author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    Diana M. Boitel Santana, demandante y peticionaria, v. Dra. Rosa I. Cruz y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-89-423

      Resuelto: 30 de enero de 1992

      Ángel L. Tapia Flores y F Ariel Avilés Rodríguez, abogados de la peticionaria; Francisco Aponte Pérez, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos toca expresarnos sobre la aplicación de la norma procesal expuesta en Rivera Alejandro v. Algarín, 112 D.P.R. 830 (1982), a una situación en que los doctores demandados no sólo intervinieron con la paciente deman-dante, sino que además, compartían oficinas, gastos, ga-nancias y pacientes, ofreciendo sus servicios a las personas que acudían a sus oficinas.

Los hechos

El 2 de junio de 1988, la Sra. Dina Boitel Santana, por sí y en representación de su hija menor, Andrea Victoria Cabrera Boitel, presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una reclamación de daños y perjuicios —causa-dos por impericia médica— contra la Dra. Rosa Ileana Cruz y el Dr. Pedro J. Beauchamp.()

En dicha demanda se alegó, en síntesis, que los deman-dados eran, a la fecha de la presentación de la demanda y cuando intervinieron con la peticionaria, médico-ginecólo-gos y obstetras con especialidad en endocrinología repro-ductiva e infertilidad. Operaban y funcionaban como una sociedad profesional, compartiendo gastos, ganancias al cincuenta por ciento (50%), participaciones y pacientes en su oficina sita en Bayamón.()

Continuó alegando la demandante que fue paciente de los doctores Cruz y Beauchamp desde octubre de 1986 hasta junio de 1987, siendo atendida principalmente por la doctora Cruz. A mediados del mes de abril, la parte deman-dada diagnosticó que la señora Boitel Santana no podía quedar embarazada porque tenía una obstrucción en las trompas de falopio (fallopian tubes). Por lo tanto, le reco-mendó someterse a una intervención quirúrgica para eli-minar la obstrucción y poder quedar embarazada. En esa ocasión la demandante le informó a la doctora Cruz que su próxima menstruación sería el 3 de mayo de 1987. La se-ñora Boitel Santana aceptó someterse a la intervención quirúrgica para eliminar la obstrucción (laparatomía).

Como honorarios, pagó a los doctores Cruz y Beau-champ la suma de dos mil quinientos dólares ($2,500). El 12 de mayo de 1987, la demandante fue ingresada y admi-tida al Hospital San Pablo. La doctora Cruz la intervino quirúrgicamente el 13 de mayo de 1987. En dicho hospital fue vista y atendida en dos (2) ocasiones por el codeman-dado Beauchamp, el 14 y 15 de mayo. Éste fue quien la dio de alta el 15 de mayo.

Posteriormente, la demandante señora Boitel Santana no se sintió bien y visitó al Dr. José A. Paéz González, un médico-generalista, quien le ordenó varias pruebas de embarazo. Éstas dieron positivo. Se le practicó un sono-grama el 15 de junio de 1987 que reflejó un embarazo de 10.2 semanas, por lo que al momento de la operación (la-paratomía) tenía 6.2 semanas de embarazo. El embarazo culminó el 21 de enero de 1988 con el nacimiento de la niña Andrea Victoria.

Luego de contestada la demanda y durante el descubri-miento de prueba, se procedió a tomarle deposición a los doctores Cruz y Beauchamp. Fue durante la toma de depo-sición de este último que surgió el incidente que hoy nos ocupa. Dicha deposición quedó interrumpida cuando los abogados de la parte demandada le instruyeron al doctor Beauchamp que no contestara las preguntas del abogado de la demandante. Alegaron que las preguntas requerían que diera opiniones periciales y que él estaba allí como parte, no como perito. La parte demandante suspendió la deposición y, al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, solicitó del tribunal que se le ordenara al codemandado doctor Beauchamp contestar las preguntas en una próxima deposición y la imposición de sanciones.

El 16 de febrero de 1989, el tribunal declaró con lugar la moción. La parte demandada solicitó reconsideración ba-sándose en lo resuelto en Rivera Alejandro v. Algarín, supra. Argüyó que las opiniones periciales solicitadas esta-ban fuera del alcance del descubrimiento de prueba, ya que versaban sobre el tratamiento brindado por otro médico demandado y que el doctor Beauchamp no tomó parte al-guna ni presenció el proceso objeto del descubrimiento.

El 10 de marzo de 1989, el tribunal reconsideró su anterior Orden de 16 de febrero y denegó la moción bajo la Regla 34 de Procedimiento Civil, supra, presentada por la parte demandante. Señaló que de querer continuar la de-mandante con la deposición, tenía que limitar sus pregun-tas al “tratamiento, diagnóstico y demás participaciones” del doctor Beauchamp con la demandante. De esta deter-minación la parte demandante solicitó reconsideración. El tribunal se reafirmó en su decisión. Señaló que en el pre-sente caso el doctor Beauchamp “no tuvo intervención, par-ticipación ni conocimiento del tratamiento ni presenció el proceso operatorio a parte [sic] de sus dos visitas pos[t operatorias a la demandante, las cuales no son objeto de reclamación

Inconforme con esta decisión, la demandante pre-sentó una petición de certiorari en la que alegó que el tribunal de instancia erró al interpretar la norma de Rivera Alejandro v. Algarín, supra. Argumentó que el doctor Beauchamp se había “lucrado y beneficiado de lo cobrado por su ‘socia’ por [la] operación y por ... su arreglo de socio y práctica, [y que éste] responde a la Demandante en forma solidaria por la culpa o negli-gencia de su socia ...”. Continuó argumentando que, al ser ambos responsables por el tratamiento ofrecido, deben estar sujetos a que sean interrogados al respeto. También alegó que el doctor Beauchamp in-tervino con la demandante en la fase post operatoria, incluso el darle de alta, y que paraefectuar esto tuvo que necesariamente evaluar la condición de la pa-ciente y la intervención a que fue sometida. De esto deduce que el doctor Beauchamp participó en el pro-ceso, que no estuvo ajeno totalmente a las actuaciones de la doctora Cruz y que, ante estas circunstancias, incidió el tribunal de instancia al interpretar y aplicar el caso Rivera Alejandro v. Algarín, supra.

Argüyó, además, la parte demandante que en la toma de deposición las partes estipularon lo siguiente:

“Las objeciones aunque no se levanten no se tendrán por renunciadas. El deponente contestará las preguntas; si hay al-guna objeción no hay tampoco ningún obstáculo en que el abo-gado haga constar la objeción y el deponente entonces contes-tará la pregunta.” (Énfasis suplido.)

Esta estipulación, de acuerdo con la parte demandante peticionaria, requería que el deponente contestara las pre-guntas luego de que se hicieran constar las objeciones.

Decidimos revisar y expedimos el auto.

HH H-l

Normas generales sobre los peritos de ocurrencia y el des-cubrimiento de prueba

En San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 D.P.R. 704, 718 (1983), identificamos tres (3) clases de peritos: (1) peritos de ocurrencia, que son “aquellos [sic] que de antemano han obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos a través de observaciones directas o por participación en eventos subsiguientemente pertinentes a la litigación”; (2) peritos en general, que son “los que no están relacionados con los hechos singulares en controversia”, y (3) peritos intermedios, que “[cjomprende a quienes, debido a los estudios específicos que han efectuado en previsión del futuro o durante el proceso, están familiarizados con los hechos particulares del caso”.

Con relación a la distinción entre un perito y un testigo, señalamos que casi siempre este último es casual y “sólo declar[a] lo percibido por sus sentidos y relat[a] hechos”. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 712. También agregamos que el testimonio de un testigo presencial de hechos como regla general no es reemplazable, mientras que el de un perito sí. íd., pág. 713.

Ahora bien, la Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, es la que regula el descubrimiento de prueba pericial. Dicha regla limita el descubrimiento de prueba pericial a peritos que hayan sido consultados por la otra parte y que ésta intente presentar en el juicio, Regla 23.1(c)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y a peritos que la otra parte ha contratado “con anterioridad al pleito o en preparación para el juicio y el cual no habrá de ser llamado a testificar ...”. Regla 23.1(c)(2) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El propósito primordial de permitir el descubrimiento de prueba pericial es que la parte contraria pueda prepararse de forma adecuada para contrainterrogar efectivamente al perito y refutar su testimonio. 8 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 2029 (1970); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, págs. 130-132.

De otra parte, el descubrimiento de prueba con relación a testigos se rige por la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, permitiéndose el “descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente ...”. El propósito de esta norma liberal de descubrimiento es que aflore la verdad de lo ocurrido, evitando así los “inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). Véanse: General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 38 (1986); Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986).

Ahora bien, el perito de ocurrencia tiene conocimiento de los hechos por haberlos percibido, posee información irreemplazable. Este tipo de testigo se distingue del “ordinario en que utiliza su entrenamiento especial al percibir los sucesos .... Como regla general, [a estos peritos] se [les] consideran testigos ordinarios a todos los efectos ...”. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra, pág. 718. Al referirnos específicamente al médico demandado, que a su vez es perito de ocurrencia, en Rivera Alejandro v. Algarín, supra, pág. 836, expresamos que éste “está sujeto a descubrimiento de toda materia no privilegiada y que sea pertinente a la controversia, aunque se trate de una opinión”. Señalamos que la razón para esta amplitud en el descubrimiento es que dicho “médico de-mandado es un testigo de los hechos sobre los cuales se le pregunta”. Rivera Alejandro v. Algarín, supra, pág. 836.

Otra es la situación cuando lo que se intenta es obtener las opiniones periciales de un médico demandado sobre asuntos como el diagnóstico y tratamiento brindados por otro médico codemandado, cuando el primero no ha participado en los procesos llevados a cabo por el codemandado que, a su vez, son objeto de descubrimiento. Al no estar frente a un perito de ocurrencia (perito-testigo), el alcance del descubrimiento de prueba es mucho menor; se rige por la Regla 23.1(c) de Procedimiento Civil, supra. En estas circunstancias y “a modo de excepción, están fuera del alcance del descubrimiento de prueba las opiniones sobre el tratamiento brindado por otro médico demandado, si es que el primero no tomó parte alguna ni presenció el proceso”. Rivera Alejandro v. Algarín, supra, pág. 837.

f-H

Aplicación de las normas de derecho a los hechos

La parte demandante peticionaria arguye que la norma esbozada en Rivera Alejandro v. Algarín, supra, fue erró-neamente interpretada. No le asiste la razón. Analicemos los hechos en el caso de autos.

