text:
    Zachry International of Puerto Rico, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez, demandado; Hon. Luis F. Silva Recio, Secretario del Trabajo, en representación y para beneficio de Gloria M. Araud y Otras, querellante y recurrido.

      Número: O-74-437

      Resuelto: 23 de octubre de 1975

      Rafael Rodríguez Lebrón, abogado de la peticionaria; Benjamín Acevedo Defilló, Angel Alfonso Colón y Fernando Román Concepción, abogados de las querellantes y del Secretario del Trabajo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Como custodios y guardianes máximos de nuestra Consti-tución nos incumbe considerar el reclamo de ineonstituciona-lidad invocado por la entidad peticionaria Zachry International of Puerto Rico, Inc., fundado en que las disposiciones contenidas en la Ley Núm. 105 de 6 de junio de 1967 (29 L.P.R.A. see. 458), relativas a las condiciones del trabajo durante horas de almuerzo para mujeres obreras, según interpretadas y aplicadas por el Secretario del Trabajo-, in-fringen el precepto constitucional recogido en la Sec. 1 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico — Carta de Derechos — que prohíbe discrimen alguno por motivo de sexo.

El Tribunal Superior, Sala de Ponce, se negó a desestimar mediante sentencia sumaria la querella incoada contra la peti-cionaria por el Secretario del Trabajo de Puerto Rico en re-presentación de diez (10) obreras reclamando la suma total de $9,082.30 por trabajo realizado dentro del período para tomar alimentos.

La norma de no pasar juicio sobre planteamientos consti-tucionales, excepto cuando ello sea necesario, nos obliga a examinar dos aspectos de índole procesal, a saber, la proceden-cia, como mecanismo, de la sentencia sumaria y la capacidad (standing) de -la recurrente para impugnar la ley citada por unos fundamentos específicos que correspondería alegar de ordinario, a otras personas.

Sobre el primer aspecto, concluimos que la ilustrada sala de instancia erró al no estimar la solicitud de sentencia sumaria como un vehículo procesal adecuado y apropiado. La parte querellante no controvirtió los hechos jurados presentados por la peticionaria en apoyo de su moción, sino que se concretó a formular una oposición sin declaraciones juradas, aduciendo la existencia de controversia por haberse incorporado a la moción de sentencia sumaria la contestación a la querella y haber la querellada negado responsabilidad al cumplir . . bien y fielmente todas sus responsabilidades como patrono. . . Los autos ante nuestra consideración, revelan que el producto neto y final sometido con la solicitud de sentencia sumaria constituía un planteamiento estricto de derecho, siendo apropiado que el tribunal a quo lo considerara a través de dicho mecanismo: Lasanta Piñero v. Retto, Inc., 100 D.P.R. 694 (1972); Viuda de Viera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 503 (1966); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 (1963); García v. Figueroa, 85 D.P.R. 257 (1962); Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 D.P.R. 685 (1961).

El segundo aspecto representa una nueva dimensión a la doctrina expuesta en E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958), en donde resolvimos que nuestra facultad de revisar la constitucionalidad de las leyes sólo ha de ser ejercida dentro de los límites de una controversia real y efectiva entre partes opuestas interesadas en obtener un remedio determi-nante a sus relaciones jurídicas. Tal dimensión se refiere a la regla general de que un litigante no puede impugnar la cons-titucionalidad de una ley aduciendo que la misma infringe los derechos constitucionales de terceras personas que no son parte en la acción. Esta regla, corolario de una política de abstención judicial establecida con miras a evitar dictámenes sobre cuestiones constitucionales que resultan académicas o en abstracto, ha sido objeto de previa interpretación y prevalece en la jurisdicción federal. Sin embargo, como excepción a la misma y cuando concurren ciertas circunstancias, se ha reco-nocido a un litigante la facultad de reclamar los derechos constitucionales de terceros.

A nivel del Tribunal Supremo federal, los casos normati-vos más sobresalientes son Tileston v. Ullman, 318 U.S. 44 (1943); Barrows v. Jackson, 346 U.S. 249 (1953); y N.A.A.C.P. v. Alabama, ex rel. Patterson, 357 U.S. 449 (1958).

Estos casos reflejan los factores y criterios esenciales que justifican el reconocimiento de capacidad jurídica (standing]) a un litigante para cuestionar la constitucionalidad de una ley o de una actuación administrativa al amparo de los derechos de terceras personas. Un distinguido estudioso del derecho constitucional federal, a comienzos de la década de 1960, resumía tales factores del siguiente modo:

“Existen cuatro factores que el Tribunal toma en cuenta al determinar la capacidad para invocar los derechos de otros: (1) el interés del litigante; (2) la naturaleza del derecho invocado; (3) la relación existente entre el litigante y las terceras per-sonas; y (4) la factibilidad de que los terceros puedan hacer valer tales derechos en una acción independiente y . . . [u]na decisión concediendo o negando capacidad en un caso en particular dependerá de la existencia o no de tales factores.” Sedler, Standing to Assert Constitutional Jus Tertii in the Supreme Court, 71 Yale L.J. 599, 627 (1962). (Traducción nuestra.)

La doctrina ha continuado bajo análisis en situaciones en que el interés del litigante es manifiesta. Si bien exis-te una tendencia de tratar con menos rigurosidad los requisi-tos sobre capacidad jurídica (standing) en general, la doc-trina respecto a la oportunidad de plantear derechos de terce-ros permanece en una zona de penumbra, producto de la fluc-tuación entre los casos extremos de Tileston, supra, y Barrows, supra. No obstante, el principio rector es que el tribunal ejercitará su discreción en uno u otro sentido, dependiendo de la trascendencia del derecho afectado y la importancia de los intereses en conflicto.

Los últimos pronunciamientos sobre la doctrina que desta-can la importancia de los factores a ser considerados, están comprendidos en los casos de Warth v. Seldin, 45 L.Ed.2d 343, a las págs. 354-356 (1975); Moose Lodge No. 107 v. Irvis, 407 U.S. 163, a la pág. 166 (1972); Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438, a las págs. 443-446 (1972). En Eisenstadt, supra, se le permitió al apelante abogar por el derecho de las personas solteras a tener acceso a contraceptivos. El Tribunal mani-festó :

“De cualquier modo, más importante que la naturaleza de la relación existente entre el litigante y aquellos cuyos derechos intenta hacer valer es el impacto de la litigación en los intereses de los terceros.” Pág. 445. (Traducción nuestra.)

En Moose Lodge No. 107, supra, se atacó la política dis-criminatoria de una fraternidad privada, que poseía una licen-cia estatal, bajo el fundamento de no atender, servir y acep-tar como miembros a personas de la raza negra. El Tribunal, no obstante reconocer la capacidad del peticionario (persona de dicha raza) para cuestionar los dos primeros extremos, en cuanto al último resuelve lo siguiente:

“Si bien esta Corte ha decidido que en situaciones excepciona-les una parte agraviada puede descansar en los derechos constitu-cionales de terceras personas para la obtención de remedio, Barrows v. Jackson, 346 U.S. 249 (1953), en este caso el deman-dado no fue agraviado por la política de socios de Moose Lodge pues nunca gestionó su ingreso.” Pág. 166. (Traducción nuestra.) Véase United States v. SCRAP, 412 U.S. 669 (1973).

En el caso de Warth, supra, se alegaba que una ordenanza municipal tenía el efecto de discriminar contra las personas pobres, de ingresos moderados, y pertenecientes a grupos ra-ciales o étnicos minoritarios, al ponérseles obstáculos para la construcción de viviendas de bajo costo. El Tribunal hace una recopilación de la doctrina de capacidad jurídica (standing), con especial énfasis en el problema de los derechos de terceros, y concluye que los peticionarios — quienes acudieron a la corte en calidad de personas de ingresos bajos y modera-dos y como miembros de grupos raciales o étnicos minoritarios atacando la constitucionalidad de la ordenanza — carecían de capacidad para demandar. Sobre la cuestión que nos ocupa se señala nuevamente:

“En algunas circunstancias, las consideraciones contra-puestas pesan más que las preocupaciones usuales subyacentes de ejercitar el poder judicial cuando el remedio reclamado descansa en los derechos legales de terceros. ... En tales ocasiones, la corte ha encontrado, en efecto, que la disposición constitucional o estatutaria envuelta conlleva una causa de acción en favor del demandante.” Pág. 356. (Traducción nuestra.)

Estamos convencidos de que debemos incorporar a nuestro acervo jurisprudencial las normas y factores informados en la doctrina expuesta por ser las mismas compatibles con las ñor-mas expuestas en E.L.A. v. Aguayo, supra, y estar acordes con la misión constitucional de este tribunal en la estructura de Gobierno prevaleciente. No obstante, por constituir una norma de excepción al método de adjudicar hasta ahora seguido por este Tribunal con respecto a cuestiones constitucionales, las situaciones en que se invoque esta norma han de satisfacer con la más rigurosa exigencia los cuatro elementos o factores de-terminantes de capacidad que antes hemos apuntado.

Aplicada la doctrina al caso de autos, resolvemos que concurren los factores necesarios para que reconozcamos capa-cidad jurídica a la peticionaria para reclamar la inconstitu-cionalidad de la ley que nos ocupa. A tal efecto-, ésta no sólo tiene capacidad para demandar, sino que habiendo sido demandada, está expuesta a la contingencia real de ser conde-nada a una sentencia de $9,082.30; invoca la protección de de-rechos de preeminencia en la jerarquía constitucional puerto-rriqueña ; si bien entre la peticionaria y los querellantes existe una relación de patrono y empleado, se reclaman derechos que de ser reconocidos, trascienden la simple existencia de dicho vínculo; y aun cuando los tribunales están disponibles para que se plantee la inconstitucionalidad de la ley, resulta dudoso que aquellas obreras que se están beneficiando de la misma acudan a impugnarla, a la par que es difícil que una mujer desem-pleada pueda establecer el nexo entre su condición de desempleo y la ley que nos ocupa.

Estos factores, unidos al interés público que reviste la cuestión, inclinan favorablemente la balanza respecto a la capacidad de la peticionaria para invocar y plantear la incons-titucionalidad de la ley.

Superados estos extremos, pasemos a considerar la médula del recurso. La disposición de la ley que nos ocupa provee que ninguna mujer trabajará en cada período de trabajo diario anterior y posterior al destinado para tomar alimentos, más de cuatro (4) horas, a no ser que se le conceda un descanso inter-medio no menor de veinte (20) minutos dentro de cualquiera de los dos períodos en que se divide su jornada de trabajo, de lo contrario deberá compensársele a razón de tiempo doble por las horas trabajadas correspondientes a la quinta (5ta.) hora de trabajo.

Ante dicha disposición legal, las posiciones de las partes se pueden resumir del siguiente modo:

La peticionaria señala que dicho beneficio no se provee para empleados varones, y argumenta que ello constituye un discrimen por razón de sexo, y además, una violación al Título 7 de la Ley de Derechos Civiles Federal (42 U.S.C.A. see. 2000 et seq.) por discriminar contra las empleadas mujeres al imponerles prohibiciones y limitaciones en cuanto a la ca-pacidad para trabajar más de cuatro (4) horas consecutivas en cualquiera de los dos períodos de la jornada diaria de tra-bajo; restricciones y prohibiciones que no se imponen respecto a la contratación y empleo de trabajadores varones. En con-trario, la parte querellante aduce que la ley exigiendo el re-quisito de veinte (20) minutos de descanso es posterior a la Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, infiriendo de ello un ejercicio consciente del poder policial del Estado para plasmar en política pública “... su preocupación por proteger la frágil naturaleza femenina de los riesgos inherentes a las jornadas prolongadas o interminables de trabajo.” Para robus-tecer su tésis de que la ley no discrimina contra la mujer acompaña estadísticas ilustrativas de que en la última década ésta ha aumentado su participación en el empleo del sector manufacturero de nuestra economía de 46.6% (por ciento) en el año 1965 a un 48% (por ciento) en 1974.

