author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
      In re William Pacheco Nieves.

      Número: 0-80-279

      Resuelto: 4 de febrero de 1994

      Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, Reina Colón de Rodríguez, Procuradora General Interina, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Andrés Santiago Burgos, Arturo Negrón García, Héctor L. Rivera Báez y Felipio Benicio Sánchez, abogados del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

William Pacheco Nieves fue admitido, por este Tribunal, al ejercicio de la profesión de la abogacía el día 5 de junio de 1974. En el mes de diciembre de 1979 Pacheco Nieves fue acusado, ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, del delito de conspiración —See. 371 del Código Penal de los Estados Unidos, 18 U.S.C. see. 371— en relación a hechos alegadamente ocurridos mien-tras éste se desempeñaba como miembro del Cuerpo de Investigación Criminal de la Policía de Puerto Rico; esto es, antes de ser abogado. Declarado culpable, Pacheco Nieves fue sentenciado, el 2 de abril de 1980, a cumplir una sentencia de cinco (5) años de prisión; sentencia que fue confirmada por el Tribunal Federal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Primer Circuito. Radicada la co-rrespondiente querella por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, el 30 de noviembre de 1981 este Tribunal ordenó la separación de la profesión de abogado de William Pacheco Nieves, disponiendo que su nombre fuera “eliminado del Registro de Abogados autorizados para ejer-cer la abogacía en Puerto Rico”. Orden de 30 de noviembre de 1981.

Mediante escrito de fecha 20 de noviembre de 1992, Pa-checho Nieves solicitó de este Tribunal la readmisión al ejercicio de la profesión en Puerto Rico. Remitimos dicha solicitud, el 23 de diciembre de 1992, a la Comisión de Re-putación de Aspirantes al Ejercicio de la Profesión “para la investigación e informe correspondiente”. La referida comi-sión —luego de la celebración de varios días de vistas, en las cuales recibió tanto prueba oral como documental— rindió el 31 de agosto de 1993 el informe que le fuera re-querido por el Tribunal. Con fecha 4 de octubre de 1993, la representación legal de Pacheco Nieves radicó una réplica al mismo.

Estando en condiciones de resolver el asunto ante nues-tra consideración, procedemos a así hacerlo.

i — I

Surge del mencionado informe que la Comisión de Re-putación, durante las vistas que celebrara, recibió abun-dante testimonio oral —proveniente dichos testimonios de miembros del Ministerio Fiscal, de la Judicatura y de la profesión legal en general— sobre la buena reputación de que actualmente goza el peticionario Pacheco Nieves. De hecho, la Comisión expresa en el mencionado informe que los referidos testimonios, sobre buena reputación, “son muy persuasivos e impresionantes”.

Ello no obstante, la Comisión —en vista del hecho de que el peticionario, durante el testimonio que prestara ante la misma, insistió en su inocencia— determinó que resultaba inapropiado aplicar al presente caso los criterios, sobre rehabilitación, que usualmente son utilizados en ca-sos de abogados, separados del ejercicio de la profesión, que han aceptado la comisión de los hechos delictivos que dieron lugar al desaforo. En vista del hecho de que el peti-cionario niega haber cometido el delito de “Conspiración” que se le imputó en el foro federal —en específico, del he-cho de haber recibido, como soborno, un.automóvil por su participación en la conspiración— la Comisión recomendó desfavorablemente la solicitud de reinstalación del peticio-nario Pacheco Nieves.

H — I f — I

Reconocemos, de entrada, la existencia, y validez, de la premisa en la cual descansa el razonamiento utilizado por la Comisión de Reputación en el presente caso; esto es, que —de ordinario— la exitosa rehabilitación de una persona que ha delinquido depende, de manera principal, en la aceptación por ésta del error cometido y su responsabilidad por el mismo. Ello, sin embargo, no puede convertirse en una norma, férrea e inflexible, a ser aplicada de manera automática en todos los casos. Somos del criterio que la situación hoy ante nuestra consideración es un buen ejem-plo de lo antes expresado ya que, a nuestra manera de ver las cosas, una persona que genuinamente se entiende ino-cente de unos hechos delictivos que le fueron imputados en el pasado no debe ser obligada a “aceptar” su culpabilidad como condición sine qua non para su readmisión a la profesión. Por otro lado, somos de la opinión que nadie puede ignorar la abundante prueba a los efectos de que el peticionario Pacheco Nieves hoy día es un hombre de bien que goza de una excelente reputación en la comunidad; prueba que la propia Comisión de Reputación cataloga como “persuasiva e impresionante”.

Dicho de otra forma, el fundamento principal, o pre-misa, en que basa la Comisión de Reputación su recomen-dación desfavorable —esto es, la insistencia actual de ino-cencia del peticionario Pacheco Nieves— no debe eregirse como impedimento absoluto que nos prive de utilizar los criterios que tradicionalmente hemos utilizado en esta clase de situaciones. Como es sabido, hemos resuelto que, en términos generales, la persona que solicita ser reinsta-lada al ejercicio de la profesión de abogado tiene la obliga-ción de demostrar no sólo que el término de la suspensión, o separación, de la profesión decretada ha sido uno sufi-ciente, sino que debe demostrar que goza de buena reputa-ción y que su integridad moral, al momento de la solicitud de reinstalación, le hacen merecedor de ser readmitido al ejercicio de la profesión de abogado. In re Rivera Cintrón, 120 D.P.R. 706, 708 (1988); In re Cardona Vázquez, 112 D.P.R. 686, 689 (1982). Dichos criterios han sido satisfe-chos en el presente caso.

La inocencia o culpabilidad de Pacheco Nieves fue adju-dicada en el año de 1980 por un Jurado; el juzgador de los hechos determinó que era culpable. Dicha cuestión no debe ser relitigada nuevamente. La controversia a dilucidar, en estos momentos, es si la conducta que ha observado desde entonces el referido peticionario lo hace, hoy día, merece-dor de ser abogado. La prueba a esos efectos, repetimos, es abrumadora.

En resumen, somos del criterio que la separación del peticionario de la abogacía, desde el año de 1981 hasta el presente, ha logrado el propósito fundamental de rehabili-tación que perseguía. Procede, por tanto, que decretemos la reinstalación de William Pacheco Nieves al ejercicio de la profesión de abogado. Exhortamos a éste, en adición, a que en el futuro atenga su conducta profesional a una ri-gurosa observancia de los cánones de ética profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso disintió sin opi-nión escrita. Los Jueces Asociados Señor Negrón García, Señora Naveira de Rodón y Señor Fuster Berlingeri se inhibieron.

       Pacheco Nieves sirvió parte de su sentencia, desde el 14 de septiembre de 1981 hasta el 10 de noviembre de 1983, en una institución penal federal en Dallas, Texas. El resto de dicha sentencia fue extinguida en libertad bajo palabra.

       La representación legal de Pacheco Nieves solicitó la celebración de una vista oral ante este Tribunal. Por considerar la misma innecesaria, denegamos hoy la misma.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Ramón Martínez Ortiz, Javier Concepción Villapañe, Roberto Ramos González e Irving Nieves Caraballo, acusados y recurridos.

      Número: CE-93-485

      Resuelto: 4 de febrero de 1994

      Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General Interina, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Ivette Aponte Nogueras y Pedro Hernández Alvarado, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

El Procurador General de Puerto Rico acudió —vía cer-tiorari— ante este Tribunal en revisión de una resolución, de fecha 12 de agosto de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, mediante la cual dicho foro judicial declaró con lugar una solicitud de nuevo juicio —fundamentada la misma en el descubrimiento de nueva prueba— que radicaran los aquí recurridos Martí-nez Ortiz, Concepción Villafañe, Ramos González y Nieves Caraballo; acusados que habían sido declarados culpables, por el Jurado que intervino en el proceso que se les cele-brara, del delito de asesinato en segundo grado y varias infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico.

Mediante Resolución de fecha 10 de septiembre de 1993, y a los fines de evaluar el recurso radicado, le concedimos término a los recurridos para exponer su posición; en auxi-lio de jurisdicción, ordenamos la paralización de los proce-dimientos en instancia. La parte recurrida ha comparecido. El Estado radicó escrito de réplica. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a resolver el mismo, sin ulterior trámite, al amparo de las disposiciones de la Regla 50 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. Procede revocar; veamos por qué.

Conforme surge de los escritos radicados por las partes, el Jurado que intervino en el caso —y que rindió un vere-dicto de culpabilidad contra los aquí recurridos por los de-litos de asesinato en segundo grado e infracción a varios Artículos de la ley de Armas de Puerto Rico— tuvo ante su consideración, de manera principal, el testimonio oral de dos (2) testigos, a saber: el de José Ramos Ríos, quien de-claró como testigo de cargo e inculpó a los aquí recurridos, y el de Sergio Merced Espada, quien testificó por la defensa y quien declaró que los recurridos no eran las personas que él vio cometer el asesinato en controversia.

El veredicto de culpabilidad rendido por los señores del Jurado obviamente es indicativo de que éstos, ejercitando la facultad que le concede nuestro ordenamiento jurídico de adjudicar credibilidad, le creyeron al testigo de cargo y que rechazaron la declaración del testigo presentado por la defensa —testigo, alegadamente, ocular de los hechos— cuyo testimonio exculpaba totalmente a los recurridos.

Está en controversia ante este Tribunal la solicitud de nuevo juicio radicada por la representación legal de los re-curridos, al amparo de las disposiciones de la Regla 188 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, por alegada-mente haberse descubierto “nueva prueba, la cual, de ha-ber sido presentada en el juicio, probablemente habría cambiado el veredicto o fallo” emitido; consistente dicha alegada nueva prueba en la declaración de Juan Antonio Fuentes, c/p “Tony Pantera”, cuyo testimonio es sustancial-mente igual al testimonio del testigo de defensa que de-claró en el juicio celebrado.

La norma aplicable a esta clase de situación fue correc-tamente expuesta, y resumida, por este Tribunal en la sen-tencia que emitiera en Pueblo v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107 (1984). Expresamos en dicho caso, en lo pertinente, que una moción de nuevo juicio fundada en el descubri-miento de nueva prueba sólo procede cuando esta última: (1) no se pudo descubrir con razonable diligencia antes del juicio; (2) no es meramente acumulativa-, (3) no impugna la prueba aducida durante el juicio-, (4) es creíble, y (5) pro-bablemente produciría un resultado diferente.

De la breve relación de los procedimientos que hiciéra-mos al comienzo de la presente ponencia, inmediatamente "salta a la vista y hiere la retina”, In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242 (1982), que la “nueva prueba” con que cuenta la defensa para fundamentar su solicitud de nuevo juicio incumple, cuando menos, con el segundo y tercero de los requisitos. Esto es, la declaración del “nuevo” testigo —Juan Antonio Fuentes c/p “Tony Pantera”— definitiva-mente constituye prueba de carácter acumulativo, por cuanto lo que hace es “corroborar” la declaración del tes-tigo de defensa Sergio Merced Espada, y, en adición, re-sulta impugnatoria de la declaración del testigo de cargo José Ramos Ríos. Aparte de ello, somos del criterio que el testimonio de “Tony Pantera”, probablemente, no hubiera cambiado, ni cambiaría, el veredicto de culpabilidad emi-tido por el Jurado que intervino en el caso.

