author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz del Juez Presidente, Señor Trías Monge, a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Escuela Cooperativa Eugenio María de Hostos, demandada.

      Número: O-77-443

      Resuelto: 5 de mayo de 1978

      José Velaz Ortiz, abogado de la peticionaria; Demetrio Fernán-dez, abogado de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La aquí demandada Escuela Cooperativa Eugenio María de Hostos se organizó como entidad cooperativa de padres de estudiantes dedicada a la operación de un centro de ense-ñanza en San Juan y a tales fines construyó un edificio en Hato Rey y abrió sus puertas en agosto de 1971, comienzo del curso escolar 1971-72. El personal docente había sido seleccionado y empleado por la Sra. Ana María Luquis de Turantán a quien la Junta de Directores de la Escuela había designado Directora de la misma y facultado al efecto. Los profesores fueron contratados por período determinado de tiempo que comprendía de agosto a mayo del año escolar 1971-72.

La Escuela no tardó en confrontar dificultades, algunas inherentes al comienzo de este tipo de empresa, relacionadas con adaptación de la estructura física y escasez de recursos y materiales para el ejercicio docente; y otras relacionadas con el personal, como problemas de disciplina de estudiantes y maestros, deficiencias en la enseñanza, y ausencias y tar-danzas de profesores. La Directora Sra. Turantán no demos-traba capacidad ejecutiva para corregir esta situación, a pesar de que la Junta de Directores de la Escuela la con-minó a que ejerciera su autoridad con el personal docente para corregir la anomalía y hasta designó al Dr. José Gon-zález, Asesor Académico de la Escuela, para que la ayudara en dicha área de responsabilidad de la Directora y en rela-ción con los asuntos que demandaban atención urgente. Como los problemas se agravaron la Junta de Directores llamó una vez más a confrontación a la Sra. Turantán el 22 de octubre de 1971 y en dicha reunión ella presentó la renuncia de su cargo, que le fue aceptada de inmediato. Cuando dentro de las siguientes veinticuatro horas ella retiró la renuncia, los directores rechazaron su retractación y la dejaron fuera.

Mientras tanto los maestros interesados en mejorar sus condiciones de trabajo,() derivadas de la falta de recursos disponibles, se reunieron con dos líderes obreros en la biblio-teca de la escuela el 20 de octubre de 1971 en busca de orien-tación sobre la conveniencia de constituir una unión, y el pro-cedimiento a seguir. Acordaron organizarse bajo el nombre “Unión de Educadores de la Escuela Cooperativa Eugenio María de Hostos”; eligieron una directiva, tomaron firmas entre los maestros y el 22 de octubre radicaron la petición de representación ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. Dos días después, el 24 de octubre los maestros se dirigieron por carta a la Junta de Directores de la Escuela repudiando lo que llamaron destitución de la Direc-tora Turantán y solicitando reconsideración de la acción ad-ministrativa. La Junta de Directores de la Escuela mantuvo su posición a pesar de subsiguientes representaciones y es-fuerzos de los maestros para que se repusiera a la Directora Sra. Turantán y el 27 de octubre el Presidente Dr. Juan B. Aponte notificó por carta a los padres de estudiantes la deci-sión tomada. Los maestros entonces acordaron ir a un paro que llevaron a efecto los días 28 y 29 de octubre y en el que participaron todos menos tres. () Al día siguiente el Presi-dente de la Junta de Directores les escribió calificando el paro como incumplimiento de contrato, y el lunes, Io de no-viembre, 1971 el vicepresidente les remitió cartas informán-doles que debido a dicho incumplimiento se había dado por terminado su contrato de empleo y se les había reemplazado permanentemente.

La Unión entonces radicó ante la J.R.T. un cargo de prác-tica ilícita de trabajo contra la Escuela imputándole discri-men en la tenencia de empleo de Francisca Díaz de Negrón, José A. Rivera, Jorge Luis Cruz, Roamé Torres González “y otros” al despedirles de sus puestos de educadores y el 16 junio, 1972 la Junta expidió querella basada en dicho cargo, en la que se mencionan como querellantes únicamente los cua-tro arriba nombrados. La querella imputó a la Escuela la co-misión de una práctica ilícita de trabajo dentro del significado del Art. 8(1) (a) y (c) (29 L.P.R.A. see. 69(1) (a) y (c) () consistente en haber despedido empleados por razón de sus actividades concertadas y gremiales. No es hasta el 5 abril, 1974 y durante el curso de la audiencia ante la Oficial Examinador, que se admite una enmienda a las alegaciones adicionando como partes afectadas y querellantes los nombres de veinticuatro personas, bajo la premisa que éstas eran las que tanto en el cargo como en la querella se habían designado como “y otros”.

El 11 noviembre, 1975 la Oficial Examinador, Leda. Nivea R. Aviles Caratini, rindió informe concluyendo que la demandada no incurrió en tales prácticas ilícitas de trabajo y un año más tarde el 12 noviembre, 1976 la Junta peticio-naria emitió decisión y orden revocando dicho informe, con-cluyendo que la demandada discriminó con la tenencia de empleo de los 28 maestros y con los derechos a ellos garan-tizados por el Art. 4() de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. (29 L.P.R.A. see. 65.) La Junta ordenó a la querellada cesar y desistir en dicha práctica ilícita de tra-bajo, a mantener fijado por 30 días un aviso ad hoc y a pagar a los maestros los salarios desde la fecha de despido hasta el vencimiento del contrato, con abono de intereses, luego de deducirles los ingresos que durante ese período hubieren re-cibido, si algunos, por concepto de salarios. Incumplida la Orden, la Junta radicó petición ante este Tribunal Supremo el 30 noviembre, 1977, para que se ponga en vigor. Al efecto libramos el 20 de diciembre último orden para mostrar causa por la que no debamos proveer conforme solicita la Junta y ha comparecido la Escuela demandada en alegato escrito en oposición al cual también admitimos una réplica de la Junta presentada el 17 marzo próximo pasado. Hemos considerado todos los escritos y examinado la transcripción y exhibits de prueba y procedemos a resolver.

La Escuela demandada hace en su alegato los siguientes señalamientos de error:

“1. Cometió grave error de derecho la Junta de Relaciones del Trabajo al encontrar que la demandada, Escuela Cooperativa Eugenio María de Hostos, había cometido las prácticas ilícitas de discriminación sindical y la de haber interferido con los derechos de los empleados a efectuar actividades concertadas, conducentes a la representación sindical y la negociación colec-tiva, toda vez que la prueba no sostiene tal conclusión como cues-tión de derecho.
2. La inclusión de 24 personas, no mencionadas por sus nom-bres ni en el cargo y la querella en base a que la palabra otros los cubría, transcurrido tres años después de haber acontecido los hechos que dan lugar a la querella constituye una violación al debido procedimiento de Ley y a las disposiciones legales y reglamentarias que le son de aplicación al organismo adminis-trativo.”

El Art. 9 (2) (a) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (29 L.P.R.A. see. 70(2) (a)) dispone que: “las conclusiones de la Junta en cuanto a los hechos, si estuvieren respaldadas por la evidencia, serán concluyentes.”!) E impartiendo eficacia al mandato legislativo dijimos en J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840, 849 (1964):

“Aunque estamos conscientes que existe prueba conflictiva de la cual podamos inferir conclusiones distintas a las de la Junta, sin embargo, ésa es misión que no nos pertenece. La determinación en cuanto a testimonio conflictivo concerniente al despido de em-pleados y la deducción de inferencias de hechos establecidos en la vista caen dentro de la competencia de la Junta y no debemos pasar sobre la credibilidad de testigos o repesar la evidencia. Nuestra función es tomar el récord en su totalidad y poner en vigor la orden si encontramos evidencia sustancial para sostener las conclusiones de la Junta.”

De inmediato nos expresamos inclinados a ser “más rigurosos que de costumbre” cuando la decisión de la Junta no está precedida por un informe del Oficial Examinador que presi-dió la vista del caso. Notamos que en el caso de autos sí hubo un informe de la Oficial Examinadora contrario e incompatible en sus conclusiones con las determinaciones de la Junta. El conflicto de dos apreciaciones dispares dentro del mismo organismo administrativo se complica por el hecho de que la evidencia documental, de carácter primario () y de contem-poraneidad irrecusable con los actos y conducta de las partes allá para fines de octubre y principios de noviembre de 1971 que dieron lugar a este procedimiento, enerva la evidencia oral producida en la audiencia dos años y medio (2-1/2) des-pués. En la estimación de evidencia documental este Tribunal, bien coincida con la Oficial Examinador o con la Junta, no está restringido por deferencia a la mejor percepción y a la impresión derivada del contacto inmediato y directo con los testigos que son atributos de quien preside la vista. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 261-2 (1975).

La cuestión planteada es si la huelga de dos días, causa de la cancelación de los contratos de los profesores por la Escuela, y cuyo objetivo único fue protestar la separación de la Directora y presionar la Junta de Directores para su reposición, es o no una actividad concertada de las protegidas por Ley.

Que el paro de los días 28 y 29 de octubre en nada se rela-cionaba con las condiciones de trabajo de los maestros, y que tuvo como único propósito protestar la remoción de la Direc-tora y la presencia de su substituto, es inferencia de claridad meridiana que se afinca en varias piezas de evidencia docu-mental.

El 24 octubre, 1971 los maestros dirigen al Dr. Juan B. Aponte, Presidente de la Junta de Directores de la Escuela, la siguiente carta:

“Nosotros los abajo firmantes, miembros de la facultad de la Escuela Cooperativa Hostos, repudiamos enérgicamente la deci-sión y los procedimientos seguidos por la Junta de Directores al despedir sumariamente a la Sra. Ana María Luquis de Turantán, Directora de la Escuela.
Esta decisión causa en nuestra escuela una situación de crisis, pues consideramos que la Sra. Luquis es la persona más indi-cada para ejercer las funciones de directora. Por tales razones exhortamos a la Junta a que reconsidere su decisión.
En la eventualidad de que persista una actitud negativa por parte de ustedes nos reservamos igualmente utilizar los derechos que se garantizan a todo socio en una entidad como la nuestra, y a todo ciudadano en un sistema democrático.” (Exhibit 5 de ambas partes.)

Al presentar como destitución sumaria lo que fue renun-cia voluntaria de la Directora, los maestros no solo cuestiona-ban la autoridad de la Junta de Directores del patrono para el ejercicio de la prerrogativa gerencial de escoger su supervisor, sino que invadían el campo de su discreción para acep-tarle la renuncia.

