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    Héctor Ruiz Santiago et al., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-84-303

      Resuelto: 19 de abril de 1985

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Ricardo E. Ale-gría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, recurrente; Plinio Pérez Madrero y Aurelio Gracia Morales, abogados de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso, al decir de Manresa, “[e]s, al fin, un medio más, por cuyo cauce el Derecho, superando todas las dificultades, ensancha su ámbito movido de generoso afán hacia la espiritualización . . J. M. Manresa, Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 1, pág. 193. Ya desde Velazquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39, 48 (1982), siguiendo el pensamiento del jurista Santos Briz, habíamos aclarado que el “lucro cesante . . . trata de un perjuicio sufrido que consiste en una ganancia futura frustrada que con cierta probabilidad era de esperar según el curso normal, ulterior de las cosas. El perjudicado no tiene que demostrar con certeza absoluta que se habrían realizado las ganancias. Para distinguir entre un interés verdadero y uno inseguro o incierto, hay que distinguir entre la mera posibilidad y la probabilidad de una ganancia futura teniendo en cuenta que tal vez en algún caso sea indemnizable la mera posibilidad”. (Énfasis suplido.)

I

A solicitud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, re-visamos la juridicidad y razonabilidad de la partida de $65,000 por “pérdida de ingresos futuros” concedida al menor Alex Ruiz Ruiz. Se funda en acción por negligencia en el cui-dado y tratamiento médico con posterioridad a una operación de reducción cerrada, por fractura supracondilar en su brazo izquierdo, efectuada el 31 de agosto de 1979. Al momento del accidente y fractura el niño tenía cuatro años y medio.

Como resultado, Alex desarrolló una contractura de Volk-mann en dicho brazo. Una fasciotomía () practicada fue tar-día. También fue necesario someterlo a dos intervenciones quirúrgicas de desbridamiento. Permaneció recluido por va-rios días en el Hospital Regional de Arecibo, en estado deli-cado de salud. Posteriormente, se le practicó una cirugía plás-tica en el Centro Médico de Río Piedras, durante otra hospi-talización de 9 días. Estuvo sometido a terapia física. Alex tiene serias deformaciones y limitaciones: una incapacidad total (100%) en su mano izquierda y una física de 90% en el brazo. Combinadas representan una equivalencia de 54% de incapacidad en sus funciones fisiológicas generales. Ha de-sarrollado también un disturbio emocional de tipo depresivo. Su condición requerirá tratamiento en el futuro.

En su recurso, el Estado no cuestiona la negligencia. En esencia, objeta la compensación y aduce que la partida de $65,000, identificada como lucro cesante, no fue reclamada como daño especial conforme a la Regla 7.4 de Procedimiento Civil, que por la minoridad de Alex es improcedente y que la incapacidad fue compensada dos veces.

Por su primicia en esta jurisdicción, concentramos inicialmente en los méritos del error() relativo a la procedencia del lucro cesante, cuando el perjudicado es un menor.

El Estado descansa en algunos casos () y tratadistas, que de una manera u otra definen el concepto de lucro cesante como interrupción y cese de ingresos. Exponen la dificultad en casos de menores —por ausencia de historial de ingresos previos— para determinar su monto sin caer en el campo de lo especulativo. Por su parte, el demandante recurrido se hace eco del siguiente razonamiento del foro de instancia :

... En este caso, donde el niño Alex Ruiz ha sufrido una incapacidad física que lo habrá de limitar por el resto de su vida, resulta razonable el que se conceda una compensación por ingresos dejados de percibir pues los mismos, cierta-mente, no son otra cosa sino, el resultado lógico de los daños generales sufridos por el menor.
Respecto a la reclamación de los ingresos dejados de per-cibir, este tribunal reconoce que evaluar la pérdida de in-greso de una persona, que por razón de su edad no ha entra-do aún en el mercado de empleo es un tanto difícil ya que no hay formas directas para medir esa pérdida como sería en el caso de una persona adulta con un historial de empleo re-conocido. No obstante, este tribunal es de criterio que lo anterior no limita para que se [síe] en el presente caso se evalúe la pérdida de ingresos futuros del menor Alex Ruiz Ruiz. Es un hecho establecido e incontrovertido que este niño sufre una incapacidad que lo afectará por el resto de su vida. Secuela lógica de su incapacidad, ha de ser sin lugar a dudas, una merma en la capacidad de Alex para producir ingresos. Si la vista de este caso se hubiese celebrado dentro de quince años, esto es, para el 1998, no hubiera duda alguna que Alex Ruiz Ruiz contando entonces con veintitrés años de edad, tendría pleno derecho a recobrar la pérdida de ingreso por razón de tal incapacidad. En esa vista sólo se estaría discu-tiendo la forma de computar esa pérdida. Entendemos que igual derecho tiene Alex Ruiz Ruiz ahora cuando sólo os-tenta ocho años de edad, pero sufre de igual forma su inca-pacidad. La diferencia básica entre ambas situaciones sería la forma de computar el monto de pérdida que se tendría. Pero cualquier limitación que exista al computar el monto de la pérdida de ingreso futuro de un menor, quedaría com-pletamente salvada si las proyecciones en que se basa dicho cómputo están basadas en supuestos reales y razonables; examinemos la situación del caso de autos. Exhibit III, págs. 29-31.

Para fines decisorios, habremos de referirnos a esta partida, con mayor rigurosidad científica, bajo la modalidad de menoscabo del potencial de generar ingresos. Lo hacemos, ya que el término de lucro cesante aprisiona la imaginación judicial al requisito de ingreso previo derivado de trabajo. En esta tarea, “[q]uizá sea conveniente recordar que en la dimensión temporal encontramos el pasado, el presente y el futuro. Pasado y futuro pueden imaginarse como ‘cantidades’ de tiempo, susceptibles de medición; el presente, en cambio, no es más que un punto, en perpetuo movimiento, que va desplazándose a lo largo del hilo de nuestra vida y transformando lo que hasta hace un instante era ‘futuro’, en un definitivo e irrecuperable pasado”. L. Moisset de Espanes, Reflexiones sobre el “Daño Actual” y el “Daño Futuro”, con Relación al “Daño Emergente” y al “Lucro Sesante”, 238 Rev. Gen. Leg. Jur. 195, 198 (1975).

Nuestra jurisprudencia no había abordado expresamente la cuestión. Sin embargo, existen precedentes que indirecta-mente tienden a sugerir que tal compensación procede. Así, en Flores v. Sucrs. de Pérez Hermanos, 29 D.P.R. 1046, 1052 (1921), dijimos que “el elemento más variable al determinar la compensación de una persona es su capacidad para ganar. Las cortes no hacen ninguna distinción particular entre un joven de veintiún años y un menor. Un niño tiene a su favor todas las presunciones de que será una persona de condiciones normales y en condiciones de ganar lo que dicha persona ganaría” . (Énfasis suplido.) Este enfoque lo reiteramos en García v. Fernández, 52 D.P.R. 183, 188 (1937). Véase además Torres v. A.F.F., 94 D.P.R. 314 (1967). Sin embargo, ya en Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 871 (1978), habíamos reconocido que estos tipos de indemnización no están “in-munes de cierto grado de especulación”. Inmerso en esa rea-lidad, el criterio rector que aflora es el de probabilidad.

La mayoría de los tratadistas examinan la cuestión a base del concepto clásico de lucro cesante, y de la innegable reali-dad que arroja la ausencia absoluta de historial previo sobre ingresos de un menor, que sitúa este tipo de proyección fu-tura en el área de lo eminentemente especulativo. Bajo este prisma, se inclinan a no reconocerlo.

A tal efecto, Castán Tobeñas, con apoyo en el pensamien-to de Fischer, percibe que el lucro cesante “ ‘participa de todas las vaguedades e incertidumbres propias de los concep-tos imaginarios. El único jalón sólido de razonamiento es la frustración de aquellos hechos de que hubiera brotado con seguridad la perdida ganancia, a no haberse interpuesto el evento dañoso. Pero siempre cabrá la duda, más o menos fun-dada, de si, a no ser ésa, otra circunstancia cualquiera hu-biera venido a interrumpir el curso normal de las cosas. Sería demasiado severo el Derecho si exigiese al perjudicado la prueba matemática irrefutable de que esa otra posible cir-cunstancia no se habría producido, ni la ganancia hubiera tropezado con ningún otro inconveniente. Mas, por otra parte, la experiencia constante nos enseña que las demandas de in-demnización más exageradas y desmedidas tienen su asiento en este concepto imaginario de las ganancias no realizadas. Incumbe al Derecho separar cuidadosamente estos sueños de ganancia, como los llama Dernburg, de la verdadera idea de daño’ ”. A tal efecto aconseja —siguiendo la jurisprudencia española— “un prudente sentido restrictivo de la estimación de los perjuicios o lucro cesante”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 13ra ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. III, págs. 243-244. Véase D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, Vol. III, págs. 521-522. Diez-Picazo y Gullón, aluden, con referenda a la casuística española, igual trayec-toria restrictiva. Exponen:

. . . No se concede indemnización cuando los perjuicios son “contingentes” o “dudosos”. Interpretando literalmente esta idea, significa que el lucro cesante no se indemniza nunca. El lucro cesante es siempre un futurible. Es una ganancia futura que por hipótesis no llega a ser obtenida y esto es algo necesariamente contingente y dudoso. El problema se deforma cuando se quiere exigir una comprobación rigurosa de que esa ganancia se hubiera necesariamente obtenido de no mediar el incumplimiento o el ilícito. El problema sólo puede plantearse en términos de probabilidad y sólo puede medirse de acuerdo con criterios de razón práctica.
La preocupación de nuestra jurisprudencia parece fun-darse en que no se conceptúe como lucro cesante lo que Dern-burg llamó “sueños de ganancia”. Castán considera pru-dente la línea jurisprudencial restrictiva. Sin embargo, en-tre el criterio restrictivo —ganancia segura— y el criterio' extensivo —ganancia posible— existe un justo término me-dio, donde se encuentra la ganancia verosímilmente probable, teniendo en cuenta el curso normal de los acontecimien-tos. (Énfasis suplido.) L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. 2, pág. 626.

Coincidimos, en que estamos en la dimensión de lo conje-tural. Cuál hubiese sido el destino de Alex en el curso normal de las cosas, de no haberse incapacitado, es una incógnita cuya respuesta sólo pertenece al Sumo Hacedor. No obstante, le cobijan las presunciones de una vida y desarrollo normal. Flores v. Sucrs, de Pérez Hermanos, supra. Aun así, el que pudiera derivar ingresos dependería de otras circunstancias no acaecidas. Nuestra condición humana no nos permite pre-decir el futuro. Al reflexionar sobre los imponderables y ries-gos de la vida, advertimos lo intrincado del problema. El desa-rrollo y evolución de un menor hasta arribar a la mayoridad de edad a base de presunciones de regularidad, crea un vacío temporal. Ello plantea siempre, bajo la hipótesis de no haber sufrido el menoscabo a su capacidad, las siguientes interro-gantes: ¿Hubiese contraído alguna enfermedad o sufrido otro accidente incapacitante? ¿Terminado sus estudios? ¿Ingre-sado en la fuerza laboral? ¿Percibido ininterrumpidamente ingresos por 47 años? Y todo ello en un lapso más o menos lejano.

