author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José R. Mattei Torres c/p Ángel Luis Torres Ramos, acusado y apelante.

      Número: CR-86-79

      Resuelto: 16 de junio de 1988

      Felipe Cirino Colón, de la Sociedad para Asistencia Legal, abo-gado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 732-733 (1980), recogimos la visión de que en “‘procesos criminales contra acusados de violación, existe una tendencia a considerar la perjudicada como una pieza más de evidencia. El rol de la víctima es establecer un caso legal contra el ofensor; las víctimas frecuentemente informan que sus encuentros con la Policía, fiscales y personal del tribunal fueron más traumáticos que el incidente de la violación.’ Judicial Attitudes Toward Rape Victims, 57 Judicature 303 (1974)”. Hoy, diversos estudios científicos demuestran que desde sus ini-cios la mayoría de las víctimas experimentan no sólo el ata-que a su integridad corporal, sino diversas lesiones severas, de carácter psicológico, que oscilan desde miedo, ansiedad, paranoia, depresión, confusión, sensibilidad interpersonal, autoestima y ajuste social. Se ha confirmado que estos efec-tos perduran más tiempo de lo que originalmente se pen-saba. P.A. Resick, The Trauma of Rape and the Criminal Justice System, 9 Just. Sys. J. 52 (1984); T.M. Massaro, Experts, Psychology, Credibility, and Rape: The Rape Trauma Syndrome Issue and its Implications for Expert Psychological Testimony, 69 Minn. L. Rev. 395 (1985); J.V. Becker, L.J. Skinner, G.G. Abel, J. Howell y K. Bruce, The Effects of Sexual Assault on Rape and Attempted Rape Victims, 7 Vic-timology 106 (1982); B.S. Griffin y C.J. Griffin, Victims in Rape Confrontation, 6 Victimology 59 (1981); M.J. Walker y S.L. Brodsky, Sexual Assault, the Victim and the Rapist, 2da ed., Massachusetts, Lexington Books, 1976; D. Chappell, R. Geis y G. Geis, Forcible Rape: The Crime, the Victim and the Offender, Nueva York, Columbia Univ. Press, 1977. Esta realidad, científicamente avalada, forma parte del trasfondo contra el cual, como juristas, hemos de evaluar los plantea-mientos de José R. Mattei Torres ante este Foro.

I

Incidencias procesales y hechos

Mattei Torres fue acusado ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de cometer los delitos de violación y sodomía en la persona de M.M.S., 33 L.P.R.A. sees. 4061 y 4065. Un ju-rado rindió veredicto unánime de culpabilidad. El tribunal lo condenó a treinta y cinco (35) y veinte (20) años naturales respectivamente. Como delincuente habitual, dispuso que cumpliera las sentencias en forma concurrente entre sí, pero consecutivas con cualquier otra que estuviera cumpliendo.

Inconforme, cuestiona en apelación la legalidad de su arresto, la validez de su identificación, la apreciación de la prueba, la admisibilidad de dos (2) documentos, la negativa a unas instrucciones especiales y el decreto de delincuente habitual.

A los fines de examinar estos señalamientos de error es menester exponer cronológica e integralmente los hechos que emergen de la prueba de cargo por voz de la víctima M.M.S., Ángel Luis Matías, Zoraida Melendez, Dr. Fernando Rivera y Leyda Rodríguez Vélez, junto con la evidencia de naturaleza tangible y documental.

La noche del jueves 20 de febrero de 1986, la perjudicada M.M.S. —de veintisiete (27) años y 7mo grado de escolari-dad— salió a dar una vuelta para buscar a su marido consensual Ángel Luis Matías. Como a las 9:00 P.M. llegó y entró al negocio “El Padrinito”, localizado cerca de la luz (semáforo) de Cantera, Barrio Obrero, Santurce. Allí la conocían. Se puso a hablar con un muchacho de nombre Miguel, bajito, de pelo lacio, a quien conocía de vista. Éste le ofreció una cer-veza y ella la aceptó. Momentos después llegó su marido, quien —al verla tomando cerveza con Miguel— se disgustó y se puso a jugar billar. Ella se tomó un total de cuatro (4) cervezas. Después salió fuera del negocio y apareció un mu-chacho —quien resultó ser el acusado Mattei Torres— que se situó detrás de ella por varios minutos y le hablaba frases y decía cosas: “que yo estaba buena”. T.E., pág. 11. Poco después, salió su marido y ella lo llamó. Él no le hizo caso, pues estaba molesto. Tenía la intención de dirigirse a donde vive, en el Residencial Las Margaritas. Ella, cerca del nego-cio, comenzó a seguirlo. Al doblar la esquina, disgustado su marido se escondió para asustarla y le tiró con unas piedras. Entonces apareció el acusado Mattei Torres y lo recriminó diciéndole “dame a mí, ¿por qué no me tiras a mí?”. E.N.P., pág. 5. Ambos pelearon. Con posterioridad, Matías recogió un paquete que se le había caído y se marchó solo.

M.M.S. observó el incidente. Optó por quedarse sola cerca del negocio y más tarde decidió irse hacia Las Margaritas. Mientras caminaba se percató de que alguien la seguía. Resultó ser el acusado Mattei Torres, quien se ofreció a acompañarla durante el oscuro trayecto. En determinado momento éste la “jaló” con fuerza y la condujo hacia un monte que le llaman “La Pista”, en la Calle Constitución. Allí la mantuvo agarrada con un brazo alrededor de su cuello y otro en el hombro. La obligó a despojarse de todas sus ropas y prendas íntimas. La tiró sobre la tierra y la violó en varias ocasiones. Después la sodomizó. Contemporáneamente la golpeó en forma violenta en la cara y los ojos al extremo de que ella cayó y permaneció inconsciente, según su mejor re-cuerdo, como una hora. Al cabo del tiempo, como a las 5:00 A.M., se encontró desnuda, tirada y adolorida en el pasti-zal. Ella buscó su ropa. Se puso sólo la que encontró, a saber, su mahón y la camisa. En el lugar quedaron sus prendas ín-timas, los tennis y sus medias. Todo el incidente duró aproxi-madamente siete (7) horas.

Inmediatamente M.M.S. se dirigió a la casa de su her-mana Zoraida que estaba más cerca. No podía hablar ni ver debido a los puños que recibió. Tenía los ojos casi “tapados”. T.E., pág. 34. Llamó a su hermana y con dificultad le explicó lo ocurrido. En un papel le escribió que se trataba de un hombre bajito, de pelo negro y gordito. No pudo hacer nada más y comenzó a vomitar. Su madre y hermana la llevaron al Dispensario Belaval, donde la refirieron a la Sala de Emer-gencia del Centro Médico. Allí, le describió al médico que la atendía lo mismo que a su hermana en cuanto al físico de su agresor. Luego regresó a su casa y se acostó. Después del examen médico, y no antes, adoptó medidas de limpieza e higiene de todo su cuerpo.

Al día siguiente por la noche, cuando su marido Matías fue a verla, le indicó que el individuo que había peleado con él era quien la había violado.

Con esta información, al otro día —sábado— Matías y su hermana Zoraida salieron a dar una vuelta en automóvil. Frente a un liquor store, en la Pda. 26, Santurce, éste vio a Mattei Torres y lo reconoció como el que lo había agredido anteriormente y había violado a M.M.S. Estaba con otra persona. Volvieron a pasar frente a él y lo observaron nueva-mente. Una vez seguro, acudió al Cuartel de la Calle Eduardo Conde y le explicó al policía su apreciación. Inme-diatamente fue arrestado.

Ese mismo día, la perjudicada fue llevada al cuartel por su esposo y hermana Zoraida. T.E., pág, 180. Todavía estaba enferma. Tenía la cara bien “hinchá” y los ojos “rojos”. No podía casi hablar, ver ni mantenerse levantada. T.E., pág. 186. El acusado Mattei Torres estaba solo en una celda obs-cura. A preguntas de la Policía, con dificultad, ella lo recono-ció. íd. Después declaró que no lo pudo reconocer por estar muy enferma. T.E., pág. 189.

Al cabo de dos (2) semanas, cuando mejoro en salud, lo reconoció. En esta ocasión, su hermana Zoraida fue insis-tente. T.E., págs. 191-194. También un policía le preguntó. El acusado Mattei Torres fue quien la violó y sodomizó. T.E., pág. 200.