El 26 octubre, 1971 los profesores le escriben al nuevo Director de la Escuela, Prof. Ezequiel Gómez, que sustituye a la Sra. Turantán, en los siguientes términos:

“Le notificamos que la decisión relativa a la destitución de la Sra. Ana María Luquis de Turantán está sujeta a una solicitud de reconsideración, que con carácter oficial ya ha sido radicada ante la Honorable Junta de Directores de esta cooperativa.
Consecuentemente, en adición a un factor de confianza existe en este momento un fundamento legal que nos permite seguir considerando a la Sra. Luquis como nuestra directora.
A efectos del mejor funcionamiento de la escuela hemos se-leccionado dos portavoces, Sr. Roamé Torres y Srta. Ethel M. Ríos, a quienes debe dirigirse si fuese necesario comunicarse con la facultad.”

El texto demuestra que 48 horas antes del paro los maestros contratados para servir a la Escuela se rebelaban contra decisiones administrativas de la Junta de Directores, le nega-ban su confianza al nuevo Director de la Escuela y seguían “considerando a la Sra. Luquis [de Turantán] como nuestra directora.” Con tan clara consigna de imponer su criterio en la selección del Director de la Escuela, sin la más remota alu-sión a condiciones de trabajo paralizan la actividad docente yéndose a la huelga, y cuando quieren justificar su acción ante los padres, miembros de la cooperativa, el mismo primer día de huelga les escriben:

“Estimados Padres:
Los maestros de esta escuela hemos decidido recesar las la-bores docentes los días jueves 28 y viernes 29 del corriente mes por considerar que la situación por la que atraviesa la escuela es intolerable.
Nuestra determinación viene a raíz de la posición intransi-gente de la Junta de Directores. Esta ha rehusado revisar su de-cisión de rescindir el contrato de la señora directora y de tomar en cuenta todas las partes envueltas.”

No estuvo nunca en controversia el hecho de que la Sra. Turantán, como Directora del plantel, tenía las atribuciones y facultades que tipifican al supervisor definido bajo el tér-mino “patrono” en el Art. 2(2) () de la Ley de Relaciones del Trabajo (29 L.P.R.A. sec. 63(2)), tales como contratar, disciplinar y despedir empleados, e implementaba el curso normativo de la institución aprobado por su Junta de Direc-tores.

La huelga carecía de toda legitimidad gremial, no cumplía propósito alguno ni avanzaba derecho protegido por el Art. 4 de la Ley. (29 L.P.R.A. see. 65.) El movimiento de paro y abandono de sus obligaciones contractuales surge aislado y desvinculado de las actividades ya encaminadas por los maestros para constituirse en unión independiente. No hay nexo entre la gestión sindical para mejorar sus condiciones de trabajo y el paro dirigido a forzar la facultad nominadora del patrono. La huelga fue, por tanto, ilícita y vulnerante de obligaciones contractuales, conducta que justificó la carta del vicepresidente de la demandada Simmons, de fecha Io noviembre, 1971 a cada huelguista dando por terminada la relación obrero-patronal en los siguientes términos:

“Tengo a bien informarle que hemos dado por terminado su contrato de empleo debido a la conducta observada por usted du-rante los días 28 y 29 de octubre, que implica incumplimiento del mismo. En consecuencia, hemos procedido a reemplazarle a usted permanentemente ....”

La protesta de los empleados, consistente en un paro de labores por sanción disciplinaria impuesta a un supervisor, no es actividad concertada protegida por ley (N.L.R.B. v. Reynolds International, 162 F.2d 680 (1947)); como tampoco lo es la protesta contra un supervisor. Joanna Cotton Mills Co. v. N.L.R.B., 176 F.2d 749 (1949). Se reconoce una excepción y la huelga se considerará actividad protegida cuando la separación de un supervisor tiene impacto sobre los propios intereses de trabajo de los empleados. Mead Corp., 86 L.R.R.M. 1501 (1974). En dicho caso, Handel, Sr., era un supervisor de bajo rango que se confundía en el trabajo con los demás empleados y quien tenía frecuentes discusiones con el patrono relacionadas con las condiciones de trabajo en el almacén, al punto que en una reunión acusó al presidente de explotar {screw) los hombres que allí trabajaban. “De modo,” dijo la Junta Nacional, “que Handel, Sr. estaba clara-mente identificado por los empleados de almacén como defen-sor de sus intereses contra la alta dirección.” No era éste el caso de la Sra. Turantán. Aun así en la audiencia la maestra Ríos Orlandi generalizó diciendo que (la Directora) “es parte de las condiciones de trabajo” (T.E. pág. 170) olvi-dando que para los días de la huelga 2-1/2 años atrás nada sobre ese extremo afloró en la protesta.

Contra esta prueba documental irrefutable, no basta ni aun cuando fuere creída por la Junta, para relacionar la can-celación de los contratos de los profesores con sus actividades sindicales, la exclamación del Dr. Simmons en conversación con la Directora en torno a los problemas de la Escuela: “Eso es lo que nos falta, una unión”; ni la información por el Dr. Aponte a los padres de estudiantes al efecto de que la Direc-tora había dado el “visto bueno” para que los maestros se organizaran en sindicato.

La prueba estableció que la huelga de los profesores no fue actividad gremial protegida, sino incumplimiento de obligaciones contractuales, por lo que al rescindir los contratos la Escuela demandada no incurrió en la práctica ilícita de trabajo a ella imputada en la querella. J.R.T. v. Bankers Club of P.R., Inc., 94 D.P.R. 600 (1967).

La conclusión a que hemos llegado hace innecesario aten-der al segundo señalamiento de error fundado en la admisión de una enmienda a la querella dos años después de expedida la misma para añadir 24 querellantes, y la defensa de incuria opuesta por la demandada. Cf. J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76 (1978).

Con estos antecedentes y fundamentos la Orden dictada el 12 de noviembre de 1976 por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico será, revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge emitió opinión concurrente a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

—O—

Opinión concurrente

del Juez Presidente, Señor Trías Monge, a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 1978

La tarea principal que nos impone este recurso es definir nuestra función revisadora de las decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, determinar su ámbito y precisar el modo de su ejercicio.

El Art. 9(2) (a) de nuestra Ley de Relaciones del Tra-bajo, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 L.P.R.A. see. 70(2)(a), ordena:

. . Las conclusiones de la Junta en cuanto a los hechos, si estuvieren respaldadas por la evidencia, serán concluyentes ....”

Esta disposición deriva del Art. 10(e) de la Ley Wagner de 5 de julio de 1935, 49 Stat. 449, 454, ch. 372, 29 U.S.C.A. see. 160(e), la que disponía:

“. . . The findings of the Board as to the facts, if supported by evidence, shall be conclusive....”

El criterio de revisión enunciado por ambos estatutos fue modificado por ley en Estados Unidos, pero no en Puerto Rico. La Ley Taft-Hartley de 23 de junio de 1947, 61 Stat. 148, ch. 120, 29 U.S.C.A. sec. 160(e), dispuso: Véase también el Art. 10(e) de la Ley Federal de Procedi-miento Administrativo de 11 de junio de 1946, 60 Stat. 243, 244, ch. 324, 5 U.S.C.A. see. 706, según enmendado el 6 de septiembre de 1966, 80 Stat. 393. El cambio efectuado por ambas leyes obedeció a razones que conviene recordar.

“. . . The findings of the Board with respect to questions of fact if supported by substantial evidence on the record considered as a whole shall be conclusive....”

En Washington, V. & M. Coach Co. v. N.L.R.B., 301 U.S. 142 (1937), el Tribunal Supremo resolvió que el término “evidence”, según empleado en la parte citada de la Ley Wagner, significaba “prueba sustancial.” Aun así, el modo en que se aplicó posteriormente por los tribunales la norma de revisión establecida por la Ley Wagner no fue del agrado del Congreso. Estimó este Congreso que se le estaba confiando por las cortes demasiada latitud a la Junta de Relaciones del Trabajo. El resultado fue la estructuración de una nueva regla a través de la Ley Taft-Hartley para expandir el radio de la revisión judicial. Universal Camera Corp. v. National Labor Relations Board, 340 U.S. 474, 477-490 (1951); Morris, The Developing Labor Law, Washington, 1971, págs. 880-881; Gellhorn y Robinson, Perspectives on Administrative Law, 75 Colum. L. Rev. 771, 789 (1975); S. Rep. No. 105 on S. 1126, 80th Cong., 1st Sess., reimpreso en 1 Legislative History of the Labor Management Relations Act, 1947, vol. 1, Government Printing Office, 1948, págs. 432-433. Fueron circunstancias especiales, por tanto, las que dictaron la for-mulación del criterio que hoy priva en Estados Unidos res-pecto a la revisión de las órdenes de la Junta de Relaciones del Trabajo.

En Puerto Rico no se dieron las condiciones que produje-ron la Ley Taft-Hartley. No existe un mandato legislativo para expandir en modo comparable el radio de la revisión judicial. No hay evidencia de que se crease aquí el clima de inconformidad legislativa que requirió la reforma de la anti-gua norma. Examinemos a la luz de estos hechos la jurispru-dencia interpretativa del Art. 9(2) (a) de nuestra ley, cuya parte aquí citada no ha sufrido enmiendas desde su aproba-ción en 1945.

En Junta de Relaciones del Trabajo v. Namerow, 69 D.P.R. 82, 87 (1948), después de la aprobación de la Ley Taft-Hartley, se afirmó:

“No se nos han conferido poderes ilimitados para revisar las conclusiones de hecho de la Junta. El artículo 9(2) (a) de la Ley dispone que ‘Las conclusiones de la Junta en cuanto a los hechos, si estuvieren respaldadas por la evidencia, serán concluyentes.’ Sólo en caso de que el récord no contenga evidencia en apoyo de las conclusiones de hecho a que llegue la Junta estaríamos auto-rizados para resolver, como cuestión de derecho, que las conclu-siones de hecho, y la orden en éstas basada, no pueden subsistir.”

Al mismo efecto: Rivera v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 342 (1949). Adviértase la notable diferencia entre Namerow y Universal Camera, que se resolvería en 1951.

Después de Universal Camera se continuó respaldando el criterio de Namerow. Junta Rel. Trabajo v. Unión de Chóferes, 73 D.P.R. 989, 995 (1952). Véase Ledesma, Admor. v. Trib. de Distrito, 73 D.P.R. 396, 401 (1952), donde se dijo:

“Es regla establecida en el aún creciente campo del derecho administrativo americano que ‘la función judicial se cumple cuando se encuentra una base racional para las conclusiones de la agencia administrativa’ [cita de Cardozo] sin que deba lle-garse en dicha función a sustituir el criterio del tribunal por el de la agencia administrativa cuya actuación — generalmente en materia especializada — se intenta revisar.”

Al mismo efecto: Junta Rel. Trabajo v. Simmons Int'l, Ltd., 78 D.P.R. 375, 386 (1955), en que se determina que la eva-luación de la credibilidad de los testigos es función exclusiva de la Junta; Junta Rel. Trabajo v. Acevedo, 78 D.P.R. 540, 545 (1955); J.R.T. v. Bankers Club of P.R., Inc., 94 D.P.R. 600, 603 (1967).

