author: PER curiam :

text:
    Efraín Piñeiro, demandante y recurrente, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: R-77-189

      Resuelto: 30 de septiembre de 1977

      Ismael E. Marrero, abogado del recurrente; Raúl Barquet Trujillo, Jorge Santos Santiago y Rafael Alvarez Fortuno, abo-gados de la recurrida.
   PER curiam :

El demandante recurrente obtuvo ante el tribunal de instancia sentencia a su favor. El 24 de octubre de 1974 se archivó en autos copia de la notificación de la misma. Siete días más tarde el demandante radicó su memorando de costas. La Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (la “CRUV”) no presentó entonces planteamiento alguno.

El 10 de noviembre de 1976, más de dos años después de radicado el memorando de costas y luego de haber sido con-firmada la sentencia, el demandante recurrente solicitó la aprobación del mismo. El tribunal de instancia accedió. La CRUV requirió con éxito la reconsideración de tal fallo, de-clarándose improcedente la concesión de costas. De esta reso-lución se recurre ante nos.

Alega el recurrente que erró el Tribunal Superior al determinar que la CRUV está exenta del pago de costas en un procedimiento civil donde resulta ser la parte perdidosa. No se cometió el error.

El Art. 2(a) de la Ley Núm. 88 de 22 de junio de 1957, según enmendada, 17 L.P.R.A. sec. 22(a), dispone que la CRUV “tendrá los mismos poderes, deberes, funciones y fa-cultades conferidos, de acuerdo con legislación anterior, a la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico. . . .” Conforme al inciso (b) del Art. 2 citado, la necesaria transferencia habría de efectuarse mediante órdenes ejecutivas del Gobernador. La orden correspondiente data de 9 de octubre de 1958. Bole-tín Administrativo de Puerto Rico, Núm. 436. Sobre la am-plitud del traspaso, véase la Opinión del Secretario de Jus-ticia Núm. 20 de 30 de abril de 1970.

El Art. 20 de la Ley Núm. 126 de 6 de mayo de 1938, 17 L.P.R.A. sec. 51, a su vez especificaba que la Autoridad sobre Hogares no sería requerida “a prestar fianza o a pagar derechos, impuestos, cargos o costas de clase o naturaleza al-guna en relación con la institución o defensa, y la subsi-guiente prosecución como demandante, demandada o en cual-quier otro carácter, en cualquier acción o procedimiento judicial o administrativo....”

Resulta claro a la luz de lo expuesto que la CRUV con-tinúa gozando de la exención del pago de costas disfrutada originalmente por la Autoridad sobre Hogares. No hay in-dicio en el historial legislativo de intención en contrario. () El recurrente alega que el Art. 1 (2) de la referida Ley Núm. 88 de 22 de junio de 1957, 17 L.P.R.A. see. 21(2), apoya su contención, mas no es cierto. () Dicho artículo no se refiere a traspasos a la CRUV sino a otra entidad.

Sostiene el recurrente también que erró el Tribunal Superior “al desaprobar un Memorando de Costas radicado en tiempo por la parte demandante, y no opuesto por la parte demandada como lo requieren las Reglas de Procedimiento Civil.” Estimamos que en buena práctica la CRUV debió haber reclamado su exención mucho antes, Regla 44.4(a) y (b) de Procedimiento Civil, así como que el recurrente no debió haber aguardado tanto tiempo para requerir la solución definitiva de su planteamiento. Estas tardanzas entorpecen la marcha de la justicia. La acción de la CRUV no entraña, sin embargo, una renuncia a su derecho a la exención del pago de costas. No queda al arbitrio del organismo administrativo el cumplimiento del mandato de la Asamblea Legislativa. Los tribunales, además, vienen obligados a tomar conocimiento judicial de las leyes del país. Art. 398 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. see. 1711(2).

Se confirma la resolución de que se recurre.

El Juez Asociado Señor Rigau no participó.

      (1)La situación de la CRUV en este sentido es diferente a la del Es-tado bajo el Art. 8 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1956, 32 L.P.R.A. see. 3083. Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434 (1959).

      (2)El Art. 1(2), 17 L.P.R.A. see. 21(2), especifica:
      “Los deberes y facultades conferidos, de acuerdo con legislación anterior, a la Junta de Investigaciones sobre Vivienda de Puerto Rico, a la Autoridad sobre Hogares de Puerto Rico en lo que se refiere a actividades de planificación a largo plazo y a la Administración de Fomento- Coopera-tivo en lo que se refiere a fomento de construcción de viviendas bajo el sis-tema cooperativo, pasarán gradualmente a la Administración según vayan transfiriéndose, mediante las órdenes ejecutivas que emita el Gobernador de acuerdo con la facultad que se le confiere por la see. 24 de este título.”


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Dones Arroyo, c/p Rafi Dones, acusado y apelante.

      Número: CR-76-185

      Resuelto: 30 de septiembre de 1977

      Wüfredo Figueroa Vélez y José Torres Ortiz, abogados del ape-lante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, Justo Gorbea Varona y Américo Serra, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   PER curiam:

Pablo N. Padilla debía comparecer al tribunal el 17 de diciembre de 1974 como testigo de cargo en un caso de drogas que se seguía contra el apelante Rafael Dones Arroyo. Tres días antes del juicio fue asesinado frente al negocio donde trabajaba. Todo lo que pudo observar su pa-trono tras oír los disparos, fue un carro deportivo amarillo que se alejaba del lugar.

Rafael Dones fue acusado por los hechos aunque no fue el autor material de los mismos. Sostuvo el Pueblo que Dones contrató los servicios de dos asesinos a sueldo para que reali-zaran la faena.

Para probar la conspiración los fiscales contaron con el testimonio de Ana Delia Pérez Colón, concubina que fue de Juliá, autor material del delito. Este fue descrito, aun por los testigos de defensa, como experto tirador.

Declaró Ana Delia que para noviembre de 1974 vivía con Angel Juliá en un apartamiento del Condado. Un viernes de ese mes fueron hasta Piñones a una lancha donde estaba una persona que le presentaron como Rafi Dones. Ella quedó a una distancia de ocho a nueve pies de donde los hombres estaban hablando y oyó a Dones ofrecerle un trabajo a Juliá y a éste agradecerlo por estar corto de dinero. Al otro día, sábado, llegó Dones al apartamiento del Condado con un maletín lleno de dinero y en compañía de un individuo cono-cido por Paso Fino. Conversaron los tres, Dones, Juliá y Paso Fino como a 6 pies de donde se encontraba la testigo prepa-rando un sandwich. Oyó cuando Dones le dijo a Juliá que “Pablo Padilla le tenía un caso de drogas y le había ofrecido dinero y no lo había querido aceptar, que lo mejor era tum-barle la cabeza dos o tres días antes del juicio y que si tenía carro y arma preparada.” Luego le entregó el maletín a Juliá y se marchó con Paso Fino. A solas, la testigo acusó a Juliá de ser un asesino por dinero y éste le respondió con una bofe-tada y cinco billetes de cien dólares.

Para el 13 de diciembre de 1974 ya habían dejado el apar-tamiento del Condado y vivían en casa de un primo de ella. El 13 de diciembre fueron a la playa acompañados de Paso Fino, buscaron arena y se quedaron a dormir en otro aparta-miento en el Condado. Al día siguiente, Juliá y Paso Fino vestidos de negro, con peluca y guantes, metieron dentro de un carro deportivo de color amarillo un rifle y una funda llena de arena. Fueron hasta la casa de la mamá de Dones. Allí entraron en un cuarto donde la testigo observó un radio parecido a otro que había visto en la lancha que visitó en Piñones. Oyó cuando Juliá, luego de poner a funcionar el radio, dijo “ya lo tenemos todo listo, el hombre se va de 4 a 3.” Acto seguido Juliá se dirigió a Paso Fino indicándole que “ya Rafi dio la orden.”

Luego la llevaron a casa de su primo y quedaron en verse en una boda que se celebraba esa noche. Juliá y Paso Fino llegaron a la boda en un jeep rojo y el primero le manifestó a la testigo que ya habían hecho el trabajo de Pablo Padilla y si venían los “camarones” que les dijera que no lo había visto. Paso Fino se pasó el dedo por el cuello y se echó a reír.

Un día, a principios de 1975, cuando ya no vivía con Juliá, éste la amenazó y le dio una golpiza. Su nuevo amante, Benigno, la llevó al Cuartel de la Policía de Bayamón, a reportar el incidente. Allí entró en contacto con el CIC y eventualmente dio la declaración que llevó al arresto de Dones. Hasta ese momento el temor no le había permitido relatar a persona alguna lo que sabía. Para abril de 1975, Paso Fino y Juliá murieron en un encuentro con la policía.

En la repregunta, que duró casi tres días, Ana Delia se reafirmó en todo lo dicho durante el directo y aportó nuevos detalles sobre la intervención de Dones en la conspiración, tales como que Dones le suplió a Juliá una lista de direcciones en donde se podía conseguir a Padilla; que Dones dijo que el dinero que había en el maletín era sólo un adelanto; y el con-sejo que le dio a Juliá de que se fuera para Santo Domingo después “del trabajo” y que él (Dones) se iría para Nueva York.

La defensa presentó abundante prueba, entre ella el testi-monio de familiares de Ana Delia y de su ex-amante Benigno, con el propósito de impugnar la declaración de la testigo. También presentaron prueba de coartada mediante el testi-monio del Lie. Noriega. Este último declaró que el 14 de diciembre de 1974 se encontraba en la isla de San Martín como invitado de Dones. Estuvieron juntos desde las 8:30 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, hora en que cada uno se fue para su cuarto. En todo ese tiempo Dones no llamó ni recibió llamada alguna y en el cuarto no había radio-teléfono.

Resulta evidente que la prueba de defensa no le mereció crédito al jurado ya que encontró al acusado culpable de ase-sinato en primer grado e infracción al Art. 8 de la Ley de Armas. El juez de instancia lo encontró culpable de una in-fracción al Art. 6 de la misma ley.

En dos extensos alegatos firmados por distintos abogados, el apelante señala un total de 45 errores, los cuales hemos re-sumido y agrupado para facilitar su análisis y discusión:

(1) Admitir en evidencia actos y admisiones de un co-conspirador ya fallecido a la fecha del juicio, realizados en ausencia del conspirador acusado, antes de la conspiración y luego de terminada la misma. — Se refiere el apelante a un incidente en la Isla de Culebra, anterior al momento en que Juliá entró en conversaciones con Dones. Ana Delia situó a Juliá realizando prácticas de tiro en la referida isla. El se-gundo incidente se refiere a la llegada de Juliá a la boda luego de asesinar a Padilla y lo que le manifestó a Ana Delia según ya narramos.

Antes de entrar a examinar los dos incidentes señalados por el apelante, debemos dejar claro que la muerte de Juliá, bajo los hechos del caso, no hace inadmisible de por sí lo que hubiese manifestado a terceras personas. Y Wigmore, On Evidence, sec. 1456, pág. 326, ed. 1974. Además, como ya hemos visto, de acuerdo al testimonio de Ana Delia estos incidentes no constituyen la única prueba contra Dones. Según la testigo ella se enteró de la conspiración por boca del propio Dones.

Respecto al primer incidente, el cual sólo prueba la pericia de Juliá con las armas, dato relevante a su aptitud para ejecutar el crimen y que de por sí en nada compromete a Dones, es a todas luces infundada la protesta del apelante ya que sus defensores repreguntaron a la testigo extensamente sobre el particular y la testigo de defensa Enid Ramos Colón declaró a los efectos de haber visto los diplomas de experto tirador otorgados por el Ejército a Juliá.

En cuanto al segundo incidente referente a las manifestaciones de Juliá a Ana Delia cuando se encontraron en la boda, basta decir que la conspiración no termina necesariamente con la comisión del delito. Las manifestaciones del co-conspirador Juliá fueron hechas tan próximas al tiempo de cometer el delito que forman parte del res gestae y como tales admisibles contra el acusado ya que tienden a confirmar la conspiración y demuestran la intención de las partes. 3 Wharton, Criminal Evidence, sec. 643, págs. 338-339, 13th ed.; Pueblo v. Castro, 75 D.P.R. 672, 685 (1953); Pueblo v. Orona Merced, 89 D.P.R. 336, 338 (1963).

