author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Magali Selosse, demandante y recurrida, v. Fundación Educativa Ana G. Méndez, etc., demandados y recurrentes.

      Número: RE-85-610

      Resuelto: 31 de octubre de 1988

      A.J. Amadeo Murga, abogado de los recurrentes; José Luis Ca-bán Ramírez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La Prof. Magali Selosse Ramírez presentó acción en el Tribunal Superior, Sala de Caguas, contra el Colegio Univer-sitario del Turabo (C.U.T.). Alegó que negligente, discrimi-natoriamente y de mala fe fue privada —a diferencia de otros profesores— de la oportunidad y derecho a proseguir estudios adicionales y que se le negó injustificada e ilegal-mente la permanencia. Adujo y solicitó indemnización por concepto de lucro cesante y “graves daños por incumpli-miento de contrato así como angustias mentales, morales, espirituales y profesionales . . .”. Apéndice, pág. 2. C.U.T. negó responsabilidad.

Luego de desfilada abundante prueba testifical y docu-mental, el tribunal declaró con lugar la demanda. Ordenó su reposición al cargo de profesora con carácter permanente y el pago de los sueldos dejados de percibir desde agosto de 1980, lo que incluye cualquier aumento concedido durante ese período más vacaciones, bono y demás beneficios. Reco-noció la suma de $50,000 por los sufrimientos y las angustias mentales, e igual cantidad como penalidad, intereses le-gales y la cuantía de $6,000 de honorarios de abogado. Final-mente dispuso el cese de toda discriminación.

Inconforme, a solicitud del C.U.T. revisamos. Argu-menta, en síntesis, que dicho dictamen fue arbitrario y no representa el balance más justiciero de la totalidad de la prueba. Impugna por excesivas e improcedentes las indem-nizaciones, los intereses y los honorarios.

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Las alegaciones en torno a la evaluación de la prueba ha exigido una cuidadosa lectura de la transcripción de eviden-cia. En lo fundamental, las determinaciones de hecho del foro de instancia encuentran apoyo en la prueba. Imprescin-dible, pues, una referencia sinóptica al trasfondo fáctico pro-ducto de ese examen.

La Prof. Magali Selosse Ramírez —dotada de una maes-tría en educación y concentración en Tecnología Educativa— brindó servicios en el C.U.T. por seis (6) años consecutivos, correspondientes a los términos académicos que comenzaron en agosto de 1974 y finalizaron en dicho mes de 1980. Se de-sempeñó como profesora en el Departamento de Educación debidamente cualificada. Al presente posee otra maestría en Educación Elemental.

La institución universitaria C.U.T. exige seis (6) años de servicio probatorio antes de conceder la permanencia a un profesor. A su vez, el contrato de permanencia académica conlleva la renovación automática del nombramiento por un período de diez (10) años. Para ser acreedor a la permanen-cia, la reglamentación requiere varios pasos. Primero, el candidato debe ser recomendado por el Comité de Perma-nencia, designado y compuesto por el Rector del recinto —quien lo preside— un representante de la administración, un profesor en representación de toda la facultad, un profe-sor de cada instituto que tenga profesores a evaluarse y un estudiante en representación del cuerpo estudiantil. En aquellos casos en que haya tres (3) o menos institutos repre-sentados, el Rector nombrará dos (2) profesores adicionales en representación de cualesquiera dos (2) institutos. Esta-tutos y Reglamentos de Facultad, San Juan, Fundación Edu-cativa Ana G. Méndez, Inc., 1983, Parte Y, See. 4. Las evalua-ciones se presentan ante el Comité de Permanencia a base de ésos cuatro (4) componentes, a saber: estudiantes, facultad, director del instituto y decano académico. El profesor con-cernido debe ser valorado en todos con una mediana (MD) mínima de cuatro (4) a un máximo de cinco (5). Esta reco-mendación va al Consejo Administrativo, integrado nueva-mente por el Rector, el decano académico, los decanos de administración, de estudiantes, de recursos de aprendizaje y de extensión y educación continuada, conjuntamente con dos (2) representantes de la facultad electos y un representante del estudiantado designado por el Consejo de Estudiantes. Art. Ill, Sec. 1 de los Estatutos para el C.U.T. El Consejo Administrativo decide luego de analizar los resultados de las evaluaciones y necesidades institucionales fundamentales.()

La evaluación realizada por el Comité de Permanencia es de naturaleza acumulativa. Recopila y toma en consideración cualquier evaluación anterior, incluso la realizada durante el período probatorio. Al respecto, todo miembro de facultad regular sirve un período probatorio máximo de dos (2) años. Anterior al segundo semestre de su segundo año, se le efec-túa una evaluación que de no aprobar conlleva dar por termi-nados sus servicios. De ser aprobados, se les podrá extender nombramientos anuales de acuerdo con las necesidades de la institución, y de ser recomendados por el director del insti-tuto y el decano académico, hasta el sexto año. En el segundo semestre del mencionado año se evalúa el miembro del claus-tro por el Comité de Permanencia antes referido. El Rector finalmente presenta las recomendaciones ante el Consejo Administrativo.

Durante los primeros cuatro (4) años de su labor docente, Selosse Ramírez estuvo bajo la supervisión del Prof. Wen-ceslao Laureano, entonces Director del Instituto de Educa-ción. Las evaluaciones anuales de éste, en general, la enco-miaban. T.E. I, pág. 637. Elogió también su integridad profe-sional. A modo de ejemplo, relató un suceso en el cual la pro-fesora Selosse Ramírez se vio involucrada durante su incum-bencia como director. El incidente fue motivado por la nega-tiva de Selosse Ramírez a cambiar las calificaciones de una estudiante, esposa de un miembro de la facultad, que estaba fracasada en su clase. Dicho miembro de la facultad realizó un acercamiento con el fin de que se alterase la calificación y así poder su esposa obtener la licencia de maestra a que aspi-raba. Selosse Ramírez rechazó la idea y, por consiguiente, la esposa de ese profesor se dio de baja de la clase. Como resul-tado del incidente, éste jamás le volvió a dirigir la palabra. Cabe señalar el hecho de que este miembro del claustro pos-teriormente formó parte del Comité de Permanencia que evaluó a Selosse Ramírez. T.E. I, págs. 120, 421, 427, 478 y 479.

En el 1978, Laureano fue sustituido como director por el Prof. Jesús Joel Pérez. En su evaluación general, éste tam-bién mencionó que ella realizaba “un trabajo satisfactorio en el Departamento”. Apéndice, pág. 65. Sin embargo, reco-mendó que continuara estudios en otra área de concentra-ción, por cuanto los cursos relacionados con su preparación académica eran cada vez más limitados en el departamento por razón de disminuir en demanda. Manifestó también que, aunque la profesora Selosse Ramírez se involucraba en dis-cusiones que ayudaban a mejorar la calidad de los cursos, su participación era un tanto agresiva y desconfiada. Reco-mendó, además, que la profesora mejorara la forma y tono en que criticaba los servicios a los estudiantes.

Insatisfecha con esa apreciación, ella le comunicó su opi-nión de que el documento de evaluación estaba prejuiciosa-mente redactado, lo cual “atribuy[ó] a la falta de experiencia y objetividad de su parte como evaluador y director”.() Apéndice, pág. 72. El 1ro de noviembre de 1978, Jesús Joel Pérez —quien ocuparía posteriormente la posición de decano académico y, como tal, conjuntamente con el director del ins-tituto, haría una de las recomendaciones de mayor peso ante el Comité de Permanencia— le respondió que lamentaba que ella no estuviera dispuesta a seguir sus “recomendaciones para su mejoramiento personal y profesional en beneficio de la Institución. Esta oficina le dará a dicho documento la aten-ción pertinente”. íd., pág. 73.

Subsiguientemente, la Prof. María Josefa Rechani susti-tuyó a Jesús Joel Pérez y advino como Directora del Insti-tuto de Educación para el año académico 1979-1980. Las re-laciones personales entre Selosse Ramírez y Rechani no fue-ron cordiales y, por ende, afectaron las profesionales. La pro-pia directora Rechani las describió como “tens[as]’\ T.E. II, pág. 574. Selosse Ramírez desconfiaba de la profesora Re-chani. Este ambiente' suscitó varios incidentes durante el proceso de evaluación a que fue sometida. Entre estos cabe mencionar una acalorada discusión durante la evaluación re-alizada por el estudiantado durante el 1er semestre del año académico 1979-1980. La directora Rechani se personó a ad-ministrar el instrumento de medición a los estudiantes de Selosse Ramírez, a lo cual ésta vehementemente se opuso. Exigió que fuera el Prof. Wenceslao Laureano quien admi-nistrara y custodiara los documentos evaluativos, pues temía que éstos fuesen alterados. T.E. II, pág. 573.

Aun así la directora Rechani, al igual que los dos (2) ante-riores predecesores, recomendó a Selosse Ramírez que con-tinuase estudios en un área de necesidad institucional. No-tamos que las únicas deficiencias detectadas sólo sugerían que mejorara sus relaciones con los demás miembros de la facultad y continuara estudios en áreas de necesidad institu-cional. Eventualmente la profesora Selosse Ramírez se ma-triculó en varios cursos de pedagogía en la Universidad de Puerto Rico. Subsiguientemente tuvo que darse de baja por no haber logrado que la directora, profesora Rechani, le res-tructurara un programa de clases no conflictivo con sus estu-dios. T.E. II, pág. 715. Después, por segunda ocasión, pidió fondos para realizar dichos estudios en el primer semestre del año académico de 1979. Esta solicitud fue negada por falta de fondos, según notificación de la profesora Rechani. T.E. II, págs. 226, 701 y 702.

Sin embargo, posteriormente le fueron concedidos los fondos para el segundo semestre del año académico 1979 y comenzó estudios a nivel de maestría en un área de necesi-dad del C.U.T. en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. La carta de recomendación dirigida a la mencionada institución, suscrita por la profesora Rechani el 2 de octubre de 1979, en lo pertinente, considera “que por sus cualidades y dominio de las materias que enseña la acreditan como una buena candidata para cursar estudios post-graduados. Además, cabe señalar que la señora Selosse, es una persona íntegra, responsable y muy capacitada para cumplir con los requisitos que exige su programa”. Apéndice, pág. 138.

Esta recomendación fue hecha escasamente varios meses antes de que la profesora Rechani declarara ante el Comité de Permanencia. Refleja los atributos de la profesora Selosse Ramírez como profesional de excelencia. Igual conclusión aflora de su expediente en el C.U.T., expositivo de que ella aprobó todas las evaluaciones. Las medianas de las evalua-ciones hechas por los estudiantes, la facultad y los anteriores directores del instituto le otorgaron la calificación más alta de cinco (5) puntos. Por su parte, la profesora Rechani tam-bién la aprobó, aunque la calificó con la mediana mínima de cuatro (4) puntos, que resulta ser la apreciación más baja de los cuatro (4) componentes. Según testimonio judicial de va-rios miembros del Comité de Permanencia, no obstante la directora Rechani haberla aprobado en su evaluación, subsi-guientemente no la recomendó verbalmente ante dicho co-mité. T.E. II, pág. 235. Esa postura influenció y perjudicó a la profesora Selosse Ramírez ante el comité. íd. pág. 315.

