source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

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text:
    Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Meléndez Maldonado, acusado y apelante.

      Número: CR-78-47

      Resuelto: 17 de octubre de 1979

      Hugo Rubén Félix y César Andreu Ribas, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Fiscal acusó al apelante de cometer en complicidad con otros el delito de asesinato en primer grado al dar muerte a los esposos Ramón Cacho Vega y Ana María Tossas. El apelante solicitó juicio ante tribunal de derecho. El tribunal declaró al apelante Culpable del delito imputado.

El planteamiento principal del procesado es que se vul-neraron sus derechos constitucionales al recibirse por escrito los informes orales. Es imprescindible consignar en detalle lo sucedido para determinar con exactitud el ámbito de la controversia.

Al concluir el desfile de la prueba de ambas partes ocurrió el diálogo siguiente:

“Hon. Juez:
¿Habría algún reparo el que me reservara el fallo para una ocasión que me concedan por lo menos 45 días para estudiar la evidencia?
Ledo. Andreu Ribas:
No hay ningún reparo. Queremos hacerle un informe a Su Señoría sobre la prueba.
Hon. Juez:
Por eso pero yo lo voy a pedir por escrito.
Ledo. Andreu Ribas:
Yo lo que quiero es argumentar la prueba.
Hon. Juez:
Lo voy a escuchar oralmente. ¿El licenciado prefiere oral o por escrito?
Ledo. Andreu Ribas:
Sería preferible oral.
Hon. Juez:
Fiscal.
Hon. Fiscal:
Yo lo haría oral.
Hon. Juez:
Será oral.” T.E., 3ra parte, págs. 194-95.

A continuación el abogado del apelante expresó:

“Vuestro Honor, nunca se me había ofrecido la oportunidad por usted de hacer un informe por escrito.” Ibid., pág. 195. El señor magistrado explicó a las partes la idea, recalcó que ellas podían escoger y preguntó:
“... ¿Prefieren el día para informes orales o que se le [sic] conceda un término simultáneo a los tres para argumentar por escrito, o sea a los dos abogados y al fiscal?” Loe. cit.

La representación del acusado contestó inmediatamente:

“Vamos a hacerlo por escrito, Vuestro Honor.” Loe. cit.

El ilustrado juez de instancia describió entonces el pro-cedimiento a seguir:

“Si el día del fallo desean argumentar brevemente antes del fallo yo le [sic] concedo tiempo para argumentar el caso. Vamos a concederle [sic] simultáneamente a todas las partes para que radiquen por escrito las argumentaciones de los hechos y las cuestiones legales que entiendan ameriten discusión a los fines del fallo. El Tribunal entonces el 21 de mayo dictará el fallo. ¿Hay algún reparo? De manera que yo tenga algún tiempo para leer las argumentaciones de cada parte.” Ibid., 196.

Los abogados de las partes expresaron no tener reparo alguno. Loe. cit.

El día acordado el tribunal de instancia resumió la prueba y afirmó que “Considero que el Fiscal ha probado, fuera de duda razonable, los cargos que le [sic] imputa a los acusados.” Ibid., 209. Cuando el tribunal emitió la declaración co-rrespondiente de culpabilidad, lo interrumpió un abogado defensor:

“Vuestro Honor, procede que yo haga esto antes de que usted produzca su fallo.” Ibid., 210.

El juzgador señaló:

“Voy a dictar el fallo y después yo escucho a los abogados.” Ibid., 210.

Otro abogado defensor objetó:

“Hay un planteamiento que procedería antes del fallo.” Loe. cit.

La corte dictaminó:

“El planteamiento que sea, voy a dictar el fallo con todo el respeto de los compañeros.”
“... por tanto declaro a usted Luis Meléndez Maldonado... culpable de asesinato en Primer Grado.... Vamos a ver cuál es el planteamiento de los abogados ahora.” Loe. cit.

Los abogados defensores objetaron el haber sido privados “de oír las manifestaciones del fiscal y sus argumentos”; hicieron otros señalamientos y comentaron la prueba. Ibid., 210-214. El tribunal reafirmó su fallo y, con el consentimiento de las partes, dictó sentencia el mismo día. Ibid., 214-16.

Lo transcrito encierra tres cuestiones. ¿Existe un derecho estatutario o constitucional del acusado a hacer un informe oral antes de emitirse el fallo? De existir, ¿puede renunciarse? Y, por último, de haberse incurrido en alguna irregularidad en el procedimiento descrito, ¿fue ésta de tal índole que exige la revocación de la sentencia?

1. El derecho a informar oralmente el caso al concluir la prueba.

La Regla 136 de Procedimiento Criminal dispone:

“Terminada la prueba, las partes harán sus informes comenzando con el del fiscal, quien podrá además cerrar brevemente el debate, limitándose a rectificar el informe del acusado. El tribunal podrá en el ejercicio de su sana discreción limitar la duración y el número de los informes.”

Las fuentes inmediatas de esta regla son la Regla 29.1 de Procedimiento Criminal Federal,() los Arts. 233(6) y 266 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, 34 L.P.R.A. sees. 712(6) y 745 (1956),() y el Art. 1093(5) del Código Penal de California, Cal. Penal Code (West), sec. 1093(5).() Otras fuentes de interés son los Arts. 734 y 736 de la propia Ley Española de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que comenzó a regir en Puerto Rico el 1 de enero de 1889.() La razón de la similitud entre cuerpos jurídicos aparentemente tan dispares es el fenómeno de la convergencia en sectores de esta zona, observable desde hace tiempo, entre las tres principales familias jurídicas de nuestra época. Con modalidades diversas, debido principalmente al uso mayor o menor del elemento escrito, el principio de la oralidad se ha estado reconociendo en los sistemas angloamericanos, civilistas y socialistas. M. Cappelletti, Giustizia e Societa, Ed. di Comunitá, págs. 171-73, Milán, 1972. El desenvolvimiento de la idea en ciertos países ha afectado su desarrollo en otros. El derecho civil, por ejemplo, ha ejercido considerable influencia en la formación de los procedimientos angloamericanos, incluso en la redacción de importantes aspectos de las Reglas Federales de Procedi-miento. Arthur T. Vanderbilt, “The Reconciliation of the Civil Law and the Common Law”, en B. Schwartz, ed., The Code Napoleon and the Common-Law World, N.Y. Univ. Press, N.Y., 1956, págs. 389,393-94. Lo mismo ha ocurrido a la inversa.

Distintas razones han estado abonando el principio de la oralidad, en juiciosa mezcla con procedimientos escritos. Entre ellas se encuentra la reacción contra el predominio histórico del elemento escrito en el derecho romanocanónico y en los procesos angloamericanos de equidad; la impaciencia con el concepto de la secretividad del sumario; el deseo de hacer la justicia más accesible al pobre; el interés en la justicia pronta; y el alza en los valores de la publicidad de los procesos. Cappelletti, op. cit., pág. 173 et seq. En el informe del comité correspondiente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la Regla 29.1 se expresa:

“El comité entiende que ... se sirve mejor la eficaz y adecuada administración de la justicia si el acusado conoce los argumentos esgrimidos por el fiscal a favor de que se le declare culpable antes de que el acusado se enfrente a la decisión de si replica y, de resolver hacerlo, qué es lo que debe contestar_” (Traducción nuestra.) 8A Moore, Federal Practice, par. 29.1.01 [3] [a] B (2a ed. 1978).

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido que impedir a un procesado informar oralmente el caso al concluir la prueba constituye una violación del derecho a asistencia de abogado garantizado por la sexta enmienda a la constitución federal y aplicable a los estados en virtud de la enmienda decimocuarta. Herring v. New York, 422 U.S. 853 (1975). El derecho constitucional reconocido en Herring se aplica tanto a juicios celebrados ante jurado como ante tribunal de derecho. Ibid., págs. 858-59. La Ley Fundamental de Alemania Federal recoge también el principio de que toda persona tiene derecho a ser oída antes de ser sentenciada. Fairén Guillén, Los principios procesales de oralidad y de publicidad general y su carácter técnico o político, Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, año 1975, págs. 309, 315. La situación actual española se discute en E. Gómez Orbanejay V. Herce Quemada, Derecho Procesal Penal, 8a ed., págs. 241-42, Madrid, 1975. Para abundante bibliografía sobre el tema, relativa a países miembros de las tres grandes familias jurídicas, véase: Cappelletti, op. cit., cap. 6.

En Puerto Rico, la Regla 136 de Procedimiento Criminal, antes citada, no se refiere explícitamente a informes orales en juicios celebrados por tribunal de derecho. El Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico proclama, no obstante, el derecho de todo acusado a tener asistencia de abogado.^ La larga tradición que encarnan las fuentes de nuestra Regla 136 y principios conocidos de derecho constitucional no permiten que resolvamos que el Art. II, Sec. 11, de la Constitución de Puerto Rico tiene un contenido menor que el establecido en Herring v. New York, supra, por la enmienda sexta a la Constitución de Estados Unidos.

2. La renunciabilidad del derecho.

El derecho constitucional a dirigirse oralmente al jurado o al juez al terminar la prueba es renunciable. Así se dispuso expresamente en el Art. 233(6) de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal. El historial de la Regla 136 de Procedimiento Criminal no contiene indicación alguna de que fue la intención de esta corte o de la Asamblea Legislativa al aprobarla tornar en irrenunciable el referido derecho.

Tal derecho es renunciable en Estados Unidos. Herring v. New York, 422 U.S. 853, 860 (1975). Es renunciable en Francia por acuerdo de las partes. Cappelletti, Giustizia e Societd, Ed. di Comunitá, págs. 162-63, Milán, 1972. No se nos ha citado, ni hemos hallado, autoridad alguna que exija que la renuncia se efectúe personalmente por el procesado y no por su defensor.

La lectura de la transcripción de la prueba no deja duda en nuestro ánimo que los abogados defensores y el fiscal aceptaron el procedimiento sugerido por el tribunal de instancia de que se presentasen por escrito los argumentos sobre la prueba y las cuestiones de derecho. T.E., 3ra parte, pág. 196, supra.

Queda por examinar el hecho de que el tribunal expresó que “Si el día del fallo desean argumentar brevemente antes del fallo yo le [sic] concedo tiempo para argumentar el caso.” T.E., loe. cit. Como hemos visto, el día del fallo no se observó este procedimiento.

