author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Asociación de Condómines y Comité de Titulares del Condominio Caribbean Towers, a través de su Presidente, René V. Batista, demandados y recurridos.

      Número: R-82-117

      Resuelto: 20 de junio de 1983

      Nelson Biaggi García, de Ramírez, Segal & Latimer, abogado de la parte recurrente; Fernando E. Agraít, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

b — I

El Condominio Caribbean Towers se constituyó en régimen de propiedad horizontal el 1 de diciembre de 1966, a tenor de las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. see. 1291 et seq.). “[C]onsta esen-cialmente de dos áreas: comerciales y vivienda. Identifica-das siguiendo el método de descripción de la escritura, las áreas comerciales se componen de un sótano (nivel menos uno); un piso terrero consistente de un área comercial (nivel cero); un área de oficinas (nivel uno); un segundo piso denominado área de estacionamiento con entrada y salida en la parte posterior del edificio con acceso a la Calle McKinley a través de una rampa (nivel dos); y un área de oficinas en el nivel tres. Las áreas residenciales consisten de las restantes ocho plantas, las primeras seis compuestas por 180 apartamentos y las últimas dos por 30 apartamentos de dos plantas cada uno (duplex).” Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 231-232 (1978) (escolios omi-tidos). En la escritura matriz se estableció el valor de cada propiedad y el porcentaje que representaría en los elemen-tos comunes.

Al amparo de las enmiendas introducidas a dicho esta-tuto mediante la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, se celebró una reunión para modificar el Reglamento del Con-dominio y autorizar la imposición del pago de cuotas de mantenimiento en proporción a la intensidad del uso y el grado del efecto de una propiedad de un condomino sobre las áreas comunes. Art. 38b(e), 31 L.P.R.A. sec. 1293b(e). En esa reunión estuvo presente el Sr. Tony López, represen-tante de la firma Caribbean Towers, Inc., quien para esa fecha poseía la totalidad del área destinada a uso comercial y estaban gravadas por préstamos hipotecarios concedidos por el banco First Federal Savings and Loan Association de Puerto Rico. López objetó el cambio del reglamento. Acudió al representante del Departamento de Asuntos del Consu-midor, el cual sostuvo al Consejo de Titulares. La enmienda reglamentaria se consignó en la Escritura Pública Núm. 1, ante el notario Lie. A. Manuel Martín y fue inscrita en el Registro de la Propiedad.

Así las cosas, el 1 de febrero de 1980 el First Federal advino titular de casi todas las áreas comerciales del refe-rido condominio mediante un procedimiento de ejecución de hipoteca incoado contra Caribbean Towers, Inc. El 17 de diciembre de 1981 el Consejo de Titulares celebró una reu-nión en donde se discutió y se aprobó el presupuesto de gas-tos operacionales para el año 1982. Al igual que antes, se decidió que el área comercial pagaría en proporción al uso y al impacto que dicha superficie produce sobre los bienes comunes. El representante del banco se opuso oportuna-mente. Adujo que el aumento era arbitrario y contrario a derecho.

Al no prevalecer su objeción, subsiguientemente incoó directamente ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la acción civil objeto de este recurso. Expuso su condición de titular y propietario, y que la Ley Núm. 157, supra, exige que se enmienden las escrituras y los reglamentos de los regímenes de horizontalidad ya existentes, para confor-marlos con las disposiciones de la ley enmendada. Sostuvo que para que fuera vinculante la nueva definición de ma-yoría y el criterio para determinar la participación de los titulares en los elementos comunes, ello tenía que lograrse mediante el voto de dos terceras partes de los titulares que a su vez representen igual cantidad del valor de los elementos comunes. Señaló, aunque de modo no concluyente, que se incumplió con tales requisitos y por consiguiente la actua-ción del Consejo era nula y sin consecuencia jurídica válida. Además, cuestionó la constitucionalidad de las disposiciones legales pertinentes al litigio, fundado en que les privaba o limitaba su derecho de propiedad al aumentarle las cargas y gravámenes sin el debido proceso de ley.

El Consejo de Titulares solicitó la desestimación por falta de jurisdicción alegando ser un condominio dual —co-mercial y residencial— al cual le aplicaba el Art. 48 de la Ley de Propiedad Horizontal y la Sec. 13 de la Núm. 157 que, leídas en conjunto, reflejan que el foro de jurisdicción primaria o exclusiva era el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO). El tribunal accedió y dictó sentencia desestimatoria. Fundamentó tal decisión en que “a base de la aplicación de la doctrina sobre ‘jurisdicción primaria’ resolvemos que en casos como el presente, donde se impugna un acuerdo del Consejo de Titulares concerniente a la administración de un inmueble sujeto al régimen de pro-piedad horizontal donde hay por lo menos un apartamento destinado a vivienda, la impugnación se ventilará en pri-mera instancia exclusivamente ante el Departamento de Asuntos del Consumidor”.

A solicitud del Banco revisamos.

J — i

En cuanto al trasfondo fáctico pertinente, por vía de paréntesis aclaramos que los escasos hechos expuestos al inicio de esta ponencia surgen de los alegatos de las partes ante nos. Ninguna los ha cuestionado. Asumimos su vera-cidad a los únicos fines de decidir el recurso. En la etapa procesal en que se adjudicó el caso ante la sala de instancia no se había desfilado prueba.

El párrafo 4 de la demanda reza:

Que el referido régimen de propiedad horizontal al cual hemos hecho referencia en la alegación anterior, nunca ha sido enmendado mediante el otorgamiento de una escritura pública correspondiente, y de haberlo sido, cosa que negamos, lo fue contrario a derecho sin celebrar las reuniones que en derecho se exigen, pero de haberlas celebrado, cosa que tam-bién negamos, no se obtuvo el porcentaje de votos que la ley-requiere. Es la posición del demandante, en adición y como alternativa a lo anterior, que aunque se haya celebrado con-forme a derecho la reunión que exige la ley a los efectos de hacer las enmiendas a los reglamentos y a la escritura de la propiedad horizontal, respecto al porciento [sic] de partici-pación asignado a los locales comerciales y por consiguiente la forma en que se medirá[n] los porcentajes por local en los elementos comunes, se violaron las disposiciones reglamenta-rias que exigía el reglamento original que está y estaba en vigor, al no citar a los acreedores hipotecarios que según dicho Reglamento inscrito tenían derecho a ser citados, escu-chados y con derecho a ejercer su voto como le pareciere.

El Banco argumenta que debemos aceptar como veraces todos estos hechos en atención a la doctrina que propugna que ante una moción de desestimación se toman como ciertos. Cervecería Corona, Inc. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 698 (1971); Sierra, Sec. Trabajo v. Bird, 78 D.P.R. 170 (1955); Sacarello v. Junta de Retiro, 75 D.P.R. 267 (1953); Boulon v. Pérez, 70 D.P.R. 988 (1950). Tal proposición no es posible. Olvida que la doctrina se aplica solamente en cuanto a hechos “bien alegados”, concebidos y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas. No podemos reconocer ningún otro alcance fuera de ese contexto. 5 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 1370, pág. 702 (1969); Gonzalez v. Hawayek, 71 D.P.R. 528 (1950).

La Regia 6.5(b) de Procedimiento Civil autoriza a una parte a exponer su reclamación o defensa en dos o más for-mas, alternativa o hipotética. Ciertamente, las alegaciones transcritas están concebidas de ese modo, pero observamos que están fraseadas de tal forma, y su contenido a tal punto hipotético, que resulta imposible al juzgador detectar especí-ficamente, sin margen de error, qué hecho está definitiva y concretamente alegado.

III

La interrogante de cuál es el foro con poder y auto-ridad para intervenir en la presente acción no puede respon-derse únicamente a base de la aplicación automática de la doctrina de jurisdicción primaria. “La verdadera jurisdic-ción primaria ocurre tan solo cuando existe jurisdicción concurrente entre el proceso administrativo y el sistema judicial.” Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 402 (1980). De esta manera, la “. . . doctrina opera para deter-minar qué organismo, si el judicial o el administrativo, debe hacer la determinación inicial del asunto y se aplica específi-camente cuando la situación presenta cuestiones de hecho que requieren el ejercicio de la discreción administrativa . . .”. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964). Es menester analizar esa cuestión.

Las Sees. 9 y 11 de la aludida Ley Núm. 157, disponen:

See. 9. Decisiones judiciales; Impugnación de acuerdos y determinaciones del Consejo, término
Los acuerdos del Consejo de Titulares y las determina-ciones, omisiones o actuaciones del Director o de la Junta de Directores, del titular que somete el inmueble al régimen que establece este Capítulo, durante el período de administración que contempla la sec. 1293-1 de este título, del Presidente y del Secretario, concernientes a la administración de inmue-bles que no comprendan apartamientos destinados a vivienda, serán impugnables ante el Tribunal Superior por cualquier titular que estimase que el acuerdo, determinación, omisión, o actuación en cuestión es gravemente perjudicial para él o para la comunidad de titulares o es contrario a la ley, a la escritura de constitución o al Reglamento a que hace referen-cia la see. 1293 de este título.
La acción de impugnación de acuerdos y determinaciones, que el titular estimase gravemente perjudiciales para él o para la comunidad de titulares deberá ejercitarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se tomó dicho acuerdo o determinación, si se hizo en su presencia, o dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que recibe la notificación del acuerdo, si el titular afectado no estuvo pre-sente en el momento en que se llegó a tal acuerdo o determi-nación. Si se tratare de unja actuación u omisión perjudicial, el plazo para ejercitar la acción de impugnación será dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que el titular tenga conocimiento de tal actuación u omisión perjudicial.
Al ejercitar la acción de impugnación de acuerdos del Con-sejo de Titulares, el titular deberá acreditar que estuvo pre-sente o representado en la reunión en que se tomó el acuerdo que impugna y que no votó a favor del mismo. Si estuvo ausente a pesar de que fue debidamente notificado deberá probar qué su ausenci^ estuvo justificada.
Luego de oír a las partes en controversia, el Tribunal decidirá lo que corresponda conforme a derecho, equidad y normas de [buena] convivencia. El acuerdo, la determinación, omisión o actuación serán provisionalmente válidos, salvo que el Tribunal determine lo contrario.
Sec. 11. Radicación de acciones de impugnación.
Las acciones de impugnación reconocidas en la sec. 1293f de este título[,] que surjan en relación con la administración de inmuebles que comprendan por lo rpenos un apartamiento destinado a vivienda se radicarán en el Departamento de Asuntos del Consumidor.
Las disposiciones de la sec. 1293f de este título relativas a los términos prescriptivos de las acciones de impugnación, extremos que debe acreditar o justificar el titular que ejercite la acción, criterios conforme a los cuales el juzgador decidirá las controversias planteadas, y las relativas a la validez provisional de los acuerdos, determinaciones, omisiones o actua-ciones impugnadas, serán aplicables al ejercicio de las ac-ciones de impugnación que se radiquen en el Departamento de Asuntos del Consumidor. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. secs. 1293f y 1294.

El lenguaje terminante y mandatorio transcrito es claro. Establece dos foros distintos para instarse acciones impugnatorias. El criterio para determinar el apropiado se remite al carácter exclusivo comercial o mixto (residencial y comercial) del condominio. Cuando en un inmueble se destina un apartamiento para vivienda, el foro indicado para decantar su pericia —“se radicarán”, expresa la ley— es primeramente DACO. Esa jurisdicción es exclusiva. A. Ferrer, Necesidad de reformar la Ley de Propiedad Horizontal de Puerto Rico, ponencias y comunicaciones presentadas al III Congreso Internacional de Derecho Registral, Buenos Aires, Argentina, Talleres Gráficos Mundial S.R.L., 1978, T. I, pág. 525. El historial y propósito legislativo así lo corrobora. Se llenó el vacío existente y “la ausencia de un foro administrativo ante el cual los titulares pu[dieran] plantear sus querellas . . .”. Como parte de la política pública gubernamental dirigida a estimular el máximo aprovechamiento de terrenos, se intentó salvar esa limitación que, unida a otras, desalentaban la compra de apartamientos y estimulaban el éxodo de los ya titulares de bienes sujetos a régimen de horizontalidad. Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 157.