Sin embargo, un enfoque restrictivo fundado en esta incertidumbre humana, adolecería de la falla de penalizar a un menor por esa simple condición. Y sólo por la dificultad de carecer y poder proveer al juzgador elementos de juicio precisos, que de ordinario están accesibles en reclamaciones de adultos. Rechazamos la tesis que nos propone el Estado. Tal norma estaría reñida con el principio de hacer justicia y equidad correctiva. La minoridad de edad no debe atentar contra el principio superior de hacer cumplida, aunque imperfecta justicia. Ni un solo argumento en contrario ha superado la incontrovertible realidad de que aun tratándose de un menor, se ha destruido como ser humano su potencial de ingresos. Esa incapacidad, como premisa, no se discute. Sin embargo, se confunde su solución con el problema de la cuantificación de daños. El error estriba en recurrir por vía de metodología adjudicativa a la tradicional visión de valorar daños sobre la base de experiencia anterior en un trabajo retribuido. Lo que en casos de adultos resulta ser compensación de lucro cesante —en el rigor científico de la palabra— debe llanamente configurarse y entenderse como un daño o menoscabo al potencial de generar ingresos de un menor. Su estimación dependerá de la apreciación de todos los factores valorativos, al ponderarlos sin apego a una fórmula aritmética rigurosa, y reconocer que por su alto grado especulativo, la cuantía final específica será de razonable aproximación judicial. ()

El profesor Cappalli con profunda visión del dilema judicial expone:

... Si el menor ha quedado permanentemente incapacitado, la lesión puede haber eliminado totalmente o haber reducido considerablemente su capacidad de generar ingresos, y el cálculo, a pesar de ser aproximado, debe hacerse. En esto, los tribunales han provisto pocas guías al señalar sencilla-mente que la salud y la personalidad del menor deben ser tomados en cuenta. La inteligencia del niño y su historial educativo, el trasfondo socioeconómico de su familia y cual-quier información específica que esté disponible sobre las ambiciones del menor pueden ayudar a reducir la incerti-dumbre, aunque el cálculo siempre resultará impreciso. (Énfasis suplido y traducción nuestra.) R. Cappalli, Tort Damages in Puerto Rico, XLVI Rev. Jur. U.P.R. 241, 278 (1977).
El tratadista español Borrell Maciá argumenta:
A pesar de ello, el tener en cuenta tan sólo las rentas de trabajo, a criterio de Bona[s']i, no siempre es justo, criterio —dice— cuya arbitrariedad e insuficiencia es patente cual el de los ingresos del lesionado o el de la repercusión de la lesión sobre sus ganancias . . . personas que viven con fuen-tes de ingreso distintas del trabajo retribuido, otras desem-peñan actividades domésticas no retribuidas, y otras, en la época de la lesión no habían llegado aún a la edad necesaria para desarrollar una actividad retribuida. . . . (Énfasis su-plido y escolio omitido.) A. Borrell Maciá, Responsabilidades derivadas de culpa extracontractual civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1958, pág. 266.
En igual vertiente se sitúan dos autores puertorriqueños:
El estimado futuro de los ingresos de un menor carente de registro alguno demostrativo de su capacidad productiva, plantea escuetamente el problema de si es o no una determi-nación especulativa. Al igual que en el caso del adulto, el problema del lucro cesante es necesario examinarlo en las dos situaciones clásicas en que se suscita: en caso de inca-pacidad permanente y en caso de muerte ilícita. En la pri- mera situación, contemplada la penosa circunstancia de la incapacidad permanente, dramáticamente resalta la com-pleta disminución de la capacidad productiva. Las conse-cuencias de ese hecho indeclinable sitúan al juzgador en un terreno donde la especulación se disipa casi en su totalidad. La función de resarcir el daño se da con mayor facilidad en este supuesto de hecho. No obstante, la principal cues-tión que se plantea es la de determinar los criterios a uti-lizarse para calcular la dimensión de la pérdida de ganancia por lucro cesante. (Énfasis suplido.) D. Fernández y C. E. Toro, El lucro cesante en materia de responsabilidad civil extracontractual: La confusión de la torre de babel, LII Rev. Jur. U.P.R. 31, 67-68 (1982).

En principio, merece nuestra aprobación este enfoque. La dificultad de precisar y concretar este daño es análoga a la delicada gestión judicial de valorar los sufrimientos mentales y morales por la muerte de un ser querido o por una lesión a la dignidad u honor de la persona. En tales situaciones, no es posible reducir a ecuaciones matemáticas exactas la valora-ción del daño. Realmente, el daño material es el único susceptible de ser así reparado. Sin embargo, nadie cuestiona hoy el principio de reparación del perjuicio moral, como “cúspide a que se ha llegado en materia de evaluación de daños”. J. W. Hedemann, Tratado de Derecho Civil (J. Santos Briz, traductor), Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, Vol. 3, pág. 124; M. Albaladejo, Curso de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, Vol. 2, págs. 542-543. ¿Por qué entonces el derecho, como norma de civilidad jurídica, no puede pro-gresar, y a modo de equivalencia conceptual al daño moral, reparar la pérdida real que representa el menoscabo de gene-rar ingresos de un menor? ¿No gozan ambos de la caracterís-tica de lo intangible? ¿No provienen los dos del mismo agra-vio?

Los medios con que cuenta el Derecho no alcanzan, por limitación humana, a la posibilidad de remediar males como los que van contra la vida, la fama o el honor, no compen-sables con la materia. Pero sí es posible, y así lo ha recono-cido la doctrina, y de acuerdo con ella nuestro Tribunal Supremo, fundar en el daño moral la indemnización de aquellos perjuicios que son consecuencia en cuanto repercuten en el patrimonio del perjudicado, aunque aquí el nexo de que antes se habló no pueda ser requisito a tratar con tanta severi-dad, pues la ligazón entre una y otra clase de menoscabos no es tan fácil como pudiera parecer, lo que impone la nece-sidad de conceder a los Tribunales un cierto arbitrio, sin el que sería verdaderamente imposible la reparación en tales supuestos.
La exigencia del nexo permanece en cuanto ha de darse entre la acción u omisión culposa y el daño moral, pero como éste en sí no es susceptible de reparación, ha de producirse otro entre el daño moral y el patrimonial, siendo aquí donde la severidad no es posible, y, ante el mal mayor, cual sería dejar sin compensación material a los que sufren daños irre-parables, como los que hemos dicho, precísase forzar en un tanto la lógica para dar paso a la justicia, y de ahí el cierto margen de apreciación que ha de reconocérsele a los Tribu-nales y que el Supremo ha declarado con reiteración. (Én-fasis suplido.) Manresa, op. cit., págs. 192-193.

El menoscabo del potencial de generar ingresos, es una lesión identificable, con marcada probabilidad, que trasciende más allá del complejo mundo de lo teórico. Puede ser total o parcial. Es una realidad viva y humana que el imperativo de justicia debe remediar para evitar el mal mayor de la injusticia. Después de todo, la “jurisprudencia tiende, precisamente, a tornar menos dilatada la separación entre la ley y la justicia”. A. Alvarado Velloso, El juez, sus deberes y facultades, los derechos procesales del abogado frente al juez, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1982, pág. 23. Ante la alternativa de negar toda compensación, creemos que ese daño —materialmente cierto— debe ser reparado, aun cuando sólo sea en mayor o menor grado de aproximación. La compensación no va dirigida a sustituir ingresos —porque no los haya— sino a indemnizar mediante una suma global el potencial frustrado de generarlos ante la realidad de ese daño. Aplicable es el siguiente razonamiento: “ [u] na cosa hay, indiscuti-blemente, en el fondo de esas y parecidas situaciones: la lesión cierta, real, cuyos verdaderos alcances no pueden señalarse de antemano, sujetándolos a un cartabón rígido y estrecho. Siendo así, los pronunciamientos judiciales se inclinan a gra-duar la indemnización de conformidad con la importancia del suceso y las condiciones que lo rodean, fijando, generalmente, una suma global que produzca un interés adecuado.” L. A. Colombo, Culpa Aquiliana, Buenos Aires, Ed. La Ley, 1944, pág. 646.

En esa función judicial estimativa y ante la ausencia de un historial previo de actividad retribuida, deben tomarse en cuenta el status del menor al momento de la incapacidad y su proyección futura razonable. Son factores apropiados, tales como: tipo de núcleo familiar, grado de estabilidad del hogar, edad, condición de salud física y mental previa, inteligencia, su disposición, educación alcanzada, hábitos de estudio, habilidad en la escuela, talento, intereses específicos, “entretenimientos y destrezas desarrolladas, grado de madurez y experiencia”. Fernández y Toro, op. cit., pág. 68. En cuanto a sus proyecciones, son pertinentes el examen de aquellas otras guías susceptibles de indicar mejores oportunidades para alcanzar destrezas o educación más avanzada. Borrell Macías, op. cit., pág. 266. Finalmente, las leyes de salario mínimo, los promedios de ingreso en las variadas ocupaciones o profesiones prevalecientes, y los sistemas de retiro o la edad promedio de retiro forman parte del cuadro total.

Todos estos factores y aquellos adicionales que provean mejores elementos de juicio, servirán al juzgador para ilu-minar su conciencia y valorar e indemnizar global y equitati-vamente el menoscabo del potencial de generar ingresos. No procede, pues, la aplicación rígida e inflexible de fórmulas matemáticas. Reconocemos la paradoja que entraña la tem-prana edad, que hará más intrincado detectar y precisar al-gunos de los factores antes mencionados. H. McGregor, Personal Injury and Death, XI International Encyclopedia of Comparative Law, Torts 49 (1972). También debemos aler-tar que esta función estimativa deberá ejercitarse con cautela y moderación para evitar “sueños de ganancias” infundados y desproporcionados. () El cálculo —más bien de aproxima-ción judicial— no debe ser “hijo del capricho o adivinación”, Prado v. Quiñones, 78 D.P.R. 322, 335 (1955).

Recapitulando, la compensación por el menoscabo del potencial de generar ingresos de un menor, no puede estar supeditada al concepto convencional de lucro cesante según lo hemos entendido hasta hoy. No es procedente razonarla como “restitución de ingresos”. Más bien se compensa la expectativa potencial de haberlos producido. Recordemos que no tenemos el beneficio de ingresos previos. Su valoración no puede hacerse con el mismo criterio que la de lucro cesante, ya que éstos tienen mayor posibilidad de ser acreditados. Abordamos el campo de lo especulativo y conjetural, con la idea fija de que se producirá en el futuro como un hecho cierto y no eventual, una pérdida de ingresos en función de cierto grado de incapacidad física o total del menor. Claro está, sólo el tiempo podrá responder a las inquietudes y los imponderables apuntados. Aun así, estamos en condiciones de proveer un remedio que haga justicia, conscientes de que al igual que en el área de los daños morales, “no existen tablas o escalas mediante las cuales se pueda computar aritméticamente”. Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193, 203 (1983).

