opinión, pero incluyendo el presente caso.

La situación también es idéntica en lo referente al pago de intereses al tipo legal y al pago de costas, gastos y hono-rarios de abogado así como en relación con el pago del salario, a tipo o tiempo doble, cuando se trabaje en días feriados. Aparte de que en el Convenio Colectivo entre las partes se estipuló el pago de los días feriados a tiempo doble y además, la Junta ordenó su pago en esa forma; y estableció el pago de intereses legales sobre las sumas adeudadas.

Por las razones expuestas se amplía nuestra sentencia del 23 de abril de 1973, en el sentido de ordenar, como se ordena que la parte querellada pague a la parte querellante la suma de $261.00 por concepto de tiempo doble; que es una suma igual a la de $261.00 ya pagados por concepto de salarios; más los intereses legales a partir del 2U de julio de 1972 hasta el día en que se pague definitivamente esa deuda; que pague, por concepto de liquidación de daños y perjuicios, la suma de $261.00, que es la suma igual dejada de pagar; más las costas y honorarios de abogado, que se fijan en $500.00.

Así ampliada, se deja en todo su vigor nuestra sentencia del 23 de abril de 1973.

       En adelante la llamaremos la Junta.

       Véase en autos la referida notificación.

       Véase J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595 (1971).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Iris Beltrán Faría, acusada y apelante.

      Número: CR-72-64

      Resuelto: 11 de noviembre de 1974

      R. N. Ponce dé Sánchez-Rivoleda, abogada de la apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Lady Alfonso de Cumpiano, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El tráfico ilegal de narcóticos es uno de los males de nues-tro tiempo que más preocupa a nuestra sociedad. Es laudable el esfuerzo que realiza la Fuerza Policíaca para conjurar el mal. La Rama Judicial no está ni puede estar ajena a este grave problema y debe aportar su parte al esfuerzo común para resolverlo. A ello debemos comprometer toda nuestra in-teligencia. No obstante, en ese afán que a todos concierne no podemos aflojar la protección que debemos a garantías funda-mentales que son parte esencialísima del atesorado acervo democrático del Pueblo.

La apelante fue convicta por tribunal de derecho de tres violaciones del Art. 29 de la anterior Ley de Drogas y Narcó-ticos, 24 L.P.R.A. sec. 974z, y sentenciada a una pena de cinco a siete años de presidio en cada cargo, a cumplirse concurren-temente entre sí. Se le imputó posesión, transportación y venta de heroína. Alega la apelante que el tribunal sentencia-dor incidió al negarle el derecho de “confrontación con el confidente participante privándole del debido proceso de ley e impidiéndole el preparar una defensa adecuada.”

La apelante solicitó mediante moción presentada dos se-manas antes de la fecha señalada para la celebración del juicio que se ordenara al fiscal informarle el nombre y dirección del confidente, que calificó de participante, basándose en la decla-ración jurada que había sido prestada ante el fiscal por el agente Jesús A. Irizarry. El tribunal sentenciador se negó a ello.

El testimonio del agente Irizarry fue al efecto de que el 23 de diciembre de 1969 a eso de las 12:30 de la tarde se en-contraba en la calle 13 de Barrio Obrero en compañía del con-fidente. Este le presentó a la apelante por el nombre de Dilín. Dijo el testigo, según aparece a la pág. 13 de la transcripción:

“Llegamos donde ella, entonces el confidente le dijo que yo era un panita de él y estaba buscando algún material para cu-rarme. Entonces ella, pues dijo que ella tenía un material, una estofa muy buena, refiriéndose a heroína. Yo le dije que me diera dos bolsas. Ella, de una cajita de fósforos marca tres estrellas que tenía, sacó de su interior, de la parte de adentro, dos decks que yo le pedí, dos decks a ella. Le dije que cuánto va-lían, me dijo que seis dólares. Le pedí dos decks, o bien sea, dos bolsas.”

Siguió relatando el agente que pagó seis dólares a la ape-lante, se despidió de ella y se retiró acompañado del confidente.

Bajo tales circunstancias no puede concluirse que el confi-dente no participó en la transacción. De hecho, su participa-ción fue la causa eficiente de que se produjera la transacción. Se ganó la confianza de la apelante aludiendo al agente como su “panita,” que en la jerga de esta subcultura se utiliza para señalar a un amigo o compañero íntimo. Fue el confidente quien inició el trámite de compraventa, cuando le dijo a ella que su “panita” estaba buscando algún material para curarse. La transacción ocurrió de inmediato y en presencia del con-fidente, quien acompañó al agente al retirarse del lugar.

En Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693, 698-699 (1965), reconocimos el privilegio del Estado de no divulgar la identidad del informante, pero señalamos, estableciendo deter-minadas salvaguardas, que dicho privilegio no puede invo-carse cuando el informante toma parte en la transacción de-lictiva. Citando a Roviaro v. United States, 353 U.S. 53 (1957), distinguimos entre el confidente participante y “el mero confidente que suple información a las autoridades pero que no participa en la transacción de la cual surge el delito.”

En fecha reciente — 18 de enero de este año — revocamos una sentencia por haberse negado al acusado su solicitud de que se citara a un confidente participante. Hicimos énfasis en el derecho de todo acusado a obtener la comparecencia com-pulsoria de testigos como parte del debido procedimiento de ley. Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974). Allí dijimos:

“Descorrido el velo que oculta la identidad del confidente, cumplido ya su oficio, constituye abuso de discreción no acce-der a una solicitud oportunamente hecha por el acusado para que se le cite, a menos que existan razones que justifiquen tal nega-tiva. . . .”

El testimonio del agente Irizarry demuestra que podía cumplirse con el requerimiento oportunamente hecho por la acusada sin mayor esfuerzo por parte del ministerio público. Declaró que trabajó con el confidente, un adicto, de uno a dos meses. Lo describió como una persona mayor que él, que tenía bigote. Dijo además que lo conocía por Rey y en cuanto a su apellido expresó: “El apellido, como se llama, yo lo oí en la otra sala, pero no, ahora no me acuerdo.” Más adelante, a la pregunta de cómo empezó a trabajar con ese confidente, con-testó:

“R. Pues el supervisor mío, el Sr. Israel Laureano de Jesús me lo presenta, me presenta a ese señor. Me dice que voy a tra-bajar con él, que él me va a enseñar y me va a introducir con los tiradores de droga.”

No insinuamos ni mucho menos afirmamos que de este testimonio se desprende que el agente conocía la identidad del confidente. Lo que sí surge de este testimonio es que alguien en la organización de la Policía tenía la información que la apelante solicitó, información a la que en este caso ella tenía derecho. No se imponía ninguna carga desmedida sobre el Estado ordenándole a revelar esa información. Cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470 (1974) y Pueblo v. Hernández García, 102 D.P.R. 506 (1974).

La apelante fue diligente al solicitar con suficiente antela-ción al juicio la información que requirió sobre el confidente; Ante la afirmación del fiscal de que el confidente no participó en la transacción, quizás hubiese estado justificado el tribunal sentenciador en no acceder a la solicitud de la apelante. La prueba, sin embargo, demostró que el confidente fue algo más que un observador de la transacción y eso debía saberlo el fiscal, o debió investigarlo antes de oponerse, a base de una afirmación errónea, a la moción de la apelante.

La prueba demuestra que se negó a la apelante una infor-mación a que ella tenía derecho, basada la denegatoria en la falsa afirmación de que el confidente no participó en la tran-sacción. Así las cosas, el proceso subsiguiente estuvo viciado de nulidad.

Se revocará la sentencia y se ordenará la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado, Señor Rigau, concurre con el resultado.


author: PER curiam :

text:
    Jacobo Acevedo Cabrera y Otro, demandantes y apelados, v. Compañía Telefónica de Puerto Rico, demandada y apelante.

