author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Benjamín Rosario Igartúa, acusado y apelante.

      Número: CR-89-26

      Resuelto: 26 de febrero de 1992

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado y Enrique Rivera Mendoza, abogados del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocu-radora General, e Iván F. Fuster, Procurador General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Sr. Benjamín Rosario Igartúa apela ante esta Curia para que revoquemos una sentencia del Tribunal Superior, Sala de Arecibo, que lo halló culpable de violar el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404. En su apelación sostiene que el Tribunal Superior se equivocó al admitir una prueba que fue obtenida por un guardia de seguridad de la Autoridad de Tierras después de un arresto ilegal y de un registro irrazonable. Su apelación nos permite examinar la aplica-bilidad del Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, cuando un empleado pú-blico, que funge como guardia de seguridad, arresta a un ciudadano. Revocamos.

HH

El 26 de abril de 1988 el guardia de seguridad armado de la Autoridad de Tierras, Luis Pacheco Rivera, se encon-traba cumpliendo su turno de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. en la fábrica de jugos de pifia Lotus. La fábrica había estado confrontando problemas debido a que algunos empleados y visitantes sustraían del lugar latas de jugo y herramientas. Para ello se implantó un sistema de regis-tros sorpresivos a la hora de salida de los empleados. Un letrero a la entrada avisaba la posibilidad de dichos registros.

A eso de las 6:45 a.m., Pacheco y cuatro (4) o cinco (5) compañeros se dispusieron a registrar los bultos de los em-pleados que salían de la planta. A esa misma hora salió de su trabajo Rosario Igartúa. Éste llevaba una bolsa de papel de estraza en las manos y alegadamente, al ver que se estaba llevando a cabo un registro, viró y comenzó a cami-nar en dirección hacia la fábrica. Al ver el cambio de rumbo del empleado y temiendo la posibilidad de que fuese a avi-sar a sus compañeros que se estaba realizando un registro, Pacheco Rivera corrió detrás de él para detenerlo.

De la declaración jurada prestada por el guardia el 5 de mayo de 1988 y de su testimonio el día del juicio, surge que lo siguió hasta que se detuvo antes de llegar a un monte detrás de la fábrica. Entonces, lo agarró por un brazo y la bolsa se cayó al suelo. Inmediatamente el guardia lo esposó y recogió la bolsa. En su declaración jurada el guardia na-rró los eventos de la manera siguiente:

Que cuando yo le di alcance, que lo toqué por los hombros, soltó la bolsa que llevaba en las manos, entonces yo le puse un lado de las esposas en una de las manos de él, cogí la bolsa que había soltado, y lo llevé hasta la caseta, y le entregué la bolsa que le había ocupado a mi supervisor Isabelino Torres Díaz. (Énfasis suplido.) Declaración jurada de 5 de mayo de 1988.

Por otro lado, el día del juicio Pacheco Rivera ratificó que cuando lo detuvo, Rosario Igartúa tenía la bolsa en la mano:

FISCAL CRISTOBAL GALLARDO RODRIGUEZ
¿Y que pasó si algo?
TESTIGO:
Pues que antes de llegar al monte casi internándose pues se cansó, yo no se, que se paró y entonces fue cuando yo le di alcance y dejó caer una bolsa, la bolsa que llevaba en las manos y ahí fue que lo cogí, cogí la bolsa y lo traje hasta la fábrica. T.E. pág. 17.

Más adelante en su testimonio declaró:

FISCAL CRISTOBAL GALLARDO RODRIGUEZ
¿De qué habló usted con él allí?
TESTIGO:
¿Cuando lo detuve?
FISCAL CRISTOBAL GALLARDO RODRIGUEZ
Cuando lo detiene con la bolsa en las manos, la bolsa de estrasa.
TESTIGO:
No, no hablé, viré para atrás, lo llevé hacia la casilla del guardia. (Énfasis suplido.) T.E., pág. 44.

A preguntas del abogado de la defensa, Pacheco Rivera manifestó que la bolsa se le cayó de las manos a Rosario Igartúa cuando Pacheco Rivera lo agarró por los hombros:

LCDO. RAFAEL CAPELLA ANGUEIRA
No, eh, ¿y usted manifestó que usted le da alcance?
TESTIGO:
Sí.
LCDO. RAFAEL CAPELLA ANGUIERA
¿Y usted lo agarra por los hombros?
TESTIGO:
Por un brazo.
LCDO. RAFAEL CAPELLA ANGUIERA
Por un brazo. ¿Y cuando lo agarra por ese brazo, eh, se le cayó algo a él?
TESTIGO:
Soltó una bolsa.
LCDO. RAFAEL CAPELLA ANGUIERA
Se cayó algo al piso, una bolsa, dice usted de papel estrasa, ¿y qué hace en ese momento usted con esa bolsa?
TESTIGO:
Pues como yo lo tenía cogw por un brazo cogí y viré con él hacia la caseta del guardia. (Énfasis suplido.) T.E., pág. 33.

Por su parte, el foro de instancia concluyó que cuando el guardia de seguridad “logró darle alcance, el acusado soltó la bolsa que llevaba en la mano la cual cayó en sus pies siendo recogida por dicho guardián y trasladada hasta la oficina de los guardianes junto con el acusado”. (Énfasis suplido.) Exhibit I, pág. 2.

Pacheco llevó a Rosario Igartúa hasta la caseta de vigi-lancia y le entregó la bolsa a Isabelino Torres, supervisor general de la guardia de seguridad en la fábrica Lotus. Según surge de la transcripción de la prueba, Torres pudo corroborar inmediatamente que debido al aspecto físico de la bolsa y su sensación al tacto no era posible que contu-viera latas de jugo o herramientas. Admitió que le daba la impresión de que lo que tenía Rosario Igartúa en la bolsa era un suéter y que debido a ello no la registraron en su presencia. Después de tenerlo esposado durante diez (10) o quince (15) minutos, le dijo que se fuera y regresara a las 3:00 p.m. ese mismo día para una investigación administrativa.

No obstante, aunque dejaron libre a Rosario Igartúa y éste se retiró del lugar, el guardia de seguridad retuvo la bolsa en su posesión y más tarde la abrió y vio su contenido. Del contrainterrogatorio del jefe de la guardia se desprende claramente que la costumbre era registrar las bolsas de los empleados en su presencia y que en el caso de autos el registro fue efectuado después que Rosario Igartúa había sido autorizado a salir del lugar:

Ledo. Rafael Capella Angueira:
Sobre lo que el compañero ha preguntado. ¿Mire, usted dice que las personas que entren y salgan están abiertas a ser registradas?
Testigo:
Cuando salen.
Ledo. Rafael Capella Angueira:
Cuando salen. ¿Este, cuando se les registra y se les registrase alguna bolsa, mire a ver si es cierto o no es cierto que se les registra en presencia de ella?
Testigo:
Sí.
Ledo. Rafael Capella Angueira:
¿Ellos ven el registro? ¿Y los trabajadores, cuando se los re-gistra, se les registra en presencia de ellos también, cierto?
Testigo:
Sí.
Ledo. Rafael Capella Angueira:
¿Mire a ver si es cierto o no es cierto como usted ha decla-rado, aquí, a este joven, no se le registró la bolsa en su pre-sencia?
Testigo:
Porque él no estaba, se había ido. T.E., pág. 46.

Al registrar la bolsa en ausencia del acusado, los guar-dias de seguridad encontraron una sustancia cuya textura sugería que podría ser marihuana. Después de efectuar el registro de la bolsa, a eso de las 10:30 de la mañana, o sea, cerca de cuatro (4) horas más tarde del arresto, procedie-ron a llamar a la Policía de Puerto Rico. Los agentes se presentaron a la fábrica y se llevaron la bolsa para someter su contenido a los análisis de laboratorio correspondientes. Como resultado de este análisis por la Policía se determinó que la sustancia hallada en la bolsa era picadura de marihuana.

Conforme a las instrucciones que recibió de los guar-dias, a las 3:00 p.m. de ese mismo día, Rosario Igartúa se presentó a la oficina del señor Santiago, Director de Personal. En ese momento el acusado explicó que esa ma-ñana al acercarse al portón de la planta se acordó que se le habían quedado unas llaves en la fábrica y decidió regresar a buscarlas. Sin embargo, el señor Santiago salió de la ofi-cina y ordenó que se llamara a la Policía para informarle que Rosario Igartúa estaba allí. Cuando regresó le informó al acusado que estaba suspendido de empleo y sueldo. Acto seguido, entró a la oficina el agente Joel Peña, quien pro-cedió a leerle los derechos a Rosario Igartúa y a arrestarlo por violación a la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico.

Rosario Igartúa fue conducido al pueblo de Quebradillas ante el juez de turno y, luego que se determinara causa probable por el delito imputado, quedó libre bajo fianza.

El 20 de septiembre de 1988 la representación legal de Rosario Igartúa presentó una moción de supresión de evi-dencia alegando que la intervención y el registro realizado el 26 de abril de 1988 fueron ilegales y que la evidencia era inadmisible. La moción fue declarada sin lugar.

El 13 de diciembre de 1988 se celebró juicio por tribunal de derecho contra Benjamín Rosario Igartúa. Durante el juicio los dos guardias de seguridad testificaron nuevamente. Al finalizar la prueba de cargo, la represen-tación legal del acusado solicitó nuevamente la supresión de la evidencia incautada y adujeron que de los testimo-nios vertidos se desprende que ellos no tenían motivos fun-dados para la detención del acusado y su registro posterior. Después de concluido el desfile de la prueba y las respecti-vas argumentaciones finales, la corte sentenciadora proce-dió a declarar culpable al acusado del delito imputado. El 6 de marzo de 1989 fue sentenciado a tres (3) años con el beneficio de una sentencia suspendida.

