text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rogelio Vélez Feliciano, acusado y apelante.

      Número: CR-70-119

      Resuelto: 25 de septiembre de 1972

      José Ángel Cangiano, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Bienvenido Vélez Coello, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue acusado y convicto por un tribunal de derecho de varias infracciones a la Ley de Narcóticos. Se le condenó a cumplir concurrentemente de 5 a 10 años de pre-sidio por cada infracción. En apelación levanta el siguiente único error;

“Erró el Tribunal sentenciador al no tomar en considera-ción y apreciar debidamente la prueba y la defensa de coartada invocada por el apelante, máxime cuando la misma no fue con-trovertida y concluyentemente demostraba la imposibilidad fí-sica de que el apelante hubiese podido estar en Guánica para las fechas en que se imputan los delitos.”

La prueba de cargo del único testigo que declaró que pre-senció los hechos delictivos consiste de la declaración del agente encubierto. Este declaró que para marzo de 1969 estaba destacado en el área de Ponce. Al preguntársele por el fiscal que cuál era su misión para esa fecha contestó: “Comprar drogas.” Declaró que el 22 de dicho mes y año estaba en Guánica; que estaba en compañía de un adicto a drogas a quién identificó como “el Gordo” pero de quién no sabía ni el nombre ni la dirección; que iba con el propósito de buscar a uno que vendía marihuana “y no lo encontramos.” Entonces el Gordo le dijo “ya que estamos aquí, yo conozco un Quito Vélez que vende bolsas de heroína.”

Continuó declarando el agente encubierto que fueron a la residencia de Vélez y éste no estaba en su casa; que siguie-ron hasta un negocio en donde se detuvieron; que al llegar allí el Gordo señalo e identificó a Quito Vélez; que el Gordo los presentó y allí el agente le compró un sobre de heroína a Vélez por $6.00. La supuesta transacción tuvo lugar como a las 4:20 de la tarde de ese día 22 de marzo de 1969.

También declaró el agente encubierto que volvió a ver a Vélez el 29 del mismo mes y año, en la residencia de éste en Guánica. Declaró que fue a casa de Vélez y que allí, en el balcón de la casa, a las 12:15 del día, Vélez le vendió otra bolsa de heroína. Cita a Vélez en el sentido de que luego de entregarle la droga aquél le dijo al agente que se fuera “que no quería que supieran que él estaba vendiendo drogas.”

Leídas las acusaciones el apelante notificó oportunamente su intención de invocar la defensa de coartada. Regla 74 de Procedimiento Criminal. También renunció al juicio por ju-rado.

La prueba de defensa tendió a demostrar que los dos días aquí concernidos* el 22 y el 29 de marzo, el apelante asistió a su trabajo con la firma Fluor Western Inc. en Peñuelas. El apelante almorzaba de 12:00 a 1:00 P.M. en el lugar del trabajo. Al terminar la jornada de trabajo llegaba a su casa cerca de las 5:00 P.M. El hijo del apelante, quién también trabajaba con el mismo patrono y quién también vivía en Guánica, declaró que él llevaba y traía al apelante de su casa al trabajo en su automóvil. Declaró que el 22 y el 29 de marzo el apelante asistió a su trabajo. El apelante declaró que el viaje de su casa al trabajo tomaba como una hora.

También declaró John Giberson, Gerente de Oficina y Nóminas de Fluor Western Inc. Se admitieron en evidencia dos tarjetas y dos hojas de pago (pay statement) y los so-bres de pago, correspondientes a las dos semanas en que se imputan los hechos. Giberson declaró que para el 22 y el 29 de marzo de 1969 la firma tenía un empleado de nombre Rogelio Vélez Feliciano; que el 22 de marzo trabajaron de 7 a 4; que de las 12 a la 1 es la hora de almuerzo. Declaró que el 22 de marzo según las mencionadas tarjetas y hojas, Rogelio Vélez Feliciano trabajó en la Fluor Western; que trabajó 8 horas, de 7:00 A.M. hasta las 4 de la tarde.

También declaró que el 29 de marzo de 1969 el apelante trabajó con dicha compañía; que trabajó 8 horas, de 7 a 4 de la tarde; que a Rogelio Vélez se le pagó el sábado a base de tiempo y medio las primeras cuatro horas y a tiempo doble las segundas cuatro.

Las tarjetas de pago — una para cada día — presentadas en evidencia, tienen fecha de 22 y 29 de marzo de 1969. Las hojas de pago, que son formularios preparados por máquinas de contabilidad, tienen el nombre de Rogelio Vélez Feliciano y las fechas de 23 y 30 de marzo de 1969, fecha que cierra el período semanal que cubre cada una de esas hojas de pago. Estos cuatro documentos de la ñrma Fluor Western Inc. demuestran que el apelante recibió paga extraordinaria por la jornada de trabajo de esos dos días antes mencionados. Dicha prueba documental fue preparada por un tercero ajeno a este caso — el patrono del apelante — en el curso normal de sus operaciones, como mes y medio antes de que el apelante fuese acusado de los delitos que se le imputan. Dicha prueba documental fue debidamente identificada por el oficial a cargo de la misma y no hay motivo alguno para sospechar que se trata de prueba fabricada.

Lo menos que puede decirse es que la prueba de defensa debió plantear y plantea suficientemente un problema de duda razonable. Tal parece que el tribunal de instancia descartó el valor probatorio de la mencionada prueba documental porque el fiscal le preguntó al testigo Giberson si era posible que existiese algún entendido entre un capataz y un empleado para que éste cobrarse sin haber ido a trabajar, y Giberson contestó “puede ser”. Desde luego, la mera posibilidad de que se haga tal cosa no demuestra que se hizo, ni siquiera que es probable que se haya hecho. Para demostrar lo falaz de ese pensamiento basta indicar que es posible que un millón de personas adultas en el país cometan un delito grave cada una en el día de hoy, sin embargo, esa mera posibilidad no justifica que se concluya que eso ha ocurrido. Aunque es posible, no es ni siquiera probable que ocurra. Por el contrario, en relación con la prueba documental presentada la presunción que ordena la Ley de Evidencia es que las tran-sacciones privadas fueron realizadas con rectitud y en debida forma, a menos que se pruebe lo contrario. 32 L.P.R.A. see. 1887 (19). No hubo prueba alguna contraria en ese sentido.

La situación que hemos descrito, creemos, hace forzoso concluir que en este caso surge por lo menos una duda razona-ble que hace necesario revocar la sentencia y absolver al acu-sado: Véanse Pueblo v. Gautier Oliveras, 99 D.P.R. 138, 141 (1970); Pueblo v. Moreu Pérez, 96 D.P.R. 60, 64 (1968). Se dictará sentencia conforme con lo antes expresado.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    Arturo Ruiz Guardiola et al., demandantes y recurrentes, v. Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc., et al., demandados y recurridos; Arturo Ruiz Guardiola et al., demandantes y recurridos, v. Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. y Luis Morales, demandados y recurrentes.

      Números: R-70-225, R-70-226

      Resueltos: 25 de septiembre de 1972

      Beverley, Rodríguez, Estrella & Pesquera, abogados de los de-mandados y recurrentes; Agraít, Oliveras & Otero, abogados de los demandantes y recurrentes.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Los esposos demandantes Arturo Ruiz Guardiola y Emma Luz Guardiola, instaron acción ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior contra los demandados Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc. y contra el empleado de ésta, Luis Morales, reclamándoles el pago de los daños que alegada-mente sufrieron con motivo de un accidente de automóviles ocurrido en la intersección de la carretera número 1 de Ca-guas a Río Piedras y la carretera número 176 del Barrio Cupey de San Juan, el 28 de agosto de 1965.

El tribunal de instancia declaró con lugar la reclama-ción de los esposos demandantes, al concluir que el acci-dente se debió a la exclusiva culpa y negligencia del chofer codemandado Luis Morales, cuya negligencia era imputable a la otra codemandada Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc., quien era patrono de dicho chofer y dueña del vehículo que aquél conducía, al lanzarse al cruce de una carretera de mayor tránsito sin tomar las precauciones debidas, especial-mente al no tener ninguna visibilidad hacia el lado izquierdo; y en vista de que llovía en esos momentos y de que el trán-sito era pesado. En su consecuencia el tribunal sentenciador condenó a la parte demandada a satisfacer a los esposos de-mandantes las siguientes cantidades en concepto de daños: gastos médicos y medicinas, $2,038.07; pérdida de ingresos de la demandante Emma Guardiola de Ruiz durante los 4 años 1 mes transcurridos desde la fecha en que dejó de traba-jar hasta la fecha en que se dictó la sentencia, $19,600; su-frimientos, dolores y angustias de la demandante Emma Guardiola de Ruiz y su incapacidad física de un 50%, $25,000; sufrimientos y angustias mentales del demandante Arturo Ruiz Guardiola, $4,500 y $4,083 por la pérdida de ingresos de éste. La reclamación de los hijos de los esposos Ruiz-Guardiola fue desestimada por haber prescrito sus cau-sas de acción.

Contra dicha sentencia han solicitado revisión ambas partes.

Los demandantes señalan como único error el que el tribunal sentenciador no concediera compensación alguna a la demandante, señora Ruiz, por disminución de su capacidad productiva en vista de la incapacidad resultante del 50% de sus funciones fisiológicas generales, a pesar de haberle con-cedido compensación por la pérdida de ingresos hasta la fecha en que se dictó sentencia.