En la presente acción el inmueble contiene unidades mixtas (comerciales y viviendas). En consecuencia, correspondía a DACO entender en cualquier acción que impugne un acuerdo adoptado por el Consejo de Titulares. No obstante, el Banco nos argumenta que la jurisdicción de DACO sólo aplica a la etapa de administración provisional contemplada en la See. 6 de la Ley, 31 L.P.R.A. sec. 1293-1, que cubre el proceso de administración inicial, desde que se somete el inmueble al régimen de propiedad horizontal, hasta que se traspasa al Consejo de Titulares. Carece de méritos el planteamiento. De su faz la ley es clara. Su texto e historial rechazan tal interpretación.

M <1

Aclarado que corresponde a DACO la jurisdicción exclusiva para entender en este tipo de acción, elucidemos si existe fundamento válido y de excepción para que el tribunal soslaye ese trámite. En esa tarea debemos examinar los planteamientos adicionales del Banco.

Primeramente, impugna el acuerdo del Consejo de Titu-lares a base de la disposición transitoria de la Ley Núm. 157, que disponía:

Esta ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación, y sus disposiciones regirán a todo inmueble some-tido al régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el momento en que fuera sometido a dicho régimen.
Las comunidades de titulares que ya han sido sometidas al régimen de Propiedad Horizontal tendrán un plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley para adaptar sus escrituras de constitución y Reglamento a lo dispuesto en esta ley en lo que estuviere en contradicción con sus preceptos. Transcurrido dicho término las disposiciones de las escrituras de constitución y de los reglamentos de tales inmuebles no podrán ser aplicados en contradicción con lo establecido en la presente ley, y cualquiera de los titulares podrá instar judi-cialmente la adaptación prevenida.
La enmienda al reglamento a los fines de determinar la definición de mayoría que regirá un inmueble ya sometido al régimen de Propiedad Horizontal requerirá el acuerdo de las dos terceras partes de los titulares que a su vez representen las dos terceras partes del valor en los elementos comunes del inmueble.
La enmienda que la Sección 1 de esta ley practica al Ar-tículo 8 de la Ley 104 de 25 de junio de 1958, según enmen-dada [Sec. 1291f de este título], a los fines de establecer el criterio de superficie de los apartamientos para la determi-nación de los porcentajes de participación en los elementos comunes sólo será vinculante para aquellos inmuebles ya sometidos al régimen si así lo deciden las dos terceras partes de los titulares que a su vez representen las dos terceras partes del valor en los elementos comunes. Sec. 13.

El Banco sostiene que “. . . del segundo párrafo de la anterior cita, el legislador fue enfático en el sentido [de] que si el Consejo de Titulares y la Asociación de Condómines no actuaba[n] para conformar la escritura de propiedad horizontal y su reglamento en casos de los regímenes- ya vigentes, entonces es potestativo de los titulares[,] individualmente^] el obligar a que ese Consejo de Titulares y la Asociáción de Gondómines cumpla con lo postulado en la ley mediante una acción judicial obligándolos a tales efectos. Eso es precisa* mente uno de nuestros planteamientos, ya que alegamos que la reunión que se exige por virtud de esta sección 13 para conformar la escritura y el reglamento con la nueva ley y para poder vincular, como se expresa en los párrafos siguientes de la anterior cita, a los titulares con la nueva definición de mayoría de titulares y con el nuevo criterio pára determinar la participación en los elementos comunes, se hace imprescindible que se celebre una reunión donde voten dos terceras partes de los titulares que a su vez repre-senten las dos terceras partes del valor en los elementos comunes del inmueble. De no hacerse la referida votación entonces los regímenes ya existentes no quedarán obligados bajo estas nuevas fórmulas y por lo tanto seguirán sujeto a las viejas fórmulas establecidas en las escrituras mediante la cual dichas propiedades se sometieron al régimen”.

Coincidimos en que la sección citada requiere determinada votación y provee una acción judicial para que cualesquiera titulares soliciten la “adaptación” de las escrituras y reglamentos de regímenes de propiedad horizontal que sean contradictorios a los preceptos de la Ley Núm. 157, supra. Sin embargo, según hemos indicado, en la etapa procesal de la desestimación decretada, el récord estaba completamente huérfano en cuanto a qué trámites siguió el Consejo de Titulares y cuál fue el contenido de la enmienda al Reglamento. Desconocemos si era necesario modificar la escritura de constitución, exigencia que sola-mente es menester si tal escritura es contraria a la ley. De la manera más favorable hacia el Banco, la única alegación clara era la que cuestionaba el acuerdo del Consejo de Titu-lares como contrario a la ley e irrazonable. A base de la misma, DACO es el foro apropiado.

No podemos descansar en las restantes alegaciones imprecisas e inconclusas de la demanda. Es necesario depurar una serie de hechos. “[Sjiempre que sea proce-dente, los tribunales tienen derecho a saber cuál ha sido la interpretación administrativa antes de resolver las contro-versias y por el contrario, no las resuelven a base de inter-pretaciones especulativas o hipotéticas de los litigantes ....” E.L.A. v. 12,974-78 Metros Cuadrados, supra, pág. 513; Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982). Ese enfoque reduce considerablemente el margen de error. Los tribunales rehusamos resolver en el abstracto o en convertirnos en adivinantes de lo oculto o ignorado.

íntimamente relacionado, el Banco recurrente recalca que de determinarse que corresponde a DACO intervenir, debemos eximirlo en virtud de su planteamiento constitu-cional, cuestión cuyo ámbito compete a los tribunales y no a los organismos administrativos.

Este argumento ha sido considerado por la doctrina en dos distintas vertientes. Los casos que envuelven posibles lesiones a los derechos civiles y aquellos en que se ataca la constitucionalidad de la ley orgánica de la agencia adminis-trativa y, por consiguiente, de sus actuaciones. K. Davis, Administrative Law Treatise, Secs. 20.12 y 20.14 (Supl. 1982).

En nuestra jurisdicción, la primera instancia —reclamación por lesiones a los derechos civiles bajo la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. sec. 3524)— ha sido evaluada a la luz de si la acción envuelve o no un agra-vio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838, 850-851 (1978); Santiago v. Superintendente de la Policía, 112 D.P.R. 205 (1982). En esa misión el tribunal debe exigir un irrecusable grado de autenticidad y claridad en el planteamiento constitucional al amparo de la Ley de Derechos Civiles. No es acreedor a una vista en los méritos quien de su faz no aduce hechos terminantes y precisos, jus-tificativos de la opción judicial por el remedio constitucional y de la preterición del cauce administrativo.

En cuanto a la segunda situación —casos en que se ataca la constitucionalidad de la ley orgánica de la agencia— hemos pautado que “la impugnación constitucional de actuaciones administrativas está sujeta a la norma del agotamiento de los remedios administrativos. . . . Aunque las agencias administrativas no pueden dilucidar la constitucionalidad de la ley que las crea, sí pueden determinar si su aplicación a los hechos específicos de un caso sería inconstitucional”. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, supra, pág. 728.

Este recurso no es susceptible de ubicarse dentro de una de esas situaciones. No estamos frente a un recurso de interdicto a base de la Ley Núm. 12, supra, presentado para la protección de algún derecho constitucional posiblemente afectado por la actuación de algún funcionario público, ni ante una impugnación de la ley orgánica de la agencia. El mero hecho de invocar una cuestión constitucional no margina automáticamente el proceso administrativo. Aunque es a los tribunales a quienes compete toda interpretación constitucional, ello no implica que una simple alegación al efecto excluya el foro administrativo. Es preciso, además, que se demuestre que la acción administrativa constituye una ges-tión inútil, inefectiva y que no ofrece un remedio adecuado o que ha de causar un daño irreparable e inminente. Véase, Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488 (1970), revocado en otros aspectos por Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884 (1975).

En el caso de autos, el evento que da origen a la demanda es precisamente el desacuerdo e inconformidad del Banco recurrente con las cuotas que le impuso el Con-sejo de Titulares. Su reclamo constitucional se nutre del curioso argumento de que aun sin ser titular —por ser acreedor hipotecario— tenía derecho a ser citado, parti-cipar y votar en la reunión en que se modificó el reglamento y autorizó la imposición de cuota de mantenimiento en pro-porción a la intensidad del uso y el grado del efecto de una propiedad de un condomino sobre las áreas comunes.

Hemos visto cómo para este tipo de controversia —en casos de condominios residenciales— la Asamblea Legisla-tiva dispuso expresamente que DACO sería el foro llamado a intervenir. Por otra parte, es obvio que la posibilidad de daño irreparable e inminente sólo descansa en la supuesta imposición de unas cuotas que considera irrazonables. El valor envuelto es estrictamente pecuniario. Esa sería la verdadera urgencia, si alguna. El alegado daño es temporal y no proyecta la intensidad requerida. En el supuesto de que finalmente en su día el Banco prevaleciera, nada impide que cualquier exceso pagado de la cuota que real-mente venga obligado a satisfacer le sea acreditado en su oportunidad. El remedio puede ser satisfecho por DACO.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

      Para casos en que no se ha satisfecho el criterio, cf. Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978); Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    María García Font, demandante y recurrente, v. Rafael Durand & Associates, demandados y recurridos.

      Número: R-83-108

      Resuelto: 21 de junio de 1983

      Dennis D. Martínez Colón, abogado de la recurrente; Julio Maymí Pagan, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso destaca en alto relieve la utilidad del Registro de la Propiedad y la correlativa obligación de consultarlo en los contratantes. Por escritura Núm. 47 otorgada en San Juan el 4 diciembre, 1972 ante el notario Lie. Eduardo N. Colón Cruz, la ahora demandante recurrente María García Pont vendió a la corporación deman dada R. Durand & Associates dos fincas rústicas en el barrio Cercadillo de Cayey, una identificada con la letra “A”, de 7.75 cuerdas; y la otra “B” de 13.46 cuerdas. Respecto al estado de título y cargas de estos inmuebles en el hecho segundo de dicho instrumento declaró la vendedora que “la finca descrita bajo la letra ‘A’ aparece inscrita al folio ciento siete del tomo noventa y ocho de Cayey, finca número tres mil seiscientos treinta y cinco, no encontrándose la finca descrita bajo la letra ‘B’ inscrita en el Registro de la Propiedad, estando ambas fincas libres de cargas y gravámenes”. Constituyó el precio la suma de $40,000 del que quedaron aplazados $28,800 con intereses al 7 1/2% anual amortizables en cinco plazos anuales. Como Durand no pagara el cuarto plazo que importa $6,925.80 vencido el 5 diciembre, 1976 la vendedora promovió acción civil en ejecución de la hipoteca que garantiza el precio adeudado. Durand contestó la demanda y formuló reconvención contra su vendedora en que reclama daños y perjuicios por $500,000 sobre la base de que la falta de inscripción actualizada del predio de 13.46 le impidió obtener financia-miento para un desarrollo de urbanización, destino econó-mico trazado a estos inmuebles.

