text:
    Norberto Quintana Tirado y Blanca Jusino Laracuente, demandantes y recurridos, v. Hernán Longoria e Isabel Vélez, demandados, y recurrente la segunda.

      Número: R-80-179

      Resuelto: 11 de marzo de 1982

      Francisco Ariel Avilés Rodríguez y Ángel L. Tapia Flores, abogados de la codemandada-recurrente Isabel Vélez; Jovino Martínez Ramírez, abogado del demandante-recurrido; Enrique Báez García, abogado del codemandado-recurrido Hernán Longoria.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca juzgar nuevamente uno de los actos principales del lento y angustioso drama escenificado entre el abogado Hernán Longoria y su ex esposa Isabel Vélez, con relación a los bienes habidos durante su matrimonio. Los antecedentes procesales que lo inician se remontan al 22 de septiembre de 1971, fecha en la cual Isabel Vélez otorgó escritura de poder general a favor de su esposo Lie. Hernán Longoria, facultándole disponer de todos sus bienes muebles e inmuebles situados en Puerto Rico y reconociéndole otras prerrogativas. Así las cosas, el 18 de julio de 1973, por sí y en representación de su esposa, otorgó escritura hipotecando una finca rústica para ga-rantizar un pagaré al portador por la suma de $60,000 con intereses al 8% anual que fuera entregado a Norberto Quintana Tirado. Un día después, o sea, el 19 de julio de 1973, Isabel Vélez de Longoria, mediante instrumento público revocó ese poder general. La escritura de revoca-ción fue presentada en el Registro de Poderes y Testa-mentos de este Tribunal ese mismo día.

Subsiguientemente, el 20 de mayo de 1975 los esposos Quintana-Jusino, radicaron demanda en ejecución de hipo-teca por la vía ordinaria, reclamando el pago de los $60,000, intereses, costas y gastos de honorarios de abogado contra los esposos Longoria-Vélez. Longoria compareció y aceptó todos los hechos alegados. Levantó ciertas defensas afirmativas, en las que alegó tener bienes suficientes para pagar la obligación, pero que por razón de estar pendiente una acción de divorcio demorada sin su culpa le había sido imposible satisfacerla. Invocó el poder inherente del tribunal para hacer justicia y suplicó se le autorizara gestionar su pago con cargo a la sociedad de gananciales y en protección de la misma.

También compareció al pleito Isabel Vélez, negando todas las alegaciones por falta de conocimiento. Levantó varias defensas afirmativas, entre ellas que “[l]a Demanda objeto de este pleito es el resultado de la acción concertada fraudulenta del Demandante con el Codemandado Hernán Longoria Quiñones encaminadas a defraudar y privarle de su participación ganancial a la Codemandada en la So-ciedad Legal de Gananciales que tiene compuesta con su esposo el Codemandado . . .”. Invocó además falta de causa para el contrato. Posteriormente formuló reconvención y demanda contra coparte. Específicamente alegó que la parte demandante y el codemandado Longoria habían celebrado un contrato de arrendamiento el día 21 de agosto de 1973, mediante la escritura pública Núm. 48, sobre otras tres fincas de su sociedad legal de gananciales; que dicho contrato era nulo, por ésta no haber comparecido a la firma del mismo —habiéndose ya revocado el poder general — ; que estás actuaciones combinadas del deman-dante y codemandado eran hechas para defraudarla y privarla de su participación legal y ganancial en dichos bienes; y que tales actos nulos e ilegales le habían causado daños morales y perjuicios por cánones de arrendamiento dejados de percibir ascendentes a $60,000.

Previo trámites de rigor se ventiló el caso en su fondo. Las partes presentaron evidencia documental y testifical. Esta última —como veremos— resulta de suma importan-cia, pues, según la credibilidad merecida, a la luz de las alegaciones, se afectará directamente el resultado. Tiempo después, el tribunal dictó sentencia declarando con lugar la demanda y sin lugar la reconvención y demanda de coparte.

A solicitud de Isabel Vélez acordamos revisar. Resol-vemos sin el beneficio del alegato del codemandado-recurrido Longoria, quien se abstuvo de someterlo dentro del término concedido.

Los cuatro errores levantados por la codemandada-recurrente Vélez podemos analizarlos en tres dimensiones, a saber: (1) si medió fraude o simulación entre el deman-dante y el codemandado Longoria al este último incurrir en la obligación objeto del litigio, para defraudar a la sociedad legal de gananciales compuesta por él y la codemandada; (2) si el dinero objeto de la deuda fue utilizado por Longoria para mejorar bienes gananciales; y (3) si el tribunal de instancia resolvió todas las cuestiones que le fueron sometidas a su consideración.

I

¿Hubo simulación o fraude?

Para demostrar la existencia y validez de la obligación reclamada, los demandantes, además de la prueba docu-mental, presentaron dos testigos: el propio demandante Norberto Quintana y el codemandado Longoria. Por el impacto decisorio que ambos testimonios conllevan, los examinaremos con detenimiento. Comenzando con este último, esencialmente Longoria declaró que residía en una casa ganancial sita en La Parguera; que conocía a los demandantes desde hacía 30 años, quienes le concedieron un préstamo, sin recordar la fecha, tipo de interés y si había pagado alguna cantidad por concepto de intereses de la obligación; que no había pagado el principal; que la firma que aparecía en el pagaré de $60,000 era de él. No recordaba el día de la transacción, la hora, el sitio, si había personas presentes ni cuándo sintió la necesidad de hacer el préstamo. Nadie lo sugirió. El dinero le fue entregado en efectivo en varias denominaciones. Al recibirlo lo depositó en la caja fuerte de su oficina en San Germán. Que le explicó al demandante que tenía un poder especial de su esposa y que se había comunicado con ella y ésta había dado el consentimiento. Que únicamente le explicó a su esposa que iba a hacer un préstamo para invertirlo en la conservación y mantenimiento de las propiedades. Que le afirmó que necesitaba $100,000 y le mencionó varios nombres de personas a quienes se le podía hacer el préstamo, pero no le informó nada relacionado con los intereses, la cantidad y el tiempo. Que fue abogado del demandante en un solo caso de daños y perjuicios. Que no sabe ni recuerda cuándo se revocó el poder; que el Tribunal Supremo le informó que no estaba revocado cuando lo estaba, y que supo de la revocación pasados 20 ó 30 días porque este Tribunal se lo notificó. Negó que el licenciado Tapia se lo informara por escrito. Al así atestar fue confrontado con una carta que le envió el licenciado Tapia, con fecha del 30 de julio de 1973, y que recibió el día 4 de agosto, y entonces aclaró que dicho abogado le notificó ya cuando él se había enterado 20 ó 30 días después de revocado el poder, mediante el Tribunal Supremo, pero que no recuerda el sitio donde se enteró. (T.E., pág. 39.) Que no le entregó a la codemandada ni un centavo del préstamo y que lo invirtió en la reparación urgente de las propiedades, pero que no tenía a la mano los números exactos ni las fechas.

Declaró, además, que habló con la codemandada el día 2 ó 3 de julio de 1973 y que recordó la fecha durante el fin de semana. Que las relaciones con el demandante eran magníficas y el pleito no las había afectado. Que no informó a la codemandada de sus alegadas deudas. Que radicó la demanda de divorcio cuando ésta presentó la suya. Según los documentos este hecho no es correcto, pues él radicó su demanda de divorcio el 30 de julio de 1973 y ella el 1ro de agosto. Siguió declarando que no le dijo a su esposa que pensaba radicar la demanda de divorcio, al hablar con ella el día 2 ó 3 de julio de 1973, como tampoco le informó que iba a hacer un préstamo de $50,000 al Banco de Economías, el cual realizó en mayo de 1974. Negó que adquiriera el 14 de julio de 1973, una residencia en Villa Capitán en Mayagüez por $60,000. Que no recordaba cuándo conoció a Clara Amalia Pérez, pero que sí la conocía para el 18 de julio de 1973 y que tenía una hija con ella. Que no le había informado al demandante que estaba separado de su esposa. No recordó de cuándo fue la última entrada o anotación en el libro que se le desapareció de su oficina y en el cual llevaba anotado los gastos. Sobre este libro expresó que la última vez que lo vio fue en la fecha anterior en que estuvo señalado el caso, ya que lo trajo al Tribunal y lo regresó a su escritorio y en todos los señalamientos lo traía, pero que no lo trajo esta vez porque no sabía que el caso estuviera señalado. Tampoco lo trajo el segundo día de la vista, porque no lo encontró en su oficina.

El otro testigo, Norberto Quintana, por su parte declaró que conoce a Longoria hace más de 30 años. Que se dedica al comercio y la agricultura. Que le prestó en su casa $60,000 el 18 de julio de 1973 en horas de la tarde, y éste le entregó un pagaré y escritura, habiéndole pagado intereses por el primer año; en diciembre $2,400 e igual cantidad en julio de 1974. Que le había requerido el pago al deman-dado y éste le dijo que tenía problemas y no podía pagarle. Que le entregó el dinero en efectivo en billetes de diferentes denominaciones, ya que lo tenía en su casa en una caja. Que habían hablado inicialmente del negocio el 4 de julio de 1973 y que éste le había ofrecido en garantía la finca diciéndole que valía de 2 a 3 mil dólares la cuerda, pero que no le pidió tasación. El día 18, al hacer el negocio, Longoria le mostró el poder, siendo la primera vez que le pregunta por su esposa, pero que sabía que tenía problemas matrimoniales.

Al ser interrogado sobre sus ingresos y cuánto pagó en contribuciones atestó que no recordaba lo que ganó ni pagó de contribuciones durante los años 1972, 1973 y 1974; que él firmaba las planillas, las cuales preparaba el contable de acuerdo con la información que le suministraba; que no recordaba si firmó las planillas del 1973 y 1974; que vendió en esos años más o menos $400,000, que no recuerda si informó los intereses en sus planillas, aunque está consciente de que “son ingresos”; y que pagó la planilla de 1973 en dos plazos. Se le pidió que explicara cómo, para el año 1973, pagara sólo $2,505.87 en contribuciones sobre ingresos y ese mismo año pudiera prestar a una persona $60,000, a lo cual respondió que era muy fácil: porque los tenía guardados. Declaró, además, que acostumbraba a prestar dinero y que no le daba la información de los intereses al contable sobre los 3 ó 4 préstamos que hacía al año.

Siguió declarando que el deudor (Longoria) se quedó con la escritura para llevarla a inscribir y que un mes más tarde la recibió registrada, debido a que él le había informado que no la aceptaba. Que exigió que el pagaré fuera a la presentación para cobrarlo o negociarlo cuando lo necesitara. Que nunca requirió su cobro a la codeman-dada-recurrente ni tampoco le preguntó a Longoria si le había informado a ella del préstamo.

La codemandada Isabel Vélez, por su parte, presentó su propio testimonio y el de su hija Leda. Olga Longoria Vélez. La primera, en cuánto a la simulación de fraude, atestó: Que allá para el 18 de julio de 1973, aunque casada con Longoria, no compareció físicamente a otorgar la escritura del pagaré hipotecario de ese día. Que se enteró de su otorgamiento el día 18 de julio de 1975, cuando fue emplazada para el pleito. Que Longoria, al solicitarle el poder, le dijo que era para usarlo en un caso de emergen-cia que ella no pudiera estar presente, y que siempre iba a consultarle para ver si estaba de acuerdo con los negocios, y luego los hacía.

