author: Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

text:
    Julio Enrique Franco Piñeiro et al., lesionado y recurrente, v. J. Pérez & Cía., Inc. y Fondo del Seguro del Estado, recurridos.

      Número: CE-86-435

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Héctor L. Moreno Luna, abogado del recurrente; José Luis Verdiales Morales y José J. Santiago, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de J. Pérez & Cía., Inc., recurrido; Francisco Falú Lebrón, abogado del Fondo del Seguro del Estado, recurrido.
   SENTENCIA

Revisamos la determinación de la Comisión Industrial de Puerto Rico que extiende la cubierta de la Ley de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sec. 1 et seq., al patrono recurrido y que revoca la determinación previa del Fondo del Seguro del Estado que lo declara no asegurado.

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J. Pérez, & Cía., Inc. (J. Pérez, Inc.) es un patrono que desde 1923 se dedica al negocio de venta de comestibles. Desde ese año ha mantenido vigente una póliza para cubrir a sus empleados contra accidentes del trabajo con el Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.). En todo momento, tanto J. Pérez, Inc. como el F.S.E., respectivamente, han realizado los pagos y cobros de las primas del seguro obrero a través del correo postal.

El 10 de junio de 1982 el F.S.E., como parte del procedimiento de cobro, envió a J. Pérez, Inc. la referida notificación de cobro de primas de seguro obrero para 1981-1982 y primer semestre de 1982-1983. En la misma le indicó la liquidación final de primas para 1981-1982 y la prima preliminar para 1982-1983. La liqui-dación final incluía un balance adicional montante a la suma de $1,107.51. El cincuenta por ciento (50%) de la prima preliminar ascendía a $3,540.75, que sumados al balance adicional totalizaban $4,648.26. El F.S.E. concedió a J. Pérez, Inc. hasta el 20 de octubre de 1982 para el pago de la suma referida; le apercibió que “la falta de pago total de la prima dentro del término fijado o su prórroga surtirá el efecto de suspender la efectividad de su póliza”. Caso Núm. CE-86-435, Parte I, Solicitud de revisión, Apéndice 7. Le concedió, además, hasta el 31 de enero de 1983 para el pago del restante cincuenta por ciento (50%) de la prima para 1982-1983 ($3,540.75). J. Pérez, Inc. no solicitó prórroga para pagar.

El 17 de noviembre de 1982 J. Pérez, Inc. envió al F.S.E. un pago parcial por la suma de $3,540.75, tras el cual quedaba al descubierto un balance adicional de $1,107.51 de la liquidación final para 1981-1982.

El 2j de diciembre de 1982, sin que aún J. Pérez, Inc. hubiera cubierto el balance adicional de la liquidación final para 1981-1982, el obrero peticionario, quien trabajaba como gondolero de J. Pérez, Inc., sufrió un accidente mientras desem-peñaba dichas labores. El 29 de diciembre de 1982 J. Pérez, Inc. envió un cheque por la cantidad de $4,648.26 para completar el pago de las primas. Como resultado del accidente, el obrero recurrente se encuentra total y permanentemente incapacitado, tanto para trabajar como para atender sus necesidades persona-les. El ES.E., luego de darle el tratamiento correspondiente, dio de alta definitiva al obrero el 20 de junio de 1983. El SO de septiembre de 1988 el F.S.E. emitió una decisión mediante la cual otorgaba al recurrente una incapacidad total permanente con diagnóstico de status postcraneotomía por hematoma intracraneal post traumático y síndrome orgánico mixto y atópico.

El 10 de abril de 198k el F.S.E. certificó que J. Pérez, Inc. no adeudaba cantidad alguna por concepto de primas para 1982-1983.

El 5 de julio de 1985 el Administrador del Fondo del Seguro del Estado (Administrador) notificó al obrero peticionario y a J. Pérez, Inc. su decisión mediante la cual declaraba a J. Pérez, Inc. patrono no asegurado en relación con el accidente de 24 de diciembre de 1982. Según la decisión, “el referido patrono de acuerdo con nuestros récords no mantenía su póliza en vigor. Pagó la prima que se le fijó para el primer semestre del año 1982-83 por la cantidad de $4,648.26 el día 29 de diciembre de 1982 y el término de pago fijado por el Administrador expiró desde el 20 de octubre de 1982”. Caso Núm. CE-86-435, Parte I, Solicitud de revisión, Apéndice 10.

En dicha decisión se le advertía a las partes de su derecho a apelar tal decisión ante la Comisión Industrial de Puerto Rico (la Comisión) dentro del término de treinta (30) días después de notificada. Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 11. J. Pérez, Inc. no apeló ante la Comisión en el término de ley.

El 5 de agosto de 1985( ) el obrero peticionario y su familia presentaron demanda de daños y perjuicios ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, contra J. Pérez, Inc. Ésta contestó la demanda.

El 1ro de octubre de 1985 el Sr. Humberto Pérez, oficial de J. Pérez, Inc., escribió una carta a la División de Status Patronal del ES.E. (la División) para solicitarle que “revisara administrativa-mente” la decisión del Administrador donde declaraba a J. Pérez, Inc. patrono no asegurado. El 4 de octubre del mismo año, la División contestó esta carta y le indicó que no podía acceder a tal solicitud de revisión administrativa.

El 1U de octubre de 1985, esto es, ciento un (101) días luego de notificada la decisión del Administrador, J. Pérez, Inc. presentó ante la Comisión un escrito de apelación para solicitar que la declarase patrono asegurado. El 28 de octubre de 1985 el obrero peticionario se opuso a la apelación alegando que la Comisión carecía de jurisdicción. El patrono replicó a la oposición alegando que el obrero carecía de capacidad jurídica para comparecer ante la Comisión.

El 18 de marzo de 1986 el F.S.E. le notificó mediante carta al patrono que dejaba sin efecto su decisión previa de patrono no asegurado.

El 8 de abril de 1986 la Comisión celebró una vista a la cual comparecieron el F.S.E. y J. Pérez, Inc. El peticionario no fue notificado de la vista. El patrono J. Pérez, Inc. y el F.S.E. estipularon los hechos a base de los cuales la Comisión resolvió revocar la decisión del Administrador (de 5 de julio de 1985) que declaró a J. Pérez, Inc. patrono no asegurado. Esta Resolución de 15 de abril de 1986 no fue notificada al peticionario, quien se enteró de la resolución de la Comisión cuando J. Pérez, Inc. le entregó la misma en una vista del pleito de daños y perjuicios señalada para discutir la procedencia de una solicitud del patrono de una sentencia sumaria.

El 5 de mayo de 1986 el peticionario solicitó a la Comisión la reconsideración de su Resolución de 15 de abril. La Comisión declaró no ha lugar a dicha reconsideración al resolver que el obrero no tenía capacidad jurídica para intervenir en este tipo de caso “por tratarse de una controversia entre patrono y asegura-dor donde el obrero no es parte afectada. . . . Caso Núm. CE-86-435, Parte I, Apéndice de la Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción y memorando en oposición a que se expida el auto de revisión, pág. 39.

El peticionario acude ante nos y señala que erró la Comisión: (1) al resolver que el obrero no tenía capacidad jurídica para intervenir en el caso; (2) al considerar la apelación aun existiendo una decisión final y firme del Administrador, por lo que la Comisión carecía de jurisdicción, y (3) al resolver que para la fecha del accidente del recurrente J. Pérez, Inc. era un patrono asegurado.

J. Pérez, Inc. compareció ante nos mediante una solicitud de desestimación por falta de jurisdicción y oposición a que se expidiera el auto. En esencia, argumenta que carecemos de jurisdicción para conocer el recurso de revisión porque: (1) el recurrente no adhirió al mismo el sello forense requerido por el Art. 11 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.P.R.A. sec. 783), creadora del Colegio de Abogados de Puerto Rico; (2) el apéndice del recurso incumple fatalmente con la Regla 17(f) de nuestro reglamento, 4 L.PR.A. Ap. I-A, y el mismo no fue notificado a la honorable Comisión. Arguye que aun asumiendo la capacidad jurídica del recurrente para instar el recurso de autos, la decisión de la Comisión que le concede cubierta al patrono es jurídicamente correcta.

El 29 de julio de 1986 decidimos revisar. Las partes han comparecido y han sostenido sus respectivas posiciones. Resolve-mos.

HH HH

Este Tribunal tiene jurisdicción para considerar el recurso del obrero recurrente.

Primero, en vista de que el obrero recurrente adhirió el sello forense en su primer escrito judicial (demanda de daños y perjuicios contra el patrono), cumplieron sus abogados con su deber personal, por lo que tenemos jurisdicción para considerar el recurso de revisión. López Rivera v. Matos, 101 D.P.R. 740 (1973). Segundo, de igual modo cumplió con la citada Regla 17(f) de nuestro reglamento aun cuando no era parte del procedimiento ante la Comisión. Tercero, no venía obligado a notificar su recurso de revisión a dicho organismo dada la función de la Comisión como tribunal apelativo a nivel administrativo. Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 12.

