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text:
    Raúl Caballero Meléndez, demandante y recurrido, v. Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-87-56

      Resuelto: 28 de junio de 1991

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocura-dora General, Miriam Álvarez Archilla y Laura G. Ydrach Vivoni, Procuradoras Generales Auxiliares, abogados del recurrente; Julio Williams Andino, abogado del recurrido; Raúl Caballero Meléndez, pro se.

   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso interpretamos el alcance de las disposiciones legales sobre la liquidación global de licen-cias acumuladas en el empleo público a tenor con lo dis-puesto en la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 703 et seq. A la luz de la inter-pretación que aquí adoptamos, confirmamos la sentencia del foro de instancia que le reconoció el derecho a la liqui-dación inmediata de tales beneficios al empleado recurrido.

La controversia en este caso se ciñe a determinar si tiene derecho el recurrido a exigir y a que se le satisfaga el pago global de la licencia por enfermedad acumulada en su puesto al momento de su separación del servicio público para acogerse a una pensión diferida según dispuesta en la ley de retiro del personal del gobierno (Ley de Retiro), Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 L.P.R.A. secs. 761 a 788. Contestamos en la afirmativa. Veamos los hechos.

HH

El Lie. Raúl Caballero Meléndez (el recurrido) comenzó a prestar servicios al Gobierno como empleado regular el 21 de enero de 1974. El 16 de enero de 1986 el recurrido presentó su carta de renuncia al puesto que ocupaba de Abogado III dentro del servicio de carrera en el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades (Sistema de Retiro). Para esa fecha te-nía treinta y cuatro (34) años de edad y doce (12) años de servicios en el Gobierno cotizados y acreditados al Sistema de Retiro. En su carta de renuncia al puesto el recurrido le indicó al Sistema de Retiro su propósito de acogerse a los beneficios de la pensión diferida provista en la Ley Núm. 447, supra, 3 L.P.R.A. sec. 766(A). Solicitó, además, el pago de la licencia de vacaciones acumuladas y no utilizadas hasta el máximo de sesenta (60) días laborables y el pago de la licencia por enfermedad acumulada y no utilizada hasta el máximo de noventa (90) días laborables, a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a. El Sistema de Retiro le negó el pago de la licencia por enfermedad aduciendo que “mediante el Memorando General 16-85 de 9 de diciembre de 1985 el Director de la Ofi-cina Central de Administración de Personal, éste quedaba en suspenso hasta que la persona se acogiera a la jubila-ción al cumplir la edad mínima requerida por ley’’()

El 20 de febrero de 1986 el recurrido instó una demanda sobre sentencia declaratoria contra el Sistema de Retiro, la Oficina Central de Administración de Personal (O.C.A.P.) y el Estado Libre Asociado (E.L.A.) en la que alegaba que el Memorando General 16-85, supra, le privaba de su propie-dad sin el debido proceso de ley; que establecía un discri-men irracional y que le violaba su derecho a la igual pro-tección ante las leyes garantizado por las constituciones del E.L.A. y de Estados Unidos de América.

Luego de los trámites procesales de rigor, el foro de ins-tancia dictó sentencia a favor del recurrido el 11 de diciem-bre de 1986. Tras hacer una interpretación estatutaria de las leyes en controversia y obviar los planteamientos cons-titucionales levantados por el recurrido, le ordenó al Sis-tema de Retiro que inmediatamente pagara la licencia por enfermedad acumulada por aquél hasta un máximo de no-venta (90) días. Decretó, además, que el Memorando General 16-85 de O.C.A.P. y la opinión del Secretario de Justi-cia en el que se fundamentó dicho memorando (Op. See. Just, de 5 de agosto de 1985) eran nulos e ineficaces por ser contrarios a derecho.

De esa sentencia acude el E.L.A. ante nos aduciendo que:

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que al demandante y recurrido Raúl Caballero Meléndez le asistió un derecho al pago global de la licencia por enfermedad al mo-mento de su separación del servicio público, al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 703(a). (Énfasis suplido.) Solicitud de Revisión, pág. 3.

A causa del interés público comprendido en el recurso decidimos revisar. Las partes han comparecido, por lo que estamos en condiciones de resolver.

H-i

La Ley Núm. 125, supra, regula lo concerniente a la liquidación de las licencias acumuladas y no utilizadas, ya sea de vacaciones o por enfermedad, por los funcionarios y empleados públicosi( ) cuando éstos se desvinculan del servicio público por cualquier causa. Su Art. 2 dispone específicamente:

Pago global a la separación del servicio
Todo funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, excepto los funcionarios de la Rama Ejecutiva nombrados por el Gobernador y los de instrumentalidades y corporaciones públicas, tendrá derecho a que se le pague y se le pagará una suma global de dinero por la licencia de vacaciones que tuviere acumulada hasta un máximo de sesenta (60) días laborables a su separación del servicio por cualquier causa, y por la licencia por enfermedad que tuviere acumulada, hasta un máximo de noventa (90) días laborables a su separación del servicio para acogerse a la jubilación si es participante de algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno, y si no lo fuere, a su separación definitiva del servicio si ha prestado, por lo me-nos, diez (10) años de servicios. Esta suma global por concepto de ambas licencias se pagará a razón del sueldo que el funcio-nario o empleado estuviere devengando al momento de su se-paración del servicio e independientemente de los días que hu-biere disfrutado de estas licencias durante el año. Las disposiciones de esta sección son aplicables a los fiscales, pro-curadores y registradores de la propiedad.
Se faculta a los funcionarios nominadores para autorizar tal pago.
Al cesar la prestación de servicios, el puesto que venía des-empeñando el funcionario o empleado se considerará vacante y no se considerará como tiempo servido el período posterior a la fecha en que cesó la prestación de servicios, equivalente en tiempo de licencia a dicho pago final.
Si la separación del servicio fuere motivada por la muerte del funcionario o empleado, se les pagará a sus beneficiarios la suma que hubiere correspondido a éste, por razón de la licencia de vacaciones no utilizada, conforme se dispone en esta sección. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 703a.

Dicha Ley Núm. 125 regula lo concerniente al contenido y amplitud de estas licencias y su pago final para los funcionarios nombrados por el Gobernador y por los presidentes de las Cámaras Legislativas. 3 L.P.R.A. sec. 703b. En la Rama Judicial, estos beneficios están regulados en la Sec. 19.9 del Reglamento de la Administración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. XIII. Las corporaciones públicas establecen, mediante reglamentación al efecto, el contenido y pago final de estos beneficios marginales para sus empleados o funcionarios no unionados. Los convenios colectivos regulan, para el personal unionado de las corporaciones públicas, el contenido y alcance de estas licencias y su liquidación. La Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico regula el ámbito de la liquidación de estas licencias para los empleados y funcionarios municipales. 21 L.P.R.A. sec. 3357.

Ahora bien, la evolución e historial legislativo de este artículo de la ley y sus enmiendas demuestran su carácter reparador y su propósito de proteger los derechos adquiridos por los servidores públicos, así como de estimular a aquel servidor público que por servirle a su país se ha visto imposibilitado del disfrute de sus vacaciones regulares y de su licencia por enfermedad acumulada. Por ello debemos interpretarlo liberalmente, a favor del empleado, puesto que dicha ley concede una serie de derechos en pro del reclutamiento y retención de tales servidores públicos con el fin del fortalecimiento mismo del servicio público.

Originalmente, el Art. 2 de la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a, sólo autorizaba la concesión de un pago global por concepto de licencia por vacaciones acumu-ladas cuando el funcionario o empleado cubierto por este régimen se separaba del servicio, excepto por razones de destitución o abandono. Mediante la aprobación de la Ley Núm. 37 de 25 de mayo de 1972, la Asamblea Legislativa adicionó a dicho artículo la concesión del pago global por concepto de licencia por enfermedad acumulada. Véase 1972 Leyes de Puerto Rico 81-82. El informe que rindiera la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, de 4 de marzo de 1972, en torno al P. de la C. 1584, págs. 3-4, que luego se convirtió en la Ley Núm. 37, supra, dis-ponía:

Se propone enmendar, además, el Artículo 2 para autorizar un pago global, hasta un máximo de noventa días, por la licen-cia por enfermedad que el funcionario o empleado tuviere acu-mulada al momento de su separación del servicio para acogerse a la jubilación. Es decir, que sólo se concedería el pago global por licencia por enfermedad en los casos en que éste deja el servicio público para disfrutar de una pensión por retiro, por edad, o por incapacidad.
Asimismo, el Sr. Romero nos informó qne en la actualidad existe un problema de mal uso de la licencia por enfermedad, pues la mayoría de los empleados y funcionarios no compren-den que la licencia por enfermedad es una protección, es decir, un seguro para cubrir una eventualidad ocasionada por que-brantos en la . salud. Debido a que dicha licencia es acumulada hasta un máximo de noventa días, una vez el empleado tiene bastante licencia acumulada la tendencia es utilizarla, aunque no sea por razones válidas de enfermedad, para no perderla. Esta situación es más grave en los casos de los empleados que por una u otra razón están próximos a separarse definitiva-mente del servicio público. Estas personas tienden a utilizar, antes de la efectividad de su separación, toda su licencia por enfermedad acumulada para no perderla, lo que en muchas ocasiones afecta al mejor funcionamiento de las agencias.
El propósito de esta propuesta es proveer un incentivo para inducir a los empleados públicos a un mejor uso de la licencia por enfermedad para evitar la práctica señalada y, por otra parte, añadiría un beneficio marginal adicional lo cual es un incentivo para atraer y retener personal idóneo al servicio de carrera pública. (Énfasis suplido.)

Al ser sometido a votación en dicho cuerpo, el represen-tante Agrait Rivera Cintrón sintetizó así el propósito de la medida:

Sr. Rivera Cintrón: El Proyecto de la Cámara 1584 tiene que ver con los empleados regulares de gobierno. Y precisamente es para ampliar también los beneficios de los empleados regulares de gobierno.
Como ha venido sucediendo, es que actualmente la ley le im-pide en (sic) que las (sic) personas que van a retirarse se le pueda pagar cierto tiempo que tienen acumulado de vacaciones por enfermedad y vacaciones.
Esta ley permite que los empleados cuando se van a retirar o a jubilar, se le pueda pagar hasta noventa días de vacaciones por enfermedad, si los tuviesen acumulados a base de su sueldo, más sesenta (60) días de vacaciones. Quiere decir que se le pue-den pagar hasta ciento cincuenta (150) días que tengan acumu-lados entre vacaciones por enfermedad, y vacaciones, a estos empleados mediante la aprobación de este proyecto. Por lo tanto, señor Presidente, vamos a solicitar que se apruebe el Proyecto de la Cámara 1584, según la recomendación del in-forme de la Comisión de Gobierno. (Énfasis suplido.) 26 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara) 602 (1972).

