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author: PER CURIAM:

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text:
      In re Emanuel J. Ramos Meléndez y José I. Cabiya Ortiz, querellados.

      Número: CE-86-281

      Resuelto: 6 de abril de 1988

      Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; José Cabiya Morales, abogado del querellado, José I. Cabiya Ortiz; Emanuel J. Ramos Meléndez, por dere-cho propio.
   PER CURIAM:

El 2 de mayo de 1986, según una querella presentada por la Directora Estatal del Farmer’s Home Administration del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Sra. Julia R. de Vincenti, el Procurador General presentó querella contra los abogados notarios Emanuel J. Ramos Meléndez y José I. Cabiya Ortiz. Al licenciado Ramos Meléndez le imputó haber violado la fe pública notarial y el Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al “prepar[ar] y autoriz[ar] la Escritura Núm. 64 de 1 de junio de 1979, sobre compraventa, otorgada ante él por don Angel M. Cabiya y doña Gloria Burgos de Cabiya, como vende-dores y Antonio E. Rosario González y Lydia Rosario Zayas, como compradores, [y] certificar —descansando en la infor-mación que le suministró el Lie. Cabiya Ortiz— que la pro-piedad comprada estaba libre de gravámenes; cuando en realidad dicha propiedad . . . tenía un gravamen hipotecario inscrito mediante la Escritura Núm. 10, que se había otor-gado el 11 de enero de 1977, por los esposos Angel Rafael Cabiya y Gloria H. Burgos, ante el notario Angel Rivera Co-lón”. Querella, págs. 1-2. Al licenciado Cabiya Ortiz, a su vez, se le imputó haber violado los Cánones 26, 30 y 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al preparar en forma descuidada y negligente “el estudio de título de la propiedad perteneciente a sus parientes Angel M. Cabiya y doña Gloria Burgos de Cabiya para que vendieran la misma a los señores Rosario González y Rosario Zayas . . . [omitiendo] informar en el estudio de título un gravamen inscrito en el año 1977 ... induciendo a error al notario Ramos Meléndez; lo cual ha causado serios problemas a los compradores, pues se otorgó y autorizó la Escritura Núm. 64, mencionada, ignorando el notario autorizante y la parte compradora del gravamen existente”. Querella, pág. 2.

Los querellados contestaron y designamos al Ledo. Agustín Mangual Hernández en calidad de Comisionado Especial. Luego de los trámites correspondientes éste rindió su informe en el cual hizo las determinaciones de hecho siguien-tes:

1. El Ledo. Emanuel J. Ramos Meléndez fue admitido a la abogacía el \6 de diciembre de 1971 y autorizado al ejercicio de la notara el 31 de enero de 1972. El Ledo. José I. Cabiya Ortiz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 9 de enero de 1970 y autorizado al ejercicio de la notar[í]a el 3 de febrero del mismo año.
2. Para el año 1979 el Ledo. José I. Cabiya Ortiz era “escrow agent1' de la agencia federal, Farmer Home Administration. En tal capacidad recibió una comunicación de la oficina local de Ciales de dicha agencia en la que le indicaban que hiciera un estudio de título sobre una propiedad que, cuando éste visitó el Registro correspondiente, resultó ]ue pertene-cía a Ángel R. Cabiya San Miguel y Gloria Burgos. Estaba registrada con el número de finca 6074, inscrita a.; folio 197 del tomo 128 de Ciales. El Ledo. Cabiya Ortiz entonces se percató de que el dueño de dicha propiedad tenía un pare ntesco con él dentro del cuarto grado de consanguinidad. Ante tal situación, le envió un Memorándum al señor Bonilla, quien era oficial de Farmer Home Administration en Ciales, conjuntamente con un estudio de título [fechado 20 de febrero de 1979.] (Exhibits IV y V del Procurador General).
3. En el mencionado certificado de estudio de título no se incluyó una hipoteca constituida a virtud de la escritura nú-mero 10 otorgada en Ciales el 11 de enero de 1977 ante el Notario, Ángel Rivera Colón, mediante un pagaré al portador para garantizar el pago de la suma de $15,000.00. Una certi-ficación registral expedida por el Registrador de .a Propiedad de Manatí el 12 de diciembre de 1980 revela que el mencio-nado gravamen aparecía inscrito en el Registro de la Propie-dad (Exhibit IX del Procurador General).
4. Posteriormente, la Farmer Home Administration le refi-rió al Ledo. Emanuel J. Ramos Meléndez el estudio de título preparado por el Ledo. Cabiya Ortiz con el propósito de que, como notario, otorgara la escritura de compraventa y consti-tución de hipoteca a favor de dicha administración. Éste, en fecha 1 de junio de 1979, otorgó la escritura número 65 a favor de Estados Unidos de América para garantizar el pago de una suma de $30,000.00, siendo los vendedores los esposos Ángel R. Cabiya y Gloria Burgos de Cabiya, y los compradores, doña Lydia Rosario Zayas y Antonio E. Rosario González (Exhibit IX del Procurador General).
5. Posteriormente, al descubrirse que la hipoteca cons-tituida a favor de Farmer Home Administratior no tenía ca-rácter preferente porque existía la mencionada primera hipo-teca, los querellados hablaron con el deudor hipotecario, señor Cabiya [San Miguel] y éste les informó que el pagaré objeto de la primera hipoteca se le había perdido. Entonces el quere-llado, Ledo. Ramos Meléndez, se hizo cargo de radicar un pro-cedimiento para cancelar dicho pagaré en el [T]ribunal Superior, Sala de Arecibo.
6. A esos efectos, en septiembre de 1979, el Ledo. Meléndez radicó a nombre de doña Gloria H. Burgos y don Ángel R. Cabiya San Miguel el caso número 79-4895 en la Sala de Are-cibo del Tribunal Superior, sobre Cancelación de Pagaré Ex-traviado. Luego de los trámites correspondientes, la mencionada sala dictó una Resolución el 14 de enero de 1981 declarando con lugar la demanda sobre Cancelación de pagaré al portador extraviado (Exhibit VIII del Procurador General).
7. Luego, los querellados descubrieron que dicho pagaré no estaba perdido como alegaba el señor Cabiya [San Miguel] sino que, por el contrario, había sido negociado y estaba en poder de la Corporación para la Administración de la Sindica-tura del Banco Obrero.
8. Posteriormente, y en vista de que los deudores no paga-ban la deuda, la Corporación para la Administración de la Sin-dicatura del Banco Obrero radicó una acción de ejecución de hipoteca. Aparentemente durante algún tiempo se estuvo tra-mitando el pago de dicha deuda.
9. El 1 de diciembre de 1986 la Corporación para la Admi-nistración de la Sindicatura del Banco Obrero le envió una comunicación al Ledo. Ángel R. Cabiya informándole que el préstamo relacionado con el caso civil 81-673, Gloria Burgos de Cabiya, había sido saldado y el pagaré que garantizaba el mismo fue entregado a dicho querellado (Exhibit II del quere-llado, Ledo. Cabiya Ortiz).
10. En la vista de este caso se ofreció en evidencia y se ordenó el desglose del pagaré hipotecario al portador por la suma de $15,000.00 suscrito por los señores Ángel Cabiya San Miguel y Gloria Burgos de Cabiya ante el Notario Ángel Rivera Colón, el 1 de enero de 1977 (Exhibit III del querellado, Ledo. Cabiya Ortiz).
11. En la vista de este caso declaró el Ledo. Bolívar Dones Rivera, quien, en síntesis, dijo que él era funcionario o asesor legal del Departamento de Agricultura Federal y en tal capa-cidad asesoraba también a la Directora del F[armers] Home Administration. Que él tenía entendido que la hipoteca que tenía primer rango en el Registro de la Propiedad había sido pagada y se encuentra en proceso de ser cancelada a través de las escrituras correspondientes. Declaró, además, que si ha sido saldada la primera hipoteca mencionada y la hipoteca a favor de Farmer Home pasa a tener primer rango en el Regis-tro, entonces la Directora Estatal de dicha agencia federal no tiene interés en procedimientos ulteriores en relación con los querellados. Informe del Comisionado Especial, págs. 4-7.

Analizaremos estos hechos tomando en consideración que “[l]a función del notario trasciende el acto externo de la legalización de unas firmas”. In re Meléndez Ruiz, 104 D.P.R. 770, 775 (1976). De la situación fáctica de este caso se desprende que el licenciado Ramos Meléndez, al confiar en un estudio de título hecho más de tres meses antes, otorgó una escritura de compraventa en la que hizo constar que la propiedad objeto de la transacción estaba “libre de toda carga o gravamen”. Esta aseveración era contraria a la realidad registral. En Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.P.R. 170, 194 (1962) y en In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45, 79 (1979) (opinión del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué), dijimos que el notario que autoriza una escritura no puede ignorar el estado registral de la propiedad sobre la cual otorgan la escritura a la fecha del otorgamiento. En Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 443-445 (1984), reconocimos que:

[La] investigación de los antecedentes, al igual que la de-terminación de cargas y gravámenes a hacerse en la escri-tura, resultan de incuestionable trascendencia, para “efectos civiles (por ejemplo, saneamiento por gravámenes de la finca vendida ‘sin mencionarlo la escritura’)”; para “efectos regís-trales, para la confrontación con las que figuren en el Regis-tro, si bien la falta de expresión de cargas en las escrituras no es defecto que impida la inscripción del título”; y a “efectos notariales, porque la determinación de las cargas es necesaria para la posterior concreción en la parte dispositiva de las res-ponsabilidades que contrae cada parte contratante”; a “efec-tos fiscales . .
Y finalmente, sobre la advertencia, “El Notario en todo caso ‘advertirá al adquirente de la conveniencia de que se acredite el estado de cargas con la certificación del Registro de la Pro-piedad, o lo compruebe directamente examinando los libros del mismo’. Y quizá convenga advertir también que la expedi-ción de la certificación no cierra el Registro y que, por tanto, no obstante la certificación negativa que se presente, pueden existir cargas inscritas con posterioridad . . . por muy re-ciente que sea dicha certificación.,, (Escolio omitido y énfasis suplido.)

A tenor con todo lo antes expuesto, no cabe duda que al confiar en un estudio de título hecho tres meses antes y hacer constar en la escritura otorgada que la propiedad estaba libre de cargas y gravámenes, hecho este contrario a la realidad registral, el abogado-notario Ramos Meléndez no actuó con el debido cuidado al ejercer su función notarial. Sin embargo, los hechos también demuestran que no hubo mala fe ni intención de engañar de parte del querellado y que cuando éste se percató del error cometido y de las posibles consecuencias adversas para la querellante, la acreedora hipotecaria, desplegó gran diligencia en lograr corregir y subsanar el mismo. La querellante expresó que no tenía interés en ulteriores procedimientos en relación con los querellados. Al tomar en consideración estas circunstancias atenuantes, amonestamos al abogado-notario Ramos Meléndez y le apercibimos que en el futuro deberá observar con mayor rigor los preceptos notariales.

