text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Evelyn Ortiz Pérez, acusada y apelante.

      Número: CR-86-9

      Resuelto: 23 de enero de 1989

      Alberto E. Lugo Janer, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, abo-gado de la apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Blanca Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

El Ministerio Público presentó acusación contra Evelyn Ortiz Pérez, a quien se le imputó tres (3) cargos por infrac-ción al Art. 173 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4279 (robo). Cuando se celebró el juicio por jurado, la acusada fue declarada culpable en todas las instancias. No conforme con la sentencia dictada, entabló el presente recurso de apela-ción en el que señala cinco (5) errores susceptibles de agru-pación. El primero y el quinto versan sobre el trámite de identificación; los tres (3) restantes aluden a la negativa del tribunal de instancia de permitir la presentación al Jurado de cierta prueba de defensa. Por las razones que pasamos a exponer, procede confirmar in toto la sentencia apelada.

Según surge de la prueba que desfiló, la esfera de hechos adjudicados en instancia revela que allá para diciembre de 1984, a eso de las 4:00 P.M., la acusada visitó un laboratorio clínico situado en el área de Carolina. Allí se encontraban Helen Labrador, Carmen Iris Reyes Labrador —hija de doña Helen— Nayda Rivera Maíz, tecnóloga médico, y el hijo de Carmen Iris —un menor de once (11) años— al mo-mento de los hechos.

Doña Helen atendió a la acusada y le informó sobre el costo de unos análisis. Acto seguido, la acusada abandonó el local al mismo tiempo que doña Helen tuvo que ir a la parte posterior del establecimiento a buscar un bolígrafo.

En el “cuarto de pruebas” hablaban Nayda y Carmen Iris. El menor pidió permiso a su madre “para ir a la farma-cia”. Apéndice, pág. 25. Carmen Iris dio su aprobación, pero le indicó que tuviera cuidado al cruzar la calle. No bien hubo salido el niño del local, regresó acompañado de un hombre robusto y armado quien lo sujetaba y encañonaba por “la sien, en la nuca”. Apéndice, pág. 7.

Ante el asombro de los allí presentes, el individuo reunió a todo el personal en el “cuarto de pruebas” del laboratorio, exigió el dinero en efectivo y los despojó de prendas y car-teras. Luego pidió una bolsa para echar el botín.

En este momento se asomó por la puerta una mujer des-crita por Carmen Iris Reyes como “bajita, delgada, blanca ... de pelo rubio”. Apéndice, pág. 80. Resultó ser la persona que anteriormente había inquirido por el costo de los análi-sis. El asaltante se dirigió a la mujer y le indicó que se que-dara en la sala de espera para “ver si [venía] alguien”. Íd. pág. 31. Completada su faena, el individuo abandonó el esta-blecimiento en unión a la mujer que lo aguardaba.

Este incidente crucial en instancia —del cual tenemos la transcripción parcial— fue descrito por la testigo Carmen. Iris Reyes de la forma siguiente:

Testigo: Pues, entonces yo corrí hacia la puerta de escape que se ve hacia afuera, pero hacia dentro no se ve.
Fiscal: Y usted qué vio.
Testigo: El muchacho que tenía a mi hijo y ella, entonces not[o] cuando cruzan la calle, frente al laboratorio hay una oficina de médico y allí tenían parqueado un carro.
Fiscal: ¿Qué marca de carro?
Testigo: Un Toyota.
Fiscal: Se acuerda del color.
Testigo: Uno azul.
Fiscal: Su tablilla se acuerda.
Testigo: Diecinueve “c” ciento setenta y cinco.
Fiscal: ¿Por qué usted sabe el número de tablilla?
Testigo: Porque yo llegué hasta el carro.
Fiscal: ¿Qué usted notó, si algo, notó con referencia al carro? Testigo: Pues, en ese momento cuando él se dio cuenta que yo voy detrás de ellos, él se monta al carro ... y la persona que estaba con él. . .
Fiscal: ¿Quién era la persona que estaba con él?
Testigo: Ella ...
Fiscal: ¿En qué posición quedaba el carro?
Testigo: El carro quedaba de frente al lado de mí, a mano derecha mía, entonces la muchacha quería entrar y la puerta no quería abrir para entrar.
Fiscal: ¿Y qué pasó allí?
Testigo: Pues, estuvo un rato tratando de abrir la puerta y en ese momento yo fui a agarrar al muchacho porque tenía coraje y ahí mi mamá me llamó. Entonces el muchacho prende el carro y puede escapar. (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 31-32.

En el contrainterrogatorio, Carmen Iris declaró que vio a la acusada de cuerpo entero, que llevaba una bata y unos zapatos de taco. De nuevo describió a la asaltante como del-gada, bajita, de pelo rubio y blanca.

De vuelta al laboratorio, las víctimas avisaron a la Policía. A los pocos minutos llegó un auto patrulla, se tomó la infor-mación de rigor y se practicó una búsqueda por las cerca-nías; ésta fue infructuosa. Ese mismo día se presentó la que-rella.

Días después se personó al laboratorio un agente de la Policía con varias fotos. Carmen Iris identificó al asaltante. Un mes después se presentó nuevamente el agente, ahora con fotos de mujeres. No fue posible identificar a alguien. En estos momentos se recibió una llamada del Cuartel General; había una sospechosa que respondía a la descripción de la acusada. El agente solicitó a Carmen Iris que lo acompa-ñara. El proceso culminó con la identificación mediante rueda de detenidos de Evelyn Ortiz Pérez como la mujer que, en unión a otro individuo, asaltó el laboratorio clínico. Cuando se-presentó la correspondiente acusación, Evelyn Ortiz Pérez fue convicta y sentenciada a veinte (20) años con-currentes por tres (3) violaciones al Art. 173 del Código Penal, supra. No conforme, instó la apelación que nos ocupa.

II

A través de una ilustrada comparecencia de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universi-dad de Puerto Rico, la apelante cuestiona la confiabilidad de la identificación en el primero y quinto error. () Según la ape-lante, el procedimiento estuvo viciado fatalmente, ya que no se tomó una foto de la rueda de detenidos de forma absoluta-mente simultánea con su celebración, circunstancia que produce —a su entender— una violación a su derecho al debido proceso de ley, a la igual protección de las leyes y a tener un juicio justo e imparcial.

Sin embargo, se desprende de la exposición narrativa de la prueba que en la rueda de detenidos la testigo Carmen Iris Reyes identificó sin. titubeo a la acusada, e inmediata-mente después de la celebración de la rueda, ese mismo día, los agentes tomaron dos (2) fotografías en otro cuarto de la misma dependencia. La fotografía reproduce de forma ade-. cuada las integrantes de la rueda tal y como fueron presen-tadas a la testigo, con el mismo número de identificación y orden en que estaban ubicadas. La apelante no contradice la regularidad de estos datos.

La Regla 252.1(f) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone:

(f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento efectuado de acuerdo a estas reglas se levantará una breve acta la cual será preparada por el encargado de la rueda.
En dicha acta se incluirá el nombre de los integrantes de la rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen sucinto de los procedimientos observados.
Deberá además tomarse cuantas veces fuere necesario para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue presen-tada a los testigos. Dicha foto, al igual que el acta levantada, formará parte del expediente policíaco o fiscal correspon-diente y su obtención por un acusado se regirá por las reglas de procedimiento criminal vigentes.

La frase “tal y como le fue presentada a los testigos” denota el propósito de dejar constancia fotográfica, entre otros extremos, del número de componentes de la rueda, su apariencia física en lo tocante a sexo, color, estatura, peso y vestimenta hasta donde sea posible, etc. Regla 252.1(d) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En otras palabras, lo que la norma persigue es que queden plasmadas las condiciones de la composición de la rueda, elemento adicional a considerarse a la hora de estimar la confiabilidad de la identificación. La Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, supra, no hace imperativo, sin embargo, que la foto sea tomada —con puntualidad de cronómetro— en el mismo instante en que se produce la identificación.

En el caso de autos se cumplió cabalmente con los requisitos estatutarios y las salvaguardas contra la sugestividad en el proceso de identificación mediante ruedas de detenidos. Pero aún más. La posición de este Tribunal en casos donde hubo un desvío de las disposiciones de la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, supra, es marcadamente contraria a la contención de la apelante. De por sí, no toda anormalidad cometida en el proceso de identificación de un acusado mediante rueda de detenidos acarrea la supresión de la evidencia de identificación o la revocación de una sentencia de convicción. Véanse: Pueblo v. Rivera Navarro, 113 D.P.R. 642 (1982); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817 (1983).

