author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri.

text:
    Farmacias Moscoso, Inc., demandante y recurrida, v. K-mart Corporation y el Secretario de Salud, demandados y peticionarios.

      Número: CE-95-138

      Resuelto: 10 de mayo de 1995

      Mario J. Rabón, de O’Neill & Borges, abogado de los peticio-narios; César T. Alcocer, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I — í

El 29 de julio de 1993 la parte recurrida, Farmacias Moscoso, Inc., solicitó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la revisión de una Resolución del Secretario de Salud concediendo un certificado de necesidad y convenien-cia a favor de K-mart Corporation. El 23 de enero de 1995 el tribunal dictó sentencia revocando dicha resolución. El 26 de enero de 1995 se archivó en autos copia de la notifi-cación de la sentencia. El 27 de febrero de 1995 la peticio-naria, K-mart Corporation, presentó ante esta Curia un recurso de certiorari para revisar la determinación del Tribunal Superior.

En su recurso, la peticionaria nos señala que la See. 4.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 2177, dispone que, en casos como el de autos, las decisiones adversas del Tribunal Superior se revisarán por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari. Indica, ade-más, que con relación a la revisión de las decisiones de las agencias administrativas de las cuales no se pueda recu-rrir en apelación directamente al Tribunal Supremo, en el Comentario a la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1995 se dice que estas revisiones “continuarán tramitándose en el Tribunal Superior de la misma forma y manera que se hacía antes de entrar en vigor la Ley [y que las] sentencias que sobre éstas emita el Tribunal Superior podrán ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el recurso de certiorari, Regla 18(B)(2)(c) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones”. Entiende la peticionaria que estas disposiciones están en conflicto y que, por lo tanto, para preservar su derecho a revisar la determina-ción del Tribunal Superior, presentó recurso de certiorari, tanto ante este Foro como ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No existe tal conflicto. El foro apropiado para entender en la petición de certiorari presentada es el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Veamos.

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Reiteradamente hemos resuelto que es principio cardinal de hermenéutica que ‘[a]l interpretar una disposición específica de una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determina-ción debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener’. Nuestra obligación fundamental en estos casos es imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando de esta forma la realiza-ción del propósito que persigue la ley. Al interpretar y apli-car un estatuto, hay que hacerlo teniendo presente el pro-pósito social que lo inspiró”. (Citas omitidas.) Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513, 523 (1991). González Pérez v. E.L.A., 138 D.P.R. 399, 405-406 (1995).

A toda ley le daremos la interpretación que mejor res-ponda a los propósitos que persigue. Interpretaremos la ley como un ente armónico, dándole sentido lógico a sus dife-rentes secciones, supliendo las posibles deficiencias cuando esto fuese necesario. González Pérez v. E.L.A., supra; Zambrano, Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992); Gobernador v. Alcalde de Coamo, 131 D.P.R. 614 (1992); Torres v. Castillo Alicea, 111 D.P.R. 792 (1981); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1.

Además, cuando exista un conflicto irreconciliable entre una nueva disposición y estatutos previos sobre una misma materia, la nueva disposición será la que controle o prevalezca, ya que constituye la última expresión del legislador. Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865, 874 (1983).

I-H hH 1 — 1

El 24 de enero de 1995 entró en vigor la Ley de la Judi-catura de Puerto Rico de 1994. El 13 de enero de 1995 se aprobaron unas Reglas de Transición sobre la Aplicación tanto del Reglamento del Tribunal Supremo como del Re-glamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Todas estas reglas entraron en vigor el 24 de enero de 1995. El 23 de enero de 1995 se enmendó la Regla 1(c) de Transición sobre la Aplicación del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 13 de enero de 1995 (en adelante Reglas de Transición) y la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra. Estas enmiendas también entraron en vigor el 24 de enero de 1995.

La Regla 1(c) de Transición, supra, pág. 6, define agencia administrativa de la forma siguiente:

(c) Agencia Administrativa — la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo, la Comi-sión Industrial, la Comisión de Servicio Público, la Administra-ción de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, la Co-misión de Investigación, Procesamiento y Apelación, y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales y cualquier otra agencia administrativa que por Ley se haya dispuesto que los recursos contra las decisiones finales de ésta se presentarán y atenderán en la Sala de San Juan del Tribunal Superior. (En-fasis suplido.)

La Regla 4(b) de Transición, supra, pág. 9, que versa sobre sentencias o providencias interlocutorias dictadas o emitidas por un tribunal con anterioridad a la vigencia de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, a su vez, dispone:

(b) Este Reglamento será de aplicación a toda decisión, dic-tada o emitida por un tribunal, con anterioridad a la vigencia de la Ley, cuyo término para recurrir en alzada, comience a decursar con posterioridad a la vigencia de dicha ley. (Enfasis suplido.)

De otra parte, la Regla 18(i) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, pág. 62, indica:

(i) Aplicación
Esta Regla aplicará a todo recurso procedente de una agencia administrativa que según los incisos (d) y (e) del Artículo 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 será revisado mediante recurso de apelación ante el Tribunal Supremo y el Artículo 11(A) de la Ley de Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986, según enmendada por la Ley Núm. 86 de 17 de agosto de 1994. Todos los otros asuntos continuarán revisándose conforme a la ley anterior.

En el Comentario a esta regla se expresa:

Interpretando los Artículos 3.002(d) y (e), 5.003(a)(5) y 9.004(a), de forma cónsona con el espíritu de la Ley de la Judi-catura de Puerto Rico de 1994, y el propósito y objetivo de ésta de facilitar el acceso a los tribunales a los ciudadanos, y hacer la mejor y más eficiente utilización de los recursos de la Rama Judicial, en esta Regla disponemos sobre el procedimiento para las apelaciones al Tribunal Supremo de recursos provenientes de agencias administrativas. Entre estas agencias están las mencionadas en el Artículo 3.002(d) de la Ley: La Junta Azuca-rera, la Junta de Salario Mínimo, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión Industrial; además de cualquier otra agencia administrativa que por Ley se haya dispuesto que los recursos contra las disposiciones finales se presentarán y aten-derán en la Sala de San Juan del Tribunal Superior. Entre estas últimas se encuentran: la Comisión de Servicio Público, la Administración de Compensación por Accidentes de Automóvil, la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación y la Comisión para Ventilar Querellas Municipales. La revisión de las decisiones de todas las demás agencias administrativas con-tinuarán tramitándose en el Tribunal Superior de la misma forma y manera que se hacía antes de entrar en vigor la Ley. Las sentencias que sobre éstas emita el Tribunal Superior po-drán ser revisadas por el Tribunal de Circuito de Apelaciones mediante el recurso de certiorari, Regla 18(B)(2) y (C) del Re-glamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones. (Enfasis suplido.) Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, según enmendado mediante Resolución de 23 de enero de 1995, pág. 8.

Cabe señalar que el concepto de que la revisión de toda decisión, resolución o providencia administrativa se presente y tramite en la Sala de San Juan se incluyó por primera vez en la Ley de la Judicatura en 1991 por virtud de la Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992 (4 L.P.R.A. secs. 1, ln., 35, 61, 61a, 121, 37, 37-1, 191, 231(a)-(d). Esta ley, que creó el ya extinto Tribunal de Apelaciones, dispuso que sería la Sección Norte de dicho tribunal la que revisaría las decisiones de la Junta Azucarera, la Junta de Salario Mí-nimo, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión Industrial mediante el recurso discrecional de revisión. La Sección Norte del Tribunal de Apelaciones tenía su sede en San Juan. Con relación a las decisiones de las agencias administrativas, sujetas hasta ese momento a revisión bajo la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, en la Ley Núm. 21, supra, Secciones 14(a) y 14-A(t), específi-camente, se expresó que éstas se revisarían, exclusiva-mente, ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

En 1993, al eliminarse el Tribunal de Apelaciones, mediante la Ley Núm. 11 de 2 de junio, 4 L.P.R.A. secs. 1, 1 n., 2 n., 35, 37-1, 61a n., 121, 301, 301 n., se enmendó nuevamente la disposición sobre revisión de decisiones administrativas. Con relación a la revisión de estos casos por el Tribunal Superior se dispuso que dicho tribunal conocería de “todo recurso de revisión contra decisiones, reglamentos, órdenes y resoluciones de agencias administrativas, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por las sees. 2101 et seq. del Título 3, así como de toda solicitud para poner en vigor las referidas determinaciones administrativas o los laudos arbitrales en materia laboral; excepto en aquellos casos en que la ley disponga la competencia en el Tribunal de Distrito”. Art. 4(a)(1) de la Ley Núm. 11, supra, 4 L.P.R.A. sec. 121(a)(1). Como podrá observarse, la Ley Núm. 11, supra, eliminó la competencia exclusiva de la Sala de San Juan del Tribunal Superior sobre estos asuntos. Con relación a la revisión de las sentencias dictadas en su competencia apelativa por el Tribunal Superior en casos de revisión de decisiones administrativas, se dispuso que éstas podían revisarse por el Tribunal Supremo mediante el recurso discrecional de certiorari. Art. 5(d), Ley Núm. 11, supra, 4 L.P.R.A. see. 37-l(d).