En J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840, 849-850 (1964), ocurrió algo que conviene explicar. De un lado se respaldó a Namerow y del otro se hizo referencia a citas fundadas en el criterio de la Ley Taft-Hartley, nunca adop-tado por nuestra Asamblea Legislativa. Expresó el Tribunal en Línea Suprema:

“Aunque estamos conscientes que existe prueba conflictiva de la cual podamos inferir conclusiones distintas a las de la Junta, sin embargo, ésa es misión que no nos pertenece. La determina-ción en cuanto a testimonio conflictivo concerniente al despido de empleados y la deducción de inferencias de hechos establecidos en la vista ‘caen dentro de la competencia de la Junta y no debe-mos pasar sobre la credibilidad de testigos o repesar la eviden-cia. Nuestra función es tomar el récord en su totalidad y poner en vigor la orden si encontramos evidencia sustancial para sos-tener las conclusiones de la Junta. N.L.R.B. v. Ferguson, 5 Cir., 1958, 257 F.2d 88 ....’ ”

Línea Suprema no conflige con Namerow. En el contexto his-tórico en que se produce, no debe entenderse que Línea Sur prema incorporó el clima a que respondió el lenguaje de la Ley Taft-Hartley sobre la revisión de las decisiones adminis-trativas. Línea Suprema no expande el poder de revisión judicial de las decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

Abundan en el derecho conceptos espaciosos y elásticos, cuyo contenido se fija y altera conforme a múltiples factores. Los criterios de “base racional”, “evidencia sustancial” y “evidencia sustancial a la luz de la totalidad del récord” son ejemplos de ello. Si atendemos principalmente el aspecto se-mántico de estas normas la tarea es por lo general frustrante. Hay que examinar las circunstancias en que operan, la razón de su empleo en el caso específico que nos ocupa. El uso de principios generales de derecho administrativo fuera de con-texto es labor en extremo peligrosa. Gellhorn y Robinson, Perspectives on Administrative Law, 75 Colum. L. Rev. 771, 783 (1975). No existe en el derecho administrativo o consti-tucional de nuestro país principio alguno que exija que las decisiones de todas las agencias del Estado deban indefecti-blemente revisarse a la luz del criterio de evidencia sustancial con miras a la totalidad del récord.

Tras la corteza verbal de esta y otras fórmulas se hallan otras capas de realidad cuyo análisis es usualmente más productivo. Hay diferentes tipos de mandato que una Asam-blea Legislativa puede emitir para delimitar la esfera de acción de los tribunales frente a los hechos determinados por las agencias administrativas. Pueden dictarse mandatos dis-tintos para organismos diferentes. Todos ellos son, a causa de su propia esencia, necesariamente flexibles. La Asamblea Legislativa puede desear que la revisión judicial se circuns-criba al papel más modesto que la Constitución pueda per-mitir. En tales ocasiones por lo general se expresa que no se intervendrá con la determinación administrativa de los hechos, excepto cuando la misma sea arbitraria o manifiesta-mente errónea o producto de la parcialidad o el prejuicio o tan carente de apoyo en la prueba que no pueda hallarse ni aun una partícula de la misma que la justifique. De desearse un escrutinio más estricto se emplean fórmulas tales como las de la base racional, la prueba sustancial o la prueba sus-tancial en vista a la totalidad del récord. Cuando el propósito es conceder poder independiente a los tribunales para enjui-ciar los hechos se les permite aquilatar sin trabas parte de la prueba, tal como la prueba pericial — véase el Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 12 — apreciar por sí mismos el peso preponde-rante de la prueba o, aún más allá, descartar el récord y celebrar un juicio de novo. No es posible hacernos en este campo de una escala Richter que clasifique cada fenómeno automáticamente. La dificultad reside esencialmente en la precisa aplicación del principio. Identificada la norma de re-visión dictada por el estatuto, el peligro estriba en que el examen de los hechos nos lleve insensiblemente a la utiliza-ción de otra. Jaffe, Judicial Control of Administrative Action, abridged ed., 1965, pág. 602. Se navega aquí por aguas trai-cioneras, plenas de corrientes fuertes, a veces opuestas y sú-bitamente cambiantes. En su fondo se agitan oscuros objetos —la función de la agencia, su prestigio, la calidad de sus decisiones, su objetividad o arbitrariedad — que pueden per-turbar el viaje. Los criterios de revisión, como los colores en su escala, tienden a fundirse y a emerger gradualmente los unos de los otros.

Las instancias más frecuentes de rendirle pleitesía a un criterio y emplear otro se dan precisamente en los intentos de revisar la determinación administrativa de los hechos a la luz de la totalidad de la prueba. Varios tribunales se han inclinado en ocasiones a examinar el récord para fines de llegar a sus propias conclusiones sobre la preponderancia de la prueba, en vez de limitarse a resolver si las determina-ciones del organismo estaban respaldadas por prueba sus-tancial. Notes, Judicial Review of an Agency’s Determination of Fact in North Dakota, 40 N.D.L. Rev. 292, 298 (1964); Jaffe, loe. cit. Otros tienden a equiparar equivocadamente la deferencia que muestran los foros apelativos ante las deter-minaciones de hecho de los tribunales con la que se debe a las conclusiones de igual índole de los órganos administrativos.

De lo anterior, así como de otros aspectos de la jurispru-dencia y la doctrina, se desprenden varias conclusiones:

1. Las determinaciones de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en cuanto a los hechos no pueden ser alteradas por los tribunales de existir evidencia que las respalde.

2. Evidencia significa dentro del contexto de nuestro esta-tuto y la tradición de su modelo, la Ley Wagner, evidencia sustancial. No basta con un mero destello de prueba.

3. La deferencia que muestran los foros apelativos ante las determinaciones de hecho de los tribunales obedece a ra-zones distintas a las que exigen deferencia a determinaciones administrativas análogas. En el primer caso, la regla de deferencia se funda mayormente en el hecho de que la corte recurrida ha tenido oportunidad de observar a los testigos y juzgar su credibilidad. Castro v. Meléndez, 82 D.P.R. 578, 576 (1961); Regla 43.1 de Procedimiento Civil. De ahí que dicha deferencia no exista con relación a conclusiones de hecho basadas en prueba documental. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 261-262 (1975). Esta no es la razón básica para la regla de deferencia en el campo adminis-trativo. Si lo fuera, el objeto de la deferencia tendría que ser las conclusiones del Oficial Examinador y no las del orga-nismo administrativo en sí. La razón fundamental es la espe-cialización y experiencia de la agencia administrativa en el campo que le ha sido encomendado. Véanse: Vda. de Alfonzi v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 693, 705 (1964); Colonos de Santa Juana v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 392, 396 (1954); South P.R. Sugar Co. v. Junta, 82 D.P.R. 847, 864-865 (1961). La deferencia a que obligan estas conside-raciones alcanza incluso a cuestiones ajenas propiamente a la pura adjudicación de los hechos. Rodríguez v. Comisión Industrial, 99 D.P.R. 368, 375 (1970).

4. De hallarse apoyo sustancial en la prueba para llegar racionalmente a conclusiones dispares tampoco puede recha-zarse la versión preferida por la Junta, aun cuando el Tribunal entienda que la preponderancia de la prueba favorece otro resultado. La función del Tribunal no es intervenir con las determinaciones de la Junta sobre la credibilidad de los testigos o el valor de la prueba documental. Su papel no es repesar la evidencia sino juzgar su sustancialidad.

5. Para precisar si existe evidencia sustancial es necesa-rio examinar la totalidad del récord y no porciones aisladas del mismo. El examen de la totalidad del récord no tiene aquí, contrario a lo que sucede bajo la Ley Taft-Hartley, el propó-sito de coartar la discreción de la Junta de Relaciones del Trabajo. Como sucede en este propio caso, el récord puede revelar circunstancias que disminuyan la sustancialidad de la prueba. Adviértase en este sentido que existe una fina, pero capital diferencia, entre escudriñar el récord para hallar la interpretación que mejor concuerde con los hechos, o para el Tribunal evaluar independientemente parte de la prueba oral o documental, y examinarlo para precisar simplemente si contiene prueba sustancial en apoyo de las conclusiones de la Junta. Nótese que emplear el método de la lectura total del récord no quiere decir que este Tribunal haya adoptado un criterio más riguroso que el prevaleciente bajo la antigua Ley Wagner para revisar las decisiones de la Junta de Relaciones del Trabajo. La glosa es separable del texto, la letra de la música.

Es por razón de la dificultad que hallo con las conclusiones a que llega la Junta en este litigio que he estimado prudente repasar las pautas que frenan nuestra discreción en el ejer-cicio de la función revisora. Es en situaciones de este género donde puede ocurrir más fácilmente una involuntaria dis-torsión del papel que nos corresponde desempeñar.

En su decisión y orden de 12 de noviembre de 1976 la Junta concluyó que el despido de los profesores querellantes ante ella constituía una práctica ilícita del trabajo bajo las disposiciones del Art. 8(1) (c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 L.P.R.A. see. 69(1) (c), que así clasifica la acción de un patrono que “Estimule, desaliente o intente estimular o desalentar la matrícula de cualquier organización obrera mediante discriminación al emplear, despedir o en relación con la tenencia de empleo u otros términos o condiciones de empleo, incluyendo un paro patronal....”

Según expusimos en J.R.T. v. Bankers Club of P.R., Inc., 94 D.P.R. 600, 604 (1967), el peso de probar una violación al Art. 8(1) (c) “recae sobre los abogados de la Junta. Estos han de probar afirmativamente, mediante evidencia sustan-cial y no por medio de inferencias derivadas de otras infe-rencias, que los despidos en determinado caso fueron causa-dos por actividades gremiales.” No basta con probar, recal-camos allí, que el empleado despedido estaba participando en alguna actividad protegida por la ley. Hay que demostrar también “que tales empleados fueron despedidos debido a su participación en actividades gremiales.” Loe. cit.

Existe base en el récord para concluir que la Junta de Directores de la Escuela estaba enterada de los intentos de sindicalización de los profesores. (T.O. 239-240, 312-313, 338-340, 385, 387, 403), pero no hemos hallado prueba sus-tancial indicativa de que estos intentos motivaron los despidos. Menciona la Junta tan solo en su decisión que el vicepresi-dente de la Junta de Directores de la Escuela estuvo pre-sente en la reunión en que los líderes obreros discutieron el procedimiento para unionarse y que fue él quien más tarde firmó las cartas de despido. (Véase el exhibit 2 sometido por estipulación.) Esta circunstancia aislada carece de la sustan-cialidad requerida cuando se le examina dentro del contexto de los hechos ocurridos, en que los profesores afectados repu-diaron el despido de la Directora, se negaron a reconocer a la persona que la sustituyó y poco después fueron al paro. No se trata de dos inferencias permisibles, en cuyo caso se debe acatar la escogida por la Junta. Se trata de la carencia ade-cuada de prueba para justificar la posición de la Junta. La simple firma de las cartas de despido por el referido funcio-nario no constituye base de suficiente firmeza para sostener la determinación administrativa.