Es menester una breve exégesis sobre la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes. Las normas que nutren este principio constitucional no exigen un trato igual para todos los ciudadanos, pero prohíben un trato desi-gual injustificado. El Estado puede hacer clasificaciones entre las personas sin infringir dicho principio siempre y cuando la clasificación sea razonable y con miras a la consecución o protección de un interés público legítimo.’ El problema con-siste en dictaminar cuando la clasificación es razonable o no.

Para analizar la clasificación, se han elaborado, básicamente, dos criterios: el primero, conocido frecuentemente como análisis tradicional (“traditional” equal protection analysis), dispone que una clasificación legislativa no debe ser invalidada a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un interés legítimo del Estado. Bajo esta fórmula, se ha interpretado que es constitucional una ley siempre que pueda concebirse razonablemente una situación de hechos que justifique la clasificación.

Evidentemente, este criterio o medida (standard) coloca el peso de la prueba en aquel que alega la inconstitucionalidad de la legislación en controversia.

El segundo criterio, de génesis más reciente y como reacción a la insatisfacción generada por el primero, establece que cuando la clasificación afecta derechos fundamentales del ciudadano y va dirigida contra una clasificación sospechosa, la misma estará sujeta a un estricto escrutinio judicial. En este caso, corresponde al Estado demostrar la existencia de un interés público apremiante o de superior jerarquía (compelling state interest) que justifique la clasificación y que la misma promueva necesariamente la consecución de ese inte-rés. Este criterio ha sido aplicado a ciertas leyes que estable-cen distinciones sospechosas, como las basadas en la raza, nacionalidad, ciudadanía, pobreza o nacimiento.

¿Deben considerarse las distinciones por razón de sexo como clasificaciones inherentemente sospechosas, y por ende, sujetas a una rigurosa revisión judicial en materia de cuestiones constitucionales?

En la jurisdicción federal el Tribunal Supremo se enfrentó directamente con este planteamiento en el caso de Frontiero v. Richardson, 411 U.S. 677 (1973) habiendo resuelto una plura-lidad de sus miembros que “clasificaciones basadas en sexo, al igual que clasificaciones basadas en raza, ciudadanía u origen nacional, son inherentemente sospechosas y por lo tanto están sujetas a un estricto escrutinio judicial.” Pág. 688. (Traducción nuestra.)

En Puerto Rico, nuestra Constitución no sólo garantiza la igual protección de las leyes en su Art. II, Sec. 7, sino que, contrario a la federal, prohíbe expresamente en su Art. II, Sec. 1, el discrimen por razón de sexo. En consecuencia, al confrontarnos con la dicotomía que representa la crítica determinación de cuál fórmula analítica aplicar a los casos por razón de sexo, nos inclinamos en favor — debido a la in-teracción de los valores contenidos en nuestra Ley Fundamental en contra del discrimen por razón de sexo y la igual protec-ción de las leyes — de la fórmula de estricta supervisión judicial.

En tal sentido nos habíamos pronunciado en el caso de Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518, 531 (1972):

“. . . hay áreas en las cuales, por su tangencia con la .dignidad humana y con el principio de que todo el mundo es igual ante la ley, toda clasificación es inherentemente sospechosa y está su-jeta al más minucioso examen judicial. Estas áreas incluyen las clasificaciones o discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y nacionalidad.”

Admitimos no obstante, que la Constitución reconoce, al igual que la propia naturaleza, diferencias por razón de sexo y permite las mismas si éstas no discriminan. En virtud de sus diversas disposiciones y su aplicación a distintas áreas, no pueden extenderse prohibiciones absolutas que impidan el ejercicio legítimo del poder de reglamentación del Estado para aprobar medidas razonables con el objetivo de salvaguardar el interés común. Una pieza legislativa debe sostenerse o anularse en orden a la dimensión, sustancialidad y realidad de los principios comunitarios e individuales envueltos y los problemas sociales que intenta corregir.

En su perspectiva histórica, la disposición de ley que nos ocupa, data del año 1919 y está inspirada en la noción de un paternalismo romántico del Estado hacia la mujer, en una época en que no existía en Puerto Rico un andamiaje legal y organizacional como el presente capaz de garantizar al obrero, independientemente de su sexo, unas condiciones mínimas de trabajo respecto a seguridad, jornada legal, salario y otros.

Desde entonces y hasta el presente resulta evidente la creciente incorporación de la mujer en las diversas fases de la actividad económica desplegada por nuestro pueblo poniendo en entredicho su clásica función que gira sobre el hogar. Ello constituye un esfuerzo legítimo de la mujer tendente a alcanzar mejores oportunidades de autoexpresión, reconoci-miento personal y de sostén para sí y su familia.

Una de las consecuencias del fenómeno de la movilidad femenina hacia el trabajo económicamente productivo, resulta ser el examen de las llamadas leyes en protección de las obreras con el objetivo de determinar si las mismas en su expresión o implementación pueden subsistir ante el mandato de linaje constitucional que proclama como odioso el discri-men basado en sexo, cuyo “. . . propósito es reconocer el ad-venimiento de la mujer a la plenitud del derecho y a la igualdad de oportunidades con el hombre.” Ante tal pro-nunciamiento en nuestra Ley Fundamental no es necesario en-contrar apoyo en la legislación y jurisprudencia federal sobre derechos civiles, pues nuestra Carta de Derechos es lo suficientemente amplia para cubrir a satisfacción la situa-ción ante nuestra consideración.

Al condenar el discrimen por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen social, ideas políticas o religiosas', nuestra Constitución reconoce un sistema jurídico humanitario que postula la dignidad del ser humano, su inviolabilidad e igualdad ante la ley. Con ello se intentan superar y sobre-pasar los accidentes circunstanciales que tengan origen en la naturaleza o en la cultura. Es evidente que el sexo, al igual que la raza, constituyen rasgos que surgen en el ser humano por un simple hecho fortuito: el nacimiento; éste nada tiene que ver con la habilidad de la persona de oportunamente aportar y contribuir a los esfuerzos legítimos de una socie-dad. Es por ello que nos reafirmamos en que ante este foro judicial, una diferencia basada en el sexo resulta una cla-sificación sospechosa, en particular cuando la misma tiende a relegar a un estado legal de inferioridad a una clase con abstracción de las potencialidades y características indivi-duales de sus miembros.

Teniendo en cuenta el trasfondo de principios expuestos, no es necesario un esfuerzo exhaustivo mental para concluir que la disposición de la ley que nos ocupa niega a la mujer igual oportunidad de trabajo con referencia al hombre, pues representa para el patrono el atractivo de seleccionar a un obrero varón a quien le puede exigir, sin ninguna limitación, la prestación de sus servicios hasta cinco (5) horas ininterrumpidas sin necesidad de tiempo intermedio de descanso o paga adicional. Con ello se cierran parcialmente las puertas a la mujer obrera en el desempeño de igual trabajo pues el patrono obviamente, en igualdad de preparación y experiencia, optará por reclutar al varón obrero y rechazar a la mujer obrera. No puede argumentarse válidamente una proposición basada en la debilidad femenina cuando el estatuto reconoce la habilidad de la mujer para trabajar las cinco (5) horas si tiene meramente un descanso de veinte (20) minutos. La razón aducida por el Estado al establecer la referida clasificación en orden a “su preocupación por proteger la frágil naturaleza femenina de los riesgos inherentes a las jornadas prolongadas o interminables de trabajo” constituye una conclusión contra las potencialidades de la fuerza obrera femenina del país. Se nutre de algunas premisas subjetivas erróneas, tradicionales y estereotipadas que emanan de una visión masculina que — consciente o inconscientemente — tiene su razón de ser en la concepción y caracterización de la mujer como “sexo débil”. El pedestal en que se intenta situar a la mujer en este enfoque tradicional y paternalista puede resultar a veces en una jaula para aprisionarla, incompatible con sus derechos legítimos.

Igualmente, la disposición de ley enerva la eficacia del derecho de todo trabajador . . a recibir igual paga por igual trabajo . . contenida en la Sec. 16 de nuestra Carta de Derechos, pues fundada en sexo, distingue y establece una clasificación o jornal de salario doble no reconocido al varón obrero.

“El principio de igual paga por igual trabajo interesa evitar discrímenes de una parte e irritaciones de otra, producidas cuando la compensación diferente carece de justificación frente a la igualdad de la labor rendida.” 4 Diario de Sesiones de la Con-vención Constituyente, pág. 2574 (Ed. 1961).

Intentó en la conciencia de la Asamblea Constituyente que a la mujer no se le pagara menos que al hombre por la misma labor. Siendo ello así, no podemos sostener un razo-namiento que a la inversa crea un discrimen contra el varón obrero y permite una desigualdad injustificada.

En resumen, resulta discriminatorio e inconstitucional el precepto de ley específico que nos ocupa en dos modalida-des: una en cuanto a la capacidad de empleo de la mujer y otra en cuanto a la capacidad del hombre para devengar igual paga por igual trabajo.

No menospreciemos la visión puertorriqueña fundada en nuestra cultura hispana de que la mujer constituye el alma en que gira nuestra vida familiar y hogareña, al apartarnos de los moldes rigurosos del pasado y darle cabida a las aspiraciones legítimas que el presente les impone. Ello no debe sorprender a nadie, pues con anterioridad habíamos resuelto que la tradición familiar no puede oponerse para sostener un discrimen por razón de sexo. González v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 804, 808 (1969). Hace unas décadas a la mujer se le negó el derecho al voto electoral, hasta que una generación rompió algunos de los eslabones de las cadenas que simbólicamente restringían tal derecho y recono-cieron el sufragio universal; a la generación actual, con hidalguía jurídica, corresponde quebrar los eslabones que aún subsisten e impiden el reconocimiento pleno de los dere-chos de la mujer.

En vista de que en la querella se invoca la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, según enmendada, y que la soli-citud de sentencia sumaria giró en torno a la validez de la disposición de la Ley Núm. 105 de 6 de junio de 1967 — enmen-datoria de la número 73 de 21 de junio de 1919 — se dictará Sentencia Sumaria Parcial declarando inconstitucional la disposición de la Ley Núm. 105 con relación a la limitación referente al descanso después de las cuatro (U) horas de trabajo, devolviéndose el caso al tribunal de instancia para que determine, previa oportunidad a las partes, si subsiste fundamento por lo cual no deba desestimarse totalmente la querella.

El Juez Asociado, Señor Rigau, concurre en el resultado.

       En lo pertinente dispone:
      “Todo patrono fijará en un sitio visible de todo departamento en el cual haya mujeres empleadas o en la oficina de la granja o estancia, en que ellas trabajan, un anuncio impreso expresando el número de horas de tra-bajo que se exija diariamente a las mujeres durante cada día de la semana, las horas de comenzar y terminar el trabajo, y la hora en que empieza y termina el período destinado a tomar los alimentos; Disponiéndose, que nin-guna mujer trabajará en cada periodo por más de cuatro (4) horas, a no ser que se les conceda un descanso intermedio de no menos de 20 minutos dentro de cualesquiera de los dos periodos en que se divide su jomada de tra-bajo, en cuyo caso, con el consentimiento de las trabajadoras y la autoriza-

        ción del Secretario de Trabajo, podrá extenderse por más de cuatro (4) horas, sin que nunca exceda de cinco (5), la duración de dicho período dentro del cual se les concedió el descanso intermedio.” (Énfasis suplido.)

      Reza así: “La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, .nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. . . .” (Énfásis suplido.)