Según surge de la demanda y los escritos de las partes, los actos de negligencia que se le imputan a la parte de-mandada pueden resumirse de la manera siguiente: diag-nóstico equivocado que dio lugar a que la codemandante Boitel Santana fuera sometida a una intervención quirúr-gica innecesaria. En la deposición tomada al doctor Beau-champ, éste declaró que conoció a la señora Boitel Santana “en la visita que le hi[zo] en el primer día pos[t o]peratorio”. No la había visto en la oficina. La examinó en sólo dos (2) ocasiones: el día después de la operación, el 14 de mayo de 1987, y al otro día, cuando la dio de alta. Al examinarla, tenía ante sí sólo "el expediente ... físico y lo que decía el expediente del hospital”. Antes de que lo em-plazaran no había examinado el récord de la oficina de la paciente.

La controversia surgió al tratar, la representación legal de la demandante, de preguntarle al doctor Beauchamp su opinión pericial sobre ciertos datos que aparecían en el ré-cord médico de la oficina. Como acertadamente expresa el tribunal de instancia, de la transcripción de la deposición se desprende que el doctor Beauchamp no "tuvo interven-ción, participación ni conocimiento del tratamiento Tampoco presenció la operación. Con relación a la code-mandante Boitel Santana, su intervención se limitó a dos (2) visitas post operatorias y un examen del expediente del hospital. Sobre estas dos (2) visitas no hay alegación de actos de negligencia. Tampoco se ha alegado que del expe-diente del hospital surgieran datos de la posible negligencia.

Al amparo de la norma establecida en Rivera Alejandro v. Algarín, supra, no procedía, pues, que se obligara al doctor Beauchamp a prestar testimonio pericial sobre los ac-tos realizados por la codemandada doctora Cruz en los cua-les él no participó. Con relación a éstos, el doctor Beauchamp no era perito de ocurrencia.

Como podrá observarse de lo antes expuesto, lo que realmente nos está pidiendo la parte demandante es que variemos la norma enunciada en Rivera Alejandro v. Alga-rín, supra, para permitir que el alcance del descubrimiento de prueba en cuanto a un perito codemandado, que no sea perito de ocurrencia, se rija por la Regla 23.1(a) de Proce-dimiento Civil, supra, cuando éste comparte gastos, ofici-nas, ganancias y pacientes con el codemandado a quien se le imputan los actos de negligencia sobre los cuales versará el testimonio pericial.

El doctor Beauchamp no fue testigo de los hechos sobre los cuales se está solicitando su opinión pericial. Su testi-monio pericial es reemplazable. El hecho de que fuese co-demandado y socio de la codemandada doctora Cruz, no varía la situación.() La parte peticionaria no ha aducido razón válida alguna por la cual se deba permitir el descu-brimiento de prueba pericial cuando el perito no es uno de ocurrencia. Nada le impide a la parte demandante obtener su propio perito para probar su caso. El tribunal de instan-cia no se equivocó al interpretar y aplicar la norma de Rivera Alejandro v. Algarín, supra.

IV

La estipulación

A tenor con lo dispuesto en la Regla 26 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, las partes estipularon lo si-guiente:

Las objeciones aunque no se levanten no se tendrán por renunciadas. El deponente contestará las preguntas; si hay al-guna objeción no hay tampoco ningún obstáculo en que el abo-gado haga constar la objeción y el deponente entonces contes-tará la pregunta. (Enfasis suplido.)

Como podrá observarse, los términos de esta estipula-ción distan mucho de ser claros. Cabe señalar, además, que la estipulación fue propuesta por la representación legal de la parte demandante. De la discusión suscitada en la toma de la deposición con respecto a si el doctor Beauchamp ve-nía o no obligado a contestar las preguntas periciales obje-tadas, se puede colegir que el representante legal de la parte demandante entendía que la estipulación obligaba al deponente a contestar de forma absoluta. Sólo se requería la previa anotación de la objeción. Mientras que, de otra parte, los representantes legales de los demandados argü-yeron que no había tal obligación absoluta, que se podía instruir al deponente de no contestar cuando se entendiese que éste no debía hacerlo por estar la pregunta fuera del alcance del descubrimiento de prueba. Entendían que se pretendía preguntar a un perito de ocurrencia su opinión pericial sobre hechos que no había percibido o sobre proce-sos en los que no había participado, contrario esto a la Regla 23.1(c)(1) y (2) de Procedimiento Civil, supra, que regula el descubrimiento de prueba pericial. Concluyeron que esta no fue la intención de las partes al suscribir la estipulación.

De ordinario, las estipulaciones dirigidas a salvaguardar las objeciones para el acto del juicio, en caso de que se pre-tenda hacer uso en evidencia de la deposición, serán respe-tadas y tendrán fuerza de ley entre las partes. Ahora bien, en el caso de autos, se trata de una objeción que va dirigida a una materia que las propias Reglas de Procedimiento Civil han sustraído de la norma general de descubrimiento de prueba esbozada en la Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, supra, y en la Regla 23.1(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El descubrimiento de prueba pericial es li-mitado y está reglamentado por la Regla 23(c) de Procedi-miento Civil, supra. Siendo la materia objetada en el caso de autos una excepción a la regla general sobre descubrimiento de prueba, y tomando en consideración la totalidad de las circunstancias que rodearon el incidente y los méritos de la objeción planteada, resolvemos, a manera de excepción, que actuó correctamente el foro de instancia al no obligar al de-ponente a contestar las preguntas periciales objetadas y en-trar a evaluar los méritos de la objeción.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia confir-mando la resolución recurrida emitida por el Tribunal Superior, Sala Bayamón, el 24 de abril de 1989, y devolviendo el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

El caso de autos es uno sorprendentemente sencillo. La parte demandante citó a uno de los codemandados —el Dr. Pedro J. Beauchamp— para la toma de una deposición en un caso de alegada mala práctica de la medicina. Estando envueltos en el mismo abogados de experiencia en la liti-gación civil, éstos llevaron a cabo la estipulación que se ha convertido en parte integral del mencionado mecanismo de descubrimiento de prueba. La misma, la cual naturalmente se verbaliza en diferentes términos, quedó plasmada de la siguiente manera:

Las objeciones aunque no se levanten no se tendrán por renunciadas. El deponente contestará las preguntas; si hay al-guna objeción no hay tampoco ningún obstáculo en que el abo-gado haga constar la objeción y el deponente entonces contestará la pregunta. (Énfasis suplido.) Alegato de la parte demandante-peticionaria, pág. 7 esc. 7.

Realmente no entendemos la posición asumida por la mayoría de los integrantes del Tribunal a los efectos de que “los términos de esta estipulación distan mucho de ser claros”. Opinión mayoritaria, pág. 735. La primera oración de dicha estipulación, llana y sencillamente, significa que la representación legal del deponente doctor Beauchamp no renunciaba a posteriormente —en la etapa del juicio — po-der levantar oportuna objeción a las preguntas que se le hicieran a éste durante la deposición por el mero hecho de así no haberlo hecho durante la toma de la misma.

Ello no obstante, y con el propósito de establecer aún más claramente las “reglas del juego”, mediante la se-gunda oración las partes estipularon que, aun cuando se verbalizara la objeción durante la toma de la deposición, el deponente venía en la obligación de contestar todas y cada una de las preguntas que se le hicieran; dicha obligación, como hemos podido notar, se hace constar en dos (2) ocasio-nes distintas en la mencionada segunda oración.

La referida estipulación es una, repetimos, que se lleva a efecto a diario en las oficinas de los abogados que se dedican a la litigación civil. La misma es una que no sólo es enteramente válida sino que no atenta contra interés pú-blico alguno. Dicha estipulación persigue varios objetivos fundamentales, a saber: permitir que la deposición que se lleva a efecto sea lo más amplia y fructífera posible; garan-tizarle, no obstante, a la parte contraria el derecho a obje-tar, durante la vista en su fondo del caso, cualquier eviden-cia inadmisible; y, sobre todo, evitar lo que precisamente ha sucedido en el presente caso, esto es, la dilación innecesaria de los procedimientos judiciales.

La Opinión mayoritaria incomprensiblemente complica los procedimientos a nivel de instancia en lugar de agili-zarlos; tal parece que se ha olvidado el sabio mandato con-tenido en la Regla 1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) a los efectos de que las mismas se “inter-pretarán de modo que garanticen una solución justa, rá-pida y económica de todo procedimiento”. (Énfasis suplido.) Al no poner en vigor y, por el contrario, hacer inoficiosa e inoperante la estipulación en controversia, el Tribunal le hace un flaco servicio a la práctica de la profesión en el área de la litigación. Ello así por cuanto de hoy en ade-lante, y no obstante haber llevado a cabo una válida esti-pulación igual o similar a la hoy ante nuestra considera-ción, algunos abogados podrán caprichosamente suspender la toma de una deposición con el “propósito” de acudir al tribunal de instancia, y luego ante este Foro, para que se les “aclare” si, “por excepción”, el testigo —sea éste uno ordinario o un testigo perito “de ocurrencia, en general, o intermedio”— debe o no contestar una línea específica de interrogatorio.

La otra alternativa posible —la de no realizar estipula-ción alguna— resulta igualmente desastrosa para una sana y eficiente administración de la justicia. La ausencia de estipulación al respecto significará la continua e inevitable interrupción de la toma de una deposición con el pro-pósito de que los tribunales decidan si el deponente viene o no obligado a contestar una pregunta en particular.

Ello, como es obvio, no solamente resultará en una irra-zonable e increíble dilación de los procedimientos judicia-les sino que implica el gasto innecesario de dinero y tiempo tanto para las partes envueltas en el litigio como para la Rama Judicial. Todo este trámite, gasto y confusión en la litigación se hubiera evitado si el Tribunal, en lugar de envolverse en la emisión de una elaborada e innecesaria Opinión, meramente se hubiera limitado a poner en vigor la válida estipulación suscrita por las partes.

En fin, el tiempo, y demás recursos, que este Tribunal le ha dedicado al presente caso muy bien pudo haber sido utilizado en la correcta solución de otro de los muchos re-cursos que actualmente están pendientes de resolución ante este Foro. Aun cuando resulta doloroso y difícil de-cirlo, la decisión mayoritaria emitida en el presente caso constituye prueba fehaciente no sólo del interés desme-dido, e incomprensible, de publicar ponencias como Opinio-nes sino que es evidencia de la falta de experiencia en la práctica de la profesión y/o de ausencia de sensibilidad res-pecto al efecto y consecuencias que, a nivel de instancia, tienen las decisiones que se emiten de parte de algunos de los integrantes del Tribunal.

Por las razones expresadas, revocaríamos la resolución recurrida y dictaríamos una simple Sentencia sujetando a las partes al cumplimiento de lo por ellas claramente estipulado.

      (1) También incluyeron como demandada de nombre desconocido a la compañía de seguros de dichos doctores, John Doe Insurance Company, y a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente. Más tarde, se enmendó la demanda para sustituir la compañía de seguros con nombre desconocido por la Corporación Insular de Seguros y el Sindicato de Aseguradores de Responsabilidad Profesional de Médicos.