El error que cometió el tribunal de instancia —al orde-nar un nuevo juicio en el presente caso— es grave y lamentable. El mismo desequilibra y / o trastoca totalmente nuestro sistema de justicia ya que hace vulnerable todas las convicciones decretadas a nivel de instancia. No pode-mos validar dicha errónea actuación.

Revocamos, en consecuencia, la determinación que hi-ciera el tribunal de instancia de concederle un nuevo juicio a los aquí recurridos. Por los fundamentos antes expresa-dos, se expide el auto de “certiorari” solicitado y se dicta Sentencia revocatoria de la resolución de fecha 12 de agosto de 1993, devolviéndose el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

El Juez Presidente Señor Andréu Gar-cía y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

- O -

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Mediante petición de certiorari, acude ante nos el Minis-terio Público para solicitar que revoquemos una resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en la cual se declaró con lugar una moción de nuevo juicio pre-sentada por el recurrido. A través de una sentencia breve, la mayoría del Tribunal revoca el dictamen del tribunal de instancia que concedió un nuevo juicio a los recurridos. Disentimos.

r — i

El 30 de mayo de 1991 fue asesinado a balazos el joven Jesús Ernesto Adorno, mejor conocido por “Memo”, por lo que fueron acusados Ramón Martínez Ortiz, Javier Con-cepción Villafañe, Roberto Ramos González e Irving Nieves Caraballo. Un Jurado los encontró culpables de asesinato en segundo grado y de violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, pero los absolvió en cuanto a los cargos por conspiración.

Los convictos presentaron posteriormente sendos recur-sos de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, Sección Norte. Pendientes estos recursos, el 4 de diciembre de 1993 los aquí recurridos presentaron una mo-ción en la que solicitaron un nuevo juicio ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, que la declaró con lugar el 12 de agosto de 1993.

En sentencia dictada el 30 de agosto de 1993, el Tribunal de Apelaciones ordenó el sobreseimiento de los recursos de apelación debido a la decisión del tribunal sentenciador de celebrar un nuevo juicio. El 10 de septiembre de 1993 el Procurador General acudió ante nos para solicitar la revo-cación de la resolución que concedió el nuevo juicio, ade-más de la paralización de los procedimientos en instancia. Señaló como único error el siguiente:

Cometió grave error de derecho el Tribunal Superior, Sala de Caguas, al declarar Ha Lugar la Moción de nuevo juicio presen-tada por los recurridos y fundamentada en el descubrimiento de nueva prueba exculpatoria cuando ésta resultó ser tanto acumulativa como impugnatoria de la prueba desfilada en el juicio. Petición de certiorari, pág. 2.

Ese mismo día dictamos una resolución que paralizaba los procedimientos en instancia y concedimos a los recurri-dos un término de diez (10) días para exponer su posición.

f — I hH

El día del juicio compareció como testigo de cargo el jo-ven José Ramos Ríos, quien declaró lo siguiente. El día del asesinato se encontraba en el Residencial Turabo Heights cuando se encontró con un individuo conocido como “Poto-co” y Juan Antonio Fuentes, apodado “Tony Pantera”, quien preguntó sobre lo que podía hacer en relación con un dinero que le debían en la Barriada Morales. Las otras personas le aconsejaron que no fuera a ese lugar porque lo podían matar.

Tony entonces fue a casa de su amigo Memo y, junto a Potoco, se quedaron hablando. El testigo de cargo estaba cerca, por lo que vio y escuchó cuando dos (2) individuos se acercaron y le preguntaron a Tony por qué no iba a la Ba-rriada Morales. Memo explicó que Tony no podía ir y, pos-teriormente, los individuos entregaron lo adeudado a Memo, quien a su vez entregó el dinero a Tony.

Momentos después se escuchó un disparo proveniente de uno (1) de los carros de los individuos. Memo y otro ser humano, conocido como “David”, contestaron los disparos. El testigo de cargo subió a su apartamento y desde su bal-cón observó a los acusados llegar al rato y asesinar a Memo. Aquí termina la versión de José Ramos Ríos.

Como testigo de defensa compareció Sergio Merced Es-pada (Sergito), quien estuvo presente en el lugar de los hechos y declaró que los acusados no eran las personas, quienes él había visto asesinar a Memo. Añadió que por lo menos tres (3) de los cuatro (4) acusados estaban cerca del lugar tomando refrescos o cervezas.

Sometido el caso, el Jurado los encontró culpables en una votación de nueve (9) a tres (3) por los delitos ya indicados. Los recurridos alegan que después de presentar el recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones se descubrió nueva prueba exculpatoria que, además, ofrecía ai Ministerio Público las descripciones de los participantes y el móvil del asesinato. Esta prueba consistía en el testi-monio de Juan A. Fuentes (Tony), quien presenció todos los hechos ocurridos la noche del asesinato. Por lo anterior, solicitaron la celebración de un nuevo juicio.

El tribunal de instancia celebró una vista en la cual declararon dos (2) testigos. El Ledo. Pedro Hernández Ai-varado testificó sobre el momento cuando la defensa advino en conocimiento de los elementos de la nueva prueba. Por otro lado, Juan A. Fuentes declaró que después del asesi-nato se fue fuera de Puerto Rico por temor a perder su vida, debido a que los verdaderos culpables estaban libres en la comunidad. Narró todo lo sucedido aquella noche y describió a los verdaderos culpables, alegando que los po-día identificar.

El tribunal sentenciador concluyó que procedía celebrar un nuevo juicio por cumplirse los requisitos legales para ello.

I — I 1 — 1 I — I

Las Reglas 187 a 192 de Procedimiento Criminal regu-lan la concesión o denegación de una solicitud de nuevo juicio. 34 L.P.R.A. Ap. II. La Regla 188 de Procedimiento Criminal, supra, señala, en lo pertinente, lo siguiente:

El tribunal concederá nuevo juicio por cualquiera de los si-guientes fundamentos:
(a) Que se ha descubierto nueva prueba, la cual, de haber sido presentada en el juicio, probablemente habría cambiado el veredicto o fallo del tribunal, y la que no pudo el acusado con razonable diligencia descubrir y presentar en el juicio. Al soli-citar un nuevo juicio por este fundamento, el acusado deberá acompañar a su moción la nueva prueba en forma de declara-ciones juradas de los testigos que la aducirán.

Para conceder la solicitud de nuevo juicio por existencia de nueva prueba, el tribunal sentenciador debe quedar convencido de que ésta: (a) no se pudo descubrir con razo-nable diligencia antes del juicio; (b) no es meramente acu-mulativa; (c) no es impugnatoria de la prueba aducida du-rante el juicio; (d) es creíble, y (e) probablemente produciría un resultado diferente. Véanse: Pueblo v. Morales Rivera, 115 D.P.R. 107, 115 (1984); Pueblo v. Beltrán, 73 D.P.R. 509 (1952); Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10 (1946).

Es menester recordar lo siguiente:

La moción de nuevo juicio va dirigida a la discreción del tribunal sentenciador y su actuación no será alterada en apelación a menos que se demuestre un claro e inequívoco abuso de discre-ción .... Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635, 644 (1964). Véanse: Pueblo v. Moreno Morales I, 132 D.P.R. 261 (1992); Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974); Pueblo v. Vázquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968).

En este caso el tribunal de instancia no abusó de su discreción al conceder el nuevo juicio solicitado. Surge con claridad que el nuevo testigo de la defensa no estuvo dis-ponible para el juicio original, a pesar de las diligencias realizadas. El agente Alberto Vélez declaró en el juicio que durante la investigación criminal se intentó infructuosa-mente encontrar a Juan A. Fuentes y sólo se sabía que estaba fuera de Puerto Rico. El testigo explicó en su decla-ración jurada que se escondió por temor a los verdaderos asesinos.

Por otro lado, el testimonio de Juan A. Fuentes provee información no acumulativa al tribunal, pues detalla lo su-cedido antes y durante los hechos que culminaron con el asesinato de Memo; ofrece una explicación sobre los moti-vos para el crimen, y presenta la posibilidad de identificar a los verdaderos asesinos. Tales detalles no podían surgir del testimonio del testigo de la defensa, Sergio Merced Es-pada, pues éste no estuvo presente durante toda la cadena de eventos ocurridos aquella noche. De lo anterior se des-prende, además, que la nueva prueba no es impugnatoria.

Surge de la resolución recurrida que el testimonio de Juan A. Fuentes mereció entera credibilidad al tribunal sentenciador. La naturaleza del testimonio de marras, ade-más, permite concluir razonablemente que, de haber es-tado disponible durante el juicio, otro hubiera sido el resultado En estas circunstancias, el Tribunal Superior decidió correctamente que procedía un nuevo juicio. De lo contrario, los recurridos no tendrían una oportunidad de traer esta nueva prueba.

Por todo lo anterior, disentimos. Procede la confirmación de la resolución recurrida.

       La única diferencia entre el testimonio de estos dos (2) testigos es que “Tony Pantera” alega puede identificar, si los ve nuevamente, a las personas que, según él, perpetraron los hechos y que, alega, que el testigo de cargo José Ramos Ríos no estaba al momento de ocurrir los hechos delictivos.

       Dicha Sentencia, aun cuando no establece precedente, resume correctamente la norma aplicable.

       Por otro lado, la Regla 192 de Procedimiento Criminal autoriza a los tribu-nales a conceder un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia el acusado advenga en conocimiento de nuevos hechos o elementos de prueba que evidencien su inocencia. 34 L.P.R.A. Ap. II. El testimonio que se pretende demostrar en un nuevo juicio evidentemente va dirigido a probar que los acusados no fueron las personas quienes cometieron el asesinato de marras. Pueblo v. Ruiz Torres, 127 D.P.R. 612 (1990). Para que una moción al amparo de esta regla proceda, el peticionario debe presentarla en treinta (30) días a partir del momento en que adviene en conoci-miento de la nueva prueba. Asumiendo que la defensa en este caso realmente conoció los detalles del nuevo testimonio en noviembre de 1992, procede la moción de nuevo juicio presentada el 4 de diciembre de 1992.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    José Arsenio Torres et al., demandante y recurrido, v. José E. Aponte, Alcalde del Municipio de Carolina, demandado y recurrente.

      Número: RE-93-459

      Resuelto: 7 de febrero de 1994

      Jennie Rábell, Carmen M. Graulau Serrano y Pedro E. Ortiz Alvarez, abogados del demandado y recurrente; Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, y María Adaljisa Dávila, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Municipio de Carolina acude ante nos mediante un recurso de revisión para solicitar que revoquemos una re-solución dictada por el Tribunal Superior (Sala de Carolina). En esta resolución, el tribunal emitió un mandamus para imponer al Alcalde de Carolina la obligación de recoger los desperdicios sólidos generados por las escue-las ubicadas en este Municipio. Procede modificar la reso-lución recurrida y revocar únicamente la parte que anula el contrato suscrito entre Browning Ferries Industries of Puerto Rico, Inc. (en adelante B.F.I.) y el Municipio de Carolina. Veamos.