3. La naturaleza de la irregularidad.

Lo indicado constituyó una irregularidad, pero estimamos que los intereses del apelante no sufrieron perjuicio de tal orden que amerite la revocación de la sentencia. Si bien no se le concedió la ocasión de argumentar oralmente antes del fallo, el procesado tuvo amplia oportunidad de informar su caso por escrito y de hacer una exposición minuciosa y detenida de una prueba sumamente extensa. También pudo comentar la prueba después del fallo y antes de la sentencia.

4. Otros planteamientos.

Los otros alegados errores que señala el apelante son inmeritorios. Sostiene el reo que se incurrió en error al admitir como parte de la prueba el equipo de acetileno utilizado para penetrar en la residencia de los esposos Cacho Tossas. Este equipo fue ocupado en el negocio del apelante mediante orden de allanamiento que no fue objetada por los abogados defensores.

También arguye el convicto que erró el tribunal de instancia al apreciar la prueba. La lectura de los autos nos convence de que no existe fundamento para alterar la con-clusión de la sala sentenciadora.

Alega, por último, el apelante que el testimonio de un cómplice no fue debidamente corroborado, mas hubo prueba suficiente para demostrar la conexión del apelante con los hechos imputados. Véanse: Pueblo v. Negrón Vélez, 96 D.P.R. 419, 429 (1968); Pueblo v. Agosto Castro, 102 D.P.R. 441 (1974).

Se confirma la sentencia dictada.

El Juez Asociado Señor Hiram Torres Rigual concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Antonio S. Negrón García no intervino.

      (1)Esta regla dispone en su versión original:
      “After the closing of evidence the prosecution shall open the argument. The defense shall be permitted to reply. The prosecution shall then be permitted to reply in rebuttal.”

      (2)Estas disposiciones proveían en parte:
      Artículo 233(6). — “Terminado el período de la prueba y salvo que el caso fuere sometido sin argumentación a la decisión de la corte o del jurado por ambas partes, tanto el fiscal como cualquier otro representante de la vindicta pública argumentará el caso ante la corte o el jurado, teniendo la obligación de manifestar en ese discurso de apertura, todo lo que tenga que alegar en apoyo de la acusación; el abogado de la defensa argumentará entonces el caso ante la corte o el jurado exponiendo de igual modo todos sus argumentos en favor de la defensa; el fiscal podrá entonces cerrar el debate brevemente, quedando limitado en su discurso a impugnar la argumentación de la defensa y a rectificar cualquier información errónea de hecho o de derecho, pero no presentará ningún argumento nuevo sobre los méritos del caso.”
      Artículo 266. — “. . .Cualquiera de las partes podrá presentar al tribunal un resumen por escrito pidiendo que se comunique al jurado. Si el tribunal lo estimare exacto y pertinente, deberá comunicarlo, denegándolo en caso contrario. Al dorso de todo resumen admitido o desestimado, el tribunal consignará y firmará la providencia que recayere. Si una parte de un resumen o instrucción se comunicare, rechazándose la otra, el tribunal deberá hacer la debida distinción, indicando la parte que haya sido comunicada al jurado y la que haya sido denegada.”

      (3)Este artículo manda:
      “When the evidence is concluded, unless the case is submitted on either side, or on both sides, without argument, the district attorney, or other counsel for the people, and counsel for the defendant, may argue the case to the court and jury; the district attorney, or other counsel for the people, opening the argument and having the right to close.”

      (4)Estos artículos ordenaban:
      “Art. 734. Llegado el momento, el Presidente concederá la palabra al Fiscal, si fuere parte en la causa, y después al defensor del acusador particular, si le hubiese.
      En sus informes expondrán éstos los hechos que consideren probados en el juicio, su calificación legal, la participación que en ellos hayan tenido los procesados y la responsabilidad civil que hayan contraído los mismos ú otras personas, así como las cosas que sean su objeto, ó la cantidad en que deban ser reguladas cuando los informantes ó sus representantes ejerciten también la acción civil.
      Art. 735. El Presidente concederá después la palabra al defensor del actor civil, si lo hubiere, quien limitará su informe á los puntos concernientes á la responsabilidad civil.
      Art. 736. En seguida dará la palabra á los defensores de los procesados, y después de ellos á los de las personas civilmente responsables, si no se defendieren bajo una sola representación con aquéllos.”


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Amado Almodóvar, acusado y apelante.

      Número: CR-79-21

      Resuelto: 17 de octubre de 1979

      José O. Ayala Pratts, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La figura del agente encubierto vuelve a escena en este caso. Examinemos las normas principales sentadas por esta Corte para regir su uso. Analicemos luego su efecto sobre la causa que nos ocupa, en que se apela la imposición de una multa de cuatrocientos dólares, más costas, o prisión sub-sidiaria, por una alegada violación del Art. 4 de la Ley de Bolita, Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, 33 L.P.R. A. see. 1250.

En Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 730 (1961), reconocimos que “el agente encubierto es un arma de identificación que es necesario utilizar en ciertos delitos, que por su característica esencial de clandestinidad, permanecerían impunes si no se contara con este método.” Señalamos, no obstante, que en los casos en que no se presenta prueba física de la supuesta venta de bolita el tribunal de instancia “debe ser muy cauteloso” en su apreciación. Ibid., 733.

En Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581 (1961), expresamos que “desde hace algún tiempo nos preocupa el hecho de que las declaraciones juradas que sirven de base a muchas órdenes de allanamiento que nos ha correspondido examinar, principalmente aquellas que se expiden en casos de ‘bolita’, contienen unas expresiones estereotipadas mediante las cuales el declarante manifiesta haber observado a ciertas personas manipular material de ‘bolita’ en sitios abiertos a la inspección casual de cualquier transeúnte y a horas de intenso tráfico.” Procedimos en esa ocasión a revocar la sentencia por considerar increíble la declaración jurada.

Nuestra preocupación creció y en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 708 (1966), afirmamos que “no es remota la posibilidad de que en su afán de erradicar el mal social que entraña el juego ilegal de bolita se incluya a personas inocentes. El método de investigación debe mejorarse para evitar que el pueblo pierda la fe en la justicia.” A tal fin establecimos varias pautas para impedir que una condena dependa del testimonio “flaco y descarnado” de un agente encubierto y colocar al juzgador en posición de conferirle el grado óptimo de credibilidad. Señalamos que el agente debe revelar: el término durante el cual se extendió la investigación, el área cubierta, los resultados obtenidos y las causas presen-tadas contra otros infractores atrapados en la redada, la identidad de otras personas que realizaron transacciones con el acusado observadas por el agente y las razones por las cuales se destruyeron las anotaciones que el agente debe tomar a raíz de cada trato o negocio. Loe. cit.

Un año más tarde, en Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 354 (1967), otro caso de bolita, este Tribunal invocó en forma expresa su facultad inherente de supervisar los proce-dimientos judiciales y expuso:

11 En casos de esta naturaleza la función judicial no puede limitarse a determinar sobre la suficiencia de prueba y la credi-bilidad de testigos. Ante el conocimiento de una situación de evidente desventaja para los acusados, pecaríamos de fetichistas, si nos limitáramos a cerrar los ojos ante la realidad y a aplicar con precisión electrónica la doctrina de no intervención con la aprecia-ción de la prueba. Nuestra responsabilidad con un sistema de orden e imparcialidad en los procedimientos judiciales no se satisface plenamente con trasladar el problema al ámbito legisla-tivo; demanda que en la consideración de los recursos ante nos requiramos prueba que rodee la sola declaración del agente encubierto de algo más que los particulares mínimos para establecer la infracción.” (Énfasis en el original.) (Escolio omitido.)

Quedó así establecido que en los casos de bolita no basta con el testimonio único del agente encubierto para sostener un fallo condenatorio, cuando no se le rodea de los detalles expresados en Ayala Ruiz.

En Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973), extendimos la regla de Ayala Ruiz y Soto Zaragoza a los casos de infracción de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. see. 2101 et seq.

En Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 377 (1974), aludimos a “otras modalidades, a veces no reconocidas como tales, del testimonio estereotipado, particularmente la del acto-ilegal-a-plena-vista en transacciones que normal-mente se amparan en la clandestinidad.” Enumeramos allí una vez más los criterios para evaluar la credibilidad del testimonio estereotipado, reiteramos que todo testimonio de este género debe escudriñarse con especial rigor y advertimos que recae en el fiscal la carga de la prueba para librar de sospecha tales declaraciones. Ibid., 378.

Nuestras expresiones en Pueblo v. Rosario Torres, supra, 840-41, 844-46, no han perdido vigencia:

“La persecución de los delitos de la época contemporánea como el tráfico de narcóticos, la bolita y las distintas prácticas de terrorismo ha hecho necesario utilizar el agente encubierto e informadores pagados para obtener evidencia incriminatoria contra este tipo de delincuentes. Se ha investido al agente encubierto de extraordinario poder sobre la libertad de los seres humanos en quienes recaiga su acusación, extendiéndole una credibilidad sin precedentes a su testimonio aun cuando falte la más insignificante corroboración con evidencia material.
Bien pronto surgió a la luz la corrupción e indignidad de agentes que fabricaron casos y se apropiaron los fondos del erario público que se suponía utilizaran en la compra de drogas. Muy poca protección tenían en la ley los ciudadanos falsamente acusados. Algunos tuvieron la suerte de que los propios fiscales que honran su ministerio descubrieran la podredumbre y pidieran el archivo de los casos; y alguno que otro tuvo el beneficio de un juez alerta y acuciador; los menos allegaron los medios de producir una coartada inexpugnable contra la patraña vestida con clámide oficial.
Estamos plenamente enterados de la gran utilidad del agente encubierto que se adentra en el corazón mismo de la conspiración y penetra los más oscuros recintos del crimen organizado y con gran exposición de su vida saca los infractores de la sombra y clan-destinidad para traerlos a responder por sus actos en la sala de justicia. No estamos, por tanto, preconizando, ni siquiera alentando el abandono de este método de investigación y procesamiento. Confiamos en que los hombres seleccionados para esta labor sean de integridad sin tacha. Pero habida cuenta de la enorme influencia que sobre el destino del encausado puede generar el testimonio del agente, en reverencia a la libertad de los seres humanos con quienes interviene, se impone una aumentada exigencia y un mayor rigor en la estimación por las cortes de las actuaciones del agente encubierto. La triste experiencia con agentes inescrupulosos y prevaricadores ha puesto toda la organización bajo severa evalua-ción y se hace necesario elevar las normas mínimas de credibilidad. De lo contrario degradaríamos la libertad.” (Escolios omitidos.)

