author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Gerald L. Boyd, etc., et als., demandantes y recurridos, v. Charles Mihulka et als., demandados y recurrentes; Charles Mihulka y su Esposa Mildred Mihulka, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Manuel A. Moreda, Juez, demandado; Gerald L. Boyd y su Esposa Catherine C. de Boyd, interventora.

      Números: R-67-80, O-67-411

      Resueltos: 21 de septiembre de 1973

      A. Torres BrascM, abogado de los recurrentes; Baker & Woods, Gilberto Mayo Aguayo, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El 21 de abril de 1964 la sociedad legal de gananciales compuesta por los cónyuges Gerald y Catherine Boyd compró a los esposos Charles y Mildred Mihulka un solar y casa resi-dencial localizados en la Urbanización Extensión Club Manor en Sabana Llana, Río Piedras. Los esposos Boyd pagaron el precio acordado de $44,000. Compraron dicha propiedad con el propósito de utilizarla para su vivienda, a cuyo mismo fin la habían dedicado los cónyuges vendedores.

Debido a que no había alcantarillado sanitario en el área la propiedad se servía de un sistema de pozos — séptico y fil-trante — para la disposición de sus desperdicios y aguas ne-gras. Por razón de que el terreno no filtraba, el sistema de pozos resultaba inoperante, y los vendedores, para remediar la situación, conectaron una tubería que descargaba a la calle las aguas negras del pozo filtrante. Los esposos Boyd no fue-ron advertidos de esta condición por los vendedores ni pudie-ron notar su existencia. No eran peritos que pudieran perca-tarse fácilmente de ella por razón de su oficio o profesión. Ad-quirieron la propiedad desconociendo dicha situación.

Con posterioridad a la fecha de adquisición el Sr. Boyd fue citado por agentes del Departamento de Salud debido a que-jas presentadas por vecinos de predios a niveles inferiores a quienes afectaba el discurrir de las aguas negras descargadas, a la calle, provenientes de Ja casa del matrimonio Boyd. Fue mediante dicha citación que se enteró el Sr. Boyd de la condi-ción existente. Trató de corregir la situación desconectando el tubo que recogía las aguas negras. Como consecuencia, de-bido a la impermeabilidad del terreno, las aguas no filtraron y se desbordaron, inundando su solar.

Se realizaron pruebas que comprobaron la impermeabili-dad del suelo. Se determinó por peritos en la materia que, teó-ricamente, situaciones como ésta se corrigen, (1) excavando hasta encontrar en el subsuelo una capa filtrante ó, (2) esta-bleciendo un sistema de tubería bajo el terreno que haga de-sembocar las aguas en una corriente natural. En este, caso, ninguna de dichas soluciones era factible. La primera resul-taba económicamente prohibitiva. La segunda resultaba im-posible debido a la ausencia en el área de alguna corriente natural de agua.

Los- esposos Boyd radicaron demanda ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 8 de octubre de 1964, en que reclamaron de los vendedores la devolución de la cantidad de $6,000, que alegaron era la diferencia entre el precio pagado por ellos y el valor razonable en el mercado de la propiedad una vez conocido el defecto o vicio de que adolecía. Alegaron que: “Tales defectos, los cuales ignoraban los compradores a la fecha de otorgar la escritura y los cuales eran imposibles de determinar, por no ser los demandantes peritos en la materia, hacen la cosa vendida prácticamente impropia para el uso a que se le destina y disminuye de tal modo ese uso que de ha-berlo conocido los compradores habrían pagado un precio menor por ella.”

Los demandados negaron el alegado defecto o vicio oculto y la consiguiente reclamación de los demandantes y fue el caso a juicio. La parte demandante presentó prueba pericial para justificar que la propiedad comprada por Boyd a Mihul-ka, conocido el problema para la disposición de aguas negras y con motivo de ello, debía tener a la fecha de su adquisición por Boyd un valor en el mercado de $33,600. Dicha prueba fue objetada oportunamente por los demandados, por el funda-mento de que descansaba en testimonio de referencia. El tribunal de instancia la admitió y basándose en ella concluyó que los vendedores debían devolver a los compradores $10,400, que es la diferencia entre el precio pagado por éstos de $44,000, sin conocer el defecto, y el valor de la propiedad en el mercado — $33,600—una vez conocido el defecto. Dictó sentencia condenando a los demandados a pagar $10,400 a los demandantes, más costas y $1,000 de honorarios de abogado. Los demandados solicitaron auto de revisión.

Estando pendiente la transcripción de la prueba para fines del recurso de revisión, los demandantes-recurridos vendieron la propiedad en $46,000. Enterados de ello, los demandados-recurrentes radicaron ante el tribunal a quo una moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, solicitando ser rele-vados de la sentencia dictada. Alegaron que, no obstante la opinión de los peritos, “el tal vicio oculto no afectó el valor en el mercado de la propiedad ni fue impedimiento para que los demandantes realizaran un beneficio de $2,000, sobre el precio pagado por ellos.” Solicitaron de nosotros permiso para que el tribunal de instancia considerara dicha moción. Accedimos. Celebrada una vista y oída nuevamente prueba pericial, el tribunal a quo dictó resolución negándose a dejar sin efecto ni modificar su sentencia. Los demandados solicitaron auto de certiorari para revisar dicha resolución. Así las cosas, expedi-dos tanto el auto de revisión como el de certiorari, decidimos consolidar ambos recursos. Dispondremos de ellos como si fueran uno solo.

La acción ejercitada por los demandantes-recurridos tiene por bases los Arts. 1373, 1374 y 1375 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3841, 3842 y 3843, que respectivamente dis-ponen :

Art. 1373 (31 L.P.R.A. see. 3841)

“El vendedor estará obligado al saneamiento por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida, si la hacen impropia para el uso a que se la destina, o si disminuyen de tal modo este uso que de haberlos conocido el comprador, no la habría adqui-rido, o habría dado menos precio por ella; pero no será respon-sable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.”

Art. 1374 (31 L.P.R.A. see. 3842)

“El vendedor responde al comprador del saneamiento por los vicios o defectos ocultos en la cosa vendida aunque los ignorase.
Esta disposición no regirá cuando se haya estipulado lo con-trario, y el vendedor ignorara los vicios o defectos ocultos de lo vendido.”

Art. 1375 (31 L.P.R.A. see. 3843)

“En los casos de las dos secciones anteriores, el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.
Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.”

Como puede verse, el Art. 1375 da al comprador el derecho de optar entre la acción redhibitoria y la acción estimatoria. Por la primera puede deshacer la venta, recobrando lo que pagó. Por la segunda, conocida también como la acción quanti minoris, la venta subsiste pero el comprador recobra parte del precio entregado. Scaevola señala que la acción estimatoria se define más propiamente como el “derecho del comprador para pedir que le sea restituida aquella parte del precio que pagó indebidamente, dada la disminución del valor de la cosa que suponen los vicios advertidos en ella.” Si bien la acción que surge de los vicios redhibitorios se aplicó en un principio en Roma a las ventas de animales, se generalizó en el proceso evolutivo histórico para aplicarse a las ventas de inmuebles. Por analogía, se aplica a inmuebles la acción estimatoria o quanti minoris. Así lo habíamos dado por sen-tado en Schlüter v. Aboy Vidal & Co., Inc., 49 D.P.R. 766 (1936) y en D’Azizi v. Alcaraz, 40 D.P.R. 915 (1930). La parte demandante optó por la pretensión estimatoria.

Como fundamentos de su recurso de revisión la parte demandada argumenta que el tribunal sentenciador cometió seis errores. Los tres primeros se refieren a la admisibilidad y valor probatorio de la prueba pericial presentada por los cónyuges demandantes. El cuarto y el quinto impugnan la existencia de un vicio oculto como base de la acción ejercitada. El último ataca la imposición de honorarios de abogado.

Veamos en primer lugar los planteamientos respecto de la existencia del vicio oculto. Señalan los recurrentes que “la impermeabilidad del terreno, por ser una condición natural del mismo, no constituye un vicio oculto sujeto a saneamiento y de serlo, no es de tal naturaleza que justifique la reducción en el precio concedida.” Evidentemente parten de la base de que aquellos defectos de la cosa debidos a causa naturales no pueden calificarse de vicios ocultos. Ninguna autoridad citan en apoyo, de esta afirmación. Tampoco la hemos encontrado nosotros. Es que el precepto de ley es claro. El citado Art. 1373, supra, hace obligatorio el saneamiento por el vendedor “por los defectos ocultos que tuviere la cosa vendida,” sin distinguir entre aquellos defectos que sean naturales y los que le provengan por acción u omisión del hombre. De hecho, si recordamos que tanto la acción redhibitoria como la estimatoria se aplicaron en su origen a la venta de animales, forzoso es concluir que se refiriese tanto a vicios naturales como a los que no lo eran. Es más fácil concebir vicios naturales en un animal que vicios desarrollados por consecuencia de actos del hombre.

Castán distingue entre vicios jurídicos, que consisten en una grave limitación al derecho trasmitido, como el caso de la servidumbre no aparente, y vicios de hecho, cuando se trata-de defectos intrínsecos a. la cosa vendida. A renglón seguido señala: “Los últimos son los que reciben, en sentido estricto, la denominación de vicios ocultos o vicios redhibitorios (de redhibiere, devolver), porque pueden deshacer la venta.”

Definiendo lo que es “vicio” a los fines de la acción que nos ocupa señala Enneccerus:

“Por ‘vicio’ ha de entenderse una diferencia desfavorable para el comprador con relación a la condición normal de la cosa. Ahora bien, la condición normal de la cosa no ha de determinarse únicamente de una manera abstracta, o sea con arreglo a los usos que corrientemente se hacen de tales cosas, sino que además se ha de tener en cuenta el uso previsto ‘según el contrato’. Se exige, pues, una desviación desfavorable para el comprador de la aptitud que normalmente ha de esperarse para el uso corriente o para el uso previsto en el contrato. El concepto de vicio debe, pues, definirse subjetiva y objetivamente.”

La definición, tanto objetiva como subjetivamente, del vicio oculto está patente en el Art. 1373 antes transcrito. Señala, por un lado, que los defectos pueden ser de tal naturaleza que la cosa vendida se haga “impropia para el uso a que se la destina.” Por otro lado, dicho artículo hace depender la obligación de saneamiento de que los defectos disminuyan de tal modo el uso de la cosa “que de haberlos conocido el comprado^ no la habría adquirido, o habría dado menos precio por ella.”

En uno u otro caso, conforme señala Castán, se precisa que el vicio reúna las siguientes condiciones: (a) ser oculto o encubierto; (b) desconocido del comprador; (c) nocivo a la utilidad de la cosa, y (d) anterior a la venta, cuando menos en su germen o principio. Está implícito en la condición (c) que el defecto debe ser grave, es decir, que haga que la cosa sea impropia para el uso a que está destinada o disminuya su uso en forma tal que el comprador no la habría comprado o habría pagado menos por ella, de haberlo conocido. Véase Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971).

