author: El Juez Puesidente Se. Quiñones

text:
    Ex Parte Lippit.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari

    No. 24.
    Resuelto en marzo 13, 1907.
    Reclamación y Entrega de Bienes Muebles. — El demandante que deseare ob-tener la entrega de bienes muebles, debe presentar una declaración escrita y jurada, expresando en ella todos los particulares á que se refiere el artículo ,171 del Código de Enjuiciamiento Civil, uno de los cuales es el verdadero valor de los bienes que reclama, y deberá otorgar una fianza á favor del de-mandante, suscrita por dos ■ ó más fiadores de suficiente responsabilidad, y por doble cantidad de la consignada como valor de dichos bienes.

      Id. — Certiorari—Bienes Reclamados por un Tercero — Recurso Ordinario, Rápido y Eficaz. — En el presente caso no se ha presentado la declaración escrita y jurada á qne se refiere el artículo 171 del Código de Enjuiciamiento Civil, ni aparece el fundamento que tuviera la corte inferior para fijar la cantidad de la ñama que debía otorgar el demandante, y como el peticionario no es parte en el pleito y ha sido privado de sus bienes por un procedi-miento ilegal y no tiene otro recurso que el que le otorga el artículo 180 del mismo Código, como éste no es adecuado para- corregir las irregulari-dades del procedimiento y obtener su nulidad, ni es eficaz en este caso, pues puede ser contrarrestado por el demandante, ejercitando el derecho concedido en dicho artículo, el mandamiento de certiorari es procedente, y ordena se devuelvan los bienes ilegalmente ocupados al peticionario.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del peticionario: Sr. Goll Cuchí.

   El Juez Puesidente Se. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Don Víctor Millín Taforó presentó escrito de demanda ante la Corte Municipal de San Jnan contra Guillermo Andrés, reclamando nn caballo de sn propiedad, qne afirmaba se encon-traba en poder del demandado, y además, la cantidad de sesenta dollars en concepto de daños y perjuicios por sn reten-ción ; solicitó también de la misma corte municipal, por virtud de una declaración escrita y jurada, hecha de acuerdo con el artículo 171 del Código de Enjuiciamiento Civil, que se le entregase el caballo en cuestión, en calidad de depósito, previa la aprobación de la oportuna fianza; dicha corte municipal accedió á lo solicitado, y el demandante prestó fianza por la suma de ciento sesenta dollars, pero de los autos originales no aparece que tal depósito llegara á verificarse, quedando incumplida la orden de la corte municipal, con referencia al mismo. Celebrado el juicio ante la corte municipal, dictó ésta sentencia el día 3 de noviembre último, declarando sin lugar 1a. demanda, y apelada esa sentencia para ante la Corte de Dis-trito del Distrito Judicial de San Juan, se elevaron á dicha corte las actuaciones originales. Con fecha 7 de diciembre de 1906, el abogado del demandante presentó un escrito á la Corte de Distrito de San Juan, manifestando que por haber fallecido el demandado y hacerse necesario citar para juicio á la sucesión del mismo, cuya residencia se ignoraba, la tramita-ción de la referida apelación ante diclia corte había de ser dilatada, y que como el Dr. Lippit, en cuyo poder se encon-traba el caballo objeto del pleito, venía dándole trabajo- diaria-mente, al extremo de haber perdido mucho en su valor, á fin de que no continuara ese estado de cosas, suplicaba á la corte se sirviera disponer que el caballo mencionado le fuera entre-gado al peticionario en calidad de depósito, á reserva de lo que resolviera la corte después del juicio, ordenando que, al efecto, se expidiera mandamiento al marshal para que proce-diera á tomar posesión del mismo, solicitándolo del Dr. Lip-pit, para entregarlo, en tal concepto, al demandante. La corte accedió al depósito por el marshal del caballo reclamado,' pre-via fianza de treinta- dollars; prestada ésta, y aprobada que fué por el juez de dicha corte, se libró el oportuno manda-miento al marshal para el cumplimiento de lo dispuesto, eje-cutándose el mismo con fecha de 18 de diciembre de 1906, en que fué recogido dicho caballo por el marshal de poder del Dr. Lippit, y entregado al demandante en calidad de depó-sito. En el mismo día 18 de diciembre de 1906, el abogado Sr. Coll y Cuchí, en representación del Dr. W. F. Lippit, compareció ante la Corte de Distrito de San Juan, y presentó ante ella una moción, suplicando se dejara sin efecto la orden de la misma corte que acordó el depósito del caballo, mandando devolverlo al compareciente, alegando para ello •que dicho Sr. Lippit no es parte en dicho juicio, ni tenía noticia del procedimiento, en virtud del cual dicha orden se -dictó, y que la petición, solicitando el depósito no fué noti-ficada á parte alguna, ni se hizo tampoco con arreglo á de-recho. La Corte de Distrito de San Juan,- después de .argumentada por las partes la moción, dictó orden soste-niendo su primitiva resolución sobre depósito del caballo en poder del demandante, con la misma fianza que había pres-tado á favor de los demandados.

En 26 de diciembre de 1906 el abogado Sr. Coll y Cuchí, «en representación del Dr. Lippit, presentó escrito á este tribunal en solicitud de un auto de certiorari á. fin de qne se ordenara á la Corte de Distrito de San Juan qne elevara las diligencias originales referentes al caso pendiente ante la misma, entre Yíctor Millín Taforó y Gfnillermo Andrés, para qne, revisando este tribunal los procedimientos seguidos en dicto caso con respecto al depósito del caballo en cuestión, acordara lo que fuera procedente con arreglo á derecho. Ex-pedido el mandamiento y recibidos los autos, se celebró la vista ante este tribunal, sin asistencia de las partes.

Es indudable que el procedimiento seguido ante la Corte de Distrito de San Juan por la representación del demandante, para obtener la entrega del caballo, objeto del pleito, en cali-dad de depósito, no se ha ajustado en lo más mínimo á lo que ■determinan los artículos 171 y siguientes del Código de En-juiciamiento Civil, que tratan de la reclamación de bienes muebles en litigio; según dichos artículos, el demandante que deseare obtener la entrega de esos bienes, ó alguna persona en su nombre, deberá presentar una declaración escrita y jurada, expresando en ella todos los particulares que dichos .artículos prescriben, uno de los cuales es el verdadero valor de los bienes, debiendo otorgarse una fianza escrita por dos ó más fiadores de suficiente responsabilidad, comprometiéndose £ favor del demandado en doble cantidad de la consignada co-mo valor de los bienes en la mencionada declaración. Tal de-claración escrita y jurada no se ha presentado por el deman-dante, ni por ninguna otra persona, ni aparece tampoco el fun-damento que haya tenido la corte de distrito para señalar la cantidad de 30 dollars como fianza que había de prestar el demandante á favor del demandado, fijando así, en 15 dollars el valor del referido caballo.

El peticionario en este caso ha sido, por consiguiente, pri-vado de la posesión y disfrute del caballo por un procedimiento ilegal y para reclamar contra él no tiene otro recurso ordi-nario, que siendp adecuado y -eficaz, pueda, subsanando los errores cometidos, volver aquél á su posesión, pues aunque es cierto que el artículo 180 del Código de Enjuiciamiento Civil le otorga dentro del mismo procedimiento el recurso de pre-sentar la declaración escrita y jurada con los requisitos que el mismo artículo establece para obtener la suspensión del depósito, entendemos que ese recurso ni es adecuado para corregir las irregularidades cometidas en el procedimiento y obtener su nulidad que es la finalidad del certiorari, ni es tam-poco eficaz para este efecto, toda vez que puede ser contrarres-tado por el demandante, ejercitando éste á su vez el derecho que el mismo artículo le concede de prestar al marshal, eje-cutor de la orden de depósito, una garantía contra la reclama-ción del tercero, constituyendo una fianza por dos fiadores de suficiente responsabilidad.

Por las precedentes consideraciones, somos de opinión que no habiéndose cumplido con los requisitos legales, procede declarar nulo todo lo actuado ante la Corte de Distrito de San Juan en el procedimiento seguido por el demandante Víctor Millín Taforó para obtener la entrega del caballo de referencia, y en su consecuencia, ordenar se devuelva éste al Dr. W. F. Lippit, en cuyo poder ae encontraba cuando fué ocupado, con las costas de las actuaciones declaradas nulas á cargo del demandante.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Peesidente Se. Quiñones

license: Public Domain

text:
    Ponce & Guayama Railroad Co. v. Muñoz, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se dicte un auto de Mandamus.

    No. 124.
    Resuelto en marzo 14, 1907.
    Resuelto por los fundamentos de la opinión emitida en el caso número 125, Ponee and Guayama Railroad Go. v. Muñoz, Juez de Distrito, página 165.
    Los hechos están expresados en la opinión.

