author: PER CURIAM;

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Roberto Fragoso Sierra, acusado y apelante.

      Número: M-80-1

      Resuelto: 31 de marzo de 1980

      Heyda Vigil McClin y Enrique Vélez Rodríguez, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM;

El 2 de julio de 1979, tras juicio por jurado, se sentenció al acusado a una pena de siete a diez años de presidio, reducida luego a una de cuatro a diez años.

El 10 de julio de 1979 el acusado radicó un escrito de apelación ante la sala sentenciadora. No se notificó este escrito al Tribunal Supremo hasta el 4 de enero de 1980.

El Ministerio Público presentó una moción para desesti-mar la apelación por incumplimiento del segundo párrafo de la Regla 194 de Procedimiento Criminal, la cual dispone que todo recurso de apelación se formalizará:

“El apelante deberá radicar en o remitir por correo certificado copia del escrito de apelación a la secretaría del Tribunal de Apelación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la radicación del escrito en el tribunal sentenciador y deberá notificar al fiscal la presentación del escrito de apelación dentro del término para apelar. La notificación al fiscal se hará en la forma provista en estas reglas, salvo lo que se dispone en la regla siguiente.”

La Oficina del Procurador General argumenta que el término de 48 horas que fija el citado párrafo de la regla es de carácter jurisdiccional.

La disposición que nos ocupa fue añadida por la Ley Núm. 77 de 23 de junio de 1978. Esta enmienda a la Regla 194 fue auspiciada por este propio Tribunal. En la carta de 14 de marzo de 1978 en que se solicitó del señor Presidente del Senado la radicación de la medida se expresó la deseabilidad “de que cuando se inste una apelación, una copia del escrito de apelación sea radicada en la Secretaría del tribunal de apelación, de modo que éste quede enterado inmediatamente de la radicación del recurso y pueda así asumir su jurisdicción supervisora”. Se añadió:

“El Tribunal Supremo en pleno entiende que esta medida es necesaria para que se pueda ejercer una continua función supervi-sora en relación con los recursos apelativos que se presentan ante los tribunales de apelación.”

Esta carta incluía un borrador de anteproyecto que, con leves cambios, se convirtió en ley.

En la Exposición de Motivos de este borrador y en la referida ley resultante se reiteró el propósito expuesto:

“Los tribunales de apelación deben ejercer una continua función supervisora en relación con los recursos apelativos que se presentan ante ellos. El control del trámite apelativo debe iniciarse desde el momento mismo de la presentación del escrito de apelación. Es por ello necesario que una copia del escrito de apelación se radique en la Secretaría del Tribunal de Apelación, de modo que éste quede enterado inmediatamente de la existencia del recurso y pueda así asumir su jurisdicción supervisora.”

La razón de esta medida era a todas luces permitirle al tribunal tomar las medidas necesarias para acelerar debida-mente el trámite apelativo, el cual se dilataba a veces, por ausencia de control, de modo tal que podían derrotarse los fines de la justicia. () La ley no obedecía al propósito de erigir otra barrera jurisdiccional más. El objetivo era establecer una norma de riguroso cumplimiento para vitalizar la función supervisora de los tribunales de apelación. El debate del proyecto también ilustra que el plazo de 48 horas no era jurisdiccional. El 2 de mayo de 1978 ocurrió el siguiente intercambio en la Cámara:

“Sr. Vicepresidente: Señor Representante Santiago García.
Sr. Santiago García: Para ver si el compañero Martínez Colón nos puede contestar dos o tres preguntas de este Proyecto.
Sr. Vicepresidente: Yo le voy a pedir al compañero — las va a hacer, pero — que se dirija a través de la Presidencia para que se sepa.
Sr. Santiago García: Cómo no.
Sr. Vicepresidente: ¿Las acepta el compañero Martínez Colón?
Sr. Martínez Colón: Sí.
Sr. Vicepresidente: Adelante.
Sr. Santiago García: Compañero Martínez Colón, el término que se dispone en esta medida de cuarenta y ocho (48) horas para radicar o remitir por correo certificado copia del escrito de apelación al Tribunal de Apelación; ese término, ¿es un término jurisdiccional o es un término meramente directivo?
Sr. Martínez Colón: No es jurisdiccional.
Sr. Santiago García: ¿Es un término de caducidad o es un término directivo?
Sr. Martínez Colón: Es directivo.
Sr. Santiago García: ¿Quiere decir, entonces, que aunque debe ser de cumplimiento y observarse por todas las personas o los abogados que radiquen los escritos, si por alguna razón meritoria no se cumpliere con ese término, no tiene el efecto de dejar sin jurisdicción al Tribunal de Apelación?
Sr. Santiago García: Así es.” ()

En vista de lo expuesto, resolvemos que el plazo de 48 horas a que se refiere el segundo párrafo de la Regla 194 de Procedimiento Criminal no constituye un término de índole jurisdiccional, pero'sí del más estricto cumplimiento. Adviértase la referencia que se hace en la Exposición de Motivos de la ley a la necesidad de que el tribunal apelativo “quede enterado inmediatamente de la existencia del recurso”. (Bastardillas nuestras.) No se permitirá desviación alguna del plazo de 48 horas, so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad. De otro modo se imposibilitaría por entero la labor supervisora de este Tribunal y quedaría en pía exhortación el mandato del segundo párrafo de la Regla 194 de Procedimiento Criminal.

En el caso de autos la dilación ocurrida fue en exceso de cinco meses. No se nos ha justificado, y posiblemente no sea justificable bajo consideración alguna, tan extraordinaria tardanza.

Se deniega la moción de reconsideración que interpuso el apelante contra la resolución que dictamos el 17 de enero de 1980 en que desestimamos la apelación.

      (1) Esta es una práctica recomendada en diversos estudios. Véase: A.B.A. Commission on Standards of Judicial Administration, Standards Relating to Appellate Courts, 1977, standard 3.13(4)(b), pág. 31.

      (2) Diario de Sesiones — Cámara—mecanografiado, págs. 44-46.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    Eddie Colón Medina, demandante y recurrido, v. Secretario de Hacienda, demandado y peticionario.

      Número: O-79-315

      Resuelto: 31 de marzo de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lorraine Riefkohl de López, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Heriberto Sánchez Vélez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia en este caso gira en torno a la aplicación del procedimiento de confiscación delineado en la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, () a la incautación por el Secretario de Hacienda de un vehículo de motor por motivo de habérsele removido la chapa en que constaba el número de serie original del manufacturero y haberse sustituido por otra con número de serie distinto en violación a la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico. () De ser aplicable el procedimiento de la primera — Ley Uniforme — a la incautación bajo la segunda — Ley de Impuestos — la notificación cursada al dueño del vehículo ocupado en el caso de autos sería ineficaz por haberse efectuado fuera del término de diez (10) días que señala la Ley Uniforme y en su consecuencia procedería la devolución del vehículo ocupado a su dueño.

