text:
    Ángel Manuel Oliveros, etc., demandantes y recurrentes, v. Antonio Abréu, M.D. y Doctor’s Center, Inc., demandados y recurridos.

      Número: R-67-79

      Resuelto: 9 de febrero de 1973

      Manuel Martín Maldonado, abogados de los recurrentes; Rafael A. González, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

I. Los hechos.

Motivó la demanda de daños y perjuicios en este caso la muerte de una niña de 7 años ocurrida de una a dos horas después de haber sido operada de las amígdalas. Son los de-mandantes sus padres y los demandados el médico que la operó y la clínica u hospital en donde se realizó la operación y en donde estaba recluida la niña al momento de su muerte.

El tribunal de instancia concluyó que el cirujano no in-currió en mala práctica; que ni éste ni la clínica incurrieron en negligencia; y desestimó la demanda. En sus conclusiones el tribunal expresó que la atención que viene obligado a dar un médico a su paciente es la que se presta por los médicos en la comunidad; que se presume que el médico utilizó y administró el tratamiento adecuado; que el hecho de la muerte no crea presunción de negligencia; que la presunción que existe a favor del médico no fue refutada por prueba; que las circuns-tancias del caso no justifican la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur; y adoptó la explicación de los demandados de que la niña murió de un arresto cardíaco que se convirtió en un paro cardíaco.

La opinión del tribunal de instancia, tomada en su conjunto, tiene el estilo de una opinión solicitada al abogado de la parte vencedora en el juicio y firmada por el juez. Ex-presa la opinión en sus determinaciones de hechos probados que el Dr. Pedro Blanco Lugo es uno de los demandados, lo cual no es correcto. Al mencionar la operación expresa que la misma “resultó un éxito,” lo cual es controvertible. Aunque no es impropio ni vemos nada malo en la práctica de solicitar del abogado de la parte vencedora que prepare un borrador de opinión, ya anteriormente hemos advertido de la necesidad de que esos borradores sean examinados con sumo cuidado por el juez antes de ser firmados para expurgarlos de errores, exage-raciones o expresiones que vayan más allá de la estricta justi-cia que quiere hacer el magistrado. Véanse nuestras expre-siones sobre el particular en Felipa Rivera v. Alfredo Rivera, R-67-57 Sentencia de 27 de octubre de 1967 y en Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971).

Los hechos conocidos son los siguientes. Decimos “conoci-dos” porque como no se hizo autopsia, nunca se sabrá con seguridad cuál fue la verdadera causa de la muerte. La niña Sonia Oliveros fue admitida en la clínica Doctor’s Center de Manatí, Puerto Rico,, el martes 23 de junio de 1964 a las 6 de la mañana. El cirujano que la operó no la vio el día anterior ni ese día hasta el momento en que fue llevada a la sala de operaciones. Hay controversia sobre si se le hicieron o no los exámenes preoperatorios de rigor. Se sabe que no se le hicieron ni el día antes de la operación, ni mientras la niña estuvo en su habitación en la clínica.

El Dr. Pedro Blanco Lugo, quien administró la anestesia, declaró que en la sala de operaciones él le hizo a la niña un “examen general del sistema cardio vasculatorio,” con resul-tado normal. El Dr. Abréu, el cirujano demandado, declaró que antes de la operación, se le hizo a la paciente “el chequeo ante-operatorio.” Al preguntársele que qué era eso, contestó que era un examen general que consistía en examen de los oídos, la garganta, la nariz, el pecho, los pulmones, el corazón, el vientre y además un examen de la hemoglobina y del tiempo de coagulación de la sangre. También declaró que no era costumbre en esá clínica hacer esos exámenes preoperatorios en la sala de operaciones; que éste fue un caso excepcional.

Por otro lado, la enfermera Amparo Valdés Pagán, quien fue la que éstuvo de Servicio en la sala de operaciones, declaró sobre ese particular en el contrainterrogatorio de la forma siguiente:

“P. Tan .pronto llegó a la sala de operaciones qué se hizo con la nena?
R. La acostamos.
P. No habló con la nena?
R. Siempre uno le dice algo. El doctor Blanco, recuerdo que habló con la nena también, cuando se le dio la anestesia, cosa que la nena se sintiera tranquila.
P. Ella llegó de su habitación y usted habló con ella?
R. Yo le hablé a ella.
P. La acostaron?
R. Sí, señor.
P. Inmediatamente empezaron a darle anestesia ?
R. El médico, el doctor Blanco. Pero recuerdo que fue el qüe le habló que estuviera tranquila, que era una cosita, cosa que la nena cogiera confianza.
P. Está segura que no pasó nada más ?
R. Nada más.
P. Llegó la nen'a, la acostaron y hablaron con ella y empe-zaron a darle la anestesia ?
R. Sí, señor.”

A este asunto de los exámenes preoperatorios hemos de regresar cuando describamos los récords médicos que constan en evidencia.

Una vez operada, la niña fue llevada a su cuarto por el cirujano y acostada, según la declaración de éste, boca abajo, con una almohada debajo del vientre y la cabeza presionada hacia uno de los lados para que pudiese respirar y tuviese libre acceso de aire por boca y nariz. En el juicio el cirujano declaró que luego de la operación cargó a la niña en sus brazos de la sala de operaciones a su cuarto. En un' interrogatorio, ad-mitido en evidencia, había declarado, también bajo juramento, que la niña fue llevada a su cuarto en una camilla. Esta con-tradicción es rara, aunque aparentemente no tiene relación con las cuestiones centrales del caso.

La niña fue operada a las 8:30 a.m. La operación duró, declaró el cirujano que la hizo, unos 15 ó 20 minutos. La niña fue devuelta a su cuarto como a las 8:50 ó 9:00 a.m. Allí se dejó con su madre, quien estaba en la habitación. Le explicaron a ella y a la enfermera práctica Ocasio, la del piso, cómo debía permanecer acostada la niña para que pudiese respirar. Quedó así la niña al cuidado inmediato de su madre y de la enfermera del piso.

En el interrogatorio directo el cirujano declaró que luego de la operación se quedó en la clínica durante “más o menos media hora” y como todo seguía bien se marchó a su oficina en el pueblo, dejando la paciente a cargo de la enfermera y del doctor Guillermo Enrique Meléndez, quién estaba de turno; pero en el contrainterrogatorio dijo que estuvo en la clínica como de tres cuartos a una hora antes de irse para el pueblo. Al mencionar esta segunda contradicción, aunque la misma por sí sola no tiene suficiente importancia para determinar nada, no deja de preocuparnos la flexibilidad con que el doctor maneja los hechos.

Asumiendo que el cirujano se marchase de la clínica media hora después de dejar a la niña en su cuarto y asumiendo que como tres cuartos de hora más tarde, según él declaró, lo llamaron por teléfono debido a la emergencia, podremos presu-mir que ésta ocurrió como a las 10:15 a.m.

Fue entonces que la enfermera Ocasio avisó a la enfermera Amparo Valdés Pagán que la niña “se había puesto mala.” Declaró la enfermera Valdés que fue corriendo a la habitación de la paciente y notó que ésta “realmente estaba mala” porque “no estaba respirando.” La niña estaba cianótica, esto es, de un color azuloso debido a insuficiencia o falta de oxígeno en la sangre. La enfermera Valdés llamó enseguida al Dr. Meléndez quien vino y comenzó hacer esfuerzos por salvar a la paciente. Se trajo el equipo de emergencia, el cual se describe como la máquina de succión, el tanque de oxígeno y el resuci-tador. Se avisó al Dr. Abréu quien llegó y también vino el Dr. Blanco. Ambos se encontraban en su oficina en el pueblo cuando los llamaron. A pesar de los esfuerzos hechos, la pa-ciente no volvió en sí y falleció.

Antes de terminar esta relación de hechos es necesario añadir que las partes estipularon que de haber declarado la madre de la niña, ésta hubiese declarado que había visto al Dr. Abréu un mes antes del día de la operación; que no lo vio el día antes de la operación; y que de habérsele indicado que recluyera a la niña en el hospital el día antes a la operación ella y su esposo lo hubiesen hecho, pues, no tenían ningún reparo ni inconveniente en hacerlo.

II. Los récords médicos.

Una de las cuestiones controvertibles en este caso, como dijimos antes, es si a la niña se le hicieron o no los exámenes preoperatorios debidos, los cuales tienen el propósito de in-formar a los médicos si el paciente puede ser sometido a anestesia general y si puede ser operado. Otra de dichas cues-tiones controvertibles es si en este caso el hospital demandado llevó los récords médicos completos y verídicos que la ley ordena llevar.

Constan en evidencia fotocopias de unos récords. Son unos formularios, impresos unos en español y otros en inglés, y contienen notas manuscritas.

El “Récord de Admisión y Resumen” contiene el nombre de Sonia Oliveros Rodríguez e información general suya, como su edad, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, etc. En el blanco que designa el médico que atiende a la paciente dice “Dr. Abréu.” En el blanco correspondiente a fecha de admisión dice “VI-22-64,” lo cual obviamente quiere decir 22 de junio de 1964. Eso es un error, pues fue comprobado y admitido por las partes que la niña fue ingresada al hospital el día 23 de dicho mes y año.

El segundo formulario, titulado “Informes de Laboratorio” tiene el nombre de Sonia Oliveros y el resultado de un examen de la sangre. Tiene la siguiente información: tiempo de coagu-lación 5 minutos; tiempo de sangría un minuto 45 segundos; hemoglobina 82%. Tiene fecha de 23 de junio de 1964. El tercer formulario, titulado “Nurses Records of Treatments and Symptoms,” en el encasillado que dice fecha y hora, no aparece la fecha; sólo aparece la hora de 6:00 A.M. Tiene el nombre de Sonia Oliveros y una nota que dice que la paciente ingresó al hospital por orden del Dr. Abréu para operación de amígdalas temprano en la mañana. Está firmada por la enfermera Maisonet.

El formulario titulado “Notas Clínicas” tiene el nombre de Sonia Oliveros y tiene dos partidas o notas. La primera tiene fecha de 22 de junio de 1964, a las 11:00 P.M. y dice, en lo pertinente, “Child admitted for tonsillectomy tomorrow.” La segunda partida o nota tiene fecha de 23 de junio del mismo año, a las 11:00 A.M. y dice “Called to see patient who is cyanotic and in very poor condition. No vital signs present. Cardiac arrest. Declared dead.” Aparece firmada con un signo ilegible. Aunque esa hoja que acabamos de describir en el blanco correspondiente al' nombre del paciente dice Sonia Oliveros, esa primera nota fechada a 22 de junio es incorrecta porque, como sabemos, Sonia no estaba en el hospital, ni fue admitida al mismo, ese día.

El próximo formulario se titula “Récord de Historial, Examen Físico y Cirugía.” Dicho formulario contiene dos columnas verticales de aproximadamente media página cada una y un espacio horizontal al pie de la hoja. Al pie de cada columna hay blancos para la fecha y para la firma de un médico. La primera columna contiene notas sobre Historial y Examen Físico y aparte de señalar la tonsilitis la demás in-formación es normal en unos casos y negativa en otros. Esa primera columna está fechada al pie a 22 de junio de 1964 y está firmada por un médico. La segunda columna del formu-lario se titula “Informe de Operación.” Se anota allí el diag-nóstico de tonsilitis; se dice que el cirujano es el Dr. Abréu; que el asistente es el Dr. Blanco y que el anestesista es el Dr. Meléndez. Otro error, pues el. anestesista en la operación de Sonia fue el Dr. Blanco. Dice que la operación empezó a. las 8:45 A.M. y terminó a las 9:10 A.M. (estas horas tampoco concuerdán con las que aparecen en la transcripción de evi-dencia) ; que la condición post operatoria es buena; y que no hubo hemorragia. Esta segunda columna está fechada a 23 de junio de 1964 y parece firmada por el Dr. Abréu pero al lado de dicho nombre hay unas iniciales ilegibles, lo cual parece indicar que otra persona escribió allí el nombre del Dr. Abréu. En la parte inferior del formulario se dice que la fecha de admisión del paciente fue el 22 de junio de 1964. Al final de esa hoja, en su margen inferior tiene la fecha de 23 de junio; se anota allí que el paciente murió y tiene la firma del Dr. Pedro Blanco Lugo.