      Abogado del demandante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del demandado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Peesidente Se. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama siguió la Ponce & Guayama Railroad Co. un procedimiento contra el municipio de Guayama sobre expropiación forzosa de ciertas parcelas de terreno y el jurado insaculado para fijar el importe de la indemnización debida por dichas parcelas á la parte demandada, pronunció su veredicto el día 31 de oc-tubre de 1906, comunicándolo el presidente de dicho jurado al secretario de la Corte de Distrito de Guayama, en la misma, fecha en que fuera dictado, previniéndole que las partes ha-bían sido citadas para que concurrieran á oir su pronuncia-miento. El día 9 de. noviembre siguiente, la Corte de Distrito-de Guáyama dictó sentencia definitiva en el caso, adjudicando-á la compañía demandante título de los terrenos, cuya expro-piación solicitaba y dentro de los 15 días siguientes á haberse dictado la sentencia, ó sea el 22 del mismo noviembre, el abo-gado de la compañía demandante, Sr. Tous Soto, hizo la con-signación ante la misma corte de novecientos diez y nueve dollars dos centavos, importe de la indemnización fijada por el jurado, haciéndose dicha consignación de acuerdo con las prescripciones de la ley sobre expropiación forzosa, presentan-do también en ese mismo día en la secretaría del tribunal una notificación estableciendo apelación del veredicto del jurado, y una moción pidiendo á la corte señalara día para la vista de la apelación. La corte señaló el día primero de diciembre de 1906 para discutir la moción del demandante, estableciendo apelación contra el veredicto pronunciado por el jurado en el caso mencionado y habiendo comparecido las partes, por me-dio de sus respectivos abogados, la corte, (después de oir la moción y las alegaciones de las mismas, resolvió que no era admisible la apelación por haberse interpuesto fuera de tér-mino y por no haberse expuesto tampoco los hechos que se sometían á la consideración del tribunal, denegando por tanto la apelación con las costas al promovente.

El abogado Sr. Tons Soto, en representación de la Ponce & Guayama Railroad Co., presentó escrito á este tribunal en 13 de diciembre último, solicitando un auto de mandamus contra el juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Guayama, para que se le ordene proceda á señalar día y bora para la vista de la apelación referida, ó en otro caso, para que comparezca ante este tribunal y exponga las razones que le asistan para no verificarlo; expedida una orden al juez de la corte de distrito para que expresara las causas por las cuales no debiera dictarse el auto de mandamus solicitado, compareció el Honorable Attorney General, en su representa-ción, y después de exponer brevemente los hechos del caso en su contestación, alegó que la resolución dictada por el deman-dado con fecha Io. de diciembre de 1906, desestimando la ape-lación interpuesta por la compañía contra el veredicto del jurado, es una resolución final y definitiva de la cual podía apelarse para ante la Corte Suprema de Puerto Eico.

La cuestión que hay que resolver en el presente caso es exactamente la misma que este tribunal resolvió ya, reciente-mente, en el caso de mandamus No. 125, promovido ante este tribunal entre las mismas partes, y en que se declaró que no procedía expedir el auto de mandamus perentorio que se solicitaba.

Por las mismas razones expresadas en la opinión que sirvió de fundamento á la resolución de este tribunal en el caso refe-rido, proponemos que se desestime la petición presentada en este caso; declarándose no haber lugar á expedir el auto de mandamus que en el mismo se interesa.

Denegado.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Lear3r y Wolf.


author: El Jusz Asociado Se. Wole

text:
    El Pueblo v. Vilches et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 56.
    Resuelto en marzo 14, 1907.
    Sexteucia. — Formulada una denuncia por acometimiento y agresión con circuns-tancias agravantes, y demostrada la existencia de tal delito por la prueba practicada en el juicio, si la sentencia declara al acusado culpable de acó metimiento y agresión y le impone la pena correspondiente al delito de aco-metimiento y agresión con circunstancias agravantes, como ha ocurrido en el caso de autos, habrá de presumirse que la sentencia fué dictada de acuerdo con la denuncia y prueba practicada por virtud de la misma, no siendo nece-sario que en ella se especifique que el acometimiento y agresión era de carácter grave.
    Los laeclios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Hernández lisera.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Jusz Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

Establecida apelación ante la Corte de Distrito de Arecibo por Manuel Vilches, contra la sentencia dictada por el tribunal municipal, dicha corte de distrito le condenó á seis meses de cárcel, á pagar una multa de $200, y al pago de una tercera parte de costas. Cada uno de los otros acusados fueron con-denados á pagar una multa de cincuenta dollars y á nna ter-cera parte de costas.

Contra la anterior sentencia se estableció recurso de ape-lación para ante la Corte Suprema, sugiriéndose que la sen-tencia apelada es excesiva, y debe revocarse ó modificarse con respecto á Yilohes, porque el delito por el cual fué declarado culpable, era el de acometimiento y agresión, y el castigo para ese delito está prescrito en el artículo 5 de la Ley de marzo 10, 1904, titulada “Una Ley para determinar y castigar acome-timiento, acometimiento y agresión, acometimiento con cir-cunstancias agravantes, y acometimiento y agresión con cir-cunstancias agravantes, y para derogar la sección 237 del Código Penal.”

La acusación en el presente caso demuestra que Vilches y otros se abalanzaron sobre José Estrada con instrumentos cortantes y contundentes, cansándole golpes y heridas que han sido reconocidas por el médico.

En el juicio hubo prueba tendente á mostrar que en un velorio Vilches pegó á Estrada con un foete, empleando tam-bién contra él un cortaplumas ó puñal, resultando herido Estrada en diferentes sitios; siendo una ó más de dichas heridas producidas con instrumento cortante, debido á lo cual estuvo enfermo tres semanas. La acusación imputa un delito que podría considerarse como un caso de acometimiento y agre-sión con circunstancias agravantes, existiendo prueba al objeto de mostrar que dicho acometimiento y agresión fue cometido, bajo las circunstancias prevenidas por las subdi-visiones 7, 8 y 9 de la sección 6 de dicha ley, que determinan el acometimiento y agresión con circunstancias agravantes en la forma siguiente:

“7. Cuando se infiere una herida grave á la persona agredida.
“8. Cuando se cometiere con armas mortíferas en circunstancias que no revistiesen la intención de matar ó mutilar.
“9. Cuando se cometiere con intención premeditada para el fin calculado de inferir graves heridas corporales.”

La sentencia se limita simplemente á declarar culpables á los acusados por un delito menos grave (misdemeanor) ó por el delito de acometimiento y agresión, sentenciando á Vilches con arreglo á la sección 8 de la ley que determina el castigo para el caso de acometimiento y agresión, con circunstancias agravantes, ó sea multa que no bajará de cincuenta dollars ni excederá de mil, ó cárcel por un período no menor de dos años, ó con ambas penas, multa y cárcel. Puesto que la acusación y la prueba demuestran que éste es un caso de acometimiento y agresión, con circunstancias agravantes, no era necesario que la sentencia expresara el hecho de que el acometimiento y agresión fué con circunstancias agravantes, debiendo con-siderarse la senténcia ajustada á la acusación original y á la prueba aducida. Hemos examinado los autos en todos los demás particulares y no encontramos error fundamental alguno, por lo que entendemos que debe confirmarse la sen-tencia apelada con las costas.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Plernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Se. Figueeas

text:
    Cepeda v. Andino.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 94.
    Resuelto en marzo 20, 1907.
    Relación de Hechos — Documentos que Forman Parte del Legajo de la Sentencia. — Los documentos que forman parte del legajo de la sentencia no deben incluirse en la relación de hechos, la que debe, contener solament.e una relación sucinta y clara de toda la prueba practicada en el juicio.
    Apelación — Nuevo Juicio. — En los casos en que el tribunal no pueda formar juicio para dictar una resolución definitiva y acertada, por hacerse necesario el esclarecimiento de determinados puntos de hecho, procede se devuelva el caso á la corte inferior con instrucciones de que proceda á la celebración de un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Sarmiento.

    Abogado del apelado: Sr. Emigdio Ginorio.

   El Juez Asociado Se. Figueeas

emitió la opinión del tribunal.

Don Adolfo Andino y Acosta en su escrito inicial presen-tado á la Corte de Distrito de San Juan en 21 de julio de 1902 manifestó que tenía necesidad de acreditar el dominio de dos parcelas de terreno, una, qué en su pedimento marcó con la letra “A,” cuya posesión está inscrita en el registro de la propiedad, y otra que marcó con la letra “B,” cuya posesión parece que no está inscrita en dicho registro.

La que marcó con la letra “B” dice que es

“Un solar en el barrio de Santurce de esta ciudad, teniendo una cabida de 7,871 metros, colindante por el Norte, con terrenos de Félix Manso y de Belén Requena,,al Sur, un solar de Saturnina Farabela, (parece que debe decir Zarzuela), Gregorio París y Bartolo Canales, al Este con la Sucesión Guil y al Oeste con un solar de Toribio Ceba-llos. Este solar se encuentra libre de gravámenes y lo liubo parte de Zoila y Antonio Buzó y parte de Juan Domínguez, y tiene un valor de cien dollars.”