En su demanda los demandantes-recurridos señalaron que el defecto de la propiedad la hacía impropia para el uso a que estaba destinada. Alegaron también la disminución en su valor de modo tal que de haber conocido el defecto habrían pagado un precio menor por ella. Quizás podría ser objeto de discusión si en este caso la deficiencia en el desagüe hacía impropio el uso de la casa para fines de vivienda, que fue el propósito para el que la adquirieron los demandantes. Pero no puede haber dudas sobre la gravedad de dicha condición y la magnitud de la perturbación que ello necesariamente producía en el uso y disfrute de la vivienda como tal. No puede negarse justificación a la posición; asumida por los demandantes de que de haber conocido el defecto habrían pagado un precio menor por la propiedad. Están aquí presen-tes todas las condiciones que definen la existencia del vicio redhibitorio o estimatorio y no erró el tribunal de instancia al así concluirlo.

Véase, por vía de comparación, la Sentencia de 10 de junio de 1952 del Tribunal Supremo de España, que admitió como vicios que dan lugar a la acción estimatoria, entre otros, aquellos defectos “que afectan principalmente la solidez y duración del inmueble por su defectuosa construcción, a sus condiciones de higiene, utilización de los servicios de calefac-ción y desagüe y a la más elemental condición que debe tener toda vivienda de que no penetren en ella las aguas pluviales.” (Énfasis suplido.)

Pasamos ahora a los alegados errores referentes a la prueba pericial. Debemos señalar que en la etapa del juicio estuvo justificado el tribunal de instancia en admitir prueba pericial para poder hacer una justa determinación sobre la cantidad proporcional del precio que los vendedores debían devolver a los compradores. Lo autoriza expresamente el Art. 1375 del Código Civil, antes transcrito. A tales efectos, se expresa así el profesor Ramón Badenes Gasset:

“Para esta reducción o rebaja del precio el precepto se remite al juicio de peritos, quienes deberán fijar la proporción entre el valor real de la cosa al tiempo de la venta y el valor que hubiera tenido la cosa en estado sano. Es decir, el efecto de la acción estimatoria es la devolución de aquella parte del precio que el comprador pagó indebidamente, dada la disminu-ción del valor de la cosa que suponen los vicios advertidos en ella. La proporción se establece en relación con la disminución del uso de la cosa, a fin de que, apreciado debidamente el valor utilitario de la misma, el comprador pague por ella lo que en realidad corresponda en cada caso particular, y no resulte lesionado por el contrato.”

Esto no quiere decir que el “juicio de peritos” sea la manera, con exclusividad de otras, de determinar la disminución en el valor de la cosa, o dicho de otro modo, lo que el vendedor debe devolver al comprador. Aparte de lo preceptuado por el citado Art. 1375, supra, se justificaba en este caso el uso de prueba pericial porque en la etapa del juicio no había otro criterio que el dictamen de peritos para estimar el menoscabo en el valor de la propiedad. Pero si existe un medio más objetivo y cierto y menos especulativo, debe ser preferido al de determinación pericial. Así parece convenir Scaevola cuando dice:

“Importa, de todas maneras, fijar bien el sentido de la refe-rencia que hace el artículo 1.486 [1375 nuestro] al ‘juicio de peritos’. En primer lugar para nada se necesitará de este medio cuando las partes se convengan. Sólo de no convenirse procederá la vía judicial, y sólo de entrarse en ella habrá lugar a la prueba de peritos. Pero entonces, ni la intervención de éstos constituirá un juicio, sino sólo un dictamen, pues otra cosa sería atentatoria de los más señalados principios del Derecho procesal, ni quedará limitado el libre arbitrio del Juez. Por consecuencia, aun no habiendo reparado los peritos en el extremo de que queda hecho mención, deber será del Juez tenerlo en cuenta, dentro de su derecho a la apreciación integral de las pruebas practicadas.”

Cuando, con posterioridad a haberse dictado sentencia, accedimos a que el tribunal de instancia considerara, la moción de los demandados-recurrentes invocando la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, tuvo dicho tribunal la oportunidad de aquilatar la verdadera merma en el valor de la propiedad, o pérdida para la parte demandante, independientemente de opiniones periciales. Dentro de ese incidente, a nuestro juicio, quedó claramente establecido mediante una simple operación aritmética que la pérdida fue de no más de $6,000. Veamos. En el precio de $46,000 obtenido por los recurridos Boyd al vender su propiedad pendente lite está comprendida la canti-dad de $8,000 que representa su inversión en financiamiento y mejoras, que deducidos dejan un precio real de $38,000 el cual resulta ser $6,000 más bajo que lo por ellos pagado originalmente a sus vendedores Mihulka.

Habida cuenta del resultado a que hemos llegado mediante la susodicha operación matemática no es necesario considerar la adecuación del método utilizado por el perito de los compra-dores — conocido por capitalización de rentas — para determi-nar el valor en el mercado de la propiedad para un comprador conocedor del defecto señalado. En su consecuencia no tenemos que resolver si el testimonio del perito era objetable por estar basado en información obtenida fuera de corte proveniente de compradores potenciales. Cabe señalar, sin embargo, que en casos de esta naturaleza no puede exigirse una estricta aplica-ción de la regla sobre prueba de referencia. Sería contrario a la economía procesal exigir que todas las personas entrevis-tadas por un perito tasador para indagar sobre el valor de mercado de una propiedad tuvieran que comparecer como testigos antes de permitir una opinión del perito basada en la información obtenida por ellos. En este sentido, la opinión podría admitirse bajo el mismo razonamiento que admite la prueba de reputación. Más que la cuestión sobre admisibilidad del testimonio del perito debe pesar la consideración de su credibilidad. Véanse Pueblo v. Ocean Park Development, 73 D.P.R. 360 (1952); Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592 (1939) y Costas v. G. Llinás & Co., 66 D.P.R. 730 (1946).

No obstante que en este caso el valor de la prueba pericial cede ante el criterio objetivo y cierto del precio de venta de la propiedad, es interesante notar que en opinión de su perito, la pérdida real y efectivamente sufrida por los compradores, aplicando el hecho conocido de la venta por $46,000 al valor que la propiedad debía tener en el mercado a la fecha de dicha venta si no hubiese tenido el defecto, fue de $6,500. Esta cifra dista muy poco de la cantidad que señalan los cómputos arit-méticos, basados en la diferencia entre el costo total y el precio de venta de la propiedad. Una vez recibida la prueba sobre la venta de la propiedad hecha con posterioridad al fallo cuya solicitud de revisión estaba pendiente, incidió el tribunal recurrido en su resolución negándose a modificar su sentencia.

En cuanto al apuntamiento que impugna la concesión de $1,000 para honorarios de abogado, no tienen razón los demandados-recurrentes. Su temeridad fue manifiesta al negar la existencia del defecto, no obstante conocerlo. La condena en honorarios de abogado es imperativa contra la parte perdidosa que ha sido temeraria. Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962); Ortiz v. Martorell, 80 D.P.R. 544 (1958); Vélez v. Ríos, 76 D.P.R. 860 (1954). En cuanto a su cuantía, sabido es que corresponde a la facultad discrecional del tribunal sentenciador. San Miguel Fértil. Corp. v. P. R. Drydock, 94 D.P.R. 424, 442 (1967); Géigel v. Ramos, 79 D.P.R. 862 (1957); Martín v. Torres, 79 D.P.R. 391 (1956).

Se dictará sentencia rebajando a $6,000 la cantidad que los demandados-recurrentes deben devolver a los demandan- tes-recurridos for concepto de la merma en el valor de la propiedad, y así modificada la sentencia del tribunal a quo, será confirmada.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado sin opinión.

       Aseveración número 11 de la demanda.

       Dicha regla permite al tribunal sentenciador “relevar a una parte •o a su representante legal de una sentencia, orden o procedimiento,” en varias situaciones que enumera. Dicha enumeración no es limitativa pues en la número (6) dice: “Cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de una sentencia.” Ciertamente el hecho acaecido con posterioridad a la sentencia — la venta de la propiedad- — -justi-ficaba que bajo esta regla se reabriese el caso a la consideración del tribunal de instancia.

       Párrafo número 4 de la moción de la parte demandada solicitando ser relevada de la sentencia.

       Scaevola, Código Civil, ed. 1970, tomo XXIII, pág. 203.

      Dice Don José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, octava edición, tomo IV, a la pág. 107:
      “B. Origen histórico.- — -La responsabilidad por vicios ocultos no existía en el primitivo Derecho romano si los contratantes no la establecían ex-presamente por medio de un contrato verbal, agregado a la maneipatio o a la estipulación del doble hecha para el caso de evicción. Los ediles curules, encargados de la policía de los mercados tuvieron que proteger a los com-pradores de animales y esclavos, que eran con frecuencia víctimas del fraude, y a este efecto impusieron, en su Edicto, a los vendedores la obli-gación de manifestar los defectos de la cosa, y concedieron a los compra-dores, para el caso de que no se declarasen, la acción redhibitoria (para la resolución del contrato) y la acción quanti minoris o estimatoria (para obtener una reducción del precio). Estas acciones, nacidas para proteger las ventas hechas en los mercados, se hicieron extensivas más tarde — sin que pueda precisarse en qué época — a todas las ventas. Lo cierto es que en tiempo de Justiniano la generalización estaba hecha, y la doctrina ha pa-sado, con pocas modificaciones sustanciales, al Derecho moderno.!’
      Véase, igualmente, Manresa, Comentarios al Código Civil, quinta ed., tomo X, pág. 249.

       Cuarto apuntamiento de error.

      Op. cit., tomo IV, pág. 106.

       Ludwig Enneccerus, Tratado de Derecho Civil, ed. Bosch (Barcelona), 1966, tomo II, primera parte, págs. 88-89.

        Op. cit., tomo IV, pág. 106.

       Véase Seaevola, obra citada, tomo XXIII, págs. 205-206.

       Badenes Gasset, El Contrato de Compraventa, ed. Teenos, Madrid, 1969, tomo I, pág. 715.

        Op. cit., tomo XXIII, pág. 204.

       por coincidencia, aunque el tribunal a quo concedió $10,400 a los demandantes, en su demanda solo reclamaron $6,000. No habiéndose ob-jetado el testimonio pericial sobre la base de exceder su determinación de lo reclamado, pudo quedar enmendada la demanda por dicha prueba. Regla 13.2 de Procedimiento Civil. Valle v. Sucn. Wiscovibch, 88 D.P.R. 86 (1963); Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108 (1957); Betancourt v. U.S. Fidelity & Guaranty Co., 78 D.P.R. 650 (1955) y D’Azizi v. Alcatraz, supra.


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Candita Rosario de Pérez, acusada y recurrente.

      Número: O-67-387

      Resuelto: 26 de septiembre de 1973

      Ángel Viera Martínez y Ramón Mellado González, abogados de la acusada; Rafael A. Rivera Cruz, Procurador General, y Juan José Ríos Martínez, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

En 1965 Félix de Jesús Robles y Candita Rosario de Pérez trabajaban como empleados de Matías Photo Shop; el primero en calidad de mensajero y la segunda en calidad de cajera. En dicha tienda se tenían a la venta revistas tratando diversas materias. También se vendía equipo fotográfico y tarjetas. Entre las revistas se encontraban algunas en cuyas páginas interiores aparecían impresas fotografías de personas del sexo femenino mostrando su cuerpo semi-desnudo.