Negó que el 2 ó 3 de julio de 1973 Longoria le informara que debido a unas deudas gananciales iba a hacer un préstamo a varias personas, entre las cuales estaba el demandante, y que éste le dijera que iba a otorgar un préstamo de $60,000 ó de cualquier otra suma para hacer ciertas mejoras en los bienes gananciales o para cualquier otra índole.

En cuanto a la revocación del poder declaró que Longoria tuvo conocimiento de ello aproximadamente para agosto 4 del 1973. Basó tal aseveración en que recibió la demanda de divorcio ese día y que entonces acudió a su oficina a las 10:35 de la mañana a decirle que había sido emplazada, pero que pronto recibiría la de ella, y que éste entonces le dijo: “yo te lo hice porque tú me revocaste el Poder y aquí tengo la carta del licenciado Tapia” y que luego se metió en la oficina y cerró la puerta tirándola. (T.E., pág. 208.)

Declaró, además, que más o menos el 2 de julio de 1973 habló con Longoria y le dijo que le iba a revocar el poder, porque él estaba haciendo mal uso del mismo, despilfa-rrando el dinero, ya que se había enterado de que él le iba a comprar una casa a la amante y que estaba haciendo la escritura. Que ante ese señalamiento, el codemandado le respondió que no conseguiría abogado que la representara en contra de él. Que si ese día encuentra un abogado, lo hubiera revocado. Durante varios días estuvo buscando abogado en el área de Mayagüez para revocar el poder y que uno le aconsejó que viniera directamente al Colegio de Abogados; que así lo hizo y el 19 de julio de 1973, a las 12:00 del mediodía la llevaron del Colegio a las oficinas del Bufete Tapia y Avilés. Que ese mismo día el Ledo. Tapia preparó y otorgó la escritura de revocación del poder. Que Longoria le había dicho que él no tenía deudas y que todo estaba bien y en buenas condiciones y no tenía que preocuparse. Que ella sabía que él tenía dinero suficiente para hacer negocios y no tenía necesidad de cogerlo pres-tado. Que tampoco le había informado sobre la exis-tencia en su oficina o en algún otro lugar de algún libro o documento en el cual él tuviera detalladas las operaciones o transacciones que hacía con los bienes gananciales. Que en una ocasión Longoria hizo una venta ficticia a Méndez Santana para obtener un permiso de Planificación y que ella firmó la escritura también; pero que luego se hizo otra vez el traspaso. Que Longoria no cogía dinero prestado. Que no sabe a cuánto asciende el caudal ganancial.

Por su parte la testigo Leda. Olga Longoria Vélez declaró su condición de hija de los demandados; que durante el tiempo que ha conocido a su padre éste nunca le habló del préstamo de $60,000 con el demandante y que, por el contrario, en el 1971 y después de radicada la demanda de divorcio en 1973, le dijo que no tenía ninguna deuda y que poseía mucho dinero el cual les pertenecía a ellos, y que si alguien reclamaba no había nada de responsabilidad porque no tenía deudas. Que en una ocasión le pidió que intercediera entre su madre y él, para que ésta le diera el divorcio. Que supo del préstamo cuando fue emplazada su madre.

Declaró, además, que aunque entre ella y su padre no había ningún tipo de comunicación, ella no le guardaba rencor, porque sigue siendo su padre. Que ella sabía que su padre tenía mucho dinero en su oficina y que cuando fue a Europa de viaje le dio la combinación de la caja fuerte a su hermano.

La prueba antes relacionada es la única pertinente en cuanto a la controversia sobre simulación o fraude. Su lectura integral nos convence de que el tribunal de instancia actuó correctamente al concluir que en verdad Longoria incurrió en la obligación y que ésta no es una ficticia. Como veremos, el que actuara por motivaciones egoístas, a espaldas de su esposa, para su propio beneficio —perjudi-cando indirectamente la solvencia de la Sociedad de Gananciales— no destruye la realidad del préstamo, aun-que tal proceder acarree otras consecuencias jurídicas. La codemandada-recurrente nos cita nuestros pronunciamien-tos de García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 386 (1974), sobre el tipo de prueba necesaria en casos en que se alega fraude, a saber, preponderancia de la prueba.

La prueba en unión a la escritura, nos convence con razonable certeza de la ausencia de simulación o fraude, contrario a lo sucedido en García López, supra. El demandante Norberto Quintana demostró claramente có-mo, cuándo, dónde y bajo qué circunstancias Longoria suscribió la obligación. Aunque el testimonio de Longoria es a veces contradictorio y evasivo, sobre este extremo corroboró lo declarado por aquél. Por otro lado, la decla-ración de la codemandada Vélez y de su hija se limitaba a señalar que Longoria poseía mucho dinero, que no cogía prestado y que les había confesado que no tenía deudas. Concluimos por tanto, que la obligación es legítima y válida.

II

Uso dado al dinero

El correcto análisis de este segundo aspecto -Si el dinero producto del préstamo que tomO Longoria lo invirtió en los bienes gananciales- requiere que dejemos aclarado que segün el decreto de divorcio, las partes se separaron definitivamente para finales de septiembre o principios de octubre de 1971 -con posterioridad a la firma del poder general, el 22 de septiembre de 1971- al Longoria abandonar el hogar por serias desavenencias conyugales surgidas debido a que mantenla relaciones amorosas extramaritales con la señora Clara Amalia Pérez, con la cual después procreó una niña nacida el 22 de diciembre de 1973. “Estos hechos resultaron ser el epílogo y causa efectiva, que dio término a la convivencia marital entre las partes, la cual como cuestión de hecho se había deteriorado y afectado grandemente por la conducta del Demandante-Demandado Hernán Longoria para con su esposa. Esta conducta era una de total desamor e indife-rencia y abandono de los deberes de esposo para con su cónyuge, a la vez que mantenía una relación amorosa fuera del hogar y la cual al llegar a conocimiento de Doña Isabel Vélez de Longoria y sus hijos, causó o marcó la separación definitiva de las partes.” (Énfasis suplido.) (Determinación de hecho Núm. 3, sentencia de divorcio.)

Este trasfondo de grave ruptura en las relaciones físicas y espirituales que como institución humana presu-pone la estabilidad mínima matrimonial —Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978) y García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319 (1978)— debió servir de faro iluminador para guiar la apreciación de la ilustrada sala de instancia al determinar si los $60,000 que tomó prestados habían sido invertidos en los bienes gananciales o en otros menesteres exclusivos del codemandado Longo-ria. Con esta premisa presente examinemos en lo pertinen-te su testimonio.

Durante el contrainterrogatorio se le pidió que desglo-sara las inversiones de la partida de $60,000, ante lo cual expresó no tener disponible los números exactos ni las fechas, por lo cual contestaría en términos generales. Explicó que no tenía esa información porque no sabía que el juicio era ese día —creía que era otro caso el que se iba a ventilar— y tales datos se le quedaron en ese otro caso, por haber traído un expediente distinto. En el desglose general declaró que el dinero lo dedicó “a pagar, arar, desmontar”. Inquirido sobre cuánto gastó en arar contestó que cerca de $6,000 en los terrenos de la finca de La Parguera —que no estaba en litigio— y que el pago lo hizo a la Administración de Servicios al Agricultor, en efectivo. Luego contestó, “no recuerdo bien, más o menos siete mil dólares, algo así” (T.E., pág. 47), sin recordar fecha exacta, como tampoco mes y año. Tampoco recordó el tiempo que transcurrió entre la entrega del dinero y ese desembolso, ni lo podía precisar, y que probablemente lo tenía anotado, pero que no lo recordaba.

Siguió atestando que compró yerba buffer, que le costó $300 el quintal y gastó como $3,000 más o menos en la semilla nada más, aparte del riego. (Serían 10 quintales de yerba.) Esta suma la pagó a “Texas Six” localizada en Houston, Texas. El pago fue por giro bancario sin recordar la fecha. Cree que banco girador fue el de Economías y Préstamos de San Germán. No sabía la dirección de la compañía, ni estaba seguro de poder suministrarla, porque hacía ya mucho tiempo de eso y no había vuelto a comprar. Fue sembrada la parte de atrás de la casa y el monte en La Parguera. No recordó el nombre de la persona en La Parguera que la sembró con sus dos hijos ni la fecha específica ni el año. Sabe que fue en el mes de agosto, porque los meses de julio y agosto son los de siembra. Se sembraron 70 cuerdas de terreno.

Continuó declarando que pagó a Concretera Maya-güezana de $10,000 a $12,000 y que sabía que era de Mayagüez, pero no su dirección. A renglón seguido aclaró que esas cantidades incluyen la mano de obra, la cual cree que fueron “cinco o seis mil pesos, más o menos”. (T.E., pág. 50.) El cemento fue usado en una verja de alambre eslabonado (cyclone fence) construida con base de cemento en La Parguera. El pago lo hizo en efectivo a “Chiro”. No recuerda la fecha como tampoco el nombre y apellido de “Chiro”. En el alambre no recuerda cuánto exactamente gastó: “ocho o diez mil pesos”, pero no se acuerda. Que ese pago lo hizo a la Administración de Servicios Agrícolas en la Calle Ferrocarril de San Germán. Aclaró que no estaba seguro de que comprara ese alambre por ocho o diez mil dólares a la Administración, pero sí que lo compró, le costó eso, está puesto y lo puso César Avilés. Que instaló de seis a siete kilómetros de cerca de espeques de acero de seis pies de alto con pelo de alambre —en algunos sitios con cuatro pelos y en otros hasta ocho. No recuerda la fecha ni cuánto le costaron los espeques. Señala que pueden ser 7, 8, 9 ó 10 mil dólares, pero que no recuerda. Declaró que le compró esto a varias personas y señala a Bonini y Compañía, cree que a Norberto Quintana, a Servicios a los Agricultores, le compró un lote; otro a Central San Francisco. Esta última lo tenía como material desechado. No recordó las fechas de estas compras.

Preguntado sobre si todas las cuentas así desglosadas las había hecho con posterioridad al préstamo, contestó: “[ajlgunas las debía y las pagué con el préstamo, otras fueron hechas con posterioridad, no recuerdo exactamente. Lo que sí sé es que el dinero está invertido, los sesenta mil dólares, en mano de obra, materiales y trabajo.” (T.E., pág. 55.) Siguió declarando que la información de cuáles pagos fueron hechos antes o después del préstamo probablemente la tenía en la oficina, pero que no estaba seguro y que todo lo tenía allí. Se le preguntó si tenía la información de cuánto compró a lo cual contestó “[y]o creo que tengo alguna de esas, las tengo”. (T.E., pág. 56.) Señaló que no tenía objeción alguna —si tenía la información— en traerla en la próxima ocasión.

