text:
    Luis Felipe García y Otros, demandantes y recurrentes, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y recurrida; Luis Felipe García et al., demandantes y recurridos, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Números: R-69-283, R-69-285

      Resueltos: 6 de febrero de 1975

      Luis A. Lugo, Jr., abogado de la Autoridad de las Fuentes Flu-viales de Puerto Rico; Carlos J. Ortiz y René Benitez, aboga-dos de Luis Felipe García y otros, demandantes.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En nuestro sistema de adjudicación de controversias, bajo las normas evidenciarías y procesales vigentes, todo proceso de presentación de prueba representa un esfuerzo ten-dente a reconstruir en la forma más fiel y exacta los hechos acaecidos fuera del escenario judicial. De ordinario, tal pre-sentación se efectúa meses o años después de acontecidos los hechos por lo que el factor inexorable del tiempo interviene con la memoria afectando las imágenes, percepción, personas y sitios. Ingredientes adicionales tales como el grado de inteligencia del testigo, su facilidad o dificultad para ver-balizar y explicar, el nerviosismo natural que genera la sala de un tribunal, las expectativas de una confrontación de lo atestado con el contrainterrogatorio, el interés en el desenlace final del caso y un sinnúmero de imponderables, imponen sobre los tribunales de instancia la más delicada función del quehacer judicial humano: el descubrir la verdad ha-ciendo el mayor esfuerzo en dirimir prueba conflictiva y en muchas ocasiones incompleta.

La realidad previamente expuesta cobra mayor importan-cia tratándose de casos de incendio, como el que nos ocupa, en que por la naturaleza del elemento envuelto, la génesis del suceso regularmente resulta difícil de determinar, perpetuar y producir subsiguientemente ante los tribunales.

Ante esta dificultad, es regla auxiliadora en el proceso evaluativo de formar conciencia judicial de hechos, el análisis de perspectiva integral de la prueba, atribuyéndole mayor valor probatorio a la evidencia aportada que contiene la característica de garantía circunstancial de veracidad entre las cuales se destaca la que posee ingredientes de espontaneidad y contemporaneidad con el suceso. Las muchas dudas que surgen con respecto a la credibilidad que merece un testigo o a la posibilidad de que su relato sea lo más cercano y probable a la realidad extrajudicial ya pasada, son susceptibles de ser salvadas y esclarecidas mediante este enfoque.

Con estas consideraciones, pasemos a relacionar las cir-cunstancias presentes en el caso que nos ocupa. El 1ro. de agosto de 1966, aproximadamente a las 11:00 p.m., se desa-rrolló un incendio que destruyó varias casas situadas en la esquina formada por las Calles Bilbao y Concepción de la barriada Los Corozos, Santurce, Puerto Rico, como consecuen-cia del cual recibió intensas quemaduras el señor Luis Felipe García, propietario de la casa inicialmente quemada y mu-riendo por carbonización uno de sus residentes.

Bajo la alegación de que el siniestro se originó en los alambres eléctricos y se debió a la culpa y negligencia de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico — en ade-lante denominada Autoridad — se presentaron varias deman-das en reclamación de daños y perjuicios. Consolidadas las mismas, se ventiló el proceso ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y recayó sentencia imponiendo responsabilidad a dicha entidad y condenándola a satisfacer la suma total de $26,599.00, las costas del proceso y $1,000.00 de honorarios de abogado.

Ambas partes acudieron en revisión; los demandantes en el recurso R-69-283 impugnan la suficiencia de la cuantía y en el recurso R-69-285 la demandada cuestiona la determinación de responsabilidad.

Resulta lógico que consideremos en primer término los méritos de la revisión interpuesta por la Autoridad pues dé la conclusión de responsabilidad depende el análisis ulterior de la cuantía concedida. Señala y discute conjuntamente seis (6) fundamentos tendentes a desvirtuar las determinaciones de hechos de la sala sentenciadora los cuales giran básica-mente sobre la apreciación de la prueba.

Las determinaciones de hechos cuestionadas son las si-guientes:

“2 — [El] fuego fue causado como consecuencia de chispas originadas en los alambres eléctricos instalados y bajo el control de la demandada los cuales suministraban energía eléctrica a la casa del demandante Luis Felipe García. Dichas líneas desde el poste a la toma de la casa del demandante Luis Felipe García estaban deterioradas, sin protección aisladora, combeados en exceso, lo que les permitía rozar.
3 — La inspección y mantenimiento de las líneas eléctrica de la barriada era deficiente y las instalaciones eléctricas objeto de ésta acción datan de una fecha mayor de 15 años sin que dicha instalación fuera inspeccionada ó mantenida adecuadamente.
4 — El testigo Ramón Ortiz, electricista práctico, quién ha resi-dido por largos años en la barriada donde ocurrió el fuego y a cuyo testimonio le da crédito el Tribunal declaró que la instala-ción eléctrica de la barriada Los Corozos, incluyendo específica-mente aquellas envueltas en éste pleito, se encontraban para la fecha del incendio en completo estado de abandono y deterioro y que los cables estaban flojos y combeados y que en sus largos
años en la barriada nunca observó que la demandada inspeccio-nara dichos cables.
5 — Las partes produjeron prueba pericial la cual confligió en sus extrenos [sic] esenciales, alegando la demandada la im-posibilidad de que la ocurrencia del siniestro fuera causada en la forma y manera expuesta por la teoría del demandante, mientras que ésta [sic] por su parte, en la exposición de la cuestión téc-nica en controversia, adujo la 'posibilidad de que tomando en consideración la condición de deterioro de los elementos aisla-dores, el fuego pudo haberse ocasionado por las chispas en los cables habiéndose podido proyectar el fuego hacia la casa del demandante. . . .

La Corte le otorga entero crédito a la teoría pericial del demandante por los elementos de probabilidad de su enfoque y además por estar éstos confirmados por los testigos presencia-les del inicio del fuego, el señor Eduardo Batista y la señora Irma Serrano, cuyos testimonios igualmente merecen la credibi-lidad del Tribunal. (El señor Batista declaró haber presenciado que los cables eléctricos que conducían corriente a la casa del demandante estaban encendidos y vió además cuando el fuego de los alambres se propagó a la casa de dicho demandante).” (Bastardillas nuestras.)

El estudio sereno de las transcripciones de evidencia elevadas y la prueba documental sometida nos convencen que erró el tribunal de instancia al determinar que el siniestro se originó en los cables eléctricos pertenecientes a la Autoridad demandada e imponerle responsabilidad. Conflictos irreconciliables en las versiones de los testigos presentados por los reclamantes, en unión a la regla de hechos físicamente improbable o imposible — que constituye una de las excepciones a la norma de abstención judicial apelativa en cuanto a las determinaciones de hechos consignadas por los tribunales de primera instancia — nos llevan a la anterior conclusión. Burgos Quiñones v. A.F.F., 90 D.P.R. 613, 620-621 (1964); Román Delgado v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428, 437 (1963).

Procede hacer un análisis de la prueba sobre el origen del incendio. Razonablemente mucho antes de que los demandan-tes contemplaran radicar una demanda judicial contra la Autoridad, a raíz del incendio intervinieron tres agencias del Estado ajenas a aquella y que normalmente realizan investi-gaciones en tales casos, a saber: la Policía de Puerto Rico, el Ministerio Fiscal y el Cuerpo de Bomberos.

El Informe de la investigación practicada por la Policía, Exhibit 3 de la demandada, preparado un día después del in-cendio, relaciona lo siguiente en lo pertinente:

“Ayer 8-1-66 a las 10:45 P.M. sitio Calle Concepción 48, Pda. 20, Santurce se originó un incendio según revela la investigación realizada, este comenzó en un sofá de esta residencia, donde informó el Sr. Luis Felipe García Beltrán, dejó un caracol de los que se usan para expantar los mosquitos, este señor recibió quemaduras de cuidado al tratar de sacar el sillón en llamas, fue recluido en el Centro Médico de Río Piedras y atendido por el Dr. Dubock, como resultado del incendio que se propagó rápida-mente a las casas cercanas a esta, recibió quemaduras fatales el Señor Genaro Rodríguez Laureano de 55 años de edad, natural de Cíales, quien murió a consecuencia de estas.” (Bastardillas nuestras.)

De rigor es acentuar que este documento, preparado al día siguiente del incendio, hace constar que en dicho momento el demandante Luis Felipe García Beltrán había manifestado y admitido su parecer de que el fuego había comenzado en el interior de la casa por razón de un caracol que quema para ahuyentar los mosquitos.

Además se presentó en evidencia (Exhibit VII) una foto-grafía tomada por la Policía esa misma noche, que ilustra claramente cómo quedó afectada la residencia de los esposos García-Tejada, en particular el frente de dicha estructura que da hacia la calle Concepción, con poca muestra de haber sido alcanzada por las llamas ni de destrucción; y el poste de alumbrado eléctrico perteneciente a la Autoridad demandada que no revela daño alguno o quemadura aparente. De su exa-men inferimos razonablemente que el fuego tuvo su apogeo en el centro de dicha estructura y no afectó el poste en cuestión.

Ante el Ministerio Fiscal, representado por el Fiscal Miguel A. Montalvo, la codemandante Herminia Tejada —esposa del demandante Luis Felipe García — a las 4:00 de la madrugada de la noche del siniestro (T.E. pág. 22 de fecha 1-6-66), declaró bajo juramento:

“Anoche 1 de agosto de 1966 nos acostamos temprano mi esposo y yo. Ya hacía bastante tiempo que estábamos durmiendo cuando de momento yo me desperté y vi todo el seto de la parte norte de la sala todo en llamas y los muebles todos estaban en llamas. Llamé a mi esposo Luis Felipe García y cuando se levantó trató de coger una butaca que estaba incendiada pero entonces él empezó a decir que estaba quemado. ... Yo iba gritando ‘fuego, fuego, levántense, que hay fuego’....
P. Entonces, el fuego empezó en su casa?
R. Si señor.
P. La primera que vio la llamas fue usted?
R. Si señor.” (Bastardillas nuestras.)

Esta declaración pone de manifiesto que la señora Tejada y su esposo estaban durmiendo mientras se desarrollaba el incendio y que al percatarse del mismo estaba en llamas el interior de la sala (muebles y techo).

Igualmente ante dicho funcionario el codemandante Luis Felipe García prestó declaración jurada dos días después del siniestro, exponiendo en lo relevante lo siguiente:

"... P. Como a que hora empezó ese incendio?
R. Como a las 9:00 de la noche yo me acosté y nosotros usa-mos un caracol para los insectos y yo encendí el caracol y yo cogí y lo apagué y parece que al yo apagarlo alguna chispita del cara-col yo no me di cuenta y brincó al sofá porque lo que estaba prendido era el sofá en la casa mía y estábamos dormido y la doña se dio cuenta y me dijo aquí hay fuego y ahí me levanté y traté de coger el sofá, abri la ventana y para tirarlo a la calle pero como la goma del sofá ardía tanto la flama me cogió en los brazos y en las piernas y todo el cuerpo y ahí me pasó la mano y me safé y cogí llamas.
P. Como se llama su esposa ?
R. Herminia Tejada.
P. Usted no pudo tirar el sofá cuando lo cogió?
R. No pude por la llama me cogió a mi y me prendió el pelo y el cuerpo y ahí le dije a mi esposa me quemé y como aquella es una casa de madera y de polilla cogió fuego, entonces yo salí por la puerta de atrás de la verja con mi esposa y los inquilinos también salieron, entonces llamamos a Berto a Feliciano y a Don Moncho que viven allí y le avisamos que había fuego.
P. Usted me asegura que el incendio empezó en el sofá de su casa?
R. Sí, señor.
P. Antes de eso usted no sintió explosión u olor a gasolina?
R. No, señor.... (Bastardillas nuestras).