Un agente encubierto del Negociado de Bebidas del Depar-tamento de Hacienda formuló contra dichos empleados una denuncia por supuesta violación del Art. 283 del Código Penal de Puerto Rico (33 L.P.R.A. 1171) alegando que . . volun-taria, lasciva, maliciosa y criminalmente, y a sabiendas . . . exhibían, tenía a la venta y vendían, escritos, papeles, revistas y publicaciones obscenas e indecentes.”

El 8 de septiembre de 1965 el Juez Dan F. Rodríguez determinó causa probable y el 30 de octubre de 1967 el Juez Guillermo A. Gil, luego de celebrarse “juicio de novo” ante el Tribunal Superior, encontró culpable a la señora Pérez y la condenó a pagar $100 de multa y las costas, o un mes de cárcel.

La señora Pérez era la cajera del comercio. La prueba establece que solo se dedicaba a cobrar lo que el cliente llevaba hasta donde se encontraba la caja registradora. No estaba a cargo de la administración del negocio ni decidía qué revistas se ponían a la venta y qué revistas no. No tenía control alguno sobre la mercancía que se compraba para re-vender ni podía decretar que no se comerciara con determinado tipo de merca-dería.

Con estos hechos es inescapable concluir que la recurrente no cometió el delito imputado.

Se revoca la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de San Juan en 30 de octubre de 1967 y se absuelve a la acusada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario. El Juez Asociado Señor Rigau concurre en voto sepa-rado con el cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual, Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado sin opinión.

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario

—O—

Opinión concurrente del Juez Asociado Señor Rigau, con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila, Torres Rigual, Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunque.

San Juan, Puerto Rico, a 28 de septiembre de 1973 Concurro con el resultado de la sentencia emitida por el Tribunal en este caso. En ella se absuelve a la cajera de la tienda Matías Photo, Shop, de San Juan, Puerto Rico, de una acusación de vender publicaciones obscenas que le fue hecha en 1ro. de septiembre de 1965. Las publicaciones en cuestión son algunas revistas de las que en inglés llaman girlie magazines. Es tan endeble el criterio utilizado para la acusa-ción que el mero paso del tiempo se ha encargado de demos-trarlo. Como dichas revistas son del año 1965 ahora en el 1973 resultan passé e inocuas. Como hay otros valores envuel-tos en este caso que no están mencionados en dicha sentencia, creemos que es útil .hacer las siguientes expresiones con el propósito de ayudar a mantener la buena salud de nuestras libertades ciudadanas.

Para una persona formada en la tradición liberal de la cultura occidental es mucho más chocante, mucho más ofen-sivo a su sentido de lo que debe ser una sociedad bien organi-zada, el que un agente del orden público se considere facultado para entrar en un establecimiento en donde se venden libros, revistas y periódicos con el propósito de confiscar algunas de esas publicaciones so color de que son ilegales, que el que allí se vendan las revistas que se ocuparon en este caso.

La coexistencia de la autoridad y la libertad implica con-cesiones de ambos lados para lograr el mantenimiento de un balance tolerable con el fin de que haya orden y paz social sin caer en la tiranía. Tales concesiones son, por ejemplo, de parte de la libertad individual, el reconocer que los derechos de cada cual terminan adonde empiezan los del prójimo, el aceptar medidas de planificación, de urbanismo y de tránsito, el recu-rrir a los tribunales en vez de hacerse la justicia por la mano, el pagar contribuciones, etc. De parte de la autoridad, son, por ejemplo, honrar las limitaciones que la Constitución impone al gobierno, tolerar la oposición política pacífica y la libre expresión, etc.

La confiscación de libros, revistas y periódicos por agentes del orden público recuerda demasiado la trágica era nazi para que sea una actividad tolerable. Esa concesión no es necesario hacerla. Como hemos dicho, bien sabemos que para mantener el orden hay que pagar un precio en libertad personal. Pero lo que ha ocurrido en este caso, de no rechazarse, sería pagar un precio demasiado alto por el fin que se persigue.

Somos una sociedad insular, pero no estamos obligados a tener una cultura insular, queriendo decir con ello una cultura raquítica, provinciana, oscurantista. Como nos decía Pedreira en su Insularismo, el camino más corto para encontrarse a sí mismo le da la vuelta al mundo. Es fácil imaginar lo que le ocurriría a los grandes museos del mundo si se les fuera a aplicar el criterio de la moralidad policial que se puso de manifiesto en este caso. ¿Qué harían los agentes que son de ese parecer con el David de. Miguel Ángel, con la Venus de Milo, con el Perseo de Cellini, con el Nacimiento de Venus de Botticelli, con la Afrodita de Rodas, con el Apolo de Belvedere del Museo del Vaticano, con la Maja de Goya?

Persigan nuestros dedicados agentes del orden público y los fiscales con todo su vigor, y castiguen los jurados y los jueces con el máximo rigor de la ley, a los asesinos, a los escaladores de hogares, a los ladrones de automóviles, en fin, a los que están causando víctimas a diario en nuestra socie-dad. Son esos malhechores los qué constituyen si no el primero, por lo menos uno de nuestros principales problemas públicos hoy día. Para atraparlos y administrarles justicia no nos sobran tiempo ni recursos humanos; no los desperdiciemos persiguiendo cajeras de librerías.

       El mensajero Félix de Jesús Robles fue absuelto en el Tribunal Superior, obviamente por los mismos fundamentos que dan base a la presente sentencia.


author: per curiam :

text:
    Eulalio Menéndez García, h/n/c Manatí Memorial, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Juez Agustín Mangual Hernández, demandado; A. G. Solar & Co., interventora.

      Número: O-73-43

      Resuelto: 28 de septiembre de 1973

      Vidal & Davison, abogados de los peticionarios; Reinaldo Pania-gua Diez, Orlin P. Goble, abogados de la interventora.
   per curiam :

En un pleito civil pendiente ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en el cual se plantea una contro-versia sobre el precio, términos de pago y otras condiciones de un contrato de compraventa sobre un coche fúnebre denomi-nado “Cadillac Landau Funeral Car”, la vendedora A. G. Solar & Co., Inc., demandada en dicho pleito, cursó un reque-rimiento de admisión de hechos dirigido al demandante, aquí peticionario, requiriéndole que admitiera ciertos hechos, que huelga reseñar, “bajo juramento y de acuerdo con las Reglas de Procedimiento Civil vigentes.”

El requerimiento de la demandada, fechado el 20 de octu-bre de 1972, no señaló un plazo para contestarlo. Trascurridos veintiún días, el 10 de noviembre la demandada proponente envió al tribunal una moción solicitando imposición de san-ciones contra el demandante por no haber éste contestado dicho requerimiento ni solicitado prórroga para así hacerlo. La moción solicitando sanciones fue radicada en la secretaría del tribunal el 14 de noviembre. Pero ya un día antes el de-mandante había radicado su contestación al requerimiento de la otra parte.

El 7 de diciembre el juez recurrido dictó en cámara una orden en relación con la moción de sanciones radicada por la demandada A. G. Solar que por su perentoria brevedad la transcribimos seguida:

“Se da por admitida por el demandante lo requerido por la demandada A. G. Solar.”

Esta orden fue notificada a las partes el 14 de diciembre. Solicitada su reconsideración cuatro días después, fue decla-rada sin lugar. A solicitud del demandante, expedimos auto de certiorari para revisar.

El requerimiento de admisión de hechos y de la autenticidad de documentos que autoriza la Regla 33 vigente es una de las medidas de más utilidad en el procedimiento anterior al juicio, pues persigue el propósito de definir y limitar la controversia eliminando toda cuestión no debatible de buena fe; expedita el proceso y propende a lograr una solución justa y económica del litigio. Ya en Rosado v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 122, 132-134 (1967), tuvimos ocasión de reseñar los objetivos básicos de este mecanismo procesal. La utilidad de la medida es evidente. Dispone en lo pertinente:

“[T] todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por admitidas, a menos que dentro de un plazo designado en el. requerimiento, que no será menor de 10 días después de su notificación, o dentro del plazo menor o mayor que el tribunal concediere mediante moción y notificación, la parte a quien va dirigido el requerimiento notifique y entregue a la parte que requiere la -admisión, ya sea. . . .” (Bastardillas nuestras.)

Los efectos de no formular una contestación al requerimiento bajo la Regla 33 en vigor pueden ser desastrosos para la parte requerida, quien se coloca prácticamente en la situación de una parte en rebeldía con respecto a las admisiones requeridas por el proponente, viéndose impedido, normalmente, de refutarlas. En la administración de esta medida, los jueces debemos ofrecerle el máximo de eficacia cónsono con la letra y propósito de la regla reduciendo al mímino la posibilidad de perjuicio a las partes. Véase Rosado v. Tribunal Superior (ante, a las págs. 136-137).

En el caso de autos, la demandada proponente no fijó un plazo al demandante para contestar el requerimiento, designación ésta que debe aparecer claramente del escrito original o de uno posterior suplementario si es que se interesa el beneficio de una admisión automática por la falta de la parte requerida en contestar. Erró, pues, el juez recurrido al dar por admitidos los hechos expuestos en el requerimiento de la demandada.

Se revocará y dejará sin efecto la resolución objeto de este recurso, y se devolverán los autos a la sala de instancia para la continuación de los procedimientos.

         Uno de los cambios que sufrió la Regla 86 federal, equivalente a nuestra Regla 33, en el año 1970 fue el relativo al término para contestar el requerimiento. El plazo no es designado por la parte proponente como era antes, sino en la propia regla: treinta días de la notificación, o dentro del plazo menor o mayor que el tribunal concediere, excepto en el caso del demandado, a quien se le fija un plazo de cuarenta y cinco- días a partir del diligenciamiento de la demanda y el emplazamiento. Véase Moore’s Federal Practice, Vol. 4A, Cap. 36, pág. 36-1.


author: per curiam:

text:
    Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandado.

      Número: O-72-104

      Resuelto: 28 de septiembre de 1973

      José Vila Ruiz, Luis F. Candal, Luis M. Rivera Pérez, Marcelino Delgado Medina y Rafael Buscaglia Guillermety, abogados de la recurrente; Gilberto Gierbolini Ortiz, Procurador General, y Miguel A. Rivera Arroyo, José E. Rodríguez Rosaly, aboga-dos de la Junta de Relaciones del Trabajo, abogados del demandado; Rosario, Ortiz Colón & Canales, abogados de la UTIER.
   per curiam:

Nos toca examinar el convenio colectivo vigente entre la Autoridad de las Fuentes Fluviales (AFF) y la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (UTIER), y resolver si bajo el convenio existe o no obligación de los empleados a trabajar fuera o en exceso de su horario regular de trabajo bajo ciertas circunstancias de emergencia. Esta controversia fue planteada ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico mediante la expedi-ción de querella, basada en un cargo presentado por la AFF contra la unión, imputándole una violación del Art. 8(2) (a) de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 69(2) (a). En la querella se alegó, entre otras cosas, que la unión querellada, en violación del convenio colectivo vigente, apoyó, alentó y sostuvo la negativa de los empleados de la AFF a trabajar horas extras cuando la necesidad del servicio así lo exigía. Previo los trámites de rigor en estos casos — celebra-ción de audiencias, presentación del informe del Oficial Exa-minador, etc. — la Junta concluyó que no hay nada en el con-venio que obligue a los empleados unionados a trabajar horas extraordinarias. En consecuencia, la Junta dictó Decisión y Orden desestimando la querella. La AFF acude ante nos en recurso para revisar.