De esta sentencia apela ante nos Rosario Igartúa seña-lando que:

... Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar sin lu-gar la supresión de la evidencia ocupada, por ser la misma el producto de una intervención y posterior registro ilegal, en vio-lación de los derechos constitucionales garantizados al apelante. Alegato del apelante, pág. 9.

Para evaluar adecuadamente los méritos del error seña-lado procede que examinemos las disposiciones de las Re-glas de Procedimiento Criminal que gobiernan cuándo y quiénes pueden realizar un arresto sin orden en Puerto Rico. Corresponde posteriormente que decidamos cuál de dichas disposiciones es aplicable al caso de autos para en-tonces pasar juicio sobre si se actuó conforme a ella. Pro-cede, además, que evaluemos la razonabilidad del registro efectuado.

La Regla 11 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que regula el arresto sin orden realizado por un funcionario del orden público, dispone:

Un funcionario del orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente:
(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediata-mente o dentro de un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario el funcionario deberá solicitar que se expida una orden de arresto.
(b) Cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave (felony), aunque no en su presencia.
(c) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito se hubiere come-tido o no en realidad.

La Regla 12 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, por su parte, gobierna el procedimiento que se ha de seguir cuando quien arresta es un ciudadano privado:

Una persona particular podrá arrestar a otra:
(a) Por un delito cometido o que se hubiere intentado cometer en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente.
(b) Cuando en realidad se hubiere cometido un delito grave (felony) y dicha persona tuviere motivos fundados para creer que la persona arrestada lo cometió.

Corresponde, entonces determinar inicialmente si el guardia de seguridad Luis Pacheco Rivera era funcionario del orden público o ciudadano particular para fines de es-tas reglas.

Nuestras Reglas de Procedimiento Criminal guardan silencio sobre lo que significa “funcionario del or-den público”. No obstante, en Pueblo v. Velazco Bracero, 128 D.P.R. 180 (1991), nos pronunciamos sobre estos extremos. Uno de los criterios esbozados es si a ese funcionario se le ha otorgado autoridad por ley para efectuar arrestos en el desempeño de sus funciones. En aquel caso resolvimos que el policía Alonso Vázquez, al igual que los demás guardias de la Administración de Veteranos, podían realizar arrestos dentro de la institución, al amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra, cuando la actividad realizada por el arrestado violara una ley federal y además estuviera proscrita en nuestras leyes penales.

Totalmente diferente es el caso de autos. Ni de la ley habilitadora de la Autoridad de Tierras, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941 (28 L.P.R.A. sec. 241 y ss.), ni de los autos surge que la Autoridad de Tierras tiene facultad para nombrar policías con poder de efectuar arrestos en calidad de funcionarios del orden público al amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra. Si bien es cierto que el Art. 8(p), 28 L.P.R.A. sec. 261(p), autoriza a la Autoridad de Tierras a nombrar “funcionarios, agentes y empleados” y conferirles las facultades que sean delegables, no podemos concluir que esta facultad incluye el poder para crear un cuerpo policíaco con poderes análogos a la Policía de Puerto Rico con autoridad para realizar un arresto sin orden, al amparo de la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra. No hay ni un ápice de prueba en el expediente que demuestre que el guardia de seguridad Pacheco estaba autorizado a realizar arrestos en calidad de funcionario del orden público.

Por el contrario, la propia resolución enmendada del tribunal de instancia, al denegar la supresión de evidencia, reconoció que Pacheco actuaba como ciudadano privado y no como un "funcionario del orden público”:

Señalamos además que la actuación de este guardia se rea-lizó en su carácter de ciudadano particular, o sea, que no existía un acuerdo previo con los agentes del orden público por lo que siendo así no resulta oponible la garantía constitucional contra registros irrazonables.” Exhibit I, págs. 3-4.

Aunque muchas entidades públicas y privadas contratan agencias de seguridad privada y tienen empleados a cargo de la protección de sus propiedades, estos guardias particulares no son “funcionarios del orden público” bajo la Regla 11 de Procedimiento Criminal, supra. Pueblo v. Velazco Bracero, supra. Por ende, al efectuar arrestos su autoridad emana de la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra, y es necesario que cumpla con los requisitos allí provistos. En particular, la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra, requiere que tenga certeza de que se ha cometido o intentado cometer un delito en su presencia o que tenga motivos fundados para creer que la persona arrestada cometió un delito grave que en realidad se. había cometido. Nuestro ordenamiento, además, requiere que la persona particular efectúe el arresto inmediatamente y lo entregue a un funcionario del orden público o lo lleve “sin demora innecesaria ante el magistrado disponible más cercano ...’’. Regla 22(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, Sec. 5.71, pág. 47.

De los autos del caso se desprende que el guardia de seguridad Luis Pacheco Rivera admitió que al correr detrás de Rosario Igartúa lo hizo para evitar que le avisara a los otros empleados que se estaba realizando un registro de sus pertenencias en la salida. Cuando lo siguió, Rosario Igartúa no había cometido ningún delito en su presencia. Tampoco tenía información de que en realidad se había cometido un delito grave ni tenía motivos fundados para creer que Rosario Igartúa lo había cometido. No obstante, el guardia corrió detrás de Rosario Igartúa y, al éste dete-nerse, lo agarró por los hombros y lo esposó. Cogió el bolso que se le había caído a Rosario Igartúa cuando “lo agarró por los hombros” y se lo llevó a la caseta de seguridad. Al detener y esposar a Rosario Igartúa, el guardia de seguri-dad efectuó un arresto. En las circunstancias particulares en que esto ocurrió, al arrestarlo incumplió con la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra, y por ende, su actuación fue ilegal.

Una vez establecido que el arresto fue ilegal, procede que evaluemos si el registro realizado posteriormente es irrazonable.

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Al examinar la controversia de autos partimos de la premisa que “sujeto a contadas excepciones de alcance rigurosamente definido, la garantía contenida en la Sec. 10 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico cubre tanto los registros administrativos como los penales. La regla general es, en consecuencia, que todo registro, allanamiento o incautación que se realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa ... a menos que se consienta al registro, directa o indirectamente, o circunstancias de emergencia requieran lo contrario y el peso de los intereses en conflicto exija una solución distinta”. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207-208 (1984). Recientemente, al reafirmar esta doctrina reconocimos que “[l]os valores centrales protegidos por dicha garantía son la intimidad del ser humano y su dignidad innata”. Pueblo v. Ríos Colón, 129 D.P.R. 71, 80 (1991).

Al amparo de esta norma, un arresto realizado por un funcionario del orden público en violación a nuestro ordenamiento procesal y constitucional trae como consecuencia que cualquier registro posterior al mismo sea ilegal y que sus frutos sean inadmisibles en un proceso judicial. Pueblo v. Soto, 71 D.P.R. 830 (1950); Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791 (1964); United States v. Di Re, 332 U.S. 581 (1948); Wong Sun v. United States¿ 371 U.S. 471 (1963); United States v. Watson, 423 U.S. 411 (1976).

Sin embargo, en la jurisdicción federal la Cuarta Enmienda y su corolario, la regla de exclusión, sólo se extienden a actuaciones gubernamentales y, por lo tanto, no son invocables cuando el registro es realizado por ciudadanos particulares. Véase, a manera de ejemplo, Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 465 (1921). En esa decisión el Tribunal Supremo federal resolvió expresamente que la Cuarta Enmienda era una limitación frente al Estado y que evidencia obtenida como producto de un registro ilegal realizado por una persona particular no tenía que ser ex-cluida en un proceso penal. Véanse: United States v. Jacob-sen, 466 U.S. 109 (1984); Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971).

No obstante, cuando se demuestra que el ciudadano particular actuó como agente o instrumento del Estado, a instancias o en cooperación con el Gobierno, se activa la protección. Véase 1 La Fave, Search and Seizure Sec. 1.8(d) (1987); E.L. Chiesa, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1991, Vol. 1, Sec. 6.27A.

Aunque no existe un método uniforme para determinar cuándo una actuación de una persona particular constituye una acción del Estado, el Tribunal Supremo federal esbozó irnos criterios para evaluar si determinada actuación constituye acción estatal:

Primero, la privación tiene que ser causada por el ejercicio de algún derecho o privilegio creado por el Estado o por una regla de conducta impuesta por el Estado o por una persona de quien el Estado es responsable .... Segundo, la parte a quien se le imputa la privación tiene que ser una persona de quien razo-nablemente se pueda decir que es un actor del Estado. Esto puede ser porque es un oficial del Estado, porque ha actuado en conjunto o ha obtenido asistencia significativa de oficiales del Estado o porque su conducta es de otra forma atribuible al Estado. (Traducción nuestra.) Lugar v. Edmondson Oil Co., 457 U.S. 922, 937 (1982). Véanse, además: L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, Sec. 18.1 y ss.; 2 Constitutional Law: Substance and Procedure Sec. 16.1 y ss. (1986).

La determinación de qué tipo de acción gubernamental activa la protección constitucional es un asunto complejo que generalmente requiere un cuidadoso análisis de las circunstancias particulares de cada caso. En situaciones en las que con frecuencia surge la necesidad de distinguir la naturaleza de la participación gubernamental es en los casos en que ha mediado la intervención de personal de seguridad privada en la investigación y detección del crimen. Véanse: S. Euller, Private Security and the Exclusionary Rule, 15 Harv. C.R.C.L. L. Rev. 649 (1980); Anotación, Admissibility, in Criminal Case, of Evidence Obtained by Search by Private Individual, 36 A.L.R.3d 553, 567-571 (1971).

En su ilustrada obra sobre el derecho procesal penal, el profesor Chiesa examina los casos de agentes de seguridad privada y concluye:

Una zona especial la constituye la “seguridad privada”, esto es, los agentes de seguridad en el sector privado, encargados de la vigilancia de establecimientos comerciales, escuelas, condo-minios, etc.; también caben aquí los detectives o investigadores de seguros. Se favorece aquí la aplicación de la protección en virtud de que estos agentes, guardias o detectives privados ejer-cen una función pública estrechamente vinculada al procedi-miento criminal. (Escolio omitido.) Chiesa, op. cit., pág. 508.