Es preceptivo que la validez de la identificación de un sospechoso o un acusado —no importa el procedimiento empleado— debe adjudicarse a la luz de las circunstancias particulares de cada caso. En apelación, la conclusión del juzgador de hechos sobre la suficiencia de prueba confiable para la identificación de un acusado tiene todo el respeto y validez que ordinariamente se extiende a las determina-dones de hecho. La admisión de prueba de identificación, aunque ésta contenga elementos de sugestividad, no viola el debido proceso de ley si están presentes suficientes ele-mentos de confiabilidad, tomando en consideración la totali-dad de las circunstancias, a la luz de los factores siguientes: (1) la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que se cometía el crimen; (2) el grado de aten-ción del testigo; (3) la corrección de la descripción previa del criminal hecha por el testigo; (4) el nivel de certeza demos-trado por el testigo en la confrontación, y (5) el tiempo trans-currido entre el crimen y la confrontación. Pueblo v. Márquez y Bermúdez, 122 D.P.R. 93 (1988); Pueblo v. Mattei Torres, 121 D.P.R. 600 (1988); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987); Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978).

Para desacreditar el campo de atención de la testigo Carmen Iris Reyes, la defensa argumenta en torno a la exalta-ción y miedo que ésta debe haber sufrido durante los mo-mentos críticos del asalto. En efecto, no nos es difícil conve-nir con la apelante en que es posible que la testigo se hallara presa de un fuerte sobresalto al ver a su hijo de once (11) años encañonado por un sujeto en las condiciones descritas. La prueba desfilada y creída demuestra, no obstante, que aun en estas circunstancias la identificación del acusado fue precisa, confiable y digna de crédito.

A. La oportunidad que tuvo la testigo de ver al ofensor

La testigo Carmen Iris Reyes testificó que cuando el asaltante pidió una bolsa para echar el dinero “not[ó] que una persona va entrando hacia el área en donde nosotros es-tamos”. Apéndice, pág. 30. A preguntas del abogado de la defensa dijo que vio a la mujer “de cuerpo entero” (Íd., pág. 37) y que tuvo el tiempo suficiente para decirle “‘no se preocupe es un asalto’, y mirarle la cara”. Íd., pág. 39. Pudo ver a la acusada a una distancia de “[d]os o tres pasos”. Íd., pág. 60. Luego vuelve a ver a la mujer “[c]uando iban hacia el carro” y “observ[ó] que ella trat[ó] de abrir la puerta”. Íd., pág. 40. En esta segunda ocasión pudo observar a los asal-tantes por más tiempo, ya que el acompañante de la acusada intentó por tres (3) o cuatro (4) ocasiones “prender” (Íd., pág. 40) el carro y ella “estuvo un rato tratando de abrir la puerta . . .”. Íd., pág. 32.

Atestiguó Carmen Iris Reyes que el carro quedaba de frente, a su lado derecho, y que continuó observando hasta que los asaltantes se fueron. Apéndice, pág. 41. Mientras ocurrían los hechos, “[e]staba tranquila . . . tan tranquila como se está cuando están asaltando a uno .. .”. Aclaró que “trataba de controlar[s]e”. Íd., pág. 53.

B. El grado de atención de la testigo y corrección de la des-cripción previa

Basta decir que en la segunda ocasión, cuando la acusada fue vista por la testigo, ésta última tuvo tiempo suficiente para observar, además, el carro, darle el número de tablilla a la Policía y ofrecer una descripción pormenorizada del mismo. Apéndice, pág. 32. Describió el físico, vestimenta y hasta el detalle del calzado de la apelante. Íd., pág. 38.

C. El nivel de certeza en la confrontación

Cuando la testigo Carmen Iris Reyes se confronta con la rueda de detenidos, observa pausadamente. Se tomó su tiempo, porque “quería estar segura de lo que iba a decir”. Apéndice, pág. 51. Lo cierto es que no tuvo dificultad en se-ñalar a la apelante.

D. Tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación

Los hechos delictivos ocurrieron el 18 de diciembre de 1984 y la confrontación en la línea de detenidos se efectuó el 21 de enero de 1985, o sea, a treinta y cuatro (34) días del incidente. En las circunstancias presentes, no es posible con-cluir que el factor tiempo militó en contra de una identifica-ción confiable.

Ciertamente es una tarea angustiosa extraer la verdad en un juicio criminal. Somos igualmente conscientes de que los errores en la identificación de un acusado pueden ocasionar graves extravíos en la administración de la justicia. Según las circunstancias del presente caso, no obstante, el procedimiento de identificación cumplió ampliamente con las exigencias del debido proceso de ley. Nada justifica que intervengamos con la determinación del tribunal de instancia al negarse a excluir la prueba de identificación de la acusada.

! — I HH 1 — 1

Los señalamientos dos (2) y tres (B) giran en torno al . mismo eje.() Su interpretación adecuada exige una com-prensión de la verdadera naturaleza de la prueba que se ofreció y que no se admitió en este caso.

De entrada, resulta imprescindible señalar que la teoría de defensa en modo alguno descansó en la noción de que la testigo Ana Mercedes Vázquez participó en los incidentes que dan fundamento a la acusación contra Evelyn Ortiz Pérez.()

La defensa pretendía que se exhibiera a esta persona frente al Jurado y a la testigo de cargo que identificó a la apelante con el propósito de impugnar la prueba de identifi-cación del Pueblo. Se intentaba ilustrar que la prueba del Estado era débil, mediante la presentación de una persona con características físicas similares a las de la acusada, para que el juzgador de hechos infiriera que probablemente la apelante no fue la responsable del delito imputado.

El tribunal de instancia se amparó en la Regla 19 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, y no encontró suficiente valor probatorio a este ofrecimiento de la defensa cuando atendió los factores a los que se refiere dicha regla, que dispone:

Regla 19. Evidencia pertinente excluida
Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio es de poca significación en relación a cualesquiera de estos factores:
(a) Peligro de causar perjuicio indebido
(b) probabilidad de confusión
(c) desorientación del jurado
(d) dilación de los procedimientos
(e) innecesaria presentación de prueba acumulativa. (Én-fasis suplido.)

La Regla 19 de Evidencia, supra, opera para ex-cluir prueba que resulta de alguna forma pertinente (“[e]videncia pertinente puede ser excluida”)- Si la evidencia no fuera pertinente —primera condición a la admisibilidad— de acuerdo con la definición que ofrece la Regla 18 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, obviamente ésta sería inadmisible cause o no perjuicio.

En el lenguaje forense, los conceptos de “valor probatorio” y “pertinencia” se han utilizado indistintamente. Sin embargo, hay una diferencia. “Evidencia pertinente” es aquella tendente a hacer la existencia de un hecho más probable de lo que sería sin tal evidencia (Regla 18(b) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV); valor probatorio, por otra parte, mide la intensidad y fuerza de esa tendencia. 22 Wright and Graham, Federal Practice and Procedure Sec. 5214 (1978). Se trata, pues, de un concepto relativo.

No cabe duda de que el factor “perjuicio indebido” es el más invocado de la Regla 19 de Evidencia, supra. Por supuesto, toda prueba es “perjudicial” en la medida que favorece a una parte y perjudica a otra, pero este no es el tipo de perjuicio al que se refiere la regla. En términos generales, se trata de prueba que puede conducir a un resultado erróneo cuando se apela meramente —y aunque no únicamente— a los sentimientos y a la emoción. Véanse: 2 Louisell and Mueller, Federal Evidence Séc. 124 et seq. (1985); Borden, Inc. v. Florida East Coast Ry. Co., 772 F.2d 750, 756 (11mo Cir. 1985); United States v. Betancourt, 734 F.2d 750, 757 (11mo Cir. 1984). Hay que recordar, sin embargo, que particularmente en la litigación criminal en ocasiones es preciso recrear ante los ojos del Jurado situaciones desagradables que deben ser legítimamente objeto de prueba. No toda evidencia que pueda conmover el ánimo del Jurado constituye materia a ser excluida. 1 Weinstein’s Evidence Sec. 403[05] (1985). Nuevamente, el concepto es relativo.

Los factores restantes (“probabilidad de confusión”, “desorientación del jurado”, “dilación de los procedi-mientos” e “innecesaria presentación de prueba acumula-tiva”) tienden a converger. La prueba que confunde igual-mente desorienta al Jurado, así como ocasiona dilación en los procedimientos. La confusión y la desorientación se refieren al peligro a que el .Jurado infiera un hecho que no se derive lógicamente de la prueba. Véase V.J. Gold, Federal Rule of Evidence 403: Observations on the Nature of Unfairly Prejudicial Evidence, 58 (Núm. 2) Wash. L. Rev. 497 (1983). Los factores de dilación e innecesaria presentación de prueba acumulativa atienden primordialmente a consideraciones de eficiencia en la administración de la justicia. A menudo, el valor probatorio de una evidencia no justifica el tiempo que consumirá su presentación.

