text:
    Enrique Mercado del Valle y otros, demandantes y recurrentes, v. Panthers Military Society, Inc. y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-88-420

      Resuelto: 2 de enero de 1990

      José M. Biaggi Junquera, abogado de los recurrentes; Santiago . Mari Roca, de Ribas, Biaggi & Mari, abogado de la Corpora-ción Insular de Seguros de Puerto Rico, recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Una vez más resolvemos que la búsqueda de la verdad y de que se cumplan los elementales principios de justicia no puede depender de las “habilidades o destrezas téc-nicas” de los abogados. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88, 91 (1985).

Expedimos auto para revisar la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, que desestimó la re-clamación contra la Corporación Insular de Seguros de Puerto Rico a tenor con la Regla 89.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por no haber ésta sido emplazada a pe-sar de haber transcurrido más de dos (2) años desde que fue formalmente incluida como parte. Revocamos.

Un análisis de los autos, especialmente de las comparecencias de los abogados de la asegurada, Universidad de Puerto Rico (U.P.R.), Recinto Universitario de Mayagüez (R.U.M.) y de su aseguradora, Corporación Insular de Seguros de Puerto Rico (Corporación), revela que la última se sometió a la jurisdicción del tribunal a pesar de no haber sido emplazada mediante el diligenciamiento de un emplazamiento formal. Es de estricta aplicación lo resuelto en Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 686 (1989), de que “si la nueva parte comparece voluntariamente y realiza algún acto sustancial que la constituya en parte en el pleito, se somete a la jurisdicción del tribunal y esto hace innecesario el trámite de notificación y emplazamiento de la Regla 4, supra. Claudio v. Casillas Mojica, 100 D.P.R. 761, 773 (1972)”. Veamos.

Esta es una reclamación de daños y perjuicios por la muerte del joven Arnaldo Mercado Pérez causada por los actos delictivos y negligentes de los miembros de la sociedad estudiantil conocida como “Las Panteras” al participar en la “iniciación” como miembro de dicha organización. Se alegó que:

5. El R.U.M. fue negligente al no impedir la actividad ni supervisar la misma a pesar de que tenía obligación de así hacerlo y estar advertido de que en ocasiones previas en acti-vidades similares los participantes de las mismas habían su-frido daño físico y mental.() Apéndice, pág. 2.

Se incorporó la alegación Ñúm. 8 a los efectos de que:

Los demandados Compañías de Seguro X y Z son las com-pañías de seguros que tienen o tenían pólizas expedidas que cubren los hechos anteriormente descritos.()

El 18 de abril de 1984 comparecieron conjuntamente la U.P.R. y el R.U.M. para pedir prórroga y así contestar. En ese momento estaban representados por el Bufete Ledesma, Palou & Miranda. El 10 de mayo de 1984 los abogados de la Oficina de Asuntos Legales de la U.P.R. se unieron a la re-presentación legal. El 15 de mayo de 1984 el Bufete Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez presentó la moción si-guiente:

Comparece (sic) los abogados suscribientes y al Hoñ. Tribunal respetuosamente informan a este Hon. Tribunal que se nos ha pedido que comparezcamos en nombre de la Universi-dad de Puerto Rico en el presente caso en unión al distinguido compañero Rubén Nigaglioni y la oficina de Ledesma, Palou & Miranda.
Por Todo Lo Cual, muy respetuosamente se suplica del Hon. Tribunal de aquí en adelante como abogados de la Uni-versidad de Puerto Rico en este caso, en unión al distinguido compañero y oficinas antes mencionada[s]; en adición, supli-camos del Hon. Tribunal ordene a todas las partes a que nos notifiquen con copia de los documentos que hayan presentado en este caso a partir de la radicación de la demanda.

El 22 de mayo de 1984 la U.P.R. presentó una contesta-ción a la demanda (demanda contra parte y reconvención) que fue suscrita y firmada por los abogados Luis F. Montijo, del Bufete Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez, y Ru-bén T. Nigaglioni, del Bufete Ledesma, Palou & Miranda.()

El 22 de febrero de 1985 el Bufete Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez presentó la solicitud siguiente:

1. Que este caso fue referido a los abogados suscribientes por su cliente Corporación Insular de Seguros.
2. Que a tenor con el contrato de seguros existente entre el asegurado y la compañía aseguradora, es ésta la que tiene la responsabilidad de designar el abogado que deba representar a su asegurado y a ella misma si fuere necesario.
3. Que la relación de abogado y cliente, existente entre los abogados suscribientes y Corporación Insular de Seguros ha sido dada por terminada por existir desacuerdos irreconcilia-bles entre ambos y haberse pedido la renuncia de los abo-gados suscribientes por la dicha aseguradora:
4. Que de esta renuncia de representación se está notifi-cando a Corporación Insular de Seguros, a su dirección Te-tuán 255, Viejo San Juan, P.R. y a su otro representado(s) Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Ma-yag[ü]ez, GPO Box 4984-G, San Juan, Puerto Rico 00936-4984.

POR Todo lo Que, del Honorable Tribunal respetuosa-mente se suplica se sirva conceder la renuncia solicitada y dar por apartados de esta causa a este Bufete y conceda un tér-mino de treinta días para conseguir representación legal, sus-pendiendo todo procedimiento dentro de ese término. Apén-dice, pág. 14.

El tribunal emitió la orden siguiente:

Con lugar.
Se concede a la Corporación Insular de Seguros, treinta (30) días para anunciar su nueva representación profesional. Apéndice, pág. 15.

Nadie objetó que se le concediera un término a la Corpo-ración, a pesar de que ésta no había sido incluida como parte formal. El 26 de abril de 1985 el Bufete Vargas & Rivé asu-mió la representación de la U.P.R., la cual fue admitida por el tribunal.

El 13 de marzo de 1986 el tribunal admitió la demanda enmendada en la que, entre otras cosas, se enmendó el pá-rrafo ocho para alegar que la Corporación expidió una póliza que cubre el pago de daños que se ocasionen a terceros por la culpa o negligencia del R.U.M.

El 29 de enero de 1987 el tribunal ordenó a los deman-dados hacer alegación responsiva a la demanda enmendada. En la vista sobre el estado de los procedimientos de 16 de marzo de 1987 se le requirió al licenciado Nigaglioni que in-formara si continuaría representando a la U.P.R. y al R.U.M. conjuntamente con el Ledo. David Rivé-Rivera. El licenciado Nigaglioni presentó la moción siguiente:

Comparece la Universidad de Puerto Rico representada por el abogado que suscribe y respetuosamente expone y soli-cita.
1. El suscribiente recibió una copia de la minuta del 19 de marzo de 1987 en la que se solicita una aclaración de si el abogado que suscribe continuará representando a la Universi-dad de Puerto Rico conjuntamente con el Ledo. David Riv[é]-Rivera.
2. Por la presente se le informa al Honorable Tribunal que el suscribiente en efecto continuará representando a la Uni-versidad de Puerto Rico conjuntamente con el Ledo. Riv[é]-Rivera en el exceso que pudiera haber de la cubierta de se-guro.
Por Todo lo Cual, respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal dicho conocimiento de lo anteriormente . relacionado. Apéndice, pág. 43.

La demanda enmendada fue contestada por el licenciado Rivé-Rivera a nombre de la U.P.R. Allí no se negó que la Corporación era la aseguradora de la U.P.R. y del R.U.M.()

El licenciado Rivé-Rivera renunció a la representación legal de la U.P.R. el 15 de junio de 1988, pero hizo constar que ha representado a la U.P.R. por encomienda de la Corpo-ración y que, por instrucciones de ésta, la representación legal le ha sido asignada al Bufete Reichard & Martínez de Aguadilla. Este bufete asumió la representación legal el 17 de junio de 1988.

Así las cosas, un nuevo magistrado (Honorable Brau Ra-mírez, Juez) ordenó én la conferencia sobre los estados de los procedimientos que la parte demandante mostrara causa por la cual no debía desestimarse la demanda contra la Corpora-ción.()

En su contestación, la demandante afirmó que ténía cono-cimiento desde los comienzos del pleito dé que los abogados de la Corporación representaban a la U.P.R. y al R.U.M. por encomienda de la Corporación, y que éstos siempre estuvie-ron notificados de todos los procedimientos. A pesar del anterior historial, el tribunal desestimó y rehusó reconsiderar su dictamen.

Como apuntamos anteriormente, podemos resolver que la aseguradora se sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal, pero hay otros factores que también militan en contra de la posición técnica del tribunal y de la recurrida.

Los actos de los abogados de la aseguradora y su asegurada justifican cualquier confusión de parte de los demandantes al entender que no era necesario emplazar formalmente a la aseguradora.

Ante esas circunstancias, podemos colegir que de haber obligación de emplazar hubo justa causa o negligencia excusable para no diligenciar el emplazamiento. In re Fernández Torres, 122 D.P.R. 859 (1988); Pietri González v. Tribunal Superior, 117 D.P.R. 638 (1986); Ortalaza v. F.S.E., 116 D.P.R. 700 (1985); Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 679 (1981).

En este caso, aunque a principios la aseguradora era una parte con nombre desconocido, una vez se conoció el nombre por la información presentada por ella y su asegurada, el demandante cumplió con su deber de enmendar la demanda para incluirla como parte y su abogado quedó notificado con tiempo suficiente para comparecer y defenderse. Ello, unido a su renuncia implícita, cumple sustancialmente con las normas procesales aplicables. Núñez González v. Jiménez Miranda, 122 D.P.R. 134 (1988).

Dentro de la totalidad de las circunstancias presentes, se cumple más adecuadamente y con mayor justedad la política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos (Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, supra; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807 (1986), y Maldonado v. Srio de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982)) permitiendo que la Corporación continúe en el pleito como parte demandada. Dicha parte no ha demostrado que al así resolver le estemos causando perjuicios reales y sustanciales.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no inter-vino.

      (1) No emitimos juicio sobre la suficiencia de las alegaciones en cuanto a la responsabilidad del Recinto Universitario de Mayagüez (R.U.M.) y su asegura-dora.

      (2) Entre las demandadas emplazadas figuran la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.), el R.U.M. y el Estado Libre Asociado. Se demandó a la sociedad y un grupo de sus miembros que presuntamente participaron en los actos que produje-ron el deceso.

      (3) También comparecieron los abogados internos de la U.P.R.

      (4) Por el contrario, se hizo formar parte la alegación de la contestación original de que ello no requiere alegación responsiva.

      (5) Aparentemente el magistrado actuó a instancia propia. Por lo menos no hay en los autos una solicitud formal de la Corporación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    La Sucesión de Ramón Ortiz Ortiz y de Mercedes Rivera Rivera, et al., demandantes y peticionarios, v. Fernando Campoamor Redín y su esposa Adalis Marie Torres Negrón, et al., demandados y recurridos.

