author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Antonio Lebrón, acusado y apelante.

      Número: CR-77-118

      Resuelto: 26 de enero de 1979

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General y Josefa A. Román Gar-cía, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca examinar hoy otro vital aspecto de la protección contra registros y allanamientos irrazonables.

El 8 de setiembre de 1972 dos agentes de Rentas Internas penetraron en una finca del barrio Maizales de Naguabo. No tenían orden de allanamiento ni revela el récord que su acción se debió a confidencia alguna que recibiesen. Tampoco con-taban con el consentimiento de los dueños de la finca. En-traron por la colindancia del predio con la carretera, pasando por debajo de los alambres de la cerca. Desde la carretera no se vislumbraba ninguna actividad ilegal.

Se adentraron los agentes por un camino y hallaron dos alambiques en una maleza. De ellos salía una manga que les suplía agua desde la cocina de la casa del apelante. Desmon-taron la manga y ocuparon la prueba. El récord no revela la distancia entre los alambiques clandestinos y la casa del señor Lebrón. Los alambiques fueron descubiertos en una parte de la finca perteneciente a un coacusado.

Más tarde la policía arrestó al apelante, se le imputaron diversos delitos y se le halló culpable de dos infracciones al Art. 113 de la Ley de Bebidas, Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969, 13 L.P.R.A. see. 6113, y una al Art. 110, 13 L.P.R.A. see. 6110. El tribunal le impuso al apelante una multa de $300.00 en cada uno de los casos de infracción al Art. 113 o en su defecto un día de cárcel por cada dólar que dejare de satis-facer, hasta un máximo de noventa días. En el caso de in-fracción al Art. 110 se le impuso una multa de $50.00, con igual alternativa.

El Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone en parte:

“No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.
Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allana-mientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las per-sonas a detenerse o las cosas a ocuparse.”

Se funda esta disposición en lo prescrito en la Enmienda Cuarta a la Constitución de Estados Unidos, pero su interpretación no ha sido, ni tiene necesariamente que ser, histórica-mente paralela en todo sentido con tal enmienda. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 426-431 (1976).

Como hemos señalado en otras ocasiones, Dolce, 426 y ss., la garantía contra los registros y allanamientos ha sufrido una vida azarosa en la jurisprudencia norteamericana. Numerosos enfoques, antagónicos entre sí, se disputan el campo. El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoce y a ratos ilustra las divergencias que afectan el entendimiento de esta doctrina. Cady v. Dombrowski, 413 U.S. 433, 440 (1973); Coolidge v. New Hampshire, 403 U.S. 443 (1971); Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978).

Estimamos que el problema estriba en buena parte en diferencias fundamentales sobre la naturaleza de la garantía en cuestión y las dos cláusulas en que se apoya. Sobre lo primero debemos decir que el temor al crimen y el natural deseo de combatirlo no deben oscurecer el propósito central de la disposición. Libremos el lenguaje original de su glosa abultada. La garantía contra los registros y allanamientos irrazonables representa la voluntad de negarles a los gobiernos mejor intencionados, en aras de una libertad individual preciada, medios eficaces y aun aparentemente indispensables para lograr objetivos meritorios. Se estructuró precisamente ese derecho para proteger al ciudadano aun de los gobiernos democráticos más escrupulosos. Amsterdam, Perspectives on the Fourth Amendment, 58 Minn. L. Rev. 349, 353 (1974). Por bueno que sea el guardián, siempre existe el problema de quién lo vigila. Quis custodiet custodiem. Cuando se descuidan los medios, cuando se disminuyen los derechos fundamentales a nombre de un ansiado orden, lo que viene a perecer al cabo es la libertad y con ella la democracia que se quiso defender. Véase: McNabb v. United States, 318 U.S. 332, 347 (1943) (Frankfurter).

Respecto a las dos cláusulas que componen la garantía, la dificultad consiste en que en Estados Unidos ha habido un cambio de énfasis entre ambas. El criterio inicial era que el factor pertinente en pleitos de esta índole era la razonabilidad de la orden de registro. Ahora, aunque el péndulo ha oscilado repetidamente a través del tiempo, la tendencia es curiosamente a examinar la razonabilidad del registro en sí. Weinreb, Generalities of the Fourth Amendment, 42 U. Chi. L. Rev. 47, 48 (1974). Este cambio sutil invierte los términos de la garantía y tiende a desnaturalizarlos. Consideramos que el primer paso a darse al analizar controversias relativas a la protección contra registros y allanamientos consiste, fuera de indagar la capacidad del acusado para invocar el privilegio, en retrotraernos al tiempo inmediatamente anterior al registro. La primera pregunta es: ¿le era posible al gobierno obtener la orden correspondiente sin comprometer la eficacia del registro o la seguridad de sus agentes? La cuestión de la razonabilidad del registro se ataca en segundo término, después de establecerse que podía actuarse sin orden judicial. Véase: Williamson, The Supreme Court, Warrant- less Searches, and Exigent Circumstances, 31 Okla. L. Rev. 110, 143 (1978); Weinreb, supra, 77.

Conforme a nuestra jurisprudencia una incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez sujeta a ciertas y limitadas excepciones. Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651, 656-657 (1972). En el caso ante nos el récord está huérfano de razón alguna por la cual se procedió al registro sin orden judicial. La prueba fue por tanto obtenida presuntamente de modo ilegal.

El Ministerio Público argumenta, no obstante, que la ga-rantía contra registros y allanamientos ilegales no se ex-tiende a esta causa porque la prueba se halló en campo abier-to.

La llamada excepción del “campo abierto” no tiene el ámbito que el Estado supone. La excepción deriva del caso de Hester v. United States, 265 U.S. 57 (1924). En Hester ciertos agentes de rentas internas, por causa de información recibida, penetraron en propiedad ajena en busca de licor clandestino. Vieron a los acusados con unas botellas. Dieron voces de alarma y los persiguieron. Los acusados lanzaron al suelo el licor que cargaban. El tribunal resolvió que no había habido registro o allanamiento porque los agentes se habían incautado de propiedad abandonada en campo abierto. En Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450 (1961), nos apoyamos en Hester para justificar la incautación de ron clandestino, pero se trataba allí también de prueba abandonada, y aun más, abandonada en una carretera pública en el proceso de una fuga. En el caso presente no se trataba, independientemente del modo que quiera describirse el lugar de su hallazgo, de prueba abandonada. No puede acudirse a Hester para anular aquí la garantía contra registros y allanamientos ilegales.

Hester engendró su progenie, la cual también exige cui-dadosa atención. Se ha utilizado a Hester para permitir que un inspector de sanidad tomase en el patio de una fábrica de admisión no restringida una prueba del humo emitido por ésta para determinar si se estaban violando las leyes ambientales. Air Pollution Var. Bd. of Colo. v. Western Alfalfa Corp., 416 U.S. 861 (1974). La corte señaló que el inspector simplemente estaba analizando un objeto visible por el pú-blico desde sitios públicos. Air Pollution tampoco ayuda al Ministerio Público en este caso, ya que los alambiques no esta-ban visibles desde fuera de la finca. En lo que toca a la utili-zación en este caso de otra doctrina independiente, la de la prueba a plena vista, es claro que ésta no se aplica aquí. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976). El Estado, con entera razón, no funda su caso en Air Pollution o en la doctrina de la prueba a plena vista.

Otra consecuencia derivable en parte de Hester fue la fascinación por largo tiempo con la naturaleza del sitio, a fin de aplicar la garantía contra registros irrazonables a ciertos lugares específicos, con exclusión de los “campos abiertos". Se protegió así en la jurisprudencia norteamericana el hogar, extendiéndose luego esta protección a sus inmediaciones, el llamado “curtilage”. Los tribunales invirtieron vasta energía en definir estas “inmediaciones”. ¿Qué distancia cubren a partir del hogar? ¿Alcanzan o no a toda una finca? Si la finca no está cercada, ¿es parte del “curtilage”? Hay sentencias a favor de las más variadas posiciones. Note, A Reconsideration of the Katz Expectation of Privacy Test, 76 Mich. L. Rev. 154, 177 (1977). En United States ex rel. Gedko v. Heer, 406 F.Supp. 609, 615-616 (W.D. Wis. 1975), se resolvió que una finca cercada de 160 acres con un rótulo prohibiendo el paso no podía estar sujeta al registro sin orden. En United States v. Holmes, 521 F.2d 859, 870 (5th Cir. 1975), confirmado parcialmente, sin afectar el principio expresado, 537 F.2d 227 (5th Cir. 1976), se sostuvo que una finca rural no requiere dicho rótulo para retener la protección de la Enmienda Cuarta. Desde el punto de vista de Gedko, por tanto, la pro-tección constitucional que nos ocupa es tan solo invocable por personas con los medios de fortuna para cercar y rotular sus fincas. Esta distinción es, naturalmente, insostenible.

Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), cambió la dirección de este enfoque. Katz recalcó que la garantía constitucional protege fundamentalmente a las personas. Son ellas sus beneficiarios primarios y no lugares específicos. La cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete. Para el análisis de Katz, veánse: Note, Katz and the Fourth Amendment: A Reasonable Expectation of Privacy or, A Man’s Home is His Fort, 23 Clev. St. L. Rev. 63 (1974); Note, A Reconsideration of the Katz Expectation of Privacy Test, 76 Mich. L. Rev. 154 (1977); Note: Formalism, Legal Realism, and Constitutionally Protected Privacy Under the Fourth and Fifth Amendments, 90 Harv. L. Rev. 945 (1977). Katz representa más un refinamiento que una sustitución de la antigua doctrina, así como un recordatorio de los valores centrales que interesa proteger la garantía contra los registros y allanamientos irrazonables: la intimidad del ser humano y su dignidad innata. En este sentido el reconocimiento expreso en la Constitución del Estado Libre Asociado de estos dos valores, Art. II, Secs. 1 y 8, amplía sensiblemente el radío del equivalente de la Enmienda Cuarta en nuestra Constitución.

La retención de la doctrina del campo abierto en su versión más amplia se ha cuestionado después de la decisión en Katz. The American Law Institute, A Model Code of Pre-Arraignment Procedure, adoptado el 0 de mayo de 1975, comentario a la Sec. 260.4, pág. 552. Se ha señalado que “poco puede de-cirse a favor de conservar la doctrina del campo abierto en su versión amplia. En Hester ocurrió una entrada ilegal a un terreno. El derecho a una vida tranquila cubre tanto campos como albergues. Invasiones clandestinas, provocadoras de actos de ayuda propia, no conducen al buen orden”. Loc. cit. Véase: Wattenburg v. United States, 388 F.2d 853, 857-858 (9th Cir. 1968).

Resolvemos en conclusión que la doctrina de campo abierto se limita bajo la Constitución del Estado Libre Asociado a evidencia abandonada y tan solo en sitios donde no quepa, dentro de las circunstancias del caso en cuestión, el derecho a una expectativa razonable de intimidad. Resolvemos además que al apelante le asistía el derecho a esperar que no se transgrediese la cerca de su finca. Debió obtenerse en este caso una orden previa de registro y allanamiento.

