author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Systema de Puerto Rico, Inc. y Rafael Tamayo, demandantes y recurridos, v. Interface International, Inc., demandada y peticionaria.

      Número: CE-88-434

      Resuelto: 7 de marzo de 1989

      Rafael R. Vizcarrondo y Mario Arroyo Dávila, de Fiddler, Gon-zález & Rodríguez, abogados de la peticionaria; Janet Torres Ramírez, de Lasa, Escalera & Reichard, abogada de los recu-rridos; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Sylvia Cando Bigas, Procuradora General Auxiliar, en Informe.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Concierne este recurso los criterios que han de conside-rar los tribunales de instancia al evaluar un remedio provisional de injunction al amparo del Art. 3-A de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 278b-l, o Ley sobre Contratos de Distribución (Ley Núm. 75). Atendidas las circunstancias concurrentes en este caso, según se desprende de los autos originales y los escritos de las partes, erró el tribunal a quo al conceder el remedio in-terdicta! solicitado.

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La demandada peticionaria Interface International, Inc. (Interface) es una corporación dedicada a la fabricación de losetas de alfombras modulares localizada en Georgia. En 1980 esta empresa inició una relación de distribución con la demandante recurrida Systema de Puerto Rico, Inc. (Systema), corporación doméstica que se dedica a la venta de muebles de oficina y productos relacionados.

No existe controversia en torno a que Systema es un dis-tribuidor dentro del significado de la Ley Núm. 75, supra. Interface no pagaba comisiones a los demandantes recu-rridos, sino que realizaba su ganancia al vender las alfom-bras adquiridas a un precio superior.

A pesar de que Systema alegó ser la distribuidora exclu-siva de las alfombras en Puerto Rico, la prueba desfilada en la vista de injunction preliminar demostró que desde el ini-cio de las relaciones comerciales Interface vendía sus pro-ductos en la isla utilizando un doble programa de distribu-ción: directamente a varios clientes que constituían “cuentas nacionales”, o sea, corporaciones norteamericanas con subsi-diarias locales, y a todo el mercado interior en Puerto Rico a través de una red de concesionarios, de distribuidores y, en ocasiones, de contratistas.

Pero como los esfuerzos promocionales no fueron exi-tosos, el 23 de julio de 1986 Interface dio por terminado su acuerdo verbal de distribución con Systema. Le informó que en adelante sólo le vendería “de caso en caso”.

El 27 de enero de 1987 —siete (7) meses después— Systema protestó formalmente la decisión, y casi al año y medio presentó la demanda que origina este incidente inter-locutorio. Alegó que Interface incumplió sin justa causa el contrato de distribución en violación a las disposiciones de la Ley Núm. 75, supra. En la misma fecha presentó una peti-ción de interdicto provisional al amparo del Art. 3-A de la mencionada ley, supra. Oportunamente se celebró una vista para ventilar los méritos, de la solicitud.

El 18 de abril de 1988, luego de casi dos (2) años de termi-nado el acuerdo de distribución, la sala de instancia emitió una resolución mediante la cual ordenaba que Interface mantuviese la relación contractual según los términos origi-nales y le impedía vender a otros distribuidores o contra-tistas en Puerto Rico, salvo en el caso de las ventas nacio-nales. Este segundo aspecto de su decreto tuvo el efecto de reconocer a Systema una exclusividad de reventa en la isla. En su análisis, el foro primario no juzgó apropiado examinar y aplicar los criterios tradicionales que informan la expedi-ción del injunction clásico, según formulados por nuestra jurisprudencia.

Después de solicitar infructuosamente la reconsideración en instancia, Interface recurrió ante nos mediante petición de certiorari, en la cual aducía que el interdicto emitido era contrario a la prueba y no resultaba en el balance más equi-tativo de los intereses en conflicto. Específicamente argu-mentó que erró el tribunal a quo al no considerar los crite-rios tradicionales de un injunction al juzgar la procedencia del remedio temporero creado en el Art. 3-A de la Ley Núm. 75, supra. Acompañó una moción en auxilio de nuestra juris-dicción.

Oportunamente concedimos a los recurridos término para exponer su posición sobre los méritos del certiorari y del auxilio de jurisdicción respectivamente. Por la importan-cia.de la política pública presente en la Ley Núm. 75, supra, invitamos al Procurador General de Puerto Rico a exponer su posición' sobre las cuestiones jurídicas presentes en este recurso. Por último, aunque en un principio nos negamos a suspender los efectos de la orden recurrida, el pasado 20 de octubre ordenamos, en reconsideración, su paralización.

Analizadas las comparecencias de las partes, y exami-nado el Informe del Procurador General, finalmente estamos en posición de resolver cuáles son los criterios que rigen la expedición del remedio estatutario del Art. 3-A de la Ley Núm. 75, supra.

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La medida dispone:

En cualquier pleito en que esté envuelta directa o indirecta-mente la terminación de un contrato de distribución o cual-quier acto en menoscabo de la relación establecida entre el principal o concedente y el distribuidor, el tribunal podrá con-ceder durante la pendencia del pleito, cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal para hacer o desis-tir de hacer, ordenando a cualquiera de las partes o a ambas a continuar, en todos sus términos, la relación establecida me-diante el contrato de distribución, y/o abstenerse de realizar acto u omisión alguna en menoscabo de la misma. En todo caso en que se solicite el remedio 'provisional aquí provisto el tribunal considerará los intereses de todas las partes en-vueltas y los propósitos de política pública que informa este Capítulo. (Énfasis suplido.) Art. 3-A de la Ley Núm. 75, supra.

El remedio provisional previsto en la Ley Núm. 75, supra, en virtud de la enmienda incorporada por la Ley Núm. 17 de 24 de mayo de 1971, surge como respuesta de la Asamblea Legislativa al caso de Félix A. Rodríguez, Inc. v. Bristol-Myers Company, 281 F. Supp. 643 (D. P.R. 1968). En este pleito la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico se enfrentó al problema de si bajo la Ley Núm. 75, supra, un distribuidor podía obtener un remedio preliminar cuyo efecto fuera prolongar la relación pendente lite o, dicho de otra forma, obtener el cumplimiento específico del contrato hasta que quedara resuelta definitivamente la cuestión de si hubo justa causa para la terminación de la relación. El Tribunal federal resolvió en la negativa.

Ante esta situación, la Legislatura quiso establecer expresamente que los tribunales pueden conceder un remedio provisional en el ejercicio de su facultad de equidad y así mantener vigentes los términos de un contrato de distribu-ción, mientras el tribunal evalúa los méritos de la controver-sia:

El P. de la C. 1275 es, sin duda, otra de las medidas que contribuyen a evitar que se frustren los propósitos de la repe-tida Ley núm. 75 de 1964.
La experiencia demuestra que la concesión de remedios provisionales mientras se dilucidan los pleitos que se suscitan bajo la susodicha Ley núm. 75 de 1964, es esencial para evitar se torne académica la protección que dicho estatuto ofrece.
Con la aprobación de la medida en cuestión quedaría clara-mente establecida la discreción de los tribunales para otorgar remedios provisionales y así evitar se realicen actos que po-drían producir daños irreparables mientras se dilucida si existe o no, justa causa para la terminación de la relación contractual. Informe de la Comisión de Industria y Comercio del Senado sobre el P. de la C. 1275 y el P. del S. 943 (25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Senado), 831 (1971)).

Del historial legislativo de la enmienda se desprende la intención de “evitar serios disloques en negocios establecidos, y el consiguiente desempleo .... Además, con este recurso judicial, se permitirá al distribuidor puertorriqueño un tiempo razonable para gestionar otras representaciones”. Informe Conjunto de las Comisiones de Planificación, Comercio e Industria y Gobierno, 25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), Parte 3, pág. 1207 (1971). En esencia, el remedio persigue evitar que, mientras se dilucida si existe justa causa para la terminación del contrato, un distribuidor tenga que claudicar ante un suplidor económicamente poderoso.

Así el legislador refrendó el propósito de la Ley Núm. 75, supra, de proteger los legítimos derechos de un distribuidor frente a los abusos del suplidor que sin justa causa da por terminadas o menoscaba sus relaciones contractuales tan pronto éste ha creado un mercado favorable para los productos. Medina & Medina v. Country Pride Foods, 122 D.P.R. 172 (1988); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983).

Preocupados por el impacto económico de la aplicación rigurosa de los criterios que rigen la expedición del injunction clásico, y conscientes de la política pública esbozada en la Ley Núm. 75, supra, el legislador expresamente incluyó en su Art. 3-A, supra, el mandato de que al hacer el balance de equidades cuando se evalúa la conveniencia de expedir la orden provisional se examinen los intereses de las partes involucradas y los propósitos de esta legislación socioeconómica. Aunque en principio la Ley Núm. 75, supra, es un estatuto reparador de daños causados por el suplidor, su Art. 3-A, supra, dispone un remedio provisional para que el tribunal pueda, de estimarlo conveniente, mantener vigente las relaciones contractuales mientras dure el litigio. Así evita el debilitamiento del distribuidor en esta etapa crucial del conflicto y nivela el poder real de las partes. A manera de un primer auxilio, equivale a un torniquete que evita que se desangre el distribuidor mientras reclama los derechos consagrados en la Ley Núm. 75, supra.

Sin embargo, los tribunales no deben ejercer su discreción con automatismo judicial. Se requiere un examen integral de la prueba y un ponderado balance de los intereses y equidades de las partes. Para descargar responsablemente su función, los tribunales deben aplicar los criterios de equidad elaborados a través de la jurisprudencia del injunction clásico, atemperados a los propósitos de la Ley Núm. 75, supra. Aunque el estatuto no impide la utilización de estos criterios, la decisión debe ser compatible con el espíritu de la Ley Núm. 75, supra. La naturaleza equitativa de este remedio permite igualmente la incorporación de las defensas clásicas de incuria, manos limpias e impedimentos.

Un examen a fondo de la orden de instancia revela que dicho foro evaluó la situación tomando en consideración únicamente el criterio de la justa causa en la terminación del contrato, lo que sin duda tiene relevancia a efectos de considerar las probabilidades que Systema tiene de prevalecer en los méritos. No obstante, la situación exigía, como veremos, un balance de equidades más abarcador.