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Identificación

Mattei Torres sostiene que la identificación hecha por la perjudicada M.M.S. no fue confiable —por ser imprecisa, in-segura y sugestiva— y ello lesionó su derecho a un juicio justo e imparcial y al debido proceso de ley. Argumenta que, a la luz de la totalidad de las circunstancias, a tenor con la Regla 252 de Procedimiento Criminal, según enmendada, 34 L.P.R.A. Ap. II, era imperativa la celebración de una rueda de detenidos o, en la alternativa, una combinación de ésta con la confrontación por medio de fotografías. A base de un análisis de la prueba y de la inseguridad mostrada por la perjudicada M.M.S. en su declaración, argumenta que no puede ser cierto que ella estuviera tanto tiempo sometida al control de su atacante o que no ocurrió la violación, y más bien, una relación sexual normal.

La norma prevaleciente para evaluar la confiabilidad de una identificación es conjugar la totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987); Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980); Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978); Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969). De ahí que una identificación maculada con alguna sugestividad, per se, no es inadmisible ni vicia la identificación positiva habida en el acto del juicio si está fundada en el conocimiento previo y recuerdo de la identidad del acusado por la víctima u otros testigos. Pueblo v. Rey Marrero, supra, pág. 747.

Bajo este enfoque los elementos de confiabilidad a considerarse son: (1) oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al momento del crimen; (2) grado de atención; (3) corrección de la descripción; (4) nivel de certeza en la descripción, y (5) tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación.

En situaciones en que la víctima conoce previamente al acusado, las salvaguardas contra la sugestividad tales como la rueda de detenidos y los requisitos establecidos en la Regla 252 de Procedimiento Criminal, supra, se reducen a un mínimo o, dependiendo de las circunstancias, son inaplicables e innecesarios. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 99 (1982). Más aún, si la identificación es el resultado de unas gestiones separadas e independientes de la Policía, esto es, no “está en manos, o es dirigido o controlado, por los funcionarios del Estado”, Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, pág. 310, realmente no hay problema de identificación ni puede invocarse Pueblo v. Gómez Incera, supra, y su casuística filial.

Finalmente, debemos recordar que la “presencia de sugestión no excluye irremisiblemente la prueba, sino que impone al jurado o al juez constituido en tribunal de derecho la labor de separar campos en el testimonio para determinar su confiabilidad y la existencia de prueba de identificación no influida ni maculada por conducta sugestiva”. Pueblo v. Peterson Pietersz, supra, pág. 184. Después de todo, la “inflexibilidad en la regla de exclusión que impide automáticamente que llegue al jurado prueba confiable y relevante por estar mezclada con aspectos sugestivos, frustra en vez de fomentar la justicia”. íd., pág. 183. En nuestro sistema de adjudicación, la “conclusión del juzgador de hechos sobre este punto tiene todo el respeto y validez que en apelación se ex-tiende a las determinaciones de hecho. Pueblo v. Suárez Sán- chez, 103 D.P.R. 10, 19, 21-22 (1974). (En reconsideración.)”, íd., pág. 184.

Antes de propiamente concentrarnos en este señala-miento, debemos dejar sentado que es inaceptable la hipó-tesis del apelante Mattei Torres respecto a que la joven M.M.S. no fue violada ni sodomizada o, como sugiere, que mantuvo unas relaciones sexuales consentidas. Al igual que el Jurado —sin faltar a la verdad y al deber— no podemos descartar toda la amplia y abrumadora evidencia demostra-tiva de la ocurrencia y violencia de los actos. Más allá de toda duda razonable, las fotografías de las lesiones en el rostro y en el cuello de la perjudicada, los testimonios de sus fami-liares, de la Policía y del médico así lo establecen. El galeno Rivera se refirió a “múltiples traumas en el cuerpo, more-tones y laceraciones en cara y espalda. Rasguños en la cara y estaba hinchada”. E.N.P., pág. 8. Sólo haciendo caso omiso a la prueba podemos concluir que estas lesiones fueran pro-ducto de relaciones sexuales normales.

Las contradicciones e impresiones resultantes de la prueba de cargo, más que debilitar, refuerzan la sinceridad del testimonio de la perjudicada M.M.S. Al evaluarlo, no po-demos pasar por alto su escaso grado de escolaridad, limita-ciones naturales producto de un medio ambiental de pobreza y, claro está, las dificultades y reacciones del trauma psicoló-gico por el daño infligido. Este trauma puede generar dis-tintas reacciones y efectos.

En el trasfondo fáctico y procesal del caso de autos, la identificación del apelante Mattei Torres es susceptible de dividirse en dos (2) etapas separadas e independientes. De igual modo sus efectos jurídicos. Veamos.

La primera, inmediatamente después de ocurridos los hechos. En la madrugada del viernes 21 de febrero, imposi-bilitada casi de hablar por los golpes y lesiones referidas, ella le describía el violador a su hermana y al médico que la aten-dió como “un hombre bajito de pelo negro y gordito”. E.N.P., pág. 6. Ese mismo día por la noche —en la primera ocasión de ver a su marido Matías después de los hechos— le comu-nicó que la persona que había estado diciéndole cosas a ella fuera del negocio “El Padrinito”, y después peleado con él, era quien había abusado de ella. T.E., págs. 35-37. Esta co-municación, sin necesidad de particularizar los detalles fí-sicos del apelante Mattei Torres, constituyó una descripción directa, positiva, sencilla y contundente. Goza, además, de la garantía circunstancial de veracidad de haber sido hecha fuera de todo ambiente y control policiaco, y de ser próxima a los sucesos. Su legitimidad y efectividad quedó corrobo-rada al otro día cuando Matías vio y reconoció a Mattei Torres frente a una licorería en la Pda. 26, Santurce, dio cuenta a la Policía y éste fue arrestado.

Esta identificación no puede tacharse de ilegal ni de poco confiable. Por el contrario, bajo el enfoque más exigente — desde el punto de vista de la perjudicada M.M.S., y sobre todo de su esposo Matías, en su carácter dual de observador y participante del incidente de la pelea y receptor subsi-guientemente de la comunicación de M.M.S. que vinculaba a Mattei Torres— satisface en forma fidedigna todos los ele-mentos de confiabilidad. En esta identificación inicial, ambos tuvieron amplia oportunidad de observarlo; circunstancial-mente prestaron atención; ambos fueron fieles en cuanto a la identidad y certeza de la descripción y, en términos del transcurso del tiempo, sus respectivas observaciones bas-tante cortas. Más aún, como dijimos en Pueblo v. Bell Pound, 101 D.P.R. 41, 44 (1973) —reiterado en Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra, pág. 312— “[qjuizás no se encuentre un caso de mayor espontaneidad en la identificación que el caso de autos. La identificación la hicieron los propios perjudi-cados a iniciativa propia y antes de que se verificara el arresto por los delitos cometidos.... En esa etapa todavía no había intervenido la maquinaria policial y, por lo tanto, no era necesario la asistencia de abogado ni la aplicación de las normas sentadas en Gómez lucera, supra”.

En resumen, esta identificación anterior a la intervención de la Policía —que condujo al arresto de Mattei Torres— fue espontánea y confiable. Su legalidad es incuestionable. Por ser independiente, no era necesario que el Estado siguiera los métodos previstos en la Regla 252 de Procedimiento Criminal, supra.

La segunda identificación fue en el Cuartel de la Policía. Según antes reseñado, la perjudicada M.M.S. declaró que en la primera ocasión que le presentaron a Mattei Torres en el cuartel —a dos (2) días de ocurridos los hechos— tuvo difi-cultad para reconocerlo. Estaba hinchada, tenía los ojos rojos y casi no podía hablar. Las fotografías en evidencia re-flejan su delicada condición de salud. Aproximadamente dos (2) semanas después lo identificó. El récord revela que, en esta ocasión, M.M.S. fue un poco imprecisa e insegura, y su hermana Zoraida sugestiva. También revela que uno de los policías le preguntó si lo reconocía. En ambas ocasiones Mat-tei Torres estaba en una celda solo. Dichas circunstancias sugieren que esta identificación fue poco confiable y que es-tuvo matizada de alguna sugestividad. Como tal, por sí sola, no hubiese sido suficiente para sostener las convicciones. Sin embargo, en vista de la identificación habida previamente — de carácter independiente y ajena al control de la Policía, y no maculada— la cuestión es inconsecuente, máxime ante la identificación que tanto ella como su marido Matías realiza-ron durante el juicio. Pueblo v. Rodríguez Maysonet, supra; Pueblo v. Rey Marrero, supra. El error no fue cometido.