      Número: O-74-274

      Resuelto: 12 de noviembre de 1974

      Nelson Martínez Acosta, abogado de la demandada.
   PER curiam :

La Regla 37.2 de las de Procedimiento Civil faculta a un tribunal a imponer las sanciones que fueren jus-tas en relación con ciertas actuaciones de las partes que en alguna forma entorpezcan los propósitos de la conferencia con antelación al juicio. Dicha regla dispone lo siguiente:

“Si una parte dejare de comparecer, se negare a participar o compareciere sin estar debidamente preparada a una conferen-cia preliminar al juicio, el tribunal podrá desestimar la demanda, eliminar las alegaciones del demandado, condenar al pago de costas y honorarios de abogado o dictar cualquiera otra orden que fuere justa.” 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 37.2.

En el caso de autos el tribunal de instancia, a tenor con lo dispuesto en la regla precedentemente citada, dictó una reso-lución eliminando todas las alegaciones de la contestación presentada por la demandada en las que se niegue responsa-bilidad en cuanto a los daños reclamádosle en la demanda. En su consecuencia señaló una vista para la discusión de la cuan-tía de los daños, cuya vista .no se señaló para una fecha cercana, si es que se quería aligerar los procedimientos, sino que se señaló para celebrarse ocho meses después.

La actuación de la demandada que dio pie a las sanciones aludidas consistió en no haber comparecido ésta ni su abogado a la conferencia con antelación al juicio a pesar de habérsele notificado el señalamiento al abogado con casi cuatro meses de antelación. La conferencia con antelación al juicio estaba señalada para el 7 de mayo de 1974. Surge de los autos que en 29 de abril de 1974 compareció mediante moción el abogado de récord de la demandada junto al abogado que habría de sustituirle, en la que notificaban al tribunal que el segundo asumía la representación legal de la demandada que el primero renunciaba, cuyo escrito aparece radicado en el tribunal de instancia en 3 de mayo siguiente, o sea, cuatro días antes de la conferencia. No se solicitó en el referido escrito la suspen-sión de la conferencia con antelación al juicio pero sí se pidió al tribunal que le concediera a la nueva representación legal “un término razonable para continuar la tramitación del caso.” Llegado el día de la conferencia no compareció la parte demandada ni su representación legal pero el juez de instancia hizo constar que obraba en autos una moción noti-ficando el cambio de representación. En vista de tal incom-parecencia el demandante pidió en corte abierta que se elimi-naran las alegaciones contenidas en la contestación de la de-mandada, procediendo el tribunal a eliminar todas aquellas en que se negaba responsabilidad hacia el demandante.

Posteriormente, la nueva representación legal de la de-mandada acudió al tribunal solicitando reconsideración del dictamen. Alegó que en la misma fecha en que asumió la representación en este caso, asumió además la representa-ción de innumerables casos de la demandada que habían es-tado a cargo del anterior abogado, y que por ello había solici-tado en la moción en que se notificaba el cambio de abogado que se le concediera un término razonable para continuar con la tramitación del caso. Manifiesta que dentro de las circuns-tancias le era sumamente oneroso el defender adecuadamente los mejores intereses de su cliente. Aducía además que el seña-lamiento de la conferencia con antelación al juicio no apare-cía anotado en el calendario de la anterior representación profesional. En su consecuencia suplicaba el abogado actual que se dejara sin efecto la resolución del 7 de mayo que im-ponía las sanciones aludidas y se procediera a señalar la con-ferencia con antelación al juicio “para una fecha futura cer-cana”. La reconsideración fue declarada sin lugar. Contra esa determinación se recurre ante nos.

La cuestión a resolver es si a la luz de los hechos ex-puestos, el tribunal actuó justamente al imponer las sanciones a la parte demandada. Se trata de una demanda en relación con un accidente de automóvil en la que se reclaman daños por la suma de $226,000.00. La exposición a una sentencia cuantiosa se desprende de la faz de la demanda aunque en última instancia no imperare la parte reclamante. La conducta de los abogados envueltos, tanto el anterior como el actual, fue descuidada. El anterior abogado ni siquiera había anotado el señalamiento en su calendario a pesar de haber sido notificado con cuatro meses de antelación. Evidentemente, al hacer el traspaso de los expedientes de los casos de la demandada al nuevo abogado el anterior abogado no le informó debidamente a aquél el estado de los procedimientos, de este caso, constituyendo su omisión una falta a su deber profesional. Este sabía desde el 1ro. de abril que habría de renunciar la representación de su cliente. El nuevo abogado al asumir la obligación de representar al cliente tampoco parece haber examinado el expediente de este caso a los fines de determinar por sí mismo la naturaleza del compromiso que adquiría y orientar sus actuaciones con la debida responsabilidad. Ambos abogados hubieran actuado responsablemente compareciendo al tribunal en la fecha del señalamiento a ex-plicar las circunstancias existentes que les impedían estar preparados para el acto al que se había citado. La mera radi-cación de un escrito de cambio de representación unos días antes de un señalamiento en el que no se exponían otras ra-zones que no fueran el cambio de representación, no excusa la incomparecencia personal de los abogados a la vista.

Los abogados están comprometidos con sus clientes a desplegar el mayor celo, cuidado y diligencia en la atención de los asuntos que se les han encomendado respondiéndole así a la confianza en ellos depositada. Véase Canon 18 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A., Ap. IX, C. 18. Deben además a las cortes el respeto a las órdenes que les son dirigidas en la consecución de los pleitos, exigiéndose de ellos asistencia puntual y el despliegue de todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de los casos. Véase Canon 12 de los de Ética Professional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 12. Su comportamiento no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial.

En las circunstancias explicadas y en vista de las claras disposiciones de la Regla 37.2 procede la imposición de sanciones a los abogados de la parte demandada por el incumplimiento de sus deberes profesionales. La sanción impuesta por el tribunal de instancia y confirmada por este tribunal al eliminar todas las alegaciones de la demandada priva a un litigante de su día en corte para establecer la legitimidad y el mérito de su defensa, lo cual solamente debe hacerse en casos tan extremos que no haya duda de la irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se toman las medidas drásticas. En Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 829 (1962), establecimos lo que creo es una justa norma al expresar:

“La desestimación de un pleito sin ir a sus méritos como un medio de sanción, debe ser de los úlimos recursos a utilizarse después que otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de administrar justicia y, en todo caso, no debería proce-derse a ella sin un previo apercibimiento.”

Debe sancionarse el descuidado proceder de las representa-ciones legales de la demandada en este caso. Pero no con el rigor implacable con que lo hizo el tribunal de instancia.

Ya este Tribunal se ha expresado en situaciones análogas en las que ha estimado no deben imponerse sanciones drásticas contra una parte cuando la conducta a censurarse es exclusivamente de parte de los abogados. Debe reiterarse lo que dijimos en Ramírez de Arellano, supra:

“No insinuamos siquiera que la Sala de instancia no pudo haber impuesto alguna sanción en la situación de este caso. Con su facultad de aplicar correctivos apropiados, y de conducir los pleitos de la manera que a su buen discernimiento sea de mayor efectividad, no habremos de intervenir, ni sería aconsejable que interviniésemos. Sin embargo, no toda actitud o posición que asuma el abogado en el curso del trámite debe perjudicar de inmediato al ciudadano que litiga en el sentido de privarle de la adjudicación en los méritos de sus derechos. De ordinario la parte que ejercita su derecho en corte no está informada de los trámites rutinarios. Si bien es cierto que el abogado es su representante y que su gestión la obliga, — un litigante asume la responsabilidad de su selección y no podría escapar las conse-cuencias de la cosa juzgada, por ejemplo, porque su abogado no hizo los planteamientos propios, — en otros aspectos de la gestión, como el de autos, la responsabilidad primera hacia el tribunal, como su funcionario que es, es del abogado. De ahí que a distinción de otros mandatos y de otra gestión, el proceder del abogado esté revestido de interés público y quede bajo estricta fiscalización y acción disciplinaria del tribunal.”

