text:
      In re Pedro J. Pereira Esteves, querellado.

      Número: O-84-577

      Resuelto: 4 de septiembre de 1992

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Eliadís Or-sini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Barney H. López Toro y Elpidio Arcaya, abogados del querellado.
   per curiam:

El 22 de agosto de 1984 el Procurador General presentó una querella contra el Ledo. Pedro J. Pereira Esteves en la que le formuló cuatro (4) cargos por violar varios cánones de ética profesional.

Luego de que el licenciado Pereira Esteves negara los cargos en su contestación a la querella, el 29 de noviembre de 1984 designamos Comisionado Especial al Ledo. Ramón A. Cancio para que oyera y recibiera la prueba.

Celebradas las vistas, el 5 de marzo de 1986 el Comisio-nado Especial sometió su informe. Procedemos a examinar sus conclusiones de hecho con respecto a cada cargo formu-lado por el Procurador General.

HH

A. En el primer cargo, el Procurador General alega que:

El Ledo. Pedro J. Pereira Esteves incurrió en conducta inmo-ral y antiética en relación a su cliente el Sr. Manuel Pérez Yá-ñez, a.quien representaba como demandado en un caso de cobro de dinero (refiérase al caso de Eladia Nieves v. Manuel Pérez Y[á]ñez, Civil Núm. CD-80-346 sobre cobro de dinero en el Tribunal de Distrito, Sala de Fajardo). El querellado no informó adecuadamente al querellante del desarrollo de su caso ni de los asuntos relacionados con el mismo, ni realizó las gestiones necesarias ante los Tribunales que redundaran en beneficio de su representado, teniéndose como resultado la anotación de la rebeldía del querellante y de una vista en rebeldía en donde se dictó sentencia en contra del querellante. De tal manera se han perjudicado seriamente los derechos del querellante, al no ha-ber tenido la oportunidad, por la inacción y abandono de su abogado, de defenderse de la reclamación en su contra. Surge, además, que el querellante compensó económicamente al que-rellado por los servicios contratados. [Dicha conducta viola los cánones 18 y 19 de Etica Profesional.] Querella, pág. 2.

En cuanto al primer cargo, el Comisionado Especial con-cluyó que el licenciado Pereira Esteves representaba al Sr. Manuel Pérez Yáñez, quien había sido demandado en un caso por cobro de dinero en el Tribunal de Distrito. Luego de solicitar y obtener mediante moción el traslado del caso a la Sala de Fajardo, el licenciado Pereira no presentó la contestación a la demanda. En consecuencia, la parte de-mandante solicitó que se anotara la rebeldía del demandado.

Posteriormente, el tribunal notificó a los abogados de las partes el señalamiento de la vista del caso en rebeldía. Ante esa situación, el querellado solicitó en varias ocasio-nes, infructuosamente, la suspensión de la vista en rebel-día e incluso presentó una demanda contra tercero y la contestación a la demanda. Celebrada la vista en rebel-día, el tribunal declaró con lugar la demanda y dictó sen-tencia mediante la cual ordenó al demandado a pagar la suma de $6,000 más las costas y honorarios de abogado.

El querellado, entonces, presentó una moción para que se dejara sin efecto la sentencia dictada en rebeldía al am-paro de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Tanto en dicha moción como en las vistas ante el Comisionado Especial, el querellado adujo que no fue noti-ficado de la moción presentada por la parte demandante, en la cual se solicitaba la anotación de rebeldía. El Comi-sionado Especial no dio credibilidad a dicha contención de-bido a que lo más lógico era que el querellado hubiese in-formado la alegada falta de notificación cuando el tribunal le notificó el señalamiento de la vista en rebeldía, sin embargo, el querellado en aquel momento se limitó a pedir la suspensión de la referida vista.

El Comisionado Especial concluyó, en cuanto a este cargo, que el querellado Pereira Esteves no informó ade-cuadamente de los acontecimientos y desarrollos del caso a su representado, el señor Pérez Yáñez. Además, concluyó que debido al abandono, dejadez e inacción por parte del querellado, consistente en no contestar a tiempo la de-manda, se le anotó la rebeldía al señor Pérez Yáñez. No obstante, contrario a lo alegado en la querella, el Comisio-nado Especial determinó que el señor Pérez Yáñez no pagó al querellado suma alguna por sus gestiones en este caso.

B. El segundo cargo imputa que:

El Ledo. Pedro J. Pereira Esteves incurrió en conducta inmo-ral y antiética en relación a su cliente Gloria E. Soto, a quien representa en los tribunales en una reclamación de participa-ción en herencia. El querellado ha abandonado el caso de su cliente sin renunciar formalmente a su representación, a pesar de que así se lo solicitara la querellante, optando por no comu-nicarse con ella, ni tampoco le ha devuelto el expediente, a pe-sar de ésta habérselo requerido.
La anterior conducta relatada denota violación a los cánones 18 y 20 de l[o]s de Ética Profesional. Querella, pág. 2.

En cuanto a este segundo cargo, el Comisionado Especial determinó que el licenciado Pereira asumió la repre-sentación legal de la Sra. Gloria E. Soto quien, en calidad de demandante, quería reclamar sus derechos hereditarios en una casa. Seis (6) hermanastros de la señora Soto os-tentaban también derechos en la propiedad y, en particular, el Sr. Maximino Velázquez detentaba la posesión de la casa.

El licenciado Pereira presentó la demanda en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, e incluyó como demanda-dos a los seis (6) hermanastros de la señora Soto. No obs-tante, sólo emplazó a Maximino Velázquez. En vista de que éste no compareció en el caso contestando la demanda, el querellado solicitó mediante moción que se le anotara la rebeldía.

Luego el tribunal dictó una orden mediante la cual con-cedió término a la parte demandante, representada por el querellado, para que expresara si deseaba el señalamiento de la vista en rebeldía a pesar de que sólo se había empla-zado a uno (1) de los demandados. El querellado respon-dió mediante moción que interesaba el señalamiento de la vista del caso en rebeldía “no empece los defectos señala[dos]”.

El día de la vista, el querellado informó al tribunal que no estaba preparado debido a que su cliente no estaba presente. El tribunal procédió a dejar sin efecto el señala-miento e indicó que debía emplazarse por edicto a los de-más herederos. Ante esta determinación, el querellado en-vió una carta a la demandante en la cual le informaba que la vista del caso había sido suspendida y le requirió que le enviara $10 por el costo del sello de suspensión, más $100 para pagar los emplazamientos por edicto y un abono de $500 para proseguir con el caso. A esto añadió que de otra forma no podría continuar con el caso, por lo que debió entonces la señora Soto conseguir otro representante legal. A esta carta replicó la demandante negándose a pagar por dichos gastos legales ya que el querellado nada había hecho por ella.

Finalmente, habiendo transcurrido varios meses desde la suspensión de la vista en rebeldía —sin haber realizado el querellado gestión alguna en el litigio— el tribunal dictó sentencia en la cual ordenó el archivo del caso sin perjuicio.

El Comisionado Especial concluyó en su informe que el querellado no atendió debidamente el caso de la señora Soto y que, aún después de ordenarse el archivo del caso, no le informó a ésta que su causa de acción subsistía. Por último, se determinó que el licenciado Pereira no le envió el expediente a su cliente a pesar de ésta habérselo requerido.

C. El Procurador General alegó, además, que:

El Ledo. Pedro J. Pereira Esteves incurrió en conducta inmo-ral y antiética en relación a su cliente, el Sr. Fernando García Arroyo, a quien debía representar como abogado defensor en la lectura de la sentencia de éste en [un] caso criminal. El quere-llado, por honorarios ascendentes a la suma de $1,500.00, los cuales fueron pagados, se comprometió específicamente a ges-tionar el adelanto de la fecha de la lectura de la sentencia del convicto Fernando García Arroyo. El querellado no efectuó las gestiones necesarias ante los tribunales para cumplir adecua-damente su encomienda, reconociéndolo así mismo el propio querellado, quien acordó devolver los $1,500.00 que le fueran pagados, lo cual aún no ha hecho al día de hoy.
Tal conducta observada por el querellado muestra violación a los cánones 18, 19, 20 y 23 de los de Ética Profesional .... Que-rella, pág. 3.

En cuanto a este cargo, quedó establecido que el quere-llado fue contratado por la señora García para que fuera el abogado defensor de su hermano, el Sr. Fernando García Arroyo, con el fin específico de gestionar el adelanto del acto de pronunciamiento de la sentencia. Por los servicios convenidos se le adelantó la suma de $1,500 en un giro bancario.

El señor García Arroyo estuvo en la cárcel hasta el día en que el tribunal dictó una sentencia suspendida, siendo representado en dicha ocasión por el Ledo. Miguel Rosado Rivera.

El Comisionado Especial concluyó que el querellado nada hizo en verdadero provecho de su cliente, para que se adelantara el acto de la imposición de la sentencia o se dictara sentencia suspendida, ni se mantuvo en comunica-ción con él o con su hermana para tenerles informados. De hecho, el querellado ni siquiera presentó moción para asu-mir la representación legal en el caso. El querellado tam-poco ha devuelto la suma de $1, 500 que se le adelantó por concepto de honorarios profesionales.

El Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, en lo aquí pertinente señala que:

Es deber del abogado defender los intereses del cliente dili-gentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.

La gestión del abogado debe llevarse a cabo aplicando en cada caso sus conocimientos, experiencia y habilidad, desempeñándose de una forma adecuada y responsable, capaz y efectiva. Véanse: In re Vélez Valentín, 124 D.P.R. 403 (1989); In re Acosta Grubb, 119 D.P.R. 595, 602 (1987); In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986); In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

El hecho de que el abogado reciba retribuciones mínimas, o ninguna como puede ocurrir en algunos casos, no es excusa que justifique su falta de diligencia en la tram i - tación de un caso. Véanse: Cánones 1 y 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Rosario, 116 D.P.R. 462 (1985).

Cuando por razones justificadas no pueda representar adecuadamente a, su cliente, el abogado debe renunciar a la representación profesional; debe obtener previamente el permiso del tribunal. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984).

A esos efectos, el Canon 20 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone que, una vez efectiva la renuncia, el abogado “debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso

Por su parte, el Canon 19 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, le impone al abogado el deber de mantener a su cliente siempre informado de todos aquellos acontecimientos importantes que surjan en el caso que le ha sido encomendado. Véanse: In re Díaz Alonso, Jr., supra; In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978).

Finalmente, las relaciones entre abogado y cliente son de naturaleza fiduciaria, por lo que deben estar fundadas en la honradez absoluta. Constituye una grave falta que el abogado retenga una suma de dinero que le adelantó el cliente en concepto de honorarios sin realizar la gestión a la cual se comprometió. Véanse: Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Rivera Carmona, 114 D.P.R. 390 (1983); In re Arana Arana, supra.