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Apreciación y suficiencia de la prueba

Mattei Torres arguye que no se probó su culpabilidad más allá de duda razonable. A juicio suyo el testimonio de la perjudicada M.M.S. fue de poco valor probatorio. Tacha de inherentemente increíble e improbable su relato. Sugiere que ella llevaba una vida libertina y que probablemente fue su marido Matías quien la agredió, la golpeó y la dejó cerca del negocio “El Padrinito”. Fundamenta su hipótesis en que ella no declaró que fuera amenazada de grave daño ni que el atacante ejerció fuerza irresistible. Como improbable, im-pugna que el atacante pudiera quitarle los zapatos, panta-lones y camisa teniéndola agarrada por el cuello. Cuestiona el aserto de relaciones sexuales continuas durante muchas horas y la sodomía. No tiene razón.

No hay prueba para concluir que la perjudicada llevara una vida libertina o promiscua ni podemos inferirlo de las circunstancias sociales. Tampoco podemos concluirlo del dicho de que ella atestiguara que acostumbraba a tomar cer-vezas, que la noche del suceso estuviera en el cafetín-billar “El Padrinito” donde era conocida y que, además, aceptara que otro hombre le pagara unas cervezas. No existe la más mínima evidencia para inferir que los golpes y sus lesiones fueran causadas por su marido Matías. El argumento es es-peculativo.

Ciertamente, en su testimonio, la perjudicada no utilizó el lenguaje estatutario preciso de que fue amenazada de grave daño ni que la fuerza que ejerció el atacante fue irresistible. No era necesario. El planteamiento confunde los escenarios. Ante el tribunal ella contestó y expuso esos elementos del delito según su limitada educación. Después de todo, no estaba contestando un examen de Derecho Penal en un aula universitaria. A tono con su limitada escolaridad verbalizó la manera en que el apelante Mattei Torres la “jaló por una mano ... bien duro, un buen bruto” (T.E., pág. 20); que la agarró por el cuello (T.E., pág. 20); que le quitó los tennis, pantalones y camisa y la dejó desnuda (T.E., pág. 24); que la mantuvo “agarrá” por el cuello (T.E., pág. 25), esto es, “que no tenía escapatoria” (T.E., pág. 27); que no podía hablar, pues la “apretó duro por el cuello” (T.E., pág. 30); que le dio puños y golpes en la cara (T.E., págs. 33-34), y que ella se mareó y se quedó inconsciente (T.E., págs. 161-162). Al ter-minar la agresión quedó con la cara hinchada, llena de san-gre y casi no podía hablar. Las fotografías en evidencia y el testimonio del médico corroboran los traumas en su cuerpo, los moretones y las laceraciones en la cara y en el cuello. Ante este tipo de ataque no es difícil entender y aceptar que Mattei Torres pudo efectivamente quitarle los zapatos y la ropa. En cuanto al factor tiempo, basta recordar la natura-leza y violencia de la agresión y que, de “ordinario, para un testigo es sumamente difícil precisar las fechas y las horas”. E. Altavilla, Sicología Judicial (S. Carrejo y J. Guerrero, trads.), Buenos Aires, Ed. Temis, 1970, Vol. II, pág. 524. Esta dificultad se acentúa en casos de personas objeto de ataques y de abusos sexuales.

Finalmente, éste cuestiona que no quedara signo alguno del ataque en la vagina, pubis y ano. A tal efecto se refiere al testimonio del doctor Rivera de que en el examen pélvico no encontró anormalidad visible alguna en la genitalia; el himen tenía laceraciones no recientes; no detectó sangre y secreciones en la vagina, y sólo encontró espermatozoides muertos. E.N.P., pág. 8. Dicho galeno explicó que al examinar la vagina de una mujer que ha sido violada no necesariamente se descubren signos de eritematosis o laceraciones. Dependerá del tiempo en que haya ocurrido la violación y el grado de resistencia ofrecido por la mujer, incluso si ha dejado que el acto ocurra para no ser agredida aún más. íd. Atestó que la presencia de espermatozoides muertos sólo significa que provienen de una persona infértil o que por el transcurso del tiempo murieron. E.N.P., pág. 10.

Esta prueba no es incompatible con el testimonio de la víctima M.M.S. La premisa en que descansa básicamente el argumento es errónea: no estamos ante una relación sexual normal y consentida, sino ante una de carácter violento. La credibilidad no puede ser adjudicada a base de razonamien-tos cuyos parámetros son de normalidad. Ello dispone del apuntamiento de que no se encontraron pelos, sangre o piel en las uñas de la perjudicada M.M.S., aun cuando ella atestó que le tiraba a la cara del atacante para arañarlo y las uñas hacían contacto. T.E., pág. 156. Como cuestión de hecho, el análisis pélvico reveló la presencia de semen, de secreciones vaginales, rectales y en una mancha del mahón. E.N.P., pág. 11.

La prueba desfilada es suficiente y demostró su culpabili-dad más allá de duda razonable. El apelante.Mattei Torres pretende que sustituyamos la apreciación directa del Jurado, a quien le correspondía aquilatar la prueba. Es obvio que dichos juzgadores le dieron crédito unánimemente a la prue-ba del Ministerio Fiscal y al testimonio de la perjudicada M.M.S. Con las contradicciones mínimas comprensibles, se mantuvo fiel en cuanto al relato esencial de la traumática experiencia sufrid a. En ausencia de prejuicio, parcialidad o error manifiesto, nó es nuestra función alterar ese dicta-men. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).

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Negativa del tribunal a admitir el informe de laboratorio y el de la Policía

Este apuntamiento gira en torno a la negativa del foro sentenciador a admitir en evidencia el informe pericial suscrito por la tecnóloga médico Leída Rodríguez Vélez —2 de abril de 1986— y el Informe de Delito Tipo 1 (Núm. 314) preparado por el agente Juan Báez Rivera en la madrugada del viernes 21 de febrero de 1986.

Ambos prestaron testimonio. La testigo Rodríguez Vé-lez declaró sobre el contenido de su informe y lo identificó. El policía Báez Rivera identificó el suyo.

El error, aunque no perjudicial, fue cometido. Los dos (2) informes eran admisibles bajo la Regla 65(H) en interacción con la Regla 63 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

La Regla 65(H) de Evidencia, supra, dispone —como ex-cepción a la regla de prueba de referencia, aunque el decla-rante esté disponible como testigo— sobre la admisibilidad “de un escrito hecho como récord o informe de un acto, con-dición o evento, cuando se ofrece para probar el acto, condi-ción o evento, si el escrito fue hecho en o cerca del momento del acto, condición o evento, por y dentro del ámbito del de-ber de un empleado público, siempre que las fuentes de in-formación y el método y momento de preparación fueran tales que indican su confiabilidad”. (Énfasis suplido.)