      (2) Con posterioridad a la presentación de la demanda, se disolvió la referida sociedad.

      (3) Cabe señalar que aunque en sus escritos la parte demandante hace referen-cia a la posible responsabilidad de la sociedad compuesta por los doctores Beau-champ y Cruz, y de la supuestá responsabilidad de éstos como socios, no demandó a la sociedad como tal.
      Por no estar ante nuestra consideración, no discutiremos el alcance del descu-brimiento de prueba pericial, con relación a los socios, cuando lo que se plantea es la responsabilidad de la sociedad. Tampoco resulta necesario que pasemos juicio sobre el alcance del descubrimiento de prueba pericial, cuando se está frente a una alega-ción de responsabilidad derivativa y se pretende obtener la información pericial de, por ejemplo, un empleado del demandado. Véanse: 8 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 2033, pág. 258 (1970); Glass v. Rochester General Hospital, 425 N.Y.S.2d 698, 699 (1980).


source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    José A. Zambrana Maldonado, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y peticionario.

      Número: CE-91-314

      Resuelto: 30 de enero de 1992

      Anabelle Rodríguez, Subprocuradora General, y María Adal-jisa Dávila, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticionario; Héctor L. Moreno Luna, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

¿Impide el inciso (f) del Art. 2A de la Ley de Reclama-ciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3077a(f), que la notificación al Secretario de Justicia re-querida por dicho artículo pueda tener el efecto de inte-rrumpir el término prescriptivo estatuido en el inciso (2) del Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298(2)?

HH

Los hechos

El 8 de septiembre de 1988 el Sr. José Antonio Zam-brana Maldonado presentó una demanda en la que re-clamó cincuenta mil dólares ($50,000) en concepto de da-ños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado. Alegó que el 9 de julio de 1987 se encontraba conduciendo su vehículo por la carretera Núm. 10 entre el barrio Río Arriba y el pueblo de Utuado, cuando de pronto sintió detonaciones de armas de fuego provenientes de un vehículo que le perseguía. En dicha balacera su vehículo recibió varios im-pactos, aunque él resultó ileso. El ataque a tiros lo realiza-ron agentes de custodia de la Administración de Corrección que lo confundieron con un confinado que se había evadido de una institución penal. También alegó que, como conse-cuencia de este incidente, “estuvo nervioso y desorientado por espacio de varios meses, por lo que no fue hasta el día 2 de diciembre de 1987 que reclamó y notificó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los daños sufridos”.

El 6 de diciembre de 1988 el Estado presentó una mo-ción titulada Moción de Desestimación y/o Sentencia Su-maria, mediante la cual alegó que la acción estaba pres-crita a tenor con lo dispuesto en el Art. 1868 del Código Civil, supra. Argüyó que la causa de acción surgió el 9 de julio de 1987 y que la demanda se presentó aproximada-mente un (1) año y tres (3) meses después, el 8 de septiem-bre de 1988.

El 4 de enero de 1989 el demandante, señor Zambrana Maldonado, presentó su réplica la cual acompañó con una copia de un Memorando de 2 de diciembre de 1987 —dirigido al Secretario de Justicia— y de los documentos del correo que reflejan que dicho memorando lo envió por correo certificado con acuse de recibo y que éste fue recibido. En dicho memorando el demandante expresó que lo estaba enviando en cumplimiento con el Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra. Específicamente indicó que le está notificando al Estado “la siguiente reclamación”. Luego de esta aseveración, procedió a informar su nombre, dirección, la fecha y el sitio donde ocurrieron los hechos, los daños sufridos, la causa y naturaleza de éstos, y una lista de posibles testigos. También aseveró que la notificación se estaba haciendo en ese momento “ya que el señor Zam-brana Maldonado se encontraba afectado gravemente de sus nervios, lo que le impidió visitar la oficina de un abo-gado para iniciar este trámite”. En la moción el deman-dante argumentó que la notificación enviada al Secretario de Justicia evidenció su intención de ejercitar su derecho e hizo saber al Estado que éste era el sujeto pasivo de la obligación. Argüyó, además, que el inciso (f) del Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra, no puede interpretarse como que excluye la notifi-cación al Secretario de Justicia como mecanismo de inte-rrupción del término prescriptivo. Expresó que [l]o que verdaderamente quiere decir el inciso (f) ... es que el tér-mino para demandar al E.L.A. en daños y perjuicios por culpa o negligencia sigue siendo un año. Que no se ha re-ducido a noventa (90) días”. Continuó argumentando que el Art. 2A, supra, no considera el aspecto de la interrupción de los términos prescriptivos y que el requisito de notifica-ción establecido en dicho artículo es enterámente compatible con el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303.()

El 25 de enero de 1989 el Estado presentó oposición a dicha réplica. Argumentó que la notificación al Estado que requiere el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Deman-das contra el Estado, Ley Núm. 104, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3077a, sólo persigue el propósito de dar al primero aviso extrajudicial de la existencia de una posible causa de acción en su contra por daños "'de modo que pueda activar sus recursos de investigaciones prontamente, antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden a la preparación de una adecuada defensa contra la recla-mación o transacción adecuada de la misma, cuando proceda Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978). Interpretó que “la notificación al Estado no sólo no puede reducir el término de demandar al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico en daños y perjuicios por culpa o ne-gligencia a noventa días, sino que tampoco puede exten-derlo a un año y noventa (90) días y mucho menos interrumpirlo”. El 20 de agosto de 1990 el demandante presentó un memorando de derecho con el cual acompañó varios documentos. Entre éstos había una comunicación de 20 de enero de 1988 del Secretario Auxiliar de Litigios dirigida al representante legal del demandante, en la que se solicitaba, a los fines de dar cumplimiento estricto a lo dis-puesto en el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Deman-das contra el Estado, supra, “el nombre y dirección de la facilidad o consultorio médico donde fueron atendidos los reclamantes”. También incluyó la contestación a dicha mi-siva de 11 de febrero de 1988, mediante la cual el deman-dante envió la información. El 13 de septiembre de 1990 el Estado presentó réplica al memorando de derecho. El 11 de abril de 1991 el foro de instancia declaró sin lugar la soli-citud del Estado, resolviendo “que la notificación cursada al señor Secretario de Justicia tuvo el efecto de interrum-pir el término prescriptive”. No conforme con esta resolu-ción, el Estado presentó ante nos escrito de certiorari.

El 14 de junio de 1991 ordenamos a la parte deman-dante recurrida mostrar causa por la cual no deberíamos expedir el recurso y revocar la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de Utuado, el 11 de abril de 1991, mediante la cual éste se negó a desestimar la demanda. El demandante recurrido ha comparecido y, estando en posi-ción de decidir así, procedemos a hacerlo sin ulteriores procedimientos.

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La interpretación de las leyes

Al interpretar una ley, nuestra función primordial consiste en lograr que prevalezca su propósito legislativo. García Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 D.P.R. 193 (1988); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985). Es por eso que el análisis de la ley debe hacerse teniendo en mente los fines que ésta persigue y de forma tal que la ley se ajuste a la política pública que la inspira. En el proceso de interpretación no debemos desvincularla del problema cuya solución persigue, pues tenemos “el deber de hacer que el derecho sirva propósitos útiles y evitar una interpretación tan literal que lleve a resultados absurdos”. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988). Véanse: Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra; R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Caps. 36, 39 y 40. “El medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla.” Art. 19 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19.

Cabe señalar, además, que la interpretación de una disposición específica de una ley requiere que consideremos el estatuto en su totalidad como “parte de un todo coherente y armónico —el ordenamiento jurídico ...”. G. García Valdecasas, Parte general del Derecho Civil español, Madrid, Ed. Civitas, 1983, pág. 111. “Esto significa que toda ley debe ser examinada y comparadas sus partes, de suerte que sean hechas consistentes y tengan efecto. Para ello, deben interpretarse las diferentes secciones, las unas en relación con las otras ....” Bemier y Cuevas Segarra, op. cit., Cap. 44, pág. 315. Pueblo en interés menor L.R.R., 125 D.P.R. 78 (1989); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733 (1989). También hay que tomar en consideración leyes o disposiciones in pari materia o complementarias que puedan ayudar a esclarecer cuál ha sido la verdadera in-tención legislativa. Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18; Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990); Riley v. Rodríguez Pacheco, supra. “Las leyes deben interpretarse y aplicarse a tono con el propósito social que las inspira. No debemos desvincularlas del problema hu-mano cuya solución persiguen.” Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589, 595 (1989); Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759 (1990).

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La prescripción extintiva o liberatoria y su interrupción

En nuestra jurisdicción civilista, distinta a aquellas donde priva el (common law), “la prescripción no es materia procedimental, es materia sustantiva, objeto de tratamiento específico por nuestro Código Civil, Arts. 1840-1874, 31 L.P.R.A. secs. 5261-5304”. Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 407 (1974). Véase, también, Arts. 39-42 y 44-49 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. secs. 253-256 y 258-263.

El inciso (2) del Art. 1868 del Código Civil, supra, dispone que el plazo prescriptivo de las acciones para exigir responsabilidad por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia, Art. 1802 del Código Civil, supra, comienza a contar a partir del momento en que el agraviado tuvo conocimiento del daño. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383 (1982). El Art. 1869 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5299, a su vez establece que cuando no exista disposición especial que otra cosa provea, el término prescriptivo para toda clase de acciones se contará desde el día en que pudieran ejercitarse. Sobre este particular, la norma que rige en el sistema de derecho común es igual.()

La prescripción extintiva o liberatoria es una institución que “se basa en el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los derechos y asegurar así el tráfico jurídico, ‘el señorío de las cosas’, al evitar litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones”.() De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 243 (1985); H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X; M. Albaladejo, Derecho Civil, lOma ed., Barcelona, Librería Bosch, 1989, T. I, Vol. 2, See. 107, págs. 493-534. De acuerdo con Diez-Picazo, “la razón última de la prescripción radica en la espera a que razonablemente puede ser sometido el deudor o sujeto pasivo”.()

De otra parte, la interrupción estatuida en el Art. 1873 del Código Civil, supra, “es la manifestación in-equívoca de quién [sic], amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966); De Jesús v. Chardón, supra, págs. 246-247; Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471, 477 (1980); Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623, 625 (1982). Como se podrá observar, la prescripción es un fenómeno basado en la inercia, mien-tras que la interrupción está fundada en la actividad, la ruptura de esa inercia. De acuerdo a Orozco Pardo, la “in-terrupción, suspensión y renuncia, son los componentes que hacen justa y moral a la prescripción”. G. Orozco Pardo, La interrupción de la prescripción extintiva en el derecho civil, Granada, Universidad de Granada, 1986, Cap. III, pág. 59. Cabe señalar “que la prescripción extin-tiva está basada en una presunción ‘iuris tantum’ de aban-dono, que admite prueba en contra, la existencia de una voluntad manifestada y probada, contraria a la prescrip-ción, destruye aquella presunción, quedando impedida su consumación”. Orozco Pardo, op. cit., Cap. V, pág. 193. Véase, también, J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1951, T. XII, pág. 959.