Del examen de ese formulario (Récord de Historial, Exa-men Físico y Cirugía)' que los demandados han presentado como correspondiente a Sonia Oliveros y de- lo que surgió durante el juicio cuando se discutieron esos récords, estamos plenamente convencidos que ese Récord, en lo que a las dos columnas antes mencionadas se refiere (Historial, Examen Físico e Informe de Operación), no es el de Sonia Oliveros. En ningún sitio tiene su nombre. Los datos, como hemos señalado, no concuerdan con los de la operación de Sonia. Dicho récord de historial y- de examen físico sin duda corresponde a otro paciente — un niño que ingresó en ese hospital a las 11:00 P.M. el día 22 de junio y quien también fue operado de las amíg-dalas el día 23. (Véase la primera nota antes mencionada en el formulario titulado “Notas Clínicas”.) Sin embargo, la nota que aparece al pie de ese formulario, hecha no el día 22 sino el día 23 y con una tinta distinta, sí se refiere a Sonia sin men-cionarla por su nombre porque allí se anota que el paciente murió.

El formulario titulado “Ordenes Médicas” contiene tam-bién otro error, pero si posible, más grave. Este formulario tiene el nombre de Sonia Oliveros y en el encasillado que dice “Fecha Empezó” aparece una fecha que puede ser el 23 de junio o el 22 porque hay un número escrito a mano sobre el otro. Ahí se escribió el 2 sobre el 3 ó el 3 sobre el 2. La segunda nota en esa hoja tiene fecha del día 23 de junio. Igual ocurre en el formulario titulado “Graphic Chart.” En el encasillado para la fecha decía originalmente 6/23/64 pero sobre el 3 aparece sobrepuesto un 2 de manera que puede decir 22 ó 23 de junio. Este récord, como el anterior, han sido alterados.

III. Reglamento de Hospitales.

El Reglamento de Hospitales prescrito por el Secretario de Salud bajo autoridad de ley, 24 L.P.R.A. sec. 332a, dispone en lo pertinente, lo siguiente:

(a) Los hospitales llevarán récords completos y exactos de cada paciente, desde que ingresa hasta que se le da de alta. 24 R.&R.P.R. sec. 18-262 (b). Como hemos podido ver de la anterior descripción de los récords médicos, en el caso de autos, esta disposición se incumplió.

(b) Inmediatamente después de la operación el cirujano anotará en el récord médico del paciente una descripción completa y exacta de la técnica de operación, de los hallazgos, indicando los órganos o tejidos extraídos o intervenidos y el diagnóstico operatorio. 24 R.&R.P.R. sec 18-116. Tampoco se cumplió con esta disposición. El informe de operación aunque tiene al pie el nombre del Dr. Abréu aparece escrito por una persona que puso sus iniciales las cuales son ilegibles.

(c) El récord del paciente debe incluir, entre otros datos, la fecha de ingreso. 24 R.&R.P.R. sec. 18-253(a). Como hemos indicado los récords en este caso no son verídicos sobre ese extremo.

(d) Los pacientes que estén bajo la influencia de anestesia general o intrarraquídea serán atendidos constantemente por una enfermera, hasta que hayan recobrado la conciencia o hayan pasado los efectos de la anestesia. 24 R.&R.P.R. sec. 18-146 (d). Sonia fue operada a las 8:30 A.M., la operación duró 15 ó 20 minutos y a las 8:50 ó a las 9:00 A.M. fue depositada en su cama en su cuarto. Quedó al cuidado de su madre, quien estaba en la habitación, y de la enfermera Ocasio, quien estaba a cargo del piso. No nos parece claro como para tener un juicio firme sobre ello si Sonia fue dejada sola con su madre mientras estaba todavía bajo la influencia de la anestesia. Sin embargo, el cortísimo período de tiempo entre la termina-ción de la operación y el momento en que se depositó en su cama levanta serias dudas sobre el particular.

(e) No se operará bajo anestesia general intrarraquídea, ni se administrará anestesia general, a menos que se le haya hecho al paciente un examen físico que incluya examen del pecho, para determinar la presencia de infección respiratoria o de enfermedad cardíaca y un análisis de orina con pruebas de albúmina y azúcar. El resultado de estos exámenes se anotará en la hoja clínica del paciente. 24 R.&R.P.R. sec. 18-146(c). Como hemos indicado antes, es controvertible si se le hicieron esos exámenes a Sonia, pues el “Récord de Historial, Examen Físico y Cirugía” que se presentó correspondía a otro paciente. El propio Dr. Blanco, en el juicio admitió la proba-bilidad de un error y explicó que ese mismo día se había operado de las amígdalas a un niño (el que había ingresado el día 22). El único informe de examen que parece genuino es el de tiempo de coagulación y sangría hecho el día 23, que antes mencionamos.

(f) Dispone la ley que creó el Instituto de Medicina Legal que toda persona que tuviere conocimiento de una muerte acaecida dentro de las 24 horas siguientes a la admisión de un paciente en un hospital o clínica, deberá informar inmediata-mente a la policía o a un juez o fiscal, quienes requerirán los servicios del médico forense. El médico forense deberá investi-gar la causa de la muerte en esos casos. La persona que des-cuidare dar la información antes mencionada incurrirá en delito público. Ley Núm. 206 de 15 mayo 1943, según enmen-dada, 18 L.P.R.A. sees. 699 a la 701. Tampoco se cumplieron con las citadas disposiciones de la ley. Sonia falleció en la misma mañana en que fue admitida al hospital. No se hizo autopsia.

IY. La Norma Mínima de Atención Médica.

Es necesario y útil que se conozca la norma mínima de atención médica que es exigible hoy día en casos de mala práctica profesional. También es necesario distinguir entre la norma aplicable a los médicos y la aplicable a los hospitales y clínicas.

En Carrasquillo v. Am. Missionary Association, 61 D.P.R. 867 (1943), un caso en que un niño recién nacido fue que-mado con agua caliente en el hospital, se responsabilizó soli-dariamente al médico y al hospital. Allí se confirmó la conclu-sión del tribunal inferior en el sentido de que hubo negligencia de parte del médico y de parte de los empleados del, hospital. El caso se resolvió a base de negligencia y no se discutió cuál sería la norma mínima de atención médica exigible al facul-tativo. En Roses v. Juliá, 67 D.P.R. 518 (1947), un caso en que un enajenado mental se subió a la azotea de una clínica y se lanzó desde allí, lo cual le ocasionó la muerte, también se resolvió a base de negligencia de los empleados de la clínica y se confirmó la sentencia que imponía daños.

Fue en Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819 (1952), que se discutió específicamente la cuestión de mala práctica profe-sional. El tribunal hizo una incursión en la jurisprudencia norteamericana y adoptó la norma tradicional llamada de la localidad o de la comunidad cuando dijo a la pág. 838 que “Un médico solo viene obligado a dar a su paciente aquella atención, médica que generalmente se emplea para casos similares por el resto de los médicos en la comunidad.” Sin embargo, añadió a renglón seguido un pronunciamiento que no es absoluta-mente compatible con la manifestación anterior. Dijo el Tribunal: “Es responsable en daños y perjuicios sólo cuando ha actuado negligentemente, con descuido o falta de pericia. En este aspecto un caso de mala práctica no se distingue de un caso ordinario de daños y perjuicios basado en negligencia.”

Precisamente una de las críticas que por años se le ha hecho a la antigua regla de la comunidad es que una aplica-ción lógica de la misma haría aceptable como buena una prác-. tica médica pobre o negligente por el mero hecho de que ésa es la clase de atención médica que se presta en una comunidad dada. Johnson, “An Evaluation of Changes in the Medical Standard of Care,” 23 Vand. L. Rev. 729 (1970). De manera que en Rivera v. Dunscombe, supra, para quitar del camino de nuestros tribunales de instancia y del nuestro propio esa trampa del conceptualismo jurídico, ampliamos la vieja regla de la comunidad añadiéndole el requisito de que el médico no haya actuado “negligentemente, con descuido o falta de peri-cia.”

En otras jurisdicciones para salvar también el peligro que hemos mencionado — que se estableciese una práctica pobre en una comunidad y que la misma se convirtiese por ello en la norma legalmente aceptable — se amplió la vieja norma susti-tuyendo “la comunidad” por el concepto de “esa o comunidades similares.” Michael v. Roberts, 23 A.2d 361 (1941) y casos citados en 18 De Paul L. Rev. 328, 332, escolio 14 (1968). La norma así ampliada, aunque no satisfactoria del todo, mejoró en algo la norma tradicional. En las jurisdicciones en que se hizo ese cambio ya una práctica médica inaceptable profesio-nalmente de una comunidad dada no sería la norma a seguirse por los tribunales, sino que el demandante podía demostrar al tribunal que en comunidades similares la atención médica era superior y era a la que él tenía derecho. Pero la norma así enmendada dejaba sobre el demandante la necesidad de probar qué constituía una comunidad similar y éste se encontraba con la renuencia de los facultativos a declarar como peritos en contra de médicos que practicaban en comunidades simi-lares a la suya.

Dejando para más adelante lo relativo a la responsabilidad de los hospitales y clínicas, prosigamos con el examen de nuestros casos de mala práctica, en la medida en que es nece-sario hacerlo a los fines de esta opinión. Ya en Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962), reconocimos, a la pág. 542, escolio 5, que la norma de la comunidad, que habíamos adoptado en Rivera v. Dunscombe, supra, había evolucionado debido a los adelantos en los medios de comunicación y a las mayores facilidades que ahora existen para los médicos man-tenerse enterados de los últimos progresos de la ciencia médica. Citamos allí a esos efectos un extenso trabajo publicado en el año 1959 en 12 Vand. L. Rev. 54.9. En la pág. 641 de ese tomo ya se tilda de anacronismo dicha regla de la comunidad. Por qué eso es así lo discutiremos brevemente más adelante.

Luego de Guzmán v. Silén, 86 D.P.R. 532 (1962), un caso de dentistas; de Castro v. Municipio de Guánica, 87 D.P.R. 725 (1963), en donde se demandó a un hospital por actos de una enfermera; de otros en los cuales también fue el hospital el demando — Soc. de Gananciales, etc. v. Presbyterian Hosp., 88 D.P.R. 391 (1963); Lugo Pérez v. Santo Asilo de Damas, 89 D.P.R. 247 (1963) — y de Amaral Amaral v. Fortuno, 93 D.P.R. 834 (1966), en el cual encontramos que fue negligente el demandado al dejar caer al paciente, de 71 años de edad, de la mesa de exámenes del consultorio médico; en Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1968), nos encontramos frente a un caso preciso de mala práctica.