IV

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos nunca se ha enfrentado a una controversia como la de autos, a saber, si un arresto en violación al equivalente de nuestra Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra, reali-zado por un empleado gubernamental, activa la regla de que todo registro posterior a un arresto ilegal es irrazona-ble y contrario a la Cuarta Enmienda de la Constitución federal. No obstante, algunos estados se han expresado so-bre la aplicabilidad de la garantía contra registros irrazo-nables en casos análogos al de autos. Veamos.

En 1979 el Tribunal Supremo de California extendió la protección constitucional contra registros y allanamientos para incluir los registros incidentales a arrestos realizados por personas particulares. El referido foro expresó que:

“...[Cjuando un guardia de seguridad privada realiza un regis-tro o allanamiento ilegal mientras está involucrado en un arresto por persona privada autorizada estatutariamente en asistencia de las autoridades de orden público, las prohibicio-nes constitucionales son aplicables. (Traducción nuestra.) People v. Zelinski, 594 P.2d 1000, 1006 (Cal. 1979).

Por otro lado, el Tribunal Supremo de Louisiana tam-bién se pronunció sobre la validez de un registro en una situación extremadamente parecida a la de autos. State v. Longlois, 374 So. 2d 1208 (1979). En ese caso, un agente del Departamento de Recursos Naturales del estado de Louisiana arrestó a dos (2) individuos por poseer marihuana, y en la apelación correspondiente el Tribunal Supremo de ese estado invalidó tanto el arresto como el registro. Dicho foro apelativo concluyó que el agente de recursos naturales no estaba expresamente autorizado a realizar arresto en calidad de funcionario del orden público. Por ende, el arresto fue efectuado al amparo de la disposición del Có-digo de Procedimiento Criminal que autoriza a un ciuda-daño particular a realizar arrestos. Como en Louisina un ciudadano sólo puede arrestar por delito grave, y la pose-sión de marihuana es menos grave, el arresto realizado fue ilegal. Ese Tribunal Supremo, sin entrar a considerar los requisitos de state action, concluyó que el registro reali-zado también fue ilegal y su producto era inadmisible en los tribunales de justicia en virtud de Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643 (1961).

En Puerto Rico es forzoso llegar a un resultado como éste. El propósito de la regla de exclusión de toda evidencia que se ocupe como producto de un arresto ilegal es evitar que el Estado se beneficie de una intervención indebida con un ciudadano y el proceso judicial se contamine con una evidencia obtenida mediante un arresto ilegal efectuado por un guardia de seguridad privado que “ejerc[ía] una función pública [estrictamente] vinculada al procedimiento criminal”. (Escolio omitido.) Chiesa, op. cit., pág. 508.

La figura de la función pública parte de la premisa que si personas privadas realizan actividades que tradicionalmente le competen al Estado estarán sujetas a las correspondientes restricciones constitucionales. Bajo esta vertiente, el Estado no puede liberarse de su responsabilidad constitucional en la operación gubernamental meramente delegando ciertas funciones a entes privados. J.E. Nowak, R.P. Rotunda y J.N. Young, Constitutional Law, Minneapolis, Ed. West Publishing Co., 1986, Sec. 16.2, pág. 163. Para casos de función pública, véase a modo ejemplificante: Marsh v. Alabama, 326 U.S. 501 (1946); Jackson v. Metropolitan Edison Co., 419 U.S. 345 (1974); Evans v. Newton, 382 U.S. 296 (1966); Flagg Bros., Inc. v. Brooks, 436 U.S. 149 (1978). Véase, además, R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, Ira ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, Vol. II, Cap. IX, Sec. 1-B, pág. 802 y ss.

Un análisis de la situación factual de este caso bajo los criterios de Lugar v. Edmondson Oil Co., supra, revela que la invasión a la dignidad e intimidad del apelante fue causada por una persona en función de un privilegio concedido por el Estado. El guardia de seguridad Pacheco actuó conforme a una autoridad concedida a él y a cualquier ciudadano por la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra. El Estado lo autorizó en determinadas circunstancias a realizar arrestos y, por ende, se cumplió con el primer requisito expuesto por Lugar v. Edmondson, Oil Co., supra.

El segundo requisito establecido es que la parte a la que se le imputa la ofensa pueda ser considerada como state actor o actor del Estado. Estamos ante esta figura cuando se actúa como oficial estatal, se ha actuado con asistencia estatal o porque la conducta es atribuible al Estado. Pacheco era un empleado de seguridad de la Autoridad de Tierras, una corporación pública del Estado Libre Asociado, y, por consiguiente, un empleado público. Él estaba asignado a la planta de jugos de pifia Lotus de la Autoridad de Tierras en Barceloneta. En ese lugar, estaba asignado al puesto de control de la entrada y, entre otras funciones, evitaba e investigaba el robo de mercancía elaborada allí. De la prueba vertida se desprende que Pacheco Rivera tenía a su cargo el registro de los empleados para investigar si se estaban apropiando de mercancía. Su función no era meramente la de evitar el robo de mercancía, pues participaba en los registros e investigación que originaban una denuncia. Como parte de sus funciones él portaba un arma y efectuaba arrestos al amparo de la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra. Velaba, por lo tanto, por que se protegiera un interés gubernamental y su conducta era atribuible al Estado.

Si bien es cierto que en Collins v. Womancare, 878 F.2d 1145 (9no Cir. 1989), se resolvió que el hecho de que un ciudadano privado se amparase en la regla que le permite realizar arrestos no es suficiente para que se configure el state action, de acuerdo con los criterios de Lugar v. Edmondson Oil Co., supra, ni allí ni en los casos allí citados se trataba de un empleado gubernamental. Todos eran ciu-dadanos eminentemente privados, sin más conexión con el Estado que la autorización por ley para realizar arrestos. Satisfacían exclusivamente el primer criterio de Lugar v. Edmondson Oil Co., supra, y no el segundo, elemento indispensable en la adjudicación de si hay acción del Estado.

Resolvemos en consecuencia que un empleado gubernamental en funciones análogas a las de un policía estatal, pero que no tenga autoridad expresa en ley para arrestar, está autorizado a realizar arrestos únicamente cuando concurran los requisitos de la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra. Resolvemos, además, que habiendo acción estatal en este tipo de intervención, el sospechoso es acreedor a la protección constitucional del Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra, por lo que cualquier registro posterior a un arresto en violación a la Regla 12 de Procedimiento Criminal, supra, es ilegal y la evidencia obtenida inadmisible en nuestros tribunales de justicia.

IV

A modo de epílogo, atendemos las preocupaciones mani-festadas en la opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García, que fundamentalmente propone que adop-temos en nuestra jurisdicción lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en California, Petitioner v. Hodari D., 59 L.W. 4335 (1991).

Es norma reiterada en Puerto Rico que cualquier registro que se realiza sin una orden judicial previa goza de una presunción de invalidez sujeta sólo a ciertas limitaciones y excepciones. Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979); Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986), entre otros. La carga probatoria de demostrar que el registro efectuado sin orden está justificado la tiene el Ministerio Fiscal. Reglas 14 y 15 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Vázquez Méndez, supra. Así, por ejemplo, el Estado puede esbozar como justificación a un registro sin orden que éste se efectuó incidentalmente a un arresto legal cuando lo que se registra es el área bajo el control del arrestado; que el arrestado consintió al registro; que el ob-jeto registrado estaba a plena vista o abandonado, o que se trata de un registro de emergencia. Pueblo v. Castro Rosario, 125 D.P.R. 164 (1990); Chiesa, op. cit., Sec. 6.14, pág. 409. A menos que no esté presente una de estas excepcio-nes, una orden previa es necesaria para la realización del registro.

No encontramos nada efi los hechos de este caso que parezca indicativo que nos encontramos ante una de las excepciones. En primer lugar, no podemos clasificar el re-gistro de la bolsa, propiedad de Rosario Igartúa, como uno incidental a un arresto legal. Dos (2) fundamentos apoyan esta conclusión.

Acudimos en primer lugar a las reglas que gobiernan el registro incidental al arresto legal. En Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622, 631 (1964), establecimos que:

...[L]a regla que autoriza registros coetáneos con un arresto legal se justifica por la necesidad de ocupar armas u otros ob-jetos que puedan utilizarse para escapar a la detención, así como por la necesidad de evitar la destrucción de evidencia re-lacionada con la comisión del delito, pero esta justificación de-saparece cuando el registro es remoto en tiempo y lugar al arresto. “Una vez el acusado ha sido arrestado y colocado bajo custodia, entonces un registro hecho en otro lugar, sin un man-damiento, simplemente no es incidental al arresto.” Véase Stoner v. California, 376 U.S. 483, 32 U.S.L. Week (U.S. Marzo 23, 1964) 4227.

Aunque en aquel caso estábamos ante el regis-tro de un vehículo, posteriormente, en Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971), usamos los mismos crite-rios para evaluar la razonabilidad del registro de los efec-tos personales del arrestado, a saber: es razonable el regis-tro del arrestado y el área bajo su control inmediato para ocupar armas y evitar que el arrestado pueda resistir el arresto, escapar o destruir o desaparecer evidencia relacio-nada con el delito por el cual se arresta. Véase Chimel v. California, 395 U.S. 752 (1969). Sobre este particular se ha expresado el profesor Chiesa al resumir la normativa puer-torriqueña sobre registro incidental a arresto:

En Puerto Rico, la validez del registro incidental al arresto su-pone dos requisitos esenciales:
(i) lo que se registra: el registro es razonable sólo cuando se registra a la persona del arrestado y aquello bajo su control;
(ii) para lo que se registra: el propósito ha de ser evitar que el arrestado pueda oponer resistencia, escapar o de alguna ma-nera desaparecer o destruir evidencia.
En cuanto al momento del registro, éste debe hacerse en un momento en que esté presente el segundo requisito. Si el regis-tro se hace cuando ya lo registrado está fuera del control del arrestado, no es razonable. Chiesa, op. cit., pág. 424.