      Número: CE-89-871

      Resuelto: 10 de enero de 1990

      Heriberto Febus Bernardini, abogado de los peticionarios; Fernando Olivero Barreto, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los demandantes peticionarios, miembros de la Sucesión de Ramón Ortiz Ortiz y de Mercedes Rivera Rivera, son pro-pietarios de unos terrenos, sitos los mismos en el Barrio Llanos de Aibonito, Puerto Rico, los cuales colindan con te-rrenos pertenecientes a los demandados recurridos Fernando Campoamor Redín y su esposa Adalis Marie Torres Negrón. Con motivo de unas desavenencias ocurridas entre las partes —relativas las mismas, entre otras, a unas ale-gadas alteraciones de colindancias y la construcción de trin-cheras en terrenos de los demandantes por parte de los de-mandados para el enterramiento de desperdicios— la parte demandante peticionaria radicó ante la Sala de Ponce del Tribunal Superior de Puerto Rico una acción sobre sentencia declaratoria, injunction y daños y perjuicios. Conjunta-mente con la demanda, radicaron los demandantes ante el foro de instancia una moción en la que, conscientes de que conforme las disposiciones pertinentes de nuestro ordena-miento jurídico la Sala con competencia era la de Aibonito, solicitaron que la Sala de Ponce asumiera jurisdicción. Basa-ron dicha petición en que el codemandado Campoamor Redín desempeñaba el cargo de Juez Superior en la Sala de Aibo-nito, por lo que no era apropiado que el asunto se ventilara en la misma. La parte demandada solicitó el traslado del caso a la Sala de Aibonito, solicitud que fue declarada con lugar por el tribunal de instancia.

La parte demandante acudió ante este Tribunal, vía cer-tiorari, en revisión de dicha determinación imputándole al foro de instancia error al así actuar. Mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 1989, a solicitud de los deman-dantes, ordenamos la paralización de los procedimientos a nivel de instancia. En el día de hoy, resolvemos el recurso, sin ulterior trámite, al amparo de la Regla 50 de nuestro Re-glamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

HH

La Regla 3.2 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 dispone:

Los pleitos en relación con el título o algún defecho o in-terés en bienes inmuebles deberán presentarse en la sección o sala correspondiente a aquella en que radique el objeto de la acción, o parte del mismo, sin perjuicio de las normas gene-rales de competencia y traslado establecidas en las Reglas 8.1 y 3.5. (Énfasis suplido.() 32 L.P.R.A. Ap. III.

Es por ello que, desde un punto de vista estrictamente téc-nico, resulta correcta en derecho la resolución recurrida. La Sala del Tribunal Superior de Puerto Rico con competencia para ver el caso lo es, conforme las disposiciones pertinentes de las Reglas de Procedimieñto Civil, la Sala de Aibonito.

Ello, sin embargo, no dispone del asunto. Existe una realidad que no podémos ignorar. El codemandado, Hon. Fernando Campoamor Redín, es un Juez Superior asignado, de manera regular, a la Sala de Aibonito del Tribunal Superior. Dilucidar el caso en la referida Sala implica que un compañero juez de éste, el cual comparte día a día y hombro con hombro en la Sala de Aibonito la gran responsabilidad de impartir justicia, tendrá la difícil encomienda de pasar juicio sobre la credibilidad de un compañero de labores. Ello, en adición a situar en una angustiosa situación a dos compañeros jueces, puede poner en entredicho y causar un gran daño a la imagen de la justicia en nuestra jurisdicción.() A esos fines, la Regla 3.5(b) de las citadas Reglas de Procedimiento Civil le concede facultad a un tribunal para ordenar el traslado de un pleito de una sala a otra “cuando ... los fines de la justicia así lo requieran”, 82 L.P.R.A. Ap. IX. Esta es una de esas situaciones.()

Los tribunales de justicia tenemos el deber de velar por que la “balanza” en que se pesan los derechos de todos nuestros conciudadanos esté siempre libre de sospechas, aun cuando las mismas sean infundadas. Cf. Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 482 (1958). Procede en consecuencia, y por excepción, que la acción civil que origina el presente recurso se dilucide en el Tribunal Superior, Sala de Ponce.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto y se dictará sentencia revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce; devolviéndose el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

      (1) Véase Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712 (1953). Véase, en adición, M.A. Velázquez Rivera, Jurisdicción y competencia de los tribunales de Puerto Rico, 48 Rev. Jur. U.P.R. 27, 37 (1979).

      (2) Resulta procedente mencionar el hecho de que, mediante Resolución de fecha 29 de diciembre de 1989, el Juez Administrador del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aibonito —Hon. Luis A. Juan— se inhibió de “actuar judi-cialmente en este caso ya que tiene conocimiento sobre algunos hechos esenciales que motivan el mismo”.

      (3) Cf. Longoria v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 267 (1974).


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Waldemar Vélez Toro y otros, demandantes y recurridos, v. José R. Látimer, demandado y recurrente.

      Número: RE-89-19

      Resuelto: 12 de enero de 1990

      Tomás E. Vivoni, abogado del recurrente; Ardellie Ferrer, abo-gada de los recurridos.
   SENTENCIA

Los demandantes son dueños de varios predios de te-rreno que colindan con la finca del demandado. En la finca del demandado hay varios árboles cerca de la colindancia cuyas ramas se extienden a las propiedades de los deman-dantes.

El 20 de julio de 1988 los demandantes iniciaron la pre-sente acción de daños y perjuicios al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. see. 2761. () Alegaron que los árboles constituían un estorbo público y una limitación a su derecho de propiedad. También adujeron que en múltiples ocasiones, por escrito y personal-mente, le habían solicitado al demandado que eliminase los árboles y éste se había negado, alegando que él no fue el que los sembró.

Posteriormente, la parte demandante presentó varias fo-tografías y cartas para que el tribunal dictase sentencia por el expediente. La parte demandada se allanó a ello.

El 12 de diciembre de 1988 el tribunal de instancia dictó sentencia según los Arts. 527 y 528 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1803 y 1804, que leen así:

See. 1803. Arboles
No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costum-bre del lugar, y en su defecto a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.
Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad.
Sec. 1804■ Ramas y raíces de árboles
Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan so-bre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en el suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.

Ordenó al demandado arrancar los árboles que se encon-trasen a menos de cincuenta (50) centímetros de la colindan-cia de los predios de los demandantes, así como aquellos ar-bustos o árboles mayores de seis (6) pies de altura que se encontrasen sembrados a menos de dos (2) metros de distan-cia de dichas colindancias. Además, ordenó cortar las ramas o raíces de cualquier árbol sembrado en la propiedad del de-mandado que se extendiera sobre los predios de los deman-dantes, independientemente de la distancia a que se hallen sembrados.

No conforme, el demandado presentó recurso de revisión alegando que el tribunal de instancia cometió error al no de-sestimar la demanda (presentada bajo las alegaciones de perturbación o estorbo público) por insuficiencia de prueba, y al dictar sentencia aplicando un derecho que no fue rogado, alegado, probado y que trata de una materia distinta a la controversia entablada.

I

El propósito de las alegaciones es bosquejar la controver-sia a grandes rasgos para notificar a la parte contraria, de esta forma, sobre las contenciones y reclamaciones en su contra. Así, la parte demandada queda debidamente aperci-bida y puede comparecer, si lo desea, a defenderse de lo que le reclaman. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Proce-dimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1984, Vol. II, Cap. III, pág. 47. Reiteradamente hemos resuelto que aunque la súplica de la demanda no forma parte de ésta, sirve para interpretarla. Rivera v. Sucn. Lugo, 42 D.P.R. 189 (1931); Isern v. Benítez, 57 D.P.R. 342, 352 (1940); García v. García, 70 D.P.R. 949, 957 esc. 1 (1950); Sánchez v. De Choudens, 76 D.P.R. 1, 11 esc. 2 (1954); Rivera v. Otero de Jové, 99 D.P.R. 189, 194 (1970).

En el caso de autos, los demandantes iniciaron su acción al amparo del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra. En ningún momento hicieron las alegaciones necesa-rias para enmarcar su acción dentro del Art. 527 del Código Civil, supra. No alegaron que los árboles sembrados en el patio del demandado estuviesen a una distancia no autori-zada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, o a menos de dos (2) metros de distancia de la línea divisoria de las heredades, por lo cual deberían ser arrancados. Se limitaron a señalar que los árboles en cuestión debían ser arrancados debido a que constituían un estorbo público, ya que las hojas y ramas de los mismos, así como sus frutos, caían sobre sus patios, trayendo con ello sabandijas.

Interpretando las alegaciones de la demanda junto con la súplica, concluimos que el demandado no fue debidamente notificado de úna reclamación en su contra al amparo del Art. 527 del Código Civil, supra. Él limitó su contestación a lo que se le reclamaba: la eliminación de un estorbo público. Bajo estas circunstancias, si los demandantes no probaban la exis-tencia de un estorbo público, a tenor con lo dispuesto en el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, procedía la desestimación de la demanda salvo, claro está, que pudie-sen demostrar que ésta quedó enmendada por la prueba. Re-gla 13.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

HH

La única prueba que tuvo ante si el foro de instancia fue: (a) cuatro (4) fotografías a color que muestran la cerca que divide las propiedades de los demandantes de la del deman-dado y unos árboles y arbustos en la propiedad del deman-dado, algunas de cuyas ramas penetran al terreno colindante de los demandantes; (b) tres (3) cartas dirigidas al deman-dado relacionadas con el problema de los árboles, y (c) una (1) fotocopia de los Arts. 527 y 528 del Código Civil, supra. Esta prueba no fue objetada por el demandado. La Regla 13.2 de Procedimiento Civil, supra, autoriza las enmiendas á las alegaciones para conformarlas con la prueba. Analicemos la prueba admitida y no objetada en el caso de autos.

Las cuatro (tí fotografías. A lo sumo, lo que éstas prue-ban es la existencia de árboles y arbustos en la propiedad del demandado, cerca de la colindancia de dicha propiedad con la de los demandantes, y que algunas de las ramas de éstos penetran la propiedad de los demandantes.

Las tres (3) cartas. Éstas simplemente demuestran que los demandantes le hicieron varias reclamaciones al deman-dado relacionadas con las molestias que los árboles y ar-bustos en cuestión les ocasionaban.

La fotocopia de los artículos del Código Civil. No se con-sidera prueba. Surge pues, con patente claridad, que los de-mandantes no presentaron prueba sobre los elementos bá-sicos del Art. 527 del Código Civil, supra, que los hicieran acreedores al derecho a solicitar que se arrancasen los ár-boles y arbustos sembrados en el predio del demandado. La prueba presentada, por lo tanto, no tuvo el efecto de enmen-dar las alegaciones de la demanda para aducir una reclama-ción al amparo del Art. 527 del Código Civil, supra. La prueba no demostró que los árboles en la propiedad del de-mandado estuvieran a una distancia menor que la autorizada por las ordenanzas o la costumbre del lugar, o en su defecto, a menos de dos (2) metros de la colindancia, ni que los ar-bustos estuviesen a menos de cincuenta (50) centímetros. Sin embargo, las fotografías sí demostraron que algunas de las ramas de los árboles y arbustos se extendían a los patios de los demandantes. Esta prueba, por lo tanto, tuvo el efecto de enmendar las alegaciones de la demanda y establecer una reclamación al amparo del Art. 528 del Código Civil, supra.

Tomando en consideración lo antes señalado, concluimos que el demandado no incurrió en temeridad al defenderse de la reclamación en su contra. Los honorarios de abogado no proceden.