Conscientes nosotros de que una norma que ya era conside-rada anacrónica en el 1959 — y que definitivamente lo era en el ’68 — no debía de servirnos más de brújula en estos casos, en Pérez v. E.L.A., supra, le cambiamos el contenido a la misma sin apenas cambiarle el nombre. Allí dijimos, a la pág. 753:

“La práctica profesional de la comunidad, o prevaleciente en la comunidad, cuando ese término se usa como norma (“standard”) contra la cual medir el cuidado ejercido y el tratamiento administrado en un caso específico, no quiere decir la práctica pobre sino la práctica que llena las exigencias profesionales reco-nocidas, o sea, la práctica aceptable profesionalmente hablando, en determinado lugar y tiempo.” (Énfasis nuestro.)

En Vda. de Torres v. Womble, 99 D.P.R. 859 (1971), seguimos la nueva norma de Pérez v. E.L.A., supra. V. las páginas 870 y 875 de ese tomo' 99. Igualmente hicimos en Rodríguez Retamar v. Maldonado, 100 D.P.R. 662 (1972). Pero fue en Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 D.P.R. 871 (1972), en donde expresamos con mayor claridad la nueva norma. Allí dijimos a las págs. 876-877:

“Ya este Tribunal ha establecido que da práctica profesional de la comunidad, o prevaleciente en la comunidad, cuando ese término se usa como norma contra la cual medir d cuidado ejercido y el tratamiento administrado en un caso específico, no quiere decir la práctica pobre sino la práctica que llena las exigencias profesionales reconocidas, o sea, la práctica aceptable profesionalmente hablando.”

Antes de seguir adelante, en la formulación de la norma mínima de atención médica que vamos a adoptar en esta juris-dicción, debemos siquiera mencionar por qué abandonamos la norma de la comunidad, con o sin cualificaciones o enmiendas. Los autores y los tribunales de las jurisdicciones norteameri-canas atribuyen el origen de esta norma al caso de Small v. Howard, un caso de Massachusetts, que ya tiene un siglo de decidido, Como hemos dicho, la norma original establecía que los médicos venían obligados a dar solamente la atención médica que usualmente se daba en casos similares por los demás médicos en la comunidad. Cuando se decidió ese caso no existían en los Estados Unidos carreteras asfaltadas, ni automóviles, ni aviones, ni radio, ni televisión. En esas cir-cunstancias se juzgó que no era justo exigirle los mismos conocimientos a un médico de una zona rural o semirural, con escasos e infrecuentes contactos con la ciudad, que a un médico de las grandes ciudades del este del país. V. Brune v. Belinkoff, 235 N.E.2d 793, 796 (1968). Desde luego, ya esas cir-cunstancias han cambiado radicalmente. Los medios de trans-portación y de comunicación de hoy no hace falta describirlos. Los médicos, como otros profesionales, tienen hoy día amplias oportunidades de conocer los adelantos de la ciencia-arte que profesan a través de revistas profesionales, de reuniones, conferencias, cursos, etc. Ante esa realidad ya no se justifica aceptar una práctica médica inferior cuando la práctica general es de buena a excelente. Escribiendo en 1964, el Profesor Prosser calificó de muy estrecha la norma de la comunidad.

Autores y tribunales también han señalado que a los de-mandantes con demasiada frecuencia se les hace muy difícil o imposible conseguir que médicos sirvan de peritos en casos de mala práctica contra otros médicos. Prosser obra, citada, pág. 167 y escolio 45. Véase Douglas v. Bussabarger, 438 P.2d 829, 831-832 y su escolio 1 (1968); y Hundley v. Martínez, 158 S.E.2d 159, 167 in fine (1967).

En vista de los medios modernos de transportación y comunicación y de las consideraciones antes mencionadas, la jurisprudencia norteamericana más progresiva está abando-nando las antiguas normas de la comunidad y de comunidades similares.

Los tres citados casos de Brune v. Belinkoff, Douglas v. Bussabarger y Hundley v. Martínez, son claro ejemplo de ello. Dichos casos son considerados hoy casos normativos en esta materia.

El primero' de esos casos trata de un oculista que realizó una operación de cataratas en forma negligente o con tal grado de impericia que le ocasionó daño considerable y perma-nente en el ojo al paciente. Se planteó como defensa la norma de la comunidad. El tribunal la rechazó aduciendo los razona-mientos antes dichos — la transformación ocurrida en el último siglo en los medios de comunicación y transportación — y ex-presó que debido a que son comunes a todas las regiones del país los standards éticos de la profesión médica, a que es ubicua la información médica entre los miembros de esa pro-fesión y a que el currículo de las escuelas de medicina es uniforme, existe de hecho una sola comunidad médica en todo el país. V. 158 S.E.2d a la pág. 167. A tenor con esa conclu-sión, el tribunal admitió el testimonio de un oculista de la ciudad de Nueva York, quién declaró como perito del deman-dante aun cuando los hechos ocurrieron en Charleston, West Virginia.

En Douglas v. Bussabarger, supra, el tribunal rechazó la anacrónica norma de la comunidad. Luego de una amplia discusión del asunto expresó que se ha confirmado lo que ya era bastante obvio; que actualmente no hay ninguna razón para seguir aplicando la norma de la comunidad. V. 438 P.2d a la pág. 838 ab initio.

En este caso el paciente fue operado de una úlcera. Se le aplicó anestesia intrarraquídea. El, paciente quedó prácti-camente paralítico de la cintura para abajo. Luego de una discusión de los hechos, que no es necesario aquí relatar, el tribunal concluyó que hubo negligencia de parte del deman-dado. El tribunal comenta sobre la dificultad con que se encuentran los demandantes en estos casos para obtener peri-tos médicos que acepten ir a declarar como tales. Citando a otros autores hace referencia a lo que se ha llamado “la cons-piración del silencio.” Nosotros hemos hecho observaciones parecidas.. Véase Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315, a la pág. 329 (1963).

En Bruñe v. Belinkoff, supra, también se trata de una aplicación errónea de anestesia. Se administró una dosis excesiva de pontocaína. En este caso, también de Massachusetts como el de Small v. Howard, supra, ochenta y ocho años más tarde se concluye que la norma de la comunidad estable-cida en Small v. Howard “ya no .se ajusta a las condiciones actuales.” En este caso, como en el de. Douglas v. Bussabarger, supra, se discute la citada norma, las razones que le dieron vida y las que hoy día hacen que la misma sea abandonada.

Ante esa situación de nuestra jurisprudencia y de la norteamericana nos corresponde, para la información y gobierno de las profesiones legal y médica, establecer la norma que debe observarse en esta jurisdicción. Desde luego, en el término profesión legal antes utilizado incluimos también a los tribunales de instancia de Puerto Rico, que son a los que corresponde fallar estos casos antes de que los mismos lleguen a nosotros. Como se sabe, la jurisprudencia norteamericana antes mencionada no nos obliga, pero podemos utilizarla cuando la encontramos útil y persuasiva. En este caso nos parecen persuasivas y bien razonadas las opiniones de los tres casos antes mencionados. (Brune v. Belinkoff, supra; Douglas v. Bussabarger, supra; y Hundley v. Martínez, supra.)

Desde luego, al fijar la norma debemos y queremos ser justos y razonables. No vamos a exigir requisitos o condiciones que hagan imposible la práctica de la medicina en Puerto Rico o que hagan económicamente prohibitivos los servicios médicos. Por otro lado, tenemos que poner nuestro derecho jurisprudencial a la altura de los tiempos. No podemos sancio-nar como buenas prácticas y actitudes inaceptables mediante la repetición de frases de hace un siglo que ya no tienen vigencia en estos días.

1. ¿Cuál ha de ser, pues, la norma mínima de atención médica exigible legalmente en casos de mala práctica en Puerto Rico? Aquella que, reconociendo los modernos medios de comunicación y de enseñanza, establece que el nivel o calidad de esa atención debe ser la que llena las exigencias profesionales generalmente reconocidas por la profesión médica. Lo dicho en Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819, a la pág. 838, en el sentido de que “un médico solo viene obligado a dar a sus pacientes aquella atención médica que general-mente se emplea para casos similares por el resto de los médicos en la comunidad” queda revocado por ser incompatible con la norma que aquí adoptamos.

2. A tono con nuestro empeño de ser justos y razonables, encontramos necesario decir unas palabras sobre el margen de discreción profesional que debe tener y tiene el médico al diagnosticar y al tratar pacientes. Anteriormente nos hemos referido a la medicina como una “ciencia-arte.” Lo hemos hecho adrede. La práctica de la medicina requiere, en el diag-nóstico y en el tratamiento, que el facultativo llegue a juicios y tome decisiones. Hay en ese proceso un inevitable elemento subjetivo. También, la relación de médico y paciente es, o debe ser, única para ambos. Un médico tiene más de un paciente; posiblemente atiende en un mismo día a más de un paciente que sufren una misma enfermedad, pero la relación con cada uno es única porque trata con seres humanos y no con máquinas. La constitución física de cada ser humano es distinta, como lo es su sicología y su idiosincrasia.

Lo dicho, demuestra, por un lado, la responsabilidad que asume el médico al diagnosticar y al tratar y, por otro, la necesidad de reconocer el elemento humano, subjetivo, no exacto, de su quehacer. Esa realidad nos lleva, a su vez, a reconocer que en el ejercicio de la medicina cabe el error de juicio honesto de parte del médico y aceptable por los tribunales. Claro, a los tribunales compete ver que la negli-gencia o la impericia no pase por error de juicio. Se ha dicho que en el diagnóstico el error de juicio es aceptable como defensa cuando está presente una de las siguientes circunstan-cias: (1) Cuando existe una duda razonable sobre la condi-ción o enfermedad del paciente; (2) cuando las autoridades médicas reconocidas están divididas en cuanto a cuál debe ser el procedimiento de diagnóstico a seguirse; o (3) cuando el diagnóstico se hace después de un esfuerzo concienzudo del médico para enterarse de los síntomas y de la condición del paciente. Johnson, “An Evaluation of Changes in the Medical Standard of Care” 28 Vand. L. Rev. 729, 749 (1970); Belk v. Schweizer, 149 S.E.2d 565 (1966); Moulton v. Huckleberry, 46 P.2d 589 (1935); Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890, 899-900 (1971).

Para un caso en que se aceptó como defensa el error de juicio en el diagnóstico, véase Oftedal v. Calaway, 135 P.2d 606 (1943). Para un caso en que no se aceptó esa defensa, también en el diagnóstico, véase Moulton v. Huckleberry, supra.

En cuanto al tratamiento se ha dicho que la defensa de error de juicio sólo debe aceptarse cuando las autoridades médicas reconocidas están en desacuerdo en cuanto al trata-miento que corresponde dar. Johnson, Ibid, 751. Para un caso en que se aceptó la. defensa de error de juicio en el trata-miento, véase Costa v. Regeants of University of California, 254 P.2d 85 (1953). Como puede verse, al médico se le reconoce amplia discreción profesional en su trabajo; no es responsable de mala práctica cuando se enfrenta a una situa-ción en la cual cabe duda educada y razonable sobre cuál debe ser el curso a seguir.

3. En cuanto a los hospitales y clínicas reiteramos la norma que hemos expresado antes. El grado de cuidado que se les requiere es aquel que' debe ejercer una persona prudente y razonable. Soc. de Gananciales v. Presbyterian Hosp., 88 D.P.R. 391, 399 (1963); Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).

Para casos en que hemos encontrado responsabilidad civil de parte de hospitales y clínicas, véanse Cabrera v. Asoc. de Señoras Damas, 96 D.P.R. 775 (1968); Soc. de Gananciales v. Presbyterian Hosp., supra; Ortiz Fuentes v. Presbyterian Hospital, 83 D.P.R. 308 (1961); Hernández v. La Capital, supra; Batista v. Clínica Juliá, 71 D.P.R. 823 (1950) y Roses v. Julía, 67 D.P.R. 518 (1947).