El incidente ante el tribunal es muy ilustrativo. En el contrainterrogatorio, la directora Rechani negó categórica-mente haber hecho recomendación negativa en cuanto a la permanencia. Sobre el particular atestó que el comité le pre-guntó algo distinto, a saber, que “si de acuerdo a la prepara-ción que tenía la profesora Selosse, [Rechani] podía prepa-rarle un programa completo”, a lo cual contestó: “[HJonesta-mente, tuve que decir que no.” T.E. II, pág. 605. Es de rigor señalar que nunca se le ha concedido la permanencia a un profesor contra la recomendación del director del instituto concernido o la del decano académico, lo cual es indicativo del gran peso que otorga dicho comité a estos endosos. T.E. I, pág. 538; T.E. II, pág. 389.

Por otro lado, la transcripción de evidencia refleja la exis-tencia de una animosidad de la profesora Rechani contra Se-losse Ramírez. T.E. I, págs. 641 y 643. Wenceslao Laureano, ex director, describió la actitud de la profesora Rechani como una “obsesión”. Atestiguó que sus expresiones sobre Selosse nunca fueron positivas. íd., pág. 490. Éste atribuyó la exis-tencia del prejuicio a motivos personales. íd., pág. 643. De hecho, conforme a su testimonio, en varias ocasiones la directora Rechani intentó manipularlo —además de a otros miembros del comité evaluador— para que discriminaran contra Selosse Ramírez. íd., pág. 633. El tribunal de instan-cia así lo concluyó. Aparentemente se trataba de una pugna —de origen extramuros— relacionada con el historial familiar de ambas. Laureano no pudo precisar con exactitud en qué consistía. Sin embargo, añadió que éstas habían sido ve-cinas. En efecto, según el propio testimonio de la directora Rechani, las fincas de sus respectivas familias colindaban, íd., pág. 642; T.E. II, pág. 676.

Ciertamente la prueba revela la existencia de un prejui-cio por parte de la directora Rechani contra la profesora Se-losse Ramírez. En el seno del Comité de Permanencia se dis-cutió el asunto. T.E. II, pág. 237. Algunos miembros estaban convencidos de la existencia de esa animosidad. íd., pág. 238. Aun así, desafortunadamente dicho comité denegó su perma-nencia no empece a que, en general, las evaluaciones de sus superiores desde 1973 a 1979 fueron positivas. Coincidimos con el foro de instancia en que en sus testimonios los miem-bros del Comité de Permanencia que evaluaron a Selosse Ra-mírez intentaron justificar su determinación negativa a base de generalidades vagas y de poca relevancia. Al ser confron-tados con su expediente, no pudieron señalar deficiencias re-ales o sustanciales. La única razón meritoria aducida para justificar la determinación desfavorable la constituyó su falta de preparación académica en un área de necesidad ins-titucional.

En cuanto a este aspecto, es menester resaltar varios ex-tremos. Primero, el C.U.T. estaba obligado a ofrecer al menos un curso de tecnología educativa según lo exige el Consejo de Educación Superior.() Por otro lado, el Middle State Association requiere que todo profesor posea, como mínimo, el grado de maestría en el área en que se especializa. La única con capacidad para ofrecer ese curso era la profe-sora Selosse Ramírez, quien para mayo de 1980 poseía una maestría en tecnología educativa. T.E. I, págs. 499 y 511; T.E. II, págs. 497, 500 y 506. Segundo, aun después de negár-sele la permanencia, el C.U.T. continuó ofreciendo el curso de tecnología educativa. T.E. I, págs. 191-192. Y tercero, aunque si bien al momento de realizarse su evaluación la pro-fesora Selosse Ramírez carecía de una maestría en otra área de necesidad institucional, ya cursaba nueve (9) créditos con-ducentes a tal maestría. Para agosto de 1980 aprobó veintiún (21) créditos. T.E. I, págs. 75-76 y 81. A principios del año siguiente al que fue evaluada completó esa maestría adicio-nal. Desde el punto de vista cronológico y de necesidad insti-tucional, notamos que a los demás profesores les hubiese to-mado casi el doble de tiempo, ya que la mayoría no cúrsaba créditos conducentes a remediar sus respectivas deficiencias académicas. Esta realidad pone en entredicho la acción to-mada por el C.U.T. Es inexplicable aceptar que en igualdad de condiciones una institución prefiera profesores que demo-rarían más en remediar sus deficiencias, máxime si recor-damos que parte de los estudios de la profesora Selosse Ra-mírez fueron satisfechos por la institución. Se desconoce otro caso en las mismas circunstancias al cual se le haya de-negado tiempo adicional para completar los estudios. A con-trario sensu, la prueba refleja que la práctica prevaleciente era dar oportunidad a los miembros de la facultad para ini-ciar o completar dicha educación antes de proceder a una determinación final en cuanto a la permanencia. T.E. I, pág. 43. Cuatro (4) profesores —con inferior o igual evaluación a la de Selosse Ramírez— se beneficiaron de esa política insti-tucional y se les extendió por términos de dos (2) a tres (3) años para subsanar sus deficiencias. T.E. I, pág. 442. En el contexto fáctico del caso, no existe fundamento racional o en el récord para justificar esa desigualdad en el trato.

En resumen, sobre los extremos expuestos, la prueba sostiene las determinaciones de hecho básicas del tribunal de instancia. Las mismas merecen deferencia, salvo error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172-181 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).

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El recurrente C.U.T. enfatiza que es una institución uni-versitaria privada. Sostiene que ello precluye que enfo-quemos el asunto desde el punto de vista del debido proceso constitucional. Argumenta que no existe aquí acción del Es-tado (state action).

Es correcto que la intervención de los tribunales usualmente se da para garantizar el debido procedimiento de ley en atención a los intereses de propiedad que, regular-mente, se configuran con relación a la permanencia de un profesor en una institución educativa del Estado. García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Perry v. Sinderman, 408 U.S. 593 (1972); Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564 (1972); Shelton v. Tucker, 364 U.S. 479 (1960).

Ahora bien, esa trayectoria jurisprudencial no significa un vacío total del derecho a ser oído en las universidades privadas. Por alumbramiento contractual, también en esos recintos educativos pueden desarrollarse esas garantías. R. Brown, Tenure Rights in Contractual and Constitutional Context, 6 J.L. & Educ. 279 (1977); C. Byse, Academic Freedom, Tenure and the Law: A Comment on Worzella v. Board of Regents, 73 Harv. L. Rev. 304 (1959); E. Perkins, Developments in the Law: Academic Freedom, 81 Harv. L. Rev. 1045 (1968); Nota, Construction and Effect of Tenure Provisions of Contract or Statute Governing Employment of College or University Faculty Member, 66 A.L.R.3d 1018 (1975). Ahora bien, aquellos derechos derivados de un contrato requieren un trato distinto. El alcance de la revisión judicial difiere correlativamente en atención a su génesis. McConnell v. Howard University, 818 F.2d 58 (D.C. Cir. 1987).

La cuestión es más compleja en situaciones en que las controversias rebasan la pericia judicial. La permanencia en instituciones educativas a nivel superior es una de esas instancias. Al confrontarlas —sin abdicar nuestra función— ejercitamos la revisión prudencialmente. Este enfoque responde al reconocimiento de que estas instituciones educativas realizan una importante misión social y deben estar libres de presiones e intromisiones ajenas. Además, el trato deferencial es atribuible a que en el mundo peculiar académico existe mejor experiencia y conocimiento especializado en el uso de las técnicas y evaluación por parte del pro-fesorado. Así evitamos que los tribunales se transformen en Super Juntas de Permanencia (super tenure committees) sin el peritaje necesario. García Cabán v. U.P.R., supra; Lieberman v. Gant, 630 F.2d 60 (2do Cir. 1980); Clark v. Whiting, 607 F.2d 634 (4to Cir. 1979); Johnson v. University of Pittsburgh, 435 F. Supp. 1328 (W.D. Penn. 1977); Faro v. New York University, 502 F.2d 1229 (2do Cir. 1974); E. Bartholet, Application of Title VII to Jobs in High Places, 95 (Núm. 5) Harv. L. Rev. 947 (1982); Comentario, Balancing Academic Freedom and Civil Rights: Toward an Appropriate Privilege for the Votes of Academic Peer Review Committees, 68 Iowa L. Rev. 585 (1983); Nota, Title VII on Campus: Judicial Review of University Employment Decisions, 82 Colum. L. Rev. 1206 (1982); Anotación, Application to Tenured Positions in Educational Institutions of Provisions of Civil Rights Act of 1961, as Amended (12 USCS secs. 2000e et seq.) Prohibiting Discrimination on Basis of Sex, 55 A.L.R. Fed. 842 (1981).

Recientemente, en Latimore v. University of N.C. at Charlotte, 669 F. Supp. 1345, 1352 (1987), se resumió de manera precisa el fundamento de esta postura:

La competencia y cualificaciones de un profesor evaluado para permanencia o ascenso son, por propia naturaleza, asun-tos que requieren determinaciones altamente subjetivas; de-terminaciones que no se prestan a cualificaciones precisas y que no son susceptibles de medirse mecánicamente mediante el uso de exámenes estandarizados. Estas determinaciones son en un área en la cual los funcionarios de las escuelas deben tener libertad para ejercer su juicio; especialmente cuando éstas presentan interrogantes singulares a ser juzgadas por aquellos con pericia en el área académica especializada, capa-citados para las evaluaciones profesionales en torno a cuali-dades evasivas e intangibles, sobre el talento esperado del es-colástico y maestro. Los tribunales no están cualificados para revisar y sustituir con su criterio los criterios subjetivos y discrecionales de expertos profesionales en cuanto a ascensos de la facultad, o de manera separada ocuparse, aunque sea inteligente e informalmente, de comparar las aportaciones educativas o talento pedagógico de un miembro de facultad al cual se le denegó el ascenso por quienes se les concedió; en resumen, los tribunales no pueden ocuparse en segundas adi-vinanzas (second guessing) con relación a los ascensos de fa-cultad por las autoridades universitarias. (Énfasis y traduc-ción nuestras.)

Ahora bien, al igual que en la jurisdicción federal, este trato cauteloso y prudente no es óbice para el escrutinio judicial. García Cabán v. U.P.R., supra; Consejo Educación Superior v. U.I.A., 120 D.P.R. 224 (1987). Particularmente, con mayor razón, en situaciones que versan sobre la interpretación de un contrato. El mero hecho de que una institución universitaria esté involucrada en una disputa contractual no es suficiente para activar la norma de abstención judicial, pues implicaría, para todos los efectos prácticos, favorecer a priori una de las partes contratantes. Ello conllevaría convertir las universidades privadas en zonas de dominio absoluto con potestad exclusiva de interpretación de contratos. Ese enfoque no es permisible. McConnell v. Howard University, supra, págs. 67-69. La revisión del contrato, como cualquier otro, debe hacerse sin favorecer a la universidad. MacConnell v. Howard University, pág. 67; Krotoff v. Goucher College, 585 F.2d 675, 681-682 (4to Cir. 1978).

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En armonía con este lineamiento doctrinal, en el contexto táctico de autos es evidente que los estatutos y reglamentos referentes a los derechos y obligaciones de los miembros de la facultad son parte del contrato entre el C.U.T. y Selosse Ramírez. El contrato anual de facultad así lo incorpora.() Por su parte, el Art. 1044 del Código Civil dispone que “[l]as obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos”. 31 L.P.R.A. sec. 2994. Los tribunales están facultados para velar por su cumplimiento. Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345, 351 (1984); López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265 (1982); Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 D.P.R. 448 (1975); Matricardi v. Peñagarícano, Admor., 94 D.P.R. 1, 4 (1967).