H-i

El Municipio de Carolina (en adelante Municipio) pro-veyó gratuitamente el servicio de recogido de basura a las escuelas del Departamento de Educación ubicadas en su jurisdicción, hasta que privatizó este servicio el 16 de abril de 1993, cuando se suscribió un contrato con B.F.I.

En virtud de este contrato, se otorgó a B.F.I. una fran-quicia exclusiva para suministrar todo el personal, el ser-vicio, el equipo y los camiones para el recogido, el retiro y la disposición de desperdicios en todas las estructuras físi-cas dedicadas al uso residencial. Sin embargo, se excluyó a las escuelas, entre otras áreas. Por esta razón, el Munici-pio notificó en varias ocasiones al Departamento de Educa-ción y le instó a proveer directamente este servicio.

Después de intentar infructuosamente que el Municipio asumiera tal obligación, el Departamento de Educación presentó el 17 de septiembre de 1993 una solicitud de en-tredicho provisional, interdicto preliminar y permanente ante el Tribunal Superior, Sala de Carolina. Solicitó que se ordenara al Alcalde del Municipio a realizar el recogido en las escuelas.

Celebrada la vista correspondiente, el Tribunal Superior concluyó que la Ley de Municipios Autónomos del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 (en adelante Ley de Municipios Autónomos), Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. see. 4001 et seq.), impone a los municipios la obligación de recoger los desperdicios sin ex-cluir a las escuelas. Por ende, determinó que un contrato o cláusula contractual que excluya a las escuelas es nulo por ser contrario a la ley, a la moral y al orden público.

De acuerdo con la anterior conclusión, el tribunal sen-tenciador emitió la orden siguiente:

Se ordena al Alcalde de Carolina José E. Aponte a recoger los desperdicios sólidos (basura) en las escuelas públicas de dicha municipalidad acumulada desde el 7 de septiembre de 1993, fecha en que comenzaron las clases en las escuelas públicas dentro de las próximas 24 horas a partir de dictado este recurso a su costo y riesgo. Las personas que se utilicen en dicho reco-gido actuaran [sic] acompañados por un alguacil de este Tribunal Superior.
La presente orden será de estricto cumplimiento para el Al-calde y lo cualquier funcionario que actúe en su capacidad so pena de desacato.
Se declara SIN LUGAR la reconvención instada por la parte peticionada y se le imponen las costas del litigio a dicha parte. (Enfasis suplido.) Anejo I, pág. 9.

No conforme, la parte demandada acudió ante nos el 27 de septiembre de 1993 para alegar la comisión de los si-guientes errores:

1. Erró el Honorable Tribunal al no reconocer que el reco-gido de desperdicios sólidos de las facilidades educativas públi-cas es deber del Departamento de Educación y no del Municipio de Carolina.
2. Erró el Honorable Tribunal al imponer al Municipio de Carolina el deber de costear un servicio con fondos municipales cuando compete al Gobierno estatal cubrir tal costo.
3. Erró el Honorable Tribunal al declarar nulo el contrato de privatización del servicio de disposición de desperdicios sóli-dos cuando ésto [sic] no fue alegado, era innecesario para la resolución de la controversia, y ausente una parte indispensable para tal adjudicación. Solicitud de revisión, págs. 8-9.

A petición del Municipio, acordamos revisar.

hH I — I

El Municipio alega que la obligación de proveer una educación pública adecuada recae en el Gobierno Central, por lo que a éste corresponde prestar el servicio de recogido de basura a las escuelas públicas. Sostiene que la Ley de Municipios Autónomos no impone a los municipios la obli-gación de proveer este servicio. Por el contrario, les concede amplia discreción al respecto. No es enteramente co-rrecta la posición del Municipio.

El Art. 2.004 de la Ley de Municipios Autóno-mos, 21 L.P.R.A. sec. 4054, dispone, sobre las facultades generales del municipio y en lo pertinente, lo siguiente:

Corresponde a cada municipio ordenar, reglamentar y resolver cuanto sea necesario o conveniente para atender las necesi-dades locales y para su mayor prosperidad y desarrollo. Los municipios estarán investidos de las facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo las siguientes funciones y acti-vidades:
(a) Establecer servicios y programas de recogido o recolección de desperdicios y de saneamiento público en general y adoptar las normas y medidas necesarias o útiles para el ornato, la higiene, y el __ control y la disposición adecuada de los desperdicios. (Enfasis suplido.)

Por otro lado, el Art. 2.005 de esta ley, 21 L.P.R.A. see. 4055, faculta a los municipios para reglamentar el proceso de recogido y disposición de desperdicios sólidos, imponer penalidades por violaciones a las normas adoptadas, y establecer, mantener y operar (por sí o mediante contratación con entes privados) los servicios y programas de recogido y recolección de desperdicios.

Se autoriza, además, a los municipios a imponer tarifas por el recogido de desperdicios en sectores residenciales, industriales, comerciales y gubernamentales. Estos ingresos pueden utilizarse únicamente para financiar los programas de recogido antes mencionados. 21 L.P.R.A. sec. 4055(b).

El texto de las anteriores disposiciones es claro. Im-pone a los municipios la responsabilidad primaria de aten-der ciertas necesidades locales, las cuales enumera, a fin de lograr la mayor prosperidad y desarrollo de la comunidad. Una de las necesidades inmediatas que debe ser atendida es el recogido de basura, y se concede a los municipios discreción en cuanto al establecimiento de ser-vicios y programas de recogido. Se provee, además, la op-ción de cobrar por el servicio, de forma que los municipios tengan el apoyo fiscal necesario para cumplir con su obligación.

La delegación de esta responsabilidad primaria es equivalente con el propósito del municipio, según se esbozó en el Art. 1.002 de la Ley de Municipios Autónomos, 21 L.P.R.A. see. 4001 n. Éste consiste en que la unidad básica para la administración comunitaria (el municipio) provea los servicios más inmediatos que requieran sus habitantes, partiendo de los recursos disponibles y sus proyecciones a corto, mediano y largo plazo. Este propósito refleja el principio cardinal del pensamiento político democrático en cuanto a que el poder decisional sobre los asuntos que afec-tan la vida de los ciudadanos en una democracia recaiga en niveles, organismos y personas que le sean directamente responsables.

Aun antes de concederse la autonomía municipal, se responsabilizó a los municipios por la prestación de servi-cios esenciales como la limpieza y el recogido de basura. La Ley Municipal de 1919, según enmendada por la Ley Núm. 60 de 1921, Leyes de Puerto Rico, pág. 437, disponía en su Art. 9 lo siguiente:

... Los municipios tendrán plenas facultades legislativas y ad-ministrativas en todo asunto que fuere de naturaleza pura-mente local y que se relacionen con los ramos de obras, instruc-ción, beneficencia, orden y seguridad públicos, policía, cárceles, asilos, hospitales, higiene, ornato, alineación de calles, aper-tura de parques, reglamentación de construcciones, propieda-des y rentas municipales, vías públicas, suministro de agua, alumbrado público, alcantarillado, transportes urbanos, cemen-terios, mercados, mataderos, carnicerías y toda clase de insti-tuciones, servicios y otras actividades en beneficio de la muni-cipalidad en general y para fomento de éstas; Disponiéndose, que estas facultades se ejercitarán sujetas a las leyes de Puerto Rico y de los Estados Unidos que estuvieren en vigor, y que no podrá adoptarse ninguna ordenanza, resolución ni acuerdo que en modo alguno viole ninguna de dichas leyes; disponiéndose, además, que el servicio de sanidad en cada municipalidad es-tará a cargo de un oficial o inspector de sanidad nombrado por el Comisionado de Sanidad de Puerto Rico y cuyo sueldo será fijado por la ley, y todos los gastos de este servicio de sanidad serán hechos por el Gobierno Insular; Disponiéndose también, que el Tesorero de Puerto Rico retendrá, y por la presente se le ordena que retenga en su poder de cualesquiera fondos en su posesión pertenecientes a los respectivos municipios, una can-tidad igual al 6 por ciento del ingreso neto de cada municipio, las cuales cantidades serán ingresadas en los fondos generales del Tesoro Inguiar para hacer frente en parte a los gastos en que incurriere el servicio de sanidad, a disposición del Depar-tamento Insular de Sanidad, con excepción del de limpieza pú-blica que ejecutará el municipio de su cuenta. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Según citada en J. He-rrero, Compilación de las enmiendas a códigos en Puerto Rico 1912-1923, San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1924, págs. 95-96.

Por otro lado, la Convención Constituyente rechazó la posibilidad de conceder la autonomía municipal por consi-derar deseable mantener un mayor control del Gobierno Central. A pesar de esto, ya se tenía en cuenta la. posibili-dad de autorizar a los municipios a atender los asuntos necesarios para el bienestar general, entre ellos, la limpieza. Esto surgió del diálogo siguiente:

Sr. Alvarado: Me propongo formular una enmienda, pero antes deseo saber la contestación que daría la comisión que ha presentado esta proposición sustituta, a algunas preguntas que habrán de orientarme respecto a la enmienda a formularse.
Quiero preguntar al Presidente de la Comisión si la frase contenida en la línea cuarta, de la primera página, donde se dice que el Estado ... “El poder del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para crear, consolidar y reorganizar municipios y para modificar sus límites territoriales ...” donde empieza: “Para determinar lo relativo al régimen y función de los mismos y para autorizarlos a desarrollar problemas [sic] de bienestar general ...” Si esa frase incluye o no la posibilidad de que el Gobierno del Estado Libre pueda, por ley, autorizar a los muni-cipios a atender — mediante legislación municipal, incluyendo la inversión de recursos y créditos municipales — los siguientes temas: [La] eliminación de arrabales; el desarrollo urbano pla-nificado; [y el] limpiar, planificar, reconstruir, rehabilitar y de-sarrollar áreas atrasadas e insolubles o bajo el standard deseable. Si todas esas facultades quedan comprendidas, den-tro del texto del lenguaje, [y] cómo [han] de ser susceptibles de autorizar a los municipios, por parte del Gobierno del Estado Libre Asociado ...
Sr. Polanco Abreu: Señor Presidente.
Sr. Presidente: Señor Delegado.
Sr. Polanco Abreu: Contesto la pregunta del compañero Alvarado, a nombre de la comisión, informándole que la comisión desea que se entienda claramente que cuando hemos usado un término general de programas de bienestar general... entende-mos que lo que él desea ... o lo que él pregunta está compren-dido dentro de ese término.
Hacemos más clara todavía la posición de la comisión, que lo que está en el informe, indicando, para que así aparezca del [acta] como intención de la comisión, que los distintos progra-mas que mencionamos en el informe escrito, no son de carácter limitativo, sino que están comprendidos, además, todos los pro-gramas que conlleven el levantar el nivel de vida, y estén com-prendidos dentro del bienestar general: arrabales, mejoras hos-pitalarias, planificación, urbanismo, desarrollo de tierras insalubres para convertirlas en sitios de recreos o caseríos. Todo eso está comprendido, a nuestro juicio; dentro de la frase, “programas de bienestar general.”
La comisión agradece al compañero Alvarado el haber hecho esta aclaración porque así es como lo entendemos nosotros, y queremos que así conste en las actas y en el record de esta Asamblea Constituyente.
Sr. Alvarado: Entonces, señor Presidente, de tal manera me satisface la contestación de la comisión que la enmienda que me proponía hacer para que el lenguaje fuera específico sobre este punto, entiendo que ya no es necesaria, toda vez que se ha explicado el alcance de ese lenguaje general que se usa. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2035, 2046-2047 (1952).

