author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Carmen A. García O’Neill y otros, demandantes y recurridos, v. Hon. Alejandro (Junior) Cruz y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-89-858

      Resuelto: 20 de junio de 1990

      Ramón Rosado Vela, abogado del peticionario; Rafael S. Fuentes Rivera, de Fuentes & Fuentes, pro se.

   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite examinar si existe conflicto de intereses o incompatibilidad de funciones de un abogado que representa a unos demandantes en un pleito de daños y perjuicios contra un municipio del cual dicho abogado es Asambleísta Municipal. Por los fundamentos que pasamos a exponer, resolve-mos que existe incompatibilidad de funciones.

b — I

Para septiembre de 1987 la Sra. Carmen Ana O’Neill y otros instaron demanda de daños y perjuicios contra el Municipio de Guaynabo (el Municipio), la Guardia Municipal de dicho municipio, varios funcionarios de la misma, su aseguradora y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Fundaron su acción en la alegada detención y arresto ilegal de sus hijos por parte de miembros de la Guardia Municipal de Guaynabo.

El Ledo. Rafael Fuentes Rivera asumió la representación legal de los demandantes recurridos. Posteriormente, en las Elecciones Generales de 1988 el licenciado Fuentes Rivera fue elegido Asambleísta Municipal de Guaynabo. A pesar de este hecho, el licenciado Puentes Rivera continuó y continúa represen-tando a los demandantes recurridos en el pleito de daños contra el Municipio.

El 20 de octubre de 1989 el municipio presentó al foro de instancia una moción para solicitar que se resolviera si con relación al licenciado Fuentes Rivera existía alguna incongruen-cia, incompatibilidad o posible conflicto de intereses entre el ejercicio de sus funciones como Asambleísta Municipal de Guaynabo y el de su práctica privada de abogado al representar a clientes en un caso contra dicho municipio, y si habría alguna diferencia por el hecho de que el caso fue presentado con anterioridad a que dicho abogado fuera elegido Asambleísta Municipal.

El licenciado Puentes Rivera se opuso a dicha solicitud y alegó que no existía conflicto alguno en el ejercicio dual de sus funciones como Asambleísta Municipal y abogado que demanda al municipio del cual es Asambleísta. Adujo que, como Asambleísta Municipal, no constituía una mayoría en la Asamblea Municipal por su particular composición partidista() que no existía una relación de abogado-cliente con la Asamblea Municipal, el Municipio o cual-quiera de sus dependencias o miembros, y que no estaba en ninguna posición de ejercer influencia indebida en su posición como Asambleísta.

El foro de instancia determinó que no existía conflicto entre la posición como Asambleísta del licenciado Fuentes Rivera y su función como abogado de los demandantes recurridos en este caso.

De esa resolución recurre ante nos el Municipio y nos señala que erró dicho foro al resolver que no hay conflicto entre la posición de Asambleísta Municipal y la función como abogado del licenciado Fuentes Rivera en este caso. En auxilio de nuestra jurisdicción nos solicitaron la paralización de los procedimientos en el foro de instancia.

Mediante trámite de mostración de causa, solicitamos al licenciado Fuentes Rivera que expusiera las razones por las cuales no debíamos ordenar su renuncia inmediata a la representación legal de los demandantes recurridos en este caso. En auxilio de nuestra jurisdicción paralizamos los procedimientos en el foro de instancia.

El licenciado Fuentes Rivera ha comparecido. Resolvemos según lo intimado.

i — I 1 — I

La cuestión ante nos es novel.

Reiteradamente hemos sostenido nuestra facultad constitucional para reglamentar la conducta ética en el ejercicio de la abogacía, aun ante la alegación de incompatibilidad de funciones. In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976), y 106 D.P.R. 698 (1978); In re Roldán González, 113 D.P.R. 238 (1982); In re Ríos, 112 D.P.R. 353 (1982); In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983); In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984).

b — I I — I l — I

Sobre el conflicto de intereses

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, regula lo relativo a los conflictos de intereses de los abogados en las relaciones con sus clientes. En lo pertinente al caso de autos dispone que:

No es propio de un profesional el representar intereses encon-trados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 21.

Esta parte del Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, regula el conflicto entre los intereses de dos (2) o más clientes del abogado entre sí o con los intereses del abogado. En este supuesto, técnicamente se requiere la existencia de una relación abogado-cliente dual conflictiva previo al examen de la existencia de un conflicto de intereses. In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486 (1981); In re Roldán González, supra; In re Añeses Peña, 113 D.P.R. 756 (1983); In re Rojas Lugo, supra; In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra; In re Pizarro Santiago, 117 D.P.R. 197 (1986); In re Secretario de Justicia, 119 D.P.R. 363 (1987); Ortiz v. Soliván Miranda, 120 D.P.R. 559 (1988).

En In re Concepción Suárez, supra, concluimos que existe un conflicto de intereses, proscrito por el Canon 21 del Código de Ética Professional, supra, cuando un abogado representa en un pleito de divorcio y alimentos pendente lite a la esposa de un antiguo cliente en contra de éste. Véase, en igual sentido, In re Orlando Roura, 119 D.P.R. 1 (1987). En ambos casos existía una relación abogado-cliente con las dos (2) partes en litigio.

En In re Añeses Peña, supra, determinamos que no existía conflicto alguno en que el abogado que representaba a la A.C.A.A. en asuntos obrero-patronales participara en unas conferencias sobre aspectos técnico-legales de la negociación colectiva ofreci-das por el Instituto de Relaciones de Trabajo de la U.ER. a la Unión de Empleados de la A.C.A.A. Fundamos nuestra decisión en que dicho abogado, que era profesor del Instituto de Relacio-nes del Trabajo, nunca había representado o asesorado a la Unión de Empleados de la A.C.A.A. en la negociación colectiva con el patrono, es decir, nunca había existido una relación abogado-cliente con la Unión.

En el caso de autos, el Municipio sostiene que existe un conflicto de intereses entre las funciones de abogado del licen-ciado Puentes Rivera en un pleito civil contra el Municipio y su función como Asambleísta Municipal del municipio demandado en dicho pleito civil.

Concluimos que, técnicamente, no existe el conflicto de inte-reses proscrito por el Canon 21 del Código de Etica Profesional, supra. Veamos.

En In re Roldán González, supra, pág. 240, expresamos:

Los municipios están organizados como corporaciones políticas y jurídicas constituidas por sus habitantes. Art. 2 de la Ley Municipal, 21 de L.P.R.A. sec. 1102. En ese sentido, cada municipio es una unidad cuyo gobierno y funciones son compartidos por la asamblea municipal, en la que reside el poder legislativo, y por el alcalde, en quien reside el poder ejecutivo. Arts. 7 y 32 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. secs. 1107 y 1251, respectivamente. El hecho de que en determinado momento haya conflicto entre ambos poderes, como sucede en particular cuando, como en el caso del Municipio de Aguadilla, el alcalde y la mayoría de los miembros de la asamblea municipal militan en partidos opuestos, no destruye la unidad política y jurídica que es el municipio. (Enfasis suplido.)

Como reconocen los recurrentes, en In re Roldán González, supra, los abogados querellados representaban y asesoraban a la Asamblea Municipal, a la vez que representaban a ciudadanos particulares en pleitos contra el Municipio. Es decir, existía una relación abogado-cliente dual que luego resultó conflictiva. Por ello allí concluimos que:

El conflicto de intereses es tan obvio que resalta a la vista y hiere la retina. No es él alcalde demandado quien va a pagar la sentencia, sino el Municipio de Aguadilla, con sus fondos, quien ha de pagarla. La asamblea municipal es parte integrante del gobierno de ese municipio y cliente de los querellados. Los querellados se están beneficiando de su cliente, que es la asamblea, contra los intereses de la corporación municipal de la cual forma parte la asamblea. Esta conducta de los querellados está reñida con el Canon 21 del Código de [EJtica Profesional, en particular con su segundo párrafo, que dice:
“No es propio de un profesional el representar intereses encon-trados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.” (Énfasis suplido.) In re Roldán González, supra, pág. 242.

En el caso ante nos la situación es distinta. Aquí no existe una relación abogado-cliente entre el licenciado Fuentes Rivera y la Asamblea Municipal, el Alcalde o las instrumentalidades o depen-dencias del Municipio. No estamos, pues, ante la relación aboga-do-cliente dual conflictiva que está prohibida por el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra.

IV

Incompatibilidad de funciones

Nuestra conclusión de que no existe un conflicto de intereses entre las funciones de abogado del licenciado Fuentes Rivera en el pleito civil contra el Municipio y sus funciones como Asambleísta Municipal no es óbice para que examinemos si existe incompati-bilidad en el ejercicio de ambas funciones.

