author: per curiam: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
      In re José H. Rivera Cintrón, querellado.

      Número: O-80-644

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Rosa Negrón, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Vicente

      Ortiz Colón, abogado del querellado; Telesforo Rosa Resto, Comisionado Especial.
   per curiam:

El Comisionado nombrado por este Tribunal formuló las siguientes determinaciones de hecho, que no han sido impugnadas por las partes:

1. El querellado es abogado y notario en la Isla de Puerto Rico desde marzo y abril del año 1963, respectivamente. (T.E., págs. 41 y 42.) Desde entonces ha ejercido como tal con-tinuamente en Puerto Rico en la práctica privada de la pro-fesión. Es casado desde el 30 de agosto de 1950 con la Sra. Isabel Lanausse Roque, en cuyo matrimonio procrearon tres hijos, dos de los cuales son profesionales y casados y una menor nacida en mayo de 1969. (Ver Exhibit 31, pág. 5.) Hizo su grado de bachillerato en la Facultad de.Administración Comercial, donde luego comenzó a dictar cátedra como con-ferenciante en la Rama de Seguros desde el 1956. (Exhibit 31, pág. 14.) Un poco antes de prestar juramento como abogado, presumiblemente durante el año 1962, cesó como conferen-ciante en la Universidad de Puerto Rico. (Exhibit 31.) Durante todos los años que ha ejercido la profesión de abo-gado y notario ha tenido sus oficinas en el Edif. Asociación de Maestros, Hato Rey. (T.E., pág. 42.) Surge de los membretes de algunos de los documentos sometidos en evidencia que ori-ginalmente el querellado practicaba la profesión conjunta-mente con los licenciados Manuel J. Medina Aymat y Gladys Iglesias Strong en las oficinas 601 y 602 de dicho Edificio Asociación de Maestros. (Exhibit 15.)

2. El querellado fue empleado público desde 1946, pero de 1950 a 1952 sirvió en el Ejército Norteamericano. Hasta el año 1962, el querellado rindió sus planillas de contribución sobre ingresos. (T.E., pág. 118.) Una vez se inició como abo-gado y notario en el año 1963, inclusive, desde entonces el querellado cesó de rendir planillas de contribución sobre ingresos. (T.E., pág. 118.) A pesar de que el querellado entiende que debió haber rendido planillas para los años 63 y 64, adujo que por diversas razones no lo hizo y que aunque entendía que de haberlas rendido no hubiera tenido que pagar contribuciones, se le fueron acumulando. (Exhibit 31, págs. 17 y 18.) De la prueba ofrecida no surgen las razones a las que alude el querellado para no haber rendido dichas pía-nillas de los años 1963 y 1964. Para dicho año 1964, el quere-llado se agenció la compra de una finca de 50 cuerdas que antes pertenecía a su suegra y que dedicó al cultivo de caña de azúcar, así como también era dueño de un solar que compró en el año 1957 por el precio de $12,000.00 en el que construyó la casa de familia. (Exhibit 31, págs. 36 y 37.) En el año 1963 hizo un refinanciamiento de la casa y solar y comenzó a pagar alrededor de $270.00 mensuales por la hipoteca, amén de otras mejoras que posteriormente y por valor de $3,500.00 le hizo a su residencia. (Exhibit 31, pág. 38.) Ya para el 1965 había comprado una lancha en alrededor de $5,000.00 y posteriormente pudo invertir $9,000.00 para la compra de una oficina en el Edificio Metro en Hato Rey, suma que perdió por dificultades que tuviera la dueña de dicho edificio. (Exhibit 31, pág. 39.) Desde que comenzó como abogado y notario en 1963, el querellado se ha dedicado casi exclusivamente a la práctica de lo civil y en dicha rama del derecho, fundamentalmente al campo de los daños y perjui-cios.

3. El 15 de abril de 1965 el querellado cursó al Departa-mento de Hacienda una Solicitud de Prórroga de treinta (30) días para radicar su planilla de contribución sobre ingresos correspondiente al año 1964. La razón que adujo para ello fue que no contaba aún con los datos necesarios para la radi-cación de dicha planilla, específicamente que la Central Aguirre Sugar Company no le había suministrado los datos importantes concernientes al Contrato de Administración sobre la finca de cincuenta (50) cuerdas de caña de dicho querellado. (Exhibit 15.)

4. El 27 de octubre de 1965 el Departamento de Hacienda cursó al querellado una comunicación escrita en la que le indica que en los records del Negociado de Contribución sobre Ingresos no aparece que el querellado hubiera rendido planilla de contribución sobre ingresos para el- año 1964 y requiere que el querellado la rinda dentro de diez (10) días. (Exhibit 13-A.) El querellado no rindió dicha planilla. El 15 de abril de 1966 el querellado suscribió una Declaración Ju-rada para solicitar prórroga de treinta (30) días para rendir su planilla correspondiente al año 1965. (Exhibit 16.) Dicha prórroga le fue denegada y así le fue notificado el 29 de abril de 1966 por haberse dejado de solicitar la misma antes del 15 de abril de dicho año. (Exhibit 17.) El querellado no rindió dicha planilla. El 14 de abril de 1967, en papel timbrado de las oficinas de dicho querellado conjuntamente con los licen-ciados Medina Aymat e Iglesias Strong, solicitó prórroga de treinta (30) días al Departamento de Hacienda para rendir su planilla correspondiente al año 1966. (Exhibit 18.) El 27 de abril de 1967 el Departamento de Hacienda cursó una comu-nicación escrita al querellado concediendo una prórroga de treinta (30) días para que el querellado rindiera su planilla de contribución sobre ingresos correspondiente al año 1966, a vencer dicha prórroga el 18 de mayo de 1967. (Exhibit 13-B.)

5. El querellado no rindió dicha planilla de 1966 y el 4 de septiembre de 1968 la Secretaría de Hacienda cursó una comunicación escrita al querellado pidiéndole que rindiera su planilla correspondiente al año 1965 dentro del término de diez (10) días. (Exhibit 13-C.) El 11 de septiembre de 1968 la Secretaría de Hacienda cursó al querellado una comunicación concediéndole 10 días para que rindiera su planilla de contri-bución sobre ingresos correspondiente al año 1964. (Exhibit 13-D.) El querellado no rindió la planilla. El 12 de septiem-bre de 1968 la Secretaría de Hacienda vuelve a pedirle que dentro de los diez (10) días siguientes rinda su planilla del año 1966, lo cual tampoco hizo. (Exhibit 13-E.) El 14 de abril de 1969 el querellado pide prórroga de sesenta (60) días para rendir su planilla correspondiente al año 1968. (Exhibit 19.) El 25 de junio de 1970 la Secretaría de Hacienda envía comunicación escrita al querellado dándole diez (10) días para que rinda su planilla correspondiente al año 1965. (Exhibit 13-F.) El querellado no rindió su planilla para ese año.

6. El 4 de mayo de 1972 el Departamento de Hacienda le cursó comunicación escrita al querellado indicándole que no había rendido sus planillas para los años 1964 a 1970, inclusive, y concediéndole diez (10) días para que rindiera dichas planillas. (Exhibit 13-G.) El 16 de junio de 1972, en esta ocasión en papel con membrete en el que figura solamente el nombre del querellado, la secretaria de éste suscribe una comunicación escrita dirigida al Negociado de Contribución Sobre Ingresos donde por primera vez le indica que el quere-llado se encuentra convaleciendo en su casa y que tan pronto él regrese al despacho atenderá el asunto. Indica la secretaria del querellado en dicha comunicación escrita que aquél tiene un disco herniado que ha quebrantado su salud y que el que-rellado no ha podido atender su bufete durante los últimos siete (7) meses consecutivamente. (Exhibit 20.) El 13 de junio de 1972 vuelve la Secretaría de Hacienda a pedirle al quere-llado que rinda las planillas de contribución sobre ingresos correspondientes a los años 1964 al 1970 y para ello le concede diez (10) días adicionales. (Exhibit 14-A.) Sin respuesta del querellado, el 15 de septiembre de 1972 vuelve el Departa-mento de Hacienda a pedirle al querellado que rinda sus pla-nillas correspondientes a los años 1964 al 1970, ambos inclusive. Para ello le concede al querellado otro término de 10 días. (.Exhibit 14-B.)

7. El 26 de septiembre de 1972 el querellado escribe a Hacienda para indicarle que la condición de salud sigue siendo la misma que cuando una de sus secretarias se dirigió al Departamento de Hacienda el 16 de junio de 1972. En dicha comunicación el querellado le indica al Departamento de Hacienda que dos semanas antes había cambiado de [sic] impresiones con el amigo suyo Leopoldo J. Vázquez Navarro, Contador Público Autorizado, con oficinas en Guayama, con miras a que antes de finalizar el año 1972 tratara de obtener los datos pertinentes de la Central Aguirre para proceder a preparar las planillas de contribución sobre ingresos. En dicha comunicación el querellado añade que confía en que esa explicación sea satisfactoria para el Departamento de Hacienda. Añade que por haber pedido prórroga en cada uno de los años envueltos, entiende que no cabe acción criminal de clase alguna en su contra. (Exhibit 21.) El 13 de febrero de 1973 la Secretaría de Hacienda le cursa un escrito al quere-llado aludiendo a la comunicación anterior de éste de 26 de septiembre de 1972 y concediéndole 10 días para que rinda las planillas de los años 1964 a 1970. (Exhibit 14-C.) El 21 de febrero de 1973 una secretaria del querellado contestó la comunicación del 13 de febrero de 1973 indicándole al Depar-tamento de Hacienda que el querellado continuaba convale-ciendo por un disco herniado y que el querellado le había pedido a dicha secretaria que le informara al Departamento de Hacienda que dicho querellado había estado en contacto con el Sr. Vázquez “Naveiro”, Contador Público Autorizado, y que confiaba que durante el año 1973 pudieran rendirse todas sus planillas incluyendo la del año 1972. En dicha comuni-cación la secretaria agrega que el no haber rendido las pla-nillas obedecía a las razones que antes había expuesto el querellado, fundamentalmente en su enfermedad que le impedía acudir diariamente a su bufete. (Exhibit 22.)

8. El 25 de mayo de 1973 la Secretaría de Hacienda le cursó una comunicación al querellado en la que le indicaba que uno de sus inspectores de nombre José G. Izquierdo había estado en varias ocasiones a las oficinas del querellado para procurar de éste que rindiera sus planillas de contribución sobre ingresos para los años 1964 al 1970. En dicha comuni-cación se agrega que hasta la fecha de la misma no se habían recibido dichas planillas en la Secretaría de Hacienda. En esta ocasión se le conceden al querellado quince (15) días para que proceda a radicarías. (Exhibit 14-D.) El querellado no rindió las planillas.