El concepto de competencia exclusiva de la Sala de San Juan del Tribunal Superior para la revisión de decisiones administrativas reaparece en la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, en el Art. 3.002(e), 4 L.P.R.A. sec. 22i(e). Allí se indica que el Tribunal Supremo revisará me-diante recurso de apelación ‘las decisiones, resoluciones y providencias dictadas por organismos, funcionarios y agen-cias administrativas y por subdivisiones políticas del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico que hasta la vigencia de esta Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan”. (Enfasis suplido y en el original.) J.A. Cuevas Segarra, Práctica procesal puertorriqueña: práctica apelativa (revisión de decisiones administrativas al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior), San Juan, Pubs. J.T.S., 1995, pág. 2.

Este historial sobre la manera que en la Ley de la Judicatura se ha dispuesto, a través de los años, para la revisión por los tribunales de decisiones administrativas demuestra que el legislador estaba consciente de las alternativas que tenía al establecer el trámite de revisión de decisiones administrativas ante los tribunales. Evaluó estas alternativas y optó por distribuir la revisión de estos asuntos entre el Tribunal Supremo, el Tribunal de Circuito de Apelaciones y el Tribunal Superior. Su intención fue que el Tribunal Supremo revisase, directamente, mediante recurso de apelación, además de las decisiones de las cuatro (4) agencias mencionadas específicamente en el inciso (d) del Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 (4 L.P.R.A. sec. 22i(d)) sólo las decisiones administrativas de aquellas agencias que “hasta la vigencia de [la] Ley debían ser revisadas por el Tribunal Superior Sala de San Juan”. (Énfasis suprimido.) Cuevas Segarra, op. cit., pág. 2.

La Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 llevó a cabo una abarcadora reorganización del sis-tema judicial que conllevó una redistribución de las com-petencias de los tribunales a los distintos niveles. El es-quema estableció un tribunal de apelaciones intermedio, el Tribunal de Circuito de Apelaciones, que revisará, las de-cisiones del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal Supremo, además de su función constitucional y de pautar el derecho, será el tribunal de última instancia que revi-sará, primordialmente, las sentencias finales y providen-cias interlocutorias del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Es a manera de excepción que la ley esta-blece, de forma limitada y específica, cuándo el Tribunal Supremo revisará directamente cierto tipo de sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia, Art. 3.002(b), 4 L.P.R.A. sec. 22i(b), o decisiones administrativas, Arts. 3.002(d) y 3.002(e), supra.

Apliquemos al caso de autos las disposiciones antes re-señadas y las normas de hermenéutica previamente expuestas.

IV

Al aprobarse la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 estaba vigente la. Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que establecía un esquema para la revisión por los tribunales de decisiones administrativas de las agencias cubiertas por dicha ley. Este esquema contemplaba la revisión directa por el Tribunal Superior y su posible posterior revisión por el Tribunal Supremo mediante el recurso discrecional de certiorari. Este esquema fue totalmente variado por la reorganización llevada a cabo por la nueva Ley de la Judicatura. No cabe duda que la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 enmendó tácitamente la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y todas las leyes que disponían sobre la revisión judicial de las decisiones administrativas en todo aquello en que éstas fuesen incompatibles con la reorganización y redistribu-ción de competencias allí establecidas.

Tomando en consideración todo lo antes expuesto, resol-vemos que habiendo sido tácitamente derogada la See. 4.7 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, no existe conflicto entre ésta y la reglamentación apro-bada para implantar el inciso (e) del Art. 3.002 de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra.

El caso de autos trata de una sentencia dictada el 23 de enero de 1995 por el Tribunal Superior en su competencia apelativa sobre la revisión de una decisión de una agencia administrativa, el Departamento de Salud, concediendo un certificado de conveniencia y necesidad. A tenor con lo dispuesto en el Art. 3.002(e) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, la Regla 18 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, la Regla 18(B)(2)(c) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones de 13 de enero de 1995 y las Reglas 1(c) y 4(b) de Transición, supra, las decisiones administrativas del Departamento de Salud concediendo o denegando certificados de necesidad y conveniencia no cualifican para ser revisadas directamente por el Tribunal Supremo mediante recursos de apelación, ya que en la ley no se dispone específicamente que los recursos contra estas determinaciones finales se presentarán en la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

Ahora bien, en el presente caso, el archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia se hizo el 26 de enero de 1995, por lo que el término para revisar la misma comenzó a decursar con posterioridad al 24 de enero de 1995, fecha en que entró en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994. De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 3.002(e), supra, en el Art. 5.003(a)(5) de la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, supra, 4 L.P.R.A. see. 22o(5), y en los Arts. 18(B)(2) y 18(B)(2)(c) del Reglamento del Tribunal de Circuito de Apelaciones, supra, el foro apropiado para revisar dicha sentencia es el Tribunal de Circuito de Apelaciones. El recurso que se tiene disponible es el recurso discrecional de certiorari. Posteriormente, la sentencia dictada por dicho tribunal podrá ser revisada por el Tribunal Supremo, también mediante el recurso discre-cional de certiorari. Regla 20(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia me-diante la cual se ordena remitir el recurso de certiorari pre-sentado al Tribunal de Circuito de Apelaciones, Circuito Regional I, para que sea consolidado con el caso Farmacias Moscoso, Inc. v. K-mart Corporation et al., Núm. KLCE-9500041, sobre el mismo asunto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri.

Estoy conforme con el resultado al que llega el Tribunal en este caso y comparto también los fundamentos en que se apoya ese resultado, formulados en la opinión del Tribunal.

Lo anterior, no obstante, me ha parecido menester re-saltar que para llegar al resultado aludido ha sido necesa-rio realizar una trabajosa labor de interpretación judicial respecto a la nueva Ley de la Judicatura para clarificar la intención legislativa y suplir las lagunas existentes en ésta a fin de hacer un ente armónico de dicha ley. No nos sor-prende que la parte peticionaria haya tenido las dudas e interrogantes que la llevaron a presentar el recurso de cer-tiorari de autos tanto ante nos como ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. La referida ley presenta múltiples problemas de ordenación que tendremos que resolver sobre la marcha mediante interpretación judicial.

Uno de esos problemas es el que encaramos en este caso, que tiene que ver con el impacto de la nueva Ley de la Judicatura sobre la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante LPAU). Como se sabe, la LPAU es una de las piezas legislativas fundamentales de nuestro ordena-miento jurídico. Esta reglamenta los diversos elementos comunes de una de las principales áreas del quehacer jurí-dico, de las más importantes del Estado moderno. Dicha ley se aprobó luego de muchos años de ardua labor y recoge una parte medular de la experiencia y del pensamiento jurídico en el campo del Derecho Administrativo tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Se trata de legisla-ción que no debe enmendarse festinadamente.

Es un reiterado principio de hermenéutica que las dero-gaciones tácitas no son favorecidas. Por espacio de nueve (9) décadas, desde 1912 al menos hasta el presente, hemos resuelto consistentemente que las derogaciones tácitas no merecen por lo general la sanción de los tribunales. Lo pro-pio es que las derogaciones sean expresas, sobre todo cuando atañen a leyes tan fundamentales y especiales como es la LPAU. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, pág. 421. Véanse: American Trading Co. v. Monserrat, 18 D.P.R. 273 (1912); Portela v. El Registrador de San Juan, 22 D.P.R. 86 (1915); Guerra v. Hernández Mena, 37 D.P.R. 102 (1927); Aldea v. Tomás, 48 D.P.R. 392 (1935); Pueblo v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 56 D.P.R. 57 (1940); Campis v. Pueblo, 67 D.P.R. 393 (1947); Sierra v. Tribl. Superior, 75 D.P.R. 841 (1954); Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93 (1957); González Saldaña v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 267 (1963); McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989); Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990); Director I.C.P. v. Fitzgerald, etc., 130 D.P.R. 46 (1992).

