author: El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

text:
    Caribe Lumber & Trading Corporation, demandante y recurrente, v. Inter-American Builders, Inc. y American Surety Co. of New York, demandadas y recurridas.

      Numero: R-72-118

      Resuelto: 25 de mayo de 1973

      Sweeting, González & Ruiz, abogados de la recurrente; A. Castro Fernández y F. Castro Amy, abogados de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

emitió la opinión del Tribunal.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico otorgó un con-trato a la corporación Southern Builders, Inc., para la cons-trucción de un edificio en Hato Rey, Puerto Rico. Esta, a su vez, otorgó un subcontrato con la corporación codemandada Inter-American Builders, Inc., como subcontratista, para la construcción por ésta, de dicha obra. Como una obligación bajo el subcontrato, la codemandada Inter-American Builders, Inc., como principal y la codemandada' American Surety Company of New York, como fiadora {“surety”), expidieron una fianza de pago a favor del contratista principal Southern Builders, Inc., como beneficiario {“obligee”) y para el uso y beneficio de las personas con contratos directos con dicha Inter-American Builders, Inc., para suplir materiales y/o mano de obra para usarse en dicha obra. (Subcontract Labor and Material Payment Bond).

Dicha fianza contiene la cláusula 3(a) que dispone:

“(3) No podrá persona alguna iniciar pleito o acción bajo la presente:

(a) A menos que previamente haya notificado por escrito a cualesquiera dos de las siguientes:

A la principal (Inter-American Builders, Inc.) ;

A la acreedora (Southern Builders, Inc.); o a la fiadora (American Surety Company of New York), dentro de los NOVENTA {90) dias siguientes a la fecha en que el reclamante realizó el último trabajo o suplió los últimos materiales objeto de su reclamación.” (Énfasis nuestro.)

La demandante Caribe Lumber & Trading Corporation instó acción reclamando dos partidas, pero este recurso se limita a la acción seguida contra la fiadora American Surety Company of New York en reclamación de $18,327.24 por concepto de mano de obra y materiales suplidos por dicha demandante a la subcontratista constructora de la obra Inter-American Builders, Inc.

De la estipulación de hechos sometida ante el tribunal sentenciador de fecha 24 de abril de 1962 surge que la deman-dante Caribe Lumber Trading Corporation, suplidora de los referidos servicios y materiales, antes, de iniciar su acción judicial, notificó de su reclamación a la s'ubcontratista cons-tructora Inter-American Builders, Inc., dentro del plazo de noventa (90) días fijado en la cláusula 3(a) arriba referida; nunca notificó a la acreedora (obligee) Southern Builders, Inc.; y a la fiadora American Surety Company of New York le remitió notificación el 21 de marzo de 1961, con un retraso de nueve (9) días después de haber expirado los noventa (90) días del término dentro del cual venía obligada a notificar por escrito a cualesquiera dos de las tres entidades mencionadas en la cláusula 3(a), supra; a partir de la fecha en que había suplido los últimos materiales o servicios, que se estipuló fue el 12 de diciembre de 1960.

La fiadora levantó como única defensa, en oposición a la reclamación,. ante el tribunal de instancia, la referida tar-danza en la notificación; y dicho tribunal (Hon. Francisco Espinosa Robledo, Juez) dictó sentencia desestimando la demanda contra la fiadora. Acordamos revisar dicha senten-cia.

La recurrente Caribe Lumber & Trading Corporation señala, como cometidos por el tribunal de instancia, cuatro errores: (1) al no aplicar la doctrina a los efectos de que una fianza para beneficio de suplidores de materiales o mano de obra debe ser interpretada liberalmente a favor de ellos; (2) al no aplicar la doctrina de que una fianza es de la natu-raleza de un contrato de seguro, por lo cual le son aplicables las reglas que gobiernan la interpretación y aplicación de los contratos de seguro; (3) porque una notificación tardía, por sí sola, no es suficiente para liberar a una compañía aseguradora de responsabilidad; y que para que el incumplí-miento de la obligación de notificación por escrito releve a la aseguradora de responsabilidad, es necesario que ésta demues-tre que tal incumplimiento le causó daños sustanciales; y (4) porque una tardanza en notificar releva a la compañía fiadora de su responsabilidad bajo la fianza, únicamente hasta las pérdidas que ésta haya incurrido debido a dicha tardanza; pero no la releva totalmente.

(1) Para sostener su alegado primer error, invoca la recurrente el caso de Goss v. Structural Concrete Products, 92 D.P.R. 391 396 (Dávila) (1965). Es cierto que en ese caso dijimos que la regla de interpretación estricta de las fianzas de compañías fiadoras había sido abandonada por una de interpretación liberal, siguiendo a Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (Belaval) (1961) (obra pública) ; A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (Dávila) (1964) (obra privada); Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (Ramírez Bages) (1964) (obra pública); Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (Rigau) (1965) (obra pública); pero la deci-sión en ese caso de Goss, supra, presenta una situación de hechos diferente a la del presente caso. Es cierto que allí se dijo que la regla de interpretación estricta había sido abando-nada por una de interpretación liberal, pero la decisión en ese caso no fue en el sentido de aplicar una interprétación liberal para ignorar la disposición de una cláusula de una fianza fijando un término específico para hacer una notifica-ción escrita. Allí, como en el presente caso, se trataba de una fianza expedida por Maryland Casualty Co., como fiadora, obligándose con la corporación “Structural” a pagarle a todos los que sirvieran materiales o prestaran servicios para reali-zar el trabajo contratado por “Structural”, de concreto pre-fabricado requerido en la construcción del “Hotel Miramar Charterhouse”, y para realizar el cual “Structural” obtuvo, como arrendataria, una grúa de Goss y quedó a deber el importe del alquiler de la grúa, así como el costo de la trans-portación de la misma. Goss instó acción en cobro de esas sumas contra “Structural” y la fiadora “Maryland” y esta última levantó la defensa de que la fianza no cubría esa recla-mación. Tanto el Tribunal de Distrito como el Tribunal Superior sostuvieron que sí la cubría. Este último sostuvo que dada la naturaleza de la obra, el equipo pesado era necesario para cumplir con los términos del contrato y se usó para tal fin; y consideró el uso de la grúa como parte de la mano de obra (labor) a que se refiere la fianza.

En revisión, este Tribunal aplicó la doctrina de la inter-pretación liberal, o inclusiva de las fianzas, pero en un sentido inclusivo, resolviendo que el arrendamiento de la grúa estaba incluido en la obligación asumida por la fiadora de pagarle a todo aquel que hubiera suministrado materiales o rendido trabajo en la realización de la obra; ya que, en vez de ocupar obreros para llevar a cabo cierta parte del trabajo, se utilizó la grúa que facilitó la realización de la obra y contribuyó a reducir el monto de la partida de mano de obra. Este Tribunal consideró el arrendamiento de la grúa como mano de obra, pero expresó que considérese ya como materiales, como se hizo, en Illinois Surety v. John Davis Co., 244 U.S. 376 (1917), o como mano de obra, siempre estaba cubierto por la fianza, y confirmó la sentencia del Tribunal Superior. Los hechos, pues, de ese caso son distintos a los del presente en el que lo que está envuelto es la interpretación de la cláusula sobre notificación por escrito dentro del término de noventa días.

Igual situación existía en los casos de Cristy & Sánchez, A. L. Arsuaga, Inc. y Ulpiano Casal, Inc., supra. Los hechos envueltos en dichos casos eran diferentes. En ninguno estaba envuelta la interpretación de una cláusula de las fianzas rela-cionada con la notificación por escrito, dentro de un término específicamente fijado en el contrato; y en el de Jiménez y Salellas, supra, lo que estaba envuelto era si el término de seis meses que concede la ley para establecer la acción judicial, a partir de aceptada finalmente la obra, es uno de prescripción o de caducidad. Este Tribunal resolvió que era uno de caducidad. No estaba envuelta la cuestión de la notifi-cación por escrito dentro de un término específico.

(2) Argumenta la recurrente su segundo error alegando que la fianza es de la naturaleza de un contrato de seguro por

10 cual debe aplicárseles las reglas que gobiernan la interpre-tación y aplicación de los contratos de seguro.

El contrato de seguro aparecía en el Título XII, Capítulo 11 del Código Civil de Puerto Rico, ed. 1930, pág. 353, Art. 1691, comprendido entre los Contratos Aleatorios o de Suerte, conjuntamente con el juego y la apuesta y en dicho Art. 1691 se le definía así:

“Contrato de seguro es aquel por el cual el asegurador res-ponde del daño fortuito que sobrevenga en los bienes muebles o inmuebles asegurados, mediante cierto precio, el cual puede ser fijado libremente por las partes.”

En esa edición de 1930, el contrato de seguro estába cu-bierto por los Arts, del 1691 al 1697, ambos inclusives (sees. 4751 a 4757, ambas inclusives, del Título 31 de L.P.R.A. derogados).

El contrato de fianza también aparecía en la referida edición del Código Civil de Puerto Rico del año 1930, pero como una figura jurídica independiente, en el Título XIY, Capítulo I, pág. 356. Esos artículos de la edición de 1930 del Código Civil de Puerto Rico fueron derogados por la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, pág. 183, efectiva el 1ro. de enero de 1958, por la que se creó el Código de Seguros de Puerto Rico, que se encuentra en 26 L.P.R.A. sec. 101 et seq.; y en cuyo Art. 1.020 (26 L.P.R.A. see. 102) se define el contrato de seguro así:

“102. Seguro, definición.
Seguro es el contrato mediante el cual una persona se obliga a indemnizar a otra o a pagarle o a proveerle un beneficio especí-fico o determinable al producirse un suceso incierto previsto en el mismo.”

Al pasar a ser parte del Código de Seguros de Puerto Rico, las sees. 4751 a 4757 del Título 31 de L.P.R.A., y que procedían de los Arts. 1691 a 1697 de la ed. de 1930 del Código Civil de Puerto Rico, quedaron derogados y por eso no aparecen en dicho Título 31, supra.