Con igual efecto jurídico, el reglamento de facultad —Estatutos y Reglamentos de Facultad, op. cit., Parte V, See. 6— preceptúa que ante el Comité de Permanencia se “citará al profesor a una vista antes de tomar una determinación final”. Apéndice, pág. 60. La Sec. 5(a)(8) de esa misma parte establece que:

Los profesores bajo evaluación para permanencia, tendrán derecho a someter por escrito al Comité de Permanencia la evidencia que tuvieren para informar a los miembros del mismo, sobre los siguientes aspectos:
a. Logros y galardones académicos e intelectuales.
b. Participación en actividades de la comunidad.
c. Obras literarias o de otra índole.
d. Investigaciones científicas, académicas, sociales, institu-cionales, etc.
e. Otros aspectos relevantes que no estén incluidos en su ex-pediente. (Enfasis suplido.) Apéndice, págs. 59-60.

Más adelante, en lo pertinente, el mismo reglamento añade en su Sec. 5(b):

b. El Comité de Permanencia informará a la comunidad uni-versitaria sobre este derecho y le concederá tiempo razonable para someter por escrito dicha información. (Énfasis su-plido.) Apéndice, pág. 60.

Selosse Ramírez solicitó por escrito una cita con el Rector Juan M. González Lamela. Éste accedió mediante carta fechada el 16 de mayo de 1980. La-misma llegó a las manos de la profesora Selosse Ramírez el 18 de mayo en horas de la tarde y le notificaba que la cita se realizaría el 19 de mayo a las 8:00 A.M. En otras palabras, la cita fue programada para temprano al día siguiente de haber recibido la notificación. Del récord se desprende claramente que la carta del Rector le aclaraba que dicha reunión sería ante el Comité de Perma-nencia, con lo que se cumplía así, supuestamente, con el de-recho a una vista previa a la determinación final que por re-glamento tenía Selosse Ramírez.

Aun partiendo de la premisa más favorable al C.U.T., a saber, que la profesora Selosse Ramírez sí tuvo conocimiento previo de que su comparecencia era ante el Comité de Per-manencia, no se cumplió estrictamente con el reglamento de la institución. El escaso margen de tiempo transcurrido en-tre la notificación y el requerimiento de presencia nos impide resolver lo contrario. El propio reglamento concede “tiempo razonable para someter por escrito” los documentos que puedan favorecerle ante la evaluación del comité. Aquí ella tuvo menos de veinticuatro (24) horas. Tan corto lapso de tiempo dentro de las circunstancias descritas no constituye el tiempo razonable garantizado reglamentariamente.

No empece a esto, la profesora Selosse Ramírez compa-reció a la vista. Allí el Rector González Lamela se limitó única y exclusivamente a preguntarle si tenía algo que alegar en cuanto a sus puntos débiles. Ella de inmediato inquirió sobre cuáles eran sus deficiencias. También pidió acceso a su expediente. T.E. I, págs. 301-314. Ambas peticiones fueron denegadas y el Rector dio por terminada la vista. () La vista fue pro forma. Por tal razón no tuvo la oportunidad de defender sus deficiencias ante el comité. El Comité de Permanen-cia, consciente de esta situación, pudo muy bien haber seña-lado para nueva vista el caso o al menos permitir que se exa-minase el expediente. Al negarse a estas alternativas vio-lentó el acuerdo contractual.

Como último recurso, Selosse Ramírez compareció el 29 de mayo de 1980 ante el Consejo Administrativo para apelar la decisión del Comité de Permanencia. En la vista, según surge de la minuta del consejo, advino en conocimiento de los criterios que utilizó el Comité de Permanencia para recha-zarla. Las deficiencias señaladas por la directora del insti-tuto, profesora Rechani, y dicho comité de evaluación, según le fue informado allí por el Rector, resultaron ser que “su preparación no [era] en un área de necesidad del Instituto” y que “no pose[ía] las cualidades y méritos de un buen profe-sor universitario . . .”. Apéndice, pág. 122. Inmediatamente la pedagoga refutó las anteriores deficiencias. Explicó su preparación académica y experiencia, y solicitó que se le per-mitiera terminar sus estudios. No tuvo éxito. El 30 de mayo de 1980 el Rector le notificó por carta la decisión final del Consejo Administrativo que ratificaba la determinación del Comité de Permanencia.

Ex facie, la cronología procesal antes descrita aparenta cumplir con las exigencias establecidas en el reglamento. Aunque Selosse Ramírez tuvo oportunidad de impugnar sus deficiencias ante el Consejo Administrativo, su destino es-taba sellado. De la prueba documental y del propio regla-mento se desprende que la etapa valorativa cardinal es la realizada por el Comité de Permanencia. Allí es donde las recomendaciones de vital importancia se originan, a saber, la del decano académico y la de la directora del instituto. Sa-bemos que el Comité de Permanencia aceptó y le dio gran peso a la recomendación verbal prejuiciada de la directora del instituto, profesora Rechani. Se infiere de la prueba que, fundamentado primordialmente en dicha recomendación, el comité concluyó que Selosse Ramírez carecía de cualidades suficientes para ser merecedora de la permanencia. Las pro-babilidades de que la profesora Selosse Ramírez lograra que. el Consejo Administrativo revocara al comité eran ínfimas. En estas circunstancias, resolvemos que el C.U.T. violentó el espíritu que inspira todo el procedimiento contractual. Pro-cede una nueva evaluación objetiva que cumpla con los pro-cedimientos establecidos en el reglamento. Esa evaluación, debidamente fundamentada, le será notificada por escrito.

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Réstanos considerar los remedios procedentes y la adju-dicación de daños. El tribunal sentenciador, sin análisis ni explicación detallada, aplicó la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 146-151, y la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. sec. 2000e et seq., que prohíben el discrimen por razón de sexo. Aparentemente estimó que hubo ese tipo de discrimen, aunque no hizo pronunciamiento expreso al efecto. También mencionó los Arts. 1476, 1802 y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 4114, 5141 y 5142, y el Art. II, Secs. 1, 7, 8 y 16 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. Bajo ese conglomerado, or-denó la reposición de la profesora Selosse Ramírez y el pago retroactivo de todos los emolumentos dejados de recibir, $50,000 por angustias mentales, igual cantidad como penali-dad, intereses, más $6,000 de honorarios de abogado.

Ante nos, el C.U.T. cuestiona la responsabilidad de todas estas cuantías y argumenta, con especial énfasis, que debieron deducirse —bajo la norma de mitigación de da-ños— los ingresos recibidos de otras fuentes de trabajo y que no procedía la penalidad. En lo fundamental tiene razón. Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485, 506 (1985); Fresh-O-Baking Co. v. Molinos de P.R., 103 D.P.R. 509, 520 (1975).

De la partida correspondiente a sus emolumentos —cuya suma en esta etapa desconocemos— debe descontarse aque-llos ingresos provenientes de servicios prestados a otras ins-tituciones educativas. Al respecto, la prueba desfilada revela que la misma asciende a la suma de $20,480.()

Por exagerada, también debe modificarse la suma de $50,000 por concepto de angustias mentales y reducirse a $25,000. Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757 (1978); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975); Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971). Finalmente, procede eliminar totalmente la partida de $50,000 impuesta como penalidad. No existe prueba para sostener discrimen por razón de sexo. Las restantes partidas —intereses y honorarios— no ameritan modificación.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) El Art. VI, Secs. 1 y 2 de los Estatutos y Reglamento de Facultad, San Juan, Fundación Educativa Ana G. Méndez, Inc., 1983, así lo establece:
      “ARTICULO VI — PERIODO PROBATORIO Y PERMANENCIA “SECCION 1 — Periodo Probatorio

      “Todo miembro de la Facultad regular servirá por un periodo probatorio máximo de dos (2) años académicos. No más tarde del segundo semestre de su segundo año será evaluado según establecido por el Manual de Normas y Proce-dimientos para la Evaluación de Facultad para Dos Años y Permanencia.
      “Si el profesor no aprobare dicha evaluación la Fundación dará por termi-nado sus servicios.
      “El Rector informará al evaluado el resultado del proceso de evaluación con no menos de sesenta (60) días de anticipación al vencimiento de su contrato y/[o] nombramiento.
      “SECCION 2 — Permanencia
      “La permanencia académica es un privilegio institucional que otorga la Fun-dación, previa recomendación del Consejo Administrativo, a personas dedicadas todo el tiempo a tareas docentes en la institución.
      “Los miembros de la facultad podrán obtener la permanencia al iniciarse el séptimo año de servicios a la institución.
      “La permanencia conlleva la renovación automática de su nombramiento por un período de diez (10) años. Cada diez (10) años se reevaluará por el Consejo Administrativo la condición de permanencia de los miembros de la facultad hasta su edad de retiro obligatorio.
      “A partir del año académico 1983-84 en el PRJC todo profesor que ingrese como profesor regular y logre su permanencia, al cabo de 10 años de haberla obtenido será reevaluada la misma por el Consejo Administrativo.
      “Inciso 1.
      “Cada miembro de la Facultad será evaluado para permanencia durante el segundo semestre de su sexto año de servicio ininterrumpido a la Institución según establecido por el Manual de Normas y Procedimientos para la Evaluación de Facultad para Dos Años y Permanencia.

        “Su evaluación será considerada por un Comité de Permanencia designado y presidido por el Rector. El Rector a su vez presentará las recomendaciones de éste ante el Consejo Administrativo. El Comité de Permanencia estará com-puesto por administradores, facultad permanente y estudiantes. En aquellos casos en que no haya facultad permanente en el área el Rector nombrará un profesor entre los de más antig[ü]edad y preparación.” Apéndice, págs. 50-51.

      (2) El acontecimiento que generó la crítica, según Selosse Ramírez, fue que Jesús Joel Pérez le sugirió que expulsara a unos estudiantes para resolver un problema. Ella no estuvo de acuerdo y le manifestó que “esa no era la forma de resolver un problema institucional, que a él le faltaba experiencia administrativa para resolver los problemas del instituto”. T.E. I, pág. 354. Entendió que esto molestó a Jesús Joel Pérez y motivó la carta.

      (3) El Consejo de Educación Superior"no le concede licencia a ningún candi-dato a profesor que no tenga aprobado un curso por lo menos de tecnología educa-tiva. T.E. II, págs. 497-498.

      (4) En su inciso (G), que dispone:
      “En sus funciones de enseñanza y académicas en general el profesor cum-plirá los requisitos y especificaciones propias de la institución y los derivados de normas y reglamentos aplicables al sistema universitario. El profesor reconoce que ha recibido, leído y comprendido los Estatutos, el Catálogo, el Manual de Facultad y las otras Reglas y Reglamentos de la Institución y se compromete a cumplimentar, so pena de revocación de este contrato.”

      (5) Determinación de Hecho Núm. 12 del juez sentenciador. Apéndice, pág. 42.

      (6) Según la prueba desfilada, se desempeñó en la Escuela de Artes Plásticas de San Juan y con el Departamento de Instrucción Pública durante el período comprendido entre 1ro de septiembre de 1981 hasta mayo de 1984. Multiplicados los meses correspondientes a los distintos salarios, los mismos arrojan como sub-totales $9,500, $6,300 y $4,680, para un gran total de $20,480.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

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text:
    Domitila Rosario Rodríguez et al., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: CE-88-231

      Resuelto: 2 de noviembre de 1988

      Luis R. Mena Ramos y Edda Serrano Blasini, de Benjamín Acosta, Jr, abogados de los peticionarios; Eric M. Quetglas Jordán, abogado de los recurridos.
   HH

PER CURIAM:

El 24 de agosto de 1985, Domitila Rosario y otros demandaron al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al Municipio de Guaynabo en daños y perjuicios ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Ambos contestaron y negaron responsabilidad.