La preocupación de este Tribunal por el uso a solas del testimonio de agentes encubiertos sin salvaguardas que fortalezcan su credibilidad no es una preocupación aislada. Muchos la comparten desde hace considerable tiempo. Don-nelly, Judicial Control of Informants, Spies, Stool Pigeons and Agent Provocateurs, 60 Yale L.J. 1091 (1951); López Baralt, Posición del Tribunal Supremo Frente al Testimonio Único del Agente Encubierto, 37 Rev. Jur. U.P.R. 583 (1968); Note, Informers in Federal Narcotics Prosecutions, 2 Colum. J.L. and Soc. Sci. 47 (1966); Lundy, Police Undercover Agents: New Threat to First Amendment Freedoms, 37 Geo. Wash. L. Rev. 634 (1969); Dix, Undercover Investigations and Police Rulemaking, 53 Texas L. Rev. 203 (1975); Valldejuli Pérez, El Agente Encubierto y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev. Jur. U.P.R. 143 (1975).

La necesidad de que la rama judicial fije pautas, en adición a las que las ramas legislativa y ejecutiva puedan establecer, para lograr el debido y difícil balance entre los valores en juego se ha reconocido también fuera de Puerto Rico. Lundy, supra, 667. Se ha argumentado especialmente a favor del control judicial previo y continuo de las actividades encubiertas, excepto cuando medien circunstancias apre-miantes. Ibid., 663-64; Notes and Comments, Judicial Control of Secret Agents, 76 Yale L.J. 994,1017-19 (1967).

En el informe de la Comisión de Derechos Civiles de 8 de diciembre de 1971 sobre el “Uso de Informantes Pagados y Agentes Encubiertos por la Policía de Puerto Rico”, Informes de la Comisión de Derechos Civiles del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Equity Publishing Corp., Orford, N.H., 1973, Tomo 2, págs. 529, 577, se recomendó que en los casos de tráfico ilícito de narcóticos:

“... el agente encubierto debe tratar de identificar a la persona con quien realizó la transacción a su supervisor o a otro agente del orden público dentro de un término razonable después de efectuada la transacción y tanto el agente encubierto como el supervisor o agente del orden público que intervinieron en la identificación deben rendir un informe escrito a ser conservado por el supervisor en relación con la forma y circunstancias, fecha, hora y sitio donde se realizó la identificación y una descripción completa de la persona identificada, incluyendo el nombre de dicha persona si fuere conocido. Este informe debe someterse inmediatamente después de realizada la identificación y en ningún caso después de 24 horas de efectuarse la misma, a no ser que existan causas graves que impidan así hacerlo; . . . .”

Adviértase igualmente que el Art. 523 de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. see. 2523, ya había creado otra salvaguarda importante al requerir que:

“Todo personal de investigaciones que intervenga o participe como encubierto en una transacción de venta de drogas y sustancias controladas bajo las disposiciones de este Capítulo, deberá prestar ante un Fiscal, dentro de un término no mayor de 120 horas siguientes a haberse consumado la transacción de venta, una declaración jurada sobre su participación en la misma y los hechos pertinentes a ésta, a menos que se demuestre justa causa para una demora en someterla dentro del término antes indicado ...

Nuestra anticuada Ley de Bolita no contiene precauciones de esta índole. El Art. 7 de este estatuto, la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, 33 L.P.R.A. see. 1253, autoriza al Gober-nador a adoptar reglas para el gobierno de la fuerza de investigación allí creada con el propósito de hacer cumplir la ley. No se ha adoptado reglamento alguno a tal fin. Tampoco se ha enmendado la ley para exigir mayor control de las actividades en este campo del agente encubierto, tal como se hizo parcialmente en el caso de la Ley de Sustancias Contro-ladas. Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Civiles, la abundante literatura sobre el tema y las numerosas decisiones de este Tribunal no han surtido efecto en la legislación. A juzgar por el estado del récord de varias de las causas que llegan a este foro el impacto administrativo ha sido relativamente leve.

En el caso actual el Ministerio Público presentó a un solo testigo de cargo: el agente encubierto. Éste declaró que un sábado a la una de la tarde se hallaba frente a la plaza de Sabana Grande, donde se le había ordenado realizar in-vestigaciones relacionadas con el juego de la bolita. El acusado llegó al lugar y al pasar por su lado invitó al agente a tomar una cerveza. El testigo sostuvo que conocía al acusado y que sabía que se dedicaba a la bolita porque lo vio hacer transacciones de este género en un negocio que el apelante tenía en otro sitio del pueblo. El testigo aceptó la cerveza y le preguntó al acusado, quien no tomó nada, si tenía cerrado su negocio. Éste contestó que su hermano le atendía el mismo mientras él cobraba unos números. Al cabo de unos minutos, continuó declarando el agente, entró al lugar una señora. Recordaba tan solo que la señora “era trigueña y no muy alta.” La señora celebró públicamente su suerte al encontrar allí al acusado, ya que no tendría que ir a su negocio para pagarle unos números de bolita. Al recibir el dinero, según el agente, el acusado le manifestó a la señora que le podía haber dejado el dinero con su hermano. Al marcharse la señora el acusado expresó que se le había olvidado que el negocio estaba solo y que tenía que irse. El agente le preguntó si le quedaba algún número y el acusado le pidió que lo acompañara fuera. Caminaron hacia el vehículo del apelante, de donde éste sacó un pedazo de papel de estraza que el acusado le entregó en la calle al agente para que éste lo examinara. El agente comprobó que “era una lista de bolipool”, escogió un número, lo pagó y le devolvió el papel al acusado. El acusado volvió a guardar el mismo y se retiró.

El acusado ocupó la silla de los testigos. Declaró que era natural de Sabana Grande y propietario del negocio “Palacio Familiar”, atendido personalmente por él y tres empleados. Presentó sus planillas de contribución sobre ingresos como índice de la prosperidad de su negocio. Afirmó que nunca había sido acusado de delito alguno. Negó haber visto jamás al agente encubierto. La defensa presentó prueba sobre la reputación del acusado en la comunidad.

La prueba de cargo relata la comisión de un acto ilegal a plena vista, en sitio abierto a la inspección casual de cualquier transeúnte, en horas de intenso tráfico. Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573, 581 (1961). Este tipo de testimonio debe escudriñarse con especial rigor. Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374, 377-78 (1974). La prueba en el caso de autos incumple claramente varias normas formuladas por este Tribunal para armonizar el interés en la punición del crimen con el de la protección de los ciudadanos que puedan ser falsamente acusados. Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840, 841, 844-46 (1973).

En recursos como el de autos la convicción no puede fundarse en el testimonio único del agente encubierto cuando la declaración se limita a relatar los particulares mínimos para establecer la infracción y omite detalles imprescindibles para reforzarla. Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 354 (1967); Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 708 (1966). La prueba de cargo presentada aquí omitió señalar el término durante el cual se extendió la investigación y los resultados obtenidos. No se identificaron otras personas que realizaron transacciones con el acusado observadas por el agente en-cubierto. No se ocupó el agente, contrario a la mejor práctica, de identificar a la señora “trigueña y no muy alta” o a las otras personas que él había visto antes alegadamente traficar ilegalmente en un sitio público, con el acusado. Véase, respecto a la similitud de este aspecto de los hechos, a Pueblo v. Ayala Ruiz, supra, 708; y a Pueblo v. Bermúdez Pérez, 94 D.P.R. 363, 372, n. 5 (1967). Tampoco hay noticia de las anotaciones que el agente debe tomar a raíz de cada tran-sacción. Otros aspectos del testimonio del agente encubierto le restan verosimilitud. He aquí a un supuesto bol itero, dueño de un negocio floreciente, que realiza sus transacciones clandestinas en sitios y establecimientos públicos, a viva voz y a la vista de todos; que invita a una persona que a lo sumo es un conocido casual, con quien no ha acordado cita, a tomarse una cerveza sin propósito discernible; que le revela a esa persona con todo candor que ha dejado su negocio a cargo de un hermano para recoger el dinero que le deben del juego ilegal; y que al poco tiempo se contradice y expresa que se marcha porque se le había olvidado que su establecimiento se en-contraba solo.

En situaciones como ésta es particularmente necesario que se cumplan a cabalidad los requisitos reseñados en Ayala Ruiz y su progenie. No basta con oponer el magro testimonio del agente, limitado a intentar establecer apenas los elementos integrantes del delito, a la prueba que presente la defensa. Reiteramos que el testimonio único del agente encubierto debe rodearse en estos casos de los detalles imprescindibles

que nuestra jurisprudencia señala para impartirle el grado óptimo de credibilidad. La exigencia de obtener esa prueba y presentarla no afecta la investigación y el castigo de este género de delitos. Conviene, por el contrario, que se adopten en los casos de bolita prácticas utilizadas en otros casos. ¿Por qué no se le exige al agente encubierto que preste una declaración jurada ante un fiscal dentro de pocas horas de realizar una transacción de bolita, tal como ocurre en los casos de sustancias controladas? ¿Por qué no se le requiere que identifique al infractor dentro de breve tiempo a su supervisor, tal como ha recomendado la Comisión de Derechos Civiles? Las técnicas de supervisión judicial continua deben recibir también atención cuidadosa.

No nos pronunciamos en este caso sobre el uso del agente encubierto en causas de naturaleza distinta a la de las decisiones citadas en esta opinión. Cada género de controversia puede entrañar modos diferentes de sopesar y proteger los valores envueltos. La tarea en toda situación es dificultosa. Para lograr el equilibrio necesario entre los intereses en juego insistimos en que el testimonio del agente encubierto se rodee de las salvaguardas mínimas que requiere nuestra jurisprudencia.

En consideración a lo expuesto se revoca la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor A. Caballero Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-78-50

      Resuelto: 17 de octubre de 1979

      Heyda Vigil McClin, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante, quien conducía un vehículo de motor, dio muerte de tres tiros al policía Héctor M. Maldonado Berley, al éste detenerlo por no haber aquél obedecido una señal de “Pare” existente en la carretera de Naguabo a la entrada de la carretera de Juncos.