      En su Alegato el querellante reitera tal posición y plantea unas interrogantes de hechos a su juicio concluyentes y esenciales, demostrativas, de la corrección del dictamen del tribunal de instancia. No podemos coinci-dir con dicho enfoque, pues nuestro análisis refleja que la única cuestión, planteada en virtud de la solicitud de sentencia sumaria era la constitu-eionalidad de la ley; aspecto puro de derecho cuya solución no exigía el! entrar en tales interrogantes de hechos.

      En el primero se negó capacidad jurídica (standing) a un médico para atacar la constitucionalidad de una ley que prohibía la distribución de material informativo y el uso de contraceptivos, bajo la alegación de que ello ponía en peligro la vida de sus pacientes. El Tribunal entendió que los pa-cientes eran las personas apropiadas para hacer dicho planteamiento y no el médico, quien no alegaba que la ley constituía un impedimento al libre ejercicio de su profesión. En Barrows, supra, se le permitió a una persona de la raza blanca, demandada en un pleito por incumplimiento de contrato, presentar en su defensa el efecto discriminatorio del contrato sobre las personas de la raza negra; y en N.A.A.C.P., supra, se le concedió la oportunidad a una organización de defender el derecho de terceras per-sonas a no revelar su afiliación con dicha entidad. En estos dos últimos casos, los litigantes tenían un interés propio, esto es, eran afectados per-sonalmente. En el primero, Jackson se exponía a ser condenado en daños por el incumplimiento de contrato y en el segundo, la N.A.A.C.P. estaba sujeta a una pérdida en su matrícula y una merma en sus finanzas.

      Así, en Peters v. Kiff, 407 U.S. 493 (1972), se le reconoció capa-cidad jurídica (standing) a una persona de la raza blanca para cuestionar la exclusión de personas de la raza negra del jurado que le condenó, a pesar de que él no formaba parte de la clase excluida. Asimismo, en Taylor v. Louisiana, 42 L.Ed.2d 690 (1975) se permitió a un hombre atacar la exclu-sión de mujeres del jurado que le juzgó, aunque el apelante tampoco for-maba parte del grupo excluido. Véase además, Traffieante v. Metropolitan Life Insurance, 409 U.S. 205 (1972).

       Sobre capacidad jurídica (standing) en general, véanse: United States v. Richardson, 418 U.S. 166 (1974); y Schlesinger v. Reservists Comm. to Stop the War, 418 U.S. 208 (1974).

      En virtud de la Ley Núm. 105 de 6 de junio de 1967 se dispuso la concesión del descanso intermedio no menor de 20 minutos y se reguló es-pecíficamente el tiempo para tomar alimentos. El historial legislativo, aun-que escaso, demuestra que se rechazó en dicha ocasión una enmienda ten-dente a eliminar la prohibición referente a cuatro (4)- horas optándose por el descanso intermedio. 21 Diario de Sesiones, pág. 1004 (1967).

        Legislative Purpose, Rationality, and Equal Protection, 82 Yale L.J. 123, a las págs. 138-141 (1972).

      Se denominan clasificaciones sospechosas porque frecuentemente la característica en que se basa la clasificación no guarda relación con la habilidad o aptitud de las personas afectadas por la clasificación. Véase Sailer Inn, Inc. v. Kirby, 485 P.2d 529, 540-541 (1971) donde el Tribunal Supremo de California declara sospechosas las clasificaciones a base de sexo, siendo el primer Tribunal Supremo estatal en así hacerlo. Consúltese además, 46 N.Y.U. L. Rev., 675, 738-739 (1971) y 37 Calif. L. Rev., 341 (1949).

      82 Yale L.J. 123, a las págs. 146-149.

         Brown v. Board, of Education, 347 U.S. 483 (1964); McLaughlin v. Florida, 379 U.S. 184 (1964); Oyoma v. California, 332 U.S. 633, 644, 646 (1947); Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12 (1966).

       El Tribunal se aparta en este caso de su trayectoria jurídica, ante alegaciones de discrimen por razón de sexo, de su análisis tradicional de la igual protección de las leyes, del cual los casos de Goesaert v. Cleary, 335 U.S. 464 (1948) y Hoyt v. Florida, 368 U.S. 57 (1961), son representativos.
      El tránsito del análisis tradicional, al análisis estricto fue precedido por el caso de Reed v. Reed, 404 U.S. 71 (1973), en el cual se vislumbra tenuemente una novel actitud judicial hacia el problema de discrimen por razón de sexo, en comparación con la actitud que se traslucía de los casos de Goesaert, supra y Hoyt, supra.
      El valor precedencial de Frontiero, supra, es incierto por no contar con una firme y absoluta mayoría del Tribunal, según se desprende de decisiones posteriores en las cuales no ha logrado imponerse la doctrina de que las clasificaciones a base de sexo son inherentemente sospechosas y por tanto sujetas a un estricto escrutinio judicial. Véanse: Kahn v. Shevin, 416 U.S. 351 (1974); Geduldig v. Aiello, 417 U.S. 484 (1974); Schlesinger v. Ballard, 42 L.Ed.2d 610 (1975); Weinberger v. Wiesenfeld, 43 L.Ed.2d 514 (1975); Stanton v. Stanton, 43 L.Ed.2d 688 (1975).

       Véase Ponce Candy Industries v. Corte, 69 D.P.R. 417 (1948) en el cual reconocimos la maternidad como base para conceder unos derechos específicos.

      Hace más de un siglo el Juez Bradley del Tribunal Supremo Federal expresó en opinión concurrente:
      “El hombre es o debe ser, el protector y defensor de la mujer. La timidez y delicadeza natural perteneciente al sexo femenino evidentemente la incapacita para muchos trabajos en la vida civil. La constitución de la organización familiar que está fundada en mandato divino, al igual que en la naturaleza de las cosas, señala hacia la esfera doméstica como la función y dominio propio a que pertenece la mujer.” Bradwell v. The State, 83 U.S. 130, 141 (1872). (Traducción nuestra.)

      4 Diaño de Sesiones de la Convención Constituyente ele Puerto Rico, pág. 2561 (Ed. 1961).

      8)En Puerto Rico: Informe Comité Laboral sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, págs. 26-34 (1974); Heber Lugo, Sex Discrimination: The Equal Pay Act of 1963, title VII of the Civil Rights Act of 1964 and Puerto Rico, 32 Rev. C. Abo. P.R., págs. 215-222 (1971); Ramírez Lavandero y Ortiz Carrión, El Desarrollo de una Fórmula Intermedia en la aplicación de la Igual Protección de las Leyes a la Discriminación por Razón de Sexo: Reed v. Reed, XLII Núm. 3 Rev. Jur. U.P.R., págs. 425-454 (1973); Comisión de Derechos Civiles, La igualdad de Derechos y Oportunidades de la Mujer Puertorriqueña, págs. 49-73 (1973). Como jurisprudencia ilustrativa de la Corte de Distrito Federal local véase Doctor’s Hospital, Inc. v. Recio, 383 F.Supp. 409 (1974).
      En los Estados Unidos, la literatura sobre este asunto es abundante e ilustra la tendencia de imprimirle mayor validez y contenido al papel que desempeña la mujer. Consúltese: Duke L.J., The Emerging Bifurcated Standard for Classifications Based on Sex, págs. 163-187 (1975); Vol. 418 Annals, The Liberation of Women in a Full Employment Society, 138-146 (March 1975); Vol. XX No. 2 N.Y.L.F., Recent Developments in the Area of Sex-Based Discrimination — The Courts, The Congress, and the Constitution, págs. 359-380 (1974); Vol. 48, No. 3 Tul. L. Rev., Constitutional Law —Sex Discrimination — Supreme Court Plurality Declares Sex a Suspect Classification, págs. 710-720 (1974); 23 Baylor L. Rev., Sex Discrimina lion in Employment, págs. 665-672 (1971); 46 N.Y.U. L. Rev., Sex Discrimination by Law; A Study in Judicial Perspective, págs. 675-747 (1971); No. 2 Harvard Civil Rights — Civil Liberties L. Rev., Equal Rights for Women: A Symposium on the Proposed Constitutional Amendment, págs. 215-287 (1970-71); 42 So. Cal. L. Rev., A Woman’s Place: Diminishing Justifications for Sex Discrimination in Employment, págs. 183-211 (1968-69).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Nationwide Mutual Insurance Co., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Roberto Schmidt Monge, Juez, demandado; Ramón Rojas Alvarez, interventor.

      Número: O-75-391

      Resuelto: 28 de octubre de 1975

      Ismael E. Marrero, abogado de la peticionaria; Paul Ramos Morales, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Ramón Rojas Alvarez suscribió el 3 de marzo de 1972, una póliza de seguro de automóvil con la Nationwide Mutual Insurance Co., en adelante, la aseguradora, que cubría los riesgos de accidente y/o daños a la propiedad. Dicha póliza vencía el 3 de marzo de 1973 y se pagaría en cuatro plazos que vencían el 3 de marzo, el 13 de mayo, el 12 de agosto y el 11 de noviembre. A estos efectos, como es la práctica de la ase-guradora, ella envió al asegurado una carta que contiene el antes mencionado programa de pagos. La misma sirve para que los asegurados, puedan, si lo desean, llevar un claro y sencillo récord de sus pagos periódicos de la póliza.

La aseguradora recibió los primeros tres pagos, pero no el último, por lo que procedió a cancelar la póliza el 1ro. de diciembre de 1972 mediante carta de cancelación de 17 de no-viembre de ese año, dirigida al asegurado.

Posteriormente, en 29 de diciembre de 1972, Ramón Rojas Alvarez tuvo un accidente con su automóvil y al reclamar el pago del seguro, la aseguradora denegó el pago de la reclama-ción amparándose en la anterior cancelación de la póliza.

La ilustrada Sala sentenciadora resolvió que a la fecha del accidente la póliza estaba vigente porque el aviso de cancelación no se envió por correo certificado. Erró el tribunal al así resolver. Lo cierto es que al ocurrir el accidente el plazo de 11 de noviembre de 1972 no se había pagado y que la aseguradora había cancelado la póliza por falta de pago. Ni la ley ni el contrato de seguro requiere que la carta de cancelación se envíe por correo certificado. Dicha carta de cancelación (Exhibit 3 de la peticionaria) contiene un matasellos del correo, Estación de Hato Rey, el cual indica que fue puesta al correo en 17 de noviembre de 1972.

El asegurado insiste, y la aseguradora acepta, que aquél compró en 6 de noviembre de 1972 un giro bancario por $54.71 pero no bubo prueba alguna en el sentido de que el mismo se enviase a la aseguradora o de que dicho giro fuese cobrado por la aseguradora. Lo único que quedó probado es que el asegurado compró dicho giro pero no consta en qué forma lo utilizó. Eso de por sí no establece prueba de que el plazo de noviembre de la póliza fuese pagado. No surge de los autos prueba alguna en ese sentido.

Como puede notarse, los hechos de este caso son muy distintos a los del caso de Rosario v. A ti. Southern Ins. Go. of P.R., 95 D.P.R. 759 (1968), por lo cual esta decisión en nada afecta a dicha decisión del caso de Rosario.

En vista de lo anterior, se revocará la sentencia recurrida y la sentencia parcial enmendatoria de la misma.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Reyes Correa Negrón, demandante y apelante, v. El Pueblo de Puerto Rico, demandado y apelado.