El testimonio del señor García Beltrán complementa el cuadro descrito por su esposa antes relacionado, y sin lugar a dudas constituye dos días después una reafirmación de su ver-sión original de que la noche del incendio utilizó y prendió un caracol; que lo que estaba encendido era el sofá; y de que con anterioridad a despertarse no había sentido ninguna explo-sión.

Del Servicio de Bomberos de Puerto Rico se presentó una Certificación (Exhibit 1 de los demandantes) que consigna que el incendio en cuestión

. . comenzó en la casa 48 de la Calle Concepción, Pda. 20 de Santuree, propiedad del Sr. Luis Felipe García propagándose dicho incendio a seis casas adicionales con pérdidas calculadas en $30,485.00;
Que según información obtenida en el sitio del incendio, este se inició en los alambres que conducen la corriente desde un poste al contador .de la casa 48 de la Calle Concepción, decla-rando algunos testigos que al llegar al contador éste explotó, propagándose el fuego por el seto norte de la casa;-”

El documento recoge información referente a que algunas personas, con posterioridad al incendio, informaron de que éste se inició en los alambres de la demandada y que el con-tador explotó. Cabe destacar que aparte de lo inverosímil de que un contador explote, ninguno de los testigos presen-tados subsiguientemente ante el tribunal de instancia como observadores de su origen, señalaron la ocurrencia de este fenómeno.

La prueba antes relacionada representa toda la eviden-cia pertinente sometida por las partes que contiene los ingre-dientes de espontaneidad y contemporaneidad con el siniestro. El remanente de la prueba en autos constituye la desfilada ante el tribunal sentenciador mucho tiempo después. Veá-mosla:

Para demostrar la responsabilidad de la Autoridad de-mandada a la par que desvirtuar lo jurado previamente por su esposo, Doña Herminia declara dos años después que la noche del incendio no se prendió un caracol repelente (T.E. pág. 5). Los demandantes presentaron además los testigos Wilson Avilés Rodríguez, Irma Serrano Márquez y Rafael Batista Ramos.

La evidencia refleja que el testimonio de Avilés Rodríguez no es suficiente para detectar el origen del incendio pues sobre el particular expresó que cuando salió al balcón ante los gritos de su señora madre que gritaba histérica “fuego, fuego” fue que observó las llamas estando para entonces la casa incen-diada (T.E. págs. 42-45). Sin embargo, de rigor es notar que de su testimonio se deduce que cuando estaba ardiendo el balcón del frente de la casa del Sr. García — en una etapa en que ya estaba desarrollado el incendio — es que percibe que los alambres “. . . estaban humeando en toda su extensión y de vez en cuando botaba chispa [sic].”

La testigo Irma Serrano Márquez tampoco apreció el origen del siniestro pues de su testimonio se desprende que el incendio ya se había desarrollado y estaba en su apogeo cuando notó el mismo. No obstante es significativo su relato de que lo que vio “. . . fue el balcón en llamas y los cordones prendidos en candela.” El análisis de las fotografías en evi-dencia nos permite concluir que desde el lugar en que la testigo se encontraba al momento de percatarse del incendio no tenía ni podía tener una visión total de los alambres en cuestión.

El testigo Batista Ramos quien declaró que vio los cables cuando botaban candela azul de arriba hacia abajo, se contra-dice totalmente. Por vía de ejemplo atesta que el poste cogió fuego, lo cual fue negado por los testigos Irma Serrano y Wilson Avilés Rodríguez, y ubica a doña Herminia Tejada a su lado en el momento en que según él los cables están prendidos y la casa humeando, y acto seguido, al informarle a doña Herminia que va a localizar a los bomberos describe la casa envuelta en llamas. (T.E. pág. 5.) Este hecho es conflictivo e irreconciliable con el testimonio de doña Herminia quien como hemos visto, declaró ante el Fiscal que despertó estando el interior — seto y los muebles de la sala — en llamas.

Como veremos más adelante, confrontado el testimonio de Batista, al igual que los otros antes mencionados con la prueba de la demandada, se puede concluir razonablemente que dicha persona, de efectivamente haber visto los cables en las condiciones que relata, lo que percibió fueron las conse-cuencias del incendio originado y en desarrollo dentro de la estructura.

Del análisis conjunto que precede se desprende que la prueba de los demandantes estuvo plagada de contradicciones no explicadas de carácter esencial, que arrojaban duda sobre la fidelidad de los hechos presentados en el escenario judicial. Así al terminar de presentar su caso, la propia prueba de los demandantes evidenciaba dificultad en poder precisar el punto específico en donde se originó el siniestro, apuntando más bien a que fue en el interior de la residencia de los esposos García-Tejada, con mayor probabilidad de que se debiera al incendiarse el sofá con el caracol de repeler mosquitos.

Igualmente dicha prueba indicaba la posibilidad de que las apreciaciones de candela y chispas en la toma eléctrica descritas por los testigos “presenciales” fueran el resultado del incendio ya en auge en el interior de la estructura y no por razón de los alambres eléctricos pertenecientes a la demandada. No obstante lo débil de esta prueba el tribunal sentenciador descartó erróneamente la tesis de la Autoridad fundada en testimonio pericial. Sobre este extremo conocida es la regla de que estamos en las mismas condiciones que los tribunales de instancia para aquilatar su valor y a adoptar nuestro propio criterio: Rodríguez Retamar v. Maldonado, 100 D.P.R. 662, 665 (1972); Portilla v. Carreras de Sehira, 95 D.P.R. 804, 812 (1968); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546, 550 (1967); Concepción Guzmán v. A.F.F., 92

D.P.R. 488, 495 (1965).

La evidencia pericial establece claramente que de ordina-rio — comprobado ello en axiomas reconocidos de la ciencia de la ingeniería eléctrica — en instalaciones equipadas con fusi-bles protectores adecuados en 'los postes, como el que existía en el caso de autos, tan pronto se inicia una condición de corto circuito en la toma se queman o funden los fusibles por lo que se interrumpe inmediatamente el fluir de la energía eléc-trica a través de los cables eléctricos. La rapidez — segundos o sus fracciones — con que este aditamento de protección actúa hace físicamente imposible o improbable que la temperatura en los cables inicie una flama en su aislación que sirva de igni-ción a la madera.

Ante la alternativa poco probable de que los fusibles no se fundan instantáneamente, de permanecer en contacto los cables, el calor generado sería de tal grado que eventualmente partiría los mismos. (T.E. págs. 7-25 de fecha 5-7-68.) Esta última tesis fue la que esbozó con vehemencia el perito de los demandantes (T.E. pág. 43 de fecha 5-1-68); sin embargo, no tiene apoyo en la prueba pues la misma demostró que los cables no partieron en momento alguno, siendo una mera especulación que ello ocurriese y más aún que partiesen en un punto más próximo a la pared de la estructura o vi-vienda que pudiera producir el contacto necesario para la ignición de ésta.

Distinto a lo débil de la prueba presentada por los recla-mantes y a lo especulativo de la explicación pericial, la Auto-ridad estableció de manera racional y lógica lo remoto, por no decir imposible, de que el fuego se originara en los alambres eléctricos de su propiedad.

Apreciada en su totalidad, la parte demandada no sólo controvirtió exitosamente la prueba de los demandantes, sino que demostró preponderantemente que la causa del incendio no se originó ni debió a defectos en sus instalaciones. Habiendo ausencia de relación causal entre el daño y las líneas eléctricas pertenecientes y bajo el control de la Autoridad, no existe responsabilidad alguna. Casiano Cruz v. A.F.F., 99 D.P.R. 427 (1970); Burgos Quiñones v. A.F.F, 90 D.P.R. 613 (1964).

En vista de lo expuesto, resulta académica la impugnación de la cuantía objeto del recurso R-69-283. Debe revocarse la sentencia del tribunal de instancia fechada 26 de agosto de 1969 y en su lugar dictarse una declarándose sin lugar las demandas, con imposición a los demandantes de las costas del proceso.

El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué concurre en el resultado.

        Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971).

      Ello destruye la tesis que los demandantes sugieren — sin elaboración propia ulterior — en la pág. 10 de su alegato de que la condición mental del señor García Beltrán no era la adecuada al momento de prestar a un fiscal, durante su estadía en el hospital, la declaración jurada más adelante relacionada.

      En la pág. 8 del Alegato de los demandantes se aduce que por no haberse transcrito y elevado ante nos el testimonio del Fiscal Montalvo, debemos hacer caso omiso a esta declaración. El argumento no es válido habida cuenta de que el original de la misma fue presentado por la de-mandada y admitido en evidencia por el tribunal sentenciador (Exhibit 2), formando parte del legajo ante nuestra consideración. Tampoco le asiste la razón en cuanto a la declaración prestada por la señora Herminia Tejada pues constituye el Exhibit I de la demandada debidamente admi-tida. (T.E. pág. 22 de fecha 7-1-68.)

       Consúltese Burgos Quiñones v. A.F.F., supra, que caracteriza la explosión de un contador como un fenómeno.

      Lo expuesto demuestra el poco valor probatorio atribuible a lo con-signado en la Certificación del Servicio de Bomberos de Puerto Rico admi-tida en evidencia, en el sentido de que “. . . según información obtenida en el sitio del incendio, este se inició en los alambres que conducen la corriente desde un poste al contador. ...”
      Obviamente la única base racional de la misma — ausentes testigos que real y directamente observaran el comienzo del siniestro — serían las expre-siones, rumores y versiones típicas manifestadas por los curiosos y especta-dores que atrae una conflagración de esta naturaleza, o en su defecto, el relato de impresiones u observaciones de personas cuando el incendio ya había comenzado y afectaba los cables eléctricos.

      E1 testimonio de un testigo presentado por los demandantes nom-brado Ramón Ortiz con el propósito de probar que las instalaciones eléctri-cas de la barriada Los Corozos estaban abandonadas por la Autoridad queda desvirtuado por un mero examen de las fotografías en evidencia y por su propia deposición. No fue presentado como testigo ocular del inicio del incendio.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. William Ortiz Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-73-119

      Resuelto: 13 de febrero de 1975

      David Urbina Urbina, abogado del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Justo Gorbea Varona, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

El apelante y dos sujetos más, portando ile-galmente armas de fuego, asaltaron a un pequeño estableci-miento comercial en jurisdicción de Canóvanas, Puerto Rico. Asesinaron a la esposa del dueño y a éste lo hirieron de cui-dado con una bala que le interesó el cuello, además de haberle propinado varios golpes en la cabeza.

En apelación se señalan siete errores. En el primero se sostiene que el tribunal erró al no conceder un nuevo juicio. Se argumenta que el jurado recibió prueba indebidamente. Se dice que un policía expresó que el acusado tenía antecedentes penales en Nueva York. Sin embargo, el planteamiento del apelante descansa exclusivamente en prueba de referencia; no trajo a declarar a los dos miembros del jurado que alegada-mente oyeron esa expresión, ni tampoco trajo a declarar al policía que supuestamente la dijo. El jurado Rosario, quien declaró sobre el particular, declaró no haber estado presente cuando se hizo dicha manifestación y declaró que no podía afirmar que los jurados fueron impresionados por ella de haberse hecho.

En realidad, se trata de especulaciones traídas mediante prueba de referencia. Hemos resuelto que en situaciones como ésta el tribunal no abusó de su discreción al denegar un nuevo juicio. Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426, 433-435 (1972).