(2) Conducta impropia del juez que presidió la vista, de los fiscales y del Cuerpo de Investigaciones Criminales. —Alega que el juez hizo gestos que denotaban incredulidad (arquear las cejas) al recibirse el testimonio de uno de los testigos de defensa. No hay constancia en autos del desarrollo del incidente según lo narra el apelante, mas considerándolo tal cual lo alega, no se cometió el error. No puede presumirse que un jurado sea tan susceptible y falto de entereza, al punto de ser influenciado por un gesto pasajero e involuntario, el cual puede denotar infinidad de emociones a las que estamos sujetos todos los seres humanos, inclusive los jueces. Pueblo v. Andrades González, 83 D.P.R. 849, 860 (1961). El ar-queo de cejas no siempre es signo de incredulidad. También es indicio de asombro, preocupación, abatimiento, tristeza, re-signación, y hasta esfuerzo por desalojar una partícula mo-lestosa de un ojo. Tampoco puede inferirse que el juez inva-dió las funciones del jurado al manifestar a éste que un testigo había declarado que el auto que vio alejándose del lugar de los hechos era un Camaro. El testigo declaró le pareció Camaro, mas no podía afirmarlo pero sí estaba seguro era un auto deportivo amarillo. De ser cierta la manifestación del juez al jurado, lo cual no surge de autos, y asumiendo que la aseveración no fuese del todo correcta, la misma no le causó perjuicio al apelante. Para efectos de los méritos del caso lo que importaba era la descripción del auto, no el nom-bre que le dio su fabricante. Si a esto unimos que el auto fue un detalle secundario, ni tan siquiera elemento para identi-ficar o relacionar al acusado con el delito, es patente la frivo-lidad del señalamiento. El comentario del juez fue intrascen-dente, carente del efecto de prejuiciar al jurado contra el acusado privándole de su derecho a un juicio justo e impartial. Pueblo v. Lampón, 78 D.P.R. 109, 113 (1955). Tampoco se coartó el derecho del acusado a impugnar al testigo. Surge de autos todo lo contrario. Fue ampliamente contrainterro-gado y a pesar de todos los esfuerzos de la defensa fue con-sistente en su testimonio.

Según el acusado la conducta impropia del fiscal consistió en que en su turno de informe, éste hizo ciertas manifestaciones que menospreciaban y ponían en tela de juicio la prueba y testigos de defensa. Se queja de que el tribunal no permitió a la defensa objetar los comentarios. Asumiendo el fiscal hiciera las manifestaciones que reseña el apelante (por ejemplo, tildó de novela la prueba de defensa) la norma en nuestra jurisdicción es a los efectos de que en los informes al jurado, tanto defensa como fiscal tienen amplia libertad para comentar la evidencia y que aun las vituperaciones e invectivas, si bien constituyen un recurso de pobre estilo, no vician el veredicto si, como en el presente caso, no tienen la dimensión de factor determinante del mismo. El juez que preside la vista tiene amplia discreción para dirigir esta etapa de los procedimientos. Aun en el supuesto de que el fiscal hubiese hecho manifestaciones impropias el error no conlleva la revocación() a menos que el .apelante demuestre que el veredicto fue influenciado por la conducta impropia. El caso de autos carece de tal prueba. Pueblo v. Fournier, 80 D.P.R. 390, 408-409 (1958); Pueblo v. Rivera, 98 D.P.R. 163, 168 (1969).

La conducta impropia del CIC según el apelante consistió en acudir estos en masa al tribunal, arrestando en sus pasillos a un primo del apelante y a un empleado de uno de los defensores. El legajo de sentencia no revela los motivos y el número de agentes que asistía al tribunal. Sólo surge de autos la supuesta intervención con un empleado de los de-fensores, la cual se puso en conocimiento del tribunal ausente el jurado (Minuta de 26 de diciembre de 1975). Carece de méritos el señalamiento toda vez que no se demostró conoci-miento de los incidentes por parte del jurado.

Examinados los autos que comprenden dos distintos re-súmenes de la prueba que no fueron aprobados por el tribunal, no encontramos la represión y violación de derechos del acusado y sus abogados de que se queja el apelante.

(3) No admitir y eliminar prueba tendente a im-pugnar el testimonio de la principal testigo de cargo. — Espe-cíficamente: (a) prueba sobre supuesta conspiración del CIC para ejecutar a los dos co-conspiradores como parte de las ofertas que hicieran a Ana Delia. No procedía esta prueba por ser irrelevante a los hechos del caso. Allí no se juzgaba al CIC por la muerte de Juliá y Paso Fino. Además, resultaba acumulativa a los efectos de impugnación ya que la defensa presentó otra prueba sobre supuestas ofertas que le hiciera el CIC con el propósito de refutar la declaración de la testigo negando las mismas. Fue tan profusa la prueba de impugna-ción del testimonio de esta mujer, en gran parte producida por sus familiares más cercanos, y aún así desechada por el jurado, que en nada podía mejorar la posición del acusado la admisión de improbables promesas por el CIC a Ana Delia de que la protegerían eliminando a Juliá y Paso Fino. Más que éstos, el apelante Dones debía ser la fuente de temor a represalia para dicha testigo. La exclusión de dicha prueba, en todo caso, no afectó el proceso ni en modo alguno fue per-judicial al apelante. Pueblo v. Martínez Lucena, 92 D.P.R. 881 (1965). (b) Récord de investigación de la Policía refe-rente a Paso Fino, Juliá y Pablo N. Padilla. Según alega el apelante, el juez de instancia, a solicitud de la defensa, mandó a buscar dichos récords, los examinó, los negó a la defensa y los mandó a devolver a la Policía por constituir materia confidencial. También negó la solicitud de que que-daran en récord como evidencia ofrecida y no admitida. El derecho al descubrimiento de prueba por parte del acusado no es absoluto, descansa en la sana discreción del tribunal y, entre los elementos a considerar al establecer el balance entre los derechos del acusado y los intereses del Estado, según resolvimos en Pueblo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 470, 479 (1974), figuran la confidencialidad de lo solicitado y la pertinencia para el acusado. Este último no nos ha demos-trado que el juez abusara de su discreción ni el perjuicio que le causara la negativa, (c) Récord de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda para impugnar el testimonio de Ana Delia. Alega que le era necesario para impugnar a la testigo y el tribunal se negó a admitirlo. Examinado el re-sumen de la prueba aprobado por el tribunal encontramos que lo que intentaba probar con este récord lo logró o pudo lo-grarlo durante el prolongado contrainterrogatorio a que sometió a Ana Delia y los numerosos testigos de defensa presentados para contradecir a la testigo. Por ejemplo, alega que con el récord pudo haber probado que Ana Delia había manifestado a la CRUV que trabajaba y recibía ingresos, lo que según alega, resulta inconsistente con la declaración de la testigo durante el juicio a los efectos de que nunca había trabajado. La testigo de defensa Julia Rivera Hernán-dez declaró sobre el particular; aseguró que Ana Delia tra-bajaba en una barra y se le pagaba por su labor. La denega-toria del tribunal no perjudicó al apelante, (d) Preguntas a la testigo Ana Delia referente a dónde vivía. Alega fue error no permitir al acusado preguntarle a la testigo su dirección. Se basa en Alford v. United States, 282 U.S. 687, 694 (1931). La razón para reconocer el derecho del acusado a esta pregunta es que mediante la misma se sitúa al testigo en su medio ambiente para beneficio del jurado y permite a la defensa investigar la reputación del testigo respecto a veracidad dentro de su comunidad. De la prueba que ya rese-ñamos surge claro que en el caso de autos ambos objetivos se lograron mediante otros medios. Además, este derecho no es absoluto, quedando a discreción del tribunal el excluir preguntas que tiendan a hostigar, molestar o humillar al testigo. Art. 527, [Código de Enjuiciamiento Civil] Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 2183; Alford v. United States, supra. Entre estas preguntas improcedentes, se reconoce el derecho del tribunal a ejercer su discreción cuando puede in-ferirse, como en el caso de autos, que puede peligrar la seguri-dad personal del testigo si se descubre su residencia actual. McGrath v. Vinzant, 528 F.2d 681, 684 (1976), cert. denegado, 426 U.S. 902. (e) Declaración de la hermana de Ana Delia sobre supuestas relaciones amorosas de esta última con un agente del CIC, a quien conoció una vez comenzada la investigación que llevó al arresto de Dones. Surge de la minuta del 28 de enero de 1976 que la razón para excluir esta parte del testimonio de la testigo fue que no le constaban los hechos de propio y personal conocimiento. Tampoco vemos la pertinencia de la misma a los hechos del caso. No se come-tió el error, (f) Eliminar la defensa de coartada. Consta de la minuta del 18 de noviembre de 1975 que el tribunal con-cedió 5 días adicionales a la defensa para contestar pliego de particulares del fiscal. Le apercibió que de no hacerlo así, eliminaría la defensa de coartada. No aparece actuación posterior del tribunal referente al asunto hasta la minuta del 28 de enero de 1976. Durante la vista del caso, al pre-sentar la defensa al testigo Lie. Noriega, se opuso el fiscal fundándose en que no se había dado cumplimiento a la orden de 18 de noviembre de 1975. El tribunal dejó sin efecto la referida orden al permitir la declaración del testigo. Se ad-mitió la prueba de coartada del acusado y en nada se afec-taron sus derechos, (g) Memory test al que pretendía someter la defensa a la testigo Ana Delia. El incidente sobre este llamado memory test no surge de autos y según descrita la prueba () a la pág. 45 del “alegato suplementario” actuó correctamente el tribunal al denegarla. El extenso contrain-terrogatorio dio amplia oportunidad al acusado para probar la memoria de la testigo.

(4) Admitir prueba de referencia contra el acusado. —La viuda de Pablo N. Padilla declaró que el occiso estaba citado como testigo contra Dones en un caso de drogas. El apelante considera no debió admitirse esta parte del testimo-nio de la testigo. La frivolidad del apuntamiento se hace patente al ver el resumen de la prueba aprobada por el tribunal. La testigo sabía de la acusación porque acostumbraba leer la correspondencia. Tampoco constituyó error no permi-tir en repregunta el examen de esta testigo respecto a la razón por la cual Padilla ya no trabajaba para la policía, toda vez que la testigo no declaró sobre el particular en el directo.

(5) Permitir que un testigo de defensa se negara a con-testar preguntas formuladas por la defensa y excusar a dicho testigo antes de terminar el directo. — Se trata de un perio-dista que de primera intención se negó a revelar su fuente de información. Surge de las minutas del 19 y 20 de enero de 1976 que contrario a lo manifestado por el apelante, se le permitió a la defensa interrogar al testigo sobre si fue Ana Delia Pérez Colón su fuente de información. La defensa con-tinuó interrogando al testigo y luego de varios incidentes más, quedó finalmente excusado. Surge del resumen de la prueba aprobada por el tribunal que el testimonio del testigo fue eliminado, a solicitud de los fiscales, por ser irrelevante. Es significativo que ninguna de las dos exposiciones de la prueba preparadas por la defensa y desaprobadas por el tribunal contienen resumen alguno del testimonio de este testigo y sin embargo en ambos alegatos se refieren al mismo en varias ocasiones. No se cometió el error.