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De las conclusiones de hecho dél Comisionado Especial y de un cuidadoso examen de toda la prueba testifical y documental se advierte que, en efecto, el licenciado Pereira incurrió en conducta antiética en cuanto a los hechos ale-gados en tres (3) de los cuatro (4) cargos que el Procurador General le imputó en la querella.

En el primer cargo quedó demostrado que el licen-ciado Pereira no representó al Sr. Manuel Pérez con la diligencia, habilidad y responsabilidad que los cánones de ética profesional le exigen a todo letrado que ejerce la abo-gacía en Puerto Rico. Su inacción conllevó que se le ano-tase la rebeldía a su representado y que, posteriormente, se dictara sentencia en su contra ordenándole pagar a la parte demandante la suma de $6,000.

Considérese, además, que los esfuerzos que realizara el querellado luego de que el tribunal le informara del seña-lamiento de la vista del caso en rebeldía resultaron infructuosos. Esto se debió mayormente a que el tribunal no consideró que los planteamientos que hiciera el quere-llado a través de sus mociones fueran meritorios.

Asimismo, surge de la prueba desfilada ante el Comisio-nado Especial, que el licenciado Pereira no informó al se-ñor Pérez que se le había anotado la rebeldía ni de las consecuencias que esto acarreaba para su defensa. In re Díaz Alonso, Jr., supra; In re Cardona Vázquez, supra.

Por último, cabe señalar que el hecho de que el licen-ciado Pereira no hubiese sido compensado por sus servicios no era excusa para que desatendiera la defensa de su cliente. La conducta del querellado en este caso reflejó, sin lugar a dudas, una clara transgresión de los Cánones 1,18, 19 y 24 del Código de Etica Profesional, supra. Véanse: In re Vélez Valentín, supra; In re Acosta Grubb, supra.

Respecto ál segundo cargo, quedó establecido que el querellado abandonó la causa de acción de su represen-tada, la señora Soto, quien era la demandante en un caso de reclamación de derechos hereditarios.

A pesar de que el tribunal señalara defectos en el único emplazamiento diligenciado y advirtiera que cinco (5) co-demandados no habían sido emplazados aún, el querellado nada hizo al respecto y por su contumacia y dejadez el caso se archivó posteriormente sin perjuicio. En este caso nue-vamente quedó demostrado el patrón de conducta del que-rellado, quien por el hecho de no haber recibido retribución económica pensó que su obligación profesional quedaba relevada.

Al aceptar la representación legal de la señora Soto, el querellado le debía a ésta el máximo de esfuerzo profesio-nal en la medida de su talento y preparación, no empece lo mínimo que recibiera en compensación por sus servicios. In re Rosario, supra. Si el licenciado Pereira hubiese tenido otras razones que le impidieran representar adecuada-mente a su cliente, entonces debió haber renunciado a la representación legal, previo el permiso del tribunal. In re Díaz Alonso, Jr., supra.

Finalmente, en cuanto a este cargo, el querellado debió haberle entregado el expediente del caso a la señora Soto ya que, a fin de cuentas, es al cliente a quien pertenece el mismo. La conducta del querellado en cuanto a su relación profesional con la señora Soto infligió los Cánones 1, 18, 20 y 24 del Código de Etica Profesional, supra.

En lo que concierne al cargo tercero, el licenciado Pe-reirá volvió a incurrir en violación del Canon 18 del Código de Etica Profesional, supra, al no desplegar las diligencias necesarias para representar debidamente al señor García Arroyo, quien se encontraba en la cárcel en espera de la imposición de la sentencia. Véanse: In re Siverio Orta, supra; In re Arana Arana, supra.

El proceder del querellado violentó, además, la natura-leza fiduciaria de su relación con el cliente, según se dis-pone en el Canon 23 del Código de Etica Profesional, supra. Lo menos que pudo haber hecho el licenciado Pe-reirá ante su completa inacción en este caso era devolverle al señor García el dinero que éste le adelantó cuando con-trató sus servicios profesionales. In re Rivera Carmona, supra.

Ante estas circunstancias, se ordena la suspensión del querellado Pedro J. Pereira Esteves por un período de dos (2) años del ejercicio de la profesión de abogado y de notario.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Negrón García está conforme con los pronunciamientos del Tribunal, pero hubiese sus-pendido indefinidamente al licenciado Pereira Este ves del ejercicio de la abogacía. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       Estos cargos fueron presentados en cumplimiento de nuestra Resolución de 17 de mayo de 1984 en la cual ordenamos la consolidación de una querella presen-tada por el Procurador General con otros cargos que surgieron a raíz de una inves-tigación realizada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico.

       Surge de los autos del caso que la moción en la cual se solicita la anotación de la rebeldía tiene fecha de 29 de abril de 1980, y en ella se certifica que ese mismo día se envió copia al querellado.

       A la vista en rebeldía compareció el Ledo. Carlos Ríos Hernández en repre-sentación del demandado Pérez Yañez por encomienda del querellado.

       Ese mismo día el querellado también presentó una petición de certiorari en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, solicitando la revisión de las resoluciones de-negando la suspensión de la vista en rebeldía.
      El certiorari fue denegado por el Tribunal Superior. La moción al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, íue declarada no ha lugar por el Tribunal de Distrito.

       El tribunal señaló, además, que el emplazamiento de Maximino Velázquez era defectuoso por no estar dirigido al demandado a emplazarse y que también era defectuoso el diligenciamiento por no indicarse el lugar en que se dilingenció el emplazamiento.

       La señora Soto se encontraba en el estado de Connecticut desde hacía un tiempo.

       Cabe señalar que previo el archivo del caso, el tribunal dictó una orden para que el querellado informara los fundamentos que tenía para que no se archivara el caso, dado los defectos señalados en el emplazamiento de Maximino Velázquez y la falta de emplazamiento de los demás herederos. El querellado Pereira Esteves no presentó fundamento alguno posteriormente.

       Surge del informe del Comisionado Especial que el señor García Arroyo hizo alegación de culpabilidad en un caso criminal y quedó en libertad hasta la imposición de la sentencia. Posteriormente se ordenó su reclusión debido a una queja que se presentó en su contra.

       Debido a que el cuarto cargo de la querella es tan extenso, y tomando en consideración que el Comisionado Especial determinó que el licenciado Pereira no incurrió en conducta antiética e inmoral en cuanto a los hechos allí imputados, dicho cargo no será discutido en la opinión.


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text:
    Designación Comité Especial Secretariado de la Conferencia Judicial.

      Número: EC-92-1

      Resuelto: 4 de septiembre de 1992
   RESOLUCIÓN

La Ley Núm. 21 de 13 de julio de 1992 creó el Tribunal de Apelaciones con la función primordial —vía el derecho de apelación— de corregir los errores cometidos por los fo-ros del Tribunal de Primera Instancia. Sus procedimientos internos se regirán por las reglas que este Tribunal adopte, incluso aquellas que establecen cuáles dictámenes del Tribunal de Apelaciones podrán ser publicados y citados por su valor persuasivo. Además deberá reglamentarse la rota-ción (reasignación) periódica de los miembros de sus dis-tintos paneles de jueces. Art. 4(f) de la Ley Núm. 21, supra, 4 L.P.R.A. sec. 61a.

Bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Tribunal Supremo, como foro de última ins-tancia, es el único cuyos pronunciamientos y fallos pueden originar la doctrina de la aplicación del precedente judicial {stare decisis). Art. V, Sec. 6, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

Este atributo constitucional está interrelacionado con el sistema judicial unificado (Art. V, Sec. 2, Const. E.L.A., supra), y es consustancial con la facultad de este Tribunal de adoptar las reglas procesales, evidenciarías y de adminis-tración a seguirse en los tribunales del país. Art. V, Secs. 6 y 7, Const. E.L.A., supra. La estructura y los principios constitucionales vigentes, el carácter de foro intermedio y su funcionamiento en paneles periódicamente en rotación, excluyen la aplicación del precedente (stare decisis) a los dictámenes del Tribunal.de Apelaciones. Este Tribunal en-tiende que, conforme a nuestro ordenamiento, corresponde al Juez Presidente dirigir la administración de los tribuna-les y, como tal, ejercer la administración del Tribunal de Apelaciones.

I h-i

A los fines de someter a este Tribunal las recomendacio-nes en relación con las reglas internas de funcionamiento que regirán los procedimientos del Tribunal de Apelaciones y, además, en relación con un sistema de rotación (reasig-nación) periódica de sus miembros —compatibles y a tono con la estructura y principios constitucionales judiciales vigentes, según expuestos— se crea un Comité Especial adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, a ser integrado por las personas siguientes:

Ledo. José Trías Monge — Presidente

Prof. Raúl Serrano Geyls

Ledo. Salvador Antonetti

Hon. Ramón Negrón Soto

Ledo. José Alberto Morales

Hon. Anabelle Rodríguez

Ledo. César Miranda Rodríguez

Hon. Ygrí Rivera de Martínez

Ledo. Ernesto L. Chiesa

El Comité Especial deberá cumplir su encomienda y rendir su informe, no más tarde de 30 de septiembre de 1992.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Subsecretaría General. El Juez Asociado Señor Negrón García expresó que su conformidad responde a que la resolución de hoy parte de la premisa que ninguna legislación puede exigir al Juez Presidente ni al Tribunal Supremo, vía la encomienda de aprobar unas reglas internas para el Tribunal de Ape-laciones, actuaciones al margen de la Constitución; menos, socavar la facultad exclusiva del Tribunal Supremo, como foro de última instancia, de establecer precedentes judicia-les (stare decisis). Tampoco puede exigir que usurpemos las prerrogativas del Juez Presidente de asignar, reasignar y rotar los Jueces del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia o, a la inversa, que se le otorguen legislativamente al Juez Presidente los atributos que per-tenecen al Tribunal Supremo. Añade que para cualquier jurista, los principios constitucionales son mandatorios y, en caso de conflicto, prevalecen sobre los legislativos.

(.Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera

Subsecretaría General


text:
      In re Ribas Dominicci, Ernestina Rodríguez Rodríguez, Jorge E. Castro Jiménez, Enrique Pesquera Cobián, Juan E. Náter Santana y José Antonio García Ortiz.

      Números: MC-89-30
    MC-88-40

      Resueltos: 4 de septiembre de 1992

      Juan E. Náter Santana, pro se; José Antonio García Ortiz, pro sei Nora L. Rodríguez Matías, Carmen I. Navas, Elizabeth Alvarez de Barbosa, Carmen Cintrón Ferrer, Evelyn Benvenutti Toro, Israel Pacheco Acevedo, José Aníbal Ortiz hozada, del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
    Sala integrada por su Presidente, el Juez Asociado Señor Negrón García, y los Jueces Asociados Señor Alonso Alonso y Señor Fuster Berlingeri.
   RESOLUCIÓN

El Tribunal se da por enterado de las mociones informa-tivas del Colegio de Abogados de Puerto Rico presentadas el 2 y 3 de septiembre de 1992.