Además, la citada Ley Núm. 37 eliminó las causales de destitución y abandono del servicio como impedimentos para recibir el pago global de la licencia de vacaciones no utilizada por el empleado.

Esta breve incursión por el historial legislativo de la Ley Núm. 125, supra, nos permite afrontar, con una pers-pectiva amplia, el sentido del texto del estatuto y nos aclara la verdadera intención legislativa del mismo. Véase R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpre-tación de las leyes en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, págs. 245-274.

De los informes antes citados se desprende que el pago global de la licencia por enfermedad acumulada y no utilizada por el empleado al momento de su separación del servicio fue concebido por el legislador con dos (2) propósi-tos: (1) fomentar el buen uso de la licencia por enfermedad, y (2) evitar la exclusión de los participantes del sistema de retiro que se acogen a la jubilación bajo la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766, del beneficio concedido por dicha ley, de manera que sirviese de beneficio marginal adicional para atraer y retener personal idóneo al servicio público de carrera.

El propósito de fomentar el buen uso de esta licencia se logra reconociéndole, como derecho al funciona-rio o empleado, que se le pagará la licencia acumulada al momento de su separación de manera que, consciente de que se le pagará y no la perderá, la utilizará con mayor circunspección. El propósito de incluir a los participantes del Sistema de Retiro se cumple igualando su derecho con el de aquel empleado no participante en dicho sistema.

Esos propósitos quedan plasmados de manera patente en el lenguaje claro del estatuto. De este lenguaje surge diáfanamente que el pago de la licencia por enfermedad acumulada procede cuando un empleado gubernamental se separa o es separado del servicio y se encuentra en una de dos (2) situaciones distintas:

1. En la primera, para acogerse a la jubilación en caso de ser un participante de algún sistema de retiro auspiciado por el Gobierno.()
2. En la segunda, a su separación definitiva del servicio, si el empleado no es un participante del Sistema de Retiro, siempre que haya prestado por lo menos diez (10) años de servicios al Gobierno.

Valga aclarar que en ambas situaciones “[c]omo requi-sito para que el empleado sea acreedor del (sic) pago global se exige por la ley su separación definitiva del servicio pú-blico, entendiéndose que desde el momento en que recibe dicho pago, el empleado queda desligado completa y defi-nitivamente del servicio público”. (Énfasis en el original.) Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan, 123 D.P.R. 496, 507-508 esc. 4 (1989). De suerte que no es suficiente una renun-cia que se utilice como mero mecanismo procesal para pa-sar de un puesto a otro. Íd., pág. 506.

En el caso de autos estamos ante la primera situación. La pregunta obligada es si un empleado que renuncia a su puesto para acogerse a una pensión diferida bajo la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), cae dentro del concepto de “para acogerse a la jubilación” dispuesto en la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a, que le da derecho a recibir el pago de la licencia por enfermedad acumulada durante sus años de servicio. Resolvemos que sí. Veamos.

pH HH J — I

Desde 1951, la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sees. 761-788, dispone una pensión diferida para aquellos empleados participantes del Sistema de Retiro que al momento de separarse del servicio no hubieran cumplido los cincuenta y ocho (58) años de edad y hubieran prestado por lo menos diez (10) años de servicio.

La pensión o anualidad diferida se define en la Ley de Retiro del modo siguiente:

Los participantes cuya separación del servicio ocurriere antes de cumplir la edad de cincuenta y ocho (58) años; y que hubieren terminado, por lo menos, diez (10), y menos de vein-ticinco (25) años de servicios acreditables; y que no hubieren solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones acumu-ladas; tendrán derecho a recibir una anualidad por retiro diferida. Los mencionados participantes recibirán una anuali-dad por retiro diferida, que comenzará al cumplir éstos la edad de cincuenta y ocho (58) años; o, a opción suya, en cualquier fecha posterior, si hubieren completado diez (10) o más años y menos de veinticinco (25) años de servicio; o a partir de la fecha en que cumplan la edad de cincuenta (50) años en caso de poli-cías y bomberos, y de cincuenta y cinco (55) años en caso de los demás participantes si hubieren completado en uno u otro caso, por lo menos veinticinco (25) años de servicio. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 766(A).

Las aportaciones acumuladas a que se refiere la Ley de Retiro son todas" las que un miembro o participante hace al Sistema de Retiro y los intereses devengados por éstas al tipo corriente que su Junta de Síndicos prescriba. 3 L.P.R.A. sec. 763. Éstas las cobrará el empleado cuando cumpla las edades especificadas. No están incluidas las cantidades acumuladas en concepto de licencia por enfermedad y vacaciones no liquidadas cuando el empleado se acoge a la jubilación. El término “jubilación” no se sujeta a condición de edad en el estatuto. 3 L.P.R.A. sec. 703a.

Para contestarnos la anterior interrogante debemos tener presente que las leyes referentes a un mismo asunto deben ser interpretadas las unas respecto a las otras, ya que lo que es claro en un precepto puede explicar lo dudoso en otro. Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18; Aponte v. Srio. de Hacienda, E.L.A., 125 D.P.R. 610 (1990). Mediante la Ley Núm. 198 de 23 de julio de 1974 se introdujo en la Ley Núm. 125, supra, el concepto amplio “para acogerse a la jubilación”. Se eliminó así la limitación anterior de que el pago sólo procedía cuando el empleado renunciaba para acogerse al retiro por edad, 31 L.P.R.A. sec. 766, o por incapacidad ocupacional y no ocupacional, 3 L.P.R.A. secs. 769 y 770, respectivamente. Según el Memorial Explicativo de 12 de noviembre de 1973 sobre el ante proyecto F-203, que luego se convertiría en la Ley Núm. 198, supra, el propósito de esta enmienda era no excluir al empleado del beneficio de la liquidación global de licencias por la índole o el tipo de jubilación a que dicho empleado se acogiera al separarse del servicio. ()

La utilización del concepto amplio “para acogerse a la jubilación” en la Ley Núm. 125, supra, se mantuvo a pesar de que un informe del Departamento de Justicia de 1ro de abril de 1974 a la Cámara de Representantes sobre el R del S. 719 (que luego se convirtió en la Ley Núm. 198 de 1974) recomendaba que “para evitar cualquier error de in-terpretación en la aplicación de la medida” debía quedar claro si los participantes del Sistema de Retiro que se aco-gieran a la pensión diferida tenían derecho al referido pago global por licencia por enfermedad acumulada a la fecha de su separación del servicio ó cuando cumplieran la edad es-tatutaria para el retiro. El legislador optó por dejar el con-cepto amplio, sin condicionarlo o limitarlo expresamente en el estatuto. 3 L.P.R.A. sec. 703a.

Ni la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a, ni las leyes in pari materia —Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq.; Ley de Retiro, supra— definen el concepto “para acogerse a la jubilación”. El término “jubilar” ha sido definido como la acción de “[djisponer que, por razón de vejez, largos servi-cios o imposibilidad, y generalmente con derecho a pen-sión, cese un funcionario civil en el ejercicio de su carrera ... Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 800. Así que el término “jubilación” es amplio, deiítro del cual quedan incluidas todo tipo de pensiones, e.g. edad, años de servicios e incapacidad.

La Ley de Retiro contiene varias modalidades de pensiones o anualidades por retiro. Estas incluyen las anualidades de retiro por edad, 3 L.P.R.A. sec. 766; por años de servicio, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), dentro de la cual está incluida la pensión diferida luego de que el participante haya rendido diez (10) o más años de servicio; por incapacidad ocupacional, 3 L.P.R.A. sec. 769, por incapacidad no ocupacional, 3 L.P.R.A. sec. 770, y por mérito, 3 L.P.R.A. sec. 766(A).

Por lo tanto, resulta razonable concluir que el término “jubilación” se emplea en este contexto de la Ley Núm. 125, supra, como cese de funciones del empleado en el servicio público por razón de edad, largos años de servicio (diez (10) años), mérito o incapacidad con derecho a una pensión diferida o de otra índole. Resulta razonable concluir, además, que la Ley Núm. 198, supra, también tuvo el propósito de evitar la exclusión de los participantes del Sistema de Retiro que se acogen a la pensión diferida concedida por el Art. 2(A) de la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), del beneficio marginal de la liquidación global de licencias concedido por la Ley Núm. 125, supra.

Al legislador se le imputa el conocimiento de la ley. Así, el legislador que en 1974 aprobó la Ley Núm. 198 conocía que desde 1951 la Ley de Retiro establecía la pensión por años de servicio, 3 L.P.R.A. sec. 766 (A), que incluía la pen-sión diferida cuando al momento de su separación el em-pleado hubiera prestado diez (10) o más años de servicio y donde no era necesario cumplir la edad de retiro para aco-gerse a la pensión. Aún así, no consta ni en el historial ni en el texto expreso de la Ley Núm. 198, supra, su intención de excluir a los empleados participantes, que al momento de su separación se acogieran a la pensión diferida, de los beneficios de la citada Ley Núm. 125. Adviértase que por ser la Ley Núm. 125, supra, un estatuto de carácter repa-rador, los empleados excluidos de sus beneficios están ex-presamente mencionados en el estatuto, e.g., los funciona-rios de instrumentalidades y las corporaciones públicas o los nombrados por el Gobernador.

Una interpretación en contrario resultaría en la imposi-ción de una restricción que el legislador rechazó y que con-traviene los propósitos legislativos que inspiraran las en-miendas (Leyes Núms. 37 y 198) a la ley Núm. 125, supra, en perjuicio de un grupo de empleados expresamente cu-biertos por los beneficios tanto de dicha ley como del servi-cio público. Así tendríamos como resultado la exclusión del derecho al pago global de licencia por enfermedad a los participantes del Sistema de Retiro quienes, como el recu-rrido, a su separación se acogen a la pensión diferida luego de haber prestado diez (10) o más años de servicio, mien-tras que los no participantes del Sistema de Retiro que hubieran prestado igual número de años de servicio serían acreedores a tal beneficio. Dicho resultado es insostenible. Además, esta interpretación sugerida por el Estado resul-taría en desvirtuar uno dé los propósitos principales de la enmienda que mediante la Ley Núm. 37, supra, se intro-dujo en la citada Ley Núm. 125: fomentar el buen uso de la licencia por enfermedad.