Véase Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187, 193-194 (1965); cf. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79 (1966).

Los tribunales deben velar por que se haga verdadera jus-ticia a las partes y es misión de este Tribunal asegurarse que así sea, por ello estimamos que debe imponerse una sanción menos severa a la parte demandada.

Este caso no plantea una cuestión constitucional para jus-tificar el recurso de apelación interpuesto. No obstante, conr siderado el escrito de apelación como una solicitud de certio-rari, y por las razones expresadas, se expedirá el auto solici-tado, se dejará sin efecto la resolución dictada por el tribunal de instancia en 7 de mayo de 1971, y en su lugar se impondrá una condena contra los abogados de la parte demandada por la suma de $500.00 en concepto de honorarios de abogados.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Aso-ciado, Señor Torres Rigual, disienten por creer que debe sos-tenerse la sanción impuesta por el tribunal de instancia elimi-nando las alegaciones de la demandada.


author: per curiam :

text:
    Juan B. Ríos, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Edna Abruña Rodríguez, Juez, demandado, Juvenal Acevedo Rosado y Rafael Acevedo Rosado, interventores.

      Número: O-74-360

      Resuelto: 12 de noviembre de 1974

      Reinaldo Martínez Olivo, abogado del peticionario; Ismael Cuevas Velázquez, abogado de los interventores.
   per curiam :

Se trata de un pleito en cobro de un pagaré iniciado por demanda de 20 de diciembre de 1972. Emplaza-dos los demandados y debidamente citados para juicio, no comparecieron por lo que se dictó sentencia en rebeldía contra ellos el 2 de abril de 1974, condenándoles al pago de $7,150 de principal y $2,000 pactados para costas y honorarios de abogado, sentencia que fue notificada a los demandados y que se convirtió en firme. Pasados 48 días de la misma pidieron los demandados se dejara sin efecto porque “aparentemente’' no se anotó el señalamiento en su calendario. Otro juez cono-ció de esta solicitud y pasando sobre la oposición del deman-dante peticionario dejó sin efecto la sentencia por resolución de 2 de agosto último.

Expedimos orden para mostrar causa por la que no deba anularse esta última resolución y los interventores favore-cidos por la misma sólo han producido una moción de pró-rroga de 30 días en que admiten haber recibido notificación de nuestra orden el 1 de octubre pasado.

Las razones aducidas por los demandados para dejar sin efecto la sentencia son insubstanciales e inaceptables. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil no es llave maestra para reabrir a capricho el pleito ya adjudicado y echar a un lado la sentencia correctamente dictada.

Con estos antecedentes, se expide el auto de certiorari, se anula la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de fecha 2 de agosto ultimo y en su lugar se restablece en todo su vigor y efecto la sentencia dictada por dicha sala el 2 de abril de 197k-


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Juan Piñeiro Manzano, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-70-70

      Resuelto: 12 de noviembre de 1974

      J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Peter Ortiz, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Carlos J. Irizarry Yunque y Jaime H. Julia Martínez, aboga-dos del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

EN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

A instancia del recurrido Juan Piñeiro Manzano y en el desempeño de nuestra función de exponer el Derecho fijando el significado y alcance de la ley positiva, hemos acordado exa-minar de nuevo los límites de la inmunidad conferida al Es-tado Libre Asociado por los actos u omisiones de sus fun-cionarios o empleados en el ejercicio de una función de carác-ter discrecional. Ley de Reclamaciones Contra el Estado Núm. 104 de 29 de junio de 1955, Art. 6(b), 32 L.P.R.A. see. 3081(b).

La opinión que emitimos en 101 D.P.R. 113, revocó la sentencia dictada en este caso por el tribunal de instancia imponiendo responsabilidad al Estado Libre Asociado por los daños ocasionados al recurrido Piñeiro Manzano como consecuencia del fuego provocado por el menor Martín Graciani, quien vivía con él en virtud de un “Convenio de Servicios a Prestar en un Hogar de Crianza” suscrito por el recurrido y la División de Bienestar Público. Consideramos allí que la función de remover a un menor de un hogar de crianza es una de carácter discrecional expresamente excluida del ámbito de la mencionada Ley Núm. 104. Estuvimos equivocados en nuestra interpretación y expondremos a continuación nuestros fundamentos.

El Art. 6 (b) de la Ley Núm. 104 excluye en términos muy escuetos las funciones discrecionales, disponiendo al efecto que:

“Nada en esta ley autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado:
(b) en el desempeño de una función de carácter discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción.

El historial legislativo de esta disposición es escaso y no provee siquiera un punto de partida que nos ayude a deli-mitar sus linderos. Encontramos, sin embargo, exclusiones análogas en la Ley Federal de Reclamaciones de Daños y Per-juicios, 28 U.S.C.A. sec. 2680(a), y en diversas leyes esta-duales que reglamentan las demandas contra el Estado, las cuales son útiles para la interpretación de nuestra ley.

Como sucede frecuentemente en la interpretación de estatutos, un enfoque literalista en este caso frustraría los propósitos de la Ley 104. El Art. 6(b) excluye del ámbito de la ley las funciones de carácter discrecional pero no las define. El concepto “función discrecional” es muy amplio y, si nos atuviéramos a su significado literal, estaríamos excluyendo de responsabilidad la mayoría de las actuaciones que el legislador quiso incluir al autorizar demandas contra el Estado, puesto que prácticamente toda actuación humana exige algún ejercicio de discreción. La actividad gubernámental comprende diversas clases de actuaciones discrecionales. Desde la formulación de programas y normas básicas de política pública a los distintos niveles de gobierno — superiores e inferiores — hasta el ejercicio de discreción limitado y rutinario.

El objetivo general de la Ley 104 de autorizar demandas contra el Estado conflige en cierta medida con el objetivo particular del Art. 6 de excluir cierto tipo de demandas como las derivadas de las funciones discrecionales. Ambos objetivos deben tomarse en consideración y, hasta donde sea posible, debe establecerse un balance adecuado entre uno y otro al fijarse el alcance de la exclusión. Esta es precisamente una de las disposiciones que más controversia ha causado en la inter-pretación de la Ley Federal. Harper and James: 2 The Law of Torts, pág. 1677, sec. 2914 (1956); Peck: The Federal Tort Claims Act: A Proposed Construction of the Discretionary Function Exception, 31 Wash. L. Rev. 207, 209 (1956); Comentario: The Discretionary Function Exception in the Federal Tort Claims Act, 52 Mich. L. Rev. 733, 734 (1954).

Las dificultades que apuntamos impiden formular normas precisas y abarcadoras para la aplicación de la ex-clusión en todos los casos. Estamos en un área en que la función judicial más bien consiste en formular criterios y señalar los factores que deben evaluarse de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso. “El trazar la línea precisa de demarcación en esta área requiere la aplicación del método casuístico.”, observa previsoramente un eminente tratadista. Davis: 3 Administrative Law Treatise, 491, sec. 25.13 (1958). En igual sentido se pronuncia el profesor Jaffe: Suits Against Governments and Officers: Damage Actions, 77 Harv. L. Rev. 209, 238.