Con motivo de haber solicitado sentencia sumaria ambas partes, el tribunal de instancia consideró que la cuestión a resolver se contraía a la aplicación al caso de autos de la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarca-ciones, toda vez que de ser así la confiscación sería nula por haber excedido la notificación de incautación del Secretario el término fatal de diez (10) días que provee dicha ley. El tribunal resolvió en la afirmativa mediante sentencia sumaria que obligaba al Secretario a devolver el vehículo ocupado o en su defecto el valor del mismo.

A pesar de que originalmente el Secretario de Hacienda había notificado al dueño del vehículo en cuestión que la incautación se efectuaba conforme lo dispone la Ley Uniforme, al acudir ahora ante nos plantea por primera vez abiertamente que el procedimiento de la Ley Uniforme no es el que rige este caso sino la ley de pleitos contra el Estado. () Intenta así salvar la tardía notificación de la incautación sacando la confiscación fuera del ámbito de la Ley Uniforme. Su contención no debe prevalecer.

La Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones responde al deseo de nuestra Asamblea Legislativa de “establecer un procedimiento uniforme para todos los casos de confiscación, irrespectivamente [sic] de la identidad de la agencia o funcionario que intervenga en la confiscación y del propósito o fin ilegal para el que se utilice el bien u objeto confiscado”. Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 574, 579 (1963). Véase Exposición de Motivos, Ley Uniforme. Provee además dicha ley expresamente, en lo que es aquí pertinente, que el procedimiento allí delineado se aplicará a los vehículos confiscados en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956, o sea, la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico.

A la fecha de aprobación de la Ley Uniforme, la Ley de Impuestos facultaba al Secretario de Hacienda a confiscar vehículos dedicados a la transportación de mercancía sobre la cual no se hubieren pagado los impuestos correspondientes. () Al aprobarse la citada Ley Uniforme en 1960 se incluyó una disposición enmendando el Art. 77 de la Ley de Impuestos para ampliar el alcance de lo que constituía “transportación de mercancía”, disponiéndose, además, que para la confisca-ción de los vehículos relacionados con esa transportación ilegal se seguiría el procedimiento de la Ley Uniforme. () Tal aclaración era innecesaria en vista de la clara expresión contenida en la Exposición de Motivos de la Ley Uniforme y en su Art. 2 al efecto de que las confiscaciones de vehículos bajo la Ley de Impuestos se tramitarían de acuerdo con el procedimiento establecido en la Ley Uniforme. Tal parece ser que tratándose de un nuevo procedimiento uniforme que tenía aplicación a varias leyes ya en vigor que específicamente se enmendaron por virtud de la Ley Uniforme, consideró el legislador hacer la salvedad también con respecto al inciso de la Ley de Impuestos que quedaba enmendado.

Al afio de estar en vigor la Ley Uniforme, la Asamblea Legislativa añadió otro inciso a la Ley de Impuestos para incluir, entre las facultades del Secretario, la de confiscar los vehículos de los cuales se hubieren removido, alterado, desfigurado o destruido los números de serie del manufac-turero o cualquier otro número de identificación. () No se hizo mención en esta segunda enmienda al procedimiento a seguirse en esas confiscaciones. Como dijéramos antes, no era necesario hacerlo por estar ya expresamente dispuesto en la Ley Uniforme que el procedimiento que ella creaba se seguiría con respecto a las confiscaciones autorizadas por la Ley de Impuestos.

Ante las claras expresiones de la Asamblea Legislativa resulta endeble el argumento invocado por el Secretario de Hacienda en el sentido de que la confiscación del caso de autos no se rige por la Ley Uniforme por resultar de una confisca-ción al amparo de la enmienda de 1961 a la Ley de Impuestos en cuya enmienda no se expresó, al igual que se había hecho en la de 1960, que la confiscación habría de regirse por la Ley Uniforme.

Más aún, hemos examinado detenidamente el historial legislativo de la enmienda de 1961 — Ley Núm. 74 — sin encontrar el más sutil fundamento a la solución que propone el Secretario de Hacienda.

El proyecto de ley que hubo de convertirse en dicha Ley Núm. 74 se originó en la Cámara de Representantes con el número P. de la C. 196. Se aprobó el 23 de mayo de 1961 según recomendado por la Comisión de lo Jurídico en un corto informe que se limitó a señalar que el proyecto tenía la intención de “facilitar la labor investigativa y de fiscalización del Departamento de Hacienda”. 14 Diario de Sesiones 1512. El Senado de Puerto Rico aprobó la medida prontamente, sin que mediara estudio por ninguna de sus comisiones y haciendo sólo enmiendas de forma. 14 Diario de Sesiones 1733. Véase, además, Actas del Senado de la Primera Sesión Ordinaria de la Cuarta Asamblea Legislativa, págs. 501 y 502. Como vemos, del historial legislativo de la medida no surge la más mínima indicación de que la Asamblea Legislativa intentara crear en el referido inciso (f)(6) una ínsula rebelde e insumisa, separada del esquema de operación de la ley a la que dicho inciso (f)(6) está integrado.

En mérito de lo expuesto precedentemente, es forzoso concluir que la Ley Uniforme de Confiscaciones de Vehículos, Bestias y Embarcaciones rige sobre el proceso de confiscación bajo la Ley de Impuestos que motivó la controversia de autos. Habiendo sido la notificación sobre la confiscación cursada por el Secretario de Hacienda luego de transcurrido el término de diez (10) días siguientes a la ocupación del vehículo procede anular la confiscación. Hemos sostenido reiteradamente que dicho término es mandatorio y no directivo. Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 158 (1967); Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 116 (1968); Vázquez Fontánez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 396 (1974).() Comoquiera que el Secretario de Hacienda no se atuvo a las providencias de dicha Ley Uniforme debe dictarse sentencia confirmando la recurrida que declaró nula la confiscación efectuada.

      (1) Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1721-1722.

      (2) Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956, según enmendada, 13 L.P.R.A. see. 4001 et seq., y en particular la sec. 4077(f)(6).

      (3) [Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado], Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sees. 3077, 3077a.

      (4) Ley Núm. 2 de 1956, Art. 77(f)(5).

      (5) 13 L.P.R.A. sec. 4077(f)(5).

      (6) Ley Núm. 74 de 19 de junio de 1961, 13 L.P.R.A. sec. 4077(f)(6).