En In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, supra, pág. 788, definimos la incompatibilidad como:

. . . [T]érmino equivalente a antagonismo, oposición, repugnan-cia que tiene una cosa para unirse con otra, o dos o más personas entre sí. También se refiere a la imposibilidad legal de simultanear dos o más cargos, funciones o misiones una misma persona. El primer significado alude al orden físico, el segundo toca el aspecto moral y el último afecta el orden legal. En materia deontológica se acepta que uno de los requisitos para el ejercicio de la abogacía es la compatibilidad de la actuación con la situación y circunstan-cias. La premisa es sencilla: quien no sea independiente no está en condiciones de ejercer la profesión. (Énfasis suplido.)

Contrario al conflicto de intereses proscrito por el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, la incompatibilidad de funciones no requiere una relación abogado-cliente dual. Basta con que en el ejercicio de la función de abogado su actuación sea incompatible con la situación y circunstancias del caso para que resulte obvio que la representación legal es impropia, por afectar la independencia profesional del abogado frente a otro interés público o privado.

Así, por ejemplo, en In re Rojas Lugo, supra, establecimos que era incompatible ejercer la profesión de abogado litigante ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial mientras paralelamente dicho abogado ocupaba el cargo de Presidente de la Unión que agrupaba a los empleados del Fondo del Seguro del Estado.

Adviértase que en dicho caso el abogado que litigaba en contra del Fondo del Seguro del Estado y de la Comisión Industrial no tenía una relación abogado-cliente con dichos organismos. De ahí que, técnicamente, no existiera un conflicto de intereses según definido en el citado Canon 21 del Código de Ética Profesional. Sin embargo, bastó la posibilidad de apariencia de influenciar a los unionados en los casos en que el abogado interviniera, para que le requiriéramos que renunciara a uno de los cargos.

La norma de incompatibilidad entre las funciones legislativas o gubernamentales y las de abogado está contenida en el Canon 6 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al disponer, inter alia, que:

Un abogado que ejerza su profesión y que además ocupe un cargo legislativo o gubernamental debe anteponer el interés publico al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renunciar la representación del' cliente. (Énfasis suplido.)

Bajo dicha disposición resolvimos en In re Ríos, supra, pág. 363, que:

. . . existe incompatibilidad ética para un abogado, que es también legislador, al intervenir, defender, actuar y prestar sus servicios como abogado, sean o no remunerados, en los trámites, asuntos y casos en que un funcionario público es objeto de investi-gación —preliminar o final— por la Oficina del Contralor de Puerto Rico.

Allí se trataba de la representación legal que el abogado-senador brindó a un alcalde en unas investigaciones realizadas por la Oficina del Contralor. Por haber culminado dichas investigacio-nes y la participación del querellado, limitamos nuestra sanción a la censura.

La norma de incompatibilidad ética en el ejercicio de diversas funciones realizadas por el abogado encuentra apoyo, además, en el principio esbozado en el Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, de que el abogado debe evitar la apariencia de conducta impropia. Este principio intenta fomentar la confianza del público en la imparcialidad de nuestro sistema judicial al imponerle a uno de sus protagonistas —el abogado— el deber de lucir puro y libre de influencias extrañas a su gestión profesional y de eliminar la apariencia de que puede influenciar indebidamente en tal gestión. Cf. In re Ríos Lugo, 119 D.P.R. 568 (1987); In re Rodríguez Torres, supra, págs. 737-738, opinión disidente del Juez Asociado Señor Martín.

Teniendo como norte estos postulados éticos, concluimos que resulta incompatible la función del licenciado Fuentes Rivera como abogado de los demandantes recurridos en un pleito civil contra el Municipio y su desempeño como Asambleísta Municipal.

Al así concluirlo, no estamos pasando juicio sobre la conducta ética de una persona en su calidad de miembro de una Asamblea Municipal. Cf. In re Rodríguez Torres, supra, pág. 719.

V

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Fuerto Rico (Ley de Ética Gubernamental), Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 (3 L.P.R.A. sec. 1801 et seq.), con el fin de “restaurar la confianza del pueblo en su Gobierno y en sus funcionarios públicos” y “para prevenir y para penalizar el comportamiento, delictivo de aquellos funcionarios que, en el desempeño de sus labores gubernamentales, vulneren los principios básicos de una ética de excelencia”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 12, supra, 1985 Leyes de Fuerto Rico 709.

Las disposiciones de dicha ley aplican a las acciones de los asambleístas municipales de nuestros municipios. 3 L.P.R.A. sec. 1802(e) y (h).

El Art. 3.3(a) de la Ley de Ética Gubernamental, en lo aquí pertinente, dispone que:

Ningún funcionario o empleado aceptará un empleo o relaciones contractuales, de negocio o responsabilidades adicionales a las de su empleo o cargo público, ya sea en el Gobierno o en la esfera privada que, aunque legalmente permitidos, tenga el efecto de menoscabar su independencia de criterio en el desempeño de sus funciones oficiales. (Énfasis suplido.) 3 L.ER.A. sec. 1823(a).

Además, el Art. 3.3(b) de la referida ley dispone:

Ningún funcionario o empleado público aceptará un empleo o relaciones contractuales de negocio con una persona, negocio o entidad que esté reglamentada por o que haga negocios con la agencia gubernamental para la cual él trabaja cuando el funcionario o empleado público participe en las decisiones institucionales de la agencia o tenga facultad para decidir o influenciar las actuaciones oficiales de la agencia que tengan relación con dicha persona, negocio o entidad. (Énfasis suplido.) 3 L.ER.A. sec 1823(b).

De hecho, en el caso de autos, el 3 de septiembre de 1989 el Municipio planteó a la Oficina de Ética Gubernamental si viola las disposiciones de la referida ley un asambleísta municipal que, en el ejercicio de la práctica privada de su profesión de abogado, representa Chentes en casos de demandas contra el Municipio del cual él era Asambleísta Municipal.

A dicha pregunta la Oficina de Ética Gubernamental respon-dió el 25 de octubre de 1989 lo siguiente:

Al aplicar esta disposición legal a los hechos esbozados en su carta, debemos concluir que para que el asambleísta no incurra en una violación a la Ley de [É]tíca Gubernamental, éste se deberá de inhibir de participar en aquellas sesiones que celebre la Asamblea Municipal en las cuales se discutan hechos relacionados con los casos en los cuales el asambleísta represente la parte contraria al municipio o que tengan una relación directa o indirecta con los mismos.
Como vemos, la Ley de [Éjtica Gubernamental no establece una prohibición absoluta que impida al asambleísta dedicarse a la práctica privada de su profesión, pero sí ordena su inhibición cuando su independencia de criterio al ejercer sus funciones oficiales pueda verse afectada. Fetición de certiorari, Apéndice, pág. 13.

Esa es la solución que la Ley de Ética Gubernamental provee para la incompatibilidad de las funciones del Asambleísta Municipal en el caso de autos. Dicha solución fue dada al licenciado Fuentes Rivera en su carácter de Asambleísta Municipal en vista de que la Ley de Etica Gubernamental regula los aspectos éticos en el desempeño de tal cargo.

Dicha oficina, consciente de que sólo estaba ofreciendo una opinión con relación al cargo de Asambleísta Municipal y no de abogado, advirtió lo siguiente:

Por otro lado y debido a su pertinencia e importancia, debemos citarle el C[a]non Número 6 de los Cánones de [É]tica Profesional (4 L.PR.A., Ap. IX), que rigen la conducta de los miembros de la Profesión Legal en Puerto Rico, el cual expresamente reglamenta esta conducta. Específicamente el C[a]non Número 6, [supra], dispone lo siguiente y citamos:
“Al prestar sus servicios profesionales ante organismos legis-lativos o administrativos el abogado debe observar los mismos principios de ética profesional que exige su comportamiento ante los tribunales. Es impropio de un abogado ocultar su gestión profesio-nal ante dichas agencias gubernamentales mediante el empleo de terceros o de medios indirectos para promover determinada acción gubernamental en interés de su cliente. Un abogado que ejerza su profesión y que además ocupe un cargo legislativo o gubernamen-tal debe anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renunciar la representación del cliente. (Enfasis suplido.)”() Petición de certiorari, Apéndice, pág. 14.

Sin embargo, la Oficina de Ética Gubernamental no pasó juicio sobre los aspectos éticos del ejercicio de la profesión de abogado del licenciado Fuentes Rivera, aunque le advirtió sobre ello. Tal función corresponde a este Tribunal.

En innumerables ocasiones hemos señalado que este Foro retiene intacto su poder disciplinario en todo lo que ataña a la conducta profesional de los abogados. Cf. Claudio v. Ortíz, 29 D.P.R. 435 (1921); In re Ríos, supra. Ello incluye al abogadoasambleísta.

Nuestras decisiones claramente ordenan que ante la incompatibilidad de funciones de un abogado éste renuncie a una u otra función. In re Rojas Lugo, supra.

<1 HH

El abogado que demanda al Municipio está demandando, a su vez, a la Asamblea Municipal. Debe recordarse que la Asamblea Municipal ejerce el Poder Legislativo en el Municipio y que dentro de sus funciones está la de aprobar el presupuesto general de ingresos y gastos del mismo. Art. 4.18 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. sec. 3068. Ello incluye la aprobación del pago, por sentencia o transacción, de las reclama-ciones civiles contra el Municipio. Arts. 3.02(2) y 2.04(9) de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. secs. 3002(2) y 2054(9), respectivamente.