Sostenemos, pues, que un empleado participante que renuncia a su puesto para acogerse a una pensión diferida bajo la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), es acreedor al pago global de la licencia por enfermedad que, hasta un máximo de noventa (90) días laborables, tenga acumulada durante sus años de servicio por quedar incluido dentro del concepto amplio de “para acogerse a la jubiláción” dispuesto en la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a. Réstanos determinar el momento en que debe hacerse efectivo dicho pago.

IV

La Ley Núm. 125, supra, dispone que el empleado “tendrá derecho a que se le, pague, y se le pagará” la suma global por la licencia por enfermedad acumulada “a su se-paración del servicio para acogerse a la jubilación si es participante de algún sistema de retiro 3 L.P.R.A. sec. 703a. La contención del Estado es que el pago de la liqui-dación global de la licencia por enfermedad queda en sus-penso hasta que el beneficiario de la pensión diferida cum-pla las edades requeridas por la Ley de Retiro y comience a recibir dicha pensión; por ser ese “el momento cuando más se necesita ...”. No tiene razón.

Las autoridades nominadoras están obligadas a satisfacer el pago global de las licencias acumuladas por el empleado al momento en que éste se separa o desvincula del servicio y no pueden diferir dicha liquidación hasta el momento en que éste cumpla la edad requerida por la Ley de Retiro para ser acreedora a la pensión. Veamos.

El pago global de la licencia por enfermedad acumulada responde al derecho adquirido por el empleado por los servicios prestados, derecho que ha venido acumulando durante los diez (10) años de servicio en el empleo público requeridos por la ley.() El pago de la pensión diferida responde al dinero que en aportaciones acumuladas dicho empleado ha venido haciendo al Sistema de Retiro. 3 L.P.R.A. sec. 763. Dentro de estas aportaciones monetarias no está incluido el valor monetario del tiempo acumulado en concepto de vacaciones o licencia por enfermedad no agotadas por el empleado. Son dos (2) derechos distintos del empleado. Tan es así que la pensión diferida por años de servicio la tiene que satisfacer el Sistema de Retiro a tenor con la Ley Núm. 447, supra, mientras que la liquidación global de las licencias tiene que satisfacerla la agencia con-cernida, a tenor con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a.

De ahí que el Art. 2 de la Ley Núm. 125, supra, disponga que al empleado acogido al Sistema de Retiro "se le pague y se le pagará ... la licencia por enfermedad ... a su separación del servicio ...”. El término “pagará”, si bien en algún contexto puede denotar un tiempo futuro, aquí denota un mandato expreso. El pago hay que hacerlo al momento de la separación y no luego. La utilización del término en tiempo futuro lo que resalta es que el mandato de pago debe cumplirse al momento de la separación, momento que será un tiempo futuro para los empleados que estén trabajando y a los cuales se dirige la protección de la ley.

Concluimos, pues, que la utilización del verbo “pa-gar” en dos (2) ocasiones distintas en dicha disposición de ley enfatiza que el pago hay que hacerlo tan pronto ocurre la separación del servicio y no en un momento posterior. Cualquier interpretación administrativa en contrario carece de validez legal.

De ello se desprende que un empleado participante que se acoge a la jubilación bajo el palio, de una pensión diferida según el Art. 6 de la Ley de Retiro, supra, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), tiene derecho a que la Agencia de la cual se separa le pague en ese momento lo que en concepto de licencia por enfermedad tenga acumulado a su favor.

Una interpretación en contrario subvertiría los propósi-tos de la Ley Núm. 125, supra. Sin duda que será muy probable que un empleado participante que se separa a temprana edad del servicio con derecho a la pensión dife-rida prefiera agotar la licencia por enfermedad, debida o indebidamente, si conoce que tendrá que esperar a tener cincuenta y ocho (58) años para recibir el pago global de esta licencia; sin intereses y con la correspondiente deva-luación del poder adquisitivo de ese dinero. Además, ¿quién le asegura que la agencia deudora no de-saparecerá por acción ejecutiva o legislativa durante el tiempo de espera? ¿Quién pagará entonces? ¿Quién le ase-gura que estará vivo para cobrarla? ¿Quién cobraría? ¿Es un derecho transferible a sus herederos?

Todas esas interrogantes las despejó el legislador al or-denar el pago al momento de la separación del participante.

También, ¿cómo exigirle al participante del Sistema de Retiro que espere hasta la edad de cobrar la pensión para hacer efectiva tal licencia cuando ello no se le impone al que no es participante? La interpretación propuesta por el Estado en ese sentido afectaría adversamente la solvencia del Sistema de Retiro, pues ante tal situación es razonable concluir que el empleado participante optaría por retirar sus aportaciones antes de separarse y así advenir no par-ticipante para poder hacer inmediatamente efectivo su de-recho a tal licencia.

Por último, nos parece infundado el temor del Estado de que nuestra interpretación se preste para que el empleado que se retira del servicio público se reintegre posterior-mente dándole la “oportunidad de cobrar la licencia de en-fermedad acumulada en múltiples ocasiones, burlando de esta forma el propósito de la ley”. Solicitud de revisión, pág. 10.

En primer lugar, la ley requiere que en caso de los empleados participantes éstos se acojan a la jubilación, lo que presupone que al momento de la separación el empleado tenga un mínimo de diez (10) años de servicios cotizados a retiro y prestados en el servicio público. En el caso de los no participantes requiere también por lo menos diez (10) años de servicios prestados. En segundo lugar, la agencia sólo paga lo que le debe al empleado, esto es, se satisface el importe de un derecho adquirido. Satisfecho ese importe, el empleado que regrese al servicio tendrá que acumular nuevamente la ’licencia para ser acreedor nueva-mente al pago. Por ello no constituye la doble compensa-ción prohibida por el Art. 177 del Código Político, 3 L.P.R.A. sec. 551. En cuarto lugar, hemos reconocido que la renuncia que se utiliza como mecanismo procesal para pa-sar de un puesto a otro no es suficiente para que el em-pleado advenga acreedor al pago. En tal caso, sólo procede la transferencia de tal licencia a la nueva agencia. Aut. de Puertos v. Mun. de San Juan, supra. En último lugar, y no por ello menos importante, consideramos que el empleado público no está ávido de renunciar a su puesto con el único propósito de cobrar las licencias. Esa no es su motivación principal para tal acción. Resulta aquí ilustrativo lo ex-puesto en el Informe Conjunto de las Comisiones de Go-bierno y Hacienda del Senado sobre el P. de la C. 1584 (el que luego se convirtió en la Ley Núm. 37, supra) al propo-ner la derogación del entonces vigente Art. 4 de la Ley Núm. 125, supra. Dicho artículo, derogado mediante la Ley Núm. 37, supra, disponía:

Artículo 4.
Ningún funcionario o empleado, a quien se le hubiere efec-tuado un pago global por vacaciones acumuladas podrá ser em-pleado por un departamento, agencia o corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico antes de que transcurra un período posterior al cese equivalente al que sirvió de base para calcular el pago global, a menos que dicho funcionario o empleado reembolse al Gobierno una suma de dinero correspon-diente al lapso no transcurrido del período posterior al cese. El departamento, agencia o corporación pública que reempleare a la persona procederá a acreditarle licencia de vacaciones por el período equivalente al reembolso.
Cualquier cantidad de dinero reembolsada por el anterior concepto será remesada al Secretario de Hacienda, quien la acreditará según corresponda de acuerdo con los reglamentos aprobados por dicho funcionario, excepto en los casos de agen-cias o corporaciones públicas cuyos fondos no estén bajo la cus-todia del Secretario de Hacienda, en cuyo caso el reembolso se hará directamente a tales agencias o corporaciones públicas. (Énfasis suplido.) 1967 Leyes de Puerto Rico 401, 403.

Al proponer su derogación, señalaba el referido Informe Conjunto:

La prohibición de referencia pretende impedir el que los em-pleados puedan renunciar a sus puestos con la sola intención de cobrar el importe de la licencia acumulada creando así un cír-culo vicioso de separaciones y de reingresos al servicio. Consi-deramos que esta disposición, dentro de un concepto realista de administración de personal no cumple un propósito sabio. Nos parece ingenua esta proposición ante la realidad de lo que cons-tituye el empleo para un individuo. El riesgo de perder su em-pleo que envuelve para un empleado público el renunciar con el único propósito de lograr pago global, constituye mayor incen-tivo para no renunciar que el tener que reembolsar. (Énfasis suplido.) Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y Hacienda sobre el P. de la C. 1584 de 21 de abril de 1972, pág. 5.

V

En el caso de autos el recurrido solicitó a la autoridad nominadora (Sistema de Retiro) el pago de la licencia por enfermedad acumulada y no utilizada al momento de su separación del servicio público. Este se acogió a la pensión diferida dispuesta en la Ley de Retiro. 3 L.P.R.A. sec. 766(A). Al momento de su separación, tenía treinta y cua-tro (34) años de edad, había prestado más de diez (10) años de servicio y era un participante del sistema de retiro. Bajo la posición del Estado habría tenido que esperar hasta el año 2010 para cobrar la licencia por enfermedad que había acumulado en sus años de servicio. En esa fecha cumpliría los cincuenta y ocho (58) años de edad.

A tenor con lo aquí resuelto, no tendrá que esperar a esa fecha. El Sistema de Retiro, agencia para la cual laboraba, viene obligada a pagarle la licencia que tuviera acumu-lada, hasta un máximo de noventa (90) días, efectivo desde el momento en que presentó su renuncia y se separó del servicio, público.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1) Ese memorando de la Oficina Central de Administración de Personal (O.C.A.P.) estaba fundamentado en la interpretación dada por el Secretario de Jus-ticia a la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967 (3 L.P.R.A. sec. 703 et seq.) mediante su Opinión de 5 de agosto de 1985.

      (2) En adelante el uso del término “empleado” en esta opinión incluye el término “funcionario” público a los fines de la cubierta que les brinda a ambos la Ley Núm. 125, supra.