Con respecto al abogado-notario Cabiya Ortiz, su falta consistió en no realizar el estudio registral con el cuidado y detenimiento que tan importante gestión requiere. Los autos del caso también reflejan que una vez se le trajo a su atención el problema cooperó y laboró con el abogado-notario Ramos Meléndez para realizar las gestiones nec-esarias para evitar que la querellante sufriera daños. Al tomar en consideración todo lo antes descrito se advierte al abogado-notario Cabiya Ortiz que en el futuro deberá ejercer mayor cuidado al realizar estudios de título.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia por la cual se amonesta al abogado notario Ramos Meléndez y se le apercibe de que en el futuro debe observar con mayor rigor los preceptos notariales. En relación con el abogado-notario Cabiya Ortiz, se le advierte que en el futuro debe ejercer mayor cuidado al realizar estudios de título.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López, Ortiz y Alonso Alonso no intervinieron.

       Durante las vistas de la querella el Ledo. José I. Cabi 'a Ortiz manifestó que no incluyó dicho gravamen en el estudio porque no se perc .tó de él. “[N]o me percaté a pesar del estudio diligente que hice, no me percaté.” ’ Yanseripción de la vista, pág. 130.


text:
    Calderón, Rosa-Silva & Vargas, demandantes y apelantes, v. Juan A. García, en su carácter de Comisionado de Seguros y Liquidador de The Commonwealth Ins. Co. y la Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases, Excepto de Vida, Incapacidad y Salud, demandados y apelados.

      Número: CE-86-331

      Resuelto: 6 de abril de 1988

      David Rivé Rivera, de Vargas & Rivé, abogado de los apelantes; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Dora T. Peñaga-rícano, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carlos M. Rivera Vicente y Roberto Febry Martínez, de Cando, Nadal & Rivera, Pablo Carrasquillo, abogados de la apelada.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

La parte demandante Calderón, Rosa-Silva y Vargas, un grupo de abogados dedicados a la práctica de la abogacía, presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una demanda contra, entre otros, el Comisionado de Seguros de Puerto Rico, en su calidad de Liquidador de la Commonwealth Insurance Company y la Asociación de Garantía de Seguros de Todas Clases Excepto Vida, Incapacidad y Salud (en adelante Asociación de Garantía), solicitó se declarara inconstitucional la Ley Núm. 30 de 11 de julio de 1978, en tanto y en cuanto afectaba la prioridad de sus reclamaciones por trabajos profesionales y desembolsos adelantados a la Commonwealth Insurance Company, compañía de seguros en proceso de liquidación, y que se le ordenase al Comisio-nado de Seguros de Puerto Rico a “pagar las reclamaciones que surgieron con anterioridad al 11 de julio de 1978 con-forme al orden de prioridades que establecía el Código de Seguros en ese momento”. Demanda, Ap. I, pág. 50.

El 15 de abril de 1985 el tribunal dictó sentencia en la cual desestimó la demanda. Interpretó “que la preferencia que tienen las reclamaciones de la Asociación de Garantía sobre el activo de la aseguradora insolvente [Commonwealth Insurance Company] le había sido reconocida por la Ley que le creó, Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974 (26 L.P.R.A. see. 3811(2)) y [que] la Ley Núm. 30 de 11 de julio de 1978 lo que hizo fue recopilar y reiterar en un solo artículo lo que previa-mente estaba estatuido en diversas disposiciones del Código de Seguros”. Sentencia, Ap. C, pág. 4. Determinó también que “[e]l evento precipitante o punto de partida para deter-minar la responsabilidad o los derechos de la Asociación de Garantía, [era] la fecha de la adjudicación de insolvencia de la aseguradora y de la orden de su liquidación [28 de julio de 1978]”. íd., pág. 9.

De esta sentencia recurrió la parte demandante mediante la presentación de un escrito de apelación, en el cual escueta-mente alega lo siguiente:

En este pleito y en la sentencia se planteó y se resolvió la siguiente cuestión constitucional: si la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 30 de 11 de julio de 1978 (26 L.P.R.A. [see.] 4012a) a los derechos de la demandante surgidos antes de la aprobación de dicha ley, violenta las disposiciones de la Sec-ción 7 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico y las [E]nmiendas V y XV de la Constitución de los Estados Unidos. Escrito de Apelación, pág. 1.

Debemos resolver si este somero planteamiento nos pone en posición de determinar si procede o no la apelación por plantear el recurso una cuestión constitucional sustancial, y de no plantearla, en el ejercicio de nuestra discreción, guiados por los criterios establecidos en la Regla 19(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, con-siderado el recurso como de revisión, debemos expedirlo.

r — H

Trasfondo del derecho a apelar en casos civiles originados en el Tribunal Superior

Tanto el Art. 35 de la Ley Orgánica de la Judicatura, Ley Núm. 432 de 15 de mayo de 1950, 4 L.P.R.A. see. 37 nt, como el Art. 1^ Sec. 14 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. see. 37), disponían para la apelación como cuestión de derecho de toda sentencia dictada en casos civiles o criminales originados en el Tribunal Superior. En el 1958, para enfrentarse a un problema de congestión y de-mora en el Tribunal Supremo, se enmendó la Sec. 14 a los fines de limitar el derecho a apelar al Tribunal Supremo los casos civiles originados en el Tribunal Superior. Informe del P. de la C. 342 y P. de la C. 476 sobre: La Congestión y Demora de los Litigios en Puerto Rico de 2 de mayo de 1958; L. Blanco Lugo, Nuevo Procedimiento de Apelación, C. Abo. P.R., 15 de agosto de 1958; J. Trías Monge, El Sistema Judicial de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1978, Cap. XIII, pág. 143.

La Ley Núm. 115 de 26 de junio de 1958 limitó las apelaciones en casos civiles originados en el Tribunal Superior a sentencias finales “en las cuales se plantea o resuelve una cuestión constitucional sustancial al amparo de la Constitución de los Estados Unidos o la de Puerto Rico”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 37(a). Dispuso, además, que “[l]a presentación de un escrito de apelación en un caso en que sólo procede un auto, de revisión, no será motivo suficiente para desestimar; [en estos casos] el escrito de apelación se considerará a todos los fines pertinentes como si fuera una solicitud de auto de revisión . . .”. 4 L.P.R.A. see. 37(g). Esta trayectoria legislativa demuestra que la intención del legislador al enmendar la Ley de la Judicatura en el 1958 fue limitar el derecho a apelar en casos civiles originados en el Tribunal Superior y otorgar al Tribunal Supremo un margen de discreción, en todos los casos, aun en aquellos casos en donde se planteara una cuestión constitucional. Art. 19 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19; Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); R. Elfrén Bernier, Aproba- ción e interpretación de las leyes de Puerto Rico, San Juan, Ed. Cultural, 1963, Cap. XII, pág. 147.

Al interpretar esta disposición, en Ortiz v. Burgos, 85 D.P.R. 42, 45 (1962), dijimos que “[p]ara que pueda intentarse una apelación contra una sentencia final del Tribunal Superior ... no basta con alegar que se ha infringido un precepto constitucional. Es necesario que se trate de una cuestión sustancial. . . . [N]o basta involucrar una supuesta cuestión constitucional cuando lo que se plantea, una vez dilu[i]do propiamente, se limita a levantar que la sentencia es errónea”. (Énfasis suplido.) Véanse, también: Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885 (1968); Soltero Peralta v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 26, 28 (1962); Godreau v. Godreau, 296 F.2d 326 (1er Cir. 1961). En Fuentes v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 492, 512-513 (1962), hicimos hincapié en que la cuestión planteada o resuelta para que cualificase como apelación tenía que ser sustancial. También resolvimos que para que se pudiese considerar el escrito de apelación como recurso de revisión, tenía que llenar los requisitos de una solicitud de revisión. Finalmente, expresamos recientemente que “no existe tal cuestión [constitucional sustancial] si un examen del planteamiento invocado refleja la presencia de un error, que tiende a involucrar un argumento constitucional inexistente”. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980). A pesar de todas estas ex-presiones no hemos analizado ni definido el concepto cuestión constitucional sustancial. Tampoco hemos indicado los criterios que tomamos en consideración al determinar si procede o no un recurso de apelación.

Cuestión constitucional sustancial

La Regla 53.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “[l]a apelación [de un caso civil origi-nado en el Tribunal Superior] se formalizará presentando un escrito de apelación en la secretaría de la sección del tribunal que entendió en el caso, y copia del mismo en la secretaría del [Tribunal Supremo], dentro de los treinta (30) días si-guientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia”. El escrito de apelación señalará la cuestión o cuestiones constitucionales sustanciales planteadas, Regla 53.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y dentro de los treinta (30) días de presentado, el Secretario del tribunal apeládo elevará el expediente de apelación al Tribunal Supremo. Regla 53.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Una vez recibido el expediente el Secretario de este Tribunal anotará el caso en el libro-registro correspondiente, notificará de su presentación a los abogados de las partes así como al Secretario del Tribunal Superior, Regla 35(m) del Reglamento del Tribunal Supremo 4 L.P.R.A. Ap. I-A, y turnará el recurso para ser considerado por el Pleno del Tribunal. En la reunión del Pleno del Tribunal en que se consi-dere el recurso se determinará, de acuerdo con el escrito y expediente de apelación, si existe o no una cuestión constitu-cional sustancial y, de no existir ésta, si el escrito conside-rado como recurso de revisión debe o no expedirse. El apelante, en el escrito de apelación, tiene el peso de persua-dir al Tribunal de que existe una cuestión constitucional de tal envergadura que pueda considerarse sustancial, de forma tal que el recurso proceda como cuestión de derecho. Además, si el apelante interesa que el Tribunal, de encontrar que no existe una cuestión constitucional sustancial, consi-dere el recurso como una solicitud de revisión y la expida, debe también en el escrito de apelación poner al Tribunal en posición de determinar si en el ejercicio de su discreción y a la luz de los criterios establecidos en la Regla 19(a) del Re-glamento del Tribunal Supremo, supra, se debe expedir el auto. El escrito de apelación no podrá ser suplementado ni sus defectos subsanados mediante la presentación de una so-licitud de reconsideración. Tampoco consideraremos los ale-gatos para suplir las deficiencias del escrito de apelación. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Río Piedras, C. Abo. P.R., Inst. Educ. Práct., 1986, Vol. 1, Cap. 2, Sec. 12, págs. 93-96; R. Stern, E. Gressmass y S. Shapiro, Supreme Court Practice: for practice in the Supreme Court of the United States, 6ta ed., Washington, Ed. BNA, 1986, Secs. 7.9, 7.10, 7.11, págs. 411-418; R. Rotunda, J. Nowak y N. Young, Treatise on Constitutional Law: Substance and Procedure, Minnesota, Ed. West, 1980, Vol. 1, Cap. 2, Sec. 2.4., págs. 48-51.