HH hH

Al aplicar la exposición doctrinaria al caso de autos, no-tamos que el tribunal de instancia fijó la compensación de $65,000 a base del informe y estudio del perito Dr. Bartolomé Stipec. “ [A] firma en su informe que partió de la base que el niño Alex Ruiz Ruiz por su condición física y mental estaba in-capacitado en cuanto a labor productiva concierne. Asimismo, consideró el Dr. Stipec que de no haber sido por el accidente sufrido por el niño, éste hubiera alcanzado una educación equivalente a la escuela superior. Con esos supuestos y utili-zando el ingreso mediano para una persona que alcanza un nivel de educación equivalente a escuela superior, el Dr. Sti-pec valoró la pérdida total de ingresos del menor Alex Ruiz Ruiz en $92,764.00. A la luz de la prueba presentada, el menor Alex Ruiz Ruiz tiene un cincuenta y cuatro (54%) por ciento de incapacidad en sus funciones fisiológicas gene-rales y un cincuenta (50%) por ciento de limitación mental a raíz del disturbio emocional de tipo depresivo que padece, las que unidas representan una incapacidad total; máxime si tomamos en cuenta nuestro ascedente nivel de desempleo, lo que apunta a una gran competencia de muchos obreros física-mente sanos, cerrando las puertas a aquéllos con limitaciones físicas.” Exhibit III, pág. 31. Tomando como punto de partida ese informe y aplicando los indicadores de alto desempleo, dicho foro concedió $65,000, por la “pérdida de ingreso fu-tur [o]”.

No podemos refrendar totalmente esa cantidad. Primero, está basada en un informe predicado en tres supuestos limitados, a saber: (a) la edad del menor, ocho (8) años. Concluyó que ello significaba “que de no haberse incapacitado, se habría graduado a los 18 años de escuela superior”; (b) “que la edad de retiro es igual a 65 años” y (e) “si el joven no se hubiese incapacitado y entra al mercado laboral a los 18 años (después de haber completado la escuela superior), habría trabajado durante 47 años”. Dicho perito advirtió, sin embargo, la complejidad envuelta “por la falta de información directa sobre su capacidad de trabajo y su capacidad para ganar ingresos. Lo único que podemos hacer es usar sus logros en la escuela, especialmente su promedio de notas, en las diferentes materias, como un indicador de su capacidad futura de obtener ingresos. Los 'psicólogos, psicómetras y educadores son los llamados a hacer juicio sobre las capacidades probables del caso que se está analizando”. (Énfasis suplido.)

Segundo, el informe, como prueba, sigue criterios que corresponden propiamente al método de evaluar el lucro cesante de adultos. Su valor probatorio es limitado. No toma en cuenta el alto grado de especulación que, según hemos reconocido, existe en casos de menores. Tampoco la naturaleza distinta del daño, y por ende, su diferencia en la cuantificación razonable. A modo de ilustración, nótense los múltiples sucesos e incontables eventos diarios que es menester acumular por años y presumir en favor de Alex, de no haber sufrido la incapacidad: (a) que subsiguientemente no experimentó ninguna enfermedad seria ni otro accidente posterior que le incapacitara o limitara física o mentalmente para desempeñarse como obrero en el mañana; (b) que terminó felizmente una educación mínima; (c) que ingresó a la fuerza laboral; (d) que ininterrumpidamente percibió ingresos por 47 años. Ante esta enumeración, ¿puede negarse que ese futuro no susceptible de ser predecido, debido a las sorpresas e imponderables que nos da la vida, no contiene en sí mismo —también como una realidad concreta— un gran elemento de especulación? Aunque hemos concluido que ello no es óbice para el resarcimiento del daño sufrido, en su verdadera perspectiva, se plantea el problema de pretender sujetarlo a fórmulas matemáticas de restitución de ingresos. Frente a este dilema adoptamos como técnica adjudicativa el método de indemnización global aproximada. Por imperativo de justicia, el elemento altamente especulativo tiene que ser tomado en cuenta y opera a modo de substraendo, como reductor. McGregor, op. cit., pág. 49.

Repetimos, no podemos convalidar los $65,000 concedidos por el tribunal de instancia. Aunque se probó el daño de me-noscabo en el potencial de generar ingresos futuros, los ele-mentos valorativos tangibles e intangibles, según relacionados en esta opinión, no son suficientes para sostener esa cuantía.

Ante esta situación hemos de adelantar que consideramos prudente posponer y referir al foro de instancia la determi-nación sobre la cuantía de aproximación judicial del daño. No obstante podemos analizar y adjudicar el planteamiento del Estado relativo a que se compensó dos veces la incapacidad física del menor. Dicho foro dispuso:

Estimamos [que] la compensación de Alex por los daños sufridos debe ser de $205,000.00, la que dividimos así: LoS' daños físicos pasados y presentes del menor, $25,000.00; los daños físicos y limitación física que sufrirá el resto de su vida Alex, $30,000.00; las angustias y sufrimientos men-tales presentes y futuros de Alex, incluyendo el desorden de-presivo que padece y que limitan su capacidad sicológica, $40,000.00; la incapacidad física total de la mano izquierda y del brazo izquierdo (90%) la[s] cuales combinadas as-cienden a un 54% de inculpa]cidad de sus funciones fisio-lógicas generales, $50,000.00; la pérdida de ingreso futur\o\, $65,000.00. (Énfasis suplido.)

Al atender este señalamiento, nos viene a la mente la con-sabida dificultad intrínseca de evaluar daños físicos y men-tales. Por su naturaleza intangible siempre surgen múltiples interrogantes. ¿Dónde terminan los daños físicos y comienzan las angustias mentales? ¿Qué frontera los separa? ¿Cuál tabla de medición utilizar? Nuestra conciencia judicial pausa. Lo único seguro que podemos afirmar es, que en este tipo de in-demnización nunca es posible crear módulos matemáticos inal-terables. Los puntos de referencia varían constantemente.

Conscientes del problema, notamos que el foro primario otorgó $25,000 como compensación por daños físicos pasados y presentes. Asimismo, vemos que la partida de $30,000, ade-más de resarcir daños físicos futuros, indemniza la “limita-ción física” que Alex sufrirá el resto de su vida. La misma nos causa preocupación en varios extremos. Veamos. En el argot forense, “limitación física” goza de rasgos análogos al de incapacidad física. Los autos revelan incontrovertida-mente, que los daños físicos que experimentó Alex desde los inicios del tratamiento médico negligente, hasta la fecha en que se dilucidó el caso (mayo de 1983), a saber, casi cuatro (4) años después —medidos en términos de dolor físico real, intensidad y perdurabilidad— fueron sustancialmente mayo-res que los contemplados en el futuro. Si partimos de la hipó-tesis de que ambas partidas sólo adjudican daños físicos (pa-sados, presentes y futuros), nos confrontamos con una enig-mática disyuntiva: o la de $25,000 es irrazonablemente baja o la de $30,000 demasiado alta. Véase Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647 (1975). Bajo este supuesto, al menos mate-máticamente, ciertamente las cuantías de $25,000 y $30,000 no guardan correspondencia lógica resarcitoria.

Carecemos de un pronunciamiento expreso del proceso de-liberativo que1 ánimo al juzgador de instancia a combinar da-ños físicos prospectivos con la “limitación física futura” y su-marlos en $30,000. Aun así, opinamos que el asunto debe ser examinado desde la perspectiva más beneficiosa para Alex. Desde esta posición, lo máximo permisible en el ideal de acer-carnos a la verdad y realidad del daño, es fraccionar la par-tida de $30,000. Consideramos razonable la proporción de $20,000 y $10,000. De este modo presumimos que $20,000 co-rrectamente corresponden a los daños físicos futuros de Alex y el residuo a su limitación física futura, únicamente así apreciada, se entiende entonces la razonabilidad de la suma de $20,000 por daños físicos futuros. De este modo, pierde parcialmente fuerza la vigencia del planteamiento del Estado de que la cuantía fue duplicada. No obstante, subsiste dicho señalamiento en cuanto al remanente de $10,000, al confron-tarlos con la partida de $50,000 otorgada en igual concepto por la incapacidad total combinada de 54%. No hemos descu-bierto su razón de ser. Se impone, pues, la eliminación de esos $10,000.

Réstanos dictaminar sobre la partida de $65,000, deno-minada por dicho foro como pérdida de ingresos futuros, y conceptualizada en esta opinión como “menoscabo del poten-cial de generar ingresos”. Ciertamente, la misma está inex-tricablemente vinculada a la incapacidad fisiológica antes apuntada por la cual se concedió $50,000. Esta cuantía debe permanecer inalterada. Por otro lado, hemos resuelto que no existe impedimento jurídico para, en casos apropiados, re-sarcir el daño de incapacidad del potencial de generar ingre-sos. No obstante, el récord está huérfano sobre algunos de los factores pertinentes y elementos importantes imprescindibles. Su existencia hubiese situado al juzgador en mejor y más só-lida posición para justipreciarlo, avanzando desde los menos probables —y en gradación relativa— hasta afincarse en el terreno sólido de los más probables.

En estas circunstancias, no podemos descargar satisfac-toriamente nuestra función revisora sin la duda de incurrir en un error en cuanto a la evaluación de aproximación esti-mativa del daño. Consideramos razonable y prudente remitir al foro de instancia el asunto para que éste, tomando en cuenta las pautas aquí esbozadas, reevalúe esta partida.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que modifique la del tribunal de instancia a los fines de eliminar la suma de $10,000 de la partida de $30,000 concedida por li-mitación física futura, y se deja sin efecto la compensación fijada de $65,000, por alegada pérdida de ingresos futuros, para que dicho foro la reevalúe. En cuanto a la compensación de $30,000 a cada uno de sus progenitores, $10,000 por gastos de tratamiento físico y psicológico futuros y demás extremos, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1) Incisión quirúrgica para eliminar la obstrucción sanguínea de la extremidad afectada.

      (2) Respecto a la inadecuacidad de las alegaciones, coincidimos con el tribunal de instancia en que el apartado cuatro de la demanda constituye, en el umbral de lo mínimo, suficiente alegación. La misma, luego de rela-cionar la condición física del brazo y de la mano, reclama expresamente una “incapacidad permanente y los daños y sufrimientos pasados y los fu-turos”, estimados en $300,000. El procedimiento civil ha trascendido la mís-tica de las palabras. Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972). Aunque no es el mejor modelo de redacción, cumple con el propósito de alegar incapa-cidad resultante del accidente susceptible de entenderse como un reclamo dentro del concepto de lucro cesante. Véanse: Prado v. Quiñones, 78 D.P.R. 322, 331 (1955); Betances v. Autoridad de Transporte, 73 D.P.R. 223, 225-226 (1952). En el caso de autos no hubo sorpresas. Desde el 7 de febrero de 1983 —tres (3) meses antes de la vista— se notificó el testimonio del Dr. Bartolomé Stipec, economista, a ser utilizado para “ilustrar al Tribunal en cuanto al ingreso promedio devengado por un obrero en Puerto Rico”.
      El señalamiento del Estado, de que se concedió doble compensación por incapacidad, será objeto de posterior discusión.