De acuerdo con lo anterior, la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. sees. 2001, 2051-2055, 3001-3005 y 3051 et seq.) dispuso en su Art 2.04(10) que los municipios tendrían todos los poderes necesarios para cumplir con sus responsabilidades, entre otras, la de saneamiento. 21 L.P.R.A. see. 2054(10).

Por ende, antes de la aprobación de la Ley de Municipios Autónomos, los municipios tenían la obligación indiscutible de proveer el servicio de recogido de basura a sus residentes. Esta obligación se convirtió en una responsabilidad primaria al aprobarse la ley vigente y varió su naturaleza en cuanto a aquellos municipios que decidan cobrar por el servicio. En esos casos, la obligación del municipio está condicionada a que el usuario pague la tarifa aplicable. De no hacerlo, el municipio tendrá la libertad de, entre otras sanciones, suspender el servicio.

Sin embargo, en este caso el Municipio no había im-puesto tarifas por el recogido de basura cuando decidió suspender el servicio a las escuelas públicas. Por tal razón, subsistió su responsabilidad primaria de proveerles tal servicio.

Por otro lado, la Ley de Municipios Autónomos no ex-cluye a las escuelas públicas y sería absurdo, además, pretender que la Asamblea Legislativa especifique cada área que recibirá el servicio.

Además, la Ley Núm. 68 de 28 de agosto de 1990, Ley Orgánica del Departamento de Educación, 3 L.P.R.A. sec. 391 et seq., no exime a los Municipios de la obligación de proveer este servicio a las escuelas públicas. Si bien es cierto que su Art. 5.03(9), 3 L.P.R.A. sec. 395b(9), dispone que corresponde al Superintendente de Escuelas adquirir los materiales y servicios para el mantenimiento y las mejoras de las escuelas, no es menos cierto que el Art. 5.03(6) impone a este funcionario la obligación de “[cjoordinar con las agencias estatales, los municipios, y las empresas privadas la labor de mantenimiento y reparaciones menores de la planta física de las escuelas para conservarlas en condiciones adecuadas”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 395b(6). Además, el hecho de que corresponda al Gobierno Central el mantenimiento de las escuelas no necesariamente exime a los municipios de proveer el servicio de recogido de basura. Máxime cuando la Ley de Municipios Autónomos les autoriza a cobrar por prestar este servicio.

Las escuelas públicas proveen un servicio inigualable a los estudiantes, quienes se ven seriamente afectados por la acumulación de basura en los planteles escolares. Estos estudiantes y los vecinos de las escuelas son aquellos ha-hitantes a quienes los municipios deben proveer los servicios. Aparentemente, el Municipio reconoció tal obli-gación en el pasado, al establecer una tradición de recogido de basura a las escuelas ubicadas en su jurisdicción.

De acuerdo con lo anterior, resolvemos que en el caso de autos el Municipio tenía la responsabilidad primaria de proveer el servicio de recogido de basura a las escuelas públicas ubicadas en su territorio. Esta decisión no limita la discreción del Municipio para privatizar el servicio ni impide que cobre por el servicio, tanto al Departamento de Educación como a otros usuarios, según lo dispuesto en el Art. 2.005 antes citado. Máxime cuando el Departamento de Educación ha expresado estar dispuesto a pagar por el servicio.

Por lo anterior, concluimos que los dos (2) primeros erro-res planteados no fueron cometidos. Procede evaluar si se cometió el tercer error, sobre la falta de acumulación de la parte indispensable.

i — I i — I h — í

El tribunal sentenciador concluyó que era nulo el con-trato entre el Municipio y B.F.I. por excluir a las escuelas. Por esta razón, la parte recurrente arguye que faltó acu-mular a B.F.I. como parte indispensable.

La Regla 16.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) dispone lo siguiente:

Las personas que tuvie[s]en un interés común sin cuya pre-sencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como de-mandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada.

Una parte indispensable es “ ‘aquella persona cuyos derechos e intereses podrían quedar destru[i]dos o inevitablemente afectados por una sentencia dictada estando esa persona ausente del litigio’ Cepeda Torres v. García Ortiz, 132 D.P.R. 698 (1993), citando a Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 981 (1952).

En este caso, las partes están de acuerdo en que era innecesario anular el contrato de marras para obligar al Municipio a que cumpliera con su obligación. De hecho, la parte dispositiva de la “resolución” se refiere exclusiva-mente al Alcalde de Carolina, Hon. José E. Aponte, al or-denarle que en veinticuatro (24) horas recoja la basura acumulada en las escuelas.

El cumplimiento de esta orden para nada afecta el con-trato vigente entre B.F.I. y el Municipio. El Alcalde puede proveer el servicio a las escuelas con recursos municipales, contratando a otra compañía o renegociando el contrato con B.F.I.

Procede, por ende, que se modifique parcialmente la de-cisión del Tribunal de Primera Instancia y se revoque la parte de su dictamen que anuló el contrato suscrito entre B.F.I. y el Municipio de Carolina. Sin embargo, confirma-mos su conclusión de que en las circunstancias del caso de autos, el Municipio de Carolina tenía la responsabilidad primaria de recoger la basura en las escuelas públicas ubi-cadas en su jurisdicción.

Se dictará la sentencia correspondiente.

       Antes de cobrar las tarifas por el recogido de basura en los sectores residen-ciales, un municipio debe celebrar unas vistas públicas y aprobar la correspondiente ordenanza. Cumplidos ambos requisitos, la Junta de Gobierno del Centro de Recau-daciones de Ingresos Municipales establece las tarifas aplicables. Las tarifas a ser impuestas en sectores industriales, comerciales y gubernamentales se establecen mediante ordenanza, independientemente de lo dispuesto para los sectores residenciales. 21 L.P.R.A. sec. 4055(b).

       Esta sección dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
      “El municipio podrá regular y reglamentar el proceso de recogido y disposición de desperdicios sólidos en armonía con la política pública ambiental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, disponer por ordenanza la forma en que se realizará la disposición y recogido e imponer penalidades por violaciones a las normas que se adopten. También podrá establecer, mantener y operar por sí, o mediante contrata-ción con cualquier persona privada, servicios y programas de recogido y recolección de desperdicios y de saneamiento público en general.

        “(b) Tarifas por recogido y disposición de desperdicios. — Se autoriza a los mu-. nicipios a imponer mediante ordenanza una tarifa por el recogido de desperdicios sólidos en sectores residenciales. Previo a la aprobación de cualquier ordenanza a esos fines, el municipio deberá celebrar vistas públicas en un lugar y hora que sea accesible a la comunidad. La Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de In-gresos Municipales con el voto unánime de los Alcaldes miembros de la misma esta-blecerá las tarifas aplicables para el recogido de desperdicios sólidos en sectores residenciales o domésticos. Los municipios también podrán fijar tarifas por el reco-gido de desperdicios sólidos en sectores industriales, comerciales y gubernamentales, mediante ordenanza al efecto y sin sujeción a las tarifas que fije dicho Centro para los sectores residenciales.
      “Todo municipio mantendrá los ingresos que reciba por concepto de las tarifas de recogido de desperdicios sólidos en una cuenta separada. Tales ingresos se utili-zarán única y exclusivamente para financiar cualesquiera actividades, programas, proyectos y facilidades^ relacionadas con el recogido, disposición y tratamiento de desperdicios sólidos.” (Énfasis suprimido.) 21 L.P.R.A. see. 4055.

       Cuando el texto de la ley es claro y libre de ambigüedades, no debe ser menospreciado bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14.

       Durante el debate de la Cámara de Representantes sobre la Ley de Munici-pios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991 se cuestionó si los municipios estaban obligados por ley a cobrar por el servicio de recogido de basura. Se enmendó el proyecto de ley para contestar en la negativa. En ningún momento se puso en duda la responsabilidad primaria de proveer el servicio, aunque sí quedó claro, como explicamos posteriormente, que el municipio no tiene que continuar re-cogiendo la basura si el usuario no paga las tarifas impuestas.

       Ya en 1940, la ley municipal vigente incluía la misma directriz en su Art. 7, con una pequeña modificación en su última frase: “Disponiéndose, también, que la limpieza pública será dirigida y costeada, respectivamente, por cada municipio.” Se-gún citada en M. Rodríguez Ramos, Ley Municipal (Legislación y Jurisprudencia), San Juan, Ed. Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1940, pág. 23.

       Este diálogo surgió al discutirse la Sec. 1 del Art. VI de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 362, que establece:
      “La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función; y podrá autorizarlos, además, a desarrollar programas de bienestar general y a crear aquellos organismos que fueren necesarios a tal fin.
      “Ninguna ley para suprimir o consolidar municipios tendrá efectividad hasta que sea ratificada, en referéndum, por la mayoría de los electores capacitados que participen en el mismo en cada uno de los municipios a suprimirse o consolidarse. La forma del referéndum se determinará por ley que deberá incluir aquellos procedi-mientos aplicables de la legislación electoral vigente a la fecha de la aprobación de la ley.”

       Del historial legislativo se desprende claramente que la nueva ley otorgó a los municipios el poder de cobrar tarifas y suspender el servicio en los casos en que el usuario no pague por el recogido de basura. Esto surge del siguiente diálogo en el hemiciclo de la Cámara de Representantes:
      “SR. MORENO RODRIGUEZ: Sí, señor Presidente. ¿Cuáles son los recursos que va [a] haber disponibles para compeler a un ciudadano a cumplir con ese pago?
      “SR. NEGRON PADILLA: Básicamente lo que disponga el municipio. El muni-cipio puede establecer una ordenanza, hay mecanismos legales, hay mecanismos [en] derecho.
      “SR. MORENO RODRIGUEZ: Señor Presidente, ¿entiende usted que debe de incluirse donde corresponda eso que usted nos está diciendo?
      “SR. NEGRON PADILLA: No, porque eso es una cuestión estrictamente prerro-gativa del municipio.
      “SR. MORENO RODRIGUEZ: Lo sabemos, como todo esto son prerrogativas para los municipios, pero queremos dejar establecido, o sea, qué es lo que va a hacer el municipio con personas que no paguen este servicio. O sea, se va a decir que el municipio establezca un reglamento, lo que sea.
      “SR. NEGRON PADILLA: Pudiera ser, pudiera ser.
      “SR. MORENO RODRIGUEZ: ¿Hay algún inconveniente para que se incluya la facultad que se le va a dar el municipio para bregar con esto, en este Proyecto que estamos discutiendo?
      “SR. NEGRON PADILLA: Eso es una cuestión del gobierno municipal donde está la facultad del Ejecutivo con la Asamblea Municipal. Pues, vamos a permitir al gobierno municipal piense si debe establecer por medio de una ordenanza qué es lo que va a pasar. Pero la lógica nos dice que puede suspender el servicio de recogido de basura, y pudiera el municipio que quiera recurrir a las cortes en un procedimiento de cobro de ese dinero. O sea, que yo creo que cada municipio va a establecer unos criterios para eso.

