author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Julio Hernández Osorio, acusado y apelante.

      Número: CR-81-14

      Resuelto: 26 de febrero de 1982

      Sylvain Lorenzo Lagarde Garcés y Pedro J. Semidey Morales, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

No habiéndose demostrado la culpabilidad del apelante más allá de duda razonable, se revocan las sentencias apeladas.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión concurrente a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente a la que se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

Las Reglas de Evidencia sobre admisión de testimonio han tenido una evolución lenta y deliberada porque operan en un campo sensitivo deslindado entre el derecho de confrontación del acusado y la necesidad de que la justicia prevalezca por sobre los torpes medios del encausado para destruir la prueba de su delito, que impulsan desde el soborno hasta el asesinato del testigo. Nadie cuestiona el principio de que el interés apremiante del Estado en mantener la seguridad y la majestad del régimen de ley, la necesidad de mantener la fe del pueblo en la jústicia, es en determinadas circunstancias propósito que debe prevalecer sobre el derecho de confrontación. Ningún sistema de justicia digno de su nombre y encomienda puede aprobar la invocación de derechos constitucionales dentro de una situación fabricada a la medida y para su beneficio por el ofensor del orden social que en vez de depender del contrainterrogatorio para proteger su libertad, opta por un crimen más para acallar al testigo, dándole muerte, comprando su testimonio perjuro, amenazándolo a él y a su familia o facilitando su traslado fuera de nuestra juris-dicción. Esta manera de frustrar la justicia y forzar al Ministerio Público a solicitar el archivo del caso por falta de pruebas, nació en América en el primer cuarto de siglo con el crimen organizado. El acusado enviaba una corona al entierro del testigo y cuando se llamaba el caso para juicio su defensor con gran solemnidad señalaba la inde-fensión de su cliente privado por la muerte del derecho fundamental a la confrontación. La indignación provocada por esta burla al más elemental sentido de justicia propició nuevas excepciones a la regla de prueba de referencia reducidas en su preceptiva a advertir que nadie puede salirse con la suya en el tribunal con el recurso a la violencia, el perjurio o el cohecho. Los tribunales al aprobar las nuevas reglas y el legislador al ratificarlas, no encontraron obstáculo constitucional en admitir bajo con-diciones de confiabilidad, la declaración jurada del testigo anulado física o moralmente, al concurrir razones de necesidad que ya mucho antes habían dado acceso a la declaración de la víctima in artículo mortis. Ese es el mismo curso seguido por estas reglas sobre prueba de referencia en Puerto Rico, donde confrontados con el crimen de actualidad, y en auxilio de la justicia maltrecha y frustrada se aprobaron al cabo de cuidadoso estudio, las Reglas de Evidencia de 1979 por este Tribunal y por la Asamblea Legislativa. El otro criterio, al negar valor y eficacia a las Reglas, va contra sus propios actos. Margi-nada quedó la valiosa anotación del Secretariado de la Conferencia Judicial a la Regla 65 en circunstancias más agudas que las del presente caso, pues no media el elemento de no disponibilidad:

Aquí se incluyen excepciones firmemente establecidas a base de garantías circunstanciales de confiabilidad, sin que tenga que mediar el factor de necesidad de la no disponi-bilidad del declarante. Mientras en la regla anterior está presente el factor de “garantía circunstancial de confia-bilidad”, éste no opera sólo para determinar admisibilidad; es en conjunción con el factor de necesidad —no disponibi-lidad del declarante— que se admite la declaración. Aquí, en esta regla, el factor de garantía circunstancial de con-fiabilidad es de tanto peso que no se requiere el factor de necesidad o de no disponibilidad del declarante para esta-blecer la admisibilidad. La confiabilidad de la declaración, aunque sea prueba de referencia, es tal que no se justifica exigir la comparecencia del declarante al tribunal, aunque esté disponible para declarar como testigo.

Otra solución privaría al Estado de un recurso indispensable en el enjuiciamiento de delitos mayores y alarga la vida al triste desenlace de la absolución obtenida por mano y poder de destrucción del imputado. La eliminación de pruebas por estos medios es preocupación constante de nuestras salas de justicia y principalmente causa de angustia en el pueblo reflejada en proyecto ante la Asamblea Legislativa ahora en sesión para ampliar el concepto de “no disponible” bajo el cual se admite la declaración jurada en ausencia del testigo.

Estas son las razones que abonan mi concurrencia en el resultado y a la adjudicación de no culpabilidad en los méritos de la prueba.