Esta regla toma como modelo la See. 1280 del Código de Evidencia de California. Es menos restrictiva que su contra-parte federal, la Regla 803(8). E.L. Chiesa, Práctica Proce-sal Puertorriqueña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. I, Cap. VIII, pág. 409. Al respecto, in extenso éste nos dice:

. . . [L]a admisibilidad del récord o informe oficial está con-dicionada a qne se satisfagan estos tres requisitos:
1. el escrito fue hecho por, y dentro del ámbito de los de-beres de un funcionario público;
2. el escrito fue hecho en o cerca del momento del suceso, acto o condición a que se refiere el mismo;
3. la fuente de información, así como el momento y método de preparación del escrito son tales que indican su con-fiabilidad.
Las limitaciones impuestas por las reglas federales en casos criminales no son aplicables, de suyo, en Puerto Rico, salvo en cuanto ello sea una exigencia del derecho a confrontación bajo la 6[t]a enmienda. Bajo la sección 1280 del Código de Eviden-cia de California —también libre de las restricciones de la re-gla federal 803(8)— se ha dicho que lo central es si el récord es confiable (trustworthy) y que, además de los requisitos im-puestos por el texto de la norma, el récord —para que sea admisible— debe haber sido preparado dentro del deber de un funcionario público, y basado en las observaciones y conoci-miento personal de un informante que tenga la obligación de observar e informar. Véase People v. Flaxman, 141 Cal. [Rep.] 799, 74 C.A. 3d 16 (1977). La exclusión de informes policiacos y otros de esa naturaleza, contra un acusado, se suele predicar en falta de confiabilidad (untrustworthiness). Véase People v. Baeske, 130 Cal. Rep. 35, 58 C.A.[3d] 775 (1976).
La ausencia de precedentes en Puerto Rico nos obliga a ser cautelosos, pero el rechazo de la regla federal 803(8) y la pre-ferencia de la sección 1280 del Código de Evidencia de California, indica la intención de que sea admisible la mayor prueba de referencia posible, aun contra acusados.
En casos civiles y en casos criminales cuando la prueba es ofrecida por la defensa, la regla 65(H) debe ser interpretada liberalmente a favor de la admisibilidad. En casos criminales cuando la prueba de referencia se ofrezca contra un acusado, el tribunal deberá
1. examinar el problema de confrontación;
2. examinar la admisibilidad de la prueba bajo otras posi-bles excepciones aplicables;
3. examinar rigurosamente si bajo la regla 65(H) se satisfa-cen los tres requisitos antes indicados.
Estimamos que como regla general deben admitirse los in-formes de autopsia y del químico. En cuanto a los informes policiacos, la situación debe ser examinada caso a caso. Re-cuérdese que el acusado siempre puede llamar al declarante (patólogo, químico, policía), como testigo. Si éste no está dis-ponible, el problema de confrontación se reduce, bajo la fór-mula de Ohio v. Roberts, a determinar si se trata de una excepción “deeply rooted” o si están presentes los indicios cir-cunstanciales de confiabilidad. El tipo de informe rutinario — correspondiente a la categoría (A) de la regla federal 803(8)— debe ser admitido sin mayor dificultad. El informe evaluativo o por investigación —categoría (C) de la regla federal 803(8)— es el más problemático para que pueda ser admitido contra un acusado. En el “medio” está el tipo de informe co-rrespondiente a la categoría (B) bajo la regla federal. Aquí cae el informe de autopsia y, a nuestro juicio, el del químico, con-trario a lo estimado en United States v. Oates, 560 F.2d [45] (1977). (Énfasis suplido, en el original y escolio omitido.) Chiesa, op. cit., págs. 418-419.

Aparte de este razonamiento, anotamos que los autores de ambos informes estaban presentes en el juicio y, por ende, sujetos a ser contrainterrogados en cuanto a los mismos. Por vía de la excepción recogida en la Regla 63 de Evidencia, supra, estos documentos eran admisibles.

Sin embargo, aunque el foro de instancia erró al no admi-tirlos, la infracción no fue perjudicial.

Respecto al informe pericial, su carácter acumulativo y corroborativo es aceptado por el propio apelante Mattei Torres. Su contenido fue al Jurado por voz de su autora la tec-nóloga Rodríguez Vélez.

En cuanto al informe del policía Báez Rivera, advertimos que éste fue presentado como testigo de la propia defensa. En ese momento tuvo amplia oportunidad para preguntarle sobre todo su contenido, incluso lo que le informó la perjudi-cada M.M.S. la madrugada de los hechos. Un examen del mismo refleja que lo único beneficioso a su interés era acredi-tar ante el Jurado que ella, a las 5:40 A.M., “no pudo dar descripción” del atacante al agente y así poner en entredicho su veracidad.

La dificultad de este argumento es que ni el Ministerio Fiscal ni la defensa inquirieron a la perjudicada M.M.S. so-bre la descripción, si alguna, brindada a las autoridades poli-ciacas. Ello es perfectamente comprensible si recordamos que la misma fue canalizada a través de su hermana Zoraida y su esposo Matías, quienes identificaron al agresor Mattei Torres.

El hecho de que a esa hora no suministrara al agente Báez Rivera una descripción no afecta totalmente su credibilidad. Los estudios sugieren que los síntomas de miedo y de ansiedad subsisten después de la violación y “la Policía no debe esperar que las víctimas produzcan una declaración completa y certera a pocas horas del crimen. El demorar hasta el otro día el interrogatorio completo, cuando la ansiedad de la víctima ha disminuido sería algo más humano y productivo. Es de esperarse que las víctimas recuerden más, a medida que disminuye su ansiedad”. (Traducción nuestra.) Resick, supra., pág. 58.

En esas circunstancias el efecto de excluir el informe no fue un factor decisivo o sustancial en el veredicto unánime. Pueblo v. Lebrón González, supra, pág. 102; Pueblo v. Franceschini Sáez, 110 D.P.R. 794, 799 (1981); Regla 5 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV (3 P.F.P. pág. 16).

V

Instrucciones especiales al Jurado ■

Mattei Torres cuestiona ante nos la negativa del tribunal de instancia a brindar al Jurado una instrucción especial, es-pecífica y vital, relativa a “manifestaciones (más bien omi-siones) anteriores de la testigo principal de cargo”. Dicho foro estimó que habían sido incluidas con sus instrucciones bajo el tema de “Declaraciones o Manifestaciones Anteriores del Testigo”, contenidas en el Manual de Instrucciones al Jurado, aprobado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 27 de marzo de 1980, pág. 6. La queja es inmeritoria.

Primero, el argumento reconoce implícitamente la suficiencia de las instrucciones. Simplemente considera que las brindadas carecían del énfasis necesario. Segundo, una de las características que de ordinario debe poseer y proyectar toda instrucción es que sea balanceada, clara, directa y no repetitiva. La solicitada no cumplía con estas características. Y tercero, las instrucciones del referido manual responden a esa visión y, aunque no son obligatorias, seguirlas en circunstancias normales constituye “la mejor práctica” —Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 146 (1981)— pues, están cobijadas de una presunción de corrección. Pueblo v. Ortiz González, 111 D.P.R. 408, 410 (1981). En cuanto a la otra instrucción especial solicitada y tam-bién negada, el apelante Mattei Torres admite que el tribunal de instancia tuvo “razón al denegar[la]”. Alegato, pág. 41.

VI

Decreto de delincuente habitual

Finalmente, Mattei Torres impugna el decreto de delin-cuente habitual. Aduce que no se siguió el procedimiento es-tablecido en los Arts. 68 y 69 del Código Penal “previo a la imposición de una medida de seguridad de esta naturaleza”, a saber, un informe psiquiátrico o psicológico por un perito y un informe social de un oficial probatorio, con derecho a las partes a controvertirlos en una vista. 33 L.P.R.A. sees. 3353 y 3354. Todo su razonamiento está predicado en la premisa mayor de que estos artículos están “indisolublemente li-gados al artículo 74 del mismo cuerpo legal”. Tampoco le asiste la razón. Veamos.

El Art. 74 del Código Penal —según enmendado por la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980— que gobierna la solu-ción disponía:

El convicto de delito grave que anteriormente hubiere sido sentenciado por dos o más delitos graves cometidos en tiempos diversos e independientes unos de otros, se presume que demuestra una persistente tendencia a delinquir, y será declarado por el tribunal delincuente habitual y recluido para su tratamiento por un término fijo que no será nunca menor de veinte (20) años ni mayor de noventa y nueve (99) años. El término fijo que se imponga será siempre en años naturales. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. ant. see. 3375.

Su historial y antecedente legislativo es sumamente revelador. Su texto primitivo fue situado en el capítulo del Código Penal correspondiente a las medidas de seguridad, en atención a que fue concebido de manera mixta, esto es, contentiva de algunos elementos de una medida de seguridad y punitiva de reincidencia. Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3001 et seq.). Ello explica por qué el Art. 67 disponía que la “aplicación de las medidas de seguridad excluyen la pena, salvo en el caso del delincuente habitual”. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 3352. En resumen, ante un delincuente habitual —además de aplicar una medida de seguridad— el tribunal venía obligado originalmente a imponerle la sanción punitiva agravada dispuesta por el estatuto.

Por su parte, sabemos que ninguno de los articulados re-lativos a las medidas de seguridad tuvieron vigencia inme-diata, sino un (1) año después. Subsiguientemente fueron prorrogados por dos (2) años más. Ley Núm. 146 de 3 de julio de 1975 (33 L.P.R.A. see. 4628).