Al reanudarse el proceso después de un fin de semana el tribunal indagó sobre si había conseguido los documen-tos, desarrollándose el siguiente diálogo:

Testigo Sr. Longoria:
Vuestro honor, tenía un libro de jornales de entrada y salida, libro de aproximadamente ocho pulgadas de ancho por doce pulgadas, quizás más, catorce pulgadas de largo con aproximado una pulgada de grueso donde tenía todas las entradas de todos los gastos hechos en la finca y los estados unidos a esos documentos. ..
R— A cuyo libro estaban unidos otros documentos también relacionados de las fincas y no están en la oficina.
Hon. Juez:
O sea, que la respuesta es que aquellos documentos a que estaba haciendo referencia, no están disponibles.
Testigo Sr. Longoria:
Desaparecieron de la oficina, vuestro honor.
Hon. Juez:
Esa es la situación, compañero Avilés.
Testigo Sr. Longoria:
Tengo algunos documentos que los tenía en otra ... en el maletín en otro sitio y esos están, pero que no son directa-mente en cuanto a los gastos.
Lodo. Avilés Rodríguez y Testigo Sr. Longoria:
P— Testigo, ¿en relación con esto, lo que Usted ha hecho referencia, debo entender que los documentos relacionados con los gastos y específicamente esos son los que se han extraviado o han desaparecido?
R— Esos y otros documentos más, desaparecidos.
P— ¿Y se percató de esa ausencia, de esta desaparición, en qué momento, testigo?
R— Me percaté cuando fui del Tribunal a buscar esos documentos que había prometido y busqué en el sitio que estaban, y allí no estaban. Esos documentos estaban en la última gaveta a mano izquierda de mi escritorio donde siempre habían estado. Un escritorio sin llave, allí estuvieron siempre. (T.E., págs. 62 y 63.)

Posteriormente se le preguntó si era cierto o no que la verja del frente hecha de alambre eslabonado y base de cemento había sido hecha antes del año 1969, a lo cual declaró que no era verdad, añadiendo que recordaba específicamente que compró el alambre a International Agencies y el hierro era de seis pies de alto. (T.E., pág. 72.) Durante el receso del juicio del fin de semana no pudo recordar cuándo se había hecho la verja.

La declaración antes relacionada constituye toda la prueba que tuvo ante sí el tribunal de instancia sobre la alegada inversión por Longoria de los $60,000 en los bienes gananciales. La misma resulta insuficiente. Veamos. Pri-meramente, aun adjudicándole —para fines de argumenta-ción— absoluta credibilidad y computando las sumas mayores declaradas ($6,000 en arar, $3,000 en yerba, $6,000 en cemento, $10,000 en alambre y $10,000 en espeques) ello arroja sólo un total de gastos ascendentes a $35,000. ¿Qué sucedió con los otros $25,000? El récord se encuentra en total orfandad. Segundo, notamos el testi-monio lleno de lagunas, datos imprecisos y vagos. Clara-mente tal contenido, en lugar de arrojar luz, tiende a debilitarlo. Tercero, la conducta de Longoria, como profe-sional y persona, es extraña. Para la fecha en que tomó el préstamo las relaciones con su esposa se habían deterio-rado y afectado grandemente por su conducta; ya estaban separados. Y cuarto, la confusión inicial y la repentina e inexplicable pérdida de su abultado “libro de jornales de entrada y salida” —precisamente en ocasión del juicio— siendo codemandado, destruye el valor probatorio de su testimonio. Frente a la debilidad de esta prueba, surge el testimonio de la codemandada-recurrente, quien categóri-camente declaró que a las propiedades gananciales no se les había hecho ninguna mejora; que ella había visitado la finca con frecuencia y estaba en igual condición que en el año 1973. (T.E., pág. 239.) Específicamente, a preguntas del abogado del codemandado Longoria en torno a cuándo se habían construido las verjas, atestó que la de la casa y finca de La Parguera fueron mucho antes del año 1969, fecha en que se inauguró la casa. Sobre la otra finca no podía decirlo exactamente porque no lo sabía. (T.E., pág. 299.) A preguntas del tribunal aclaró que si bien no recordaba la fecha en que se realizaron las obras a los diez solares urbanizados, ello fue mucho antes del 1969. Declaró en cuanto a este respecto que ella compareció y firmó las escrituras. (T.E., págs. 314-315.)

Por su parte, la hija, Leda. Olga Longoria, indicó que las obras hechas en las propiedades fueron en el 1969 ó antes, hecho que conocía, porque en esa época sus padres estaban juntos y ella los visitaba. Que estuvo en la fiesta en que se inauguró la casa de La Parguera. (T.E., págs. 344-345.)

Aunque hemos de reiterar la importancia del principio de respetar las determinaciones de hecho de los tribunales de instancia con apoyo en la prueba, el análisis expuesto nos mueve a apartarnos en el caso de autos. García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356 (1975); Ruiz v. San Juan Racing Assn., 102 D.P.R. 45, 52 (1974); Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Ortiz Rodríguez v. A.F.F., 94 D.P.R. 546 (1967); Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329 (1964); y Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885 (1961).

No milita en contra el valor parcial que teóricamente pudiera atribuírsele al testimonio de Longoria en cuanto a la realidad del préstamo hipotecario, el cual está evidenciado en escritura pública y contenido en la declaración del demandante Quintana Tirado. La prueba demuestra y exige distinto resultado en cuanto a la forma en que invirtió el producto de ese préstamo.

Resumiendo, en la situación de autos el análisis de toda la prueba nos convence de que los $60,000 que tomó prestados Longoria a Quintana Tirado no fueron invertidos en los bienes gananciales. ¿Qué consecuencias ello tiene? Frente a Quintana Tirado, como acreedor hipotecario, responde la sociedad legal de gananciales Longoria-Vélez, pero en la dinámica interna y liquidación de dicha sociedad, la misma es de la exclusiva responsabilidad de Longoria.

III

Resta discutir dos señalamientos, uno procesal y otro de naturaleza sustantiva. En cuanto al procesal, la recurrente Vélez señala que el tribunal de instancia omitió resolver su reconvención y la demanda contra coparte. Ciertamente la parte dispositiva de la sentencia no contiene pronunciamiento específico sobre tales demandas, pero su lectura íntegra refleja que fueron declaradas sin lugar. Bajo este último supuesto hemos de decidir la procedencia de las causas de acción deducidas en la referida reconvención y demanda contra coparte, a saber, reclamaciones por daños debido a la conducta de Longoria y reembolso de cánones de arrendamiento dejados de percibir. Un examen minucioso del testimonio de la señora Vélez en cuanto a los alegados daños experimentados por las acciones de Longoria nos persuade de que el Tribunal actuó correctamente al no reconocerlos. Ella sólo declaró en forma general que estaba un poco alterada de los nervios y que tomaba medicamentos. La prueba no es convincente. Tal situación nos parece normal, producto más bien de los sinsabores, inconvenientes y angustias que experimenta una mujer cuyo matrimonio termina en divorcio luego de 27 años y se ve obligada a ir a los tribunales a dilucidar ese fracaso. Figueroa Ferrer v. E.L.A., supra. El remedio se traduce en las costas y honorarios. En cuanto al contrato de arrendamiento y su canon, también declaró en igual forma. Expuso que padecía de una condición “espás-tica”, que le empezó aproximadamente en el año 1976. Las transacciones en cuestión habían sido realizadas en el 1973. (T.E., págs. 217, 229, 320-325.)

Ahora bien, este contrato de arrendamiento efectuado el 21 de agosto de 1973 entre Quintana y Longoria sobre las tres fincas gananciales revela otra dimensión y solución. La recurrente alegó que era nulo por no haber ella comparecido a su otorgamiento, requisito indispensable por tratarse de tres fincas gananciales a ser arrendadas por un término de 15 años con prórroga de cinco y haberse con anterioridad revocado el poder el 19 de julio de 1973. El tribunal a quo acogió la teoría de Longoria de que el arrendamiento había sido rescindido porque Quintana Tirado había sido privado de la posesión de las fincas y no tenía interés en que prevaleciera el mismo. Erró.

Dicho contrato no era susceptible de tal pronunciamiento jurídico: no podía ser rescindido, pues solo lo son aquellos contratos específicamente señalados por la ley con carácter de acción excepcional. Art. 1243 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3492; Municipio v. Vidal, 65 D.P.R. 370 (1945). Como nos advierte Manresa, la rescisión surge después de la perfección del contrato y va de afuera hacia dentro, quebrantando la relación jurídica válida y eficaz que existe. Código Civil Español, 6ta ed., 1967, T. 8, Vol. II, pág. 771. Castán, Derecho Civil Español, 11ma ed., 1974, T. 3, págs. 585, 592. Para la fecha del arrendamiento el poder general había sido previamente revocado. Dados los términos del arrendamiento, era menester, bajo pena de nulidad la comparecencia, consentimiento y firma de la señora Vélez. Encarnación v. Salim, 69 D.P.R. 766 (1949); Crehore v. El Registrador de Guayama, 25 D.P.R. 847 (1917); R. Fabián & Co. v. El Registrador, 22 D.P.R. 801 (1915). Repetimos, careciendo el mismo de validez y eficacia no podía rescindirse. Tampoco podía resolverse.

Como consecuencia de la nulidad del contrato de arrendamiento, los cánones pagados por el arrendatario durante el tiempo que utilizó las propiedades son frutos gananciales a ser incluidos y acreditados en el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales.

Se dictará sentencia que modifique la del tribunal de instancia en los siguientes extremos: que Isabel Vélez tiene un crédito a su favor contra Hernán Longoria por el monto de la obligación hipotecaria ascendente a $60,000, intereses, costas y honorarios devengados e incurridos como conse-cuencia de la ejecución judicial del pagaré suscrito el 18 de julio de 1978 a favor de Norberto Quintana Tirado; y que los contratos de arrendamiento efectuados el 21 de agosto de 1973 son nulos y los cánones devengados son de carácter ganancial a ser incluidos al liquidarse la sociedad ganan-cial Longoria-Vélez. Así modificada, será confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué no intervinieron.

      En cuanto a esta afirmación, fue confrontado con la determinación de hecho Núm. 5 de la sentencia de divorcio que, dictada el 4 de agosto de 1977 por el mismo tribunal y magistrado, había concluido:
      “Al Tribunal no le mereció crédito el testimonio dado por el Demandante-Demandado y en especial su versión de los hechos y al declarar que desde que abandonó el hogar conyugal, hasta la actualidad, ha estado viviendo en la casa ubicada en el Barrio La Parguera, Lajas, Puerto Rico. Quedó demostrado por el propio testimonio del Ledo. Longoria que dicha casa no tiene servicio de luz eléctrica por haber sido cortada y la propia hija de las partes, Sra. Olga Longoria Vélez declaró que la casa está completamente deteriorada, con varias tablas caídas, que no le funciona el servicio sanitario, que la cama está desmantelada y sucia. Declaró además, que la nevera estaba apagada y llena de moho y que no hay muebles a excepción de cama y sofá. Lo que sí quedó demostrado plenamente es que el Demandante-Demandado reside en la Urb. Villa Capitán y que ha sido visto en dicha casa, tanto por' Doña Isabel como por su hija, a diferentes horas del día y de la noche y el carro del Ledo. Longoria en la marquesina de dicha casa.”
      El tribunal de instancia tomó conocimiento judicial de dicha sentencia. Ante esa situación el testigo expuso que esa era la conclusión del tribunal, que aunque la respetaba, no era la suya. Señaló además lo siguiente: “ocasionalmente vuelvo y vivo en Villa Capitán desde un mes después de dictada la sentencia de divorcio, antes no lo hacía.” (T.E., pág. 66.)
      Por su parte el demandante declaró que Longoria vivía en Mayagüez; que no sabía específicamente cómo se llamaba ese lugar; que era cerca del Mayagüez Mall; y que no vivía en La Parguera. (T.E., págs. 161-162.)

