author: PER curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Antonio Torres Nieves, acusado y apelante.

      Número: CR-76-99

      Resuelto: 24 de noviembre de 1976

      Rigau & Figueroa, abogados del acusado; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Ba-gur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER curiam:

Contra el apelante José Antonio Torres Nieves el Ministerio Público formuló acusaciones por dos ase-sinatos en Primer Grado y por infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas imputándole que el día 7 de junio de 1972, eon un arma de fuego, ilegalmente dio muerte a sus dos hermanos nombrados Ismaro y Carlos Manuel.

Los casos fueron consolidados y medió renuncia al dere-cho a juicio por jurado. Ante tribunal de derecho, el apelante hizo alegación de no culpable, renunció el derecho a contrain-terrogar cuatro testigos cuyos testimonios, en virtud de una estipulación fueron presentados a través ■ de sus respectivas declaraciones juradas, renunció el presentar testigos fa-vorables a su causa y no declaró. Así las cosas, el caso quedó sometido con dos informes médico-legales y seis (6) foto-grafías. El tribunal de origen lo declaró culpable de Homi-cidio Voluntario en los dos casos de Asesinato en Primer Grado y de las infracciones a la Ley de Armas.

Contra la sentencia imponiéndole penas de presidio de 2 a 5 años y de 2 a 3 años en uno y otro de los casos de Homi-cidio, de 2 a 5 años por la violación al Art. 8 y de 6 meses de cárcel por la infracción al Art. 6 de la Ley de Armas — a ser cumplidas bajo un régimen de libertad a prueba — interpuso apelación atribuyéndole al tribunal de instancia la comisión de tres errores.

I

Discutiremos conjuntamente los dos primeros que giran en torno a la idoneidad de la prueba.

PRIMER ERROR

“Insuficiencia de prueba para justificar convicciones por infracciones de los artículos 6 y 8, de Ley de Armas.”

SEGUNDO ERROR

“Insuficiencia de prueba para justificar convicciones por homicidio.”

Del análisis integral de las declaraciones juradas presen-tadas y del examen de la prueba documental, consideramos probados los hechos que a continuación relatamos.

El 7 de junio de 1972, aproximadamente a las 9:00 A.M., Carmen M. Torres y Angelina Nieves de Torres — hermana y madre respectivamente del apelante — salieron de su hogar ubicado en la Urbanización Las Lomas, Río Piedras, con el propósito de ir al banco, habiendo permanecido en el hogar el apelante en unión a sus dos hermanos Ismaro y Carlos Manuel. Entre las 10:30 y 11:00 A.M., la Sra. Ramonita Soto Amador, vecina del frente de la familia Torres Nieves, escuchó unos sonidos a los cuales les restó importancia por creer que venían de la explosión de unas gomas o la repara-ción de algún carro en el taller de hojalatería cercano a su residencia.

Alrededor de las 11:00 A.M. Carmen y Angelina regresa-ron y mientras se disponían a entrar al hogar se encontraron con el apelante parado en la puerta de la cocina, quien diri-giéndose a su madre le dijo que no entrara. Al ésta pregun-tarle por qué, no recibe respuesta, percatándose de la pali-dez, sudor y estado de nervios en que se encuentra. Sabiendo que el apelante es gago y viéndolo tan asustado, no espera contestación sino que lo echa a un lado y penetra en la casa, confrontándose con la visión del cuerpo ensangrentado de su hijo Carlos Manuel tirado boca abajo en el espacio del piso entre la puerta de un cuarto y el pasillo. Comenzó a gritar y mientras salía miró hacia el cuarto de su otro hijo Ismaro, viéndolo de igual modo tirado en un charco de sangre en el espacio del centro de dos camas.

Coetáneamente, su hermana Carmen se ha quedado en la entrada de la residencia con los paquetes que traía y le ha preguntado al apelante qué había hecho mientras lo agarraba fuertemente y notaba también que se encontraba sumamente nervioso, pálido y gagueando. El apelante le hizo fuerza y salió corriendo hacia la calle, percatándose durante el force-jeo que estaba como fuera de sí. Inmediatamente Carmen se le fue detrás gritando que lo detuvieran y que no lo dejaran ir; a la misma vez su madre Angelina salía gritando llaman-do a los vecinos que fueran a su casa.

Al escuchar gritos, la vecina Ramonita Soto Amador — ■ que había oído antes las explosiones — salió al balcón de su residencia y .vio corriendo al apelante con una bolsa en la mano y detrás a su hermana Carmen gritando que lo cogie-ran. Doña Ramonita cruzó la calle corriendo y se dirigió ha-cia Doña Angelina mientras Carmen le suplicaba que sa-cara a su madre de la casa y no la dejara entrar. Luego de haberla sacado, ella entró y vio los dos hijos de Doña Angelina tendidos en el piso, sangrando y que tenían varias heri-das en el cuerpo. No vio ningún arma en las manos de los hermanos heridos ni en el sitio o alrededores donde se encon-traban.

La policía por conducto del agente Miguel Ramos comen-zó y realizó una investigación el día de los hechos aproxi-madamente a las 12:15 P.M. en el hogar de la familia Torres Nieves. Dicho agente al penetrar en dicha residencia ob-servó que en el fondo del pasillo se encontraba un cadáver que luego resultó ser el de Carlos Manuel; que alrededor del cuerpo habían varios casquillos Western 32 automáticos y varios plomos; que en otra habitación estaba el cadáver boca abajo, sobre un charco de sangre, de Ismaro Torres Nieves, hallándose igualmente a su alrededor varios casquillos y plomos. Del examen de los cadáveres, bolsillos, cintura y manos, no encontró arma alguna.

Las autopsias correspondientes revelaron que Ismaro murió a consecuencia de las lesiones severas que en el área del cráneo-cerebral le produjo una herida de una bala que penetró por la región externa superciliar (ceja) derecha y salió por el ala externa de la oreja izquierda. Carlos Manuel recibió cinco (5) heridas de bala de las cuales tres penetra-ron de frente hacia atrás en el área de la hemicara derecha (parte superior), hemicara izquierda, y debajo de la clávi-cula; y las restantes, una en el muslo derecho parte media y anterior y otra en la espalda cuyo orificio de salida es por debajo de la tetilla derecha. La causa del fallecimiento fue severo trauma cráneo-cerebral.

h — I

La doctrina prevaleciente en nuestra jurisdicción reconoce la necesidad de que el Estado demuestre mediante evidencia directa o circunstancial, o una combinación de ambas, la culpabilidad de un acusado más allá de toda duda razonable. En Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 100 D.P.R. 972, 979 (1972), sintetizamos la clasificación tripartita de circunstancias susceptibles de ser evaluadas y consideradas en la determinación de la culpabilidad de un acusado del siguiente modo:

“(a) circunstancias prospectivas: hechos anteriores al cri-men y que apuntan hacia su futura comisión (motivo, plan, preparativos, etc.);
(b) circunstancias concomitantes: hechos simultáneos al cri-men que permiten que se lleve a cabo por el acusado (presencia en el lugar del crimen, acceso a la víctima, etc.);
(c) circunstancias retrospectivas: hechos posteriores al cri-men que sugieren que el acusado lo cometió (fuga, ocultación de evidencia, etc.).”

Adicionalmente señalamos “. . . circunstancias que tienden a probar la inocencia de un acusado, verbigracia, el afecto o amistad entre el acusado y la víctima (prospectiva), la coartada (concomitante) y una conducta normal con posterioridad al crimen (retrospectiva).”; y “. . . el que exista un motivo comprobado para el crimen, tal como el lucro, la venganza o la cólera producida por una riña.” Págs. 979, 981-982. Ninguna de estas circunstancias inculpatorias o exeulpatorias, por sí solas serán determinantes, sino que la culpabilidad o inocencia quedará expuesta en orden a un ponderado análisis integral de las mismas y de las inferencias lógicas y razonables que pueden derivarse de los hechos bá-sicos establecidos, y ello siempre con sujeción a la medida de prueba de duda razonable.

En lo relativo a infracciones a la Ley de Armas, reiteradamente hemos resuelto que la presentación del arma en evidencia no es indispensable en casos de esta naturaleza, si existen otros elementos o circunstancias que demuestran que el acusado la portaba. Pueblo v. Prieto Vélez, 93 D.P.R. 102, 108 (1966); Pueblo v. Garcés, 78 D.P.R. 102, 107 (1955); Pueblo v. Blanco, 68 D.P.R. 932, 934 (1948); Pueblo v. De Jesús, 65 D.P.R. 932, 935 (1946); Pueblo v. Guzman, 52 D.P.R. 458, 459 (1938); Pueblo v. Carrillo, 51 D.P.R. 365, 367 (1937); Pueblo v. Ríos, 41 D.P.R. 764, 766 (1931). No obstante, “. . . en procesos por portar armas, cuando ésta no se presenta, por no haber sido ocupada, la prueba del fiscal debe ser clara y convincente.” Pueblo v. Toro Asencio, 104 D.P.R. 847 (1976); Pueblo v. Olivencia, 93 D.P.R. 845, 847-848 (1967); Pueblo v. Santiago, 80 D.P.R. 310, 311 (1958); Pueblo v. Rosario, 80 D.P.R. 318, 320 (1958); Pueblo v. Oquendo, 79 D.P.R. 542, 546 (1956); Pueblo v. Pacheco, 78 D.P.R. 24, 29 (1955); Pueblo v. Garcés, 78 D.P.R. 102, 107 (1955); Pueblo v. Rupizá, 72 D.P.R. 744, 746 (1951); Pueblo v. Guzmán, 52 D.P.R. 458, 459 (1938); Pueblo v. Caro, 50 D.P.R. 724, 725 (1936); Pueblo v. Cartagena, 37 D.P.R. 281, 284 (1927); Pueblo v. Scott, 36 D.P.R. 802, 804 (1927).

Hemos confrontado las normas de derecho expuestas con la prueba circunstancial sometida en evidencia e inferencias razonables y no albergamos duda de que la misma demuestra más allá de duda razonable la culpabilidad del apelante por los fraticidios y violaciones a la Ley de Armas.

Los argumentos del apelante consistentes en que su permanencia en el hogar y conducta con su madre y her-mana fueron con el propósito de evitar que la primera — por padecer de alta presión — entrara a la casa, al igual que su planteamiento respecto a que su huida fue causada por el pánico generado en . . (1) haber visto los cadáveres de sus hermanos, (2) la inhabilidad de comunicar y (3) la acu-sación y los actos de su hermana”, no nos convencen. No existe ningún indicio en la prueba de que alguna tercera persona penetrara en el hogar y diera muerte a las dos víctimas. Por el contrario, la prueba directa no contradicha revela que el único que permaneció en el lugar de los hechos y continua-ba allí recien ocurridos los disparos fue el apelante; si estaba antes y después, es lógica la deducción de que estaba durante la muerte de sus dos hermanos.