Se revocan las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente en opinión a la cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 26 de enero de 1979

El apelante tenía dos alambiques en la maleza, dentro de una finca perteneciente a un coacusado, con una línea de agua consistente en una manga que desde la cocina de su casa los alimentaba. El 8 de septiembre de 1972, dos agentes de Rentas Internas, sin orden de allanamiento, entraron a la finca pa-sando bajo los alambres de la cerca en el punto en que la bor-deaba la carretera, se adentraron en el predio y encontraron los alambiques. Como consecuencia del hallazgo, el apelante fue arrestado y sometido a juicio; fue convicto por infrac-ciones de la Ley de Bebidas Alcohólicas (Ley Núm. 143 de 30 junio, 1969, 13 L.P.R.A. see. 6113) y del Art. 110 (13 L.P.R.A. sec. 6110), y se le condenó al pago de multas que totalizan $650.00. En su recurso a este Tribunal plantea la ilegalidad del allanamiento e incautación.

La cuestión no se decide como propone la mayoría restrin-giendo la doctrina de campo abierto a evidencia abando-nada, que es una faceta aparte de la teoría jurídica en tomo a los registros. Y es enteramente inaceptable la aseveración en la opinión en cuanto a atribuir “presunción de invalidez” a toda incautación sin orden judicial.

El arribo de la privacidad a una máxima jerarquía en el orden de derechos constitucionales ha tenido notable acogida en nuestra jurisprudencia contemporánea, desde Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974), hasta Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978). En torno al derecho a la vida íntima (privacidad) gira la protección constitucional provista tanto en la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal como en la correspondiente See. 10, Art. II de la nuestra, contra registros y arrestos arbitrarios. Es premisa fundamental del concepto de privacidad que la misma no se extiende hasta donde quiera llevarla el individuo, sino que su expectativa se circunscribe al ámbito que un pueblo libre pueda legítimamente aceptar. No basta con que la persona haya exteriorizado una concreta aunque subjetiva expec-tativa de privacidad; es necesario que ésta tenga la calidad de aprobación general, que sea, en la frase del Juez Harían “una que la sociedad está preparada para reconocer como ‘razonable’.” Opinión concurrente en Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967), a la pág. 361. “... La Corte sostuvo en Katz que la capacidad para invocar protección de la En-mienda Cuarta no depende de un derecho de propiedad en el sitio invadido, sino de la legítima expectativa de privacidad que en dicho sitio tenga la persona que reclama protección.” Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978) a la pág. 143. Ya se había dicho en Cardwell v. Lewis, 417 U.S. 583, 589 (1974), que “el objetivo primario de la Cuarta Enmienda es la protección de la vida íntima.” “. . . No debe entenderse que la pre-sencia legítima en el sitio es irrelevante a la expectativa de privacidad, pero tampoco debe considerarse decisiva.” Rakas, supra.

A la luz de estos principios, la contención del apelante no prevalecería ni aún trasladada del campo raso a una casa de vivienda, toda vez que no ha establecido que tenga alguna legítima expectativa de privacidad en el lugar en campo abierto donde apareció instalado el alambique. El campo raso fue desligado del ámbito de protección de la Cuarta Enmienda desde que el Juez Holmes escribió Hester, 265 U.S. 57 (1924), precisamente en un caso en que agentes del fisco irrumpieron en una propiedad privada y presenciaron la venta de whisky clandestino. Es tan patente la ausencia de toda expectativa de privacidad en quien monta un alambique en campo abierto, como en quien siembra marihuana en recinto cercado con ró-tulo de “Propiedad privada, prohibido el paso”.

La supremacía de la norma de expectativa de privacidad, sobre la presencia legítima en el lugar y momento del allana-miento, fue mantenida por este Tribunal en Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 D.P.R. 537, 544 (1977), al expre-sar que “la privacidad no sigue a los documentos como una sombra” y que se pierde con el egreso y proyección de papeles y efectos fuera del ámbito de vida íntima del individuo. Quien invoca la protección constitucional debe demostrar que tomó las precauciones normales para mantener su privacidad. Nuestra doctrina en Pueblo v. Domínguez Fraguada, supra, ha recibido confirmación reciente por el Supremo Federal en Rakas v. Illinois, supra. Ya antes se había reconocido el én-fasis en la conducta afirmativa de la persona que desea pro-teger su derecho de intimidad: el hombre que aunque viviendo en apartamiento propiedad de un amigo tiene la llave y tanto control como el dueño para excluir al resto del mundo de su posesión (Jones v. United States, 362 U.S. 257 (1960)); el que guarda sus efectos personales en baúl con doble cerradura (United States v. Chadwick, 433 U.S. 1, 11 (1977); el que cierra tras sí la puerta de la caseta telefónica y paga la tarifa exigida por su llamada (Katz v. United States, 389 U.S. 347, 352 (1967)).

La zona en la cual pueda la persona reclamar protección de su vida íntima no es área delimitada con hitos inconfundi-bles, mas sí está restringida por los usos y costumbres que en la convivencia social forjan el concepto de lo que es inti-midad. Quien espera conservar en secreto la operación de un alambique clandestino no lo monta en campo raso con una línea de agua conectada a la cocina de su casa, pues su expec-tativa de intimidad es inexistente en un país de nuestra den-sidad poblacional y fluidez circulatoria. El apelante, lejos de albergar una expectativa de privacidad, asumió el riesgo cal-culado del descubrimiento, factor de operación inevitable con el que han vivido por ilo tempore los elaboradores de ron ca-ñita. Tampoco tendrían esa expectativa los que almacenen explosivos, drogas o armas en cuevas o casas abandonadas. El fortalecimiento de los derechos humanos en el sentido pro-fundo y abarcador, libre de utopía, no se promueve desple-gando mantos de protección cuya transparencia deja al des-nudo la ilegitimidad del reclamo constitucional. ¿Cómo en-tender la proscripción de “registros, incautaciones y allana-mientos irrazonables” (Constitución, Art. II, Sec. 10) a manera de escapulario para los que violan la ley a la vista y al alcance de todo el que quiera mirar u oír? La Carta de Derechos es ancla de libertad personal, y no dispensador pro-miscuo de inmunidad. Quien delata su intimidad no puede aspirar a que los demás se la respeten.

Confirmaría la sentencia apelada.

      No se cuestiona en este caso la capacidad del apelante para recla-mar la garantía. Tampoco podría cuestionarse bajo la doctrina de Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976), ni bajo las diversas normas expuestas en Rakas v. Illinois, supra. Véanse: Trager & Lobenfeld, The Law of Standing under the Fourth Amendment, 41 Brooklyn L. Rev. 421 (1975); White & Greenspan, Standing to Object to Search and Seizure, 118 U. Pa. L. Rev. 333 (1970). La relación entre el acusado y la propiedad incautada representa suficiente base para la invocación de la garantía constitucional.

       Valga reiterar que tanto los casos de prueba abandonada como ios del acto-ilegal-a-plena-vista deben satisfacer los criterios expuestos en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 378 (1974).

        Hester v. United States, 265 U.S. 57 (1924).

       El Juez ilustra el ámbito aceptable de la expectativa de privacidad, así:
      “De este modo la casa de un hombre es, para la mayoría de los pro-pósitos, el sitio donde él espera disfrutar de privacidad; pero los objetos, actividades y declaraciones que él expone ‘a plena vista’ de extraños no están protegidos porque tal acto no revela intención de guardárselos para él. Tampoco tendrán protección aquellas conversaciones abiertas a oídos de los demás, pues la expectativa de privacidad bajo las circunstancias sería irrazonable.” Cf. Hester v. United States, 265 U.S. 57 (1924).

      Con el único disenso sin fundamentar del Juez Presidente Señor Trías Monge.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    Fernando T. Pou Estape, demandante y recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, demandado y recurrente.

      Número: R-78-349

      Resuelto: 29 de enero de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Reina Colón de Rodriguez, Procuradora General Auxiliar, abogados del recu-rrente; Héctor L. Márquez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Nos confrontamos en este caso con una situación en que unos administradores públicos se arrogan ciertas facultades que la ley no les confiere. Naturalmente, tal conducta choca con un régimen de Derecho y la misma no puede subsistir.

Mediante carta de 28 de junio de 1976 el Administrador del Fondo del Seguro del Estado destituyó al apelante recu-rrido del cargo de Director de Análisis de Sistemas Electróni-cos en la Oficina de Cómputos del Fondo, cuyo cargo estaba incluido dentro del Servicio Exento bajo la Ley de Personal vigente en aquella fecha, Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 641 y ss. Como surge de la propia carta, motivó dicha destitución un arresto y acu-sación por delito grave de que fue objeto el empleado desti-tuido. La carta de despido lee como sigue:

“Estimado señor Pou: La División de Investigaciones Espe-ciales del Departamento de Justicia realizó una investigación sobre irregularidades en la tramitación y pago de dietas retroac-tivas en el Fondo del Seguro del Estado que concluyó con su arresto y acusación por delito grave de Hurto Mayor.
En virtud de esta situación y conforme a los poderes que con-fiere la ley al Administrador hemos procedido a destituirlo del puesto 1367 de Director de Análisis de Sistemas Electrónicos en la Oficina de Cómputos con efectividad al 25 de junio de 1976.”

En 9 de julio de 1976 Pou Estape apeló de la decisión del Administrador del Fondo a la Junta de Apelaciones del Sis-tema de Administración de Personal, que denominaremos de aquí en adelante la Junta, creada por la nueva y vigente Ley de Personal de 1975, Sec. 7.1, 3 L.P.R.A. see. 1381. La Junta ordenó al Fondo que presentase un escrito sobre los hechos que dieron lugar a la destitución del apelante, lo cual hizo el Fondo el 20 de julio de 1977. Mediante Orden de 2 de agosto de 1977 la Junta asumió jurisdicción del caso. Mediante Mo-ción de 30 de septiembre del mismo año el apelante informó a la Junta que un tribunal había determinado que no existía causa probable contra el apelante en relación con el delito im-putádole. La Junta señaló vista para el 2 de diciembre de dicho año para el caso en su fondo, la cual fue presidida, por el Secretario de la Junta. En dicha vista el Fondo solicitó y obtuvo un término para impugnar por escrito la jurisdicción de la Junta, lo cual hizo en 3 de febrero de 1978 argumen-tando que el apelante al ser despedido ocupaba un puesto en el servicio exento bajo la anterior Ley de Personal y que no habiéndosele formulado cargos al apelante la destitución es-taba dentro de las facultades de la autoridad nominadora, bajo aquella ley, y la presente Junta no tenía jurisdicción sobre el asunto. Sin embargo, la Junta, mediante una Reso-lución Interlocutoria, de 4 de mayo de 1978, aún aceptando que el apelante estaba en el servicio exento y que la ley apli-cable al caso es la anterior Ley de Personal, la Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947, antes citada, en su mencionada Reso-lución Interlocutoria expresa la sorprendente teoría de que a pesar de lo anterior, es “la política de esta Junta conocer en apelación [sic] las destituciones de los empleados dentro del servicio sin oposición y del servicio exento cuando, como en el del caso de epígrafe, se le hacen imputaciones y no tiene un foro disponible para dilucidar los mismos.”