9. Continuaron pasando los años y el querellado se abstuvo de rendir planilla anual de contribución sobre ingresos. En unas ocasiones dejó de rendir planillas esperando a que fue-ran aprobadas, como lo fueron, amnistías contributivas por el Gobierno de Puerto Rico. (Exhibit 31, págs. 18 y 19.) Conce-dida la amnistía, el querellado consiguió la documentación que hasta ese momento aducía que no había conseguido y alega habérsela entregado a un contador público autorizado, cuyo nombre el querellado se niega a revelar. (Exhibit 31, pág. 20.) Por razones que no se explican en la prueba, dicho contador tampoco rindió las planillas y en ocasión de una segunda amnistía el querellado aduce que volvió a proveerle más información y documentos al mismo contador. Según la versión del querellado, a dicho contador le pereció [sic] su esposa y por haberlo desajustado dicho deceso, se le extravia-ron los documentos. (Exhibit 31, págs. 20 y 21.) Aduce el que-rellado que desde entonces no ha rendido planillas porque le falta información de años anteriores.

10. Con el paso del tiempo y en vista de la infructuosa ges-tión, el Departamento de Hacienda procedió a iniciar una investigación contributiva del querellado. A dichos efectos el Departamento de Hacienda envió un inspector a las oficinas del querellado y éste le entregó documentación consistente en libretas de cheques, libros, otros documentos, etc. Además le informó sobre los bancos con los que tenía o había tenido cuentas, nombres de empleados suyos, etc. Una vez termi-nada la investigación contributiva, el querellado fue invitado a comparecer al Departamento de Hacienda, lugar al que compareció y en el que después de las advertencias legales de rigor, prestó una extensa declaración jurada expositiva de lo que aduce como razones para no haber rendido sus planillas, siendo dicha declaración jurada del día 1ro. de agosto de 1977. (Exhibit 31.)

11. El 22 de junio de 1978 el Pueblo de Puerto Rico for-muló tres (3) denuncias por delitos graves contra el quere-llado por éste alegadamente haber intentado evadir y de-rrotar una gran parte de la contribución sobre ingresos correspondiente a los años contributivos 1974, 1975 y 1976. (Infracciones a la Sección 145(b) de la Ley de Contribución Sobre Ingresos de 1954, según enmendada). Se determinó causa probable para el arresto, se fijó fianza-de $30,000.00 en cada uno de los tres (3) cargos y se procedió a ordenar el arresto del querellado. (Exhibits 2-A-l, 2-A-2 y 2-A-3.) Poste-riormente y por moción del Pueblo de 11 de agosto de 1978, se procedió a enmendar los cargos y en ellos se imputa que el querellado dejó de pagar la contribución sobre ingresos determinada de $14,487.87 para el año 1974, $34,459.48 para el año 1975 y de $10,951.49 para el año 1976. (Exhibit 3.) Dicha moción fue radicada en la Sala de San Juan del Tribunal de Distrito el 15 de agosto de 1978.

12. Así las cosas, informado ya de los cargos el querellado, el 22 de septiembre de 1978 procedió a radicar las planillas correspondientes a los años 1974, 1975 y 1976 en la Secretaría de Hacienda. (Exhibits 1-A, 1-B y 1-C). Para la confección de dichas tres (3) planillas el querellado se limitó a informar como ingresos para dichos respectivos años las cuantías expresadas en las distintas denuncias, sin hacer expresión de gastos deducibles o incurridos en la generación de ingresos para dichos años. Con la radicación de dichas planillas, el querellado no acompañó pago alguno.

13. El 15 de diciembre de 1978, después de haberse formu-lado las denuncias pero con anterioridad a la celebración de Vista Preliminar, el Departamento de Hacienda notificó una deficiencia contributiva al querellado para dichos 1974, 1975 y 1976 montante a $123,271.85. (Exhibit 26.) Dicha notifi-cación se hace en el formulario impreso y en uno de sus párrafos se indica al querellado que de no estar de acuerdo con dicha determinación, puede radicarse una solicitud de reconsideración de dichas deficiencias y vista administrativa sobre las mismas. También se le indica que dicha solicitud debería radicarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del depósito de dicha notificación en el correo.

14. En tiempo hábil, el 16 de enero de 1979 el querellado le cursó una comunicación a la Secretaría de Hacienda en la que alude a la anterior del 15 de diciembre de 1978 y en la que indica que eleva a escrito la solicitud de reconsideración de las deficiencias que le habían sido notificadas y pide vista administrativa con el propósito de que se reajusten las defi-ciencias imputadas a la realidad y a lo que procede en dere-cho y que una vez ajustadas se le conceda un plan de pago justo y razonable para acogerse al mismo. (Exhibit 27.)

15. El 22 de diciembre de 1978 se celebró finalmente la Vista Preliminar con relación a los cargos que se le imputa-ban y resultó que se hizo una determinación de causa probable por tres (3) cargos menos graves de infracciones a la Sec-ción 145(a) de la Ley de Contribución Sobre Ingresos de 1954. (T.E., pág. 121.) La correspondiente acusación por los aludi-dos tres (3) cargos fue radicada el 16 de enero de 1979 ante el Honorable Tribunal Superior, Sala de San Juan. (Exhibit 4.) El 13 de julio de 1979, en los casos identificados como M79-125, 126 y 127, por infracción a la Sección 145(a) de la Ley de Contribución Sobre Ingresos, el Tribunal Superior de Puerto Rico juzgó y encontró culpable de dichos cargos al querellado. La defensa no presentó prueba. (Exhibit 5.) En dicha ocasión el aquí querellado renunció al término que dispone la ley para que se dictara sentencia y solicitó que se le señalara para una fecha lejana el acto correspondiente a dictarle la sentencia de modo que tuviera la oportunidad de resolver el asunto en la Secretaría de Hacienda. (Así surge de la minuta de la vista de ese día, Exhibit 5.) El acto del pronunciamiento de la sentencia se señaló entonces para el 7 de septiembre de 1979. Por razones que no fueron objeto de prueba, la senten-cia no fue pronunciada en dicha fecha.

16. El 24 de octubre de 1979 la Secretaría de Hacienda le cursó una comunicación escrita al querellado en la que le indica que la Notificación Preliminar de Deficiencia del 15 de diciembre de 1978 es dejada sin efecto en cuanto a los años 1974, 1975 y 1976, excepto por la notificación de penalidades. En dicha comunicación se le indica al querellado que el procedimiento establecido en la ley no requiere que la contri-bución autoimpuesta se notifique bajo las disposiciones de la Sección 272(a) de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1954 y que cuando la contribución es autoimpuesta corres-ponde al contribuyente efectuar el pago de la contribución. Pone al alcance del querellado las alternativas de enmendar las planillas o de pagar la contribución tasada y luego soli-citar el reintegro por la parte de la contribución que consi-dere pagada en exceso. (Exhibit 28.) El 15 de noviembre de 1979 el querellado le cursa una comunicación escrita al Departamento de Hacienda en [la] que alude a la comuni-cación que se menciona antes. En ella el querellado le indica al Departamento de Hacienda que su Solicitud de Reconside-ración y Vista contenida en su carta del 16 de enero de 1979 obedeció a la información que se provee en el formulario que le fue enviado el 15 de diciembre de 1978 en el que se le indicaba que podía solicitar reconsideración y vista adminis-trativa. En la misma comunicación del 15 de noviembre de 1979 el querellado procede a solicitarle sesenta (60) días adi-cionales para acogerse a la alternativa de rendir planillas enmendadas. (Exhibit 29.) En esa misma fecha del 15 de noviembre de 1979 el querellado le cursa a otro funcionario del Departamento de Hacienda otra comunicación escrita en la que hace una relación de visitas que había cursado al Departamento de Hacienda en 10,13 y 26 de julio; 14, 18, 21 y 25 de septiembre; 5, 9, 18 y 23 de octubre de 1979. (Exhibit 30.) Bien. Durante esas fechas el querellado intentó que se le concediera la vista administrativa pero se le había informado que estaba bajo consideración, entre otras cosas que le fueron expuestas como razones, el asunto de si en su caso procedía o no dicha vista por haber sido autoimpuesta la contribución.

17. Así las cosas, el 5 de septiembre de 1980 se celebró el Acto de Pronunciamiento de Sentencia y el querellado fue condenado a satisfacer tres (3) multas de $500.00 y tres (3) penas de cárcel por el término de seis (6) meses, concurrentes entre sí. (Exhibits 6 y 7.) La pena de cárcel fue dejada en sus-penso en dicha ocasión sujeto a que el querellado cumpliera con las condiciones que le impusiera el oficial probatorio co-rrespondiente. El 20 de noviembre el Honorable Procurador General de Puerto Rico presentó la querella de autos, la que produjo el Mandamiento emitido por esta superioridad el 24 de noviembre de 1980 y el cual le fuera notificado al quere-liado el 25 de noviembre del mismo año 1980. El 3 de diciem-bre de 1980, mientras cumplía las tres (3) sentencias de seis (6) meses de cárcel que le había impuesto el Tribunal Superior, el querellado presentó una Moción Solicitando Correc-ción de Sentencia ante el Tribunal Superior de Puerto Rico en la que solicitó que se dejara sin efecto la pena de cárcel y en la que se aducía que el querellado había hecho una cesión de crédito de $50,000.00 al Departamento de Hacienda me-diante estipulación en cierto caso civil. (Exhibit 8.) El 5 de diciembre el Tribunal Superior accedió a dicha solicitud y notificó la providencia el 10 de diciembre de 1980. (Exhibit 9.) El 31 de diciembre de 1980 el querellado procedió a radicar su Contestación a la Querella en este asunto. El 29 de enero de 1981 el Pueblo de Puerto Rico presentó ante el Tribunal Superior una Moción de Reconsideración sobre la actuación del Tribunal con relación a la Solicitud de Corrección de Sen-tencia, en cuya moción, entre otras cosas, el Fiscal indica que no fue notificado de dicha moción y pide que reconsidere'su dictamen y reimponga la pena de cárcel y que exija al quere-llado como condición que comparezca al Departamento de Hacienda e implemente un plan de pago de la deuda contri-butiva pendiente antes del 15 de febrero de 1981. (Exhibit 10.)

Según surge de la minuta del 24 de febrero de 1981 (exhibit 11), el Tribunal celebró vista para la discusión de la Moción de Reconsideración y luego de que la defensa expresó que tenía en su poder un cheque certificado a favor del Departamento de Hacienda por la cantidad de $10,000.00 para ser entregado al representante de dicho Departamento y que el querellado pagaría $4,000.00 mensuales hasta cubrir su deuda, el Tribunal mantuvo la determinación de dejar sin efecto o relevar de la sentencia de pena de cárcel al querellado. En dicha ocasión el Tribunal dispuso que el querellado debería continuar pagando dichos $4,000.00 mensuales al Departamento de Hacienda bajo apercibimiento de desacato, según fuera ello expresado por la defensa sin objeción del querellado. No ha cumplido, pero aduce que es porque nada adeuda. Según certificación de deuda contributiva fechada 2 de marzo de 1981 {exhibit 23), el querellado adeuda contribuciones sobre ingresos e intereses y recargos sobre las mismas montantes a $188,130.30 para los años 1974 a 1976, inclusive.

Aceptados los hechos por el querellado, solo resta deter-minar si su conducta constituye depravación moral.

En Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966), consignamos que “[l]a depravación moral, tratándose de abogados, consiste, según se resolvió en In re Disbarment of Coffey, 123 Cal. 522, en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral, como el delito de extorsión o el de desfalco. En Jordan v. De George, 341 U.S. 223, 229 (1951) se resolvió que todo delito en que el fraude era un ingrediente básico siempre se había considerado que implicaba torpeza moral. En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias. El Diccionario de la Lengua Española, en su decimaoctava edición, nos dice que la voz ‘Depravar’, significa viciar, adulterar, corromper, y que ‘Depravadamente’, significa malvadamente, con malicia suma”.

En In Re Tormes, 30 D.P.R. 267, 270 (1922), expresamos “que podrá ser también suspendido o destituido de su profesión el abogado que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral. Ya no se trata de un acto directamente relacionado con la profesión. El legislador, considerando que cualquier depravación moral incapacita a una persona para el ejercicio de la abogacía, sanciona el principio de que tal depravación sea base para la separación aunque se haya cometido fuera de la esfera de acción del abogado”. Ver además: Colegio de Abogados de P.R. v. Barney, 109 D.P.R. 845 (1980); Matter of Nicholson, 257 S.E.2d 195 (1979); Annot., Attorneys-Tax Offense as Misconduct, 63 A.L.R.3d 512 (1975); S. Stoddard y C. Stutsman, Jr., Income Tax Offenses by Lawyers: An Ethical Problem, 58 A.B.A.J. 842 (1972).

Procede ahora considerar las actuaciones del querellado a la luz de lo consignado.

El querellado advino al ejercicio de la profesión luego de haber ejercido otra profesión. A partir de su admisión a la nueva disciplina adoptó como norma no radicar las planillas de contribución sobre ingresos. Aun después de ser procesado y convicto por tal actuación tampoco radicó las planillas para los siguientes años. Convicto del delito de no radicar las correspondientes planillas fue condenado a pagar una multa y a sufrir cárcel. Se comprometió a satisfacer la suma de $10,000 y pagar $4,000 mensuales como condición para que se eliminara la pena de cárcel. Se eliminó. Una vez pagados los $10,000 iniciales, no cumplió con el resto del acuerdo.

Es claro que la conducta contumaz del querellado implica un absoluto menosprecio de la ley y las buenas normas de conducta, que lo imposibilitan de ejercer la pro-fesión de abogado.

Así se decretará.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué son del criterio que un año de suspensión es sufi-ciente sanción. Radicaron opinión a esos efectos. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibieron.

-O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Disiento. Considero que calificados como delitos menos grave los actos del querellado, sin imputación de fraude, no se justifica incorporar ese elemento para concluir que su conducta es depravada. El propio caso Matter of Nicholson, 257 S.E.2d 195 (1979), citado como autoridad y único apli-cable a esta situación de hechos, reconoce la necesidad de distinguir en grado de ofensa entre no radicar y radicar una planilla falsa. Hay que guardar particular exigencia y restringir nuestra mano en casos mal titulados de conducta profesional, en que el querellado ha sostenido una posición equivocada, mas sin eludir la confrontación, como lo demuestran sus numerosas gestiones.

Limitaría a un año la suspensión de este abogado, res-cindible si al cumplirse el término hubiere asumido y nor-malizado su responsabilidad contributiva. No hay que llegar a la extinción del abogado y del contribuyente.

       La condena por delito menor en contribución sobre ingresos no ha afectado la reputación moral de congresistas y alcaldes de grandes ciudades en los Estados Unidos.


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Elías Najul Bez y Rafael Rodríguez Rivera, acusados y apelantes.

      Número: CR-80-37

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      Santiago Polanco Abren, Yamil Galib Frangle y Baltazar Qui-ñones Elias, abogados de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER curiam:

El Dr. Elias Najul Bez, médico cirujano, fue acusado y convicto por el delito de aborto. Código Penal, Art. 91 (33 L.P.R.A. see. 4010). Apeló ante nos y el 26 de junio de 1981 confirmamos la condena. Pueblo v. Najul Bez, 111 D.P.R. 417 (1981). Solicitó reconsideración oportu-namente.

En Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596, 599 esc. 5 (1980), sostuvimos la prevalencia en nuestra jurisdicción de las normas federales sobre el aborto. Por eso, conscientes de que importante litigación sobre ese tema discurría en los tribunales federales apelativos, decidimos detener nuestra consideración de la solicitud de reconsideración instada en el presente caso hasta que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se expresara de nuevo sobre el tema. Ha resuelto. Ver, Akron v. Akron Center for Reproductive Health, 43 CCH S. Ct. Bull. P. 3333 (1983); Planned Parenthood Assn. v. Ashcroft, 43 CCH S. Ct. Bull. P. 3394 (1983); Simopoulos v. Virginia, 43 CCH S. Ct. Bull. P. 3427 (1983).

Vistos los planteamientos que el apelante esgrime en reconsideración, y considerados los adelantos que las referi-das opiniones representan dentro de la doctrina jurispru-dencial norteamericana, resolvemos no haber lugar para la reconsideración. Veamos.

Basándonos en la doctrina de Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973), y Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973), hemos sostenido la constitucionalidad del Art. 91 de nuestro Código Penal, que excluye de responsabilidad criminal cuando se hace un aborto “por médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o vida de la madre”. Duarte Mendoza, supra, pág. 606; Najul Bez, supra, pág. 420. Señalamos entonces que el concepto de salud del Art. 91 recoge las más amplias nociones de bienestar físico, mental o socioemocional. Duarte Mendoza, supra, págs. 607 y 608 esc. 13. Cf. American College of Obstetricians and Gynecologysts, II Precis 69 (1981). En otras palabras, entendimos que, tras la consulta con la paciente, el Art. 91 del Código Penal excluye de responsabilidad criminal la decisión del médico, qua médico, y no una actuación abusiva divorciada de los criterios profesionales. Duarte Mendoza, supra, pág. 605; Najul Bez, supra, págs. 421 in fine a 422; Roe v. Wade, supra, pág. 166; Doe v. Bolton, supra, págs. 192, 196-197; Colautti v. Franklin, 439 U.S. 379, 387 (1979).

En este caso, no es necesario resolver si las decisiones del 15 de junio de 1983 han variado la posición del Tribunal Supremo de Estados Unidos en forma que afecte nuestra decisión de Duarte Mendoza. Esto es, no es pertinente resolver hoy si, bajo el criterio más recientemente esbozado, un médico está compelido por el derecho de intimidad de la paciente a practicar un aborto aunque no crea (o no sea necesario inquirir) que es propio para la preser-vación de la salud física o mental de ésta. Sí podemos con-cluir, no obstante, que la nueva postura del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no excluye el poder de los estados —y mucho menos el de Puerto Rico— para punir la práctica de un aborto por un médico al margen de los crite-rios profesionales y sin el consentimiento cabal de la paciente. Así ha sido expresamente reiterado por el Tribunal Supremo en sus decisiones del pasado 15 de junio. Akron, supra, pág. 3365 y n. 39: “This Court’s consistent recognition of the critical role of the physician in the abortion procedure has been based on the model of the competent, conscientious, and ethical physician.” La conducta del apelante está claramente reñida con esos criterios, se separa de los estándares profesionales mínimos y se coloca, por tanto, al margen del Art. 91. Véase, American College of Obstetricians and Gynecologists, Standards for Obstetric Gynecologic Services, 5ta. ed., 1982, págs. 51-52 y 54. Cf. Planned Parenthood of Missouri v. Danforth, 428 U.S. 52, 91-92 n. 2 (1976) (opinión concurrente del Juez Stewart).

Independientemente de los actos de la intervenida Myrna Esther Moya'con anterioridad al momento del aborto, no tenemos duda alguna de que en el momento crítico ésta no prestó el consentimiento para la operación. En nuestra opinión del 26 de junio de 1981 expusimos en detalle las cir-cunstancias que rodearon ésta. Najul Bez, supra, págs. 418-420. Surge que Myrna Esther se levantó dos veces de la camilla en que fue acostada porque, según declaró, “no quería hacerse el aborto”. Regresó a la camilla presa de la coacción moral de su amante, circunstancia que conocía el médico. Una empleada de éste “le puso una sábana en la boca para que no gritara . . . porque la gente se iba a dar cuenta de lo que estaban haciendo allí”. Es evidente que no dio su consentimiento.

El apelante insiste en su contención de que erró el tribunal sentenciador al no ofrecerle al jurado cierta instrucción que solicitó. Mas, tal y como señalamos en núes-tra opinión de junio de 1981, el apelante omitió proveernos la totalidad de las instrucciones impartidas. Y sólo podemos evaluar la suficiencia de las instrucciones tomando éstas en su conjunto, y no por partes aisladas. Pueblo v. Acevedo González, 95 D.P.R. 355, 359 (1967).

Así, pues, procede que se declare sin lugar la solicitud de reconsideración.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Torres Ri-gual no intervino.

       NOTA DEL COMPILADOR: Aunque el segundo apellido del apelante Najul Bez fue publicado en dicha opinión como Báez, en el Tomo 113 D.P.R., por vía de fe de errata, aparece hecha la corrección a Bez. 113 D.P.R. LXVII.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, en el interés del menor J. L. D. R.

      Número: O-82-464

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      José Hamid Rivera y Alfredo Roche Acosta, de Servicios Legales de Puerto Rico, abogados del peticionario; María Laura Colón, amicus curiae; Miguel Pagan, Procurador General Inte-rino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxi-liar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El menor de edad aquí en controversia fue detenido el 20 de mayo de 1982 por agentes de la Policía de Puerto Rico en relación con una supuesta infracción a la Ley de Sustancias Controladas. Ese día fue citado, en forma verbal, para que compareciera ante el tribunal de instancia el día 27 de mayo de 1982 en relación con la vista judicial de determinación de causa probable que dispone la Regla 5.1 de las Reglas de Procedimiento para los Asuntos Cubiertos por la Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, comúnmente conocida como la Ley de Menores, Reglas en vigor desde el 30 de julio de 1959, según han sido subsiguientemente enmendadas. A la referida vista el menor asistió acom-pañado de su señora madre. Celebrada la misma, el tribunal de instancia encontró causa probable, ordenándose la radicación de la correspondiente querella. Mediante moción de fecha 29 de junio de 1982, abogados de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. en representación del menor alegaron que;

La determinación de causa probable del 27 de mayo de 1982 es nula por cuanto:
a) Viola las disposiciones de la Ley #121 del 12 de junio de 1980, en cuanto ella requiere expresamente representación legal para el menor.
b) Niega la garantía constitucional del debido procedi-miento de ley porque:
1— no se proveyó debida notificación con suficiente ante-lación al señalamiento de la vista, que permitiese al menor prepararse para la misma y ejercitar cabalmente los dere-chos que la Ley #121, supra, le concede.
2— se incumplió con las disposiciones de la Ley #121 ci-tada, que garantizan derechos fundamentales de libertad (representación legal, contrainterrogatorio y presentación de prueba), los cuales quedan protegidos bajo la cláusula constitucional del debido procedimiento de ley.