Por todo lo antes expuesto, se modifica la sentencia dic-tada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, el 6 de diciembre de 1988, eliminando la parte de dicha sentencia que ordena al demandado arrancar todos los árboles que se encuentren sembrados a menos de cincuenta (50) centíme-tros de la colindancia de los predios de los demandantes, así como aquellos arbustos o árboles mayores de seis (6) pies de altura que se encuentren sembrados a menos de dos (2) metros de distancia de dichas colindancias, y pagar los hono-rarios de abogado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario General. El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Desde su génesis el ser humano jamás ha negado al árbol su enlace con la Vida. Así, los antiguos acuñaron esa concep-ción de vitalidad en la frase que hoy perdura: “el árbol de la vida.” Y es que la savia del árbol, como la sangre, parece sustentar y sostener el cuerpo natural en que habitamos. Las virtudes acuden fácilmente en su elogio. Desde el signo visible de una presencia que agrada, que sosiega y vivifica, hasta funciones que la vida moderna nos descubre para lo que sólo parecía fruto y paisaje. Los ojos se enriquecen, se pueblan de su imagen que hermosea. Todo parece acrecentarse en reposo con su sola presencia: el árbol habla de paz, de alivio, de sombra y de cobijo, mientras la tierra despoblada de flora se nos antoja zona de desamparo y desconsuelo. El entorno urbano de nuestro tiempo, que con frecuencia surge a costa de la dolorosa eliminación del árbol existente, recurre de nuevo a la plantación de otro y le asigna funciones impor-tantes. Su valor ecológico es incuestionable. Mejora la vida humana, la limpia y purifica, y permite su disfrute en un ni-vel más alto de pulcro bienestar. No sólo lo ocupa en la confi-guración del paisaje que el hombre inventa a gusto y volun-tad, sino que, al igual que en el pasado, el árbol puede cum-plir con el oficio de delimitador de propiedades.

Se imponen, sin embargo, unas consideraciones que no invalidan este inventario de'virtudes. Como ocurre en varias áreas, la actual vida urbana puertorriqueña exhibe unos per-files de conducta que obligan a examinar otros aspectos rela-cionados con la presencia del árbol. Las consideraciones son innegables: la alta densidad poblacional y la continua segre-gación del espacio constituyen factores que limitan su pre-sencia y la sujetan a unos cánones que es necesario observar. Los árboles, en toda su indiscutible magnificencia, pueden constituir motivo de incomodidad y discordia.

Frente a esa panorámica, es menester revisitar la norma-tiva tradicional del Código Civil e insuflarle una interpreta-ción acorde con los tiempos que permita lidiar con justicia controversias de este género. La nueva situación creada por el urbanismo espiral exige un reconocimiento de esa reali-dad. La salida feliz e ideal a disputas generadas por las inno-vaciones suscitadas por el mantenimiento de los árboles en la comunidad urbana es el arreglo amistoso entre vecinos. Siempre es preferible la solución amigable al recurso judicial, que a la postre resultará más costoso y molestoso, y en lugar de aunar propicia el distanciamiento vecinal. Expon-gamos su trasfondo procesal y fáctico.

I

El 20 de julio de 1988 los esposos Vélez-Vega, González-Ramírez y Flores-Rivera presentaron en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, una demanda (enmendada una se-mana después) contra el Dr. José R. Látimer por daños y perjuicios, al amparo del Art. 277 del Código de Enjuicia-miento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. see. 2761.() Alega-ron respectivamente ser dueños de tres (3) predios colin-dantes con una finca del doctor Látimer. Según las alega-ciones quinta y sexta, en dicha finca “a todo lo largo de la colindancia este, tiene allí sembrado árboles corpulentos de gran follaje —de mangó, quenepas, teca y otros— que du-rante todo el año sus hojas, ganchos secos, frutas y saban-dijas invaden y afectan el uso y disfrute de [sus] propieda-des ... [y] que ello ha producido el que los demandantes hayan tenido que incurrir en el triple de gastos para la lim-pieza de sus patios”. Solicitud de revisión, Exhibit III, pág. 8. Adujeron que esa situación constituía un estorbo y una limitación a sus derechos propietarios, y que en múlti-ples ocasiones —personalmente y por escrito— le habían so-licitado la eliminación de “dichos árboles y éste se ha[bía] negado a ello, alegando que él no fue el que los sembró”. Solicitud de revisión, Exhibit III, págs. 8-9. Solicitaron que fueran removidos. Además, cada uno reclamó $10,000 por alegados daños, más las costas, gastos y honorarios de abo-gado. Previa citación, Látimer contestó y negó expresa-mente todas las alegaciones, excepto la quinta y la sexta antes transcritas, sobre las cuáles no formuló respuesta al-guna.

La vista del caso se celebró el 15 de noviembre de 1988. No desfiló prueba testifical. La documental —Exhibit I (A-D) a V— por estipulación, consistió de cuatro (4) fotografías a co-lores, tres (3) cartas y fotocopias de los textos de los Arts. 527 y 528 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1803 y 1804. Con dicha prueba y las alegaciones de las partes quedó el caso sometido.

El 6 de diciembre de 1989 el ilustrado foro de instancia (Hon. Hiram A. Sánchez Martínez, Juez) dictó sentencia fun-dada en los Arts. 527 y 528 del Código Civil, supra, que esta-blecen:

See. 1803. Arboles
No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costum-bre del lugar, y en su defecto a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si. la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.
Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad.
Sec. 1804: Ramas y raíces de árboles
Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan so-bre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles vecinos las que se extendiesen en el suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo dentro de su heredad.

Luego de exponer que el demandado Látimer “se allanó a que se decidiera [la] controversia de conformidad con lo que disponga la ley”, se pronunció del siguiente modo:

I
Los demandantes son dueños de varios predios de terreno que colindan con la finca del demandado. De la prueba docu-mental surge que en la finca del demandado hay varios árboles en o cerca de la colindancia cuyas ramas se extienden a las propiedades de los demandantes. Presumimos que otro tanto ocurre con las raíces de dichos árboles.
I — I hH
El Art. 527 del Código Civil (31 LPKA sec. 1803) dispone lo siguiente:
“No se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a la distancia autorizada por las ordenanzas o la costum-bre del lugar, y en su defecto a la de dos metros de la línea divisoria de las heredades si la plantación se hace de árboles altos, y a la de 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos.
Todo propietario tiene derecho a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad.”
De igual modo, el Art. 528 (sec. 1804) expresa que:
“Si las ramas de algunos árboles se extendieren sobre una heredad, jardines o patios vecinos, tendrá el dueño de éstos derecho a reclamar que se corten en cuanto se extiendan sobre su propiedad, y si fueren las raíces de los árboles ve-cinos las que se extendiesen en el suelo de otro, el dueño del suelo en que se introduzcan podrá cortarlas por sí mismo den-tro de su heredad.”
Como puede apreciarse de la simple lectura de dichos ar-tículos, ambos regulan situaciones distintas. El Art. 527 re- gula la distancia mínima de los predios colindantes en que no se podrán sembrar o mantener árboles. El Art. 528 aplica a aquellos árboles sembrados a la distancia autorizada de la colindancia (a más de dos metros o cincuenta centímetros, según sea el caso) pero cuyas ramas o raíces se proyectan a los fundos ajenos. En el primer caso el derecho de los dueños de los predios colindantes es a pedir que se arranquen los árboles y, en el segundo, a exigir que se corten las ramas o raíces que se extiendan a sus propiedades.
HH HH HH
Con estos antecedentes se ordena al demandado a que en plazo no mayor de 30 días arranque todos los árboles que se encuentren sembrados a menos de cincuenta centímetros de la colindancia de los predios de los demandantes así como aquellos arbustos o árboles mayores de seis pies de altura que se encuentren sembrados a menos de dos metros de distancia de dichas colindancias. Deberá, también, cortar las ramas o raíces de cualquier árbol sembrado en su propiedad que se extendieren sobre los predios de los demandantes indepen-dientemente de la distancia a que se hallen sembrados.
Se le apercibe al demandado que el incumplimiento de esta orden podrá dar lugar a que se le encuentre incurso en desa-cato civil.
Se le condena además al pago de las costas y $500 de hono-rarios de abogado. (Énfasis nuestro y nota omitida.) Solicitud de revisión, Exhibit I, págs. 1-3.

Inconforme, Látimer acudió ante nos. Como errores, plantea que el tribunal de instancia debió desestimar la de-manda presentada por perturbación o estorbo público debido a insuficiencia de prueba, y que aplicó un derecho no rogado, alegado, probado, que versa sobre una materia distinta a la controversia.

HH HH

Ambos señalamientos han encontrado eco hoy en la sen-tencia del Tribunal. Coincidimos con la normativa expuesta de que las alegaciones sólo tienen el propósito de bosquejar a grandes rasgos la controversia y así notificar y apercibir a la parte contraria de las contenciones y reclamaciones en su contra. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959); Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Proce-dimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1984, Vol. II, Cap. III, pág. 47.

Sin embargo, diferimos de la conclusión de que Látimer no fue debidamente notificado de la reclamación por el sólo razonamiento de que los demandantes no iniciaron su acción bajo el Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, y en ningún momento hicieron alegaciones ni presentaron prueba para enmarcarla dentro del Art. 527 del Código Civil, supra. Ese análisis mayoritario es limitado. Está predicado en las conclusiones siguientes:

Las cuatro (tí fotografías. A lo sumo, lo que éstas prueban es la existencia de árboles y arbustos en la propiedad del de-mandado, cerca de la colindancia de dicha propiedad con la de los demandantes, y que algunas de las ramas de éstos pe-netran la propiedad de los demandantes.
Las tres (8) cartas. Éstas simplemente demuestran que los demandantes le hicieron varias reclamaciones al demandado relacionadas con las molestias que los árboles y arbustos en cuestión les ocasionaban.
La fotocopia de los artículos del Código Civil. No se consi-dera prueba. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 113.

En virtud de esas conclusiones, la sentencia sólo reco-noce que “las fotografías sí demostraron que algunas de las ramas de los árboles y arbustos se extendían a los patios de los demandantes [y ello] tuvo el efecto de enmendar las ale-gaciones de la demanda y establecer una reclamación al am-paro del Art. 528 del Código Civil, supra”. Opinión mayorita-ria, págs. 113-114. Por esa razón la mayoría opta únicamente por modificar el dictamen de instancia y, a tal efecto, elimina la orden de arrancar todos los árboles que se encuentren sembrados a menos de cincuenta (50) centímetros de la colin-dancia de los predios de los demandantes, así como aquellos arbustos o árboles mayores de seis (6) pies de altura que se encuentren sembrados a menos de dos (2) metros de distan-cia de dichas colindancias, y pagar los honorarios de abo-gado”. (Énfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 114.

HH HH HH

De entrada, para confirmar totalmente el dictamen del tribunal de instancia bastaría simplemente recordar dos (2) principios procesales elementales. El primero, que “[l]as aseveraciones contenidas en cualquier alegación que re-quiera una alegación respondiente y que no se refieran al monto de los daños, se tendrán por admitidas si no se nega-ren ...” (Regla 6.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill), y la segunda, que son los hechos alegados en una de-manda y la prueba “los que determinan la clase de acción ... y no el nombre que le den las partes”. Cuevas Segarra, op. cit.; Regla 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

En el caso de autos es evidente que Látimer, al no repli-car o negar en su contestación la alegación quinta de la de-manda, esto es, que en su propiedad y “a todo lo largo de la colindancia este, tiene allí sembrado árboles corpulentos de gran follaje —de mangó, quenepas, teca y otros— que du-rante todo el año sus hojas, ganchos secos, frutas y saban-dijas invaden y afectan el uso y disfrute de las propiedades pertenecientes a los demandantes”, aceptó ese hecho esen-cial. (Énfasis suplido.) Solicitud de revisión, Exhibit III, pág. 8.