      (3) El Art. 4 de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (3 L.P.R.A. sec. 764) define quiénes son participantes del sistema de retiro del Gobierno estatal. El Sis-tema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico, 18 L.P.R.A. sec. 637; el Sistema de Retiro para Maestros, 18 L.P.R.A. secs. 321 a 366; el Sistema de Retiro de la Auto-ridad de Energía Eléctrica, 22 L.P.R.A. secs. 218 a 220, y el Sistema de Retiro para la Judicatura de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. secs. 233 a 246, son sistemas de retiro auspi-ciados por el Gobierno. Cada uno de ellos establece los requisitos para ser participante. La Ley Núm. 125, supra, cubre también a los participantes de estos sistemas de retiro que no estén expresamente excluidos de su aplicación. 3 L.P.R.A. sec. 703(a) y (b).

      (4) Citado de la Opinión Núm. 29 del Secretario de Justicia de 31 de octubre de 1979.

      (5) La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq.), dispuso que las agencias a quienes la ley le aplica dispondrían por reglamento todo lo relativo a los beneficios marginales de licencia por enfermedad, vacaciones, etc. 3 L.P.R.A. sec. 1355. Así que lo que cada empleado acumule en licencias depende de la reglamentación de cada agencia.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Lydia E. Centeno Cruz e Ivonne González Morales, demandantes y recurridas, v. Héctor Rivera Cruz et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-86-594

      Resuelto: 28 de junio de 1991

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Miriam Álvarez Archilla, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de los recurrentes; Ivonne González Morales, abogada de la recurrida y pro se.

   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión suscitada en este recurso es si las recurri-das tienen derecho a exigir que se les satisfaga el pago global de la licencia por enfermedad acumulada en su puesto al momento de su separación del servicio público para acogerse a una pensión diferida al amparo de la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 703a. A la luz de lo resuelto en Caballero v. Sistemas de Retiro, 129 D.P.R. 146 (1991), resolvemos en la afirmativa.

Además, resolvemos la validez de la directriz impartida por el Director de la Oficina Central de Administración de Personal (O.C.A.P.) en el sentido de que aquel empleado que se acoge a la pensión diferida y se le efectúa el pago global de la licencia por enfermedad acumulada, está im-posibilitado de retirar posteriormente sus aportaciones al sistema de retiro del personal del Gobierno (Sistema de Retiro). Memorando Especial Núm. 8-84 de 28 de diciem-bre de 1984. Resolvemos que tal directriz es legalmente válida.

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La demandante recurrida, Lydia E. Centeno Cruz, inició su carrera en el servicio público en 1970. El 24 de septiem-bre de 1985 renunció al puesto regular de carrera de Ofi-cial de Personal IV que ocupaba en la división de personal del Departamento de Recursos Naturales para acogerse a la pensión diferida dispuesta en la ley de retiro del personal del Gobierno (Ley de Retiro), Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 766(A). Para la fecha de su renuncia era participante y había coti-zado más de diez (10) años en el Sistema de Retiro y tenía acumulados noventa (90) días de licencia por enfermedad.

La codemandante recurrida, Ivonne González Morales, comenzó a trabajar en el servicio público en 1977. El 30 de noviembre de 1985 renunció al puesto de carrera regular de abogada que ocupaba en la oficina de asuntos legales de la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.) para acogerse a la pensión diferida dispuesta en la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766(A). Según surge de la Certificación de 27 de mayo de 1986, expedida por el jefe interino de la División de Cuentas a Participan-tes de la Administración de los Sistemas de Retiro, al mo-mento de su renuncia, lá licenciada González sólo tenía nueve (9) años acreditados o cotizados al Sistema de Re-tiro, 3 L.P.R.A. see. 765, aunque había servido por más de diez (10) años naturales al servicio público.

Ambas recurridas exigieron a las respectivas agencias, de las cuales dimitían, que le hicieran efectivo el pago global de la licencia por enfermedad acumulada hasta un máximo de noventa (90) días laborables a su separación del servicio. Ambas agencias negaron el pago de dicha li-cencia aduciendo que, a tenor con la opinión del Secretario de Justicia de 5 de agosto de 1985, el referido pago que-daba en suspenso hasta que el beneficiario comenzara a disfrutar de la pensión de retiro de acuerdo con el Art. 6(A) de la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766(A). Esto es, hasta que cumpliera los cincuenta y ocho (58) años de edad.

Inconformes con tales determinaciones administrativas, las demandantes recurridas instaron demanda de injunction preliminar y permanente contra el Secretario de Jus-ticia, Hon. Héctor Rivera Cruz, el entonces Presidente de J.A.S.A.P., Sr. Nelson Cordero, el entonces Secretario del Departamento de Recursos Naturales, Sr. Alejandro Santiago Nieves, y el entonces Director de O.C.A.P., Sr. Guillermo Mojica Maldonado. En síntesis, alegaron que la in-terpretación que hizo el Secretario de Justicia en la referida opinión de 5 de agosto de 1985 del Art. 2 de la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a, establecía discrimen por razón de edad en contravención a la Constitución del Estado Libre Asociado y a la de Estados Unidos de América. Adujeron que dicha interpretación es ambigua y arbitraria, pues no provee para el pago de intereses por las cantidades de dinero acumuladas, además de alegada-mente contravenir la intención legislativa de la Ley Núm. 125, supra.

Finalmente, impugnaron el Memorando Especial Núm. 8-24 de 28 de septiembre de 1984 del Director de O.C.A.P., donde se establece que el pago global de la licencia por enfermedad acumulada al momento de acogerse a una pen-sión diferida constituye un impedimento para posterior-mente retirar las aportaciones del empleado al Sistema de Retiro.

Luego de los trámites procesales de rigor, el foro de ins-tancia acogió la demanda como una solicitud de sentencia declaratoria y el 12 de septiembre de 1986 dictó sentencia en la que declaró improcedente la reclamación de la licen-ciada González, pues ésta no contaba con el mínimo de diez (10) años cotizados requerido por la Ley de Retiro (3 L.P.R.A. sec. 766(A)) a .todo participante para acogerse a la pensión diferida y, por lo tanto, improcedente el reclamo de la licencia por enfermedad acumulada a tenor con la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a. En cuanto a la se-ñora Centeno, ordenó que el Departamento de Recursos Naturales pagara inmediatamente la licencia por enferme-dad acumulada. Por último, declaró nulo e ineficaz el Me-morando Especial Núm. 8-24 del Director de O.C.A.P. por considerarlo contrario a derecho.

Inconforme con dicha sentencia, acude ante nos el Es-tado Libre Asociado y señala que:

1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que a la co-demandante-co-recurrida Lydia E. Centeno Cruz le asis-tió un derecho al pago global de la licencia por enfermedad al momento de su separación del servicio público, al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 125 de 10 de junio de 1967, según enmendada, 3 L.P.R.A. sec. 703(a).
2. Aún [sic] cuando se determinara, que contrario a la Opi-nión del Honorable Secretario de Justicia de 5 de agosto de 1985, un empleado público, participante del Sistema de Retiro tiene derecho al pago global de la licencia por enfermedad acu-mulada hasta un máximo de noventa (90) días al momento de su separación del servicio público, erró el Honorable Tribunal de Instancia en haber declarado nula e ineficaz el Memorando Especial 8-24 del día 28 de septiembre de 1984 del Director de la Oficina Central de Administración de Personal donde se de-termina que aquel empleado que se acoge a una pensión dife-rida al momento de la separación del servicio público, y se le efectuó en ese momento el pago global de licencia por enferme-dad acumulada hasta un máximo de noventa (90) días está im-posibilitado de retirar posteriormente sus aportaciones al Sis-tema de Retiro. Solicitud de revisión, pág. 5.

Expedido el recurso, las partes han comparecido. Resolvemos.

En Caballero v. Sistemas de Retiro, supra, resolvimos la primera cuestión aquí planteada. Allí dispusimos “que un empleado participante que renuncia a su puesto para acogerse a una pensión diferida bajo la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), es acreedor al pago global de la licencia por enfermedad que, hasta un máximo de noventa (90) días laborables, tenga acumulada durante sus años de servicio por quedar incluido dentro del concepto amplio de ‘para acogerse a la jubilación’ dispuesto en la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a”. Íd., pág. 165.

Por tratarse de una situación fáctica idéntica, aquí se impone igual conclusión de derecho.

En este caso, la señora Centeno era acreedora al pago global de su licencia acumulada al momento de separarse del servicio. Ella era una participante del Sistema de Retiro que cualificaba para la pensión diferida así dispuesta en ley, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), y por lo tanto, al pago global de la licencia, 3 L.P.R.A. sec. 703a. No así la licenciada González. Ésta no era acreedora a la pensión diferida, puesto que sólo había cotizado durante nueve (9) años al Sistema de Retiro. Su separación del servicio no podía ser, pues, “para acogerse a la jubilación” como requiere la Ley Núm. 125, supra, 3 L.P.R.A.. sec. 703a, para que proceda el pago de la licencia por enfermedad acumulada. Adviértase que aun al no participante del Sistema de Retiro se le requiere que haya prestado por lo menos diez (10) años de servicio al Gobierno para ser acreedor a este pago. De los autos no se desprende que la licenciada González haya solicitado sus aportaciones al Sistema de Retiro para convertirse en una empleada no participante con derecho a su licencia por enfermedad acumulada durante sus más de diez (10) años naturales de servicio público. Ante tal situa-ción, no procedía el pago global.

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Réstanos pasar juicio sobre el Memorando Especial Núm. 8-24 de 28 de septiembre de 1984, emitido por el Director de O.C.A.P. Según dicho memorando, el pago global de la licencia por enfermedad acumulada realizado al momento del empleado separarse del servicio para aco-gerse a una pensión diferida impide que éste posterior-mente retire sus aportaciones al Sistema de Retiro.