(6) Declarar sin lugar una moción de inhibición bajo la Regla 76 de las de Procedimiento Criminal. — El fun-damento para solicitar la inhibición fue el siguiente: el juez había venido en contacto con la prueba al presidir en la argumentación de varias mociones presentadas por las partes. Específicamente, tenía conocimiento de la declaración jurada prestada por Ana Delia. Con estos datos, la defensa infirió era probable que el juez hubiese formado juicio respecto a la prueba. El magistrado que presidió la vista de esta moción correctamente la declaró sin lugar. El mero contacto previo con la prueba no incapacita al juez para ver el caso en los méritos. El acusado tiene que demostrar afirmativa y especí-ficamente en qué consiste el prejuicio y parcialidad para que prospere una moción bajo la Regla 76 (f). Alegaciones y con-jeturas no son suficientes. Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 285, 288-291 (1961). Aun tiene menor importancia este contacto previo con la prueba cuando el caso, como lo fue el de autos, se ve ante jurado.

(7) Declarar sin lugar moción de desestimación bajo la Regla 64 (p), moción sobre especificación de particulares y moción bajo la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal.— Ya anteriormente el apelante trajo a nuestra atención lo re-suelto en instancia referente a las primeras dos mociones en la solicitud de certiorari 0-75-534, recurso que denegamos el 19 de diciembre de 1975 en vista de la corrección de lo re-suelto en instancia. El argumento en apelación, básicamente lo mismo que en el certiorari, no justifica alterar el anterior criterio. Tampoco constituyó error denegar lo solicitado al amparo de la Regla 95 por los mismos fundamentos expresa-dos al discutir el error 3 (b).

(8) Declarar sin lugar moción de recusación general del jurado bajo la Regla 114 de Procedimiento Criminal fundada en que en el panel general de jurados no figuraban personas entre 18 y 21 años en violación de la Regla 96, según enmendada. — No señala perjuicio específico causádole por la ausencia de personas de estas edades entre sus juzgadores, sólo la ilegalidad del panel constituido según el apelante en violación de la ley. Examinada la Ley Núm. 15 de 5 de agosto de 1975, surge la frivolidad del señalamiento. Su exposición de motivos es preceptiva pero no conminatoria. La ley “per-mite que en la selección del jurado haya ciudadanos de dieciocho años de edad.” El propósito de la misma fue meramente rebajar de 21 a 18 años el mínimo de edad necesario para actuar como jurado para poner la regla a tono con otra legislación que reconoce madurez a los jóvenes de 18. En otras palabras, la ley no hace obligatoria la inclusión de estas personas en el panel de jurados, como pretende el apelante, sólo las permite.

(9) Aceptar recusación motivada del fiscal de un miembro del jurado por motivo de amistad con uno de los abogados de defensa. — Sostiene éste no es fundamento suficiente para recusación motivada, debiendo demostrarse que la amistad es de tal naturaleza que impide al jurado usar su propio criterio. La Regla 121(e) establece como uno de los fundamentos para recusar motivadamente que el jurado “no puede juzgar la causa con completa imparcialidad.” La amistad con el defensor lleva implícita el elemento de parcialidad que puede impedir el fiel descargo de su deber por el jurado. El grado de amistad y correlativa proclividad del jurado no ha de ser extremado para que el juez se decida a eliminar esta amenaza a la imparcialidad. No abusó de su discreción el tribunal al sostener la recusación. Pueblo v. Gallart, 11 D.P.R. 377, 381-382 (1906); Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384, 393 (1970).

(10) Publicidad adversa, su efecto sobre el ju-rado y la eventual incomunicación (secuestro) del mismo,— Alega que se le privó de su derecho a juicio justo e imparcial al negarse el tribunal a interrogar los miembros del jurado respecto a si habían leído noticias relativas al acusado() publicadas durante el juicio y el efecto de tales noticias en su ánimo. Las publicaciones a que hace referencia no han sido elevadas con los autos del caso, no estamos en condiciones de juzgarlas. Esto de por sí sería suficiente para disponer del error pero velando por los derechos del apelante hemos estu-diado las minutas del caso y de las mismas surge que el 20 de enero de 1976 la defensa se queja de un artículo publicado en “El Vocero” y solicita se interrogue y se instruya al ju-rado para determinar si procedía un mistrial. El fiscal se allanó a la solicitud de instrucciones de la defensa y el tribunal entendió que se debía dar instrucciones “en ese mo-mento y posteriormente.” Llamado el jurado a Sala, el tribunal les instruyó en relación a lo publicado en la prensa relacionado con el caso. La defensa no opuso reparo a la resolución e instrucciones impartidas por el tribunal. El 22 de enero vuelve la defensa a llamar la atención del tribunal por una información de prensa relativa al caso y solicita del tribunal que tome las medidas que crea conveniente, para que el acusado tenga un juicio justo e imparcial. Ante la situación el tribunal decide que va a tomar medidas para incomunicar el jurado y así evitar que les llegue alguna in-formación. La defensa tampoco se opone en ese momento a la determinación del tribunal, aparte de que invocó su discre-ción al hacer el planteamiento. El 26 de enero nuevamente hay reparo de la defensa a un artículo publicado en “El Vocero” y el tribunal hace constar que está haciendo gestio-nes para incomunicar el jurado de manera que no pueda oír radio, ver televisión o leer periódicos. No surge objeción de la defensa. Es al recesar hasta el día siguiente, y luego del juez expresar que va a secuestrar al jurado, que la defensa se opone por entender es perjudicial a los derechos del acusado, sugiere en la alternativa que se instruya al jurado con rela-ción a los periódicos. Tanto el fiscal como la defensa argumen-tan en contra del secuestro, el tribunal no accede a la solicitud de las partes por entender la pureza de los procedimientos requiere el secuestro y hace constar le informará al jurado la decisión la tomó el tribunal motu proprio.

Como vemos, el tribunal con el consentimiento de la de-fensa optó por instruir al jurado sobre el particular, distinto a United States v. Concepción Cueto, ( ) 515 F.2d 160, 164, citado por el apelante, donde se interrogó al jurado pero no se le dieron instrucciones específicas y United States v. Pomponio, 517 F.2d 460, 462, 463, también citado por el apelante. En este último caso por dos ocasiones el juez denegó solici-tudes específicas de la defensa para interrogar al jurado respecto a si había leído cierta información periodística. En ambos casos el tribunal de apelación, como no ocurre en el de autos, tuvo ante sí las publicaciones al resolver que se había cometido error revocable.

En cuanto a la incomunicación del jurado, resulta evi-dente que era la única alternativa que le quedaba al tribunal ante los continuos reclamos de la defensa. Anuló cualquier posible reacción sicológica por parte del jurado detrimental al acusado, al informarles que la decisión se había tomado por iniciativa del propio tribunal.

Relacionado con estos incidentes surge otro señalamiento consistente en que no se le permitió al acusado dirigirse per-sonalmente al tribunal en relación a la información de prensa antes mencionada. Con cuatro defensores llevando el caso hábil y enérgicamente no vemos que más podía añadir el acusado en su favor. No abusó el tribunal de su discreción al negar permiso.

(11) Traer al acusado esposado y bajarlo junto a otros presos frente a la entrada del tribunal, a la vista de jurados que esperaban entrar a Sala. — Sostiene debió dár-sele trato especial consistente en traerlo separado de los de-más presos y entrarlo al tribunal por un lugar apartado de la vista de los jurados. El acusado admite no entraba a Sala esposado y no hay prueba de que la defensa llamara la aten-ción del tribunal oportunamente, ni de que el jurado que entendió en el caso viese efectivamente al acusado en las con-diciones que alega. En el supuesto de que hubiese puesto al tribunal en conocimiento de la situación y asumiendo para propósito de argumentación que no existe diferencia básica en cuanto a. la restricción física del acusado si se encuentra dentro o fuera de Sala no ha demostrado abuso de discreción al denegar el tribunal su solicitud. ()

(12) No conceder el mistrial solicitado por la defensa en dos ocasiones al enterarse que la testigo Ana Delia supuesta-mente se había entrevistado con sus hermanas Enid Ramos Colón y Lydia Esther Pérez Colón, testigos de defensa.— Según el apelante, estas entrevistas se llevaron a efecto en casa de la madre de las testigos, instigando allí Ana Delia a sus hermanas a cometer perjurio. No surge de las minutas del 7 y 8 de enero de 1976, ni del resumen de la prueba lo que habló, si fue que hubo tal conversación de Ana Delia con sus familiares cuando fue a visitarles. Lo que sí surge de las mencionadas minutas es que el tribunal investigó debida-mente el asunto, desfilando prueba al efecto en ausencia del jurado. Debemos presumir, ausente prueba en contrario, que no encontró méritos en el planteamiento de la defensa al or-denar que continuaran los procedimientos. Asumiendo cierta la versión de la defensa, vemos que no surtieron efecto los re-clamos de Ana Delia ya que sus hermanas declararon a favor de la defensa pretendiendo desmentir extremos de la declara-ción de la hermana testigo de cargo. En vista de los resulta-dos poco fructíferos de la gestión, no podemos decir que sufrió perjuicio el apelante.

(13) Negativa e insuficiencia de instrucciones al jurado. — Alega que las instrucciones impartidas fueron inadecuadas pero no las elevó con los autos del caso, por lo tanto, no estamos en condiciones de juzgarlas, debiendo presumir que las mismas fueron correctas y ajustadas a derecho. En cuanto a la negativa de impartir instrucciones sobre corroboración del testimonio de Ana Delia, el propio apelante rebate el error al admitir a la pág. 58 del alegato suplementario . . la ley no exigía la corroboración del testimonio de la testigo principal, Ana Delia Pérez Colón . . . .”

(14) No permitir el tribunal que se eliminara un párrafo de la declaración jurada de la testigo Ana Delia, que según el apelante no era relevante a los hechos del caso, y así alterada utilizarla para impugnar a la testigo. — No surge el incidente de las dos versiones del testimonio de Ana Delia preparado por la defensa así como tampoco del resumen de la prueba aprobado por el tribunal. De la minuta del 2 de enero de 1976 surge el planteamiento de la defensa, mas no así el fallo del tribunal. Asumiendo que el incidente ocurrió como lo plantea el apelante, no nos ha demostrado el presente sea caso de excepción que amerite se altere la regla general en el sentido de que cuando parte de un escrito se ofreciere por una de las partes, la totalidad del mismo podrá ser investi-gado por la otra. Art. 385 [Código de Enjuiciamiento Civil], Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1666; cf. Pueblo v. Díaz Díaz, 86 D.P.R. 558, 562 (1962).

Por último, el apelante hace recapitulación de todos los errores ya señalados alegando que los mismos demuestran primero, que se le privó de un juicio justo e imparcial y se-gundo, que fue convicto con prueba increíble e insuficiente en derecho. El primer apuntamiento no requiere mayor aná-lisis. El acusado tuvo un juicio justo libre de errores que pudieran afectar sus derechos fundamentales. La prueba contra él producida tiene detalles y pormenores que satis-facen los criterios de suficiencia y credibilidad. Son elemen-tos básicos integrantes de dicha prueba: (1) admisiones in-criminantes del acusado, no controvertidas por la defensa; (2) la aptitud de la testigo para oír las admisiones: se en-contraba a corta distancia del lugar donde se conversaba y tenía motivo lógico y razonable para estar allí, era la con-cubina de uno de los contratantes,, en algunas de las ocasiones se encontraba en su propio hogar y en otra acompañaba a su amante, invitado de Dones; y (3) en extremos críticos la propia prueba de defensa corrobora la de cargo: la testigo de defensa Enid Ramos Colón declaró que Dones visitaba el apartamiento del Condado donde vivían Ana Delia y Juliá; varios testigos de defensa declararon que Ana Delia llegó sola a la boda del 14 de diciembre de 1974, reuniéndose Juliá con ella por corto tiempo, y acompañado de Paso Fino, ya entrada la noche; y la testigo Enid también corroboró con su declaración el hecho de que Juliá poseía suficiente destreza con las armas para que el apelante le confiara el encargo. El jurado resolvió el conflicto de credibilidad entre unos y otros testimonios y su veredicto por ajustarse a derecho, debe ser respetado.

Se confirmarán las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Informes al jurado dentro de los límites establecidos en Fournier, supra, no constituyen error revocable debido a que no es lógico suponer que los jurados sean personas de sensibilidad tan extrema que cualquier expresión o incidente, aun en casos de asesinato, les afecte el ánimo de tal forma que les impida rendir un veredicto imparcial. Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522, 531 (1969).