En fin, como recientemente se ha señalado:

[L]a Regla 19 cumple una función clave dentro del actual sistema probatorio. Los comentaristas se han referido a ella con calificativos tales como “the cornerstone” y “keystone of the arch”. Ver respectivamente, Peterfreund, Relevance and its Limits ...[,] 25 Rec. A.B. City N.Y. 80, 83 (1970); Morgan, The Code of Evidence Proposed by the American Law Institute, 27 A.B.A.J. 539, 542 (1941). La justificación de su exis-tencia es clara: unas reglas de evidencia orientadas a la admi-sibilidad, que eliminan gran parte de las antiguas reglas de exclusión y que endosan una definición tan liberal de pertinen-cia necesitan un mecanismo que permita al juez tener un control de la evidencia que es técnicamente admisible. Primer examen de las Reglas de Evidencia de 1979: comentarios y recomendaciones, San Juan, Secretariado de la Conferencia Judicial, 1986, págs. 79-80.

A la luz de estos principios, no erró el foro de instancia. No estamos en el caso del testigo que depone dudosa o vaga-mente ante el tribunal en torno a las características físicas de la acusada. El alegato del Procurador General expresa con claridad la situación:

De prevalecer la teoría de la apelante, cualquier acusado, en este tipo de caso, podría traer a una, cinco, veinte o cualquier número de personas con características físicas parecidas a las del acusado, como prueba de impugnación de la suficiencia de la prueba de identificación del Pueblo. Se abriría el juicio a materia “colateral” para contradecir o refutar evidencia pre-sentada anteriormente, lo que representa un caso clásico de exclusión bajo la Regla 19.
El valor probatorio de la evidencia ofrecida por la apelante es dudoso. Para cualquier persona X hay un gran número de personas parecidas a ella. Pero sin duda la evidencia tiene al-gún valor probatorio. La magnitud de tal valor depende de las circunstancias del caso. Si la apelante hubiera ofrecido prueba que tendiera a conectar a la persona ofrecida como prueba con el delito, el valor probatorio hubiera sido considerable. Por ejemplo: si esa persona fue vista el día de los hechos en el lugar de los hechos, si esa persona fue vista con lo ocupado en el caso, etc. En ausencia de elementos adicionales, la prueba ofrecida era de escaso valor probatorio. En cuanto a los ele-mentos “negativos” a los que alude la Regla 19, los tres pri-meros justifican la exclusión de la evidencia. La confusión y desorientación al jurado y el perjuicio indebido al Pueblo y a las víctimas, consiste en que no puede apreciar el valor obje-tivo de la prueba ante el predominio del elemento dramático de la aparición de la persona que se exhibe pero no declara o no es interrogada. Alegato del Procurador General, págs. 33-34.

I <1

El cuarto señalamiento de error es igualmente inmeritorio. ()

El testigo Jorge González Meléndez no fue anunciado como testigo de defensa. Apéndice, págs. 62-70. Fue el Mi-nisterio Público quien solicitó su comparecencia. La defensa se opuso por considerar la solicitud tardía. El tribunal de instancia expresó entonces su determinación de que Gonzá-lez Meléndez fuera citado como testigo de refutación. íd., pág. 70. En ese momento la defensa pudo solicitar que fuera citado, pero no lo hizo. Lo renunció.

Por las razones antes expresadas, se dictará sentencia confirmatoria de las dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Leen específicamente estos señalamientos:
      “PRIMERO: Si para hacer admisible ante el Honorable Tribunal Sentencia-dor la identificación que de la acusada se hizo en la rueda de detenidos, era nece-saria la toma y presentación por el Estado de una fotografía de la rueda de detenidos tal y como la rueda le fue presentada a los testigos, Regla 252.1 (f) de Procedimiento Criminal en su ultimo párrafo; Reglas 10(G) y 16.5 de Evidencia.

        “QUINTO: Si erró el Honorable Tribunal Sentenciador al no suprimir la identificación que de la acusada hiciera Carmen Iris Reyes Labrador habida cuenta de que de la totalidad de las circunstancias en que se da dicha identifica-ción surge que la misma no fue confiable.” Alegato de la apelante, págs. 11-12.

      (2) “SEGUNDO: Si es un error del Honorable Tribunal Sentenciador que amerita la revocación de la sentencia el que el Honorable Tribunal Sentenciador no haya permitido presentar al jurado una testigo de defensa (Ana Mercedes Vázquez) cuando el testimonio y la presencia de ésta constituía prueba pertinente que de presentarse al jurado pudo haber llevado a la exoneración de la acusada; máxime cuando no hubo objeción del fiscal a tal presentación.
      “TERCERO: Si es un error del Honorable Tribunal Sentenciador que ame-rita la revocación de la sentencia el que el Honorable Tribunal Sentenciador no haya permitido presentar ante los testigos de cargo a una testigo de defensa (Ana Mercedes Vázquez) cuando el testimonio y la presencia de ésta constituía prueba pertinente que de presentarse pudo haber llevado a la exoneración de la acusada; máxime cuando no hubo objeción del fiscal a tal presentación.” Alegato de la apelante, pág. 11.

      (3) Así se desprende del propio testimonio de Ana Mercedes Vázquez que se llevó al récord como evidencia ofrecida y no admitida:
      “Fiscal: Por eso y como no es mi testigo yo le pregunto, señora, mire, el 18 de diciembre al 26 de diciembre que usted estuvo en su casa, como le dice al tribunal; yo le pregunto si usted estuvo en el Laboratorio Clínico Doctor Center propiedad del Sr. Wilfredo Reyes Labrador.
      “Testigo: No.
      “Fiscal: ¡No!” Apéndice, pág. 81.

      (4) “CUARTO: Si es un error del Honorable Tribunal Sentenciador que ame-rita la revocación de la sentencia el que el Honorable Tribunal Sentenciador no haya citado a un testigo de defensa (Jorge González Meléndez) cuya citación fue solicitada por la defensa y por el fiscal y cuyo testimonio constituía prueba perti-nente que pudo [h]aber llevado a la exoneración de la acusada.” Alegato de la apelante, pág. 11.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Production Credit Association, recurrida, v. El Registrador de la Propiedad de Ponce II, recurrente.

      Número: CE-88-175

      Resuelto: 24 de enero de 1989

      José Uriel Zayas Bonilla, Registrador de la Propiedad, recu-rrente; Antonio Zapater Cajigas, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El Registrador de la Propiedad, Sección Ponce II, me-diante recurso gubernativo de oficio nos plantea la contro-versia jurídica siguiente: ¿procede el embargo sobre bienes inmuebles para el cobro de intereses en exceso de los garan-tizados con hipoteca en un pleito de ejecución por la vía ordi-naria? Expongamos los hechos que suscitan esta interro-gante.

HH

La recurrida, Puerto Rico Production Credit Association (P.R.P.C.A.), concedió a los esposos Miguel Ángel Rodríguez Rivera y Gladys Mabel Centeno ciertos y determinados préstamos con garantías hipotecarias en dos (2) inmuebles. Por incumplimiento de los deudores Rodríguez-Centeno, la acreedora P.R.P.C.A. instó procedimiento de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, en que les reclamó el pago del principal más los intereses adeudados. Anotó el correspon-diente aviso de demanda sobre las dos (2) propiedades que garantizaban la hipoteca objeto de ejecución. En orden de inscripción, esas propiedades tienen los gravámenes siguien-tes:

Finca 2,938 Tomo 267 Folio 230
Fecha
Hipoteca por a favor de Presentación
Primera $ 5,500.00 Julián H. Zimmerman 24 junio 1960
Segunda $ 17,000.00 PR Production Credit
Association 9 marzo 1971
Tercera $ 33,000.00 PR Production Credit
Association 9 nov. 1971
Cuarta $ 50,000.00 Portador 27 abril 1983
Aviso de Demanda PR Production Credit
CS-79-8126 (Tribunal • Association
Superior de PR) 8 oct[.] 1979
Finca 118 Tomo 1,556 Folio 153
Fecha
Hipoteca por a favor de Presentación
Primera $ 15,000.00 Federal Land Bank of
Baltimore 26 nov. 1965
Segunda $ 10,500.00 PR Production Credit
Association 3 mayo 1967
Tercera $ 11,000.00 PR Production Credit
Association 17 abril 1969
Cuarta $ 48,000.00 PR Production Credit
Association 2 sept. 1970
Quinta $ 33,000.00 PR Production Credit
Association 9 nov. 1971
Sexta $100,000.00 PR Production Credit
Association 30 mayo 1979
Aviso de Demanda Federal Land Bank of
80-2242 (Corte de Baltimore
Distrito de EU) 27 oct. 1980
Aviso de Demanda PR Production Credit
CS-79-8126 (Tribunal Association
Superior de PR) 8 oct. 1979
Embargo $ 1,840.61 ELA de Puerto Rico 28 nov. 1980
Embargo $ 292.29 ELA de Puerto Rico 28 nov. 1980
Alegato del promovente, pág. 3.

Como el montante de intereses adeudados ascendía a $114,782.33, en contraste con la suma asegurada hipotecaria-mente de sólo $14,340, P.R.P.C.A. pidió el aseguramiento vía embargo de una suma adicional. El tribunal accedió y, me-diante orden, aumentó el monto del embargo en $90,000; dis-tribuido en $20,000 y $70,000 sobre las fincas 2938 y 118, res-pectivamente.