Esa realidad no contradicha sería suficiente para derro-tar los planteamientos de Látimer acogidos por la mayoría de este Tribunal. Con ello admitió la existencia de un es-torbo que el tribunal ordenó remediar. Las cuatro (4) foto-grafías lo evidencian. Aunque su reproducción en la fotoco-piadora disponible de este Tribunal no es a colores, hemos optado por unirlas como apéndice a este disenso, pues refle-jan y configuran, en estos extremos, la corrección de las apreciaciones del foro de instancia.

Más allá de toda inferencia y especulación puede visual-mente comprobarse: (1) la proximidad, gran altura, propaga-ción de las raíces y magnitud del follaje de algunos árboles; (2) su extensión horizontal hacia los patios de las propie-dades de los demandantes; (3) un sinnúmero de las raíces y troncos principales fueron y están sembrados en la misma colindancia y, sobre todo, (Jf) que debido a esa peculiar ubi-cación, es razonable concluir que estaban así sembrados al momento de construirse la verja de deslinde —cuya base ahora es de cemento— sobre la cual existe y se erige una de alambre eslabonado (“cyclone fence”), razón por la cual al-gunos árboles y troncos quedaron incrustados.

Ahora bien, si queremos hacer cumplida y total justicia, esta realidad física abre una nueva dimensión jurídica en cuanto a la razón de decidir (ratio decidendi). Nos referimos al instituto de servidumbre de medianería. No es suficiente la modificación acordada por la mayoría del Tribunal, como tampoco confirmar, por el fundamento procesal antes alu-dido, la sentencia del foro de instancia. Aunque a la postre los Arts. 527 y 528 del Código Civil, supra, sean aplicables, resulta indispensable examinar otras disposiciones perti-nentes. Acometamos esa tarea.

IV

Las propiedades no existen aisladas, como en el mundo an-tiguo, sino unidas o cercanas materialmente las unas a las otras, y esta contigüidad, esta conjunción, determina una se-rie de interferencias, unas queridas y otras no deseadas, pero de todas formas reales y existentes, que a su vez provocan múltiples relaciones entre los particulares, de la máxima importancia. El conjunto de reglas que las disciplinan se ha denominado derecho de vecindad, y acusa desde su naci-miento un relieve extraordinario, ya que se trata desde el primer momento de conciliar los intereses de uno y otro, en una síntesis de armonía. (Énfasis suplido.) F. Puig Peña, Compen-dio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, Vol. II, pág. 137.

Como parte del conjunto de normas reguladoras del dere-cho vecinal, nuestro Código Civil, de herencia española, dis-pone una serie de normas que rigen las relaciones de predios contiguos, a cuyo amparo —bajo ciertas circunstancias— se presume la existencia de una servidumbre de medianería. A tal efecto, el Art. 508 del Código Civil preceptúa que se pre-sumirá la existencia de esta servidumbre “[e]n las cercas, vallados y setos vivos que dividen los predios rústicos”. 31 L.P.R.A. see. 1752.

Comenta Castán Tobeñas que “[s]e designa con la deno-minación —quizá poco exacta— de servidumbre de mediane-ría aquel conjunto de derechos y obligaciones que dimanan de la existencia y disfrute en común de una pared, cerca, vallado, etcétera, por parte de los dueños de edificios o pre-dios contiguos, separados por dichas divisiones”. (Nota omi-tida.) J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y forál, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1978, T. II, Vol. II, pág. 154. Ciertamente, y así lo confirma el propio Art. 515 del Código Civil nuestro, 31 L.RR.A. see. 1759, esta servidum-bre implica la existencia de una comunidad en cuanto a la titularidad del elemento común divisorio de los predios conti-guos.() Castán Tobeñas, op. cit., págs. 167-168.

Sobre el particular, en Monclova v. Blanco, 40 D.P.R. 305, 309-311 (1929), habíamos enfatizado que:

La pared [o elemento común] medianer[o] no ha sido ni puede ser consideradlo] nunca como propiedad dividida y de-terminada de cada uno de los colindantes de modo que cada uno de ellos puede atribuirse la propiedad y dominio exclu-sivo de la mitad contigua a su finca. Por el contrario, . . . [éste] ha sido considerad[o] siempre como propiedad común, como una comunidad de bienes de naturaleza indivisible en la que cada condueño adquiere el dominio en todas y en cada una de sus partes en la proporción de sus respectivas parti-cipaciones _“... En rigor, la medianería es una comunidad de bienes, una copropiedad, pero de carácter especial. . . . Cuando la ley concede a los copropietarios de un muro común el derecho de hacer en él alguna obra en interés exclusivo de quien la hace, y no en el de los demás copropietarios, seme-jante concesión no puede hacerse a mero título de copropie-dad, sino y al propio tiempo en virtud de un derecho de servi-dumbre. Para explicarse jurídicamente el aspecto por el cual la medianería tiene algo de servidumbre —gravamen en cosa ajena en beneficio de un fundo— nada mejor que analizar con-cretamente la relación que supone. El [elemento] medianero no es mío por entero, es de otro y mío —copropiedad;— pero ni el uno ni el otro podemos servirnos de él, para ciertos usos sobre todo, sino de un modo completo; todo el [elemento divi-sorio] en su integridad física sirve a los usos de los copropieta-rios —copropiedad indivisa — ; ahora bien: La indivisión del [elemento divisorio] y el uso de todo él por cada propietario, determinan el beneficio de quien lo usa, beneficio que se traduce en un gravamen que carga al otro propietario-” (Én-fasis en el original suprimido y énfasis suplido.)

Es evidente, pues, que servidos los propietarios de pre-dios colindantes de una hilera de árboles que separen sus respectivas fincas, el Código Civil expresamente les faculta a realizar en éstos ciertos actos característicos de la servidum-bre de medianería. En este sentido, el Art. 529 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1805, visualiza que los árboles que for-men parte de un seto vivo —“cercado de matas o arbustos vivos” (Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 1240)— habrán de presumirse medianeros, y cualquiera de los propietarios está facultado a exigir su derribo. Este articulado “parece autori-zar a cualquiera de los dueños para destruir árboles media-neros, lo que supone exigir la desaparición del objeto común por decisión unilateral de uno de los interesados”. J. Roca Juan, Comentarios al Código Civil y compilaciones for ales, Jaén, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, T. VII, Vol. 2, pág. 186. No obstante, se requerirá el consentimiento de los colindantes si estos árboles tienen el propósito de servir de mojones que marquen los linderos de las propiedades. Roca Juan, op. cit., pág. 185.

A pesar que el Art. 511 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1755, dispone que la reparación, construcción y manteni-miento del elemento común medianero será costeado por todos los propietários que se sirvan de la medianería, es ne-cesario distinguir las normas aplicables en cuanto a la nece-sidad y consecuencias de las obras a realizarse. C. Melón Infante, En torno a la situación de medianería en el Código Civil español, XXXII (Núm. 3) Rev.„Jur. U.P.R. 255,305-306 (1963). Concurrimos con su opinión, al resumir los efectos de estas distinciones en las dos (2) reglas siguientes:

la) Los gastos de reparación, construcción o mantenimiento de la medianería serán de cuenta de los dos medianeros cuando se trate de circunstancias que afecten al elemento me-dianero en su condición de tal y que interesen por igual a ambos partícipes, siendo, por otra parte, circunstancias oca-sionadas por fuerza mayor, caso fortuito, uso de la cosa o vicio propio de la misma.
2a) Los gastos en cuestión serán, en cambio, de cuenta de uno solo de los medianeros: a) Cuando se trate de hacer frente a circunstancias que sólo tienen interés para uno de los media-neros, siendo por completo indiferentes para el otro. . . . b) Cuando se trate de hacer frente a circunstancias ocasionadas por culpa de uno solo de los medianeros.... c) Cuando entre los interesados hubiere un convenio al respecto. Melón In-fante, supra, págs. 307-308.

Por otro lado, la prerrogativa concedida al propietario co-lindante sobre los árboles medianeros no debe confundirse con las disposiciones del Art. 528 del Código Civil, supra, que aplicó el foro de instancia. Dicho artículo reconoce a todo propietario —sobre cuya finca se extiendan ramas prove-nientes de árboles del vecino— el derecho a reclamar su poda en la medida que le invadan, y en el caso de raíces, autoriza a cortar las que penetren en su suelo. La distinción radica en que este Art. 528 es de aplicación, exclusivamente, cuando los árboles son ajenos, mientras que el Art. 529, supra, entra en juego cuando éstos son medianeros.()

Estas diferencias nos presentan una bifurcación en la fuente estatutaria y en el camino judicial a seguir en la con-troversia de autos. Por la naturaleza de los árboles situados “a todo lo largo de la colindancia este” (solicitud de revisión, exhibit III, pág. 8) —sean medianeros o no— la solución ju-rídica a esta disputa precisará la aplicación de normas dis-tintas, aunque todas converjan como resultado final en su remoción o poda. Veamos.

V

En circunstancias como la de autos, a pesar de que no sirvan su propósito original —sea de seto o de mojones— los árboles que fueron plantados y se encuentran en la colindan-cia de las partes se presumen medianeros. Esta presunción, no rebatida, aplica a aquéllos incrustados en la verja de ce-mento y alambre eslabonado existente.

Asimismo, las fotografías demuestran la existencia de unos árboles que originalmente servían de seto o de mo-jones, pero que al construirse la verja que hoy separa los predios, quedaron fuera —a uno y otro lado— de esa nueva construcción. La razón es sencilla. El albañil fue capaz de darle forma recta al muro de cemento —con el asentimiento o tolerancia de los vecinos— sin embargo, igual precisión no se podía lograr con una hilera de árboles sujetos a los inexo-rables cambios y transformaciones de una naturaleza viva en constante crecimiento. En cuanto a estos árboles, es menes-ter recordar que el Art. 507 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1751, preceptúa que “[l]a servidumbre de medianería se re-girá por las disposiciones de esta parte y por las ordenanzas y usos locales en cuanto no se opongan a ella, o no esté pre-venido en la misma”. (Énfasis suplido.) Dado su carácter supletorio, y ausente una disposición al respecto, correspon-derá a cada vecino la propiedad de los árboles según el lado de la verja en que hayan quedado. Esta conclusión está fun-damentada en la renuncia de los vecinos a su derecho de me-dianería sobre los mismos.

En resumen, en el presente caso nos confrontamos con árboles en dos (2) situaciones distintas: los medianeros total o parcialmente incrustados en la colindancia, y los que están totalmente a cada lado de la valla, irrespectivo de que en algún momento formaron parte de un seto o fungieron como mojones delimitadores de las propiedades. Los primeros es-tán sujetos al Art. 529 del Código Civil, supra, y los se-gundos a los Arts. 527 y 528 del Código Civil, supra.

Los árboles medianeros —dado el carácter de servidum-bre-comunidad que nuestro código les brinda— pueden ser removidos unilateralmente por cualquiera de los vecinos. Puesto que la demanda de autos refleja que el remedio solici-tado es de interés exclusivo de los demandantes y la prueba no revela que las circunstancias que requieren su realización —el crecimiento desmedido de los árboles— fueran provo-cados por el demandado Látimer, como tampoco que existe convenio mutuo de realizar y costear la reconstrucción de la verja, corresponde a los primeros su realización y sufrago. Por no configurar la situación el elemento de culpa o negli-gencia necesario, resultaba improcedente la reclamación de daños en este concepto.

En cuanto a las raíces de los árboles que se encuentran fuera de la medianería y dentro de la propiedad del deman-dado Látimer, en la medida que penetren en el suelo de las propiedades de los demandantes recurridos pueden ser cor-tadas sin la intervención de Látimer. No obstante, las ramas de esos árboles que se extiendan más allá de la colindancia (sobre los predios de los demandantes) deberán ser podados por Látimer según le requirió el foro de instancia.