El 23 de junio de 1987 dicho foro notificó sentencia deses-timatoria por falta de trámite conforme la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Transcurrió el tiempo. El 23 de diciembre los demandantes presentaron una moción de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El tribunal la acogió parcialmente, y el 26 de febrero de 1988 enmendó su'senten-cia para que la desestimación fuera sin perjuicio. Incon-forme, recurrió ante nos el Municipio de Guaynabo. Aunque originalmente declinamos intervenir,() por vía de reconside-ración acogimos su petición y emitimos orden de mostrar causa. Resolvemos.

F — i

El argumento central del Municipio de Guaynabo es que el tribunal erró al considerar la solicitud de relevo de senten-cia, pues había transcurrido el término de seis (6) meses que provee la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra. Sostiene que dicho término debe computarse a base de meses de treinta (SO) días, por lo que la moción de los demandantes — presentada a los ciento ochenta y tres (18S) días de la notifi-cación de la sentencia— estaba fuera de término. Por su parte, éstos invocan la decisión de Escalera v. Andino, 76 D.P.R. 268, 271 (1954), y argumentan que dicho término se cuenta a base del concepto genérico de meses, irrespectivo de sus días.

rH HH H

Incidió el foro de instancia. La Regla 49.2 de Proce-dimiento Civil, supra, en lo pertinente dispone que una mo-ción de relevo “se presentará dentro de un término razona-ble, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento”. (Énfasis suplido.)

A dicho término es aplicable, supletoriamente, el princi-pio del Art. 8 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 8, preceptivo de que cuando “en Ids leyes se habla de meses ... se enten-derá que . . . son de treinta días . . .”. Véanse, también: Noriega v. Sucn. Colón, 40 D.P.R. 450 (1930); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, pág. 437.

Escalera v. Andino, supra, no favorece la posición de los demandantes. Dicho caso, por el contrario, reitera la norma del Código Civil y simplemente aclara la operación matemá-tica a realizarse, a saber, “[a]l contar desde una fecha pre-cisa, [aquí desde el archivo y notificación de la sentencia en 23 de junio de 1987,] tenemos que conocer de los días que respectivamente tenga cada uno de los meses subsiguientes, de acuerdo con el calendario gregoriano, para saber en qué día, de qué mes, de qué año, se cumple exactamente dicho término legal”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 271.

En resumen, reiteramos que el período de seis (6) meses que provee la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, supra, para la presentación de una moción de relevo se computa a base de ciento ochenta (180) días. La solicitud de los demandantes en este caso fue tardía.

Procede expedir el auto y dictar sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton hicieron constar que hubiesen expedido el auto.


text:
      In re David Calderón Marrero, querellado.

      Número: CE-86-284

      Resuelto: 2 de noviembre de 1988

      Héctor Lugo Bougal, Nora L. Rodríguez Matías, Roberto Buso Aboy y Jesús R. Morales Cordero, por el Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante; Mario A. Rodríguez, abogado del querellado; Hon. Ángel F. Rossy García, Comisionado Especial.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La decisión de la presente querella disciplinaria está ine-ludiblemente enraizada en los conceptos del honor y de la dignidad, virtudes que aspiramos colectivamente a exaltar —a modo de prestigio ejemplarizante— entre los profesio-nales del derecho. “El honor o el deshonor propio se trans-mite a todo el cuerpo, como por vasos comunicantes.” R.H. Viñas, Ética y derecho de la abogacía y procuración, Buenos Aires, Ed. Pannedille, 1972, pág. 132. En su proyección final axiológica, su adjudicación representa nuestro esfuerzo en mantener el honor en su doble dimensión —personal y comu-nitaria— del cual “una parte parece afectar a lo más interno de nuestra personalidad; un agravio al honor es como una lesión a lo más propio e intransferible del individuo. El son-rojo en que se manifiesta la sensación del agraviado, se diría que trasluce una herida íntima, con interior derramamiento de sangre. Pero, por otra parte, parece venir de los otros; el honor nos aparece, a un tiempo, como con exigencia y una consagración social, y la honra consiste en reconocimiento que los otros nos otorgan o tributan”. García Valdecasas, ci-tado en L. Legaz y Lacombra, El Derecho y el Amor, Barcelona, Ed. Bosch, 1976, pág. 97.

h — l

El 5 de octubre de 1984 la Lie. Crisanta González de Ro-dríguez presentó ante este Foro una queja jurada contra el Lie. David Calderón Marrero por alegada conducta antiética (MC-84-49). En síntesis, expuso que el 1ro de septiembre de 1984 —en ocasión de la Asamblea del Colegio de Abogados— “fue ‘víctima de [alegada] conducta inmoral, impúdica y gro-sera, observada por el Ledo. David Calderón [Marrero] . . . sin mediar provocación alguna ... ni existir justificación que excuse la conducta mencionada”’. Informe de Conducta Pro-fesional, pág. 1. Concedimos al licenciado Calderón Marrero término para que compareciera a mostrar causas por las cuales no debería ser disciplinado.

Oportunamente éste, por derecho propio, negó las alega-ciones básicas y solicitó su archivo. Referimos el asunto al Procurador General, quien —por sí y con el endoso del Se-cretario de Justicia, Lie. Héctor Rivera Cruz— pidió que se relevara a su oficina de esa encomienda “en aras de la pureza de los procedimientos y en evitación de cualquier duda o a[u]n apariencia de posible prejuicio en la evaluación y re-comendación”. (Énfasis en el original.) Moción del Procura-dor General de 8 de febrero de 1985, pág. 2. Accedimos. Como mecanismo alterno encomendamos al Colegio de Abo-gados investigar e informarnos al respecto.

Oportunamente, la Comisión de Ética del Colegio de Abogados celebró vistas, a las cuales asistieron las partes y sus abogados. La prueba consistió de los testimonios de la Lie. Crisanta González de Rodríguez, del Lie. David Calde-rón Marrero y de la Lie. Amari Arabía. Se sometieron en evidencia varios documentos.()

Presentado el Informe sobre Conducta Profesional de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados —junto con la transcripción y prueba documental— concedimos término al licenciado Calderón Marrero para que mostrara causas por las cuales el asunto no debería quedar sometido a base de dicho informe y ser disciplinado.

Calderón Marrero descartó esa senda. Esta vez cues-tionó las determinaciones del Informe de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y reiteró su súplica de que se archivara la queja. Así las cosas, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón dictaminó la existencia de causa probable para formular querella formal en su contra. Se ordenó al Co-legio de Abogados que la presentara conforme la Regla 13(g) de nuestro reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. Nuevamente contestó y negó los hechos. Mediante resolución, designamos Comisionado Especial al Juez Superior Hon. Ángel P. Rossy.

HH

Subsiguientemente éste rindió su informe, () del cual re-producimos las siguientes determinaciones de hecho:

El día 1ro de septiembre de 1984 se celebró en el Centro de Convenciones la Asamblea Anual del Colegio de Abogados de Puerto Rico. A la misma asistió la Leda. Crisanta González de Rodríguez acompañada de su esposo, Ledo. Romualdo Rodrí-guez. También asistió el querellado, Ledo. David Calderón Marrero, quien para entonces ocupaba el cargo de Fiscal General en el Departamento de Justicia, desempeñándose como jefe de fiscales.
Habiendo conclu[i]do los trabajos de la mañana se decretó un receso para concluir las votaciones y para el almuerzo. Du-rante el receso decretado y luego de almorzar y haber emitido su voto, la querellante retornó al salón de asamblea y se sentó en el lugar que había ocupado durante la sesión de la mañana, segunda fila de la sección del centro del auditorio, frente a la mesa presidencial. Mientras allí se encontraba esperando a su esposo levantó la vista y miró hacia el lado izquierdo obser-vando al Ledo. David Calderón Marrero, quien estaba en unión a otras personas y la estaba mirando fijamente. Observó entonces que el querellado hizo un gesto con la cabeza y profi-rió las palabras: “hija de la gran puta”. Al observar tal expre-sión se extrañó y miró a su alrededor pensando que tal expre-sión iba dirigida a otra persona. Al percatarse que no había nadie a su alrededor volvió su mirada nuevamente al quere-llado, quien entonces se tocó el área genital y dijo: “para tí y tu marido”. En ese momento la querellante se levantó y se dirigió hacia el Ledo. David Calderón Marrero para reque-rirle una explicación. Al llegar donde se encontraba el quere-llado le preguntó “¿Por qué usted me está haciendo esos gestos a mí?” El querellado entonces, quien tenía un vaso en la mano y el rostro y los ojos enrojecidos, le manoteó en la cara con las dos manos y le preguntó hablando en voz alta: “¿qué tiene usted que estarme mirando a mí?” “¿por qué us-ted me está mirando a mí?”. Ante la actitud agresiva del que-reliado la querellante decidió retirarse por el temor de que su esposo pudiera enterarse y surgiera algún incidente desagra-dable. En ese momento entraba al salón la Leda. Ama[ri] Ara-bía, a quien le contó lo sucedido. Posteriormente entró su es-poso al salón y ella se sentó junto a él sin comunicarle nada de lo acontecido.
Luego del incidente y al iniciarse los trabajos de la tarde el querellado se sentó una fila detrás de la que ocupaba la quere-llante con su esposo, en la sección que se encontraba a su iz-quierda. Durante la [sjesión de la tarde el querellado no inter-vino en forma alguna con la querellante o su esposo.
El lunes siguiente, día 3 de septiembre de 1984, la quere-llante preparó un memorando en relación con el incidente diri-gido a su jefe, Ledo. Héctor Rivera Cruz. También le informó ese mismo día lo acontecido mediante comunicación telefó-nica. El martes 4 de septiembre de 1984 la querellante puso a su esposo en conocimiento del incidente. Al día siguiente en horas de la tarde se personó al Cuartel de la Policía localizado en la Calle Loíza para formalizar una querella en contra del Ledo. David Calderón Marrero. En el Cuartel fue atendida por el Sargento Cotto, quien la citó para comparecer el día 12 de septiembre de 1984 a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de San Juan. El día asignado para la vista sobre de-terminación de causa probable se encontraba el Sargento Cotto y el Ledo. Calderón Marrero, quien estaba acompañado por el Ledo. Joaquín Monserrate Matienzo. En esa ocasión el Ledo. Monserrate Matienzo se dirigió a la querellante con propósitos conciliatorios y para explorar la posibilidad de que se retiraran los cargos luego de que el Ledo. David Calderón Marrero le presentara excusas. Luego de una serie de conver-saciones donde intervinieron diferentes personas se sometió finalmente el caso ante la Hon. Juez Luzgarda Vázquez. Luego de una reunión inicial la Juez Vázquez suspendió la vista y la transfirió para el 20 de septiembre de 1984.
En ocasión de la segunda vista compareció la querellante representada por el Ledo. Enrique González. El querellado asistió representado por el Ledo. Eli B. Arroyo. Antes de en-trar a la vista el Ledo. Arroyo se le acercó a la querellante para ofrecerle excusas a nombre de su representado, las que estarían condicionadas a que la querellante solicitara el ar-chivo de los cargos. También intervinieron un grupo de abo-gados, entre ellos el Ledo. Benicio Sánchez, el Ledo. Teodoro Méndez y el Ledo. Wilfredo Figueroa, quienes se dirigieron a la querellante expresándole que estaban interviniendo no en capacidad de abogados sino en calidad de componedores. La excusa que habría de ofrecerle el querellado a la querellante quedó consignada en un escrito que fue firmado por el quere-llado y que lee como sigue:
Cualquier manifestación, gesto o actuación de mi parte que en alguna forma haya ofendido su sensibilidad no fue in-tencionada pero le pido excusas ya que en forma alguna fue mi intención ofender o en manera alguna causar malestar a la colega.
San Juan, Puerto Rico, 20 de septiembre de 1984.
David Calderón Marrero.
Al llamarse el caso para vista la querellante expresó que estaba en disposición de solicitar el archivo de los cargos siempre que la declaración jurada que ella había prestado en relación con el incidente y la excusa escrita firmada por el querellado se hicieran formar parte, del expediente. Some-tidos como fueron dichos documentos la Hon. Juez Luzgarda Vázquez expresó que habría de recibir los mismos en “carác-ter privado” pero no los haría formar parte del expediente, que constaría s[ó]lo de la denuncia. En la hoja de denuncia la Juez marcó el encasillado “no hubo causa probable”. No obs-tante hizo constar a instancias de la querellante lo siguiente: “sometieron declaración jurada y escrito a puño y letra del acusado y se dan por retirados los cargos criminales”. Al con-cluir la vista y salir de la Sala de Investigaciones el Ledo. David Calderón Marrero le extendió su mano a la Leda. Cri-santa González de Rodríguez y a su abogado, Ledo. Enrique González, luego de lo cual todos abandonaron el Tribunal.
Al día siguiente la querellante escuchó la voz del querellado por una emisora de radio, Noti-Uno, informando que la Juez que había intervenido en la vista de la denuncia promovida por la querellante había determinado no causa en el proceso por no haber cre[í\do la versión de la querellante. Ante estas expresiones del Ledo. David Calderón Marrero la Leda. Gon-zález procedió a querellarse ante el Hon. Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Debemos en esta etapa consignar que el querellado, por sus actos y expresiones en corte abierta, reconoció su falta, mostró arrepentimiento y dejó constancia de su firme com-promiso de no incurrir en el futuro en conducta como la que dio base a la querella que nos ocupa. (Énfasis suplido.) In-forme del Comisionado, págs. 5-9.