      (7) Habiendo resuelto que la Ley Uniforme es aplicable, resulta inmeritoria la contención del Secretario de Hacienda en el sentido de que a la impugnación de la confiscación hecha en el caso de autos debe aplicar la ley de pleitos contra el Estado [Ley de Reclamaciones y Demandas Contra el Estado].


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Sergio Colón Soto, acusado y apelante.

      Número: CR-79-40

      Resuelto: 8 de abril de 1980

      M. Martínez Umpierre, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público acusó al señor Colón Soto del delito de asesinato en primer grado y de violación de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, respectivamente.

El juicio se ventiló ante tribunal de derecho. El juez halló culpable al acusado del delito de homicidio voluntario () y de las aludidas infracciones a la Ley de Armas. Le impuso una pena de cuatro a nueve años de reclusión en el primer caso. El apelante argumenta ante nos que erró el tribunal al no condenarlo en vez por el delito de homicidio involuntario.

De la prueba se desprende que la víctima, J. A. del Toro, músico y bebedor, se hallaba a la una de la tarde en un negocio sito en un barrio de Arecibo. Le pidió al entrar a la dueña una caneca de ron y comenzó a tomársela. Al poco rato llegó el apelante y ordenó un whisky. El apelante empezó a bromear con la víctima y le tumbó la gorra con la mano. El único testigo ocular, nieto de la dueña del negocio, expresó que las partes no estaban discutiendo, sino de bromas, metidos en tragos. Al cabo el apelante le dijo a la víctima que le iba a quitar la gorra de un disparo. Le apuntó entonces con un revólver cargado. La víctima se quedó quieta, según el testigo. El apelante disparó y le atravesó la frente a la víctima con un proyectil calibre 357, magnum S.J.H.P.

Examinemos el tratamiento estatutario del asesinato y el homicidio en Puerto Rico. El Art. 83 del Código Penal de Puerto Rico de 1974, 33 L.P.R.A. see. 4002, dispone;

“Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, violación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, estragos, mutila-ción o fuga constituye asesinato en primer grado, siendo de segundo grado todos los demás.”

El homicidio voluntario se define así en nuestro Código, Art. 85 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 4004:

“Toda persona que matare a otra en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de diez años.”

El homicidio involuntario, Art. 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4005, se describe en parte de este modo:

“Toda persona que obrando con negligencia o que al realizar un acto ilegal que no constituyere delito grave, ocasionara.[sic] la muerte a otra, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de tres años o multa que no excederá de tres mil dólares. ...”

Nuestro Código sigue básicamente el patrón del ordena-miento californiano de 1872, que a su vez deriva de Cal. Stats. 1850, c. 99, sec. 19 etseq. Este esquema decimonónico, con su glosa, ha sido y sigue siendo objeto de severa crítica. Se ha clamado por el reexamen del concepto de “malicia premedi-tada”. Perkins, A Re-Examination of Malice Aforethought, 43 Yale L.J. 537 (1934). La doctrina del “corazón pervertido y maligno” no goza de gran prestigio entre varios autores. Collings, Negligent Murder — Some Stateside Footnotes to Director of Public Prosecutions v. Smith, 49 Calif. L. Rev. 254 (1961). La diferencia entre grados de asesinato se ha eliminado en algunas comunidades, H. Silving, Criminal Justice, The Univ. of P.R., 1971, Vol. II, pág. 682, así como se rechazaba en nuestro antiguo Código Penal, fundado en el de España de 1870. La distinción entre delitos graves y menos graves se ha repudiado hoy también aun en la propia cuna del Derecho Común, Criminal Law Act 1967, s. 1 (1967 c. 58), 8 Halsbury’s Statutes of England, London, Butterworths, 3rd ed., pág. 552. Hace veintitrés años criticamos la diferencia establecida entre asesinato y homicidio a base de si el acto ilegal subordinado es un delito grave o menos grave. Pueblo v. Figueroa, 80 D.P.R. 328, 338-339, escolio 10 (1958). No nos compete, sin embargo, alterar el enfoque legislativo de estos debatidos temas, aunque algunos de los términos en que se exponen son de naturaleza dinámica y han sido objeto ocasionalmente de evolución a través de la jurisprudencia. Analicemos por tanto la causa presente estrictamente a la luz del estado actual de nuestro derecho, aun estando conscientes de sus limitaciones sobre este particular.

(1) No se trata aquí en verdad de un homicidio voluntario, ya que los hechos no cuadran con los requisitos que establece la ley. La prueba en este caso no indica que la muerte ocurrió “en ocasión de súbita pendencia o arrebato de cólera”. Mas esto no quiere decir que el delito cometido fue entonces de por fuerza el de homicidio involuntario. Primero hay que determi-nar si el disparo mortífero efectuado por el apelante constituyó un homicidio o un asesinato.

En Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913 (1953), discutimos extensamente el desarrollo histórico de los delitos de asesinato y homicidio, tanto en el Derecho Común como en el Civil. Señalamos que la existencia de malicia es lo que distingue un delito del otro en nuestro derecho {id. 930). Añadimos que “la malicia puede inferirse del uso de un arma, ya que tal uso puede implicar razonablemente una intención de matar o de causar daños cuya consecuencia probable sea la muerte” (id. 931). () Tal ha sido y continúa siendo la doctrina vigente en Puerto Rico. El Pueblo v. Dumas, 14 D.P.R. 397, 402-403 (1908); véanse los artículos citados del Código Penal de 1974, supra. ()

Lo anterior exige que estudiemos el significado del vocablo “malicia” en el contexto del asunto que nos ocupa. El Art. 7(19) del nuevo Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(19), define así el término:

“(19) Malicia o maliciosamente. — Denotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo.”

El Art. 15 (33 L.P.R.A. see. 3062), a su vez, aclara el sentido de intencional:

“El delito es intencional:
(a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o
(b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión.”

En el caso de autos, no cabe duda que el apelante pudo haber previsto que la muerte de la víctima podía resultar como consecuencia natural o probable de su acto. Su acción estaba preñada de peligrosidad. La muerte ocurrida constituyó conforme a nuestro código un acto intencional y malicioso, sin justa causa o excusa. El apelante pudo haber sido convicto de asesinato en segundo grado.

A tal conclusión llegamos en Pueblo v. Cruz, 49 D.P.R. 653, 658-59 (1936). En tal caso el acusado disparó su revólver después de un bautizo, sin mediar riña, dentro de un cuarto atestado de personas. Expresamos:

“No surge de sus actos una intención deliberada de matar a determinado ser humano, pero no es su caso el caso de una persona que altera la paz haciendo disparos al aire, sino el de una persona que dispara su arma mortífera de modo tal que tiene que saber que puede herir y matar a los seres humanos que lo rodean y que eso no obstante, sin provocación, sin justificación alguna, continúa en la realización de su acto criminal hasta que cae mortalmente herido un ser humano.”