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En primer lugar, el injunction tuvo el efecto de reconocer a Systema una exclusividad que nunca tuvo. La ex-clusiva representa, en situaciones como la presente, una limitación contractual —obligación de no hacer— del principal. Tiene el efecto de impedir que dicho principal o concediente realice prestaciones de la misma naturaleza de las que constituye el objeto del contrato durante su vigencia, directa o indirectamente, en la zona para la cual se concede la exclusiva. R. Bercovitz y Rodríguez-Cano, Acuerdos restrictivos de la competencia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 241 et seq.; J. Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Rev. Der. Mercantil, 1963, T. Ill, Vol. 1, pág. 428; T. Puente Muñoz, El pacto de exclusiva en la compraventa y el suministro, 43 Rev. Der. Mercantil 75 et seq. (1967); L. Diez-Picazo, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 389 et seq.

La prueba en este caso demostró que durante el tiempo que duró la relación (1980-1986) Interface vendió directa-mente sus productos en Puerto Rico a varios clientes que constituían “cuentas nacionales”. También durante esos años vendió sus productos a otros distribuidores y contratistas en Puerto Rico. El foro de instancia evidentemente se sintió obligado por un proyecto de contrato que en abril de 1981 Interface envió a los demandantes recurridos ofreciéndoles exclusividad en Puerto Rico por un (1) año. Sin embargo, en vista de las diferencias en cuanto a algunos descuentos, Systema decidió no suscribir el mismo, por lo que dicha pro-puesta nunca llegó a materializarse. La práctica comercial por varios años tampoco demostró un acuerdo verbal en tal sentido.

De acuerdo con esta línea de principios, resulta igual-mente evidente que erró el tribunal de instancia al condonar la inacción de Systema y dictar el interdicto provisional luego de transcurrir más de veinte (20) meses desde que Interface dio por terminada la relación.

Tampoco Systema alegó que si no se dictaba la orden su-friría perjuicios, tales como: (1) la incapacidad de sufragar los gastos del litigio de no recibir pendente lite los ingresos de las ventas en controversia o (2) la existencia de peligro en la solvencia y estabilidad de toda su empresa. En estas cir-cunstancias, su inacción es inexplicable.

Como dijimos, el 23 de julio de 1986 Interface dio por concluida la relación. Systema esperó quince (15) meses para presentar su demanda; tardó tres (3) meses más en emplazar a la demandada y, finalmente, el foro de instancia dictó el remedio de injunction el 18 de abril de 1988. Esa demora de Systema viola la doctrina de incuria o laches. Rivera Alejandro v. López Algarin, 115 D.P.R. 775, 777 (1984); Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663, 667 (1971); Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622, 641 (1946),

La situación en el mercado al momento de la emisión del injunction, y aun antes, se había consolidado. A partir de julio de 1986, aunque Interface todavía le vendía a Systema, lo cierto es que aquélla concentró sus esfuerzos en otros dis-tribuidores y contratistas en Puerto Rico. La orden interdic-tal colocó a la demandada peticionaria en la difícil situación de tener que incumplir contratos con otros distribuidores. En adelante, sin justificación previa en la órbita contractual Interface-Systema, todo distribuidor debía acudir a los de-mandantes recurridos para que éstos le fijaran los precios y términos de crédito.

En resumen, habida cuenta de la situación reseñada, el injunction concedido en este caso resultó de poco valor para Systema y de gran perjuicio para Interface.

Revocamos la orden recurrida y devolvemos el caso a instancia para la determinación crucial sobre ausencia o existencia de justa causa en la terminación del convenio de distribución en controversia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ne-grón García se inhibió.

       Entre éstos se encontraban: Simón Drury, Building Center, Poly Carpets, Florida & Caribbean, Fashion Carpets, Rexach Construction, Bird Construction, RC Engineering y PNN Contractors. Systema nunca protestó esas ventas, ex-cepto en 1986, año de la terminación del contrato.

       El tribunal de instancia concluyó, a base de prueba documental, que Systema era un distribuidor exclusivo de Interface.
      Aunque de ordinario no intervenimos con las determinaciones de hecho del tribunal de primera instancia, el análisis integral de la prueba documental en este caso nos lleva a sostener lo contrario. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987).


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Reynaldo Ramírez Lebrón, acusado y apelante.

      Número: CR-87-66

      Resuelto: 8 de marzo de 1989

      José H. Marti Fajardo, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

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Reynaldo Ramirez Lebrón —acusado y encontrado culpable por tribunal de derecho de una infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404— apela la sentencia de año y medio de reclusión. En esencia, cuestiona la validez constitucional del registro efectuado por unos oficiales de la Universidad Interamericana y la admisión en evidencia de su confesión sin advertencias legales. No tiene razón.

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La prueba revela que en la noche de 16 de octubre de 1986, Ángel L. González —guardia universitario del recinto de San Germán de la Universidad Interamericana de Puerto Rico— descubrió un bulto abandonado en la grama. Tomó posesión de él y lo llevó a su Supervisor Carmelo Santos. Éste, al abrirlo, encontró picadura de marihuana y un pa-quete de “papel dos en uno” de los que se usan para envolver esos cigarrillos. Previa comunicación al efecto, el bulto y su contenido fueron guardados en la caja fuerte de la oficina del Supervisor Orlando Vega Mercado.

Al día siguiente, el estudiante Ramírez Lebrón fue a re-clamar el bulto. A solicitud de Vega Mercado se lo describió, aunque Ramírez Lebrón indicó que sólo contenía ropa depor-tiva. Vega Mercado le inquirió si había algo más. Ramírez Lebrón permaneció callado, nervioso y pidió hablar en pri-vado. Ambos, en unión a Ernesto Quiñones, se trasladaron a otra oficina. Allí informó que desde los trece (13) años era adicto a drogas, que su mamá le daba cinco dólares ($5) y que con ese dinero compraba marihuana. El bulto se extravió mientras se encontraba en Rally, lugar denominado como “Área Blanca”.

El 20 de octubre de 1986, en virtud de una cita del Decano de Administración, Ramírez Lebrón firmó un documento en que aceptó que el bulto y su contenido le pertenecían. Des-pués, el 21 de octubre, las autoridades universitarias notifi-caron a la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico sobre lo sucedido. Ese día entregaron a los agentes lo ocu-pado. El análisis químico dio positivo a marihuana.

Denunciado por infracción al Art. 401 de la Ley de Sus-tancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401, recayó la sentencia que nos ocupa.

H-t I — I I — I

En las circunstancias peculiares expuestas, la normativa contra registros ilegales e irrazonables —Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1— no le cobija. Ramírez Lebrón no poseía expectativa de privacidad con referencia al bulto, que rutina-riamente el guardián universitario encontró de noche en la grama del campus. Legítimamente las autoridades universi-tanas, para poder identificar a su dueño, tuvieron que abrirlo. Al confrontarlo con la sustancia marihuana, éste ad-mitió que era de su propiedad.

Tampoco cabe sostener infracción a su derecho a no incri-minarse. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 781 (1965). Su confesión fue espontánea y voluntaria, sin que 'mediara coacción. Tampoco se demostró común concierto o que fuera producto de la intervención de la Policía.

Se confirma la sentencia apelada.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez.

r-H

Reynaldo Ramírez Lebrón fue acusado y encontrado culpable por la infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404. Senten-ciado a año y medio de reclusión, en apelación cuestiona la validez constitucional del registro efectuado por unos ofi-ciales universitarios y la admisión en evidencia de su confe-sión sin que éstos le hicieran las advertencias legales. Ex-pongamos su trasfondo fáctico.

II

La noche de 16 de octubre de 1986 el guardia universita-rio Ángel L. González descubrió un bulto abandonado en la grama del recinto de San Germán de la Universidad Intera-mericana de Puerto Rico. Lo tomó y, poco tiempo después, lo entregó a su Supervisor Carmelo Santos. Éste, en su presen-cia, lo abrió y encontró —entre otras cosas— lo que aparen-taba.ser picadura de marihuana y un paquete de “papel dos en uno” típicamente usado como envoltura para tales cigarri-llos. A raíz del hallazgo, Santos se comunicó con su Supervisor Orlando Vega Mercado, quien procedió a guardar el bulto y su contenido en la caja fuerte de su oficina en el recinto.

Al otro día, el estudiante Ramírez Lebrón se presentó a su oficina a reclamar el bulto. Vega Mercado le pidió que se lo describiera. Ramírez Lebrón sólo le indicó que contenía ropa deportiva. Entonces, Vega Mercado le preguntó si en el bulto había algo más. Ramírez Lebrón permaneció callado, se mostró nervioso y pidió hablar con alguna persona en pri-vado. A tal efecto, en unión a Ernesto Quiñones, se traslada-ron a otra oficina. Allí, voluntariamente, informó que desde los trece (13) años era adicto a drogas, que su papá estaba desempleado, que su mamá era secretaria en una fábrica de Mayagüez y que le daba cinco dólares ($5). De ese dinero él sacaba para comprar marihuana. El bulto se le había extra-viado mientras se encontraba en el Rally, en un lugar deno-minado como “Área Blanca”.

El 20 de octubre de 1986, por conducto del Decano de Administración, Ramírez Lebrón fue citado y firmó un docu-mento en el que aceptó que tanto el bulto como su contenido le pertenecían. Subsiguientemente, el 21 de octubre, las au-toridades universitarias se comunicaron con la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico e informaron lo suce-dido. Ese mismo día entregaron a los agentes lo ocupado. Las pruebas químicas de rigor corroboraron que se trataba de marihuana.

El 24 de octubre Ramírez Lebrón fue informado de una denuncia en su contra por infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401. Previo a los trámites de rigor, fue acusado y encon-trado culpable por tribunal de derecho. Ello origina la apela-ción.

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En lo pertinente, el Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 299, dispone:

No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incauta-ciones y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello única-mente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a regis-trarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

La Cuarta Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 186, provee a su vez:

No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, hogares, documentos y pertenencias, contra regis-tros y allanamientos irrazonables, y no se expedirá ningún mandamiento, sino a virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar que ha de ser allanado, y las personas o cosas que han de ser dete-nidas o incautadas.

En Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 429-431 (1976), expu-simos las circunstancias históricas que motivaron la aproba-ción del aludido Art. II, Sec. 10, Const. E.L.A., supra. Vé-anse, además: Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207 (1984). En Pueblo v. Conde Pratts, 115 D.P.R. 307, 312-313 (1984), señalamos que “[l]a garantía contra registros e incau-taciones irrazonables obedece históricamente a tres obje-tivos: amparar la intimidad de las personas y, más allá de ello, su dignidad como seres humanos; proteger sus docu-mentos y otras pertenencias; e interponer la figura de un juez entre el ciudadano y el agente del orden público para brindar a aquél la seguridad debida sobre la razonabilidad de los procesos de registro, allanamiento e incautación, vía el juicio de un funcionario impartial”.