De la transcripción de evidencia se desprende claramente que el registro efectuado al apelante fue irrazonable por realizarse en un momento remoto al arresto cuando el apelante no se encontraba en el lugar. Por ende, el registro se efectuó sobre una pertenencia que no estaba bajo su control. En estas circunstancias no es aplicable la doctrina del registro incidental a un arresto y la prueba obtenida debe ser excluida.

Es precisamente por esta razón, entre otras, que no te-nemos que pasar juicio sobre la aplicabilidad a la situación del caso de autos lo resuelto por el Tribunal federal en California, Petitioner v. Hodari D., supra. El tiempo trans-currido, en aquel caso, entre el registro y el arresto fue ínfimo. Ocurrieron casi en momentos simultáneos.

De todas maneras, en el caso de autos, a diferencia del de California, Petitioner v. Hodari D., supra, la sumisión de Rosario Igartúa a la demostración de autoridad de Pacheco ocurrió en un momento anterior a la incautación y al registro de la bolsa. California, Petitioner v. Hodari D., supra, es claramente inaplicable. El propio guardia de segu-ridad aceptó que "antes de llegar al monte ... [Rosario Igartúa] se cansó ... que se paró y entonces fue cuando yo le di alcance y dejó caer una bolsa ...” T.E., pág. 17. En su determinación, el Tribunal Superior expresamente con-cluyó que la bolsa se cayó en los pies del peticionario des-pués que lo detuvieron.

La persecución efectuada por Pacheco Rivera constituyó una muestra inequívoca de autoridad mediante la cual se le comunicaba a “una persona razonable” que no estaba libre para rehusar a someterse. Al detenerse, Benjamín Rosario Igartúa se sometió. Fue posteriormente que dejó caer la bolsa y ésta cayó en sus pies.

La intervención ilegal inicial al arrestarse a Rosario Igartúa sin que concurrieran los elementos requeridos por las Reglas 11 y 12 de Procedimiento Criminal, supra, vició cualquier registro subsiguiente. La bolsa de marihuana —aún bajo California, Petitioner v. Hodari D., supra— era, pues, inadmisible en la causa criminal contra Benjamín Rosario Igartúa.()

Finalmente, al revocar el fallo recurrido ratificamos la ya arraigada norma de origen constitucional de que “un registro no se convierte en razonable por el mero hecho de que se ocupe evidencia que tienda a establecer la comisión de un delito”. Pueblo v. Sosa Díaz, supra, pág. 631.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia condenatoria recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

Nuestro disentir en este recurso se nutre del siguiente marco conceptual.

Primero, en Puerto Rico rige el principio de que este foro apelativo no intervendrá en la adjudicación de credibilidad efectuada en primera instancia por el juzgador de los hechos.() Ese juzgador está en mejor posición para aquila-tar los testimonios vertidos en su presencia y apreciar las expresiones no verbales —gestos, miradas, etc.— no repro-ducidas en una transcripción o exposición narrativa. Sus-tituir determinaciones de hechos resultantes de la obser-vación directa del comportamiento y reacciones de los testigos, por uno derivado de la mera lectura de una trans-cripción o exposición narrativa, “significaría el caos y la destrucción del sistema judicial existente en nuestra jurisdicción”. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 648 (1986).

Segundo, si bien en el ámbito civil, de ordinario, nuestra función está auxiliada por determinaciones de hecho ex-presamente formuladas en el dictamen, esa ventaja no existe en lo criminal. () En lo penal, frecuentemente el cua-dro fáctico presentado es limitado y el alterarlo conlleva inherentemente un peligro mayor de que cometamos una injusticia producto, más que oficinesco, de la omisión o mala apreciación de uno o varios hechos que, en otras cir-cunstancias, activarían una norma de derecho distinta.

Y tercero, la ausencia de determinaciones de hecho en las apelaciones criminales dificulta y limita más nuestra función apelativa. Ese conocimiento lo obtenemos de la transcripción de evidencia o exposición narrativa. De esta forma, si bien tenemos ante nos la prueba testifical desfi-lada en el juicio, carecemos de determinaciones específicas sobre cuál fue o no la creída. La cuestión es crucial. Si en el curso normal de un juicio criminal se presenta determi-nada prueba conflictiva —producto del directo o del contra-interrogatorio— sin el beneficio de una determinación formal de hechos, como tribunal apelativo, ¿qué versión fáctica debe utilizarse para elaborar el dictamen?

Mientras no se desarrolle otro método más rápido y con-fiable, la fidelidad al principio de no intervención con la apreciación de la prueba y el dictamen final del juzgador —fallo inculpatorio— ha de guiar inicialmente el estudio apelativo de la prueba presentada en instancia.

Y es que en esta etapa, la culpabilidad, como dictamen, está basada en la premisa de que se probó más allá de duda razonable cada uno de los elementos del delito imputado. Corresponde, pues, al apelante demostrar que la prueba desfilada no satisfizo ese quantum requerido. De esta forma, si de la transcripción de evidencia o exposición narrativa surge que hubo alguna prueba conflictiva sobre uno de los elementos del delito, y el apelante no impugna exitosamente la suficiencia de la totalidad de la prueba, en sana lógica decisoria tenemos que presumir que el juzga-dor de los hechos creyó la versión que no derrotaría su fallo de culpabilidad.

Estos principios de adjudicación apelativa racional nos obligan a esbozar una versión de hechos distinta a la con-signada en la opinión mayoritaria: la verdaderamente creída por el tribunal sentenciador. Después de todo hemos resuelto que cuando un testigo se contradice “ lo que se pone en juego es su credibilidad’ y que es £al jurado o al juez de instancia a quien le corresponde resolver el valor de su restante testimonio’ ”. Pueblo v. Cabán Torres, supra, págs. 656-657. Véase Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).

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El 26 de abril de 1988 Luis Pacheco Rivera, en unión a otros guardias de seguridad de la Autoridad de Tierras, prestaba servicios en los predios de la fábrica de jugos Lotus, Barceloneta. Estaba en el portón llevando a cabo unos registros durante la hora de salida de los empleados. El sistema no era diario, sino “sorpresivo”, con el propósito de desalentar y evitar el hurto de latas y herramientas de la fábrica. Un letrero en la entrada notificaba a visitantes y empleados de esa posibilidad.

Aproximadamente a las 6:45 a.m., salió de su horario de trabajo Rosario Igartúa. Éste, en una ocasión anterior, ha-bía sido registrado (T.E., págs. 204 y 206). Se dirigió hacia el portón de salida. En sus manos sujetaba una bolsa de papel estraza. Al acercarse a la caseta de los guardias y advertir el registro, se volteó y comenzó a caminar en dirección opuesta. El guardia Pacheco Rivera se percató de ese cambio abrupto de movimiento. Concluyó que el propó-sito de Rosario Igartúa era notificar del registro a los de-más empleados que todavía estaban en la fábrica. Para evitarlo, el guardia Pacheco Rivera le dijo que no podía virar, sino que tenía que salir. Rosario Igartúa desobedeció esa orden, siguió hacia la parte de atrás de la fábrica y comenzó a correr. A Pacheco Rivera le estuvo muy extraño que éste corriera en esa dirección y lo persiguió hasta un cerro. Mientras huía, Rosario Igartúa sostenía la bolsa en su mano derecha.

Aproximadamente a unos 600 pies (T.E., pág. 32), “antes de llegar al monte casi internándose pues se cansó, yo no se, que se paró y entonces fue cuando yo [Pacheco Rivera] le di alcance y dejó caer una bolsa, la bolsa que llevaba en las manos y ahí fue que lo cogí, cogí la bolsa y lo traje hasta la fábrica.”() (Énfasis suplido.) T.E., pág. 17. Pacheco Rivera lo esposó y condujo a la caseta. Allí entregó a su supervisor, Isabelino Torres, la bolsa. Después, éste la examinó y encontró marihuana.

En el contrainterrogatorio, Pacheco Rivera admitió que no vio a Rosario Igartúa cometer ningún delito y que su intervención la basó en que éste había violado las normas administrativas de Lotus. T.E. pág. 43.

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Frecuentemente el arresto es la primera fase del proce-dimiento criminal a la que se expone un ciudadano. Su legalidad determinará la validez de los eventos posteriores. Así, la evidencia producto de un registro incidental a un arresto ilegal no es admisible en la causa criminal.

Ante la importancia que conlleva determinar la legali-dad de un arresto, es indispensable definir el concepto y precisar cuándo ocurrió. La Regla 4 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, procedente del Cal. Penal Code Secs. 825-837 (Deering 1983), define el arresto como “el acto de poner a una persona bajo custodia en los casos y del modo que la ley autoriza”. (Énfasis suplido.) Dicha regla también describe la manera en que ha de efectuarse: “se hará por medio de la restricción efectiva de la libertad de la persona o sometiendo a dicha persona a la custodia de un funcionario”. (Énfasis suplido.) Íd.

De la definición y descripción de la Regla 4 de Procedi-miento Criminal, supra, se desprende que para que una intervención propiamente sea un arresto tiene que ponerse a la persona bajo custodia por medio de la restricción efectiva. “Un oficial o una persona privada efectúa un arresto con la captura efectiva de la persona acusada; o anunciando que el acusado está bajo arresto, acompañado de una demostración de fuerza y autoridad, a la que se somete el acusado, implicando que a menos que se someta, será capturado.” (Énfasis y traducción nuestros y escolio omitido.) 1 Wharton’s Criminal Procedure Sec. 51, págs. 273-274 (1989).