En conformidad con el Art. 1873 del Código Civil, supra, para que la interrupción extrajudicial surta efecto, la reclamación o pretensión tiene que ser dirigida al sujeto pasivo del derecho y debe ser recibida por éste. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., supra, pág. 476. La reclamación, “aunque por regla general ... corresponde al titular del derecho, el representante voluntario o legal del titular puede formular la reclamación e interrumpir así la prescripción”. Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823, 827 (1986). En cuanto a la forma del acto de la reclamación, Diez-Picazo nos dice:

La Ley no exige, en este punto, ninguna forma especial y donde la ley no distingue tampoco debemos nosotros distinguir. En cualquier forma que sea hecha la reclamación posee valor interruptivo. ... En todo caso, se podrá plantear un problema de prueba —de la existencia de la reclamación y de su fecha-pero no un problema de forma.()

Albaladejo a su vez expresa:

... [E]ntre el mero recordatorio de una deuda, sin ninguna dosis de reclamar su pago, y el puro acto de simplemente exigir de forma inexorable éste, hay una serie de posibilidades inter-medias, en las que debe entenderse que hay reclamación —y, por tanto, interrupción de la prescripción— siempre que la con-ciencia social estime que se trata de una conducta en la que, con más o menos suavidad y de forma más o menos tajante o apremiante, se muestre la decisión de obtener el pago.()

En cuanto al número de veces en que se puede ejercitar el derecho a interrumpir una acción, Diez-Picazo es de la opinión que “nada se opone a que los derechos prescriptibles sean indefinidamente prolongados, sin límite alguno de tiempo, mediante sucesivas reclamaciones del titular o mediante sucesivos reconocimientos del sujeto pasivo o mediante ambas cosas conjuntamente”.()

IV

La responsabilidad del Estado por las actuaciones de sus funcionarios, agentes y empleados, y el requisito de la noti-ficación al Estado

En Puerto Rico, con relación a los daños causados por las actuaciones del Estado a través de sus funcionarios, agentes y empleados, hemos adoptado una fórmula mixta que permite, en forma general pero con ciertas exclusiones específicas, que se demande al Estado.

La ley conocida por la Ley de Reclamaciones y Deman-das contra el Estado, Ley Núm. 104, supra, es la que re-gula las reclamaciones judiciales contra el Estado.() Esta ley está inspirada en el deseo de que el Estado pueda ser demandado cuando cualquier ciudadano entienda que tiene una buena y justa causa de acción, y que sea el Poder Judicial el que determine la validez y las suficiencias de las alegaciones que se formulan contra el Estado.

La Ley Núm. 104, supra, enmendó también el Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142, de forma tal que quedara eliminada de éste la distinción que se hacía entre los actos realizados por un agente especial y los realizados por funcionarios, agentes o empleados a quienes propiamente correspondía la gestión practicada. Dispuso que el Estado sería responsable en las mismas circunstancias y condiciones que un ciudadano particular. Antes de la enmienda, el Estado sólo respondía si el daño había sido causado por un agente especial, no cuando había sido causado por el funcionario a quien propiamente correspondía la gestión practicada, en cuyo caso sólo respondía el funcionario en cuestión, según el Art. 1802 del Código Civil, supra. En otras palabras, con anterioridad a la Ley Núm. 104, supra, el funcionario era el que respondía por los daños que ocasionaba. Rivera v. Pueblo, 65 D.P.R. 983 (1946). La Ley Núm. 104, supra, vino a beneficiar tanto al ciudadano perjudicado como al funcionario. Su intención es que el Estado responda por los actos y las omisiones de los funcionarios y agentes especiales "en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular”,() siempre y cuando se cumpla con las condiciones que impone la ley.

Siguiendo una trayectoria de interpretación liberal en relación con la autorización a los ciudadanos para presen-tar reclamaciones contra el Estado por actuaciones de fun-cionarios, agentes o empleados, en Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964), expresamos que bajo “el estado actual de nuestra Ley y nuestra jurisprudencia [no] se pued[e] hacer una válida distinción entre la responsabi-lidad de una persona particular y el Estado cuando se trata de un daño causado por negligencia”, claro está, dentro de las limitaciones y exclusiones de responsabilidad del Es-tado establecidas por la Ley Núm. 104, supra.

El Art. 2A(c) de la Ley Núm. 104, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3077a(c), requiere que para que se pueda presentar una reclamación por daños a la persona o a la propiedad contra el Estado, se haga una notificación previa por escrito al Secretario de Justicia “dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama”. En dicha notificación hay que hacer constar “la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió tratamiento médico en primera instancia”. Art. 2A(a) de la Ley Núm. 104, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3077a(a).

Los propósitos del requisito de la notificación previa son:

... 1— proporcionar a estos cuerpos políticos la oportunidad de investigar los hechos que dan origen a la reclamación; 2— desalentar las reclamaciones infundadas; 3— propiciar un pronto arreglo de las mismas; 4— permitir la inspección inme-diata del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; 5— descubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es más confia-ble; 6— advertir a las autoridades municipales de la existencia de la reclamación para que se provea la reserva necesaria en el presupuesto anual; y, 7— mitigar el importe de los daños sufri-dos mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y proporcionando facilidades para hospitali-zar al perjudicado. Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 (1963).

Con relación a este requisito de notificación previa al Estado, estatuido en el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, supra, también hemos seguido la misma trayectoria liberalizadora. Hemos re-suelto que “si bien es requisito de cumplimiento estricto, no alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional”, Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 (1977); que éste es renunciable; que si existe una aseguradora a quien pueda demandarse directamente no hay que cumplir con éste, Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504, 516 (1977); que la iniciación de la acción judicial por el municipio o Estado dentro del término establecido por la ley para la notificación, la hace inoperante, Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968); y que “donde el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la identidad de los testi-gos y donde el Estado, por tanto, puede fácilmente investi-gar y corroborar los hechos alegados en la demanda que se radique —no es de aplicación inexorable” el requisito de notificación previa. Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983).

Finalmente, en Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, pág. 629, “enfatizamos que no extenderíamos sin sen-tido crítico el requisito de la notificación; que Teístas con-diciones limitativas del derecho de las personas a solicitar reparación deben interpretarse restrictivamente’, y que ‘[n]o hay razón alguna para distinguir en el caso de los cuerpos políticos, pues conocida es la tendencia prevale-ciente a exigirles responsabilidad en la misma forma y ex-tensión que a las personas naturales’ ”. (Énfasis suplido y escolio omitido.) Véase Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, supra, a la págs. 178, 179.

Todo esto requiere, en correcta hermenéutica jurídica, que una disposición estatutaria que de alguna forma limite el derecho de los perjudicados a solicitar indemnización, debe examinarse restrictivamente. Flores Román v. Ramos González, 127 D.P.R. 601 (1990); Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19 (1979); Insurance Co. of PR. v. Ruiz, supra.

Con todos estos principios legales en mente, pasemos ahora analizar e interpretar el inciso (f) del Art. 2A de la Ley Núm. 104, supra.

V

Interpretación del inciso (f) del Art. 2A de la Ley de recla-maciones y Demandas contra el Estado

El inciso (f) del Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104, supra, dis-pone:

Esta sección no modificará en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por el inciso (2) de la see. 5298 del Título 31.

El inciso (2) del Art. 1868 del Código Civil, supra, dispone:

Prescriben por el transcurso de un (1) año:
(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negli-gencia de que se trata en la see. 5141 de este título desde que lo supo el agraviado.

A pesar de que la Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado se aprobó en 1955, no fue hasta el 1961 que mediante la Ley Núm. 121 de 24 de junio se enmendó ésta para añadir el requisito de notificación previa al Art. 2A, supra. Este artículo proviene del Art. 96 de la Ley Municipal del 1960, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, 21 L.P.R.A. ant. sec. 1603, que aparentemente fue tomado en gran parte de las Secs. 50-e y 50-i de la Ley Municipal de Nueva York. 23 McKinney’s General Municipal Law Secs. 50-e y 50-i (1986); Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 492 de 12 de abril de 1966; Passalacqua v. Mun. de San Juan, supra, pág. 629.

Del Informe, supra, se desprende que el propósito que animó la aprobación del Art. 2A para la Ley Núm. 104, supra, fue el siguiente:

El propósito de la medida es el de fijar un término durante el cual deberán notificarse las reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños a la persona o la propiedad causados por culpa o negligencia del Estado, siguiendo el principio de la previa notificación ya esta-blecido en cuan[t]o a acciones de igual naturaleza contra los municipios en virtud del Artículo 96 de la Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, que establece un Sistema de Gobierno Local para los Municipios de Puerto Rico.
El término para radicar acciones de este tipo es de un año a partir de la fecha en que ha ocurrido el alegado daño. En mu-chos casos y por diversas razones, las acciones se radican cuando ya está para finalizar el término y ocurre que el Estado, por el tiempo transcurrido desde que ocurrieron los alegados daños, se encuentra con problemas de falta de información o información deficiente en cuanto a los hechos y aún con la cir-cunstancia de la reorganización de una agencia o dependencia como resultado de lo cual se han extraviado los récords que hacen referencia al accidente u origen de los daños, así como con el movimiento de testigos presenciales, cuyo paradero se ignora al momento en que se notifica de la acción, todo ello en perjuicio de la oportunidad amplia que debe tener el Estado para hacer las alegaciones correspondientes y establecer las de-fensas en estos casos.
Se fija un término de 90 días a partir del momento en que se tenga conocimiento de los daños que se reclaman para que la parte interesada notifique por escrito al Secretario de Justicia, por correo certificado o por diligenciamiento personal o en cual-quier otra forma fehaciente, especificando fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, nombres y direcciones de testigos así como la dirección del reclamante y sitio donde reci-bió tratamiento médico en primera instancia. En el caso de me-nores de edad o de personas sujetas a tutela, el representante legal vendrá obligado a cumplir con el requisito de notificación dentro de los 90 días, pero se dispone que si dicho represen-tante legal no cumpliere con el requisito, podrá hacerlo el me-nor o la persona sujeta a tutela. Se dispone que no se podrá iniciar acción judicial alguna contra el Estado por daños causa-dos por su culpa o negligencia si no se ha cumplido antes con el requisito de notificación e igualmente se establece que cuando se cumpla con el requisito de notificación el término para iniciar la acción es el que dispone la ley como se ha expresado anteriormente. (Énfasis suplido.) Informe, supra, págs. 1-2.