En ese estado de suspensión, la Asamblea Legislativa optó en 1975 por poner en vigor la figura del delincuente habitual, pero únicamente como una medida punitiva de reincidencia, con excepción de los elementos de seguridad. A tal efecto, la Ley Núm. 10 de 1ro de diciembre de 1975 modificó el concepto y alcance del delincuente habitual y de-cretó la vigencia inmediata de los Arts. 66, 67, 68, 69, 75 y 76 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 3351-3354, 3391 y 3392, pero solamente en cuanto al delincuente habitual.

Con posterioridad, la Ley Núm. 26 de 25 de septiembre de 1983 (33 L.P.R.A. see. 4628) prescribió que los Arts. 66 al 69 del Código Penal, supra —normas generales aplicables a todas las medidas de seguridad— entrarían en vigor el 22 de septiembre de 1984. El Art. 71 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3372, cubre la medida específica de los alcohólicos, de-pendientes o adictos. Este mandato no incluyó el Art. 74 del Código Penal, supra, que según hemos expresado, es una medida punitiva de reincidencia y no de seguridad. Los res-tantes preceptos relativos a las medidas de seguridad —de-lincuente sexual peligroso y delincuente compulsivo, Arts. 72 y 73 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 3373 y 3374— entra-rán en vigor el 22 de julio de 1988.

Esta cronología legislativa derrota la contención de Mattei Torres. Los Arts. 68 y 69 del Código Penal, supra, únicamente operan como suplemento a las medidas de segu-ridad vigentes que no tienen substancialidad propia. El Art. 74 del Código Penal, supra, no es una medida de seguridad, sino una de carácter punitivo que opera a modo de reinciden-cia con relación al delincuente habitual. En consecuencia, aceptadas por Mattei Torres las sentencias previas, no erró el tribunal sentenciador al declararlo delincuente habitual sin el peritaje e informes a que se refiere el Art. 68 del Có-digo Penal, supra.

La perfección es atributo exclusivo del Sumo Hacedor. “Hay que recordar que todo acusado tiene derecho a un jui-cio justo, que no significa necesariamente un juicio per-fecto.” Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140, 143 (1978). El apelante Mattel Torres no puede reclamarnos ese tipo de jui-cio. Algún día ante el Foro Divino tendrá esa oportunidad. Por lo pronto, es suficiente el juicio justo e imparcial a que fue sometido.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton está con-forme con la opinión, excepto que disiente de la parte VI sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

       Prescindiremos del primero. El apelante Mattei Torres expresamente admite no tener “bas[e] sobre las cuales levantar argumento alguno en [su] apoyo”. Alegato, pág. 17.

       A saber, siete (7) fotografías ilustrativas de los golpes y serias lesiones causadas en el rostro y cuello de la víctima, y sus prendas de vestir (mahón, medias, panties y zapatos tennis). Por la defensa declararon el agente Carlos Anselmi y el policía Juan Báez, ambos testigos iniciales del Ministerio Fiscal y renunciados como prueba acumulativa. También la defensa sometió unas fotogra-fías del lugar del crimen. Infructuosamente intentó presentar en evidencia los documentos a los que aludiremos al discutir uno de los señalamientos de error.

       Además de la Exposición Narrativa de la Prueba, autorizamos la trans-cripción de su testimonio. Su análisis detallado y global nos ha permitido —hasta donde es posible desde este estrado apelativo— someterlo a un riguroso escruti-nio y así comprender las razones para ciertas contradicciones e inseguridades que afloran del mismo.

       Inicialmente ella atestó que no lo había visto después. T.E., pág. 10. Sub-siguientemente declaró que “de vista” sabía quién era. T.E., pág. 12.

       Como dijimos en Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 716, 726 (1980):
      “Toda sociedad tiene sus agresores sexuales. Se ha demostrado la existencia de los siguientes tipos:
      . . encontramos entre los casos de violadores al asaltante agresivo sa-dista, para quien la gratificación sexual debe estar precedida, acompañada o se-guida de violencia física. Estos hombres odian las mujeres, usualmente actúan solos, frecuentemente usan armas, son indiferentes al atractivo físico de sus víc-timas, y muchas veces no pueden culminar el acto sexual. Una segunda variedad es el delincuente amoral cuyo concepto de la mujer es aquél de que ella es un mero objeto de placer sexual. Es hedonista, deficiente en sus controles sociales, y no es sadista ni hostil a sus víctimas, aun cuando usará la fuerza para dominar cualquier resistencia. También el agresor sexual. El patrón de conducta de estos violadores, bajo influencia del alcohol, [o de alguna otra sustancia] puede variar desde intentos torpes para ganar aceptación de las mujeres, a quienes errónea-mente creen amenas, hasta la de aquellos hombres sobre quienes el alcohol tiene el efecto de desencadenar violencia patológica potencial.

        ‘“La violación es a veces cometida como un acto explosivo por hombres de quien la agresión sexual repentina resulta aparentemente inexplicable, aunque a través de un estudio se revela evidencia psicótica. Existen también aquellos viola-dores que aplican estándares dobles, diferenciando la mujer buena de la mala, y racionalizando el uso o amenaza de la fuerza, para compeler a la mujer a hacer buena su conducta implícita. (Tales como el haberle aceptado unos tragos, ha-berse subido en su automóvil, visitado su apartamento, o haberle permitido ciertas libertades con su cuerpo.) Frecuentemente, la violación por este tipo de agresor es una respuesta a lo que interpretan como una conducta provocativa de la mujer. El violador puede también ser un deficiente mental, un psicótico o una mezcla de los tipos antes descritos.’ D. MacNamara, Sex Offenses and Sex Offenders, 376 Annals of Am. Acad, of Political & Social Science 139, 161-162 (1968). (Traducción nuestra.)” (Énfasis en el original.)

       Este error también dispone del señalamiento fundado en la negativa del tribunal a quo a decidir a su favor una moción de absolución perentoria.

       Rodríguez Vélez declaró ser tecnóloga médico-forense del Laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses, a cargo de serología forense. El instituto es una agencia nueva independiente creada el 1ro de julio. Antes estaba adscrita a la Policía. Una vez cualificada como perito, explicó que a solicitud del agente Carlos J. Díaz realizó unos exámenes de laboratorio sobré la presencia de semen, sangre y un estudio comparativo de pelo con unas manchas de la perjudicada M.M.S. Analizados los swabs que contenían secreciones vaginales y rectales, encontró semen. Con una tijera cortó y extrajo un trozo de un pantalón mahón, y bajo examen químico y microscópico encontró semen. Las dos (2) muestras de pelo tenían características similares, esto es, no eran distintos o de otra persona. Las muestras de las uñas estaban “limpiecitas”. Así mismo que todo el vello era de ella.
      Por su parte, el policía Báez Rivera atestiguó que como a las 6:40 A.M. lo llamaron del Dispensario Belaval para investigar una supuesta violación. Hizo un informe de su intervención y vertió en el mismo lo que le dijo la perjudicada M.M.S.
      En lo pertinente consignó:
      “Hoy 21 de febrero de 1986 y a las 5:40 A.M. se querelló la joven [M.M.S.], residente en la Calle Olga #141 de Cantera de que mientras caminaba por la Calle Constitución al llegar a la Ave. Barbosa se le acercó un joven del cual [é]sta ■no pudo dar descripción el cual agarrándole por el cuello y bajo amenaza de que [la] mataría la condujo hasta los antiguos almacenes Goya en Cantera donde sos-tuvo relaciones sexuales con la misma, luego de éste haber satisfecho sus ins-tintos sexuales éste procedió a golpear a dicha joven en distintas partes del cuerpo con los puños resultando [sic] ésta con varios [h]ematomas en distintas partes del cuerpo y posible fractura en la mandíbula, siendo atendida en el Dis-pensario Belaval por el Dr. Salvador Marquex, el cual la refirió a Centro Médico para placas y al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación. Se le dio conocimiento a delitos sexuales y el agente Carlos Díaz 11919 se hizo cargo de la investigación.” (Énfasis suplido.)