Conviene aquí recordar lo señalado en Caballero v. Sistemas de Retiro, supra, págs. 166-167:

El pago global de la licencia por enfermedad acumulada res-ponde al derecho adquirido por el empleado por los servicios prestados, derecho que ha venido acumulando durante los diez (10) años de servicio en el empleo público requeridos por la ley. El pago de la pensión diferida responde al dinero que en apor-taciones acumuladas dicho empleado ha venido haciendo al Sis-tema de Retiro. 3 L.P.R.A. sec. 763. Dentro de estas aportacio-nes monetarias no está incluido el valor monetario del tiempo acumulado en concepto de. vacaciones o licencia por enfermedad no agotadas por el empleado. Son dos (2) derechos distintos del empleado. Tan es así que la pensión diferida por años de servi-cio la tiene que satisfacer el Sistema de Retiro a tenor con la Ley Núm. 447, supra, mientras que la liquidación global de las licencias tiene que satifacerla la agencia concernida, a tenor con lo dispuesto en el Art. 2 de la Ley Núm. .125, supra, 3 L.P.R.A. sec. 703a. (Énfasis y escolios omitidos.)

Ahora bien, el hecho de que sean dos (2) derechos dis-tintos no quiere decir que sean totalmente independientes. Veamos.

En el caso del empleado participante del Sistema de Retiro, por disposición de la Ley Núm. 125, supra, el pago global de la licencia por enfermedad depende de que éste se acoja a cualquier tipo de pensión o anualidad dispuesta en la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 702(a), incluyendo, claro está, la pensión diferida, 3 L.P.R.A. sec. 766(A). La pensión diferida está definida en la ley así:

Los participantes cuya separación del servicio ocurriere antes de cumplir la edad de cincuenta y ocho (58) años; y que hubieren terminado, por lo menos, diez (10), y menos de vein-ticinco (25) años de servicios acreditables; y que no hubieren solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones acumu-ladas; tendrán derecho a recibir una anualidad por retiro diferida. Los mencionados participantes recibirán una anuali-dad por retiro diferida, que comenzará al cumplir éstos la edad de cincuenta y ocho (58); o, a opción suya, en cualquier fecha posterior, si hubieren completado diez (10) o más años y menos de veinticinco (25) años de servicio; o a partir de la fecha en que cumplan la edad de cincuenta (50) años en caso de policías y bomberos, y de cincuenta y cinco (55) años en caso de los demás participantes si hubieren completado en uno u otro caso, por no menos veinticinco (25) años de servicio. (Enfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 766(A).

Como se notará, la pensión diferida está condicionada a que los participantes "no hubieren solicitado ni recibido el reembolso de sus aportaciones acumuladas ...”. Estas aportaciones, que no incluyen las cantidades monetarias correspondientes al tiempo acumulado en licencia por enfermedad no liquidada, son todas las que el participante hace al Sistema de Retiro y los intereses devengados por éstas al tipo corriente prescrito por la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro. 3 L.P.R.A. sec. 763. Para que proceda tal reembolso la Ley de Retiro dispone, en lo pertinente, que:

A su separación del servicio, siempre que esta separación fuere permanente, se pagará a todo participante sin derecho a anualidad por retiro, y a solicitud suya salvo lo que en contra-rio se disponga en la presente, un rembolso [sic] equivalente al importe de sus aportaciones al Sistema. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 774.

A contrario sensu, ningún participante que al momento de su separación escoja una pensión diferida con derecho futuro a una anualidad por retiro es acreedor a tal reembolso ni puede, a posteriori, hacer un cambio del tipo de status bajo el sistema de retiro al cual quiera estar acogido. Esa facultad de escoger la tiene el participante cuando es empleado y ocupa un puesto antes de separarse del servicio público. De ahí que la pensión por años de servicio disponga que:

Dicha anualidad comenzará en la fecha que el participante es-pecifique en la solicitud de retiro, pero en ningún caso antes de su separación del servicio. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 766(A).

De suerte que un participante del Sistema de Re-tiro que mientras es empleado opta por acogerse a la pensión diferida dispuesta en la Ley de Retiro, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), renuncia al reembolso de sus aportaciones al sistema y tendrá derecho al cobro de las mismas cuando cumpla las edades allí especificadas. Está impedido, pues, de cambiar su status, puesto que ya se habrá separado del servicio público al momento en que solicite tal cambio al Sistema de Retiro.

Una solución en contrario haría inmanejable un sistema de retiro que funciona a base de unas proyecciones a la luz de las opciones que antes de su separación realiza el participante. No puede quedar en manos de quienes ya se han separado del servicio la decisión de administrar las aportaciones al sistema y su reembolso al participante.

Adviértase que el impedimento no surge por el hecho de que al empleado se le haga efectivo el pago de la licencia por enfermedad, a que tiene derecho. Ese, como vimos, es un derecho distinto. La prohibición surge de la propia Ley de Retiro que establece diversas opciones para el empleado antes de su separación del servicio y los efectos jurídicos que conlleva cada opción.

Así, un participante puede optar por el reembolso de todas sus aportaciones acumuladas en el Sistema de Retiro a su separación permanente del servicio. No podría, en tal caso, optar luego por la pensión diferida a menos que devuelva las sumas recibidas junto con sus intereses que al tipo corriente hayan devengado dichas sumas durante el período transcurrido desde la fecha de la devolución de las mismas hasta la fecha de reintegro al Sistema de Retiro. 3 L.P.R.A. sec. 774.

Nótese que si opta por el reembolso de sus aportaciones seguirá siendo acreedor al cobro de su licencia por enfermedad acumulada como un no participante del Sistema de Retiro, siempre que haya prestado por lo menos diez (10) años de servicio público. 3 L.P.R.A. sec. 703a.

Esta prohibición no surge expresamente de la Ley de Retiro. Surge de la interpretación integral de las distintas disposiciones de dicha ley, las cuales reflejan que estas distintas opciones del empleado son excluyentes entre sí, pues no puede el empleado solicitar y obtener una pensión diferida, 3 L.P.R.A. sec. 766(A), y al poco tiempo obtener el reembolso de las aportaciones al sistema, 3 L.P.R.A. sec. 774.

De suerte que acogerse a una pensión diferida es un impedimento para que posteriormente el empleado solicite el reembolso de las aportaciones acumuladas al Sistema de Retiro, pues se desvirtuaría el andamiaje sobre el cual des-cansa dicho sistema.

Por tales razones, no podemos concurrir con el foro de instancia en que la Ley de Retiro no establece una prohi-bición de esta naturaleza. Por lo tanto, aunque por funda-mentos distintos, concurrimos con O.C.A.P. en que las au-toridades nominadoras deben orientar a sus empleados participantes en el Sistema de Retiro en el sentido de que al ejercer su derecho a una pensión diferida “estén cons-cientes de que no podrán recibir luego el reembolso de sus aportaciones acumuladas en dicho sistema”, y de que el Sistema de Retiro debe abstenerse de reembolsar las apor-taciones de sus participantes cuando el empleado informa y solicita su separación del servicio para acogerse a una pensión diferida y la autoridad nominadora tramita y cer-tifica que dicho participante se separa del servicio para acogerse a dicha pensión diferida.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia del foro de instancia en cuanto a la improcedencia del pago global de la licencia por enfermedad acumulada por la li-cenciada González en el servicio público y en cuanto a la procedencia del pago inmediato de dicha licencia en el caso de la señora Centeno. Se revoca el dictamen de nulidad del Memorando Núm. 8-24 del Director de O.C.A.P. de 28 de septiembre de 1984 en conformidad con lo aquí resuelto.

Se dictará sentencia en conformidad con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Re-bollo López disiente sin opinión escrita.


text:
    Integración de Salas de Verano.

      Número: _

      Resuelto: 28 de junio de 1991
   RESOLUCIÓN

En conformidad con lo dispuesto en la Regla 3(d) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, se consti-tuyen las siguientes Salas Especiales de Despacho para funcionar durante el receso:

Del 8 de julio al 16 de agosto:

Juez Asociado, Sr. Francisco Rebollo López (Pres.)

Juez Asociada, Sra. Miriam Naveira de Rodón

Juez Asociado, Sr. José A. Andréu García

Del 19 de agosto al 28 de septiembre:

Juez Asociado, Sr. Antonio S. Negrón García (Pres.)

Juez Asociado, Sr. Federico Hernández Denton

Juez Asociado, Sr. Rafael Alonso Alonso

Los Presidentes de Sala quedan facultados para susti-tuir a los Jueces que integren las Salas que no puedan intervenir en algún asunto ante su consideración y, así mismo, para convocar al Tribunal cuando sea necesario.

Salvo regla de necesidad, convocatoria a una sesión ple-naria del Tribunal o situación adicional que lo amerite, por razón del descargo de sus responsabilidades como Presi-dente de la Junta Constitucional de Revisión de Distritos Senatoriales y Representativos, durante el receso el Juez Presidente Señor Pons Núñez no se integrará a dichas Salas Especiales de Despacho.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino


author:
(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Hons. Nicolás Nogueras, Hijo y Rolando A. Silva, en su carácter de miembros del Senado de Puerto Rico, apelados, v. Rafael Hernández Colón, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, apelante.

      Número: AC-90-421

      Resuelto: 28 de junio de 1991

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Anabelle Rodríguez, Procura-dora General Auxiliar, abogados del apelante; Nicolás No-gueras, Hijo, pro se.

   RESOLUCIÓN

A la solicitud de intervención presentada en este caso, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. Los Jueces Asociados Señores Negrón Gar-cía y Rebollo López disintieron con opiniones escritas.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Parafraseando a José Ortega y Gasset, toda decisión es primero una intención y luego una realización. Con aquélla midamos ésta. La obra misma nos revela a la par su norma y su pecado.

Como norma, la opinión y sentencia mayoritaria de 16 de enero de 1991 es NULA ab initio. SI BIEN EL TA-MAÑO DEL PAPEL ES LEGAL (8-1 /2 x 14 PULGADAS), FUE DICTADA SIN JURISDICCIÓN. Sostener que es firme y goza de autoridad de cosa juzgada es concurrir con lo que “decían pintorescamente los juristas medioevales, ‘hace[r] de lo blanco, negro, y de lo cuadrado, redondo’ ”. Mauro Cappelletti, La Responsabilidad de los Jueces, Argentina, JUS. Fundación para la Investigación de las Cien-cias Jurídicas, 1988, pág. 32.