Examinada la Moción Urgente de Reconsideración del Ledo. Juan E. Náter Santana, a la luz de sus comparecen-cias ulteriores, y la Moción Informativa y en Auxilio del Ledo. José Antonio García Ortiz, se les reinstala única-mente al ejercicio de la abogacía. Sus peticiones en cuanto a la notaría estarán sujetas a los resultados de la inspec-ción que de sus obras notariales haga la Oficina del Director de Inspección de Notarías.

Se le concede al Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías un término de treinta (30) días para someter los informes correspondientes.

Vistas las mociones informativas del Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico, notamos que los Ledos. Salvador Ribas Dominicci, Ernestina Rodríguez Rodríguez, Jorge E. Castro Jiménez y Enrique Pesquera Cobián no han compare-cido ante este Tribunal a mostrar causa, según les fuera requerido en nuestras Resoluciones de 19 de junio y 17 de julio de 1992.

Notifíquese por teléfono y por la vía escrita.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    The Chase Manhattan Bank, N.A., demandante y recurrido, v. Prido J. Polanco Martínez, demandado y peticionario.

      Número: CE-89-604

      Resuelto: 9 de septiembre de 1992

      Luis A. Arrufat Pimentel, abogado del recurrido; Alexis Rivera Cordero, abogado del peticionario.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El demandado peticionario, Dr. Prido J. Polanco, quien es médico cirujano desde el 1974, ingresó al Ejército de los Estados Unidos en el 1980. Al ingresar al Ejército, le arrendó una residencia de su propiedad —la que es objeto del pleito— a un vecino por un canon mensual igual al importe de la hipoteca, delegando en éste el pago de la misma. Posteriormente, el demandado volvió a arrendar la propiedad al hermano de otro vecino, a quien igualmente le delegó la responsabilidad de pagar la hipoteca. El deman-dado, en ningún momento, le informó al acreedor hipotecá-rio sobre su ingreso al Ejército, ni sobre su condición de militar en el ejército activo.

Luego de su ingreso a las fuerzas armadas, el deman-dado no satisfizo pago alguno por concepto de las mensua-lidades del préstamo hipotecario. Tampoco verificó que los pagos de la hipoteca se estuvieran realizando, conforme acordó con los distintos arrendatarios que tuvo la propiedad. Los mismos nunca se hicieron.

El 14 de enero de 1986, el acreedor hipotecario, el Chase Manhattan Bank, N.A., presentó una demanda en cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra el demandado, Dr. Prido J. Polanco, ante él Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina.

En vista de que el emplazamiento no pudo diligenciarse, al no poder localizarse al demandado, el banco deman-dante logró autorización del tribunal para emplazarlo me-diante edictos, conforme dispone la Regla 4.5 de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Ante la incomparecencia del demandado, a solicitud del demandante, se le anotó la rebeldía al primero el 29 de julio de 1986. Posteriormente, el 6 de agosto de 1986, se dictó sentencia en rebeldía, declarándose con lugar la de-manda, la cual ordenó la venta de la propiedad hipotecada en pública subasta. La subasta se efectuó el 9 de febrero de 1987.

El 21 de agosto de 1987, el demandado presentó una moción de relevo de sentencia. Alegó que por estar en ser-vicio activo del Ejército de los Estados Unidos no tuvo co-nocimiento ni pudo comparecer al pleito de epígrafe. Le imputó a la parte demandante conocimiento de estas cir-cunstancias y de no haber cumplido con los requisitos del Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act of 1940, 54 Stat. 1178, 50 U.S.C. sec. 520, según enmendada. Se alegó, ade-más, bajo la referida Ley, nulidad de la sentencia que ad-judicó la venta en pública subasta del inmueble. Al amparo de ello, se solicitó el relevo de la sentencia.

Luego de varios incidentes procesales, incluyendo la ce-lebración de una vista para dilucidar la moción del deman-dado, el tribunal de instancia declaró sin lugar el relevo solicitado.

Inconforme, acudió ante este Tribunal el demandado doctor Polanco Martínez. En su petición de certiorari, le imputó al tribunal de instancia haber errado al:

1. [Dictar sentencia] sin jurisdicción por no haberse cumplido con 50 U.S.C. [App.] 520, Soldier’s and Sailor’s Civil Relief Act. La falta de notificación adecuada anula la sentencia dictada en [rjebeldía ....
2. [No determinar] que el peticionario fue perjudicado por su servicio militar, a pesar de que reconoce en su resolución que ... “estaba en servicio activo prestando toda su atención a [los] servicios de médico cirujano [que brinda] en hospitales milita-res ....
3. [Permitir] que se violen los derechos constitucionales del peticionario. Certiorari, pág. 3.

Expedimos el recurso solicitado. Resolvemos.

M

De entrada, nos expresamos brevemente sobre los re-quisitos, exigidos por nuestro ordenamiento jurídico, del emplazamiento por edictos y sobre la corrección, desde un punto de vista estrictamente técnico, de los procedimientos seguidos en el presente caso que culminaron en el empla-zamiento por edictos del demandado peticionario.

La Regla 4.5 de Procedimiento Civil de 1979, ante, permite el emplazamiento de una persona por medio de edictos cuando la misma “estuviere fuera de Puerto Rico, o estando en Puerto Rico, no pudiere ser localizada después de realizadas las diligencias pertinentes, o se ocultare para no ser emplazada ... y así se comprobare a satisfacción del tribunal mediante declaración jurada, con expresión de dichas diligencias, y [si] existe una reclamación que justifiqu[e] la concesión de algún remedio contra la persona que ha de ser emplazada

En materia del emplazamiento se requiere, como norma general, un cumplimiento estricto con los requisitos exigidos ya que el objetivo del emplazamiento es “que se notifique al demandado que se instó una acción judicial en su contra, de manera que se le dé una oportunidad de ser oído y defenderse”. (Enfasis suplido.) Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1986).

Sobre la validez del emplazamiento por edictos, el Profesor Cuevas Segarra nos señala que “[n]o es necesario ... que el demandado lea o de otro modo advenga al conocimiento real del edicto. Bastará con que se cumplan todos los requisitos para que se haya ajustado el emplazamiento al debido procedimiento de ley que exige la Constitución. Aunque resulte ser una ficción, el procedimiento no podría operar de otro modo”. J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña : Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, pág. 42.

En el presente caso, no está en controversia el hecho de que los procedimientos seguidos ante el Tribunal Superior para emplazar por edictos al demandado cumplen, prima facie, con los requisitos exigidos por las citadas Reglas. Esto es, el foro de instancia, prima facie, “adquirió jurisdic-ción” sobre el demandado.

Ahora bien, se alega que no obstante lo antes expresado, la sentencia en rebeldía dictada por el tribunal de instan-cia es nula por no haber cumplido dicho foro judicial con lo establecido en el Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act of 1940.

El Soldiers’ and Sailors’ Civil Relief Act of 1940, o Ley sobre Rehabilitación Civil de Soldados y Marinos de 1940, es un estatuto federal de índole procesal que per-mite la suspensión o paralización de ciertos procedimientos o pleitos civiles seguidos contra personas que se encuen-tran en el servicio militar de los Estados Unidos. 50 U.S.C. see. 510. El propósito de esta legislación, la cual fue apro-bada allá para el 17 de octubre de 1940, fue permitirle a los Estados Unidos de Norteamérica fortalecer y agilizar sus planes de defensa nacional. Al proveer para la suspen-sión y/o paralización de los procedimientos judiciales o pleitos que afectasen los intereses de las personas en el servicio militar, estas podrían dedicarle todas sus energías a las necesidades de defensa de dicha Nación.

Específicamente, la See. 200 de la referida Ley, 50 U.S.C. see. 520, establece unas medidas que deben ser observadas cuando la persona en servicio militar activo no pueda comparecer a un pleito o procedimiento seguido en su contra. El estatuto dispone las siguientes medidas:

(1) In any action or proceeding commenced in any court, if there shall be a default of any appearance by the defendant, the plaintiff, before entering judgment shall file in the court an affidavit setting forth facts showing that the defendant is not in military service. If unable to file such affidavit plaintiff shall in lieu thereof file an affidavit setting forth either that the defendant is in the military service or that plaintiff is not able to determine whether or not defendant is in such service. If an affidavit is not filed showing that the defendant is not in the military service, no judgment shall be entered without first securing an order of court directing such entry, and no such order shall be made if the defendant is in such service until after the court shall have appointed an attorney to represent defendant and protect his interest, and the court shall on application make such appointment. Unless it appears that the defendant is not in such service the court may require, as a condition before judgment is entered, that the plaintiff file a bond approved by the court conditioned to indemnify the defendant, if in military service, against any loss or damage that he may suffer by reason of any judgment should the judgement be thereafter set aside in whole or in part. And the court may make such other and further order or enter such judgment as in its opinion may be necessary to protect the rights of the defendant under this Act [sections 501 to 591 of this Appendix], Whenever, under the laws applicable with respect to any court, facts may be evidenced, established, or proved by an unsworn statement, declaration, verification, or certificate, in writing, subscribed and certified or declared to be true under penalty of perjury, the filing of such an unsworn statement, declaration, verification, or certificate shall satisfy the requirement of this subsection that facts be established by affidavit.

(2) Any person who shall make or use an affidavit required under this section, or a statement, declaration, verification, or certificate certified or declared to be true under penalty of perjury permitted under subsection (1), knowing it to be false, shall be guilty of a misdemeanor and shall be punishable by imprisonment not to exceed one year or by fine not to exceed $1,000, or both.

(3) In any action or proceeding in which a person in military service is a party if such party does not personally appear therein or is not represented by an authorized attorney, the court may appoint an attorney to represent him; and in such case a like bond may be required and an order made to protect the rights of such person. But no attorney appointed under this Act [sections 501 to 591 of this Appendix], to protect a person in military service shall have power to waive any right of the person for whom he is appointed or bind him by his acts. 50 U.S.C. sec. 520.

La referida sección de la Ley, en su inciso (4), provee remedio a la persona contra quien se haya dictado sentencia y que ha sufrido perjuicio por razón de encontrarse en el servicio militar. La misma establece que:

(4) If any judgment shall be rendered in any action or proceeding governed by this section against any person in military service during the period of such service or within thirty days thereafter, and it appears that such person was prejudiced by reason of his military service in making his defense thereto, such judgment may, upon application, made by such person or his legal representative, not later than ninety days after the termination of such service, be opened by the court rendering the same and such defendant or his legal representative let in to defend; provided it is made to appear that the defendant has a meritorious or legal defense to the action or some part thereof. Vacating, setting aside, or reversing any judgment because of any of the provisions of this Act [said sections], shall not impair any right or title acquired by any bona fide purchaser for value under such judgment. (Énfasis suplido.) 50 U.S.C. sec. 520(4).

