author: El Juez Presidente Señor Andréu García Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    PaineWebber Incorporated of Puerto Rico, demandante y recurrente, v. First Boston (Puerto Rico) Inc., demandado y recurrido.

      Número: RE-91-297

      Resuelto: 30 de junio de 1994

      Peter J. Trías, de Trías, Acevedo y Otero, abogados del recu-rrente; Pedro J. Santa Sánchez y Luis Edwin González Ortiz, de O’Neill & Borges, abogados del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca determinar cuál es el término prescriptivo para reclamaciones por incumplimiento de contrato de compraventa bajo la Ley Uniforme de Valores, 10 L.P.R.A. see. 851 et seq. Resolvemos que el único término aplicable es aquel dispuesto específicamente por esta ley.

I

PaineWebber Incorporated of Puerto Rico (en adelante PaineWebber) acordó con First Boston (Puerto Rico), Inc. (en adelante First Boston), la compraventa de un valor co-múnmente conocido como “Ginnie Mae”. Dicho Ginnie Mae fue entregado a PaineWebber y pagado por esta entidad el 26 de mayo de 1987, y fue posteriormente revendido. En diciembre de 1989 PaineWebber descubrió que el valor ad-quirido de First Boston no era exento de contribuciones, por lo tanto, se vio obligado a resolver la reventa realizada y a resarcirles a sus clientes por los daños causados.

El 4 de mayo de 1990 PaineWebber demandó a First Boston en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, ale-gando incumplimiento de contrato y solicitando que se de-cretara la resolución de la venta y se ordenara la devolu-ción del precio y el resarcimiento por los daños sufridos. First Boston, a su vez, pidió la desestimación de la de-manda invocando como fundamento el que la causa de ac-ción de PaineWebber había caducado al haber transcurrido en exceso de los dos (2) años desde la fecha en que fue consumado el contrato, según las disposiciones de la Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963, conocida como la Ley Uniforme de Valores. En oposición, PaineWebber alegó que en virtud del Art. 410(h) de la referida Ley Uniforme de Valores, 10 L.P.R.A. sec. 890(h), esta última no había dero-gado derechos y remedios existentes a la fecha de entrar en vigor, por lo que se podía elegir entre remedios disponibles. Sostuvo, por lo tanto, que podía basar su reclamación en el Art. 942 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1904, que dispone un período prescriptivo de tres (3) años o, en la alternativa, por el Art. 1864 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 5294, que dispone un término prescriptivo de quince (15) años.

El tribunal de instancia (Hon. Angel F. Rossy, J.) deses-timó la demanda en todas sus partes por razón de haberse extinguido la causa de acción. Inconforme, PaineWebber recurre por medio de solicitud de revisión. Acordamos revisar la sentencia recurrida.

I — ( 1 — I

La Ley Uniforme de Valores, Ley Núm. 60, supra, fue creada con el propósito de establecer en Puerto Rico una reglamentación protectora para el inversionista en el negocio de valores. Hasta ese momento no había legislación particular al respecto. Con dicho objetivo se rindió un Informe Conjunto al Senado de Puerto Rico, el cual ex-pone claramente la intención de los creadores de esta medida. De dicho informe citamos, en lo pertinente:

El objetivo fundamental del proyecto bajo consideración es el de proteger a los inversionistas y al público en general mediante la exigencia de ciertos requisitos a las personas que se dediquen al negocio de valores y la creación de un organismo guberna-mental con poderes de supervisión y fiscalización sobre diver-sas fases del negocio, a los fines de evitar que se incurra en prácticas fraudulentas en el curso del mismo.
En Puerto Rico no existe al presente legislación alguna que regule directamente la materia que se propone reglamentar en virtud de esta medida legislativa. El Código de Comercio con-tiene varios artículos que hacen referencia a “bolsa de comer-cio” y a los “agentes mediadores del comercio”. (Artículos 43-55 y 62-72 del Código de Comercio —10 L.P.R.A., Secciones 1111-1116; 1131-1137, y Secciones 1181-1185 y 1201-1206 respectivamente).
Las disposiciones del Código de Comercio que hemos mencio-nado son obsoletas, ya que en Puerto Rico no existen “bolsas de comercio” ni “corredores de cambio”. Por ser tan arcaicas y tan generales no fomentan la compra y venta de valores. Además, no proveen medios efectivos de carácter administrativo y de índole preventiva para proteger a los inversionistas.
En Puerto Rico, no hemos tenido hasta el presente ningún problema serio relacionado con prácticas fraudulentas en el mercado de valores. No obstante, debemos prevenir que ello ocurra en el futuro. La adopción de un estatuto del tipo Blue Sky redundará en una mayor protección del público inversio-nista y de aquellas personas y entidades que se dedican al ne-gocio de valores en nuestra comunidad. La legislación que se propone ha sido cuidadosamente confeccionada para proveer la mayor protección posible al inversionista sin imponer cargas indebidas sobre el emisor de valores ni sobre el negociante en los mismos .... (Enfasis suplido.) 17 Diario de Sesiones de la Asam-blea Legislativa (Senado), T. 4, págs. 1629-1630 (1963).

Surge claramente de la exposición de motivos de la medida, así como de los principios de hermenéutica aplicables, el hecho de que las transacciones de valores en Puerto Rico están regidas por la Ley Uniforme de Valores. Por ser esta última una ley especial debe prevalecer sobre otras disposiciones de leyes generales como son el Código de Comercio y el Código Civil. Este es el principio lex spe-cialis derogat legi generali. Véase R.E. Bernier y J.A. Cue-vas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 422.

La situación que se presenta en el caso de autos enmarca perfectamente en los supuestos contenidos en la Ley Uniforme de Valores. Específicamente, dentro de lo dispuesto por el Art. 410(a)(2) de dicha ley, la cual establece:

(a) Cualquier persona que
(2) Ofrezca o venda un valor por medio de una declaración falsa sobre un hecho material, o mediante omisión de consignar un hecho material necesario para evitar que las declaraciones formuladas, a la luz de las circunstancias bajo las cuales se hicieron, conduzcan a error (desconociendo el comprador la fal-sedad o la omisión), y que no sostenga el peso de la prueba de que no sabía, y que ejercitando una prudencia razonable, no pudo tener conocimiento, de la falsedad u omisión, será respon-sable a la persona que le compre el valor, quien podrá entablar demanda para recobrar el precio pagado por el valor, además de intereses al tipo de interés aplicable a sentencias judiciales se-gún provisto por el reglamento aprobado a estos efectos por la Junta Financiera creada por las secs.2001 et seq. del Título 7, a partir de la fecha en que se hizo el pago, costas y razonables honorarios de abogado menos la cuantía de cualquier ingreso que haya recibido derivado del valor, al ofrecer devolver dicho valor, o por daños y perjuicios, si él ya no es dueño del valor. Los daños y perjuicios serán la cantidad que se recobraría al devol-ver el valor, menos su precio cuando el comprador dispuso del mismo, más interés al tipo de interés aplicable a sentencias judiciales según provisto por el reglamento aprobado a estos efectos por la Junta Financiera creada por las sees. 2001 et seq. del Título 7, a partir de la fecha en que se dispuso del valor. 10 L.P.R.A. sec. 890(a)(2).

A su vez, el legislador estableció claramente en el inciso (e) de la referida sección el hecho de que “[njinguna persona podrá entablar una demanda civil de acuerdo con las disposiciones de esta sección, después de transcurridos más de dos (2) años de haber sido efectuado el contrato de venta.” 10 L.P.R.A. sec. 890(e). Este término, estamos con-vencidos, es el aplicable a la presente controversia; y es también el período prescriptivo que responde plenamente a la intención legislativa ya descrita. De otro modo, ¿qué ob-jeto tendría el legislador al limitar a un período de dos (2) años el ejercicio de la acción ahí estatuida? En este sentido nos hacemos eco de las palabras del ilustrado foro de ins-tancia en cuanto expresó:

Adoptar la teoría expuesta por la demandante en su oposi-ción pondría al legislador en la posición de haber creado una ley especial innecesaria e inútil y no podemos atribuir tal intención a nuestra Asamblea Legislativa. García v. Tribunal, 91 DPR 153, 156 (1964); Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 DPR 884 (1975). Siendo la clara intención legislativa, se-gún antes indicado, no imponer cargas indebidas sobre el emi-sor o negociante de valores, no podemos validar la posición de la parte demandante a los efectos de que una causa de acción como la aquí instada pueda ser incoada contra un comerciante de valores hasta quince años después de haberse consumado la compraventa. En adición, el plazo de quince años propuesto choca con el término de dos años provisto en la Ley Uniforme de Valores, cuya ley especial rige los contratos de compraventa de valores en nuestra jurisdicción. Apéndice, pág. 082.

HH hH

El Art. 12 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 12, establece que cuando una materia está cubierta por una ley especial, cualquier deficiencia o insuficiencia de ésta se suple por las disposiciones del Código Civil o con otras leyes in pari materia. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit., pág. 441. Véase, además, A. Fornies Baigorri, Fuentes del Derecho Mercantil, Madrid, Imp. Tipo-Línea, 1971, pág. 96.

Ahora bien, este caso no presenta laguna alguna en la ley. Por el contrario, la situación que presenta este caso está especial y claramente cubierta por el legislador. Por lo tanto, la citada disposición de la sec. 890(a)(2) de la Ley Uniforme de Valores resulta la única aplicable al presente caso. No existe controversia en cuanto al hecho de que las partes realizaron una compraventa de naturaleza mercantil. Sin embargo, el tipo de acción implicada fue es-tatuida expresamente por el legislador en la Ley Uniforme de Valores, ley que regula un tipo específico de relación comercial. Más aún, dicho legislador expresó que esta me-dida respondía a la falta de reglamentación en esta área y al hecho de que las disposiciones pertinentes en el Código de Comercio resultaban obsoletas, arcaicas y generales.