Al determinar si existe una cuestión constitucional sustancial el Tribunal tomará en consideración, entre otros, los criterios siguientes: (1) que se plantea realmente una cuestión constitucional; Ortiz v. Burgos, supra; Sugarman v. United States, 249 U.S. 182, 184 (1918); (2) que ésta se le planteó, específicamente y a tiempo, al tribunal de instancia; Oiler v. Purcell Bauza, 92 D.P.R. 148 (1965); Collazo Vda. Texidor v. Pueblo, 46 D.P.R. 164 (1934); Casalduc et al. v. La Compañía Trasatlántica de Hamburgo, 9 D.P.R. 350 (1905); Cayol v. Balseiro & Georgetti, 3 D.P.R. 178 (1903); (3) que la cuestión constitucional es esencial para la decisión del tribunal de instancia, que no hay otras alternativas disponibles para resolver el asunto; Rodríguez Ríos v. E.L.A., 116 D.P.R. 102 (1985); Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 618 (1981); Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507 (1965); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); (4) que el recurso no es frívolo; Regla 32(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A; Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985); Fournier v. González, 80 D.P.R. 353, 356 (1958); (5) que la cuestión constitucional no ha sido resuelta y de haber sido resuelta, se deben demostrar los fundamentos constitucionales y de política pública que exis-ten para revocar el precedente; 16 Wright, Miller, Cooper & Gressmass, Federal Practice and Procedure Sec. 4014 (1977); Equitable Life Assurance Society v. Brown, 187 U.S. 308 (1902); (6) que el apelante tiene la capacidad jurídica 9standing) para plantear la cuestión constitucional; E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394, 396-401 (1983); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, supra; Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 271-275 (1975); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716, 723-724 (1974), o (7) que uno o más jueces de instancia han declarado incons-titucional la ley o conducta a que se refiere el caso.

Analizados el escrito de apelación y el expediente de ape-lación encontramos que el caso de autos no plantea real-mente una cuestión constitucional. Estamos simplemente ante un caso de interpretación estatutaria de una reglamen-tación de carácter económico: la Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974, supra, y la Ley Núm. 30 de 4 de junio de 1978, supra. Concluimos, por lo tanto, que la apelante no ha de-mostrado que exista una cuestión constitucional sustancial que le dé derecho a que este Tribunal entienda en el recurso como una apelación.

Pasemos ahora a considerar si procede, al tomar el so-mero escrito de apelación como una solicitud de revisión, en el ejercicio de nuestra discreción expedir.

El recurso de revisión va dirigido a la discreción del Tribunal. 4 L.P.R.A. sec. 37(d); Vda. de López v. García Espinosa, 82 D.P.R. 702 (1962); Andino v. Fajardo Sugar Company, 82 D.P.R. 492 (1961). Para mover esta discreción, el recurrente tiene que ponernos en posición de decidir si le asiste o no la razón en derecho en relación con el error planteado y si a la luz de los criterios establecidos en la Regla 19(a) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra, debe ex-pedirse el recurso de revisión. El escueto escrito de apelación en este caso no llena los requisitos necesarios para ser considerado como una solicitud de revisión. El apelante no nos ha puesto en posición de así hacerlo. González v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 513.

Conscientes de que es la primera vez que detallamos los criterios que tomamos en consideración en una apelación civil para determinar si existe cuestión constitucional sustan-cial, a manera de excepción, hemos examinado los alegatos sometidos por las partes. De ellos surge que la controversia versa estrictamente sobre una interpretación estatutaria. Un análisis y estudio de los planteamientos de derecho' allí esbozados nos lleva a concluir que, en el ejercicio de nuestra discreción, el recurso debe ser denegado.

Por todo lo antes expuesto, al amparo de lo dispuesto en la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, se dictará sentencia que desestima la ape-lación interpuesta por no plantear una cuestión constitu-cional sustancial y se deniega la expedición del recurso una vez considerado como una solicitud de revisión.

Los Jueces Asociados Señores Negron García y Ortiz concurren en el resultado sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

       También incluyó como demandados a “los miembros de una clase com-puesta por los tenedores de pólizas, beneficiarios, asegurados y terceros recla-mantes con reclamaciones que surjan de o estén dentro de las cubiertas de las pólizas y contratos de seguros emitidos por la Commonwealth Insurance Company, y que puedan tener reclamaciones preferidas a tenor con la Ley Núm. 30 de 11 de julio de 1978, 26 L.P.R.A. sec. 4012”. Ap. I, pág. 48.

       La Asociación de Garantía de Seguros es una entidad creada al amparo del Código de Seguros de Puerto Rico, Cap. 38, Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974 (26 L.P.R.A. secs. 3801-3819).

       La parte demandante reclamaba la cantidad de $498,845.20 por concepto de trabajos profesionales y desembolsos adelantados.

       Por lo somero del escrito de apelación lo hemos transcrito en su totalidad.

       El Art. 35 de la Ley Orgánica de la Judicatura, en su parte pertinente, disponía:
      “Las sentencias, resoluciones y providencias dictadas por el Tribunal de Dis-trito de Puerto Rico [actual Tribunal Superior] en acciones y recursos de primera instancia podrán apelarse para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro de los términos y condiciones establecidos por ley.” 4 L.P.R.A. see. 37 nt.

       El Art. IV Sec. 14 de la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su parte pertinente, disponía:
      “Las sentencias finales y resoluciones del Tribunal Superior que hasta el presente podían ser apeladas del Tribunal de Distrito, podrán ser apeladas al Tribunal Supremo de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por ley y de conformidad con las reglas de procedimiento establecidas por el Tribunal Supremo . . . .” 1952 Leyes de Puerto Rico 41.

       En 4 L.P.R.A. sec. 37(b) se dispone que cualquier otra sentencia final en casos civiles originados en el Tribunal Superior podrá ser revisada discrecional-mente por el Tribunal Supremo mediante auto de revisión, y 4 L.P.R.A. sec. 37(f) dispone que de cualquier resolución del Tribunal Superior se podrá recurrir al Tribunal Supremo mediante el auto discrecional de certiorari.

       Sobre el procedimiento de apelación, véase también la Regla 15 del Re-glamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

        Regla 16. Alegatos en apelación

      “(a) Dentro de los treinta días del recibo de la notificación a que hace refe-rencia la Regla 35(m), el apelante presentará al Tribunal su alegato, el cual de-berá cumplir con las disposiciones de la Regla 33.
      “(b) Dentro de los 30 días del recibo de la copia del alegato del apelante, el apelado presentará al Tribunal su alegato, el cual también cumplirá con las dispo-siciones de la Regla 33.” 4 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 16.

       En términos generales, véanse: F.J. Ulman y F.H. Spears, Dismissed, for Want of a Substantial Federal Question, 20 Bos. Univ. L. Rev. 501 (1940); Zucht v. King, 260 U.S. 174 (1922).

       Hemos resuelto que el análisis aplicable a este tipo de reglamentación es el de escrutinio mínimo o criterio de razonabilidad, cuando se reclama que se afectan adversamente los derechos económicos de una parte ante la aplicación retroactiva de una ley. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973). En el ejercicio del poder de razón de estado, la Legislatura tiene una amplia facultad para la reglamentación de carácter económico sujeta únicamente a las limitaciones impuestas por la garantía del debido proceso de ley. Estas limi-taciones tan sólo requieren que la reglamentación no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa y que el medio elegido tenga un nexo racional con los propósitos que persigue el estatuto. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983) y casos allí citados. Es norma vigente que la simple esperanza o expecta-tiva de que una ley siga en su forma original jamás puede ser considerada como derecho adquirido. Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822 (1983); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).
      En relación con la aplicación retroactiva de este tipo de legislación, véanse, también: Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822 (1983); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

       En el Informe de las Comisiones de Comercio e Industria y de lo Jurí-dico Civil de la Cámara de Representantes se expresa lo siguiente en relación con el propósito de la enmienda de 1978:
      “A tono con las enmiendas sugeridas por la Asociación Nacional de Comisio-nados de Seguros,... la Oficina del Comisionado entiende que es necesario intro-ducir las siguientes enmiendas tanto al Capítulo 38 como al Capítulo 40, mediante el cual el Comisionado, en calidad de liquidador, continúa la personalidad del asegurador declarado insolvente hasta su liquidación. El propósito de las mismas persigue corregir el estilo en la redacción de la ley, dándole mayor precisión y claridad en sus expresiones, establecer uniformidad en nuestra ley con la Ley Modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros e introducir e incorporar enmiendas a la misma que atemperen ésta a las realidades puerto-rriqueñas.” (Énfasis suplido.) Ap. E, pág. 19.
      Con respecto a las enmiendas a los Arts. 40.120 y 40.121 del Código de Se-guros, 26 L.P.R.A. sees. 4012 y 4012a, dicho informe señala:
      “Artículos 40.120 y 40.121. Accesibilidad a los Activos del Asegurador Insolvente

      “Se propone la presente enmienda para que las asociaciones de garantía tengan derecho a usar los activos existentes del asegurador insolvente como un balance inmediato a los dineros adelantados por la Asociación, por concepto del pago de reclamaciones por ésta a los tenedores de pólizas y reclamantes, teniendo éstos prioridad sobre las reclamaciones de acreedores generales.
      “Normalmente toma años para que el liquidador del caudal de un asegura-dor insolvente reúna todos los activos y pasivos de éste. Estimamos que tomaría varios años para ello y sería al cabo de éstos, que los activos pudieran distribuirse de acuerdo a las prioridades establecidas por estatuto. A esa fecha sería que las asociaciones de garantía advendrían al derecho de recibir una cantidad fija por dólar del caudal, basado en la cantidad pagada por el fondo de las asociaciones de garantía a log tenedores de pólizas y reclamantes. Resulta equitativo y justo que el fondo de garantía reciba un adelanto del caudal del asegurador insolvente para facilitar la operación inmediata de los diversos fondos de las asociaciones de ga-rantía y para reducir los potenciales daños y el costo a los tenedores de pólizas de los diversos fondos de garantía. Se evitará a su vez cargas inequitativas a dife-rentes generaciones de tenedores de pólizas.
      “A esos efectos se adiciona el Artículo 40.121.” Servicio Legislativo de Puerto Rico, 1978, pág. 854 y ss.; véase, en igual sentido, el Informe Conjunto presentado ante el Senado de Puerto Rico, Ap. E, pág. 29 y ss.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Manuel Mendoza Lozada, acusado y apelante.