El policía vestía uniforme y su única actuación consistió en tocar la sirena de su carro, bajarse del mismo, acercarse al carro del apelante y darle los buenos días. Acto seguido el apelante le hizo los tres disparos al policía e inmediatamente huyó en el carro que conducía.

El matador iba acompañado de tres personas llamadas Héctor Benitez, Juan Ramón Ortiz y Amarylis Flores. Los últimos dos prestaron testimonio como testigos de cargo. Miguel Angel Pérez González, quien viajaba en otro vehículo, presenció los hechos, identificó al apelante, llevó el policía al hospital y también prestó testimonio de cargo.

Un jurado encontró al apelante culpable de asesinato en primer grado y de portación ilegal de armas. El tribunal lo encontró culpable de posesión ilegal de armas. Fue senten-ciado a cumplir sentencias consecutivas de reclusión perpetua, de tres a cinco años de presidio y de 6 meses de cárcel, respectivamente.

La única cuestión que el apelante plantea en apelación es que el veredicto del jurado sobre el asesinato debió ser de segundo grado y no de primer grado. Alega que la prueba aportada por los testigos demostró que él estaba bajo los efectos de marihuana al matar al policía.

A la fecha del delito, el 16 de junio de 1974, estaba en vigor el anterior Código Penal, el cual en su Art. 41, 33 L.P.R.A. see. 87, disponía como sigue:

“Ningún acto cometido por una persona en estado de voluntaria embriaguez es menos criminal por haberse cometido en tal estado. Pero siempre que la existencia real de algún fin, motivo o intento determinado fuere elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial, el jurado podrá tomar en con-sideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio, al determinar el fin, motivo o intento con que cometió el acto.” (Énfasis nuestro.)

Se observará que el citado artículo no menciona el efecto de drogas prohibidas como factor que podrá tomarse en consideración por el juzgador de los hechos en la determinación de si estuvo presente en el ánimo del acusado determinado fin, motivo o intento que fuere indispensable para la comisión del delito imputado. Aunque los hechos y el juicio tuvieron lugar durante la vigencia del anterior Código Penal, la sentencia se dictó el 4 de febrero de 1975, estando ya en vigor el presente Código Penal, pues éste comenzó a regir en 22 de enero de 1975. Código Penal de 1974, Art. 284, 33. L.P.R.A. see. 4628.

El apartado segundo del Art. 4 del vigente Código Penal dispone que “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al imponerse la sentencia, se aplicará siempre la más benigna.” 33 L.P.R.A. see. 3004.

Es preciso entonces, examinar el texto de la disposición del vigente Código Penal que equivale al citado Art. 41 del Código anterior. Dicha disposición está contenida en el Art. 33 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 3155, que lee como sigue:

“La voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sustan-cias similares no exime de responsabilidad criminal. Pero siempre que la existencia real de algún fin, motivo o intención determinados fuere elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo o intención con que cometió el delito.”

El nuevo artículo dispone que la voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sustancias similares no exime de responsabilidad criminal pero, al igual que disponía el Art. 41 del Código anterior, preceptúa que el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba ebrio o intoxicado al cometer el delito, a los fines de determinar fin, motivo o intención.

Por entender que la disposición vigente — el Art. 33 del Código actual — es más benigna que el Art. 41 del Código anterior y en obediencia al citado Art. 4 del Código vigente, a ella nos atendremos.

La aplicación del citado Art. 33 no presenta problema en este caso. El tribunal dio instrucciones al jurado respecto a cuándo procede la reducción del grado del delito de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado cuando el juzgador entiende que la capacidad del apelante para pre-meditar y deliberar se había disminuido como consecuencia de haber ingerido drogas o de haber fumado marihuana. Luego, el jurado fue instruido al efecto, estuvo consciente de la situación y al rendir un veredicto de asesinato en primer grado no creyó que el grado de intoxicación, si lo hubo, era tal que justificaba la reducción del grado del delito.

Aparte de que no debemos intervenir con esa apreciación del juzgador, a quien correspondía hacerla, Pueblo v. Méndez Ramos, 108 D.P.R. 59 (1978), la prueba sobre el uso de marihuana en el caso de autos no justifica la reducción del delito de primero a segundo grado y por el contrario es jurídicamente suficiente para sostener el veredicto.

Sobre el uso de la marihuana la prueba sólo estableció que poco antes de cometer el asesinato, el apelante había com-partido un cigarrillo de marihuana con sus compañeros de viaje. No hay prueba de que eso produjese intoxicación alguna a los que compartieron dicho cigarrillo con el apelante y la alegación del apelante en ese sentido no está justificada por la prueba. La misma fue exigua en cuanto a alguna posible intoxicación y por el contrario la deliberación necesaria para establecer el asesinato en primer grado se puede deducir de los hechos y de un comentario hecho por el propio apelante, quien después de herir mortalmente al policía dijo: “[E]l guardia se creía que me iba a dar el Tichet [szc] número tal, pero el que le había dado el Tichet [sic] había sido él como regalo de padres.” Además, hizo manifestaciones indicativas de que a quien debió pegarle los tiros fue al conductor de otro vehículo que obstaculizó su fuga.

En dos casos recientes hemos tenido que ver con situaciones parecidas y al aquí confirmar la sentencia apelada no establecemos conflicto alguno con dichos dos casos. En el primero, Pueblo v. Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82 (1977), rehusamos rebajar a homicidio un veredicto de asesinato en segundo grado, el cual confirmamos. Allí la tesis de la defensa fue al efecto de que el apelante ingirió bebidas alcohólicas mientras tomaba una droga para adelgazar y que dichas drogas menoscabaron en tal grado sus facultades que no podía formar la intención de matar con malicia premeditada, elemento indispensable en el delito de asesinato en segundo grado, y que por tal razón debía ser declarado culpable de homicidio voluntario. Rechazamos el planteamiento. Con-firmamos la apreciación que de esas circunstancias hizo el juzgador y añadimos que la evidencia para establecer el estado mental que justifique la reducción del delito debía ser aportada por peritos médicos y sicólogos. En el caso de autos no se plantea esta cuestión y, como hemos visto, hemos encontrado que la prueba justifica la apreciación que hizo el jurado luego de haber sido instruido al efecto.

En un caso posterior, Pueblo v. Méndez Ramos, supra, confirmamos una sentencia de asesinato en primer grado. Allí el apelante planteó que había tomado licor en apreciable cantidad. En dicho caso expresamos que “La mera prueba de embriaguez no es suficiente ni para exonerar ni para rebajar la calificación del delito.” Añadimos que la embriaguez voluntaria (a los efectos de rebajar la calificación del delito) tiene que ser de tal grado que inhiba en el acusado su facultad mental para formar la intención específica requerida por la ley para la comisión de un delito en el cual se requiera tal intención específica. La determinación de ese hecho, dijimos, es para ser hecha por el jurado o por el tribunal juzgador. Concluimos en dicho caso de Méndez Ramos que “La prueba creída por el tribunal a quo estableció cumplidamente que el apelante actuó intencionalmente y con pleno conocimiento de lo que hacía. No estamos justificados en creer lo que el Juez sentenciador no creyó, y concluir que el apelante estuviera en tal estado de embriaguez que se justifique rebajar la califi-cación del delito de que fue convicto.”

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Abarca Warehouses Corp., Sucesores de Abarca, Inc. y Otros, demandados; Girod Trust Company, Inc., interventora peticionaria.

      Números: O-79-300 O-79-331 R-79-234

      Resueltos: 17 de octubre de 1979

      Pedro J. Torres Marcano, Francisco Santiago Vela y Enrique N. Vela Colón, abogados de la peticionaria Girod Trust Company, Inc.; Quetglas, Subirá, Gaztambide & Arrillaga y José Antonio Tulla, abogados de Puerto Rico Shipping Services, Inc.; Luis E. López Correa y Carlos Santos Correa, abogados del Banco Gubernamental de Fomento.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En edicto publicado conforme a ley el Alguacil del Tribunal Superior, Sala de San Juan, anunció subasta a efectuarse el 20 febrero, 1979 en la que se realizarían varios bienes de los demandados Abarca, entre ellos 1,506 acciones del capital corporativo de la Puerto Rico Dry Dock & Marine Terminals, Inc., para satisfacer al demandante Banco Guber-namental de Fomento una sentencia que sobrepasa los 2.5 millones de dólares. El acta de subasta, expedida el mismo día, refleja que por las referidas acciones la postura más alta fue de $25,000 originada por el Banco Gubernamental de Fomento en un 68%, y por First Pennsylvania Bank, N.A. en 32%. Narra el acta que “[l]a suma licitada por esta propiedad fue de $25,000. El Sr. Alberic Girod, en representación de Girod Trust Co., ofreció la suma de $25,001.00. No obstante no acreditó tener dicha suma en su poder en cheque certificado o dinero en efectivo y por tanto dicha oferta fue rechazada por el Alguacil suscribiente y se dio por aceptada la oferta de la parte demandante quien ofreció la suma de $25,000.00.”

En escrito de intervención Girod reclamó para sí la adjudicación de las acciones como mejor postor y por resolución de 29 mayo, 1979 la Sala de instancia anuló la adjudicación de las acciones y ordenó nueva subasta para venta de las mismas. Concluyó el juzgador que la actuación del alguacil fue prematura al exigir de Girod prueba de que tenía en su poder el dinero de su oferta y que debió continuar la licitación, obligando al Banco de Fomento a participar en la puja aumentando su oferta. Contra esta resolución han recurrido a este Tribunal el Banco de Fomento demandante, y los interventores Girod y Puerto Rico Shipping Services, Inc., esta última cesionaria de una opción para adquirir las referidas acciones del Banco en caso de que las obtuviera en subasta. La decisión a que llegamos hace innecesario pasar sobre el derecho a intervenir que pueda tener Puerto Rico Shipping Services para proteger su expectativa en el resultado de la subasta. Consolidamos los tres recursos y ahora resolvemos a tenor de la Regla 50 de nuestro Regla-mento.