      “SR. PRESIDENTE: El Representante Negrón ha contestado acertadamente que esto es una facultad que está dentro de las facultades municipales. Y si aquí se reconoce por ley que el municipio puede cobrar un cargo por dicho servicio está im-plícito que el municipio puede no ofrecer el servicio a aquellos que no pagan por dicho

        servicio, o que no estén dispuestos a pagar los cargos que se establezcan mediante la reglamentación, mediante la decisión, lo que sea ...” (Enfasis suplido.) Diario de Sesiones de la Cámara de Representantes, 20 de agosto de 1991, págs. 404^405.

       Recordemos que el municipio se define como “una demarcación geográfica con todos sus barrios, que tiene nombre particular y está regida por un gobierno local compuesto de un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo”. 21 L.P.R.A. sec. 4001(u).

       En su Resolución de 8 de octubre de 1993, el tribunal de instancia aclaró que impuso al Municipio de Carolina la obligación de recoger la basura acumulada a su costo como medida punitiva, pero que esto no afectaba su facultad de cobrar por la continuación del servicio. El recogido de basura acumulada finalizó el 15 de octubre de 1993.

       por entender que fue correcta la orden que impuso al Municipio la obliga-ción de recoger la basura de las escuelas, consideramos innecesario resolver si pro-cedía hacerlo por medio de mandamus o de injunction.

       B.F.I. solicitó permiso para intervenir en los procedimientos ante nos, para oponerse a la anulación del contrato de marras. La decisión que aquí tomamos hace innecesario expresarse sobre el asunto.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    La Sociedad de Gananciales formada por Carlos O. Rodríguez, etc., demandantes y recurridos, v. El Vocero de Puerto Rico, Inc. y otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-91-414

      Resuelto: 7 de febrero de 1994

      Juan R. Marchand Quintero, José E. Colón Rodríguez y Francisco Ortiz Santini, de Rivera Cestero & Marchand Quin-tero, abogados de los demandados y peticionarios; José Angel Cangiano, abogado de los demandantes y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

¿Pueden reclamar resarcimiento quienes sufran daños por la difamación hecha contra una persona relacionada a ellos, o dicha causa de acción está vedada por las garantías constitucionales a favor de la libertad de expresión y de prensa? Esta interrogante, nunca antes confrontada por este Tribunal, es la planteada en el recurso de epígrafe. Conforme a los fundamentos que exponemos a continua-ción, resolvemos que la doctrina que limita el derecho a instar acciones por difamación a que la publicación con-tenga una referencia específica sobre el demandante y re-lativa a éste {of and concerning the plaintiff), no impide el ejercicio de la causa de acción de terceros por los daños sufridos por ellos a causa de dicha difamación si en la pu-blicación se identifica personalmente a quien por cuya difamación éstos reclaman daños y conforme a lo aquí expuesto. Veamos.

I — I

Los hechos pertinentes a la controversia que nos ocupa son los siguientes.

Se trata de una acción instada contra El Vocero de Puerto Rico, Inc. {El Vocero) a causa de la publicación de una información alegadamente difamatoria contra Carlos O. Rodríguez Rivera, quien a la fecha se desempeñaba como Director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la Policía de Puerto Rico, Región de Ponce. El señor Rodrí-guez Rivera y su esposa, Doña Emérita Mercado, reclama-ron el resarcimiento por los alegados daños que les causó la publicación hecha por El Vocero. La demandada solicitó la desestimación de la causa de acción’ de la esposa del impli-cado en la noticia, puesto que a ella no se le mencionó ni se le identificó de forma alguna. El tribunal de instancia denegó la solicitud de desestimación y resolvió que la se-ñora Mercado tenía una causa de acción por daños y per-juicios contingente a la causa de acción por difamación de su marido. Acudió ante nos la demandante mediando el mismo señalamiento planteado en su solicitud de desestimación. Expedimos el auto correspondiente.

I — I J — I

Al evaluar la reclamación de la demandante debemos reconocer de entrada que la causa de acción por la cual se presentó la demanda es una general en daños y perjuicios, y no una exclusivamente por difamación. Esto así, debido a que no toda causa de acción civil en la que se reclaman daños como consecuencia de la publicación de información sobre una persona, constituye una causa de acción por libelo o difamación. Véanse: Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977); Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963).

El objeto de derecho tutelado en la acción por difama-ción y por cuya afección se reclama resarcimiento es la reputación personal del sujeto injuriado públicamente. Véase B.W. Sanford, Libel and Privacy, 2da ed., Nueva York, Ed. Prentice Hall Law & Business, Sup. 1993 págs. 95-100.

Se trata del derecho que le reconoce el ordenamiento legal a las personas naturales o jurídicas a defender su nombre ante los ojos de los demás, el cual consiste en el interés de: (1) proteger las relaciones que sostiene con terceros; (2) proteger la probabilidad de relaciones futuras con terceros; (3) proteger su imagen pública en general, y (4) evitar que se le cree una imagen pública negativa si careciere de reconocimiento público en el presente. D.A. Anderson, Reputation, Compensation, and Proof, 25 Wm. & Mary L.Rev. 747, 764-766 (1984).

A tales efectos, el objeto de la acción en daños por difamación es proveer una compensación por el daño a la reputación y la pérdida del buen nombre del injuriado y no brindar resarcimiento por la ocurrencia de otros tipos de daños, como lo podrían ser las angustias emocionales sufridas y la posible interferencia habida con la intimidad del libelado, entre otras.

The orthodoxy has always been that the primary function of the law of defamation is to protect the relational interest in loss of reputation, rather than to compensate for the emotional disturbance caused by the defamation, which was left primarily to the law of privacy and infliction of emotional distress. (Escolios omitidos.) R.A. Smolla, Law of Defamation, Nueva york, Ed. Clark Boardman Co., 1991, Sec. 1.06[3]. Véanse: E.C. Thomas, The Law of Libel, Slander & Related Action, 3ra ed., Ed. Oceana, 1973, págs. 70-75; R.D. Sack, Libel, Slander and Related Problems, Nueva York, Ed. Practising Law Institute, 1980, págs. 385-386.

Conforme reconocimos en Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra, págs. 423-424, “[lja acción de libelo es una acción de resarcimiento de daños dirigida a vindicar el interés social en la reputación de la persona, razón por la cual encaja perfectamente en la norma de responsabilidad estatuida en el Art. 1802”: (Enfasis suplido.) Véase Porto y Siurano v. Bentley P.R., Inc., 132 D.P.R. 331 (1992). Tales acciones por difamación pueden estar contenidas o inmer-sas dentro de una acción general de daños, pero no abarcan la totalidad de los remedios provistos por éstas. A tales efectos, la acción en daños al amparo del Art. 1802 del Có-digo Civil, 31 L.RR.A. see. 5141, está relacionada, pero es distinta por ser más abarcadora. Mediante esta acción de daños un demandante, en vez de pedir una compensación exclusivamente por lá lesión causada a la reputación del difamado y a sus relaciones en la comunidad, persigue ob-tener resarcimiento por otros daños resultantes, por ejem-plo, los daños y angustias mentales y morales que las ase-veraciones publicadas hayan producido. Véanse: Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra; Colón v. Romero Barceló, supra; Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867 (1992).

Resulta fundamental reconocer tales diferencias a la hora de evaluar la aplicabilidad de doctrinas elaboradas en el derecho común cuando se adjudican reclamaciones por libelo a las acciones por daños y angustias mentales ampa-radas por el Art. 1802 de nuestro Código Civil, supra. La norma de derecho más ilustrada y justa puede convertirse en el mayor absurdo o arbitrariedad si se aplica sin pensar y de forma automática a situaciones jurídicas distintas de aquellas para las cuales fue elaborada, haciendo abstrac-ción de los principios que encarna y de los intereses jurídi-cos que pretende tutelar. Con esto en mente, debemos exa-minar la aplicabilidad de la doctrina del of and concerning the plaintiff a la controversia en autos.

III

En el ámbito de las acciones por difamación en el derecho común se ha elaborado la doctrina conocida como of and concerning the plaintiff, la cual requiere que en toda acción por difamación el demandante pruebe que las ex-presiones difamatorias se refieren a su persona de modo particular. El requisito de referencia específica o declaración “sobre el demandante y relativa al mismo” limita el derecho a demandar por falsedad injuriosa, ya que concede dicho derecho a aquellos que son objeto directo de críticas, y se lo niega a aquellos que meramente se quejan por ma-nifestaciones no específicas que estiman que los perjudican. Blatty v. New York Times Co., 728 P.2d 1177 (Cal. 1986).

Esta doctrina impide las reclamaciones por difamación vicaria (Sack, op. cit., pág. 122) y las reclamaciones por difamaciones hechas contra grupos de personas cuando el demandante no pueda probar que él fue señalado de forma individual, es decir, que se hizo una referencia específica contra él o ella de forma particular y singularizada. Véanse: Rosado v. Fluor International, 81 D.P.R. 608, 616 (1959); Sack, op. cit., pág. 116; P. Lewis, Gatley on Libel and Slander, 8va ed., Londres, Ed. Sweet & Maxwell, 1981, págs. 274-296; Smolla, op. cit., Secs. 4.09-4.10[1]. Se trata, en primera instancia, de un requisito relativo a la identificación del difamado. Véase, además, Rosado v. Fluor International, supra.

Para prevalecer en una acción por difamación, el de-mandante no sólo debe probar que cierta información pu-blicada era de contenido difamatorio, sino que debe poder hacer la identificación de sí mismo como la persona difamada. Ningún escrito puede considerarse libeloso a menos que se refleje sobre una persona en particular. “ ‘The true question always is: Was the individual or were the individuals bringing the action personally pointed to by the words complained of?’ ” Gatley, op. cit., pág. 289. Siendo una acción destinada a vindicar la reputación personal del injuriado, lógicamente requiere que la identidad de éste surja diáfanamente de la publicación en cuestión.

Por su parte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha reconocido que la doctrina, en cuanto a que la publica-ción sea sobre el demandante y relativa a éste, goza de una dimensión constitucional. En la renombrada decisión New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), el más alto Foro federal estimó que resultaba constitucionalmente de-fectuosa la adjudicación de libelo hecha por un Jurado a favor del Comisionado a cargo de la Policía del estado de Alabama, cuando éste no aportó prueba de que las alega-das expresiones difamatorias alegadas, que aparecían en un anuncio publicado por el Times contra el cuerpo poli-cíaco, versaban sobre su persona.

