source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Juan Somarriba García, acusado y peticionario.

      Número: CE-91-51

      Resuelto: 15 de julio de 1992

      Diego Ledee Bazán, abogado del peticionario; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Anabelle Rodríguez, Subprocu-radora General, y Aida Ileana Oquendo Graulau, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario Juan Somarriba García (Somarriba) fue acusado y convicto en el Tribunal de Distrito, Sala de Gua-yama, por infringir el Art. 264 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4551. De la exposición narrativa de la prueba surgen los hechos más importantes para la adjudi-cación del presente recurso.

En enero de 1989 el supuesto perjudicado, Enrique Ro-dríguez Narváez (Rodríguez) le prestó a Somarriba la cantidad de $13,000.05, mediante la entrega de un cheque por la cantidad de $13,094.05. Somarriba le devolvió a Ro-dríguez un cheque por la cantidad de $94, el cual fue cam-biado y cobrado por éste.

En esa misma transacción, Somarriba entregó a Rodrí-guez un cheque por la cantidad de $15,000 para cubrir los $13,000 del préstamo y los $2,000 de intereses, según lo había acordado con Rodríguez. Somarriba alegó que en el momento de la transacción le indicó al supuesto perjudi-cado que el cheque no tenía fondos y que entregó el mismo a éste en “garantía” del préstamo. Por su parte, Rodríguez alegó que acudió al banco con dicho cheque, pero no lo pudo cobrar porque no tenía fondos.

En mayo de 1989 Somarriba le abonó $3,000 a Rodrí-guez mediante tres (3) giros del Banco de Ponce. También le entregó un cheque por $12,000. Rodríguez, a su vez, le de-volvió el cheque original de $15,000.

En julio de 1989 Somarriba abonó $5,000 a Rodríguez mediante un cheque de gerente y, al mismo tiempo, entregó a éste el cheque personal de $8,000 (el cual es objeto de la denuncia y convicción que originan este recurso) para cu-brir el balance del préstamo montante entonces a $7,000, y para cubrir otra suma adicional de $1,000 respecto a cuyo concepto existe controversia. Rodríguez sostiene que esta suma adicional de $1,000 le fue ofrecida voluntariamente por Somarriba para compensarle por las “molestias” que éste le había causado. Somarriba, a su vez, testificó que tal suma adicional le fue exigida por Rodríguez a cambio de prorrogarle el vencimiento de la obligación, a lo cual acce-dió el primero debido a su precaria situación financiera. Por su parte, Rodríguez explicó en el juicio que la razón por la cual pospuso el cobro de este cheque hasta septiembre de 1989 fue que cuando fue al banco inmediatamente des-pués de haberlo recibido con el propósito de cobrar el mismo, no logró tal propósito debido a la inexistencia de fondos suficientes para ello. Somarriba sostiene que al en-tregar tal cheque a Rodríguez, éste conocía de la mencio-nada inexistencia de fondos. La conducta observada, tanto por el acusado como por Rodríguez, respecto a la entrega de los dos (2) cheques anteriores corrobora esta asevera-ción del apelante.

Somarrriba no pudo hacer efectivo el mencionado che-que a la fecha del vencimiento de la deuda y, según el tes-timonio de éste, Rodríguez comienza a hostigarlo con lla-madas a su trabajo y lo amenaza con denunciarlo, pero no lo hace. Finalmente, según declara el acusado, el 9 de diciembre de 1989 obtiene el dinero para pagarle a Rodrí-guez y le ofrece a éste el pago de los $8,000 mediante un cheque oficial del Banco de Ponce. Rodríguez no aceptó dicho pago y le exigió una cantidad mayor. Lo amenazó con denunciarlo por el delito de expedir cheques sin fondos si no accedía a pagar la cantidad exigida.

En vista de lo anterior, el acusado acude a un abogado y, por recomendación de éste, inicia un pleito civil por usura en contra de Rodríguez. Deposita en corte, a su vez, $5,000.05, suma que constituye el balance del principal original del préstamo. Véanse: Arts. 1652, 1653 y 1654 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 4594, 4595 y 4596.

Al día siguiente de haber sido emplazado con copia de la correspondiente demanda, Rodríguez presentó la denuncia contra el peticionario por la expedición del cheque sin fondo por $8,000, objeto de este recurso.

Sobre las gestiones que realizó para tratar de hacer efectivo el cheque de $8,000, Rodríguez señaló en su testi-monio que reclamó a Somarriba mediante vía telefónica el pago del mismo y “que acudió a Fiscalía”. También señaló que preparó una carta en la cual requirió al acusado el pago del cheque. Sin embargo, la misma no pudo ser entre-gada a su destinatario, ya que, según expresó, dicho docu-mento se le quedó dentro de un maletín “en \una~\ cancha bajo techo”.

Rodríguez apeló de su convicción ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama. Este tribunal con-firmó la sentencia por entender que de la exposición narra-tiva de la prueba “surge que el Estado estableció con la suficiente evidencia la comisión del delito tipificado en el artículo 264 del Código Penal”. Apéndice, pág. 6. Además, el tribunal entendió que el requerimiento verbal por parte de Rodríguez cumplió razonablemente con el requisito de interpelación estatuido en el Art. 266 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4553.

Somarriba acude ante este Tribunal, por vía de certio-rari, y plantea que el Tribunal Superior erró al concluir que el requerimiento verbal por parte de Rodríguez cum-plió con dicho requisito e impugna, además, la suficiencia de la evidencia desfilada para sostener su convicción.

El Art. 264 del Código Penal, supra, dispone:

Toda persona que con el propósito de defraudar a otra haga, extienda, endose o entregue un cheque, giro, letra u orden para el pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario, a sabiendas de que el emisor o girador no tiene suficiente pro-visión de fondos en dicho banco o depositario para el pago total de cheque, giro, letra u orden a la presentación del mismo, ni disfruta de autorización expresa para girar en descubierto, será sancionada con multa hasta el doble del importe de dicho che-que, giro, letra u orden, pero nunca mayor de quinientos dóla-res, o reclusión de un día por cada dólar que deje de satisfacer hasta un máximo de noventa días, o ambas penas a discreción del tribunal. (Enfasis suplido.)

Por otro lado, el citado Art. 266, referente a la interpe-lación, dispone:

Ninguna persona será sancionada de acuerdo a la see. 4552 de este título a menos que se pruebe, a satisfacción del tribunal, que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente, ha avisado personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo al girador y al endosador a su última dirección conocida para que pague al tenedor, o a su agente, en la direc-ción que se indicará en el aviso, el importe del cheque, giro, letra u orden dentro de un plazo no menor de diez días, si el girador o endosador a quien se dirige el aviso residiere en la localidad del tenedor y no menor de quince días si residiere en otro municipio o fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Dicho término se computará desde la fecha del aviso al girador o endosante del cheque, giro, letra u orden no pagada. (Énfasis suplido.)

Las citadas disposiciones proceden de las Secs. 1 y 4 de la Ley Núm. 26 de 25 de abril de 1934.

Los elementos esenciales del delito tipificado por el Art. 264 del Código Penal, supra, son los siguientes:

(1) hacer, extender, endosar o entregar un cheque, giro, letra u orden de pago de dinero, a cargo de cualquier banco u otro depositario con conocimiento de que no tiene sufi-cientes fondos para el pago, y

(2) tener el propósito de defraudar.

Como señalamos en Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463, 477 (1958), estos elementos esenciales del delito deben establecerse en unión al indispensable requerimiento de pago señalado en el citado Art. 266 (Interpelación). El propósito de este requerimiento de pago es proveer un procedimiento para comprobar a posteriori, o sea, por hechos subsiguientes, cuál era la intención o el propósito que tuvo en su mente el librador de un cheque sin fondos en el mo-mento de expedirlo y entregarlo a otra persona. Pueblo v. Cuevas, 54 D.P.R. 301, 305 (1939). Tomando en cuenta que la falta de pago dentro del periodo de diez (10) días dis-puesto por el citado Art. 266 establece una presunción controvertible de que al expedirse el cheque se hizo con el pro-pósito de defraudar, y constituyendo dicho propósito “la médula del delito de expedir cheques sin fondos” (Caballero v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 689, 695 (1960)), resulta indispensable que el perjudicado por la expedición del che-que sin fondos realice tal requerimiento. Debemos tener presente que con este requerimiento se protege a aquellas personas que hayan librado un cheque creyendo de buena fe que tenían fondos suficientes para su pago. Pueblo v. Cuevas, supra.

En Valentín v. Torres, supra, pág. 479, hicimos claro que la falta de cumplimiento de esta condición precedente y jurisdiccional deja sin poder judicial alguno al tribunal para castigar a un acusado por el delito de expedir cheques sin provisión de fondos. Ahora bien, para resolver la controversia planteada es necesario determinar si la interpelación a que se refiere el Art. 266, supra, tiene que ser por escrito o puede realizarse verbalmente, como lo determinó el tribunal de instancia.

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Según lo dispuesto en el mencionado Art. 266, el tenedor del cheque tiene la opción de “avisa[r] personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo” al emisor del cheque. Además dicho aviso deberá indicar la dirección en la cual éste deberá efectuar el pago y el importe del cheque. Al interpretar este artículo, la profesora Dora Nevares-Muñiz señala que el requerimiento de pago ha de ser por escrito. A tales efectos, expresa lo siguiente:

Para efectos de probar la intención de defraudar es necesario cumplir con el procedimiento de interpelación establecido en el artículo 266. Este consiste en que el tenedor del cheque, giro, letra u orden, o su agente le avise personalmente por escrito al girador o endosador para que le pague el cheque o letra de pago dentro del término de diez días dispuestos en el artículo o de quince días si reside en otro municipio o fuera del Estado Libre Asociado. (Énfasis suplido.) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 436.

Hay que advertir que el vocablo “personalmente” no es sinónimo de “verbalmente”. Por lo tanto, tomando en cuenta el propósito del procedimiento de interpelación, el carácter jurisdiccional del mismo, y teniendo presente que en dicho aviso (ya sea personalmente o mediante carta certificada con acuse de recibo) debe indicarse el lugar del pago y el importe del mismo, resulta obvio que dicho aviso tiene que ser por escrito. Cualquier Otra interpretación resultaría contraria al propósito que persigue el requisito de interpelación dispuesto en el mencionado estatuto. Por lo tanto, resolvemos que tal requerimiento de pago tiene que ser hecho al librador mediante un aviso escrito, entregado personalmente a éste o mediante correo certificado, a su última dirección conocida, con acuse de recibo.