Sin embargo, en el caso ante nos ahora, en que resolve-mos que la See. 4.7 de la Ley de Procedimiento Adminis-trativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2177, ha sido tácitamente derogada por la nueva Ley de la Judicatura, nos vemos obligados a recono-cer una derogación tácita porque los preceptos de la última voluntad legislativa son tan irreconciliables con la anterior que ambas no pueden regir conjuntamente. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit.; González Saldaña v. Comisión Industrial, supra; Franceschi, Ex parte, 53 D.P.R. 75 (1938). Aunque sea contrario a la mejor práctica, estamos compe-lidos a atribuirle a la nueva Ley de la Judicatura el sentido que asegure el resultado que aparentemente las ramas po-líticas del Gobierno quisieron obtener.

         Con relación a las agencias cubiertas por esta disposición, véase J. Cuevas Segarra, Práctica procesal puertorriqueña: práctica apelativa (revisión de decisiones administrativas al Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior), San Juan, Pubs. J.T.S., 1995, págs. 1-7.

       El historial legislativo no refleja que la Asamblea Legislativa tuviese una intención contraria a este análisis.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Jorge L. Navarro Alicea, demandado y recurrido.

      Número: CE-94-485

      Resuelto: 12 de mayo de 1995

      Federico Torres Jiménez, Fiscal Especial Independiente, abo-gado del peticionario; Héctor Santiago Rivera, abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

Se presenta el Pueblo de Puerto Rico para que determi-nemos si bajo la Ley del Fiscal Especial Independiente (en adelante Ley del F.E.I.), Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, un funcionario público investigado tiene derecho a “una apelación o revisión en sus méritos” ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Panel sobre el F.E.I.) de la recomendación del Secretario de Justicia para que se designe un Fiscal Especial.

Por entender que bajo la Ley del F.E.I. la persona inves-tigada no tiene derecho a una apelación, celebración de una vista o procedimiento alguno, salvo el dispuesto en la propia ley, revocamos la sentencia recurrida.

I

Los hechos que dieron fundamento a este recurso tuvie-ron su génesis el 8 de octubre de 1992 cuando la Contralor de Puerto Rico (en adelante la Contralor), Hon. Ileana Co-lón Cario, sometió una querellá juramentada ante el Secre-tario de Justicia en la cual recomendó la designación de un Fiscal Especial Independiente (F.E.I.) con el fin de que se investigaran las operaciones de la oficina del Represen-tante Jorge L. Navarro Alicea. Dicha querella expresa en forma detallada que desde el 2 de enero de 1989 hasta el 31 de diciembre de 1991, en la oficina del Representante Navarro Alicea, se realizaron pagos por concepto de suel-dos y beneficios marginales a empleados que no realizaron labor alguna en o .para la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Luego de recibir dicha querella, el Departa-mento de Justicia encomendó a uno de sus fiscales la rea-lización de una investigación preliminar que comenzó el 20 de octubre de 1992.

Luego de examinar los hechos alegados en la querella y analizar la información recopilada, el Secretario de Justi-cia entendió que existía causa para creer que el Represen-tante Jorge L. Navarro Alicea incurrió en delitos graves contra el erario. Por consiguiente, el 9 de diciembre de 1992 el Secretario de Justicia refirió el informe de la inves-tigación preliminar al Panel sobre el F.E.I. mediante el cual recomendó la designación del F.E.I.

Conforme al derecho que le asiste, oportunamente el Representante Navarro Alicea le envió “una carta” al Panel sobre el F.E.I. en la que solicitó que no se confirmara la recomendación del Secretario de Justicia de que se nombre un F.E.I. para que investigue más a fondo los delitos imputados. En dicha carta, el Representante Navarro Alicea afirma tener conocimiento de la investigación preli-minar que ha llevado a cabo el Departamento de Justicia en relación con la querella presentada por la Contralor. Señala, además, que conoce la naturaleza de las imputa-ciones hechas en su contra y alega que las mismas están fundamentadas en prueba especulativa. A la luz de esto, concluye que no procede confirmar el nombramiento de un F.E.I. Acompañó un gran número de documeñtos en apoyo a sus antedichas aseveraciones.

Luego de analizada la prueba y los informes presenta-dos, el Panel sobre el F.E.I. dictó una resolución el 13 de enero de 1993 que, en su parte pertinente, dispone como sigue:

Luego de analizar el Informe que le sometiera el Secretario de Justicia, Hon. Jorge E. Pérez Díaz, fechado el 9 de diciembre de 1992, en torno a los hechos imputados al Representante Jorge Navarro Alicea, el Panel Sobre el Fiscal Independiente ha concluido que se “amerita una investigación a fondo, porque puede proceder la radicación de acusaciones en el caso que nos ocupa”. Apéndice de la Petición de certiorari de 18 de octubre de 1994, pág. 7.

De conformidad con lo resuelto, dicho panel procedió a designar como F.E.I. a la Leda. Lydia Lizarríbar de Masini. Esta realizó la investigación correspondiente, acorde con lo dispuesto en el Art. 11 de la Ley del F.E.I., 3 L.P.R.A. see. 99r, por lo cual la Oficina del F.E.I. presentó, el 8 de junio de 1993, un total de noventa y dos (92) cargos contra el Representante Jorge L. Navarro Alicea por el delito de apropiación ilegal agravada de fondos públicos.

Pautada la correspondiente vista ante una magistrada a los fines de la determinación de causa probable para el arresto, el imputado presentó, por medio de su representa-ción legal, una moción en la cual solicitó la desestimación de los cargos argumentando, en síntesis, que dicha magis-trada carecía de jurisdicción para entender en el caso ante su consideración porque el Panel sobre el F.E.I. “no resol-vió” en sus méritos la apelación o revisión que presentara el Representante Navarro Alicea. Además, alega el imputado que “no [se] celebró vista, ni realizó ningún otro procedi-miento de los establecidos en la Ley de Procedimiento Ad-ministrativo Uniforme ...”. Apéndice de la Solicitud de cer-tiorari de 18 de octubre de 1994, pág. 10.

La magistrada en cuestión (Hon. María E. Feliciano Fuentes) denegó dicha moción y determinó la existencia de causa probable para el arresto del Representante Navarro Alicea en todos y cada uno de los cargos imputados.

Señalado el caso para vista preliminar ante una magis-trada del Tribunal Superior el 23 de julio de 1993, el im-putado presentó una nueva petición de desestimación con los mismos fundamentos aducidos anteriormente. Ante esta nueva petición, la magistrada del Tribunal Superior, Sala de San Juan, determinó que la magistrada que ante-riormente había intervenido en el caso carecía de jurisdic-ción para ordenar el arresto del peticionario, por razón de que el Panel sobre el F.E.I. no había resuelto en sus “mé-ritos” la solicitud de revisión ante su consideración. De esta decisión recurre ante nos el Procurador General. Por no estár de acuerdo con el dictamen recurrido, revocamos.

HH

La Ley del F.E.I. tiene el propósito de asegurar la integridad de los funcionarios públicos y de las instituciones de. gobierno, ya que establece un mecanismo específico para investigar y procesar criminalmente a funcionarios públicos que incurran en actividades delictivas.

A tenor con tal propósito, se le encomendó al F.E.I. la responsabilidad de acudir a los tribunales cuando hay causa para creer que un funcionario público ha cometido o perpetrado actos ilegales contra el patrimonio del Estado. Silva Iglecia v. F.E.I., 137 D.P.R. 821 (1995); Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702 (1990).

Ello, no obstante, la Ley del F.E.I. le confiere al F.E.I. designado un ámbito dé jurisdicción limitada, sin que esto sea impedimento para que el Panel sobre el F.E.I. amplíe su encomienda o se le asignen nuevos asuntos. Dicho ámbito de acción restringida ha sido objeto de discu-sión y consideración en el pasado, hecho sobre el cual no hay controversia alguna. Pueblo v. Pérez Casillas, supra.