A la solicitud de Andino para acreditar el dominio, se opuso Amalio Cepeda Lanzó por escrito de nueve de enero de 1906, que dice así:

“Hechos. — Primero. Por escritura de 26 de agosto de 1902, ins-crita al folio 150 del tomo 49, finca 2,102, inscripción 2a., Don Amalio Cepeda Lanzó adquirió de Daniel Matos Quiñones un predio rústico compuesto de una y media cuerda más ó menos, en el sitio denominado “Minillas,” del barrio de Santurce, de esta ciudad, colindante por el Norte, con Doña Belén Requeña, por el Este, la Sucesión Guil, por el Oeste, Bartola Canales y Gregoria París, y por el Sur, Epifanio Cor-tijo.
“Segundo. Don Adolfo Andino Acosta solicita el dominio del terreno que señala con la letra “B” en su escrito de promoción y le asigna una cabida de '7,871 metros, colindando por el Norte, con Félix Manso y Belén Requena, Sur, Saturnina Zarzuela, Gregoria París y Bartola Canales, Este, Sucesión Guil y Oeste, Toribio Ceballos.
“Bajo esta descripción se comprende la finca que tiene inscrita Don Amalio Cepeda y otros trozos más, contiguo al del Sr. Cepeda, que tiene el Sr. Andino y se describe junto con el del Sr. Cepeda y que es el que viene á colindar al Norte, con Félix Manso, Oeste, Toribio Ceballos, Sur, Bartola Canales y Este, con finca del Sr. Cepeda, á la que está unido.
‘ ‘ Tercero. La oposición formulada no comprende por consiguiente, el solar marcado con la letra “A” en el escrito de promoción, ni al trozo que se describe y que viene á colindar al Norte, con Félix Manso, Oeste, Toribio Ceballos y que es' el que está unido al terreno del Sr. Cepeda, con el que colinda por el Este.
“Don Adolfo Andino no tiene terreno, en ese sitio, que linde al Norte, con Belén Requena, hoy Don Rafael López Landrón, Este, Suce-síóxl Grail, boy Modesto Bird, Herminio Díaz, José Montilla, Luisa de Lima y Manuel M. Ginorio, etc. El terreno así descrito es del Sr. Cepeda, el mismo cuyo dominio tiene inscrito á su nombre en el regis-tro de la propiedad y del que - está en quieta y pacífica posesión.
“Por tanto, el demandante
“Ruega á la corte tenga por enmendada la demanda y en su día, previa la práctica dé la prueba, la declare con lugar y sin el dominio en cuanto á la cuerda y media más ó menos de terreno, cuyo dominio tiene inscrito el demandante descrito en el hecho primero de esta enmienda, con las costas al demandado; sin que el demandante tenga que oponer al dominio pretendido por el demandado, del terreno que marca con la letra “A,” en su escrito de promoción, ni del trozo á que se refiere el hecho tercero.”

Se contestó por Andino la demanda -de oposición, alegando que la finca cuyo dominio se propone acreditar y á la que se opone el demandante no tiene de común más linderos que los de Norte y Este, y que la finca á que se refiere el dominio soli-citado, la adquirió por compra hecha á Zoila Buzó, con la con-formidad de Antonio Buzó, cuya finca la heredó la referida vendedora de su madre, Alejandra Arredondo, que legítima-mente la disfrutaba como dueña hace más de treinta años al, iniciarse este expediente.

El juez de la Corte de Distrito de San Juan, después de oir la lectura de las alegaciones, las pruebas y los informes de los abogados que en representación de-las partes concurrie-ron, pronunció sentencia en 21 de agosto de 1906, declarando “que los hechos y el derecho están en favor de la demanda de oposición á la declaratoria de dominio de la finca en litigio, .y en su virtud la declara con lugar con las costas al deman-dado. ’ ’

Contra esa sentencia se interpuso recurso de apelación por el demandado Adolfo Andino, quien presentó ante esta Corte Suprema su alegato escrito é informó su abogado en el acto de la vista, así como el de la parte apelada Amafio Cepeda Lanzó.

En el récord consta una exposición del caso que no se ajusta á la práctica recomendada en otros casos por este tribunal.

En esa. clase de documentos no deben insertarse literal-. mente copias de la demanda, ni de la contestación, ni de la sentencia, porque todo eso tiene que constar en el legajo de la misma, según así ya lo disponen los artículos 233 y 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debiendo limitarse la expo-sición del caso á una relación sucinta y clara de la prueba practicada en el juicio, sin que sea propio tampoco citar en la exposición las leyes que se supongan infringidas, trabajo que debe reservarse para el alegato que ante este tribunal debe presentar el apelante.

Pero á pesar de esas incorrecciones, es lo cierto que la exposición viene aprobada por el juez y se lia hecho con la intervención de la parte apelada y, no obstante, que recomen-demos otra vez la buena práctica para que haya uniformidad y claridad en esa clase de documentos, nos obliga á admitir la referida exposición.

Con la lectura del récord que tenemos á la vista, es impo-sible formar juicio claro y distinto del asunto de que se trata.

La demanda enmendada de oposición al dominio solicitado, por una parte expresa que no se refiere al solar marcado por el demandado con la letra A” en el escrito de promoción ni al trozo que se describe y que viene á colindar al Norte, con Félix Manso, Oeste, con Toribio Ceballos y que es el que está unido al terreno de Cepeda, con el que colinda por el Este, y .sin embargo, en la súplica se pide que se declare con lugar el dominio de la parcela que-tiene inscrita en el registro y que está descrita en el hecho primero de la demanda enmendada, y efectivamente, allí se describe una parcela de terreno que no colinda por ninguna parte .con Félix Manso ni con Toribio Ceballos.

El demandado hoy apelante, en su alegato y. número 2°., dice:

“La parte á cuya declaración se opone el demandante es la que tiene por límites, Norte, Belén Requena, Sur, Saturnina Zarzuela y Gregoria París, Este, Sucesión Guil y Oeste, el demandado, antes Juana Domínguez.”

La confusión qne se observa puede que resulte de que Cepeda lia vendido desde el año 1902, en que dice que compró, al 1906, fecha de su demanda enmendada, varios trozos de terreno y de ahí que las colindancias han variado.

La claridad exigía que se hubieran precisado también las colindancias que al formular su demanda enmendada tenía el trozo de terreno que discute y las declaraeiones.de esos colindantes hubieran venido á aclarar su derecho, i'ndentifi-canclo la porción discutida.

El perito del demandante, Don José Claudio Riera, con su plano, certificación y declaración prestada en el juicio, nada tampoco aclara esos extremos, porque se limita á manifestar que por encargo de Andino mensuró en 30 de mayo de 1901 dos parcelas de terreno, de cuyo trabajo le expidió certifica-ción, la cual no se ha presentado por éste en el juicio, y 'que quizás hubiera venido ó esclarecer los puntos oscuros, y que una de esas parcelas es la que después ha mensurado otra vez por encargo de Cepeda.

Si nos fijamos en la prueba del demandado Andino, parece que su derecho lo deriva de un contrato privado de venta otor-gado por Zoila Buzó en 18 de .junio de 1890. En dicho -con-trato se expresa la capacidad superficial de la porción que se vende, ó sea de cuerda y media de terreno, y se fijan las colin-dancias por los cuatro puntos cardinales, pero se dice que está radicada en Ballosa, quizás quiera decir Bayola, pero de todos modos, como la finca del demandante Cepeda está en el 'sitio denominado “Manillas,” esta distinta denominación de sitio viene á introducir también confusión en el esclareci-miento de este asunto.

Después al declarar la vendedora Zoila Buzó, en ei juicio, ya no precisa las colindancias que fijó en la venta de que se ha hecho mérito, sino que dice que poseyó terrenos en Santurce “á la parte abajo de la izquierda y por el camino del Parque derecho se dobla á la derecha un poco más arriba del cemen-terio, por la parte atrás y llegando al frente de la Iglesia, dobla uno para abajo, á la derecha y en lugar de doblar á la derecha, se dobla á la izquierda, etc., etc. ’ ’

Con esta declaración nada puede adelantarse en el esclare-cimiento de los hechos, y como los demás testigos tampoco agregan nada sobre el particular, relativo á la identificación de esa porción de terreno, resulta imposible formar juicio para dictar una resolución acertada.

Ahora bien, la Ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla, aprobada en 8 de marzo de 1906, que .empezó á regir el 1 de abril del mismo año, enmendó el artículo 306 del Código de Enjuiciamiento Civil y autorizó á esta Corte Suprema para devolver el caso á la Corte inferior para su revisión, cuando sea necesario aclarar determinados puntos de hecho; y ha-ciendo uso de esa facultad así se ordenó por este tribunal en el caso de Ramón Dapena v. Sucesión de Juan Antonio Dominici y Santi, fallado en 14 de febrero último, en el que redactó la opinión del tribunal el juez Sr. MacLeary.

En este caso exige la justicia que se haga lo mismo, á fin de no lastimar los derechos de ninguna de las partes por falta de esclarecimiento de los hechos importantes en que se basa el pleito.

Procede, por tanto, que se devuelva el caso á la Corte de Distrito de San Juan para la celebración de nuevo juicio.