Confirmamos el veredicto de asesinato en segundo grado. Al mismo efecto: Commonwealth v. Malone, 47 A.2d 445 (Pa. 1946).

El apelante se apoya únicamente en el caso de Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970). En este pleito el acusado realizó varios disparos desde el balcón de su apartamiento para despedir el año. Un proyectil mató a una persona accidentalmente. Se le acusó y condenó por la comisión del delito de homicidio involuntario. Argumentó en alzada que la prueba no era suficiente para declararlo culpable. El tribunal estimó que lo era y confirmó la sentencia. Martínez Vega es distinguible del caso de autos. Lo único que resuelve es que la prueba para justificar la acusación y condena por homicidio involuntario era suficiente en derecho. No había necesidad alguna de discutir la relación entre asesinato y homicidio en situaciones de esta índole. Los hechos también son distintos. El grado de peligrosidad en el caso de autos era de tal orden que ampliamente permitía la inferencia de malicia. En Martínez Vega el Ministerio Público aun consideró que la prueba justificaba tan solo una acusación de homicidio involuntario.

Queda por analizar el hecho de que el tribunal de instancia condenó al apelante en esta causa por un delito menor que el cometido. Nuestra jurisprudencia sostiene que en tales circunstancias el fallo es válido, aunque se funde en una interpretación equivocada de la ley, por no haberse incurrido en error perjudicial al acusado. Pueblo v. Rivera, 67 D.P.R. 194, 202 (1947); Pueblo v. Blanco, 77 D.P.R. 767, 781 (1954); Pueblo v. De León, 102 D.P.R. 446, 449-50 (1974).

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado.

      (1) Aunque el Código no utiliza el término “voluntario” con referencia al homicidio, lo empleamos en el curso de esta opinión debido al reconocimiento en él del concepto opuesto, el del “homicidio involuntario”.

      (2) En Méndez comentamos también la tendencia de los códigos modernos a rechazar el antiguo concepto de malicia. (Id. 932 el seq.)

      (3) Adviértase que hablamos de inferir y no de presumir la malicia, aunque la distinción es extremadamente tenue. No es necesario en consecuencia discutir el posible choque en determinadas circunstancias entre una presunción de malicia y la presunción constitucional de inocencia.


text:
    Miguel F. Gil, demandante y recurrido, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-79-174

      Resuelto: 11 de abril de 1980

      Jorge Santos Santiago, abogado de la recurrente; Federico Rodrí-guez Pagan, abogado del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 16 de octubre de 1963 la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico (CRUV) celebró un contrato con el señor Efraín Gómez para la construcción de una obra. La Caribbean Insurance Co. (Caribbean) emitió la fianza usual requerida para asegurar el cumplimiento del contrato por el constructor. El demandante recurrido, Ing. Miguel F. Gil, sirvió a su vez de fiador del contratista Gómez ante Caribbean.

El precio estipulado de la obra ascendió, luego de ciertas modificaciones al contrato, a $94,742.21. De no entregarse la construcción en determinado plazo, el contratista venía obligado a satisfacerle a CRUV la suma de $75.00 por día de demora.

Casi a raíz del comienzo de la obra el contratista empezó a incumplir el convenio, con conocimiento de CRUV. A pesar de estas violaciones, CRUV efectuó pagos al señor Gómez montantes a $68,874.07, suma que representa más del 72 por ciento del costo acordado del proyecto. El contratista sólo había terminado para entonces, y de modo imperfecto, el 26 por ciento de la obra. No fue hasta este momento, el 2 de junio de 1965, que CRUV ejerció su derecho a cancelar el contrato.

Para esta fecha el proyecto tenía 69 días de atraso, sin contar las extensiones concedidas por CRUV, que sumaban 335 días adicionales.

El ingeniero Gil, al hacerse cargo de terminar la obra, acordó con CRUV que no continuaría esta labor hasta corregir los numerosos defectos existentes. No se convino término para esta extensión. El proyecto fue completado por el ingeniero Gil y aceptado por CRUV el 1 de febrero de 1966.

En adición al pago de $68,874.07 al señor Gómez, CRUV les pagó $2,468.14 a dos materialistas. CRUV retuvo el balance de $23,400.00. Se negó a satisfacer suma alguna al ingeniero Gil.

Ante esta negativa, el ingeniero Gil demandó, hace más de doce años, a CRUV y a Caribbean por el balance del contrato, pagos erróneos al señor Gómez y otras partidas. CRUV alegó como defensas afirmativas que no existía relación contractual entre ella y el demandante y que, si acaso, su deuda era para con Caribbean, la fiadora codemandada, entidad intervenida por el Comisionado de Seguros, que no ha demostrado interés en este pleito. CRUV no requirió daños líquidos en su contestación por cualquier demora atribuible al ingeniero Gil. La obra se entregó por éste, con justificación o sin ella, 312 días después de la fecha estipulada entre CRUV y el señor Gómez.

El Tribunal Superior declaró parcialmente con lugar la demanda. Sostuvo el derecho del ingeniero Gil al balance de lo adeudado, $23,400.00, menos los daños líquidos por la demora incurrida por el señor Gómez hasta la fecha de cancelación del contrato. Modificó la pena moratoria, no obstante, por la cifra de 26 por ciento, equivalente al porcen-taje completado de la obra. Ordenó el pago en consecuencia por CRUV al ingeniero Gil de la suma de $19,570.50, más intereses, costas y honorarios de abogado. CRUV ha acudido en alzada ante nos para que se le exima de toda responsabilidad.

Tres temas informan básicamente este pleito: la necesidad de definir la relación entre CRUV y el ingeniero Gil; las obligaciones, si algunas, entre las partes; y la procedencia o no de imponer intereses, costas y honorarios.