También tenemos jurisdicción para revisar las determinacio-nes y resoluciones de la Comisión sobre patrono asegurado que han sido dictadas sin jurisdicción por dicho foro. Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra; cf. Gerena v. Lamela, 79 D.P.R. 578 (1956).

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Bajo las circunstancias en autos, carecía de jurisdicción la Comisión para revocar la determinación de patrono no asegurado hecha por el F.S.E. Esa determinación del F.S.E. había advenido final, firme e inapelable una vez transcurrido el término jurisdic-cional de treinta (30) días dispuesto en el citado Art. 10 de la Ley-de Compensaciones por Accidentes del Trabajo para que el patrono apelara la determinación que lo declaraba no asegurado.

Como vimos, el 5 de julio de 1985 el Administrador notificó al patrono su determinación con relación al accidente del obrero recurrente. La alegada reconsideración presentada por el patrono el 1ro de octubre de 1985 ante la División del F.S.E. no tuvo ningún efecto legal. Dicha comunicación no interrumpió el tér-mino jurisdiccional para apelar a la Comisión.()

Por los fundamentos expuestos se dicta sentencia que revoca las resoluciones de la Comisión emitidas el 15 de abril y 5 de junio de 1986, y se declara a J. Pérez, Inc. patrono asegurado para fines del accidente de autos.

Así lo ordena y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton disienten sin opinión. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió voto particular de conformidad.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto particular y de conformidad del

Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

En Puerto Rico se ha comprometido el resarcimiento mayor disponible para los obreros bajo las normas generales del derecho civil, en casos de accidentes del trabajo, a cambio de una módica pero segura compensación estatutaria fundada en el criterio de dependencia. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1 (1990). Sin embargo, para que la responsabilidad patronal sea eliminada por la inmunidad estatutaria, la ley le requiere a éste el cumplimiento estricto de unos requisitos en el pago de cubierta del seguro patronal.

El caso de autos refleja cómo el incumplimiento de tales requisitos le abre las puertas de los tribunales a un obrero que ha quedado totalmente incapacitado por un accidente del trabajo para reclamar el mayor resarcimiento posible bajo las normas generales del derecho civil. Ello nos mueve a expresarnos sobre el status de patrono no asegurado del recurrido.

Hace casi medio siglo expresamos en Sucrs. de J. González v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 306, 309 (1943), que:

Difícilmente pudo haber sido la intención de la Legislatura que en cualquier época con anterioridad al vencimiento del semestre, el patrono pudiera elegir libremente el determinar si deseaba protec-ción que sería aplicable retroactivamente al principio del semestre. Bajo tal teoría ningún sistema de seguros podría sobrevivir por mucho tiempo.

En el caso de autos esas expresiones cobran plena virtualidad y vigencia.

Fasemos, en primer lugar, a considerar los reparos jurisdic-cionales del patrono al recurso instado por el obrero ante nos así como la limitación jurisdiccional del remedio concedido por la Comisión Industrial de Fuerto Rico (la Comisión) a dicho patrono.

Los hechos están claramente reseñados en la sentencia de este Tribunal.

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Alega el patrono que carecemos de jurisdicción para conside-rar el recurso del obrero porque éste no incluyó el sello forense exigido por el Art. 11 de la Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932 (4 L.ER.A. see. 783).

El Art. 11 de la Ley del Colegio de Abogados dispone que:

Será deber de todo abogado adherir al primer escrito que presente en cualquier acción o procedimiento judicial un Sello que el Colegio adoptará y expedirá por valor de un (1) dólar y hasta tanto se hubiere adherido dicho sello no podrá radicar ese escrito. (Enfasis suplido.)

Nos hemos expresado sobre este deber personal del abogado en diversas circunstancias. De un análisis de nuestros pronuncia-mientos al respecto, concluimos que está firmemente establecido que: (a) cuando la Asamblea Legislativa enmendó el Art. 11 de la Ley Núm. 43, supra, en 1939 para incluir la frase “y hasta tanto se hubiere adherido dicho sello no podrá radicar ese escrito”, hizo del cumplimiento de ese deber impuesto al abogado una condición precedente a la presentación del documento por el Secretario del tribunal (De Soto v. Clínica Industrial, 70 D.P.R. 850, 855 (1950); López Rivera v. Matos, 101 D.P.R. 740 (1973)); (b) el deber del abogado de adherir el sello surge sólo una vez —mientras sea el mismo abogado el que está representando a la parte, no es preciso volver a adherir el sello ni aun en la etapa apelativa del caso (López Rivera v. Matos, supra, pág. 746)— y (c) este deber se extiende a los casos de apelación o revisión de sentencia (López Rivera v. Matos, supra; Calderón y Rivé, Manual de Procedimientos Apelativos, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1987, pág. 21).

Nos enfrentamos a la interpretación de este deber en la revisión judicial directa de la decisión de una agencia administra-tiva. En el escrito de revisión judicial de la decisión administra-tiva, si es el primer escrito que presenta el abogado ante el tribunal, debe adherírsele el sello forense. Ese no es el caso en el procedimiento que nos ocupa. Aquí, ante la finalidad y firmeza de la decisión del Fondo del Seguro del Estado (F.S.E.) y la inercia del patrono, el obrero instó una acción civil de daños y perjuicios. Ese fue su primer escrito en el procedimiento judicial. Allí estuvo representado por los mismos abogados que ahora lo representan. La estrecha relación y dependencia que guarda esa acción con la particular revisión directa en este caso —donde se alega la nulidad del trámite ante la Comisión— nos lleva a concluir que al adherir el sello forense a la demanda de daños y perjuicios cumplieron los abogados del obrero con su deber personal.

Sostiene el patrono que carecemos de jurisdicción para cono-cer el recurso de revisión de autos por razón de que el apéndice del mismo incumple con la Regla 17(f) de nuestro reglamento, 4 L.ER.A. Ap. I-A, ya que el mismo omite incluir la moción de desestimación debido a falta de jurisdicción instada por el patrono ante la Comisión. Baste decir que el recurrente cumplió sustancialmente con este requisito a pesar de que no fue parte en el procedimiento ante la Comisión. Los documentos incluidos en el apéndice fueron suficientes para ponernos en condiciones de expedir el auto.

Por otro lado, sostiene el patrono que por no haber notificado el obrero el recurso a la Comisión, carecemos de jurisdicción. Según se desprende del propio recurso, la solicitud de revisión no fue notificada a la Comisión dentro del término de quince (15) días para revisar. La Regla 13.3 del Reglamento Interno de Procedi-mientos de la Comisión Industrial (Reglamento de la Comisión) de 14 de marzo de 1984 dispone que así se haga:

Al momento de formalizar el recurso de revisión, el recurrente deberá notificar con copia de la solicitud del recurso de revisión a la Comisión Industrial y a la parte recurrida dentro del término para solicitar dicha revisión, en la forma prescrita en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto Rico. Cuando la notificación se hiciere por correo, deberá hacerse por correo certificado con acuse de recibo; disponiéndose que la falta de dicha notificación a la Comisión Industrial y ala parte recurrida, priva de jurisdicción al Tribunal Supremo de Puerto Rico para conocer del recurso. (Énfasis suplido.) Caso Núm. CE-86-435, Parte I, Apéndice de la Solicitud de desestimación por falta de jurisdicción y memorando en oposición a que se expida el auto de revisión, págs. 41-42.

La Regla 20(a) de nuestro reglamento dispone:

(a) El auto de revisión para revisar directamente actuaciones de funcionarios y agencias administrativas se regirá por las leyes especiales que autorizan su expedición en cada caso, y en todo lo que no sea claramente incompatible con dichas leyes especiales se regirá por las disposiciones de este Reglamento, especialmente por las Reglas 17 a la 20, ambas inclusive. Las referencias en dichas reglas al “tribunal de instancia” se entenderán como referencias al funcio-nario o agencia administrativa en cuestión. Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

El Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 12, regulador de la revisión judicial de las decisiones de la Comisión, guarda silencio sobre la notificación del recurso a la Comisión. Ante ese silencio, el recurrente propone que apliquemos supletoriamente la Regla 20 del reglamento de este Tribunal, supra, y concluyamos que en estos casos la Comisión es “el tribunal de instancia” a quien no hay que notificar.

En el caso ante nos la ley especial no requiere que se le notifique a la Comisión el recurso de revisión, () La razón es sencilla. La Comisión actúa como tribunal apelativo y no es parte en dicho procedimiento. Véanse: Regla 17 de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. I-A; Crowell v. Benson, 285 U.S. 22 (1932); Montaner Admor. v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 460 (1937); Juan Bigas Sucrs. v. Com. Industrial, 71 D.P.R. 336 (1950). Véase, además, Torres Rivera v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 620, 622 (1962).