El Registrador denegó la inscripción del mandamiento judicial de embargo. A su entender, los intereses objeto del embargo excedían los garantizados por la hipoteca inscrita, lo que no está permitido por los Arts. 166,167,190 y 191 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sees. 2562, 2563, 2609 y 2610.

► — i l-H

Primeramente, reiteramos que la “función calificadora del Registrador . . . [e]s función trascendente sin la cual no podría cumplirse el principio de legalidad que gobierna el sistema inmobiliario registral. La calificación es la facultad por excelencia del Registrador que al ejercitarla realiza el propósito de que el Registro encierre sólo actos válidos y derechos perfectos”. L. Dershowitz & Co., Inc. v. Registrador, 105 D.P.R. 267, 273 (1976). Ahora bien, cuando se trata de documentos judiciales, la propia Ley Hipotecaria le asigna al Registrador una facultad calificadora más limitada. Así, el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2267, en lo pertinente, dispone que:

En cuanto a los documentos expedidos por la autoridad judicial, la calificación expresada se limitará: (1) a la jurisdicción y competencia del tribunal; a la naturaleza y efectos de la reso-lución dictada si ésta se produjo en el juicio correspondiente; y si se observaron en él los trámites y preceptos esenciales para su validez; (2) las formalidades extrínsecas de los docu-mentos presentados; y (3) a los antecedentes del Registro. (Énfasis suplido.)

El reglamento es más específico aún:

Las determinaciones judiciales respecto a los hechos y de-rechos que corresponden a las partes envueltas en un litigio a tenor con el artículo 67 de la Ley [30 L.P.R.A. sec. 2270] no podrán ser objeto de calificación por el Registrador sin perjui-cio a lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley [30 L.P.R.A. sec. 2267] tocante a los documentos expedidos por la autoridad judicial. (Énfasis suplido.) Art. 79.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2003-79.1, edición especial.

Antes de la aprobación de la nueva Ley Hipotecaria, en Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 D.P.R. 578, 579-580 (1975), en ocasión del Registrador negarse a anotar un man-damiento de embargo amparado en una disposición de la ley, dijimos que al “Registrador le está vedado considerar los fundamentos intrínsecos de la sentencia o sustituir su crite-rio por el del tribunal en cuanto concierne a sus determina-ciones de hecho. Bermúdez v. Registrador, 74 D.P.R. 151, 155 (1952). La calificación no ha de estar gobernada por el ardor del reformista sino por la mesura del jurista. Banco de San Juan v. Registrador, 103 D.P.R. 417 in fine, (1975)”.

Más recientemente, resolvimos que la “Ley Hipotecaria de 1979 recoge en su Art. 64 los Arts. 18, 100 y 101 de la antigua Ley Hipotecaria para las Provincias de Ultramar de 1893 (30 L.P.R.A. see. 2267). En su nueva redacción el Art. 64 no siguió las corrientes modernas que confieren al Regis-trador amplísimos poderes en su función calificadora. E. Váz-quez Bote, La reforma hipotecaria: Dictamen sobre el P. del S. 792 y P. de la C. 915, relativos a un proyecto de ley hipote-caria y del Registro de la Propiedad, XIII Rev. Jur. U.I.[A.] 491, 547-548 (1979); [R.M.] Roca Sastre, [Derecho Hipoteca-rio, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II,] pág. 258; [J.M.] Chico y Ortiz, [Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Cometa, 1982, T. II,] pág. 651”. Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110, 126 (1986).

En resumen, en lo relativo a la calificación de documentos judiciales, el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, supra, y la Sec. 2003-79.1 de su reglamento, supra, incorporaron el enfoque restrictivo jurisprudencial. Informe de la Cámara de Representantes sobre el Proyecto del Senado 792, XIV Rev. Jur. U.I.A. 391, 405 (1979); Ponencia del Departamento de Justicia en torno al Proyecto del Senado 792 y al Proyecto de la Cámara 915, XIV Rev. Jur. U.I.A. 419,435 (1979). De acuerdo con esta visión legislativa, debe quedar claro que el Registrador de la Propiedad no puede ser juez de jueces. Después de todo, debe recordarse el principio general de que el registro no da ni quita derechos. Por ende, el principio de legalidad consagrado en el Art. 64 de la Ley Hipotecaria, supra, hay que interpretarlo en armonía con esa máxima y propósito legislativo de facilitar el acceso al registro de do-cumentos, en particular, las providencias judiciales.

En el recurso ante nos atendemos su instancia de oficio, únicamente a los fines de examinar los efectos del manda-miento de embargo sobre los derechos inscritos antes y des-pués de la hipoteca en ejecución.

1 — 1 1 — 1 1 — 1

La constitución de una hipoteca a favor de un crédito fructífero, en esencia, plantea si todos los intereses que se devenguen quedan garantizados con dicho gravamen o si, por el contrario, existe algún límite. La cuestión requiere discutir y distinguir los tres (3) sistemas diferentes sobre garantías, a saber: garantía indefinida, garantía de tope máximo y garantía de ampliación de hipoteca. En el pri-mero, sistema de garantía indefinida, “[l]a hipoteca asegura ilimitadamente todos los intereses que devengue el crédito hipotecario. El crédito accesorio por intereses, cualquiera que sea la cantidad a que ascienda, es colocado bajo el mismo rango que el crédito principal”. R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. iy Vol. 1, pág. 507. Bajo el segundo, sistema de tope máximo, “[l]a hipoteca por el capital, únicamente se extiende ope legis a garantizar determinada suma o montante de intereses. Dicho tope puede consistir en un determinado número de anua-lidades de intereses o en un tanto por ciento global sobre el capital; generalmente se adopta el primero”. (Énfasis y esco-lio omitidos.) íd., pág. 508. Finalmente, el sistema de am-pliación de hipoteca, “garantiza únicamente el capital del crédito, pero no los intereses; no obstante, como a cada ven-cimiento de éstos surge un nuevo crédito derivado del principal, se atribuye al acreedor la facultad de exigir que se le constituya una nueva hipoteca de ampliación, por todos los intereses impagados, y así sucesivamente”. (Énfasis supri-mido.) íd., pág.' 509.

Nuestra Ley Hipotecaria, de acuerdo con la tradición española, adopta un sistema ecléctico. Según las circunstancias reinantes prevalecerá uno u otro de los sistemas antes definidos. Así, mientras no haya un tercero que pueda resultar perjudicado —cuando después de constituirse la hipoteca no se haya otorgado actos de enajenación o gravamen de la finca hipotecada— impera el sistema de garantía indefinida. Ponce Federal Savings v. Registrador, 89 D.P.R. 882, 887 (1964); Díaz v. Quiñones, 68 D.P.R. 249, 258 (1948).

El Art. 190 de nuestra Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2609, expresamente incorpora este sistema de garantía indefinida. Dispone así:

Se considerará asegurado con la hipoteca el interés del préstamo en la forma que prescriben las sees. 2562 y 2563 de este título únicamente cuando la estipulación y cuantía de dicho interés resulten de la inscripción misma. El acreedor hi-potecario podrá repetir contra los bienes hipotecados para el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la época en que deba verificarse el reintegro del capital; mas si hubiere un tercero interesado en dichos bienes, a quien pueda perju-dicar la repetición, no podrá extender la cantidad que por ella se reclama de la garantizada con arreglo a la see. 2562 de este título. (Énfasis suplido.)

Su justificación, según Roca Sastre, descansa en el su-puesto de “que es natural que la garantía de lo principal se extienda a lo accesorio, de igual manera que ocurre con la extensión objetiva de la hipoteca. Constando en el Registro la cuantía del crédito y el tipo de interés que produzca, que-dan suficientemente cumplidas las exigencias del principio de especialidad hipotecaria”. Roca Sastre, op. cit., págs. 507-508.

Las disposiciones aludidas en el Art. 190 de la Ley Hipotecaria antes citado recogen, respectivamente, las características medulares de los dos (2) sistemas restantes. Así, el Art. 166 de la Ley Hipotecaria señala:

Salvo pacto en contrario, la hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue interés sólo asegurará, con perjuicio a tercero, además del capital, los intereses de los dos últimos años transcurridos y la parte vencida de la anualidad co-rriente.
En ningún caso podrá estipularse que la hipoteca asegure intereses por un plazo superior a cinco años. Cuando se fije en la escritura una cantidad global para responder del pago de intereses no podrá el mismo exceder del importe correspon-diente a los intereses de cinco anualidades. 30 L.P.R.A. see. 2562.

Estos topes persiguen eliminar la in certidumbre a la que se puede enfrentar un tercero poseedor de la finca o el titular de un nuevo derecho real sobre ella. Con el máximo de perí-odos de interés que pueden garantizarse, se tiene la seguri-dad de saber exactamente de cuánto responde la cosa hipote-cada. Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona, Ed. Eran-cisco Seix, 1962, T. XI, págs. 73-74.