En el caso de autos, el cargo de Asambleísta Municipal del licenciado Fuentes Rivera puede dar la apariencia de que está en posición de influenciar a los demás asambleístas en la aproba-ción de las partidas de las reclamaciones civiles de sus clientes privados en contra del Municipio. El hecho de que el licenciado Fuentes Rivera se encuentre entre la minoría() de la Asamblea municipal no disipa, ante el ciudadano común, la apariencia de conducta profesional impropia y la aparente posibilidad de in-fluencia indebida.

Además, la posición de Asambleísta Municipal() pone al licenciado Fuentes Rivera en una posición ventajosa ante el Municipio demandado. Tal posición le brinda la posibilidad de tener conocimiento y/o acceso a información sobre sus reclama-ciones privadas, lo que muchas veces no estaría accesible al litigante común. Todo ello en perjuicio del interés público del Municipio. El Canon 6 del Código de Ética Profesional, supra, le imponía al licenciado Fuentes Rivera la obligación de anteponer el interés público al de sus clientes.

El hecho de que el pleito de autos haya sido instado antes de que el licenciado Fuentes Rivera fuera elegido a la Asamblea Municipal en nada varía nuestra conclusión. Precisamente, en el momento que fue elegido surgió la incompatibilidad ética del licenciado Fuentes Rivera para el ejercicio de ambas funciones.

En mérito de lo antes expuesto, se dictará sentencia en la que se le ordene al licenciado Fuentes Rivera que, mientras ocupe el cargo de Asambleísta Municipal, se abstenga en su práctica privada de representar a clientes en pleitos en los cuales el Municipio de Guaynabo sea parte. Deberá, además, renunciar a la representación legal de los clientes en este caso y en los que en la actualidad tiene ante el foro de instancia, en los cuales el Municipio de Guaynabo sea parte. Siendo éste un caso novel, nuestro dictamen se limita a ordenar lo anterior sin otro pronunciamiento que el de apercibir al Ledo. Rafael Fuentes Rivera que en el futuro dé cabal cumplimiento a los cánones del Código de Etica Profesional.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre sin opinión escrita.

-0-

Opinión concurrente y de conformidad del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I.

El génesis de la presente controversia deontológica es la demanda presentada por unos ciudadanos contra el Municipio de Guaynabo (el Municipio) por conducto del Ledo. Rafael Fuentes Rivera, quien también es Asambleísta Municipal. La premisa inmersa decisoria se nutre de una innegable realidad: el gobierno municipal es una sola entidad política compuesta de “la rama legislativa y la rama ejecutiva”. 21 L.P.R.A. sec. 2053(a). Según resolvimos en In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 240 (1982), bajo el diseño estatutario prevaleciente existe una conexión racional de carácter institucional unitario entre ambos cargos. De un lado, el Alcalde, como ejecutivo, representa al Municipio en todas las acciones judiciales (21 L.P.R.A. sec. 3002(2)), y del otro, la Asamblea Municipal, obligada a autorizar en el presupuesto, entre otras partidas, “el pago de sentencias de los tribunales de justicia” impuestas al Municipio (21 L.P.R.A. sec. 3068(7)).

II.

La simultaneidad de funciones emergente del binomio aboga-do-asambleísta aflora una vez más dentro del abanico de posibili-dades que genera “el vasto campo de la ética profesional ‘[cjuando se habla de incompatibilidades, lo primero que debe suponerse es la existencia de alguna norma legal que establezca la prohibición del ejercicio de la abogacía y, a la vez, otra actividad, función o cargo. Esas son, como se comprende, las incompatibilidades legales. Sin duda, hay incompatibilidades de otro orden, por ejemplo, moral o material. Si la incompatibilidad es de orden puramente moral la sanción es también moral; si es material, en rigor debe hablarse de imposibilidad de hecho[’.] Bielsa, La Abogacía, 181 Tercera Ed.”. (Énfasis en el original.) In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 769-770 (1978), opinión disi-dente del Juez Asociado Señor Negrón García. Y en In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778, 788 (1984), definimos incompatibilidad como “la imposibilidad legal de [man-tener] dos o más cargos, funciones o misiones una misma persona”. Véanse, además: In re Ríos, 112 D.P.R. 353 (1982); In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983).

Ciertamente un asambleísta municipal, al igual que un legis-lador, está investido y ostenta una capacidad representativa política nacida de unos comicios electorales. For los poderes y prerrogativas que acompaña ese tipo de cargo, el ‘“abogado legislador o político, deberá señalarse por una cautela muy especial, preocupándose en todo momento de evitar que cualquier actitud o expresión suya, pueda ser interpretada como tendiente a aprovechar su influencia política o su situación excepcional como mandatario popular.’ Farry, op. cit, 117”. (Énfasis suplido.) In re Rodríguez Torres, supra, págs. 779-780.

En este sentido, la situación de autos está regulada, sin ambigüedades, por el mandato deontológieo del Canon 6 del Código de Ética Frofesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que, en lo pertinente, obliga al abogado que ocupa un cargo gubernamental a “anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renunciar la representa-ción del cliente”. (Énfasis suplido.)

Nótese que la razón de este postulado surge precisamente cuando el legislador o funcionario se desempeña coetáneamente como abogado. En virtud de esta última condición es que se proyecta sobre el abogado-asambleísta el canon y se funda el ejercicio de nuestra jurisdicción ético-disciplinaria. “Cuando se decide servir dos o más vocaciones simultáneamente, el principio de igualdad —nervio de nuestras instituciones democráticas— no admite que el servicio de una autorice la inmolación de las otras.” In re Rodríguez Torres, supra, pág. 772.

h-i hM I — i

Dos (2) aclaraciones finales.

Primero, la norma de incompatibilidad existente en el Canon 6 del Código de Ética Profesional antes transcrito “no está dirigida a evitar una posible indebida influencia real o imaginaria, sobre jueces y fiscales, sino a reducir y eliminar la noción pública equivocada de ventaja indebida. Compartimos el criterio de Parry, quien en su extenso análisis del problema sobre incompatibilidad rechaza el argumento de menoscabo a la integridad de los jueces expresando ‘[e]s verdad que los estudios de los dirigentes políticos allegados a las esferas del gobierno son los más concurridos y tienen mejores asuntos; ello es debido más que a la influencia que puedan ejercer sobre los jueces, a la creencia popular de la existencia de tal influencia. ’ 2 Etica de la Abogacía, 117 (1940)”. (Énfasis en el original y escolio omitido.) In re Rodrígez Torres, supra, pág. 775.

Segundo, distinto a situaciones del típico “conflicto de intere-ses encontrados” —enmarcado en el Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX— ante el cual el abogado “debe renunciar la representación de ambos tan pronto surja una situación o conflicto”, en el caso de incompatibilidades dimanantes del ejercicio de cargos públicos, la renuncia será, conforme el aludido Canon 6 del Código de Ética Profesional, del cliente privado. Véase In re Guzmán Géigel, 113 D.P.R. 122 (1982). Sin juzgar estados íntimos de conciencia, reconocemos que el abo-gado, al confrontar una situación de incompatibilidad, tiene la libertad de relegar el interés público y renunciar al cargo. Sin embargo, ello no le autorizaría a continuar la representación legal del cliente privado. En esas circunstancias, el interdicto deontológico subsistiría en virtud del exordio preambular del Código de Etica Profesional que, in fine, proclama el principio de que al abogado no le es lícito hacer indirectamente lo que de modo directo le está vedado.

      (1) Según el licenciado Fuentes Rivera, la Asamblea Municipal de Guaynabo está compuesta por dieciséis (16) miembros, de los cuales trece (13) pertenecen al Partido Nuevo Progresista, dos (2), incluso él, pertenecen al Partido Popular Democrático y uno (1) al Partido Independentista.

      (2) Un señalamiento similar fue hecho por la Administración de Servicios Munici-pales en su cai’ta de 7 de noviembre de 1989, mediante la cual contestó la consulta que le hizo el Municipio de Guaynabo, en la que expresó lo siguiente:
      “Es decir, si el licenciado al que hace referencia en su comunicación, de alguna forma, ha aprovechado su posición como Asambleísta para obtener contratos como abogado en demandas contra el municipio, ese método pudiera resultar contrario a las buenas costumbres y hasta al orden público establecido. Esto es así aunque la Ley Municipal no prohíbe expresamente dicha práctica.
      “De otra parte, el Canon 6 del Código de [É]tica [Profesional, 4 L.ER.A. Ap. IX,] que rige la conducta de los miembros de la profesión legal de Puerto Rico, establece que:
      “‘(. . .) Un abogado que ejerza su profesión y que además ocupe un cargo legislativo o gubernamental debe anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renunciar la representación del cliente’.” (Escolio omitido.) Petición de certiorari, Apéndice, págs. 16-17.
      En dicha comunicación expresó, además, la Administración de Servicios Municipales lo siguiente:
      “Consideramos que el licenciado debe abstenerse de representar a clientes deman-dantes del Municipio de Guaynabo ya que, siendo asambleísta, pudiera tener conocimiento y/o acceso a información que le resultara útil para adelantar fines privados en contraven-ción de los públicos.
      “Esta situación de inminente conflicto es la que pretende evitar el precitado canon al preferir el interés público sobre el privado. No cabe duda que su función pública como Asambleísta se ve atentada al fungir como abogado en el sector privado y viceversa. Siendo ello así, deberá tomar las medidas pertinentes para que los casos pendientes ante su consideración sean tramitados por otro colega de Servicios Legales del Municipio de Guaynabo.” Petición de certiorari, Apéndice, pág. 17.

