author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Dávila. Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. David Castañón Pérez, acusado y recurrido.

      Número: O-82-793

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Luis A. Romero y Ramón A. Llobet, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El Estado recurre en certiorari de la absolución peren-toria en acusación por mutilación, decretada por la sala de instancia con fundamento en determinaciones de hecho de las que tomamos las relevantes a esta decisión y que afirman:

El domingo 8 de agosto de 1982 entre las horas de las cua-tro y treinta a las cinco pasado meridiano, el joven Abbot Kaufer Medina en unión a su primo Luis Rafael Vélez Medina y su amigo, Sergio Cima de Villa, se encontraban disfru-tando de un día de playa, dentro del agua, aproximadamente unos 120-125 pies de la orilla, entiéndase por la orilla donde terminan las olas del mar, era un día soleado, el mar estaba normal, calmado en el sector de la playa de Isla Verde, juris-dicción de Carolina que se conoce por los amantes de los deportes acuáticos, como “Los Hobbie”, por estar cerca del negocio que construyen [szc] los “hobbie cats”, entre los Con-dominios Villas del Mar y el Girasol. Al poco rato de estar metidos dentro del agua y mientras se encontraban hablando, separados entre ellos como a unos diez (10) pies, Sergio Cima de Villa aparte, mirando hacia el Este y sus amigos Abbot y Luis de frente hacia él y sus espaldas hacia el Este vio aproxi-marse una lancha a velocidad en dirección de Este a Oeste, como a una distancia de treinta (30) a cuarenta (40) pies gritándole a Luis “cuidado que viene un bote”, Luis miró hacia atrás, e inmediatamente se sumergió, pasando la lancha entre él y sus amigos, Abbot y Luis que estaban separados de él a la distancia ya indicada.
Que sintió el ruido del impacto con algo, que la lancha le pasó como a seis (6) pies de él, no nadó porque no tuvo tiempo, tampoco se sumergió, ni sufrió impacto o lesión alguna oca-sionada por la lancha. Que posteriormente le preguntó a su amigo Luis, si estaba bien y éste le contestó que sí, se le pre-guntó a Abbot ¿estás bien?, ¿Te pasó algo? y Abbot no con-testó, al ver que no contestaba nadaron hacia él y entonces se percató que había sangre alrededor del cuerpo de Abbot, que se estaba en ese momento sumergiendo.
Que con la ayuda de Luis Rafael Vélez Medina y otros bañistas que se acercaron lograron sacar a Abbot hasta la orilla y úna vez en la arena, se percata que le falta el brazo izquierdo y tenía, además lesiones en la parte izquierda del cuerpo, botaba mucha sangre. Abbot es llevado a un hospital en un taxi que fue detenido por ellos.
Que había mucha gente en la playa dentro del agua había bastantes bañistas, sin señalar lugar específico, limitándose a indicar que el grupo de bañistas más próximo a ellos, estaba aproximadamente a unos veinticinco (25) pies de ellos. (Sobre este mismo extremo, o sea, el grupo de bañistas o bañista más cercano a ellos, otro testigo, Luis Rafael Medina indicó que éste se encontraba como a cuarenta pies de ellos.)
Según la prueba presentada por el Ministerio Público el testigo Luis Rafael Vélez Medina, quien no puede identificar al acusado, como el operador de la lancha esa tarde del día 8 de agosto de 1982, calcula que dicha lancha iría a una velo-cidad de cincuenta (50) a cincuenticinco (55) millas por hora, comparando ésta con un carro. Que luego de dicha lancha impactarles, no se detiene para auxiliarlos, que continúa su rumbo hacia San Juan, haciendo un viraje hacia la izquierda y encaminándose nuevamente en dirección hacia el Este, o sea, hacia Boca de Cangrejos. La profundidad en ese sitio (donde ocurrió el accidente) conforme a la prueba presentada por el Fiscal es de seis (6) pies o poco más de seis (6) pies, ésta además, es al efecto de que mientras se retiraba del lugar del accidente el operador de la lancha miraba hacia atrás, que no iba persona alguna otra con el operador de la lancha, que al dejar de mirar éste aceleró la marcha, siguiendo rumbo a Boca de Cangrejos, donde posteriormente se localiza el bote, el cual es descrito como una lancha de 18 a 20 pies de eslora, marca Glastron, color gris y el aquí acusado se encontraba echándole agua con una manguera a dicha lancha en su parte posterior (popa) ya fuera del agua ....
La prueba del Ministerio Público que surge del testimonio de los testigos Orestes Pavía y Sergio Cima de Villa identifi-can en corte abierta al acusado David Castañón Pérez, como el operador de la lancha al momento del accidente, la cual no se detuvo para auxiliar a los heridos ni para suministrar sus datos personales a la parte o partes afectadas.
Igualmente se presentó prueba por el Ministerio Público a los efectos de que tampoco el acusado informó dicho accidente a la Autoridad de los Puertos como es su obligación conforme a la Ley (testimonio estipulado del Sr. Ricardo Correa Mar-cano, funcionario de la Autoridad de los Puertos).

El delito de mutilación está definido en el Art. 96 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4033) así:

Toda persona que ilegal y maliciosamente privara a otra de un miembro de su cuerpo, o lo mutilare, desfigurare o inutili-zare, o le cortare o mutilare la lengua, sacare un ojo, sajare la nariz, oreja o labio, desfigurase su rostro o alterare perma-nentemente la apariencia de su rostro o inutilizare perma-nentemente su capacidad para oír, ver o hablar, será sancio-nada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija esta-blecida podrá ser aumentada hasta un máximo de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser redu-cida hasta un mínimo de seis (6) años. El Tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de re-clusión establecida, o ambas penas.

La definición de los términos “malicia” y “maliciosamente” en el Núm. 19 del Art. 7 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(19), como que “[djenotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo”, hay que leerla y entenderla bajo el criterio de formas de culpabilidad que el Art. 14 ordena así:

Nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley provee como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal.
La intención o la negligencia se manifiestan por las circuns-tancias relacionadas con el delito, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona. 33 L.P.R.A. see. 3061.

La nueva disposición introduce la clasificación del delito como intencional o doloso; y el negligente o culposo, equivalente a la imprudencia temeraria. La ausencia de malicia constituye la nota esencial que caracteriza el delito culposo. A renglón seguido nuestro Código Penal particulariza y distingue entre el delito intencional (doloso) y el de negligencia (culposo) al declarar:

Art. 15. Intencional
El delito es intencional:
(a) Cuando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión; o
(b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión. 33 L.P.R.A. see. 3062.
Art. 16. Negligencia
Responde por negligencia la persona que ha producido un resultado delictuoso sin quererlo, por imprudencia o des-cuido, o falta de circunspección o impericia o por inobservan-cia de la ley. 33 L.P.R.A. see. 3063.

La ausencia de cualificación de intención y medios —presentes en el asesinato (Arts. 82 y 83 Código Penal)— en el delito de mutilación extirpa toda noción de ser éste uno en que ha de exigirse determinada intención específica. Ya hace muchos años y sin la ayuda de vía tan explícita como la provista en el moderno Código Penal, este Tribunal llegó a igual conclusión al sostener que “como el código no requiere para que el delito de mutilación se entienda cometido que se pruebe una intención específica, ya que toda persona responde de las consecuencias naturales de sus actos voluntarios y maliciosos, no es necesario que la acusación alegue tal intención de mutilar”. Y en síntesis final que anticipó las señaladas modalidades de intención y negligencia, dijimos: “fo que tiene que probar el Fiscal, en casos como el presente [herida que seccionó cuatro dedos de la mano], es que el acusado privó a otra persona de un miembro de su cuerpo”. El Pueblo v. Pizarro, 21 D.P.R. 17, 20, 23 (1914).

Complementa el concepto de responsabilidad penal en el Código el reconocimiento de eximentes —llamadas causas de exclusión de responsabilidad— la primera de las cuales sería la única relacionable (mas no aplicable) con el caso que nos ocupa, el caso fortuito que el Art. 18 del Código identifica al reglar: “No incurre en responsabilidad la persona que, en ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, o al incurrir en una omisión, causa daño por mero accidente, desgracia o casualidad, sin mediar inten-ción ni negligencia.”

El 20 enero, 1983 requerimos del acusado recurrido mostrar causa por la que la prueba hasta ahora presentada en juicio y sobre la cual la sala de instancia concedió una absolución perentoria, no deba tomarse como evidencia prima facie del delito de mutilación a tenor de las normas de intención y negligencia de los Arts. 15 y 16 del Código Penal. Confrontado con el preciso y abarcador texto de dichas disposiciones penales, el acusado recurrido sólo ha podido oponer una solución que corresponde a la Asamblea Legislativa: que se limite la figura del delito de mutilación en el aspecto de intención, a la agresión o intento de agredir o de causar daño, y que la malicia podrá presumirse sólo si el daño se causó como consecuencia de un acto peligroso per se. La proposición es tan ambiciosa que exige modificación del principio básico de responsabilidad que caracteriza el Código como instrumento de protección social en los tiempos modernos de máximo desarrollo industrial, restringe los conceptos de delito intencional y negligente, y evade en el de mutilación el fin esencial de sancionar la atrocidad, con abstracción del medio o instrumento usado en su comisión. En el delito culposo o de negligencia criminal del Art. 16 basado en que la persona ha producido un resultado delic-tuoso sin quererlo, por imprudencia, descuido, falta de cir-cunspección, impericia o por inobservancia de la ley, se des-cartó después de extenso debate, la necesidad de hacerlo punible solamente cuando así se disponga con ulterior espe-cificación por el Código o por ley especial. La moderna estructuración de nuestro Derecho penal elaborado sobre el principio de que quien ejecuta un hecho criminal es respon-sable de todo el mal que por consecuencia del mismo se produce, deja sentado que la ausencia de perfecta armonía entre la intención delictuosa y el resultado, en nada excluye la responsabilidad penal del agente a quien ha de alcanzar tanto la derivada del acto realizado, como de las consecuen-cias dimanadas del mismo.