       Su Exposición de Motivos plasma la preocupación de la Legislatura por el incremento en la criminalidad y las estadísticas demostrativas de que había au-mentado el número de convictos con antecedentes penales de tres (3) o más con-vicciones por delitos graves. Se estimó que estas personas que demostraban “una persistente tendencia a delinquir” debían ser separadas permanentemente de la sociedad. En lo pertinente, la See. 5 dispuso:
      “Esta ley comenzará a regir a los 90 días después de su aprobación. No empece lo dispuesto en el Artículo 284 de la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, Código Penal de Puerto Rico, respecto a la vigencia de los Artículos 66 al 76 sobre medidas de seguridad, para los efectos exclusivos de la implementación, y de la aplicación de las medidas de seguridad al delincuente habitual, los Artículos 66, 67, 68, 69, 7h, 75, 76 de dicho Código entrarán en vigor a los 90 días después de la aprobación de la presente medida. (Énfasis suplido y escolios omitidos.) 1975 Leyes de Puerto Rico 1048, 1051.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
      In re José F. Vázquez O’Neill, querellado.

      Número: O-84-439

      Resuelto: 16 de junio de 1988

      E.L. Belén Trujillo, abogado del querellado; Rosa Negrón de Qui-ñones, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

El Ledo. José F. Vázquez O’Neill fue admitido al ejercicio de la abogacía el 24 de noviembre de 1970 y al ejercicio del notariado el 27 de enero de 1971.

El 26 de junio de 1984 el Procurador General presentó ante nos una querella contra el licenciado Vázquez O’Neill en la que le formuló seis (6) cargos por conducta antiética. Pos-teriormente el Procurador General adicionó cuatro (4) cargos más para un total de diez (10) cargos. En nueve (9) de estos cargos se le imputa haber retenido fondos pertene-cientes a sus clientes, en violación al Canon 23 de Etica Pro-fesional, 4 L.P.R.A Ap. IX. El otro cargo le imputa una violación de sus deberes como notario al no haber informado en los índices notariales correspondientes la autorización de dos (2) declaraciones juradas.

El 31 de julio de 1984 la Comisión de Ética del Colegio de Abogados presentó ante nos un informe referente a la con-ducta profesional del licenciado Vázquez O’Neill. En dicho informe, la Comisión de Ética imputa al abogado haber incu-rrido en conducta antiética al apropiarse de fondos pertene-cientes a ocho (8) de sus clientes; ello en contravención al Canon 23 de Ética Profesional, supra.

En total, al querellado se le formularon dieciocho (18) cargos por conducta impropia: diecisiete (17) por haber rete-nido fondos de sus clientes y uno (1) por no haber incluido dos (2) declaraciones juradas en los índices semanales. Los fondos alegadamente retenidos fluctúan entre $60 y $7,400 y, en total, ascienden aproximadamente a $35,000.

El 1ro de noviembre de 1984 suspendimos al querellado del ejercicio de la abogacía y notaría por no haber cumplido con nuestras resoluciones y por no contestar al informe so-bre conducta profesional sometido por el Colegio de Abo-gados.

El 24 de enero de 1985 nombramos Comisionado Especial al ex juez superior, Ledo. Arturo Cintrón García. El quere-llado estuvo representado por el licenciado Belén Trujillo.

Todos los cargos por retención de fondos presentan un patrón común de conducta. En todos estos cargos los clientes, en su mayoría corporaciones norteamericanas, con-trataban los servicios del querellado para que realizara ges-tiones de cobro de dinero y, en caso de que fuera necesario, para que demandara a los deudores. Luego de cobradas las cuentas y recaudado el dinero, el querellado retenía los fondos sin devolverlos a sus clientes. En la mayoría de los casos el querellado no respondió a los innumerables requeri-mientos de sus clientes para que les devolviera el dinero, y en aquellos casos en que sí respondió lo hizo mediante che-ques sin fondos.

En el Informe de la Conferencia entre Abogados con An-telación a la Vista suscrito por el Procurador General y el querellado, se estipuló que en once (11) de los diecisiete (17) cargos el querellado había pagado a sus clientes las sumas retenidas con posterioridad a la presentación de las quejas.

En la vista celebrada ante el Comisionado Especial el 20 de noviembre de 1985, el querellado declaró que la retención de fondos se debió a la conducta impropia de la administra-dora de su bufete. Según su testimonio, su oficina atendía aproximadamente unos dos mil (2,000) casos mensuales de cobro de dinero. Atestó que este gran volumen de trabajo le obligaba a delegar funciones en sus empleados. La adminis-tración del bufete estaba a cargo de una administradora, quien se encargaba de hacer directamente las gestiones de cobro. La administradora tenía la encomienda de hacer los depósitos en el banco de las sumas cobradas, de informar a los clientes del progreso de sus casos y de hacer las liquida-ciones y pagos una vez las deudas fueran cobradas. El quere-llado declaró, además, que no podía supervisar con atención la labor de la administradora debido a que tenía que viajar constantemente al exterior para hacer gestiones de cobro para sus clientes. De acuerdo con su versión, él se percató de toda la situación surgida luego de que la administradora abandonara repentinamente su empleo y se marchara fuera de Puerto Rico sin dejar dirección conocida. El querellado alega que fue en ese momento cuando tuvo que enfrentarse a los reclamos de sus clientes y cuando se dio cuenta de que su administradora había manejado impropiamente los fondos de los clientes.

El Comisionado Especial determinó que el testimonio del querellado era “dudoso y acomodaticio”, por lo que no le me-recía crédito alguno, y atribuyó la responsabilidad de lo su-cedido a la “ostensible y reiterada dejadez del querellado en el ejercicio de su profesión”. Informe del Comisionado Especial, págs. 24 y 26.

Luego de presentado el informe del Comisionado Especial, el Procurador General compareció para señalar que convenía con las determinaciones de hecho del Comisionado. El querellado replicó al informe indicando que ya había de-vuelto a sus clientes las cantidades retenidas y que éstos no tenían interés alguno en que se le disciplinara.

Los argumentos del querellado no nos persuaden. Hemos examinado cuidadosamente la transcripción de la prueba y la prueba documental, y no vemos razón alguna para apar-tarnos de las conclusiones del Comisionado Especial. Las mismas están ampliamente sostenidas por la prueba y por las admisiones del propio querellado.

El Canon 23 de Ética Profesional, supra, entre otros principios dispone:

La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez abso-luta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.

La retención de fondos de clientes por parte de los abogados constituye una práctica altamente lesiva a la profesión legal. Tal conducta menoscaba la relación de honradez y confianza que debe existir entre el abogado y su cliente, afecta la imagen de dignidad e integridad que debe guardar y proyectar todo abogado y la reputación de la profesión legal en la comunidad. “[L]a fe y la confianza del pueblo es esencial para que el abogado pueda cumplir cabalmente la función que le corresponde en nuestra sociedad.” In re Guzman, 82 D.P.R. 235, 240 (1961).

Conducta como la señalada “afecta adversamente la reputación de la noble profesión de abogado que debemos mantener ante la sociedad, poniendo en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios mayores a los cuales ha contribuido históricamente”. In re Díaz García, 104 D.P.R. 604, 608 (1976); In re Rodríguez Bonhomme, 119 D.P.R. 500 (1987).

Un abogado no está exento de la sanción disciplinaria correspondiente por el hecho de haber devuelto los fondos retenidos o por haberlos retenido sin intención de apropiárselos permanentemente. La dilación en la devolución de los fondos de por sí es causa suficiente para tomar medidas disciplinarias contra el abogado. In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

La conducta del licenciado Vázquez O’Neill de retener fondos pertenecientes a sus clientes infringe claramente el Canon 23 de Ética Profesional, supra, y demuestra una actitud de menosprecio hacia sus deberes como abogado.

La omisión del querellado de no incluir en sus índices semanales la autorización de dos (2) declaraciones juradas infringe, a su vez, las disposiciones de la anterior Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. ant. sec. 1001 y ss., y da margen a la imposición de sanciones disciplinarias. In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Vergne Torres, 121 D.P.R. 500 (1988).

La conducta reprobable, obstinada y altamente lesiva del querellado requiere la imposición de la sanción más se-vera.