El 28 junio, 1983 la sala de instancia estimó la demanda sobre ejecución de hipoteca y desestimó la reconvención del deudor con fundamentos que resultarán correctos y que en parte elaboró así:

No es pues de la ley de donde surge la obligación de la demandante reconvencionada de inscribir la finca. Tampoco hubo ningún contrato al respecto (ya vimos que fue el deman-dado reconvencionista quien el mismo día de la compraventa contrató los servicios del abogado y pagó sus honorarios). Réstanos tan sólo examinar si la demandante reconvencio-nada venía obligada a inscribir la propiedad por haber come-tido un acto u omisión ilícito en el que hubiera intervenido culpa o negligencia. ¿Podría calificarse como tal la infor-mación que sobre el estatus registral de la finca dio al afir-mar que no estaba inscrita, estándolo? Creemos que no. Para la demandante reconvencionada la finca no se encontraba inscrita, o sea, su derecho sobre la finca no estaba inscrito. Era a la demandada reconvencionista a quien correspondía, si tenía interés en hacerlo, acudir al registro para enterarse de cuál era la realidad registral de la finca que deseaba adquirir. Es precisamente para esto que existe el Registro de la Propiedad, el objeto de la institución, su fundamento: dar publicidad de los derechos. La demandada reconvencionista es una corporación que se dedica al desarrollo de tierras, no puede alegar desconocimiento de la existencia del Registro de la Propiedad en Puerto Rico ni de sus funciones. Fue negli-gente en no consultarlo antes de adquirir la propiedad.

El 7 febrero, 1983 dictó una segunda sentencia en recon-sideración con nuevas determinaciones de hecho en la que se reconoció un balance de $20,163.82 adeudado por Durand a su vendedora, se estima la reconvención de aquél en $36,600 ($31,000 de daños y perjuicios, más $5,600 de gastos y honorarios de abogado en la reconstrucción del tracto) y al aplicar la compensación de créditos (Art. 1149 C.C.) condena a la demandante a pagar $16,436.18 a su comprador Durand & Associates. Contra esta sentencia recurrió la demandante en ejecución de hipoteca y el 28 abril, 1983 requerimos de la parte recurrida mostrar causa por la que no debía estimarse la demanda en su totalidad, y rechazar la reconvención del deudor por no haberse éste enterado pre-viamente en el Registro de la Propiedad de la situación del inmueble en cuanto a titularidad y cargas. El breve argu-mento en su escrito-contestación se reduce a sostener que el comprador podía ignorar el Registro y el historial de la finca y procede con un expediente de dominio como si la finca no estuviese inmatriculada, y que su vendedora le responde por lo que podíamos llamar desorientación al manifestar en la escritura que la finca no estaba inscrita.

En lo que concierne a este litigio, la obligación de saneamiento o garantía del vendedor está compendiada en los siguientes artículos del Código Civil:

Art. 1350. Entrega y Saneamiento. El vendedor está obli-gado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta. 31 L.P.R.A. sec. 3801.
Art. 1363. Saneamiento en general. En virtud del sanea-miento a que se refiere la see. 3801 de este título, el vendedor responderá al comprador: 1. De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida. 2. De los vicios o defectos ocultos que tuviere. 31 L.P.R.A. sec. 3831.
Art. 1372. Carga o servidumbre no aparente. Si la finca vendida estuviese gravada, sin mencionarlo la escritura, con alguna carga o servidumbre no aparente, de tal naturaleza que deba presumirse no la habría adquirido el comprador si la hubiera conocido, podrá pedir la rescisión del contrato, a no ser que prefiera la indemnización correspondiente.
Durante un año, a contar desde el otorgamiento de la escritura, podrá el comprador ejercitar la acción rescisoria, o solicitar la indemnización. Transcurrido el'año, sólo podrá reclamar la indemnización dentro de un período igual, a con-tar desde el día en que haya descubierto la carga o servidumbre. 31 L.P.R.A. sec. 3840.

No puede conceptuarse vicio o defecto oculto ni carga no aparente la inscripción detenida a nombre de persona distinta a la vendedora atribuible a la interrupción del tracto sucesivo, si la vendedora aseveró en la escritura que la finca de 13.46 cdas. no estaba inscrita. Castán Tobeñas percibe como requisito legal y condición precisa para que exista la obligación del saneamiento por gravámenes de las fincas “que el gravamen no conste en el Registro de la Propiedad, porque, de otro modo, el comprador pudo conocer perfectamente el estado del inmueble, y si sufre perjuicio debe imputárselo a sí mismo”.

El nacimiento de la acción rescisoria y la de indemnización provistas en el Art. 1372 está subordinado a los principios de legalidad, publicidad y especialidad que informan el Derecho registral por así ordenarlo el Art. 1427 C.C. que dice: “Todo lo dispuesto en esta parte [IV, contrato de compra y venta] se entiende con sujeción a lo que respecto de bienes inmuebles se determine en la Ley Hipotecaria, Título 30.” 31 L.P.R.A. see. 3961. El Art. 23 de la Ley Hipotecaria declara que el Registro es público para quienes tengan interés en averiguar el estado jurídico de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos y si el comprador no consultó, no tendrá derecho a pedir rescisión del contrato ni indemnización. El derecho a ésta, según el Art. 1372, depende de la presunción de que el comprador no hubiese adquirido la finca si hubiera conocido el gravamen, pero no podrá invocar error ni ignorancia “desde el momento en que hay un Registro público, cuyo principal objeto es precisamente ese, el evitar todo motivo de error en las transacciones”. Así como al comprador afecta la apa-riencia física de la servidumbre aun cuando no la mencione la escritura, tampoco puede evadir el mismo efecto gene-rado por la apariencia o exposición derivada de la publi-cidad registral. Miralli v. Fullana Corp., 98 D.P.R. 330, 335-337 (1970).

Si de tal modo se imputa negligencia al comprador que no consultó el Registro en el caso de gravamen oculto, y se releva al vendedor de la obligación de saneamiento, es imposible culpar a la recurrente que no hizo tal representación, limitándose a manifestar en la escritura que la finca no estaba registrada. Cf. Mejia v. Mouriño, 68 D.P.R. 661, 663 (1948). De otra manera, cuando el vendedor asegura que la finca se halla libre de cargas y se obliga al saneamiento queda el comprador excusado —fiado en la responsabilidad personal de aquél— de la consulta al Registro ineludible en defecto de pacto expreso.

Si bien el recurrido no puede exigir saneamiento a su vendedora, la sala de instancia declaró probado que en con-versaciones durante la pendencia del litigio, esta última autorizó a su deudor Durand a deducir de la acreencia los gastos y honorarios de abogado en actualizar el título que ascendieron a $5,000, pacto que es exigible.

Con estos antecedentes y fundamentos se expedirá el auto y se modificará la sentencia recurrida limitando a $5,000 la compensación que puede oponer el demandado re-currido a su deuda hasta entonces de $20,163.82 y se resta-blece la sentencia original de 28 junio, 1982 que dispuso la ejecución del crédito hipotecario, en todo efecto compatible con lo ahora resuelto. Así modificada, será confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      El Art. 175 párr. 2o del Reglamento Notarial español, al hablar de la con-signación de cargas en las escrituras públicas, impone al notario la obligación de advertir a las partes sobre la conveniencia de consultar al Registro de la Propie-dad. La advertencia ha cobrado adicional valor con el problema de títulos apócri-fos, falsificación de firmas de notarios extintos o que nunca lo fueron que ya con-frontan los Registradores.

       Esta finca que en la escritura de compraventa se informó como no inscrita, sí estaba inmatriculada pero hacía años se había detenido el tracto sucesivo por falta de inscripción de numerosas operaciones antes de advenir su dueña la ven-dedora demandante García Font. Inexplicablemente las gestiones para recons-truir la cadena de transmisiones anteriores tomaron nueve años, demora que bajo ningún concepto puede imputarse a la recurrente, pues fue el demandado recu-rrido, informado desde un principio por su vendedora del defecto de inscripción quien contrató abogados para poner al día la realidad registral.

      En el laborioso restablecimiento del tracto apareció una hipoteca que se constituyó y canceló sin entrar al Registro.

       J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 9na ed., Madrid, Inst. Ed. Reus, 1961, T. 4, pág. 122.

      6) Equivalente al Art. 279 en la Ley de 1893 (30 L.P.R.A. sec. 501).

       J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. 10, Vol. 1, págs. 328, 329.

       S. de 5 enero, 1916 anotada por F. Bonet Ramón, Código Civil Comentado, 2da ed., Madrid, Ed. Aguilar, 1964, pág. 1164; Sánchez v. Coll, 69 D.P.R. 926, 931 (1949), El texto clásico del pacto en la práctica notarial puertorriqueña: “El ven-dedor se obliga expresamente al saneamiento en caso de evicción o gravamen oculto.”


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Margaro Rodríguez Maldonado, demandante y peticionario, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Honorable Secretario de Justicia, demandados y recurridos.

      Número: O-82-418

      Resuelto: 24 de junio de 1983

      Félix A. Toro, Jr., abogado del peticionario; Antonio Hernández Sánchez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Con motivo de una infracción a la Ley de Bolita, Núm. 220 del 15 de mayo de 1948 (33 L.P.R.A. sec. 1250), el Superintendente de la Policía confiscó el 25 de marzo de 1981 un vehículo de motor propiedad del recurrente Mar-garó Rodríguez Maldonado. En cumplimiento de las dispo-siciones de la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, Núm. 39 del 4 de junio de 1960 (34 L.P.R.A. secs. 1721 y 1722), el Secretario de Justicia notificó al recurrente que su vehículo fue tasado en la can-tidad de $1,000 y de su derecho de prestar fianza por el importe de la tasación dentro de los 25 días a partir de la notificación para levantar el vehículo confiscado. El recu-rrente no se acogió a este beneficio de fianza y prontamente impugnó la confiscación. Al ser absuelto de la infracción a la Ley de Bolita solicitó sentencia sumaria a su favor para que se le ordenara al Estado Libre Asociado a pagarle la suma de $1,000 más los intereses legales devengados a par-tir de la confiscación. Tomando en consideración que el recurrente no ejercitó su derecho de prestar fianza para levantar el vehículo confiscado, el tribunal denegó la compen-sación solicitada y ordenó que se le devolviera el vehículo.

No conforme, el recurrente instó recurso de certiorari ante este Tribunal en el que solicitó la revocación de la sentencia señalando como errores el que se hubiese deter-minado que el Estado Libre Asociado tiene la opción de entregar el vehículo confiscado transcurrido más de un año después de una confiscación ilegal.

La contención del recurrente es al efecto de que el Estado viene obligado a compensarle por la pérdida de uso del vehículo y por el deterioro causado por el transcurso del tiempo.

El procedimiento de confiscación establecido en la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, supra, faculta a la Administración de Servicios Generales a vender en pública subasta los vehículos confiscados, así como a destinarlos al uso oficial o a destruirlos. Por supuesto, la Administración de Servicios Generales no viene obligada a vender el vehículo en pública subasta ni a asignarlo para uso oficial o destruirlo. Puede muy bien conservar el vehículo sin destruirlo, siempre que le reserve al dueño la oportunidad de recobrar la posesión mediante la prestación de fianza. Véase, Opinión Núm. 1963-63 en XXXIV Opiniones del Secretario de Justicia de Puerto Rico 279 (1963).

El propósito primordial del estatuto es evitar la dilación en los procedimientos para la disposición de propiedad con-fiscada y los subsiguientes perjuicios que la misma causa al Estado o al dueño de la propiedad ocupada cuando un tribunal declara la ilegalidad de la confiscación. Véase, Informe de la Comisión de lo Jurídico Penal, 10 Diario de Sesiones 1918 (1958), y el Debate de la Cámara, 9 Diario de Sesiones 1743-1746 (1957), 10 Diario de Sesiones 996 (1958).