La Comisión no tiene facultad, mediante reglamento, para privar de jurisdicción a este Foro. La delegación de sus poderes no puede ser tan amplia. Según la citada Regla 13.3 del Regla-mento de la Comisión, la falta de notificación del recurso a ésta —de acuerdo con la Regla 53.3 de Frocedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. Ill, y dentro de los quince (15) días dispuestos en el Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra— priva de jurisdicción a este Tribunal. A falta de disposi-ción clara en la ley, no podemos avalar esa regla como válida.

En su consecuencia y aplicando lo dispuesto en la Regla 20 de nuestro reglamento, supra, forzoso es concluir que no es necesa-rio que el recurrente notifique a la Comisión con copia de su escrito. Como organismo cuasis judicial —11 L.P.R.A. sec. 8; Wiscovitch v. Comisión Industrial, 99 D.P.R. 651 (1971); Caraballo v. Comisión Industrial, 51 D.P.R. 161 (1937)— recibe la notificación del recurso de parte del Secretario de este Tribunal como si fuera el tribunal de instancia. Véase B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., Boston, Little, Brown and Co., 1984, págs. 14-15.

Advertimos que el recurso de revisión de las determinaciones de la Comisión es de la naturaleza de un certiorari especial —véase Maldonado v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 730, 733 (1940)— y no de una apelación (cf. Morales Rodriguez v. Comisión Industrial, 110 D.P.R. 353, 355 (1980)).

For último, sostiene el patrono que el obrero carecía de capacidad jurídica para comparecer ante la Comisión y, por lo tanto, carece de capacidad jurídica para instar el presente recurso de revisión. El obrero en este caso tiene capacidad jurídica para instar este recurso.

Las resoluciones de la Comisión dictadas sin jurisdicción —señalamiento levantado por el recurrente— son cuestiones revisables por este Tribunal por constituir errores de derecho bajo el Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra. Véanse, además: Regla 20 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra; S.P. Amadeo, La revisión judicial de la Comisión Industrial de Puerto Rico, 15 Rev. Jur. U.P.R. 121, 128-135 (1946). Ello sin importar que el obrero no haya sido parte() en los procedimientos ante la Comisión ya que, en esencia, lo que se levanta es la nulidad de las mismas. La desestimación de la acción civil (concedida por el Art. 15 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. see. 16), debido a la nueva determinación de la Comisión, representa un interés suficiente del obrero, digno de protección mediante el recurso de revisión judicial. Tal derecho cobró vida al notificársele al patrono de la decisión del E S.E. No puede despojarse al obrero de ese derecho, consolidado cuando dicha decisión adviene final, firme e inapelable y es ejercitado confiando en las actuaciones del F.S.E. y ante la inercia e indiferencia del patrono, sin que se le permita ser oído. Ante tales circunstancias, la Comisión debió permitir la intervención del obrero. Cf. Gerena v. Lamela, 79 D.P.R. 578, 580-581 (1956).

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Ahora bien, ¿tenía jurisdicción la Comisión para entender en la apelación interpuesta por el patrono? Consideramos que no. Veamos.

El Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sec. 11, y la Regla 5(1) de la Sec. 2(a) del Reglamento de la Comisión, establecen de forma clara y expresa que “en los casos de patronos no asegurados, tanto el obrero como el patrono podrán acudir a la Comisión Industrial una vez declarado no asegurado el patrono por el Administrador, teniendo el patrono un término de treinta (SO) días para apelar de la decisión del Administrador declarándolo no asegurado . . (Énfasis suplido.)

Ese término es jurisdiccional. Transcurrido el mismo, la Comisión carece de jurisdicción para revisar la decisión del F. S.E. Esa ha sido la interpretación administrativa y judicial de dicho término. Véanse: Sucn. Marcos Torres Péres v. Fondo del Seguro del Estado, 14 D.C.I. 913, 929 (1949); Ortiz v. Comisión Industrial, 54 D.P.R. 694, 696 (1939); Salvador Pérez Cortés (patrono); Isaías Bermúdez Lugo (obrero) v. Fondo del Seguro del Estado, 15 D.C.I. 335, 340 (1950).

En Ortiz v. Comisión Industrial, supra, por no existir una regla válida de la Comisión que fijara el plazo para apelar ante dicho organismo, consideramos en tiempo la apelación ejercitada por un obrero ciento setenta y tres (173) días después de que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado (Administrador) emitiera su decisión. Un año después, en Montaner Admor. v. Comisión Industrial, 57 D.P.R. 391, 393 (1940), dimos paso a que unos menores apelaran la determinación del F.S.E. en la que se decretó que el caso no era compensable luego de transcurridos los treinta (30) días fijados por una regla válida del reglamento de la Comisión, ya que los menores nunca fueron debidamente notifi-cados de la resolución adversa del Administrador. Si bien se notificó a su madre, este Tribunal consideró que tal notificación no era la “que debió hacerse a sus hijos menores”.

Estas decisiones las emitimos antes de que entrara en vigor la Ley Núm. 43 de 22 de abril de 1942 donde, por vez primera, la ley dispuso expresamente un término de treinta (30) días para que el patrono apelara ante la Comisión las decisiones del F.S.E. que lo declaraban patrono no asegurado.

El carácter jurisdiccional de este término surge del lenguaje utilizado por el legislador en el estatuto. La disposición establece que tiene “él patrono un término de treinta (30) días para apelar . . .”. Ante un lenguaje tan claro no puede interpretarse de otra forma que no sea la de un deber afirmativo cuyo incumplimiento extingue el derecho. No tiene discreción el pa-trono ni la agencia administrativa para alterar dicho término apelativo dada una notificación válida de la decisión del F.S.E. Tan es así que la propia notificación claramente advierte a las partes su derecho a apelar ante la Comisión para evitar la firmeza de la decisión. Si eso lo unimos al hecho de que la ley no provee un mecanismo para reconsiderar las decisiones del Administrador, patente es la conclusión de que el término de treinta (30) días que la ley le concede al patrono para apelar la decisión del Adminis-trador donde se le declara patrono no asegurado, es jurisdiccional.

De ahí que en González Saldaña v. Comisión Industrial, 89 D.P.R. 267, 274 (1963), dijimos inter alia, que en la ley se “establecen términos expresos para la apelación a la Comisión Industrial de las decisiones del Administrador en el Art. 10 . . .”. (Enfasis suplido.)

Siendo ésta la situación, las resoluciones de la Comisión en este caso son ineficaces por carecer de jurisdicción para emitirlas. Lo único que podía hacer la Comisión era así declararlo sin entrar en los méritos de la cuestión que tenía ante sí. Gual v. Tribl. de Distrito, 70 D.P.R. 305 (1950); Autoridad Sobre Hogares v. Sagastivelza, 71 D.P.R. 436, 439 (1950); Dalmau v. Quiñones, 78 D.P.R. 551 (1955); Cardona v. Comisión Industrial, 79 D.P.R. 672, 679 (1956).

Nos parece inútil el intento del patrono de concederle juris-dicción a la Comisión. AI momento de instar su escrito de “apelación” habían transcurrido ciento un (101) días desde que el Administrador notificó su decisión. J. Eérez, Inc. aduce como justificación para su demora el que la notificación del F.S.E. fue recibida por una empleada temporera, quien la archivó sin informarle nada a la persona encargada de atender los asuntos del seguro del F.S.E.; que tan pronto tuvo conocimiento de la notificación de la decisión, remitió la carta solicitando su “revisión administrativa” el 1ro de octubre de 1985 (ochenta y seis (86) días luego de la notificación). El 4 de octubre la División de Status Fatronal del F.S.E. (la División) le contestó la carta reafirmando la decisión de 5 de julio de 1985. El patrono toma, a su convenien-cia, esa fecha para iniciar el cómputo de los treinta (30) días para apelar a la Comisión de la decisión del F.S.E. que lo declaró patrono no asegurado para propósitos del accidente en este caso. Según el patrono, la carta de 4 de octubre constituye una “reconsideración” de la decisión. Nada más lejos de la verdad.

La estructura general de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 establece que el Administrador resuelva las cuestiones en primera instancia —González v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 622 (1942); Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 466 (1943); Amadeo, supra, págs. 124-125— y luego la Comisión las revise (Amadeo, supra-, A. De Jesús Matos, Los Accidentes del Trabajo, San Juan, Ed. Baldrich, 1945, págs. 142-150). Esto es así ya que la Comisión, en el ejercicio de sus funciones revisoras de naturaleza cuasi judicial, representa al interés público. Art. 6(b) de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sec. 8(b).

En ese esquema de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, el legislador no le concedió expresamente la facultad al Administrador para revisar sus propias decisiones. Cf. Art. 10 de la citada ley, supra.

