text:
    Caridad González Campos, demandante y recurrida, v. René Augusto González Mezerene, demandado y recurrente.

      Número: RE-93-197

      Resuelto: 23 de octubre de 1995

      Miguel E. Bonilla Sierra y Carlos T González Contreras, abo-gados de la parte recurrente; José A. Masini Soler, abo-gado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite examinar las normas apli-cables a dos (2) figuras de nuestro derecho sucesorio: el derecho a deliberar y la aceptación tácita. Veamos los hechos.

t — i

Hechos

El 4 de octubre de 1989, don René González Tigera fa-lleció intestado en Miami, Florida. Mediante Resolución sobre Declaratoria de Herederos, de 23 de abril de 1990, Caridad González Campos y René González Mezerene fue-ron declarados sus únicos y universales herederos.()

El 17 de enero de 1991, la señora González Campos pre-sentó una demanda contra su hermano, el señor González Mezerene, para que éste aceptara o repudiara la herencia. A pesar de que fue emplazado el 4 de marzo de 1991, el señor González Mezerene no contestó la demanda.

Posteriormente, el 1ro de mayo de 1991, la señora González Campos presentó una moción en la que solicitó que se le ordenara al heredero demandado hacer una declaración respecto a la herencia. A tenor con lo dispuesto en el Art. 959 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2787, el foro de instancia concedió treinta (30) días al señor González Mezerene para tomar una determinación, término que comenzó a correr el 26 de junio de 1991.()

El señor González Mezerene, por derecho propio, contestó la demanda el 18 de julio de 1991.() Para deliberar sobre la aceptación de la herencia, solicitó al tribunal la formación de un inventario, en armonía con lo dispuesto por el Art. 964 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2801. () Además, alegó que dicho inventario, así como la aceptación o repudio de la herencia, debía ser pospuesto hasta que se hubiese finalizado un pleito instado en el Tribunal Superior en el cual estaban en controversia ciertos bienes de la herencia.()

Por su parte, la señora González Campos, mediante una moción presentada el 26 de septiembre de 1991, informó al tribunal de instancia que se proponía iniciar el inventario de los bienes del caudal hereditario. Indicó que, contrario a lo informado por el demandado, no sería difícil principiar y concluir el inventario, ya que todos los bienes del causante estaban señalados en la planilla de caudal relicto y en el relevo expedido por el Departamento de Hacienda. Por úl-timo, solicitó al tribunal un término de treinta (30) días “para cursar citación a los acreedores y principiar el inven-tario”, término que le fue concedido.

Así las cosas, el señor González Mezerene presentó el 11 de octubre de 1991 unas mociones para solicitar al foro de instancia que ordenara a la parte demandante producir un extenso listado de documentos personales, corporativos y de la sociedad de bienes gananciales del causante, los cua-les estimaba necesarios para proceder con la formación de inventario, ya que los bienes del causante estaban en ma-nos de la demandante. Aceptó que ésta citara a los acree-dores, pero insistió en que el inventario fuese pospuesto. El tribunal de instancia determinó que no procedía la solici-tud para dejar en suspenso la formación del inventario y ordenó a la parte demandante que expresara su posición en cuanto al requerimiento de documentos.

El 16 de diciembre de 1991, la parte demandante in-formó al tribunal que estaba trabajando en la citación de acreedores para comenzar el inventario y que se proponía publicar un edicto para citar a los acreedores desconocidos. Solicitó un término de diez (10) días para completar los trámites.

También, el 23 de diciembre de 1991, la parte deman-dante presentó su oposición al requerimiento de documentos. Expresó que, en el caso sobre sentencia decla-ratoria y acción derivativa de accionistas, el Tribunal Superior de San Juan había ordenado el embargo del caudal relicto y que se habían consignado todos los fondos en la secretaría del tribunal;() que mediante el descubrimiento de prueba requerido, el señor González Mezerene preten-día llevar a cabo un procedimiento que se le prohibió rea-lizar dentro de dicho caso civil; que no se cumplió con la Regla 31 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la cual establece el procedimiento para el descubrimiento de docu-mentos, y que el demandado pretendía hacer un descubri-miento sobre materia no pertinente al asunto en controver-sia en el pleito. El tribunal acogió los planteamientos de la parte demandante y declaró sin lugar la moción sobre re-querimiento de documentos.

No obstante lo anterior, apenas mes y medio más tarde, el 30 de enero de 1992 la demandante acudió al tribunal para que éste la relevase de la obligación de comenzar el inventario y le ordenase al señor González Mezerene que, a tenor con los Arts. 968 y 971 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2805 y 2808, citase a los acreedores y legatarios y principiase el inventario.

Respondiendo a dicha solicitud, el 10 de febrero de 1992, el tribunal de instancia ordenó al demandado que comen-zara el inventario dentro del término de treinta (30) días y lo finalizara en otros sesenta (60) días. El 10 de abril de 1992, el señor González Mezerene presentó una moción en la que solicitó que se formara un inventario judicial. El tribunal de instancia, el 27 de mayo de 1992, ordenó la celebración de una vista para “determinar los par[á]metros en que habr[ía] de realizarse el inventario judicial”.

Tres (3) días antes de la celebración de la vista, el 19 de junio de 1992, la parte demandante presentó una moción en oposición a inventario judicial. Expresó, básicamente, que el requisito de la práctica de inventario se impone cuando el heredero tiene dudas sobre si los débitos habrán o no de exceder los bienes de la herencia y desea liberarse de la obligación de responder con bienes propios por las deudas del causante; que la confección del inventario le corresponde al heredero que reclama el beneficio; que el propósito del demandado al solicitar un inventario judicial era “subvertir o negar actos realizados por su causante”; que el plazo para el uso de los mecanismos de descubri-miento de prueba dispuesto por la Regla 23.4 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre los términos para las gestiones del descubrimiento de prueba, había expi-rado; que no se demostró razón para prorrogar el término, y que su propósito era atacar la orden de la Sala Superior de San Juan sobre descubrimiento de prueba en el caso sobre acción derivativa de accionistas. Tras la celebración de dicha vista, el 25 de agosto de 1992, el tribunal deter-minó que no procedía el inventario judicial y que el deman-dado, señor González Mezerene, había aceptado la heren-cia pura y simplemente.()

Inconforme, el demandado recurrió ante nos planteando las controversias siguientes:

1. Erró el Honorable Tribunal Superior, Sala de San Juan, al determinar “sua sponte” que la parte recurrente aceptaba la herencia pura y simplemente, habiendo la parte demandada previamente manifestado su intención inequívoca de deliberar sobre la aceptación o repudio de la herencia con el beneficio de un inventario.
2. Erró el Honorable Tribunal Superior, Sala de San Juan, al denegar la solicitud de que se practique inventario judicial cuando ya previamente había señalado la correspondiente vista donde se discutirían los parámetros para practicar dicho inven-tario judicial.
3. Erró el Honorable Tribunal Superior, Sala de San Juan, al no permitir a la parte aquí compareciente utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba a los efectos de poder determinar la corrección y exactitud de los activos y pasivos del caudal hereditario que se pretendía que aceptara o repudiara de modo irrevocable.

En síntesis, el señor González Mezerene alegó que de-bido a que solicitó su derecho a deliberar, tiene derecho a la formación de un inventario de los bienes y deudas de su padre fallecido. Argumentó que la formación de un inven-tario no está intrínsecamente ligada a la figura de acepta-ción de herencia a beneficio de inventario y que la forma-ción del inventario también se requiere como parte del derecho a deliberar.

Por su parte, la parte recurrida alegó que el recurrente no hizo gestión alguna para la formación de inventario y que, por ende, el tribunal de instancia tomó la decisión correcta al ordenar que se le tenga como heredero puro y simple. Además, informó que el recurrente enajenó bienes particulares de la herencia mediante un contrato de cesión con el Banco Popular de Puerto Rico, acción que confirma la aceptación pura y simple de la herencia. () Procedemos a revisar.

HH f-H

A. El derecho a deliberar.; el beneficio de inventario y la aceptación beneficiaría

En nuestro derecho sucesorio, el llamado por ley o por el testador a recibir el caudal hereditario es libre para aceptar o rechazar el llamamiento. Este puede escoger entre aceptar la herencia pura y simplemente,() aceptarla a beneficio de inventario() o repudiarla.() J.L. Lacruz Ber-dejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. I, pág. 117. Para facilitar tal decisión, el Código Civil provee el derecho a deliberar sobre si acepta o repudia la herencia y el derecho a aceptarla a beneficio de inventario.() Ahora bien, una cosa es el bene-ficio de inventario y el derecho a deliberar, y otra distinta la aceptación a beneficio de inventario. M. Albaladejo, Co-mentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1989, T. XIV, Vol. I, pág. 310. Son opciones distintas. Lequerique v. Sucn. Talavera Crespo, 132 D.P.R. 297, 314 (1992).

El derecho a deliberar es un beneficio que tiene el llamado para que, con total conocimiento de los activos, pasivos y cuantía del patrimonio hereditario, pueda reflexionar sobre la conveniencia o no de aceptar la herencia. Albaladejo, op. cit., pág. 322.