En virtud de estos hechos, el Comisionado Especial —luego de invocar nuestras decisiones en In re Roldán González, 105 D.P.R. 498 (1976); In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977), y los principios del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, referentes a la obligación de todo abogado de preservar el honor y la dignidad de la profesión y la responsabilidad ineludible de mantener y fomentar la sana relación entre los mismos— concluyó probados los hechos y “que la conducta y proceder del Ledo. David Calderón Marrero para con la querellante es ... censurable y constituye conducta antiética reñida con las disposiciones del Código de Ética antes indicadas”. Informe del Comisionado, pág. 10. A renglón seguido añadió:

Consideramos no obstante que en el descargo de la responsa-bilidad de reglamentar la práctica de la profesión y disciplinar a los abogados que incurran en prácticas o conducta reñida con los Cánones de [É]tica, exclusiva del Tribunal Supremo, debe considerarse que el incidente que motivó la radicación de la querella que nos ocupa fue un episodio aislado en la vida profesional del querellado por el cual éste, en corte abierta en ocasión de la vista en su fondo, hizo expresión de total arre-pentimiento, extendió excusas a los agraviados y dejó cons-tancia de su firme propósito y compromiso de no incurrir nue-vamente en conducta como la que dio base a la querella que nos ocupa. Es de rigor también apuntar que durante los años en que el querellado ha ejercido la profesión de abogado y, en particular, durante los 14 años en que se ha desempeñado como Fiscal en el Departamento de Justicia, nunca antes ha-bía sido objeto de intervención ni querella ante el Departa-mento de Justicia, la Oficina del Procurador ni ante el Hon. Tribunal Supremo. (Énfasis suplido.) Informe del Comisio-nado, págs. 10-11.

III

Notificado del informe, el querellado Calderón Marrero objetó la conclusión de que hubiera proferido las palabras obscenas antes consignadas. Adujo que el mismo no exponía cabalmente su total ausencia de motivación. Tampoco que, por sus expresiones y explicaciones, ameritara una repri-menda o amonestación. Finalmente señaló que, bajo jura-mento, había ratificado su testimonio previo y nunca había estado involucrado o había sido objeto de querella ética en ningún foro.

En cuanto a su primera objeción, no tiene razón. Del tes-timonio integral de la querellante González de Rodríguez —cuya totalidad fue estipulada— se desprende el uso del lenguaje obsceno y gestos ofensivos e hirientes. T.E., págs. 14 y 45-46. Sobre los móviles de su conducta, la prueba razo-nablemente revela que existió animus iniuriandi, resultado de la atmósfera total creada en cuanto a serias desavenen-cias y discrepancias entre colegiados en torno a ciertos asuntos planteados en la Asamblea del Colegio de Abogados, y a la posición activa de la licenciada González de Rodríguez que se desempeñaba en la Unidad de Investigaciones Legis-lativas, a la sazón dirigida por el licenciado Rivera Cruz. Respecto a los restantes reparos, las determinaciones del Comisionado transcritas verbatim demuestran que fueron adecuadamente adjudicados.

Despejada toda duda en cuanto a la ocurrencia de los he-chos, concentrémonos en la disposición de la querella. Lo primero que surge es que desde comienzos de este angus-tioso drama —durante el transcurso de la queja y luego de formulada formalmente la querella— el licenciado Calderón Marrero ha exhibido una postura ambivalente: negar los he-chos a la par que pedir excusas por su comportamiento. Úni-camente en las postrimerías del proceso es que, sin vacila-ciones, al decir del Comisionado “en corte abierta en ocasión de la vista en su fondo, hizo expresión de total arrepentí-miento, extendió excusas a los agraviados y dejó constancia de su firme propósito y compromiso de no incurrir nueva-mente en [esa] conducta..Informe del Comisionado, pág. 11. Nos aventuramos a pensar que, quizás, si hubiese asu-mido sin ambages esa posición desde el primer momento, la cuestión se hubiese resuelto satisfactoriamente para todos los protagonistas y no hubiese arribado a este Foro. Después de todo, errar es humano, pero perdonar es divino.

Los hechos probados, que dan margen a la querella, ocurridos en una actividad propia al ejercicio de la abogacía, si bien aislados, ameritan ser sancionados disciplinariamente. La dignidad y la honorabilidad son valores deontológicos cuya omnipresencia se extiende al abogado como profesional en sus distintas funciones. “La preservación del honor y la dignidad de la profesión y la buena relación entre compañeros es responsabilidad ineludible de todo[s y conlleva el] observar con sus compañeros una actitud respetuosa, sincera, honrada y de cordialidad y cooperación profesional, velando siempre por el buen ejercicio de la profesión legal.” (Énfasis suplido.) Código de Ética Profesional, 99 D.P.R. 1002, 1017-1018 (1970). La consecución de esos propósitos exige de todos autolimitación, tolerancia, prudencia y “esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. íd., pág. 1023.

Es axiomático que entre los abogados exista fraternidad y respeto mutuo que enaltezca la profesión, sin que influya y nuble el entendimiento la animadversión de las partes o las resultantes de posiciones antagónicas en las diversas funciones y cargos del quehacer jurídico. En el terreno de las relaciones profesionales habituales entre colegas, toda conducta malévola o injuriosa está proscrita.

El querellado Calderón Marrero infringió lamentablemente las normas éticas apuntadas. Amerita nuestra más enérgica censura y condena. Únicamente su previo historial, el carácter aislado del incidente y, a la postre, su genuino arrepentimiento nos mueven a limitarla a una suspensión del ejercicio de la práctica profesional por el término de treinta (30) días.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. La Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

      (1) Proyecto de Denuncia de 17 de septiembre de 1984 (Querella Núm. 84-1-366-09067); declaración jurada suscrita por la Lie. Crisanta González de Ro-dríguez el 20 de septiembre de 1984 ante el notario Juan R. Melecio; copia de un escrito de presentación de excusas dirigida a la Lie. Crisanta González de Rodrí-guez, firmado por el Lie. David Calderón Marrero el 20 de septiembre de 1984, y recorte del periódico El Vocero del viernes 21 de septiembre de 1984.

      (2) Las vistas ante el Comisionado Especial se celebraron los días 18 y 19 de febrero de 1988. Se estipuló la admisibilidad de la transcripción del testimonio aportado por la Lie. Crisanta González de Rodríguez ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados en sustitución a su testimonio oral, incluso el contrainte-rrogatorio. Además, fueron admitidos los documentos antes aludidos en el anterior escolio.
      Por su parte, el Lie. Mario Rodríguez, abogado del querellado Calderón Ma-rrero, informó que éste quería expresar y consignar —con relación al incidente que motivó la querella— su expresión formal de arrepentimiento por cualquier manifestación, gesto o actuación que en alguna forma hubiese ofendido la sensibi-lidad y dignidad de la licenciada González de Rodríguez, siendo firme su compro-miso con ella y con todos los presentes que esa conducta no se repetiría en el futuro. Esta excusa se la hizo extensiva al Lie. Romualdo Rodríguez, esposo de la quejosa.
      Bajo juramento, el licenciado Calderón Marrero ratificó tales expresiones y otra vez extendió sus excusas a ambos. Además, declaró en torno a sus ejecuto-rias personales y profesionales, en particular, haber servido honrosamente en el ejército por ocho (8) años; haber prestado servicios en el Departamento de Ins-trucción Pública por cuatro (4) años mientras se preparaba para su carrera de abogado; haberse desempeñado durante catorce (14) años como Fiscal General Especial en el Departamento de Justicia, donde mantuvo una conducta intachable en su condición de abogado-fiscal, y que nunca había sido objeto de intervención ni querella ante el Departamento de Justicia, la Oficina del Procurador ni este Foro.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Pedro Ortiz Zayas, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-425

      Resuelto: 15 de noviembre de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José A. Gutiérrez Núñez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el recurrido, Pedro Ortiz Zayas, se presentó una denuncia en la que se le imputaba la posesión de la sustancia controlada conocida como “cocaína”. Celebrada la vista pre-liminar se determinó la existencia de causa probable para acusar, por lo que se presentó la correspondiente acusación.

Oportunamente el acusado presentó una moción de su-presión de evidencia, a la que se opuso el Ministerio Público. El 4 de junio de 1987 se celebró la vista para dilucidar el asunto, en la que el fiscal presentó los testimonios de los agentes Pedro I. Reyes Cruz y José E. Matos Cartagena, además de estipularse el testimonio del químico y del agente de campo. Los agentes Reyes Cruz y Matos Cartagena de-clararon, según el resumen de sus declaraciones que hace el propio recurrido en el alegato presentado,() lo siguiente.