La presente constituye la primera ocasión en que el Tribunal tiene la oportunidad de expresarse sobre la dispo-sición de la citada Ley relativa a la reapertura de un pleito en que ya se ha dictado sentencia contra el demandado. En el pasado habíamos tenido oportunidad de hacerlo en rela-ción con otro de los remedios que provee esta ley a los sol-dados activos. En Canet v. Corte, 61 D.P.R. 150, 155 (1942), se trataba sobre una solicitud, por parte de un miembro de las fuerzas armadas, de paralización de un pleito (stay) sobre ejecución de hipoteca y levantamiento de un embargo. Allí expresamos que esta Ley no tiene el efecto o no pretende disponer la paralización automática de cualquier procedimiento en que esté envuelto un militar por la mera demostración de que está en servicio militar y que éste viene en la obligación de alegar, y probar, que su capacidad para satisfacer la obligación que se le reclama, o para preparar adecuadamente una legítima defensa, ha sido afectada por el servicio militar.

HH l-H I — I

Los tribunales reiteradamente han resuelto que una sentencia dictada contra una persona en el servicio activo, en cuyo procedimiento no se cumplió con las disposiciones de esta Ley, no es nula sino meramente anulable. Véanse: Ostrowski v. Pethick, 590 A.2d 1290 (1991); Hart, Nininger and Campbell v. Rogers, 548 A.2d 758 (1988); Hernández v. King, 411 So. 2d 758 (1982); Krumme v. Krumme, 636 P.2d 814 (Kan. 1981); Mapston v. Jacobs, 545 P.2d 1064 (Colo. 1975); Davidson v. General Finance Corporation, 295 F. Supp. 878 (N.D. Ga. 1968); Rentfrow v. Wilson, 213 A.2d 295 (1965); Thompson v. Lowman, 155 N.E.2d 258 (1958); Gibbons v. Belt, 33 N.W.2d 374 (1948); Morris Plan Bank of Georgia v. Hadsall, 41 S.E.2d 881 (1947); Lyle v. Haskins, 168 P.2d 797 (Wash. 1946); Snapp. v. Scott, 167 P.2d 870, (Okla. 1946); Hynds v. City of Ada ex rel. Mitchell, 158 A.2d 906 (1945), entre otros.

En consecuencia —y no obstante ser un hecho irrefutable que en el presente caso no se cumplió con los requisitos generales, de índole procesal, que exige la referida Ley que se tomen tanto por el demandante como por el tribunal— estamos obligados a determinar si el demandado peticionario cumplió con los requisitos que exige la referida Ley para que se deje sin efecto, o se anule, una sentencia ya dictada.

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La Sec. 200(4) de la Ley, supra, establece los requisitos que deben concurrir para que se pueda reclamar el remedio que permite dejar sin efecto o anular una sentencia. Dichos requisitos son:

(1) La sentencia debe haber sido dictada durante el período en que la persona se encontraba en el servicio militar (o dentro de los treinta días de haber finalizado éste).
(2) La sentencia debe ser una adversa al demandado o éste debe haber sufrido un perjuicio por razón de la prestación de su servicio militar.
(3) La solicitud o petición (de intervención o relevo) debe ser presentada dentro de los noventa (90) días de haber finalizado el servicio militar el demandado.
(4) El demandado debe tener o poder levantar una defensa legal o meritoria (meritorious or legal defense).

No hay duda que se cumplen en el presente caso con los primeros tres (3) requisitos. La sentencia objetada fue emitida estando el demandado peticionario en el servicio militar activo y la misma le fue adversa a éste. No existe, tampoco, controversia respecto a la radicación oportuna de la solicitud de relevo.

Somos del criterio que el cuarto requisito —esto es, que el demandado que solicita remedio bajo la Ley en controversia debe demostrar que cuenta con una “defensa legal o meritoria” en el caso— no está presente en el caso ante nuestra consideración. Los tribunales reiteradamente han exigido que el demandado que solicita, bajo la Ley aquí en controversia, relevo de una sentencia, haga una demostración (showing) de que cuenta con una defensa meritoria, ya sea enumerando la prueba con que cuenta, ya alegando hechos específicos al respecto. Refiérase, por ejemplo, a: Smith v. Davis, 364 S.E.2d. 156 (1988); Urbana College v. Conway, 502 N.E.2d 675 (1985); La Mar v. La Mar, 505 P.2d 566 (Ariz. 1973), y Flagg v. Sun Investment & Loan Corporation, 373 P.2d 226 (Okla. 1962), entre otras.

V

El demandado en su comparecencia levantó, como único fundamento en apoyo de su contención de que la sentencia es nula, el mero incumplimiento con la referida Ley. Como “defensa meritoria” que justifique el ser relevado de los efectos de la sentencia, nuevamente alude a que se encon-traba fuera de la jurisdicción en servicio militar activo, destacado en Arizona y luego en Alabama y que el procedi-miento de ejecución de hipoteca no fue paralizado.

Durante la vista ante el foro de instancia, el peticionario alegó que por motivo de su servicio militar no le fue posible supervisar adecuadamente sus intereses, además de que nunca recibió copia de la demanda. El tribunal, luego de ponderar la prueba que tuvo ante sí, consideró que el de-mandado no adujo una defensa legal meritoria que justifi-case la concesión del relevo. Ante nos, el peticionario nue-vamente levanta, como su “defensa legal meritoria”, el incumplimiento con las “medidas protectoras” durante los procedimientos seguidos en instancia; esto es, no especifica la defensa legal meritoria, o demostrativa de justa causa, por la cual deba ser relevado de la sentencia dictada en su contra. Por ello y considerando que el tribunal de instancia dio fiel cumplimiento al emplazamiento por edictos, el planteamiento constitucional nos parece inmeritorio.

El peticionario omite hacer referencia a los hechos que fueron objeto de determinación por el tribunal de instancia. Estos hechos, en sí mismos, son demostrativos de una conducta de dejadez o negligencia por parte del demandado, quien no fue diligente ni actuó como una persona prudente y razonable en el manejo de sus asuntos. Al ingresar al servicio activo, no dejó o informó su cambio de dirección al banco, su acreedor hipotecario, ni a sus arrendatarios. Tampoco le informó al banco sobre su con-dición de militar activo ni que delegó en los arrendatarios los pagos de la obligación hipotecaria. Optó por mante-nerse desinformado en torno a este asunto. A pesar de ha-ber delegado la responsabiidad del pago, el peticionario —profesional de la salud — : debía saber que frente al acree-dor hipotecario, continuaba siendo el deudor, responsable del cumplimiento de la obligación. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 5177.

Por otro lado, los ingresos que el propio peticionario in-forma haber recibido durante su servicio militar, nos per-miten concluir que disponía de recursos económicos para cumplir con la obligación de referencia. No estamos ante una situación donde el servicio militar le representara una merma sustancial en sus ingresos. Tampoco estamos ante una situación donde por irregularidad o fraude en los trámites seguidos ante el Tribunal Superior se justifique nuestra intervención.

Por los fundamentos antes señalados, concluimos que no erró el tribunal de instancia al no conceder el relevo de sentencia solicitado. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita.

       Todo el tiempo que estuvo el peticionario en el Ejército de los Estados Unidos fue en servicio activo. Primero estuvo ubicado en un hospital en Arizona y luego en Alabama desempeñándose como Jefe de Cirugía.

       La propiedad es una residencia sita en la Calle Amapola Núm. 757N de la Urb. Round Hill en Trujillo Alto.

       A cambio de esto, el arrendatario debía darle mantenimiento a la propiedad y pagarle directamente al banco las mensualidades de la hipoteca.

       Según traducida en Casanova v. Sánchez, 79 D.P.R. 176, 183 (1956).

       Esta Ley no es la primera expresión del Congreso de los Estados Unidos de su interés y objetivo de proteger los soldados que participan en conflictos bélicos. El 11 de junio de 1864 se aprobó una ley para suspender cualquier acción civil o criminal llevada contra los soldados y marinos mientras éstos estuviesen en servicio activo. Se le proveía inmunidad contra el emplazamiento y el arresto. Otras leyes que siguieron ésta se describen en G.M. Huckabee, Operation Desert Shield and Desert Storm: Resurrection of the Soldier’s and Sailor’s Civil Relief Act, 132 Mil. L. Rev. 141 (1991). Allí también se explica la vigencia de esta ley ante el reciente con-flicto en el Golfo Pérsico que conllevó la movilización masiva de tropas del ejército y la marina. Véase, también, Vento y Kornspan, Protection under the Soldier’s and Sailor’s Civil Relief Act for United States Military and Activated Reservists, 65 Fla. B. J. 32 (1991).

       La citada Ley señala el siguiente propósito:
      “In order to provide for, strengthen, and expedite the national defense under the emergent conditions which are threatening the peace and security of the United States and to enable the United States the more successfully to fulfill the requirements of the national defense, provision is made to suspend enforcement of civil liabilities, in certain cases, of persons in the military service of the United States in order to enable such persons to devote their entire energy to the defense needs of the Nation, and to this end the following provisions are made for the temporary suspension of legal proceedings and transactions which may prejudice the civil rights of persons in such service during the period herein specified over which this Act [sections 501 to 591 of this Appendix] remains in force.” 50 U.S.C. sec. 510.

       50 U.S.C. see. 520. Resumimos e interpretamos que esta Ley dispone que: (1) en cualquier acción o procedimiento donde haya incomparecencia del demandado, antes de que se dicte sentencia, el demandante deberá presentar una declaración jurada indicando que el demandado no se encuentra en el servicio militar. De no poder presentar esta declaración jurada, el demandante presentará otra señalando que el demandado se encuentra en el servicio militar o que no le es posible determi-nar si el demandado está o no en servicio activo. De no presentarse la declaración jurada que indique que el demandado no está en el servicio militar, a menos que el tribunal así lo ordene, no se registrará la sentencia. De encontrarse el demandado en servicio militar, el tribunal no podrá ordenar el registro de la sentencia hasta que se asigne un abogado que represente al demandado y proteja su interés. A menos que pareciese que el demandando no está en el servicio militar, el tribunal puede reque-rir, como condición previo a dictar sentencia, que el demandante preste una fianza para indemnizar cualquier pérdida o daños que sufra el demandando, si se encon-traba en el servicio militar y si la sentencia es dejada sin efecto, total o parcialmente. (2) Se tipifica como delito menos grave el someter la declaración jurada del inciso (1), a sabiendas de que su contenido sea falso. (3) En cualquier acción o procedimiento en el cual una persona en el servicio militar sea parte, si no comparece personalmente al mismo o no está representada por un abogado autorizado, el tribunal podrá asig-nar un abogado que le represente. En tal caso podría requerirse una fianza y una orden para proteger los derechos de la persona.

       La Sec. 30 de esta ley, 50 U.S.C. sec. '532, tiene otras disposiciones para situaciones donde estén envueltas obligaciones garantizadas, mediante hipoteca, en-tre otras. En su inciso (2) le concede discreción al tribunal para suspender (stay) los procedimientos, motu proprio o a solicitud de parte, a menos que en opinión del tribunal, la habilidad del demandado, de cumplir con los términos de su obligación no se afectó sustancialmente por razón de su servicio militar. Por otro lado, la See. 303 de la ley (50 U.S.C. see. 533) dispone otra medida (nombramiento de tres (3) personas sin interés para avaluar la propiedad y emitir una recomendación al tribunal para compensarle a la persona en el servicio militar).