Mediante el segundo señalamiento se aduce que el tribunal ejerció coacción sicológica sobre los jurados adversa al apelante. El planteamiento es frívolo. El tribunal expresó que si la deliberación tardaba se podían ordenar refrigerios. No surge prueba de coacción sicológica del récord.

En el tercer señalamiento se sostiene que erró el tribunal al no dar instrucciones especiales solicitadas sobre impugnación de testigos y sobre contradicciones y omisiones. El tribunal no se negó a ello y dio instrucciones adecuadas sobre contradicciones. Aparentemente se le olvidó u omitió elaborar sobre impugnación por omisiones. De todas maneras, no se cometió ningún error perjudicial. El testigo clave, Eustaquio Morales, fue contrainterrogado extensamente por la defensa. Esta se valió hábilmente de su oportunidad para sacar a la luz las posibles discrepancias, contradicciones u omisiones que hubiesen podido existir en la declaración de Morales. Las omisiones en que incurrió Morales, quien era el dueño del negocio a quien hirieron de bala y a quien le propinaron golpes en la cabeza, no fueron sobre hechos importantes o esenciales para llegar a un veredicto justo. Dada la situación dramática, dolorosa y bastante extensa a que fue sometido Morales durante el atraco y el tiroteo, no se le puede exigir que relatara los hechos con la fidelidad de una cámara cine-matográfica. En prácticamente ninguna situación eso es posi-ble. También hay que recordar que debido a los golpes en la sien Morales estuvo inconsciente una o dos veces durante los sucesos. El apelante no señala omisiones sobre hechos mate-riales o importantes que hubiesen variado el veredicto. No se cometió el error señalado. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232,235 (1971).

El cuarto señalamiento es en el sentido de que el fiscal comentó el silencio del acusado. La prueba fue en el sentido de que los dos cómplices del apelante llegaron primero al negocio, entraron y tomaron sus posiciones respectivas. Luego se asomó el apelante y sus cómplices le dijeron “Entre, compañero.” Este entró, cerraron las puertas del establecimiento y comenzaron su faena. El fiscal señaló que el apelante al ser invitado a entrar no rechazó la invitación sino que penetró al establecimieto. Parece claro que la frase de “Entre, compañero.” era el santo y seña preacordado que le debían dar al apelante los cómplices que ya estaban dentro del establecimiento para indicarle que podían proceder con su plan. Probablemente de haber habido allí en ese momento policías, otras personas, guardias privados, etc., los asaltantes hubiesen pospuesto el asalto para ocasión más propicia. El fiscal no comentó el silencio del acusado. Lo que hizo fue hacer referencia a hechos que eran parte del crimen. Pueblo v. Díaz, 74 D.P.R. 375, 381 (1953). En sus informes al jurado el fiscal y el defensor pueden comentar la evidencia presentada y pueden expresar inferencias y deducciones. Pueblo v. Fournier, 80 D.P.R. 390, 407 (1958). En el caso de autos, el comentario del fiscal estaba dirigido a demostrar la participación del apelante en los hechos. Esa es una función lícita del fiscal. No se cometió el error señalado.

Mediante el quinto señalamiento el apelante se queja de que el tribunal admitió en evidencia fotografías de la occisa. Arguye que eso impresionó al jurado adversamente. No podemos menos de preguntarnos si no hubiese sido mejor no haber cometido el asesinato. No parece haber duda de que el hecho del asesinato en sí influyó más en el jurado que las meras fotografías. Se ha sostenido que son admisibles fotografías para ilustrar hechos sobre los cuales se ha declarado, Pueblo v. Torres, 75 D.P.R. 231, 235 (1953); para demostrar el número de heridas, Pueblo v. Pacheco Stevenson, 83 D.P.R. 842, 848 (1961); para corroborar el testimonio de un testigo, Pueblo v. Rodríguez Colón, 95 D.P.R. 614, 617-618 (1967); para probar cualquier cosa que sea pertinente sobre la cual un testigo puede dar una descripción oral, pues las fotografías son una representación del estado de cosas que están en controversia, Pueblo v. Márquez, 67 D.P.R. 326, 335 (1947). El mero hecho de que una fotografía pueda impresionar al jurado desfavorablemente para el acusado no justifica su exclusión. Pueblo v. Zayas Ortiz, 65 D.P.R. 538, 541 (1946); Pueblo v. Rivera, 69 D.P.R. 538, 541 (1949). Ello es así porque el jurado debe conocer todo lo relacionado con el caso que juzga para estar en mejores condiciones de rendir un veredicto justo. Pueblo v. Rivera, 83 D.P.R. 471, 483 (1961). La manera más eficaz para no impresionar adversamente a un jurado es no cometer un crimen.

El sexto señalamiento es al efecto de que la identificación del apelante fue ilegal. El planteamiento no tiene mérito. El testigo Morales declaró que pudo ver bien al acusado dentro de su negocio antes de ser herido; describió su tez, pelo y constitución física a la policía. Luego, al examinar seis libros que contienen miles de fotografías identificó al apelante en una de ellas. Posteriormente volvió a identificarlo sin vacilación en una rueda de siete detenidos. Nada hay en dicha identificación que la vicie de ilegalidad.

El séptimo y último señalamiento consiste en argumentar que el veredicto es contrario a la prueba. El señalamiento es frívolo.

Se confirmarán las sentencias apeladas.

El Juez Presidente, Trías Monge, y los Jueces Asociados, Dávila e Irizarry Yunqué, concurren en el resultado.


text:
      In re Lemuel Toledo Toledo, querellado.

      Número: O-74-133

      Resuelto: 13 de febrero de 1975
   per curiam :

El querellado fue admitido al ejercicio de la abogacía el 27 de septiembre de 1956. El 5 de octubre de ese mismo año fue admitido a ejercer como notario. Por resolu-ción de 19 de mayo de 1972 este Tribunal lo suspendió per-manentemente del ejercicio del notariado y el 15 de marzo de 1974 ordenamos la formulación de querella de desaforo, que fue oportunamente presentada por la Procuradora General imputándole tres cargos consistentes en (1) no poner a dis-posición del Inspector de Protocolos sus protocolos y registros de afidávit para examen en su oficina notarial en violación al Art. 38 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. 1038); (2) deso-bedecer varias resoluciones de este Tribunal en las cuales se le ordenaba mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado por incumplimiento de la Ley Notarial y por negarse a entregar su obra notarial, y (3) no mantener ni conservar íntegros sus protocolos y no dar cuenta de la pérdida de ellos en violación a las Sees. 1033, 1034 y 1037 del Título 4 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.

Tras alguna demora en las diligencias del Alguacil de este Tribunal para notificar la querella al querellado, debido a que se hallaba fuera de Puerto Rico, éste compareció por escrito el 25 de noviembre de 1974 en que aceptó lo imputado) en los cargos y expresó, bajo su firma, en síntesis que acepta-ba haber realizado los actos indicados y no haber actuado conforme a las órdenes de este Tribunal, y a manera de expli-cación a su proceder explicó que:

a) desde 1967 en adelante comenzó a sufrir ciertos problemas emocionales que le obligaron a recurrir a ayuda profesional médica y que estuvo y continúa bajo tratamiento profesional todo lo cual evidencia con certificados médicos al efecto; que mientras atravesaba dicha crisis emocional se le extraviaron de su oficina a mediados del año 1972 sus protocolos que no ha podido localizar a pesar de las numerosas gestiones que ha realizado a esos fines; en ese estado salió de Puerto Rico y entonces, a solas con su conciencia, pudo iniciar un proceso de autoanálisis e introspección que final-mente le condujeron a aceptar, en forma consciente, la reali-dad de que había incurrido en faltas graves y que las mismas debían aclararse y corregirse;

b) todos sus protocolos perdidos, excepto el del último año, habían sido inspeccionados y aprobados por el Inspector de Protocolos;

e) su práctica notarial siempre fue bastante limitada y sus protocolos no eran voluminosos y aseguró a este Tribunal que las limitadas transacciones en las cuales intervino como notario siempre se condujeron correctamente y conforme a la Ley y no intervino en ellas acto alguno de su parte que pudiera causar perjuicio a un tercero;

d) al momento en que el Inspector de Protocolos y este Tribunal solicitaban la entrega de sus protocolos éste, en la confusión mental creada por su condición, tuvo el temor de expresar que se le habían extraviado y que ignoraba su paradero y confiaba entonces que podría eventualmente hallar-los y producirlos sin consecuencias adversas para él ni para ninguna otra persona;

e) asegura a este Tribunal que nunca fue su intención menospreciar ni desafiar la autoridad del Tribunal y ofrece sinceras excusas por no haber cumplido sus órdenes en el mo-mento en que fueron emitidas.

A manera de corroboración a lo anteriormente expresado y como un medio de demostrar su buena fe e interés en corre-gir en lo posible las consecuencias de sus actos, el querella-do nos informa que está dispuesto a incurrir en los gastos que fuesen necesarios para tratar de reconstruir sus protoco-los de escrituras mediante la publicación por el tiempo que este Tribunal creyere conveniente en un periódico de mayor circulación de Puerto Rico de un aviso redactado en los términos que exija este Tribunal invitando a los otorgantes a suministrar copia de las escrituras autorizadas por él o los datos esenciales sobre las mismas.

El Tribunal, después de examinar la querella y los hechos aducidos en la contestación del querellado, así como todas las circunstancias concurrentes, y considerado además el allanamiento de la Procuradora General, estima que procede separar indefinidamente al querellado del ejercicio de su profesión de abogado sin perjuicio de que éste pueda ser reinstalado oportunamente cuando acredite a satisfacción de este Tribunal haberse rehabilitado emocionalmente y estar en condiciones de ejercer la abogacía. Se dispondrá, según propone el propio querellado, que éste publique, con la inter-vención del Director de Inspección de Notarías o de aquel Inspector de Protocolos que el Director designe, a costa de su propio peculio, un aviso en un periódico de general circula-ción en Puerto Rico, una vez por semana durante cuatro semanas consecutivas, solicitando de aquellas personas que hubieren otorgado instrumentos ante él como notario que presenten, en el lugar y fechas que acuerden, copias de los instrumentos o información que permita rehacer su obra notarial.

Los Jueces Asociados, Señores Rigau y Cadilla Ginorio, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandante y recurrido, v. Northwestern Construction, Inc., Central San José, Inc., y otros, José Grajales Santos y su esposa Myriam Suárez, demandados y recurrente la primera; Northwestern Construction Co., etc., demandante y recurrente, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales, demandada y recurrida; La Sociedad de Gananciales constituida por Edmundo Hernández y su esposa Olga Sánchez Amaral, demandantes, v. La Sociedad de Gananciales constituida por José Grajales Santos y su esposa doña Myriam Suárez Alfonso, Northwestern Const., Inc., demandados; Northwestern Construction, Inc., interventora y recurrente.

      Número: R-69-207

      Resuelto: 13 de febrero de 1975

      Confirmada.

   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos decidir en este recurso la pugna entre la recu-rrente Northwestern Construction, Inc., y la recurrida Auto-ridad de las Fuentes Fluviales relativa al momento en que la Autoridad propiamente se incautó de un derecho de servidum-bre sobre unos terrenos pertenecientes a Northwestern. Ambas partes tienen vivo interés en dilucidar el momento de la in-cautación porque éste es el que determina la valoración de los terrenos y, por ende, la compensación que debe pagar la Auto-ridad por el derecho de servidumbre. E.L.A. v. Pérez, 98 D.P.R. 781 (1970); United States v. Dow, 357 U. S. 17 (1957); 3 Nichols, On Eminent Domain, see. 8.5 págs. 26-27 (Tercera Edición Revisada).