Así lo consideró la Oficial Examinadora de la Junta al concluir que los empleados no fueron despedidos por su parti-cipación en actividades gremiales protegidas por la ley. Las recomendaciones de un Oficial Examinador no son concluyen-tes para la Junta, ya que es ella la que está investida de la responsabilidad primaria de determinar los hechos, Rivera v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 342, 345-346 (1949), pero merecen consideración en el proceso de determinar la sustan-cialidad de la evidencia. 2 Davis, Administrative Law Treatise, sec. 10.04, pág. 19. Véanse: Universal Camera Corp. v. National Labor Relations Board, 340 U.S. 474, 496-497 (1951); Federal Communications Commission v. Allentown Broadcasting Corp., 349 U.S. 358, 364 (1955). En el recurso de autos una prueba de por sí endeble es debilitada aún más por las conclusiones contrarias de la Oficial Exami-nadora.

Respecto a la alegada violación al Art. 8(1) (a) de la Ley, 29 L.P.R.A. see. 69(1) (a), las determinaciones de la Junta son altamente especulativas. La Junta expresa en su decisión que

“El despido de la Sra. Luquis de Turantán significaba para los maestros el romper los vínculos y canales de comunicación que tenían con la Junta de Directores. En adición, podían temer el que hubieran represalias contra ellos debido a su interés en la sindicalización, ya que se había acusado a la Directora de haber dado el visto bueno a la unión. Se acusaba a la Directora de care-cer de liderato. Esto tiene una relación íntima con las condicio-nes de trabajo de estos profesores, ya que la Junta de Directores pensaba que la Directora no estaba supervisando adecuadamente la labor de los maestros día a día.”

No hemos hallado evidencia sustancial que apoye estas con-clusiones e inferencias. La Oficial Examinadora tampoco pudo hallar prueba adecuada para sostener este cargo. Es tenue la relación entre los alegados hechos expuestos por la Junta y los términos y condiciones de empleo de los profeso-res despedidos. Es amplia la discreción de la Junta y considerable la deferencia debida a sus determinaciones de hecho, pero no se satisface en este caso el criterio de la prueba sus-tancial, aun en la versión menos rigurosa prevaleciente en Puerto Rico.

Por las razones expuestas estimo que debe revocarse la orden recurrida.

      (1)De estas “condiciones de trabajo”, una de las que recibió mayor relieve fue la falta de equipo para que el maestro de educación física pudiera realizar su trabajo hasta que la Directora dio dinero para comprar la bola.

      (2) Durante el paro, en su segundo día, un comité conciliador integrado por el Dr. Ismael Rodríguez Bou, el Sr. Frank R. Zorrilla, el Lie. Demetrio Fernández y el Lie. Jaime Fuster se reunió con representantes de los maestros.

      (3)“(1) Será práctica ilícita de trabajo el que un patrono, actuando individualmente o concertadamente con otros:
      “(a) Intervenga, restrinja, ejerza coerción o intente intervenir, restringir o ejercer coerción con sus empleados en el ejercicio de los dere-chos garantizados por la see. 65 de este título.
      “(b).
      “ (c) Estimule, desaliente o intente estimular o desalentar la ma-trícula de cualquier organización obrera mediante discriminación al em-plear, despedir o en relación con la tenencia de empleo u otros términos o condiciones de empleo, incluyendo un paro patronal; Disponiéndose, que nada de lo aquí contenido prohíbe a un patrono hacer un convenio de afilia-ción total o de mantenimiento de matrícula con cualquier organización obrera no establecida, mantenida o ayudada por acción alguna definida en este subcapítulo como práctica ilícita de trabajo, si dicha organización obrera representa una mayoría de los empleados en una unidad apropiada con facultad para la contratación colectiva.”

      ()Sec. 65. Derecho de empleados a organizarse y negociar

      “Los empleados tienen derecho, entre otros, a organizarse entre sí; a constituir, afiliarse o ayudar a organizaciones obreras; negociar colectiva-mente a través de representantes por ellos seleccionados; y dedicarse a actividades concertadas con el propósito de negociar colectivamente u otro fin de ayuda o protección mutua.”

      (5) Principio sostenido entre otros, en Junta Relaciones del Trabajo v. Namerow, 69 D.P.R. 82 (1948); Rivera v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 5 (1949); Rivera v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 342 (1949); Junta Rel. Trabajo v. Simmons Int’l, Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955); A.F.F. v. J.R.T., 99 D.P.R. 911 (1971); véase, Universal Camera Corp. v. N.L.R.B., 340 U.S. 474.

      («)Art. 7, Ley de Evidencia — “Evidencia primaria es aquella que en cualquiera circunstancia posible produce la mayor certeza del hecho con-trovertido. Así un documento escrito es en sí la mejor evidencia posible de su existencia y contenido.” 82 L.P.R.A. see. 1627.

      (7) Art. 2(2), Ley de Relaciones del Trabajo
      “(2) El término ‘patrono’ incluirá ejecutivos, supervisores y a-cual-quier persona que realizare gestiones de carácter ejecutivo en interés de un patrono directa o indirectamente, pero no incluirá excepto en el caso de las instrumentalidades corporativas del Gobierno de Puerto Rico como más adelante se definen, al Gobierno ni a ninguna subdivisión política del mismo; Disponiéndose, que incluirá, además, a todo individuo, sociedad u organización que intervenga a favor de la parte patronal en cualquier dis-puta obrera o negociación colectiva.”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam: el Juez Asociado Señor Dávila a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Wellington Askanio Peterson Pietersz, José Confesor Tavárez Villa y Víctor Morales Santana, acusados y apelantes.

      Número: CR-77-71

      Resuelto: 10 de mayo de 1978

      Benigno Alicea Alicea, Carmen Ana Rodriguez Maldonado, E. L. Belén Trujillo y Orlando J. Muñiz, abogados de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Los apelantes fueron convictos, en juicio por jurado, de delitos de robo e infracción de los Arts. 8A, 8 y 6 de la Ley de Armas cometidos en el curso de un asalto al establecimiento Burger King de San Patricio Plaza, efec-tuado a las 5:00 P.M. del 29 de marzo de 1976 en momentos en que estaba allí detenido para tomar un depósito un vehí-culo blindado de Wells Fargo. En robo a mano armada sus-trajeron más de $300,000 en dinero y cupones de alimentos del camión y $7,000 del negocio. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, les impuso sentencias de reclusión a todos los acusados.

En su alegato formulan los siguientes señalamientos de error:

“1. Una vez efectuado el arresto y durante la etapa investi-gativa a los apelantes no se les hicieron las advertencias de rigor establecidas en el caso de Miranda v. Arizona, 884 U.S. 436, así como les fue negado su derecho a estar debidamente asistidos por un abogado, a pesar de haberlo solicitado.
2. A. Se llevó a efecto un procedimiento de identificación me-diante el uso de fotografías en el cual se violaron todas las dis-posiciones establecidas en la Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, constituyendo tal actuación una violación al debido pro-ceso de ley.
B. Se llevó a efecto un procedimiento de identificación mediante rueda de detenidos en el cual se violaron todas las dis-posiciones establecidas en la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, constituyendo tal actuación una violación al debido pro-ceso de ley, así como una violación al Artículo II, Sec. 11 de la Constitución al negárseles el derecho a estar asistidos por un abogado durante el procedimiento.”

El primer señalamiento, al que dedican diez páginas de su alegato, es de patente frivolidad toda vez que en el juicio no se presentaron confesiones ni admisiones extraídas a los acusados en la etapa investigativa.

El segundo señalamiento no tiene méritos, mas la deseabilidad de que esta cuestión de suficiencia y confiabilidad de la identificación tenga reposo nos lleva a una prolija exposición y análisis de la prueba, que en otras circunstancias resolveríamos con brevísima sentencia. í)

Surge de la exposición narrativa de la prueba que los ape-lantes son personas de avanzada instrucción empeñados en una lucha ideológica contra el régimen de la República Do-minicana. Siguen el método de “guerrillas urbanas” tra-tando de financiar su subsistencia y actividades mediante robos, y por desgracia no practican su activismo armado en su patria, sino en la nuestra.

Vamos a los hechos que llevaron al ánimo tanto del juez como del jurado, que los apelantes Peterson,- Tavárez Villa y Morales Santana fueron los autores del robo al Burger King y al camión de Wells Fargo el día de autos. Según aparece de la extensa Exposición Narrativa de la Prueba que consta de 84 páginas, se les identificó así:

I Apelante Wellington Askanio Peterson Pieter sz

1. Testigo Gladys Fontánez, cajera del Burger King cumplió la orden de los asaltantes de tirarse al piso, pero levantaba la cabeza y miraba, por lo que hubo de repetirle la orden una y otra vez. (E.N.P. pág. 2.) “Al volver a subir la cabeza vio al acusado W. A. Peterson parado con un rifle [] en las manos hacia abajo. Tenía una gorra y estaba de frente a ella y a una distancia aproximada de 35 a 40 pies.” (E.N.P. pág. 3.) Estaba tranquila como si estuviera viendo una película, ya que “creyó que se trataba de otro asalto a la tienda y hay órdenes de entregar el dinero si eso ocurre.” (E.N.P. pág. 5.) Ese mismo día y en los días siguientes la Policía le llevó fotos pero no identificó!) a los acusados en ellas (ibid. pág. 5). “Unos días antes de que la Policía cogiera a los acusados, ella le dio la descripción a un dibujante y éste preparó un dibujo . . . .” de Peterson Pietersz. (E.N.P. pág. 7.)

