author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Raúl Meléndez Gutiérrez y su esposa Juana Meléndez, por sí y en representación de sus hijos Johanna y Raúl Meléndez Meléndez, demandantes y recurrentes, v. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-82-530

      Resuelto: 7 de febrero de 1983

      Sabino Cotto Cruz, abogado de los recurrentes; Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Gerardo Mariani Padilla, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

A finales del mes de abril de 1981, el codemandante-re-currente Raúl Meléndez Gutiérrez fue sometido a una intervención quirúrgica en el Hospital Regional de Arecibo, que fue realizada por personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al pasar de varias semanas, como no mos-trara mejoría el paciente, fue nuevamente operado el 26 de junio de 1981, esta vez en el Centro Médico de Río Piedras, Puerto Rico, y en esa operación se encontró y se extrajo un “cuerpo u objeto extraño” que alegadamente le había sido dejado dentro del abdomen en el transcurso de la primera intervención quirúrgica. Por orden médica el paciente guardó cama, primero en el referido hospital y luego en su hogar, hasta el 22 de enero de 1982. Mediante carta certi-ficada con acuse de recibo de fecha 3 de febrero de 1982, el citado Raúl Meléndez, su esposa Juana Meléndez y sus hijos menores de edad Johanna y Raúl, informaron al señor Secretario de Justicia de Puerto Rico que se proponían incoar “una demanda de daños y perjuicios en contra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico . . .”. Presentaron dicha demanda el 17 de febrero de 1982 ante el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo.

La demanda no estaba jurada, según lo dispone el Art. 41.100 de la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976 (26 L.P.R.A. see. 4110), y en la misma no se incluyó como parte demandada a la Administración del Fondo de Com-pensación al Paciente, según lo requiere el Art. 41.070 de la referida ley, 26 L.P.R.A. see. 4107, razones por las cuales el demandado Estado Libre Asociado presentó una moción de desestimación. Posteriormente, el E.L.A. presentó una mo-ción de sentencia sumaria, predicada la misma en que los demandantes no habían notificado al Secretario de Justicia dentro del término de noventa días que prescribe la See. 3077a del Título 32 de L.P.R.A.

El tribunal de instancia, con fecha del 10 de septiembre de 1982 —previa celebración de vista— dictó sentencia mediante la cual desestimó “la demanda del co-demandante Raúl Meléndez Gutiérrez por no estar jurada; y desestim[ó] la demanda de su esposa Juana Meléndez y de sus hijos Johanna y Raúl Meléndez por dos fundamentos: por no estar jurada la demanda y porque no notificaron al Secretario de Justicia dentro de los 90 días de haber conocido el daño”.

Acudió la parte demandante ante este Tribunal, impu-tándole error al así actuar al tribunal de instancia. Emiti-mos orden para mostrar causa con fecha del 24 de noviem-bre de 1982. Ha comparecido la parte recurrida. Estando en condiciones de resolver, procedemos a así hacerlo.

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Requisito de la notificación

En Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359-360 (1977), expresamos que: “Nuestra jurisprudencia ha sido constante en sostener que la notificación previa al Estado en reclamaciones por daños y perjuicios originados en negligencia exigida por Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. sec. 3077a), si bien es requisito de cumplimiento estricto, no alcanza calidad de condición precedente jurisdiccional. [Citas omitidas.] Esta clasificación li- bera al tribunal de un automatismo dictado por el calen-dario y salva su fundamental facultad para conocer del caso y proveer justicia según lo ameriten las circunstancias.” (Énfasis suplido.)

No son pocos los recursos, en meses recientes, que han llegado a nosotros, en que notamos que los tribunales de instancia precisamente están actuando con ese “automa-tismo” contra el cual advertimos en Loperena Irizarry, supra, pág. 360.

En Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64, 69 (1978), expresamos que: “La referida notificación en el plazo relativamente corto de 90 días tiene el propósito de poner sobre aviso al gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra[,] de modo que pueda activar sus recursos de investigación prontamente, antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden a la preparación de una adecuada defensa contra la reclamación o una transacción adecuada de la misma, cuando proceda.” (Énfasis suplido.)

Cabe preguntarse si en el presente caso, dados los hechos particulares del mismo, existe el peligro de que desapa-rezca la prueba objetiva evidenciaría de la alegada negli-gencia de los empleados del gobierno que participaron en la intervención quirúrgica a que fue sometido el codeman-dante Raúl Meléndez. Los resultados de la segunda inter-vención —donde alegadamente se encontró y se extrajo del referido codemandante el objeto extraño— están plasmados, paso a paso, en los records del Centro Médico de Puerto Rico, el cual, como sabemos, es una institución bajo el control del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No creemos, por tanto, que exista el riesgo mencionado.

El tribunal de instancia acogió, en cuanto al codeman-dante Raúl Meléndez, el planteamiento de justa causa para no haber cumplido con el requisito de la notificación, por cuanto estimó que éste, por órdenes médicas, había tenido que permanecer recluido en su hogar hasta el 22 de enero de 1982 y que, por tanto, la notificación que hiciera me-diante la carta de fecha 3 de febrero de 1982 estaba en tiempo. No así en cuanto a la esposa y los hijos de Meléndez Gutiérrez.

Dicha determinación no debe prevalecer. Resolve-mos que en casos como en el presente —donde el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y donde el Estado, por tanto, puede fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la demanda que se radique— no es de aplicación inexorable la citada See. 3077a por cuanto el objetivo que se persigue mediante la aplicación de la referida disposición legal no tiene razón de ser.

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Requisito del juramento

La demanda no estaba jurada como exige el citado Art. 41.100 de la Ley Núm. 74. Dicho requisito está vigente; la ausencia de dicho juramento, sin embargo, no debe constituir barrera infranqueable para que un tribunal haga justicia en los méritos en esta clase de casos. Resolvemos que la omisión de jurar la demanda es un defecto que puede ser subsanado mediante solicitud al efecto de la parte demandante.

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La Admimstración como parte indispensable

El tribunal de instancia no hizo pronunciamiento alguno en su sentencia respecto a la omisión de la parte demandante de traer al pleito, como parte demandada, a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente; ello posiblemente debido a que, de acuerdo con las disposi-ciones de la Regla 16.1 y de la Regla 18 de las de Procedi-miento Civil de 1979, la omisión de una parte indispensable, aunque es motivo para desestimar un pleito, no constituye impedimento para que, a solicitud de la parte interesada, el tribunal pueda conceder la oportunidad de traer al pleito a la parte originalmente omitida, siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre la misma.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto. Se dictará sentencia mediante la que se revoque la dictada por el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Are-cibo, de fecha 10 de septiembre de 1982, en el caso civil núm. 82-656, y se devuelve el mismo a dicho tribunal para proce-dimientos ulteriores compatibles con lo aquí expresado.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Díaz Cruz concurren en el resultado sin opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente respecto a la revocación de la desestimación decretada por el tribunal de instancia en cuanto a los codemandantes Sra. Juana Meléndez e hijos, ya que no demostraron la existencia de “justa causa” por no haber cumplido con el requisito de notificación. Véase: Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 483-484 (1977). Concurre en el resultado que mantiene vigente la causa de acción del codemandante Raúl Meléndez Gutiérrez, aun cuando la demanda original no estuviera jurada, conforme su voto integrado al disenso cer-tificado en Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 D.P.R. 227 (1982).

      La parte demandante en varias ocasiones solicitó del tribunal de instancia que se le permitiera juramentar la demanda.

       El tribunal de instancia no hizo expresión alguna respecto a la alegación, por parte del E.L.A., de falta de parte indispensable.

       Estaba, naturalmente, suscrita por el abogado. Véanse, a esos efectos, el voto disidente del Hon. Juez Irizarry Yunqué en Piñero v. Martínez Santiago, 104 D.P.R. 587, 593 (1976), y Junta Insular de Elecciones v. Corte, 63 D.P.R. 819 (1944).

       Véase opinión disidente del Hon. Ángel M. Martín en Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 D.P.R. 227, 233 (1982).


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license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Esteban De Jesús Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-81-31

      Resuelto: 7 de febrero de 1983

      Felipe Benicio Sánchez, Andrés García Arache, y Román Santos Isaac, abogados del apelante; Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 27 de noviembre de 1980 —Día de Acción de Gra-cias— en horas de la mañana el joven Roberto Cintrón se dirigía, en unión a los hermanos Ricardo y Luis Garced Meléndez, en su automóvil marca Chevrolet Corvette por el Expreso Trujillo Alto en dirección a la Avenida 65 de Infantería, siendo el sector conocido como “El Yunque”, Palmer, Puerto Rico, el destino final de su viaje. Estando detenido en uno de los semáforos del mencionado expreso, se le atravesó bruscamente al frente de su automóvil un ve-hículo de motor —de los conocidos como station wagons— marca Ford Fairmont, color crema mostaza, con paneles a los lados semejando madera color vino, en el cual viajaba únicamente su conductor. Al cambiar la luz del semáforo a verde, la station wagon arrancó al frente, pero el Corvette conducido por Cintrón le dio alcance y rebasó la misma; al llegar a la Avenida 65 de Infantería ambos vehículos do-blaron a la derecha, en dirección a Carolina, Puerto Rico. Ya en dicha avenida la station wagon le pasó al Corvette y al así hacerlo, en palabras del testigo Ricardo Garced Meléndez, les dio un “corte de pastelillo”, o sea, le cortó al frente en una forma extremadamente brusca. Luego de ello, ambos vehículos se ven obligados a detenerse en un semá-foro: la station wagon en el carril de la extrema izquierda —de los utilizados para poder virar en dirección contraria— y el Corvette en uno de los carriles ordinarios de dicha ave-nida. Estando detenidos, el joven Luis Garced Meléndez le gritó en voz alta al conductor de la station wagon: “Mira, pendejo, nos vas a chocar.” Acto seguido, el conductor de la station wagon realiza una maniobra en contra del tránsito con el propósito de poder detenerse al lado del Corvette, una vez detenido se inclina hacia el lado derecho de su auto-móvil, “estiró la mano derecha”, e hizo tres disparos en dirección al Corvette: uno de'ellos impactó la puerta dere-cha del Corvette y otro hirió en la frente al joven Roberto Cintrón. Luego de transcurrir varios segundos, la station wagon se alejó del lugar. Los hermanos Ricardo y Luis Garced Meléndez procedieron a llevar al herido al Hospital San Martín, localizado éste en Río Piedras, Puerto Rico, de donde fue trasladado al Centro Médico de Puerto Rico, muriendo el joven Roberto Cintrón el día 1ro de diciembre de 1980 como consecuencia de la herida de bala que recibió el 27 de noviembre de 1980.

En relación con dichos hechos, el Ministerio Público juró denuncias, radicando luego los correspondientes pliegos acusatorios, contra Esteban De Jesús Rivera, conocida fi-gura en el ambiente deportivo de Puerto Rico, especialmente en el boxístico. El correspondiente proceso se celebró por tribunal de derecho ante el Hon. Elpidio Batista, Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, el cual, luego de un juicio que se extendió por espacio de aproximadamente una semana, lo declaró culpable y con-victo de los delitos imputados de asesinato en primer grado e infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

En apelación se le imputa al tribunal de instancia la supuesta comisión de cinco (5) errores, a saber:

Primer error:
Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al declarar SIN LUGAR la Moción Sobre Supresión de Evidencia de Identifi-cación.
Segundo error:
Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al admitir en evidencia la identificación del acusado en la Rueda de Con-frontación, la fotografía y el Acta de tal Rueda de Confron-tación.
Tercer error:
Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al admitir prue-ba de referencia y prueba de identificación extrajudicial del acusado.
Cuarto error:
Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al descartar o no darle crédito a la prueba de coartada presentada por el acu-sado.
Quinto error:
Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al permitir al Fiscal comentar el silencio del acusado.