El Tribunal sostuvo que:

This proposition has disquieting implications for criticism of governmental conduct. For good reason, “no court of last resort in this country has ever held, or even suggested, that prosecutions for libel on government have any place in the American system of jurisprudence.” City of Chicago v. Tribune Co., 307 Ill. 595, 601, 139 N.E. 86, 88 (1923). The present proposition would sidestep this obstacle by transmuting criticism of government, however impersonal it may seem on its face, into personal criticism, and hence potential libel, of the officials of whom the government is composed. There is no legal alchemy by which a State may thus create the cause of action that would otherwise be denied for a publication which, as respondent himself said of the advertisement, “reflects not only on me but on the other Commissioners and the community.” Raising as it does the possibility that a good-faith critic of government will be penalized for his criticism, the proposition relied on by the Alabama courts strikes at the very center of the constitutionally protected area of free expression. We hold that such a proposition may not constitutionally be utilized to establish that an otherwise impersonal attack on governmental operations was a libel of an official responsible for those operations. (Enfasis suplido.) New York Times Co. v. Sullivan, supra, págs. 291-292.

Tal razonamiento fue, con posterioridad, reafirmado en Rosenblatt v. Baer, 383 U.S. 75, 81-82 (1966), cuando dicho Foro resolvió que por imperativo de la Primera Enmienda de la Constitución federal, un ataque impersonal a la ges-tión de gobierno no podía dar base a una acción de libelo por parte de aquellos encargados de administrar esa ges-tión en ausencia de prueba de que el ataque se enfocó es-pecíficamente sobre sus personas particulares.

En tal sentido, la doctrina de of and concerning the plaintiff goza de rango constitucional en cuanto a impedir que un ataque o cuestionamiento impersonal a la gestión gubernamental o sobre un asunto de interés pú-blico pueda dar base a una acción de libelo por parte de los funcionarios o figuras públicamente responsables por dicha gestión, pudiendo así desalentar o penalizar el ejercicio de la discusión y fiscalización pública sobre estos asuntos.

En estos casos, el requisito de referencia específica sirve para inmunizar un tipo de declaraciones que no deben des-alentarse por ser importantes para mantener el vigor y la apertura del discurso público en una sociedad libre. Al igual que las declaraciones que expresan una opinión, las declaraciones que carecen de una referencia específica go-zan de inmunidad bajo el manto de la Primera Enmienda en cuanto éstas sirven el interés fundamental de fomentar y garantizar el debate público y la crítica abierta, libre y robusta sobre la gestión gubernamental y otros asuntos de interés público. Blatty v. New York Times, supra; Rosenblatt v. Baer, supra.

Es mejor para el bienestar ciudadano no conceder remedio para un perjuicio ocasional e indirecto causado a un individuo debido a alguna declaración que censure en términos generales su profesión, su partido, o su sector, que refrenar la libre dis-cusión de temas políticos, morales o religiosos de gran impor-tancia por miedo a propiciar amargos e interminables litigios. (Traducción nuestra.) Blatty v. New York, supra, pág. 1184.

En consecuencia, las garantías contenidas en la Primera Enmienda de la Constitución federal a favor de la libertad de expresión y de prensa prohíben que cualquier estado conceda un remedio o reconozca una causa de acción por libelo a un ciudadano por declaraciones impersonales hechas sobre asuntos de importancia pública, en ausencia de una referencia difamatoria a su persona en su carácter personal. Satisfecho este requisito de referencia específica, corresponderá al demandante probar su causa de acción por libelo conforme a las normas de responsabilidad cons-titucionalmente aplicables según elaborados por el Tribunal Supremo federal y por esta Curia.

IV

A tales efectos, no tenemos duda respecto a que la doctrina de referencia específica en su vertiente constitucional aplica igualmente a acciones de daños por angustias mentales derivadas de una publicación en la prensa.

En Hustler Magazine v. Falwell, 485 U.S. 46 (1988), el más alto Foro federal resolvió que la Primera Enmienda igualmente limita la autoridad de los estados para conce-der un remedio por daños y angustias mentales en menos-cabo del derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa. Este Tribunal rechazó el argumento del recurrido en cuanto a que debía aplicarse un estándar de responsa-bilidad distinto, puesto que el Estado no perseguía preve-nir un daño a la reputación de los ciudadanos, sino preve-nir el severo daño emocional que sufren aquellas víctimas de una publicación ofensiva.

Señáló dicho Tribunal Supremo que de lo que se trata es de garantizar que el debate público y la libre discusión de ideas permanezcan libres de sanciones impuestas por el estado. Aclaró el Tribunal que esto no implica que cual-quier expresión resulta inmune de ser penalizada me-diante la concesión de daños, sino que tal imposición debe ajustarse a las normas constitucionales de responsabilidad adoptadas en New York Times v. Sullivan, supra, respecto a probar que se trata de imputaciones de hechos falsas y a el nivel de culpabilidad requerido, según sea el caso de figura pública o figura privada. Hustler Magazine v. Falwell, supra, págs. 51-52.

Iguales fundamentos sustentan nuestra decisión de hoy en cuanto a que, por imperativo constitucional, no procede una reclamación de daños contra la prensa por informaciones que reflejen un ataque impersonal contra la gestión de gobierno o cualquier otra de trascendencia pública, por parte de aquellos encargados de dicha gestión, en ausencia de una referencia específica e individualizada sobre alguna persona y conforme a las normas constitucionales de responsabilidad aplicables.

V

Ahora bien, en relación con la acción en daños objeto de la controversia que nos ocupa, en las noticias publicadas las imputaciones alegadamente difamatorias no se dirigen de forma impersonal contra la gestión de gobierno, sino que se centran específicamente sobre una persona en particular, a quien se le imputa personalmente haber actuado de forma indebida.

En términos constitucionales, se satisface el requisito de referencia específica en esta situación. El problema de si esta referencia específica permite a los familiares del difa-mado instar una acción en daños y perjuicios por las an-gustias mentales sufridas a causa de la publicación, no está considerado en la doctrina constitucional vigente. Te-nemos que recurrir al análisis y la ponderación de los inte-reses en conflicto para resolver esta controversia.

Dispone el Art. 1802 del Código Civil, supra, que quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. “Nuestra jurisprudencia ha reconocido que el con-cepto de culpa del Art. 1802 es tan infinitamente amplio como cualquier falta de una persona que produce un mal o un daño.” Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 579. Véase Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 610 (1987).

Según el citado artículo, que establece uno de los principios más fundamentales de nuestro orden jurídico — el de la respon-sabilidad aquiliana por hechos propios — todo perjuicio, material o moral, da lugar a reparación si concurren tres requisitos o elementos: primero, se establece la realidad del daño sufrido; segundo, existe un nexo causal entre el daño y la acción u omi-sión de otra persona; y tercero, dicho acto u omisión es culposo ó negligente. ... Ese precepto "... no admite limitación ni excep-ción de clase alguna; y por consiguiente el causante de un daño debido a culpa o negligencia, sean las que sean sus consecuen-cias, está obligado a repararlo ....” Borrell, [op. cit., pág.] 169. (Enfasis suprimido.) Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96-97 (1957). Véase Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 311-312 (1970).

En fin, “[e]l concepto de la culpa incluye todo tipo de transgresión humana tanto en el orden legal como en el orden moral”. Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, supra, pág. 313.

Acorde con esta posición, concluimos que el citado Art. 1802 admite la causa de acción reclamada en el caso de autos por tratarse de una alegación de daños y angustias mentales de la esposa del demandante.

Si el propio sujeto, objeto de las informaciones injuriosas, tiene derecho a un remedio en daños —por difamación o por daños y angustias mentales— a causa de las informaciones publicadas, su esposa, hijos o terceros que han sufrido daños y angustias mentales por las informaciones publicadas deben tener una causa de acción en daños y perjuicios.

No podemos escaparnos de la realidad sociológica, y si-cológica de que una esposa, hijos o padres de una persona que ha sido difamada, por su relación con el así difamado, también se pueden ver afectados por la publicación de la difamación.

A manera de ejemplo: los hijos, la esposa o los padres de una persona que ha sido difamada, al imputar le que es un “ladrón o un asesino”, en ocasiones pueden sufrir daños y angustias mentales debido al rechazo social que se desa-rrolla contra ellos a causa de su relación con el difamado; por el estigma que ello conlleva; por los comentarios y ac-titudes negativas que se desarrollan contra él y su familia, y por la mera relación de parentesco. Tal realidad, aunque triste, es inescapable. Nuestro Derecho tiene que reconocer una causa de acción de ellos contra quien hizo tal difama-ción y causó los daños y angustias mentales. No podemos hacer justicia a medias.

No obstante, los elementos constitutivos de tal causa de acción deben ser armonizados con las disposiciones constitucionales a favor de la libertad de expresión y de prensa, particularmente en cuanto al grado de culpabilidad requerido, pues tal causa de acción es una contingente a la causa de acción principal que tiene el difamado. Regla 14.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

Por ello, debe probarse que la información sobre el difamado es falsa y que, como producto de ésta, los terceros reclamantes sufrieron daños reales. Véase Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 D.P.R. 705, 715 (1988). Si la persona objeto de las informaciones injuriosas o el reclamante son funcionarios o figuras públicas, es necesario, además, demostrar la existencia de malicia real, esto es, que las imputaciones contra el difamado fueron pu-blicadas con conocimiento de su falsedad o con grave me-nosprecio de si eran ciertas o no. Véanse: Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 (1985); Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257 (1984); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978); Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 432 (1977); Torres Silva v. El Mundo, supra. Finalmente, serán opuestas a estas acciones por daños a causa de la difamación de un tercero todas aquellas defen-sas que, en virtud del derecho a la libertad de expresión y de prensa, el demandado ostente frente al tercero objeto de la difamación. Véase Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991).

En fin, se trata de causas de acción para las cuales no existirá el derecho a un remedio en aquellas situaciones en las cuales el propio sujeto objeto de las informaciones inju-riosas no tenga derecho él a un remedio en daños —por difamación o por daños y angustias mentales a causa de las informaciones publicadas.

Resolver lo contrario resultaría en reducir ese espacio vital para la expresión democrática en el cual opera hoy la prensa del país y alterar el equilibrio necesario entre el derecho del pueblo a expresar y difundir libremente ideas e informaciones y a recibirlas por vía de los medios de comu-nicación social, por un lado; y el derecho a estar protegido contra ataques abusivos a su honra, reputación y a la vida privada y familiar, por otro. Art. II, Secs. 1, 4 y 8, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

En consecuencia, no erró el tribunal de instancia al ne-garse a desestimar la acción incoada por la señora Mercado de Rodríguez. La doctrina de of and concerning the plaintiff no impide, de por sí, tal acción en daños y perjuicios por cuanto hubo una referencia específica a la persona de su marido en la publicación.

Se dictará sentencia de conformidad.