2. Testigo Angel Santos Romero. Trabajaba en el camión de Wells Fargo. Estuvo en la Guardia Nacional. (E.N.P. pág. 10.) Lo llevaron el mismo día de los hechos al Cuartel para mostrarle retratos. No estaban los acusados en esos re-tratos. Ibid. pág. 10. (No podían estar porque la Policía no tenía retratos de los acusados todavía. Su sinceridad con-firma a la cajera.) Tiene 3 años de Colegio. Ibid. pág. 11. Vio a W. Peterson, haciendo una compra en el Burger King. Ibid. pág. 13. Tenía licencia para tener y poseer el revólver que le quitaron los asaltantes. (E.N.P. pág. 14.) “El día de los hechos dio una descripción de los asaltantes al F.B.I., le dijo que uno tenía los ojos brotados, y cuanto medían.” Ibid. pág. 15. Los últimos tres minutos los pasó tirado en el piso y no podía mirar hacia el lado. Ibid. pág. 10. Al ocurrir el asalto notó el acento dominicano de los acusados. Ibid. pág. 16. El 27 abril, 1976, un mes después del asalto, identificó a Peterson en lineup. “El 27 de abril de 1976 fue el line-up; le mostraron grupos de 5 ó 6 sujetos en línea con un número. El testigo estaba al frente de ellos separado por un cristal por donde miró. Al 1ro. que identificó fue a Víctor Morales Santana, y al lado estaba Tavárez Villa. Fue tres veces al line-up. En el 1ro. identificó a Víctor Morales Santana en el 2do. iden-tificó a José Tavárez Villa y en el tercero al Sr. W. A. Peterson Pietersz. Los tres no estaban juntos eran personas dis-tintas en cada line-up. Vio diez fotos antes de ir al line-up. Después lo llevaron a la oficina del fiscal F. D. Torres para prestar una declaración jurada. El 29 de marzo de 1976 a las 2:30 lo mandaron a ver unos retratos, un paquetón de re-tratos. Un álbum de retratos como 150 retratos. Volvió el 27 de abril de 1976 porque lo mandaron a ver fotografías como seis fotos y uno de los tres sujetos aparecía en las fotografías. Después identificó a los tres dominicanos. Lo llevaron al line-up. ‘Me mandaron a mirar por un espejo y vio a los asaltantes, vio un grupo de cinco personas’. Hubo tres line-up el primero fue Víctor Morales Santana en el 2ndo había cinco personas e identificó al acusado Confesor Tavárez Villa. En el 3ro. line-up identificó a W.A. Peterson Pietersz, esta-ban parados en el line-up.”

3. Alicia Rosa Colón

Directo

“[El] 29 de marzo de 1976 trabajaba para la Co. Burger King de cajera en San Patricio Plaza. Llegó ese día a las 3:00 P.M. Como a las 5:00 P.M. ella estaba haciendo el cuadre, le tocaba relevar a Gladys como cajera. Después del cuadre se hizo cargo de la caja. Ella se encontraba limpiando las mesas y vio que entró el acusado Pietersz acompañado de otra persona que no está en el Tribunal. El acusado W. P. Pietersz se puso hablar con la otra persona y Pietersz fue al baño, el otro fue hacer la orden hacia la caja y le pidió a ella (Alicia) que ya estaba entrando a la caja, papitas y refresco; después se acercó Pietersz y le pidió refrescos y hamburgers. El otro fue el que pagó, pero Pietersz quedó esperando la orden y después se fue a la mesa. Dice que Pietersz vestía con camisa manga larga de color entero no tenía gabán ni corbata. No re-cuerda como era el pantalón. La otra persona tenía una gua-yabera de mangas cortas. Ella fue a la parte de atrás del negocio a buscar unas cosas y al regresar el acusado Pietersz le pidió dos cafés y ella se los sirvió. Ya Gladys había termi-nado de trabajar y estaba en el salón. Pietersz fue y se sentó en la mesa con la otra persona de nuevo. Ella volvió a buscar ‘cosas para rellenar’ y al regresar vio a dos compañeras de ella al frente, pálidas, jinchas. Ella estaba detrás de la má-quina de batidas. El salón del Burger King es más grande que el tribunal un poco más. Ella le preguntó a ‘Tatie’ uno de los empleados ¿que qué pasaba? Se asomó W. A. P. Pietersz y me dijo ‘quédese quieta que esto es un asalto’, tírese al piso. Ella no le creyó y se le quedó mirando y le repitió que esto es un asalto. Se arrodilló, no se tiró al piso, se sintió un silencio. Había muchos clientes, hora del rush. Ve a Wellington que tenía una boina, no la tenía la primera vez que lo vio, era amarilla, tejida que [le] llegaba hasta la frente, él pasó de largo, llegó hasta la caja, notó que su pelo era negro. Al mo-mento en que le dijo que esto era un asalto tenía unas gafas puestas pero no la boina. No creyó que fuera un asalto porque lo había visto comiendo. Vio que debajo del brazo [tenía] un arma; la culata era algo largo [sic], era brown la culata; vio el gatillo del arma y usó el dedo para ilustrarlo. Debajo del brazo, de las axilas, tenía la culata mientras la mano derecha la tenía en el gatillo. Cuando fue a la caja no tenía el arma, no vio a nadie más. Después volvió a ver a Pietersz otra vez, después que lo arrestaron; en el cuartel general, nos entraron en un cuartito e hicieron un line-up. El line-up fue varias semanas más tarde eran 5 ó 6 personas en el line-up y el acusado Pietersz.”

Contrainterrogatorio

“No ha vuelto a ver al de la guayabera, era trigueño, como del color de ella trigueño claro. No sabe en qué llegó ni en qué se fue Pietersz y su acompañante. Estaba nerviosa, había sufrido shock dos semanas antes habían tratado de violarla, ya estaba más tranquila pero tuvieron que ayudarla a levantarse. Lo único que pensó en esos momentos fue en Dios; esa es la razón que ella da por haberse arrodillado y no es hasta que Wellington le pasa por el frente que se da cuenta de que es un asalto. Dice que sabe lo que es estado de histeria. En V.P. según la defensa dijo que no podía describir lo que Pietersz tenía debajo de sus brazos. Cuando Pietersz le pidió café sólo tenía gafas, no boina, ésta se la puso después. Las gafas eran obscuras como las de un jurado (Sr. Robles). No vio ella cuando Pietersz se las quitó. Pero al él entrar a la caja ve al acusado Pietersz sin gafas. Cuando fue a pedir el café ahí es que tiene las gafas pero sin boina. Ella sabe lo que es un arma larga. El día de los hechos habló con un agente sobre los hechos; no sabe su nombre, no era Ramos. Le prestó declaración jurada al fiscal en San Juan. Dice que declaró en V.P. y aquí también, no declaró en Habeas Corpus ante el Juez Hernández Carrión.” E.N.P. págs. 17-19.

4. Eduardo Quiñones Ortiz. Es gerente de Burger King. La cajera Gladys Pontánez estaba cuadrando la caja a las 4:55 P.M. y Alicia Colón la sustituyó. (E.N.P. pág. 29.) Quien dio la orden de tirarse al piso fue Peterson Pietersz, hombre de ojos azules, bigote fu-man-chu. Cuando echaba los $7,752.00 en bolsas por orden de Peterson, éste le dijo que no le mirara la cara. Tenía acento distinto al puertorriqueño. Ibid. pág. 29. Dio detalles para un boceto al P.B.I. Varias semanas después identificó a Peterson en fotos que le mostró la Policía. (E.N.P. pág. 31.) Llegó tarde al Cuartel para ob-servar el lineup. Sus cajeras Alicia y Gladys le dijeron que ya había pasado. Ibid. pág. 32. Un día que estuvo en el tribunal para el juicio, la cajera Alicia le identificó a Peterson por su nombre. El no sabía cuántos asaltantes eran; sólo vio a uno. (E.N.P. págs. 33, 36.) La defensa planteó la cuestión de identificación sugestiva y en ausencia del jurado se exa-minó al testigo gerente, tanto por el Fiscal como la defensa. (E.N.P. pág. 36.) A pesar de que el juez denegó la moción de supresión de la evidencia el juez de instancia Sr. Batista trasmitió al jurado la siguiente instrucción especial: (E.N.P. pág. 83.)

“Debido a una Cuestión de Derecho, el Tribunal ha elimi-nado, por no ser prueba admisible, la parte del testimonio del testigo de cargo, Eduardo Quiñones, referente a la identificación del Sr. acusado, Wellington Askanio Peterson Pietersz y por lo tanto, a los fines de resolver las cuestiones de hechos, les señalo en este momento lo siguiente:

1. Queda descartado y no es admisible el testimonio del Sr. Eduardo Quiñones que sobre la identificación del acusado antes mencionado hiciera en Corte dicho testigo; en su consecuencia el remanente del testimonio de dicho testigo deberá ser dirimido por Uds., los jueces de hecho, conforme a las instrucciones de rigor.

2. Como consecuencia de lo anterior, si la única prueba del Pueblo que les mereciera entero crédito sobre la identificación del referido W.A.P.P., consistiere del testimonio ya descartado, les instruyo y les ordeno que vendrían obligados a rendir un veredicto absolutorio en relación con W.A.P.P. en todos los casos que tienen Uds. ante su consideración.”

La SPAL que tomó el caso en apelación no parece haberse percatado de que la defensa no pidió instrucciones especiales en cuanto a identificación sugestiva de Peterson Pietersz por los demás testigos. Al final de la pág. 83 dice E.N.P.: “Las instrucciones no fueron objetadas, expresando la defensa y el Ministerio Público estar conformes y no tener objeción ni reparos que formular.”

II Apelante Tavárez Villa

Visto e identificado en el asalto como el hombre con una escopeta o “rifle” por la testigo Gladys Fontánez. Declara que el día de los hechos Tavárez Villa vestía una camisa crema con adornos de azul, pelo más largo, un bigote suave y no tenía barba. “Lo estuvo observando lo suficiente como para poder señalarlo. Lo vio en la sala del Burger King ya que a cada rato la mandaba a callar y a bajar la cabeza. Ella en una ocasión le dijo a una nena ‘mamita cállate’. A ella no le orde-naron nada impropio. A todos allí les ordenaron que pusieran la cabeza sobre las manos, y a ella le llamaban la atención porque en vez de poner la frente sobre las manos ponía sólo la barbilla.” (E.N.P. pág. 6.) También lo ubican en el asalto los testigos Angel Santos Romero y Francisco Flores Delgado, auxiliar y chófer, respectivamente, del camión Wells Fargo.

III Apelante Morales Santana

Visto e identificado en el asalto por los testigos cajera Gladys Fontánez, Angel Santos Romero y Francisco Flores Delgado, empleados de Wells Fargo.

En extenuante ejercicio hemos de rebatir aseveraciones de los apelantes sin base alguna en la prueba:

No es la Policía quien informa la extranjería de los acu-sados a los testigos. La exposición narrativa de la prueba recoge sus testimonios al efecto de que parecían dominicanos por su acento; que no hablaban como puertorriqueños.

Nadie sugirió la identificación de los acusados en la línea de confrontación {lineup). La E.N.P. revela la pulcritud de los testigos que no identificaron a los asaltantes en el primer grupo de fotos que se les mostraron el propio día y los días siguientes del asalto al Burger King, cuando la Policía no los había “fichado” y retratado. Sí los identificaron con facilidad cuando se les mostraron las fotos tomadas a los acusados al ser arrestados por el delito subsiguiente. La rueda de detenidos, aun cuando innecesaria ya que la identificación por fotografías franqueaba la vía para la identificación en el juicio (Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977)), no estuvo viciada por irregularidades que afectaran derechos sustanciales de los acusados. El procedimiento de confrontación en la línea de detenidos fue justo y limpio. Los pormenores que informan su curso correcto aparecen en las 8 páginas de la E.N.P., entre la 57 y la 65.