De ordinario, la negativa del dueño de los árboles a cortar las ramas sería remediable por vía de una inmediata acción judicial promovida por el vecino afectado —como una remo-ción de estorbos— con la consecuente concesión de daños. En el caso de autos, según antes indicado, Látimer aceptó la alegación quinta sobre estorbo; sin embargo, no desfiló prueba de los daños.

Finalmente, los autos y las fotografías nos permiten sos-tener el dictamen de instancia que ordena arráncar los ár-boles plantados a menor distancia de la visualizada en el Art. 527 del Código Civil, supra. No se presentó prueba sobre ordenanza o costumbres del lugar en la cual sostener autori-dad para que fueran plantados dentro de la distancia mínima provista supletoriamente en dicho artículo.

APÉNDICE I

NOTA DE LA COMPILADORA:

La indefinición gráfica se debe a la no disponibilidad de fotocopia a colores en el Tribunal y al tamaño reducido de los modelos. Una mejor definición de fotocopias se encuentra en el expediente de este caso en el Tribunal Supremo.

APÉNDICE II

NOTA DE LA COMPILADORA:

La indefinición gráfica se debe a la no disponibilidad de fotocopia a colores en el Tribunal y al tamaño reducido de los modelos. Una mejor definición de fotocopias se encuentra en el expediente de este caso en el Tribunal Supremo.

      (1) “See. 2761. Perturbación, definición; acción para obtener su cese

      “Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquier persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por dicha per-turbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no podrá aplicarse a las activi-dades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones; Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley.” 32 L.P.R.A. see. 2761.

      (1) Establece:
      “Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, constituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquier persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar presonal resulte menoscabado por dicha per-turbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla, así como decretar el resarcimiento de los perjuicios; lo aquí provisto no podrá aplicarse a las activi-dades relacionadas con el culto público practicado por las diferentes religiones; Disponiéndose, que nada de lo aquí dispuesto limitará los poderes de la Junta de Calidad Ambiental para promulgar los reglamentos a que está autorizada por ley.” 32 L.P.R.A. see. 2761.

      (2) En lo pertinente, este Art. 515 dispone que “[c]ada propietario de una pared medianera podrá usar de ella en proporción al derecho que tenga en la mancomunidad”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 1759.

      (3) Roca Juan, bajo el título Los árboles existentes en seto vivo medianero: la facultad de exigir su derribo, discute los Arts. 592 y 593 del Código Civil de España, equivalentes a los Arts. 528 y 629 del de Puerto Rico, respectivamente. J. Roca Juan, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Jaén, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, T. VII, Vol. 2, págs. 185-186.


author: Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado v. Ernesto Cepeda Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-88-24

      Resuelto: 16 de enero de 1990

      Roberto L. Várela Muñiz, Zinia I. Acevedo Sánchez, Carmen Ana . Rodríguez Maldonado y Enrique Rivera Mendoza, abogados del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca A. Díaz Segarra y Anabelle Rodríguez Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

HH

El Ministerio Fiscal acusó a Ernesto Cepeda Rivera de asesinato en primer grado por la muerte de su esposa Ada Carenia Reyes Sánchez.

Previo juicio, el Jurado rindió veredicto de culpabilidad y fue sentenciado a cumplir pena de noventa y nueve (99) años de reclusión.

Inconforme, en apelación cuestiona, en síntesis, la nega-tiva del tribunal sentenciador a que el Jurado escuchara una grabación de una vista de desalojo en un trámite judicial pre-vio de divorcio, y ciertas instrucciones brindadas. Aunque nos solicita la revocación y la celebración de un nuevo juicio, su extensa argumentación no niega haber producido la muerte de su cónyuge, sino el veredicto de asesinato en primer grado frente a la posibilidad de uno por homicidio volun-tario.

El examen de sus señalamientos nos mueve a transcribir directamente de su Alegato de 22 de febrero de 1989, págs. 2-15, el resumen de la prueba. Veamos.

A. PRUEBA DE CARGO BENJAMIN RIVALTA LOPEZ

Atestiguó ser abogado de profesión y haber conocido al acu-sado en 1986, por razón de un caso de divorcio en el cual re-presentó a la esposa de éste. Señaló que en dicho proceso pre-sentó una moción de desalojo contra el acusado pero eventual-mente se desistió del caso. Continuó declarando que veíá a doña Ada C. Reyes Sánchez, la víctima en el present[e] caso, esporádicamente ya que ella tenía negocios y ocasionalmente le visitaba. Que a principios de marzo de 1987 la perjudicada regresó a donde [sic] él, pues deseaba iniciar los trámites del divorcio debido a que alegadamente recibió una golpiza de parte de su esposo.

Declaró que presentó la demanda de divorcio contra el acu-sado junto a una moción de desalojo. Que el 31 de marzo de 1987 se celebró la vista de desalojo donde compareció el acu-sado sin representación legal, y el juez le dijo que tenía hasta las seis de la tarde (6:00 P.M.) para desalojar la vivienda. Atestó qué al finalizar la vista el acusado estaba indignado, que manifestó algo así como: “esto es una injusticia porque yo no tengo a donde irme”. Que alegadamente cuando el acusado se marchaba de sala manifestó “que él iba a resolver el pro-blema y le iba a dar una solución definitiva”.

Indicó que volvió a ver a doña Ada el mismo día por la tarde en el Tribunal. Que ella alegadamente estaba nerviosa porque el acusado la había amenazado. Que le indicó que esperara hasta las seis de la tarde (6:00 P.M.) y fuera con un policía. Que vi[o] a la Sra. Reyes Sánchez por última vez el 31 de marzo en la tarde; al día siguiente se enteró que había muerto y fue a la funeraria.

Manifestó que la demanda de divorcio presentada en marzo de 1987 era por la causal de trato cruel, basada en agresiones físicas y en consistentes [sic] imputaciones de que la perjudi-cada le era infiel y él le pedía que dejara de trabajar.

Durante el contrainterrogatorio aceptó que en 1986 pre-sentó contra el acusado una demanda de divorcio por la causal de trato cruel, y se desistió de la misma por reconciliación de las partes. Declaró que en la vista del 31 de marzo de 1987 el acusado estaba bien nervioso. Declaró que el acusado no men-cionó los celos pero dijo que su esposa llegaba tarde y no lim-piaba la casa. Que a finales de la vista se produjo un incidente, con una cortina de baño que el acusado llevó para demostrar que doña Ada no limpiaba la casa. Que no recordaba si el acu-sado le imploraba al juez que lo divorciase ese mismo día. Que lo único que recordaba con claridad fue el incidente de la cor-tina y el comentario de que era una injusticia. Atestó que si-gue siendo el abogado de la familia para la declaratoria de herederos, la liquidación de bienes gananciales y en una de-manda por daños y perjuicios.

SATURNINO REYES TORRES

Declaró que la occisa doña Ada C. Reyes Sánchez, era su hija y el acusado su yerno. Que el 31 de marzo de 1987 se encontraba en la marquesina de su casa y el acusado llegó y le dijo que el Juez le había ordenado que entregara la casa a doña Ada. Que el acusado le dijo que fuera a hablar con el juez por lo que pudiera suceder y él le contestó que no podía hacer nada. Atestiguó, que al día siguiente el conductor del camión de basura le contó que en Rosalía habían matado una mujer que vendía filtros y en seguida supo que se trataba de su hija. Que había visto con vida a su hija por última vez dos (2) días antes.

Al ser interrogado admitió que el 31 de marzo, como a las once de la mañana (11:00 A.M.), el acusado le pidió que fuera a hablar con el juez. Que no sabía para qué quería que fuera a hablar con el juez. No sabía si el acusado quería utilizarlo como testigo para refutar la orden.

Manifestó que acostumbraba a jugar dominó con el acusado y que esa misma tarde jugaron dominó. Que él y el acusado se “llevaban bien. Que el acusado era un hombre trabajador y lo conocía desde pequeño.

LIZZETTE BAERGA REYES

Declaró que la perjudicada era su madre y el acusado su padrastro. Que vi[o] con vida por última vez a su madre el día antes de su muerte. Que ese día la vi[o] por primera vez al medi[od]ía. Que estaba en el carro con su madre y los nenes; fueron a Luquillo y luego se dirigieron a Caguas. Se dirigieron al Tribunal de Caguas donde se encontraron con el Ledo. Ri-valta. Luego de hablar con el Ledo. Rivalta fueron a hablar con unos policías en la Plaza de Juncos y le preguntaron qu[é] podían hacer, ya que el acusado tenía un arma y temían por la seguridad de la perjudicada. Que los policías le respondieron que no podían hacer nada y ninguno quiso acompañarles a la casa.

Atestiguó que se encontraron con el acusado quien ... si-guió mandándola[s] a detenerse; le preguntó a la perjudi-cada qué iba a hacer y le pidió que fuera a la casa de ellos, pues quería hablar con ella. Que su mamá le pidió que la acompañara a la casa para ver qué quería el acusado. Al llegar a la casa, su mamá entró y ella se quedó en el carro. Manifestó que dentro de la casa, escuchó al acusado decir: “[¿] De todas maneras tengo que dejar la casa?” Y la perjudi-cada le contestó: “Bueno t[ú] escuchast[e] lo que dijo el juez”. Que el acusado le dijo que ese juez era injusto y su madre le dijo que tenía hasta las seis de la tarde (6:00 P.M.). Que escu-chó al acusado decir que antes de dejar la casa prefería que-dar viudo y preso. Declaró que se encontraba en el carro a una distancia de treinta pies (30') y veía a través de la ventana a su mamá y al acusado discutiendo. Que escuchó al acusado decir que él no iba a dejar la casa con tanto trabajo que le costó hacerla, a lo cual su mamá le contestó que ella también aportó. Que no se iba a quedar con la casa y sólo era una determinación temporera en lo que se veía el divorcio. Que el carro estaba apagado y el nene pequeño estaba con ella en la parte delantera y el grande entre los dos asientos. La testigo declaró que el sábado anterior a los hechos estaban ellas con los nenes en la casa y el acusado le preguntó a su mamá si iba a seguir con lo del divorcio, a lo cual la perjudicada contestó que s[í] y el acusado, mirando a la testigo, dijo: “después no digan que no se lo advertí”.

Atestó que el día primero de abril, como de costumbre, es-peraba a su mamá en horas de la mañana. Llegó una amiga de ella, junto a otra señora, quien habló con su esposo. Que al ver a su amiga llorando preguntó qué le había pasado a su mamá, por las amenazas que el acusado le había hecho. Le dijeron que había tenido una discusión y que ella no estaba viva. Que fue a casa de su mamá y vi[o] el cuerpo tirado al lado izquierdo de la casa en el lugar donde su mamá guardaba el carro. De-claró que al llegar al lugar habí[a] vecinos y estaba el señor Justino Garay.

Señaló que su madre tenía una agencia de pasajes, vendía filtros y ayudaba al acusado a cobrar. Que su mamá llegaba tarde porque iba a las diferentes líneas aéreas de San Juan a buscar pasajes para luego entregarlos. Expresó que a pedidos del acusado su mamá quitó la agencia para febrero de 1987.

Durante el contrainterrogatorio, declaró que volvió a ver a su madre como a las cuatro de la tarde (4:00 P.M.), dándole tiempo al acusado para que se fuera de la casa. Que le dijeron que su madre le había prestado el carro al sobrino del acusado y que alguien la llevó como a las ocho de la noche (8:00 P.M.). Indicó que su madre y el acusado siempre habían discutido.

