author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Candy Arreche Holdun, acusada y apelante.

      Número: CR-81-62

      Resuelto: 23 de marzo de 1983

      Julio Eduardo Torres, Gregorio Lima, Enrique González y José Gilot, abogados de la apelante; Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La abogada Candy Arreche Holdun fue acusada por el Ministerio Público de una supuesta infracción al Art. 262 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4523, con-sistente dicha acusación en que:

. . . allá en o para el 7 de febrero y durante los días siguientes hasta el día 16 de febrero de 1981, en Santurce, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa, a sabiendas, y con la intención criminal conspiró junto al Sr. César J. Ojínaga Deu, para lograr acusar falsa-mente a Luis A. Figueroa Rivera, de un supuesto delito de Sustancias Controladas, tramando entonces el conseguir la intervención de la policía, de modo tal de conseguir el arresto y denuncia del Sr. Luis A. Figueroa Rivera, por parte de los Agentes de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico, todo ello con la intención de promover una causa criminal infundadamente y el cobro de $15,000.00 por honorarios profesionales. En la conspiración la referida acu-sada ejecutó actos para llevar a cabo la conspiración y a tales efectos ejecutó actos dirigidos al logro del propósito conve-lido, uno de ellos la entrega por parte de Candy Arreche Hol-dun a César Jorge Ojínaga Deu de un cheque por la cantidad de $24-0.00 para la compra de heroína, y, a tales efectos ejecutó actos como reza la acusación.

La prueba presentada por el Ministerio Fiscal para sos-tener tan grave imputación consistió del testimonio oral del alegado coconspirador, César Ojínaga Deu; del supuesto perjudicado, Luis Alberto Figueroa; del guardia de segu-ridad privado, Orlando Barbeito; y de los agentes de la Po-licía de Puerto Rico, Benjamín Urbina Flores y Víctor J. Mercado. En adición al testimonio oral de dichos testigos, el Ministerio Fiscal presentó prueba real u objetiva, consis-tente la misma, entre otras cosas, en una cinta videomagne-tofónica, fotografías, y la supuesta “droga narcótica” a ser utilizada en el caso, que, como veremos más adelante, con-sistía del analgésico conocido como “Bufferin’’ mezclado con harina. La prueba de defensa consistió principalmente en prueba sobre la buena reputación de la licenciada Arreche Holdun y en el testimonio de un encuadernador de protoco-los de nombre Daniel Rivera Opio.

El proceso se celebró ante el Hon. Elpidio Batista, Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, quien declaró culpable a la licenciada Arreche Holdun del delito imputado de conspiración —delito menos grave— sen-tenciándola a cumplir la pena máxima que prescribe el ci-tado Art. 262 para la modalidad del delito que se le imputó a la apelante.

La evidencia aducida por el Ministerio Público —prueba en la que descansa el dictamen de culpabilidad emitido por el referido juez de instancia— fue, en síntesis, a los efectos de que el sábado 7 de febrero de 1981 la licenciada Arreche Holdun requirió la ayuda de César Ojínaga Deu —persona a quien la referida abogada utilizaba en asuntos relacionados con emplazamientos y gestiones de aseguramiento de sen-tencia y en relación con lo cual la licenciada Arreche Hol-dun le adeudaba mil ciento ochenta dólares ($1,180)— para que le ayudara, a cambio de la suma de cinco mil dólares ($5,000) a “fabricarle” un caso de narcóticos a un ex cliente de la licenciada Arreche, de nombre Luis Alberto Figueroa. El “plan”, según concebido por la licenciada Arreche, consistía, en síntesis, en “plantarle” la sustancia controlada conocida por heroína en el carro o en la oficina del señor Figueroa, preferiblemente en un fin de semana o día de fiesta —con el propósito de que le fuera difícil al señor Figueroa conseguir abogado y, por lo tanto, éste se viera obligado a utilizar los servicios profesionales de la licenciada Arreche, la cual “convenientemente” estaría dis-ponible y por cuya defensa pediría la suma de $15,000— luego de lo cual Ojínaga llamaría a la Policía de Puerto Rico con el fin de que ésta arrestara al señor Figueroa. En el transcurso de la citada conversación, ocurrida en la ofi-cina de la licenciada Arreche, ésta, en presencia de Ojínaga, cotejó varios libros de leyes con el propósito de no cometer equivocaciones en el plan por realizarse y quedaron ambos en encontrarse nuevamente en la oficina de la abogada el miércoles 11 de febrero de 1981.

A pesar de que el testigo Ojínaga declaró que, al salir de la oficina de la licenciada Arreche el sábado 7 de febrero de 1981, no tenía intención de cumplir con el plan propuesto por ésta, lo cierto es que regresó a la oficina de la abogada el miércoles 11 de febrero de 1981 y le informó a ésta que podía conseguir la “droga” por la suma de $240. Discu-tieron ese día varios posibles cambios al plan propuesto, luego de lo cual la licenciada Arreche le entregó a Ojínaga un cheque por la suma de $240, pagadero cash para que éste comprara la heroína que necesitaban.

El jueves 12 de febrero de 1981 en horas de la mañana, el testigo Ojínaga cambió el cheque y compró harina de trigo y el analgésico conocido como “Bufferin’’, lo trituró y lo mezcló con la harina para que se pareciera a la droga conocida como heroína. Hizo esto, ya que, a pesar de que no quería “perjudicar en una forma grande a” Figueroa, él interesaba ganarse el dinero prometido por la licenciada Arreche. En realidad él “estaba confundido” pero “le lla-maba la atención” ganarse los $5,000 y “era el único camino que tenía” de conseguir el dinero.

En horas de la tarde de ese día —jueves 12 de febrero de 1981— Ojínaga fue a la oficina de la licenciada Arreche con una grabadora escondida en su cuerpo —“para prote-gerse”— la cual utilizó para grabar la conversación que sos-tuvo con la licenciada Arreche; le enseñó la “droga” a la abogada y discutieron el plan en términos generales, y él le pidió a la licenciada Arreche un “adelanto” de $400, dinero que necesitaba para pagar una pensión alimenticia atra-sada de sus hijos. La licenciada Arreche le negó el dinero. Al salir de la oficina, Ojínaga escuchó la grabación y “ahí mismo descarta la idea de llevar a cabo el plan, ya que no sabía si iba a cobrar o no”.

El viernes 13 de febrero de 1981, en horas de la tarde, Ojínaga fue a la oficina de Luis Alberto Figueroa y le explicó lo del plan; Ojínaga le informó a Figueroa que “yo lo iba a hacer pero ayer por la noche decidí no hacerlo”. Figueroa, sorprendido por el plan descrito, sólo lo creyó des-pués de escuchar la grabación que Ojínaga había hecho el jueves 12 de febrero de 1981 en la oficina de la licenciada Arreche. A petición de Figueroa, Ojínaga fue a la oficina del abogado de aquél, donde relató nuevamente el plan. El sábado 14 de febrero, en horas de la mañana, fue nueva-mente a la oficina de Figueroa; a petición de éste llamó a la licenciada Arreche —grabaron la conversación— y discutió con ella detalles del plan, procedimiento idéntico que siguió el lunes 16 de febrero de 1981, en cuya ocasión la licenciada Arreche le indicó que debían encontrarse esa noche para ir a la casa de Figueroa y “plantar” la droga en el carro de éste. En horas de la tarde fue con Figueroa al Centro Judicial en Hato Rey, donde se entrevistó con un fiscal de nom-bre Rafael Rojas; le explicó a éste todo lo acontecido. Esa noche —lunes 16 de febrero de 1981— Ojínaga llegó como a eso de las 11:00 de la noche al Edificio Hato Rey Plaza, donde vivía la licenciada Arreche. Ella le dijo que tenían que esperar. Como a la 1:15 a.m. bajaron la licenciada Arreche y Ojínaga al estacionamiento del edificio, donde abordaron el carro de ella y se dirigieron, después de él sacar la “droga” de su vehículo, a la residencia del señor Figueroa. Allí la licenciada Arreche le indicó cuál era el vehículo de Figueroa; Ojínaga se bajó del auto de ella, fue al carro de Figueroa y con un gancho de ropa abrió dicho carro y puso la “droga” debajo del asiento del carro; se alejó del sitio, se montó en el carro con la licenciada Arreche y regresaron al Hato Rey Plaza. La licenciada Arreche le dio instrucciones a Ojínaga sobre el curso de acción a seguir al “otro día” al llamar a la Policía, una vez Figueroa llegara a su oficina en su carro. Al “otro día” —martes 17 de febrero de 1981— en presencia de Figueroa, el Fiscal Rojas y unos agentes de la Policía de Puerto Rico, Ojínaga llamó a la licenciada Arreche, informándole que Figueroa había llegado y que ya él había llamado a la Policía de Puerto Rico. Ella le dio ciertas instrucciones a Ojínaga, las cuales éste siguió, luego de lo cual, en síntesis, la licenciada Arreche llegó a la oficina de Figueroa, donde unos agentes de la Policía de Puerto Rico registraron el carro y proce-dieron a “arrestar” a Figueroa en presencia de ella. Se dirigieron, entonces, al Centro Judicial de Hato Rey, donde la Policía, en lugar de someterle un caso a Figueroa, procedió a jurar una denuncia contra la licenciada Arreche por el delito de conspiración.