En la súplica de la referida moción, la representación legal del menor solicitó de instancia el que:

a) se sirva señalar vista para la discusión de la presente moción;
b) suspenda la vista en su fondo señalada para el 6 de julio de 1982;
c) anule la determinación de causa probable hecha el 27 de mayo de 1982;
d) ordene la celebración de una vista preliminar para determinar causa probable en la cual se cumpla cabalmente con lo dispuesto en la Ley #121 del 12 de junio de 1980.
e) ordene que la vista a que se refiere el inciso (d), ante, se notifique formalmente al menor con por lo menos diez días de antelación, para éste tener una oportunidad razonable de preparar su causa e implementar sus derechos bajo la citada Ley #121.

La Sala de Asuntos de Menores de Guayama del Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, previa celebración de vista, declaró sin lugar la moción radicada, por el funda-mento de que “El propio menor admitió en la silla de testi-gos que le habían hecho las advertencias de ley los agentes que intervinieron con él en la primera etapa y además que le hablaron de los abogados de Servicios Legales antes de la vista, a señalarse en el Tribunal el día 27 de mayó”. (Énfasis suplido.) Habiendo acudido ante este Tribunal la represen-tación legal del menor imputándole error al tribunal de instancia al así actuar, expedimos el correspondiente auto de certiorari. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

La razón de pedir del menor recurrente tiene su raíz en la enmienda que sufriera la citada Regla 5.1 mediante la Ley Núm. 121 de 12 de junio de 1980, la cual, en lo perti-nente, dispone en la actualidad que:

Previo a la radicación de la querella en el interés del menor, el Tribunal celebrará una vista judicial de determi-nación de causa probable. Dicha vista será presidida por un juez del Tribunal de Primera Instancia o Juez Municipal. En dicha vista el menor tendrá derecho a estar representado por abogado, podrá contrainterrogar testigos y ofrecer prueba en su favor. (Énfasis suplido.)

La posición del recurrente es a los efectos de que en vir-tud de la disposición legal antes citada, él no solamente tenía derecho a estar asistido de abogado en la vista del 27 de mayo de 1982, sino que debió haber sido “previa, opor-tuna y adecuadamente notificad[o]” sobre esos derechos y que cualquier vista de determinación de causa probable en relación con la cual no se le haya hecho a un menor las co-rrespondientes advertencias o se haya celebrado la misma sin la presencia de un abogado, es totalmente nula.

Un análisis de la intención legislativa respecto a la Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955, comúnmente conocida como la Ley de Menores, de la Ley Núm. 121 de 12 de junio de 1980, de los principios generales que rigen la materia de interpretación de las leyes, y de la doctrina y jurisprudencia aplicables, nos inclina hacia la posición de que, a pesar de que en parte le asiste la razón al recurrente, la enmienda producida por la referida Ley Núm. 121 no tiene el alcance y consecuencia que éste propugna.

El procedimiento que se establece en la llamada Ley de Menores para bregar con el problema del menor que se extravía es sui géneris. R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270 (1974). Ello queda palpablemente demostrado por disposiciones como la del Art. 11 de la referida ley, 34 L.P.R.A. sec. 2011, en la que se establece que este procedimiento nunca podrá considerarse como de naturaleza criminal, no puede aparejar la pérdida de derechos civiles y no puede considerarse nunca al menor como un criminal o convicto, como tampoco podrá tomarse en consideración para cualquier solicitud de empleo o nombramiento para un puesto o cargo dentro del servicio público.

Debemos mantener presente que al interpretar una ley hay que tener siempre en cuenta el propósito que motivó al legislador a aprobar la misma. Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608 (1964). Se expresa en la exposición de motivos de la Ley Núm. 97 que el “propósito de esta ley es proveer a los niños abandonados o desajustados, preferiblemente en sus hogares, la atención y orientación necesarias para su bienestar, en armonía con el interés público; mantener y fortalecer las relaciones de dichos niños con sus familiares; privar provisional o permanentemente a los padres de la custodia de un niño solamente cuando el bienestar de éste o el interés público lo justifiquen, y brindarle, en la medida que sea posible, la orientación y atención que debió recibir en su hogar”. (Énfasis suplido.)

El legislador al aprobar esta ley nunca tuvo en su mente el establecer un procedimiento de tipo adversativo —como en el caso de los adultos— en donde el menor tendría que comparecer ante un tribunal a defenderse, asistido de un abogado, de las imputaciones que le hiciera un funcionario en nombre del Estado y en donde la función principal del magistrado que presida el procedimiento fuera la de resolver sobre culpabilidad o inocencia.

Lejos de ello, como hemos visto, la función del magistrado en el tribunal de menores, por mandato expreso de la ley, más bien se asemeja a la de un segundo padre, imponiéndole a éste el deber y la obligación de orientar al máximo al menor, ayudándolo en todo lo que esté a su alcance, teniendo como objetivo principal los mejores intereses del menor, sin poder considerarlo y tratarlo como a un delincuente común y corriente. Mientras que en el procedimiento criminal referente a adultos el tribunal tiene que tener en mente el castigo al delincuente y la rehabilitación de éste, en el procedimiento establecido por la Ley Núm. 97 no existe, como objetivo, el castigo del menor; sólo existe, como meta, el bienestar del menor.

En resumen, ha imperado siempre en nuestro ordena-miento jurídico “la norma de separación entre los procedi-mientos relativos a menores y los procesos penales aplica-bles a adultos, y hemos señalado . . . que aquéllos no se considerarán de naturaleza criminal, sino que gozan de una naturaleza especial sui generis”. Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 124 (1980).

Ello, obviamente, fue la razón de ser de la doctrina a los efectos de que las garantías constitucionales que puede reclamar un menor en estos procedimientos se determinan de los requisitos del debido procedimiento y trato justo, y no de la aplicación directa de las diversas cláusulas constitucionales que garantizan tales derechos en procedimientos criminales ordinarios. ELA en Interés R.M.R., 83 D.P.R. 242, 248 (1961).

Es correcto que la referida Ley Núm. 121, al enmendar la Regla 5.1 antes citada, no sólo estableció una “vista judicial de determinación de causa probable”, sino que dispuso que en dicha vista el menor “tendrá derecho a estar representado por abogado, podrá contrainterrogar testigos y ofrecer prueba en su favor”.

De la exposición de motivos de la citada Ley Núm. 121 surge la preocupación del legislador con él procedimiento hasta entonces vigente, mediante el cual la determinación de causa probable se hacía a base de la investigación e informe de un trabajador social. Ello tenía el efecto, según el legislador, de que se radicaran “anualmente ante las Salas de Menores infinidad de casos en los que no existe prueba suficiente para sostener la radicación de una que-rella . . Ello causó que el legislador, al aprobar la Ley Núm. 121, tuviera como objetivo principal el establecer, en protección adicional de los derechos de los menores, un sis-tema en donde la determinación de causa probable para la radicación de una querella contra un menor fuera una “fun-ción de la exclusiva competencia de los miembros de la judicatura, desde el examen de testigos hasta la determi-nación final”.

Dicha vista judicial, sin embargo, no existe por sí sola y en el vacío. Aunque de nueva creación, es parte integrante de la Ley de Menores. El propósito de la referida Ley y la función del juez que preside la vista siguen siendo los mismos: actuar en interés del menor. El abogado que se le provee al menor en dicha vista judicial obviamente está allí para ayudar al magistrado en el descargo de esa responsabilidad. Su comparecencia no tiene el efecto de convertir el procedimiento en uno de tipo adversativo ni cambia, como por arte de magia, la naturaleza del mismo. Con el abogado o sin él, el menor sigue contando con la protección de la ley, que le impone al magistrado, como dijimos anteriormente, el deber y la obligación de tener siempre como guía el bienestar del menor.

No empece lo anteriormente expresado, no hay duda de que la Ley Núm. 121 concede al menor el derecho de estar asistido de abogado en dicha vista, de contrainterrogar a los testigos y de presentar prueba. El ejercicio de un derecho, de ordinario, presupone el estar notificado sobre el mismo previa, oportuna y adecuadamente. En consecuencia, resolvemos que las autoridades que detienen a un menor y lo citan para la celebración de la vista judicial de determinación de causa probable vienen en la obligación, en adición a informarle al menor sobre la falta que se le imputa, de advertirle a éste sobre los derechos que le concede la citada Ley Núm. 121. Consideramos que es una norma saludable que redunda en beneficio del menor y que “los requisitos del debido procedimiento y trato justo”, ELA en Interés R.M.R., supra, pág. 248, así exigen que se haga. Sobre todo cuando consideramos que ello no resulta oneroso para las autoridades concernidas; se trata de unas simples advertencias.

Dicho derecho —el cual es uno de los relacionados con el “derecho a un juicio justo e imparcial”— puede ser objeto de renuncia, siempre y cuando dicha renuncia sea hecha consciente e inteligentemente, correspondiéndole la obligación de así establecerlo al Estado. Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218 (1973); Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770 (1982). Los tribunales de instancia, al enfrentarse al planteamiento aquí en controversia, deberán resolver el mismo de acuerdo con los hechos de cada caso en particular. Recordando que, éste no es un procedimiento de tipo adversativo y que la función principal del tribunal en el mismo es velar por el interés del menor, deberán mantener presente que la cuestión primaria por resolver es si dentro del procedimiento observado en el caso en específico, a la luz de la totalidad de las circunstancias presentes, el menor fue adecuadamente informado de los derechos que le asisten y de la falta que se le imputó, y si tuvo una razonable oportunidad de defenderse de la misma y de presentar su versión de los hechos.

En consecuencia y en relación con aquellos casos que a la fecha de la presente opinión estén pendiéntes en instancia de la celebración de la vista adjudicativa, se ordenará, como norma general, la celebración de una nueva vista dé determinación judicial de causa probable en los casos en que no se le hubiera hecho al menor las advertencias correspondientes a los derechos concedidos por la citada Ley Núm. 121; excepción hecha en el caso en que el menor, no obstante no haber sido advertido de dichos derechos, haya comparecido a la referida vista asistido de abogado y el tribunal concluya, examinadas las circunstancias específicas, que los derechos del menor estuvieron adecuada y efectivamente protegidos. Tampoco procederá la celebración de una nueva vista en el caso en que, habiendo sido advertido el menor de sus derechos bajo la Ley Núm. 121, independientemente del hecho de que no estuviera asistido de abogado en la vista ya celebrada de causa probable, el tribunal concluya que medió una renuncia consciente e inteligente de los mismos. En ningún caso procederá el archivo y sobreseimiento definitivo del procedimiento.