Las razones que puede tener una persona para solicitar el derecho a deliberar pueden ser variadas. Por ejemplo: “ponerse a cubierto de la mentada interpelación judicial amparada en el artículo [959]; prolongar el plazo del requerimiento judicial si la interpelación y emplazamiento ya se ha producido; evitar que cualquier acto suyo pueda ser estimado como tácita aceptación pura y simple de la herencia [Art. 953]... Pero fundamentalmente, procu-rar hacer él mismo, o pedir que se haga, un inventario de cuantos elementos patrimoniales comprenda la herencia para, puestos en su conocimiento todos ellos, activos y pa-sivos, resolver con la suficiente dosis de ciencia y de con-ciencia si le conviene aceptar o le es más útil repudiar.” Albaladejo, op. cit., págs. 323-324. En fin, el derecho a de-liberar no es una aceptación; es un tiempo para pensar si es conveniente convertirse en heredero o repudiar su dere-cho a la herencia. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, pág. 168.

El Art. 964 del Código Civil, supra, establece que aquel que solicite su derecho a deliberar sobre si acepta o repudia una herencia puede, a su vez, solicitar con cargo al caudal la formación de un inventario fiel y exacto de los activos y pasivos.() El beneficio de inventario, bajo estas circunstancias, tampoco significa una aceptación de la herencia, sino que constituye el mecanismo para conocer con exactitud el activo y el pasivo de la herencia para luego deliberar sobre la conveniencia de aceptar pura y simplemente, de repudiar o de aceptar a beneficio de inventario. Albaladejo, op. cit., pág. 310; González Tejera, op. cit., pág. 170.

Por otra parte, la aceptación a beneficio de inventa-rio es una aceptación expresa de la herencia que libera al heredero de la obligación de pagar deudas hereditarias. El efecto de la aceptación beneficiaría es mantener separado el patrimonio del difunto descrito en, el inventario, del pa-trimonio personal del heredero. Lequerique v. Sucn. Talavera Crespo, supra; Albaladejo, op. cit., pág. 316.

Aunque se ha discutido la utilidad del derecho a deliberar, que aún coexiste en el Código con la aceptación beneficiaría, el profesor González Tejera indica que “existe una gran diferencia entre ambas instituciones que justifican la utilidad del derecho a deliberar y es que, con la aceptación beneficiaría, el heredero asume las responsabilidades de una administración temporera del caudal, con sus reclamos de tiempo y molestias, mientras que, acogido al derecho a deliberar, si el inventario es claramente negativo, se libera de todo cuanto implica la aceptación a beneficio de inventario, con la simple repudiación”. González Tejera, op. cit., pág. 170.() De manera que, aunque la finalidad del derecho a deliberar puede ser suplida por el beneficio de inventario, existiendo éste puede ser utilizado por cualquier heredero (testamentario, legítimo o fideicomisario). Albaladejo, op. cit., pág. 324.

Por otra parte, el profesor González Tejera aclara que aunque se discute entre los tratadistas si, una vez acogido al derecho a deliberar, el llamado puede aceptar la heren-cia a beneficio de inventario, “[s]i aceptamos que el derecho que analizamos [el derecho a deliberar] está diseñado para proteger al heredero más que a los acreedores, nos parece que su ejercicio no excluye la oportunidad de acogerse al beneficio de inventario”. González Tejera, op. cit., pág. 170.()

B. Reglamentación procesal del derecho a deliberar

Respecto a la reglamentación procesal, los términos para ejercitar el derecho a deliberar, en cuanto al plazo de solicitud, formación de inventario y sanción por la inobservancia de estas prescripciones, son los mismos que para la aceptación a beneficio de inventario (Arts. 967 — 972 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 2804-2809). D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 5ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, Vol. V, pág. 93; González Tejera, op. cit., pág. 168; Albaladejo, op. cit, pág. 334; J. Vallet de Goytisolo, Panorama de Derecho de Sucesiones, Madrid, Ed. Civitas, 1984, Vol. II, págs. 521-522.

Los plazos concedidos al llamado para acogerse al derecho a deliberar varían a tono con las circunstancias particulares del llamamiento. Primero, si el llamado no tiene en su poder los bienes hereditarios ni ha sido judicialmente interpelado para que acepte o repudie, éste puede recabar el derecho a deliberar mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia. Art. 970 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2807. Segundo, si el heredero no tiene en su poder los bienes hereditarios o no ha practicado gestión alguna como tal heredero, pero ha sido interpelado judicialmente, puede recabar el derecho a deliberar dentro del término que el tribunal le haya señalado, apercibido de que si no lo hace se tendrá por aceptada lá herencia. Los términos son de diez (10) o treinta (30) días, dependiendo si el heredero reside o no en el lugar donde hubiese falle-cido el causante de la herencia, contados a partir del día siguiente al día en que expire el plazo que el Tribunal Superior le hubiese fijado para aceptar o repudiar la herencia. Art. 969 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2806. Tercero, el llamado que tiene en su poder todos los bienes hereditarios o parte de ellos también puede acogerse al de-recho de deliberar, manifestándolo al tribunal dentro de los diez (10) días siguientes al día en que se sepa heredero, si reside en el lugar donde haya fallecido el causante de la herencia. Si reside fuera, el plazo será de treinta (30) días. Art. 968 del Código Civil, supra. Véase Albaladejo, op. cit., pág. 324.

Una vez el llamado informa su decisión de acogerse al derecho a deliberar, empieza a correr el plazo legal para la formación del inventario. El Art. 971 del Código Civil, supra, indica que el inventario se principiará dentro de los treinta (30) días siguientes a la citación de los acreedores, que según el Art. 968 del Código Civil, supra, se hará en el mismo momento en que se solicita la formación del inventario.() Concluirá dentro de otros sesenta (60) días. Se trata de dos (2) plazos que se yuxtaponen. Los primeros treinta (30) días no están comprendidos en los sesenta (60). A. Hernández Gil, Lecciones de Derecho Sucesorio, Madrid, Sucesores de Rivadeneyra, 1969, pág. 107. Albaladejo, op. cit., pág. 364. La idea es que el inventario ha de levantarse en un plazo corto, "de lo contrario, cabría aplazar indefinidamente la citación, y con ella el inventario, haciendo inútiles los perentorios términos del artículo [971], contra la clara intención del legislador”. Lacruz Ber-dejo y Sancho Rebullida, op. cit, pág. 134.

Si los bienes están lejos o son muy cuantiosos, o por otra justa causa parecen insuficientes los sesenta (60) días, el juez puede prorrogar el término por el que estime necesa-rio sin que pueda exceder un (1) año. Pero, el plazo prorro-gable del inventario es el de su realización y no el de su iniciación. Hernández Gil, op. cit., pág. 107. Dentro de los treinta (30) días siguientes a aquel en que se depositó en la secretaría del tribunal el inventario ya concluido, el here-dero deberá decidir si acepta o repudia. Art. 973 (31 L.P.R.A. see. 2810); González Tejera, op. cit, pág. 169.

El Art. 972 del Código Civil, supra, establece una sanción para los casos en que el heredero no principie o concluya el inventario en los plazos prescritos: la privación del derecho a limitar su responsabilidad. ()

Sobre esta penalidad, los tratadistas enfatizan que sólo debe ser impuesta en caso de culpa o negligencia del heredero. Por ejemplo, Roca Sastre —según citado por J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 280— recomienda una aplicación benigna de este precepto. Manresa dice que la herencia se entiende aceptada pura y simplemente cuando por culpa o negligencia del heredero no se empieza el in-ventario o no se finaliza en los términos establecidos por el Código. Manresa, op. cit., pág. 548. Diego Espín señala que “[l]a sanción a la inobservancia culposa de las formalida-des y requisitos del [beneficio de] inventario es la pérdida de este beneficio (Enfasis suprimido.) Espín Cánovas, op. cit., pág. 90. Sánchez Berdejo indica que la pérdida del beneficio de inventario sólo puede obedecer a hechos perso-nales del heredero “que representen infracciones graves de los trámites y garantías fundamentales de los interesados en el caudal relicto, cometidos culpablemente por un sujeto imputable”. Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., pág. 136. Bonet, según citado en Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., pág. 137, dice que “[s]i no interviene culpa o negligencia del heredero ... no se pierde el beneficio de inventario”, debiendo continuar la formación del inventario. Véase, también, J.M. Manresa y Navarro, Co-mentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1955, T. VII, págs. 548-549.

La culpa o negligencia del heredero consiste en la omi-sión de aquella diligencia que exija la naturaleza de su obligación de inventariar y corresponda a las circunstan-cias en que se encuentre, al tiempo y al lugar. Si el here-dero es imputable, se entiende que no acepta a beneficio de inventario, sino en forma pura y simple, según las últimas palabras del Art. 972 del Código Civil, supra: “se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente.” Albaladejo, op. cit., pág. 367.

Por otra parte, la culpa o negligencia no se puede pre-sumir; tiene que probarse. Albaladejo, op. cit., pág 369; Puig Brutau, op. cit., págs. 252-253. Según el profesor González Tejera, para imponer dicha sanción se requiere “evidencia incuestionable de malicia o descuido inexcusable porque, dadas las severas consecuencias que puede pro-ducir la pérdida del beneficio, los tribunales estarían re-nuentes a imponer la pérdida como sanción”. E. González Tejera, La aceptación y repudiación de herencia, 48 Rev. Jur. U.P.R. 73, 95 (1979).