Al aprobarse la Ley Núm. 104, supra, originalmente, se estableció específicamente que para las acciones allí autorizadas regirían los términos fijados en las leyes aplicables. Art. 8 (32 L.P.R.A. sec. 3083). Ahora bien, al añadirse el Art. 2A, supra, se dispuso, en el inciso (e), que no se podría iniciar una acción contra el Estado si antes no se cumplía con el requisito de la notificación previa. Se creó, pues, un aparente conflicto entre el inciso (e) y los Arts. 1868 y 1869 del Código Civil, supra. El inciso (e) creó la incertidumbre de si el término prescriptivo comenzaba a transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento de los daños (Art. 1868) o desde que se podía ejercitar la acción (Art. 1869), o sea, desde que se hacía la notificación, ya que la notificación es un requisito para poder iniciar la acción. El inciso (f) aclaró la situación al establecer que el cumplimiento con los requisitos establecidos por este artículo, “no modificará, en forma alguna”, el término prescriptivo de un (1) año fijado por el Art. 1868 del Código Civil, supra. El término prescriptivo comienza a transcurrir desde que el agraviado tuvo conocimiento de los daños, independientemente de que no se pueda iniciar la acción hasta que se haga la notificación.

También cabe señalar que el Art. 2A, supra, no hace mención del efecto que tendrá el cumplimiento con el requisito de notificación previa sobre el Art. 1873 del Código Civil, supra, que regula la interrupción del término prescriptivo de las acciones. La Ley Núm. 104, supra, no limita el derecho de un perjudicado a interrumpir el término prescriptivo de una acción contra el Estado en daños . El inciso (f) del Art. 2A, supra, no tiene ni puede tener este efecto. El Art. 2A, supra, es una limitación al derecho de los perjudicados a solicitar indemnización de parte del Estado, y como tal, debe ser interpretado restrictivamente. Por lo tanto, nada impide que junto con la notificación pre-via al Secretario de Justicia que exige el Art. 2A, supra, se incluya la reclamación interruptora del Art. 1873 del Có-digo Civil, supra. Esta interpretación no sólo es cónsona con el propósito de la Ley Núm. 104, supra, de que el Es-tado responda bajo las mismas circunstancias, forma y ex-tensión que a las personas naturales, sino que también armoniza con las figuras jurídicas de la prescripción e interrupción.

VI

Aplicación del Derecho a los hechos del caso

Pasemos ahora a examinar la notificación que el deman-dante Zambrana Maldonado cursó al Secretario de Justicia. Si en la notificación Zambrana Maldonado se li-mitó a informar, entonces el término prescriptivo no quedó interrumpido, pues esto constituiría mera información, no “la manifestación inequívoca de quién, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo”. Feliciano v. A.A.A., supra. Al analizar la comu-nicación enviada al Secretario de Justicia, debemos tener presente que la norma con respecto a la interrupción es que “[e]n cualquier forma que sea hecha la reclamación posee valor interruptivo”() y que “nada se opone a que los derechos prescriptibles sean indefinidamente prolongados mediante interrupciones extrajudiciales sucesivas”.()

La notificación previa al Secretario de Justicia fue he-cha por el “abogado de la parte reclamante”, y en ella el señor Zambrana Maldonado expresó que estaba notifi-cando “la siguiente reclamación”. Luego procedió a indicar, entre otras cosas, la fecha y el sitio donde ocurrieron los hechos, los daños sufridos y la causa y naturaleza de éstos. Aunque esto dista mucho de ser un modelo de reclamación interruptiva, analizada en su totalidad y de forma liberal, esta comunicación expresa la voluntad inequívoca del se-ñor Zambrana Maldonado de ejercer su derecho a que el Estado le resarza por los daños sufridos.

Habiéndose interrumpido el término prescriptive me-diante reclamación extrajudicial, la acción del demandante Zambrana Maldonado contra el Estado no estaba prescrita.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto solicitado y se dictará sentencia confirmando la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de Utuado, el 11 de abril de 1991 y devolviendo el caso al foro de instancia para que conti-núen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo concurre con el resultado sin opinión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

El derecho no opera en el vacío. No podemos suscribir la opinión que resuelve que la notificación al Secretario de Justicia exigida por la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado interrumpe el tiempo prescriptivo de un (1) año.

Según expusiéramos en Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 494 (1963), los propósitos de la notificación son: (1) dar al Estado la oportunidad de investigar los he-chos que originan las reclamaciones; (2) desalentarlas; (3) estimular su pronto arreglo; (4) hacer viable inmediata-mente la inspección del lugar del accidente antes de que ocurran cambios; (5) descubrir y entrevistar el nombre de las personas con conocimiento mientras su recuerdo es más confiable; (6) advertir a las autoridades “de la existen-cia de la reclamación para que se provea la reserva nece-saria en el presupuesto anual” —(énfasis suplido) id.— y (7) minimizar los daños mediante la oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y proporcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado.

I — H I — I

El Art. 2A(f) de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado regula expresamente la cuestión. Dis-pone:

Este artículo no modificará, en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por el inciso 2 del artículo 1868 del Código Civil de Puerto Rico. 1966 Leyes de Puerto Rico 397.

Notamos que los factores claves son “no modificación en forma alguna”, esto es, que la ley no cambia de ningún modo el término de un (1) año; ni reduce ni amplía.

Este lenguaje, en el espíritu del estatuto, no tiene otro significado que aclarar y estipular que la notificación no afectaría ni alteraría que discurra el término del año. A fin de cuentas, se notifica al Secretario de Justicia una recla-mación, no una tarjeta de felicitación.

Si el propósito manifiesto de toda notificación previa bajo el Art. 2A, 32 L.P.R.A. sec. 3077(a), es precisamente avisar al Estado de una “reclamación” por daños, a base de la información mínima que es menester consignar, en sana lógica, bajo el razonamiento mayoritario, es evidente que siempre la susodicha información constituirá automática-mente una reclamación interruptora; esto es, manifestará la voluntad inequívoca del remitente de “reclamar”. Si no es así, ¿para qué se hace? El mejor ejemplo constituye la notificación cursada en el caso de autos que, al decir ma-yoritario, “dista mucho de ser un modelo de reclamación interruptiva Opinión mayoritaria, pág. 761.

La interpretación mayoritaria tiene el efecto de ampliar mecánicamente el término de un (1) año. Es contraria al espíritu del estatuto y pone en desventaja al Estado.

Disentimos.

      (1) El Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303, dispone:
      “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribuna-les, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor.”

      (2) “The statute of limitation, where applicable, runs from the time of accrual of the cause of action. A cause of action generally accrues when the complainant is at liberty to sue E. McQuillin, The Law of Municipal Corporations, 3ra ed., Illinois, Callaghan and Company, 1982, Vol. 17, Sec. 49.08, pág. 142.

      (3) Para una discusión relacionada con la tesis de que la prescripción extintiva no afecta al derecho sino a la acción de reclamarlo, véase J. Puig Brutau, Funda-mentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I, Vol. 1,2da parte, Cap. XIV, Sec. 3, págs. 847-857.

      (4) L. Diez-Picazo, La Prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, Cap. IV(2), pág. 40.

      (5) Diez-Picazo, op. cit., Cap. 11, Sec. 4, pág. 131.

      (6) (Énfasis suprimido.) M. Albaladejo, Comentario al Artículo 1.973 del Código Civil, 61 Rev. Der. Priv. 987, 989 (1977).

      (7) (Escolio omitido.) Diez-Picazo, op. cit., pág. 95.

      (8) Para un recuento histórico sobre el desarrollo de la doctrina de inmunidad soberana y un contraste entre el concepto civilista y el del derecho común, véase la opinión disidente en parte y concurrente en parte del Juez Asociado Señor Rigau en Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979).

      (9) Art. 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5142.

      (10) Diez-Picazo, op. cit, pág. 131.

      (11) Albaladejo, supra.


author:
La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Re-bollo López. (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Lillian Santiago, demandante y recurrente, v. Kodak Caribbean, Ltd., demandada y recurrida.

      Números: RE-89-319
    RE-89-278

      Resueltos: 30 de enero de 1992

      Reinaldo Ramos Collazo, abogado de la recurrente; José Luis Verdiales Morales, José J. Santiago, y Carlos V.J. Dávila, abogados de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

La Sra. Lillian Santiago presentó demanda contra la Kodak Caribbean, Ltd. (en adelante Kodak) alegando que fue despedida sin justa causa y en violación del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 7. Reclamó la compensación que provee la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m, “reempleo a su posición anterior, paga atrasada y da[ñ]os emocionales y mentales ... por haber sido despedida ilegalmente y por haberse negado la demandada a reemplearla ...’’.()

Kodak contestó planteando como defensas afirmativas, entre otras, que el despido estuvo justificado dado el “au-sentismo crónico de la demandante y su pobre actitud hac[i]a sus responsabilidades en el trabajo”; que la deman-dante no sufrió accidente del trabajo alguno, y que no cum-plió con los requisitos del Art. 5a de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo, supra.

Así las cosas, Kodak presentó moción en la que solici-taba que se dictase sentencia sumaria, a la cual se opuso la demandante. El 27 de marzo de 1989 el foro de instancia dictó sentencia sumaria parcial mediante la cual desestimó la acción presentada al amparo del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. Con re-lación a la reclamación bajo la Ley Núm. 80, supra, resol-vió que había una controversia de hecho y, por lo tanto, no procedía dictar sentencia sumaria.

Luego de una vista en su fondo, el 24 de abril de 1989, el tribunal de instancia dictó sentencia en la que determinó que el despido había sido injustificado. Concedió a la de-mandante “una cantidad igual a un mes de sueldo ($1,780.00) más una semana por cada año de trabajo (9 semanas) $4,005.00 en total la cantidad de $5,785.00, más la suma de $1,500.00 por concepto de honorarios de abogados”.

De la sentencia sumaria parcial de 27 de marzo de 1989, recurrió ante nos la demandante Santiago alegando que el tribunal de instancia erró al dictar sentencia sumaria par-cial cuando habían hechos relevantes y esenciales a la con-troversia que estaban claramente en disputa. La parte de-mandada Kodak, a su vez, solicitó la revisión de la sentencia dictada el 24 de abril de 1989. Cuestionó la apre-ciación de la prueba y la conclusión del foro de instancia de “que el ausentismo crónico y/o la incapacidad de la deman-dante para desempeñar su trabajo no es justa causa para su despido”.

Expedimos los recursos y los consolidamos.