Los demandados, por su parte, señalan diez errores cometidos por el tribunal sentenciador. Tres de ellos se refieren a la determinación de negligencia, cuatro de ellos a las partidas de compensación concedidas, otro que envuelve el haber ignorado una condición previa y pre-existente de la esposa demandante (que en esencia va dirigida a la determi-nación de compensación), otro en cuanto a la apreciación del impacto entre los dos vehículos el cual no consideran que fuera suficientemente fuerte para causar el daño físico sufrido por la demandante y, el último, motivado por haber declarado el tribunál sin lugar una moción de reconsideración solicitada por la parte demandada.

Estamos conformes con la conclusión del tribunal senten-ciador en el sentido de que el accidente se debió a la'exclusiva culpa y negligencia del chofer codemandado actuando en funciones de su empleo con la codemandada Sears Roebuck de Puerto Rico, Inc.

Ya hemos resuelto anteriormente que la señal para cruzar, ya sea mediante instrumento mecánico o de un oficial policíaco, no es una orden de continuar la marcha y sí un permiso cualificado para continuar conforme a las disposiciones de ley, como un hombre prudente lo haría en tales circunstancias, lo que ciertamente requiere el mirar hacia ambos lados antes de entrar en la intersección. Damiani v. Donatiu, 95 D.P.R. 829 (1968); Pereira v. E.L.A., 91 D.P.R. 750 (1965); Briales Aldrich v. Torres, 89 D.P.R. 815 (1964). No se cometieron los errores señalados por los demandados en relación con la determinación de negligencia ni la de aprecia-ción del impacto entre los vehículos.

Pasemos a discutir la impugnación que hacen los deman-dados de la cuantía de daños concedida a los demandantes.

Apuntan los demandados primeramente que los daños con-cedidos a la señora Ruiz Guardiola por concepto de pérdida de ingresos resultan especulativos, injustos y conflictivos con la prueba desfilada. Debe aclararse que el tribunal no con-cedió a la demandante daños por pérdida de ingresos durante los seis meses siguientes a la ocurrencia del accidente por razón de que ésta aceptó haber continuado trabajando du-rante tal período de tiempo. Pero sí concedió daños basados en los 4 años 1 mes subsiguientes transcurridos hasta el día del juicio.

Examinadas las circunstancias específicas de este caso entendemos que el tribunal de instancia, al fijar la compensa-ción por dicha pérdida de ingresos de la señora Ruiz Guar-diola, debió haber tomado en consideración la naturaleza del trabajo que ésta llevaba a cabo en vista de su condición física durante dicho período de tiempo que culminó con la fecha del juicio. Veamos:

Surge del récord que su trabajo era de tarea parcial como farmacéutica al que dedicaba uno o no más de cuatro días al mes. (T.E. pág. 20). (Énfasissuplido.)

En su testimonio en la deposición tomada el 26 de septiem-bre de 1968 la demandante describe su trabajo en la fábrica en la forma siguiente:

“Este señor [el dueño], tiene una fábrica y me pide que yo le dé el nombre ... y es un ‘part time’ muy cómodo porque yo podía hacer todos mis quehaceres e ir una o dos veces, uno o dos días al mes.” (Pág. 26.) (Énfasis suplido.)
“. . . tan pronto ese ‘stock’ bajaba [el dueño] me daba un timbrazo ‘A tu mayor comodidad’.” (Pág. 27.) (Énfasis suplido.)
“. . . el ‘duty’ mío era solamente supervisar mientras fabri-caban.” (Pág. 28.) (Énfasis suplido.)
“La actividad mía consistía en coger la goma tragacanto, o sea, los agentes emulsionantes y pesarlos ... se le echa la goma tragacanto, se le da a un botón y las aspas batidoras eléctricas empiezan a batir ese producto. Después que ya está incorporado el producto, como quince o veinte minutos, se la echa la tintura de ipecacuana que es lo único que lleva . . . Esa era mi función y yo me sentaba a esperar tres horas para poder fabricar. Si quería pasar a la casa de [los dueños], me iba allá y me tomaba mi tacita de café con doña Mary [esposa del dueño], le servía de compañía . . . .” (Págs. 32, 33.) (Énfasis suplido.)

Luego, en su testimonio durante el juicio, la demandante expresó lo siguiente:

“. . . la función mía se circunscribía a medir con una medida cincuenta c.c. de extracto fluido de ipecacuana, que es la droga que hay que medir, y dar unas pesadas; que no lo hacía yo sino que yo supervisaba lo que [dos obreros] pesaran.” (T.E. pág. 26.) (Énfasis suplido.)
“. . . Esa fábrica está establecida en tal forma que todo se manipula mediante llaves. ... Y eso no lo hacía yo sino que lo hacían dos obreros. . . .” (T.E. pág. 26.) (Énfasis suplido.)

La demandante señora Ruiz Guardiola ni siquiera tenía que conducir automóvil para llegar a su trabajo ya que ésta no sabía guiar, y dependía de que su esposo la llevara a la fábrica. Tal hecho surge de su propio testimonio en la deposi-ción antes referida a la pág. 31:

“No yo no guiaba, mi esposo es vendedor y yo, como este es un trabajo que yo lo podía hacer con toda comodidad, pues yo aprovechaba cuando él tenía la ruta de Vega Alta que tenía que pasar por allí y me dejaba por la mañana y me recogía a las ocho o nueve de la noche.”

Y en cuanto a sus limitaciones para sus actividades, ésta las resumió en su testimonio en el tribunal en la forma siguiente:

“Me está proscrito todo trabajo que implique doblarme o hacer fuerza....” (T.E. pág. 14.)
También relató las cosas que puede hacer:
“. . . hacer el almuerzo, hacer el desayuno y hacer la comida, y echar ropa a la máquina de lavar y a la secadora.” (T.E. págs. 14,15.)
“. . . puedo ir a misa. Cuando me estoy sintiendo bien voy. . . . Esa hora la saco todos los domingos de las que puedo estar. El domingo yo voy a la iglesia.” (T.E. pág. 18.)
“. . . No puedo ir a bailes porque yo no voy a estar horas prolongadas. Aun en una reunión que yo tenga que levantarme y vestirme, ir un ‘beauty parlor’ en ese tiempo ya se me van las cuatro horas; para entonces montarme en un carro, llegar a la reunión, decir, ‘hola, ¿qué hay?’ y me voy. Las pocas salidas que doy tienen que ser a casa de familia donde yo pueda ir y acos-tarme allí a distraer mi mente un rato.” (T.E. pág. 18.) (Énfasis suplido.)
“P. ¿Qué son las cuatro horas a que usted hace referencia?
“R. Es el período máximo que mi cuerpo ha tolerado con la autodisciplina que me ha ido a través del tiempo indicando mi condición según yo trato de hacer una cosa.” (T.E. pág. 19.)

Un análisis del testimonio de la propia demandante demuestra que su estado físico era tal que no le impedía del todo llevar a cabo la función cómoda y limitada de farmacéutica de tarea parcial en la fábrica donde trabajaba. Su impedimento físico para realizar la labor según ella la describe no nos parece que estuvo respaldada por la preponderancia de la evidencia. Ni siquiera tenía que guiar automóvil. Su amistad con el patrono y la esposa de éste era tal que durante los descansos de tres horas que tomaba en su trabajo pasaba a la casa contigua del patrono a disfrutar de'la compañía de la esposa de aquél y de una taza de café. No tenemos duda de que la demandante podía realizar la tarea ocasional de supervisión en dicha fábrica, especialmente cuando de su propio testimonio surge que en las ocasiones en que el patrono amigo la necesitaba le daba un timbrazo para que viniera a su “mayor comodidad”. Quedó demostrado que sus funciones no requerían estar de pie por mucho tiempo y que tampoco se requería hacer fuerza o doblarse. La demandante deven-gaba un salario de $400.00 mensuales por su trabajo de farmacéutica de tarea parcial que efectuaba una o dos veces al mes según su propia declaración. No hay evidencia alguna de que la demandante acostumbrara a trabajar en su profe-sión o trabajo otro alguno, excepto la prueba desfilada en cuanto al trabajo de tarea parcial que efectuaba en la fábrica de sus amigos de Emulsión Jiménez. Nos da la' sensa-ción de que ella llevaba a cabo esa labor en particular por la comodidad que representaba. Ante tales circunstancias, entendemos que cometió error el tribunal sentenciador al con-cederle compensación por pérdida de ingresos en la suma de $19,600, la cual debe dejarse sin efecto.

En cuanto a la incapacidad parcial permanente de la demandante, el perito médico Dr.-Alvarez de Choudens concluyó que como resultado del accidente la demandante sufre de una enfermedad discogénica y cervical y lumbar que dificulta que el cuadro que presenta desparezca ya que a pesar de cuatro años de tratamiento conservador no ha desaparecido la enfermedad. Considera el referido perito que la condición de la demandante le ha creado una incapacidad permanente de un 50 % • de las funciones generales de su cuerpo. Esta tiene 45 años de edad. Desde el mes de septiem-bre de 1965 ha estado bajo tratamiento con el Dr. José Alvarez de Choudens quien diagnosticó un esguince de la región cervical y otro en la región lumbosacral. Ha estado pade-ciendo de dolores internos con períodos de alzas y bajas y ha tenido que reestructurar todo su sistema de vida. Las instruc-ciones del médico son: no doblarse, no levantar ni empujar objetos pesados, no caminar ni estar sentada por tiempo, descansar por períodos durante el día, preferiblemente acos-tada y aplicarse tracción al cuello diariamente, no usar almohadas y usar corset ortopédico.