       Se trata de dos (2) noticias publicadas por El Vocero de Puerto Rico, Inc. (El Vocero), una en su edición de sábado 14 de enero de 1989 y otra el sábado 21 de enero de 1989. La primera apareció publicada en la pág. 39 bajo el titular: “Sobre traslado agentes desautorizan jefe CIC Ponce.” La segunda apareció publicada bajo el titular: “Piden renuncia jefe CIC.” No está en controversia que se trata aquí de una recla-mación de daños producto de la publicación de alegadas expresiones difamatorias contra la persona de un tercero, y que en la publicación no se menciona directamente a la demandante ni versaba sobre su persona. No obstante, en las noticias referidas
        sí existe una referencia específica al esposo de la recurrida.

       En términos generales, se conoce como “libelo” la difamación realizada por medios escritos. Véase R.A. Smolla, Law of Defamation, Nueva York, Ed. Clark Boardman Co., 1991.

       Sanford explica el desarrollo histórico del derecho en torno a las acciones por difamación y señala cómo la defensa de la reputación y el buen nombre se acentúa y se torna en una necesidad y un objeto a ser tutelado jurídicamente con la transfor-mación de los antiguos regímenes feudales de naturaleza agraria en sociedades ur-banas mercantilistas.

       Véanse: New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Garrison v. Louisiana, 379 U.S. 64 (1964); Rosenblatt v. Baer, supra; Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974); Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967); Associated Press v. Walker, 393 S.W.2d 671 (Tex. App. 1965); Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, 472 U.S. 749 (1985); Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., 130 D.P.R. 867 (1992); Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991); Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, 121 D.P.R. 705, 713-718 (1988); Ocasio v. Alcalde Man. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988); Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 (1985); Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257 (1984); Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685 (1984); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734 (1975); Zequeira Blanco v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 432 (1977); Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964).

       No nos expresamos sobre si la sociedad de gananciales tiene tal causa de acción y si procede una acción de lucro cesante por no estar ello planteado en este caso.

       Es de notar que en la reciente decisión de este Tribunal, Méndez Arocho v. El Vocero de P.R., supra, se resolvió que contrario a la tendencia mayoritaria vigente en Estados Unidos, que rechaza el reconocimiento de acciones por difamación de los muertos, en nuestra jurisdicción, por disposición estatutaria expresa del Art. 2 de la Ley de Libelo y Calumnias de 1902 (32 L.P.R.A. see. 3142), se reconoce una acción de libelo a los parientes y amigos del fallecido difamado cuando se publica una difama-ción maliciosa sobre este último con la intención de denigrar o deprimir su memoria y de desacreditar o provocar a aquéllos. Allí confirmamos la sentencia sumaria dic-tada en favor del demandado, pues los demandantes no demostraron que contaban con prueba para controvertir la del demandado y demostrar que éste actuó de ma-nera intencional o con malicia crasa y grave menosprecio a la verdad.

       Sobre la definición de figura pública, véanse: Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 293 (1971); Torres Silva v. El Mundo, Inc., supra; García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978); Pueblo v. Olivero Rodríguez, 112 D.P.R. 369 (1982); Maldonado y Negrón v. Marrero y Blanco, supra; Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988); Villanueva v. Hernández Class, supra.


text:
    Belinda García Aponte, Ivonne García y Felipe García, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Corporaciones A,B,C,H; Fulano y Zutano, y Aseguradoras D,E y F, demandados y recurridos.

      Número: RE-93-328

      Resuelto: 8 de febrero de 1994

      Raúl Dávila Rivera, de Bauzá & Dávila, abogado de los de-mandantes y recurrentes; Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, y Laura G. Ydrach Vivoni, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

I

Nos corresponde determinar en qué momento comienza a transcurrir nuevamente el término prescriptivo de un (1) año dispuesto por el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5298, que fue interrumpido por la presentación de una demanda y que posteriormente fue desistida al amparo de la Regla 39.1(a)(1) de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Por los fundamentos expuestos más adelante, conclui-mos que dicho término comienza a transcurrir nuevamente a partir de la fecha cuando se presenta ante el Tribunal el aviso de desistimiento.

H-1 HH

Los codemandantes —Belinda, Felipe e Ivonne, todos de apellido García— son los padres y abuela, respectiva-mente, de un bebé que murió poco después de nacer en el Hospital de Área de Guayama. En vista de lo anterior, el 10 de noviembre de 1989, los codemandantes presentaron una demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante el Estado), entre otros, para alegar —en síntesis— que la muerte del bebé se “debió a la culpa y/o negligencia de los demandados” y reclamar los daños sufri-dos por éstos como resultado de la muerte. Apéndice 3, pág. 1.

Posteriormente, y a tenor con lo dispuesto por la Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, supra, los demandantes presentaron un aviso de desistimiento voluntario. El 24 de enero de 1990 se dictó una sentencia de archivo sin perjui-cio, la cual fue archivada en autos y notificada el 2 de fe-brero de 1990.

Así las cosas, el 4 de febrero de 1991 los demandantes presentaron nuevamente una demanda donde se volvió a incluir, entre otros, al Estado como demandado, quien a su vez presentó una demanda contra tercero contra la Univer-sidad de Ciencias Médicas San Juan Bautista, Inc. Esta última solicitó la desestimación del pleito invocando la de-fensa de prescripción. En términos generales, alegó que al momento de presentarse la segunda demanda, el 4 de fe-brero de 1991, ésta ya había prescrito, y argumentó que el término prescriptivo debía computarse a partir del mo-mento cuando se dictó la sentencia de archivo, el 24 de enero de 1990.

Por su parte, los demandantes presentaron un escrito en oposición en el que sostuvieron que el nuevo término prescriptivo debía computarse a partir del momento cuando se archivó en autos la copia de la notificación de la sentencia de archivo, es decir, el 2 de febrero de 1990. Bajo esta teoría, argumentaron que el término prescriptivo ven-ció el sábado 2 de febrero de 1991, por lo que se extendió hasta el lunes 4 de febrero, cuando se presentó la demanda por segunda vez.

Sometida la controversia ante la consideración del tribunal de instancia, éste dictó la sentencia, desestimando las causas de acción instadas por Felipe e Ivonne García por entender que éstas habían prescrito. Específica-mente, acogió la teoría del tercero demandado para con-cluir que la reclamación de la codemandante Ivonne Gar-cía había prescrito el 24 de enero de 1991, esto es, al año de haberse dictado la sentencia de archivo. Con relación a la reclamación de Felipe García, concluyó que ésta había prescrito por el fundamento de que éste advino a la mayo-ría de edad el 18 de septiembre de 1989, por lo que tan sólo tenía hasta el 18 de septiembre de 1990 para presentar “su acción personal”.

No conformes, los codemandantes Ivonne y Felipe Gar-cía acuden ante nos mediante el recurso de revisión, seña-lando que:

La cuestión de derecho que se plantea en este recurso es si el nuevo término prescriptivo de una causa de acción en daños y perjuicios que fue radicada y luego archivada sin perjuicio co-mienza a correr nuevamente desde que se dictó la sentencia de archivo o desde que se notificó la misma. En otras palabras, la cuestión planteada es si una sentencia comienza a surtir efec-tos desde que se dictó o desde que se notificó a las partes. Soli-citud de revisión, pág. 3.

Oportunamente, concedimos un término a la parte recu-rrida para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia dictada por el tribunal de instancia. Con el beneficio de ambas comparecencias, estamos en po-sición de resolver y así procedemos.

H-1 I — í

Nos corresponde determinar la fecha a partir de la cual comienza nuevamente a transcurrir el término prescrip-tivo de un (1) año dispuesto por el Art. 1868 del Código Civil de Puerto Rico, supra, cuando el demandante desiste del pleito voluntariamente, sin perjuicio y con anterioridad a que la parte adversa notifique su alegación responsiva o su moción en la que solicite sentencia sumaria, conforme lo autoriza la Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, supra.

En respuesta a la interrogante antes señalada, cada compareciente ante nos fija el inicio del nuevo término prescriptivo en una fecha distinta. De una parte, los de-mandantes recurrentes fijan el inicio en la fecha cuando se archiva en autos la copia de la notificación de la sentencia de archivo, “ya que a tenor con la Regla 46 de las de Pro-cedimiento Civil” este es el momento a partir del cual la sentencia surte efecto. Solicitud de revisión, pág. 3. De otra parte, el Estado —demandado recurrido— asume una pos-tura más amplia al señalar que “el punto de partida para contar el nuevo término prescriptivo, una vez se ha inte-rrumpido el mismo por el ejercicio de una acción judicial, es aquel en que culminó definitivamente la acción interrup-tiva, es decir, cuando la acción interruptiva adviene final y firme y no antes”. (Énfasis en el original.) Escrito para mostrar causa, págs. 5-6.

Finalmente, la demandada recurrida, Universidad de Ciencias Médicas San Juan Bautista, Inc. fija el inicio del nuevo término prescriptivo en la fecha cuando la parte ac-tora presenta el aviso de desistimiento. En apoyo de su posición alega, en términos generales, que la mera presen-tación del aviso de desistimiento tiene “el efecto de causar la inmediata terminación del litigio sin necesidad de la ex-pedición de orden, resolución o sentencia alguna del Tribunal”. (Énfasis suprimido.) Escrito en cumplimiento de orden, pág. 4. Añade que tal desistimiento no admite reme-dio postsentencia por parte del demandante, por lo cual la notificación de la sentencia que aprueba tal desistimiento es innecesaria.

Cualquier respuesta a la interrogante que nos ocupa ha de estar orientada por los principios que informan la insti-tución de la prescripción extintiva.

Sabido es que la prescripción extintiva es una norma de derecho sustantivo regida por las disposiciones del Código Civil de Puerto Rico y constituye una forma de extinción de los derechos, dada la inercia de la relación jurídica durante un periodo de tiempo determinado. El transcurso del periodo de tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo haya reclamado, da lugar a la presunción legal de abandono de éste, lo que junto a la exigencia de la seguridad jurídica —que en aras del interés general precisa dotar de firmeza las relaciones jurídicas— constituyen los fundamentos básicos de la prescripción extintiva. Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990). Luego de transcurrir el término prescriptivo, el derecho del acreedor pierde su fuerza coactiva, de modo que el sujeto pasivo puede negarse a cumplir con su obligación en virtud de que la reclamación fue tardía. Cuando finaliza la acción dirigida a hacer valer el derecho, tan sólo subsiste entre las partes una obligación natural o moral no reclamable por la vía judicial. Rivera Castillo v. Mun. de San Juan, 130 D.P.R. 683 (1992); Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992); G. Orozco Pardo, La Interrupción de la prescripción extintiva en el Derecho Civil, Granada, Ed. U. de Granada, 1986, pág. 15 et seq.; J. Puig Brutau, Caducidad, Prescripción Extintiva y Usucapión, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 26 et seq.