En apelación se le imputa al tribunal de instancia la supuesta comisión de cinco (5) errores, a saber:

—Primer Error—

Cometió error el honorable tribunal de instancia al declarar sin lugar la moción de absolución perentoria presen-tada por la apelante.

—Segundo Error—

Cometió error el honorable tribunal de instancia al declarar que César Ojínaga Deu era un co-conspirador con-forme a la prueba desfilada en el caso.

—Tercer Error—

El honorable tribunal cometió grave error al evaluar la prueba desfilada y al determinar que la misma era suficiente para vencer la presunción constitucional de inocencia.

—Cuarto Error—

Cometió error el honorable tribunal al admitir prueba que era inadmisible en derecho.

—Quinto Error—

Las actuaciones del Estado y del Ministerio Público vio-laron el derecho de la apelante a un juicio justo e imparcial y al debido proceso de ley.

I y II

La posición de la apelante —en relación con los señala-mientos de error primero y segundo— se puede resumir de la siguiente forma: en vista de que el delito de conspiración no puede ser cometido por una persona solamente, y en el cual se requiere que participen del acuerdo ilegal cuando menos dos personas, erró el tribunal de instancia al no absolver perentoriamente a la apelante, por cuanto el tes-tigo César Ojínaga Deu no puede ser considerado como un coconspirador a la luz de los hechos del presente caso, ya que la “ausencia de propósito para participar en la conspi-ración [por parte de Ojínaga Deu] permeó todo el proceso”, por cuanto éste “no tuvo en ningún momento la intención de cumplir con las instrucciones de la Leda. Arreche”; que en relación con sus actuaciones lo más que podría decirse es que denotan indecisión y que “[l]a expresión de indecisión no puede ser prueba para establecer más allá de toda duda razonable la existencia de una conspiración”.

Es correcto que, en términos generales, una conspiración es, por definición, un acuerdo, convenio, o pacto entre dos o más personas para realizar un acto ilegal, Pueblo v. Vélez Rivera, 93 D.P.R. 649 (1966), o para realizar un acto que está expresamente prohibido por el estatuto, El Pueblo v. Torrellas, 10 D.P.R. 542 (1906), por lo que, de determinarse que le asiste la razón a la apelante en este punto, hubiera procedido la absolución perentoria solicitada.

Ahora bien, el “acuerdo” entre dos o más personas que desemboca en una “conspiración” puede ser demostrado por el Estado a través de prueba de la conducta observada por dichas personas, sin requerir evidencia “directa” de ello; en otras palabras, por medio de evidencia circunstan-cial.

Un examen de la exposición narrativa de la prueba en el presente caso demuestra que entre el día 7 de febrero de 1981, día en que por primera vez la licenciada Arreche le habla del plan al testigo Ojínaga Deu, y el día 12 de febrero de 1981, día en que la licenciada Arreche le niega al refe-rido testigo el “adelanto” de $400 que éste le solicitara, el señor Ojínaga Deu fue un activo, cooperador y deseoso coconspirador de la apelante.

Las actuaciones de Ojínaga Deu durante los menciona-dos días constituyen prueba elocuente de su verdadero sen-tir respecto al plan que le fuera propuesto. Es correcto que el testigo declaró que al salir de la oficina de la licenciada Arreche el 7 de febrero de 1981 no tenía intención alguna de cumplir con el plan; sin embargo, regresó a la oficina de la apelante y le informó que podía conseguir la droga por $240. Es cierto que cambia el cheque que recibe de manos de la licenciada Arreche y no compra la heroína solicitada por ésta; sin embargo, compra el analgésico “Bufferin’’ y harina, lo cual mezcla con el propósito de que luciera como heroína, y regresa a la oficina de la apelante y le muestra la “droga”.

Por otro lado, el testimonio de Ojínaga Deu fue, a esos efectos, igualmente elocuente. Declaró, como hemos visto, que a pesar de que “no quería perjudicar mucho” a Figueroa, “le interesaba ganarse el dinero”, y que proseguir con el plan de la licenciada Arreche era “el único camino” que tenía para ganarse los $5,000 prometidos por la licenciada Arreche.

En adición a lo expresado, debemos recordar que el cita-do testigo declaró que en el momento que la licenciada Arreche le niega los $400 es que él descarta la idea de llevar a cabo el plan. Nótese que lo descarta, no por razones de tipo humanitario o porque nunca pensó llevarlo a cabo, sino porque le asaltan dudas respecto a si efectivamente iba a cobrar o no los $5,000.

Por último, es procedente el señalar que el hecho de que el testigo Ojínaga Deu el día 13 de febrero de 1981 hiciera público el plan de la apelante y cooperara, de esa fecha en adelante, con las autoridades no derrota ni elimina su rol como coconspirador de la licenciada Arreche durante los días del 7 al 12 de febrero de 1981. Véase, a esos efectos, United States v. Britton, 108 U.S. 199 (1883).

Siendo ello así, actuó correctamente el tribunal de instan-cia al declarar sin lugar la moción de absolución perentoria presentada por la defensa.

III

Argumenta la apelante, mediante el tercer seflala-miento, que el tribunal de instancia cometiO error al con-cluir que la prueba presentada por el Ministerio Püblico era suficiente para vencer la presunción constitucional de inocencia, por cuanto: A- el "acto manifiesto u ostensible" (overt act) que originalmente se alego en la acusación -la colocación, por parte de Ojinaga y [a apelante, de la "droga" en el automOvil de Figueroa- no puede ser considerado como tal debido a que en el momento en que se realiza el mismo ya Ojínaga no era un coconspirador; B- no es creí-ble la declaración de Ojínaga a los efectos de que el cheque por la suma de $240 que le entregó la apelante era para la compra de la droga; y C- el testimonio de Ojínaga, en términos generales, resulta increíble.

A- Es correcta la aseveración a los efectos de que, en aquellas jurisdicciones como la nuestra en que se exige que para que se entienda configurado el delito de conspiración, en adición al acuerdo, debe ocurrir un acto manifiesto u ostensible (overt act), dicho acto debe darse vigente la conspiración. Britton, supra. Bajo la mencionada norma, la colocación de la “droga” en el carro de Figueroa, por parte de la apelante y Ojínaga, obviamente no cualifica como el acto manifiesto que requiere la Regla 152 de las de Procedimiento Criminal por cuanto al momento de ocurrir el mismo Ojínaga ya no podía, como expresáramos anteriormente, ser considerado como un coconspirador y, por lo tanto, ya no existía, propiamente, una conspiración.

Posiblemente debido a ello es que el Ministerio Fiscal solicita del tribunal de instancia, al amparo de la Regla 38 de las de Procedimiento Criminal, permiso para enmendar la acusación a los efectos de alegar, como acto manifiesto, la expedición del cheque de $240 por parte de la licenciada Arreche, acto que ocurre vigente la conspiración. Aparte de la procedencia de dicha enmienda bajo las disposiciones de la mencionada Regla 38, tenemos que la citada Regla 152 —no obstante el hecho de requerir la alegación, y prueba de ello, de un acto manifiesto en la acusación que se radique por el delito de conspiración— permite expresamente el que puedan “probarse otros actos manifiestos que no fueren los alegados”.

B y C- Respecto a la alegación de si el testimnio del testigo Ojínaga Deu —referente al cheque y otros aspectos— es o no creíble tenemos, en primer lugar, que copia del refe-rido cheque fue presentado en evidencia; en segundo lugar, la declaración del referido testigo está corroborada no sólo por el testimonio de otros testigos, sino también por la evidencia real u objetiva que fue admitida por el tribunal de instancia, tal como fotografías, etc.; y, por último, tene-mos que el juez de instancia —que lo oyó y vio declarar— ob-viamente le dio entero crédito a su testimonio.

M <1

Como expresáramos anteriormente, el tribunal de ins-tancia se negó a admitir en evidencia unas grabaciones o cassettes que supuestamente contenían conversaciones entre la apelante y el testigo Ojínaga Deu, grabaciones que éste había realizado sin el conocimiento y consentimiento de la apelante, primeramente, el día 12 de febrero de 1981 en la oficina profesional de ésta y, en segundo lugar, en relación con dos conversaciones telefónicas habidas entre ambos.