Considerando la incapacidad de 50 % de las funciones fisiológicas generales de la demandante, conforme la declaración del neurocirujano Dr. Alvarez de Choudens, la cual afecta su capacidad de trabajo, y considerando además los sufrimientos y angustias que. ha experimentado y continúa sintiendo, llegamos a la conclusión de que cometió error el tribunal de instancia al conceder la suma de $25,000 por tales conceptos, y aumentamos dicha compensación a $40,000. Aunque la demandante había padecido antes y aún tiene una condición congénita de sacralización, no quedó demostrado que dicha condición preexistente fuera la causa de la incapacidad parcial permanente que ésta sufre. Y, a pesar de haber estado la demandante envuelta con posterioridad al accidente que motivó este pleito en un accidente automovilístico de poca importancia, tampoco pudo demostrarse que como consecuencia de dicho accidente se le agravara su condición física.

No vemos razón para alterar las otras sumas concedidas por el tribunal de instancia, las cuales se confirman.

Finalmente un estudio del error levantado por los deman-dados relacionado con la determinación del tribunal a quo al declarar sin lugar la moción de reconsideración nos revela que el mismo es inmeritorio.

Se modificará la sentencia de acuerdo con los pronuncia-mientos de esta opinión y así modificada será confirmada.

El Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervino.

       Recurrentes en este caso.

       Recurrentes y recurridos en este caso.

      No se ha levantado como error la determinación de prescripción en cuanto a los hijos de los demandantes.

       La estimación de daños depende de las circunstancias concurrentes. Así no puede adoptarse como regla fija y antecedente obligatorio lo resuelto en casos específicos. Vda. de Silva v. Auxilio Mutuo, 100 D.P.R. 30 (1971) (Ref. Colegio de Abogados núm. 63); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Baralt v. Báez, 78 D.P.R. 123 (1955); Sánchez v. Sucn. J. Serrallés, 53 D.P.R. 80 (1938). La estimación de los daños, especialmente por sufrimientos físicos y angustias mentales, es una función que descansa en la sana discreción del juzgador, Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961), y conlleva el ánimo de reparar al perjudicado y sin el propósito de castigar a su causante. Toro Mercado v. P.R. & Amer. Ins. Co., 87 D.P.R. 658 (1963) ; Rivera v. Rossi, 64 D.P.R. 718 (1945).
      Más aún, ha sido doctrina reiterada de este Tribunal que en ejercicio de sus facultades revisoras, tiene amplia discreción para adoptar su pro-pio criterio en la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartarla aunque resulte técnicamente correcta. Valdejulli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488 (1965).


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages Juez Asociado Señor Dávila

text:
    C. Brewer Puerto Rico, Inc., querellada y recurrente, v. Juan Rodríguez Sanabria, querellante y recurrido.

      Numero: R-71-10

      Resuelto: 26 de septiembre de 1972

      Ramón Cando, abogado de la recurrente; Gutiérrez & Schmer, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Reclamado el pago de $50,675.04 por concepto de horas extras trabajadas como listero y segundo mayordomo en exceso de ocho horas al día, horas trabajadas durante el séptimo día de cada semana, el tiempo de tomar café y el almuerzo, desde enero de 1959 a julio de 1964, más una suma igual en concepto de daños y perjuicios, se alegó como defensa que el recurrido actuaba durante dicho período como uno de los ejecutivos de la recurrente.

Por los fundamentos que exponemos a continuación con-cluimos que el recurrido al actuar durante ese término como segundo mayordomo de una sección de 600 cuerdas de una finca de caña de la recurrente, ejercía funciones de ejecutivo.

El tribunal de instancia concluyó que durante la época que el recurrido ejerció la faena de listero “. . . la evidencia no es confiable, aparte de que indica que hubo una reclamación por dicho concepto y que hubo un pago.”

Quedó pendiente el periodo de diciembre de 1959 a 1964, en que el recurrido recibía un sueldo de $4,2 semanales hasta enero de 1962, de $46 hasta diciembre de 1962, y de $200 mensuales hasta julio de 1964.

La controversia restante es con respecto a si durante este período el recurrido ejercía funciones y en efecto era un ejecutivo de la recurrente.

Concluyó el tribunal a quo, además, que:

“El querellante trabajó como segundo mayordomo en la Colonia Mandry desde el 22 de diciembre de 1960 al 20 de julio del 1964. La evidencia no establece que cuando la querellada contrató al querellante en su nueva actividad se le señalaran por escrito lo que demuestra un patrón de conducta propiciadora de situaciones como la envuelta en este caso. La evidencia demues-tra que el mayordomo primero era el funcionario con poder para despedir y suspender obreros para resolver o intervenir en la solución de conflictos entre los obreros de la Colonia y la Unión Obrera. El mayordomo segundo no tenía esos poderes y de hecho aunque aparece que el mayordomo primero los ejercitó durante el período del 1960 al 1964; el mayordomo segundo, el aquí querellante, nunca los ejercitó. No se ha señalado una sola circunstancia en que la querellada hubiese actuado en alguna de las áreas funcionales señaladas a instancia del aquí quere-llante. Tampoco aparece que la querellada hubiese, por acto afirmativo alguno, hecho saber a los obreros de la Colonia sobre las facultades ejecutivas del querellante, en paridad de situación y circunstancias con el mayordomo primero. Todos estos elemen-tos factuales y otros que surgen de la evidencia y que no precisa señalar, conducen al Tribunal a sostener que el aquí querellante no era el empleado ejecutivo o administrativo a que se refiere el Reglamento Núm. 13 Revisado de la Junta de Salario Mínimo.
... el trabajo del querellante aumentaba de hecho en los períodos de zafra siendo normal en el resto del año. Durante el corte de caña el querellante tenía que levantarse bien temprano para ir a buscar obreros que trabajaban en el corte, desde sus casas al corte y viceversa. Estas personas que se dedicaban a cortar caña vivían cerca o dentro de la Colonia pero él tenía que transportarlos en ‘jeep’ que le proporcionaba la querellada. Es de notar que el mayordomo primero no aparece que realizara tal faena.
. . . además de las labores que tenía que realizar como mayor-domo, segundo de la Colonia, tenía que ir a recoger obreros para el corte de caña en diversos sitios y llevarlos a su casa. Esa labor la realizaba el demandante fuera de las horas y del trabajo normal como mayordomo segundo.
El Tribunal estima que esa labor le tomaba unas 5 horas diarias en exceso a la jornada diaria de 8 horas.
El Tribunal, como se ha dicho, no tiene evidencia suficiente-mente confiable para determinar si el querellante trabajó los domingos y cuanto si fue que trabajó.
Como cuestión de hecho, el Tribunal no tiene evidencia con-fiable en cuanto a que el demandante trabajase durante la hora del almuerzo.
Como cuestión de derecho el demandante no tiene derecho a que se le compense por el llamado ‘Coffee Break’, si fue que lo trabajó.”

A base de tales conclusiones el tribunal dictó sentencia condenando a la querellada a pagar al querellante $4,916 más otra suma igual por daños liquidados más $500 de honorarios de abogado.

Las partes están contestes en que la disposición legal aplicable a esta reclamación es el Reglamento Núm. 13 Revisado de la Junta de Salario Mínimo (29 R.&R.P.R. see. 246e-8 (2) (c). En este Reglamento se define el término Ejecutivo como “Cualquier empleado que preste servicios en actividades agrícolas de producción de caña (bien como en-cargado, capataz, supervisor o mayordomo de una finca cañera) que reúna los requisitos que se especifican en los incisos (1), (2) y (3) del Apartado (C) y que reciba una compensación fija (por día, semana, quincena o períodos mayores) equivalente a un salario semanal no menor de treinta dólares ($30.00).” Los incisos (1), (2) y (3) del Apartado (C) proveían lo siguiente:

“(1) que como encargado, [capataz, supervisor] o mayor-domo de una finca tenga a su cargo, total o parcialmente, la supervisión de la misma;
(2) que tenga autoridad para emplear y despedir otros empleados o cuyas sugestiones y recomendaciones sobre el empleo y despido de otros empleados y en cuanto al mejora-miento y ascenso o en relación con cualquier otro cambio de status de otros empleados, hayan de recibir especial atención;
(3) que habitual y regularmente ejerza facultades discre-cionales ;”

No hay duda que el recurrido cumple con el requisito de salario de ejecutivo, pues siempre ganó en el período en cues-tión más de los $30.00 semanales que fijaba dicho Reglamento para esa época.

Dijimos en Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581, 582 (1961), al revocar una convicción por una infracción a la “Ley de Bolita”, que:

“Es norma reiterada nuestra la de respetar y sostener la apreciación que hagan los jueces de instancia de la prueba que ante ellos se ofrece. Solamente hemos alterado esos dictámenes en casos de ‘error manifiesto’ en el desempeño de dicha función, cuando un examen detenido de toda la prueba nos convence que el juzgador descartó injustificadamente elementos probatorios importantes o fundó su criterio únicamente en testimonios de escaso valor, o inherentemente improbables, o increíbles.
“. . . Los jueces no debemos, después de todo, ser tan ino-centes como para creer declaraciones que nadie más creería.”

Así mismo en Román Montalvo v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428, 436 (1963), en consonancia con la anterior norma, revocamos una sentencia a favor de un lesionado, en un caso de daños y perjuicios, porque la versión de los hechos creída por el juez de instancia era a todas luces desacreditada. Dijimos en este caso “. . . Es más bien una cuestión de sufi-ciencia de la prueba, de su calidad, que de su apreciación.”

En Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56 (1966), una mayoría de este Tribunal revocó una convicción del delito de poseer heroína porque “. . . el contenido de la [prueba] presentada hace surgir una duda razonable sobre la respon-sabilidad del acusado.” Véanse, además, Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 468 (1962); Pueblo v. Ramos, 43 D.P.R. 71, 73 (1932), en el cual dijimos que: “. . . como tribunal de apelación podemos determinar si hubo un mani-fiesto error en la apreciación de la prueba. . . .” En los casos de El Pueblo v. Vázquez, 33 D.P.R. 194 (1924); El Pueblo v. Rivera, 25 D.P.R. 812 (1917); El Pueblo v. Ortiz, 22 D.P.R. 677 (1915); El Pueblo v. Cofresí et al., 22 D.P.R. 749 (1915); y El Pueblo v. Vega, 15 D.P.R. 339, 352 (1909), revocamos las convicciones por ser la prueba insuficiente en todos ellos. Véase, además, Pueblo v. Ayala Ortiz, 97 D.P.R. 168 (1969).

En el caso ante nos, debemos considerar la prueba adu-cida, a la luz de las normas que acabamos de exponer con el fin de determinar si el reclamante realizaba su trabajo dentro de los requisitos marcados en el referido reglamento.

La prueba demuestra que el recurrido trabajaba en la colonia Mandry de la querellada la cual estaba a cargo de un mayordomo. Esta finca se componía de dos secciones, cada una bajo un segundo mayordomo. El querellante estaba a cargo de la sección mayor de 600 cuerdas.

De acuerdo con el mayordomo de la colonia Mandry, Sr. Pedro Pérez Nieves, quien al momento de testificar en el juicio celebrado en 24 de febrero de 1970 no trabajaba para la recurrente desde septiembre de 1967, el recurrido, como segundo mayordomo a cargo de la sección de 600 cuerdas de la colonia Mandry, realizaba las siguientes funciones:

1. — Tenía ingerencia en nombrar los 5 ó 6 capataces empleados durante la zafra, cada uno de los cuales tenía de 15 a 20 obreros;

2. — Organizaba y supervisaba el corte de caña, arrimo y el cultivo proveyendo “la gente” necesaria para estos traba-jos; “cambiaba los obreros, si no les convenía de un sitio a otro por cualquier razón”; a veces consultaba con el testigo sobre esto; a veces lo hacía por su cuenta;

3. — Escogía, disciplinaba y despedía obreros sin consultar con el mayordomo;

4. — En tiempo muerto organizaba, distribuía el trabajo y “vigilaba por los cultivos de caña, la siembra, el corte de semilla ... no tenía que consultar conmigo”; y escogía los capataces y los obreros. A esos efectos y durante la zafra usaba un “jeep” de la querellante para moverse de un sitio a otro.

5. — Preparaba un presupuesto semanal de gastos de su sección y lo sometía al testigo, incluía los gastos de recolec-ción y cultivo incluyendo los del mayordomo y del segundo mayordomo. Si el dinero no daba para realizar su trabajo era responsabilidad del recurrido suspenderlo para la otra semana.

6. — Atendía trabajos de emergencia, como reparaciones de puertas y cercas. Para este propósito él buscaba el personal necesario.

7. — Como el recurrido no tenía horario fijo él mismo apuntaba su entrada y salida de su trabajo; trabajaba de 5:80 a.m. hasta las 6:00 p.m. Los obreros corrientes sí tenían hora fija.

8. — Tomaba una hora más o menos para almorzar en su casa, vivienda que le suplía el patrono.

9. — Cuando faltaba al trabajo por enfermedad no se le descontaba. Se le daba dos semanas de vacaciones al año; a los capataces y obreros no.

Testificó dicho mayordomo, además, que él daba vueltas por las secciones “a ver como estaba el asunto de trabajo” y supervisaba los trabajos “y les indicaba la mejor forma de trabajar”; le daba órdenes a los segundos mayordomos y estos “cumplían ... las órdenes que yo le daba con los capa-taces”; que él (el recurrido) consultaba con el testigo, “si me encontraba de momento”; que “yo vigilaba el trabajo que él hacía y él vigilaba que el trabajo quedara bien hecho”; que tanto él como el recurrido tomaban tiempo para tomar café a eso de las 8:00 a 9:00 de cada mañana en la residencia de cada uno; no así los obreros; que el testigo y el recurrido se veían 10 ó 12 veces en un día en el campo. Luego dijo que lo veía 4 ó 5 veces diarias en su sección. Veía a los dos segundos mayordomos tomar el café, y el almuerzo porque “tenía yo que pasar por obligación por las casas de ellos todos los días”; que el recurrido daba órdenes a los capataces sobre el trabajo a realizarse; que el testigo fijaba la hora de comenzar y terminar el trabajo; que si el testigo encontraba algo mal hecho les decía “corrijan eso, que está mal hecho”; que “si acaso algún obrero no servía, él [el recurrido] lo mandaba a suspender” pero no recordó el nombre de ningún obrero o capataz así suspendido, debido a los años que habían pasado; que el testigo examinaba los presupuestos que le sometían los segundos mayordomos, los hacía corregir si encontraba algo mal, los firmaba y los mandaba a la oficina central; mencionó el nombre de los capataces que escogió el recurrido; que al eliminarse los listeros, los capataces hacían unas listas en que anotaban las horas trabajadas por cada obrero cuyo nombre aparecía impreso en las listas, el capataz firmaba estas listas y el mayordomo las recogía y las llevaba a la oficina central; que cuando el testigo y el recurrido estaban en distintos sitios de la sección, cada uno daba órdenes direc-tas con respecto al trabajo en el lugar en que se encontraban; que el recurrido no trabajaba los domingos.

. 'La prueba aducida por el recurrido es tan parcializada, e inherentemente improbable e increíble, que no merece crédito.

El recurrido testificó que su función como segundo mayor-domo consistía en “verme con el mayordomo primero, que era el ejecutivo, para coger las órdenes del día y obedecerlas. Estas órdenes incluían, el personal a usarse al otro día y el trabajo a realizarse.” Testificó que “las funciones mías eran, yo diría, que mensajero del mayordomo primero”, que no podía buscar obreros por su propia cuenta “porque no me atrevía. Si llegaba a hacerlo algún día, [cristiano!”, que el mayordomo primero escogía los obreros; que el testigo nunca escogió ni obreros ni capataces; que el mayordomo primero “los mandaba a trabajar y yo atendía cualquier cosa que ellos decidían pero mandado por él”; que “si había que botar a alguien había que hablar con el mayordomo primero”; que entraba al trabajo a las cuatro de la mañana cuando iba “primero a recoger la gente”. En un jeep, asignado para el trabajo . . .”; que los nombres de estos obreros se los daba el mayordomo; que luego daba vueltas por los callejones “super-visando el cultivo, quiere decir, viendo si hacía falta algo del cultivo para notificar allá al mayordomo. . ¿que buscaba el desayuno de los obreros del arrimo y. de la grúa a las tiendas cercanas y se los llevaba “A la pieza de caña a dárselos a los obreros”; que pedía órdenes del mayordomo de usar el zancú o no usarlo”; que él pasaba las órdenes que daba el mayor-domo; que “Después del desayuno tenía que ir a buscar los almuerzos ... a las 10:00 y media. A los distintos sitios”; que a esos fines daba 8 ó 4 viajes; que, además, por órdenes de los jefes grandes iba “a buscar agua en un cubo en el mismo ‘jeep’. . . . Para los obreros”; que a “los obreros que traía por la mañana tenía que llevarlos donde los cogió ... y traía los nuevos para el 2do. turno”; que a las 10 de la noche llevaba a los obreros “a su propia casa donde los cogí por la tarde . . . durante la zafra” de manera que el testigo regresaba a su casa regularmente de 11 a doce de la noche y se levantaba a las 4 y media de la madrugada para comenzar el trabajo del día siguiente; que no le daban vacaciones; que trabajaba 7 días a la semana pues el domingo preparaba “las nóminas” que en la Central aparecían firmadas por él; que no tomaba el coffee break pues “Eso yo no lo conocía; no había tiempo para eso”; que durante la zafra “. . . en 10 minutos tenía que al-morzar y seguir andando”; que “el mayordomo era el ‘all around’; en otras palabras era el más que manda”; que su trabajo en la preparación del presupuesto consistía en pasar al presupuesto que “era un libro más grande” las notas en papel cualquiera que le daba el mayordomo “porque el mayor-domo era el que mandaba a hacer todo. ... A base de los números que él llevaba en su libreta . . .”; que si se despidió algún capataz lo hizo el mayordomo; que el que llamaba la atención por algún asunto del trabajo era el mayordomo; que “A fines del 1962 y a principios del 1963 eliminaron los listeros entonces, nos dieron órdenes que éramos mayordomos 2do., para buscar la gente, y hacer las listas, y hacer los ‘payrolls’, y hacer todo lo que hacía el listero”; que las nóminas se preparaban en máquinas IBM; que de los apuntes de los capataces en sus libretas, el testigo pasaba los datos a unas listas grandes a manuscrito y éstas se pasaban a la oficina'. Preguntado si en unas listas impresas no venían los nombres de los obreros y si faltaba alguno se tachaba, y si había uno nuevo se agregaba a la lista, contestó: “ ¡caramba!, yo le voy a ser sincero : no sé si la lista venía, lo cierto es que nosotros teníamos que ver con el asunto ese ... de eso no recuerdo.” No recordaba si esas listas existían, si se recogían todos los días; que “si la había era semanalmente que la recogíamos.”