No conforme con dicha Resolución Interlocutoria el Fondo recurrió al Tribunal Superior mediante solicitud de Revisión. Hizo dos planteamientos que pueden resumirse en uno: se-ñaló que incidió la Junta al asumir jurisdicción en el caso de un empleado del servicio exento, caso gobernado por la Ley de Personal anterior y la cual no le daba ni derecho al empleado a ir a la Junta ni jurisdicción a la Junta para entender en esa clase de casos.

En 22 de agosto de 1978 la ilustrada Sala sentenciadora dictó Sentencia desestimando el recurso de Revisión y lúcida-mente expresa que el nuevo reglamento no da jurisdicción sino que la jurisdicción solamente la confieren la Constitución y las leyes, pero luego se basa en la Sec. 7.16, 3 L.P.R.A. sec. 1396, de la nueva y vigente Ley de Personal, Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. see. 1301 y ss., ley que no go-bierna este caso, y expresa que el estatuto vislumbra que las revisiones de la Junta se dan únicamente sobre decisiones finales de la Junta y que como lo que se solicita en el recurso de Revisión es la revisión de una decisión interlocutoria debe desestimarse, y desestima, el recurso por falta de jurisdic-ción.

Sin duda consciente del problema mayor que hemos se-ñalado — el de falta de jurisdicción de la Junta en estos casos del servicio exento de la Ley Núm. 345 — la ilustrada Sala sentenciadora termina su Sentencia con un escolio en el cual hace claro que “En forma alguna debe entenderse esta deci-sión como una convalidación de la decisión interlocutoria de la Junta asumiendo jurisdicción sobre la controversia.” Aña-de el tribunal que “Esta decisión no adelanta criterio alguno en cuanto a si la Junta actuó correctamente o no.” Planteado así el problema principal del caso y no resuelto, y dado el interés público en aclarar esta situación para los tribunales, para los administradores públicos concernidos y para los propios empleados públicos este Tribunal en 22 de noviembre de 1978 expidió una Orden para Mostrar Causa señalando lo antes dicho y con el objeto de determinar la jurisdicción o falta de ella de la Junta de Apelaciones del Sistema de Ad-ministración de Personal en estos casos.

Todos los funcionarios y los empleados públicos desde los más encumbrados hasta los menos poderosos tienen plena e incuestionable facultad para ejercer los poderes y deberes que les confieren la Constitución y las'leyes, pero asimismo no pueden arrogarse motu proprio, sin autoridad clara de ley, poderes y facultades que no les han sido así conferidas. Esta premisa mayor es un sine qua non del sistema de gobierno en el cual prevalece el imperio de la ley, en contraste con los sistemas en los cuales impera el arbitrio arbitrario de los regímenes dictatoriales.

El caso de autos, al parecer es uno del montón, sin embargo plantea la importante cuestión que dejamos expresada: hasta dónde llegan y en dónde terminan los poderes y las facultades de los funcionarios y empleados públicos.

De lo dicho anteriormente en esta opinión puede verse que la Junta no tenía ni tiene jurisdicción para entender en casos de servicio exento gobernados por la anterior Ley de Personal, Ley Núm. 345 de 1947, antes citada. Se recordará que la ley dividía el servicio público en tres grupos: (1) Servicio Exento, (2) Servicio sin Oposición y (3) Servicio por Oposición, 3 L.P.R.A. see. 642(4).

El Servicio Exento, como lo dice su nombre, estaba exento de la reglamentación de la Ley de Personal y de sus reglamentos. En dicho Servicio la autoridad nominadora tenía completa libertad para nombrar y despedir personal. Nombraba sin sujeción a exámenes previos, a ternas o a requisito alguno y también despedía en el momento en que estimaba que debía hacerlo, sin sujeción a formulación de cargos, a notificación previa, a vista y a justa causa. Tenía la misma libertad para nombrar como para despedir.

En el Servicio sin Oposición la autoridad nominadora tenía considerable libertad para escoger y nombrar, excepto que el candidato escogido tenía que llenar los requisitos del cargo de que se tratase, cuyos requisitos estaban especifica-dos en el Plan de Clasificación de la Oficina de Personal y el sueldo de la plaza estaba pre-fijado en la escala de retri-bución del gobierno. En otras palabras, en el Servicio sin Oposición los puestos y el sueldo estaban reglamentados pero la selección y despido eran libres de parte de la autoridad nominadora.

El Servicio por Oposición, el mayor de los tres en cuanto a cantidad de empleados cubiertos, era, estrictamente ha-blando, el verdadero servicio de mérito. En dicho servicio la libertad de nombrar y de despedir la autoridad nominadora estaba seriamente limitada. Debía nombrar de una lista de cinco candidatos elegibles que le certificaba el Director de Personal. Los sueldos y los puestos estaban clasificados. Los incumbentes en dichos cargos sólo podían ser destituidos por justa causa y previa formulación de cargos, con derecho a vista y a defensa. La Ley disponía el procedimiento para ello. 3 L.P.R.A. see. 671.

Cada uno de dichos tres servicios — el Servicio Exento, el Servicio sin Oposición y el Servicio por Oposición — tenían sus ventajas y sus desventajas. El funcionario o empleado que entraba en ellos los aceptaba con las ventajas y las desventa-jas que cada uno conllevaba. Por ejemplo, el Servicio Exento incluía los cargos de confianza, el incumbente no tenía que aprobar exámenes, no tenía que ser certificado por el Director de Personal, su sueldo no estaba limitado por los planes de retribución general y tomaba vacaciones cuando las solicitaba y su superior las aprobaba. Algunos de estos cargos en el Servicio Exento conllevaban también otros atractivos. Por ejemplo, podían ser jefes de departamentos, de agencias, ayu-dantes y asesores del Gobernador o de los jefes de departa-mentos, sus cargos generalmente estaban bien remunerados y los incumbentes tenían la satisfacción íntima de participar en la formulación y en la ejecución de la política pública del gobierno. Generalmente, y con excepciones, el Servicio Exento, debido a esa participación personal en la función goberna-tiva, atraía y atrae un personal distinto al que generalmente atraía el Servicio por Oposición. Este personal está dispuesto a aceptar los riesgos del Servicio Exento a cambio de sus ventajas y oportunidades de servir. En el Servicio por Oposi-ción el empleado prefiere la seguridad en el cargo. De manera que no había nada ilegal cuando la autoridad nominadora ejercía las facultades que la ley le confería al nombrar o al despedir a un funcionario o empleado comprendido en el Ser-vicio Exento de la citada Ley Núm. 345. Para una exposición un poco más explícita puede verse Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923, 927-929 (1974).

En el caso de autos no surge en forma alguna que la motivación del despido del apelante fuese una de índole política, como él alega sin sustanciarla. De la propia carta de despido se desprende diáfanamente que la motivación fue la de mantener un servicio público intachable y honesto. Eso es una buena motivación. Recuérdese que las leyes de personal y el principio del mérito no son conceptos cuya finalidad principal es hacerle la vida buena a los empleados, sino que su finalidad mayor es reclutar, educar y conservar buenos funcionarios y empleados para que el país tenga un buen servicio público. Las leyes de personal son un medio y no un fin en sí. La minoría de los puertorriqueños que trabaja y paga con sus contribuciones ese servicio público espera, desde luego, que el mismo sea razonablemente eficiente y honesto y en beneficio de toda la población en general.

El apelante aceptó un cargo en el Servicio Exento con sus ventajas y sus desventajas. Como en su despido no medió formulación de cargos ni prueba de ellos sino que meramente se le informó la razón del mismo él no queda incapacitado para ocupar cargo o empleo público. Hemos resuelto que los despidos sumarios hechos a funcionarios y empleados comprendidos en el Servicio Exento bajo la anterior Ley de Personal, sin que mediase formulación y prueba de cargos, no incapacitan para ocupar cargos o empleos públicos ni conllevan mancha alguna ni deshonra. Dichos cargos son de libre despido porque son de confianza o porque son de tipo normativo, Sec. 8(b) (2) de la Ley Núm. 345, 3 L.P.R.A. sec. 648(b) (2). Esa es la naturaleza del Servicio Exento. Distinta es la situación en los casos en que se formulan cargos en cuyos casos deben ventilarse y probarse mediante vista y con oportunidad de defensa del querellado. Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, supra, pág. 933.

Distinto sería el caso de un empleado del Servicio por Oposición, antes, o el de un empleado de carrera, ahora, que ilegalmente y en violación de los Reglamentos y de la Ley, se colocase en el Servicio Exento, o en uno equivalente, variando así arbitrariamente su posición de una protegida por la ley a una en que quedaría a merced de la autoridad nominadora y expuesto a un despido injustificado. En este supuesto habría una violación de los derechos del empleado. Cf. Pierson Muller I v. Feijoó, (en Reconsideración) 106 D.P.R. 838, (1978), en cuyo caso alegó el peticionario ser un empleado de carrera protegido por la vigente Ley de Personal. Pero como hemos visto, esa no es la situación del caso de autos.

En vista de lo anterior por razón de no tener la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal juris-dicción alguna en los casos provenientes del Servicio Exento de la anterior Ley de Personal, Ley Núm. 34-5 antes citada, se expide el recurso, y se dictará sentencia de conformidad.

      Para una situación parecida puede verse Blanco Rojo v. A.E.E., 96 D.P.R. 231 (1968).


author: Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Ramón A. Cruz, Secretario de Instrucción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, querellante y peticionario, v. Manuel Quiñones Díaz, querellado y recurrido; Junta de Apelaciones del Sistema de Instrucción Pública, recurrida.

      Número: O-76-419

      Resuelto: 30 de enero de 1979

      Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Federico Rivera Sáez, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 1979

Por estar igualmente dividido el Tribunal se confirma la sentencia del tribunal de instancia que dispuso que el maestro querellado fuera restituido a sus labores escolares.

Así lo pronuncia y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Martín emitió un voto particular al que se une el Juez Presidente, Señor Trías Monge, y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irri-zarry Yunqué. Los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz, respectivamente, emitieron votos particulares separa-dos.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Martín

al que se unen el Juez Presidente, Señor Trías Monge, y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual e Irizarry Yunqué.

El Secretario de Instrucción Pública de Puerto Rico está facultado para cancelar el certificado de cualquier maestro permanente o suspender dicho certificado por tiempo deter-minado, mediante el procedimiento dispuesto en ley, por va-rias causas entre las que se encuentra la “observancia de una conducta desordenada, incorrecta o lesiva al buen nombre del sistema de instrucción pública de Puerto Rico.” 18 L.P.R.A. see. 274(g).

En el caso de autos suspendió el certificado de maestro al querellado Manuel Quiñones Díaz por el término de un año a base de los siguientes hechos imputádosle mediante que-rella :

“Que el día 28 de febrero de 1974, en o alrededor de las 7:30 de la mañana, frente a la Escuela Intermedia Bayamón Gardens, en Bayamón, Puerto Rico, el referido maestro ante la presencia de maestros y estudiantes agredió ilegal y maliciosamente al señor Víctor López Pintado, esposo de la maestra Carmen V. Adorno de López, en ocasión en que éste la llevaba a dicha es-cuela en donde se desempeñaba como maestra. Por estos hechos el maestro fue acusado ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico y hallado culpable del delito de Acometimiento y Agresión Simple.”

El trasfondo de los hechos que dan margen a la querella es pertinente a los fines de una mayor inteligencia del asunto planteado.