Distinto a su tesis, estimamos inculpatorias las actua-ciones referentes a impedir la entrada a su madre y hermana, y su fuga. En primer lugar, el argumento implica un conoci-miento previo de los homicidios. No se desprende de la prue-ba que él supiera o tuviera una idea de cuando sus familiares regresarían, situación compatible con que en realidad fuera por éstas sorprendido mientras se disponía a huir. A ello abona que no es lógico inferir que conociendo que sus herma-nos estaban tirados en el suelo, desangrando o sangrando pro-fusamente, optara por esperar a su madre en ánimo de evi-tarle el confrontamiento con la tragedia, en lugar del acto humano de buscar ayuda de sus vecinos o médica.

Respecto al elemento de fuga, aun cuando hemos estimado “ . . válido el argumento de que un inocente preso del pánico, puede traducir su terror a fuga . ..”, Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30, 35 (1974), el mismo se debe examinar a la luz de las circunstancias en que la misma ocurre. El señala-miento en el caso de autos de que su fuga fue el producto del pánico se desvanece al confrontarlo con el hecho probado de que huía con una bolsa en las manos; en la cual, en vista de los disparos, los casquillos y plomos de bala y demás circuns-tancias, coincidimos con la inferencia de la Sala Sentencia-dora de que transportaba el arma homicida que oportuna-mente dispuso.

Establecido el hecho de la portación ilegal, debe deducirse también la posesión prohibida, pues “. . . en casos de portación o posesión ilegal de armas de fuego el fiscal no viene obligado a probar que el acusado no tenía licencia con tal fin, cuando se ha alegado tal hecho en la acusación y se ha probado la portación o posesión del arma, ya que en ellos surge la presunción de portación o posesión ilegal y es al acusado a quien incumbe destruir tal presunción.” Pueblo v. Pacheco, 78 D.P.R. 24, 30 (1958).

Finalmente, la ausencia de prueba específica con relación al motivo o génesis de esta tragedia familiar, en la totalidad de los hechos probados no milita en contra de la convicción del apelante. Hemos resuelto que no es imprescindible la presentación de dicha prueba, sin que ello implique que no se produzca de estar disponible. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, supra, pág. 981. Debe tenerse presente que el caso se sometió a base de declaraciones juradas, en particular las de la madre y hermana, quienes se encuentran ante la encrucijada de atestar en contra del hijo y hermano homicida y condenarle a una muerte civil. Ante este cuadro humano es fácil apreciar el trámite del caso y la razón por la cual el Estado no produjo prueba de motivación.

III

TERCER ERROR

“[La] renuncia y dispensa por ambas partes de todos los procedimientos legales del juicio constituye una violación del debido proceso de Ley.”

La argumentación del apelante en el sentido de que por haber renunciado a varios de los trámites durante el juicio se violó el debido procedimiento de ley no es meritoria. Basta recordar que todos estos derechos de índole constitucional o estatutarios son renunciables. Cuando se trata de la total abdicación de los mismos, esto es, registrar una alegación de culpabilidad, la renuncia por un acusado debe ser ex-presa, personal, voluntaria e inteligente: Díaz Díaz v. Alcaide, 101 D.P.R. 846 (1973); y de igual modo la renuncia a juicio por jurado: Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973); Pueblo v. Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968) y Pueblo v. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753 (1968).

En torno al discurso de apertura por el Ministerio Fiscal y la Defensa, valga apuntar que el caso de autos fue ventilado ante Tribunal de Derecho y no por jurado. Aun en estos últimos casos, hemos rechazado que la exposición de las teorías por las partes sea un requisito de estricto cumplimiento cuando no se ha demostrado perjuicio sustancial al acusado, y además, que debe ser expresamente invocado ante el tribunal de instancia y no por primera vez en apelación: Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174, 181-182 (1964). Bajo la derogada regla 233 del Código de Enjuiciamiento Criminal (34 L.P.R.A. sec. 712) ya habíamos señalado que ello no era mandatorio. Pueblo v. Rodríguez, 67 D.P.R. 250, 251 (1947).

Respecto al derecho a confrontarse y contrainterrogar los testigos de cargo, por su naturaleza y rango cons-titucional hemos reconocido que un acusado no puede ser pri-vado del mismo cuando lo invoca: Pueblo v. Pacheco Padilla, 92 D.P.R. 894, 897-898 (1965) y Pueblo v. Rosado Alvarado, 89 D.P.R. 875, 880-881 (1964); sin embargo ello no significa que no sea irrenunciable y por ende, hemos decidido — vigente nuestra Constitución — que es válida una renuncia de dicho derecho a través del abogado en virtud de una estipulación sometida sin que conste el consentimiento expreso del acusado. Pueblo v. Vargas, 74 D.P.R. 144, 147-150 (1952). En su consecuencia, igual solución se impone en cuanto a que los testimonios sean orales y el derecho del acusado a presentar sus propios testigos.

En cuanto a la renuncia sobre el resumen de prueba, hemos resuelto que es renunciable sin la exigencia de que sea por el acusado personalmente. Pueblo v. Nazario Nieves, 100 D.P.R. 232, 236-238 (1971) y Pueblo v. Alicea Cruz, 100 D.P.R. 295, 298 (1971).

La lectura de la transcripción de evidencia en el caso de autos refleja indubitadamente que el apelante, estudiante universitario de tercer año de la Facultad de Humanidades, renunció válida y eficazmente a los derechos constitucionales y estatutarios antes relacionados. Concluimos que el tercer error tampoco fue cometido.

Se dictará Sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rigau se inhibió y el Juez Aso-ciado Señor Díaz Cruz concurre en el resultado sin opinión.

       Consistente de las declaraciones juradas de Carmen M. Torres y Angelina Nieves de Torres, hermana y madre respectivamente del apelante; de la declaración de Ramonita Soto Amador, vecina; y la del agente de la policía Miguel Ramos.

       Respecto a que el conjunto de la prueba de los informes Médico-Legal favorece al apelante, valga citar de que su “. . . alegato no . . . pretende sustituir la falta de evidencia pericial con conjeturas del abogado que suscribe.” Pág. 8.

       Debe señalarse que el Juez Sentenciador redujo los delitos de Asesinato en Primer Grado a Homicidio Voluntario.

       Con referencia a los siguientes trámites: Regla 128 de las de Pro-cedimiento Criminal, sobre el discurso de apertura por parte del Ministerio Fiscal y a la exposición concisa de los medios de defensa del acusado; el derecho del fiscal a interrogar a sus testigos y del acusado a contrain-terrogar: Código Enjuiciamiento Criminal, Art. 11 (34 L.P.R.A. sec. 11); Regla 131 sobre el derecho del acusado a que el testimonio de los testigos sean orales; el derecho del acusado a presentar testigos a su favor: Cód. Enj. Criminal, Art. 11 (34 L.P.R.A. sec. 11); Regla 111 sobre el derecho del acusado a ser juzgado por un jurado; y Regla 136 sobre las partes efectuar sus respectivos informes o resúmenes de evidencia luego de ter-minada la presentación de la prueba.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Genoveva Canchani, demandante y recurrida, v. Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, Administración de Parques y Recreo Públicos de P. R., etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-76-276

      Resuelto: 24 de noviembre de 1976

      Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recurrentes; Baragaño & Zayas, abogados de la re-currida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos del caso de autos nos permiten aclarar la siguiente interrogante: ¿quiénes deben emplazarse cuando se demanda una instrumentalidad del Estado Libre Asociado que no es una corporación pública? Veamos.

El Tribunal Superior, Sala de Ponce, dictó sentencia en rebeldía el 15 de agosto de 1975 contra la demandada recu-rrente Administración de Parques y Recreo Públicos condenándola a satisfacer a la demandante recurrida Geno-veva Canchani la cantidad total de $3,555.00 en concepto de daños físicos y mentales experimentados al caerse alegada-mente en un hoyo oculto en un camino localizado en un par-que atlético.

En 24 de febrero de 1976, la Administración, por con-ducto del Secretario de Justicia formuló una moción solici-tando se dejara sin efecto dicha sentencia alegando nulidad por falta de jurisdicción sobre su persona, aduciendo en su apoyo, el incumplimiento por la parte actora de las disposi-dones de la Regia 4.4(f) y (g) de las de Procedimiento Civil vigentes, que regulan la forma y manera en que ha de dili-genciarse un emplazamiento, y rezan del siguiente modo:

“ (f) Al Estado Libre Asociado, de Puerto Rico, entregando copia del emplazamiento y de la demanda al Secretario de Justi-cia, o a una persona designada por éste, y cuya designación conste en la Secretaría del Tribunal.
(g) A un funcionario o a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corporación, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o al jefe ejecutivo de dicha instrumentalidad y al Secretario de Justicia o a una persona designada por éste y cuya designación conste en la Secretaría del Tribunal. Si la instrur mentalidad fuere una corporación, entregando las copias a tenor con lo dispuesto en la Regla 4..4(e).” (Énfasis suplido.)

El tribunal de instancia proveyó no ha lugar a dicha solicitud, amparando su pronunciamiento en la tesis expuesta en oposición por la parte demandante. Dictaminó lo si-guiente:

“Las disposiciones de ley aplicables a la Administración de Parques y Recreo Públicos expresamente disponen que ésta ten-drá personalidad jurídica, podrá demandar y ser demandada, denunciar y ser denunciada, querellar y defenderse ante todos los tribunales y organismos administrativos. 15 L.P.R.A. 2. No hay disposición alguna en dicha ley que requiera la intervención del Secretario de Justicia, ya sea para poner en vigor sus fun-ciones y facultades como para defenderle de reclamaciones.
Más aún, la propia ley le faculta para adquirir bienes y para otorgar y subscribir convenios, escrituras, contratos, etc. a nombre de la Administración y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin intervención alguna del Se-cretario de Justicia.
Tampoco son de aplicación los requisitos de notificación de los casos de pleitos contra el Estado, precisamente por tener ésta personalidad jurídica propia. No puede aplicarse las disposicio-nes de la Regla 4.4(f) y (g) como si efectivamente se tratara de un pleito contra el Estado, sino las disposiciones de la Regla 4.4(e).
El emplazamiento en este caso fne debidamente diligenciado mediante notificación personal al Director de la Oficina de la Ad-ministración de Parques y Recreo Públicos en Ponce, P.R. el día 15 de julio de 1974, hecho que no ha sido negado por dicha agencia.
Este emplazamiento cumple con los requisitos de la Regla 4.4(e) y el Tribunal adquirió jurisdicción para celebrar la vista y dictar sentencia contra ésta.”