Es evidente, pues, que para que se configure láctica-mente un arresto, la Regla 4 de Procedimiento Criminal, supra, exige una restricción efectiva; una orden verbal de detención no es suficiente a menos que sea obedecida. Véanse: Snabb v. State, 683 S.W.2d. 850 (1984); Burkhalter v. State, 642 S.W.2d 231 (1982). Por sí sola, una demostra-ción de fuerza tampoco configura un arresto, ya que bajo este supuesto es imprescindible que la persona se someta.

Recientemente el Tribunal Supremo federal analizó el concepto “arresto” y cuándo ocurre. California, Petitioner v. Hodari D., 59 L.W. 4335 (1991), específicamente señaló que se requiere el uso de fuerza física o, en su ausencia, la su-misión a una aserción de autoridad. Allí unos agentes que transitaban en un vehículo sin rotular notaron a un grupo de jóvenes reunidos cerca de un automóvil rojo. Cuando los jóvenes vieron que el vehículo de los agentes se les acer-caba comenzaron a huir. Al percatarse de lo que ocurría, sin motivo fundado alguno, los agentes emprendieron su persecución. Cuando uno de los agentes casi alcanza al jo-ven Hodari, éste dejó caer un pequeño objeto. El agente lo detuvo y esposó. El objeto abandonado resultó ser una pie-dra de crack. El Tribunal Supremo federal resolvió que la persecución —antes de que Hodari soltara la piedra— no constituyó un arresto ya que, si bien hubo una demostra-ción de fuerza (show of force), Hodari no se sometió a él. Tampoco hubo uso de la fuerza física. Al no haberse confi-gurado un arresto antes de que Hodari arrojara la piedra de crack, ésta resultó ser evidencia abandonada, no ocu-pada en el transcurso de un registro incidental al arresto.

La definición de un arresto según nuestra doctrina vi-gente —y de cuándo ocurre— es compatible con la formu-lada por el más alto foro federal. Desde antes de la Con-vención Constituyente (véanse los Arts. 114 y 115 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935) ha permane-cido inalterada. Ensancharla acomodaticiamente y adelan-tar una agenda liberal sería un acto no sólo de legislación judicial, sino de injusta alteración histórica.

IV

Lo expuesto explica las razones por las cuales no pode-mos suscribir la opinión mayoritaria. Los hechos creí dos por el tribunal de instancia no configuran un registro incidental al arresto. Sencillamente, cuando Rosario Igartúa dejó caer la bolsa que contenía marihuana no había ocu-rrido un arresto. En esos instantes su libertad aún no ha-bía sido restringida efectivamente; tampoco estaba bajo custodia y ciertamente rehusó obedecer la orden verbal del guardia de seguridad Pacheco Rivera.

En Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R. 567 (1988), aclara-mos que un objeto se considera abandonado para efectos del Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, si la persona renuncia a la expec-tativa de intimidad sobre él. Aquí Rosario Igartúa soltó la bolsa de marihuana para que no se le vinculara con ésta. Renunció a la expectativa de intimidad sobre ella.

En resumen, no puede cuestionarse la validez de la ac-ción del guardia Pacheco Rivera. Éste se encontraba en el descargo legítimo de su trabajo. Sólo pretendía poner en vigor las normas administrativas de la Lotus. ¿Cómo puede la mayoría del Tribunal ignorar esta realidad?

Por ajustarse a derecho, confirmaríamos la sentencia.

      (1) Cabe señalar que como la bolsa fue ocupada a los pies del acusado, difícil-mente puede concluirse que al igual que California, Petitioner v. Hodari D., 59 L.W. 4335 (1991), la arrojó.

      (1) Con carácter de excepción, en Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980), reiteramos que la pasión, perjuicio o error manifiesto activan nuestra inter-vención en asuntos de credibilidad.

      (2) Para facilitar nuestra función, la disposición final de una moción de supre-sión de evidencia debe hacerse mediante resolución. Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R. 244 (1988); Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R. 567 (1988).

      (3) Durante el contrainterrogatorio, señaló que primero lo agarró y luego soltó la bolsa. T.E., pág. 38.
      Sin embargo, en la Resolución enmendada de 5 de mayo de 1989, el juez que intervino en la vista de supresión de evidencia determinó: “7) Cuando el guardián Pacheco Rivera, quien no lo había perdido de vista e[n njingún momento logró darle alcance, el acusado soltó la bolsa que llevaba en la mano la cual cayó en sus pies siendo recogida por dicho guardián y trasladada hasta la oficina de los guardianes junto con el acusado.” Exhibit I, pág. 2.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. HerNÁndez,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Behn et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Guayama-
    No. 72.
    Resuelto en junio 14, 1907.
    Acusación — Requisitos—Calificación del Delito. — La calificación del delito, ya señalando concretamente el delito impugnado, ó ya indicando en términos generales si es felony ó misdemeanor, no es requisito que necesariamente deba contener la -acusación, la que es suficiente si se ajusta á lo dispuesto en los artículos 71 y 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal, no siendo nece-sario, tampoco, que se exprese en ella el artículo ó artículos del Código Penal en que el delito esté comprendido. ¡
    Id. — Jurisdicción de la Corte. — La calificación general ó especial del delito, aunque es una práctica muy conveniente que debe observarse por los fiscales • de distrito, no es necesaria para determinar la jurisdicción del tribunal, pues ésta debe determinarse, no por dicha calificación, sino por la que realmente merezcan, con arreglo al Código Penal, los hechos relatados en la acusación.
    Id. — Lugar en que se Cometió el Delito. — El lugar donde se cometiera el delito es un requisito que debe contener la acusación, de acuerdo con las disposiciones del artículo 82 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Los ¿.echos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Sr. HerNÁndez,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha Io. de diciembre del año próximo pasado, el fiscal de la Corte de Distrito de Guayama presentó ante dicha corte acusación jurada contra Lucas Behn y Antonio Díaz, en la que expuso:

“Que la asociación “Unión de Marineros” de Arroyo, Local No. 618, es una- asociación mutua, debidamente organizada, habiendo cum-plido con todos los requisitos legales, y tiene autoridad amplia para elegir oficiales para su dirección, votar reglamentos para su gobierno y posee todos los otros poderes y derechos que suelen tener organizacio-nes de esta índole. —Que bajo las leyes y el reglamento, la susodicha asociación “Unión de Marineros” Local No. 618, el presidente, tesore-ro y contador son responsables por los fondos y por el manejo de los fondos que ingresen en la susodicha asociación. — Que en ó cerca de la fecha del 15 de agosto de 1905, los acusados Lucas Behn y Antonio Díaz, fueron elegidos respectivamente presidente y contador de la ' asociación referida, y actuaban como tales desde la fecha menciona-da hasta la de 14 de mayo de 1906. — Que á los acusados les fueron en-tregados y pagados, y ellos recibieron como los agentes legales y como oficiales de la susodicha asociación “Unión de Marineros” Local No. 618, todas las cuotas que se debían, según el reglamento de la asocia-ción referida, durante el período en que actuaban y eran los oficiales mencionados de la referida asociación; además, á ellos les fueron pa-gados, y recibieron el producto de varias ventas de la propiedad de dicha asociación, ordenadas y hechas por la asociación misma, y ade-más, les fueron entregados y recibieron, al tomar primeramente pose-sión de sus respectivos cargos, los fondos que se encontraban en el te-soro de dicha asociación, según los libros de contabilidad de la misma. Que los susodichos acusados Lucas Behn y Antonio Díaz, teniendo en su posesión y custodia, como oficiales y agentes de la asociación referi-da, los fondos arriba mencionados, propiedad de la asociación, ilegal, voluntaria y fraudulentamente se apropiaron para su uso particular y personal, sin derecho ni autorización de ley, ni del reglamento de la asociación, ni del consentimiento expreso ó implícito de los miembros que componían dicha asociación, la suma de 451 dollars, y aún ilegal, voluntaria y fraudulentamente retienen en su posesión y poder la suma mencionada. — Este hecho es contrario á la ley para tal caso prevista y á la paz y dignidad del Pueblo de Puerto Rico.”

Á la acusación transcrita opuso el abogado defensor de los acusados excepción perentoria, por no ajustarse aquélla en su forma á los requisitos prevenidos por los artículos 71, 72 y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal, alegando como reparos que la acusación no expresa el lugar ó distrito en que se cometió el supuesto hecho punible, ni la fecha en que ocu-rrió, ni la calificación del delito, si es felony ó misdemeanor, ni si la corporación “Unión de Marineros” de Arroyo está incorporada ó legalmente inscrita en Puerto Pico, por lo que suplicó que tomando en consideración la excepción propuesta, fuera declarada con lugar y se ordenara el archivo de la cansa.