En 31 de enero de 1974 la Federación de Maestros de Puerto Rico decretó una huelga que se extendió hasta el 3 de marzo siguiente. Los maestros pertenecientes a la Federa-ción, incluyendo al querellado, no asistieron a clases durante dicho período de tiempo o parte de él. A solicitud del Secre-tario de Instrucción el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictó una orden provisional de entredicho en 13 de febrero de 1974 requiriendo a los maestros en huelga a reintegrarse a sus labores docentes y cumplir con los deberes y obligaciones de sus respectivos cargos. No obstante haber ordenado el Tribunal la reintegración a sus labores los maestros envueltos se negaron a obedecerla. En su consecuencia, el Secretario procedió a suspender a los infractores de empleo y sueldo y les canceló sus certificados de maestro conforme lo autoriza la Ley Núm. 115 de 30 de junio de 1965, según enmendada, 18 L.P.R.A. see. 274, por constituir tal proceder la prevarica-ción, insubordinación y conducta desordenada, incorrecta o lesiva al buen nombre del sistema de instrucción pública. En 1ro. de marzo siguiente la orden provisional se convirtió en injunction permanente.

El próximo día 2 de marzo el Secretario se reunió con el Presidente de la Federación de Maestros llegando al acuerdo contenido en la siguiente comunicación que le dirigió a este último:

“Estimado señor Rodríguez:
Esta carta confirma nuestra conversación del día 2 de marzo de 1974 relacionada con las acciones administrativas que este Departamento ha tomado con los maestros en huelga.
Tan pronto regresen los maestros a sus labores el lunes, este Departamento suspenderá el envío de notificaciones de cese de empleo y sueldo para aquellos maestros que se confirme han re-gresado a su trabajo.
Con respecto a las suspensiones ya notificadas, solicitaré con urgencia de la Junta de Apelaciones que dé atención inmediata a la vista de los casos en un sólo bloque ya que la causa de sus-pensión ha sido la misma. De haber terminado el paro de todo el personal en huelga, lo notificaré a la Junta para que se considere este hecho como un atenuante..
Una vez la Junta de Apelaciones tome la decisión correspon-diente, este Departamento notificará a los maestros suspendidos sobre la misma.
Sobre el derecho de los maestros en huelga a cobrar el au-mento de sueldo automático que provee la ley actual, me pro-pongo solicitar el lunes próximo una opinión al Honorable Secre-tario de Justicia sobre el particular.
En caso de que los maestros en huelga regresen al trabajo el próximo lunes, el período de ausencia habrá excedido por un sólo día, en tal situación recomendaré al Honorable Secretario de Justicia interprete la ley en la forma más liberal que ello sea posible.
De terminar el paro huelgario y regresar todos los maestros a sus labores, este Departamento no tomará otras acciones ad-ministrativas ulteriores [síc] contra los participantes.”

Los maestros afectados acudieron en apelación a la Junta de Apelaciones del Sistema de Instrucción Pública, Caso Núm. 74-002C, la que modificó la determinación que había hecho el Secretario al cancelar los certificados de los maestros, y redujo la medida disciplinaria a una suspensión limitada al tiempo en que cada uno de los maestros hubiera estado ausente de sus labores docentes entre el 31 de enero, fecha-en que comenzó la huelga, y el 3 de marzo fecha en que se rein-tegraron a sus labores, todo ello basado en una estipulación sometida por las partes y aprobada por la Junta, a la luz de la prueba documental ofrecida y especialmente la carta del Secretario de Instrucción de 2 de marzo de 1974.

Ante los precedentes mencionados, el Secretario expidió la querella que he copiado textualmente al comienzo de este voto contra el maestro Manuel Quiñones Díaz, que es objeto de consideración en este recurso.

El querellado apeló oportunamente ante la Junta de Ape-laciones del Sistema de Instrucción Pública del castigo de un año impuéstole por el Secretario, cuya Junta revocó la me-dida adoptada por el Secretario y dispuso que el querellado fuera restituido a sus labores escolares a la mayor brevedad posible. El Secretario acudió ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Villaronga, Magistrado Honorario designado Juez Superior), que confirmó la decisión de la Junta de Ape-laciones. Este Tribunal emitió auto de certiorari para revisar los procedimientos habidos.

Conforme lo dispone la ley, la revisión de la decisión de la Junta de Apelaciones se-limita a cuestiones de derecho y se dará con vista a los documentos originales, a la transcrip-ción de la prueba testifical y a la prueba documental. 18 L.P.R.A. sec. 274L

La Junta de Apelaciones, al revocar el castigo impuéstole al querellado expresó:

. . el hecho que se le imputa a este maestro ocurrió como una consecuencia directa del estado huelgario y dentro de la fecha de dicho movimiento huelgario y habiendo este Querellado Apelante sido [sic] procesado por un Tribunal General del Sis-tema Judicial de Puerto Rico, ese acto ya sancionado por el Estado, si bien es verdad que podría ser sancionado igualmente porque en el mismo está envuelta una conducta lesiva al buen nombre del Sistema de Instrucción Pública, no es menos cierto que la manifestación del Secretario de Instrucción Pública en el sentido de que no habría de tomar medida otra alguna de carác-ter administrativo contra los participantes en la huelga una vez se reintegrasen a sus labores, nos lleva a concluir que no habién-dose establecido por la prueba que este Querellado Apelante no se restituyó a sus labores escolares tenemos que concluir que sí lo hizo y en tal virtud está protegido por el compromiso que revela el párrafo de la carta del Secretario de Instrucción Pú-blica que hemos citado

El tribunal de instancia basó su revisión exclusivamente en las cuestiones de derecho conforme lo ordena la ley especial. 18 L.P.R.A. sec. 274L Una de las cuestiones de derecho es si un examen del récord en su totalidad revela que existe evidencia sustancial que sostenga las conclusiones de hecho del organismo administrativo. J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840 (1946); J.R.T. v. Simmons Int’l. Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955); Davis, Administrative Law Text, 3ra ed., 1972, pág. 526; véase J.R.T. v. Escuela Coop. E. M. de Hostos, 107 D.P.R. 151 (1978).

El récord del procedimiento habido ante la Junta de Ape-laciones del Sistema de Instrucción demuestra que el maestro querellado se restituyó a sus labores conforme al acuerdo con-certado entre el Secretario de Instrucción y el Presidente de la Unión. Luego de haber la Junta concluido ese hecho proce-dió a interpretar el compromiso contenido en la carta del Secretario de 2 de marzo en el sentido de que no habría de tomar acciones administrativas ulteriores contra los partici-pantes. A la fecha en que se cursó dicha carta ya el Secre-tario había tomado acción administrativa contra el querellado y contra todos los maestros que habían participado en la huel-ga. Tal acción, aunque estaba basada en ausencias ilegales del trabajo, respondía a actos que envolvían conducta desor-denada, incorrecta o lesiva al buen nombre del sistema de ins-trucción pública, lo que daba lugar a la cancelación del cer-tificado de maestro. Por otro lado la conducta imputada al querellado en la querella objeto de este recurso, aunque está basada en otros hechos, i.e., agresión física a una persona durante el conflicto huelgario, también constituía conducta reprensible que estaba sujeta a ser castigada por la cancela-ción del certificado de maestro. La Junta resolvió, en esencia, que la acción disciplinaria que pretende tomar el Secretario mediante la citada querella está comprendida dentro de las causales que motivan la cancelación del certificado de maestro, y por tanto, que la institución de la querella queda ex-cluida ante el claro texto de la carta del 2 de marzo dirigida a la Federación de Maestros.

No se trata pues de la interpretación de un estatuto sino del significado que el Secretario quiso trasmitir al insinuar que habría una remisión de las transgresiones de los huel-guistas. La controversia planteada es más bien una cuestión de escudriñar cuál fue la intención del Secretario al frasear su misiva, que equivale a un intento de sondear su proceso mental de raciocinio. No tenemos duda de que el Secretario quiso que al terminar el incidente huelgario no hubiera más repercusiones que las ya habidas. Su propia carta indica que suspendería el envío de notificaciones de cese de empleo y sueldo para aquellos maestros que se confirmara que hubieran regresado a sus labores. Aún más, con respecto a las suspen-siones ya decretadas, prometió recomendar a la Junta, pa-sado el paro, que fuera indulgente con ellos. Su actitud com-pasiva quedó reflejada además en su promesa de solicitar del Secretario de Justicia una opinión sobre el derecho de los maestros en huelga a cobrar el aumento de sueldo automá-tico que provee la ley.

El tribunal de instancia resolvió que ante las claras ex-presiones y estipulaciones de las partes, le era forzoso con-cluir que las determinaciones de hecho de la Junta de Ape-laciones “están sostenidas por evidencia sustancial contenida en el récord”, y por tanto concluyó que “la Junta no actuó arbitrariamente ni abusó de su discreción al hacer su deter-minación de que al maestro Quiñones se restituyó a sus labo-res”; y en cuanto a la interpretación del párrafo crítico de la carta que concede indulgencia por otras faltas administra-tivas expresa que no debe “sustituir el criterio del Tribunal por el de la agencia cuya función, generalmente en materia especializada, se intenta revisar.”

Muchos menos corresponde a este Tribunal adoptar un criterio particular sobre cuál ha de ser la más atinada inter-pretación de la carta que el Secretario dirigiera al Sr. Presidente de la Federación de Maestros. Rodrigo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 151, 155 (1973). Deben respetarse las conclusiones de la Junta de Apelaciones del Sistema de Ins-trucción que es la agencia que tiene particular competencia para los asuntos encomendádoles. Vda. de Alfonzi v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 693, 705 (1964). Y existiendo una base racional para sostener la interpretación de la agencia, sin que ella sea contraria a la ley, ni a la jurisprudencia esta-blecida por este Tribunal ni a disposición constitucional al-guna, confirmaría la sentencia recurrida.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Rigau

disintiendo.

No creo que debe condonarse una agresión viciosa e inne-cesaria y ejecutada en las circunstancias en que se llevó a cabo la del caso de autos, especialmente cuando fue cometida por un maestro, quien tiene un especial deber de dar un buen ejemplo.

El agredido fue a la escuela a acompañar a su esposa, y el agresor, olvidándose de su honrosa profesión y de su deber de dar un buen ejemplo de conducta, cometió la agresión inne-cesariamente.

Además de eso creo que fue muy imprudente porque al atacar a un hombre que va acompañando a su esposa lo pone en la situación muy difícil, en la que queda su amor propio comprometido, y en esos casos la reacción del ofendido puede ser más violenta que de ordinario y ocasionar una tragedia. Tragedia para todos: para el agresor si es muerto, para el agredido que salió de su casa sin la intención de cometer un homicidio y para su esposa e hijos que sin duda tendrían que sufrir también parte de las consecuencias. Hay que tener mucha madurez, mayor que la que se le puede exigir a un hombre común, para no cometer una barbaridad en esas cir-cunstancias.

La carta del Secretario de Instrucción parece demostrar que él estaba dispuesto a perdonar las ausencias pero no las agresiones. Difícilmente podía hacerlo porque las agresiones constituyen delito público y el Secretario de Instrucción no tiene el poder de indulto. Solo lo tiene el Gobernador de Puerto Rico. Constitución, Art. IV, Sec. 4.