El Art. 15(b) del Código considera intencional el delito cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto, o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión. La conjugación de intención y consecuencia restringe la connotación maliciosa que no va más allá, en la definición del término que hace el Art. 7, Apdo. 19 del Código, de un acto dañoso intencional, sin justa causa o excusa, presente en el actor consciencia de la naturaleza del mismo. Y a esa conclusión habíamos arribado desde El Pueblo v. Pizarro, supra, pág. 20, donde consideramos innecesario alegar en la acusación la “intención de mutilar”. En California, de donde procede el artículo original en nuestro Código, el término “maliciosamente” en la definición de mutilación no implica determinación ni premeditación, y basta que la prueba establezca un acto del cual la ley inferirá que se actuó ilegal y maliciosamente, a menos que haya evidencia demostrativa de eximente. People v. Nunes, 190 P. 486 (1920); 47 Cal. App. 346, 349. Toda la intención exigida es la que pueda inferirse de la naturaleza de las lesiones resultantes de ciertos actos intencionales. Goodman v. Superior Court of Alameda County, 148 Cal. Rptr. 799 (1978); 84 Cal. App. 3d 621. Bajo la premisa de que la conducta ilegal intencional comprende malicia, la Corte Suprema de Carolina del Norte confirmó la sentencia por mutilación impuesta a un médico que en ausencia del autor físico anestesió los dedos sobre los que la víctima había concertado el cercenamiento con un tercero, para cobrar dinero de seguro. State v. Bass, 255 N.C. 42 (1961); 120 S.E.2d 580.

La malicia deliberada no es elemento esencial del delito de mutilación, por lo que no exige prueba de premeditación o deliberación. People v. Wright, 93 Cal. 564, 566 (1892). En Pueblo v. Cordero, 82 D.P.R. 379, 382 (1961), citamos con aprobación a People v. Wright, y Pueblo v. Pizarro, supra, en su aseveración de que el delito de mutilación no exige prueba de intención específica, ni de premeditación porque “de todas formas, tal maliia puede deducirse de la conducta del acusado y las circunstancias que rodean la comisión del delito ... ya que para estos fines malicia es sinónimo del propósito o designio de causar daño. La malicia queda establecida con prueba de la comisión del acto .... Uno de los objetivos del legislador al definir este delito fue evitar la brutalidad alarmante ... y de ahí que se presuma la malicia de la atrocidad del acto en sí, que entre otros casos se deduce de la naturaleza del instrumento o medio utilizado para la agresión”. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos hizo una incursión en este campo del orden de responsabilidad que incluye propósito, conocimiento, imprudencia, y negligencia para concluir que hallándose la administración del sistema federal de justicia confiada a simples mortales, bien sean abogados, jueces o jurados, el sistema podría desplomarse por su propio peso si las cortes o los eruditos se obsesionan con distinciones rebuscadas (hairsplitting), sean tradicionales o noveles, que el Congreso (léase Asamblea Legislativa) ni expresó ni implicó cuando definió la conducta criminal. United States v. Bailey, 444 U.S. 394, 406 (1980). Cuello Calón es también del criterio que la voz “maliciosamente” como la de “a sabiendas” y “con propósito” y otras que denotan la voluntad dolosa del agente constituyen “redundancias completamente superfluas” y que esas expre-siones se han empleado para denotar su ejecución mera-mente intencional (con aquella intención común u ordinaria). E. Cuello Calón, Derecho Penal, 17ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. 1, Vol. 1, págs. 437-438.

La prueba presentada por el Estado en el caso de autos señala al recurrido conductor de la lancha operándola a marcha veloz en una playa concurrida por bañistas, en zona llana de baño, de solo 6 pies de hondura. Ocurrido el encuentro de lancha y bañista que tuvo como consecuencia la pérdida por cercenamiento del brazo izquierdo de Kaufer Medina, surge la figura prima facie de delito intencional de mutilación que define el Art. 15(b) del Código Penal: un resultado que sin ser querido pudo ser previsto por el recurrido piloto como consecuencia natural y probable de su acción. La previsibilidad del grave daño al bañista inducida por la consciencia del riesgo que conlleva navegar a 50 m.p.h. en zona de-sólo 6 pies de profundidad donde había numerosas personas en el agua, en nuestro medio debe ser además preocupación constante de los deportistas de lancha por las frecuentes protestas públicas de bañistas contra la penetración de embarcaciones al agua llana que es propia-mente zona de baño y natación. La forma y lugar en que el recurrido conducía su lancha, según las determinaciones del juzgador, constituía no solo base de previsibilidad del accidente catastrófico, y sí además, conducta de alta peli-grosidad, notoria y repudiada en nuestros balnearios. La regla de El Pueblo v. Astado, 23 D.P.R. 842 (1916), que le exigió al ciclista que corría a velocidad por las calles de Cabo Rojo previsibilidad de que iba a atropellar a alguien, como efectivamente arrolló una niña por lo que fue convicto de acometimiento y agresión, tiene mayor vigencia hoy, pasado medio siglo. El acusado recurrido, que no transitaba en bicicleta por aquella calle de pueblo usualmente desier-ta, sino que atravesaba veloz en su lancha entre cabezas y torsos de bañistas agrupados en una playa concurrida “crea un peligro ... [y] no puede negar que tuvo la intención de producir daño corporal a cualquiera de aquéllos, aunque no la tuviera para una persona determinada”. Astado, supra, pág. 845. “El deber de atención y diligencia . . . exigible a todos en la ejecución de los actos de la vida, aparece cada día más imperioso merced a las condiciones de la vida moderna que pone en manos del hombre formidables fuer-zas mecánicas cuyo manejo imprudente o negligente oca-siona gravísimos males, por esto la infracción de aquel deber exige una severa sanción.” Cuello Calón, op. cit., pág. 457.

Apreciamos la honestidad intelectual del juez de instan-cia llevado a una conclusión errónea en un amargo caso, sin el beneficio de interpretación que ahora provee este Tribunal, sobre una cuestión que ha exigido una profundidad de examen para lo cual sabemos que no tuvo tiempo ni medios el ilustre magistrado dentro de la presión continua del calendario criminal.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expide el auto y se anula la absolución perentoria en el cargo de muti-lación. Se devolverá el caso a instancia para continuación de procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

Los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué se unen a la opinión del Tribunal y además emiten votos separados. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado y se reserva el derecho de emitir un voto separado.

—O—

Voto separado del

Juez Asociado Señor Dávila.

Me he unido a la opinión del Tribunal pero creo proce-dente hacer constar que aun bajo la tesis propugnada por el recurrido, de limitar “la figura del delito de mutilación en el aspecto de intención, a la agresión o intento de agreder [szc] o de causar daño, y que la malicia podía presumirse solo si el daño se causa como consecuencia de un acto peli-groso per se”, de establecerse los hechos que se le imputan, estaría incurso en el delito de mutilación ya que el daño causado lo fue “como consecuencia de un acto peligroso per se”: conducir una lancha con motor fuera de borda, a alta velocidad, cerca de la orilla donde disfrutan del baño un grupo de personas. Cf. El Pueblo v. Astacio, 23 D.P.R. 842 (1916).

-0-

Voto separado del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Concurro y uno mi voto a la opinión del Tribunal por considerarla correcta en su apreciación del Derecho y por estar limitada a reconocer que en este caso la prueba adu-cida, considerada frente a una moción de absolución peren-toria bajo la Regla 135 de Procedimiento Criminal, es sufi-ciente para establecer un caso prima facie contra el imputado. La opinión no pasa juicio, ni podría hacerlo, sobre aspectos de credibilidad ni sobre la suficiencia de la prueba ante el requerimiento constitucional de que la cul-pabilidad se pruebe más allá de duda razonable. Esto compete al juzgador de los hechos.

El Código Penal vigente es un cuerpo sistematizado armónicamente, que se adoptó en 1974 para sustituir al obsoleto Código de 1902, corrigiendo a su vez numerosas fa-llas de que éste adolecía. Véase el informe en torno al Proyecto del Senado 753, que se convirtió en la ley que adoptó el vigente Código Penal. 33 L.P.R.A. sec. 3001 (anotación).

Bajo este esquema legislativo no puede concebirse que la “imprudencia crasa o temeraria” que se define en el Art. 87 (33 L.P.R.A. sec. 4006) sea equivalente a la malicia que requiere el delito de mutilación definido en su Art. 96 (33 L.P.R.A. sec. 4033). Me explico.

El Art. 87 dispone:

Cuando en la muerte ocasionada por una persona al con-ducir un vehículo de motor mediare imprudencia crasa o temeraria, se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
La imprudencia crasa o temeraria es aquella de tal natu-raleza que demuestre un absoluto menosprecio de la segu-ridad de los demás bajo circunstancias que probablemente produzcan daños a éstos y no significa una mera falta de cuidado.

El Art. 96 dispone:

Toda persona que ilegal y maliciosamente privara a otra de un miembro de su cuerpo, o lo mutilare, desfigurare o inutili-zare, o le cortare o mutilare la lengua, sacare un ojo, sajare la nariz, oreja, labio, desfigurase su rostro o alterare permanen-temente la apariencia de su rostro o inutilizare permanente-mente su capacidad para oír, ver o hablar, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión estable-cida, o ambas penas.