Ahora bien, es incuestionable que un organismo administra-tivo tiene facultad para revisar y considerar sus decisiones en cualquier momento cuando sea necesario para corregir un error aun cuando la ley no lo autorice expresamente. Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978); Alers v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 701, 705 (1961); Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 721 (1961). Sin embargo, como dijimos en Martínez v. Tribunal Superior, supra, pág. 722:

... el poder que tiene un organismo administrativo para modi-ficar sus órdenes y resoluciones en cualquier momento, no debe usarse de tal forma que afecte la estabilidad de la política enunciada por el propio organismo administrativo. Tan amplia facultad debe ser usada con circunspección e informada discreción.

El F.S.E. admite, en su alegato, que “como institución com-prende ... la necesidad de fijar el procedimiento a seguir cuando se solicita reconsideración de una decisión inconstitucional como es la de patrono no asegurado”. Caso Núm. CE-86-435, Farte I, Alegato del Fondo del Seguro del Estado, pág. 9. Tal procedi-miento no existe en la actualidad.

Aun cuando el Administrador tenga facultad para revisar sus decisiones en cualquier momento, las circunstancias de este caso no aconsejaban ese curso de acción. En primer lugar, la decisión del Administrador había advenido final y firme al solicitarse la “reconsideración”. El obrero, confiado en esa decisión institucional y al amparo del Art. 15 déla Ley de Compensacio-nes por Accidentes del Trabajo, supra, había instado acción en daños y perjuicios contra el patrono. Alterar la decisión del F.S.E. afectaría la política pública así enunciada por ese orga-nismo.

En segundo lugar, las circunstancias de este caso son distinguibles de las presentes en Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, supra; Alers v. Tribunal Superior, supra, y Martínez v. Tribunal Superior, supra. En Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, supra, las comunicaciones de Hacienda a la sucesión no habían sido remitidas como lo exigía la ley; aquí hubo una notificación válida de la decisión del F.S.E. En Alers v. Tribunal Superior, supra, la propia ley de la Comisión de Servicio Público permitía la reapertura del caso si existía justa causa; aquí la ley no concede discreción al Administrador para reconsiderar su decisión ni el F.S.E. cuenta con un procedimiento a seguir en esos casos. En Martínez v. Tribunal Superior, supra, al igual que en el citado caso Alers v. Tribunal Superior, la ley le concedía discreción al Administrador de Estabilización Económica para, de tiempo en tiempo, enmendar o revocar sus órdenes si se trataba de un mero error de cómputo. Aquí la decisión del F.S.E. era válida y correcta.

Por ser improcedente la “reconsideración”, no podía la Comi-sión válidamente computar los treinta (30) días para apelar desde que la División contestó la misiva remitida por el patrono y asumir jurisdicción en este caso. Además, la decisión del F.S.E. de 5 de julio de 1985 era la correcta.

1 — 1 H-1 HH

Según las disposiciones de la ley y la interpretación judicial y administrativa de las mismas, el patrono no estaba cubierto por el seguro para la fecha del accidente del recurrente.

El Art. 25 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A see. 26, dispone, inter alia, que “[s]i un patrono regular, eventual o temporero deja de pagar el total de las cuotas preliminares o adicionales que le fueran impuestas legal-mente dentro del término que le señalare el Administrador, éste podrá concederle una prórroga de treinta (30) días para que el patrono efectúe el pago total, y dicho pago total será un requisito indispensable para que el Administrador pueda darle efectividad a cualquier póliza de seguro”. (Énfasis suplido.)

El Administrador recauda las cuotas de cada patrono por semestres adelantados cuando se trata, como en este caso, de patronos permanentes que no sean instrumentalidades del go-bierno estatal. 11 L.ER.A. see. 26.

El Art. 27 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. see. 28, dispone la fecha de vigencia del seguro una vez las primas correspondientes son satisfechas en los plazos y en las cantidades fijadas por el Administrador en su notificación de cobro de primas.

El seguro de cada patrono por el estado comenzará a regir inmediatamente después de que haya sido archivada en las oficinas del Administrador del Fondo [del Seguro] del Estado su nómina o estado acompañado del importe de la cuota que corres-ponda al tanto por ciento de los jornales declarados en dicho estado, de acuerdo con los tipos fijados por el Administrador; Disponién-dose, que cualquier accidente que ocurra antes de verificarse el pago será considerado como un caso de patrono no asegurado a menos que el patrono verifique el pago dentro del término fijado por el Administrador del Fondo [del Seguro] del Estado, en los cuales casos el seguro empezará a regir desde la fecha en que el patrono archivó la nómina o estado, en la oficina del Administrador. (Énfasis suplido.)

El pago por el patrono de la cuota impuesta por el F.S.E., dentro del término que le sea concedido o dentro de su prórroga, es condición precedente a la vigencia del seguro, según el referido Art. 27. De Jesús Matos, op. cit., pág. 70. La póliza empieza a regir al efectuarse el pago y no antes. Montaner v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 396 (1941).

La obligación legal del patrono es pagar dicha cuota e incluir cualquier cuota adicional para un año fiscal ya terminado. Sucrs. de J. González v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 306 (1943).

El efecto de no pagar en el plazo concedido la prima completa del semestre de la póliza y/o la cuota adicional para un año fiscal ya terminado es dejar al descubierto al patrono contra accidentes ocurridos durante ese semestre. Sucrs. de J. González v. Comisión Industrial, supra; Francisco Montalvo Nieves (lesionado); Canteras Morales, Inc. (patrono no asegurado) v. Fondo del Seguro del Estado, 22 D.C.I. 179, 182 (1970); Industria Brazo Fuerte, Inc. v. Fondo del Seguro del Estado, 15 D.C.I. 127, 128 (1950); Pérez Cortés v. Fondo del Seguro del Estado, 15 D.C.I. 335, 339 (1950); Benedicta Sanjurjo Calderón v. Fondo del Seguro del Estado, 15 D.C.I. 702, 704 (1950).

> h — i

En el caso de autos el obrero recurrente sufrió el accidente el 24 de diciembre de 1982. El 6 de octubre de 1982 el F.S.E. había enviado la notificación de cobro de primas de seguro obrero correspondiente a la liquidación final del año fiscal 1981-1982 y prima preliminar del año fiscal 1982-1983. El total de la prima correspondiente a la liquidación final era de $4,648.26 y su pago vencía el 20 de octubre de 1982. El total de la prima correspon-diente a la prima preliminar era de $3,540.75 y vencía el 31 de enero de 1983. El patrono acepta que recibió la notificación de cobro de primas. Aun así, no pagó la liquidación final de 1981-1982 en la fecha señalada ni solicitó prórroga para el pago. El patrono pagó la cantidad de $3,540.75, que correspondía a la prima preliminar para 1982-1983, el 17 de noviembre de 1982. Hizo un segundo pago para pagar la liquidación final por la cantidad de $4,648.26 el 29 de diciembre de 1982, luego de ocurrido el accidente.

De esos hechos se desprende que a la fecha del accidente, el patrono era “no asegurado”. Este pagó de forma incompleta y fuera del término concedido por el Administrador la liquidación final de 1981-1982, semestre donde ocurre el accidente. Cuando el patrono paga de forma incompleta y fuera de los términos concedidos por el Administrador, no está cubierto por el seguro durante el semestre que así paga. El Administrador acredita el pago parcial al semestre en cuestión pero no entra en efecto la póliza. No es hasta que se completa el pago total del semestre que prospectivamente entra en vigor el seguro. Una decisión en contrario pondría en peligro la solvencia económica del F.S.E.

La propia estipulación de hechos entre el patrono y el F.S.E., adoptada luego por la Comisión, sustenta nuestra conclusión. En la Relación de Hechos Núm. 8 se señala:

El Asegurador recibió el importe del primer plazo por la suma de $4,648.26 el 29 de diciembre de 1982, completándose con dicho pago la totalidad de la prima impuesta al Patrono J. Pérez para el año póliza 1982-1983. Caso Núm. CE-86-435, Parte I, Solicitud de revisión, Apéndice 2.

Ya para ese entonces había ocurrido el accidente.

Contrario a la contención del patrono, lo resuelto en Plaza Ríos v. F.S.E., 110 D.P.R. 727 (1981), no le es aplicable. Allí el patrono había recurrido en tiempo ante la Comisión para revisar la determinación del F.S.E. que declaraba al patrono “no asegu-rado”. En el caso de autos ese es el meollo de su problema.