Nótese que el contrato de fianza, por no ser un contrato de seguro, no se incorporó al Código de Seguros, y permaneció cubierto por el Código Civil de Puerto Rico, como figura jurídica independiente y separada del contrato de seguro, tanto en la ed. de 1930 de dicho Código (Arts. 1721 et seg.),-como en 31 L.P.R.A. sees. 4871 et seq., donde se define dicho contrato de fianza como sigue:

“See. 4871. Fianza, definición de:
Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.
Si el fiador se obligare solidariamente con el deudor principal se observará lo dispuesto en-el subcapítulo IV, Capítulo 245, de este título.”

Por eso, ya desde el año 1944, resolvimos en Colón v. P.R. & Amer. Insurance Co., 63 D.P.R. 344 (Travieso) que:

“Un surety bond es una fianza por escrito y ante notario. El que una compañía de seguros la preste no varía su naturaleza de fianza.
Siendo el surety bond un contrato de fianza se rige por las disposiciones del Código Civil sobre fianzas y no por la Ley de Seguros.” (Énfasis suplido.)

Es conveniente señalar aquí las diferencias entre el contrato de seguros y el de fianza para la mejor inteligencia de las implicaciones de lo que más adelante expresamos. El tratadista G. W. Crist, Jr., dice que establecer la diferencia entre ambos contratos es tan difícil como comparar “un poema y una perla”, y que, sin embargo, la mayoría de las gentes tienen la impresión de que tiene algo que ver con los seguros.

Un autor sostiene que el negocio de prestar fianzas es, quizás, la segunda más antigua de las profesiones.

En la antigüedad se miraba con desconfianza el conver-tirse en fiador de otra persona. En el Templo de Delfos, en la antigua Grecia, había una inscripción atribuida al sabio filósofo griego Tales, que leía: “la fianza es la precursora de la ruina.” Iguales advertencias encontramos en la Sagrada Biblia. Nueve siglos antes de la era Cristiana, el sabio Rey Salomón advirtió a los ciudadanos de Israel: “Hijos míos, si salieres fiador por tu amigo, si tocaste tu mano por el extraño, enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de boca; haz ésto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. . . .” Y dijo además: “Con ansiedad será afligido el que fiara al extraño; más el que aborreciere las fianzas vivirá confiado”. “El hombre falto de entendimiento toca la mano, fiando a otro delante de su amigo.” Finalmente advirtió': “Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño; y tómale prenda al que fía la extraña.” En los tiempos modernos, se expresa el mismo concepto diciendo que uno ha perdido hasta la camisa por asu-mir ese riesgo.

No obstante esa animosidad contra la fianza, su importan-cia y necesidad fue aumentando según la civilización progre-saba, y hoy día se ha convertido en una tremenda industria, un gigante de los negocios mundiales, sobre todo en los Esta-dos Unidos de Norteamérica y en Inglaterra.

En cuanto a su naturaleza, el contrato de fianza tiene tres características determinantes de la razón de su especialidad. En primer lugar, la obligación contraída por la fianza es accesoria y subsidiaria, porque no tendría objeto si no exis-tiera otra obligación principal cuyo cumplimiento asegure y garantice, hasta el extremo que sin ésta no se concibe la existencia de la fianza. No es una obligación principal e inde-pendiente y con vida propia, porque surge a la vida jurídica cuando exista la obligación principal que garantiza; y es sub-sidiaria y condicional porque su valor efectivo no surge hasta que se cumpla la condición o se realice el hecho futuro e incierto de dejar de satisfacer su débito el principal obligado en la forma y en el tiempo en que se comprometió a hacerlo. Se considera a la fianza como una “verdadera promesa”, por-que el fiador es extraño a la obligación contraída por el deudor con relación al acreedor e interviene en la relación jurídica entre éstos, únicamente al solo objeto de garantizar su cum-plimiento. En segundo lugar, es unilateral porque puede establecerse sin intervención del deudor, y aún del acreedor en cuyo favor se constituye; y porque de la fianza se derivan obligaciones por parte del fiador con relación al acreedor, aunque su cumplimiento o consumación da origen a obliga-ciones del fiado respecto del fiador; y tercera, que el fiador es persona distinta del fiado, porque nadie puede ser fiador per-sonalmente de sí mismo. No ocurre ésto en las garantías reales, como la prenda y la hipoteca, en las cuales el mismo deudor grava sus bienes propios, muebles e inmuebles, para garantizar el pago de su deuda. Manresa, Código Civil Español, Tomo 12, págs. 158 et seq., 5ta ed., Instituto Editorial Reus, Madrid, 1951. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo IV, 9a. ed., Instituto Editorial Reus, Madrid, 1961, págs. 685 et seq.

En cuanto al contrato de seguro, su carácter es bilateral, porque son mutuos y correlativos los derechos y deberes esta-blecidos entre una compañía aseguradora y el asegurado, por proceder de una misma causa.

En el caso del seguro, bien fuere fuego, vida, accidente, o el que sea, los aseguradores asumen todo el riesgo, lo que supone el cobro de una prima adecuada al riesgo envuelto. La teoría básica de la fianza, sin embargo, presupone que el fiador no' asume gran riesgo, y que las primas recibidas son meramente cargos por servicios rendidos al prestar su crédito. En el contrato de seguro hay dos partes — el asegurador y el asegurado. Si el asegurado sufre una pérdida cubierta por el contrato, el asegurador le paga. En el contrato de fianza, por otro lado, hay tres interesados. El deudor en la transacción objeto de la fianza es el principal. Es éste el que promete al beneficiario de la fianza, o sea, al obligado, qué hará o se abstendrá de hacer, una cosa cierta. El fiador, quien es la otra parte, dice en efecto que si el principal no cumple, el fiador cumplirá, o en su defecto, restituirá al obligado cuales-quiera daños que éste sufriera, o que habrá de pagarle deter-minada suma como penalidad.

Los ingresos por concepto de primas son igualmente importantes para las compañías de seguro y las de fianza, aunque dichas primas cumplen funciones distintas. En el seguro, el ingreso por concepto de primas es el único fondo del cual se pagan las pérdidas. Dicho ingreso debe ser suficiente para satisfacer las pérdidas resultantes de riesgos de natura-leza similar. Las pérdidas que surgen del seguro ocurren y son descubiertas casi concurrentemente con el término del con-trato de seguro. De suerte que puede predecirse con prontitud la proporción de las pérdidas y por ende puede establecerse un tipo adecuado del riesgo de exposición. Puede decirse pues que el negocio de seguros es casi una ciencia exacta.

Los ingresos de primas de las compañías de fianza tienen que ser también adecuados para la distribución de pérdidas, pero las pérdidas en las fianzas son de lenta incubación. Los tipos deben fijarse en un intento de establecer un ingreso de primas que permitan la distribución de pérdidas a través de un ciclo largo e indeterminado que comprende años ganancio-sos y años no lucrativos. Las pérdidas son enjugadas por dos fondos separados'y distintos. Los recursos de los principales constituyen el fondo primario y en el evento de que éste no fuere suficiente, con respecto a la fianza en cuestión, hay que acudir a los ingresos por concepto de primas y los sobrantes acumulados. Véase Crist, Jr., Corporate Suretyship, McGraw, Hill, 1939, págs. 1-8.

(3) Argumentando su tercer error, sostiene la recurrente que una notificación tardía, por si sola, no es suficiente para liberar a una compañía de fianzas de responsabilidad; y que, para que el incumplimiento de la obligación de notificar por escrito releve a la aseguradora de responsabilidad, es nece-sario que ésta demuestre que tal incumplimiento le causó daños sustanciales. Invoca los casos de Lafontaine v. Municipio, 79 D.P.R. 583 (1956) (Belaval); Landol v. Colón, 78 D.P.R. 602 (1955) (Snyder); y Faulkner v. Nieves, 76 D.P.R. 434, 440 (1954) (Marrero).

En primer lugar, queremos indicar que en ninguno de dichos casos se trataba de contratos de FIANZA, sino de con-tratos de SEGURO, consistentes en pólizas de seguro expe-didas por compañías aseguradoras a favor de dueños de auto-móviles, para responder a terceras personas por los daños y perjuicios ocasionados a éstas, con motivo de accidentes en que estuvieran envueltos los vehículos asegurados, en los que se ocasionaran daños a los terceros, por negligencia de los con-ductores de dichos vehículos.

Siguiendo el orden de fecha en que fueron resueltos, la póliza de seguro expedida en el caso de Faulkner, supra, res-pondía por daños a terceras personas. Se trataba de un acci-dente, en el que el vehículo del asegurado Nieves chocó negligentemente el del demandante.

Entre las condiciones de la póliza de seguro expedida por Maryland a favor de Nieves, se incluyó una que leía así:

“6. Notificación del Accidente.
Cuando ocurra un accidente se dará por el asegurado o a beneficio de éste notificación escrita a la compañía o a cualquiera de sus agentes autorizados tan pronto como sea posible. Tal noti-ficación contendrá datos suficientes para identificar al asegurado, así como información razonablemente obtenible respecto al momento, lugar y circunstancias del accidente y nombre y direc-ción de los lesionados y de los testigos del caso.” (Énfasis nuestro.)

En el segundo caso citado de Landol, supra, en que se trataba de un accidente de automóviles, la póliza de seguro expedida por la aseguradora P.R. & American Insurance Co., Inc., contenía una cláusula, más o menos idéntica a la del caso de Faulkner.

El tercer caso citado de Lafontaine, supra, también surgió con motivo de una colisión entre un camión de la basura del Municipio y el automóvil privado de la demandante.

En este caso también se había expedido una póliza de seguro, asegurando el vehículo de Colón contra daños ocasio-nados a terceras personas, por una compañía de seguros. Contenía una cláusula similar a las de los otros dos casos arriba citados.