Por otra parte, el legislador dispuso un procedimiento limitado de "revisión” en el que se le brinda, tanto al querellante como al querellado, la oportunidad de solicitar al Panel sobre el F.E.I. que revise la recomendación del Secretario de Justicia para que se designe un F.E.I. o su negativa a no recomendarlo.

Sobre el particular, el Art. 4 de la Ley del F.E.I., en sus incisos (3) y (5), dispone como sigue:

(3) Cuando se conduzca una investigación con relación a ac-tuaciones de cualesquiera de los funcionarios o individuos enu- ■ merados en el inciso (1) anterior, de ser necesaria la radicación de denuncias o acusaciones esta acción no podrá ser conducida por el Secretario de Justicia, recayendo tal responsabilidad en el Fiscal Especial que designe el Panel.
Cuando el Secretario de Justicia llegue a una determinación de si recomienda o no el nombramiento de un Fiscal Especial lo notificará al querellante que solicitó el nombramiento del Fiscal Especial y al funcionario a quien se solicita investigar.
_ (5) El Contralor de Puerto Rico, el Director de la Oficina de Etica Gubernamental o el querellante podrá solicitar al Panel dentro de quince (15) días a partir de la notificación recibida que revise la negativa del Secretario de Justicia, a solicitar un Fiscal Especial. Igualmente, el funcionario a ser investigado po-drá solicitar al Panel dentro de los quince (15) días a partir de la notificación recibida que revise y no confirme la recomenda- ción del Secretario de Justicia de que se designe un Fiscal Especial. (Énfasis suplido.)

Como podemos observar, el legislador consideró apro-piado y meritorio brindar al querellado un mecanismo en el que podrá solicitar “que revise y no se confirme la reco-mendación del Secretario de Justicia de que se designe un Fiscal Especial”. Art. 4(5) de la Ley Núm. 2, supra.

El dictamen de la magistrada del Tribunal Superior no tomó en consideración la naturaleza investigativa, informal y preliminar que el legislador le imprimió a esta etapa de los procedimientos. A pesar de que el estatuto le confiere la prerrogativa al funcionario investigado de solicitarle al Panel sobre el F.E.I. que “revise y no confirme” la recomen-dación del Secretario de Justicia, dicho procedimiento no puede menoscabar la intención legislativa de proveerle al mencionado panel la flexibilidad y rapidez necesaria para realizar las investigaciones objeto de la querella.

En Silva Iglecia v. F.E.I., supra, resolvimos que el querellado no tiene derecho de acceso a todos los documentos que tuvo ante sí el Panel sobre el F.E.I. cuando determinó confirmar la recomendación del Secretario de Justicia de nombrar un F.E.I. En aquella ocasión, el Tribunal Superior ordenó al Panel sobre el F.E.I. que se le concediese acceso al Senador Rolando Silva Iglecia del expediente investigativo a los fines de que éste pudiese obtener del Panel sobre el F.E.I., “en forma efectiva”, la revisión de la recomendación del Secretario de Justicia. Señalamos entonces que “[n]o podemos perder de perspectiva que, en el caso de autos y en esta etapa de los procedimientos, la función del Panel y del F.E.I. es de naturaleza investigativa”. (Énfasis suplido y en el original.) Silva Iglecia v. F.E.I., supra, pág. 832.

Dicho caso expuso lo siguiente al respecto:

...[E]l Panel, en el descargo de sus funciones y utilizando los criterios del Art. 11(c) de la Ley del F.E.I., supra, como paráme-tros razonables, determinará si la información sometida cumple con dichos requisitos. Entendemos que permitirle al funciona-rio que examine el expediente investigativo resultaría en un menoscabo de la discreción e independencia decisoria que la Ley del F.E.I. le concedió a los miembros del Panel. De esto ser permitido, el funcionario que sea objeto de la investigación po-dría ejercer el poder o la influencia de su cargo para tratar de afectar la determinación que emitiese el Panel al recomendar la designación de un F.E.I.Esta etapa de. los procedimientos, después de todo, es investigativa, por lo que no culminará nece-sariamente en un procesamiento criminal del funcionario investigado.
Cabe señalar que surge del debate del proyecto en la Cámara de Representantes, que la intención del legislador era que los procedimientos investigativos se atendiesen con premura. A esos efectos, el Representante Valera Fernández expresó lo si-guiente:
Un detalle que es de mucha importancia es la ligereza que se quiere dar a toda investigación de esta clase. Se le concede un término fijo al Secretario de Justicia para que haga la investi-gación preliminar debiendo solicitar una prórroga en aquellos casos que sea necesario, y también al Fiscal Especial se le concede un término de noventa días pudiendo solicitar una pró-rroga adicional en caso que también fuera necesario. Sí, lo que se plantea' es la ligereza, pero a la misma vez la seriedad, y también se le da la independencia económica para que pueda hacer la investigación correspondiente. Debate sobre el spstitu-tivo al P. del S. 931 de 29 de enero de 1988, pág. 38. (Énfasis suplido y en el original.) Silva Iglecia v. F.E.I., supra, págs. 830-831.

No obstante, en el caso ante nuestra consideración, la magistrada instructora determinó que el funcionario in-vestigado tiene derecho a una “revisión en sus méritos” en la que se le permita aportar evidencia en su defensa y se demuestre fehacientemente que el Panel sobre el F.E.I. uti-fizó tal prueba al emitir su determinación final. Por con-siguiente, la pregunta medular es, ¿cuál es el alcance del derecho a “revisión” que la Legislatura le otorgó a los afec-tados por la recomendación del Secretario de Justicia? Veamos.

HH HH HH

AI Panel sobre el F.E.I. se le confirió la autoridad de designar y supervisar un F.E.I., y de revisar las determinaciones que haga el Secretario de Justicia sobre los posibles actos delictivos cometidos por funcionarios públicos.

... [A]demás de designar a los Fiscales Especiales, los super-visará y tendrá la facultad para revisar las determinaciones que haga el Secretario de Justicia en relación a los alegados actos delictivos cometidos por funcionarios públicos cuya inves-tigación y procesamiento debe referirse a Fiscales Especiales. (Enfasis suplido.) Expediente sobre el sustitutivo al P. del S. 931 de 29 de enero de 1988, pág. 11.

La garantía procesal que le provee el citado Art. 4(5) de la Ley del F.E.I. al funcionario investigado, no puede ir en detrimento de la autoridad del citado panel para nombrar un F.E.I. si, luego de considerar la prueba recopilada, entiende que es meritorio realizar una investigación más a fondo.

“Resulta obvio que el derecho que concede la sección antes aludida no es un derecho aislado, y que por lo tanto obliga al Panel a resolver la solicitud que el investigado le hace a los fines de que no se le nombre un fiscal especial independiente. No podría el Panel ampararse en que es discrecional el tomar acción sobre la solicitud del peticionario, primero, porque la ley que le crea nada dice de la dice de la discreción del Panel para resolver la solicitud del investigado; y segundo y no menos importante, es que pensar que el Panel no tiene que considerar la solicitud del investigado es contrario al debido proceso de ley. Darle el derecho al investigado a solicitar un remedio y no contestarle-dejándolo en la incertidumbre de si la prueba aportada en su defensa fue siquiera considerada y aquilatada en su justa perspec-tiva, resultaría en una burla a nuestro sistema de derecho, donde no podemos privar a una persona de s'ü libertad, si de antemano no le damos las garantías mínimas de que el procedimiento al que el estado lo está sometiendo, es esencialmente justo.” (Enfasis en el original.) Apéndice de la Solicitud de certiorari de 18 de octubre de 1994, pág. 181.

No surge del historial legislativo ni de la Ex-posición de Motivos de la Ley del F.E.I. el intento o propósito de crear el derecho de apelar o de obtener la revisión -formal de la recomendación del Secretario de Justicia, o de su negativa a recomendar, la designación de un F.E.I. No debemos olvidar que al interpretar una ley deben tomarse en consideración los propósitos que persigue de forma tal que no se aparte del fin y de la política pública por la cual fue creada. Silva Iglecia v. F.E.I., supra; Ind. Corvinera Inc. v. P.R. Telephone Co., 132 D.P.R. 654 (1993); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968). Todo cuanto la ley concede al funcionario afectado por la recomendación del Secretario de Justicia es el derecho a solicitar del Panel sobre el F.E.I. que rechace dicha recomendación exponiendo, naturalmente, las razones que a su juicio justifican tal curso de acción.