Sobre este particular, hemos resuelto que si bien es cierto que el Art. 972 del Código Civil, supra, requiere que el incumplimiento haya sido por culpa o negligencia del heredero, dicho requisito significa “sencillamen-te que el inventario no se ha realizado por razones que sólo son imputables al propio heredero”. Lequerique v. Sucn. Talavera Crespo, supra, pág. 315. Señalamos que si no hay causa justa o legítima que le impida realizar el inventario, si la omisión resulta de la mera inacción del heredero, en-tonces entra en vigor el mandato del Art. 972 del Código Civil, supra. Lequerique v. Sucn. Talavera Crespo, supra.

Tras exponer la doctrina sobre el derecho a deliberar y el beneficio de inventario, veamos si a la luz de los hechos particulares de este caso, procedía imponerle al recurrente, señor González Mezerene, la sanción provista por el Art. 972 del Código Civil, supra.

C. Aplicación de las normas de derecho a los hechos

En el caso de autos, el foro de instancia concedió treinta (30) días, a partir de 26 de junio de 1991, al señor González Mezerene para decidir si aceptaba o repudiaba la herencia. Dentro de ese término, que vencía el 26 de julio de 1991, el recurrente recabó su derecho a deliberar al contestar la interpelación judicial, el 18 de julio de 1991. Válidamente solicitó la formación de un inventario con cargo al caudal hereditario.

El 11 de octubre de 1991, el señor González Mezerene presentó uña moción para que se ordenara a la parte de-mandante la entrega de documentos personales y corpora-tivos relacionados a los bienes del causante de la herencia en cuestión. No fue hasta el 10 de febrero de 1992 que el tribunal de instancia tomó acción sobre dicha solicitud, or-denando al recurrente principiar el inventario en treinta (30) días y concluirlo en otros sesenta (60).() El plazo para comenzar el inventario comenzaba el 18 de febrero de 1992, cuando se notificó la orden, y vencía el 19 de marzo de 1992. De otra parte, el término para concluirlo comen-zaba el 20 de marzo de 1992 y finalizaba el 19 de mayo de 1992.

Vencido el término para principiar la formación del in-ventario, el 10 de abril de 1992, pero antes de que venciera el término para concluirlo, el señor González Mezerene presentó una moción para que se formara un inventario judicial. Adujo que no tenía en su poder los bienes del cau-sante, por lo que le era difícil formar un inventario. A esto se opuso la parte demandante. El tribunal acogió su solici-tud cuando, el 27 de mayo, dictó una orden para la celebra-ción de una vista para determinar los parámetros del in-ventario judicial. Celebrada la vista, el 22 de junio de 1992, el tribunal de instancia reconsideró su posición y deter-minó que no procedía el inventario y que el demandado había aceptado la herencia pura y simplemente.O)

Ciertamente, el señor González Mezerene no inició o concluyó la formación del inventario dentro del término correspondiente. Cuando solicitó la formación del inventa-rio judicial, ya había transcurrido el término prescrito para iniciarlo. No obstante, no podemos concluir que la omisión fue el resultado de la mera inacción del heredero, señor González Mezerene.

Es un hecho que el señor González Mezerene trató de que el tribunal de instancia tuviese participación en la for-mación del inventario judicial. Primero, solicitó al tribunal que se realizara el “descubrimiento de prueba”() y, luego, que se realizara el inventario judicial. La propia actuación del tribunal al acoger la solicitud del señor González Me-zerene para que se realizara un inventario judicial, así como la lentitud con que resolvió dichas mociones, pueden ser interpretadas como causa justa o legítima por la cual no se principió el inventario. Además, de los autos no surge prueba de que el inventario no se realizó por razones que sólo son imputables al señor González Mezerene. De hecho, no hubo vista evidenciaría ni se presentó prueba documen-tal sobre las razones para el incumplimiento.

De otra parte, el señor González Mezerene reiterada-mente manifestó que no podía hacer el inventario porque los bienes no se encontraban en su poder ni a su disposi-ción; éstos estaban en poder de la demandante, quien pri-mero expresó que haría el inventario y luego se retractó aduciendo que éste no era necesario. Bajo estas circunstan-cias no podemos concluir que el inventario no se realizó por razones sólo imputables al señor González. Lequerique v. Sucn. Talavera Crespo, supra, pág. 315. En este caso no procedía imponer al demandado la fuerte sanción provista por el Código Civil en su Art. 972, supra. Esto, sin embargo, no resuelve el problema ante nuestra consideración.' Veamos.

M 1 — I HH

La aceptación tácita de la herencia

La aceptación de la herencia pura y simple, es decir, sin beneficio de inventario, puede ser expresa o tácita. Art. 953 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2781;() Espín Cánovas, op. cit., págs. 69-70. Según dicho artículo, la aceptación expresa es la que se hace en documento pú-blico o privado. La aceptación tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero. Mediante su conducta, el llamado puede colo-carse en la misma posición que resultaría de la aceptación expresa. En tal caso tiene que admitir las consecuencias jurídicas de sus actos; no puede negar las consecuencias que de manera natural se desprendan de éstos. Puig Bru-tau, op. cit., pág. 214.

Albaladejo explica que la aceptación tácita es la que se manifiesta a través de hechos y actos que por su propia naturaleza o por disposición legal han de ser reputados como concluyentes demostraciones de la voluntad de aceptar. Estos son actos que “constituyen negocios jurídi-cos por los que se transmite, se grava, se modifica en su contenido o se extingue un derecho; o bien, aquellos por los que se modifica la composición de un patrimonio transfi-riendo o alterando esencialmente derechos que se hallaban comprendidos en él”. Albaladejo, op. cit., pág. 200. Véanse: Manresa, op. cit., pág. 405; G. Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio Puertorriqueño, 2da ed. rev., San Juan, Equity Publishing Corp., 1968, págs. 57-59. Para Lacruz Berdejo, “[e]n la aceptación tácita el efecto de subentrar en la herencia es determinado por la ley, sin referencia a la consciente percepción que tenga de ello el adeunte”. Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., pág. 123.()

Por otra parte, el Art. 954 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2782, expresa de forma clara y contundente ciertas circunstancias representativas de la aceptación tácita.() En el inciso (1) de dicho artículo se especifica que se entenderá aceptada la herencia cuando el heredero vende, dona o cede sus derechos hereditarios a un extraño, a todos sus coherederos o alguno de ellos.() Es una acep-tación tácita porque se puede inferir que el heredero que transmite un derecho no puede transmitirlo si no lo adqui-rió antes. Albaladejo, op. cit., pág. 221; Puig Brutau, op. cit., pág. 221. Manresa expone que no se concibe la dispo-sición por venta, permuta, cesión, donación, adjudicación en pago de deuda a los acreedores, etc., actos indudables de dominio, sin haber aceptado la sucesión. ()

Al explicar dicha disposición, Hernández Gil señala que “[e]l sentido de la norma es que si el llamado a la herencia realiza alguno de esos actos de disposición, lo que trans-fiere no es su derecho a la herencia (ius delationis), sino la herencia o la cuota ya adquirida, para lo cual se presupone que los actos de disposición implican una anterior aceptación. El enajenante transfiere lo adquirido como heredero.” Hernández Gil, op. cit., pág. 89.

Pasemos ahora a aplicar las normas de derecho antes esbozadas a los hechos particulares de este caso.

En el caso de autos, el señor González Mezerene cedió al Banco Popular de Puerto Rico todos los derechos, pagos, compensaciones o emolumentos que le correspondería reci-bir en los procedimientos judiciales relacionados con el caudal hereditario de su padre fallecido presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan. Este cedió específicamente sus derechos en tres (3) casos: (1) Miguel Angel González Tigera y otros v. René González Tigera y otros, Civil Núm. 86-5092(903), sobre sentencia declaratoria, acción civil y acción derivativa; (2) Caridad González Campos v. René Augusto González, Civil Núm. KAC 91-0096, acción civil sobre interpelación de la aceptación de herencia; (3) Caridad González Campos, Ex parte, Civil Núm. KJ490-0171(806) sobre Declaratoria de Herederos.

En cuanto al caso Civil Núm. KAC-91-0096(02), cuya sentencia es la recurrida ante nos, éste versa sobre la in-terpelación de la aceptación de herencia, o sea, sobre la posible existencia de un derecho subjetivo hereditario.() La acción cedida podía culminar en la aceptación de la he-rencia pura y simplemente, la aceptación condicionada, a beneficio de inventario, o la repudiación de la herencia. Por otra parte, el caso Civil Núm. KJV 90-0171(806) trata so-bre una declaratoria de herederos. O sea, era una acción encaminada a establecer la condición de heredero del señor González Mezerene, luego de la cual éste podría aceptar o repudiar la herencia. Al ceder sus derechos en dichos casos, el señor González Mezerene estaba cediendo, simplemente, la posibilidad de la existencia de unos derechos heredita-rios, ya que el cesionario sólo obtiene lo que el cedente tiene. Puig Brutau, op. cit, pág. 237. En el caso de autos en específico, difícilmente se podría concluir que mediante su cesión hubo una aceptación tácita de una herencia, ya que la acción va encaminada, precisamente, a obligar a la persona a decidir si la acepta o no, y si la acepta, si lo hace pura y simplemente o a beneficio de inventario.