Ahora bien, esta garantía constitucional, igual que la Cuarta Enmienda de la Constitución federal, supra, es una prohibición contra el Gobierno que como regla general no se extiende a los ciudadanos particulares. A manera de ejem-plo, consúltense: United States v. Jacobsen, 466 U.S. 109 (1984); United States v. Andrini, 685 F.2d 1094 (9no Cir. 1982); United States v. Walther, 652 F.2d 788 (9no Cir. 1981); Walter v. United States, 447 U.S. 649 (1980); Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 465 (1921). Por tal razón, es admisible en casos crimi-nales evidencia obtenida de registros por ciudadanos parti-culares aunque éstos no cumplan las exigencias de los regis-tros que se les requiere a los funcionarios públicos. La regla cede cuando se demuestra que algún agente del Gobierno también participó en el registro privado o cuando el indivi-duo actuó en circunstancias en las que medió sugestión, ins-tigación o requerimiento de un agente del orden público o de un funcionario encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Es decir, las garantías constitucionales son oponibles al ciudadano particular si actúa como un agente o instrumento del Estado. Pueblo v. Rovira Ramos, 116 D.P.R. 945 (1986); Coolidge v. New Hampshire, supra; United States v. Walther, supra; United States v. Andrini, supra; Anota-ción, Admissibility in Criminal Case, of Evidence Obtained by Search by Private Individual, 36 A.L.R.3d 553 (1971). El problema que confrontan los tribunales en este tipo de controversia es que muchas veces no puede distinguirse fá-cilmente la participación gubernamental ni asegurarse su completa ausencia. Esa área, denominada gris en la juris-prudencia norteamericana, exige que los casos se analicen uno a uno con aplicación de los principios generales. United States v. Walther, supra; United States v. Sherwin, 539 F.2d 1, 6 esc. 5 (9no Cir. 1976).

En el caso de autos, esa misión requiere el examen inicial de la interrogante siguiente: ¿qué grado de participación gu-bernamental es necesaria para que un ciudadano particular se transforme en agente del Estado? Esencialmente la con-testación conlleva evaluar dos (2) factores: el conocimiento y consentimiento del Gobierno, y el propósito con que se rea-liza el registro.

En cuanto a las universidades, se ha reconocido que los registros por oficiales de instituciones públicas están sujetos a las restricciones constitucionales. Esto, sin embargo, no se extiende automáticamente a aquellos efectuados por oficiales de universidades privadas. Véanse: Nota, Admissibility of Evidence Seized by Private University Officials in Violation of Fourth Amendment Standards, 56 (Núm. 3) Cornell L. Rev. 507 (1971); R.C. Schubert, State Action and the Private University, 24 Rutgers L. Rev. 323 (1970); W. Van Alstyne, The Judicial Trend Toward Student Academic Freedom, 20 U. Fla. L. Rev. 290 (1968); Developments in the Law: Academic Freedom, 81 Harv. L. Rev. 1045 (1968); Co-mentario, Student Due Process in the Private University: The State Action Doctrine, 20 (Núm. 4) Syracuse L. Rev. 911 (1969); Notas, Admissibility of Testimony Coerced by a University, 55 (Núm. 3) Cornell L. Rev. 435 (1970); Nota, Constitutional Law — Student Academic Freedom— “State Action” and Private Universities, 44 Tul. L. Rev. 184 (1969). No obstante, las relaciones entre las universidades privadas y la Policía de la localidad pueden ser de tal naturaleza que establezcan un vínculo entre ambas que active la protección constitucional en sus estudiantes.

Algunas jurisdicciones han invocado diversas teorías para probar que las universidades privadas están prote-gidas. Entre éstas cabe mencionar el recibo de fondos públi-cos, la función pública de la educación y los contactos entre las instituciones y el Estado (por ejemplo, oficiales públicos en la Junta de Directores de las universidades, fijación por el Estado de las normas reguladoras de la educación privada, etc.). Estas teorías, por sí solas, no han tenido acogida uná-nime a menos que quede demostrado que los funcionarios del Estado han participado específicamente en la actividad bajo ataque constitucional. Un elemento de especial considera-ción es si el registro fue dirigido y efectuado por oficiales según sus funciones universitarias tradicionales o si, por el contrario, actuaron como agentes ejecutores de la ley. Anota-ción, Admissibility, in Criminal Case, of Evidence Obtained by Search Conducted By School Official or Teacher, 49 A.L.R.3d 978 (1973).

Cabe apuntar que la demostración de la acción guberna-mental (state action), por sí sola no es suficiente para invali-dar el registro, pues es posible que por su razonabilidad caiga bajo las excepciones. People v. Lanthier, 488 P.2d 625 (Cal. 1971).

En resumen, al evaluar si un registro efectuado por ciu-dadanos particulares es constitucionalmente impermisible —por haberse éstos constituido en agentes o instrumentos del Estado— deben considerarse los factores siguientes: (1) si medió paga por parte del Estado; (2) si en su planificación o ejecución participaron agentes del Estado; (3) el lugar donde se llevó a cabo; (4) si estaban presentes los agentes del Estado cuando el ciudadano particular lo efectuó (si medió consentimiento implícito); (5) el momento en que los agentes del Estado advinieron en conocimiento del registro; (6) si el ciudadano particular tenía alguna motivación independiente para realizarlo o si, por el contrario, lo efectuó sólo con el propósito de asistir al Gobierno, y (7) si el registro se puede concebir como parte de las tareas rutinarias del individuo.

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Los registros, los allanamientos y las incautaciones que se realicen sin orden se presumen irrazonables. Pueblo v. Narváez Cruz, 121 D.P.R. 429 (1988); Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986); Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986); E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra; Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972). Esta regla general, sin embargo, admite varias excepciones, a saber: (1) el consentimiento válido, Pueblo v. Narváez Cruz, supra; Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973); United States v. Matlock, 415 U.S. 164 (1974); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982); (2) el registro de la persona, del área y de las cosas que estén al alcance del sospechoso cuando es incidental y contemporá-neo a un arresto válido, Pueblo v. Zayas Fernández, 120 D.P.R. 158 (1987); Pueblo v. Del Río, 113 D.P.R. 684 (1982); Pueblo v. Dolce, supra; Pueblo v. Conde Pratts, supra; Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971); Pueblo v. Acevedo Escobar, supra; (3) cuando existen circunstancias extraordinarias y se quiere evitar que desaparezca la eviden-cia, Pueblo v. Nieves Vargas, 101 D.P.R. 263 (1973); (4) las inspecciones administrativas en aeropuertos o en muelles para confiscar productos después que el Departamento de Agricultura federal ha declarado una cuarentena, Marshall v. Barlow’s, Inc., 436 U.S. 307 (1978); (5) las inspecciones administrativas a negocios que tradicionalmente fueron objeto de amplia reglamentación pública, o que exista la ex-pectativa de inspecciones frecuentes, y a aquellos a quienes el Estado les ha expedido una licencia para que puedan ope-rar, Pueblo v. Rodríguez, 107 D.P.R. 804 (1978); Marshall v. Barlow’s, Inc., supra; Camara v. Municipal Court, 387 U.S. 523 (1967); (6) los registros a las celdas de los confinados, Pueblo v. Falú Martínez, supra; (7) la incautación de eviden-cia abandonada o arrojada por una persona, Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969); Pueblo v. Rivera Martínez, 97 D.P.R. 814 (1969); Pueblo v. Arroyo Ramírez, 96 D.P.R. 576 (1968); Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968); Pueblo v. Mo rales Soler, 94 D.P.R. 384 (1967); Pueblo v. Colón Colón, 88 D.P.R. 187 (1963); Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450 (1961); Pueblo v. Del Valle, 83 D.P.R. 457 (1961); (8) el regis-tro de estructuras abandonadas, Pueblo v. Erausquín Mar-tínez, supra; (9) el registro del compartimiento de pasajeros de un automóvil, Pueblo v. Acevedo Escobar, supra; (10) el registro de un automóvil si existen algunas circunstancias especiales, Pueblo v. de Jesús Robles, 92 D.P.R. 345 (1965); Pueblo v. Malavé González, supra; (11) el registro en cir-cunstancias en que el acto ilegal se realiza a plena vista, Pueblo v. Dolce, supra; o cuando el agente obtiene el conoci-miento a través de su olfato, Pueblo v. Acevedo Escobar, supra, y (12) el registro de evidencia abandonada en sitios donde no quepa, dentro de las circunstancias del caso en cuestión, el derecho a una expectativa razonable de intimi-dad (doctrina de campo abierto), Pueblo v. Lebrón, supra.

Anteriormente hemos señalado que “[l]a regla y sus ex-cepciones albergan un solo propósito: lograr el ansiado equi-librio entre uno de los derechos humanos más esenciales y preciados en una democracia y el derecho de la propia comu-nidad a protegerse contra el crimen. El carácter pendular de la jurisprudencia en este campo se explica por la rotura del equilibrio en varias situaciones, por el peso desmedido que se le ha asignado a veces a uno u otro de los intereses en juego”. Pueblo v. Conde Pratts, supra, pág. 313.

V

La renuncia a una razonable expectativa de intimidad es el fundamento para eximir el registro de objetos arrojados o abandonados del requisito de una orden previa que predica la regla general. Ahora bien, ¿que significa objetos o eviden-cia abandonada? La jurisprudencia norteamericana le ha dado un significado de acuerdo con el derecho constitucional diferente a la definición que se le asigna en el derecho de propiedad. Véanse: City of St. Paul v. Vaughn, 237 N.W.2d 365 (1975); Abel v. United States, 362 U.S. 217 (1959); Hester v. United States, 265 U.S. 57 (1924). Así, la doctrina ha esta-blecido que lo abandonado, en esencia, no es necesariamente la propiedad, sino las expectativas de intimidad que se tenían en el objeto. No obstante, esta conclusión no nos debe llevar, como afirma W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, West Publishing Co., 1987, Vol. 1, Sec. 206(b), pág. 467, “a presu-mir que siempre que alguien renuncia a la posesión o control [de un objeto], aunque brevemente, ha ocurrido un abandono para la Cuarta Enmienda. La pregunta fundamental es si el abandono ocurrió en circunstancias que indiquen que no re-tuvo expectativa de intimidad en el objeto.” (Traducción nuestra.)