El agente Reyes Cruz señaló que el 21 de noviembre de 1986, junto a los agentes Rivera, Martínez, Zambrana y Matos Cartagena, estaba realizando una ronda preventiva por la carretera 771 de Barranquitas con el propósito de exa-minar las patentes en los diferentes negocios del área. Al llegar al Colmado Bar Ortiz, observó que frente al negocio estaba un individuo, quien luego resultó ser el recurrido Ortiz Zayas. Éste llevaba en sus manos una caja que contenía en su interior varios cartones de cigarrillos marca “Winston”. Al percatarse de la presencia de los agentes, el acu-sado recurrido asumió una actitud nerviosa e inmediata-mente entró al negocio. El testigo entró por otra puerta y observó cuando el acusado sacó de la caja una envoltura de papel de aluminio y en forma sospechosa la lanzó en direc-ción al mostrador de la barra. La misma cayó cerca de la entrada del mostrador. Declaró, además, el agente que por su experiencia como agente de drogas reconoció la envoltura como una de las que generalmente se utilizan para empacar heroína o cocaína. Pasó por el lugar donde cayó la envoltura, la recogió, la abrió y, al examinarla, observó que contenía un polvo blanco que le pareció era cocaína o heroína. Inmediata-mente arrestó al acusado y le hizo las advertencias de rigor. El contrainterrogatorio se limitó a tratar de establecer que el acusado era el dueño del negocio y que había un empleado detrás del mostrador en esos momentos; que el contenido de la envoltura no se veía; que el papel de aluminio se puede utilizar para otras cosas, y el momento en que el agente con-cluyó que el acusado manejaba drogas.

El agente Matos Cartagena, más o menos, corroboró lo expresado por el agente Reyes Cruz en lo que él pudo obser-var. Añadió que cuando el agente Reyes Cruz le estaba ha-ciendo las advertencias al acusado se percató de que éste tenía en su mano derecha una caja de fósforos y en forma nerviosa la puso en el mostrador. El agente levantó la caja de fósforos, la abrió y observó que dentro de la misma había unas bolsitas plásticas transparentes que contenían en su interior un polvo blanco, el cual por su experiencia le pareció era cocaína o heroína. El contrainterrogatorio se limitó a tratar de establecer que el contenido de la caja de fósforos no podía verse desde su exterior, a cuestionar el motivo para ocuparla y el momento en que ocurre la intervención con el acusado.

Luego de escuchar los planteamientos de la defensa y del Ministerio Público, el tribunal de instancia declaró con lugar la moción de supresión de evidencia. En una escueta resolución escrita se señala como único fundamento que su dictamen está fundamentado en la prueba desfilada. ()

De esa resolución recurre ante nos el Procurador General y hace el señalamiento de error siguiente:

IV. CUESTION PLANTEADA

Erró el Honorable Tribunal de instancia al declarar con lugar la moción de supresión de evidencia cuando la prueba desfi-lada claramente demuestra que procedía la ocupación de la evidencia arrojada por al acusado. Petición de certiorari, pág. 4.

Una sala de este Tribunal ordenó al acusado recurrido mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto para revocar la resolución del tribunal de instancia que declaró con lugar la moción de supresión de evidencia. El recurrido compareció. Estamos en posición de resolver.

H-H

Como ha señalado un comentarista:

La importancia de la propiedad abandonada en el derecho de registros e incautaciones descansa en la máxima de que la protección de la Cuarta Enmienda no se extiende a ella. De este modo, cuando alguien abandona una propiedad se dice que ha traído a su fin su derecho de intimidad, y no puede luego quejarse de su posterior incautación y uso como eviden-cia en su contra. En resumen, la teoría de abandono es que no está presente ningún registro en dicha situación, y la propie-dad así abandonada puede ser incautada sin la existencia de causa probable. (Traducción nuestra.) E.G. Mascolo, The Role of Abandonment in the Law of Search and Seizure: An Application of Misdirected Emphasis, 20 (Núm. 2) Buffalo L. Rev. 399, 400-401 (1971).

Desde principios de siglo el Tribunal Supremo federal ha descansado en la teoría del abandono. En Hester v. United States, 265 U.S. 57 (1924), varios agentes estaban obser-vando una venta ilegal de licor a distancia cuando alguien dio la voz de alarma. Los dos (2) participantes corrieron y fueron perseguidos por los oficiales, quienes encontraron un jarro y una botella que habían sido arrojadas por los dos (2) hombres. Señaló el Tribunal que “the defendant’s own acts, and those of his associates, disclosed the jug, the jar and the bot-tie — and there was no seizure in the sense of the law when the officers examined the contents of each after it had been abandoned”. Hester v. United States, supra, pág. 58. Igualmente, en Abel v. United States, 362 U.S. 217 (1960), donde el acusado, al ser arrestado en su habitación de hotel, em-pacó sus pertenencias, entregó la habitación y dejó atrás va-rios artículos en el zafacón, el Tribunal concluyó que:

Nor was it unlawful to seize the entire contents of the wastepaper basket, even though some of its contents had no connection with crime. So far as the record shows, petitioner had abandoned these articles. He had thrown them away. So far as he was concerned, they were bona vacantia. There can be nothing unlawful in the Government’s appropriation of such abandoned property. (Cita omitida.) Abel v. United States, supra, pág. 241.

Aunque el Tribunal, en Abel v. United States, supra, parece referirse al abandono en el sentido del derecho real o de propiedad() nos aclara un estudioso de esta materia que “while it is true that such abandonment will at least sometimes suffice in this context, it should not be assumed that the property law concept of abandonment is controlling as to the reach of the Fourth Amendment”. W.R. LaFave, Search and Seizure: A Treatise on the Fourth Amendment, 2da ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1987, Vol. 1, Sec. 2.6(b), pág. 464. Al igual que a dicho autor, nos parece correcto la distinción que se hace en el caso de City of St. Paul v. Vaughn, 237 N.W.2d 365, 370-371 (1975), donde se señala que:

The distinction between abandonment in the property-law sense and abandonment in the constitutional sense is critical to a proper analysis of the issue. In the law of property, the question, as defendant correctly states, is whether the owner has voluntarily, intentionally, and unconditionally relinquished his interest in the property so that another, having acquired possession, may successfully assert his superior interest. Brown, Personal Property (3 ed.) sec. 1.6.
In the law of search and seizure, however, the question is whether the defendant has, in discarding the property, relinquished his reasonable expectation of privacy so that its seizure and search is reasonable within the limits of the Fourth Amendment. Cf. Katz v. United States, 389 U.S. 347, 88 S. Ct., 507, 19 L.Ed.2d 576 (1967). In essence, what is abandoned is not necessarily the defendant’s property, but his reasonable expectation of privacy therein.
Where the presence of the police is lawful and the discard occurs in a public place where the defendant cannot reasonably have any continued expectancy of privacy in the discarded property, the property will be deemed abandoned for purposes of search and seizure.
A ese respecto, sostiene LaFave que:
La gran mayoría de las decisiones judiciales relacionadas con el abandono de objetos en el contexto de registro e incau-taciones son similares a Vaughn en cuanto a que aparece que el acusado trató de disponer de ciertos objetos incriminatorios en ocasión de un acercamiento o persecución legal de la poli-cía.
Sin embargo, no debemos presumir que en todas las instan-cias en que el acusado ha dejado la posesión o el control de un objeto, aunque brevemente, ha ocurrido un abandono para propósitos de la Cuarta Enmienda. Lo fundamental es ver si el abandono ocurrió en circunstancias que indiquen que la persona no retuvo una expectativa justificada de intimidad so-bre el objeto. Así, como concluyó el Tribunal Supremo en Ríos v. United States, “a passenger who lets a package drop to the floor of the taxicab in which he is riding can hardly be said to have ‘abandoned’ it.” (Traducción nuestra y escolios omi-tidos.) LaFave, op. cit., págs. 466-467.

Debemos enfatizar, además, que está claramente establecido que aun cuando un objeto abandonado generalmente'puede ser obtenido y utilizado para propósitos evidencíanos por la Policía, no es así si dicho abandono se debió a la coerción ejercida por una intervención ilegal de la Policía. LaFave, op. cit., pág. 471; Commonwealth v. Pollard, 299 A.2d 233 (Pa. 1973); State v. Reed, 284 So. 2d 574 (1973). Así, cuando una persona se libra de la posesión de un objeto en respuesta a un esfuerzo de la Policía por realizar un arresto o registro ilegal, () los tribunales no han vacilado en declarar la evidencia inadmisible. United States v. Beck, 602 F.2d 726 (5to Cir. 1979); United States v. Newman, 490 F.2d 993 (10mo Cir. 1974); McDaniel v. State, 307 So. 2d 710 (1974); People v. Shabaz, 378 N.W.2d 451 (1985); State v. Dineen, 296 N.W.2d 421 (1980); Com. v. Harris, 421 A.2d 199 (Pa. 1980); Com. v. Barnett, 424 A.2d 867 (Pa. 1981).

Este Tribunal, aunque sin abundar, también ha resuelto que la garantía constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre la incautación de evidencia que es arrojada o abandonada. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969); Pueblo v. Arroyo Ramírez, 96 D.P.R. 576 (1968); Pueblo v. Saura Gómez, 90 D.P.R. 801 (1964); Pueblo v. Colón Colón, 88 D.P.R. 187 (1963); Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450 (1961); Pueblo v. Del Valle, 83 D.P.R. 457 (1961).

II

Del testimonio incontrovertido de los agentes!) surge que el recurrido, al percatarse de la presencia de los agentes, se puso nervioso y entró al negocio, el cual estaba abierto al público, y arrojó la envoltura de papel de aluminio al suelo. Obviamente la naturaleza del objeto, una envoltura de las que generalmente se utiliza para envolver cocaína o heroína, y el lugar donde fue arrojada, un bar abierto al público, in-dica que no podía haber una razonable expectativa de intimi-dad justificada hacia esa envoltura, pues cualquier curioso que pasara podía examinarla. California v. Greenwood, 100 L.Ed.2d 80 (1988), caso de registro de bolsas de basura. Quien deja un objeto en el suelo o en el mostrador de un bar que es frecuentado por muchas personas debe razonable-mente esperar que el objeto sea recogido, examinado o ma-nejado por un empleado o cualquier persona del público que esté en el lugar. Véase People v. Loveless, 400 N.E.2d 540 (1980); Buchanan v. State, 432 So. 2d 147 (1983).

Argumenta el recurrido que:

Si eliminamos los adverbios sumamente y disimuladamente y en adición eliminamos el hecho de que agente alguno le haya dicho a los testigos en el momento de la intervención que se trataba de un tirador de drogas y que tenía casos pendientes con qué se queda el Estado a los efectos de establecer motivos fundados para intervenir. Se queda el Estado con el testimo-nio de dos agentes que declaran que andan en una ronda pre-ventiva cotejando patentes de negocios y que al llegar al nego-cio Bar Ortiz ven al señor que resultó ser Pedro Ortiz Zayas que va entrando a su negocio cargando en sus manos una caja de cartón conteniendo en su interior cartones de cigarrillos marca Winston. Que de la misma saca un papel de aluminio y lo tira hacia el mostrador donde se encuentra su empleado. (Énfasis suplido.) Alegato del acusado-recurrido, págs. 11-12.

Se olvida el recurrido que, como ya hemos señalado, la teoría de la evidencia arrojada o abandonada es que en dicha situa-ción no está presente un registro, por lo que la propiedad así abandonada puede ser incautada sin la existencia de causa probable. Sólo tendríamos que entrar a examinar la existen-cia de causa probable si se estableciera que el abandono se debió a una intervención ilegal de la Policía. En nuestro caso el acusado arrojó la envoltura sin que mediara actuación po-liciaca, por lo que el abandono no puede ser consecuencia de conducta ilegal alguna. La actuación de los policías se limitó a seguir al individuo hasta dentro de un negocio abierto al público. La intervención sólo ocurre una vez el agente Reyes Cruz examina el contenido de la envoltura y se percata de que su contenido parece ser una sustancia controlada. Tenía desde ese momento “motivos fundados” para arrestarlo. Tampoco debe haber duda de que la posterior incautación de la caja de fósforos, de la cual el recurrido trató de deshacerse una vez estaba bajo arresto, es válida por ser ésta incidental al arresto.