En relación con aquellos casos en que ya se celebró a nivel de instancia la vista adjudicativa de la querella, la situación es completamente distinta. Resolvemos que en dichas situaciones no procede la celebración de una nueva vista de causa probable, independientemente de que el menor fuera advertido o no de los derechos concedidos por la Ley Núm. 121 y de que estuviera asistido o no de abo-gado. Entendemos que el posible perjuicio que por ello haya podido sufrir el menor queda subsanado dado el caso de que en la vista adjudicativa estuvo asistido de abogado, tuvo la oportunidad de contrainterrogar los testigos y de presentar prueba a su favor. Dicha conclusión queda fortalecida si recordamos que la razón principal por la cual el legislador estableció, mediante la citada Ley Núm. 121, la vista judicial de determinación de causa probable fue para evitar el que se radicaran “ante las Salas de Menores infinidad de casos en los que no existe prueba suficiente para sostener la radicación de una querella. .. ”. Si la prueba desfilada en la vista adjudicativa fue, en opinión del tribunal, suficiente para encontrar al menor incurso en la falta imputada, ob-viamente era más que suficiente para la determinación de causa probable.

r-H l — H

Resolvemos el presente recurso a la luz de lo arriba expuesto y sus hechos específicos. Un examen cuidadoso de la transcripción que se hiciera de la declaración que el menor prestara en la vista que celebrara el tribunal de instancia revela que, a pesar de que es correcta la con-clusión a la que llegó dicho tribunal a los efectos de que los agentes de la Policía de Puerto Rico “le hablaron [al menor] de los abogados de Servicios Legales antes de la vista, a señalarse en el Tribunal el día 27 de mayo” (énfasis su-plido), dichas advertencias no fueron lo completas, claras y específicas que deben ser de ordinario. Siendo ello así, no puede resolverse que el menor renunciara a esos derechos en forma consciente e inteligente. En vista de ello, y habiéndose celebrado la vista judicial de determinación de causa probable sin que el menor estuviera asistido de abo-gado y estando el caso todavía pendiente de la celebración de la vista adjudicativa, procede que se celebre una nueva vista judicial sobre causa probable.

Por las razones expuestas, se revoca la resolución de fecha 6 de julio de 1982 que emitió el tribunal de instancia en el presente caso y se devuelve el mismo para la continuación de los procedimientos correspondientes.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión y el Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente y disidente.

-0-

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

En el ámbito público este recurso revela la urgencia de una reforma integral del sistema de justicia juvenil que aclare su marco filosófico. En el orden jurídico, es preciso definir la naturaleza y propósitos de la vista de determi-nación de causa probable consagrada en la Ley Núm. 121 de 12 de junio de 1980, y su interacción con la Núm. 97 de 23 de junio de 1955, según enmendada, denominada Ley de Menores de Puerto Rico. La primera estableció el derecho a una vista judicial de determinación de causa probable, pre-via la radicación de querella en interés de un menor, en la cual éste tendrá derecho a estar representado por abogado, contrainterrogar testigos y ofrecer prueba a su favor. Y en el aspecto procesal, se hace necesario evaluar el reclamo del menor peticionario de que no fue previa, oportuna y ade-cuadamente notificado de su derecho a asistencia legal para esa vista, como tampoco de su derecho a contrainterrogar y presentar allí prueba, y de ser notificado clara y específi-camente de las faltas que se le imputan.

II

Una breve referencia sobre la evolución que ha venido experimentando el sistema de justicia juvenil nos ayuda a conocer el efecto y alcance en los procedimientos de menores.

La Ley Núm. 97 sustrajo a los menores delincuentes del ámbito criminal. Reconoció la función tutelar del Estado en el ejercicio de su facultad inherente como parens patriae, inspirado en una nueva orientación rehabilitadora y educa-tiva del menor que se enfrenta al sistema de justicia juvenil. Los procedimientos informales ante los tribu-nales de menores tenían el propósito de proteger al menor de los rigores de un proceso criminal, bajo el entendido de que la formalidad y la naturaleza adversativa de éste no propiciaba la atención adecuada a su particular situación y bienestar. No obstante, a partir de las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966), e In re Gault, 387 U.S. 1 (1967), se comenzó a percibir que la ausencia de garantías proce-sales básicas de origen constitucional en los procedimientos de menores propiciaban un alto grado de arbitrariedad. Se abogó por el establecimiento de un justo balance entre la aplicación de los principios del debido procedimiento de ley y la naturaleza y propósitos especiales del procedimiento juvenil. Este enfoque cobró vitalidad en nuestra jurisdic-ción. Así, se fueron extendiendo más garantías al proceso como respuesta a la necesidad de lograr una mayor protec-ción y trato justo al menor, pero evitando enmarcar el proceso dentro de unos límites de formalismo. Véanse, Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 99 (1967); R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270 (1974).

Desde antes de la decisión de Gault, supra, nuestro ordenamiento admitía el derecho del menor y sus padres a ser notificados de su aprehensión y detención (Art. 7, Ley Núm. 97 (34 L.P.R.A. sec. 2007)); otorgaba al menor el derecho de estar asistido de abogado (Reglas 8.2 y 8.3); y el derecho a vista (Reglas 13.1 y 13.2). Nuestra jurisprudencia amplió para cubrir: el derecho a la no incriminación; la presunción de inocencia; que la determinación de delin-cuencia esté sujeta a la norma de duda razonable; la corro-boración de una confesión; y a estar representado por abo-gado en todas las etapas críticas del proceso. Pueblo v. Figueroa González, supra, pág. 102; R.A.M. v. Tribunal Superior, supra, pág. 273; Pueblo ex rel. F.B.M., 112 D.P.R. 250 (1982).

No es hasta años recientes que surgen recomendaciones modificadoras de la visión en la filosofía paternalista y tute-lar que tradicionalmente ha informado el sistema de justi-cia juvenil. Para sustituir el enfoque social del presente, —que sirve de sostén para los fundamentos de informa-lidad, falta de consistencia y subjetividad del procedi-miento— se ha propuesto un procedimiento más legalista. Se sugiere la aplicación extensiva a todas las varias etapas del proceso, de las normas de su debido procedimiento, para lo cual se ha propuesto la alteración de algunos principios básicos del sistema.

En Puerto Rico se ha sentido esa influencia. Ejemplos son la Ley Núm. 91 de 12 de julio de 1979, que prescribe que los menores indisciplinados se refieran, en primer ■lugar, al Departamento de Servicios Sociales antes que al Tribunal de Menores, y la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, que establece un procedimiento en dicho Departa-mento para los casos de abuso y negligencia de menores. Aunque subsiste la jurisdicción del Tribunal de Menores en estas circunstancias, ambos estatutos plasman el criterio legislativo de que el procedimiento juvenil debe ser utili-zado sólo para menores transgresores de la ley.

Otra instancia es la Ley Núm. 121 que nos ocupa, que diseña la vista judicial para la determinación de causa probable. Como sugiere su nombre, no es una vista preli-minar a manera de la contemplada en el procedimiento criminal de adultos. Regla 28 de las de Procedimiento Criminal de 1963. Sus objetivos consistieron principalmente en eliminar que dicho dictamen estuviese basado en la investigación y recomendación del oficial probatorio o trabajador social adscrito al tribunal y evitar que el juez que determinó causa probable, asistido por tal investi-gación, fuese el mismo que presidiera la vista adjudicativa.

Esta ley fue objeto de análisis en el Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial de octubre de 1980. Sobre el particular se presentó un análisis histórico del procedimiento inicial en los casos de menores, un cuadro comparativo general con otras jurisdicciones, y sus fallas y problemas básicos. Entre éstos se consignó lo siguiente:

El tercer problema que presenta la Ley 121 es que esta-blece una vista de naturaleza adversativa en la medida que permite al menor presentar prueba a su favor. A juicio del Comité una vista de determinación de causa probable donde un juez pueda pasar juicio sobre la suficiencia de una que-rella, sobre los elementos de la comisión de una falta, sobre la identidad del menor como presunto transgresor y la nece-sidad de su detención, es adecuada. La vista adjudicativa en su día permitirá al menor refutar la prueba que en su contra se presente y en la medida en que se apliquen los principios de juicio rápido ello no tardará más de lo razonable. (Énfasis suplido.) Pág. 148.

Precisamente ese carácter adversativo y de naturaleza formalista de la reciente legislación parece estar en con-flicto con la filosofía paternalista y tutelar de la Ley de Menores, la cual, según indicado, descansa en la flexibi-lidad en los procedimientos. Tanto los escritos presentados por el menor como por el amicus curiae están dirigidos hacia el reconocimiento de formalidad en dichos procedi-mientos.

Esta orientación forense proviene de la preocupación durante los últimos años sobre el futuro del sistema de jus-ticia juvenil, de naturaleza sui géneris, frente a la tendencia de asemejar o equiparar el procedimiento a los métodos rigurosos clásicos del encausamiento criminal para adultos. En ausencia de una reforma integral en nuestro ordena-miento vigente, hasta qué punto podría ello alterar los propósitos de la legislación de menores con los cambios introducidos, es algo que nos corresponde resolver. Informe sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, por la Comisión de Menores y Relaciones de Familia, 1976, págs. 204-207. Se ha propuesto que se adopte como marco filosófico de nuestro sistema de justicia juvenil un enfoque ecléctico que, sin rechazar la función rehabilitadora del proceso, introduzca el reconocimiento de derechos y salvaguardas procesales adicionales a las ya reconocidas y exija al menor responsabilidad por sus actos. Sin embargo, ello aún no se ha concretado. La variación de enfoque corresponde a la Asamblea Legislativa. Véase, Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial, supra, pág. 14; P. del S. 51 de 9 de febrero de 1981, aprobado por el Senado en 3 de febrero de 1983 y ante la consideración de la Cámara de Representantes. Hasta tanto se efectúe esa revisión, el poder judicial debe evitar consi-derar aisladamente las medidas que enmiendan la Ley de Menores, fuera del contexto del carácter especial de ésta, aunque estamos conscientes de los intentos legislativos y las medidas adoptadas tendentes a formalizar el proceso. La Ley Núm. 121, supra, ciertamente apunta hacia esa forma-lidad.

III

En el caso de autos, el menor no fue debidamente adver-tido de su derecho a asistencia de abogado, en cumplimiento de la ley. Sobre este extremo coincidimos con la revocación de la resolución de 6 de julio de 1982, objeto del recurso, y el mandato que devuelve el caso para la continuación de los procedimientos.

Sin embargo, disentimos del pronunciamiento que dis-pone la celebración de una nueva vista de determinación de causa probable en aquellos casos pendientes en instancia de la celebración de la vista adjudicativa, ya que entendemos que la decisión que imprime carácter formal a la Ley Núm. 121 debe ser de carácter prospectivo. Precisamente, el carácter especial de la Ley de Menores, a manera de la argumentación de la opinión de este- Tribunal, ha dado margen a la laxitud en la aplicación de dicha ley. A partir de la presente, estamos de acuerdo en que las autoridades que detienen a un menor deben informarle la falta que le imputan y advertirle adecuadamente de los derechos que le concede la Ley Núm. 121. Finalmente, también disentimos de los pronunciamientos y demás consideraciones sobre la renuncia por los menores del derecho a abogado, asunto que por el resultado no es necesario abordar y que ha suscitado serias controversias que deben ser objeto de análisis más detenido. Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial, supra, págs. 27-28.