El tribunal de instancia dictó sentencia condenando al Municipio de Río Grande a pagarle indemnización a la deman-dante, pero liberó a la aseguradora de su obligación de responder por el asegurado, por haberse notificado tardíamente el accidente ocurrido.

Este Tribunal Supremo revocó en cuanto a la liberación de la aseguradora, expresándose así:

“En ausencia de prueba que la tardanza en la notificación le causó a la compañía daños sustanciales (Faulkner v. Nieves, 76 DPR, 434 (Marrero) (1954), cita precisa a la pág. 440- — por no haber colocado a la aseguradora en condiciones de practicar prontamente la investigación correspondiente y de preparar su defensa (Landol v. Colón, 78 DPR, 602 (Snyder) (1955), cita precisa a la pág. 605 — es indudable que la Sala sentenciadora erró al resolver que una notificación tardía del accidente, por sí sola, era suficiente para liberar a la compañía aseguradora de responsabilidad.”

Véase que en estos tres casos se trataba de tres pólizas de seguro de automóvil contra responsabilidad del asegurado a favor de terceras personas; y el requisito de notificación es “tan pronto como sea posible”, indeterminado e impreciso.

Una situación parecida a la que existe en este caso surgió en el caso de Arzuaga & Santana, Inc. v. Ramos, 100 D.P.R. 123 (Dávila) (1971), con la diferencia de que en ese caso se trataba de una obra pública y en el presente se trataba de una obra privada.

El Art. 1 de la Ley Núm. 388 aprobada el 9 de mayo de 1951 (22 L.P.R.A. see. 47) establece:

“Artículo 1. Todo contratista a quien se adjudique un con-trato para la construcción, reconstrucción, ampliación, altera-ción o preparación de una obra publica, prestará una fianza de pago (payment bond) a favor del Pueblo de Puerto Rico, que será obligatoria y efectiva a partir de la fecha en que se forma-lice el contrato.” (Énfasis nuestro.)

En dicho caso se trataba de una firma que suplió tres transformadores a un subcontratista de una obra pública y reclamó el valor de éstos al fiador del contratista principal. En ese caso no se cursó la notificación exigida por el Art. 5 de la Ley Núm. 388, supra. La suplidora demandante sostenía que la notificación era requisito previo para demandar al contratista principal pero que no lo era para demandar a la fiadora. La corte sentenciadora concurrió con ese criterio y declaró con lugar la demanda, siguiendo el precedente del caso de García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965) (Dávila), donde se interpretó la disposición de la Ley Municipal que requiere se notifique al Municipio de la ocurrencia de un accidente dentro de los noventa días de ocurrido; y donde se resolvió que la referida notificación se aplica únicamente para el ejercicio de la acción contra el Municipio, pero que la compañía fiadora no puede levantar como defensa la falta de notificación al Municipio.

Revocando al tribunal de instancia, este Tribunal resolvió en dicho caso de Arzuaga, supra:

“La situación en los casos de fianzas prestadas para garanti-zar el pago de los materiales utilizados en una obra pública es distinta. La ley, como hemos visto, específicamente requiere, como condición para reclamar judicialmente de la fiadora por materiales suplidos a un subcontratista, que se notifique previa-mente al contratista principal. Esto es así porque independiente-mente del hecho de que el propósito principal de la Ley Núm. 388 es garantizar el pago a los obreros y materialistas, la ley esta-blece un procedimiento mediante el cual el contratista tiene la oportunidad de conocer con tiempo lo adeudado por el subcon-tratista y así poder retener de lo que todavía le adeude por el trabajo realizado, lo suficiente para, pagar a los materialistas. Es de suma importancia por el contratista recibir esa notifica-ción, porque distinto a las fianzas por responsabilidad pública en las cuales la fiadora no puede reclamar del asegurado lo que ha tenido que pagar por daños, en el tipo de fianza que se presta para garantizar el pago a los materialistas, el fiador por ser solidario puede resarcirse reclamándole' al contratista lo pagado.” (Énfasis nuestro.)

Más adelante expresa este Tribunal:

“. . . Las cortes federales han interpretado la disposición del Miller’s Act, que como expresamos en Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 DPR, 207 (1965) fue el modelo de la Ley Núm. 388 en el sentido de que no procede la acción contra la fiadora si no ha mediado previamente la notificación al contra-tista. [citas.] Y la realidad es que no se le está exigiendo nada extraordinario al suplidor de materiales. Simplemente que treinta días antes de radicar la demanda notifique al contratista lo adeudado por el subcontratista.” (Énfasis nuestro.)

En el caso ante nos, no se trata de una obra pública, sino de la construcción de una obra privada para la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Nada hay en la ley, en casos de construcción de obras privadas, que exija la prestación de una fianza ni que exija notificación alguna dentro de un tér-mino específico, antes de iniciar acción judicial por el suplidor de los materiales. No obstante, bajo, las disposiciones de lo dispuesto en los artículos números 1206 y 1207 del Código Civil, (ed. Equity, 1962) (31 L.P.R.A. sees. 3371 y 3372), las partes establecieron y convinieron la cláusula (3) (a), de la fianza que se copia en la pág. 460 de esta opinión.

Legal y eficazmente, sólo notificó dentro de los noventa días a la propia deudora, la subcontratista Inter-American Builders, Inc., quien era la que le debía el importe de los materiales que le había suplido y que, por lo que surge de los autos, no tenía mucho interés en pagar dichos materiales.

No notificó a la Southern Builders, Inc., la contratista principal, que era la que podía tomar las medidas razonables para remediar la situación, y que, como se expresa en Arzuaga & Santana, Inc., supra, conociendo con tiempo lo adeudado por el subcontratista, podía retener de lo que toda-vía le adeudare por el trabajo realizado, lo suficiente para pagar al materialista, ya que la fiadora, por ser solidaria su responsabilidad, podía reclamarle a dicho contratista principal (Southern Builders, Inc.) lo pagado por la fiadora, con-forme a lo dispuesto en el párrafo segundo del Art. 1721 del Código Civil de Puerto Rico, ed. 1930; (ed. Equity, 1962) (31 L.P.R.A. see. 4871) ; en concordancia y armonía con lo dispuesto en el Art. 1090 del Código Civil de Puerto Rico, ed. de 1930 (ed. Equity, 1962) (31 L.P.R.A. sec. 3101). Este derecho no lo tiene la aseguradora en los contratos de pólizas de seguro. Paga por la pérdida que le ocasionó su asegurado sin poder resarcirse de éste.

Y vino a notificarle a la fiadora cuando ya había transcu-rrido, por nueve (9) días, el término de noventa (90) días fijados en el contrato de fianza para efectuar dicha notifica-ción. Era muy importante en este caso notificarle a la fiadora, dentro de dicho término, ya que no se le notificó al contratista principal, de que el fiado no estaba pagando sus cuentas pues es a través de esa notificación que el fiador llega a tener conocimiento de ese hecho; de manera que pudiera tomarse aquellas medidas oportunas y necesarias para protegerse a tiempo de la morosidad del fiado, antes de que su situación económica se deteriore y se convierta en insolvente utilizando los remedios que le conceden los Arts. 1737 y 1742 del Código Civil de Puerto Rico, ed. 1930 (ed. Equity, 1962), 31 L.P.R.A. sees. 4911 y 4916.

En el volumen correspondiente al año 1969, Proceedings, del American Bar Association, sección de “Insurance, Negligence and Compensation Law” (ed. American Bar Center, Chicago, Illinois), el letrado Robert Ward, del Colegio de Abogados de Denver, Colorado, hace un estudio razonado y detallado de las disposiciones de la Ley Miller (40 U.S.C. § 270 a-e), que según expresamos en el caso de Arzuaga, supra, es la fuente de donde proviene nuestra Ley Núm. 388, supra, analizando las cuestiones relacionadas con las notifica-ciones. hechas y las acciones iniciadas fuera del término; y se expresa así:

. . los casos generalmente reconocen que los requerimientos de notificación en tiempo y radicación de la acción en tiempo son condiciones a cumplirse previamente, antes de poder reclamar contra la fianza y que dicho requisito se establece para beneficio del contratista principal y no para beneficio del suplidor de mano de obra y/o materiales.” (Traducción al español nuestra.)

Y en United States Plywood Corp. v. Continental Cas. Co., 157 A.2d 286, se dijo:

“La regla que establece que la obligación debe interpretarse en contra del asegurador y a favor de los beneficiarios de la fianza {bond) es una de interpretación solamente. En ausencia de ambigüedad no pueden ser invocada para desviarse {circum vent) del lenguaje llano y de la intención de las partes contra-tantes. ... Es manifiesto del instrumento en sí que la notificación de haber dejado de pagar (default) es una condición precedente al derecho de acción. No hay ambigüedad en el lenguaje usado en el contrato y por consiguiente la aplicación de reglas de interpretación para llegar a un resultado diferente sería impro-pia. Las Cortes no están en libertad de ignorar el lenguaje llano y la intención de las partes contratantes. Hacer eso les reque-riría el imponer responsabilidades que las partes no han con-venido, o contra las cuales han contratado específicamente.” (Traducción ál español nuestra.)

Esta doctrina es enteramente aplicable a las fianzas prestadas en casos de obras privadas, como en el presente caso.

(4) En cuanto al cuarto error alegado por la recu-rrente, no vamos a discutirlo, porque entendemos que los razonamientos arriba expuestos disponen del mismo adver-samente a la recurrente.

Finalizamos expresando que, a nuestro' juicio, el término de noventa (90) días establecido en la fianza, para notificar, es uno de caducidad, ya que en éste se fija de antemano el tiempo dentro del cual debe ejercitarse el acto; y se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado. La caducidad opera la extinción de una manera directa y automática; y procede del acto jurídico privado o convenio de las partes o de la ley; distinta a la prescripción, que siempre tiene su origen en la ley. Enneccerus expresa que el plazo de caducidad ha de tomarse en cuenta por el Juez, aunque sólo se desprenda su transcurso de la exposición del demandante; la prescripción, en cambio, sólo cuando la invoque el demandado. (Véanse: Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo I, Vol. II, págs. 858 et seq., ed. Reus, Madrid, 1963; y lo expuesto en dicha obra, a las págs. 854 y 855, sobre El Plazo Preelusivo; Eisele v. Or casitas, 85 D.P.R. 89 (Per Curiam); y por analogía Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (Rigau) (1965).)