Esta Curia reconoce que el legislador deseaba impreg-narle flexibilidad y rapidez al procedimiento en esta etapa, mientras protegía los derechos —al amparo del debido pro-ceso de ley— de toda persona afectada adversamente por la investigación. No obstante, “[n]o podemos colocar en una camisa de fuerza al [Panel] y dejarlo maniatado ante posi-bles manifestaciones de corrupción”. Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215, 224 (1995).

IV

Finalmente, el recurrido cuestiona la resolución del Panel sobre el F.E.I. donde “no se consideró” la información y prueba que ofreció en su carta, todo esto invocando las exi-gencias impuestas por el debido proceso de ley en su as-pecto procesal.

Al respecto, señaló el foro de instancia que “[n]o podr[á] el Panel ampararse en que es discrecional el tomar acción sobre la solicitud del peticionario, primero, porque la ley que le crea nada dice de la discreción del Panel para resolver la solicitud del investigado; y segundó y no menos im-portante, es que pensar que él Panel no tiene que conside-rar la solicitud del investigado es contrario al debido proceso de ley”. Apéndice de la Solicitud de certiorari de 18 de octubre de 1994, pág. 181. Discrepamos.

En primer lugar, la resolución expone en su primer pá-rrafo lo siguiente: “Luego de analizar el Informe que le so-metiera el Secretario de Justicia ... el Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente ha concluido que ‘se amerita una investigación a fondo, porque puede proceder la radicación de acusaciones y cargos en el caso que nos ocupa.’ ” (Énfa-sis suplido.) Apéndice de la Solicitud de certiorari de 18 de octubre de 1994, pág. 7.

El hecho de que el Panel sobre el F.E.I. haya omitido dar una explicación más detallada sobre cómo ad-vino a la referida conclusión, no invalida la justiciabilidad de la resolución en cuestión. Dicha omisión no es índice de que el referido panel haya dejado de considerar la información sometida por el funcionario a ser investigado. No estamos en este caso ante una vista administrativa, sujeta a las normas procesales contempladas en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2101 et seq.). Dicha ley claramente no aplica en los casos en que hayan “funciones investigativas y de procesamiento criminal que realizan el Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales y la Policía de Puerto Rico”. (Énfasis suplido. Por otro lado, la Ley del F.E.I. no exige procedimientos ni determinaciones detalladas sobre la designación o no de un F.E.I., ni tampoco la celebración de vistas administrativas del Panel sobre el F.E.I. a los fines de recibir evidencia, simplemente se limita a garantizar que la prueba aportada haya sido “aquilatada en su justa perspectiva”. Resolución de 2 de junio de 1994, Civil Núm. KMI94-0017, pág. 180. Véase Pueblo v. Rexach Benítez, 130 D.P.R. 273 (1992). La confi-dencialidad es piedra angular en toda investigación criminal antes de la radicación de cargos. Más aún, en cuanto al aspecto específico que hemos examinado, es importante se-ñalar que el Panel sobre el F.E.I. sólo se limita a servir de cedazo para asegurar que no se inicie un proceso criminal contra un funcionario público fundamentado en alegacio-nes frívolas o mal intencionadas. Por lo tanto, el Panel sobre el F.E.I. no entra a considerar el valor probatorio de la evidencia obtenida; simplemente se limita a determinar si se amerita una investigación a fondo.

Ante este cuadro, es inescapable la conclusión de que este planteamiento del recurrido también es inmeritorio.

V

Por último, es preciso señalar una vez más que “[e]l mecanismo del Fiscal Especial Independiente, bajo la supervisión de un Panel nombrado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y compuesto exclusivamente por Ex Jueces del Tribunal Supremo o Superior, o de ambos, garantiza la absoluta objetividad en las investigaciones contra altos funcionarios del gobierno”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 2, supra, págs. 5-6. Ante esta clara manifestación de política pública no podemos concebir una interpretación que pretenda conceder a los “altos funcionarios del gobierno” derechos adicionales a los que disfruta un ciudadano común y corriente en los proce-sos criminales ordinarios. Silva Iglecia v. F.E.I. supra. Las limitadas funciones del Panel sobre el F.E.I. y la especial naturaleza de la figura del F.E.I. son necesarias para ga-rantizar “la absoluta objetividad de investigaciones” contra los mencionados funcionarios del Gobierno y así eliminar, en lo posible, cualquier apariencia de conflicto entre los intereses del Estado, representados por el Secretario de Justicia, quien es el funcionario que ordinariamente tiene a su cargo la función de procesar criminalmente a los in-fractores de la ley, y los intereses de tales “altos funciona-rios del gobierno”, quienes son los que ejercen el poder del Estado y a cuya esfera de influencia concebiblemente po-dría quedar sujeto el Secretario de Justicia. En vista de lo anterior, bajo el esquema de la Ley del F.E.I., en términos generales el Panel sobre el F.E.I. sustituye al Secretario de Justicia, y el F.E.I. sustituye a los fiscales adscritos al De-partamento de Justicia, pero los derechos de las personas procesadas bajo uno u otro esquema son siempre los mismos. Al amparo de nuestra Constitución, ningún ciuda-dano objeto de un proceso criminal puede tener o disfrutar de más derechos que cualquier otro ciudadano. Conforme al procedimiento criminal ordinario, a nadie se le ocurriría postular que un ciudadano tiene derecho a presentar una solicitud de revisión ante el Secretario de Justicia para im-pugnar su determinación de iniciar una investigación criminal en contra del primero, previa la concesión de una vista plenaria a los fines de que el ciudadano pueda descu-brir la evidencia en su contra, impugnar la misma y/o pre-sentar prueba en su defensa.

Resolvemos, pues, que incidió la magistrada que preside la vista preliminar en este caso al determinar que carecía de jurisdicción para considerar la existencia de causa probable contra el aquí recurrente, hasta tanto el Panel sobre el F.E.I. resolviera la solicitud de revisión ante su consideración.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia revocando la resolución recurrida y ordenando la conti-nuación de los procedimientos en este caso en forma compatible con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opi-nión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Nuevamente nos vemos en la obligación o necesidad de disentir de la interpretación, recurrente y errónea, que realiza la mayoría de los integrantes del Tribunal de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, conocida como la Ley del Fiscal Especial Independiente; interpretación que ero-siona, y prácticamente deja sin efecto, el expreso lenguaje de la referida Ley y la clara intención que tuvo el legislador al aprobar la misma.

En el caso de autos, la Mayoría llega al punto culmi-nante en su empeño de ignorar totalmente, por fíat judicial, los claros términos en que está redactada la referida Ley del Fiscal Especial Independiente. Expresa la Mayoría que cuando el legislador le concedió al funcionario querellado el derecho a recurrir, ante el Panel de ex-jueces, en “revisión” de la determinación del Secretario de Justicia de que se designe un fiscal especial, lo que estableció fue un procedi-miento “informar de revisión; procedimiento que, según la Mayoría, se reduce a “analizar” superficialmente la reco-mendación del Secretario de Justicia.

Dicha interpretación es una asombrosamente errónea. No puede perderse de vista que estamos ante la interpre-tación de un estatuto de naturaleza penal. Harto cono-cido es que al interpretar esta clase de estatutos el princi-pio de legalidad nos obliga a interpretar los mismos de manera restrictiva. Véanse: Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031; Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312 (1982); Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256 (1983); Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988). Acomoda-ticiamente se olvida la Mayoría de la sabia y reiterada norma, establecida por este Tribunal en Pueblo v. Arandes De Celis, 120 D.P.R. 530, 538 (1988), a los efectos de que “un estatuto penal debe ser interpretado restrictivamente en cuanto a lo que desfavorece al acusado y liberalmente en cuanto a lo que lo favorezca”. (Enfasis suplido.) El Tribunal en el presente caso, como hemos visto, hace todo lo contrario.