I

Ante el fiscal investigador de la muerte a tiros de Eugenio Sánchez, alias El Gato, compareció el testigo Edwin Meléndez Pizarro y prestó declaración jurada la cual firmó luego de transcrita, en la que afirma que el 4 noviembre, 1980, como a la 1:00 P.M. su primo Julio Hernández Osorio se presentó a su casa en el Barrio Monacillos de Río Piedras, acompañado de un individuo conocido por Lije, a invitarle para ir a matar al Gato; que el testigo se negó a ir y que el primo lo increpó diciéndole: “Chico, ¿qué pasa contigo? ¿y los tiros que te dieron a ti? ¿qué pasa contigo?” a lo que el declarante contestó que iba a dejar eso así; que entonces el primo Hernández Osorio le dijo que iba a matar al Gato; que los visitantes se retiraron y como a la media hora regresaron y le manifestaron al testigo que habían matado al Gato a tiros. El declarante notó que estaban armados porque vio bultos en la cintura tanto de Hernández Osorio como de Lije; que después de ese incidente no vio más a su primo Julio, pero a Lije lo ve a menudo por el barrio donde vive el testigo; que Hernández Osorio y Lije andaban en un carro grande negro que conducía el primo Julio; que la Policía fue a buscar al declarante como sospechoso por la muerte del Gato, pues había informado que éste le había pegado unos tiros; y que se decidió a declarar, ya que no estaba en el lugar de los hechos. Con base en dicho testimonio, el ahora apelante Hernández Osorio fue acusado por asesinato en primer grado e infracción de los Arts. 8 y 6 de la Ley de Armas.

Llegado el día del juicio ante tribunal de derecho, el fiscal llamó como su primer testigo al dicho Edwin Meléndez Pizarro, quien luego de ocupar la silla contestó a las primeras preguntas que no iba a declarar, y a insistencia del juez dio su nombre y lugar de residencia, sin más. Entonces el fiscal lo confronta con la declaración jurada y firmada que hemos reseñado, leyéndosela in extenso y solicitando una contestación sobre cada una de sus aseveraciones, repitiendo el testigo invariablemente: “Yo no voy a declarar; no tengo nada que declarar”; negativa que mantuvo aun después de orden del tribunal para que contestara las preguntas. El juez puso el testigo a la disposición de la Defensa para contrainterrogar, pero aquél rehusó toda contestación a las pocas preguntas formuladas, por lo que la Defensa abandonó el intento. El testigo fue finalmente retirado de la silla y se ordenó al fiscal que radicara contra él acusación por desacato. Continuó la presentación de prueba por el Estado, y más tarde en el curso del juicio el Ministerio Público identificó la declaración jurada del testigo recalcitrante mediante testimonio del fiscal investigador, y el estipulado de la taquígrafa de Fiscalía que tomó el testimonio bajo jura-mento de Meléndez Pizarro y lo transcribió en la declara-ción que éste firmó. El fiscal ofreció dicha declaración jurada en evidencia como prueba para sostener las acusa-ciones, y el tribunal la admitió, sobre la objeción de la Defensa fundada en que no tuvo oportunidad de contrain-terrogar al declarante. La Defensa presentó como testigo al padre del testigo remiso para atacar su credibilidad según lo autoriza la Regla 67 de Evidencia, quien declaró que Edwin vivía en su casa; que el 4 noviembre, 1980 se ausentó del hogar durante media hora para votar como a las 9:30 A.M.; que cuando regresó, su hijo Edwin había salido, y que nadie fue a procurarlo durante el día. Sometido el caso, el tribunal halló al acusado culpable en todos los cargos y le condenó a penas de cadena perpetua, de 1 a 5 años de prisión y de 6 meses de cárcel, consecutivas.

En su alegato de apelación señala el convicto cinco errores que se contraen a los siguientes planteamientos:

(a) Indebida admisión en evidencia del testimonio de Meléndez Pizarro según vertido en declaración jurada anterior;

(ó) Insuficiencia y falta de confiabilidad en la prueba para sostener las acusaciones, consistente en parte de admisión del acusado, faltando corroboración.

II

La objeción de la Defensa a que se admita la declara-ción jurada del testigo en la situación procesal que se produce por su negativa a sostenerla en juicio, remitiría el caso a la indeseable solución del pasado en que el tribunal tenía que someterse a la conjura de supresión de prueba, absolver al acusado, y en pobre remedo de vindicación de la justicia, conformarse con procesar al testigo por desaca-to o encubrimiento. Si el silencio del testigo se debiera a terror por la anunciada represalia del acusado, este recurso dirigido a encarcelarlo dejaría la administración de justicia criminal expuesta a descrédito y escarnio. Para corregir anomalías como ésta y otras de mayor o menor agravio al básico sentido moral de justicia, se aprobaron las Reglas de Evidencia de 1979, cuya norma de interpre-tación en su Regla 2 ordena:

Las disposiciones de estas reglas se interpretarán flexi-blemente y de forma que garanticen una solución justa, rápida y económica a cualquier problema evidenciario. El fin último de estas reglas es el descubrimiento de la verdad en todos los procedimientos judiciales.

Hay que reiterar que el fin. último, la raison d’etre de las Reglas de Evidencia es el descubrimiento de la verdad, único objetivo que satisface la justicia, y no la oscura alternativa de enviar a prisión testigos sobornados o simplemente aterrorizados.