Por los motivos antes expuestos, se expide el auto, se re-voca la resolución del Tribunal Superior que suprimió la evidencia ocupada y se devuelve el caso para que continúen los procedimientos en forma compatible con lo aquí re-suelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita.

—o—

Opinion disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebo-llo López.

Una lectura de la opinión que en el presente caso emite una mayoría de los integrantes del Tribunal produce la im-presión de qüe la misma se emite en un “vacío o laguna” existente hasta el día de hoy en nuestro ordenamiento jurí-dico. Esto es, que en relación con el tema o materia a que se refiere la misma no existía hasta el presente norma jurispru-dencial alguna en nuestra jurisdicción. ■

La opinión mayoritaria emitida ignora una norma esta-blecida por este mismo Tribunal desde hace, cuando menos, quince años, la cual controla y resuelve la situación táctica que plantea el caso ante nuestra consideración.

Llana y sencillamente nos enfrentamos nuevamente ante una de las modalidades más conocidas del testimonio estere-otipado: el de la “evidencia abandonada o lanzada al suelo”, conocida en la jurisprudencia norteamericana como el dropsy testimony.

I

En términos generales, resulta ser correcto lo afirmado en la opinión mayoritaria a los efectos de que este Tribunal ha emitido en el pasado una serie de decisiones mediante las cuales ha resuelto que la garantía constitucional contra re-gistros y allanamientos ilegales no cubre la incautación de una evidencia que es arrojada o abandonada en un campo o sitio abierto. Eso ha sido así escuetamente expresado en la serie de casos que se citan en la opinión mayoritaria emitida, a saber: Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450, 452 (1961); Pueblo v. Del Valle, 83 D.P.R. 457, 458 (1961); Pueblo v. Colón Colón, 88 D.P.R. 187, 189 (1963); Pueblo v. Saura Gómez, 90 D.P.R. 801, 803 (1964); Pueblo v. Arroyo Ramírez, 96 D.P.R. 576, 578 (1968); Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95, 98 (1969); Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144-145 (1985).

Un examen detenido de los primeros seis casos arriba enumerados demuestra que la prueba aportada por el Es-tado en dichos casos —según la misma fuera resumida por este Tribunal — () era una sumamente similar en su conte-nido, y hasta “flaca y descarnada”. Ello no obstante, este Tribunal —siguiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, repetimos, a los efectos de que la garantía constitucional contra registros y allanamientos ile-gales no cubre situaciones en que la evidencia ocupada es “abandonada”— confirmó las convicciones decretadas en dichos casos a nivel de instancia.

Parece ser, sin embargo, que el gran número de casos con que se enfrentó este Tribunal a través de los años en que, una y otra vez, se repetía el testimonio “flaco y descarnado” de los agentes del orden público a los efectos de que “lo miré, él me miró y tiró al piso, y yo recogí y encontré” causó que este Foro, en Pueblo v. Rosado Rosado, 100 D.P.R. 905, 911 (1972), expresara, al revocar la convicción apelada, que era “necesario señalar que este es uno de una serie de casos re-cientes en que el testimonio del agente es al efecto de que, al acercarse al acusado por determinada razón, éste tiró, lanzó, o dejó caer al piso un paquete o sobre que, al ocuparse, se determinó que contenía heroína. La similitud en los testimo-nios sobre este particular en estos casos se presta a la infe-rencia razonable de que los agentes de la policía, en casos de droga, han adoptado esta táctica de testimoniar por las ra-zones que señala la defensa en este caso”, esto es, a los fines de evitar el planteamiento de la defensa de que la evidencia ocupada fue el producto de un arresto y registro ilegal.

Dos años más tarde, en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974), el Tribunal adoptó la norma vigente en esta clase de situaciones. Expresamos en dicho caso, en lo pertinente, que:

El testimonio del agente que intervino con el apelante es idéntico al presentado en una serie de casos que reciente-mente hemos revocado. Declaró el agente que había un grupo de personas reunidas en el Parterre en Aguadilla y que al darse cuenta que se acercaba a ellos, uno del grupo exclamó: “Ahí vienen los camarones”; que el apelante entonces “... Metió la mano derecha al bolsillo izquierdo de la camisa y sacó una cajetilla de cigarrillos Winston y la tiró debajo de un carro, de un Chevrolet del 1961, colorado, la caja de cigarrillos dio abajo, en el ñlo del guardalodo trasero, cayendo abajo del vehículo. Yo recogí la caja, la abrí y dentro de la caja habían [sic] tres cigarrillos, tres envolturas a manera de cigarrillos, lo que comúnmente se usa en el tráfico ilegal de marihuana. Yo al ver esa envoltura procedí a arrestar a Egidio [el acusado].”
El caso aquí planteado exige que reiteremos las reglas refe-rentes al testimonio estereotipado en casos de narcóticos y bolita. La necesidad de utilizar agentes, encubiertos o no, para atacar el nocivo tráfico de drogas, así como la admisibili-dad de su testimonio en circunstancias adecuadas, se ha reco-nocido en ésta y otras comunidades. [Citas omitidas.] Los agentes encubiertos del orden desempeñan una tarea delicada y difícil en la campaña contra el crimen. Obran usualmente a riesgo de su vida y debe reconocerse la importancia de su labor. Del otro lado, es doctrina establecida en Puerto Rico y otras localidades que el uso del testimonio de agentes encu-biertos y confidentes o el uso de declaraciones estereotipadas por cualquier otro tipo de testigo, debe ser objeto de escruti-nio riguroso para frenar el celo excesivo que pueda, vía de-claraciones inexactas o falsas, vulnerar los derechos de ciu-dadanos inocentes. [Citas omitidas.] Estamos ante una ins-tancia más de la necesidad de equilibrar los intereses en juego, de permitir y estimular la defensa de la comunidad contra un mal corrosivo y la de proteger también los derechos de la ciudadanía, base de toda democracia.
Uno de los testimonios más susceptibles a ataque y cau-santes de duda en el ánimo judicial es el de la naturaleza indicada. El incremento advertido en otros lugares respecto a formas estereotipadas de declarar arranca particularmente de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en Mapp v. Ohio, 867 U.S. 643 (1961). Comment, Police Perjury in Narcotics “Dropsy” Cases: A New Credibility Gap, 60 Geo. L.J. 507 (1971). La misma situación es objeto de comentario por este Tribunal en Ayala Ruiz, supra. Mapp, como se recor-dará, prohibió la admisión en los tribunales estatales de evi-dencia obtenida en violación de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, referente a allana-mientos o registros irrazonables. Esto era así en Puerto Rico desde 1952 por disposición expresa de la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución y aun desde mucho antes. Véase: Pueblo v. Capriles, 58 D.P.R. 548 (1941) y casos allí citados.
El testimonio estereotipado, mediante el cual en caso tras caso se declaraba en modo casi idéntico, limitándose el fiscal aprobar los elementos mínimos del delito, constituyó a todas luces una manera tentadora de esquivar los rigores de Mapp y de la parte citada de la Carta de Derechos de la Constitu-ción de Puerto Rico. Pueblo v. Soto Zaragoza, supra, 354, escolio 2.
Hemos hecho alusión en varias ocasiones a una de las mo-dalidades más conocidas del testimonio estereotipado: al de la-evidencia-abandonada-o-lanzada-al-suelo. Pueblo v. Rosado Rosado, 100 D.P.R. 905 (1972); Pueblo v. Maysonet Laureano, 90 D.P.R. 497 (1964). A esta forma de atestiguar es que se le conoce en la jurisprudencia de Estados Unidos como “dropsy testimony”, Comment, Police Perjury in Narcotics “Dropsy” Cases: A New Credibility Gap, 60 Geo. L.J. 507 (1971).
Estimamos que a la luz de lo expuesto en la jurisprudencia y la doctrina debemos señalar una vez más los criterios para evaluar la credibilidad del testimonio estereotipado. Estas pautas, la mayoría de las cuales, si no la totalidad, se han sus-crito por este Tribunal, pueden ayudar a armonizar los diversos intereses envueltos.
En primer término, reiteramos que todo testimonio estere-otipado debe escudriñarse con especial rigor.
Segundo, tanto los casos de la-evidencia-abandonada-o-lan-zada-al-suelo como los casos del acto-ilegal-a-plena-vista de-ben, en ausencia de otras consideraciones, inducir sospecha de la posible existencia de testimonio estereotipado.
Tercero, si el testimonio es inherentemente irreal o improbable debe ser rechazado.
Cuarto, el testimonio estereotipado puede perder su condi-ción de tal si, yendo más allá de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el agente, el término de su in-vestigación, los resultados obtenidos fuera del caso en trá-mites y otros detalles. Se exhorta en este sentido a recordar los factores mencionados sobre este particular en Pueblo v. Ayala Ruiz, supra y casos subsiguientes.
Quinto, por el contrario, la presencia de contradicciones, lagunas o vaguedades en el testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase de declaraciones.
Sexto, no debe olvidarse que el peso de la prueba de librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en el fiscal. Tal peso no se descarga con la extracción del testimonio flaco y descarnado a que se refirió Ayala Ruiz. [Citas omitidas.]
Si examinamos la evidencia en este caso a la luz de estos criterios puede observarse que estamos claramente ante una de las versiones más manidas del testimonio estereotipado. Es difícil creer que una persona que tiene una caja de ciga-rrillos Winston en su bolsillo, que es legal poseerlos, arroje al suelo la cajetilla cuando ve un agente que se acerca para que éste la pueda ocupar y encuentre en ella tres cigarillos de marihuana. La prueba de cargo fue también flaca y descar-nada a la luz de los criterios expuestos en Ayala Ruiz. Véase: Pueblo v. Rosado Rosado, supra.
Se revocará por tanto la sentencia que dictó el Tribunal Superior. (Énfasis suplido y en el original.) Pueblo v. Gonzá-lez del Valle, supra, págs. 375-379.

Procede que se señale que la citada norma jurispruden-cial fue expresamente ratificada por este Tribunal en la deci-sión que se emitiera en Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117, 120 (1979).()

H-1 1 — 1

Como podemos notar, el citado caso de Pueblo v. Gonzá-lez del Valle, ante, establece unas comprensivas guías o crite-rios con el propósito de ayudar a los jueces en su difícil y delicada misión de determinar si el testimonio de los agentes del orden público en esta clase de situaciones es o no uno confiable y digno de crédito. Todo aquel que haya practicado la profesión de abogado en este campo del derecho a nivel de instancia puede dar fe de que dicha norma, producto la misma de la experiencia que a través de muchos años ha ex-perimentado este Tribunal como institución, es una real-mente sabia.

Si aplicamos al presente caso las guías o criterios esbo-zados en Pueblo v. González del Valle, ante, la determinación de que la evidencia en controversia es inadmisible no se hace esperar.

De acuerdo con lo declarado por los agentes del orden público el apelante —el cual llevaba en sus manos una caja llena de cartones de cigarrillos— al percatarse de la presen-cia de dichos agentes, en palabras de la propia opinión ma-yoritaria, “asumió una actitud nerviosa” y procedió a sacar “de la caja una envoltura de papel de aluminio y en forma sospechosa la lanzó en dirección al mostrador de la barra”, cayendo la misma “cerca de la entrada del mostrador”. (Én-fasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 569.