JUSTINO GARAY DIAZ

Declaró tener ochenta y u[n] (81) años de edad y ser resi-dente del Barrio Rosalía de Juncos desde hace veinte (20) años. Indicó que conoce al acusado desde pequeño y a la perju-dicada desde que fue a vivir al lado de él.

Atestiguó que el día primero de abril como a las siete y media de la mañana (7:30 A.M.) escuchó dos (2) disparos. Que su casa queda como a sesenta (60) pies de la del acusado y las separa una verja de alambres de púas. Que tardó un par de minutos en salir afuera y vilo] al acusado solo con un arma en la mano dirigiéndose al auto. Le dijo que iba a buscar a alguien qué lo llevara al cuartel porque iba a entregarse. Vilo] el cuerpo de la perjudicada tirado en el suelo y salió a llamar a la gente.

Durante el contrainterrogatorio declaró que conoce al acu-sado desde pequeño, pues es una bella persona y un hombre trabajador. Que no oyó discusión antes de o[í]r los disparos y anteriormente no había escuchado discusión entre ellos.

VIRGILIO PIÑEIRO GONZALEZ

Atestiguó que reside en el Barrio Mangó de Juncos y tra-baja como guardia de seguridad. Que el día primero de abril se encontraba en el balcón de su casa; en los bajo[s] vive el teniente Cepeda, quien es hermano de su esposa y primo del acusado. Que su esposa y su suegra estaban hablando frente a la casa cuando llegó el acusado nervioso y desesperado bus-cando al teniente Cepeda porque había mat[ado] a su mujer. Que decidió llevarlo al cuartel. Por el camino le preguntó al acusado si sabía lo que había hecho y éste le respondió: “c[ó]mo no voy a saber, lo que harías tú o cualquier otro hombre si se encontrase en la situación que me encuentro yo”. El acusado alegadamente le dijo que la esposa lo tenía en una situación desesperada. Que estaba acostumbrad[a] a provo-carlo de una forma terrible y demasiado fuerte, que no pudo soportarlo y cuando vino a ver la había matado. Cuando llega-ron al cuartel el acusado entregó el paquete en el cual imagi-naba tenía el arma.

Al ser contrainterrogado señaló que el acusado le dijo que la occisa estaba acostumbrada a provocarlo, pero ese día lo pro-vocó de una forma terrible.

BARTOLO ROJAS FIGUEROA

Declaró que está casado con la señora Lizzette Baerga Reyes e identificó al acusado. Indicó que unas semanas des-pués de los hechos el acusado lo llamó a las oficinas donde trabaja para hablar de la muerte de su suegra. Le dijo al acu-sado que no tenía nada que hablar con él. Que un día, luego de esa llamada, vi[o] que el acusado le seguía y al ver que era el apelante se detuvo y le preguntó cómo había sucedido.

Durante el interrogatorio atestiguó que en la declaración jurada declaró que el acusado le dijo que la había matado porque habían discutido, pero no se refería al día de los he-chos. Que anteriormente habían discutido pero no le habló de ese momento. Que no entraron en detalles ese día sobre la discusión y que la mató, pero no sabía a cuando [sic] se refería esa discusión.

DR. RAFAEL RODRIGUEZ

Atestó que el día 10 de mayo de 1987 era el médico de turno en la Sala de Emergencia del Centro de Diagnóstico y Trata-miento de Juncos. Procedió a ver el expediente médico de la paciente Ada Reyes Sánchez correspondiente a dicha fecha. Señaló que en el expediente se indica que la paciente estaba ansiosa por [una] discusión [que tuvo] con [un] familiar. Que el esposo le apretó las manos y sentía dolor, presentaba trauma en la mano derecha con hematomas en el quinto dedo.

Durante el contrainterrogatorio señaló que no recordaba nada de la paciente. Que no podía haber tenido síntomas en ninguna otra parte del cuerpo de haber recibido una golpiza, porque hubiera sido anotado en el expediente. Que no detalla la lesión en el quinto dedo de la mano derecha, pero si hubiese sido grave le hubiera referido a Rayos X.

DR. FRANCISCO LANDRON GUARDIOLA

Atestiguó que es patólogo forense en el Instituto de Cien-cias Forenses de Río Piedras y fue quien le hizo la autopsia a la occisa, Ada Reyes Sánchez, el día 1ro de abril de 1987. Atestó que se encontraron tres (3) heridas de balas en el cuerpo, una de ellas fue una herida de contacto compatible con un disparo hecho a una persona tirada boca abajo. Que la segunda herida de bala estaba localizada en el brazo iz-quierdo, la cual se consideraba una herida de larga distancia (más de dos (2) pies), ya que no se encontró grano de pólvora ni negro de humo en la piel. La referida herida era compatible a un disparo efectuado a una persona que va corriendo. Que la tercera herida de bala estaba localizada en la parte derecha de la cabeza, era considerada una herida de larga distancia y era compatible con un disparo hecho a una persona que va corriendo. Que le dio un número a cada bala ex-traída, pero no necesariamente implica secuencia. En cuanto al examen externo, atestó que la perjudicada tenía una contu-sión en el pómulo derecho, una abrasión en la mejilla derecha, una abrasión en el dorso del brazo izquierdo, una abrasión con contusión en la rodilla izquierda y abrasiones lineales en la cara anterior de la pierna izquierda. Que la condición de los pómulos se debía a fracturas de cráneo por heridas de bala y era compatible con una caída o un golpe.

Durante el contrainterrogatorio señaló que no se puede de-terminar en la autopsia si las heridas tres (3) y dos (2) fueron antes de la herida de bala número uno (1). Que cualquiera de las heridas de bala en la cabeza eran mortales.

AGENTE ROBERTO AGOSTO DEL VALLE

Atestiguó que trabaja en la División de Homicidios del C.I.C. desde el 1984. Que para el 1ro. de abril de 1987 traba-jaba en la sección de [h]omicidios de Caguas y como a las ocho y veinticinco de la mañana (8:25 A.M.) se le encomendó que pasara al Distrito de Juncos, pues había sucedido un asesinato y una persona se había entregado en relación a esos hechos. Que se le notificó al fiscal Crespo y pasaron a observar el cadá-ver, el cual presentaba dos heridas de bala en la cabeza y una en el hombro izquierdo.

Que luego se dirigió al cuartel y el policía Figueroa íe en-tregó un revólver marca Taurus, calibre 38; le indicó que el Sr. Ernesto Cepeda le había entregado el arma luego de manifes-tar que había matado a su esposa. Que la masa del revólver tenía tres casquillos de balas disparadas y dos mascadas; la masa del revólver era de cinco balas.

Declaró que el acusado tenía licencia de poseer y portar armas la cual entregó al C.I.C. Que fue al Instituto de Cien-cias Forenses a recoger los proyectiles y los fragmentos de bala que había extraído del cadáver. Que lo habían llamado desde Juncos a la División de Homicidio del Cuartel de Ca-guas como a las ocho y veinticinco de la mañana (8:25 A.M.), pero no sabía si el acusado ya estaba en el cuartel. Se le indicó que el acusado se había entregado al policía Figueroa. Que en la División de Homicidios le hizo las advertencias de ley al acusado, el cual le respondió que esperaba a su abogado.

ERNESTO J. BERRIOS

Se estipuló el testimonio del testigo B[e]rr[í]os, perito espe-cialista en armas de fuego del Instituto de Ciencias Foren[s]es del Cuartel General de la Policía el cual haría un análisis del arma de fuego.

B. PRUEBA DE DEFENSA ERNESTO CEPEDA RIVERA

Declaró que se dedicaba a la venta y cobro de purificadores de agua marca Elena; que no fue a la escuela pero su hermano l[e] enseñó a leer y no sabe escribir. Que ha trabajado como obrero de la caña y en otros menesteres.

En relación al incidente del 31 de marzo de 1987, declaró que tres (3) o cuatro (4) días antes se le entregó un emplaza-miento para ese día. Que asistió a dicha vista con el señor Justino Garay como testigo. Que el Juez le preguntó si aún permanecía en la casa y le dijo que él no debía permanecer en la casa desde el primer momento en que recibió la citación. Atestó que él no dijo en la vista las palabras que el Ledo. Ri-valta declaró, que lo único que le pidió al juez fue una oportu-nidad para poder hablar y defenderse en su caso, y que le dejara utilizar al testigo que había llevado. Que el juez le dijo que la decisión ya estaba tomada. Decidió obedecer la orden pero le dijo al juez que la misma era injusta.

Que al salir del Tribunal se dirigió a su casa y a llevar a su vecino a la casa. Que ese mismo día fue a hablar con Satur-nino Reyes, el padre de la occisa. Que le pidió que fuera con él a hablar con el Juez para que pudiera hacer algo sobre el particular, pues quería apelar el caso y llevarlo a él como testigo porque él sabía lo que estaba ocurriendo. Que don Saturnino le contestó que no podía hacer nada ya que la perjudicada era su hija y no iba a estar en contra de ella.

Atestó que fue a comprar alimentos para animales y se en-contró con la perjudicada y la hija de ésta (Lizzette); se cita-ron para hablar. Cuando doña Ada llegó a la casa él estaba recogiendo algunas cosas porque él es obediente de la ley. Que su esposa le dijo que él no tenía que irse, buscó la tarjeta de medicaid y salió. Que se sintió tranquilo y fue a jugar dominó durante dos o tres horas; cuando terminó regresó a la casa y no había signo de que ella estuviera allí. Que su esposa llegó de madrugada y no sabe qui[é]n la llevó. Que la ve en la ma-ñana del primero de abril y ella le dice que no tiene que irse pero tenía que soportar que ella saliera a bailar y que llevara a la casa las personas a “quien ella le diera la gana de llevar”, de lo contrario él debía irse. Atestó que decidió irse de la casa y tenía el arma en la mano porque no la podía dejar. Que salió de la casa y doña Ada . . . siguió riéndose de él y prefiriéndole palabras obscenas e insultantes; que no soportó la situación y disparó. Que se dirigió al carro y su vecino Justino Garay sa-lió y le preguntó qué había hecho. Que en esos momentos es-tuvo con[s]ciente de lo que había hecho y decidió entregarse.

Durante el contrainterrogatorio del Fiscal, el testigo de-claró que vivió con la occisa por seis (6) años y no procrearon hijos. Se le pregunt[ó] por sus matrimonios anteriores, y con-testa que Doris fue su primera esposa. La [djefensa objetó, el Tribunal declara [sin ljugar la objeción. Que Doris se encuen-tra en los Estados Unidos. Que es correcto que él dijo al ju-rado que respetaba la ley. El Fiscal preguntó si es o no es cierto que agredía a Doris. La [djefensa objeta por entender que no es relevante y por ser inuendos. El tribunal declara [cjon [ljugar la objeción. La [djefensa sigue objetando las pre-guntas en relación a la segunda esposa y solicita al tribunal le ordene al fiscal se concrete al interrogatorio directo. La [djefensa continúa objetando y surge un planteamiento de de-recho pues el Fiscal preguntó, y fue objetada la pregunta, si el acusado había sido denunciado por agresión física a su se-gunda esposa.

El Fiscal señaló que el testigo abrió las puertas durante el directo al decir que él era respetuoso de la ley, y deseaba im-pugnar al acusado en caso de que él negase que fue denun-ciado por su segunda esposa en un caso de agresión. La [djefensa objeta por no ser relevante y confundir al jurado influenciando en el ánimo de éste. La [djefensa solicita al Fiscal [que] le muestre los documentos que tenga para probar la supuesta denuncia.