La venta forzosa judicial carece de la base consensual del contrato de compra y venta definido en el Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3741.0) La intervención del alguacil dirigiendo la subasta para la realización de los bienes, no es la de un contratante pactando libremente sobre algo que le pertenece, sino la de un funcionario del Estado cumpliendo el mandamiento de ejecución emitido por el tribunal. El alguacil no es mandatario del deudor cuyos bienes ejecuta, y sí el brazo eficaz de la justicia para que el crédito del ejecutante quede satisfecho. En el descargo de su deber ministerial debe ajustarse a las Reglas de Procedimiento Civil y en el caso por éstas imprevisto seguirá la norma que mejor garantice la corrección e integridad de la subasta. Bajo esta premisa se halla bien asentada en Puerto Rico la práctica de exigir al que gana la buena pro el importe total de su oferta en el acto mismo de la adjudicación en moneda de curso legal o cheque de gerente o letra bancaria con similar garantía.()

La venta judicial se rige por las Reglas de Procedimiento Civil. Su perfección no se produce hasta la adjudicación al mejor postor. S. España, 22 marzo, 195U; Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, 9na ed. (1961), T. 4, pág. 90, esc. 1.

Provee el Art. 254 del Código de Enjuiciamiento Civil, 82 L.P.R.A. see. 1135:

“Si un comprador se negare a pagar el importe de su postura por bienes que se le adjudiquen en una subasta celebrada en cum-plimiento de una orden de ejecución, el oficial podrá en cualquier tiempo vender otra vez la propiedad al mejor postor, y si resultare pérdida, dicho oficial podrá reclamar ante cualquier corte com-petente el importe de dicha pérdida al comprador que se hubiere negado a pagar como queda dicho.”

A todas luces este artículo faculta al alguacil para promover otra subasta como medio de enfrentar la anomalía de un comprador a quien se le adjudica la buena pro y se niega a pagar el importe de su postura. No es éste necesariamente el único recurso del alguacil, quien también puede, como en este caso, tener por no hecha la oferta espuria y adjudicar los bienes al que le sigue en cuantía. La postura rechazada de Girod que excedía por sólo un dólar ($1.00) la de $25,000 del Banco de Fomento no era indicio de que una siguiente subasta mejoraría apreciablemente el precio de $25,000 y por el contrario dejaba abierta la posibilidad de un precio más bajo. Dentro de tales circunstancias actuó correctamente el alguacil en ejercicio de su potestad rechazando la postura vacía y aceptando la legítima. La subasta no puede abrirse a artificios, ni pueden tomarse éstos como razón para anularla y provocar una nueva, porque con ello se estaría premiando la conducta anómala. El Art. 254 citado deja al arbitrio del alguacil, en tal situación, la adjudicación de la subasta al postor que sigue en orden o proceder otra vez a la venta de la propiedad al mejor postor. La primera alternativa por él seguida está en armonía con la protección de todos los intereses envueltos en la subasta, que es de su responsabilidad.

El Art. 253, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1134 dispone que la venta judicial de bienes en cumplimiento de una orden de ejecución, deberá hacerse por subasta al mejor postor, y tendrá lugar entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde; y el Art. 255 autoriza al alguacil a rechazar, a su arbitrio, la postura subsiguiente de un comprador que se negare a pagar. La norma o reglas de procedimiento no pueden ser tan prolijas que anticipen una solución para toda situación que surja en una subasta y por tal razón al encomendar al alguacil su ordenada celebración, le permite cierto grado de discreción que supla la ausencia de detalle en la regla.() Esa discreción debió indicarle al alguacil que si Girod no tenía los $25,001 de su oferta, menos tendría el importe mayor que podría alcanzar la continuada pugna con un demandante que estaba muy lejos de agotar el límite de su crédito por sentencia. El arbitrio del oficial bajo el Art. 255 para rechazar la postura subsiguiente de quien se niegue a pagar, es el mismo arbitrio para descubrir la vacuidad de la licitación en el momento en que se produce y negarle todo reconocimiento. Quien no tiene dinero a la mano, ningún derecho tiene a derrotar una postura legítima, y menos a desmantelar la subasta obligando a nuevo remate de los bienes. Semejante situación riñe con la solución rápida, justa y económica que persiguen las Reglas. El “mejor postor” con derecho a adjudicación de los bienes subastados a que se refiere el Art. 253 del Código de Enjuiciamiento Civil, ha de ser un licitador apto y cualificado para respaldar su oferta en el acto con su importe en dinero o letras de cambio, y actúa dentro de sus atribuciones el alguacil que exige del postor prueba de esa calidad en su oferta; y que de faltar la misma rehúsa reconocer la postura. En la subasta impugnada no se dio el caso del comprador que se niega a pagar previsto en el Art. 254 de Enjuiciamiento Civil, sino el de un postor no Cualificado para pagar por lo que no se justificaba posponer la adjudicación de la buena pro para una segunda subasta.

Se expedirá el auto de certiorari y la resolución revisada será anulada.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      () El pensamiento del legislador en punto a la naturaleza de la adjudicación al rematante o adjudicatario es ver en ella una especie de compraventa, ya que a veces habla de ‘venta’ y de ‘precio’. Guasp se opone a esta tesis, por entender que falta el consentimiento del dueño, pero como en definitiva, se produce una transmisión por precio, cabe asimilar en muchos aspectos este acto al contrato de compraventa, sin olvidar que dada la intervención de la justicia en esta realización de bienes ella participa del carácter de un acto estatal, circunstancia que hacen destacar los procesalistas.” (Énfasis en el original.)

      (3)“La sentencia de 9 de febrero de 1943 declara que la adquisición por vía de adjudicación en procedimiento judicial sumario, se produce en virtud de resolución judicial, bien sea doctrinalmente estimada ésta como un acto de subrogación en las facultades del propietario, bien como una expropiación del derecho de disposición que normalmente compete al dueño, bien como un caso de transmisión forzosa. Añade, que la regla 17a del art. 131 de la Ley Hipotecaria inviste al Juez de la representación del dueño de los bienes a los efectos de la adjudicación aludida.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed. (1968), T. 4, Yol. 2do, pág. 1062.

      (2)La práctica ha sido reconocida en la Regla 51.8(d) de Procedimiento Civil de 1979.

      (3)Sobre el particular nos expresamos así en Meléndez v. Registrador, 35 D.P.R. 878, 879 (1926):
      “... nuestra Legislatura al crear el cargo de márshal, al definir sus poderes y deberes, al fijar su responsabilidad para los litigantes y al prescribir el pro-cedimiento a seguir al cumplir las sentencias y órdenes puestas en sus manos para su ejecución, parece que ha dejado muchas cuestiones de detalles a la sana discreción de este funcionario, para ser ejercida de acuerdo con la naturaleza del cargo confiádole y de la responsabilidad que sobre él recae y de conformidad con los principios generales del derecho.”


text:
    Concepción Dapena Quiñones, Isabel Alvarado Pou, demandantes y peticionarias, v. Providencia Urrutia Vda. de Del Valle, José Enrique del Valle Urrutia, demandados y recurridos; Aurelio Cinque y María G. Bonilla, interventores y recurridos, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado adicional.

      Número: O-79-294

      Resuelto: 17 de octubre de 1979

      Luis F. Sánchez Vilella y Sarah Torres Peralta, abogados de las peticionarias; Plinio Pérez Marrero, abogado de los inter-ventores.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En ejecución de créditos hipotecarios por la vía ordinaria, que no fue contendida, las acreedoras demandantes obtuvieron sentencia el 29 agosto, 1977 de la Sala de San Juan, que se hizo efectiva mediante subasta que tuvo lugar el 9 febrero, 1979 y en la que se adjudicó el inmueble hipotecado al único licitador Aureliano Cinque por su oferta de $77,494.00. Solicitada la cancelación de gravámenes posteriores (Art. 125, Ley Hipotecaria) la denegó un juez distinto al sentenciador en resolución de 20 marzo, 1979, que dice: “No ha lugar, el edicto de subasta no informa el sitio donde se va a celebrar [síc] la misma. Someta la demandante memorando en apoyo de la no anulación de la subasta por adolecer de este defecto.” Al recurrir las demandantes en certiorari, expedimos el 19 julio, 1979 orden para mostrar causa por la que no deba anularse dicha actuación de instancia. Hay en autos un escrito del abogado Sr. Juan T. Peñagarícano, Hijo, quien por un tiempo representó a José Enrique del Valle Urrutia, hijo de la fenecida deudora Providencia Urrutia, en que informa desconocer el paradero de su cliente, por lo que no se halla en posición de mostrar causa alguna contra lo intimado en nuestra orden.

El edicto expedido por el alguacil Ferdinand Rodríguez Molina encabeza su título con la expresión “Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan” y a renglón seguido nombre de las partes, número de radicación y clase de acción; y en la parte relevante a este recurso anuncia que “el suscribiente, Márshal de este Tribunal les hace saber que el día 9 de febrero de 1979 a las 11:15 de la mañana, venderá al mejor postor, y en buena moneda legal americana en curso, el siguiente inmueble . . . El texto no deja duda de que la subasta tendrá lugar ante el alguacil, funcionario del Tribunal Superior, Sala de San Juan, con oficina asignada en las dependencias de dicha Sala, sitio de trabajo de conocimiento general.

El Art. 251, inciso 2do, del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1132 que gobierna este caso dispone que el edicto anunciando la subasta expresará, entre otros particulares el “lugar en que haya de celebrarse la venta”, y la fiel adhesión al precepto debe guiar la buena práctica profesional. Sin embargo, en la estructura del edicto como en muchos otros instrumentos del derecho positivo que se desvían de la norma reglada, la deficiencia puede constituir un defecto substancial que enerva el documento hasta la nulidad, o uno de forma sin consecuencia en la situación factual en que se produce. La omisión del “sitio de la subasta” en el anuncio de venta se promovió por el juez al examinar el expediente antes de ordenar la cancelación de gravámenes posteriores, laudable ejercicio de la función judicial que ha alcanzado pleno reconocimiento en el Art. 225 de la Ley Hipotecaria() de 1979 que reserva al magistrado una inter-vención final para cerciorarse de que en el ejecutivo sumario se ha guardado el debido proceso de ley.

Mas en el presente caso no se justifican la iniciativa del juez y su determinación de nulidad de subasta. El defecto por él señalado es por naturaleza uno de forma que teóricamente podría extender una sombra de invalidez a los procedimientos sólo de demostrarse que alguna parte interesada no acudió a la subasta por desconocer el lugar donde la misma se llevaría a efecto. La mención en el edicto de la Sala de San Juan del Tribunal Superior como el foro ante el cual se seguían los procedimientos, era a todas luces una explícita convocatoria para el recinto donde ubica la Sala de San Juan, una dirección conspicua asaz conocida. Si el edicto hubiera especificado el sitio como “oficina del alguacil” no consideramos que ello hubiera redundado ni siquiera en economía de tiempo al interesado que arribara el día de la subasta a la oficina de información del Centro Judicial de San Juan donde se le hubiese dirigido de inmediato al escritorio del alguacil a cargo del remate.