Como puede verse de la lectura de ambos textos, causar la muerte de una persona al conducir un vehículo de motor, mediand “imprudencia crasa o temeraria”, y privar a una persona de un miembro de su cuerpo de manera “ilegal y maliciosamente” son ambos delitos graves, pero el legisla-dor concibe que el segundo es más grave que el primero pues, mientras establece una pena de tres años de prisión para el primero, señala una pena tres veces mayor —nueve años de prisión— para el segundo. Nadie concebiría que, tomado en abstracto, privar a una persona de un miembro de su cuerpo sea más grave desde el punto de vista del Código Penal que privarla de la vida. El derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales reconocidos por nues-tra Constitución. Carta de Derechos, Art. II, Sec. 7.

La única explicación que puede justificar la diferencia en las penas establecidas para estos delitos la hallamos en la forma como se cometen. Para el homicidio tipificado en el Art. 87 se requiere “imprudencia crasa o temeraria”. Para el delito de mutilación se requiere que el imputado actúe “ilegal y maliciosamente”. Obviamente, “imprudencia crasa o temeraria” y “malicia” no son sinónimos. Así, quien lance un vehículo de motor contra un grupo de personas “ilegal y maliciosamente” y con dicho acto cause la muerte de una de dichas personas comete el delito de asesinato tipificado en el Art. 82 (33 L.P.R.A. see. 4001). Si con dicho acto priva a una de dichas personas de un miembro de su cuerpo, comete mutilación.

Al acusado en el caso ante nuestra consideración se le imputa que “ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, privó permanentemente de un miembro del cuerpo al ser humano Abbot Kaufer Medina cuando en ocasión en que operaba una lancha de motor en la playa de Isla Verde impactó [sic] con su lancha a dicho joven desprendiéndole con la hélice de su motor su brazo izquierdo”. Luego del desfile de la prueba presentada por el fiscal para establecer lo alegado en esta acusación, el imputado solicitó del tribunal y éste decretó su absolución perentoria bajo la Regla 135 de Procedimiento Criminal.

La citada Regla 135 dispone que el tribunal “a instancia propia o a instancia de un acusado decretará su absolución perentoria en uno o varios cargos de la acusación o denun-cia luego de practicada la prueba de una o de ambas partes si la misma fuere insuficiente para sostener una convicción por ese cargo o cargos”.

En el caso ante nuestra consideración ha desfilado únicamente la prueba de cargo. Su suficiencia ha de deter-minarse desde el punto de vista de si considerada en con-junto y tomando en cuenta las inferencias que la misma permita, y considerada a su vez desde el punto de vista más favorable a la acusación, de ser cierta, establecería cumpli-damente todos los elementos esenciales del delito imputado. Véase, sobre el particular, 2 Wright, Federal Practice and Procedure: Criminal 2d Sees. 462 y 467 (1982), en que se cita abundante jurisprudencia interpretativa de la Regla 29 de Procedimiento Criminal federal, equivalente a la 135 nuestra. De particular relevancia es el siguiente comentario en la See. 467:

A number of familiar rules circumscribe the court in determining whether the evidence is sufficient to meet this test. It is not for the court to assess the credibility of witnesses, weigh the evidence, or draw inferences of fact from the evidence. These are functions of the jury. The court must look to all of the evidence, but must take the view of the evidence and the inferences therefrom most favorable to the government. That the testimony is in conflict is not in itself enough to require judgment of acquittal. (Escolios omitidos.) Págs. 663-665.

La prueba aquí aducida está recogida en la opinión del Tribunal, y no es menester reproducirla una vez más. Señala al imputado como la persona que conducía una lan-cha de motor a mucha velocidad, por aguas llanas cercanas a la orilla de la playa, en que había numerosos bañistas, y con la hélice del motor le arrancó un brazo a uno de los bañistas, hecho lo cual se alejó del lugar a gran velocidad.

La intención de cometer un acto dañoso, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo, son factores subjetivos que el Código Penal requiere y señala taxativa-mente para configurar el elemento “malicia o maliciosa-mente”. Art. 7, inciso 19, antes citado. Por ser factores sub-jetivos, tienen que inferirse de la totalidad de las circuns-tancias. Frente a una moción de absolución perentoria, como la aquí propuesta, esas circunstancias han de tomarse del modo más favorable a la acusación y por ello en este caso dicha moción no debió prosperar.

No obstante lo expresado, procede señalar que una cosa es resolver sobre la suficiencia de la prueba frente a una moción bajo la Regla 135 y otra cosa aquilatar la totalidad de la prueba luego de sometido el caso por ambas partes, para que se decida sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. En el segundo supuesto el enfoque es distinto. Para hallar culpable al acusado, la prueba deberá satis-facer la consciencia del juzgador más allá de duda razona-ble. Sobre eso no podemos pasar nosotros; la potestad sobre ello es exclusiva del juzgador de los hechos.

Concurro en que se devuelva el caso a instancia para ulteriores procedimientos.

       Sólo hemos prescindido de un párrafo y parte de otro (15 líneas).

      El texto penal así interpretado en 1914, que fue el Art. 212, Código Penal 1902, en cuanto concierne a su relevante parte introductoria, “[t]oda persona que ilegal y maliciosamente privare a algún ser humano de un miembro de su cuerpo ...” coincide con el actual Art. 96.

      La orden emitida dice así:
      “Considerando que la prueba hasta ahora introducida en juicio por El Pueblo de Puerto Rico establece que el acusado incurrió en negligencia que (a) produjo un resultado delictuoso sin quererlo, por imprudencia o descuido, o falta de circuns-pección o impericia, o por inobservancia de la ley [Art. 16, Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3063; y 23 L.P.R.A. sec. 451h(a)]; [o] (b) realizó un acto delictivo en cir-cunstancias en que el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser por él previsto como consecuencia natural o probable de su acción u omisión [Art. 15, Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062]; y que el delito de mutilación no requiere más intención que la exteriorizada por la conducta antes descrita, el recurrido tendrá de término hasta el 4 febrero, 1983 para mostrar causa por la que no deba deter-minarse la existencia de prueba prima facie de mutilación, anular la resolución de non suit y devolver el caso a instancia para continuación del juicio.”

       En su origen el delito de mutilación se consideró atrocidad contra la paz del rey, privado de la ayuda y auxilio del súbdito reducido en los medios de combatir, bien para defenderse, o atacar al enemigo. State v. Bass, 255 N.C. 42 (1961); 86 A.L.R.2d 259 (1961). Hoy día se protege la integridad de la persona, la natural suficiencia y buena apariencia de los miembros y órganos del cuerpo humano, y la preservación de sus funciones.

       Comentarios al Art. 16 en la edición del Departamento de Justicia, 36 Rev. C. Abo. P.R. 22 (1975), que recoge expresión del penalista López Rey y Arrojo en la que señala que “la tendencia general es la de reconocer una mayor responsabi-lidad penal por hechos cometidos por negligencia, impericia o inobservancia de deberes basada en las complejidades del mundo moderno evidenciadas en la cre-ciente mecanización, industrialización, fabricación y pre-fabricación, producción en masa, creciente tecnología y mayor necesidad de expertos y especialistas, todo lo que significa mayor atención y cuidado respecto a la comunidad; exigencias y circunstancias que a tal grado no existían a mediados del Siglo 19”.

        Cf. Pueblo v. Calderón Laureano, 113 D.P.R. 574 (1982).

      El Código de California define mutilación así: “Every person who unlawfully and maliciously deprives a human being of a member of his body. . . .” Cal. Penal Code Sec. 203 (West 1970).

       Dice: “Asesinato es dar muerte a un ser humano con malicia premeditada.”

      Los términos “malicia o maliciosamente” son definidos en el Código, Art. 7 (33 L.P.R.A. see. 3022) inciso 19, como que “[d]enotan la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo”.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

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text:
    Industrial Siderúrgica, Inc., demandante y recurrida, v. Thyssen Steel Caribbean, Inc., Florida Steel Corporation; B. S. Livingston & Co., Inc., demandadas y peticionaria la segunda.

      Número: O-82-795

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      Carlos Colón Marchand, abogado de la peticionaria Florida Steel Corporation; Julio M. Rodríguez, de Fiddler, González & Rodríguez, y Orlin P. Goble, abogados de Thyssen Steel Caribbean, Inc.; Zadette Bajandas, de O’Neill & Borges, abogada de B. S. Livingston & Co.; Héctor Saldaña Egozcue, de Ortiz Murias & Saldaña, abogado de la recurrida Industrial Siderúr-gica, Inc.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Florida Steel Corporation recurre ante nos de resolución del Tribunal Superior que denegó su solicitud para que se desestime demanda instada en su contra en que se reclama por alegados daños basados en violación de las disposiciones antimonopolísticas de la Ley de Monopolios. Aduce falta de jurisdicción sobre su persona por ser una corporación forá-nea a la que no alcanza el Art. 13B de dicha ley ni la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. Resolvemos que, independien-temente del citado Art. 13B, la demandante ha demostrado ante nos que existe prueba que tiende a establecer que Florida Steel efectúa transacciones de negocios en Puerto Rico y hay, por tanto, base para ejercer jurisdicción sobre ella conforme a la Regla 4.7(a)(1) de Procedimiento Civil, sin que se violenten las disposiciones constitucionales aplicables sobre debido procedimiento de ley.