Conviene examinar brevemente los hechos esenciales del caso para una mejor comprensión de las cuestiones envueltas.

En el 1941 la Autoridad de Fuentes Fluviales obtuvo de los anteriores dueños un permiso “esencialmente revocable”

para tender una línea eléctrica sobre los terrenos. La línea ¡ha estado en operación continua e ininterrumpidamente desde esa fecha. En el 1960 Northwestern instó demanda sobre negato-ria de servidumbre y daños y perjuicios. La Autoridad adujo la defensa de usucapión del derecho de servidumbre. Posteriormente en el 1963 la Autoridad presentó demanda de expropiación forzosa, consignó la cantidad de $2.00 como el valor estimado de la servidumbre y presentó la Declaración de Adquisición y Entrega Material de la Propiedad; todo ello a tenor con el Art. 5(a) de la Ley General de Expropiación Forzosa, aprobada el 12 de marzo de 1903, 32 L.P.R.A. see. 2907. Se consolidaron ambos casos.

Aparece de los hechos estipulados por las partes que en el 1957 Northwestern adquirió los terrenos con el propósito de urbanizarlos. A solicitud de Northwestern la línea fue movida de sitio provisionalmente para facilitar los trabajos de la urbanización pero fue posteriormente restituida al sitio original. Northwestern pagó sin protestar el costo de la reloca-lización y no cuestionó el derecho de la Autoridad a tender la línea sobre los terrenos. En base a estos hechos el tribunal de instancia formuló la siguiente conclusión de derecho:

“Cuando Northwestern adquiere las tierras y trata de ur-banizarlas se encuentra con que la AFF reclama, a título de dueña un derecho de servidumbre para pasar sus líneas eléc-tricas. En ese momento Northwestern no cuestiona la validez de esa reclamación. No impugna las pretensiones de la AFF ante los tribunales ni formula sus objeciones y reparos ante la propia AFF, la Junta de Planificación o en sitio alguno. Es en ese mo-mento, a nuestro juicio, cuando la AFF actuando so color de autoridad demuestra su intención, en forma inequívoca, de tomar posesión en forma permanente de la propiedad y dedicarla a un uso público. Es entonces que hay una incautación (taking) y surge el derecho del propietario a obtener una justa compensa-ción. La compensación, de acuerdo con los principios antes ex-puestos, se computará tomando en consideración el valor de la propiedad al momento de la incautación ‘taking’. (Conclusión de Derecho Núm. VII de sentencia de 26 de agosto de 1968.)

A la luz de lo anterior, el tribunal de instancia dictó sentencia parcial resolviendo que la Autoridad no había ad-quirido un derecho de servidumbre. Fundó su dictamen en las disposiciones de los Arts. 373, 376 y 1842 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1447, 1462 y 5263, al efecto de que los actos ejecutados en virtud de licencia o por mera tolerancia del dueño no aprovechan la posesión. La defensa de usucapión fue así desestimada, quedando obligada la Autoridad a compensar a Northwestern el valor de la servidumbre. Posteriormente se dictó sentencia final fijándose como fecha de la incautación la del 28 de agosto de 1957 y condenando a la Autoridad a pagar el valor délos terrenos a esa fecha.

Northwestern sostiene que la fecha de incautación es la de abril de 1963 cuando la Autoridad presentó la demanda de expropiación forzosa y no la de agosto de 1957, como concluyó el tribunal de instancia. Fundamenta su posición en dos ar-gumentos: 1) que en Puerto Rico no existe la incautación de hecho (taking de facto) ya que la See. 9 de la Carta de De-rechos de la Constitución del Estado Libre Asociado y la See. 5 (c) de la Ley General de Expropiación Forzosa, 32 L.P.R.A. see. 2909, requieren el pago previo de la justa compensación como condición precedente al derecho de expropiación, 2) que de existir la incautación de hecho, la misma no se efectuó porque la Autoridad entró a los terrenos en virtud de un per-miso otorgado por los anteriores dueños y, por lo tanto, su posesión no fue en concepto de dueño.

Ambos fundamentos son erróneos según veremos a conti-nuación.

No es correcto que la See. 9 de la Carta de Derechos requiera el pago de la compensación con anterioridad a la incautación de la propiedad. Dicha sección provee que: “No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley.” Su propósito es garantizar una justa compensación, sin que se derive de su texto la intención de que la misma sea con anterioridad a la incautación. Tiene el mismo alcance que tenia su antecedente en la Carta Orgánica, párrafo 9 del Art. 2, de la cual se calcó. Al respecto expresó el Delegado Jaime Benitez, Presidente de la Comisión de la Carta de Derechos:

“Yo lo único que quería decir era que el lenguaje que se ha usado aquí es textualmente el mismo que existe en la actualidad en la Carta Orgánica, y se ha usado deliberadamente para in-corporar los derechos y las prerrogativas conocidas en ese sentido, y las decisiones”. (III Diario de Sesiones, Convención Constituyente 1554.)

Véase, además, el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos, op. cit, Tomo IV, pág. 2567.

En P.R. Ry., Lt. & P. Co. v. Ortiz, Juez, 59 D.P.R. 921 (1942), este Tribunal interpretó el alcance del párrafo 9 de la sección 2 de la Carta Orgánica rechazando una contención similar a la de Northwestern. Adoptamos allí la regla general prevaleciente en la jurisdicción federal y en los Estados Unidos resolviendo que Puerto Rico tiene la facultad de ex-propiar sin necesidad del previo pago de la compensación para poder ocupar la propiedad. Id. 941-942. La Convención Constituyente derrotó expresamente una propuesta del Dele-gado Celestino Iriarte para que se agregara al texto de la vigente See. 9 de la Carta de Derechos la frase “previa la correspondiente indemnización”, incorporando así lo resuelto en P.R. Railway, Light & Power Co. Véase II Diario de Sesiones, Convención Constituyente 1509-1510.

Tampoco la See. 5 (c) de la Ley General de Expropiación Forzosa, supra, requiere indefectiblemente el pago de la compensación con anterioridad a la incautación. Dicha sección dispone en lo aquí pertinente que: “Con anterioridad a dicha toma de posesión, deberá haberse dispuesto lo necesario para el pago de la justa compensación por dicha posesión ....” Esta disposición no tiene el alcance de impedir la incautación de hecho. Hay casos de excepción en que el Estado ocupa extrajudicialmente la propiedad o se incauta de un derecho real, como el caso de autos, con anterioridad a la presentación de una demanda de expropiación y sin haber consignado una justa compensación. En tales casos el valor de la justa compensación se determina al momento de la incautación de hecho y no al momento de la presentación de la demanda de expropiación.

La incautación de hecho ha sido reconocida en United States v. Dow, 357 U.S. 17 (1957); United States v. Dickinson, 331 U.S. 745 (1946); United States v. 1060.02 Acres of Land, 215 F.Supp. 811 (1963); Rizzo v. State, 111 N.Y.S.2d 151 (1951); Meloon Bronze Foundry v. State, 166 N.Y.S.2d 586 (1957). Al respecto en United States v. Dow, supra, se expresó:

“En términos generales, el Gobierno puede tomar propie-dades en el ejercicio del poder de dominio eminente en una de dos formas: puede entrar en la posesión física de la propiedad sin autorización judicial; o puede instituir un procedimiento de expropiación de acuerdo a los estatutos que así lo autorizan. Bajo el primer método — incautación física — no se instituyen procedimientos de expropiación, y el dueño de la propiedad tiene un remedio disponible bajo la Ley Tucker, 28 U.S.C. §§ 1346(a) (2) y 1491, para recobrar una compensación justa, [citas omi-tidas] Bajo el segundo método, el Gobierno puede proceder bajo estatutos que requieran el pago de una compensación a ser de-terminada judicialmente antes de que pueda tomar posesión de la propiedad [citas omitidas] o bajo estatutos que le permitan entrar mediante orden judicial inmediatamente en la posesión antes de que se determine una compensación justa”, [citas omitidas]

Aunque en ambas formas de toma de posesión — expropia-ción bajo la ley y ocupación física — el título de la propiedad sólo pasa al Estado cuando el dueño recibe la compensación [citas omitidas] o cuando la compensación es depositada en el Tribunal de acuerdo a la Ley de Expropiación . . . , la transfe-rencia del título no necesariamente determina la fecha en que ocurrió la toma de posesión. La regla general es que si el Go-bierno ha ocupado físicamente la propiedad antes de adquirir el título, es el primer evento el que constituye el acto de toma de posesión (taking). Es ese el evento que da margen a reclamar la justa compensación y el que determina la fecha en base a la cual ha de establecerse la valoración del terreno y desde la cual surge la obligación del Gobierno de pagar intereses”, (citas omitidas, traducción nuestra.)

Es precisamente para estos casos excepcionales de ocupación física o incautación de un derecho real sin previa consignación de una justa compensación que se ha instituido la acción de expropiación inversa. Heftier International, Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467, 474 (1970); Nichols, op. cit, sec. 8.1(2); Mandelker, Inverse Condemnation: The Constitutional Limits of Public Responsibility, Wis. L. Rev. 1966, pág. 3; Schretoma, Eminent Domain: Just Compensation When the Condemnor Enters Before Instituting Proceedings, 75 Dick. L. Rev. 303, 307. Se le llama inversa porque se insta por el dueño de la propiedad contra el Estado para obtener la compensación a que tiene derecho pero los tribunales generalmente le aplican las mismas normas y principios que rigen la acción de expropiación iniciada por el Estado. Schretoma, supra, a las págs. 305-307. En ella se litiga la existencia del uso público y la justa compensación en la misma forma y manera que estas cuestiones se dilucidan en la acción de expropiación forzosa.

En resumen, el mencionado Art. 5(c) no limita la facul-tad inherente del Estado Libre Asociado de ocupar extrajudi-cialmente en casos excepcionales, como el de autos, la propie-dad o incautarse de un derecho real. Por supuesto, de ordi-nario la toma de posesión se lleva a efecto al tiempo de la presentación de la demanda y de la consignación del valor estimado de la compensación.

El segundo fundamento de la recurrente es al efecto de que no se efectuó una incautación de hecho porque habiendo la Autoridad entrado a los terrenos en virtud de un permiso otorgado por los anteriores dueños nunca obtuvo la posesión en concepto de dueño.

El planteamiento es confuso. La posesión en concepto de dueño es requisito indispensable para la adquisición del dominio o de un derecho real por el transcurso del tiempo. Arts. 376 y 1842 Código Civil, supra. Tiene importancia en relación con la defensa de prescripción, que como ya vimos, fue desestimada por el tribunal de instancia. Pero no tiene relevancia en el contexto de la garantía constitucional de una justa compensación. La garantía se extiende a cualquier situación de hechos en que haya habido una incautación. En el contexto de este caso se puede definir la incautación como cualquier privación o interferencia sustancial en el dominio o el disfrute de una cosa. Thompson, On Real Property, Tomo 5A, pág. 679, see. 2579; Nichols, op. cit., Tomo II, sec. 6.3. Nichols lo define como:

“Cualquier interferencia sustancial con la propiedad que des-truya o disminuya su valor, o por la cual el derecho del dueño a usarla o disfrutarla sea sustancialmente menoscabado o des-truido.” Id.