Los hechos del presente caso ilustran dramáticamente la sabiduría de esta exigencia cuando advertimos que el acusado-recurrente testificó que cuando trató de pagar el importe del cheque, el tenedor del mismo rehusó aceptar dicho pago y exigió una cantidad mayor. De haberse pre-sentado en evidencia copia del escrito mediante el cual se cumplió con el requisito de la interpelación, fácil hubiera resultado desvirtuar tal testimonio. La ausencia en este caso de copia del referido escrito, a la luz de toda la eviden-cia presentada en el mismo, tiende a fortalecer la versión del acusado y resta confiabilidad al testimonio del tenedor al efecto de que el primero se negó injustificadamente a pagar el importe del cheque.

IV

En vista de la conclusión a que hemos llegado, no habre-mos de extendernos demasiado en la discusión del resto del señalamiento al efecto de que el Ministerio Público no probó los demás elementos del delito. Basta con decir que a la luz de los hechos expuestos precedentemente, aún asu-miendo que se hubiera cumplido válidamente con los re-quisitos de la interpelación, el delito de expedición de che-ques sin fondo no fue establecido más allá de duda razonable y fundada.

La evidencia que tuvo ante sí el Tribunal de Distrito tiende a probar, según hemos indicado, que al aceptar el cheque del acusado, Rodríguez sabía que el no tenía fondos. Todo parece indicar que el acusado le entregó el cheque como evidencia de la deuda. En tal caso, está ausente el propósito de defraudar, el cual, según hemos dicho, constituye el elemento medular del delito. Así lo reconocimos hace más de medio siglo en Pueblo v. Cuevas, supra, págs. 306-307, cuando nos expresamos del modo siguiente:

No hubo en el presente caso intento o propósito de defraudar. El acusado al entregar el cheque al representante de su acree-dor reveló a éste el hecho de que él no tenía fondos suficientes para su pago. No se consumó ni podía consumarse fraude al-guno contra la compañía acreedora, porque ésta aceptó el che-que a sabiendas de que no había fondos en el banco para su pago y que el pago se haría cuando y si al librador le fuera posible depositar fondos para cubrirlo. La compañía acreedora no ha sufrido perjuicio alguno como consecuencia del libra-miento del cheque, pues éste fu[e] expedido para abonar a una deuda preexistente y no en pago de efectos comprados en el momento de su expedición.

Por el contrario, la evidencia que tuvo ante sí el Tribunal de Distrito tiende a establecer la inocencia del acusado y que fue éste realmente víctima del supuesto perjudicado, quien aparentemente denunció al acusado en espúrea res-puesta a la acción civil incoada por éste en su contra con el evidente propósito de disuadirle de la misma y/o de encu-brir un préstamo usurario, cuyo otorgamiento, a su vez, constituye un delito. Véase Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973 (10 L.P.R.A. see. 998).

V

Aunque reconocemos que la determinación de culpabilidad que hace el juzgador de los hechos a nivel de instancia es merecedora de gran deferencia por parte del tribunal apelativo (Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986)) y que de ordinario no intervenimos con el fallo inculpatorio de un magistrado en ausencia de pasión, prejuicio o error manifiesto en la apreciación de la prueba (Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980)), dicha determinación de culpabilidad no constituye una barrera insalvable. Pueblo v. Cabán Torres, supra. El Ministerio Público, en este caso, no ha cumplido con el requisito constitucional de probar todos los elementos del delito más allá de duda razonable. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Con el fin de probar dichos elementos del delito, el Ministerio Fiscal debe presentar prueba “ ‘que produzca certeza o convicción moral en una conciencia exenta de preocupación’ o en un ánimo no prevenido. ... Esa ‘insatisfacción’ con la prueba es lo que se conoce como ‘duda razonable y fundada’ ”. Pueblo v. Cabán Torres, supra, citado en Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 472. No hemos vacilado en dejar sin efecto un fallo condenatorio cuando el análisis ponderado de la prueba desfilada ante el foro de instancia nos ha producido, como sucede en este caso, una duda razonable y fundada sobre la culpabilidad del acusado. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974). El error señalado fue cometido.

Por los motivos antes expuestos, se dictará sentencia que revoca la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, y se absolverá libremente al acusado-peticiona-rio del delito imputado.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió voto particular y de conformidad. El Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

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Voto particular y de conformidad emitido por la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

De la evidencia documental ante nos surge que el acu-sado-peticionario Juan Somarriba García tomó prestado al Sr. Enrique Rodríguez Narváez, alegado perjudicado, la cantidad de $13,000.05. Somarriba se comprometió a de-volverle el principal y dos mil dólares ($2,000) adicionales por concepto de intereses, siendo el total acordado quince mil dólares ($15,000). El acreedor, a pesar de que estaba consciente que Somarriba no tenía fondos suficientes en su cuenta bancaria, le exigió que le entregase un cheque por la totalidad de la deuda. Somarriba se lo entregó.

Durante los meses subsiguientes, Somarriba efectuó dos (2) abonos a la deuda. El primer abono fue de tres mil dólares ($3,000), por lo cual Rodríguez le devolvió el che-que original a cambio de un nuevo cheque personal por la suma de doce mil dólares ($12,000). El segundo abono fue por la suma de cinco mil dólares ($5,0(30). Tal como ocurrió la vez anterior, el acreedor le devolvió el cheque de doce mil dólares ($12,000) que tenía en su poder a cambio de otro cheque personal de Somarriba por ocho mil dólares ($8,000). Esta suma corresponde al balance de lo adeudado y mil dólares ($1,000) adicionales sobre los cuales existe controversia entre las partes. Todos los abonos se hicieron mediante giros o cheques oficiales bancarios, cuyo pago está garantizado a su presentación.

Los tres (3) cheques personales expedidos consecutiva-mente por el peticionario no tenían fondos al momento de entregarlos a Rodríguez. Este hecho era conocido por am-bas partes.

Se suscita la controversia cuando Rodríguez decide cam-biar el cheque de ocho mil dólares ($8,000) al día siguiente de haberle sido entregado por Somarriba. Obviamente, el cheque no tenía fondos, tal y como lo sabía el acreedor. Al no poder hacer efectivo el cheque personal, Rodríguez se comunicó varias veces con el peticionario y le concedió va-rios plazos para hacer el depósito, en vista de que Soma-rriba estaba próximo a recibir una suma que le pagarían por servicios prestados a una firma japonesa. En diciembre de 1989, cuando Somarriba le comunicó a su acreedor que tenía los ocho mil dólares ($8,000) objeto de la controver-sia, Rodríguez le exigió una suma adicional porque, de lo contrario, presentaría una denuncia por cheques sin fon-dos contra él.

Así las cosas, Somarriba entabló una demanda por usura contra Rodríguez. Al ser notificado de la demanda, el señor Rodríguez presentó la denuncia por cheques sin fon-dos contra el peticionario. El Tribunal de Distrito emitió fallo condenatorio contra Somarriba, el cual fue sostenido en apelación ante el Tribunal Superior.

El acusado acude ante nos en petición de certiorari para solicitar que revoquemos el fallo.

Estoy conforme con la sabia decisión tomada hoy por este Tribunal al dictar sentencia revocatoria a la dictada por la Sala de Guayama del Tribunal Superior y absolver al acusado peticionario del delito imputado.

Sin embargo, entiendo que no podemos pasar por alto la manera censurable en que se efectuó, en este caso, toda la negociación del préstamo o los préstamos.

La prohibición de encarcelamiento por deuda

La Sec. 11 de la Carta de Derechos de la Constitución es reconocida, mayormente, porque recoge los derechos de los acusados. Sin embargo contiene, además, un derecho que se extiende también a los no acusados: “Nadie será encar-celado por deuda.” Art. II, Sec. 11 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 308. El le-gislador constituyente “decidió agrupar en esta sección dos cláusulas que prohíben castigos excesivos”, esto es, la refe-rente al encarcelamiento por deudas y la de fianzas y mul-tas excesivas. 4 Diario de Sesiones de la Convención Cons-tituyente 2571 (1951).

La cláusula antes mencionada reflejá con claridad que, en el balance de los derechos involucrados, la libertad de las personas prevalece ante consideraciones puramente económicas.

La [cláusula] que impide la encarcelación por deudas coloca la seguridad y la libertad de la persona por encima de los valores materiales, rechazando la posibilidad de que alguien pueda ser castigado en esta forma por no tener recursos con qu[é] atender sus obligaciones económicas. Diario de Sesiones, supra, pág. 2571.

Esta cláusula fue incluida en la Constitución como re-sultado de la proposición de la delegación socialista

Desde 1917, treinticinco (35) años antes de la vigencia de nuestra Constitución,"estaba ya prohibido el encarcela-miento por deudas en Puerto Rico. El Acta Jones, en su see. 2, párrafo 6, disponía: “Ninguna persona será encarcelada por deudas.” Acta Jones, 39 Stat. 951, Documentos Histó-ricos, See. 2, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 62. A su vez, este párrafo había sido copiado de la Ley Orgánica para las Islas Filipinas. Ley Pública Núm. 240 de 29 de agosto de 1916, Cap. 416, 39 Stat. 545, 546. Es el representante William Atkinson Jones quien impulsa la aprobación de ambas leyes en el Congreso.

Puerto Rico no es la única jurisdicción que prohíbe cons-titucionalmente el encarcelamiento por deuda. Hay varias constituciones estatales que también contienen la misma prohibición de manera breve y clara, como la de Vermont (“No person shall be imprisoned for debt.”). Sin embargo, hay otras jurisdicciones que incluyen excepciones limita-das a la cláusula. Por ejemplo, en Idaho y Nebraska, los casos en los que ha mediado fraude quedan exceptuados de la prohibición. Aún más, hay estados como Alaska en los cuales la cláusula constitucional no protege a los deudores que se ocultan.

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Incorporación de nuevos delitos al Código Penal

El novedoso esquema utilizado por el acreedor en el pre-sente caso, de requerir un cheque personal como meca-nismo de coacción para facilitar el cobro de una deuda y evadir la prohibición constitucional de encarcelamiento por deuda, nos lleva a analizar el proceso mediante el cual se incorporan nuevos delitos a las leyes penales. Veamos.