Como expresáramos en la Opinión disidente que emitié-ramos en Silva Iglecia v. F.E.I., 137 D.P.R. 821, 856-857 (1995):

Dicho de otra forma, con motivo de la decisión mayoritaria hoy emitida se elimina la posibilidad de que cualquier funcio-nario público, de los cobijados por la citada Ley Núm. 2, que en el futuro pueda verse envuelto en una situación similar, y contra quien se haya radicado una querella inmeritoria, pueda evi-tar que su nombre y reputación sean [innecesariamente] zaran-deados públicamente como consecuencia de la celebración de un proceso criminal.
Esa situación, consecuencia directa e inescapable de la deci-sión mayoritaria hoy emitida, és lo que resulta ser verdadera-mente importante e impresionante, y ciertamente lamentable. (Enfasis suplido y en el original.)

Somos del criterio que la única forma en que se puede evitar que este Tribunal siga, de manera selectiva, dero-gando judicialmente dicha Ley será mediante una actua-ción enérgica de la Asamblea Legislativa que no deje duda alguna sobre cuál fue su “intención”, en este respecto, al originalmente aprobar la misma.

       3 L.P.R.A. sec. 99h et seq.

       La “carta” fue enviada el 21 de diciembre de 1992, dentro del término de quince (15) días disponibles en la Ley del Fiscal Especial Independiente.

       Art. 166(a) del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4272,

       Resolución de 2 de junio de 1994, Civil Núm. KMI94-0017 (Hon. Gloria M. Iagrossi Brenes, Juez), págs. 3-6.

       J.M. Masini-Muñoz, Realidades de la Oficina del Fiscal Especial Indepen-diente y de la ley que la estableció, 62 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 331, 332-333 (1993).

       En Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702, 712 (1990), indicamos:
      “En el caso de los Fiscales Especiales. — a quienes por su naturaleza excepcional se les concede una encomienda específica — • resulta de particular importancia que deslindemos cuidadosamente el alcance de la jurisdicción de éstos, tomando en con-sideración, repetimos, que como regla general la jurisdicción para investigar y pro-cesar los delitos que se cometen en Puerto Rico corresponde al Departamento de Justicia y que, solo en circunstancias excepcionales, se justifica la intervención de un fiscal especial....” (Enfasis en el original.)

       3 L.P.R.A. sec. 99r(2).

       El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (en adelante Panel sobre el F.E.I.) es una criatura autóctona, pues no tiene contraparte en la legislación federal donde nuestra ley tiene su génesis. No obstante, nuestra Legislatura arrojó luz sobre la extensión y el alcance de tan innovadora medida. Según nos indica el Diario de Sesiones y la Exposición de Motivos de la ley habilitadora, el Panel sobre el F.E.I., en conjunto con la figura del Fiscal Especial Independiente, “garantiza[n] la absoluta objetividad de investigaciones contra altos funcionarios del Gobierno. [Además] pro-vee un foro neutral e independiente para dilucidar palpablemente ante el pueblo supuestos o reales actos indebidos atribuibles a funcionarios gubernamentales ...”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 2 de 23 de febrero de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 6.

       3 L.P.R.A. secs. 99k(3) y 99K(5).

       Como indicamos en Silva Iglecia v. F.E.I., 137 D.P.R. 821, 833-834 (1995), “[e]n ausencia de una expresión legislativa al respecto, los funcionarios públicos investigados bajo la Ley del F.E.I. no pueden tener más derechos de acceso al expe-diente investigativo que los derechos que tiene un ciudadano común que sea objeto de una investigación criminal. Sabido es que antes de mediar una acusación criminal, el sumario fiscal, esto es, el expediente del Ministerio Público que contiene las declaraciones juradas y la prueba del Fiscal, es privado y secreto”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.)

       La magistrada de instancia determinó lo siguiente:

       Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

       3 L.P.R.A. see. 2103.

       Nos indica el Senador Izquierdo Stella lo siguiente:
      “[El Panel] elimina dos (2) situaciones fundamentales. Primero, que haya un prejuicio o parcialidad a favor o en contra de funcionarios públicos. Se evita la per-secución política. Se crea un cedazo de Jueces, para que el Secretario de Justicia, por su propia voluntad, no pueda nombrar un Fiscal inescrupuloso, donde anteriormente ha habido una combinación para persequir a los funcionarios.” Debate sobre el sus-titutivo al P. del S. 931, Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), pág. 281 (1987).

       Así, expresamente, lo reconoció el Tribunal en la Opinión mayoritaria que se emitió en Silva Iglecia v. F.E.I., 137 D.P.R. 821 (1995).


text:
      In re Luis García Pagán.

      Número: AB-94-133

      Resuelto: 17 de mayo de 1995

      Hiram Betances Fradera, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

Habiendo pagado el Lie. Luis García Pagán la sanción que se le impuso mediante Resolución de 21 de abril de 1995, se le reinstala de inmediato al ejercicio de la profesión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: Per Curiam:

text:
      In re José E. Valcourt Cruz.

      Número: 9298

      Resuelto: 19 de mayo de 1995

      Nydia Martínez de Lajara, Directora Interina de la Oficina de Inspección de Notarías.
   Per Curiam:

El día 2 de diciembre de 1994 emitimos la siguiente Resolución:

Examinada la comunicación del 24 de octubre de 1994, de la Directora Interina de la Oficina de Inspección de Notarías, me-diante la cual informa que el Lie. José Eduardo Valcourt Cruz no ha rendido los índices notariales correspondientes a los me-ses de julio, octubre, noviembre y diciembre de 1992; de julio, septiembre y diciembre de 1993; y de febrero, abril y junio de 1994, y de que ello se le ha notificado y que éste ha hecho caso omiso de dicha notificación, se le ordena al Lie. José Eduardo Valcourt Cruz que dentro de un término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta Resolución informe a este Foro que ha dado cumplimiento a los requerimientos de la Oficina de Inspección de Notarías y las razones por la cual ha-bía hecho caso omiso de la comunicación que se le cursó por dicha Oficina bajo apercibimiento. Se le apercibe al Lie. Val-court Cruz que de no dar cumplimiento a esta Resolución, se le impondrán sanciones como abogado y como notario. Diligén-ciese personalmente.

El abogado no cumplió con, ni realizó trámite alguno relativo a, la referida Resolución. En vista a ello, el día 27 de enero de 1995 expresamos y resolvimos:

El Lie. José Eduardo Valcourt Cruz ha hecho caso omiso a nuestra Resolución de 2 de diciembre de 1994 a los efectos de que rindiera los índices notariales aun cuando le apercibimos de que le impondríamos sanciones como abogado y como notario. Dicha resolución fue diligenciada personalmente.
Mediante carta de 11 de enero de 1994 el Lie. Govén Martí-nez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informa de que al presente no se han rendido dichos índices notariales.
Se suspende al Lie. José Eduardo Valcourt Cruz provisional-mente de la notaría hasta tanto éste entregue los índices nota-riales a la Oficina del Inspector de Notarías y éste apruebe los mismos, y se le apercibe de que de no dar cumplimiento a esta orden se le podrá suspender del ejercicio de la profesión de abogado.
Se ordena al Alguacil General de este Tribunal que se incaute de la obra notarial del Lie. José E. Valcourt Cruz.

Hemos sido informados, por el Secretario General de este Tribunal, que el Ledo. José E. Valcourt Cruz, al día de hoy, no sólo no ha rendido los índices notariales en contro-versia sino que no ha subsanado las deficiencias que se han detectado en su obra notarial, ello como consecuencia de la incautación que ordenamos de la misma.

Hemos expresado en numerosas ocasiones que seremos sumamente estrictos en situaciones en que los abogados no contesten nuestras órdenes a pesar de haber sido notifica-dos de las mismas. In re Arroyo Fernández, 133 D.P.R. 364 (1993); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Salichs Martínez, 131 D.P.R. 481 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Álvarez Meléndez, 129 D.P.R. 495 (1991).

A esos efectos, hemos expresado que:

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. Todos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presen-tada en su contra que está siendo investigada. In re Colón Torres, supra, págs. 493-494, citado también por In re Pagán Ayala, 130 D.P.R. 678 (1992), y por In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992).

El licenciado Valcourt Cruz ha demostrado una intolerable obstinación en no cumplir las órdenes de este Tribunal, por lo que es claro que no tiene interés alguno en con-tinuar ejerciendo la abogacía en nuestro País.