      Número: O-73-5

      Resuelto: 29 de octubre de 1975

      Reyes Correa Negrón, pro se; Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante-peticionario; Miriam Naveira de Rodón, Procurar

      dora General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario presentó al Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, un escrito que tituló “Habeas Corpus y también Auto de Casación de Corara Nobis”, en que solicitó que se anularan y se eliminaran de su “récord penal” varias senten-cias dictadas por las antiguas Corte Municipal y Corte de Distrito de Mayagüéz entre los años de 1938 y 1947, senten-cias que el peticionario cumplió. Alegó que dichas sentencias eran nulas porque fueron dictadas siendo él menor de edad y mientras estaba bajo la jurisdicción de la antigua Corte para Niños, creada en virtud de la Ley Núm. 37 de 11 de marzo de 1915, y porque en algunos de los casos no tuvo asistencia de abogado. Alegó también que esas sentencias, dictadas por tribunales sin jurisdicción fueron tomadas en consideración como factor agravante para la imposición de una pena por la comisión de un delito federal, pena que el apelante está cumpliendo en la prisión federal de Leavenworth, Kansas.

El Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, denegó de plano el recurso. Entendió que no procedía bajo la Eegla 192.1 de Procedimiento Criminal; tampoco como Habeas Corpus, porque la solicitud no estaba dirigida a la persona que mantiene al peticionario bajo su custodia, y que si se expidiera el auto y se resolviera a favor del peticionario, dicha resolu-ción no afectaría la legalidad de su detención; y lo denegó como auto de cor am nobis por considerar que dicho recurso no puede ser utilizado para revivir controversias ya resueltas, no surgiendo prima facie violaciones a derechos constitucio-nales, y que de los récords del tribunal no surge que el ape-lante estuviera bajo la jurisdicción de la anterior Corte para Niños, no siendo el auto de coram nobis el procedimiento para dilucidar este tipo de controversias.

No conforme con esta resolución, el peticionario apeló para ante nos por su propio derecho. A solicitud de la Pro-curadora General requerimos de la Sociedad para Asistencia Legal que representara al peticionario. Tanto la Procuradora General como la Sociedad para Asistencia Legal oportuna-mente presentaron alegatos en que se discuten, en síntesis, dos cuestiones, a saber, la jurisdicción de este Tribunal para entender en el recurso y la procedencia de la anulación de las sentencias. Veamos ambas cuestiones.

Alega la Procuradora General que no tenemos jurisdicción por tratarse de un recurso de apelación interpuesto contra una resolución que denegó de plano la expedición del auto solicitado, fuera, el de Habeas Corpus o el de Coram Nobis. Ciertamente, la resolución que niega de plano la ex-pedición del auto de Habeas Corpus no es apelable. Pérez v. Delgado, 80 D.P.R. 217 (1958); Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 71 D.P.R. 10 (1950); Ex parte López, 15 D.P.R. 61 (1909); Ex parte Delgado, 12 D.P.R. 269 (1907). Tampoco es apelable la resolución que niega de plano el auto de Coram Nobis. Pueblo v. Nazario, 53 D.P.R. 239, 243 (1988). En repetidas ocasiones hemos señalado que el recurso de apelación, por ser de naturaleza estatutaria, no existe sin que haya un estatuto que lo establezca. Concepción v. Junta de Contabilidad, 80 D.P.R. 194 (1958); Vázquez v. Rivera, 69 D.P.R. 947 (1950); Del Valle, Ex parte; Sánchez, etc., Opositores, 69 D.P.R. 663 (1949); Banuchi v. Corte, 64 D.P.R. 112 (1944). El hábeas corpus está reglado en los Arts. 469 y siguientes del Código de Enjuiciamiento Criminal, 34 L.P.R.A. sees. 1741 a 1780, y sólo se permite la apelación “contra la providencia definitiva de un tribunal o juez al devolverse dili-genciado el auto de hábeas corpus.” Ley de 12 de marzo de 1903, 34 L.P.R.A. see. 1773. El auto de coram nobis, así de-nominado no existe estatutariamente en esta jurisdicción. Pueblo v. Gerena, 72 D.P.R. 222 (1951).

No obstante lo expresado, el hecho de que el peticionario, aquí apelante, no pueda valerse del recurso de apelación no debe impedir que determinemos si bajo cualquier otro procedimiento tendría derecho a acudir ante nos. Los tecnicismos no pueden impedir que atendamos el clamor de quien busca justicia. Cuando la ley no provee el camino, la justicia lo hace. Podemos considerar el recurso del peticionario ante nos como uno de certiorari, y así lo haremos.

El tribunal de instancia concluyó correctamente que la petición que aquí nos ocupa no podía considerarse bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, ni como un recurso de habeas corpus, ni como un corara nobis. No procedía bajo la Regla 192.1 porque el peticionario no se halla detenido en virtud de ninguna de las sentencias cuya validez ataca —las cuales ya fueron cumplidas por él — requisito que establece la citada regla. Tampoco procedía el habeas corpus, por cuanto no se ataca la legalidad de su detención, ni se encuentra detenido en Puerto Rico ni bajo autoridad de funcionario alguno del Estado Libre Asociado. Cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 183, 184 (1969); Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 373, 381 (1964); Díaz v. Campos, 81 D.P.R. 1009 (1960). Recuérdese que el peticionario está en una prisión federal cumpliendo una sentencia de un tribunal federal.

El auto de coram nobis tampoco procedía. Este recurso se dirige al tribunal que dictó una sentencia para que la deje sin efecto o la modifique, a base de hechos que no surgen de los autos, que existían antes de dictarse la sentencia y que no eran conocidos por la parte promovente ni por el tribunal ni podían ser descubiertos por el promovente mediante el ejercicio de razonables diligencias. Véanse Pueblo v. Cruzado, 74 D.P.R. 934, 939 (1953); Ponce v. F. Badrena e Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225, 253 (1952); Pueblo v. Nazario, supra. Véanse, además, Steven Anderson, Coram Nobis, 4 Idaho L. Rev. 89 (1967); Cole, Small, State Post Conviction Remedies and Federal Habeas Corpus, 57 N.Y.U. L. Rev. 154 (1965). El recurso no procede, por tanto, para revisar cues-tiones de Derecho. El ataque a una sentencia basado en falta de jurisdicción del tribunal que la dictó plantea una cuestión de Derecho. Por supuesto, el Derecho no existe en el vacío ni se aplica en abstracto. El Derecho se invoca en razón de los hechos que en cada caso se plantean.

Por la razón de que el escrito del peticionario no fuera atendible bajo las denominaciones que él le dio— “Habeas Corpus y también auto de casación de Coram Nobis” —no debió desestimarse de plano sin investigar si la cuestión por él planteada era meritoria y podía ser resuelta bajo cualquier otro procedimiento. El nombre con que se designa un recurso no es determinante de su naturaleza, ni debe ser decisivo desde el punto de vista de la función de hacer justicia. Lebrón Velazquez v. Romero Barceló, 101 D.P.R. 915, 921 (1974), Pueblo v. Cruzado, supra, pág. 940. Como señalamos en Cruz v. Director de la Lotería, 94 D.P.R. 260, 264 (1967), “. . . los tribunales, cuando es necesario y de justicia hacerlo, hacemos caso omiso de los nombres o títulos mal puestos a los recursos y consideramos los mismos como corresponda.”

La solicitud del peticionario pudo ser considerada como lo que es: una solicitud para anular las sentencias. ¿Es necesario algún calificativo especial? Hubiese sido prudente notificarla al fiscal y, considerando que el peticionario se encuentra fuera de esta jurisdicción y ha comparecido por propio derecho, encargar su representación a la Sociedad para Asistencia Legal o designarle un abogado de oficio. El examen de los expedientes criminales del peticionario pudo ser suficiente para hurgar en los méritos de sus planteamientos y decidir como en justicia procediese.

Veamos los méritos del caso. La Ley Núm. 37 de 11 de marzo de 1915 creó una llamada Corte para Niños, y le con-firió, en su primera sección, “jurisdicción original exclusiva en todo caso de delincuencia y necesidad juveniles y causas a ellas conducentes.” En su See. 8 disponía:

“Para los fines de esta Ley ... la palabra ‘niños’ o ‘niño’ . . . comprenderá, a menos que de otro modo se consigne específica-mente, cualquier niño en la Isla de Puerto Rico menor de diez y seis años de edad, o que una vez sujeto a la jurisdicción de una Corte para Niños por las disposiciones de esta Ley no haya llegado a la mayor edad....”

De manera que, para los fines de dicha Ley, un niño dejaba de ser niño al cumplir diez y seis años de edad, a menos que antes de cumplir esa edad hubiese estado bajo la jurisdicción de la Corte para Niños. En este último caso, seguía siendo niño hasta cumplir los veintiún años. Dicho de otro modo, quien cometía un delito, cumplidos los dieciséis años, sin que hubiese estado antes bajo la jurisdicción de la Corte para Niños, era tratado como adulto. Si la Corte para Niños hubiere asumido jurisdicción como consecuencia de alguna falta cometida por el niño antes de haber cumplido dieciséis años, la conservaba con carácter exclusivo hasta que el niño alcanzase los veintiún años de edad.

El peticionario alega bajo juramento que nació el 15 de octubre de 1925. Ante nos han sido traídos diecinueve expe-dientes criminales de las antiguas Corte Municipal y Corte de Distrito de Mayagüez, en que se imputaron diversos delitos al peticionario.

El primero de dichos expedientes es el número 10680 de la antigua Corte de Distrito de Mayagüez, hoy Tribunal Superior. Se refiere a hechos ocurridos el 24 de septiembre de 1938, cuando el peticionario contaba apenas trece años de edad. Se le imputaron dos infracciones de la entonces vigente Ley de Armas — Ley Núm. 14 de 1936. Surge de este expe-diente que el 4 de noviembre de 1938, al llamarse el caso para juicio, el abogado del peticionario solicitó su archivo y sobre-seimiento a base de la edad del peticionario. La Corte se negó a archivar y en cambio ordenó el traslado del asunto a la Corte para Niños. No hay constancia de que la Corte para Niños tomara acción alguna. Por el contrario, obra en autos una certificación del Secretario del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, a los efectos de que “de los Libros de Actas de Menores Núm. 1 del 1915 al año 1934 y del Libro Núm. 2 del año 1934 al año 1947 no aparece récord alguno referente a que Reyes Correa Negrón fuera juzgado como un menor en el antiguo Tribunal de Distrito.”

El traslado de la causa de la Corte de Distrito a la Corte para Niños no confirió jurisdicción a la Corte para Niños. La jurisdicción la tenía la Corte para Niños, con carácter de exclusividad, por ministerio de la Ley que creó dicha Corte. Empero, no podemos presumir que la Corte para Niños ejerció su jurisdicción, en ausencia de prueba en contrario. Véanse Mirabal v. Delgado, 82 D.P.R. 591, 595 (1961) y Pueblo v. Rivera, 71 D.P.R. 124 (1954).

Los expedientes que siguen al 10,680, en orden cronológico, son el 12,078, y el 12,079, ambos de la antigua Corte de Distrito de Mayagüez, hoy Tribunal Superior. En ellos se imputó al peticionario portación y posesión ilegal de armas de fuego, respectivamente, por hechos ocurridos el 25 de mayo de 1941, cuando el peticionario tenía quince años de edad. En ambas causas el peticionario hizo alegación de culpabilidad, alegación que fue aceptada por la Corte, que le sentenció a cumplir un mes y seis meses de cárcel, respectivamente, en forma consecutiva. Toda vez que el peticionario incurrió en la conducta delictuosa antes de alcanzar la edad de dieciséis años, dichas sentencias fueron dictadas sin que la Corte tuviera jurisdicción, y son nulas. Deben ser eliminadas del historial criminal del peticionario.

De los restantes dieciséis expedientes, diez se refieren a infracciones de ley cometidas por el peticionario después de cumplir dieciséis años y antes de alcanzar los veintiún años de edad. Como la Corte para Niños nunca asumió jurisdic-ción sobre él antes de alcanzar los dieciséis años de edad, era considerado como adulto bajo la ley entonces vigente. En todos dichos casos el peticionario tuvo asistencia de abogado, lo que así surge afirmativamente de los expedientes. No hay base alguna para alterar o dejar sin efecto las sentencias dictadas en ellos.