Por las razones antes dichas yo hubiese revocado la sen-tencia recurrida.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Por considerar excluida de la remisión de culpa o amnistía ofrecida por el señor Secretario, la violencia ejercitada por el querellado contra una persona desligada del sistema de ins-trucción y ajena al conflicto huelgario, hubiera revocado la sentencia recurrida.

      O Los hechos que motivaron la querella contra el aquí apelado ocu-rrieron dentro del período de la huelga.

      (2) Refiriéndose al párrafo que dice que “[D]e terminar el paro huel-gario y regresar todos los maestros a sus labores, este Departamento no tomará otras acciones administrativas ulteriores contra los participantes.”


text:
      In re Lcdo. Pedro Cepeda Parrilla.

      Número: Q-381

      Resuelto: 30 de enero de 1979

      Pedro Cepeda Parrilla, compareció por su propio derecho.
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 30 de enero de 1979

En febrero de 1974 Pendleton Tool Industries, Inc. y otras firmas corporativas, representadas por el abogado José L. Matta Ruiz, presentaron demanda en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, contra Héctor Figueroa Llanos y su esposa Nereida Benitez, en que reclamaron el pago de $9,152.51 por concepto de mercancía vendídales, más costas y $1,000.00 para honorarios de abogado. Para asegurar la efectividad de la sentencia solicitada, obtuvieron del tribunal una orden para embargar un inmueble propiedad de los demandados. Estos comparecieron en autos representados por el abogado Pedro Cepeda Parrilla, aquí querellado, controvirtieron las alegaciones esenciales de la demanda y formularon reconven-ción. Oportunamente, en marzo de 1976, recayó sentencia que condenó a los demandados a pagar a las demandantes la cantidad de $8,796.31, costas, y $500.00 de honorarios de abogado, sentencia que advino final y firme treinta días des-pués de archivarse en autos copia de su notificación.

Con motivo de una queja de las demandantes, al no poder éstas hacer efectiva la sentencia, ordenamos a la Administra-ción de los Tribunales investigar las actuaciones del abogado Cepeda Parrilla. Revela dicha investigación, y así lo admitió el querellado, que el embargo en aseguramiento de la senten-cia no se hizo efectivo debido a que el querellado solicitó su retiro a las demandantes, a través de su abogado Matta, a base de su compromiso de responder personalmente de la deuda hasta las sumas reclamadas en la demanda. En carta que dirigió el Ledo. Matta el 26 de junio de 1974 le indicó su propósito de comprar la propiedad objeto del embargo y re-tener en su poder la cantidad de $10,152.51 ($9,152.51 im-porte de lo reclamado como adeudado más $1,000 de honora-rios de abogado) para en su día hacer efectiva dicha suma o la parte de ella que se dispusiera por sentencia a favor de las demandantes. Las demandantes y su abogado Matta, con-fiando en la buena fe del querellado, aceptaron su compromiso y desistieron del embargo.

En efecto el querellado compró la propiedad a sus clientes, la hipotecó por unos $40,000 y luego la retrovendió a éstos. No retuvo cantidad alguna para el pago de la sentencia que pudiera recaer a favor de las demandantes. Una vez obte-nida la sentencia mencionada se negó a hacer buena la pala-bra empeñada e insistió con el Ledo. Matta que éste debía hacer las gestiones de cobro de la sentencia que fueren nece-sarias contra sus clientes, los demandados.

La explicación dada por el querellado en el curso de la in-vestigación de sus actuaciones fue que interesaba la propie-dad para su negocio de colmado — además de abogado notario es comerciante, dueño de un colmado y de una estación de gasolina en Fajardo — debido a que el sitio en que tenía esta-blecido el negocio de colmado se inundaba y allí vivía además su señora madre, pero luego desistió y retrovendió porque se solucionó su problema y su señora madre no quiso mudarse. Expuso que acordó con sus clientes que éstos depositaran $8,000.00 en el Fajardo Federal Savings para responder a las demandantes, y así lo hicieron, pero sus clientes le fueron convenciendo hasta que paulatinamente retiraron el dinero del banco. (Declaración del querellado, página 4.)

Por resolución de 27 de abril de 1978 concedimos al quere-llado hasta el 19 de mayo de 1978 para satisfacer el balance insoluto de la sentencia y mostrar causa por la cual no debía ser disciplinado. A esa fecha los demandados habían logrado consignar parte de la suma adjudicada en la sentencia, que-dando un balance pendiente de aproximadamente cuatro mil dólares. A dicha resolución sucedieron otras en que prorro-gamos el plazo dado al querellado para cumplir su compro-miso y finalmente, el 16 de noviembre de 1978 le suspendimos del ejercicio de la abogacía hasta que acreditara haber cum-plido nuestras resoluciones de 27 de abril y siguientes. No es hasta el 9 de enero de 1979 que el querellado acreditó ante nos que se hizo efectiva la sentencia del Tribunal Superior. Su explicación de lo ocurrido se limita ,en síntesis, a puntua-lizar que actuó de buena fe.

El poder disciplinario que tiene este Tribunal para hacer cumplir los Cánones de Ética Profesional no debe interpretarse para convertirnos en agencia de cobro de las deudas en que puedan incurrir los abogados. No se trata aquí, sin embargo, de una deuda personal de un abogado incurrida en el curso de sus asuntos personales. Se trata de una obligación contraída para con una parte adversa en un litigio, que descansó al aceptarla en la confianza que le mereció el querellado, no como comerciante, sino como abogado. Ello está reñido con el Canon 30 del Código de Ética Profesional.

Una propiedad embargada por orden de un tribunal se encuentra bajo la custodia del tribunal. El embargo es parte del proceso litigioso. La ética del abogado está reñida con cualquier actuación de éste que implique interés personal en bienes que estén en litigio, o puedan ser objeto de litigio entre la parte que el abogado representa y la parte contraria. La ley prohíbe al abogado adquirir por compra bienes y derechos que fueren objeto de un litigio en que él intervenga por su profesión y oficio. Art. 1348 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3773, último párrafo. Al mismo efecto se ex-presa el Canon 23 del Código de Ética Profesional.

El querellado puede no haber actuado de mala fe al ob-tener de su compañero Matta la liberación del embargo. Probablemente tenía el propósito de cumplir el compromiso que contraía. Pero es evidente que aparte del interés que pudiera tener en proteger a sus clientes, tenía un interés pro-pio en obtener para sí la propiedad objeto del embargo. Aun en la práctica del comercio, a que paralelamente con el ejercicio de la abogacía se dedicaba el querellado, la ética repudia las argucias que tipifican una competencia desleal.

Considerando que el querellado fue admitido al ejercicio de la abogacía en 1969 y que es ésta la primera ocasión en que tomamos conocimiento de alguna conducta anti ética de su parte, y habiendo cumplido finalmente con nuestro requeri-miento de pagar la parte insoluta de la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Humacao, nos parece suficiente sanción la suspensión del ejercicio de la abogacía decretada el 16 de noviembre de 1978, que hacemos extensiva hasta el 16 de febrero de 1979, y la censura que aquí hacemos de sus actua-ciones en el referido caso.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

      Dice así:
      “Canon 30. — Derecho a Dirigir los Incidentes del Juicio.
      “Los abogados, como compañeros de profesión, se deben mutuamente trato generoso y considerado, y las presiones o exigencias de sus clientes no deben impedir tal comportamiento. Corresponde al abogado, no al cliente, siempre que los intereses de éste queden debidamente protegidos, hacer concesiones razonables a un compañero en cuanto a peticiones de tranferen-cias de vistas, prórrogas, cambios de fechas y sitios para citas o reuniones y sobre el trámite de asuntos incidentales pendientes en un pleito.”

      Expresa dicho canon:
      “Canon 23. — Adquisición de Intereses en Litigio y Manejo de los Bienes del Cliente.

        “El abogado no debe adquirir interés o participación alguna en el asunto en litigio que le haya sido encomendado.
      “Un abogado no debe adelantar o prometer ayuda financiera a su cliente para gastos médicos o subsistencia, excepto que puede adelantar el pago de las costas del litigio, y los gastos de investigación y de exámenes médicos necesarios para representar debidamente el caso de su cliente.
      “La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mez-clen.”


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. José W. Báez Torres, querellado.

      Número: O-78-148

      Resuelto: 31 de enero de 1979

      Héctor A. Cotón Cruz, Procurador General, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino y Eliadis Orsini Zagas, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; R. Davis Vázquez, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

Contra José W. Báez Torres se formularon los siguientes cargos:

“PRIMER CARGO

El licenciado José W. Báez Torres observó una grave con-ducta deshonesta, impropia, inmoral y contraria a los Cánones de Ética que rigen a la Profesión Legal en relación a los señores Félix Santos Cedeño, Dr. Roy Rosado Pagán, Ingeniero Jaime E. Delgado, Sr. Narciso Jusino Cruz, Sr. Epifanio Meléndez Al-modovar y su señora esposa Aurea Borrás de Meléndez, Sr. Josué Matos Márquez, Sr. Oscar Velázquez, Sr. Narciso López Rivera, Sr. Daniel González Borrero, Sr. Tauter y su esposa Esther Carrera de Tauter, Sra. Doris Octaviani, Srta. Norma González y el Sr. Rubén Matos Márquez.

Aprovechándose de los escasos conocimientos de los hermanos Ramos Mattei y de su creencia de que los terrenos en que ellos vivían eran de su propiedad, el Lie. José W. Báez Torres se sirvió de esta situación para su beneficio personal, procediendo a nom-brarse representante de dichos hermanos Ramos Mattei alegando a otros que ellos eran los propietarios de los señalados terrenos y con este ardid el querellado procedió a ofrecer en venta por-ciones de terreno y de hecho opcionó a este grupo de personas antes mencionado una serie de solares a cambio de sumas de dinero que recibió de parte de ellos.

SEGUNDO CARGO

El licenciado José W. Báez Torres violó las disposiciones del Canon 23 y Canon 24 de los de Ética Profesional en relación a su cliente Digna A. Méndez consistiendo su conducta en lo siguiente:

El querellado representaba a dicha señora en una reclama-ción por daños y perjuicios contra la Mobil Oil Co., la cual fue objeto de transacción por la cantidad de $900.00. En relación a esto la Underwriters Adjustment Company expidió un cheque por dicha suma pagadera a Digna A. Méndez Torres y su abo-gado José W. Báez.

La señora Méndez informó que dicho cheque fue endosado por el Lie. Báez y que ella nunca le autorizó para tal cosa. La quejosa ha tratado de recobrar el dinero que se le otorgó en la transacción ya mencionada, pero el abogado querellado le ha in-formado siempre que dicha cantidad es un abono de la deuda que ella tiene con él por otros servicios profesionales prestados.

TERCER CARGO

El licenciado José W. Báez Torres violó las disposiciones del Canon 20 y 24 de los de Ética Profesional en relación a su cliente la señora Cecilia Oliveras consistiendo su conducta en que se negó a entregarle copia de una escritura la cual fue ordenada se preparara por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en el caso Civil Núm. 76-5738, por razón de que ésta le adeudaba honora-rios de abogado. Por dicha razón se creó una controversia entre ambos en cuanto a la cantidad a ser cobrada por concepto de honorarios, cosa que se hubiese evitado si el querellado hubiese dado fiel cumplimiento al Canon 24.