Como punto de partida debe tenerse presente el fundamento racional de la exclusión. Ella toma raíz en la doctrina de separación de poderes. James: The Federal Tort Claims Act and the Discretionary Function Exception: The Sluggish Retreat of an Ancient Immunity, 10 U. Fla. L. Rev. 184; Reynolds: The Discretionary Function Exception of the Federal Tort Claims Act, 57 Geo. L.J. 81, 121. Salvo en el ejercicio de la función constitucional de revisar las actuaciones de las otras ramas de gobierno en casos apropiados, la Rama Judicial generalmente se inhibe de intervenir con las funciones discrecionales de dichas ramas en la formulación de normas de política pública y de programas de gobierno. Esta es una materia en que, como sabemos, se reconoce amplia libertad de acción a las ramas políticas del Estado. De ahí que aunque no existiera la exclusión en la ley, los tribunales podrían siempre llegar al mismo resultado mediante la aplicación de la doctrina de separación de poderes. Harper and James, op. cit. supra, pág. 184; Davis, op. cit. supra, pág. 849, Comentario: The Discretionary Function Exception in the Federal Tort Claims Act, op. cit. supra, a la pág. 739. A este respecto, se señala que el estatuto del estado de Nueva York no contiene una exclusión para las funciones discrecionales, y, sin embargo, se ha im-puesto por interpretación judicial. Alva Steamship Co. v. City of New York, 405 F.2d 962 (1969).

En armonía con el fundamento racional de la exclusión pueden identificarse fácilmente ciertas áreas de funciones discrecionales que tradicionalmente han sido protegidas por el manto de inmunidad. No se disputa la inmunidad, por ejemplo, a las funciones de reglamentación del Estado, a las funciones adjudicativas, las legislativas y a las cuasi judiciales. Por otro lado, tampoco debe haber dificultad en reconocer la responsabilidad del Estado por actos negligentes de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de funciones discrecionales rutinarias que en nada afectan los programas de gobierno o las normas básicas de política pública.

Algunos han sugerido como criterio para aplicar la ex-clusión una distinción entre aquellas decisiones básicas de política pública necesarias para determinar la iniciación de proyectos, localización, métodos y lineamentos generales de los mismos, y, las decisiones subordinadas necesarias para llevarlos a cabo. Harper and James, op. cit. supra, a la pág. 187. Esta distinción es similar a la formulada en Dalehite v. United States, 346 U.S. 15 (1955), con respecto a la inmuni-dad de las decisiones gubernamentales tomadas en la esfera de planificación y las decisiones relativas a la esfera operacional. Allí se expresó a la pág. 42:

“En resumen la alegada negligencia no impone responsabili-dad al gobierno. Las decisiones fueron tomadas en el cumpli-miento de un deber en la esfera de planificación más bien que en la esfera operacional y envuelven consideraciones más o menos importantes para la viabilidad del Programa Gubernamental de Fertilizantes.” (Traducción nuestra.)

La distinción es, sin duda, útil como guía pero no como criterio único ya que hay situaciones en que resulta difícil el establecer si determinada actuación pertenece a un área o a la otra. Por otro lado, hay actuaciones meramente opera-cionales en el área de planificación y viceversa. Peck, op. cit. supra, a la pág. 219; Reynolds, op. cit. supra, a la pág. 404-405.

La jurisprudencia ha refinado esta distinción elaborando criterios más específicos. Se definen las actuaciones al nivel de planificación como aquellas que envuelven determinaciones generales de política pública. O sea, aquellas que requieren la evaluación de factores tales como los efectos políticos, económicos y sociales de un plan o de un programa. Las actuaciones operacionales son aquellas que envuelven asuntos rutinarios, “la operación normal de día a día del gobierno”. Reynolds, op. cit. supra, a la pág. 105-107. Swanson v. United States, 229 F.Supp. 217, 220 (1964); Hendry v. United States, 418 F.2d 774, 782-784 (1969). Véase además la Monografía: “Federal Tort Claims Act: Construction of Provision Excepting Claims Involving Discretionary Function or Duty”, 99 A.L.R.2d 1016, 1024.

También la jurisprudencia ha formulado algunas reglas que facilitan interpretar el alcance de la inmunidad. Al respecto, se ha establecido que la decisión de aplicar una norma básica de política pública a un caso específico no está prote-gida por la exclusión. White v. United States, 317 F.2d 13 (1963), Reynolds, supra, a la pág. 106.

Una variación de esta regla es la del “Buen Samaritano” aplicada en Indian Towing Co. v. United States, 350 U.S. 61 (1955), al efecto de que una vez el Gobierno decide tomar un curso de acción ya sea proveyendo un servicio o de otra forma tiene que ejercer el debido cuidado aun cuando originalmente no tuviera la obligación de actuar. Los siguientes casos ilus-tran la aplicación de estas reglas a diferentes situaciones de hechos: Costley v. United States, 181 F.2d 723, 725 (1950); Somerset Seafood Co. v. United States, 193 F.2d 631, 635 (1951); Eastern Air Lines v. Union Trust Co., 221 F.2d 77 (1955); Fair v. United States, 234 F.2d 288, 294 (1956); Seaboard Coast Line Railroad Co. v. United States, 473 F.2d 714, 716 (1973); Gibson v. United States, 457 F.2d 1391, 1394 (1972).

Advertimos que la jurisprudencia no ha seguido un patrón consistente en la aplicación de estas reglas. Pero, en términos generales podemos derivar como principio fundamental de interpretación la distinción entre el ejercicio de discreción en la formulación de normas de política pública básica y el ejercicio de discreción meramente rutinario.

Merece especial atención por guardar sus hechos estrecha semejanza con el de autos el caso de Johnson v. United States, 73 Cal. Reptr. 240, 447 P.2d 352 (1968). En dicho caso la agencia gubernamental colocó a un menor de 16 años de edad en un hogar de crianza sin advertirle a los padres de crianza que el menor tenía tendencias homicidas y un historial de violencia y crueldad. El menor agredió a la madre de crianza y ésta demandó al estado de California. La defensa aducida por el Estado consistió en que el funcionario que hizo los •trámites para colocar al menor en el hogar de crianza ejerció su discreción con respecto a la información que debió adelantar sobre el menor. Al imponer responsabilidad al Estado el tribunal puntualizó como factores para interpretar el alcance de la exclusión de actos discrecionales: 1) la importancia para el público de la función discrecional envuelta, 2) hasta dónde la imposición de responsabilidad puede menoscabar el libre ejercicio de esa función y 3) la disponibilidad de otros remedios a las personas afectadas.

Aplicando estos factores el tribunal concluyó que la de-cisión del funcionario con respecto a las advertencias que debía hacer a los padres de crianza no constituían el tipo de decisión básica de política pública cubierta por la exclusión de responsabilidad. Consideramos útil este enfoque de Johnson porque destaca la importancia de los factores de política pública envueltos en la determinación de inmunidad por encima de una interpretación literal del estatuto.

Se recordará que en nuestra opinión original, 101 D.P.R. 113, decidimos que la remoción del menor del hogar de crianza constituía una función de carácter discrecional por requerir la misma “un cuidadoso ejercicio de la discreción administrativa”, interpretando así literalmente el estatuto. Es evidente que la decisión de remover al menor requería ejercicio de discreción por diversos funcionarios. Pero no es éste el tipo de decisión de política pública básica protegida por la exclu-. sión. Ella no efecta en forma alguna el Programa de Hogares de Crianza ni la política pública encarnada en la Ley de Bienestar Público, 8 L.P.R.A. secs. 1-26.

Es por eso que consideramos equivocada nuestra conclusión considerando función discrecional la remoción del menor. Esto, sin embargo, no dispone automáticamente la revocación dé nuestra sentencia.

Una vez concluido que la función aquí envuelta no. está protegida por la exclusión estatuida en el Art. 6(b), supra, es necesario considerar ahora si en el desempeño de la misma los funcionarios o empleados del Estado Libre Asociado fueron o no negligentes.

El tribunal de instancia concluyó al respecto que:

“Martín es un niño sordomudo, retardado mental.. Aproxi-madamente tres años antes de que prendiera fuego y destruyera la casa del matrimonio Piñeiro Cruz, el señor Piñeiro Manzano se percató de las tendencias piromaníacas de Martín. En aquella ocasión pegó fuego al cuarto donde dormía, quemándose la cama, ropa y otros artículos. Desde esa ocasión Don Juan comenzó a hacer gestiones para que la División de Bienestar Público retirara el menor del hogar. Dichas gestiones consistie-ron en frecuentes visitas a la oficina local de Ponce de Bienestar Público y cartas al Gobernador de Puerto Kico, todas las cuales resultaron infructuosas y no fue hasta que el menor hubo des-truido la casa el 3 de julio de 1967 que la División de Bienestar Público lo retiró”.