       Véase, también, Casanova v. Sánchez, supra, pág. 183, donde se concluyó que el demandado no tenía derecho a la paralización de los procedimientos.

       En el caso de epígrafe, no se presentó la declaración jurada señalando que el demandado se encontraba en el servicio militar o que se desconocía si estaba en dicho servicio. Tampoco se nombró un abogado que representara al demandado y la sen-tencia fue dictada en ausencia del mismo, siendo éste emplazado mediante edictos.

       La sección 101 de la referida Ley, 50 U.S.C. see. 511(1) define a la persona en el servicio militar como: “[a]ll members of the Army of the United States, the United States Navy, the Marine Corps, the Coast Guard, and all officers of the Public Health Service detailed by proper authority for duty either with the Army or the Navy ...”. Allí mismo se especifica que el término “servicio militar” significa “Federal service on active duty with any branch of service heretofore referred to or mentioned as well as training or education under the supervision of the United States preliminary to induction into the military service”.

       En el caso ante nos, había transcurrido el término para solicitar el relevo de la sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esta Ley tiene el efecto de prorrogar por un término adicional de noventa (90) días el término concedido por nuestro ordenamiento procesal para solicitar el relevo de una sentencia. La See. 205 de la ley (50 U.S.C. see. 525) claramente dispone que “[t]he period of military service shall not be included in computing any period now or hereafter to be limited by any law, regulation, or order for the bringing of any action or proceeding in any court ... or ... for the redemption of real property sold or forfeited to enforce any obligation, tax, or assessment”. Por ello, la moción de relevo fue correctamente acogida para su consideración.

       Resulta pertinente reiterar que “[e]l debido proceso no es abstracción apo-calíptica que de sólo invocarla infunda temor de Dios al tribunal y paralice al adversario”. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974).

       De la resolución objeto de revisión surge que “[a]ntes de ingresar al ejército el demandado devengaba un sueldo como médico en la vida civil de alrededor de $3,000.00 mensuales. Al ingresar en el ejército ... obtuvo un rango mayor y comienza a devengar un sueldo ... entre $36,000.00 y $40,000.00 anuales y otros beneficios adicionales”. Apéndice VI al alegato del peticionario, págs. 23-24.


text:
      In re Jorge E. Castro Jiménez.

      Números: MC-89-39,
    MC-88-40

      Resueltos: 11 de septiembre de 1992

      Jorge E. Castro Jiménez, pro se.

   RESOLUCIÓN

Examinada la moción para mostrar causa presentada por el Ledo. Jorge E. Castro Jiménez, en cumplimiento con nuestras Resoluciones de 19 de junio, 17 de julio y 4 de septiembre de 1992, se le reinstala únicamente al ejercicio de la abogacía. Su petición en cuanto a la notaría estará sujeta a los resultados de la inspección de su obra notarial por la Oficina del Director de Inspección de Notarías.

Se le concede al Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, un término de treinta (30) días para someter los informes correspondientes.

Notifíquese por teléfono y por la vía escrita.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

text:
    Plinio Pérez Marrero, demandante y recurrido, v. Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: RE-89-101

      Resuelto: 15 de septiembre de 1992

      Aurelio Gracia Morales, abogado del recurrido; Delfín Sosa Suárez, abogado del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso trata sobre una acción en cobro de honorarios por servicios profesionales presentada por el demandante recurrido, Ledo. Plinio Pérez Marrero, contra el deman-dado recurrente, Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Exponemos los hechos relevantes que no están en controversia.

El Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico (Cole-gio), para el año de 1976, solicitó del licenciado Pérez Ma-rrero asesoramiento legal en cuanto a la procedencia jurí-dica de una posible acción en cobro de dinero contra la Corporación de Servicios de Seguros de Salud, Inc. (Triple S), dimanante la misma de un contrato suscrito entre am-bas partes en el año 1961. En relación a dicha consulta, el demandante recurrido le informó al demandado recurrente que el contrato suscrito entre el Colegio y Triple S era uno exigible.

Así las cosas, en el 1979, el demandado recurrente, luego de un sinnúmero de gestiones extrajudiciales infruc-tuosas, decidió contratar los servicios profesionales del li-cenciado Pérez Marrero para que éste instara la correspon-diente acción judicial. En torno a los honorarios de abogado, el licenciado Pérez Marrero se reunió con el en-tonces presidente del Colegio, Dr. Antonio Busquets, y con el Ledo. Carlos Aponte, abogado y Director Ejecutivo del Colegio. En dicha reunión, el demandado recurrente re-chazó el pago por horas trabajadas ya que no podía desem-bolsar esa cantidad de dinero, acogiéndose, en consecuen-cia, a un contrato de honorarios contingentes. Luego de varias reuniones, las partes acordaron que se le pagaría al demandante el 15% de cualquier suma obtenida mediante sentencia a su favor y $3,000 en concepto de retainer fee\ suma de dinero que sería descontada de los honorarios con-tingentes acordados. Este acuerdo entre el licenciado Pé-rez Marrero y el Colegio se redujo a escrito y fue aceptado mediante carta fechada de 27 de noviembre de 1979 por el entonces presidente del Colegio, Dr. Antonio Busquets.

Establecida así la forma de pago por los servicios profe-sionales entre las partes, el demandante recurrido proce-dió a instar la correspondiente demanda en cobro de dinero contra Triple S en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, en el caso Colegio de Cirujanos Dentis-tas de P.R. v. Seguros de Servicios de Salud, Civil Núm. 79-7035. Estando este caso pendiente, y ya comenzado el descubrimiento de prueba por ambas partes, Triple S instó a su vez una acción independiente contra el Colegio de-mandado recurrente, imputándole violación a la Ley de Monopolios de Puerto Rico, Caso Civil Núm. 82-4950.

Ante esa situación, y con el deseo de restaurar las rela-ciones profesionales entre ambas entidades, tanto el Cole-gio como Triple S decidieron que lo más conveniente a sus intereses era desistir de sus respectivas reclamaciones judiciales. A esos efectos, el abogado demandante recu-rrido, en cumplimiento del déseo de su cliente de desistir o terminar el pleito, radicó con fecha 17 de noviembre de 1983 moción de desistimiento, la cual dio por terminado el pleito entre el Colegio y Triple S.

Cabe señalar que previo a la presentación de la moción de desistimiento antes mencionada, con fecha de 29 de ju-lio de 1983, el demandante recurrido le remitió al deman-dado recurrente una factura en cobro de los servicios pro-fesionales por él prestados. El abogado demandante facturó a base de las horas trabajadas.

Inconforme con la facturación relativa a los servicios prestados, el demandado recurrente solicitó el expediente del caso para estudiarlo y, mediante carta de 21 de noviem-bre de 1983, le comunicó al demandante recurrido que re-chazaba la reclamación de honorarios de abogado ya que entendía que, a tenor con los términos y condiciones del pacto de cuotalitis, no tenía que desembolsar la suma reclamada. Debido a la situación acaecida, y no generán-dose más comunicación entre las partes, el 3 de noviembre de 1986 el demandante recurrido presentó demanda en co-bro de servicios profesionales contra el demandado recu-rrente en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan.

El Colegio demandado contestó la demanda. Levantó, como defensa afirmativa, que al ser el contrato dé honora-rios a base de pacto de cuotalitis y no habiéndose recibido compensación alguna en el pleito, el demandante no tenía derecho a reclamar honorarios de abogado.

Luego de varios trámites procesales, el 20 de diciembre de 1988 el tribunal de instancia celebró la vista en su fondo. En la misma recibió tanto prueba documental como testifical. El foro de instancia dictó sentencia en el caso. Determinó que el demandante tenía derecho a recibir una justa compensación por la labor realizada a base de un quantum meruit. En adición, el tribunal de instancia con-cluyó que el demandante se hábía desempeñado conforme a los cánones del Código de Ética Profesional y que la de-cisión de terminar y/o desistir del pleito provino exclusiva-mente del demandado recurrente. En cuanto al valor razo-nable de los servicios prestados, el foro sentenciador estableció, como hecho no controvertido, que el deman-dante invirtió unas 326 horas con 30 minutos en su gestión profesional. Considerando el tipo de caso envuelto, los ho-norarios que se acostumbran cobrar en ese distrito judicial, así como la experiencia y prestigio del abogado deman-dante, determinó que la facturación a razón de $90 la hora, era una razonable. Condenó, en consecuencia, a la parte demandada a satisfacerle al abogado demandante la suma de $27, 613 en concepto de honorarios. Le impuso, en adi-ción, el pago de honorarios e intereses por temeridad.

Inconforme con la sentencia del tribunal de instancia, el demandado recurrente acudió en revisión ante este Tribunal. En apoyo de su solicitud, le imputa al foro de instancia haber errado:

1. ... al concluir que el demandado recurrente fue debida-mente advertido de las consecuencias que conlleva la contrata-ción de servicios en base de honorarios contingentes a la luz y el alcanze de lo que dispone el Canon 24 de los de Etica Profesional!;]
2. ... al concluir que entre las contingencias razonablemente previsibles que pudieran surgir durante el transcurso de un pleito, no se encuentra presente el desistimiento del mismo.
3. ... al concluir que el demandado recurrente procedió con temeridad!;]
4. ... al imponer honorarios de abogado a la parte demandada recurrente en el presente caso!; y]
5. ... al imponer intereses a la parte demandada recurrente y al concluir que el pago de intereses debe computarse desde que el demandante recurrido preparó su Factura por servicios rendidos. Solicitud de revisión, págs. 5-6.

Expedimos el auto de revisión solicitado. Ambas partes han comparecido. Estando en condiciones de resolver el re-curso, procedemos a así hacerlo.

1 — I HH

El contrato de servicios profesionales de abogado se considera una variante del contrato de arrendamiento de servicios. Art. 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4013. Es un contrato propio de los de prestación de servicios de las profesiones y artes liberales. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 450. Como consecuencia de su naturaleza sui géneris, la relación de abogado y cliente se encuentra inexorablemente ligada a los cánones del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772 (1981).

El asunto de los honorarios de abogado está reglamentado por el Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. A esos efectos, hemos resuelto que es deseable que el acuerdo o pacto sobre honorarios a ser cobrados sea reducido a escrito, con la mayor claridad en sus términos y libre de ambigüedades. Canon 24, ante; Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante; Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989). En cuanto a los honorarios contingentes, hemos señalado que éstos no están reñidos con la ética profesional cuando sean benefi-ciosos para el cliente o cuando el cliente lo prefiera así y se le haya explicado sus consecuencias. Canon 24, ante; Ra-mírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante. “En relación con éstos, es preferible que se consignen en el acuerdo es-crito las contingencias previsibles que pudieran surgir du-rante el transcurso del pleito.” (Enfasis suplido.) Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante, págs. 171-172. Véase Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante.

En Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante, pág. 173, reiteramos que “tanto los cánones de ética profesional como la jurisprudencia, indican que la mejor práctica la constituye el acordar, por escrito y con claridad, los honorarios y designar una cantidad fija o una fórmula para computarla o determinarla”. Veánse: Cánones 24 y 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante.

HH h — i

Del testimonio brindado ante el tribunal de instancia por el expresidente del Colegio, Dr. Antonio Busquets, surge que al momento de contratar los servicios profesio-nales del demandante recurrido, el Colegio no estaba en posición de pagar honorarios por hora debido a que econó-micamente no podían desembolsar esa cantidad de dinero. Por tal razón, el demandado recurrente prefirió contratar a base de honorarios contingentes. De la prueba desfilada en instancia no surge que el demandado recurrente fuera pre-sionado de manera alguna para suscribir el contrato de honorarios contingentes. Pactaron voluntariamente que se le pagaría al demandante recurrido el 15% de cualquier suma obtenida mediante sentencia a favor del Colegio. El doctor Busquets testificó, y corroboró el hecho, de que en las reuniones habidas entre las partes se le orientó exten-samente sobre el pacto de cuotalitis. No cabe la menor duda que en el caso de autos, el cliente prefirió y exigió el pacto de cuotalitis ya que éste le beneficiaba. El deman-dante recurrido, en cumplimiento con el Canon 24, ante, redujo a escrito el contrato de honorarios.

La carta-contrato suscrita entre las partes revela con claridad los términos convertidos para la prestación de ser-vicios y establece claramente la fórmula en que habrían de computarse los honorarios. El cliente tuvo la información necesaria para poder estimar a cuánto ascenderían los ho-norarios si ocurría la contingencia. Resulta obvio que el primer error no fue cometido. Véanse: Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, ante; López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante.

IV

El tribunal de instancia concluyó, como cuestión de derecho, que el demandante tenía derecho a una compensación razonable por los servicios prestados en el presente caso a base de un quantum meruit. Debemos resolver, en consecuencia, si un abogado que pacta honorarios contingentes en un caso de cobro de dinero y luego se ve obligado a desistir de la demanda que a esos efectos radicara por instrucciones de su cliente, tiene derecho a cobrar honorarios, no a base del pacto de cuotalitis, sino por el valor razonable de los servicios prestados, o quantum meruit, aun cuando la eventualidad del desistimiento no hubiera sido prevista en el contrato que suscribieron las partes.

Con relación al hecho de que la eventualidad del desis-timiento no fue prevista, el tribunal de instancia expresó lo siguiente:

[sjegún el testimonio del Ledo. Plinio Pérez Marrero a quien el Tribunal le da entero crédito, al momento de la contratación no se discutió nada en términos del pago de honorarios si el Cole-gio decidió desistir, por la razón qne fuese, del pleito. No existía en ese momento circunstancia alguna que hiciera previsible ese hecho. Ajuicio de este Tribunal dicha circunstancia no era pre-visible tampoco en aquel momento. La intención de las partes era la de radicar un pleito en reclamo de un cobro de dinero y no había base alguna para prever que el Colegio interesara solicitar el desistimiento del caso. Apéndice, pág. 4.

Somos del criterio, en primer lugar, que nada de lo establecido en los cánones del Código de Ética Profesional exige que en un contrato de servicios profesionales se contemplen, o detallen, todas las posibles eventualidades o contingencias que puedan acaecer durante la tramitación de un pleito. No hay duda de que se podría argumentar, con cierta lógica, que la eventualidad de que el cliente pueda decidir desistir de un pleito, en el cual se han pactado honorarios contingentes, es una razonablemente previsible. Si bien ello es cierto, somos del criterio que la ausencia de consideración de esa eventualidad, y la responsabilidad por ello, no se le puede imputar exclusivamente al abogado; sobre todo, en un caso como el presente en que el “cliente” es una asociación o agrupación compuesta y dirigida por profesionales. De hecho, debe recordarse que el director ejecutivo del Colegio demandado —para la fecha en que se contrataron los servicios profesionales del abogado demandante— era abogado. De todas maneras, el hecho de que ninguna de las partes contratantes haya previsto dicha eventualidad, no puede constituir impedimento absoluto para que el abogado cobre una suma razonable de dinero por los servicios profesionales que, efectivamente y de buena fe, haya éste prestado.

En segundo lugar, en nuestra jurisdicción la acción para reclamar a base de un quantum meruit tiene su base en el Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4111. La máxima legal quantum meruit significa “[t]anto como se merece”; es el derecho a reclamar el valor razonable de los servicios prestados. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 2da ed. rev., New Hamphire, Ed. Equity Publishing Corp., pág. 425; Rodríguez v. Ward, 74 D.P.R. 880 (1953); Ruiz de Val v. Morales, 43 D.P.R. 283 (1932); Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878 (1961); Ex parte Capó y Rivera, 59 D.P.R. 899 (1942). El citado Art. 1473 del Código Civil, ante, dispone, en lo pertinente, que:

Pueden arrendarse los servicios de criados y trabajadores sin tiempo fijo o por cierto tiempo. El arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. En cuanto a los servicios profesionales, se estará, para la remuneración de los mismos, a lo convenido en-tre las partes; cuando no hubiere convenio y surgieren diferen-cias, la parte con derecho a la remuneración podrá reclamar y obtener en juicio de la otra parte, ante cualquier corte de juris-dicción competente, el importe razonable de dichos servicios. (Énfasis suplido.

Según nuestro estado de derecho vigente, no cabe la me-nor duda que el abogado tiene derecho a recibir una com-pensación razonable por los servicios prestados. Art: 1473, ante; Cánones 24 y 25 del Código de Ética Profesional, ante; Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante; Nassar Rizek v. Hernández, ante; Rodríguez v. Ward, ante; Sánchez Acevedo v. E.L.A., 125 D.P.R. 432 (1990).

A tales efectos, expresamos en Nassar Rizek v. Hernández, ante, pág. 373, que “[l]o expuesto tiene como contraparte el derecho del abogado a recibir como profesional una compensación razonable por sus servicios. ... Como corolario, el abogado está facultado a entablar aquellas reclamaciones judiciales necesarias para el cobro de sus honorarios, aunque cautelarmente, el mismo canon señala que ‘deben evitarse’, a no ser que se presenten únicamente para impedir injusticias, imposiciones o fraude”. (Escolio omitido.)

En Ruiz de Val v. Morales, ante, expresamos que un abogado, despedido por su cliente y que no había termi-nado su labor, tenía derecho a ser compensado a base de quantum meruit. Allí dijimos:

Asimismo, como cuestión de derecho, resolvemos que si se emplea a una persona para celebrar una transacción, su desti-tución no le da derecho a obtener la cantidad mencionada en el contrato, a menos que el asunto quede definitivamente transigido. La persona despedida puede demandar sobre un quantum meruit, pero raras veces tendría derecho a toda la cantidad aludida en el contrato, epecialmente en ausencia de prueba sobre la consumación del compromiso, o de otras mate-rias en que un cliente pueda haber sido ayudado por su abogado. Ruiz de Val v. Morales, ante, pág. 289.

De igual manera, en Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante, pág. 777, expresamos que de no poderse estimar los honorarios de abogado a base de pacto de cuotalitis, procede que los tribunales estimen una razonable compen-sación que retribuya adecuadamente la labor realizada por el abogado.

En el caso ante nuestra consideración, el demandante recurrido y el demandado recurrente suscribieron un contrato a base de honorarios contingentes. Sabido es que bajo dicho contrato el abogado es compensado si gana el caso, o sea, se hace partícipe en el resultado del pleito para percibir un por ciento del crédito de su cliente. De igual forma, si se verifica cualquiera de las contingencias pactadas, el abogado cobra honorarios en proporción a la cuantía concedida por el tribunal. Por otro lado, si el abogado pierde el caso en los méritos, éste no tiene derecho a cobrar nada, pues el pacto de cuotalitis asocia al abogado a la suerte del proceso. Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., ante; López de Victoria v. Rodríguez, ante; Franqui v. Fuentes Hnos., S. en C., 44 D.P.R. 712 (1933).

Según surge de la prueba desfilada ante el tribunal de instancia, el ex presidente del Colegio, doctor Busquets, expresó que la decisión de terminar el pleito contra Triple S fue tomada por el Comité Ejecutivo del Colegio y que luego el abogado demandante fue informado de esa decisión. La prueba también estableció que el motivo del Colegio recurrente para desistir de la reclamación fue el efecto que tuvo la demanda millonaria presentada por Triple S imputándole al Colegio la violación a la Ley de Monopolios. Por tal razón es que tanto el Colegio como Tripie S deciden restaurar, para su mutuo beneficio, las rela-ciones entre ambas entidades y proceden, entonces, a de-sistir recíprocamente, de sus reclamaciones. Cabe señalar que el demandante recurrido cumplió con las exigencias éticas de acatar los deseos del cliente de transigir o poner fin al litigio. Canon 24 del Código de Ética Profesional, ante.

En resumen, de la prueba desfilada ante el tribunal de instancia surge con claridad que la contingencia pactada en el contrato entre las partes nunca llegó a darse debido al deseo del cliente de desistir del pleito y/o por causas no imputables al abogado. En vista de ello, el demandante recurrido no podía reclamar honorarios a base del pacto de cuotalitis. Como consecuencia de ello cesó, entre el deman-dante recurrido y el demandado recurrente, el convenio pactado de honorarios. En ausencia de pacto expreso es de aplicación el Art. 1473 del Código Civil, ante.

Así pues, y conforme a lo antes expuesto, resolve-mos que un abogado que es contratado bajo un convenio de honorarios contingentes y no termina su gestión profesional debido al deseo del cliente de desistir del pleito, tiene derecho, conforme al Art. 1473 del Código Civil y el Canon 25 del Código de Ética Profesional, ante, a ser compensado a base del valor razonable de los servicios prestados.

En cuanto a la forma de remuneración del abogado, en-tendemos que fue correcta la apreciación del foro senten-ciador relativa al número de horas trabajadas por el abo-gado demandante recurrido y la tarifa razonable por hora a ser pagada a éste. Es doctrina claramente establecida por este Tribunal que no intervendremos con una determi-nación de hechos del tribunal de instancia a menos que se nos demuestre pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. Véanse: Morán Simó v. Gracia Cristóbal, 106 D.P.R. 155, 161 (1977); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).

V

Finalmente, examinamos los últimos tres errores seña-lados por el recurrente en los que cuestiona la imposición de honorarios de abogado e intereses por temeridad. El re-currente aduce, que no procedió con temeridad al defen-derse de la presente reclamación debido a que la controver-sia planteada era una novel. No tiene razón.