La Corte de Gnayama dictó en 10 de diciembre citado, reso-lución que consideramos conveniente transcribir textualmente, y dice así:

“La acusación formulada por el s.eñor fiscal del distrito, ha sido excepcionada por los acusados Lucas Behn y Antonio Díaz, alegando la infracción de los artículos 71, 72 y 73 del Código de Enjuiciamiento Criminal, y examinados separadamente los fundamentos de la excep-ción resulta lo siguiente: (a) No se determina el sitio donde se come-tió el delito imputado, ni siquiera se indica que lo ha sido dentro de es-te distrito judicial. Este es requisito exigido por el artículo 82, no. 4 del Código- de Enjuiciamiento Criminal (959 de California), y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de California tiene declarado en forma imperativa “que el acta de acusación debe (musí) alegar que el delito se cometió dentro del Condado en que se presenta ó sos-tiene la acusación.” (People v. O’ Neill, 48 Cal., 257; People v. Baker, 100 Cal., 188; People v. Wang Wang, 92 Cal., 277). Aún cuando no existiese ese precepto expreso y esa jurisprudencia tan terminante, se deduciría sin duda alguna la necesidad de precisar el lugar del delito, ■en virtud de otros preceptos del citado Código. El artículo 2 (681 de California), establece que á nadie podrá castigarse por delito, á no ser ■en virtud de convicción legal habida en tribunal competente, (in a court having jurisdiction thereof, dice el texto de California), y.á ese precepto sirve de aclaración terminante el artículo 8 del mismo citado Código, declarando que “la jurisdicción correspondiente á los delitos radica en la corte de distrito del respectivo distrito judicial dentro del cual se cometieren.” (h) Aunque no se fije la fecha exacta en que se cometió el delito, se deduce del contexto de la acusación qué fué come-tido entre las fechas del quince de agosto de 1905 al catorce de mayo de 1906, en que los acusados actuaban en el carácter que se les atribu-ye dentro de la sociedad perjudicada. Esta indicación sería suficien-te á los efectos de los artículos 78 (955 Cal.), y 82, No. 5 del Código de Enjuiciamiento Criminal, si se hubiera expresado en la acusación que se trataba de un felony, porque el término de prescripción que se fi-ja en el artículo 78 del Código Penal (800 Cal.), no lia transcurrido. (o) No es suficiente la relación de hechos que la acusación contiene para el efecto de determinar el delito que se imputa. Esta determina-ción del delito se exige en el artículo 75 No. 2 del Código de Enjuicia-miento Criminal (952 Cal.), que en el texto de California se refiere evidentemente á los requisitos de la acusación y nó á las de la orden de arresto, como parece indicarlo el texto español de Puerto Rico á conse-cuencia de los artículos que en éste se han intercalado. Debe determi-narse ó calificarse el delito en la acusación para que el acusado sepa por qué crimen debe contestar; para que el jurado tenga un fundamen-to precedente á que referir su veredicto de culpable ó nó culpable; para que ante la corte se presente un delito definido al que pueda aplicar-se la pena que la ley prescriba; para proteger al acusado de una se-gunda acusación por el mismo delito. Estas y otras razones expuestas, por Bishop (Criminal Proc), Sees. 506 y 507, resultan confirmadas por el texto del artículo 5 del Código Penal en que se declara que: 11 Nin-guna persona será arrestada por crimen ó delito alguno que no estu-viere expresamente declarado como tal en este Código * " * ” y para, cumplir ese precepto nada.es más obvio que definir el delito refirién-dose al artículo del Código Penal, en que esté comprendido; tal como-lo tienen establecido la práctica constante en este, tribunal y en los de-más de la Isla, (d) No es necesario que la acusación exprese si la cor-poración que se dice perjudicada estaba ó nó legalmente constituida., pues, el artículo 79 del Código de Enjuiciamiento Criminal (956 Cal.),, preceptúa de modo claro que, “una alegación errónea con respecto á la persona perjudicada no es esencial”; y más concretamente se refiere á este caso la jurisprudencia sentada en People v. Ah. Sam. 41 Cal., 645. Por tanto, vistos los artículos 82, 147, 148, 153, 156, 159 del Códi-go de Enjuiciamiento Criminal, y considerando insuficiente la acusa-ción formulada contra Lucas Behn y Antonio Díaz, se declara con lu-gar la excepción interpuesta en cuanto se refiere al sitio donde se come-tió el hecho, y á la determinación del delito; ordenándose por la corte-que el señor fiscal formule nueva acusación dentro del término de-quince días, quedando hasta entonces subsistente la fianza que los acu-sados tienen prestada para permanecer en libertad.”

Contra esa resolución de la Corte de Distrito de G-uayama,. interpuso el fiscal de la misma recurso de apelación, que lia sostenido ante esta Corte Suprema por escrito y oralmente eL fiscal de ella, pretendiendo que se confirme aquella resolu-ción en cnanto declara con lugar la excepción propuesta, por no expresarse en la acusación el lugar donde se cometió el delito, y revocándola en cuanto exige la determinación ó cali-ficación del delito porqué se persigue á los acusados.

Como se vé, la única cuestión legal á discutir y resolver en el presente recurso es la de si es requisito necesario en la acu-sación la determinación ó calificación del delito, ya expresando si es felony ó misdemeanor, ya dándole la calificación legal que le corresponda, según el Código Penal, ya marcando la sec-ción de dicho Código en que esté definido y castigado.

Desde luego nos parecen buenas y aceptables las considera-ciones que 'el juez de la corte de Guayáma consigna en su resolución acerca del punto debatido, simpre que á esas' con-sideraciones no se dé más alcance que establecer la convenien-cia de definir y calificar el .cielito determinado por los hechos relatados en la acusación; y hasta deploramos que haya ve-nido á nosotros un recurso de apelación como el presente, en-caminado á discutir y resolver una cuestión que no entraña importancia alguna para los intereses del Pueblo de Puerto Pico. Si el fiscal de la corte de Guayama hubiera consentido la resolución de dicha-'Corte y hubiera presentado nueva acu-sación señalando el-lugar de la comisión del delito’y califi-cándolo, con arreglo al Código Penal, lo cual era cosa muy fácil, el procedimiento hubiera seguido su curso, sin la para-lización á que ha dado lugar la apelación interpuesta, y acaso hoy ya estuvieran-juzgados los acusados, reportando con ello uñ gran beneficio á-la administración de justicia. ■

Pero ya’que se'lía-traído á'esta Corte Suprema para resolver la única cuestión legal que"'es materia dél-recurso,-pasa-remos á resolverla dentro-de los-'términos del derecho es-crito.- -• • •

• El artículo 71 del Código de Enjuiciamiento Criminal'or-dena que la acusación’debe contener el título de la'acción,'es-pecificando el-nombre del tribunal ante-el cual ha sido presen-tada y los nombres de’los interes-adós, y-además, una esposi-ción ele los actos constitutivos del delito, en lenguaje conciso y corriente, y redactada de tal modo que cualquier persona de inteligencia común pueda entenderla.

Dicho artículo no exige que se califique el delito con arreglo al Código Penal, ni que se exprese que es felony ó misdemeanor.

Es verdad que el artículo 72 del mismo Código contiene un modelo que puede servir de norma á los fiscales para for-mular sus acusaciones, y en ese modelo se expresa el carác-ter del delito cometido, ó se le designa como felony ó misdemeanor; pero como dicho modeló no es obligatorio, es claro que la falta de su observancia no puede ser motivo para que una acusación se considere necesariamente defectuosa, siem-pre que contenga los requisitos qu'e exige el artículo 71 y los que se deducen del artículo 82, en el cual tampoco se exige que se consigne la calificación del delito.

Basta, con relación al punto que discutimos, que la acción ú omisión considerada' como delito esté expuesta clara y dis-tintamente en lenguaje corriente y conciso, sin repetición y de tal modo que facilite á cualquier persona de inteligencia común conocer lo que se quiere decir, y que dicha acción ú omisión esté expresada con tal grado de claridad que facilite al tribunal el pronunciar su sentencia como resultado de una convic-ción y conforme á derecho.

Cumplidos esos requisitos, la simple lectura de la sección ó secciones correspondientes del Código Penal revelará la calificación del delito y si éste es felony ó misdemeanor.

Aún más, la falta de expresión de la calificación del delito, bien sea dicha calificación general usando las palabras de felony ó misdemeanor, bien sea especial dando al delito la de-nominación que le corresponda, con arreglo al Código Penal y- expresando la sección ó secciones de dicho Código en que esté comprendido, sólo sería á lo sumo un defecto ó imperfec-ción de forma, que no perjudicaría en lo esencial los derechos del acusado, y, por tanto, no haría la acusación insuficiente, según el artículo 83 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

Ni se alegue que la calificación general o. especial del de-lito es necesaria para determinar la jurisdicción del tribunal, pues ésta debe determinarse, no por dicha calificación, sino por la que realmente merezcan, con arreglo al Código Penal los hechos relatados en la acusación..

Entendemos, pues, que no es requisito necesario de la acusación que los hechos en ella expuestos se califiquen de felony ó misdemeanor, ó que esos mismos hechos se califiquen por la denominación que les corresponda con arreglo á la sec-ción ó secciones del Código Penal en que están comprendidos; pero opinamos también que es buena la teoría sostenida por el juez, la que muy bien podría recomendarse á los fiscales para su observancia, sin imponerles por ello la obligación de seguirla.

Por las razones expuestas, procede que dejando subsis-tente la resolución apelada en los extremos en que no ha sido materia del recurso, se confirme én cuanto declara con lugar la excepción interpuesta por los acusados por no ha-berse expresado el lugar dónde se cometió el delito, y se re-voque en cuanto declara con lugar la misma excepción por falta de calificación del delito, comunicándose así á la Corte inferior á los fines procedentes.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso-ciados, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sb. HerNÁNdez,

text:
    El Pueblo v. Feliciano et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 83.
    Resuelto en junio 14, 1907.
    Denuncia — Exhibición de Libros ó Impresos de Carácter Obsceno. — Á los efectos de una denuncia por infracción del'No. 3'del artículo"283'del Código' Penal, es suficiente expresar en ella, en términos generales, el hecho de la obscenidad del libro, impreso 6 lámina que se haya exhibido, según determina el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Criminal.
    Id. — Lugar en que se Cometiera el Delito. — De la denuncia presentada en este caso, se deduce que el delito fué cometido en lugar comprendido dentro de la jurisdicción de la corte, pero la mejor práctica es expresar en toda denuncia de modo claro y terminante el lugar dónde se cometiera el delito y la Corte ó Distrito á qué corresponde.
    Los hechos están expresados en la opinión..
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sb. HerNÁNdez,

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto por Francisco Feliciano y Juan Pérez contra sentencia que en grado de apelación y mediante la celebración de nuevo juicio, •dictó la Corte de Distrito de Mayagüez el día 11 de marzo último, condenando á cada uno de los apelantes, por exhibición de un libro con láminas obscenas, á la pena de un año de cárcel y costas, y ordenando, además, se destruya el libro ocupado.