El tribunal resolvió que la pregunta sobre la supuesta de-nuncia se permite en oposición a la manifestación gratuita del acusado de que él era una persona respetuosa de la ley. Que no era necesario que haya habido o no convicción, basta que se mencione el hecho y él lo acepte. Si no lo acepta es entonces cuando el Ministerio Público tiene que presentar la denuncia aunque ésta hubiese sido retirada.

La [djefensa solicita reconsideración por entender que la pregunta es de escaso valor y su único efecto era confundir al jurado. Solicitó que al menos se presentaran los documentos. El Tribunal declaró [sjin [Ijugar la reconsideración.

El testigo declaró que es cierto que antes de separarse de su esposa Elsie ella presentó una querella en contra de él, pero como, no era cierta la quitó.

El testigo continuó declarando que es correcto que el 31 de marzo de 1987 durmió en su casa; que era cierto que el juez le ordenó irse antes de las seis de la tarde (6:00 P.M.). Que se quedó porque su esposa le dijo que no tenía que irse. Que la occisa no le enseño a leer. Que es cierto lo de la vista del 31 de marzo de 1987 y que el Ledo. Rivalta y su esposa'se encontra-ban en dicha vista.

El Fiscal comenzó a preguntarle al testigo sobre lo decla-rado por el Ledo. Rivalta. El acusado declaró que es correcto que le declaró al jurado que lo dicho por el licenciado Rivalta no era cierto. Que era cierto lo que declaró el Ledo. Rivalta de que estaba en la vista con su esposa; añadió el acusado que parte era cierto, y parte no. El Fiscal comenzó a interrogar al testigo sobre algunas de las declaraciones del Ledo. Rivalta a lo cual el testigo admitió que esa parte era cierta. La [djefensa objeta señalando que el testigo había manifestado que parte del testimonio del Ledo. Rivalta era cierto y la línea del con-trainterrogatorio iba dirigida a demostrar que el acusado ha-bía dicho que todo lo declarado por el Ledo. Rivalta era falso. El Tribunal declara [s]in [l]ugar la objeción. El Fiscal conti-nuó interrogando sobre parte del testimonio del Ledo. Ri-valta, a lo cual el testigo señalaba que todo ello era correcto.

El testigo es interrogado en torno a su testimonio durante el directo. Señala que es cierto que el 31 de marzo de 1987 se encontró con la perjudicada frente a la plaza. Que es cierto que cuando ella llegó a la casa él estaba allí. Que ella salió rápido porque fue a buscar la tarjeta de medicaid. Que no re-cuerda si el [j]uez le dijo que la orden era provisional y que la decisión de apelar era suya. Que es cierto que ese día fue a jugar dominó con el padre de la perjudicada durante dos o tres horas. Que regresó a la casa de ocho y media a nueve de la noche (8:30-9:00 P.M.) Que es cierto que durmió esa noche en la casa. Que en la mañana estaba recogiendo ciertas cosas para llevarse y también tomó el revólver porque no podía de-jarlo en la casa. Que no hizo gestiones con la policía para sacar el arma de la casa. Que cuando llegó a la casa del Te-niente Cepeda le informaron que no podía sacar el arma de la casa sin permiso, pero se enteró de eso después de los hechos. Declaró que la occisa le dijo que no tenía que irse por el mo-mento, que ella había sido una mujer buena y lo había respe-tado siempre. Que crió los hijos de él de su segunda esposa y fue buena con ellos. Que ella le dijo que podía quedarse, pero con los términos que ella le daba no podía quedarse. Que la occisa en ningún momento salió corriendo. Que él cogió el revólver y ella se le rió en la cara. Que ella le siguió informán-dole las condiciones bajo las cuales podía quedarse. Que él siguió hacia el auto y ella siguió riéndose y diciéndole palabras obscenas. Que el incidente sucedió fuera de la casa, en la guardarraya con la casa de Don Justino. Que él contestó las palabras con el arma. Que él no sabe d[ó]nde le pegó el primer tiro porque estaba casi junto a él, estaba como un loco, que estaba ciego y él en su vida jamás pensó que él iba [a] hacer algo como eso.

El testigo declaró que escuchó el testimonio del patólogo sobre la distancia a que hicieron los disparos; que recuerda que el testigo señaló que un tiro era compatible con una persona que iba corriendo. Que recuerda que el testigo Bartolo Rojas declaró, que cuando se encontró con el acusado en Las Piedras éste le contó que cuando cogió el arma ella salió co-rriendo y él disparó. Declaró que recuerda dicho testimonio pero que ello no es cierto. Que le dijo a Kenneth Cruz, quien es el hijo de la occisa, cómo habían ocurrido los hechos. Que es lo mismo que le ha dicho al jurado. Que no se explica los tiros en la espalda-, que no sabe si fueron de frente [o] de lado, ni d[ó]nde cayeron las balas porque ellos estaban enfrascados. Que no recuerda lo del cañón pegado en la cabeza porque esta-ban enfrascados. Que él no sabe explicar cómo pasó porque él no sabía lo que estaba haciendo; que en ese momento no es-taba cuerdo. Que al momento de montarse en el auto fue que comenzó a darse cuenta de lo que había hecho. El testigo es contrainterrogado nuevamente sobre la forma en que ocurrie-ron los tiros y manifiesta no recordar. Que él salió primero y ella le siguió con la intención de humillarlo. Declaró que las balas estaban mascadas hacía dos o tres meses, que estaban mascadas desde que fue al Club de Tiro. Que siempre tenía el arma cargada. Que no le contó al Sr. Justino Garay lo suce-dido. Que a Virgilio Piñeiro le contó muy poco. Que a Kenneth Cruz, hijo de la perjudicada, le contó los hechos. Que es cierto que habló con Bartolo Rojas en Las Piedras.

ANTONIO VELAZQUEZ SABALA

Testigo de reputación de la [djefensa. Atestiguó que conoce al acusado desde bien niño y siempre ha vivido cerca de él. Que es un hombre recto y trabajador. A preguntas del Fiscal ofreció los nombres de algunas personas que hablan bien del acusado.

C. PLANTEAMIENTO DE DERECHO

La [djefensa solicita que se permita al jurado escuchar la grabación de los procedimientos del 31 de marzo de 1987 ante el Honorable Juez Tomás Torres Marrero. El Ministerio Pú-blico objeta fundamentándose en la Regla 19 de Evidencia, y porque dicha prueba podría causar confusión en el jurado. La [djefensa argumenta que dicha prueba es pertinente y rele-vante por existir controversia entre los testimonios del Ledo. Benjamín Rivalta y del acusado en relación a lo sucedido en dicha vista. El Tribunal iba a permitir que el jurado escuchara la grabación y posteriormente se revocó.

D. PRUEBA DE REFUTACION KENNETH CRUZ

Declaró que el día 31 de enero de 1988 el acusado le contó la forma en que ocurrieron los hechos. Que el acusado le dijo que esa mañana se preparaba para irse de la casa y tenía todo listo y que estaba hablando con su mamá. Que él acusado le dijo que cogió el arma y la mamá salió corriendo de la casa, él salió detrás y le pegó los tiros. Que el acusado le dijo que había hecho los tiros saliendo de la casa detrás de ella.

Durante el contrainterrogatorio de la [djefensa declaró que había hablado con los fiscales del caso ese día. Que no prestó declaración jurada sobre los hechos. Que habló con los fiscales de que el acusado le había contado los hechos. Que el acusado le dijo que el día [de] los hechos él y su mamá estaban ha-blando y no discutiendo, pero no le dijo de qué hablaban. Que él acusado se disculpó por lo que había hecho y se notaba arrepentido. (Énfasis suplido.)

H — I

A. Cometió error de derecho el Honorable Tribunal senten-ciador al no permitir que el Jurado escuchara la grabación de ia vista de desalojo celebrada el 31 de marzo de 1987 ante el Honorable Juez Tomás Torres Marréro, en el Tribunal Superior, Sala de Caguas. Alegato del apelante, pág. 15.

Según lo antes reseñado, este incidente cobra vida en ocasión del testigo de cargo, licenciado Rivalta López, ates-tar que como resultado de una vista de desalojo, luego de finalizada, al abandonar dicho recinto el acusado Cepeda Rivera dijo que “iba a resolver ese problema, que iba a darle una solución definitiva”. E.N.P., pág. 2. Aduce que ello fue “crucial para lograr la convicción por asesinato en primer grado” —Alegato del apelante, pág. 22— por razón del ele-mento de deliberación, y por ende resultaba indispensable la presentación de la grabación de dicha vista para así impug-nar la credibilidad del licenciado Rivalta López, ya que él negó haberlo hecho. Insiste en que, de haberse permitido, “[c]on toda probabilidad el veredicto del jurado hubiese sido distinto”. Alegato del apelante, pág. 22. No tiene razón.

En primer lugar, es obvio que la expresión que le fue atri-buida no formaba parte del récord grabado, pues ocurrió al éste “abandonar la sala”. Segundo —aparte de esa eviden-cia— se desfiló abundante prueba de conducta y expresiones suyas anteriores, demostrativas del elemento de delibera-ción. Y tercero, la expresión del licenciado Rivalta López —y su probable impacto en el ánimo del Jurado— es de carácter especulativo.

Los elementos esenciales del delito de asesinato son dar muerte a un ser humano con malicia premeditada. Como ele-mento mental, conlleva “atender a los hechos, actos y cir-cunstancias que rodean a la muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de la persona, y luego de evaluar todo lo anterior inferir racionalmente si hubo malicia premeditada o no”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 138. En la modalidad de primer grado, el asesinato pre-supone no tan sólo la malicia premeditada, sino el elemento de deliberación. A su vez, la deliberación no es otra cosa que “la resolución ... de matar, después de darle alguna conside-ración. . . . Ese lapso, sostienen las autoridades, puede ser tan rápido como el pensamiento”. Pueblo v. Rosario, 67 D.P.R. 371, 375 (1947). Ambos elementos “pueden concebirse en el momento mismo de la realización del ataque”. Pueblo v. Torres Montañez, 106 D.P.R. 125, 129 (1977). En el caso de autos están presentes. Así, el patólogo testificó que el cadá-ver de la señora Reyes evidenciaba tres (3) heridas de bala: dos (2) compatibles con disparos hechos a una persona que está corriendo y a distancia —E.N.P., págs. 15-16— y el ter-cero, de contacto, el cual por su trayectoria era compatible como hecho en una persona tirada boca abajo. E.N.P., págs. 14-15. Este último por sí solo era mortal. E.N.P., págs. 15-17. En estos extremos la prueba demostró que al coger el acusado Cepeda Rivera su revólver, ella salió co-rriendo de la casa y éste corrió detrás y la ultimó a balazos. E.N.P., pág. 12. El propio testimonio del acusado es revela-dor sobre lo que ocurrió.

Concluimos que el elemento de deliberación del asesinato quedó probado más allá de duda razonable, independiente-mente de las expresiones del licenciado Rivalta López.