Ello no obstante, argumenta la apelante que, en virtud de las disposiciones legales pertinentes en nuestra jurisdic-ción relativas a la prohibición sobre la realización de tales grabaciones, el tribunal de instancia erró al permitir prueba —vía el testimonio oral de los testigos Ojínaga Deu y Figueroa— del contenido de las referidas conversaciones. El señalamiento de error, dadas las circunstancias 'particu-lares del presente caso, es inmeritorio.

A- En virtud de las disposiciones del inciso (E) de la Regla 62 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, las manifestaciones de un coconspirador —vigente la conspiración y en la consecución del objetivo de ésta— hechos a una tercera persona son admisibles en un proceso, por voz de esa tercera persona, no sólo en contra del coconspirador que las hizo sino contra cualesquiera de los otros coconspiradores, ello como excepción a la regla de prueba de referencia.

En su consecuencia, no hay duda de que las manifesta-ciones que en este caso le hiciera la licenciada Arreche a su coconspirador Ojínaga Deu en su oficina el día 12 de febrero de 1981 —vigente la conspiración y en la conse-cución del objetivo de ésta— obviamente eran, por voz de Ojínaga Deu, admisibles en evidencia en virtud de las dis-posiciones del inciso A de la Regla 62 de las citadas Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

Ahora bien, procede que nos preguntemos si el hecho de que Ojínaga Deu grabara ilegalmente la referida conversación causa o tiene el efecto, como alega la apelante, de hacer inadmisible dicho testimonio. Resolvemos que no. Nótese que el testimonio de Ojínaga Deu sobre ese punto no es el producto o fruto del acto ilegal que él cometiera al grabar la referida conversación; la información sobre la cual él testificara es consecuencia de su participación personal en la misma. Véanse, a esos efectos, Commonwealth v. McCoy, 275 A.2d 28 (1971); Trinidad v. State, 388 So. 2d 1063 (1980); y López v. United States, 373 U.S. 427 (1963).

B- Respecto a las conversaciones telefónicas que fueron “grabadas” por Ojínaga Deu, la situación es un tanto distinta por razón, entre otras, de que existe en nuestro país una prohibición en nuestra Constitución relativa a la “interceptación” de conversaciones telefónicas, y por cuanto la conspiración, al momento de ocurrir las mismas, ya no estaba vigente.

Presumiendo, a los efectos de la argumentación, que la acción de Ojínaga Deu de grabar las referidas conversa-ciones cualifique, al amparo de las disposiciones de la See. 10 del Art. II de nuestra Constitución, como una “intercep-tación” de una conversación telefónica, y que dicha pro-hibición constitucional sea oponible, en adición al Estado, a un ciudadano particular, somos del criterio que el testi-monio de Ojínaga Deu, relativo a este punto, fue correcta-mente permitido por el tribunal de instancia, por cuanto, al igual que en el caso de la conversación en la oficina de la apelante, dicho testigo participó personalmente en la refe-rida conversación.telefónica y su testimonio referente a la conversación sostenida no fue el producto, fruto o conse-cuencia de la interceptación telefónica en sí; al ser un parti-cipante en la conversación telefónica, él tenía conocimiento personal del contenido de la misma. Commonwealth v. McCoy, supra. Por último, aun cuando la conspiración ya había cesado, dicha prueba era material y pertinente, y admisible en virtud de las disposiciones de la citada Regla 62 de Evidencia.

V

Mediante el quinto señalamiento de error se nos llama la atención hacia lo que'se califica de “una serie de irregulari-dades de carácter sustancial e increíble que reque[ri]rían por sí solas y también consideradas en conjunción con el resto de la prueba la absolución de la apelante”.

El presente caso, por así disponerlo expresamente el éstatuto, se vio por tribunal de derecho. Los jueces son técnicos del derecho, que de ordinario están capacitados para resolver un caso a base exclusivamente de la prueba pertinente y material que han admitido, pudiendo abstraerse de toda otra consideración o información que no sea pertinente y necesaria para resolver los casos. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817 (1983).

No obstante lo anteriormente expresado, reiteramos nuestra posición a los efectos de que en un proceso criminal la meta —tanto para el fiscal como para el abogado defensor— debe ser siempre el esclarecimiento de la verdad y el deseo genuino de que siempre se haga la mejor justicia de que nosotros los seres, humanos somos capaces; no puede ser meramente una competencia donde prevalezca el más listo o el más hábil. Debemos mantener siempre presente que el fin deseado, por más que nos parezca meritorio y procedente en derecho, no justifica nunca la utilización de medios impropios en la consecución del mismo.

La conducta del señor fiscal, respecto a algunos de los señalamientos hechos por la defensa, obviamente no fue la que el Pueblo de Puerto Rico tiene el derecho a esperar en todo momento de sus funcionarios públicos. La misma, sin embargo, no es suficiente ni justifica, por sí sola, la revo-cación del dictamen emitido por el tribunal de instancia, por cuanto un análisis sereno y desapasionado de la prueba presentada y admitida en evidencia nos convence de que la misma es suficiente, como cuestión de derecho, para sos-tener la culpabilidad de la apelante por el delito de conspi-ración más allá de toda duda razonable.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia confirmatoria.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

       La parte de la oración en bastardillas representa la enmienda a la acusa-ción realizada por el Ministerio Público, ya comenzado el juicio, en la sesión del día 17 de junio de 1981 al amparo de las disposiciones de la Regla 38 de las de Procedimiento Criminal.

       El tribunal de instancia denegó la solicitud del Ministerio Fiscal para que se admitieran varios cassettes que contenían, supuestamente, conversaciones entre la licenciada Arreche Holdun y el señor Ojínaga Deu respecto a la alegada conspi-ración, conversaciones que fueron grabadas por Ojínaga Deu.

       El referido testigo declaró sobre una supuesta intervención efectuada por agentes de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico ocu-rrida días antes de la alegada fecha de los hechos —7 de febrero de 1981 — , agentes que, según el testigo presentado, vigilaban la oficina profesional de la licenciada Arreche Holdun e intervinieron con el testigo al éste salir de dicha oficina.

      Ese mismo día 7 de febrero de 1981 el señor Figueroa, alegadamente le había informado a la licenciada Arreche por la vía telefónica, que la firma para quien él trabajaba como gerente general —Garage Rubén, Inc.— ya no interesaba sus servicios profesionales, razón por la cual alegadamente hubo una acalorada y agria discusión entre el señor Figueroa y la licenciada Arreche.

       El testigo Ojínaga declaró que regresó por tres razones, a saber: 1- quería él saber “hasta dónde ella quería llegar en ese asunto”; 2- averiguar por qué “una persona que hacía más de cuatro o cinco meses que ... me debía una cantidad de dinero . . . venía a proponerme un trato como ese”; y 3- “quería estar bien empa-pado del asunto y en realidad si ella lo iba a llevar a la práctica, porque desde el sábado al miércoles hay un transcurso de cuatro días que se puede una persona arrepentir, olvidarse de un asunto”.

       La llegada de Ojínaga al Hato Rey Plaza y la salida de éste del referido edificio junto a la licenciada Arreche en el carro de ésta son corroboradas por el testigo Orlando Barbeito, guardia de seguridad de turno en dicho edificio, y por el Agente de la Policía de Puerto Rico, Benjamín Urbina Flores, quien inclusive tomó fotografías del testigo Ojínaga y de la licenciada Arreche en el estaciona-miento del referido edificio, fotografías que fueron admitidas en evidencia.

      La Policía de Puerto Rico, por instrucciones del Fiscal Rafael Rojas, tomó en cinta videomagnetofónica la llegada del testigo Ojínaga y la licenciada Arreche a las cercanías de la casa del señor Figueroa. La calidad de la cinta —la cual fue admitida en evidencia— sin embargo, no es muy buena y, según manifes-taciones del juez de instancia, no se pueden distinguir las personas. Es de notar que dicha cinta videomagnetofónica fue admitida en evidencia sin objeción de la defensa.

       33 L.P.R.A. see. 4523. Conspiración

      “Si dos o más personas conspirasen (1) para cometer algún delito; (2) para acusar falsa y maliciosamente a otra persona de algún delito, o conseguir que se denuncie o arreste a otra por algún delito; (3) para promover o sostener algún pleito, causa o proceso infundadamente; (4) para estafar y defraudar a alguna persona en sus bienes o por medios en sí criminales u obtener dinero o bienes valiéndose del engaño; y (5) para cometer algún acto perjudicial a la salud pública, a la moral pública o a la seguridad pública o encaminado a pervertir u obstruir la justicia o la debida administración de las leyes, tales personas serán sancionadas con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Se le confiere jurisdicción exclusiva al Tribunal Superior para conocer de las viola-ciones a esta sección debiendo celebrarse los juicios por tribunal de derecho.” (Énfasis suplido.)