Por los fundamentos expuestos consideramos que ninguno de los errores señalados por la recurrente fueron cometidos por el tribunal sentenciador. Se confirma la sentencia dictada el 21¡. de marzo de 1972 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en cuanto a la parte de dicha sentencia aquí en-vuelta, en que libera a la fiadora American Surety Co. de su responsabilidad bajo la fianza.

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, concurre con el resul-tado, sin opinión. El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, no intervino.

       Art. 9, Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951 (22 L.P.R.A. see. 55).

       Proverbios: 6:-1-2.

       Proverbios: 11:-15.

       Proverbios: 16-18.

      s) Proverbios: 20-16.

       Evidentemente nos referimos a las pólizas de seguro expedidas para responder de daños a- terceras personas, como por ejemplo, las de seguro de automóviles, que no son fianzas, sino “seguros”, ya que la primera es una figura jurídica distina a la segunda.

       Art. 1206: “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.”
      Art. 1207: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”

       Véase: Párrafo 9 de la “Estipulación de Hechos” obrante a la pág. 16 de los autos originales elevados a este Tribunal.

       Art. 1721. “Si el fiador se obligarse solidariamente con el deudor principal se observará lo dispuesto en el subcapítulo IV, capítulo 245 de este título.”

       Art. 1090. “La concurrencia de dos o más acreedores o de dos o más deudores es una sola obligación, no implica que cada uno de aquellos tenga derecho a pedir ni cada uno de éstos deba prestar íntegramente las cosas objeto de la misma.

       En algunos seguros, la aseguradora adquiere el derecho de subro-gación en relación con terceros que hayan causado el daño por su negligen-cia, pero la aseguradora es primariamente responsable al asegurado, o a los terceros que hubieren sufrido daños por la negligencia del asegurado, independientemente de la responsabilidad de terceros que fueran causantes o co-causantes del daño.

       Naturalmente que en este caso, como le notificó al subcontratista, si le hubiera notificado al contratista principal, no había obligación de notificarle a la fiadora.

      Artículo 1737. “El fiador que paga por el deudor, debe ser indemni-zado por éste.
      La indemnización comprende:
      1. La cantidad total de la deuda.
      2. Los intereses legales de ella desde que se haya hecho saber el pago al deudor, aunque no lo produjese para el acreedor.
      3. Los gastos ocasionados al fiador después de poner éste en conoci-miento del deudor que ha sido requerido para el pago.
      4. Los daños y perjuicios, cuando procedan.

        La disposición de este artículo tiene lugar aunque la fianza se haya dado ignorándolo el deudor.”
      Artículo 1742. “El fiador, aun antes de haber pagado, puede proceder contra el deudor principal:
      1. Cuando se ve demandado judicialmente para el pago.
      2. En caso de quiebra, concurso o insolvencia.
      3. Cuando el deudor se ha obligado a relevarle de la fianza en un plazo determinado, y este plazo ha vencido.
      4. Cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible, por haber cumplido el plazo en que debe satisfacerse.
      5. Al cabo de diez años, cuando la obligación principal no tiene término fijo para su vencimiento, a menos que sea de tal naturaleza que no puede extinguirse sino en un plazo mayor de los diez años.
      En todos estos casos la acción del fiador tiende a obtener relevación de la fianza o una garantía que lo ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de insolvencia en el deudor.”

       Nuestra opinión se limita a la responsabilidad de la fiadora recu-rrida bajo el contrato de fianza en cuestión. No hay duda de que el sub-contratista continúa siendo responsable al materialista por la mano de obra y el importe de los materiales suplidos en la obra a que se refiere la reclamación. (En cuanto a la responsabilidad del dueño de la obra por trabajo y materiales, véase: Código Civil, 1930, Art. 1489, 31 L.P.R.A. see. 4130).

       Citado por Castán Tobeñas en la obra más abajo mencionada, pág. 852.

      Hay otra cuestión resuelta por dicho tribunal que no está envuelta en este recurso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Pedro A. Morell, demandante y recurrido, v. Secretario de Agricultura, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-70-281

      Resuelto: 29 de mayo de 1973

      Gilberto Gierbolini, Procurador General y Peter Ortiz, Procura-dor General Auxiliar, abogados de los recurrentes; Pedro Morell Corrada, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante-recurrido es, o era a la fecha de los hechos, dueño de una finca de café sita en Utuado. Previa solicitud al efecto, en 11 de junio de 1965 aseguró contra huracán con el Seguro del Café del Departamento de Agricultura de Puerto Rico la cosecha de 360 cuerdas de dicho fruto, la cual se estimó en unos 800 quintales. La póliza cubría el período comprendido entre el 11 de junio de 1965 y el 30 de abril de 1966. El valor asegurado ascendió a $40,000.00, equivalentes a 800 quintales a razón de $50.00 quintal. La póliza no cubría pérdidas que no excediesen del 10 por ciento de la cosecha asegurada y sólo cubría el exceso de dicho 10 por ciento.

En la noche del 9 al 10 de diciembre de 1965 fuertes vien-tos soplaron en aquella región y causaron que parte de los granos de café se desprendiera de los arbustos. El deman-dante reclamó el pago de la pérdida al Seguro del Café.

Conforme el inciso 14 de las Condiciones Generales de la póliza, si surgiese disputa entre el asegurado y el asegurador en cuanto al monto de las pérdidas, la cuestión sería sometida a la decisión de dos árbitros, nombrados uno por cada parte. También dispone el inciso 14 que antes de comenzar el arbi-traje de la controversia los dos árbitros antes mencionados deberán nombrar un tercer árbitro. Este decidiría los puntos en discrepancia en los cuales los otros dos árbitros no estuvie-ren de acuerdo.

Hubo discrepancia entre el asegurado y el Seguro del Café en cuanto al monto de las pérdidas y se nombraron los árbitros el Sr. Abdón A. Pérez en representación del Seguro del Café, el Sr. Jorge Frau en representación del asegurado y el Hon. Rubén Hernández Rosario, entonces Juez de Distrito y hoy Juez Superior, como el tercer árbitro. El 20 de abril de 1966 los árbitros visitaron la finca del demandante para ver sobre el terreno los daños ocurridos. Les acompañó durante la mañana de ese día el demandante, su hijo y el mayordomo de la finca. Por la tarde les acompañó el hijo del demandante y el mayordomo. Las determinaciones de hecho de los árbitros son las siguientes:

» “De la inspección ocular de la destrucción supuestamente causada por los vientos del 9 de diciembre de 1965 se encontra-ron probados los siguientes hechos:

1. Efectivamente ocurrieron vientos de alguna intensidad el día 9 de diciembre de 1965.

2. Que en la finca del Sr. Pedro Morell se perdió, por no poderse recoger, una cantidad de café, que podría calificarse como sobre lo normal. (Nunca es posible recoger todo el café que produce una finca, aun cuando las condiciones climatológicas sean perfectas.)

3. Pudimos observar algunos árboles de guava (serían 8 ó 4) desganchados. Supusimos sería debido o al viento o a la hormi-guilla.

4. Observamos algunas plantas de guineos y plátanos parcial-mente averiadas. Había muchas en pie.

5. No pudimos observar arbustos de café flojos en su tronco como hubiese sido el caso de ser sacudidos violentamente por los vientos.

6. Los. árbitros tomamos conocimiento de que para el mes de diciembre la mayor parte del café producido en Puerto Rico ha sido recogido de los arbustos.

7. Las pequeñas plantas de café que pudimos observar tenían diferente tamaño pudiéndose deducir que los granos se habían desprendido en distintas ocasiones.

8. El Sr. Pedro Morell tiene sembradas según su propio testimonio más de 300 cuerdas de café. Los árbitros tomamos conocimiento del hecho de que es muy difícil de encontrar sufi-ciente cogedores en la zona de Utuado para cubrir una extensión tan grande de terreno de tipo inclinado.”

Los árbitros formularon las siguientes conclusiones:

“Las pérdidas habidas en la plantación de café del Sr. Pedro Morell no se debieron a los vientos de alguna intensidad habidos en diciembre 9 de 1965.
Aun asumiendo que algún cafe se desprendiera de sus ramas como resultado de las ráfagas, estimamos que esa cantidad no pasó del 10 % deducible que autoriza la póliza. La edad estimada de las pequeñas plantas observadas varió grandemente y defini-tivamente no podría decirse que los granos de los cuales germi-naron se desprendieron todos, o la gran mayoría de ellos el 9 de diciembre de 1965. Cualquier otra conclusión no estaría soste-nida por la prueba observada y oída ya que tanto el asegurado como el asegurador presentaron peritos de diversas clases para probar sus puntos de vista.
Creemos que el Sr. Pedro Morell no tiene derecho a recibir compensación del Seguro del Café de P.R., por supuestas pérdi-das ocurridas a su cosecha el día 9 de diciembre de 1965.”

Luego de dichas conclusiones aparece un escolio al pie de la página en la cual se hace constar que el Sr. Jorge Frau, representante del asegurado, “concurre con la opinión arriba emitida” pero que creyó sin embargo que debía concederse “alguna compensación” al Sr. Morell por las pérdidas sufri-das. En este punto, expresa dicho escolio, no estuvieron de acuerdo los otros dos árbitros. En la última página de su Informe expresan los árbitros que el Sr. Pedro Morell soli-citó una reconsideración del laudo; que los tres árbitros vol-vieron a reunirse el 12 de agosto de 1966 en Utuado; que dis-cutieron nuevamente la decisión y que llegaron a la conclusión “esta vez por unanimidad que las pérdidas sufridas en la cosecha de café del Sr. Morell, como resultado de las ráfagas del 9 de diciembre de 1965, no ascendieron al 10% de su cosecha estimada para ese año.”