Además, al legislador establecer en el Art. 410(h), supra, de esta ley, que los “derechos y remedios provistos por este Capítulo son en adición a cualesquiera derechos o remedios que puedan existir” (10 L.P.R.A. sec. 890(h)), cla-ramente se refería a remedios no previstos por esta ley. Si no fuera de esta forma, la disposición bajo estudio resulta-ría completamente inoperante, al ser aplicables una gama de remedios generales a controversias similares a la de autos. El legislador, entonces, habría actuado en el vacío y sin propósito alguno.

El aplicar cualquier otro término prescriptivo derrotaría el objetivo propuesto de no imponer cargas indebidas sobre el emisor o comerciante de los valores de que se trate. De igual forma, abriría puertas indefinidas a las personas afectadas en una compra y venta de tales valores, sin to-mar en cuenta el tráfico del comercio y la política pública que lo fomenta. De otra parte, vulneraría la filosofía que inspira el Código de Comercio al disponer períodos pres-criptivos cortos que responden al propósito de no entorpe-cer las relaciones comerciales.

Modernamente se tiende a reducir el tiempo de la prescrip-ción en general, por ser los medios de comunicación más nume-rosos y rápidos, la representación más fácil y la cultura más elevada, haciendo que todos velemos mejor por nuestros intereses. Pero en el orden mere, concurren más razones aún: un negocio se convierte rápidamente en base de otros, las ac-ciones ejercitadas con retardo perturban a fondo las posiciones económicas ya constituidas, el derecho inerte y ambiguo debe someterse al hecho seguro y fecundo (Vivante); la alianza de los intereses individuales con los colectivos se siente mejor en el comercio y se afirma con más valentía, y si el deudor debe ser puntual en pagar, también debe serlo el acreedor en exigir (Bolaffio). E. Langle y Rubio, Manual de Derecho Mercantil Es-pañol, Barcelona, Ed. Bosch, 1959, T. Ill, See. 104, pág. 114.

IV

En el presente caso PaineWebber pagó y recibió el valor en controversia el 26 de mayo de 1987. No fue hasta el 4 de mayo de 1990, tres (3) años después, que demandó a First Boston por incumplimiento de contrato. Claramente, la causa de acción de PaineWebber se extinguió por razón de no ejercitarse dentro del período prescriptivo de dos (2) años estatuido en la Ley Uniforme de Valores, único tér-mino aplicable a esta situación de hechos. 10 L.P.R.A. see. 890(e).

Por tales razones, se confirmará la sentencia recurrida en este caso.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión escrita.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Negrón García.

Paradójicamente, la opinión mayoritaria del Tribunal, en aras de hacer valer el espíritu de la Ley Uniforme de Valores, logra lo contrario.

I

PaineWebber Incorporated of Puerto Rico (en adelante PaineWebber), entidad dedicada al negocio de corretaje, acordó el 6 de mayo de 1987 con First Boston, Inc. (en adelante First Boston), la compraventa de un valor común-mente conocido por “Ginnie Mae”, exento de contribuciones. Le fue entregado y pagado el 26 de mayo de 1987, y suce-sivamente revendido. Contrario a lo pactado, en diciembre de 1989 PaineWebber descubrió que era tributable, por lo que se vio en la obligación de resarcir a sus clientes.

Por tal motivo, PaineWebber demandó al First Boston el 4 de mayo de 1990 en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Alegó incumplimiento de contrato por venderle un valor tributable distinto a lo acordado. Luego de parali-zarse temporeramente los trámites, la demandada First Boston pidió la desestimación basada en la defensa de caducidad. Para tales propósitos aceptó los hechos alegados. En su apoyo invocó el plazo de dos (2) años pre-ceptuado en la Ley Uniforme de Valores, Ley Núm. 60 de 18 de junio de 1963 (10 L.P.R.A. see. 851 et seq.). First Boston argumentó que como la compraventa fue el 6 de mayo de 1987 y la demanda se presentó el 4 de mayo de 1990, la reclamación fue tardía.

En oposición PaineWebber argumentó que la Ley Uni-forme de Valores no derogó los derechos y remedios que existían al entrar ésta en vigor, y podía elegir los remedios disponibles y fundar su reclamación sobre preceptos gene-rales de incumplimiento de contrato. Sobre este predicado sostuvo que su reclamo estaba cubierto por el Art. 942 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1904, dispositivo de un período de prescripción de tres (3) años o, en la alterna-tiva, por quince (15) años. Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294. Luego de una réplica y dúplica, el tribunal (Hon. Ángel F. Rossy, Juez) desestimó.

A solicitud de PaineWebber, revisamos.

r — i

La tesis de la demandada recurrida First Boston, aco-gida por la mayoría de este Tribunal, sostiene que el Art. 410 de la Ley Uniforme de Valores, 10 L.P.R.A. see. 890, constituye el único remedio disponible al comprador agra-viado en una compraventa de valores. Aduce que permi-tir otros remedios con sus respectivos términos prescripti-vos derrotaría la política pública según plasmada en el siguiente extracto del Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico Civil e Industria y Comercio del Senado al P. de la C. 624:

El objetivo fundamental del proyecto bajo consideración es el de proteger a los inversionistas y al público en general mediante la exigencia de ciertos requisitos a las personas que se dediquen al negocio de valores y la creación de un organismo guberna-mental con poderes de supervisión y fiscalización sobre diver-sas fases del negocio, a los fines de evitar que se incurra en prácticas fraudulentas en el curso del mismo.
... La legislación que se propone ha sido cuidadosamente con-feccionada para proveer la mayor protección posible al inversio-nista sin imponer cargas indebidas sobre el emisor de valores ni sobre el negociante en los mismos. (Enfasis suplido.) 17 Dia-rio de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), T. 4, págs. 1629-1630 (1963).

Esa tesis es errónea y contradictoria. La Ley Uniforme de Valores no excluye la aplicación de otros remedios. El inciso (h) del referido Art. 410 dispone:

Los derechos y remedios provistos por este Capítulo son en adición a cualesquiera derechos o remedios que puedan existir, pero este Capítulo no creará una causa de acción no especifi-cada en esta sección o en la sec. 862(e) de este título. (Enfasis suplido.) 10 L.P.R.A. sec. 890(h).

El principio elemental de hermenéutica de que si “la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”, nos obliga. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Fieles a éste, entendemos que, en lo concerniente a la con-troversia de autos, el propósito de esta cláusula de salve-dad de remedios (“savings clause”) es preservar íntegros aquellos remedios o derechos que provean otras fuentes. A fin de cuentas, “ ‘[e]l texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa’ ”. Ferretería Matos, Inc. v. P.R. Tel. Co., 110 D.P.R. 153, 157 (1980), citando a Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101, 107 (1964).

Nótese que el legislador no se refirió a remedios no pre-vistos por esta ley, como tampoco señaló que se tratara de un remedio exclusivo; expresamente dispuso que los dere-chos y remedios bajo la referida ley serían adicionales a cualesquiera otros que puedan existir.

Nuestra interpretación literal del inciso (h) también en-cuentra apoyo en el hecho de que la práctica bajo las leyes federales de valores, en virtud de cláusulas similares a la transcrita, es que las personas agraviadas en una transac-ción de este tipo tienen a su disposición una gama de re-medios provistos por el derecho común (common law), federal y estatal. L. Loss y J. Seligman, Securities Regulation, 3ra ed., Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1992, T. IX, pág. 4121. Ello es así, aun cuando la ley estatal provea un término prescriptivo mayor que el federal y la reclamación bajo esta última esté prescrita. Rousseff v. Dean Witter & Co., Inc., 453 F. Supp. 774, 780-782 (1978).

En resumen, conforme a la interpretación de la mayoría de este Tribunal, ¿ofrece la Ley Uniforme de Valores mayor protección a los inversionistas y al público general al acor-tar el período prescriptivo a dos (2) años? ¿Fomenta la com-pra y venta de valores? ¿No suple la cláusula de salvedad de remedios (Art. 410(h), supra) esta protección? Estable-cer que la Ley Uniforme de Valores es el único remedio disponible en el caso de autos, derrota el propósito que el legislador pretendió dar a la ley.

rH HH h-H

Aclarada nuestra posición en torno a que la Ley Uni-forme de Valores no excluye y, por el contrario, mantiene incólume la aplicación de otros remedios con sus respecti-vos términos prescriptivos, veamos si PaineWebber en efecto tiene disponible otro remedio. El examen de las ale-gaciones —para fines de este incidente, tomadas como cier-tas— nos lleva a concluir que aplica la normativa de la compraventa mercantil.

Al respecto, el Art. 243 del Código de Comercio dispone:

Será mercantil la compraventa de cosas muebles para reven-derlas, bien en la misma forma que se compraron, o bien en otra diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. 10 L.P.R.A. see. 1701.

A su amparo, hemos resuelto que el elemento que dis-tingue principalmente a la compraventa mercantil es la presencia de un “doble propósito [del comprador] de reven-der ulteriormente la cosas compradas y de obtener un lucro”. Reece Corp. v. Ariela, Inc., 122 D.P.R. 270, 276-277 (1988). Véase Ramallo Brothers Printing, Inc. v. Ramis, 133 D.P.R. 436 (1993).

De la demanda surge que PaineWebber acordó con First Boston la compra de un valor cuya reventa tuvo que resolver; el primero reclama, entre otras partidas, el lucro cesante. Está presente el “doble propósito” característico de la compraventa mercantil, a saber, la intención de Pai-neWebber revender el valor adquirido y así percibir una ganancia. De hecho, la recurrida First Boston acepta en su alegato que la compraventa celebrada entre las partes era de índole mercantil.