Hechos pertinentes al caso Núm. RE-89 — 278

El foro de instancia, en su sentencia sumaria parcial de 27 de marzo de 1989, hizo las siguientes determinaciones de hecho:

La demandante Lillian Santiago, comenzó a trabajar para la demandada Kodak, sin tiempo determinado el 27 de octubre de 1975, en calidad de Secretaria de Publicidad. Posteriormente asumió varias posiciones en la empresa hasta que finalmente ocupó la posición de vendedora, luego de recibir un adiestra-miento de once (11) semanas en la ciudad de Rochester, New York, durante los meses de junio a septiembre de 1984.
Para el mes de abril, la demandante comenzó a ausentarse de su trabajo por encontrarse afectada emocionalmente. Surge de autos un certificado médico del Dr. Juan R. Díaz Troche, de 23 de abril de 1984, evidenciando su condición.
Su condición emocional en esos momentos no le afectó para desempeñar sus funciones en dicho entrenamiento y le otorga-ron el “Billy T. Files Award” por sus actuaciones y destrezas demostradas.
El 19 de febrero de 1985 la demandante se ausentó de su trabajo.
La demandante llamaba periódicamente a su trabajo para indicar su estado de salud.
El 30 de mayo de 1985 fue despedida de su trabajo.
En la carta de despido no se le indicaba por qué se le estaba despidiendo.
El 4 de junio de 1985, luego de su despido, la demandante se reportó a las facilidades del Fondo del Seguro del Estado.() Fue evaluada psiqui[á]tr[i]camente por el Dr. Sampayo, quien el 2 de octubre la refirió al Programa de Rehabilitación Vocacional. El 12 de noviembre de 1986 la demandante fue dada de alta por el Fondo del Seguro del Estado. En esa misma fecha solicitó la reinstalación a su empleo en Kodak.
Antes de la carta de despido nunca se le indicó a la deman-dante o se le amonestó sobre sus ausencias.

I — I

El derecho de reserva y reinstalación en el empleo del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo

El presente caso nos permite resolver si el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, aplica a un empleado que ha sido despedido y luego reporta al Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo) un accidente del trabajo ocurrido antes de dicho despido.

El Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, dispone lo siguiente:

En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones: (1) que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de transcurridos doce meses desde la fecha del accidente; (2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición; y (3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero [o e]mpleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requeri-miento de reposición).
Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sec-ción vendrá obligado a pagar al obrero o empleado o a sus be-neficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere de-vengado de haber sido reinstalado, además le responderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o empleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la co-rrespondiente reclamación de reinstalación y/o de daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, establecido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32. (Énfasis suplido.)

Reiteradamente hemos resuelto que por ser la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo un estatuto remedial, debe de interpretarse liberalmente a favor del obrero. Bruno Colón v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 785 (1980); Gállart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 D.P.R. 17 (1962); Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R. 196 (1961). Ahora bien, esto no significa que si “la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella ... deb[a] ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Véanse: Rojas v. Méndez & Co., Inc., 115 D.P.R. 50, 53 (1984); Cabán Méndez v. F.S.E., 115 D.P.R. 1, 3 (1983).

El Art. 5a, supra, establece dos (2) tipos de protección para el obrero que sufre un accidente del trabajo y se reporta y acoge a los beneficios que ofrece la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Primero, le impone al patrono el deber de reservarle al obrero, por doce (12) meses, el empleo en que se desempeñaba al momento de ocurrir el accidente. En segundo lugar, el trabajador tiene derecho a que lo repongan en ese mismo empleo una vez es dado de alta por el Fondo, si solicita del patrono que lo repongan y si se dan las tres (3) condiciones establecidas en dicho artículo.()

Ahora bien, la protección que ofrece este artículo al obrero no es absoluta. “Puede darse el caso de que un patrono descubra que un trabajador que ya ha sufrido un accidente del trabajo llevó a cabo una conducta con anterioridad a sufrir dicho accidente que es causa justificada para despedirlo y en este caso el patrono obviamente no estaría obligado a reinstalar a su puesto a dicho trabajador, pudiéndolo despedir por esos actos anteriores y no estando impedido para ello por la prohibición de la ley. Lo que no puede hacer es despedirlo luego de sufrir el accidente o negarse a reinstalarlo en su empleo sin que haya justa causa para despedirlo.” (Énfasis suprimido.) R.N. Delgado Zayas, Apuntes para el estudio de la legislación protectora del trabajo en el derecho laboral puertorriqueño, San Juan, Ramallo Bros. Printing, 1989, Cap. XI, pág. 189.

Una lectura concienzuda del Art. 5a, supra, y de la jurisprudencia interpretativa de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, nos convence de que el propósito de dicha disposición es proteger al obrero lesionado para que éste “no tenga que confrontarse, además, con la incertidumbre indeseable de que por haber sufrido dicho accidente, su patrono lo despida sin justa causa del empleo o que cuando éste regrese dado de alta no tenga trabajo”. Delgado Zayas, op. cit., pág. 189. Al imponerle al patrono el deber de reservarle a dicho obrero, por un periodo de doce (12) meses desde la fecha del accidente, “el empleo que desempeñaba ... al momento de ocurrir el accidente” —(énfasis suplido) 11 L.P.R.A. sec. 7— el legislador estableció un balance entre los intereses del obrero, o sea, la seguridad económica que representa que al recuperarse del accidente pueda regresar a trabajar a su mismo empleo, y los del patrono de evitar la onerosidad de tener que reservar el empleo indefinidamente.

En opinión emitida el 12 de septiembre de 1990, el Procurador del Trabajo correctamente señala que “[l]a protección provista por el Artículo 5A de la Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo supone, a nuestro juicio, que el empleado se acoja a los beneficios de la ley vigente el vínculo obrero-patronal. Ello lleva implícito el deber de informar el accidente antes de la ruptura o ter-minación de dicho vínculo. Es de notarse que el deber de la reserva de empleo supone la continuación y existencia de la relación obrero-patronal, al menos durante doce (12) meses consecutivos (360 días) a partir de la fecha del accidente”. Consulta Núm. 13310.

Por todo lo cual, resolvemos que el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, no aplica a un empleado que ha sido despedido y luego reporta al Fondo un accidente del trabajo ocurrido antes de dicho despido.

El foro de instancia actuó correctamente al desestimar la acción presentada al amparo del Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra.

J-H HH HH

Hechos pertinentes al caso Núm. RE-89-319

De los documentos que obran en autos surgen los hechos que a continuación relatamos.

La demandante Santiago comenzó a trabajar sin tiempo determinado con la demandada Kodak, el 13 de octubre de 1975. En deposición tomada el 11 de octubre de 1985 la demandante declaró que mientras estaba trabajando para Kodak se enfermó con un problema emocional de stress, depresión, ansiedad e insomnio, y que el 19 de febrero de 1985 dicha “enfermedad llegó a un punto donde sencilla-mente yo no podía funcionar”.() El 30 de mayo de 1985 fue despedida.

De los informes de asistencia sometidos con la moción de sentencia sumaria de 17 de febrero de 1989 de la de-mandada Kodak surge que del 1ro de enero al 30 de mayo de 1985, fecha en la cual la demandante fuedespedida, ésta había estado ausente de su trabajo cincuenta y dos días y medio (52 1/2), de los cuales cuarenta y siete días y medio (47 1/2) fueron de forma consecutiva. Los informes también reflejan que en los últimos trece (13) meses que la demandante trabajó para Kodak estuvo ausente un total de ochenta y tres (83) días.

En el Manual de Empleados de la Kodak Caribbean, Ltd., págs. 8-9, sometido en evidencia por la demandante, con relación a la asistencia de los empleados, se expresa lo siguiente:

Asistencia
Su primera y básica responsabilidad hacia la Compañía es asistir a su trabajo regularmente y a tiempo. Un récord de asis-tencia satisfactorio es uno de los requisitos de empleo en la Kodak Caribbean, Ltd.
Cuando un empleado no es puntual ni asiste regularmente a su trabajo, esto interrumpe el flujo de trabajo en su departa-mento y crea una carga adicional que recae sobre sus compañeros. Por lo tanto, su aumento anual en salario a base de mérito puede ser afectado por un récord pobre de asistencia.
La Compañía ha provisto protección para asegurar su ingreso en casos de ausencias necesarias. Sin embargo, la Compañía espera que usted haga uso de estas ausencias permitidas sólo cuando sean necesarias y justificadas.
De vez en cuando todos nosotros necesitamos tiempo libre para atender asuntos que no pueden resolverse durante horas no laborables. Además, algunas veces surgen emergencias que requieren el que nos ausentemos del trabajo por períodos cortos de tiempo. Su supervisor debe ser avisado cuando estos casos ocurran y el tiempo perdido será considerado como tiempo libre aprobado sin paga. Sin embargo, si usted desea ser compen-sado, la Compañía le permitirá reponer el tiempo perdido tra-bajando horas extras.
Este arreglo debe ser discutido con su supervisor. Aquellos individuos que abusen de este privilegio no se les permitirá el que compensen por el tiempo perdido y también perjudicarán su evaluación anual.
Cuando un empleado esté ausente deberá notificarlo a su supervisor antes de la 10:00 a.m. Si su enfermedad, etc., no le permitiese regresar al trabajo por varios días, usted deberá mantener a su supervisor informado por lo menos una vez a la semana.
Se le entregará una tarjeta de asistencia al comenzar cada mes. Su supervisor anotará en esta tarjeta sus horas de llegada y salida además de los períodos de ausencia. Al final de cada quincena, el récord de su asistencia deberá ser firmado por us-ted y aprobado por su supervisor antes de ser enviado al De-partamento de Personal. (Traducción nuestra y énfasis suplido.)