Decretado un nuevo juicio.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Aso-ciados, Hernández, MacLeary y Wolf.


text:
    Méndez v. El Registrador de la Propiedad.
    Recles o gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce.
    No. 26.
    Resuelto en marzo 21, 1907.
    Inscripción — Defecto Insubsanable — Mandato—Mandatario.—El mandatario debe ajustarse en la ejecución del mandato' á las instrucciones recibidas de. su poderdante, y autorizado un mandatario, en el caso de autos, para re-cibir, á nombre de sus poderdantes (como marido y mujer), la escritura de venta de una casa y solar, no lia podido, sin faltar á las instrucciones re-cibidas, aceptar dicha escritura, á nombre de uno solo de ellos, cuando debió haberla aceptado á nombre de ambos esposos, y por consiguiente, no habién-dose ajustado el apoderado al mandato que se le confiriera, adolece la escri-tura de un defecto insubsanable que impide su inscripción en el Registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado-del recurrente: Sr. Gabriel Guerra.

   El Juez Peesidente Se. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Yisto el presente recurso gubernativo interpuesto por el Abogado Don Gabriel Guerra y Acosta, á nombre de Don Angel Ma. Méndez, contra nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Ponce á inscribir una escritura de compra-venta.

Resultando: Que por escritura pública otorgada en esta capital, ante el notario de la misma, Don Julio César González y González, en 15 de octubre del año próximo pasado, Don Eduardo Acha y Caamaño, por sí y como apoderado de su esposa Doña Mercedes Gavarain y Besosa, según el que M confiriera en la ciudad de Ponce el 23 de octubre de 1902 ante el Notario Don Manuel León, con facultades expresas para comprar y vender bienes de todas clases, vendió real y efec-tivamente á Doña Dolores Goicochea y Alvarez, por conducto de su apoderado Don Manuel G. Gonzalez, un solar con casa, sitos en la calle de Vives, barrio 2a., de la misma ciudad de Ponce, que le correspondía en propiedad, en unión de su citada esposa Doña Mercedes G-avarain y Besosa, eii precio y cantidad de 1,400 dollars, que recibió el vendedor ante el no-tario y testigos instrumentales en el acto del otorgamiento de la escritura.

Resultando: Qué presentada ésta en el registro de la pro-piedad de aquella ciudad, en unión de una copia testimoniada del poder conferido al Don Manuel G. González por los espo-sos Don Angel María Méndez y Añeses y Doña Dolores Goi-cocliea y Alvarez, ante el notario de Ponce, Don Gustavo Ro-dríguez y Acevedo, en 9 de octubre último, especial para que, representando á los esposos otorgantes, concurriera al otor-gamiento de la escritura que á favor de ellos habían de hacer Doña Mercedes Gavarain y Besosa y su legítimo esposo Don Eduardo Acha, vecinos de esta ciudad de San Juan, sobre venta de una casa y solar-, radicados en la calle de Vives, de la misma ciudad de Ponce, marcada con el número 40 del Go-bierno, y para que en el acto del otorgamiento .dé la escritura pagara á los vendedores el precio ajustado y cpnvenido de 1,400 dollars y aceptara á nombre de sus poderdantes, la venta referida, y recibiera y firmara la escritura, con todas las cláu-sulas necesarias al efecto; y que solicitada la inscripción de dicha escritura, la denegó el registrador por los motivos con-signados en la nota que puso al pié de dicho documento, la que, copiada á la letra, dice así:

“Denegada, la inscripción del precedente documento, porque la adquisición realizada por Don Manuel G. González en virtud del poder que le confirieron los esposos Don Angel María Méndez y Añases y Doña Dolores Goicochea y Alvarez, es distinta de la que comprende el mandato especial que éstos le otorgaron; y porque las diferencias que se observan entre la discripción que se hace de la finca en el registro y la que del título resulta, hacen dudosa su identificación; y tomada en su lugar anotación preventiva por cuatro meses al folio 238 vuelto del tomo 122 de esta ciudad, finca No. 1954 duplicado, anotación letra “A”. — Ponce y octubre 24 de 1906.”

Resultando: que contra esta nota interpuso el abogado Don Gabriel Guerra, á nombre de Don Angel María Méndez, el presente recurso, gubernativo para que se revocara elidía nota y se ordenara al registrador la inscripción de la escri-tura.

Considerando: Que con arreglo al artículo 1621 del Código Civil Revisado, en armonía con el 1719 del antiguo, “en la ejecución del mandato, ha de arreglarse el mandatario á las instrucciones del mandante”; y que siendo especial el poder conferido á Don Manuel G. González por los esposos Don Angel María Méndez y Añeses y Doña Dolores Goicochea y Alvarez para recibir, á nombre de ambos esposos, la escritura de venta que habían de otorgarles Doña Mercedes Gavarain y Besosa y su legítimo esposo Don Eduardo Acha, de la casa y solar de la calle de Yives á que se refiere dicho poder, no ha podido, sin faltar á las instrucciones que recibiera de sus poderdantes, aceptar la escritura de la casa y solar de que se trata, á nombre sólo de Doña Dolores Goicochea y Alvarez, cuando debió ser á nombre de ambos esposos, como decía el poder, y por consiguiente que no habiéndose ajustado el apo-derado Don Manuel G. González al cumplimiento de las ins-trucciones de sus poderdantes, adolece la escritura de que se trata de un defecto insubsanable que impide su inscrip-ción en el registro de la propiedad.

Vistos el artículo citado del Código Civil vigente; el 65 dé-la Ley Hipotecaria y el 110 del Reglamento.

Se confirma la nota del Registrador de la Propiedad de Ponce denegatoria de la inscripción de la expresada escritura, y devuélvasele, en unión de los demás documentos presenta-dos, con copia certificada de la presente resolución, para su conocimiento y demás efectos que procedan con arreglo á derecho.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Presidente Se. Quiñones JUEZ ASOCIADO SR. MAC LEARY.

text:
    Vidal v. El Registrador de la Propiedad.
    Reoueso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce.
    No. 19.
    Resuelto en marzo 21, 1907.
    Bienes Gananciales — Administrador de la Sociedad de Gananciales. — Aunque el marido es el administrador de la sociedad de gananciales y es el que.debe, en estricto derecho, otorgar las escrituras de donación, enajenación ú obliga-ción á título oneroso, de los bienes de dicha sociedad, y al exigirse el consenti-miento expreso de la mujer para estos actos, se ha tratado sólo de poner á salvo sus intereses, es claro que los requisitos de la ley se han cumplido en la escritura de venta que pretende inscribir el recurrente, por constar el con-sentimiento expreso de ambos cónyuges en la enajenación, aunque en ella figure como otorgante la mujer y concurra el marido á los efectos de prestar su consentimiento, por lo que procede su inscripción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte recurrente no compareció.
   El Juez Presidente Se. Quiñones

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por Don Manuel J. Vidal, como mandatario verbal de Don Pedro J. Rosaly, contra resolución denegatoria del Registrador de la Propiedad de Ponce á inscribir una escritura de compra-venta.

Resultando: que por escritura pública otorgada en Ponce, ante el abogado y notario de la misma Don Angel Acosta y Quintero, en 15 de febrero de 1906, Doña Hortensia Sepul-veda asistida de su esposo' Don Cesáreo Santiago y Hernán-dez, y con el consentimiento expreso de éste, vendió á Don Pedro Juan Rosaly y Capó, la tercera parte que le correspon-día de una participación de dos cuerdas con 94 centésimas de otra, de una porción de terreno de 18 y media cuerdas, radi-cadas en el barrio de “Cintrona,” del término municipal de Juana Díaz, la que dijo* corresponderle por compra, en unión de otro condominio más, á su convecino Don José La O. Almo-dovar y Figueroa, por escritura pública inscrita en el registro de la propiedad de la misma ciudad de Ponce; y que presen-tada dicha escritura en el mismo registro para su inscripción, le fué denegada por el registrador por los motivos expresados en la nota que puso al pie de dicho documento, la que, copiada literalmente, dice así:

“Denegada la inscripción del precedente documento, porque de-biendo reputarse ganancial la finca enagenada, realiza su enagenación y recibe el precio la mujer, en lugar del marido, único representante y administrador de la sociedad conyugal, artículo 1322, 161 y 1327 del Código Civil, sin que baste al acto meramente pasivo del marido, que presta, su consentimiento á la enagenación, para convalidar esta subversión de las funciones que á cada cónyuge asigna la ley en el or-den económico de la sociedad matrimonial, y siendo insubsanable este defecto, tomo anotación por cuatro meses, al folio 234 vuelto del tomo 43 del Ayuntamiento de Juana Díaz, finca 2,158, anotación letra “C.” — Ponce, septiembre 25 de 1906.”