I — I

Por estar íntimamente relacionados entre sí, discutire-mos los señalamientos de errores primero, segundo y tercero conjuntamente. La posición del apelante, respecto a la prueba presentada por el Ministerio Público tendente a señalarlo a él como la persona que hizo el disparo que le causó la muerte al joven Roberto Cintrón, se puede resumir de la siguiente forma: A- El tribunal de instancia cometió error al no suprimir el resultado de la rueda de detenidos que se llevó a efecto en el presente caso por razón de que la misma está viciada de nulidad; B- independientemente de lo anterior, la prueba sobre la identidad del acusado no es confiable y/o no es suficiente, más allá de duda razonable, para sostener las convicciones; y C- el tribunal de instancia cometió error, que amerita la revocación de dichas convic-ciones, al admitir prueba de identificación extrajudicial del imputado. No tiene razón. Veamos por qué.

A- Somos conscientes de que “No puede haber un juicio justo e imparcial si no se garantiza debidamente la forma de identificar a la persona que se acusa de la comisión de un crimen”; que “la identificación del acusado es una fase esencial en el procedimiento criminal”; y que “los procedimientos que llevan a una identificación ocular pueden estar tan viciados que como cuestión de derecho hagan constitucionalmente inadmisible la identificación”. Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 251, 252 (1969).

El procedimiento a seguirse por las autoridades en la identificación de un sospechoso con anterioridad al juicio está regulado por la Regla 252 de las de Procedimiento Criminal, la cual, como sabemos, versa sobre la llamada “rueda de detenidos” (lineup). En el presente caso se celebró una rueda de detenidos, la cual se llevó a efecto aproximadamente veinte (20) días después del día de los hechos,

El apelante argumenta que la rueda de detenidos que se llevó a cabo, y en la cual él fue identificado por dos testigos, estuvo viciada de nulidad —y por lo tanto el resultado de la misma no debió ser admitido en evidencia por el tribunal de instancia— por tres fundamentos: (1) los dos testigos de identificación fueron mantenidos juntos en la oficina de un oficial en el Cuartel General de la Policía de Puerto Rico con anterioridad a celebrarse lá rueda de detenidos, en vio-lación de la Regla 252.1(e)(4); (2) el aquí apelante, durante la rueda de detenidos vestía ropas distintas —oscuras— a las demás personas que componían dicha rueda, en vio-lación de la Regla 252.1(d)(1) y (3); y (3) uno de los agentes de la Policía de Puerto Rico le informó al testigo Ricardo Garced Meléndez que en la rueda de detenidos se encon-traba un sospechoso, en violación de la Regla 252.1(e)(2), (3), (5) y (7).

A(7)— Es correcto que la Regla 252.1(e)(4) de Procedimiento Criminal establece que: “Si dos o más testigos fueran a participar como identificantes no se permitirá que se comuniquen entre sí antes o durante la identificación y cada uno hará la identificación por separado.” Igualmente correcto es el hecho de que los testigos Ricardo y Luis Garced Meléndez permanecieron juntos en una oficina del cuartel de la Policía de Puerto Rico con anterioridad al momento de la celebración de la rueda de detenidos. No podemos, sin embargo, sustraernos al hecho de que dichos testigos son hermanos que viven bajo un mismo techo. Realmente sería hasta absurdo el requerir de la Policía el que hubieran separado a dichos testigos minutos antes de celebrarse la rueda, cuando ellos, repetimos, viven juntos. La Policía, sin embargo, trató, bajo las circunstancias, de garantizar al máximo los derechos del apelante: celebró dos ruedas de detenidos —donde al acusado se le cambió el número de identificación que llevaba al cuello — , una para cada uno de dichos testigos, y los mantuvo separados durante el intervalo de tiempo entre ambas ruedas.

A(2)— Surge de la fotografía tomada durante la rueda de detenidos que se llevó a efecto, que el apelante vestía camisa oscura mientras los demás componentes de dicha rueda tenían camisas claras. La Regla 252.1(d)(1) dispone que “Los integrantes de la rueda de detenidos tendrán apariencia física similar a la del sospechoso respecto a sexo, color, raza y, hasta donde sea posible, su estatura, edad, peso y vestimenta deben guardar relación con las del sospechoso”. (Énfasis suplido.) Como podemos notar, el hecho de la similitud de la vestimenta no es man-datorio. Nos parece a nosotros que similitud, en cuanto a las restantes características mencionadas, es mucho más impor-tante. A esos efectos tenemos que un examen de la foto to-mada demuestra que la Policía de Puerto Rico hizo en el presente caso un esfuerzo notable para que los restantes componentes de dicha rueda guardaran un fuerte parecido con el apelante. En adición a lo anteriormente expresado, la prueba desfilada demuestra que el abogado privado que asistió al apelante durante la rueda de detenidos —Ledo. Matías Díaz García— fue apercibido del hecho de la vesti-menta distinta con anterioridad a la celebración de la ci-tada rueda y expresamente informó que no tenía objeción a ello.

A(3)— La Regla 252.1(e)(2) estatuye que “No se le informará a los testigos antes de la celebración de la rueda que se tiene detenido a un sospechoso”. En el presente caso se hizo. No hay duda de que la Policía debe hacer un esfuerzo por cumplir con éste y todos los demás requisitos estatuidos en la citada Regla 252.1. Ahora bien, entendemos que el error cometido no es de tal magnitud como para viciar de nulidad la rueda celebrada, ello debido a que cuando la Policía de Puerto Rico requiere a una persona que fue testigo presencial de unos hechos para que comparezca al cuartel a participar en una rueda de detenidos, es de esperarse el que a esa persona —si tiene inteligencia normal promedio— por lo menos se le ocurra el pensamiento de que dentro del grupo de personas que van a participar en esa rueda debe haber uno o varios sospechosos. La infracción cometida, por tanto, no tiene el grado de sugestión que le atribuye el apelante.

En resumen, un examen de la totalidad de las circuns-tancias que rodearon el lineup que se llevó a cabo en el pre-sente caso nos convence de que el mismo no estuvo viciado por irregularidades que afectaran derechos sustanciales del aquí apelante y que ameriten que el resultado del mismo sea suprimido. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978).

B— El apelante argumenta, además, que independien-temente de los señalamientos que hace en el apartado anterior, la prueba presentada por el Ministerio Fiscal que lo señala a él como el responsable de los hechos acaecidos el 27 de noviembre de 1980 no es ni confiable ni suficiente, como cuestión de derecho, para sostener las convicciones.

Respecto a la “confiabilidad y/o suficiencia de la identi-ficación” realizada en el presente caso, debemos enfatizar el hecho de que, aparte de los tres antes mencionados señala-mientos sobre supuestas violaciones a la Regla 252 de las de Procedimiento Criminal, no hay señalamiento adicional por parte del apelante sobre “sugestividad e insinuación” en el proceso de identificación que se llevó a cabo en el presente caso.

En Pueblo v. Peterson Pietersz, supra, adoptamos como criterios a considerarse al analizar la prueba sobre identificación los siguientes: 1— la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen; 2— el grado de atención del testigo; 3— la corrección de la descripción previa del criminal hecha por el testigo; 4— el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación; y 5— el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación.

La prueba presentada por el Ministerio Público a esos efectos —por conducto del testigo Ricardo Garced Melón-dez— y creída por el tribunal de instancia demostró que dicho testigo observó a la persona que conducía la station wagon, antes y después de los disparos, por un período aproximado de 10 a 12 segundos; que se pudo fijar bien, ya que no se puso nervioso; que dicha persona se le pareció mucho en esos momentos al boxeador Esteban De Jesús, a quien “conocía” por haberlo visto en la pelea con Roberto Durán y en fotos en los periódicos, hecho que informó a los agentes de la Policía de Puerto Rico; que dicho testigo iden-tificó inmediatamente al apelante en la rueda de detenidos, habiéndose celebrado la misma a los veinte días del día de los hechos.

Si a ello añadimos que el referido testigo identificó ante agentes de la Policía de Puerto Rico, en una urbanización de Río Piedras, la station wagon que supuestamente guiaba el apelante el día de los hechos y la cual resultó pertenecer a la esposa del apelante según los records del Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico, en relación con la cual el testigo recordaba —y así lo había informado a un agente investigador en el caso— los últimos tres números de la tablilla, es evidente que la prueba pre-sentada por el Ministerio Fiscal en el presente caso no sólo es confiable sino que es suficiente, como cuestión de derecho —de ser creída la misma — , para sostener las convicciones apeladas.

C— Argumenta el apelante que el tribunal de instancia cometió error que amerita la revocación de las sentencias dictadas al admitir prueba, por voz de los agentes de la Policía de Puerto Rico que intervinieron en la investigación del caso, a los efectos de que el testigo Ricardo Garced Meléndez les había informado que la persona que había hecho los disparos se le parecía al boxeador Esteban De Jesús Rivera o era él mismo. No le asiste la razón al apelante. El juicio celebrado fue por tribunal de derecho; el juez de instancia al admitir dicha prueba hizo constar que la misma “no hacía prueba contra el acusado”. A diferencia de un Jurado, un juez es un técnico del derecho; el juez de instancia, en específico, tiene mucha experiencia, está cali-ficado y entrenado para evaluar la prueba que se le pre-sente y admitir la misma en cuanto a un aspecto y descar-tarla en cuanto a otros. En adición, el testigo que supuesta-mente había hecho dichas manifestaciones a los agentes —Ricardo Garced Meléndez— estuvo presente y declaró durante el proceso y fue contrainterrogado sobre este tema por los abogados del apelante. Véanse: Regla 63 de las de Evidencia de 1979, y Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334 (1980).

Mediante el cuarto error se queja el apelante de que el tribunal de instancia descartó o no le dio crédito a su prue-ba de coartada.

La prueba de coartada presentada por el apelante, obviamente no le mereció crédito alguno al tribunal de instancia. El juzgador de los hechos tiene facultad para dar a la prueba de coartada el valor probatorio que estime adecuado. Pueblo v. Moreu Pérez, 96 D.P.R. 60 (1968). El mero hecho de que el Ministerio Público no presentara prueba de refutación respecto a la prueba de coartada presentada por la defensa no obliga al tribunal de instancia a darle crédito a dicha prueba. Pueblo v. Acosta Acosta, 107 D.P.R. 68 (1978). Reiteradamente hemos resuelto que en ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no existe fundamento en derecho para intervenir con las determinaciones que haga el tribunal de instancia. Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977). No hay indicio alguno de ello en el presente caso.