      (3) La posibilidad de influenciar indebidamente a los miembros de la Asamblea Municipal no se mide a base de proporciones matemáticas. Tal premisa pierde de vista los acuerdos interpartidistas en la dinámica política de los cuerpos legislativos.

      (4) No estamos ante la situación en que el abogado-asambleísta es parte en una acción contra el Municipio o representa al cuerpo al cual pertenece en dicha acción para vindicar el interés público.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Certificación de los Resultados de las Reválidas General y Notarial de Marzo de 1990.

      Número: EJ-90-1

      Resuelto: 22 de junio de 1990
   RESOLUCIÓN

El 20 de junio de 1990 la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía aprobó la resolución siguiente:

Con motivo de información suministrada mediante declaración jurada suscrita por un aspirante, el Tribunal Supremo de Puerto Rico encomendó a la Oficina de Administración de los Tribunales realizar una investigación en torno a una alegada irregularidad relacionada con la parte general del examen de reválida para los aspirantes al ejercicio de la abogacía administrado durante el pasado mes de marzo de 1990. El Tribunal Supremo también ordenó un estudio independiente a un perito de reconocida autoridad en Estados Unidos en el área de estadística[s] y medición de[l] examen de reválida.
La investigación realizada por unos investigadores especiales designados por la Oficina de Administración de los Tribunales incluyó la toma de declaraciones juradas de un número de aspiran-tes y de otras personas que participaron en la administración del examen. Tanto la investigación de la Oficina de Administración de los Tribunales como el estudio del perito estadístico se llevaron a cabo separada e independientemente del proceso de corrección de la reválida, el cual continuó realizando el Comité de Correctores de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía conforme el itinerario de trabajo establecido originalmente. Dicho proceso de corrección no sufrió interrupción ni se afectó o alteró por la investigación practicada.
La investigación realizada por la Oficina de Administración de los Tribunales no reveló evidencia de que la totalidad del examen o cualquiera de sus partes fuera vendida, facilitada o circulada entre los aspirantes con anterioridad al proceso de reválida. De la investigación surge que ningún aspirante declaró que tuvo acceso o escuchó comentarios sobre las situaciones de hechos expuestas en las preguntas de selección múltiple o de discusión. Tampoco se encontró evidencia de que la clave de las preguntas de selección múltiple ni los criterios de evaluación o las guías de calificación de la parte de discusión del examen fueron divulgadas entre los aspiran-tes antes o durante el examen.
La investigación de la Oficina de Administración de los Tribunales reveló que poco antes del inicio de algunas de las sesiones de la parte de discusión circularon rumores sobre temas generales que serían incluidos entre aquellos comprendidos en las preguntas de discusión. De la información suministrada por los aspirantes se desprende que algunos de los comentarios sobre los posibles temas de las preguntas se originaron sugerencias legítimas de los profe-sores de los cursos de repaso de reválida y otras fueron el producto del estudio de las figuras jurídicas y conceptos incluidos en reválidas anteriores. En otras, la fuente u origen de los comentarios no pudo ser determinada.
Aunque en la mayor parte de los casos la información circulada resultó ser incorrecta, en casos aislados la información coincidió con algunos de los temas y conceptos que en efecto fueron incluidos en ciertas preguntas de discusión.- Sin embargo, no se encontró evi-dencia de que esto fuera producto de una violación a las normas de seguridad establecidas por la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía.
El análisis del consultor independiente estableció que de haber ocurrido algún acceso no autorizado a cualquier tema de las preguntas de discusión, el mismo no afectó la validez del examen ni los resultados obtenidos por los aspirantes que tomaron la reválida. Igual criterio comparte la Oficina de Administración de los Tribu-nales. Por otro lado, al comparar los resultados de esta reválida con la reválida de marzo de 1989, también se encontró que hubo una reducción de un siete po[r cjiento (7%) en el número de aspirantes que aprobaron el examen.
A base de la investigación practicada por la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales y el estudio del perito independiente, la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía concluye que no existe fundamento para anular la reválida e invalidar los resultados del examen. De conformidad con esta determinación, la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía recomienda al Honorable Tribunal Supremo que autorice las certificación de los resultados de los exámenes de reválida general y notarial administrados durante el pasado mes de marzo.
La Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía reitera que es su interés el procurar y garantizar la pureza de los procedimientos de preparación, administración y correción de los exámenes de reválida. Con esa meta como norte y fin primordial, en caso de surgir información adicional en el futuro que establezca la existencia de cualquier tipo de irregularidad en la administración de la reválida, se tomarán todas las medidas correctivas y cautelares que sean necesarias y oportunamente se le informará al Tribunal Supremo para la acción que estime procedente.
Así lo acordó por unanimidad la Junta Examinadora de Aspiran-tes al Ejercicio de la Abogacía y certifica la Directora Ejecutiva Interina.
Ivette M. Rosselló González
Directora Ejecutiva Interina

Examinada la misma y los informes de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales y del perito en estadísticas y medición, se autoriza a la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía a certificar los resultados de la reválida ofrecida en marzo de 1990.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino


author: per curiam:

text:
      In re Heriberto Torres Villanueva.

      Número: MC-90-24

      Resuelto: 22 de junio de 1990

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Iván F. Fuster, Procu-rador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Heriberto Torres Villanueva, pro se.

   per curiam:

La Sra. Pura Dávila Torres presentó una queja contra el abogado Heriberto Torres Villanueva ante la Oficina del Procurador General de Puerto Rico. En la misma, en síntesis y en lo pertinente, la señora Dávila Torres alegó que el referido abogado no le había dado la atención debida y requerida a dos asuntos que ella le había encomendado, a saber: un caso de daños y perjuicios y una petición sobre declaratoria de herederos.

En cumplimiento de su labor investigativa, la referida oficina le envió una comunicación con fecha de 19 de abril de 1989 al abogado Torres Villanueva en la cual requería sus comentarios respecto a la queja antes mencionada. Dicho abogado, a pesar de recibir dicha comunicación, no se dignó contestar la misma. Mediante comunicación de fecha 18 de diciembre de 1989, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico nuevamente requirió del abogado Torres Villanueva sus comentarios respecto a la queja presentada. En dicha comunicación el Procurador General le apercibió del deber que tenía de contestar sus comu-nicaciones y de las consecuencias que su omisión podría tener conforme lo resuelto por este Tribunal en el caso In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984). Esta carta le fue entregada y notificada por mensajero al licenciado Torres Villanueva; aun así, y a pesar del tiempo transcurrido, dicho abogado no ha compare-cido ante la Oficina del Procurador General de Puerto Rico.

Lo anteriormente expuesto surge de un informe de fecha 25 de mayo de 1990 que nos sometiera la Oficina del Procurador General de Puerto Rico.

1 — 1

En In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984), expresamos que, independientemente de los méritos que puedan tener las quejas que presenten los ciudadanos contra los abogados, éstos tienen el deber de responder prontamente a los requerimientos de este Tribunal respecto a las mismas y que su falta de atención a estos requerimientos puede tener la consecuencia de una suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la profesión de abogado.

En In re Pagan Ayala, ante, resolvimos que todo abogado tiene el deber de contestar, pronta y responsablemente, las comunicaciones recibidas de la Oficina del Procurador General con relación al trámite de quejas por conducta profesional, so pena de que se tomen medidas disciplinarias en su contra. Expresamos, en adición, en el citado caso In re Pagán Ayala, ante, que la voluntaria y temeraria desatención del abogado a los requerimientos de la Oficina del Procurador General tiene el mismo efecto disruptivo y perjudicial a la buena imagen de la profesión que cuando se desatiende una orden directa de este Tribunal.

En atención a los hechos anteriormente señalados y a la jurisprudencia antes citada, se decreta la separación temporal del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico del abogado Heriberto Torres Villanueva. La Oficina del Alguacil General de este Tribunal deberá proceder de inmediato a incautarse de la obra notarial del referido abogado y entregarla, para su correspondiente examen e informe a este Tribunal, a la Oficina del Director de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

text:
    Carmen M. Franceschini y Evelyn U. Franceschini, demandantes y recurridas, v. Dagoberto Ujaque Ortiz, Sigfredo Ujaque Ortiz et al., demandados y peticionarios.