       Tomamos conocimiento judicial de que no es práctica de la Oficina de Registros y Testamentos notificar a un mandatario que se le ha revocado el poder. La ley no lo exige. (Véase 4 L.P.R.A. see. 922.)

       Sentencia de divorcio entre los codemandados, Civil Núm. CS74-2022 y CS74-2023, Apéndice, págs. 32-42.

      E1 licenciado Longoria fue el abogado de Clara Amalia Pérez en el año 1972 en el caso de divorcio Civil #72-2358 contra su esposo Edsel Delerme Martínez en el Tribunal Superior de Mayagüez.

       Copia certificada de las planillas de contribución sobre ingresos del demandante fueron presentadas y admitidas en evidencia. Las mismas arrojan que para el año 1973 tuvo ingresos de $15,530.96, y pagó de contribuciones $2,505.87; y para el 1974 informó $20,658.39 y pagó $4,055.34.

      Esta aseveración es de dudosa credibilidad debido a que anteriormente había declarado que la transacción se hizo en su casa entre 5 ó 6 de la tarde y de la escritura se desprende que la misma fue presentada al Registro el mismo día 18 de julio de 1973, a las 2:20 de la tarde.

      Como nota al margen, y en vista de la gran disparidad que, según la prueba, existe entre los ingresos y el monto reportado en las planillas del demandante Norberto Quintana, en virtud de nuestros pronunciamientos en Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456, 460 (1981), procede: “ordenar que se remita al Secretario de Hacienda copia certificada de la opinión y sentencia para que dicho funcionario advenga en conocimiento de tales hechos, y, con arreglo a las disposiciones de ley aplicables, proceda a realizar las gestiones tendentes a cobrar las contribuciones e intereses que procedan”, por tratarse de un caso análogo a los allí señalados.

      Bajo un enfoque evidenciarlo riguroso obsérvese que en Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359, 365-366 (1974), reconocimos que el faltar un testigo a la verdad en parte de su testimonio no implica necesariamente que deba rechazarse el resto de su declaración. Añadimos, además, que la máxima falsus in uno, falsus in omnibus, no autoriza a rechazar toda la declaración de un testigo porque se haya contradicho o faltara a la verdad respecto a uno o más particulares. El principio mayor es que la misión de los tribunales requiere armonizar y analizar en conjunto e integralmente toda la prueba, a los fines de arribar a una conclusión correcta y razonable del peso que ha de concedérsele en su totalidad. García Rivera v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 823 (1962).

       Sin embargo, éste declaró que poseía una parte de la finca. (T.E., págs. 431-432.)

       Arts. 91 y 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 284 y 3672; Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637 (1967).

      Este préstamo fue objeto de un pleito en cobro de dinero ante el Tribunal Superior de Mayagüez (CS75-1858). Se exoneró de responsabilidad a la recu-rrente y a la sociedad legal de gananciales y se condenó a Longoria. Nos negamos a revisarlas (R-78-286 y 288) el 7 de septiembre de 1978.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Kenneth B. Hughes y Otros, querellados.

      Número: O-82-117

      Resuelto: 11 de marzo de 1982

      Luis F. Camacho, Presidente, en representación del Colegio peticionario.
   RESOLUCIÓN

Apareciendo de la petición en este caso que los quere-liados no han pagado su cuota anual como miembros del Colegio de Abogados en violación de las disposiciones de la Ley Núm. 43, de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. see. 771 et seq.), se le concede a los querellados un término de 20 días, contados a partir de la notificación de esta resolución, para que muestren causa por la cual no deban ser suspendidos del ejercicio de la profesión de abogado en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Notifíquese a cada uno de los querellados y publíquese para conocimiento de la profesión.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria


author: PER CURIAM:

text:
    Ruth Evelyn Pacheco Vda. de Bezares, etc., demandantes y recurridos, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-80-381

      Resuelto: 12 de marzo de 1982

      Luis A. Lugo y José F. Irizarry González, abogados de la recurrente; César A. Hernández Colón y José Enrique Ayoroa Santaliz, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

La Autoridad de Fuentes Fluviales tenía instalado un poste en la carretera estatal núm. 127. El referido poste sostenía dos líneas de energía eléctrica y se encontraba a ocho pies, tres pulgadas de distancia del borde de la vía pública. Por encontrarse ubicado en una curva, la Autoridad colocó otro poste para que sirviera de sostén. Ambos postes se encontraban unidos por dos cables tensores. Para evitar poner en peligro a personas y propiedad en caso de que advengan en contacto con líneas eléctricas, se le instalan aisladores para que no conduzcan energía a tierra. En este caso le habían instalado los aisladores correspondientes a cada tensor.

Un automóvil se salió de la carretera e impactó el poste de sostén. Éste se partió y se precipitó al suelo, llevándose los cables tensores. Parte de uno de los tensores quedó colgando y se enredó en el poste que cargaba las líneas eléctricas, pasando por alto el aislador. El tensor hizo contacto con una de las líneas de 4,160 voltios, lo que provocó que todos los tensores se electrificaran. El auto-móvil quedó en contacto con uno de los tensores y con una verja que corría a lo largo de la orilla de la carretera. Tanto el automóvil como la verja se electrificaron. Las dos personas que viajaban en el auto perdieron la vida al tratar de bajarse del mismo.

Jesús Bezares y Miguel Torres Lugo transitaban por allí cerca. Cuando se enteraron del accidente, se detuvieron en el lugar de los hechos. Bezares quiso ver de cerca y se pegó a la verja de alambres. Murió electrocutado. La familia de éste presentó demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Fuentes Fluviales. Se dictó sentencia parcial desestimando la demanda en cuanto al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Autoridad de Carreteras. Los demandantes basaron su alegación de negligencia contra la Autoridad de Fuentes Fluviales en que no se había pro-visto a los cables tensores con las medidas de aislación necesarias para evitar que los mismos se electrificaran. Accedimos a revisar.

En Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603, 609-610 (1962), establecimos cuáles eran las normas que deben velar las personas que se dedican a generar y distribuir electricidad:

Las personas o empresas que se dedican a generar y distribuir electricidad deben ejercitar el más alto grado de cuidado para evitar causar daño, atendido el carácter inherentemente peligroso de este elemento. Ahora bien, no tienen la responsabilidad de un asegurador, y por tanto, no responden en cualquier caso en que se cause un perjuicio, a menos que el daño haya sido producido por su culpa o negligencia al omitir desplegar un grado de cuidado en proporción al riesgo o peligro envuelto. [Citas omitidas.] Este grado de cuidado no se extiende únicamente a la instalación, mantenimiento y operación de la planta produc-tora de la electricidad y las líneas que la conducen; incluye, además, la obligación de realizar una inspección adecuada para descubrir defectos y situaciones de peligro o riesgo para el público. [Citas omitidas.]
Precisamente como no se trata de una situación de responsabilidad absoluta, no es indispensable que se protejan las líneas en forma tal que se elimine toda posibilidad de causar daños; la obligación consiste en tomar aquellas precauciones que aseguren contra las probabilidades de riesgos y peligros. [Citas omitidas.] Debe recordarse que tratándose de un servicio de primera necesidad, la distribu-ción de la electricidad y fuerza eléctrica no debe impedirse requiriendo que se adopte toda la protección concebible por la mente humana a los fines de evitar riesgos no importa cuán imprevisibles sean éstos. El beneficio social que proporciona la electrificación no puede derrotarse mediante la exigencia de una responsabilidad absoluta.

Véase en este mismo sentido, Santos Ocasio v. A.F.F., 103 D.P.R. 564, 566 (1975); Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834 (1967); Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170 (1966).

Desde comienzos de siglo hemos reconocido que es deber de una compañía de electricidad que mantiene alambres transmisores de alta tensión proteger al público de éstos, aislándolos de manera efectiva o proveyendo otros medios de protección, particularmente cuando están ubicados en lugares donde el público tiene derecho a estar y existe la probabilidad que vengan en contacto con ellos. Vda. de Dávila v. Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 321 (1964); Matos v. P.R. Ry., Lt. & P. Co., 58 D.P.R. 160 (1941); Orta v. P.R. Railway, L. & P. Co., 36 D.P.R. 743, 746 (1927); y Rosado v. Ponce Railway & Light Co., 18 D.P.R. 609 (1912).

En Matos, supra, a la pág. 164, expusimos la norma que debe exigírsele a las compañías encargadas de suministrar energía eléctrica en cuanto a su deber de aislar mediante cubierta los alambres eléctricos y en ese sentido dijimos: “[c]omo el alambre transmisor de corriente de alta tensión no ofrece peligro a menos que venga en contacto con las personas, la jurisprudencia exige que se cubra con material que impida que se escape la corriente sólo cuando haya la probabilidad de que pueda existir tal contacto.” (Énfasis suplido.) Entendemos que la anterior norma es adecuada y que, por consiguiente, la debemos seguir en cuanto a los aisladores que se deben colocar en los cables tensores.

Un examen de la sentencia que fue dictada nos convence de que la responsabilidad que le fue impuesta a la Autoridad se fundó en su supuesta falta de previsión, al no colocarle más aisladores a los cables tensores. El criterio de la previsión de los daños lo hemos reconocido como base para la responsabilidad extracontractual. Dworkin v. S. J. Intercont. Hotel Corp., 91 D.P.R. 584, 586 (1964), y casos allí citados. Claro está, esto no quiere decir que la persona esté obligada a prever todos los posibles riesgos que puedan concebirse en una determinada situación, pues prácticamente se convertiría entonces en una responsabilidad absoluta. Así en Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960), expusimos que “[e]l deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad . . . sino a aquel que llevaría a una persona prudente a anticiparlo”. En Figueroa v. P.R. Ry., Light & P. Co., 66 D.P.R. 488, 495 (1946), un caso donde también estaba en controversia un accidente con líneas eléctricas, reconocimos que “[l]a regla aplicable a casos de esta índole es que las consecuen-cías de un acto negligente que debió preverse son las que están dentro de las probabilidades y no dentro de las posibilidades”. Ahora bien, debemos entonces preguntar-nos, ¿era la situación del caso de autos probable y por consiguiente previsible? Veamos las declaraciones de los peritos.

El ingeniero Milton Castro declaró en calidad de perito de la parte demandada. Señaló que la Autoridad al hacer la instalación, operación y conservación de sus líneas eléctricas sigue las normas del “National Electric Safety Code”. En este Código se consideran todos los riesgos probables de instalaciones eléctricas. Declaró que el Código exige los aisladores para “llevar a un mínimo la posibilidad de que bajo alguna circunstancia, cualquiera de estos tensores pudiera activarse, y una persona pues pudiese tocar estos cables y quedar electrocutada”. En el caso de autos, los tensores tenían instalados aisladores. Declaró que no existía una norma en el Código que previera la situa-ción de este caso en particular. La sección núm. 238-B presenta una forma de precaver que una línea se active en caso de que un cable superior se estire y la toque. Este sistema no resuelve el problema cuando lo que sucede es que el impacto de un auto rompe un poste de sostén y provoca que el cable energizado se enrede con un tensor que va del poste principal al de sostén.