Su pecado, la INJUSTICIA, producto de una increíble transmutación judicial. Aun cuando la controversia jurí-dica giraba sólo en tomo a la reiterada tardanza del Pri mer Ejecutivo frente al poder de confirmación del Senado en nominar jueces, la mayoría del Tribunal movió ese eje central y decidió menoscabar los derechos en ausencia de todos los jueces de primera instancia. Ni uno de ellos es-tuvo presente. Fueron y siguen siendo los únicos afectados —verdaderas partes indispensables— según lo acreditan los Jueces Superiores interventores, Hons. Arnaldo López Rodríguez, Ángel G. Hermida, Guillermo Arbona Lago, Luis Muñiz Argüelles, Pedro López Oliver, Ángel González Román, Hiram Sánchez Martínez y Zulma Zayas Puig. El “asunto es de orden tan relevante y vital que puede presen-tarse en apelación por primera vez o aun suscitarse por este Tribunal sua sponte”. (Énfasis suplido.) Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 603 (1983).

El siguiente extracto justifica su legitimación:

El interés de los interventores en los límites constitucionales establecidos por la Opinión y Sentencia emitida en autos es sumamente palpable. Sus nombramientos han sido menoscaba-dos sin notificación, oportunidad de vista, oportunidad de ser oídos y sin que realmente existiese una causa y controversia sobre el asunto de la continuidad en el desempeño de los cargos de los jueces nombrados al amparo del estado de derecho previo a la Ley Núm. 17. Ni los jueces comparecientes ni ninguno de sus pares recibieron notificación alguna de la presentación del presente pleito, su apelación o de la resolución de una contro-versia que afectaría los nombramientos que le fueron extendidos. Solicitud de intervención, págs. 2-3.

El planteamiento rebasa el daño, claro y palpable, cau-sado al interés constitucional individual propietario de los interventores Jueces, Hons. López Rodríguez, et al. Los tér-minos de los cargos de éstos no vencerán hasta de aquí a varios años. Es obvio, pues, que debemos tomar sus compa-recencias en defensa de los demás jueces del Tribunal de Primera Instancia y del principio de INDEPENDENCIA JUDICIAL, sobre todo en abono de aquellos magistrados para quienes el perjuicio de la decisión mayoritaria es real e inmediato. Nos referimos a un número sustancial de jue-ces a quienes en los meses venideros —y durante el próximo año— se les vencerán sus términos y, aunque in-sertos espiritualmente én el caso, se abstuvieron de unirse en su origen y subsiguientemente comparecer a defenderse.

Esa postura prudencial es perfectamente comprensible. La opinión mayoritaria les creó una seria encrucijada en un ambiente denso y de reproches. La solicitud de inter-vención de los Jueces,.Hons. López Rodríguez, et al., se presentó en este Foro el 21 de febrero de 1991. El 25 de febrero de 1991 el Gobernador, Hon. Rafael Hernández Co-lón, en su mensaje anual a la Asamblea Legislativa —al anunciar legislación al respecto— criticó duramente la Ju-dicatura del país. Aludió a lo que ajuicio suyo era el “clima de presiones, recriminaciones y comportamientos gremia-les”, “invitando a deponer la retórica inflamatoria que al-gunos jueces lanzaban ál país desde sus estrados, deterio-rando con su insólito comportamiento, el armónico y mutuamente respetuoso cumplimiento de las respectivas funciones de las ramas gubernamentales”. Mensaje, pág. 24.

En estas circunstancias, ¿cómo podríamos negarles la intervención a los Jueces, Hons. López Rodríguez, et al., y exigirles que otros aisladamente demandaran expresa-mente al Gobernador, Hon. Rafael Hernández Colón? ¿No es dicho Primer Ejecutivo precisamente el poder que deci-dirá si los renomina o sustituye? ¿Vamos a ignorar el efecto disuasivo {chilling effect) o contraproducente que de su faz generaría semejante acción contra el Gobernador?

En su proyección práctica, la opinión mayoritaria del Tribunal no admite medias tintas. Si bien la intervención de los jueces en el caso de autos es imposponible, dejar sin efecto dicha decisión es un imperativo. La lista de miem-bros de la Judicatura inminentemente afectados es impre-sionante:

Tribunal Superior Expiración Término

1 Julio Berrios Jiménez 14-junio-1991 H

2 José A. Torres Caraballo 6-sept.-1991 M

3 Antonio R. Barceló Moreno 22-mayo-1992 W

4 Angel D. Martinez Del Valle 22-mayo-1992 ií>.

5 Rafael Contreras Estelritz ll-sept.-1992 Ol

Tribunal de Distrito Expiración Término

1 Luis Rosario Villanueva l-mayo-1991

2 Raymond J. Russo Correa I-mayo-1991

3 Nicanor Vázquez Torres II-abril-1992

4 Gladys Nevárez Andino 12-abril-1992

5 Juan Ortiz Tórrales 12-abril-1992

6 Gabriel A. García Rosario 17-abril-1992

7 Manuel Acevedo Hernández 10-mayo-1992

8 Kalil Baco Viera 10-mayo-1992

9 Alma S. De León Ostolaza 10-mayo-1992

10 Rafael Riefkohl Marcano 12-sept.-1992

Jueces Municipales Expiración Término

1 César D. Nazario Almodovar 3-abril-1991 M

2 Myrthia Miranda Rios 22-mayo-1991 M

3 Leocadio Castillo Méndez 10-sept.-1991 03

Además, rescatar la cláusula de continuidad e interpre-tarla correctamente es crucial al buen funcionamiento del Poder Judicial. El asunto revive nuevamente la polémica en torno al término de duración del cargo de los jueces como una de las salvaguardas del principio rector de la independencia judicial, concepto muchas veces malenten-dido por algunos ciudadanos, políticos, abogados, ex jueces y jueces. “La naturaleza y dinámica humanas son fluidas y sumamente complejas. Así pues, en una sociedad plura-lista existe todo tipo de personalidades —simplistas y com-plicadas, inteligentes y cerradas, objetivas y prejuiciadas, fanáticas y tolerantes— portavoces que responden a una gama de intereses ideológicos particulares o de grupos, tanto profesionales como partidistas. Dependiendo del grado de convulsión social y la crudeza de las luchas de las distintas tendencias en* determinado momento, el abanico de percepciones erróneas o distorsionadas y voces hostiles, aun entre y contra personas honorables y de prestigio, varía.” P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 312 (1980).

Por su naturaleza, concretizar la independencia judicial no ha sido tarea fácil; por el contrario, ha generado friccio-nes entre los poderes constitucionales. Véanse: In re Conferencia Judicial, 122 D.P.R. 358 (1988), y 122 D.P.R. 420 (1988) (Resoluciones y Votos de 13 de julio, y 10, 26 y 28 de octubre de 1988), donde todos los magistrados de este Foro expusieron sus respectivos criterios.

Matizada con estos antecedentes, desconocemos el re-sultado de las propuestas generadas en la Conferencia Judicial y si el producto final será —más que profusión de palabras y de proyectos— legislación que, una vez implan-tada, verdadera y realmente adelante al máximo la inde-pendencia judicial en sus elementos concretos: legales, fun-cionales y orgánicos, personales, administrativos y morales. A fin de cuentas, más que cambios estructurales, lo determinante será el elemento humano. “La indepen-dencia individual del juez es el secreto de su dignidad y la clave de una independencia judicial unificada.” (Enfasis suplido.) In re Conferencia Judicial, 122 D.P.R. 420, 449 (1988), voto explicativo.

Y esa independencia individual es la llave procesal que los jueces interventores pro se e ius tercii desean utilizar para abrir las puertas de este Tribunal. Han transcurrido cuatro (4) meses más desde esa comparecencia. En justicia, nuestra obligación ahora, sin más demora, es adjudicar fa-vorablemente sus reclamos “de conformidad con el Derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin preocupadnos d]el reconocimiento que pueda darse a [nuestra] labor, ni la crítica injusta”. (Énfasis suplido.) Canon XI de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A. “La fortaleza del Juez —escribe PLAZA— no puede padecer, por la mera posibilidad de que sus fallos disgusten a los litigantes, puedan contrariar la ambición de los grandes, suscitar la rencorosa animadver-sión de los pequeños, o favorecer la crítica, a veces despia-dada, de los perdidosos; él no ha de ser perseguidor de popularidad, sino simplemente inspirador de confianza, suscitador de respeto, y, a la postre, la comunidad viene a ser tributaria de tales sentimientos.” (Escolios omitidos y énfasis suplido.) F. Soto Nieto, Compromiso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 36.

I

El trasfondo procesal del caso es sencillo. Pocas veces la ruta decisoria a seguirse ha sido tan clara. La solicitud de • mandamus presentada por los senadores, Hons. Nicolás Nogueras, Hijo, y Rolando Silva, se fundó en la conocida inacción y tardanza del Gobernador, Hon. Rafael Hernán-dez Colón, en renominar o sustituir a varios jueces con términos de nombramientos vencidos y que continuaban ejerciendo sus cargos bajo la cláusula de continuidad (“holding over”). Adujeron que violaba la facultad constitucio-nal del Senado sobre consejo y consentimiento y, por ende, la doctrina de separación de poderes. Pidieron se le orde-nara que procediese a renominarlos o sustituirlos. Enmar-cado así el pedido, en su contestación el Gobernador in-vocó, entre otras defensas, la ausencia de parte indispensable y consignó que a los jueces aludidos les “co-bijan las cláusulas de continuidad establecidas por la Ley de la Judicatura que son parte del término de su nombra-miento al cargo judicial”. (Enfasis suplido.) Exhibit III, pág. 50.

El Tribunal Superior (Hon. Gilberto Gierbolini, Juez) dictaminó el 2 de mayo de 1990 que la práctica del Primer Ejecutivo privaba “al Senado de Puerto Rico de su poder constitucional de consejo y consentimiento”. Exhibit I, pág. 35. Le ordenó “enviar al Senado para su consejo y consen-timiento dentro de los próximos ciento veinte días, nom-bramientos, bien sean los actuales incumbentes o sus sus-titutos, para cubrir los cargos de jueces cuyos términos han expirado”. Íd., pág. 36.

El Gobernador apeló. Pendiente el recurso, se aprobó la Ley Núm. 17 de 21 de julio de 1990 (4 L.P.R.A. sec. 92(b)). En lo pertinente, ese nuevo estatuto “suprimi[ó] la cláusula de continuidad en el ejercicio dé [los] cargos” de jueces de los Tribunales Superior, Distrito y Municipal. 1990 Leyes de Puerto Rico 83. Ahora, cesarían “en sus funciones a los noventa (90) días de vencerse [sus] término[s] si no ha[n] sido renominado[s] o cuando su[s] sucesor[es] tome[n] po-sesión de [sus] cargo[s], lo que ocurra primero”. 4 L.P.R.A. sec. 92(b). A todos, de ser renominados y confirmados, “el término del nuevo nombramiento comenzará a contar desde la fecha en que se venció el término anterior”. Íd. De ser rechazados por el Senado, cesarían inmediatamente en sus cargos.