      I Wharton’s Criminal Law and Procedure Sec. 84, pág. 181 (1957); Morton v. State, 338 So. 2d 423 (1976); I Wharton’s Criminal Evidence Sec. 185, pág. 348 (1972).

       Respecto a este punto, debe mantenerse presente que, de acuerdo con las disposiciones del Art. 262 del Código Penal de Puerto Rico, el hecho de que fuera verdadera heroína o no lo que se planeara colocar en el automóvil del señor Figueroa no es determinante, por cuanto se comete el delito de conspiración cuando dos o más personas conspiran “para acusar falsa y maliciosamente a otra persona de algún delito, o conseguir que se denuncie o arreste a otra por algún delito”, modalidad del delito de conspiración que fue lo que se le imputó a la apelante.

       Actuación que puso fin a su rol de conspirador, IV Wharton's Criminal Law Sec. 734, pág. 555 y que, a todos los fines prácticos, puso fin a la conspiracion propiamente, por cuanto una sola persona -en este caso la apelante- no comete el delito de conspiraciOn. United States v. Chase, 372 F.2d 453 (1967).

       En virtud de las disposiciones del Art. 263 del Código Penal de Puerto Rico —33 L.P.R.A. sec. 4524— no se exige el acto manifiesto en casos de conspi-ración para cometer delito grave contra alguna persona o para cometer el delito de incendiar o escalar una morada. En dichas “situaciones”, el “acuerdo per se” es suficiente. Pueblo v. Vélez Rivera, 93 D.P.R. 649 (1966).

       Regla 152 de Procedimiento Criminal:
      “En un proceso de conspiración, siempre que para la comisión del delito se requiriere un acto manifiesto (overt act) no podrá declararse convicto al acusado a menos que uno o varios de tales actos hubieren sido expresamente alegados en la acusación o denuncia y se probare uno de ellos, pero podrán probarse otros actos manifiestos que no fueren los alegados.”

       Como sabemos, el original de un cheque es devuelto por el banco contra el cual se giró a la persona que expidió el mismo, en este caso, a la licenciada Arreche. Regla 70 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

       Reiteradamente hemos resuelto que en ausencia de error manifiesto, pre-juicio, parcialidad o pasión, no existe fundamento en derecho para intervenir con las determinaciones que haga el tribunal de instancia. Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977).

       Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Arts. 144, 145, 146 y 147 del Código Penal de Puerto Rico.

       “Regla 62. Admisiones

      “Es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia una decla-ración ofrecida contra una parte si la declaración:
      “(A) Es hecha por dicha parte, bien en su capacidad individual o representa-tiva, o
      “(B) ........
      “(C) ........
      “(D) ........
      “(E) Es hecha por un coconspirador de dicha parte durante el curso de la conspiración y en la consecución del objetivo de ésta.”

       Regla 38 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

      La apelante, en su alegato, sostiene que el testigo Figueroa igualmente declaró, como consecuencia de haber escuchado la grabación, sobre el contenido de la referida conversación. De la exposición narrativa de la prueba no surge con claridad si ello es o no correcto. Aun suponiendo que ello hubiere sido así, ese hecho, de constituir error, no amerita la revocación de la condena, ya que dicho testimonio meramente es, sobre ese aspecto, de “carácter acumulativo”.

      “Sec. 10 [Registros e incautaciones; intercepción de comunicaciones telefóni-cas; mandamientos]
      “No se interceptará la comunicación telefónica.
      “Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.”

       Bajo las disposiciones del Omnibus Crime Control and Safe Street Act of 1968, Public Law 90-351, dicho acto constituiría, por definición, una “interceptación”. Véase: 18 U.S.C. 2510(4) y United States v. Turk, 526 F.2d 654 (1976).

      Como es sabido, en Burdeau v. McDowell, 256 U.S. 465 (1921), el Hon. Tribunal Supremo de los Estados Unidos sostuvo que la Cuarta Enmienda, en lo pertinente a la protección contra registros y allanamientos irrazonables, es únicamente oponible a registros y allanamientos realizados por el Estado y no contra ciudadanos particulares.

       Debido a ello es que se hace completamente innecesario el resolver en el presente caso si el acto de Ojínaga Deu constituyó o no una “interceptación” a la luz de la citada disposición constitucional y si la misma es oponible o no, en adición al Estado, a una persona particular. En vista del conocimiento personal que el testigo tiene del contenido de las conversaciones telefónicas, su declaración a esos efectos sería admisible bajo cualesquiera de las hipótesis posibles. Vizcarra Castellón v. El Pueblo, 92 D.P.R. 156 (1965).

      Aun en el supuesto de que dicho testimonio hubiere sido erróneamente admitido por el tribunal de instancia, entendemos que no procede la revocación de la condena, por cuanto dicha evidencia, dados los hechos particulares del caso y la demás prueba presentada por el Ministerio Público, no fue un factor decisivo o sustancial en la referida condena. Regla 4 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

       De las seis “irregularidades” que se señalan, nos llama la atención la rela-tiva a la conducta observada por el testigo de cargo, Agente Víctor Mercado, quien aceptó, según ello surge de la exposición narrativa de la prueba, desde la silla testifical, el haber ocupado subrepticiamente, por instrucciones específicas del fiscal a cargo del caso, un “gancho de ropa” del carro de la apelante —gancho que supuestamente fue el que había utilizado en la madrugada del día 17 de febrero de 1981 el testigo Ojínaga Deu para abrir el carro de Figueroa y “plantar la droga”, y que Ojínaga había dejado olvidado en el carro de la apelante— entregándole dicho gancho al fiscal, no haciendo constar lo así hecho en ningún sitio. Dicho gancho no fue presentado en evidencia. Esto constituye evidencia suprimida voluntariamente por el fiscal, presumiéndosele adversa la misma.
      Nos llama la atención poderosamente, en adición, el hecho de que el fiscal preparara un memorándum que contenía una relación completa de todo el caso, memorándum que aparentemente se utilizó con el propósito de “refrescarle la memoria” a los testigos y en sustitución de la declaración jurada que normalmente se le toma a cada testigo por el fiscal. Ello puede tener consecuencias serias de acuerdo con las disposiciones de la Regla 49 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico.

         El juez que intervino en el presente caso en especifico tiene gran experien-cia y conocimiento, y obviamente llegó al fallo que emitió sin dejarse influir por otra cosa que no fuera la prueba presentada y admitida en el caso.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Meyers Bros. Parking System of Puerto Rico, Inc., demandante y peticionaria, v. Gelco Puerto Rico, Inc. et al., demandados y recurridos.

      Número: O-82-314

      Resuelto: 24 de marzo de 1983

      Ramón Mellado González, de Mellado, Mellado & Hernández, abogado de la recurrente; Dohanie Sepulveda, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogada de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Meyers Bros. Parking System of Puerto Rico, Inc. (“Meyers” o “la usuaria”) celebró un. contrato con Gelco Puerto Rico, Inc. (“Gelco” o “la arrendadora financiera”) el 16 de noviembre de 1979. Por medio de este acuerdo Gelco se comprometió a comprar un automóvil nuevo, propiedad de Trébol Motors (“Trébol” o “la proveedora”), y cedérselo a Meyers por el término de treinta y seis meses a cambio de determinado canon. Meyers seleccionó el automóvil direc-tamente en el establecimiento de Trébol, sin intervención de la financiera.

A partir del 17 de diciembre de 1979, la usuaria comenzó a acudir a Trébol, por instrucciones de Gelco, para que repararan la transmisión y otros desperfectos del ve-hículo. Tras esfuerzos alegadamente infructuosos de repa-ración, la usuaria demandó a Gelco. Meyers solicitó en su demanda la resolución de su contrato con la arrendadora financiera, más daños. Luego la usuaria enmendó su demanda para añadir como parte demandada a Trébol.

Gelco solicitó sentencia sumaria a su favor. Fundó prin-cipalmente su reclamación en que su contrato con la usua-ria demandante la exoneraba de responsabilidad. La cláu-sula en cuestión provee:

(12) NO WARRANTY: LESSEE ACCEPTS DELIVERY OF EACH UNIT LEASED HEREUNDER FROM LESSOR, AS IS. LESSOR MAKES NO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR OTHER WARRANTY WHATSOEVER, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED. Lessor shall permit Lessee to enforce in Lessee’s own name any and all warranties made by the manufacturer of each Unit, but Lessor assumes no responsibility for compliance therefor by the manufacturer.