La Administración acudió en alzada y en 2 de septiembre de 1976, emitimos orden dirigida a la demandante recurrida solicitándole compareciera a mostrar causa por la cual no debería expedirse el auto y oportunamente revocarse la Re-solución antes aludida. Dentro del término concedido pre-sentó su Memorando, ante lo cual estimamos sometido para decisión el recurso.

La Ley Núm. 4 de 30 de junio de 1947, según enmendada (15 L.P.R.A. sec. 1 et seq.), creadora de la Administración de Parques y Recreo Públicos establece, entre sus facultades y deberes, que la “Administración que por la presente se crea tendrá personalidad jurídica, podrá demandar y ser deman-dada, denunciar y ser denunciada, querellar y defenderse ante todos los tribunales y organismos administrativos.” (Énfasis suplido.) También le fija la encomienda de ejercer el cuidado, jurisdicción, administración y control de todos los parques y cualesquiera otros sitios de recreo públicos per-tenecientes al Gobierno Estadual, y le faculta a hacer ges-tiones de compra y otorgar y suscribir convenios, escrituras, contratos y licencias y expropiar terrenos. Merece especial mención que tales poderes los ejerce a nombre y en represen-tación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

En adición presenta las siguientes características:

a) Su Administrador es nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado; su remoción está sujeta al Primer Ejecutivo y su compensación es fijada en el Presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

b) Sus empleados son nombrados de acuerdo a la Ley de Personal.

c) Su presupuesto y gastos de funcionamiento son esta-blecidos mediante asignaciones anuales de la Asamblea Legis-lativa de Puerto Rico en el Presupuesto general;

d) Sus ingresos van a los fondos generales del Tesoro Estadual, aun cuando el Secretario de Hacienda tiene una cuenta especial abierta para ingresos restringidos provenien-tes de donaciones; y

e) Finalmente, la Administración viene obligada a ren-dir un informe anual al Gobernador sobre las actividades y gastos hechos en relación a los parques de vecindad.

La interacción de los factores enumerados nos lleva a concluir que la Ley Orgánica de la Administración, la creó como una agencia e instrumentalidad del Pueblo de Puerto Rico. Abona a ello, las enmiendas que experimentara en virtud de la Ley Núm. 11 de 5 de abril de 1952 adoptadas en orden al Plan de Reorganización de la Rama Ejecutiva, las cuales no le quitaron su carácter de instrumentalidad gubernamental. En lo pertinente, la reorganización se enmarcaba en la siguiente concepción:

“La dirección de los programas de recreo y parques es pre-dominantemente una tarea administrativa, de ejecución, para la cual es preferible una sola persona dedicada todo el tiempo a ese trabajo y con plena responsabilidad por su éxito. ... Se trata de que la naturaleza de los deberes y la conveniencia de simplifi-car la división de trabajo en la Rama Ejecutiva requieren para este caso un nuevo tipo de organización.” Mensaje del Goberna-dor acompañando el Plan de Reorganización Núm. 2 sometido a la Asamblea Legislativa el 17 de febrero de 1950. (Leyes de P.R. de 1950, pág. XIX, Apéndice.)

Los poderes antes enunciados son limitados, y no pode-mos convenir con el tribunal a quo de que los mismos hacen a la Administración una corporación o entidad con personali-dad jurídica independiente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La ausencia de disposición legal expresa, aná-loga a las contenidas en las leyes referentes a la Autoridad de Fuentes Fluviales, Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados y otras, corrobora lo expuesto.

Resumiendo, la Administración no es una corporación pública como lo son las antes mencionadas; no tiene ingresos propios; no goza de autonomía fiscal para realizar préstamos, emisión de bonos, cuentas bancarias; no posee propiedades ya que solamente las administra; no tiene una Junta de Directores para su propio gobierno pues su Administrador es nombrado por el Gobernador; no tiene poder para aceptar donaciones ya que las acepta a' nombre del Gobierno Estatal; y los contratos y demás funciones las ejerce en representa-ción del Estado Libre Asociado. Todas estas limitaciones son contrarias al concepto de autonomía corporativa.

El hecho de que la Administración tenga “personalidad jurídica” no la convierte per se en corporación pública exenta de los requisitos de notificación que impone la ley a los que demandan instrumentalidades públicas. Esta personalidad jurídica es una restringida, cuyo alcance legal, a los fines de la controversia ante nos, es otorgarle poder para demandar o ser demandada quitándole la protección de inmunidad soberana que clásicamente goza el Estado. En consecuencia, no le son aplicables los trámites de notificación previa y demás requisitos restrictivos fijados en la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955, según enmendada, (32 L.P.R.A. sec. 3077 et seq.).

La Administración no es una corporación, compañía, sociedad, asociación o cualquiera otra persona jurídica al amparo del lenguaje de la Regla 4.4(e). Esta regla abarca las entidades jurídicas y asociaciones que no constituyan gobierno, sus instrumentalidades no corporativas o agencias. Tampoco puede propiamente considerarse comprendida como Estado Libre Asociado según lo establece la Regla 4.4 (f) supra, ya que la concesión legislativa referente a su personalidad jurídica y poder de demandar y ser demandada a los fines de eliminar su inmunidad la sacan de tal ámbito. Por los atributos limitados que posee, su ubicación en las Reglas de Procedimiento Civil corresponde al concepto de instrumentalidad del Estado Libre Asociado, dentro del Poder Ejecutivo, sin que sea una corporación, a la cual le es de clara aplicación la 4.4(g) que taxativamente establece que el emplazamiento a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado que no fuere una corporación, se diligencia entregando copia del mismo y de la demanda al jefe ejecutivo de la instrumentalidad concernida y al Secretario de Justicia. El aparente rigor técnico que de su faz esta decisión conlleva, se desvanece al contestarse en la afirmativa lo siguiente: al demandarse a la Administración de Parques y Recreo, ¿no se demanda, como cuestión de hecho, al Estado, pues la Administración no tiene recursos con qué pagar? No habiéndose cumplido con estos requisitos, no adquirió el tribunal de instancia jurisdicción sobre ella, y en su consecuencia erró al negarse a dejar sin efecto la sentencia en re-beldia. Claudio v. Casillas Mojica, 100 D.P.R. 761, 772-773 (1972).

En consonancia con lo expuesto, se expedirá el auto solici-tado, se dictará Sentencia revocando la Resolución del Tribunal Superior, Sala de Ponce de fecha 2U de junio de 1976 y se dejará sin efecto la sentencia en rebeldía.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente con opinión en la cual concurre el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurre el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 1976

Disiento de esta opinión que revoca una sentencia de $3,555.00 obtenida contra la Administración de Parques y Recreo Públicos porque si bien se emplazó a la Administra-ción demandada, no se emplazó también al Secretario de Jus-ticia. La conclusión, técnica en extremo, derrota la justicia y carece de base en ley.

La opinión de mayoría se desvía de la cuestión planteada en su mismo primer párrafo. La interrogante no es a quien debe emplazarse cuando se demanda a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado que no es una corporación pública; sino a quien debe emplazarse cuando se demanda a la Ad-ministración de Parques y Recreo Públicos. Nadie discute que esta Administración no es corporación autónoma como las Autoridades de las Fuentes Fluviales, y Acueductos y Al-cantarillados. Es una agencia del Gobierno pero a diferencia de las demás agencias, la Ley Núm. 4 de 30 de junio de 1947 (15 L.P.R.A. sec. 1 y ss.) expresamente dispuso que “la Ad-ministración [de Parques y Recreo Públicos] que por la pre-sente se crea tendrá personalidad jurídica, podrá demandar y ser demandada . . . Cf. Texidor v. Admon. de Parques, 85 D.P.R. 877, 879 (1962).

El Estado puede consentir a ser demandado y dentro de esa facultad mayor en la ley creadora de la Administración de Parques consintió expresamente que esta agencia suya fuera demandada como entidad con personalidad propia. “Tendrá personalidad jurídica” propia leído a la luz del Art. 27(1) del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 101(1)) quiere de-cir que esta entidad tiene un grado de autonomía que no le ha sido conferido a las innumerables agencias e instrumen-talidades del Estado. Está bien claro para todos que la facul-tad de demandar y ser demandado comprende la de recibir emplazamientos. Sin embargo, la mayoría entiende que la Asamblea Legislativa realizó un acto inútil porque sólo auto-rizó a un reclamante contra esta Administración a presentar una demanda o quizás a dejarla en borrador en un bufete de abogado, mas no a notificársela, a menos que también se em-place al Secretario de Justicia. La notificación o emplaza-miento es lo que pone en marcha el proceso adversativo, lo que concreta la reclamación, pues nadie podrá obtener sen-tencia sin notificar al demandado para que informado de la misma tenga su cumplido día en corte. Tan simple realidad procesal sufre una radical distorsión en el criterio mayori-tario incorporando al estatuto algo que el legislador no dijo: que un tribunal no adquirirá jurisdicción sobre la Adminis-tración de Parques y Recreo a menos que se emplace al Secre-tario de Justicia. Toda la confusión de la opinión de mayoría arranca de su noción de que sólo las corporaciones públicas autónomas, que tienen junta de directores, emiten bonos y tienen sus propios ingresos provenientes de tarifas, pueden recibir emplazamientos. Pues en el caso de la Administración de Parques, agencia del Estado Libre Asociado, éste autorizó que se le demandara aparte. Esa fue la clara voluntad legis-lativa y no requiere más esfuerzo de interpretación que la lectura del estatuto. ¿Cómo se va a emplazar a esta Adminis-tración, como quiso la Asamblea Legislativa o como prefiere la mayoría de este Tribunal?

Con inquietante reserva concede la opinión que su criterio está matizado de rigor técnico, pero la aseveración se queda corta. La mayoría está originando un modo de emplazar esta agencia distinto al ordenado por Ley, aplicando reglas de corporaciones autónomas y agencias que están por completo fuera del ámbito decisional y de la controversia específica que demanda adjudicación. ¿Qué relevancia tiene a los fines de la cuestión debatida, que la Administración de Parques carezca de fondos propios para pagar las sentencias en su contra y que sea el Estado Libre Asociado el llamado a sol-ventarla? La Asamblea Legislativa tiene incuestionable poder para instruir y ordenar cómo se ha de demandar y emplazar al Estado y en este caso eligió un método que esta-mos llamados a acatar. La regulación especial de la acción civil contra esta Administración excluye la aplicación de las normas generales provistas por la Regla 4.4(f) y (g) de Procedimiento Civil.