Por otro lado, el propio perito de los demandantes declaró que:

El hecho de que se le haya hecho una instalación de acuerdo con ese código no quiere decir que esa instalación se haya hecho de una manera que evite que ocurra algún accidente. Me explico. Si la instalación de la línea de transmisión se hizo siguiendo el National Electric Safety Code que es aplicable a las líneas de transmisión ... o una serie de códigos que regulan todo lo que tiene que ver con generación, producción y transmisión de electricidad; pues el código le puede decir, bueno si al instalar una línea de transmisión, usted tiene que instalar un aislador de “fiberglass” en el tensor que está conectado a la línea de 38,000, si usted va a instalar un tensor a una línea que tiene 4,000 pues usted le instala a ese tensor un aislador que tenga, que esté diseñado para una línea que tenga de 4,160 voltios, pues entonces usted tiene que coger las dos especificaciones y juntarlas para cuando es un caso combinado como éste. Es posible que el código tenga sus párrafos para una línea de transmisión y el código tenga [en sus ] otras partes la parte para [voltaje más bajo], de manera que en un caso como éste mi opinión es de que hay que [seguir] las dos [cosas]. ... Si la Autoridad no lo hace y si el código de electricidad de la Autoridad no lo especifica bien, pues pueden ocurrir cosas como las que pasaron en este caso de que aún teniendo los aisladores se electrificó un tensor y mata a una persona o dos, y esto lo que evita, lo que está detrás del todo de la norma esta, de los códigos de electricidad, es proteger vidas y hacer que la transmisión de energía se haga de una manera segura y eficiente.

Ahora bien, suponiendo que la Autoridad no hubiese cumplido con los dictámenes del Código, lo cual no ocurrió, el hecho de que se haya cumplido cabalmente o no con las normas de seguridad no es determinante de que la Autoridad pueda o no ser responsable por los daños. Hemos reconocido que el hecho de que no se cumpla con alguna disposición de ley, reglamento o norma establecida no es motivo para que se tenga que responder civilmente por un daño, a menos que exista una conexión causal entre dicha violación o quebranto y la lesión o el daño causado. Ramos Oppenheimer v. Leduc, 103 D.P.R. 342 (1975); El Pueblo v. Vargas, 30 D.P.R. 513 (1922). Cf. Méndez Purcell v. A.F.F., 110 D.P.R. 130 (1980).

Un examen minucioso de la evidencia que tuvo el tribunal ante su consideración nos convence de que la demandada razonablemente no podía prever el accidente objeto de este pleito. La estructura eléctrica no se encontraba en una área urbana, sino por el contrario, en una zona rural, a una distancia considerable de la vía de rodaje. La parte demandante nos señala que es previsible que los automóviles que discurren por nuestras carreteras impacten los postes del alumbrado y, por consiguiente, que las líneas eléctricas se caigan. Esto es correcto, pero es una situación que no puede ser evitada razonablemente por la Autoridad. Sin embargo, la previsión en este caso no consistía en si un automóvil podía impactar el poste o no, sino en si al desprenderse los tensores había la probabilidad de que éstos se enredaran de tal forma que los aisladores no pudiesen cumplir su función. Razonablemente esto no podía preverse.

No podemos compartir el criterio del tribunal senten-ciador al imputarle negligencia a la Autoridad. Ésta razonablemente cumplió con todas las exigencias posibles, para evitar que los cables tensores viniesen en contacto con las líneas vivas. No había nada que pudiera hacer la Autoridad para impedir que el tensor superior se enredara con el inferior, se partiese el poste de sostén y ambos cayeran a la vía de rodaje. Cabe señalar que muy bien el poste electrificado pudo caerse también con el impacto. Si los dos cables tensores no se hubiesen enredado más allá del aislador de bola que poseía el inferior, la electricidad no hubiese discurrido hacia la tierra. El que se instalara otro aislador al tensor superior no garantizaba necesaria-mente que al enredarse los cables la electricidad no se transmitiría a tierra.

Recordemos lo que dijimos en Rosado v. Ponce Railway & Light Co., supra, a la pág. 645, “[e]s muy fácil examinar cualquier accidente y encontrar por lo menos una docena de medios por los cuales hubiera podido evitarse. Como ha dicho David Crockett: ‘Si supiéramos de antemano lo que luego sabemos, nunca dejaríamos de estar en lo seguro’ ”.

Lamentablemente estamos ante un accidente desgra-ciado, en el que una familia ha perdido a un ser querido al éste actuar como el buen samaritano en ayuda del prójimo. Esto, sin embargo, no es fundamento legal para responsa-bilizar a la demandada en ausencia de negligencia en sus actuaciones. Recordemos nuevamente que la Autoridad no es un asegurador de sus líneas.

Por los fundamentos expuestos se revocará la sentencia dictada por el tribunal de instancia y se dictará otra en que se declare sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Negrón García no interviene.


author: per curiam:

text:
    Angélica Gámbaro Ramos, lesionada y recurrida, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-81-674

      Resuelto: 15 de marzo de 1982

      Milva Edet Hoyos y Antonio Acevedo Torres, abogados del recurrente; Rafael A. Oliveras Vera, abogado de la recurrida.
   per curiam:

El 30 de diciembre de 1981 expedimos resolución en que concedimos plazo a la recurrida para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto de revisión solicitado y dejar sin efecto la resolución de la Comisión Industrial de 31 de julio de 1981 que dispone el pago de dietas a la recurrida por el período comprendido entre el 18 de mayo de 1979 y el 6 de marzo de 1980. Ha comparecido y no nos persuade para que variemos dicho criterio.

La recurrida Angélica Gámbaro Ramos sufrió dos accidentes del trabajo; uno el 6 de agosto de 1976 y otro el 9 de agosto de 1978. El 17 de mayo de 1979 el Fondo del Seguro del Estado la dio de alta con una incapacidad parcial permanente de 55% de las funciones fisiológicas generales. Fue sometida a evaluación por el Comité de Factores Socio-Económicos del Fondo, a fin de determinar si cualificaba para la concesión de incapacidad total y permanente a base de dichos factores. La recomendación del Comité fue favorable y el 21 de mayo de 1980 se le fijó incapacidad total permanente. El pago por concepto de incapacidad permanente se hizo retroactivo al 18 de mayo de 1979, según lo autoriza el Art. 3(4) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3.

A pesar de haber cobrado por tal concepto, la recurrida solicitó el pago de dietas, es decir, por concepto de incapacidad transitoria, por el período del 18 de mayo de 1979 al 6 de marzo de 1980. El Fondo denegó su solicitud a base de que la recurrida había recibido compensación por concepto de incapacidad permanente. No conforme, ésta apeló a la Comisión Industrial, que concedió el pago de dietas siguiendo la recomendación de su Oficial Exami-nador. El Oficial Examinador basó su recomendación en el testimonio del médico asesor de la Comisión, quien, a base del examen del expediente consideró que la recurrida estaba incapacitada para trabajar durante el período reclamado.

La recurrida pretende defender su derecho al pago de dietas por el período reclamado a base de lo resuelto en Ríos Rivera v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 808 (1979). La cita que hace del caso es incompleta y su interpretación es errónea. Según la recurrida, allí dijimos que el pago de dietas “puede deberse a que la condición del empleado no le permita trabajar o a que el tratamiento mismo impide que trabaje”. (Escrito para mostrar causa, pág. 5.) Lo que resolvimos en Ríos Rivera, supra, págs. 814-815, es que el empleado tiene derecho a dietas si durante su tratamiento está incapacitado para trabajar. Esto es lo que se conoce como incapacidad transitoria, la cual puede deberse a que la condición del empleado no le permita trabajar o a que el tratamiento mismo impide que trabaje. Esta incapacidad transitoria cesa cuando el obrero es dado de alta, sea porque está curado o sea porque se reconoce una incapa-cidad permanente que no ha de mejorar con más trata-miento. Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 712, 717 (1973). Al fijársele una incapacidad permanente el obrero es acreedor a una “compensación adicional” computada a base del grado de incapacidad permanente. Art. 3(3) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

En Ríos Rivera, supra, pág. 815, dijimos que el pago de dietas y el pago por concepto de incapacidad permanente no pueden coexistir. Así, una vez el obrero termina su tratamiento se suspende el pago de dietas y comienza el pago de compensación adicional si se determina que tiene alguna incapacidad permanente.

En el caso ante nuestra consideración, a la recurrida Angélica Gámbaro Ramos se le fijó una incapacidad permanente de 55% el 17 de mayo de 1979. Luego de una recomendación del Comité de Factores Socio-Económicos, el 21 de marzo de 1980 se le concedió incapacidad total permanente que se hizo retroactiva al 18 de mayo de 1979.

La recurrida admite que cobró compensación por concepto de incapacidad total, pero defiende su derecho al cobro de dietas a base de que la prohibición contra la coexistencia de pagos por concepto de dietas y de compen-sación adicional significa que no deben hacerse al mismo tiempo. Argumenta que como ya cobró por concepto de la incapacidad permanente tiene derecho ahora a que se le paguen las dietas. (Escrito para mostrar causa, págs. 7 y 8.) Es claro que esta interpretación de la recurrida no puede prevalecer. La prohibición contra la coexistencia de los pagos lo que significa es que el obrero no debe recibir doble compensación durante un mismo período de tiempo. La fecha en que se hagan los pagos es impertinente para propósitos de determinar la coexistencia de los mismos.

Por los fundamentos expresados se expedirá el auto y se revocará la resolución de la Comisión Industrial objeto del presente recurso.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Luis Torres Estrada, demandado y peticionario.

      Número: O-81-608

      Resuelto: 15 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Juan M. Cruz Rivera, abogado del demandado-recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El aquí peticionario fue convicto de infracción del Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2401, por vender, según alega su petición, media onza de marihuana por $25. Fue sentenciado a una pena de seis a nueve años de prisión y se le negó, luego de un informe “pre-sentencia”, su solicitud de que se le permitiera cumplir la pena bajo el régimen de sentencia suspendida.

Solicitó reconsideración mediante moción en que alegó ser menor de edad en la fecha en que ocurrieron los hechos delictivos, no tener antecedentes criminales y gozar de buena reputación en la comunidad, lo que acreditó me-diante declaraciones juradas de vecinos. Solicitó, además, que se le informaran “los aspectos negativos del mencio-nado informe”, expresando que “no se pretendía que le señalara personas particulares que habían arrojado infor-mación considerada” para la denegación de los beneficios de una sentencia suspendida. Dicha solicitud fue denegada de plano.