Por los fundamentos expuestos, se separa indefinida-mente al Ledo. José F. Vázquez O’Neill del ejercicio de la abogacía. Se dictará la sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

       Desde el año fiscal 1982-1983 hasta el 1987-1988 este Tribunal ha suspen-dido permanentemente de la profesión a un total de sesenta (60) abogados y nota-rios. Ello representa un 0.8% del total de abogados autorizados a ejercer la profesión que al 31 de diciembre de 1987 eran siete mil doscientos ventiuno (7,221).

       De solicitar el querellado la reinstalación consideraremos que después de su suspensión se han presentado qn su contra varias quejas adicionales. Algunas de éstas hacen referencia a gestiones que hiciera el querellado en calidad de abogado mientras estaba suspendido de la profesión.


text:
    Cruz Delia Guzmán Concepción, peticionaria, Ex parte.

      Número: CE-87-401

      Resuelto: 17 de junio de 1988

      Luz de Borinquen Dávila, de Dávila & Pagán, abogada de la peti-cionaria; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Miriam Álvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

H-i

Cruz D. Guzmán Concepción estuvo casada en prime-ras y únicas nupcias desde el 25 de mayo de 1974 con Jesús Desiderio Carrasquillo, en cuyo matrimonio procrearon dos (2) hijos. El 31 de enero de 1979 el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, previa vista al efecto, decretó disuelto dicho vínculo matrimonial por mutuo consentimiento (RF-78-4550). Desiderio Carrasquillo falleció ab intestato el 23 de noviembre de 1986 sin haberse casado nuevamente.

El 13 de febrero de 1987, Guzmán Concepción presentó ante el mismo foro la declaratoria de herederos (87-582) en la que solicitaba que se declarara a sus dos (2) hijos únicos y universales herederos del causante y a ella con derecho a la cuota viudal usufructuaria. Oportunamente, el tribunal de-claró sin lugar su pedido en virtud del fundamento siguiente:

El artículo 761 de referencia reconoce el derecho a una cuota en usufructo al ex-cónyuge cuando estuvieren divor-ciados “por culpa del cónyuge difunto”.
De la disposición legal mencionada y la jurisprudencia que la interpreta surge el derecho del ex-cónyuge divorciado ino-cente por razón de que el otro fue culpable del divorcio.
En el divorcio por separación se eliminó por legislación el concepto de c[ó]nyuge culpable que existía cuando se resolvió el caso de López Valdés (1968) y se hizo aplicable a dicha causal las disposiciones del Art. 761 (Véase, Ley [Nú]m. 101 de 2 de junio de 1976 y Ley Núm. 183 de 26 de julio de 1979).
Solamente por fiat judicial se le podría reconocer a los ex-cónyuges en los casos de divorcio por consentimiento mutuo el derecho a una cuota usufructuaria legal.
Corresponde al [PJoder [Legislativo, como en la causal de separación, así prescribirlo si considerare que exist[e]n ra-zones que lo justifiquen desde el punto de vista social y legal. (Énfasis suplido.) Anejo Y, pág. A-10.

No conforme, mediante trámite de mostración de causa, revisamos su reclamo a la cuota viudal usufructuaria.

II

La tesis de la peticionaria Guzmán Concepción es que como cónyuge supérstite divorciado e inocente tiene de-recho a dicha cuota. Aduce que debemos proveer el mismo enfoque que existe para casos de divorcios por la causal de separación, a tono con la enmienda introducida al Art. 96 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 321. Ajuicio suyo, el propósito legislativo fue considerar a ambos cónyuges inocentes y, por ende, acreedores a la misma.

No podemos acceder. Recientemente, en Ripoll Alzuru v. Rosa Pagan, 121 D.P.R. 1 (1988), resolvimos que un ex cón-yuge divorciado por la causal de separación no tiene ese de-recho. Allí arribamos a esa conclusión luego de un extenso examen de la trayectoria histórica y doctrina jurisprudencial previa en torno al instituto de la cuota viudal usufructuaria. El elemento crucial decisorio fue la condición de inocentes que de jure creaba ese dictamen de divorcio entre los ex cón-yuges. En lo pertinente expusimos:

La cuota usufructuaria en casos de divorcios siempre ha es-tado inexorablemente atada al concepto de culpa. Esa culpa, según Marxuach v. Registrador, [57 D.P.R. 134 (1940)], se paga al perder la cuota. Para fines decisorios, asumimos la validez constitucional de la función social de la culpa como basamento en donde apuntalar la cuota. Ello acentúa más su carácter de elemento imprescindible, pues su significado neto es castigar al culpable y premiar al inocente.
Aunque en aparente buena lógica, por virtud de la rotura vincular y total del divorcio, no debería existir la anomalía del derecho a la cuota viudal usufructuaria entre ex cónyuges, pues no subsiste la sociedad de gananciales que finalizó con dicho divorcio. La jurisprudencia anterior fue acertada en cuanto a los efectos del concepto de culpa. Antes no existía en nuestra jurisdicción el divorcio sin culpa. La Ley Núm. 101"' de 1976, supra, eliminó la designación automática de la mujer como cónyuge inocente en la causal estatutaria de separación. Como resultado, ambos serían inocentes y, como corolario, ninguno culpable.
La tesis de la [peticionaria Guzmán Concepción] de que “al presente ambos ex cónyuges tienen derecho a recibir la cuota” presenta el obstáculo insuperable de que si los dos son ino-centes, ninguno es culpable. A su vez, si ninguno tiene culpa, hemos de rechazar que esa cualidad legal en vida, por el simple acto fortuito de la muerte, se trastoque y lo convierta en culpable. Semejante metamorfosis no cabe en nuestro dere-cho. La condición de inocentes en vida es indivisible en la muerte. No podemos aceptar que a dos seres humanos, que al amparo de la ley —uno frente al otro— ostentaron igual posi-ción de inocencia, puede la muerte variar esa condición y con-denar a uno. Rubricaríamos un anticlimax intolerable. El derecho no puede suplir e imputar el elemento de culpa entre cónyuges después de la muerte de uno de ellos. Si ambos fue-ron inocentes en vida, la ley no puede anatematizar y postu-mamente declararlo culpable. Ese atributo sólo pertenece al Sumo Hacedor. Con la muerte cesó toda la personalidad natural y jurídica del ex cónyuge [Desiderio Carrasquillo], y como tal, sujeto inimputable en derecho. R. Ato del Avellanal, Pro-yecciones jurídicas de la muerte en diversas ramas del dere-cho, IX Rev. C. Abo. La Plata 87, 89 (1967); Pueblo v. Morales Díaz, 120 D.P.R. 249 (1987). La vacante de cónyuge culpable producida por la muerte no puede ser así llenada. (Énfasis en el original y escolio omitido.) Ripoll Alzuru v. Rosa Pagan, supra, págs. 19-21.

III

Por fundamentos válidos erigidos sobre el derecho constitucional a la intimidad y a la dignidad personal, Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R., 250 (1978), rompió el es-quema tradicional de concebir el divorcio como un remedio predicado inflexiblemente al concepto de culpa. Nos pronun-ciamos respecto a que en la petición conjunta de los cón-yuges “[n]o tiene que existir una parte inocente y otra culpable. La esencia del derecho estriba en la abolición de la no-ción de culpa”. íd., pág. 276. El pensamiento de vanguardia judicial que inspiró ese curso decisorio fue lograr la máxima humanización del derecho. La consecución de ese ideal de justicia activa en el presente caso —como fuente de herme-néutica— la regla de aplicación analógica de principios simi-lares. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 743 (1981). Los razonamientos expuestos en Ripoll Al-zuru v. Rosa Pagan, supra, son controlantes. En consecuen-cia, resolvemos que un ex cónyuge divorciado por consenti-miento mutuo no tiene derecho a la cuota viudal usufructua-ria.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    K-Mart Corporation, demandante y recurrida, v. Walgreens of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: CE-88-143