III

Mediante el quinto señalamiento de error se queja el apelante de que el tribunal de instancia, al permitir que dos agentes investigadores declararan que ellos realizaron gestiones que resultaron infructuosas para localizar al apelante una vez el testigo Ricardo Garced Meléndez les informó que éste era el autor de los hechos, permitió que el fiscal comentara el silencio del acusado. Dicho señalamiento de error es totalmente inmeritorio. Dicha prueba no constituye un comentario al silencio del acusado. La misma, como bien señala el honorable Procurador General en su alegato, “sólo iba dirigida a demostrar las gestiones realizadas por la Policía para localizar al sospechoso y celebrar prontamente una rueda de detenidos según lo requiere Peterson Pietersz, supra”.

Se dictará sentencia en que se confirmen las dictadas por el tribunal de instancia en los casos G-81-181 y 182 y M-80-2769.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Aso-ciados Señores Torres Rigual y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

       Debido ello, principalmente, a que el aquí apelante no pudo ser localizado antes por la Policía de Puerto Rico por motivo de haber sido recluido éste en la Clínica Juliá, Hato Rey, Puerto Rico.

      “[M]eros errores o equivocaciones del defensor no justifican que se deje sin efecto una sentencia, a menos que se trate de una situación que haya convertido el proceso en una farsa o negación palmaria de la justicia.” Pueblo v. Marrero Laffosse, 95 D.P.R. 186, 190 (1967). Véase, en adición, Pueblo v. Mojica Pedrosa, 92 D.P.R. 733 (1965).

       Como expresamos anteriormente, la rueda de detenidos no se pudo celebrar antes por estar recluido el apelante en la Clínica Juliá.

       Es cierto que el testigo Ricardo Garced Meléndez tuvo problemas para des-cribir, ante el dibujante de la Policía de Puerto Rico que prepara bocetos, a la persona que él había visto y sobre la cual él insistía se parecía al apelante. Sin embargo, le señaló a dicho artista, dentro de un libro de bocetos previamente pre-parados, uno de ellos como “la misma cara” de la persona que él había visto hacer los disparos. Un examen de dicho boceto confirma la impresión del testigo: el mismo tiene un parecido impresionante con el apelante.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Palmas del Mar Co., Inc., demandante y recurrente, v. Kenneth S. Niddrie, demandado y recurrido.

      Número: R-82-524

      Resuelto: 8 de febrero de 1983

      Jorge Calero Blanco, de Nigaglioni, Palou & Ledesma, abogado de la recurrente; Paul Salamone Velilla y Leonardo Andrade, de O’Neill & Borges, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Después de practicadas las pruebas en juicio, el Tribunal Superior desestimó por falta de jurisdicción la demanda de desahucio en precario de Palmas del Mar Co., Inc. contra su arrendatario Niddrie, cuyo contrato de arrendamiento para operar una taberna en los predios de la demandante había terminado por expiración de su término. La única razón para así decidir fue la pendencia ante el Departa-mento de Asuntos del Consumidor (DACO) de una querella del inquilino en que alega que Palmas del Mar le exige nuevo contrato con alquiler irrazonable. La arrendadora demandante planteó la falta de jurisdicción de DACO e inaplicación de la Ley de Alquileres Razonables tanto por ausencia de tope en la renta pactada que tiende a sustraerla del límite de $400 mensuales, como por ser dicho arrenda-miento acto integrado a su empresa hotelera, exenta del control de la citada Ley. 17 L.P.R.A. sec. 184, ordinales 3 y 4.

Al recurso de la demandante, el 24 noviembre, 1982 expedimos la siguiente orden:

El demandado recurrido tendrá de término hasta el 15 diciembre, 1982 para mostrar causa por la que no deba revo-carse la sentencia recurrida, considerando la inaplicación de la norma de jurisdicción primaria y la inclusión del contrato de arrendamiento en los términos de exención de control con-cedida a hoteles por el Art. 4(b)(3) de la Ley de Alquileres Razonables (17 L.P.R.A. sec. 184).

La parte recurrida presentó su escrito-contestación con esforzado análisis de las cuestiones jurisdiccional y substan-tiva promovidas en el juicio. No podemos atender a esta última por falta de determinaciones de hecho, mas encon-tramos error en la declinatoria de jurisdicción por la sala de Humacao.

El tribunal no resolvió la cuestión crítica de si este caso se regula por la Ley de Alquileres Razonables, que es la fuente de jurisdicción de DACO. Si el foro administrativo carece de jurisdicción, el judicial no puede renunciar al ejercicio de la suya.

La simple radicación de una solicitud de remedio ante el foro administrativo no cohíbe la intervención del tribunal, ni le paraliza si aquél carece de jurisdicción. De otro modo el desahucio quedaría a merced del más frívolo recurso a DACO. Cuando la solicitud de remedio se pide contemporáneamente en ambos foros —judicial y administrativo— es ineludible para el tribunal adjudicar la cuestión jurisdiccional y no podrá declinar su intervención a menos que se demuestre la existencia de jurisdicción en la agencia administrativa. La sala de instancia fundó su sentencia declinatoria de jurisdicción y desestimación de la demanda en la doctrina de jurisdicción primaria que presupone jurisdicción concurrente entre uno y otro foro. Cf. E.L.A. v. 12,974-78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511-514 (1964). Faltando una previa determinación en cuanto a estar o no regulada por la Ley de Alquileres Razonables la renta acordada o de hallarse la recurrente exenta de sus disposi-ciones como empresa hotelera, 17 L.P.R.A. sec. 184, es pre-matura y carente de base la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción.

Corresponde a la sala de instancia, que recibió prueba sobre los elementos de la relación arrendaticia —tales como naturaleza del negocio operado por la arrendadora, carác-ter de arrendamiento pactado, y cuantía de la renta men-sual exigida en el contrato— determinar si dicho alquiler está controlado por la Ley de Alquileres en cuyo caso ten-dría jurisdicción el Departamento de Asuntos del Consumi-dor.

El juez sentenciador cita como precedentes en que sos-tuvimos la primacía del foro administrativo nuestras deci-siones en Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398, 399, 401 (1980); Lomas de Carolina Corp. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 574 (1973); J.R.T. v. A.M.A., 91 D.P.R. 500 (1964); E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, supra; y Cervecería India, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 686 (1975). Mas en ninguno de estos casos estuvo en controversia ni fue cuestionada la jurisdicción de la agencia o funciona-rio administrativo.

La jurisdicción es cuestión de puro Derecho remitida a examen y adjudicación por los tribunales. El juzgador debe ampliar sus determinaciones de hecho especialmente en lo relativo a la naturaleza exenta de control de esta empresa hotelera, pues no podemos originarlas en revisión. Debe adjudicar y concluir, particularmente, sobre la acusada similaridad en las condiciones de este contrato con las de Talbert v. Hilton Hotels, 78 D.P.R. 283 (1955), en que el convenio fue excluido de control por la Ley de Alquileres. A todos los fines indicados y de ser necesario, podrá la sala de instancia continuar el juicio en los méritos y la ampliación de pruebas con plena participación de las partes.

Se expide el auto, y se revocará la sentencia recurrida. Se devuelve el pleito a instancia para la continuación de procedi-mientos compatibles con lo aquí resuelto, con la deliberada rapidez que tanto la naturaleza del desahucio como su avan-zada etapa procesal ameritan.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Israel Kuilan Santos, acusado y apelante.

      Número: CR-82-23

      Resuelto: 10 de febrero de 1983

      Gregorio Lima, abogado del apelante; Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El apelante fue juzgado por una infracción al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. sec. 2401). Se le encontró culpable el 17 de junio de 1980 y se señaló el 5 de septiembre de 1980 para la imposición de la sentencia. Por los mismos hechos fue juzgado, hallado culpable y senten-ciado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El 8 de agosto de 1980 el peticionario fue trasladado a Estados Unidos para cumplir la sentencia dictada por la corte federal. Tras diversos incidentes y gestiones infruc-tuosas para que se devolviese temporalmente al convicto a fin de que el Tribunal Superior lo sentenciase, el apelante cumplió parte de su sentencia federal y obtuvo el beneficio de quedar en libertad bajo palabra. Las autoridades fede-rales lo entregaron al Departamento de Justicia de Puerto Rico y el 16 de marzo de 1982 el Tribunal Superior dictó sentencia en la que impuso al apelante una pena de cinco a ocho años de presidio, concurrente con cualquier otra impuesta por la corte federal, abonándose a ésta todo el tiempo que hubiese cumplido el convicto por los mismos hechos en cualquier institución penal federal o de Puerto Rico.

El apelante alega que el Tribunal Superior, al permitir que pasaran veintiún meses sin dictar sentencia en su caso, violó las disposiciones de la Regla 162 de Procedimiento Criminal y su derecho a juicio rápido.

No le asiste la razón.

La Regla 162 citada dispone en parte:

Cuando se pronunciare un fallo condenatorio en casos de delitos graves (felonies) el tribunal señalará una fecha para dictar sentencia que será, por lo menos, tres días después de dicho fallo. En casos de delitos menos graves (misdemeanors) el tribunal deberá dictar sentencia no más tarde del día siguiente al del fallo. En ningún caso se dictará sentencia antes de haber sido resuelta cualquier moción de nuevo juicio o moción para que no se dicte sentencia o antes de dar debida consideración al informe pre-sentencia que se requiere de acuerdo a la Regla 162.1.

La Regia 162 no impone un plazo fijo máximo para dictar sentencia en casos graves como el presente. La regla deriva de la 32(a)(1) federal, del Art. 309 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal y del antiguo Art. 1191 del Código Penal de California.

La Regla 32(a)(1) de las de Procedimiento Criminal federal establece simplemente que “La sentencia se impondrá sin dilación irrazonable. . . .” El antiguo Art. 1191 del Código Penal de California, 4 Kerr’s Cyclopedic Codes of California: Penal, Sec. 1191, así como el Art. 309 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal disponían tan sólo, al igual que nuestra actual Regla 162, un término mínimo de espera para dictar sentencia, mas sin fijar un término máximo para hacerlo. La confusión del apelante puede que surja del hecho de que el Art. 1191 del código californiano fue enmendado más tarde para sentar un plazo máximo. West’s Ann. Cal. Penal Code, Sec. 1191. Ello no ha sucedido en esta jurisdicción ni en la federal.

El significado de nuestra Regla 162 es equivalente al de la Regla 32(a)(1) federal. La sentencia deberá dictarse dentro de un plazo razonable. Esto quiere decir que la sentencia debe imponerse dentro de un término que queda a discreción del juez, aunque no a su arbitrio o escueta voluntad. Pollard v. United States, 352 U.S. 354 (1957); 3 Wright, Federal Practice and Procedure, 1982, Sec. 521.1, pág. 45. El derecho a que se dicte sentencia dentro de un período razonable es parte del derecho a un juicio rápido. Pueblo v. Aponte Vázquez, 105 D.P.R. 901 (1977). Para que la tardanza pueda tildarse de irrazonable, sin embargo, debe ser deliberada u oprimente. Pollard, ante, pág. 361.

Nada en el caso de autos revela que la tardanza obedeció al capricho o voluntariedad del Estado o que el apelante haya sido perjudicado en modo alguno. Se ha resuelto que el hecho de que un convicto esté cumpliendo una condena en una jurisdicción no torna irrazonable la demora resultante en la imposición posterior de una senten-cia en otro foro. Treakle v. United States, 327 F.2d 82 (9th Cir. 1964).