La fianza es el remedio que ofrece la ley a la persona con interés en recobrar la propiedad confiscada. Si el interesado no hace uso de su derecho de prestar fianza para recobrar la propiedad e impugna la confiscación con éxito, como en el caso de autos, ya que no se ha dispuesto en subasta del vehículo, su derecho queda limitado a recobrar sólo el monto de la tasación más los intereses al 6% anual a partir de la fecha de ocupación. Así lo dispone el Art. 2(e) de la ley al proveer que:

Si la confiscación fuere impugnada judicialmente y el Tribunal decretase la ilegalidad de la misma, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, previa presentación de copia certi-ficada de la resolución o sentencia firme del Tribunal, pagará a la persona que la impugnó el importe de la tasación o la suma obtenida en la venta en pública subasta en caso de que esta última sea la mayor, más intereses al 6% anual a partir de la fecha de la ocupación. 34 L.P.R.A. sec. 1722(e).

Es claro que el estatuto no confiere derecho alguno al dueño para que el Estado le compense por la pérdida de uso del vehículo o por el deterioro causado por el transcurso del tiempo.

Se dictará sentencia en la que se modifique la aquí recu-rrida, a los únicos fines de condenar al Estado Libre Aso-ciado a pagar al recurrente la cantidad de $1,000, valor de tasación del vehículo, más los intereses al 6% anual a partir de la fecha de la ocupación. Así modificada, se confirma.

       Al respecto dispone el Art. 2 de dicha ley:
      “(c) . . . podrá disponer para la venta en pública subasta de la propiedad confiscada o la destinará para el uso oficial del Gobierno de Puerto Rico. En caso de no poder ser vendida en pública subasta, o no poder ser dedicada a uso oficial del Gobierno, la propiedad podrá ser destruida por el funcionario a su cargo, haciendo constar en un acta, que a dicho fin levantará, la descripción de la propie-dad, los motivos para su destrucción, y la fecha y lugar en que se efectúa; debiendo notificar con copia de dicha acta al Secretario de Justicia.
      “(e) Si la confiscación fuere impugnada judicialmente y el Tribunal decretase la ilegalidad de la misma, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, previa pre-sentación de copia certificada de la resolución o sentencia firme del Tribunal, pagará a la persona que la impugnó el importe de la tasación o la suma obtenida en la venta en pública subasta en caso de que esta última sea la mayor, más inte-reses al 6% anual a partir de la fecha de la ocupación.” 34 L.P.R.A. sec. 1722(c) y (e).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Luz H. Umpierre Del Valle, demandante y recurrente, v. Pedro Torres Díaz, demandado y recurrido.

      Número: R-82-554

      Resuelto: 28 de junio de 1983

      Jaime Luciano Jiménez, abogado de la recurrente; Ramón Bidot Díaz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Las partes del presente litigio contrajeron matrimonio entre sí en el 1954, bajo capitulaciones matrimoniales en que hicieron constar sus respectivos bienes privativos que aportaban al matrimonio, reservándose el derecho de admi-nistrarlos separadamente, enajenarlos y hacer negocios y adquirir otros bienes por su cuenta y sin necesidad de licen-cia o consentimiento de su cónyuge. No obstante, dichos cónyuges no hicieron uso de la potestad que mutuamente se reconocieron y prontamente, después de casarse, hicieron uso de los bienes y los administraron como si pertenecieran a un caudal común, aportando cada uno indistintamente su trabajo y su esfuerzo personal, habiendo incrementado el capital de manera cuantiosa hasta la fecha de su divorcio en 1979. Resolvemos que lo consignado en la escritura sobre capitulaciones y las actuaciones posteriores de los cónyuges no tuvieron otro efecto que hacer inventario de los bienes privados de cada uno y hacer reserva de unos derechos que a la postre no se ejercitaron, manteniéndose de hecho las relaciones económicas del matrimonio bajo el régimen de gananciales.

I

Doña Luz H. Umpierre Del Valle y don Pedro Torres Díaz contrajeron matrimonio en San Juan el 29 de mayo de 1954, habiendo otorgado en esa misma fecha escritura sobre capitulaciones matrimoniales en que se hizo constar lo siguiente:

(a) Que doña Luz era dueña en esa fecha de dos propie-dades, a saber: (1) solar y casa de concreto de una planta en el barrio Piñas de Comerío, valorados en $14,000, gravados con hipoteca por $3,200, y (2) casa de concreto, madera y zinc, de dos plantas, en solar de doña Alfonsa Colón viuda de Cruz, en la calle Acueducto de Comerío, valorada en $4,000. Se consignó que: “Dichos bienes tienen un valor total de DIECIOCHO MIL DOLARES ($18,000.00) y descontada dicha deuda hipotecaria, resulta un balance líquido de CATORCE MIL OCHOCIENTOS DOLARES ($14,800.00) que aporta ella al matrimonio, para que al liquidarse la sociedad conyugal le sea reconocido y satisfecho.” (Énfasis suplido.)

(b) Que don Pedro era a su vez dueño de los siguientes bienes: (1) establecimiento comercial de mueblería en la calle Georgetti núm. 59 de Comerío, conocido como “Torres Commercial”, valorado en $37,900; (2) establecimiento comercial en la misma dirección conocido por “Restaurant El Marne”, valorado en $7,900; y (3) participación en un cincuenta por ciento en la sociedad Torres & Compañía, integrada por él y su señor padre, que operaba un cine con el nombre de Teatro Cobián en un solar y edificio de la sociedad en Comerío, valorada dicha participación en $15,000. Se consignó “que luego de descontar las deudas actuales del mismo que ascienden a TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DOLARES ($32,800.00), resulta un balance líquido de VEINTIOCHO MIL DOLARES ($28,000.00), que aporta al matrimonio don Pedro Torres Díaz, para que al liquidarse la sociedad conyugal le sea reconocido y satis-fecho”'. (Énfasis suplido.)

(c) Se convino que cada uno tendría la libre adminis-tración de sus respectivos bienes “y podr[ía] continuar con ellos sus negocios y operaciones bancarias y comerciales a que se ha[bían] venido dedicando”, sin la intervención del otro, “pudiendo” realizar toda clase de operaciones, inclusive adquirir toda clase de bienes y enajenarlos sin limi-tación alguna, y realizar toda clase de negocios y especula-ciones mercantiles e industriales por su propia cuenta, sin necesidad de licencia marital ni el consentimiento del otro.

El matrimonio duró veinticinco años, habiendo quedado disuelto por sentencia de divorcio de 25 de junio de 1979. En mayo de 1980 doña Luz instó demanda contra don Pedro ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que tituló “sobre liquidación de bienes gananciales”. Alegó que la escritura de capitulaciones matrimoniales tuvo como único efecto práctico señalar los bienes que cada uno aportó al matrimonio, los cuales fueron administrados conjunta-mente, adquiriéndose con sus frutos numerosos bienes y valores que pertenecen a ambos. El demandado negó dichas alegaciones y fue el pleito a juicio en que se aportó abun-dante prueba, particularmente documental. Expedimos auto de revisión a solicitud de la demandante para exa-minar la sentencia recaída, que si bien reconoció la apor-tación y esfuerzo de doña Luz en relación con el caudal acumulado durante la vigencia del matrimonio, se negó a reconocer la existencia de un régimen de sociedad legal de gananciales, pero consideró que para evitar un enriqueci-miento injusto, ella tendría derecho a un diez por ciento del capital adquirido.

A base de las determinaciones de hecho del tribunal sentenciador, y luego de estudiar y analizar cada una de las escrituras públicas y documentos que obran en los autos originales de este caso, puede establecerse la siguiente cro-nología de hechos.

Al comprar el 27 de mayo de 1954 un cincuenta por ciento de la empresa del Teatro Cobián, que incluía la edifi-cación del cine y el solar en que enclavaba, el demandado quedó a deber $7,406.15 de una hipoteca que gravaba el negocio. En diciembre de 1954 constituyó una segunda hipoteca sobre su participación, en garantía de $9,000 tomados a préstamo en estas operaciones.

El 5 de julio de 1955 comparecieron ambos en escritura pública y constituyeron hipoteca sobre una propiedad en la barriada La Aldea de Comerío para garantizar un prés-tamo de $2,000 tomado a doña Amparo Rivera Vda. de Gómez. Es curioso que dicha propiedad, que aparece como adquirida por la demandante en agosto de 1953, es decir, nueve meses antes de casarse con el demandado, no se men-cionó en la escritura de capitulaciones matrimoniales. Y es significativo que una semana más tarde, el 12 de julio de 1955, el demandado compró a su padre la otra mitad del solar y edificio dedicado a cine, por el precio de $15,000 que no se pagó del todo, pues se retuvo una cantidad para saldar en su día una hipoteca que gravaba dicha mitad. Es forzoso preguntarse si los $2,000 tomados a préstamo a doña Amparo se invirtieron en esta transacción. La casa de la barriada La Aldea fue vendida a doña Amparo el 1 de enero de 1956, mediante escritura en que comparecieron la demandante y el demandado como dueños vendedores.

En ese mismo mes de enero de 1956 le nació un bebé muerto a la demandante, luego de un embarazo de ocho meses. Ella tenía un hijo de un primer matrimonio y el demandado tenía, a su vez, tres hijos de un matrimonio anterior. El hijo muerto fue el único fruto de la relación conyugal entre la demandante y el demandado. A partir de entonces, según concluyó el tribunal sentenciador, se inició una colaboración activa entre ambos en la administración y explotación de los negocios, que se prolongó durante los veintitrés años siguientes que duró el matrimonio. De las extensas determinaciones de hecho de su sentencia, resu-mimos lo que sigue.

El.negocio de restaurante “El Marne”, que operaba con pérdidas, fue vendido. Se pagaron las deudas y el sobrante fue invertido en otros negocios, se amplió la operación de la mueblería (“Torres Commercial”) y se establecieron sucur-sales en Corozal y Barranquitas. La demandante trabajaba particularmente en la mueblería principal en Comerío y, al mismo tiempo, supervisaba las sucursales, recibía y trami-taba las cuentas, enviaba depósitos al banco, cotejaba los contratos de venta de todas las mueblerías y tramitaba su inscripción en los registros de los municipios correspon-dientes. (Determinaciones de hecho núms. 12 y 13.)

En la operación del cine participaba la familia. Se designó un administrador, pero la demandante actuaba de taquillera. En febrero del 1957 comparecieron la deman-dante y el demandado en escritura pública e hicieron cons-tar ser dueños del solar y edificio del cine y constituyeron hipoteca en garantía de $3,600 que tomaron a préstamo. En julio de 1958 cancelaron dicha hipoteca y en 1961 otorgaron dos escrituras, una en febrero y otra en septiembre, en que constituyeron hipotecas también sobre el cine para garan-tizar pagarés suscritos por ambos como deudores solidarios por $7,000 uno y $13,000 otro. Ambos fueron saldados en plazos mensuales pagados a la Administración de Pequeños Negocios.

En ese mismo año 1961, en diciembre, comparecieron en escritura y compraron dos casas en terrenos colindantes con la carretera que conduce de Comerío a Bayamón. Las ven-dieron mediante escritura otorgada el 18 de febrero de 1969 por $6,500.

En 1962 se produjo la única transacción en que la demandante hizo uso de su derecho a adquirir bienes bajo las capitulaciones matrimoniales. Compró por $14,000 un negocio de transportación pública, pero éste se vendió en septiembre de 1965.