A través de la historia del mundo occidental, la criminalization de conductas ha sido un proceso dinámico de transformación. Conductas que en la Edad Media se consi-deraban crímenes que conllevaban castigos severos han pasado a ser ofensas menores (e.g., el adulterio). También ha ocurrido a la inversa, como en el caso del infanticidio, que fue una conducta legitimada en algunas sociedades du-rante la Edad Antigua pero luego se convirtió en un crimen severamente penalizado. Durante el siglo XV, la colabora-ción de los obreros para unirse con visos a conseguir au-mentos salariales era considerado un crimen capital mien-tras que al presente dicha colaboración se ha convertido en el ejercicio de un derecho que raya en el deber. G. De Tarde, Penal Philosophy, Nueva Jersey, Patterson Smith, 1968, págs. 403-412. Cabe señalar que los cambios de per-cepción por parte de la sociedad sobre cuáles conductas constituyen delitos no necesariamente se incorporan al mismo tiempo a las leyes penales.

Entendemos que por tratarse de una conducta novedosa todávía no se haya criminalizado la censurable práctica ejemplificada en el esquema de cobro, eje central de este caso: exigir a un deudor un cheque personal como garantía de pago, especialmente cuando se está consciente que dicho deudor no tiene fondos suficientes en su cuenta bancaria.

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Análisis del esquema de cobro

Pasemos, pues, a analizar en detalle el esquema inge-niado por el acreedor en el presente caso para utilizar las leyes penales y los recursos del Estado como mecanismos de cobro.

Antes que todo, debemos examinar si es legítima la exi-gencia del acreedor a su deudor de un cheque personal como garantía de pago, aún cuando el acreedor tenga cono-cimiento de que al momento de expedirlo no hay fondos suficientes en la cuenta bancaria para cubrir su importe. Tomamos conocimiento de que en el transcurso regular de los negocios se exigen garantías de pago con el propósito de asegurar el cobro de una acreencia. Un acreedor puede exi-gir, antes de conceder un préstamo, que su deudor le traiga un codeudor o que le expida un pagaré garantizado con hipoteca o que de alguna otra forma legítima garantice la deuda.

Ahora bien, un cheque personal girado en contra de una cuenta corriente que no tiene fondos para respaldarlo no constituye ni puede constituir una garantía legítima para el pago de la deuda. Por el contrario, un cheque expedido bajo estas circunstancias por exigencias del acreedor po-dría ser utilizado por éste de manera ilícita. Primero, le permite al acreedor mantener una presión indebida sobre el deudor para que éste le pague, bien sea bajo las mismas condiciones pactadas o bajo otras (que pueden ser más one-rosas para el deudor y hasta ilegales), siempre bajo la ame-naza de que puede denunciarlo si incumple. Queda el deu-dor, entonces, a merced de la voluntad de su acreedor. Segundo, le permite también denunciar penalmente al deudor si éste incumple su obligación y tener de esta ma-nera acceso a los procedimientos penales y recursos del Estado para cobrar una deuda civil privada.

El esquema ingeniado por el acreedor podría conside-rarse una modalidad del delito de extorsión bajo la moda-lidad de intimidación. El Art. 175 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4281, sanciona a toda persona que obligue a otra a realizar, tolerar u omitir algo, bajo circunstancias que no constituyen robo, mediante la violencia o la intimidación. Entre las formas de intimidación en extor-sión ha quedado tipificada en el Art. 176 (b) la siguiente:

La intimidación como medio de extorsión podría ser ocasio-nada, entre otras, por amenazas en cualesquiera de las siguientes formas:

b) De denunciar a dicho individuo o a algún miembro de su familia de haber cometido algún delito. (Enfasis suplido.) 33 L.P.R.A. sec. 4282(b).

Con respecto a este inciso, la profesora Dora Nevares-Muñiz nos explica:

El inciso b) cubre la situación en que el contenido de la ame-naza o intimidación consiste en que se habrá de denunciar al extorsionado o a algún miembro de su familia de haber come-tido un delito. El que sea cierto que la persona ha cometido el delito no es defensa capaz de derrotar el delito de extorsión. Pueblo v. Alvira, 69 D.P.R. 287 (1948). Cuando una persona ha cometido un delito y un ciudadano conoce tal hecho tiene la obligación de denunciarlo a las autoridades, por eso el que ello sea cierto, no exime de responsabilidad a la persona que se vale de tal hecho para obtener ilegalmente bienes o que se realice conducta determinada por parte del extorsionado. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 311.

Bajo el esquema ideado por el acreedor en el presente caso, éste podría tratar de obtener ilegalmente bienes de su deudor (como lo serían, por ejemplo, intereses usura-rios), intimidándolo con la amenaza de denunciarlo por ex-pedir cheques sin fondos.

Consideramos que el esquema utilizado por el acreedor en este caso podría constituir una modalidad del delito de extorsión por intimidación. El señor Rodríguez no sólo pre-tendió evadir la Ley de Usura, sino que utilizó los limita-dos recursos que tiene el Estado para lidiar con conducta delictiva propiamente, para cobrar una deuda de natura-leza civil privada.

El Estado desacertadamente prestó su colaboración ini-ciando un proceso criminal contra el infortunado deudor. Desafortunadamente, y a pesar de que no se configuró el delito de expedir cheques sin fondos por no haberse podido probar el elemento de intención de defraudar —ya que el acreedor tenía conocimiento de que el cheque no tenía fon-dos, véase el Art. 264 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4551— el peticionario Somarriba fue encontrado culpable por el Tribunal de Distrito. Luego, el Tribunal Superior confirmó la sentencia en apelación.

El intentar utilizar un procedimiento criminal para coaccionar a la persona sujeta a dicho proceso a que pague una deuda civil ha sido generalmente reconocido como su-ficiente para constituir un motivo o propósito impropio. Anotación, Use of Criminal Process to Collect Debt as Abuse of Process, 27 A.L.R.3d 1202 (1969).

Creemos muy apropiadas las expresiones siguientes:

“[A] criminal prosecution is intended to bring to justice a person who has committed a crime, and not to aid in the collection of a civil debt, and that arrest of a person on a misdemeanor charge with the object of forcing the payment of money is in itself a perversion of the object intended by the law.” (Enfasis suplido.) Ano-tación, supra, pág. 1207. Véase West v. Lipsitz, (1962-Pa) 58 Lane. L. Rev. 327.

       El alegado perjudicado señaló en el testimonio directo que conocía al peticio-nario hacía seis (6) años.

       De la exposición narrativa de la prueba no se desprende la fecha en que Rodríguez intentó cobrar tal cheque. Resultaría imposible creer que Rodríguez le prestara al acusado $13,000 y éste le pagara simultáneamente tal suma más $2,000 de intereses a Rodríguez, por lo que es obvio que éste sabía que dicho cheque no tenía fondos al momento de su entrega. De esta conclusión se deduce, a su vez, que el cheque fue entregado como evidencia del préstamo. Es por eso que Rodríguez no denuncia al acusado por haberle dado este cheque sin fondos.

       Es mucho más creíble la versión del recurrente que la del supuesto perjudi-cado, ya que el primero no tenía otra razón para expedir el cheque por una cantidad mayor a la adeudada.

       El señalamiento de error fue el siguiente:
      “Incurrió en error manifiesto el Tribunal Superior al concluir que es suficiente, para cumplir con la interpelación a que obliga el Artículo 266 del Código Penal, un requerimiento verbal hecho, y que el Ministerio Público probó los elementos esencia-les del delito de Insuficiencia de Fondos (Artículo 264).” Petición, pág. 2.

       Código Penal de 1937 (33 L.P.R.A. secs. 1851 y 1854).

       El Art. 267 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4554, dispone:
      La falta de pago después de dicha interpelación por parte del que ha girado, firmado, endosado o entregado dicho cheque, giro, letra u orden, se considerará prima facie como propósito de defraudar. (Enfasis suplido.)

       3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2373 (1952). Con res-pecto a esta prohibición, Don José Trías Monge narra que, aunque no existía una disposición comparable en la Constitución norteamericana, “los anteproyectos de las diversas delegaciones la incluían religiosamente entre los derechos del ciudadano y, como en otras ocasiones, se sacrificó la estética a la paz”. J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, pág. 197.

       Documentos Históricos V.S.A. Sec. 40 (1995); Const. de Idaho, Art. I, Sec. 15; Const. de Nebraska, Art. I, Sec. 20; Const. de Alaska, Art. I, Sec. 17. Para una lista más detallada de la situación en las constituciones estatales, véase Dobbs, Contempt of Court: A Survey, 56 (Núm. 2) Cornell L. Rev. 183, 270 (1971).

       En Puerto Rico la Legislatura ha incorporado nuevos delitos al Código Penal y a otras leyes especiales en ocasiones cuando han surgido nuevas conductas que son contrarias a las normas socialmente aceptadas. A manera de ejemplo, consideremos el delito de vender fraudulentamente terrenos localizados fuera de Puerto Rico. Este delito fue creado a raíz del auge en las ventas de bienes raíces en Estados Unidos, especialmente en el estado de Florida, durante la década de 1960. Ocurría que per-sonas inescrupulosas vendían terrenos a través de anuncios engañosos.
      “Ante esta situación, en varias jurisdicciones se ha aprobado legislación para proteger a las personas que desean adquirir estos terrenos. Reconociendo que es la obligación de la Asamblea Legislativa velar por el bienestar del pueblo puertorri-queño y evitar que éste sea víctima de fraudes y engaños se deben tomar en Puerto Rico aquellas medidas que sean necesarias para la protección de los intereses de nuestros ciudadanos.” Exposición de Motivos de la Ley Núm. 52 de 6 de junio de 1963, Leyes de Puerto Rico, págs. 84-85.
      Los Arts. 193 y 194 del Código Penal tipifican la conducta fraudulenta llevada a cabo en Puerto Rico con relación a la publicación de anuncios engañosos o venta fraudulenta de bienes inmuebles sitos fuera de Puerto Rico. 33 L.P.R.A. sees. 4311 y 4312.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
      In re José Salichs Martínez.

      Número: AB-90-79

      Resuelto: 23 de julio de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, en informe.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

per curiam: Como en frecuentes ocasiones, un incidente que pudo haberse resuelto pacífica y privadamente entre un abogado y su cliente ha requerido la intervención de tres (3) de los cuatro (4) foros disciplinarios creados bajo nuestro esquema de conducta profesional. Nuevamente, una acción que hubiera merecido una mera amonestación culmina en la suspensión indefinida de un abogado por la contumacia, desinterés y falta de diligencia desplegada por él. Veamos los hechos que hoy activan nuestra jurisdicción disciplinaria.