       Nos preocupa el señalamiento que hace el amicus curiae en su alegato a los efectos de que distintas salas del tribunal de primera instancia han resuelto el referido planteamiento en diferentes formas. Se nos señala que algunas salas han anulado la determinación de causa probable y han ordenado la celebración de una nueva vista; otras han llegado al extremo de ordenar el archivo y sobreseimiento de todo el procedimiento.

       De ello no ser así, no tendría lógica alguna ni razón de ser el haber estable-cido un tribunal para bregar exclusivamente con asuntos de menores, totalmente separado del tribunal de adultos.

        McBride v. Jacobs, 247 F.2d 595 (1957).

       Sería conveniente que dichas advertencias, además de serles explicadas al menor verbalmente, se hicieran formar parte del impreso que se utiliza para la citación del menor para la vista judicial de determinación de causa probable. Ello no sólo es una garantía adicional de que el menor y su familia serán informados de dichos derechos, sino que sirve como constancia de ello.

       Sobre sus principios filosóficos consúltese, G. Lasa Díaz, Principios fundamentales que rigen la moderna legislación de menores, 32 Rev. Jur. U.P.R. 635, 639 (1963).

       Derechos tales como el juicio por jurado, juicio público y fianza no han sido incorporados a los procedimientos de menores, por no obedecer a los mejores propó-sitos del sistema.

       El P. del S. 51, que propone una nueva Ley de Menores, y que surgió de las recomendaciones del Informe antes mencionado, dispone en su Art. 19 que la vista de determinación de causa probable se llevará a cabo conforme al procedimiento establecido en las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. El proyecto de Reglas elimina el derecho del menor de presentar prueba a su favor en dicha vista. Proyecto de Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, Regla 14; Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial, 1980, anejo II, pág. 5.

       Por vía ilustrativa, en la primera cuestión de derecho planteada el menor argumenta que debe notificarse el hecho de que se enfrenta “a un proceso formal ante un tribunal”.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Mansiones de Park Gardens, Inc., etc., demandantes y recurrentes, v. Scotiabank de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-83-228

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      Adrián Mercado, de Rúa & Mercado, abogado de los recurrentes; Alberto Picó, de Brown, Newsom & Córdova, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea dos cuestiones: si la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973 (10 L.P.R.A. see. 998 y ss.), que creó la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Finan-ciamiento derogó sub silentio la disposición de la Ley General de Corporaciones, Art. 1206 (14 L.P.R.A. see. 2206), que impide a las corporaciones invocar estatuto alguno contra la usura; y si las personas naturales que garantizan préstamos hechos a corporaciones pueden utilizar la defen-sa de usura. Ambas cuestiones son noveles en esta jurisdic-ción. Se han suscitado en el contexto de hechos siguiente.

Mansiones de Park Gardens, Inc. y otras entidades jurí-dicas (“las corporaciones deudoras”) efectuaron de 1979 en adelante contratos de préstamo con una antecesora en interés de Scotiabank de Puerto Rico (“el Banco”) para el desarrollo de una urbanización. Como condición del prés-tamo el Banco les exigió documentos de garantía a diversas personas naturales (“los fiadores”) y a la entidad Vínolo Corporation. Las obligaciones incurridas en tales documen-tos son de naturaleza solidaria.

Después de terminarse la construcción y venta de las casas, las corporaciones deudoras y los fiadores incoaron demanda para que el Tribunal Superior emitiese sentencia declaratoria al efecto de que los préstamos son usurarios. El Banco demandado solicitó sentencia sumaria parcial sobre las dos cuestiones antes descritas. El tribunal resolvió que el Art. 1206 de la Ley General de Corporaciones no ha sido modificado por la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973 y que los fiadores vienen obligados a pagar en su totalidad los intereses completos adeudados al Banco. Los demandantes —las corporaciones deudoras y los fiadores— han recurrido ante nosotros.

El Art. 1206 de la Ley General de Corporaciones dis-ponía originalmente:

En un pleito entablado para exigir el pago de cualquier bono, pagaré u otro título de crédito emitido o asumido por la corporación, ésta no podrá alegar como defensa legislación alguna contra la usura.

Tiempo más tarde resolvimos el caso de Mill Factors Corp. v. Registrador, 97 D.P.R. 379 (1969). El Registrador de la Propiedad se negó en tal pleito a inscribir una hipo-teca en garantía de un pagaré librado por una corporación, por estimar que los intereses a cobrarse violaban la Ley de Usura, Art. 1649 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4591. Expresamos en Mill Factors, al ordenar la inscripción de la hipoteca, que el propósito del Art. 1206 fue “. . . abrir el mercado de dinero a las corporaciones domésticas para que éstas puedan conseguir financiamiento en iguales condi-ciones que sus competidoras las corporaciones foráneas”. Pág. 382.

Mill Factors, según se expresa en la Exposición de Motivos de la propia ley, causó la enmienda del referido Art. 1206 para aclarar aún más que las corporaciones pres-tatarias no pueden invocar estatuto alguno contra la usura, “[n]o obstante cualquier limitación o penalidad establecida por ley”. Ley Núm. 102 de 5 de junio de 1973 (14 L.P.R.A. sec. 2206). Pocos meses después es que se aprueba la ley para crear la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Car-gos por Financiamiento, Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973 (10 L.P.R.A. see. 998 y ss.).

Ni el texto ni el historial de esta ley apoyan la posición de las corporaciones deudoras recurrentes. El Art. 2 de la ley, 10 L.P.R.A. sec. 998a, expone:

Se crea la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento ... y se faculta a dicha Junta para fijar, regular, aumentar o disminuir, por reglamento y, durante el tiempo que ello fuere necesario, los tipos de interés y/o cargos máximos aplicables a determinadas transacciones económi-cas dentro del marco de cualesquiera sector, renglón o acti-vidad económica del país, no cubiertas por leyes especiales .... (Énfasis nuestro.)

¿A qué “leyes especiales” se refiere lo anterior? Mill Factors menciona algunas: la Ley de Préstamos Personales Pequeños, Ley Núm. 106 de 28 de junio de 1965 (10 L.P.R.A. see. 941 y ss.); la Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial, Ley Núm. 86 de 24 de junio de 1954 (10 L.P.R.A. sec. 551 y ss.); y el Art. 1206 de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956 (14 L.P.R.A. see. 2206).

El referido Art. 1206 acababa de ser enmendado pocos meses antes de la creación de la Junta. No hallamos base alguna para concluir, contrario al propio texto de la ley, que se quiso efectuar sigilosamente un cambio tan drástico como el de sujetar las corporaciones regulares a la legis-lación sobre usura.

La interpretación administrativa y contemporánea de la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973 concuerda con lo expuesto. En su informe de 17 de octubre de ese año a la Asamblea Legislativa, al explicar el Reglamento de la misma fecha, la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento expresa el alcance de la frase “leyes especiales”:

De acuerdo con la ley, las determinaciones de la Junta no afectan los sectores y actividades cubiertos por otras leyes especiales. De hecho los sectores y actividades cubiertos por leyes especiales son mucho más que aquellos sobre los cuales la Junta tiene jurisdicción. Las leyes especiales cubren: (1) préstamos personales pequeños, (2) préstamos sobre prenda, (3) financiamiento de contratos de ventas al por menor a plazos y, (4) la Ley General de Corporaciones que excluye a dichas empresas de las disposiciones de la Ley de Usura. P. de la C. 676 (1973).

Resolvemos que la ley que creó la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento no ha afectado la continuada vigencia del Art. 1206 de la Ley General de Corporaciones. Se ha señalado que los estatutos vigentes en este campo exigen revisión, mas ésta es tarea que le corresponde a la Asamblea Legislativa. J. Merriman y J. Hanks, Jr., Revising State Usury Statutes in Light of a Tight Money Market, 27 Md. L. Rev. 1 (1967); R. Velez Colón, El Problema de la Usura en Relación con el Finanzamiento de Transacciones Comerciales, 44 Rev. Der. Puertorriqueño 513 (1972).

Nos resta por determinar si los fiadores que son perso-nas naturales pueden interponer en este caso, distinto a las corporaciones deudoras, la defensa de usura. Nuestra legis-lación sobre usura proviene de Estados Unidos. El Art. 1649 y ss. de nuestro Código Civil arranca de la Ley de 1 de marzo de 1902 (pág. 176 y ss.), tomada de fuentes nortea-mericanas. Nuestra Ley General de Corporaciones proviene principalmente de la legislación de Delaware, la cual ha servido de modelo a muchos otros estados.

La regla general en Estados Unidos, bajo estatutos similares al nuestro, es que los fiadores de una corporación no pueden invocar la defensa de usura. R. Lowell, A Current Analysis of the Usury Laws — A National View, 8 San Diego L. Rev. 193, 231 (1971); Bank of Delaware v. NMD Realty Co., 325 A.2d 108 (1974); Federal Deposit Ins. Corp. v. Julius Richman, Inc., 666 F.2d 780 (2nd Cir. 1981); Annot., Usury — Defense by Corporation, 63 A.L.R.2d 924, 950-953 (1959), 63 A.L.R.2d Later Case Service 341 (Supl. 1983). En ciertas jurisdicciones se distingue, sin embargo, entre quien firma en calidad de fiador y quien se obliga como codeudor. Los fiadores en este caso alegan, esencialmente, que por haber garantizado el pago de la deuda solidariamente se convirtieron en codeudores, con derecho a interponer la defensa de usura. En tales circunstancias este Tribunal ha tomado en consideración doctrinas de derecho civil.

En Santini Fertilizer Co. v. Flores, 40 D.P.R. 407 (1930), Gerardo y Ruperta Flores firmaron un pagaré a favor de Santini Fertilizer. Ruperta alegó haberlo suscrito como fia-dora, porque los géneros comprados no eran para su benefi-cio ni para provecho de la sociedad de gananciales consti-tuida por ella con el señor J.J. Marín. Rechazamos su argumento.

En Galeno v. Abruña, 40 D.P.R. 801 (1930), reiteramos que cuando una persona suscribe un pagaré solidario en unión a otra se constituye en deudor principal, no importa que el dinero prestado fuere para el uso exclusivo de una de las dos.

En Carr v. Nones, 98 D.P.R. 236 (1970), explicamos la distinción entre las tres figuras —la del deudor solidario, la del fiador y la del fiador solidario— aunque no dentro del contexto de la aplicabilidad de la legislación sobre usura. El deudor solidario es quien suscribe conjuntamente con otro un documento en el que los prestatarios se obligan solidariamente al pago de determinada cantidad. El hecho de que un deudor solidario no se beneficie personalmente del préstamo, como hemos visto, no lo convierte en un fiador. Santini Fertilizer Co., supra; Galeno, supra; Cintron & Aboy v. Sold, 22 D.P.R. 262 (1915); National City Bank v. Llonin, 41 D.P.R. 163 (1930). El fiador es quien se compromete a cumplir por un tercero, en caso de no hacerlo éste. Art. 1721 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4871. El fiador solidario se obliga solidariamente a cumplir el compromiso contraído por el deudor principal, pero por ello el contrato de fianza no pierde su naturaleza propia ni se convierte en un contrato de préstamo. Carr, supra, pág. 240.