En nuestro ordenamiento procesal civil, de ordinario, la condena de honorarios de abogado e intereses por temeridad, conforme las disposiciones de las Reglas 44.1(d) y 44.3(b) de Procedimiento Civil de 1979, según enmendadas, 32 L.P.R.A. Ap. III, “depende exclusivamente de la determinación que haga el magistrado que presidió el proceso respecto a si la parte perdidosa, o su abogado, actuaron o no en ‘forma temeraria o frívola’ ”. (Enfasis suprimido.) Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724, 736 (1990). Una vez determinada la temeridad, la imposición de honorarios de abogado e intereses por temeridad es imperativa. Véanse: Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987); Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989); Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, ante. De esa determinación de temeridad, el tribunal deberá imponerle en la sentencia una suma razonable de honorarios. Véanse: Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464, 468 (1983); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962).

La condena al pago de honorarios de abogado e intereses por temeridad tiene como propósito fundamental el de penalizar o sancionar a aquellas partes que por su temeridad, obstinación, contumacia e insistencia en una actitud frívola o desprovista de fundamento, obligan a otra parte a asumir y a sufrir las molestias, gastos, trabajo e inconsecuencia de un litigio innecesario. Véanse: Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, ante, pág. 737; Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833, 842 (1983); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., ante, pág. 718. Mediante este mecanismo, los tribunales protegen a los litigantes honestos de imposiciones, dilaciones y gastos innecesarios. R.E. Bernier, Elfrén, El derecho de accesión en Puerto Rico, Barcelona, Imp. Vda. de Daniel Cochs, 1970, pág. 31.

Reiteradamente hemos resuelto que no procede la imposición de honorarios de abogado, por razón de temeridad, en un caso donde una parte acude al tribunal, o se defiende, en relación con una controversia de hechos que resulta de “primera impresión” en nuestra jurisdicción. Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, 110 D.P.R. 1, 8 (1980). El hecho de que el punto resulte “nuevo”, sin embargo, no constituye “carta blanca” para actuar en forma temeraria o frívola. Ante una situación de hechos innegables, o un estado de derecho claro, el hecho de que se trate de un asunto nunca antes considerado en nuestra jurisdicción no constituye excusa para una conducta o actuación obstinada, contumaz, temeraria o frívola. J.A. Cuevas Se-garra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 245.

La determinación del foro de instancia a los efectos de que el demandado recurrente incurrió en temeridad es a nuestro juicio correcta. A esos efectos, determinó el foro sentenciador que:

Ciertamente se ha llegado a juicio por la negativa de la parte demandada a pagar. Esa negativa tenía como base las alegacio-nes expuestas en la teoría del informe de Pre-Trial [... en el sentido de que el Colegio desistió del pleito por recomendación del Ledo. Pérez Marrero. Esta alegación se desvanece ante el propio testimonio del Dr. José A. Suris quien expresó desde la silla de los testigos que la recomendación del abogado deman-dante había sido que “el caso había que verlo”. No obstante, a pesar de esa recomendación[, ] el Colegio decide desistir del pleito.] Sin embargo, en el juicio la prueba del Colegio no sólo no estableció sus defensas sino que aportó prueba favorable al demandante. Ante esas circunstancias, no se justificaba llegar a la etapa de juicio. Apéndice, págs. 14 y 16.

En cuanto al último error señalado por el demandado recurrente, la Regla 44.3(b) de Procedimiento Civil, ante, dispone que en todo caso de cobro de dinero los intereses por temeridad se imponen, en casos como el de autos, desde que surge la causa de acción. Véanse: Roldán Medina v. Serra, 105 D.P.R. 507 (1976); Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, ante. Como mencionáramos anteriormente, el contrato de servicios profesionales de abogado por su naturaleza sui géneris, está estrictamente vinculado a los cánones del Código de Ética Profesional. Por tal razón he-mos resuelto que la acción en cobro de honorarios tiene que ser tramitada en un pleito independiente del caso que le dio origen. Véanse: Art. 1473 del Código Civil, ante; Sánchez Acevedo v. E.L.A., ante. De tal manera se logra que el le-trado acate fielmente el mandato ético a los efectos de ter-minar su gestión profesional, no obstante el hecho de no haber sido remunerado por sus servicios. En resumen, a la luz de los cánones del Código de Ética Profesional, y la jurisprudencia interpretativa de los mismos, no es hasta que el abogado termina su gestión profesional que puede entablar la correspondiente acción en cobro de honorarios.

Es en ese momento, en nuestro criterio, que surge su causa de acción. Roldán Medina v. Serra, ante. En el caso de autos, ese momento acaeció cuando el tribunal dictó sentencia archivando, por desistimiento, la demanda en co-bro de dinero que el abogado recurrido había radicado en representación del aquí demandado recurrente. Ahí fina-lizó la gestión profesional de dicho abogado.

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia modificatoria de la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, a los únicos efectos de determinar el momento en que surgió la causa de acción del demandante con el propósito de computar los intereses por temeridad. Así mo-dificada, se confirma.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Alonso Alonso están conformes con la opinión del Tribunal, Partes I, II, III y IV de la misma, excepto con la imposición de honorarios de abogado e intereses por temeridad, Parte V de la opinión. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión disidente.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri.

Estoy de acuerdo con la mayoría del Tribunal en que el recurrido en este caso tiene derecho a alguna compensa-ción por los servicios prestados. Aunque la profesión de abogado es parte integrante del sistema de administración de justicia del país, y no meramente una ocupación que se ejerce con fines de lucro, el abogado que realiza labores en beneficio de un cliente tiene legítimo derecho a que se le pague una cantidad razonable por tales labores.

Los cánones que rigen nuestra profesión, sin embargo, claramente intiman que los pleitos por honorarios deben evitarse y que un abogado debe recurrir al extremo de de-mandar a un cliente únicamente cuando medien circuns-tancias excepcionales. La acción judicial de un abogado contra su cliente no debe ser un evento ordinario, como lo es la de un acreedor corriente que insta demanda en cobro de dinero. Y los tribunales deben ser particularmente cui-dadosos y exigir el mayor rigor profesional cuando conside-ran una acción de un abogado contra su cliente. Este rigor es indispensable no sólo para honrar la noción de que la abogacía es la profesión que ejerce el alto ministerio de administrar la justicia en el país, sino también para evitar la sospecha de que en los pleitos contra abogados tiende a prevalecer el interés gremial. En tales pleitos inevitable-mente les toca a unos abogados juzgar a otros y, por lo tanto, se pone quisquillosamente a prueba la integridad de la profesión. Es en tales momentos que cobra especial im-portancia el Canon 38 del Código de Ética Profesional, que comienza señalando:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales, y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

En el caso ante nos existen varias circunstancias que ameritan la más cautelosa ponderación judicial y que la mayoría de este Tribunal resuelve de un modo que no es enteramente satisfactorio. En primer lugar, está el asunto de si al momento de discutir todo lo relativo a los honora-rios, el recurrido debió haber previsto la eventualidad de que su cliente pudiese desistir del pleito una vez iniciado el mismo. La mayoría admite que tiene “cierta lógica” pensar que tal eventualidad era “razonablemente previsible”, pero no le concede peso alguno al momento de resolver. A pesar de los claros términos del Canon 24 del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, y del hecho de que el recu-rrido es conocidamente un letrado de gran experiencia y capacidad, la mayoría estima que no tiene responsabilidad alguna por no haber propuesto nada al inicio de la relación profesional sobre sus honorarios para la eventualidad en cuestión. En cambio, para la mayoría del Tribunal el cliente del recurrido debía conocer que, de finalizar el caso por desistimiento, venía obligado al pago por servicios prestados, aunque ello no se hubiese pactado. Al cliente, que no es abogado, se le imputa conocer no sólo las normas que rigen la fijación de honorarios de abogados, sino in-cluso lo que este Tribunal resolvería en el futuro en este caso, ya que al momento de pactar los honorarios contin-gentes la cuestión concreta que tenemos ante nos ahora era una novel que no había sido resuelta previamente. Al experimentado letrado la mayoría del Tribunal le da el be-neficio de la duda, pero al cliente que no es abogado se le exige conocer lo que no estaba resuelto antes. Como conse-cuencia de esta inversión, en el rigor que es propio en casos de pleitos de honorarios, el cliente que al iniciar la relación profesional había rechazado el pago de honorarios a base de horas trabajadas por no tener recursos para ello, ter-mina obligado precisamente a tal pago sin que importe para nada que su abogado había aceptado tácitamente tal limitación de recursos al acordar un pacto de cuotalitis como el medio para pagar los honorarios.

Este inusitado resultado se torna aún más sorprendente al considerar que la mayoría del Tribunal estima que el cliente fue temerario al defenderse de la acción instada por su abogado. Aunque la mayoría admite que la cuestión ju-rídica planteada en este caso es novel, le impone no obs-tante al cliente honorarios de abogado e intereses desde la fecha en que surgió la causa de acción. La actuación de la mayoría no sólo está reñida con nuestra jurisprudencia y nuestras prácticas invariables, sino que tratándose de un caso de abogado que demanda a su cliente constituye una desacertada interpretación de los cánones de ética profe-sional, que desvirtúa su más hondo sentido como normas de la profesión. Después de la opinión de la mayoría en este caso, no debemos sorprendernos si en la comunidad se generaliza la impresión de que es harto de temeridad dis-putar con un abogado en los tribunales.

       En esta ocasión, se le pagó al licenciado Pérez Marrero por los servicios profesionales prestados; esto es, por el tiempo invertido en la dilucidación de la consulta.

       En la carta a esos efectos preparada, se expresó lo siguiente:
      “Por la presente enmiendo mi comunicación de 28 de junio de 1979 para confor-marla a los términos de nuestra conversación-reunión del 3 de octubre próximo pasado.
      “Esta oficina está en disposición de instituir la acción correspondiente contra la Triple S a los efectos de conseguir la liquidación y reembolso al Colegio de la suma correspondiente del 50% del excedente de los ingresos mencionados en el párrafo 4 del contrato firmado el mes de mayo de 1971 con la mencionada Triple S.
      “Los honorarios a recibirse por esta oficina serán equivalentes al 15% de la suma que se recobre por acción judicial. Se recibirá un “retainer fee” de $3,000.00 el cual se pagará en partidas de $1,000.00 el 1ro. de enero, 1ro. de abril y 1ro. de julio de 1980. Dicho “retainer”, se descontará de los honorarios arriba acordados, dedu-ciendo, por supuesto, la suma correspondiente a los gastos incurridos en la tramita-ción del pleito. Si como resultado de la radicación de la demanda el pleito fuese liquidado mediante transacción durante los 60 días subsiguientes a la radicación de ésta, los honorarios arriba estipulados se limitarán al 10% de la suma reconocida al Colegio.
      “Asumiendo su ratificación de los términos acordados según arriba se exponen, me propongo durante los próximos días radicar la acción legal correspondiente y notificar de la misma a la Triple S. Le agradeceré firme y devuelva copia de esta comunicación como constancia de su conformidad.” Apéndice, págs. 19-20.