El tercer caso, Miguel Ángel González Tigera y otros v. René González Tigera y otros, Civil Núm. 86-5092(902), fue iniciado, entre otros, por el señor González Mezerene antes del fallecimiento de su padre. Trata dicho caso de una con-troversia sobre la titularidad de las acciones de ciertas corporaciones. Resulta obvio, pues, que éste no es un caso en el cual se cede un derecho hereditario. No puede con-cluirse que el señor González Mezerene, al ceder los dere-chos que pudiera tener al finalizar dicho pleito, aceptó la herencia de su padre.

IV

Conclusión

En resumen, los hechos de este caso no permiten esta-blecer que el señor González Mezerene aceptó la herencia de su padre fallecido pura y simplemente por no cumplir con los términos para formar un inventario de la herencia tras acogerse al derecho a deliberar sobre la aceptación del caudal hereditario. Tampoco las actuaciones del señor González Mezerene son representativas de la aceptación tácita producto de la cesión de los bienes hereditarios.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia revo-cando la dictada por el Tribunal de Primera Instancia> Sala Superior de San Juan, la cual deniega la formación de un inventario judicial y establece que el señor González Mezerene aceptó la herencia de su padre fallecido, pura y simplemente. Se devuelve el caso para que el tribunal de instancia proceda a realizar un inventario judicial.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) Según la certificación de gravamen expedida por el Negociado de Contribu-ción sobre la Propiedad, Herencia y Donaciones del Departamento de Hacienda, expedida el 8 de agosto de 1990, el caudal relicto exento ascendió a novecientos cuarenta y ocho mil novecientos setenta y nueve dólares con noventa y ocho centavos ($948,979.98), aclarándose, no obstante, la posible existencia de deudas y obligacio-nes a ser pagadas con cargo a dicho caudal.

      (2) El Art. 959 (31 L.P.R.A. see. 2787) lee:
      “Instando, en juicio, un tercer interesado para que el heredero acepte o repudie, deberá el Tribunal Superior señalar a éste un término, que no pase de treinta (30) días, para que haga su declaración; apercibido de que, si no la hace, se tendrá la herencia por aceptada.”

      (3) No fue hasta el 24 de enero de 1992 que el señor González Mezerene compa-reció a través de su representación legal.

      (4) El Art. 964 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2801, lee:
      “Todo heredero puede aceptar la herencia a beneficio de inventario, aunque el testador se lo haya prohibido.

        “También podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia para deliberar sobre este punto.” (Énfasis suplido.)

      (5) Miguel Ángel González Tigera y otros v. René González Tigera, Padre y otros, Caso Civil Núm. 86-5092, sobre sentencia declaratoria y acción derivativa de accionistas.

      (6) Miguel Ángel González Tigera y otros v. René González Tigera, Padre y otros, Caso Civil Núm. 86-5092.

      (7) De dicha orden el demandado acudió ante el Tribunal de Apelaciones me-diante una petición de certiorari. El tribunal desestimó la petición porque en el apéndice de la petición no se incluyó una copia de la orden. Además, concluyó que la orden recurrida dispuso totalmente del pleito. En ese sentido, el Tribunal de Apela-ciones expresó que las partes podían solicitarle al tribunal de instancia que emitiera la sentencia y se ordenara su registro. Posteriormente, el tribunal de instancia así lo hizo.

      (8) El 7 de febrero de 1992, el recurrente firmó un contrato de cesión con el Banco Popular de Puerto Rico mediante el cual hizo cesión absoluta a su favor de todos los derechos, pagos, compensaciones o emolumentos que le correspondía recibir en los siguientes procedimientos judiciales: Miguel Ángel González Tigera y otros v. René González Tigera y otros, Civil Núm. 86-5092 (902); Caridad González Campos v. René Augusto González, Civil Núm. KAC 91-0096; Caridad González Campos, Ex parte, Civil Núm. KJV 90-0171 (806). En dicho contrato el cedente autorizó al cesio-nario a intervenir en los procesos judiciales antes mencionados.
      De hecho, el Banco Popular de Puerto Rico presentó una moción para intervenir en el pleito de autos el 5 de mayo de 1992. A esto se opuso la parte demandante, alegando que la estipulación en que el Banco fundamentaba su solicitud para inter-venir era nula porque en ella compareció una corporación denominada Compañía de Autos y Servicios René González, Ine., representada por el señor González Mezerene, y nuestro ordenamiento jurídico no autoriza la comparecencia, representación y de-fensa de los intereses de una corporación ante los tribunales a través de un oficial que no es abogado. Además, alegó que la moción de intervención era contraria a la Regla 21.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre intervención permisible. En su contestación a dicha moción, el Banco explicó que la sentencia por estipulación recayó sobre cuatro (4) partes: Sr. René González, Sra. Eva Varela Alberty y la so-ciedad legal de gananciales compuesta por ambos y por la Compañía de Autos y Servicios René González, Inc., y, por lo tanto, tenía efecto contra las demás partes que sí podían comparecer por derecho propio. También argumentó en contra del planteamiento sobre las intervenciones permisibles. Finalmente, el tribunal de ins-tancia no permitió la intervención.

      (9) La aceptación pura o simple es la llamada responsabilidad ultra vires hereditarias. Mediante ésta, el aceptante no limita su responsabilidad por las deudas o el pasivo hereditario. Sustituye jurídicamente, a todos los efectos, a su causante, produciéndose la confusión del patrimonio del causante y del heredero. Véanse: Art. 957 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2785; M. Royo Martínez, Derecho Sucesorio, Sevilla, Ed. Edelce, 1951, pág. 269; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1989, T. XIV, Vol. 1, págs. 259-272.

      (10) La aceptación a beneficio de inventario o inter vires hereditarias se hace para limitar la responsabilidad del llamado que duda sobre la solvencia del patrimo-nio relicto. Quedan separados los patrimonios del causante y del heredero quien responde por las deudas de su causante hasta donde alcanza el valor de los bienes de la herencia. Véanse: Arts. 952 y 977 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2780 y 2814; J.L. Lacruz Berdejo y F.A. Sancho Rebullida, Derecho de Sucesiones, Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. I, pág. 117; J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1955, T. VII, pág. 455.

      (11) Mediante la repudiación, el llamado rehúsa adquirir la herencia manifes-tando, en la forma dispuesta por la ley, su voluntad de no ser heredero. Arts. 943 y 962 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2771 y 2790; Lacruz Berdejo y Sancho Rebu-llida, op. cit., pág. 138; Royo Martínez, op. cit., págs. 293-296.

      (12) El derecho a deliberar surge en tiempos de Roma. El spatium deliberandi era el plazo concedido al heredero para examinar el estado de la herencia antes de decidirse por su aceptación o repudiación. Si dentro de dicho plazo no informaba su decisión, se entendía que repudiaba la herencia. Fue adoptado con el fin de evitar la incertidumbre indefinida de los derechos hereditarios. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, Vol. 5, pág. 646; J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A., 1992, T. IV, Vol. III, pág. 458.

      () El Código Civil no establece trámite o requisito alguno para la formación del inventario. Puede acogerse la forma judicial, notarial o privada, siempre que se cite a los acreedores y legatarios para que puedan intervenir si lo consideran necesario. Lequerique v. Sucn. Talavera Crespo, 132 D.P.R. 297 (1992); Porrata v. Corte, 53 D.P.R. 148 (1938); Penne González, y de la Guerra, Opositor, 46 D.P.R. 264 (1934); Veléz Torres, op. cit., pág. 458; E. González Ttejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, págs. 162-165.
      Pero, en Porrata v. Corte, supra, págs. 154-155, indicamos que “si el inventario no ha precedido la aceptación condicional, el aceptante puede siempre pedir que el inventario se haga ante la corte competente”, y añadimos que “[u]na vez que se llega a la conclusión de que el inventario puede, y quizá debe, ser judicial, entonces la forma en que ha de prepararse el inventario, a nuestro juicio, es en gran parte discrecional en la corte”.

      (14) Algunos tratadistas opinan que este recurso ha perdido utilidad con la pre-sencia del relativo a la aceptación a beneficio de inventario. Véanse, por ejemplo: Vélez Torres, op. cit, págs. 458-489; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1989, T. VI, Vol. 2, pág. 163; Albaladejo, op. cit, págs. 311-312.

      (15) Gitama González, López R. Gómez, Sánchez Román, Manresa, Valverde, Castán Tobeñas, Peña y Bernaldo de Quirós, Santamaría Aixa, Vallet de Goytisolo y Lacruz Berdejo son de la misma opinión. En contra, Scaevola y Galindo Pardo. Véase Albaladejo, op. cit., pág. 325, esc. 20; J. Vallet. de Goytisolo, Panorama de Derecho de Sucesiones, Madrid, Ed. Civitas, 1984, Vol. II, págs. 517-520; Castán Tobeñas, op. cit., págs. Í72-173.

      (16) El heredero debe pedir a la vez la formación del inventario y la citación de acreedores y legatarios, ya que la disposición del Art. 968 (31 L.P.R.A. see. 2805) puede entenderse repetida en el Art. 969 (31 L.P.R.A. see. 2806). Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., pág. 134; D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, sta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, Vol. V, pág. 91; Hernández Gil, op. cit., 107; Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, supra, pág. 449; Albadalejo, op. cit., pág. 350; Royo, op. cit., pág. 283.