El citado defecto de forma del edicto revela su intrascendencia en la realidad circunstancial de que surge como apuntamiento académico del juez y no de la protesta o acción afirmativa de parte perjudicada por el mismo. La omisión no tiene el gravamen ni genera la erosión de derechos presentes en defectos fundamentales del edicto de subasta como lo son, entre otros, la falta de notificación a acreedores posteriores, error en la fecha de subasta, insuficiente publicación o deficiente descripción de la propiedad a realizarse. Tales vicios o defectos substanciales, inextricablemente ligados al debido proceso de ley, niegan validez jurídica al edicto, independientemente de que se demuestre perjuicio a alguna parte y se hallan, por tanto, dentro del campo de depuración en que se ejercitan la acción supervisora y la iniciativa del tribunal.

El hecho de haber sido el juez sua sponte, y no una parte interesada quien suscitó la insuficiencia del edicto ha sido factor contribuyente en la decisión de este caso. Podría llegarse a otro resultado en un caso donde una parte con interés demuestre que la falta de especificación en el edicto respecto al “lugar en que haya de celebrarse la venta” (Art. 251 Código Enj. Civil) de modo substancial afectó su derecho a participar en el remate. Notamos que la nueva Regla 51.8 de Procedimiento Civil mejora aquel texto exigiendo en el edicto bajo pena de nulidad “expresión del sitio, día y hora en que habrá de celebrarse la venta.” Considerando que en la subasta entra el procedimiento en sudase principal y a la vez crítica, de realización de los bienes para que el crédito del ejecutante quede satisfecho, y contra la posibilidad mínima de perjuicio la mejor práctica, hasta ahora generalmente seguida, es incluir en el aviso de venta judicial el dato particular de que se llevará a efecto en la oficina del alguacil y dirección de la misma.

Se expedirá el auto y la resolución recurrida de 20 marzo, 1979 será anulada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1)Art. 225 (Ley Hipotecaria, Núm. 198 de 8 agosto, 1979).
      “Una vez celebrado el remate el alguacil devolverá a la Secretaría del Tribunal el mandamiento de subasta y el acta de subasta junto con el edicto y demás documentos en su poder relativos a la subasta incluyendo cualquier objeción al procedimiento hecho durante el remate. El Secretario pasará inmediatamente todo el expediente del procedimiento sumario al Tribunal y éste dentro de un término que no excederá de diez días lo examinará cuidadosamente para cerciorarse si en todos los trámites del procedimiento sumario se han cumplido u observado debidamente los requisitos señalados en esta ley, y si así lo determinara, dictará seguidamente una orden confirmando la adjudicación o venta de los bienes hipotecados. Sin tal confirmación no será válido el procedimiento ni inscribible en el Registro de la Propiedad la adjudicación o venta.”


text:
    Ramón Santiago Ojeda, demandante y recurrente, v. Ángeles Cruz Maldonado, etc., demandada y recurrida.

      Número: O-79-316

      Resuelto: 17 de octubre de 1979

      Guillermo Toledo, abogado del recurrente; Clara E. Diez, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Deborah nació en Río Piedras el 17 agosto, 1974 y fue inscrita en el Registro Demográfico el día 20 siguiente por su señora madre Ángeles Cruz como procreada en su matrimonio con Ramón Santiago. El 16 septiembre, 1974 Ángeles juró denuncia contra su esposo Ramón por abandono de menores (Art. 263 del Código Penal) ante el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, imputándole descuido de su hija Deborah. El acusado negó la paternidad por lo que el tribunal antes de proceder a juicio requirió de las partes que se sometieran a examen hematológico() sobre factores de paternidad en el Centro Médico. Se llevó a efecto la prueba y el 19 diciembre, 1974 el Dr. Antonio Barquet, Jefe del Departamento de Hematología y Banco de Sangre de dicho Centro certificó que el resultado científico excluye la paternidad. Tres meses después, el 18 marzo, 1975, la fiscal a cargo del caso en el Tribunal de Distrito radicó moción de desistimiento del Pueblo de Puerto Rico, obviando la evidencia técnica ex-cluyente de paternidad ya en poder del tribunal y dando como fundamento() lá radicación por la madre querellante de una demanda de divorcio en que se solicitaban alimentos para el hijo [sic] menor de edad. Se archivó el caso criminal.

Pendiente el proceso penal ante el Tribunal de Distrito, el 12 octubre, 1974 la recurrida Ángeles Cruz presentó ante la Sala del Tribunal Superior de San Juan, demanda de divorcio fundada en trato cruel en la que afirma la existencia en el matrimonio de una hija llamada Deborah. El 25 agosto, 1975 el tribunal dictó sentencia en rebeldía decretando el divorcio y fijando en $20.00 semanales la pensión alimenticia de Deborah. Por razones ahora irrelevantes, entre ellas la creencia de que el Tribunal Superior no haría pronunciamiento de paternidad en vista de la evidencia científica sometida a la Juez de Distrito, el demandado no contestó la demanda de divorcio. Llegó hasta este Tribunal en certiorari para anular la sentencia en lo referente a paternidad de la menor y denegamos el auto pero al resolver su moción de recon-sideración (0-76-429), Resolución 18 noviembre, 1976, lo hicimos “sin perjuicio de que pueda litigarse en acción separada y en un juicio plenario la filiación de la niña....” En diciembre de 1976 promovió el demandante la acción civil de impugnación de legitimidad que fue desestimada en instancia por razón de caducidad ordenada en el Art. 117 del Código Civil, aduciéndose que había transcurrido en exceso el término allí fijado para ejercicio de la acción. Por resolución de 16 mayo, 1979 el Tribunal Superior denegó remedio bajo la Regla 49.2 y al regresar el pleito en petición de certiorari, el 26 julio, 1979 expedimos orden para mostrar causa() por la que no debamos revocar y remitir el caso a juicio en sus méritos.

El Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 465, ordena:

“La acción para impugnar la legitimidad del hijo deberá ejercitarse dentro de los tres meses siguientes a la inscripción del nacimiento en el registro si el marido se hallare en Puerto Rico, y de los seis meses si estuviere fuera de Puerto Rico, a contar desde que tuvo conocimiento del nacimiento.”

El plazo no es de prescripción, sino de caducidad apreciable de oficio.()

La caducidad se evita por el ejercicio de la acción que en este caso es una de contestación de estado, denominada de impugnación. En Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978), destacamos la transformación del Art. 263 del Código Penal por Ley Núm. 10 de 16 mayo, 1966,33 L.P.R.A. see. 991, en acción de carácter mixto penal y civil y que desde entonces la determinación de paternidad a tenor de dicho artículo tiene el valor y la autoridad de la filiación ganada en la acción civil clásica ante el Tribunal Superior. Asimismo hemos sostenido la norma de integración de procesos que tienen un común objeto y causa de acción dirigida a evitar la relitigación de hechos ya adjudicados; y en casos de filiación especialmente, abolir la anomalía de fallos contradictorios. Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976); Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977); Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978); Diez Rodríguez v. Guzmán Ruiz, 108 D.P.R. 371 (1979). Nuestro enjuiciamiento provee dos foros para investigar y adjudicar la paternidad, dualidad propiciada por el inciso (h) del Art. 158 del vigente Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4241, que habiendo incorporado el mismo texto del anterior Art. 263, dispone: “A los efectos de determinar la paternidad, el Tribunal de Distrito tiene jurisdicción concurrente con el Tribunal Superior de Puerto Rico.” Es dentro de esta identidad del campo procesal compartido en jurisdicción común por ambos foros en materia filiatoria que se produce la repudiación por el recurrente Santiago Ojeda de una hija favorecida por la presunción de legitimidad declarada en el Art. 113 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 461.()

El nacimiento de Deborah fue inscrito en el registro el 20 agosto, 1974, y la negación de paternidad por el acusado en el proceso criminal por abandono de menores provocó la orden de 22 octubre, 1974 del Tribunal de Distrito para la prueba hematológica, por lo que dicha alegación en sala de justicia y dentro del procedimiento establecido por el Art. 263 del Código Penal, tiene toda la dignidad y fuerza de una contestación de estado y de impugnación de la paternidad que la denuncia le atribuía, hecha dentro de los tres meses siguientes a la inscripción del nacimiento. La alegación así formulada en el Tribunal de Distrito tiene el mismo efecto interruptor de la incoación de demanda de impugnación ante el Superior pues ambos remedios tienen igual propósito y las mismas consecuencias. Hubo, dentro del plazo señalado, un claro ejercicio en el unitario foro judicial del derecho a impugnar la legitimidad del hijo, reservado al marido por el Art. 117 del Código Civil. Se puso en contienda a tiempo la paternidad imputada.

La preocupación de la recurrida por su indefensión frente al dictamen hematológico no se justifica. No estamos pasando juicio sobre su corrección o admisibilidad toda vez que nunca ha sido admitido como prueba en este procedimiento. Al devolver el caso de impugnación a instancia para vista en sus méritos, el demandante viene obligado a probar su caso y la demandada recurrida tendrá plena oportunidad de confron-tación con la prueba que él presente.

Toda vez que no ha caducado la acción de contestación de paternidad, se expedirá el certiorari y la resolución desestimatoria de la demanda será, anulada.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García no intervinieron.

      (1)La orden dice:
      “El Tribunal resuelve que las partes en este caso concurran al Centro Médico de Puerto Rico, el día 5 de diciembre de 1974, a las 8:00 A.M., para someterse a Examen Hematológico que determine si hay o no EXCLUSION de paternidad en el mismo, y si no lo hubiere que determine la FRECUENCIA en el mismo.
      “Los resultados deberán enviarse directamente a este Tribunal a la mayor brevedad posible.
      “Dada en San Juan, Puerto Rico, a 22 de octubre de 1974.
      “Regístrese y Notifíquese.
      [Firmada] MARIA ISABEL G. DE MALDONADO
      Juez de Distrito.”