Insistió nuevamente el peticionario, en su solicitud de reconsideración, exponiendo que “existen razones, elemen-tos y circunstancias adicionales, que de ser debidamente tomadas en consideración, tanto por el Oficial Probatorio como por el Tribunal, lo harían merecedor de una senten-cia suspendida”. Concluyó con la súplica “que no [se] deniegue de plano esta solicitud y que por el contrario, ordene la celebración de una vista en donde pueda llevar al Tribunal la prueba necesaria para mover su discreción y su sentido de justicia; y que a la luz de la prueba aportada, ordene una re-investigación del caso por el Oficial Proba-torio”. El tribunal de instancia también rechazó de plano esta segunda moción.

El acusado nos solicitó certiorari Por resolución de 25 de noviembre de 1981 concedimos plazo al Procurador General para expresar su posición. Lo hizo en escrito de 13 de enero de 1982 en que se opone a la petición. Argumenta, en síntesis, que el propio peticionario hizo alusión a la naturaleza confidencial del informe del Oficial Probatorio en su primera moción de reconsideración; que la concesión de los beneficios de una sentencia suspendida es discre-cional del tribunal sentenciador; y, que ni el Art. 59 del Código Penal (1974) ni la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal pueden ser invocadas en beneficio del peticio-nario. Respecto a esto último, cita el Procurador nuestra decisión en Pueblo v. Bou Nevárez, 111 D.P.R. 179 (1981). Resolvemos sin más trámite, conforme lo autoriza la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Ciertamente, la concesión de los beneficios del régimen de sentencia suspendida a un convicto de delito descansa en la sana discreción del juez sentenciador. Pero esa discreción será mejor ejercitada cuanto mejor informado esté el juez sobre las circunstancias del delito cometido y sobre las condiciones personales del convicto. En el presen-te caso el juez se negó repetidamente a conocer y conside-rar la información que respecto a su persona le ofreció el aquí peticionario. El clamor de este joven, delincuente convicto por hechos ocurridos cuando aún no había alcan-zado su mayoridad, basado en su ofrecimiento de probar su buena reputación y el aprecio de su comunidad, y la naturaleza del delito cometido, no debió ser despachado sin oportunidad de ser oído. Después de todo, lo que está en juego es el más sagrado de todos los derechos del ser humano: el derecho a la libertad.

El peticionario, conforme a la Regla 162.1 de Procedi-miento Criminal, reconoció la naturaleza limitada de la prerrogativa que dicha regla concede a todo acusado al disponer que:

El tribunal dará acceso a los informes pre-sentencia a los acusados o peticionarios, a sus abogados y al ministerio fiscal, a los fines de que éstos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba.
Sólo se mantendrá como confidencial aquella información que hubiere sido prestada por personas particulares a quienes se les hubiere ofrecido dicha garantía.

En Pueblo v. Bou Nevárez, ya citado, expusimos la trayectoria legislativa en relación con la vigencia del Art. 59 del Código Penal (1974) y de la citada Regla 162.1. Allí reconocimos la importancia del derecho del acusado con-victo a conocer el informe pre-sentencia como parte del debido proceso de ley, y la necesidad de armonizar ese derecho con la necesidad de proteger las fuentes de información del Estado y la seguridad de ciertos infor-mantes, a cuyo intento se dirige la citada Regla 162.1.

A diferencia de Bou Nevárez, en el caso ante nos estaba vigente la citada regla cuando se le sentenció, al comenzar a regir conjuntamente con la Ley que estableció el Sistema de Sentencias Determinadas en Puerto Rico. Véase la Ley Núm. 103 de 4 de junio de 1980, en su See. 3. La Ley de Sentencias Determinadas rige desde el 3 de marzo de 1981, es decir, nueve meses después de su aprobación el 4 de junio de 1980. Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980, en su See. 4.

Notamos que mientras que el Art. 59 del Código Penal, que requiere un informe pre-sentencia en toda convicción por delito grave, no regirá hasta el 22 de julio de 1983 por así disponerlo la Ley Núm. 8 de 9 de junio de 1981, la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal, que regula lo concerniente a dicho informe, rige desde el 3 de mayo de 1981, según indicáramos. No podríamos ampararnos en el argumento de que se trata de una inadvertencia del legislador frente a la naturaleza del derecho que nos ocupa. Es nuestra obligación armonizar, si posible, la aparente contradicción. Nos parece que ello es factible si consideramos que el Art. 59 se refiere específicamente al informe antes de que se pronuncie la sentencia contra el acusado, haciéndolo mandatorio para delitos graves y discrecional para delitos menos graves, mientras que la Regla 162.1, por su relación con otras disposiciones, puede interpretarse que aplica al informe que es requerido del Oficial Probatorio para la determinación sobre si se concede al acusado el beneficio de suspender los efectos de la sentencia impuesta. El requisito de un informe previo a la concesión del beneficio de sentencia suspendida fue establecido por la Ley Núm. 259 de 23 de abril de 1946, enmendada, Art. 2 (34 L.P.R.A. see. 1027).

En este contexto, y bajo las restricciones que el propio peticionario propuso de que no se le dé a conocer la identidad de los informantes, debió permitírsele acceso a las razones que mediaron para la negativa de suspenderle los efectos de la sentencia impuesta, y permitírsele demostrar ser acreedor a esa gracia.

En mérito de lo expuesto se expedirá el auto y se ordenará que por el tribunal de instancia se proceda de conformidad con lo aquí expresado.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente, porque a su juicio la disposición final del caso violenta la garantía de confidencialidad de la Regla 162.1 de Proce-dimiento Criminal, que comprende no sólo el nombre de los informantes, sino el contenido de la información, porque hay casos en que éste puede revelar al convicto la identidad del informante con tanta eficacia como si le dieran su nombre y apellido.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Víctor Uriel Álvarez, acusado y apelante.

      Número: CR-81-42

      Resuelto: 17 de marzo de 1982

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados del apelado; Efraín Meléndez, abogado del acusado y ape-lante.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El respeto y fidelidad al principio de legalidad consa-grado en el Art. 8 del Código Penal, recogido en la máxima latina “nullum crimen, nulla poena, sine lege previae” —no hay delito ni pena sin ley— complementado por la prohibición de crear delitos por analogía, nos obliga a revocar la sentencia en el presente caso.

El apelante Víctor Uriel Álvarez le adeudaba a Antonio Román $4,000. Desconocemos cuándo y el motivo por el cual incurrió en esa obligación. Para satisfacerla, el 7 de abril de 1978 hizo y entregó un cheque personal a nombre de Román por esa cantidad, girado contra un banco en Miami, Florida. Román, quien a su vez le adeudaba a Erasmo Lai Zayas la suma de $4,800 le endosó el cheque como pago parcial. Este último lo presentó al cobro, pero le fue devuelto debido a que la cuenta bancaria había sido cerrada previamente.

Ante esa situación, tanto Román como Lai se comuni-caron e hicieron gestiones infructuosas con Uriel para cobrar el monto del cheque. Uriel quedó en satisfacerlo luego que obtuviera un dinero producto de una transacción de compraventa de una propiedad. No lo hizo. Por tal motivo, el 23 de enero de 1981, se le formuló la siguiente acusación por el delito de apropiación ilegal agravada:

El referido imputado, Víctor Uriel Álvarez, allá en o para el mes de abril de 1978, y en Caguas, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa y crimi-nalmente, sin violencia ni intimidación, se apropió de la cantidad de $4-,000.00, pertenecientes al señor Erasmo Lai Zayas, con la intención allí y entonces de apropiarse de dicha cantidad de dinero para su propio uso y personal beneficio. (Énfasis nuestro.)

Ante tribunal de derecho fue declarado culpable y condenado a cumplir una pena de tres a cinco años de presidio, concurrente con las sentencias impuéstales en los casos G-73-408 y 409.

En su apelación nos señala que la prueba no estableció la comisión del delito de apropiación ilegal agravada y sí la existencia de una obligación civil. Aduce, además, que su culpabilidad no se estableció más allá de duda razonable. Resolvemos.

I

En su esquema organizativo el Codigo Penal consigna los delitos contra la propiedad y las defraudaciones, en el Capitulo 269. El subcapItulo I regula especIficamente los delitos contra la propiedad, y como primero asI su importancia y en el Art. 165 visualiza apropiación ilegal la apropiación ilegal como la conducta de:

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses, multa que no excederá de quinientos (500) dólares, pena de restitución, o cualquier combinación de éstas, a discreción del Tribunal. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 4271.

A su vez el Art. 166 (33 L.P.R.A. see. 4272) califica de agravada tal apropiación ilegal, entre otras razones, cuan-do el valor fuere o excediere de doscientos dólares.

El texto vigente del Art. 165 tiene su origen y aglutina en una fórmula los Arts. 426, 429, 432-437, 440-443, 444a, 445-455, 468, 470, 470a, 473, 475, 510 (33 L.P.R.A. sees. 1681, 1684, 1687-1692, 1695-1698, 1700, 1721-1731, 1813, 1815, 1816, 1819, 1821 y 2035) del Código Penal derogado los cuales individualmente tipificaban los delitos de hurto, hurto de energías, hurto de uso, hurto de cosa perdida, abuso de confianza y falsa representación. Además cubre los delitos que jurisprudencialmente se conocían como hurto mediante treta y engaño y estafa. Se aparta así de la técnica de la exposición casuística. Tres razones movieron a sus redactores a esta consolidación: (1) eliminar la confusión que traía la diversificación de tantos elementos en esos artículos, en vista de que lo esencial era probar si la persona se había apropiado ilegalmente de bienes ajenos; (2) tratar científicamente una conducta similar entre delitos igualmente nociva; y (3) evitar y superar dificultades procesales perjudiciales a la eficaz adminis-tración de la justicia, que surgían de las limitaciones —y a veces confusos conceptos— entre los delitos tradicionales contrapuestos al denominador común delictivo de una misma conducta penada por distintos delitos que sólo permitía una acusación. Comentarios al Código Penal de Puerto Rico, 1975, Ed. Col. Abo., págs. 204-206.

Ese enfoque respondió al llamado jurisprudencial hecho en Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426, 432 (1972), donde, en ocasión de reconocer como error que la prueba no había establecido el delito de hurto sino el de falsa representación o de abuso de confianza, expusimos:

Lo importante, desde luego, y lo cual debiera ser el elemento esencial en todos los casos de apropiación ilegal de bienes, es si el acusado se apropió ilegalmente o no de unos bienes que no eran suyos. Poco debiera importar para hacer justicia si los hurtó, o si se los apropió luego “de que le fueron confiados,” etc. Como bien señalan algunos autores la apropiación ilegal de bienes ajenos debe constituir un solo delito, el cual podría llamarse hurto, pues el nombre no es lo importante, y así se eliminaría la fuente de confusión que constituye la división arbitraria de ese hecho punible en varios delitos estatutarios. (Escolios omitidos.) (Énfasis su-plido.)

Véanse también Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713 (1977); Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 D.P.R. 17, 22 (1973).

En resumen, la metodología observada en el nuevo Código Penal agrupa una gama de conducta delic-tiva que, como elemento común, conlleva la transferencia temporal o permanente y voluntaria apropiación de una propiedad mueble, sin mediar consentimiento, obtenida por ardid, fraude, simulación, trama, treta “o mediante cualquier forma de engaño” a la víctima. En afán de cumplir con el principio de legalidad, el legislador ha intentado desafiar la imaginación del delincuente, y salir victorioso haciendo una fórmula en síntesis, de las especies típicas y modalidades de la apropiación ilegal. En ese sentido los conceptos claves del actual Art. 165 son “apropiarse” y “bienes muebles”. El primero, por defini-ción comprende el “malversar, defraudar, ejercer; control ilegal, usar, sustraer, apoderarse o en cualquier forma hacer propia cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente”. Art. 7(5).