HH HH HH
B. Incidió en error de derecho el Honorable Tribunal sen-tenciador al impartir instrucciones al Jurado en las cuales uti-lizó unas expresiones sobre la calidad de prueba; lo cual tuvo el efecto de privar al apelante de su derecho a ser juzgado por Jurado, ya que los comentarios vertidos por el magistrado provocaron que al deliberar el jurado hiciera suya las expre-siones del magistrado sobre la calidad de prueba.
C. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al instruir al Jurado de manera tal que, al leer el comentario al dorso de la instrucción sobre homicidio del Libro de Instrucciones al Ju-rado, desmereció la prueba de defensa sobre homicidio y pre-dispuso al Jurado hacia un veredicto de asesinato en primer grado.
D. Cometió error el Honorable Tribunal sentenciador al instruir al Jurado sobre el delito de homicidio; fraseando dichas instrucciones en términos desfavorables para el acusado lo que movió al Jurado, dadas las expresiones del Tribunal, a actuar con prejuicio y parcialidad privando al apelante de su derecho a un juicio justo e imparcial. Alegato del apelante, pág. 16.

Por estar relacionados, examinemos estos errores con-juntamente. Se queja primero de que “antes de instruir al jurado sobre el delito de homicidio, formuló las expresiones siguientes: “‘[e]n este caso se ha ofrecido prueba que si es creída por el jurado puede “inducir” al jurado a un vere-dicto de homicidio y por eso [voy] a explicar qué constituye homicidio(Énfasis suplido.) Alegato del apelante, pág. 29.

Nos argumenta que “[e]l utilizar la palabra ‘inducir’ tuvo el efecto [de] indicarle al juzgador de hechos, que si creían la prueba de homicidio ellos podrían rendir un veredicto por homicidio pero no estaban obligados a hacerlo. Respetuosa-mente consideramos que el Tribunal debió expresarse en tér-minos mandatorios, e instruir al jurado que de ser creída la prueba de homicidio estaban obligados a rendir un veredicto por homicidio y que tenían que considerar dicha prueba en unión a toda la prueba presentada durante el proceso. Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419 (1968)”. Alegato del ape-lante, pág. 30.

Por último, sostiene que en “adición a las expresiones del Magistrado antes citadas el Honorable Tribunal Sentencia-dor al instruir al jurado leyó un comentario al dorso de las instrucciones sobre Homicidio del Libro de Instrucciones al Jurado, que lee como sigue: ‘Indudablemente en un caso de asesinato el Tribunal Sentenciador debe darle al jurado ins-trucciones de homicidio si de la prueba surge alguna eviden-cia que justifique el veredicto de homicidio. A{u\n cuando esa evidencia sea “escasa” o “débil”, la misma debe apre-ciarse por el jurado y no por el Tribunal. Por otro lado ...’. (Énfasis nuestro).” Alegato del apelante, pág. 30. Continúa expresando que el “comentario del Libro de Instrucciones al Jurado, por la fraseología empleada, se presta para que el jurado interprete que el sentir del Magistrado era que se trataba de ‘un caso de asesinato’ y que la prueba presentada para lograr un veredicto por homicidio era ‘escasa o débil’, por lo que dicho testimonio debía ser descartado. El efecto perjudicial se magnificó por el hecho que la única prueba de homicidio la produjo el acusado mediante su testimonio, quien se encontraba en desventaja por el mero hecho de ser el imputado. El testimonio del apelante se contrapuso al de un abogado y varios testigos de cargo. Respetuosamente consideramos, que de los comentarios leídos por el magis-trado, el jurado razonablemente podía inferir que la prueba de homicidio debía ser descartada por ‘escasa y débil’”. Ale-gato del apelante, pág. 30.

Tampoco tiene razón. El apelante Cepeda Rivera incurre en el error de inyectarle un alcance que no tiene las instruc-ciones, citando fraccionada y únicamente dos (2) extractos de las mismas. El enfoque es equivocado; el análisis y enjuicia-miento tiene que ser integral. Si examinamos la totalidad de las instrucciones correspondientes a asesinato y homicidio y sus elementos, conjuntamente con las generales del Manual de Instrucciones al Jurado, nos percatamos que el error no fue cometido y que las mismas son correctas.

Inducir significa “[ijnstigar, persuadir, mover a uno”. Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 768. Esta aclaración despeja cualesquiera dudas en cuanto a la primera instrucción. Res-pecto a la segunda —necesidad de instrucción aun cuando la evidencia sea “escasa o débil”— no yernos cómo pueda comu-nicarse adecuadamente la instrucción, y ser seguida por el jurado, sin así expresarse. Después de todo, la norma doctri-naria reiterada en Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989), es a los efectos de que es menester cubrir y dar ins-' trucciones sobre los elementos de los delitos inferiores o comprendidos en éste, si de la prueba surge alguna evidencia que así lo justifique, “‘aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad’”. Pueblo v. Bonilla Ortiz, supra, pág. 439.

Consistentemente hemos resuelto que las instrucciones contenidas en el Manual de Instrucciones al Jurado, gozan de una presunción de corrección. Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 146 (1981); Pueblo v. Ortiz González, 111 D.P.R. 408, 410 (1981); Pueblo v. Mattei Torres, 121 D.P.R. 600 (1988).

En resumen, los señalamientos y argumentos del ape-lante Cepeda Rivera son altamente especulativos. La prueba reseñada es más que suficiente para sostener la convicción de asesinato en primer grado.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia.

Lo pronunció y manda el Tribunal, y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

Disentimos. Nuestro disenso, sin embargo, no se debe a que tengamos duda alguna sobre el hecho de que el apelante Ernesto Cepeda Rivera, de una manera criminal y viciosa, cegó la vida de su esposa Ada Carenia Reyes Sánchez. De hecho, somos del criterio personal que la prueba que presen-tara el Estado ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas —la cual, obviamente, fue la que creyó el Jurado— demuestra más allá de duda razonable la comisión por parte del ape-lante de un delito de asesinato en primer grado.

iPor qué entonces el disenso!, Disentimos por razón de que, a diferencia de otros, al ejercer nuestra función de revi-sión desde este Foro apelativo mantenemos siempre pre-sente el ideal de que bajo nuestro sistema de justicia todo acusado, no importa quién éste sea ni el delito por el cual se le acuse, tiene derecho a un juicio justo e imparcial.

HH

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico garantiza el derecho a juicio por jurado a toda persona que, como el aquí apelante, sea acusada de la comisión de un delito grave.() Dentro de este esquema, el Jurado actúa como el “juzgador de los hechos”. Ello significa que es el Jurado el que determina no sólo si el imputado es culpable o inocente, sino que también el delito, o grado del mismo, por el cual éste debe responder. Pueblo v. Cruz Correa, 121 D.P.R. 270 (1988).

Para que el Jurado pueda desempeñar y llevar a cabo tan delicada e importante función, los miembros del mismo de-ben ser instruidos sobre el derecho aplicable —en forma adecuada, objetiva e imparcial— por el magistrado que preside el proceso. A esos efectos, reiteradamente hemos re-suelto que nuestro “ordenamiento tiene como principio rector que las instrucciones al jurado deben cubrir, si la prueba lo justifica, no sólo los elementos de delitos inferiores al de-lito imputado o comprendido dentro de éste, sino también los elementos esenciales de las defensas levantadas por el acu-sado, así como los puntos de derecho que bajo cualquier teo-ría razonable pueden estar presentes en las deliberaciones, aunque la prueba de defensa sea débil, inconsistente o de dudosa credibilidad. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970); Pueblo v. Tufiño Cruz, 96 D.P.R. 225 (1968); Pueblo v. Burgos, 76 D.P.R. 199 (1954); Pueblo v. Serbiá, 75 D.P.R. 394 (1953); Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 913 (1953); Pueblo v. Galarza, 71 D.P.R. 557 (1950). Ello es así porque corresponde al jurado y no al tribunal rendir un veredicto conforme a la ley y los hechos del caso según aquél aquilate la prueba y determine los hechos”, (Énfasis suplido.) Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812, 815 (1981).()

Ello no significa, sin embargo —como erróneamente sos-tiene la mayoría del Tribunal en la sentencia que en el día de hoy emite— que el juez que preside el proceso pueda comen-tar o calificar la prueba que desfile en el proceso. Eso fue precisamente lo que sucedió en el presente caso. He ahí la razón específica de nuestro disenso.

II

Como surge de la propia sentencia mayoritaria emitida, el tribunal de instancia —apartándose de las instrucciones contenidas en el Manual de Instrucciones al Jurado y ha-ciendo uso de un comentario editorial que aparece en el mismo, el cual si bien es para su orientación, no forma parte de las instrucciones propiamente— le transmitió a los señores del Jurado la siguiente “instrucción”:

Indudablemente en un caso de asesinato el Tribunal Sen-tenciador debe darle al jurado instrucciones de homicidio si de la prueba surge alguna evidencia que justifique el vere-dicto de homicidio. A[u\n cuando esa evidencia sea “escasa” o “débil”, la misma debe apreciarse por el jurado y no por el Tribunal. (Énfasis suplido.) Alegato del apelante, pág. 30.

Como correctamente señala la representación legal del apelante Cepeda Rivera, la fraseología utilizada “se presta para que el jurado interpret[ara] que el sentir del magis-trado era que se trataba de ‘un caso de asesinato’ y que la prueba presentada [por la defensa] para lograr un veredicto por homicidio era ‘escasa o débil, por lo que dicho testimonio debía ser descartado”. (Énfasis en el original.) Alegato del apelante, pág. 30.

La calificación de la prueba por parte del juez que preside un juicio por jurado es una práctica sumamente peli-grosa, extraña a nuestro ordenamiento jurídico, la cual no debe tener cabida en nuestro sistema de justicia criminal. Si ello se permite, a todos los efectos prácticos, el juez se convierte en el juzgador de los hechos. Ello así por cuanto, como es del conocimiento de todo aquel que haya practicado la profesión en el campo criminal, el Jurado de ordinario está siempre sumamente atento y pendiente del magistrado y cualquier comentario o gesto de éste tiene efectos inme-diatos y profundos en el Jurado. En palabras del Honorable Carlos Irizarry Yunqué, ex Juez Asociado de este Tribunal:

La condición humana es frágil, sobre todo la de las personas sencillas y humildes, como son la mayoría de las que actúan como jurados. La inclinación que el juez pueda tener con res-pecto a la adjudicación de los hechos, si conocida del jurado, tiene un enorme peso en su decisión. Ellos desconocen los intrincados problemas sobre la aplicación del Derecho penal y su desenvolvimiento en función de los ordenamientos proce-sales. Miran al juez como orientador. Cualquier expresión o gesto suyo que pueda considerarse, como indicio de su pensa-miento ha de tener necesariamente un gran impacto en la mente de cada jurado y en su proceso decisional. Se ha reco-nocido como un axioma el hecho de que el jurado es altamente sensible a toda manifestación judicial, debido a la autoridad que para el jurado conllevan las palabras del juez. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Rivera Carmona, 108 D.P.R. 866, 879-880 (1979).

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La prueba que presentara la defensa en el presente caso tenía el obvio propósito de lograr que los señores del Jurado rebajaran la calificación del delito imputado y rindieran un veredicto condenatorio por el delito de homicidio voluntario. No tenemos duda alguna en nuestra mente que el comentario o calificación, por el magistrado, de dicha prueba como una “escasa o débil” tuvo el efecto de anular cualquier oportuni-dad de que el Jurado, como juzgador de los hechos, aquila-tara la misma en forma objetiva y favorable al apelante. Mío, en nuestra opinión, impidió que éste tuviera un juicio justo e imparcial. Revocaríamos, en consecuencia, la convicción y sentencia apelada y devolveríamos el caso al foro de instan-cia para la celebración de un nuevo juicio.

      (1) Véase Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

      (2) Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989).