Se confirmará la sentencia apelada.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ángel L. Burgos Hernández, acusado y apelante.

      Número: CR-81-37

      Resuelto: 10 de febrero de 1983

      Margarita Carrillo y José M. Cruz Ellis, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogados del apelante; Miguel Pagan, Pro-curador General Interino, y Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante, en unión de otros tres individuos perpe-traron un asalto al Restaurant Chung King. Como parte de sus acciones de esa noche, los asaltantes violaron a dos mujeres que se hallaban presentes en el lugar.

A raíz de su participación en este asalto, el apelante fue convicto por varios delitos de robo, violación, tentativa de sodomía y por varias infracciones a la Ley de Armas, come-tidos en otra ocasión. En apelación señala que el jurado que participó en el caso de autos estaba prejuiciado en su contra, porque sus miembros se habían seleccionado del mismo grupo de jurados que había participado en los casos a que hemos hecho mención. Sostiene, además, que el jurado debió haber sido disuelto tras un incidente en el que varios de sus miembros fueron amenazados anónimamente; que se le denegó una inspección ocular del lugar de los hechos; que no se atendió a una solicitud de la defensa de citar varios testi-gos favorables; que no se rebatió la presunción de inocencia más allá de duda razonable, por cuanto la prueba fue insu-ficiente y contradictoria; que se violó el debido proceso de ley al no efectuarse la alocución antes de dictar sentencia; que las sentencias constituyen un castigo cruel e inusi-tado.

Para sostener el primer apuntamiento, señala que “[hjabiéndose celebrado los dos juicios en fechas tan cerca-nas es lógico concluir que los jurados comentaran entre sí la naturaleza de los delitos, la prueba aportada, los hechos del caso y otros incidentes y pormenores. La posibilidad de con-taminación de los jurados es inescapable”. No tiene razón.

El procedimiento para la selección de jurados está regu-lado por las Reglas 96 a 108 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El proceso requiere la preparación de cier-tas listas de personas que constituyen los jurados disponi-bles y que sirven en esta capacidad por un período de un año. Presumiblemente a esta lista es que se refiere el ape-lante al alegar que los jurados fueron seleccionados del mismo “grupo” en sus dos casos.

Ahora bien, el apelante no alega que alguna de las per-sonas que sirvieron de jurado en el primer juicio también sirviera en esta capacidad en el segundo. De hecho, él mismo aclara que se recusó a los que estaban en esta situa-ción. Tampoco hace alusión a ningún hecho específico que tienda a demostrar que los jurados del primer caso comu-nicaran a sus compañeros el hecho de su convicción anterior. Su contención se basa más bien en la posibilidad de que esto hubiera sucedido.

Para respaldar su posición, el apelante invoca el caso de Leonard v. United States, 378 U.S. 544 (1964). Allí, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revocó una convicción obtenida ante un jurado que incluía a cinco personas que habían estado presentes en un caso anterior del acusado al momento de decretarse su culpabilidad. El Tribunal Supremo acogió el criterio de que este hecho automática-mente los descalificaba para servir como jurados en un caso posterior similar que envolviera a la misma persona. El apelante sostiene que este criterio se aplica, no sólo a la situación del caso de Leonard en que el conocimiento de algunos de los jurados de la anterior convicción quedó cla-ramente demostrado, sino también a la situación de autos en que lo único que se plantea es la posibilidad de que esto ocurriera.

Examinados los casos que constituyen la progenie de Leonard entendemos que el pronunciamiento del Supremo federal no tiene la amplitud que pretende darle el apelante. Por el contrario, en United States v. Carranza, 583 F.2d 25 (1st Cir. 1978), se decidió en circunstancias muy parecidas al caso de autos, que no existía perjuicio para el acusado por el mero hecho de que el panel del jurado hubiera sido seleccionado de entre jurados que habían “servido en un caso en que se había presentado evi-dencia relacionada al segundo caso, ausente prueba de que alguno de los jurados efectivamente hubiera participado en un caso anterior referente a la misma transacción”. Otros casos siguen esta interpretación. Véanse, United States v. Tweed, 503 F.2d 1127 (7th Cir. 1974); Donovan v. Davis, 397 F.Supp. 372 (1975); Brantley v. State, 317 So. 2d 337 (1974); Hill v. State, 348 So. 2d 848 (1977); Hale v. United States, 361 A.2d 212 (1976); y United States v. Patterson, 648 F.2d 625 (9th Cir. 1981). Véanse, además, 3 Wharton’s Criminal Procedure, 12ma ed., 1975, Sec. 449, pág. 251; Annot., Juror’s Presence at or Participation in Trial of Criminal Case (or Related Hearing) as Ground of Disqualification in Subsequent Criminal Case Involving Same Defendant, 6 A.L.R.3d 519 (1966), Sec. 9, pág. 535. Estimamos que ésta es la posición más razonable. No hubo error.

Alega el apelante que el tribunal de instancia erró al negarse a disolver el jurado pese a que se suscitó un incidente en el cual dos de sus miembros recibieron amenazas anónimas. El tribunal excusó a estas dos personas, luego de examinar a cada uno de los jurados. El apelante argumenta que lo que procedía era excusar a todos los jurados debido al perjuicio que se le ocasionaba. Sin embargo, tampoco aquí se ha demostrado que los jurados envueltos comunicaran a sus compañeros lo sucedido. El perjuicio parecería ser exclusivamente hipotético. Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970). La acción del tribunal al excusar a los dos jurados sirvió para disipar el efecto negativo del incidente e impedir que éste afectara la decisión de los otros jurados.

Sostiene el apelante que erró el tribunal de instancia al negar una inspección ocular del lugar de los hechos. Esta determinación era discrecional, a tenor con la Regla 134 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146 (1964); Regla 81 de Evidencia.

No creemos que el tribunal abusara de su discreción al denegarla, en vista de que el propósito perseguido por el apelante al hacer esta solicitud era el de contradecir evidencia presentada por el Pueblo sobre la iluminación del restaurant. Esto ya se había hecho mediante el testimonio del propio dueño del negocio. Por lo tanto, la inspección ocular nada añadía al proceso y, en cambio, resultaba una dilación inconveniente e innecesaria. Pueblo v. Pagán Díaz, supra, pág. 617.

Señala el apelante que el tribunal erró al negarse a citar unos testigos de la defensa al serle solicitado. Se trata de'un incidente surgido en momentos en que la defensa desfilaba su prueba. Ésta trató de introducir en evidencia el informe oficial del agente de la Policía que había investigado el caso. Se negó lo solicitado. El informe supuestamente contenía unas declaraciones sobre la descripción de los asaltantes hechas por dos mozos chinos del restaurant, las cuales eran inconsistentes con las vertidas por los testigos del Pueblo. Ante la determinación del tribunal, el apelante solicitó que se citara a los dos mozos. Esta petición fue denegada. Alega que esta decisión fue errónea.

No se discute el derecho de que gozan los acusados de obtener la comparecencia compulsoria de testigos que les puedan favorecer. En Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974), expresamos que este derecho no está limitado a ninguna etapa del juicio en particular. Esto no obstante, este derecho puede ser atemperado. Procede denegar una petición como la surgida en este caso, si las circunstancias no la ameritan. Pueblo v. Ayende, 39 D.P.R. 243 (1929); Pueblo v. Báez, 44 D.P.R. 54 (1932); Pueblo v. Sarria, 57 D.P.R. 882 (1941); Pueblo v. Cintrón, 58 D.P.R. 384 (1941); Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146 (1964); Pueblo v. Vélez Torres, 98 D.P.R. 5 (1969).

El apelante no nos ha persuadido de que el juez de instancia abusara de su discreción al denegar su petición en este caso, ni que esto le hubiera causado un perjuicio real. El propio policía testificó que apenas pudo entender lo que le dijeron los dos mozos. Ante esta realidad cabe cuestio-narse el valor que hubieran tenido sus testimonios de ser presentados en corte, teniendo en cuenta que el apelante ya había sido positivamente identificado por todos los testigos del Pueblo. Por otro lado, el juez inquirió sobre el paradero de los dos mozos antes de denegar la petición, siendo infor-mado que al menos uno de ellos ya no se encontraba en Puerto Rico. Ante estas circunstancias estimamos justifi-cada la acción del tribunal.

Tampoco erró el tribunal al encontrarlo culpable a base de la prueba de identificación sometida por los testigos del Pueblo. Basta señalar que hemos examinado los tes-timonios y no estamos persuadidos de que las inconsisten-cias existentes, si alguna, justifiquen descartarlos. Véase Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978). No hemos descubierto ningún indicio de pasión, prejuicio o error manifiesto en la apreciación de la prueba por el jurado. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982).

Alega el apelante que se violó su derecho a no ser privado de su libertad sin el debido procedimiento de ley al proceder el tribunal de instancia a dictar sentencia sin antes efectuar la alocución que dispone la Regla 166 de las de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. No tiene razón.

En Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969), ,y en Pueblo v. Hernández, 94 D.P.R. 116 (1967), resolvimos que la omisión del juez de instancia de cumplir con esta dispo-sición no da lugar a una revocación de la sentencia, a menos que el acusado demuestre que podía aducir alguna de las causas reconocidas por la ley para que la sentencia no fuera dictada, ya que de otro modo no se estaría demostrando qué perjuicios le hubiera ocasionado esta omisión. En el caso de autos, el apelante no ha cumplido con este requisito.

Finalmente, alega que las sentencias dictadas son tan altas que constituyen un castigo cruel e inusitado, al haberse dispuesto que serían cumplidas consecutivamente. Tomando en cuenta la naturaleza de los delitos cometidos y el hecho de que las penas decretadas caen dentro de los límites fijados por un estatuto válido, carece de fundamento el apuntamiento. Véase 4 Wharton’s Criminal Procedure, 12ma ed., 1976, See. 633, pág. 301; Annot., Length of Sentence as Violation of Constitutional Provisions Prohibiting Cruel and Unusual Punishment, 33 A.L.R.3d 335 (1970), Sec. 5, pág. 359 y casos allí citados.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

       El apelante también alega que se le violó su derecho al debido proceso de ley al desechar el juez de instancia la exposición narrativa de la prueba preparada por él y preparar una distinta en su lugar, que no refleja lo sucedido en el juicio. No es necesario discutir este planteamiento, puesto que aceptamos complementa-riamente la exposición preparada por el apelante.

       El apelante alega que el conocimiento de los jurados surgió al momento de desinsacular a los que habían participado en el caso anterior, pero no demuestra que en ese momento se hubiera mencionado que el apelante había sido convicto.

        Cf. United States v. Smith, 335 F.2d 898 (7th Cir. 1964); Gordon v. United States, 384 F.2d 598 (8th Cir. 1967); Mottram v. Murch, 458 F.2d 626 (1st Cir. 1972); United States v. Tweed, 503 F.2d 1127 (7th Cir. 1974); Donovan v. Davis, 397 F.Supp. 372 (1975); Government of Virgin Islands v. Parrott, 551 F.2d 553 (3rd Cir. 1977); Wall v. Superintendent, Virginia State Penitentiary, 553 F.2d 359 (4th Cir. 1977); Donovan v. Davis, 558 F.2d 201 (4th Cir. 1977); United States v. Carranza, 583 F.2d 25 (1st Cir. 1978); Bromwell v. Williams, 445 F.Supp. 106 (1977); United States v. Patterson, 648 F.2d 625 (9th Cir. 1981); United States v. Stratton, 649 F.2d 1066 (5th Cir. 1981); Dunaway v. State, 278 So. 2d 205 (1973); Brantley v. State, 317 So. 2d 337 (1974); Commonwealth v. Zakas, 263 N.E.2d 446 (1970); Hill v. State, 348 So. 2d 848 (1977); Hale v. United States, 361 A.2d 212 (1976); People v. Haskett, 640 P.2d 776 (1982).