Los hechos son los siguientes:

La señora Oliveras contrató los servicios profesionales del querellado para la preparación de una escritura sobre unos terre-nos que había adquirido. Que le informó a éste que el vendedor se había comprometido al pago de todos los gastos relacionados con dicha escritura, incluyendo los correspondientes sellos para inscripción.

En adición, la quejosa expresó que al acudir donde el quere-llado para obtener copia de la referida escritura, éste rehusó en-tregársela, alegando que ella también tenía que pagarle por sus servicios.

La quejosa señala entonces que le indicó que estaba dispuesta a pagarle el balance de lo que le adeudaba el vendedor pero que le era indispensable obtener dicha escritura a fin de levantar los fondos necesarios para pagarle ya que, según alega, es persona insolvente. Finalmente nos señala que el querellado persiste en la negativa de entregarle la referida escritura.

El Tribunal designó al Lie. Ramón Pérez de Jesús Comisio-nado Especial para recibir la prueba sobre los cargos formu-lados. Este rindió un informe en el que consideró probados los tres cargos. Copia del informe fue enviado al querellado.

En la comparecencia del querellado comentando el In-forme del Comisionado el querellado “admite que debe ser separado de la profesión de abogado por un período de tiempo determinado.”

Es evidente que la conducta en que incurrió el querellado está reñida con las normas de ética que debe informar la vida profesional de un abogado. Tan palmaria resulta su infrac-ción a los Cánones de Ética Profesional que rigen la conducta de los abogados que él mismo admite que “debe ser separado de la profesión de abogado por un período de tiempo limi-tado.” Pero no podemos estar de acuerdo en que su separación deba ser por un “período de tiempo limitado”. No es un cas-tigo lo que este Tribunal debe imponerle, al final del cual se restituya automáticamente al ejercicio de la profesión de abogado. Su separación debe ser indefinida. Si en el futuro el querellado estimare que ha reformado su conducta de tal forma que lo haga acreedor a ser admitido nuevamente al ejercicio de la profesión, podrá solicitar la consideración de su readmisión al ejercicio de su profesión.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

       Originalmente se formularon cuatro cargos pero en el curso del procedimiento se eliminó el cuarto cargo.


author: per CURIAM:

text:
    Jorge Luis Acevedo Ambrosiani, Blanca Gierbolini y la Sociedad Legal de Gananciales que entre ellos tienen contraída, demandantes y peticionarios, v. Plaza las Américas, Inc., John Doe del 1 al 100, demandados y recurridos.

      Número: O-78-208

      Resuelto: 31 de enero de 1979

      Rechani & Segal, abogados de los peticionarios; López-Lay & Vizcarra, abogados de Plaza Las Américas, Inc., Franquie Jiménez Santoni, abogado del Comisionado de Seguros, Can-do, Nadal & Rivera y Ana Matilde Nin Torregrosa, abogados de Asociación de Garantía de Seguros de Clases excepto Vida, Incapacidad y Salud de Puerto Rico.
   per CURIAM:

Los demandantes instaron acción de daños contra Plaza Las Américas, Inc. y “John Doe del 1 al 100” en 30 de junio de 1977. Luego de varios incidentes habidos sin que la demandada Plaza Las Américas, Inc., hubiese contes-tado la demanda compareció el Comisionado de Seguros de Puerto Rico por la Commonwealth Insurance Company, me-diante moción informativa solicitando la paralización de los procedimientos bajo las disposiciones del Art. 40.010 del Có-digo de Seguros de Puerto Rico, 26 L.P.R.A. see. 4001, por hallarse la referida compañía de seguros en estado de insol-vencia económica. En dicha moción no se estableció conexión alguna entre Plaza Las Américas, Inc. y Commonwealth Insurance Company. A requerimiento del tribunal de instan-cia se informó posteriormente que Commonwealth era la ase-guradora de Plaza Las Américas, Inc. A esta moción infor-mativa ripostaron los demandantes que la aludida Commonwealth Insurance Company ni el Comisionado de Seguros eran partes en este caso y por tanto solicitaban que se decla-rase sin lugar la moción informativa del Comisionado. El tribunal declaró con lugar dicha moción informativa, lo que equivale a haber accedido a la paralización de los procedi-mientos. De esa determinación recurren los demandantes ante este Tribunal. Surge del propio recurso que fueron notifi-cados con copia del mismo el Ledo. Víctor M. Caparros Cabrera, abogado del Comisionado de Seguros y la Commonwealth Insurance Company.

Dictamos orden dirigida a la demandada Plaza Las Amé-ricas, Inc., para que mostrara causa por la que no debía expedirse el auto solicitado por los demandantes y en su consecuencia ordenar al tribunal de instancia que concediera a dicha demandada un término perentorio para contestar la demanda con apercibimiento de las sanciones que fueren menester, ello en vista de que no le era de aplicación la para-lización de los procedimientos relativos a la liquidación de la compañía aseguradora.

Compareció la demandada Plaza Las Américas, Inc., allanándose a que se expidiera el auto solicitado y se orde-naran los trámites procesales en el tribunal de instancia.

Estando a punto de dictarse esta opinión recibimos una comparecencia de la Asociación de Garantía de Seguros en la que expone que la reclamación objeto de este pleito no está cubierta bajo el contrato de póliza #50-301549 suscrito entre Commonwealth y Plaza Las Américas, Inc., por no extenderse la cubierta al área de estacionamiento donde ocurrió el robo del vehículo que motiva la reclamación de los demandantes, razón por la cual la referida Asociación no puede asumir la representación legal de Plaza Las Américas, Inc.

Luego compareció nuevamente Plaza Las Américas, Inc., aceptando las anteriores alegaciones de la Asociación de Garantía de Seguros al efecto de que el contrato de seguros aludido no cubre el accidente objeto de este pleito, y reitera su solicitud de que se continúen los trámites del caso sin la intervención de la referida Asociación.

Aunque la Asociación de Garantía de Seguros ha manifes-tado no tener interés en intervenir en los procedimientos y Plaza Las Americas, Inc., expresa que no existe póliza de seguro alguna expedida por Commonwealth Insurance Company sobre el riesgo objeto de la reclamación, creemos con-veniente hacer una expresión sobre la naturaleza del procedi-miento seguido por el Comisionado de Seguros en relación con la alegada insolvencia de la aseguradora Commonwealth Insurance Company. Nuestra expresión se debe a los múlti-ples casos contra asegurados bajo contratos de seguros que están paralizados ante los tribunales de instancia por razón de la insolvencia de las compañías aseguradoras.

Cuando un asegurador insolvente es parte interesada o esté obligado a representar a una parte en un tribunal de jurisdicción competente, el Código de Seguros establece que se suspenderán temporeramente los procedimientos judiciales durante 60 días, a partir de la fecha en que se determinó la insolvencia del asegurador, para permitir a la Asociación de Garantía de Seguros, entidad creada por el mismo Código, una adecuada defensa de todas las causas pendientes de acción. Art. 38.180, 26 L.P.R.A. sec. 3818.

La declaración de insolvencia a que se refiere la disposición legal precedente no se efectuará hasta que hubiere sido el asegurador notificado y se celebre vista al efecto. Art. 40.190, 26 L.P.R.A. see. 4019. Luego de tal declaración de insolvencia el Comisionado de Seguros notificará a todas las personas que tengan reclamaciones contra dicho asegurador, que no hayan presentado las debidas pruebas al efecto, para que le presenten dichas reclamaciones, todo ello en la forma en que dispuso el Código. Id.

Del expediente de este caso surge que el Comisionado de Seguros obtuvo del Tribunal Superior, Sala de San Juan, una orden preliminar o temporera en el Procedimiento de Cobro (Liquidación) contra The Commonwealth Insurance Company, amparándose en una petición jurada acreditando que dicha compañía de seguros está insolvente, cuya orden designa al Comisionado como administrador y liquidador de la mencionada compañía aseguradora, con todas las facul-tades que le conceden los Arts. 40.010 a 40.240 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sees. 4001 a 4024, autorizándole a in-cautarse de todos los bienes de dicha aseguradora; prohi-biéndole temporeramente a toda persona instituir procedi-mientos judiciales o administrativos contra el Comisionado, excepto con la autorización del tribunal y con notificación al Comisionado, y ordenando al Comisionado a notificar a la Asociación de Garantía de Seguros sobre la insolvencia de la aseguradora en cuestión y a proceder conforme a las disposi-ciones de los Arts. 38.010 a 38.180 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sees. 3801 a 3818, respecto a las reclamaciones cubiertas por la aseguradora de hacerse 'permanente por él tribunal la Orden Preliminar o Temporera de Liquidación.

No se nos ha informado de que el tribunal de instancia haya hecho la declaración de insolvencia que requiere la ley. Solamente contamos con una copia de la moción informativa presentada ante el tribunal recurrido por el Comisionado de Seguros con fecha 26 de abril de 1978 en la que se informa que la aseguradora compareció en 16 de diciembre de 1977, ante el Tribunal Superior a mostrar causa por la cual dicha Orden Preliminar o Temporera no debía convertirse en perma-nente en todos sus aspectos, y que dicha mostración de causa estaba aún pendiente ante la consideración del tribunal. En ella se informaba además que de convertirse la Orden Preli-minar en una de carácter permanente correspondería la representación legal en estos casos a la Asociación de Garan-tía de Seguros. Y, se solicitaba de dicho tribunal que, hasta tanto se determinara la permanencia de la Orden, se parali-zaran los procedimientos en este caso.

Los procedimientos judiciales solamente pueden ser paralizados al amparo de las disposiciones ya mencionadas del Código de Seguros una vez el tribunal de instancia haya hecho la determinación de insolvencia de una aseguradora, y en todo caso solamente durante 60 días a partir de la fecha de la insolvencia así declarada para permitir a la Asociación de Garantía de Seguros una adecuada defensa de las causas de acción pendientes contra la aseguradora insolvente. Art. 38.180, 26 L.P.R.A. see. 3818.

No habiéndose determinado judicialmente la insolvencia de la aseguradora Commonwealth Insurance Company no procedía la paralización de los procedimientos en este caso. En su consecuencia los trámites judiciales debieron haber continuado contra Plaza Las Américas, Inc., sin perjuicio de que la Asociación de Garantía de Seguros pudiera oportuna-mente intervenir conforme lo dispone el Código de Seguros.

Por las consideraciones expresadas precedentemente se expedirá el auto y se dejará sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, que declaró con lugar la paralización de los procedimientos, y se continuarán éstos contra Plaza Las Américas, Inc.


author: per curiam :

text:
    Raúl Ortiz Carrasquillo, demandante y recurrido, v. Municipio de Naguabo, demandado; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y peticionario.