La anormalidad procesal gestada por la total abstención del testigo Meléndez Pizarro de sostener su testimonio incriminatorio ante el tribunal encuentra remedio y co-rrectivo en la Regla 64 que provee para esta situación de “no disponibilidad” del testigo en circunstancia de nece-sidad. Instruye, en lo pertinente, la citada regla:

Regla 64. No disponibilidad del testigo
(A) Definición. “No disponible como testigo” incluye situaciones en que el declarante:
(1).
(2) insiste en no declarar a pesar de orden del tribunal para que declare, o
(3).
(4).
(5).
(B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia:
(1) Testimonio anterior...
(2) Declaraciones en peligro de muerte . ..
(3) Declaraciones contra interés . ..
(4) Declaraciones sobre historial personal o familiar ...
(5) Otras excepciones: Una declaración con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad si se determinare que:
(i) tiene mayor valor probatorio, en relación al punto para lo que se ofrece, que cualquier otra evidencia que el proponente pudiera conseguir mediando esfuerzo razonable y
(ii) el proponente notificó a la parte contra quien la ofrece, con razonable anterioridad, su intención de ofrecer en evidencia tal declaración informándole sobre los parti-culares de ésta, incluyendo nombre y dirección del decla-rante.

A la luz de esta Regla 64 Meléndez Pizarro se convirtió en testigo no disponible porque rehusó declarar en desobe-diencia de orden del tribunal para que lo hiciera. Su conducta promueve la excepción a la regla de prueba de referencia del apartado (B)(5) que en tal caso, en calidad de admisibilidad, exige: (1) garantía circunstancial de confiabilidad en la declaración que se ofrece como sustituto del testimonio oral suprimido; (2) previa determinación por el tribunal del superior valor probatorio de la declaración para establecer el hecho pertinente, comparada con cual-quier otra evidencia obtenible mediante razonable gestión del proponente; y (3) de haber el proponente notificado a la parte contra quien se ofrece, su intención de ofrecer dicha declaración en evidencia. La admisión por el tribunal de la declaración jurada del testigo se produce en condiciones de cumplimiento y observancia de los requisitos de esta excepción que en ningún modo cuestionó la Defensa, pues su objeción se ciñe a la falta de oportunidad de contra-interrogar derivada de la renuencia del testigo. Mas pasando sobre la falta de objeción del acusado, notamos que la garantía de confiabilidad de la declaración es irreprochable, pues fue suscrita por el testigo luego de transcrito el testimonio oral en Fiscalía, hechas todas las advertencias de ley; su valor de evidencia para probar el asesinato es único, porque no consiguió el fiscal más prueba que la circunstancial y de confesión vertida en la declaración jurada; y si bien no parece que mediante acto afirmativo notificara el fiscal a la Defensa su intención de ofrecerla en evidencia, el desarrollo del juicio demostró que tal notificación había quedado relegada a gesto fútil, pues la Defensa conocía la declaración y tenía a la mano los recursos de prueba para impugnar la credibilidad, que efectivamente utilizó con el resultado favorable a que se llega en esta decisión. En otro caso en que la retractación del testigo surja inesperadamente en pleno juicio, el requisito del apartado vi citado provocaría una suspensión de los procedimientos por el tiempo razonable que permita a la Defensa informarse para atacar la credibilidad del declarante, según lo autoriza la Regla 67. En su balance de flexibilidad, franqueando la admisión del testimonio mientras reduce en lo posible la erosión del derecho de confrontación, la Regla 67 amplía y liberaliza la norma de impugnación de credibilidad al disponer para estos casos de excepción de prueba de referencia que “[e]videncia de declaraciones o conducta del declarante —en cualquier momento— inconsistente con su declaración admitida . . . no estará sujeta a requisito alguno de confrontación previa, para dar oportunidad al declarante de explicar o negar la declaración o conducta inconsistente”.

Todo este esquema responde a razones de necesidad en la realización práctica de la justicia confrontada al pre-sente con la supresión espuria de la prueba en casos criminales mayores mediante recurso a la amenaza, el soborno, el terrorismo y aun la simple cooperación del testigo en el encubrimiento. En protección del valor supremo de justicia, inalcanzable si no se llega al descu-brimiento de la verdad, las Reglas de Evidencia admiten prueba como excepción a la regla de prueba de referencia, limitando la confrontación en ciertos casos y excluyéndola en otros de factura clásica como lo son las declaraciones en peligro de muerte, las declaraciones contra interés y las declaraciones sobre historial personal o familiar que bajo los incisos (B)(2), (3) y (4) de la Regla 64 comparten la licencia de admisibilidad con la declaración del testigo no disponible en circunstancia de apartado (5) a que hemos atendido en esta decisión. Ese acondicionamiento de las Reglas para que sirvan su propósito depurador de la verdad en sala de justicia no conlleva restricción imper-misible del derecho de confrontación del acusado, según tiene resuelto este Tribunal en Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435 (1981), y Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647 (1981). Todo el esquema responde a la interpretación flexible del referido apartado 5, criterio ordenado en la Regla 2 y seguido en el Comentario del Secretariado de la Conferencia Judicial que citamos:

[Regla 64] 5. Otras excepciones: Este inciso es crucial pues implica que las situaciones enumeradas en los cuatro incisos anteriores no son las únicas que producen admisibilidad cuando el declarante no está disponible como testigo. Aun-que podría argumentarse que una cláusula como ésta introduce incertidumbre en las Reglas de Evidencia, debe tenerse presente que se ha elaborado una norma a base de factores de necesidad: la declaración, que debe de gozar de garantías circunstanciales de confiabilidad, es la evidencia de mayor valor probatorio disponible. Además, se exige que el proponente notifique prontamente a la otra parte en relación a la intención de ofrecer en evidencia la declara-ción. Debe siempre tenerse en cuenta que el fin último de estas reglas es el descubrimiento de la verdad (Regla 2), lo que implica que no debe excluirse la mejor evidencia disponible. Se trata sólo de admisibilidad y el valor proba-torio de la evidencia admitida será aquilatado por el juzgador. La norma aquí establecida es mucho menos liberal que la atrevida Regla 503(a) del Código Modelo de ALI de 1942 en virtud de la cual es admisible prueba de referencia si el declarante no está disponible como testigo. Estimamos que el enfoque correcto es el de la regla presente, tomada de la Regla 804(b)(5) de las Reglas Federales. Es, por así decirlo, el “justo medio” entre la peligrosa regla del Código Modelo y las reglas tradicionales que excluyen a veces la mejor o hasta la única evidencia disponible en relación a determinado asunto. 32 L.P.R.A. Ap. IV, Regla 65: Comen-tario.

No hubo error, por tanto, en la admisión por la sala de instancia, de la declaración jurada ofrecida en lugar del testimonio oral frustrado. Pero su efecto se detiene justo en la admisión del testimonio en evidencia, dejando al juz-gador de hechos la mayor responsabilidad de aquilatar la prueba, su veracidad o credibilidad, y su suficiencia para probar los hechos imputados.

III

La admisión que el testigo Meléndez Pizarro pone en boca del apelante de haber matado al Gato a tiros, tendría peso y valor de suficiencia de estar integrada a un cuerpo de evidencia circunstancial que establezca el delito con aquel grado de certeza que induce la convicción moral en un ánimo no prevenido. La prueba en este caso no es de esa calidad. Si bien podría percibirse un hilo de vinculación entre la admisión de haber dado muerte a la víctima a tiros y el deceso producido poco después por disparos de arma de fuego, no es ésa prueba suficiente en Derecho y faltan la certeza y la convicción moral que muevan la conciencia del juzgador hacia la imposición de la más severa pena que señala el Código Penal. Meléndez Pizarro declaró que se negó a acompañar al apelante y a Lije en la empresa criminal, a pesar de que todavía cojeaba de las heridas de bala que le infirió el Gato y que permaneció en su casa porque iba a “dejar eso así”; el juez instructor de causa, Sr. Alberto Toro Nazario, llamado como testigo por el Ministerio Público, dijo recordar pocos detalles del caso, pero sí estar seguro de que el único testigo directo de los hechos llevado ante él lo fue Meléndez Pizarro quien declaró haber visto al acusado Hernández Osorio disparar con una pistola contra la víctima (E.N.P., pág. 8) lo que sitúa al testigo en el lugar del crimen y no en su casa, dato crítico éste que luego tiende a confirmar nada menos que el padre del testigo, quien presentado por la Defensa declaró que el día de autos, 4 de noviembre último, dejó a su dicho hijo Edwin en la casa cuando salió a votar a las 9:30 A.M., y que de regreso media hora después ya aquél había salido, y que nadie vino a procurarlo ni a la 1:00 P.M., como declaró Edwin, ni a ninguna otra hora. Recuérdese que el Gato fue muerto alrededor de la 1:45 P.M. (E.N.P., pág. 6.)

Prueba tan contradictoria no satisface el criterio de Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919, 922 (1968), de corroboración por evidencia sustancial independiente que tienda a establecer la veracidad de las admisiones. Su endeblez la disuelve en dudas insuperables.

Con estos antecedentes y fundamentos, concurro en la revocación de las sentencias y absolución del apelante.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué.

Esta apelación suscita cuestiones fundamentales en torno al alcance de las Reglas 63 y 64(B)(5) de Evidencia con relación al importante derecho constitucional a la confrontación.

El apelante Hernández Osorio fue hallado culpable de asesinato en primer grado e infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Ante nos señala, esencialmente: (a) indebida admisión en evidencia de una declaración jurada prestada por el testigo de cargo, y (ó) insuficiencia de la prueba. El primer planteamiento es meritorio. Veamos.