IV

¿Cuáles son las obligaciones del vendedor en la compra-venta mercantil? En apretada síntesis, son: (1) conservar la cosa vendida antes de la entrega; (2) entregarla en el tiempo y lugar pactados, y (3) responder de su saneamiento. R. Uría, Derecho Mercantil, lOma ed., Madrid, Imp. Aguirre, 1975, págs. 478-479; M. Broseta Pont, Manual de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, Ed. Tec-nos, 1987, págs. 402-403. Claro, esta última obligación comprende el saneamiento por eviction y por vicios.

En Julsrud v. Peche de P.R. Inc., 115 D.P.R. 18 (1983), decidimos que los Arts. 254 y 260 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sees. 1712 y 1718, tienen un área de tangencia entre sí por cuanto ambos se refieren al saneamiento por vicios. Allí resolvimos que el plazo de denuncia dispuesto en el Art. 260, supra, era de caducidad y aclaramos, invo-cando las disposiciones del Código Civil, las diferencias en-tre defectos de calidad y cantidad a que se refiere el Art. 254, supra, y los vicios ocultos del Art. 260, supra. Dijimos:

Las diferencias de calidad son inherentes a la naturaleza de la mercancía, son diferencias básicas sobre su composición, sobre la índole de algún rasgo característico de la cosa, tales como diferencias de tejido, fibra, color, diseño, procedencia o carácter de las materias primas. El vicio oculto es el que es-capa a la observación de una persona de diligencia media, el inherente al modo imperfecto en que la mercancía fue fabri-cada, embalada, manejada o custodiada, el que convierte en impropia la cosa para el uso que ha de destinársele. Julsrud v. Peche de P.R., Inc., supra, pág. 23.

La fiel adjudicación del recurso hace necesario que pre-cisemos los contornos de aplicación de ambos artículos. El Art. 254, supra, recoge “la triple hipótesis de vicio, defecto de calidad y defecto de cantidad”. J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Bogotá, Ed. Temis, 1987, T. IV, pág. 80. El Art. 254, supra, aplica cuando cualquiera de estas hipó-tesis es aparente. El Art. 260, supra, por su parte, sólo se refiere a vicios ocultos; por lo que no rige cuando se trata de defectos de calidad o cantidad internos que no están a la vista. Esos casos equivalen a la ausencia de entrega, que es un supuesto de incumplimiento. F. Vicent Chuliá, Compendio Crítico de Derecho Mercantil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1986, T. II, pág. 98.

La ausencia de entrega faculta al comprador a optar entre exigir el cumplimiento forzoso o resolver el contrato. En ambos casos cabe reclamar indemnización en daños y perjuicios. Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3052; Art. 254 del Código de Comercio, supra; Vicent Chuliá, op. cit., pág. 97. El término para exigir esta responsabilidad es de quince (15) años “por interacción del Art. 940 del Código de Comercio [10 L.P.R.A. see. 1902] y el Art. 1864 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294”. Ramallo Brothers Printing, Inc. v. Ramis, supra, pág. 440.

V

En virtud del derecho aplicable, según expuesto, forzoso es concluir que la entrega de un valor tributable cuando se había pactado la entrega de uno exento constituye la en-trega de una cosa defectuosa en cuanto a su calidad. Véase Broseta Pont, op. cit. pág. 405. Utilizando el criterio esbo-zado en Julsrud v. Peche de P.R., Inc., supra, la condición distinta de tributabilidad del valor entregado representa una diferencia básica sobre un rasgo característico de la cosa. Como es un defecto de calidad, no un vicio oculto, la reclamación contrario a lo que sostiene First Boston no está sujeta al plazo de denuncia dispuesto en el Art. 260, supra. Como de las alegaciones de la demanda no se des-prende que el defecto de calidad era externo, de su faz no está caduca ni prescrita; no puede sostenerse categórica-mente que el defecto estaba sujeto a las disposiciones del Art. 254, supra. La desestimación no procedía. Cf. Rossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729, 745 (1958).

       PaineWebber presentó las cuestiones de derecho siguientes:
      “1. Si la Ley Uniforme de Valores excluye la aplicación de otros remedios pro-vistos por otras leyes.
      “2. Si el término de prescripción establecido por la Ley Uniforme de Valores le es aplicable a remedios provistos por otras leyes.
      “3. Si los corredores-traficantes pueden considerarse corredores de cambio y bolsa bajo el Código de Comercio de Puerto Rico.
      “4. Si la entrega de un Ginnie Mae tributable en vez de un Ginnie Mae exento es de cosa viciada y si contractualmente se ha alterado el término del examen tra-tándose de ventas mercantiles sucesivas de cosas cuyo recibo es simbólico.” Solicitud de revisión, pág. 2.
      A la luz de nuestra decisión, discutiremos únicamente los planteamientos per-tinentes a la discusión del término prescriptivo aplicable.

       Véase 17 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), T. 4, pág. 1629 (1963).

       Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico Civil e Industrial y Co-mercio sobre el P. de la C. 624. Véase Diario de Sesiones (Senado), supra.

       10 L.P.R.A. sec. 890(h).

       Véase, además, a ese respecto, R. Gay de Montellá, Código de Comercio Español Comentado, Barcelona, Ed. Bosch, 1948.

       En su alegato discute los señalamientos siguientes:
      “1. Si la Ley Uniforme de Valores excluye la aplicación de otros remedios pro-vistos por otras leyes.
      “2. Si el término de prescripción establecido por la Ley Uniforme de Valores le es aplicable a remedios provistos por otras leyes.
      “3. Si los corredores-traficantes pueden considerarse corredores de cambio y bolsa bajo el Código de Comercio de Puerto Rico.
      “4. Si la entrega de un Ginnie Mae tributable en vez de un Ginnie Mae exento es de cosa viciada y si contractualmente se ha alterado el término del examen tra-tándose de ventas mercantiles sucesivas de cosas cuyo recibo es simbólico.” Solicitud de revisión, pág. 2.
      Por nuestra parte, analizamos los extremos pertinentes para decidir sin entrar en elucubraciones innecesarias.

       Nuestra Ley Uniforme de Valores procede de la Ley Uniforme de Valores adoptada en agosto de 1956 por la National Conference of Commissioners on Uniform State Laws. Véanse: L. Loss y J. Seligman, Securities Regulation, 3ra ed., Boston, Ed. Little Brown and Co., 1989, T. I, pág. 47; 17 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), T. 4, pág. 1629 (1963).
      La ley consiste de cuatro (4) partes que versan sobre: (i) fraude y demás prác-ticas prohibidas; (ii) la inscripción de agentes y corredores traficantes; (iii) la inscrip-ción de valores; (iv) disposiciones generales para la administración de la ley como por ejemplo, definiciones, exenciones, responsabilidad civil y criminal. Loss, op. cit., pág. 50; Diario de Sesiones (Senado), supra.

       Los comentarios oficiales sobre el inciso (h) del Art. 410 la Ley Uniforme de Valores, 10 L.P.R.A. sec. 890(h), indican que el significado de la parte de éste que comienza con “pero” es evitar el desarrollo de acciones implícitas al amparo de la ley:
      “No empece la existencia de varias disposiciones específicas sobre responsabili-dad en cada uno de los estatutos del SEC [Securities and Exchange Commission], los tribunales federales han reconocido causas de acción implícitas a favor de un vende-dor defraudado contra un comprador bajo la Regla X-10B-5 (ahora la 240.10b-5) del SEC. Véase Loss, Securities Regulation (1951 con suplemento de 1955), págs. 1052-66. La cláusula “pero” en la sec. 410(h) está diseñada para asegurar que no surja un desarrollo comparable basado en la violación de la sec. 101 de esta ley.” (Traducción nuestra.) L. Loss y E.M. Cowett, Blue Sky Law, Boston, Ed. Little, Brown and Co., 1958, pág. 395.

       Este artículo, equivalente al 336 del Código español, dispone:
      “El comprador que, al tiempo de recibir las mercaderías, las examinare a su contento, no tendrá acción para repetir contra el vendedor, alegando vicio o defecto de cantidad o calidad en las mercaderías.
      “El comprador tendrá el derecho de repetir contra el vendedor por defecto en la cantidad o calidad de la Continuación escolio 4 mercaderías recibidas enfardadas o embaladas, siempre que ejercite su acción dentro de los cuatro días siguientes al de su recibo, y no proceda la avería de caso fortuito, vicio propio de la cosa, o fraude.
      “En estos casos, podrá el comprador optar por la rescisión del contrato o por su cumplimiento, con arreglo a lo convenido, pero siempre con la indemnización de los perjuicios que se le hubieran causado por los defectos o faltas.
      “El vendedor podrá evitar esta reclamación exigiendo, en el acto de la entrega, que se haga el reconocimiento, en cuanto a cantidad y calidad, a contento del comprador.” 10 L.P.R.A. see. 1712.

       Su texto, equivalente al Art. 342 del Código de Comercio español, dispone:
      “El comprador que no haya hecho reclamación alguna fundada en los vicios internos de la cosa vendida, dentro de los treinta días siguientes a su entrega, per-derá toda acción y derecho a repetir por esta causa contra el vendedor.” 10 L.P.R.A. see. 1718.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

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text:
    José R. Torres Ortiz, etc., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado; American International Insurance Company of Puerto Rico, Incorporated, tercera demandada y peticionaria.

      Número: CE-93-331

      Resuelto: 30 de junio de 1994

      Rafael Fuster Martínez, de Martínez-Texidor & Fuster, abo-gado de la compañía peticionaria; Martín González Váz-quez, abogado de los demandantes y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde determinar la cantidad sobre la cual se han de calcular los intereses presentencia que deberá pagar un codemandado temerario quien, según lo dispuesto por la sentencia del tribunal de instancia, fue cocausante de los daños reclamados por los demandantes. En particular, si la cantidad que ha de pagar la codemandada temeraria por concepto de interés por temeridad se calcula a base del total de los daños fijados en la sentencia, de cuyo pago son solidariamente responsables todos los codemandados, o sólo sobre la proporción de responsabilidad que el tribunal fijó a ésta para propósitos de la nivelación interna entre los codeudores solidarios.