En cuanto al cargo contra la unión al efecto de que ésta “apoyó, alentó y sostuvo” la negativa de los empleados a tra-bajar horas extras, “cuando la necesidad del servicio así lo exigía”, el Oficial Examinador en sus conclusiones de hecho hace un recuento, basado en la evidencia testifical recibida, de la necesidad que tiene la AFF de darle mantenimiento de emergencia al equipo; que debido a la naturaleza de trabajo, la AFF se ha visto obligada a requerir a sus empleados que trabajen cierto número de horas extraordinarias y que, en cuanto a esto, las relaciones fueron siempre cordiales, hasta que en octubre de 1969 los empleados de sub-estaciones rehu-saron trabajar después de sus jornadas ordinarias; en enero de 1970 la AFF no pudo obtener que sus empleados de man-tenimiento permanecieran después de las 2:45 P.M. en una planta hydro-eléctrica ubicada en Río Blanco; y como resul-tado de la negativa de sus empleados, la AFF se vio obligada a descontinuar la prestación de alguno de sus servicios. Con-cluyó el Examinador que los empleados rehusaban hacer el trabajo nocturno en horas extraordinarias, conducta ésta que fue el resultado de la posición asumida por la Unión y comuni-cada a sus miembros a quienes se les estimuló y respaldó en su negativa a dar cumplimiento al convenio. El Oficial Examina-dor recomendó-finalmente a la Junta que declarara, a UTIER incursa en una violación del Art. 8(2) (a) de la ley, dictara orden de cese y desista en su contra, y convocara una audien-cia para determinar si la AFF sufrió daños como resultado de la conducta de la Unión y, en caso afirmativo, ordenarle a ésta el resarcimiento de los mismos. •

En sus conclusiones sobre los hechos, la Junta práctica-mente adoptó las del Oficial Examinador antes reseñadas. Se transcriben a continuación:

“1. La Querellante opera un número de subestaciones, que sirven para distribuir energía eléctrica al país. El equipo en las referidas subestaciones requiere mantenimiento ordinario y re-paraciones de emergencia.
2. Debido a la naturaleza del trabajo, el patrono se ve obli-gado a requerir a sus empleados que trabajen cierto número de horas extraordinarias. Generalmente estas labores se habían rea-lizado con toda normalidad.
3. En el mes de octubre de 1969, y posteriormente, varios em-pleados de la Querellada [sic] se negaron a realizar no sólo la-bores de mantenimiento sino reparaciones de emergencia. La prueba demostró claramente la participación de la Querellada en la negativa a trabajar mediante la participación del Sr. Luis La-boy, líder del Capítulo de San Juan.”

Básicamente la controversia se ha reducido a una de dere-cho respecto a lo que autoriza o nó el convenio entre las par-tes. El convenio es el que fue firmado por la UTIER y por la AFF en 31 de julio de 1968 para regir sus relaciones desde el 1ro. de julio de 1967 hasta el 30 de junio de 1970. Vale dejar aclarado que ni la Junta ni la UTIER invocan el derecho cons-titucional de todo trabajador, consagrado' en nuestra Carta de Derechos, a escoger libremente su ocupación y a una jor-nada ordinaria que no exceda de ocho horas diarias, como una prohibición absoluta de cláusulas en un convenio colectivo que reconozcan la obligación contractual de trabajar horas extras bajo ciertas circunstancias. Claramente no lo es. La intención de la Convención Constituyente no fue prohibir el trabajo extra, sino legalizarlo. En su Informe, la Comisión de Carta de Derechos se expresó así sobre este aspecto:

“Jornada de ocho horas. Se establece una jornada diaria no mayor de ocho horas. Esto es el máximo. Podría trabajarse jor-nadas menores. La comisión comprende que puede haber circuns-tancias especiales o de emergencia que justifiquen, en determina-das ocasiones, una labor más intensa. La determinación de tales circunstancias queda en manos de la [Asamblea] Legislativa, sujeta a que el trabajo adicional sea pagado con recargo. Se esta-blece, sin embargo, el principio de que bajo circunstancias nor-males el día de trabajo no exceda de ocho horas.” Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, Ed. Equity de 1961, Tomo IV, pág. 2574.

Aunque en su Decisión y Orden la Junta expresó que las normas de derecho laboral en Puerto Rico han indicado una clara intención legislativa y constitucional de limitar la jor-nada laboral de trabajo a ocho horas diarias, la determina-ción que finalmente hizo descansó no en esas expresiones, sino en base a que la obligación de trabajar fuera del horario regular no fue pactada expresamente o en forma tal que pudiese interpretarse que esa fuera la intención de las partes.

El convenio contiene tres cláusulas básicas sobre tiempo extra. Las copiamos a continuación:

“Artículo VI
Sección 7. — La Autoridad podrá designar trabajadores de emergencia por un período que no excederá de 90 días calenda-rios. Si la emergencia excediera el término fijado de 90 días calendarios, a la expiración de dicho término el trabajador será sustituido por un candidato seleccionado del Registro de Tempo-reros, si lo hubiere. De no haber trabajadores temporeros dis-ponibles en el registro de temporeros, se extenderá el nombra-miento del trabajador de emergencia por un período adicional que no excederá de 90 días calendarios.
A los fines de esta disposición, se entiende por emergencia un desastre provocado por la naturaleza o una irregularidad interna en las propiedades de la Autoridad que interrumpan o pongan en peligro inminente el sistema de energía eléctrica.
Artículo XXI
Sección 4. — En caso de que el trabajo de emergencia se pro-longue a las horas de su jornada regular de trabajo, al trabaja-dor regular o temporero se le pagará las horas regulares de su jornada de trabajo que le correspondía descansar de acuerdo con esta licencia especial, a doble el tipo regular de salario, in-cluida la paga básica o la paga concedida, y las dietas según están establecidas cuando correspondieren.
Artículo XLIV — Disposiciones Generales
Sección 8. — Cuando haya que trabajar tiempo extra se uti-lizará el personal que esté disponible de la Sección donde se vaya a realizar el trabajo y de no haber personal disponible se podrá utilizar, personal de otra Sección que pueda realizar el trabajo.”

El convenio contiene, además, disposiciones expresas que establecen el procedimiento disciplinario que habrá de regir el trámite de controversias y casos de disciplina. El Art. XLI del convenio bajo el título “Procedimiento Disciplinario” dispone inter alia:

“Sección 1. — En todos los casos de amonestación, medida dis-ciplinaria o suspensión de empleo y sueldo de un trabajador de-berán formularse y notificarse por el Supervisor los cargos co-rrespondientes, que estarán basados en las Normas de Disciplina fechadas 1ro. de enero de 1950, versión al castellano. Las Partes convienen revisar de mutuo acuerdo dichas Normas y una vez revisadas y puestas al día no podrán cambiarse, alterarse o en-mendarse a menos que medie el consentimiento de las Partes.”

Como se podrá observar, la citada cláusula del convenio hace referencia expresa a las Normas de Disciplina fechadas 1ro. de enero de 1950. Según surge de los autos, estas normas no han sido revisadas por las partes y para la fecha de los hechos que dieron base a la querella estaba vigente la Regla de Conducta Núm. 16 que lee así:

“Negarse a cumplir órdenes para ejecutar trabajos de urgen-cia fuera de las horas regulares a menos que se expusieren ra-zones válidas no está permitido.”

Las disposiciones del convenio establecen el tipo de personal que podrá designar la AFF para realizar trabajos de emergencia; define este término como un desastre provocado por la naturaleza o una irregularidad interna en las propie-dades de la Autoridad que interrumpan o pongan en peligro inminente el sistema de energía eléctrica y en la See. 8 del Art. XLIV establece el derecho de la AFF a utilizar el “personal que esté disponible” cuando haya que trabajar tiempo extra.

Es cierto que las citadas disposiciones del convenio, con-sideradas aisladamente, no establecen expresamente el dere-cho reclamado por la AFF a requerir personal para rendir labor fuera del horario regular de trabajo, ya que no se define lo que se entiende por “personal que esté disponible” para traba-jar. Pero esta aparente imprecisión queda satisfactoriamente explicada si se consideran dichas disposiciones conjuntamente con la cláusula del convenio que establece el procedimiento dis-ciplinario, la cual hace referencia expresa a las Normas de Disciplina vigentes, y específicamente la Regla de Conducta Núm. 16.

Concurrimos con la peticionaria que al referirse la See. 8 del Art. XLIV del convenio al “personal que esté disponible de la Sección, etc.” se refiere claramente a empleados que en violación de la Regla de Conducta Núm. 16, ante, no “expu-siere razones válidas” para negarse a trabajar. Sólo podría la Autoridad utilizar personal de otra sección si los trabajadores de la sección donde se vaya a realizar el trabajo tuvieren ra-zones válidas para negarse a trabajar. Resolvemos, por tanto, que el acuerdo de trabajar fuera del horario regular fue pac-tado por las partes en el convenio.

En consecuencia, se revocará la Decisión y Orden objeto de este recurso y, en su lugar, se dictará sentencia declarando a la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico incursa en una violación del Art. 8(2) (a) déla Ley de Relaciones del Trabajo, ordenándole: (a) que cese y desista de violar el convenio colectivo suscrito con la Autori-dad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico; (b) que notifique a los miembros de la Unión de los términos de. la sentencia; y (c) notifique al Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, dentro del término de treinta (80) dias de enviado el mandato, de las providencias tomadas por la Unión para cumplir con los términos de la sentencia.

       Art. II, Sec. 16, que dispone:
      “Se reconoce el derecho de todo trabajador a escoger libremente su ocupación y a renunciar a ella, a recibir igual paga por igual trabajo, a un salario mínimo razonable, a protección ontra riesgos para su salud o integri-dad personal en su trabajo o empleo, y a una jornada ordinaria que no ex-ceda de ocho horas de trabajo. Sólo podrá trabajarse en exceso de este límite diario, mediante compensación extraordinaria que nunca será menor de una vez y media el tipo de salario ordinario, según se' disponga por ley.”


author: per curiam;

text:
    Frigorífico Miguel H. Ortíz, demandante y recurrente, v. Israel Quiles, demandado y recurrido.

      Número: O-72-170

      Resuelto: 2 de octubre de 1973

      Francisco Seise García, abogado del recurrente; Jorge Marín, abogado del recurrido.
   per curiam;

Se trata de una demanda en Cobro de Dinero radicada originalmente en el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de Bayamón, y que luego fue trasladada a la Sala de Utuado.

El demandante Miguel H. Ortiz, h/n/c Frigorífico Miguel H. Ortíz, reclamó de los demandados Israel Quiles y José M. Toro, la suma de $245.83 de principal, por concepto de mer-cancías vendidas, y solicitó que se les condenara a pagarle dicho principal, más las costas y gastos que estimaba en $50.00, más la suma de $125.00 por concepto de honorarios de abogado.

Solicitó por moción que para los' efectos de asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer en su día a su favor, se decretara el embargo de bienes de los demandados, para cubrir el pago del principal, intereses hasta su completo pago, las costas y gastos que se estiman en $50.00, más una suma de $125.00 por concepto de honorarios de abogado; y el tribunal por orden del 25 de junio de 1969 decretó dicho embargo en cantidad suficiente para “cubrir la suma de $245.83 adeudada y $50.00 para gastos, intereses hasta su completo pago, con una fianza de $666.66, más $125.00 para honorarios de abogado.”