       En síntesis, esta prueba fue la siguiente:
      Nayda Dávila Criado testificó que el día de los hechos se encontraba acom-pañada de Sonia Mercado y Teresa Vargas en el Restaurant Chung King. Estaban sentadas como a 25 pies de la entrada. La iluminación del salón era con luces fluorescentes altas. Vio cuando entraron cuatro individuos con revólver en una mano y pañuelos en la otra. Dos de ellos se acercaron a la mesa y las amenazaron, diciéndoles que se trataba de un asalto y que mantuvieran la cabeza sobre la mesa. Los individuos se pusieron los pañuelos en la cara. Mientras mantenía la cabeza baja pudo ver que se llevaban a Sonia y a Teresa a la parte de atrás del salón. Mientras tanto, las despojaban de prendas y carteras. Identificó al acusado como el que se llevó a Teresa. Era el más alto, como de 6 pies, vestía más deportivo que los demás. Tenía el pelo enrizado, cejas bastante pronunciadas y ojos grandes. Encorvaba los hombros, y los lados de la cara estaban como en contracción o ten-sión. Los autores se repartieron las prendas y el dinero y se fueron. El incidente duró como 45 minutos. Unas semanas después una agente le mostró una cantidad de fotos entre las cuales identificó la del acusado. Posteriormente identificó a los otros individuos mediante fotografías y en rueda de detenidos. En la rueda de detenidos en que estaba el acusado no pudo identificar a nadie. La explicación que dio fue que el acusado mantenía la cabeza inclinada durante la rueda de identifi-cación y que a pesar de sus requerimientos, no levantó la cabeza. Por temor a cometer un error optó por no identificar a nadie.
      En el contrainterrogatorio fue confrontada con una declaración jurada anterior en la cual había declarado que no había podido ver bien la cara del acusado. La testigo explicó que “por el transcurrir del tiempo se le había refrescado la memoria”.
      Sonia Mercado Cumba testificó que se encontraba en el restaurant con las otras testigos cuando entraron varios hombres armados, con pañuelos en una mano, y dijeron que era un asalto. Le impresionó uno por lo alto, la mirada y lo abultado de las cejas. Lo identifica como el “Gigante Verde”. Dos de los asaltantes fueron adonde ellas y las despojaron de sus prendas. Uno de ellos la condujo al baño, pero no había podido identificarlo. Éste le ordenó ponerse de espaldas, trató de cometer sodomía y la violó. Luego se fue y entró otro hombre que también tuvo relaciones con ella de forma parecida. Después que se fue se quedó en la puerta del baño hasta que oyó a Teresa decir que se habían marchado. El incidente duró como 45 minutos, de los cuales estuvo 30 dentro del baño. Posteriormente iden-tificó al acusado mediante fotografías y en rueda de detenidos.
      Teresa Vargas Cabrera testificó que estaba en el restaurant cuando de pronto entraron varios individuos armados. Luego procedieron a cubrirse la cara con unos pañuelos. Uno de ellos se acercó y les dijo que se trataba de un asalto y les ordenó que bajaran la cabeza sobre la mesa. El acusado la agarró por detrás a la vez que la encañonaba con una arma. Se dio cuenta de que era alto porque el hombro de ella le quedaba poco más arriba de la cintura a él. Lo describió como un hombre de seis pies de estatura, pelo negro lacio, con bigotes, ojos obscuros, con cejas abultadas y largas. Le tapó la cara con una servilleta de tela y la llevó al baño, donde la violó. Ella cerró los ojos. Luego él salió y entró otro hombre que le tiró una servilleta en la cara y procedió a violarla. Al rato, cuando no escuchó más ruidos, preguntó si se habían marchado y vio a Sonia saliendo del otro baño y a Nayda con la cabeza todavía en la mesa. Posteriormente identificó al acusado en una rueda de detenidos.
      En el contrainterrogatorio, testificó que la iluminación del baño era un poco más tenue que la del salón, pero que se veía muy claro.

       El texto de esta regla es el siguiente:
      “En casos de delitos graves (felonies), al comparecer el acusado a oír la sen-tencia, el tribunal le informará de la naturaleza del cargo contenido en la acu-sación y del pronunciamiento del fallo, y le preguntará si existe alguna causa legal por la cual no deba procederse a dictar sentencia. Si no existiere tal causa legal, el tribunal dictará sentencia. Si el acusado no estuviere representado por abogado, el tribunal le informará de su derecho a apelar y, a solicitud del acusado, el secreta-rio preparará y presentará un escrito de apelación cumpliendo con los requisitos que exigen estas reglas.”

       Las penas impuestas por la sala sentenciadora fueron las siguientes:
      Tentativa de sodomía 3 a 10 años
      Violación. 14 a 25 años
      Violación. 14 a 25 años
      Robo. 14 a 20 años
      Robo. 14 a 20 años
      Robo. 14 a 20 años
      Art. 7, Ley de Armas 1 a 5 años
      Art. 7, Ley de Armas. 1 a 5 años
      Art. 7, Ley de Armas, 1 a 5 años
      Art. 7, Ley de Armas, 1 a 5 años
      Art. 6, Ley de Armas, 6 meses
      Art. 6, Ley de Armas. 6 meses
      Art. 6, Ley de Armas. 6 meses
      Art. 6, Ley de Armas. 6 meses


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Pedro M. García Reyes, acusado y apelante.

      Número: CR-82-2

      Resuelto: 14 de febrero de 1983

      Luis F. Abren Elias, Roberto De Jesús Cintrón y Josué F. Maído-nado Casillas, abogados del apelante; Miguel Pagan, Procura-dor General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto de violación. Se le imputó haber abusado de una joven sorda. En su recurso señala la comi-sión de varios errores en la admisibilidad de evidencia sobre: (1) prueba de identificación a pesar de las objeciones oportunas del acusado; (2) permitir a una persona actuar como intérprete durante el juicio sin estar debidamente calificada; (3) declaraciones de la víctima hechas bajo la influencia de su excitación, en respuesta a preguntas de su madre; (4) prueba de un incidente ocurrido en el Centro Judicial; (5) prueba incongruente con las alegaciones; y (6) limitar indebidamente el contrainterrogatorio de la víc-tima.

A continuación la prueba de cargo:

Iris Elisa Ortiz Roche fue calificada como intérprete. Testificó que había sido intérprete de sordos y de ciegos, que daba educación especial a sordos, que había trabajado durante tres años para la Unidad de Rehabilitación Vocational, que había tomado adiestramiento por dos años, que había interpretado a sordomudos para siquiatras y en dis-cursos, y que había comparecido al tribunal anteriormente. Testificó, además, que había hablado con la testigo y que podía interpretar sus sonidos.

Al comenzar el testimonio de Rosa E. De Jesús Medina, joven sorda de 16 años que fue la víctima de la violación, la señora Ortiz Roche sirvió como intérprete. Luego, ante la admisión de ésta de que tenía problemas para interpretar lo que la niña declaraba, el tribunal la relevó de su función, y en su lugar autorizó a la madre de la testigo para que con-tinuara como intérprete de su hija. En síntesis, la perjudi-cada expresó que el 30 de marzo de 1981, en horas tempra-nas de la tarde, el acusado, junto con otro individuo, la forzaron a montarse con ellos en un automóvil y la llevaron a un lugar apartado de Guaynabo. Allí la obligaron a tener relaciones sexuales y contra natura con ellos. Los dos hombres tomaban cerveza y fumaban marihuana. También la compelieron a tomar cerveza, forzando la lata contra sus labios. Utilizando una navaja, le cortaron la ropa que lle-vaba puesta y después de abusar de ella la golpearon y la dejaron tirada a un lado del camino.

Ruth Pagán de Gutiérrez testificó que el día de los hechos encontró a la niña tirada en la carretera. Fue a bus-car ayuda para socorrerla y llevarla al hospital.

Por su parte, Regina Medina Concepción, madre de la niña, testificó que su hija conocía al acusado con anterio-ridad a los hechos. Éste le hacía proposiciones deshonestas. La niña se le quejaba diciendo “carro blanco por allí” y le indicaba con la mano sobre el sexo. Declaró que el día de los hechos, mientras estaba en el hospital, su hija se le acercó y le dijo “carro blanco”. Ella le preguntó “¿Manny?” —sugi-riéndole el nombre del acusado— y su hija le respondió que sí. Luego de presentada la denuncia la niña se entrevistó con la Policía, a través de ella. La Policía prometió hacerse cargo del caso. Posteriormente, la testigo fue con Rosa, otra hija y su yerno al lugar donde se encontraba el acusado. La testigo se acercó y entabló conversación con el acusado con el pretexto de que deseaba comprar su carro. Mientras tanto, la víctima lo identificó desde el vehículo en que se hallaba. Notificaron a la Policía y el acusado fue arrestado.

La mujer policía Rosita Quiles, quien estuvo a cargo de la investigación del caso, testificó que cuando fueron a la escena de los hechos la víctima se dobló a buscar algo y encontró una cuchilla pequeña, con la que alegó que le habían cortado la ropa. Testificó que cuando estaban some-tiendo los casos la niña se abalanzó sobre el acusado y tuvieron que quitársela de encima.

El Dr. Félix López Maldonado, médico que examinó a la víctima, testificó que ésta mostraba síntomas compatibles con una desfloración reciente.

La defensa del apelante se limitó a tratar de establecer una coartada. Para esto utilizó principalmente el testimonio de Gregorio López Nieves. Éste declaró en el juicio que el día de los hechos el acusado estuvo trabajando con él todo el tiempo en una construcción en el Municipio de Cataño. Tes-tificó, además, que unos pocos días antes del juicio él iba en un carro con el acusado y la víctima los paró y les dijo, dirigiéndose al acusado, “yo no voy a ir a corte, tú no me hi-ciste nada”. Les dijo, además, que era su mamá la que insistía en que ella fuera y que también le pegaba. Aclaró que él entendió todo lo que decía la niña y que ella hablaba con normalidad.

Como testigo de refutación el fiscal presentó a Pastora Cesáreo Guerrido, quien era la dueña de la construcción en que había trabajado el acusado. Testificó que jamás había visto a Gregorio López Nieves trabajando en la obra.

Esta fue, en resumen, la prueba desfilada durante el jui-cio. Como primer error se apunta que la identificación estuvo viciada por las acciones de la madre de la víctima, quien sugirió a ésta el nombre del acusado y la llevó a observarlo bajo circunstancias que garantizaban que la identificación sería positiva. El apelante sostiene que este curso de acción violó su garantía constitucional de no ser privado de su libertad sin el debido procedimiento. Invoca a Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969). No tiene razón.