        (3)Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201 (1969); Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 D.P.R. 324 (1977); Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192 (1978).

        (4) Colón v. Municipio de Orocovis, 100 D.P.R. 1009, 1016 (1972) —en que eliminamos la compensación por lucro cesante a base de que “no se presentó prueba sobre el estado de salud de la occisa ni del promedio de ingreso derivado de su trabajo durante algunos años antes del accidente”— no es incompatible con esta decisión.

      (5)En Zeno Molina v. Vázquez Rosario, supra, págs. 327-328, resolvi-mos que el lucro cesante no es objeto patrimonial transmisible a los herede-ros de una víctima fallecida.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Ana Irma Rivera Lassen.

      Número: 5898

      Resuelto: 22 de abril de 1985

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Ana Irma Rivera Lassen, pro se.

   per curiam:

En relación con la obligación que le impone a los notarios públicos la See. 26 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1026, relativa a su obligación de rendir semanalmente índices notariales, en In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303, 304-305 (1985), expresamos que dicha obligación es una de “cumplimiento estricto” y que “el reiterado incumplimiento con las exigencias de dicha ley acusa una indiferencia de parte del notario que le coloca en el umbral de la incapacidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio”.

La abogada-notario Ana Irma Rivera Lassen, a pesar de ser una que está activa en su profesión como tal, únicamente rindió índices notariales durante el año 1984 corres-pondientes a dos (2) semanas. () Un análisis de la obra notarial efectivamente realizada por la referida abogada de-muestra que la obra notarial realizada por ésta es una de carácter sensitivo en relación con la cual la omisión de rendir los índices a tiempo podría tener consecuencias de “natura-leza grave lesivas a la fe pública de que están investidos los notarios”. In re Colón de Zengotita, ante.

Por los fundamentos antes expresados, se dictará senten-cia que suspenda del ejercicio del notariado en Puerto Rico a la Leda. Ana Irma Rivera Lassen por él término de un (1) año, contado él mismo a partir del 1ro de mayo de 1985. ()

      (1) La semana que finalizó el 13 de mayo y la que terminó el 17 de junio de 1984.

      (2)La acción disciplinaria decretada es independiente de aquella res-ponsabilidad civil en que pueda haber incurrido la notario público de refe-rencia, causada la misma por su omisión en rendir los índices notariales.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Asociación Residentes y Amigos de la Calle Doce de Octubre, Inc. y Otros, demandantes y recurrentes, v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones y Otros, demandados y recurridos.

      Número: O-84-890

      Resuelto: 22 de abril de 1985

      Daniel Martinez Oquendo, abogado de la parte recurrente; Raquel Escudero López, abogada de la Administración de Regla-mentos y Permisos; Miguel A. Velázquez Rivera, abogado del recurrido' Víctor M. Torres.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante resolución de fecha 9 de mayo de 1983 la Ad-ministración de Reglamentos y Permisos (A.R.P.E.) auto-rizó —al amparo de la subsección 54.03, inciso (5), del Regla-mento de Zonificaeión— la remodelación y uso permanente como dispensario médico de una estructura localizada en el Núm. 408 de la Calle Doce de Octubre, Hato Rey, Puerto Rico, perteneciente dicha propiedad al Dr. Víctor M. Torres (el Doctor).

Instada apelación de dicha decisión para ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (la Junta) por la Asociación de Residentes y Amigos de la Calle Doce de Octubre, Inc. (la Asociación), la Junta mediante resolución de fecha 7 de marzo de 1984 —aun cuando revocó el permiso de uso permanente concedido al Doctor por A.R.P.E. bajo la citada Sec. 54.03— le concedió al Doctor un permiso provisional por un año para operar una oficina mé-dica vía “variación” al amparo de las disposiciones de la sub-sección 53.01 del referido Reglamento de Zonificación.

Inconforme con la resolución emitida por la Junta tanto el Doctor como la Asociación acudieron en revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. Dicho foro, mediante sentencia de fecha 20 de noviembre de 1984() de-negó el auto de revisión solicitado por la Asociación por en-tender, como cuestión de derecho, que la “Junta de Apela-ciones estaba autorizada a considerar en apelación las circustancias especiales presentes y conceder el alivio admi-nistrativo a manera de concesión”. Ello no obstante, el mismo foro emitió en relación con la solicitud de revisión radicada por el Doctor() una orden concediéndole término tanto a la Asociación como a la Junta para que mostraran causa por la cual la resolución emitida por esta última no debía ser revo-cada o modificada.()

El recurso ante nuestra consideración tiene su origen en la solicitud de certiorari que radicara la Asociación ante este Tribunal en revisión de la citada sentencia de fecha 20 de noviembre de 1984 emitida por el foro de instancia. Mediante la utilización del mecanismo de mostración de causa le con-cedimos término tanto a A.R.P.E. como al Doctor para que expresaran su posición respecto a la sentencia emitida. Han comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

La cabal y mejor comprensión de la decisión que se emite en el presente caso requiere que hagamos una detallada expo-sición de los hechos que dieron lugar al mismo.

Allá para el mes de noviembre de 1981 el Doctor adquirió por compra una casa y solar localizado en el Núm. 408 de la Calle Doce de Octubre, Hato Rey, Puerto Rico. Dicha propie-dad, hasta el momento de ser adquirida por el Doctor, era una dedicada a uso residencial que tenía la particularidad de que “su frente” daba hacia la mencionada Calle Doce de Octubre mientras que la parte posterior de la misma colindaba con la Avenida De Hostos. La referida propiedad está ubicada den-tro de los límites de un distrito residencial (R-3), ello según el Mapa de bonificación del sector de Río Piedras, vigente, situación de la cual tenía conocimiento el Doctor al adquirir la misma.

Luego de adquirido el inmueble, el Doctor comenzó a re-modelar la parte interior de la estructura existente con el propósito de habilitar el mismo a los efectos de proveer dos (2) oficinas de consulta, cinco (5) salas de exámenes, una (1) sala para realizar cirugía menor, un (1) laboratorio especializado y una (1) sala de espera, todo ello relacionado con la práctica de la dermatología. Dicha remodelación se comenzó a llevar a cabo sin haberse solicitado autorización alguna de los organismos administrativos correspondientes por razón de que, alegadamente, se desconocía que ello fuera necesario.

De todas formas, con fecha de 6 de octubre de 1982, el Doctor radicó ante A.R.P.E. una solicitud de remodelación y uso permanente de la propiedad como “dispensario médico”. Según el permiso de construcción solicitado, la “fachada” y uso del inmueble seria invertido; esto es, la entrada y fachada principal —comercial— de la estructura sería por la Avenida De Hostos mientras que la parte de la misma que da hacia la Calle Doce de Octubre se convertiría en la parte trasera de la propiedad, manteniéndose en ésta una fachada residencial. Por último, resulta procedente señalar que a pesar de que la mayoría de las propiedades localizadas en la Calle Doce de Oc-tubre son dedicadas a vivienda, en el sector de Hato Rey donde se encuentra ubicada la misma() hay un gran número de oficinas profesionales de médicos establecidas, entre ellas va-rias dedicadas a la práctica de la dermatología.

HH HH

Cl] De un estudio del historial legislativo de la Ley Num, 76 de 24 de junio de 1975 —Ley Orgánica de A.R.P.E.— surge que la intención del legislador al aprobar dicha Ley fue la de trasladar las funciones de la Junta de Planificación res-pecto a la aplicación de los reglamentos en casos individuales y la concesión de permisos de construcción al nuevo organismo administrativo creado.() Ello nos llevó a resolver que en virtud de la citada Ley “se adoptó un nuevo esquema admi-nistrativo mediante el cual se transfirió a A.R.P.E. las fun-ciones operacionales que hasta entonces desempeñaba la Junta de Planificación y se confirió a este nuevo organismo la facul-tad de aplicar y velar por el cumplimiento de las leyes y regla-mentos de planificación”. Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210, 214 (1979).

Bajo ese “nuevo esquema administrativo” es claro que le correspondía • a A.R.P.E., en primera instancia, el decidir sobre la solicitud que hiciera el Doctor de establecer un “dispensario médico” en una zona residencial clasificada R-3. Como bien señala la representación legal del Doctor en su comparecencia para mostrar causa, A.R.P.E. podía —de en-tenderlo procedente y dependiendo de los hechos que encon-trara probados— conceder la autorización de lo solicitado por el Doctor bajo uno de dos métodos: 1- vía “excepción o auto-rización directa”, al amparo de lo dispuesto por la citada sub-sección 54.03, inciso (5), del Reglamento de Zonificación, o 2- autorizando una “variación”, a la luz de lo dispuesto en la subsección 53.01 del referido reglamento.

En Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87, 92, 93 (1974) “definimos el término ‘variación’ como el permiso para dedicar la propiedad a un uso prohibido por las restric-ciones impuestas en una zona o distrito, y, las excepciones, como la autorización para usar la propiedad en cierto modo que de antemano el propio Reglamento de Zonificación admite y tolera, siempre que se cumpla con ciertas condiciones”. (Én-fasis suplido.) Expresamos en dicho caso, en adición, que la variación tiene el propósito de atenuar en ciertos casos el rigor del Reglamento, “permitiendo el uso prohibido cuando se demuestra que debido a las circunstancias especiales la aplicación de las restricciones puede resultar irrazonable y ocasionar perjuicios al dueño”; que, por otro lado, la conce-sión de excepciones “es un medio para controlar ciertos usos que no son frecuentes pero que pueden tener un efecto ad-verso en el vecindario” y que las mismas se “conceden única-mente en los casos expresamente autorizados por el Regla-mento y siempre sujeto a las condiciones en él prescritas”.

En el presente caso, A.R.P.E. entendió a base de la prueba presentada, que a pesar de que la “actividad” a que pretende el Doctor dedicar la propiedad es una, de ordinario, no per-mitida en un distrito residencial R-3, procedía conceder lo solicitado vía excepción al amparo de las disposiciones de la subsección 54.03 por cuanto se cumplía con todas las cuatro condiciones requeridas por el inciso (5) de la misma. ()

Dicha decisión merece gran deferencia por cuanto debemos recordar que en “la concesión de variaciones y ex-cepciones entran en juego factores técnicos y complejos, cuya evaluación requiere estudios y conocimientos especializados” y que A.R.P.E., como sucesora en los aspectos antes mencionados de la Junta de Planificación en virtud de las disposiciones de la antes citada Ley Núm. 76 de 1975, “cuenta con el personal profesional y los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo esta evaluación”. Véase Quevedo Segarra v. J.A.C.L., ante, pág. 95.