      Número: O-78-444

      Resuelto: 31 de enero de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Roberto Armstrong, Jr., Subprocurador General, abogados del peticiona-rio; Margaro Rivera Guzmán, abogado del recurrido.
   per curiam :

En demanda instada ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao, contra el Estado Libre Asociado y el Municipio de Naguabo, alegó Raúl Ortiz Carrasquillo que el 4 de junio de 1974, mientras conducía un automóvil de su propiedad por una carretera en el barrio Florida de dicho municipio, cayó con el carro a un río que discurría paralelo a la carretera. Imputó la responsabilidad por el accidente a un alegado desperfecto en la carretera, cuya propiedad y mantenimiento aseveró corresponder a los demandados. Les reclamó por la pérdida del carro, que valoró en $3,000, más $3,400 en efectivo que dijo haber perdido en la corriente de agua, y $15,000 por alegados daños personales, físicos y morales.

El Estado recurre en solicitud de revisión de la resolución del tribunal de instancia que denegó la moción de sentencia sumaria predicada en que la mencionada carretera es “un camino municipal” que “no está bajo el control, conservación ni jurisdicción del Departamento de Transportación y Obras Públicas.” La moción fue acompañada de una certificación del Secretario Interino de dicho Departamento, Sr. José E. Rossy, acreditativa de los extremos apuntados, y la contesta-ción dada por el Municipio demandado a un interrogatorio formuládole por el demandante en que consta que “se trata de un camino vecinal que no tiene número y fue pavimentado hace aproximadamente dos años por primera vez a petición de los vecinos;” que no hubo ordenanza municipal que auto-rizara la pavimentación, habiéndose costeado “a base de unas asignaciones incluidas en la Ley núm. 2 que contemplaba aportaciones estatales y municipales (Ley núm. 2 de 1975).” Se expresa además en dicha contestación al interrogatorio que el mantenimiento del mencionado camino “no se le ha cedido nunca” al Gobierno estatal.

Argumentó el demandante en oposición a la solicitud de sentencia sumaria, y argumenta ante nos, que existe una controversia real en cuanto a si el Estado es responsable. Invoca el Art. 256 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1025, y el 397 del Código Político, 3 L.P.R.A. sec. 419. No tiene razón.

El citado artículo del Código Civil es inaplicable. Su alcance es distinguir entre aquellas cosas que son de uso público, es decir, “de uso común por su propia naturaleza o por el objeto a que se hallan destinadas” (Ley de Aguas de 1866, citada en Rubert Armstrong v. E.L.A., 97 D.P.R. 588, 620 (1969)), y aquellas cosas que son susceptibles de apropiación y que pertenecen de hecho al Estado o a algún municipio. En cuanto a las primeras, la responsabilidad de su mantenimiento y conservación puede recaer en el Estado o en un municipio. Dicho artículo no distingue a este respecto.

El Art. 397 del Código Político tampoco puede invocarse para derrotar la moción de sentencia sumaria, pues el demandante no aportó prueba alguna de que el camino en cuestión fuera construido o sea “entretenido”, es decir, man-tenido o conservado, por el Estado Libre Asociado. Las apor-taciones que el Estado pueda hacer a los municipios y que éstos empleen en la reparación de caminos no tienen el efecto de convertir tales caminos en carreteras estatales.

El demandante recurrido se ampara en una ley que identifica, sin más, como la Núm. 2 de 1975, para sostener que el camino en cuestión es carretera estatal. Suponemos que se refiere a la Ley Núm. 72 de 22 de junio de 1975, o a la Resolución Conjunta Núm. 7 de 6 de noviembre de 1975. La primera transfirió a la Administración de Servicios Municipales la División de Ayuda Técnica a la Comunidad del Departamento de Transportación y Obras Públicas con sus fondos, personal, propiedad y archivos. Art. 1 de dicha ley, Leyes de Puerto Rico, 1975, Parte 1, pág. 192. La segunda (la Resolución Conjunta) asignó seis millones de dólares a ser distribuidos por el Secretario de Hacienda entre diferentes municipios, correspondiendo al de Naguabo $45,000 para “construcción de obras y mejoras permanentes”. Leyes de Puerto Rico, 1975, Parte 2, págs. 956 y 965. Ninguna de dichas piezas legislativas tiene el alcance que le da el recurrido.

Lo que es una carretera estatal, sujeta a la responsabilidad del Estado en cuanto a custodia y conservación, está definido en la Ley de Administración, Conservación y Policía de las Carreteras Estatales de Puerto Rico, Ley Núm. 54 de 30 de mayo de 1973, que en su Art. 1-02, 9 L.P.R.A. see. 2102, dispone:

“Los siguientes términos tendrán, a los fines de esta ley, los significados que a continuación se expresan:
(a) Carretera — cualquier vía pública estatal para el tránsito vehicular que haya sido construida de acuerdo a alguna ley del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o que habiendo sido cons-truida por una Agencia o Corporación Pública, Estatal o Federal o por un municipio, haya sido transferida legalmente al Departamento de Transportación y Obras Públicas para su cus-todia y conservación. Una carretera está integrada por la zona de rodaje, el paseo, la servidumbre de paso, así como puentes, obras de desagüe, rótulos, señales, barreras protectoras y todas las construcciones protectoras, necesarias y convenientes para el mejor tránsito de los vehículos.

En la contestación del Municipio demandado al interrogatorio del demandante se señala que el camino que aquí nos ocupa es uno vecinal “que le ha venido sirviendo a los vecinos desde tiempo inmemorial.” No puede concluirse, por tanto, que fuera construido de acuerdo con alguna ley del Estado. Tampoco ha sido cedido al Estado, lo que así se hace constar expresamente en la citada contestación al interrogatorio.

En resolución de 28 de diciembre de 1978 requerimos del recurrido mostrar causa por la cual no debamos revocar la resolución del tribunal de instancia. Su comparecencia no nos persuade de que variemos el criterio intimado. Por las razones aquí expuestas, se expedirá el auto, se revocará la resolución del Tribunal Superior, Sala de Humacao, de 9 de noviembre de 1978, y se ordenará la desestimación de la demanda en cuanto al Estado Libre Asociado se refiere. Se impondrá al demandante-recurrido el pago de las costas.

       Dispone:
      “See. 1025. Bienes de uso público, bienes patrimoniales
      Son bienes de uso público en Puerto Rico y en sus pueblos, los caminos estaduales y los vecinales, las plazas, calles, fuentes y aguas públicas, los paseos y las obras públicas de servicio general, costeadas por los mismos pueblos o con fondos del tesoro de Puerto Rico.
      Todos los demás bienes que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o los municipios posean, son patrimoniales y se regirán por las disposiciones de este título.”

      Dicho artículo expresa:
      “See. 419. Carreteras estaduales, definición de
      “Se consideran como carreteras estaduales, para los efectos de las sees. 412, 413 y 417 a 423 de este título, y las secs. 1 a 5 y 41 a 46 del Título 22, todos aquellos caminos o vias públicas que hayan sido o puedan ser cons-truidos y estén entretenidos en la actualidad o en lo futuro, con fondos estaduales, o que estén incluidos en el plan general de los caminos que han de construirse y conservarse con fondos estaduales que pueda más adelante ser aprobado y decretado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Dá-vila,

text:
    Pedro Fernando Diez Rodríguez, demandante y recurrido, v. Milagros Guzmán Ruiz y su menor hijo, Johsian Fernando Guzmán, demandados y recurrentes.

      Número: R-78-361

      Resuelto: 31 de enero de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Al-zamora, Procurador General Auxiliar, abogados de los recu-rrentes; Luis Roberto Santos, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Atendemos a la corrección de una situación de anormali-dad jurídica producida por dos sentencias contradictorias sobre un hecho que resiste toda alternativa como lo es la pa-ternidad de un menor: el Tribunal de Distrito la declaró probada en proceso criminal por abandono y descuido de menores, y el Tribunal Superior la rechazó en sentencia de-claratoria.

El demandante y aquí recurrido Diez Rodríguez radicó el 30 de octubre de 1973 ante la Sala de Mayagüez del Tribunal Superior una acción civil solicitando sentencia de-claratoria contra los recurrentes Milagros Guzmán Ruiz y su hijo menor de edad Johsian Fernando Guzmán por la que se declare que éste no es hijo del demandante, y que se ordene a su señora madre cesar en sus requerimientos y persecución del demandante para que lo reconozca como hijo suyo. La madre y el menor demandado fueron emplazados el 17 de no-viembre de 1973 y el tribunal designó al Fiscal de Distrito defensor judicial del menor demandado, quien el 6 de septiem-bre de 1974 presentó su contestación controvirtiendo los he-chos esenciales de la demanda, y en iguales términos contestó la demandada Milagros, insistiendo ambos en que se decla-rara al actor padre de dicho niño.

Ya antes de alegar en la acción civil la madre demandada había presentado por derecho propio el 26 de julio de 1974 (ocho meses después de emplazada) ante el Tribunal de Dis-trito denuncia contra Diez imputándole el delito de abandono y descuido de menores sancionado por el Art. 263 del anterior Código Penal (33 L.P.R.A. see. 991), sobre la cual hubo un juicio en el que resultó el acusado culpable por sentencia de 10 de diciembre de 1974 que le impuso 30 días de cárcel, suspendida a condición de que pague una pensión alimenticia de $50 cada quince días.

El 31 de marzo de 1977 luego de un juicio en los méritos y sostenida por una prueba que comprendía entre sus elementos el prestigio científico de un examen serohematoíógico, ex-cluyente de la paternidad atribuida al acusado y demandante, el Tribunal Superior dictó sentencia declarando que Fernando Diez no es el padre del menor concernido. Firme y ejecutoria esta sentencia en la acción civil, a solicitud del demandante Diez, el Tribunal Superior dictó resolución el 15 de sep-tiembre de 1978 ordenando la eliminación del nombre de Diez del acta de nacimiento del menor, inscripción practicada como parte de la sentencia del Tribunal de Distrito, según orde-naba el Art. 263 del Código Penal.

Al recurso del Procurador General en representación del menor demandado, expedimos el auto el 2 de noviembre de 1978.

En instancia, el Pueblo de Puerto Rico para sostener la sentencia de paternidad recaída en el caso criminal por aban-dono de menores descansó principalmente en la alegación de cosa juzgada; y en su solicitud de revisión la reproduce im-putando error al Tribunal Superior por no reconocerle valor de precedente a la primera sentencia dictada en el Tribunal de Distrito. Concreta su planteamiento al decir “que estando ya consagrada oficialmente la filiación paterna del menor aquí envuelto, no existía ni existe controversia justiciable ni in-certidumbre en tal sentido que pudiera resolverse en una acción de sentencia declaratoria, sino que por el contrario el resultado de dicha acción sólo ha venido a crear una incerti-dumbre o controversia que no debía existir.” Negada por el Tribunal Superior calidad de cosa juzgada o de impedimento colateral a la sentencia del Tribunal de Distrito, el recurso de sentencia declaratoria no sería académico, sino remedio adecuado para poner fin a una controversia. No incidió el Tribunal Superior.