La E.N.P. muestra a Gladys Fontánez, no con la cabeza entre los brazos sino levantando la cabeza en su posición acos-tada en el piso lo que provocó órdenes repetidas de los asalta-dores para que no lo hiciera. La presencia de una mujer en el asalto es detalle secundario. Unos testigos, según su posi-ción, o su perspicacia, ven más que otros. El testigo Flores Delgado no vio la mujer, pero tampoco vio al jefe de la banda Peterson Pietersz. E.N.P. págs. 25, 28.

Cuestionando la credibilidad que ya adjudicaron el juez y el jurado, los apelantes sugieren que una de las cajeras, Gladys Fontánez no estaba ese día en el Burger King porque unas nóminas (de la oficina central) demostraban que no trabajó ese día. Este punto fue trillado hasta la saciedad en el juicio. El mismo día del asalto el agente Ramos del N.I.C. entrevistó a Gladys en el Burger King. E.N.P. págs. 56-63; el empleado Francisco Medina declaró que había pedido a Gladys que le trabajara el lunes 29 de marzo de 1976 que él lo necesitaba libre y ella accedió al cambio de día libre. E.N.P. págs. 81-82.

Insistiendo en invadir el campo de credibilidad del jurado con una contraposición de hechos probados, los acusados im-pugnan al testigo Flores Delgado porque dijo le apuntaban con un revólver y Gladys declaró que tenían un rifle largo. Veamos la E.N.P. pág. 22: Declara Flores Delgado (chófer guardián de Wells Fargo) que el acusado Morales Santana le apuntó con una escopeta recortada con culata; y que el acu-sado Tavárez le apuntó con un revólver color negro. La testigo Gladys Fontánez “ve al acusado Tavárez que estaba de pie con un rifle largo, no está segura del arma ya que no sabe mucho de esto. Según ella el arma era un cañón largo y culata brown-” E.N.P. pág. 3.

En su intervención con la credibilidad de los testigos, los apelantes dejan a un lado el testimonio de Alicia Rosa Colón que por sí'solo sostiene la convicción de Peterson Pietersz.

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en lo que ya constituye doctrina firme asentada en reiterados pronunciamientos de su jurisprudencia, ha descartado la sugestión o insinuación como elemento que por sí solo ofende el debido proceso de ley y obliga a la exclusión de prueba de identificación. Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968); Foster v. California, 394 U.S. 440 (1969); Coleman v. Alabama, 399 U.S. 1 (1970). La norma vigente hace depender la confiabilidad de la identificación de la “totalidad de las circunstancias”, aun cuando el procedimiento de confrontación haya sido sugestivo. Se señalan como factores principales que deben guiar la posibilidad de un error de identificación la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado de atención del testigo, la corrección de la descripción previa del criminal por el testigo, el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación. Neil v. Biggers, 409 U.S. 188, 199 (1972). La admisión de testimonio relativo a un procedimiento sugestivo e innecesario de identificación, no viola el debido proceso siempre y cuando la identificación tenga suficientes elementos de confiabilidad. Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977), supra. La decisión en Moore v. Illinois, 434 U.S. 220 (1977) excluye la prueba de identificación porque se obtuvo ya iniciado el proceso criminal adversativo, sin que el acusado estuviera asistido de abogado, situación que no confrontamos en el presente caso.

La inflexibilidad en la regla de exclusión que impide automáticamente que llegue al jurado prueba confiable y relevante por estar mezclada con aspectos sugestivos, frustra en vez de fomentar la justicia. La confiabilidad resultante de una apreciación de la totalidad de las circunstancias es la clave en la determinación de admisibilidad de la prueba de identificación y los factores a considerar a tal efecto son los dichos en Biggers, supra. Manson v. Brathwaite, supra. La presencia de sugestión no excluye irremisiblemente la prueba, sino que impone al jurado o al juez constituido en tribunal de derecho la labor de separar campos en el testimonio para determinar su confiabilidad y la existencia de prueba de iden-tificación no influida ni maculada por conducta sugestiva. La conclusión del juzgador de hechos sobre este punto tiene todo el respeto y validez que en apelación se extiende a las determinaciones de hecho. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10, 19, 21-22 (1974). (En reconsideración.)

En Brathwaite, supra, se sostuvo la identificación, a pesar del efecto altamente sugestivo de una sola fotografía entre-gada al agente, quien no conocía al acusado, lo vio por pri-mera vez la tarde que fue a un apartamento de un tercer piso y le compró drogas a través de una puerta entreabierta de 12 a 18 pulgadas que se cerró cuando el agente le dio $20 y volvió a abrirse brevemente para entregar la mercancía, habiendo transcurrido de cinco a seis minutos desde que la puerta se abrió por primera vez hasta que fue cerrada la segunda vez.

Resume el Tribunal Supremo de los Estados Unidos su posición en Brathwaite, ante, así:

“De todos modos no podemos decir que bajo todas las cir-cunstanciase] de este caso exista ‘una substancial probabilidad de error irreparable en la identificación’. [Simmons v. United States, 390 U.S. a la pág. 384, 19 L.Ed.2d 1247.] Hasta ese punto, tal evidencia debe ser considerada por el jurado. Nos satisface poder depender del buen sentido y juicio de los jurados ameri-canos, toda vez que prueba con algún elemento indigno de con-fianza es grano de todos los días para el molino del jurado. Los jurados no son tan susceptibles que no puedan evaluar inteli-gentemente el peso de un testimonio de identificación que tiene algún aspecto cuestionable.”

Tres años antes este Tribunal Supremo había llegado a criterio análogo cuando en Pueblo v. Suárez Sánchez, supra, dijimos:

“[9-10] El juez de instancia concluyó que en la suma de circunstancias de este caso es confiable y digna de crédito la identificación del acusado, por lo que resultaba de todo punto innecesario recurrir a la rueda de detenidos. Su apreciación sos-tenida por la prueba ha de ser estimada por este Tribunal. La identificación de criminales no está exenta de la sabia norma que detiene y restrinje la intervención de los tribunales de apelación frente a la mejor posición del juez de instancia para adjudicar credibilidad debiendo suplantar sus determinaciones únicamente cuando no estén sostenidas por la prueba. En la aplicación de ese principio no se puede depender de matices, tonalidades y es-meros y sí de la realidad esencial, del signo conocible que en el proceso racional conduce al juez de instancia a la determinación que satisface su conciencia de juzgador de otro hombre.
Con la misma energía que hemos despejado de obstáculos procesales el juicio pleno a que tiene derecho todo acusado, re-chazamos la extremada elaboración académica de principios de derecho sobre el filo de la incidencia criminal que tiene a nuestro pueblo agobiado en angustioso clamor por un sistema de justicia que también proteja su derecho a la libertad, a la vida y a la propiedad.”

El jurado que aquilató la prueba de identificación contra los aquí apelantes no se vio precisado, para determinar confiabilidad mediante la evaluación integral de circunstancias, a separar factores de sugestión corruptora contrapuestos a los indicadores de habilidad en los testigos para ex-cluir la posibilidad de error y hacer una identificación confiable. Aquí la prueba de identificación no estaba matizada en parte alguna por violación del debido proceso; cinco testigos presenciales del asalto aportaron evidencia directa de identificación, les fueron mostradas numerosas fotografías juntas unas con las otras y se utilizó la rueda de detenidos. ()

Analicemos la prueba de identificación aplicando los indi-cadores de suficiencia y confiabilidad de Biggers y Brath-waite, supra.

1. Oportunidad de observar. — El asalto tuvo lugar a las 5:00 P.M., en la claridad de la tarde. Poco antes, la em-pleada Alicia Rosa Colón tomó y sirvió al apelante Peterson Pietersz y a su compañero una orden de comestibles ligeros y café. Gladys Fontánez, tirada en el piso por orden de los asaltantes, levantaba la cabeza y miraba, Santos Romero trabajaba en el camión de Wells Fargo y vio los apelantes de cerca, al punto que uno le quitó su revólver. Eduardo Qui-ñones, el gerente, puso el dinero en las bolsas por orden de Peterson Pietersz mientras tenía a éste al frente. Durante la operación los testigos estuvieron en la inmediata proximidad de los acusados, en buenas condiciones de visibilidad. Nin-guno de los acusados usaba máscara ni disfraz. El tiempo de observación fue de media hora que concedió gran amplitud para apreciación de fisonomías y características.

2. Grado de atención. — Ninguno de los testigos se tornó histérico. Santos Romero tiene tres años de Colegio y estuvo en la Guardia Nacional; notó el acento dominicano de los acusados. Alicia Rosa Colón vio a Peterson con y sin boina. Ella y Gladys Fontánez eran cajeras del Burger King, labor que requiere un apreciable grado de concentración en personas y cuentas. Igual o mayor capacidad es de esperarse del ge-rente Quiñones.

3. Fidelidad de la descripción. — Los testigos suministra-ron a la Policía detalles sobre la apariencia física, atuendo y armas que portaban los acusados y de su acento domini-cano, minutos después de ocurrido el asalto. Dos de ellos prepararon bocetos de los acusados para el F.B.I.

4. Nivel de certeza. — La credibilidad y confiabilidad de los testigos es irreprochable. Desde el mismo día del suceso la Policía les mostró cientos de retratos en los que no identifi-caron a ninguno de los acusados. Su integridad pasó la prueba porque los acusados no habían sido fichados por la Policía a la fecha del asalto al Burger King. Cuando fueron arrestados, los testigos no tuvieron dificultad en señalar su imagen entre otros retratos, ni en señalarlos en la rueda de detenidos.

5. Tiempo entre crimen y confrontación. — Entre el asalto que tuvo lugar el 29 marzo, 1976 y la confrontación en línea de detenidos efectuada el 27 de abril siguiente no transcurrió un mes.

No hubo error en el juicio seguido a los apelantes. La prueba de identificación no fue enervada por sugestión, y es digna de la credibilidad y confiabilidad que le extendió el jurado. Confirmadas.

El Juez Asociado Señor Dávila emitió opinión disidente a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

—O—

Opinión disidente emitida por

el Juez Asociado Señor Dávila a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 10 de mayo de 1978

Los apelantes fueron convictos en juicio por jurado de robo e infracciones a los Arts. 8 y 8A de la Ley de Armas. Los hechos por los cuales se les acusó ocurrieron el día 29 de marzo de 1976 en el Burger King de San Patricio Plaza cuando se asaltó dicho establecimiento y al conductor y a un guardián de la Wells Fargo que entraba al Burger King en busca de la remesa del día.