La Junta de Apelaciones, por su parte, determinó que no procedía la concesión de una “excepción” bajo la citada sub-sección 54.03, inciso (5), del Reglamento de Zonificación por cuanto entiende —sin citar autoridad alguna en apoyo de ello— que la “actividad” del Doctor no cualifica como “dis-pensario médico”.!) No obstante ello, le concedió al Doctor un “permiso de carácter temporero por el término de un año, para uso de oficina médica” por entender que procedía la autorización de un alivio administrativo a manera de con-cesión o variación.

Somos del criterio que, de ser correcto el argumento es-grimido por la Junta a los efectos de que la oficina en con-troversia no cualifica como dispensario médico, la solicitud del Doctor tendría que ser denegada en su totalidad por cuanto la concesión de una “variación”, dados los hechos par-ticulares del caso, es obviamente improcedente en derecho. Ello es así por cuanto al momento en que el Doctor compra la propiedad en controversia él tenía pleno conocimiento de las limitaciones de uso. Bajo estas condiciones es claro que está impedido de solicitar —y de que se le conceda— un alivio ad-ministrativo vía variación. En otras palabras, como correcta-mente señala el propio Doctor en su comparecencia para mos-trar causa “no debe premiarse a aquél que se autoinfligió el perjuicio”. Véanse: R. M. Anderson, American Law of Zoning, 2da ed., New York, Lawyers’ Co-operative Pub. Co., 1976, Vol. III, Secs. 18.42, 18.43; D. G. Hagman, Urban Planning and Land Development Control Law, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1975, pág. 204.

Ahora bien, ¿cumple la “actividad” pretendida por el Doctor con el concepto de “dispensario médico” contenido en el antes transcrito inciso (5) del Reglamento de Zonificación? Ni la ley ni el reglamento definen dicho término. En este as-pecto coincidimos con el argumento esgrimido por A.R.P.E. en su comparecencia para mostrar causa. Lo pretendido por el Doctor es un término medio entre la oficina médica normal y corriente —donde sólo se examina, se diagnostica y se re-ceta— y el concepto abarcador que contempla la Junta de lo que es un dispensario médico, esto es, una “facilidad de carác-ter central donde se brindan servicios médicos ambulatorios para cubrir las necesidades de salud de una comunidad en general, en la cual prestan sus servicios profesionales varios médicos de diferentes especialidades”.

En el presente caso, la “actividad” pretendida, aun cuando no cumple con la definición abarcadora de la Junta, no se limita al mero examen, diagnóstico y prescripción de medicinas. Como hemos visto, la misma cuenta con un laboratorio especializado, una sala especialmente equipada para llevar a cabo cirugía menor, dos (2) oficinas de consulta y cinco (5) salas de exámenes. Podemos catalogar el mismo con un “dispensario médico especializado”. Somos del criterio, en consecuencia, que una oficina o consultorio médico de esta naturaleza cualifica como un “dispensario médico” a los fines de lo dispuesto por la subsección 54.03, inciso (5), del Reglamento de Zonificación. Es correcta desde ese punto de vista, repetimos, la decisión que a esos efectos emitiera A.R.P.E.

No obstante lo anteriormente expresado, un examen de la decisión emitida por A.R.P.E. en el presente caso revela que este organismo no hizo una determinación específica sobre el punto principal o neurálgico del caso; esto es, sobre cómo se beneficia o se afecta, si en algo, el “interés público” y el “interés del vecindario” por el establecimiento en dicha propiedad de este “dispensario médico” solicitado por el Doctor. Dicha determinación no sólo es de suprema importancia, sino que es mandatoria en esta clase de casos en que el referido organismo administrativo autoriza o deniega una “excep-ción”. Como expresáramos en Quevedo Segarra v. J.A.C.L., ante, págs. 93-94, “lo importante en la concesión de éstas [las excepciones] es restringir y controlar ciertos usos que pueden resultar adversos al carácter del vecindario, aunque no necesariamente incompatibles. . . . Por eso, tiene primacía en la concesión el interés publico y el interés del vecindario en particular sobre el interés del dueño del terreno”. (Énfasis suplido y citas omitidas.)

Al hacer dicha determinación, el foro administrativo deberá tomar en consideración, entre otros, factores tales como: 1 - la necesidad que tenga el vecindario en particular de la “actividad” que se pretende establecer; en otras palabras, en el presente caso debe tomarse en consideración si en el vecindario o sector existen otras oficinas de médicos que brindan servicios similares a los que ofrece el Doctor, y la cercanía o no de hospitales que brindan servicios médicos, generales o especializados a la ciudadanía en general. C. A. Rathkopf, The Law of Zoning and Planning, 4ta ed., New York, C. Boardman Co., Ltd., 1975, Sec. 41.09; E. C. Yokley, Zoning Law and Practice, 4ta ed., Charlottesville, Virginia, Michie Co. L. Pubs., 1978, Sec. 7-23; 2 - la conveniencia de la “actividad” para el vecindario o sector en particular, () desde el punto de vista que la misma no resulte adversa a la salud, moral, seguridad y bienestar público del vecindario. Budlong v. Zoning Board of Review of Cranston, 153 A.2d 127 (1959); 3 - la característica particular del vecindario en controversia, desde el punto de vista de la “cualidad de vida y estética” del mismo. R. H. Nelson, Zoning and Property Rights, Cambridge, Mass., M.I.T. Press, 1977; Village of Belle Terre v. Boraas, 416 U.S. 1, 9 (1974); Berman v. Parker, 348 U.S. 26, 33 (1954); 4 - la no deseabilidad de la concentración de facilidades similares en un mismo sector. Rathkopf, The Law of Zoning and Planning, op. cit, Sec. 41.54; 5 - el tráfico vehicular y ruido que generará la activi-dad solicitada, N. Williams, American Land Planning Law and the Police Power, Chicago, Callaghan & Co., 1974, Secs. 82.02, 82.04; y 6 - si el carácter específico del vecindario en particular amerita un tratamiento distinto al del sector en general. Rathkopf, The Law of Zoning and Planning, op. cit, See. 6.07(1). Procede, en consecuencia, devolver el presente caso() a A.R.P.E. para que dicho foro administrativo rea-lice, previo los procedimientos que estime necesarios, la de-terminación específica anteriormente señalada.

Por los fundamentos expresados, se expide el auto, y se dicta sentencia revocatoria de la dictada en él presente caso por él Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala die San Juan, y se devuelve él mismo a dicho foro para procedimientos ul-teriores compatibles con lo aquí expresado.

      (1) Sentencia emitida en el Caso Civil Núm. 84-5155 (907), Hon. Peter Ortiz, Juez.

      (2) Caso Civil Núm. 84-5122 (907), Hon. Peter Ortiz, Juez.

      (3) Dicho caso se encuentra pendiente de resolución final ante el foro de instancia.

      (4) Dicho “sector” comprende las Avenidas De Hostos y Domenech y la Calle O’Neill.

      (5) Véase el Informe de las Comisiones de Gobierno y Desarrollo So-cioeconómico del Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 1075, archivo de Secretaría del Senado, 21 de marzo de 1975, pág. 2.

      (6) 54.03-Oíros Usos a Permitirse por la, Junta [A.R.P.E.] en Distritos Residenciales

      La Junta [A.R.P.E.] podrá considerar en armonía con los fines y pro-pósitos generales de este Reglamento y en aquellos distritos residenciales donde específicamente se establece en esta Subsección, consultas de ubica-ción y de uso de terrenos cuando se trate de proyectos relacionados con los usos que más adelante se indican, siempre que por medio del diseño, la cons-trucción y la operación, se haya de proteger la salud, la seguridad y el bienestar de los ocupantes de la propiedad a ocuparse o a usarse o de las propiedades limítrofes, y que no se menoscabe el suministro de luz y aire a la edificación a ocuparse o a usarse, o a las propiedades vecinas, o se au-mente el peligro de: fuego, o se ocasione reducción o perjuicio a los valores de las propiedades establecidas en las áreas vecinas, y siempre que estos proyectos reúnan cualquier otro requisito que se estime conveniente para asegurar la debida protección al interés público y cumplan con los demás requisitos establecidos para el distrito específico en que ubiquen. En estos casos la Junta [A.R.P.E.] podrá requerir cualquier otra información que determine se hace necesaria para considerar el proyecto.
      “ (5)-Dispensarios médicos en cualquier Distrito Residencial ex-cepto Distritos R-O, de acuerdo con lo siguiente :

      “(a)-El servicio a prestarse será para pacientes externos. El tratamiento de dementes o enfermedades contagiosas no será per-mitido.
      “(b)-No se darán características comerciales a la edificación.
      “(c)-No se operará ningún equipo o instrumento médico que pueda resultar perjudicial al bienestar de los residentes del sector.
      “(d)-En desarrollos residenciales en los cuales se estableció un centro de vecindad en cumplimiento con lo establecido en el Regla-mento sobre Facilidades Vecinales (Reglamento de Planificación Núm. 9), los dispensarios médicos se permitirán solamente en dicho centro de vecindad.” Anejo Núm. 2, págs. 4-5.

      (7)La Junta de Apelaciones entiende que un dispensario médico “es una facilidad médica de carácter central donde se brindan servicios médicos ambulatorios para cubrir las necesidades de salud de una comunidad en general, en la cual prestan sus servicios profesionales varios médicos de diferentes especialidades, entiéndase rama de la medicina. Dicho uso con-trasta con una ‘oficina o consultorio médico’, donde generalmente trabaja un solo médico o se dedican a una rama de la medicina como en el presente”. (Énfasis en el original.) Ibíd., pág. 5.

      (8) Manteniendo siempre presente que lo conveniente puede no ser ne-cesario y viceversa.

      (9) El tribunal de instancia deberá tomar las medidas necesarias, compatibles con lo aquí resuelto, en relación con el Caso Civil Núm. 84-5122 (907) aún pendiente ante dicho foro.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Manuel Flor Ayala Rosa, etc., peticionarios recurridos, v. Autoridad de Tierras de Puerto Rico, interventora recurrente.

      Número: R-83-326

      Resuelto: 23 de abril de 1985

      Ángel Valentín Sierra, abogado de la recurrente; Néctor Robles Abraham, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión central a resolver en este caso es si la pres-cripción adquisitiva es invocable contra la Autoridad de Tierras.

Manuel Flor Ayala y su esposa presentaron ante el Tribunal Superior una petición sobre información de dominio. Alegaron ser dueños en pleno dominio de una propiedad de 1,683.50 metros cuadrados en Fajardo. La Autoridad de Tierras se opuso aduciendo que el solar forma parte de una finca suya y que los peticionarios son agregados precaristas.