1. La relación entre CRUV y el subfiador.

El argumento de CRUV de que el recurrido carece de derechos frente a ella es inmeritorio. El ingeniero Gil podía claramente reclamar a CRUV, luego que él asumió el cumplimiento del contrato con el consentimiento de ésta, el pago de cualquier obligación restante. En Sobrinos de Ez-quiagav. Sucn. Hatch, 38 D.P.R. 599,603-604 (1928), resolvi-mos que el fiador que cumple por su fiado se subroga en sus derechos y obligaciones. Véase también: P.R. Tobacco Mkt. Ass’n. v. P.R. & Amer. Ins., 100 D.P.R. 387, 397 (1972). Al cumplir por el señor Gómez, el ingeniero Gil podía reclamarle directamente a CRUV la acción que el contratista original hubiese podido ejercer por el balance de lo adeudado en caso de haber él completado la obra. Espín, Manual de Derecho Civil Español, 2da ed., Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1961, Vol. III, págs. 648-49. El ingeniero Gil era un subfiador, pero ello no afecta la aplicación de las normas establecidas. El Art. 1722 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4872, reconoce expresamente la subfianza. Nada impide que el subfiador demande directamente al deudor de su fiado, máxime cuando el deudor acepta que el subfiador sustituya al fiador en el cumplimiento. ()

2. Las obligaciones respectivas.

CRUV le adeuda al ingeniero Gil el balance del precio acordado de la obra, suma menor a lo gastado por éste en su condición de subfiador. CRUV no puede pretender pagar menos de lo convenido por la obra, aunque debemos determi-nar las cantidades, si algunas, que deben deducirse a favor de CRUV del balance de $23,400.00, que es lo que resta por satisfacer.

CRUV tiene derecho a que se deduzca del balance la penalidad pactada con el señor Gómez, montante a $5,175.00. () El tribunal de instancia redujo esta pena, como hemos visto, por la suma de $1,345.50, equivalente al porcentaje de la obra completado por el contratista original. Esta reducción es improcedente. La facultad moderadora reconocida por el Art. 1108 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3133, R. C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163 (1974), no se aplica a la pena moratoria, según algunos autores. Espín, supra, pág. 335; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, 1976, T. I, Vol. II, pág. 540; contra: J. M. Lobato, La Cláusula Penal en el Derecho Español, Ed. Univ. de Navarra, Pamplona, 1974, pág. 175; Sentencia de 14 de marzo de 1922 (Esp.). Estimamos que es concebible la moderación de la pena moratoria cuando ésta es de naturaleza crasamente irrazonable o cuando el retardo se debe a la culpa del propio dueño de la obra, pero los hechos no revelan que estas excepciones se aplican en el caso del señor Gómez. La pena pactada de $75.00 diarios no es excesiva ni los actos de CRUV eximieron al contratista original de su obligación de no demorarse en la ejecución del trabajo. Adviértase igualmente que la prohibición del Art. 1107 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R. A. see. 3132, al efecto de que no puede exigirse conjuntamente el cumplimiento de la obliga-ción y la satisfacción de la pena, no es aplicable en el caso de la pena moratoria. Puig Brutau, loe. cit.

CRUV también estima que tiene derecho a la penalidad correspondiente al alegado atraso del ingeniero Gil en la entrega de la obra. Sobre este particular debe recordarse que CRUV acordó con el subfiador que éste no continuase la obra hasta después de corregir los defectos existentes. El ingeniero Gil tenía en consecuencia un término razonable a tales fines.

El hecho de que CRUV no ejerció una supervisión adecuada del proyecto y que le pagó al señor Gómez el 72 por ciento del precio convenido cuando sólo se había completado el 26 por ciento de la obra perjudicó indudablemente al ingeniero Gil. La proporción de los trabajos a realizarse aumentó en detrimento del subfiador. Determinó el tribunal de instancia:

“Entendemos que de haber CRUV ejercido la supervisión adecuada del proyecto, obligación inherente a su condición de corporación creada con un fin público, la compañía aseguradora en cuyos derechos se subroga el demandante hubiese tenido oportuni-dad de tomar las medidas necesarias para completar la obra lo más pronto posible y en esta forma minimizar sus daños.”

La doctrina establecida en Puerto Rico es que un fiador queda liberado hasta el grado en que las actuaciones del acreedor perjudiquen sus derechos. Olazábal v. U.S. Fidelity, Etc., 103 D.P.R. 448, 454 (1975). Véase: Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, T. III, 1976, pág. 118. El tribunal estimó que el perjuicio sufrido por el subfiador fue de tal orden que eliminó todos los posibles daños líquidos a que CRUV pudiese tener derecho contra el ingeniero Gil por atrasos surgidos a partir del momento en que éste reinició la construcción de la obra. No hallamos base para intervenir con esta determinación.

3. La procedencia de los intereses, costas y honorarios de abogado.

El Art. 20 de la Ley Núm. 126 de 6 de mayo de 1938, según enmendado, 17 L.P.R.A. sec. 31, dispone que la Autoridad sobre Hogares, antecesora de CRUV en sus obligaciones y derechos, 17 L.P.R.A. sec. 51, no será requerida “a pagar derechos, impuestos, cargos o costas de clase o naturaleza alguna en relación con la institución o defensa y la subsiguiente prosecución como demandante, demandada o en cualquier otro carácter, en cualquier acción o procedimiento judicial o administrativo. . . ”. Hemos resuelto que esta disposición exime a CRUV del pago de costas. Piñeiro v. C.R. U. V., 106 D.P.R. 300 (1977). Resolvemos ahora que este lenguaje es suficientemente abarcador para eximir también a CRUV del pago de honorarios de abogado y de los intereses por temeridad, aunque no de los intereses a partir de la sentencia. ()

Se modificará la sentencia para reducir la suma a pagarse por CRUV al ingeniero Gil de $19,570.50 a $18,225.00, más intereses a partir de la sentencia, y eliminar las costas, intereses por temeridad y honorarios y, así modificada, se confirmará.

      (1) Adviértase que en este caso, al entregarse la obra, CRUV se convirtió de acreedora original en deudora.

      (2) Esta cantidad corresponde a los 69 días de atraso atribuibles al señor Gómez.

      (3) Esta cuestión no estaba ante nuestra consideración en Piñeiro. En lo que toca a los intereses a partir de la sentencia, no hemos hallado indicio de intención alguna de extenderle a CRUV su inmunidad después de la terminación de los procedi-mientos. La Regla 44.4(b) de Procedimiento Civil de 1958, vigente a la fecha de la sentencia, no es de aplicación a este caso ya que su alcance se extiende tan solo, al igual que la Regla 44.3 de las Reglas actuales, a las causas de acción surgidas a partir del 26 de marzo de 1967. La demanda en el caso de autos fue radicada en 1966.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor M.G.R., querellado y apelante.