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía al Lie. José Valcourt Cruz, hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y el Tribunal disponga lo que proceda en derecho.

Se dictará la sentencia correspondiente.

Los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Alonso Alonso no intervinieron.


text:
      In re Rebecca Santiago Méndez.

      Número: 7052

      Resuelto: 19 de mayo de 1995
   RESOLUCIÓN

Se consolidan estos asuntos.

El 3 de mayo de 1995 el Ledo. Govén D. Martínez Suris rindió un informe expositivo de que la notario Rebecca Santiago Méndez había dejado de rendir los índices nota-riales mensuales desde junio de 1994 hasta el presente.

Además, en el asunto RT-95-3157, dicha notario omitió comparecer ante nos a exponer su posición en cuanto a la tardanza en notificar dos (2) poderes, aún cuando fue aper-cibida en nuestra resolución de que podría ser suspendida provisionalmente de manera sumaria.

Transcurrido el término concedido, procede decretar su suspensión temporal del notariado, ordenar la incautación de su obra notarial y que comparezca a mostrar causa por la cual no deba ser suspendida del ejercicio de la abogacía dentro del término de veinte (20) días.

Notifíquese personalmente y por vía escrita y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Carla García Benítez.

      Número: 8773

      Resuelto: 19 de mayo de 1995

      Carla García Benítez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Vista la moción, de fecha 2 de mayo de 1995, solicitando reinstalación a la práctica de la abogacía presentada por Carla García Benitez, como se pide.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Alonso Alonso no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Juan Antonio García, Comisionado de Seguros de Puerto Rico, etc., demandantes y recurrentes, v. Rafael Lebrón Román y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-94-255

      Resuelto: 24 de mayo de 1995

      Nelson Robles Díaz, abogado de los recurrentes; Daniel Cacho Serrano, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

f — 1

Rafael Lebrón Román ocupaba el puesto de Vicepresi-dente de Suscripción en la Corporación Insular de Seguros (en adelante Corporación Insular). Como a otros ejecutivos, se le remuneraba con un salario mensual y un bono com-putado en virtud de sus ejecutorias profesionales sobre las metas trazadas por la empresa.

El 17 de enero de 1992 la Corporación Insular le ade-lantó veintidós mil dólares ($22,000) mediante cheque emi-tido a favor de Doral Mortgage Corp. Según memorando confidencial suscrito por Ricardo J. Charaf, Vicepresidente Ejecutivo, de 17 de julio de 1992, la cuantía fue conside-rada por ambos como un préstamo. Lebrón Román utilizó este dinero como “pronto” para adquirir una residencia. Los demás ejecutivos de la Corporación Insular recibieron sus bonos en abril de ese mismo año.

El 21 de diciembre de 1992 la Corporación Insular fue declarada insolvente en el Caso Núm. KAC 92-1745(902), Ralph J. Rexach Chandri v. Corporación Insular de Seguros. Se emitió una orden provisional de liquidación, posteriormente reafirmada el 4 de enero de 1993, pero cu-yos efectos se retrotrajeron al 21 de diciembre de 1992. Se nombró liquidador al Comisionado de Seguros.

El 12 de agosto de 1993 dicho funcionario demandó a Lebrón Román al alegar que en el negocio de 17 de enero de 1992 se benefició de la Corporación Insular en un mo-mento cuando la situación era precaria, al punto que poco después fue declarada insolvente. Señaló, además, que Le-brón Román había recibido en la distribución más qué los de su misma clase y, en la alternativa, que la transferencia efectuada carecía de justa causa y debía ser anulada.

El 17 de octubre de 1993 Lebrón Román contestó. En síntesis, expuso que el préstamo alegado era el bono de incentivo para ejecutivos que se pagaba al finalizar cada año, del cual era acreedor y hubo justa causa para su pago. Adujo que no se estableció ninguno dé los elementos que ordinariamente se reconocen cuando se constituye un préstamo. Como defensas especiales invocó prescripción, justa causa, reconocimiento de deuda por la Corporación Insular en virtud de sus arreglos de compensación, ausen-cia de intención real de obstaculizar, demorar o defraudar acreedores de entonces o futuros, y que la acción judicial era arbitraria y discriminatoria, pues no se había instado una similar contra otros ejecutivos o empleados que tam-bién habían recibido compensación.

El 15 de febrero de 1994 el tribunal desestimó sumariamente. Concluyó que hubo justa causa, pues el de-mandado Lebrón Román tenía derecho a esa compensa-ción, nacida antes del año previo a la liquidación, ya que para noviembre había cumplido con la meta anual establecida. Determinó que había transcurrido el término para anular la preferencia. Ordenó la devolución del che-que expedido a favor de Lebrón Román, embargado a peti-ción del Comisionado de Seguros para asegurar la sentencia.

Ese mismo día el Comisionado de Seguros presentó una oposición a la moción de sentencia sumaria y expuso razo-nes para justificar su tardanza en presentarla. En reconsi-deración, el 22 de abril de 1994 el ilustrado tribunal se reafirmó.

No conforme, acudió ante nos el Comisionado de Segu-ros en revisión.

i — I

El Art. 40.230 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4023, define, en lo pertinente, transferencias fraudulentas como las efectuadas sin justa causa “o con la intención real de obstaculizar, demorar o defraudar a los acreedores de entonces o a futuros acreedores”. (Énfasis suplido.)

Por su parte, el Art. 40.250 (26 L.P.R.A. see. 4025), analiza propiamente una preferencia como una “transferencia de una propiedad de un asegurador a, o para beneficio de un acreedor, por o a cuenta de una deuda antecedente consumada o aceptada por el asegurador dentro de un año antes de la radicación de una petición exitosa de liquidación con arreglo a este Capítulo cuyo efecto puede ser permitir al acreedor obtener un porcentaje mayor de esta deuda que el que hubiera recibido otro acreedor de la misma clase”.

Su lectura revela requisitos distintos para una anulación. Según lo éxpuesto, la “transferencia fraudulen-ta” requiere la ausencia de justa causa o intención real de obstaculizar, demorar o defraudar a futuros acreedores.

Sin embargo, para anular una “preferencia” tiene que materializarse al menos una (1) de las cuatro (4) situaciones siguientes:

(1) El asegurador estaba insolvente al momento de la transferencia, o
(2) la transferencia se efectuó dentro de cuatro (4) meses antes de la radicación de la petición, o
(3) el acreedor que la recibió o que habría de beneficiarse de la misma o su agente en la transacción tenían, al momento de efectuarse la transacción, suficiente razón para creer que el asegurador estaba insolvente o estaba a punto de quedar insol-vente, o
(4) el acreedor que la recibió era un funcionario, empleado o abogado u otra persona que de hecho estaba en una posición de influencia en el asegurador comparable a la de un funciona-rio, independientemente que ocupara o no tal posición, o un accionista que tuviera directa o indirectamente más de cinco (5) por ciento de cualquier clase de acciones emitidas por el asegu-rador o cualquier otra persona, firma, corporación, sociedad o conjunto de personas con quienes el asegurador trataba a distancia. (Enfasis suplido.) Art. 40.250 del Código de Seguros, supra.

HH l-H HH

En vista de este sucinto marco estatutario, concluimos que el ilustrado tribunal sentenciador erró al desestimar la demanda. Adviértase que mezcló la dinámica operacional de los dos (2) artículos antes transcritos. Nos explicamos.

El Art. 40.250 del Código de Seguros de Puerto Rico, supra, supone una transferencia a beneficio de un acree-dor, a cuenta de una deuda antecedente consumada o acep-tada por el asegurador dentro de un (1) año, anterior a la presentación de una petición exitosa de liquidación; requi-sito aquí presente, según discutido. No cabe duda de que la transferencia a Lebrón Román fue para su beneficio y en atención a mía deuda antecedente, consumada o aceptada el 17 de junio de 1992.

Notamos, además, que el referido Art. 40.250 varía al término de un (1) año, si el asegurador está sujeto a una orden de rehabilitación. La preferencia tiene que ser una transferencia cuyo efecto sea permitir al acreedor obtener un porcentaje mayor de la deuda que hubiera recibido otro acreedor de la misma clase.