El examen que hemos hecho del récord no sostiene tal conclusión. La prueba desfilada consistió en el testimonio del propio reclamante Piñeiro Manzano de un lado y el testi-monio de la Srta. Xenia Acevedo Gordils, quien estaba a cargo de la Unidad de Hogares de Crianza y Anexos desde abril de 1967. El expediente de la Oficina de Bienestar Público número S-10771 se admitió en evidencia por estipulación de las partes.

El mencionado expediente recoge en forma minuciosa y es-merada el historial del menor Martín y sus tres hermanos. Aparecen en el mismo anotaciones en puño y letra de las múlti-ples visitas de las trabajadoras sociales al hogar de crianza y de los padres de crianza a la Oficina de Bienestar Público en Ponce. Las anotaciones detallan los propósitos de las visi-tas, las observaciones pertinentes sobre el estado de los menores, del hogar y de los padres de crianza, los problemas surgidos y las gestiones pertinentes para resolverlos. A través del expediente se percibe un profundo sentido humano y un loable esfuerzo en beneficio del mejor bienestar de los menores conforme a las circunstancias de cada uno de ellos.

Se trata de cuatro hermanos de nombres Daniel, Manuel, Martín y María Consuelo Graciani que allá para el 1959 fueron colocados en el hogar de crianza del recurrido Piñeiro Manzano en virtud de un contrato de servicios. Para esa fecha los menores contaban la edad de 10, 8, 6 y 4 años y medio respec-tivamente.

La primera visita de supervisión al hogar de crianza del recurrido Piñeiro Manzano se efectuó en diciembre de 1959. Entre los años de 1959 a 1965 inclusive se efectuaron visitas periódicas de supervisión al hogar de crianza, se hicieron exámenes médicos a los menores, se les vacunó en la Unidad de Salud Pública y se matriculó a Daniel y a Manuel en la Es-cuela de Coto Laurel. Martín recibía periódicamente trata-miento médico en la Clínica de Niños Lisiados. No aparece en el expediente una sola queja sobre Martín ni solicitud alguna para su remoción durante este período.

En el período comprendido entre febrero de 1966 a enero de 1967 se efectuaron siete visitas de supervisión, se entre-vistó a los padres de crianza en la Oficina de Bienestar Pú-blico en cinco ocasiones y se visitó la escuela de Coto Laurel. Es en este período que aparece por primera vez que los padres de crianza se quejan de problemas de conducta de Daniel y Manuel y piden la remoción de éstos. Nótese que no se pide la remoción de Martín. Sobre éste sólo aparece del récord que “Conviene señalar que en dos ocasiones este menor a [sic] pegado fuego en la propia casa. Se le ha dado orientación a los padres de crianza para que tomen las medidas necesarias al respecto.”

Manuel fue removido en marzo de 1967 al Hogar de Niños de Guaynabo.

La carta dirigida al Gobernador por el recurrido Piñeiro Manzano el 18 de febrero de 1967 solicitó únicamente la remo-ción de Daniel y Manuel pero no la de Martín, contrario a lo concluido por el tribunal de instancia. Nótese que estamos ya en febrero de 1967 — el fu ego fue el 3 de julio — y no ha habido todavía solicitud alguna para la remoción de Martín.

El 17 de mayo de 1967 se recibió en la Oficina de Bienes-tar Público un anónimo quejándose de que los padres de crianza dejaban al menor Martín suelto en la calle sabiendo que era anormal y que el niño se pasaba prendiendo fósforos a la basura por los patios. El 22 de mayo el recurrido Piñeiro Manzano se presentó a la Oficina de Bienestar Público a pedir que removieran a Daniel, quejándose que éste no asistía a la escuela, no respetaba a nadie en el hogar y se iba desde por la mañana y no regresaba hasta por la noche. El propósito de la visita fue quejarse de la conducta de Daniel y pedir la remo-ción de éste. No presentó queja alguna sobre Martín ni pidió su remoción. Al informarle la trabajadora social sobre el anó-nimo fue que el recurrido expresó que debía hacerse algo in-mediato por los menores.

Es significativo que todas las peticiones de remoción de Daniel y Manuel aparecen anotadas en el expediente. Sin embargo, no aparece una sola anotación antes del fuego sobre solicitud alguna de remoción de Martín. La inferencia más lógica y confiable es que ninguna se hizo. El tribunal de instancia descartó el valor probatorio de un récord objetivo, cuidadosamente anotado cuando no había el más remoto indicio de pleito, para darle completo crédito al testimonio del re-currido, quien a fin de cuentas es parte interesada.

Tampoco es correcta la conclusión del tribunal de ins-tancia al efecto de que:

“Del propio expediente se evidencia la gran preocupación que tenían los esposos Piñeiro Cruz por la condición de Martín y se evidencia a su vez que nada se hizo para remediar la situa-ción. De un informe especial suscrito por la trabajadora social Ivonne Santiago que forma parte del expediente se hace constar lo siguiente:
‘Anteriormente este menor había provocado dos fuegos los cuales habían podido ser sofocados.’
‘Deseamos aclarar que los padres de crianza se habían movido en otras ocasiones a la oficina en interés de que le removieran este menor por los problemas que estaba pre-sentando.’
‘El señor Antonio Rivera, vecino de la familia Piñeiro vino a informar que el menor había intentado prender fuego nuevamente.’ ” (Conclusión número cinco.)

Las anotaciones del expediente revelan que desde el 1962 Martín venía recibiendo tratamiento en la Clínica de . Niños Lisiados y en la Clínica de Psiquiatría de Ponce; que fue re-ferido al Programa pro-Terapia del Habla; que fue examinado por el neurólogo y el otorrinolaringólogo, y, que fue evaluado como un niño retardado mental y, por esa razón, no elegible para entrar al Colegio San Gabriel. (Carta dirigida el .2 de febrero de 1967 por el Centro Pediátrico de Niños Lisiados de Santurce a la Oficina de Bienestar Público en Ponce.)

El informe de la trabajadora social Ivonne Santiago, que cita el tribunal de instancia en la anterior conclusión fue redactado el 28 de julio de 1967 después del fuego. No es correcta su aseveración de que “los padres de crianza se habían movido en otras ocasiones a la oficina en interés de que le removieran este menor . . . .” Como ya vimos, todas las ges-tiones de los padres de crianza se referían a Daniel y Manuel, los cuales fueron removidos al Hogar de Niños de Guaynabo.

Por otro lado, aunque el recurrido hubiese solicitado la-remoción de Martín en la visita que hizo el 17 de mayo a la. Oficina de Bienestar Público, no podría concluirse por ese mero hecho que se incurrió en negligencia. La remoción no puede llevarse a cabo precipitadamente porque el cambio sú-bito puede afectar la estabilidad emocional del menor. No debe perderse de vista que este menor se colocó en la casa del re-currido cuando tenía cuatro años de edad en el 1959 y que logró en dicho hogar cierto progreso sobre su innata condición. Es por eso que la remoción requiere que se lleven a cabo in-vestigaciones sobre las condiciones y facilidades del hogar o de las instituciones disponibles, exámenes mentales y físicos del menor, y, en caso necesario, que se ayude al menor con terapia adecuada a ajustarse al cambio. Estas gestiones re-quieren tiempo. En el caso de autos no pudieron llevarse a cabo hasta noviembre de 1967, a pesar de las múltiples pre-siones creadas después del fuego. Todas las gestiones para acomodar al menor en un hogar o institución adecuada resul-taron infructuosas debido a que éste, por su condición, no reu-nía los requisitos. (Véase carta de 18 de octubre de 1967 de la trabajadora social Ivonne Santiago a la Oficina del Gober-nador. )

Concluimos que en las circunstancias de este caso el tiempo transcurrido entre la supuesta solicitud de remoción y la fecha del incendio, apenas mes y medio, es insuficiente para imputarle negligencia al Estado.