Para casos en que no hemos encontrado responsabilidad, véanse Santiago v. Prof. Hospital, Inc., 97 D.P.R. 801 (1969); Lugo Pérez v. Santo Asilo de Damas, 89 D.P.R. 247 (1963); Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315 (1963) y Castro v. Municipio de Guánica, 87 D.P.R. 725 (1963).

4.. La'mala práctica usualmente se prueba mediante testimonio o prueba pericial, pero eso no tiene que ser siempre necesariamente así. El testimonio de los médicos peritos no es la única prueba que puede ser considerada por el juzgador de los hechos. Douglas v. Bussabarger, supra, a las págs. 832-833; Byrom v. Eastern Dispensary, 136 F.2d 278, 279 (1943); “Malpractice and Medical Testimony,” 77 Harv. L. Rev. 333, 335 (1963). Hay ocasiones en que en estos casos opera la regla de res ipsa loquitur. Soc. de Gananciales v. Presbyterian Hosp., supra; Pederson v. Dumouchel, 431 P.2d 973, 979 (1967); Ibarra v. Spangard, 154 P.2d 687 (1944); Douglas v. Bussabarger, supra, a la pág. 833.

V. Decisión.

Vistos los hechos, un tanto extraordinarios de este caso, los récords médicos, las disposiciones pertinentes del Regla-mento de Hospitales y las normas y principios jurídicos apli-cables, nos resta fallar el mismo.

De un examen completo y general de la prueba puede concluirse que la niña murió a consecuencia de una, o de más de una, de las siguientes causas: ahogada por una hemorra-gia ; ahogada por sus propias secreciones; a causa de la anes-tesia que se le administró; de un arresto cardíaco; o por otra causa desconocida. Como no se le hizo autopsia no se sabrá nunca exactamente qué le ocasionó la muerte.

Entendemos que el cirujano que practicó la operación incurrió en negligencia. Su responsabilidad para con el paciente no estaba limitada al acto preciso y concreto de extirpar las amígdalas. Antes de proceder con la operación era su deber cerciorarse de que se habían realizado todos los exámenes preoperatorios necesarios. Asimismo entendemos que dejó de cumplir con su deber al no atender adecuadamente a la paciente inmediatamente después de la operación, aban-donando el hospital sin que ésta todavía hubiera recobrado el conocimiento.

En vista de la falta casi total de credibilidad que nos merecen los récords presentados en evidencia; en vista de que algunos de ellos fueron alterados; en vista de que la niña no estaba debidamente atendida cuando todavía estaba bajo los efectos de la anestesia, como manda el Reglamento de Hospitales, y cuando le sobrevino la gravedad; en vista de que el hospital no informó a las autoridades competentes sobre el deceso de la niña de manera que pudiese determinarse si se debía hacer o no la autopsia y por el contrario permitió que ■su cadáver fuese removido del hospital sin la autorización de dichas autoridades, lo cual hubiese aclarado la causa de la muerte; en vista de que el control total de la situación estaba en manos del hospital y ninguno en manos de la paciente o de los demandantes; éste es un caso en el cual corresponde hacer con respecto al hospital la inferencia de negligencia que hace aplicable la regla de res ipsa loquitur. Como explica Prosser, citando abundante jurisprudencia, para que esa regla opere no es necesario que el demandante elimine toda otra posibilidad y que pruebe su caso más allá de toda duda razonable,, sino que basta con producir prueba que lleve a.personas razonables a concluir que hubo negligencia de parte del demandado. Prosser, obra citada, pág. 222 y casos allí citados. Este es uno de esos casos en que es aplicable en derecho y en justicia dicha regla. Soc. de Gananciales, supra, a la pág. 411; Pederson v. Dumouchel, supra, a la pág. 979; Douglas v. Bussabarger, supra, a la pág. 833.

La demanda en este caso fue por $200,000.00. A tenor con lo anterior, se dictará sentencia revocando la del tribunal de instancia dictada en este caso y se dictará otra declarando la demanda con lugar y sentenciando a los demandados a pagar solidariamente a los demandantes la suma de $50,000.00 por concepto de daños y perjuicios, más las costas y $3,000.00 para honorarios de abogado.

Los Jueces Asociados, Señores Torres Rigual y Martin, no intervinieron.

       128 Mass. 131 (1880). Véase Brune v. Belinkoff, 235 N.E.2d 793, 795 (1968).

       Prosser, On Torts, 3ra. ed. (1964), págs. 166-167.

       Opinión emitida por voz del Juez Presidente Robert C. Finley, del ■Tribunal Supremo del estado de Washington.

        Vda. de Fornaris v. Amer. Surety Co. of N.Y., 93 D.P.R. 29, 47 (1966); Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965); Banchs v. Colón, 89 D.P.R. 481 (1963); Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29, 31-32 (1961); Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335, 341 (1961); Belaval v. Srio. de Hacienda, 83 D.P.R. 251, 256 (1961); Cía. Azucarera v. Tribunal Contribuciones, 72 D.P.R. 909, 921 (1951); Corretjer v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 754, 760 (1951); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 51 (escolio 11) (1950); Castro v. González, 70 D.P.R. 887, 896 (1950); Wigmore, On Evidence, 3ra. ed. (1940), Vol. I, sec. 8a, pág. 245.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Luis Ángel Lugo Estrada, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, Hon. Luis Apellániz, Juez, demandado.
    Número: O-72-326
    Resuelto: 27 de febrero de 1973

      E. Vélez Vargas, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.’

En sus méritos, se trata en este caso de una petición de división de herencia. En 25 junio 1971 el demandante presentó en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, una demanda sobre partición de herencia en la cual alegó, en lo pertinente, que es hijo de Tomás Lugo Irizarry; que éste falleció en San Germán en 18 diciembre 1964; que los únicos y universales herederos del causante son él, los otros siete hijos mencionados en el epígrafe de la demanda y su viuda María Encarnación Lugo; que todos son mayores de edad; y que el causante dejó bienes sujetos a partición, entre los cuales menciona específi-camente doce pequeñas fincas rústicas con cabidas que fluctúan entre menos de una cuerda y 22 cuerdas.

También alegó que el caudal hereditario está en manos de los demandados, que no se ha dividido aún y que al deman-dante no se le han entregado su participación hereditaria, ni los frutos correspondientes.

Los demandados contestaron la demanda en 16 julio 1971 y negaron todos los hechos alegados en la demanda. En conse-cuencia, solicitaron que la misma se declarase sin lugar. En otras palabras, negaron que Don Tomás Lugo Irizarry hubiese fallecido y que ellos y el. demandante fuesen los hijos y here-deros de dicho señor.

Después de varios incidentes, que no es necesario relatar, el demandante solicitó del tribunal de instancia que se nom-brase un contador partidor. Dicha solicitud fue declarada sin lugar por el tribunal. Posteriormente el demandante solicitó que el tribunal le autorizase a contratar, con cargo al caudal hereditario, un agrimensor para que midiese las propiedades y un tasador para que las tasase. Esta petición también fue declarada sin lugar por el tribunal.

De esas resoluciones del tribunal de instancia negándose a nombrar un contador partidor y a autorizar al demandante a que contrate, con cargo al caudal relicto, un agrimensor y un tasador, el peticionario recurrió a nosotros por vía de certiorari.

Como se sabe, excepto por causas expresamente provistas por la ley, ningún coheredero podrá ser obligado a permanecer en la indivisión de la herencia. Art. 1005 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 2871. Las legislaciones inspiradas en el dere-cho romano — como nuestro Código Civil — han visto con poco favor el estado de indivisión, pues generalmente éste es incó-modo para los comuneros y no pocas veces es fuente de dis-cordias entre-ellos. Como se recordará, en el Corpus Juris Civilis se expresó que In communione vel societate nemo compellitur invitus detineri. (Nadie está compelí do a per-manecer contra su voluntad en comunidad o sociedad.) Código, Libro III, Título 37(5), ed. García del Corral, Barcelona, 1892, pág. 392. Por lo tanto, todo coheredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes, podrá pedir en cualquier tiempo'la partición de la herencia. Art. 1006 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 2872.

Desde luego, la partición puede ser extrajudicial o judicial. La extrajudicial, a su vez, puede ser convencional o testamentaria. La partición convencional es la que los herede-ros practican ellos mismos, de común acuerdo. Como indica su nombre, tiene el carácter de una convención o pacto y está sometida a las reglas generales de la contratación. Es la menos costosa de todas y la más rápida. Provee para ella el Art. 1011 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 2877. Cuando hay menores entre los herederos es preciso observar ciertas formalidades, las cuales varían según las circunstancias. Así, por ejemplo, cuando haya menores sometidos a la patria potestad, la parti-ción podrá hacerse si éstos están representados por su padre o por su madre, según sea el caso, sin que para ello sea nece-sario la intervención ni la aprobación judicial. Art. 1013 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 2879. Naturalmente, pueden darse otras situaciones que no es necesario discutir aquí.

La partición testamentaria puede hacerse de dos modos. Una, cuando es hecha por el testador mismo — Art. 1009 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 2875 — y otra cuando es hecha por un comisario designado por el testador. Art. 1010 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 2876. Generalmente las leyes procesales denominan “contador partidor” al comisario men-cionado por el Código Civil. Por disposición de ley, el comisario nombrado por el testador no puede ser uno de los coherederos. Art. 1010 del Código Civil. Como esta facultad del contador partidor no está reglamentada en detalle por el Código, la jurisprudencia la ha equiparado al cargo de albacea por virtud de la semejanza que guardan uno y otro cargo.

Dispone el Art. 1012 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2878, que “Cuando los herederos mayores de edad no se enten-dieren sobre el modo de hacer la partición, quedará a salvo su derecho para que lo ejerciten en la forma prevenida en los preceptos sobre procedimientos legales especiales.” Esta, desde luego, es la partición judicial que mencionáramos antes.

La partición judicial, señala Castán, tiene un carácter extraordinario o subsidiario, ya que la tendencia uniforme del derecho es que ésta se verifique como último recurso, pues es cuando no hay acuerdo entre los herederos que se acude a la costosa y dilatoria vía judicial. Derecho Civil Español, Común y Foral, 7a. ed., Tomo VI, Vol. 1 (1960), pág. 270.

Conviene señalar que la acción de partición de herencia (famüiae erciscundae) no es, en estricta teoría, la misma que la acción de división de la cosa común (communi dividundo). Nótese que el derecho sustantivo que les sirve de soporte es tratado separadamente por el Código Civil; la Comunidad de Bienes, en su Libro II, Título III, Art. 326 y ss. (31 L.P.R.A. see. 1271 y ss.) y la Partición de Herencia, en su Libro III, Título IV, Art. 1005 y ss. (31 L.P.R.A. see. 2871 y ss.). Sin embargo, ambas acciones son fundamentalmente iguales en el sentido de que ambas tienen el mismo propósito: poner fin a una comunidad de bienes. Por ser tan parecidas en cuanto al fin que persiguen, el Código Civil dispone que serán aplicables a la división entre los partícipes en la comunidad las reglas concernientes a la división de la herencia. Art. 340 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 1285. Se refiere el Código, desde luego, a las reglas comprendidas en su articulado sobre la partición de la herencia, Art. 1005 y ss. (31 L.P.R.A. see. 2871 y ss.).