Por su parte, el Art. 167 de la Ley Hipotecaria, supra, admite la posibilidad de obtener una ampliación de la garantía respecto de los intereses devengados que no resulten asegurados con la hipoteca. Dispone así:

Para asegurar los intereses vencidos y no satisfechos que no estuvieren garantizados conforme a la sección anterior el acreedor podrá exigir del deudor ampliación de la hipoteca sobre los mismos bienes hipotecados. Esta ampliación no per-judicará en ningún caso los derechos reales inscritos con ante-rioridad a ella. Si la finca hipotecada no perteneciere al deu-dor no podrá el acreedor exigir que se constituya sobre ella la referida ampliación, pero podrá ejercitar igual derecho res-pecto a cualesquiera otros bienes inmuebles o derechos del deudor que puedan ser hipotecados.

Este último sistema es de muy poco uso debido a que exige que el acreedor reclame la constitución de una hipoteca especial cada cierto período de tiempo, tarea que puede re-sultar sumamente complicada e impracticable. “Además, como entre la inscripción de la hipoteca principal y la de esta hipoteca ampliatoria, pueden haberse constituido otras in-termedias y hasta haberse enajenado la finca gravada, en-tonces surge el problema de la prelación que deba atribuirse a dicha hipoteca especial por intereses. Si surte efectos con el mismo rango de la hipoteca principal, perjudica a dichos posteriores adquirentes, con lo cual el sistema viene a trans-formarse en el primero, pero con complicaciones; en cambio si sólo produce efectos desde la fecha en que la hipoteca am-pliatoria se inscribe, puede ésta quedar fácilmente inutili-zada, resultando casi inoperante.” (Énfasis suprimido.) Roca Sastre, op. cit., pág. 509.

No obstante, debe recordarse que la acción real no es la única que puede ejercitar el acreedor para reclamar los intereses que carezcan de garantía. El Art. 191 de la propia Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2610, reconoce la acción personal. Sólo no prosperará cuando las partes hayan pactado válidamente en la escritura de constitución de hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se limita a los bienes hipotecados (“pacto de concreción”). Campos del Toro v. Ame. Transit Corp., 113 D.P.R. 337 (1982). La acción personal tiene apoyo en el principio de responsabilidad patrimonial universal consagrado en el Art. 1811 del Código Civil, preceptivo de que “[d]el cumplimiento de las obligacio-nes responde el deudor, con todos sus bienes presentes y fu-turos”. 31 L.P.R.A. see. 5171.

> hH

La recurrida P.R.P.C.A. invoca contra este trasfondo es-tatutario y doctrinario la Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para impugnar la calificación del Re-gistrador de la Propiedad. Sostiene que las disposiciones de la Ley Hipotecaria no le impiden obtener —en el mismo pleito de ejecución de hipoteca— una orden de embargo para asegurar su derecho al cobro de intereses en descubierto. A juicio suyo, una vez salvados o respetados los derechos de terceros, la negativa a inscribir la orden de embargo vulnera el principio cardinal, en materia procesal, de lograr el máximo resultado con el mínimo empleo de actividad proce-sal.

Por su parte, el Registrador de la Propiedad argumenta que al haber P.R.P.C.A. optado por la acción real hipotecaria mediante la vía ordinaria —y mantener el rango que surge del registro— le aplican de forma estricta los artículos preci-tados de la Ley Hipotecaria. Si hubiera acudido a la acción personal —demanda en cobro de dinero— señalada en el Art. 191, aunque no habría límite en cuanto a los intereses embargables, hubiese perdido el rango de la hipoteca ins-crita.

Tiene razón la recurrida P.R.P.C.A. La negativa del Registrador de la Propiedad no toma en cuenta la naturaleza mixta de la acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Pasa por alto que en una relación jurídica de crédito hipotecario coexisten dos (2) elementos: el crédito y la hipoteca. “[E]l elemento crédito origina la correspondiente acción personal, que conduce o puede conducir para su efectividad a la actuación procesal dirigida a la realización dineraria en los bienes necesarios del patrimonio del deudor, o de los fiadores o responsables subsidiarios, siempre, empero, que se prescinda de la hipoteca adjunta. Del elemento garantizador de la hipoteca deriva la correspondiente responsabilidad real, cuya efectuación, siempre a base de contemplar también el crédito asegurado, se consigue por el ejercicio de la acción hipotecaria, de carácter real, y hecha valer a través de una variedad de procedimientos de ejecución en nuestro sistema.” (Énfasis suprimido.) R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. Vol. 2, pág. 1021.

Nuestro ordenamiento permite tres (3) medios para la realización del crédito hipotecario: el ejecutivo sumario, la acción civil hipotecaria y la acción civil ordinaria en cobro de dinero. C.R.U.V. v. Torres Pérez, 111 D.P.R. 698, 699 (1981). La acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria —que es la aquí incoada— es de naturaleza mixta, es decir, real y personal. Vda. de Carlo v. Toro, 99 D.P.R. 200, 217 (1970). El acreedor tiene a su favor ambas acciones. Al proceder por la vía ejecutiva, decide cuál de las dos (2) pre-fiere. Aunque son acciones diferentes, por lo general apare-cen confundidas cuando coinciden el propietario de la finca hipotecada y el deudor personal.

La acumulación de ambas acciones es perfectamente legítima en un pleito de ejecución de hipoteca, cosa que no es posible en el procedimiento judicial sumario por ser éste “pur[o] proces[o] de ejercicio de la acción hipotecaria”. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., op. cit., pág. 1046. Por tal razón, nuestra casuística informa que la reclamación de intereses no garantizados hipotecariamente en un procedimiento ejecutivo sumario constituye un error sustancial en perjuicio de los derechos del deudor que invalida el procedimiento seguido. Ríos v. Banco Popular, 81 D.P.R. 878 (1959); Sucn. Ramírez v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 357 (1959); Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108 (1957). De acuerdo con Roca Sastre, “[e]sta deducción simultánea de acciones [la real y la personal] no sólo es conveniente cuando el deudor personal y el propietario de la cosa hipotecada son una misma persona, sino cuando son dos personas distintas y la efectiva responsabilidad hipotecaria no cubre el volumen del débito existente, cosa muy posible no sólo por aumento de dicho volumen (por sobrepasar el máximo garantizado, o por acumulación de intereses o aumento de costas previstas), sino también por insuficiencia de la cosa hipotecada. Entonces, mediante el embargo puede procederse a la traba de otros bienes o también de la misma cosa hipotecada en cantidad que supere el importe de la anterior responsabilidad hipotecaria”. (Énfasis suplido.) Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., op. cit., pág. 1046.

En Calo Rivera v. Reyes, 115 D.P.R. 123, 127 (1984), nos pronunciamos a favor de la acumulación de ac-ciones por el acreedor. Insistimos allí que nuestro procedi-miento civil propicia y estimula la acumulación de reclama-ciones. 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 14.

V

El embargo ejecutivo —según Guillermo Cabanellas — es la “[r]etención ... que de los bienes del deudor se efectúa en el procedimiento ejecutivo; a fin de, con ellos o con el pro-ducto de la venta de los mismos, satisfacer la incumplida obligación a favor del acreedor que posea título con ejecu-ción aparejada”. (Énfasis en el original.) G. Cabanellas, Dic-cionario Enciclopédico de Derecho Usual, 20ma ed., Buenos Aires, Ed. Heliasta, 1981, T. III, pág. 409.

Nuestra Regla 56.1 de Procedimiento Civil, supra, armoniza con el esquema hipotecario expuesto. A su amparo, el embargo de bienes de un demandado constituye una de las medidas provisionales a que puede recurrir un litigante que ha obtenido, o que anticipa obtener, una sentencia a su favor y quiere asegurar su efectividad. Soc. de Gananciales v. Rodríguez, 116 D.P.R. 468, 470 (1985). “Puede concederse sin fianza si se gestiona después de sentencia (R. 56.3), en cuyo caso puede autorizarse a moción de parte, y se efectuará, en caso de bienes inmuebles, anotándolo en el Registro de la Propiedad y notificándolo al demandado.” Albaladejo v. Vilella Suau, 106 D.P.R. 331, 335 (1977). Es, pues, perfectamente lícito que un acreedor recurra a una medida cautelar como lo es el embargo para proteger sus derechos y evitar que la sentencia obtenida se torne inoficiosa.

En el caso de autos, no es válida la disyuntiva propuesta por el Registrador de la Propiedad de que al optar la acree-dora por la acción real hipotecaria mediante la vía ordinaria —y mantener el rango que ocupa en el registro— aplican de manera estricta los artículos citados de la Ley Hipotecaria. Por el contrario, si se recurre a la acción personal (cobro de dinero) no hay límite en cuanto a los intereses embargables, pero se pierde el rango de la hipoteca inscrita. Este razona-miento lo apoya el Registrador de la Propiedad en el hecho de que del desglose de gravámenes de ambas fincas se des-prende que hay terceros cuyos derechos deben protegerse.