El Tribunal de Distrito desestimó la demanda contra Gelco. El Tribunal Superior confirmó la sentencia sumaria parcial dictada. La usuaria ha acudido en alzada ante nosotros. Sos-tiene primordialmente que la cláusula citada es contraria al interés público.

Nos enfrentamos por primera vez a la llamada o mal llamada institución del leasing. La institución tiene anti-guas raíces, pero sus versiones modernas comienzan a desarrollarse en los años cincuenta en Estados Unidos y se difunden rápidamente a través del mundo. M. Gutiérrez Viguera, El Leasing como Institución Financiera, Madrid, Asociación para el Progreso de la Dirección, 1977, pág. 47 y ss.; C. Vidal Blanco, El leasing, una innovación en la técnica de la financiación, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977, pág. 35 y ss.; S. L. Shapiro, The ABC’s of Leasing, 1972 U. Ill. L.F. 433; M. Giovanoli, Le Crédit-Bail (Leasing) en Europe: Développement et Nature Juridique, París, Librairies Techniques (Litec), 1980, pág. 74 y ss. Examinemo's rápidamente el ambiente económico en que se desenvuelve la institución para luego caracterizarla. Las realidades económicas a que responde arrojan luz sobre la función y validez de sus cláusulas.

El leasing es, en esencia, una nueva forma de fmandamiento. Al terminar la Segunda Guerra Mundial las empresas industriales se vieron necesitadas de grandes sumas para permitir la transición a actividades de tiempos de paz y expansiones para satisfacer la extraordinaria demanda para viejos y nuevos productos. Los ingresos retenidos, las reservas generadas por las tasas de depreciación y la infusión de nuevo capital a través de emisiones de valores no bastaban. Las empresas descubrieron entonces que podía generarse nuevo capital a través de otros usos de sus propios activos. Podían venderse bienes de las corporaciones y sociedades, hasta fábricas enteras, y arrendarse en el mismo acto a ellas mismas. A través de esta técnica de la venta con pacto arrendaticio (sale and lease back) la empresa liberaba capital para sus operaciones, a la par que, dentro del sistema tributario típico, podía deducir los cánones de arrendamiento que pagaba sobre sus antiguos bienes. De ahí a extender el concepto al uso de bienes que antes se adquirían fue solo un paso. En vez de comprar la propiedad deseada, la corporación solicita de un tercero —las futuras empresas de leasing— que la compre al prove-edor y se la arriende bajo determinadas condiciones. S. J. Lee, Introduction to Leasing, Studio City, California, Coda Publications, 1965, pág. 3 y ss.; R. Illescas Ortiz, El “leasing”: aproximación a los problemas planteados por un nuevo contrato, 1971 Rev. Der. Mercantil 73, 79; M. Sagrera Ribas y J. M. Martorell De Balanzó, Hacia un mayor conocimiento del contrato de leasing (estudios monográficos), 71 Rev. Jur. de Cataluña 561 (1972).

El contrato entre el usuario y la entidad financiera asume diversas formas. Puede ser mobiliario o inmobiliario, financiero u operativo. En el arrendamiento operativo el propio fabricante o suplidor suele ser quien financia. En el arrendamiento financiero la relación es usualmente tripartita. El arrendador es un intermediario financiero entre el proveedor y el usuario. Esta opinión se referirá exclusivamente al arrendamiento financiero mobiliario.

La cuota de alquiler en el caso del arrendamiento financiero representa usualmente una forma de distinguir la figura. La cuota suele constar de tres componentes: la amortización del costo del equipo, los intereses y demás cargas financieras, y la utilidad o beneficio. El primer componente lleva a la fijación, por un período irrevocable, de una suma que cause generalmente la amortización total del bien a la conclusión del compromiso. El monto de los tres componentes puede fluctuar conforme el caso. M. Gutiérrez Viguera, op. cit, pág. 80; D. Crémieux-Israël, Leasing et Crédit-Bail Mobiliers, París, Ed. Dalloz, 1975, págs. 30-31.

La entidad financiera es la propietaria del bien hasta el fin del arrendamiento. El usuario goza generalmente de una triple opción al expirar el término irrevocable: comprar el bien por su valor residual, normalmente fijado en el contrato; realquilar el equipo bajo nuevas bases, a la luz de su valor residual; o devolver la propiedad a la entidad financiera. Crémieux-Israël, op. cit, pág. 31; J. M. De la Cuesta, Reflexiones en Torno al “Leasing”, 1970 Rev. Der. Mercantil 533, 594. En algunos países, al menos en ciertos casos provistos por ley, como en Francia, Bélgica y España la opción de la compra del bien es un elemento esencial del contrato, en otros, no. Giovanoli, passim.

Muchas de las dificultades surgidas en torno a esta institución se deben al empeño de algunos comentaristas de encajarla a la fuerza dentro del molde de otras figuras contractuales. El contrato de leasing —dentro de breve examinaremos la corrección de este término— posee elementos de otras figuras, pero se diferencia de ellas. No puede en verdad equipararse totalmente, como a veces se ha intentado, al arrendamiento puro, ni . al arrendamiento-venta, ni al depósito, ni al préstamo, ni a la estipulación en favor de tercero, ni a otras figuras familiares afines, aunque a veces comparta características semejantes. Ninguno de estos vestidos provee la talla justa. Vidal Blanco, op. cit., págs. 147-152. La opinión más generalizada al presente, la cual suscribimos, es que se trata de un contrato atípico, sui géneris, producto de la realidad cambiante del tráfico mercantil. F. Falletti, La Vente a Crédit des Biens de Consommation, París, Libraries Techniques (Litec), 1981, pág. 165. Según ha expresado el Tribunal Supremo de España en su S. de 10 de abril de 1981, núm. 1532, Aranzadi, XLVIII Repertorio de Jurisprudencia 1272, 1274:

... el parecer más autorizado, y desde luego mayoritario, lo conceptúa de contrato complejo y atípico, gobernado por sus específicas estipulaciones y de contenido no uniforme.. ..

Al mismo efecto: J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed., Madrid, 1979, Yol. II, pág. 98.

Su propia atipicidad ayudó a la propagación de la voz leasing para denominar este contrato en español, francés, italiano, alemán (Leasingvertrag) y otros idiomas. En el propio inglés, no obstante, el término leasing tiene una connotación mucho más amplia que la que se le quiso impartir en otros idiomas que importaron el vocablo. El tipo de contrato que nos ocupa se conoce usualmente en inglés como finance lease. Shapiro, op. cit, pág. 435. Desde hace algunos años, se viene utilizando otra terminología en diferentes países. En España se ha generalizado el uso de la frase “arrendamiento financiero” para calificar este género de contrato. Véase el Real Decreto-Ley de 25 de febrero de 1977, núm. 28546, Aranzadi, XXII Nuevo Diccionario de Legislación, 1349-1350. En Italia (locazione finanziaria) y en Francia (crédit-bail o “crédito-arrendamiento”) se emplean expresiones análogas. Utilizaremos el término español, con el entendido de que la referencia a arrendamiento, como apunta Garrigues, loe. cih, no denota que la institución que nos ocupa se rige por las normas de tal figura.

En algunos países el arrendamiento financiero se re-gula, total o parcialmente, por legislación. Se le considera generalmente de orden mercantil. En España y Francia, por ejemplo, la reglamentación existente no se aplica a muchas clases de bienes, por lo que hay que acudir a los textos generales del Derecho común respectivo. El Tribunal Supremo de España ha expresado así la base jurídica del arrendamiento financiero no reglamentado:

Carente tal contrato en nuestro ordenamiento positivo de regulación en el campo del derecho privado, claro está que su otorgamiento es posible en lícito ejercicio del principio de autonomía negocial y de libertad en la regulación del pacto proclamado en el art. 1255 del C. Civ., que faculta a los suje-tos para superar, a impulsos de las incesantes exigencias del tráfico económico, el elenco de esquemas o pautas contrac-tuales previstas por el legislador, necesariamente limitadas, sin que ello comporte menoscabo de categoría dogmática alguna.... S. de 10 de abril de 1981, supra, pág. 1274.

El contrato de arrendamiento financiero no es objeto de regulación especial alguna en Puerto Rico. Se rige, en consecuencia, por el principio de la autonomía negocial, consagrado en el Art. 1207 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372, equivalente al 1255 del Código Civil español. Pasemos ahora a examinar si la cláusula de exoneración pactada en este caso es o no contraria al orden público. La cuestión ha sido objeto de examen en otras jurisdicciones.