El mismo día del asalto se les mostraron varias fotogra-fías a los empleados de Burger King y de la Wells Fargo en-vueltos en el asalto. No lograron identificar a los asaltantés. El 26 de abril los apelantes fueron arrestados por otros de-litos. La policía los consideró sospechosos del asalto del Burger King. Al día siguiente de ser arrestados se les tomaron fotografías. Junto a las de otras personas, esas fotografías fueron mostradas a los empleados del Burger King en el mismo negocio. Se les informó que los sospechosos eran do-minicanos. Luego fueron conducidos al cuartel para la cele-bración de una rueda de detenidos. Las acusaciones fueron radicadas a las 9:00 P.M. del 27 de abril.

Como el conductor guardián de la Wells Fargo no pudo asistir a la rueda de detenidos del 27 de abril, se celebró una segunda rueda el 4 de mayo. Al igual que se hizo con los otros testigos, se le mostraron fotos de sospechosos incluyen-do a los apelantes y fotografías de la anterior rueda de de-tenidos.

Es pertinente constar que desde que los apelantes fueron detenidos solicitaron la asistencia del Lie. E. Belén Trujillo, pero la policía no les permitió comunicarse con éste. Durante la segunda rueda de detenidos estuvieron representados por el Lie. Orlando J. Muñiz.

En su recurso de apelación los apelantes plantean la falta de confiabilidad de la identificación.!) Sostienen que no tuvieron representación legal, () como la garantiza la Sexta Enmienda de la Constitución Federal, la Sec. 11 del Art. II de la Carta de Derechos de la Constitución del E.L.A. y el caso de United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967), una vez fueron detenidos y que la evidencia relacionada con la iden-tificación es inadmisible ya que todo el proceso de identifica-ción estuvo saturado de sugestividad. ()

Desafortunadamente una vez más nos topamos con situa-ciones en las cuales los agentes del orden público se apartan de las normas sobre identificación establecidas desde Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969) y que han sido plas-madas en la Regla 252 de Procedimiento Criminal.

La identificación del imputado “. . . con anterioridad o posterioridad a la acusación, es ciertamente una de las etapas más críticas de todo proceso criminal”. Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101, 112 (1974); United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967). Es en ese momento anterior al juicio en que se determina la suerte que posteriormente correrá el sos-pechoso. Una vez el testigo señala a una persona como autora del hecho delictivo no se retracta. Como expresamos en Gómez Incera a la pág. 254, citando de Williams & Hammelmann Identification Parade, “ ‘La experiencia ha demostrado que una vez un testigo señala al acusado en la confrontación, no es de esperarse que se retracte más tarde, de tal manera que en la práctica la controversia de la identificación puede (en la ausencia de otra evidencia relevante) para todos los pro-pósitos prácticos ser determinada en ese momento, antes del juicio Ver Moore v. Illinois, No. 76-5344, decidido por el Tribunal Supremo Federal el 12 de diciembre de 1977 (Slip Opinion).

Expresamos en Gómez Incera, supra, a la pág. 251, “que en algunos casos los procedimientos que llevan a una identi-ficación ocular pueden estar tan viciados que como cuestión de derecho hagan constitucionalmente inadmisible la identifi-cación.” Así, una confrontación entre el sospechoso y el tes-tigo en una rueda de detenidos permeada de sugestividad viola el debido proceso de ley que protege al identificado, pro-vocando la inadmisibilidad de dicha identificación. Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972). No obstante, hemos consignado que la determinación de si se ha violado el debido proceso depende de la totalidad de las circunstancias presentes en cada caso. Pagán Hernández, supra, pág. 111; Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972); Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967).

Recientemente en Moore v. Illinois, supra, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos reiteró el principio que enun-ciáramos en Gómez Incera, supra. Expresa que “... el debido proceso de ley protege al acusado de la admisión de evidencia viciada por una identificación anterior al juicio poco confia-ble obtenida a través de procedimientos innecesariamente sugestivos.” Este mismo caso reafirmó el derecho del acusado a estar asistido de abogado durante el procedimiento de iden-tificación.

Una identificación mediante rueda de detenidos que esté preñada de sugerencias y sugestiones produce una identifica-ción viciada, la cual viola el debido proceso de ley. Moore v. Illinois, supra, Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977); Kirby v. Illinois, 406 U.S. 682 (1972); Stovall v. Denno, supra. La sugestividad, ya sea intencional o no, de parte de las personas que conducen el procedimiento de identificación reflejan su deseo de que el testigo identifique al acusado. Tal sugerencia directa o indirecta podría influir en el ánimo del testigo y éste realizar una identificación errónea. United States v. Wade, supra, citado en Moore, supra. Así, la suerte del acusado quedará sellada.

La identificación mediante fotografías constituye un medio de identificación de uso limitado puesto que se utiliza-rá cuando no sea posible celebrar una rueda de detenidos, Regla 252.2 de Procedimiento Criminal, Pagan Hernández, supra, Moore, supra. Resulta ser un método menos confiable que la rueda de detenidos por ser más susceptible al error. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977). El acusado no tiene derecho a asistencia de abogado en este tipo de iden-tificación, Pueblo v. Morales Romero, supra, United States v. Ash, 413 U.S. 300 (1973), pero si se demuestra que la identi-ficación no es confiable por haber sido sugerida, el debido proceso de ley impediría su admisión en evidencia. Como regla general este error no podrá ser subsanado mediante la cele-bración de una rueda de detenidos posterior. Pagán Hernández, supra, pág. 112.

Los hechos del caso demuestran palmariamente graves de-ficiencias en la identificación de los apelantes tanto mediante fotografías como por rueda de detenidos. Dicha identificación no fue confiable puesto que estuvo saturada de sugestividad, violando en forma patente las normas consignadas en nues-tros dictámenes y en la Regla 252 de Procedimiento Criminal. () Los testigos fueron innecesariamente influidos por la actuación de la policía de tal forma que éstos no podían ra-zonablemente hacer una identificación confiable.

Todas las fotos mostradas a los testigos tenían el nombre y la dirección de la persona retratada excepto las de los ape-lantes. Dentro del primer grupo había fotos de personas físi-camente disímiles a los apelantes al igual que un grupo de varias fotografías de mujeres.

De los apelantes se incluyeron varias fotos mientras que de los otros sospechosos se incluyó una sola. Del apelante Peterson Pietersz, por ejemplo, se incluyeron fotos en dife-rentes poses — con y sin gafas. Cuando los testigos vieron las fotos estaban todos juntos, dando esto margen a que unos tes-tigos mediante comentarios y gestos influyeran a los otros. El testigo Francisco Flores rechazaba la foto de Peterson por-que no creía reconocerlo y el agente de la policía en velada sugestividad, volvía a dársela. Tampoco se levantó acta de dicha identificación fotográfica como lo estatuye la regla.

En cuanto a la identificación por rueda de detenidos es evidente que ésta también estuvo plagada de sugestividad. El testigo Angel Santos Romero sabía antes de la rueda del 27 de abril que los sospechosos eran dominicanos porque un poli-cía se lo había comunicado. Cuando los apelantes iban a ser llevados a la rueda de detenidos uno de los agentes del orden público expresó a los testigos que pasaban cerca de los acusa-sados que ésos eran los sospechosos que habían arrestado. Antes de la celebración de las dos ruedas de detenidos los testigos vieron de entre varias fotos las de los apelantes y lue-go los vieron en la rueda de detenidos, evidenciando una sutil manera de señalar a los supuestos culpables del asalto al Burger King. Las personas que comparecieron a las ruedas de detenidos no eran de similares características físicas a los acusados. Esto resulta ser más patente en el caso del apelante Peterson.

Resulta también de dudosa confiabilidad la identificación que hicieran los testigos de los apelantes en la rueda de dete-nidos. Si los presuntos asaltantes los obligaron a esconder la cabeza entre los brazos, ¿cómo es que la testigo Gladys Fon-tánez Marcano los pudo observar suficientemente como para poderlos identificar casi un mes después?!) Tal identifica-ción se torna menos confiable aún, cuando la testigo declara que estaba envuelta en el asalto una mujer “blanca, mujer fina, muy educada” que “tenía sweater con muñequitos de esos bonitos que le gustan a los nenes” y ninguno de los otros testigos empleados del Burger King y de la Wells Fargo hi-cieron referencia a la presencia de esta mujer. También, se impugnó la credibilidad de la testigo Gladys Fontánez me-diante evidencia documental (nóminas) demostrativa de que ella no trabajó ese día.

Franciso Flores Delgado declaró en el juicio que el ape-lante Tavárez le apuntó con un revólver, mientras que Gladys Fontánez declaró que lo vio con un rifle largo. La diferencia entre ambas armas es obvia y si el testigo no sabía con cuál se le estaba apuntando, es de dudosa certeza que pu-diese identificar al apelante Tavárez.

Sorprende el dictamen de hoy a la luz de nuestras decisio-nes comenzando con Pueblo v. Gómez Incera, supra y del re-ciente caso de Moore v. Illinois, supra, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos resuelto por unanimidad el 12 de diciembre de 1977 donde se revoca la sentencia por no ser confiable la identificación al no estar el acusado representado por abogado y donde se reiteran las decisiones de United States v. Wade, supra; Gilbert v. California, 388 U.S. 263 (1967) y Kirby v. Illinois, supra.

La víctima de una violación vivía en un apartamiento en el Sur de Chicago. Poco después del mediodía del 14 de diciembre del año 1967, al despertar de una siesta vio a un hombre parado en el umbral de la puerta del cuarto con un cuchillo. El hombre entró a la habitación, la tiró boca abajo en la cama y la agarró hasta que se quedó quieta. Luego de cubrirle la cara el intruso desvistió a la víctima y la violó. Se marchó llevándose una guitarra y una flauta. Cuando la policía llegó la víctima le dio una descripción del asaltante. A pesar de no conocerlo de antemano, y de sólo haberlo visto por un instante cuando la atacó, tenía la idea de que era el mismo sujeto que le había hecho insinuaciones ofensivas en un bar cercano la noche anterior. Ella le entregó a la policía una libreta que encontró cerca de la cama luego de que el hombre se marchó.

Durante la primera semana la policía mostró a la víctima dos grupos de fotografías de hombres. Del primer grupo de 200 ella seleccionó como 30 que se le parecían al asaltante en cuanto a estatura, peso y contextura. Del segundo grupo de 10 fotos escogió dos o tres. Una de éstas era la del peticiona-rio. La policía encontró una carta en la libreta que la víctima le había entregado. Una investigación demostró que dicha carta pertenecía a una mujer con la cual el peticionario tenía relaciones. La carta fue sustraída de la casa de esta mujer en su ausencia y aparentemente la única persona que tenía acceso a esta casa era el peticionario.