      Número: CR-86-47

      Resuelto: 13 de abril de 1988

      Sylvia Juarbe y Cándida Valdespino Zapata, abogadas del ape-lante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Nilda P. Fuentes Ortiz, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Mediante veredicto por mayoría de 9 a 3, un jurado de Carolina halló culpable al apelante de los delitos de asesinato en primer grado y varias violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. El Tribunal Superior dicto las sentencias de rigor y el convicto presentó oportunamente escrito de apela-ción en el que cuestiona básicamente la suficiencia de la prueba para establecer su culpabilidad más allá de duda ra-zonable, así como la negativa del tribunal a admitir la decla-ración de un testigo no disponible por constituir prueba de referencia. Resolvemos que, aunque el tribunal cometió error al excluir la prueba de defensa, debe confirmarse la sentencia apelada.

h — H

Como prueba de cargo el fiscal presentó al testigo ocular Daniel González Ramos, al doctor Criado, quien estuvo a cargo de la autopsia, y al policía que investigó los hechos.

El testigo González Ramos, adicto a la heroína y a la co-caína para la fecha de los hechos, declaró que el 3 de junio de 1983 se encontraba en el Residencial Covadonga en la es-quina del edificio 14, lugar conocido entre los adictos como “el punto”. Relató que siempre iba a “el punto” en espera de que “cayeran par de pesos para curarse”. La prueba creída por el jurado demostró que a eso de las 9:00 A.M. llegó Samuel Rosario Feliciano conocido por “Papi Sammy”, a quien el testigo conocía como un vendedor de drogas. Estacionó su vehículo frente al edificio 20 del residencial, conversó unos minutos con otras personas y luego caminó hasta el edificio 14.

El testigo se percató que por la acera del edificio 20 ve-níán armados Daniel González Algarín, conocido por “Alga-rín”, y el acusado Manuel Mendoza, a quien también conocía desde hace diez años. En una rápida secuencia de hechos, éstos ultimaron a balazos a Samuel Rosario.

En su alegato, la Sociedad para Asistencia Legal pone gran énfasis en las contradicciones o equivocaciones secun-darias en el testimonio de Daniel González, entre otras, si Samuel Rosario ya estaba o no dentro del vehículo al ini-ciarse los disparos, o si éste cayó “mirando al cielo” o boca abajo, teoría compatible con las abrasiones que luego apare-cieron en la cara del occiso.

Sonia Hernández Rivera fue la principal testigo de de-fensa. Conocía al occiso. El día de los hechos su mamá la levantó como a las 8:30 A.M. Fue a hacer un encargo y de regreso encontró a “Papi Sammy” cerca de la esquina del edificio 14. Se saludaron y Sonia subió a su casa. Oyó el ruido de un carro y miró por la ventana. Vio que la víctima se mon-taba en su automóvil por el lado del pasajero en busca de algo. En eso llegó “Algarín” quien también se montó en el carro por el lado del conductor. Ya dentro del carro abrió fuego. Samuel Rosario trató de escapar y recibió nuevos dis-paros. Cayó de bruces y “Algarín” corrió en dirección al monte.

La defensa alega que este testimonio corresponde con el hallazgo en la autopsia. El doctor Criado declaró que la he-rida que ocasionó la muerte de Rosario Feliciano mostraba los caracteres de entrada de una bala en “tiro intermedio (a unas veinte pulgadas)” de contorno circular y bordes inver-tidos, localizada en la línea axilar posterior izquierda de la espalda. La bala penetró el abdomen donde originó una lace-ración del lóbulo izquierdo del hígado, produjo la contusión del borde inferior del pulmón izquierdo y una lesión del saco pericárdico, lo que originó una severa hemorragia y la muerte. A base de estos hallazgos opinó que Samuel Rosario debió estar quieto cuando recibió los impactos de bala “entre diecinueve (19) y veinte (20) pulgadas de distancia”.

El testimonio del patólogo, aunque auxiliador, no obligaba al jurado. Éste hizo su propia apreciación de lo acontecido. Sobre los hechos en controversia desfiló prueba de cargo y descargo. El Ministerio Público presentó a un testigo ocular que, aunque adicto, no demostró que al momento de los hechos estuviese tan alterado que no pudiese o quisiese observar diligentemente. Sus cualidades o dotes morales pueden afectar la credibilidad de su testimonio, pero no destruirlo como instrumento evidenciario. Aunque con-forme a los hechos de este caso el tribunal de instancia no estaba obligado a transmitir instrucciones especiales en cuanto al peso o credibilidad del testimonio de Daniel Gonzá-lez Ramos, de la exposición narrativa se desprende que en efecto se impartieron instrucciones en el sentido de que “su testimonio debe ser examinado con desconfianza”. Obvia-mente, el jurado le dio el peso y credibilidad que merecía, luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso.

La teoría de defensa, por su parte, consistió en que “Alga-rín” fue el que disparó y que el apelante no se encontraba en el lugar de los hechos ese día. La prueba en este sentido fue conflictiva, pero dicho conflicto fue dirimido por el jurado. Fue suficiente para establecer la comisión de los delitos. El testimonio de Daniel González no fue inverosímil o física-mente imposible. Por el contrario, está en parte corroborado extensamente por la prueba de defensa. Entre otros, por el testigo Esteban Rivera Benitez, quien observó a “Algarín” disparar a una distancia de unos “nueve pies” (E.N.P., pág. 32) y no dentro del automóvil.

En estas circunstancias, no intervendremos con la apreciación y adjudicación de credibilidad que de la prueba testifical hizo el juzgador de los hechos en instancia. Un examen sereno, detallado y desapasionado de la prueba no produce en nuestro ánimo insatisfacción o intranquilidad de conciencia. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977); Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982).

HH H — (

Se señala como segundo error que el tribunal a quo no permitió “las declaraciones anteriores de un testigo de de-fensa no disponible para declarar”, al amparo de la Regla 64(A)(4) y (B)(3) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

La prueba de referencia en este caso alude a la declara-ción de una persona que había fallecido para la fecha del juicio. La defensa presentó como testigo a la hija de la persona fallecida para que declarara sobre unas manifesta-ciones extrajudiciales que escuchó de su madre minutos después de los hechos. En la actualidad la testigo está casada con un hermano materno del acusado.

El fiscal se opuso a aceptar que declarara la hija, y el tribunal, en ausencia del jurado, escuchó el testimonio así como los argumentos de ambas partes. Declaró con lugar la objeción del fiscal, pero permitió una oferta de prueba. De ella se desprende que la testigo hubiese declarado que el día de los hechos su madre le dijo que había estado discutiendo con la víctima por la ventana de su apartamento, ya que éste la acusaba de ser “chota”. En eso llegó “Algarín” y ella buscó un revólver para matar a Samuel Rosario. “Algarín” se lo quitó y persiguió a la víctima con el resultado que cono-cemos. Terminado el sangriento incidente, “Algarín” le pidió heroína a la madre de la testigo, pues ella vendía la droga.

La Sociedad para Asistencia Legal argumenta que el tribunal debió permitir que la testigo declarara ante el jurado en torno a la conversación que tuvo con su madre, ya que la declaración de la persona fallecida era admisible en eviden-cia por ser contra interés, y la sometía al riesgo de responsa-bilidad por encubrir un crimen, además de exponerla al odio, ridículo o desgracia social. Según la defensa, dicha declara-ción constituía prueba circunstancial de la no participación del apelante en los hechos.

Hemos examinado el planteamiento de error y coinci-dimos con que se cometió, pero el mismo no fue un factor decisivo y sustancial en la convicción cuya revocación se soli-cita. Veamos:

Dispone la Regla 64(A)(4) de Evidencia, supra:

(A) Definición. “No disponible como testigo” incluye situa-ciones en que el declarante:
(4) ha fallecido o está imposibilitado de comparecer a de-clarar por razón de enfermedad o impedimento mental o fí-sico, o . . . .

Por su parte la Regla 64(B)(3) de Evidencia, supra, ex-presa:

(B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referen-cia:
(3) Declaraciones contra interés: Una declaración que al momento de ser hecha era tan contraria al interés pecuniario o propietario del declarante o le sometía al riesgo de respon-sabilidad civil o criminal, o tendía de tal modo a desvirtuar una reclamación suya contra otro, o creaba tal riesgo de con-vertirlo en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la co-munidad, que un hombre razonable en su situación no hubiera hecho la declaración a menos que la creyera cierta.

La regla actual expande significativamente el alcance de la norma tradicional que limitaba la declaración contra interés al interés propietario o pecuniario. Ahora se reconoce también el interés civil y el penal. La Regla 804(b)(3) de Evidencia federal, 28 U.S.C., no alcanza el interés civil. La nuestra va más lejos y sí lo incluye. Se reco-noce, como principio, que nadie hace declaraciones contra su propio interés a menos que creyere que lo declarado es ver-dad. “Aquí la premisa es la garantía circunstancial de veraci-dad ya que la gente no hace declaraciones falsas que lesionen sus intereses.” Comentario oficial a la Regla 64(B)(3), L.P.R.A., Título 32, Reglas, ed. 1983, pág. 439; B.S. Jefferson, Declarations Against Interest: An Exception to the Hearsay Rule, 58 Harv. L. Rev. 1 (1944); E.M. Morgan, Declarations Against Interest, 5 Vand. L. Rev. 451 (1952); Nota, Declarations Against Penal Interest: Standards of Admissibility Under an Emerging Majority Rule, 56 B.U.L. Rev. 148 (1976); P.W. Tague, Perils of the Rulemaking Process: The Development, Application, and Unconstitutionality of Rule 80k(b)(3)’s Penal Interest Exception, 69 Geo. L.J. 851 (1981); 4 Louisell & Mueller, Federal Evidence Sec. 489, pág. 1128 (1980); L.C. Graham, Handbook of Federal Evidence, 2da ed., West Pub. Co., 1986, Sec. 804.3, pág. 958 et seq.; S.A. Saltzburg y K.R. Redden, Federal Rules of Evidence Manual, 3ra ed., Virginia, The Michie Co., 1982, pág. 659 et seq.