La única prueba incriminatoria del Ministerio Fiscal que conecta al apelante con la comisión de los delitos se basa en el contenido de la declaración jurada prestada por el testigo no ocular de los hechos, Edwin Meléndez Pizarro, ante el fiscal investigador del caso el día del suceso, 4 de noviembre de 1980, ya que éste, tanto en la vista preliminar celebrada bajo la Regla 23 de Proce-dimiento Criminal como el día del juicio en su fondo, desde la silla testifical adoptó la postura de no declarar, tíni-camente a requerimiento de la ilustrada sala sentenciadora dio su nombre y lugar de residencia. El Ministerio Fiscal lo confrontó entonces con la referida declaración jurada, mas el testigo se reiteró en no declarar. El juez lo puso a disposición de la Defensa para fines de contrainterroga-torio, pero ésta tampoco tuvo éxito, pues igualmente rehusó contestar las pocas preguntas formuladas. El testigo fue retirado de la silla y el tribunal procedió a acusarlo por desacato fijándole fianza de $5,000 en efectivo. Subsi-guientemente, el Ministerio Fiscal ofreció en evidencia la declaración jurada del testigo recalcitrante, debidamente identificada, como prueba sustantiva para sostener las acusaciones. La Defensa objetó oportunamente invocando como fundamento el no haber tenido oportunidad de contrainterrogar al declarante. Apoyándose en la Regla 63 de Evidencia y en que dicha declaración fue prestada en forma voluntaria y “era la verdad del caso”, el tribunal la admitió como prueba de cargo, teniendo la Defensa que optar por impugnar la credibilidad del declarante al amparo de la Regla *67 de Evidencia mediante el testimonio de su propio padre.

La importancia de las cuestiones envueltas y sus consecuencias sobre el derecho a confrontación consignado en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución no obligan a prescindir de los requisitos establecidos en la Regla 4 sobre el efecto de error por admisión errónea de prueba.

I

A. Consideraciones Preliminares

Indudablemente la declaración de Meléndez Pizarro prestada bajo juramento ante el fiscal investigador es prueba de referencia según la definición de la Regla 60 de Evidencia. Por supuesto, no toda prueba de referencia es inadmisible aunque es menester reconocer que toda prueba de referencia lesiona, en algún grado, el derecho a con-frontación. De otra manera, ninguna prueba de referencia sería admisible, lo cual es insostenible. Ahora bien, existe cierta relación entre las reglas que gobiernan la prueba de referencia y el derecho constitucional a la confrontación con testigos de cargo; pero esa relación no es la de congruencia o equivalencia. La admisión de prueba de referencia bajo una de las reglas de excepción puede ser constitucionalmente válida a pesar de que se lesione en algún grado el derecho a confrontación. Por otro lado, no es suficiente el que la evidencia ofrecida esté amparada por alguna de las reglas de excepción, pues en ciertos casos la lesión al derecho a confrontación es de tal magnitud que la admisión de la prueba adolecería de vicio constitu-cional. Lo importante, a juicio nuestro, es que haya habido una “adecuada oportunidad” para contrainterrogar. Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334 (1980). Por ello la interpretación y alcance de las Reglas de Evidencia, en particular de las excepciones a la regla de exclusión de prueba de referencia, debe hacerse bajo el marco de la cláusula constitucional de confrontación. Con estas con-sideraciones en mente examinamos en detalle la cuestión evidenciaría que nos ocupa.

Las únicas reglas de excepción que concebiblemente podrían justificar la evidencia de la declaración jurada del testigo Meléndez Pizarro son la 63 ó 64(B)(5). El escla-recimiento de cuál resulta aplicable amerita una breve apreciación del esquema organizativo de la prueba de referencia.

B. Esquema Organizativo sobre la Prueba de Referencia

Al reflexionar sobre el esquema organizativo de las excepciones a la regla de exclusión de prueba de referencia notamos que aparte de la Regla 62 —cuya justificación es sui generis, pues es ilógico y absurdo concebir que una parte pueda sostener que no tuvo oportunidad de con-trainterrogarse a sí misma— las Reglas 63, 64 y 65 descansan sobre tres supuestos o situaciones diferentes que hay que ponderar para evaluar cuánto sufre el derecho a confrontación en cada caso. Examinémoslas. Primera-mente, bajo la Regla 63, se da la situación en que el declarante de referencia está disponible para declarar como testigo y efectivamente declara. En segundo lugar, la Regla 64 contempla la circunstancia cuando un declarante no está disponible como testigo en varias modalidades, a saber: porque no comparece al tribunal a pesar de los intentos bona fide de la parte que intenta presentarlo; por imposibilidad física; porque, a pesar de ocupar la silla de los testigos, no hay oportunidad de contrainterrogar efec-tivamente; porque el testigo invoca válidamente un privi-legio; testifica no recordar; o porque rehúsa declarar a pesar de que así lo ordene el tribunal. Por último, existe la situación en que no es determinante si el testigo está o no disponible para declarar, si declara o no. Se trata de instancias en que la declaración de referencia es de tal confiabilidad que no se condiciona su admisibilidad a que el declarante declare ni a que esté disponible para declarar. Ello se rige por la Regla 65, en donde el ordenamiento resuelve, a priori, que el derecho a con-frontación debe ceder ante las garantías circunstanciales de confiabilidad de la declaración de referencia. Por supuesto, en su aplicación, la admisión de prueba de referencia bajo la Regla 65 podría lesionar fatalmente el derecho de confrontación en ciertos casos particulares. Nos limitaremos ahora a examinar el alcance de las Reglas 63 y 64(B)(5) con relación al caso de autos.