Lo primero a observar es que en este género de transacciones la inserción de ciertas cláusulas de exoneración de la entidad financiera es un elemento típico del contrato en multitud de países. La razón es fácil de discernir. El negocio básico de tal entidad es proveer financiación. La compra del equipo y su arrendamiento a un tercero son operaciones subsidiarias. En Estados Unidos, las cláusulas para librar a la financiera de toda responsabilidad derivable de su condición de propietaria y arrendadora del bien, son parte acostumbrada del contrato. Lee, op. cit., págs. 57-58. Se le traspasa normalmente al usuario todo riesgo, excepto los referentes a la financiación. Lee, op. cit., pág. 105; Shapiro, op. cit., pág. 435.

En España es también usual exonerar a la financiera de toda responsabilidad relativa al mal funcionamiento de la cosa, mas se subroga al usuario en los derechos de la financiera en cuanto a las acciones que le correspondan como compradora frente al vendedor. Vidal Blanco, op. cit, pág. 118; Gutiérrez Viguera, op. cit, pág. 265. En su S. de 10 abril de 1981, supra, pág. 1274, el Tribunal Supremo de España ha expresado:

Mientras que en el “leasing operativo” la entidad arrenda-dora afronta el riesgo técnico, prestando los servicios de man-tenimiento y asistencia, por el contrario en el “leasing finan-ciero” todos los gastos ocasionados por las reparaciones, mantenimiento, servicios técnicos, conservación, seguros, etc., del bien financiado, corren de cuenta del usuario, a quien incluso pueden alcanzar si así se pacta, todos los riesgos, desde el relativo a la idoneidad del material para la explo-tación, funcionamiento y resultado (por subrogación conven-cional del usuario para el ejercicio de las acciones de sanea-miento frente al vendedor), hasta el de pérdida por caso fortuito....

En Francia, la Corte de Casación ha resuelto que la financiera puede exonerarse válidamente de toda responsa-bilidad en caso de que el bien mueble resulte impropio para el uso previsto, a condición de que no haya intervenido en la selección de la cosa y que le haya transferido al usua-rio las garantías correspondientes a su condición de com-pradora. Cass. com. de 7 de mayo de 1974 y Cass. civ. 1 de febrero de 1978; Dalloz, Encyclopédie Juridique, Crédit-Bail, párrs. 37-38, 41-42, Leasing (Supl. 1982), párr. 28. La exoneración de la financiera puede cubrir legítimamente, sujeto a las condiciones mencionadas, la responsabilidad por vicios ocultos. Giovanoli, op. cit., págs. 238-239; Crémieux-Israël, op. cit., págs. 57-58.

En Alemania Occidental también se reconoce hoy la validez de las cláusulas de exoneración, siempre que la financiera le transfiera al usuario sus derechos contra el suplidor. Giovanoli, op. cit., pág. 280. A soluciones compa-rables se llega en Bélgica, Italia y Suiza. Ibid., págs. 306, 321, 335.

En el caso de autos, las partes pactaron que la financiera no asumía responsabilidad por riesgo alguno. La financiera, además, se comprometió expresa o implícita-mente a permitirle al usuario valerse de todas las garantías que le correspondiesen frente al fabricante y al proveedor. La función de Gelco respecto al bien fue la de facilitar el financiamiento de la transacción. En tales circunstancias resolvemos que la cláusula en controversia es válida bajo las disposiciones del Art. 1207 de nuestro Código Civil. Es sos-tenible, en consecuencia, la sentencia sumaria dictada en cuanto resuelve que la cláusula impugnada no es contraria al interés público.

La referida sentencia, sin embargo, no tiene otro alcance. No se interpretará en modo alguno como determinación de ningún género sobre otros aspectos del arrendamiento financiero. Se advertirá que esta nueva figura comprende, en situaciones como la actual, aunque no siempre, dos contratos: el celebrado entre la financiera y el proveedor y el otorgado entre aquélla y el usuario. Los procedimientos en instancia continuarán para determinar si existen las condiciones para la rescisión por el usuario, vía la subrogación pactada, del contrato entre el proveedor y la financiera y si procede el resarcimiento por daños. A estos últimos efectos se podrá tomar en cuenta no sólo lo dispuesto en el Art. 1375, sino también en el Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3843 y 3052. También deberá ventilarse la cuestión del efecto de tal rescisión, de así decretarse, sobre el contrato entre la financiera y el usuario. Sobre este último particular, se ha resuelto en Francia, por ejemplo, que la rescición del contrato entre el proveedor y la financiera provoca el desplome del contrato entre ésta y el usuario, por defecto de causa, aunque el segundo contrato no puede rescindirse sin actuar contra el primero. Com. 4 de febrero de 1980, 1er esp., D. 1980, Inf. rap. 565, obs. Larroumet; D. 1981, Inf. rap. 20, obs. Vasseur (Fr.). Respecto a los alquileres, véase: Dalloz, op. cit., Leasing (Supl. 1982), párr. 26. No es aconsejable pronunciarnos sobre este importante aspecto del arrendamiento financiero sin el beneficio de un récord completo ni la debida argu-mentación de las partes en instancia.

Así aclarada, se confirmará la sentencia sumaria par-cial dictada.

       El Art. 1207 dispone:
      “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por-conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Diego Perdomo Álvarez, demandante y recurrente, v. Sucesión de Matilde Cintrón Salgado, compuesta por Wilfredo Álvarez Cintrón y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-82-385

      Resuelto: 24 de marzo de 1983

      Ángel L. Córdova Campos, abogado del recurrente; Juan T. Peñagarícano, Jr., abogado de los recurridos; Wilfredo Álvarez Cintrón, Alberto Álvarez Cintrón, Encarnación Álvarez y José R. Fournier Torres, abogados de la recurrida Gladys Álvarez.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos en este caso que el poseedor de unos pagarés hipotecarios en que se fijan intereses en exceso de los permitidos por legislación sobre usura, cuyos intereses no han sido pagados por el deudor, se libera de las penalidades dispuestas por el Art. 1652 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4594, si al reclamar el pago de la deuda por vía judicial, limita su reclamación de intereses en la demanda al tipo de interés máximo que le sería dable recobrar bajo dicha legislación. La demanda así interpuesta constituye una renuncia efectiva al cobro de los intereses usurarios que le releva de penalidades en virtud del Art. 1654 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4596.

I

El 5 de marzo de 1971 doña Matilde Cintrón Salgado otorgó cinco pagarés al portador, vencederos el 5 de marzo de 1974, que se enumeraron del uno al cinco, por las siguientes cantidades: $10,000 el número uno, $2,000 el número dos e igual cantidad el número tres, $1,000 el número cuatro y $5,000 el número cinco, para un total de $20,000. Se obligó en cada uno a pagar intereses al diez por ciento anual más determinadas cantidades en caso de re-clamación judicial. En la misma fecha la señora Cintrón Salgado otorgó escritura pública en que, para garantizar el pago de dichos pagarés, constituyó hipoteca voluntaria sobre un condominio indiviso de diez dieciochoavas (10/18) partes en una finca en la municipalidad de Toa Alta.

La mencionada escritura fue presentada oportunamente al Registro de la Propiedad, habiéndose inscrito la hipoteca, pero denegándose la inscripción en cuanto a los intereses expresados. Señaló el Registrador que el interés del diez por ciento anual era contrario a las disposiciones de la Ley Núm. 92 de 6 de mayo de 1938, según enmendada por la Ley Núm. 5 de 8 de junio de 1970 y al Reglamento promul-gado de acuerdo con esta ley, que fijó en 9% el tipo de interés máximo que podía cobrarse a partir del 18 de enero de 1971.

Con fecha de 5 de diciembre de 1980, se instó demanda contra los componentes de la sucesión de doña Matilde Cintrón Salgado para la ejecución de dicha hipoteca. Se alegó inter alia, el otorgamiento de la mencionada escritura de hipoteca y los pagarés por ella garantizados y “sus inte-reses a razón del 9% anual hasta su total pago y la suma de $2,000.00 para honorarios de abogado”, la inscripción de la hipoteca, y que no se habían satisfecho los intereses venci-dos desde el 5 de marzo de 1971. Los demandados compare-cieron oportunamente y en su contestación aceptaron algu-nas alegaciones de la demanda, incluso la de no haberse pagado los intereses, y negaron específicamente que el interés acordado fuera el 9% anual. Plantearon la defensa de usura e invocaron la aplicación del Art. 1652 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4594.