La admisibilidad de declaraciones contra interés penal como prueba de defensa puede adquirir dimensiones constitucionales. Así lo reconoció el Tribunal Supremo federal en Chambers v. Mississippi, 410 U.S. 284 (1973), donde se invocó el debido proceso de ley como fundamento para la admisión de una confesión de un tercero que constituía prueba de defensa exculpatoria.

Nuestro sistema de enjuiciamiento criminal está apuntalado en un principio que favorece la presunción de inocencia y las oportunidades de defensa. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Regla 110 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. A tenor con las normas probatorias pertinentes y aplicables al caso ante nos, en Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 143-145 (1981), el tribunal sentenciador excluyó una declaración jurada prestada por una persona que no estaba disponible para tes-tificar en el juicio por hallarse mentalmente incapacitada. En la misma el declarante admitía haber participado en el cri-men e involucraba a otras personas, pero no al acusado-ape-lante. Revocamos y favorecimos su admisibilidad bajo la Regla 64(B)(3) de Evidencia, supra.

No cabe duda de que estamos ante una materia compleja sobre la que los juristas más informados en la disciplina pro-batoria han intentado fórmulas conciliadoras. La recta solu-ción del recurso exige que expongamos los principios generales.

Los requisitos de aplicación de la regla son tres en esencia. Primeramente, la no disponibilidad del declarante; segundo, el conocimiento personal, exigencia que aunque no surje del texto de la regla es favorecida por el grueso de la doctrina. Como variante, contémplase que el declarante tenga una comprensión del carácter perjudicial de la declaración al momento de hacerla. Nótese que las manifestaciones de una parte, aunque no estén fundadas en el conocimiento personal y sean en la forma de opiniones o inferencias, son en principio admisibles contra dicha parte bajo la Regla 62 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. iy circunstancia que distingue uno y otro precepto probatorio. Tague, op. cit, pág. 919; A.B.A. Section of Litigation, Emerging Problems Under the Federal Rules of Evidence, págs. 243-244 n. 203 (1983). Por último, y como tercer requisito, la declaración, en efecto, debe ser contra interés.

El primero de los requisitos —no disponibilidad— no presenta mayores problemas. Es el resultado de la ubicación de la norma en la Regla 64 y no en la Regla 65 de Evidencia, supra. Dicha condición provee la tradicional justificación en términos de necesidad, circunstancia que permea todo análisis de prueba de referencia. El hecho de la no disponibilidad no está en controversia en el presente caso.

El segundo requisito —conocimiento personal y entendimiento de la naturaleza “contra interés” de la decla-ración— tiene que ser analizado a la luz de todas las circuns-tancias del caso. Ya que la regla sólo puede ser invocada por definición cuando el declarante no está disponible, ésta sólo exige una demostración de que dicho declarante “probable-mente” sabía sobre lo que declaraba. Louisell & Mueller, supra, Sec. 489, pág. 1131. Por idéntica razón de ausencia y por la imposibilidad probatoria y vital de penetrar en la concien-cia de los semejantes, el requisito de que el declarante tenga una comprensión del carácter perjudicial de la manifestación se formula en términos objetivos: ¿Hubiere hecho un hombre razonable en la misma situación la declaración, a menos que la creyera cierta?

En el caso de autos, de las declaraciones de la persona fallecida surge tal conocimiento personal. Es decir, por un lado, su propia participación en actividades ilícitas constituye una declaración que, de ser ofrecida contra una parte por el oponente, sería admisible de forma análoga por constituir una admisión. United States v. Barrett, 539 F.2d 244, 251 (1er Cir. 1976); United States v. Garris, 616 F.2d 626, 630 (2do Cir. 1980); United States v. Thomas, 571 F.2d 285, 288-289 (5to Cir. 1978); United States v. Toney; 599 F.2d 787, 789-790 (6to Cir. 1979). No hay en el récord prueba de que la declarante estuviese falseando en cuanto a estos extremos. Todo lo contrario, la prueba demostró que los trágicos profa-gonistas de este incidente vivían en un ambiente fatalmente al margen de la ley. Por otro lado, el exabrupto homicida de “Algarín” fue percibido directamente por la madre de la tes-tigo y las propias observaciones de ésta, consumados ya los hechos, tienden a corroborar este aspecto de la declaración.

Valga aclarar que la regla no exige conocimiento personal sobre todos y cada uno de los asuntos que dan lugar a una acusación criminal. El elemento “contra interés” en este caso no está predicado en la participación directa de la declarante en el asesinato. No era necesario que ésta presenciara ese hecho sin duda central en el caso. Basta decir que su declaración satisfacía el requisito de pertinencia de la Regla 18 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV pues tendía “a hacer la existencia de un hecho más probable o menos probable de lo que sería sin tal evidencia...”. Este hecho se refería a una cuestión igualmente central en controversia: la participación del apelante en el asesinato. Después de todo, toda definición de pertinencia se hace a base de criterios de probabilidad y dicha prueba constituía un eslabón circunstancial en la teoría de descargo.

El tercer interrogante nos lleva a la médula del asunto: ¿Era la declaración en este caso contra interés? En el pre-sente recurso la cuestión se manifiesta en términos clásicos.

En efecto, a menudo una declaración es en parte contra interés y a la vez a favor del declarante (self-serving). El problema en esos casos consiste en determinar cuál es el ele-mento que predomina. Morgan, supra, págs. 451, 471, 478.

Podría argumentarse que la prueba en este caso surge con esa cualidad mixta. Si bien por un lado es cierto que en su contexto involucraba a la declarante en actividades ilícitas como la venta de drogas, violaciones a la ley de armas y posi-ble responsabilidad criminal como encubridora de un asesi-nato, existía en el plano hipotético un motivo para falsear.

Aunque no hay prueba directa de incitación, es posible especular que “Algarín” asesinó a Samuel Rosario por encargo de la declarante y a cambio de la droga. Semejantes inquietudes son válidas. No podemos, sin embargo, descansar en una apreciación de móviles impulsores sin fundamento alguno en el récord. Aun si aceptáramos que el tribunal a quo estaba justificado en mirar con escepticismo la declaración, lo cierto es que la prueba era de su faz admisible. Ausente un problema de admisibilidad, el tribunal debió dejar que pasara la prueba al jurado para que éste evaluara su peso probatorio a la luz de la totalidad de la prueba. Al no hacerlo usurpó las funciones del jurado. Regla 9 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Bajo la lógica probatoria más adversa al apelante es-tamos ante una declaración que, más allá de las sutilezas doc-trinales, en su contexto amenazaba de forma objetiva, directa y palpable los intereses de la declarante. Los delitos a los que la exponía su conducta no eran remotos o hipoté-ticos. Se trataba de ofensas cuya gravedad conoce todo ciu-dadano en Puerto Rico. Las manifestaciones se produjeron de forma espontánea a escasos minutos del asesinato. No es-tamos ante el tipo de declaración donde impera el elemento' de propio beneficio que derrota todo indicio de confiabilidad. Véanse: Louisell & Mueller, supra, Sec. 489, pág. 1156; United States v. Callahan, 442 F. Supp. 1213, 1222 (Minn. 1978); United States v. Trejo-Zambrano, 582 F.2d 460, 463-464, cert. denegado 439 U.S. 1005 (1978); United States v. Marquez, 462 F.2d 893, 895-(2do Cir. 1972); United States v. Seyfried, 435 F.2d 696, 697-698, cert. denegado 402 U.S. 912 (1971); Graham, op. cit., pág. 965 n. 8.

Argumenta el Procurador que una declaración de una madre a una hija no puede considerarse contra el interés penal de la primera, ya que no existía la posibilidad de que la testigo acusara a su madre dada la relación familiar y la atmósfera de intriga y confabulación criminal que im-pera en el bajo mundo. No tiene razón. La identidad de la persona a quien se hace la declaración es uno entre otros factores. Aun cuando podamos inferir que la testigo tenía conocimiento de las actividades ilegales de su madre, preci-samente, el reconocimiento de una actividad criminal de or-dinario se hace ante amigos o gente en la que el declarante confía. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evi-dencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, pág. 356. Véanse, también: United States v. Goins, 593 F.2d 88, 91 (8vo Cir. 1979) (una persona le dijo a su hija y a un amigo que había mentido ante un gran jurado, lo que constituía delito); United States v. Mock, 640 F.2d 629, 631-632 (5to Cir. 1981) (de-claraciones inculpatorias a la ex esposa del declarante); United States v. Lang, 589 F.2d 92, 97 (2do Cir. 1978). Bajo un enfoque más realista y lógico, la estrecha relación entre la declarante y la testigo tiende a asegurar el elemento de con-fiabilidad. Chambers v. Mississippi, supra, pág. 300. Por úl-timo, aunque nuestra regla —distinto a la federal— no exige corroboración cuando la declaración tiende a exculpar al acusado, en el caso de autos hubo abundante prueba directa de corroboración de la participación de “Algarín” en los inci-dentes.

Ahora bien, bajo los hechos del presente caso, y admitido el error, ¿acarrea revocación? En modo alguno. El Tribunal Superior permitió la oferta de prueba y obra en la exposición narrativa. Estamos en condiciones de determinar el efecto de su errónea exclusión al amparo de la Regla 5(2) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

Por supuesto, no estamos ante la situación de una decla-ración que exculpa o exime totalmente de responsabilidad criminal. Por el contrario, la declaración objeto de la contro-versia sólo pretendía establecer que “Algarín” salió de la casa con un arma. No excluye ni descarta la participación o coautoría del apelante. La prueba a lo sumo, de ser creída, demostraba que la madre de la testigo tenía conocimiento personal de que “Algarín” participó en el tiroteo. Resulta evidente que en el caso que nos ocupa el resultado no hubiera sido distinto en términos de probabilidades.

Como materia de suficiencia, la prueba de cargo presen-tada a los fines de establecer la responsabilidad del apelante descansó en la evidencia directa de un testigo presencial. Aunque la defensa presentó dos testigos que alegadamente también presenciaron los hechos, no merecieron credibilidad al jurado. El testimonio excluido sólo hubiera corroborado al testigo de cargo que ubicó a “Algarín” en el lugar de los he-chos sin ser inconsistente, repetimos, con la prueba de cargo.

Finalmente, el jurado fue instruido en el sentido de que el Ministerio Fiscal utilizó a un testigo de cargo a quien se le otorgaron ciertos beneficios en relación con un caso de esca-lamiento que tenía pendiente a cambio de su testimonio. El jurado analizó cuidadosamente la prueba sometida y rindió su veredicto conforme a derecho. Su dictamen debe prevale-cer.