Evidentemente, la premisa que inspira ese enfoque del Registrador de la Propiedad es concebir las acciones como mutuamente excluyentes. Es decir, que el acreedor debía in-clinarse por una o por la otra, o ejercitar ambas en pleitos separados. Ya hemos explicado cómo ambas acciones son compatibles dentro del procedimiento ejecutivo ordinario. Aquí, en vez de recurrir a la ampliación de la hipoteca —derecho que le garantiza la ley— la acreedora P.R.P.C.A. decidió acumular la acción personal.

Notamos, además, que la anotación del embargo en nada afectará los derechos inscritos anteriormente, pues no tiene el mismo rango que el de la primera hipoteca. El embargo tendrá su propio rango sin duda inferior al de todos los demás derechos inscritos previamente, y con las consi-guientes implicaciones, al hacer efectivo el cobro de la acre-encia una vez vendidos los inmuebles en pública subasta. Ob-viamente, la inscripción del embargo en forma alguna signi-fica que la P.R.P.C.A. cobrará el crédito correspondiente a los intereses —sin garantía hipotecaria ($90,000)— con la misma preferencia que el crédito garantizado. Repetimos, la hipoteca subsiste con su rango correspondiente.

Nuestra decisión de hoy evita que un acreedor hipoteca-rio —mediante la vía ordinaria— se vea precisado a recurrir a un nuevo procedimiento para lograr el embargo de intere-ses. No hay razón para que, protegidos los derechos de ter-ceros, en dicho procedimiento no pueda asegurarse la efecti-vidad de parte de una sentencia correspondiente a un crédito sin garantía hipotecaria mediante el embargo de bienes que permanecen en el patrimonio del deudor. No menoscaba de manera alguna el principio de prioridad garantizado por el ordenamiento registral. Por el contrario, esta medida guarda afinidad con los principios de economía procesal encarnados en las Reglas de Procedimiento Civil y ratificados por este Tribunal en infinidad de ocasiones.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la nota denegatoria y se ordena la inscripción del embargo de con-formidad con lo aquí resuelto. Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.

       “La parte de intereses que el acreedor no pueda exigir por la acción real hipotecaria podrá reclamarla del obligado por la personal, salvo en el caso pre-visto en la see. 2603 de este título.” Art. 191 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2610.

       El pacto de concreción aparece descrito en el Art. 184 de la Ley Hipote-caria, el cual dispone lo siguiente:
      “No obstante lo dispuesto en la see. 2562 de este título, podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.
      “En este caso la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hi-potecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor.

        “Cuando la hipoteca así constituida afectase a dos o más fincas y el valor de alguna de ellas no cubriese la parte del crédito de que responda, podrá el acree-dor repetir por la diferencia exclusivamente contra las demás fincas hipotecadas, en la forma y con las limitaciones establecidas en la see. 2568 de este título.” 30 L.P.R.A. see. 2603.

       “En todo pleito antes o después de sentencia, por moción del reclamante, el tribunal podrá dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegu-rar la efectividad de la sentencia. El tribunal podrá conceder el embargo, el embargo de fondos en posesión de un tercero, la prohibición de enajenar, la reclamación y entrega de bienes muebles, la sindicatura, una orden para hacer o desistir de hacer cualesquiera actos específicos, o podrá ordenar cualquier otra medida que estime apropiada, según las circunstancias del caso. En todo caso en que se solicite un remedio provisional, el tribunal considerará los intereses de todas las partes y dispondrá según requiera la justicia sustancial.” (Énfasis su-plido.) 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 56.1.

       Véanse, además: J. Carreras, El Embargo de Bienes, Barcelona, Ed. Bosch, 1957; M. Ortells Ramos, El Embargo Preventivo, Barcelona, Librería Bosch, 1984.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Federal Deposit Insurance Corporation, demandante y recurrente, v. Caribbean Marketing Insurance Agency Corporation, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-86-503

      Resuelto: 24 de enero de 1989

      Frank Gotay Barquet, de Feldstein, Gelpí, Hernández & Gotay, abogado de la recurrente; Edmundo Vázquez Otero, de Váz-quez & Suárez, abogado de la recurrida Caribbean Bankers Life Insurance Company; David Carrión Fuentes, del Bufete Carrion Fuentes, abogado de los recurridos Efraín D. Vasallo y Robert Slater; Antonio García Soto, abogado de los recurridos Ramiro L. Colón, Jr., Arturo C. Gallardo, Frederick J. Gonzá-lez y Doel R. García; Gabriel J. Peñagarícano, abogado del recurrido Milton R. Martínez.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La demandante recurrente Federal Deposit Insurance Corporation (F.D.I.C.) presentó demanda contra Caribbean Marketing Insurance Agency Corporation en cobro de un pagaré expedido por ésta a la orden del Banco Crédito y Ahorro Ponceño.

En dicha demanda incluyó como codemandados a los Sres. Doel R. García, Efraín D. Vasallo, Charles M. Hitt, Frederick J. González, Arturo C. Gallardo, Ramiro L. Colón, Jr., Robert Slater y al Sr. Milton R. Martínez, en su carácter personal, como garantizadores del pago de dicho pagaré. La demanda original fue enmendada en dos (2) ocasiones. En la contestación a la segunda demanda enmendada los deman-dados negaron todas las alegaciones de la misma. El tribunal de instancia señaló una conferencia con antelación al juicio para el 22 de octubre de 1981. Antes de dicha conferencia, la demandante F.D.I.C. notificó la toma de deposiciones a los demandados García, Vasallo, Hitt, González, Gallardo, Colón y Martínez, a tenor con las Reglas 23 y 27 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En dichas deposiciones los deman-dados García y Martínez admitieron haber firmado el pagaré y la garantía. Por su parte, los codemandados Gallardo, Hitt, Colón, González y Vasallo aceptaron, a su vez, haber firmado la garantía y reconocieron su obligación bajo la misma.

En la conferencia con antelación al juicio, el tribunal de instancia aprobó el “Informe sobre conferencia preliminar entre abogados”, en el cual se consignaron una serie de con-troversias y se especificó la prueba documental y testifical a presentarse en el juicio. La parte demandante hizo constar en dicho informe que las deposiciones tomadas en el caso podrían utilizarse en el juicio conforme a las Reglas de Pro-cedimiento Civil y a las de Evidencia.

Posteriormente, la demandante F.D.I.C. solicitó al tribunal de instancia que enmendara el “Informe sobre conferen-cia preliminar entre abogados” para añadir cierta prueba adicional que la F.D.I.C. se proponía presentar en juicio. Los demandados expresaron no tener objeción a que se enmen-dara el informe, siempre y cuando se trajera al pleito a Caribbean Bankers como tercera demandada. La F.D.I.C. se opuso. Finalmente, el tribunal dictó una orden y permitió a los demandados traer al pleito a Caribbean Bankers como tercera demandada. Nada dispuso en la orden respecto a la solicitud de la F.D.I.C. de enmendar el “Informe sobre con-ferencia preliminar entre abogados”.

Al comenzar el juicio el 22 de mayo de 1986 la parte de-mandante presentó como testigo a la Sra. Rosario Davis, Ofi-cial de Cuentas del F.D.I.C., quien testificó que el pagaré en controversia ascendía a $180,000 de principal y $263,495.14 de intereses. Testificó, a su vez, que dicho pagaré fue adqui-rido por la F.D.I.C./Corporation mediante compra al F.D.I.C./Receiver, síndico del Banco Crédito y Ahorro Pon-ceño. Además del testimonio de la Sra. Rosario Davis, la parte demandante ofreció prueba documental en relación con la cual se suscitaron diversos planteamientos de derecho con respecto a la admisibilidad de ésta. Luego de oír los ar-gumentos de las partes en relación con la admisibilidad en evidencia de los documentos ofrecidos por la parte deman-dante, el tribunal de instancia admitió algunos documentos y rechazó otros. Entre los documentos ofrecidos en evidencia y no admitidos estaban los originales del pagaré y la garantía. La parte demandante ofreció en evidencia las deposiciones tomadas a los demandados a los fines de identificar o autenti-car dichos documentos, pero el tribunal no permitió el uso de las deposiciones para tal propósito y denegó la admisión del pagaré y la garantía por no haber sido debidamente autenti-cados. También denegó la admisión de una serie de docu-mentos y prueba testifical notificada en la solicitud de en-mienda al “Informe sobre conferencia preliminar entre abo-gados”, pues dicha enmienda no fue autorizada por el tribunal. Sin embargo, admitió una serie de documentos que con-firmaban la venta por parte de F.D.I.C./Síndico a F.D.I.C./ Receiver de los activos del desaparecido Banco Crédito y Ahorro Ponceño y una resolución del Tribunal Superior que aprobaba dicha venta. AI concluir la presentación de la prueba de la parte demandante, los demandados solicitaron la desestimación de la demanda a tenor con la Regla 39.2(c) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por entender que la demandante no había establecido su derecho a la con-cesión de remedio alguno. La tercera demandada, Caribbean Bankers, hizo igual planteamiento con respecto a la demanda contra tercero presentada en su contra. El tribunal se re-servó el fallo de ambas solicitudes. Ni los demandados ni la tercera demandada presentaron prueba alguna en su favor; quedó el caso sometido con la prueba admitida en evidencia.