La figura del fiador solidario es conocida en el Derecho civil. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 264-265; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, T. 4, págs. 723-724; Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Inst. Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, pág. 508; S. de 29 de diciembre de 1898, núm. 146, 85 Jurisprudencia Civil 666; S. de 21 de abril de 1931, núm. 123,199 Jurisprudencia Civil 694.

Manresa, op. cit., escribe sobre el particular:

Siendo, pues, distinta la situación en derecho, o dentro del orden jurídico, del deudor solidario y la del fiador que se obliga solidariamente con el deudor, diversas han de ser las consecuencias o los efectos de la obligación contraída por uno y otro; y así es, en efecto, pues el fiador en dicho caso, fuera de la responsabilidad que contrae de pagar la deuda antes de que se haya hecho excusión de bienes del principal obligado y sin necesidad de entablar reclamación alguna contra éste, conserva todos los demás derechos y todas las demás acciones y beneficios que le corresponden por razón de la fianza, mien-tras que el codeudor principal no tiene otros derechos que aquellos que se le reconocen en la sección cuarta del capítulo III, título I del libro IV del Código ....

La distinción entre un codeudor y un fiador solidario se reconoce también en Estados Unidos. En casos específicos de alegada usura se ha resuelto que una persona natural que garantice solidariamente el pago de una deuda no puede invocar la defensa de usura cuando ésta no está disponible al deudor principal. A. J. Armstrong Co. v. Lincoln Finance & Thrift, Inc. of Knox Co., 291 F.Supp. 1008 (1968); Charmoll Fashions, Inc. v. Otto, 248 N.W.2d 717 (1976).

El lenguaje de los documentos y las circunstancias que rodeen la transacción determinarán si se trata de codeudores o fiadores solidarios. En el caso de autos se emplea consistentemente el término “garantía” para describir la acción de las personas naturales envueltas. En un caso se otorgó un pagaré por algunos de los fiadores, mas no se ha argumentado, ni podría argumentarse dentro del contexto de las transacciones consumadas, que su ejecución respondió a un préstamo directo y no a una fianza solidaria.

En tales circunstancias estimamos .que las mismas con-sideraciones que han motivado que las corporaciones no pueden invocar la defensa de usura apoyan la conclusión de que las personas naturales que sirvan de fiadoras, solidarias o no, tampoco pueden utilizar ese escudo. Los fiadores en tales situaciones asumen su responsabilidad como tales para facilitar usualmente transacciones mercantiles de cierta complejidad y monto. Pueden valerse del asesor amiento debido. No pertenecen generalmente al grupo de prestata-rios individuales para quienes se diseñó la legislación sobre usura. Valga aclarar, no obstante, que no se expresa juicio por el Tribunal sobre las normas que deben regir cuando un prestamista exige en determinadas situaciones el uso de la forma corporativa como medio para evadir la legislación sobre usura. Véase: Comment, Usury, Inc. — Incorporation to Avoid Usury Laws, 7 Miami L. Q. 375 (1953); Legislation, Corporations — Denial of the Defense of Usury Limited, 30 St. John’s L. Rev. 126, 131 (1955); Legislation, The Corporate Device as a Cover for Usury, 24 Fordham L. Rev. 715 (1956).

Por las razones expuestas, se expedirá el auto y se con-firmará la sentencia parcial dictada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión.

       Las corporaciones cuyos accionistas no excedan de once, organizadas bajo el Art. 102(c) de la Ley General de Corporaciones, 14 L.P.R.A. sec. 1102(c), no están exentas, por disposición de ley, de los efectos de la legislación sobre usura.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Luis Flores y Otros, demandantes y recurridos, v. Municipio de Caguas, demandado y peticionario.

      Número: O-83-1

      Resuelto: 30 de junio de 1983

      Libertario Pérez Rodríguez, de Pérez, Guzmán & MacLean, abo-gado del peticionario; Maricarmen Ramos de Szendrey, y Raúl Tirado Rodríguez, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Los arquitectos Luis Flores, Torres, Beauchamp & Marvel se obligaron a rendir ciertos servicios al Municipio de Caguas en relación con el diseño y construcción de una planta de conversión de desperdicios sólidos a energía durante el período comprendido entre el 2 de octubre de 1980 y el 2 de febrero de 1982. El contrato contenía la siguiente cláusula:

V. TERMINATION AGREEMENT
a. .
b. The CONTRACTOR has.the right to terminate this Agreement at its pleasure and shall have the absolute righ [sic] to abandon the work at any time and such action on its part shall in no event be deemed a breach of contract. In the event of such action on the part of the CONTRACTOR, the CONSULTANT shall deliver to the CONTRACTOR all drawings, specifications and estimates completed or partially completed. The amount of the fee due to the CONSULTANT for such work performed shall be based on a reasonable estimate mutually satisfactory to both parties to the Agreement.

El 30 de septiembre de 1981 el nuevo alcalde del Muni-cipio de Caguas notificó, mediante una carta dirigida al arquitecto Flores, la terminación del contrato a tenor con la citada cláusula V(b). En dicha carta se solicitaba también la entrega del trabajo realizado hasta la fecha para evaluar el mismo y proceder a la liquidación de los pagos adeuda-dos. Hasta ese momento la sociedad profesional había pres-tado servicios por espacio de un año, habiendo sido remu-nerada por tan solo cinco meses de este período.

Los arquitectos radicaron demanda alegando que la cancelación había sido ilegal. Solicitaron el cumplimiento específico de la obligación pactada. Reclamaron indemni-zación por las sumas adeudadas y por otros daños ocasiona-dos por el incumplimiento del municipio. El municipio con-testó aduciendo como defensa que la cancelación se había llevado a cabo de acuerdo con los términos del contrato. Además argumentó que la misma estaba justificada por el propio incumplimiento de los demandantes, quienes alega-damente no se habían ajustado a los términos del contrato en la labor realizada. Esta última alegación fue repetida por el municipio durante el trámite posterior de la demanda en sus contestaciones a los interrogatorios y requerimientos de admisiones que le fueran suministrados por la parte demandante. Sin embargo, nunca se detallaron los hechos en que se fundaba esta alegación ni se respaldó con otra evidencia documental. Los demandantes, por su parte, presentaron un memorándum del ingeniero Ángel L. López de la Unidad de Energía y Ambiente del municipio demandado, fechado al 31 de agosto de 1981, el cual certi-ficaba el cumplimiento puntual y riguroso por parte de los demandantes de sus obligaciones bajo el contrato.

Posteriormente los demandantes radicaron una moción de sentencia sumaria en la cual alegaron que la cláusula V(b) del contrato era nula a tenor con lo dispuesto por el Art. 1208 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3373. Ale-garon, además, que no había controversia de hecho porque el municipio había cancelado el contrato exclusivamente a base de la referida cláusula. El municipio compareció adu-ciendo que existía una controversia real y solicitó un término de 30 días para exponer los hechos en que ésta se fundaba. Sin embargo, al transcurrir este término, no com-pareció a someter esta prueba. El tribunal declaró con lugar la moción. Dictó sentencia a favor de los deman-dantes. Accedimos a revisar.

En su recurso el municipio sostiene que: (1) erró el tribunal de instancia al dictar sentencia sumaria cuando existía una controversia de hecho en cuanto al incumpli-miento del contrato por parte de los demandantes, y (2) erró el tribunal al concluir que la cláusula V(b) del contrato viola las disposiciones del Art. 1208 del Código Civil.

Está bien establecido que no procede una sentencia sumaria cuando existe una verdadera controversia de hecho entre las partes. Ver: Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 386-387 (1982); Housing Inv. Corp. v. Sosa, 98 D.P.R. 247, 250 (1970); Morales v. Junta Exam, de Ing., 99 D.P.R. 84, 90 (1970); C. Brewer P.R., Inc. v. F. Vega Otero, Inc., 92 D.P.R. 443, 449 (1965). Ahora bien, para determinar si existe o no una controversia de hecho un tribunal no tiene que limitarse a considerar las declaraciones que acompañan la moción, sino que puede tomar en cuenta todos los documentos obrantes en los autos. Conde del Valle v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 18, 20 (1974). Véanse también, 10A Wright, Miller & Kane, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2721 (1983); 6 Moore’s Federal Practice Sec. 56.11 (1983). Si surge que no existe una con-troversia real de hecho, entonces la parte opositora no podrá descansar meramente en aseveraciones generales conteni-das en sus alegaciones, sino que, a tenor con la Regla 36.5, estará obligada a “demostrar que [tiene] prueba para sus-tanciar sus alegaciones”. Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 D.P.R. 685, 690 (1961); Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827, 833 (1964); Lasanta Pinero v. Retto, Inc., 100 D.P.R. 694, 699 (1972); véase además, Wright et al., op. cit., T. 10A, See. 2739.

En el presente caso los demandantes alegaron en su moción que el contrato había sido cancelado exclusivamente a base de la cláusula V(b) del contrato. Los documentos que obraban en autos —la carta del alcalde en que notifica la cancelación, y el memorándum del Ing.. López— respalda-ban esta alegación. Así, pues, no podía el municipio descan-sar en unas alegaciones vagas y generales de incumpli-miento para impedir que el tribunal dilucidara lo que realmente era una controversia de Derecho. El error no fue cometido.

Señala el municipio que el tribunal de instancia erró al concluir que la referida cláusula confligía con el Art. 1208 del Código Civil, el cual prohíbe que la validez de una obli-gación quede al arbitro de una de las partes. Hemos recono-cido la validez de cláusulas parecidas a la que nos ocupa, cuando la facultad de terminar el contrato está disponible para cualquiera de las partes. Véanse, Arroyo & Valiente v. North British & Merc., 38 D.P.R. 176 (1928); Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1978). Sin embargo, el tribunal de instancia entendió que lo resuelto en éstos sólo es aplicable cuando ambas partes gozan de la facultad de resolver el contrato y que, por lo tanto, dicha cláusula es inválida cuando sólo le da este poder a una de las partes, citando nuestras decisiones de Albizu v. Royal Bank of Canada, 46 D.P.R. 503 (1934), y C.R. U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311 (1967).

El primero de los casos citados por el tribunal de instan-cia es inaplicable a la situación de autos, ya que no trata sobre una cláusula que provea para la terminación del con-trato y sí sobre la validez de un reglamento que permite a la Junta de Directores de un fondo de pensiones actuar a su arbitrio respecto a la concesión de pensiones. El de Peña Ubiles tampoco es aplicable. Se trataba de un contrato de arrendamiento entre la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.) y un individuo particular, que esta-blecía que al finalizar el término del arrendamiento objeto del contrato éste sería prorrogable de mes a mes hasta que la arrendadora (C.R.U.V.) optara por no prorrogarlo. Al resolver nos basamos en la Ley de Alquileres Razonables, la cual dispone una prórroga automática del arrendamiento. Nos expresamos así, pág. 317:

Examinado el contrato que nos ocupa, encontramos que se trata de un contrato — supuesto a durar toda la vida del inqui-lino y aun la de sus herederos, que es la correcta aspiración del arrendamiento protegido — que un mes después de fir-mado pierde toda su protección para el inquilino y lo deja a merced del Administrador de la Autoridad. Tal contrato resulta contrario al espíritu de protección económica y repa-ración social que le sirve de causa a la legislación que lo inspiró, es contrario a la Ley puesto que por el mero venci-miento ficticio impuesto por el arrendador anula la prórroga automática de que disfrutan los alquileres privados y es con-trario a la moral puesto que trata de inmovilizar la voluntad jurídica del hombre dentro de una concepción pragmática de un estado ideal, concebido en abstracto, con la correspon-diente merma en los valores humanos.