      (17) El Art. 972 (31 L.P.R.A. see. 2809) dispone:
      “Si por culpa o negligencia del heredero no se principiare o no se concluyere el inventario en los plazos y con las solemnidades prescritas en las secciones anteriores, se entenderá que acepta la herencia pura y simplemente.” (Énfasis suplido.)
      Nuestro Código contiene la partícula “o” que denota que la pena será impuesta alternativamente cuando no se principie o no se termine el inventario según los plazos legales. Son dos (2) situaciones distintas porque son dos (2) los plazos con los que hay que cumplir: el plazo para comenzarlo y el plazo para concluirlo.

      (18) Esto ocurre después de que la representación legal de la demandante, se-ñora González Campos, anunciara primero que se proponía realizar un inventario y que estaba en proceso de citar a los acreedores, y que más tarde indicara que era al señor González Mezerene a quien le correspondía realizarlo.

      (19) El tribunal no esbozó los fundamentos que tuvo para emitir dicha sentencia. Sin embargo, entendemos que recogió los señalamientos de la parte demandante que alegó que no podía realizarse el inventario porque éste se forma cuando el heredero tiene interés en aceptar la herencia a beneficio de inventario y tiene dudas sobre los débitos y el valor de la herencia. Además, que la formación de inventario no tenía que ser por vía judicial.

      (20) En esta etapa de los procedimientos, el señor González Mezerene, quien no es abogado, se representaba a sí mismo. Es posible que no entendiera los mecanis-mos de descubrimiento de prueba y formación del inventario judicial.

      (21) Expresa el Art. 953 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2721:
      “La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.
      “Expresa es la que se hace en documento público o privado.
      “Tácita es la que se hace por actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero.
      “Los actos de mera conservación o administración provisional no implican la aceptación de la herencia, si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero.”

      (22) Para un análisis de la jurisprudencia existente en Puerto Rico sobre los actos de aceptación tácita, véase González Tejera, op. cit., págs. 149-154; y para algunos ejemplos de lo que la jurisprudencia española ha decidido sobre lo que son o no actos de aceptación tácita, véanse: Lacruz Berdejo y Sancho Rubullida, op. cit., págs. 123-125 eses. 2, 3, 4, 5 y 6; Albaladejo, op. cit., págs. 199-229; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 213 y ss.

      (23) “Entiéndese aceptada la herencia:
      “(1) Cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño, a todos sus coherederos o a alguno de ellos.
      “(2) Cuando el heredero la renuncia, aunque sea gratuitamente, a beneficio de uno o más de sus coherederos.
      “(3) Cuando la renuncia por precio a favor de todos sus coherederos indistinta-mente; pero si esta renuncia fuere gratuita y los coherederos a cuyo favor se haga son aquellos a quienes debe acrecer la porción renunciada, no se entenderá aceptada la herencia.”

      (24) La cesión de derechos hereditarios o venta de herencia consiste en la trans-misión de la universalidad de derechos que corresponde al heredero, o de una cuota de la misma, una vez que la sucesión está abierta. Pero, “el adquirente de la herencia sólo puede obtener lo que resulta fundado en la certeza y legitimidad de esta cuali-dad del cedente”. J. Puig Brutau, op. cit., pág. 237.

      (25) Royo considera que los actos y supuestos concretos señalados por el Código Civil en los Arts. 954 (31 L.P.R.A. see. 2782) y 959, supra, sobre cuándo se entiende aceptada la herencia, “entrañan necesariamente aceptación pura y simple de la he-rencia ...”. (Énfasis suprimido.) Royo, op. cit., pág. 281.
      Manresa opina lo contrario. Estima que los actos que suponen la aceptación tácita no siempre demuestran que esta aceptación haya de ser pura y simple. Dice que: llenándose las formalidades y cumpliéndose los requisitos a que se refieren los arts. [965 al 972] puede aceptarse a beneficio de inventario y añade que “para que esa aceptación se entienda pura y simple, sin necesidad de documento ni de forma-lidad alguna en que conste una manifestación expresa, es indispensable que el suce-sor aceptante deje además transcurrir los plazos a que el art. [969] en su relación con el [968], se refiere, sin pedir la formación de inventario, o para deliberar sobre el modo en que le conviene verificar la aceptación”. Manresa, op. cit., págs. 458-466; C. Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Talleres Tipográficos “Cuesta”, 1939, T. V, págs. 513 y 517. Comparten dicha opinión Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, quienes al explicar la aceptación ex lege como sanción del Art. 956 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 2784, sobre herederos que sustraen u ocultan efec-tos de la herencia, señalan que “[a] diferencia de la aceptación tácita, en este su-puesto queda excluido definitivamente el beneficio de inventario”. Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., pág. 126.
      Al respecto Puig Brutau, citando precisamente a Lacruz Berdejo, dice:

        “Acerca de las reglas del Código [sobre aceptación tácita], advierte con razón Lacruz Berdejo ... que el beneficio de inventario no es propiamente una forma de aceptación, sino una situación que el heredero puede solicitar incluso después de aceptada la herencia, si todavía permite la ley las formalidades correspondientes. Por ello dice que podría hablarse más exactamente de ‘aceptación sin petición simul-tánea de beneficio de inventario’, que puede ser expresa o tácita, frente a la acepta-ción con petición simultánea de dicho beneficio, en cuyo caso se tratará siempre de aceptación expresa. Reconoce, sin embargo, que ‘en la práctica, la petición ulterior del beneficio no suele producirse, de modo que la aceptación en que no se solicite éste, normalmente queda como pura y simple. De ahí la identificación del C. c. entre aceptación tácita y aceptación pura y, en general, el sentido del art. [953].” (Cita omitida.) Puig Brutau, op. cit., pág. 213, esc. 104.
      Por su parte, Albadalejo afirma que puede suceder que “quien aceptó la herencia tácitamente o ex lege, pida luego y obtenga después el tal beneficio de inventario ...”. Albadalejo, op. cit, pág. 229.
      Vélez Torres no hace tal diferenciación y considera que tanto los que ceden el ius delationis como los que sustraen u ocultan algunos efectos de la herencia son verda-deros aceptantes, pero no especifica si la aceptación es pura y simple. Vélez Tbrres, op. cit., pág. 450.

      (26) El derecho hereditario al que se refiere el Art. 954 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2782, en su primer inciso es precisamente el derecho del heredero, ya sea su derecho subjetivo de titularidad sobre la totalidad del patrimonio, si es que es heredero único, o sobre el derecho subjetivo que le corresponde sobre una cuota ideal del patrimonio del causante, o sea, el derecho hereditario en abstracto. Véase Alba-dalejo, op. cit, pág. 222.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Sonia Muñiz Alcaraz, demandante y recurrida, v. José Muñoz López, demandado y peticionario.

      Número: CC-95-81

      Resuelto: 24 de octubre de 1995

      Rafael A. Oliveras López de Victoria, abogado de la parte peticionaria.
   RESOLUCIÓN

El demandado José Muñoz López recurre ante nos de una sentencia dictada el 26 de julio de 1995 por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. En reconsideración, el foro ape-lativo reafirmó su dictamen. Expresó que el peticionario Muñoz López apoyaba sus planteamientos para solicitar el relevo de la pensión alimentaria que le fue impuesta en unos documentos que no estuvieron ante la consideración del foro de instancia. Con respecto al documento sometido, indicó que de éste “surge que hasta noviembre de 1994 recibía ingresos del Seguro Social ascendentes a $724.00 y que no es hasta diciembre de 1994, es decir, posterior a su moción de rebaja y de relevo de resolución ante el tribunal recurrido, que dicha cuantía se redujo a $558.00”. Resolu-ción de 26 de julio de 1995, pág. 2. Concluyó que los plan-teamientos sobre rebaja de la pensión alimentaria debían ser dilucidados ante el Tribunal de Primera Instancia me-diante una solicitud de rebaja de pensión alimentaria de-bidamente fundamentada.

Correspondía al peticionario, mediante el presente re-curso, cuestionar o impugnar la desestimación decretada por el Tribunal de Circuito de Apelaciones. No obstante, de la lectura de los errores señalados en el presente recurso y su discusión puede constatarse, con meridiana claridad, que el peticionario no ha presentado planteamiento alguno en cuanto al dictamen del foro apelativo del cual recurre. Se limita a impugnar los méritos de la resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia bajo argumentos si-milares a los que hizo ante el foro apelativo. Esta forma de actuar hace caso omiso del hecho de que si la actuación del Tribunal de Circuito de Apelaciones es correcta, no se puede cuestionar la determinación de instancia.

La Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 estable-ció un nuevo esquema apelativo. Creó un tribunal apela-tivo intermedio para revisar la corrección de las determi-naciones del Tribunal de Primera Instancia. Limitó la revisión directa a este Poro de los dictámenes del Tribunal de Primera Instancia a las situaciones dispuestas en el Art. 3.002(b) de dicha ley, 4 L.P.R.A. sec. 22i(b). Según este nuevo esquema, con excepción de lo antes señalado, este Foro revisará directamente sólo las determinaciones del Tribunal de Circuito de Apelaciones, no las del Tribunal de Primera Instancia. Se deniega el recurso presentado.

El 24 de enero de 1995, entraron en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 y los Reglamentos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones. A pesar de que ya han transcurrido aproxima-damente nueve (9) meses desde que comenzó su implanta-ción, un número sustancial de los recursos presentados, tanto ante este Foro como ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones, reflejan una marcada laxitud en el cumpli-miento con los procedimientos apelativos.