En 1942 el predio en cuestión les fue regalado verbal-mente a los peticionarios por Rafael Bermúdez, administra-dor de la Fajardo Sugar Growers Association, antecesora en título de la Autoridad, en reconocimiento a los años de servi-cio prestados por Manuel Flor Ayala y en compensación de horas trabajadas en exceso de la jornada regular. No existe evidencia en los autos sobre la facultad de Bermúdez para tomar este tipo de acción. El tribunal de instancia determinó que los peticionarios han poseído el inmueble en forma pú-blica, ininterrumpida, pacífica y en calidad de dueños por más de treinta años. El tribunal concluyó que los peticionarios adquirieron título sobre la propiedad por usucapión. La Auto-ridad ha recurrido a este foro y plantea que la prescripción extraordinaria no puede surtir efecto contra su propiedad inmueble.

El señalamiento debe examinarse inicialmente a la luz del tratamiento de la prescripción adquisitiva frente al Estado.

1. La situación hasta inicios del siglo veinte

A. El antiguo Derecho español

Ya en el Fuero Juzgo, Libro X, Título II, Ley IV, se re-conocía el derecho a la prescripción adquisitiva contra la pro-piedad real. Se decretaba allí:

. . . Et por ende establescemos por esta nueva ley, que todo omne que toviere algunas cosas ó algunas tierras del rey, quier sea libre, quier non, ó de los siervos del fisco, fueras ende los siervos del rey, por XXX. annos áyanlas en paz sabiéndolo el rey, assíque cerrados los XXX. annos ninguno non las pueda demandar mas. . . . Fuero Juzgo o Libro de los Jueces, Barcelona, Ed. Zeus, 1968, Yol. II, pág. 205.()

El principio siguió siendo parte, con variantes, de otras grandes compilaciones españolas. Véanse: el Ordenamiento de Alcalá, Tit. XXVII, Ley II, en la Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid, Ed. Boletín Oficial del Estado, 1976, T. II, pág. 9; Partida III, Tit. XXIX, Ley VII, Las Sietes Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio, Madrid, Eds. Atlas, 1972, T. II, pág. 704; y Libro XI, Tit. VIII, Ley IV, en la Novísima Recopilación, supra, T. V, pág. 195, entre otras.

En el Art. 1936 del proyecto de Código Civil de 1851 se incorporó la norma tan firmemente establecida en el Derecho español:

El estado y las personas morales, comprendidas en el ar-tículo S3, están sujetos á la prescripción en cuanto á sus bienes ó derechos susceptibles de propiedad privada. (Én-fasis del original.) F. García Goyena, Concordancias, moti-vos y comentarios del Código Civil Español, Zaragoza, Ed. Cometa, 1974, pág. 998.

El Art. 1937 del proyecto de García Goyena recogía tam-bién la norma complementaria de que “Puede prescribirse todo lo que está en el comercio de los hombres, á no prohibirlo alguna ley especial”. (Art. 1937.) Se llega así al Código Civil.

B. El Código Civil español

La vulnerabilidad de los bienes patrimoniales del Estado a la usucapión se mantuvo bajo el Código Civil de España. El Art. 1.932 dispone:

Los derechos y acciones se extinguen por la prescripción en perjuicio de toda clase de personas, inclusas las jurídi-cas, en los términos prevenidos por la Ley.
Queda siempre a salvo, a las personas impedidas de admi-nistrar sus bienes, el derecho para reclamar contra sus re-presentantes legítimos, cuya negligencia hubiese sido causa de la prescripción.

Este artículo pasó a ser el 1832 de nuestro Código, 31 L.P.R.A. see. 5243, excepto que el segundo párrafo fue supri-mido por la Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930, visto lo dis-puesto por el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 254. Véase De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985).

El Art. 1.936 del Código Civil español, del cual es copia exacta nuestro Art. 1836 (31 L.P.R.A. see. 5247) provee a su vez:

Son susceptibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres.

El Art. 344 español, base de nuestro Art. 256 (31 L.P.R.A. see. 1025), ayuda a definir los bienes de índole patrimonial, a diferencia de los imprescriptibles. Ya que las variantes no afectan la sustancia copiamos a continuación el texto puertorriqueño:

Son bienes de uso público en Puerto Rico y en sus pueblos, los caminos estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.
Todos los demás bienes que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o los municipios posean, son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este título. ()

El Art. 1.936 citado, acentuando el carácter antiprivilegista del 1.932, eliminó ciertas distinciones del Derecho antiguo que es innecesario discutir aquí, mas mantuvo las normas centrales anteriores. Véanse: Partida III, Tit. XXIX, Ley VI, Las Sietes Partidas, supra, pág. 736; G. Mañueco, La Prescripción de los Montes Públicos, 1 Rev. C. Der. Inmob. 571, 580-581 (1925). Todas las cosas que están en el comercio de los hombres son susceptibles de prescripción, entendiéndose que los bienes patrimoniales del Estado están en el comercio de los hombres. L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. 2, pág. 603. Respecto a la imprescriptibilidad de los bienes de uso público, descritos en el Art. 256, también hay acuerdo fundamental. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 12da ed., Madrid, Ed. Reus, 1982, T. II, Vol. 1, pág. 350; Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Inst. Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 1, pág. 364; Sobre la imprescriptibilidad del dominio público, en E. García De Enterría, Dos estudios sobre la usucapión en Derecho administrativo, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1974, pág. 94 y ss.

Valga señalar que las normas españolas descritas con-cuerdan con la tradición general del Derecho Civil prevaleciente en otros países. Véanse: el Art. 2227 del Código Civil francés, C. M. Aubry y Rau, Droit Civil Français, 7ma ed., París, Librairies Techniques, 1961, T. 2, pág. 442; G. Marty y P. Raynaud, Droit Civil: Les Biens, 2da ed., París, Ed. Sirey, 1980, pág. 245; M. Planiol y G. Ripert, Treatise on the Civil Law, 12da ed. (Traducción del Louisiana State Law Institute), St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1939, Vol. 1, Parte 2, págs. 813-816; los Arts. 822 y 826 del Código Civil italiano, A. Scialoja y G. Branca, Commentario del Codice Civile, Della Propietà, 4ta ed., Bologna, Ed. N. Zanichelli, 1976, T. III, pág. 68 y ss.; Art. 3951 del Código Civil argentino, G. A. Borda, Tratado de Derecho Civil, Buenos Aires, Ed. Perrot, 1975, T. 1, págs. 311-312.

2. El análisis del problema en Puerto Rico durante el siglo veinte

Como se ha indicado, reglas equivalentes a las del Código Civil español rigen esta materia en Puerto Rico, con leves variantes que no vienen al caso. Como a veces ocurrió, al im-portarse con gran celeridad en el Puerto Rico de 1902 una serie de códigos provenientes de una tradición jurídica dis-tinta, se retuvieron disposiciones de estos nuevos códigos o se añadieron conceptos referentes a aspectos ya atendidos por el Código Civil. Tal fue el caso del Art. 9 del Código Político, 1 L.P.R.A. see. 6, el cual hay que tomar en consideración junto a los artículos ya descritos del Código Civil. El Art. 9 dispone:

Si alguna persona, so pretexto de algún derecho incompatible con la jurisdicción del Gobierno de Puerto Rico, usurpare terrenos baldíos o no concedidos, pertenecientes a Puerto Rico, el Fiscal del distrito judicial en que radican dichos terrenos informará de ello en el acto al Gobernador, quien dispondrá que el Secretario de Justicia adopte las me-didas necesarias para expulsar al usurpador. No podrá ad-quirirse títulos a terrenos baldíos estaduales por posesión adversa, o contraria al título de otra u otras personas. ()

La adopción en 1902 de este artículo sobre un aspecto de la prescripción adquisitiva, sin hacerlo parte del Código Civil, ha causado gran confusión en nuestra jurisprudencia.

En El Pueblo v. Dimas et al., 18 D.P.R. 1061 (1912), la cuestión a determinar era si podían usucapirse terrenos ganados por desecación de unos manglares. El Tribunal resolvió que no, utilizando, entre otros argumentos, lo dispuesto en el Art. 9 del Código Político. A modo de dictum, sin embargo, el Tribunal se refirió a la máxima nullum tempus occurrit regí, de origen inglés, que establece que la prescripción adquisitiva no se da contra el Estado.

La doctrina de nullum tempus, representativa de la posi-ción opuesta a la civilista, fue adoptada en Puerto Rico, como puede verse, para un caso específico, el de los terrenos baldíos del Estado y en virtud de un artículo particular del Código Político. A partir de El Pueblo v. Dimas et al., supra, no obs-tante, la doctrina fue ampliada por la jurisprudencia a un grado impermisible, en contradicción abierta a las disposi-ciones del Código Civil.

En El Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 656, 666-667 (1913), amparándose equivocadamente en El Pueblo v. Dimas et al., supra, el Tribunal expresó: “Cuando la nueva soberanía comenzó, es evidente que el demandado no había adquirido por prescripción derecho alguno, y, después de co-menzada, dicho medio de adquisición de propiedad no estaba autorizado en contra de los Estados Unidos, ni en contra de Puerto Rico.”

En Pueblo v. Rojas, 53 D.P.R. 121, 136 (1938), el Tribunal ya dictamina tajantemente respecto a los bienes patri-moniales del Estado: “a partir de 1898 la prescripción adqui-sitiva, de acuerdo con lo resuelto por este Tribunal en El Pueblo v. Dimas et al. .. . no puede alegarse en contra de El Pueblo de Puerto Rico....”

En Gobierno de la Capital v. Casino Español, 56 D.P.R. 790 (1940), y Jiménez v. Municipio, 70 D.P.R. 517 (1949), el Tribunal se negó a extender la doctrina de nullum tempus a los municipios.

A excepción de las expresiones vertidas en el voto separado del Juez Asociado Señor Hernández Matos, suscrito por el Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado Señor Santana Becerra, en E.L.A. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 644 (1969), la situación desde entonces era, por tanto, que la máxima angloamericana del nullum tempus prohibía la usucapión de los bienes patrimoniales del Estado, aunque no de los pertenecientes a los municipios. En el refe-rido voto separado se advierte con toda claridad que el orde-namiento jurídico puertorriqueño, contrario a la jurispruden-cia citada, permite la usucapión contra los bienes patrimonia-les del Estado, a menos que se trate de terrenos baldíos. Se-ñalan acertadamente los señores jueces mencionados en la pág. 672:

El transcrito Art. 9 del Código Político, en su última ora-ción, en términos claros y precisos, limita la prohibición de adquirir títulos contra el Estado por posesión adversa, a terrenos baldíos insulares solamente.
Sin duda alguna, tal prohibición fue establecida en ese artículo para evitar que el usurpador de terrenos baldíos alegara como defensa la prescripción. Al reducir su ámbito objetivo a terrenos baldíos tal prohibición restringida jamás podría entenderse como una de general aplicación respecto a los bienes patrimoniales del Estado.