      (2)La misma consistía en “escribir en un pedazo de papel lo que ella alegaba haber escuchado en una de las conversaciones sostenidas por el acusado Dones Arroyo y Julia Vilá y Rigoberto Cintrón y sobre las cuales ya había declarado. La idea era darle lectura al escrito, . . . seguir repre-guntando a la testigo y transcurrido un término razonable, preguntar a la testigo que repitiera el escrito al que dimos lectura y que era la misma conversación que ella alegaba haber escuchado más de un año atrás.”

      (3)Lo dicho en Pueblo v. Tursi, 105 D.P.R. 717 (1977), dispone de esta parte del señalamiento. “En Puerto Rico, donde el territorio es redu-cido y la población compacta, servida por medios de comunicación y difu-sión de eficacia máxima, sería imposible formar un jurado totalmente ignorante. La justicia no puede por tanto depender de la ignorancia, sino de la integridad de los jurados y de la firmeza de su compromiso de resolver guiados únicamente por la prueba que se presente en el juicio.”

      (4) En la opinión de Concepción Cueto, supra, se reconoce que instruc-ciones enérgicas y específicas pueden subsanar -cualquier efecto detrimental para el acusado si el jurado viene en contacto con publicidad adversa al acusado.

      (5)E1 tribunal puede autorizar medidas restrictivas de la libertad de acción del acusado durante el juicio y que estén a la vista del j'urado (espo-sas, grilletes) tomando en consideración hechos tales como convicciones anteriores del acusado y la naturaleza del delito que se le imputa. Pueblo v. Rodríguez García, 85 D.P.R. 467, 471 (1962).


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Don Carmelo Zeno Molina, etc., et al., demandantes, recurrentes y recurridos, v. Mario Vázquez Rosario, etc., et al., demandados, recurridos y recurrentes.

      Números: R-76-220, R-76-230

      Resueltos: 30 de septiembre de 1977

      Demetrio Fernández, abogado de Carmelo Zeno Molina et al.; Vivas & Martínez Texidor, abogados de Mario Vázquez Rosario et al. y de Master Mix Company y Commercial Insurance Company of Newark, New Jersey.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Un joven soltero de 21 años de edad que vivía con su padre y tres medio hermanos, murió instantáneamente al ser impactado su auto por un vehículo conducido por un em-pleado de Master Mix Company. El padre, sus tres hermanos y una tía de crianza demandaron para resarcirse. Los de-mandados admitieron la negligencia.

La Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) compensó en $10,000 al padre y en $1,000 a cada uno de los tres hermanos por ser dependientes del occiso.

El Tribunal Superior, Sala de Arecibo, valoró la pérdida económica sufrida por el padre, Carmelo Zeno, en $51,194.62. Le concedió $450.00 por el valor del auto del joven, el cual fue pérdida total. También le concedió $10,000 por angustias mentales. A los hermanos María del Carmen, Nydia y Luis Alberto de 14, 11 y 7 años de edad respectivamente les con-cedió $5,000 a cada uno y a Felicita Zeno de Rivas, la tía de crianza, $10,000.

Mediante sentencia enmendada de 28 de abril de 1976 el tribunal de instancia eliminó la partida que por daños mo-rales le había concedido a Carmelo Zeno ya que a tenor con la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, See. 8 (9 L.P.R.A. see. 2058) procedía restar de los daños morales la cantidad de $10,000 que la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (ACAA) le había compensado. Por la misma razón dedujo $1,000 a la compensación de cada uno de los hermanos.

Ambas partes recurrieron. Consolidamos los recursos. La parte demandada cuestiona que el tribunal de instancia uti-lizara como base para determinar la compensación por pér-dida económica la expectativa de vida de la víctima y no la de su padre. También alega que son exageradas las cuantías concedidas por daños morales a los hermanos y tía de crianza del fenecido.

Los demandantes levantaron como error el que el tribunal sentenciador dedujera de la partida de daños morales con-cedida al padre y a los hermanos la compensación otorgada por la A-CAA. Encuentran asimismo error en la evaluación que el tribunal hiciera de los daños sufridos por el padre y los hermanos.

I

Está consignado en nuestros dictámenes que la causa de acción que autoriza el Art. 1802 del Código Civil no sólo cubre los sufrimientos sino el daño pecuniario efectivo causa-do. González v. San Juan L. & T. Co., 17 D.P.R. 124-130 (1911), revocado en otros extremos en De Jesús v. De Jesús, 37 D.P.R. 151 (1927); Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747-766 (1923); Orta v. P.R. Railway L. & P. Co., 36 D.P.R. 743, 759 (1927); Travieso v. Del Toro y Travieso, Int., 74 D.P.R. 1009 (1953). Véase además Sentencia del Tribunal Supremo de España de 20 de enero de 1970.

'El tribunal de instancia para determinar la cuantía de la pérdida económica sufrida por el padre con motivo de la muerte de su hijo solamente tomó como base la expectativa de vida del hijo. Evidentemente, aunque sin citarlo, el juez sentenciador se fundó en Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973), donde resolvimos que una persona que muere víctima del acto u omisión negligente de otra transmite a sus herederos la causa de acción que no ejercitó para recobrar indemnización adecuada al sufrimiento físico y moral que precedió a su deceso. Así, erróneamente consideró como un bien patrimonial transmisible por la muerte el lucro cesante correspondiente a la víctima. Pero la situación que los hechos de este caso presenta es distinta a la que consideramos en el caso que acabamos de citar. En el presente la víctima murió instantáneamente y como expresó el Tribunal Supremo de España en Sentencia de 29 de diciembre de 1930 “el derecho a la indemnización pretendida por los recurridos no provenía de su difunto padre, sino que les pertenecía por su carácter de mujer e hijos del atropellado, ya que éste, al fallecer instantáneamente . . . por consecuencia de haber sido atropellado por el auto-camión, no llegó a poseer ni por un instante el derecho a ser indemnizado, que se supone transmitió a sus descendientes, sino que con ese acto nació para éstos la acción de indemnización.” Ver además las Sentencias del 8 de enero de 1946 y 17 de febrero de 1956 del Tribunal Supremo de España.

En el caso de Travieso antes citado, consignamos que “[b]ajo el derecho francés, aquellas personas a quienes el fallecimiento de la víctima produzca un perjuicio' moral o pecuniario personal, pueden pedir su reparación, sean o no herederas de la víctima, y la acción que les corresponde es independiente de la que le correspondía a la víctima y el per-juicio debe apreciarse exclusivamente en la persona del re-clamante y no en la persona de la víctima. Planiol-Ripert, Derecho Civil Francés, Vol. 6, pág. 897, sección 658; 6 Tulane L. Rev. 216.” Igual enfoque aparece en el derecho consuetudi-nario. Rheinstein, The Law of Decedents’ Estates, pág. 629 (ed. 1955); Nota 25 Calif. L. Rev. 103 (1936); Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo V, pág. 59 (2da. ed. 1975).

Vemos pues que la acción no es patrimonial heredita-ria, sino una en resarcimiento de daños, por lo que la cuantía de los mismos ha de determinarse tomando en cuenta la pro-ductividad y expectativa de vida de la víctima y del bene-ficiario que le sobrevive, limitando la indemnización que a éste corresponde en proporción al tiempo de su probable supervivencia.

Establecido que los daños pecuniarios sufridos por el padre de la víctima se evalúan por el daño efectivo causado, debe tenerse presente lo expresado en Travieso, supra, al efecto de que “[a]un si el padre no recibía alimentos en forma real y efectiva al tiempo de la muerte de su hijo, él pierde los beneficios prospectivos y potenciales inhereates a la relación de padre e hijo. La relación en sí daba lugar a una esperanza razonable de alimentos y beneficios futuros. Tal como se indica en Colombo, Culpa Aquiliana, pág. 73, nota 1047:

‘La vida humana es un bien jurídico, un valor económico como cualquier otro, más digno de protección que ninguno, un capital social destinado a ser, en el futuro, fuente de beneficios, sobre todo en los hogares modestos, y los padres, al perder a sus hijos sufren la pérdida de los gastos y sacrificios, traducibles pecuniariamente, que han realizado para sostener la vida, a la vez que la fundada esperanza de una protección o un amparo para la vejez.’ ”

Y al valorar los daños debemos seguir la norma con-signada en Travieso cuando expresamos: “Hemos hablado de valores económicos en cuanto a la pérdida de la vida de un hijo. Pero no ignoramos que la vida de un hijo, desde el punto de vista del afecto y del cariño, tiene un valor incon-mensurable que no se presta a valoración objetiva. El juz-gador debe considerar todos esos elementos para que aquilate los daños y perjuicios, incluyendo sufrimientos mentales causados al padre.” Travieso, supra, pág. 1028.

Siguiendo esta pauta consideramos que una indemniza-ción total de $40,000 al padre por los daños sufridos es ra-zonable. Los daños concedidos a los otros demandantes son adecuados.

II

Los demandantes atacan la actuación del tribunal sen-tenciador al eliminar de las partidas concedidas por daños morales al padre y hermanos de la víctima una cantidad igual, a tenor con la See. 8(3) (d) de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. see. 2058(3) (d). Estos apuntamientos de los demandantes son inmeritorios. Establece dicha sección que:

u (3) Toda persona a quien un tribunal declare en una acción civil relacionada con la posesión, mantenimiento, u operación de un vehículo de motor culpable de haber causado por negligencia lesiones por las cuales la víctima tenga derecho a recibir bene-ficios o servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización bajo este Capítulo, tendrá derecho a una reducción en la sentencia impuesta por el tribunal hasta la cantidad indicada en esta sección.
(d) La indemnización que un tribunal otorgue a los sobre-vivientes de la víctima por concepto de los daños morales sufri-dos por éstos por razón de la muerte de dicha víctima, se redu-cirá por una suma igual al importe de los beneficios que la vícti-ma y sus beneficiarios hayan recibido de la Administración.”

Por medio de este inciso se quiso eliminar de lo que el tribunal concediese por daños morales a los sobrevivientes de una víctima, una cantidad igual a los beneficios que la víctima o sus beneficiarios hayan recibido de la ACAA. () Recuérdese que aun las víctimas “indirectas” sufren la deducción cuando por disposición especial del estatuto son acreedores a beneficios de la ACAA. Cf. Coira Luquis v. De Jesús Rosas, 103 D.P.R. 345 (1975),

En nuestra interpretación de los incisos (b) y (c) () de la misma sección, en Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717, 724 (1972), a pesar de que la Ley de la A.C.A.A. no contemplaba compensación por sufrimientos físicos y men-tales, resolvimos que la deducción que la ley establecía era una automática que beneficiaba al causante del accidente. Véase también A.C.A.A. v. Yantín, 103 D.P.R. 59, 63, 64 (1974). El inciso (d) es claro en su redacción y sirve el mismo fin que los incisos (b) y (c) de la See. 8. Aunque la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles no concede daños morales se debe restar de lo concedido por los tribunales por este concepto una suma igual a la que la Ad-ministración concedió a los beneficiarios de la víctima. Actuó correctamente el tribunal inferior al así deducirlos.

La sentencia modificada de acuerdo con los términos de esta opinión, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Dicho inciso fue enmendado el 30 de octubre de 1975 estableciendo que:
      “La indemnización que un tribunal otorgue a los sobrevivientes de la víctima aun cuando sea solo por concepto de los daños morales sufridos por éstos por razón de la muerte de dicha víctima, se reducirá por una suma igual al importe de los beneficios que la víctima y sus beneficiarios hayan recibido de la Administración.”

      (2)Disponen así dichos incisos:
      “(b) La reducción aplicable a daños por sufrimientos físicos y men-tales será de $1,000.
      “(e) La reducción aplicable a daños y pérdidas por causas que no sean sufrimientos físicos y mentales será la suma de $2,000 o el importe de los beneficios totales pagados por la Administración, si dicho importe fuera mayor de $2,000.”