Si el legislador hubiese querido preservar la naturaleza de Parques y Recreo como una de otras tantas agencias e instrumentalidades del Gobierno que no pueden separarse de éste al promover una acción civil porque carecen de persona-lidad jurídica propia, se hubiese abstenido de conferirle la facultad de demandar y ser demandada.

El emplazamiento, notificado personalmente al Director de la oficina de la Administración de Parques y Recreo en Ponce, cumple con la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil que ordena que el diligenciamiento (de demanda y emplaza-miento) se hará de la siguiente manera: “[a] ... cualquiera otra persona jurídica [sin que necesariamente pueda clasifi-carse como corporación, compañía, sociedad o asociación] entregando copia del emplazamiento y de la demanda a un funcionario, gerente administrativo o agente general.” (Én-fasis suplido.)

¿Cabe en un recto principio de interpretación que quien tiene personalidad jurídica propia, facultad para demandar y ser demandada, para contratar y hasta para utilizar el poder de expropiación forzosa, no puede ser emplazada sin el concurso del Secretario de Justicia? Comprendemos la con-veniencia de que el Departamento de Justicia intervenga en pleitos contra organismos y agencias públicos pero en este caso la ley creadora de la Administración de Parques dejó esa función a la práctica administrativa sin exigir la forma-lidad de una entrega de papeles al Secretario.

La Regla 4.4(e) es clara al decir cómo se emplaza a una persona jurídica. De esa cualidad invistió el legislador a la Autoridad de Parques y Recreo. Y al añadir que tendrá facultad para demandar y ser demandada, no se la restrin-gió de modo alguno, ni siquiera con la condición de que las reclamaciones contra dicha Administración se notificaran al Secretario de Justicia. Las Reglas de Procedimiento Civil no pueden imponer una condición que la ley especial creadora de la Administración de Parques y Recreo no contiene.

La demandante recurrida cumplió con la Ley y las Reglas que nada mencionan sobre emplazamiento del Secretario de Justicia. Ella sólo conocía el Derecho declarado en la letra de dichas disposiciones legales, y no podía anticipar la solu-ción que se le da a este asunto. El accidente grave que sufrió en su carne y en su espíritu ocurrió el 12 de marzo de 1974. Está franca la puerta para la segunda cuestión “jurisdic-cional”.

Hemos sucumbido al hipnotismo de la interpretación con-ceptista que privó en una época y que creíamos desterrada por la Regla Ia de Procedimiento Civil.

Desestimaría, por frívolo, el recurso del Estado Libre Asociado.

       Figuraban originalmente como co-demandados el Municipio de Yauco y la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico. El primero, mediante moción de desestimación al efecto, obtuvo decreto interlocutorio a su favor; y la segunda, fue relevada de toda responsa-bilidad al dictarse la sentencia que nos ocupa.

      La ley sobre la Autoridad de Fuentes Fluviales, Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada (22 L.P.R.A. see. 193), en lo perti-nente dispone: “(b) La autoridad creada por la presente es y deberá ser una instrumentalidad gubernamental . . ., pero es una corporación con existencia y personalidad legales separadas y aparte de la del Gobierno y de la de los funcionarios que la controlan.”; y la Ley Núm. 40 de 1 de mayo de 1945, según enmendada, creando la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (22 L.P.R.A. sec. 142) reza: “Por la presente se crea un cuerpo corporativo y político . . ., que constituirá una corporación pú-blica e instrumentalidad gubernamental autónoma del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico....”

      Reza así:
      “(e) A una corporación, compañía, sociedad, asociación o cualquiera otra persona jurídica, entregando copia del emplazamiento y de la de-manda a un funcionario, gerente administrativo o agente general, o a cualquier otro agente autorizado por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamientos.”


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    María Luisa Fraticelli, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-76-240

      Resuelto: 26 de noviembre de 1976

      Feldstein, Gelpí, Toro & Hernández, abogados de la recurrente; José R. Cordero Rodríguez, Guillermo Figueroa Prieto y
      Francisco Falú Negrón, abogados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente María Luisa Fraticelli perdió a su esposo en un accidente del trabajo ocurrido mientras éste pilotaba un avión entre Puerto Rico e Islas Vírgenes. Conforme el Art. 3, inciso 5(2) de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3(5) (2), el Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado la declaró beneficia-ría con derecho a compensación junto a los hijos habidos en el matrimonio. Contrajo de nuevo matrimonio pero posterior-mente se divorció. El Administrador del Fondo ordenó el pago de compensación hasta la fecha en que contrajo nuevo matrimonio, disponiendo que de ahí en adelante la suma que le correspondía a la recurrente como viuda acrecería a los hijos menores, tal y como lo dispone el Art. 3, inciso 5(3) (c), 11 L.P.R.A. see. 3,5(3) (c) de la mencionada Ley de Com-pensaciones por Accidentes del Trabajo. Dicho inciso provee en lo pertinente:

“El derecho a compensación de la viuda o concubina, como dependiente del obrero o empleado fallecido, cesará si se casara o viviera en concubinato. En tal caso o en caso de muerte de la viuda o concubina los pagos mensuales a los menores dependien-tes serán aumentados distribuyéndose entre dichos menores dependientes, la mensualidad que recibía la viuda o la concu-bina. . . .”

La recurrente impugna la validez constitucional de esta disposición por considerar que constituye un discrimen contra la mujer en contravención al Art. II, Sec. 1 de la Cons-titución del Estado Libre Asociado que prohíbe todo discri-men por razón de raza, color, sexo, origen social o ideas polí-ticas o religiosas. Fundamenta su impugnación en que el texto de la disposición transcrita se refiere únicamente a la viuda y no menciona al viudo, lo cual constituye un discri-men basado en el sexo del beneficiario. Arguye que la regla de gramática es al efecto de que el género masculino incluye al femenino pero no a la inversa por lo que no puede inter-pretarse que al mencionar a la viuda se incluye al viudo.

Debemos fijar en primer término el significado y alcance del mencionado inciso 5(3) (c) para entonces considerar si procede la impugnación de la recurrente.

El problema no es tan sencillo que quede resuelto con la aplicación de una mera regla gramatical. Especialmente en este caso en que la regla cuya aplicación sugiere la recurrente adolece del mismo vicio que sirve de base a la impugnación del estatuto, pues propugna un discrimen contra el sexo femenino al darle a éste un contenido más limitado que al uso del género masculino.

Nunca nos hemos adherido estrictamente a las reglas gramaticales ni a las de hermenéutica en el descargo de nuestra función de interpretar las leyes. “Las reglas jurídicas” — como bien dice el Profesor De Castro — “no tienen en sí valor jurídico propio, ni menos eficacia de fuente jurídica, son expresiones técnicas o recursos pedagógicos, y las más de las veces cobertura de la pereza del pensar jurídico y signo de decadencia de la ciencia del Derecho.” De Castro y Bravo, Federico: 1 Derecho Civil de España, 433 (2da .Ed. 1949).

La función de interpretar las leyes requiere el examen paciente y riguroso que parte de la letra de la ley y la evaluación de todos los elementos de juicio disponibles para así descubrir su verdadero significado y proposito. Banco de Ponce v. Srio. Hacienda, 81 D.P.R. 442 (1959). Es preciso pues que consideremos la disposición impugnada en armonía con las otras disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo se aplica a todos los obreros o empleados — hombre y mujer — que sufran lesiones, se incapaciten o que pierdan la vida por accidentes del trabajo. Art. 2 de la mencionada Ley, 11 L.P.R.A. sec. 2. Dicha Ley provee una compensación para casos de muerte, como en el de autos, prescribiendo que:

“(1).
(2) Si el obrero o empleado fallecido dejare viuda; padres; hijos; incluyendo postumos, adoptivos o de crianza; abuelos; padre o madre de crianza; nietos, hermanos, incluyendo her-manos de crianza; concubina; y familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad; éstos recibirán, de cualificar bajo las reglas que aquí se establecen, una compensación equivalente al sesenta y seis y dos tercios (66%) por ciento del jornal que percibía el-obrero o empleado el día del accidente, o que hubiere de percibir á no ser por la ocurrencia del accidente, pagadera por meses vencidos con un pago mínimo mensual de (50) dólares y máximo de cien (100) dólares, por un período de quinientas cuarenta (540) semanas, salvo lo que se dispone más adelante para el caso en que los beneficiarios fueren la viuda, los padres o hijos del obrero fallecido.” (Énfasis suplido.)

Se advierte de inmediato que el texto transcrito se refiere exclusivamente a la viuda sólo por razón de la ordenación de las palabras en la oración. El sujeto de la oración es el masculino “obrero o empleado” y la relación lógica de las palabras hace necesario referirse únicamente al género femenino, o sea, a la viuda. Esto no significa, sin embargo, que se excluya al viudo pues el concepto “obrero o empleado” cubre también miles de mujeres trabajadoras que gozan de la protección de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Sería absurdo y contrario al propósito de esta ley interpretar que como el texto sólo alude a la viuda el dependiente viudo no tiene derecho a compensación cuando fallece una obrera o empleada en el curso del empleo o como consecuencia del mismo. La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es una de dependencia que tiene por objeto proteger a las personas que real y efectivamente dependan económicamente del obrero, sea éste hombre o mujer. El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 149 (1975); Gallart Mendía v. González Marrero, 95 D.P.R. 201-206 (1967). La condición indispensable es la dependencia y no el sexo. Leído en su contexto total surge la intención legisla-tiva de referirse al “cónyuge viuda” (varón o hembra) cuando usó el vocablo “viuda”.

El derecho a compensación en caso de muerte cubre, por tanto, a ambos, viuda o viudo. Así se deduce no solamente por la interpretación lógica que aquí le impartimos sino del propio texto de la disposición que se refiere a todos los “fa-miliares dentro del cuarto grado de consanguinidad o se-gundo grado de afinidad.”

Este es el mismo derecho que cesa por razón de nuevo matrimonio o de concubinato, según el inciso 5(3) (e) aquí impugnado. Dicho inciso es parte integral de una misma disposición relativa al derecho de compensación en caso de muerte y tiene que interpretarse en conjunto y no por sus secciones aisladas. Sales v. Samac Motor Corp., 92 D.P.R. 529 (1965). En consecuencia, como el derecho a compensación por muerte cubre tanto al viudo como a la viuda, la cesación de este derecho por matrimonio o concubinato pro-cede en uno y otro caso. La interpretación literal que propone la recurrente enervaría el propósito de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, que es el de dar protección a todos los que real y efectivamente dependan del obrero fallecido.