      Número: CE-87-287

      Resuelto: 27 de junio de 1990

      Frank M. Ramírez Ramírez, abogado de los peticionarios; Rafael Vázquez Báez, abogado de las recurridas.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos toca resolver si la ley aplicable para determinar el status de cónyuge inocente o culpable para propósitos del derecho al usufructo viudal, Art. 761 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2411, es aquella vigente al momento de decretarse el divorcio o aquella vigente al fallecer el ex cónyuge y materializarse el derecho a la cuota usufructuaria viudal.

H-I

El 15 de noviembre de 1985 Carmen M. Franeeschini y Evelyn Ujaque Franeeschini presentaron demanda contra Maritza Ujaque Pesante y Dagoberto, Sigfredo y María Luisa, todos de apellido Ujaque Ortiz, mediante la cual solicitaban la división de la herencia de su causante, Don Dagoberto Ujaque Pérez, quien falleció el 29 de julio de 1984. Alegaron, en síntesis, que al momento de su muerte éste dejó bienes sitos en Mayagüez, los cuales enumeraron; que estos bienes están en poder de los demandados; que la codemandante Doña Carmen Mercedes Franeeschini mantuvo un matrimonio consensual con el causante por más de veinte (20) años, y que el señor Ujaque Pérez otorgó testamento.

El 17 de marzo de 1986 los demandados contestaron y reconvinieron. Alegaron, entre otras cosas, que el causante Don Dagoberto estuvo casado en únicas nupcias con Doña Luz María Ortiz, de la cual se divorció el 18 de marzo de 1966, y que ésta tenía derecho a recibir la cuota viudal usufructuaria. Solicitaron se incluyese a Doña Luz María como heredera en la cuota viudal usufructuaria. Las demandantes se opusieron.

Luego de una serie de trámites procesales, el 13 de marzo de 1987 el tribunal emitió resolución en la cual dictaminó que Doña Luz María no tenía derecho a la cuota viudal usufructuaria que reclamaba. Razonó que mediante las Leyes Núm. 101 de 2 de junio de 1976 y Núm. 183 de 26 de julio de 1979 (31 L.P.R.A. sec. 321) se eliminó el aspecto de culpa en la causal de divorcio por separación y que siendo ésta la legislación vigente al momento del fallecimiento de Don Dagoberto, al no tener Doña Luz María el status de cónyuge inocente, no tenía derecho a la cuota viudal usufructuaria.

No conformes los demandados, alegaron mediante recurso de certiorari la comisión del error siguiente:

Habiéndose disuelto un matrimonio mediante sentencia de divor-cio por la causal de Separación emitida en el año 1966 por una Sala de Instancia, considerado el hecho de que con posterioridad al divorcio ninguno de los ex-cónyuges contrajo nuevas nupcias y fallecido en el año 1984 el ex-cónyuge varón; si a la mujer divorciada debe considerársele cónyuge viuda y con derecho a la cuota usufructuaria en la herencia del causante, bajo la legislación que le conceptuaba cónyuge inocente. Petición de certiorari, pág. 3.

Decidimos revisar y expedimos el auto.

hH I — i

Los peticionarios arguyen que en vista de que al momento del divorcio de Doña Luz María y Don Dagoberto el Art. 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 321, disponía que al dictarse la sentencia de divorcio por separación siempre se consideraría como cónyuge inocente a la mujer con todos los derechos inhe-rentes a tal condición, era incuestionable su derecho a participar en la herencia de su ex cónyuge en su condición de usufructuaria viudal.

Por su parte, los recurridos sostienen que la ley vigente al momento de ocurrir la muerte del causante es la ley que aplica a la transmisión de derechos y obligaciones hereditarias y, por consiguiente, que la peticionaria Doña Luz María Ortiz no tenía derecho a la cuota usufructuaria, pues en ese momento la legislación consideraba tanto al causante como a su ex esposa como cónyuges inocentes.

No cabe duda que la disposición legal aplicable para determinar el derecho al usufructo viudal es el Art. 761 del Código Civil, supra. Para tener derecho al usufructo viudal se requiere: (1) que al morir el ex cónyuge, el sobreviviente esté divorciado por culpa del difunto; (2) que el divorciado inocente no se haya casado de nuevo (Marxuach v. Registrador, 57 D.P.R. 134 (1940)), y (3) que el difunto no haya contraído nuevas nupcias (Pirela v. Registrador, 65 D.P.R. 955 (1946); Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622 (1946)).

En el caso de autos, el 29 de julio de 1984, al morir Don Dagoberto, éste se encontraba divorciado de Doña Luz María. Se habían divorciado el 8 de marzo de 1966 por la causal de separación. La ley vigente en ese momento le confirió status de cónyuge inocente a Doña Luz María y de culpable al difunto Don Dagoberto. Ninguno de los dos (2) se volvió a casar.

El tribunal de instancia y los recurridos opinan que la Ley Núm. 101, supra, tuvo el efecto de cambiar el status de cónyuge culpable del causante, Don Dagoberto, a cónyuge inocente. Esti-man, por lo tanto, que fue la intención legislativa al aprobar la Ley Núm. 101, supra, aplicar dicha enmienda no sólo a las personas que se divorciaran bajo dicha causal con posterioridad a su aprobación,' sino también a todas aquellas que ya estaban divor-ciadas al amparo de dicha causal al momento en que ésta fue aprobada. Esta interpretación es incorrecta. Veamos.

III

Comenzaremos analizando el Art. 761 del Código Civil, supra.( ) El propósito de este artículo es garantizarle al cónyuge supérstite el derecho a la cuota viudal cuando al momento de la muerte del otro cónyuge el matrimonio aun subsistiese. A tenor con lo allí dispuesto, aun cuando haya mediado divorcio, debe entenderse que el matrimonio subsiste cuando el cónyuge supérs-tite se halla divorciado por culpa del causante y ambos permane-cen sin haber contraído nuevas nupcias. E Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Scrs. de Rivandeneyra, 1910, T. VI, Vol. 2, págs. 822-823; Marxuach v. Registrador, supra; Pirela v. Registrador, supra. En la consecu-ción de este propósito, el Art. 761, supra, además de disponer que para tener derecho a la cuota viudal usufructuaria es necesario que el ex cónyuge fallecido haya sido declarado cónyuge culpable en el divorcio, contiene una disposición que provee que “[s]i estuvieren los cónyuges separados por demanda de divorcio, se esperará el resultado del pleito”. En otras palabras, el propio Art. 761, swpm, dispone la determinación del status de cónyuge culpable a partir de la fecha en que se decreta el divorcio. Una vez determinado este status, entonces procede resolver si se tiene o no derecho a la cuota viudal usufructuaria. Tanto es así, que el Art. 834 del Código Civil Español de 1889, de donde proviene el actual Art. 761 nuestro, específicamente disponía que “[s]i entre los cónyuges divorciados hubiere mediado perdón [o] reconcilia-ción, el sobreviviente conservará sus derechos”. E. Díaz Guijarro y A. Martínez Ruiz, El Código Civil español interpretado por el Tribunal Supremo, Sevilla, Tipografía de la Rev. de Tribunales, 1903, pág. 444.

Comentando el Art. 834 español, Díaz Guijarro y Martínez Ruiz, op. cit., pág. 460, expresan lo siguiente:

Determina el Código que el cónyuge viudo tendrá derecho [a] la cuota vidual si al morir su consorte no se hallare divorciado [o] lo estuviese por culpa del cónyuge difunto; y más adelante agrega que, si estuvieren separados por demanda de divorcio, se esperará el resultado del pleito. Sencillo y natural es el precepto: la cuota vidual se dá por razón y en consideración al matrimonio, si esta unión no existe el derecho [a] la misma no puede nacer, [a] menos que se pruebe por la sentencia de divorcio, que el culpable [fue] el cónyuge difunto. (Énfasis suplido.)

El tratadista Sánchez Román, por su parte, nos señala que “[e]s preciso para la existencia de la cuota viudal, bajo este respecto, en la doctrina y en la ley, que al tiempo en que la sucesión deba causarse, por la muerte de uno de los cónyuges, subsistiera el matrimonio, entendiéndose que subsiste . . . ; (d) Cuando el viudo o viuda, al morir su consorte, no se halle divorciado o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, si antes de disolverse el matrimonio por la muerte de uno de ellos no hubiere sobrevenido reconciliación; debiendo esperarse al resul-tado del pleito si en dicho tiempo hubiere pendiente demanda de divorcio”. (Énfasis suplido.) Sánchez Román, op. cit., págs. 822-823.

No cabe duda que si bien es cierto que aunque la determinación sobre si el ex cónyuge supérstite tiene o no derecho a una cuota viudal usufructuaria se rige por el Art. 761 del Código Civil, supra, según éste lea al momento de la muerte del otro cónyuge, no es menos cierto que para determinar el status de inocente o culpable de los ex cónyuges hay que retrotraerse al momento en que se dictó la sentencia que decretó el divorcio.