      Número: O-79-430

      Resuelto: 11 de abril de 1980

      Manuel J. Vera Vera, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El menor M.G.R. conducía con licencia de aprendiz un automóvil entre Aguada y Rincón el 29 diciembre, 1978 a las 11:45 P.M., y en una curva estrecha chocó contra árboles de mango, accidente en que perdió la vida su acompañante José Ruiz Chaparro, de 19 años de edad. Fue intervenido por la Policía hallándose en el dispensario médico de Rincón y llevado en vehículo oficial de la patrulla de carreteras al cuartel de la Policía de Aguadilla a presencia del fiscal de turno donde le fueron hechas las advertencias de ley, leídas de una tarjeta que provee la Policía y se procedió a hacerle la prueba de aliento (alcoholímetro), a la que se sometió volunta-riamente, dando un resultado de trece (13) centésimas del uno por ciento de alcohol en la sangre.

Se formularon querellas contra dicho menor M.G.R. por homicidio involuntario, guiar en estado de embriaguez y no estar acompañado de conductor autorizado. La Sala de Asuntos de Menores de Aguadilla lo absolvió perentoriamente del cargo de homicidio y lo halló incurso en falta en las otras dos querellas, dejándolo bajo la custodia de sus padres bajo la supervisión por seis meses de la Oficina de Relaciones de Familia del Tribunal. Dicha decisión ha sido apelada por el menor quien en su escrito de apelación y alegato alega error de la sala de instancia, (i) al denegar la moción de supresión de evidencia y admitir la prueba de aliento que alega fue obtenida en violación de sus derechos constitucionales; (2) al apreciar la prueba y considerarla suficiente para establecer más allá de duda razonable la imputación de guiar en estado de embriaguez; y (3) insuficiencia de prueba en el caso por conducir sin estar acompañado de conductor autorizado.

Hemos leído el alegato del apelante y el informe del Procurador General y procedemos a resolver el recurso.

(-0 y (2). El apelante elabora un argumento de evidencia ilegalmente obtenida predicado en la teoría de que en todos los casos de toma de muestra para análisis químico ha de mediar obligatoriamente una previa prueba inicial del aliento, y que no habiéndose practicado la misma en este caso, no es admisible en evidencia el resultado del análisis posterior. No hay tal obligatoriedad de condición precedente. El Art. 5.803(b) de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 1043(b), dispone que “[c]ualquier agente del orden público deberá requerir de cualquier conductor que se someta a cualesquiera de dichos análisis químicos [de sangre, aliento o cualquier otra substancia de su cuerpo excepto la orina], después de haberle detenido y arrestado por tener motivos fundados para creer que dicha persona conducía o hacía funcionar un vehículo bajo los efectos de bebidas embriagantes ...”; y el inciso (c) siguiente dice que “... [e]n adición a lo dispuesto en el inciso (b) cualquier agente del orden público podrá requerirle a cualquier persona que esté conduciendo o haciendo funcionar un vehículo de motor que se someta a una prueba inicial del aliento a ser practicada en el lugar de la detención si dicho agente: (1) Tiene causa o motivo razonable para sospechar que la persona ha ingerido alcohol; o (2) Si ocurre un accidente y la persona se hallaba conduciendo uno de los vehículos involucrados en el accidente. Si el resultado de la prueba inicial del aliento indicare una posible concentración de diez (10) centésimas o más, de uno (1) por ciento de alcohol por volumen el agente del orden público deberá requerirle al conductor que se someta a un análisis posterior •de la sangre o aliento, el resultado del cual podrá ser utilizado para demostrar que la persona ha estado conduciendo un vehículo de motor en violación a la see. 1041 o el inciso (b) de la see. 1042 de este título”.

La lectura del estatuto nos indica que los incisos (b) y (c) citados gobiernan situaciones distintas: la primera, cuando el agente detiene y arresta al conductor fuera del vehículo, por lo que no ha conducido o hecho funcionar el mismo en su presencia; y, la segunda, cuando el agente detiene a un conductor de quien sospecha que ha ingerido alcohol, o si personado el agente en el lugar del accidente encuentra allí el conductor o los conductores involucrados. Aun así la ley cuidadosamente usa el vocablo “podrá” para darle carácter potestativo o discrecional a la práctica de dicha prueba inicial. () No fue la intención del legislador complicar al punto de casi exigir dos pruebas en vez de una si el propósito era enfrentar la creciente incidencia de conductores ebrios en las vías públicas del país. Más que como requisito previo, el legislador proveyó la alternativa de dicha prueba inicial en el lugar de la detención para los casos en que la persona intervenida no muestre en su condición y comportamiento general con apreciable relieve los elementos integrantes de causa o motivo razonable para sospechar que ha ingerido alcohol. ()

En el momento en que el policía detuvo y arrestó al joven apelante en el Dispensario de Rincón notó en él aliento alcohólico, y sabía que conducía el vehículo que se había estrellado contra los árboles saliéndose de la vía de rodaje; que la colisión fue de tal grado que había causado graves lesiones o la muerte al amigo del conductor; que el suceso se produce a la medianoche dos días antes de Año Nuevo, siendo ambos ocupantes del automóvil jóvenes menores de edad; que el menor le informó al agente que estaba paseando con su amigo, que se habían tomado unas cervezas y que venían o iban a jugar billar a un barrio de Aguada (E.N.P., pág. 5); todos estos detalles inducen a la creencia fundada de que el apelante conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes. A tenor del inciso (b) antes citado era simple obligación del agente requerir del apelante que se sometiera al análisis químico, sin vacilación alguna. En el procedimiento no se lastimó ningún derecho del acusado, y siendo admisible en evidencia el resultado de la prueba química que demostró un nivel de alcohol de .0013 en la sangre, sin que se derrotara la presunción de embriaguez afirmada por el Art. 5.801(b)(2) de la Ley, 9 L.P.R.A. sec. 1041(b)(2), la prueba en la vista sostiene la decisión del juzgador.

La información obtenida por el agente del menor al intervenirlo en Rincón se mantuvo dentro del ámbito permisible de preguntas hechas en la investigación rutinaria de un accidente de circulación, especialmente si el cuadro general de hechos sugiere el factor de conducción en estado de embriaguez. Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 199 (1969). No se violó la garantía constitucional contra autoincriminación que destacó la doctrina de Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964); Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); y Rivera Escuté v. Jefe de Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965). Al hacer dichas manifestaciones el menor no se encontraba bajo arresto o bajo la custodia de autoridad competente. Pueblo v. Beltrán Santiago, 97 D.P.R. 92 (1969).