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Héctor Albaladejo, etc., demandantes, v. José L. Vilella Suau, etc., demandados y peticionarios, Interstate Fire & Casualty Insurance Company, etc., demandados y recurridos, William Marini Sandoval, etc., interventores y recurridos.

      Número: O-76-57

      Resuelto: 30 de septiembre de 1977

      Raúl J. Tons Bobonis y Rafael E. Castro Pérez, abogados de los peticionarios; Rúa, Mercado & González y Rolando Martínez Rivera, abogados de los demandados y recurridos; Pedro E. Ortiz Alvarez, abogado de los interventores y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de la ejecución de una sentencia obtenida en un pleito de daños y perjuicios. Los peticionarios — marido y mujer — impugnan el procedimiento de ejecución básicamente por no haber sido notificados del embargo de la propiedad ejecutada ni del mandamiento de ejecución.

Los peticionarios estuvieron representados desde la radi-cación de la demanda en 21 de septiembre de 1971 por el Ledo. Miguel A. Nieves Díaz. Este renunció la representa-ción legal un mes antes de la fecha señalada para la vista en su fondo del caso habiendo notificado con copia de la renuncia a su cliente José L. Vilella Suau, aquí peticionario, a su direc-ción en Carretera 106, Km. 6, Hm. 1, Barrio Quemado, Mayagüez. La renuncia fue aceptada en 16 de agosto de 1972 habiendo sido notificada copia de la orden del tribunal al pe-ticionario Vilella a la dirección ya mencionada, en el Barrio Quemado de Mayagüez. Esta es la dirección residencial que el propio peticionario había informado a los demandantes en la Contestación a Interrogatorios en 7 de diciembre de 1971. ()

En 25 de agosto de 1972 la compañía de seguros codemandada notificó una demanda contra coparte a Vilella al Barrio Quemado, seguida por una notificación del demandante de una oposición a la misma dirección. El tribunal de instancia denegó la demanda contra coparte y notificó la Orden a Vilella al Barrio Quemado. No fue hasta el Io. de septiembre de 1972, en una moción de suspensión de vista presentada por Vilella, que aparece la dirección de éste como Calle Nereida 60, Mayagüez. Es entonces que el tribunal le notificó a Vilella por telegrama a la Calle Nereida 60 el haber declarado sin lugar la suspensión. Al comparecer Vilella sin abogado e in-sistir en la suspensión el tribunal le impuso las costas. El tribunal nuevamente notificó a Vilella por telegrama en 4 de octubre de 1972 una orden requiriéndole designara nuevo abogado. En 16 de octubre de 1972 compareció Vilella a la vista del caso acompañado del Ledo. E. Ramírez Moll en la que se sometió una estipulación aceptando Vilella que se dic-tara sentencia en su contra, tanto con respecto a la demanda como a la demanda de coparte instada por la compañía ase-guradora contra Vilella. Las partes fueron notificadas en corte abierta. Al dictarse sentencia en noviembre de 1972 le fue notificada entonces a Vilella a la dirección de Calle Ne-reida 60, conforme se señala por el Juez Superior en resolu-ción dictada posteriormente en 4 de septiembre de 1975. ()

En septiembre de 1973 la compañía aseguradora code-mandada presentó moción de ejecución de sentencia que no notificó a Vilella. El embargo fue anotado el mes siguiente. En 12 de noviembre de 1974 la ejecutante presentó una mo-ción en la que informaba la anotación del embargo de la pro-piedad de Vilella, y en la que solicitaba además se le permi-tiera licitar el crédito obtenido por sentencia hasta la suma de $13,000 en exceso de cualquier postura que hiciera un tercero que sobrepasare la cantidad garantizada con gravá-menes anteriores. Esta moción aparece notificada a Vilella al Barrio Quemado sin haber constancia de que hubiere sido de-vuelta por la que se presume que fue recibida. ()

El acta de la subasta celebrada en 18 de julio de 1975 revela que se publicaron los edictos de subasta de acuerdo con la ley, y que se envió copia del Aviso de Subasta por correo certificado al demandado Viiella al Barrio Quemado, cuya comunicación fue devuelta por el correo con una indicación al efecto de que no había buzón de correos [no mail recepta-dle). En 22 de julio de 1975 la compañía aseguradora ejecu-tante notificó a Viiella, tanto a la dirección de la Calle Ne-reida como a la del Barrio Quemado, con copia de una moción para retirar los fondos producidos por la subasta. () Y, no fue hasta el 2 de septiembre siguiente que Viiella solicitó la anulación del procedimiento de ejecución de sentencia.

I

El embargo es un remedio provisional para asegurar la efectividad de la sentencia. 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 56.1. Puede concederse sin fianza si se gestiona después de sentencia (R. 56.3), en cuyo caso puede autorizarse a moción de parte, y se efectuará, en caso de bienes inmuebles, anotándolo en el Registro de la Propiedad y notificándolo al demandado. () Id. R. 56.4. Conforme lo dispone la Regla 67.2, la notificación se hará al abogado o a la parte, cuando no hu-biefe abogado, entregándole copia o remitiéndosela por correo a su última dirección conocida, o de ésta no conocerse, deján-dola en poder del secretario del tribunal,() y en caso de notificarse por correo quedará perfeccionada al ser deposi-tada en el correo. Id. R. 67.2; véase Valldejuli Rodríguez v. Srio. de Hacienda, 89 D.P.R. 17, 29 (1963).

Debemos resolver si la notificación del embargo háchale al demandado en noviembre de 1974 al Barrio Quemado de Mayagüez cumple con los requisitos de ley. Según explicamos en el escolio 1 de esta opinión había margen para creer que Vilella utilizaba dos direcciones. El hecho de que en la Moción de Suspensión presentada con posterioridad a la Contestación a los Interrogatorios indicara al calce la dirección de la Calle Nereida Núm. 60 sin recalcar expresamente que había habido un cambio de dirección que debía utilizarse, en futuras noti-ficaciones, daba lugar a que pasara por desapercibida la nueva dirección. Es significativo que Vilella produjera prueba de un cambio de dirección anterior dentro de la ciu-dad de Mayagüez notificada al Administrador de Correos, pero que no adujera prueba alguna de que hubiese notificado posteriormente el cambio de dirección del Barrio Quemado a la ciudad. No solamente no notificó el haber dejado de residir en el Barrio Quemado sino que ni siquiera tenía el buzón de correos exigido para la entrega de la correspondencia. Por ello, fue devuelto, por el correo, el Aviso de Subasta cursá-dole posteriormente. Las circunstancias señaladas tienden a indicar el descuido de Vilella en informar su cambio de direc-ción, si realmente hubo un cambio.

Según dicta la Regla 67.2, la notificación por correo que-dará perfeccionada al ser depositada en el correo dirigida a la última dirección conocida del destinatario. La explicación precedente de los hechos en conexión con el envío demuestra que la parte demandante cumplió con el precepto legal men-cionado.

Aun si Vilella no hubiese recibido efectivamente el aviso de la anotación de embargo, más tarde se le cursó el Aviso de Subasta a la misma dirección del Barrio Quemado, el que fuera devuelto por el correo por no existir allí un buzón de correos. Ya hemos concluido que ésa podía ser la última dirección conocida.

El procedimiento de ejecución de sentencia está regulado por la See. 1129 et seq. del Título 32 y por la Regla 51 de las de Procedimiento Civil. No hemos podido encontrar disposición alguna que exija una notificación efectiva al dueño de la propiedad durante el trámite de ejecución.() Pero sí exige que se haga la publicación en un periódico, requisito con el que se cumplió en este caso. Id. see. 1132(2).

HH HH

Los otros apuntamientos de error de los peticionarios son inmeritorios. Veamos.

Alegan los peticionarios como error que la sentencia dictada fue enmendada después del proceso de ejecución lo que debió haber producido la nulidad de la ejecución. Las resoluciones dictadas por el tribunal de instancia que alegadamente modifican la sentencia se producen como consecuencia de la solicitud de nulidad presentada por el codemandado Vilella. Dichas resoluciones se limitan a aclarar los fundamentos en los que se apoyó el tribunal al dictar la sentencia, y en manera alguna restan finalidad a ésta.

Otro de los errores señalados persigue la nulidad de la sentencia original, respecto a la demanda de coparte de la compañía aseguradora, por haber sido dirigida solamente contra Vilella quien resultó ser responsable del accidente de automóvil que causó daños a los demandantes. Alegan los peticionarios que la sociedad de gananciales de Vilella .y su esposa no fue incluida como parte. No tiene razón. Vilella estipuló que se dictara sentencia contra él para responderle a la compañía aseguradora conforme a las alegaciones conte-nidas en la demanda contra coparte radicada por ésta. Surge del expediente que Vilella conducía el vehículo envuelto en el accidente mientras se encontraba en gestiones de su cargo. Su empleo es para beneficio de la sociedad de gananciales por lo que ésta responde de los daños causados. Lugo Montalvo v. González Mañón, 104 D.P.R. 372 (1975). De todas maneras la demanda original de los demandantes incluyó la sociedad de gananciales y ésta compareció al pleito representada por abogado y presentó una alegación responsiva. Luego el pleito fue transigido por estipulación en la que compareció' Vilella como Administrador de la Sociedad de Gananciales.

Por los fundamentos expuestos se confirmará en todas sus partes la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bagamán, él H de noviembre de 1972 en él caso civil número CS-71-3763, Héctor Albaladejo, etc. v. José L. Vilella Suau y la Sociedad de Gananciales constituida por él y su esposa, etc.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Es curioso notar que antes de esa fecha el peticionario había avi-sado al Administrador de Correos de Mayagüez — en 14 de octubre de 1970— que su dirección postal había cambiado de Calle De Diego Núm. 17 Este de Mayagüez a Calle Nereida Núm. 60 (bajos), Ensanche Martínez de Maya-güez. Véase Carta del Administrador de Correos de 30 de agosto de 1975, Exh. 2 demandada. El hecho de que en 14 de octubre de 1970 su dirección postal era en Calle Nereida Núm. 60, y en 7 de diciembre de 1971 su dirección residencial era Bo. Quemado de Mayagüez, y luego en Io. de septiembre de 1972 en la moción de suspensión radicada por Vilella apa-rece nuevamente que es la Calle Nereida Núm. 60, y más aún, que a la fecha de la ejecución aún era dueño de la propiedad del Barrio Quemado, estando allí presente su hija el día del desalojo de la propiedad por el Alguacil, sugiere que el peticionario demandado utilizaba ambas propie-dades indistintamente como residencia.

        (2)E1 peticionario alega en su recurso que nunca recibió copia de la sentencia, pero no surge que haya sido devuelta al tribunal. Se presume pues, el recibo por el destinatario. R. 67.2 de Procedimiento Civil.

      (3)A mayor abundamiento fue notificada al Ledo. Miguel A. Nieves Díaz, quien fuera el abogado de Vilella hasta poco antes de la celebración del juicio.

      (4)La propiedad fue adjudicada a un tercero por la suma de $15,900. El valor informado por el demandado Viiella en la contestación a interro-gatorio de 3 de marzo de 1972 fue $20,000. La sentencia que se ejecutó ascendía a $15,417.52.

      (5)En el pasado al interpretar la See. 9 de la anterior Ley de marzo 1 de 1902 sobre Aseguramiento de la Efectividad de Sentencia, cuyo texto es similar a la actual Regla 56.4 de las de Procedimiento Civil, resolvimos que la notificación de la anotación de embargo al demandado solamente es necesaria cuando contiene una prohibición de enajenar. Kuenzli v. Symister, 43 D.P.R. 468 (1932), López v. Martínez Hnos. & Co., S. en C., 45 D.P.R. 530 (1933); Ramery Vélez v. Banco Popular, 90 D.P.R. 274 (1964). En este último caso, sin embargo, expresamos a manera de dieta que la práctica aconsejable es que el embargo de bienes inmuebles anotados en el Registro de la Propiedad se notifique al demandado, según lo dispone la Regla 56.4 de Procedimiento Civil, a fin de que éste pueda utilizar opor-tunamente el remedio de impugnar dicho embargo por razones de ley que lo justifique. La doctrina de los casos de Kuenzli, López y Bamery Vélez, supra, no debe subsistir a la luz de lo dispuesto en la propia Regla 56.4 que requiere notificación del embargo al demandado en todo caso.