Se dictará sentencia que confirme la del Tribunal Superior, Sala de Carolina.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ne-grón García emitió voto concurrente. El Juez Asociado Se-ñor Rebollo López concurrió sin opinión escrita.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía.

Concurrimos con la opinión confirmatoria de la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Carolina. La prueba desfilada sostiene ampliamente los veredictos de culpabilidad respecto al asesinato de Samuel Rosario Feliciano, c/p “Papi Sammy”, por el apelante Manuel Mendoza Lozada conjuntamente con Daniel González Algarín, c/p “Algarín”, el 3 de junio de 1983 en el Residencial Covadonga.

Ahora bien, discrepamos del análisis y conclusión de que el tribunal sentenciador erró al excluir una parte del testi-monio de Mary Rodríguez, testigo presentada por el acusado Mendoza Lozada para probar unas manifestaciones que ale-gadamente escuchó de su madre Lidia Rodríguez Ortiz, fa-llecida al momento del juicio. Esa conclusión se apoya en la premisa de que dicho testimonio era admisible bajo la Regla 64(B)(3) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. por corresponder a una testigo no disponible y versar sobre una declaración contra interés que la exponía al riesgo de responsabilidad criminal.

H — I

La Regla 64(B)(3) de Evidencia, supra, autoriza —como excepción a la regla de prueba de referencia si el declarante no está disponible como testigo— la admisibilidad de decla-raciones contra interés. Dispone:

Una declaración que al momento de ser hecha era tan con-traria al interés pecuniario o propietario del declarante o le sometía al riesgo de responsabilidad civil o criminal, o tendía de tal modo a desvirtuar una reclamación suya contra otro, o creaba tal riesgo de convertirlo en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la comunidad, que un hombre razonable en su situación no hubiera hecho la declaración a menos que la creyera cierta. (Énfasis nuestro.)

Lo primero que debemos recordar es que, aparte de la indisponibilidad del testigo, es menester su conocimiento personal y directo de los hechos que se intentan reproducir por voz de otro y la percepción y creencia —bajo la figura mítica de persona prudente y razonable— de que las mismas eran contrarias al interés del interlocutor —ausente del tribunal— de que lo exponían a riesgo de sanción criminal o al desprecio público en la comunidad, al extremo que de no ser veraces no las hubiera hecho. Ambos requisitos, el del cono-cimiento personal y el de la percepción contra interés, son inherentes en toda declaración de este tipo. 4 Weinstein on Evidence 804-130 (1985).

Este mismo estudioso de la materia nos dice que la ex-cepción a la prueba de referencia “descansa en la premisa de que las personas no harían manifestaciones dañinas en su contra a menos que fueran ciertas. Como una generalidad psicológica, esta conclusión suena correcta; en el caso individual, la diversidad de la personalidad humana hace las gene-ralidades sospechosas. No obstante las consecuencias que contra ellas pudiera acarrear, algunas personas dirán men-tiras para exonerar o inculpar aquellos a quienes aman o temen, o porque son metirosos eongénitos. Otros no se darán cuenta de que están haciendo una admisión en su contra o harán manifestaciones ambivalentes susceptibles de ser diferentemente interpretadas”. (Traducción y énfasis nuestro.) Weinstein, supra, pág. 804-123.

La confiabilidad de tales declaraciones extrajudiciales — a base de las circunstancias peculiares presentes en cada caso— debe ser cuidadosa y preliminarmente examinada por el juez, aunque no a un grado absoluto, pues estaría inva-diendo la función del jurado de pesar y adjudicar la credibili-dad. State v. Gold, 431 A.2d 501, 508, cert. denegado, 449 U.S. 920 (1980). Ningún factor por sí solo es determinante. Des-cansa en el discernimiento informado del tribunal a base de todas las circunstancias. Ciertamente desde este Foro ape-lativo, un simple récord inexpresivo nos obliga a ser suma-mente cuidadosos y, por ende, a conceder amplia deferencia a esa apreciación preliminar de los tribunales de instancia. Después de todo, no podemos —ni debemos— trasladar nuestros estrados a los foros de origen.

El contenido de ciertas manifestaciones puede ser dual, a saber, constituir en parte contra interés y otras en beneficio propio, esto es, exculpatorias. La cuestión ha sido objeto de intenso debate. Sin embargo, se acepta sin discusión que dada la fluidez y complejidades de la conducta humana, exis-ten esos dos tipos de declaraciones contra interés: inculpato-rias y exculpatorias. La primera es la que compromete al declarante y al acusado en actividad criminal y se admite contra éste en evidencia. Las exculpatorias son declara-ciones contra el interés del declarante que indican que el acusado no es responsable del crimen imputado. Véase Co-mentario, Federal Rule of Evidence 80Jp(b)(3) and Inculpa-tory Statements Against Penal Interest, 66 Calif. L. Rev. 1189, 1190 n. 7 (1978); Weinstein, supra, págs. 804-96, 804-97; Comentario, Declarations Against Interest — Rules of Admissibility, 62 Nw. U.L. Rev. 934, 944-954 (1968). Se aduce que las netamente in culpatorias son más confiables, pues “[h]ay menos peligros envueltos cuando la manifesta-ción inculpatoria no incrimina directamente al acusado en el mismo crimen en que el declarante participó”. (Traducción nuestra.) Weinstein, supra, pág. 804-156.

A su vez, ambas declaraciones —inculpatorias y exculpa-torias— son susceptibles de dividirse en colaterales y no co-laterales. En la colateral —que es la más común— el contenido inculpatorio no aparece en la porción de la mani-festación directamente contra el interés del declarante, sino en otra porción de su manifestación. En la no colateral, el dato inculpatorio contra el acusado se encuentra en la por-ción de la manifestación directa contra el interés del decla-rante. Federal Rule of Evidence 80k(b)(S), op. cit, págs. 1201-1203.

Ante declaraciones inculpatorias y exculpatorias, no existe unanimidad entre los comentaristas y tribunales so-bre cuál es el mejor curso de acción procesal evidenciario. Weinstein, supra, págs. 804-136 a 804-138. Wigmore estima que debe ser admitida en su totalidad. 5 Wigmore on Evidence Sec. 1465, pág. 339 (Chadbourn rev. 1974). McCormick en su obra McCormick on Evidence Sec. 279, pág. 677 (2da ed. 1972) —bajo el razonamiento de que unas manifesta-ciones en beneficio propio no pueden por definición ser contra interés— sugiere, si es posible, que sólo se admita la porción incriminatoria y se excluya la de beneficio propio. Bajo este enfoque, si las manifestaciones beneficiosas e incri-minatorias están inextricablemente unidas entre sí, se consi-dera más prudente admitir toda la declaración y dejar al juzgador de los hechos evaluar su calidad evidenciaria y probatoria a base del contenido integral. Sobre el particular, Weinstein informa la tendencia de que los “tribunales están evaluando la declaración como un todo (as a whole) para de-terminar si la razón de ser de la excepción [suficiente garan-tía circunstancial de veracidad] se satisface”. (Traducción nuestra.) Weinstein, supra, pág. 804-138.

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Ante nos, el apelante Mendoza Lozada específicamente argumenta que la parte de la declaración no admitida era contra interés, pues exponía a la persona fenecida “al riesgo de responsabilidad por encubrir un crimen. También le cre-aba el riesgo de que esa declaración la convirtiera en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la comunidad. Así tam-bién se exponía a la muerte de parte de Algarín si intentaba revelar el crimen. Un hombre prudente y razonable no hu-biera hecho la declaración a menos que la creyera cierta”. (Énfasis del original.) Alegato del apelante, pág. 39.

La cuestión exige una referencia completa al contenido del testimonio de la testigo Mary Rodríguez, con especial énfasis en la parte no admitida. Dejar de hacerlo no es buena metodología adjudicativa judicial. Nos exponemos al riesgo de plasmar correctamente los principios de derechos generales, pero a errar en su aplicación. Veamos.

En esencia la testigo Rodríguez testificó que su madre Lidia, fallecida el 10 de octubre de 1983, la mandó a buscar el día del crimen con una amiga de nombre Vanessa. Ésta le informó que habían matado a “Papi Sammy”. Ella fue y lo vio muerto. Luego fue al apartamento y le preguntó a su mamá qué había pasado y ella le dijo:

... “Yo estaba discutiendo con Sammy por la ventana. Llegó Algarín y me dijo: Mai, ¿Qué pasa? (Algarin le dijo así a mi mamá porque él siempre le decía ‘Mai’) y mi mamá le contestó a Algarín: ‘Que este cabrón (refiriéndose a Papi Sammy) dijo que soy Chota’. Entonces, ella se metió para el cuarto y buscó el revólver porque ella lo iba a matar. Que cuando salió del cuarto y venía ya por la sala Algarín dio la vuelta y le quitó el revólver y se fue detrás de Sammy y lo mató.” (Énfasis su-plido.) E.N.P., pág. 37.

El texto transcrito corresponde a la porción del testimo-nio que el foro sentenciador estimó inadmisible, esto es, no se reprodujo ante el jurado.

Luego, la testigo en presencia del jurado continuó expo-niendo que llegó al apartamento de su madre entre las 9:45 y 10:00 A.M. Su mamá estaba sola. Al rato llegó “Algarín” y le pidió droga a su mamá porque era adicto y había matado a “Sammy”. E.N.P., pág. 38. Su mamá vendía drogas. E.N.P., pág. 38. Declaró que Algarín, en presencia de su madre, le dijo que lo había matado pa que no jodiera más a tu Mai”\ E.N.P., pág. 39.

Posteriormente se marchó. Mientras iba en un auto en el Expreso de Trujillo Alto, entre la 1:30 y 2:00 P.M., vio al acu-sado Mendoza Lozada en otro vehículo y le informó que ha-bían matado a “Papi Sammy”. Aquél se mostró sorprendido. E.N.P., pág. 39. Aceptó que estaba casada con un hermano materno del acusado Mendoza Lozada, y que nunca informó de estos hechos a la Policía y sólo al acusado y a su madre de crianza doña Esperanza. E.N.P., pág. 42.

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Aunque en apariencia las manifestaciones de la madre de la testigo Rodríguez son contra interés, a poco reflexionemos notamos todo lo contrario: las mismas más bien eran para su propio beneficio y exculpatorias. Veamos.