I

La demanda objeto de este caso alega que Industrial Siderúrgica, Inc., corporación organizada y existente bajo las leyes de Puerto Rico, se dedica a la venta de acero de refuerzo dentro y fuera de Puerto Rico; que las demandadas Florida Steel Corp., y B. S. Livingston & Co., Inc. son el fabricante y el intermediario, respectivamente, de acero de refuerzo que suplen a la otra demandada, Thyssen Steel Caribbean, Inc., corporación doméstica; que ésta a su vez vende en y fuera de Puerto Rico; que mediante concesiones especiales hechas por Florida Steel y Livingston a Thyssen, y mediante acuerdos y combinaciones entre éstas, conspi-raron contra la demandante premeditada y maliciosamente para destruir su competencia y eliminarla del mercado local, en violación de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sees. 257-276); y que tales actuaciones han causado daños a la demandante, que se estiman en cinco millones de dólares.

Florida Steel solicitó desestimación de la demanda por alegada falta de jurisdicción in personam. Adujo que está incorporada en el estado de Florida, donde tiene sus oficinas principales; que posee centros manufactureros en Florida, Carolina del Norte, Tennessee, Georgia, Luisiana y Carolina del Sur, pero que no tiene oficinas, fábricas, bienes, em-pleados, agentes o vendedores en Puerto Rico ni ha reali-zado transacciones de negocio en esta jurisdicción. Negó, además, que se hubiese aprovechado de cualquier privilegio en nuestro foro o que de otro modo se hubiese sometido a la jurisdicción de nuestros tribunales. Acompañó su solicitud con declaración jurada de su vicepresidente, expositiva de dicha circunstancia.

Por su parte, Industrial Siderúrgica replicó que inde-pendientemente de lo que disponga la Regla 4.7 de Proce-dimiento Civil (referente a las circunstancias en que nues-tros tribunales pueden ejercer jurisdicción sobre deman-dados no domiciliados ni residentes en Puerto Rico), la Ley de Monopolios dispone en su Art. 13B que los tribunales de Puerto Rico pueden ejercer jurisdicción sobre cualquier persona que haya violado algunas de sus disposiciones y que, además, perciba un ingreso sustancial de alguna acti-vidad económica en Puerto Rico.

En su moción ante el tribunal de instancia, Industrial Siderúrgica alegó que del descubrimiento de prueba respecto a Livingston surgía que Florida Steel conoce que su producto está destinado para Puerto Rico, ya que Livingston no toma posesión del acero en ningún momento, sino que Florida Steel lo entrega directamente a Thyssen en Jacksonville, Florida, para embarcar directamente a la Isla. La deman-dante alegó que en el último año y medio se hicieron en esta forma diez embarques de acero. Adujo, además, que Florida Steel en ocasiones le vendió directamente a la demandante lingotes de acero para su elaboración y que las ventas de Florida Steel en Puerto Rico han sido sustanciales. Por tal razón, concluyó, Florida Steel lleva a cabo transacciones de negocio en Puerto Rico al punto que la sujeta a la jurisdicción de nuestros tribunales.

El tribunal de instancia sumariamente declaró sin lugar la moción de desestimación de Florida Steel, sin celebración de vista y sin oportunidad de que se consideraran los diver-sos aspectos planteados por las contenciones de las partes. A petición de Florida Steel expedimos auto de certiorari para considerar el planteamiento constitucional sobre jurisdic-ción in personam.

Aparte de los argumentos vertidos por la recurrida Industrial Siderúrgica en oposición a la solicitud de deses-timación, ha producido ante nos, en su abono, elementos de prueba obtenidos en el trámite de descubrimiento de prue-ba que no tuvo oportunidad de presentar ante el tribunal de instancia. De ordinario no los consideraríamos. Pero no se trata en esta etapa de los procedimientos de determinar sobre su admisibilidad y valor probatorio, asunto que com-peterá en su día al tribunal de instancia. Se trata de tomar razón de que se cuenta con determinada prueba que de ser cierta daría suficiente base para el ejercicio de jurisdicción sobre la persona de la demandada y aquí peticionaria Florida Steel. Sobre este aspecto nos ocuparemos más adelante.

Dicha prueba tiende a demostrar que en 1977 Florida Steel remitió a Livingston una carta-contrato mediante la cual aquélla le confirma a ésta que todas sus ventas de acero de refuerzo para Puerto Rico serán hechas exclusi-vamente a Livingston. A cambio de esto Livingston com-praría todo el acero doméstico (producido en Estados Uni-dos) a Florida Steel. No obstante, Florida Steel se reservaba el derecho de venderle acero a la demandante Industrial Siderúrgica. El propósito de este acuerdo fue “establecer y mantener una relación comercial a largo plazo entre ambas partes para beneficio mutuo”.

La deposición tomada a un oficial de Livingston tiende a demostrar que el acuerdo aún está vigente y que todo el acero vendido por Livingston lo ha suplido Florida Steel. Además, Florida Steel no entrega el acero a Livingston sino a Thyssen. Por otro lado, Florida Steel marca el acero que envía a Puerto Rico con una etiqueta de metal que expresa que dicho acero está destinado para San Juan.

Más aún, cuando se negocia el precio del acero que Livingston compra para revender a Thyssen, participan ofi-ciales de las tres compañías. Las reuniones generalmente son cada tres meses y se celebran en las ciudades de Tampa, Nueva York y San Juan.

En 1980 Florida Steel hizo cinco embarques de acero a Puerto Rico, en 1981 cuatro, y otros tantos en 1982. Los embarques anuales representan 23,605 toneladas métricas de acero de refuerzo para Puerto Rico en 1980; 24,403 en 1981; y 25,592 en 1982. El valor de tales embarques anuales ascendió a casi siete millones de dólares en 1980; casi seis millones y medio en 1981; y casi seis millones en 1982. En los tres años, Florida Steel ha recibido por las ventas de su acero en Puerto Rico más de diecinueve millones de dólares. Además, en las facturas de Florida Steel a Livingston se hace constar que la mercancía fue enviada a Thyssen en San Juan, Puerto Rico.

Con estas circunstancias es que debemos adjudicar los méritos del incidente procesal ante nuestra consideración.

I I — I

Para resolver la presente controversia es necesario determinar previamente si existe algún estatuto o regla que autorice a los tribunales de Puerto Rico a asumir juris-dicción in personam sobre la demandada peticionaria y, de existir, si el ejercicio de tal jurisdicción es compatible con la cláusula de debido procedimiento de ley.

—A—

Nuestro estatuto general de largo alcance aparece ubicado en la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. No obstante, la demandante ha invocado una ley especial que contiene una disposición particular de largo alcance aplicable a los casos que surjan al amparo de sus disposiciones. La Ley de Mono-polios de Puerto Rico, que es la ley sobre la cual la demandante ha fundado su reclamación, establece lo siguiente:

Art. 13B. Jurisdicción adicional
En adición a las disposiciones sobre emplazamiento pres-critas por las Reglas de Procedimiento Civil para el Tribunal General de Justicia, podrá adquirirse jurisdicción sobre un demandado, ya sea persona natural o jurídica, si éste, directa o indirectamente, comete un acto en violación de este Capí-tulo, y además, percibe un ingreso sustancial de bienes usados o consumidos o servicios prestados en Puerto Rico y/o recibe ingresos sustanciales dentro del contexto de la economía de Puerto Rico o de algún impacto o efecto en un mercado local específico.

Bajo esta disposición deben cumplirse ambos requisitos, el de la conducta que constituye una infracción a la ley y el del beneficio sustancial proveniente de nuestro mercado. Hay base en la prueba ofrecida para establecer prima facie el segundo requisito, pues tiende a demostrar que Florida Steel obtuvo más de diecinueve millones de dólares de ingresos, en tres años, de ventas a Thyssen en Puerto Rico. Éste es sin duda un ingreso sustancial. No hay, por otro lado, indicio alguno de prueba sobre el primer requisito. La mera alegación de que se han cometido actos en violación de la Ley de Monopolios no basta. Véase, sobre el particular, State of West Virginia v. Morton International, Inc., 264 F.Supp. 689, 695 (1967). De permitirse que la mera alegación sobre violación de nuestra ley de monopolios por una persona o corporación foránea sea suficiente para conferir jurisdicción in personam a este foro se frustraría el propósito contenido en la cláusula de debido procedimiento de ley de evitar que un demandado tenga que defenderse de pleitos en un foro distante e inconveniente con el cual no tiene nexo, relación o contactos.

-B-

Señalamos en la parte I de esta opinión que el tribunal de instancia decidió la moción de desestimación de Florida Steel sin celebrar vista, y sin que las partes tuvieran oportunidad de demostrar la validez de sus planteamientos. De hecho, el tribunal descansó en la suficiencia de las alegaciones para establecer la jurisdicción sobre la persona de Florida Steel. Al así hacerlo, incidió. Cuando menos debió requerir que la demandante demostrara que cuenta con prueba suficiente para establecer los requisitos necesarios para conferir jurisdicción in personam sobre la demandada y así garantizar su derecho a un debido procedimiento de ley. El error es, sin embargo, inconsecuente, porque el requisito ha quedado cumplido ante nos, cuando menos en lo que respecta a la aplicación de la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. En lo aquí pertinente, dicha regla dispone:

(a) Cuando la persona a ser emplazada no tuviere su domi-cilio en Puerto Rico, el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico tendrá jurisdicción personal sobre dicha persona, como si se tratare de un domiciliado del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, si el pleito o reclamación surgiere como resultado de dicha persona:
(1) Haber efectuado por sí o por su agente, transacciones de negocio dentro de Puerto Rico ....