Se recordará que el tribunal de instancia concluyó que cuando Northwestern adquirió los terrenos en el año 1957 y trató de urbanizarlos se encontró con que la Autoridad le re-clamaba un derecho de servidumbre para pasar sus líneas y que le exigió el pago del costo de la relocalización provisional de las líneas, sin que Northwestern objetase u opusiese reparo alguno. Más aún, a solicitud de la Autoridad, Northwestern incluyó en el Plano de Urbanización las líneas eléctricas, siendo este plano archivado en el Registro de la Propiedad en cumplimiento de la Ley. En ¡1a conclusión de hecho número 14 se hizo constar que en la escritura de venta de los solares Northwestern hizo referencia al Plano de Urbanización indi-cando que el mismo había sido archivado en el Registro de la Propiedad.

La concatenación de todos estos hechos es suficiente para constituir una incautación porque es evidente que constituyen una clara interferencia con el derecho de propiedad de la recurrente y una disminución en el valor de los terrenos.

No es necesario considerar el apuntamiento relativo al pago de los intereses ya que la Autoridad reconoce en su ale-gato la obligación de pagarlos desde la fecha de incautación.

Se dictará sentencia confirmando la aquí recurrida.

       La conclusión sobre el valor de los terrenos lee:
      “La Autoridad de las Fuentes Fluviales viene obligada a pagar a Northwestern Construction Corporation los 624.311 metros cuadrados ocupados por las torres de la servidumbre número 1, conocida como servi-dumbre de García Méndez, a razón de $1.05 por metro cuadrado. Este era el valor del terreno a la fecha del ‘taking’, o sea, al 28 de agosto de 1957. La servidumbre número 1 ocupa además con sus líneas 6,980.99 metros cuadrados. Estos tienen un valor de $7,330.03. En cuanto al terreno ocupado solamente por las líneas la Autoridad de las Fuentes Fluviales sólo viene obligada a indemnizar a la demandante en el 50% de su valor, o sea, en la suma de $3,665.01.” (Conclusión de Derecho Adicional de sentencia de 2 de julio de 1969.)

       El párrafo 9, See. 2 de la Carta Orgánica leía:
      “La propiedad particular no será tomada ni perjudicada para uso público, a no ser mediante el pago de una justa compensación fijada en la forma provista por ley.”


text:
    Planta de Cal Hicaco, etc., y otros, peticionaria, v. Tribunal Superior, Sala de Expropiaciones, Hon. Dan F. Rodríguez, Juez, demandado; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor.

      Número: O-74-184

      Resuelto: 13 de febrero de 1975

      R. E'lfren Bernier, Plinio Pérez Marrero, Roberto J. Matos y Raymond L. Acosta, abogados de la peticionaria; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogadas del interventor.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso plantea desde un ángulo distinto una cuestión idéntica a la que acabamos de resolver en el día de hoy en E.L.A. v. Northwestern Const., Inc., 108 D.P.R. 377 (1975).

En Northwestern resolvimos que ni la See. 9 de la Carta de Derechos ni la Ley General de Expropiación Forzosa, 32 L.P.R.A. sees. 2901-2920, limitan la facultad del Estado' Libre Asociado de ocupar extrajudicialmente propiedad pri-vada para un fin público sin que para ello sea necesaria la previa consignación de una justa compensación.

Distinto a Northwestern, en el presente caso se tomó pose-sión de la propiedad judicialmente en enero de 1963 cuando se presentó la demanda de expropiación forzosa y la Declara-ción de Adquisición y Entrega Material de la Propiedad. En dicho procedimiento se consignó únicamente la cantidad de $2.00 por entender el Estado Libre Asociado que los islotes de

Hicaco y Ratones le pertenecían. Posteriormente en E.L.A. v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 339 (1967), resolvimos que estos islotes pertenecían a la aquí recurrente Planta de Cal Hicaco y devolvimos el caso para la determinación del valor razonable. A tenor con esta decisión el Estado Libre Asociado consignó en abril de 1970 la suma de $1,072,927.97 que es-timó como justa compensación.

La recurrente arguye que la compensación debe de deter-minarse fijando como fecha de valoración de los terrenos la de abril de 1970 y no la de enero de 1963 cuando se presentó la demanda de expropiación. Su único punto de apoyo es que la See. 5 (c) de la Ley General de Expropiación Forzosa, 32 L.P.R.A. see. 2909, requiere el previo pago de la compensación lo cual no es correcto según resolvimos en Northwestern.

Estamos de acuerdo con la recurrente que para la investidura del título absoluto de dominio en el Estado Libre Asociado es necesaria la previa consignación. Art. 5(a), 32 L.P.R.A. see. 2907. Pero lo que determina la fecha de valoración no es la investidura del título, que puede tomar años como sucedió en este caso, sino la ocupación de la propiedad {taking), ya sea esta judicialmente como lo fue aquí, o, extrajudieialmente como en Northwestern.

En el caso de autos la ocupación material de los terrenos se efectuó cuando el alguacil del tribunal de instancia diligenció el emplazamiento notificando la demanda de expropiación y la Declaración de Adquisición y Entrega Material de la Propiedad a la recurrente. Desde ese momento el Estado Libre Asociado adquirió la posesión y así lo hizo constar el alguacil al dorso del emplazamiento, poniendo los terrenos a la disposición del Estado.

Arguye, además, la recurrente que si se admitiera la facultad del Estado para tomar posesión de propiedad privada sin la consignación del valor estimado de la compensación podrían transcurrir 20 ó 30 años en el que una persona estaría privada de su propiedad sin ser compensada. El temor es infundado. El dueño puede siempre ejercitar en protección de su derecho a compensación la acción de expropiación in-versa inmediatamente de ocurrida la ocupación material. E.L.A. v. Northwestern Const. Inc., supra.

Se dictará sentencia confirmando la resolución del tribunal de instancia fechada el 1S de abril de 197k en la cual éste correctamente determinó que la fecha que debe tomarse en consideración para la valoración de los terrenos es la de la pre-sentación de la demanda de expropiación forzosa, en enero de 1963.

      Aunque E.L.A. v. Tribunal Superior, se resolvió en octubre de 1967 no fue hasta julio de 1969 que se declaró no ha lugar a la moción de reconsideración y se devolvió el mandato.


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Mar-tín Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Francisco Vázquez, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-73-264

      Resuelto: 14 de febrero de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Diego Guerrero-Noble y Jorge Luis Guerrero Calderón, abogados de la recu-rrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El Secretario de Hacienda notificó una deficiencia a Francisco Vázquez, Inc. La corporación acudió al Tribunal Superior. El caso se falló a favor de la contribuyente. Accedi-mos a la revisión solicitada por el Secretario.

Pendiente ante este Tribunal el recurso, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 24 de 1ro. de mayo de 1974. Dispuso dicho estatuto que “Por la presente se releva a todo contribuyente que en o antes del 30 de junio de 1974 pague en su totalidad cualquier clase de contribuciones sobre la pro-piedad mueble o inmueble, ingresos, herencias, caudales relic-tos, donaciones o arbitrios por él adeudados al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la fecha de vigencia de esta ley, del pago de todos los intereses, penalidades y recargos acumu-lados sobre la clase de contribuciones así pagadas y hasta la fecha del pago de las mismas, excepto aquellas penalidades, intereses y recargos acumulados en casos de fraude.”

La contribuyente se acogió a los beneficios de dicho esta-tuto, no obstante haberle informado el Secretario que “La Ley no contemplaba que el contribuyente podía pagar la con-tribución adeudada, quedando ésta sujeta al resultado final del litigio.” Pagó la deficiencia ascendente a $39,548.24, siendo relevada del pago de $43,711.78 de intereses y penalidades que se había acumulado hasta el 30 de junio de 1974.

El 1ro. de julio de 1974 la contribuyente radicó un escrito ante este Tribunal informando que se había acogido a lo dispuesto en la ley antes mencionada, pero suplicaba al Tribuna! que continuara eon los procedimientos de este litigio, confirmara la sentencia del Tribunal recurrido y concediera a la contribuyente cualquier otro remedio que procediere. El Secretario se ha opuesto.

La contribuyente apuntala su posición sobre unas expre-siones aisladas de algunos representantes vertidas en el hemi-ciclo de la Cámara al considerar el P. de la C. 1094, que se convirtió en la Ley Núm. 24 antes citada. Más adelante transcribimos lo relacionado con este debate.

Aparte de que es regla generalmente aceptada que las expresiones de un legislador, en el hemiciclo del cuerpo legislativo a que pertenece, no son suficientemente representativas de la intención colectiva del cuerpo que aprueba el estatuto, Zuber v. Allen, 396 U.S. 168, 186 (1969); United States v. Trans-Missouri Freight Association, 166 U.S. 290, 318 (1897); Aldridge et al. v. Williams, 3 How. (44 U.S.) 8, 23 (1945); Woollcott v. Shubert, 217 N.Y. 212, 111 N.E. 829, 831 (1916); McCaffrey, Statutory Construction, § 37, p. 75, 1953; Nutting, Elliot, Dickerson, Legislation Cases & Materials, pág. 414 (1969); 2A Sutherland, Statutory Construction, § 48.16, pág. 216 (1973), un examen de la historia legislativa del proyecto que se convirtió en la Ley Núm. 24 demuestra que no fue la intención legislativa permitir a un contribuyente acogerse a los beneficios que concede dicha ley y a la vez continuar adelante con un litigio pendiente, mediante el cual impugna las contribuciones objeto de las deficiencias tasadas.

La lectura del debate parlamentario no sostiene lo propug-nado por la contribuyente. Surge del debate que el Presidente de la Comisión de Hacienda, Sr. Corujo Collazo, manifestó al comenzar a explicar el proyecto:

“En (primer lugar, sobre los que están en Corte, el procedi-miento de recurrir a la vía judicial a litigar el .pago de contri-buciones es un procedimiento que lo inicia el contribuyente. Si él desea litigarla, pues, él recurre al tribunal, pero él puede desistir también. Si cree que esta medida le beneficia y él cree que es conveniente para él desistir del pleito, una vez desista puede pedir que se le tase la contribución con los intereses y penalidades al momento del desistimiento voluntario del pleito, y puede acogerse, siempre y cuando que lo haga — claro—dentro del período que establece la Ley que puede pagarse.”

Esta, como las demás, citas corresponden al Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes del 15 de abril de 1974.

Más adelante el representante Viera Martínez le pre-gunta : “Pero supongamos que la terminación del pleito recae después del 80 de junio de ’74 y se confirma la imposición de la contribución hecha por el Secretario de Hacienda, ¿no está acogido ese contribuyente?” y el Representante Corujo Collazo contesta “No, no está acogido porque la persona en ese caso optó por seguir litigando y no por pagarla, conforme a esta Ley. Es una decisión de la persona litigante. O sea, esta Ley le ofrece un alivio aún a aquellas personas que están liti-gando; pero si esa persona opta por defender su derecho en Corte y vencer en juicio los dictámenes del Secretario de Hacienda y no quiere acogerse a esta disposición pues, no.. .” y más adelante recalca, “No, la intención legislativa no es que se consigne, es que se pague. O sea, que se termine la deuda contributiva con el Estado, con el saldo total.”