No conforme con el laudo de los árbitros, el demandante presentó una demanda en el Tribunal Superior contra el Secretario de Agricultura en cobro de la póliza. Luego de visto el caso el tribunal declaró con lugar la demanda y con-denó al Seguro del Café a pagarle $11,000.00 al demandante. Para llegar a esa cifra hizo la siguiente operación: Concluyó que como resultado de las ventiscas el demandante perdió 300 quintales de café. Estos a razón de $50.00 quintal suman $15,000. Le dedujo $4,000.00 (el 10 por ciento de $40,000.00 que es el total asegurado) y quedó un balance de $11,000.00.

El Secretario de Agricultura de Puerto Rico, aquí deman-dado-recurrente, señala cuatro errores. Plantea en los prime-ros dos que el Tribunal Superior no tenía jurisdicción para entender en este caso porque el reglamento vigente a la fecha de los hechos y las Condiciones Generales de la póliza dispo-nían que la decisión de la mayoría de los árbitros debería ser acatada como final, ejecutable e inapelable por ambas partes. En el tercer apuntamiento expresa que el tribunal erró al anular el laudo de arbitraje sin base legal para ello. En el cuarto señalamiento expresa que el tribunal erró al sustituir su criterio en lugar del de los árbitros. Se hace necesario exa-minar la ley y el reglamento aplicables y los términos perti-nentes de la póliza.

La póliza en cuestión fue expedida bajo los términos de la Ley Núm. 278 de 5 de abril de 1946 (5 L.P.R.A. see. 290 y ss.). Esta ley derogó la anterior Ley Núm. 281 de 15 de mayo de 1945, la cual creó originalmente la corporación pú-blica conocida como Corporación de Seguro del Café de Puerto Rico. La Ley Núm. 278 de 1946 estableció el seguro del café contra huracanes y para realizar sus propósitos creó la Cor-poración de Seguro del Café de' Puerto Rico, adscrita al Departamento de Agricultura. Su propósito era proveer un seguro contra huracanes para los agricultores de café de Puerto Rico.

Cuando se llevó a efecto la reorganización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico en el año 1950 con el propósito de mejorar la organización y procedimientos del Gobierno, se suprimió, mediante el Plan de Reorganización Núm. 1 de aquel año, la Corporación de Seguro del Café y sus funciones se transfirieron al Departamento de Agricultura. Por eso el demandado en el caso de autos es el Secretario de Agricultura. El propósito de aquel plan de reorganización, según se desprende del propio Mensaje del Gobernador de Puerto Rico al trasmitir dicho plan a la Asamblea Legisla-tiva, fue el de reunir en dicho Departamento los organismos de la Rama Ejecutiva dedicados a funciones agrícolas, abo-liendo varios organismos con funciones germanas relaciona-das con la agricultura y que operaban prácticamente en forma autónoma. Se creyó conveniente proveer y depositar en el Comisionado (ahora Secretario) de Agricultura una direc-ción central de esos asuntos,

En la actualidad la ley vigente sobre la materia es la Ley Núm. 12 de 12 de diciembre de 1966 titulada Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico, 5 L.P.R.A. see. 1401 y ss., la cual derogó la Ley Núm. 278 de 1946 y creó en el Departa-mentó de Agricultura una oficina denominada Seguros Agrí-colas de Puerto Rico. Esta ley no limita los seguros al café, sino que cubre otras cosechas.

El caso de autos se rige por la ley y el Reglamento vigentes a la fecha de los hechos. Son éstos la citada Ley Núm. 278 de 1946 según enmendada a dicha fecha (5 L.P.R.A. sees. 290 y ss.) y el Reglamento aprobado por el Secretario de Agricultura en 12 de febrero de 1962 (5 R.&R.P.R. sees. 294-84 y ss.). Con motivo de la nueva Ley de Seguros Agrí-colas de Puerto Rico, la Núm. 12 de 12 diciembre 1966 (5 L.P.R.A. sees. 1401 y ss.) rige ahora un nuevo Reglamento Sobre Seguro de Cosechas de Café Contra el Riesgo de Hura-cán, 5 R.&R.P.R. sees. 1403-101 y ss.

La póliza, en el último párrafo del inciso 14 de sus Con-diciones Generales, dispone lo mismo que el Reglamento del Seguro de Cosechas de Café aplicable (el de 12 de febrero de 1962). Dicen al efecto el Reglamento y la póliza:

“La decisión de una mayoría de los tres árbitros deberá ser acatada como final, ejecutable e inapelable por ambas partes. La determinación de las pérdidas o daños por medio de arbitraje en la forma antedicha es una condición previa indispensable, y sin llevarse a efecto dicho arbitraje, el asegurado estará impedido de incoar reclamación judicial alguna de pérdidas o daños con motivo de la póliza.” — 5 R.&R.P.R. see. 294-101 (d).

Como puede verse, ese párrafo no tiene mucho sentido. Por un lado dice que la decisión de los árbitros será final, ejecu-table e inapelable y por otro lado dice que la determinación de las pérdidas por medio de arbitraje es una condición previa para que el asegurado pueda incoar reclamación judicial alguna de pérdidas o daños con motivo de la póliza. Pero éste no es el único escollo que encontramos en contra de la posición del demandado, pues aunque el párrafo antes citado dijese clara y únicamente que la decisión de los árbitros es final e inapelable tendríamos que considerar, como tenemos que hacerlo ahora, la propia letra de la ley bajo cuya autoridad se promulga el reglamento y se expide la póliza.

La Ley Núm. 278 de 1946 que, como dijimos, es la aplica-ble, creaba la Corporación de Seguro del Café y expresamente la facultaba para demandar y ser demandada. No hemos en-contrado en dicha ley ninguna disposición que hiciese el arbi-traje compulsorio ni final. Es en el Reglamento para el Seguro de Cosechas de Café aprobado por el Secretario de Agricul-tura en 3 de abril de 1957 que aparece una disposición sobre arbitraje compulsorio pero como condición previa para enta-blar reclamación judicial. 5 R.&R.P.R. see. 294-58. Tampoco hemos encontrado en dicho reglamento de 1957 disposición alguna que declare el arbitraje final e inapelable. Eso. se declara en el reglamento del año 1962. La Ley Núm. 278 de 1946 sufrió varias alteraciones importantes mediante la Ley Núm. 67 de 10 de junio de 1953. Para apreciar la intención legislativa sobre este asunto es conveniente ver el propio título de dicha Ley Núm. 67. Dice el mismo:

“Ley para autorizar y determinar las condiciones en que el Secretario de Agricultura y Comercio llevará a cabo el Programa de Seguro del Café a tenor de la Ley Núm. 278 de 5 de abril de 1946 y el Artículo 2 del Plan de Reorganización Núm. 1 de 1950; renunciar a la inmunidad del Estado y fijar su responsabilidad en cuanto a reclamaciones resultantes de dicho seguro; y para convalidar los actos, determinaciones y transacciones llevadas a cabo por el Secretario de Agricultura y Comercio con relación al Seguro del Café en virtud del Plan de Reorganización Núm. 1 de 1950.”

El artículo clave en el caso de autos, y el cual hace inoperantes las disposiciones de la póliza aquí en cuestión y del reglamento de 1962 en el sentido de que la decisión de los árbitros es final e inapelable, es el Art. 7 de dicha Ley Núm. 67 de 10 de junio de 1953, el cual leía como sigue:

“El Secretario de Agricultura y Comercio podrá demandar y ser demandado a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico por cualesquiera reclamación de buena fe que surja con relación al negocio de seguro o reaseguro del café autorizado por esta Ley, a tal fin renunciando el Estado a su inmunidad y reconociendo cualesquiera obligación que fuere debidamente establecida y fijada por los tribunales de justicia luego de agotado previamente él procedimiento administrativo correspondiente para liquidar la reclamación; Disponiéndose que cuando ambas partes aceptaren la obligación y sólo hubiere con-flicto en cuanto a alguna diferencia, la acción en los tribunales se dará sólo con relación a la diferencia; Disponiéndose además, que en estas reclamaciones se seguirá el procedimiento de las acciones civiles ordinarias, sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 76 de 18 de abril de 1916 según enmendada, y las sentencias que puedan recaer contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una vez firmes se pagarán con cargo al ‘Fondo de Seguro del Café’ creado por la Ley Núm. 278 de 5 de abril de 1946.” (Énfasis nuestro.)

Parece claro que dicho artículo autorizábalas demandas al Estado, luego de agotar el procedimiento administrativo. Disponía, además, que en esas reclamaciones se seguiría el procedimiento de las acciones civiles ordinarias, sin sujeción a la Ley Para Autorizar Demandas Contra el Pueblo de Puerto Rico entonces vigente, la Ley Núm. 76 de 13 de abril de 1916. (Como se sabe, la nueva ley sobre demandas contra el Gobierno es la Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. see. 3077 y ss.) En el mismo sentido — permitir que los asegurados pudiesen recurrir a los tribunales — son las expresiones hechas en el Informe de la Comisión de Agricul-tura de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1067 (que se convirtió en la Ley Núm. 67 antes mencionada), el cual aparece en el Diario de Sesiones, Asamblea Legislativa, Sesión Ordinaria 1953, Vol. 2, Tomo 2, pág. 1509 y en el Informe de la Comisión de Agricultura del Senado sobre el mismo proyecto, el cual aparece en el Diario de Sesiones, Asamblea Legislativa, Vol. 2, Tomo 3, pág. 2056, las cuales no reproducimos aquí por no ser en exceso prolijos. Al referirnos al Art. 7 de la Ley .Núm. 67 de 1953 antes citado, los hemos hecho en el pasado porque dicha Ley Núm. 67 fue derogada por la vigente Ley de Seguros Agrícolas de Puerto Rico de 1966 antes mencionada.