I

El 25 de octubre de 1986 Doña Carmen González Ramí-rez otorgó una escritura de compraventa ante el Ledo. José E. Salichs Martínez, quien para esa fecha era abogado de R.G. Mortgage (institución dedicada al financiamiento hi-potecario), mediante la cual adquiría un apartamento en el condominio El Duero de Hato Rey. El notario autorizante le informó a la otorgante que “los trámites de registrar la propiedad se tardarían alrededor de 2 meses”, y que “tan pronto todo estuviera listo se comunicaría” con ella. Decla-ración Jurada de 13 de diciembre de 1990. Del expediente surge que la señora González y los vendedores pagaron úna suma de dinero el día del otorgamiento, pero no se desprende en qué concepto fueron hechos los pagos.

El licenciado Salichs no presentó la escritura en el Re-gistro de la Propiedad en aquel momento. Después de múl-tiples llamadas al licenciado Salichs y ante la situación de que dos (2) años después del otorgamiento la escritura no había sido presentada en el Registro de la Propiedad, la señora González le cursó una carta solicitándole que se comunicara con ella dentro de los siguientes cinco (5) días. No recibió noticia del licenciado Salichs.

Con suma dificultad, doña Carmen se entera de que el licenciado Salichs ya no trabajaba en R.G. Mortgage y que se había mudado a otra oficina en Bayamón. Allí logró lo-calizarlo y, al requerirle una explicación, el licenciado Sa-lichs le contestó que como se había mudado no sabía dónde estaba la escritura porque aún tenía casos en cajas y que, inclusive, existía la posibilidad de que la copia de la escri-tura estuviera en su casa. Según la señora González, Sali-chs se comunicaría con ella cuando la localizara. Nunca lo hizo y cambió nuevamente de trabajo sin notificarlo a su dienta.

Ante esta situación, la señora González se comunicó, mediante carta, con la Comisión de Ética del Colegio de Abogados. En su misiva explicaba a la Comisión las difi-cultades que estaba teniendo en lograr comunicación con Salichs y, además, que éste tres (3) años después de la compraventa no había presentado la escritura en el Regis-tro de la Propiedad a pesar de haberse comprometido a ello. Esta comunicación ocurrió en noviembre de 1989, o sea, un (1) año después de haberse dirigido por carta al licenciado Salichs.

Poco tiempo después, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados le cursó una carta al licenciado Salichs que recogía lo alegado por la señora González, quien reconocía que “la situación planteada es una que puede resolverse sin necesidad de llegar a la radicación formal de una querella”. Carta de 14 de noviembre de 1989. Concedía al licenciado diez (10) días para contestar. El abogado no contestó.

La Comisión de Etica del Colegio de Abogados procedió, entonces, a orientar a la señora González en cuanto a la presentación de una querella. El 27 de marzo de 1990 Doña Carmen González Ramírez presentó una queja formal ante el Colegio de Abogados fundamentada en los he-chos antes narrados. La Comisión de Ética del Colegio de Abogados procedió, posteriormente, a citar al licenciado Salichs a vista. Sin embargo, el querellado no compareció ni tampoco ofreció una explicación para su incomparecencia.

El Colegio de Abogados emitió entonces una resolución en la cual amonestaba al licenciado Salichs por no ofrecer contestación a la querella que contra él se había presen-tado y advirtió al querellado que este Tribunal ha dis-puesto que no atender los reclamos de los foros disciplina-rios puede constituir de por sí una violación a los cánones de ética profesional. Además, lo encontró incurso en viola-ción al Canon 18 del Código de Ética Profesional y ordenó la preparación del informe de la Comisión para que fuera elevado a este Tribunal. El licenciado Salichs ni se inmutó.

Ante esta situación, la señora González acudió a la Se: cretaría de este Tribunal y presentó una declaración ju-rada de la cual se desprendían todos los acontecimientos narrados previamente. Al licenciado Salichs le fue conce-dido término para contestar las imputaciones de la señora González. En esta ocasión el letrado respondió. Adujo que nunca fue informado de los procedimientos disciplinarios que se llevaron a cabo en el Colegio de Abogados y que por ello no había comparecido a los mismos.

En cuanto a los méritos de la querella, alegó que la co-pia certificada de la escritura estaba en el Tribunal por haberse necesitado para un procedimiento de autorización judicial y que en la Secretaría del Centro Judicial de San Juan se negaban a entregársela. Adujo, además, que él le había propuesto a la señora González que se expidiera otra copia certificada con el pago de los correspondientes aran-celes y que fuese esta segunda copia la que se presentara en el Registro de la Propiedad. Finalmente, expresó que podría “complacer los requerimientos de la señora González Ramírez” pero que necesitaría treinta (30) días para hacer la diligencia. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 1.

A la luz de la comunicación y las alegaciones del licen-ciado Salichs, emitimos una resolución en la cual le conce-dimos a la señora González Ramírez quince (15) días para que expresara sus comentarios en cuanto a lo alegado por Salichs y para que informara si ella había pagado al licen-ciado los aranceles de inscripción. La contestación de doña Carmen no se hizo esperar. Adujo que las comunicaciones enviadas a él sobre los procedimientos en el Colegio de Abogados fueron con acuse de recibo y que, efectivamente, ella había pagado por la inscripción de la transacción en el Registro de la Propiedad.

Tomando en consideración las inconsistencias entre las versiones ofrecidas por las partes, ordenamos al Procura-dor General una investigación, informe y recomendación sobre el asunto. En ese procedimiento ocurrió un incidente que constituye la máxima expresión de indiferencia y con-ducta irresponsable del licenciado Salichs Martínez.

El día que se tomó la declaración jurada al licenciado en la Oficina del Procurador General, el abogado prometió que durante esa misma semana presentaría la escritura en el Registro de la Propiedad y que suministraría los boletos de presentación como prueba de que la gestión se había realizado. Para sorpresa de los funcionarios de dicha ofi-cina, Salichs Martínez dejó la escritura que genera esta controversia en la oficina de la Procuradora General Auxiliar. El licenciado Salichs no se comunicó ni una sola vez con el Procurador General (a pesar de que de allí ha-bían tratado de comunicarse con él) para demostrar un es-fuerzo de buena fe para finalmente lograr la inscripción de la escritura. Mediante moción a esos efectos, la Procura-dora General Auxiliar nos puso sobre aviso de ese acontecimiento.

Increíblemente no es sino hasta el 26 de agosto de 1991 que finalmente Salichs Martínez presenta la escritura en el Registro de la Propiedad y el 31 del mismo mes se lo comunica a la Procuradora General Auxiliar.

Después del informe de dicha oficina, que concluía que Salichs había violado los Cánones 18 y 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, mediante resolución reprobamos la conducta del abogado y le apercibimos de que futuras actuaciones análogas conllevarían sanciones disciplinarias más severas. Sin embargo, esta resolución no puso fin al patrón de desinterés e irresponsabilidad del licenciado Salichs.

Mediante comunicación escrita, la señora González Ra-mírez nos informó que el Registrador de la Propiedad ha-bía notificado defecto al licenciado Salichs y que, por éste haber permitido que expirara el término concedido para corregirlo, su asiento de presentación había caducado y los derechos pagados habían sido cancelados. La querellante solicitó nuevamente la intervención de este Tribunal “para que obligue al licenciado Salichs a cumplir con su respon-sabilidad y se le sancione como es debido por su conducta”. Carta de 22 de enero de 1992. En vista de esta comunica-ción, concedimos término al letrado para corregir los defec-tos señalados y para que nuevamente nos mostrara causa por la cual no debíamos disciplinarlo severamente. Dicha resolución fue recibida personalmente por el licenciado Sa-lichs Martínez el 19 de febrero de 1992 y, según su estilo acostumbrado, no ha contestado. Procede su suspensión in-definida del ejercicio de la abogacía.

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La conducta impropia exhibida por el licenciado Salichs se manifiesta de varias maneras. No las discutiremos todas puesto que su desobediencia a los requerimientos del Pro-curador General y a los de este Tribunal, añadido al hecho de que retuvo el arancel de inscripción de la compraventa y aún no ha satisfecho la obligación que asumió de inscri-birla, justifican su suspensión indefinida de la práctica de la abogacía. Véanse: In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490 (1991); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

Atendamos, en primera instancia, el incumplimiento del compromiso que hiciera el licenciado Salichs de presen-tar la escritura de compraventa en el Registro de la Pro-piedad y la retención de la cuantía.

La Ley Notarial de Puerto Rico no impone al notario autorizante el deber de presentar para su inscripción las escrituras que ante él se otorguen. Sin embargo, cuando el notario se obliga a hacer la diligencia y recibe la cuantía correspondiente a los aranceles regístrales tiene el deber de actuar diligentemente y conforme al citado Canon 18 del Código de Ética Profesional que requiere “del abo-gado defender los intereses del cliente diligentemente, des-plegando en cada caso su más profundo saber y habilidad ...”. La conducta del licenciado Salichs se aparta diame-tralmente de la norma delineada anteriormente. Su situa-ción se agrava por el hecho de que aceptó y depositó en su cuenta personal los dineros correspondientes al arancel re-gistral y no realizó la gestión encomendada dentro de un término razonable y a cabalidad.

En In re Díaz García, 104 D.P.R. 604, 608 (1976), al enfrentarnos a una situación de hechos donde el notario, entre otras faltas, se había comprometido a inscribir una escritura en el Registro de la Propiedad y omitió hacerlo a pesar de haber cobrado la cuantía correspondiente a los sellos de Rentas Internas, establecimos que:

Constituye conducta inmoral, ilegal e impropia —contraria a los principios expuestos en el Código de Etica Profesional— las actuaciones incurridas por el querellado consistentes en haber ... omitido inscribir una escritura en el Registro de la Propie-dad no obstante haber cobrado el importe correspondiente a los sellos de Rentas Internas .... Además, tal conducta afecta ad-versamente la reputación de la noble profesión de abogado que debemos mantener ante la sociedad, poniendo en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios mayores a los cuales ha contri-buido históricamente.

Con su irresponsable conducta, el licenciado Salichs ha incumplido, además, otra disposición legal. El no atender los señalamientos del Hon. Registrador de la Propiedad en cuanto a los documentos que hacían falta y dejar que el asiento caducara, no sólo corrobora su ya acostumbrado estilo de menosprecio a los requerimientos y necesidades de su dienta y a los apercibimientos de este Foro, sino que es contrario al Art. 63 de nuestra Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2266. El mismo dispone que el notario que cometa alguna omisión que le impida el acceso al Registro a un documento lo “sub-sanará prontamente, al ser requerido, extendiendo a su costo un nuevo documento, si fuese posible e indemnizando en todo caso a los interesados de los perjuicios que les oca-sionen su falta”. 30 L.P.R.A. see. 2266. Véase P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 43.