El término “transacciones de negocio” fue interpretado en otro contexto en Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346 (1975). No habíamos tenido oportunidad de interpretarlo en el contexto en que en este caso se presenta.

Bajo la Ley Clayton, Sec. 12 (15 U.S.C. sec. 22), ley antimonopolística federal (que utiliza el término “transac-ción de negocio”, similar al de nuestra Regla 4.7(a)(1)), se ha rechazado la teoría de la conspiración como constitutiva de las “transacciones de negocio” requeridas para fines de competencia (venue). Véase, Occidental Petroleum Corp. v. Buttes Gas & Oil Co., 331 P.Supp. 92, 96-97 (1971), confirmado 461 F.2d 1261 (1972), cert. denegado 409 U.S. 950 (1972). Se ha resuelto que las meras alegaciones en el sen-tido de que el demandado extranjero ha conspirado con otro demandado de la jurisdicción para incurrir en prácticas antimonopolísticas ilícitas no proveen, en ausencia de con-tactos mínimos, una base suficiente para ejercer la jurisdic-ción del foro local. E.g., Weinstein v. Norman M. Morris Corp., 432 F.Supp. 337 (1977); Bertha Building Corp. v. National Theatres Corp., 248 F.2d 833 (1957).

De modo similar llegamos hoy a la misma conclusión: conspirar para violar la Ley de Monopolios de Puerto Rico, sin más, no es efectuar gestiones de negocio de conformidad con la Regla 4.7(a)(1). El debido procedimiento de ley exige algo más.

No obstante, el criterio de la Regla 4.7(a)(1) respecto a si una corporación está llevando a cabo gestiones de negocio dentro del foro local es un criterio práctico, no técnico, mercantil. Cf. United States v. Scophony Corp., 333 U.S. 795, 810 (1948).

Aunque su texto no lo indica, no es necesario que las gestiones de negocio las realice el demandado directamente por sí o a través de agente. World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286, 295 (1980). Pueden ser hechas indirectamente a través de terceras personas sin que sea indispensable que exista entre éstas y el demandado foráneo la relación que pueda crear un contrato de agencia. La relación indirecta entre el no residente y las terceras personas es suficiente para satisfacer el criterio de la regla cuando, como en este caso, éstas son meros eslabones en la concatenación del trámite mercantil deliberadamente pre-parado o conscientemente aprovechado por el ausente para obtener un beneficio económico de nuestro foro. Esta inter-pretación es afín con la tendencia moderna “que es la de ampliar la jurisdicción de los tribunales estatales sobre per-sonas no residentes del foro”, Medina v. Tribunal Superior, supra, pág. 355, hasta donde la Constitución lo permita.

III

La cláusula de debido procedimiento de ley de la Constitución de Estados Unidos limita el poder de los Estados y Puerto Rico para dictar sentencias contra personas no residentes. Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84 (1978). Cuando se dicta una sentencia en violación de dicha cláusula, la misma no es merecedora de entera fe y crédito en ningún otro Estado. Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877). El debido procedimiento de ley requiere que se notifique adecuadamente al demandado la reclamación que haya en su contra y que, además, se le brinde la oportunidad de ser oído, Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306 (1950), antes de que se adjudiquen definitivamente sus derechos en la acción. Mitchell v. W. T. Grant Co., 416 U.S. 600 (1974). El debido procedimiento de ley requiere, además, que el demandado esté sujeto a la jurisdicción in personam del tribunal estatal o local. Internat. Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945). En el caso ante nosotros no se cuestiona que el emplazamiento de la demandada re-currente haya sido inadecuado, sino que solo se cuestiona la facultad de los tribunales de Puerto Rico para ejercer su jurisdicción sobre su persona.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto reiteradamente que el debido proceso de ley sólo requiere para someter al demandado a una sentencia in personam, si no está presente en la jurisdicción, que él tenga en ella ciertos contactos mínimos de forma tal que el pleito no quebrante “las nociones tradicionales del juego limpio y justicia sustancial”. Internat. Shoe Co. v. Washington, supra, pág. 316; World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, supra, pág. 291.

En la más reciente reformulación de su doctrina el Tribunal expresa en World-Wide Volkswagen Corp., supra, que la doctrina de contactos mínimos sirve dos propósitos relacionados pero distinguibles: de un lado proteger al demandado de la carga que supone litigar en un foro dis-tante o inconveniente; y, de otro lado, asegurar que los Esta-dos, por medio de sus tribunales, no habrán de rebasar los límites que recaen sobre ellos por su condición de soberanos iguales entre sí en un sistema federal de gobierno. Véase, A. Kamp, Beyond Minimum Contacts: The Supreme Court’s New Jurisdictional Theory, 15 Ga. L. Rev. 19 (1980). Estas dos funciones están imbuidas en los criterios de razonabi-lidad (reasonableness) y justeza (fairness). Así, el contacto del demandado con el foro debe ser tal que no hiera no-ciones tradicionales de juego limpio y justicia sustancial. Además, la relación entre el demandado y el foro debe ser de tal naturaleza que sea razonable requerir a la corpo-ración que se defienda de la acción particular incoada en dicho foro.

Según World-Wide Volkswagen Corp., supra, pág. 292, “[ijmplícito en este énfasis de razonabilidad está el entendi-miento de que la carga [del pleito] sobre el demandado, aunque siempre de primordial importancia, será conside-rada en casos apropiados, teniéndose en cuenta otros factores pertinentes, incluso el interés del foro local en adjudicar el litigio; el interés del demandante en obtener un remedio con-veniente y efectivo, al menos cuando ese interés no está protegido adecuadamente por la facultad del demandante de escoger el foro; el interés del sistema judicial interestatal en lograr la más eficiente resolución de las controversias; y el interés compartido de los distintos estados en promover fun-damentales policies sociales sustantivos”. (Citas omitidas; traducción nuestra.)

A pesar de su función de asegurar que una persona no sea obligada a litigar en un foro inconveniente, la cláusula de debido procedimiento de ley ha sido aplicada flexible-mente desde Pennoyer, supra. El análisis de las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos desde entonces revela las ajustadas interpretaciones de sus principios a unas circunstancias en continua evolución. Véase, e.g., Note, “Doing Business”: Defining State Control over Foreign Corporations, 32 Vand. L. Rev. 1105 (1979). Todas las reglas de excepción que hubo de tejer la jurisprudencia por causa de la rigidez excesiva de Pennoyer, supra, al puntua-lizar el elemento de presencia física del demandado en los límites territoriales como base para el ejercicio de jurisdic-ción en acciones personales, llegaron a deshacerse final-mente con el correr de los años. Las teorías de la “presencia física” primero, y del “consentimiento” después, utilizadas por las cortes para ajustar la ficción corporativa a una eco-nomía cambiante y, asimismo, ajustar la nueva tecnología al mundo de las comunicaciones y la transportación que pronto alteraron las relaciones de tiempo y espacio, llegaron a su ocaso en Internat. Shoe Co., supra.

Lo que sobrevivió a la reformulación de la doctrina en Internat. Shoe Co., supra, i.e., la jurisdicción fundada en el embargo de bienes del demandado ausente en la demar-cación territorial del foro en cuestión, tarpbién vino a extin-guirse en Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 186 (1977), donde se resolvió que el ejercicio de jurisdicción por parte de un tribunal estatal se regirá por la doctrina de los contactos mínimos y no a base de distinciones respecto a la naturaleza de la acción, bien sea in personam, in rem o quasi in rem.

Es evidente, pues, que el énfasis ya no es en la presencia física ni en el consentimiento para ser demandado y, mucho menos, en la tenencia de bienes en la jurisdicción del Estado en que se insta la acción. Ver, Kamp, op. cit.; y Constitutional Law (The Supreme Court, 1979 Term), 94 Harv. L. Rev. 75, 107-116 (1980). El propio tribunal reconoce que “hoy día muchas transacciones comerciales tocan dos o más Estados y pueden involucrar personas separadas por todo el continente. Con la creciente nacionalización del comercio se ha experimentado un incremento en la cantidad de negocios que se realizan a través de las fronteras de los Estados. Al mismo tiempo los medios de transportación y comunicación modernos han hecho menos gravoso para un demandado el defenderse en un Estado donde lleva a cabo actividades económicas”. McGee v. International Life Ins. Co., 355 U.S. 220, 222-223 (1957).

No obstante, el tribunal ha expresado también que “es un error suponer que esta tendencia vaya dirigida a la eventual abolición de todas las restricciones sobre la juris-dicción personal de los tribunales estatales. [Cita omitida.] Tales restricciones son más que una garantía de inmunidad contra litigación distante o inconveniente. Son una conse-cuencia de los límites territoriales en el poder de los respec-tivos Estados”. (Traducción nuestra.) Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235, 251 (1958).

Así, la laxitud con que en los años recientes el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha enfrentado los diversos pro-blemas de jurisdicción no puede servir de base para sos-tener que en la actualidad las demarcaciones territoriales de los Estados sean impertinentes y que, frente a una eco-nomía nacionalizada, éstos pueden dictar sentencias vincu-lantes y obligatorias sobre personas con las cuales el Estado no tiene ningún contacto o relación. Mas, por el contrario, si el demandado no residente ni domiciliado posee los contac-tos mínimos que la jurisprudencia ha definido desde Internat. Shoe Co., supra, entonces es vinculante la sentencia que pueda dictarse, y la misma constituiría un ejercicio válido de la soberanía del Estado o, en su caso, de Puerto Rico.