Las cláusulas resolutorias unilaterales han sido utiliza-das desde la antigüedad, considerándose el dissensus unilateral como uno de los modos de extinción de los contratos en el Derecho romano. Véanse, A. D’Ors, Derecho Privado Romano, 2da ed., Pamplona, Ediciones Univ. de Navarra, 1973, pág. 464; J. Arias Ramos, Derecho Romano, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1954, T. II — III, pág. 724, n. 561; M. Planiol, Treatise on the Civil Law (trad, por el Louisiana State Law Institute), lima ed., 1939, Vol. 2, Pte. 1, Cap. XII, pág. 744. En la actualidad el pacto resolu-torio unilateral se encuentra expresamente reconocido en los códigos civiles de Alemania, Art. 346, e Italia, Art. 1456. Véanse: L. Enneccerus et al., Tratado de Derecho civil: Derecho de obligaciones (anotado por B. Pérez González y J. Alguer), 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II, Vol. I, pág. 194; J. W. Hedemann, Derecho de Obligaciones (trad, por J. Santos Briz), 1958, Vol. III, pág. 142; L. Mosco, La resolución de los contratos por incumplimiento (trad, por J. Pintó Ruiz), Barcelona, Ed. Dux, Cap. IX, pág. 199 et seq.; E. Betti, Teoría General de las Obligaciones (trad, por J. L. de los Mozos), Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1970, T. II, pág. 336.

Por otro lado, aunque no figura expresamente en los códigos de Francia y España, este tipo de cláusula cuenta con universal aceptación en la doctrina civil de estos dos países. Véanse, en España: Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. XX, págs. 596-599; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. 2, Cap. 21, págs. 305-306; J. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, Vol. II, pág. 170; M. Albaladejo, Curso de Derecho civil español, común y foral, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, Cap. IX, pág. 270; en Francia: H. Mazeaud et al., Lecciones de Derecho Civil (trad, por L. Alcalá-Zamora y Castillo), 1960, Vol. Ill, Pte. II, pág. 13; C. Aubry y P. Raynaud, Droit Civil Francais (trad, por M. Zorrilla Ruiz), 6ta ed., 1971, Vol. IV, pág. 649; A. Weill y F. Terré, Droit Civil: Les Obligations, 2da ed., Francia, Ed. Dalloz, 1975, pág. 552.

El fundamento para esta solución se halla en la distinción entre la validez del contrato y su duración. En efecto, se reconoce que una cosa es que una parte tenga la facultad de decidir si el contrato existe o no, si está obligada o no lo está, y otra que exista un contrato válido cuyo término dependa exclusivamente de la voluntad de una de las partes. La prohibición del Art. 1208 (Art. 1.256 del Código Civil español) sólo alcanza al primero de estos supuestos. En cuanto al segundo, la obligación contraída subsiste con todos sus efectos legales hasta que la parte así facultada decida ponerle fin. Véanse la sentencia del Tribunal Supremo de España del 16 de diciembre de 1963, núm. 5322, Aranzadi, XXX Repertorio de Jurisprudencia 3413; Scaevola, op. cit., págs. 596-599; Mazeaud, op. cit., pág. 13. Véase además, Arroyo & Valiente v. North British & Merc., supra, págs. 181-182.

La cláusula resolutoria unilateral también se considera válida en la Common Law. Véanse, Corbin on Contracts Sec. 1266; H. Black, A Treatise on the Recission of Contracts and Cancellation of Written Instruments, 2da ed., Missouri, Vernon Law Book Co., 1929, Vol. 2, Sec. 516, pág. 1271; C. Dunham y R. Young, Contracts, Specifications and Law for Engineers, New York, McGraw-Hill, 1958, pág. 112.

Nuestro Código Civil es virtualmente idéntico al español. Carece, por lo tanto, de un articulado que regule la cláusula resolutoria unilateral. El Art. 1077 (31 L.P.R.A. sec. 3052) contempla la llamada condición resolutoria tá-cita, que permite la resolución unilateral del contrato cuando la otra parte hubiere incumplido su obligación. Esta condición opera ex proprio vigore, aunque no es infrecuente encontrarla incluida en un contrato. Véase, Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89 (1937).

Ahora bien, lo anterior no significa que las partes no puedan pactar para incluir en sus contratos una cláusula que le confiera a una sola de ellas la facultad de poner fin a la relación contractual sin exigir para ello otro requisito que la mera voluntad de la parte de así hacerlo. Hemos visto que este tipo de cláusula es válida en España y Francia, aunque no se halla expresamente prevista por los códigos de estos países. En nuestro Derecho este pacto ha de interpretarse generalmente a base de lo dispuesto por el Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372, que per-mite a los contratantes establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por convenientes, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Cf. la nota de Pérez González y Alguer a la obra de Enneccerus, op. cit, pág. 198.

Por otro lado, existen ciertas disposiciones específicas para algunos contratos particulares que conceden la facultad a una sola de las partes de desistir unilateralmente del contrato. Tal es el caso del mandato, Art. 1624 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4482, y del contrato de obra, Art. 1486, 31 L.P.R.A. see. 4127, aunque para este último se exige que el dueño indemnice al contratista por todos los gastos y trabajos incurridos, además de la utilidad que hubiera podido derivar de la obra.

En el caso de autos se trata precisamente de un contrato de obra, por lo que es indudable la facultad del dueño de desistir unilateralmente, a tenor con el Art. 1486. Siendo ello así, la controversia se reduce en última instancia a determinar si es posible pactar una indemnización menor a la dispuesta por el Código. Tratándose de partes que contra-taron en igualdad de condiciones y disponiendo la cláusula en cuestión que el trabajo efectivamente realizado habría de ser remunerado, no encontramos dificultad alguna para resolver en la afirmativa.

La sentencia recurrida ha argumentado en contrario caracterizando erróneamente la cláusula envuelta en este caso como una instancia de la “cláusula de terminación por conveniencia” (termination for convenience clause) que se estima presente en todos los contratos celebrados por el Gobierno de los Estados Unidos. Ésta surge de la doctrina jurisprudencial iniciada con el caso de U. States v. Corliss Steam-Eng. Co., 91 U.S. 321 (1875), que sostiene que el poder de contratar que tiene el Gobierno federal incluye la facultad de terminar los contratos cuando el interés público lo requiera, sin que esta terminación pueda considerarse incumplimiento por parte del Gobierno. Esta facultad se estima presente, aunque no se haya estipulado expresamente en los contratos. Sin embargo, hoy día se acostumbra incluirla, en alguna de sus variantes, en la redacción de virtualmente to-dos los contratos gubernamentales. Véanse: H. Andrews, Jr. y R. Peacock, Terminations: An Outline of the Parties’ Rights and Remedies, 11 Pub. Cont. L.J. 269 (1980); R. Mitchell y J. Tracy, Terminations of Government Contracts: Recent Developments, 14 Wm. & Mary L. Rev. 817 (1973); L. Lerner, Tying Together Termination for Convenience in Government Contracts, 7 Pepperdine L. Rev. 711 (1980).

Originalmente la doctrina se desarrolló como medio para proteger al Gobierno de los repentinos avances tecnoló-gicos que muchas veces rendían obsoletos los equipos y ser-vicios ya contratados. Consistentemente halla su mayor aplicación en los contratos relacionados con las emergencias bélicas. Véase, Lerner, op. cit.

Para atemperar los rigores de la cancelación unilateral, la cual en ocasiones ha conducido a injusticias, los tribu-nales no permiten al Gobierno servirse de esta cláusula si actúa de mala fe, Librach & Cutler v. United States, 147 Ct. Cl. 605 (1959); National Factors, Inc. v. United States, 492 F.2d 1383 (1974); Andrews y Peacock, op. cit.; o si no ha habido cambio alguno en las circunstancias y condiciones que propiciaron el contrato de primera intención. Torncello v. United States, 681 F.2d 756 (1982). Por otro lado, el Gobierno también viene obligado, al igual que bajo la cláusula objeto del presente litigio, a remunerar el trabajo llevado a cabo al momento de la terminación. M. Perlman y W. Goodrich, Jr., Termination for Convenience Settlements— The Government’s Limited Payment for Cancellation of Contracts, 10 Pub. Cont. L.J. 1 (1978); Andrews y Peacock, op. cit. Aparentemente es en este parecido que la sentencia recurrida funda su contención de que en este caso se trata de una cláusula de terminación por conveniencia. No tiene razón.

Como hemos visto, la cláusula V(b) del contrato entre el municipio y los recurridos no dependía de ningún cambio en las circunstancias. A tenor con ella, la facultad de resolver la obligación podía ejercitarse en cualquier momen-to por el municipio. Por lo mismo, esta cláusula tenía que ser expresa, o de lo contrario no hubiera podido resolverse el contrato de este modo. Estos factores demuestran que no se trataba de una cláusula de terminación por conveniencia. Pero, aunque así hubiera sido, esto en nada alteraría el resultado, puesto que la validez de este tipo de cláusulas es igualmente indiscutible. Habiéndose limitado los recurridos a impugnar su validez como contraria a Derecho, está claro que no podían prevalecer.

Por los fundamentos expresados, se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso para ulteriores procedi-mientos.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López no intervinieron.

       A raíz de las elecciones de 1980 hubo un cambio en la administración del Municipio de Caguas.

       La remuneración fue pactada para ser pagada mensualmente a tenor con un itinerario preacordado.

       Este artículo dispone:
      “La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.”

       Dispone así:
      “El mandante puede revocar el mandato a su voluntad, y compeler al manda-tario a la devolución del documento en que conste el mandato.”

       Dispone así:
      “El dueño puede desistir, por su sola voluntad, de la construcción de la obra aunque se haya empezado, indemnizando al contratista de todos sus gastos, traba-jos y utilidad que pudiera obtener de ella.”

       Su redacción más común es la siguiente:
      “TERMINATION FOR CONVENIENCE OF THE GOVERNMENT
      “(a) The performance of work under this contract may be terminated by the Government in accordance with this clause in whole, or from time to time in part, whenever the Contracting Officer shall determine that such termination is in the best interest of the Government. Any such termination shall be effected by delivery to the Contractor of a Notice of Termination specifying the extent to which performance of work under the contract is terminated, and the date upon which such termination becomes effective.” Véase, R. Mitchell y J. Tracy, Terminations of Government Contracts: Recent Developments, 14 Wm. & Mary L. Rev. 817, 878 Ap. B (1973).