Por el contrario, para la división de la herencia el legisla-dor ha fijado reglas específicas en la Ley de Procedimientos Legales Especiales. Marchese v. Marchese, 81 D.P.R. 729, 736 (1960). Pero como un pleito se inicia con la presenta-ción de una demanda en el tribunal, Regla 2 de Procedimiento Civil, y como nuestras Reglas de Procedimiento Civil tienen el propósito de propiciar una solución justa, rápida y econó-mica de todo procedimiento (Regla 1) no es determinante para el éxito de una acción la forma en que se le denomine. Como hemos dicho antes, los tribunales, cuando es de justicia ha-cerlo, hacemos caso omiso de los nombres o títulos equivocada-mente puestos a los recursos y consideramos los mismos como corresponde. Pero sí es indispensable que se prueben los elementos que dan vida a la causa de acción.

En el caso de autos, como los demandados negaron todo lo alegado en la demanda, es necesario que el demandante pruebe su condición de heredero para que entonces pueda ejercitar el derecho de pedir la partición de la herencia que en ese caso le daría el Art. 1006 del Código Civil; 31 L.P.R.A. see. 2872, y para que, en dicha capacidad, si así resultase, pueda también valerse de las disposiciones sobre juicios de testamentaría y abintestato, Art. 534 del Código de Enjuiciamiento Civil y ss., 32 L.P.R.A. see. 2241 y ss. Véanse especialmente los Art. 556 y ss. de dicho Código, 32 L.P.R.A. see. 2361 y ss., sobre ad-ministración judicial de los bienes del finado, sobre inventario, sobre administración de los bienes, sobre cuentas de adminis-tradores y albaceas y sobre división y partición de una heren-cia. Tomo 1, Práctica Forense Puertorriqueña, ed. 1964, pág. 250 y ss.

Una vez probado el derecho del peticionario, si lo tuviese, a pedir la división de la herencia, procedería el nombramiento de un contador partidor, quien a su vez deberá hácer el in-ventario y avalúo de los bienes y la partición correspondiente. Los gastos relacionados con el avalúo, la mensura, si fuese necesario hacerla, y la partición se deducirían del caudal hereditario.

A tenor con lo anterior, se confirman las resoluciones objeto del recurso. Se devolverá el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con. lo aquí re-suelto.

       Dicha Ley de Procedimientos Legales Especiales, Ley de 9 de marzo de 1905, fue incorporada al Código de Enjuiciamiento Civil, ed. de 1933, como los Arts. 534 a 619 de dicho Código. Las disposiciones de aquella ley-relativas a la partición de herencia se encuentran en los Arts. 600 a 605 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.E.A. sees. 2621 a la 2626.

        Cruz v. Director de la Lotería, 94 D.P.R. 260, 264 (1967); Núñez v. Benitez, Rector, 65 D.P.R. 864 (1946); Mena v. Llerandi, 70 D.P.R. 176 (1949); Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377 (1952); Sucn. Marrero v. Santiago, 74 D.P.R. 816 (1953).


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Garage Rubén, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Hector A. Colón Ceuz, Juez, demandado.

      Número: O-72-213

      Resuelto: 27 de febrero de 1973

      Luis Muñoz Rivera, abogado de la peticionaria; Tadeo Negrón Medero, abogado de la Administración de Servicios al Con-sumidor.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

La Administración de Servicios al Consumidor fue creada como sucesor a de la antigua Administración de Estabilización Económica por la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968, 23 L.P.R.A. sec. 1001 et seq. con el propósito primordial de proteger, representar, asesorar, educar y orientar al público consumidor. La Exposición de Motivos de la ley refleja la honda preocupación de sus autores en corregir o aliviar los serios problemas que afectan al grupo consumidor los cuales, aunque muchos y complejos, pasaban con frecuencia inadverti-dos por no contarse con un organismo efectivo que velara por sus intereses peculiares como grupo quedando el consumidor puertorriqueño en un estado de indefensión. El desvalido es-tado en que se encontraba el consumidor exigía una solución práctica en términos de protección, educación y de mantenerle informado y protegido contra las prácticas indeseables y, en no pocas ocasiones, inescrupulosas que algunos comerciantes y manufactureros llevan a cabo. Como ejemplo de estas prácti-cas la Exposición de Motivos señala, entre otras, los anuncios engañosos, los falsos descuentos en precios, la rotulación de-fectuosa, garantías que no se cumplen, servicios que no se prestan y los aumentos injustificados en los precios.

Como parte de las funciones y amplios poderes que se le confirió, el Administrador fue facultado a atender e investigar las querellas presentadas por los consumidores y tomar la acción correctiva que procediese en derecho.

La controversia en este recurso fue planteada inicialmente mediante querella presentada ante la Administración por un consumidor. El querellante es dueño de un automóvil. Residía en Cataño. En noviembre de 1970 se le dañó la transmisión automática del automóvil. Llamó por teléfono al Garage Rubén en Hato Rey para la reparación. El Garage Rubén tenía un anuncio en las páginas amarillas de la guía telefónica metro-politana que en su texto expresa lo siguiente:

“Garage Rubén Puerto Rico’s First and Largest Automatic Transmission Plant, transmisiones automáticas exclusiva-mente, Unico Probador de Transmisiones Automáticas en Centro y Sur América, Facilidades de Financiamiento, Venta de Piezas y Transmisiones Automáticas para todas las marcas y modelos, Transmission Exchange Service, Hato Rey. Guayama 229, Cuadro 767-6266, Ponce — Ponce By-pass detrás Villa Grillasca, Tel. 842-5343.”

Según declaró el Sr. Francisco García Rodríguez en vista celebrada ante la Administración de Servicios al Consumidor, él se comunicó — primero por teléfono y luego personalmente— con el Garage Rubén, mediante su Representante de Ventas Sr. Ortiz, para que le reparasen su transmisión y le brindaran financiamiento para pagar dicha reparación. De sus comunica-ciones con el Sr. Ortiz, el Sr. García Rodríguez obtuvo la im-presión de que el financiamiento le sería brindado por la pro-pia empresa Garage Rubén. El Sr. García Rodríguez acordó que se le efectuara la reparación y el precio de la misma, dejando su carro en los talleres de la peticionaria. Cuando se le informó que estaba hecha la reparación, preguntó él sobre los papeles que debía llenar para el financiamiento y lo refirieron a la compañía Beneficial Finance. Acudió el Sr. García a la Beneficial Finance, donde le dijeron que tenía que dar cierta información de crédito, que tenía que conseguir un fiador, que tendría que pagar cierta cantidad de intereses y que la tran-sacción consistía en que la Beneficial Finance le haría un préstamo personal al Sr. García para pagar la reparación. (Récord de la vista, págs. 2-7.)

Tanto el Sr. Ortiz, representante de ventas del Garage Rubén, como el Sr. Cintrón, contralor de la misma empresa, confirmaron en sus testimonios ante la Administración de Ser-vicios al Consumidor que el finaneiamiento que ofrecía la em-presa se hacía a través de la Beneficial Finance. (Récord de la vista, págs. 7-8.)

Declaró el Sr. García Rodríguez que debido a su incon-formidad con el sistema de finaneiamiento (según quería efectuarlo el Garage Rubén) y los términos específicos del mismo, rehusó someterse a dicho finaneiamiento. Aparente-mente el Garage Rubén le retuvo su automóvil en garantía de su crédito.

• Todo ello motivó que el Sr. García Rodríguez radicara ante la Administración de Servicios al Consumidor una querella por anuncio engañoso contra Garage Rubén, Inc. en base al Art. 14 de la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968, (23 L.P.R.A. see. 1014) y al Art. 9 del Reglamento para Prohibir los Anuncios y las Prácticas Engañosas en el Comercio. (23 R.&R.P.R. sec. 1005-64.)

Se celebró vista ante el Oficial de Audiencias de la Ad-ministración el día 10 de marzo de 1971. Testificaron el Sr. García Rodríguez y los Sres. Ortiz y Cintrón, estos últimos presentados por la querellada Garage Rubén, Inc. Con base al récord, el Director de la Administración dictó una resolución declarando con lugar la querella y en su consecuencia (a) multando a Garage Rubén, Inc., en $500 por su violación a la Ley 148 y su Reglamento,, antes citados, y (b) ordenando a la querellada que le conceda al querellante las facilidades de financiamiento ofrecidas y que el querellante pueda cumplir. Solicitada la reconsideración por la-Administración, fue decla-rada sin lugar.

La querellada pidió revisión de dicha resolución al Tribunal Superior, Sala de San Juan. A base del expediente y las alegaciones de las partes, el tribunal sostuvo que la prueba desfilada ante la Administración de Servicios al Consumidor sostiene ampliamente su decisión de que la querellada infrin-gió el Art. 14 de la Ley 148 y el Art. 9 del Reglamento sobre anuncios y prácticas engañosas. Por ello confirmó la imposi-ción de multa a la querellada. Sin embargo, por considerar que la orden de la Administración exigiéndole a la querellada que concediese al querellante el financiamiento ofrecido no está dentro de las facultades del Administrador, el tribunal modificó la resolución eliminando ese remedio.

Recurre la querellada ante nos mediante certiorari para revisar la resolución del Tribunal Superior. Señala como errores:

(1) que el tribunal sostuvo la aplicación del Reglamento sobre anuncios y prácticas engañosas al anuncio en cuestión, a pesar de que el anuncio fue publicado en las guías correspondientes a los años 1968-69 y 1969-70, habiendo sido enviado para su publica-ción con anterioridad a la fecha de efectividad del Reglamento;

(2) que a pesar de que el tribunal reconoce que el Administra-dor actuó sin jurisdicción al ordenar que la querellada concediera facilidades de financiamiento, se contradice al confirmar la multa impuesta por la Administración a la querellada;

(3) que el tribunal confirmara la determinación de la Ad-ministración en el sentido de que el anuncio en cuestión era engañoso;

(4) que el tribunal no dilucida el conflicto entre los testi-monios de los agentes de la querellada y el testimonio del quere-llante, lo que viola el debido proceso de ley.

El primero, segundo y cuarto señalamiento de error son inmeritorios y no merecen mayor discusión.

En el primero, la recurrente apunta que el Reglamento en cuestión es inaplicable al anuncio que hizo la querellada en la guía telefónica. Alega que dicho anuncio antecede la fecha de efectividad del Reglamento, especialmente si se toma en cuenta que debido a las exigencias de publicación, el anuncio tuvo que someterse a la Compañía Telefónica con varios meses de anticipación. Este señalamiento es improcedente por lo siguiente: (a) la recurrente no parece haber levantado este punto ante la Administración y correspondía a dicha Administración resolverlo en primera instancia, con la prueba correspondiente sobre las fechas de los anuncios y demás datos necesarios; (b) la recurrente no demostró que después de la efectividad del Reglamento ella o sus agentes hiciesen gestión alguna para eliminar, corregir o aclarar el anuncio con la misma publicidad que tuvo éste; ni siquiera trataron de advertirle al Sr. García Rodríguez cualquier cualificación al anuncio antes de emprenderse el trabajo en la transmisión de su auto. Además, a la fecha en que, según alega la recurrente, se preparó y publicó el anuncio ya estaba en vigor la Ley Núm. 148, la cual ya antes de redactarse el Reglamento prohibía los anuncios engañosos, 23 L.P.R.A. see. 1014.

El segundo error señalado, en el sentido de que el tribunal recurrido se contradijo al confirmar la imposición de multa y a la vez denegar el otro remedio, es claramente frívolo. Ambas situaciones son independientes; una de ellas tiene el concepto de penalidad para proteger el interés público y la otra es un remedio para proteger un interés individual del querellante. La validez de una no depende de la validez de la otra. No es preciso determinar si fue correcta la determinación del tribunal recurrido de negar uno de los remedios decretados por la Administración, puesto que no ha sido atacada esa determi-nación por las partes. Basta .con señalar que la imposición de una multa como la presente está autorizada por ley. Véase 23 L.P.R.A. sec. 1005(d) en conjunto con 23 L.P.R.A. see. 1014.