Se dictará sentencia declarando sin lugar la moción de re-consideración.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado. El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, no interviene.

       Dicha carta lee:
      “Coto Laurel P.R.
      18 de Feb. 1967
      Hon. Señor Gobernador
      Don Roberto S.V.
      Señor estamos solicitando de usted nos allude a rresolver dos proble. mas, el primero es el siguiente. Tenemos muchachos del vien estar público son hermanos los dos mayores no se rrespetan siempre están peleando, el mayor tiene cerca de catorce años ninguno quiere hir a la escuela, tienen los muebles tapizados destruhidos el zofá picado el forro con cuchillo las dos puertas con los paneles rotos y la perciana doblada, el mayor le dió un tajo en la cara al otro en el lavio superior está marcado para ciempre éste Daniel lo pueden pasar al Instituto de guainabo allí puede aprender algon en usted espero lo rretire de aquí cuanto antes, el está bien equipado de rropa y cinco pares de zapatos entre ellos tres nuevos.
      2o. Problema de aquí Ponce nos mandaron a llebar un niño rretardado al Edificio anterior, de la lotería en Santurce, el médico encargado rreco-mendó llebarlo a una Institución yendo nosotros a verlo y llebarle lo que se necesite, el niño está entrado en once años y demuestra ser Inteligente. Muy a menudo está bocceando con sacos llenos de basura, y sacando tornillos con llaves de máquinas viejas que alia en la basura del rio, como se arreglan estos muchachos es separando uno del otro y no hemos podido conseguir separarlos, en ud. esperamos nos allude a resolver este problema.
      Gracias anticipadas
      Agustina Negrón de Piñeiro
      Calle F-774 Coto Laurel Ponce
      Para llevar el rretardado a Santurce nos citaron para los ocho de la mañana, debido a la-hora temprana nos tuvimos que hir un día antes, la casa quedó sola tuvimos que llebarnolos todos esto originó un gasto que pasó de cincuenta y seis pesos. El carro cobró hida $16.00 y bulta igual, la dieta de todos nosotros es el rremanente. El retardado se llama Martín Graciani Rodríguez.”


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Confesor Falú Fuentes, c/p Confe, acusado y apelante.

      Número: CR-73-60

      Resuelto: 12 de noviembre de 1974

      José M. Sagardía Pérez, abogado del apelante; Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Subprocurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Se imputó al apelante la comisión de tres infracciones al Art. 29 de la anterior Ley de Narcóticos de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 974z, consistentes en poseer, vender, y ocultar y transportar heroína. Juzgado por tribunal de derecho fue hallado culpable y sentenciado a cumplir de cinco a diez años de presidio en cada cargo, a cumplirse concurrentemente entre sí. Señala la comisión de varios errores. Los dos primeros ata-can la suficiencia en Derecho de la prueba. Ambos se come-tieron y justifican la revocación.

Veamos la prueba. Según el testimonio del agente Rivera, única prueba presentada por el fiscal conectando al apelante con la alegada transacción delictiva, ésta ocurrió el 30 de mayo de 1971. Hacía tres años que el agente trabajaba en la persecución del tráfico ilegal de drogas como miembro de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía. Su identidad como tal no era un secreto. Declaró que antes del 30 de mayo de 1971 había jurado denuncias y había declarado como testigo de cargo en procesos por violación a la Ley de Drogas en las Salas de lo Criminal de Hato Rey y de la Parada 18 del Tribunal Superior, en lo que él mismo llamó “un sinnúmero de ocasiones” que dijo podrían ser “más de cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, más de veinte.” No obstante, no prestó declaración jurada sobre la transacción realizada con el apelante hasta más de seis meses después de ocurrida. Su explicación para la dilación fue que se hubiese descubierto y tenía que mantener su condición de encubierto. Esto a pesar de que, en relación con una transacción similar con el mismo acusado ocurrida el primero de junio de 1971, prestó declaración y se determinó causa probable contra el apelante el 24 de agosto siguiente y se efectuó su arresto el 31 de ese mismo mes. Bajo tales circunstancias es dudoso que la razón para no pres-tar declaración hasta seis meses después en el caso del 30 de mayo fuera la de no descubrirse. La razón dada por el testigo para justificar este proceder, consistente en afirmar que sometió para causa probable todos los casos contra el apelante en la misma fecha en diciembre, es evidentemente inverosímil.

Pero ahondemos en su testimonio. Conoció al acusado en la ocasión de la alegada transacción del 30 de mayo en Saint Just, que es parte del área metropolitana de San Juan en que están las Salas de Hato Rey y la Parada 18, al serle presentado por un confidente. Como ocurre a menudo en estos casos, el agente dice no conocer el nombre del confidente ni su dirección, cosa que es permisible creer cuando se trata de agentes aislados, ya que es de suponer que la Policía tome medidas para que la identidad de los confidentes no se conozca generalmente en la totalidad del Cuerpo. Alguien en la Poli-cía, sin embargo, tiene que saber el nombre y las señas de todo confidente. No concebimos que se haga uso de tales per-sonas para la tarea de descubrir y perseguir a los traficantes de drogas y no sepa la Policía quiénes son esas personas que en forma tan efectiva ayudan a lograr el éxito de esa tarea. Aceptamos que se mantenga la confidencialidad de la identifi-cación de esas personas cuando su actuación no pasa de ser la de meros informantes. Compárense Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974) y Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965). No aceptamos que para proteger la identidad del confidente se recurra, en aquellos casos donde la defensa tiene derecho a información sobre el particular, a la socorrida ex-cusa de que se le conoce únicamente por un apodo. Véase Pueblo v. Beltrán Faría, 102 D.P.R. 783 (1974).

Todas estas circunstancias tienen un gran peso cuando se trata de aquilatar el testimonio de un agente encubierto. Advertimos en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966), la necesidad de rodear el testimonio del agente encubierto de detalles que lo hagan confiable. Repetimos en Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967), nuestra preocupación de que el Pueblo pierda la confianza en la justicia por el uso de agentes encubiertos inescrupulosos que logren el encausamiento de ciu-dadanos asociados al delito por su mera reputación. Eso aún nos preocupa y nos preocupará siempre. Véanse Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974), Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973). En Rosario Torres, en que el agente encubierto tardó cinco meses en prestar su declara-ción jurada, dijimos por voz del Juez Asociado Señor Díaz Cruz:

“Estamos plenamente enterados de la gran utilidad del agente encubierto que se adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más oscuros recintos del crimen organizado y con gran exposición de su vida saca los infractores de la sombra y clandestinidad para traerlos a responder por sus actos en sala de justicia. No estamos, por tanto, preconi-zando, ni siquiera alentando el abandono de este método de investigación y procesamiento. Confiamos en que los hombres seleccionados para esta labor sean de integridad sin tacha. Pero habida cuenta de la enorme influencia que sobre el destino del encausado puede generar el testimonio del agente, en reverencia a la libertad de los seres humanos con quienes interviene, se impone una aumentada exigencia y un mayor rigor en la estima-ción por las cortes de las actuaciones del agente encubierto. La triste experiencia con agentes inescrupulosos y prevaricadores ha puesto toda la organización bajo severa evaluación y se hace necesario elevar las normas mínimas de credibilidad. De lo contrario degradaríamos la libertad.”