Preocupa a este Foro que tanto el recurso presentado ante nosotros como el presentado ante el Tribunal de Cir-cuito de Apelaciones, denotan un desconocimiento del nuevo esquema apelativo y de los procedimientos que se han de seguir para perfeccionar los recursos.

Reiteramos lo que expresamos en In re Reglamento del Tribunal Supremo, 116 D.P.R. 670, 672 (1985), en cuanto a que el incumplimiento con los reglamentos de los procesos apelativos “acusa desconocimiento de [los] mism[os], cuando no su negligente o voluntaria desobediencia”.

En bien de la justicia, los abogados tienen el deber de ser diligentes y dar un estricto cumplimiento tanto a la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994 como a los Regla-mentos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Circuito de Apelaciones. Apercibimos a la clase togada que estaremos atentos para velar por que en los trámites apelativos se cumpla con estos deberes.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Francisco F. Agrait Liado Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re Ignacio Gual Morales.

      Número: AB-94-4

      Resuelto: 24 de octubre de 1995

      Jacqueline Novas Debién, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar.

   per curiam:

El 27 de diciembre de 1994 suspendimos temporalmente al Ledo. Ignacio Gual Morales del ejercicio de la abogacía por no haber cumplido con nuestra Resolu-ción de 28 de octubre de ese mismo año. Le habíamos ins-truido en esta resolución que debía comparecer ante el Pro-curador General de Puerto Rico para atender los requerimientos de éste en relación con una queja sobre conducta profesional presentada en su contra.

Ya antes, el 11 de febrero de 1994, habíamos emitido otra resolución advirtiéndole al licenciado Gual Morales que debía atender los requerimientos del Procurador General sobre esta queja, y que si no lo hacía, se decretaría su suspensión temporal del ejercicio de la profesión.

El 10 de marzo de 1995, reinstalamos al licenciado Gual Morales al ejercicio de la profesión, en vista de que el Pro-curador General, el 21 de febrero de 1995, nos había infor-mado que Gual Morales había comparecido ante su Oficina. Sin embargo, días después, recibimos otro escrito del Procurador General. Señalaba que el querellado había vuelto a incurrir en su patrón de conducta de desatender los requerimientos de esa Oficina. Por ello, el 7 de abril de 1995 emitimos una nueva resolución, en la cual le dimos un término al Ledo. Ignacio Gual Morales para mostrar causa por la cual no debíamos dejar sin efecto su reinsta-lación al ejercicio de la abogacía. El abogado contestó e, inter alia, nos explicó que había comparecido ante la Ofi-cina del Procurador General. En efecto lo hizo, y solicitó un plazo razonable de tiempo para satisfacer en su totalidad la reclamación del querellante. El Procurador General, en-tonces, le concedió sesenta (60) días para pagar la deuda.

Así las cosas, el 2 de junio de 1995 solicitamos al Procu-rador General que nos informara sobre el status de este caso. El Procurador General nos contestó que no sabía si el querellado, Ledo. Ignacio Gual Morales, había saldado la deuda en cuestión, por lo que el 26 de julio de 1995 emiti-mos una nueva resolución en la cual le dimos un término de veinte (20) días al querellado para que nos informara si había cumplido con el último requerimiento del Procurador General sobre este asunto. Esa resolución fue notificada personalmente. Incluía un apercibimiento de que su in-cumplimiento conllevaría automáticamente las sanciones correspondientes.

Han pasado casi tres (3) meses desde la fecha cuando le fue notificada nuestra Resolución de 26 de julio de 1995 y el licenciado Gual Morales no ha comparecido ante nos para contestarla.

I — i

Reiteradamente hemos resuelto que hacer caso omiso de las resoluciones de este Tribunal trae consigo sanciones disciplinarias severas. Col. Abogados P.R. v. Diversé, Colón, Rivera, 136 D.P.R. 425 (1994); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991). Por esta razón, tomando en consideración el incumplimiento del querellado con las órdenes de este Tribunal, procede que decretemos su suspensión indefinida del ejercicio de la abo-gacía, tal y como se le había apercibido.

En vista de que el querellado está suspendido del ejer-cicio de la notaría desde el 27 de diciembre de 1994 y su obra notarial está en el Archivo General de Protocolos, no hay nada que proveer al respecto.

Se dictará sentencia de conformidad.


author: Juez Asociado señor Corrada Del Río,

text:
    Ramón Daniel Martínez Soria, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Ex parte, demandado.

      Número: RE-94-493

      Resuelto: 1ro de noviembre de 1995

      Maritza Hernández, abogada de la parte peticionaria; Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, y Delmarie Vega

      Lugo, Procuradora General Auxiliar, abogados de la Pro-curadora Especial de Relaciones de Familia.
   SENTENCIA

Tenemos ante nos un asunto importante que reviste un gran interés público. Se trata de la cuestión de si el tér-mino de dos (2) años que establecía el Art. 613E de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. ant. see. 2697,() para impugnar una adopción —cuando es el propio hijo adoptivo, que fuera adoptado siendo menor de edad, quien la impugna— debe comenzar a decursar una vez el menor adoptado llegue a la mayoridad.

Lo anterior no obstante, nos vemos impedidos de adju-dicar la controversia en esta ocasión. Independientemente de los méritos de los planteamientos esbozados ante nos por la recurrente, nos vemos impedidos de atender su re-clamo debido a que la sentencia recurrida se dictó sin ju-risdicción por falta de parte indispensable, toda vez que nunca se notificó acerca de la acción al padre adoptante ni al padre biológico de la recurrente.

Exponemos a continuación una breve sinopsis de los he-chos y del trámite procesal del caso de autos, según surgen del expediente ante nos.

r — H

La recurrente, Gladys de los Angeles Martínez Monta-ñez, nació el 20 de noviembre de 1972. Fue la segunda hija procreada en el matrimonio integrado por los esposos Gladys Montañez Miranda y Eugenio Figarella Picó. Dicho vinculo matrimonial quedó disuelto tiempo después me-diante una sentencia de divorcio.

El 11 de julio de 1977, cuando la recurrente tenía cuatro (4) años de edad, su madre contrajo segundas nupcias con Ramón Daniel Martínez Soria. Así transcurrieron los años, viviendo bajo el mismo techo: la recurrente, su hermana mayor, su madre, el esposo de su madre y una nueva her-mana fruto de ese segundo matrimonio.

El 30 de noviembre de 1989, fecha cuando la recurrente ya contaba con diecisiete (17) años de edad, Martínez Soria procuró en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la adop-ción de ésta y de su hermana mayor, nacidas en el primer matrimonio de su esposa. Acompañó su pedido con dos (2) declaraciones juradas, una de su parte y la otra suscrita por el padre biológico de las menores, mediante la cual éste último expresaba su consentimiento a la solicitud de adop-ción hecha por el esposo de su ex cónyuge.

Luego de varios trámites procesales, el 22 de enero de 1992, fecha cuando la recurrente había cumplido dieci-nueve (19) años de edad, el tribunal de instancia celebró una vista para considerar la solicitud de Martínez Soria. Luego de escuchar al peticionario, a su esposa —madre biológica de las menores— al padre biológico de éstas y a las propias menores, todos conformes con la adopción, con-sideró el informe del Departamento de Servicios Sociales, que recomendaba de manera favorable la adopción.

Sometido el caso, el mismo 22 de enero de 1992, el foro de instancia emitió sendas resoluciones mediante las cua-les aprobó las adopciones en cuestión, declaró a ambas me-nores como hijas de Ramón Daniel Martínez Soria, a todos los fines y efectos de ley, y ordenó la correspondiente ins-cripción en el Registro Demográfico de Puerto Rico.

Así las cosas, el 26 de abril de 1994, dos (2) años y tres (3) meses después de haber sido decretadas las adopciones, pero a los cinco (5) meses de la recurrente haber cumplido veintiún (21) años de edad, ésta presentó una moción para solicitar al tribunal de instancia que dejara sin efecto la aludida resolución de adopción bajo el fundamento de que desde los trece (13) años de edad había sido víctima de abuso sexual por parte de su padre adoptante.

En atención a dicha moción, el 19 de mayo de 1994 el tribunal de instancia dictó una orden dirigida a la recu-rrente para que la notificara a la Procuradora de Relacio-nes de Familia, a la parte adoptante y al abogado de dicha parte. Copia de esta orden fue enviada a quien era abogado de Martínez Soria en el proceso de adopción. Inconforme, la recurrente presentó una solicitud de reconsideración para que el tribunal dejara sin efecto su orden de notifica-ción al padre adoptante. Argumentó que la Oficina de la Procuradora de Familia era la única debía ser notificada, e informó que ya se había notificado. Asimismo, el aludido abogado presentó una moción informativa y sobre su re-nuncia profesional. En ésta, aceptó haber sido el represen-tante legal durante todo el proceso de adopción, sin embargo, le solicitó al tribunal que le permitiera renunciar a la representación del caso toda vez que sus gestiones para localizar a la madre biológica de la recurrente habían re-sultado infructuosas y reinaba un estado de total incomu-nicación entre ambos.

El 28 de junio de 1994, el tribunal dictó otra orden para que la Procuradora de Relaciones de Familia se expresara, a la vez que declaró ha lugar la solicitud de reconsidera-ción de la recurrente. Unos días más tarde, el tribunal aceptó la renuncia de representación legal del abogado en cuestión.