Quedan seis expedientes, todos por delitos cometidos cuando ya el peticionario había cumplido sus veintiún años de edad. En ellos se le imputó al peticionario acometimiento y agresión grave (dos casos), portar armas prohibidas (dos casos) y dos infracciones de la Ley Núm. 14 de 1936. En los dos primeros aparece que fue asistido de abogado. Los cuatro restantes, a diferencia de los otros, son expedientes incompletos que nada revelan sobre si el peticionario tuvo o no asistencia de abogado. Uno de ellos fue archivado a petición del fiscal debido a que el peticionario habría de ser juzgado en la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico por los mismos hechos que le eran imputados. Los demás no nos ayudan para hacer una determinación sobre el plantea-miento del peticionario. Hemos expresado reiteradamente que se presume la corrección en los procedimientos e incumbe la carga de probar lo contrario a quien así lo alegue. Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Pueblo v. González Rivera, 88 D.P.R. 205 (1963); Escalera v. Armen-teros, 74 D.P.R. 11 (1952).

Se fortalece la presunción en este caso si consideramos que en su larga cadena de delincuencia el peticionario siempre estuvo asistido de competentes abogados. No parece lógico que cuando ya era mayor de veintiún años y tenía la experiencia de varios años de contacto con los procesos judiciales prescin-diera de la debida asistencia de abogado. No puede pasarse por alto tampoco la posibilidad de que se sometiera a juicio sin abogado, previa renuncia a ello inteligentemente hecha. El peticionario demuestra en sus escritos ser persona inteli-gente y conocedora del Derecho. Se desestimará su petición en cuanto a dichos expedientes respecta.

Se dictará sentencia para ordenar la anulación de las sentencias en las causas 12,078 y 12,079 de la antigua Corte de Distrito de Mayagüez, y para eliminarlas del historial criminal del peticionario. Se desestimará la petición en cuanto a los demás expedientes.

       El recurso de coram nobis o coram vobis procede de la Common. Law, y se aplica tanto a casos civiles como criminales. En Ponce v. F. Badrena e Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225, 252-258 (1952), se consideró que una moción “de reconsideración y de relevo” de sentencia “participa más bien de la naturaleza de un auto de ‘coram nobis’.” A base del Art. 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, entonces vigente, que disponía que podía estable-cerse apelación de una providencia especial dictada después de una sen-tencia definitiva, se dijo en dicho caso que “una resolución en torno a una petición de auto de coram nobis constituye una providencia especial dictada después de sentencia y es apelable.” Téngase presente que aun bajo las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1948 los trámites apelativos se seguían rigiendo por el Código de Enjuiciamiento Civil. Collazo v. Puig y Abraham, 70 D.P.R. 817 (1950).
      Una situación similar sucedía en cuanto a asuntos criminales. El Código de Enjuiciamiento Criminal disponía en su Art. 847 que el acusado podía apelar “de una providencia dictada después del fallo que afecte los derechos sustanciales de la parte.” De ahí la timidez con que en Pueblo v. Nazario, supra, págs. 242-243, no se dijera expresamente que la resolución denegando un auto de coram nobis no era apelable, limitándose a señalar que “la discreción” ejercitada para negarlo “no es revisable en apelación.”
      La situación hoy día, tanto en lo civil como en lo criminal, es distinta. A partir de la Ley Núm. 115 de 26 de junio de 1958, y bajo las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 y las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963 que hoy rigen, el recurso de apelación para ante el Tribunal Supremo está limitado a “sentencias finales que dicte el Tribunal Superior en casos civiles en las cuales se plantea o resuelva una cuestión constitucional sus-tancial” y a “las sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal Superior.” Esto último está atemperado por la Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974 en virtud de la cual se permite la creación de sesiones o secciones apelativas del Tribunal Superior para entender en apelaciones de “sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal Superior y en juicio de novo ante el Tribunal Superior.” 4 L.P.R.A. see. 37, Supl. para 1975.

      La Regla 192 de Procedimiento Criminal tomada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, concede un remedio de la naturaleza del eoram nobis, pero limitado a la concesión de un nuevo juicio. Véase Cintrón García, Las reglas de •procedimiento criminal, Revista de Derecho Puertorriqueño, Universidad Católica de Puerto Rico, Año III Núm. 9 (julio-septiembre 1963), pág. 74.

      La 'Regla 192.1 comienza diciendo: “Cualquier persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el derecho a ser puesta en libertad . . . podrá presentar una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.”

      Son los siguientes: (1) 13,891, por ataque para cometer asesinato (delito grave), rebajado a ataque para cometer homicidio por un jurado, y sentenciado a dos años de presidio, apeló al Tribunal Supremo y desistió; (2) 13,892, por infracción de la Ley Núm. 14 de 1936, sentenciado a cum-plir un mes de cárcel; (3) 13,399, por portar armas prohibidas, senten-ciado a dos meses de cárcel; (4) 46,332, por acometimiento y agresión grave, condenado por la Corte Municipal de Mayagüez a seis meses de cárcel, apeló a la Corte de Distrito donde la pena le fue rebajada a un mes de cárcel; (5) 46,322 por acometimiento y agresión grave, condenado por la Corte Municipal a seis meses de cárcel y en apelación a la Corte de Distrito rebajada a un mes de cárcel; (6) 46,334 por acometimiento y agresión grave, con-denado en la Corte Municipal a cuatro meses de cárcel, rebajados a un mes de cárcel en apelación a la Corte de Distrito; (7) 46,333 por acometimiento y agresión grave, condenado a seis meses de cárcel en la Corte Municipal, rebajados a un mes de cárcel en apelación a la Corte de Distrito; (8) 46,402 por alterar la paz, condenado a cincuenta días de cárcel, rebajados en apelación a veinte días por la Corte de Distrito; (9) 46,400 por alte-rar la paz, condenado a veinticinco días de cárcel en la Corte Municipal, apeló y la Corte de Distrito rebajó la pena a veinte días de cárcel; (10) 46,401 por alterar la paz, condenado a cincuenta días de cárcel por la Corte Municipal, rebajados en apelación a la Corte de Distrito a veinte días de cárcel. En la mayoría de estos casos el peticionario apeló al Tribunal Supremo y luego desistió o le fue desestimado el recurso.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    José A. Muñoz Meléndez, demandante y recurrente, v. Michael Kelly Farmer, etc., et al., demandados y recurridos.

      Número: R-75-186

      Resuelto: 29 de octubre de 1975

      Dapena, Dapena & Toro, abogados del recurrente; la otra parte no compareció.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso rebasa sus hechos a la luz de la alta incidencia de accidentes vehiculares en nuestra isla, y las múltiples controversias que a los fines de imponer respon-sabilidad sobre sus dueños, tanto de índole civil como criminal, se originan constantemente en los tribunales de instancia. Estimamos necesario examinar en todo su alcance las normas legales relacionadas con el traspaso de vehículos de motor establecidas en la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada (9 L.P.R.A. see. 301 et seq.) y los efectos positi-vos y negativos evidenciarios que las mismas generan. Veamos.

El Tribunal Superior, Sala de Ponce, consideró probado que el 18 de abril de 1972 el vehículo del demandante recu-rrente José A. Muñoz Meléndez fue impactado por el vehículo marca Chevrolet, modelo 1968, tablillas 30P380, debido a la negligencia exclusiva de su conductor Michael Kelly Parmer, como consecuencia de lo cual aquél sufrió una herida en la cabeza y contusiones, hematomas y laceraciones en distintas partes del cuerpo y su automóvil, valorado en $1,800.00 resultó en pérdida total. Concluyó además que:

“Con fecha del 14 de abril de 1972 la codemandada Academy Metal Products Inc., y representada por su Secretario y agente a cargo de la oficina central en Puerto Rico, transfirió mediante documento privado la propiedad del vehículo Chevrolet modelo 1968, tablillas 30P380 al codemandado Michael Kelly Farmer.

El Sr. David Saldaña, como Secretario de Academy Metal Products Inc., efectuó la transacción, recibiendo el dinero en efectivo y depositándolo en el First National City Bank, que era el banco donde la compañía tenía su cuenta bancaria.

Al momento del accidente el propietario del vehículo Chevrolet modelo 1968, tablillas 30P380 era el Sr. Michael Kelly Farmer.”

En su consecuencia, declaró sin lugar la acción contra la codemandada Academy Metal Products, Inc., absteniéndose de pronunciamiento contra Michael Kelly Farmer por no haberse anotado en su contra la rebeldía. Al relevar de res-ponsabilidad a Academy expuso el siguiente razonamiento jurídico:

“El traspaso de un vehículo de motor deberá hacerse bajo juramento o afirmación ante notario, colector de rentas internas o funcionario expresamente autorizado para ese fin, pero si fuese imposible seguir los procedimientos, el Secretario procederá con la transferencia siempre y cuando éste quede autorizado [síc] en documento fehaciente. (9 L.P.R.A. see. 511, inciso (c).)

Más [sic] sin embargo esto no impide que se pueda efectuar un contrato de compraventa con relación a un vehículo de motor sin la exigencia de ese requisito. Dice el Código Civil de Puerto Rico en el Artículo 1339: ‘La venta se perfeccionará entre com-prador y vendedor y será obligatoria para ambos si hubiesen convenido en la cosa objeto del contrato, y en el precio, aunque ni la una ni el otro se hayan entregado’.”

No conforme la parte demandante interpuso recurso de revisión.

El 11 de septiembre de 1975 emitimos la siguiente Reso-lución :

“Vista la solicitud de revisión, memorando y documentos ane-jos, se concede a la parte demandada recurrida un término de quince (15) días para que comparezca por escrito a mostrar causa, si la hubiere, por la cual a la luz de los términos de la sen-tencia del tribunal de instancia, no deba expedirse el auto solici-tado y así expedido, deba revocarse la misma y en su lugar decla-rar con lugar la demanda condenando a la codemandada Academy Metal Products, Inc., a satisfacer al demandante recurrente la suma de $1,800.00 en concepto de pérdida total de su vehículo y $1,000.00 en concepto de daños por angustias físicas y mentales, luego de haberse deducido la exención de $1,000.00 prevista en la ley creadora de la Administración de Compensación por Acci-dentes de Automóviles.”

La parte demandada recurrida no compareció a mostrar causa, ante lo cual consideramos sometido el recurso.

En el pasado establecimos la doctrina de que los registros oficiales del Departamento de Transportación y Obras Públicas en que aparezca una persona, en determinada fecha, como dueña de un vehículo de motor, constituye evidencia prima facie de propiedad, susceptible de ser controvertida mediante prueba en contrario. Díaz Cáceres v. Berríos, 100 D.P.R. 741, 746 (1972); Yordán v. Ríos, 68 D.P.R. 259, 265 (1948); Méndez v. Lugo, 68 D.P.R. 276, 279-280 (1948). 11 Blashfield, Automobile Law and Practice, págs. 160-164. Como corolario de esta presunción de propiedad, en ausencia de prueba en contra, se entiende que la persona inscrita como dueño del vehículo lo conducía al momento del accidente. Tapia v. Martínez, 70 D.P.R. 55, 57 (1949). Véase 27 A.L.R. 2d, Anno: Highway Accidents—Oivnership of Vehicle, págs. 167-197.

En el presente caso reafirmamos la vigencia de dicha doctrina. Sin embargo, se impone que exploremos nuevos con-tornos sobre cómo se perfecciona una compraventa en casos de vehículos de motor y el momento en que tal traslado de propiedad cobra validez a los fines de un tercero.

Las disposiciones pertinentes de la Ley de Tránsito son las siguientes:

“Cómo se formalizará el traspaso

(a) Todo traspaso de vehículos de motor o de arrastre ins-critos se autorizará mediante la firma o marca del dueño del mis-mo y del adquirente.