Si bien reconocimos en Plaza Ríos v. F.S.E., supra, que de existir circunstancias extraordinarias el patrono puede acudir ante la Comisión en solicitud de relevo de la determinación que le declaró patrono “no asegurado”, tales circunstancias no están presentes en el caso ante nos. En Plaza Ríos v. F.S.E., supra, la tardanza en el pago se debió a que el patrono estaba fuera de Puerto Rico porque su hija sufrió un accidente. En su ausencia, su secretaria quedó a cargo del negocio pero no podía autorizar el cheque de pago. Al regresar, el patrono no miró el aviso sino que confió en el talonario del cheque de pagos anteriores. Por error envió una cantidad que diferenciaba en $2.58 de la cantidad requerida por el F.S.E. en el aviso de pago de primas.

En el caso de autos, la deficiencia en el pago parcial es de $1,107.51 y el patrono conocía desde junio de 1982 las cantidades a pagar. Su argumento de que por error involuntario envió el pago correspondiente el segundo semestre no nos convence. La inter-pretación administrativa se ha negado a reconocer como excusas para pagar a destiempo, entre otras, las condiciones especiales en la situación de la industria (Industria Brazo Fuerte, Inc. v. Fondo del Seguro del Estado, supra); las dificultades que existen en determinada oficina de correos (Pérez Cortés v. Fondo del Seguro Estado, supra; un error clerical de la empleada que recibe el pago (Jose Ferrer Betancourt v. Fondo del Seguro del Estado, 16 D.C.I. 238 (1953)), y que el cheque en pago de las primas no sea honrado por el banco debido a falta de fondos (Francisco Montalvo Nieves (lesionado); Canteras Morales, Inc. (patrono no asegurado) v. Fondo del Seguro del Estado, supra). La comisión también se ha negado a dar cubierta a un accidente ocurrido en un semestre no cubierto cuando el patrono paga los dos semestres conjuntamente, Benedicta Sanjurjo Calderón v. Fondo del Seguro del Estado, supra.

Por lo antes expuesto, expreso mi conformidad con la senten-cia que revoca las resoluciones de la Comisión emitidas el 15 de abril y 5 de junio de 1986.

      (1) En esta fecha venció el término de treinta (30) días desde la notificación de la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado (Administrador) para apelar a la Comisión Industrial de Puerto Rico (la Comisión). Ese día advino final y firme la decisión del Administrador. De ahí comienza a correr el término de noventa (90) días que señala la ley para que el Administrador se subrogue en los derechos del obrero. Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 32; Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201, 205 (1967).

      (2) La conclusión a la cual arribamos hace innecesario que pasemos juicio sobre la corrección de las resoluciones de la Comisión.

      (1) Contrario a la notificación al Secretario de Salud que en casos de certificados de necesidad y conveniencia es de estricto cumplimiento, Ruiz Hernández v. Mahíques, 120 D.P.R. 80 (1987), aquí la Comisión Industrial de Puerto Rico (la Comisión) no es parte interesada en las decisiones del tribunal revisor. Las funciones de uno y otro organismo son diferentes.

      (2) En este caso el obrero levantó la cuestión jurisdiccional ante la Comisión. Debió ese organismo permitir su intervención. Además, el obrero solicitó la reconsideración de la decisión de la Comisión en tiempo. Cf. Plaza Ríos v. F.S.E., 110 D.P.R. 727 (1981).


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text:
    Retiro del Honorable Peter Ortiz Gustafson.
    Numero:_
    30 de abril de 1990.
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico a

por cuanto, el Hon. Peter Ortiz Gustafson ha sido un fiel y destacado servidor de la Rama Judicial desde el 2 de septiembre de 1975 como Juez Superior y desde el 31 de mayo de 1985 hasta hoy como Juez Asociado de este Tribunal.

POR cuanto, el Juez Ortiz Gustafson cesa en sus funciones como Juez Asociado de este Tribunal por razón de su renuncia voluntaria para acogerse a un merecido retiro.

por cuanto, el compañero Ortiz Gustafson ha sido un emi-nente jurista y un magnífico colaborador con una vocación y tradición jurídica excepcional en nuestro país.

por cuanto, su laboriosidad, hombría de bien y extraordinaria sensibilidad humana han de causar que su ausencia sea muy sentida en este Tribunal, en la Judicatura y en la comunidad legal.

por tanto, resuélvese por este Tribunal Supremo de Puerto Rico:

1. Testimoniarle nuestro agradecimiento por su extraordina-ria contribución a la causa de la justicia en Puerto Rico y su ejemplar dedicación al servicio público.

2. Expresarle nuestra satisfacción por la oportunidad de haber podido servir en este Cuerpo con una persona de las dotes profesionales y personales de nuestro querido compañero.

3. Comunicarle a él y a su distinguida familia los deseos de salud y felicidad en los años por venir.

Publíquese la presente en el tomo correspondiente de nues-tras Decisiones.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Ortiz Gustafson no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Teresa Vega y otros, demandantes y recurrentes, v. Faustino Luna Torres y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-89-481

      Resuelto: 3 de mayo de 1990

      Juan Lorenzo Rodríguez Quesada, de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, abogado de los recurrentes; los recurridos no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Aunque parezca una paradoja, la prestación no remunerada de servicios legales a personas indigentes o de escasos recursos económicos dista mucho de ser gratuita. En ocasiones, será el Estado —con aportaciones de la Asamblea Legislativa o fondos federales— por conducto de la Sociedad para Asistencia Legal, la Corporación de Servicios Legales o la Oficina Legal de Santurce, Inc., el que los sufraga. En otras ocasiones la contribución vendrá de profesores y estudiantes() del mundo académico a través de las clínicas de asistencia legal de las distintas facultades de Derecho y el financiamiento de las universidades del país y, finalmente, provendrá del profesional en la práctica privada designado como abogado de oficio o por estar adscrito a uno de los programas Ero Bono.

Independientemente de su origen, el elemento común es el talento y la experiencia forense puesta al servicio de los menesterosos. Si recordamos que nuestra sociedad elevó a rango constitucional los principios de dignidad e igualdad de todos, la cuestión procesal ante nos —íntimamente relacionada con la realidad expuesta— sobrepasa los intereses inmediatos de las partes. Debemos decidir si proceden los honorarios de abogado en una acción promovida por la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Fuerto Rico a nombre de unos litigantes pobres que prevalecieron en sus reclamos en ocasión del tribunal haberle concedido intereses por temeridad según la Regla 44.3 de Frocedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III. El Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Fedro López Oliver, Juez), resolvió en la negativa. El planteamiento conlleva, además, determinar el destino final de tales honorarios. Se impone un poco de historia procesal.

r-H

El criterio de culpa o temeridad de la parte perdidosa —fundamental en la concesión de tales honorarios— es materia que afloró en nuestra jurisdicción desde principios de siglo. Rosado v. Hernández et al., 17 D.P.R. 617, 621 (1911); Martínez v. Padilla, 19 D.P.R. 582, 585 (1913); Vivas et al. v. Hernaiz, Targa & Co. et al., 24 D.P.R. 836, 840 (1917). El principio dio génesis a una línea jurisprudencial interpretativa del Art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. ant. see. 1461. Este precepto visualizaba los honorarios como costas del pleito a la parte vencedora. Bajo esa visión era necesario un memorándum de costas que incluyese, en detalle, los honorarios de abogado en los que se había incurrido.() Como corolario, en los casos Casals v. Rosario, 34 D.P.R. 77 (1925); García v. Aguayo, 46 D.P.R. 340 (1934); Cabassa v. Reyes, 27 D.P.R. 360 (1919), y Ramírez v. American Railroad Company, 28 D.P.R. 181 (1920), indicamos que los honorarios correspondían a la parte y no al abogado.

Con el tiempo, conjuntamente con su carácter remunerativo, afloró el elemento disuasivo-punitivo. Para 1924, en Fragoso v. Marxuach, 32 D.P.R. 690 (1924), aludimos a la situación en los tribunales de instancia donde se concedían altas cantidades por honorarios de abogado. Recalcamos allí la amplia discreción de los tribunales y la necesidad de que su ejercicio fuera ponderado a la luz de las circunstancias de cada caso.

Este proceso casuístico culminó con la redacción de la Regla 44.4(d) de Erocedimiento Civil de 1958, similar a la Regla 44.1(d) vigente desde 1979. Se dispuso que “[e]n caso que cualquier parte haya procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado”. 32 L.P.R.A. Ap. III, R. 44.1(d). Se descartó, entonces, el requisito de someter un memorándum donde éstos se hiciesen constar y se fortaleció su carácter mandatorio ante la conducta temeraria de un litigante. Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434, 437-438 (1959).

A su amparo, recientemente en Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 717 (1987), reiteramos la norma de que su imposición es discrecional pero “cuando una parte ha procedido con temeridad, el tribunal deberá imponerle en su sentencia el pago de una suma por concepto de honorarios de abogado. Determinada la existencia de temeridad, la condena de honorarios es imperativa”. (Enfasis suplido y en el original.) Véanse, también: Hawayek v. A.F.F., 123 D.P.R. 526 (1989); Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989); Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464, 468 (1983); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962). El ejercicio de la discreción judicial se activa inicialmente en virtud del elemento de temeridad. Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990). Esa determinación conlleva posteriormente la fijación de una suma razonable de honorarios.