Sin entrar a considerar si la identificación de un sospechoso por parte de una persona particular sin la intervención de ningún agente del orden público deba regirse por la doctrina de Gómez lucera, no creemos que las acciones de la madre tuvieron efecto en la identificación del apelante. La perjudicada' conocía al acusado con anterio-ridad a los hechos. Ante esta circunstancia son inaplicables las salvaguardas que requiere la Constitución para la confia-bilidad y, por ende, validez de la identificación extrajudicial. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172 (1978); Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972). Véase, N. R. Sobel, Eyewitness Identification, 2da ed., New York, Clark Boardman Co., Ltd., 1981, pág. 1-8; Annot., Admissibility of Evidence as to Extra-Judicial or Pretrial Identification of Accused, 71 A.L.R.2d 449 (1960).

Como segundo error alega el apelante que Iris Elisa Ortiz Roche fue indebidamente calificada como intérprete. Basa su contención en que no se demostró fehacientemente que ésta poseyera un conocimiento especializado que la cali-ficara como “perito” para ser un intérprete de sordos. El apelante se equivoca. Confunde los requisitos necesarios para ser un “intérprete judicial” con los de un “perito”.

Para actuar como intérprete en un procedimiento judicial no es necesario que una persona sea calificada como perito. Pueblo v. Flores, 45 D.P.R. 435 (1933); Pueblo v. Abréu Mojica, 90 D.P.R. 760 (1964). La Regla 50 de las de Evidencia provee:

Cuando por desconocimiento del idioma español o cualquier incapacidad por parte de un testigo se haga necesario el uso de un intérprete, éste cualificará como tal si el juez deter-mina que él puede entender o interpretar las expresiones del testigo. El intérprete estará sujeto a juramento de que hará una interpretación y traducción fiel y exacta de lo declarado por el testigo.

En el presente caso el juez de instancia determinó a base de la experiencia y entrenamiento especializado de la intérprete que ésta podía entender o interpretar las expre-siones de la testigo. No obstante, en determinado momento de la declaración admitió la intérprete que tenía dificul-tades para entenderla o interpretarla. Esto de por sí era suficiente para relevarla de continuar actuando. En efecto así sucedió. Nada hay en el récord que sugiera, sin embargo, que la interpretación que hasta ese momento realizó no hubiera sido fiel y exacta. En estas circunstancias no estamos autorizados a intervenir con la decisión de instan-cia de proseguir los procedimientos utilizando como intér-prete a la señora madre de la testigo. Después de todo, era la persona con quien la perjudicada había convivido por más de dieciséis años y a quien la comunicación diaria, pro-ducto de esa convivencia, debió habilitarla para entenderla e interpretarla. Ciertamente la madre estaba capacitada para servir de intérprete y, en efecto, así parece entenderlo también el apelante, pues no la impugnó. De lo que se queja es de la interpretación de la señora Ortiz Roche, pero, como hemos visto, ella fue relevada oportunamente. De todos modos, aunque así no fuera, el apelante venía obligado a demostrar el perjuicio que ello le ocasionó y no lo hizo.

Señala también el apelante que el tribunal de instancia erró al permitir que la madre de Rosa declarara que ésta le contestó que sí cuando le preguntó si su atacante había sido Manny. El apelante admite que este tipo de declaraciones es generalmente admisible bajo la excepción de la prueba de referencia contenida en la Regla 65(B) de las Reglas de Evidencia de 1979. Sin embargo, argumenta que la de-claración no puede considerarse espontánea si sobreviene como respuesta a una pregunta hecha por un tercero.

La mencionada excepción de las declaraciones espontáneas ha sido reconocida desde hace largo tiempo, aunque anteriormente se consideraba como una instancia de la más amplia, aunque poco definida, excepción de res gestae. En la práctica, ha sido acogida con mucha libera-lidad por este Tribunal. Véanse, por ejemplo, Pueblo v. Blanco, 40 D.P.R. 130 (1929), y Pueblo v. López, 76 D.P.R. 378 (1954). Véase también la nota en 42 Rev. Jur. U.P.R. 135 (1973). En Pueblo v. Cortés del Castillo, 86 D.P.R. 220, 229 (1962), enumeramos los requisitos para su aplicación: “(1) un evento suficientemente alarmante que produzca una manifestación espontánea e irreflexiva; (2) falta de tiempo para inventar la manifestación; y (3) la manifestación debe referirse al evento que la causa.”

Ahora bien, el mero hecho de que la manifestación se hubiera hecho en respuesta a una pregunta no es suficiente para inferir que no se ha cumplido con el requisito de que la declaración sea espontánea. Pueblo v. Dueño Maysonet, 94 D.P.R. 706 (1967). Véanse además: State v. Porter, 274 S.E.2d 860 (1981); People v. Bailey, 415 N.E.2d 466 (1980); State v. Barnes, 606 P.2d 802 (1980); Com. v. Hess, 411 A.2d 830 (1979); State v. Kenna, 374 A.2d 427 (1977); Annot., Fact that Rape Victim’s Complaint or Statement Was Made in Response to Questions as Affecting Res Gestae Character, 80 A.L.R.3d 369 (1977). Esta determinación sólo puede hacerse a base de un examen de la totalidad de las circunstancias en que surge la misma. Pueblo v. Cortés del Castillo, supra, págs. 229-230.

Así, pues, en situaciones parecidas hemos aceptado la declaración a pesar de que surgía como respuesta a pregun-tas de terceros, Pueblo v. Dueño Maysonet, supra; Pueblo v. González, 66 D.P.R. 202 (1946); Pueblo v. Alicea Cruz, 100 D.P.R. 295 (1971); Pueblo v. Calventy, 34 D.P.R. 390 (1925); Pueblo v. Fuentes, 63 D.P.R. 44 (1944); Pueblo v. Díaz Martínez, 87 D.P.R. 691 (1963), mientras que en otros casos la hemos aceptado, aun cuando de primera intención la víctima ha sido interrogada y ha negado que le hubiera ocurrido algo para luego confesar la verdad. Pueblo v. De Jesús Cruz, 94 D.P.R. 180 (1967); Pueblo v. Lugo, 70 D.P.R. 145 (1949). En State v. Kenna, supra, pág. 427, se admitió bajo esta excepción el testimonio de una hija de la víctima, quien declaró que ésta había contestado afirmativamente a su pregunta “¿John Kenna?” cuando ella lo encontró herido y éste le dijo “Johnny me acaba de disparar”.

A la luz de lo anterior, entendemos que en la presente situación la conclusión del tribunal de instancia de que la declaración de la víctima fue espontánea está sostenida por la prueba. En efecto, fue la propia niña la que tomó la ini-ciativa de hablarle a su mamá del “carro blanco”. Este dato, unido a sus quejas anteriores de las invitaciones del acu-sado, era suficiente para comunicar la identidad del agre-sor. La pregunta de su madre de si se trataba de Manny no contribuía nada sustancial a lo dicho, sino que meramente articulaba explícitamente algo que la niña, por su particular impedimento, tenía dificultad de expresar.

Como cuarto error alega el apelante que el tribunal incidió al permitir que se desfilara prueba sobre un inci-dente ocurrido en el Centro Judicial. Se trata del testimonio de la agente Quiles en el sentido de que la niña se abalanzó sobre el apelante y que tuvieron que quitársela de encima. ¿Era admisible la evidencia de esta conducta no verbali-zada? Veamos.

Se debe notar que en el presente caso si la víctima en vez de agredir físicamente al apelante lo hubiera acusado verbalmente dicha “declaración” constituiría prueba de referencia a tenor con el inciso (A)(1) de la Regla 60 de las de Evidencia de 1979, al ser presentada para probar la identidad del violador. Sin embargo, tratándose de conducta no verbalizada, ésta sólo se considera prueba de referencia si la intención de la persona que la realiza es que se tome como una aseveración, según el inciso (A)(2) de la regla.

El reconocimiento del problema de admisibilidad que esta situación presenta se remonta al caso de Wright v. Tatham, 112 Eng. Rep. 448, 7 AD. & E. 313, 386 (Exch. Ch. 1837) y 7 Eng. Rep. 559, 5 Cl. & F. 670, 739 (H.L. 1838). Se impugnó la validez de un testamento a base de la dudosa capacidad jurídica del testador, quien había muerto en el ínterin dejando una cuantiosa fortuna. Para establecer la sanidad mental del testador se intentó presentar en eviden-cia varias cartas dirigidas a él y escritas en términos compatibles con la creencia de que se estaba tratando con un hombre cabal. La Cámara de los Lores, luego de ocho años de litigio, decidió que las cartas no eran admisibles, ya que no había garantía de que el testador las hubiera leído, o aun de que las hubiera recibido, y en esas circunstancias ni siquiera el propio testimonio oral de los remitentes, quienes para la fecha del juicio también habían muerto, hubiera sido admisible. Véanse las reseñas del caso en C. T. McCormick, Handbook of the Law of Evidence, 2da ed., Sec. 250, págs. 597-598 (1972), y 2 Wigmore on Evidence, Sec. 267 (1940).

En tiempos recientes esta postura ha sido criticada. Se reconoce que una declaración que constituye prueba de referencia debe tomarse con cautela, ya que este tipo de evidencia presenta riesgos con respecto a las siguientes cuatro áreas: (1) narración del evento —debe pre-sumirse que el lenguaje utilizado refleja fielmente la per-cepción del declarante; (2) percepción del evento —debe pre-sumirse que el evento ha sido claramente percibido y correctamente interpretado; (3) recuerdo del evento —debe presumirse que la memoria del declarante es fiel a lo obser-vado; y (4) sinceridad del declarante —debe presumirse que el declarante desea decir la verdad. T. Finman, Implied Assertions as Hearsay: Some Criticisms of the Uniform Rules of Evidence, 14 Stan. L. Rev. 682 (1962); véanse tam-bién, E. M. Morgan, Hearsay Dangers and the Application of the Hearsay Concept, 62 Harv. L. Rev. 177 (1948); y L. H. Tribe, Triangulating Hearsay, 87 Harv. L. Rev. 957 (1974). La posibilidad de que el declarante, consciente o inconscien-temente, falsifique alguna de estas suposiciones impone la obligación de considerar esta evidencia con cautela.

Sin embargo, se reconoce que algunos tipos de declaraciones extrajudiciales, y particularmente aquella conducta no verbalizada de la que se puede inferir una afirmación de alguna índole (implied assertion) están menos propensos a la falsificación y, por lo tanto, merecen mayor credibilidad. Así, por ejemplo, se señala que evidencia de que alguien abrió un paraguas, traída para probar que estaba lloviendo, o que alguien puso en marcha su vehículo y atravesó la intersección para probar que la luz del semáforo había cambiado, debe ser excluida de la clasificación de prueba de referencia. Se argumenta que estos casos, por su naturaleza, ofrecen mayores garantías, ya que se trata de actos que se realizan sin un propósito consciente de comunicación y como resultado de una percepción cercana en tiempo del evento motivador. Véanse J. F. Falknor, The “Hear-Say” Rule as a “See-Do” Rule: Evidence of Conduct, 33 Rocky Mt. L. Rev. 133 (1961); 4 Louisell y Mueller, Federal Evidence, Sec. 414 (1980).