      (6) Nótese que si no se conociere la dirección del demandado, el aviso puede dejársele en manos del Secretario del Tribunal. En esos casos ni siquiera se exige un aviso público.

      (7) Insistimos, sin embargo, en que la notificación a la última dirección conocida satisface el debido procedimiento de ley.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pedro Meléndez Cartagena, acusado y apelante.

      Número: CR-76-261

      Resuelto: 4 de octubre de 1977

      Luis F. Camacho, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público acusó al apelante de violar la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. see. 2101 y ss., por poseer, transportar y ocultar y distribuir heroína. Convicto el apelante, se le sen-tenció a cumplir una pena de diez a quince años de reclusión en cada cargo, a cumplirse concurrentemente.

El apelante plantea en su recurso ante nos que se le con-denó a base de testimonio flaco y descarnado; que la acusa-ción, en cada uno de sus tres cargos, no le imputaba delito alguno; y que, por constituir las tres alegadas infracciones un curso de delito único, solo podría castigársele por un solo delito.

I. La suficiencia de la prueba.

La prueba de cargo sostuvo los veredictos de culpabilidad rendidos por el jurado. El miembro de la Policía José A. Rodríguez, quien trabajaba como agente encubierto en los municipios de Aguas Buenas, Aibonito, Cayey, Cidra y Coamo, declaró sobre diversas transacciones que realizó en tales zonas en su investigación del tráfico en narcóticos. Las explicó en detalle, describiendo su modo de vestir y otros aspectos de su modus operandi. Entre las personas de quien adquirió heroína se encontraba el hermano del acusado. Días más tarde adquirió del acusado cuatro bolsas de heroína. Especificó el testigo minuciosamente, entre otros detalles, las circunstancias de la compra y de la entrega del narcótico el mismo día al agente José A. Ramos. La prueba de cargo in-cluyó el testimonio de Ramos y del químico que identificó la droga. Examinada cuidadosamente la prueba, consideramos que la misma cumple con los criterios expuestos en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 708 (1966); Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809, 811-812 (1974) y Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 378 (1974).

II. El ataque a la acusación.

El apelante sostiene que la acusación es insuficiente en derecho para imputar los delitos por los cuales fue convicto debido a que no se alegó que el acusado hubiese actuado “a sabiendas o intencionalmente”, tal y como se dispone en el Art. 401(a) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2401 (a). No tiene razón.

La Regla 35(c) de Procedimiento Criminal no exige que la acusación siga fielmente las palabras de la ley. Su propósito no es cumplir mecánicamente con una forma ritual, sino informar al acusado el delito que se le imputa, de tal suerte que pueda preparar adecuadamente su defensa. Pueblo v. Felicier Villalongo, 5 C.A. 1977. Véase: Pueblo v. Reyes Bonilla, 100 D.P.R. 265, 269 (1971).

Igual criterio ha prevalecido en el ámbito federal al inter-pretarse la Regla 7 (c) de Procedimiento Criminal, y en California al comentarse el Art. 952 del Código Penal, fuen-tes de nuestra Regla 35(c). Wright, Federal Practice and Procedure, Yol. 1, ed. 1969, see. 125, págs. 231-234; Wharton, Criminal Procedure, Vol. 2, ed. 1975, sec. 256, pág. 54; United States v. Cruikshank, 92 U.S. 542, 558 (1875); United States v. Hand, 497 F.2d 929, 934 (5th Cir. 1974), cert. den. 424 U.S. 953; United States v. Gulp, 482 F.2d 1288, 1289-1290 (8th Cir. 1973); People v. Janisse, 22 Cal. Rptr. 830 (1962).

El apelante fue adecuadamente informado de los delitos por los que sería enjuiciado. Las alegaciones de la acusación, a los efectos de que éste actuó “ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente”, son suficientes en derecho para imputar los delitos, aun en ausencia de la frase “a sabiendas.” El con-tenido esencial de tal expresión está comprendido en las ale-gaciones citadas. Véanse: People v. Odom, 66 P.2d 206, 209 (1937); Wheatley v. United States, 159 F.2d 599, 600 (1946); United States v. Martell, 335 F.2d 764, 765 (1964); cf. Pueblo v. Díaz Breijo, 97 D.P.R. 64 (1969).

III. La alegación sobre concurso de delitos.

El Art. 63 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 3321, dispone, en parte:

“. . . un acto u omisión penable de distintos modos por dife-rentes disposiciones penales podrá castigarse con arreglo a cual-quiera de dichas disposiciones pero en ningún caso bajo más de una....”

Esta disposición se funda en el Art. 44 del Código Penal de 1937, 33 L.P.R.A. sec. 90, que a su vez era básicamente una traducción del Art. 654 del Código Penal de California. () La disposición citada mantiene como parte de nuestro derecho la teoría del concurso.

La teoría del concurso es de antigua estirpe. Se le ha analizado extensamente en diversos sistemas de derecho. La literatura romanogermánica sobre el tema es abundantísima. Jiménez de Asúa, L., Tratado de Derecho Penal, Tomo II, 2a ed., Buenos Aires, 1950, pág. 462. El propio Código Penal de 1879 para las Islas de Cuba y Puerto Rico trataba en modo más amplio la teoría del concurso que nuestros códi-gos penales posteriores, estableciendo normas para situacio-nes no consideradas actualmente. () Su Art. 88 guardaba estrecha relación teórica con la legislación californiana que luego se adoptó aquí. Dicho artículo disponía que cuando “un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando el uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro . . . sólo se im-pondrá la pena correspondiente al delito más grave, aplicán-dola en su grado máximo.” () El artículo anteriormente citado del Código Penal de California muestra de hecho la huella del pensamiento civilista. Los conceptos de éste son de decidido valor para el análisis del enfoque californiano, () si bien su terminología y muchos conceptos difieren considera-blemente.

El Art. 654 del Código Penal de California ha sufrido cambios de interpretación extensos. Originalmente se enten-día que la prohibición de imponer penas múltiples se limitaba a cuando un delito está comprendido dentro de otro, o cuando para cometer éste hay necesariamente que cometer aquél. McKissack, Recent Developments in the Criminal Law: The Included Offense Doctrine in California, 10 U.C.L.A. L. Rev. 870, 883-887 (1963); Note, Double Jeopardy v. Double Punishment—Confusion in California, 2 San Diego L. Rev. 86, 94 (1965). Hace años que esta primitiva doctrina cesó de ser ley en California. People v. Kehoe, 204 P.2d 321, 322, cert. denegado, 338 U.S. 834 (1949); People v. Knowles, 217 P.2d 1, 8, cert. denegado, 340 U.S. 879 (1950). Según se ex-pone en estas decisiones y se desprende de la propia letra del estatuto, lo determinante es la unicidad del acto. A tal conclusión se ha llegado también en Nueva York y Minnesota bajo leyes análogas. People v. Repola, 117 N.Y.S.2d 283, 288 (1953), confirmado, 113 N.E.2d 42; People v. Savarese, 114 N.Y.S.2d 816, 835-836 (County Ct. 1952); State v. Prudhomme, 228 N.W.2d 243 (Minn. 1975); State v. Krampotich, 163 N.W.2d 772 (Minn. 1968).

Como resultado de este análisis se descartó en California la llamada doctrina de Blockburger ( ) o criterio de la misma prueba. Bajo esta doctrina, si la misma prueba basta para condenar por dos o más delitos, existe en realidad un solo delito, mas si un delito exige algún elemento de prueba dis-tinto a la requerida para la comisión de otro, se trata de delitos múltiples, condenables separadamente. Se advertirá que esta doctrina es relevante únicamente si el centro de la escena lo ocupa el esfuerzo por determinar la singularidad o pluralidad de delitos. Tan pronto se resolvió en California que el factor preeminente es la unicidad del acto, se aban-donó a Blockburger. ()

Estos desarrollos culminaron en el caso clave de Neal v. State, 357 P.2d 839 (Cal. 1960). Neal establece que el término “acto”, según se emplea en el Art. 654 del Código Penal de California, comprende no sólo un acto físico único sino también, en determinadas circunstancias, un curso de acción. Expresó a continuación el Juez Traynor la norma de Neal:

“El hecho de si un curso de conducta es divisible y en con-secuencia produce más de un acto a la luz del artículo 654 de-pende de la intención y el objetivo del autor. Si todos los delitos sirven un solo propósito, puede castigarse al acusado por cual-quiera de ellos, pero no por más de uno.” (357 P.2d 839, 843-844; traducción nuestra.)

La doctrina de Neal no opera, según se aclara en el propio caso y en decisiones posteriores, cuando el acto genera más de una lesión. () People v. Braun, 106 Cal. Rptr. 56, 71-72 (App. 1973).

A pesar de críticas que se le han formulado, Schneider, Penal Code Section 654: The Prosecutor’s Dilemma, 17 Hastings L.J. 53 (1965); McKissack, Recent Developments in the Criminal Law: The Included Offense in California, 10 U.C.L.A. L. Rev. 870, 886-887 (1963), la norma de Neal goza hoy de buena salud. In Re Adams, 536 P.2d 473, 476 (Cal. 1975); People v. Bauer, 461 P.2d 637, 642 (Cal. 1969), cert. denegado, 400 U.S. 927; People v. Bailey, 113 Cal. Rptr. 514, 518 (App. 1974).

En una etapa del pensamiento anterior a Neal, sin embargo, y con más razón después de Neal, la regla en California ha sido por largo tiempo que en los casos usuales de violación a las leyes sobre sustancias controladas, el delito de posesión está incluido en el de transportación y ambos en el de venta. Así se resolvió en People v. Clemett, 280 P. 681 (1929), en que la prueba de posesión y transportación desfilada fue únicamente la incidental a la venta, y en muchos otros casos posteriores. Véanse: People v. Roberts, 254 P.2d 501, 505 (1953) (opinión unánime emitida por el autor de la opinión disidente en Neal); People v. Francis, 450 P.2d 591, 595-596 (1969); People v. Solo, 86 Cal. Rptr. 829, 834 (App. 1970); People v. Richardson, 85 Cal. Rptr. 607, 613 (App. 1970).

En González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136, 143-144 (1971), adoptamos la norma de Neal. Allí dijimos:

“Está aceptado por la jurisprudencia del estado de origen, que el concepto ‘acto u omisión’ a que se refiere el artículo no debe circunscribirse al sentido literal de la expresión, esto es, no necesariamente es el acto que denota una actuación específica sino que puede ser un curso de conducta con un objetivo y propó-sito determinado. Tampoco está limitada su aplicabilidad a deli-tos que estén incluidos o son parte o ingrediente de otros.”

Más adelante en dicha opinión nos referimos a las palabras ya citadas del Juez Traynor en Neal.

Bastaría lo expresado para la anulación en este caso de las sentencias impuestas por los delitos de poseer y de transportar y ocultar marihuana. Ello procede aun bajo la teoría de Clemett. La prueba presentada aquí para sostener las condenas por dichos dos delitos fue la necesariamente incidental para demostrar la venta. Bajo Neal y González, que representan un enfoque más avanzado, se llega también a la misma conclusión. El autor perseguía claramente un solo objetivo: la venta al confidente. Se violó en consecuencia el Art. 44 del Código Penal de 1937, por lo que, conforme a la doctrina prevaleciente, deben anularse las penas impuestas, mas no las convicciones, por los dos delitos menores y validar la condena por la distribución de heroína. In Re Adams, 536 P.2d 473, 476 (1975); People v. Díaz, 427 P.2d 505, 508 (1967); In Re McGrew, 427 P.2d 161, 163 (1967); In Re Ponce, 420 P.2d 224, 225-226 (1966), cert. denegado, 386 U.S. 1012; () People v. McFarland, 376 P.2d 499 (1962); People v. Jones, 27 Cal. Rptr. 429 (1963). Note, Double Jeopardy v. Double Punishment—Confusion in California, 2 San Diego L. Rev. 86, 97 (1965).