La interpretación abarcadora que aquí impartimos al de-recho de compensación por muerte no es nada nuevo. La Co-misión Industrial ha reconocido consistentemente que este derecho se aplica a los dependientes del obrero fallecido inde-pendientemente del sexo del cónyuge supérstite.

Sostiene, además, la recurrente que la cesación del dere-cho a compensación es provisional mientras subsista su nuevo estado matrimonial. No estamos de acuerdo.

El derecho a compensación termina con el nuevo ma-trimonio puesto que al crearse un nuevo nexo familiar se altera la base jurídica de la dependencia. La subsiguiente disolución del matrimonio por divorcio no tiene el efecto de revertir al estado anterior. El Código Civil provee protección adecuada para esta nueva relación de dependencia. Véase Art. 109 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 385.

Debe recordarse que la porción de la viuda acrecerá a los hijos menores en caso de matrimonio o concubinato de ésta. De manera que si bien ella deja de recibir la compensación, sus hijos menores siguen recibiendo en su lugar el beneficio de la misma.

En vista del significado y alcance que hemos impartido al derecho de compensación por muerte establecido y regulado por los incisos 5(2) y 5(3) del Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, supra, concluimos que es infundado el ataque constitucional promovido por la recurrente.

Se dictará sentencia confirmando la resolución recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Francisco Rodón, demandante y recurrido, v. Fernando Fernández Franco, demandado y recurrente.

      Número: R-76-99

      Resuelto: 29 de noviembre de 1976

      Ramírez & Ramírez, abogados del recurrente; Saldaña, López-Baralt & Rey, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El pintor Francisco Rodón instó demanda contra Fernando Fernández Franco con el propósito de reivindicar un cuadro al óleo que, según alegó, fue pintado por él, es de su propiedad, y se encuentra en posesión del demandado. Para asegurar la efectividad de la sentencia que anticipa a su favor, obtuvo el embargo del cuadro. Fernández contestó la demanda oportunamente y negó sus alegaciones esenciales. Reconvino al mismo tiempo para reclamar por daños que, según alega, le han sido ocasionados como consecuencia del embargo. A solicitud de Rodón el Tribunal Superior deses-timó la reconvención y Fernández ha recurrido para que re-visemos. Ambas partes han sometido extensos y bien elabora-dos alegatos para sostener sus respectivas posiciones. Esta-mos en condiciones de resolver y por tanto hemos dado por sometido el recurso bajo la autoridad de la Regla 50 de nues-tro Reglamento.

Se nos plantea aquí si es permisible reconvenir para reclamar por daños como consecuencia de un alegado embargo ilegal y mantener esta acción, como reclamación contingente, pendiente de que se resuelva la acción original que dio base a que se trabara el embargo. Resolvemos en la afirmativa.

Hemos resuelto que para que pueda prosperar una acción en que se reclame por daños causados como consecuencia de un embargo ilegal debe alegarse y probarse que se embarga-ron bienes del reclamante, que la acción contra él entablada y en la cual se decretó el embargo terminó por sentencia firme a su favor, y los daños sufridos. Frigorífico M. H. Ortiz v. Quiles, 101 D.P.R. 676, 688 (1973); Sosa v. Sucn. Morales, 58 D.P.R. 360 (1941); Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819 (1940). A primera vista parecería que esta jurispruden-cia es contraria a lo que ahora resolvemos, pero no lo es.

El requisito de que haya recaído sentencia firme que tu-viera el efecto de anular el embargo es de naturaleza sustan-tiva. Es un elemento indispensable de la causa de acción por embargo ilegal. Desde el punto de vista procesal, sin embargo, nada impide se dé cabida a la acción por vía de. re-convención como una reclamación contingente, es decir, cuya procedencia dependa del resultado de otra.

Ni en Sosa ni en Martí se planteó una cuestión procesal, que es lo que se plantea ante nos. En uno y otro caso se planteó y se resolvió que el punto de partida para el período prescriptivo de la acción por daños que aquí nos ocupa es el momento en que la sentencia por virtud de la cual se anula el embargo adviene final y firme. En Frigorífico M. H. Ortiz sí estaba planteada la procedencia de la reclamación por vía de reconvención pero, aunque hicimos referencia a Martí y a Sosa para señalar como impedimento procesal para el ejercicio de la reconvención la falta del requisito de la sentencia firme, no era necesario así resolver pues al revocarse la sentencia que declaraba sin lugar la demanda, y dictarse otra por la que se fallaba el caso a favor, del demandante, quedó la causa de acción invocada en la reconvención, es decir, la reclamación basada en el alegado embargo ilegal, desprovista del elemento sustantivo de la sentencia firme a favor del reclamante reconviniente. Que la expresión en Frigorífico M. H. Ortiz a que hemos hecho referencia no pasa de ser un dictum queda corroborado cuando dijimos (pág. 688, al final):

“No obstante, independientemente de que procediera o no procediera la reconvención en el caso de autos, lo cierto es que, dada la conclusión a que estamos llegando de que las sentencias del Tribunal de Distrito y del Tribunal Superior son erróneas y contrarias a la prueba y el derecho [sic] aplicables, la referida reconvención debió de declararse sin lugar.”

Esa fue exactamente la situación de Sorrentini y Cía. v. Méndez, 76 D.P.R. 690 (1954), citado en Frigorífico M. H. Ortiz. Allí no cuestionamos si por vía de contrademanda o reconvención podía reclamarse indemnización por daños pro-venientes de un alegado embargo ilegal, y dimos por sentado que la cuestión se resolvía al dictarse fallo favorable al de-mandante que obtuvo el embargo. Dijimos (pág. 699):

“Al haber sido declarada con lugar la demanda, no hay mar-gen para la acción de daños y perjuicios por embargo ilegal, cuando el embargo es incidente y consecuencia de la propia de-manda que ha sido declarada con lugar.”

La reconvención en este caso halla acogida en la Regla 14.2 de las Reglas de Procedimiento Civil que dispone:

“Cuando se tratare de una reclamación que dependa para su ejercicio de que otra reclamación sea proseguida hasta su termi-nación, dichas dos reclamaciones podrán acumularse en el mismo pleito. El tribunal no resolverá la reclamación contingente hasta tanto se resuelva la reclamación principal.”

Esta Regla proviene de la 18 (b) de las federales que, aunque difiere de la nuestra en su redacción, persigue el mismo propósito. El hecho de que nuestra Regla 14.2 sea pro ducto de nuestra propia redacción resta importancia, desde el punto de vista de hermenéutica, a la interpretación dada a la regla federal por los tribunales federales. Cabe señalar, además, que la procedencia de una reconvención como la que ahora autorizamos ha sido objeto de decisiones conflictivas tanto en las jurisdicciones estatales norteamericanas como en la esfera federal. Ello abunda en favor de nuestra liber-tad para decidir, pues nos releva de la norma de que nos per-suada la interpretación de la jurisdicción originaria de nues-tro estatuto.

La razón principal que se da para impedir la reconven-ción basada en el alegado embargo ilegal es que dicha causa de acción no habrá madurado hasta que se resuelva definiti-vamente el pleito original a favor del demandado. Es curioso, sin embargo, que la controversia sobre este aspecto se centra no en la Regla 18(b) — que es la 14.2 nuestra — que autoriza las reclamaciones contingentes, y sí en las Reglas 13(a) y 13(b) — 11.1 y 11.2 nuestras — que se refieren, respectiva-mente, a las reconvenciones compulsorias y a las reconven-clones permisibles. Así, 6 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, sec. 1411, señala que la falta de madurez de la reclamación hecha por vía de reconvención impide que se considere compulsoria la reconvención y aun en ese caso, al referirse a Interphoto Corp. v. Minolta Corp., 47 F.R.D. 341 (S.D. N.Y. 1969), dice: “Sin embargo, una corte ha expre-sado que no se le negará a una reconvención el tratamiento de reconvención compulsoria meramente porque el derecho a recobrar bajo la misma dependa del resultado de la acción principal.” “Esta solución”, sigue diciendo Wright & Miller, “parece juiciosa cuando la reconvención se basa en aconteci-mientos anteriores a la acción y solamente el derecho a re-cobrar depende del resultado de la acción principal.”

En Union National Bank v. Universal Cyclops Steel Corp., 103 F.Supp. 719 (W.D. Pa. 1952) la parte deman-dante procuró obtener un injunction contra la parte deman-dada por violación del derecho de patente y por daños. La demandada pretendió, mediante reconvención, reclamar por daños sufridos como consecuencia de la acción de la deman-dante. La corte concluyó que no procedía la reconvención por-que, aunque la reclamación de la demandada surgió después de haber formulado sus alegaciones respondientes, no sería operante hasta que se hiciera una determinación final de la causa de acción de la demandante y no estaba por tanto ma-dura. Aquí se trataba de una reconvención por alegación su-plementaria vía la Regla 13(e), que es la 11.5 nuestra. Comentan al respecto Wright & Miller, tomo citado, see. 1428 (pág. 148): “Este resultado no es inevitable. Puede argu-mentarse que la interpretación dada por la corte a la regla es innecesariamente restrictiva toda vez que la reclamación promovida surgió cuando se interpuso la acción original y solamente la cuestión de los daños o la existencia de defen-sas contra la reconvención tendrían que esperar por la adju-dicación que se haga de la demanda principal. Si la corte entendiera que el juicio sobre la reconvención debe poster-garse hasta que se haga una determinación sobre la reclama-ción original, podría ejercer su poder bajo la Regla 13 (i) [11.9 nuestra] y ordenar juicios por separado.” En igual sentido véase 3 Moore, Federal Practice, sec. 13.32, y el caso por él citado Knoshaug v. Pollman, 18 F.R.D. 386 (D. N.D. 1956), en cuanto a permitir la reconvención por embargo ilegal, a diferencia de la reconvención por persecución mali-ciosa.

En una interesante monografía aparecida en 4 U. San Fran. L. Rev., pág. 38, titulada Los daños por embargo ilegal deben resolverse en el pleito original (Wrongful attachment damages must be fixed in the original suit), de Leon J. Alexander, se va más lejos y se recomienda que sea compulsoria la reconvención por daños por embargo ilegal. Los fundamen-tos allí expuestos, se resumen al final (pág. 47), así:

“Esta propuesta significaría que toda controversia sobre daños provenientes de un embargo se decidiría de una vez y por todas por el juez que presidió el proceso y está en mejor posición para evaluar y resolver las diferentes reclamaciones. Más im-portante aún, se eliminaría toda necesidad de un segundo pleito, con la pesada carga que este tipo de acción implica para todas las partes y para la sociedad. Las controversias legítimas serían ventiladas. Nadie propone otra cosa. Es difícil concebir que pueda servirse mejor a la justicia mediante pleitos separados y no mediante un solo pleito en que se diluciden estas dispustas rela-cionadas entre sí. Los tribunales no existen para que puedan mantenerse las vendetas privadas ni como instrumentos de pre-sión económica.”