En la noche del 20 de diciembre de 1967 la policía arrestó al peticionario. Al otro día un policía acompañó a la víctima a la Corte Municipal para una vista. El policía le informó que le iban a mostrar un sospechoso para que lo identificara si podía. El policía hizo que ella firmara una denuncia en la cual señalaba al peticionario como la persona que la violó. En la vista el nombre del peticionario fue llamado y lo conduje-ron frente al estrado. El juez le informó que estaba acusado de violación y otro delito relacionado. El juez llamó a la víc-tima, que estaba esperando en el salón para que se acercara al estrado. El fiscal informó que la policía tenía prueba que conectaba al peticionario con los delitos imputados. El juez preguntó a la víctima que si veía a su asaltante en corte. Ella señaló al peticionario. El peticionario no estuvo repre-sentado por abogado y el tribunal no le ofreció asistencia legal.

En una vista posterior ante el Gran Jurado se le acusó de violación, escalamiento y robo. Se le nombró abogado y éste solicitó se eliminara la identificación del peticionario, por haber sido innecesariamente sugestivo el procedimiento uti-lizado y por no estar asistido de abogado. El abogado invocó el caso de Wade recientemente resuelto. El tribunal denegó la moción.

El procedimiento de identificación en el caso resuelto en el día de hoy adolece de los mismos defectos del que estuvo ante el Tribunal Supremo en el caso de Moore. El procedi-miento en uno y otro caso fue igual de sugestivo y los dos acusados carecieron de ayuda legal. En el caso de Moore había dos elementos que conectaban al acusado con los he-chos imputados: la carta encontrada al lado de ía cama de la víctima perteneciente a una mujer que estaba relacionada con el acusado, así como el hecho de que ésta declaró que lo vio en un bar de la vecindad la noche anterior a los hechos. A pesar de esa circunstancia se revocó la sentencia. Para mí es incomprensible el dictamen emitido en el día de hoy. Es por eso que disiento.

      p) Recientemente reiteramos la norma de revisión de sentencias crimi-nales, ajustada al siguiente criterio:

        “En todo recurso de apelación la función de este Tribunal se cumple revisando el legajo de la sentencia guiado por los señalamientos de error o planteamientos de derecho del apelante hasta quedar satisfecho de que el acusado tuvo un juicio imparcial y objetivo. Hay que recordar que todo acusado tiene derecho a un juicio justo, que no significa necesariamente un juicio perfecto. Este Tribunal intervendrá con el veredicto del jurado o el fallo del juez de derecho únicamente cuando esté enervado por error que hiere derechos fundamentales de la persona y que en su proyección y consecuencia estremezca el sentido básico de justicia. El énfasis insistente en recursos técnicos de procedimiento criminal muy poco adelanta la causa si no plantea la vindicación de un derecho. El procedimiento ha adquirido una exhuberancia que a veces nos oculta el tronco, el diseño fundamental de ‘juicio rápido y público’ que en sencilla depuración de la prueba sirva tanto al derecho del ofensor como al de la sociedad agraviada.” Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140 (1978).

      (2)La testigo ve un arma parecida entre las ocupadas en residencia de Round Hills. (E. N. P. pág. 40.)

      (3) Cuando ocurrió el asalto de Burger King y Wells Fargo la Policía no había “fichado” todavía a estos activistas dominicanos, por lo que no tenían fotografías de ellos en su archivo. Cuando los apelantes fueron arres-tados y “fichados” en relación con un subsiguiente delito, los testigos no tuvieron dificultad en identificarlos en las fotografías.

      (4) Contrario al caso que nos ocupa, en Brathwaite, supra, el Estado contaba con el agente como su único testigo, éste identificó al acusado a través de una sola fotografía tomada de los archivos de la Policía y no hubo línea de sospechosos. La identificación fue sostenida como confiable.

      (5)E1 impacto abrumador de esta prueba quizás explica por qué la Sociedad para Asistencia Legal, que no intervino en el juicio pero sí tomó el caso en apelación busca apoyo hasta en la opinión disidente de Pueblo v. Toledo Barbosa, 105 D.P.R. 290 (1976), pero omite toda mención de Pueblo v. Suárez Sánchez, supra.

      (1)Así reza dicho error:
      “2. A. Se llevó a efecto un procedimiento de identificación mediante el uso de fotografías en el cual se violaron todas las disposiciones estable-cidas en la Eegla 252.2 de Procedimiento Criminal, constituyendo tal actua-ción una violación al debido proceso de ley.
      “B. Se llevó a efecto un procedimiento de identificación mediante rueda de detenidos en el cual se violaron todas las disposiciones estableci-das en la Eegla 252.1 de Procedimiento Criminal, constituyendo tal actua-ción una violación al debido proceso de ley, así como una violación al Artí-culo II, Sección 11 de la Constitución al negárseles el derecho a estar asis-tidos por un abogado durante el procedimiento.”

      (2) Con referencia al apuntamiento de los apelantes respecto al derecho de asistencia de abogado, debido al alto grado de sugestividad de la iden-tificación objeto de este caso, resulta inmaterial que entremos a discutirlo. Basta señalar que su derecho a asistencia de abogado fue violado dada las circunstancias de perjuicio sustancial en que se vieron envueltos los ape-lantes en la etapa anterior a la acusación. Tan patente era la necesidad de un abogado, que solicitaron comunicarse con uno.

      (3)Los apelantes apuntan en su primer error que no se les hicieron las advertencias requeridas por Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), pero como no se ha tratado de presentar en evidencia confesión alguna relacionada con este caso, huelga considerarlo.

      (4) Dispone la Regla 252 de Procedimiento Criminal en su totalidad:
      «REGLA 252. REGLAS PARA LA IDENTIFICACION ANTERIOR AL JUICIO
      252.1. Reglas a seguirse al efectuarse una rueda de detenidos
      (a) Aplicabilidad. Las reglas que se establecen a continuación deberán seguirse siempre que algún funcionario del orden público someta a un sos-pechoso a una rueda de detenidos (lineup) con el propósito de identificar el posible autor de un acto delictivo.
      (b) Asistencia de abogado. Si al momento de celebrarse la rueda de detenidos {lineup) ya se hubiese radicado denuncia o acusación contra la persona que motiva el procedimiento, ésta tendrá derecho a que su abogado se encuentre presente mientras se efectúa la misma y a esos efectos se le advertirá con suficiente antelación a la celebración de la rueda.
      La persona podrá renunciar a su derecho a asistencia legal durante la rueda de detenidos mediante una renuncia escrita ante dos testigos quienes también deberán firmar dicha renuncia.
      En caso de que el sospechoso interesase que su abogado se encontrase presente y así lo manifestara, se notificará al abogado que éste señale con razonable anticipación a la celebración de la rueda. De tratarse de una persona insolvente o si su abogado no compareciese, se le proveerá asisten-cia legal al efecto.
      (c) Participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos. La participación del abogado del sospechoso en la rueda de detenidos se regirá por las siguientes reglas:
      (1) Se le permitirá al abogado del sospechoso presenciar el pro-ceso completo de la rueda de detenidos.
      (2) Se le permitirá durante la celebración de la rueda de deteni-dos que escuche cualquier conversación entre los testigos y la Policía.
      (3) No se le permitirá interrogar a ningún testigo durante la rueda de detenidos.
      (4) El abogado podrá indicar al oficial o funcionario encargado de la rueda' de detenidos cualquier infracción a estas reglas y si el primero entendiese que dicha infracción se está cometiendo, corregirá la misma.
      (d) Composición de la rueda de detenidos. La rueda de detenidos se compondrá de un número no menor de cuatro (4) personas en adición al sospechoso y la misma estará sujeta a las siguientes condiciones:
      (1) Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán apariencia física similar a la del sospechoso respecto a sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, su estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar relación con las del sospechoso.
      (2) En ningún caso habrá más de un sospechoso en cada rueda de detenidos.
      (3) No se permitirán indicios visibles que de manera ostensible señalen la persona dentro de la rueda que es el sospechoso o detenido.
      (e) Procedimientos en la rueda de detenidos. El procedimiento durante la rueda de detenidos se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes reglas:
      (1) No se permitirá que los testigos vean al sospechoso ni a los demás integrantes de la rueda de detenidos con anterioridad a la celebra-ción de la rueda de detenidos.
      (2) No se le informará a los testigos antes de la celebración de la rueda que se tiene detenido a un sospechoso.
      (3) No se le dará ninguna información sobre los componentes de la rueda.
      (4) Si dos o más testigos fueran a participar como identificantes no se permitirá que se comuniquen entre sí antes o durante la identifica-ción y cada uno hará la identificación por separado.
      (5) El testigo observará la rueda y con la menor intervención de los agentes o funcionarios de orden público, identificará de manera posi-tiva al autor de los hechos delictivos si éste se encuentra en la rueda.
      (6) Si el sospechoso es requerido para que diga alguna frase, haga algún movimiento o vista algún atavío, se requerirá de los demás in-tegrantes expresión, actuación o vestimenta de forma parecida.
      (7) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, ya sea expresamente o de cualquier otra forma.
      (f) Récord de los procedimientos. En todo procedimiento efectuado de acuerdo a estas reglas se levantará una .breve acta la cual será preparada por el encargado de la rueda.
      En dicha acta se incluirá el nombre de los integrantes de la rueda, nombres de otras personas presentes y un resumen suscinto de los procedi-mientos observados.
      Deberá además tomarse cuantas veces fuere necesario para su claridad una fotografía de la rueda tal y como le fue presentada a los testigos. Dicha foto, al igual que el acta levantada, formará parte del expediente policíaco o fiscal correspondiente y su obtención por un acusado se regirá por las reglas de procedimiento criminal vigentes.
      252.2. Utilización de fotografías como procedimiento de identificación
      (a) Los agentes y funcionarios del orden público podrán hacer uso de fotografías para identificar el posible autor de un acto delictivo únicamente en las siguientes circunstancias:
      (1) Cuando por razones fuera del control de los agentes o fun-cionarios del orden público no fuere posible o necesario realizar una rueda de detenidos.
      (2) Cuando no exista sospechoso del acto delictivo.
      (3) Cuando existiendo un sospechoso éste se negare a participar en la rueda, o su actuación o ausencia impidiese que la misma se efectúe adecuadamente.
      (b) La utilización de fotografías como medio de identificación se re-girá por las siguientes reglas:
      (1) Se le mostrarán al testigo no menos de nueve (9) fotogra-fías incluyendo la del sospechoso y éstas presentarán, en adición al sospe-choso, personas de rasgos similares a éste.
      (2) Si dos o más testigos fueran a hacer la identificación foto-gráfica cada uno hará la identificación por separado.
      (3) En ningún caso se le sugerirá al testigo la persona que debe seleccionar, mediante la forma de llevar a cabo el procedimiento, por mar-cas en las fotografías, o cualquier otro medio.
      (4) Celebrada la identificación fotográfica si el testigo identificara el autor de los hechos delictivos, se procederá a levantar un acta que re-suma brevemente el procedimiento seguido y se identificarán las fotogra-fías utilizadas de manera que posteriormente pueda establecerse cuáles fueron las fotografías presentadas al testigo.”

      () Según el testigo Angel Santos Eomero: “Ni alzando la cabeza se podía ver.”