Mediante la prestación de la fianza, se expidió el corres-pondiente Mandamiento de Embargo, que fue diligenciado por el Alguacil de la Sala de Utuado, embargando todo título que pudieran tener los demandados en los siguientes bienes: un botellero marca “Foger”; y un cheque por $245.83.

El codemandado Quiles contestó la demanda alegando que nunca le había cogido mercancía a crédito al demandante y que por consiguiente nada le debía; admitió que él había comprado el negocio del codemandado Toro y era su dueño para el 26 de junio de 1969. Alegó además, que para evitarse el bochorno, el descrédito y el ridículo ante el público con motivo del embargo, prometió pagar la cantidad y efectivamente así lo hizo mediante el envío de un cheque certificado expedido por el Banco de Ponce por la suma-de $245.83; alegando el deman-dado, que dicho envío se hizo antes de efectuarse el segundo embargo por el demandante; y que cuando se efectuó el embargo ya el demandante había recibido el cheque y, por consiguiente, el codemandado Quiles nada le debía; por lo que la actuación del demandante fue “torticera, de mala fe y con el ánimo de hacerle daño en su dignidad personal y la reputa-ción de su crédito.” Solicitó que se declarara sin lugar la de-manda, con imposición de costas y honorarios de abogado. En igual fecha dicho codemandado Quiles radicó una “reconven-ción”, reproduciendo todas las alegaciones de la contestación a la demanda; y alegando además, que la actuación “torticera” del demandante contra demandado le había producido angus-tias mentales, ridículo público y desprestigio a su propia persona y a su crédito; estimando que debía ser indemnizado por ésto en la suma de $5,000.00; que se vió obligado a contratar los servicios del Ledo. Jorge Marín Báez por la culpa del contra demandado por la suma de $500.00; y que, como conse-cuencia-de la actuación de Ortíz, tuvo que cerrar su negocio por diez días, perdiendo la suma de $200.00; y pidió que se le condenara a pagarle las sumas arriba referidas, más costas y gastos.

Dicha reconvención fue contestada por el reconvencionado alegando que el pago héchole fue posterior a la radicación de la demanda, siendo el mismo consignado en Corte como parte del embargo trabado; negando todos los demás hechos de la reconvención y alegando, como defensa, que Quiles, una vez que aceptó la deuda e hizo el pago de la misma mediante el referido cheque, a través de su abogado, incurrió en una teme-ridad crasa al luego defenderse y llegar al extremo de recon-vencionar y solicitó que se declarara sin lugar la reconvención.

A petición del demandado Quiles, el tribunal ordenó el levantamiento del embargo trabado mediante la prestación de una fianza de $500.00 que fue aprobada y dispuso que se entregara el botellero embargado al demandado Quiles, pero que el cheque embargado permaneciera en custodia en el tribunal.

Celebrada la vista del caso en la Sala de Utuado y oída y recibida la prueba de las partes, el tribunal dictó sentencia declarando sin lugar la demanda contra Quiles, y. con lugar la reconvención.

El tribunal sentenciador determinó como hechos probados: (1) que el demandante Ortíz se dedicaba a vender carnes a comerciantes en Puerto Rico, entre los cuales estaba el co-demandado Toro; (2) que éste le debía la cantidad de $245.83; (3) que Toro le vendió el negocio a Quiles en febrero de 1968; y que para evitarse el bochorno del embargo y por conducto del Ledo. Marín Báez, se obligó a enviarle al deman-dante una fianza para levantar el embargo que se iba a tra-bar; pero que, en vez de enviar la fianza, remitió un cheque certificado del Gerente del Banco de Ponce por la suma de $245.83; y que sobre el referido cheque también se trabó embargo; (4) que de la prueba de la propia parte demandante aparecía que el demandado nada debía al demandante y que éste ni siquiera lo conocía; (5) que Quiles pagó, aun cuando nada debía, para evitar el bochorno y la humillación que conlleva el embargo; (6) que por razón directa del embargo al demandado Quiles se le afectó su crédito, negándosele crédito para su negocio en los establecimientos de Gregorio Cortés, Francisco Vélez, Inc. y Otilio Rivera,' por lo cual tuvo que cambiar su negocio para un salón de billar y barra; (7) que tuvo su negocio cerrado por diez días; (8) y que el hecho de que Toro vendiera su negocio a Quiles no convertía a éste de jure ni de facto en deudor del demandante Ortiz a menos que no fuera parte del contrato esa condición y que dicha prueba no fue presentada; y por el contrario fue.negado por Quiles; y no convertía en deudor a Quiles el hecho de prometer una fianza para levantar el embargo, ni tampoco el hecho de pagar para evitar el bochorno, humillación y otras consecuen-cias del mismo; y que, “como cuestión de hecho el demandante cometió un acto torticero contra el demandado Quiles, susceptible de ser indemnizado por haberlo expuesto al descrédito y ridículo público y haberle afectado su crédito y la fama de su persona.” '

Condenó al demandante y contra demandado Ortiz a pagarle al reconvencionista Quiles la suma de $600.00 por el acto torticero cometido al trabar un embargo cuando se había extinguido la obligación al efectuar el embargo; expresando que dicho “acto torticero produjo en Quiles humillaciones, descrédito público en su fama, reputación y crédito comercial; y lo condenó además, a pagarle.por las pérdidas que tuvo Quiles al cerrar su establecimiento por 10 días, y a pagar $200.00 por honorarios de abogado.”

Ordenó la cancelación de la fianza prestada por Quiles para levantar el embargo y al Alguacil, a endosar el cheque embargado y depositarlo en su cuenta bancaria y expidiera un cheque a favor de Quiles por la suma depositada.

Contra dicha sentencia Ortíz radicó escrito de apelación para ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo; el cual dictó sentencia en apelación el 12 de abril de 1972, confirmando la del Tribunal de Distrito, por estimar que todas las conclu-siones de hecho y de derecho que hizo dicho Tribunal a quo se ajustaban a la prueba y al derecho aplicables.

El Juez de la Sala de Arecibo del Tribunal Superior in-cluyó un párrafo en su sentencia que lee así:

“La cuestión suscinta en el presente caso es si la parte tenía derecho a cobrar honorarios de abogado y costas en un procedi-miento en cobro de dinero en que tales honorarios no han sido pactados ni las costas determinadas por el Tribunal, antes de que el Tribunal determine que hay temeridad de la parte demandada y fije los mencionados honorarios.”

Acordamos revisar, por vía de certiorari, los procedimien-tos y acordar lo que fuera procedente en derecho.

La cuantía envuelta en este pleito es insignificante com-parada con el valor del tiempo que le ha tomado al Tribunal de Distrito, al Superior y a este Tribunal; pero existen cues-tiones que lo mismo surgen en un caso como éste, que en uno donde haya envuelto millones de dólares; y que nos ha llevado a hacer una relación algo extensa de todo lo ocurrido para tener la base sobre la cual apoyar lo que vamos a resolver.

El demandante promovente alega varios errores que se pueden condensar en uno, a saber: que las sentencias dictadas por el Tribunal de Distrito y el Tribunal Superior son con-trarias a la prueba y al derecho aplicable; a excepción del tercer error planteado, en el que se alega que el Tribunal Superior incidió al no resolver los errores planteados en el caso de la reconvención, . . dejando así a la parte deman-dante en completa obscuridad en cuanto al resultado de la apelación de ésta.”

La prueba presentada ante el Tribunal de Distrito de-muestra que José M. Toro era un comerciante de Utuado a quien el demandante Miguel H. Ortíz, h/n/c Frigorífico Miguel H. Ortíz, le vendía carnes; y que, le debía a éste la suma de $245.83 por concepto de carnes que le había vendido; que Toro le vendió a Quiles el negocio que tenía, mediante un contrato verbal. El Tribunal de Distrito determinó, como hechos probados que “de la prueba de la propia parte de-mandante aparece que el demandado nada debía al deman-dante y que éste ni siquiera lo conocía”; y que “el co-demandado y contra demandante Israel Quiles pagó aún cuando nada debía, para evitar el bochorno y la humillación que conlleva un embargo.” Pero lo cierto es que el propio demandado Israel Quiles, a través de su abogado, aceptó y reconoció que le debía la cuenta, cuando por carta del 30 de junio de 1969, firmada por su abogado Ledo. Jorge Marín Báez, dirigida a Frigorífico.Miguel H. Ortíz, en relación con el caso ante la Corte, le envía un cheque certificado para el saldo de la deuda, expresándose así: “A nombre y en repre-sentación de el señor Israel Quiles, de Utuadó, Puerto Rico, les anexo giro (Register Check) número 258012 girado contra el Banco de Ponce con fecha 30 de junio de 1969, a vuestro favor, para el saldo de la deuda que el señor Quiles tenía con ustedes, cuya cuenta original figura a nombre de el señor José M. Toro.” (Bastardillas nuestras.)

La Regia 44.4(a) de las de Procedimiento Civil de 1958 (32 L.P.R.A. Ap. II, R. 44.4(a)) dispone que “las costas lo serán concedidas a la parte a cuyo favor se resuelva el pleito o se dicte sentencia en apelación, excepto en aquellos casos en que se dispusiera lo contrario por ley. ...” Y el inciso (d) de la misma Regla dispone que “en el caso que cualquier parte haya procedido con temeridad el Tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado.”

La disposición de la anterior Regla sobre costas debe inter-pretarse en armonía con los otros preceptos legales aplicables.

La Ley de 1 de marzo de 1902, en su Art. 1, pág. 178 (Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, 32 L.P.R.A. see. 1069) establece:

“Toda persona que demandare en juicio el cumplimiento de una obligación, podrá obtener una resolución del tribunal que conociere la demanda, adoptando las medidas procedentes, según los casos, para asegurar la efectividad de la sentencia que haya de dictarse en el caso de prosperar la acción ejercitada.”

Una disposición similar a la anterior se encuentra en la Regla 56.1 et seq. de las de Procedimiento Civil de 1958 (32 L.P.R.A. Ap. II, R 56.1 et seq.).

El Art. 2 de dicha Ley para Asegurar la Efectividad de la Sentencia, supra, (32 L.P.R.A. see. 1070(b)) dispone:

“ (b) Si la obligación fuere de pagar una suma de dinero, el aseguramiento consistirá en el embargo de bienes bastantes del deudor para responder de las sumas reclamadas.” (Bastardillas nuestras.)

Y en su inciso (h) dispone:

“En lo no previsto en las reglas precedentes el tribunal dis-crecional y equitativamente adoptará las medidas procedentes para asegurar la efectividad de la sentencia.”

Una lectura del caso citado por el demandante en su ale-gato ante el tribunal, de Hermida y Palos v. Gestera, 20 D.P.R. 452 (1914) (Wolf) hubiera evitado la necesidad de plantearse la interrogante que se planteó el ilustrado Juez Superior que copiamos anteriormente.