Coincidimos con el criterio de los citados señores jueces. Bajo el Código Civil de Puerto Rico la prescripción adquisitiva opera contra los bienes patrimoniales del Estado y de los municipios, a excepción, conforme lo dispuesto en el Código Político, de los terrenos baldíos pertenecientes al Gobierno de Puerto Rico. Quedan derogadas las decisiones siguientes, entre otras, en cuanto expanden la doctrina de nullum tempus () más allá del estrecho marco del Art. 9 del Código Político: El Pueblo v. Municipio de San Juan, 19 D.P.R. 656, 667 (1913); Miranda v. Municipio de Aguadilla, 39 D.P.R. 467, 470 (1929); Pueblo v. Rojas, 53 D.P.R. 121, 136 (1938); Gobierno de la Capital v. Casino Español, 56 D.P.R. 790, 801 (1940), y Jiménez v. Municipio, 70 D.P.R. 517, 521 (1949). Para una expresión al mismo efecto, véase E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, pág. 675 n. 16.

3. La contención de la Autoridad de Tierras

Lo expuesto hasta ahora nos permite derivar el principio central que debe regir el examen de contenciones análogas a las formuladas aquí por la Autoridad. Según surge del trasfondo descrito, la norma que favorece la prescripción adquisitiva contra el Estado es de tal fortaleza qué únicamente se estimará que queda modificada cuando la Asamblea Legislativa así lo disponga en términos expresos, sujeto al análisis constitucional que corresponda. En el caso presente la Autoridad de Tierras descansa su reclamo de inmunidad en meras inferencias y textos imprecisos sobre el tema que nos ocupa. () Ello no es suficiente.

Se confirmará la sentencia recurrida..

      (1)Para la situación en el Derecho romano véanse: P. Bonfante, Instituciones de Derecho Romano, 3ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1965, pág. 283 y ss.; H. F. Jolowiez y B. Nicholas, Historical Introduction to the Study of

        Roman Law, 3ra ed., Cambridge, University Press, 1972, págs. 151 y ss., 506; A. D’Ors, Derecho Privado Romano, 4ta ed. rev., Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1981, págs. 239-240. En el voto separado del Juez Asociado Señor Hernández Matos, suscrito por el Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado Señor Santana Becerra en E.L.A. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 644, 698 y ss. (1969), se hace una extensa historia de la prescrip-ción adquisitiva en el Derecho civil.

      (2) Tanto la doctrina como la jurisprudencia reiteran la definición de “bien patrimonial” que se consigna en la segunda parte del Art. 256 de nuestro Código Civil, en que se expresa que todo bien del Estado que no es de uso público es bien patrimonial. Véanse entre otros: J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 8va ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. III, pág. 141; E.L.A. v. Tribunal Superior, supra; Gobierno de la Capital v. Consejo Ejecutivo, 63 D.P.R. 434 (1944); El Municipio de Vega Baja v. Smith, 27 D.P.R. 632 (1919).

      (3)Por no haber planteamiento al efecto, no nos estamos expresando en esta opinión sobre aspecto alguno de la validez del artículo citado. Sobre el historial de este artículo, véase E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, pág. 672, n. 14.
      A modo de definición baste señalar que “terreno baldío” es aquel “que pertenece al Estado pero que no está adehesado ni se labra, pertenece al dominio público para su común disfrute o aprovechamiento, no produce más frutos que los espontáneos y naturales ofrecidos por la tierra”. Ibíd., pág. 673. Para una detallada definición de “bien patrimonial no baldío”, véase ibíd., pág. 729. Véase también la exposición histórica del concepto de terreno baldío que se recoge en El Pueblo v. Dimas et al., 18 D.P.R. 1061, 1078-1080 (1912).

      (4)Valga aclarar que la doctrina de nullum tempus occurrit regi ha sufrido vicisitudes más serias en el Derecho inglés y norteamericano de lo que se desprende de nuestras decisiones, las que generalmente asumen que se trata de un principio invariable del Derecho común. La historia es otra.

        Nullum tempus sí fue parte del Derecho medieval inglés por tiempo considerable. Bracton, On the Laws and Customs of England, 156 et seg. (1968). En 1623, sin embargo, ya la Corona había perdido todo derecho a reclamar sus bienes si hubiese transcurrido un plazo de 60 años. IV Holdsworth, A History of English Law 484, 525 (1966). La Crown Suits Act, 1769, también conocida como la Ley Nullum Tempus, se ocupó específica-mente de reiterar la abolición de la doctrina respecto a las tierras de la Corona. I Blackstone, Commentaries on the Laws of England 368 n. 7 (1916). Por la Limitation Act 1939, Sec. 4, el término para reivindicación por la Corona se redujo a treinta años. 19 Halsbury’s Statutes of England 3d 65 (1970); C. G. Cheshire, The Modem Law of Real Property, 9na ed., Londres, Ed. Butterworths, 1962, pág. 785.
      En Estados Unidos se revirtió curiosamente a partir del siglo dieci-nueve, en especial, a la versión medieval inglesa de nullum tempus. Se colocó al soberano en posición de privilegio, contrario a la tradición civilista y al propio Derecho inglés. H. G. Wood, A Treatise on the Limitation of Actions at Law and in Equity, 3ra ed., Boston, The Boston Book Company, 1901, pág. 3 y ss.; H. W. Ballantine, Title by Adverse Possession, 32 Harv. L. Rev. 135 (1918); Stanley v. Schwalby, 147 U.S. 508 (1893).
      La regla estadounidense inicial ha sido criticada fuertemente. E. M. Borchard, Government Liability in Tort, 34 Yale L.J. 1, 129, 229 (1924-1925). L. W. Feezer, Capacity to Bear Loss as a Factor in the Decision of Certain Types of Tort Cases, 78 U. Pa. L. Rev. 805, 815-841 (1930). En Nota, Developments in the Law — Statutes of Limitations, 63 Harv. L. Rev. 1177, 1252 (1950), se concluye: “In modern times there seems to be little justification for the sovereign exemption.” El resultado actual es que desde 1928, sujeto a ciertas condiciones, el Congreso ha permitido la usucapión de terrenos del Gobierno federal por veinte años. 43 U.S.C. see. 1068. Buena parte de los estados han aprobado también legislación para limitar la inmu-nidad del soberano en este particular. Nota, supra, pág. 1252.
      En resumen, los casos que acabamos de derogar, en cuanto conflijan con esta opinión, enfrentan las dificultades siguientes: estiman equivocada-mente que la regla nullum tempus refleja la posición, por siglos, tanto del Derecho común inglés como del norteamericano; expanden sin base ade-cuada el Art. 9 del Código Político, contrario a disposiciones expresas del Código Civil, y se insiste en la perpetuación de nullum tempus en Puerto Rico cuando este aspecto de la inmunidad del soberano se desconoce en los países civilistas, se ha eliminado en Inglaterra y ha sufrido extraordinaria erosión en Estados Unidos.

      (5)E1 Art. 56 de la Ley de la Autoridad de Tierras, 28 L.P.R.A. see. 373, dispone:
      “Todos los bienes raíces de la Autoridad y de las fincas de beneficio proporcional creadas al amparo de la Ley de Tierras de Puerto Rico esta-rán exentos de embargo y de venta por ejecución de sentencia. Ninguna ejecución ni ningún otro procedimiento judicial podrá establecerse contra dichos bienes ni ninguna sentencia contra la Autoridad o dichas fincas de beneficio proporcional constituirá embargo contra los mismos; Disponién-dose, que las disposiciones de esta sección no serán aplicables a, ni limitarán los derechos de los tenedores de bonos o de acreedores hipotecarios o re-faccionarios para ejecutar o en otra forma hacer cumplir cualquier con-trato o hipoteca que se hubiere otorgado por la Autoridad o dichas fincas de beneficio proporcional con anterioridad a la vigencia de esta sección o que en lo sucesivo se otorgare, o los derechos de los tenedores de bonos o acreedores hipotecarios o refaccionarios a obtener remedios para hacer cum-plir cualquier gravamen hipotecario, refaccionario, empeño u otro gravamen establecido por la Autoridad o dichas fincas de beneficio proporcional sobre sus bienes, rentas, derechos o ingresos.”
      Este texto es claramente insuficiente. La Autoridad también argu-menta que la política pública que impulsó su creación es de tal importancia que alcanzó rango constitucional. Art. VI, Sec. 14 de la Constitución. Ello es cierto, mas véase la exposición de motivos de la propia ley, donde se re-conoce “el derecho fundamental humano de todos los seres que viven ex-clusivamente de trabajar la tierra, de ser por lo menos dueños de un pedazo de esa tierra que les sirva para levantar sobre él ... su propio hogar . . .”. Lo cierto es que nada en la ley o en la Constitución se encamina verdadera-mente a derogar parcialmente, como se hizo en el Art. 9 del Código Polí-tico, la norma vigente sobre la prescripción adquisitiva.


text:
    Unión de la Industria Licorera de Ponce, Guillermo Green, demandantes y recurridos, v. Destilería Serrallés, Inc., demandada y peticionaria.

      Número: O-85-26

      Resuelto: 23 de abril de 1985

      Norbeto Colón, abogado de la peticionaria; Humberto Rivera Torres del bufete de Lugo Bougal, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 25 de agosto de 1983, un guardia de seguridad que se encontraba prestando servicio en la entrada principal que controla el acceso y la salida de personas a los terrenos de la Destilería Serrallés, Inc., Ponce, Puerto Rico, alegadamente sorprendió al empleado Guillermo Green mientras éste inten-taba sustraer ilegalmente de los terrenos de la Compañía pro-piedad perteneciente a ésta. Informado el incidente, el mismo motivó la suspensión de empleo y sueldo del señor Green y, posteriormente, el despido de éste.

Inconforme con la acción disciplinaria antes mencionada, la Unión de la Industria Licorera de Ponce, en representa-ción del empleado, solicitó que el asunto fuera sometido al procedimiento de quejas y agravios establecido por el convenio colectivo entonces vigente entre las partes, el cual culminó en un procedimiento de arbitraje. () El mismo se llevó a cabo ante el Sr. José Costa Rodríguez, árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Re-cursos Humanos de Puerto Rico. Conforme el “acuerdo de su-misión” suscrito por las partes, el árbitro venía obligado a determinar “si el despido del empleado Guillermo Green es-tuvo o no justificado. De no estarlo, que el árbitro provea el remedio adecuado”. (Énfasis suplido.) Exhibit I, pág. 1.

La vista de arbitraje se llevó a efecto el día 28 de diciem-bre de 1983. Ambas partes estuvieron representadas por abo-gado. Concluyendo que, no obstante el poco valor monetario de la misma, la prueba presentada efectivamente demostra-ba que el empleado había intentado sustraer mercancía perte-neciente al patrono, y expresando que “resulta incuestiona-ble —salvo que medien circunstancias extraordinarias que no están presentes en este caso— el derecho de la gerencia a des-pedir a sus empleados, cuando éstos actúan en forma desho-nesta”, el árbitro Costa Rodríguez resolvió que el despido decretado en el caso “estuvo justificado”. En su consecuencia, desestimó la querella presentada por la mencionada organi-zación obrera.