De entrada, hemos de aclarar que si bien la condición de hija de la recipiente de la declaración no derrota su admisibi-lidad, ello es un factor importante a ser examinado. Después de todo es a los familiares, confidentes y allegados a quienes de ordinario se hace este tipo de expresión íntima. United States v. Goins, 593 F.2d 88, 91 (8vo Cir.), cert. denegado, 444 U.S. 827 (1979); State v. Bryant, 523 A.2d 451 (Conn. 1987). En este sentido, es claro que la referencia a la venta de drogas no era noticia nueva para su hija, la testigo Rodrí-guez. Como cuestión de hecho, ante el jurado, ella atestiguó que su madre biológica se dedicaba a dicha actividad ilegal. No cabe, pues, argumentar que ese dato de la declaración extrajudicial de su progenitora —frente a su hija— la expo-nía a una sanción penal o social. Ciertamente ésta ya tenía conocimiento de ese tipo de actividad criminosa. En estas circunstancias, según dispone la Regla 64(B)(3) de Eviden-cia, supra, ¿puede sostenerse que la interlocutora percibió que tales manifestaciones la sometían al riesgo de responsa-bilidad criminal o de convertirla en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la comunidad? En sana lógica la res-puesta es negativa. No concurre la condición necesaria de que la declaración contra interés fuera percibida como ad-versa a la declarante al momento de hacerla.

Hemos explorado los otros extremos de la declaración ex-cluida con relación a la violación a la Ley de Armas de Puerto Rico y una posible acusación como coautora del asesinato a base de que la declarante fue a buscar un revolver para ma-tar a “Papi Sammy”, pero “Algarín” se lo “quitó”. Estas ma-nifestaciones van más allá del ámbito de lo especulativo, según sugiere la opinión del Tribunal. Forman parte de la declaración integral y ponen de manifiesto que fueron princi-palmente hechas a favor —y no en contra— del interés de la declarante no disponible, Rodríguez Ortiz, madre de la tes-tigo. Salvo la posible violación por posesión ilegal de un arma de fuego, las mismas eran favorables y de naturaleza excul-patoria. Inculpaban a “Algarín”, pues le imputaban haberle quitado a ella el revólver y haber realizado por su cuenta el crimen. No existe proporcionalidad entre el riesgo de ser acusado de asesinato y el de posesión ilegal de arma de fuego. La declaración en lugar de incriminarla, la exoneraba del delito más grave: asesinato. Como señala el profesor Chiesa, “[p]uede ocurrir que una declaración contra interés penal tenga por objeto aceptar responsabilidad por un delito menor al imputado. En tal caso las circunstancias que ro-dean la declaración no apu[n]tan hacia su confiabilidad”. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, pág. 357. Véanse: United States v. Evans, 635 F.2d 1124 (4to Cir. 1980); State v. Hansen, 312 N.W.2d 96 (Minn. 1981); Nota, Declarations Against Penal Interest: Standards of Admissibility Under an Emerging Majority Rule, 56 B.U.L. Rev. 148,169 (1976).

Como corolario, tampoco es argumentable que la mani-festación a su hija diera margen a un posible encubrimiento. “[C]on respecto a la aceptación de la conducta criminal, el tribunal debe cuidadosamente evaluar las circunstancias para determinar si tal aceptación aparenta ser para el decla-rante, cuando la hizo, contraria a su interés. Lo crucial no es si lo afirmado por el declarante podía probablemente resul-tar en una acusación criminal, sino si éste así lo percibió. Si el declarante ya estaba en problemas, lo determinante es si él pensó que su manifestación mejoraba o empeoraba su po-sible castigo criminal.” (Traducción y énfasis nuestro.) Binder, Hearsay Handbook, 2da ed., Colorado, Shepard’s McGraw-Hill, 1983, pág. 388. “[N]o es el hecho de que la de-claración sea contra el interés, sino el conocimiento de tal hecho por el declarante lo que da significado a la afirma-ción.” (Traducción y énfasis nuestro.) B.S. Jefferson, Declarations Against Interest: An Exception to the Hearsay Rule, 58 Harv. L. Rev. 1, 17 (1944).

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Pero hay más. Arguyendo que nos inclinemos a seguir la trayectoria judicial de admitir en su totalidad la declaración —aun cuando fuera de carácter mixto y cargada más de con-tenido exculpatorio— ello tampoco la haría admisible. Dicha declaración no supera el escollo de que carece del requisito de conocimiento 'personal del asunto central, a saber, quién o quiénes asesinaron a “Papi Sammy”. No hay datos sufi-cientes en dicha declaración para inferir y concluir que la madre de la testigo presenciara ese hecho. La única prueba al respecto la sitúa dentro del apartamento del edificio 22, y el asesinato de “Papy Sammy” ocurrió en el automóvil de éste, que estacionó distante, frente al edificio 20. Binder, op. cit., pág. 371.

En resumen, actuó correctamente el tribunal sentencia-dor al estimar en el ejercicio de su informada discreción, que la porción excluida no era admisible por, realmente, no ser una declaración contra intereses y carecer la declarante del conocimiento personal del asunto central, esto es, el autor del asesinato de “Papi Sammy”.

Dicho foro de instancia sólo permitió ante el jurado la única prueba admisible. Al respecto, basta recordar la ale-gada admisión directa de “Algarín” a la testigo Mary Rodríguez de que él asesinó a “Papi Sammy”. Esa prueba presentada fue aquilatada, en su valor probatorio, por dichos juzgadores. La parte de la declaración no admitida sólo gira-ba sobre el aspecto del arma, lo cual no excluía la participa-ción real por el aquí apelante Mendoza Lozada.

Si, además de lo expuesto, anotamos que Algarín fue ase-sinado el 9 de octubre de 1983, y que la testigo Mary Rodríguez era cuñada del acusado Mendoza Lozada, nos percatamos de las poderosas razones por las cuales el tribunal sentenciador se negó válidamente a admitir esa parte del testimonio. Aun bajo un enfoque de extrema liberalidad, todas estas circunstancias derrotaban la usual garantía de confiabilidad en que se apuntala la Regla 64(B)(3) de Evi-dencia, supra, para justificar la admisibilidad de la declara-ción extrajudicial de un testigo no disponible. Chiesa, op. cit., pág. 356. Respetaríamos el ejercicio de ese discerni-miento judicial integral e informado.

       Hecho que no puso en duda el fiscal en el juicio ni el Procurador ante nos.

       Véanse: D.A. Furlow, Sin, Suffering, and “Social Interest”: A Hearsay Exception for Statements Subjecting the Hearsay Declarant to “Hatred, Ridicule, or Disgrace”, 4 Rev. of Litigation 867-452 (1985); D.A. Furlow, Pennington,
        Determining What Types of Hearsay Disparage a Declarant’s “Social Interest”: An Innovation for Texas Evidence Law, 48 Tex. B.J. 1058 (1985); 4 Weinstein on Evidence Sec. 804(b)(3)[01], págs. 804-123, 804-124 (Supp. 1988); Mont. Rev. Codes Ann. Sec. 93-3002 (1947); Ark. Stat. Ann. Sec. 28-1001 (1947); N.D.R. Evid. Sec. 804(b)(3) (1987 Suppl.); Wisc. Stat. Ann. Sec. 908.045(4) (1975).

        “Regla 5. Efecto de error en la exclusión de evidencia

      “No se dejará sin efecto una determinación de exclusión de evidencia ni se revocará sentencia o decisión alguna por motivo de exclusión errónea de eviden-cia a menos que,
      “(1) La evidencia fue erróneamente excluida a pesar de que la naturaleza, propósito y pertinencia de la misma fue traída a la atención del tribunal mediante una oferta de prueba o por cualquier otro modo, y
      “(2) el tribunal que considera el efecto de la exclusión errónea entiende que ésta fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita.” 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 5.


author: (.Fdo.) Bruno Cortés Trigo Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Convocatoria a una Sesión Especial de la Conferencia Judicial.
    Número:-

      Resuelto: 14 de abril de 1988
   RESOLUCIÓN

Los señalamientos hechos por el Juez Presidente Señor Pons Núñez en sus expresiones públicas del pasado 12 de abril de 1988 (véase anejo) por razón de la sustitución del Juez Superior Hon. Guillermo Arbona Lago por el Goberna-dor de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Colón, plantean serios problemas que reflejan una situación que constituye motivo de profunda preocupación para este Tribunal.

La médula del planteamiento tiene que ver con el conte-nido real del concepto de independencia judicial dentro de nuestro esquema constitucional de separación de poderes.

Con el fin de tratar este tema en su más amplia dimensión el Tribunal convoca a una sesión especial de la Conferencia Judicial a llevarse a cabo el primer viernes de octubre de 1988. En dicha sesión especial se ha de tratar, entre otros, subtemas tales como autonomía presupuestaria, administra-ción de sus recursos fiscales, evaluación de los jueces y crite-rios y mecanismos que deben imperar en la selección y reno-minación de jueces.

Los grupos de trabajo y agenda específica se han de de-signar y determinar por el Tribunal próximamente en coor-dinación con el Comité Directivo de la Conferencia Judicial.

Publíquese y notifíquese al Director Administrativo de los Tribunales, al Presidente del Comité Directivo de la Con-ferencia Judicial y al Secretariado Permanente de dicha Conferencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto particular.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

ANEJO I

Comunicado de Prensa del Juez Presidente

Víctor M. Pons Núñez

12 DE ABRIL DE 1988

Se me ha preguntado sobre mi posición en relación con la sustitución del Juez, Hon. Guillermo Arbona Lago, por parte del Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Co-lón. Respondo.

Aun cuando [soy] consciente de que constitucionalmente la facultad para nombrar jueces reside en el señor Goberna-dor de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Se-nado, no puedo menos que expresar mi preocupación en rela-ción con el ejercicio de esa discreción en este caso.

El Juez Arbona Lago es uno de nuestros jueces supe-riores más distinguidos, con un historial limpio y quien ocupa, por designación administrativa, y por encomienda del Tribunal Supremo, importantes cargos dentro del Sistema Judicial. Por designación administrativa es Juez Administra-dor Auxiliar de la Región Judicial de San Juan, Juez Admi-nistrador de los Asuntos Civiles en el Tribunal Superior de esa [r]egión y preside el comité a cargo de crear los están-dares de tiempo para resolver los casos civiles. Por enco-mienda del Tribunal Supremo[,] actualmente ocupa la Pre-sidencia del Comité de las Reglas de Procedimiento Civil de la Conferencia Judicial, cuyo [cjomité se encuentra actual-mente laborando ardua y efectivamente en las encomiendas que se le han hecho.