No estamos en condiciones de ir tan lejos como lo propone Alexander. Las reconvenciones compulsorias están reguladas por la Regla 11.1 de Procedimiento Civil, que dispone:

“Una alegación contendrá por vía de reconvención cualquier reclamación que tenga el que formula dicha alegación al tiempo de notificarla contra cualquier parte adversa, si surge de la tran-sacción o evento que motivó la reclamación de la parte adversa y no requiere para su adjudicación la presencia de terceros sobre quienes el tribunal no pueda adquirir jurisdicción; excepto que dicha reclamación no tiene que ser así formulada, si al tiempo de comenzarse el pleito la misma era ya objeto de otro pleito pendiente.”

No podría decirse que la reclamación del demandado, basada en el embargo trabado por el demandante, surge de “la transacción o evento que motivó la reclamación” del de-mandante. No estamos aquí frente a reclamaciones que se originan en la misma causa, como sucede cuando ocurre un accidente motivado por la negligencia combinada de dos per-sonas y en que ambas sufren daños. Cada una tiene una causa de acción contra la otra y ambas se originan en el mismo evento. En el caso del embargo trabado en asegura-miento de sentencia, los daños que el demandado pueda sufrir se originan, no en la misma “transacción o evento” que dio origen a la causa de acción del demandante y sí como consecuencia de su ejercicio por el demandante, y por haber éste obtenido el embargo de bienes del demandado. Dicho de otro modo, es porque se trabó un embargo sobre sus bienes que tiene una causa de acción por daños el demandado. Ese es el origen de su causa de acción, o razón de pedir, que es completamente distinto de la razón de pedir del demandante.

La reconvención por daños como consecuencia del embargo es permisible bajo la Regla 11.2, que dispone: “Una alega-ción podrá exponer como reconvención contra una parte ad-versa cualquier reclamación que no surja de la transacción o evento que motivó la reclamación de dicha parte.” Ya he-mos visto que el hecho de no haber madurado la causa de ac-ción del demandado reconviniente no impide el ejercicio de la reconvención, como reclamación contingente bajo la Regla 14.2.

La acumulación de reclamaciones contingentes es algo usual y corriente en la práctica procesal, y no podría sostenerse que tal cosa es permitida únicamente cuando se trata de acumulación de acciones de una misma parte. Es contingente la reclamación de herencia que se acumula a la de filiación, pues la procedencia de la primera depende del éxito de la segunda. En ese ejemplo se acumulan por un demandante varias causas de acción contra la parte demandada. Pero también es contingente la demanda contra coparte —Regla 11.7 — cuando se basa en que “la parte contra la cual se dirige es, o puede ser, responsable al demandante contra coparte de la totalidad o de parte de una reclamación contra él alegada en el pleito.” Su procedencia descansa, pues, en que se determine que el demandado y demandante contra coparte le es responsable al demandante original. Es igualmente contingente la demanda contra tercero, autorizada por la Regla 12.1, que permite a un demandado traer a un pleito “a una persona que no sea parte en el pleito y que le sea o pueda serle responsable por toda o parte de la reclamación demandante.”

En casos de reposesión de bienes muebles hemos permi-tido la reconvención basada en el embargo, frente al plantea-miento de prematuridad. O. Parés, Inc. v. Galán, 98 D.P.R. 772, 779-780 (1970). Y ya en Colón v. Corte, 62 D.P.R. 749 (1944), este Tribunal se anticipó a la moderna filosofía pro-cesal cuando resolvió que dentro de un pleito de injunction es permisible litigar, por vía de moción, el aspecto de los daños ocasionados al demandado con motivo de la expedición del injunction preliminar. Los razonamientos que para ello se dieron son tan válidos hoy como entonces. Se dijo, págs. 751-752, — haciendo referencia al Tribunal Supremo federal: “Se ha dicho también por el mismo Tribunal que es mejor prác-tica resolver la cuestión como un incidente del pleito de injunction, toda vez que el procedimiento es más rápido y menos costoso para las partes y que a ningún fin práctico conduciría obligarlas a recurrir a una acción separada de daños y perjuicios.” (Citas omitidas.)

En conclusión, resolvemos que por vía de reconvención permisible bajo la Regla 11.2 de Procedimiento Civil, y como reclamación contingente bajo la Regla 14.2, un demandado puede, dentro de una acción en que se le hayan embargado bienes en aseguramiento de sentencia, reclamar por los daños que tal embargo le haya ocasionado. Aunque su causa de acción no madura ni es exigible hasta que recaiga sentencia que resuelva el pleito original a su favor, nada impide que el tribunal reciba prueba y resuelva todas las reclamaciones — la del demandante y la reconvención — como parte de una misma sentencia. El tribunal siempre tendrá, bajo la Regla 11.9, la facultad discrecional de ordenar juicios por separado, y recibir prueba sobre la reclamación original y dejar pendiente la admisión de prueba y decisión sobre la reconvención hasta tanto se resuelva la reclamación principal. Regla 14.2. Al hacer uso de esta facultad el tribunal tendrá en cuenta la naturaleza y complejidad de las cuestiones que se planteen en las reclamaciones de las partes, y, resolverá conforme al propósito enunciado en la Regla 1 de garantizar “una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.”

Se dictará sentencia por la que se deje sin efecto la de-sestimación de la reconvención decretada por el Tribunal a quo, y se ordene la continuación de los procedimientos ante dicho tribunal en forma consistente con lo aquí expresado.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió con opinión en la cual concurre el Juez Asociado Señor Rigau. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibió.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurre el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 29 de noviembre de 1976

El pintor artista Rodón instó acción para reivindicar un cuadro obra suya que según alega retiene indebidamente el demandado Fernández en su poder y para asegurar la efec-tividad de sentencia embargó el óleo. El demandado al con-testar presentó reconvención reclamando daños y perjuicios por embargo ilegal, alegación que fue desestimada por el Tribunal Superior siguiendo una constante línea de jurispruden-cia que no reconoce tal causa de acción hasta que recaiga sen-tencia final y firme por la que se declare la ilegalidad del embargo. Contra la resolución desestimatoria ha recurrido el reconvencionante.

Una acción civil no puede deducirse hasta tanto exista causa legal para ella. Malgor & Co. v. J. Clivillés & Co. Sucrs., 42 D.P.R. 457 (1931). El cambio en la nomenclatura de “causa de acción” del antiguo Código de Enjuicia-miento Civil al lenguaje de la Regla 6.1 de “reclamación de-mostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio” tuvo por propósito eludir la rigidez conceptual entronizada alrededor de los términos “hechos evidenciarios”, “hechos úl-timos”, “conclusiones” y del propio término “causa de acción”, pero no eliminó el requisito substancial de que el demandante alegue una situación que de su faz revela un derecho prima facie de cualquier naturaleza que de probarse le hará acree-dor a sentencia contra el demandado. Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, Tomo 5, Sec. 1216, págs. 115-116. No se ha afectado, por tanto la validez y contemporaneidad de la norma jurisprudencial al efecto de que los tribunales no aplicarán el Derecho a cuestiones académicas ni harán cumplir deberes intangibles. Siguiendo esta norma, que es substantiva y no procesal, y que por tanto no varía con el ad-venimiento de las Reglas de Procedimiento Civil, hemos dicho que los tribunales no se han constituido para resolver cuestio-nes académicas. Viñas v. Cuevas, Comisionado, 61 D.P.R. 295, 296 (1943); “que una acción cuyo único objeto es resolver cuestiones abstractas, es puramente académica, y por lo tanto, improcedente.” Navarro v. Calderón, 61 D.P.R. 339, 342 (1943); Echeandía v. Saldaña, 61 D.P.R. 799, 804 (1943); Cortés Hnos. y Co. v. Menéndez, 39 D.P.R. 852, 853 (1929), in fine; que “una causa de acción debe hacer refe-rencia a una verdadera controversia. Las cortes no están constituidas con el fin de resolver cuestiones de derecho es-peculativas y abstractas, o para establecer reglas que sirvan de norma futura a las personas en sus negocios y relaciones sociales; sino que están limitadas en su acción judicial a las verdaderas controversias en que necesariamente están en-vueltos los derechos legales de las partes y que pueden ser resueltos concluyentemente.” Bianchi v. Pierazzi et al, 25 D.P.R. 631, 636 (1917).

El principio de existencia de controversia justiciable, dis-tinguida de la académica o abstracta, de la que puede conocer un tribunal en su función pública de administrar justicia, se exponía en el antiguo Código de Enjuiciamiento Civil al exigir que toda demanda adujera causa de acción o ser susceptible de excepción previa privilegiada, (Art. 37, hoy 32 L.P.R.A. sec. 251.) Abolidas las excepciones previas por la Regla 5.3 de Procedimiento Civil, quedó a salvo el principio de que los tribunales intervienen sólo en controversias reales, al proveer como defensa que podrá formularse mediante moción, la fundada en que la.demanda deja de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, (Regla 10.2(5)) preservándose la naturaleza privilegiada de esta defensa, en plano solo superado por la de falta de jurisdicción sobre la materia. Regla 10.8. Ya antes la Regla 6.1 ha dicho que para cumplir el requisito de exponer una solicitud de re-medio, la alegación, sea demanda, reconvención, demanda contra coparte o contra tercero, contendrá (a) una relación de la reclamación demostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio; y (b) una solicitud del remedio a que crea tener derecho. Ha de existir una controversia que pueda dar lugar a un pleito, advierte la Regla 5.2. En su diseño general para regular el modo de dispensar justicia, adjudi-cando conflictos vivos y concretos, las Reglas de Procedi-miento Civil hacen de la existencia real de tal conflicto un fundamento de ejercicio del poder judicial comparable con el de la propia jurisdicción sobre la materia. Al foro judicial se llega si hay jurisdicción y si se tiene una causa de acción.