Mientras tanto, en noviembre de 1964, tomaron a préstamo $30,000 mediante pagaré suscrito por ellos como deudores solidarios, que garantizaron con una tercera hipoteca sobre el solar y edificio del cine. Y en agosto de 1967 compraron una finca de 15 cuerdas en el barrio Palomas de Comerío por $16,500, pagando en el acto $8,000 y obligándose a pagar el balance al obtener un préstamo que gestionarían con el Federal Land Bank. La determi-nación de hecho núm. 15 da una idea del uso a que se des-tinaron los dineros y terrenos adquiridos. Dice:

15. Entre los años 1964 y 1968, la demandante participó en la operación de un negocio de venta de automóviles, con solares apropiados, tanto en el pueblo de Comerío como en un barrio de esa municipalidad, en los cuales tenían la represen-tación de autos de Gómez Hermanos, Inc. Tenían, además, venta de piezas, y servicio de mecánica de automóviles. La demandante supervisaba el inventario perpetuo de las uni-dades y de las piezas, preparaba cheques, examinaba los con-tratos de venta, y en general, tenía un amplio conocimiento de la operación económica de éste y de los demás negocios, y era la persona que le sometía la información a los contables cuando llegaba el momento de preparar los estados financie-ros y pagar las contribuciones.

Desde el 1956 y hasta el 1972, en que adquirieron el apartamiento núm. 1606 en el Condominio Torres del Mar en el Condado en Santurce, el matrimonio residió en la casa privativa de ella en el barrio Piñas de Comerío. Se des-prende de la determinación de hecho núm. 22 que a dicha casa se le adicionaron facilidades en que operó el taller de mecánica de que se ha hecho mención.

Tanto las propiedades privativas de la demandante como las del demandado fueron utilizadas por ambos como colaterales para la obtención de préstamos para los nume-rosos negocios que se hicieron. Se adquirieron bienes con el producto del esfuerzo de ambos, que aparecen a nombre del demandado, así como dinero en efectivo en cuentas banca-rias y certificados de ahorros. No se llevó contabilidad separada de los bienes de cada uno, ni se les señaló sueldo por sus tareas en la administración de los negocios.

II

El tribunal recurrido, basándose en lo resuelto en Vilariño Martinez v. Registrador, 88 D.P.R. 288 (1963), partiO del supuesto de que la reclamaciOn de la demandante está basada en la alegaciOn de que se variaron durante la vigencia del matrimonio las condiciones pactadas en la escritura sobre capitulaciones. Es correcto que bajo el actual estado de nuestro Derecho civil -que para el caso era el mismo que existia cuando se otorgaron las capitula-ciones- éstas no pueden ser alteradas después de celebrado el matrimonio. Art. 1272 del Codigo Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3556. Así lo reconocimos en Vilariño Martínez, supra. Los hechos en dicho caso eran, no obstante, muy distintos a los del presente. En Vilariño Martínez se trataba de un matrimonio bajo capitulaciones que, entre otras disposi-ciones, daban derecho a la esposa de adquirir bienes para sí, pero no le reconocían el mismo derecho al esposo. Éste adquirió una propiedad como privativa suya, ya vigente el matrimonio, y el Registrador se negó a así aceptarlo. Para subsanar el defecto, se otorgó una escritura aclaratoria que confería al marido ese derecho. Era claramente una varia-ción de las capitulaciones hecha después de celebrado el matrimonio, inaceptable bajo el citado Art. 1272. Así lo reconocimos, y confirmamos al Registrador.

Cabe notar aquí un paréntesis para señalar que-la prohibición de variar las capitulaciones matrimoniales, o doctrina de su inmutabilidad, de origen oscuro —era desconocida en el Derecho romano— ha caído en desuso y ha sido abolida en los más modernos códigos. Su rigidez fue atenuada en el Codice civile italiano luego de la reforma de 1942, y a partir de la Reale Oronzo de 1967 y del Proyecto de 18 de octubre de 1972 se permite la modificación de las capitulaciones matrimoniales bajo control judicial. En Francia, cuya legislación se considera originaria del principio de inmutabilidad, sus reformas legislativas, particularmente la Ley de 13 de julio de 1965, han establecido positivamente el principio contrario, es decir, de la mutabilidad de las capitulaciones matrimoniales. Y en España la inmutabilidad fue abolida mediante la reforma del Código Civil, por Ley de 2 de mayo de 1975. Véase, sobre la evolución de la doctrina, M. J. Herrero García, Contratos Onerosos entre Cónyuges, Salamanca, 1976, el capítulo titulado “Contratos entre cónyuges y reglas del estatuto patrimonial”, pág. 399 y siguientes, particularmente las págs. 412 a 418.

La razón del principio de inmutabilidad, que el legisla-dor español del 1975 adujo a la probabilidad de que “a través de los pactos postnupciales, pudiera uno de los cónyuges, generalmente la mujer, quedar sometido, en su perjuicio, al influjo psicológico del otro, sin llegar a mani-festar su voluntad en condiciones, de plena libertad”, ha perdido virtualidad en nuestros tiempos. El pensamiento moderno se orienta hacia reconocer la igualdad entre las personas de sexos opuestos, sin que pueda señalarse que ninguna es per se más fuerte o más débil de voluntad que la otra. Además, de ser la persona de un sexo más débil que la otra, ello sería razón de igual peso para desechar el princi-pio de inmutabilidad, en vez de afianzarlo, pues la falta de voluntad o la voluntad viciada puede ocurrir antes del casamiento y no necesariamente después.

Es interesante notar que la regla o principio de inmuta-bilidad de las capitulaciones se había debilitado bastante por interpretación del Tribunal Supremo de España mucho antes de la reforma del 1975. Ya en sentencia de 21 de febrero de 1900 admitía la celebración de convenios entre marido y mujer mientras no se afectase el régimen de la sociedad ni implicasen merma en sus respectivos intereses o tendieran a eludir alguna ley prohibitiva. Y en resolución de 16 de marzo de 1959 se estimó que no constituye alte-ración de capitulaciones “un contrato de sociedad limitada entre los cónyuges”. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 9na ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. V, Vol. 1, págs. 320-321.

Volvamos al caso ante nuestra consideración. No es necesario recurrir al moderno principio de mutabilidad, cuya adopción en esta jurisdicción requeriría acción legis-lativa en vista de la prohibición expresa del Art. 1272, antes citado. En el caso ante nos, no se da variación alguna en las capitulaciones matrimoniales. Cada cónyuge aportó deter-minados bienes al matrimonio, cuyo valor se especificó, “para que al liquidarse la sociedad conyugal le sea recono-cido y satisfecho”. Así se consignó en la escritura, y se reco-noció a cada cónyuge la potestad de administrar sus propios bienes y de realizar toda clase de negocios. Se dijo “y podrá continuar con ellos sus negocios”, y más adelante, “pudien-do” realizar toda clase de operaciones, etc. No se dijo que cada cónyuge tendría la administración exclusiva de sus bienes y que realizaría toda clase de negocios con la exclusión del otro. En otras palabras, los cónyuges no esta-ban obligados por las capitulaciones pactadas a mantener una separación absoluta de sus bienes y de los frutos de éstos. Podían hacerlo, si querían, pero no lo hicieron.

Las capitulaciones matrimoniales constituyen un contrato que, dentro del régimen de libertad que impera en nuestro sistema de contratación, admite toda clase de condiciones que no sean contrarias a la ley, la moral y el orden público. Así, el Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3551, dispone:

Los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitu-laciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a los bienes presentes y futuros, sin otras limitaciones que las señaladas en este título.
A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matri-monio contraído bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales.

Manresa dice que “[s]e trata de un contrato” en que, con la salvedad de disposiciones por causa de muerte, “[c]abe que se mezclen otros contratos más o menos relacio-nados con el principal”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 123. Al referirse a su irrevocabilidad, señala en la misma página: “Lo estipulado en dichas capitulaciones es irrevocable, porque, si no, no se trataría de un contrato, sino de un acto de última voluntad que exige solemnidades dis-tintas, si bien es irrevocable en el sentido propio y natural de esta palabra, en el sentido de no poder revocarse por la sola voluntad más o menos arbitrariamente, lo cual no obsta a que pueda quedar sin efecto la estipulación, por cumpli-miento o incumplimiento de condiciones.” (Énfasis nuestro.)

Aludiendo a este régimen de libertad en las capitula-ciones matrimoniales, dice M. Albaladejo, Compendio de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, págs. 516-517:

Como ya he dicho, se llama capitulaciones matrimoniales o capitulaciones, a secas, al contrato que regula el régimen económico del matrimonio. En él cabe establecer tal regu-lación, y también otras cosas. Pero aquí sólo importa señalar que, además del mencionado régimen estrictamente ha-blando, pueden contener acuerdos relativos a la gestión por cada esposo de sus bienes propios, y a la intervención en ellos del otro, y establecer donaciones por razón del matrimonio (cfr. C.c., arts. 1.329 y ss.). La libertad del pacto en las capitu-laciones no tiene más límite (art. 1.315, 1.°, in fine) que el no poder estipularse (y estipulado, será nulo) nada contrario a las leyes, a las buenas costumbres, ni a los fines del matrimo-nio (art. 1.316). (Escolio omitido.)

El régimen de sociedad legal de gananciales no es otra cosa que el llamado modo legal que suple el Código Civil para cuando no haya pacto sobre el régimen económico matrimonial. Véase, J.L. Lacruz Berdejo y F. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, pág. 107. Más aún, la existencia de capitulaciones matri-moniales no impide ni excluye la existencia de un régimen legal de gananciales. Manresa, op. cit., pág. 128, citando de sentencia del Tribunal Supremo de España de 1 de julio de 1965, dice: “No existe disposición legal alguna, que impide que en las capitulaciones matrimoniales pueda estipularse el régimen legal de gananciales.” Véase, al mismo efecto, Lacruz Berdejo, op. cit., pág. 122.

El régimen de gananciales es, en efecto, una forma de comunidad de bienes —D.C. Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Talleres Tipográficos Cuesta, 1938, T. IV, pág. 281; Castán Tobeñas, op. cit., pág. 294— que suple el Código cuando no hay pacto sobre el régimen económico a seguirse o si, habiendo pacto, sus disposiciones permiten a las partes, como es el caso ante nos, aportar sus bienes a una masa común y administrarlos conjuntamente, sin hacer distinción en cuanto a los ingresos que provengan de esos bienes o de las gestiones de cada cónyuge. Bajo capitulaciones matrimoniales pueden los esposos: (a) mantener el régimen legal regulando las aportaciones de bienes y estableciendo aquellos pactos autorizados y compatibles con dicho sistema; (b) eliminar totalmente el régimen legal, ya simplemente pactando que no regirá la sociedad de gananciales o estableciendo “un nuevo sistema (por ejemplo, el dotal, el de separación de bienes o el de comunidad absoluta de éstos)”; y (c) combinar diferentes regímenes, siempre que no se violen los preceptos prohibitivos generales o las prohibiciones especiales impuestas por ley para el régimen que como fundamental se haya pactado. (Énfasis suplido.) Castán Tobeñas, op. cit., págs. 317-318.

Hemos señalado que las actuaciones de las partes del caso ante nuestra consideración no constituyeron variaciones de las capitulaciones matrimoniales otorgadas por ellos. Nada hicieron ellos que estuviera prohibido o en contravención de lo pactado. Aportaron sus bienes al matri-monio que contrajeron, le asignaron un valor para el caso de la disolución de la sociedad conyugal y establecieron que cada cónyuge podría disponer de ellos y entrar en negocios sin el consenso del otro. No se obligaron a así hacerlo. De ahí que casi desde los inicios de su unión conyugal y por más de veinte años, administraron sus bienes como si fue-ran de ambos; se obligaron solidariamente frente a acree-dores y garantizaron sus créditos con gravámenes que impusieron a sus propiedades, indistintamente; aportaron su trabajo y su esfuerzo al empeño común de acrecentar el capital; y adquirieron cuantiosos bienes para ambos, sin hacer distinciones en cuanto a la procedencia del dinero invertido en su adquisición. Bajo estos hechos, es evidente que de verdad las partes rigieron su matrimonio como una sociedad legal de gananciales. Ésta no fue descartada y cobró vigencia entre las partes por su propio efecto supleto-rio.