El delegado de la Unión y operador de un vehículo de arrastre conocido como “Zancú” en la colonia Mandry, testi-ficó que el recurrido trabajaba allí como empleado; que el mayordomo Pedro Pérez supervisaba el trabajo del testigo, nunca el recurrido; que veía al recurrido en un jeep; “Unas veces llevaba gente, otras veces llevaba almuerzos, otras veces pasaba vacío el 'jeep’ ”; que cuando trataba de comunicarse con el recurrido o cuando se rompía el “zancú” “... lo buscaba a él [Pedro Pérez] porque él [el recurrido] me decía que él [Pérez] era el mayordomo allí . . . con quien yo tenía que ha-blar algo allí, fuera de las funciones de la Unión o fuera de las funciones ... del trabajo, era con él [Pérez]”; que quien le impuso un castigo de suspensión por una semana fue Pérez quien supervisaba el corte y arrimo en la colonia Mandry; que cuando suspendían trabajadores, el testigo, como dele-gado de la Unión, primero trataba el asunto “con el capataz que había, que tiene que ver con esa función, y después, si no podíamos resolver entre el capataz y yo el problema ... en-tonces buscaba a don Pedro Pérez . . .”; que el recurrido le decía que “no tenía mando para bregar con esas cosas”; que suponía que el recurrido era ayudante de Pérez; que no sabía que había un segundo mayordomo; que el recurrido lo vio “Lo veía por todo aquello... lo encontré en dos o tres ocasiones por allí. . . hablaba con los trabajadores'y los capataces ... yo no atendía lo que ellos hablaban . . . creía primero que él podría ser un empleado que podría ayudarme en algo ... porque lo vi caminando en el 'jeep’ por allí”; que no sabía que el recurrido era 2do. mayordomo, ni que vivía en casa del patrono aun-que sabía que vivía en terrenos de éste.

Flor Díaz Medina, encargado de la estación de ferroca-rril del patrono, en Naguabo, testificó que conoció al recu-rrido cuando éste fue a trabajar de listero o mensajero . . . en la colonia Mandry . . ; que lo veía “repartiendo gente” por la mañana y luego por la tarde y “repartiendo almuerzos .... Llevando obreros a sus casas . . . durante ... la zafra . . ., que usaba el ‘jeep’ para transportar a los obreros, llevar-los a sus casas”; que el recurrido “era un listero; yo diría un mensajero, porque él lo que hacía era llevar papelería y car-gar gente”; que el propio recurrido y Pedro Pérez le dijeron que el recurrido era listero por lo que no podía dar permisos ni tomar medidas para nada pues eso le correspondía al mayordomo Pedro Pérez; que “Porque yo lo que veía a ese señor [el recurrido] era bregando con sacos y bregando con gente y por eso es que yo digo que era un mensajero de la compañía.”

En refutación volvió a declarar el mayordomo Pedro Pérez Nieves para explicar cómo se transportaban los obreros, los almuerzos y el agua en la Colonia Mandry. Testificó que “habían específicamente, trucks para buscar los obreros; si faltaba algún obrero, él [el recurrido] los traía en su carro . . . en el ‘jeep’ .... Estaba Diego Molina que era el chófer que traía la gente del arrimo ...”; que había un truck para-el arrimo y dos más conducidos por Luciano Lozada- y Faustino Serrano; que “Si le faltaba algún obrero él [el recurrido] cogía del cultivo algún obrero diestro . . . -si había algún obrero del camino lo llevaba. En cada brigada había almuer-cero” y un aguadante; que “El mismo que traía el del arrimo traía el de la grúa”; que el patrono pagaba $20 diarios a Diego Molina por llevar y traer los obreros, y $19 diarios a Lozada y lo mismo a Serrano; que “se le pagaba un jornal completo a un hombre por eso, por traer los almuerzos” y un aguadante por llevar el agua; que había un almuercero para el corte y otro para el arrimo quien iba a buscar el almuerzo; que había “venteros” a quienes el patrono permitía entrar a vender “Cafés, refrescos y frituras y lo que qui-sieran”. Negó haber dicho que él era el que mandaba en la colonia Mandry y que el recurrido no mandaba nada allí pues “él [el recurrido] tenía muchas atribuciones para mandar, y supervisar, y mandar allí.” En contrainterrogatorio explicó que la colonia empleaba un promedio de 150 a 200 hombres; que los tres camiones transportaban 40 hombres cada uno más 25 ó 30 vivían “por allí cerquita, por allí en el batey”; que el recurrido “estaba autorizado que si necesitaba obreros buscarlos .... No estaba autorizado a buscar almuerzos.”

El anterior resumen de la prueba, demuestra que las conclusiones del juez sentenciador relacionadas con las funciones del recurrido no están justificadas pues se apoya en testimonios inherentemente increíbles. Por el contrario, la prueba claramente demuestra que:

(a) El recurrido tenía a su cargo la supervisión parcial de una sección de 600 cuerdas de una finca de caña.

(b) Estaba autorizado para emplear, disciplinar y des-pedir los obreros.

(c) Organizaba y supervisaba el corte, arrimo y cultivo de lá caña. A esos efectos tenía ingerencia en nombrar los capataces, proveía los obreros para cada faena, trasladaba a los trabajadores de una faena a otra según las necesidades y preparaba el presupuesto semanal. Como atribuciones de eje-cutivo del patrono, no tenía horas fijas de trabajo, vivía una casa del patrono y tenía derecho a vacaciones, privilegios no extendidos a los obreros. Marcano Rodríguez v. Pepsi Cola Bot. Co., 95 D.P.R. 445 (1967).

La falta de credibilidad de la prueba del recurrido surge de la exageración con que se trató de aminorar la naturaleza de las funciones del recurrido. El testimonio de que sólo era un listero no es creíble ya que durante el período de la recla-mación el patrono había abolido ese cargo y en la oficina central se realizaba el trabajo de nóminas a base de unas listas que llenaban los capataces, entregaban al recurrido y éste llevaba a dicha oficina. Lo mismo ocurre con el testimonio de que era un mero mensajero para llevar y traer obreros y los almuerzos pues esto no se podía hacer en' sólo un jeep cuando se trataba de 150 obreros. Resulta obvio que estas funciones tenían que realizarla otras personas usando ca-miones grandes, personas a quienes el testigo Pérez Nieves hizo referencia específica por sus nombres.

También es de notarse que el testimonio de Pérez Nieves, quien había dejado de trabajar hacía unos tres años para el patrono recurrente antes de testificar podría considerarse más confiable que el del propio recurrido, el representante de la unión y el otro compañero de trabajo, quienes inexplicable-blemente dijeron no conocer con certeza qué funciones reali-zaba el recurrido fuera de actuar como listero y mensajero, funciones que claramente no ejercía excepto en cuanto a llevar las listas preparadas por los capataces a la oficina central.

Por los fundamentos expuestos, debe revocarse la senten-cia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, y dictarse otra en su lugar desestimando la querella.

El Juez Asociado Señor Hernández Matos no intervino.

El Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión disidente en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila

en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de septiembre de 1972

El Tribunal mediante la opinión emitida en el día de hoy deja sin efecto una sentencia del Tribunal Superior, Sala de Caguas que condena a la recurrente C. Brewer Puerto Rico, Inc., a pagar a un obrero la cantidad de $4,916.00 más una suma igual como penalidad y $500 de honorarios de abogado. Disiento porque la Regla 43.1 de las de Procedimiento Civil de 1958 es clara y terminante al disponer que “. . . [l]as determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador para juzgar la credibilidad de los testi-gos. . . .” La opinión del Tribunal ignora la disposición de la Regla que el propio Tribunal adoptó, y aprecia la prueba como si estuviera juzgando el caso en primera instancia. La función primordial de este Tribunal es determinar si las determinaciones del tribunal de instancia tienen apoyo sufi-ciente en la prueba presentada, y en ausencia de pasión, pre-juicio o parcialidad deben ser aceptadas. Es evidente que las determinaciones de hecho que ahora se dejan sin efecto tienen base suficiente en la prueba. No puedo concurrir.


author: Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Dávila Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Joaquín A. Márquez, peticionario, v. Gilberto Gierbolini, Superintendente General de Elecciones, demandado.

      Número: O-72-283

      Resuelto: 29 de septiembre de 1972

      Santos P. Amadeo, abogado del peticionario.

       Enmendada por una Resolución aprobada el 28 de noviembre de 1972.

   RESOLUCIÓN

Atendido el hecho de que sólo procede el mandamus para hacer cumplir un deber ministerial claramente dispuesto por ley, y habida cuenta de que en el presente caso primeramente hay que determinar la constitucionalidad de un estatuto de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, no ha lugar al auto solicitado. Considerada la petición de mandamus como una demanda de sentencia declaratoria, se da traslado de la misma al Tribunal Superior, Sala de San Juan, por no tener este Tribunal jurisdicción para conocer de ella en primera instancia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel y el Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz disintieron por votos separados. El Juez Asociado Señor Rigau emitió un voto concurrente con el cual concurre el Juez Asociado, Señor Ramírez Bages. El Juez Asociado, Señor Dávila emitió un voto separado con el cual concurre el Juez Asociado, Señor Ramírez Bages. Los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Martín, no intervinieron.

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Rigau

con el cual concurre el Juez Asociado Señor Ramírez Bages.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1972

El mandamus solicitado no procede. Como se sabe, en derecho sólo' procede un mandamus contra un funcionario público cuando existe un deber ministerial ordenado por ley. Esto es, cuando la ley ordena al funcionario concernido cum-plir un deber y no le deja discreción para decidir si lo cumple o no. En el caso de autos la ley no le da esa discreción al Superintendente General de Elecciones de Puerto Rico. Todo lo contrario; la ley' le prohíbe hacer lo que el peticionario pretende que haga. Por eso actuó correctamente el Superin-tendente General de Elecciones.

En uno de los votos disidentes se invoca la disposición de ley que dispone que este Tribunal no es uno meramente de casación sino uno de apelación y que podrá entender no sólo en cuestiones de derecho sino también en cuestiones de hechos. Esa disposición — valiosísima como lo es por otras razones— no viene al caso pues la misma no confiere jurisdicción alguna; sólo dice cómo ejercerla cuando se tiene.