Las propias decisiones de este Tribunal han incorporado los anteriores principios. Así, hemos rehusado ejercer nuestra jurisdicción en un caso en que el demandante no pudo establecer satisfactoriamente el contacto mínimo necesario entre el demandado y nuestro foro. A. H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883 (1970). En este caso, siguiendo decisiones del Tribunal Supremo federal, dejamos establecido que aun bajo la doctrina de los contactos mínimos “se requiere que el contacto dentro de la jurisdicción resulte de un acto afirmativo de la parte demandada”. (Énfasis suplido.) Pág. 889. Allí resumimos las tres reglas que se han elaborado para determinar la jurisdicción in personam sobre un no residente ni domici-liado, del siguiente modo (pág. 890):

(1) El demandado no residente debe realizar algún acto o consumar alguna transacción dentro del foro. No es necesario que la actividad se efectúe físicamente dentro del foro; el acto o transacción puede realizarse por correo. Un solo acto o tran-sacción basta si sus efectos en el foro son suficientemente sus-tanciales para cualificar bajo la regla tercera.
(2) La causa de acción debe surgir o resultar de las activi-dades del demandado dentro del foro. Es concebible que la causa de acción precisa se plasme fuera del foro, pero [que] debido a las actividades del demandado en el foro aún exista el “contacto mínimo sustancial” que es necesario.
(3) Habiéndose establecido bajo las reglas precedentes un contacto mínimo entre el demandado y el foro, la asunción de jurisdicción fundada en ese contacto debe ser compatible con los principios de “trato imparcial” y “justicia sustancial” del debido procedimiento de ley. Si se satisface esta norma, existe un “contacto mínimo sustancial” entre el foro y el demandado. La razonabilidad de someter al demandado a la jurisdicción se determina frecuentemente por las normas análogas a las de forum non conveniens.

Posteriormente, en Medina v. Tribunal Superior, supra, tuvimos nuevamente la ocasión de reiterar los anteriores principios y en virtud de ello asumimos jurisdicción sobre un demandado residente de Miami, Florida, al determinar que efectivamente había realizado “transacciones de nego-cio” en Puerto Rico de calidad satisfactoria a la cláusula de debido procedimiento de ley.

En vista de lo anterior, pasemos a considerar los méritos del presente recurso.

V

Para determinar si el ejercicio de jurisdicción de parte de un tribunal estatal es compatible con el debido procedimiento de ley, la pesquisa debe estar orientada hacia la relación existente entre el demandado, el foro y el litigio. Rush v. Savchuk, 444 U. S. 320, 327 (1980); Shaffer v. Heitner, supra, pág. 204.

Es un hecho no controvertido que la demandada Florida Steel no tiene oficinas, empleados o agentes en el Estado Libre Asociado. El único contacto o relación que tiene con nuestro foro es que, según la prueba propuesta, embarca regular y consecuentemente mercancía destinada de modo expreso a San Juan. No se trata de una gestión de negocio aislada ni fortuita.

La carta-contrato suscrita en 1977 con Livingston sugiere que su actividad económica ha estado decidida-mente calculada para cubrir el mercado siderúrgico de Puerto Rico. En consecuencia, la demandada no ha tenido reparo en marcar la mercancía como destinada para el mercado local. Lo anterior nos exime de considerar la teoría de la previsibilidad, según discutida en World-Wide Volkswagen Corp., supra; es decir, determinar si era previsible para Florida Steel que sus productos llegasen a Puerto Rico. Se ha ofrecido prueba indicativa de que la demandada estaba efectivamente al tanto de que su producto ocupaba una parte significativa del mercado local. Las ventas de Florida Steel a Livingston y la reventa de ésta a Thyssen no parecen ser episodios aislados ni “la actividad unilateral de aquellos que reclaman alguna relación con el demandado no residente”. Hanson v. Denckla, supra, pág. 253. Se trata de actos afirmativos con una repercusión local importante. World-Wide Volkswagen Corp., supra, es claro en sus términos: “El Estado del foro no excede sus poderes a tenor con la cláusula de debido procedimiento si ejerce jurisdic-ción personal sobre una corporación que deja ir sus produc-tos por la corriente de comercio con la expectativa de que los mismos serán adquiridos por los consumidores de dicho Estado.” Págs. 297-298.

El caso de O.S.C. Corporation v. Toshiba America, Inc., 491 F.2d 1064 (1974), citado por la demandada peticionaria, es distinto al de autos. Allá se determinó que los tribunales de California no podían asumir jurisdicción sobre una cor-poración japonesa en un pleito antimonopolístico en que la corporación de California compraba a una corporación de Nueva York lo que la corporación japonesa fabricaba. En dicho caso la demandante no pudo establecer, según ale-gaba, que la corporación japonesa despachaba sus embar-ques directamente a la demandante en California. En el presente caso se ofrece prueba que demuestra que Florida Steel hace los embarques directamente a Thyssen, que es una corporación nativa, conoce que esa es la realidad y marca sus productos con la indicación de que San Juan es el lugar de su destino. Florida Steel convino también en esta-blecer relaciones comerciales estables en nuestro mercado.

Debemos tener presente que, de todos modos, el debido proceso de ley no requiere que la actividad comercial sea realizada por el demandado ausente directamente. World-Wide Volkswagen Corp., supra, pág. 295. El contacto mínimo que exige la cláusula constitucional puede susci-tarse por medio de intermediarios.

Finalmente, es evidente la relación que existe entre la demandada y el litigio. Las gestiones de negocios realizadas por la demandada peticionaria están íntimamente ligadas al pleito incoado por la demandante. Éste versa precisa-mente sobre el efecto que tienen las ventas y los precios de los productos en el negocio de la demandante.

Habiéndose acogido la demandada al beneficio de hacer negocios en Puerto Rico, no contraría la cláusula de debido procedimiento de ley el que el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico ejerza jurisdicción sobre su persona en el pleito ante nuestra consideración.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, se con-firmará la resolución recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

         El texto de la carta es el siguiente:
      “April 6,1977
      B. S. Livingston & Co., Inc.
      60 East 42nd Street
      New York, N.Y. 10017
      Attention: Mr. Alfred Senog
      Gentlemen:
      This is to confirm that Florida Steel Corporation has agreed that its sales of reinforcing steel bars into Puerto Rico will be exclusively to B. S. Livingston & Co., Inc., except as noted under “EXCEPTION” below. It is understood that in consideration of this exclusive sales agreement B. S. Livingston & Co., Inc., and/or any of its agents will restrict their purchase of domestically produced reinforcing steel bars for consumption in Puerto Rico to Florida Steel Corporation.
      The intent of this agreement is to establish and maintain a long-range business relationship in the Puerto Rican market that will be beneficial to both parties. However, should this intent not be realized, this agreement may be terminated by either party within thirty (30) days upon receipt of written notice.
      EXCEPTION: Florida Steel Corporation reserves the right to sell reinforcing steel bars directly to Industrial Siderúrgica, Inc., Bayamon, Puerto Rico, without being in violation of this agreement.
      We are looking forward to working with you on your Puerto Rico requirements and sincerely believe that it should prove to be a profitable relationship for both of our firms.
      Very truly yours,
      FLORID ABTEEL CORPORATION
      E. L. Wolf
      ELW:ah.”

       La etiqueta dice:
      “BSL/Order No. 1252 San Juan, Made in U.S.A., No. of Pieces #l/up total gross and net weight.”

       Ver escolio núm. 6, infra.

       Allí dijimos: “El término ‘transacción’, según traducido del inglés, ‘transaction’, significa gestión o trámite.... Usualmente dicho término se usa en el idioma inglés para indicar que se ha llevado a cabo un acto o se ha hecho una gestión sobre algo.” (Énfasis suplido.) Págs. 354-355. En español “transacción” sólo tiene la acepción que le da el Código Civil en su Art. 1709. A. Cintrón García, Del Lenguaje entre Abogados, 36 Rev. C. Abo. P.R. 1033 (1975). Pero véase, Pueblo v. Braun, 105 D.P.R. 890, 898 n. 5 (1977) (Irizarry Yunqué, J., opinión concurrente).

       Al interpretar nuestro estatuto de largo alcance, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito ha expresado que la Regla 4.7 de Proce-dimiento Civil pretende extender el ejercicio de la jurisdicción in personam del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta el máximo'constitucionalmente per-misible. Com. of Puerto Rico v. SS Zoe Colocotroni, 628 F.2d 652, 668 (1980), cert. denegado 450 U.S. 912 (1981).
      Debemos aclarar, sin embargo, que un acto afirmativo que desde el punto de vista constitucional represente un contacto mínimo entre un ausente y nuestro foro no es suficiente por sí solo para autorizar a nuestros tribunales a ejercer su jurisdicción si dicho acto no puede ser enmarcado en cualesquiera de las circuns-tancias que describe la Regla 4.7 de Procedimiento Civil. Para que fuera de otro modo, sería menester adoptar un estatuto como el de California, que dice:
      “Un tribunal de este Estado puede ejercer su jurisdicción sobre cualquier base que no sea incompatible con la Constitución de este Estado o de Estados Unidos.” Cal. Civ. Proc. Code Sec. 410.10 (West 1973); véase, M. Green, Jurisdictional Reform in California, 21 Hastings L.J. 1219 (1970).
      Esta norma, por supuesto, sería mucho más difícil de administrar, y mientras la Regla 4.7 no se enmiende en tal sentido, la encuesta inicial debe ser siempre determinar si la conducta imputada al demandado ausente está comprendida en sus disposiciones. Ver, World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286, 289-290 (1980).