       En el primer caso, el Colegio reclamaba en virtud de un contrato con Triple S la liquidación y reembolso del excedente de ingreso del plan dental calculado en aquella fecha en o alrededor de $600,000. En el Caso Civil Núm. 82-4950, Triple S reclamaba en daños por la alegada violación a la Ley de Monopolios de Puerto Rico una suma en exceso de $400,000, suma que podía alcanzar la cantidad de varios millones de dólares.

       En el Caso Civil Núm. 82-4950, la demandante Triple S, con fecha de 17 de noviembre de 1983, también presentó la moción de desistimiento, la cual dio por terminado el pleito.

       A esos efectos, alegó haber invertido en el caso un total de 296 horas con 30 minutos de trabajo, a razón de $90 la hora. Luego de restar el costo de unos gastos incurridos y deducir el retainer fee calculó que la suma adeudada era de $24, 913.95.

       El demandado recurrente acompañó su comunicación escrita con un cheque de $1,228.95 como reembolso de los gastos incurridos. El demandante recurrido nunca había solicitado tal reembolso, por lo que dicho cheque nunca fue cambiado. El demandante recurrido informó al Colegio que le devolvería el cheque cuando ellos así lo interesaren.

       El Canon 24 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, dispone:
      “La fijación de honorarios profesionales debe regirse siempre por el principio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro. Al fijar el valor de los honorarios, deben conside-rarse los siguientes factores:
      “(1) El tiempo y trabajo requeridos, la novedad y dificultad de las cuestiones envueltas y la habilidad que requiere conducir propiamente el caso;
      “(2) si el aceptar la representación del caso en cuestión ha de impedir al abogado que se haga cargo de otros casos que probablemente han de surgir del mismo asunto, y en los cuales existe una razonable expectativa de que de lo contrario sus servicios serán solicitados o que tal representación implique la pérdida de otros asuntos ex-traños al caso en cuestión o el antagonismo con otros clientes;
      “(3) los honorarios que acostumbradamente se cobran en el distrito judicial por servicios similares;
      “(4) la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios que ha de derivar el cliente de los servicios del abogado;
      “(5) la contingencia o certeza de la compensación; y
      “(6) la naturaleza de la gestión profesional, si es puramente casual o para un cliente constante.
      “Es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profesional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito.
      “El abogado no debe estimar sus consejos y servicios en más ni en menos de lo que realmente valen. Al aceptar la representación profesional de un cliente debe considerar que le debe a éste un máximo de esfuerzo profesional en la medida de su talento y preparación. No debe aceptar retribuciones mínimas con la idea preconce-bida de rendir esfuerzos mínimos.
      “La aptitud de un cliente para pagar no puede justificar que se cobre en exceso del valor de los servicios prestados, pero su pobreza puede ser tal que requiera el que se le cobre menos y aun nada. Solicitudes razonables de servicios de parte de colegas, de sus viudas y huérfanos, sin medios amplios de fortuna, deben recibir especial y bondadosa consideración.

        “Un abogado debe exigir el pago de honorarios contingentes sólo en aquellas ocasiones en que dichos honorarios sean beneficiosos para su cliente, o cuando el cliente lo prefiera así después de haber sido debidamente advertido de las consecuencias.

      “Con el propósito de que los clientes estén protegidos contra cargos injustos, los honorarios contingentes deben ser razonables y estar siempre sujetos a la aprobación del tribunal, en aquellos casos en que la intervención judicial sea requerida por ley o por alguna de las partes en el litigio. Es altamente impropio de un abogado el cobrar honorarios contingentes en un caso criminal.

        “El abogado debe acatar los deseos de un cliente ansioso de transigir su pleito.

      “Los honorarios concedidos por un tribunal son para beneficio del cliente y no debe el abogado reclamarlos para sí o renunciarlos sin autorización expresa del cliente.” (Énfasis suplido.)

       Nuestra decisión encuentra apoyo en la Regla 1.5 y en el comentario de las Reglas Uniformes de Conducta Profesional sometido a la American Bar Association.

        “Rule 1.5 Fees

      “(c) A fee may be contingent on the outcome of the matter for which the service is rendered, except in a matter in which a contingent fee is prohibited by paragraph (d) or other law. A contingent fee agreement shall be in writing and shall state the method by which the fee is to be determined, including the percentage or percentages that shall accrue to the lawyer in the event of settlement, trial or appeal, litigation and other expenses to be deducted from the recovery, and whether such expenses are to be deducted before or after the contingent fee is calculated. Upon conclusion of a contingent fee matter, the lawyer shall provide the client with a written statement stating the outcome of the matter and, if there is a recovery, showing the remittance to the client and the method of its determination.”
      En los “comentarios” a la misma, se expresa:

        “When the lawyer has regularly represented a client, they ordinarily will have evolved an understanding concerning the basis or rate of the fee. In a new client-lawyer relationship, however, an understanding as to the fee should be promptly established. It is not necessary to recite all the factors that underline the basis of the fee, but only those that are directly involved in its computation. It is suficient, for example, to state that the basic rate is an hourly charge or a fixed amount or an estimated amount, or to identify the factors that may be taken into account in finally fixing the fee. When developments occur during the representation that render an earlier estimate substantially inaccurate, a revised estimate should be provided to the client. A written statement concerning the fee reduces the possibility of misunderstanding. Funishing the client with a simple memorandum or a copy of the lawyer’s^ customary fee schedule is sufficient if the basis or rate of the fee is see forth.” (Énfasis suplido.) American Bar Association, Model Rules of Professional Conduct, 1983, pág. 6.

       En las jurisdicciones estatales de Estados Unidos donde predomina el common law se ha dicho que esta acción de quantum meruit está basada en diferentes teorías. Por un lado, algunos estados la definen como un principio de equidad que permite, en ausencia de pacto expreso, la compensación por servicios prestados. Así pues, entienden que se basa en la teoría del contrato implícito. Lee v. Foote, 481 A.2d 484 (1984); Paxton v. O.P.F., Inc., 306 S.E.2d 527 (1983); Kintz v. Read, 626 P.2d 52 (Wash. 1981); Bischoff v. Quong-Watkins Properties, 748 P.2d 410 (Idaho 1987). Asi-mismo, también se ha dicho que la teoría de quantum meruit no surge del consenti-miento de las partes, o que en ausencia de pacto expreso, el mismo proviene de la justicia natural y la equidad, y que está basado en la doctrina del enriquecimiento injusto; Brown v. Thornton, 432 P.2d 386 (Mont. 1967); City of Ingleside v. Stewart, 554 S.W.2d 939 (1977); City of Sierra Vista v. Cochise Enterprises, 697 P.2d 1125 (1985). De igual forma, en Louisiana, de jurisdicción civilista, equiparan la acción de quantum meruit con la del enriquecimiento injusto. En Wilkins v. Hogan Drilling Co. Inc., 471 So. 2d 863, 867 (1985), se dijo que: “Unjust enrichment, or ‘quantum meruit as it is also called, is an equitable doctrine based upon the principle that one who benefits from another’s labor and materials should not be unjustly enriched thereby and the law implies a promise to pay a reasonable amount even in the absence of specific a contract.”

       La tercera oración (parte subrayada) del Art. 1473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4111, no tiene precedente alguno en el Código Civil español, ya que fue introducida mediante enmienda por la Ley de 24 de febrero de 1906, Leyes de Puerto Rico, pág. 22.

       De igual forma, en muchas de las jurisdicciones estatales se ha resuelto que cuando un abogado es despedido sin justa causa por el cliente, el letrado no tiene derecho a recibir compensación a base del pacto de cuotalitis, pero todavía puede cobrar honorarios de acuerdo con un quantum meruit. Véanse: Fowler v. Jordan, 430 So. 2d 711 (1983); Johns v. Klecan, 556 N.E.2d 689 (1990); Hardman v. Snyder, 393 S.E.2d 672 (1990); Gilbert v. Edmondson, 388 S.E.2d 713 (1989); Morrow v. Stewart, 399 S.E.2d 280 (1990). Véase, además, Anotación, Limitation to Quantum Meruit Recovery Where Attorney Employed Under Contingent Fee Contract is Discharged Without Cause, 92 A.L.R.3d 690 (1979).

       En las jurisdicciones estatales en Estados Unidos también se ha resuelto que el hecho que la contingencia pactada no ocurra, no es impedimento en ciertos casos para que el abogado sea compensado a base de un quantum meruit. Véanse: Brookhaver Supply Company, Inc. v. Rary, 205 S.E.2d 885 (1974); Kinsey v. Dixon, 467 S.2d 862 (1985); Henry R. Liles v. Bourgeois, 517 S.2d 1078 (1987); Saucier v. Hayes Dairy Products, Inc., 373 S.2d 102 (1979); Overman v. All Cities Transfer Co., 336 S.E.2d 341 (1985); Morrow v. Stewart, ante, Johns v. Klecan, ante; Hardman v. Snyder, ante.

       De igual forma, se ha reconocido en la mayoría de las jurisdicciones estata-les el mismo principio al efecto de que el abogado empleado a base del pacto de cuotalitis puede reclamar honorarios a base de quantum meruit aun cuando no se llegue a completar el trabajo debido al deseo del cliente de desistir del pleito. Véanse: Dorsey v. Edge, 43 S.E.2d 425 (1947); Woodley v. Robinson, 100 So. 2d 255 (1958); Sachs v. Klein, 154 A.2d 134 (1959); Brookhaven Supply Company, Inc. v. Rary, ante; Overman v. All Cities Transfer Co., ante; Lougue v. Dejan, 56 So. 427 (1911); Morrow v. Stewart, ante.

       El foro de instancia, recordaremos, determinó como un hecho no controver-tido que el valor razonable de los servicios prestados, según la prueba desfilada de horas invertidas, era una de 326 horas con 30 minutos. De igual forma concluyó que la facturación a razón de $90 la hora era una razonable y que en el juicio el deman-dado recurrente tampoco impugnó dicha prueba. Además de lo antes señalado, el tribunal consideró el tipo de litigio envuelto, los honorarios que se acostumbran cobrar en ese distrito judicial y la experiencia y prestigio del abogado.

       Del expediente del caso surge que esa determinación del tribunal encuentra apoyo en la declaración jurada que prestara el entonces presidente del Colegio, doctor Busquets, en la moción en oposición a la sentencia sumaria presentada por el demandante recurrido. En dicha declaración, el demandado recurrente afirmó que el licenciado Pérez Marrero fue quien le recomendó al Colegio desistir de la reclamación. De la Minuta de 23 de febrero de 1988 se desprende que en la vista para discutir la sentencia sumaria y la oposición el demandante le expresó al tribunal (debido a la declaración jurada del recurrente en la Moción en Oposición a Sentencia Sumaria) que reconocía la existencia de una controversia de hechos y solicitó enton-ces la vista en su fondo. Sin embargo, esa controversia de hechos nunca se dirimió, ya que el propio demandado recurrente aportó prueba favorable al demandante re-currido al admitir que la decisión de desistir provino exclusivamente del Colegio.