El tribunal de instancia concluyó en su sentencia que “la labor realizada por la demandante dentro de la unidad empresarial, constituyó un diez por ciento (10%) de la labor total, y en tal medida aportó al aumento del capital del demandado, por lo cual en esta misma proporción debe ser compensada dicha demandante”. Aplicó la doctrina de enriquecimiento injusto para en esa proporción de diez por ciento compensar a la demandante por su contribución económica.

Es correcto, como señala la sentencia que aquí revisamos, que la doctrina de enriquecimiento injusto, basada en la equidad, es aplicable para hacer justicia a una parte, en ausencia de una obligación contractual o legal de parte de la otra. Esa es la doctrina. Véase, para una exégesis sobre la misma, inclusive su origen, desarrollo histórico y aplicación, Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 897-904 (1965). Empero, hemos reconocido que la relación económica entre las partes se rigió a base de constituirse una sociedad legal de gananciales a la que aportaron sus respectivos bienes y en común los administraron, poniendo en ello su esfuerzo y trabajo mutuos, para acrecentar el capital. No hay, por tanto, que recurrir a la equidad y su figura de enriquecimiento injusto.

Conclusión

Por los fundamentos expresados en la presente opinión, se modificará la sentencia de que aquí se recurre para reconocer que las partes de hecho desarrollaron su actividad económica durante su matrimonio bajo el régimen de socie-dad legal de gananciales, que deberá liquidarse a base de reconocer igualdad de derechos en cuanto a los bienes adqui-ridos, haciendo salvedad de los bienes privativos que cada uno aportó, según consignado en la escritura sobre capitula-ciones matrimoniales. Así modificada, será confirmada la sentencia recurrida.

       Dice así:
      “Después de celebrado el matrimonio no se podrán alterar las capitulaciones otorgadas antes, ya se trate de bienes presentes, ya de bienes futuros.”

       El Art. 1.315 del Código Civil español, equivalente al 1267 del nuestro, quedó enmendado por la reforma de 1975, diciendo que “los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitulaciones antes o después de celebrarlo . . .”. (Énfasis suplido.) J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común yforal, 9na ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. V, Vol. 1, pág. 293.

       Tomado de la Exposición de Motivos de la Ley de 2 de mayo de 1975, antes citada. M.J. Herrero García, Contratos Onerosos entre Cónyuges, Salamanca, 1976, pág. 416.

       Los artículos del Código Civil español indicados en esta cita corresponden a los de nuestro Código Civil, así: 1.329 del español al 1281 nuestro; 1.315 y 1.316 del español a los 1267 y 1268 del nuestro.

       Es de rigor señalar que, aun si tuviéramos que recurrir a la equidad o si presumiéramos la existencia de un contrato implícito de sociedad entre los cónyuges, no podríamos convenir que la aportación de la demandante equivalió a un diez por ciento de la de ambos cónyuges. El caso de ella, según surge de las determinaciones de hecho del tribunal de instancia, no es el del ama de casa que cuida de los hijos y que esporádicamente participa en las gestiones de negocios de la sociedad conyugal. Ella no tenía hijos pequeños que cuidar. Y su dedicación a los negocios que ambos desarrollaron era continua, de día y de noche, en y fuera de Comerío, donde residían. Si algo demuestran dichas determinaciones es que era un dínamo de actividad constante. Al tiempo que atendía la mueblería principal en Comerío, supervisaba las sucursales en Corozal y Barranquitas y participaba en la operación del negocio de venta de automóviles y piezas, y el servicio de mecá-nica. Por las noches, cuando podía retirarse a disfrutar de un merecido descanso, atendía como taquillera el negocio de cine, esto a pesar de que había un adminis-trador.
      En ausencia de prueba de que el demandado preparaba esa actividad, sería forzoso concluir que la aportación de ella fue, cuando menos, igual a la de él.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Raoca Plumbing & Sprinkler Corporation, demandante y recurrida, v. Trans World Assurance Co., demandada y recurrente.

      Número: R-83-22

      Resuelto: 28 de junio de 1983

      María Isabel Córdova Iturregui, abogada de la recurrente; Ramón Rivera Iturbe, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, dictó sentencia sumaria mediante la cual condenó a la demandada recurrente Trans World Assurance Company (en adelante Trans World) a satisfacer a la demandante recurrida Raoca Plumbing and Sprinkler Corporation (en adelante Raoca Plumbing) la suma de $15,232.50 y la can-tidad de $5,000 por concepto de honorarios de abogado.

Acudió ante este Tribunal la parte demandada mediante el correspondiente recurso de revisión en el cual cuestionó, exclusivamente, la imposición de honorarios de abogado. Señaló que habiendo sido emplazada el día 22 de septiem-bre de 1982, mediante carta certificada de fecha 30 de sep-tiembre de 1982 le hizo a la demandante una oferta de sen-tencia por la suma antes mencionada de $15,232.50 y que al contestar la demanda presentada, con fecha de 4 de octubre de 1982, aceptó el adeudar la referida suma de dinero.

Ante dichos señalamientos expedimos orden, dirigida la misma a la parte demandante recurrida, para que mostrara causa por la cual la sentencia dictada no debía ser modifi-cada a los fines de eliminar la partida concedida por con-cepto de honorarios de abogado; dicha parte ha compare-cido. Su comparecencia nos persuade a no modificar la sentencia en controversia. Veamos el porqué.

El contratista Vicente Resto, Inc. subcontrató trabajos de plomería con la demandante recurrida Raoca Plumbing en relación con la construcción de una escuela en el pueblo de Luquillo, Puerto Rico. Con motivo de una precaria situa-ción económica, el contratista mencionado se acoge a los beneficios de la Ley de Quiebras federal. La demandada recurrente Trans World, como fiadora de Vicente Resto, Inc., se ve en la obligación de continuar y terminar dicha obra de construcción; la fiadora acuerda pagarle a Raoca Plumbing por todos los trabajos realizados y por realizarse. Terminados los mismos, Raoca Plumbing realiza innume-rables gestiones extrajudiciales durante un año para el cobro de lo que le adeuda Trans World, durante el trans-curso del cual las partes, según alega ante nos la deman-dada recurrente, difieren sobre la suma de dinero real-mente adeudada. Habiendo resultado infructuosas dichas gestiones, el día 12 de julio de 1982 Raoca Plumbing pre-senta la demanda en cobro de dinero que origina el presente recurso.

La Regla 44.1(d) de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 dispone que “En caso que cualquier parte haya proce-dido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sen-tencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado”. (Énfasis suplido.)

La demandada recurrente sostiene la teoría de que para que un tribunal pueda encontrar “incursa en temeridad” a una parte demandada únicamente puede tomar en conside-ración los actos o la conducta observada por dicha parte con posterioridad al momento en que dicha parte ha sido emplazada; en otras palabras, después que ha advenido “judicialmente” en conocimiento de que pende una recla-mación contra ella. Bajo dicha teoría no hay duda de que le asistiría la razón a la recurrente, pues, habiendo sido emplazada el día 22 de septiembre de 1982, Trans World le hace a Raoca Plumbing una “oferta de sentencia” por la suma reclamada mediante carta de fecha 30 de septiembre de 1982. En adición, al presentar su contestación a la demanda el día 4 de octubre de 1982, acepta adeudar la suma especificada en la demanda.

Ante el tribunal de instancia, sin embargo, se presentó evidencia acreditativa de que la parte demandante, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de la presen-tación de la demanda, realizó múltiples e innumerables ges-tiones de cobro, todas las cuales resultaron infructuosas.

Adicionalmente tuvo ante sí el tribunal de instancia —mediante una declaración jurada de uno de los alguaciles de dicho tribunal— evidencia de que el Presidente de la Trans World “se le escondió” a dicho funcionario con el propósito de no ser emplazado. Por último, tuvo ante sí evi-dencia de que las distintas gestiones realizadas por dicho alguacil para lograr embargar, en aseguramiento de sen-tencia, fondos pertenecientes a Trans World en una de las sucursales de uno de los bancos comerciales que operan en Puerto Rico resultaron infructuosas debido a que “el Banco permitió a Trans World Assurance Co. sobregirarse en su cuenta y que el sobregiro lo cubría diariamente dicha empresa mediante depósitos que hacía”, y debido a que de “acuerdo con mi intervención [la del referido alguacil] y conocimiento en dicho caso, puedo asegurar que la conducta descrita en el párrafo anterior, obedece a un plan de dicha empresa para evitar embargos en su cuenta con la colabo-ración de la entidad bancaria en la cual se depositan los fondos”; situación que culminó en la condena por desacato civil de un oficial del banco en controversia, habiéndose ordenado inclusive por el tribunal de instancia la encarcelación de dicho ejecutivo bancario hasta tanto se expidiera cheque por el banco por una determinada suma de dinero.

Esa actuación o conducta de la parte demandada durante el período de “prepresentación” de la demanda y durante el periodo de “preemplazamiento” es la que obviamente tomó en consideración el tribunal de instancia para la imposición de la suma de $5,000 por concepto de honorarios de abogado. ¿Es correcta dicha actuación judicial? Resolvemos que un tribunal puede, al resolver si una parte ha sido temeraria o no, tomar en consideración la conducta observada por las partes antes de presentarse la acción judicial y antes de ser emplazada la parte demandada.

La demandada recurrente sostiene ante nos que ella no pagó el dinero adeudado a Raoca Plumbing durante el año que precedió a la presentación de la demanda por el fun-damento de que había diferencias de criterio respecto a la suma de dinero verdaderamente adeudada. Existe eviden-cia, sin embargo, que demuestra que desde el 26 de agosto de 1981 lo que la aquí demandante le reclama a la demandada es la suma de $5,410 más la cantidad de $9,822.50 por concepto del “retenido”. Una simple operación matemática nos indica que la suma de ambas cantidades arroja un total de $15,282.50, que precisamente es la can-tidad de dinero que reclamó la parte demandante al pre-sentar su demanda en cobro de dinero. En otras palabras, la parte demandante todo el tiempo ha estado reclamándole a la recurrente el pago de la misma suma de dinero. Si hubo diferencias de criterio en cuanto a lo adeudado, obviamente no se debió a la parte demandante. Resulta sumamente curioso e interesante que cuando esta parte presenta su demanda y logra finalmente emplazar a la demandada, entonces ésta inmediatamente acepta que adeuda la suma de dinero en relación con la cual existía, según ella, “dife-rencias de criterio”.

Los tribunales de justicia no debemos pasar por alto esta clase de conducta. Resolver que actuaciones de esta natu-raleza no entrañan temeridad es fomentar litigios innecesa-riamente. Decidir lo contrario sería premiar a la parte que injustificadamente se niega a pagar extrajudicialmente lo que adeuda y castigar al acreedor que se ve obligado, por la conducta del deudor, a incurrir en gastos al acudir al foro judicial.

En adición a lo anteriormente expuesto, conducta como la observada por la parte demandada una vez se presenta la demanda, de evitar ser emplazada y de utilizar subterfugios para impedir que la parte demandante ejerciera el derecho que tiene todo litigante relativo a aseguramiento de sentencia, también es base que justifica la imposición de honorarios de abogado por razón de temeridad.