Resultando: que-no conforme con la resolución del regis-trador el presentante de la escritura, la dejó en poder de aquel funcionario para que la remitiese á esta superioridad, á fin de que por la misma se dictase la resolución correspon-diente, lo que verificó el registrador con escrito, en el que ex-puso las razones que estimó pertinentes en apoyo de su reso-lución. *'

Considerando: que tanto por el antiguo como por el vi-gente Código Civil, el marido es el administrador de la socie-dad de gananciales y de este principio se deriva la necesidad en derecho estricto de que él sea el que otorgue las escrituras de donación, eneganación ú obligación á título oneroso de los bienes de dicha sociedad.

Considerando: que la innovación introducida por nuestro Código Civil Revisado, se ha limitado á poner á salvo los intereses de la mujer, exigiendo su consentimiento expreso cuando se trate de los actos á que el anterior fundamento se refiere.

Considerando: Que en el caso de autos, aunque en forma inversa, se han llenado los requisitos que la ley exige, toda vez que si bien figura como otorgante de la escritura de venta la mujer, esto se hace con concurrencia de su marido, que presta de modo expreso su consentimiento y que firma con ella ante el Notario el referido documento.

Considerando: que si el marido no líubiera tenido ninguna clase de intervención en el contrato de venta, sólo él y sus herederos podrían reclamar la nulidad del mismo, pero en el caso de autos él. ha concurrido, expresando su consentimiento y firmado el documento, toda vez que no otra cosa significa que otro firmase á su ruego por no saber él escribir, y en estas condiciones habría que estudiar á su tiempo y en el orden civil el éxito que podría tener una reclamación de nulidad.

.Considerando: que bajo el punto de vista hipotecario y en el caso en cuestión no tiene razón de ser la actitud del Re-gistrador de la Propiedad de Ponce.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Ponce al pie de la escritura de que se trata, y se declara que dicho documento es inscribible y debe inscri-birlo el registrador, para lo cual se le devolverá con copia certificada de la presente resolución y á los demás fines pro-cedentes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras y Wolf.

Juez disidente: Sr. .MacLeary.

VOTO DISIDENTE DEL

JUEZ ASOCIADO SR. MAC LEARY.

No estoy de acuerdo con esta resolución, porque teniendo en cuenta que este documento no pudo haber sido registrado con arreglo al antiguo Código Civil, no hay nada en el artí-culo No. 159 del actual Código Civil que autorice su inscrip-ción ; por lo tanto, debe confirmarse la resolución tomada por el registrador.


author: El Juez Asociado Se. Fioueras

text:
    El Pueblo v. Quiñones.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Iíumacao.
    No. 67.
    Resuelto en marzo 25, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Mani-fiestos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apareciendo de los autos que se hubiera cometido algún error que justifique. la revocación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy,'Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Se. Fioueras

emitió la opinión del tribunal.

Esta causa se inició por denuncia jurada ante el juzgado municipal de Humacao y luego, por apelación, pasó á la corte del distrito.

Ante ella Elias Quiñones fué convicto del delito de “aco-metimiento y agresión simple.” Tuvo un juicio justo é im-parcial y después de la prueba que se practicó fué declarado culpable, condenado á treinta y cinco dollars de multa y al pago de las costas.

Contra esa sentencia se interpuso también recurso de ape-lación;

No se formuló pliego de excepciones, ni exposición del caso y la causa se halla ante esta Corte Suprema sin abogado de-fensor del acusado.

El fiscal solicitó la confirmación del fallo apelado.

Después de un examen cuidadoso de los autos, no encon-tramos error alguno cometido por la corte de distrito y desde luego podemos asegurar que el recurso interpuesto no tiene más objeto que demorar el cumplimiento de la sentencia, y por lo tanto, no cabe más que confirmarla en todas sus partes, con las costas al apelante Elias Quiñones.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MaeLeary y Wolf.


author: El Juez PresideNte Sr..QuiñoNes

text:
    Dooley v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de San Juan.
    No. 27.
    Resuelto en marzo 26, 1907.
    Inscripción — Bienes Propios de Cada Cónyuge. — Un contrato de venta de bienes inmuebles, otorgado á favor de la mujer, con la concurrencia del marido, al efecto de aceptar y ratificar la escritura y dar su consentimiento para que se inscriba en el registro á nombre de la mujer, como de su sola y exclusiva propiedad, es inscribible en esa forma, pues la simple conjetura de que pueda envolver una donación entre marido y mujer, prohibida por el artículo 1301 del Código Civil, no puede servir para invalidar dicho contrato, que aparece perfecto y revestido de todos los requisitos necesarios para su validez.
    Bienes Gananciales. — Aunque se reputan gananciales todos los bienes del matri-monio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido ó á la mujer; ésta-es una presunción juris tantum, sujeta á prueba en contrario, y por consiguiente, pudiendo la mujer, por lo que respecta al caso de autos, acreditar en todo tiempo que los bienes son de su exclusiva propiedad, no hay motivo que impida inscribirlos así, pues esto no prejuzga definitivamente la cuestión de propiedad de dichos bienes, y siempre queda á las partes ,su derecho á salvo para ejercitarlo como lo estimen más conveniente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Texidor.

   El Juez PresideNte Sr..QuiñoNes

emitió la opinión del tribunal.

Yisto el presente recurso gubernativo interpuesto por Mrs. Elisa B. K. Dooley contra nota denegatoria del Regis-trador de la Propiedad de San Juan á inscribir una escritura de compra-venta de terreno. -

Resultando: que por escritura pública otorgada en esta Capital, ante el abogado y notario de la misma Don Jacinto Texidor -y Alcalá del Olmo, en 16 de julio del añq próximo pasado, Mr. Fred E. Burnett, vendió á Mrs. Elisa B. K. Dooley, con asistencia y consentimiento de su esposo Mr. Henry W. Dooley, un solar radicado en el sitio del Machuchal, barrio ele Santurce, de las dimensiones y con las colindancias que en la misma escritura se determinan, en precio y cantidad de 1000 dollars que el vendedor confesó recibidos, manifestando el compareciente, Sr. Dooley, que aceptaba y ratificaba la ex-presada escritura en todas sus partes para que se inscribiera en el registro de la propiedad, á nombre de Mrs. Dooley como su sola y separada propiedad; y que presentada dicha escri-tura en el registro de la propiedad de esta capital para su inscripción,le fue denegada por el registrador por los moti-vos que expresa la nota que puse al pie de la misma, y que, copiada á la letra, dice así:

“No admitida la inscripción del anterior documento porque, se-gún los artículos mil trescientos diez y seis, mil trescientos veinte y dos del Código Civil, son gananciales todos los bienes adquiridos durante el matrimonio á título oneroso, mientras no se pruebe que pertenecen privativamente al marido ó á la mujer, porque en dicho documento no se justifica, ni se alega siquiera, que el capital invertido en la adquisi-ción, proceda del patrimonio particular de la Sra. Dooley, ni se expre-sa motivo alguno por el cual deba hacerse la inscripción á favor de la citada Sra. Dooley como bienes propios, consignándose solamente la voluntad del esposo para que se verifique en esa forma, la cual puede constituir la donación que prohíbe el artículo mil trescientos uno de dicho Código; y se ha extendido la anotación preventiva correspon-diente por el término legal al folio cuarenta y uno vuelto del tomo cincuenta de esta ciudad, finca .dos mil ciento veinte y seis, anotación letra “A.”. — San Juan, Puerto Rico, noviembre veinte y siete de 1906.”

Resultmtdo: que contra esta nota ha interpuesto en tiem-por el abogado Don Jacinto Texidor, á nombre de Mrs. Elisa B. K. Dooley, asistida de su esposo Henry ~W. Dooley el pre-sente recurso gubernativo, para que se revoque dicha nota y se ordene al registrador que inscriba la'escritura con las costas.

Considerando: que la simple conjetura hecha por el regis-trador sin comprobante alguno que la justifique, de que aten-didos los términos en que aparece redactada la escritura de que se trata pueda envolver una donación entre marido y .mujer, prohibida por el artículo 1301 del vigente Código Civil, no puede servir para invalidar un contrato de compra-venta que aparece perfecto y revestido de todos los requisitos nece-sarios para su validez.

Considerando: que si bien con arreglo al artículo 1322 del mismo Código “se reputan ganaciales todos los bienes del matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativa-mente al marido ó á la mujer,” esta es una presunción “juris tantum” sujeta al resultado de las pruebas en contrario; y por consiguiente, que pudiendo acreditar la Sra. Dooley en todo tiempo que el solar es de su exclusiva propiedad, no bay motivo que impida inscribirlo á su nombre, toda vez que con esto no se prejuzga definitivamente la cuestión de propiedad del solar, y que siempre queda á las partes su derecho á salvo para ejercitarlo como lo estimen más conveniente á sus inte-reses.

Considerando, por tanto, que no conteniendo la escritura ningún defecto insubsanable, que impida su inscripción en el registro de la propiedad, debe el registrador inscribirla.