C. Inaplicabilidad de la Regla 63

La declaración jurada del testigo Meléndez Pizarro no es admisible bajo la Regla 63. Esta regla es de aplicación cuando un testigo presta una declaración en el tribunal distinta a una anterior, para que el juzgador tenga el beneficio de evaluar ambas declaraciones y dar crédito a la que le parezca más confiable, si alguna. Es decir, la aplicabilidad de la Regla 63 supone que el testigo ofrezca algún testimonio. Si el testigo sencillamente se niega a declarar, el problema debe verse bajo la Regla 64. Por otra parte, si el testigo se niega a ser contrainterrogado con relación a la declaración anterior, se desvanece el fun-damento de admisibilidad. Dicho fundamento es que estan-do el testigo declarando bajo juramento sobre su declara-ción anterior (si la hizo, si es verdadera, razones por las que la hizo, etc.), el juzgador tiene elementos de juicio suficientes y confiables para evaluar la declaración anterior, y, por lo tanto, el derecho de confrontación se lesiona sólo mínimamente. En Pueblo v. Esteves Rosado, supra, pág. 344, advertimos que la oportunidad de con-trainterrogar “depende en cada caso de reacciones del testigo hacia la declaración y sus respuestas sobre el particular”. Si el testigo en el contrainterrogatorio rehúsa contestar preguntas sobre la declaración anterior, no existe la oportunidad del contrainterrogatorio que supone la Regla 63. Como señalamos en Esteves Rosado, supra, pág. 345, “creemos que lo crucial es si la contestación del testigo permite preguntarle sobre sus percepciones y memoria relativa a los hechos que declaró anteriormente . . .”. En el caso de autos el testigo Meléndez Pizarro ni siquiera contestó pregunta alguna en el contrainterrogatorio.

A manera de paréntesis y por vía ilustrativa es menester explicar brevemente el alcance del caso norma-tivo de California v. Green, supra, en que el más alto foro federal decidió que los Estados pueden válidamente adop-tar reglas de evidencia que permitan la admisión de declaraciones anteriores de un testigo como prueba sus-tantiva. Ello, claro está, no significa que se otorga una carta blanca irrestricta. Allí se resolvió que “la cláusula de confrontación no se viola al admitir la declaración fuera del tribunal siempre que el declarante esté declarando como testigo y sujeto a un contrainterrogatorio completo y efec-tivo”. (Traducción y énfasis nuestros.) Pág. 158.

Es evidente, pues, que un testigo que rehúsa declarar no está sujeto a pleno y efectivo contrainterrogatorio con relación a la declaración anterior. La base para admitir la declaración anterior es que justamente como se dijo en Green, supra, “no es fácilmente demostrable que la inhabi-lidad de contrainterrogar al testigo en el momento en que hizo sus manifestaciones previas sea de importancia crucial, siempre y cuando al acusado se le asegure un completo y efectivo contrainterrogatorio en el juicio”. (Traducción nuestra.) Pág. 159. Y más adelante, “[e]l testigo que ahora relata una versión diferente sobre los hechos debe necesariamente asumir una posición en cuanto a la veracidad de su declaración previa, brindando al jurado la oportunidad de observar y evaluar su comporta-miento al negar o modificar su declaración previa”. (Traducción nuestra.) Pág. 160. Finalmente, el propio Tribunal Supremo limita expresamente su decisión así:

... la cláusula de confrontación no requiere la exclusión de declaraciones previas de un testigo que acepta haberlas hecho, y a quien se le puede pedir que defienda o de otro modo explique sus inconsistencias entre su previa y presente declaración de los hechos envueltos, abriéndose por sí mismo a un total y completo contrainterrogatorio en cuanto a las dos versiones. (Traducción nuestra.) Pág. 164.

En resumen, pertenece a la esencia de la Regla 63 que el testigo pueda ser contrainterrogado plena y efectiva-mente sobre su declaración anterior. El testigo que rehúsa declarar no está sujeto a ese pleno y efectivo contrain-terrogatorio, por lo que sus declaraciones anteriores no son admisibles bajo la Regla 63. De otra manera se lesiona fatalmente el derecho constitucional a la confrontación. Nuestra Regla 63 es la más liberal en la jurisdicción americana en cuanto a la regulación de las declaraciones anteriores de testigo. Expandirla más equivaldría a su desnaturalización y conduciría a resultados absurdos, sin entrar en los problemas de índole constitucional.

D. Aplicabilidad de la Regla 6k

En correcta juridicidad, Meléndez Pizarro, al rehusar declarar, resulta ser un testigo “no disponible” bajo la Regla 64(A)(2). Según ésta son admisibles en evidencia las declaraciones de ese testigo que satisfagan los requi-sitos de cualquiera de los incisos del apartado (B) de esa regla. Analicemos, pues, si ello se cumple en el caso de autos.