Ahora bien, por ser la prescripción un fenómeno fundamentado en la inercia o inactividad del titular que nos permite presumir el abandono del derecho, si tal inactividad cesa, no operará la prescripción al faltar uno (1) de sus requisitos. La interrupción de la prescripción se fundamenta en la actividad o ruptura de aquella inercia. El acto interruptivo representa la manifestación inequívoca de una voluntad contraria al mantenimiento de la situación inerte manifestada con anterioridad a que el plazo de deliberación se agote. Al ocurrir el acto de interrupción, la presunción en virtud de la cual se da la prescripción se desvanece, por lo que resulta lógico que se déje sin efecto el plazo de tiempo transcurrido, el cual debe comenzar de nuevo. Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra; Cintrón v. E.L.A., supra; De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985); Pardo, op. cit., págs. 17, 31 y 33.

La prescripción de las acciones se interrumpe por el ejercicio de éstas ante los tribunales, por la reclamación extrajudicial del acreedor o mediante cualquier acto de reconocimiento de deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5303.

Con relación a la interrupción mediante una reclamación judicial, en Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 D.P.R. 550, 562 (1987), resolvimos que la presentación de una demanda, de la cual el actor desiste voluntariamente sin perjuicio antes de que los demandados fueran emplazados, detiene el término prescriptivo a los fines de la prescripción extintiva debido a que la presentación oportuna de la demanda demuestra que “no medió el abandono necesario, derivado del simple transcurrir del tiempo”. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., supra, pág. 562. Allí destacamos que el desistimiento referido re-presenta una reserva del derecho de volver a presentar la reclamación.

Con respecto al momento a partir del cual se inicia el transcurso del nuevo término prescriptivo en el caso ci-tado, señalamos que “[e]l término comienza a contarse de nuevo íntegramente desde que terminó definitivamente la acción ejercitada”, esto es, “ 'cuando cesen los efectos de la interpelación’ ”. Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., supra, págs. 561 y 562.

Ahora bien, ¿cuándo termina definitivamente una ac-ción que es desistida al amparo de la Regla 39.1(a)(1), supra? La respuesta a esta interrogante la encontramos en la jurisprudencia interpretativa de la citada regla.

Específicamente, en lo pertinente a la controversia ante nos, la Regla 39.1(a)(1), supra, establece que

... un demandante podrá desistir de un pleito sin orden del tribunal, (1) mediante la presentación de un aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción solicitando sentencia suma-ria, cualesquiera de éstas que se notifique primero. (Énfasis suplido.)

Se ha interpretado que al amparo del inciso (1) de la Regla 39.1(a), supra, el demandante tiene derecho a desis-tir de la tramitación de la acción.

Para el actor desistente, en realidad constituye un privilegio procesal inmune a la imposición de términos o condiciones, a menos que él se los imponga en su propio aviso. Causa la inme-diata terminación del litigio que inició-, pero la causa de acción o reclamación ejercitada no se extingue; puede reclamarla una vez más. Su completa efectividad se adquiere tan pronto se pre-senta en el tribunal el aviso declarativo de la voluntad de desis-tir; toda orden o resolución desestimatoria resulta superflua. (Énfasis suplido.) J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puer-torriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 202: Veáse Kane v. República de Cuba, 90 D.P.R. 428 (1964).

La prescripción tiene su fundamento en la inercia du-rante un tiempo determinado, la cual se interrumpe me-diante la manifestación inequívoca de un acto de voluntad contrario al mantenimiento de la situación inerte. De igual forma, la mera presentación del aviso de desistimiento con anterioridad a que la parte adversa notifique la alegación responsiva o una moción de sentencia sumaria, constituye una manifestación inequívoca de la voluntad de desistir de la acción emprendida que interrumpió el término prescriptivo. Tal manifestación no admite oposición de la parte adversa ni requiere de la aprobación del tribunal para surtir efecto, de modo que causa la inmediata termi-nación del litigio. Kane v. República de Cuba, supra.

Conforme lo resuelto por nosotros en Silva Wiscovich v. Weber Dental Mfg. Co., supra, la presentación ante el tribunal del aviso de desistimiento pone fin al pleito y constituye, por lo tanto, la fecha a partir de la cual comienza el transcurso del nuevo término prescriptivo. La expresión inequívoca de la voluntad de desistir es el elemento determinante de que cesó el efecto interruptivo de la acción judicial. Los eventos posteriores a tal manifestación de voluntad, como la fecha en que el tribunal dicta sentencia, la archiva y notifica o ésta adviene final y firme, nada tienen que ver con que surta efecto dicha expresión de voluntad y, por consiguiente, resultan impertinentes. Siendo ello así, resulta forzoso concluir que al momento de instar la demanda por segunda vez la causa de acción de los codemandantes Felipe e Ivonne García estaba prescrita.

Aunque del expediente ante nos no se desprende la fe-cha cuando se presentó el aviso de desistimiento, resulta obvio que fue anterior a la fecha en que se dictó la senten-cia de archivo (24 de enero de 1990), de modo que a la fecha en que se presentó la segunda demanda (4 de febrero de 1991) la acción ya estaba prescrita.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto y se confirma la sentencia recurrida.

       Con respecto a la codemandante Belinda García (madre del bebé), el tribunal de instancia concluyó que la acción no estaba prescrita por ésta ser menor de edad al momento de dictarse la sentencia desestimatoria.

       Aun cuando en el caso citado se interpreta la Regla 39.1 de 1958 (32 L.P.R.A. Ap. II), la norma en él adoptada continúa vigente y es, por lo tanto, de aplicación al caso ante nos, pues el texto de la regla anterior corresponde sustancialmente al dé la regla vigente.


author: per curiam:

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. Pedro Ferrer Colón, querellado.

      Número: 5291

      Resuelto: 11 de febrero de 1994

      Mady Pacheco García de la Noceda, abogada del querellante.
   per curiam:

El querellado Pedro Ferrer Colón no ha sa-tisfecho el pago de la cuota de colegiación al Colegio de Abogados de Puerto Rico correspondiente a 1993, a pesar del requerimiento contenido en nuestra Resolución de 30 de noviembre de 1993. Dicha omisión constituye un incum-plimiento con la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 2001 et seq., y de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. sees. 771-783). Colegio de Abogados v. Schneider, 117 D.P.R. 504 (1986); Schneider v. Colegio de Abogados, 682 F. Supp. 674 (D. P.R. 1988), confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito, 917 F.2d 620 (1990).

Tomando en consideración su renuencia injustificada a satisfacer el pago de tal cuota de colegiación (In re Vega González, 116 D.P.R. 379, 381 (1985); Colegio de Abogados v. Schneider, supra; In re Serrallés III, 119 D.P.R. 494, 495-496 (1987); In re Duprey Maese, 120 D.P.R. 565 (1988)), y su indiferencia en responder a las órdenes de este Tribunal, lo cual de por sí conlleva la imposición de sanciones disciplinarias severas In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992); In re Pérez Benabe, 133 D.P.R. 361 (1993); In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992); se decreta la suspen-sión indefinida del abogado Pedro Ferrer Colón del ejerci-cio de la abogacía en esta jurisdicción.

Habiendo cesado dicho abogado en el ejercicio del nota-riado hace más de nueve (9) años, por lo cual entregó en-tonces su obra notarial al Archivero Notarial del Distrito de San Juan, nada se dispone a este respecto.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re José Ramón Franco Rivera y Juan M. Massini Soler.

      Número: AB-92-24

      Resuelto: 16 de febrero de 1994

      José R. Franco Rivera, pro se; Eli B. Arroyo, Santiago Soler Favale, Maricarmen Ramos de Sze'ndrey y Richard W. Markus, abogados de Juan M. Massini Soler.
   RESOLUCIÓN

A la segunda moción de reconsideración del Ledo. José Ramón Franco Rivera, no ha lugar. Aténgase a lo resuelto.

A las mociones del Ledo. Richard W. Markus, se auto-riza unirse a la representación legal del querellado, Ledo. Juan M. Massini Soler, y se acepta presentar la moción de reconsideración con exceso de páginas.

A la segunda moción de reconsideración del Ledo. Juan M. Massini Soler, no ha lugar. Aténgase a lo resuelto.

Hemos considerado cuidadosamente las decisiones cita-das del Tribunal Supremo de Estados Unidos y resolvemos que bajo ninguna de ellas tienen los querellados algún de-recho que los ampare. Nuestra'anterior decisión tomó muy en cuenta y consideró cuidadosamente los planteamientos, las alegaciones y la prueba documental sometida por los propios querellados, previa orden de mostrar causa. Se les impuso sanciones, no por la gestión en sí que realizaron para pronunciarse clientes, sino por la manera impropia en que se condujeron en relación con sus clientes potenciales, en violación del Canon 35 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, que exige a los abogados actuar con sin-ceridad y honradez en todos sus quehaceres profesionales.

En este caso en particular, los querellados incurrieron en conducta tan obviamente carente de sinceridad y hon-radez que cualquier abogado sabe, o debería saber, no es-taba a la altura de lo que se espera de un miembro de la profesión. Sus gestiones para con los clientes potenciales claramente conducían a error, sobre todo cuando se toma en cuenta lo ingenua e incauta que es gran parte de nues-tra población cuando se trata de reclamos con visos de au-toridad y lo susceptible que es a los reclamos legales.

En este caso los querellados redactaron su comunica-ción a los clientes potenciales de manera astuta, sin pro-veer la información necesaria para que el cliente potencial pudiera hacer una decisión libre y consciente sobre si acep-taba o no los servicios ofrecidos, y el pagar, según lo allí propuesto, por dichos servicios.

La comunicación de los querellados iba dirigida delibe-radamente a dar una impresión errónea sobre varios asun-tos, y era por ello engañosa. Dicha comunicación

(1) daba la impresión errónea de que la comunicación enviada por los querellados no era un ofrecimiento de ser-vicios, sino un aviso legal autoritativo;

(2) daba la impresión errónea de que en la oficina de los querellados se había hecho mucho trabajo para descu-brir unos fondos que le pertenecían al cliente potencial;

(3) daba la impresión errónea de que los clientes po-tenciales no podían recobrar esos fondos si no era mediante la intervención de los querellados;

(4) daba la impresión errónea de que para recobrar los fondos los clientes potenciales tenían que utilizar el formu-lario específico remitido por los querellados, el cual incluía un juramento obligatorio ante un notario, y

(5) daba la impresión errónea de que los querellados tenían el derecho indiscutible de cobrar el 33% de los fon-dos a recobrar.

La comunicación en cuestión no era un ofrecimiento de servicios profesionales a clientes potenciales. Era, más bien, un esquema manipulative para aprovecharse de la ignorancia de los dueños de unos fondos. Se trata de una conducta taimada que es reprochable aun cuando incurran en ella personas comunes y corrientes. Cuando incurren en ella abogados, ésta se convierte en una conducta patente-mente deshonesta, puesto que la misma conlleva un abuso del perito para con el lego. Es éste el tipo de conducta que desacredita la profesión jurídica y que da pie a la idea tan generalizada de que los abogados no son personas confiables.

Se instruye al Secretario del Tribunal a publicar esta resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton no intervinieron.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General