También es frívolo el cuarto señalamiento de que el tribunal recurrido violó el debido procedimiento de ley al no dilucidar el conflicto de testimonios del querellante y los agentes de la querellada. La Administración, por conducto de su Oficial de Audiencias, escuchó los testimonios y estaba en la mejor posición para evaluar la veracidad de los testigos y dirimir cualquier conflicto que surgiese. Al dar lugar a la querella, implícitamente resolvió cualquier conflicto importante en la prueba a favor del querellante. Cuando el Tribunal Superior confirmó la resolución y concluyó que la evidencia desfilada ante la Administración sostiene ampliamente la decisión de ésta, estaba haciendo suya la apreciación de la prueba testifical que hizo la Administración, probablemente en deferencia a la mejor posición de ésta para observar los testigos y para evaluar situaciones que caen dentro de su especialidad. Véase López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 646, 673 (1958). Pero más importante aun es el hecho de que hubo muy poco conflicto entre los testimonios, y las discrepancias no involucraban los hechos fundamentales en este recurso: el texto del anuncio en cuanto al financiamiento y la práctica de la querellada en cuanto a dicho financiamiento.

Finalmente, la recurrente muestra su inconformidad con la determinación del Tribunal Superior confirmando la resolu-ción de la Administración en el sentido de que el anuncio en cuestión era uno engañoso en violación de la Ley Núm. 148 y del Reglamento hecho bajo la autoridad de dicha ley. Este planteamiento merece particular consideración.

La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 148 menciona, como uno de los principales problemas que sufre el consumi-dor puertorriqueño y que motivan la creación por la Asamblea Legislativa de la Administración de Servicios al Consumidor, el de los anuncios y prácticas engañosas. El Art. 14 de la Ley, 23 L.P.R.A. see. 1014 dispone lo siguiente:

“Se prohíbe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publicidad que constituya o tienda a constituir fraude o engaño, en donde el artículo, producto o servicio sea falsamente represen-tado o que cree en el consumidor una imagen o impresión erró-nea sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, cualidad, salubridad o cualquier otra característica del producto, ■ artículo o servicio.”

La facultad de la Administración para adoptar reglamen-tos e imponer multas administrativas por violaciones nace de la ley. Art. 5, 23 L.P.R.A. see. 1005. El 2 de junio de 1970 el Director de la Administración aprobó el “Reglamento para Prohibir los Anuncios y las Prácticas Engañosas en el Comer-cio”. Entró en vigo treinta días después. 23 R.&R.P.R. see. 1005-51 et seq. Dispone el Reglamento en su Sec. 1005-64:

“Todo anuncio deberá estar redactado, expresado y presen-tado en tal forma que lleve a la mente del consumidor toda aquella información que le sea esencial y necesaria conocer sobre las cualidades, calidad, precio, tamaño, cantidad, utilización o cual-quier otra característica del artículo, producto o servicio que se anuncia, libre de toda ambigüedad que pueda tender a con-fundirlo.”

En la esfera federal bajo el Federal Trade Commission Act, 15 U.S.O.A. 41 et seq., un estatuto similar que prohíbe las prácticas engañosas en el comercio, en general se ha resuelto que un anuncio no tiene que ser falso, literalmente hablando, para violar la citada ley federal, National Bakers Services, Inc. v. F.T.C., 329 F.2d 365 (7th.Cir. 1964) y casos allí citados. Si un anuncio es o no engañoso, ha de determinarse a base de la impresión que tiende a crear en el público, debiéndose examinar no sólo el significado de las palabras usadas, sino también lo que razonablemente se implicó, Spiegel, Inc. v. F.T.C., 411 F.2d 481 (7th Cir. 1969); Niresk Industries, Inc. v. F.T.C., 278 F.2d 337 (7th Cir. 1960), cert. den. 364 U.S. 883. Y cuando se habla de la impresión creada en el público, no debe mirarse al consumidor más sofisticado, sino al menos sofisticado. Exposition Press, Inc. v. F.T.C., 295 F.2d 869 (2nd Cir. 1961), cert. den. 370 U.S. 917. Las afirmaciones en un anuncio que se prestan a dos interpreta-ciones distintas, una de las cuales es engañosa, se interpre-tarán en forma adversa al anunciante, Country Tweeds, Inc. y. F.T.C., 326 F.2d 144 (2nd Cir. 1964).

No es preciso que la Federal Trade Commission demuestre intención de defraudar o engañar para concluir que se ha incurrido en una violación de la ley en cuestión. Regina Corp. v. F.T.C., 322 F.2d 765 (3rd Cir. 1963), ni que demuestre que el anuncio o práctica en efecto engañó a alguien, Montgomery Ward & Co. v. F.T.C., 379 F.2d 666 (7th Cir. 1967). Tampoco puede levantarse como defensa el que la práctica atacada sea seguida generalmente por los demás miembros de. la industria de que se trate, Times-Picayune Publishing Co. v. United States, 345 U.S. 594 (1953).

Más específicamente, se ha resuelto que un vendedor que hace representaciones falsas en cuanto a los términos de venta, financiamiento, servicios y garantías de televisores nuevos y usados violó la ley federal en cuestión, World-Wide Television Corp. v. F.T.C., 352 F.2d 303 (3rd Cir. 1965), cert. den. 384 U.S. 928. Para una colección de casos referentes a distintas situaciones de hecho, véanse 55 Am. Jur. 2d, Monopolies, Restraints of Trade and Unfair Trade Practices, secs. 740-777 y 65 A.L.R.2d 225, Anotación sobre el tema What constitutes false, misleading, or deceptive advertising or promotional practices subject to action by Federal Trade Commission.

El Reglamento, en su Sec. 1005-53 (d) define el término “Anuncio Engañoso” así:

“(d) ‘Anuncio Engañoso’ significará todo tipo o clase de anuncio, o publicidad verbal o escrita, difundido mediante la prensa, radio, televisión, cine, revistas, hojas sueltas o cualquier otro medio de comunicación, que constituya o tienda a constituir fraude o engaño, en donde el artículo, producto o servicio que se anuncie sea falsamente representado o que cree en el consumidor una imagen o impresión errónea sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, utilización, calidad, cualidad, salubridad, contenido, valor nutritivo o cualquier otra característica del producto, artículo o servicio.”

En vista de esas normas, incluso las de la esfera federal consideradas como persuasivas por lo elaborada que está la doctrina en dicha jurisdicción, nos corresponde ahora determi-nar si el anuncio hecho por la recurrente es de los prohibidos por la Ley Núm. 148 por ser engañoso.

La recurrente parece partir de la premisa que el querellante no fue engañado ni confundido por el anuncio y que de acuerdo con su propio testimonio a él se le ofrecieron facilidades de financiamiento a través de una compañía financiera. Ello no tiene la importancia que le atribuye la recurrente. Si bien fue el querellante quien llamó la atención a la Administración sobre la práctica de la querellada que él consideraba engañosa y declaró en la vista para demostrar cómo se desarrolló en su caso dicha práctica, la Ley Núm. 148 no exige expresamente que se demuestre que la práctica haya engañado a alguien para que pueda calificarse de engañosa. No se trata aquí de un pleito meramente privado. Uno de los propósitos de la Ley Núm. 148 es el de proteger al público consumidor. El interés público hacia ese fin existe sin que la práctica alegadamente engañosa o indeseable viole algún derecho privado del querellante. En la esfera federal, la jurisprudencia ha resuelto también que no es preciso probar que algún consumidor fuera engañado, sino que basta con la tendencia a engañar. Nótese que el Art. 14 de la Ley Núm. 148, citado supra, prohíbe todo anuncio “. . . que constituya o tienda a constituir fraude o engaño, en donde el artículo, producto o servicio sea falsa-mente representado o que cree en el consumidor una imagen o representación errónea....” (Énfasis nuestro.) De modo que, una vez que el tribunal recurrido eliminó el remedio que se concedía a favor del querellante, la determinación de si el anuncio lo engañó a él personalmente no es decisiva en cuanto al problema de si el anuncio es o no engañoso.

Examinado el texto del anuncio en cuestión, vemos que el principal producto o servicio que se ofrece es la venta y reparación de transmisiones y de piezas de las mismas. El detalle que nos interesa — las “facilidades de financiamiento” —es un servicio subsidiario al negocio principal. Sobre este particular debemos notar que tanto el Art. 14 de la Ley Núm. 148 como el Art. 9 del Reglamento correspondiente hablan, no sólo de la cantidad, calidad, etc., del producto o servicio, sino también de “cualquier otra característica” del mismo, frase que razonablemente interpretada comprende los términos de financiamiento, que constituyen un factor importante en la decisión que hacen muchos consumidores de adquirir el producto o servicio. En la esfera federal, ya hemos visto que hay casos en que se ha considerado anuncio engañoso el que falseaba los términos de financiamiento en la venta de artículos de consumo, World-Wide Television Corp. v. F.T.C., supra.

Si la recurrente anunciaba “facilidades de financia-miento”, es obvio que tenía que brindar ese servicio o, de lo contrario, el anuncio sería en ese respecto abiertamente falso. La posición de la querellada consiste en alégar que brindaba el servicio en la forma en que lo hizo en este caso, es decir, indicando a los clientes que solicitaban financiamiento que acudieran a las oficinas de otra compañía, la Beneficial Finance, cuyo negocio es precisamente el de hacer préstamos personales al público en general. Una vez el cliente acudía a las oficinas de la financiera, se le tramitaba su financiamiento de la misma forma en que se hacía con el público en general, o sea, se le pedían datos personales, referencias, fiadores, etc. Es evidente que la recurrente dejaba todo el asunto del financiamiento a cargo de la Beneficial Finance y rehusaba encargarse de ningún trámite del financiamiento, hasta el punto que alegó en la vista de la querella y en los procedi-mientos posteriores que cualquier insatisfacción que tuviese el querellante con los términos del financiamiento debía resol-verse mediante una reclamación contra la compañía financiera y no contra la recurrente.

Somos de opinión que el anuncio en cuestión es engañoso. La recurrente expresó en su anuncio que ofrece “facilidades de financiamiento”. Ello tiende a crear una imagen o impresión errónea en el consumidor de que la querellada ofrece una ventaja sobre otras empresas que no tienen “facilidades de financiamiento”. Desde el punto de vista del consumidor más racional, la frase aludida tiende a atraer clientes que buscan la empresa que más ventajas les ofrezca. A cambio de esa mayor clientela, la recurrente lo que hace es decirle al cliente que vaya a pedir un préstamo a una compañía financiera, como podría decirle que fuese a tal o cual banco. Ese “servicio” lo puede hacer cualquier empresa sin invertir recursos de tiempo o personal alguno y, lo que es peor, sin ayudar o beneficiar al cliente en forma alguna.

Como hemos visto, de acuerdo con la doctrina federal y aún con una interpretación razonable de la ley en Puerto Rico, resulta innecesario entrar o considerar si el anuncio es “falso” o no; lo importante es determinar si el texto del anuncio y las implicaciones que tiene para el público en general, especialmente poco sofisticados, no coinciden con la realidad del producto o servicio que se brinda. La intención de engañar o confundir al público, si bien puede inferirse del acto engañoso en muchos casos, tampoco hay que probarla para que exista una violación. Y la querellada no puede, como pretende, defenderse a base de que otras em-presas sigan esa práctica. El admitir dicha defensa equival-dría a decir que si todos o muchos engañan, cada uno adquiere autorización para engañar. No estamos diciendo que la que-rellada tenga que brindar financiamiento a sus clientes ni que sea ilegal de por sí lá práctica de referirlos a una compañía financiera. Sólo resolvemos que el llamarle a esto último “faci-lidades de financiamiento” en un anuncio constituye una práctica prohibida por ley.