La interpretación dada hasta ahora al Art. 44 hace inne-cesaria la consideración en términos constitucionales del resultado de imponer múltiples penas por el mismo acto. En González señalamos ya, no obstante, la tendencia existente en varios estados desprovistos de legislación comparable a la nuestra de resolver que es anticonstitucional la imposición de múltiples sentencias por un solo acto u omisión. Whitton v. State, 479 P.2d 302 (Alaska 1970); State v. Ahuna, 474 P.2d 704 (Hawaii 1970); Heldenbrand v. Mills, 476 P.2d 375 (Okla. 1970); Jeffers v. United States, 45 U.S.L.W. 4691 (1977); Brown v. Ohio, 45 U.S.L.W. 4697 (1977).

Es innecesario también discutir en detalle la posición civilista en circunstancias de esta naturaleza sobre la teoría del concurso, () base de la legislación californiana y de la nuestra en este campo, ya que por dicha vía se llega a igual conclusión. Hubo aquí una pluralidad de acciones con-vergentes en un mismo acontecimiento antijurídico. Puig Peña, Derecho Dencd, 5a ed., Tomo II, vol. 2, Barcelona, 1959, págs. 307 y 319. Las infracciones fueron de naturaleza pro-gresiva. Se produce este género de infracción cuando se con-suman en etapas sucesivas diversos delitos, con tan estrecho ligamen causal entre cada estadio que el de rango mayor absorbe las sanciones correspondientes a los otros. Jiménez de Asúa, L., Tratado de Derecho Penal, vol. II, Buenos Aires, 1950, pág. 484 et seq.; Maggiore, Derecho Penal, vol. II, Bogotá, 1954, pág. 150 et seq.

Por las razones que anteceden se modifica la senten-cia del Tribunal Superior para anular las condenas impues-tas por los delitos de poseer y de transportar y ocultar heroína, sosteniendo tan solo la pena impuesta por el delito de distribución.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García concurre con el resultado.

      (1) La versión en inglés de este artículo, West’s Anno. Cal. Codes, Penal, sec. 654, promulgado originalmente en 1872, expresa:
      “An act or omission which is made punishable in different ways by different provisions of' this Code may be punished under either of such provisions, but in no case can it be punished under more than one . . . .”
      Es interesante señalar que en California se ha decidido repetidamente que los tribunales deben examinar el cumplimiento con el mandato transcrito aunque no se haya planteado la cuestión ante el tribunal de instancia. People v. Isenor, 94 Cal. Rptr. 746, 754 (App. 1971); People v. Solo, 86 Cal. Rptr. 829, 834 (App. 1970); People v. Richardson, 85 Cal. Rptr. 607, 613 (1970); People v. Jackson, 331 P.2d 218, 223 (App. 1958). Es innece-sario expresarnos aquí sobre el particular, ya que el planteamiento se efectuó desde temprano en el proceso.

      (2) Véase el Art. 86 y ss.

      (3) Orozco y Arascot, A., Código Penal de 1879 para las Islas de Cuba y Puerto Rico, Concordado, Habana, 1879, pág. 19. Esta disposición se remonta al Art. 78 del Código de 1850 y a los Arts. 113 y 114 del Código de 1823.

      (4)Muy pocos estados norteamericanos, entre ellos Montana, Nueva York, Minnesota, Idaho y Dakota del Norte tienen estatutos similares al de California y el nuestro. El tratamiento federal del problema es totalmente distinto. Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932); Gore v. United States, 357 U.S. 386 (1958); Harris v. United States, 359 U.S. 19 (1959); Yancy v. United States, 362 U.S. 389 (1960). Comment, Multiple Offenses and Multiple Penalties under the Federal Narcotics Laws, 28 U. Chi. L. Eev. 308 (1961). El enfoque representado por Blockburger y su progenie ha sido criticado con severidad. Caraway, Sentencing Reform in Multiple Offense Cases: Judicial and Legislative Avenues, 7 Conn. L. Eev. 257 (1975); Comment, Consecutive Sentences in Single Prosecutions: Judicial Multiplication of Statutory Penalties, 67 Yale L.J. 916, 924 et seg. (1958). El propuesto Código Penal Federal rechaza la decisión de Blockburger de permitir castigos múltiples en ciertas situaciones donde éstos se rechaza-rían en California. Caraway, op. cit., 282-283. El Código Penal Modelo preparado por el Instituto Americano del Derecho se aparta también de la solución federal, haciéndose claro eco en muchos particulares de teorías civilistas. Silving, Helen, Criminal Justice, 1971, vol. 1, págs. 519-520.

      (5) Véase Blockburger v. United States, 284 U.S. 299 (1932); Comment, The Protection Prom Multiple Trials, 11 Stan. L. Rev. 735, 743-745 (1959).

      (6)Para la historia de este desarrollo hasta 1959, antes de la decisión de Neal v. State, 357 P.2d 839 (Cal. 1960), véase el artículo citado en la nota anterior.

      (7)En Neal, el acusado intentó asesinar a un matrimonio, incendiando su dormitorio. Les causó graves quemaduras a ambos. El Tribunal anuló la condena que se le impuso por incendio malicioso, pero validó su castigo por dos cargos separados de intento para cometer asesinato.

      (8) Según los casos citados, el hecho de que se impusieran penas con-currentes no salva la prohibición contra castigos múltiples. Véase además People v. Bailey, 113 Cal. Rptr. 514 (App. 1974).

      (9)Véase, en general, sobre el tema: Maurach, Tratado de Derecho Penal, trad, del alemán, Barcelona, 1962, págs. 415-420; Silving, H., Crirni-

        nal Justice, 1971, vol. 1, pág. 516 et seq.; Cuello Calón, Derecho Penal, México, 1961, pág. 565 et seq.; y otras obras citadas en el texto de la opinión que sigue a esta nota.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carmelo Díaz Díaz, acusado y apelante.

      Número: CR-76-101

      Resuelto: 5 de octubre de 1977

      Ismael Cuevas Velázquez, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bernal de González, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante — acusado de tentativa de robo, tres infraccio-nes al Art. 6 de la Ley de Armas y tres al Art. 8 de dicha ley, y absuelto del primero y convicto en los restantes por tribunal de derecho — señala ante nos la comisión de tres erro-res, que en esencia se reducen a determinar: 1) si existió causa probable para su arresto; 2) si hubo un registro ra-zonable incidental a dicho arresto; y 3) si debió descartarse toda la prueba de cargo por no haberse creído parte de ella.

La solución del caso exige expongamos en detalle los hechos según surgen de la exposición narrativa de la prueba. En la tarde del 6 de septiembre de 1973, el agente del Cuerpo de Investigaciones Criminales Alejo Maldonado, recibió una llamada telefónica anónima de una mujer informándole que en la mañana del día siguiente dos individuos, ocupando un carro blanco, grande, se proponían asaltar a un mensajero del Banco Popular del pueblo de San Lorenzo, después que éste saliera de dicha institución a entregar una nómina a una fábrica Cercana al pueblo. Desconociendo cuál era el área en particular, el día siguiente, el agente Maldonado apostó dos agentes del C.I.C. en un vehículo en una de las zonas indus-tríales de San Lorenzo y cuatro agentes adicionales en ve-hículo en otra área industrial de dicho pueblo.

Luego el agente Maldonado y su jefe inmediato fueron a observar el área donde ubican las oficinas del Banco Popular en San Lorenzo. Vieron en las cercanías del banco un automóvil blanco, marca Pontiac, con capota negra y dos ocupantes, pero no le prestaron atención, porque los sujetos no lucían sospechosos. Maldonado y su jefe subsiguientemente fueron a Caguas a verificar cierta información.

Cuando regresaban a San Lorenzo fueron informados por radioteléfono, que dos de los agentes apostados en las fá-bricas estaban siguiendo a un vehículo blanco, grande, con capota negra, que les pareció sospechoso, que era ocupado por dos individuos con gafas obscuras, uno con boina y el otro con sombrero. El vehículo sospechoso iba de San Lorenzo hacia Caguas, y cuando el de Maldonado se cruzó con aquél se percató de que era el mismo que había observado en las inmediaciones del Banco Popular. Cabe aclarar que los indi-viduos no tenían gorra, sombrero o gafas puestas cuando Maldonado los vio frente al Banco Popular. Inmediatamente, Maldonado viró para darle alcance al carro sospechoso. De-trás del carro sospechoso iba el automóvil del mensajero del Banco Popular, el cual en algún momento había sido rebasado por dicho carro. Después del automóvil del mensajero iba el de un testigo renunciado por el Ministerio Fiscal, que de-claró como único testigo de la defensa. El quinto o sexto ve-hículo detrás del de ese testigo era el de los agentes que desde antes seguían al sospechoso. El automóvil de Maldonado re-basó todos esos vehículos, incluyendo el del apelante, casi en el mismo momento en que este último se detuvo brúscamente en el centro de la carretera, en medio de un puente. El ape-lante, quien guiaba el carro sospechoso, había comenzado a abrir la puerta del lado izquierdo cuando fue rebasado por el de Maldonado quien lo detuvo frente al de aquél. Maído-nado se apeó, revólver en mano y ordenó al apelante y a su compañero que salieran del carro.

De rigor un paréntesis para señalar que los testigos de cargo — Maldonado, otro agente y el mensajero del banco — ■ declararon que vieron al apelante y a su compañero con re-vólveres en sus manos. El testigo renunciado por el Ministe-rio Fiscal y usado por la defensa, atestó que no vio revólveres en sus manos. ()

Después que el apelante y su compañero salieron del ve-hículo, fueron registrados por los agentes sin encontrarse nada delictivo sobre sus personas; sin embargo, sobre el asiento del mismo observaron tres revólveres cargados y en el interior del vehículo encontraron un número sustancial de balas, otras gafas, varios pares de guantes y otra evidencia que se presentó en el juicio.

A la luz de esta prueba, el tribunal de instancia, como vimos, determinó que el apelante y su compañero no tenían armas en sus manos cuando fueron intervenidos, absolvién-dolos bajo la premisa de que no habían cometido acto alguno relacionado con la tentativa de robo. Sin embargo, concluyó que hubo causa probable para arrestarlos y que el registro del vehículo fue uno razonable e incidental al arresto. () Fundamentó la existencia de tal causa en el criterio de que se estableció una confidencia anónima que fue corroborada por observaciones de los agentes del C.I.C.

I

El análisis de nuestro ordenamiento vigente nos mueve a resolver que los errores no fueron cometidos. De acuerdo con la Regla 11 de Procedimiento Criminal un agente del orden público no necesita orden de arresto para arrestar a una persona cuando dicha persona ha cometido un delito grave, o cuando el agente tiene motivos fundados para creer que lo cometió, o cuando tiene motivos fundados para creer que cometió un delito en su presencia. La frase “motivos fundados” es sinónima de “causa probable”. Es sobre los criterios que nutren este concepto, en lo relativo a una confidencia, que debemos fijar nuestra atención.

Salvo Pueblo v. Flores Valentín, 88 D.P.R. 913 (1963), ha sido escasa nuestra jurisprudencia relacionada con arres-tos fundados en confidencias. () Este caso sostuvo la existen-cia de causa probable para arrestar a una persona que se encontró dentro de un local, que a las 2:00 A.M., tenía la puerta partida y entreabierta, y de donde emanaba un fuerte olor a gasolina, luego de haber la policía recibido confidencias de que esa noche alguien iba a incendiarlo. Para apoyar esa conclusión citamos del caso Ker v. State of California, 374 U.S. 23 (1963), lenguaje al efecto de que puede establecerse causa probable a base de información de un informante con-fiable, corroborada por observaciones del agente respecto a la exactitud de la descripción del acusado y de su presencia en un sitio específico. Sin embargo, del caso Flores Valentín no surge que se hubiese establecido que el informante era con-fiable, ni que éste hubiese descrito al acusado.