Visto el artículo citado del vigente Código Civil, el 65 de la Ley Hipotecaria y el 110 del Reglamento.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el registrador de la propiedad de esta capital al pie de la escritura de que se trata, la que procederá á inscribirla, y devuélvasele con copia certificada de la presente resolución para su- cumpli-miento y demás efectos procedentes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Su. HekNÁNDez

text:
    El Pueblo v. Rodríguez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Guavama.
    No. 57.
    Resuelto en marzo 27, 1907.
    Acusación — Defectos de Forma. — La falta de expresar en la acusación ante qué funcionario fueron juramentados los testigos, cuyas declaraciones sirvie-ran de base para formularla, no constituye un defecto fundamental, sino meramente de forma.

      Violación — Escalamiento.—En el caso de autos se alegó que habiendo sido condenado el acusado’ por violación, para cuya perpetración tuvo necesidad de realizar el escalamiento que se le imputa, no ha podido ser penado también por ese acto, según el precepto del artículo 44 del Código Penal: Se resolvió que aunque no hay en autos suficientes constancias para discutir el punto, en ningún caso sería aplicable el artículo 44 citado, toda vez que dicho artículo se refiere á un mismo-acto ú omisión, penado por distintas disposiciones del Código, y aquí se-trata de dos actos distintos que constituyen distintos de-litos: escalamiento y violación.

    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado del apelante: Sr. Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Su. HekNÁNDez

emitió la opinión del tribunal.

El présente es nn recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de G-nayama- en cansa por escalamiento en primer grado.

José Rodríguez fué acusado de que en la noche del 10 de enero del año de 1906, en el término municipal de Cidra, frac-turó una ventana de la casa de vivienda de Juan Rosario é ilegalmente penetró dentro de la misma con intención de co-meter el delito de violación, cuya acusación, según manifiesta-ción del fiscal de la mencionada corte, estaba basada en el testimonio de testigos examinados, bajo juramento, sin que se exprese ante quién fueron examinados y jurados.

Con tal acusación por base, se celebró el juicio; y decla-rado culpable el Rodríguez, fué condenado por sentencia de 30 de abril de 1906 á la pena de cuatro años de presidio con trabajos forzados y las costas, cuya sentencia empezaría á cumplir inmediatamente, después de extinguir la pena de ocho años de presidio, que en la misma fecha le había sido impuesta por el delito de violación.

Contra esta sentencia interpuso el acusado recurso de ape-lación por estimarla contraria á las pruebas practicadas en el juicio,, sin que haya venido en el récord pliego de excepcio-nes, ni escrito de exposición de hechos; no obstante lo cual, la representación del apelante ante esta Corta Suprema ha sos-tenido el recurso, alegando como motivos los siguientes:

"Io. Que la acusación no se ajusta á las prescripciones del Código de Enjuiciamiento Criminal, por cuanto en ella no se expresa quién examinó á los testigos, ni quién les tomó el juramento, y por tanto, se ignora si la persona ó funcionario que practicó esos actos tenía auto-ridad para ello.
"2o. Que 'habiendo'sido condenado el acusado por delito de vio-lación, para cuya perpetración fué medio necesario el escalamiento de que se trata, no lia podido ser penado también por ese acto, según el precepto del artículo 44 del Código Penal.”

En. cnanto al primer motivo del recurso, la objeción ale-gada no puede considerarse como error fundamental, sino como defecto de forma que no vicia de nulidad la sentencia pronunciada. Así lo hemos establecido ya en el caso de El Pueblo de Puerto Pico v. Manuel Alomar, decidido en 15 de marzo de 1906.

En cuanto al segundo motivo, no aparece en forma, del récord, que el acusado ejecutara el escalamiento que motiva su condena para realizar el delito de violación por el cual fué también condenado en otra causa, y por tanto, bien podríamos dejar de prestar consideración á semejante alegación por falta de hecho debidamente justificado que pueda servir de base á la discusión; pero haciendo honor á. la ilustrada defen-sa del apelante y partiendo del supuesto de que el escala-miento fuera medio para realizar la violación, sostenemos que no es de aplicación al caso el artículo 44 del Código Penal, por cuanto ese artículo claramente se refiere á un acto ú omi-sión penable de distintos modos por distintas disposiciones del Código, y aquí no se trata de un solo acto, sino de dos actos distintos, á saber, escalamiento definido en los artículos 408 y 409 del Código Penal, y violación definida en el artículo 255 del mismo Código. El escalamiento puede ejecutarse sin vio-lación y la violación sin escalamiento; son dos actos distin-tos que deben penarse separadamente.

Por las razones expuestas, procede se confirme la senten-cia apelada con las costas del recurso á cargo de la parte apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Higueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Presidente Sr! Quiñones

text:
    Franco v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo.
    No. 25.
    Resuelto en marzo 30, 1907.
    Cancelación — Anotación Preventiva. — La cancelación de una anotación pre-ventiva procede, entre otros casos, cuando por sentencia ejecutoria contra la cual no se haya interpuesto recurso de apelación ó se haya confirmado, en su caso, fuere absuelto el demandado de la demanda de propiedad anotada conforme al párrafo primero del artículo 42 de la Ley Hipotecaria.
    Id. — Dictada sentencia ejecutoria y firme, declarando sin lugar la demanda que fuera objeto de una anotación preventiva, la circunstancia de que en dicha sentencia no se ordene expresamente la cancelación de ésta, no es obstáculo para que se practique, ni constituye ello una infracción de los artículos 82 y 83 de la Ley Hipotecaria, pues en este caso la anotación carece de objeto, como sucede en el caso á que se refiere el número 2 del artículo 140 del regla-mento para la aplicación de dicha Ley.
    Los becbos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. García Cuervo.

   El Juez Presidente Sr! Quiñones

emitió-la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el Abogado Don Emilio (Jarcia Cuervo á nombre de Don Ygna-cio Franco y Alonso contra negativa del Registrador de la Propiedad de Arecibo á cancelar una anotación preventiva.

Resultando: que interpuesta demanda en pleito ordinario ante .el tribunal de distrito por Don Antonio Puente y Leal y continuado después por su eesionaria Doña Dionisia, de los mismos apellidos, contra los esposos Don José Miranda y Pérez y Doña Dionisia Preytes y Don José Arturo Preytes sobre cobro de pesos, y rescisión ó nulidad- del contrato de compra-venta de una estancia de ciento veinte y cinco cuerdas de terreno, radicada en el barrio de Pío Arribas Poniente, del término municipal de Manatí, de cuya demanda se tomó anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Are-cibo, y que continuado el pleito por todos sus trámites, dictó sentencia el expresado tribunal de distrito, que fué confir-mada en grado de apelación por este Tribunal Supremo, de-clarando sin lugar la demanda ó rescisión del contrato de compra-venta de la estancia de referencia y condenando al demandado Don José Miranda y Pérez á pagar al deman-dante la suma de 5,358 pesos un centavo, moneda provincial, con la reducción correspondiente á la moneda de los Estados Unidos, con las costas al apelante; cuya sentencia quedó firme y ejecutoriada por no haberse interpuesto contra ella ningún recurso.

Resultando: que presentada una copia certificada de dicha sentencia al Registrador de la Propiedad de Arecibo por Don Ignacio Franco y Alonso, como dueño de la estancia de que se trata, para la cancelación de la anotación preventiva de la demanda que se tomó sobre ella, la denegó el registrador por los fundamentos de la nota puesta al pie de dicho documento, la que, copiada á la letra, dice así:

“Denegada la cancelación á que se refiere .la procedente nota, por no ser el documento presentado título suficiente para practicarla; toda vez que, habiendo sido ordenada la anotación de demanda por un mandamiento judicial, sólo en virtud de otro documento de igual clase procede su cancelación, conforme á las prescripciones de la vigente Ley Hipotecaria en sus artículos 82 y 84. Y en cumplimiento de lo establecido por la sección 7a. de la ley de primero de marzo de mil novecientos dos, queda tomada anotación preventiva por término de ciento veinte días, al folio 47 del tomo 16 de Manatí, finca No. 410, duplicado, anotación letra “C”. — Arecibo, noviembre 7, 1906.”

Resultando: que contra esta nota se lia interpuesto por el abogado Don Emilio García Cuervo, á nombre de Don Ignacio Franco y Alonso, el presente recurso gubernativo para que se revoque dicha nota y se ordene al registrador la cancela-ción solicitada; habiendo informado á su vez el registrador por escrito lo que estimó pertinente en confirmación de su negativa.

Considerando: que según el artículo 140 del Reglamento de la Ley Hipotecaria No. Io., uno de los casos en que procede la cancelación de la anotación preventiva, es cuando por sen-tencia ejecutoria contra la cual no se haya interpuesto recurso de casación (hoy de apelación) fuere absuelto el demandado de la demanda de propiedad anotada conforme al párrafo Io.' del artículo 42 de la ley, en cuyo caso se encuentra compren-dido el presente, toda vez que, por sentencia firme del Tribunal de Distrito de Arecibo, confirmada por este Tribunal Supremo, se ha declarado sin lugar la demanda de nulidad establecida por el demandante Don Antonio Puente y Leal del contrato de compra-venta de la estancia de Doña Dionisia Freytes, que fue anotada en el registro de la propiedad, y cuya anotación, por consiguiente, carece ya de objeto y procede cancelarse con arreglo al artículo citado del Reglamento de' la Ley Hipotecaria.