—O—

Voto separado del

Juez Asociado Señor Dávila

en el cual concurre el Juez Asociado Señor Ramírez Bages.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1972

La importancia que pueda tener una cuestión para un litigante no concede jurisdicción a un tribunal para conocer de un pleito si la ley no la establece. Respetar la ley, tanto la que gobierna la conducta de los individuos como la que gobierna la. función de un tribunal, es fundamental para la permanencia de un gobierno de ley.

La Ley del 12 de marzo de 1903 — 4 L.P.R.A. sec. 36 —no concede autoridad al Tribunal Supremo para conocer de un pleito sobre el cual- no tiene jurisdicción. Esa disposición legislativa establece normas para fallar una controversia una vez el Tribunal Supremo ha adquirido jurisdicción de acuerdo con las leyes que gobiernan la función de este Tribunal.

—O—

Voto disidente del Juez

Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1972

Voto porque se expida un auto alternativo de mandamus. Estimo que dentro del presente recurso el Tribunal está facultado para considerar la constitucionalidad de la Sec. 48a de la Ley Núm. 79 de 25 de junio de 1919, según enmendada, 16 L.P.R.A. § 173, como paso previo para decidir si se ordena o no lo solicitado por el peticionario.

Estando a pocos días de la celebración de las elecciones generales y tratándose aquí de la reclamación por un elector de su derecho a participar en el proceso eleccionario sirviendo en las Juntas de colegio electoral y encontrándose en la misma situación, según se alega, otros 20,000 ciudadanos, el Tribunal ha debido asumir jurisdicción en el asunto, máxime cuando en la actualidad no hay, prima facie, una base razo-nable para que la ley declare, como lo hace, incompatibles con los cargos de miembros de las juntas de colegio electoral y recusadores con cualesquiera otro cargo desempeñado o pagado con dinero del Gobierno Federal de los Estados Unidos, o de cualquiera de sus agencias en Puerto Rico, en la fecha en que se celebren las elecciones o pagado durante dos meses con anterioridad a las mismas.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

San Juan, Puerto Rico, a 29 de septiembre de 1972

Con los votos de cuatro compañeros jueces, el Tribunal considera que el recurso de mandamus debe ser tratado como uno de sentencia declaratoria y, así considerado, se declara sin jurisdicción.

Disiento. El recurso plantea la cuestión de si el derecho constitucional del ciudadano en el ejercicio de la prerrogativa electoral — servir como miembro-recusador en un colegio electoral — puede legislativamente restringirse por el solo hecho de desempeñar aquél un cargo pagado por el Gobierno de los Estados Unidos. Art. 48(a). de la Ley Electoral, 16 L.P.R.A. see. 173. El gran interés público de que este serio planteamiento sea resuelto ahora no debe ponerse en duda. Se trata no ya del derecho básico del ciudadano a disfrutar de la garantía y protección en el ejercicio de la prerrogativa electoral, sino también del derecho fundamental a la igual protección de las leyes, derecho que, de la propia faz de la sección de ley impugnada, parece igualmente habérsele negado al peticionario.

La Ley Electoral dispone (16 L.P.R.A. see. 171) que los funcionarios de los colegios-^ — inspectores, secretarios y recu-sadores — deberán ser nombrados con anterioridad a las doce del mediodía del día 1ro de octubre del año de elecciones. El problema planteado requiere una resolución pronta y defini-tiva. No es arriesgado afirmar que ello no se habrá de lograr en la forma que la mayoría ha despachado este asunto.

La autoridad de este Tribunal para conocer de recursos de mandamus en primera instancia no debe ponerse en duda. 32 L.P.R.A. see. 3421. Y en el caso presente se dan los requi-sitos que hemos exigido en .el pasado: (a) la solicitud va dirigida a un alto funcionario del gobierno como lo es el Superintendente General de Elecciones, (b) se levantan cues-tiones de gran interés público, y (c) el problema requiere una solución pronta y definitiva. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960).

Al juzgar la procedencia del recurso y los vicios procesales que pueda adolecer, no debe hacerse caso omiso de los hechos y de los méritos del caso y de la urgencia con que merece resolverse. Vale recordar la disposición de ley que dice:

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante [1903] un tribunal de apelación y no un tribunal de casación. En sus deliberaciones y fallos en todos los asuntos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho Tribunal no se limitará solamente a infracciones de ley o quebrantamientos de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hiciere constar en sus exposiciones y excepciones sino que con el más alto fin de justicia, el-Tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administración de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.” 4 L.P.R.A. sec. 86.

He tomado como base la Constitución y la justicia como valores supremos a los cuales el procedimiento debe servir como un instrumento y no como una camisa de fuerza. Con-sidero que la decisión del Tribunal está obligando al peti-cionario a seguir un procedimiento que por lo lento probable-mente resultará ineficaz. No es de extrañarse que el peti-cionario se vea obligado a recurrir a los tribunales federales, quienes ante los serios planteamientos constitucionales y ante la ausencia de un procedimiento local eficaz, probablemente-accederían a resolver esta importante cuestión de derecho puertorriqueño.

Por ello he votado para que se expida.el auto de mandad-mus.

       Dispone así:
      “El Tribunal Supremo de Puerto Rico constituirá de aquí en adelante un tribunal de apelación y no un tribunal de casación. En sus delibera-ciones y fallos en todos los asuntos, tanto en lo civil como en lo criminal, dicho Tribunal no se limitará solamente a infracciones de ley o que-brantamientos de forma, según fueren señalados, alegados o salvados por los litigantes, o según se hiciera constar en sus exposiciones y excepciones sino qué con el más alto fin de justicia, el Tribunal puede también entender en todos los hechos y tramitaciones en la causa tal como aparecieren en autos, considerando en igual forma sus méritos para la mejor administra-ción de justicia y del derecho, y evitar injusticias y demoras.”


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    El Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandante y recurrido, v. Sociedad Protectora de Niños et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-70-193

      Resuelto: 11 de octubre de 1972

      González, Jr., González-Oliver, Blanco Lugo & Moran y Fausto Ramos Quirós, abogados de la recurrente; Fiddler, González & Rodríguez y Federico Tilén, abogados de I.B.E.C. Realty Corporation; Gilberto Gierbolini, Procurador General y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

La Sociedad Protectora de Niños es propietaria de una parcela de terreno en la Avenida 65 de Infantería de Río Piedras que tenía una cabida de 6054.35 metros cuadrados. En el 1958 la Sociedad le cedió esta parcela en arrendamiento a la IBEC Realty Corporation por un término de veinte años, acordándose un canon anual de $3,600.00 pagadero por anti-cipado. Mediante la cláusula 14 del contrato, las partes con-vinieron que, en caso de expropiación forzosa para el ensanche de las avenidas o calles marginales adyacentes, el canon estipulado no sería reducido y que cualesquiera sumas que se recobraran por pérdida sufrida por la arrendataria pertenecerían a ésta. La cláusula 14 lee así:

“En caso de expropiación forzosa para ensanchar las aveni-das o calles marginales colindantes, no se reducirá por cantidad alguna el canon de arrendamiento y cualesquiera cantidades que se cobren por las pérdidas que sufra el arrendatario pertene-cerán al arrendatario.”

En el año 1966 el Gobierno expropió 352.62 metros cuadrados de la parcela arrendada, quedando ésta reducida en su cabida a 5701.73 metros cuadrados. La expropiación se llevó a cabo con el fin de ampliar las calles adyacentes. El Gobierno consignó $14,104.80 como valor de tasación. La Sala de Expropiaciones, después de celebrada una vista, fijó en $17,634.80, ó sea $3,530.00 adicionales, como justo valor de la parcela expropiada. Esta suma, más $990.16 por concepto de intereses, fue consignada por el Gobierno.

La IBEC reclamó como suya y la Sala de Expropiaciones le reconoció el derecho a la totalidad de la suma consignada como justo valor de la parcela expropiada basándose en los términos de la cláusula 14 del contrato de arrendamiento. Dicha Sala sostuvo lo siguiente:

“La cabida de las tres parcelas segregadas del predio arren-dado es de 352.62 metros cuadrados, quedando éste reducido a 5701.7 metros cuadrados. De acuerdo con los términos del con-trato, la arrendataria tenía que seguir pagando el mismo canon de arrendamiento. Para la arrendadora la reducción en área no resultaba ser pérdida económica alguna durante la vigencia del contrato. Pero para la arrendadora [sic] esa reducción signifi-caba una pérdida en el área de estacionamiento, y en las facili-dades de su empresa comercial.
Por tanto, nos vemos obligados a resolver que como conse-cuencia de la expropiación de la faja de terreno para la amplia-ción y ensanchamiento de las calles adyacentes a los terrenos arrendados es una pérdida de las que el contrato contempla y consecuentemente el dinero que por esa pérdida se recobra pertenece a la arrendataria.”

A solicitud de la Sociedad acordamos revisar.

La controversia entre la Sociedad, aquí recurrente, y IBEC no envuelve la responsabilidad del Estado ni queda dicha responsabilidad afectada económicamente por cualquier determinación que hagamos en torno a la extensión del derecho sobre los fondos consignados que es la controversia que la Sociedad y IBEC nos plantean en este recurso. Ello es así, ya que no se cuestiona la razonabilidad de la valoración fijádale a la parcela expropiada.

Como punto de partida, nos parece que sirve de ayuda hacer una breve reseña de ciertos principios generales que hemos seguido en el pasado en el campo de expropiaciones de propiedad privada.