Por los fundamentos expuestos más adelante, conclui-mos que la cantidad base que ha de utilizarse es la propor-ción de la cual la codemandada temeraria es responsable con relación a los otros codeudores solidarios.

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La controversia que hoy nos ocupa tuvo su génesis en una acción en daños y perjuicios instada por los deman-dantes recurridos como resultado de un accidente automo-vilístico: el auto en el cual éstos viajaban cayó por un pre-cipicio debido, alegadamente, a una condición de peligrosidad existente en la carretera. Figuraban como de-mandados el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en ade-lante E.L.A.), dueño y encargado de la conservación de la carretera estatal donde ocurrió el accidente; el Municipio de Peñuelas (en adelante Municipio), dueño de un camino municipal cerca de la referida carretera; las Empresas Tito Castro y Ponce Asphalt, quienes al efectuar unas obras de pavimentación de un camino municipal crearon, supuesta-mente, la condición de peligrosidad en la carretera estatal, y la aseguradora de estas últimas dos (2), American International Insurance Company of Puerto Rico (en adelante American).

Luego de celebrada la vista en su fondo, el 14 de sep-tiembre de 1990 el tribunal de instancia dictó sentencia condenando a los demandados a pagar “solidariamente” a los demandantes la suma total de cuarenta y ocho mil dó-lares ($48,000). Se hizo constar además en dicha sentencia lo siguiente:

... [S]e condenan a todas dichas partes a pagar las costas y gastos incurridos por los demandantes en el presente pleito y a la tercera demandada American International Insurance Co. of Puerto Rico al pago de $1,500.00 de honorarios de abogado a favor de la parte demandante, más el interés legal a compu-tarse de la fecha de radicación de la demanda hasta la fecha de pago.
La negligencia de los demandados se calcula para propósitos de nivelación interna entre ellos, de la siguiente manera:
a) Estado Libre Asociado de Puerto Rico 10%
b) Municipio de Peñuelas 15%
c) American International Insurance Co. 75%. (Enfasis suplido.) Apéndice, Exhibit II, págs. 25-26.

El 8 de enero de 1991 American consignó en el tribunal la cantidad de $80,795.76, que entendía le correspondía pagar. Es decir, el 75% de la cantidad total que la sentencia ordenó pagar más los intereses devengados por esta propor-ción, honorarios de abogado, gastos, costas y sus respecti-vos intereses.

Posteriormente, la parte demandante solicitó al tribunal que ordenase a American el pago del 25% remanente de la sentencia, más el interés legal sobre la totalidad de la sentencia, calculado éste desde la fecha cuando se presentó la demanda hasta la fecha cuando se efectuase el pago. Esto por razón de que la sentencia “condenó a los deman-dados al pago solidario de la suma total”. Previa a la opo-sición de American, el tribunal de instancia emitió una re-solución para conceder un término a los demandados para que consignaran ante el tribunal el balance adeudado, ad-virtiendo que:

La sentencia dictada en el presente caso impone la responsa-bilidad de pago de forma solidaria a todos los demandados. Bajo esa responsabilidad la co-demandada American International Ins. Co. queda obligada al pago de la totalidad de la sentencia a los demandantes, sin perjuicio de recobrar de los restantes demandados la parte proporcional que a éstos corres-ponde y que fue determinado en la sentencia. Mientras no se efectúe el pago total de la sentencia por una u otra demandada, se continuarán acumulando intereses, que serán también de cargo de todas las partes. (Enfasis suplido.) Apéndice, Exhibit XTV, pág. 53.

Transcurrido el término concedido y previa a la solicitud de los demandantes, el tribunal emitió resolución permi-tiendo el retiro de los fondos y advirtiendo a los codeman-dados que de no “pagarse” el restante 25% de la sentencia se expediría mandamiento de ejecución.

Así las cosas, American consignó ante el tribunal la can-tidad equivalente al 25% restante de la sentencia (del cual 10% correspondía al E.L.A. y 15% al Municipio) más los intereses calculados a partir de la fecha cuando se dictó sentencia hasta que se realizó el pago y no desde la fecha cuando se presentó la demanda, según reclamado por los demandantes. En vista de lo anterior, estos últimos pre-sentaron un escrito ante el tribunal de instancia en el cual rehusaron aceptar, como pago en finiquito, lo consignado por American y solicitaron que se resolviera definitiva-mente la controversia en torno a la fecha a partir de la cual American estaba obligada a pagar los intereses sobre el 25% remanente de la sentencia.

Conforme le fuera solicitado, el tribunal de instancia celebró una vista el 25 de octubre de 1991 a raíz de la cual permitió a los demandantes retirar los fondos depositados por American sin que esto se considerara una aceptación como pago en finiquito. Quedó por resolverse lo relacionado con la fecha a partir de la cual se debía calcular el interés a ser pagado por American. No fue hasta el 3 de marzo de 1993 cuando, posterior a la ocurrencia de varios trámites procesales, el tribunal emitió una resolución al respecto, consignando que American debería “pagar a los demandan-tes el interés legal del once por ciento (11%) anual desde la fecha de radicación de la demanda”. (Enfasis suplido.) Apéndice, Exhibit XXVII, pág. 83.

No conforme American solicitó reconsideración en la que alegó, en síntesis, que con respecto al 25% correspondiente a los codeudores solidarios no procedía el pago de intereses a partir de la fecha cuando se presentó la demanda pues éstos, por ser el E.L.A. y un Municipio, por disposición ex-presa de ley están exentos del pago de intereses presentencia.

Finalmente, el tribunal dictó una resolución mediante la cual denegó la reconsideración solicitada e hizo constar que:

Los demandados eran responsables solidariamente. Además American International Insurance Co. of Puerto Rico fue con-denada a pagar el interés del 11% desde la radicación de la demanda por temeridad. Pague la American International Insurance Co. of Puerto Rico 11% de interés del 25% de la Sen-tencia desde la fecha de radicación de la demanda. Apéndice, Exhibit I, pág. 5.

Inconforme, American recurre ante nos señalando que:

... Contrario a lo dispuesto por la Regla 44.3(b) de Procedi-miento Civil de Puerto Rico, el tribunal de primera instancia erróneamente condenó a la peticionaria a pagarle a los deman-dantes intereses por concepto de temeridad por partidas de la sentencia correspondiente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a uno de sus municipios. (Enfasis en el original.) Petición de certiorari, pág. 8.

Oportunamente, concedimos término a la parte recu-rrida para que mostrara causa por la cual no debíamos “modificar o revocar” la resolución recurrida. Ambas partes han comparecido. Estamos en posición de resolver y proce-demos a hacerlo según lo intimado.

J — H h-1

La controversia ante nos se limita a determinar si erró el tribunal de instancia al requerir a los recurrentes el pago de intereses por temeridad, que son aquellos que en los casos de daños y perjuicios específicamente se acumulan a partir de la fecha cuando se presenta la demanda, sobre el total de la sentencia, no obstante haberse fijado, a los fines de la nivelación entre los deudores solidarios, la ne-gligencia de los recurrentes en un 75%.

En términos generales, los recurrentes alegan que se-gún lo dispuesto por el Art. 1101 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 3112, como deudor solidario a quien se le requirió el pago, tienen derecho a oponer ante el acreedor las excepciones personales de los demás deudores en la proporción de la deuda en que éstos últimos sean responsables. En virtud de lo anterior, alega el recu-rrente que con respecto al 25% de la sentencia, correspon-diente a la negligencia del E.L.A. y el Municipio, puede oponer frente a los demandantes la excepción dispuesta por la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que del pago de intereses por temeridad exime a éstos últimos. Concluir lo contrario, alega, representaría un en-riquecimiento injusto para los demandantes, quienes no hubieran podido reclamar los intereses por temeridad so-bre el 25% de la sentencia si hubieran exigido el pago directamente al E.L.A. o al Municipio, además de que le im-pediría a la recurrente recobrar estos intereses de dichos codeudores.

Por su parte los demandantes recurridos alegan que la sanción por temeridad es independiente de la obligación principal de compensar los daños impuesta por la senten-cia y que es en virtud de esta última que se da la relación de solidaridad entre los codeudores y no con respecto a la sanción por temeridad, la cual es individual de la recu-rrente como parte y se calcula sobre el total de la sentencia.

La solución a la interrogante que nos ocupa surge cuando distinguimos los principios que informan la insti-tución de la solidaridad del objetivo que persigue la impo-sición de intereses presentencia como sanción por la con-ducta temeraria de una parte.

Una obligación solidaria se caracteriza, entre otras cosas, porque existe una relación jurídica externa entre la parte acreedora y la deudora y otra relación jurídica interna entre los distintos acreedores y deudores entre sí. La solidaridad pasiva existe cuando, a pesar de que hay que cumplir una sola vez, cada uno de los deudores tiene el deber de cumplir en su integridad la prestación debida. De modo que con respecto a la relación jurídica externa, como cada deudor solidario está obligado a efectuar íntegra-mente la prestación debida, el (los) acreedor(es) tiene(n) derecho a dirigirse contra cualquiera de los deudores soli-darios o contra todos simultáneamente. La reclamación en-tablada contra uno de los deudores solidarios no es obstá-culo para que posteriormente se dirijan reclamaciones contra los demás, siempre que no se hubiese cobrado la deuda por completo. J. Puig Brutau, Fundamentos de De-recho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1985, T. 1, pág. 151 et seq.