Considerando: que si bien los artículos 82 y 84 de la propia ley, prescriben que las anotaciones hechas, en virtud de man-damientos judiciales, no se cancelarán, sino por providencia ejecutoria, contra la cual no se halle pendiente ningún recurso, y que será competente para ordenarla el juez ó tribunal que la haya ordenado, ó el que le haya sucedido legalmente en el conocimiento del negocio que diera lugar á ella, estos pre-ceptos de la ley resultan cumplidos con exceso en el presente caso, toda vez que existe una sentencia ejecutoria dictada por el mismo Tribunal de Distrito de Arecibo, que ordenó la ano-tación y que declara sin lugar la demanda de nulidad, objeto de aquella, y que si bien eirdicha sentencia no se ordena expre-samente la cancelación de aquel gravamen, esto no obsta para que pueda practicarse la cancelación, toda vez que, desesti-mada la demanda de nulidad que dió motivo á la anotación preventiva, carece ya ésta de objeto, como sucede en el caso á que se refiere el No. 2o. del mismo artículo 140 del Regla-mento, según el cual, si el demandante abandonare el pleito-ó se separare de él, bastará presentar al registrador la pro-videncia en forma que acredite algunos de aquellos extremos para que el registrador practique la cancelación; precepto que no existía en el reglamento hipotecario de España, pero-que ha sido introducido en el que rige en esta Isla y que por analogía puede tener aplicación en el presente caso.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se revoca la nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo denegatoria de la cancelación solicitada por el recu-rrente Don Ignacio Franco y Alonso, la que se declara pro-cedente y debe practicarla el registrador; y devuélvanse los. documentos presentados con copia certificada de la presente resolución, ;para su cumplimiento y demás efecto.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez PbesideNte Su. QuiñoNes,

text:
    Cobb v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Cáguas.
    No. 5.
    Resuelto en abril 1, 1907.
    Inscripciones — Identidad de las Fincas — Diferencias de Cabida. — Las diferen-cias de poca importancia que se adviertan en la cabida de las fincas, entre lo que resulte de los asientos del registro y lo que apare? ca de los documen-tos que se presenten para su inscripción, no son bastantes para negar la identidad de las fincas, especialmente cuando en los linderos no haya diferen-cia alguna. Los registradores deben hacer constar en el registro la diferencia de cabida en la forma que determina el reglamento.

      Id. — Abono de Diferencia en el Precio de Venta, Después de la Inscripción.— I-latiéndose convenido por los otorgantes de la escritura de compra-venta á que se refiere el presente recurso, que si, después de practicada la mensura de las fincas vendidas, resultara alguna diferencia de mas ó de menos en su cabida, se abonaría por el comprador 6 vendedor respectivamente, al tipo fijado en la misma escritura, es evidente que la diferencia que ha resultado á favor del vendedor, en la mensura de una de las fincas vendidas, y que se lia'hecho constar por las parles en una escritura adicional á la de compra-venta, debe estimarse su valor como parte del precio convenido y hacerse constar su pago en el registro de la propiedad, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Hipotecaria.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado'del recurrente: Sr. Hernández Usera.

   El Juez PbesideNte Su. QuiñoNes,

emitió la opinión del tribunal.

Yisto el presente recurso gubernativo interpuesto por Mr. ■John B. Cobb, contra nota denegatoria del Registrador de la Propiedad de Cáguas, á inscribir una escritura de compra-venta.

Rsultando: que por escritura pública otorgada en esta ciudad ante el abogado y notario de la misma Don Herminio Díaz Navarro, en 29 de junio de 1906, Don Ramón Amer y Yicens por sí, y como apoderado de su esposa Doña Cristina Salas y Estrada, según el que le confiriera, en Juncos ante el notario Don Lorenzo Giménez García en primero de septiem-bre de 1904, con facultades expresas para vender los bienes ele la propiedad de la otorgante, vendió real y efectivamente á Mr. John B. Cobb, propietario y vecino de la ciudad de New York, por conducto de su apoderado especial en esta Isla, Don Luis Toro Pasarell, trece fincas rústicas de la propiedad de su esposa Doña Cristina Salas y Estrada, entre ellas,, una de ciento veinte cuerdas de extensión superficial, radicada en el barrio de “Hato Nuevo,” del término municipal de Gurabo, á razón de $90.91 la cuerda, ó sea en junto por la suma de 27,384 dollars, 81 centavos, que el vendedor recibió en el acto del otorgamiento de la escritura, y bajo la condición expresa de que “si verificada la mensura de las fincas vendidas por el técnico del comprador, dentro de un plazo que no excedería de seis meses, resultasen con menos cabida de aquélla bajo la que se había efectuado el contrato, devolvería la vendedora Doña Cristina Salas al comprador el importe de lo que fal-tara, á razón de 90 dollars 91 centavos la cuerda, y por el contrario, si resultasen con mayor extensión, le satisfaría el comprador al mismo tipo el exceso; ’ ’ cuya escritura se ins-cribió sin dificultad alguna en el Registro de la Propiedad de Cáguas.

Resultando: que habiéndose hecho constar posteriormente por las mismas partes, en otra escritura otorgada en esta capital, ante el abogado y notario de la misma, Don José Her-nández User a, en 15 de octubre del año próximo pasado, que practicada sin objeción alguna por las partes la mensura de las fincas rústicas vendidas, por el agrimensor Sr. Rodríguez López, había resultado la de ciento veinte cuerdas con una cabida de ciento cuarenta y siete cuerdas noventa y tres centavos ó sea con una diferencia de veinte y siete cuerdas no-, venta y tres centavos demás, cuyo valor de dos mil quinientos treinta y nueve dollars doce centavos, al precio convenido de noventa dollars noventa y un centavos la cuerda, lo había recibido el vendedor de manos del comprador Don Luis Toro Pasarell, á la presencia del notario otorgante, lo hacían constar así en la expresada escritura que querían se tuviera como adicional y parte integrante de la anterior de 29 de junio del mismo año, para que tales aclaraciones se hicieran constar en el registro de la propiedad en las inscripciones correspon-dientes ; y que presentado dicho documento en el Registro de la Propiedad de Cáguas para su inscripción, la denegó, el registrador por los motivos que expresa la nota puesta al pie del mismo documento, la que, copiada á la letra, dice así:

‘1 No admitida la nota marginal en cuanto á la finca de ciento veinte cuerdas, que se describe en el precedente documento, por observar que la cantidad de $2,539.12; que aparece satisfecha por Don Luis Toro Pasarell á Don Ramón Amer y'Yicens, ni consta del título inscrito, m de la inscripción correspondiente que sea precio aplazado del con-trato de compra-venta á que se refiere dicha inscripción, ni resulta tampoco del registro, que se Rayan inscrito, ni se hayan tratado de inscribir las veinte y siete cnerdas noventa y tres centavos qne cons-tituye la diferencia de cabida, que resulta del registro con la reciente-mente mensurada; habiéndose extendido en su lugar anotación marginal preventiva por ciento veinte días, al margen de la inscripción quinta, de la finca doscientos setenta y dos duplicado, al folio 148 del tomo 9 de G-urabo, con el defecto además subsanable, de no constar debidamente acreditado el carácter de apoderado decsu esposa Doña Cristina Salas Estrada, que ostenta Don Ramón Amell y Yicens.— Cáguas, Io. de noviembre de 1906.”

Resultando: Que contra esa nota lia interpuesto en tiempo el abogado Don José Hernández Usera, á nombre de Mr. John B. Cobb, el presente recurso gubernativo, para que se revoque y se ordene ál registrador la inscripción de la escritura ó nota marginal correspondiente.

Considerando: que es punto resuelto por diferentes reso-luciones de la dirección general de los registros de la propie-dad, que las diferencias de poca importancia que se advierten en la cabida de las fincas entre lo que resulte de los asientos del registro y lo que aparezca de los documentos que se pre-senten para su inscripción no son bastantes para negar la identidad de las fincas, máxime cuando en los linderos no bay ninguna diferencia, y debe el registrador hacerlas constar en el registro, en la forma- que determina el reglamento.

Considerando: que habiéndose convenido en la escritura principal de 29 de junio del año. próximo pasado, que se prac-ticaría, dentro de un término que no podría exceder de seis meses, por un perito de nombramiento del comprador, una mensura de las fincas vendidas, y que la diferencia que resul-tara de más ó de menos en la cabida de las fincas, se abonaría por el comprador ó por el vendedor, respectivamente, según los casos, á razón de 90 dollars 91 centavos la cuerda, del pre-cio convenido en la escritura, es evidente que la diferencia de 27 cuerdas 93 céntimos de otra, que resultó en la mensura de una de las fincas vendidas, y que elevó el precio de la misma á la suma de 2,539 dollars 12 centavos de más, esta diferencia debe estimarse como parte del precio convenido y hacerse constar su pago en el registro de la propiedad, en la forma que determina el artículo 16 de la Ley Hipotecaria.