Nos enfrentamos claramente en el presente caso a un tes-timonio “flaco y descarnado” que acomodaticiamente se cir-cunscribe a producir los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito. Volvemos a enfrentarnos al desacreditado y descartado testimonio de que “lo miré, me vió, tiró al piso, y yo recogí”.

De la misma manera que a este Tribunal, en el año de 1974 en el caso de Pueblo v. González del Valle, ante, le re-sultó “difícil creer que una persona que tiene una caja de cigarrillos Winston en su bolsillo, que es legal poseerlos, arroje al suelo la cajetilla cuando ve un agente que se acerca para que éste la pueda ocupar y encuentre en ella tres cigarillos de marihuana”() nos resulta a nosotros igualmente difí-cil de aceptar que en el presente caso el apelante, quien se encontraba en su negocio con una caja llena de cartones de cigarrillos en sus manos, lo cual es completamente legal, sa-que de dicha caja una envoltura de aluminio, de las común-mente utilizadas en el tráfico de drogas, y la tire en dirección al mostrador de su negocio, facilitando así que los agentes del orden público pudieran ver y ocupar legalmente la misma.

Si dicha versión no constituye el testimonio estereotipado que hace más de veinticinco años rechazamos, en palabras fuertes y enérgicas, en el caso de Pueblo v. Rosado Rosado, ante, no sabemos qué lo constituye. ()

III

Como hemos visto, la aplicación de lo resuelto por este Tribunal en los casos antes citados de Pueblo v. Rosado Rosado, ante, Pueblo v. González del Valle, ante, y Pueblo v. Almodovar, ante, tiene como consecuencia inexorable la con-firmación de la determinación del foro de instancia a los efec-tos de que procede la supresión de la evidencia en controver-sia. Con el obvio propósito de evitar la aplicación de las refe-ridas decisiones sin llegar al extremo de revocarlas, y de paso introducir una nueva filosofía conservadora, una mayo-ría de los integrantes de este Tribunal argumenta que como en el presente caso el juez de instancia no expuso las razones que tuvo para suprimir la evidencia se debe “partir de la premisa de que el testimonio de los agentes le mereció cré-dito, o sea, que suprimió la evidencia a base de la interpreta-ción del derecho aplicable”. Opinión mayoritaria, pág. 574 esc. 5.

Tenemos que confesar que nos ha resultado verdadera-mente difícil aceptar el hecho de que este Tribunal haya sido capaz de hacer una aseveración como la transcrita. Dicha in-ferencia no sólo es errónea sino que altamente improce-dente. Aparte del hecho de que con toda probabilidad la ra-zón principal detrás de la decisión emitida por el juez de ins-tancia de suprimir la evidencia en el presente caso precisa-mente lo fue que el testimonio de los agentes del orden pú-blico no le mereció crédito alguno, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que un tribunal de apelaciones como el nuestro base su decisión en un caso en particular en una mera espe-culación cuando lo que está “en juego” en el mismo lo es nada menos que la libertad de una persona?

Como expresáramos anteriormente, esta acomodaticia “teoría” le permite a la mayoría del Tribunal obviar la norma establecida en Pueblo v. González del Valle, ante, y resolver los casos futuros exclusivamente a base de una interpreta-ción teórica sobre si la evidencia arrojada por el imputado de delito es una que se puede considerar o no “abandonada”. Esto es, en ausencia de una determinación expresa por parte del juez de instancia de que el testimonio de los agentes no le merece crédito, la nueva norma jurisprudencial faculta a este Tribunal para de un plumazo “convertir” en obsoleta la sabia y jurídicamente correcta jurisprudencia so-bre testimonio estereotipado.

> H-i

Aun desde esa “nueva perspectiva” la decision emitida en el presente caso resulta ser palpablemente errónea. No obs-tante la “nueva norma” que hoy se establece para esta clase de situaciones, es imposible sostener la decisión emitida por cuanto resulta verdaderamente difícil aceptar la conclusión a la que llega una mayoría de los integrantes del Tribunal a los efectos de que la evidencia ocupada es admisible por razón de que la misma fue “abandonada”.

Debe mantenerse presente, en primer lugar, que el “abandono” de una evidencia por parte de una persona no se presume y que ese hecho deberá ser probado por el que así lo sostiene —de ordinario, el Ministerio Público— en forma inequívoca, clara y decisiva. Friedman v. United States, 347 F.2d 697, 704 (8vo Cir. 1965). En segundo término, el con-cepto de que aquello que uno “expone (abandona) al público” no está protegido por la Cuarta Enmienda de la Constitución federal es uno cualificado. Véanse: Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351 (1967); People v. Loveless, 400 N.E.2d 540 (1980). Esto es, no se puede concluir automáticamente que un objeto ha sido “abandonado” por el mero hecho de que el mismo haya sido “expuesto” al público por su poseedor en un sitio público, ya arrojándolo al suelo, ya dejándolo sobre una mesa, etc. Antes de arribar a una u otra conclusión, necesa-riamente hay que examinar las circunstancias y hechos es-pecíficos de cada caso en particular. Como se expresara en Friedman v. United States, ante, el “acto de abandonar un objeto” es un hecho o conclusión última a la que se llega des-pués de darle debida consideración tanto al acto en sí llevado a cabo como al propósito o intención de la persona que efec-tuó el mismo.

Recordaremos que en el caso ante nuestra consideración se trata del dueño de un negocio que, según la versión de los agentes del orden público, lanza o tira una envoltura en dirección del mostrador de su negocio, detrás del cual se en-contraba uno de los empleados del mismo. ¿Se puede decir que el Estado, a base de esa prueba, probó en forma clara e inequívoca que esa evidencia había sido “abandonada”? ¿No resulta igualmente razonable la inferencia de que esa persona no tenía intención alguna de “abandonar” dicha envol-tura y que, por el contrario, su intención obvia era que su empleado obtuviera la posesión de la misma? Somos del cri-terio que siendo ambas alternativas igualmente factibles, el Estado no cumplió con su obligación de probar que dicha evidencia efectivamente había sido “abandonada”. Friedman v. United States, ante; Katz v. United States, ante.

Por las razones antes expresadas, confirmaríamos la re-solución recurrida que decretó la supresión de la evidencia ocupada.

      (1) El acusado recurrido cuestiona la utilización de los adverbios “suma-mente” que precede la palabra “nervioso”, y “disimuladamente” que precede la frase “coloca sobre el mostrador”, así como la mención de una supuesta informa-ción sobre conducta ilegal anterior del acusado, que hace el Procurador General en su recurso. Alegato del Procurador General, págs. 4 y 11. Por no ser esenciales para la resolución del mismo, no las consideraremos.

      (2) Reiteramos que la omisión del tribunal de exponer fundamentos dificulta nuestra función revisora. Pueblo v. Corraliza Collazo, 121 D.P.R. 244 (1988).

      (3) La referenda al bona vacantia se entiende como “bienes vacantes”, L.A. Robb, Dictionary of Legal Terms, Nueva York, Ed. John Wiley & Sons, 1955, pág. 140, o como señala el Black’s Law Dictionary: “things in which nobody claims a property, and which belonged, under the common law, to the finder ....” H.C. Black, Black’s Law Dictionary, 4ta ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1951, pág. 223.

      (4) Es requisito indispensable que se establezca una relación de causa y efecto entre la intervención ilegal y el abandono. United States v. Pirolli, 673 F.2d 1200 (10mo Cir. 1982); State v. Washington, 376 So. 2d 1216 (1979); State v. Oliver, 368 So. 2d 1331 (1979).

      (5) Por no surgir de la resolución los fundamentos que utilizó el juez de ins-tancia, debemos partir de la premisa de que el testimonio de los agentes le mere-ció crédito, o sea, que suprimió la evidencia a base de la interpretación del derecho aplicable. Pueblo v. Corraliza Collazo, supra. Por esa razón estimamos innecesario resolver este caso bajo la norma de Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974). El tribunal de instancia, aun bajo el rigor de Pueblo v. Gonzá-lez del Valle, supra, y su progenie, le dio crédito a los testimonios, pero entendió que aun así los agentes no tenían motivos fundados para el arresto y el registro. Al así resolver incidió. Ello no quiere decir, bajo ninguna circunstancia, que es-temos descartando y mucho menos revocando la norma de Pueblo v. González del Valle, supra.

      (1) En Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450 (1961), al acercarse en horas de la noche unos agentes a un auto estacionado, con el baúl abierto, en la carretera pudieron observar a dos personas que cargaban un saco en dirección a dicho auto. Al éstos percatarse de la presencia de los agentes, alegadamente sol-taron el saco en la carretera, echando a correr. El saco “abandonado” contenía “ron caña”.
      En Pueblo v. Del Valle, 83 D.P.R. 457 (1961), el apelante —quien caminaba por una vía pública— al ver a un agente del orden público soltó o abandonó en dicha vía pública una bolsa de papel que llevaba en sus manos. La bolsa de papel contenía un envase con “ron caña”.
      En Pueblo v. Colón Colón, 88 D.P.R. 187 (1963), los apelantes, quienes tran-sitaban en un vehículo de motor, al percatarse de la presencia de los agentes de la Policía, detuvieron el vehículo, bajándose del mismo uno de ellos quien botó un papel. La lista era una relacionada con el juego ilegal de la bolita.
      En Pueblo v. Saura Gómez, 90 D.P.R. 801 (1964), unas personas que se esta-ban “inyectando”, al percatarse de la presencia de la Policía, arrojaron al pavi-mento la parafernalia que estaban utilizando para inyectarse, la cual fue recogida por los agentes, dando la misma positiva de heroína.
      En Pueblo v. Arroyo Ramírez, 96 D.P.R. 576 (1968), cuatro personas se “in-yectaban” en una casa abandonada; al percatarse de la presencia de la Policía arrojaron al piso de la misma la parafernalia que utilizaban en esos menesteres. La misma, luego de ser recogida por los agentes, fue examinada, dando positivo de heroína.
      En Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969), un policía observó a dos personas que cargaban unos paquetes grandes en sus manos. Se desmontó de la patrulla en que transitaba porque le tuvieron “caras de sospechosos”. Éstos, al ver al policía, arrojaron los paquetes a la vía pública. Los mismos contenían pro-piedad hurtada.

      (2) Es correcto que este Tribunal en Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985), rechazó un planteamiento del allí apelante a los efectos de que la evidencia del Estado había sido ocupada ilegalmente a base del argumento origi-nalmente esgrimido en Pueblo v. González Charón, ante, a los efectos de que la garantía constitucional contra registros y allanamientos ilegales no cubre la in-cautación de evidencia que es abandonada.
      Si bien ello es cierto, un examen de la prueba presentada por el Estado en ese caso demuestra que la misma no era “flaca y descarnada”, ya que el testimo-nio presentado por los testigos del Ministerio Fiscal iba “más allá de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito . . .”. Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 378 (1974).

      (3) Pueblo v. González del Valle, ante, pág. 379.

      (4) Debe señalarse que la ocupación y registro, por parte del segundo agente del orden público de la “caja de fósforos” —luego de que el apelante había sido arrestado por razón del contenido de la envoltura de aluminio— es igualmente ilegal ya que la misma es consecuencia directa del arresto ilegal efectuado.