De otra parte, en cuanto a los beneficios que la Kodak concede al empleado si éste se ausenta por enfermedad, dicho Manual, págs. 13-14, dispone:

Licencia POR Enfermedad
La Compañía desarrolló la licencia por enfermedad para proteger a usted de pérdida de ingreso debido a ausencias re-sultantes de una enfermedad o accidente. Los beneficios de este plan están disponibles solamente cuando usted está enfermo. Usted no es elegible para beneficios bajo este plan cuando usted falta debido a enfermedad de otros miembros de su familia.
Si un empleado falta al trabajo por una cita médica o dental, el tiempo que pierde de su trabajo se considerará como licencia por enfermedad. Usted deberá avisar a su supervisor inmediato antes de salir para tales citas.
Si un empleado está ausente por más de tres días debido a una razón médica, deberá obtener una certificación médica antes de regresar a trabajar.
Si usted sufre un accidente o enfermedad que resulte en una incapacidad a corto plazo (menos de 130 días laborables conse-cutivos), usted podrá ser elegible para recibir compensación por “paga perdida” de un plan del gobierno (Fondo del Seguro del Estado, Incapacidad No Ocupacional, etc.). Sin embargo, la Compañía comprende que esta compensación es solamente una ayuda mínima que no permitirá a usted cubrir todas sus obli-gaciones financieras durante su incapacidad. Por lo tanto, la Compañía pagará la diferencia entre su sueldo básico y los be-neficios por incapacidad recibidos. Los beneficios máximos bajo este programa están basados en la licencia por enfermedad acu-mulada a base de los años de servicio del empleado en la Compañía. Véase la Tabla de Licencia por Enfermedad que se provee más adelante.()
Después de agotada en un 100% su licencia por enfermedad, la Compañía continuará pagando la diferencia entre el 50% de su paga básica y los beneficios por incapacidad recibidos hasta una fecha equivalente a 130 días laborables desde la fecha en que comenzó su incapacidad. Se cualifica para los beneficios bajo el programa de continuar recibiendo el 50% del salario, si un indi-viduo ha estado empleado un año antes de ocurrir la enfermedad o la incapacidad. Por lo tanto, empleados con menos de un año de servicio cualifican únicamente para los beneficios bajo el plan de 100% de compensación de licencia por enfermedad.
Como un nuevo empleado de Kodak Caribbean, Ltd., usted acumulará 1.25 días al mes por cada mes en el cual usted tra-baje 120 horas hasta un máximo de 15 días laborables. Después de un año completo de servicio, usted tendrá derecho a compen-sación por ausencias debido a enfermedad por el tiempo que se indica abajo. Cuando expiren los 130 días laborables de ausen-cia continua, usted podrá ser elegible para los beneficios bajo el “Plan de Incapacidad a Largo Plazo”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.)

El foro de instancia, a su vez, hizo las siguientes deter-minaciones de hecho:

‘TABLA POR LICENCIA DE ENFERMEDAD
Años de Servicio Compensación en Días Laborables
100% 50%
1 a años 30 días 100 días
5 a 14 años 60 días 70 días
más de 15 años 90 días 40 días’
1. El despido de la demandante se debió a las ausencias de ésta a través de los años en que trabajó para la parte deman-dada, particularmente durante los años 1984 y 1985.
2. Que antes de los años 1984, 1985, nunca le indicaron a la demandante que su ausentismo la podía afectar en su trabajo.
3. La demandante cumplió con las normas de la compañía relacionadas con las ausencias, las mismas estuvieron justifica-das por enfermedad.
4. La demandante era una empleada sumamente competente, se le había reconocido su labor varias veces durante los años 1984 y 1985, inclusive obtuvo el premio “Billy T. Files Award”.
5. La marcha ordenada y el normal funcionamiento de la parte demandada no se vió alterada por las ausencias de la demandante.

IV

El despido y la justa causa

En Puerto Rico no existe una prohibición absoluta contra el despido de un empleado. Si existe justa causa éste puede ser despedido. El Art. 1 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185a, dispone un remedio económico —la indemnización— para el empleado que ha sido despedido sin justa causa. El Art. 2 (29 L.P.R.A. sec. 185b), por su parte, establece una serie de circunstancias o actos que pueden dar lugar al despido justificado, algunas imputables al empleado, otras al patrono o a la situación económica de la empresa. “Por otro lado, no hay ley alguna que le exija al patrono, que al despedir al empleado lo haga en una forma determinada, ni por escrito ni con un aviso previo. Tampoco nuestra legislación obliga al patrono a informarle al trabajador en el momento del despido ni luego de ello, las razones que tuvo para despedirlo, excepto para defenderse de una acción judicial.” Delgado Zayas, op. cit., pág. 123. Véase Art. 11 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185k.

El manual de una empresa que contiene las reglas y los reglamentos del trabajo y que establece las ñor-mas, los beneficios y los privilegios que disfrutará el em-pleado forman parte del contrato de trabajo. Como regla general, un patrón de incumplimiento de estas normas o re-glas podría dar lugar a un despido justificado. Sin embargo, la ausencia de razonabilidad de estas normas podría conver-tir el despido en uno caprichoso o arbitrario y, por lo tanto, injustificado. De otra parte, los beneficios y privilegios allí establecidos constituyen derechos del empleado y un despido en violación a éstos también resultaría en un despido injustificado.

Al interpretar las disposiciones del Manual de Empleados de la Kodak Caribbean, Ltd., que forma parte del contrato de trabajo entre la demandante Santiago y Kodak, debe tenerse presente no sólo que sus cláusulas deben ser interpretadas “las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas”, Art. 1237 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3475, sino que, por ser éste un contrato típico de adhesión, en la preparación del cual el empleado no participó, las cláusulas obscuras o ambiguas deben ser interpretadas liberalmente a favor de éste, promoviendo así, hasta donde sea posible, la igualdad jurídica en materia de contratación. Art. 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3478; González v. Coop. Seguros de Vida de P.R., 117 D.P.R. 659, 662 (1986); Herrera v. First National City Bank, 103 D.P.R. 724, 727 (1975); R.C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163, 167 (1974); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227231-233 (1963); J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1990, T. IV, Vol. II, Cap. III, pág. 95.

V

Aplicación de las normas de derecho a los hechos

En su alegato, Kodak arguye que quedó establecido que el despido de la demandante Santiago “obedeció a su au-sentismo crónico motivado por su incapacidad para reali-zar sus funciones debido a sus condiciones de salud y que durante su ausencia otro vendedor tenía que cubrir la ruta asignada a ella”. Indica que la propia demandante “admi-tió haber incurrido en las ausencias reflejadas en las tar-jetas de asistencia ... [agregando ésta] que las mismas es-tuvieron justificadas por razón de su enfermedad y que cumplió con el requisito de notificación establecido en el Manual de Empleados”. (Énfasis suplido.) Continúa ale-gando que en dicho manual se establece “que un buen ré-cord de asistencia es condición de trabajo en Kodak y que el ausentismo de empleados afecta la producción departa-mental e impone una carga adicional a los demás compa-ñeros de trabajo”. (Énfasis suprimido.) Arguye, también, que “[Ilógicamente, ello afecta la marcha ordenada y el normal funcionamiento de la empresa”. (Énfasis suprimido.) Y que por razón de su incapacidad, la demandante incurrió en un patrón de ausentismos que “hizo que sus servicios fueran de poco o ningún valor para la empresa”. (Énfasis suprimido.) De todo esto concluye que el despido no fue uno “por mero capricho del patrono o sin razón relacionada con el buen y normal funcionamiento del establecimiento”. Art. 2 de la Ley Núm. 80, supra, 29 L.P.R.A. sec. 185b. Finaliza su argumentación expresando que “la incapacidad de Santiago para desempeñar sus funciones desde febrero de 1985 hasta enero de 1986 es causa más que justificada para su separación”. (Énfasis suprimido.) No le asiste la razón.

El Manual de Empleados de la Kodak Caribbean, Ltd., además de establecer las normas de asistencia a que alude la demandada Kodak, también contiene un plan específico sobre los beneficios a que tiene derecho un empleado cuando éste tiene que ausentarse debido a una enfermedad o accidente. Resulta obvio, pues, que las normas de asisten-cia han quedado atemperadas por los beneficios que con respecto a ausencias por enfermedad o accidente, provee la empresa.'

En dicho manual y en lo que respecta a los beneficios por ausencia por enfermedad o accidente, se dispone que si un empleado está ausente por más de tres (3) días por una razón médica, debe obtener una certificación médica antes de regresar. También establece un plan de pago compensa-torio, dependiendo de los años de servicio, para aquellos empleados que se ven forzados a acogerse a licencia por enfermedad por un término de menos de ciento treinta (130) días laborables consecutivos. Esto lo denominan “in-capacidad a corto plazo”. Cuando la enfermedad del em-pleado sobrepasa este término, el empleado es elegible para los beneficios de lo que se denomina “Plan de Incapa-cidad a Largo Alcance”.

Veamos cuáles fueron los hechos específicos en este caso. La demandante Santiago comenzó a ausentarse de su trabajo para el mes de abril de 1984. El 23 de abril de ese mismo año presentó un certificado médico del Dr. Juan R. Ríos Troche en el cual éste expresó que la demandante se encontraba en un estado físico y mental de sumo agota-miento y que le había “recomendado, para su restableci-miento emocional, que no esté sometida a situaciones que le generen ansiedad o ‘stress’ y que [debía] dejar de traba-jar por un tiempo indefinido”. Continuó ausentándose, por la misma razón, durante los meses de junio a septiembre de 1984. El 19 de febrero de 1985 la demandante nueva-mente se ausentó de su trabajo por razón de enfermedad. Esta, cumpliendo con lo dispuesto en el Manual, llamaba periódicamente a su trabajo para indicar su estado de salud. El foro de instancia resolvió como cuestión de hecho que la demandante Santiago cumplió con las normas de la Kodak sobre ausencia por razón de enfermedad.

Al momento de ser despedida, el 30 de mayo de 1985, la demandante Santiago se encontraba disfrutando de los be-neficios que por razón de enfermedad, ya fuere ésta reía-cionada o no con su trabajo, le ofrecía su contrato de trabajo.

La demandante fue despedida, precisamente, por estar disfrutando dichos beneficios. La demandada Kodak ni alegó ni probó que la demandante no cualificaba para los beneficios dispuestos en su propio manual de empleados para ausencias por razón de enfermedad. Un despido, por un supuesto “ausentismo crónico”, bajo las circunstancias específicas de este caso, es uno injustificado. Los beneficios que provee el Manual de Empleados de la Kodak Caribbean, Ltd. están disponibles para todos aquellos empleados que están enfermos y así lo acrediten. Kodak no podía justificadamente despedir a la demandante Santiago por ella haberse acogido al plan de beneficios de “incapacidad a corto plazo” que provee el Manual de Empleados de la Kodak Caribbean, Ltd. Los errores señalados no se cometieron.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia en la que se confirman la sentencia sumaria parcial dictada el 27 de marzo de 1989 y la sentencia de 24 de abril de 1989, dic-tada por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Nos vemos imposibilitados de suscribir y endosar la Opinión que en el día de hoy emite una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso.

La Opinión emitida, en abierta violación a la firme y reiterada norma jurisprudencial de que la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo debe de ser interpre-tada en forma liberal a favor del obrero o empleado, erró-neamente coarta y restringe los derechos de éstos, beneficiando indebidamente a los patronos, a base de una interpretación restrictiva de dicha Ley.

Por otro lado, la Opinión mayoritaria es una que no sólo es jurídicamente incorrecta sino que contradictoria. A nuestro humilde entender, la misma no podrá tener otro efecto que no sea el de confundir totalmente a nuestros tribunales de instancia y a la clase profesional; situación que, en lugar de promover la simplificación de las contro-versias obrero-patronales, tendrá el efecto de aumentar, y complicar, considerablemente la actividad litigiosa en esta área del derecho a nivel de instancia.