      (2)Aun cuando el abogado del Pueblo de Puerto Rico ha de procesar al acusado con determinación y vigor, “debe una lealtad primaria al interés superante de su cliente en que se haga justicia. El fiscal es el servidor de la ley cuyo objetivo dual es que el culpable no escape ni el inocente sufra.” United States v. Agurs, 427 U.S. 97 (1976).

      (3)Nuestra resolución tiene el texto siguiente:
      “Considerando que la niña Deborah Santiago Cruz nació el 17 agosto, 1974 y fue inscrita en el Registro Demográfico el siguiente día 20; que el recurrente Santiago Ojeda negó la paternidad en caso criminal por abandono de menores lo que motivó orden del Tribunal de Distrito de 22 octubre de 1974 para que las partes se sometieran a examen hematológico que resultó en dictamen excluyente de pater-nidad expedido el 19 diciembre, 1974.
      “Considerando la común naturaleza de la acción civil filiatoria y la acción penal por abandono de menores y la inseparable interacción entre ambos procedimientos cuando su objetivo es la determinación del hecho indivisible de la paternidad, (Pol

        Sella v. Lugo Christian, C A-1978-60) conducente a la conclusión bien fundada de que el recurrente satisfizo el requisito de impugnación de legitimidad dentro del término de caducidad de ‘tres meses siguientes a la inscripción del nacimiento’ establecido por el Art. 117 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 465.
      “La parte recurrida tendrá un término hasta el 24 de agosto de 1979 para comparecer a mostrar causa por la que no deba anularse la resolución dictada el 16 mayo, 1979 y demás actuaciones del Tribunal Superior, Sala de San Juan, desestimando por caducidad la acción civil del recurrente sobre impugnación de legitimidad, separada de nuestra resolución de 18 noviembre, 1976 denegando certiorarien la acción de divorcio (0-76-429); y devolver a instancia para continuación de procedimientos compatibles.”

      (4)Sentencia de 5 de marzo de 1963 (España); Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, T. 4, Vol. 2, pág. 41, ed. 1970.

      (5)Art. 113 — “Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución.
      “Contra esta legitimidad no se admitirá otra prueba que la imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen precedido al nacimiento del hijo.”


text:
    Antonio Luis Ferré Ramírez de Arellano, etc., et al., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad, Sección de Mayagüez, recurrido.

      Número: O-79-298

      Resuelto: 17 de octubre de 1979

      Parra, Del Valle & Frau y Olga Soler Bonnin, abogados de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En las operaciones particionales de los bienes relictos al óbito de Lorenza Ramírez de Arellano de Ferré formalizadas en la escritura Núm. 11 de 21 diciembre, 1971 ante el notario Francisco Parra Toro, le fueron adjudicados a sus nietos, hijos del recurrente Antonio Luis Ferré, todos menores de edad y llamados María Luisa, Luis Alberto, Antonio Luis, María Eugenia y María Lorenza, de apellidos Ferré Rangel, condominios proindivisos en cuatro fincas rústicas radicadas una de ellas en el término de Cabo Rojo y las demás en Mayagüez, por valor de $29,636.90 para cada adjudicatario, y en total $148,184.50, inscribiéndose dicha partición en el Registro de la Propiedad. En mayo de 1972 el padre de dichos menores compareció ante la Sala de Ponce del Tribunal Superior solicitando autorización judicial para permutar los referidos condominios inmobiliarios de sus cinco hijos por 296 acciones comunes para cada uno, o sea, un total de 1,480 acciones, de la corporación Alfra Investment Corporation() valoradas a $100 por acción para un total de $148,000, más la suma en dinero de $184.50. Hubo vista en la que se admitió prueba testifical y documental en apoyo de la petición, con participación del fiscal, que expresó no tener objeción a lo pedido, y el 26 mayo, 1972 el Tribunal dictó resolución autorizando al padre peticionario a llevar a cabo la permuta. La misma se efectuó mediante contrato entre el padre Antonio Luis Ferré en representación de sus hijos menores, y la corporación Alfra Investment representada por su tesorero Francisco J. Suárez, que consta en la escritura Núm. 7 de 20 junio, 1972 ante el mismo notario Parra Toro. Presentada esta escritura en el Registro de la Propiedad, Sección de Mayagüez, rehusó inscribirla el Registrador con la siguiente nota:

“Se devuelve el documento sin practicar inscripción por cuanto la transacción no constituye una permuta, de acuerdo con el inciso 7 del artículo 614 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, por lo que la misma equivale a una enajenación que no puede verificarse sin subasta pública por disponerlo así la ley en su artículo 616 por ser los condominios permutados propiedad de menores; tomándose en su lugar anotación preventiva por 60 días al margen del asiento de presentación número 479, folio 240 del Diario 353.— Mayagüez, Puerto Rico, a 30 de mayo de 1979.”

Atendemos ahora al recurso gubernativo contra la denegatoria del Registrador.

El Art. 159 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 616, en su primer párrafo y luego de su más reciente enmienda por Ley Núm. 10 de 21 de julio, 1977, ordena:

“El ejercicio de la patria potestad no autoriza a ninguno de los padres para enajenar o gravar bienes inmuebles de clase alguna, o muebles cuyo valor exceda de dos mil (2,000) dólares, pertenecientes al hijo, y que estén bajo la administración de ambos o de cualquiera de ellos, sin previa autorización de la Sala del Tribunal Superior en que los bienes radiquen, previa comprobación de la necesidad o utilidad de la enajenación o del gravamen, y de acuerdo con lo dispuesto en la ley referente a procedimientos legales especiales.”

Y el Art. 80 de la Ley de Procedimientos Especiales de 9 marzo 1905, hoy Art. 614 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2721, dispone en lo pertinente:

“En todos los casos en que según el Código Civil, Título 31, necesitan los padres o el tutor de un menor o incapaz autorización judicial para actos o contratos que se refieren a la guarda de dicho menor o incapaz y de sus bienes, deberá presentarse la oportuna solicitud a la sala competente del Tribunal Superior, haciendo constar en aquélla bajo juramento los particulares enumerados a continuación:
5. En todo caso de venta de bienes inmuebles, y en el de bienes muebles, cuando el valor de éstos exceda de las cantidades señaladas en las sees. 616 y 786, inciso 5, del Título 31, el precio que debe señalarse como tipo mínimo de la subasta pública de dichos bienes.
7. En casos de permuta de bienes inmuebles, o en el de su arrendamiento, por término mayor de seis años, las condiciones específicas del contrato.”

No todos los actos de enajenación de bienes de menores requieren celebración de subasta. La permuta y el arrendamiento de bienes inmuebles están excluidos en el Art. 614(7), toda vez que el anterior inciso 5 establece dicho requisito para los casos de venta. En lo referente al contrato de permuta así lo ha resuelto este Tribunal en Collazo v. Registrador, 55 D.P.R. 445, 448 (1939). La contención del Registrador recurrido es que la exclusión expresada en dicho inciso 7 como “permuta de bienes inmuebles” aplica cuando son inmuebles los bienes intercambiados por una y otra parte, como en Collazo, supra, mas no en el presente caso en que el bien de la corporación contratante en la permuta consiste en acciones de capital que se consideran bienes muebles.() Tal criterio restringe indebidamente la figura jurídica de la permuta que según el Art. 1335 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3742, admite su integración en parte por dinero, y cuyo contrato define el Art. 1428 (31 L.P.R.A. see. 3981), llanamente como aquél “por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra.” (Énfasis suplido.)

El Art. 159 del Código, en su exigencia al padre de licencia judicial para enajenar o gravar bienes de sus hijos, debe interpretarse restrictivamente, y no extensivamente. “[L]os preceptos de carácter adjetivo de la ley de Enjuiciamiento civil necesitan para su aplicación alguna base en el derecho sustantivo, y aquí esa base falta por completo .. .”() Las limitaciones de la facultad del padre para disponer de bienes de hijos menores de edad bajo su custodia no deben extenderse más allá de lo precisado en la ley, toda vez que por regla general no hay mejor defensor que el padre de los intereses de sus hijos, realidad que en nuestro Derecho civil surge a cada paso cuando se trata de imponer un standard de cuidado, diligencia y gobierno responsable y que el Código identifica con el “buen padre de familia”.

La base de regulación de los actos dispositivos sobre bienes de los hijos la encontramos en el Art. 1211 del Código, 31 L.P.R.A. see. 3376, en su afirmación de que “ninguno puede contratar a nombre de otro sin estar por éste autorizado o sin que tenga por la ley su representación legal”. Si el mandatario y el albacea convierten la ausencia física del mandante o testador en presencia jurídica con razonables limitaciones, no vemos razón para imponer un rigor que excede la letra del estatuto en la facultad del padre para gobernar los bienes de hijos bajo su patria potestad en una relación que distinto a aquéllas se caracteriza por el afecto, la responsabilidad moral y el sentido de protección de la prole que es impulso natural del lazo sanguíneo paterno filial. Ésta es la razón visible para que el Derecho civil español,() juzgando de mayor provecho para el bienestar general y para el libre flujo de bienes en el comercio, no exija justificación de utilidad o necesidad y autorización judicial en caso de enajenación de bienes muebles de menores, a pesar de que pueden ser la base de un gran patrimonio. El criterio de amplitud de las facultades del titular de la patria potestad se comprueba en las numerosas exclusiones del requisito de autorización judicial, la cual no es necesaria para la enajenación de bienes en la vía de apremio seguida ante la autoridad judicial, ni para otorgar escritura de retroventa por el padre en nombre de sus hijo menores, ni para la compra de bienes bajo condición impuesta al hijo comprador, por gravosa que sea; para la repudiación de herencia o legado, ni para admitir un nuevo socio en una sociedad mercantil, ni cuando el testador deja a los menores, que no sean sus herederos forzosos, herencia o legado de importancia, dispensando de la obligación de obtener autorización judicial para su venta. Zayas v. Rexach Const. Co. Inc., 103 D.P.R. 190, 197 (1974).

Señala el Registrador la falta de bilateralidad en este contrato de permuta por ser los propios menores dueños de los condominios, también únicos accionistas de la corporación Alfra Investment. Éste es uno de tantos desdoblamientos de la persona natural en la entidad corporativa, facilitados por la diferencia de personalidad jurídica, y que surte el efecto normal de transferir los inmuebles del dominio particular de los menores al de la corporación, recibiendo aquéllos acciones adicionales por el valor convenido expedidas el mismo día de otorgamiento de la escritura Núm. 7 de permuta según se hizo constar en su cláusula segunda.