       No es necesario en este momento ubicar a Puerto Rico en el esquema fede-rativo norteamericano. A los fines de la presente discusión, presumiremos que todas las limitaciones que impone la cláusula de debido procedimiento a los Esta-dos son igualmente aplicables a Puerto Rico, aun cuando éste tiene un status único y distinto. Cordova & Simonpietri Ins. v. Chase Manhattan Bank, 649 F.2d 36, 39-42 (1st Cir. 1981), citadas específicamente estas páginas con aprobación en Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457 U.S. 1, 8 (1982).

         Véase el recuento que sobre el particular se hace en Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346 (1975), especialmente las páginas 348 a 354.

       Si alguna duda quedaba, ésta se disipó con el posterior caso de Rush v. Savchuk, 444 U.S. 320 (1980).

       En Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976), sostuvimos el ejercicio de la jurisdicción de nuestros tribunales en un caso de custodia de una menor que residía y estaba domiciliada junto a sus abuelos, los demandados, fuera de Puerto Rico. Ejercimos nuestra jurisdicción a base de que la madre de la menor, es decir, la demandante, era residente de Puerto Rico. No obstante, esta decisión debe reexaminarse a la luz de lo resuelto posteriormente por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84 (1978), y por nuestra propia decisión en Perron v. Corretjer, 113 D.P.R. 593 (1982).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Rafael Robert Vizcarrondo, etc., demandantes y recurrentes, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrido.

      Número: O-83-246

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      Julio L. Aguirre, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado de los peticionarios; Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 9 de febrero de 1982 el Departamento de Hacienda de Puerto Rico envió por correo certificado con acuse de recibo la “notificación final y requerimiento de pago” en relación al caudal relicto del fenecido Rafael Robert Santini. Los aquí peticionarios, herederos del señor Robert Santini, ale-gando que la notificación final antes mencionada era con-traria a derecho y en virtud de las disposiciones de la See. 282 del Tít. 13 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas pre-sentaron el día 11 de marzo de 1982 la correspondiente demanda contra el Secretario de Hacienda ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico. Luego de varios incidentes procesales, que resulta innecesario rese-ñar, el demandado Secretario de Hacienda presentó una moción de desestimación en la que alegó que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción por haberse presentado la demanda fuera del término jurisdiccional de treinta (30) días que prescribe la citada See. 282, por cuanto, según el Secretario, al computarse dicho término se debe incluir o contar el día en el cual la notificación final es depositada en el correo. Los demandantes, por su parte, en la oposición a la moción de desestimación presentada ante el tribunal de instancia alegaron que de acuerdo con las disposiciones tanto del Art. 388 del Código Político de Puerto Rico, 1 L.P.R.A. see. 72, como de la Regla 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, al computarse cualquier término prescrito por ley, por estatuto aplicable o por orden del tribunal, no se cuenta el día en que se realiza el acto después del cual el término fijado empieza a correr.

Mediante sentencia de fecha 11 de marzo de 1983, inti-tulada “Sentencia por Desistimiento”, el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, estimó correcto el planteamiento hecho por el demandado Secretario de Hacienda y, en consecuencia, desestimó la demanda por alega-damente carecer de jurisdicción. Dicha sentencia fue noti-ficada a las partes con fecha de 30 de marzo de 1983.

Habiendo acudido ante este Tribunal la parte deman-dante —vía recurso de certiorari radicado el 12 de abril de 1983— imputándole- error al así actuar al tribunal de instancia, emitimos orden para mostrar causa. En su com-parecencia el recurrido Secretario de Hacienda plantea, entre otras cosas, que este Tribunal carece de jurisdicción para entender en el presente recurso por haberse radicado el mismo fuera del término de diez (10) días que prescribe la Sec. 372(a)(7) y (8) de la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. sec. 5372(a)(7) y (8). La parte recurrente no ha comparecido en autos a controvertir el referido planteamiento de falta de jurisdicción. Resolvemos.

La antes mencionada See. 372 de la vigente Ley de Con-tribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, Ley Núm. 167 de 30 de junio de 1968, en su apartado a, incisos 7, 8 y 9 (13 L.P.R.A. sec. 5372(a)(7), (8) y (9)), dispone:

See. 5372. Procedimiento en general
(a) Notificación de deficiencia y recursos administrativos y judiciales. — Salvo lo que de otro modo se disponga en este Subtítulo—
(7) Si el contribuyente no acompañare la demanda con la solicitud requerida por el párrafo (4) de este apartado para que se reduzca el monto de la fianza, o para que se le exonere de prestarla, o para que se apruebe la fianza prestada; o dejare de contestar las objeciones del Secretario a cualquier fianza hechas después de estar el caso ante el Tribunal, o dejare de comparecer a la vista en relación con cualquier fianza; o dejare de prestar cualquier fianza requerida por el Tribunal dentro del término que se le hubiere concedido; o no radicare su demanda en el Tribunal Superior dentro del término prescrito para ello-, o de otro modo no prestare fianza dentro dé dicho término para recurrir ante el Tribunal; o dejare de cumplir con cualesquiera de los requisitos impues-tos por este apartado para que el Tribunal Superior pueda conocer del asunto, será causa suficiente para que la demanda sea desestimada, en cuyo caso la sentencia o resolución que se dictare será final y firme.
(8) No obstante lo dispuesto en el párrafo siete (7) prece-dente la sentencia o resolución del Tribunal Superior cono-ciendo o negándose a conocer de un asunto por alegado incumplimiento por parte del contribuyente de los requisitos establecidos en este apartado para que el Tribunal pueda conocer del asunto, sólo podrán ser revisadas por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari radicado por' cual-quier parte afectada dentro de diez (10) días a partir de la fecha en que fuere notificada de dicha sentencia o resolución.
(9) Con sujeción a los requisitos impuestos por el apar-tado (b) de esta sección, cualquier sentencia final dictada por el Tribunal Superior en los méritos de las deficiencias, podrá sen revisada por el Tribunal Supremo mediante recurso de revisión radicado en la Secretaría de dicho Tribunal dentro de los treinta (SO) días siguientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior; Disponiéndose, sin embargo, que en los casos en que la sentencia del Tribunal Superior determine que existe una deficiencia, se ordenará por el Tribunal Superior la radi-cación de un cómputo de la contribución y dicha sentencia no se considerará final y el término para radicar el recurso de revisión ante el Tribunal Supremo no comenzará a contar para las partes sino a partir de la fecha del archivo en autos de la notificación al contribuyente y al Secretario de la reso-lución del Tribunal Superior aprobando el cómputo de la con-tribución determinada por este último Tribunal. (Énfasis suplido.)

-Xomo vemos, el legislador, en lo relativo a esta materia, estableció o concibió dos procedimientos totalmente distintos en lo referente a la revisión judicial por este Tribunal de los procedimientos acaecidos en instancia: uno para cuando el caso es resuelto en los méritos (las partes podrán acudir ante este Tribunal, vía recurso de revisión, dentro de los treinta días siguientes al archivo en autos de una copia de la notifi-cación de la sentencia dictada); y el otro para cuando el Secretario de Hacienda haya planteado el alegado incum-plimiento por parte del demandante de uno de los requisitos —de carácter jurisdiccional — enumerados en el inciso 7 de la Sec. 372, ante (la parte afectada por la resolución o sentencia emitida al respecto por el tribunal de instancia viene obligada a revisar, vía certiorari, dicho dictamen “dentro de diez (10) días a partir de la fecha en que fuere notificada de dicha sentencia o resolución”).

La vigente Ley de Contribuciones sobre Caudales Relic-tos y Donaciones de Puerto Rico fue precedida por la Ley Núm. 303 de 12 de abril de 1946. En dicho estatuto no existía una disposición similar a la provista por el inciso 8 de la See. 372 de la Ley Núm. 167. El historial legislativo de esta última no arroja luz sobre cuál fue la intención del legislador al incorporar dicha disposición legal al estatuto. En términos generales se puede aseverar que la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones fue estructurada teniendo como modelo el Código federal de Rentas Internas de 1954. Al revisar este cuerpo de nor-mas no hallamos disposiciones análogas a las comprendidas en la citada See. 372(8).

La Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, sin embargo, contiene una disposición prácticamente idéntica a la aquí bajo conside-ración. En la See. 272, inciso 8, de la referida Ley Núm. 91 —13 L.P.R.A. see. 3272(8)— se dispone:

Las decisiones del Tribunal Superior sobre los méritos en cualquier incidente de fianza, así como sus decisiones cono-ciendo o negándose a conocer de un asunto por alegado incumplimiento por parte del contribuyente de los requisitos establecidos en este apartado para que el Tribunal pueda conocer del asunto, serán inapelables, pero cualquier parte afectada podrá, dentro de 10 días a partir de la fecha en que fuere notificada de dicha decisión, solicitar revisión de la misma por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari.