En el caso de Hermida, supra, en la moción solicitando aseguramiento de la efectividad de la sentencia se alegó que se había establecido acción en cobro de la suma de $800.00, intereses legales desde enero de 1908, más $250.00 para hono-rarios de abogado, costas y gastos del juicio; los demandantes pidieron al tribunal que dictara una orden de embargo contra los bienes del demandado en cantidad suficiente para responder de las sumas reclamadas, o sea, de los $800.00 del principal, sus intereses legales desde 1 de enero de 1968,- más $250.00 para honorarios de abogado, las costas y gastos del juicio que se reclamaban en la demanda. El tribunal decretó el embargo solicitado mediante la prestación de una fianza que fue prestada. Entonces, por moción, los demandantes dieron instrucciones al Alguacil para que procediera al embargo de una finca del demandado, de conformidad con la orden de embargo, que se acompañó con dicha moción. En el mandamiento de embargo expedido por el Secretario al Algua-cil, se ordenaba a éste que procediera a embargar la referida propiedad del demandado para cubrir la suma de principal reclamada y las costas. Dichos funcionario archivó en la Corte su certificado de diligenciamiento de dicho mandamiento en el cual expresaba que había embargado una finca pertene-ciente al demandado radicada en Puerta de Tierra. Y luego entregó un mandamiento al Registrador de la Propiedad, en el cual le informaba que había practicado dicho embargo sobre la finca, en cumplimiento de la orden de embargo de la Corte; y que éste se practicó para responder de la suma de $800.00 de capital, $284.00 para intereses y $250.00 para costas, gastos y honorarios de abogado. El Registrador proce-dió a hacer la anotación en sus libros.

Posteriormente el demandado radicó en corte una moción para levantar el embargo; solicitando del tribunal que dejara sin efecto el mismo y se ordenara su cancelación en el regis-tro, por haber sido consignada en Corte, por el demandado, la suma de $800.00. El tribunal dictó una orden para que se dejara sin efecto el embargo y se cancelara en el registro en virtud de haberse consignado los $800.00 del principal.

Contra esa orden del tribunal se apeló antes nos. Después de hacer un análisis de la Ley para Asegurar la Efectividad de la Sentencia, este Tribunal procedió a revocar la orden apelada del tribunal de instancia; expresándose así:

“Parece que el apelado alega que la consignación de ocho-cientos dólares sustituye para todos los efectos cualquier recla-mación de la demanda. De todos modos el apelado insiste en que ninguna de las secciones de la ley de marzo 1, 1902, autoriza un embargo para el cobro de intereses y honorarios de abogado.
Se alega incidentalmente que al proceder el márshal a hacer el embargo de toda la finca por la suma del capital, intereses, costas y honorarios se excedió en sus atribuciones, pero si exa-mina la orden expedida por el secretario se verá que en ella se ordenó al márshal que embargara bienes suficientes a cubrir la suma de ochocientos dólares y costas, pero también se alude en ella a la suma reclamada en la demanda. Para ser más precisos el secretario debió haber incluido todas las sumas mencionadas en la solicitud o en la demanda, pero en la forma en que estaba no creemos que el márshal quedara limitado en sus facultades a la orden formal que se le entregó, cuando también esa orden hacía referencia a la demanda y habiendo además la corte con-cedido en su orden de diciembre 18, 1913 la moción sobre asegu-ramiento como en ella se solicitaba, en la cual se trataba de asegurar no solamente el capital sino también los intereses y honorarios. El secretario no se ajustó estrictamente a la orden de la corte pero no había absolutamente nada en su orden que limitara las facultades del márshal y éste estuvo suficientemente autorizado por virtud de la orden de la corte concediendo la moción de aseguramiento en la forma solicitada. Creemos que el embargo hecho por el márshal era suficiente a cubrir intereses y costas si es que dichos intereses y costas pueden ser cobrados por medio de un embargo de conformidad con la ley de marzo 1, 1902.
En la moción de aseguramiento presentada por los deman-dantes solamente se hace mención específica del párrafo (b) de la sección 2 de la ley. Quizás si se considera técnicamente el párrafo (b) solamente comprende la suma del capital y los intereses y no los honorarios, pero nos inclinamos a creer que si bien el pago de honorarios es una cuestión discrecional en la corte, constituye sin embargo una obligación por parte de una persona de igual modo que cualquiera infracción de los derechos de otra persona puede hacer responsable a un demandado en una reclamación por daños y perjuicios que han sido o no liquidados. De cualquier modo la corte tenía discreción de acuerdo con el párrafo (h) para incluir casos que no han sido prescritos de modo específico en otras partes de la ley de marzo 1, 1902. La ley en su totalidad tiene por objeto proteger a los demandantes en cualquier reclamación que puedan tener contra el demandado y la reclamación de los honorarios en que han incurrido por haber tenido que acudir a la corte ha sido reconocida específica-mente por la legislatura en la ley de 1908. Creemos que cuando se presenta a la corte la debida solicitud y se presta según sea el caso la correspondiente fianza, debe dicha corte dictar una orden de embargo que comprenda todas las sumas reclamadas en una demanda. En este caso la corte en realidad lo hizo así y el único error que se cometió fue el de haberse dejado sin efecto el embargo al hacerse la consignación por una suma menor que todas las reclamadas por los demandantes.”

Es cierto que las costas, cuando se radicó la demanda en este caso, no habían sido determinadas por el tribunal, pues su imposición, mandatoria por ley, a favor de la parte que obtiene sentencia a su favor, dependía de que la demanda en este caso prosperara; pero no obstante, conforme a la ley sobre aseguramiento de sentencia, y a lo resuelto en el caso de Hermida, supra, el demandante tenía derecho a asegurar su cobro para el caso que se dictara sentencia a su favor; e igual situación ocurre en relación con la posible condena en honorarios de abogado, si el tribunal al dictar sentencia, con-sideraba que hubo temeridad de la parte demandada y concede una suma por tal concepto. El demandante también tiene derecho a asegurar el cobro de los honorarios que el tribunal imponga en el futuro, si discrecionalmente cree que debe imponerlos por temeridad.

Sería un gran negocio para los deudores no pagar sus deudas y esperar a que se les demande; y luego.pagar el principal sin tener responsibilidad por las costas y honorarios a que obliguen a una parte a incurrir; y que no se pudiera asegurar el cobro también de las costas futuras y honorarios que se impongan; meramente porque al radicarse la demanda no se hubieren determinado o fijado todavía.

Es innecesario repetir aquí como el demandante, tanto en su demanda, como en la moción de aseguramiento fijó unas cantidades razonables para tales fines a ser asegurados, con-juntamente con el principal mediante él embargo decretado.

El demandado Quiles asume una posición contradictoria. En la carta de su abogado, referida anteriormente, expresa que envía el cheque “. . . para el saldo de la deuda que el señor Quiles tenía con ustedes, cuya cuenta original figura a nombre del señor José M. Toro”; reconociendo así que debía la suma reclamada; y luego alega que él nada debía al deman-dante y que si pagaba era para evitarse el bochorno y la humi-llación del embargo. Es claro que ésto es un subterfugio del demandado para tratar de crear una posible causa de acción futura por concepto de daños y perjuicios por un alegado embargo ilegal.

Conforme con esta segunda posición asumida por el de-mandado, radica una reconvención contra Ortíz reclamándole daños y perjuicios por el embargo, que alega era ilegal y nulo; y que le causó sufrimientos morales y materiales. Es elemental en derecho que no procedía dicha reconvención y que la misma no aducía causa de acción alguna. Independiente-mente de que no merece crédito alguno la alegación de que no debía nada al demandante y de que pagó para evitarse la alegada humillación y bochorno del embargo, después de la carta de su abogado donde reconoce que debe la deuda; la reconvención referida no aduce causa de acción ni podía pro-ceder en ese momento, en derecho.

En Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819 (1940) (Travieso) resolvimos que en una causa de acción por embargo ilegal lo que el demandante tiene que alegar y probar es que sus bienes fueron embargados; que la acción que contra él se entabló y en la cual se decretó el embargo terminó por sentencia firme a su favor; y los daños sufridos; y que la persona embargada no puede entablar acción por el embargo mientras la sentencia dictada a su favor en el caso esté pendiente de ser revisada en apelación; y que su causa de acción en tal caso surge al confirmarse la sentencia en apelación. No hay duda que al instar su reconvención en el Tribunal de Distrito, el demandado Quiles no tenía una sentencia final y firme a su favor, ya que la misma se apeló al Tribunal Superior, y contra la sentencia de éste se trajo ante nosotros el certiorari que estamos resolviendo. (Véanse además: Sorrentini y Cía. v. Méndez, 76 D.P.R. 690 (1954) (Ortiz); y Sosa v. Sucn. Morales, 58 D.P.R. 360 (1941) (De Jesús).) Esta es la regla general prevaleciente en esta jurisdicción, salvo cuando median circunstancias extraordinarias como ocurrió en Alum Torres v. Campos del Toro, 89 D.P.R. 305 (1963) (Hernández Matos). Esas circunstancias extraordinarias no concurren en el presente caso. No obstante, independientemente de que procediera o no procediera alegar la reconvención en el caso de áutos, lo cierto es que, dada la conclusión a que estamos llegando de que las sentencias del Tribunal de Distrito y del Tribunal Superior son erróneas y contrarias a la prueba y el derecho aplicables, la referida reconvención debió declararse sin lugar.

Estimamos que ambos tribunales cometieron los errores alegados por el peticionario en el certiorari ante nos.

Por los fundamentos expuestos se revocan las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, en 12 de abril de 1972; y la dictada por el Tribunal de Distrito, Sala de Utuado, en 7 de abril de 1970; y en su lugar se dicta sen-tencia declarando con lugar la demanda radicada y se condena al demandado Israel Quiles a paga/r al demandante Miguel H. Ortiz, la suma reclamada de $215.83, con intereses legales correspondientes, más las costas incurridas por el demandante en ambos tribunales, más la suma de $300.00 por concepto de honorarios de abogado; y se declara sin lugar la reconvención radicada por el demandado contra el demandante.

       El codemandado José M. Toro nunca fue emplazado y la acción se siguió únicamente contra Israel Quiles.

       No expresa la cuantía de las alegadas pérdidas.

       Determinación de hecho número 8.

       Determinación de hecho número 9.

       Véanse el original marcado como folio 9 del expediente del Tribunal Superior elevado ante nos; y el referido cheque unido a dicho expediente marcado como folio 19.

       Véase pág. 681 de esta Opinión Per Curiam.

      Como dijo ilustrado Magistrado Señor Serrano Geyls, en Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (cita precisa a la pág. 582 (1961) (Serrano Geyls)) : “Los jueces no debemos, después de todo, ser tan ino-centes como para creer declaraciones que nadie más creería.” Véase tam-bién: Román Montalvo v. Delgado Herrera, 89 D.P.R. 428 (Blanco Lugo) (1963); cita precisa a la pág. 437.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Orlando Flores, demandante y recurrente, v. Meyers Bros. of P.R., Inc., demandada y recurrida; Administración de Servicios al Consumidor, interventora y recurrente; Héctor L. Schmidt, etc., demandante y recurrente, v. Meyers Bros, of Puerto Rico, demandada y recurrida; Héctor L. Schmidt, etc., demandante y recurrente v. Meyers Bros, of P.R., Inc., demandada y recurrida; Héctor L. Schmidt, etc., demandante y recurrente, v. First National Maintenance Corp., demandada y recurrida.