La Procuradora Especial de Relaciones de Familia com-pareció el 3 de agosto de 1994. En dicha comparecencia se opuso a la referida solicitud de reconsideración de la recu-rrente al plantear que ésta no procedía en derecho, por cuanto se le estaba privando de un derecho al padre adop-tante sin que se le hubiese notificado y sin darle la oportu-nidad de ser oído. Se opuso, además, a la moción sobre la renuncia de la representación legal, por cuanto el cliente del referido abogado no era la madre biológica de la recu-rrente, sino el padre adoptante.

El 8 de agosto de 1994, el tribunal dejó sin efecto su orden previa que declaraba con lugar la moción de recon-sideración de la recurrente y, en su defecto, ordenó de nuevo que se notificara al padre adoptante por conside-rarlo parte indispensable. La recurrente se opuso nueva-mente a la orden del tribunal para que se notificara al padre adoptante, argumentando que dicha orden converti-ría su petición en un procedimiento contencioso, cuando contra el padre adoptante no se hacía reclamación alguna. El 24 de agosto de 1994, la recurrente presentó una moción aclaratoria en la cual expresó lo siguiente, y citamos:

Esta parte tomará la decisión de notificar al padre adoptante cuando este Tribunal tome la decisión de ver el caso en sus méritos o no verlo ....

El abogado de Martínez Soria también compareció otra vez para alegar que tampoco mantenía comunicación de clase alguna con este último y solicitó que aceptaran su renuncia a la representación legal del padre adoptante.

Así las cosas, el 12 de septiembre de 1994, el tribunal de instancia emitió la resolución siguiente:

Examinada la Moción solicitando que se deje sin efecto Reso-lución de Adopción, Solicitud de Reconsideración, así como la Moción contestando Moción de Relevo y demás escritos presen-tados, este Tribunal resuelve conforme al Art. 613 E del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. See. 2697:
“Transcurrido el período de dos años desde la fecha de la resolución del tribunal autorizando la adopción, cualquier irre-gularidad en los procedimientos se considerará subsanada y la validez de la adopción no podrá ser atacada directa ni colate-ralmente en ningún procedimiento.”
Se declara No Ha Lugar la Moción solicitando que se deje sin efecto Resolución de Adopción.

De dicha resolución, la recurrente oportunamente soli-citó la reconsideración. El 4 de noviembre de 1994, el tribunal de instancia la acogió y le concedió un término a la Procuradora de Relaciones de Familia para que se expresara. El mismo día, el tribunal “tomó conocimiento” de la aludida moción aclaratoria de la recurrente.

El último documento que consta en autos en instancia es una Moción Informativa de 10 de noviembre de 1994 de la Procuradora de Relaciones de Familia, en la que ésta “[n]uevamente alega que el peticionario tiene que ser noti-ficado de las alegaciones que se hacen en su contra”.

El 13 de octubre de 1994, la recurrente presentó su re-curso de revisión ante esta Curia. En éste no hace referen-cia ni presenta planteamiento alguno sobre la orden del tribunal de instancia de notificación al padre adoptante.

Expedimos el auto el 15 de diciembre de 1994.

La Procuradora Especial de Relaciones de Familia com-pareció ante nos el 9 de mayo de 1995, representada por el Procurador General de Puerto Rico. Sobre el particular plantea la Procuradora que “el presente caso no puede ser finalmente resuelto sin que el padre-adoptante tenga su día en corte para establecer su posición con relación a las controversias que aquí se dilucidan”.

Analizadas las comparecencias de las partes, con el be-neficio de los autos originales, procedemos a resolver.

i-H H-Í

Si bien el tribunal de instancia concluyó correctamente que el padre adoptante es parte indispensable en un pro-ceso de impugnación de adopción, posteriormente no efec-tuó señalamiento específico alguno sobre la tenaz oposición de la recurrente y su determinación de notificarle al padre adoptante sólo si el tribunal entraba a dilucidar los méri-tos del caso. La resolución recurrida se dictó sin que se hubiese notificado al padre adoptante y sin que en ésta constare pronunciamiento alguno sobre el particular. Tam-poco se notificó de dicha acción al padre biológico de la recurrente.

De entrada, debemos señalar que el asunto de excluir una parte indispensable es de orden tan vital y relevante que puede presentarse en apelación por primera vez o aun suscitarse por el tribunal sua sponte. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983). Esto es por razón de que la omisión de una parte indispensable es motivo para desestimar un pleito. Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 816 (1983).

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil dispone sobre la acumulación indispensable de partes:

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya presen-cia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de- . mandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada. 32 L.P.R.A. Ap. III.

Interpretando dicha sección hemos sostenido que cuando no se les ha brindado la oportunidad de salvaguar-dar unos derechos a personas ausentes del pleito, no se le puede imprimir finalidad a la adjudicación de la controver-sia medular. Dichas personas tienen que ser acumuladas como partes. No es suficiente ni siquiera que el ausente haya sido informado de su oportunidad de intervenir en el pleito; mientras no se le haya hecho parte, no se le puede privar de sus derechos mediante sentencia. Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 604 (1989). De no acumularse las personas referidas como partes en el pro-ceso de impugnación de adopción, procedería la desestima-ción de la causa de acción.

En una acción de impugnación de adopción, ciertamente el padre adoptante podría ver afectados sus derechos e intereses. Lo que se solicita en dicha acción es precisa-mente anular la resolución de adopción que se dictó a raíz de la petición que el padre adoptante le hizo al tribunal. De ésta declararse con lugar, el padre adoptante perdería to-dos los derechos adquiridos como padre sobre y en relación con sus hijos(as) adoptivos(as), para todos los fines y efec-tos de la ley. No es posible ni siquiera considerar el asunto sin notificar previamente al padre adoptante y brindarle a éste la oportunidad de ser oído y de oponerse.

Esto es particularmente importante en el caso de ma-rras, en el cual se han hecho graves imputaciones contra el padre adoptante. Antes de dictarse la sentencia tenía que haberse notificado y emplazado a Martínez Soria en rela-ción con la acción instada por la recurrente.

HH HH t-H

El padre biológico de la recurrente también tiene dere-cho a ser notificado acerca de esta acción. Nótese que du-rante el trámite legal de adopción éste prestó una declara-ción jurada en la que consentía la adopción, lo que posteriormente ratificó en corte abierta en ocasión de cele-brarse la vista evidenciaría. Una vez emitida la resolución de adopción, quedó roto todo vínculo jurídico entre el padre biológico y la recurrente.

De dejarse sin efecto la resolución de adopción, el estado de derecho revertiría a la situación prevaleciente antes del decreto judicial, es decir, colocaría a la recurrente de nuevo como hija de su padre biológico, para todos los fines y efec-tos de ley. Este automáticamente adquiriría innumerables derechos, obligaciones y responsabilidades que previa-mente había renunciado. Resulta evidente, pues, que al dilucidarse la acción instada por la recurrente, el padre biológico podría ver afectados sus intereses, por lo que éste también es una parte indispensable en este proceso. Debe notificársele a Figarella Picó de la acción instada por la recurrente.

IV

Por las razones antes expresadas, se expide el auto, se dicta sentencia mediante la cual se deja sin efecto la dic-tada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, y se devuelve éste a dicho tribunal para procedimien-tos ulteriores compatibles con lo aquí expresado.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón concurrió sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río concurrió con una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado señor Corrada Del Río,

a la cual se uñé el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Nos vemos precisados a emitir un voto para concurrir con el resultado de la sentencia, pero no con ciertas expre-siones contenidas en ésta las cuales objetamos por conside-rarlas inaceptables y no apropiadas.

H

Se trata de un recurso de revisión presentado por Gladys de los Ángeles Martínez Montañez (en adelante la re-currente), hija adoptiva de Ramón Daniel Martínez Soria, para solicitar que revoquemos la resolución y orden dic-tada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el 12 de septiembre de 1994, mediante la cual de-claró NO HA LUGAR la petición de la recurrente para que se deje sin efecto la Resolución de Adopción de 22 de enero de 1992 emitida por el Honorable Juez Angel D. Ramírez Ramírez.

La petición para impugnar la adopción fue instada por la recurrente el 26 de abril de 1994, dos (2) años y tres (3) meses después de decretada la adopción. La recurrente cumplió veintiún (21) años el 20 de noviembre de 1993, por lo que impugnó la adopción cinco (5) meses y una (1) se-mana después de llegar a esa edad.

La recurrente es hija biológica de Gladys Montañez Miranda y Eugenio Figarella Picó, y la segunda hija pro-creada en el matrimonio constituido por ellos. Los padres de la recurrente se divorciaron, por lo cual la recurrente quedó bajo la custodia y patria potestad de su madre.

El 11 de julio de 1977, cuando la recurrente contaba con cuatro (4) años de edad, su madre contrajo matrimonio con Ramón Daniel Martínez Soria. El núcleo familiar estuvo compuesto desde entonces por el matrimonio Montañez Miranda-Martínez Soria, las dos (2) hijas de la señora Montañez Miranda y, posteriormente, por una hija habida como fruto de este matrimonio.

Cuando la recurrente ya había cumplido diecisiete (17) años de edad, el 30 de noviembre de 1989, el señor Martí-nez Soria, padrastro de la recurrente, peticionó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, la adopción de la recu-rrente y de su hermana, frutos del primer matrimonio de su esposa.