Luego del Sr. Corujo dejar establecido tan claramente la intención legislativa de que al acogerse el contribuyente a los beneficios de la Ley Núm. 24 era imprescindible desis-tir del pleito, el Representante Rivera Ortiz manifiesta que “en relación con las personas que tienen pleitos contributivos ante los tribunales de justicia creo, que realmente, se comete una injusticia con estas personas que por el hecho de que no están conformes con lo que les ha impuesto el Secretario de Hacienda no podría acogerse a las disposiciones de este pro-yecto, porque no va a pagar.” Propone entonces una enmienda al proyecto y solicita un receso para discutir la cuestión con el Presidente de la Comisión de Hacienda. Luego del receso el Sr. Kivera Ortiz retira “nuestra moción que habíamos anunciado para enmiendas” y se desarrolla el siguiente diálogo donde aparecen subrayadas las expresiones en que la contribuyente se funda para sostener que la ley se aplica a los contribuyentes que tienen casos pendientes, permitiendo pagar la contribu-ción sin los intereses y recargos sujeto al resultado del pleito:

“Sr. Corujo Collazo: Señor Presidente, sobre los casos que van a corte, este Proyecto cubre también la situación de un con-tribuyente que esté ejerciendo el derecho como contribuyente de litigar con el Secretario el pago de una contribución. Claro, nada impide esta Medida de que se estipule entre las partes litigantes en el Tribunal el pago de unos intereses, unos recargos y unas penalidades que se estén litigando sujeto a una decisión final del Tribunal. Pero para acogerse a las disposiciones de esta Ley, si esa persona que hace esa estipulación y esa estipulación, por supuesto es aceptada por el Tribunal conforme a los procedi-mientos legales, paga esos recargos, esos intereses, esas penali-dades que puedan recaer en su día sobre la contribución que él litiga y eventualmente vence al Secretario en el pleito, podría reclamar esa partida como reintegro; todo eso sujeto a una esti-pulación desde las partes litigantes, con la aprobación del Tribunal; y así podría acogerse a las disposiciones de esta Ley. Pero esta Ley en ningún momento piensa estimular que las partes que tengan derecho a litigar dejen de litigar.
Sr. Vibra Martínez: Señor Presidente.
Sr. Presidente Acc: Compañero Viera, adelante.
Sr. Viera Martínez: O sea, que si el contribuyente y el Secretario de Hacienda — con la venia de la Presidencia — pueden estipular el pago de los intereses sujeto a las resultancias del pleito. ¿Es así, intereses, recargos y lo demás que dice el Proyecto?
Sr. Corujo Collazo: Intereses, recargos y penalidades; claro, sujeto al pleito en sí; porque si es un pleito .donde se impugna el pago de una contribución, en ese caso sí, no en los casos de reintegro.
Sr. Viera Martínez: No, no, me refiero a donde se impone una contribución, podría estipularse el pago de intereses, pena-
Edades y recargos, si las hubiere, sujeto al resultado final del pleito.
Sr. Corujo Collazo: Correcto, e inclusive estipularse y por-garse la contribución que se litiga porque lo que busca el Pro-yecto es el pago de contribuciones.
Sr. Viera Martínez: Por eso, pero el pago está sujeto a la resultancia del pleito.
Sr. Corujo Collazo: Bien, si resulta eventualmente que el contribuyente vence al Secretario y no adeuda la contribución, tiene derecho a un reintegro.”

A poco que se examine lo expuesto por los legisladores, después del receso — ya que lo manifestado antes del receso por el Presidente de la Comisión no deja lugar a dudas en cuanto a que para que un contribuyente pueda acogerse a los benefi-cios de la ley tiene que desistir del pleito — surge que el con-tribuyente tendría que pagar la contribución y estipular el pago de los intereses, penalidades y recargos, cosa que no hizo la contribuyente en el presente caso. Pero surge algo más. La aplicación de la ley en la forma que ellos proponen solo tiene el efecto de hacerla inefectiva en cuanto a los contribuyentes que tuvieran pleitos pendientes ya que requeriría que pagaran mediante estipulación de las partes aprobada por el tribunal, la contribución, más los intereses y recargos. Si el contribu-yente pierde el pleito, claro es, que no tiene derecho a que se le reintegre la contribución y los intereses y recargos que pagó mediante estipulación. Si lo gana, tendría derecho a que se le reintegren los intereses, penalidades y recargos más la contribución. El propósito de la ley queda frustrado. El Es-tado pierde de cobrar la contribución si prevalece el contribu-yente y el contribuyente pierde los intereses, penalidades y recargos si el Estado triunfa. Ni el uno ni el otro se benefi-cian.

Es evidente de los informes de las Comisiones de Hacienda de ambos cuerpos legislativos que el propósito de la medida que consideramos es levantar fondos para el pago de las obli-gaciones del Estado y el Estado para promover que los contri-buyentes paguen las contribuciones atrasadas les hace una concesión, dispensarlos del pago de los intereses, penalidades y recargos. Ambos se benefician. Así reza el informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara: “es de conocimiento público [que] el Estado necesita fondos para el pago de sus obligaciones. Mediante esta medida se aceleraría el pago de las contribuciones adeudadas. El problema de la deuda con-tributiva en Puerto Rico es uno cuya solución demanda la aprobación de una medida que al mismo tiempo constituya un alivio contributivo y un estímulo para facilitar el cobro de ciertas contribuciones adeudadas a la fecha de aprobación de tal medida.” Y el Reglamento aprobado por el Secretario de Hacienda y promulgado por el Gobernador bajo las disposi-ciones de la Ley Núm. 24 dispone en su artículo sexto que: “El contribuyente que se acogiere a los beneficios de esta Ley, acepta como final el pago que hiciere.”

Evidentemente nunca fue el propósito de esta medida legis-lativa proveer un seguro de riesgos contra el pago de inte-reses, penalidades y recargos para que los contribuyentes pudiesen litigar sus casos sin que tuvieran que pagar por dichos conceptos de no prevalecer.

A pesar de que era evidente que la contribuyente no tenía derecho a proseguir el pleito después de acogerse al alivio que proveía la Ley Núm. 24, optó por pagar la contribución sin penalidades e intereses. Tal acción pone fin al litigio que iniciara la contribuyente y deja sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Se procederá a archivar el presente recurso.

El Juez Asociado Señor Martín emitió opinión concu-rrente con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió también opinión concurrente.

—0—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Mar-tín

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Díaz 'Cruz e Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 1975

Concurro con el resultado de la opinión emitida por el Tribunal en el día de hoy. La Ley Núm. 24 aprobada en Io de mayo de 1974 tiene como propósito, según reza su propio texto, el relevar al contribuyente del pago de intereses, pena-lidades y recargos acumulados sobre contribuciones adeuda-das que se pagaren en su totalidad en o antes del 30 junio de 1974.

Según los informes rendidos por las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Representantes y del Senado, la medida aludida iba dirigida a acelerar el pago de las contri-buciones adeudadas para conjurar la carencia de fondos que padecía el Estado, y constituiría además un estímulo para facilitar el cobro de las contribuciones adeudadas por aquellos contribuyentes que por ignorancia, falta de recursos o sim-plemente ausencia de conciencia social no las habían pagado a su debido tiempo. Se reconoce en dichos informes que la adición de penalidades, intereses y recargos a la contribución adeudada, en algunos casos, impedía a los contribuyentes el saldo de la misma.

El texto de la ley es sencillo, corto y claro y aparece trans-crito en la opinión del Tribunal. No debe haber duda de que el único fin que perseguía la ley era el de recaudar la mayor cantidad posible de contribuciones adeudadas antes del día 30 de junio de 1974 para allegar fondos que el Estado necesi-taba urgentemente. La Ley Núm. 24 específicamente autori-zaba al saldo de la totalidad de la contribución adeudada, y no la aplicación de la suma pagada a contribuciones cuya validez estuviese en cuestión. Para estas la ley ofrece dos remedios clásicos. Uno de dichos remedios para la impugnación de una contribución tasada lo es el acudir al Tribunal Superior dentro del término y bajo las condiciones que fija la ley. 4 L.P.R.A. see. 121 (a) (2); 13 L.P.R.A. see. 3272. Dentro del procedimiento de impugnación de la contribución tasada el contribuyente puede optar por pagar la parte de la contribu-ción con la cual estuviere conforme y litigar el resto, y prestar fianza por la parte impugnada; o en su defecto prestar fianza por la totalidad de la deuda impugnada, incluyendo intereses, recargos y penalidades El otro remedio que tiene el contribu-yente disponible lo es la vía de reintegro, para lo cual es nece-sario efectuar el pago de lo adeudado, incluyendo intereses, recargos y penalidades, y solicitar entonces el reintegro ad-ministrativamente antes de recurrir al Tribunal Superior dentro del término y en la forma que expresa la ley, 4 L.P.R.A. sec. 121(a) (2); 13 L.P.R.A. secs. 282(A) (6), 286-289.

El contribuyente en este caso escogió el primer remedio recurriendo al Tribunal Superior y afianzando el importe de la contribución tasada (surgida por imposición de deficiencia) más el montante de los intereses, recargos y penalidades El Tribunal Superior falló a su favor dejando sin efecto la defi-ciencia imputada. El Secretario de Hacienda acudió ante nos en revisión. Expedimos el auto para revisar. En el entretanto se aprobó la Ley Núm. 24 que ofrecía al contribuyente la oportunidad de pagar la contribución tasada sin tener que pagar los intereses, recargos y penalidades que en su caso montaban a una suma mayor que el importe de la contribu-ción propiamente. El contribuyente optó por acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 24, por lo que quedó exonerado del pago de los intereses, recargos y penalidades. La intención del contribuyente al pagar la contribución fue la de asegurarse de que quedaba liberado del pago de intereses, recargos y penali-dades pero alega que le quedaba aún la oportunidad de soli-citar el reintegro de la contribución pagada si en última instancia vencía en el pleito pendiente ante nos, y eso lo plan-tea en moción informativa que presenta en esta etapa del procedimiento de revisión.

Se olvidaba el contribuyente que el impugnar la contribu-ción tasada en este pleito se había cerrado las puertas del remedio de reintegro. Normalmente, la utilización del reme-dio de litigar mediante afianzamiento excluye el de reintegro pues de permitirse el uso de ambos remedios alternativos se estaría tratando de relitigar la misma cuestión so pretexto de otra causa de acción. Aunque no se considera técnicamente como res judicata, la jurisprudencia en casos contributivos ha reconocido la doctrina de impedimento colateral por sentencia. Capó Sánchez v. Srio. de Hacienda, 90 D.P.R. 149 (1964). En este caso se produce la situación anómala en que el contribuyente paga bajo la Ley Núm. 24 y aplaza la solicitud de reintegro hasta la resultancia del pleito original en que im-pugna la contribución. O sea, su intención fue la de acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 24, en adición al remedio ya utilizado de impugnar la contribución mediante afianzamiento, y reservarse además el derecho a un reintegro de lo pagado si venciere en el pleito ante nos.

Pero habiendo pagado la totalidad de la contribución im-pugnada, dentro del término que dispone la Ley Núm. 24, el Secretario de Hacienda se dio por pagado, lo que hizo el pleito académico. Pero según ha quedado explicado perdió el contri-buyente el derecho al reintegro y perdió además el derecho a continuar el pleito de impugnación ya que no quedaba nada que impugnar. El litigio llegó a su fin y su desestimación es de rigor.

El interpretar el estatuto en el sentido de autorizar el pago condicional de la totalidad de la contribución adeudada para continuar litigando la validez de la misma, daría al traste con el propósito fundamental de la ley de aunar fondos para el pago urgente de obligaciones gubernamentales. La letra de la ley, interpretada en la forma más racional y justa para darle sentido a su propósito, cierra las puertas a posibles litigios en impugnación de la cantidad pagada. Véanse 31 L.P.R.A. sec. 14; Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 77 D.P.R. 16, 20 (1954); Clínica Julia v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 520 (1954).