Entendemos, además, que haber cobrado los aranceles regístrales sin llevar a cabo la gestión a la cual se obligó resulta altamente censurable. Recordemos que en In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812, 813 (1984), establecimos en cuanto a la práctica de no cancelar los sellos de Rentas Internas en el momento de la autorización y otorgación del documento, no obstante el cliente haber satisfecho el importe de la misma, que esto “podría inclusive resultar en la configuración de un delito de apropiación ilegal”. Véase, además, In re Colón Muñoz, 131 D.P.R. 121 (1992). Igual razonamiento es de aplicación en el caso en que un notario se obliga a presentar para su inscripción una escritura en el Registro de la Propiedad y recibe de su cliente el importe de los derechos de inscripción y luego no la presenta oportunamente, pero retiene los fondos adelantados. Al no realizar completamente la gestión encomendada dentro de un término razonable, el Ledo. José Salichs ha incurrido en esta deplorable falta ética y merece una sanción severa.

IV

Además de esta conducta, el licenciado Salichs se ha negado a cumplir con nuestra Resolución de 14 de febrero de 1992 mediante la cual le concedimos un término para corregir los defectos notificados por el Registrador de la Propiedad y le ordenamos que nos mostrara la causa por la cual no debía ser disciplinado severamente, a pesar de haber sido notificado de la misma personalmente. Esta conducta exhibida por múltiples miembros de la profesión legal, a pesar de haber sido objeto de severas sanciones, no nos sorprende. “Con demasiada frecuencia innumerables miembros de la profesión arriesgan sus títulos con la acti-tud de dejadez y desidia que demuestran.” In re Colón Torres, supra, pág. 494. Este desinterés y falta de respeto por los pronunciamientos de este Tribunal denota, además del historial previo del licenciado Salichs, una actitud que no tiene cabida en la profesión legal puertorriqueña. Su con-ducta lo hace inmerecedor de pertencer, al menos por un tiempo, a la clase togada de. este país. Cuando se tras-ciende de la esfera disciplinaria, por el incumplimiento de las obligaciones asumidas frente al cliente, a una conducta que refleja ausencia total del respeto que el Canon 9 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, requiere de todo abogado ante los tribunales, no podemos ser lenientes sino exigentes. El deber que impone el citado Canon 9 in-cluye el estricto cumplimiento de las órdenes y resolucio-nes de este Tribunal, sobre todo, en lo concerniente a nues-tra jurisdicción disciplinaria. In re Rosa Batista, 122 D.P.R. 485 (1988).

El licenciado Salichs Martínez se ha caracterizado por un persistente incumplimiento de nuestras órdenes y las de la oficina del Procurador General en absoluto menospre-cio de su deber de respetar las mismas. Ello ha ocurrido, tanto en relación con la queja presentada por la señora González como en ló relativo a su gestión como abogado y notario. Enfatizamos y reafirmamos que no estamos en dis-posición de tolerar conducta de esa naturaleza.

Por último, procede que señalemos que esta suspensión pudo haber sido evitada. Los tres (3) foros disciplinarios que intervinieron en este proceso, e incluso la propia cliente, dieron amplias oportunidades al licenciado Salichs para realizar la gestión que se comprometió a llevar a cabo. Resulta increíble, y a la vez triste, que una encomienda tan sencilla como es presentar un documento en el Registro de la Propiedad culmine en el desaforo indefinido de un abogado. Sin embargo, en vista de la actitud del licenciado Salichs y de la necesidad de que no se burle la autoridad de este Tribunal, no hay curso decisorio alterno.

Se decreta la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía del Ledo. José Salichs Martínez y se ordena al señor Alguacil General de este Tribunal que se incaute de su obra notarial.

       Procede señalar en este momento que el licenciado Salichs cuenta con un historial que dista mucho de ser ejemplarizante. Sólo tres (3) años después de haber sido admitido al ejercicio de la notaría comenzó a demostrar no únicamente deficien-cias en su obra, sino actitudes indiferentes hacia las solicitudes del Director de la Oficina de Inspección de Notarías. En 1978 se le impuso una multa de cien (100) dólares por su negligencia como notario; en innumerables ocasiones se le concedió término para cumplir resoluciones bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias como notario y como abogado; en octubre de 1986 fue suspendido del ejercicio de la notaría por no satisfacer la fianza notarial, y su suspensión como abogado fue soli-citada por el Colegio de Abogados por no haber satisfecho su cuota de colegiación.
      Posteriormente, fue reinstalado al ejercicio de la notaría y el Colegio de Aboga-dos desistió de la suspensión por éste haber pagado la deuda que tenía con la institución. Fue suspendido nuevamente del ejercicio de la notaría por una conducta sumamente similar a la de autos. Posteriormente, fue reinstalado por haber cum-plido con las órdenes de este Tribunal y por haber expresado la querellante su inte-rés en que se archivara la queja.


author: per curiam:

text:
      In re Salvador Ribas Dominicci, Ernestina Rodríguez Rodríguez, Jorge E. Castro Jiménez, Enrique Pesquera Cobián, Juan E. Náter Santana y José Antonio García Ortiz.

      Números: MC-89-39
    MC-88-40

      Resueltos: 31 de agosto de 1992

      Nora L. Rodríguez Matías, Carmen I. Navas, Elizabeth Alvarez de Barbosa, Carmen Cintrón Ferrer, Evelyn Benvenutti Toro, Israel Pacheco Acevedo, José Aníbal Ortiz hozada, del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   per curiam:

Hoy decretamos la suspensión indefinida de varios abogados notarios que adeudan el pago de la prima por concepto de fianza notarial y que han ignorado nues-tros requerimientos en relación con el pago de la misma. Tomando en consideración el craso incumplimiento con la disposición de la Ley Notarial de Puerto Rico que le re-quiere una fianza a todo notario practicante y la rutinaria norma de que hacer caso omiso a las resoluciones de este Tribunal trae consigo sanciones disciplinarias severas, se decreta la suspensión indefinida del ejercicio de la aboga-cía y de la notaría a los abogados notarios siguientes:

Salvador Ribas Dominicci

Ernestina Rodríguez Rodríguez

Jorge E. Castro Jiménez

Enrique Pesquera Cobián

Juan E. Náter Santana

José Antonio García Ortiz .

Veamos los hechos y el trámite procesal que justifican estas suspensiones.

HH

Mediante una serie de mociones informativas, el Colegio de Abogados de Puerto Rico (en adelante Colegio) nos puso sobre aviso de que las primas de fianza notarial de una infinidad de notarios se encontraban al descubierto porque no habían sido satisfechas por los notarios fiados. Las re-feridas mociones fueron notificadas a los abogados notarios concernidos.

Muchos de los abogados a quienes se les notificó la defi-ciencia en el pago de la prima de la fianza notarial satisfi-cieron la deuda inmediatamente. Según los notarios cum-plían con lo requerido para renovar la fianza notarial, fuimos notificados por el Colegio, mediante varias mocio-nes informativas, de los nombres de los notarios y de las fechas en que habían cumplido. Sin embargo, un gran nú-mero de notarios nada hicieron ante este esfuerzo inicial del Colegio por lograr el pago de las fianzas antes aludidas.

Por ser tan dinámica y cambiante la composición del grupo de notarios incumplidores, el 3 de junio de 1992 con-cedimos diez (10) días al Colegio para que compareciera por escrito y nos informara “si la lista de notarios que a continuación [detallamos] es una correcta y completa de quienes no han cumplido con su obligación de ley de pagar su fianza notarial”.

Poco tiempo después, el Colegio compareció mediante moción informativa, nos certificó cuáles eran los notarios que, en efecto, no habían pagado, añadió el nombre de un abogado que omitimos en la lista y nos informó que cuatro (4) de los abogados enumerados habían pagado. Sin embargo, el Colegio nos informó que los pagos fueron devuel-tos por tratarse de notarios que tenían más de dos (2) años de atraso y que, por lo tanto, la Junta Administrativa del Fondo de Fianza Notarial requería:

1. Una declaración jurada expresando si tiene queja o quere-lla pendiente ante los organismos que regulan la conducta pro-fesional del abogado.
2. Que la Oficina de inspección de notarios acredite si la obra notarial de dichos notarios tiene deficiencias en el período al descubierto.

Una vez aclarado por el Colegio (mediante varias mocio-nes informativas) cuáles eran los notarios que al 19 de ju-nio de 1992 no habían pagado su fianza notarial, en esa fecha emitimos una resolución concediéndole veinte (20) días para que acreditaran su cumplimiento con la obliga-ción impuesta por la Ley Notarial de Puerto Rico. Simul-táneamente, requerimos de éstos que mostraran causa por la cual no debían ser suspendidos del ejercicio de la notaría y les apercibimos que su incumplimiento con la resolución emitida conllevaría la suspensión automática del ejercicio de la notaría, y posibles sanciones disciplinarias adiciona-les, a la luz de nuestros pronunciamientos en In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984).

Después de dicha resolución, el Colegio compareció nue-vámente mediante Moción Informativa para ponernos al tanto del desarrollo acaecido después de nuestra Resolu-ción de 19 de junio de 1992. Según dicho escrito, veinti-cinco (25) de los sesenta y tres (63) abogados apercibidos habían comenzado a realizar gestiones para cumplir con los requisitos establecidos por la Junta de Fianza Notarial y catorce (14) de ellos habían cumplido cabalmente. Los restantes veinticuatro (24) abogados nada habían hecho, pero dos (2) de ellos se encontraban en trámites de renun-ciar a la notaría.

Con esta información, el 17 de julio de 1992 emitimos una segunda resolución. En ésta, le concedimos un término final e improrrogable de diez (10) días a los notarios que no habían realizado trámite alguno en el pago de sus primas y en relación con nuestra resolución anterior. Esta vez, le apercibimos que su incumplimiento con los términos de esta última resolución conllevaría la suspensión automá-tica del ejercicio de la abogacía. In re Pagán Ayala, supra. Ordenamos su notificación personal a través de la Oficina del Alguacil General.

Una vez recibieron esta notificación, casi todos los nota-rios pagaron su deuda por concepto de fianza notarial y comparecieron ante esta Curia en cumplimiento con nues-tras resoluciones. No obstante, un grupo pequeño de abo-gados no ha contestado nuestros requerimientos.