      Resuelto: 17 de junio de 1988

      Mario L. Paniagua, de Sweeting, González & Cestero, abogado de la recurrente; Mario J. Pabón y Carlos M. Maldonado Casi-llas, de O'Neill & Borges, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El 6 de febrero de 1984 K-Mart Corporation (K-Mart) presentó en el Departamento de Salud una petición para la expedición de un certificado de necesidad y conveniencia para operar una farmacia en el Centro Comercial Plaza Río Hondo en Bayamón. K-Mart está representada en dicho pro-cedimiento por el bufete de abogados O’Neill & Borges. Esta solicitud fue objeto de una vista pública ante un oficial exa-minador el 8 de mayo de 1984, a la cual compareció Wal-greens of Puerto Rico, Inc. (Walgreens) en calidad de parte afectada. Walgreens solicitó que se descalificara al bufete de O’Neill & Borges como abogados de K-Mart en el procedi-miento comenzado, ya que dichos abogados habían represen-tado anteriormente a Walgreens en varias solicitudes para la obtención de certificados de necesidad y conveniencia, lo que implicaba una posible violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Luego de sometidos sendos memorandos, el oficial exami-nador del Departamento de Salud emitió una resolución donde declaraba sin lugar la solicitud de descalificación. No conforme, Walgreens acudió en revisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. El Departamento de Salud solicitó la desestimación del recurso por entender que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción para revisar la resolución por ser ésta una orden interlocutoria y por ser una decisión del Oficial Examinador, no del Secretario de Salud. El tribunal de instancia paralizó los procedimientos y concedió tér-mino al Secretario de Salud para que emitiera su resolución. El Secretario de Salud confirmó y ratificó la decisión del Ofi-cial Examinador. Una vez recibida dicha decisión final, el Tribunal Superior confirmó por sentencia la decisión del Departamento de Salud. El tribunal de instancia resolvió que ni el Departamento de Salud ni el Tribunal Superior te-nían facultad para entender en solicitudes de descalificación, por ser el Tribunal Supremo el único foro a quien compete con carácter exclusivo entender en dichos procedimientos.

No conforme con dicha decisión, Walgreens presentó una moción de reconsideración que fue declarada sin lugar. Luego de una serie de trámites entre las partes, Walgreens acude ante nos mediante Moción en Auxilio de Jurisdicción y Solicitud de Certiorari. Solicita que, en auxilio de nuestra jurisdicción, emitamos una orden que prohíba al bufete O’Neill & Borges representar a la recurrida K-Mart en los procedimientos antes mencionados hasta tanto este Tribunal se haya pronunciado en forma definitiva en torno a la solici-tud de certiorari. En la Solicitud de Certiorari, pág. 6, se plantea la cuestión siguiente:

Si el Tribunal de Instancia tiene o no facultad para entender en y resolver una moción de descalificación.

El 16 de marzo de 1988 dictamos la orden siguiente:

Examinada la solicitud de Certiorari, las autoridades allí citadas, y l[a]s constancias de los autos incorporadas [sic] al Apéndice, los abogados de la recurrida, K-Mart Corporation, tendrán hasta el 24 de marzo de 1988 para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado; dejar sin efecto las resoluciones emitidas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, (Hermida, Juez) el 27 de marzo y 24 de julio de 1987 y devolver el caso a dicho tribunal con instrucciones de que re-suelva los méritos de la controversia planteada, a saber si pro-cede la descalificación del bufete O’Neill & Borges como representante legal de K-Mart en los casos pendientes de ad-judicación ante el Secretario de Salud.
Dentro del mismo término la parte recurrida deberá fijar su posición sobre lo solicitado por la recurrente en su Moción En Auxilio de Jurisdicción. Resolución de 16 de marzo de 1988.

La aquí recurrida K-Mart ha comparecido y se allana a que se revoquen las resoluciones recurridas y a que se de-vuelva el caso al tribunal para que éste resuelva los méritos de la controversia en torno a si procedía o no la descalifica-ción. No obstante, se opone a que se emita la orden solicitada por Walgreens en su Moción en Auxilio de Jurisdicción. Sos-tiene que, de emitirse dicha orden, ésta debería ser emitida por el tribunal de instancia al serle devuelto el caso y que la misma debe limitarse única y exclusivamente al caso que se ventila aquí, esto es, al de Plaza Río Hondo.

En vista de que la parte recurrida se allana, y por ser atinada su posición, se devuelve el caso al tribunal para que resuelva la controversia sobre si están presentes las circuns-tancias que ameritan que se declare con lugar la solicitud de descalificación.

El poder de reglamentar la admisión al ejercicio de la abogacía y la suspensión o separación del mismo recae única y exclusivamente en este Tribunal. Warner Lambert v. F.S.E., 111 D.P.R. 842 (1982); In re Álvarez Crespo, 110 D.P.R. 624 (1981); Guerrero v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 241 (1942); Coll v. Leake, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 857 (1911). Así pues, en el ejercicio de ese poder corresponde a este Tribunal entender en toda acción disciplinaria contra un abogado por conducta impropia en violación a los Cánones de Ética Profesional. Véase la Regla 13 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. No obstante, en esta etapa del procedimiento, no estamos ante una acción disciplinaria contra los abogados del bufete O’Neill & Borges. Se trata de una moción de descalificación interpuesta por la recurrente Walgreens por entender que podría existir un conflicto de intereses y una posible violación al Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, de permitírsele al bufete O’Neill & Borges continuar representando a K-Mart en este caso.

En otras jurisdicciones se ha resuelto que una moción de descalificación no constituye de por sí una acción disciplinaria contra los abogados. Se reconoce como una medida preventiva para evitar posibles violaciones a los Cánones de Ética Profesional. Por consiguiente, los tribunales de primera instancia, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar la conducta de los abogados que postulan ante sí, pueden entender y resolver dichas mociones cuando las mismas surgen como cuestiones colaterales en casos pen-dientes ante sí. Bd. of Ed. of N.Y. City v. Nyquist, 590 F.2d 1241 (2do Cir. 1979); Ceramco, Inc. v. Lee Pharmaceuticals, 510 F.2d 268 (2do Cir. 1975); Waters v. Western Company of North America, 436 F.2d 1072 (10mo Cir. 1971); Levin v. Ripple Twist Mills, Inc., 416 F. Supp. 876 (E.D. Penn. 1976); American Dredging Co. v. City of Philadelphia, 389 A.2d 568 (1978); Slater v. Rimar, Inc., 338 A.2d 584 (1975). Igual-mente puede este Tribunal, en el ejercicio revisor de las deci-siones judiciales, proveer dicho remedio. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 171, 190 (1985).

Hoy establecemos la norma en nuestra jurisdicción de que los procedimientos de descalificación no constituyen de por sí acciones disciplinarias sujetas a la jurisdicción original y exclusiva de este Tribunal. Los tribunales de primera instancia, en el ejercicio de su poder inherente de supervisar y controlar la conducta de los abogados que postulan ante sí, pueden entender y resolver mociones de descalificación de abogados sin menoscabar el poder exclusivo de este Tribunal para entender en acciones disciplinarias contra abogados.

Así también, los organismos administrativos cuasijudiciales tienen la facultad de dirimir mociones de descalificación con miras a mantener el orden y control en sus procedimientos y evitar una posible violación a los Cánones de Ética Profesional. Brown v. Dist. of Col. Bd. of Zoning Adj., 486 A.2d 37 (D.C. App. 1984). Véase, además, In re Arroyo Villamil, 113 D.P.R. 568 (1982), en cuanto a que lo dispuesto por el Canon 6 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, sobre el deber del abogado de observar los mismos principios de ética profesional aplica tanto ante los organismos administrativos como ante los tribunales.

Una vez el organismo administrativo resuelva el incidente sobre la descalificación, su orden está sujeta a revisión judicial. Véase Silver Chrysler Plymouth, Inc. v. Chrysler Motors Corp., 496 F.2d 800 (2do Cir. 1974), en torno al carácter apelable de órdenes interlocutorias que conceden o deniegan mociones de descalificación.

En cuanto a la Moción en Auxilio de Jurisdicción, decla-ramos la misma no ha lugar, sin menoscabo de que se repro-duzca la misma ante el tribunal de instancia.

Por los fundamentos antes expresados, se expedirá el auto, se dictará sentencia, se revocará la sentencia recu-rrida y se devolverá el caso al Tribunal Superior para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí expresado.

El Juez Presidente Señor Pons Núnez se inhibió.

       El Cánon 21 del Código de Ética Profesional dispone, en su parte perti-nente, que: “. . . Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior . . .”. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

       En cuyos casos también podemos ordenar que un abogado renuncie a la representación legal de una de las partes. In re Orlando Roura, 119 D.P.R. 1 (1987).

       En cuyo caso el tribunal decidirá si la considerará como parte del recurso original o si la debe remitir al Departamento de Salud.