El 22 de enero de 1992, contando la recurrente con die-cinueve (19) años de edad, el tribunal efectuó la vista sobre la petición de adopción. Prestaron el consentimiento a la adopción la madre biológica (esposa del padre adoptante) y el padre biológico de la recurrente, así como la propia recurrente. La adopción fue recomendada de manera favorable por el Departamento de Servicios Sociales.

El tribunal de instancia aprobó, mediante sendas reso-luciones, la adopción de la recurrente y la de su hermana por el padre adoptante, el 22 de enero de 1992, y ordenó la inscripción de rigor en el Registro Demográfico.

Dos (2) años y tres (3) meses después de haber sido de-cretadas las adopciones, el 26 de abril de 1994, la recu-rrente impugnó su adopción mediante una moción presen-tada ante el tribunal de instancia.

En dicha moción alegó que cuando cumplió los veintiún (21) años de edad, allá para el 20 de noviembre de 1993, buscó ayuda para mudarse del seno familiar y del control total al cual era sometida. Adujo haber sido víctima de abuso sexual por su padrastro, luego padre adoptante, desde los trece (13) años de manera ininterrumpida hasta que se mudó del hogar.

En la súplica de su moción solicitó que no deseaba cons-tar como hija del padre adoptante en el Registro Demográ-fico y no deseaba llevar el apellido de éste.

El tribunal de instancia dictó una orden el 16 de mayo de 1994 para requerir a la recurrente que notificara con una copia de la moción impugnatoria a la Procuradora de Relaciones de Familia y a la parte adoptante y su abogado. Ordenó a la Secretaría del tribunal que notificara con una copia de la moción a la Fiscalía de Distrito para procesar la acción criminal correspondiente.

La recurrente pidió la reconsideración de dicha orden el 31 de mayo de 1994. Indicó que había notificado su moción a la Procuradora de Relaciones de Familia. Repitió las ale-gaciones de su moción original. Cuestionó la autoridad o facultad del padre adoptante para expresar su consenti-miento a lo solicitado y alegó que el consentimiento pres-tado por el padre adoptante en el procedimiento de adop-ción no fue ratificado por ella. Pidió que se dejara sin efecto la orden de notificar al padre adoptante o a su abogado con una copia de su moción.

El tribunal de instancia, mediante Orden de 22 de julio de 1994, luego de considerar la referida moción de reconsi-deración, dictaminó que se le notificara al padre adoptante la moción, “por esta [sic] parte indispensable”. Apéndice V.

Mediante “Moción al Amparo de la Regla 43 de Procedi-miento Civil sobre Solicitud de Determinaciones de Hecho y de Derecho Adicionales/Moción de Reconsideración” de 17 de agosto de 1994 (Apéndice VI), la recurrente reiteró su interés de que se revocase la resolución de adopción y que se borrara el apellido de su padre adoptante de su inscrip-ción de nacimiento; sostuvo que estuvo impedida, por ra-zón de controles familiares, de recurrir al tribunal hasta dos (2) años y tres (3) meses de emitida la resolución de adopción; alegó que el término de dos (2) años no aplica a los menores de edad, y expresó que “[s]e interesa de este Honorable Tribunal provea el remedio solicitado o determine cuál es el remedio que deba ser radicado y se provea de las guías que esta parte debe seguir”. (Enfasis suplido.) Apéndice VI, pág. 4.

El tribunal de instancia, mediante Resolución de 12 de septiembre de 1994, expresó que examinada la moción para solicitar que se dejara sin efecto la resolución de adopción, la solicitud de reconsideración, la moción contes-tando moción de relevo y demás escritos presentados, re-solvía declarar NO HA LUGAR la moción para solicitar que se dejara sin efecto la resolución de adopción conforme con el Art. 613E del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. see. 2697.

hH h-i

Adviértase que el tribunal a quo, mediante Orden de 22 de julio de 1994, dictaminó que se le notificara la moción que pretendía anular la adopción al padre adoptante()

La recurrente se negó a cumplir con dicha orden me-diante la Moción de 17 de agosto de 1994. () Sostuvo “[q]ue el padre adoptante no es parte indispensable en esta peti-ción porque lo que se va a evaluar no en [sic] si hubo o no el abuso sexual sino que la peticionaria repudia el apellido de éste por las razones expresadas”. (Enfasis en el original).()

No puede haber duda de que si el tribunal a quo to-maba, como lo hizo, la petición de la recurrente como una acción para impugnar la adopción, el padre adoptante era una parte indispensable en el procedimiento. En un proce-dimiento de adopción las partes son: el o los adoptados; el o los adoptantes; el fiscal de distrito correspondiente o el Procurador de Relaciones de Familia; los padres del adop-tado, cuando su presencia sea indispensable,() y en su de-fecto, el tutor o defensor judicial del menor designado, los consejeros y representantes del Departamento de Servicios Sociales. menor v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 923-924 (1989).

Siendo el padre adoptante una parte indispensable en la adopción, igualmente lo será en un procedimiento para su impugnación, máxime cuando se formulen alegaciones en su contra.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone:

Las personas que tuvieren un interés común sin cuya pre-sencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de-mandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada.

Una parte indispensable es aquella que podría ver afec-tados sus derechos e intereses al momento de dictarse una sentencia o resolución por no encontrarse presente en el litigio. Véanse: Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952); Pueblo v. Henneman, 61 D.P.R. 189,194 (1942). La regla persigue que la persona que no esté presente quede protegida de los efectos legales de la sentencia y así evitar la multiplicación innecesaria de pleitos. Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989); Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 604-605 (1983); Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 412-413 (1982); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834, 841 (1978).

Es evidente que si la impugnación de la adopción es efectiva, afectará los derechos e intereses del padre adoptante.

La omisión de una parte indispensable es motivo para desestimar un pleito. Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 816 (1983). Máxime cuando la parte se negó a cumplir con la orden del tribunal a quo para que se notifi-cara al padre adoptante por ser éste una parte indispensable. Entendemos que este fundamento justifica, por sí sólo, denegar la moción de impugnación de adopción presentada por la recurrente.

hH hH t — 1

Nuestra sentencia deja sin efecto la dictada por el tribunal de instancia y se devuelve el caso a dicho tribunal para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí expuesto. Concurrimos con ese resultado, luego de advertir que en la propia sentencia se expresa que “[d]e no acumu-larse las personas referidas [el padre adoptante y el padre biológico] como partes en el proceso de impugnación de adopción, procedería la desestimación de la causa de acción”. Sentencia, pág. 263.

Objetamos, por considerarlas inaceptables e impropias, las siguientes expresiones contenidas en la Sentencia:

Tenemos ante nos un asunto importante que reviste un gran interés público. Se trata de la cuestión de si el término de dos (2) años que establecía el Art. 613E de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. ant. see. 2697, para impugnar una adopción —cuando es el propio hijo adoptivo, que fuera adoptado siendo menor de edad, quien la impugna— debe co-menzar a decursar una vez el menor adoptado llegue a la mayoridad.
Lo anterior no obstante, nos vemos impedidos de adjudicar la controversia en esta ocasión. Independientemente de los méri-tos de los planteamientos esbozados ante nos por la recurrente, nos vemos impedidos de atender su reclamo debido a que la sentencia recurrida se dictó sin jurisdicción por falta de parte indispensable, toda vez que nunca se notificó acerca de la ac-ción al padre adoptante ni al padre biológico de la recurrente. (Escolio omitido.) Sentencia, pág. 258.

Consideramos que dichos señalamientos podrían indu-cir a las partes a pensar que hemos prejuzgado dicha con-troversia y que hemos tenido un gran interés en resolverla, y que hemos devuelto el caso a instancia con el propósito de que, una vez se acumulen las partes indispensables en el proceso, el caso sea traído de nuevo ante nuestra consideración. En consecuencia, y en vista de que la cues-tión ante nos que da lugar a nuestra sentencia es la falta de parte indispensable, es nuestro criterio que tales seña-lamientos resultan innecesarios e impropios. Adviértase que el cuadro fáctico que se nos presenta no cuenta con la comparecencia de las partes indispensables y, además, surge del expediente que la propia recurrente pudiera te-ner interés en otros remedios que redunden en no tener que llevar el apellido del padre adoptante.

No estamos adjudicando o intimando que la acción de impugnación de adopción en este caso es procedente o improcedente.

      (1) El Art. 613E de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. ant. see. 2697, fue derogado por la Ley Núm. 9 de 19 de enero de 1995 (32 L.P.R.A. see. 2699 eí seq.). Ello no obstante, al momento cuando se suscitaron los hechos del caso de marras y de instarse la acción que nos ocupa, el referido Art. 613E estaba vigente. El nuevo Art. 19 de la Ley de Procedimientos Legales Especiales, 32 L.P.R.A. see. 2699r, reduce el término a un (1) año. Lo que aquí resolviéramos, le aplicaría.

      í) Apéndice V.

      (2) Apéndice VI.

      (3) Apéndice VI, pág. 3.

      (4) No es indispensable la presencia de los padres o del tutor del adoptado en los casos en que los padres hayan renunciado previamente a la patria potestad del menor y transferido su custodia al Departamento de Servicios Sociales. 32 L.P.R.A. ant. see. 2691.