La determinación de si un litigante ha procedido con temeridad descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador. Font v. Pastrana, 73 D.P.R. 247 (1952). En vista de los hechos antes expuestos, no hay duda de que el tribunal de instancia no incurrió en abuso de discreción. Consideramos, sin embargo, que la suma de $5,000 impuesta por concepto de honorarios de abogado es exce-siva; se reduce la misma a la cantidad de $2,500. En conse-cuencia, se expide el auto, se modifica en la forma antes indicada la sentencia que dictara el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el caso Civil Núm. 82-3905, y así modificada se confirma.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

-O&emdash;

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

El presente recurso, sencillo de su faz, en el fondo plan-tea una interrogante importante sobre sana política judicial: ¿deben los tribunales ignorar los eventos que anteceden extrajudicialmente a la aceptación implícita (rebeldía) o expresa (contestación) de responsabilidad alegada en una demanda en cobro de una deuda vencida y exigible para fines de imponer honorarios de abogado por temeridad?

I

Los hechos de este caso constituyen un buen ejemplo de que no pueden desatenderse tales antecedentes.

Trans World Assurance Co., fiadora de un contratista, debía a Raoca Plumbing & Sprinkler Corp. la suma de $15,232.50. Desde junio de 1981 Raoca infructuosamente gestionó el cobro y el 12 de julio de 1982 demandó a Trans World. Esta última, el 30 de septiembre, por conducto de su representante legal, le hizo por carta una oferta de senten-cia por esa cantidad. En 4 de octubre contestó aceptando las alegaciones, pero negando que rehusara previamente pa-gar. En solicitud de sentencia sumaria Raoca demostró las gestiones estériles que efectuó durante un año con anterio-ridad al pleito para cobrar su crédito, y además estableció fehacientemente cómo los oficiales de Trans World eva-dieron ser emplazados y realizaron un subterfugio para evitar que su cuenta bancaria fuera embargada por el alguacil en aseguramiento de la efectividad de la sentencia que en su día pudiera recaer. Oportunamente el tribunal dictó sentencia sumaria por dicha cantidad, más $5,000 en concepto de honorarios de abogado. Trans World impugna como improcedente esta partida.

HH HH

Según Couture, la definición de temeridad implica una “[a]ctitud de quien afirma hechos o se conduce sin funda-mento o motivo, con conciencia de la propia sinrazón”. Su raíz etimológica proviene del latín “temeritas, -tis, sustan-tivo derivado del adverbio temere ‘a ciegas’, más tarde ‘al azar, sin reflexión, a la ligera’. El adverbio es, a su vez, un derivado de un temus, -eris ‘oscuridad’”. E. Couture, Vocabulario Jurídico, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1976, págs. 556-557. Nuestra Regla 44.1(d) consagra el principio general que en “caso que cualquier parte haya procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abo-gado”. La doctrina jurisprudencial recoge innumerables instancias de su aplicabilidad. Véase, H. Sánchez Martí-nez, Rebelde sin Costas, Bol, Judicial, Año 4, Núm. 2, pág. 14 et seq. (abril-junio 1982). A tal efecto, la norma general prevaleciente es que sólo proceden tales honorarios cuando las partes lo han convenido o, en ausencia de pacto, cuando la parte perdidosa haya incurrido en temeridad al instar o defenderse de una reclamación judicial.

El requisito de temeridad presupone, como norma sub-yacente, que los tribunales estén accesibles a las personas para dilucidar de manera civilizada sus quejas y agravios. Aquellos que utilizan las vías judiciales para vindicar un derecho no serán penalizados por el simple hecho de no pre-valecer en la acción. Por esa razón la regla general adop-tada en nuestro ordenamiento procesal desde 1936 —año en que se enmendó en ese sentido el Art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil— es que la parte victoriosa en una acción tiene derecho a recobrar siempre las costas. Los honorarios de su abogado proceden únicamente cuando el tribunal sentenciador determina que la parte perdidosa actuó con temeridad.

El interés cognoscible gubernamental de mantener las salas de justicia abiertas al público ha sido el elemento vital que hemos recogido en las reglas y en nuestra casuística, cimentando esas interpretaciones en el factor “temeridad” como elemento distintivo e indispensable de la condena de honorarios de abogado, cuando éstos no se han pactado. Así, por vía de ejemplo, un demandado que no cuestiona las pre-tensiones de un demandante y, en consecuencia, le es ano-tada la rebeldía, no incurre de ordinario en temeridad. Tal comportamiento supone que ha aceptado tácitamente los hechos bien alegados de la demanda. Igual solución se impone a quien afirmativamente comparece y acepta ex-presamente la pretensión de un reclamante. Adviértase, sin embargo, que estas instancias no aparecen detalladamente recogidas en las Reglas de Procedimiento Civil ni en ningún otro cuerpo de leyes aplicable. Forman parte del caudal doctrinario forjado en cada caso particular. Por ende, nues-tra interpretación, aunque basada en la norma general, no tiene que ceñirse estrictamente a una interpretación res-trictiva y sí a razones de justicia y de lógica. Este enfoque nos obliga a apartarnos de la posición que, aunque respeta-ble, propone que sólo mediante enmienda a las Reglas podemos ampliar los contornos de la doctrina general ela-borada por nuestras propias decisiones.

Bajo esta óptica, una parte que demuestra que antes de acudir al foro judicial hizo gestiones razonables y efectivas para que su deudor satisficiera su obligación, que intimó el pago de lo adeudado en debida forma y, aun así, dicho deu-dor rehusó cumplirla, debe tener derecho a recobrar una suma para pagar los honorarios de abogado en que razona-blemente incurrió para hacer valer su derecho. De lo con-trario se estaría prohijando el oportunismo y se erosionaría indebidamente el patrimonio del actor. Más aún, para el deudor recalcitrante es seductora la idea de no pagar su obligación y esperar a que el recurso del acreedor llegue a la vía judicial. Al inventario de consabidas molestias e inconvenientes de un litigio —y a veces la irremediable tar-danza en el procesamiento— estaríamos añadiendo otro incentivo más para no pagar.

Existe un fundamento adicional para sostener la con-dena de honorarios en el caso de autos. Aunque la deman-dada Trans World hizo una oferta de sentencia al ser emplazada, la misma no puede librarla de responsabilidad por los honorarios a que la demandante hubiera tenido derecho hasta ese momento. En otras palabras, la Regla 35.1 de Procedimiento Civil permite que el reclamado haga una oferta para que se dicte sentencia en su contra con la imposición de costas y honorarios devengados hasta esa etapa. Si el reclamante la rechaza y luego no obtiene sen-tencia en términos más favorables que los ofrecidos, no puede recobrar costas y honorarios de abogado a partir del momento en que la oferta se hizo. 7 — Pte. 2 Moore’s Federal Practice Sec. 68.06. Pero ello, repetimos, no significa que no pueda recobrar las costas y honorarios devengados con anterioridad a la fecha de la oferta.

De todos modos conviene apuntar que ninguna de las reglas procesales concebidas en nuestro ordenamiento para promover las transacciones puede servir de resguardo para amparar al litigante sagaz. No lo hemos hecho en el pasado. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981); Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405 (1974). Igual enfoque se impone al presente.

La demandada Trans World tampoco puede aprove-charse de la Regla 35.2 sobre Oferta de Pago. Su texto pre-cisamente releva a un deudor de la imposición de costas, gastos y honorarios de abogados en casos de “cobro de dinero”, únicamente si demuestra “que antes de presentarse la demanda ofreció al demandante la suma total a que tiene derecho e inmediatamente la depositare en el tribunal y resultare que dicha alegación es cierta . . .”. (Énfasis suplido.) La prueba ante nos refleja que ella no ofreció a la demandante Raoca Plumbing la suma total antes de que se iniciara el pleito. Al contrario, rehusó honrar lo adeudado a pesar de haber sido intimada en debida forma.

En virtud del razonamiento expuesto, y en las circuns-tancias presentes en este caso, concurrimos con la sentencia que confirma al tribunal a quo en lo referente a haber eva-luado la conducta de Trans World con anterioridad a la fecha de la presentación de la demanda y haber impuesto honorarios.

-0-

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.'

Mediante opinión de este Tribunal se confirma la impo-sición de honorarios de abogado por temeridad incurrida antes de contestarse la demanda, no obstante que la deman-dada, luego de emplazada, hizo a la demandante una oferta de sentencia por la suma reclamada y al contestar la demanda admitió adeudar dicha suma.

En Mejías v. Jaime, Auditor Mpal., 52 D.P.R. 534 (1938), se reconoció la norma seguida en esta jurisdicción de que la imposición de honorarios de abogado a la parte per-didosa procede cuando ésta ha actuado con temeridad al defenderse de la acción en su contra, En sentido contrario, la falta de comparecencia en autos y la consiguiente anotación de rebeldía al demandado han impedido siempre que se le considere temerario y se le imponga el pago de honorarios de abogado. Véase el artículo Rebelde sin Costas, por el Lie. Hiram Sánchez Martínez, publicado en el Boletín Judicial, Afio 4, Núm. 2, pág. 14 y ss. (abril-junio 1982).

La temeridad a que se refiere la Regla 44.1(d) de Proce-dimiento Civil no puede darse antes de iniciada la acción ni antes de que se conteste la demanda. Aquí la contestación, en vez de controvertir las alegaciones de la demanda, las aceptó.

Más aún, aquí se hizo una oferta de sentencia por la suma que fue concedida luego en la sentencia. La Regla 35.1 de Procedimiento Civil, que trata sobre ofertas de senten-cia, exime del pago de costas y honorarios de abogado al oferente en casos como el presente. Dice, en lo aquí perti-nente: “Si la sentencia que obtuviere finalmente la parte a quien se le hizo la oferta no fuera más favorable [que la oferta hecha], ésta tendrá que pagar las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta.”

Estaría de acuerdo en que en justicia debe tener derecho a cobrar honorarios de abogado la parte que se ve obligada a reclamar judicialmente lo que se le adeuda y le es negado. Debería considerarse la temeridad en que incurrió el demandado antes de iniciarse el pleito y antes de compa-recer. Pero para ello habría que enmendar las reglas men-cionadas y el procedimiento no es mediante legislación judicial.

Aparte de lo dicho, la cuantía de los honorarios impuesta en este caso tiene visos de acción punitiva. Ese no es el propósito de la Regla 44 de Procedimiento Civil, base para la imposición de honorarios de abogado. Señalamos en Ferrer Delgado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 516, 517 (1973), que su propósito es “resarcir a la parte victoriosa en los gastos necesarios y razonables incurridos con motivo del litigio”.

La cuantía de los honorarios, salvo el caso en que se hubieren pactado, debe hacerse depender del valor que en efecto tengan los servicios profesionales prestados. Y esto ha de depender, principalmente, del esfuerzo y del tiempo que el abogado haya tenido que dedicarle al caso. Redactar una demanda en cobro de dinero, como la de este caso, no puede haber requerido mucho esfuerzo. Y la tramitación del pleito, una vez presentada la demanda, ha requerido menos. Véanse: [Pizarro] Félix v. Victory Carriers, Inc., 342 F.Supp. 1386 (1972); Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973); Del Toro v. Juncos Central Co., 43 D.P.R. 639 (1932).

Proveería según intimado en nuestra resolución sobre mostración de causa y dispondría la eliminación de la con-dena en honorarios de abogado.

       Ello así surge de una declaración jurada suscrita por el vicepresidente de dicha entidad.

       Declaración jurada del Sr. Miguel Nogueras, Vicepresidente de Raoca Plumbing.

       Mediante resolución a esos efectos de fecha 21 de septiembre de 1982.

       Certificación núm. 10; Exhibit III de la “Réplica a Oposición a Petición de Revisión” de la propia parte demandada recurrente.