En cuanto a los segundos dos señalamientos — que erró el Tribunal al anular el laudo de los árbitros y al sustituir su criterio por el de ellos — concluimos que se cometieron. Todo indica que los árbitros designados son personas muy cualificadas para hacer la inspección que se les encomendó. Son ellos presuntos conocedores prácticos del cultivo del café y de las condiciones climatológicas y físicas de la región concernida. Están en mucha mejor posición para hacer conclusiones de hecho sobre la materia que los tribunales. Sus conclusiones finales están sostenidas por sus conclusiones de hecho. La evidencia practicada en el juicio consistente de las declaraciones del demandante, del Sr. Arguelles, del Sr. Vargas (quién no vio la finca después de los vientos), del Sr. Menéndez Ramos (quien tampoco visitó la finca, sino que opinó a base de fotografías) y de los Sres. Pérez Ramos, Albino y Hernández, según resumidas en la sentencia del tribunal de instancia, no es suficiente para rebatir con éxito en esas circunstancias las conclusiones de los árbitros antes citadas.

En vista de lo anterior se revocará la sentencia recurrida y se declarará sin lugar la demanda en este caso.

       Sobre la reorganización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de P.R. véase: Mensaje del Gobernador de Puerto Rico Trasmitiendo a la Asamblea Legislativa Los Planes de Reorganización de la Rama Ejecutiva, en Leyes, Sesión Ordinaria de 1950, Apéndice del Tomo, pags. iii y ss.; Wells, The Modernization of Puerto Rico, Harvard Univ. Press (1969) pág. 198; Wells, La Modernización de Puerto Rico, Editorial U.P.R. (1972) pág. 204; Comisión de Reorganización, Informe Sobre la Reorganización de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico (1949) ; Commission for Reorganization, Report on the Reorganization of the Executive Branch of the Government of Puerto Rico (1949); Wells, “Administrative Reorganization in Puerto Rico,” 9 The Western Political Quarterly 470 (1956); Dimock, Muñoz Amato y otros, La Reorganización de la Rama Ejecutiva, publicación conjunta de la Escuela de Administración Pública de la Univer-sidad de Puerto Rico y del Capítulo de Puerto Rico de la Sociedad Americana de Administración Pública (1951); Clapp, “Management Improvement in Puerto Rico,” 12 Public Administration Review 27 (1952).


author: PER CURIAM:

text:
    Miguel A. Alvelo Marrero, demandante y recurrido, v. Insurance Company of Puerto Rico y Félix Ramón Ortiz Justiniano, demandados y recurrentes.

      Número: R-72-103

      Resuelto: 30 de mayo de 1973

      Jaime A. García Blanco, Carmen Sonia Zayas y B.M. Sánchez Fernández, José E. Caso, abogados de los recurrentes; Juan • M. Ponce Fantauzzi, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

A las 5:30 a.m. del 2 de junio de 1970 el codemandado Ortiz Justiniano conduciendo su automóvil en estado de embriaguez llamó a la casa del demandante Alvelo Marrero y le pidió que lo llevara a su hogar. Aun cuando el ebrio no le permitió conducir, Alvelo en consideración a que el otro era su patrono, decidió acompañarlo asumiendo volun-tariamente el riesgo apreciable de la condición de ebriedad del demandado. Una vez el demandante abordó el vehículo el demandado tomó una ruta distinta a la de su casa condu-ciendo a alta velocidad en busca de un último trago, se quedó dormido en el volante y chocó contra un árbol, resultando el demandante con las lesiones que el juez de instancia en su sentencia describe así: miositis aguda de los músculos cervi-cales y paravertebrales, fuerte trauma en la frente, en la nariz y otras partes del cuerpo. A la fecha del juicio 18 de noviembre de 1971 según la referida sentencia el demandante mostraba desviación del cartílago de la nariz y un engrasa-miento del tejido de la frente exactamente sobre las cejas, padeciendo todavía de dolores de cabeza.

El juez de instancia estimó los daños del demandante en $15,000 y por considerar que éste había asumido libremente el riesgo de accidente, le imputó el 50 % de la culpa aplicando la norma de negligencia comparada; y dedujo $1,000 corres-pondientes a la exención establecida en la Sec. 8(2) (a) de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (9 L.P.R.A. see. 2058(2) (a), resultando en una compensa-ción de $6,500 para el demandante.

Este Tribunal expidió auto de revisión limitado única-mente a la adecuación del estimado de daños.

En el presente caso el juzgador de los hechos tuvo que recurrir en dos ocasiones a una afinada discreción: primero, al fijar la proporción de culpa atribuible a un demandante en quien el propósito de ayudar al prójimo superó su instinto de conservación y montó en el carro de su amigo y patrono que le pedía ayuda, asumiendo el conocible riesgo de accidente por la ebriedad del conductor; y segundo, al evaluar los elementos objetivos y subjetivos integrantes de sufrimiento físico y moral, episodio final de la conducta de Buen Samaritano que sacó un hombre de su casa en la madrugada para ayudar a otro a llegar a la suya. La gama de elementos que entran en la percepción por él juzgador del grado de culpa, y del equivalente en dólares devaluados de la angustia y el dolor humano, es tan variada que no podemos remitirnos a una escala o tabla para la solución apropiada a cada incidencia dañosa; todavía no hemos llegado al fácil y vertiginoso método en que la computadora electrónica desplaza la delicada y exigente función del juez confrontado con la necesidad de medir y traducir a ecuaciones matemáticas y a compensación pecuniaria algo tan indefinible como el dolor de un ser humano. De ahí que la norma adoptada de no intervenir cuando la prueba ante éste sostiene sus conclusiones. Prado v. Quiñones, 78 D.P.R. 322, 338 (1955); Dávila v. Autoridad de Tierras, 78 D.P.R. 859 (1955).

Debemos partir del supuesto de que el juez de instancia separó debidamente las dos porciones de su actuación adjudi-cativa de la controversia: distribución de negligencia y evaluación de los daños, por ser procesos independientes el uno del otro aun cuando en el fallo final coexistan y cada uno por su lado influya en la cuantía de la indemnización, resultado último del pleito.

Es a la luz de este proceso decisional con base en la prueba que ha de examinarse la adecuación de la indemnización con-cedida y proveer así al recurso de la parte demandada ya que el demandante no ha recurrido en revisión.

Describiendo el accidente declaró el demandante en el juicio que su cara dio contra el cristal del automóvil y se torció la nariz y que subsiguientemente tuvo dificultad al respirar y dolor en la nuca, la cabeza y la frente, y que recibió trata-miento de fisioterapia durante 31 días. A la fecha del juicio se queja de dolor en el cuello cuando vira la cara, que tiene que respirar por la boca en vez de por la nariz; que tiene la nariz desviada y una protuberancia en la frente. Llegando a este punto el récord revela lo siguiente:

“Parte Demandante
Vuestro Honor, a los fines de récord, queremos hacer constar que a partir de ambos ojos y en la parte de la frente, se ve el tejido, una protuberancia en el tejido y hacia el frente. Parte Demandada
Yo lo veo un rostro normal. ¿Que se ve un tejido protube-rante? No entiendo.
Señor Juez
Yo no sé si en este certificado ...
Parte Demandada
No dice nada de eso, Vuestro Honor.
Parte Demandante
Habla de eso.
Vuestro Honor, nosotros quisiéramos que Vuestro Honor a los fines de récord describiera la forma en que se ve este tejido de aquí.
Señor Juez
A mí me es difícil hacer la descripción. Se lo confieso al compañero. Es una de las limitaciones que yo tengo.
Parte Demandante
Si Vuestro Honor pudiera tocar al testigo para que pudiera palpar aquí este tejido aquí y este tejido, la diferencia en tejido.
Parte Demandada
Imagínese, que Vuestro Honor tocara ahí.
Señor Juez
Yo confieso que es una de las limitaciones que tengo. Tengo que depender de lo que haya aquí.
Parte Demandante
Le pregunto yo si usted tenía ese tejido más grueso antes del accidente.
Parte Demandada
Yo voy a objetar que si el tejido más grueso, si el tejido se pone más grueso. Si existe médicamente hablando, debe venir un médico y explicar al tribunal que como consecuencia de un trauma hay una condición de esta forma, que si lo tiene más grueso en un lado que en otro ...
Señor Juez
Deje ver los certificados a ver si hay suficiente para llegarse a una conclusión.
Señor Juez
Yo no veo mucho aquí de los doctores en esto, pero ya él ha descrito algo. Adelante.”
Más adelante dice el juez recurrido:
“Parte Demandante
Con relación a esto, el testimonio es que antes no tenía un engrosamiento de tejido y ahora tiene un engrosamiento de tejido.
Señor Juez
Sobre eso vamos a decir otra cosa. La verdad es que el tribunal nota una leve anormalidad del tejido o parte de su frente en ambos ojos.
Creo que esos son los daños probados.
Parte Demandante
Con relación a la edad, Vuestro Honor del demandante y a su profesión y oficio, a los fines de la desfiguración.
Parte Demandada
La desfiguración, aparte de lo que dijera el testigo, nosotros descansamos en lo que observe el tribunal.
Señor Juez
Eso es lo que observa el tribunal y le dice el tribunal que no es una cosa muy notable y marcada a distancia. Tiene que estar prevenido y cerca, agraciadamente para el señor.”

El más abareador y reciente certificado médico sobre la condición del demandante ofrecido en evidencia por éste y admitido por estipulación de las partes, está suscrito por el Dr. Walter J. Benavent, fechado a 23 de septiembre de 1970 y en lo pertinente expresa:

“Del historial se desprende que el día 2 de junio de 1970 el Sr. Alvelo sufrió trauma en la nariz como resultado de un accidente de automóvil. Luego del accidente el paciente fue atendido por su médico particular quien tomó placas radiográ-ficas de los huesos nasales. Dichas placas no revelaron fractura de los huesos nasales. Al presente el paciente se queja de difi-cultad en respirar por el lado izquierdo de la nariz. Además expresa que con leve trauma a la nariz se provoca hemorragia nasal.