La denuncia que dió lugar al juicio, presentada á la corte municipal de Mayagüez por el policía insular Rafael Fernán-dez, por quien fué suscrita y jurada en tres de noviembre del año próximo pasado, dice así: ■

“Yo, Rafael Fernández, P. I,, vecino de Mayagüez, P. B., y mayor de edad, ante el señor juqz municipal declaro y juro: Que Francisco Feliciano, alias Furní, tenía en su poder un librito' con láminas obce-nas, y el día 31 de octubre de’ 1906, obrando" con malicia, lo cedió á Juan Pérez para que éste enseñara las láminas, como lo hizo, á las se-ñoritas Margarita Dedo,’Felicita Soto y Rosalía Morales, en ocasión en que éstas se encontraban trabajando en la fábrica de fósforos de los Sres. G-rau Hermanos, de- esta'ciudad;.y como este hecho constituye un delito, lo denuncio á los efectos que procedan.”

No:hay en él récord plíégo'de excepciones, ni exposición de hechos, ni tampoco han, comparecido los apelantes á soste-ner el recurso por escrito ú oralmente, habiendo desistido del iñismo',.'Francisco Feliciano, á'quien se hubcupor desistido en 'resolución'de' 16 dé'abril último.

Respecto del otro apelante, Juan Pérez, hemos examinado la denuncia presentada y la sentencia recurrida, y encontra-mos que lejos de haberse cometido error alguno, se ha hecho á aquél completa justicia.

El delito de que se trata está previsto en el número 3o. del artículo 283 del Código Penal, y calificado de misdemeanor en el número 5o. del mismo artículo, aparejando pena de cár-cel por un término máximo de dos años ó multa máxima de doscientos cincuenta dollars, ó ambas penas, con- arreglo al artículo 16 del Código citado, siendo bastante á los fines de la denuncia que ésta haya indicado de un modo general el hecho de la obscenidad en las láminas contenida, según el artículo 91 del Código de Enjuiciamiento Criminal.

También se deduce de la denuncia que el delito fué come-tido en lugar comprendido dentro de la jurisdicción de la corte municipal de Mayagiiez, ó sea en la fábrica de fósforos que en dicha ciudad tienen los Sres. Gran Hermanos; pero reco-mendamos como mejor práctica que en toda denuncia ó acusa-ción se exprese de modo claro y terminante el lugar dónde se cometió el delito y la Corte Municipal ó de Distrito á que corresponde. ■ '

•De conformidad con el fiscal, entendemos que procede la confirmación de la sentencia apelada, con las costas' del re-curso también á cargo de la parte apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Asociados, Higueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Hernández,

text:
    Rivera v. Gonzalez et al.
    ÁpelaoiÓN procedente de la .Corte de Distrito de Ponce.
    No. 106.
    Resuelto en junio 14, 1907.
    APELACIÓN-PRUEBAS — RELACIÓN BE HECHOS-APROBACIÓN DEL JÍjEZ — rCONSENTI-mjEnto DE LAS Partes. — Para que el Tribunal Supremo pueda discutir ’ en una apelación la apreciación que de las pruebas hubiere hecho la corte inferior, es necesario que se consignen en una relación de hechos que debe estar aprobada, certificada y firmada por el juez que conoció de la causa, á fin de darle la debida autenticidad, sin cuyo requisito carecerá de ella, no siendo suficiente al efecto el sólo consentimiento de las partes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Antonsanti.

    Abogado del apelado: Sr. Yordán Dávila.

   El Juez Asociado Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

Con fecha dos de diciembre de 1905, Jnana Rivera Mén-dez presentó demanda ante la Corte de Distrito de Ponce contra Alejandrina González Vargas, Carlos Patterne y Bois-joli; Carlota Patterne y Boisjoli, Jnana Evangelista Patterne y González, Ednardo Salichs y Simompietri, Mario Mercado y Montalvo y Jacinta Rivera Méndez, con súplica de qne en sn día se dictara sentencia, declarando la nnlidad del procedi-miento ejecntivo seguido ante el extinguido juzgado de Ia. instancia dé Ponce por el Procurador Rodulfo del Valle, á nombre de los demandados Alejandrina González Vargas, Carlos y Carlota Patterne y Boisjoli, Juana Evangelista Pat-terne y González y Eduardo Salichs y Simompietri, contra José Rivera Cintrón en cobro de tres mil ciento noventa y ocho pesos, declarando nulas todas y cada una de las actua-ciones de dicho juicio, especialmente la sentencia de remate recaída y la adjudicación de la finca ejecutada á favor del también hoy demandado Mario Mercado y Montalvo, y con-denando, además, en costas á todos los demandados.

En dicha, demanda, alegó Juana Rivera Méndez los he-chos siguientes:

Io. Que al morir José Rivera Cintrón, dejó cinco hijos, nombrados Juana Rivera Méndez, que es la demandante, Jacinta, de iguales ape-llidos, que es una de las demandadas, y José, Bonifacio y María, los cuales han fallecido sin otorgar testamento, ni dejar ascendientes ni descendientes, "ni otros herederos que sus dos hermanas citadas.
“2o. Que José Rivera Cintrón era dueño de una finca compuesta de cincuenta cnerdas, más ó menos, de terreno, k café y plátanos, radi-cada en el barrio de Yegas Arriba, partido de Adjuntas, colindante al saliente, con Jaime Oliver, al poniente, con Gabriel Yicens, al norte, con Evaristo Cruz, y al sur, con Antonio Almodóvar.
“3o. Que por escritura pública otorgada en 26 de junio de 1879, José Rivera Cintrón y Carlos Patterne, padre de los demandados, del mismo apellido, celebraron nn contrato, en virtud del cual Patterne se obligó á refaccionar la finca ya descrita, comprometiéndose á entre-gar á José Rivera Cintron, la suma de quinientos pesos, antes de marzo de 1880; cuatrocientos pesos más, antes de treinta y uno de marzo de mil ochocientos ochenta y uno; y otros trescientos pesos, antes de treinta y uno de marzo de mil ochocientos ochenta y dos; partidas que totalizan la suma de mil doscientos pesos, á cuyo pago hipotecó Rivera Cintrón en favor de Patterne la mencionada finca.
“4o. Que por otra escritura otorgada en diez y siete de septiembre de mil ochocientos setenta y nueve, José Rivera Cintrón vendió á José Salas la finca hipotecada, con el consentimiento expreso de Patterne, por precio de ocho mil pesos, parte de cuya suma se pagó de contado, y el resto quedó aplazado, reservándose el vendedor el derecho de dominio sobre la finca vendida en garantía de lo que se le quedaba adeudando, y reconociendo Patterne en la misma escritura que sólo se le adeudaba, en virtud del contrato de refacción celebrado con Rivera Cintrón, la suma de quinientos pesos, que el comprador José Salas se obligó á pagar.
“5o. Que por otra escritura otorgada en treinta de abril de mil ochocientos ochenta, José Salas y Carlos Patterne contrataron de nuevo respecto de la refacción de la finca, variando los términos y pactos del primitivo contrato y asumiendo Salas todas las responsa-bilidades que pudiesen derivarse de tal • contrato de refacción.
“6o. Que habiendo fallecido Carlos Patterne, los miembros que componían su sucesión, á.saber: lá viuda Alejandrina González Vargas, Juana Evangelista Patterne y González, Carlos y Carlota'Patterne y Boisjoli y Eduardo Salichs y Simompietri, interpusieron demanda ejecutiva ante el extinguido juzgado de Ia. instancia de Ponce contra' José Rivera Cintrón , para el cobro de la suma de tres mil ciento no-venta y ocho pesos, á saber: mil doscientos-pesos, que alegaban serles debidos, en virtud del contrato de refacción celebrado entre Patterne y Rivera Cintrón en veinte y seis de junio de mil ochocientos setenta y nueve, y mil novecientos noventa y ocho pesos en concepto de intere-ses devengados por el capital adeudado, sin que en dicha demanda se-mencionaran las escrituras de-diez y siete de septiembre de mil'ocho-cientos setenta y nueve y treinta de abril de mil ochocientos ochenta.
“7o. Que en veinte y seis de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, el extinguido juzgado de Ia. instancia de Ponce despachó' mandamiento de ejecución contra los bienes de José Rivera Cintrón y especialmente contra la finca hipotecada, habiéndose embargado dicha finca en veinte y ocho del propio septiembre, como si fuera de la propiedad de José Rivera Cintrón y dictándose en diez y seis de octubre siguiente sentencia de remate, por la que se ordenó seguir la ejecución adelante.
“8o. Que en seis de noviembre de 1889 la representación de la parte ejecutante solicitó del mencionado juzgado ampliación de embargo, por estimar que la finca hipotecada no era suficiente á responder de las resultas del juicio, cuya ampliación de embargo se llevó á cabo en ocho del mismo noviembre sobre determinados bienes muebles de José Rivera Cintrón.
“9o. Que habiéndose sacado á pública subasta los bienes embar-gados, fueron adjudicados al mejor postor, que lo fué. el demandado Mario Mercado y Montalvo.
“10°. Que aunque la demandada Jacinta Rivera Méndez tiene igual interés que la demandante en que se anule el referido juicio ejecutivo, se hace demandada en la presente acción, en cumplimiento del precepto del artículo 68 del Código de Enjuiciamiento Civil, por no haberse podido obtener su consentimiento para que compareciera como demandante. ’ ’

El deinandádo Mario Mercado y Montalvo se allanó á la demanda, y la rebeldía de la demandada Jacinta Rivera Mén-dez fué acusada oportunamente por no haber comparecido á contestar dicha demanda. '

Los otros demandados, Alejandrina González Vargas, Car: los y Carlota Pattern'e y Boisjoli, Juana Evangelista Patterne y González y Eduardo Salichs y Simompietii,:arcontfestar la demanda, 'aceptaron los hechos marcados con los números 2°., 3°., 7°., 8% y 9°.; pero negaron los relacionados con los núméros 1°., 4°., 5°., 6°., y 10°. haciendo, además, las siguientes alegaciones. , ■ ■ ! . i- ■ ■