No ha pasado desapercibida la deficiente alegación() de la causa que motiva la solicitud y la necesidad o utilidad para los menores de la propuesta permuta. Art. 614(3) y (4), Código de Enjuiciamiento Civil. Se aduce como razón de pedir que el padre no desea percibir el usufructo de los referidos bienes inmuebles de sus hijos y que ingresando los bienes en la corporación tiene ésta la opción de acumular beneficios o declarar dividendos en acciones que aumentaría el capital de los menores. No satisfacen la norma de necesidad o utilidad proposiciones que sujetan los bienes de los menores a contingencias especulativas y a desarrollos hipotéticos en la actividad de la corporación. La licencia judicial para per-mutar bienes de menores debe basarse en hechos concretos que representan provecho, bienestar y necesidad para ellos. Cf. Ex parte Montalvo, 70 D.P.R. 462, 466 (1949). Sin embargo, nos limitamos a puntualizar la fragilidad de los fundamentos, sin considerarla a los efectos del recurso gubernativo por no ser objeto de la nota del Registrador.() Por otro lado, la sentencia de autorización judicial dictada con todos los requisitos procesales y favorecida por la presun-ción de regularidad, expresa que la misma está basada en la prueba testifical y documental, suficiente aseveración de que la evidencia amplió el fundamento de necesidad o utilidad hasta la exigida comprobación y salvó cualquier defecto en la exposición de particulares.

Toda vez que procede la inscripción de la permuta, la nota del Registrador, será revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García no intervinieron.

      (1)Alfra Investment, según el párrafo 4to de la petición aprobada por el Tribunal, “es una corporación organizada y existente de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, siendo los únicos accionistas de la misma y por tanto dueños de la totalidad de su capital pagado los cinco hijos menores de edad del aquí peticionario, siendo sus Directores y Oficiales los siguientes: Presidente, el peticionario; Vice-Presidenta, doña Luisa Rangel de Ferré (esposa del peticionario y madre de sus cinco hijos menores de edad); Secretario, Ledo. Jorge Bartolomei; Tesorero y Sub-Tesorero, respectivamente, los Sres. Francisco J. Suárez y Miguel G. Tello (Contables)”.

      (2)Art. 509, Ley de Corporaciones, 14 L.P.R.A. see. 1509.
      “Las acciones del capital en cualquier corporación se consideran bienes muebles ....”

      (3) Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 7ma ed. (1957), T. 2. pág. 69.

      (4)Art. 164 C.C.Esp.: “El padre o la madre, en su caso, no podrán enajenar los bienes inmuebles del hijo en que les corresponda el usufructo o la administración, ni gravarlos, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad, y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio fiscal, salvas las disposiciones que, en cuanto a los efectos de la transmisión, establece la Ley Hipotecaria.”

      (5)Dicha alegación central aparece formulada en el párrafo 6to de la petición así:
      “6 — Que el peticionario entiende que dicha permuta es útil, conveniente y necesaria a los mejores intereses de sus menores hijos por razón de que de no traspasarse dichos bienes a la referida corporación, las rentas y frutos civiles, o sea el usufructo, que los bienes de dichos menores producirían corresponderían a sus padres mientras los tengan en su potestad y compañía de acuerdo con las disposiciones del Código Civil; en cambio, traspasados dichos bienes a la corporación Alfra Investment Corporation a cambio de acciones en la misma, si dicha corporación pagase dividendos anuales en efectivo a los menores en su carácter de accionistas de dicha corporación, dichos dividendos, por la razón antes apuntada, también corresponderían a sus padres mientras los tengan en su potestad y compañía, pero si la corporación por el contrario acumula beneficios hasta donde dicha acumulación sea permisible en ley o declara dividendos en acciones, dichos beneficios acumulados y dividendos en acciones aumentarían el valor y el número de las acciones de los menores y por tanto aumentarían sus respectivos capitales con el consiguiente beneficio para cada uno de ellos.”

      (6)En un recurso gubernativo por regla general no se considera cuestión alguna no consignada por el Registrador como fundamento de la nota recurrida. Sec. 1, Ley de 1ro marzo, 1902 (20 L.P.R.A. see. 1771). Valentin v. Registrador, 61 D.P.R. 218 (1942). Colón & Cía.. Inc. v. Registrador. 88 D.P.R. 79 (1963); Fajardo Cahassa v. Registrador, 98 D.P.R. 187 (1969).


author: PER CURIAM:

text:
    José Texidor Pérez, recurrente, v. Superintendente de la Policía y Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, recurridos.

      Número: R-79-107

      Resuelto: 18 de octubre de 1979

      Diego Ledeé Bazán, José Hamid Rivera y Aida Juarbe, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogados del recurrente; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

El recurrente, señor José Texidor Pérez, fue nombrado miembro de la Policía por el término probatorio de dos años. A los tres meses el Superintendente de la Policía le envió una carta de dos oraciones en la que le informaba, sin expresar razones, que “me veo precisado a separarlo de la Fuerza a la fecha de recibo de esta comunicación”. El recurrente solicitó la reconsideración de esta decisión una semana más tarde. Al otro día se le remitió al señor Texidor otra carta igualmente breve en que se expresaba que “Esta Superintendencia, luego de reevaluar todos los aspectos de su caso, se reafirma en la acción tomada”.

El cadete no acudió a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal hasta nueve meses después. La Junta se declaró sin jurisdicción por no haberse apelado dentro de los treinta días que dispone la Sec. 7.15 de la Ley de Personal del Servico Público, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. see. 1395(1). El Tribunal Superior denegó la solicitud de revisión del recurrente.

En alzada ante nos éste alega en resumen que erró el tribunal de instancia al no resolver que su despido sumario es contrario al debido procedimiento de ley, a la Ley de Personal, a la de la Policía y a los reglamentos de ambas.

El 17 de mayo de 1979 dictamos orden de mostrar causa por la que no debe revocarse la sentencia. Examinados los escritos de las partes consideramos que se incidió en error.

La Ley de Personal del Servicio Público incluye a la Policía de Puerto Rico entre los administradores individuales. 3 L.P.R.A. see. 1343(5). “Los Administradores Individuales”, dispone esta ley, “deberán adoptar para sí un reglamento con relación a las áreas esenciales al principio de mérito, el cual deberá estar en armonía con las disposiciones de las sees. 1331 a 1337 de este título”. 3 L.P.R.A. see. 1347(1).

La See. 1336(3) del referido título ordena:

“Cuando la conducta de un empleado no se ajuste a las normas establecidas, cada agencia deberá tomar las medidas correctivas necesarias. Entre otras medidas se podrán con-siderar la amonestación verbal, las reprimendas escritas, las suspensiones de empleos y sueldos, y las destituciones. Tanto las suspensiones de empleo y sueldo como las destituciones deberán notificarse por escrito a los empleados, indicando los fundamentos.”

La expresión de los fundamentos de estas últimas medidas disciplinarias tiene especial importancia a la luz de diversas disposiciones reglamentarias y de ley.

La Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974 reconoce dos tipos de separación en el caso de los empleados probatorios: cuando el empleado “demuestra ineptitud para ser miembro de la policía o sus hábitos y confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo”. 25 L.P.R.A. see. 1008(e); Reglamento de la Policía de 1976, Sec. 4(a). La ley y el reglamento de la policía se atienen sobre este particular a lo dispuesto en la Ley de Personal del Servicio Público. 3 L.P.R.A. see. 1336(7). El Reglamento de Personal de la Oficina Central de Administración de Personal formula procedimientos distintos para diversas clases de separación. Véanse las Sees. 9.2 y 9.3. Lo esencial en este caso, no obstante, es que el reglamento no permite en situación alguna la separación sumaria y sin razones.

Provee en parte la See. 9.2 del citado Reglamento de Personal:

“En todo caso que surja la posibilidad de aplicación de medidas disciplinarias cuya sanción pudiera resultar en la suspensión de empleo y sueldo o la destitución de un empleado, la autoridad nominadora adoptará el siguiente procedimiento:

La autoridad nominadora hará una investigación dentro de los diez (10) días laborables desde que tuvo conocimiento oficial de los hechos, y hará una determinación de si procede el tomar alguna medida disciplinaria. De proceder tal medida disciplinaria formulará al empleado cargos por escrito y se le notificará advirtiéndole de su derecho a una vista ad-ministrativa informal dentro del término de quince (15) días laborables a partir de la fecha del recibo de la notificación de la formulación de cargos. En la vista el empleado afectado tendrá derecho a presentar la prueba que estime necesaria. Luego de la vista, o de transcurrido el término de quince (15) días sin que el empleado haya solicitado la misma, la autoridad nominadora tomará la decisión que entienda con-veniente. Si la decisión fuera destituir al empleado o suspender-lo de empleo y sueldo le advertirá al empleado de su derecho a apelación ante la Junta dentro del término de treinta (30) días a partir del recibo de la notificación.”

Consúltese también la See. 7.8(5) del Reglamento de Personal, que requiere que la separación de un empleado probatorio cuya labor no ha sido satisfactoria se le comunique por escrito con no menos de diez días de antelación a la fecha de vigencia de su despido. Junto a la comunicación debe enviársele copia de la última evaluación. Se advertirá igual-mente que si la separación del empleado probatorio se debe a malos hábitos o actitudes, rige el procedimiento prescrito por la See. 9.2 antes citada. La Sec. 7.8(11) del Reglamento de Personal dispone, además, que “Cualquier empleado que fracase en su período de trabajo probatorio podrá solicitar revisión ante la Junta de Apelaciones de las razones que determinaron el fracaso”. Hemos visto que aquí no se expusieron razones.

De lo anterior resulta que el despido fulminante del recurrente y la falta de notificación adecuada no cumplieron con diversas disposiciones de leyj() En García v. Adm. de Derecho al Trabajo, 108 D.P.R. 53 (1978), expusimos, sin embargo, que la ausencia de cumplimiento estricto con un requisito reglamentario puede perder pertinencia si el empleado incurre en incuria.

Se expide el auto, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve en consecuencia el caso al tribunal de instancia para que dilucide este aspecto de la controversia, el cual es deter-minante de la jurisdicción o falta de ella de la Junta de Apelaciones.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      ()Es innecesario que nos pronunciemos, dada esta conclusión, sobre el plantea-miento referente a la ausencia de debido procedimiento de ley.