(3). Tampoco erró la sala de instancia al estimar suficiente para su determinación de incurso, la prueba en el cargo por infracción del Art. 3.105 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 655, cuyo inciso (d) exige que “[t]oda persona a quien se le conceda una licencia de aprendizaje podrá conducir un vehículo de motor por las vías públicas, sujeto a la reglamentación que a tal efecto estableciere el Secretario y estará obligada a tener a su lado inmediato y contiguo, cuando las características del vehículo lo permitan, una persona debidamente autorizada para conducir tal tipo de vehículo de motor”. Establecido por la prueba de cargo que el apelante conducía con licencia de aprendizaje, correspondía a él substanciar como defensa que su amigo extinto, sentado a su lado, era persona debidamente autorizada para conducir. Pueblo v. Oquendo, 79 D.P.R. 542 (1956); Pueblo v. Segarra, 77 D.P.R. 736 (1954); Pueblo v. Negrón, 76 D.P.R. 346 (1954); Pueblo v. Figueroa, 58 D.P.R. 673 (1941). Sin embargo, el resumen de la prueba recoge amplia evidencia introducida por el Estado al efecto de que su acompañante Ruiz Chaparro no tenía licencia, dato obtenido de la Oficina Regional del Departamento de Obras Públicas en la Base Ramey, Aguadilla (E.N.P., pág. 6).

Con estos antecedentes y fundamentos la resolución apelada será confirmada.

      (1) La prueba estableció que los carros de patrulla de la Policía no disponen del alcoholímetro o equipo similar por lo que resulta imposible llevar a cabo esta prueba inicial en el lugar de la detención.

      (2) Así se desprende del Informe Conjunto de las Comisiones de Transportación y Obras Públicas y de lo Jurídico Penal de la Cámara de Representantes que precedió a la Ley Núm. 35 de 4 junio, 1975, enmendatoria de la referida Sec. 5.803, que en lo pertinente dice:
      “... Mediante el examen, se evitaría que el ciudadano detenido sea sometido al procedimiento, muchas veces innecesario, de tener que acudir a un hospital para que le sea practicada la prueba de sangre.
      “Con la autorización que por este medio se concede, el agente del orden público podrá practicar la prueba del aliento de una forma sencilla y rápida. Si dicho examen de aliento muestra indicio alguno de que la persona estaba conduciendo con un contenido de alcohol en la sangre mayor al autorizado por la Sección 5-801, entonces será llevado al lugar más cercano para someterse a la prueba definitiva de

        la sangre o del aliento. Por el contrario, si el análisis inicial demuestra que la persona no estaba conduciendo en violación a lo dispuesto en la Sección 5-801 ésta se dejará en libertad, evitándole así múltiples inconvenientes.”


text:
    Juana María Robles López, en representación de su hija Sharon Lis Robles, demandante y recurrente, v. José Antonio Guevárez Santos y Edwin J. Figueroa, demandados y recurridos.

      Número: R-80-5

      Resuelto: 11 de abril de 1980

      Ana Violeta Ortiz, Carlos R. González Rivera, Héctor M. López González, Rubén Auger Marchand, Emmalind García García, Marista Juliá Ramos, abogados de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., y de la recurrente; David O. Colón O’Neill, Alfredo Castro Mesa, Delwin Vélez Santiago, abogados del codemandado José Antonio Guevárez Santos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La niña Sharon Lis Robles nació el 6 agosto, 1978 hija de Juana María Robles cuyo matrimonio con Edwin J. Figueroa se había disuelto por divorcio tres meses antes, el 5 mayo, 1978. Como la niña necesitaba alimentos su señora madre los reclamó no a su ex-cónyuge, sino a José Antonio Guevárez a quien ella imputa la paternidad de su hija. El 18 septiembre, 1978 juró denuncia contra Guevárez ante el Tribunal de Distrito, Sala de Bayamón, por infracción del Art. 158 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4241, por incumplimiento de la obligación alimenticia. La denuncia fue desestimada por no haberse suplido el pliego de especificaciones solicitado por la defensa, Regla 64(d) de Procedimiento Criminal. Formulada una segunda denuncia por la madre, también terminó en sentencia desestimatoria, esta vez dándose como fundamento que la denuncia no imputaba un delito (Regla 64(a)). Esta segunda derrota técnica de la reclamación alimenticia sobrevino después de haber el ministerio público contestado la solicitud de particulares de la defensa, y ofrecido datos sobre nacimiento de la menor y divorcio de la madre denunciante que enfilaron la contienda hacia el campo reglado de impugnación de la legitimidad.

En este punto la corporación Servicios Legales de Puerto Rico inició la acción filiatoria con solicitud de alimentos ante el Tribunal Superior, formulada mediante demanda enmen-dada en la que la madre comparece en representación de y para beneficio de su hija menor de edad. Por tercera vez frustrada la reclamación de Sharon Lis al desestimarse la demanda aduciéndose como fundamentos de derecho por el juez sentenciador la presunción declarada en el Art. 113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 461, de ser legítimos los hijos nacidos después de los 180 días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los 300 días siguientes a su disolución; la regla del Art. 116 (31 L.P.R.A. see. 464) que reconoce personalidad jurídica para impugnar la legitimi-dad solamente al marido y a sus herederos; y nuestras decisiones en Pueblo v. Santiago, 70 D.P.R. 837, 840 (1950) y Pérez v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 832, 843 (1960).

Al recurso de revisión de la madre, el 31 enero, 1980 expedimos la siguiente resolución:

“La parte demandada y recurrida tendrá un término hasta el día 22 febrero, 1980 para comparecer a mostrar causa por la que no deba revocarse la sentencia de la Sala de Bayamón y ordenar la continuación de la acción civil sobre impugnación de legitimidad como promovida por la menor interesada asistida en sus medios por la persona a quien corresponda su representación.”

El escrito-contestación del recurrido Guevárez se aferra a una arcaica noción de política pública que en protección de la institución familiar sofocaba la investigación de la paterni-dad. Su teoría de que en todo caso el hijo confrontado con una presunción de legitimidad debe posponer la acción para impugnarla hasta que alcance la mayoridad simplemente deroga la obligación alimenticia.