En la más reciente decisión sobre este tema, California v. Greenwood, 56 L.W. 4409 (1988), el Tribunal Supremo de Estados Unidos aprobó un registro e incautación sin orden de bolsas de basura dejadas por el apelante en la acera frente a su casa. Ante sus reclamos de que las bolsas plás-ticas estaban cerradas, de que eran de color oscuro, de que estarían poco tiempo afuera —pues serían recogidas en un día y horas fijas— y de que serían entremezcladas con otra basura que a su vez sería depositada en un vertedero, resol-vió que el dueño de la casa no tenía una expectativa subjetiva de intimidad que la sociedad acepte como objetivamente ra-zonable. Las bolsas de basura en la acera estaban accesibles a los animales, a los niños y a las personas que se dedican a la búsqueda de cosas de algún valor.

¿Qué criterios, pues, deben considerarse al evaluar si una persona conserva alguna expectativa de privacidad en un ob-jeto abandonado? Fundamentalmente debe prestarse aten-ción especial a lo siguiente: (1) si el abandono fue voluntario o inadvertido; (2) el lugar donde ocurrió el abandono; (3) las circunstancias en que fue abandonado; (4) la naturaleza y las características del objeto abandonado; (5) si hubo intentos de recuperación del objeto abandonado; (6) el tiempo trans-currido entre el abandono y el intento de recuperación, y (7) las medidas tomadas para preservar la intimidad.

I — I

A través de este prisma doctrinario resolvemos la validez constitucional del registro efectuado.

Primero, es claro que los guardias universitarios actua-ron como ciudadanos particulares. No les es oponible la ga-rantía constitucional contra registros irrazonables. El regis-tro del bulto lo realizaron por iniciativa propia. No existe fundamento fáctico alguno que apoye la proposición de que los funcionarios universitarios actuaron según las órdenes o con la colaboración previa de los agentes del Estado.

Segundo, aun si aceptáramos que teóricamente los guar-dias universitarios actuaron en una empresa conjunta con los agentes del Estado, el apelante Ramírez Lebrón no puede invocar satisfactoriamente expectativa de intimidad alguna en el bulto abandonado. Aunque no se presentó prueba en apoyo de que el abandono del bulto fue inadvertido, aco-gemos su versión en ese sentido. Se probó que gestionó recu-perarlo al día siguiente. Ahora bien, el bulto fue encontrado por el guardia universitario en la grama del recinto. En nada afecta que el abandono fuera o no deliberado, pues el guardia universitario González tampoco salió a su encuentro, sino que lo halló accidentalmente. La ocupación del bulto no fue un acto planificado. United States v. Wedelstedt, 589 F.2d 339 (8vo Cir. 1978). El guardia universitario tiene el deber de prestar vigilancia a la institución a la que pertenece. Como corolario de ese deber, tiene la obligación de una vez encon-trado algún objeto revisarlo con el fin de obtener informa-ción del dueño, y así efectuar la correspondiente devolución, y con el propósito de cerciorarse de que el mismo no consti-tuye peligro o amenaza alguna para la universidad y sus es-tudiantes. Esa es precisamente parte de la rutina de su tra-bajo. No puede afirmarse que al realizar el registro tenían en mente el objetivo de ocupar evidencia que pudiera utilizarse en un procedimiento administrativo o criminal. Fue después de varios días del registro que por voluntad propia informa-ron a la Policía.

Tercero, el bulto de tela no estaba identificado con el nombre de su dueño. Carecía, además, de una cerradura con llave. Si permanecía a la intemperie fácilmente cualquiera hubiese podido abrirlo. Circunstancialmente otro estudiante, trabajador o demás personal de la institución universitaria pudo haberlo encontrado y registrado.

En resumen, el bulto fue encontrado en un espacio abierto propiedad de la institución para la que trabajan los guardias que efectuaron el registro. En estas circunstancias era razonable esperar que lo abrieran y registraran, y luego lo mantuvieran en sitio seguro hasta que fuera reclamado o se localizara su dueño. Ramírez Lebrón no tenía expectativa de privacidad en qué amparar su reclamo de inconstituciona-lidad.

VII

Réstanos decidir el planteamiento sobre las advertencias legales. El Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, y la Quinta Enmienda de la Constitución federal, L.P.R.A., Tomo 1, consagran el derecho a no incriminarse. Para darle efectividad a este derecho, se ha reconocido que tan pronto la investigación se centraliza sobre un sospechoso bajo custodia comienza el proceso adversativo y surge la obligación de la Policía u otra autoridad competente de ad-vertirle sobre su derecho constitucional a permanecer en si-lencio, a no incriminarse y a asistencia de abogado. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316, 324 (1980); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965). En Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, supra, pág. 781, resolvimos que “toda admisión o confesión de otro modo voluntaria y admisible deba ser excluida, sin diferenciación alguna, porque no se hizo con la asistencia de abogado. Cada caso deberá resol-verse por sus propios hechos y circunstancias”. (Enfasis su-plido.)

Así en Pueblo v. Laguna Rodríguez, 92 D.P.R. 831 (1965), sostuvimos que no era aplicable dicha regla porque las mani-festaciones incriminatorias no se hicieron mientras se encon-traba bajo custodia policíaca. En Pueblo v. Colón Mejías, 99 D.P.R. 14 (1970) —al confrontarnos un sospechoso a una persona particular— con las admisiones incriminatorias, deci-dimos que las mismas no eran admisibles, ya que el sospe-choso estaba detenido en un cuartel bajo la custodia e in-fluencia de la Policía. Alertamos que de sancionar esta prác-tica “[s]ería muy fácil para las autoridades obviar estas normas [(las advertencias)] haciendo intervenir en alguna etapa de la investigación a una persona particular y tratar de lograr una confesión o admisión incriminatoria libre de los requisitos constitucionales previos a su obtención”. Pueblo v. Colón Mejías, supra, págs. 19-20.

Según la norma de Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, supra, ¿son los guardias universitarios de la Universidad In-teramericana de Puerto Rico otra autoridad competente? Resolvemos en la negativa. A los guardias universitarios de una universidad privada no puede adscribírsele esta catego-ría gubernamental. No son éstos funcionarios del Estado que ponen en ejecución la ley ni de ordinario actúan en común concierto o bajo la dirección de funcionarios públicos. Desde esta óptica, la garantía de no autoincriminación no puede sostenerse. I. Betancourt y Lebrón, Los Derechos del Acu-sado, San Juan, Ed. Grañcart, 1975, pág. 96.

La exposición narrativa de la prueba refleja que no es hasta el 21 de octubre de 1986 que el Estado, por virtud de una comunicación telefónica proveniente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, adviene en conocimiento de la situación que a la postre da lugar al encausamiento criminal del apelante Ramírez Lebrón. La eventual intervención de los agentes del Estado, presente siempre en cualquier caso, no desvirtúa ipso facto la admisión hecha —en las cir-cunstancias aquí involucradas— a funcionarios privados ajenos al Estado. Cf. United States v. Sherwin, 539 F.2d 1 (9no Cir. 1976); United States v. Bowers, 739 F.2d 1050, 1055-1056 (6to Cir. 1984).

En resumen, la prueba demostró que al apelante Ramírez Lebrón no se le violó la garantía constitucional contra la au-toincriminación. Los guardias universitarios no estaban obli-gados a hacerle las advertencias, no caen bajo la categoría de otra autoridad competente y no actuaron en coordinación o bajo la dirección de funcionarios del Estado. Ramírez Le-brón no estuvo en un interrogatorio bajo custodia policial ni se restringió su libertad. Voluntariamente expresó que que-ría hablar con alguna persona privadamente y admitió ser el propietario de la marihuana encontrada en el bulto.

       Le fue suspendida en virtud de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1026-1029.

       Le fue suspendida acorde con la Ley Num. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1026-1029.

       En este caso un agente de aduanas, luego de recibir una confidencia, por cuenta propia registró en una armería una bolsa que contenía una pistola car-gada. Aunque no hubo opinión del Tribunal, todos sus miembros coincidieron en que dicho agente actuó como uno gubernamental y no como ciudadano privado, por lo que le era oponible la garantía constitucional.

       Aunque generalmente ha sido rechazado por la jurisprudencia, algunos comentaristas sostienen que se debe aplicar la garantía contra registros irrazo-nables a personas privadas que tienen como función principal la investigación de actividades criminales. Véase W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, West Publishing Co., 1987, Vol. 3, See. 8.1(d).
      En el caso de autos, resulta innecesario determinar si a los guardias univer-sitarios aquí involucrados les debería aplicar la garantía constitucional por razón de sus funciones. Como veremos más adelante, aun cuando aplicara la disposición constitucional, el registro fue razonable. Además, el registro no fue efectuado durante la investigación de un asunto criminal.

       En este último caso, por ejemplo, un empleado descubrió marihuana en un cubículo de estudio en la biblioteca de la universidad. El Tribunal resolvió que aun si la universidad hubiese sido pública, el registro fue razonable de acuerdo con el significado de la Cuarta Enmienda de la Constitución federal, L.P.R.A., Tomo 1.

       En E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.RR. 197, 207 (1984), resolvimos que la garantía contenida en el Art. II, See. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, cubre tanto los registros admi-nistrativos como los penales. Circunstancias de emergencia pueden provocar ex-cepciones a la regla general.

       En Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315, 326 (1982), dijimos que los factores a considerarse al evaluar si en determinado lugar se tiene o se puede reclamar una ‘“razonable expectativa de privacidad’” son: (1) derechos de propiedad indivi-duales; (2) las precauciones adoptadas para mantener la intimidad, y (3) las carac-terísticas del lugar, incluso su accesibilidad a la observación.


text:
    María A. De Jesús Cotto, demandante y peticionaria, v. Departamento de Servicios Sociales, representado por la Secretaria de Servicios Sociales, Hon. Carmen S. Zayas, demandado y recurrido.

      Número: CE-88-316

      Resuelto: 8 de marzo de 1989

      Luis M. Martínez Rivera, abogado de la peticionaria; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Carlos M. Vergne Vargas, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

Este caso nos brinda la oportunidad de resolver si a la luz de la nueva reglamentación federal aprobada en 1984 para el Programa de Asistencia Económica de Ayuda a Familias con Niños —Aid to Families with Dependent Children— (en adelante Programa A.F.D.C.) debe incluirse, como parte del ingreso del núcleo familiar categórico, la pensión alimentaria recibida por un niño no beneficiario del programa que vive junto a hermanos o hermanas que sí lo son.