A la fecha de la muerte del causante, la peticionaria, Doña Luz María, reunía todos los requisitos establecidos por el Art. 761 del Código Civil, supra, para ser acreedora al usufructo viudal. Resulta, pues, inevitable concluir que estamos efectivamente ante la aplicación retroactiva de una ley.

Estamos de acuerdo con que el derecho a la cuota viudal usufructuaria surge únicamente al momento de la muerte del causante; que la sentencia de divorcio de 1966 no le adjudicó a Doña Luz María un derecho a dicha cuota, y que si el legislador hubiese dispuesto que a partir del 2 de junio de 1976 todas las personas ya divorciadas bajo la causal de separación y aún vivas advendrían a ser ambos cónyuges inocentes sin derecho al usufructo viudal provisto por el Art. 761 del Código Civil, supra, ésto no hubiera violado derechos adquiridos. Lo dicho no significa, sin embargo, que al aprobar la Ley Núm. 101, supra, el legislador intentase cambiar el ordenamiento sucesorio. Todo lo que hizo fue disponer que desde el momento de la aprobación de la Ley Núm. 101, supra, a toda persona divorciada al amparo de la causal de separación se le consideraría cónyuge inocente. Esto, claro está, necesariamente conllevó que al aplicar el citado Art. 761 a todos los divorciados por la causal de separación con posterioridad a la aprobación de la enmienda, éstos no tendrían derecho a la cuota viudal usufructuaria.

Hemos examinado detenidamente el historial legislativo de la Ley Núm. 101, supra, y de la Ley Núm. 183, supra, y no hemos-encontrado indicio de que la intención del legislador fue la de alterar el mandato del Art. 761 del Código Civil, supra, de que el status de cónyuge inocente o culpable se determinara al momento en que se decretó el divorcio.

Al aprobarse las Leyes Núm. 101 y Núm. 183, supra, no se discutió la aplicación de estas medidas a las personas ya divorciadas bajo la causal de separación ni el efecto que dicha enmienda tendría sobre éstas. Es principio de hermenéutica legal reconocido que las leyes tienen efecto prospectivo, salvo que por vía de excepción el legislador quiera darles efecto retroactivo. Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3; Catholic Univ. of P.R. v. Srio. Hacienda, 93 D.P.R. 522, 533-534 (1966); R. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Fubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 63, pág. 391. Véase, también, Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 754, 782 (1963), opinión disidente y concurrente del Juez Asociado Señor Férez Fimentel.

Respecto al principio de irretroactividad de una ley, en Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 831 (1983), expresamos que “la intención de la Asamblea Legislativa al darle efecto retroactivo a una ley —por ser la excepción— debe aparecer expresamente o surgir claramente del estatuto”. En la letra de la ley o en el historial legislativo debe constar la intención de darle efecto retroactivo. Bernier y Cuevas Segarra, op. cit.; Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865, 872-873 (1983); Ocasio v. Díaz, supra. Ni de la letra ni del historial legislativo de las Leyes Núm. 101 y Núm. 183, supra, surge que la intención fuese que éstas se aplicaran retroactivamente a personas . ya divorciadas por la causal de separación.

En el caso de autos, por lo tanto, el orden sucesorio se rige por el Art. 761 del Código Civil, supra, según éste disponía al momento de la muerte del causante, mientras que la determina-ción del status de culpable o inocente de los ex cónyuges (Don Dagoberto y Doña Luz María) se rige por la ley vigente al momento en que se decretó la sentencia de divorcio.()

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que revoque la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, el 13 de marzo de 1987 y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concu-rrente y de conformidad. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

—O—

Opinión concurrente y de conformidad del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

Nos unimos a la opinión del Tribunal por entender que distingue y cualifica —con absoluta nitidez— la norma adoptada en Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 D.P.R. 1 (1988), de la situación planteada en el caso de autos.

Si bien es cierto que el derecho a la cuota viudal usufructuaria surge únicamente al momento de la muerte del causante, el “status” de cónyuge inocente o culpable sólo se adquiere al decretarse el rompimiento del vínculo matrimonial. Obviamente esta última incidencia depende de la causal del divorcio alegada, probada y refrendada judicialmente. Es por esta razón que estas dos (2) instancias temporales no deben entremezclarse ni confun-dirse. Como eventos separados y de naturaleza diferenciable, tienen efectos y consecuencias jurídicas disímiles.

hH

Aquí Luz María Ortiz, ex cónyuge del causante, fue declarada cónyuge inocente en la sentencia de divorcio por la causal de separación emitida el 19 de marzo de 1966. Ese status quedó inalterado a pesar de que la legislación posterior eliminó el elemento de culpa en dicha causal. Es claro que de ninguna manera el legislador proyectó darle efectos retroactivos a la nueva legislación, pues no hizo constar de manera expresa esa intención. Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3; Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 825-831 (1983); Báiz v. Comisión Hípica, 63 D.P.R. 483, 486-487 (1944).

La esencia decisoria de Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra, es que así como la muerte no pudo convertir en culpable a un cónyuge inocente, tampoco una actuación legislativa con alcance prospectivo puede devolverle la inocencia a un cónyuge culpable.

Es necesario aclarar que no pasamos juicio sobre la sabiduría, virtudes o impopularidad de la legislación examinada. Art. 21 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 21; Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 122 D.P.R. 703 (1988), opinión concurrente; McCormick v. Marrero, Juez, 64 D.P.R. 260, 267 (1944); M. Taboada & Co. v. Rivera Martínez, Comisionado, 51 D.P.R. 253, 258-273 (1937). Ausente un planteamiento constitucional válido al efecto, cual-quier iniciativa judicial dirigida a limitar o eliminar la institución del usufructo viudal corresponde a la Legislatura. Los tribunales debemos abstenernos de traspasar esos lindes.

-0-

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Alonso Alonso,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Disiento de la opinión mayoritaria del Tribunal por los funda-mentos siguientes: (a) la opinión va en contra de la norma que recientemente establecimos en Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 D.P.R. 1 (1988); (b) la misma tiene el efecto de mantener una distinción por razón de sexo que nuestra Constitución, leyes y jurisprudencia han erradicado, y (c) confiere al dictamen de cónyuge inocente de una sentencia de divorcio efectos sucesorios que no están acordes con nuestro ordenamiento sucesorio.

I.

En Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra, sostuvimos que un ex cónyuge que se ha divorciado por la causal de separación no tiene derecho a la cuota usufructuaria viudal a que hace referencia el Art. 761 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 2411. Allí expresamos que dicho artículo sólo confiere ese derecho cuando el ex cónyuge fallecido ha sido declarado cónyuge culpable en el divorcio requiriéndose, por lo tanto, que exista un cónyuge con culpa para que el inocente pueda ser acreedor al derecho de la cuota usufructuaria viudal.

La interpretación de la norma de Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra, cobró efectividad precisamente a partir de la adopción de la Ley Núm. 101 de 2 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. sec. 321). A esos efectos citamos del texto de la opinión:

La interpretación del foro de instancia que aquí refrendamos &emdash;efectiva a partir de la Ley Núm. 101, supra- es razonable. . . . (Énfasis suplido.) Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra, pág. 21.

La norma que hoy enuncia este Tribunal contraviene este precedente.

Al ocurrir la disolución del matrimonio establecido entre el señor Ujaque Pérez y la Sra. Luz María Ortiz mediante sentencia de divorcio por separación, la legislación vigente consideraba a la mujer como cónyuge inocente con todos los derechos inherentes a tal condición. Al hombre, por el contrario, se le designaba automáticamente como cónyuge culpable. Art. 96 del Código Civil de 1930 (31 L.P.R.A. sec. 321).

Cuando la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 101, supra, para enmendar el Art. 96 del Código Civil, supra, a los efectos de disponer que en los casos de divorcio por separación ninguno de los cónyuges fuera considerado como culpable o inocente, lo hizo partiendo de un esquema conceptual encami-nado a la eliminación del discrimen por sexo. Entendió el legislador “que, en justicia, no se p[odía] argumentar que se equipar[aba]n los derechos de la mujer a los del hombre y ala vez propulsar que se mant[uvier]an situaciones de privilegio para ésta frente a aquél”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 101, supra, Leyes de Puerto Rico 317.

Al disponerse en el nuevo texto que en el divorcio por separación ninguno de los ex cónyuges se considerará culpable, el legislador era consciente de las consecuencias que ello conllevaba sobre el derecho a la cuota viudal usufructuaria. Así se desprende claramente de la propia Exposición de Motivos de la Ley Núm. 101 antes citada.

En 1979 la Asamblea Legislativa aprobó, con propósitos de disipar dudas, la Ley Núm. 183 de 26 de julio de 1979. Esta medida dispuso que para fines del Art. 761 del Código Civil, supra, se considerarían ambos cónyuges como inocentes, reafir-mando con ello la intención manifestada en 1976.