El 4 de septiembre de 1986, el tribunal de instancia dictó sentencia y declaró sin lugar la demanda y la demanda contra tercero. El tribunal de instancia fundamentó su sentencia en las conclusiones de derecho siguientes:

La demandante nunca autenticó los documentos en que des-cansaba para probar la existencia de la obligación cuyo pago le reclamaba a los demandados. Por tanto, los documentos que pretendieron presentar en evidencia eran inadmisibles. (Re-gla 75 de las de Evidencia). Dichos documentos no podían au-tenticarse mediante el testimonio de la testigo Rosario Davis ya que ésta admitió no ser la custodia de los documentos que le presentaron, ni estaban éstos cumplidamente certificados. (Regla 79 de las de Evidencia).
La sustitución del testimonio de los demandados, a quienes la demandante optó por presentar como testigos suyo [sic], por las deposiciones tomadas a éstos, es impermisible. Si bien es cierto que la Regla 29.1(b) permite que la deposición de una parte podría ser utilizada por la parte adversa para cualquier propósito, al tratar de utilizarse por la demandante como prueba principal para probar un caso prima facie, convirtió a los demandados en sus testigos, y estaba obligada a cumplir con las disposiciones de la Regla 29.1(c) de las de Procedi-miento Civil vigente que rige el uso de la deposición de un testigo que es parte. La prueba demostró que todos los depo-nentes se hallaban en Puerto Rico, que estaban disponibles para acudir de haber sido citados, y que la demandante no los citó, ya que fue sobre la marcha del caso que optó por probar su causa de acción con las deposiciones de éstos, carente para ese entonces de otra prueba admisible.
El Tribunal concluye además, como cuestión de derecho, que no existían circunstancias excepcionales que activaran las disposiciones de la Regla 29.1(5) de las de Procedimiento Civil, amén de no haber sido solicitado por la demandante. En esta jurisdicción se ha permitido el uso de la deposición de un demandado en sustitución de su testimonio oral por acuerdo de las partes y por motivo de que el testigo se hallaba impe-dido de acudir al Tribunal por hallarse hospitalizado. Consti-tuye error admitir para propósitos sustantivos una deposición cuando la parte que interesa su admisión falla en establecer que el deponente no está disponible para declarar. Frechette v. Welch, 621 F.2d 11. Examinando la Regla 32(a) Federal, co-rrespondiente a la que nos ocupa, hallamos unanimidad de cri-terio en que el testimonio por vía de deposición es menos deseable que el testimonio oral, y ordinariamente debe usarse como sustitutivo únicamente si el testigo no está disponible para testificar en persona. Por cierto, la Regla 32(a) hace refe-rencia directa a la importancia de presentar el testimonio de los testigos oralmente en corte abierta. (8 Wright & Miller 2141, 2142). La deposición siempre ha sido, y continúa siendo, un sustituto, algo secundario, no debiendo usarse cuando el deponente está disponible. Arnstein v. Porter, 154 F.2d 464, 470; Napier v. Bossard, 102 F.2d 467. Las Reglas se funda-mentan en la premisa de que testimonio vivo es más deseable que una deposición. Si un testigo está disponible para testifi-car, su deposición no puede utilizarse. National Screw and Mfgo. Co. v. Voi-Shan Industries, Inc., 347 F.2d 1. Solamente [sic] cuando la oportunidad de observar al testigo es imposible son las deposiciones sustitutas aceptables. Newburguer Loeb and Co., Inc. v. Gross, 365 F.Supp. 1364; Bellamy v. Molitor, 108 FRD 1 1983.
No habiendo la evidencia aportada por la parte demandante establecido la existencia de la deuda de Caribbean Marketing Corporation con la parte demandante, así como tampoco la responsabilidad de los demandados hacia dicha parte, resulta necesario el que se desestime la demanda en el presente caso.
De igual forma y en base a las anteriores Determinaciones de Hechos es forzoso desestimar a su vez la Demanda Contra Tercero. Apéndice, págs. 134-135.

De esta sentencia recurre la demandante F.D.I.C. ante nos mediante solicitud de revisión. En su recurso plantea las cuestiones de derecho siguientes:

1. ¿Fue correcta la interpretación hecha por el tribunal de instancia de la Regla 29.1 de las de Procedimiento Civil al resolver que la deposición de una parte adversa no puede utili-zarse en el juicio a menos que la parte que interesa usar la misma establezca previamente la no disponibilidad de dicha parte para declarar?
2. ¿Fue correcta la determinación del tribunal de instancia al no resolver que las admisiones hechas por los demandados durante deposiciones tomadas en este mismo caso son admisi-bles bajo las Reglas 62 y 76(G) de las de Evidencia?
3. ¿Fue correcta la determinación del tribunal de instancia al determinar que la FDIC no estableció su título o interés sobre la obligación reclamada en la demanda?
4. ¿Fue correcta la determinación del tribunal de instancia de no permitir a la FDIC presentar prueba que había sido anunciada más de año y medio antes? Solicitud de revisión, pág. 8.

Estando en posición de resolver, así lo hacemos.

La Regla 29.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap III, dispone que:

En el juicio, o al celebrarse la vista de una moción o de un procedimiento interlocutorio, la totalidad o cualquier parte de una deposición, en cuanto sea admisible de acuerdo con las Reglas de Evidencia, aplicadas como si el deponente estuviera testificando en corte, podrá utilizarse contra cualquier parte que hubiere estado presente o representada en la toma de la deposición, o que hubiere sido debidamente notificada de dicho acto, de acuerdo con cualquiera de las siguientes disposi-ciones:
(a) Cualquier deposición podrá utilizarse por cualquier parte con el propósito de contradecir o impugnar el testimonio del deponente como testigo.
(b) La deposición de una parte, o la de cualquier persona que en la fecha en que se tomó la deposición era un oficial, funcionario, director o agente administrador o persona desig-nada bajo la Regla 27.5 para testificar a nombre de una corpo-ración pública o privada, sociedad, asociación o agencia guber-namental, que sea parte en el pleito, podrá utilizarse por la parte adversa para cualquier propósito;
(c) La deposición de un testigo, ya fuere o no parte, podrá utilizarse por cualquiera de las partes para cualquier propó-sito si el tribunal determina: (1) que el testigo ha fallecido; o (2) que se ha demostrado que sería oneroso requerir la pre-sencia en el juicio de un testigo que se encuentra fuera de Puerto Rico, a menos que se probare que la ausencia del tes-tigo fue motivada por la parte que ofrece la deposición; o (3) que el testigo no puede comparecer a declarar por razón de su avanzada edad, enfermedad o incapacidad física; o (4) que la parte que ofrece la deposición no ha podido conseguir la com-parecencia del testigo mediante citación; o (5) mediante solici-tud y notificación demostrativas de que existen circunstancias de tal forma excepcionales, que hacen deseable en interés de la justicia y dando la debida consideración a la importancia de presentar oralmente el testimonio de los deponentes en corte abierta, que se permita el uso de la deposición.
(d) Si una parte ofreciere en evidencia solamente un frag-mento de una deposición, la parte adversa podrá exigirle que presente cualquier otro fragmento de la deposición que en justicia deba ser considerado con el fragmento ya ofrecido, y de igual forma, cualquier parte podrá ofrecer cualesquiera otros fragmentos de dicha deposición.
La sustitución de parte no afectará el derecho a usar depo-siciones previamente tomadas y, cuando un pleito incoado ante el Tribunal General de Justicia o ante una corte de los Estados Unidos o de cualquiera de sus estados, territorios o pose-siones, ha sido sobreseído, y luego se presente un nuevo pleito que envuelva la misma cuestión litigiosa entre las mismas partes o sus representantes o causahabientes, todas las depo-siciones legalmente tomadas y debidamente archivadas en el pleito anterior se podrán usar en el nuevo pleito como si hu-biesen sido originalmente tomadas para el mismo.

Esta Regla 29.1 de Procedimiento Civil regula el uso de deposiciones en el juicio para fines de impugnación de testigos o como prueba directa de un hecho en controversia. El inciso (a) autoriza el uso de deposiciones por cualquier parte para fines de impugnación de testigos. El inciso (b) permite el uso de la deposición de una parte por la parte adversa para cualquier propósito, esto es, que permite el uso de dicha deposición como prueba directa, no meramente de impugnación.