La peticionaria María E. De Jesús Cotto, madre de cua-tro (4) hijos menores de diferentes padres, era participante del Programa de Asistencia Económica (en adelante P.A.E.) en la categoría “C”, Ayuda a Familias con Niños Necesi-tados. Recibía beneficios para ella y tres (3) de sus hijos. Su hijo menor, Jorge Luis López, no participaba de dichos bene-ficios, ya que recibía pensión alimentaria de su padre. La reglamentación federal vigente hasta 1984 permitía excluir como parte del ingreso del núcleo familiar categórico la pen-sión recibida por el menor Jorge Luis.

A la luz de las normas federales de 1984, la agencia local administradora del Programa A.F.D.C. (el Departamento de Servicios Sociales) inició una revisión del caso de la señora De Jesús Cotto. Como resultado de ello, obligó a la peticiona-ria a incluir a su hijo menor Jorge Luis, así como su ingreso, dentro del núcleo familiar categórico. La peticionaria se negó y el núcleo completo resultó inelegible para continuar recibiendo los beneficios del Programa A.F.D.C. No con-forme, la señora De Jesús Cotto presentó una apelación ante la Junta de Apelaciones de Servicios Sociales (en adelante Junta). La Junta confirmó la acción tomada por la agencia. Determinó que Jorge Luis era un “niño necesitado” que cumplía con los requisitos de edad y de privación y, por lo tanto, tenía que ser incluido en el núcleo categórico. Se fun-damentó en el Cap. V, pág. 9, del Manual de Normas y Proce-dimientos del Programa de Asistencia Pública, que en lo per-tinente dispone que “se incluirán en el núcleo categórico a hermanas o hermanos de sangre o adoptivos del niño que a su vez sean niños dependientes”.

De esta resolución la señora De Jesús Cotto recurrió en revisión ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas. El 2 de marzo de 1988 el tribunal dictó sentencia mediante la cual se le denegaba el recurso a la luz de lo resuelto en Bowen v. Gilliard, 483 U.S. 587 (1987).

No conforme, la señora De Jesús recurre ante nos y plan-tea la comisión de dos (2) errores: (1) que erró el tribunal de instancia al aplicar la jurisprudencia de Bowen v. Gilliard, supra, a los hechos del presente caso y (2) que erró al soste-ner la determinación de la Junta de que el niño Jorge Luis López es un “niño necesitado” y que tenía que ser incluido en el núcleo familiar categórico.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

h-i I — i

El Programa A.F.D.C. surge de una legislación federal de carácter social que se nutre de fondos federales y estatales. Véanse: 42 U.S.C. see. 601 et seq.-, Ley de Bienestar Público de Puerto Rico, Ley Núm. 95 de 12 de mayo de 1943, según enmendada, 8 L.P.R.A. secs. 1-26; 45 C.F.R. see. 200 et seq. Los estados no están obligados a participar en el Programa A.F.D.C., pero si optan por ello deben cumplir en su plan de trabajo con los requisitos del Título IV-A de la Ley sobre el Seguro Social, 42 U.S.C. see. 301 et seq., y las reglamentaciones federales aplicables. Oliver v. Ledbetter, 624 F. Supp. 325 (N.D. Ga. 1985), aff. 821 F.2d 1507 (limo Cir. 1987); 42 U.S.C. sees. 602-603. En Puerto Rico, por disposición expresa de la Ley Núm. 171 de 30 de junio de 1968, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 211 y ss., el Programa A.F.D.C. es administrado por el Departamento de Servicios Sociales.

Los criterios de elegibilidad que dispone la Ley Núm. 95, supra, son los siguientes:

Sec. Up.— Niños necesitados
Se concederá asistencia pública a todo niño necesitado me-nor de diez y ocho (18) años, que debido a la muerte, ausencia continua del hogar, incapacidad física o mental de uno de los padres, esté viviendo con el padre, la madre, el abuelo, abuela, hermano, hermana, padrastro, madrastra, hermanastro, her-manastra, tío o tía, primo o prima, sobrino o sobrina en un lugar de residencia sostenido como propio por uno o más de ellos; Disponiéndose, que cuando el menor carezca de estos familiares o cuando no se considere apropiado para el niño el hogar de ellos, la División podría concederle asistencia siem-pre que el niño esté bajo la custodia de una persona mayor de edad y de reconocida solvencia moral que esté genuinamente interesada en el bienestar del niño y en condiciones de prove-erle un hogar bajo supervisión de esta División. (Énfasis nuestro.) 8 L.P.R.A. sec. 14.

La Sec. 606(a) del Social Security Act, 42 U.S.C., define el término “niño necesitado” de la manera siguiente:

The term “dependent child” means a needy child (1) who has been deprived of parental support or care by reason of death, continued absence from the home ... or physical or mental incapacity of a parent, and who is living with his father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister, stepfather, stepmother, stepbrother, stepsister, uncle, aunt, first cousing, nephew, or niece, in a place of residence maintained by one or more of such relatives as his or their own home and, (2) who is (A) under the age of eighteen. . . .

En 1984 el Congreso aprobó el Deficit Reduction Act (en adelante D.E.F.R.A.) como parte de una extensa pieza legis-lativa dirigida a disminuir los gastos del Gobierno federal. Public Law No. 98-369, 98 Stat. 1145. La See. 2640 del D.E.F.R.A. enmendó la See. 602 añadiéndole el párrafo 38, que lee como sigue:

(38) provide that in making the determination under paragraph (7) with respect to a dependent child and applying paragraph (8), the State agency shall (except as otherwise provided in this part) include—
(A) any parent of such child, and
(B) any brother or sister of such child, if such brother or sister meets the conditions described in clauses (1) and (2) of section 4-06(a), if such parent, brother, or sister is living in the same home as the dependent child, and any income of or available for such parent, brother or sister shall be included in making such determination and applying such paragraph with respect to the family .... (Énfasis suplido.) Pub. L. No. 98-369, supra.

El Secretario del Departamento de Salud y Servicios Hu-manos de Estados Unidos (en adelante Secretario de Salud de E.U.) promulgó en 1984 el reglamento aplicable a dicha disposición. En su parte pertinente, señala lo siguiente:

For AFDC only, in order for the family to be eligible an application with respect to a dependent child must also include, if living in the same household and otherwise eligible for assistance: . . . Any blood-related or adoptive brother or sister. 45 C.F.R. sec. 206.10(a)(l)(VII)(B).

A tenor con la enmienda y el reglamento federal de 1984, el Departamento de Servicios Sociales enmendó el Cap. V del Manual de Normas y Procedimientos del Programa de Asistencia Económica para que dispusiera lo siguiente:

Como resultado del [“JDeficit Reduction Act” (Ley Pública Federal 98-369 del 18 de julio de 1984[),] se requiere que en el núcleo categórico AFNN[(AFDC)], sean inclu[i]das, si convi-ven en el hogar con el niño(s) dependiente, las siguientes per-sonas:
—[l]os padres naturales o adoptivos del niño(s) depen-diente^).
—hermanos y hermanas de sangre o adoptivos del niño(s) de-pendiente^) y que a su vez son niños dependientes que llenan los requisitos de edad y de privación (el niño está privado del sostén económico, cuidado físico o guía).

Con respecto al efecto de la enmienda a la ley federal y el reglamento que la implantaba, aprobados en 1984, la posición del Departamento de Servicios Sociales es que un niño, al vivir separado de su padre y al cuidado de su madre —aun cuando reciba pensión alimentaria— es elegible para el programa, ya que la ausencia continuada del padre le impide proveerle el cuidado físico y las guías necesarias para su desarrollo. Igual posición asumió el Secretario de Salud de E.U. en Gorrie v. Bowen, 809 F.2d 508 (8vo Cir. 1987). En este caso, el Secretario de Salud de E.U. apeló de la determi-nación de la Corte de Distrito federal de Minnesota, que sos-tenía que para poder incluir dentro del grupo categórico a niños que recibían pensiones alimentarias, los mismos tenían que ser necesitados, y que para hacer esta determinación no bastaba con probar que uno de los padres estaba ausente, muerto o incapacitado. Gorrie v. Heckler, 624 F. Supp. 85 (D. Minn. 1985). La Corte Federal de Apelaciones para el Octavo Circuito revocó y concluyó que la decisión era contraria, tanto al historial legislativo como a un análisis de la letra de la ley:

We believe the plain language of the statute is contrary to the district court’s conclusion. Congress referred only to siblings who meet the conditions of “clauses (1) and (2) of [42 U.S.C.] section 606(a).” 42 U.S.C. sec. 602(a)(38) (Sup. Ill 1985). These clauses do not require a child to be needy; that requirement precedes the clauses. Consequently, Congress’ reference to sections 606(a)(1) and (2) does not preclude a congressional intent that independently supported children may be included in AFDC applications. Furthermore, the provisions of section 606(a)(2), which require that a child be deprived of “parental support or care,” do not conflict with a congressional intent to include independently supported children in AFDC applications. Although independently supported children are not deprived of parental support, they are deprived of the care of a parent; thus they meet the disjunctive requirement of section 606(a)(2). (Énfasis suplido.) Gorrie v. Bowen, supra, pág. 514.

En Baldwin v. Ledbetter, 647 F. Supp. 623, 629 (N.D. Ga. 1986), se interpretó de modo similar la reglamentación del Secretario de Salud de E.U.:

Child support recipients are minors and are by definition deprived of parental support by virtue of the absence of one parent from the home. (Énfasis suplido.)

La peticionaria plantea que la interpretación del Departamento de Servicios Sociales es incompatible con la See. 606(a), supra. Esta sección establece, como requisito para que un niño sea incluido en el núcleo familiar categórico, que se determine si dicho niño es un “niño necesitado” (dependent child). Alega que a tenor con la reglamentación federal que define “niño necesitado” (dependent child), el menor Jorge Luis no cualifica para ser incluido en el Programa A.F.D.C. La referida reglamentación dispone:

The phrase “needy child *** deprived *** by reason of” requires that both need and deprivation of parental support or care exist in the individual case. The phrase encompasses the situation of any child who is in need and otherwise eligible, and whose parent —father or mother— either has died, has a physical or mental incapacity, or is continually absent from the home.
(in) Continued absence of the parent from the home. Continued absence of the parent from the home constitutes the reason for deprivation of parental support or care when the parent is out of the home, the nature of the absence is such as either to interrupt or to terminate the parent’s functioning as a provider of maintenance, physical care, or guidance for the child, and the known or indefinite duration of the absence precludes counting on the parent’s performance of the function of planning for the present support or care of the child. (Énfasis suplido.) 45 C.F.R. see. 233.90(c)(l)(i) y (in).