Por lo tanto, no podemos sostener, como lo hace la norma enunciada por este Tribunal, que al aprobarse la Ley Núm. 101, supra, el efecto sucesorio sobre status creado por la sentencia de divorcio se mantuvo intacto hasta el momento de la muerte del señor Ujaque Pérez.

r — H 1 — I

Lo resuelto hoy tiene el efecto de mantener el discrimen por razón de sexo en casos análogos al de autos que tanto nuestra Constitución, aprobada el 25 de julio de 1952, como el legislador —al aprobar la Ley Núm. 101, supra— erradicaron. La clasifica-ción que hoy se mantiene discrimina tanto contra el hombre como contra la mujer. Discrimina contra el hombre, pues en los casos de sentencias de divorcio por separación dictadas antes de aprobarse la Ley Núm. 101, supra, y en los que el hombre sobrevive a su ex cónyuge, por virtud de lo dispuesto en el Art. 96, supra, vigente en dicho momento, éste nunca tendrá derecho a la cuota usufructua-ria de su ex esposa, pues dicho artículo automáticamente lo convierte en cónyuge culpable. Discrimina, además, contra la mujer en la medida en que “contribuye a perpetuar la imagen de la mujer como [un] ser inferior y necesariamente dependiente del hombre” después de la muerte de éste. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 101, supra.

El resultado es que al hombre se le priva del referido usufructo como penalidad y a la mujer se le concede el mismo por ser considerada inferior y dependiente, todo ello fundado en un concepto de culpa erradicado de nuestro ordenamiento legal. Cf. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

La clasificación creada vía fiat judicial es insostenible en nuestro ordenamiento constitucional.

i — 1 i — i HH

Además, lo aquí resuelto contraviene principios fundamenta-les de nuestro ordenamiento sucesorio. Veamos.

La muerte de una persona conlleva determinar las relaciones jurídicas de que ésta era titular en vida y la posibilidad de que las que fueran de carácter patrimonial se transmitan a otra persona. De ahí que el derecho de sucesiones se defina como aquella parte del derecho civil que regula el destino del patrimonio de una persona luego de su muerte. Este derecho trata de llenar el vacío que con su fallecimiento deja el causante. J.L. Lacruz Berdejo, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Labor, 1953, Vol. I, pág. 11; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español Común y Foral, Madrid, Ed. Reus, 1978, T. VI, Vol.I, pág. 35.

Se ha dicho que el derecho de sucesiones —o también por antonomasia derecho hereditario— comprende el conjunto de normas que disciplinan la sucesión mortis causa. Castán Tobeñas, op. cit. En ese sentido el derecho hereditario cobra vida cuando muere el causante y es desde entonces que el llamado a la herencia adquiere el derecho a aceptarla o a repudiarla. M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. V, pág. 15.

Una vez que muere el causante o éste es declarado muerto por determinación judicial, se produce la apertura de su sucesión originándose para los herederos y legatarios el derecho a adquirir la propiedad y la posesión de los bienes y obligaciones integrantes de la masa hereditaria. Es únicamente a partir de esa fecha y no antes que las normas de la ley o las disposiciones del testamento cobran vigencia al alterar el destino jurídico de los distintos elementos del activo y pasivo que integran el caudal del difunto. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, pág. 33.

Conforme a nuestro ordenamiento, para que pueda producirse la relación jurídica sucesoria se hace necesario el cumplimiento de ciertos requisitos, tales como: que tenga lugar el fallecimiento del causante; que a la muerte de la persona cobre vigencia un título sucesorio que presida el ordenamiento de la sucesión (testamento o ley); que del título sucesorio resulte heredera o legataria una persona que viva a la muerte del causante, y que dicha persona, en ese momento, no sea incapaz de heredar. J.R. Vélez Torres, Derecho de Sucesiones, Madrid, Ed. Sáez, 1974, pág. 14. En conformidad con ello, el Art. 603 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2085, dispone que los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte, y es en ese instante, por ende, que se transmiten sus derechos y obligaciones. G. Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Hato Rey, Ed. Equity, 1968, pág. 9. De ahí que suelan decir los distintos tratadistas que “el muerto inviste al vivo”.

Conforme con el Art. 603, supra, siempre habrá que referirse al momento de la muerte a fin de determinar no sólo el instante exacto de la apertura de la sucesión, sino también para determi-nar la capacidad del heredero o legatario para concretar los efectos de la aceptación o del repudio de la herencia y también para situar temporeramente las consecuencias del principio de retroactividad que recoge el Código Civil en el Art. 944 (31 L.ER.A. sec. 2722). Vélez Torres, op. cit, págs. 14-15.

Señala Manresa, al comentar el Art. 657 del Código Civil español, que corresponde al Art. 603 del Código Civil de Puerto Rico, que los derechos sucesorios, ya tengan su origen en la ley o en la voluntad del causante, no tienen efectividad sino mediante el fallecimiento de éste, pues hasta ese momento puede cambiar la voluntad del testador o las propias disposiciones de la ley, alterando los llamamientos en los diversos órdenes de suceder y, aun sin alterarse dichas fuentes, pueden cambiar las circunstan-cias del favorecido hasta el punto de quedar desprovisto de todo derecho por haber incurrido en alguna causal de desheredación o indignidad. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. 1, págs. 402-403.

Por su parte Scaevola, al comentar la misma disposición, señala que este artículo contiene el principio básico fundamental sobre el cual gira todo el tratado de sucesiones; esto es, que el derecho a suceder surge cuando ocurre el fallecimiento del causante. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1960, T. XII, Vol. 1, pág. 92. Si bien es importante considerar el momento en que tiene origen y raíz la existencia del derecho, es imprescin-dible aquel en que el mismo puede hacerse efectivo. Scaevola, op. cit., pág. 95.

Nuestro ordenamiento civil ubica la figura de la cuota usufructuaria viudal dentro del cuerpo del derecho sucesorio. De esta forma el derecho de la viuda a participar en la misma surge al momento de la muerte del causante. Es claro que ese es el momento que da génesis al derecho a la cuota usufructuaria (Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra) pues hasta entonces únicamente existe una expectativa a participar de dicho derecho. Expectativa que, como veremos, está condicionada a la ocurrencia o no de varias contingencias.

Recordemos que para que el cónyuge supérstite pueda parti-cipar en la cuota usufructuaria se requiere, conforme a lo dispuesto por el Art. 761 del Código Civil, supra, y por nuestra jurisprudencia, lo siguiente:

(1) Que no esté divorciado, pero si lo está, que haya sido declarado cónyuge inocente por el tribunal en la sentencia de divorcio.

(2) Si es el cónyuge inocente, que no se haya casado de nuevo. Marxuach v. Registrador, 57 D.P.R. 134 (1940).

(3) Que el causante divorciado y declarado culpable por la sentencia de divorcio no haya contraído nuevas nupcias. Pirela v. Registrador, 65 D.P.R. 955 (1946); Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622 (1946).

Como puede observarse, la muerte previa del ex cónyuge inocente o el matrimonio subsiguiente de cualquiera de los dos (2) ex cónyuges elimina la expectativa de participar de la cuota usufructuaria viudal. De ahí que el momento determinante para el surgimiento del derecho sea el del fallecimiento del causante.

Con este trasfondo evaluamos la contención de los peticiona-rios, acogida por este Tribunal, en el sentido de que habiéndose adjudicado por sentencia de divorcio de 1966 la culpabilidad del causante y la inocencia de la peticionaria, señora Ortiz, procedía que se le concediese a ésta su derecho a cuota usufructuaria viudal, ya que al momento del fallecimiento del causante, ni éste ni ella habían contraído nuevas nupcias.

La norma prevaleciente en nuestro derecho sucesorio es que los derechos sucesorios de las partes se regulan por las leyes vigentes al tiempo del fallecimiento del causante. Martínez v. Vda. de Martínez, 88 D.P.R. 443 (1963); Ab Intestato De Ana Garroti, 79 D.P.R. 190 (1956); Travieso v. Del Toro y Travieso, Int., 74 D.P.R. 1009 (1953); Cancel v. Martínez, 74 D.P.R. 108 (1952). For ello se aplica a la transmisión de los derechos y obligaciones hereditarias aquella legislación que se encuentre en vigor al momento de ocurrir la muerte del causante. Cortés Córdova v. Cortés Rosario, 86 D.P.R. 117 (1962).

Esta norma jurídica sucesor al la hemos aplicado consistentemente en distintos contextos. Veamos.

En Ab Intestato De Ana Garroti, supra, determinamos que los hijos naturales de la hermana natural de la causante Ana Garroti tenían derecho a heredarle por ésta haber fallecido sin dejar descendientes o ascendentes, aunque sí un cónyuge supérs-tite. La ley vigente al fallecimiento de la causante le concedía tal derecho a los hijos naturales. Por ende, le conferimos a éstos el derecho a participar en la herencia de su tía.