Específicamente en materia de daños extracontractuales o culpa aquiliana hemos resuelto que cuando sean varios quienes con sus actos u omisiones culpables o negligentes causen un daño, se obligarán solidariamente a repararlo. Esto es sin perjuicio de que en la relación interna entre los deudores la obligación se divida conforme a la proporción en que la culpa o negligencia de cada uno contribuyó a la ocurrencia del daño. Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992); Puig Brutau, op. cit.

Los cocausantes de un daño responden solidariamente de su reparación en virtud de que cada uno de ellos con sus actos, aun cuando éstos fueran independientes entre sí, co-operó o contribuyó a provocar el daño. En tales circunstan-cias cada cocausante queda obligado personalmente por ra-zón de su propia culpa. Arroyo v. Hospital La Concepción, supra; Puig Brutau, op. cit.

La solidaridad entre los cocausantes del daño tiene como resultado proteger con más eficacia al perjudicado, quien puede requerir de cualquiera de ellos la reparación íntegra del daño.

De lo antes expuesto surge con claridad que la solidari-dad entre los cocausantes de un daño se da con respecto a la obligación de repararlo.

Ahora bien, conforme lo dispuesto por la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, la temeridad de un litigante se sanciona mediante la imposición del pago de honorarios de abogado y mediante la imposición de intereses presentencia. En los casos de cobro de dinero, el interés presentencia se calcula desde que surge la causa de acción y en los daños y perjuicios a partir de la presentación de la demanda.

Tanto la imposición de honorarios de abogado como la de interés presentencia tienen como propósito disuadir la litigación innecesaria y alentar las transacciones, mediante la imposición de sanciones a la parte temeraria, que compensen los perjuicios económicos y las molestias sufridas por la otra parte. De esta forma se viabiliza y garantiza la justa, rápida y económica solución del asunto ante la consideración del Tribunal. Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972).

Aunque la determinación de temeridad descansa en la sana discreción del juez, una vez éste concluye que la parte actuó temerariamente es imperativa la condena de honorarios de abogado e interés presentencia (cuando éstos procedan).

El concepto “temeridad” ha sido ampliamente definido por nuestra jurisprudencia y, en términos generales, se considerará temeraria toda aquella conducta que haga necesario un pleito que se pudo evitar, que lo prolongue innecesariamente o requiera a la otra parte efectuar gestiones innecesarias. Elba A.B.M. v. U.P.R., supra; Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526 (1989); Colondres Vélez v. Bayron Velez, 114 D.P.R. 833 (1983); Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, supra. Por su propia definición, la conducta temeraria solo ocurre una vez se ha iniciado el pleito.

La determinación de temeridad tiene carácter individual, por lo cual no puede aplicársele la responsabilidad solidaria de los cocausantes de un daño. “[L]a temeridad es una actividad que se proyecta sobre el procedimiento [,] ... afecta[ndo] el buen funcionamiento [del tribunal] y la administración de la justicia [además de sujetar a la otra parte] a la ordalía del proceso judicial” con sus consecuentes gastos. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987). El litigante temerario se arriesga al litigar el caso y “[d]ebe asumir, pues la responsabilidad por sus actos”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 719.

De lo antes expuesto resulta forzoso concluir que la obligación que tienen los cocausantes de un daño de repararlo es distinta e independiente de la obligación de una parte de satisfacer una condena en su contra por temeridad. Específicamente, la obligación de reparar el daño surge en virtud de que cada uno de los cocausantes que con sus actos cooperó en ocasionar el daño, lo que se ha interpretado da lugar a que los cocausantes respondan solidariamente frente al perjudicado. Por su parte, la obligación de satisfacer una condena por temeridad surge como resultado de la conducta de la parte al litigar, lo cual es un suceso independiente al que motivó la condena en daños.

Por ser ambas obligaciones distinguibles e independientes entre sí a la condena por temeridad, no les aplica lo dispuesto por el Art. 1101 del Código Civil, supra, que faculta a un codeudor solidario, a quien se le requiera el pago, a oponer ante el acreedor las excepciones personales de los demás codeudores. La aplicabilidad del artículo citado presupone la existencia de una relación de solidaridad con respecto a la obligación concernida.

A idéntico resultado llegamos al aplicar al caso de autos la doctrina expuesta en Roldán Medina v. Serra, 105 D.P.R. 507 (1976). Específicamente, en el caso citado resol-vimos que al amparo de la Regla 44 de Procedimiento Civil, supra, entonces vigente, no procedía la imposición de forma solidaria de una condena por la temeridad de los codemandados.

A este respecto señalamos que: “El tribunal sentencia-dor puede encontrar temeraria a la aseguradora o al ase-gurado, o a ambos, e imponer el pago de intereses ... [presentencia]. Pero la ley no autoriza que tal imposición sea solidaria y no podemos ir más allá de lo dispuesto en la ley por flagrante que nos parezca la temeridad incurrida.” (Escolio omitido.) Roldán Medina v. Serra, supra, pág. 515.

En vista de lo anterior, en Roldán Medina v. Serra, supra, concluimos que los intereses presentencia o por teme-ridad que correspondía pagar a la aseguradora se calcula-rían sobre la cantidad que le correspondía pagar a ésta bajo la póliza de seguros concernida y no sobre la totalidad de la sentencia.

Aun cuando en el caso ante nos la condena por temeri-dad tan solo le fue impuesta a la recurrente, resulta perti-nente lo resuelto en Roldán Medina v. Serra, supra, con relación a que la cantidad a pagar por concepto de intere-ses presentencia ha de calcularse sobre la cantidad de la sentencia que “finalmente” el litigante temerario está obli-gado a pagar.

En Roldán Medina v. Serra, supra, como explicamos antes, el cálculo se hizo a base del monto de la póliza, lo cual era la cantidad que “finalmente” pagaría allí la aseguradora. En casos como el de marras, en el cual hay varios codeudores (cocausantes del daño) y sólo a uno se le impuso el pago de intereses por temeridad compatible con Roldán Medina v. Serra, supra, sólo pagará los intereses presentencia sobre la cantidad que le correspondería pagar conforme a la proporcionalidad en que contribuyó a la ocurrencia de los daños.

La Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, supra, excluye al E.L.A., a sus municipios, agencias e instrumentalidades o funcionarios en su carácter oficial de la imposición de intereses presentencia. Es importante destacar que lo aquí resuelto es compatible con lo dispuesto en la regla citada. Con respecto al caso ante nuestra consideración, conclui-mos que los intereses por temeridad que está obligada a pagar la recurrente se habrán de calcular sobre el setenta y cinco por ciento (75%) de la sentencia. Ésta es la propor-ción de la cual “finalmente” es responsable la recurrente, en virtud de sus actos negligentes.

Concluir lo contrario, es decir, que los intereses por te-meridad se calculan sobre el total de los daños fijados en la sentencia nos llevaría, en algunos casos, a la paradójica situación en que la sanción por temeridad fuera mayor que la obligación principal impuesta por la sentencia al liti-gante concernido.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia que modifique la resolución recurrida. Con relación a la sanción por temeridad, a la recurrente tan sólo le corres-ponde pagar el interés legal desde que se presentó la de-manda y hasta que se dictó la sentencia, calculado éste a base del 75% de la sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López no intervino.

       Con relación a las terceras demandadas, Empresas Tito Castro y Ponce Asphalt, por orden del Tribunal de Quiebras el caso fue paralizado; no obstante, conti-nuó contra su aseguradora American International Insurance Company of Puerto Rico.

       Finalmente en diciembre de 1991, tanto el E.L.A. como el Municipio consig-naron el 10% y 15% que, respectivamente, les correspondía pagar. La cantidad de intereses consignados por ambos codemandados se calculó a razón de un 7.5% desde la fecha cuando se dictó la sentencia.

       Los recurrentes no cuestionan la determinación de temeridad hecha por el tribunal de instancia; la imposición y pago de la totalidad de los honorarios por temeridad, ni de los intereses por temeridad sobre el 75% de la sentencia.

       Específicamente el Art. 1101 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3112, dispone:
      “El deudor solidario podrá utilizar contra las reclamaciones del acreedor, todas la excepciones que se deriven de la naturaleza de la obligación y las que le sean personales. De las que personalmente correspondan a los demás, sólo podrá servirse en la parte de deuda de que éstos fueren responsables.”

       El contenido de la regla entonces vigente y la actual es básicamente el mismo.

       Lo señalado antes implica que en tales situaciones el tribunal de instancia está obligado, de no haberlo hecho antes, a distribuir la responsabilidad entre los cocausantes del daño para poder determinar (en caso de que se determine que uno o varios de éstos fue temerario) el monto sobre el cual se pagarán los intereses presentencia. De lo contrario, los referidos intereses serán calculados aplicando la norma general de distribución en partes iguales entre los cocausantes del daño. Véanse: Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 118 D.P.R. 701, 710 (1987); Vega v. Adm. Servicios Médicos, 117 D.P.R. 138, 149 (1986); Ramos v. Caparra Dairy, Inc., 116 D.P.R. 60, 62 (1985); Arroyo v. Hospital La Concepción, 130 D.P.R. 596 (1992); Arts. 1091 y 1098 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3102 y 3109.

       Así, por ejemplo, si asumimos que en una acción en daños y perjuicios, cuyo trámite judicial tomó dos (2) años a partir de la fecha cuando se presentó la de-manda, se dictó sentencia que fijaba los daños en cien mil dólares ($100,000) y hubo cinco (5) codemandados privados, cocausantes del daño y que todos litigaron en forma temeraria, la sanción total por temeridad sería de ciento veinte mil dólares ($120,000), al aplicar una taza de interés de doce por ciento (12%). Esto es, la sanción o condena por temeridad sería mayor que la obligación principal establecida por sentencia.
      De igual forma, si sólo uno de los codemandados litigó temerariamente y en la sentencia se estableció que éste fue responsable del 5% de los daños, la sanción por temeridad sería de catorce mil dólares ($14,000), mientras que su obligación última con respecto a los daños sería de tan sólo cinco mil dólares ($5,000).