Vistos los preceptos legales citados y las resoluciones de la dirección general de los registros de la propiedad de 9 de noviembre de 1877, 8 de julio de 1878, 21 de mayo de 1881 y 8 de marzo de 1898.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Cáguas al pie de la escritura de que se trata en el presente recurso, y devuélvasele con los demás docu-mentos presentados y una copia certificada de la presente resolución, para que proceda á inscribir dicha escritura en el registro de la propiedad por medio de nota marginal ó en la' forma que corresponda con arreglo á derecho.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez PresideNte Sr. Quiñoñes,

text:
    Caballero v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Cáguas.
    No. 24.
    Resuelto en abril 1, 1907.
    Hipotecas — Bienes Gananciales — Consentimiento de la Mujer — 'Defecto Insubsanable. — Teniendo los créditos hipotecarios la consideración de Inenes inmuebles, es necesario para su enajenación el consentimiento expreso de la mujer en los casos en que se hallen constituidos á favor de alguno de ■los cónyuges y tengan el carácter de bienes gananciales; sin ese requisito adolecerá la escritura de enajenación de un defecto insubsanable que impide su inscripción en el registro de la propiedad.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    La parte recurrente no compareció.
   El Juez PresideNte Sr. Quiñoñes,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por Don Ramón Caballero Delgado contra nota denegatoria del Regis-trador de la Propiedad de Cáguas á inscribir una escritura de adjudicación en pago de una finca rústica.

Resultando: que por escritura pública otorgada en Cáguas ante el abogado y notario de la misma Don Rafael Arce Rollet en 28 de julio del año próximo pasado, los esposos Don Manuel Teruel García y Doña Nicolasa Torres Otero, como con-dueños de una finca rústica de veinte cuerdas de terreno que poseían en el barrio de “Sumidero” del término municipal de Aguas Buenas y ¿óbre la cual pesaba un crédito hipotecario por valor de mil quinientos cincuenta y dos pesos sesenta y tres centavos de la moneda provincial extinguida, á favor de Don Ramón Caballero y Delgado, de estado casado, con Doña Isabel Santiago, no siéndoles posible satisfacer al Sr. Caballero la cantidad que le eran en deber, convinieron con él ven-derle en pago de su acreencia la misma finca hipotecada por el total valor del crédito de referencia, como así lo verificaron por medio de la expresada escritura-; y que presentada ésta al Registro de la Propiedad de Caguas para su inscripción, la denegó el registrador por el motivo que expresa la nota puesta al pie de dicha escritura la que, copiada á la letra, dice .así:

“No admitida la inscripción del precedente documento por el defecto insubsanable de que en la adjudicación en pago de la finca :á que dicho documento se refiere, por el crédito hipotecario que queda cancelado, no ha prestado su consentimiento Doña Isabel Santiago, ■esposa de Don Ramón Caballero; habiéndose tomado en su lugar ano-tación preventiva por ciento veinte días al folio 103, vuelto del tomo 13 de Aguas Buenas, finca 147 duplicado, anotación letra “B.”— Cáguas, 22 de agosto de 1906.”

Resultando: que contra esta ha interpuesto Don Ramón 'Caballero Delgado el presente recurso gubernativo para que se revoque y se ordene al registrador la inscripción de la •escritura.

Considerando: que, con arreglo á los artículos 335 y 336 del Código Civil revisado, los créditos hipotecarios tienen la consideración de bienes inmuebles; y que importando el con-trato contenido en la escritura de 28 de julio de 1906, un con-trato de compra-venta de un terreno por virtud del cual el comprador Don Ramón Caballero dió en pago del mismo el crédito hipotecario que sobre él tenía constituido, implica esto, por parte del comprador Sr. Caballero, un verdadero acto de enajenación del crédito hipotecario de que se trata, puesto que se desprende de él, para darlo en pago del terreno, en cuyo acto no intervino su esposa Doña Isabel Santiago, y, por con-siguiente, se encuentra el caso comprendido en el artículo 1328 del mismo Código Civil, que requiere, bajo pena de nuli-dad el consentimiento expreso de la mujer en las enajena-ciones hechas por el marido de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, á la que pertenece el crédito hipotecario de referencia.

Considerando, por tanto, que la escritura de que se trata adolece de un defecto insubsanable que impide su inscripción - en el registro de la propiedad.

Vistos los artículos citados del Código Civil revisado, el 65 de la Ley Hipotecaria y el 110 del Reglamento.

Se confirma la nota puesta por el Registrador de la Pro-piedad' de Cáguas, denegatoria de la inscripción de la escri-tura que motiva el presente recurso, la que se le devolverá con copia certificada de la presente resolución para su cono-cimiento y demás efectos que correspondan.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

text:
    Del Valle v. Foote, Juez de Distrito.
    Solicitud para que se dicte un auto de mandamus.

    No. 126.
    Resuelto en abril 2, 1907.
    Mandamus — Allanamiento del Demandado. — Habiéndose allanado el deman-dado á las pretensiones del demandante al solicitar que se dicte un auto de mandamus, se hace innecesaria su expedición y debe denegarse.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogados del demandante: Sres. Sweet, Bossy y Campillo.

    Abogado del demandado: Sr. Foote, Juez de Distrito. '

   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

Don Manuel del Valle Atiles, representado por sus abo-gados, hizo solicitud á esta Corte Suprema, en 8 de marzo último, en la que interesaba se expidiera por este tribunal un auto de mandamus perentorio, ordenando á la Corte de Dis-trito de Humacao que oiga la apelación que ante dicha corte tiene interpuesta, de conformidad con la ley, y si lo creyere procedente que se libre una orden á la referida corte de dis-trito, para que exprese las causas por las cuales no deba ci-tarse el auto de mandamus que se interesa, y en todo caso que se ordene también á dicha corte para que la misma ordene á su secretario que tramite la apelación referida, con arreglo á la ley, á fin de que sea presentada ante este tribunal para su final resolución.

El mandamiento, dirigido al juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao para que en el término de ocho días expresara las causas, por las cuales no debiera dictarse el auto de mandamus interesado, fué librado en el mismo día, ocho de marzo último. La orden fué expedida al juez de la corte de distrito, como procedía de acuerdo con los estatutos que hacen referencia al auto extraordinario de mandamus'. Se hizo la notificación por el correo, según dispone el estatuto, y fue diligenciada-debidamente loor-el marshal de esta corte.

El mandamiento dirigido al juez de la Corte de Distrito de Huniácao fúé contestado en débido'tienrpo'y presentada dicha contestación en esta corte, p$q- el Hon. Charles E. Foote, juez de dicha corte de distrito, en la que refiere detalladamente todos los procedimientos habidos ante la referida corte- de distrito, haciendo finalmente la siguientjo.qxposición:

“El demandado,/en este.procedimiento está conforme con el funda-mento de la petición página. 5, que se refiere á que esta corte no puede negar una apelación interpuesta contra una "resolución suya.
“lia'cuestión de que si una orden es'Ó rió apelable, ó-si ba pasado gl' término-hábil, para apelar son cuestiones- que deben presentarse'ante esa Honorable Corte Suprema, como fundamento de una petición de desistimiento de una apelación.
“El demandado en este procedimiento sé allana á este fundamento, ‘estimando que la apelación no 'debió haber sido presentada á la corte én la forma en que lo fué, ni tampoco debió haber sido negada, por lo que en el día de hoy se ha dicta,do una orden anulando la de fecha de 26 de febrero de 1907, en que se negaba la apelación de las ór-denes de 9 de enero y 9 de febrero de este corriente año, y disponién-dose se tramite la apelación.
‘ ‘ Por las razones expuestas, somete el demandado á la consideración de esa honorable corte que el auto de mandamus no debe dictarse.
“Iíumacao, P. R., marzo 16, 1907. — Charles E. Foote, Juez de la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humaeao, P. R.”

Por cuanto la orden perjudicial ha sido anulada y conce-dida la apelación por la corte de distrito, el auto perentorio de mandamus sería ineficaz, por lo que debe denegarse su expedición.

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Aso ciados, Hernández, Figueras y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Wole

text:
    Ex Parte Fuertes.
    Solicitud para que se expida mandamiento de Certiorari.

    No. 28.
    Resuelto en abril 5, 1907.
    Certiorari — Suspensión del Juicio. — Una resolución de la corte inferior ordenan-do--la ■’suspensión del juicio, depende "de la sana discreción de la corte y no ■ éstá-sujéta á revisión xior medio de un recurso de certiorari.

    Los Lechos están expresados en la opinión.
    ..Abogado del peticionario: Sr. Cayetano Cotí y Cuchí.

   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal. La acción de la corte al suspender ó prorrogar un caso no es materia de-revisión, y pertenece á la sana discreción del Juez. Así lo prescriben las secciones 140 y 200 del Código de Enjuiciamiento Civil, y también las autoridades citadas en la página 816 del tercer tomo del American and English Encyclopedia of Law. Por lo tanto, la solicitud de auto ele certio-rari debe denegarse., - ■

Denegada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras .y MacLeary.