J-H HH

El requisito de fianza notarial emana de la Ley Notarial de Puerto Rico. Esta dispone en su Art. 7 (4 L.P.R.A. sec. 2011) que:

Ninguna persona autorizada para practicar la profesión notarial en Puerto Rico podrá ejercerla sin tener prestada y vi-gente una fianza por una suma no menor de quince mil (15,000) dólares para responder del buen desempeño de las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que por acción u omisión cause en el ejercicio de su ministerio.

El referido requisito de fianza notarial es de antiquísima estirpe en Puerto Rico. Aun en la época en que los notarios eran nombrados por el Rey de España y se les requería ser de estado seglar, haber cumplido los veinticinco (25) años de edad y ser de buenas costumbres, la fianza era un requisito para el ejercicio del notariado. Posteriormente, con la aprobación de la Ley Notarial de 8 de marzo de 1906, la cual compendiaba el derecho notarial vigente en Puerto Rico y Cuba en aquel momento, el requisito quedó inalterado. Véanse: P. Malavet Vega, El Notariado Puertorriqueño, ponencia ofrecida en la II Jornada Notarial de Norte, Centroamérica y el Caribe, 1985, pág. 32; Pueblo v. Central Cambalache, 62 D.P.R. 553 (1943).

Igual ocurrió con la siguiente legislación notarial en Puerto Rico. La See. 2 de la Ley Notarial de 1956, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. ant. see. 1002), derogada por nuestra actual ley notarial, disponía para una fianza de dos mil quinientos dólares ($2,500). Sin embargo, y parcialmente como consecuencia de una Resolución donde manifestamos que “compartimos la preocupación de que la cuantía de $2, 500 exigida en la actualidad es insuficiente”, la Asamblea Legislativa aumentó mediante la Ley Núm. 118 de 12 de julio de 1986 a quince mil dólares ($15,000) la fianza que debía prestar un notario para garantizar el buen desempeño de sus funciones en vista de que la anterior cantidad, o sea dos mil quinientos dólares ($2,500), había sido la exigida durante los últimos ochenta (80) años.

Mediante la aprobación de la vigente legislación notarial el 2 de julio de 1987, se mantuvo vigente tanto el requisito de fianza notarial como la nueva cantidad establecida en 1986. Esta provee varios mecanismos alternos para el afianzamiento. La fianza puede ser hipotecaria, prestada por una compañía de seguros o por el Colegio. De ser la fianza provista por el Colegio, las primas pagadas a dicha institución pasarán a formar parte del Fondo Especial de Fianza Notarial cuyas funciones y propósitos están regulados por la propia Ley Notarial de Puerto Rico en su Art. 79 (4 L.P.R.A. sec. 2141). De ser hipotecaria la fianza obtenida por el notario, la misma tendrá que cumplir estrictamente con lo establecido por este Tribunal en fianzas hipotecarias para garantizar el buen desempeño de las funciones notariales y de los daños y perjuicios que por acción u omisión se causen en el ejercicio ministerial de la notaría (Resolución de 2 de junio de 1988) y deberá, además, contar con nuestra aprobación. In re Fianzas Hipotecarias, 121 D.P.R. 534 (1988).

El propósito de la fianza notarial y su importancia resultan evidentes: responde por los daños y perjuicios que cause un notario en sus funciones o por el incumplimiento de sus deberes ministeriales como la cancelación de sellos. No obstante estar limitada a quince mil dólares ($15,000) la cuantía de la fianza, las personas afectadas podrán reclamar una suma mayor, si los daños fuesen mayores. Bajo ninguna circunstancia queda menoscabado el derecho de una parte afectada por la negligencia o incompetencia de un notario a reclamar por una suma que exceda los quince mil dólares ($15,000) garantizados mediante la fianza. Véanse: P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 30; Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico, supra.

Esta fianza responde preferentemente por los sellos de rentas internas o notariales y por los gastos necesarios para proteger el Protocolo del notario. Cabe señalar que si por alguna razón parte de la fianza es adjudicada en una reclamación, el notario no podrá continuar ejerciendo la profesión hasta que restituya la porción de la fianza que se ha deducido.

III

Como en múltiples instancias del notariado puertorri-queño, el incumplimiento de la obligación de pagar las pri-mas de la fianza notarial ha requerido la intervención dis-ciplinaria de este Tribunal. A modo de ejemplo, la conducta del licenciado Pagani en In re Pagani Rodríguez, 109 D.P.R. 831 (1980), mereció que lo colocáramos “en el um-bral de la incapacidad para actuar en tan delicado y pun-tilloso ministerio” especialmente por su obstinado incum-plimiento con el requisito de fianza notarial.

Los abogados que se cruzan de brazos ante los requeri-mientos de este Tribunal para que comparezcan a explicar por qué no han renovado su fianza notarial, han sido sus-pendidos indefinidamente del ejercicio del notariado y de la abogacía. La trillada regla que ha utilizado este Tribunal en decenas de casos a los efectos de que merece ser suspen-dido un abogado que inexplicablemente se niega a atender los requerimientos de este Tribunal en su esfera discipli-naria, ha sido aplicada a casos (como el de autos) que tie-nen su origen en el incumplimiento de la obligación de pa-gar la fianza notarial. Véase, a modo de ejemplo, In re Montalvo Cruz, 118 D.P.R. 104 (1986).

La razón para que esta norma sea extensiva a situaciones donde la fianza notarial de un notario practi-cante está sin pagar es evidente. Un notario que no cuenta con la protección que ofrece la fianza constituye un peligro, no sólo para el tráfico jurídico de los bienes inmuebles sino para las personas que a diario utilizan sus servicios en Puerto Rico. Además, el no hacer gestiones para renovar la fianza notarial constituye una falta de respeto a este Foro. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171 (1975).

Este Tribunal será estricto con los notarios que después de ser oportunamente notificados de su deficiencia en la fianza, hacen caso omiso a nuestras resoluciones. No esta-mos en disposición de tolerar esta clase de actitud por parte de los miembros de la profesión y en particular la de los notarios irresponsables que se niegan a reconocer la importancia de la fianza notarial.

IV

Por razones que no alcanzamos comprender, ninguno de los notarios de epígrafe ha comparecido formalmente a mostrarnos causa para justificar la ausencia de pagos de la prima de la fianza. Hemos concedido amplias oportuni-dades a estos letrados para comparecer ante esta Curia y no lo han hecho. No existe curso decisorio alterno. La se-riedad de la conducta de los abogados que hoy suspende-mos denota una severa indiferencia hacia la autoridad dis-ciplinaria de este Foro y es evidencia de una actitud de total menosprecio al cumplimiento de los requisitos que impone pertenecer al notariado puertorriqueño. Simultá-neamente, advertimos a los notarios que en el futuro este Tribunal implantará estrictamente las disposiciones del or-denamiento notarial, particularmente en lo referente al re-quisito de fianza notarial. Cualquier letrado que no re-nueve diligentemente la fianza notarial con el Colegio u otra compañía de seguro, se arriesga a que, con carácter inmediato, se suspenda del notariado.

Por los fundamentos previos, se decreta la suspensión indefinida del ejercicio de la abogacía a los licenciados Salvador Ribas Dominicci, Ernestina Rodríguez Rodríguez, Jorge E. Castro Jiménez, Enrique Pesquera Cobián, Juan E. Náter Santana y José Antonio García Ortiz hasta tanto acrediten su disposición de cumplir rigurosamente con nuestras órdenes y con la Ley Notarial de 1987, y el Tribunal disponga lo que proceda en derecho. Se ordena al Al-guacil General que con carácter prioritario se incaute de la obra notarial de estos abogados.

       Cabe señalar que dicha resolución se refería a todos los notarios que tenían su fianza notarial al descubierto. Se incluyeron tanto los del recurso MC-88-40 como los del MC-89-39.

       Según la Regla 8(j) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A: “Todo abogado notificará al Secretario todo cambio en su dirección postal.” Las dificultades enfrentadas por el señor Alguacil General para localizar a estos abogados es indicativo de que esta regla no es cumplida estrictamente. Es necesario que todo abogado dé fiel cumplimiento a la misma, puesto que es indispensable que este Tribunal pueda localizarle cuando sea necesario, sin tener que hacer una peregrinación que consume tiempo, energías y recursos humanos.

       Dicha ley creó, además, un fondo especial por concepto de fianza notarial de las cantidades que recaude el Colegio de Abogados por la prestación de esa garantía. Dicho concepto fue recogido por la nueva legislación notarial de 1987.

       En el caso particular del Ledo. Jorge E. Castro Jiménez, el 28 de julio de 1992 el Colegio de Abogados nos informó que el notario pagó la deuda por concepto de fianza notarial. No obstante, el licenciado Castro Jiménez no ha comparecido ante este Tribunal para explicar su incumplimiento con el ordenamiento notarial.
      En lo referente al Ledo. Juan E. Náter Santana, éste compareció el 13 de julio de 1992 y se comprometió a poner al día su fianza notarial. Sin embargo, hasta la fecha no ha cumplido con este compromiso.
      Finalmente, en cuanto al Ledo. José Antonio García Ortiz, éste sometió una moción el 25 de agosto de 1992 en la que informó que presentó sus excusas ante el Colegio de Abogados de Puerto Rico. No obstante, en su comparecencia ante este Tribunal el abogado no explica su incumplimiento con la Resolución de 17 de julio de 1992.


text:
      In re José A. Clavell Ruiz, querellado.

      Número: O-83-826

      Resuelto: 4 de septiembre de 1992

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procu-radora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Aso-ciado; José A. Clavell, pro se.

   per curiam:

A raíz de los procedimientos que se llevaban a cabo en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en relación con la herencia de la Sra. Isabel Luberza Oppenheimer, mejor conocida como “Isabel la Negra”, la Oficina de la Ad-ministración de los Tribunales realizó una investigación y sometió un informe a este Tribunal sobre la conducta pro-fesional del Hon. Juez Carlos D. Bonaparte y los abogados Alfredo Mora, José A. Clavell Ruiz y José A. Cangiano.

El licenciado Clavell Ruiz representaba a algunos miembros de la sucesión Luberza Oppenheimer que im-pugnaban la capacidad de heredero testamentario del Sr. Manuel Morales, quien fuera hijo de crianza de Doña Isabel. Por su parte, el licenciado Cangiano fungía como Administrador Judicial del caudal relicto, mientras que el Ledo. Alfredo Mora era el abogado del Sr. Manuel Morales.