El azaroso curso de este caso por las salas de justicia nos recuerda que todavía quedan conceptos substantivos y barreras procesales que oponen la pátina de su historia al torrente impulsador de los derechos del hombre que enriquece la civilización contemporánea. La dificultad hasta ahora en abrir nuestras cortes a un juicio pleno en los méritos a esta acción de paternidad y alimentos se remonta a una aparente inconsistencia de doctrina resultante de la progresiva evolución y avance del principio de la igualdad de los hijos, superando unos criterios históricos que identificaban al superior interés social en la integridad de la familia con la restricción de la impugnación de la paternidad legítima. () Habíamos avanzado considerablemente en la ruta de abolir el “patrimonio de hambre” () de los hijos confrontados con una presunción adversa de legitimidad cuando declaramos en Agosto v. Javierre, 77 D.P.R. 471, 493 (1954), que “el art. 116, interpretado literalmente en el sentido de crear una estricta exclusividad, aprovechable solamente por el marido o sus herederos, no es de aplicación a los hijos ‘adulterinos’ nacidos después de la vigencia de la Ley Núm. 229 de 1942, y a que tal ley, al crear una nueva causa de acción de filiación, en favor de esos hijos ‘ilegítimos’, les concede la facultad, esencial, y necesaria a la acción filiatoria, de impugnar la legitimidad. En otras palabras, la Ley Núm. 229 crea una nueva categoría de personas que pueden impugnar la legitimidad, y en ello trasciende y va más allá de los límites de exclusividad establecidos en el art. 116”. Agosto v. Javierre, supra, no legisló añadiendo al citado artículo por decisión judicial una nueva persona, el propio hijo de filiación enmarañada; simple y llanamente le insufló vitalidad de causa de acción y reconoció en el hijo personalidad para reclamar su filiación y promover el derecho que la citada ley especial de 1942 le había conferido. No es concebible la existencia de un derecho sin la correlativa facultad de quien lo disfruta para hacerlo valer y respetar. La decisión en Agosto, supra, tuvo la irremisible consecuencia de revocar expresamente() a Pueblo v. Santiago, 70 D.P.R. 837 (1950), y Pérez v. Rosario, 72 D.P.R. 514 (1951), paralizados por la exclusividad discrimi-nante del Art. 116 en su precepto de que “la legitimidad puede ser impugnada solamente por el marido o sus legítimos herederos”. La decisión en Pérez v. Tribl. Superior, supra, se produjo en certiorari expedido en un caso criminal por abandono de menores bajo el Art. 263 del Código Penal de 1937, a diferencia de Agosto v. Javierre que atendió a una demanda de alimentos en el anterior Tribunal de Distrito (hoy Superior). Pérez v. Tribl. Superior intentó revivir a Pueblo v. Santiago y Pérez v. Rosario, en una estrecha limitación de la doctrina del primero a los hijos que se hallaren en la situación especial de la Ley Núm. 229 de 1942, para ya casi al final resolver que la menor envuelta en el proceso criminal por abandono “tiene derecho a instituir una acción civil sobre declaración de paternidad y alimentos contra el aquí peticionario y demostrar que él es su padre, aunque vaya envuelta la impugnación de la paternidad de ley.... [L]a acción a seguirse debe permitirle en ley cambiar de un estado filiatorio al otro con la debida adjudicación de los derechos de todas las partes afectadas, inclusive, cualquier conflicto de interés entre la menor y su propia madre ya que como consecuencia de la reclamación dejará de pertenecer a una familia con todos los derechos que en ella le corresponden para formar parte de otra distinta con otros derechos o sin ninguno de ellos”. Ibid., pág. 849.

La menor que en este caso nos concierne nació protegida por las disposiciones de nuestra Constitución que consagra como inviolable la dignidad del ser humano (Art. II, Sec. 1). Es atributo de esa dignidad, y medio de hacer viable la protección contra el discrimen, la búsqueda y determinación de la paternidad cuestionada. La Constitución no necesita de estatuto habilitador para imponer su majestad de ley fundamental del país. No hay que añadir por legislación al Art. 116 del Código Civil, el hijo como parte realmente interesada en el descubrimiento de su filiación, al marido y sus herederos allí designados como únicos impugnadores de la paternidad legítima. Sin embargo, la acción criminal por abandono de menores no empece su ampliado ámbito en la determinación de paternidad, no provee intervención ni audiencia del.padre legítimo que es parte indispensable en el procedimiento de impugnación. “El derecho a alimentos surge de la filiación, la cual debe establecerse previamente.” Agosto v. Javierre, supra, a la pág. 496. A tal extremo, el Tribunal de Distrito resulta cuando menos foro inadecuado para impugnar la paternidad legítima.

Aparte de lo expresado, debe recordarse que Pérez v. Tribl. Superior, () supra, se dio en certiorari para revisar la sentencia recaída en un caso criminal por abandono de menores, resolviendo que “como cuestión de derecho no se puede demandar responsabilidad criminal contra otra persona que no sea el padre que la ley reconoce y en quien recae la responsabilidad de alimentar, mientras esta paternidad subsista y no haya desaparecido, a menos que la misma pudiera quedar legalmente impugnada o destruida por la sentencia dictada en el propio proceso penal, lo cual aquí no es posible bajo nuestro estado de legislación”. Ibid., págs. 848-849. Su inaplicación a la presente acción civil sobre paterni-dad y alimentos, es evidente.

Aun cuando hemos preconizado la integración de procedi-mientos, y en materia de paternidad reconocido la naturaleza dual civil y criminal del proceso bajo el Art. 158 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4241, que en los casos en que se determina la paternidad tiene como consecuencia final la inscripción del menor en el Registro Demográfico como hijo del acusado (Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978)), la prohibición de Pérez v. Tribl. Superior, que circunscribe la acción penal al padre legítimo, sólo podrá ser superada por iniciativa de la Asamblea Legislativa.

La acción civil instada por la madre es una que plantea un conflicto de intereses con la hija representada, para quien se propone un cambio en su estado civil hasta ahora asentado en una presunción de legitimidad. Para el caso, ordena el Art. 160 del Código, 31 L.P.R.A. see. 617, que siempre que alguno de los padres tenga un interés opuesto al de sus hijos no emancipados, el Tribunal Superior nombrará a éstos un defensor que los represente en juicio y fuera de él. Toda vez que la Regla 15.2 de Procedimiento Civil instruye que el menor cuando es parte interesada deberá comparecer por medio de su padre o madre con patria potestad, la reclamación está correctamente promovida y la designación de defensor judicial que en la presente acción propiamente puede recaer en un fiscal asignado a asuntos de menores, normalizará la situación procesal encaminada hacia el juicio en los méritos.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia revisada y se devolverá el caso a instancia para continuación de procedi-mientos consistentes con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (1) Pérez v. Tribl. Superior, supra, págs. 848 y 858-859.

      (2) pérez, ibid. pág. 859.

      (3) Se alude a la revocación expresa a las págs. 478 y 495 de Agosto v. Javierre, supra.

      (4) La decisión en Pérez v. Tribl. Superior, supra, es de 1960, para cuya fecha la acción bajo el Art. 263 del Código Penal era de naturaleza exclusivamente criminal, y anterior, por tanto, a la Ley Núm. 10 de 16 de mayo de 1966 (33 L.P.R.A. see. 991) que dio al proceso por abandono de menores un carácter mixto penal y civil. Cf. Pol Sella, infra.