En adición a esas circunstancias que debemos tener presen-tes al enfrentarnos al testimonio del agente Rivera, se desmo-rona su castillo de credibilidad en este caso ante las inconsis-tencias de su testimonio. El agente declaró que al día si-guiente de ocurrir la transacción rindió a su superior un in-forme confidencial en que hizo constar que la persona a quien le compró la heroína la noche antes, identificado por el apodo de Confe, era un hombre de unos 29 a 35 años de edad. El acu-sado sólo contaba 20 años de edad. Indicó en ese informe que su peso era de unas 149 libras. El acusado pesaba 170 libras. Dejó en blanco los espacios en que debió indicar el color de los ojos y del pelo. No explicó esa omisión. Indicó la esta-tura de Confe como cinco pies cinco pulgadas. El acusado mide cinco pies diez pulgadas, la misma estatura del agente Rivera.

Aceptamos que una persona pueda equivocarse al calcular la edad, peso y estatura de otro. Pero el que aquí hizo el cálculo no es una persona corriente en estos menesteres. Se trata de un agente de la Policía, con tres años de experiencia en la persecución del tipo de delito que aquí nos ocupa, entre-nado especialmente para hacer esos cálculos y presentar infor-mes exactos de lo que observa. Si se tratase de pequeños errores en sus cálculos sería pasable. Pero aquí se trata de equívocos imposibles de superar. Rivera no era aquí un casual observador de unos hechos. El provocó la transacción con esa persona que dijo no conocer y era su deber vaciar los datos precisos en el informe que debía hacer y retenerlos para en su día prestar testimonio en el juicio que se siguiera al acusado. La descripción de éste, por el hecho de no serle conocido hasta ese momento, tenía que ser la más exacta posi-ble. Jamás podría identificarse al acusado aquí apelante, un joven de 20 años de edad, de 170 libras de peso y de cinco pies diez pulgadas de estatura como el hombre que describió el agente Rivera en su informe. Añádase a eso que en el informe sobre la transacción del día primero de junio con el mismo acusado, el agente Rivera da una descripción que no coincide con la que hizo en su informe del día anterior — 31 de mayo— ni con la realidad física del apelante.

Hay otras inconsistencias en el testimonio del agente Rivera. No creemos necesario señalar más. Las indicadas bastan para descartar su testimonio y absolver al acusado apelante.

Se dictará sentencia de conformidad con lo aquí expresado.


author:
(Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario
     Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

text:
    Betty Vázquez et al., demandantes y recurridas, v. Commercial Insurance Company, demandada y recurrente.

      Número: R-72-359

      Resuelto: 5 de marzo de 1974

      Vivas, Martínez-Texidor & Limeres, abogados de la recurrente; Héctor Lugo Bougal, Delia María Auffant y Delia Lugo Bougal, abogados de las recurridas.
   SENTENCIA

En demanda radicada ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce, las demandantes en el caso de autos alegaron que la menor Ana María Fernández, de 10 años de edad, se encon-traba recluida en la Clínica Dr. Pila cuando fue agredida por un hombre extraño al plantel. Se alegó consecuentemente que los daños sufridos por la niña y su madre se debieron a la negligencia de la institución médica consistente en no mante-ner la vigilancia adecuada.

Al contestar, se negó esto último.

La evidencia presentada por las promoventes de la acción demostró que alrededor de las 9:00 P.M., estando la menor en su habitación, su madre se retiró un momento a su hogar, encomendándole a una de las enfermeras del piso que la cui-dara. La empleada del hospital, junto a su compañera de trabajo, visitó el cuarto de la niña, encontrándola dormida. Entonces se dirigieron a otra habitación a atender otro paciente. Estando allí escucharon gritar a la niña y al acudir en su auxilio encontraron en el cuarto a un hombre. Esto ocurrió entre las 9:30 y 10:00 de la noche. Posteriormente la niña relató que la persona aludida le besó las manos y trató de bajarle el pantalón de sus pijamas mientras le decía que era un médico que la iba a examinar. El agresor fue identifi-cado. No era paciente, visitante, ni empleado de la clínica.

Las reglas prevalecientes en el hospital prohibían la en-trada de visitantes después de las 9:00 de la noche. Se des-conoce cuándo lo hizo el intruso. También se prohibía la pre-sencia en los pasillos de personas que no fueran pacientes o empleados.

Como resultado de los hechos citados las demandantes ale-gan sufrieron considerables daños, especialmente mentales.

El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda. Acordamos revisar.

Para que exista responsabilidad de la que se conoce como aquiliana, es necesario que el demandante pruebe tres ele-mentos: 1. que el demandado actuó negligentemente, 2. que el demandante sufrió un daño, 3. que el daño ocurrió como consecuencia próxima del acto negligente.

En el caso de autos las demandantes alegaron que había sido negligente el hospital por no contar con la suficiente protección. En la contestación se negó la imputación. Sin embargo en ningún momento las demandantes presentaron evidencia tendente a sustentar su punto. No se probó con qué medidas de seguridad contaba la institución ni por qué eran éstas defectuosas o insuficientes. No se probó actuación negli-gente alguna de parte de la Clínica Dr. Pila. Es el deman-dante el que tiene la obligación de probar su caso.

Se revoca la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de Ponce, Andreu García, J.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. Los Jueces Asociados Señores Rigau e Irizarry Yunqué no intervinieron. El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio disintió en opinión separada.

(Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

San Juan, Puerto Rico, a 5 de marzo de 1974

A continuación expongo las razones por las cuales disiento de la sentencia circulada en el presente caso.

Es cierto que los hospitales no son aseguradores de sus pacientes; no obstante, entiendo que en el presente caso in-cumplió el hospital su deber de vigilancia. Por el hecho de ser enfermos las personas que allí se encuentran, es necesario que se les proteja de su indefensión, ya que de todos es sabido que de noche las puertas de sus cuartos permanecen cerradas sin seguro, en la seguridad de que sólo personal autorizado en-trará en los mismos. Se debe aplicar a los hechos de este caso, lo establecido por el Tribunal en Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 D.P.R. 20 (1964) donde hicimos responsable al dueño de una hospedería “por los daños sufridos por uno de sus hués-pedes en ocasión de haber sido éste asaltado a altas horas de la noche, en un pasillo de dicho hotel por dos extraños que entraron en la hostelería que por costumbre mantenía su puerta principal de entrada abierta durante toda la noche sin emplear y tener un celador o empleado otro alguno en la referida entrada.”

En el presente caso se trata de una niña de 10 años, que por su edad requiere mayor protección y más aún, cuando había sido intervenida el mismo día de los hechos. Las enfer-meras sabían que en ese momento se encontraba sola en una habitación privada, ya que la madre de dicha menor, después de cuidarla durante todo el día, a eso de las 9 :Q0 P.M., salió para su hogar con el propósito de tomar un baño y cambiarse su uniforme de enfermera, ya que trabajaba como enfermera industrial en la Commonwealth Refining Company (CORCO), en el turno comprendido entre las 12:00 de la noche y las 8:00 de. la mañana. La referida madre se proponía regresar a la Clínica antes de irse a su trabajo, para dejar junto a la menor demandante cuidándola a la abuela de ésta.

Antes de abandonar la Clínica, dicha señora madre de la menor habló con una de las enfermeras de turno a quien le informó que iba a ausentarse durante un corto tiempo; que la niña tenía mucho dolor y pedía algún medicamento que la aliviase; y luego de irse la madre, aplicaron codeína para el dolor.