“Ia. Que por'escritura pública otorgada en catorce dé Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve, la demandada Alejandrina González Vargas cedió al otrb demandado, Eduardo Salichs, la participación que pudiera corresponder le en el crédito hipotecario que motivó el juicio ejecutivo de cuya nulidad se trata.
“2a. Que por otra escritura pública de diez y ocho de abril de mil novecientos tres, Eduardo Salichs y Simompietri, cesionario de los derechos y acciones de Alejandrina González Vargas, cedió en unión, de Carlota Patterne y Boisjoli y de Juana Evangelista Patterne y González, á favor del demandado Carlos Patterne y Boisjoli, las participaciones que pudieran tener en el propio crédito hipotecario ya referido, verificándose la cesión sin ulterior responsabilidad por parte de los eedentes y quedando el cesionario Carlos Patterne subro-gado en lugar de aquéllos, con todas las obligaciones que respecto al deudor ó su eausahabiente tenía el acreedor contraídas.
“3a. Que tratándose, como se trata, de la. nulidad de un juicio ejecutivo, seguido en fecha que se remonta al año de 1889, la demanda de nulidad interpuesta por Juana Rivera Méndez no puede pros-perar por haber prescrito su derecho, en el caso de que lo tuviera, y por haberse extinguido su acción con arreglo á los artículos 410, caso 1°. y 413 de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil, de aplica-ción al presente caso, y artículos 1916 y 1964 del Código Civil antiguo, que son los 1862 y 1865 del Código.Civil Revisado.”

En mérito de las alegaciones hedías, suplicaron los ciernan-' dados anteriormente relacionados el pronunciamiento de sen-tencia declaratoria de que la ley y los hechos están á favor de los demandados y en contra de la demandante, de que han sido indebidamente demandados Alejandrina González Vargas, Carlota Patterne y Boisjoli, Juana Evangelista Patterne y González y Eduardo Salichs y Simompietri, y de que es improcedente la demanda de nulidad por haber prescrito el derecho de la demandante y haberse extinguido -la causa de acción por ministerio de la ley, con las costas á cargo de dicha demandante.

La Corte de Distrito de Ponce, después de oídas las ale-gaciones de las partes y las pruebas practicadas en el juicio, con los informes de los respectivos letrados, dictó sentencia en 31 de octubre de 1906, por la que opinó que los hechos y la Ley están á favor de la demandante, y en su virtud declara nulo el procedimiento ejecutivo seguido contra José Rivera Cintrón á nombre de Alejandrina González Vargas, Carlos y Carlota Patterne y Boisjoli, Juana Evangelista Patterne y González y Eduardo Salichs y Simompietri, y nulas todas y cada una de las actuaciones de dicho juicio, especialmente la sentencia de remate dictada en 16 de octubre de 1889 y la adjudicación de la finca ejecutada á favor del demandado Mario Mercado, con las costas á los demandados que se opu-sieron á la demanda.

Contra esa sentencia, interpuso la representación de Ale-jandrina- González Vargas, Carlos y Carlota Patterne y Bois-joli, Juana Evangelista Patterne y González y Eduardo Sa-liehs y Simompietri recurso de apelación, que hoy pende de decisión ante esta Corte Suprema, después de vistas y oídas las alegaciones escritas y orales de los abogados de ambas partes.

La parte apelante funda su impugnación á la sentencia re-currida en que la demandante Juana Eivera Méndez no ha acreditado que sea hija y heredera de José Eivera Cintrón; en que, según las pruebas practicadas en el juicio, la ejecu-ción seguida contra José Eivera Cintrón en nada pudo per-judicar á sus herederos, ni á José Salas, ni a otra persona, pues se remató la finca de que se trata para el pago de un cré-dito legítimo reconocido por José Eivera Cintrón y por José Salas, quien era el dueño de dicha finca en la época de la ejecución, sin que hubiera mediado oposición alguna por parte de los interesados; y finalmente, en que la acción de nulidad ejercitada ha prescrito por ministerio de la ley.

La Corte de Distrito de Ponce llegó sobre los puntos ex-presados á la conclusión que revela su sentencia después de oir las pruebas que las partes aportaron al juicio.

'Dicha corte, al declarar que la ley y los hechos están en favor de la parte demandante y decidir el pleito en los mismos términos solicitados en la demanda, resolvió que Juana Ei-vera-Méndez es hija y heredera de José Eivera Cintrón; que á éste fué cobrado, en juicio ejecutivo seguido ante el extin-guido juzgado de Ia. instancia de Ponce, un crédito cuya tota-lidad no debía, y que no lia prescrito la acción ejercitada.

No encontramos en el presente recurso-términos hábiles para juzgar si ha sido ó nó errónea la apreciación de las prue-bas hechas por la Corte inferior, pues nos falta una relación ■de hechos ó exposición del caso, que pueda merecer nuestra consideración.

Figura, sí, en el récord, una exposición del caso, presen-tada por el letrado de la parte apelante á la Corte de Distrito de Ponce, para su aprobación, y un pliego de adiciones ó en-miendas á dicha exposición, presentado por el abogado de la parte apelada, habiendo firmado ambos abogados exposición y pliego, por haber convenido en que ambos documentos for-men la exposición del caso á los efectos de la apelación en-tablada para ante esta Corte Suprema.

Esa exposición del caso, por más que haya sido convenida por las partes, no está firmada ni aprobada por el juez de la corte de Ponce, y carece, por tanto, de eficacia y valor legal á los fines pretendidos. . .

La razón es clara; si la exposición de hechos ha de ser-virnos de base en el recurso de apelación para discutir si la sentencia apelada es contraria á las pruebas practicadas en el juicio y á la Ley, se hace preciso que tengamos á la vista, en forma auténtica, toda la prueba que el Juez inferior tuvo en cuenta para pronunciar su decisión final en el pleito some-tido á su consideración, y aquella autenticidad no .puede exis-tir sin que el Juez apruebe y firmé la exposición .del caso. El convenio de los letrados de las partes, por muy respetable que sea, no es la forma de autenticidad que la ley exige en la exposición del caso.

Esa doctrina ha sido establecida ya en el caso de Dolores. G. viuda de Barnés y Joaquín Barnés v. El Pueblo de Puerto Rico, decidido en 18 de febrero último.

No habiéndose demostrado, en forma debida, que la sen-tencia apelada sea contraria á la ley ó á la prueba, debemos presumirla, justa, y por consiguiente, es de confirmarse con las costas del recurso á cargo de la parte apelante.'

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Presidente Sr. Quiñones,

text:
    Rodríguez v. Bravo.
    ApelaciÓN procedente de la Corte Distrito de Mayagüez.
    No. 104.
    Resuelto en junio 18, 1907.
    Apelación — Nueva Comparecencia de las Partes. — Una resolución de la corte inferior ordenando que las partes comparezcan de nuevo ante la misma y presenten pruebas sobre determinada. cuestión de hecho que se hace necesario aclarar, á fin de poder resolver definitivamente el caso, no es apelable.
    Los lieclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Sama.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Don Antonio Bodríguez estableció demanda ante la corte municipal dél distrito judicial municipal de Mayagüez contra Alfredo Bravo, exponiendo como lieclios que algunos animales de la propiedad del demandado, que pastaban en una finca del mismo, sita en el barrio del Miradero, de la ciudad de Maya-güez, á la parte sur de la carretera de Añasco, invadían dia-riamente unos terrenos limítrofes que estaban sembrados de cañas dulces, las que pertenecían al demandante Antonio Bo-drígnez, plantaciones que se bailaban por esa causa en un estado deplorable y ruinoso, por lo cual interponía la presente demanda para obtener judicialmente del demandado el resar-cimiento de dichos daños y perjuicios, cansados por su culpa y negligencia, y los que estimaba en trescientos cincuenta dollars, además de las costas y gastos del juicio. El deman-dado contestó la demanda negando en general todos los lieclios consignados en la misma, y celebrado el juicio ante dicha corte municipal dictó esta sentencia condenando al demandado Alfredo Bravo á pagar al demandante la suma de diez dollars,, con las costas. Apelada esa sentencia por la parte deman-. dante, por la que respecta á su cuantía, y celebrado el juicio ante la Corte de Distrito de Mayagüez, por virtud de dicha, apelación dictó esta resolución en 14 de diciembre último,, estimando que carecía de una base cierta y segura para poder determinar el importe de los daños y perjuicios causados en la propiedad del demandante, y que no habiéndose jus-tificado concretamente que los daños causados en las planta-ciones de cañas pertenecientes al demandante, do fueran en. toda su extensión por la parte demandada, y siendo eso un punto de hecho esencial para la determinación de la cuantía de dichos daños y perjuicios, debía darse al caso una más amplia consideración, y ordenaba, por-lo tanto, que las partes litigantes comparecieran de nuevo ante la corté en el día y hora que acordaran, á fin de discutir el punto de hecho á que hacía referencia, pudiendo practicár' en el acto la prueba que fuere pertinente á este punto y nó á otro alguno, sin que se entendiera esa resolución en el sentido de retrotraer el pro-cedimiento. Contra esta resolución interpuso apelación para ante este tribunal la representación de la parte demandante.'

La resolución dictada en este caso por la Corte de Distrito de Mayagüez en 14 de diciembre de 1906, y apelada por el demandante para ante' este tribunal, no es una resolución apelable, según el artículo 295 del Código de Enjuiciamiento Civil, toda vez que no es sentencia definitiva, ni es tampoco una resolución del carácter de las taxativamente enumeradas en el párrafo 3 del mismo artículo; por esta razón, propo-nemos que se desestime la apelación interpuesta en este caso, con las costas del recurso á cargo de la parte apelante.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.