      Números. O-72-84, O-72-203, O-72-210, O-72-211

      Resuelto: 10 de octubre de 1973

      Juan B. Pérez Cruz, abogado del recurrente; Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago, Pérez & Novas, abogados de la recurrida; Gilberto Gierbolini, Procurador General, Adolfo J. Vilá, Pro-curador General Auxiliar y Tadeo Negrón Medero, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El caso de Orlando Flores v. Meyers Brothers of Puerto Rico, Inc. fue consolidado con los otros tres casos de epígrafe. Discutiremos el de Flores y al final dispondremos lo pertinente sobre los otros tres.

El demandante Orlando Flores tenía, a la fecha de los hechos, oficinas ubicadas en el edificio Pan American, en Hato Rey, Puerto Rico. La codemandada Meyers Brothers of Puerto Rico, Inc., operaba para esa fecha en dicho edificio un negocio de estacionamiento de vehículos de motor. El demandante, mediante paga, utilizó los servicios de estaciona-miento de Meyers para aparcar allí su automóvil. Lo cerró y retuvo las llaves del mismo.

Al regresar a buscar su carro, Flores encontró que le habían roto un cristal lateral y le habían hurtado un tocacin-tas que tenía instalado en su carro y un número de cintas magnetofónicas. Flores informó lo ocurrido al encargado del negocio de aparcamiento y a la Administración de Servicios al Consumidor. Meyers negó tener responsabilidad civil. Flores demandó a Meyers en el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, y la Administración de Servicios al Consumidor soli-citó y obtuvo permiso para intervenir en el caso.

Visto el caso en su fondo en el Tribunal de Distrito, éste encontró probado, en esencia, lo antes relatado, declaró la demanda con lugar y condenó a la demandada a pagarle a Flores $167.00, suma que incluía los daños causados al vehí-culo y el valor del tocacintas. También concedió una modesta suma para honorarios de abogado. No concedió cantidad al-guna por las cintas hurtadas.

Acertadamente se dirigió el Tribunal de Distrito a nuestro derecho positivo vigente entonces, para buscar la solución al problema que ante sí tenía. Dicho derecho escrito lo constituía la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964, la cual autorizaba al Administrador de Estabilización Económica a reglamentar el negocio de estacionamiento de vehículos de motor, 23 L.P.R.A. sees. 801 y ss. Dicha Ley Núm. 107 era la aplicable porque los hechos que motivaron este pleito ocurrieron el 5 de marzo de 1969 y- esa ley, como dijimos, data del año 1964 y estaba en vigor, Como nuestra jurisdicción es una de Derecho Civil, cuando hay derecho legislado a él hay que recurrir en primer lugar y como fuente principal para la solución de los casos. La jurisprudencia puede ser interpretativa cuando es legíti-mamente necesario interpretar y puede ser supletoria cuando es indispensable suplir, pero no es sustitutiva del derecho posi-tivo. Es prácticamente universal en las jurisdicciones de dere-cho civil la disposición contenida en el Art. 7 de nuestro Código Civil en el sentido de que “cuando no haya ley aplicable al caso” el tribunal resolverá conforme a equidad, teniendo en cuenta la razón natural, los principios generales del derecho y los usos y costumbres aceptados y establecidos. (Bastardillas nuestras).

Es sabido que en el mundo del Derecho Civil la ley escrita ocupa el primer rango entre las fuentes formales del Derecho. “[H]emos de reconocer,” escribe Castán, “que la ley, como expresión de una voluntad social de alcance obligatorio y general, tiene superior fuerza vinculante que la jurispru-dencia.” Sobre el particular se expresa Rene David, como sigue: “Tal punto de vista se adapta al principio democrático y se justifica, además, por el hecho de que los organismos esta-tales y administrativos están mejor situados que cualquier otro para coordinar los diversos sectores de la vida social y apreciar cuál es el interés común. Finalmente, la ley, debido a su precisión de expresión, se presenta como la técnica más perfecta cuando se trata de enunciar normas claras, en una época en que la complejidad de las relaciones sociales exige, entre los elementos de una solución justa, la precisión y la claridad.”

Aún Francois Geny, el brillante paladín del método de la investigación libre del derecho y uno de los grandes líderes de la revolución que irrumpió en el derecho occidental a fines del siglo XIX y principios del XX contra el positivismo exagerado que había prevalecido por casi un siglo, reconoció la primacía del derecho escrito.

En el derecho común anglosajón la situación no es distinta. Ya en el siglo XVII Sir Edward Coke, figura señera por excelencia del common law escribía “Ningún precedente judicial puede prevalecer sobre una ley del Parlamento.” (“No precedent can prevail against an act of Parliament.”) Hoy día, en'cualquier jurisdicción del derecho común anglosajón los tribunales aplican el derecho escrito, esto es, legislado, cuando este existe. El Profesor J. H. Merryman escribe: “Igualmente que en los países de derecho civil, en los Estados Unidos la legislación legítimamente decretada constituye la ley, la cual se espera que los jueces interpreten y apliquen con el mismo espíritu con que fue creada.”

•Pound, refiriéndose a la legislación como fuente de dere-cho, escribe: “Es la manera característica de formular el derecho en las sociedades maduras.” (“It is the characteristic mode of lawmaking in matured societies.”) El mismo autor también expresa que “los esfuerzos para reformar el derecho mediante la casuística no son adecuado sustituto de una bien redactada legislación.” Finalmente, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha expresado que en la juris-dicción federal el Congreso, dentro de su ámbito constitu-cional, tiene la última palabra sobre las cuestiones de política pública. Railway Employees Department, A.F.L. v. Hanson, 351 U.S. 225, 234 (1956). Existiendo, como existía, a la fecha de los hechos del caso de autos legislación sobre el nego-cio de aparcamiento, a ella había que recurrir en primer lugar.

De la decisión del Tribunal de Distrito la demandada apeló para el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y éste mediante su sentencia de 11 de febrero de 1972 revocó la del Tribunal de Distrito y declaró sin lugar la demanda. Ex-pedimos certiorari para revisar.

Los peticionarios señalan los siguientes cinco errores: Incidió el Tribunal Superior

1. “Al resolver que la Sección 5, del Reglamento Operacional Núm. 1, que regula las áreas de estacionamiento público en Puerto Rico, promulgado por la Administración de Servicios al Consumidor, bajo la facultad que le confiere la Ley Núm. 107 del 27 de junio de 1964 (23 L.P.R.A. 801-804) y la Ley Núm. 228 del 14 de mayo de 1942 (23 L.P.R.A. 731-746), es nula y no puede aplicarse a los hechos envueltos en el caso de referencia.”

2. “Al resolver que lo resuelto por este Honorable Tribunal en los casos de Rivera Vs. San Juan Racing Association, Inc., 90 D.P.R. 414; y Dávila vs. International Parking Company, 91 D.P.R. 203, son de aplicación a los hechos envueltos en el caso que motiva la presente Solicitud.”

3. “Al resolver que el demandante recurrente no tiene dere-cho a reclamar indemnización por el robo del tocacintas instalado en su automóvil.”

4. “Al resolver que bajo la Ley 107 del 27 de junio de 1964 (23 L.P.R.A. 801-804) el demandante-recurrente no tiene dere-cho a ser resarcido en daños y perjuicios pór la demandada-recurrida.”

5. “Al resolver que lo celebrado entre el demandante apelado-recurrente y la 'demandada-apelante-recurrida es un contrato de arrendamiento de espacio para estacionar.”

Las cuestiones centrales de este caso son las siguientes: (1) ¿Qué clase de contrato existía entre el demandante y la demandada? ¿Arrendamiento? ¿Depósito? ¿O es un contrato distinto a los antes mencionados, el cual tiene sus propios fines y sus propias características? (2) Una vez contestado lo anterior, ¿hay responsabilidad civil de parte de la deman-dada? Y, en caso afirmativo, ¿hasta qué límite? Vamos a tratar a continuación la primera de estas dos cuestiones.

El contrato de aparcamiento de vehículos de motor ya no es un contrato raro y poco usual como lo pudo haber sido en épocas pasadas. Hoy día es un contrato tan común y corriente como lo son los de compraventa, permuta, arrendamiento, mandato y otros que menciona el Código Civil. Es un contrato tan frecuente que puede afirmarse que en efecto es un con-trato típico de la sociedad contemporánea. Se realiza miles de veces diariamente en todas las ciudades del mundo. En Puerto Rico, por ejemplo, con cientos de- miles de vehículos de motor en movimiento todos los días en las zonas urbanas, es claro que se celebran muchos miles de esos contratos al día.

Precisamente, en parte, por lo que dejamos dicho — lo numeroso y corriente que es dicho contrato — el mismo ha preocupado a las autoridades de Puerto Rico por un tiempo considerable. Ya hace doce años, en diciembre de 1961, la Administración de Estabilización Económica de Puerto Rico hizo un estudio de la situación que esos contratos planteaba y preparó un Informe sobre El Negocio de Areas de Estacio-namiento. En base de dicho estudio el mencionado organismo público emitió su Reglamento de Precios Núm. 16 titulado “Fijación de Tarifa Máxima para el Servicio de Estaciona-miento de Vehículos de Motor en Puerto Rico.”

En abril de 1963 el Senado de Puerto Rico, mediante su Resolución Núm. 40, ordenó a su Comisión de Industria y Comercio que estudiase el negocio de aparcamiento en Puerto Rico. En dicha resolución el Senado, entre otras cosas, ordenó que se estudiase la responsabilidad de los operadores de dichos negocios en casos de daños a los vehículos de los usuarios y en casos de hurtos de 'pertenencias dejadas en los vehículos por éstos.

La Comisión hizo el estudio encomendádole y rindió su Informe al Senado el 3 de marzo de 1964. Diario de Sesiones, Vol. 18, pág. 424. Concluyó, en síntesis, que las tarifas fijadas por el Administrador de Estabilización Económica y por el Municipio de San Juan constituían, a la fecha, suficiente protección al público, y que no existía un control monopolístico de dicho negocio. En cuanto a la responsabilidad civil de los operadores de negocios de estacionamiento la Comisión se limitó a reproducir el texto de un estudio que sobre el particular encargó a los abogados de la Asamblea Legislativa. En-dicho estudio se concluía, en síntesis, que el Tribunal Supremo del país no había tenido ocasión de pronunciarse sobre el particular; que era probable que al hacerlo asimilase la situación a la del contrato de depósito; y que por ello no parecía necesario legislar sobre el particular. Evidentemente la Asamblea Legislativa no fue de ese parecer pues, como veremos, legisló sobre el asunto.

En la sesión ordinaria de aquel año se presentó el Pro-yecto del Senado Núm. 606, el cual se convirtió en la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964, antes citada. Dicha ley consta.de una Exposición de Motivos y cinco artículos. Su artículo quinto le da vigencia inmediata. En su Exposición de Motivos se expresa, en parte, que debido a las condiciones bajo las cuales operan los negocios de estacionamiento de vehículos, es conveniente que en protección del interés público sean reglamentados, no solo en cuanto a las tarifas sino tam-bién en cuanto a las condiciones de seguridad y a la prestación de las debidas garantías, mediante seguro o en otra forma adecuada, para el resarcimiento de los daños que se ocasionen a los usuarios, a sus vehículos y a las pertenencias en ellos dejadas.