El contribuyente parece creer que puede pagar la contri-bución bajo protesta o bajo condición. Pero, ni la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, 13 L.P.R.A. see. 3001 et seq., ni las disposiciones sobre procedimientos judiciales en relación con contribuciones sobre ingresos, 4 L.P.R.A. see. 121(a) (2), 13 L.P.R.A. see. 261 et seq., conceden significa-ción especial al pago bajo protesta o condición. Por otro lado, cualquier contribución que haya sido pagada indebida-mente o en exceso o cobrada ilegalmente puede ser recobrada mediante solicitud de reintegro dentro del término y bajo las condiciones fijadas por ley. 4 L.P.R.A. sec. 121(a) (2); 13 L.P.R.A. secs. 282(A) (6), 286-289. Veamos cuál fue la naturaleza del pago efectuado bajo la Ley Núm. 24 por el contribuyente en este caso y sus implicaciones a la luz de las disposiciones sobre reintegro, y el efecto que dicho pago pueda tener sobre el pleito de impugnación de deficiencia que es objeto de este recurso. La cantidad pagada bajo la Ley Núm. 24 no sería recobrable eventualmente por vía de reinte-gro por las razones que pasamos a mencionar. No se trata de pago indebido pues fue hecho con la intención expresa de acogerse a los beneficios que ofrecía la Ley Núm. 24. No fue un pago en exceso pues precisamente el contribuyente se economizaba los intereses, recargos y penalidades, que resulta-ban ser aún mayores en cuantía que la propia contribución. Tampoco constituyó un cobro ilegal pues el contribuyente no estaba obligado por ley a hacer el pago bajo la Ley Núm. 24, sino por el contrario constituyó un pago voluntario en ánimo de beneficiarse de sus disposiciones. Los beneficios que otorga la Ley Núm. 24 constituyen una gracia legislativa que ha de interpretarse restrictivamente, por lo que su significado no debe extenderse más allá de los propios términos del estatuto. Industria Lechera v. Srio. de Hacienda, 95 D.P.R. 839 (1968); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 (1968); Cámara de Comercio v. Tribl. de Contribuciones, 67 D.P.R. 427 (1947); Asociación de Maestros v. Sancho Bonet, Tes., 54 D.P.R. 536 (1939).

Fortalece aún más la interpretación que hago de la Ley Núm. 24 la disposición reglamentaria incorporada por el Secretario de Hacienda en el Reglamento para la ejecución de dicha Ley al efecto de que: “El contribuyente que se acogiere a los beneficios de esta Ley acepta como final el pago que hiciere.” Es evidente que ello significa que los remedios sobre impugnación de la contribución así pagada no están dis-ponibles.

El contribuyente en este caso alega que unas expresiones hechas por dos legisladores en el hemiciclo de la Cámara de Representantes mientras se discutía el proyecto que luego se convirtió en la Ley Núm. 24 le permiten continuar su litigio impugnando la deficiencia objeto del presente recurso; y de resultar vencedor le correspondería un reintegro de la suma pagada bajo la ley en cuestión. No estoy de acuerdo. La opinión del tribunal dice correctamente que las expresiones de un legislador (en este caso dos) no son suficientemente re-presentativas de la intención colectiva de la Cámara de Repre-sentantes. En el Senado no surgen expresiones algunas en el hemiciclo durante la discusión del proyecto. Más aún, un exa-men de las manifestaciones de los legisladores aludidos revelan que las mismas son confusas y a la vez contradictorias, y por momentos tienden a sostener la posición del contribuyente y otras veces la del Estado. No pueden pues utilizarse para sos-tener ningún punto de vista.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 14 de febrero de 1975

El contribuyente utilizando los remedios ortodoxos esta-tuidos para objetar el pago de una deficiencia en contribución sobre ingresos, obtuvo sentencia a su favor en el tribunal de instancia, de la cual recurrió el Secretario de Hacienda a este Tribunal. Hallándose pendiente el recurso se aprobó por la Asamblea Legislativa la Ley Núm. 24 de 1 de mayo de 1974 que “. . . releva a todo contribuyente que en o antes del 80 de junio de 1974 pague en su totalidad cualquier clase de contri-buciones sobre la propiedad mueble o inmueble, ingresos, herencias, caudales relictos, donaciones o arbitrios por él adeudadas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la fecha de vigencia de esta ley, del pago de todos los intereses, penalidades y recargos acumulados sobre la clase de las con-tribuciones así pagadas y hasta la fecha del pago de las mis-mas, excepto aquellas penalidades, intereses y recargos acu-mulados en casos de fraude.”

El contribuyente se acogió al alivio concedido por dicha Ley Núm. 24, pagó al erario público la suma de $39,548.24 y le fueron condonados $43,711.78 de intereses y penalidades acumulados. Se opone, sin embargo, al archivo del pleito ali-mentando la posibilidad de que de confirmarse la sentencia del Tribunal Superior, obtenga la devolución de lo pagado con los intereses legales correspondientes.

La posición del contribuyente recurrido es de transparente ventaja que no tiene lugar ni en la recta administración de los recursos fiscales del Estado ni en los preceptos del Código Civil que gobiernan esta situación. A éstos hemos de acudir sin detenernos en el historial legislativo de la medida de cuyo debate entresacan ambas partes con igual autoridad conceptos y expresiones inconclusos.

Al aprobarse la Ley Núm. 24 de 1974, el Estado puso al alcance del contribuyente una solución alternativa, un reme-dio adicional y distinto al ortodoxo que ya había invocado. Tuvo la virtualidad de una proposición para transigir la deuda contributiva determinada por Hacienda, mediante un pago limitado a su principal, que era como hemos visto una cantidad sustancialmente menor que los intereses y penalida-des condonados. Ofreció el Gobierno una elección de remedios al contribuyente sin elemento alguno de compulsión. El con-tribuyente, en una decisión que a las claras favorece su mejor conveniencia, escogió la opción de pagar y obtener el relevo de intereses y recargos. Quien tiene a su disposición una elección de remedios y escoge uno, no podrá reclamar beneficio ulterior bajo el otro que libremente postergó. Vázquez v. Santos, 40 D.P.R. 53 (1929). Explicando el principio de elección de re-medios, dijo el Juez Hutchinson: “ ‘Usted no puede comerse la torta y tenerla todavía.’ La ley dice al demandante, usted no puede hacer una elección final entre dos remedios inconsistentes y retener su opción. Cuando Ud. ha seguido ta-1 remedio hasta su terminación, o proseguido con él hasta un punto donde la equidad y la conciencia requieren que se considere que usted ha hecho una elección final, entonces Ud. ha renunciado su derecho al otro remedio.” Gandía v. Stubbe, 34 D.P.R. 858, 867 (1926).

Aparte de la pared procesal de elección de remedios, de la hechura del propio contribuyente recurrido, los actos de las partes en este caso lo configuran como un contrato de tran-sacción. Dicho contrato, definido en el Art. 1709 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 4821) no sucumbe a la rigidez de formalidad externa de ninguna clase; viene a ser, por consiguiente, uno de los contratos comprendidos en el Art. 1230 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3451) que proclama la espiritualidad de la contratación: la de ser obligatorios, cualquiera que fuere la forma de su celebración, siempre que con-curran las condiciones esenciales para su validez. Arts. 1206, 1210 y 1213 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 3371, 3375 y 3391).

El contrato de transacción es esencialmente consensual porque se perfecciona con el mero consentimiento de las partes que lo celebran surtiendo desde entonces todos los efectos jurídicos correspondientes. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, To. XII, pág. 98, ed. 1951; Scaevola, Código Civil, To. 28, págs. 272 y ss., ed. 1953. La transacción no exige que sus términos se consignen explícitamente en el documento que la prohíja. El Art. 1714 la extiende a aquellos objetos que por inducción necesaria deban reputarse comprendidos en la misma. Un leve ejercicio de lógica nos lleva a la conclusión de que si el Estado ofreció una condo-nación de intereses a cambio de obtener fondos que necesita con premura, superando para ello la ineludible aprensión ética de dicha concesión, no va a permitir el privilegio adicional de dejar vivo el pleito instado por el contribuyente beneficiado.

Es característica adicional de la transacción poner fin a la incertidumbre de una relación jurídica convirtiéndose en sustitutivo de la sentencia. Bonet y Ramón, Código Civil Comentado, pág. 1430, 2da. ed. 1964.

Por haber el contribuyente elegido a su libérrima voluntad entre litigar o transigir, optando por este último remedio, resolvió la cuestión litigiosa y terminó el pleito. El que tran-sige, enajena.

Concurro con la opinión del Tribunal disponiendo que el caso sea archivado.

       Orden Ejecutiva 2031 de 14 de mayo de 1974, expedientes 1791 y 1797 Departamento de Estado.

       Los casos en que hubiera fraude envuelto no estaban cubiertos por la referida Ley.

       Informe Comisión de Hacienda de la Cámara, 7a Asamblea Legislativa, 2a Sesión Ordinaria, 10 de abril de 1974.

       Informe Comisión de Hacienda del Senado, id., 22 de abril de 1974.

       “Reglamento: Para la Ejecución de la Ley Núm. 24, aprobada en 1° de mayo de 1974, titulada: ‘Ley para conceder a todo contribuyente que en o antes del 30 de junio de 1974 pague en su totalidad ciertas clases de contribuciones por él adeudadas al Estado Libre Asociado de Puerto Rico a la fecha de vigencia de la ley, un alivio contributivo mediante el relevo de ciertos intereses, penalidades y recargos acumulados o que se acumulen sobre tales contribuciones hasta el 30 de junio de 1974.’ ”, promulgado por el Secretario de Hacienda en 10 de mayo de 1974, Art. 6.

       El informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara al someter el proyecto dice: “es de conocimiento público [que] el Estado necesita fondos para el pago de sus obligaciones. Mediante esta medida se aceleraría el pago de las contribuciones adeudadas. El problema de la deuda contri-butiva en Puerto Rico es uno cuya solución demanda la aprobación de una medida que al mismo tiempo constituye un alivio contributivo y un estímulo para facilitar el cobro de ciertas contribuciones adeudadas a la fecha de aprobación de tal medida.”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Octavio Báez, José Sepúlveda y otros, demandantes y recurridos, v. Esso Standard Oil Company (Puerto Rico), demandada y recurrente; Frank Zorrilla, Secretario del Trabajo del E. L. A. de P. R., Etc, demandantes y recurridos, v. Esso Standard Oil Company (Puerto Rico), demandada y recurrente.

      Número: R-74-212

      Resuelto: 14 de febrero de 1975

      R. Rodríguez Lebrón, abogado de la recurrente; Miguel J. Ríos Lugo, abogado de Octavio Báez y otros, recurridos; Angel

      Alfonso Colón, Rafael A. Marzdn Robles y Mario Zayas Carlo, abogados del Departamento del Trabajo, recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En una extensa y documentada sentencia en la cual el Tribunal Superior, Sala de San Juan, resolvió varias controversias de derecho relacionadas con las querellas presentadas por numerosos obreros contra su patrono Esso Standard Oil Company (Puerto Rico) — en lo referente a la fórmula a usarse en la determinación del salario regular por hora como base para computarse el importe de las horas extras — se pronunció del siguiente modo: . . el tipo regular por hora se determinará dividiendo entre el número de horas regulares realmente trabajadas el salario devengado en la semana de que se trate.” (Bastardillas nuestras.)