Lo primero que notamos es que la declaración jurada ex parte ante el fiscal investigador no es ninguna de las declaraciones contempladas en los incisos 1 al 4 del apartado (B). Advertimos que no es posible ubicarla expresamente bajo la Regla 64(B)(1), la cual se refiere al testimonio anterior, revestido de garantía de que hubo, al menos en esa u otra ocasión, la oportunidad de contrain-terrogar con interés o motivo similar al que se tendría en la vista. La validez constitucional del testimonio anterior ha sido sostenida por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos —Ohio v. Roberts, 448 U.S. 56 (1980)— y por este Tribunal en Pueblo v. Ríos Nogueras, 111 D.P.R. 647 (1981), y Pueblo v. Ruiz Lebrón, 111 D.P.R. 435 (1981). El testimonio anterior, empero, es una declaración formal, con juicio, vista, deposición o su equivalente, sujeto el declarante a contrainterrogatorio. La declaración ex parte que toma el fiscal investigador a un testigo potencial, sin oportunidad de contrainterrogar, no es admisible bajo la Regla 64(B)(1). Como cuestión de política pública en la administración de justicia criminal correspondería a la Asamblea Legislativa autorizar expresamente la toma de deposiciones a todo testigo de cargo, anticipando la po-sibilidad de que el testigo pudiere resultar no disponible bajo la Regla 64(A), de modo que tal deposición fuera automáticamente admisible bajo la Regla 64(B)(1), que incluye la “deposición tomada conforme a derecho”. Al presente, la Regla 238 de Procedimiento Criminal autoriza la toma de deposiciones a algún testigo si “cualquiera de las partes estableciere, mediante declaración jurada, que existe fundado temor de que algún testigo en una causa criminal dejará de comparecer a menos que se le exija fianza . . .”, como alternativa a dicha garantía. También debe entenderse que el uso de deposiciones es permisible en otras situaciones, tal y como implícitamente lo deci-dimos en Pueblo v. Ruiz Lebrón, supra, en que sostuvimos la admisibilidad de una deposición tomada a un testigo de cargo al que calificó de “no disponible” por haberse ausentado de la jurisdicción.

Aclarados estos extremos, percibimos que tampoco la declaración jurada de Meléndez Pizarro sería admisible bajo la Regla 64(B) incisos 2 (prestada en peligro de muerte), 3 (contra interés) ó 4 (historial personal o familiar).

Réstanos examinar su admisibilidad bajo el inciso 5. Esta regla, bautizada por los tribunales como “cláusula residual”, al igual que la Regla 65(W), tiene como pro-pósito salvar la admisión de prueba de referencia no contemplada por el ordenamiento, y que, sin embargo, goza de garantías circunstanciales de confiabilidad tan buenas como las inherentes a las excepciones expresamente reco-nocidas en las reglas. Análisis Editorial a la Regla 65(W), P.P.P., Vol. I, Evidencia, págs. 233-235, Publicaciones J.T.S., 1979. No creemos que la rutinaria declaración jurada que prestan los testigos de cargo a los fiscales investigadores sea la evidencia visualizada en la Regla 64 (B)(5). Esta regla se refiere a situaciones no contempladas por el legislador. No podemos atribuirle a este Tribunal Supremo, como tampoco a la Asamblea Legislativa —al elaborar las reglas de evidencia— desconocimiento de la práctica habitual de los representantes del Ministerio Fiscal de tomar declaraciones juradas a testigos en la etapa investigativa de un crimen. Se trata de una rutina tan básica que difícilmente podríamos sostener que no fuera susceptible de ser contemplada o visualizada y, por ende, incluida expresamente en el inventario de las excep-ciones.

Interpretando las Reglas 804(b)(5) y 803(24) —equiva-lentes a nuestras Reglas 64(B)(5) y 65(W)— los tribunales federales han resuelto que el fin de las mismas es estimular el crecimiento y desarrollo del Derecho proba-torio, en cuanto a prueba de referencia, permitiendo a los tribunales la flexibilidad necesaria para atender nuevas situaciones no contempladas en las excepciones tradicio-nales, procurando, empero, que esta cláusula residual no vulnere las nociones que fundamentan las reglas. Así, en United States v. Cain, 587 F.2d 678, 682 (5th Cir. 1979), se dijo expresamente que “las excepciones residuales no son para autorizar revisiones judiciales extensas de la regla de la prueba de referencia . . .”. La tendencia es no favorecer la invocación de la regla residual meramente porque no se satisface alguno de los requisitos para la admisibilidad bajo alguna de las excepciones. United States v. Kim, 595 F.2d 755, 761 (1979).

Las cláusulas residuales, si bien son un mecanismo para afrontar las “situaciones no contempladas”, introducen el elemento de incertidumbre que las reglas precisamente quieren evitar. Por eso exigen requisitos de notificación previa y valor probatorio. Estos requisitos son de estricto cumplimiento. A tal efecto cuando se invoca la declaración residual por primera vez en apelación se vulnera el requisito de notificación. United States v. Guevara, 598 F.2d 1094 (7th Cir. 1979), y United States v. One 1968 Piper Navajo Twin Engine, 594 F.2d 1040, 1043 (5th Cir. 1979).