Al examen observo ligera prominencia del hueso nasal en la línea dorsal. Los huesos nasales se palpan en su posición normal no habiendo desplazamiento de ninguno de los dos. Se observa ligera desviación del cartílago en el tabique nasal hacia el lado derecho.

Soy de opinión que no habiendo desplazamiento de los huesos nasales en este paciente una intervención quirúrgica en los mismos no está indicada.

Es posible que la dificultad respiratoria que aqueja a este paciente sea de carácter transitorio por virtud de la hinchazón que se produce dentro de la nariz como resultado del trauma recibido.”

Las observaciones y apreciaciones del tribunal a quo y la prueba médica nos dirigen hacia la reducción a $10,000 en el estimado de daños y a $4,000 la indemnización que corresponde al demandante.

Así modificada se confirmará la sentencia.

El Juez Asociado, Señor Martín, disintió.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor Luis de Jesús Cordero y Ricardo Rodríguez Maldonado, acusados y apelantes.

      Número: CR-72-92

      Resuelto: 30 de mayo de 1973

      Santos P. Amadeo, Héctor Martínez Colón y R. N. Ponce de Sánchez-Rivoleda, abogados de los apelantes; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.-
   PER CURIAM:

Una madrugada a la 1:30 A.M. se presenta-ron cuatro individuos en un automóvil “Dodge” blanco en el negocio conocido como Bar o Cafetería Marbella, radicado en la calle Luisa [sic] del Condado, propiedad de Alfredo Fer-nández. Inquirieron de éste y de su cuñado con insistencia por un tal Carlos y un tal Alberto y al decirles Fernández que no los conocía se marcharon. Regresaron a las 5:30 A.M. cuando ya quedaba un solo cliente en el negocio, detuvieron el carro en la entrada del ■parking, se bajó uno con la mano en el bolsillo, habló con Fernández y éste caminó hacia el automóvil, se montó y marchó con los cuatro. El vehículo dio varias vuel-tas por la zona cercana y durante el paseo el comerciante Fernández sintió que le pegaban en la nuca un objeto metálico como un cañón al mismo tiempo que le requerían para que informara sobre los referidos Carlos y Alberto. Lo dejaron en la Avenida Roosevelt donde tomó un taxi y regresó al negocio.

En el Ínterin, un empleado de la cafetería que había visto a su patrono salir sin despedirse, en las circunstancias des-critas, llamó a la policía dándole el número de la tablilla del “Dodge” y haciendo un relato conciso de lo ocurrido en el negocio. La policía envió al aire una alarma radial descri-biendo el automóvil y sus ocupantes, y. respondiendo a la misma un policía de servicio en la Muda, entre Caguas y Río Piedras, detuvo el auto “Dodge” y sus cuatro ocupantes.

Mientras tanto acá en su negocio del Condado, Fernández le relata a Roberto Pietri, Agente del Cuerpo de Investiga-ciones Criminales, que fue montado a la fuerza en el automó-vil y que habían sacado revólveres contra él con gran des-pliegue de brutalidad y violencia. El detective mientras recibía esta información del perjudicado oye en el radio la noticia de la detención del auto “Dodge” con los cuatro individuos en la Muda y para allá sale acompañado de Fer-nández, quien al llegar identifica a sus captores y el auto-móvil. En ese momento procede el agente al arresto de quienes resultaron llamarse Machado, de Jesús Cordero, Vargas Medina y Rodríguez Maldonado. Como hay sólo dos policías y cuatro detenidos y se encuentran en carretera abierta, el agente Pietri después de registrarlos los hace entrar al coche celular y allí quedan bajo vigilancia del otro policía en lo que Pietri registra el automóvil y encuentra dos revólveres, 1 cuchillo, una cuchilla plegadiza-y un blackjack (cachiporra).

Acusados en cargos por infracción de los Arts. 8, 6 y 4 de la Ley de Armas (25 L.P.R.A. sees. 411 y sigs.), pidieron sin éxito la supresión de la evidencia material por ser pro-ducto de un arresto y registro ilegales; renunciaron al jurado en los casos del Art. 8 y se sometieron a juicio por tribunal de derecho en el cual no presentaron prueba alguna en su defensa siendo finalmente convictos y sentenciados a penas de presidio, cárcel y multa que el juez sentenciador rehusó suspender bajo régimen probatorio. Resolvemos ahora los recursos de apela-ción de Héctor Luis de Jesús Cordero y Ricardo Rodríguez Maldonado en los que señalan como errores: (1) invalidez de la renuncia del derecho constitucional a juicio por jurado; (2 y 3) ilegalidad del arresto de los apelantes y registro de sus personas y automóvil por contravenir la Enmienda IV de la Constitución de los Estados Unidos y Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico; (4 y 5) nulidad de la llamada presunción establecida por el Art. 14 de la Ley de Armas (25 L.P.R.A. see. 424) sobre evidencia prima facie de posesión imputable a los ocupantes de un vehículo, por ser contraria a los preceptos de igual protección de las leyes y debido pro-ceso de ley encarnados en la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos; y (6) admisión como evidencia en el juicio de un relato hecho por el agente del C.I.C. Pietri sobre lo que le manifestara el perjudicado Fernández.

(1) En todo el curso del juicio los acusados estuvieron presentes y asistidos por dos abogados que el tribunal calificó como de “reconocida experiencia”, y renunciando al jurado uno de ellos se expresó así:

“Lie. Verdejo:
Vuestro Honor, a nombre de los cuatro representados, quere-mos renunciar a su derecho constitucional a ser juzgados por un jurado, los cuatro coacusados, están conscientes del derecho que-tienen a ser juzgados por doce personas que residan en el Dis-trito Judicial de. San Juan, y estos acusados, nadie les ha hecho promesa en cuanto a que van a salir beneficiados por su renuncia al jurado en cuanto a la Infracción al Art. 8 de la Ley de Armas.”

El Juez en su alocución dijo:

“Señores acusados, entre los casos que están señalados contra ustedes en el día de hoy para juicio, hay unos casos por Infrac-ción al Art. 8 de la Ley de Armas, que son de naturaleza grave; por disposición de Ley y siendo un caso grave, tienen ustedes derecho constitucional, tal como lo informó el Lie. Sergio Peña, de que sus casos sean juzgados por jurado, o sea, que doce ciuda-danos de su distrito, escogidos por sorteo se constituyan en un tribunal de hechos y una vez oída la prueba y hecha una evalua-ción de la misma y una ponderación de la misma hagan la adjudicación final en cuanto a su inocencia o culpabilidad en relación a esa Infracción del Art. 8, sus abogados han manifes-tado al Tribunal que ustedes interesan renunciar a ese derecho constitucional a ser. juzgados por jurado en esos casos por Infrac-ción al Art. 8 y prefieren que los casos se vean por tribunal de derecho. Quiero, aunque estamos seguros que el Lie. Sergio Peña y el Lie. Eloy Verdejo los han asesorado en cuanto a ese extremo por ser ambos abogados de reconocida experiencia, sin embargo, quiero dicirles que en cualquier caso que el caso se vea por jurado, cualquier veredicto debe ser por mayoría de nueve a tres, por tribunal de derecho es solo este Juez el que tendrá esa responsabilidad dé hacer esa adjudicación final en el caso. Aún así ustedes prefieren que sea por tribunal de derecho?
(contestan todos en la afirmativa)
El Fiscal, los abogados que los representan, algún funciona-rio del Tribunal le han ofrecido algo a cambio de que ustedes hagan esa renuncia a ser juzgados por jurado en los casos por Infracción al Art. 8 ?
No, señor:
Alguien les ha hecho algún ofrecimiento para que ustedes renuncien a ese derecho constitucional ?
No, señor.
Debo entender entonces, que esa renuncia es voluntaria, libre, espontánea de todos y cada uno de ustedes ?
Sí, señor.
Y debe entender el Tribunal que ustedes están, tienen pleno conocimiento de lo que hacen, pleno entendimiento de lo que están renunciando en la mañana de hoy?
Sí, señor.
Y si se le preguntara a alguno de ustedes de aquí a un año o a dos años si ustedes renunciaron voluntariamente a ser juzga-dos por jurado, qué contestarían ustedes, que sí, que lo renun-ciaron voluntariamente ?
Sí, señor.
Alguien le ha coaccionado a alguno de ustedes para que renuncie a ser juzgado por jurado?
No, señor.
Alguien le ha amenazado ?
No, señor.
Por entender el Tribunal que los v acusados, que todos son adultos, y al decir adultos, me refiero a que todos pasan de 21 años de edad, por entender el Tribunal que los cuatro acusados han hecho una renuncia voluntaria, libre y espontánea y que la misma ha sido formulada con pleno entendimiento de lo que hacen previo el asesoramiento de sus respectivos abogados y la orientación que le ha dado el Tribunal a esos efectos, se acepta dicha renuncia y dispone que los casos por Infracción al Art. 8 de la Ley • de Armas, continúen ventilándose por tribunal de derecho,....” (T.E. págs. 4-7.)

Para juzgar correctamente el grado de inteligencia y espontaneidad en la renuncia por el acusado de su derecho constitucional a juicio por jurado no hay mejor criterio que la expresión de su abogado en corte abierta junto a su defendido, al efecto de que ha consultado y ponderado con su cliente, en línea con los mejores intereses de la defensa, la alternativa de ir a juicio por jurado o por tribunal de derecho. No puede haber una comunicación y explicación más asequible para el acusado que la trasmitida por su abogado con antelación al juicio, libre del formulismo, la tensión y la rigidez del acto solemne de renuncia escenificado en el tribunal. Insistimos en que los tribunales antes de aceptar una renuncia al juicio por jurado, en estricta observancia de la Regla 111 de Proce-dimiento Criminal, se cercioren de que el acusado está actuando libre, espontánea e inteligentemente, como salva-guarda adicional de ese preciado derecho, aun cuando no como sustituto del deber del abogado de informar o instruir a su cliente llegando a él por sobre sus limitaciones intelectivas, con un mensaje claro y comprensible de la trascendencia de esa renuncia.