Se confirmará la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, objeto del presente recurso.

El Juez Presidente, Señor. Pérez Pimentel, no intervino.

       La recurrente Garage Rubén, Inc. alega que se trata de las guías correspondientes a los años 1968-69 y 1969-70, pero este detalle no fue objeto de evidencia por ninguna de las partes.

       Esto no surge de la transcripción de la vista ante la Administra-ción de Servicios al Consumidor, aunque en la Resolución de dicha adminis-tración se expone como un hecho. (Pág. 2.) El recurrente no cuestiona esta afirmación.

       Por su parte, ni el querellante ni la Administración de Servicios al Consumidor recurren para cuestionar aquella parte de la resolución del tribunal que eliminó uno de los remedios impuesto por la Administración.'

       El Art. 5(d) de la Ley, 23 L.P.R.A. see. 1005, le da poder a la Administración, previa notificación y vista, para “. . . imponer multas ad-ministrativas por las violaciones a las reglas, reglamentos y órdenes aproba-das o dictadas por la Administración. . . no menores de $25.00 ni mayores de $1,000.00.


author: PER curiam :

text:
    Wilfredo Ruiz Millán e Hilda Tardi Ramos, demandantes y recurrentes, v. Maryland Casualty Company, demandada y recurrida.
    Número: R-72-43
    Resuelto: 13 de marzo de 1973

      Carlos J. Irizarry Yunque y Jaime H. Julia Martínez, abogados de los recurrentes; Agrait, Otero & Oliveras, abogados de la recurrida.
   PER curiam :

El 18 de septiembre de 1969 los demandantes-recurrentes instaron acción contra el Municipio de Guánica y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico para resarcirse con motivo de la muerte de su hijo. La muerte ocurrió el 24 de septiembre de 1968.

•Se desestimó la demanda ya que los demandantes no cum-plieron con lo provisto por el Art. 96 de la Ley Núm. 142 del 21 de julio de 1960 (21 L.P.R.A. see. 1603) en relación a las reclamaciones de daños contra una corporación municipal y el Art. 2A de la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077) en cuanto a notificaciones al Secretario de Justicia cuando se demanda al Estado.

El 23 de julio de 1970 se radicó nueva demanda contra Insurance Company of Puerto Rico como aseguradora para la fecha de los hechos del Municipio de Guánica y del E.L.A. Fue enmendada el 3 de diciembre para sustituir la demandada por Maryland Casualty Company.

Esta demanda fue también desestimada. El tribunal deter-minó que la acción contra la aseguradora estaba prescrita. Expedimos auto de revisión limitando el ámbito del mismo al punto de si el término prescrip ti vo señalado para el ejercicio de la acción instada es de un año (Art. 1868 del Código Civil) o quince años (Art. 1864 del Código Civil).

El Art. 1868 del Código Civil establece que “[l]a acción para exigir la responsabilidad civil . . . por las obligaciones derivadas de la culpa y negligencia de que se trata en el art. 1802 de este Código ... [prescriben al año].”

El 1864 del mismo Código fija en quince años “las per-sonales que no tengan señalado término especial de prescrip-ción. ..

Si bien la hemos clasificado como una acción directa, separada y distinta de la del perjudicado contra el causante del daño, la que autoriza el Código de Seguros (26 L.P.R.A. see. 2003) a deducirse contra la compañía aseguradora, García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965), lo cierto es que la responsabilidad de uno y otra emana del mismo Art. 1802 del Código Civil. Los mismos hechos están en controversia y la misma prueba los sostiene en una y otra acción.

En el caso de Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868 (1965) dimos por sentado que el período de prescripción aplicable es el de un año. Ver primer párrafo, última oración de la opinión de Trigo.

La Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en el caso de Fraticelli v. St. Paul Fire and Marine Insurance Co., 375 F.2d 186 (1967) siguiendo lo expuesto en Trigo y la interpretación que le dimos en García a la acción directa establecida en el Código de Seguros, determinó que la compa-ñía de seguros podía invocar el término prescriptivo de un año establecido en el Art. 1868 del Código Civil. Ver además Bedard v. Consolidated Mutual Insurance Company, 313 F.Supp. 1020 (1970).

Teniendo las dos acciones, tanto la que se incoe contra el asegurado como la que se siga contra la compañía asegura-dora, el mismo origen y dependiendo las dos de la misma prueba, no hay justificación para establecer períodos prescrip-tivos distintos.

Se confirma la sentencia recurrida.

El Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervino.


text:
    Nydia Navarro Alicea, peticionaria, v. Tribunal Superior de San Juan, Sala de Relaciones de Familia, Hon. Charles H. Juliá, Juez, demandado.
    Número: O-73-34
    Resuelto: 13 de marzo de 1973

      Juan M. Ponce Fantauzzi y Oscar Dávila Suliveres, abogados de la peticionaria.
   PER curiam :

En 14 de febrero de 1973 expedimos una orden para mostrar causa sin que el interventor Miguel A. Chaar Dávila ni el tribunal recurrido hayan comparecido a exponer la razón por la cual no deba dejarse .sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 22 de enero de 1973 en el recurso de epígrafe. El tribunal de instancia declaró sin lugar una demanda en-mendada radicada sin permiso del tribunal por entender que habiendo la parte demandada radicado antes una moción de desestimación, y constituyendo ésta una alegación responsiva, era necesario solicitar permiso del tribunal. Examinada la Regla 13.1 de las de Procedimiento Civil y lo resuelto en United States v. Newbury Mfg. Co., 123 F.2d 453, (1st Cir. 1941), una moción para desestimar no constituye la alegación responsiva a que se refiere dicha Regla.

En vista de lo anterior se dejará sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en 22 de enero de 1973.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Juan París Medina, acusado y apelante.
    Número: CR-72-83
    Resuelto: 13 de marzo de 1973

      Santos P. Amadeo y Manuel Garda Marrero, abogados del ape-lante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto de poseer, transportar y vender heroína. Se le sentenció a cumplir concurrentemente de seis a doce años de presidio en cada cargo.

Un agente encubierto acompañado de un confidente llegó a la plaza de Canóvanas el 11 de noviembre de 1970 cuando observó que el apelante entraba a un bar situado frente a la plaza. El acusado entró primero al bar, luego salió e inquirió del agente encubierto qué hacía por allí. El agente le contestó que buscaba a una persona llamada Paco para “capiarle”. El acusado le ofreció material. Se pusieron de acuerdo en el precio y le vendió tres decks.

La defensa presentó varios testigos para establecer una coartada y la buena reputación del apelante.

Pasamos a considerar las tres cuestiones que plantea el apelante.

I. Sostiene que “erró el juez sentenciador al instruir al jurado que deberían encontrar culpable o inocente al acusado de los tres cargos que se le imputaban en la acusación.”

La forma como ocurrió la transacción que dio margen a la radicación de la acusación imputándole tres cargos — trans-portación, posesión y venta de heroína — justifican la instruc-ción impugnada. Para el acusado poder “venderla” tuvo que “transportarla” y como consecuencia “poseer” la droga antes de venderla. La prueba no justificaba absolverlo en uno o dos y condenarlo en los restantes cargos.

II. La falta de unanimidad del veredicto — 10 a 2 — apun-tado como error, ha sido reiteradamente resuelta en contra de la contención del apelante.

III. Al instruir al jurado el juez que presidió el juicio manifestó “Todo testigo se presume que dice la verdad....”

El apelante sostiene que esa instrucción “está en conflicto con la presunción de inocencia cuando el acusado no declara.”

En Puerto Rico, la base para la instrucción impugnada la encontramos en las disposiciones contenidas en el Art. 21 de la Ley de Evidencia, correspondiente al Art. 383 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1664. Esta-blece dicho artículo que “Se presume que todo testigo dice la verdad. Esta presunción, sin embargo, puede ser rechazada, por la forma en que declare, por el carácter de su declaración, o por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad o móviles, o por evidencia contradictoria.” Este artículo nos viene de California. Correspondía al Art. 1847 del Código de Enjuiciamiento Civil de aquel Estado, pero fue derogado en el año 1965, ver Calif. Stat’s 1965, ch. 299, see. 44, pág. 1360 y sustituido por la See. 780 del Código de Evidencia.

El propósito de las instrucciones, además de explicarle al jurado cuál es la ley en lo que se refiere al delito que se imputa, es informarle qué reglas deben seguir en su función de adjudicar los hechos. Teniendo esto presente, las instrucciones deben ser precisas, claras y ajustarse a derecho. Una instrucción que le informe que se presume que todo testigo dice la verdad — cuando el acusado no ha controvertido la prueba de cargo por no haber presentado testigos — puede tener el efecto de que el jurado entienda que debe darle crédito a la prueba del Estado. Evidentemente por esa razón en California se derogó el estatuto que sirvió de modelo al nuestro y se aprobó el que se transcribe en el escolio 2 donde se enumeran las normas que debe tener presente el jurado al aquilatar las declaraciones de los testigos,

Al planteársenos por primera vez la cuestión que aquí consideramos, en Pueblo v. Martínez Guerra, 98 D.P.R. 682 (1970) expresamos en el escolio 2 a la pág. 685 que existe una marcada tendencia en los tribunales federales a abandonar esta instrucción y citamos United States v. Safley, 408 F.2d 603 (4th Cir. 1969); United States v. Boone, 401 F.2d 659 (3d. Cir. 1968) y Marsh v. United States, 402 F.2d 457 (9th Cir. 1968).

Existe un consenso en la jurisdicción federal, al efecto de que una instrucción como la aquí impugnada es errónea y per-judica al acusado. Pero se hace claro que cuando no se objeta —privando de esa forma al juez de corregir el error — o cuando el acusado presenta prueba, la situación varía y el impartirla no se considera error fatal que conlleve la revoca-ción de la sentencia. Smith v. Cupp, 457 F.2d 1098-1100 (9th Cir. 1972); United States v. Birmingham, 447 F.2d 1313-1315 (10th Cir. 1971); United States v. Stroble, 431 F.2d 1273-1278 (6th Cir. 1970); United States v. Safley, supra,; United States v. Boone, supra; Marsh v. United States, supra; United States v. Evans, 398 F.2d 159 (3d. Cir. 1968); United States v. Meisch, 370 F.2d 768 (3d Cir. 1966); United States v. Johnson, 371 F.2d 800 (3d Cir. 1967); McMillen v. United States, 386 F.2d 29 (1st Cir. 1967); Anotación: Instruction-Witness’ Credibility, 8 A.L.R. Fed. 319 (1971); United States v. Dichiarinte, 385 F.2d 333, 339 (7th Cir. 1967) cert. den. 390 U.S. 945; United States v. Bilotti, 380 F.2d 649, 654, 656 (2d Cir. 1967) cert. den. 389 U.S. 944.