La regla actual nada dispone sobre la forma de determinarlos. Mucho menos autoriza al tribunal a tomar en consideración, como único criterio determinante, la relación contractual abogado-cliente.() La cuantía se mide en virtud de: “[(1)] el grado de temeridad que ha existido[; (2)] la naturaleza del procedimiento[; (3)] los esfuerzos y la actividad profesional que haya tenido que desplegarse[, y (4)] la habilidad y reputación de los abogados.” Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., supra, págs. 356-357. Véanse, además: Castro v. Societé Anonyme des Sucreries, 34 D.P.R. 575, 579 (1925); Casals v. Rosario, supra.

Es evidente, pues, que el interés judicial primordialmente tutelado en materia de honorarios de abogado es el de temeridad. For su carácter disuasivo-punitivo, su concesión no dependerá exclusivamente de que la parte victoriosa, como cuestión de hecho, haya pagado suma alguna a su abogado. Canals v. Great American Indemnity Co., 56 D.P.R. 457, 460-461 (1940). Aparte de la temeridad, la Regla, U.l de Procedimiento Civil, supra, sólo requiere que exista una relación de abogado-cliente. “[L]a norma que da la ley para el cálculo es el ‘valor de los servicios’ y ese valor es el que debe fijarse por la corte para ordenar que se pague íntegro o en parte, según las circunstancias que en cada caso concurran. Cuando existe un contrato . . . entre la parte victoriosa y su abogado, puede tomarse [éste] en cuenta para determinar la cuantía en relación con las otras circunstancias concurrentes, pero nunca debe perderse de vista que es el valor de los servicios mismos lo que debe tenderse a fijar por la corte como base de su actuación.” Castro v. Societé Anonyme des Sucreries, supra, págs. 580-581.

Frente a este trasfondo, no podemos supeditar la concesión de honorarios de abogado por temeridad al único supuesto de que la parte afectada los haya sufragado directamente. Ello conllevaría desvirtuar su esencial propósito disuasivo-punitivo. “El principal objetivo de esta norma es castigar a aquel litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, frivolidad o insistencia —en actitud desprovista de fundamentos — ' obliga a la parte contraria a asumir innecesariamente las molestias, gastos e inconvenientes de un pleito.” Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., supra, pág. 356. La citada Regla 44.1 de Procedimiento Civil constituye, en primer término, un arma que el juez apunta hacia el litigante oportunista con el propósito de disuadir cualquier conducta que atente contra la pronta y ordenada adjudicación de derechos. De igual forma, pretende conceder a la parte afectada una suma razonable para compensar los gastos de representación provocados por la conducta obstinada de una parte.

Flaco servicio prestaríamos al litigante indigente si rubricá-ramos la decisión del ilustrado tribunal de instancia. Permitiría a una parte promover litigios frívolos o dilatar la solución de justos reclamos. Incidentalmente, estaríamos propiciando la dilapidación de los escasos recursos económicos y de personal con que cuentan los grupos e instituciones que prestan servicios legales a los indigentes.() Véanse al efecto: Nota, Awards of Attorney's Fees to Legal Aid Offices, 87 Harv. L. Rev. 411, 414-418 (1973); Comentario, Court Awarded Attorneys’ Fees in Recognition of Student Lawyering, 130 U. Pa. L. Rev. 161, 166-167 (1981).

I — I I — i

La resolución del reputado tribunal de instancia, aunque parca, deja entrever —como ratio decidendi— su preocupación de que los demandantes Vega et al. no incurrieron en gasto alguno por concepto de honorarios de abogado. De manera indirecta la cuestión está dirigida, más bien, a la interrogante de si su concesión por temeridad es acreditable directamente a la entidad que prestó los servicios legales gratuitos.()

Nuestro ordenamiento estatutario, en particular las Reglas de Procedimiento Civil, guardan silencio. Unicamente el Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.ER.A. Ap. IX, nos remite a la materia cuando dispone que “[l]os honorarios concedidos por un tribunal son para beneficio del cliente y no debe el abogado reclamarlos para sí o renunciarlos sin autorización expresa del cliente”. Esta norma deontológica fue incluida en dicho código de ética en virtud de la recomendación propuesta por el Colegio de Abogados en su proyecto de 1ro de octubre de 1970 y aprobado por este Tribunal el 24 de diciembre de 1970. Consagró “el principio de ley de que los honorarios concedidos por un Tribunal pertenecen al cliente y no pueden ser renunciados sin autorización de éste”. Informe de la Comisión para Revisar los Cánones de Ética Profesional de Puerto Rico de 1ro de junio de 1970, Colegio de Abogados de Puerto Rico, pág. 9.()

En la peculiar dinámica profesional generada por la presta-ción de servicios legales gratuitos a personas indigentes no está presente la premisa ética en la que se apuntala “el principio de ley-de que los honorarios concedidos por un tribunal pertenecen al cliente y no pueden ser renunciados sin autorización de éste”. Informe de la Comisión para Revisar los Cánones de Ética Profesional de Puerto Rico, supra. Esa actividad profesional no configura ni visualiza el interés legítimo tutelado en nuestro ordenamiento jurídico. Se trata de una situación única que amerita un tratamiento doctrinario distinto, compatible con sus propósitos remunerativos y disuasivo-punitivos. Véanse: De León v. Sria. de Instrucción, 116 D.P.R. 687, 688 (1985); Bonilla v. Chardón, 118 D.P.R. 599, 616-617 (1987).

En consecuencia, mientras la Asamblea Legislativa no apruebe un estatuto que regule esta materia o disponga lo contrario y al no existir impedimento legal alguno, resolvemos que, en justicia, a los programas de asistencia legal a indigentes no les es aplicable la norma general de que los honorarios por temeridad pertenecen al cliente. Repetimos, la dinámica peculiar de esa relación exige un tratamiento especial. De lo contrario, estaríamos otorgando al cliente una bonanza inmerecida. Como bien señaló el licenciado Agrait Oliveras, en su concepción original, ello sólo se justificaba como remedio procesal para que el cliente satisficiese a su abogado lo adeudado. No atenderíamos su objetivo remunerativo y dejaríamos huérfana a la entidad que prestó servicios legales gratuitos, quien sufragó con sus fondos y recursos el litigio y en parte sufrió los efectos de la conducta temeraria de la parte perdidosa. Al adoptar este curso decisorio, nos hacemos eco de una clara política pública de nuestro sistema de administración de justicia: lograr un servicio legal de calidad accesible a todos. Véanse al efecto: la Sec. 30 de la Ley de la Judicatura, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (4 L.P.R.A. sec. 303); los Arts. 1-4 de la Ley Núm. 81 de 26 de junio de 1964 (4 L.ER.A. sec. 303a), que eximen a las clínicas de asistencia legal del pago de derechos y aranceles; la Ley Núm. 122 de 9 de junio de 1967, según enmendada, 32 L.ER.A. see. 1500, que igualmente releva a la Corporación de Servicios Legales y a entidades similares, y la Ley Núm. 123 de 13 de julio de 1960 (5 L.E R.A. see. 1151 et seq.), creadora de la Oficina de Ayuda Legal para Agricultores de Escasos Recursos.

Recapitulando, bajo la Regla 44 de Frocedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III, los tribunales, una vez hayan hecho una determinación de temeridad, deberán imponer aquellos honorarios de abogado razonables que procedan, independientemente de la identidad de quien los preste y de su relación con el cliente. Como excepción al Canon 24 del Código de Ética Erofesional, supra, estos honorarios serán otorgados directamente a la representación legal, de figurar ésta entre las organizaciones autorizadas por ley o estar debidamente certificadas por el Secretario de Justicia para prestar servicios a indigentes y personas de escasos recursos económicos y que estén exentas del pago de aranceles y derechos (Ley Núm. 122, supra).

For los fundamentos expuestos, se dictará sentencia modificatoria y se ordenará el pago de $1,500 por concepto de honorarios de abogado por temeridad a ser satisfechos directa-mente y a nombre de la Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico para su uso exclusivo.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión concurrente y de conformidad. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

—O—

Opinión concurrente y de conformidad emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Al endosar la opinión del Tribunal, consignamos separada-mente ciertos fundamentos adicionales que justifican nuestro dictamen.

La concesión de honorarios de abogado a un indigente, representado por un programa que ofrece servicios legales gra-tuitos, es compatible con la política pública de promover la mejor representación legal de los pobres, según fue consagrada en la Ley de la Judicatura:

El Tribunal General de Justicia y la Oficina de Administración de los Tribunales estimularán el establecimiento de ayuda legal para la defensa de personas pobres, con la cooperación del Colegio de Abogados, del Colegio de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, y de toda persona interesada en la adecuada protección de los pobres. 4 L.ER.A. see. 303.