En ausencia de alegación en este caso en cuanto a que el abogado haya incumplido su obligación de ilustrar e informar al acusado sobre la naturaleza, operación y adaptación a los hechos de su caso de los dos métodos de juzgar, por jurado o por tribunal de derecho, y examinada la alocución del juez de instancia en el acto formal de renuncia consideramos que fue válida y libre la renuncia del derecho en este caso, pues descansa en hechos razonablemente indicativos de que los acusados tenían una información cabal, y clara conciencia del derecho que renunciaban, y que fueron satisfechas las normas al efecto adoptadas en Pueblo v. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753 (1968) y Pueblo v. Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968).

(2 y 3) El arresto de los acusados sin mediar orden de magistrado y el subsiguiente registro de sus personas y de su automóvil no excedió los límites de razonabilidad señalados en Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964). El agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales que practicó el arresto tenía motivos suficientes para creer que los ape-lantes habían cometido un delito grave (felony) como lo es la portación y transportación de un revólver cargado (Art. 8, Ley de Armas); había recibido un relato y querella del comer-ciante Fernández que claramente señalaba a los acusados, actuando en concierto y transportando armas de fuego en un automóvil; se había hecho acompañar del querellante a la Muda de Caguas donde estaba detenido el automóvil por la alarma radial de la policía y en su presencia el comerciante identificó tanto a las personas como el vehículo de los acusa-dos. El registro demostró que éstos efectivamente habían cometido el delito grave que les imputaba el perjudicado pero el resultado positivo del allanamiento no era indispensable para la validez y legalidad del arresto, pues en lo relevante a esta situación dispone la Regla 11 de Procedimiento Criminal que “Un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente ... (c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave {felony), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidad.”

Los agentes del orden público no vulneraron la protección constitucional que contra arrestos y registros ilegales proveen tanto la Enmienda IV de la Constitución de los Estados Uni-dos como el Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico. En la situación con la que se confrontaron debían además pro-teger su propia seguridad y naturalmente su vida. Se probó que al llegar Pietri con el comerciante al lugar en la carretera donde se había detenido a los apelantes encontró un solo policía lo que enfrentaba dos agentes a cuatro hombres señalados como tipos violentos y armados. Una noción básica de prudencia y cautela justifica plenamente la acción realizada sin solución de continuidad, de una vez registrados los acusados y puestos bajo vigilancia de un policía en el coche celular, proceder al registro del automóvil como incidente coetáneo al arresto. Viciado de bizantinismo está el argumento de que luego de arrestados los apelantes debió la policía iniciar el trámite de obtención de un mandamiento judicial antes de registrar el automóvil; conduce a la pretensión absurda de que el registro debió llevarse a cabo en la inmediata presencia y bajo super-visión de los detenidos y éstos en plena libertad de movimiento para. hacer armas contra los agentes del orden público o escapar. La acción rápida, el registro en el sitio del incidente por los agentes, era evidentemente necesaria ante la posibili-dad de que los acusados intentaran el uso de fuerza contra la policía bien para librarse del arresto o desaparecer las armas que habían escondido en el vehículo y en evitación además de que terceras personas lograran acceso a la evidencia criminosa y la ocultaran. Las circunstancias sacan este caso de la regla de Pueblo v. Sosa Díaz, supra, donde se consideró irra-zonable el registro del automóvil porque se llevó a efecto “muy remotamente en tiempo y lugar para que se considerarse como incidental al arresto.” (Preston v. United States, 377 U.S. 364.) En Sosa Díaz, no se consideró el registro incidental al arresto porque no se hizo cuando los agentes que tenían causa probable para registrar sin mandamiento llegaron por pri-mera vez al lugar de los hechos. Allí, contrario a lo que ocurre en el presente caso, el registro del automóvil se efectuó en ausencia del apelante, cuando ya éste había sido arrestado y se encontraba bajo custodia policíaca en el cuartel, un lugar distinto y apartado del garage en que se hallaba el vehículo. No era, pues, necesario para evitar la fuga del acusado ni un ataque o agresión a quienes le habían detenido o la des-trucción de evidencia relacionada con la comisión del delito por el cual se le acusaba. Sosa Díaz, supra, a la pág. 631.

Tampoco es de aplicación a los hechos del presente caso la decisión en Whiteley v. Warden, 401 U.S. 560, 28 L.Ed.2d 306, 313, porque en éste ni el magistrado que expidió la orden ni el agente que practicó el arresto tuvieron ante sí suficientes hechos (factual data) de que el acusado hubiera cometido el crimen. En el caso que ahora resolvemos .el agente que arrestó recibió del propio perjudicado información factual claramente descriptiva de la comisión de un delito grave; y adicional-mente la identificación de los acusados y su vehículo por el comerciante Fernández en el lugar mismo de la carretera donde los había hecho detener el boletín radial completó el cuadro de hechos determinantes de causa probable.

(4 y 5) El Art. 14 de la Ley de Armas (25 L.P.R.A. see. 424) dispone en lo pertinente:

“La presencia en un vehículo de cualquiera de las armas, instrumentos o accesorios especificados en las sees. 414, 415, 416, 419 y 420 de este título será evidencia prima facie de su posesión ilegal por todas las personas que se encuentren en dicho vehículo al momento en que se hallaren tales armas, instrumentos o acce-sorios salvo que se tratare de un vehículo de servicio público que en ese momento estuviere transportando pasajeros mediante paga. Cuando una de las personas que se encuentren en dicho vehículo sea la que porte en su persona dicha arma, instrumento o accesorio y dicha persona lleve consigo una licencia válida para portar .el arma, instrumento o accesorio así hallado, y no estu-viere allí bajo amenaza, la presunción de posesión ilegal no cubrirá a las otras personas que se encuentren en dicho vehí-culo.”

El precepto no establece presunción que lesione la de inocencia del acusado, ni altere el peso de la prueba impuesta al Estado en el procedimiento criminal. Se trata de una regla o norma de evidencia que para ilustrar y orientar la apreciación de los hechos por el juzgador, recoge dos realidades inescapables en el más elemental orden de razonamiento: (a) que las personas ocupantes de un vehículo donde se hallaren armas prohibidas las poseen ilegalmente dado el común e inmediato acceso a las mismas; y (b) que no existiendo entre los pasajeros de un porteador público la unidad de propósito, razón de viajar e identidad de voluntades que aglutinan a los ocupantes de un automóvil privado, la regla de evidencia prima facie no se aplicará cuando se estuviere transportando pasajeros mediante paga.

Distinguiendo entre los conceptos de regla de evidencia y presunción ha dicho Wigmore: “La presunción de hecho es un calificativo impropio para la fuerza de raciocinio o el valor probatorio del hecho evidenciario carente de estas conse-cuencias procesales (de cambiar el peso de la prueba hacia el adversario). ‘Son, en verdad, simples argumentos y sólo dependen de su propia fuerza y eficacia para producir creencia o convicción en la mente/ No tienen trascendencia alguna en cuanto al deber de una u otra parte de producir evidencia, porque no teniendo la naturaleza de una regla de derecho el jurado le dará la fuerza o el peso que mejor crea al igual que a cualquier otra evidencia.” Wigmore On Evidence, tomo IX, sec. 2491, pág. 288, 3ra. ed. Cf. Estado Libre Asociado v. Tribunal Superior, 76 D.P.R. 842, 845 (1954).

Conocida la esencia y el limitado efecto de esta norma de evidencia prima facie es patente y claro que ni introduce un elemento de discrimen o clasificación arbitraria entre unas y otras personas negándoles la igual protección de las leyes, ni violenta el privilegio del acusado contra la autoincriminación.

(6) El agente del C.I.C. Roberto Pietri quien practicó el arresto y registro declaró en el juicio, relatando los hechos que llevaron a su ánimo la convicción de que se había cometido un delito grave. La información le fue suplida por el comerciante Fernández y era propio que el tribunal pasara una vez más sobre la existencia de causa probable para el arresto y ocupación de evidencia sin mandamiento judicial, pues su testimonio era esencial para la admisión en evidencia de los frutos del registro. Limitada como fue a este aspecto, dicha declaración no constituyó prueba de referencia utilizada para probar la culpabilidad de los acusados contra quienes ya se había producido evidencia oral suficiente para establecer todos los elementos de los delitos imputados. Un examen de la transcripción de la evidencia revela la existencia de prueba directa suficiente que sostiene la convicción, por lo que dicho testimonio en nada agravó la posición de los apelantes, aparte de su correcta utilidad para admitir la evidencia material ocupada.

No habiéndose cometido los errores señalados se confir-marán las sentencias apeladas.

       El Art. 8 prohíbe portar, conducir o transportar' un revólver cargado sin tener licencia para portar armas. (25 L.P.R.A. see. 418.)
      El Art. 6 castiga la posesión o tenencia de un revólver sin licencia para ello. (25 L.P.R.A. see. 416.)
      El Art. 4 sanciona el acto de poseer, transportar o conducir un blackjack, cachiporra o manopla. (25 L.P.R.A. see. 414.)

        Whiteley v. Warden, citado, acoge los medios de comunicación electrónica, en auxilio de la rápida detención de ofensores al resolver que la policía puede arrestar siguiendo instrucciones en una alarma o boletín radial, toda vez que puede razonablemente presumir que quienquiera que originó el boletín oficial tenía causa probable para ordenar el arresto. Sin embargo, si resultare lo contrario, este criterio del agente que practica el arresto no está a salvo de la impugnación de la decisión originalmente tomada por el agente que “instigó el arresto” y originó el mensaje radial.