Observamos que el Código Penal contempla todas las formas clásicas de desposesión, despojo o interrupción de la custodia, posesión propia o propiedad —aquello que con-lleva el aprehender una cosa y trasladarla— pero también abarcadoramente comprende todos los otros modos de lograr la posesión, transitoria o no, de un bien o cosa.

Bienes muebles “[ijncluye dinero, mercancías, semovientes, servicios, vehículos de motor o cualquier objeto de locomoción, energía eléctrica, gas, agua u otro fluido, cosas cuya posesión puede pedirse en juicio, comprobantes de crédito, o cualquier otro objeto susceptible de apropiación”. Art. 7(8). Otra vez la técnica de una visión completa definitoria que como elemento general presenta la característica de estimar un bien mueble como objeto o sustancia tangible corporal, material, susceptible de ser aprehendida y también de ser medida, transportada y suministrada como el agua, gas, electricidad.

II

El delito de apropiación ilegal aspira a la protección del patrimonio. Así, para su configuración el elemento indispensable es el que el imputado se apropie o advenga en posesión ilegal de bienes muebles pertene-cientes a otra persona. ¿De qué bienes muebles se apropió el apelante Uriel? ¿Cómo lo hizo? ¿Fue ilegal? La prueba exclusiva que tuvo ante su consideración el tribunal sentenciador fue de tipo documental. Estamos en igual situación que dicho foro para apreciarla. Su examen no revela qué bienes fueron objeto de previa transferencia entre el apelante y Román en la transacción que motivó la deuda. Tampoco démuestra —arguyendo que la hubo— la fecha en que se originó la deuda. Solamente podemos inferir que era una obligación preexistente al momento de hacer y entregar el cheque.

La tesis del Estado es que tal actuación está cubierta por el delito de apropiación ilegal agravada —por consti-tuir conducta que estaba comprendida en el derogado Art. 467, inciso (3), 33 L.P.R.A. see. 1812(3), que quedó incluida en el Art. 165— es incorrecta. El anterior Art. 467 regulaba los delitos de falsa representación para otros fines. Su rasgo principal era usurpar una personalidad ajena. Así, en Pueblo v. Bahamundi Borrero, 86 D.P.R. 540, 545 (1962), indicamos:

La esencia de esta modalidad del delito de falsa repre-sentación consiste en que la persona acusada haya personi-ficado falsamente a otra y que en tal carácter realice cualquiera de los actos especificados en el estatuto. Rayner v. State, 228 P. 500. Y ya hemos visto que el inciso 3 del artículo 467 especifica los siguientes actos: (a) que en determinada contingencia, pueda exponer a la persona usurpada a algún pleito o proceso; (b) o al pago de cualquier cantidad; (c) o sobrevenirle cualquier gravamen, embargo, multa o pena; y (d) o por el cual pudiera beneficiarse el usurpador o cualquiera otra persona.

Nuestra más fértil imaginación judicial no nos permite concebir y afirmar que el apelante Uriel Álvarez personi-ficara falsamente a otra persona al expedir un cheque contra su cuenta cerrada. Nunca se situó en los zapatos de otro, sino, por el contrario, siempre se mantuvo en los suyos. Tampoco El Pueblo v. Cruz, 41 D.P.R. 471 (1930), invocado por el Estado es aplicable, por ser claramente distinguible. Allí Cruz fue acusado y convicto bajo el entonces Art. 490, ya que, valiéndose de falsas y fraudu-lentas simulaciones, expidió dos cheques sin fondos y obtuvo su importe de dos personas distintas. En apelación, al resolverle en su contra la contención de que las denuncias no aducían hechos constitutivos de materia delictiva, y menos falsa representación, indicamos:

¿Qué mayor falsa representación que presentar como genui-nos cheques que constan al que los presenta que son falsos? ¿ Y qué otro fraude más claro que obtener de una persona inocente dinero a virtud de tal falsa representación? No se necesita que la denuncia exprese que el acusado dijo al perjudicado que el cheque era genuino y logró convencerlo de ello. El acto de la presentación del cheque para su canje, es superior al dicho, y lo comprende todo en sí mismo.
Tampoco era necesario expresar más detalladamente la referencia a los bancos que las denuncias contienen. Los bancos no fueron las personas perjudicadas. Estas fueron Francisco Betancourt e Hipólito González, que están per-fectamente identificados.
No era necesario por último que se alegara que la firma de Rufino Ruiz y Rufino Díaz que aparecían en los cheques eran falsas. Lo que se necesitaba expresar como se expresó era que los cheques eran falsos y el acusado sabiendo que lo eran los presentó a los perjudicados como genuinos y logró defraudarlos en su importe al obtener de ellos que se los hicieran efectivos. (Énfasis suplido.) Págs. 472-473.

En el caso de autos, si bien al igual que en Cruz, el apelante hizo y usó un cheque falso e ilegítimo —no había cuenta que respondiera— distinto al de Cruz, la acción de entregarlo a su acreedor Román y éste endosarlo a su acreedor Lai, no generó traspaso de dinero alguno ni conllevó apropiación de bien mueble por la peculiar situación presentada. A lo sumo, únicamente podríamos en teoría sostener que la acción del apelante Uriel fue obtener el beneficio, ventaja o utilidad temporal del crédito o valor que de su faz representaba ese cheque. Sin embargo, advertimos que no hubo desplazamiento patrimonial alguno. El crédito que presuponía la deuda y que existía previamente quedó vigente e inalterado. No hubo apropiación de bienes ni lesión patrimonial. Recordemos que el cheque, como letra de cambio, no surte el efecto de cesión de cantidad alguna, hasta tanto se acepte por el banco o éste lo certifique. Arts. 538 y 542, Código de Comercio, 19 L.P.R.A. sees. 362 y 366. Aclaramos, sin embargo, que ello no significa que una persona que haga y circule un cheque sin tener cuenta en el banco y obtenga específicamente bienes muebles —dinero, servicios, etc.— a cambio de éste, no pueda, en casos apropiados, ser acusada y convicta de apropiación ilegal.

A la luz de lo expresado, y en las circunstancias específicas del caso, erró el tribunal sentenciador al declarar al apelante culpable del delito de apropiación ilegal agravada. Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resultado, sin opinión.

       Entre la evidencia sometida hay cuatro cartas dirigidas por correo certificado a distintas direcciones del apelante requiriéndole el pago del cheque sin fondos. La lectura de las mismas refleja que están concebidas como el trámite de interpelación estatuido en el Art. 226 del Código, que regula el trámite del delito de expedir cheques sin fondos. 33 L.P.R.A. see. 4653. Hemos visto que no se acusó por este delito, ya que, como correctamente el Procurador General expone, “el hecho de expedir un cheque contra una cuenta cerrada o inexistente se diferencia sustancialmente de expedir un cheque sin provisión de fondos, delito tipificado por el artículo 264 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4661)”. Este precepto ofrece, como interés penal tutelado, el tráfico o transacción de los denominados instrumentos negociables, cuya característica principal es la sustitución por el valor del dinero en efectivo. Comentarios al Código Penal Comentado, 1975, Col. Abo. de P.R., pág. 326. Los elementos esenciales del delito son: (1) con propósito de defraudar; (2) se extienda, endose, o entregue un cheque, giro u orden para el pago, o cualquier banco u otro depositario; (3) a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente provisión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total de cheque, giro, letra u orden a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto; y (4) que se efectúe el requerimiento de pago contenido en el Art. 266 y no se satisfaga el mismo.
      La lectura integral de estos requisitos demuestra que el legislador lo concibió sobre un supuesto básico: que el girador tenga abierta y activa una cuenta bancaria. Únicamente así hace sentido la referencia a insuficiencia de provisión de fondos y ausencia de autorización para girar al descubierto. Véase C. E. Mascareñas: Sobre la Protección Penal del Cheque en el Proyecto del Código Penal, 28 Rev. Der. Puertorriqueño, 389 (1968); Miró Cardona, Borrador para un Proyecto de Código Penal Puertorriqueño, 49 Rev. Jur. U.P.R., 601-612 (1972). Esta situación no está presente en el caso de autos. Aquí la cuenta estaba cerrada al emitir el apelante el cheque que motiva el proceso. Su actuación no está cubierta por esta disposición. Contrario sería si en nuestra jurisdicción se adoptase la propuesta hecha por el Código Modelo en su See. 224.6, u otra disposición análoga que cubra tal proceder.

       “Incurrirá en pena de cárcel por un período máximo de dos años, o multa máxima de cinco mil dólares, toda persona que fraudulentamente se hiciere pasar por otra persona, y bajo este carácter usurpado, cometiere cualquiera de los actos siguientes:
      1. Para servir de fiador. Servir de fiador a una persona en cualquier procedimiento ante algún tribunal o funcionario autorizado para exigir dicha fianza o caución.
      2. Reconocer documentos. Comprobar, publicar, reconocer o probar en nombre de otra persona cualquier documento, con el propósito de que sea registrado, entregado o utilizado como verdadero.
      3. Para otros fines. Realizar cualquier otro acto en cuya virtud, de realizarlo la persona que falsamente pretenda ser, podría en determinada contingencia, exponer a ésta a algún pleito o proceso, o al pago de cualquiera cantidad, o sobrevenirle cualquier gravamen, embargo, multa o pena, o por el cual pudiera beneficiarse el usurpador o cualquiera otra persona. ”

      E1 Estado también nos señala el concepto de “apropiación” como que “[ijncluye defraudar, en cualquier forma, hacer propia cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente", para sostener que existe apropiación mediante defraudación. Es correcto que la definición de apropiar es amplia e incluye una variedad de modalidades, entre ellas el fraude, pero aun así es indispensable que al efectuarse el fraude se obtengan de la persona defraudada bienes muebles. O sea, que el acusado se apropie ilegalmente —mediante fraude— de unos bienes que no eran suyos. El fraude únicamente es el medio o mecanismo. Sin transferencia de propiedad mueble no se consuma el delito.