(b) El traspaso se formalizará al dorso de la licencia del vehículo de motor o del arrastre. En él deberá expresarse la voluntad del dueño de traspasar al adquirente la propiedad del vehículo de motor o arrastre y la del adquirente de aceptar dicha propiedad y de que se inscriba a su nombre en el registróle vehí-culos de motor o de arrastres, según sea el caso. Igualmente, deberá expresarse la dirección del adquirente.

(c) El traspaso y aceptación deberá hacerse bajo juramento o afirmación ante notario, colector de rentas internas o funciona.-rio expresamente autorizado por el Secretario para ese fin. Si por alguna razón de ley, se solicitare el traspaso, pero fuere imposible seguir los procedimientos antes señalados, el Secretario pro-cederá con el mismo, siempre y cuando que quede autorizado en documento fehaciente.

(d) Una vez formalizado el documento de traspaso, el mismo será radicado en el Departamento por el nuevo adquirente dentro de los diez (10) días siguientes a dicha formalización. El Secre-tario le extenderá al adquirente un recibo de radicación, que ser-virá como licencia provisional del vehículo de motor o del arras-tre, según sea el caso, hasta la tramitación final del traspaso. Este recibo será llevado en el vehículo .de motor o en el vehículo de motor que hale el arrastre. El adquirente deberá entregar este recibo al Secretario tan pronto se le expida a su nombre a licen-cia del vehículo de motor o del arrastre.

(e) Una vez formalizado el traspaso en la forma ya expre-sada, el Secretario procederá a inscribir el mismo y a anotar aquellas modificaciones en el registro que resulten de la tran-sacción.

Efectos del traspaso

(a) El Secretario expedirá a todo adquirente de un vehículo de motor o arrastre inscrito, una licencia donde se hará constar el hecho de ser el nuevo dueño del vehículo de motor o del arras-tre.

(b) Dicha licencia no será expedida hasta tanto el traspaso haya quedado inscrito en el registro de vehículos de motor o de arrastres, pero sus efectos se retrotraerán a la fecha en que se formalizó el documento de traspaso.” Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, (9 L.P.R.A. sees. 511 y 512). Énfasis suplido.

Una lectura de las transcritas disposiciones, refleja que el Legislador diseñó un procedimiento especial para canalizar los traspasos de propiedad de los vehículos de motor, a saber, requerir del dueño y del comprador constancia bajo jura-mento de la transacción ante notario, colector de rentas internas u otros funcionarios expresamente autorizados a tal fin. El requisito de ley de que sea ante tales funcionarios tiene por objeto de que quede claramente constatado y de manera autosuficiente, no sólo la realidad de la transacción, sino la certeza de su fecha. Unicamente, como procedimiento supletorio, si fuere imposible seguirse el procedimiento general y si la transacción queda plasmada en otro documento fehaciente, se autoriza al Secretario de Transportación y Obras Públicas a realizar el traspaso de la propiedad. La ley dispone, además, que el comprador viene obligado bajo san-ción penal, a radicar el traspaso dentro de los diez (10) días de haber sido realizado, intentando con ello establecer una relativa simultaneidad entre la transacción y su pronta acre-ditación en los archivos oficiales del Estado. Esta oportuna acreditación se hace constar en los archivos del Departa-mento de Transportación y Obras Públicas, los cuales representan un registro sobre propiedad mueble de gran movilidad, que guardan cierta semejanza al Registro de Propiedad inmueble pues contienen una descripción exacta del vehículo, su historial y aquellos gravámenes que se anoten por razón de venta condicional, accidentes o multas adminis-trativas. Sec. 2-102 de la Ley de Tránsito (9 L.P.R.A. see. 402).

El valor del procedimiento establecido en la ley trasciende la simple conveniencia de las partes. Los requisitos mencionados no son una mera formalidad. Constituyen unos trámites sabios encaminados a poder identificar y señalar, en todo momento, la persona propietaria de un vehículo de motor a los fines de cualquier contingencia judicial. Con ello se evitan múltiples controversias fácticas y jurídicas, que de ordinario no son de fácil detección y esclarecimiento entre las cuales se destaca la compraventa fraudulenta o simulada con posterioridad a la ocurrencia de un accidente con miras a evitar responsabilidad frente a terceros.

Al exigir la Ley de Tránsito, que es una ley especial, que se dé fe pública del acto correspondiente a la com-praventa de un vehículo de motor, pierde eficacia la regla general dispuesta en el Art. 1339 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3746) aplicada por la sala sentenciadora, al efecto de que toda venta se perfecciona mediando simplemente conformidad entre las partes sobre la identidad en la cosa y en el precio, independientemente del acto de la entrega. Esta regla general tiene obligatoriedad entre las partes, pero no frente a terceros, a quienes las partes contratantes no pueden oponer una compraventa que no haya sido perfeccionada en virtud de las disposiciones de la Ley de Tránsito.

En contraposición a la mayoría de los bienes muebles susceptibles de tráfico comercial, en nuestra sociedad un vehículo de motor constituye un bien mueble cuyo posible uso perjudicial no descansa sobre bases especulativas ni remotas sino sobre premisas reales e inmediatas. Una vez puesto en marcha, dependiendo de la forma en que sea operado, puede convertirse en un instrumento causante de grave daño a las personas o a sus propiedades. De ahí que la necesidad de que su propietario sea fácilmente identificado en todo momento constituye una determinación de gran interés social por lo que el cumplimiento con los requisitos de ley no es susceptible de ser dejado al arbitrio de las partes contratantes. Ello explica la razón del Poder Legislativo para requerir la auten-ticidad del acto.

Para resumir, resolvemos que la Ley de Tránsito, como ley especial, goza de supremacía sobre las disposiciones del Código Civil relativas a la forma y momento en que de ordinario se perfeccionan los contratos de compraventa sobre bienes muebles por lo que tratándose de la compraventa de vehículos de motor, su perfeccionamiento no tiene eficacia jurídica, para fines de tercero, hasta la fecha en que la transacción se formaliza ante uno de los funcionarios autorizados por ley. Ello implica que cualquier prueba tendente a destruir la presunción de propiedad que emane de los registros oficiales debe estar basada en documentos autorizados ante un funcionario público conforme lo dispone la ley, y no en orden a convenios orales o escritos privados carentes del elemento de autenticidad de fecha cierta.

Aplicadas las normas antes expuestas al caso que nos ocupa, se impone la revocación de la sentencia que declaró sin lugar la demanda contra la codemandada Academy Metal Products, pues ésta no formalizó la supuesta venta a Michael Kelly Farmer con anterioridad a la fecha del accidente. No sólo no se cumplió con ninguno de los preceptos relativos a la forma y manera de acreditar tal venta, sino que la prueba documental aducida en apoyo de tal contención resulta de dudoso valor probatorio ya que la misma solamente consistió de un documento privado en que se hacía constar tal venta el 14 de abril de 1972 y la hoja de un depósito bancario alegadamente representativos del precio pagado fechado el 28 de abril, esto es, diez (10) días después de ocurrido el accidente. El 7 de diciembre de 1972, transcurridos casi ocho (8) meses, es que se formaliza ante notario público tal venta. Como dijimos en Núñez v. Rodríguez, 51 D.P.R. 642, 648 (1937), para destruir la presunción de propiedad que emana de los registros oficiales es menester “. . . prueba fuerte, que satisfaga plenamente la conciencia judicial.”

Se dictará sentencia declarando con lugar la demanda e imponiendo además a la Academy Metal Products, Inc., $300.00 de honorarios de ahogado. Revocada.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, no intervino. El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado.

         Conforme al Informe Anual del Departamento de Transportación y Obras Públicas correspondiente al año fiscal 1972-73 ocurrieron 67,373 ac-cidentes durante dicho período. En el año 1974 había 841,974 vehículos registrados.

      La importancia de que en actos de traspasos de vehículos de motor el notario dé estricto cumplimiento a la Ley Notarial queda evidenciada por nuestra decisión de In re Torres Santiago, 95 D.P.R. 230 (1967).

      La magnitud y la actividad que genera el procesamiento de las transacciones de vehículos de motor se refleja en el siguiente cuadro oficial:

        Actividad 1974-75

        Transacciones de Vehículos de Motor

      Registros Nuevos 76,347
      Traspasos 16,818
      Cambios Direcciones 3,313
      Cancelaciones 8,724
      Ventas 2,790
      Multas Gravadas 503,762
      Multas Dadas de Baja 240,085
      Multas Administrativas 268,322
      Comprobantes de Pago 102,003
      Vehículos Dados de Baja 1,535
      Otras Transacciones 14,042
      Subtotal 1,236,741
      Informe Anual 1974-75 de la Dirección de Servicios Técnicos del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pág. 14.

      E1 propio Código Civil, luego de sentar la norma sobre la obliga-toriedad de los contratos, cualquiera que sea su forma, Art. 1230 (31 L.P.R.A. see. 3451) señala en su Art. 1231 (31 L.P.R.A. see. 3452) que cuando fuere menester seguir una forma especial para ser efectiva una obligación, las partes podrán compelerse recíprocamente a que se lleve tal formalidad. Nuevamente se limita el ámbito de la obligatoriedad del con-trato para que sea entre las partes, pero no frente a terceros.

       “Los requisitos del estatuto van dirigidos a reglamentar, en el ejercicio del poder de estado, un control efectivo sobre el uso de las carre-teras, procurar la debida observancia de los deberes legales de aquellos que hacen uso de los automóviles y mantener al día los récords públicos para facilitar la identificación de los vehículos y de sus dueños.” Fisher, Vehicle Traffic Law, pág. 389 (1961).

      En el idioma original que fuera redactado reza así: “April 14, 1972
      To whom it may concern:
      This is to certified that Academy Metal Product Caribe Inc. has received from Mike Farmer the amount of 1,725.00 for the sale of 1968 Chevrolet Impala Convertible, license no. 30PS80.
      Michael Kelly Farmer David Saldaña”
      (fdo.) (fdo.)


author: per curiam :

text:
    Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Pedro A. Pérez Pérez, Juez, demandado; Pascuale & Josefina Genduso, interventores.

      Número: O-73-410

      Resuelto: 30 de octubre de 1975

      Rieckehoff, Calderón, Rosa Silva & Vargas, abogados de la peti-cionaria; G. R. Padró Díaz, abogado de los interventores.
   per curiam :

La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico recurre de una resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que se negó a desestimar un pleito sobre daños y perjuicios instado en su contra por un matrimonio residente en la ciudad de Nueva York y que, no obstante lo dispuesto por la Regla 69.5 de Procedimiento Civil en cuanto a la pres-tación de fianza para garantizar costas y honorarios de abo-gado, admitió una fianza personal prestada más de noventa días después de la fecha en que se ordenó prestarla.

La Regla 69.5 dispone en su último párrafo:

“Transcurridos 90 días desde la notificación de la orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la fianza adicional, sin que la misma se hubiere prestado, el tribunal ordenará la de-sestimación del pleito.”

La resolución que ordenó se prestara la fianza se dictó y notificó el 13 de abril de 1973. No fue hasta el 30 de julio siguiente — ciento ocho días después — que se prestó una fianza personal que, aparte de lo tardía, no cumplía los requisitos de la Regla 69.1 por no informar la residencia del fiador ni des-cribir los bienes dados en garantía. Por sobre la objeción de la Autoridad, el Tribunal recurrido permitió que se prestara una fianza adecuada en octubre, es decir, seis meses después de la resolución original.

La Autoridad alega que el Tribunal recurrido no tenía discreción para negarse a desestimar el pleito, e invoca el carácter mandatorio del último párrafo de la Regla 69.5, antes transcrito. Lo resuelto por nosotros en Bram v. Gateway Plaza, Inc., 103 D.P.R. 716 (1975), dispone de este plan-teamiento. Allí resolvimos que en virtud de la Regla 68.2, el término de noventa días que fija la 69.5 puede ser prorrogado o reducido bajo los términos y condiciones que aquella señala.