El demandante recurre contra sentencia que al estimar la demanda dio por buena la defensa de usura y condenó a los demandados a pagar $15,000 al demandante y $5,000 al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, eximiéndoles del pago de intereses, gastos, costas y honorarios de abogado. Se dispuso, además, que una vez adviniera firme dicha senten-cia se procediera a su ejecución mediante la venta de la finca en pública subasta.

r-H HH

Los planteamientos del demandante recurrente ante nos van dirigidos a impugnar que se aplicara lo dispuesto por el Art. 1652 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4594. Dicho precepto dispone así:

See. 4594. Recibo de dinero o mercancías a un tipo de interés excesivo; cumplimiento de los contratos
Excepto como queda autorizado por la sección anterior, ninguna persona podrá exigir o recibir, directa o indirecta-mente, dinero o mercancías, a un tipo de interés mayor por el préstamo o la prórroga del préstamo de algún dinero, que el tipo fijado por este Capítulo. Nada de lo contenido en este Capítulo se interpretará en el sentido de prohibir la venta de efectos al contado a un precio más bajo que al crédito.
Ningún contrato en el cual se reserve, acepte o asegure, o se convenga en reservar, aceptar o asegurar, un tipo de interés mayor que el que se permite por este Capítulo, podrá hacerse efectivo en una corte de Puerto Rico, sino por el importe del capital adeudado; y la corte deberá, además, disponer en la sentencia condenando al deudor al pago de capital que el acreedor recobre solamente de su deudor el setenta y cinco por ciento de dicho capital y que el veinticinco por ciento res-tante sea adjudicado y recobrado por el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, quien podrá obtener mandamiento de ejecución, del mismo modo que el demandante, y sin prefe-rencia sobre el montante adjudicado a éste, para hacer efec-tivo el veinticinco por ciento así adjudicado.
Los derechos definidos en esta sección no son renunciables.

Alega el recurrente que, como en su demanda reclamó intereses al 9%, que no excede el máximo legal, debió aplicarse el Art. 1654 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4596, que dispone:

See. 4596. Reembolso de dinero o renuncia del derecho a in-terés legal
A cualquier persona que reembolsase o devolviese algún dinero, mercancías u otras cosas tomadas, aceptadas o recibi-das en violación de este Capítulo, o que, por medio de un documento entregado a la otra parte del contrato, ya antes de iniciarse el juicio para la suspensión de la validez del mismo, o ya antes de que, en un juicio iniciado para hacer cumplir el contrato interponga el demandado como defensa la acusación de usura; o que renunciase de una manera efectiva el derecho a interés, descuento o valor reservado o retenido en violación de este Capítulo; se le relevará de futura multa, penalidad o castigo, y el contrato desde la fecha del reembolso, devolución o renuncia por escrito, será válido y efectivo.

Antes de considerar estos planteamientos, valga señalar que actuó correctamente el Registrador de la Propiedad al limitar la inscripción al importe del capital garantizado mediante la hipoteca y denegarla en cuanto a los intereses. Caraballo v. Registrador, 48 D.P.R. 923 (1935).

Para la fecha del otorgamiento de los pagarés y de la escritura —5 de marzo de 1971— el interés máximo que se podía cobrar para el tipo de obligación que aquí nos ocupa era el nueve por ciento anual. Para esa fecha estaba vigente el Reglamento promulgado por la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento y aprobado por el Gobernador, de 12 de enero de 1971, efectivo desde el 18 de enero de 1971, adoptado de conformidad con la Ley Núm. 5 de 8 de junio de 1970, enmendatoria de la See. 4 de la Ley Núm. 92 de 6 de mayo de 1938, conocida como Ley de Usura, 33 L.P.R.A. sec. 1754. Dicho Reglamento disponía en su Regla Núm. 1, así:

1. En aquellas transacciones contempladas por el Artículo 1649 del Código Civil y por las Secciones 1 y 2 de la Ley Núm. 92 del 6 mayo de 1938, no podrá fijarse un tipo de interés, por convenio especial, que sea mayor de nueve (9) dólares anuales sobre cada cien (100) dólares, o su equivalente en valor.

Habiéndose fijado en los cinco pagarés objeto de este pleito un interés del diez por ciento anual, que excedía el máximo autorizado, no podía hacerse efectivo el cobro sino en la medida dispuesta por el Art. 1652 del Código Civil, antes transcrito. Dicha disposición es clara. Solamente puede cobrarse “el importe del capital adeudado” y distribuirse su pago en la proporción allí señalada de setenticinco por ciento para el acreedor y el restante veinticinco por ciento para el Estado. (Énfasis suplido.) Velázquez v. C. Jiménez, Inc., 113 D.P.R. 667 (1982); J. E. Candal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508, 517 (1962); Giráu v. González, 73 D.P.R. 410, 416 (1952).

Veamos, sin embargo, si a los hechos de este caso le es aplicable lo dispuesto por el Art. 1654 del Código Civil, antes transcrito. Esta disposición no ha sido objeto de inter-pretación por este Tribunal. No hemos podido hallar su ori-gen específico. Sabemos que es parte de la llamada Ley de Usura aprobada el 1 de marzo de 1902, cuyo articulado se hizo formar parte del Código Civil por la Ley Núm. 48 de 28 de abril de 1930. No podemos encontrar el origen de la Ley de 1902 en España, pues para aquel entonces no había en España legislación sobre intereses usurarios. Véase, R. Morán, Aplicación de la ley de usura a los préstamos pagaderos a plazos, 29 Rev. Jur. U.P.R. 243 (1959-60). La Ley de 1902 fue una de las primeras aprobadas bajo el régimen estadounidense en Puerto Rico, y sus antecedentes se trazan a la legislación vigente para aquella época en Estados Unidos. Morán, op. cit. No hemos hallado, sin embargo, disposición similar a la del Art. 1654 en las leyes de ningún estado, salvo Florida, pero su disposición sobre el particular data del 1979.

Es de notarse que al aprobarse la Ley de 1902 se dio una redacción a su See. 4, que se incorporó al Código Civil como el Art. 1652, antes transcrito, que hacía del préstamo con intereses usurarios uno totalmente nulo. Horton et al. v. Robert, 11 D.P.R. 176, 185 (1906). Al enmendarse dicha See. 4 por la Ley Núm. 47 de 13 de abril de 1916, y darse a dicha sección la redacción que actualmente tiene como Art. 1652 del Código Civil, se eliminó el rigor de la anterior redacción y se permitió al acreedor recobrar el capital, aunque li-mitado a un setenticinco por ciento. De ahí que en Caraballo v. Registrador, supra, resolviera este Tribunal que el Registrador de la Propiedad, al calificar un contrato de hipoteca que estipula el pago de intereses usurarios, tiene autoridad para impugnar la validez de tal contrato y negarse a inscribirlo únicamente en lo que respecta a los intereses.

La interpretación que del Art. 1652 se hizo en Caraballo, supra, demuestra que los cambios legislativos que se le han hecho han evolucionado hacia una consideración menos restrictiva de los derechos del acreedor de un préstamo usurario, a diferencia de la legislación sobre el particular en diferentes estados de la Unión. La redacción del Art. 1654 estuvo desde un principio más a tono con esa tendencia evolutiva que culminó en la actual redacción del Art. 1652 por la Ley de 1916.

La limitada jurisprudencia de este Tribunal que toca el Art. 1654 ha seguido esa misma tendencia respecto a este artículo. Así, en Smith v. Negrón, 54 D.P.R. 401, 404 (1939), expresó este Tribunal:

. . .El privilegio, o locus penitentiae, según podría llamársele, que el artículo 1654 del Código concede al usurero es inde-pendiente de cualesquiera derechos definidos por la ley de 1916 y no está en conflicto con las disposiciones de dicha ley sobre irrenunciabilidad. El significado de la sección 4 del estatuto sobre usura es que un deudor no puede legalmente obligarse a no plantear la defensa de usura, y en ese sentido es análoga a nuestra ley de homestead actual.
Las confiscaciones no son favorecidas por la ley y con toda probabilidad teniendo eso en mente fue que la Asamblea Legislativa en 1902 concedió al acreedor un período de gracia para ajustarse a la ley. No nos parece que haya ninguna otra interpretación razonable. Por tanto, el primer señalamiento no puede prevalecer.

En Marrero v. Olmeda, 69 D.P.R. 217 (1948), fue más lejos este Tribunal. En dicho caso se pactaron intereses al 9% anual sobre una deuda de $2,400. El interés máximo permitido entonces para esa suma principal era el 8%. Al faltar la deudora al pago de determinadas mensualidades, el acreedor invocó la cláusula de aceleración pactada en el contrato y reclamó judicialmente el pago del principal e intereses. En su contestación la demandada alegó, entre otras defensas, que los intereses cobrados por el préstamo eran de carácter usurario. En la vista del caso, el demandante renunció a los intereses. Dijimos:

No estamos conformes con la contención de la parte ape-lante. La renuncia de los intereses, hecha por los deman-dantes en el momento de la vista, no puede tener el efecto de subsanar la falta de pago en que habían incurrido las deman-dadas en la fecha en que se radicó la demanda. Si las deman-dadas creían tener derecho a no pagar intereses sobre los $2,000 que recibieron en calidad de préstamo, por considerar que dichos intereses eran usurarios, ellas debieron abstenerse de pagar la parte correspondiente a los intereses y pagar la parte correspondiente a la amortización del préstamo. Al no hacerlo así, incurrieron en falta de pago de cinco mensuali-dades, lo cual daba derecho a los demandantes a reclamar judicialmente el pago del préstamo. Pág. 225.