Plantea además la peticionaria qne para poder ser incluido en el grupo familiar categórico la ausencia del padre debe ser de tal naturaleza que impida su contribución al cuidado físico, mantenimiento y guía del niño. Cita en apoyo lo decidido en varios casos resueltos ante las cortes federales y estatales. Los citados casos, que resuelven que la determinación de “ausencia” para propósitos del Programa A.F.D.C. acarrea un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de la naturaleza de esa ausencia, son anteriores a la enmienda de 1984. Una lectura integral de los casos resueltos con posterioridad a la enmienda refleja que los mismos no sostienen estos planteamientos. El solo hecho de que el niño reciba una pensión alimentaria no es suficiente para considerarlo inelegible para el Programa A.F.D.C. Comentario, The Evolution of a Federal Family Law Policy Under Title IV-A of the Social Security Act The Aid to Families with Dependent Children Program, 36 Cath. U.L. Rev. 197, 202, 206 (1986). Antes de la enmienda de 1984, la determinación de privación del niño se hacía a la luz de las circunstancias par-ticulares de la relación paterno-filial.

Analicemos el historial legislativo y la letra de la ley para determinar si a la luz de la enmienda y reglamentación de 1984 se puede mantener esta interpretación de “ausencia” para propósitos del Programa A.F.D.C. En el resumen del Informe del Senado sobre las Enmiendas al Programa A.F.D.C. se expresa lo siguiente:

There is no requirement in present law that parents and all siblings be included in the AFDC filing unit. Families applying for assistance may exclude from the filing unit certain family members who have income which might reduce the family benefit. For example, a family might choose to exclude a child who is receiving social security or child support payments, if the payments would reduce the family’s benefits by an amount greater than the amount payable on behalf of the child ....
Explanation of Provision
The provision approved by the Committee would require States to include in the filing unit the parents and all dependent minor siblings (except SSI recipients and any stepbrothers and stepsisters) living with a child who applies for or receives AFDC . . .
This change will end the present practice whereby families exclude members with income in order to maximize family benefits, and will ensure that the income of family members who live- together and share expenses is recognized and counted as available to the family as a whole. (Enfasis su-plido.) Informe del Senado Núm. 98-169, pág. 980 (1984).

No cabe duda que la intención del Congreso al aprobar en 1984 la enmienda al Programa A.F.D.C. fue incluir dentro del ingreso disponible para la unidad familiar el ingreso recibido por los miembros del núcleo que bajo la anterior ley podía ser excluido. La interpretación del Departamento de Servicios Sociales de que el niño está desprovisto del cuidado paterno cuando el padre no vive en el hogar refleja la intención de la enmienda. Gilliard v. Kirk, 633 F. Supp. 1529 (W.D.N.C. 1986), según citado en Bowen v. Gilliard, supra.

Es norma establecida que la interpretación de la agencia encargada de la administración de un estatuto me-rece deferencia sustancial. Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Blum v. Bacon, 457 U.S. 132, 141 (1982). Más aún, la interpretación adoptada por la agen-cia no necesita ser la única razonable, American Paper Inst. v. American Elec. Power, 461 U.S. 402, 423 (1983); ésta me-recerá deferencia si es razonable y compatible con el propó-sito del Congreso. Blum v. Bacon, supra, págs. 141-142.

En el caso de autos, tanto la interpretación del Departa-mento de Servicios Sociales como las del Departamento de Salud de Estados Unidos, no sólo se ajustan a las normas de razonabilidad y consistencia, sino que se adhieren y fomen-tan el claro propósito del Congreso, al aprobarse el D.E.F.R.A., de disminuir la erogación de fondos federales.

Tomando en consideración todo lo anteriormente ex-puesto, se dictará sentencia mediante la cual se confirme la emitida el 2 de marzo de 1988 por el Tribunal Superior, Sala de Caguas.

El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió.

       La peticionaria presentó moción de reconsideración, la cual también fue denegada.

        Oposición a recurso, Civil Núm. CS87-2128(508), pág. 5.

       La posición del Secretario de Salud de E.U. fue:
      “Instead, the defendant Secretary has focused solely upon whether these children have one parent who is absent, deceased or incapacitated and the New Rule creates an irrebuttable presumption that the status of that parent is conclusive evidence that the Social Security recipient child is a ‘needy’ dependent child who must actually file an application for AFDC benefits without regard to whether such children either need or desire welfare assistance.” (Énfasis su-plido.) Gorrie v. Heckler, 624 F. Supp. 85, 87-88 (D. Minn. 1985).

       Este caso fue devuelto al tribunal para resolverse de acuerdo con lo esta-blecido en Bowen v. Gilliard, 483 U.S. 587 (1987).

       La validez de la reglamentación ha sido sostenida en varias Cortes de Distrito federales. En Sherrod v. Hegstrom, 629 F. Supp. 150,152 (D. Or. 1985), los demandantes impugnaron la reglamentación del Secretario de Salud de E.U. e indicaron que la misma violaba el esquema estatutario de la Ley del Seguro Social al obligar a niños no dependientes a solicitar los beneficios del bienestar social para que su unidad familiar fuese elegible para recibirlos. El tribunal in-dicó que el historial legislativo del estatuto sostenía la interpretación del Secreta-rio de Salud de E.U. de incluir los ingresos recibidos por concepto de pensión alimentaria como parte del ingreso familiar disponible. Véase, también, Ardister v. Mansour, 627 F. Supp. 641, 645 (W.D. Mich. 1986).

       Los tribunales federales y estatales con anterioridad a la enmienda y reglamentación de 1984 habían cualificado el término “niño dependiente”. En Gilliard v. Craig, 331 F. Supp. 587 (W.D.N.C. 1971), aff. 409 U.S. 807 (1972), resuelto antes de las enmiendas del Deficit Reduction Act (en adelante D.E.F.R.A.), el tribunal sostuvo que un niño que vive separado de su padre no custodio y recibe sostén económico de éste no es un dependent child. En Shannon v. Department of Human Services, 384 A.2d 899, 902 (N. J. Super. A.D. 1978), también resuelto antes de la enmienda, el tribunal devolvió el caso para que se determinara si la naturaleza y frecuencia de las visitas del padre no custodio hacían inelegible al niño para recibir beneficios como dependent child. Véanse, además: Burrus v. Dept. of Hum. Ser, D. of Pub. Wel., 476 A.2d 285 (N.J. Super. A.D. 1984); Snyder v. Com., Dept. of Public Welfare, 492 A.2d 124 (Pa. Cmwlth. 1985); Munro-Dorsey v. Department of Social Welfare, 481 A.2d 1055 (Vt. 1984). Aunque algunos de estos casos fueron resueltos luego de las enmiendas de 1984, en los mismos no se discute el efecto de éstas sobre la legislación federal.

       Sobre el particular se nos señala en Comentario, The Evolution of a Federal Family Law Policy Under Title IV-A of the Social Security Act — The Aid to Families with Dependent Children Program, 36 Cath. U.L. Rev. 197, 204 (1986), lo siguiente:
      “Moreover, the absent parent in today’s AFDC program is likely to be making some child support payments on behalf of the child and is encouraged to establish contact with the family. Consequently, the current interpretation of what constitutes continued absence has little resemblance to the rule adopted in the early AFDC program. Under the early rule, if an absent parent voluntarily provided child support payments or visited the children on a regular basis, the family usually lost its AFDC eligibility. In the above situation, the child would be deemed not deprived of parental support or care because the absent parent provided maintenance or guidance to the child.” (Escolios omitidos.)

       La peticionaria plantea como primer error la aplicación de Bowen v. Gilliard, supra, al presente caso. Si bien es cierto que el referido caso lo que sostiene es la constitucionalidad de las enmiendas del D.E.F.R.A. al Programa A.F.D.C., en la nota al calce Núm. 4, el tribunal acoge la interpretación de la Corte de Distrito, la cual es contraria a la sostenida por la peticionaria. La nota al calce Núm. 5 lee:
      “In support of the District Court’s judgment, appellees have asked us to adopt a construction of the statute that is completely inconsistent with the intent of Congress as explained in the Secretary’s request for the legislation, in the Senate Report, and in the Conference Report as well. Moreover, the arguments are inconsistent with the unambiguous regulations the Secretary has adopted to implement the statute. .. . The District Court carefully considered these statutory arguments and rejected them.... We agree with that court’s analysis of the meaning of the statute and find no merit in appellees’s statutory arguments advanced in this Court. See also Gorrie v[.] Bowen, 809 F[.]2d 508, 513-516 (CA8 1987). [Gilliard v. Kirk, 633 F. Supp. 1529, 1548 (W.D.N.C. 1986)].” (Énfasis suplido.) Bowen v. Gilliard, supra, pág. 496 n. 5.


text:
    Raymond Sánchez Cruz, demandante y recurrido, v. Lorraine Torres Figueroa, demandada y recurrente.

      Número: RE-87-318

      Resuelto: 8 de marzo de 1989

      Orlando Callado Medina, José A. Crescioni Benitez y Evelyn Morales Rosario, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abo-gados de la recurrente; Jaime Castrillón Ramírez, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente caso nos brinda la oportunidad de esclarecer las normas de derecho aplicables a la causal de trato cruel e injurias graves establecida en el Art. 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 321.

El 6 de mayo de 1987 el Tribunal Superior, Sala de Baya-món, dictó sentencia en la que se decreta el divorcio por la causal de trato cruel a favor del demandante Raymond Sán-chez Cruz, se concede la patria potestad y custodia del hijo menor de ambos, y se desestima la reconvención de la de-mandada Lorraine Torres Figueroa. No conforme, la deman-dada presentó recurso de revisión en el que se planteó la comisión de cuatro (4) errores que pueden sintetizarse así: erró el tribunal de instancia al determinar que la conducta de la demandada constituía trato cruel, al determinar que la conducta del demandante para con la demandada no consti-tuía trato cruel y al concederle la custodia del hijo al deman-dante y no a la demandada.

J — I

Hechos relacionados con la acción de divorcio

El 14 de abril de 1986 Sánchez Cruz presentó demanda de divorcio contra su esposa Torres Figueroa por la causal de trato cruel. Luego de una serie de trámites procesales, el 4 de septiembre de 1987 la demandada presentó contestación enmendada con la cual incluyó una reconvención solicitando el divorcio por la causal de trato cruel.