Toda reclamación contingente bajo la Regla 14.2 (18(a) Federal) debe satisfacer los requisitos para las alegaciones de la Regla 6 (8 Fed.). Así cuando un acreedor acumula una reclamación de dinero con otra para anular un traspaso fraudulento, deberá exponer cada reclamación con la misma suficiencia exigida para cuando se promueven por separado. Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, Tomo 6, Sec. 1591, pág. 823. La Regla 6.1 exige de quien alega, sufi-ciente información relativa al fundamento de su reclamación de remedio, que es algo más que una escueta afirmación de que pide remedio y tiene derecho al mismo. Tampoco basta alegar hechos que meramente forjan la sospecha de que el reclamante puede tener un derecho de acción.

El aspecto substantivo de exigibilidad está recogido en el Art. 1066 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3041) al dispo-ner que será exigible desde luego toda obligación cuyo cum-plimiento no dependa de un suceso futuro o incierto y apli-cando el mismo resolvimos en Malgor & Co. v. J. Clivillés & Co., Sucrs., 42 D.P.R. 457, 459 (1931), que no habiendo nacido en el demandante el derecho a cobrar, “no está [la de-mandada] obligada a defenderse de una reclamación que no existe ahora y quizás nunca llegue a existir . . . [que la de-mandada] no puede ser molestada con reclamación incierta o indebida ahora.” Las propias Reglas de Procedimiento sal-varon la vigencia de este principio básico cuando al derogar el antiguo Código de Enjuiciamiento Civil la Regla 72 hizo excepción, entre otros, de su Art. 37 (hoy 32 L.P.R.A. see. 251) que en lo pertinente dice: “Las acciones civiles podrán deducirse solamente dentro de los períodos prescritos en esta parte, luego de existir su causa" legal . . . .” (Bastardillas nuestras.) Malgor & Co. cita este artículo como fundamento para su razón de decidir que las obligaciones que dependen para su exigibilidad de un suceso futuro, no podrán recla-marse mientras no ocurra el suceso o acontecimiento. En desarrollo paralelo, nuestro Derecho ha calificado de prema-tura o inoperante la causa de acción que se ejercita antes de ocurrir el evento que le insufla vida. Así, interpretando la voz “causa del litigio” en el Art. 79 del Código de Enjuicia-miento Civil, también salvado de derogación por la Regla 72 de Procedimiento, hemos dicho: . la causa de acción surge en el momento en que ella se origina y adquiere existencia, cuando se presenta y se convierte en operante, en la ocasión en que ocurre el acto o el incumplimiento que originalmente y en primer término da lugar a la causa de la querella judicial y crea la necesidad del litigio.” Cooperativa Cafeteros de P.R. v. Colón, 76 D.P.R. 473, 478 (1954). Ineficaz en derecho llamamos la demanda incoada con prematuridad en Negrón v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 301, 306 (1954). Y consis-tentes con lo que es axioma jurídico en toda jurisdicción donde predomina el método adversativo de enjuiciar, en lo que con-cierne a la solicitud de remedio por embargo ilegal, en fecha reciente calificamos como impedimento para reclamar la rea-lidad de que “. . . la causa de acción por embargo era prema-tura por no haber finalizado el pleito primitivo.” Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509 (1975).

Nuestra extensa jurisprudencia que exige sentencia firme declarativa de la ilegalidad del embargo, antes de que pueda el deudor instar reclamación por daños y perjuicios, encarna la aplicación a esta acción particular del principio general de existencia de causa de acción que hemos expuesto. Nótese que la Regla 14.2 de Procedimiento Civil en que funda su teoría de contingencia la opinión de mayoría, habla de recla-mación, que al igual que la “causa legal” del Art. 37 del En-juiciamiento Civil ha de ser madura y operante.

La reconvención del demandado recurrente no demuestra que tenga derecho a un remedio. En la acción de daños y per-juicios por embargo ilegal, ese derecho no surge hasta que por sentencia final y firme se declare tal ilegalidad. Frigorí- fico M. H. Ortiz v. Quiles, 101 D.P.R. 676, 688 (1973); Sosa v. Sucesión Morales, 58 D.P.R. 360 (1941); Martí v. Hernández, 57 D.P.R. 819 (1940). El concepto de reclamación con-tingente mencionado en la Regla 14.2 y en que descansa la opinión de mayoría, no abre la puerta a la litigación de cues-tiones intangibles y académicas. Contingente es lo que puede suceder o no suceder, pero el concepto no nace en el espacio sino en hechos reales pre-establecidos. En esta acción por daños el hecho real ha de ser la ilegalidad judicialmente declarada del embargo; lo contingente es la causación o inexistencia de los daños. No es este el caso de la acción filia-toria acumulada con la reclamación de herencia en los casos en que ésta es consecuencia inescapable de aquélla.

Permitir una alegación prematura, sin indicio de que la parte promovente tenga derecho a remedio alguno, es tanto como juzgar el expediente, en vez del caso. Disloca el procedi-miento civil porque de abrir los tribunales para litigar “ex-pectativas”, “probabilidades” y “probable causa de acción” estamos creando una apertura de confines invisibles- en todos los pleitos, en los que preponderarían más la inventiva y la imaginación que las Reglas.

La opinión, al autorizar mediante reconvención la inicia-ción de un pleito de daños y perjuicios por el deudor a quien le han embargado bienes en aseguramiento de efectividad de sentencia, aún antes de que se haya decretado la nulidad del embargo, plantea las siguientes complicaciones que recargan, en vez de agilizar, el procedimiento civil:

1a Crea una nueva avenida de resistencia del demandado a lo que usualmente es una causa de acción fundada, pues la gran mayoría de los pleitos en cobro de dinero descansan en claras obligaciones escritas. El deudor demandado, que tiene una garantía total en la fianza cuando la obligación exigida no consta en documento auténtico o ha sido validada por sen-tencia, no necesita esta protección que bien podría utilizar como arma de hostigamiento y abuso procesal, conocido el uso intenso de cuanto recurso está al alcance de un litigante temerario.

2a Nos apartamos de la sabia norma procesal y substan-tiva de que toda demanda debe fundarse en una causa de ac-ción existente, y no en una ilusoria o probable. A la pág. 378, resumiendo, la opinión reconoce que la “causa de acción [por embargo ilegal] no madura ni es exigible hasta que recaiga sentencia que resuelva el pleito original.” Esto conduce a levantarle un segundo piso a prácticamente todos los pleitos en que el acreedor trate de asegurar su derecho, o en los que el demandado oponga la defensa de “prosecución maliciosa”, y al fomento de un nuevo pleito dentro del original, con total recurso a los amplios medios de descubrimiento de prueba; designación de comisionado especial, etc.

3a Subsiste, según reconoce la propia opinión, la necesi-dad de ordenar juicios por separado o dejar pendiente “la admisión de prueba y decisión sobre la reconvención hasta tanto se resuelva la reclamación principal.” Este es un re-greso al procedimiento correcto de esperar a que el deudor embargado tenga una causa de acción antes de que ocupe el tiempo valioso del tribunal con la expectativa de una causa de acción. La única diferencia es que se exime al reconven-donante del pago de los derechos de arancel que vendría obli-gado a pagar si formula su reclamación como demanda, en vez de reconvención.

4a No se adelanta la justicia complicando y gravando el curso procesal persiguiendo como único objetivo que un mismo juez adjudique ambas reclamaciones en los casos en que no opte por congelar la reclamación y posponer sine die la decisión, o que estime que no debe intervenir. Es' mejor justicia la obtenida de un juez que no intervino en la recla-mación original que va a considerar la reclamación de embargo ilegal sin criterio preformado. Aunque la demanda sobre ilegalidad del embargo se ventile ante otro juez no pre-venido, éste tendrá en evidencia el expediente del caso original, lo que reduce considerablemente el área de contención en el segundo proceso.

Toda vez que falta causa y exigibilidad en la reconvención objeto de este recurso, huelga toda exégesis o ulterior dis-quisición respecto a su clasificación como permisible, compul-soria o contingente. Su verdadera calificación es de inexis-tente e inoperante, y su efecto único, de admitirse, el de in-troducir un trastorno de proporciones en nuestro procedi-miento civil.

Confirmaría la resolución del Tribunal Superior que de-sestimó correctamente dicha reconvención.

       El segundo párrafo de dicha regla dispone:
      “Queda reservada la facultad del Tribunal para en casos apropiados prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en orden al más justo y eficiente despacho del caso.”

      En ocasiones se ha empleado equivocadamente el término recon-vencionar, siendo lo correcto el verbo reconvenir. Diccionario de la Lengua, Española de la Real Academia, XIX Edición, que define reconvenir, en su acepción forense, así: “Ejercitar el demandado, cuando contesta, acción contra el promovente del juicio.” Nos dice Manuel Seco en su Dicdona/rio de Dudas y Dificultades de la Lengua Española, segunda edición, pág. 292, que reconvenir, verbo irregular, se conjuga como venir.

       La Regla 18(b) federal fue traducida al español y adoptada con igual designación — 18(b)—como parte de las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943; que decía:
      “Cuando se tratare de una reclamación que hasta la fecha sólo podía establecerse, después que otra reclamación hubiere sido proseguida hasta su terminación, dichas dos reclamaciones podrán acumularse en la misma acción; pero la corte concederá remedio en esa acción sólo de acuerdo con los derechos sustantivos que relativamente tuvieren las partes. Especial-mente, un demandante puede exponer una reclamación de dinero y una para anular un traspaso fraudulento que le perjudique, sin que sea necesa-rio obtener previamente sentencia por la reclamación de dinero.”
      El Comité consultivo designado por este Tribunal, que sometió el proyecto de Reglas adoptado en 1958, al recomendar la redacción que dio a la Regla 14.2, expresó:

        “1. El texto propuesto corresponde con las Reglas 18(b) vigente y federal. Se omitió por innecesaria e inaplicable la frase ‘hasta la fecha sólo podía establecerse’ y eliminó el ejemplo contenido en la última oración de la regla por entender que las reglas no deben contener ej'emplos. La protección de derechos sustantivos de las partes se garantiza con la dispo-sición adicionada en el sentido de que el tribunal no resolverá la reclama-ción contingente hasta tanto se resuelva la reclamación principal.”