Conforme a dicha Regla 68.2 el Tribunal puede “en cualquier momento y en el ejercicio de su discreción, (1) previa moción o notificación o sin ellas, ordenar que se prorrogue o acorte el término si así se solicitare antes de expirar el término originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior, o (2) a virtud de moción presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a negligencia excusable.”

Los demandantes no solicitaron prórroga del término de noventa días antes de su vencimiento. Tampoco solicitaron permiso del tribunal para prestar la fianza después de expirado dicho plazo. Ignoraron las claras disposiciones de la Regla 68.2, antes citadas, y presentaron la fianza a los ciento ocho días. La práctica de desatender e ignorar las reglas procesales es contraria a un sistema ordenado de pedir justicia y merece nuestra censura.

Fue cuando la Autoridad objetó la fianza prestada por ser tardía y por no cumplir los requisitos de la Regla 69.1 que los demandantes dieron explicaciones que pretendieron cobijar bajo el palio de “negligencia excusable.” Adujeron como excusas, el hecho de residir fuera de Puerto Rico, que su abogado no podía ser su fiador por prohibirlo la Regla 69.8, y que el abogado “no tenía” la dirección del fiador. Ninguna es aceptable para excusar que se tomaran por su cuenta una prórroga de diez y ocho días sobre el plazo de noventa para prestar una fianza que contravenía los requi-sitos de la Regla 69.1, y que no fuera hasta seis meses después de la orden original del tribunal que prestaran una fianza admisible. El tribunal recurrido fue generoso en demasía con los demandantes en el ejercicio de su discreción.

Se dictará sentencia para revocar la resolución del Tribur nal recurrido y para ordenar la desestimación de la demanda.


author: PER CURIAM; Juez Asociado, Señor Negrón García.

text:
      In re Fernando A. Villamil Higuera, querellado.

      Número: O-73-313

      Resuelto: 31 de octubre de 1975

      Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Peter Ortiz y Américo Serra, Procuradores Generales Interinos, Justo Gor-bea Varona y Magda E. Haidar de Martí, Procuradores Gener rales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Benicio Sánchez Castaño y Benicio Sánchez Rivera, abogados del querellado.
   PER CURIAM;

Contra el querellado se formularon los siguientes cargos;

“(1) Allá para los días 3 de agosto y 4 de septiembre de 1970, 30 de marzo y 22 de septiembre de 1971, 1ro de febrero, 19 de abril, 1ro de mayo, 12 y 28 de julio y 22 de septiembre de 1972, respectivamente el querellado observó una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogado al no poner a dispo-sición del Inspector de Protocolos, Lie. Rafael Calor Mota, sus protocolos y registros de affidavits para examen en su oficina notarial, en abierta contravención al artículo 38 de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 1038).

(2) Allá para los meses de diciembre de 1972, y enero y febrero de 1973 el querellado observó una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogado al desobedecer dos resolu-ciones de este Honorable Tribunal de fechas 15 de diciembre de 1972 y de 2 de febrero de 1973 en las cuales se le ordenaba mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado por su incumplimiento del Artículo 38 de la Ley Notarial y al negarse a hacer entrega de la totalidad de sus protocolos y libros de affidavits en abierto menosprecio a las órdenes de este Honorable Tribunal.

(3) El querellado ha observado una conducta ilegal, in-moral e impropia como abogado al no mantener y conservar íntegros sus protocolos, al no encuadernar sus protocolos el primer mes de cada año, al extraer su protocolo de su oficina notarial y al no dar cuenta de la pérdida de un número considerable de escrituras al Juez Presidente de este Honorable Tribunal, todo en abierto desprecio a las obligaciones im-puestas por la Ley Notarial en sus secciones 1034, 1031, 1033 y 1037 del Título 4 de L.P.R.A.”

El Comisionado Especial nombrado por este Tribunal para recibir la prueba, Hon. Flavio E. Cumpiano, formuló las siguientes determinaciones de hecho:

“(1) El Ledo. Fernando A. Villamil Higuera, también cono-cido como Fernando A. Villamil, Jr., fue admitido al ejercicio de la profesión de Abogado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en 3 de noviembre de 1960, y al ejercicio del Notariado en 21 de noviembre de 1960.

(2) El protocolo de instrumentos públicos del licenciado Villamil Higuera, aquí querellado, correspondiente al año 1960 fue examinado y hallado correcto en 21 de noviembre de 1962 por el entonces Inspector de Protocolos, Ledo. Angel M. Díaz. Los otros protocolos del querellado no habían sido examinados desde esa fecha, eso es, los protocolos del querellado corres-pondientes a los años de 1961, inclusive, en adelante, no habían sido examinados.

(3) El Ledo. Rafael Calor Mota, Inspector de Protocolos, visitó la oficina del querellado el 3 de agosto de 1970 y le indicó a éste que interesaba inspeccionar sus protocolos de instrumen-tos públicos, a lo que el querellado le expresó que todavía no los tenía disponibles y le solicitó tiempo y oportunidad para traerlos al día, encuadernarlos y ponerlos a su disposición. El Inspector de Protocolos en ocho ocasiones distintas, en 4 de septiembre de 1970; 30 de marzo y 22 de septiembre de 1971; 1 de febrero, 19 de abril, 1 de mayo, 12 de julio y 28 de julio de 1972, regresó a la oficina del querellado con el propósito de inspeccionar los proto-colos pero sus gestiones fueron negativas o infructuosas porque al preguntar por el Notario y por sus protocolos, no estaba y no había dejado instrucciones específicas de que se pusieran los protocolos a disposición del Inspector.

En la noche del 27 de septiembre de 1972 el Inspector de Pro-tocolos Calor Mota se personó a la residencia del licenciado Villamil Higuera para requerirle respecto a los protocolos y éste le prometió tenerlos listos y ponerlos a su disposición a la semana siguiente a dicha visita, dando como justificación para ello el que no había terminado de examinarlos y quería entregarlos comple-tos.

Pasado el tiempo sin que el querellado entregase sus proto-colos para inspección o se comunicase con el Inspector como le había prometido, éste rindió, en 4 de diciembre de 1972, un in-forme escrito sobre estos pormenores al Director de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez.

(4) El Director de Inspección de Notarías sometió un in-forme, en 5 de diciembre de 1972, al Hon. Pedro Pérez Pimentel, entonces Juez Presidente Interino, y aduciendo que el licenciado Villamil Higuera había estado evadiendo el examen de sus pro-tocolos desde el año 1970, recomendó, entre varias cosas, se ordenase al Alguacil General del Tribunal Supremo a incau-tarse de los protocolos y el registro de affidavits del licenciado Villamil Higuera. Mediante Resolución de 15 de diciembre de 1972 el Tribunal Supremo ordenó a su Alguacil General a incau-tarse de los protocolos y registro de declaraciones del querellado y, además, ordenó a éste a mostrar causa dentro de treinta (30) días por qué no debiera ser disciplinado con motivo de su incum-plimiento de las disposiciones contenidas en la Sección 38 de la Ley Notarial (4 LPRA see. 1038).

(5) El día 23 de enero de 1973 el Alguacil General del Tribunal Supremo procedió a notificar el mandamiento de en-trega de protocolos al licenciado Villamil Higuera, según la Resolución del 15 de diciembre de 1972, invitando el alguacil al abogado a que le acompañara a la oficina de éste para que le en-tregase los protocolos y libros de affidavits. El abogado le in-formó al Alguacil que no podía hacerle entrega, como en efecto no le entregó, los referidos libros y documentos.

(6) Enterado el Tribunal Supremo de lo acontecido el 23 de enero de 1973, dictó otra Resolución, en 2 de febrero de 1973, reiterando su orden relacionada con la incautación de los protoco-los y registro de declaraciones juradas del querellado. Esta Resolución fue idiligenciada al licenciado Villamil Higuera el 7 de febrero de 1973 por el Alguacil General del Tribunal Supremo. En esa ocasión el abogado querellado entregó al Alguacil los siguientes libros de protocolos: 1 tomo del año 1960; 7 tomos del año 1961 y 10 tomos del año 1962. Al requerírsele los restantes libros de protocolos informó que no podía entregarlos ya que los tenía encuadernando. Es un hecho probado que en esa fecha, 7 de febrero de 1973, los otros libros de protocolos del querellado no se encontraban encuadernados.

(7) Los protocolos del querellado para los años 1961 y 1962, entregados, como se dijo, en febrero de 1973, fueron examinados por el Inspector de Protocolos José R. Seda quien rindió su in-forme en abril del mismo año. El examen efectuado arrojó nu-merosas deficiencias respecto a notas de aperturas y de cierre sin fechar, firmar, signar, sellar o rubricar. En adición, apare-cieron en dichos libros de protocolos numerosas deficiencias de suma importancia en el otorgamiento de instrumentos públicos.

(8) Enterado el Tribunal Supremo de lo acontecido el 7 de febrero de 1973 dictó otra Resolución, en 16 de febrero de 1973, ordenando nuevamente al Alguacil a incautarse .de todos los protocolos y registros de declaraciones juradas del querellado ‘en el lugar y en las condiciones en que dichos documentos se encon-traren. . . .’ Ordenó además al licenciado Villamil Higuera a cumplir ‘de inmediato’ con la orden de mostrar causa contenida en su resolución de 15 de diciembre de 1972 (supra), cuyo término había expirado en 14 de enero de 1973.

La Resolución de 16 de febrero de 1973 fue diligenciada en la persona del querellado el 23 de febrero de ese año por el Alguacil General quien nuevamente le requirió la entrega de los libros de protocolos y affidavits, no cumpliendo el querellado con el requerimiento héchole, presentando como pretexto el que los tenía encuadernando en el pueblo de Cataño, Puerto Rico. En esa misma fecha el Alguacil General se personó a la oficina del querellado y la secretaria de éste le entregó un libro-registro de declaraciones juradas, informándole no haber allí ningún libro de protocolos u otro libro-registro de declaraciones juradas. En ese mismo día el Alguacil General visitó el pueblo de Cataño y se entrevistó allí con tres personas dedicadas a la encuadernación de protocolos quienes le informaron no tener trabajo alguno del licenciado Villamil Higuera. Los esfuerzos del Alguacil General por obtener los protocolos del querellado ‘en el lugar y en las condiciones en que dichos .documentos se encontraren’ fueron improductivos.

El querellado tampoco en dicha ocasión mostró causa por que no debería ser disciplinado, según exigídole por la Resolución del Tribunal Supremo.

(9) El libro-registro de declaraciones juradas del licenciado Villamil Higuera, incautado, como se dijo, en 23 de febrero de 1973, fue examinado por el Inspector de Protocolos José R. Seda quien rindió un informe en abril del mismo año, acusando nume-rosas y serias deficiencias.

(10) El día 5 de marzo de 1973 el querellado le entregó al Director de Inspección de Notarías, y éste al Alguacil General, los tomos del 1 al 7 de su protocolo para el año 1966. El 7 de marzo del mismo año, y por conducto de los mismos funcionarios, el querellado entregó un libro de protocolo correspondiente, res-pectivamente, a los años 1964, 1966, 1969 y 1970.

Al cotejarse con los índices notariales sometidos por el abogado querellado al Tribunal Superior para el 13 de marzo de 1973 éste no había entregado al Tribunal Supremo seis escri-turas correspondientes al 1963, 36 escrituras otorgadas en el 1965, 20 escrituras otorgadas en 1967, 11 escrituras del 1968 y 2 escrituras del 1971.