Según el informe del comité que preparó el proyecto de la Ley de la Judicatura de 1952, esta “ ‘disposición fue redactada con el fin de estimular el desarrollo de medios enérgicos y eficientes para proporcionar ayuda legal a aquellos que la necesiten en todo el Estado Libre Asociado’ ”. 4 L.ER.A. see. 303 n.

Tomando en consideración la magnitud del problema de la pobreza en Puerto Rico y las necesidades legales de los indigentes, la decisión emitida por este Tribunal tiene el propósito dual de disuadir la litigación temeraria y proveer recursos adicionales a los programas de representación legal gratuita del país: Servicios Legales de Puerto Rico, Inc.; Oficina Legal de Santurce; Pro Bono del Colegio de Abogados y las Clínicas de Asistencia Legal de las facultades de derecho de las universida-des.

Aunque estos programas han contado con el apoyo económico del Estado Libre Asociado, del gobierno federal y de las univer-sidades públicas y privadas, los recursos nunca han sido suficien-tes para proveer servicios a toda la población indigente. Véase Estudio de las necesidades legales de carácter civil de la población pobre de Puerto Rico de 1980, Servicios Legales de Puerto Rico. De hecho, en la última década la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos ha sufrido una merma sustancial en su presupuesto y ha tenido que reducir sus aportaciones a las entidades subvencionadas por Estados Unidos y Puerto Rico. Como resultado de estas restricciones presupuestarias, los pro-gramas de servicios legales en Puerto Rico han tenido que reducir el alcance de la asistencia legal. En general, estas entidades manejan un gran volumen de casos y su personal trabaja con grandes sacrificios para ofrecer servicios de calidad a una clien-tela marginada y acosada por múltiples problemas socio-económi-cos. Véanse: R.L. Ramírez, Pobreza en Puerto Rico: teoría y praxis, IV (Núm. 2) Rev. Adm. Púb. PR. 89 (1971); R. Santos del Valle y L.F. Negrón García, El derecho y la pobreza: su relación y el rol de los abogados en Puerto Rico, IV (Núm. 2) Rev. Adm. Púb. PR. 167 (1971).

Nuestro dictamen parte de la premisa de que la naturaleza de la asistencia legal recibida por un cliente insolvente no constituye un criterio válido para denegarle la concesión de honorarios de abogado. La decisión permite que los programas clínicos de las universidades y los vinculados a la Corporación de Servicios Legales de Estados Unidos y al Colegio de Abogados amplíen los recursos para combatir la pobreza y el discrimen de los desvali-dos. Aunque los servicios ofrecidos son gratuitos, dichos progra-mas tienen que sufragar los costos de representación de sus clientes, incluyendo los sueldos de sus abogados, del personal paralegal y administrativo.

Aunque la labor rendida por este sector es encomiable, no olvidemos que el resto de la profesión también tiene la obligación de “ayudar a establecer medios apropiados para suministrar servicios legales adecuados a todas las personas que no pueden pagarlos. Esta obligación incluye la de apoyar los programas existentes y la de contribuir positivamente a extenderlos y mejorarlos”. Canon 1 del Código de Etica Profesional, 4 L.ER.A. Ap. IX.

Aunque muchos abogados colaboran a tiempo completo o parcial con los distintos programas de asistencia legal, es motivo de preocupación que un número significativo de los miembros de la clase togada no estén contribuyendo positivamente a los programas existentes o no estén participando en la creación de otros medios para ofrecer servicios legales a personas insolventes.

La experiencia en Estados Unidos también revela que este problema ha sido objeto de una intensa polémica en la profesión. De la jurisprudencia y literatura jurídica se desprende que existen diferentes perspectivas sobre el alcance de la obligación ética de proveer asistencia legal a los pobres y los medios disponibles para facilitar este servicio. En la mayoría de los estados se reconoce que los abogados tienen un deber social y ético de representar a los indigentes en casos penales y en acciones civiles. Véanse: Matter of Snyder, 734 F.2d 334, 338 (8vo Cir. 1984); Cunningham v. Superior Court (Ventura County), 222 Cal. Rptr. 854, 857-865 (1986); D.L. Shapiro, The Enigma of the Lawyer’s Duty to Serve, 55 N.Y.U. L. Rev. 735, 736 (1980); Nota, The Indigent’s “Right” to Counsel in Civil Cases, 43 Fordham L. Rev. 989 (1975).

Corresponde inicialmente al Colegio de Abogados de Puerto Rico tomar las medidas necesarias para facilitar que sus miem-bros suministren servicios legales adecuados a todas las personas que no puedan pagarlo. El programa Pro Bono del Colegio de Abogados y de Servicios Legales de Puerto Rico es un excelente instrumento para cumplir con esta obligación ética.

No obstante, esta Curia tiene la ineludible obligación de garantizar que “toda persona tenga acceso a la representación capacitada, íntegra y diligente de un miembro de la profesión legal”. Canon 1 del Código de Ética Profesional, 4 L.PR.A. Ap. IX. En estas circunstancias, nuestra responsabilidad social .y judicial requiere que al amparo de nuestros poderes constitucio-nales desarrollemos medios creativos y efectivos para garanti-zarle ayuda legal a los indigentes. La concesión de honorarios de abogado a los distintos programas de asistencia legal constituye un mecanismo valioso para lograr este objetivo. Así contribuimos a la noble causa de estimular la participación más activa de la clase togada en. la defensa de los derechos de los grupos margi-nados; garantizamos la igualdad de los hombres ante la ley y evitamos el discrimen por origen o condición social vedado por nuestra Constitución.

Por estas razones suscribo la opinión del Tribunal.

      (1) Véase Andino Nieves v. A.A.A., 123 D.P.R. 712 (1989).

      (2) En lo pertinente, el Art. 339 establecía:
      “Las costas se reclamarán por la parte a la cual hayan sido concedidas, entregando al secretario de la corte en que se hubiere dictado sentencia en primera instancia un memorándum de dichas costas, de los desembolsos necesariamente hechos por el reclamante en el pleito y del montante de los honorarios de su letrado, la veracidad del cual memorándum deberá ser jurada por la parte o su abogado....” (Enfasis suplido.) Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, San Juan, Negociado de Materiales, Imprenta y Transporte, 1933, pág. 158.

      (3) En Feliciano v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 504, 508 (1970), revocamos una resolución del tribunal de instancia negándose a ver el caso en su fondo por estar el allí peticionario representado por la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. Fundamos nuestra decisión en que era de la exclusiva competencia de dicha corporación evaluar las cualificaciones de si el cliente era o no indigente.

      (4) A estos efectos, es oportuno reconocer una vez más la extraordinaria labor que realizan los abogados y demás empleados de estas entidades, a pesar de la inadecuacidad de sus recursos. Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 D.P.R. 282 (1988).

      (5) Aunque novel en cuanto a la interpretación de la Regla 44.1(d) de Frocedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, su inquietud es suscitada en innumerables planteamientos análogos en las distintas jurisdicciones estatales y en la federal.
      La mayoría ha favorecido su concesión cuando la parte victoriosa es representada por asociaciones de ayuda legal gratuita o clínicas de asistencia legal atendidas por estudiantes de derecho. DiGennaro v. Bowen, 666 F. Supp. 426, 430 (D.N.Y. 1987); Jordan v. United States Dept. of Justice, 691 F.2d 514 (Cir. D.C. 1982); Palmigiano v. Garrahy, 616 F.2d 598, 602 (1er Cir. 1980); Reynolds v. Coomey, 567 F.2d 1166, 1167 (1er Cir. 1978); Miller v. Amusement Enterprises, Inc., 426 F.2d 534, 538 (5to Cir. 1970), y casos allí citados.

      (6) Al presentar este informe a la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, el Ledo. Francisco Agrait Oliveras —a preguntas del Ledo. Ángel L. Tapia— explicó así su alcance:
      “Lo que se ha querido consagrar aquí es la disposición de ley, o sea el principio de ley de que los honorarios que concede el Tribunal son del cliente. Lo hemos querido hacer así para que los abogados entiendan eso así porque hay abogados que creen que esos honorarios que da el Tribunal son de ellos.
      . . . [L]os honorarios del abogado son los que usted pacta con el cliente, no los que concede el Tribunal. Esos honorarios los concede el Tribunal al cliente para que le pague a usted. Ahora los honorarios suyos pueden ser más de esos.” (Énfasis suplido.) Reunión Extraordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de ER.de 22 de julio de 1970, Minuta Núm. 12, pág. 31.


author: Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Melvin W. Robles Sanabria, Ex parte, peticionario.

      Número: MC-90-21

      Resuelto: 3 de mayo de 1990

      Melvin W. Robles Sanabria, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., pro se.