En Andrades, Ex parte, 59 D.P.R. 664, 665 (1942), dispusimos que la hermana natural de la madre legítima de una menor fallecida no tenía derecho a suceder a ésta ab intestato, pues al momento de su muerte el Art. 902 del Código Civil disponía que, “[e]l hijo natural reconocido no t[enía] derecho a suceder ab intestato a los hijos y parientes legítimos —con excepción de los abuelos y demás ascendientes— del padre o madre que lo h[ubiera] reconocido, ni aquéllos al hijo natural reconocido”.

En Berdecía v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 108 (1963), sostuvimos que estando en controversia la herencia del abuelo, la fecha de la muerte de éste era la que determinaba el estado de los derechos sucesorales de las partes. Como el causante había fallecido estando vigentes las Leyes Núms. 446 y 447 de 14 de mayo de 1952 y éstas le concedían al nieto natural la facultad de heredar por representación en las sucesiones testadas e intestadas dictaminamos que la nieta de Don Saurí Tristani le podía heredar por representación.

En Martínez v. Vda. de Martínez, supra, se presenta al menor Duilio Martínez, nacido en 1944 e hijo natural del Sr. Luis Martínez, quien fue reconocido en 1946 por su padre, fallecido en 1954. En este caso determinamos que el menor era el heredero forzoso de Don Luis Martínez, a pesar de que a la fecha de su fallecimiento existía un ascendiente legítimo. El fundamento p;-.ra dicha determinación consistió en que al momento de fallecer el causante ya regía la Ley Núm. 447, supra, que excluyó en la herencia testada los derechos hereditarios de los padres legítimos cuando existían hijos naturales reconocidos.

Estos breves ejemplos ilustran prístinamente la norma pre-valeciente en nuestra jurisdicción de que los derechos sucesorios de las partes se regulan por la legislación prevaleciente al momento en que fallece el causante.

Ahora bien, ¿cuál era el derecho vigente en el caso de autos al momento de ocurrir la muerte del causante, señor Ujaque Pérez? Los peticionarios y este Tribunal afirman que prevalecía la situación adjudicada por la sentencia de divorcio de 1966 en la que se dictaminó la culpabilidad del causante y la inocencia de la .peticionaria. Los recurridos, por su parte, argumentan que pre-valecía la situación jurídica, creada por la Ley Núm. 101, supra; esto es, que al haberse enmendado la ley de divorcio por separa-ción desde 1976, convirtiendo dicha causal en una no culposa, la viuda no tenía derecho a la cuota por no existir un ex cónyuge culpable en ese momento.

Si bien la Sentencia de Divorcio de 18 de marzo de 1966 le confirió a la señora Ortiz el status de cónyuge inocente, y al señor Ujaque Pérez el de cónyuge culpable, dicha declaración no podía derrotar el propósito evidente del legislador al adoptar la Ley Núm. 101, supra, a los efectos de que en los casos de divorcio por separación ninguno de los cónyuges sería considerado culpable.

Estos cambios en el ordenamiento sucesoral obedecen a las valorizaciones hechas en determinado momento por la Asamblea Legislativa. No cabe duda que ésta tiene la autoridad para eliminar, modificar o alterar ese estado de derecho. El no recono-cerlo privaría a ésta de legislar con efecto inmediato en un área en que tradicionalmente lo ha hecho y lo puede continuar haciendo en el descargo de su función constitucional.

La Asamblea Legislativa, en ese sentido, modificó el derecho a cuota usufructuaria en los casos de divorcio por separación como parte de un nuevo esquema conceptual que eliminaba el discrimen por sexo proscrito por nuestra Constitución desde 1952.

En España, por ejemplo, bajo el nuevo estado de derecho adoptado en 1981, se dio un paso más allá del dispuesto por nuestra Asamblea Legislativa. Se dispuso que con el divorcio se extinguían no sólo las relaciones económicas entre las partes, sino también sus relaciones y derechos sucesorios. M. López Alarcón, El Nuevo Sistema Matrimonial Español, Madrid, Ed. Tecnos, 1983, pág. 325.

La sentencia de divorcio de 1966 no le adjudicó a la peticio-naria un derecho a la cuota usufructuaria, sino una expectativa o potencial derecho, el cual podía quedar frustrado por varias contingencias. Por ello es que el derecho a la cuota surge únicamente al momento de la muerte del causante. Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra.

La esperanza o expectativa de que una ley continúe en su forma original no puede ser considerada como derecho adquirido. Conforme expresamos en Vázquez v. Morales, 114 D.P.R. 822, 831 (1983):

Hemos resuelto que no se le atribuye efecto retroactivo a una ley cuando el derecho invocado se origina en hechos realizados con posterioridad a su vigencia. Aguilar v. Vázquez, 6 D.P.R. 1, 9 (1904). También que la simple esperanza o expectativa de que una ley siga en su forma original jamás puede ser considerada como un derecho adquirido. Rodríguez v. Miller, 23 D.P.R. 594, 602 (1916). (Énfasis suplido.)

Cabe señalar que, según la tesis mayormente aceptada por los tratadistas españoles, no se considera que se estén violando derechos al aplicar retroactivamente una ley cuando de lo que se trata es de meras expectativas o de derechos potenciales. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. I, págs. 128-132; M. Albaladejo, Compendio de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1989, T. I, Vol. 1, págs. 126-128; F. Lucas Fernández, Comentarios al Código Civil, T. I, Vol. I, págs. 74-75; Castán Tobeñas, op. cit, T. I, Vol. 1, págs. 589-593; Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Vol. I, 5ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1975, págs. 161-162.

Diego Espín Cánovas ofrece como ejemplo de estos derechos potenciales la expectativa de la herencia según las normas de la sucesión ab intestato. Esta puede verse frustada por la adopción de una ley nueva que limite los llamamientos. Espín Cánovas, op. cit., pág. 162.

Resulta, además, meridianamente claro que el tribunal de instancia tampoco privó a la peticionaria de ningún derecho adquirido, ya que al tiempo en que se decretó su divorcio, el tribunal no le otorgó un derecho concreto a participar de la cuota usufructuaria viudal, sino que meramente le adjudicó la condición de cónyuge inocente. En ese momento tal condición no tenía ningún efecto sucesoral.

A la fecha del fallecimiento del causante (1984), la Ley Núm. 101, supra, y su enmienda aclaratoria —contenida en la Ley Núm. 183, supra— constituían el estado de derecho aplicable a la controversia a los fines de poder determinar los derechos sucesorios de las partes.

' En resumen, el divorcio que rige en Puerto Rico lleva consigo, además de la ruptura completa del vínculo matrimonial, la sepa-ración de propiedades y bienes de todas clases entre cónyuges. L. Muñoz Morales, Derechos Cónyuge Divorciado, 10 Rev. Jur. U.P.R. 199, 219 (1940); Tormes Ex parte, 53 D.P.R. 417 (1938). En el caso específico del divorcio por la causal de separación, el legislador eliminó el derecho a cuota viudal usufructuaria cuando el causante muere luego de la aprobación de las Leyes Núms. 101 de 1976 y 183 de 1979. Estas leyes eliminaron el concepto de culpa de dicha causal para dar vitalidad a nuestra disposición constitu-cional que prohíbe el discrimen por sexo. La opinión del Tribunal, al sostener lo contrario, trastoca principios constitucionales fun-damentales así como del derecho sucesoral, según expuestos en nuestros claros precedentes judiciales. Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra.

Por todo lo anterior disiento.

      (1) No estamos resolviendo si debe prevalecer o no el derecho a la cuota viudal usufructuaria en nuestra jurisdicción. Este es un asunto que, en última instancia, debe ser resuelto por la Asamblea Legislativa y no por los tribunales.

      (2) Cabe señalar, además, que los casos Ab Intestato De Ana Garroti, 79 D.P.R. 190 (1956); Andrades, Ex parte, 59 D.P.R. 664 (1942); Berdecía v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 108 (1963), y Martínez v. Vda. de Martínez, 88 D.P.R. 443 (1963), que discuten “que los derechos sucesorios de las partes se regulan por la legislación prevaleciente al momento en que fallece el causante” presentan situaciones claramente distinguibles de la que ahora nos toca resolver. En casi todos estos casos se trataba estrictamente de la aplicación de legislación sobre el orden sucesorio vigente al momento de fallecer el causante. Sólo Martínez v. Vda. de Martínez, supra, requería también la aplicación de la ley que regía el status flliatorio del peticionario. En esa ocasión hicimos una distinción entre estas dos (2) situaciones, indicando que el orden sueesorial se regía por la ley vigente a la fecha de la muerte del causante, mientras que el status flliatorio se determinaba por la ley vigente a la fecha del nacimiento de la persona cuyo status estuviera en discusión. En el caso de autos sucede lo mismo: el orden sucesorio se rige por el Art. 761 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 2411, según éste disponía al momento de la muerte del causante, mientras que la determinación del status de culpable del ex cónyuge difunto se rige por la ley vigente al momento en que se decretó la sentencia de divorcio, según esta ley quedó plasmada en el dictamen judicial.