Posteriormente, el 19 de marzo, el notario querellado en-tregó dos tomos de protocolos al Tribunal, uno correspondiente al 1963 y el otro al 1971. Restaba por entregar, pues, en esa fecha, 19 de marzo de 1973, los protocolos correspondientes a los años 1965, 1967 y 1968.

(11) En vista de la naturaleza de las actuaciones profesiona-les del querellado, el Tribunal Supremo emitió una Resolución el 28 de marzo de 1973 suspendiendo permanentemente al licen-ciado Villamil Higuera del cargo de Notario Público, ordenando el examen de su notaría, y ordenando al Procurador General investigar sus actuaciones profesionales. Esta Resolución fue diligenciada en la persona del querellado el día 30 de marzo de 1973.

(12) Los protocolos del querellado entregados al Tribunal Supremo para esa fecha fueron examinados por el Inspector de Protocolos José R. Seda. El examen realizado evidenció numero-sas deficiencias de menor importancia, aunque deficiencias nota-riales al fin, tales como notas de apertura y de cierre sin firmar, signar, sellar, rubricar o fechar; páginas sin foliar y falta de identificación de la persona en las notas de saca. Otras deficien-cias, aunque en menor número, eran de mayor alcance. El examen también evidenció una deficiencia en la cancelación de los sellos de rentas internas por concepto de derechos en el otor-gamiento de instrumentos públicos, montante dicha deficiencia a la suma de $261.50.

(18) En 4 de mayo .de 1973 el Tribunal Supremo emitió otra Resolución ordenando al licenciado Villamil Higuera a que dentro del término de diez (10) días, a partir de esa fecha, mostrase causa por escrito por la que no debía ser condenado por desacato por incumplimiento a las Resoluciones de 15 de diciem-bre de 1972 y 2 de febrero de 1973, que ordenaban, como se dijo, al alguacil a incautarse de los protocolos del querellado, y al que-rellado a mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado por motivo de su incumplimiento de las disposiciones de la Ley Notarial. La Resolución de 4 de mayo de 1973 fue diligenciada el 10 del mismo mes en la persona del querellado.

(14) El día 2 de febrero de 1973 el querellado compa-reció por escrito ante el Tribunal Supremo y refiriéndose a la Resolución de 15 de diciembre de 1972, servídale el 23 de enero de 1973, adujo haber pasado por traumas de índole legal que ‘han dilatado la preparación de sus protocolos para ser mostrado \_sic~] a este Honorable Tribunal’ y solicitó un término de treinta (30) días para preparar los protocolos y entregarlos al Inspector de los mismos. El término solicitado por el querellado venció sin éste haber cumplido con lo prometido.

(15) El 21 de mayo de 1973 el querellado compareció por escrito ante el Tribunal Supremo informando que luego de la Resolución del 16 de febrero de 1973 él comenzó a llevar los protocolos al Tribunal ‘tan pronto éstos le eran entregados por el encuadernador.’ Admitió que, efectivamente, no había entre-gado los protocolos correspondientes a los años 1965, 1967 y 1968 e indicó y adujo que no lo había hecho ‘por faltar algunas escrituras las cuales se extraviaron en un escalamiento que fue víctima este notario en su oficina y que dicho notario quería re-construir para poderlas entregar debidamente encuadernadas al Honorable Tribunal Supremo.’

(16) En adición a haberlo expresado por escrito ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, el abogado querellado, en declaración jurada prestada el 18 de mayo de 1973 ante la Leda. Magda Haidar de Martí, Procuradora General Auxiliar, previo las advertencias de rigor y habiéndosele brindado la oportunidad para no declarar, o retirar todo lo declarado, expresó también que su inhabilidad para entregar las escrituras que a esa fecha le faltaban de los protocolos de los años 1965, 1967 y 1968 se debía a que se le habían extraviado durante un escalamiento sufrido en su oficina en el año 1969. Sin embargo, admitió que nunca informó, como en efecto no lo hizo, al Inspector de Proto-colos, o al Juez Presidente del Tribunal Supremo, del escalamiento y de la pérdida de las escrituras aludidas.

(17) El licenciado Villamil Higuera también expresó en la antes identificada declaración jurada que durante el año 1972 fue sometido a un largo proceso judicial por supuestas violaciones a la Ley de Substancias Controladas, habiéndose rendido a su favor un veredicto absolutorio y exculpatorio. El proceso fue suma-mente costoso para él, habiéndole dejado en condiciones económi-cas difíciles. Aduce como justificación para sus actuaciones el que el proceso criminal le había afectado su condición física y mental, que unido a su precaria situación económica, le impidieron aten-der debidamente las órdenes del Tribunal Supremo de Puerto Rico.

(18) Como se desprende de previas determinaciones de hecho, a partir del día 7 de febrero de 1973 (en que el querellado entregó su protocolo de 1960, 7 tomos del de 1961 y 10 tomos del de 1962) el querellado fue paulatina y gradualmente entregando tomos de sus protocolos de distintos años en diferentes fechas. Así, pues, entregó algunos tomos el 5 de marzo de 1973, otros el 7 de marzo y otros el 19 del mismo mes, restando por entregar a esa fecha, como se dijo en la determinación número 10, los pro-tocolos correspondientes a los años 1965, 1967 y 1968. Pos-teriormente, el 14 de mayo de 1973, el licenciado Miguel A. Cuadros, con oficinas en el mismo edificio donde una vez el querellado tuvo su despacho profesional, entregó al Inspector de Protocolos José A. Seda, tres (3) escrituras autorizadas por el licenciado Villamil Higuera. Estas escrituras, sin encuadernar, fueron examinadas por el referido inspector quien señaló sus deficiencias. Subsiguientemente, en 25 de mayo de 1973, el quere-llado entregó al Tribunal Supremo las escrituras numeradas 1 a la 29 y 32 a la 36 del año 1965; 1 a la 3, 10 a la 13 y 16 a la 22 del año 1967; y 1 a la 6, 8 a la 9,11 y 13 del año 1968. Todas esas escrituras estaban sin encuadernar, la mayor parte de ellas se encontraban sin foliar, y algunas entrañaban defectos o defi-ciencias notariales.

A la fecha de 25 de mayo de 1973 aún se desconocía el paradero de once (11) escrituras; las enumeradas 30 y 31 del año 1965; las 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del año 1967, y las 7, 10 y 12 del año 1968.

Ulteriormente, el 19 de abril de 1974, el querellado entregó al Tribunal Supremo las escrituras 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del año 1967. Luego, por último, el querellado entregó en el mismo día de la vista la escritura Núm. 7 del protocolo del año 1968. Todas estas escrituras entregadas en 19 de abril y 9 de mayo de 1974 estaban sin encuadernar.

Recapitulando, ¡hacemos constar que a la fecha de la vista celebrada para ventilar los cargos contra el querellado, éste no había entregado, y se desconocía el paradero de cuatro (4) escri-turas, las enumeradas 30 y 31 del protocolo del año 1965 y las 10 y 12 del protocolo del 1968.

(19) En momento alguno, inmediata, o razonablemente des-pués que las Resoluciones de 15 de diciembre de 1972 y 2 de febrero y 16 de febrero de 1973 fueron diligenciadas en la persona del querellado, y a éste le fuese requerida la entrega de sus protocolos, sin que en esos precisos momentos los entregare, compareció el querellado ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico a mostrar causa, o justificación, o fundamento alguno para su negativa, o su imposibilidad, o su incapacidad, para entregar sus protocolos y su registro de declaraciones juradas en el momento en que era requerido para ello, o a explicar su justificación para la entrega gradual y paulatina de los mismos.

(20) Según se ha señalado, el querellado, a partir del 7 de febrero de 1973, fue gradualmente entregando al Tribunal Supremo diferentes tomos de protocolos de distintos años. Según la propia admisión del querellado, esto lo hacía ‘tan pronto dichos tomos le eran entregados por el encuadernador.’ De esa ad-misión se deduce, y de los informes de los exámenes efectuados de dichas escrituras por los Inspectores de Protocolos, se colige, que el querellado no los hacía encuadernar cada año y no tenía sus protocolos debidamente preparados, según requerido por dis-tintas secciones de la Ley Notarial.”

La prueba antes reseñada demuestra que el querellado ha observado una conducta ilegal, inmoral e impropia, eviden-ciada por su contumaz desobediencia a las órdenes de este Tribunal y por la crasa negligencia en el desempeño de sus funciones como notario, en abierto desprecio a las obligacio-nes impuestas por la Ley Notarial en sus secciones 31, 33, 34 y 37 (4 L.P.R.A. sees. 1031, 1033, 1034 y 1037).

Es evidente que el querellado debe ser separado del ejerci-cio de la abogacía. Así se decretará.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino y el Juez Asociado Señor Rigau se inhibió.

RESOLUCIÓN NUNC PRO TUNO

San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 1975

Se modifica nuestra sentencia del 31 de octubre de 1975 limitando al término de un año la suspensión del querellado del ejercicio de la abogacía, término que se contará a partir de la fecha de notificación de esta resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín se inhibieron. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente y disidente.

(Fdo.) Angel G. Hermida

Secretario

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado, Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 21 de noviembre de 1975

Concurro con el Tribunal en cuanto a reconsiderar la sanción impuéstale al querellado Fernando A. Villamil Higuera de separarlo ilimitadamente del ejercicio de la abo-gacía por entender que nuestro criterio inicial no guarda una razonable proporción con los cargos probados, según éstos fueron relacionados en nuestra Opinión Per Curiam de fecha 31 de octubre de 1975. Al igual que en otras áreas del derecho, la aplicación de una sanción o castigo — en el más depurado quehacer de administrar justicia — presupone la individua-ción de la medida correctiva, atemperando su rigor a las cir-cunstancias de cada caso en particular balanceando objetiva-mente los factores personales del abogado y el interés social de mantener la solidez y fundamentos éticos de la clase togada.

No obstante, al igual que expusiera en mi concurrencia emitida en el caso de In re Maldonado Rivera, 103 D.P.R. 523 (1975), estimo de gran gravedad el que el querellado haya de-satendido no sólo a los funcionarios de la Oficina de Inspección de Notarías y al Alguacil — evadiendo en múltiples ocasiones, por más de dos (2) años, la entrega de sus protocolos de ins-trumentos públicos y dando información falsa respecto a los mismos — sino que conscientemente incumplió varias órdenes de este Tribunal.

Reitero hoy el siguiente pensamiento: “No son separables a mi juicio, las normas de respeto a que son acreedores los tribunales de justicia en nuestro país por razón de que el ori-gen de las órdenes dictadas sean con respecto a la ley notarial o a un incidente en una causa judicial. En esencia el principio rector que debe prevalecer es el acatamiento de los dictámenes judiciales por la ciudadanía y especialmente por los miembros de la clase togada quienes tienen el privilegio de defender, con su ejemplo, el ministerio de la ley. . . . este Tribunal debe definir de manera clara y precisa su postura futura respecto a las medidas correctivas a que están sujetos los miembros de la profesión de abogado por incumplimiento de órdenes judi-ciales, siendo ello imprescindible para el descargo del mandato constitucional de preservar un sistema de justicia eficiente y de respeto. . . . Nuestra sociedad contemporánea exige la más alta disciplina profesional por parte de los abogados y ello hace ineludible que reformulemos nuestro enfoque y exijamos de éstos la responsabilidad real que conlleva el principio que encarna la expresión de honrar la toga.” In re Maldonado Rivera, supra.

Obviamente una suspensión provisional de un año anula el propósito normativo de nuestra facultad disciplinaria y debilita su efectividad; la conducta del querellado trascendió simples irregularidades a la Ley Notarial. “El juzgador no puede ignorar el atributo de compasión justificada, pero tam-poco debe sacrificar intereses públicos de alta calidad.” In re Ardín, 75 D.P.R. 496, 501 (1953).