Mediante Resolución de 22 de octubre de 1981 referimos el caso a la Oficina del Procurador General para que rein-vestigara los hechos y rindiera otro informe con las reco-mendaciones procedentes. El 22 de diciembre de 1983 el Procurador General presentó una querella contra el licen-ciado Clavell Ruiz en la que le formuló cinco (5) cargos por conducta antiética durante la tramitación del caso de la herencia de Doña Isabel Luberza en el Tribunal Superior, Sala de Ponce. Posteriormente, designamos al Ledo. Manuel J. Vera Mercado como Comisionado Especial para que oyera y recibiera la prueba.

Luego de celebradas varias vistas de las que se ausentó el querellado, a excepción de una, el 25 de noviembre de 1985 el Comisionado Especial sometió su informe. Procede-mos a examinar las conclusiones de hecho a que llegó el Comisionado Especial con respecto a cada cargo formulado por el Procurador General.

Informe del Comisionado Especial

A. Primer cargo

En el primer cargo, el Procurador General alega que “[e]l Ledo. José A. Clavell actuó en forma ilegal, inmoral y antiética, cuando en unión y/o de común acuerdo con sus representados o clientes intoxicó de alcohol al heredero tes-tamentario, Sr. Manuel Morales, ebrio habitual, inducién-dolo a firmar un documento cuyo propósito era renunciar la herencia, a la cual tenía derecho. Dicha conducta refleja una indebida intervención con una parte, en un caso, vio-lando con su conducta el Canon 5, 8,18 y 28 de los de Etica Profesional”.

En torno a este primer cargo concluyó el Comisionado Especial que el 9 de octubre de 1975, a eso de las 8:00 de la noche, se acercaron al Ledo. Luis R. Cordero González cuando éste salía de su oficina, el licenciado Clavell Ruiz, el Sr. José Luberza, cliente del querellado en el caso antes mencionado, y el Sr. Manuel Morales, heredero impugnado. Estos se aproximaron al licenciado Cordero, unos con los brazos sobre los hombros del otro, en medio de los cuales se encontraba el señor Morales. Este aparentaba estar en estado de embriaguez, pues lucía desaliñado, al tiempo que miraba y hablaba incoherentemente.

El querellado le pidió al licenciado Cordero que le to-mara una declaración jurada al señor Morales, el cual se proponía renunciar a su herencia. Cordero González se negó aduciendo que el estado en el que se encontraba el heredero no era el apropiado para este tipo de renuncia. Al mismo tiempo enfatizó el hecho de que el señor Morales estaba representado por otros abogados en el caso, por lo que sería antiético de su parte acceder a tal pedido. Ante la insistencia del querellado, el licenciado Cordero se marchó del lugar.

Al día siguiente el señor Morales se presentó en el Tribunal Superior con un documento escrito a maquinilla, en papel legal y con el formato y terminología de un docu-mento legal, en el cual renunciaba a su herencia en favor de los representados por el querellado. Según atestó el Hon. Juez Carlos D. Bonaparte, quien tuvo ocasión de en-contrarse con el señor Morales en el tribunal, éste parecía estar en estado de embriaguez. Esta renuncia fue poste-riormente revocada por el tribunal a petición del propio heredero y del administrador judicial de la herencia, Ledo. José A. Cangiano, por el fundamento de que la misma no fue hecha libre y voluntariamente. El heredero alegó haber sido embriagado y amenazado por el licenciado Clavell Ruiz, situación ante la cual se vio precisado a efectuar la renuncia.

B. Segundo cargo

El segundo cargo imputa que “[l]a conducta descrita en el cargo primero también acusa conducta antiética e inmo-ral por parte del Ledo. Clavell Ruiz al inmiscuirse impro-piamente en la gestión profesional de otro abogado -él; o los representantes legales del Sr. Manuel Morales violando por tanto el Canon 27 de los de Etica Profesional con dicha actuación”.

En cuanto a este segundo cargo, el Comisionado Especial determinó que el licenciado Clavell Ruiz, a sabiendas de que el señor Morales estaba representado legalmente por el Ledo. Alfredo Mora, intervino con él cuando le tomó una declaración jurada en la que se hacían graves imputa-ciones a la administración de los bienes del caudal hereditario.

C. Tercer cargo

También se le imputa al licenciado Clavell Ruiz haber actuado “[e]n forma antiética ilegal, inmoral y altamente repudiable a través de todos los procedimientos relaciona-dos con la herencia de Isabel Luberza Oppenheimer alias Isabel “La Negra”, cuando a través de los mismos, se de-dicó a atacar injustificadamente tanto a los abogados de la parte adversa como a todos los jueces que intervinieron en el caso. Dicha conducta acusa violación al canon 9, y 29 de los de Etica Profesional”.

En lo que toca a este tercer cargo, el Comisionado Especial concluyó, en síntesis, que el querellado hizo imputacio-nes y ataques á varios funcionarios que participaron en los procedimientos del referido caso. Puntualizó el Comisio-nado que frecuentemente el querellado insistía vehemen-temente en sus planteamientos ante el tribunal, cuando los mismos no eran atendidos con la premura que él estimaba procedente. Asimismo, el licenciado Clavell Ruiz solicitó y obtuvo la inhibición de todos los Jueces Superiores, Sala de Ponce, y solicitó el traslado del caso a San Juan.

D. Cuarto cargo

En el cuarto caso alega el Procurador General que “[e]l. licenciado Clavell Ruiz violó el canon 13 de los de Etica Profesional al recurrir a diferentes foros a radicar quere-llas y/o solicitar y promover investigaciones inmeritorias, relacionadas con personas que en una u otra capacidad participaban en el caso que nos ocupa, obstaculizando con dicha conducta la debida administración de la justicia”.

Se concluye en el cuarto cargo que el querellado, a nom-bre de sus representados, se comunicó mediante carta con el entonces Secretario de Justicia, Hon. Miguel Giménez Muñoz, solicitándole la reapertura del caso del asesinato de doña Isabel. Imputó en dicha misiva que la investiga-ción practicada por el Fiscal que investigó estos hechos fue negligente y parcializada. Fundamentó esta imputación en la relación de amistad y compadrazgo con el licenciado Cangiano, administrador judicial de la herencia. Se cita en este informe parte del texto de la carta, en el que se alude a un conflicto de intereses “que envuelve hasta magistrados”. A renglón seguido señala que esa situación estaba siendo investigada por la Administración de los Tribunales. También se hacen imputaciones de manejos ilegales de fondos del caudal relicto por parte del licenciado Cangiano. Se envió copia de esta carta al Gobernador de Puerto Rico, al Superintendente de la Policía y al director del N.I.C. del área sur.

Además de lo anterior, en ocasión de celebrarse las vistas de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el cri-men organizado, compareció el querellado con un volumi-noso expediente de documentos relacionados con la muerte de doña Isabel. Aunque no se hacen determinaciones de hecho acerca de a quién se implicaba con el crimen organi-zado, por tratarse de documentos relacionados con el caso de la herencia de Doña Isabel Luberza y tomando en con-sideración el expediente en su totalidad, resulta evidente que se implicaba al licenciado Cangiano. La Comisión Senatorial declinó investigar el asunto para no interferir con otras investigaciones oficiales.

E. Quinto cargo

En cuanto al quinto cargo se alegó que “[e]l Ledo. José Clavell Ruiz violó lo dispuesto en la Ley Núm. 9 del 8 de agosto de 1974, sobre fijación de honorarios contingentes, en el acuerdo de honorarios que suscribió con su cliente Augusta Luberza de Elli, al fijar el cobro de sus honorarios en la suma del 50% de lo obtenido. La anterior conducta también acusa violación al Canon 24 de los de Ética Profesional”.

En lo correspondiente a este último cargo, quedó esta-blecido que el querellado suscribió contratos con varios de sus representados en el caso de referencia en los que se convino el cincuenta por ciento (50%) en honorarios contin-gentes exclusivamente. Otros gastos del pleito serían por cuenta de los clientes.

Una vez transigido el pleito, y a pesar del asombro del juez que aprobó la transacción, el querellado reclamó pre-cisamente el pago del cincuenta por ciento (50%) de la cuantía objeto de la misma, la cual ascendía a un total de cuarenta mil dólares ($40,000). Argumentó ante este foro la naturaleza contractual de tales honorarios. El juez acce-dió y ordenó que se pagaran veinte mil dólares ($20,000) al querellado mientras que la diferencia de veinte mil dólares ($20,000) fue entonces distribuida entre sus clientes.

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Ética Derecho aplicable

Los cánones de ética profesional enuncian los deberes de respeto y profesionalismo que debe caracterizar a todo jurista y letrado en el desempeño de su trabajo frente a sus clientes y colegas ante todo foro en que ejerza. Dichos deberes constituyen un compromiso constante para con la sociedad puertorriqueña. Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En lo pertinente al presente caso, el Canon 5 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que “[s]erá también altamente reprochable que un abogado produzca ante un tribunal prueba falsa, con pleno conocimiento de su falsedad”. También es reprochable que un abogado se valga de amenazas con el propósito de salir triunfante en las causas del cliente. Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Ramos Acevedo, 106 D.P.R. 275 (1977); In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991). Además, todo abogado “debe abstenerse de aconse-jar o incurrir en conducta que pueda inducir a error a una parte que no esté a su vez representada por abogado”. Canon 28 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Por su parte, el Canon 8 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, impone la obligación al abogado, en la relación profesional con su cliente, de no permitirle a éste que incurra en conducta que resultaría impropia si el mismo abogado la llevara a cabo. Véanse: In re Ramos Acevedo, supra; In re Vázquez Báez, 110 D.P.R. 628 (1981). Debe evitarse, además, “[t]odo esfuerzo, directo o indirecto encaminado a inmiscuirse en cualquier forma en la gestión profesional de otro abogado”. Canon 27 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Reiteradamente hemos impuesto sanciones disciplinarias a abogados que hacen imputaciones orales o escritas, sin fundamentos y mediante el uso de lenguaje impropio y ofensivo, contra los jueces y demás funcionarios del tribunal. Véanse: Canon 9 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Andréu Ribas, 81 D.P.R. 90 (1959); In re Pagán Hernández, 105 D.P.R. 796 (1977); In re Martínez, Jr., 108 D.P.R. 158 (1978); In re Pagán, 116 D.P.R. 107 (1985); In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895 (1986); In re Vargas Soto, 127 D.P.R. 576 (1990). Asimismo, es altamente impropio que un abogado haga imputaciones falsas que afecten la reputación y el buen nombre de otro compañero abogado. Véanse: Canon 29 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Roldán González, 105 D.P.R. 498 (1976).