       “La determinación de temeridad descansa en la sana discreción del tribunal, pero una vez el tribunal concluye que la parte perdidosa fue temeraria es imperativa la imposición de honorarios de abogado. Montañez Cruz v. Metropolitan [Cons.] Corp., 87 D.P.R. 38 (1962).
      “El Tribunal Supremo, por ejemplo, ha determinado que existe temeridad en las siguientes circunstancias: si hay mala fe en la prosecución del pleito, Matos v. Salvat, 56 D.P.R. 825 (1940); si el demandado contesta una demanda de daños y perjuicios y niega su negligencia, Vda. de Passalacgua v. Cancel, 90 D.P.R. 501 (1964); y si se defiende injustificadamente de la acción, Montañez Cruz v. Metropolitan [Cons.] Corp., 87 D.P.R. 38 (1962), Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947). El demandado es temerario aunque se defienda de una reclamación exagerada, si no admite su responsabilidad y no limita la controversia a la cuestión del importe de los daños. Rosado v. Segarra, 61 D.P.R. 303 (1943); Meneado v. American Railroad Co., 61 D.P.R. 228 (1943); Acha v. Nevares, 59 D.P.R. 235 (1941). También se ha determinado que existe temeridad en un caso en que el demandado presentó una moción eliminatoria frívola, presentó una contestación extensa a la demanda y luego dejó de presentar prueba. Canals v. Great American Indemnity Co., 56 D.P.R. 457 (1940).
      “Un litigante no deja de ser temerario porque en acción de daños y perjuicios días antes del juicio admita su negligencia en el caso y limite entonces la contro-versia a la fijación de la cuantía a ser concedida por vía de indemnización, Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1964); o porque no asista al juicio después de haber compare-cido en autos, Vda. de Passalacqua v. Cancel, 90 D.P.R. 601 (1964), Stella v. Bonilla, 66 D.P.R. 542 (1946). Es temerario si aunque no existan precedentes, la ley que rige la cuestión es tan clara que basta aplicarla a los hechos del caso para decidirlo sin dificultad, Muñiz v. Vda. de Suárez, 52 D.P.R. 563 (1938); o por el mero hecho de que una cuestión sea debatible, Serrano v. Roca Vda. de Coy, 43 D.P.R. 670 (1932). Tampoco deja de ser temerario el demandado perdidoso que hubiese tenido que traer como demandado a un tercero que resulta luego ser cocausante solidario del daño. Montañez Cruz v. Metropolitan [Cons.] Corp., 87 D.P.R. 38 (1962). Un asegurador demandado tampoco deja de ser temerario por el hecho de que en la conferencia con antelación al juicio admita su responsabilidad y consigne el importe de la póliza. Valedón v. Fernández, 79 D.P.R. 495 (1956).
      “Por otro lado, el Tribunal Supremo ha resuelto que no existe temeridad en las siguientes circunstancias: cuando una persona actúa a base de una apreciación errónea de una cuestión de derecho y no hay precedentes que arrojen luz sobre la cuestión, Cabanillas v. Gelpí, 65 D.P.R. 945 (1946); o existe una honesta discre-pancia en cuanto a cuál es el derecho aplicable a los hechos del caso, Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961). Tampoco hay temeridad cuando un li-tigante descansa en una cuestión de derecho no resuelta antes en nuestra jurisdicción, United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188 (1963); o sea, que trata de una cuestión novel, M. Quilichini [Sucrs., Inc.] v. Villa Inv. Corp., [112 D.P.R. 322 (1982)], Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. [701] (1981), Caloca v. C.I.A.A., 108 D.P.R. 164 (1978).
      “Tampoco existe temeridad en acciones de daños y perjuicios si el demandado perdidoso controvierte únicamente la reclamación en cuanto a la suma solicitada en concepto de daños, Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444 (1954); o se litiga solamente el monto de una partida a todas luces exagerada, Reguero v. Jiménez, 44 D.P.R. 780 (1933). En el caso de las compañías aseguradoras, si éstas investigan los hechos del caso, determinan que el mismo es compensable y lo informan así en su primera alegación al tribunal, no incurren en temeridad. Valedón v. Fernández, 79 D.P.R. 495 (1956).
      “El Tribunal tampoco ha hallado temeridad respecto a un demandado en una acción de daños y perjuicios que admitió su responsabilidad, en todo momento estuvo dispuesto a reparar el automóvil involucrado en el accidente o a satisfacer el costo de la reparación y la prueba respecto a si el automóvil era reparable o era pérdida total fue conflictiva. Figueroa Pizarro v. Western Assurance Co., 87 D.P.R. 152 (1963). Otro caso en que tampoco se estableció temeridad alguna es aquel en que el demandante desistió voluntariamente de una demanda en cobro de un crédito hipotecario con el propósito de iniciar una acción ordinaria en cobro de dinero. Espina v. Cobián, 51 D.P.R. 377 (1937).
      “Cuando la acción es derrotada por la defensa de prescripción (que como se sabe, es una defensa afirmativa renunciable por el demandado, la cual no niega la ocurrencia del evento, sino que interpone el trascurso del tiempo como elemento confiscatorio del derecho de accionar) la determinación de temeridad depende de las circunstancias del caso. Rodríguez v. Sánchez, 48 D.P.R. 236 (1935). Para un caso en que el tribunal halló temeridad, véase Sucn. Franceschi v. González, 42 D.P.R. 939 (1931), confirmada 62 F.2d 748 (1932) (la acción estaba prescrita pero el demandante bloqueó todo esfuerzo del demandado para enmendar su contestación y plantear la defensa).” (Escolios omitidos.) H. Sánchez Martínez, Rebelde sin Costas, Bol. Judicial, Año 4, Núm. 2, págs. 14-15 (abril-junio 1982).

       Con anterioridad —excepto el período comprendido entre el 1904 al 1908— las costas, al igual que los honorarios de abogado, eran de imposición discrecional.


author: per curiam:

text:
    Miguel Guardiola Pérez y Otros, demandantes y recurridos, v. José L. Morán y/o Héctor M. Bonilla, etc., demandados y peticionarios.

      Número: O-82-704

      Resuelto: 29 de junio de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ramón Crespo Nieves, abogado de los recurridos.
   per curiam:

Expedimos auto de certiorari para recon-ciliar dos decisiones del tribunal de instancia que interpre-tan de forma contraria la aplicabilidad del Art. 4(C)(a) de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980 (29 L.P.R.A. sec. 814(C)(a)). En Miguel Guardiola Pérez v. José L. Moran, Civil Núm. 81-3840, objeto del presente recurso, el tribunal de instancia, mediante sentencia de 31 de marzo de 1982, resolvió que la citada disposición enmendaba tácitamente la Ley Núm. 95 de 19 de junio de 1968 (3 L.P.R.A. sec. 765(d)). Determinó que, a tenor con la misma, los vetera-nos empleados por el Gobierno insular tienen derecho a que se les acredite, para fines de retiro, el tiempo de servicio militar llevado a cabo en tiempo de paz, y no sólo aquellos servicios prestados durante un conflicto armado, como dis-pone la Ley Núm. 95. Al así hacerlo, rechazó los argumen-tos del Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno, aquí recurrente, a los efectos de que la redacción de la Ley Núm. 13 no conllevaba tal enmienda, y ordenó la acreditación de estos servicios a los recurridos.

En el caso de Robert W. Axtmayer Vaello v. Administrador de Sistemas de Retiro, Civil Núm. 82-636, el tribunal, mediante sentencia dictada el 20 de mayo de 1982, denegó una solicitud de acreditación de servicios militares presta-dos en tiempo de paz al resolver que, aunque la Ley Núm. 13 de 1980 efectivamente enmendaba la disposición anterior, esta enmienda era prospectiva, por lo que no eran acreditables los servicios prestados en tiempo de paz ante-riores a su vigencia.

En vista de lo resuelto en el caso de Axtmayer, el Admi-nistrador del Fondo de Retiro oportunamente presentó una moción bajo la Regla 49.2 para que se dejara sin efecto la sentencia del caso de autos. El tribunal denegó esta solicitud. Expedimos el presente auto para aclarar la situación.

La Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980, conocida como la “Carta de Derechos del Veterano Puertorriqueño”, es una medida que perseguía agrupar y revisar los derechos de los veteranos puertorriqueños. Véase la Exposición de Motivos de dicha ley en Leyes de Puerto Rico, 1980, Ed. Equity, págs. 1032-1033. En particular, el Art. 4(C)(a) de dicha ley procuraba expandir los derechos de los veteranos al permitir que fuera acreditable para fines de retiro —previo pago de las aportaciones correspondientes— todo el tiempo de servicio activo en las Fuerzas Armadas y no solamente el servicio prestado durante tiempo de guerra. Ante la claridad del texto de dicha disposición es indiscutible que la misma representa una enmienda implícita a lo dispuesto en 3 L.P.R.A. sec. 765(d). La misma tiene el efecto de eliminar la distinción entre aquellos veteranos que sirvieron durante la Primera o Segunda Guerra Mundial u otro conflicto bélico y aquellos otros, como los que sirven actualmente, que prestan su servicio en tiempo de paz.

Ahora bien, es preciso delimitar el alcance de esta enmienda. La misma, aunque amplía los beneficios disponibles, nada establece sobre los otros requisitos exigidos por la ley. Sobre esto guarda silencio total el historial legislativo. Por lo tanto, debe interpretarse que fue la intención de la Asamblea Legislativa que subsistieran dichos requisitos antes de concederse los beneficios dispuestos en 3 L.P.R.A. sec. 765(d), según ampliados por la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980.

Por otro lado, ante el silencio del historial legislativo, tampoco puede presumirse que dichos beneficios han de ser aplicados retroactivamente. El principio general de interpretación es que las leyes tienen carácter prospectivo, a menos que expresamente dispusieren lo contrario. Véanse: López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 14 (1957); Luce & Co. v. Junta Salario Mínimo, 62 D.P.R. 452, 470 (1943); C. Sands, Sutherland Statutory Construction, 4ta ed., Chicago, Callaghan & Co., 1973, Sec. 41.04. A esos efectos, dispone el Art. 3 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3:

Las leyes no tendrán efecto retroactivo, si no dispusieren expresamente lo contrario.
En ningún caso podrá el efecto retroactivo de una ley per-judicar los derechos adquiridos al amparo de una legislación anterior.

En la situación de autos no hemos encontrado ninguna circunstancia extraordinaria que justifique apartarnos de este principio. Cf. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396-397 (1973). Por lo tanto, los servicios prestados en tiempo de paz anteriores a la vigencia de la Ley Núm. 13 de 2 de octubre de 1980 no pueden ser considerados acreditables para efectos de retiro.

Por los fundamentos expresados, se revoca la resolución recurrida y se deja sin efecto la sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado.

       Dispone así:
      “C. Derechos Relacionados con Sistema de Retiro Gubernamental.

      “(a) Todo veterano que reingrese o que entre por primera vez al servicio del Estado Libre Asociado, sus agencias o instrumentalidades, corporaciones públicas o cuasi públicas, o de los gobiernos municipales, y que pase a ser miembro partici-pante de cualquiera de los sistemas o fondos de retiro gubernamentales, tendrá derecho, en cualquier momento en que lo solicite, a que se le acredite a los fines de retiro, todo el tiempo que hubiere estado en servicio activo en las Fuerzas Armadas, siempre que pague al Sistema de Retiro las aportaciones que correspondan a base de los sueldos percibidos al ingresar en las Fuerzas Armadas y conforme a las disposiciones de la Ley de Retiro pertinente.”

        “Servicios Acreditábles

      “Será servicio acreditable también todo servicio prestado en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América durante la Primera o la Segunda Guerra Mundial o durante cualquier conflicto armado si el peticionario (a) ha prestado diez (10) o más años de servicio al Gobierno de Puerto Rico; (b) es parti-cipante del Sistema al momento de solicitar la acreditación, y (c) hubiere obtenido su licénciamiento incondicional y no por motivo deshonroso alguno, siempre que pague al Sistema las aportaciones que correspondan a base de los sueldos percibi-dos durante dichos servicios en las Fuerzas Armadas.”