En el presente caso, las partes contrajeron matrimonio el 21 de julio de 1983 cuando el demandante tenía veintitrés (23) años y la demandada quince (15) años. Durante el matri-monio procrearon un hijo. En los primeros dos (2) años del matrimonio las relaciones entre ellos fueron normales. Luego de este período, “la demandada no cumplió con sus' obligaciones matrimoniales para con el demandante. No le tenía preparada su comida a tiempo y se pasaba casi todo el día de visita en unos apartamentos contig[ü]os al de ellos”. Anejo 1, pág. 1. En marzo de 1986 el demandante se fue del hogar llevándose todo el mobiliario que había adquirido en venta condicional, dejándole solamente la cama y la cuna del nene” a la demandada. Anejo 1, pág. 2.

A base de estas determinaciones de hecho, el tribunal concluyó que “[l]a conducta de la demandada hacia el deman-dante durante el matrimonio [era] una constitutiva de trato cruel”, mientras que la del demandante hacia la demandada no lo era. Anejo 1, pág. 2.

En relación con estas determinaciones de hecho, de la exposición narrativa de la prueba surge que el demandante declaró escuetamente que la demandada no atendía “sus obligaciones como lo ‘tenía’ que hacer”, que “[a] veces cuando llegaba del trabajo ella no le estaba haciendo la co-mida porque ‘se la pasaba en casa de una vecina’”. E.N.P., pág. 1. También expresó que mientras vivieron juntos él sa-tisfacía los gastos de la casa. “No le daba nada a la esposa para que ella administrara. Pagaba todo en la casa él mismo. Cuando ella iba a comprar algo iban los dos juntos.”

H-1 hH

La causal de trato cruel

Al interpretar las causales de divorcio, los tribunales de nuestro país no deben abstraerse ni perder de vista la labor y el esfuerzo que, después de varios años, culminó con la aprobación de nueva legislación en el campo del derecho de familia. Tan singular esfuerzo persiguió un solo propósito: la igualdad del hombre y de la mujer dentro de la estructura familiar.

“La Constitución de Puerto Rico representa un hito importante en la lucha de la mujer por la igualdad, pero no significa la culminación o el final de esa lucha. La realidad tiene una capacidad perversa de resistir la ley.” J. Trías Monge, Los Derechos de la Mujer, 44 (Núm. 1) Rev. C. Abo. P.R. 43, 44 (1981).

Es por ello que nuestra Legislatura, en su afán de hacer del principio una realidad, adoptó legislación que respon-diera a tales propósitos:

Se aprobaron medidas enmendatorias del Código Civil para establecer la coadministración por ambos cónyuges de los bienes de la sociedad de gananciales. Este estatuto equipara a la mujer, a nivel de la expresión jurídica, respecto del hombre en las relaciones económicas dentro del matrimonio. . . . Se aprobaron medidas dirigidas a evitar el discrimen contra las mujeres en los procedimientos de divorcio o nulidad de matri-monio. Se reconoció el derecho de ambos progenitores a la patria potestad de sus hijos. Antes de aprobarse la Ley Núm. 99 del 2 de junio de 1976, la patria potestad recaía únicamente sobre el padre y sólo en caso de muerte de éste o en casos excepcionales sobre la madre. En virtud de la Ley Núm. 100 del 2 de junio de 1976 se proveyó para que pueda adjudicarse la custodia y patria potestad sobre los hijos menores de edad después del divorcio a la madre o al padre de acuerdo a los mejores intereses de los menores. De igual manera la Ley Núm. 83 de 30 de mayo de 1976 eliminó el discrimen por razón de género que establecía el Código Civil en la selección de las personas llamadas por ley a ser tutores de menores, locos y sordomudos, pu[e]s limitaba las ocasiones en que una mujer podía ser nombrada tutora y establecía nombramiento de un hombre preferencialmente. En 1976 se aprobó una enmienda al Artículo 154 del Código Civil a los fines de disponer que la patria potestad de los hijos no emancipados corresponde a ambos progenitores por igual, hasta entonces el Código Civil atribuía tal poder sólo al padre. En 1980 se autorizó a cual-quiera de los padres, en caso de tratamiento médico y opera-ción de emergencia de una hija o hijo, a otorgar el consenti-miento correspondiente.
Durante la revisión de 1976 de las normas relativas a la familia se eliminó la institución de la dote, todavía vigente en nuestro ordenamiento jurídico a mediados de la década del 1970. Otra disposición arcaica derogada fue la que exigía a la mujer obedecer y seguir al marido donde quiera que este fijara su residencia. La Ley Núm. [Ill] del 2 de junio de 1976 dispuso que los cónyuges decidirán de común acuerdo dónde establecerán su domicilio y su residencia. Fue eliminado tam-bién el requisito de los trescientos un (301) días que tenía que esperar la mujer viuda o divorciada antes de contraer un nuevo matrimonio. Asimismo, se estableció la responsabilidad recíproca por parte de los cónyuges de protegerse y satisfacer sus necesidades respectivas; se clarificó que el deber de pro-veer una pensión alimenticia para el cónyuge demente es obli-gación de ambos cónyuges. En torno al divorcio se dispuso mediante la aprobación de la Ley 101 del 2 de junio de 1976 que la causal de separación será una de naturaleza no culposa, no se considerará a n[i]nguno de los cónyuges culpable o ino-cente. Otro cambio importante fue la aprobación de la Ley 119 de 2 de junio de 1976, que autoriza a las mujeres casadas a contratar. Hasta la aprobación de esta ley, las mujeres ca-sadas se incluían entre las personas que no podían prestar su consentimiento para contratar, la disposición enmendada equiparaba a las mujeres casadas con las otras personas impe-didas de contratar: los menores de edad, los locos, los sordo-mudos y los analfabetos.
El 30 de diciembre de 1986 se aprobó la Ley Núm. 5, Ley de Sustento de Menores que establece un procedimiento rá-pido el cual facilitaría el proceso para establecer las reclama-ciones de alimentos. En 1987 se aprobó la Ley Núm. 4 de 5 de marzo, para enmendar la disposición del Código Civil que es-tablecía un discrimen contra la mujer en los matrimonios cele-brados en el extranjero cuando uno de los cónyuges fuere puertorriqueño. La disposición del Código Civil establecía que si se trataba de una mujer el matrimonio se regiría por el derecho del país extranjero, pero si se trataba de un hombre el matrimonio se regiría por el ordenamiento jurídico de Puerto Rico. (Énfasis suplido.) E. Vicente, Las mujeres y el cambio en la norma jurídica, LVI (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 585, 591-593 (1987).

En la interpretación de las referidas disposiciones de ley, la trayectoria de la jurisprudencia de este Tribunal ha sido firme en el apoyo del principio de igualdad. En nuestras más recientes opiniones hemos reiterado la obligación por igual de ambos padres respecto a los alimentos de sus hijos no emancipados —López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988)— así como el reconocimiento de igual derecho a la patria potestad por parte de los padres divorciados, siempre que responda a los mejores intereses del menor. Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987).

Para que este principio de igualdad cobre vida, es menester que socialmente se realicen, y para ello se pongan a su servicio, las energías más decididas de todos los sectores gubernamentales y privados. Nos preocupa el que, a pesar del enfoque que a la luz de lo expuesto debe permear las decisiones de nuestros tribunales, en el caso de autos la sentencia del foro de instancia favorece la filosofía de subordinación en contraposición a la de igualdad, al reflejar la visión de la mujer puertorriqueña descrita por Gordon Lewis en su obra, Puerto Rico Freedom and Power in the Caribbean, Nueva York, Monthly Review Press, 1974:

. . . the Puerto Rican woman is viewed as being inferior to the man; she is even seen as suffering from a mental debility and a moral weakness which require an elaborate system of masculine checks upon her freedom of movement. The twin concepts of virginity and machismo, the Puerto Rican form of male chauvinism, operate to construct and maintain a rigid wall of psychological separation between the sexes at practically every stage of life.

Con este trasfondo, pasemos a analizar la causal de divor-cio de trato cruel.

En repetidas ocasiones hemos enunciado el principio de que al ser el matrimonio el fundamento de la familia éste constituye una de las más importantes instituciones del derecho civil. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 312; Morales v. Vélez, 75 D.P.R. 960 (1954); Cosme v. Marchand, 121 D.P.R. 225 (1988). Tan importante es esta institución para nuestra sociedad que para disolver el vínculo matrimonial siempre se requiere la intervención de los tribunales. La disolución sólo se concede si se demuestra, con evidencia admisible luego de una vista en los méritos, que está presente alguna de las causales o circunstancias es-tablecidas por ley o por la jurisprudencia.

Entre las causales de divorcio enumeradas en el Art. 96 del Código Civil, supra, se encuentra el trato cruel y las injurias graves. Tradicionalmente se ha reconocido que esta causal se refiere a aquella “acción ejercitada en deshonra, descrédito o menosprecio del otro cónyuge . . . son hechos que perturban la pacífica convivencia de los cónyuges y afectan directamente al deber general de respeto a la persona y a su integridad física. . .”. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, 2da ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1982, T. II, pág. 276. Para que se decrete el divorcio por la causal de trato cruel no es suficiente que no exista la mejor armonía en el hogar conyugal si se desconocen resultados graves que puedan derivarse de esas desavenencias. Albaladejo, op. cit., pág. 277.

De otra parte, no existe una definición detallada, precisa y sistemática de lo que constituye trato cruel. Esto hace necesario que se estudien y ponderen las circunstancias específicas de cada caso prestando particular atención, entre otras cosas, al medio social, grado de cultura de los cónyuges y la susceptibilidad de los seres involucrados. Albaladejo, op. cit.; F.H. Keezer, Keezer on the Law of Marriage and Divorce, 3ra ed., Indianápolis, Ed. The Bobbs-Merrill Co., 1946, pág. 411; Gómez v. Trujillo, 59 D.P.R. 468 (1941); Rundle v. Fraticelli, 60 D.P.R. 255 (1942); Delgado v. Mercado, 60 D.P.R. 585 (1942); Morales v. Vélez, supra, pág. 977. No cabe duda que un patrón de trato cruel e injurias graves, que tenga el efecto de hacer intolerable la vida conyugal al extremo de anular los fines legítimos del matrimonio, consti-tuye trato cruel. La conducta que da lugar a la causal debe ser de tal naturaleza que destruya la tranquilidad de espíritu y felicidad de la parte agraviada. De ordinario, no deben constituir trato cruel meras desavenencias que puedan fácil-mente olvidarse y que no impidan una reconciliación.