Desafortunadamente, no hemos contado con el tiempo necesario para, en forma adecuada y específica, exponer por escrito los fundamentos en apoyo de lo antes aseverado. Quizás, en un futuro cercano, tendremos la oportunidad de así hacerlo. No podíamos, sin embargo, permanecer callados ante la grave injusticia cometida, contra la clase trabajadora en general y la litigante en particular, por la Opinión mayoritaria emitida en el presente caso.

RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 13 de mayo de 1992.

A la moción de reconsideración radicada por la parte demandante-recurrente, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opi-nión disidente en etapa de reconsideración. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El pasado 30 de enero de 1992 disentimos de la opinión emitida por una mayoría de los integrantes del Tribunal en el presente caso. Como expresáramos entonces, dos (2) son los fundamentos para el referido disenso. En primer lugar, a base de una interpretación restrictiva de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, el Tribunal ha establecido una norma jurisprudencial incompleta que erróneamente coarta y restringe los derechos de los obreros y empleados en nuestra jurisdicción; ello en abierta violación de la firme y reiterada doctrina judicial de que, por ser la referida Ley de Compensaciones un estatuto remedial, la misma debe de ser interpretada en forma liberal a favor de la clase trabajadora puertorriqueña. En segundo término, la mayoría del Tribunal, incomprensible y desafortunadamente, no se per-cata del hecho que dicha interpretación errónea y restric-tiva causa que la norma jurisprudencial implantada resulte, en su aplicación, no sólo injusta sino que contra-dictoria; constituyendo el presente caso un claro ejemplo de ello.

Realmente no se requiere que una persona sea muy perspicaz para que pueda percatarse de la corrección de nuestros señalamientos. Tampoco resulta ser necesaria la lectura de complicadas y elaboradas decisiones judiciales; mucho menos, la consideración y estudio de escritos suscri-tos por respetados miembros de la profesión legal. Todo lo que se requiere es un análisis sereno y lógico de la situación fáctica ante la consideración del Tribunal. Veamos.

Como es de todos conocido, el Art. 5a de la citada Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 7, en síntesis y en lo pertinente, le impone al patrono de un empleado que ha sufrido un accidente del trabajo la obligación de “reservar” por un (1) año el empleo que des-empeñaba dicho obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, ello sujeto a la ocurrencia de tres (3) condiciones o requisitos. De darse estos tres (3) requisitos y el patrono no cumplir con su obligación de reinstalar al obrero o empleado, éste tendrá derecho a que el patrono le pague los salarios que él hu-biera devengado de haber sido reinstalado y, en adición los daños y perjuicios que ello le hubiere ocasionado.()

Conforme surge de la Opinión mayoritaria, de la que vehementemente discrepamos, se establece por este Tribunal la norma a los efectos de que “el Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, no aplica a un empleado que ha sido despedido [de su empleo] y luego reporta al Fondo [del Seguro del Estado] un accidente ... ocurrido antes de dicho despido”. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 771.

La referida norma jurisprudencial, debemos confesar, tiene el obvio y loable propósito de evitar que un empleado inescrupuloso, luego de ser despedido, intente aprove-charse indebidamente de los beneficios que provee el antes citado Art. 5a de la Ley de Compensaciones, mediante la “creación o fabricación”, a posteriori, de un inexistente ac-cidente del trabajo. El fraude, no hay duda, nunca pudo formar parte del propósito del legislador al incorporar el citado Art. 5a a la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

¿Por qué, entonces,, nuestro disenso? La razón es senci-lla: la norma establecida resulta ser errónea por cuanto la misma es incompleta; esto es, la norma establecida no re-quiere que el despido efectuado haya sido uno justificado. Al así no exigirlo, dicha norma deja abierta la posibilidad de que un patrono inescrupuloso tome indebida ventaja de la misma y pueda así burlar el propósito reparador del es-tatuto en controversia.

Un sencillo ejemplo es todo lo que se requiere para po-der uno percatarse de la corrección de lo antes señalado. Asumamos, a manera de ilustración, que un patrono, que había enviado a uno de sus empleados a realizar una dili-gencia, se entera por la vía telefónica que dicho empleado ha sufrido un grave accidente y que ha sido trasladado a un hospital en estado crítico. Consciente dicho patrono de las disposiciones del citado Art. 5a de la Ley de Compensa-ciones, y que el mismo le obliga a reservar el empleo a dicho empleado hasta un máximo de un (1) año, decide burlar las disposiciones del mismo despidiendo inmediata-mente a su empleado. Al éste recuperarse, y en la primera oportunidad, reporta el accidente del trabajo al Fondo. Bajo la norma hoy establecida —la cual, repetimos, no exige que el despido sea justificado— el empleado no ten-dría derecho a los beneficios que provee el citado Art. 5a puesto que la citada disposición estatutaria —en palabras exactas del Tribunal— “no aplica a un empleado que ha sido despedido y luego reporta al Fondo un accidente ... ocurrido antes de dicho despido”. Opinión mayoritaria, pág. 771.

Pero, hay más. La norma establecida por el Tribunal, tal como reza la misma, se presta para que se cometa una in-justicia como la que la demandada recurrida Kodak Caribbean, Ltd. cometió en el presente caso.

Conforme surge de las determinaciones de hecho que hiciera el tribunal de instancia, determinaciones que este Tribunal adopta y hace suyas, la recurrente Santiago efec-tiva y realmente sufrió un accidente del trabajo —consis-tente el mismo de tensión (stress), depresión, ansiedad e insomnio— que la incapacitó para llevar a cabo su trabajo y que causó que ésta se ausentara del mismo; situación que plenamente justificó la empleada ante su patrono me-diante el correspondiente certificado médico.()

La referida empleada —la cual, aceptadamente, era una extraordinariamente competente— no se reportó al Fondo del Seguro del Estado en ese entonces por la obvia y trans-parente razón de que el así hacerlo era totalmente innece-sario e improcedente; ello en vista de las disposiciones per-tinentes del Manual de Empleados de la Kodak —el cual formaba parte integrante de su contrato de trabajo— dis-posiciones que le permitían disfrutar, con sueldo completo, de todo el período durante el cual ella estuvo ausente. En relación al hecho de que el “accidente del trabajo” alegada-mente no fue reportado “en tiempo” al Fondo del Seguro del Estado, debe mantenerse presente que Kodak, como pa-trono, venía en la obligación de así hacerlo. A esos efectos, véase 11 L.P.R.A. sec. 14.()

Por otro lado, procede que se enfatice el hecho de que, conforme inclusive se acepta en la Opinión mayoritaria emitida, dicha empleada cumplió con todos y cada uno de los requisitos exigidos por el referido Manual de Empleados. Ante esta clara situación de cumplimiento es-tricto de parte de la empleada, y sin aviso o requerimiento de clase alguna, su patrono la despide; despido que el Tribunal, en su Opinión mayoritaria, determina que fue uno claramente injustificado. Si ello es así, esto es, si el despido efectuado fue uno ilegal, el mismo no puede tener conse-cuencia o efecto legal alguno. Ahí, precisamente, radica lo erróneo y contradictorio de la norma establecida por el Tribunal en el presente caso: para que el despido pueda privar al empleado de los beneficios que concede el citado Art. 5a de la Ley de Compensaciones, el mismo necesariamente tiene que ser uno legal y justificado.

Habiendo la empleada en el presente caso, efectiva y realmente, sufrido un accidente del trabajo; habiendo dicha empleada cumplido con todos los requisitos y exigencias del Manual de Empleados de su patrono Kodak; habiendo dicho patrono incurrido en la omisión del deber legal que tenía de reportar al Fondo del Seguro del Estado el acci-dente del trabajo sufrido por su empleada; habiendo sido el despido efectuado uno ilegal e injustificado; ¿cómo es posi-ble que se determine que la referida empleada no tiene de-recho a los beneficios que provee el citado Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo'? La contes-tación es sencilla: el resultado erróneo al que se llega se debe al establecimiento de una norma incompleta y equivo-cada por parte de este Tribunal y su negativa, injustificada e incomprensible, de modificar y corregir la misma, lo cual lo lleva a emitir una opinión contradictoria e injusta.

No tenemos duda alguna de que, al permanecer inalte-rada la norma establecida, la grave y lamentable injusticia que hoy se comete contra la recurrente Santiago desafor-tunadamente no será la última que se cometerá contra un miembro de la clase trabajadora de nuestro País. Los res-ponsables de ello no serán los patronos inescrupulosos. En última instancia, la responsabilidad recae sobre los hom-bros de los integrantes de la mayoría de este Tribunal. Re-husamos ser coautores de ello.

      (1) La demandante presentó inicialmente una demanda al amparo de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185a-185m; luego enmendó e hizo la reclamación alegando violación al Art. 6a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 7.

      (2) Por consejo de su abogado, la demandante acudió al Fondo del Seguro del Estado cuatro (4) días después de haber sido despedida.

      (3) Véanse, también, las opiniones concurrentes de los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton en Sifontes v. Oliver Exterminating Services, 128 D.P.R. 207 (1991).

      (4) Deposición, pág. 62.

      (5) El Manual de Empleados de la Kodak Caribbean, Ltd. provee la siguiente tabla:

      (1) El Art. 5a de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 7, establece:
      “En los casos de inhabilitación para el trabajo de acuerdo con las disposicio-nes de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desem-peñaba el obrero o empleado al momento de ocurrir el accidente y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones: (1) que el obrero o empleado requiera al patrono para que lo reponga en su empleo dentro del término de quince días, contados a partir de la fecha en que el obrero o empleado fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de trans-curridos doce meses desde la fecha del accidente; (2) que el obrero o empleado esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono su reposición; y (3) que dicho empleo subsista en el momento en que el obrero o empleado solicite su reposición. (Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo está vacante o lo ocupe otro obrero o empleado. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro obrero [o ejmpleado dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición).
      “Si el patrono no cumpliere con las disposiciones de esta sección vendrá obli-gado a pagar al obrero o empleado o a sus beneficiarios los salarios que dicho obrero o empleado hubiere devengado de haber sido reinstalado, además le res-ponderá de todos los daños y perjuicios que le haya ocasionado. El obrero o em-pleado, o sus beneficiarios, podrán instar y tramitar la correspondiente reclama-ción de reinstalación y/o de daños en corte por acción ordinaria o mediante el procedimiento para reclamación de salarios, establecido en las sees. 3118 a 3132 del Título 32.”

      (2) El hecho de que la empleada sufrió un “accidente del trabajo” no está en controversia. Aparte de que el tribunal de instancia así lo concluyó, debe recordarse que el Fondo del Seguro del Estado, luego del despido, así lo reconoció y le brindó tratamiento a la empleada para el mismo.

      (3) En adición, el hecho de que dicho accidente no se hubiera reportado “en tiempo” no tuvo consecuencia legal alguna. El Fondo, como hemos expresado ante-riormente, le brindó a la empleada la protección de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.