En los dictámenes antes citados se expone el criterio de que una instrucción a los efectos de que se presume que un testigo dice la verdad resulta perjudicial en'un caso criminal por el posible conflicto que pueda haber entre dicha presunción y la más fundamental' presunción de inocencia, que tiene rango constitucional. Asimismo sostienen que cuando en un caso criminal sólo desfila-la prueba presentada por el. fiscal y las instrucciones al jurado afirman que se presume que los testigos declaran la verdad, el acusado está expuesto al peligro de que el jurado se sienta obligado a aceptar literalmente el testimonio no impugnado de los testigos de cargo. Afirman que transmitir dicha instrucción constituiría un error que justi-ficaría la revocación de la sentencia. Pero cuando este efecto unilateral de la presunción no está presente por haber decla-rado testigos a favor del acusado, tal instrucción no justifica una revocación ya que el testimonio de estos testigos de la defensa está, desde luego, igualmente sujeto a la presunción de que dicen la verdad, contenida en las instrucciones. Ade-más, el peligro de que el jurado se sienta obligado a aceptar literalmente el testimonio no impugnado de los testigos del Gobierno para superar la presunción de inocencia no existe, porque el testimonio de esos testigos es impugnado directa-mente por los testigos de la defensa. Asi, la conclusión final del jurado solamente puede estar basada en su propia evalua-ción de la relativa credibilidad tanto de los testigos de cargo como de los testigos de la defensa. Por lo tanto, la instrucción relativa a la presunción de que un testigo está diciendo la verdad no puede restar méritos al derecho exclusivo del ju-rado de determinar la credibilidad de los testigos. Pero cuando solamente, han declarado los testigos de cargo, la pre-sunción de que se está diciendo la verdad puede ser equiva-lente a una asunción de culpabilidad en la mente del ju-rado, y confligir así con la presunción de inocencia de un acusado. Cuando ambas partes han presentado testigos, nin-guna está favorecida por la presunción a que hace referencia la instrucción.

En Oregon donde existe un estatuto similar al nuestro — • ORS 44370 — se llegó a esta misma conclusión por haber pre-sentado prueba el acusado. State v. Smith, 458 P.2d 687 (Or. 1969). Y en California, donde como hemos dejado consignado se derogó el estatuto que establecía la presunción, se resolvió en un caso en que el juicio se celebró después de la derogación, que el transmitir la instrucción no constituía un error que conllevara la revocación de la sentencia, ya que el acusado había presentado prueba y no la había objetado. People v. Hardy, 76 Cal. Rpt. 557 (Cal. C.A. 1st. Dist. 1969).

En el presente caso declararon varios testigos por la defensa y el acusado no objetó la instrucción que ahora impugna, por lo que no procede revocar la sentencia apelada.

Es conveniente consignar que los jueces de instancia a partir del 1ro. de mayo de 1973 en vista de lo que hoy resolvemos al efecto de que la instrucción puede resultar per-judicial al acusado, deben eliminarla de las instrucciones que imparten, a los jurados independientemente de que se presente o no prueba por la defensa. Ver United States v. Gray, 464 P.2d 632-635 (8th Cir. 1972). Ver además, 1 Devitt & Blackmar Fed. Jury Instr. Sec. 12.01, pág. 253, ed. 1970).

No habiéndose cometido ninguno de los errores apuntados, procede confirmar la sentencia apelada.

         La'instrucción completa sobre este aspecto fue como sigue:
      “Todo testigo se presume que dice la verdad. La presunción puede ser contrarrestada o descartada por la forma de declarar, el carácter del testi-monio o por otra evidencia que afecte la veracidad, honradez e integridad o los motivos del declarante. Por otro lado si un testigo hubiere faltado a la verdad en una parte esencial de su declaración, entonces es la obliga-ción de ustedes poner en entredicho, en tela de juicio el resto de la declaración del testigo. Puede tacharse la veracidad de un testigo entre otras cosas, por la forma de declarar y también por evidencia de manifesta-ciones contradictorias. Si hubiere habido prueba, si ustedes consideran que la defensa ofreció prueba tendente a demostrar que algún testigo del Fiscal se contradijo en relación con las manifestaciones que hizo en corte abierta y cualquiera otra declaración que hubiera prestado anteriormente, entonces eso deben considerarlo ustedes a los efectos de dar crédito a un testigo. Ahora, esas contradicciones deben ser sustanciales y no contradic-ciones más bien aparentes que reales. Una vez considerados por ustedes toda la prueba y el crédito que les merezca la misma, entonces deben determinar si todas las circunstancias probadas tienden a establecer la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable. Ahora por otro lado, todo acusado se presume que es inocente hasta que se le prueba fuera de toda duda razonable su culpabilidad. Esa presunción de inocencia que acompaña al acusado debe haberle acompañado a través de todo el proceso e igualmente le acompañará y debe acompañarle mientras ustedes estén deliberando. . . .”
      A la pág. 308, el juez expresa:
      “Se hace constar en el récord que ni la defensa ni el Fiscal tienen objeción a las instrucciones dadas.”

       Dispone así la see. 780:
      “Excepto cuando estatutariamente se provee lo contrario, el tribunal ó el jurado, al determinar sobre la credibilidad de un testigo, puede consi-derar cualquier materia que razonablemente tienda a probar la veracidad o falsedad de su testimonio en una vista, incluyendo, pero no limitándose a, cualquiera de los siguientes puntos:
      (a) Su comportamiento al testificar y la manera en que lo hace.
      (b) El carácter de su testimonio.
      (c) El alcance de su capacidad para percibir, recordar y comunicar cualquier materia sobre la cual testifica.
      (d) El ámbito de la oportunidad con que contó para percibir cualquier materia sobre la cual testifica.
      (e) Su condición en relación a la honestidad y veracidad, o sus antónimos.
      (f) La existencia de un prejuicio, interés u otro móvil.
      (g) La existencia de una declaración propia anterior que resulte con-sistente con su testimonio en la vista.
      (h) La existencia de una declaración propia anterior que resulte in-consistente con cualquier parte de su testimonio en la vista.
      (i) La ocurrencia o falta de ella de cualquier hecho sobre el cual presta testimonio.
      (j) Su actitud hacia la acción ventilándose o hacia el prestar testi-monio.
      (k) Su admisión de falta de veracidad.”

       Teniendo este Tribunal la facultad de promulgar Reglas de Evidencia, Art. V, Sec. 6, Constitución de Puerto Rico, en el cuerpo de Reglas que se adoptarán en virtud de este mandato constitucional, se esta-blecerán las normas que deben tenerse presente, al aquilatar las declara-ciones de los testigos.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Celestino López Carrillo, acusado y apelante.

      Número: CR-72-115
    Resuelto: 16 de marzo de 1973

      Manuel López Carrillo, abogado del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Américo Serra, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante fue acusado por un delito de homicidio involuntario, por el delito de conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez (Sec.’5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. ,1041) y por una infrac-ción de la Sec. 4-101 de la Ley de Vehículos-y Tránsito (9 L.P.R.A. see. 781) que castiga al conductor de un vehículo envuelto en un accidente que no se detenga a prestar ayuda a los heridos. El jurado declaró culpable al acusado del delito de homicidio involuntario por votación de once a uno. El juez lo declaró culpable del delito de manejar un vehículo en estado de embriaguez y lo absolvió en el caso por la infracción a la Sec. 4-101 de la Ley de Vehículos’y Tránsito;, y fue senten-. ciado a cumplir dos-años de cárcel y dos años de suspensión de la licencia de conductor en el caso de homicidio involuntario; y un mes de cárcel y un- año de suspensión de la licencia de conducir en el caso de embriaguez. Las penas de cárcel serían concurrentes y las suspensiones de la licencia de conductor consecutivas.

El apelante señala en su alegato dos errores como cometidos por el tribunal sentenciador. El primero consiste en haber condenado al acusado por el delito de guiar en estado de embriaguez, cuando ya había sido condenado por los mismos. hechos en el caso de homicidio involuntario en cuyas alegaciones se incluyó como negligencia el guiar en estado de embriaguez. Invoca el caso de González v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 136 (1971).

No tiene razón. El apelante fue acusado y convicto de los delitos de homicidio involuntario y de conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. Distinto a González, supra, no se trata aquí de un solo acto u omisión criminal, ni de un solo e indivisible hecho esencial. Una convicción por manejar en estado de embriaguez no requiere una determinación de que se dio muerte a un ser humano al realizarse un acto ilegal o un acto legal sin la debida prudencia y circunspección; y una convicción por el delito de homicidio involuntario no necesariamente implica o requiere una determinación de que se conducía el vehículo en estado de embriaguez. Véanse Pueblo v. López Vera, 101 D.P.R. 37 (1973); People v. Trantham, 74 P.2d 851 (Calif. 1937). El hecho de que se alegara en la acusación radicada contra el apelante que éste se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, no significa que ese fuera el acto ilegal que produjo la muerte ilegal y que estableció el delito de homicidio involuntario. En la acusación se alegó, además, que el apelante condujo el vehículo en forma descuidada, sin guardar la debida prudencia y circunspección, con negligencia y descuido y desatendiendo las condiciones del camino en cuanto al ancho, tránsito, uso y visibilidad. El Art. 203 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 635) no exige la concurrencia de todas las formas ilegales de actuar o conducir para que se produzca la muerte ilegal; basta que ocurra cuando se realice un acto ilegal de la natura-leza a que se refiere dicho artículo. Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966); Pueblo v. Cortes Calero, 99 D.P.R. 679 (1971).

El delito de homicidio involuntario que se le imputó al apelante requería prueba de hechos adicionales a los requeridos por la Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito que castiga el acto de conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. Se trata de dos actos criminales separados y distintos que no constituyen un solo e indivisible hecho. Por lo expuesto, no procede aplicar la norma del Art. 44 del Código Penal, ni la norma adoptada en González v. Tribunal Superior, supra.

En el segundo señalamiento de error se alega que el vere-dicto rendido en el caso de homicidio involuntario es contrario a la prueba y a derecho.

Hemos examinado la prueba. La misma, de ser creída, como lo fue, por el jurado, es suficiente para determinar que el acusado conducía su vehículo mientras se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes, sin guardar la debida prudencia y circunspección, con negligencia y descuido y desatendiendo las condiciones del camino en cuanto al ancho, tránsito y visibilidad. Dicha prueba demostró que el apelante iba en su vehículo a una velocidad de 50 a 60 millas por hora, por una carretera con poco alumbrado, dando zigzags, con la cabeza recostada en el guía y que al llegar a un puente dio contra ambos lados de éste y al regresar a la derecha arrolló a la víctima, quien se encontraba parado en el paseo de peatones. El estado de embriaguez del acusado quedó demostrado mediante el análisis de sangre, el testimonio del policía Miguel Ángel Jurado y la propia prueba de defensa de donde surge que el acusado se había tomado tres cerverzas horas antes del accidente. Esta prueba es más que suficiente para probar los actos ilegales alegados.

El apelante alega que la víctima estaba en el medio de la carretera cuando recibió el impacto. No hay prueba alguna que sostenga esta argumentación.

Señala, además, el apelante que “el Tribunal Superior actuó ilegalmente cuando en las instrucciones habló ampliamente de la Tuga’ del acusado del sitio de los hechos como indicio de culpa, cuando el jurado determinara la culpabilidad en el homicidio.”

Las instrucciones señaladas tan sólo instruían al jurado a pesar la prueba del supuesto abandono del lugar del accidente conjuntamente con la otra prueba desfilada, para ayudarse al determinar si existía una conciencia culpable por parte del acusado. Ver Pueblo v. Hernández Justiniano, 86 D.P.R. 793 (1962). No hubo actuación ilegal alguna de parte del tribunal sentenciador al impartir las instrucciones al respecto.

La prueba de cargo no fue contradictoria eii las cuestiones esenciales del caso y, en caso de que lo hubiere sido, el jurado dirimió cualquier conflicto que pudo existir. No hay razón para alterar las determinaciones del juzgador de hechos. El veredicto está plenamente sostenido por la prueba que tuvo el jurado ante sí y, en consecuencia, no debe ser alterado en apelación.

Se confirmarán las sentencias apeladas.