Sostuvimos en Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961, 970 (1953), que un recurso de expropiación es un procedimiento in rem. No va dirigido contra ningún demandado en particular, sino contra la propiedad propiamente dicha y que “si bien el ejercicio del poder de expropiar extingue todos los derechos anteriores sobre la propiedad, el gobierno no expropia el interés que pueda tener ningún demandado en particular sobre la propiedad.” También hemos resuelto que, de ordinario, donde el título de dominio es expropiado, “partidas tales como gastos de mudanza, costos de reinstalación del equipo, y pérdida de negocios no son compensables aun bajo un mandato constitucional como el nuestro que exige compensación por propiedad‘tomada’ o ‘perjudicada’.” Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., 78 D.P.R. 939, 965 (1956). De ello se puede razonablemente deducir que, salvo la existencia de circunstancias excepcionales, la valoración de la propiedad particular objeto de expropiación no debe de ordinario variar por el hecho que medie un contrato de arrendamiento.' (Id., a la pág. 946.) En el caso de McCormick, Alcaide & Co., supra, sostuvimos que (a la pág. 946):

“En tanto en cuanto el arrendamiento menoscaba el valor del título de dominio, el arrendatario debe ser compensado de la suma que represente el valor total del título de dominio y no en adición a éste.”

Se trataba en dicho caso de una expropiación que como cuestión de hecho “frustraba” el fin principal del contrato de arrendamiento (que le faltaba 9 meses por expirar) aseme-jándose a una expropiación total de la propiedad. Se resolvió en dicho caso que cuando mediante expropiación “se destruye el propósito para el cual se otorga un arrendamiento, el con-trato se da por terminado y el arrendatario no responde al arrendador por los cánones”. Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., supra, pág. 967. Reconocimos allí el derecho del arrenda-tario a ser compensado por la terminación de su arrenda-miento con motivo de la expropiación, adoptando el Tribunal la siguiente norma (id., pág. 952) :

“En términos generales, cuando se expropia todo el balance de un arrendamiento, el arrendatario tiene el derecho al ‘. . . valor del uso y ocupación de los bienes arrendados por el resto del . . . término . . . menos el canon estipulado que el arrenda-tario tendría que pagar por tal uso y ocupación’.”

La anterior regla contempla casos de expropiación total del bien arrendado, pero en cuanto a expropiaciones parciales de un bien arrendado, no existe una norma judicial o estatutaria local específica que regule la distribución de la suma consignada entre las partes interesadas. Para la solución de este caso es necesario, pues, remitirnos a la cláusula 14, antes transcrita, del contrato de arrendamiento vigente entre las partes.

Las partes no cuestionan la aplicabilidad de la cláusula 14. La recurrente sostiene, en síntesis, que el alcance de la cláusula 14 del contrato es conferir un derecho a la arrenda-taria a participar de la compensación por la expropiación y no como resolvió el juez sentenciador al reconocerle a la arrendataria el derecho a la totalidad de la compensación sin tener en cuenta la pérdida del derecho de propiedad sufrida por la arrendadora-recurrente.

Mediante la cláusula 14, las partes acordaron que en caso de expropiación forzosa, para los fines públicos que allí se indican, no habría reducción del canon estipulado . . y cualesquiera cantidades que se cobren por las pérdidas que sufra el arrendatario pertenecerán al arrendatario.”

El tribunal sentenciador sostuvo que para la arrendadora la expropiación de 352.62 metros cuadrados . . no resultaba ser pérdida económica alguna durante la vigencia del con-trato.” Ello es así, según la resolución recurrida, debido al hecho que de acuerdo con la cláusula 14 la arrendadora seguiría cobrando el mismo canon, sin rebaja, de la arrenda-taria. Pero, para esta última, sostuvo el tribunal a quo, la expropiación significaba una pérdida ya que el área de esta-cionamiento y sus facilidades serían reducidas. Concluyó en-tonces que esa era una pérdida de las contempladas en el contrato adjudicando que “la única persona con derecho a recibir la suma [$17,634.80] es la arrendataria.”

No estamos de acuerdo. La cláusula 14 del contrato relativa a la obligación de la arrendataria de continuar pagando el canon estipulado en su totalidad en realidad recoge contractualmente la doctrina mayoritaria que impera en los Estados Unidos al efecto de que la expropiación parcial de los bienes arrendados, en ausencia de disposición contractual o estatutoria que otra cosa provea, no afecta la obligación del arrendatario de pagar el canon convenido. 49 Am. Jur.2d see. 589; 3 A.L.R.2d 286, 328-332 (Anotación Elements and measure of lessee’s compensation for taking or damaging leasehold in eminent domain); 48 Va. L. Rev. 477, 479-482, 493-496, Note, 43 Iowa L. Rev. 279-287 (1958) ; 2 Nichols, sec. 5.23 [3],

De ese modo las partes resolvieron contractualmente de antemano la posibilidad de controversias sobre disminución de la renta en caso de expropiación parcial, cuestión ésta que dejamos sin resolver en Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co. (supra, a la pág. 967, escolio 25).

La controversia no gira, pues, sobre el derecho de la arrendataria a una disminución de la renta, sino sobre su alegado derecho a la totalidad del valor de la parcela expro-piada basado en la cláusula 14 que, luego de establecer que no se reduciría la renta en caso de expropiación parcial, dis-pone a renglón seguido:

“. . . y cualesquiera cantidades que se cobren por las .pérdidas que sufra el arrendatario pertenecerán al arrendatario.”

El contrato de arrendamiento cubría un área de seis mil y pico de metros cuadrados por un término original de veinte años y un canon anual de $3,600.00. Disponía también que a opción de la arrendataria, sujeto a ciertas condiciones, el término podía ser extendido por quince (15) años más por un nuevo canon que mutuamente acordaran las partes. En cuanto a mejoras y alteraciones se acordó que las mismas requerían la aprobación previa de la arrendadora y que las edificaciones o mejoras pertenecerían a la arrendadora, sin derecho la arrendataria a indemnización, excepto que la arrendataria se obligaba a retirarlas a su costo de mediar una solicitud de la arrendadora a esos efectos al finalizar el término del arrendamiento.

La arrendataria sostiene, en efecto, que la cláusula de expropiación no lee como dice, sino que donde lee “cuales-quiera cantidades que se cobren por las pérdidas que sufra el arrendatario” quísose decir:

“. . . y cualquier suma que se recobre en la expropiación pertenecerá a la arrendataria.”

Ello equivaldría a sostener que con arreglo a la cláusula de expropiación, según la lee la arrendataria, la arrendadora le traspasó no sólo el uso y disfrute, sino el título de dominio de la parcela expropiada, valorada por el tribunal en $17,634.80, por el precio de $2,675.00 pagadero en 12 años y 8 meses a razón de $210.00 anuales aproximadamente, que representa la renta proporcional anual sobre la parcela expro-piada que la arrendataria viene obligada a pagar a la arren-dadora por el término que faltaba del contrato.

Este anómalo resultado desnaturalizaría el sentido del contrato acordado por las partes atribuyéndole un efecto radicalmente distinto del que revela el contrato de arrenda-miento en sus distintas cláusulas consideradas las unas con las otras. Se trata de un contrato de arrendamiento, no de venta. La frase “cualesquiera cantidades que se cobren por las pérdidas que sufra el arrendatario” no sostiene el alegado derecho de ésta a la totalidad del justo valor de la parcela expropiada. Esta interpretación sería de por sí inconsistente con otras cláusulas del contrato que le confieren a la arrenda-dora la propiedad de toda mejora o edificación que construya allí la arrendataria.

Dicha interpretación es inaceptable pues amplía las obligaciones del contrato expandiéndolas para cubrir derechos y obligaciones de naturaleza y alcance distintos al que las partes consintieron, vulnerando así el principio consignado de manera clara y expresa en nuestro Código Civil que cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de aquellos que fueron objeto del contrato. Art. 1235, 31 L.P.R.A. see. 3473.

En este caso se expropió el título de dominio sobre una parcela de .352.62 metros cuadrados, parte de una de mayor cabida ocupada en arrendamiento por la recurrida. Estrictamente hablando al arrendatario no se le reconoce, de ordinario, en nuestra jurisdicción el derecho a recobrar por daños (losses) por partidas tales como gastos de mudanza, costo de reinstalación de equipo, pérdida de negocios, plus-valía, etc. En lo que atañe al gobierno la compensación que deba pagar por el título de dominio generalmente no es afectada por el hecho de que la propiedad está sujeta a un contrato de arrendamiento. Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co. supra. En lo que concierne al arrendatario su derecho a indemnización por tales partidas de daños debe ser objeto de contratación entre el arrendador y el arrendatario y en el caso que consideramos no lo fue. Si las partes hubieran con-siderado que tales partidas de daños eran recobrables para la arrendataria contra los fondos de la expropiación, fácilmente pudieron haberlo hecho constar así específicamente. Vale señalar que la arrendataria no los ha reclamado aquí. Ello no es de extrañarse ya que la expropiación envolvía tres peque-ños trozos de terrenos con un área total de 352.62 metros cuadrados sin ninguna edificación ni equipo instalado. El daño por pérdida de negocios y plusvalía parecería ser, a lo más, insignificante, si no demasiado remoto e improbable.

La cuantía fijada por el tribunal sentenciador — represen-tada por el valor total de la parcela expropiada — como pérdida sufrida por la arrendataria no encuentra apoyo ni en la cláusula de expropiación ni en ninguna otra base plausible.

Ya hemos sostenido que la cláusula 14 no tuvo el alcance ni abarca derecho de la arrendataria a compensación por partidas especiales por concepto de mudanza, costo de instala-ción de equipo, perdida de negocios, plusvalía, etc. Más bien la cláusula parte del supuesto de que la recurrida, en virtud de sus relaciones arrendaticias — término del contrato, mejo-ras, pago de contribuciones territoriales, etc. — tiene un interés económico indeterminado sobre al montante del valor de la parcela expropiada. En ausencia de una expresión específica en el contrato, es necesario que le fijemos un valor económico al referido interés.