En su artículo primero la ley confirió al Administrador de Estabilización Económica “plenas facultades” para reglamen-tar los negocios de estacionamiento de vehículos de motor. En su artículo segundo se confieren una serie de facultades, “pero sin que ello constituya una limitación,” entre las cuales están las de fijación de tarifas, la expedición de licencias a los opera-dores de esos negocios, la exigencia de normas mínimas de seguridad, la prestación de garantías mediante seguro o en otra forma adecuada, para el resarcimiento de los daños que puedan sufrir las personas y sus vehículos. Añade dicho artículo que el mismo no da facultad al Administrador para imponer a los operadores de dichos negocios una responsabili-dad en daños “en adición a, o en exceso de la responsabilidad que a tales efectos les impongan las leyes de Puerto Rico.” La ley no elabora sobre ese particular pero podemos entender que si, como en el caso de autos, el demandante obtiene resar-cimiento mediante demanda en acción civil en los tribunales, el Administrador no podrá imponer una responsabilidad en adición o en exceso de la concedida por el tribunal.

En su artículo tercero dispone que la Ley Núm. 228 de 12 de mayo de 1942, la “Ley Insular de Suministros,” según enmendada, se considerará en lo aplicable supletoria de dicha Ley Núm. 107.

En su artículo cuarto la Ley Núm. 107 que venimos rese-ñando, dispuso que la misma no es aplicable a los solares y locales de estacionamiento de vehículos de motor que sean operados sin ánimo directo de lucro, esto es, que sean opera-dos como un servicio para clientes y parroquianos de un deter-minado negocio. Esta cláusula parece de justicia. La ley no impone deberes onerosos a los operadores de lugares en los cuales el aparcamiento es gratis, pero sí impone, en el interés público, deberes a los operadores que explotan con fin lucrativo, lugares de aparcamiento.

El Reglamento, promulgado bajo autoridad de ley— Artículo 1 de la Ley Núm. 107 — precisa aún más las carac-terísticas del contrato de aparcamiento. Contiene definiciones, dispone lo relativo a las licencias, reglamenta sobre las con-diciones físicas de dichos negocios, sobre lo relativo a los seguros, etc. Véase 23 R.&R.P.R. secs. 801-1 a la 801-11.

De todo lo anterior puede verse que de lo que se trata es realmente de un contrato de aparcamiento. Quien conduce su vehículo a un lugar de aparcamiento no lleva en mente hacer una operación de bienes raíces. No lleva en mente efectuar un arrendamiento de inmueble. Lo que lleva en mente es conse-guir un lugar en donde dejar su automóvil, mediante el pago de una suma, donde el mismo quede aparcado y vigilado mientras su dueño va al cine, al médico, de compras o a reali-zar cualquier otra gestión. El dueño de un vehículo paga porque su automóvil quede así estacionado y vigilado en vez de dejarlo en la calle sujeto a los riesgos de vandalismo y de hurto que hoy día existen.

De manera que el contrato que nos ocupa es uno sinalagmático, principal (como lo son el de compraventa y el de permuta), y no uno accesorio pues no existe por consecuencia de ninguno otro (como en los casos de la fianza, la prenda y la hipoteca). Es un contrato nominado — contrato de aparcamiento o de estacionamiento — tiene individualidad propia y reglas especiales en la ley y en los reglamentos. Como se ha indicado, lo regía, a la fecha de los hechos del caso de autos, la antes mencionada Ley Núm. 107 y su Reglamento, 23 R.&R.P.R. secs. 801-1 a la 801-11. Es cierto que anteriormente, mediante opinión emitida por una Sala de tres Jueces, expresamos criterios distintos, pero, como ya hemos señalado, dicho caso se resolvió antes de existir la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964. En aquella opinión se reconoce expresamente a la pág. 425, que se fallaba el caso en ausencia de ley aplicable.

No tenemos duda de que un tocacintas diseñado para ser instalado en un automóvil y así instalado, como lo estaba el del caso de autos, así como un radio, espejos, tapabocinas, antenas, equipo de aire acondicionado, instalados en un vehículo, el neumático de repuesto y las herramientas del automóvil son accesorios del vehículo y estaban- cubiertos por la See. 5 del reglamento original, al éste disponer que “El operador será responsable del hurto o robo del vehículo y sus accesorios así como de los daños que sufra el vehículo en su exterior.” También están cubiertos dichos accesorios por el reglamento vigente.

Para la protección del operador del negocio disponía tam-bién la See. 5 del reglamento original lo siguiente:

“En caso de hurto o daño a los artículos u objetos personales que estén dentro del vehículo, será responsable únicamente si el usuario le hubiere entregado la llave o llaves del vehículo y éste las hubiere aceptado, quedando el operador autorizado a inspec-cionar tales artículos u objetos personales juntamente con el usuario para determinar la naturaleza y valor de los mismos. El usuario debe notificar al operador la cantidad, naturaleza y valor de los artículos u objetos personales contenidos en el interior del vehículo.”

Una disposición similar contiene el reglamento vigente. Véase 23 R.&R.P.R. sec. 801-6. No vemos razón alguna por la cual las citadas disposiciones del reglamento sean nulas. Son disposiciones promulgadas en virtud de una delegación válida y expresa de la ley. Art. 1 de la Ley Núm. 107. Ante las complejidades de la vida moderna, urbana e industrial, los cuerpos legislativos se ven obligados a conferir amplias delegaciones del poder de reglamentación a los organismos administrativos. Se sostienen los reglamentos que, cumpliendo con el debido proceso de ley, tengan el propósito de realizar los propósitos para los cuales fue creado el organismo admi-nistrativo. Permian Basin Area Rate Cases, 390 U.S. 747, a la pág. 780 (1967). También véanse United States v. Southwestern Cable Co., 392 U.S. 157 (1968); American Trucking Associations, Inc. v. Atchison, Topeka & Santa Fe Railway Co., 387 U.S. 397 (1967). Además, Davis, Administrative Law Treatise, 1970 Supplement, Secs. 2.00 a la 2.17.

No tenemos motivos para intervenir con la adjudicación de daños que hizo el Tribunal de Distrito, los cuales suman $167.00. Nos parecen razonables.

En vista de lo anterior, concluimos que se cometieron los errores señalados; se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan en este caso, el 11 de-febrero de 1972 y se confirmará la dictada por el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, en 2 de marzo de 1970.

En el caso de autos (el de Flores) se practicó prueba. No así en los otros casos consolidados con éste. Estos últimos se resolvieron a base de cuestiones de derecho. En cuanto a dichos casos consolidados con el de autos, esos se devolverán al tribunal de primera instancia para que se practique prueba, se hagan conclusiones de hecho y de derecho, se valúen los daños si los hubiese, o se hagan las estipulaciones que acuer-den las partes y se decidan a tenor con la prueba o las estipu-laciones y con lo aquí resuelto. A dichos casos se les aplica la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964, antes citada, 23 L.P.R.A. sees. 801 y ss., y su Reglamento, -23 R.&R.P.R. secs. 801-1 y ss.

En cuanto a los casos surgidos con posterioridad al 7 de junio de 1973, a éstos se les aplicará la nueva ley, vigente en la actualidad, Ley Núm. 120 de esa fecha (23 L.P.R.A. sees. 805 y ss.) y su Reglamento.

El Juez Presidente, Señor Pérez Pimentel, y los Jueces Asociados, Señores Dávila.y Martínez Muñoz, concurren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado, Señor Cadilla Ginorio, no intervino.

      La nueva y vigente ley que regula el negocio de estacionamiento de vehículos de motor es la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973 (23 L.P.R.A. sees. 805 y ss.), la cual derogó la antes mencionada Ley Núm. 107.

       Como se sabe, cuando nuestros códigos hablan de “equidad,” no quieren decir equity; y cuando hablan de “derecho común” como supletorio al derecho escrito, no quieren decir common law sino el derecho común civil. Véase Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914 (1967), a la pág. 940, escolio 12.

        La Formulación Judicial del Derecho, 2da. ed. (1954), pág. 144.

      Los Grandes Sistemas Jurídicos Contemporáneos, ed. española de 1969, pág. 84.

       Véase A. Hernández Gil, Metodología del Derecho (1945), pág. 216; Castán, Teoría de la Aplicación e Interpretación del Derecho (1947), págs. 133 y 155.
      Para una buena discusión del movimiento que propuso, y logró, la revisión de los métodos tradicionales dando entrada en la elaboración del derecho a factores sociológicos y teleológicos, pueden verse los capítulos V al VIII de la obra de Hernández Gil antes mencionada. También la de Castán citada en este escolio, págs. 101-151. En idioma inglés, probable-mente el mejor compendio es la obra Legal Theory de W. Friedmann, 4ta. ed. (I960); 5ta ed. (1967). En los Estados Unidos, los escritos del decano Pound y del Juez Cardozo, entre otros, son ej'emplos de las posturas sociológica y teleológica.

       Citado en Bowen, The Lion and the Throne (1956), pág. 376. Edward Coke, abogado, Procurador General, Juez Presidente, Privy Councilor, legislador, coautor a los 76 años de la “Petition of Bight” (1628), documento libertario modelo e inspiración de los padres de la República Estadounidense, se inmortalizó más que nada por su defensa del imperio de la ley frente a los monarcas Estuardos.
      A propósito de que figuramos entre las jurisdicciones de derecho civil, no está de más recordar que ese patriarca del derecho común anglosaj'ón escribió que los romanos podían “j'ustamente” vanagloriarse de su derecho. Bowen, The Lion and the Throne (1956), pág. 65. Para una narración extraordinaria de una vida y una época extraordinarias, véase esa biografía de Coke.

        The Civil Law Tradition (1969) pág. 27.

        The Formative Era of American Law (1938), pág. 71.

        Jurisprudence (1959), Vol. III, pág. 738.
      Sobre la generalidad de la ley escrita y la particularidad de la juris-prudencia véase del prestigioso comparativista francés Rene David, su French Law, Its Structure, Sources and Methodology (1972) págs. 76-83, y a W. Friedmann, Legal Theory, 5ta. ed. (1967), págs. 533-543; en la 4ta. ed. (1960) págs. 483-493. También hay una discusión de interés sobre esto en G. W. Patón, Jurisprudence, 4ta. ed. (1972), págs. 243-258.

       Justo es aclarar que cuando ocurrieron los hechos que dieron motivo a los casos de Rivera v. San Juan Racing Assoc., Inc., 90 D.P.R. 414 (1964) y Dávila v. International Parking Co., 91 D.P.R. 203 (1964) todavía no se había aprobado la Ley Núm. 107 de 27 de junio de 1964, de manera que no había derecho positivo expreso para aquellas situaciones particu-lares y el Tribunal suplió aquella laguna. Ya esa no es la situación.

       Ordenanza Núm. 25, Serie 1963-64, fijando tarifas en los terrenos propiedad del Municipio arrendados a particulares para ser explotados como áreas de estacionamiento.

       La vigente ley es mucho más completa que la anterior. Provee además para multas administrativas, para vistas administrativas y para revisión judicial.

       Véase, Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 3, lOma. ed. (1967), págs. 388-389.

        Rivera v. San Juan Racing Assoc., Inc., 90 D.P.R. 414 (1964).