Este enfoque tuvo acogida en las Reglas de Evidencia federales de 1975, R. 801(a)(1). Véanse, 28 U.S.C.A. Federal Rules of Evidence, pág. 527; y 11 Moore’s Federal Practice, 2da ed., Secs. 801.01, 801.10 (1982), y nuestra Regla 60, Práctica Procesal Puertorriqueña, Vol. I, Análisis Editorial, págs. 195-196. El efecto del cambio fue eliminar del ámbito de la prueba de referencia la conducta no verbalizada constitutiva de una afirmación por implicación (■implied assertion), a menos que se estableciera la intención específica del autor de realizar la afirmación. De no haber tal intención esta conducta es admisible como prueba circunstancial del evento. En Práctica Procesal Puertorriqueña, supra, a ese efecto se expone a la pág. 196: “Bajo esta regla 60 la conducta es declaración de referencia solo cuando es claramente aseverante, es decir, cuando se hace con la clara intención de hacer una aseveración. Tal es el caso cuando una persona, sin hablar, señala otra con el dedo para identificarle, queriendo decir ‘ése es’. Cuando se trata de conducta de la cual puede inferirse una aseveración pero que no se hace con la intención de hacer tal aseveración, no estamos en el caso de una ‘declaración’ bajo esta regla, se trataría meramente de la admisibilidad de evidencia circunstancial a ser determinada bajo los principios de pertinencia.”

Entendemos que el presente caso es un ejemplo de lo anterior. Resultaría muy difícil negar que la acción de la víctima fue espontánea e irreflexiva, precipitada por la fuerza de su rencor, más bien que por una malicia ponde-rada. Su conducta constituía una reacción natural que no conllevaba la intención de realizar afirmación alguna respecto al acusado. Por lo tanto, caía fuera de la definición de la Regla 60 y era admisible como prueba circunstancial de la identidad de su agresor.

Somos conscientes de que este tipo de evidencia se puede prestar para que testigos inescrupulosos adopten compor-tamientos fingidos con el propósito de influir indebida-mente en los juzgadores, aprovechando la mayor liberalidad de la regla en cuanto a la conducta no verbalizada. Muchas veces el problema se complica por la inadvertencia de los abogados contrarios, quienes, al asociar la prueba de refe-rencia con las manifestaciones verbales solamente, no reconocen las afirmaciones no verbalizadas como tal y sólo acuden al lenguaje general de la Regala 19 para procurar su exclusión. Corresponde, entonces, a los jueces de instan-cia realizar un cauteloso balance en cada caso para deter-minar si el valor probatorio de la prueba que se pretende presentar excede la medida de su perjuicio tomando en cuenta los peligros particulares que conlleva este tipo de evidencia.

En el presente caso se cuestionaba la sinceridad del tes-timonio de la declarante. Indudablemente su acto espontá-neo tenía un incalculable valor probatorio, que predomi-naba sobre el efecto perjudicial de su emotiva acción. Entendemos que por su particular impedimento ésta tra-ducía su versión con mayor fidelidad que lo que ningún intérprete hubiera podido conseguir. No hubo error en su admisión.

Como quinto error alega el apelante que el tribunal de instancia se equivocó al admitir prueba sobre el delito de sodomía a pesar de que no se había acusado por este delito. No tiene razón.

En otras ocasiones hemos decidido que evidencia de otros delitos cometidos por el acusado no es admisible en un proceso criminal, excepto cuando el delito anterior: (a) es un hecho pertinente para establecer la comisión del crimen por el cual se le juzga; (b) forma parte del res gestae; (c) puede demostrar motivo, intención, premeditación, malicia o un designio común; o (d) forma parte del mismo evento delictivo. Pueblo v. Martínez Lucena, 92 D.P.R. 881 (1965); Pueblo v. Hernández Santiago, 97 D.P.R. 522 (1969); Pueblo v. Reyes Lara, 100 D.P.R. 676 (1972). Véase la Regla 20(B) de las de Evidencia. En la presente situación, la prueba ofrecida claramente estaba comprendida dentro de esta excepción. Era admisible.

Finalmente, alega el apelante que el tribunal de instan-cia limitó indebidamente el contrainterrogatorio de la víctima al no permitir que se le preguntara sobre si su abue-la acostumbraba pegarle. Su argumento no nos convence.

Como norma general no se revocará una sentencia por motivo de la errónea exclusión de alguna evidencia, a no ser que se demuestre que tal exclusión fue un factor sustancial en la decisión del juzgador. Regla 5 de Evidencia; Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982). El apelante no nos ha persuadido de que el hecho de que no se le permitiera contrainterrogar sobre ese extremo a la testigo tuviera un efecto sustancial sobre la decisión. De hecho, tal línea parecía impertinente por completo. Tampoco se cometió este error.

Se confirmará la sentencia apelada.

      E1 testimonio brindado por Rosa E. De Jesús Medina en el juicio contiene varias contradicciones. Por ejemplo, la testigo, respecto a la descripción del ve-hículo de sus agresores, declaró en diversos momentos que era “blanco” y “rosado”, “azul”, “rojo”, “grande”, “chiquito”, etc. También contiene varias exageraciones (que el carro le había pasado por encima) y algunas instancias donde la testigo simplemente no pudo entender lo que se le preguntaba. En lo que sí fue preciso y consistente su testimonio fue en los detalles de la violación y en la identificación del acusado.
      Esta disparidad se puede explicar debido a su condición de sorda. Es un hecho establecido que este impedimento genera problemas adicionales tanto sicoló-gicos y emocionales como de comunicación. Así, debido al reducido potencial que frecuentemente tienen los sordos de realizar abstracciones, no es irrazonable que un testimonio refleje cierta desorientación respecto a algunos particulares, mientras que respecto a otros no. Véanse, D. Rose, Audiological Assessment, 2da ed., 1978, Cap. 4, págs. 101-145; H. Newby, Audiology, 3ra ed., 1972, Cap. 10, págs. 305-331; L. Edward Travis (ed.), Handbook of Speech Pathology and Audiology, 1971, Cap. 15, págs. 399-431.
      Este hecho no resta a la credibilidad que la testigo pueda tener en aquellas partes de su testimonio en que demostró seguridad y precisión. Cf. Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276 (1982).

       “Regla 65. Excepciones a la regla de prueba de referencia aunque el de-clarante esté disponible como testigo
      “Es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia aunque el declarante esté disponible como testigo:
      “(A)........
      “(B) Declaraciones espontáneas por excitación: Una declaración hecha mien-tras el declarante estaba bajo la influencia de excitación causada por la percep-ción de un acto, evento o condición y la declaración se refiere a dicho acto, evento o condición.”

       Esta regla dispone:
      “Regla 60. Definiciones

      “Se adoptan las siguientes definiciones relativas a prueba de referencia:
      “(A) Declaración: Una ‘declaración’ es (1) una aseveración oral o escrita; o (2) conducta no verbalizada de la persona, si su intención es que se tome como una aseveración.

      “(B) Declarante: ‘Declarante’ es la persona que hace una declaración.
      “(C) Prueba de referencia: ‘Prueba de referencia’ es una declaración aparte de la que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado.” (Énfasis suplido.)

       Lo cual no quiere decir que sería necesariamente inadmisible. En algunos casos podría admitirse bajo la mencionada excepción de declaración espontánea o bajo alguna otra de las excepciones que contemplan las Reglas de Evidencia.

       Véanse: Note, An Exception to the Hearsay Rule, 26 Harv. L. Rev. 146 (1912); E. M. Morgan, Hearsay Dangers and the Application of the Hearsay Concept, 62 Harv. L. Rev. 177 (1948); J. F. Falknor, The “Hear-Say” Rule as a "See-Do” Rule: Evidence of Conduct, 33 Rocky Mt. L. Rev. 133 (1961); J. M. Maguire, The Hearsay System: Around and Through the Thicket, 14 Vand. L. Rev. 741 (1961).

       Regla 19.
      “Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio es de poca significación en relación a cualesquiera de estos factores:
      “(a) Peligro de causar perjuicio indebido
      “(b) probabilidad de confusión
      “(c) desorientación del jurado
      “(d) dilación de los procedimientos
      “(e) innecesaria presentación de prueba acumulativa.”

       En el juicio, el apelante trató de probar que el testimonio de la niña estaba influenciado por su madre, pero nada trató de implicar respecto a su abuela ni se intentó traer evidencia de otros actos de ésta que la pudieran haber influenciado.


text:
    First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, Sección Primera, recurrido; Pan American Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, Sección Primera, recurrido.

      Números: 0-81-482, 0-81-489

      Resueltos: 16 de febrero de 1983
   PER CURIAM:

Se trata de dos recursos gubernativos pre-sentados por Pan American Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico y First Federal Savings and Loan Association of Puerto Rico contra la negativa del Registrador de la Propiedad, sección primera de Caguas, de inscribir una cláusula de aceleración de la deuda, incluida en ciertas escrituras de constitución de hipoteca. Hemos consolidado ambos recursos porque plantean cuestiones comunes de hechos y de Derecho. La reciente decisión del Tribunal Supremo federal —Fidelity Federal Sav. & Loan Assn. v. De la Cuesta, 458 U.S. 141 (1982)— aplica a los hechos ante nos y nos obliga a revocar las notas recurridas.

La referida cláusula de aceleración dice así:

Si toda o parte de la Propiedad, o un interés en la misma, es vendido o transferido por el Deudor sin el consentimiento previo por escrito del Prestador, excluyendo (a) la creación de una carga o gravamen subordinada a esta Hipoteca, (b) la creación de una garantía del precio de compraventa de enseres del hogar, (c) una transferencia por legado o heren-cia, o (d) la concesión de un derecho de arrendamiento de tres años o menos que no contenga una opción de compra, el Pres-tador podrá, a opción del Prestador, declarar todas las sumas aseguradas por esta Hipoteca inmediatamente vencidas y pagaderas. El Prestador habrá renunciado tal derecho de aceleración si, antes de la venta o transferencia, el Prestador y la persona a quien la Propiedad ha de ser vendida o trans-ferida llegan a un acuerdo por escrito a efectos de que el crédito de dicha persona es satisfactorio al Prestador y de que el interés pagadero sobre las sumas aseguradas por esta Hipoteca será el tipo que requiera el Prestador. La renuncia por el Prestador a la opción de aceleración dispuesta en este párrafo 17 no será interpretada como un relevo de las obliga-ciones del Deudor bajo esta Hipoteca y el Pagaré.
Si el Prestador ejerce dicha opción de aceleración, el Pres-tador enviará por correo al Deudor notificación de acele-ración de acuerdo con las disposiciones del párrafo 14 de la presente. Dicha notificación concederá un período de no menos de treinta (30) días a partir de la fecha de envío por correo de la notificación durante el cual el Deudor podrá pagar las sumas declaradas vencidas. Si el Deudor dejare de pagar dichas sumas antes de la expiración de dicho período, el Prestador podrá, sin necesidad de notificación o requeri-miento adicional al Prestatario], invocar cualquiera de los remedios permitidos por el párrafo 18 de la presente.