Si la deposición es de una parte o de un funcionario, director o agente administrador de una asociación pública o privada o una corporación que sea parte litigante, podrá utilizarse dicha deposición por la parte adversa para cualquier propósito en el juicio. Cuando se dice cualquier propósito, quiere decirse que la parte que toma la deposición puede llevarla al juicio y utili-zarla para establecer determinados hechos a base de admi-siones o en segundo lugar puede ofrecerla en evidencia para impugnar o desacreditar el testimonio de esa parte o de un testigo. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., Hato Rey, Ed. Equity, 1981, Sec. 2805, pág. 225.

El inciso (c) regula el uso, por cualquiera de las partes, de las deposiciones de testigos, sean o no partes. Bajo este inciso se permite utilizar la deposición de un testigo como prueba directa en ciertos casos únicamente.

Si se trata del testimonio de un testigo, siempre puede utili-zarse por la parte que la tomó para impugnar el testimonio del deponente como testigo en juicio. Pero podrá utilizarse para sustituir la declaración personal del testigo en los siguientes casos:
(1) Cuando el testigo ha fallecido.
(2) Cuando el testigo se encuentra fuera de Puerto Rico y resultare muy oneroso el requerir su presencia, excepto que se probare que la ausencia del testigo fue motivada por la parte que ofrece la deposición.
(3) Cuando el testigo no puede comparecer o declarar por razón de su avanzada edad, enfermedad o incapacidad física.
(4) Cuando la parte que ofrece la deposición no ha podido conseguir la comparecencia del testigo mediante citación.
(5) Mediante una solicitud especial notificada a la parte contraria que demuestre que existen circunstancias tan extra-ordinarias que harían deseable que se permita usar la deposi-ción en interés de la justicia. El tribunal dándole la debida consideración e importancia a que se presente la declaración del deponente en corte abierta resolverá si la admite o no la admite. (Escolio omitido.) Hernández Colón, op. cit, págs. 225-226.

En el caso de autos, las deposiciones ofrecidas en evidencia por la demandante F.D.I.C. eran todas de los demandados, esto es, de partes adversas. Por lo tanto, el uso de las mismas en juicio como prueba directa estaba regido por el inciso (b) de la Regla 29.1 de Procedimiento Civil, supra. Dicho inciso (b), a diferencia del inciso (c), sólo condiciona el uso de dichas deposiciones a que las mismas sean admisibles bajo las Reglas de Evidencia. Sólo el inciso (c) de la Regla 29.1 de Procedimiento Civil, supra, requiere, además de su admisibilidad bajo las Reglas de Evidencia, que se den una serie de circunstancias de no disponibilidad del testigo para poder utilizar la deposición del testigo como prueba directa. Como no son deposiciones de testigos, sino de partes adversas, el inciso (b) sólo requería para su utilización en juicio que las mismas fueran admisibles bajo las Reglas de Evidencia.

Las declaraciones hechas por los demandados en las de-posiciones constituían prueba de referencia por ser declara-ciones hechas fuera de corte ofrecidas en evidencia para pro-bar la verdad de lo aseverado; esto es, la suscripción del pa-garé y la garantía por parte de los demandados y su respon-sabilidad por el pago del mismo. Regla 60 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

La Regla 62(A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV dispone que será admisible como excepción a la regla de prueba de referencia una declaración ofrecida contra una parte si la declaración es hecha por dicha parte en su capacidad individual o representativa. Bajo este inciso de la Regla 62 de Evidencia, supra, la declaración es una típica admisión de parte y se justifica su admisibilidad, pues no hay menoscabo alguno al derecho a confrontación —razón de ser de la regla general de exclusión— ya que el declarante no puede objetar que no ha podido contrainterrogarse a sí mismo.

La razón fundamental para la admisibilidad de las admi-siones es que una parte no puede objetar razonablemente la admisibilidad a base de que no tuvo la oportunidad de con-trainterrogarse a sí misma; igualmente absurda resulta la ob-jeción de que el declarante (el mismo que ahora objeta) no es digno de credibilidad porque no hizo la declaración bajo jura-mento. Otra justificación frecuente es que la admisibilidad es inherente al sistema de adversarios. También se dice que las admisiones deben recibirse como .evidencia circunstancial. Otros se limitan a decir que no hay problema de admisibilidad pues no se trata de prueba de referencia.
En suma, se admite la declaración de una parte, hecha fuera de corte, contra el propio declarante, porque una parte no su-fre menoscabo en su derecho a confrontación por no haber podido contrainterrogarse a sí mismo. Esta excepción es de las fundamentadas en no tener sentido la razón de la regla general de exclusión de prueba de referencia: que la parte contra la que se ofrece no ha tenido oportunidad de contrain-terrogar al declarante. (Énfasis en el original.) E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, pág. 292.

Al ser las declaraciones de los demandados en las deposiciones admisiones de parte, las mismas eran admisibles bajo la Regla 62(A) de Evidencia, supra, como excepción a la regla de prueba de referencia. Las deposiciones de los demandados eran admisibles bajo las Reglas de Evidencia, por lo tanto, podían utilizarse por la parte adversa para cualquier propósito en el juicio a tenor con lo dispuesto en la Regla 29.1(b) de Procedimiento Civil, supra. Uno de los propósitos para el cual podían utilizarse dichas deposiciones era para autenticar o identificar el pagaré y la garantía ofrecidos y no admitidos en evidencia. La Regla 75 de Evidencia, 82 L.P.R.A. Ap. iy dispone que el requisito de autenticación o identificación como condición previa a la admisibilidad se satisface con la presentación de evidencia suficiente para sostener una determinación de que la materia en cuestión es lo que el proponente sostiene. La Regla 76 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. iy por su parte establece una serie de ejemplos de autenticación o identificación, entre ellos, la autenticación mediante admisión. Dicha Regla 76 de Evidencia, supra, provee lo siguiente:

De conformidad con los requisitos de la regla anterior y sin que se interprete como una limitación son ejemplos de auten-ticación o identificación los siguientes:
(G) Autenticación mediante admisión: Un escrito u otro material puede ser autenticado mediante evidencia de que la parte contra quien se ofrece admitió su autenticidad en cual-quier momento, o mediante evidencia de que ha sido aceptado como auténtico por la parte contra la cual se ofrece.

Todos los demandados, excepto el demandado Robert Slater, admitieron en sus deposiciones la autenticidad del pa-garé y la garantía. Las deposiciones que contienen dichas admisiones eran evidencia suficiente para probar la autenti-cidad de esos documentos. Erró el tribunal de instancia al no admitir dichas deposiciones como prueba de autenticación de los documentos. Este error resultó perjudicial para la de-mandante F.D.I.C., ya que al no poder autenticar el pagaré y la garantía mediante el uso de las deposiciones éstos no fue-ron admitidos en evidencia, y le impidió probar debidamente la existencia de su causa de acción.

Es norma claramente establecida por este Tribunal que no se dejará sin efecto una sentencia por motivo de ex-clusión errónea de evidencia a menos que el Tribunal entienda que dicha exclusión fue un factor sustancial en la decisión tomada por el tribunal de instancia y que el resultado, si no se hubiera excluido la evidencia, habría sido distinto. Regla 5 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Pueblo v. García Reyes, 113 D.P.R. 843 (1983); S.J. Credit, Inc. v. Ramírez, 113 D.P.R. 181 (1982); Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982); Pueblo v. Franceschini Sáez, 110 D.P.R. 794 (1981).

En el caso de autos, la exclusión errónea de evidencia fue determinante en la decisión. Si no se hubiera excluido dicha evidencia, el resultado habría sido totalmente distinto. El error cometido amerita revocación.

En cuanto al cuarto error señalado por la recurrente F.D.I.C., resolvemos que no erró el tribunal de instancia al no admitir en evidencia la prueba anunciada en la moción que solicita enmiendas al “Informe sobre conferencia preliminar entre abogados”. Dicha enmienda nunca fue aprobada por el tribunal, por lo cual el caso se rige por el informe original presentado por las partes y aprobado por el tribunal de instancia. Regla B7.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Por las razones antes expuestas, se dictará sentencia para dejar sin efecto la sentencia recurrida y devolver el caso a instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Aso-ciados Señores Negrón García y Alonso Alonso se inhibie-ron.

       La correspondiente regla federal, Regla 32 de Procedimiento Civil, 28 U.S.C., ha sido interpretada de igual forma. Véanse: 8 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 2145 (1970); 7 Cyc. Fed. Proc. Sec. 25.335 (3ra ed. 1971); Shepard’s Discovery Proceedings in Federal Practice, Colorado, Shepard’s/McGraw-Hill, 1983, Sec. 6.58, pág. 196. Véanse también, en torno al uso en juicio de deposiciones de partes adversas como prueba directa independiente-mente de que el deponente esté disponible o no para testificar o haya testificado en juicio: Coughlin v. Capitol Cement Co., 571 F.2d 290 (1978); Fenstermacher v.

        Philadelphia National Bank, 493 F.2d 333 (1974); Pingatore v. Montgomery Ward and Company, 419 F.2d 1138 (1969), cert. denegado 398 U.S. 928 (1973); Pursche v. Atlas Scraper and Engineering Co., 300 F.2d 467 (1962).