En protección de la debida administración de la justicia y para evitar la obstaculización de procesos judiciales imparciales, todo abogado debe abstenerse de facilitar de cualquier forma la publicidad, a través de cualquier medio informativo, de su opinión con respecto a pleitos pendien-tes o a hechos que señalen la probabilidad de casos en el futuro. Véanse: Cánones 13 y 14 del Código de Ética Pro-fesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re De Jesús Rivera, 102 D.P.R. 357 (1974); Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976).

Finalmente, en López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265, 268 (1982), establecimos, como factor de-terminante para sostener la eficacia de los términos de un contrato de servicios profesionales de abogados, que la re-muneración a éste se mantuviera "dentro de unos límites que no rebasen la línea imaginaria que separa los honora-rios altos perfectamente lícitos, y los que operan como abuso y opresión de una clase privilegiada contra el consu-midor de servicios”. La profesión de la abogacía no es un mero negocio con fines de lucro, y uno de los factores a considerarse en la fijación de honorarios profesionales son aquellos que acostumbradamente se cobran en el distrito judicial por servicios similares. Canon 24 del Código dé Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450 (1977). Véanse, además: Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989).

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Violaciones éticas incurridas

De las conclusiones de hecho del Comisionado Especial y de un examen detenido de toda la prueba testifical y do-cumental presentada por las partes, se advierte en efecto la violación de los cánones de ética profesional imputados al Ledo. José A. Clavell en la querella del Procurador General.

A. Primer cargo

Respecto al primer cargo, en el que se le imputa haber embriagado y presionado al señor Morales para que renun- . ciara a la herencia, si bien el Comisionado no pareció con-cluir que tal situación se produjera, la conducta general observada por el querellado en torno a esta renuncia apunta hacia una intervención irregular, impropia e inde-bida de éste en contravención de los Cánones 5, 8, 18 y 28 del aludido Código.

Del Informe del Comisionado Especial y de los autos surge que el licenciado Clavell y uno de sus representados estaban junto al heredero al momento en que éste opta por renunciar a la herencia. Surge, además, que nunca antes el señor Morales había expresado su deseo de efectuar tal renuncia. Resulta cuestionable, por otra parte, por qué de-seaba el señor Morales, siendo único y universal heredero, renunciar a la herencia de la cual dependía sustancial-mente para su subsistencia. Más aún, por qué hacerlo tan precipitadamente y con la intervención del abogado de la parte adversa. Cabe señalar que pocos días después de su “renuncia”, el señor Morales dio marcha atrás alegando haber actuado bajo amenaza del licenciado Clavell.

Lo antes expuesto nos permite concluir razonablemente la veracidad de lo imputado en este primer cargo. La con-ducta del querellado podría entrañar, no solamente un acto indebido a la luz de la ética profesional, sino que también algún tipo de fraude criminal, con lo cual se violenta, más que un canon profesional, una norma de convivencia social. La prueba presentada en este caso demuestra fehaciente-mente una indebida intromisión, no sólo con un testigo contrario, sino más bien con la parte adversa, con el claro propósito de perjudicarla en el caso. Véanse: In re Ramos Acevedo, supra; In re Vázquez Báez, supra.

B. Segundo cargo

En el segundo cargo se le imputa al querellado inmis-cuirse impropiamente en la gestión profesional de otros abogados.

Precisamente, los hechos expuestos en el primer cargo sostienen esta imputación, así como las propias conclusio-nes del Comisionado Especial. Se recordará que éste con-cluyó que el licenciado Clavell tenía conocimiento de que el señor Morales estaba representado por el licenciado Mora y/o por el licenciado Cangiano cuando intervino impropia-mente con él. Téngase en mente que tal intervención no se limitó a lo referente a la renuncia de la herencia sino, ade-más, a la toma de un testimonio oral y jurado que no fue firmado por el señor Morales pero sí certificado por el li-cenciado Clavell. En el mismo se hacían serias acusaciones al licenciado Cangiano sobre la administración de los bie-nes hereditarios y también se imputaba conducta impropia al Juez Bonaparte. Véase Exhibit VI, pág. 1077. Estas ac-ciones están claramente vedadas por el citado Canon 27 del Código de Ética Profesional.

C. Tercer cargo

A pesar de la deferencia que merecen las conclusiones de hecho de un Comisionado Especial, de la totalidad del expediente se infiere que la prueba presentada por el Pro-curador General demostró con razonable claridad que el licenciado Clavell Ruiz infligió violentos e injustificados ataques contra varias personas que participaron en los procedimientos en el tribunal de instancia en relación con el caso de la Sra. Isabel Luberza. Muchas de sus acusacio-nes contra los abogados José A. Cangiano y Alfredo Mora rebasan la conducta tolerable de un abogado durante las incidencias de un litigio.

El querellado en distintos lugares y ante diferentes per-sonas la emprendió contra estos abogados, principalmente haciéndoles imputaciones, incluso de naturaleza criminal, con el ánimo prevenido de echar sombras sobre la integri-dad y la honradez. Todavía más, esta conducta no sólo se circunscribió a los abogados aludidos sino, además, a otras personas tales como el Ledo. Pedro Luis Ruiz y el ex Juez Superior Carlos D. Bonaparte y la licenciada Orsini Zayas, entre otros. Véanse: Exhibit II, pág. 99; Exhibit XIV, págs. 603 y 628; Exhibit I, págs. 1-9; T.E., págs. 70-75 y 101-113. Ninguno de éstos, a pesar de haber sido investigados por distintos organismos cuyos informes han sido conside-rados por este Tribunal, fueron encontrados incursos en conducta reprobable o antiética. La conducta del licenciado Clavell Ruiz vulnera la letra y el espíritu de los citados Cánones 9 y 29 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Véanse: In re Vargas Soto, supra; In re Roldán González, supra.

D. Cuarto cargo

Respecto a este cargo, en la medida que imputa al que-rellado el haber recurrido a distintos foros “a radicar que-rellas y/o solicitar y promover investigaciones inmerito-rias”, a nuestro juicio está comprendido en el anterior y, por ende, le es de aplicación lo allí expuesto. De las deter-minaciones del Comisionado Especial se desprende que gran parte de los documentos que el querellado utilizó para esos fines, al menos en las vistas senatoriales, estaban re-lacionados con el caso que se ventilaba en el Tribunal Superior. Ello violenta el mencionado Canon 14, el cual impone el deber al abogado de no facilitar o promover pu-blicidad sobre pleitos pendientes o futuros. La gestión del licenciado Clavell tuvo el efecto de llevar fuera del re-cinto judicial la discusión de aspectos relacionados con el caso, no sólo al Senado de Puerto Rico sino, además, a la prensa del país. Véase Exhibit VI, págs. 449-450.

E. Quinto cargo

En lo que concierne al último cargo, surge de la prueba recibida por el Comisionado Especial una clara transgre-sión del Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra.

Ciertamente el cobro de un cincuenta por ciento (50%) en honorarios contingentes excede los honorarios que acostumbradamente cobran los abogados en Puerto Rico en casos similares al de autos. Un cincuenta por ciento (50%) en honorarios hiere el sentido de lo justo y da a la profesión de abogado visos de negocio, más que de instrumento integrante en la administración de la justicia, como propone este canon. In re Díaz Lamoutte, supra.

Conclusión

En fin, la conducta observada por el querellado en los procedimientos ante el tribunal de instancia, avalada por su proceder irrespetuoso y contumaz durante el proceso de conducta profesional ventilado en su contra ante el Comisionado Especial, denota un comportamiento distanciado de lo que es propio esperar de un abogado en el ejercicio de su profesión y en sus ejecutorias como ciudadano. El proceder del licenciado Clavell señala “una desviación de las normas de conducta profesional que debe observar puntillosamente todo el que tiene el privilegio de ejercer la noble profesión de abogado”. In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977).

En vista de que anteriormente habíamos suspendido in-definidamente al abogado (opinión Per Curiam de 29 de septiembre de 1977, In re Clavell Ruiz, 106 D.P.R. 257 (1977)), y luego reinstalado, y considerando la magnitud de las violaciones éticas incurridas en esta ocasión (véanse: In re Feliciano Ruiz, supra; In re Vargas Soto, supra), se or-dena la suspensión indefinida del querellado José A. Cla-vell Ruiz del ejercicio de la profesión de abogado y notario.

Se dictará la correspondiente sentencia.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Fuster Berlingeri no intervinieron.

       Le imputaban al Sr. Manuel Morales indignidad por haber estado supuesta-mente implicado en la muerte de la testadora. Esta alegación fue investigada por la Policía de Puerto Rico y posteriormente archivada.

       Conforme los hallazgos contenidos en el nuevo Informe de 27 de junio de 1983, ordenamos mediante Resolución de 20 de octubre de 1983 que se presentaran cargos contra el licenciado Clavell Ruiz únicamente.

       El Comisionado Especial señaló en su informe que, aunque no convenía con el estilo de práctica profesional empleado por el querellado durante el proceso, con-sideraba que éste no se extralimitó ni rebasó los límites de la prudencia.

       Aparentemente se hacía referencia a la investigación que originó este proceso disciplinario comentado originalmente y en el que se investigaba al Juez Bonaparte. Se recordará que el mismo fue archivado por este Tribunal.

       Entendemos que, distinto a lo que sostiene el Procurador General, el canon aplicable es el 14 y no el 13 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, puesto que los pleitos pendientes no eran de naturaleza criminal.

       En el transcurso de las vistas presididas por el Comisionado Especial el querellado hizo serias acusaciones contra la honorabilidad e integridad de este Tribunal cuando lanzó graves imputaciones a uno de sus Jueces Asociados. Así se ex-presó el querellado sobre el particular: “Aquí, en este caso V.H., se va a desfilar prueba de que hay un Juez del Tribunal Supremo que vive dentro de los, premises, dentro de las colindancias ... del Lie. Cangiano. Vive allí y allí se celebran bachatas y allí se deciden los casos de este Tribunal.” (Enfasis suplido.) T.E. de la Vista de 1ro de mayo de 1985, pág. 110. Atacó, además, la pureza de estos procedimientos y la objetividad del Comisionado Especial. También se reafirmó en sus acusaciones contra el licenciado Cangiano, jueces y otros abogados. Véase T.E. de 1ro de mayo de 1985, págs. 101-113.