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Daniel Alonso Hernández et al., demandantes, v. Citibank, N.A., demandado.

      Número: CT-93-347

      Resuelto: 30 de junio de 1994

      Arnaldo E. Granados, de Ortiz Toro & Ortiz Brunet, abogado de los demandantes; José Enrique Otero, del Bufete Iriza-rry, Otero & López, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opi-nión del Tribunal.

Por tratarse de un asunto novel en el derecho puertorri-queño, el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, conforme a la Regla 27 de nuestro Regla-mento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, nos certificó la siguiente cues-tión para nuestra consideración:

¿Aplica la sección 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. 1751, a la persona a cuyo nombre aparece registrado un vehículo de motor, cuando dicha persona es el “arrendador financiero” (financial lessor) del vehículo y tiene título de dueño sobre el mismo conforme a los términos de un contrato de arrendamiento a largo plazo, y cuando el acci-dente en cuestión fue causado por la negligencia exclusiva del conductor del vehículo, que lo manejaba con el consentimiento del arrendatario (lessee)?

HH

El 19 de octubre de 1991 Manuel Sánchez Reyes perdió el control del automóvil marca Toyota que conducía e im-pactó por detrás a un camión que transitaba por la misma carretera y en la misma dirección. Sánchez Reyes pereció en el accidente al igual que Daniel Alonso Labatut, uno de los pasajeros que viajaba en el automóvil. Su hermana, Milagros Alonso Labatut, quien también iba en el automó-vil, sufrió lesiones en el cuello y en la espalda.

El vehículo en cuestión estaba registrado en el Departa-mento de Transportación y Obras Públicas (D.T.O.P.), al momento del accidente, a nombre de Citibank, N.A. (en adelante Citibank) en concepto de dueño. La madre del conductor, Mercedes Reyes, aparecía como arrendataria Clessee) en el contrato de arrendamiento que ésta había acordado con Citibank.

Los padres y otros familiares de Daniel Alonso Labatut se unieron a Milagros Alonso Labatut como demandantes en una acción de daños y perjuicios contra Citibank, pre-sentada en el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por razón de diversidad de ciudadanía. Se alegó en dicha acción que Citibank, como dueño del vehí-culo conducido negligentemente por Sánchez Reyes, res-pondía solidariamente por los daños causados por éste, conforme a lo dispuesto en la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 1751.

Durante los procedimientos, la parte demandada plan-teó como defensa que el referido artículo de la Ley de Ve-hículos y Tránsito de Puerto Rico no le aplicaba a arrenda-dores financieros {financial lessors) como Citibank. Alegó que los contratos de arrendamiento, como el que está ante nos ahora, son sólo un medio de financiar la compra de vehículos de motor y que el título de dueño que ostenta Citibank es sólo una formalidad dirigida a garantizar que el arrendatario cumpla con sus obligaciones contractuales. Alegó, además, que el automóvil estuvo siempre bajo el control y posesión exclusiva de la arrendataria Mercedes Reyes desde que se formalizó el contrato entre ellos.

El demandado Citibank solicitó la desestimación de la demanda por la alegación referida de que no respondía ci-vilmente bajo la Sec. 13-101 de la Ley de Vehículos de Puerto Rico, supra. El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico denegó la desestimación y siguió adelante con los procedimientos. Durante el juicio, Citibank solicitó, en dos ocasiones, la desestimación de la de-manda por el mismo fundamento que antes y el tribunal también las denegó. Eventualmente, el Jurado en el juicio de instancia, que había sido instruido sobre el plantea-miento de Citibank, rindió un veredicto contra éste y en-contró al banco responsable por los daños causados por la negligencia del conductor del vehículo. Luego el tribunal procedió a dictar sentencia, condenando a Citibank a pa-garle a los demandantes la suma de $70,000. Citibank so-licitó entonces que se dejara sin efecto el veredicto y la sentencia, insistiendo de nuevo en que no le aplicaba la aludida Sec. 13-101.

Es en este contexto que el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico nos certificó la cuestión ju-rídica aludida. Para completar la descripción de los hechos pertinentes es menester aludir a los términos esenciales del contrato en cuestión.

Conforme al contrato de arrendamiento, Mercedes Reyes se obligó a pagar a Citibank la cantidad de $384 men-suales por la posesión, uso y disfrute del automóvil (possession and quiet enjoyment of the unit) durante un período mínimo de 60 meses. El uso del vehículo por el arrendata-rio estaba limitado por varias condiciones restrictivas fija-das contractualmente por el arrendador, tales como que: (1) el automóvil sólo se usaría dentro de los confines terri-toriales de Puerto Rico; (2) que sólo lo conducirían perso-nas mayores de 21 años de edad, y (3) que no podía utili-zarse para transportar personas o carga comercialmente. Al cabo del término del alquiler, el arrendatario tendría derecho a adquirir el vehículo pagándole al arrendador el valor residual acordado en el contrato ($3,000). En ese mo-mento, el arrendatario también tendría la opción de entre-gar el vehículo a Citibank o renegociar un nuevo contrato de arrendamiento. Parte del canon mensual de arrenda-miento ($102) estaba destinado por acuerdo de las partes a pagar el costo de una póliza de seguro (business auto policy) a favor de Citibank como coasegurado con una cu-bierta de $1,000,000. Finalmente, en el contrato se estipu-laba —en términos claros y sobresalientes— que este contrato era un acuerdo de alquiler entre las partes, que no transfería de modo alguno el título de propiedad al arrendatario. Decía expresamente la cláusula catorce del contrato lo siguiente:

THIS INSTRUMENT IS A LEASE AND NOT A CONTRACT OF SALE. The unit is the sole property of lessor and lessee shall have no right, title or interest therein as to ownership thereof....

I — I I — H

La certificación que nos sometió el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico en este caso ha seguido un curso inusitado que no habíamos encarado en su totalidad antes. Las circunstancias especiales de esta solicitud de certificación presentan, pues, una situación no-vedosa que requiere que hagamos unos breves pronuncia-mientos sobre el particular.

La sentencia del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico condenando a Citibank a pagarle $70,000 a los demandantes fue emitida en febrero de 1993. Luego de considerar sendas mociones y memorando de de-recho de las partes, dicho tribunal nos certificó la cuestión novel aludida el 16 de julio de 1993.

Así las cosas, la parte demandante presentó su alegato ante nos sobre el recurso de certificación el 13 de septiem-bre de 1993. El demandado Citibank presentó el suyo el 17 de septiembre de 1993 y los demandantes replicaron el 28 de octubre de ese año. El 3 de noviembre de 1993 notifica-mos la denegatoria de una moción del demandante solici-tando vista oral, y el caso quedó sometido.

El 1ro de junio de 1994, cuando ya habíamos formulado una opinión mayoritaria para resolver el asunto ante nos —que iba a ser emitida durante los próximos días— el de-mandado Citibank compareció ante este Tribunal me-diante moción informativa para indicarnos que las partes habían llegado a un acuerdo transaccional que habría de disponer definitivamente del caso pendiente ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, que había dado lugar a la certificación ante nos.

En su moción informativa el demandado Citibank no nos informó sobre las acciones tomadas por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico respecto a la transacción aludida. Sólo nos pidió que tomáramos co-nocimiento del acuerdo transaccional “a todos los fines le-gales pertinentes”, indicándonos que entendían “que nin-guna de las partes puede solicitar desistimiento del recurso de Certificación que actualmente se encuentra pendiente ante este Honorable Tribunal Supremo toda vez que, como es conocido, ese recurso se inició mediante soli-citud emitida por ... el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico”.

Los demandantes, por su parte, no comparecieron, como debieron hacerlo, para informarnos de la referida tran-sacción ni para hacer el planteamiento correspondiente so-bre el desistimiento del recurso ante nos. Tampoco había-mos recibido comunicación alguna del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico relativa a la tran-sacción aludida. Dicho foro no había retirado la certifica-ción ante nos ni nos había sometido ninguna determina-ción suya que ordenara el archivo del caso por desistimiento.

En vista de lo anterior, no estábamos procesalmente en condiciones para resolver respecto a la aludida moción in-formativa del demandado. Por ello, solicitamos de la Secre-taría del Tribunal federal información sobre el status del caso en ese foro, y el 17 de junio de 1994 dicha secretaría nos informó que, en efecto, el Tribunal federal había acep-tado la estipulación de las partes transigiendo el pleito. Nos enteramos así que el 2 de junio de 1994 dicho tribunal federal desestimó formalmente la acción pendiente allí.

Por lo antes relatado, aun en esta avanzada etapa de los procedimientos ante nos, debemos abstenernos de resolver la importante y novel cuestión que nos fue certificada por el foro federal. Reiteradamente hemos resuelto que la certificación no puede eludir el principio fundamental relativo a que la función judicial sólo puede ejer-cerse para resolver controversias concretas, reales y efectivas entre las partes litigantes. Véanse: Ocasio Juarbe v. Eastern AirLines, Inc., 125 D.P.R. 410 (1990); Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982); Zurkowsky v. Honeywell, Inc., 112 D.P.R. 271 (1982). En este caso, aunque llegamos a formular una posición mayo-ritaria sobre el asunto, la súbita transacción del pleito y su desestimación final, por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, han convertido en acadé-mica la controversia concreta del pleito de marras. Nin-guna de las contestaciones que podíamos dar a la pregunta certificada habrá de determinar el resultado del caso. Cualquier pronunciamiento nuestro en estas circunstan-cias, pues, constituiría una opinión consultiva contraria a la política de autolimitación que hemos establecido sobre el particular. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991).