Expedimos auto de revisión al solo efecto de examinar tal fórmula en las siguientes situaciones:

“1. Empleados que teniendo una jornada regular de trabajo de cuarenta horas a la semana, estuvieren ausentes justificada-mente conforme la práctica observada por el patrono que se expresa en el párrafo 5 de la Estipulación de las partes, y quienes se presentaren a trabajar un .día de esa misma semana y traba-jaren más de ocho horas regulares.
2. Empleados que dada la naturaleza especial de su trabajo, tenían una jornada irregular de labor que podía variar de semana en semana pero quienes, conforme a los términos del convenio colectivo, tenía un salario semanal determinado predicado en una jornada de trabajo de cuarenta horas.”

Debe modificarse la sentencia del tribunal a quo, ya que conforme la doctrina jurisprudencial existente expuesta en Srio. del Trabajo v. Fajardo Eastern Sugar, 97 D.P.R. 227 (1969) y reiterada en Sánchez v. Best Price Co., Inc., 102 D.P.R. 379 (1974), el método correcto consagrado en la disposición legal aplicable — Art. 5 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada — es el siguiente:

“Cuando el Art. 5 de la Ley Núm. 379 dice que ‘[pjara determinar el tipo de salario convenido para horas regulares de tra-bajo se 'dividirá el salario diario, semanal, mensual o en otra forma estipulado, por el número de horas regulares que se tra-baje durante ese mismo período de acuerdo con las disposiciones de esta Ley’, la frase ‘horas regulares que se trabaje’ significa las horas regulares susceptibles o sujetas a ser trabajadas du-rante el período, y no las que un determinado obrero, por ra-zones personales, u otras razones, de hecho hubiera trabajado du-rante el período. En otras palabras, la frase ‘horas regulares que se trabaje’ debe leerse como horas regulares sujetas a ser trabajadas, en un período de compensación determinado.”

período semanal, trabajaba un día horas en exceso de ocho (8), se le compensaba las mismas como horas extras, utilizando el horario regular semanal de 40 horas como divisor para determinar el tipo por hora.

La tesis propuesta por los querellantes en el caso de autos, que encontró apoyo en el tribunal sentenciador, condu-ciría a onerosas e irremediables consecuencias ya que equivale a sostener que mientras menos horas regulares tra-baje un obrero, mayor será la cuantía o tipo de jornal por hora y por ende, la compensación extraordinaria. Además el jornal por hora fluctuaría semanalmente por razón de tomarse como base las horas realmente trabajadas, inyectándose en el dinámico campo de las relaciones obrero-patronales una ines-tabilidad poco deseada y no contemplada en las leyes que re-gulan la materia. La protección constitucional consagrada en la 'Carta de Derechos de nuestra Constitución en torno a jornada ordinaria — manifestada e implementada en virtud de las leyes obrero-patronales vigentes — recoge el concepto “hora” como medida compensatoria, a la cual a los fines de cualquier cómputo hay que llegar a través de la fórmula dispuesta en el Art. 5 de la Ley Núm. 379 antes mencionada.

Habiéndose estipulado en el caso de autos, por razón del Convenio Colectivo, un sueldo determinado según el puesto de la persona y una jornada de trabajo específica, la fórmula para obtener el salario regular por hora consiste en utilizarse el salario estipulado como dividendo y el período laborable determinado como divisor, ello independientemente de las horas fluctuantes realmente trabajadas. Sólo así el salario regular por horas resulta constante y estable en las dos situaciones expuestas en nuestra Resolución expidiendo el auto.

En virtud de lo expuesto se dictará sentencia modificán-dose la emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan en 5 de abril de 197J a los fines de que el tipo de salario por hora sea computado de conformidad con la fórmula antes consignada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       Le son aplicables a esta empresa las siguientes leyes: Ley de Normas Razonables del Trabajo Federal de 1938 según enmendada, 29 U.S.C.A. see. 201 et seq. Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 (29 L.P.R.A. see. 271 et seq.) ; y el Decreto Mandatorio Núm. 16 de la Junta de Salario Mínimo de Puerto Rico, en vigor desde el 1 de octubre de 1949 (29 R.&R.P.R. secs. 245n-274 a 245n-278).

       La práctica del patrono referida en nuestra Resolución, según el párrafo quinto de la Estipulación sometida por las partes al tribunal de instancia, refleja que el patrono satisfacía a sus obreros paga com-pleta equivalente a 40 horas de trabajo — horario regular semanal — irrespectivamente de que por causas justificadas, el empleado en cuestión es-tuviese ausente cualquier día durante dicho período. Si durante dicho

       Dispone así:
      “Todo patrono que emplee o permita que trabaje un empleado du-rante horas extras vendrá obligado a pagarle por cada hora extra un tipo de salario igual al doble del tipo convenido para las horas regulares; Disponiéndose, sin embargo, que todo patrono de una industria de Puerto Rico cubierta por las disposiciones de la Ley de Normas Razonables de Trabajo, aprobada por el Congreso de Estados Unidos de América en 25 de junio de 1938, según ha sido o fuere subsiguientemente enmendada, sólo vendrá obligado a pagar por cada hora de trabajo en exceso de la jornada legal de ocho (8) horas o en exceso de cuarenta (40) horas a la semana un tipo de salario a razón de, por lo menos, tiempo y medio del tipo de salario convenido para las horas regulares, salvo el caso en que por decreto de la Junta de Salario Mínimo o convenio colectivo de trabajo se haya fijado o fijare otra norma de trabajo o de compensación, o de ambas. Para determinar el tipo de salario convenido pa/ra horas regulares de trabajo, se dividirá el salario, diario, semanal, mensual o en otra forma estipulado, por el número de horas regulares que se trabaje durante ese mismo período de acuerdo con las disposiciones de esta ley.” (Bastardillas nuestras.)

       Por vía de ilustración y utilizando uno de los ejemplos consig-nados por las partes en el pliego de Estipulación presentado ante el tribunal de instancia, un empleado ausente de lunes a jueves justificadamente que trabajó el viernes diez horas (ocho regulares y dos extras), y el patrono le compensó conforme la práctica prevaleciente por 40 horas tendría derecho a que su salario por hora se determinara dividiendo el salario regular devengado durante dicha semana a base de ocho horas regulares; ello representaría que aún habiéndosele pagado por 40 horas regulares semanales se dividiría entre las ocho horas realmente trabajadas.
      La consecuencia del ejemplo antes expuesto y en otras situaciones con variantes propios resultaría en la misma conclusión: mientras menos horas regulares se trabaje, mayor será el salario por horas regulares.
      La fórmula del tribunal sentenciador sólo sería estable en aquellas situaciones en que el empleado realmente trabaje menos de 40 horas regulares a la semana mediando ausencias injustificadas o cuando debido a la naturaleza del trabajo trabajaba menos de dicho número de horas regulares, y el patrono sólo le compensaba las horas realmente trabajadas, coincidiendo en este caso las horas regulares realmente trabajadas con las horas compensadas. Debido a que el sueldo semanal devengado depen-dería de las horas regulares compensadas, no siendo fijo el sueldo semanal —a diferencia del primer ejemplo — el salario por horas regulares per-manecería constante.

       Sec. 16, Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      °) Al referirnos en nuestra Resolución a empleados irregulares aludíamos a la circunstancia de que varios obreros frecuentemente traba-jaban menos de cuarenta horas regulares a la semana y no a que estu-viesen así caracterizados en el Convenio Colectivo.


text:
    José Almodovar y Otros, demandantes y recurridos, v. Cervecería India, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-74-257

      Resuelto: 19 de febrero de 1975

      Eugenio Alemañy Fernández, Wilfredo Pérez Cantraria y Nicanor Laguillo Rodríguez, abogados de la recurrente; Federico Rodríguez Pagan, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia que nos ocupa se reduce a determinar la compensabilidad del período para tomar alimentos bajo los hechos específicos del caso.

Los querellantes, veintiún empleados de la Cervecería India, Inc., se desempeñan como conductores y ayudantes de conductores de camiones a cargo de la distribución de los productos de dicha entidad querellada. Parten por la mañana de los almacenes de distrito por una ruta previamente seña-lada, entregando la mercancía a distintos comerciantes. Con-secuencia inevitable de la naturaleza del trabajo, es que no pueden almorzar en sus hogares o en un área predeterminada sino que seleccionan el sitio más accesible durante sus tra-vesías. La sala sentenciadora concluyó que la responsabilidad que tienen los querellantes de proteger el camión y la mer-cancía transportada, convierte la hora de almuerzo en horas de trabajo por limitarles su libertad de acción, ello en base a las modalidades de turnarse para almorzar — mientras uno almuerza el otro cuida el camión — y que en ocasiones compran la comida y la consumen en el vehículo.

En López Figueroa v. Valdes, 94 D.P.R. 238, 255 (1967), un caso que planteaba entre otros aspectos, el de la compensabilidad de las horas extras bajo la doctrina de tiempo de espera, dijimos:

“Se ha reconocido a ciertos períodos de inactividad dentro de la faena laboral, la característica o naturaleza de períodos de trabajo compensándose como tal, debido a que en ellos el em-pleado no tiene libertad para dedicarse a aquellas labores que desee y debe estar alerta, preparado y sujeto a ser llamado para trabajar.”

Seguidamente añadimos:

“Pero en este. sentido, no puede asegurarse que exista una norma fija para determinar cuándo ese período de espera es compensable, y es necesario considerar las circunstancias de cada caso en conjunto, como resolvimos en Sucn. Meléndez v. Central San Vicente, 86 D.P.R. 398, 402 (1962).”

Aunque en dicho caso no estaba envuelta la hora para tomar alimentos, los principios expuestos son orientadores para resolver la cuestión ante nos.

La Ley Núm. 379 de 1948, Art. 14 (29 L.P.R.A. see. 283) dispone que el período para tomar alimentos será com-pensado a tiempo doble, mientras que el Art. 13 otorga a todo querellante, cuya reclamación prevalezca, una suma igual a la obtenida en concepto de liquidación de daños y perjuicios. Inspira la concesión de este período, establecido dentro de la jornada diaria de trabajo, el proteger la salud de los obreros, concediéndoles tiempo para que puedan alimentarse y descansar.

En el caso de autos, no hay controversia en cuanto a que los empleados disponían de una hora para almorzar y de que efectivamente almorzaban. El patrono les había instruido específicamente que debían tomar una hora para almorzar; incluso, les entregaba, a manera de dieta, $2.00 para ello. La limitación aducida de que ambos empleados no pueden si-multáneamente alejarse mucho del camión, no les impide que almuercen y descansen, ya sea en el camión, o en un lugar desde donde puedan visualizarlo. Por lo tanto, determinamos que tal limitación es mínima e incidental, consustancial a la responsabilidad que tiene todo empleado de cuidar de los ins-trumentos de trabajo o de los productos que tiene bajo su control. Ello no es impedimento para que puedan realizarse las actividades que de ordinario implica la hora de almuerzo en consonancia con los laudables propósitos de la ley.

En virtud de lo expuesto, se revoca la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez el 26 de junio de 197i, y en su lugar se dictará Sentencia declarando sin lugar la querella interpuesta.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       Al considerar este extremo debemos tener presente que la libertad de acción de los querellantes para dedicarse a otras actividades du-rante la hora de almuerzo es relativa, por encontrarse lejos de sus hogares, su comunidad y respectivos centros de actividades.

      Véanse: Deyá v. Otis Elevator Co., 91 D.P.R. 669 (1965) y Sucn. Meléndez v. Central San Vicente, 86 D.P.R. 398 (1962).

       El tribunal concluyó que “. . . [e]llos deciden si almuerzan o nó [sic] y nadie está detrás de ellos para supervisarlos.”