Es interesante notar que en esta decisión se pasó por alto el requisito del Art. 1654 de que la renuncia se haga por escrito antes de que se plantee la defensa de usura. Posiblemente ello se debió a que se siguió la redacción en español en vez de seguirse el texto en inglés del artículo, que es lo. procedente, toda vez que existe discrepancia entre ambos textos. Art. 13, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 13; Descartes, Tes. v. Tribl. Contribuciones y Cerra, Int., 74 D.P.R. 567, 582 (1953). La diferencia es notable. En el texto en español, la frase “o que renunciase de una manera efectiva el derecho a interés, descuento o valor reservado o retenido”, está separada de las que le preceden y está en la disyuntiva. En la redacción en inglés no hay disyuntiva y la frase “effectually relinquishes the right to any interest or discount or value reserved” es continuación inseparable de las frases que la preceden.

En el más reciente caso de Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245, 251 (1975), reconocimos la virtualidad de la renuncia de las penalidades establecidas por el articu-lado sobre usura.

No puede decirse que la “multa, penalidad o castigo” a que se refiere el Art. 1654 se limite a procedimientos de naturaleza criminal. Las disposiciones de naturaleza criminal sobre usura se adoptaron con posterioridad a la Ley de 1 de marzo de 1902.

En el caso ante nuestra consideración, no hay duda de que los intereses especificados en los pagarés rebasaban el límite establecido y vigente en la fecha en que se otorgaron y eran, por tanto, usurarios; pero dichos intereses nunca se pagaron, y al instarse la demanda no se exigieron. Se reclamó el interés del 9%, que era el máximo permitido. Al invocarse la defensa de usura ya se había hecho renuncia de los intereses usurarios, por escrito, en la misma demanda. Este hecho fue reconocido por estipulación escrita de las partes, de 7 de abril de 1982, sometida al tribunal de instancia, que en su penúltimo párrafo dice:

Los intereses sobre el principal reclamados por el deman-dante en la demanda son a razón del nueve (9%) por ciento anual, contados a partir del 5 de marzo de 1971, hasta el día de su total pago.

Esta renuncia cumple cabalmente las exigencias del Art. 1654 del Código Civil y releva al demandante y aquí recurrente de toda penalidad. Tiene derecho, por tanto, a cobrar para sí, íntegramente, el capital prestado y sus inte-reses al 9% anual desde el 5 de marzo de 1971.

III

Réstanos considerar dos planteamientos adicionales, uno promovido por los recurridos y otro que surge de los autos ante nos.

-A-

Plantean los recurridos que por haberse denegado la inscripción de los intereses en el Registro de la Propie-dad, los mismos no son recobrables. No tienen razón.

El Art. 145 de la Ley Hipotecaria vigente en la fecha en que se otorgaron los pagarés y la escritura de constitución de hipoteca, 30 L.P.R.A. sec. 258, invocado por los recurri-dos, disponía:

No se considerará asegurado con la hipoteca el interés del préstamo en la forma que prescribe la see. 210 de este título, sino cuando la estipulación y cuantía de dicho interés resulten de la inscripción misma.

La See. 210 a que se alude en dicha sección es el Art. 114 de dicha ley, y disponía:

La hipoteca constituida a favor de un crédito que devengue interés, no asegurará con perjuicio de tercero, además del capital, sino los intereses de los dos últimos años transcurri-dos y la parte vencida de la anualidad corriente.

Estas disposiciones aprovecharían a un tercero adquirente de la propiedad hipotecada, pero no a los recu-rrentes, que son causahabientes por herencia de la señora Cintrón Salgado, otorgante de los pagarés y de la hipoteca y titular registral del derecho de propiedad que se gravó con la hipoteca. Véase, Ponce Federal Savings v. Registrador, 89 D.P.R. 882, 887 (1964).

-B-

Notamos que la sentencia recurrida dispone, para su ejecución, que se venda en pública subasta la finca descrita en la demanda. Parece que, inadvertidamente, se pasó por alto el hecho de que la otorgante de la escritura de hipoteca no era dueña de dicha finca. Ella era dueña de una participación indivisa equivalente a diez dieciochoavas partes (10/18) de la finca, y eso fue lo que hipotecó. La venta judicial en virtud de subasta no podrá afectar más de lo que ella podía enajenar.

Conclusión

Por los fundamentos expresados, se modificará la sen-tencia recurrida para disponer que se declare con lugar la demanda y se condene a los demandados a pagar al deman-dante la cantidad de $20,000, suma que totalizan los cinco pagarés, más intereses al 9% anual desde el 5 de marzo de 1971 hasta el pago de la deuda, las costas, y $2,000 para honorarios de abogado, según pactado. A falta de pago de dichas sumas, se procederá a la ejecución de la sentencia mediante la venta en pública subasta de la participación de los deudores en la finca hipotecada, a saber, un condominio indiviso de diez dieciochoavas partes. Así modificada, se confirmará la sentencia recurrida.

       Dichas cantidades son equivalentes al diez por ciento (10%) del importe de cada pagaré.

      La llamada Ley de Usura fue derogada por la Ley Núm. 1 de 15 de octubre de 1973, que creó la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Finan-ciamiento y dispone lo relativo a los intereses máximos a cobrarse por préstamos o prórrogas de dinero o mercancías, según de tiempo en tiempo lo determine dieha Junta. 10 L.P.R.A. secs. 998 a 998k.

       Art. 9 de dicha ley, Leyes de Puerto Rico, 1930, pág. 393.

       Véase, Summary of Usury Laws of Each State, en Rohan, Real Estate Financing, Matthew Bender, 1980, Vol. 4, Sec. 3.04. Bajo la Ley de Florida se establecen determinadas penalidades según quien sea el deudor, si un individuo o una corporación, y según el tipo de interés se determina si su cobro es un delito grave o menos grave. Se releva al acreedor de dichas penalidades si antes de iniciar la acción para el cobro notifica al deudor que los intereses son usurarios y devuelve lo cobrado en exceso más intereses sobre éste, y si ajusta el contrato. 19C Fla. Stat. Ann. Sec. 687.01 et seq.; 19 Fla. Stat. Ann. Sec. 668.50; 16 Fla. Stat. Ann. Sec. 516.02 et seq.; 4 F.S.A. Sess. Laws ’79, Ch. 79-274; 3 F.S.A. Sess. Laws ’79, Ch. 79-592; 6 F.S.A. Sess. Laws ’79, Ch. 79-90.

       He aquí las dos redacciones, en español y en inglés:
      “A cualquier persona que reembolsase o devolviese algún dinero, mercancías u otras cosas tomadas, aceptadas o recibidas en violación de este Capítulo, o que, por medio de un documento entregado a la otra parte del contrato, ya antes de iniciarse el juicio para la suspensión de la validez del mismo, o ya antes de que, en un juicio iniciado para hacer cumplir el contrato interponga el demandado como defensa la acusación de usura; o que renunciase de una manera efectiva el derecho a interés, descuento o valor reservado o retenido en violación de este Capítulo; se le relevará de futura multa, penalidad o castigo, y el contrato desde la fecha del reembolso, devolución o renuncia por escrito, será válido y efectivo.”
      “Any person who repays or returns any money, goods or other things taken, accepted or received in violation of this chapter, or by a written instrument delivered to the other party of the contract before the commencement of a proceeding to enjoin the enforcement of the contract, or before the defense of usury is interposed by the borrower in an action on the contract, effectually relinquishes the right to any interest or discount or value reserved in violation of this chapter, shall be relieved from further forfeiture, penalty or punishment, and the contract from the date of the repayment, return or written relinquishment shall be valid and effectual.” Esta redacción en inglés es la que aparece en la Sec. 6 de la ley original de 1 de marzo de 1902, idéntica a como se codificó en el texto en inglés de Laws of Puerto Rico Annotated. No ha sido objeto de enmienda.

       Véase la Ley Núm. 92 de 6 de mayo de 1938 (33 L.P.R.A. secs. 1751 a 1753). Esta ley fue derogada por la Núm. 1 de 15 de octubre de 1973, que creó la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento, y mantiene en términos generales las mismas penalidades que la ley derogada. Véase, 10 L.P.R.A. sec. 998 y ss.

       Estos dos artículos fueron recogidos por la Ley Hipotecaria de 1979 en que, aunque se varía la redacción, no se alteran substancialmente. Véanse los Arts. 190 y 166 de la actual Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. secs. 2609 y 2562, respectiva-mente.