En cuanto a la evidencia que debe ser presentada para probar la causal de trato cruel hemos dicho que no basta presentar prueba cualquiera. Quien alegue la existencia de la causal deberá presentar en la vista en los méritos prueba preponderante, clara, satisfactoria y convincente que demuestre la existencia de actos específicos de crueldad o injuria. Manich v. Quero, 38 D.P.R. 93 (1928); Morales v. Vélez, supra; Olivieri v. Escartín, 79 D.P.R. 535 (1956).

En el caso de autos, según surge de la demanda, los ale-gados actos de trato cruel consistían en que la parte deman-dada había dejado de cumplir con sus obligaciones como es-posa “al no preparar la ropa de el Demandante para éste poder asistir a su trabajo [y] al no prepararle alimentos cuando llega[ba] de su empleo” (anejo 2, pág. 1) y que desa-tendió el hogar pasándose mucho tiempo en casa de unas amigas. Durante la vista del caso, la única prueba del de-mandante sobre los supuestos actos constitutivos de trato cruel consistió en su propio testimonio. Por su parte, la de-mandada declaró refutando al demandante y ofreciendo su propia versión de la situación existente en el matrimonio. Relató la forma en que el demandante la trató durante el tiempo en que convivieron y luego de éste abandonar el ho-gar. Ambos expresaron, sin embargo, que cuando el deman-dante se fue del hogar se llevó la mayor parte de los muebles y enseres. A base de esta prueba, el tribunal de instancia determinó que el demandante había demostrado la existen-cia de la causal de trato cruel. No podemos estar de acuerdo.

Una lectura de la exposición narrativa de la prueba clara-mente refleja que el demandante no demostró la ocurrencia de actos específicos de trato cruel, de una naturaleza y mag-nitud que hicieran intolerable la vida matrimonial, anulando los fines legítimos de éste. En su testimonio el demandante se limitó a declarar que su esposa, una joven de unos dieci-nueve (19) años, sin mucha educación y proveniente de un medio ambiente social de escasos recursos, no atendía sus obligaciones matrimoniales “como lo ‘tenía’ que hacer” y que desatendió “las cosas del hogar en el ‘último tiempo’”. E.N.P., pág. 1. La prueba del demandante, a lo sumo, lo que demostró fue la visión de mujer subordinada dentro del ma-trimonio que éste tenía y que no existía la mejor armonía en el hogar conyugal. El demandante estableció que entre los esposos habían desavenencias, pero éstas decididamente no eran de una naturaleza que impidiese una posible reconcilia-ción.

Debe tenerse siempre presente que el status del matrimonio no es meramente contractual, donde las partes tienen derecho a exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones contraídas. El matrimonio tiene como su eje central la naturaleza humana, con sus fragilidades, y debilidades, al igual que con su fortaleza. Éste se nutre del esfuerzo de ambas partes para limar asperezas y resolver los conflictos, reestablecer la armonía y conseguir la reconciliación. Para disolver el vínculo matrimonial hay que probar que existen causas graves y sustanciales. Olivieri v. Escartín, supra. En casos de tan alto interés público como son los de divorcio, el tribunal tiene el deber de cerciorarse que están presentes los elementos que requiere el Estado para disolver la unión en-tre los cónyuges. Morales v. Vélez, supra. En el caso de autos, el demandante no cumplió con el peso y quantum de la prueba impuesto a quienes deseen probar la existencia de trato cruel e injurias graves como fundamento para el divor-cio.

Analicemos ahora la conducta del demandante para con la demandada. Del testimonio del propio demandante surge, con meridiana claridad, la posición de subordinación y servi-lismo en que éste mantenía a su esposa. Durante el matrimo-nio él, aunque satisfacía los gastos de la casa, no permitía que ella participara en la administración de los bienes fami-liares, al extremo de que “[c]uando ella iba a comprar algo iban los dos juntos”. E.N.P., pág. 2. Éste, aparentemente, concebía la relación con su esposa como una en la que él, como la parte dominante de la sociedad conyugal, tenía control absoluto de las decisiones que afectaban a la pareja; mientras que ella quedaba relegada a un papel servil a ser desempeñado de acuerdo con los criterios y exigencias de su marido. En tan baja estima tenía el demandante a su es-posa que, al abandonar el hogar, “se llevó todo el mobiliario ... dejándole solamente la cama y la cuna del nene”. Anejo 1, pág. 2.

No cabe duda que esta conducta y actitud de menosprecio hacia el valor personal de la esposa constituye una afrenta a su dignidad. Crea una situación de agravio intolerable que genera odio y sospecha, a la par que enajena y dificulta la convivencia matrimonial. Constantes y conti-nuados ataques a la autoestima de una persona constituyen actos que pueden dar lugar a la causal de trato cruel. Véase H.L. Silverman, Marital Therapy: Moral, sociological and Psychological Factor, Charles C. Thomas, Publisher, 1972, págs. 127-130.

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Hechos relacionados con las determinaciones de custodia

La doctrina reiterada en nuestra jurisdicción es que, en relación con la concesión de custodia de un menor, los tribunales deberán guiarse siempre por el bienestar y los mejores intereses de dicho menor. Art. 107 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 383. Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976); Centeno Alicea v. Ortiz, 105 D.P.R. 523 (1977); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495, 508 (1978); Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987). Al hacer la determinación sobre custodia, los tribunales deberán tomar en consideración, entre otros, factores tales como: la edad del menor, su sexo, su salud mental y física, su preferencia, la habilidad de las partes para satisfacer las necesidades afectivas, económicas y morales del menor, y la interrelación del menor con los padres. Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 573 (1961); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra.

En el caso de autos, en relación con la custodia del menor, además de las partes declararon Neida Velázquez Negrón, Trabajadora Social de la Oficina de Relaciones de Familia, y el Técnico de Servicios Sociales Antonio Vargas Bernard. El tribunal también tuvo el beneficio del informe preparado por la señora Velázquez Negrón. Un análisis integral de la totali-dad de la exposición narrativa de la prueba y del informe refleja que el tribunal de instancia no abusó de su discreción al otorgar la custodia al padre. De la prueba surge que aun-que tanto el padre como la madre interaccionan afectiva y adecuadamente con el menor, el padre parece, al momento, estar en mejor posición para atender el bienestar físico y emocional del niño.

El récord en este caso no refleja error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, por lo que no existe fundamento en derecho para intervenir con la determinación de los hechos que hizo el tribunal de instancia con respecto a la custodia del menor. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982). El tribunal de instancia conserva jurisdicción sobre esta materia, por lo cual si en cualquier momento cambian las circunstancias que dieron lugar a la presente determinación de custodia, cualesquiera de las partes podrá recurrir al mismo y solicitar la modificación que estime pertinente. Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985); Marrero Reyes v. García Ramírez, supra; Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346 (1975).

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que mo-difique la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Baya-món, el 6 de mayo de 1987. Se revocará la parte de la senten-cia que decreta el divorcio por trato cruel a favor del de-mandante Sr. Raymond Sánchez Cruz, se concederá el divorcio por la causal de trato cruel a favor de la demandada Sra. Lorraine Torres Figueroa y se devolverá el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

       Entre los actos alegados como trato cruel estaban la extrema indiferencia mostrada por el marido, el haberla abandonado llevándose la mayor parte de los muebles del hogar y el no darle dinero.

       En la demanda, sobre este particular, el demandante alegó lo siguiente:
      “4. Que la Parte Demandada, de un tiempo a esta fecha ha dejado de cumplir con sus obligaciones como esposa al no preparar la ropa de el Demandante para éste poder asistir a su trabajo, al no prepararle alimentos cuando llega de su empleo a su residencia.

        “5. La Parte Demandada ha desatendido el hogar de su matrimonio al ex-tremo de pasarse todas las horas del día en la casa de unas amigas suyas resi-dentes de el mismo Condominio donde residen las partes de epígrafe.” Anejo 2, pág. 1.

       E.N.P., pág. 2.

       El demandante también alegó ciertos hechos ocurridos luego que él aban-donara el hogar. El tribunal aparentemente no le mereció credibilidad a su ver-sión sobre el particular.

       Un incidente con el niño cuando ya estaban separados demuestra clara-mente en la poca estima en que, como ser humano, el demandante tenía a la demandada. Ni siquiera la consideró capacitada y apta para atender y dar trata-miento a su hijo para una irritación en el área de los órganos genitales. Optó por quitarle la custodia del niño y que otra persona se encargara de su cuido y trata-miento.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Bernardo L. La Fontaine Martell.

      Número: 5560

      Resuelto: 17 de marzo de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

   PER CURIAM:

Con fecha de 19 de octubre de 1988, el Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspec-ción de Notarías, nos informó que el notario Bernardo L. La Fontaine Martell no había rendido los índices notariales desde la semana del 18 de mayo de 1986 ni el informe anual para 1987. También señaló que había constatado con el Cole-gio de Abogados que el notario no había pagado la fianza notarial por los años 1987 y 1988.

El 3 de noviembre de 1988 concedimos término al licen-ciado La Fontaine Martell para que reaccionara al informe del Director de la Oficina de Inspección de Notarías y mos-trara causa, si alguna, por la cual no debía ser disciplinado por su incumplimiento con el ordenamiento legal vigente.

El 15 de diciembre de 1988 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías compareció e informó que el notario no había cumplido con lo ordenado en la resolución anterior. Mediante Resolución de 12 de enero de 1989, sua sponte, le concedimos al notario un término final de veinte (20) días “bajo apercibimiento de suspensión de la abogacía y del no-tariado, para cumplir con nuestra Resolución del 3 de no-viembre de 1988”. Del expediente surge que esta resolución fue entregada personalmente al notario el 1ro de febrero de 1989.

Al día de hoy, el licenciado La Fontaine Martell no ha comparecido.

Su actuación menoscaba la jurisdicción disciplinaria de este Foro y “atenta contra el compromiso de mantener y con-tribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz en nuestra socie-dad”. In re Ayala Hernández, 121 D.P.R. 758, 760 (1988).

Su conducta amerita la imposición de una inmediata san-ción según lo intimado en nuestra Resolución de 12 de enero de 1989. Por ende, se le suspende provisionalmente del ejer-cicio de la abogacía y del notariado en Puerto Rico.

Se dictará la sentencia correspondiente.