Al remitirnos al Art. 40.390 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 4039, vemos que se logró el efecto visualizado; esto es, se violó el orden de prioridades en la distribución de reclamaciones del caudal del asegurador.

¿Puede ser anulada por el liquidador? Veamos los cuatro (4) supuestos. El primero, que el asegurador estuviera insolvente al momento de la transferencia. No hay prueba que establezca la insolvencia de la Corporación Insular para el 17 de enero de 1992, fecha de la transferencia. Sin embargo, es menester acentuar que hay un claro indicador de que estaba a punto de quedar insolvente. ¿Quaere si de facto para el 31 de diciembre de 1991 se encontraba en estado de insolvencia?

No se cumple el segundo criterio; esto es, que la trans-ferencia se hubiera efectuado dentro de los cuatro (4) me-ses antes de que se incoara la liquidación. La transferencia fue el 17 de enero de 1992; la presentación exitosa de la liquidación ocurrió el 21 de diciembre.

Ahora bien, ¿tenía Lebrón Román, cuando se efectuó la transacción, suficiente razón para creer que el asegurador estaba insolvente o estaba a punto de quedar insolvente?

Lebrón Román era Vicepresidente de Distribución, lle-vaba catorce (14) años trabajando en la Corporación Insular y mantenía relaciones satisfactorias con los otros altos ejecutivos, al extremo que se le adelantó el pago de su bono mientras que a los otros se les hizo posteriormente. El pago fue “ratificado el 17 de julio de 1992 y el 21 de diciembre de 1992 la Corporación fue declarada insolvente”. Estas cir-cunstancias impedían la sentencia sumaria. Véanse: PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 882 (1994); Soto v. Hotel Caribe Hilton, 137 D.P.R. 294 (1994). Hay controversia en cuanto a si Lebrón Román conocía o debió conocer sobre la precaria y potencial insolvencia de la Cor-poración Insular por razón de su posición como alto funcionario.

Al así decidirlo, tenemos presente el espíritu del Art. 40.250(4), dispositivo de que se anulará la preferencia cuando el acreedor que la “recibió era un funcionario, empleado o abogado u otra persona que de hecho estaba en una posición de influencia [con] el asegurador comparable a la de un funcionario, independientemente de que ocupara o no tal posición, o un accionista que tuviera directa o indirectamente más de cinco (5) por ciento de cualquier clase de acciones emitidas por el asegurador o cualquier otra firma, corporación, sociedad, o conjunto de personas con quienes el asegurador trataba a distancia”. 26 L.P.R.A. see. 4025(l)(b)(4). Ciertamente la cuestión debe dilucidarse en los méritos.

Se dictará la correspondiente sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Alonso Alonso concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       “El pian ¿e Incentivos para ejecutivos, conocid[o] también como bono de producción, se pagaba usando como base las aportaciones que cada Ejecutivo hacía encaminadas al cumplimiento de las metas trazadas en las reuniones de [planificación estratégicas. El cumplimiento de tales metas hacía acreedor al Ejecu-tivo a recibir el bono anual. Tanto el demandado como otros Ejecutivos recibieron bonos en años anteriores por razón de haber cumplido con tales metas. Este arreglo era parte de la compensación del co-demandado.” Sentencia de 15 de febrero de 1994, págs. 1-2.

       En su memorando, Charaf le afirmó que “el préstamo de $22,000.00 será saldado a través del bono anual de producción de 1991, el cual no se te entregará. Por lo tanto, se considerará el cheque que fue pagadero a Doral Mortgage sustituto del bono que te correspondía”. (Enfasis suplido.) Carta de 17 de julio de 1992, pág. 1.

       Como único error señaló:
      “Erró el Honorable Tribunal Superior al declarar con lugar la Moción de Sen-tencia Sumaria radicada por los codemandados-recurridos, al interpretar errónea-mente los Artículos 40.230 y 40.250 del Código de Segurost,] 26 L.P.R.A. [s]ecs. 4023 y 4025.” Solicitud de revisión, pág. 4.

       40.250 PREFERENCIAS Y GRAVÁMENES ANULABLES
      “Este Artículo es similar a las secciones 60 y 67 del Código de Quiebras Federal. Se establecen los fundamentos para que el Liquidador pueda declarar anulable una transferencia. Se salvaguardan a su vez los derechos de los acreedores bajo ciertas circunstancias y se dispone que el tribunal tendrá jurisdicción primaria en todo procedimiento del Liquidador para celebrar vistas y determinar los derechos de las partes.
      “Finalmente, impone responsabilidad personal a toda persona que, teniendo motivo para creer que el asegurador estaba insolvente, participa en la concesión de una transferencia a nombre del asegurador.” Informe Conjunto de la Cámara de Representantes sobre el P. de la S. 277 y 589 de 4 de junio de 1991, lima Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria, pág. 44.

       En lo pertinente, dispone:
      “La prioridad en la distribución de reclamaciones del caudal del asegurador estará de acuerdo con el orden en que cada clase de reclamación se establece en esta sección. Toda reclamación en cada una de las clases se pagará en su totalidad o se retendrán fondos suficientes para su pago antes de que los miembros de la próxima clase reciban algún pago. No se establecerán subclases dentro de ninguna clase. El orden de distribución de las reclamaciones será:
      “(1) Clase 1. — Los costos y gastos de administración del liquidador y los gastos razonables de una asociación de garantía o una asociación de garantía extranjera en el manejo de reclamaciones.
      “(2) Clase 2. — Deudas vencidas con empleados por concepto de servicios presta-dos hasta un máximo de mil (1,000) dólares y que representen pagos por servicios rendidos dentro de un año antes de la radicación de la petición de liquidación. Los funcionarios y directores no tendrán derecho al beneficio de esta prioridad. Esta prio-ridad será en lugar de cualquier otra prioridad similar que cualquier otra ley pueda conceder en relación con salarios o remuneraciones de empleados.” (Énfasis suplido.) Art. 40.390 del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4039.

       “ ‘Insolvencia’ o ‘insolvente’ significa la condición en la cual un asegurador tiene un pasivo mayor que sus activos admitidos, todo ello de conformidad con las sees. 501 et seq. de este título.” Art. 40.030(11) del Código de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4003.

       El Tribunal Superior, al decretar la insolvencia, incorporó lo siguiente
      “Corporación Insolar de Seguros
      Estado de Situación Financiera
      al 31 de Diciembre de 1991
      “Activos
      Bonos e inversiones a largo plazo $43,139,051
      Acciones comunes 13,782
      Bienes Raíces-Oficina matriz 7,358,519
      Otras propiedades 1,119,578
      Efectivo y depósitos bancarios 4,104,860
      Otros activos de inversión 34,210
      Balances de agencias por cobrar 4,620,238
      Fondos retenidos y/o depositados con reaseguradores 2,610,098
      Balances de reaseguros por cobrar 7,874,034
      Contribuciones por cobrar 188,957
      Equipo electrónico de procesamiento de datos 174,711
      Intereses acumulados por cobrar de inversiones 299,642
      Activos misceláneos 1,540
      “Total de Activos $71,539,280
      “Pasivos, Capital y Sobrante (Deficit)
      Reserva, para pérdidas y gastos de ajustes (excluye impericia médica) $30,048,441
      Reserva para pérdidas de impericia médica y gastos de ajustes 37,080,000
      Primas no devengadas 23,124,987
      Cuentas y gastos acumulados por pagar 941,749
      Hipoteca sobre bien inmueble 4,431,962
      Depósito de asegurados 371,695
      Reaseguros por pagar por primas cedidas 1,572,182
      “Total de Pasivos $97,571,016
      Capital pagado 2,000,000
      Sobrante pagado y contribuido 165,001
      Sobrante (déficit) sin asignar (28,196,737)
      Sobrante (déficit) para tenedores de pólizas (26,031,736)
      “Total de Pasivos, Capital y Sobrante (Deficit) $71,539,280”


text:
      In re Frances Berríos de Cangelosi.

      Número: 3847

      Resuelto: 2 de junio de 1995

      Angelito Rieckehoff, abogada del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

Atendida la Moción de 8 de mayo de 1995, presentada por la Leda. Angelita Rieckehoff, Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados de Puerto Rico, se reinstala a la abo-gada Frances Berríos de Cangelosi al ejercicio de la aboga-cía en Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General