En la jurisdicción federal se ha debatido y considerado la cuestión. Jurisprudencialmente se han fijado criterios razonables para determinar las circunstancias en que una confidencia puede servir de base para la existencia de causa probable, los cuales merecen nuestra aprobación. El análisis de casos revela que una confidencia es suficiente para validar la existencia de causa probable si se establece la concurrencia de una o más de las siguientes circunstancias: 1) que el confidente previamente ha suministrado información correcta; 2) que la confidencia conduce hacia el criminal en términos de lugar y tiempo; 3) que la confidencia ha sido corroborada por observaciones del agente, o por información proveniente de otras fuentes; y 4) que la corroboración se relaciona con actos delictivos cometidos, o en proceso de come-terse. Véanse: United States v. Harris, 403 U.S. 573 (1971); Whiteley v. Warden, 401 U.S. 560 (1971); Spinelli v. United States, 393 U.S. 410 (1969); Recznik v. City of Lorain, 393 U.S. 166 (1968); McCray v. Illinois, 386 U.S. 300 (1967); Beck v. Ohio, 379 U.S. 89 (1964); Ker v. California, 374 U.S. 23 (1963); Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1962); Jones v. United States, 362 U.S. 257 (1960); Draper v. United States, 358 U.S. 307 (1959).

Valga aclarar, además, que esos casos revelan que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha seguido una trayectoria a veces errática, en relación con el peso que merece cada una de las circunstancias apuntadas y en torno al número de ellas que deben estar presentes. Así, por vía de ejemplo, en el caso Harris, supra — en que no hubo opinión mayoritaria — tres jueces estuvieron de acuerdo en que dicho foro nunca ha exigido que se demuestre la confiabilidad anterior del confidente. 403 U.S. 581. Sin embargo, en el caso más reciente en que se certificó una opinión mayoritaria, Whiteley v. Warden, supra, se consigna un lenguaje que podríamos estimar como representativo de una tendencia nor-mativa futura: ()

“. . . cuando el impulso inicial para un arresto es una confi-dencia, la información acumulada por los agentes que arrestan, puede usarse para sostener válidamente la determinación de existencia de causa probable para un arresto, el cual no tendría base adecuada solamente en la confidencia [cita omitida]. Pero la información adicional adquirida por los agentes, debe en cierto sentido ser corroborativa de la confidencia de que los arrestados cometieron un delito grave o . . . que estaban en vías de come-terlo . . . .” 401 U.S. 567. (Traducción nuestra.)

1 — 1

HH

El presente caso es parecido al de Flores Valentín y satisface cabalmente las normas enunciadas en la decisión de Whiteley v. Warden, supra, que representa el último pronunciamiento del Tribunal Supremo Federal sobre el aspecto que nos ocupa. Coincidimos en que puede establecerse causa probable mediante prueba de una confidencia que aunque en su origen sea incompleta, unida a información ulterior obtenida por los agentes, en algún sentido o medida corrobore que la persona arrestada estaba en el proceso de cometer un delito grave.

Es innegable que los agentes recibieron una confidencia de que dos personas ocupando un automóvil blanco grande iban a asaltar a un mensajero del Banco Popular cuando sa-liera a entregar la nómina de una fábrica cercana. A dos agentes apostados en la entrada de una fábrica les pareció sospechoso un vehículo que se ajustaba a esa descripción. Ese vehículo coincidió con el que antes había sido visto en las inmediaciones del banco. Los sujetos no tenían gafas, sombrero y boina puestos cuando estaban frente al banco, pero sí las tenían después. Lógico era suponer que el propó-sito de cubrirse así sus cabezas y ojos fue dificultar su iden-tificación en el momento próximo y cercano en que intenta-rían el robo. La parada brusca del vehículo sospechoso en el centro de la carretera y a mitad de un puente, obviamente tuvo el propósito de obligar al mensajero del banco que venía inmediatamente detrás, detener su vehículo y reducir su movilidad.

Ante tales hechos, era razonable suponer que el momento del asalto había llegado. Es de conocimiento general, máxime de los agentes que combaten el crimen, que en la actualidad puertorriqueña un número sustancial de robos y asaltos se perpetran con armas y que muchos delincuentes no tienen el más mínimo respeto por las vidas de sus víctimas o las de los agentes del orden público. Los agentes, por consiguiente, tenían motivos fundados para suponer que se iban a enfrentar a una situación apremiante y peligrosa. Ante esas circunstancias, cualquier vacilación en actuar o el haber esperado que el apelante llevase a cabo actos adicionales encaminados al robo, hubiese sido una acción torpe e inexcusable. La confidencia sobre el robo quedó corroborada por actos del apelante demostrativos que estaba en proceso de cometerlo. Existió causa probable para el arresto.

HH HH I — I

Lo expuesto nos convence de que el registro fue razonable e incidental al arresto. En vista de que los robos generalmente envuelven el empleo de armas, en casos de esta naturaleza o análogos, el registro es razonable como medida realista encaminada a la protección del agente o de terceras personas. En el caso de autos, hay una razón adicional para sostener la validez del registro pues de la exposición narra-tiva surge que los revólveres estaban a la vista sobre el asiento delantero. Por consiguiente es de aplicación nuestra doctrina sobre prueba apreciada a plena vista elaborada en Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

Finalmente, no procedía descartar la prueba de cargo por el hecho de que el tribunal no creyera que el apelante tenía el revólver en su mano. Si bien el tribunal caracterizó la cuestión como una de credibilidad, hemos visto como era susceptible de ser considerada como una en que las versiones, de los testigos diferían por apreciar los hechos desde distintas posiciones y distancias. Lo esencial es que el apelante solicita que no se crea que poseía y transportaba ilegalmente armas en su vehículo, hecho éste que fue confirmado tanto por el único testigo de defensa, como por la prueba material presentada y admitida en evidencia.

Se confirman las sentencias.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) El tribunal sentenciador expresó que no daba crédito a esa parte de la prueba de cargo, y en consecuencia, determinó que el apelante y su compañero no tenían revólveres en sus manos. En esa determinación posi-blemente influyó el hecho de que el mensajero del banco no expresó en la vista preliminar, ni en una declaración jurada, que hubiese visto armas en manos de dichos individuos. Aun cuando creemos que era poco probable que ellos hubiesen desplegado sus armas en un momento en que eran se-guidos por varios vehículos, preciso es reconocer que Maldonado estaba en mejor posición que los demás testigos para observar los actos del apelante pues ése era precisamente su objetivo. Para la solución del caso, asumire-mos que el apelante y su compañero no tenían las armas en sus manos.

      (2)Los cargos contra el compañero del apelante se vieron en juicio separado y no están ante nuestra consideración en la presente apelación.

      (3) Posteriormente, el mismo lenguaje de Ker — citado en Flores Valentín — fue reiterado en Pueblo v. Cruz Rivera, 100 D.P.R. 345 (1971), para apoyar la validez de un arresto, a pesar de que en dicho caso tampoco surge nada respecto a la confiabilidad del confidente, ni de su descripción de los acusados. Cabe anotar sin embargo, que en Cruz Rivera no era nece-sario examinar la doctrina del confidente, ya que los agentes observaron a los acusados bregando con material relacionado con el uso de drogas.
      En los casos Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972); Pueblo v. Nieves Vargas, 101 D.P.R. 263 (1973) y Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974), los agentes actuaron a base de confidencias, pero la regla del confidente no se discutió sino la referente a delitos en presencia de agentes del orden público.

      (4)E1 Tribunal, sin embargo, ha ido más lejos en casos de cacheo (stop and frisk) y ha sostenido que en tales casos puede realizarse un cacheo aun cuando una confidencia, que no tenga signos de confiabilidad, ha sido investigada, o cuando un confidente creíble advierte al agente de un crimen específico que está a punto de cometerse. Adams v. Williams, 407 U.S. 143, 147 (1972). Puede hacerse un cacheo de un sospechoso, aunque no exista causa probable para su arresto, si el agente tiene motivos razonables para creer que el sospechoso está armado y que puede ser peligroso. United States v. Brignoni-Ponce, 422 U.S. 873, 881 (1975).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Cresencio Loperena Irizarry por sí y en representación de sus 6 hijos y esposa la Sra. Rosaura Acevedo de Loperena, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado e Insurance Company of Puerto Rico, demandados y recurridos.

      Número: R-77-304

      Resuelto: 6 de octubre de 1977

      Rafael Castro Pérez y Arcadlo García Colón, abogados de los recurrentes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal

En este pleito de daños y perjuicios instado contra el Estado Libre Asociado y su aseguradora () se probaron daños para un total de $10,800 causados por un policía de tránsito mientras conducía un automóvil de patrulla. En el curso procesal del litigio El Estado al contestar opuso la de-fensa de falta de notificación previa exigida por 32 L.P.R.A. sec. 3077a, la cual retiró el 2 de noviembre de 1972 expre-sando su abogado que “hemos sido informados que el deman-dante cumplió con la Ley que gobierna la materia de infor-mar al Estado Libre Asociado sobre intención de demandar.” Transcurridos más de cuatro años cuando se entró a juicio en los méritos el día 3 de marzo de 1977, El Estado planteó nuevamente la defensa de falta de notificación oportuna y ofreció la propia carta de notificación del demandante al Secretario de Justicia que aparece certificada y puesta al correo el 91° día, que representa una tardanza de un día, sin que la parte actora haya invocado razón o excusa por la demora. La sala de instancia desestimó la demanda contra E.L.A. constreñida por el lenguaje de nuestro per curiam en Rolón Rivera v. Estado Libre Asociado, 105 D.P.R. 7, en cuanto a que “ [1] a notificación escrita ... es requisito juris-diccional para iniciar acción judicial contra el Estado . . . .” (Énfasis suplido.)

Al recurrir la parte actora expedimos orden para mos-trar causa por la que no deba expedirse el auto de revisión e incluir al E.L.A. como responsable solidario de la sentencia dictada. El Procurador General ha comparecido sosteniendo la decisión de instancia sobre las líneas de lo expresado en Rolón Rivera, supra; y la aparente contradicción entre pre-cedentes jurisprudenciales exige clarificación del punto en cuestión.

Nuestra jurisprudencia ha sido constante en sostener que la notificación previa al Estado en reclamaciones por daños y perjuicios originados en negligencia exigida por Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. see. 3077a), si bien es requisito de cumplimiento estricto, no alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional. Insur ance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968); Rivera Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 780 (1972). Esta califi-cación libera al tribunal de un automatismo dictado por el calendario y salva su fundamental facultad para conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten las circunstancias. También hace de dicho requisito uno renunciable por el Es-tado en los casos que considere apropiados y con la flexibilidad y opción que toda parte demandada tiene para suscitar o re-nunciar una defensa contra la demanda. No estamos dero-gando el requisito de notificación previa, acción que compete a la Asamblea Legislativa. Estamos sólo destacando la dife-rencia conceptual con efectos jurídicos distintos entre lo que es “requisito de cumplimiento estricto” y “requisito juris-diccional”.

La aparente desviación de la doctrina en R'olón Rivera, supra, es dictum sin consecuencia, desvinculado de la cuestión allí adjudicada, a saber: “. . . si el envío por correo certificado dentro del término legal de noventa (90) días constituye una entrega válida al Secretario de Justicia . . . .”

Renunciada la defensa por el Estado en el caso que nos ocupa y no habiendo cuestión jurisdiccional, procede dictar sentencia a tenor de la solución intimada en la orden para mostrar causa.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia modificando la dictada él 12 de mayo de 1977 por la Sala de Arecibo del Tribunal Superior al solo efecto de declarar con lugar la de-manda respecto al Estado Libre Asociado, que será respon-sable solidario por él importe de la indemnización concedióla. Así modificada será, confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre en el resultado.

      (1) JEn la acción directa el asegurador está impedido de interponer las defensas personales o privativas del asegurado. García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245, 254 (1965).