La Unión y el empleado en controversia radicaron deman-da ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, alegando, en lo pertinente, que el laudo emitido “carece de validez y es nulo” por cuanto “el mismo es contrario a la ley y la Política Pública al configurar como falta de apropria-ción ilegal un cuadro de hechos que no establecen intención ni descripción u ocupación de la propiedad ni conexión alguna entre el sujeto de la falta ni el objeto de la misma; todo ello en contravención a la norma penal que gravita en Puerto Rico hacia las determinaciones constitucionales del debido proceso y la Carta de Derechos”, y debido a que el “árbitro se excedió en sus funciones al convertirse en portavoz justifica-torio de la posición patronal fundamentándose en prueba in-conexa e insuficiente”.

Contestada la demanda por la Destilería Serrallés, Inc., la parte demandante le sometió a ésta un “interrogatorio” al amparo de las disposiciones de la Regla 30 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979. La compañía demandada ob-jetó el referido interrogatorio por ser el mismo improcedente en derecho. El tribunal de instancia, mediante resolución de fecha 18 de diciembre de 1984 le ordenó a la parte deman-dada que contestara el mismo. Inconforme, la parte deman-dada acudió ante este Tribunal mediante la radicación del presente recurso de certiorari. Le concedimos término a la parte demandante para que mostrara causa por la cual no de-bíamos revocar la citada resolución. Ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

La importancia que tiene el convenio colectivo en el campo laboral difícilmente puede ser sobreestimada. El mismo, por lo general, representa el fruto de largas y acaloradas horas de discusión entre el patrono y la portavoz de los reclamos de los empleados de éste. La otorgación y firma de un convenio colectivo representa el triunfo del poder de la negociación sobre la fuerza, de la cordura y la razón sobre la temeridad y la violencia, y de la necesidad que todos tenemos de vivir en armonía los unos con los otros. En fin, el convenio colectivo es un mecanismo que —en adición a ser un contrato que, como tal, tiene fuerza de ley entre las partes suscribientes siempre que no contravenga las leyes, la moral y el orden público, Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 122 (1963)— promueve la paz y la estabilidad en el campo obrero-patronal. Su validez y eficacia, en consecuencia, debe ser siempre objeto del más entusiasta endoso por parte de los tribunales.

En el caso que nos ocupa, el convenio colectivo otorgado por las partes establecía un procedimiento de quejas y agravios que culminaba en un procedimiento de arbitraje. Como hemos visto, el referido convenio expresamente disponía que el laudo que rindiera el árbitro —aun cuando final y obligatorio para las partes en cuanto a las determinaciones de hecho que éste hiciera— tenía que ser conforme a derecho. Ello, de inmediato, facultaba a cualquiera de las partes a acudir ante el foro judicial a impugnar el laudo emitido, no sólo en cuanto a las causas de nulidad tradicionalmente reco-nocidas, () sino para revisar la corrección y validez jurídica del laudo emitido. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977).

¿Qué alcance y significado tiene lo anteriormente ex-presado? En otras palabras, ¿cuál es el procedimiento a seguirse, o que debe ser implantado, por el tribunal en estos casos? ¿Debe permitirse que dicha impugnación se lleve a cabo por medio de un juicio plenario común y corriente, con todo lo que ello implica, o, por el contrario, debe el mismo ser objeto del trámite correspondiente a un recurso de revisión? Existe una laguna en nuestra jurisdicción respecto a lo antes señalado. () En ausencia de acción legislativa a esos efectos, nos vemos obligados a pautar el procedimiento a seguirse en esta clase de situaciones. Nos inclinamos hacia el trámite referente a un recurso de revisión.

En primer lugar, debemos recordar que en relación a aquellos laudos de arbitraje que no tienen que ser emitidos “conforme a derecho”, la trayectoria y tendencia de nuestras decisiones respecto a la revisión de dichos laudos por parte del foro judicial ha sido una clara y constante1: una de autorrestricción o abstención judicial, J.R.T. v. National Packing Co., 112 D.P.R. 162 (1982), Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974), y de una especial deferencia hacia los mismos por razón de que éstos constituyen el trámite ideal para resolver disputas obrero-patronales de modo rápido, cómodo y menos costoso. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832 (1977). Indicativo de lo antes expresado es el hecho de que hemos resuelto no intervenir con el laudo emitido “aún cuando quizás hubiéramos [el Tribunal] llegado a una conclusión distinta si la cuestión estuviera sometida ante nosotros”, J.R.T. v. National Packing Co., supra, pág. 165, y que “las partes que firman un convenio de esta natu-raleza deben comprender que han sustituido al árbitro por las cortes”. Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R.S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949).

En segundo lugar, hemos resuelto que un laudo de arbitraje, en general, tiene o goza de una naturaleza similar a la de una sentencia o decreto judicial. Colón Molinary v. A.A.A., supra; Ríos v. Puerto Rico Cement Cory., 66 D.P.R. 470, 477 (1946), y que la función del árbitro “es análoga a la ejercida por una sala sentenciadora de primera instancia, estando el foro apelativo facultado para revisar los planteamientos al respecto”. (Énfasis suplido.) Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., supra, págs. 580-581.

Por último y manteniendo siempre presente nuestro deber de promover y fomentar la paz y la estabilidad industrial mediante el apoyo judicial a los convenios colectivos en el campo laboral, procede que nos preguntemos, si es lógico y razonable que se le permita a las partes suscribientes de un convenio el poder relitigar en el foro judicial, como si se tratara de un juicio de novo, cada una de las controversias surgidas entre ellos —las cuales ya han sido objeto de decisión por un árbitro— meramente debido a que dichas partes estipularon que el laudo a emitirse fuera “conforme a derecho”. Entendemos que no; somos del criterio que no se justifica que se permita la impugnación del laudo emitido ante el foro judicial vía juicio plenario en la referida situación como tampoco en el caso del laudo que no tiene que ser conforme a derecho.

Sobre todo, cuando consideramos que bajo cualesquiera de las dos antes mencionadas situaciones hay un remedio alterno, igualmente eficaz y justo, al alcance de esas partes —el cual cumple con el requisito del debido procedimiento de ley— cual es el de la revisión judicial de acuerdo con las Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de las Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior. En otras palabras, el procedimiento a seguirse ante el foro judicial será uno similar al utilizado cuando el tribunal, actuando como foro apelativo, revisa la corrección o incorrección de la sentencia emitida por un tribunal inferior o la decisión de un organismo administrativo. () Resolver lo contrario —en otras palabras, permitir la relitigación de la controversia en un proceso civil ordinario— constituiría “echar por la borda” la labor realizada por el árbitro; es decir, convertiría la referida labor en un ejercicio de futilidad y se desvirtuaría la naturaleza inherente del procedimiento de arbitraje laboral.

Resolvemos, en su consecuencia, que a partir de la fecha de la presente decisión, () la parte que interese impugnar un laudo de arbitraje emitido en un caso obrero-patronal —ya sea por las causas de nulidad tradicionalmente reconocidas o porque el mismo, de ser ello requerido, no ha sido resúelto conforme a derecho— vendrá obligada por las disposiciones pertinentes y aplicables de las antes menciona-das reglas que rigen los recursos para la revisión de las deci-siones administrativas ante el Tribunal Superior. ()

Lo anteriormente resuelto conlleva, naturalmente, la denegación del uso de los métodos de descubrimiento de prueba en esta clase de recursos. El uso de los mismos está reñido y resulta improcedente ante la norma adoptada en el día de hoy. ()

Por las razones antes expresadas, se expide el auto, y se dictará sentencia revocatoria de la resolución de fecha 18 de diciembre de 198U emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, y se devuelve el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí re-suelto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1)EI Art. VIII (d) del referido convenio colectivo, en lo pertinente disponía:
      “El laudo que rindiere el árbitro será final y obligatorio para las par-tes en cuanto a determinaciones de hecho pero no de derecho, e igualmente no tendrá autoridad o jurisdicción para enmendar o variar las disposiciones de este Convenio.” (Énfasis suplido.) Moción de certiorari, pág. 1.
      El inciso (e) del referido Art. VIII establecía, en lo pertinente, que:
      “En casos de arbitraje podrá instarse un recurso entre [sic] los Tribunales de Justicia cuando se alegue que el árbitro en su decisión ha come-tido errores de derecho.” (Énfasis suplido.) Exhibit II, pág. 8.

      (2) Fraude, conducta impropia, falta del debido procedimiento en la celebración de la vista, violación de la política pública, falta de jurisdicción y que el laudo emitido no resuelve todas las cuestiones en controversia que se sometieron. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782, 800 (1949).

      (3)D. Fernández, El Arbitraje obrero-patronal en Puerto Rico, XXXV Rev. Jur. U.P.R. 7, 36 (1966).

      (4)A los fines de viabilizar la norma hoy enunciada, se resuelve que dichos recursos serán de carácter no discrecional. Del convenio colectivo en un caso en particular no establecer término dentro del cual las partes deben recurrir ante el foro judicial a los fines de impugnar el laudo emitido, las partes tendrán el término de treinta (30) días para así hacerlo.
      En casos donde se alegue como causal de nulidad el fraude, conducta impropia o falta del debido procedimiento, el tribunal podrá permitir la presentación de prueba a una parte, previa demostración de la necesidad de ello, al amparo de la Regla 14 de las Reglas de Procedimiento Civil.

      (5) No obstante el carácter prospectivo de la norma establecida, los tribunales de instancia tomarán las medidas necesarias para lograr la apli-cación razonable de las disposiciones pertinentes de las citadas reglas a las demandas de impugnación de laudos emitidos en casos obrero-patronales que se encuentran actualmente pendientes ante ellos.

      (6)La presente decisión no afecta el derecho que pueda tener un em-pleado a un juicio civil ordinario, cuando como parte integrante de un pro-cedimiento de arbitraje, estén en controversia derechos federales que sur-jan de ERISA (Employee Retirement Income Security Act of 1974), 29 U.S.C. sec. 1132(a)(1)(B), y el derecho que tiene un empleado a radicar su querella ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos por violaciones al Tit. VII, 42 U.S.C. see. 2000 et seq., en relación a los cuales la agencia local tiene jurisdicción concurrente con la agencia federal.

      (7)Los hechos del presente caso son ejemplo vivo del porqué la impug-nación de un laudo de arbitraje obrero-patronal no debe ser tramitada por la vía ordinaria. Un examen de las alegaciones de la parte demandante de-muestra que el fundamento de la impugnación radica en si las determina-ciones de hecho realizadas por el árbitro encuentran o no apoyo en la evi-dencia desfilada. Ello, como sabemos, puede constituir una “cuestión de derecho”. Rodrigo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 151, 154-155 (1973). La referida cuestión puede ser resuelta por el tribunal con un mero examen de la transcripción de evidencia o de la exposición narrativa de la prueba, tramitadas las mismas al amparo de la Regla 10 del citado cuerpo de reglas.