En su nota denegatoria el Registrador expuso las si-guientes razones para denegar la inscripción:

De tratarse de una mera obligación contraída por el deu-dor, no sería inscribible por efecto de los artículos 41 y 53.1 de la Ley y su Reglamento Hipotecario, respectivamente. De tratarse de una cláusula con trascendencia real, afectaría directamente la facultad de enajenar del dueño, elemento esencial del derecho de propiedad, con vista de sus propios términos y cómo éstos han sido interpretados en otras juris-dicciones, y no poder tener acceso al Registro, por no expresar causa alguna que justifique tal limitación quedando totalmente a la irrestricta voluntad del acreedor declarar vencida la deuda, quien no está obligado a aceptar la venta o concesión de algún interés, no importa qué garantía pueda ofrecerle el adquirente y por estar prohibida la inscripción de dicha restricción por el Artículo 84 de la Ley Hipotecaria y declarada ineficiencia [sic\ por el Artículo 158 tercero de la misma ley. La deuda es declarada vencida no sólo si la finca es vendida sin el consentimiento por escrito del acreedor sino por la concesión de un “interés en la misma” concepto impre-ciso cuya publicidad registral violenta el principio hipoteca-rio de especialidad que informa, entre otros, el artículo 87.2 de la Ley Hipotecaria; al igual que la primera excepción, puesto que sugiere que una segunda hipoteca, y por tanto si la finca es transferida por su ejecución, no causaría el venci-miento acelerado de la deuda. Se alude al título 12 del Código de los Estados Unidos, secciones 1461 y siguientes y al Título 12 de Regulaciones Federales, Sección 545, 8-3, los que per-miten dicha cláusula como enervantes de cualquier dispo-sición legal puertorriqueña; pero no aparece de tales leyes y reglamentos la intención del Congreso de los Estados Unidos de hacerla prevalecer sobre legislación vigente en Puerto Rico y ni siquiera es mandatoria, al respecto que nos ocupa, para los que a su amparo contraten. Caguas, a 17 de agosto de 1981.

Las recurrentes señalan que el Registrador cometió tres errores, a saber:

(1) Erró al añadir nuevos motivos legales para su denegatoria a los mencionados en su notificación de cali-ficación.
(2) Erró al determinar que la cláusula de aceleración no tiene acceso al Registro por constituir una violación al Art. 84 de la Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. sec. 2305 y ss.).
(3) Erró al determinar que por razón de la cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos, Art. VI, cláusula 2, las asociaciones federales de ahorro y préstamos están inmunes a toda legislación o regla-mentación local que prohíba, limite, restrinja, infrinja o en cualquier otra forma interfiera con los negocios y actividades autorizados a tales asociaciones mediante ley o reglamentación federal.

En su denegatoria el Registrador no determina cuál es la naturaleza de la cláusula, sino que deniega su inscripción por razones alternativas. Nos parece que esta determinación es esencial porque de constituir una obligación personal no sería inscribible, ya que como norma general los derechos personales no son inscribibles.

La cláusula de aceleración impone una penalidad al deudor hipotecario que transfiere la propiedad sin el consentimiento previo por escrito del acreedor. La penalidad consiste en la aceleración del vencimiento de la deuda. Ven-cida la deuda, si no es pagada, el acreedor puede pedir la ejecución del bien hipotecado para satisfacer su crédito. Ello demuestra que se trata de una obligación con tras-cendencia real y no una mera obligación personal. Su incumplimiento pone en función la garantía hipotecaria.

Probablemente la idea de que la cláusula de aceleración constituye un derecho personal surge de la particularidad de que en la hipoteca, a diferencia de la mayoría de los gravámenes reales, hay una relación compleja de dos ele-mentos: un crédito o débito personal y un derecho o gravamen real. Roca Sastre y Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. 1, pág. 411. Sin embargo, al examinar la cláusula vemos que su incumplimiento repercute sobre la garantía real. No obstante, la determinación de que la cláusula de aceleración tiene trascendencia real no es suficiente para resolver que es inscribible, pues hay que determinar si es válida.

El Registrador entiende que es nula porque constituye una prohibición de enajenar no permitida por el Art. 84 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2305. El análisis del Registrador es que de no haber aceptación previa para la venta o transferencia, el comprador se encuentra con una deuda vencida y en una situación que unilateralmente con-trola el acreedor. Entiende que ello va en contra del princi-pio que establece que la hipoteca no impide al dueño de la cosa gravada el ejercicio de sus facultades dispositivas respecto a ésta. Este principio que se remonta al Derecho romano ha pasado al Derecho moderno y por ello se ha de-clarado que es nulo todo pacto a favor de un acreedor hipotecario de no volver a hipotecar. Roca Sastre, op. cit., pág. 410.

La controversia de si la cláusula de aceleración consti-tuye una prohibición de enajenar ha sido objeto de gran debate. En los Estados Unidos la cláusula ha sido objeto de legislación y de interpretación por los tribunales estatales y federales. L. Kreicher, Much Ado About Due-on-Sale: Avoiding the Tempest in New York, 10 Hofstra L. Rev. 1229 (1982). Éstos, de forma uniforme, han permitido el uso de la cláusula cuando se utiliza con el propósito de que el acree-dor pueda asegurarse de que el nuevo adquirente es una persona solvente y que puede mantener la propiedad en buenas condiciones. P. Ashley, Use of “Due-On” Clauses to Gain Collateral Benefits: A Commonsense Defense, 10 Tulsa L.J. 590 (1975). Esta uniformidad no existe, sin embargo, cuando se utiliza la cláusula para obtener el beneficio de un aumento en los intereses del préstamo hipotecario. Ashley, op. cit, pág. 592. Un mayor número de tribunales comenzó a prohibir el uso de la cláusula de aceleración para obtener un ... amento en los intereses porque limitaba irrazonable-mente las enajenaciones de los bienes hipotecados. Véase, Comment, Due-on-Sale Clause not a Restraint on Alienation of Property, 59 Wash. Univ. L.Q. 1047 (1981).

El uso de la cláusula para obtener mayores intereses surge como consecuencia de la inflación que comenzó a sufrir la economía a mediados de la década de 1960 y que aún permanece. Las asociaciones de ahorro y préstamo, como son las recurrentes, obtienen los fondos para sus préstamos hipotecarios de certificados y cuentas de ahorro a corto plazo. Al tenerlos que invertir en préstamos a largo plazo con un interés fijo sufren pérdidas, porque para atraer depositantes tienen que pagar intereses cada vez más altos. Fidelity Federal Sav. & Loan Assn. v. De la Cuesta, supra. La cláusula due-on-sale ayuda a aliviar la situación permitiendo que la institución financiera aumente los inte-reses de los préstamos hipotecarios a la tasa de interés pre-valeciente en el mercado. Fidelity Federal Sav. & Loan Assn., supra, pág. 685.

En 1976 la Federal Home Loan Bank Board, organismo que reglamenta y supervisa las asociaciones federales de ahorro y préstamo, preocupada por las pérdidas millonarias que estaban sufriendo estas asociaciones y estimando que estas pérdidas aumentarían considerablemente si los estados continuaban imponiendo limitaciones al uso de la cláusula para obtener aumento en los intereses, aprobó la siguiente reglamentación que en su parte pertinente establece:

An association continues to have the power to include, as a matter of contract between it and the borrower, a provision in its loan instrument whereby the association may, at its option, declare immediately due and payable sums secured by the association’s security instrument if all or any part of the real property securing the loan is sold or transferred by the borrower without the association’s prior written consent. Except as [otherwise] provided in . . . this section . . . , exercise by the association of such option (hereafter called a due-on-sale clause) shall be exclusively governed by the terms of the loan contract, and all rights and remedies of the association and borrower shall be fixed and governed by that contract. 12 C.F.R. sec. 545.8-3(f) (1982).

A pesar de esta reglamentación la Corte de Apelaciones de California en de la Cuesta v. Fidelity Federal Sav. & Loan, 121 Cal. App. 3d 328, 175 Cal. Rptr. 467 (1981), resolvió que ésta no desplazaba el derecho estatal con rela-ción a la cláusula due-on-sale, ya que por tratarse de regla-mentación de una agencia administrativa no cumplía con el requisito de intención congresional para que aplicase la doctrina de desplazamiento, por lo que el estado de California podía prohibir su ejercicio a menos que la institución prestataria pudiera demostrar que la ejecución de la cláu-sula era necesaria para proteger su garantía. La Corte Suprema de California se negó a revisar.

El Tribunal Supremo federal, tomando en consideración que la mayoría de los tribunales que habían considerado la controversia, a diferencia de la Corte de Apelaciones de California, había resuelto que la reglamentación de la Junta desplazaba la reglamentación estatal de las asociaciones de ahorro y préstamo federales, decidió revisar y revocó la decisión de California. Resolvió que la reglamentación de la Junta sobre la cláusula due-on-sale desplazaba cualquier limitación estatal de dicha cláusula que fuera conflictiva con ella. Fidelity Federal Sav. & Loan Assn., supra. El fun-damento de la decisión fue que la reglamentación de una agencia federal tiene el mismo efecto de desplazamiento que un estatuto federal, cuando existe la intención de des-plazar. Determinó que tanto el preámbulo de la reglamen-tación como su texto expresaban la intención inequívoca de desplazar el derecho estatal para que el ejercicio de la cláusula due-on-sale fuera gobernado exclusivamente por reglamentación de la Junta. Fidelity Federal Sav. & Loan Assn., supra, pág. 678.

Esta decisión del Tribunal Supremo federal nos obliga a resolver que las cláusulas de aceleración, conocidas popularmente como cláusulas due-on-sale, incluidas en las escrituras de hipoteca que los recurrentes presentaron al Registro de la Propiedad, son válidas y nos está vedado imponer limitaciones que conflijan con la reglamentación federal.

Por los fundamentos anteriores se revocarán las notas recurridas.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

       Existen ciertas excepciones a esta norma, v.g., el contrato de arrenda-miento de bienes inmuebles por un período de seis años o más, o cuando se pacta su inscripción; el contrato de opción, cuando se cumplan ciertos requisitos que exige la ley. Art. 38 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2201.

       Dicho Art. 84 dispone:
      “See. 2305. —Prohibiciones de disponer o enajenar; normas

      “Las prohibiciones de disponer o enajenar se harán constar en el Registro de la Propiedad y producirán efecto con arreglo a las siguientes normas:
      “Ira. Las establecidas por la ley, que sin expresa declaración judicial o admi-nistrativa, tengan plena eficacia jurídica, no necesitarán inscripción separada y especial y surtirán sus efectos como limitaciones legales del dominio.
      “2da. Las que deban su origen inmediato a alguna resolución judicial o admi-nistrativa serán objeto de anotación preventiva.
      “3ra. Las impuestas por el testador o donante en actos o disposiciones de última voluntad, capitulaciones matrimoniales, donaciones y demás actos a título gratuito, serán inscribibles siempre que la legislación vigente reconozca su validez.
      “4ta. Las prohibiciones de disponer que no tengan su origen en actos o contra-tos de los comprendidos 'en los números anteriores, no tendrán acceso al Registro, sin perjuicio de que mediante hipoteca o cualquiera otra forma de garantía real se asegure su cumplimiento.”

       Este requisito para el ejercicio de la cláusula se conoce como doctrina de Wellenkamp, porque fue expuesta por primera vez en Wellenkamp v. Bank of America, 21 Cal. 3d 943, 582 P.2d 970 (1978).