Expresamente esta ley dispuso su aplicación a todos los jueces del Tribunal de Primera Instancia, incluso a los no-minados y confirmados antes de su vigencia el 19 de octu-bre de 1990.

Ante esta nueva legislación, se concedió a las únicas partes hasta entonces involucradas —Hons. Nogueras, Hijo, Silva y Hernández Colón— que se expresaran sobre la posible academicidad de la apelación. Los primeros sos-tuvieron que no la tomaba académica y que la facultad senatorial no podía estar a merced y capricho del Goberna-dor para escoger el momento oportuno de hacer los nombramientos. Por su parte, éste argumentó su academi-cidad y, además, que la Ley Núm. 17, supra, no adolecía de problema constitucional alguno en su aplicación retroac-tiva, toda vez que la cláusula de continuidad no tenía rango constitucional.

De esta cronología procesal, es evidente que a esa etapa podían emerger dos conclusiones. La primera, que la con-troversia medular entre las partes originales comparecien-tes estaba limitada a determinar la procedencia del mandamus para obligar al Gobernador a someter los nombramientos —del incumbente o sustituto— de aquellos jueces que continuaban en funciones bajo la cláusula de continuidad.

Según esta alternativa, en instancia ningún juez era parte indispensable. Al igual que en Hernández Agosto v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 407, 413 (1982) la “razón de pedir en este caso el envío de las nominaciones de los fun-cionarios concernidos al Senado nada requieren de éstos, y más aún, nada puede requerirles porque ellos no tienen incumbencia en el asunto”. (Énfasis suplido.)

La otra alternativa afloraba en virtud de la tesis del Gobernador que adelantaba la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 17, supra. Ciertamente, esa contención —pro-ducto del estatuto aprobado después de la sentencia del foro de instancia— representaba un viraje abrupto a la doctrina jurisprudencial de los últimos cuarenta y cinco (45) años respecto a la cláusula de continuidad que como escudo protegía a los jueces con nombramientos vencidos y en funciones. En nuestro amordazado Voto Preliminar Disidente de 10 de septiembre de 1990 rechazamos la retro-actividad de la Ley Núm. 17, supra.

Transcurrieron cuatro (4) meses y la mayoría nada hizo o requirió de las partes. Finalmente, el 16 de enero de 1991 resolvieron y dieron un paso descomunal. No lo hicieron en virtud de la controversia precisa y argumentos de las par-tes comparecientes originales, sino espontánea y sorpresi-vamente adjudicaron los derechos de jueces que habían sido nombrados antes de la Ley Núm. 17, supra. Y ello, aun cuando esos jueces no estaban presentes ni eran partes en el pleito. Inexplicablemente, en cuanto a la controversia real y única entre las partes —obligación del Primer Eje-cutivo de renominar o sustituir a jueces cuyos nombra-mientos habían vencido y continuaban en funciones bajo la cláusula de continuidad— no hubo pronunciamiento alguno.

De ese modo, surgió por primera vez en apelación —en virtud de la Ley Núm. 17, supra, y su efecto retroactivo— una controversia distinta que se convirtió en la única razón de decidir mayoritaria. Los pronunciamientos fueron vaci-lantes y confusos:

... [L]a cláusula de continuidad constituye parte del término del cargo del incumbente, los jueces nombrados bajo la vigencia de dicha cláusula y con anterioridad a la vigencia de la Ley Núm. 17 tienen una legítima expectativa de que desempeñarán dicho puesto durante un término razonable luego de expirar el tér-mino para el cual fueron nombrados o hasta que su sucesor tome posesión del cargo, lo que ocurra primero. Esta expectativa de continuidad está protegida por ley. Los jueces nombrados al amparo de las disposiciones de la Ley de la Judicatura y de la Ley sobre Jueces Municipales que contenían cláusulas de con-tinuidad sin términos específicos tienen, por lo tanto, una legí-tima expectativa de que permanecerán en sus cargos durante el tiempo razonable máximo permisible o hasta que sus sucesores tomen posesión de sus cargos. ... Hasta el límite constitucional que habremos de señalar más adelante, el mencionado interés propietario constituye una barrera infranqueable a la aplica-ción retroactiva de la Ley Núm. 17, ya que tal aplicación resul-taría contraria a la cláusula constitucional que prohíbe la pri-vación de la propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. (Énfasis suplido y en el original.) Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638, 647-648 (1991).

Motu proprio adjudicaron un aspecto que nadie había explorado ni planteado y que era desconocido: la razonabi- lidad del límite de una cláusula de continuidad, esto es, por cuánto tiempo podían los jueces —cuyos nombramien-tos habían expirado— ocupar sus cargos y continuar en funciones. Como afirman los interventores, “[d\icho asunto no había sido sometido por las partes litigantes para deci-sión por este tribunal, no existía causa en torno al mismo y no estaban presentes o representadas las partes (los jueces nombrados antes de la fecha de vigencia de la Ley Núm. 17) cuyos derechos adquiridos se verían afectados por la reso-lución de esta controversia y quienes tendrían el interés apremiante para defender adecuadamente sus derechos”. (Énfasis suplido.) Solicitud de intervención, pág. 7.

Por último, la mayoría increíblemente resolvió que “[l]a indefinición en el término de duración de una incumbencia holding over atenta contra el equilibrio que intenta man-tener la Constitución en lo que respecta al ejercicio de nombramiento compartido por la Rama Ejecutiva y la Le-gislativa ... [y] el término de duración del período posterior a la: expiración del término del incumbente (holding over) en virtud de la llamada cláusula continuidad no es ilimitado”. Nogueras v. Hernández Colón, supra, págs. 651-652. Por analogía aplicaron el término de duración provisto para los nombramientos de receso dispuesto en Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983), y dictaminaron que “se extendería hasta que su sucesor tome posesión [de szí] cargo pero nunca después de finalizada la próxima sesión legislativa siguiente a dicha expiración”. (Énfasis suplido.) Nogueras v. Hernández Colón, supra, págs. 652-653.

Ese curso mayoritario motivó que en nuestro disentir vehementemente señaláramos que la mayoría había dis-torsionado y aprisionado la controversia en un endeble ra-zonamiento circular. Les indicamos, en síntesis, que la “in-definición” no la causaba la cláusula, sino la “inacción” del Gobernador, a saber, su tardanza. Argumentamos que el defecto no estaba en la cláusula de continuidad, pues si el Primer Ejecutivo cumplía diligentemente con su deber de renominar o sustituir, dicha cláusula cumplía satisfacto-riamente sus propósitos.

Dicho de otro modo, sostuvimos que la "fiebre no estaba en la sábana, sino en el paciente”. Poco después, el tiempo así lo aclaró. Con posterioridad a la decisión mayoritaria de 16 de enero, el Gobernador, Hon. Rafael Hernández Co-lón, ha descargado responsable y diligentemente su enco-mienda, renominando o sustituyendo rápidamente a los miembros de la Judicatura con términos vencidos. El con-traste con el pasado es sorprendente. Derrota la tesis ma-yoritaria de que el Primer Ejecutivo no puede hacerlo con razonable diligencia. ¡Querer es poder!

Por último, en nuestro disenso enfatizamos que la deci-sión mayoritaria condenaba “a los miembros de la Judica-tura a un estado de indefensión”, los inmolaba, creaba “va-cantes donde no las hay” (énfasis suprimido) y les infringía “un perjuicio directo”. Nogueras v. Hernández Colón, supra, págs. 685 y 686.

En su disenso de 5 de febrero, el Juez Asociado Señor Rebollo López expresamente analizó y concluyó que a estos miembros de la Judicatura se les había violado el mandato constitucional del debido proceso de ley mediante un dicta-men que “coarta, perjudica y atenta contra los mejores in-tereses y derechos de los jueces incumbentes sin que éstos hayan tenido la oportunidad de expresarse y ser oídos en su defensa”. (Énfasis suprimido.) Nogueras v. Hernández Colón, supra, pág. 695.

HH 1 — I

No es necesario mucho esfuerzo mental para compren-der que los jueces interventores eran y son parte indispensable en el discutido proceso. Este mecanismo procesal ar-moniza el derecho constitucional a un debido proceso de ley en sus modalidades de oportuna y adecuada notificación, concesión de una vista previa, derecho a ser oído y a con-frontar la prueba adversa, y la oportunidad de presentar prueba y argumentos en su defensa. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Véanse: Ortiz v. Aut. Edificios Públicos y Junta, 121 D.P.R. 896 (1988); López Vives v. Policía de P.R., 118 D.P.R. 219, 230 (1987); Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 420 (1985); Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791, 795 (1973); López v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 646, 670 (1958).

Esa realidad es suficiente motivo para dejar sin efecto la decisión. No hacerlo choca contra lo que es justo y equita-tivo, y es una afrenta a “la dignidad de los individuos afec-tados” —López Vives v. Policía de P.R., supra, pág. 231— en detrimento de los “elevados principios y valores que refle-jan nuestra vida en sociedad y el grado de civilización alcanzado”. Amy v. Adm. Deporte Hípico, supra, pág. 420.

Evidentemente la decisión mayoritaria convirtió a los jueces de instancia en partes indispensables. Ellos eran los únicos auténticamente perjudicados —con derecho a ser oídos y a exponer sus argumentos— en relación con el sig-nificado histórico e impacto constitucional de la cláusula de continuidad. La decisión se tomó a sus espaldas y ha repre-sentado un menoscabo sustancial, real e inmediato en la extensión del término para el cual fueron nombrados.

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Es perfectamente claro el grado de diligencia exhibido por los magistrados interventores. En las circunstancias en que no ha mediado notificación de sentencia, por su na-turaleza, la solicitud de intervención no puede regirse por el plazo provisto en la Regla 45 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. Como dijo la mayoría en Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 604 — 605 (1989), “[n]o es suficiente que el ausente haya sido informado de su oportunidad de intervenir en el pleito; mientras no se le haya hecho parte, no se le puede privar de sus derechos mediante sentencia”. (Énfasis suplido.) NO CORRE NIN-GÚN TÉRMINO.