Iniciada con anterioridad la acción civil y debidamente emplazados la madre y el menor demandados, tanto derecho tenía el demandante a proseguir su acción en el Tribunal Superior como ella a radicar nueve meses después la denuncia por abandono de menores en el Tribunal de Distrito. Nuestro Derecho provee estos dos foros para investigar y adjudicar la paternidad, aun cuando siguiendo procedimientos disímiles, exclusivamente civil uno, y básicamente criminal el otro, y la prioridad en tiempo de interposición de la acción civil no es injunction que impida al menor valerse del más rápido remedio provisto en la esfera penal. Tampoco la premura de una parte altera en lo más mínimo la naturaleza de cada una de estas acciones, diferenciadas fundamentalmente por exigencias de la prueba que ha de sostener la adjudicación de paternidad: en la acción criminal el grado de prueba ha de alcanzar una dimensión suficiente para de-rrotar la presunción de inocencia; en la acción civil bastará la preponderancia de prueba en la estimación del juzgador para declarar la filiación.

En el presente caso la demanda civil tomó precedencia en tiempo, y el menor debidamente emplazado y con defensor ad litem designado, no podía “crearse” una defensa sobre la marcha por el simple expediente de lograr que en su nombre se promoviera el caso criminal. Por imperativo de las Reglas la bifurcación o fragmentación de los procedimientos es indeseable, y se propende por el contrario a la máxima ex-pansión del ámbito de la acción civil trayendo a su núcleo los elementos dispersos de reclamaciones, partes y remedios en orden a la adjudicación integral de la controversia. United Mine Workers of America v. Gibbs, 383 U.S. 715, 724 (1966). El menor tenía un foro asequible en la acción civil filiatoria que propiciaba en óptimo grado la evaluación de su prueba, por lo que no se justifica exceptuarlo de la norma que proscribe la multiplicidad de litigios. Un litigante que acude con antelación en tiempo a pedir remedio debe ser protegido en su derecho a proseguir el procedimiento iniciado en ausencia de opresión o abuso de derecho.

El orden procesal rechaza la adjudicación de una cuestión esencialmente indivisible como lo es la filiación en dos foros distintos con la probabilidad, fundada en el distinto grado de prueba exigido en lo civil y en lo criminal, de que se produzca la anomalía que confrontamos en este caso: el Tribunal de Distrito declara al niño hijo del imputado; y el Tribunal Superior desestima su reclamo de filiación.

No obstante el acercamiento y la considerable integración del resultado final viabilizados por Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976), la acción civil y la criminal se mantienen como procedimientos independientes y ninguna puede absorber o paralizar la otra aun cuando se desarrollen en contemporaneidad. Esta coexistencia en nada disminuye la realidad de que la sentencia obtenida en el caso civil tiene el superior valor de precedente obligatorio derivado de la mayor amplitud y liberalidad en la evaluación de la prueba, libre el arbitrio del juzgador de una exigencia en quantum que en lo criminal impone la obligación de derrotar la presunción de inocencia. Cf. Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978).

La excepción de cosa juzgada se caracteriza por la finalidad previa de la primera sentencia, obtenida con antelación absoluta al segundo pleito en que se invoca, y no en la simultánea tramitación de ambos procedimientos. Cosa juzgada no es “cosa juzgándose”. A su efecto de terminación radical de la controversia se le llama la “santidad” de cosa juzgada en reconocimiento de su respetabilidad y porque representa la concreción de justicia hecha, con audiencia a las partes. La sentencia en el caso criminal, hija de la anomalía procesal de la litispendencia, en la que dos acciones separadas compitieron en carrera, como si de una prueba deportiva se tratara, no tiene esa calidad de res judicata. La prelación del pleito cuya sentencia se oponga como cosa juzgada debe retrotraerse a la fecha de su comienzo.

Se anulará él auto expedido. Confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín concurren en el resultado y se unen al Voto Particular emitido por el Juez Asociado Señor Dávila. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opinión.

—o—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Dá-vila,

a la cual se unen el Juez Presidente, Señor Trías Monge y el Juez Asociado, Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de enero de 1979

Concurro con la opinión del Tribunal porque entiendo que habiéndose establecido por el análisis de la sangre de las partes envueltas en este litigio que indubitablemente Pedro Fernando Diez Rodríguez no puede ser el padre de Johsian Fernando Guzmán, McCormick, On Evidence, Sec. 211, págs. 517-522; Ross, The Value of Blood Tests as Evidence in Par ternity Cases, 71 Harv. L. Rev. 466 (1958), la defensa de cosa juzgada tiene que ceder ante la verdad científicamente comprobada. Véase Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 226 (1961):

“Sin embargo, los tribunales se han negado a aplicar en forma inflexible la defensa de cosa juzgada cuando hacerlo de-rrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay envueltas consideraciones de orden público. In re Spinosa’s Estate, 255 P.2d 843 (Cal. 1953); Universal Const. Co. v. City of Fort Laurerdale, 68 So.2d 366 (Fla. 1953); Commissioner of State Insurance Fund v. Law, 148 N.E.2d 136 (N.Y. 1958). Esto es particularmente cierto en los casos en que la sentencia anterior se opone a un menor de edad, que ordinariamente ha estado impe-dido de protegerse a sí mismo contra la conducta impropia o descuidada de su representante legal. In re Di Carlos, 44 P.2d 562 (Cal. 1935). Según se ha expresado, la doctrina descansa en el principio básico de que debe propiciarse la terminación de litigios, pero si la aplicación rigurosa de la misma derrotaría en la práctica un derecho permeado en alguna forma del interés público, los tribunales se inclinan hacia la solución que garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a un principio de conveniencia y orden procesal. Universal Const. Co. v. City of Fort Lauderdale, 68 So.2d 366 (Fia. 1953). En otras palabras, la regla no es absoluta y debe siempre considerarse conjunta-mente con el saludable principio de que debe dispensarse justicia en cada caso. Hodgson v. Applegate, 155 A.2d 97 (N.J. 1959).
Es indudable que la acción de filiación, vehículo que concede la ley para establecer el status familiar del ciudadano, está re-vestida de un gran interés público, y tiene hasta tangencias cons-titucionales si se quiere, por lo que con ello afecta la dignidad del individuo...

Tanto debe protegerse al niño que se le niega un padre como al padre que se le quiere imponer un hijo que científica-mente se demuestra que no lo es.

         Sus alegaciones y súplica esenciales, transcritas de la demanda, son las siguientes:
      “1. Que el 17 de septiembre de 1973 la codemandada Milagros Guzmán Ruiz dio a luz un niño varón a quien llamó Johsian Fernando Guzmán y dicho nacimiento fue inscrito al libro S18 del Registro Demográfico 48 de Mayagüez, Puerto Rico, Acta Número 4413. (Véase exhibit ‘A’.)
      2. Que desde el mes de abril de 1973 la codemandada Milagros Guzmán Ruiz ha venido requiriendo del demandante que reconozca al menor Johsian Fernando Guzmán como hijo de él, que lo inscriba con su apellido y, desde que dicho menor nació, que le pase alimentos. El demandante, en todo momento ha negado rotundamente ser el padre del menor co-demandado.
      3. Que dicho menor reside en compañía de su madre y está bajo la custodia y patria potestad de ella.
      4. Que los requerimientos hechos por la co-demandada han sido hechos en forma escandalosa, en sitios públicos y en forma orientada a someter al demandante al menosprecio y escarnio de los presentes.
      5. Que el 16 de octubre de 1970 el demandante se sometió a una intervención quirúrgica de vasectomía bilateral y luego se hizo análisis de esperma que resultaron negativos por lo que desde mucho tiempo antes de ser concebido el menor co-demandado Johsian Fernando Guzmán, el deman-dante estaba físicamente incapacitado para 3a procreación.
      6. Que durante el período crítico de la concepción del menor Johsian Fernando Guzmán, la co-demandada Milagros Guzmán Ruiz llevaba relacio-nes maritales con otros hombres que no eran el demandante.
      7. Que la presente acción se radica bajo las disposiciones de la Ley de Sentencias Declaratorias. (32 L.P.R.A. see. 2991 y subsiguientes.)
      POR TODO LO CUAL suplica de este honorable tribunal se sirva declarar con lugar la presente demanda haciendo las siguientes determina-ciones :

        (A) Que el demandante Pedro Fernando Diez no es el padre del menor co-demandado Johsian Femando Guzmán; . . . .”

      E1 demandante acusado apeló dicha sentencia al Superior pero el recurso fue desestimado por razones procesales. También trató de obtener un nuevo juicio que le fue denegado.

      Esta prueba no estuvo disponible para los días de juicio por aban-dono de menores en el Tribunal de Distrito.

      La parte relevante de dicha Resolución dice:
      “Habiéndose radicado la acción civil primero en tiempo y radicada la denuncia criminal aproximadamente nueve meses después de la interposición de éste; examinada la imposibilidad física de que el demandante sea el padre del menor J.P.G.; visto que la sentencia dictada en este caso es una firme al presente y atendido que el Tribunal considera que tiene la obligación de poner fin a este litigio y aclarar el estado de las partes frente al sistema judicial puertorriqueño y ante la sociedad, y atendido, en adición, que el fin último de los pleitos de naturaleza filiatoria es el de localizar al verdadero padre de la persona y habiéndose cumplido fielmente con los postulados del hacer justicia cumplida, por la presente se declara con lugar la moción del demandante solicitando la eliminación de su nombre del Libro 318 de Mayagüez Acta 4413; Registro 48; donde aparece como padre del menor J.F.G.
      “Se ordena a los funcionarios del Registro Demográfico de Puerto Rico eliminar el nombre de Pedro Fernando Diez Rodríguez de los Libros de actas del Registro Demográfico de Puerto Rico, donde pueda aparecer éste como padre del menor Johsian Fernando Guzmán. Esta resolución y orden tiene el efecto de dar por terminada para todos los fines de ley cualquiera relación de naturaleza legal o económica entre el menor demandado J.F.G. y el demandante Pedro Fernando Diez Rodríguez, para así, de una vez y para siempre, dar por terminado con los incidentes en este caso.”
      Dos semanas después el 29 de septiembre de 1978 en recurso de cer-tiorari del acusado Diez contra resolución del Tribunal de Distrito dene-gatoria de una moción de nuevo juicio y nulidad al amparo de R.P.Crim. 192, el Juez Superior, Señor Eli B. Arroyo, actuando en la Sala de Maya-güez, dictó la siguiente
      “SENTENCIA
      Vista la petición y sus anejos se expide el auto de certiorari solicitado, y en uso de la discreción que nos concede la Regla 71 de Procedimiento Civil, se anula y deja sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito en el caso Criminal Número TD-74-1219, por existir una deter-minación final en el caso Civil Número CS-73-4412 que concluye que Pedro Fernando Diez Rodríguez no es el padre del menor y cuya acción civil fue instada antes que la criminal Pol Sella v. Lugo, resuelto en 18 de septiembre de 1978.”

      Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481 (1954); Arts. 5 y 6 de la Ley de Sentencias Declaratorias, que es la Núm. 47 de 25 de abril de 1931 (32 L.P.R.A. secs. 2995 y 2996).

       Nuestro antiguo Derecho, en el Art. 108 del Código de Enjuicia-miento Civil proveía la llamada excepción de litispendenoia cuya “razón jurídica . . . estriba en evitar que por dos tribunales competentes se dicten dos sentencias contradictorias absolviendo en una y condenando en otra, sobre la misma materia y entre las mismas personas.” Banco Territorial y Agrícola v. Arvelo, 7 D.P.R. 566, 571 (1904); Sucn. Abarca v. Nones, 33 D.P.R. 507 (1924).