El debate legislativo no revela expresamente el porqué de esta disposición. En lo referente al aspecto procesal surge, no obstante, que:

59. Página 268, línea 10 a página 270, línea 10 — Se redactó de nuevo la Sección 272(a), aquí comprendida, para traer a la misma, con enmiendas y ajustes necesarios, aquella parte del procedimiento sobre deficiencias y en cuanto a recursos del contribuyente que aparecían en la Ley Núm. 235 del 1949, procediéndose, además, a incluir disposiciones adi-cionales necesarias. Los cambios más importantes son los siguientes:
(a) Se eliminó el requisito de establecer fundamentos en la solicitud de vista administrativa. Ello facilita el procedi-miento en la etapa administrativa e impide que la solicitud de vista administrativa no sea considerada en los méritos por entenderse que no ha sido debidamente fundamentada.
(b) Se dispuso expresamente que el contribuyente podrá radicar su demanda y tendrá derecho a litigar la deficiencia en la Sala del Tribunal Superior a la cual corresponda el municipio de su residencia cuando la conveniencia de los tes-tigos así lo exigiere, e independientemente de las disposi-ciones de ley sobre lugar del juicio o traslado de causas.
(c) Se enmendó el procedimiento para litigar la deficiencia en el Tribunal Superior expresándose en forma detallada y específica todas las incidencias procesales de dicha litigación.
(d) Se dispuso que las resoluciones interlocutorias del Tribunal Superior sobre fianzas y otros aspectos jurisdiccionales sean revisables por el Tribunal Supremo mediante certiorari.
El proyecto aprobado por la Cámara niega expresamente dicha revisión en cuanto a los incidentes de fianzas se refiere y no provee para la revisión en cuanto a los otros aspectos jurisdiccionales.
(e) Se estableció en forma expresa y detallada la forma de apelar al Tribunal Supremo las sentencias del Tribunal Superior en los méritos de la deficiencia. (Énfasis suplido.)

La Ley Núm. 235 de 10 de mayo de 1949 a la que se alude en el debate fue el estatuto que estableció un proce-dimiento uniforme para recurrir ante el extinto Tribunal de Contribuciones. Esa pieza legislativa tampoco contenía una disposición como la que hoy nos ocupa. Inferimos, en consecuencia, que el certiorari establecido por el legislador fue una de las “disposiciones adicionales necesarias” de que se habla en el debate.

No obstante la ausencia de un historial ilustrativo de la procedencia en nuestra jurisdicción del certiorari especial establecido por el citado inciso 8 de la See. 372 de la Ley Núm. 167, supra, dado los claros, precisos e inequívocos términos de dicha disposición legal, entendemos que la misma representa un mandato expreso del legislador que es de estricto cumplimiento. Y es que resulta lógico y razo-nable la diferencia establecida por el legislador: no se requiere un término de tiempo tan largo para controvertir ante el tribunal apelativo una determinación de falta de jurisdicción por razón del alegado incumplimiento de uno de los requisitos enumerados en el inciso 7 de la citada See. 372 como se necesita para poder controvertir una sentencia dictada luego de un juicio plenario.

No debe perderse de vista, por último, “la doctrina que propone que cuando el legislador provee para que el contri-buyente pueda litigar contra el gobierno la reclamación del impuesto que se le formula, está el gobierno renunciando a su inmunidad de soberano. De ahí nace el principio de que los requisitos que el estatuto exige a tales fines, son de estricto cumplimiento por parte del contribuyente y por lo general de carácter jurisdiccional para los tribunales”. (Énfasis su-plido.)

Resolvemos, en consecuencia, que le asiste la razón al recurrido Secretario de Hacienda en lo referente al plan-teamiento de que carecemos de jurisdicción en el presente recurso. La parte recurrente venía en la obligación de pre-sentar el recurso de certiorari dentro del término de diez días a partir de la fecha de la notificación de la sentencia dictada, independientemente de la corrección o no del dicta-men emitido por el tribunal de instancia a los efectos de que los recurrentes habían presentado su demanda fuera del término jurisdiccional de los treinta días que requiere la ley.

Ello es así por cuanto la obligación de recurrir ante este Tribunal, en esta clase de casos, “vía recurso de revisión en treinta días” o “vía certiorari en diez días” depende exclusi-vamente de si el caso en instancia se resolvió en los méritos. Ese es el hecho verdaderamente determinante; y no si el tribunal de instancia se equivocó al resolver si el deman-dante había incumplido con uno de los requisitos que la ley le exige como condición previa a presentar su demanda. Obsérvese que el citado inciso 8 de la See. 372 de la Ley habla del “alegado incumplimiento por parte del contri-buyente de los requisitos establecidos”. (Énfasis suplido.)

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dicta sentencia en que se desestima el recurso interpuesto por falta de jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge, el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

—0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

La disposición aplicable, 13 L.P.R.A. sec. 5372(a)(7), tiene carácter de numerus clausus por lo que solo las inci-dencias allí enumeradas están limitadas en revisión al certio-rari de 10 días provisto en el siguiente apartado (8). El contribuyente de hecho radicó su demanda dentro del término prescrito para ello, por lo que su recurso queda excluido del inciso 7. Es el correcto análisis que en la opinión se hace del término para apelar al Tribunal Superior lo que fija el hecho de que apeló en tiempo, y no la cuenta errónea de la sala de instancia. Determinado tal hecho, y establecida esa realidad, su recurso a este Tribunal no queda afectado por la disposición aplicable a quien “no radicare su demanda en el Tribunal Superior dentro del término prescrito para ello”. Tenemos jurisdicción y debe proseguirse con la orden para mostrar causa y su criterio. La parte recurrente no venía obligada a replicar, si no se le pidió posición sobre la cuestión. El error no causa Derecho.

       Según las disposiciones de 13 L.P.R.A. sec. 282(A)(4), un contribuyente que no esté conforme con una determinación final notificada por el Secretario de Hacienda podrá apelar de ella ante el Tribunal Superior de Puerto Rico cum-pliendo con los siguientes requisitos:
      “De una determinación final del Secretario de Hacienda, notificada en la forma provista en la see. 896 de este título, pagando la parte de la contribución con la cual estuviere conforme el contribuyente, y radicando su demanda en el Tribunal Superior en la forma dispuesta por las sees. 286 a 289 de este título, dentro del término de treinta (30) dias, a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la determinación final del Secretario de Hacienda; Disponiéndose, que tanto el término de treinta (SO) dias para recurrir ante el Tribunal Superior como el pago dentro de dicho término de la parte de la contribución con la cual estuviere conforme el contribuyente, se considerarán de carácter jurisdiccional. ” (Énfasis suplido.)

      En cuyo caso, de ser correcta la posición asumida por el Secretario de Hacienda, la demanda fue presentada en instancia en el día número treinta y uno (31) en lugar del día treinta (30).

       El Art. 388 del Código Político de 1902 dispone:
      “El tiempo en que cualquier acto prescrito por la ley debe cumplirse, se com-putará excluyendo el primer día e incluyendo el último, a menos que éste sea día de fiesta, en cuyo caso será también excluido.” (Énfasis suplido.)

       La citada Regla 68.1, en lo pertinente, dispone:
      “En la computación de cualquier término prescrito o concedido por estas reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento o incumplimiento después del cual el término fijado empieza a correr. ” (Énfasis suplido.)

       En lo pertinente, se expresa en la sentencia dictada:
      “El Tribunal desestima la presente acción por falta de jurisdicción. (13 L.P.R.A. sec. 282)”

       El transcrito inciso 7, ante, no tiene otro propósito que establecer una serie de requisitos con los cuales viene obligado a cumplir aquel contribuyente que no esté de acuerdo con la determinación administrativa final que haya hecho el Secretario de Hacienda referente a la contribución sobre herencia adeudada en determinado caso como condición para poder cuestionar judicialmente dicha determinación administrativa. “Conocido es el principio que de ordinario una acción judicial que requiera un fallo sobre si procede o no imponer y cobrar una contribución o si existe la obligación o no de pagarla, es una demanda contra el Soberano y requiere el consentimiento del Estado para que se le demande.” Larroca v. Aboy, 82 D.P.R. 492, 498 (1961). En otras palabras, “Estos llamados ‘requisitos jurisdiccionales’ no son otra cosa que la expresión de condiciones o requisitos cuyo cumplimiento el Estado exige para que se le demande. Por tanto, deben ser cumplidos estrictamente, y en la misma forma que se ha exigido por el legislador. R. Santaella & Bros. v. Tribl. de Contribuciones, 66 D.P.R. 868 (1947)”. Cafeteros de Puerto Rico v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 633, 641 (1961).

       Véase: G. Meléndez Carrucini, Manual de Contribuciones sobre Caudales y Donaciones, San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, 1969, prefacio e introducción.

       El Ledo. Genovevo Meléndez Carrucini, comentando esta disposición legal, expresa:
      “Por otro lado, el estatuto en la sección 272(a)(8) provee el recurso de certio-rari (especial) para recurrir ante el Tribunal Supremo contra una resolución del Tribunal Superior sobre cualquier incidente de fianza y sobre cualquier decisión declarándose sin jurisdicción por incumplimiento de cualquiera de los requisitos de la sección 272(a). El término para este recurso de certiorari es de 10 días.” Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, San Juan, Instituto de Contribuciones de Puerto Rico, 1981, pág. 241.

       4 Diario de Sesiones (Ordinaria) T. IV, págs. 2150-2151 (22 de mayo de 1954).

       Nuestra Asamblea Legislativa incorporó este mecanismo procesal especial en otras leyes. Véase: Ley de Patentes Municipales de 1974, Núm. 113, Pte. 1, de 10 de julio de 1974, Sec. 16, incisos (a)(7), (8) y (9).

       “El texto claro de la ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa....” Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101, 107 (1964).

       Meléndez Carrucini, Procedimiento Contributivo de Puerto Rico, supra, pág. 3.

       Incorrectamente en el presente caso.

       Habiéndose archivado en autos la sentencia dictada por el tribunal de instancia con fecha 30 de marzo de 1983, la parte recurrente tenía hasta el lunes 11 de abril de 1983 para presentar su recurso. El mismo fue presentado el 12 de abril de 1983. Un dato que merece destacarse es que el recurso que presentaron los recurrentes, aparentemente conscientes de lo aquí resuelto, es precisamente el recurso de certiorari.