En su quehacer diario los jueces tienen la obligación de decidir a favor de una parte u otra y como seres humanos, no somos infalibles. Lo importante es que se decida honesta-mente y con clara conciencia de la responsabilidad que se tiene. Una de las mayores responsabilidades que tiene la Rama Judicial es proteger los intereses particulares y so-ciales de los ciudadanos en contra de los errores y abusos de poder de los organismos gubernamentales. En esa delicada labor es imprescindible que los jueces nos encontremos li-bres de toda presión o amenaza que pueda, consciente o in-conscientemente, afectar el criterio recto que dicte nuestra conciencia.

En el caso particular del Juez Arbona, por su claro, lim-pio y distinguido historial, la falta de explicación para su sus-titución [ — jcombinada con determinaciones judiciales-suyas desfavorables a organismos gubernamentales[ — ] da lugar a la especulación prevaleciente de que su sustitución obedece a recomendaciones y juicios [fundados] en criterios ajenos a las más sanas normas democráticas susceptibles a ser inter-pretados como atentatorios contra la independencia de crite-rio judicial. La separación de poderes exige el buen uso del poder para fortalecer y dar contenido a las instituciones. Los malos usos sólo tienen el efecto de debilitarlos y ponerlos en entredicho.

Ante la conjunción de circunstancias que rodean este caso en particular, a mi juicio es menester que se divulguen oficialmente por el señor Gobernador las razones que han dado lugar a apartarse de la norma que debe prevalecer de que en casos como el del Juez Arbona[,] la renominación debe ser la regla. Otro proceder nos retrotraería a épocas pasadas, en distintas administraciones de gobierno, de triste recordación para la Rama Judicial y la democracia puerto-rriqueña.

Voto particular del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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El pasado viernes 8 de abril de 1988, después de la cere-monia, de juramentación de varios jueces para el Tribunal de Primera Instancia —cuyos términos vencerán en distintas futuras fechas— el Juez Presidente Señor Pons Núñez noti-ficó oficialmente a los miembros de este Foro la lista de reno-minaciones y nuevos nombramientos para la judicatura, según sometidas el 7 de abril por el Gobernador Hon. Rafael Hernández Colón para consejo y consentimiento al Senado de Puerto Rico. La misma causó desasosiego y consterna-ción. Entre los jueces distinguidos a ser sustituidos está el Juez Superior Hon. Guillermo Arbona Lago cuyo término vencerá el 19 de mayo de 1988.

A raíz de la solemnidad de la ocasión, de inmediato recor-damos que a “través de su extendida historia el Poder Judicial exhibe héroes y hasta mártires”, L.M. Boffi Boggero, Reflexiones sobre el Poder Judicial, 1978-B Rev. Jur. Arg. La Ley 851 (1978). Sentimos una frustración de espíritu, de cómo paradójicamente “la lógica del sistema se quiebra, el valor implícito de la vida democrática se desmorona, las cre-encias se esfuman y se cumple aquello de que ‘cuando se fue la justicia nos quedaron las ceremonias’”. (Énfasis su-plido.) A. Mooney, La elección del Poder Ejecutivo nacional: legalidad versus legitimidad, 1985-E Rev. Jur. Arg. La Ley 545 (1985).

Hemos meditado profundamente las alternativas institu-cionales. “En la conjunción de todas las fuerzas inmanentes que forman la conciencia judicial, el juez es a veces un pere-grino del.Derecho que llega al templo para meditar con Dios en busca del criterio rector que dé plenitud a las más altas exigencias de su espíritu en la realización de la verdadera justicia, sin que lesione el fundo del ordenamiento jurí-dico/

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La percepción pública es que lamentablemente el Primer Ejecutivo ha sido mal informado y que su determinación res-ponde a fuentes divergentes sobre los méritos del Juez Ar-bona Lago y al carácter absoluto del ejercicio de su facultad constitucional. El primer aspecto es crucial. Por naturaleza de las funciones judiciales, toda decisión se presta a ser de-fendida por el favorecido y rechazada por el litigante o abo-gado insatisfecho. Sin embargo, dentro de la natural discrepancia y confrontación de criterios, las fuentes de ac-ceso subrepticias, incógnitas y directas al oído del Primer Ejecutivo conllevan el peligro de estar matizadas de revan-chismo personal. “La experiencia indica que la maledicencia es un hábito pobre, de valor humano negativo y de inferior valor social que puede muchas veces alcanzar a personas de probada integridad contra quienes se desee echar a rodar, por la fantasía de las gentes muchas veces y otras por la maldad, inventivas como si fueran realidades, y falsías como si fueran verdades.” In re Jackson Sanabria, 97 D.P.R. 1, 34 (1969), opinión disidente.

Sobre el segundo aspecto, según el diseño constitucional vigente, no cuestionamos la prerrogativa del Primer Ejecu-tivo en cuanto a la renominación de los jueces, compartida por el Senado de Puerto Rico. Reafirmamos nuestra deferen-cia hacia ambos poderes. Pero el ejercicio discrecional de esa prerrogativa, aun cuando de su faz es absoluto, no puede significar que sea arbitrario. “[E]l concepto discreción, aun con referencia a una potestad de abolengo constitucional que no está específicamente reglada, necesariamente ha de nu-trirse de un juicio racional apoyado en la razonabilidad y fun-damentado en un sentido llano de justicia; no es función al antojo o voluntad de uno, sin tasa ni limitación alguna. Como fuente integral del proceso de decisión que contribuye a dar sentido a la ley y a concretar en la realidad derechos indivi-duales y colectivos, el uso por excelencia de un poder discre-cional, intenta establecer un balance moral entre los polos opuestos en que se debaten algunas de las controversias hu-manas: el bien y el mal; la juridicidad y la violencia; la legali-dad aparente y la ventaja indebida; lo prudente y lo irrazonable; la paridad y la desigualdad; lo espiritual y lo material; lo racional y lo pasional; y, la opresión y la liber-tad.” Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 770 (1977), opinión concurrente.

Resulta un rezago jurídico que inexplicablemente el Po-der Ejecutivo niegue consecuencias a, y anule la eficiencia e independencia del sistema de administrar justicia, apartán-dose del precepto de ley no escrita y tradicional, de avalar con sus renominaciones, jueces íntegros, competentes y de prístina solvencia moral y ética, por la sola razón de que la Constitución no fijó expresamente unos criterios para que el ejercicio de esa facultad ejecutiva pudiera manifestarse. Ciertamente el derecho a nombrar y renominar los jueces no debe hacerse depender del grado de eficiencia con que se redacte una constitución. Conocido el espíritu y objetivo de independencia judicial que inspiró nuestra Ley Fundamental, los tres poderes constitucionales debemos hacer causa común y realidad su propósito fundamental, evitar nocivos precedentes que no sólo resultan arcaicos en nuestro tiempo, sino atentatorios al estado actual de nuestra conciencia ge-neracional.

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La importancia de la determinación ejecutiva rebasa el momentáneo despliegue y auge noticioso que públicamente el asunto ha generado. En lo que concierne a este Tribunal, sin una acción afirmativa, el mismo quedará rápidamente postergado en orden a los otros conflictos que en el mañana se debatirán en nuestra sociedad contemporánea. Como uno de los tres ex jueces del tribunal de instancia que integramos este Foro, conocemos los efectos perniciosos que a largo plazo conlleva sobre la estabilidad, el respeto a sí mismo, la libertad de conciencia y voluntad de ser justo de la judica-tura del país. Sabemos que el sentimiento de orfandad se extiende a la presente y futura generación de jueces.

Estas reflexiones y preocupaciones no son privativas. Con palabras distintas han sido expuestas con anterioridad por el Juez Presidente Señor Pons Núñez, el Presidente del Colegio de Abogados, Lie. Héctor Lugo Bougal, y el Hon. Juez Superior Eduardo Álvarez De la Vega, Presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. El Juez Arbona Lago goza de un excelente y nítido historial como jurista. Con espíritu vertical ético ha desempeñado su cargo y por imperativo, intervenido en casos controversiales. Véase Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 117 D.P.R. 230, 244 (1986), voto particular individual del Juez Asociado Señor Rebollo López. Ante estas credenciales, como cuestión de realidad, la inescrutable explicación brindada por el Hon. Gobernador Rafael Hernández Colón, unida a la del Presidente del Se-nado, Hon. Miguel Hernández Agosto —atribuye su objeción a la nominación a un dictamen desfavorable al Estado en una causa judicial— razonablemente tienden a indicar que la ac-ción ejecutiva responde exclusivamente a móviles exógenos que trascienden los méritos personales y profesionales de dicho magistrado. De lo especulativo nos aproximamos a la verdad. Al hacernos eco del sentir del Juez Presidente Señor Pons Núñez, aparentemente “su sustitución obedece a reco-mendaciones y juicios [fundados] en criterios ajenos a las más sanas normas democráticas susceptibles a ser interpre-tados como atentatorios contra la independencia de criterio judicial. La separación de poderes exige el buen uso del po-der para fortalecer y dar contenido a las instituciones. Los malos usos sólo tienen el efecto de debilitarlos y ponerlos en entredicho”. Anejo I, pág. 841.

Resquebrajada y desvalorizada la norma tradicional de renominación aludida —e inmolada la persona del Juez Ar-bona Lago— incumbe a este Foro rescatar y devolver al resto de la magistratura puertorriqueña el sentido de seguri-dad y confianza de que subsiste la garantía e independencia judicial —libre de servilismo o condicionalismo— en su pro-yección tridimensional: legal, funcional y orgánica. En esa misión, con carácter urgente, ha sido menester replante-arnos las fallas existentes en el proceso de renominación se-gún plasmadas en el informe del Secretariado de la Conferencia Judicial, La Judicatura, San Juan, octubre de 1981, pág. 73, con miras a superarlas, en particular, aquélla de que lo “único que está claro es que el juez depende exclu-sivamente del favor del Primer Ejecutivo y está a merced de las fuerzas políticas que puedan ayudar a mover la discre-ción de éste”. (Énfasis suplido.) La cuestión también ha re-querido una convocatoria especial de la Conferencia Judicial para cubrir otros extremos germanos.

La Resolución adoptada hoy recoge el sentir unánime institucional y representa —irrespectivo del desenlace del proceso de sustitución a que ha sido sometido el Juez Arbona Lago— un paso más que abona a “la independencia del Po-der Judicial como factor de equilibrio en la estructura guber-namental de nuestro sistema de vida democrática”. Canon XIII de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

       Palabras del entonces Juez Presidente Luis Negrón Fernández en la se-sión ceremonial de despedida ante el retiro del Juez Asociado Señor Emilio S. Belaval, recopiladas en 95 D.P.R. XXXV (1968).