Nuestra decisión se apoya decisivamente, además, en el hecho de que la importante y novel cuestión que nos fue certificada por el foro federal, aunque de naturaleza recurrente, está planteada también en otro caso que está pendiente ante nos y que habremos de resolver oportunamente. No tenemos ante nos, pues, una instancia de la excepción a la doctrina de cuestión académica que se configura cuando la controversia es recurrente. Aquí, aunque el caso de marras trata sobre una controversia que es susceptible de volver a ocurrir, ésta no habrá de quedar sin dilucidarse prontamente.

Por las razones expuestas, declinamos resolver en este caso la cuestión que nos fue certificada por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto concurrente particular.

— O —

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Coincidimos con el resultado expresado en la opinión mayoritaria en cuanto a que este caso se convirtió en aca-démico y que, por ende, no procedía acceder a la solicitud de certificación presentada por el Tribunal de Distrito federal. No obstante, concurrimos por entender que el asunto ante nuestra consideración no amerita que emita-mos una opinión del Tribunal y para expresar nuestro des-acuerdo con la idea presentada por la opinión mayoritaria, sobre que nuestra negativa a contestar la pregunta certifi-cada “se apoya decisivamente ... en el hecho de que la ... cuestión que nos fue certificada por el foro federal, aunque de naturaleza recurrente, está planteada también en otro caso que está pendiente ante nos ...”. Opinión mayoritaria, pág. 576.

Ciertamente, es correcto el resultado al cual llega la opi-nión mayoritaria de que la controversia que origina la cer-tificación de autos es académica. La Regla 27 del Regla-mento del Tribunal Supremo, 4 L.RR.A. Ap. I-A, dispone, en lo pertinente:

(a) Este Tribunal podrá conocer de cualquier asunto que le fuere certificado por ... [un tribunal de distrito federal] cuando así lo solicite [dicho tribunal], de existir ante el tribunal solici-tante cualquier asunto judicial en el que están envueltas cues-tiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar el re-sultado del mismo ....
(b) Dicha certificación se formalizará al radicarse la solici-tud, la cual consistirá de una resolución a tales efectos emitida por el tribunal solicitante, sua sponte o a moción de cualquiera de las partes ....

Claramente, al amparo de la Regla 27(a) del Regla-mento del Tribunal Supremo, supra, cuando el pleito se transige ya no existirá ante el foro federal un “asunto judicial en el que están envueltas cuestiones de derecho puertorriqueño que puedan determinar el resultado del mismo”. La transacción del pleito, por su propia natura-leza, concluyó el caso y determinó su resultado.

La Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, también apoya nuestra conclusión al disponer que el recurso de certificación se formaliza cuando el tribunal so-licitante “tenga ante su consideración un caso en el cual surjan cuestiones de derecho local que sean determinantes en la causa de acción”. Es obvio que, dada la transacción del litigio ante el foro federal, dicho tribunal ya no tendrá ante su consideración “un caso” o controversia concreta, mucho menos uno “en el cual surjan cuestiones de derecho local que sean determinantes”. Id. A esos mismos efectos, expresamos en Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 785-786 (1982), que:

... la certificación no puede eludir el principio fundamental que fija el sentido y propósito de la función judicial, el de que ésta solo puede ejercerse para resolver controversias concretas, reales y efectivas entre litigantes que reclaman derechos opues-tos ante el tribunal. Es necesario, por lo tanto, que la certifica-ción satisfaga cabalmente este principio elemental de justicia-bilidad no solo en nuestro foro, sino, además, en el foro federal.
Las preguntas certificadas deben, pues, ser enmarcadas en un contexto de hechos detallados y específicos y la contestación del tribunal debe ser obligatoria para las partes. (Citas omitidas.) A estos efectos, véase también H.E. Vicente Cuesnongle, O.P. v. D.A.C.O., 119 D.P.R. 457, 462-464 (1987), opinión concurrente.

Por otro lado, al declinar la solicitud de certificación no consideramos pertinente que la cuestión certificada por el foro federal esté planteada también en otro caso pendiente ante nos. Independientemente de si el asunto esté o no pendiente, lo cierto es que una contestación a la pregunta, bajo estas circunstancias, constituiría un ejemplo clásico de una opinión consultiva. Si bien es cierto que un caso no es académico cuando la controversia que presenta es capaz de repetirse, pero, por su naturaleza, probablemente elu-dirá la revisión judicial, también es cierto que esta contro-versia no es del tipo que elude la revisión judicial.

Finalmente, coincidimos con el Juez Asociado Señor Re-bollo López cuando éste expresa en su voto particular que la opinión mayoritaria “no resuelve una controversia ni añade nada nuevo o significativo a nuestro acervo jurisprudencial”. (Enfasis suprimido.) Voto concurrente particular, pág. 579. En vista de la transacción entre las partes, la controversia de autos debió resolverse mediante la certificación de una sentencia o una resolución explicada.

— O —

Voto concurrente particular emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Recientemente —el pasado 10 de junio de 1994— expre-samos que la “situación en éste, el más alto Foro judicial del País, es ciertamente cada día más alarmante”. Dichas expresiones fueron hechas en relación a unas situaciones en que entendíamos que el Tribunal estaba actuando en violación de unas normas o parámetros que limitan su au-toridad y facultad para expresarse respecto a un asunto en particular.

Nuestra preocupación al respecto va en aumento. Hoy el Tribunal emite una “Opinión” en un caso que, admitida-mente, se ha convertido en académico. Ello, sin embargo, no es todo. La mal llamada “Opinión del Tribunal”, aparte de intentar “amonestar” al foro federal y de anunciar que próximamente resolverá la “importante y novel cuestión” que planteaba el recurso, no resuelve una controversia ni añade nada nuevo o significativo a nuestro acervo jurisprudencial.

Esto es, la Mayoría hace caso omiso y/o se olvida del hecho de que las “Opiniones” que emite este Tribunal se supone que tengan el propósito, entre otros, de establecer nuevas normas de derecho, aclarar y despejar situaciones jurídicas complejas y confusas, y suplir “lagunas” en nues-tro ordenamiento. Ahora bien, no hay duda que la “Opi-nión” emitida convenientemente constituye una estadística más en la columna correspondiente a “casos resueltos” por el Tribunal.

Ante los últimos acontecimientos, cabe preguntarse qué nos deparará el futuro.

       Véase In re Vélez Báez, 128 D.P.R. 509 (1991).


author: Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Aconi Telecommunications, Inc., demandante y recurrente, v. Rafael Noa y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-94-19

      Resuelto: 11 de julio de 1994

      Enrique J. Mendoza Méndez, de Mendoza & Baco, abogado del demandante y recurrente; Edwin L. Bello Rivera, de
      Edwin L. Bello Law Offices, abogados de los demandados y recurridos.
   SENTENCIA

Revisamos, mediante el mecanismo procesal decisorio de la orden de mostrar causa, una resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, me-diante la cual dicho foro judicial se negó a conceder una petición de injunction preliminar, solicitada dentro de una acción denominada de “injunction, sentencia declaratoria, daños y perjuicios y cumplimiento específico de contrato”; radicada dicha acción por la aquí peticionaria Aconi Telecommunications, Inc. (en adelante Aconi) contra el code-mandado Rafael Noa, su esposa Ana M. López y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.

De la mencionada resolución surge, en síntesis y en lo pertinente, que: la peticionaria Aconi es una corporación que se dedica a ofrecer servicios de instalación y repara-ción de cuadros telefónicos desde hace catorce (14) años —en específico, cuadros telefónicos marca Rolm— indus-tria que es competitiva y técnica que requiere una alta inversión de capital y en la cual los márgenes de ganancias son bajos; que el codemandado Rafael Noa fue empleado de Aconi por aproximadamente doce (12) años, habiendo co-menzado como instalador-reparador y ascendiendo, según fue adquiriendo experiencia y ciertos cursos de adiestra-miento especializado, hasta ocupar puestos de mayor jerar-quía; que todos los adiestramientos especializados, que re-cibiera Noa en los Estados Unidos, fueron sufragados totalmente por Aconi; que previo a la asistencia a uno de esos adiestramientos altamente especializados en los Esta-dos Unidos, el 2 de marzo de 1990, Noa firmó un contrato mediante el cual se comprometió, en lo pertinente, a que durante los nueves (9) meses siguientes a la fecha en que cesaran sus servicios para Aconi él se abstendría de traba-jar, o prestar servicios, “para otras empresas o personas cuyas operaciones, actividades y/o negocios” (Memorial de la parte demandante, pág. 5) fueran en el mismo ramo que Aconi; que, antes de firmar el referido acuerdo, Noa fue informado por el gerente de operaciones de Aconi que, de no hacerlo, se “quedaría atrás” en la Compañía; y que luego de que Noa renunciara —de manera sorpresiva— a su em-pleo con Aconi, inmediatamente comenzó a prestarle servi-cios a empresas e instituciones que tenían cuadros telefó-nicos marca Rolm, de los cuales Aconi era el distribuidor exclusivo en Puerto Rico.

El foro de instancia denegó la solicitud de injunction preliminar no obstante entender que la cláusula de no competencia, aquí en controversia, era una válida en vista de que: la misma era por un período de tiempo razonable corto (nueve (9) meses); que Aconi tenía un interés legítimo en proteger su inversión; Noa era un empleado clave, y existía, en consecuencia, una “consideración valiosa como quid pro quo de la restricción de la libertad de contratación”. Petición de certiorari, pág. 4. Razonó, sin embargo, el foro de instancia —en apoyo de su decisión denegatoria— que Aconi ejerció “presión indebida” sobre Noa para obligarlo a firmar el contrato. Dicha conclusión tiene como fundamento el hecho de que Noa fue informado, por el gerente de operaciones de Aconi, que si no aceptaba “quedaría atrás” en la Compañía. Inconforme, Aconi acudió —vía certiorari— ante este Tribunal imputándole al foro de instancia haber errado al así decidir.