En otras palabras, nuestra misión es determinar la suma a que tiene derecho la arrendataria por la privación del uso y disfrute de una parte, aunque pequeña, del área arrendada durante el resto del término de su arrendamiento en base a que el contrato de arrendamiento continúa en vigor sin reducción alguna en el canon.

Al referirse al problema de la distribución de los fondos de la expropiación entre el arrendador y el arrendatario, se dice en Orgel, Valuation Under Eminent Domain, Vol. I, 2d Ed., sec. 121, pág. 521:

“Este asunto ha ocasionado más dificultades a las cortes que ningún otro problema de prorrateo. Muy frecuentemente la cuestión gira alrededor del punto de si el arrendatario continúa o no obligado a pagar el canon durante el resto del término del arrendamiento, aun después de la expropiación. Si la obligación subsiste, el principio de indemnización exige que le sea pagada una porción de la compensación suficiente para indemnizarle por su obligación continua. Si ésta cesa, no se requiere que sea com-pensado por esta partida, pero puede que aún tenga derecho a la diferencia entre el valor del arrendamiento (rental value) y el canon estipulado (rent reserved)

En el presente caso la arrendataria pactó pagar el mismo canon sin reducción alguna, pero no renunció al derecho a participar en los fondos de la expropiación. El punto es cuál és la medida de la indemnización.

Aparte de otros daños — gastos de mudanza, mejoras, reinstalación de equipo, etc. — no envueltos ni reclamados aquí, el arrendatario puede sufrir una pérdida con motivo de la expropiación parcial por dos razones.

La primera, porque el valor del arrendamiento puede mermar debido al hecho de que la renta convenida {contract rent) sea menor que la renta razonable en el mercado (economic rent) que pudiera obtenerse en un subarrendamiento. Korf v. Fleming, 239 Iowa 501, 32 N.W.2d 85, 33 A.L.R.2d 270 (1948); Laurence Sando, Appraisal of Leasehold Interests, Third Annual Institute of Eminent Domain, Southwestern Legal Center (1961); Schmutz, Condemnation Appraisal Handbook, págs. 151-157 (1949); Orgel, obra citada, sec. 124, pág. 530.

En Pueblo v. McCormick supra, págs. 952-953, nos referi-mos a la cuestión de la suma a que tenía derecho la arrenda-taria por la terminación de su arrendamiento con motivo del procedimiento de expropiación. Expresamos allí que “[E]n términos generales, cuando se expropia todo el balance de un arrendamiento, el arrendatario tiene derecho al valor del uso y ocupación de los bienes arrendados por el resto del . . . término . . . menos el canon estipulado que el arrendatario tendría que pagar por tal uso y ocupación.”

Aunque en McCormick se trataba de la expropiación que “frustraba” el fin principal del contrato de arrendamiento asemejándose a una expropiación “total”, la medida de daños, según la regla seguida en la mayoría de las jurisdicciones en los Estados Unidos, es la misma que cuando se trata de expropiaciones parciales de la propiedad objeto del contrato. Committee on Condemnation and Condemnation Procedure, Am. Bar. Asso., 1970 Report; Polasky, The Condemnation of Leasehold Interests, 48 Va. L. Rev. 477, 493-494 (1962); Note, Condemnation and the Lease, Iowa L. Rev., Vol. 43, 279-287; Schmutz, obra citada; United States v. 31.07 Acres of Land, etc., 189 F.Supp. 845, 848 (1960); 1 Orgel, obra citada, sec. 126, págs. 536-541; Anotación, 3 A.L.R.2d 286, 2-96. Esta es la regla que reconoce el derecho del arrendatario a recibir el “valor en el mercado” del arrendamiento como compensación por la pérdida prematura, total o parcial, de su arrendamiento.

Orgel, en su obra citada, pág. 534, apunta que el número relativamente pequeño de casos que niegan compensación al arrendatario bajo contratos de arrendamiento de alguna duración demuestra que las cortes están receptivas a suponer que la renta económica excede .del canon convenido. En Korf v. Fleming supra, se señala que generalmente el valor en el mercado es el criterio que debe seguirse en la valoración del interés arrendaticio, aunque reconoce que con frecuencia éste no ofrece una base razonable para prorratear la suma adjudicada en la expropiación. En Jahr, Eminent Domain Valuation and Procedure, Ed. 1957, sec. 130, pág. 194, se hace un señalamiento similar:

“La doctrina de los tribunales en el sentido de que el valor de un arrendamiento ha de fijarse de acuerdo con su ‘valor en el mercado’ probablemente plantea un problema tan complicado como el problema original. ¿Cómo ha de tasarse ese derecho a partir del ‘valor en el mercado’? Ciertamente hay muy pocas ventas de arrendamientos que sean perfectamente comparables a la que se interesa evaluar. No se trata de tasar un inmueble, en cuyo caso podrían hallarse ventas de propiedades comparables en la vecindad. Cada arrendamiento es sui generis. No obstante, los tribunales han sostenido que el valor en el mercado es la medida de la compensación para el arrendatario. El valor en el mercado tendrá que determinarse por reconocidos expertos en la venta de arrendamientos.”

La expresada norma de valoración no le ayuda a la recurrida. Esta tampoco la invoca. Más aún, los autos carecen de base racional alguna que sirva de apoyo a una conclusión al efecto de que el valor total del título de dominio del terreno expropiado coincide con el valor en el mercado de su interés arrendaticio, ni que se justifique dejar inalterada la suma adjudicádale por la sala de instancia. Para participar en los fondos recaía sobre la recurrida el peso de la prueba para establecer su pérdida. Pueblo v. McCormick supra, pág. 952, escolio 9; Jahr, obra citada, pág. 194; United States v. 31.07 Acres of Land, etc., supra; Korf v. Fleming supra. Ante la ausencia de datos relevantes en los autos, no estamos dispuestos a suponer que la renta económica exceda del canon contractual y mucho menos en condiciones de fijar una cuantía para indemnización de la recurrida por ese concepto.

La segunda partida o concepto de daños que puede sufrir en estos casos el arrendatario es una cantidad equivalente al valor actual de los cánones pagaderos en el futuro. Es decir, en vista de que el arrendatario continuará en el futuro obli-gado a pagar el canon total acordado, pero no estará disfru-tando del total de la propiedad que acordó arrendar, tiene derecho a una compensación por esas pérdidas futuras. Dept. of Public Works & Buildings v. Metro. Life Ins. Co., 192 N.E.2d 607, 613 (Ill. App. 1963); Sacramento & San Joaquin Drainage Dist. v. Truslow, 270 P.2d 928, 933 (Cal. Dist. Ct. App. 1954); City of Pasadena v. Porter, 257 Pac. 526, 528 (Cal. 1927); Schmutz, obra citada, pág. 153. En el récord sí hay base para conceder esta segunda partida.

Ya hemos visto que el terreno expropiado guarda al terreno total la misma proporción que $210 guarda a $3,600 (el canon anual convenido). Partiendo de una duración de 12 años 8 meses de arrendamiento futuro y asumiendo que el arrendatario hubiese invertido el valor en que ha menguado el uso de la propiedad arrendada al tipo de 6 por ciento anual, procedamos a aplicarle la fórmula que describe Schmutz. De la tabla que aparece en la obra de Schmutz, a la pág. 292, vemos que el factor correspondiente a un período de 12 años es 8.384, siendo el factor correspondiente a 13 años 8.853. Interpolando obtenemos el factor 8.697, correspondiente a un período de 12 años 8 meses. El producto de 8.697 y la cantidad de $210 antes mencionada es $1,826.37, cantidad ésta la que en justicia corresponde al arrendatario. Naturalmente, el remanente pertenece a la arrendadora, dueña del terreno, aquí recurrente.

En consecuencia, somos de opinión que de la suma de $17,634.80 fijada por el tribunal de instancia como justo valor de la parcela expropiada le corresponde a la recurrida la cantidad de $1,826.37 y el remanente de $15,808.43 per-tenece a la recurrente. En cuanto a la partida de intereses consignada por el Gobierno — montante a $990.16 — ésta se distribuirá en la misma proporción que las cantidades que le corresponda a las partes según lo indicado, es decir, $102.98 para la recurrida y $887.18 para la recurrente.

En tal virtud, se modificará la sentencia recurrida con-forme lo antes expresado.

       La cláusula 14 redactada en Inglés lee así:
      “In case of enforced expropriations for the widening of the bordering avenues or marginal streets, rent shall not be reduced in any amount and any sums recovered for loss sustained by tenant shall belong to tenant.”

       La Ley de Expropiación Forzosa reconoce en términos generales el derecho de toda persona que ocupare cualquier propiedad objeto de la expropiación, que tuviere o pretendiere tener cualquier interés en la misma o en los daños y perjuicios ocasionados por la expropiación, a comparecer y alegar su derecho por lo que respecta al dominio o interés que en la propiedad tuviere o reclamare (32 L.P.R.A. see. 2906) y faculta al tribunal para dictar las órdenes que fueren justas y equitativas en relación con los gravámenes y otras cargas que pesen sobre las propiedades. (32 L.P.R.A. see. 2907)

       Los $17,634.80 representan el importe consignado para cubrir el justo valor de la parcela expropiada.

       $3,600.00 (renta contractual)
      -;- = $.5947 por m/c; 6,054.35 m/c (área arrendada)
      352.62 m/c (área expropiada) x $.5947 = $210.00.

       Véanse Korf v. Fleming, supra; 43 Iowa L. Rev. 279, 284, 285.