       Los siguientes casos se pronuncian en contra de permitir la reconvención: Calcagni v. Mamber, 262 So.2d 467 (Fla. Dist. Ct. App. 1971), Martin v. Martin, 196 So.2d 26 (Fla. Dist. Ct. App. 1967), Yellowstone Livestock Commission v. Dupuis, 825 P.2d 691 (Mont. 1958), United Farm Agency v. Howald, 268 S.W.2d 889 (Mo. Ct. of App. 1954), Goodyear Tire v. Morfon, 32 F.Supp. 279 (D. Del. 1940).
      A favor de permitir la reconvención, pueden verse: Interphoto Corp. v. Minolta, 47 F.R.D. 341, (S.D. N.Y. 1969) White Lighting Co. v. Wolfson, 438 P.2d 345 (Cal. 1968), Smith v. Ins. Co. of North America, 30 F.R.D. 534 (M.D. Tenn. 1962), Knoshaug v. Pollman, 18 F.R.D. 386 (D. N.D. 1956), Williams v. Miller Shows, 17 So.2d 67 (La. Ct. of App. 1944), Boot Grain v. Livengood, 100 P.2d 714 (Kan. 1940).
      Para casos adicionales en que se sostienen ambas posiciones, véase 85 A.L.R. 644.

      La Regla 11.5 dispone:
      “Una reclamación propia para ser alegada por reconvención cuya exigibilidad advenga después de la parte haber notificado su alegación, podrá ser deducida por vía de reconvención mediante alegación suple-mentaria, con el permiso del tribunal.”

       La Regla 11.9 dispone:
      “Si el tribunal ordenare juicios por separado como se dispone en la Regla 38.2, la sentencia que resuelva una reconvención o una demanda contra coparte, podrá dictarse de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 44.2, aun cuando las reclamaciones de la parte contraria hayan sido desestimadas o de otro modo resueltas.”

       El aparente propósito de la Regla 8 (6 PR) es relevar al promo-vente de los refinamientos de poner punto a las íes y tilde a las tes, y de la incertidumbre de distinguir anticipadamente entre hechos evideneiarios y finales, mientras exige, de modo práctico y sensato, que exponga sufi-ciente materia factual para delinear los elementos de su causa de acción o reclamación, prueba de los cuales es esencial para que pueda recobrar. Por lo tanto, si un promovente no puede alegar definitivamente y de buena fe la existencia de un elemento esencial de su reclamación, resulta difícil concebir que esta deficiencia básica no pueda ser expuesta en la oportuni-dad de menos gasto en tiempo y dinero para las partes y la corte. Daves v. Hawaiian Dredging Co., D.C. (Haw) 114 F.Supp. 648, 664 (1953), citado en Wright & Miller, op. cit., Tomo 5, Sec. 1216, págs. 123-124.

       Regla 6.1 de Procedimiento Civil
      “Una alegación que exponga una solicitud de remedio, ya sea una demanda, reconvención, demanda contra coparte, o demanda contra ter-cero, contendrá (1) una relación sucinta y sencilla de la reclamación de-mostrativa de que el peticionario tiene derecho a un remedio; y (2) una solicitud del remedio a que crea tener derecho. Se podrán solicitar remedios alternativos o de diversa naturaleza.”

       Wright & Miller, op. cit., Tomo 5, Sec. 1215, pág. 113.

       Wright & Miller, op. cit., Tomo 5, Sec. 1216, pág. 125.

       Art. 79, Código de Enjuiciamiento Civil
      “Deberán verse en el distrito en que la causa del litigio, o alguna parte de ella, tuvo su origen, sin perjuicio de la facultad de la corte para cambiar el lugar de la vista, los pleitos por los siguientes motivos . . . .” 32 L.P.R.A. see. 405,

         Estadísticas de la Administración de Tribunales revelan que en el Tribunal Superior se radicaron 2,220 casos en cobro de dinero para el ejercicio 1975-76; y en el Tribunal de Distrito 33,426 que engrosaron el cúmulo pendiente. Para dicho período se resolvieron 3107 por el Superior, y 34,601 por Distrito. No se incluyen todos los demás pleitos en los que igualmente podría presentarse una reconvención “sin causa legal” como la propuesta. Recuérdese la inclinación de muchos demandados a alegar “prosecución maliciosa” frente a cualquier tipo de acción civil. Las pers-pectivas de que el sistema tolere la acrecentada litigación vía reconvención prematura son tenebrosas.


author: per curiam ;

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rafael Vélez Díaz, acusado y apelante.

      Número: CR-76-155

      Resuelto: 30 de noviembre de 1976

      Wilfredo Pérez Candelaria, Eugenio Alemañy Fernández y Ni-canor Laguillo Rodríguez, abogados del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam ;

Se acusó al apelante de homicidio voluntario por agredir mortalmente con unas tijeras a Tracy Walter Watanabe en ocasión de una súbita pendencia. El jurado lo halló culpable por mayoría de nueve a tres. El 24 de noviem-bre de 1971 el juez, Hon. Alfredo Archilla Guenard, senten-ció al apelante a cumplir una pena de cinco a diez años de presidio. Se suspendió la sentencia y quedó el apelante en li-bertad a prueba. El único planteamiento ante nos es que se cometió error de derecho al no disolverse el jurado por no haber llegado éste en cuatro ocasiones a un acuerdo.

El desfile de la prueba duró la mayor parte de un día. Aproximadamente a las 4:45 P.M. el jurado comenzó a deli-berar. Regresó a las 6:00 P.M. y su presidente le informó al juez que no se había llegado a un acuerdo. (T.E. págs. 158-161.) El juez les indicó que continuaran sus deliberaciones. A las 6:35 P.M. regresaron, otra vez sin producir veredicto. (T.E. pág. 162.) El juez dio instrucciones para que comieran y siguieran deliberando. A las 9:00 P.M. volvieron a sala por tercera vez sin haber llegado a un acuerdo. El juez Ies ins-truyó a continuar deliberando y, en ausencia del jurado, hizo preparativos para hospedarlos esa noche en un hotel de la ciudad. El juez señaló, también en ausencia del jurado, que estaba reacio a disolverlo porque un testigo esencial era japonés y saldría del país dentro de ocho días para no re-gresar. (T.E. págs. 165-167.) Cuando a las 11:00 P.M. el jurado aún no había llegado a un acuerdo, el juez ordenó que se le hospedase para continuar las deliberaciones al día siguiente.

El día siguiente el jurado le solicitó al juez que le repi-tiese las instrucciones sobre homicidio voluntario y le for-muló una pregunta sobre la admisibilidad de unas piezas que no le fueron sometidas. El juez le explicó que tales piezas no eran admisibles y le repitió las instrucciones referentes al delito, a la defensa propia (la alegación del apelante), a los posibles veredictos que podían rendirse y al quantum de prueba necesario para condenar. (T.E. págs. 171-188.) El jurado salió a deliberar a las 10:23 A.M. y regresó a las 11:00 A.M. con el veredicto de referencia.

La Regla 144 de las de Procedimiento Criminal dispone en su parte pertinente:

“El Tribunal podrá ordenar la disolución del jurado antes del veredicto en los siguientes casos:
(c) Si la deliberación se prolongare por un lapso de tiempo que el tribunal estimare suficiente para concluir de una manera clara y evidente no haber posibilidad de que el jurado pudiera llegar a un acuerdo.”

Esta regla deriva fundamentalmente de la legislación de California. En la jurisdicción federal rige una norma aná-loga, por lo que debemos examinar la jurisprudencia de uno y otro sitio por el valor persuasivo que pueden tener en la de-cisión de este asunto.

Tanto en California como en la jurisdicción federal se le reconoce amplia discreción al juez para resolver si hay posibilidad de que el jurado llegue a un acuerdo. El tiempo es tan solo un factor entre varios a considerar. People v. Caradine, 44 Cal. Rept. 875 (1965); Paulson v. Superior Court, 372 P.2d 641 (Cal. 1962); Government of Virgin Islands v. Gereau, 502 F.2d 914, 935-6 (3d Cir. 1974); United States v. Alper, 449 F.2d 1223 (3d Cir. 1971); United States v. Cagle, 448 F.2d 644 (5th Cir. 1971); De Vault v. United States, 338 F.2d 179 (10th Cir. 1964).

En estos casos se permitió mantener al jurado deliberando entre dos horas y media a treinta y nueve horas y media (en el transcurso de cinco días), dependiendo, entre otras cosas, de la complejidad del caso. En el caso de autos el jurado deliberó por menos de siete horas, aun sin descontar el tiempo que estuvo cenando.

Para evaluar aquí la actuación del juez hay que recordar, además, que un testigo principal de cargo estaba próximo a ausentarse del país para siempre, lo que con toda posibilidad entrañaba el archivo del caso. El juez podía intentar retenerlo mediante los mecanismos de emergencia que brinda la Regla 238, pero de igual modo podía ejercer su discreción ordenando la continuación de las deliberaciones si estimaba que aún existía posibilidad de que el jurado llegase a un acuerdo. Sin embargo, la dificultad para retener este testigo para un segundo juicio no surge como elemento coactivo en las reiteradas órdenes del juez para continuar las delibera? ciones.

En Puerto Rico hemos resuelto que el juez de instancia está en mejor posición que este Tribunal para resolver si se justifica o no disolver el jurado. Si existe base razonable para la actuación del juez no intervendremos con su determinación. Pinero Agosto v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 204, 215, 219 (1967); Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148, 153. (1966). Dentro de las circunstancias concretas de este caso no consideramos que el tribunal de instancia se excedió en sus funciones.

Se confirmará la sentencia apelada.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Alberto Contreras López, acusado y apelante.

      Número: CR-76-27

      Resuelto: 30 de noviembre de 1976

      Benigno Alicea Alicea, abogado del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Rose Marie Cor-chado Lorenst, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

En Plard Fagundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 444 (1973), establecimos como norma que luego de celebrado un juicio sin que el jurado se pueda poner de acuerdo, procede la celebración de un segundo juicio, pero si en el segundo tampoco el jurado puede ponerse de acuerdo, no procede la celebración de un tercer juicio. Pretende ahora el apelante que vayamos más lejos y determinemos que si un jurado no se puede poner de acuerdo en el primer juicio, no procede la celebración de un segundo juicio. El trasfondo his-tórico-constitucional de la cláusula que prohíbe la doble ex-posición de un acusado milita contra tal pretensión. En Plard Fagundo expresamos que si al disolverse el jurado que intervino en el primer juicio el juez actuó “con la mayor cautela, por consideraciones obvias de peso y ante una nece-sidad manifiesta de así hacerlo”, procede la celebración de un segundo juicio. En la moción radicada por el acusado ante el Tribunal Superior, no se ataca en forma alguna la actua-ción del magistrado que intervino en el primer juicio cuando disolvió el jurado. Ver: United States v. Gordy, 526 F.2d 631 (5th Cir. 1976); Carey v. State, 353 A.2d 650 (Md. 1976); Commonwealth of Pa. Ex Rel. Walton v. Aytch, 352 A.2d 4 (Penn. 1976). Estuvo por tanto correcto el juez de instancia al declararla sin lugar de plano.

Se confirmará la sentencia apelada.