Mediante resolución, de fecha 18 de marzo de 1994, le concedimos término a la parte demandada recurrida para que mostrara causa por la cual “no se deba expedir el auto solicitado y dictar Sentencia revocatoria de la resolución recurrida”. La referida parte ha comparecido. Resolvemos.

I

De entrada, procede señalar que el foro de instancia de-terminó que no existía problema alguno relativo al hecho de que, tratándose de que el remedio solicitado era extraor-dinario, la parte demandante tenía el peso de probar su procedencia conforme a los criterios establecidos en P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975); esto es, que Aconi había cumplido con dicha obligación. Véase, en adición, García v. World Wide Entmt. Co., 132 D.P.R. 378 (1992).

En cuanto al asunto de la validez de la cláusula de no competencia, recientemente nos expresamos al respecto. En Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 175 (1994), expresamos que, “considerando que en nuestro ordenamiento rige el principio de la libertad de contratación, como regla general los acuerdos de no competencia son válidos” (énfasis suplido), pero que, “considerando que todo contrato debe estar conforme al principio de la buena fe, [y] en ausencia de expresión legislativa al respecto, la validez de las cláusulas de no competencia dependerá del cumplimiento de las condiciones siguientes”. (Enfasis suplido.) Id:

Primero, el patrono debe tener un interés legítimo en dicho acuerdo, esto es, que de no recibir la protección de una cláusula de no competencia, su negocio se vería sustancialmente afectado. La magnitud de este interés se medirá, entre otras cosas, a la luz de la posición del empleado dentro de la empresa. Esto es, que la existencia del interés del patrono estará direc-tamente relacionada y dependerá de que el empleado, por la posición que asume en la empresa, esté facultado para competir de forma efectiva con su patrono en un futuro.
Segundo, el alcance de la prohibición debe corresponder con el interés del patrono, en cuanto a objeto, término y lugar de restricción o clientes afectados. El objeto de la prohibición se debe limitar a actividades similares a las efectuadas por el pa-trono; no es necesario que se limite a las funciones específicas del empleado. El término de no competencia no debe excederse de doce (12) meses, entendiéndose que cualquier tiempo adicio-nal es excesivo e innecesario para proteger adecuadamente al patrono. Por último, respecto al alcance de la prohibición, el contrato debe especificar los límites geográficos o los clientes afectados. En cuanto al área geográfica a la que aplica la res-tricción, ésta debe limitarse a la estrictamente necesaria para evitar la competencia real entre el patrono y el empleado. Cuando la prohibición de competencia se refiere a los clientes, debe referirse sólo a aquellos que el empleado atendió personal-mente durante un período razonable de tiempo antes de renun-ciar o en un período inmediatamente anterior a la renuncia, y que al hacerlo todavía eran clientes del patrono. Estos elemen-tos se evaluarán teniendo en mente la naturaleza de la indus-tria involucrada y el posible interés público relacionado.
Tercero, el patrono debe ofrecer una contraprestación a cam-bio de la firma del acuerdo de no competir por parte del empleado. Esta contraprestación puede consistir, por ejemplo, en la obtención de un ascenso, de beneficios adicionales en el trabajo o del disfrute de cambios sustanciales de similar natu-raleza en las condiciones de empleo. Incluso sería suficiente que un candidato obtenga el empleo deseado en la empresa. Sin embargo, no se admitirá como causa del acuerdo de no compe-tencia la mera permanencia en el empleo.
Cuarto, los pactos de no competencia, como todo contrato, deben contar con los elementos esenciales para su validez: con-sentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3391. Sin embargo, en este tipo de contratos sere-mos especialmente estrictos al asegurarnos de que el empleado firmó libre y voluntariamente el contrato de no competencia. No permitiremos coacción o presión indebida alguna por parte del patrono. Nada se ha alegado en el caso de marras que nos permita inferir que hubo tal coacción o presión indebida. Esta consideración, sin embargo, es innecesaria a la luz de lo que resolvemos a continuación sobre la validez del contrato.
Finalmente, es indispensable que los pactos de no competen-cia consten por escrito.
En la medida en que estos contratos incumplan las condicio-nes anteriores, se considerarán, además de contrarios a la buena fe contractual, violadores del orden público por restrin-gir de forma excesiva e injustificada la libertad de trabajo del empleado y la libertad de selección del público en general. Por tal razón, en vez de modificar la voluntad de las partes para ajustarla a normas razonables, se declarará nulo todo pacto de no competir que no cumpla con las condiciones anteriores. (Es-colio omitido.) Arthur Young & Co. v. Vega III, ante, págs. 176-178.

HH J-H

A la luz de todo lo antes expuesto, entendemos que la cláusula de no competencia, aquí en controversia, es una válida que debe ser puesta en vigor. En otras palabras, se cumple, de manera afirmativa, con todas y cada una de las condiciones, o requisitos, que expusimos, y exigimos, en el citado caso de Arthur Young & Co. v. Vega III, ante. Por otro lado, y contrario a lo expuesto por el foro de instancia, somos de la opinión que el acuerdo suscrito por el recurrido Noa con la peticionaria Aconi no fue realizado por éste bajo presión o coacción de clase alguna. El mero señalamiento, por parte del gerente de operaciones de Aconi, de que de no firmarlo se “quedaría atrás” no constituye, en nuestra opi-nión, coacción suficiente para anular dicho acuerdo; mera-mente significaba que, de no firmarlo Noa, la referida Com-pañía no le brindaría la oportunidad de seguir asistiendo a los cursos de entrenamiento especializado en los Estados Unidos, limitándose de esa forma sus posibilidades de pro-gresar en dicha Compañía.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de la resolución emitida por el foro de instancia, devolviéndose el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió con opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liadó

Secretario General

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Por las razones y fundamentos que formulé en mi opi-nión concurrente en Arthur Young & Co. v. Vega III, 136 D.P.R. 157, 185-192 (1994), me veo obligado a disentir del injusto resultado al cual llega la mayoría en su sentencia en este caso.

El pacto de no competir, que está ante nos aquí, consti-tuye con claridad un contrato de adhesión que fue aceptado por el empleado porque no tenía otra alternativa. En vista de ello, lo menos que deberíamos exigir para darle validez al susodicho pacto es que haya mediado una causa ade-cuada; es decir, que el empleado haya recibido una apro-piada compensación económica particular a cambio del pacto de no competir. La mayoría en esta sentencia, como en la opinión de Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, reitera que dichos pactos de no competir no son válidos si el patrono no le da al empleado una contraprestación especial suficiente por suscribir el pacto. Sin embargo, la ma-yoría aquí convalida el pacto en cuestión, aunque es evi-dente que no medió tal contraprestación o causa . La mayoría, pues, dice una cosa pero hace otra. No aplica la propia norma que ha formulado como condición para la validez del pacto. No hubo causa, pero aun así la mayoría resuelve que el pacto es válido.

Por otro lado, la mayoría interpreta, de manera muy acomodaticia para el patrono, su amenaza hacia el em-pleado de que si no firmaba el pacto en cuestión, dicho empleado “se quedaría atrás” en la compañía. El Art. 1219 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3406, preceptúa que existe intimidación, del tipo que anula el consenti-miento prestado en algún pacto o contrato, “cuando se ins-pira a uno de los contratantes el temor racional y fundado de sufrir un mal inminente en su persona o bienes”. (Enfa-sis suplido.) Se trata de una coacción moral, encaminada a asustar o producir miedo en el ánimo de una persona. Calderón v. Vallecillo, 77 D.P.R. 859, 867 (1955). Si existe o no tal intimidación, dependerá de las circunstancias de cada caso. Rivera v. Banco Industrial, etc. y García, Int., 49 D.P.R. 709 (1936); Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989).

A la luz de esta normativa es difícil comprender cómo la mayoría puede afirmar que la amenaza del patrono en el caso ante nos no constituyó “presión o coacción de clase alguna”. No le mereció importancia a la mayoría que se trataba de un antiguo y experimentado empleado de la compañía, que había laborado en ésta durante doce de los catorce años que dicha compañía llevaba haciendo nego-cios, y que había ascendido notablemente en la misma hasta ocupar puestos de mayor jerarquía. Dentro de estas circunstancias, me parece evidente que para tal empleado la amenaza de que no progresaría más dentro de la com-pañía constituyó una seria coacción, aunque la mayoría in-genua o insensiblemente no lo considere así. El empleado había dedicado doce años productivos de su vida a lograr el éxito de la compañía y así se había ganado una posición decorosa en ésta. Ahora, de buenas a primeras, todo ello quedaba en grave riesgo de menoscabo si no accedía a la “oferta” del patrono. Para mí dicha “oferta” era una ame-naza seria, y constituyó claramente una coacción moral in-timidante que vicia la validez del pacto que el empleado firmó porque no tenía ninguna otra alternativa real.

Aquí, como en Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, encaramos una conducta patronal que atenta contra la au-tonomía laboral del trabajador, contra los derechos de los consumidores, contra la libertad contractual de terceros y contra las premisas económicas de libre empresa y libre competencia, sobre las cuales se erige el régimen de las sociedades de mercado. La mayoría, sin embargo, insiste en reconocerle validez generalmente a los pactos referidos. En Arthur Young & Co. v. Vega III, supra, la mayoría, al menos, estuvo dispuesta a resolver que el pacto particular de dicho caso era nulo. Ahora aquí, en cambio, la mayoría convalida el pacto en cuestión al aplicar ciegamente lo pro-nunciado en la anterior opinión. Con ello la mayoría ahora no sólo le da continuidad a una desacertada política judicial sino que también, en el caso de marras, decide favore-cer al contrayente económicamente más fuerte en detri-mento del contrayente más débil. Como ello no es conforme a mi noción de lo que es justo, DISIENTO.