   RESOLUCIÓN

Vista la moción en auxilio de jurisdicción al amparo de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.ER.A. Ap. I-A, se ordena la paralización de los procedimientos en el tribunal de instancia hasta que otra cosa disponga este Tribunal.

Notifíquese por teléfono y por correo.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente preliminar, al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—o—

Voto disidente preliminar del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

El Ledo. Melvin W. Robles Sanabria se desempeña en la oficina de Utuado de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico. Recientemente fue designado abogado de oficio del Sr. Ceferino Corraliza Rivera por el Tribunal Superior, Sala de Utuado (Hon. Roberto M. Miranda, Juez), en la causa instada contra éste por su ex esposa, la Sra. María A. Pérez, sobre alimentos recíprocos (Civil Núm. CS-89-1454).

Pro se, cuestiona la designación y aduce que este pleito es secuela del caso de divorcio por mutuo consentimiento que fue tramitado por la misma oficina de Utuado, lo que ahora plantea un conflicto ético.

H-I

Los hechos se remontan a 1985, cuando los entonces esposos Corraliza-Pérez acudieron a dicha entidad a gestionar la repre-sentación profesional para el trámite del divorcio por mutuo consentimiento.

En aquel momento, según el licenciado Robles Sanabria, “actuaron tres miembros de la oficina: el Ledo. Miguel Negrón quien efectuó la entrevista inicial, el Ledo. Pérez Juarbe quien preparó la Petición de divorcio [de 6 de diciembre de 1985] y el Ledo. Antonio Plaza quien representó a los Peticionarios en la vista del caso. Todos ellos tuvieron oportunidad de compartir esa información privilegiada”. (Enfasis suplido.) Nos expone que “no es la primera vez que diferentes miembros de la Oficina, repre-sentan algún chente en particular. También a clientes de diferen-tes Oficinas cuando por razones de señalamientos simultáneos el abogado a cargo no puede atenderlo, es necesario que compañeros de otras oficinas los representen durante la vista del caso. El funcionamiento de Servicios Legales es de un s[o]lo bufete continuo por toda la Isla y la información de éste es compartida. Inclusive cuando en el 1987, fue cerrado el Centro de San Sebastián de Servicios Legales, esta Oficina se hizo cargo de parte de los casos de ese Centro. Inclusive las pruebas número 2 y 3, de esta Fetición han sido tomadas del expediente existente al que he tenido acceso; por lo tanto aplica ese criterio corporativo común”. (Énfasis suplido.)

La sentencia de divorcio fue dictada el 28 de febrero de 1986, mientras que la reclamación de alimentos recíprocos que motiva este incidente se inició en 1989.

I — i l-H

El planteamiento del licenciado Robles Sanabria es serio y honesto. Está predicado en la norma ética pautada en In re Orlando Roura, 119 D.P.R. 1 (1987). Allí, al amparo del Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, resolvimos que “existe una insalvable incompatibilidad en que un abogado, que ha representado a ambas partes en un pleito de divorcio por consen-timiento mutuo, intervenga y participe en esa condición en cualquier litigio posterior relacionado, directa o indirectamente, con las cuestiones objeto de dicho divorcio por consentimiento. Sin que sea limitativa, esta prohibición comprende asuntos de pen-siones alimenticias, bienes gananciales, patria potestad, custodia de menores y otras consecuencias del divorcio”. (Énfasis suplido.) In re Orlando Roura, supra, págs. 6-7.

Advertimos, sin embargo, que esa normativa fue establecida en una situación propia de la práctica privada retribuida, la cual naturalmente se extiende a todos los miembros de una sociedad profesional de abogados en igual actividad privada. La situación de autos se proyecta con referencia a una institución corporativa que presta servicios legales gratuitos a los pobres del país. Esta distinción es fundamental y nos obliga a ampliar nuestros hori-zontes decisorios previos. La peculiar dinámica profesional gene-rada por este tipo de servicios requiere un enfoque diferente en el campo deontológico. Por esta razón, rehusamos aplicar una norma ética en abstracto. Optamos por identificar la naturaleza del conflicto ético y armonizarlo con la política pública de nuestro sistema de administración de justicia: aspirar a la más amplia, pronta y directa accesibilidad a servicios legales de calidad de los pobres.

No pasamos por alto el argumento de que la norma ética en juego persigue la protección del cliente. In re Carreras Rovira y Suárez Zayas, 115 D.P.R. 778 (1984); In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486 (1981). No obstante, en este caso, con la aplicación rígida de la norma, esa protección no se configuraría. La cruda realidad es que las personas que carecen de recursos económicos están en una posición distinta a las personas pudientes. Están en desventaja porque no tienen libertad de acción para escoger otro abogado. Quien acude ante un bufete de abogados de la práctica privada y por razones éticas no logra contratarlo, aún tiene la alternativa de recurrir a otro. Ciertamente, la falta de paridad económica y la ausencia de alternativas constituyen desigualdad e injusticia para los menesterosos.

i — I i — 1 h — 1

En la tarea de conciliar los valores, tomamos conocimiento judicial de que la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico interviene anualmente en miles de casos de divorcio y otros incidentes relacionados, tal como las reclamaciones de alimentos. Se trata de un servicio forense profuso en todas las oficinas locales de la Corporación. También tomamos conocimiento judicial de que el peticionario, licenciado Robles Sanabria, juró como abo-gado ante este Foro el 14 de agosto de 1986, esto es, después que la sentencia de divorcio adviniera final y firme.

De su comparecencia escrita surge que el licenciado Robles Sanabria nunca tuvo participación previa en el caso ni contacto directo con alguna de las partes, aunque expone afirmativamente que ha tenido acceso al expediente del caso de divorcio. Es obvio, pues, que salvo el escueto argumento del “criterio corporativo común”, no tiene conocimiento previo alguno, y al presente es limitado, por no decir ninguno.

En estas circunstancias no podemos coincidir con el sentir mayoritario expresado en la sentencia que hoy emite este Tribunal, porque automáticamente descalifica pro tempore al licenciado Robles Sanabria y a todos los integrantes de la oficina local de Servicios Legales de Utuado. Esa decisión es drástica y opera en el vacío. Coloca al señor Corraliza Rivera en la difícil situación de tener que acudir a otra oficina de Servicios Legales, gestionar asistencia profesional en una entidad distinta o contratar un abogado de la práctica privada.

Si la situación y las alternativas planteadas fueran únicas, quizás las consecuencias serían mínimas. Pero cuando proyecta-mos la determinación de este Tribunal a través de toda la isla, advertimos claramente los efectos negativos y perjudiciales que tendría en los importantes servicios que presta Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. Además, el impacto económico y administra-tivo incide en la calidad de asistencia legal rápida. Aflora de inmediato un costo social y espiritual impermisible.

Nos explicamos. La opción de que en casos similares el Tribunal designe de oficio a abogados de la práctica privada retribuida, presumiblemente de la localidad, no supera el pro-blema que surgiría cuando el ciudadano pobre acuda, en calidad de reclamante, en búsqueda de orientación, asesoramiento y representación a la oficina local de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y le sean negados esos servicios por el solo hecho de que la entidad anteriormente lo representó en un caso de divorcio por consentimiento mutuo. ¿Cuál sería entonces el trámite? ¿Acudir ex parte al Tribunal para que, sin existir todavía una acción judicial, le designe de oficio un abogado de la práctica privada retribuida? ¿Referirlo al Procurador de Relacio-nes de Familia? Ante el número sustancial de esta litigación, ¿no estaríamos sobrecargando indebidamente las funciones de este último funcionario?

Erente a la disyuntiva planteada, descartamos la tesis mayo-ritaria de descalificación automática fundada en el “criterio cor-porativo común” o “un solo bufete continuo”. Esa norma no debería extenderse incondicionalmente a Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. y a sus oficinas locales. La calificaríamos a los efectos de hacerla extensiva únicamente, como norma individual, a los abogados que confrontan alguna de las situaciones siguien-tes: han brindado asesoramiento directo en el caso previo; han intervenido en un proceso judicial anterior; han suscrito documen-tos ante los tribunales; han adquirido conocimiento real previo en el desempeño de sus cargos o posteriormente advienen en con-tacto con información de naturaleza privilegiada no accesible de otro modo. Más allá de estas situaciones, no existe razón alguna para aplicar rigurosamente, y en abstracto, el Canon 21 del Código de Ética Profesional, supra, y nuestra jurisprudencia interpretativa.

Ala luz de la comparecencia y exposición del licenciado Robles Sanabria, con sujeción a estos pronunciamientos, debimos soste-ner el dictamen del Tribunal Superior sin menoscabo de que demostrara ante ese foro de instancia la existencia real de un conflicto de intereses fundado en la norma individual. Oportuna-mente elaboraremos otros fundamentos en abono de nuestra posición.