De las Determinaciones de Hechos del tribunal de instan-cia surge lo. siguiente:

“Según evidencia que fue ofrecida a este Tribunal y la cual ha merecido entero crédito al mismo, el incidente descrito ocurrió entre las 9:30 y 10:00 de la noche. La enfermera encargada del piso esa noche, Nancy Gómez Sánchez, vio a la menor deman-dante a las 8:30 de la noche y le administró codeína para el dolor. La niña le pidió que no cerrara la puerta del cuarto ni apagara la luz, a lo cual olla accedió. A las 9:30 de la noche la referida enfermera volvió a ver a la niña, esta vez acompañada de la otra enfermera del piso. La menor demandante estaba dormida y ellas apagaron la lámpara del techo y dejaron encen-dida una de mesa. Entonces, ambas enfermeras se dirigieron a la habitación número 301, donde se encontraba una paciente que hacía todas sus necesidades fisiológicas en la cama y había que cambiarla de ropa a menudo. Estando allí, las enfermeras oyeron un grito; salieron al balcón, pero no pudieron determinar de donde había procedido, de manera que permanecieron en la expectativa de que tal grito se repitiera para poder determinar el lugar de donde procedía. Nuevamente oyeron otro grito y en esta ocasión pudieron precisar que el mismo había salido de la habitación de la menor demandante. Cuando entraron a la habi-tación de ésta encontraron allí al desconocido. Este, al verlas, les dijo;. ‘Atiendan a esa nena que está nerviosa.’, y salió de la habitación.
La enfermera Nancy Gómez se le fue detrás al hombre gri-tando: ‘Cójanlo’. El hombre a su vez ripostaba diciendo que tenía una nena enferma que necesitaba sangre. Del conjunto de la evidencia presentada podemos determinar que dicho intruso pudo abandonar el hospital sin que persona alguna interceptara su salida del mismo.”

En su sentencia el Tribunal dice que las demandantes no presentaron evidencia para demostrar que el hospital no con-taba con la suficiente protección. Sin embargo, de acuerdo con lo anteriormente citado, surge claramente que no había persona alguna para detener a ese hombre en su salida del hospital, a pesar de gritar la enfermera que lo detuvieran. Creo que ésa es prueba suficiente y que dado los hechos de este caso no era necesario exigirle otra prueba adicional. Además, se supone que por lo menos haya un empleado o vigilante en la puerta del hospital que permanece abierta.

No queremos significar que la Clínica tenía que tener un guardián en la puerta de la habitación de cada paciente. Según la Determinación de Hecho Núm. 8 del tribunal de instancia, las reglas prevalecientes en dicho hospital a la fecha de los hechos, prohibían la entrada de visitantes des-pués de las 9:00 de la noche, hora en que éstos tenían que abandonar el mismo a menos que estuvieran autorizados a permanecer allí después de esa hora por los médicos que atendían pacientes en dicho hospital. Tampoco se permitía la presencia de particulares o visitantes no autorizados en los pasillos del referido hospital después de la hora mencionada. El asaltante, que según se expresa en la sentencia de este Tribunal, “le besó las manos y trató de bajarle el pantalón de sus pijamas, mientras le decía que era un médico que la iba a examinar”, fue encontrado en la habitación por las enferme-ras que acudieron al segundo grito de la niña, el cual, al verlas, les dijo: “atiendan a esa nena que está nerviosa”, y salió de la habitación. La enfermera Nancy Gómez se le fue detrás gritando “¡Cójanlo!”, y éste a su vez ripostaba diciendo que tenía una nena enferma que necesitaba sangre. Este pudo abandonar el hospital sin que fuera interceptado ni detenido por persona alguna. Días más tarde fue localizado y detenido por la policía e identificado por la menor y las enfermeras. El intruso no era paciente ni empleado del refe-rido hospital, ni tampoco tenía una niña, ni ningún otro familiar de paciente allí. La enfermera encargada del piso esa noche declaró que no sabe cómo entró dicho individuo al hospital esa noche.

En relación con la norma del hospital, a que nos hemos referido anteriormente, de no permitir la entrada de visitan-tes después de las nueve de la noche, el ilustrado juez senten-ciador (Hon. José A. Andreu García, Juez), concluyó que la prueba no demostró la medida o medidas adoptadas por el hospital para hacer cumplir tal regla en la fecha de la ocu-rrencia de los hechos. Estoy enteramente de acuerdo con su conclusión de que:

“No bastaba con la prohibición únicamente, había que demos-trar que la misma se ejecutaba en una forma razonablemente efectiva.”

Igualmente coincido con la sala sentenciadora, cuando concluye:

“El hospital en este caso tenía el deber de ofrecer un grado de cuidado, atención y protección razonable. Esto se mide por normas de razonabilidad y prudencia. En ausencia de prueba clara que demuestre que el hospital en este caso había adoptado alguna medida razonable para controlar el acceso de cualquier persona al interior del mismo o a sus habitaciones, tenemos que inferir del hecho mismo de la presencia del intruso en el hospital a tal hora de la noche y de lo relativamente fácil que éste aban-donó el mismo, que no se había adoptado una medida razonable para evitar el daño causado o que de haberse tomado, los agentes o empleados del hospital no la habían puesto en práctica esa noche o fueron negligentes en el cumplimento de tal medida.”

Y como sostiene dicho tribunal de instancia, el daño sufrido por la niña: “. . . pudo haberse previsto y evitado.”

Tomando en consideración, como concluye el juez senten-ciador, la corta edad de la niña, su condición física, debilitada por la intervención quirúrgica que se le había practicado ese mismo día, el hecho de estar bajo el efecto de la codeína que se le administró para el dolor; y el estado anímico de la menor, quien le expresó a las enfermeras su temor a quedar sola, evidenciado por la petición de que se dejase la luz encendida y no le cerraran la puerta de su habitación, coincidimos con él que la Clínica fue negligente al no proveer a dicho menor la vigilancia, protección y cuidado que las circunstancias del caso exigen.

Por las razones expuestas disiento de la sentencia de este Tribunal revocando la de la Sala de Ponce, del Tribunal Superior de Puerto Rico; y considero que, por el contrario, la misma debe ser confirmada.

       “There have Leen frequent recoveries where infants sustained injuries because of lack of nursing attention. It is important to note that in many such instances some courts have held that a hospital has a higher duty of care with respect to an infant than to an adult.” 4B Personal Injury, Hospitals and Asylums, sec. 1.06(16), págs. 289-290.

       La propia parte recurrente admite en su Solicitud de Revisión que: “. . . y firmemente cree que las determinaciones de hechos a las cuales llegó el Hon. Tribunal a quo están correctas y se ajustan a lo acontecido en la vista del caso.” (Por esto, no es elevó la transcripción de la evidencia. La parte demandada no presentó prueba.)


author: (Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario

text:
    Ramón Ferrer Delgado, demandante y recurrente, v. General Motors Corporation, Vaillant Motors Corporation y Cabrera Hermanos, Inc., demandados y recurridos.
    SENTENCIA EN RECONSIDERACIÓN

      Número: R-70-34

      Resuelto: 17 de febrero de 1972

       Nota del Compilador: La sentencia original en este caso aparece en 100 D.P.R. 246, 268. Véase además 101 D.P.R. XCI.

   Consideradas las mociones de reconsideración de las de-mandadas, así como la oposición de la parte demandante, se reconsidera la sentencia del Tribunal dictada en 22 de noviem-bre de 1971, únicamente en cuanto a los siguientes extremos:

(a) Se declaran con lugar las reclamaciones contra co-parte instadas por las codemandadas Vaillant Motors Corporation y Cabrera Hermanos, Inc., contra la co-demandada General Motors Corporation.

(b) Se condena a la General Motors Corporation a pagarle a las co-demandadas Vaillant Motors Corporation y Cabrera Her-manos, Inc., cualquier suma que en virtud de la sentencia del Tribunal estas co-demandadas vengan obligadas a pagar al demandante.

(c) Se condena a la demandada Cabrera Hermanos, Inc., a que se haga cargo del automóvil objeto de este litigio con la obli-gación de entregar su posesión y dominio a la General Motors Corporation una vez pagado por ésta el importe de la sentencia, según se dispone en el apartado (b) que antecede.

Quedan en todo vigor y efecto todos los demás pronuncia-mientos de la sentencia anterior.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

(Fdo.) José L. Carrasquillo Secretario