       Esta decisión —circunscrita a las circunstancias particulares apuntadas— no deja en total estado de abandono a la sociedad contra este tipo de conducta delictiva. La acción del apelante era sancionable por el delito de falsificación de documentos establecido en el Art. 271, cuya redacción, por su síntesis, es abareadora de la disciplina de la falsedad documental. El elemento esencial es la intención de defraudar y contempla dos modalidades: (1) hacer en todo o parcialmente un documento, instrumento o escrito falso y (2) alterar, imitar, suprimir o destruir, total o parcialmente uno verdadero. El documento falso puede crear, transferir, terminar o afectar cualquier derecho, obligación o interés.
      Aunque en la conducta delictiva de falsa representación sumergida en la apropiación ilegal, al igual que en la falsificación “existe un elemento común a ambos, cual es la intención de defraudar . . . cuando para llevar a efecto el fraude falsamente se altera, falsifica, hace o emite cualquier título, documento, obligación, cheque, etc., el delito que se comete es el de falsificación . . Pueblo v. Peraza, 53 D.P.R. 588, 590 (1938).
      Así ocurrió en el caso de autos. De ordinario visualizamos la falsificación de documentos únicamente bajo la óptica clásica de imitar, alterar o falsear la firma de otro o de manera material redactar un documento que no nos pertenece, sea público o privado. Nada más lejos de la verdad. La falsedad es material en el sentido de que la verdad cambiada recae sobre un objeto tangible —documento— creándolo o alterando uno legítimo. El apelante hizo falso, aunque parcialmente un documento: el cheque. A los fines del delito es irrelevante y nada importa que en su origen el cheque, como documento no cumplimentado, estuviera legítima-mente en su poder. La falsificación parcial consistió en haberle puesto una fecha, nombre del acreedor, cantidad y su firma, y así suplirle los elementos y datos necesarios para hacerlo, como instrumento negociable, válido de su faz. En otras palabras, maliciosamente, a sabiendas de que carecía de una cuenta que respaldara ese cheque lo cumplimentó, llenó y firmó, completando y supliendo de ese modo todos los requisitos para hacerlo en apariencia legítimo. Mediante tal conducta fraudulenta —ardid y engaño— no sólo simuló y representó poseer una cuenta bancaria activa y legítima, sino que hizo falsamente el cheque y con ello dio vida a un documento representativo de $4,000 poniéndolo en circulación al entregarlo como bueno y legítimo a su acreedor Román.


text:
    M. Quilichini Sucrs., Inc., y Otros, demandantes y recurridos, v. Villa Investment Corp., demandada y recurrente.

      Número: R-81-299

      Resuelto: 18 de marzo de 1982

      Carlos A. Quilichini, abogado de los demandantes y recurridos; Clara E. López Baralt, de Saldaña, López Baralt & Febus-Bernardini, abogados de la demandada y recurrente.
   PER CURIAM:

M. Quilichini Sucrs., Inc. poseía en arren-damiento un local comercial por un canon de $350 mensuales. El arrendador vendió el local a la aquí demandada Villa Investment Corp. Ésta le comunicó a Quilichini Sucrs., Inc. que el nuevo canon sería de $1,226.68 mensuales. Quilichini objetó por estar el arrendamiento regulado por D.A.C.O. No obstante, Villa Investment Corp. instó demanda de desahucio y obtuvo sentencia a su favor. El recurso de revisión de Quilichini Sucrs., Inc. fue desestimado por falta de jurisdicción. Villa Investment Corp. instó demanda contra Quilichini Sucrs., Inc. en cobro de dinero para recobrar la diferencia entre los $350 que pagó Quilichini y los $1,226.68 que había fijado como nuevo canon. Obtuvo sentencia por más de $40,000. Em-bargó bienes de Quilichini Sucrs., Inc. Este Tribunal revocó la sentencia y Quilichini instó acción para resar-cirse por el embargo. Villa Investment invoca como defensa la sentencia dictada por el Tribunal Superior.

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil dispone que en todo pleito antes o después de sentencia, el tribunal podrá dictar orden provisional para asegurar la efectividad de las sentencias. La Regla 56.3(3) dispone que si se gestiona el remedio después de la sentencia no se exigirá la prestación de fianza. En todos los demás casos se exigirá para responder por todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia del aseguramiento. De la lectura de la regla se desprende que una parte que opte por usar el mecanismo de embargo para asegurar una sentencia estará expuesta a responder por todos los daños y perjuicios que cause a quien le embargó.

La intención de la regla nos parece evidente: el que cause daños mediante un embargo en aseguramiento de una sentencia que no procedía en derecho debe responder por los daños causados. En Cintrón v. Insular Etc., y Balbaño, 58 D.P.R. 821 (1941), citamos de Lowande v. Otero & Co. et al., 14 D.P.R. 571 (1908): “. . . e indudablemente incurre en culpa, el que para asegurar las resultas de un pleito que sigue contra determinada persona, solicita y obtiene del tribunal el embargo de los bienes de su adversario, que después, o por no haber formulado bien la demanda, o por resultar ésta injustificada o temeraria tiene que levantarse forzosamente, después de haber causado infinidad de daños y perjuicios en su crédito o en sus intereses al dueño de los bienes embargados.” Siempre hemos tratado de proteger los derechos del que sufre los daños causados por un embargo preventivo cuando resulta que el que embargó no tenía derecho o reclamación justificada. En Freeman v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 1, 25 (1965), se caracterizó el mecanismo de embargo y sus consecuencias de la siguiente manera: “[n]o obstante el claro derecho a reclamar y obtener estas necesarias medidas provisionales que sólo se dan en funciones de garantía y seguridad de la efectividad o cumplimiento de la sentencia final que pueda definitivamente obtenerse, ellas pueden como hemos dicho, aunque interina o provisionalmente, constituir prácticamente, entre otras cosas: una expropiación procesal sin la debida compensación de bienes y derechos del deudor. . . .” Ante la preocupación de que pueda privarse injustificadamente a una persona del uso y disfrute de su propiedad, la regla ha provisto para que una vez ha desaparecido el embargo, se recobren todas las pérdidas.

Una sentencia final dictada a favor del embargante en el pleito en que se trabó el embargo no constituye defensa en una acción posterior por embargo ilegal, pues hemos interpretado que la legalidad de un embargo queda suspendida luego de interpuesto un recurso de revisión, hasta que la sentencia sea firme. En Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819, 822 (1940), dijimos: “Desde el momento en que fué interpuesta y hasta que se dió por desistido de ella al apelante, dicha apelación suspendió los efectos de la sentencia a favor de Martí y la cuestión sobre la legalidad o ilegalidad del embargo quedó en suspenso hasta que se resolviera la apelación pendiente.” Suspendidos los efectos de la sentencia del tribunal de instancia y no habiéndose decidido de manera firme cuál es el derecho que prevale-cerá, el que embarga bienes de la parte perdidosa se expone a tener que responder por los daños que cause. Incurrirá en culpa por asegurar las resultas de un pleito que finalmente resulta injustificado. Lowande v. Otero, supra, págs. 577 y 578.

El hecho de que la regla le confiere el derecho a la parte que embarga de trabar embargo sin prestar fianza cuando existe una sentencia final a su favor, no quiere decir que está libre de responder por los daños que cause. En Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142 (1980), a pesar de que reconocimos la presunción de legalidad que tiene una sentencia dictada en Florida, consideramos necesario exigir fianza para su aseguramiento porque los que lo solicitaron no eran residentes de Puerto Rico. Una vez más se manifestó la preocupación de este Tribunal de proteger al que injustificadamente pueda causársele daños. La Regla 56.3(3) se adoptó para que en casos excepcionales como el de autos, donde la probabilidad de causar daños injustificadamente es menor, se exima de prestar fianza, pero nunca de responder por los daños causados. En las ocasiones que hemos tenido de interpretar la regla hemos sido consistentes con ese propósito.

Como segundo error la recurrente impugna las partidas concedidas. Alega que los daños concedidos no procedían porque correspondían a daños causados por la acción de desahucio y no por la de embargo ilegal. En la demanda se solicitó reparación por los cuantiosos daños sufridos en su reputación, y daños económicos. En la alegación número cinco se detallan las partidas recla-madas. El tribunal de instancia hizo las siguientes deter-minaciones de hecho (pág. 8):

a) hubo pérdida de beneficio bruto en las ventas, ascendien-tes a $34,855.07. Esta pérdida se debió a que Quilichini Suers., Inc. se quedó corto de dinero en efectivo por culpa del embargo trabado en su cuenta corriente. Se vio impedido de adquirir mercancía a mejor precio en el mercado exterior dependiendo exclusivamente del mer-cado local para continuar con su negocio.
b) hubo una pérdida operacional ascendiente a $20,771.92 atribuible al embargo trabado.
c) Quilichini tuvo que tomar dinero a préstamo para levan-tar parcialmente el embargo y minimizar los daños, y tuvo que pagar $1,775.72 en intereses.

En la sentencia se condena a la demandada a pagar a la demandante la suma de $69,902.71 por concepto de daños sufridos. No se detalla en concepto de cuáles partidas. Pero ciertamente hay suficiente prueba en los autos para sostener las determinaciones de hecho del tribunal. Es un daño directo y la relación es clara entre el embargo y la pérdida de beneficio bruto. Igualmente ocurre con la pérdida operacional. Las pérdidas operacionales ocurren cuando los egresos son mayores que los ingresos. En el caso de autos, aunque la demandante minimizó gastos, tuvo pérdidas porque el embargo trabado en las cuentas por cobrar pertenecientes a Quilichini impidió que ésta tuviera mayores ingresos. En cuanto a los intereses por el prés-tamo tomado, éstos son claramente consecuencia directa del embargo trabado. No cabe la alegación de que son remotos.

Tiene razón la recurrente en que los honorarios que proceden en este caso se limitan a los cobrados por servicios prestados para obtener la disolución del embargo ilegalmente trabado. R. Muñiz de León & Co. v. Melón Hnos. & Cía., 56 D.P.R. 330 (1940); Cruz v. Ortiz, 82 D.P.R. 834 (1961); Avalo v. Cacho, Hoy su Sucesión, 73 D.P.R. 286 (1952). Sin embargo, no erró el tribunal al conceder la cantidad de $6,000 por ese concepto. Se alegó en la demanda y consta en los autos como exhibit, evidencia de que el Lie. Pedro E. Muñiz Ramos facturó a Quilichini Sucrs., Inc. por la cantidad de $12,500 por la totalidad del pleito de cobro de dinero, inclusive la tramitación en el Tribunal Superior y el recurso de revisión en el Tribunal Supremo. Es evidente que el tribunal de instancia concedió la suma que consideró atribuible a las gestiones para levantar el embargo y para que se dejara éste sin efecto.

La Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil dispone que el tribunal impondrá a la parte que haya procedido con temeridad el interés legal desde la radicación de la demanda, en casos de daños y perjuicios. Roldán Medina v. Serra, 105 D.P.R. 507 (1976). Los recurrentes no fueron temerarios por litigar lo que consideraron era una cuestión de derecho novel en esta jurisdicción. Se modificará la sentencia en cuanto a este aspecto. Los intereses solo proceden desde la fecha de la sentencia.

       Dispone así dicha regla:
      “En todo pleito antes o después de sentencia, por moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial.”

       Dispone así la Regla 56.3(3):
      “Se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza en cualquiera de los siguientes casos:
      (1) .
      (2) .
      (3) Si se gestionare el remedio después de la sentencia.
      En caso de que el tribunal conceda el remedio provisional sin la prestación de fianza conforme lo dispuesto en esta regla, podrá excluir en su orden determinados bienes.
      En todos los demás casos, el tribunal exigirá la prestación de una fianza suficiente para responder por todos los daños y perjuicios que se causen como consecuencia del aseguramiento. Un demandado o querellado podrá, sin embargo, retener la posesión de bienes muebles embargados por un demandante o reclamante, prestando una fianza por tal suma que el tribunal estime suficiente para responder por el valor de dicha propiedad. El afianzamiento por el demandado de la suma embargada, dejará sin efecto el embargo.”