No es culpa de los interventores que no hubiesen com-parecido antes. Jamás estuvo en discusión si la cláusula de continuidad era o no limitada. ¡Cómo saberlo, si hasta ese momento la jurisprudencia era precisamente todo lo con-trario! La nota irónica en este recurso es que aquellos que imparten justicia, y constantemente velan en primera ins-tancia por el debido proceso de ley, fueron víctimas de tan flagrante violación. Lo peor del caso, inmolados por la máxima jerarquía judicial.

IV

AUNQUE LA ACTUAL INTERVENCIÓN DE LOS JUECES ES INSOSLAYABLE, ES IMPOSPONIBLE DE-JAR SIN EFECTO LA OPINIÓN MAYORITARIA.

En sus méritos reafirmamos que la Constitución vedó la reducción de los términos de duración de los cargos judicia-les del Tribunal de Primera Instancia. Esa prohibición, en unión a la cláusula de continuidad, son los ingredientes más importantes del principio de independencia judicial. 1 Diario de Sesiones de lá Convención Constituyente 453 (1951). Los debates suscitados por los delegados a la Con-vención Constituyente confirman una honda preocupación que poderosamente sugiere que dicha cláusula “se elevó a rango constitucional, en intención y espíritu”.

Esta cláusula ha sido escudo histórico del ideal de inde-pendencia judicial. Está fundada en la necesidad pública de evitar un colapso temporal en el Gobierno —González v. Corte, 62 D.P.R. 160, 165 (1943)— pues “la ley aborrece las vacantes porque entorpecen la continuación de la adminis-tración de los asuntos públicos” —Fernández v. Corte, 71 D.P.R. 161, 178 (1950)— y tiende a “evitar vacantes que entorpezcan la continuidad en la administración de los asuntos públicos. Betancourt v. Gobernador, 119 D.P.R. 435, 447 (1987).

La creación de vacantes judiciales automáticas que ori-gina la nueva interpretación mayoritaria, a todos los nive-les, “conllevaría colocar a la Rama Judicial a merced de los poderes ejecutivo y legislativo .... Esa teoría es contraria a un gobierno de leyes cimentado en la ‘doctrina de frenos y contrapesos’. Frustraría la independencia de la Rama Judicial, concebida por los filósofos ingleses originalmente y luego por los angloamericanos, como el portaestandarte de los ciudadanos frente a los otros poderes de gobierno. La continuidad de los cuerpos y por ende sus funciones, es la norma y no la excepción”. (Énfasis suplido.) Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 392, 396 (1985).

Es imposible comprender cómo la mayoría en este caso primero reconoció expresamente que la cláusula de conti-nuidad formaba parte del nombramiento de cada juez y creaba un interés propietario sobre la duración de su nom-bramiento; después resolvió que la Ley Núm. 17, supra, “no puede tener efecto retroactivo a los jueces incumbentes que fueron nombrados bajo la vigencia de las cláusulas de con-tinuidad”, pues su “aplicación resultaría contraria a la cláusula constitucional que prohíbe la privación de la pro-piedad sin el debido proceso de ley” (Nogueras v. Hernández Colón, supra, pág. 648), para al final decir y hacer todo lo contrario: reducirla a un período fijo, con un término máximo al cierre de toda sesión legislativa.

Como sostienen los jueces interventores:

Resulta extraño que aquello que el texto claro de la Consti-tución prohíbe se haga respecto a términos judiciales se pueda hacer mediante la interpretación de la propia Ley de la Judicatura. Con todo el respeto que nos merece este Honorable Tribunal, no podemos dejar de señalar que existe una mani-fiesta y enorme contradicción lógica entre los fundamentos de la opinión del Alto Foro en este caso y el resultado al que final-mente se arriba mediante opinión. (Énfasis suplido.) Solicitud de intervención, pág. 17.

V

Recapitulando; desde sus inicios en instancia, sin difi-cultad alguna, la pesquisa judicial se perfiló solamente como una pugna entre dos (2) miembros de la Cámara alta y el Primer Ejecutivo en cuanto a su obligación de pronta-mente renominar o sustituir jueces en funciones cobijados por la cláusula de continuidad.

El dictamen del tribunal de instancia se fundó en la tardanza irrazonable del Gobernador. No obstante ese ín-timo engarce, la mayoría dejó de enjuiciar el proceder ejecutivo. Lo esquivaron. Motu proprio tacharon de irrazo-nable la operación de la cláusula de continuidad. EL IN-VENTARIO FINAL ES UN PODER JUDICIAL CERCENADO. Y este perjuicio se hizo sin incluir como partes ni darles oportunidad de ser oídos a los jueces del país, no obstante ser éstos forzosamente litisconsortes y cotitulares constitucionales del derecho adjudicado en este singular y triste drama.

El análisis que precede y las interrogantes planteadas incuestionablemente reflejan que no sólo es procedente permitir la intervención de los jueces directa e indirecta-mente afectados en sus cargos, sino que simultáneamente debe dejarse sin efecto la sentencia mayoritaria. “[A]precia[mos] como el mejor de los textos el sentido común.” A. Ossorio, El abogado: el alma de la toga, 6ta ed., Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1956. “El sentido común muchas veces es una apreciación sintética, en cánones de justicia natural, de la misma naturaleza de las cosas, de la realidad vital. La interpretación que re-pugne a ese sentido común ha de ponernos en guardia contra ella. Generalmente será una mala aplicación del Dere-cho, probablemente una aplicación debida a un método equivocado. Aconsejamos revisar entonces todos los razo-namientos, volverlos a repetir y volver a analizar. El Dere-cho no puede llevar a un resultado absurdo ni a un resul- tado injusto y debemos convencernos de que cuando nos lleva a este resultado es porque hemos seguido un camino equivocado, porque hemos errado en nuestros razonamientos.” (Enfasis suplido.) J. Vallet de Goytisolo, Panorama del Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1963, pág. 86.

LA MAYORÍA BE ESTE TRIBUNAL NO DEBIÓ DES-PERDICIAR ESTA OPORTUNIDAD PARA DEJAR SIN EFECTO DE INMEDIATO LA ABSURDA E INJUSTA DECISIÓN QUE CONVIERTE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL EN UN PÉTREO ESQUEMA LEGAL.

FRENTE A LA OSCURIDAD, LA LUZ SIEMPRE ES BIEN RECIBIDA. LAS ACTUACIONES SON LAS QUE CUENTAN; LO DEMÁS, SON SIMPLES PALABRAS.

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El pasado 5 de febrero de 1991 al disentir de la Opinión Per Curiam mayoritaria que emitiera el Tribunal en aque-lla ocasión solitariamente señalamos que la decisión mayo-ritaria constituía un crudo acto de “legislación judicial” que “coarta, perjudica y atenta contra los mejores intereses y derechos de los jueces incumbentes sin que éstos hayan tenido la oportunidad de expresarse y ser oídos en su defensa”. (Enfasis en el original' suprimido y énfasis suplido.) Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 638, 695 (1991).

Señalamos entonces, en lo pertinente, que sin que nin-guna de las partes lo hubiera planteado y sin que ello fuera necesario para la solución del recurso, la mayoría del Tribunal no sólo decretó que la “ ‘cláusula de continuidad’ es-tablecida en la Ley de la Judicatura, la cual contempla la posibilidad de que un juez se mantenga en su puesto por un período de tiempo indefinido, ‘atenta contra el equili-brio que intenta mantener la Constitución en lo que res-pecta al ejercicio de nombramiento compartido por la Rama Ejecutiva y la Legislativa’ ” (Nogueras v. Hernández Colón, supra, pág. 694), sino que la Mayoría, en un increí-ble acto de legislación judicial, estableció que “una vez ven-cido el término para el cual los jueces incumbentes fueron nombrados, éstos podrán continuar actuando como tales ‘hasta que su sucesor tome posesión de su cargo pero nunca después de finalizada la próxima sesión legislativa si-guiente a dicha expiración’ (Énfasis en el original.) Id. Como se recordará, calificamos, en aquel entonces, la ac-tuación de la mayoría del Tribunal como la “ ‘Ley Número 18’, aprobada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el día 16 de enero de 1991”. (Énfasis suplido y en el original.) Íd., pág. 695.

Basándose, no hay duda, en nuestro señalamiento a esos efectos —y los fundamentos allí expresados— un sin-número de jueces del Tribunal de Primera Instancia va-lientemente presentaron una solicitud de intervención en el caso con el propósito de que se le brindara la oportuni-dad de demostrarle al Tribunal lo erróneo de lo decidido y de su proceder. En el día de hoy, tan sólo el compañero Juez Asociado Señor Negrón García se hace eco de nuestra posición. La Mayoría, sin embargo, despacha la fundamen-tada solicitud de los jueces de instancia con un escueto “no ha lugar”.

La Resolución mayoritaria emitida constituye evidencia fehaciente adicional de la corrección de las expresiones, que hemos hecho en el día de hoy en la Opinión disidente que hemos emitido en Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 D.P.R. 752, 841 (1991). En la referida Opinión disidente expresamos, en lo pertinente, que:

... procede señalar que en el pasado, ante una situación demos-trativa de que se había errado al emitirse una decisión, este Tribunal nunca vaciló en corregir su equivocación. Evidencia maravillosa y fehaciente de ese hoy añorado proceder lo consti-tuye la decisión que se emitiera en Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40 (1980). La actitud entonces reinante en el seno del Tribunal quedó plasmada para la posteridad en la extraordinaria terminología con que se comenzó la mencionada decisión, a saber:
“El temor de que se nos tache de inconsistentes no debe im-pedir que reconsideremos la opinión emitida en este caso el pasado 20 de noviembre. Persistir en el error para realzar la consistencia de lo decidido constituiría una abdicación del de-ber que tenemos, como tribunal apelativo, de impartir justicia y de pautar el derecho. Es por ello que abordamos nuevamente la controversia cuya solución hemos intentado en dos opiniones anteriores.” ...
La referida actitud y disposición de hacer cumplida justicia —esa fina sensibilidad— es una hoy ausente del seno del Tribunal. En la actualidad, en lugar de reconsiderar y corregir el error cometido anteriormente, se intenta explicar y justificar la injusticia cometida. (Enfasis en el original.)

Existe, no hay duda, una diferencia entre el caso de Echevarría Rodríguez y López Watts, y el presente. En este último, la Mayoría ni tan siquiera se molesta en “explicar y justificar la injusticia cometida”.