Aparte de que el Ministerio Público no estableció en el caso de autos los requisitos de admisibilidad de la Regla 64(B)(5), no se trata aquí de una situación no contemplada por el ordenamiento. Por el contrario, un testigo que rehúsa declarar y una declaración jurada ante fiscal son ciertamente “situaciones contempladas” en la práctica criminal y, por ende, no pueden dar lugar a la necesidad de aplicar la cláusula residual.

Somos de opinión que cometió error perjudicial el tribunal sentenciador al admitir como prueba de cargo la declaración jurada ex parte del testigo Meléndez Pizarro y que ello infringió el derecho de confrontación del apelante. Éste no tuvo ninguna oportunidad de confrontarlo.

No es menester resolver el planteamiento de insufi-ciencia de la prueba. Eliminada la declaración del testigo Meléndez Pizarro, la prueba de cargo es ciertamente insuficiente para derrotar la presunción de inocencia. No se probó la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable.

Las sentencias apeladas deberían revocarse por esta razón.

II

Nuestro criterio, fundado en fiel acatamiento de las normas evidenciarias y constitucionales antes expuestas, no nos inhibe de exponer al margen unas reflexiones de rigor. Nos preocupa sobremanera que se vaya a instaurar en nuestro medio ambiente la práctica de que testigos esen-ciales de cargo -por temor, conv~niencia u otros mOviles ajenos a la büsqueda de la verdad- adopten el curso de acción del testigo Meléndez Pizarro. No somos insensibles a lo destructivo que puede ser esa técnica en la eficaz administraciOn de la justicia criminal. Mientras no se enmiende la ConstituciOn, hemos de respetar fielmente los principios doctrinarios penales existentes.

Observamos, sin embargo, que el mecanismo del desa-cato para sancionar la conducta de un recalcitrante testigo ocular directo de la comisión de un delito no es incompatible con el posible encausamiento -en condiciones apro-piadas- del testigo asI recalcitrante bajo el Art. 236 del Codigo Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4432, que tipifica el delito de encubrimiento, susceptible de ser castigado con una pena mayor a la dispuesta para el desacato. Como medio de conjurar la generalización de esta práctica, los repre-sentantes del Ministerio Fiscal, en situaciones compren-didas en el encubrimiento, deben estar atentos y diligen-temente adoptar las medidas reconocidas bajo nuestro derecho vigente. Precisamente el Código Penal, como excepción al principio de concurso de delitos, visualiza que “[u]n acto criminal no deja de ser penable como delito por ser también penable como desacato”. Art. 64 (33 L.P.R.A. see. 3322).

       Apelativo único por el que se le conoció en vida.

       Regla 67. Credibilidad del declarante

      “Cuando se admite en evidencia, conforme a este Capítulo, una declaración que sea prueba de referencia, la credibilidad del declarante puede ser atacada, y si atacada, puede ser sostenida por cualquier evidencia que sería admisible a esos fines si el declarante hubiera prestado testimonio como testigo. Evidencia de declaraciones o conducta del declarante —en cualquier momento— inconsistente con su declaración admitida a pesar de ser prueba de referencia, no estará sujeta a requisito alguno de confrontación previa, para dar oportunidad al declarante de explicar o negar la declaración o conducta inconsistente. Si la parte contra la cual se ha admitido prueba de referencia llama al declarante de ésta como testigo, éste queda sujeto a ser examinado por dicha parte como si estuviera bajo contrainterrogatorio.”

       La utilidad de este inciso 5 y su contraparte Regla 65 (W) conocido como excepción genérica (y no residual), ha sido sostenida en United States v. Friedman, 593 F.2d 109 (9th Cir. 1979); y United States v. Barnes, 586 F.2d 1052 (5th Cir. 1978).

       Regla 10. Evaluación y suficiencia de la prueba

      “El tribunal o juzgador de hechos deberá evaluar la evidencia presentada, a los fines de determinar cuáles hechos han quedado establecidos o demostrados, con sujeción a los siguientes principios:
      (A) .
      (B) . . ' •
      (C) Para establecer un hecho no se exige aquel [grado] de prueba que, excluyendo posibilidad de error, produzca absoluta certeza; sólo se exige la certeza o convicción moral en un ánimo no prevenido.
      (D) .
      (E) .
      (F) . ■ .
      (G) .
      (H) Cualquier hecho en controversia es susceptible de ser demostrado mediante evidencia directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. Se entiende por eviclencia directa aquella que prueba el hecho en controversia sin que medie inferencia o presuncion alguna, y que de ser cierta demuestra el hecho de modo concluyente. Se entiende por evidencia indirecta o circunstancial aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual -en uniOn a otros hechos ya establecidos- puede razonablemente inferirse el hecho en controversia."

       Dispone:
      "Cuando se admite en evidencia, conforme a este Capitulo, una declaraciOn que sea prueba de referenda, Ia credibilidad del declarante puede ser atacada, y si atacada, puede ser sostenida por cualquier evidencia que seria admisible a esos fines si el declarante hubiera prestado testimonio como testigo. Evidencia de declaraciones o conducta del declarante -en cualquier momento- inconsistente con su declaracion admitida a pesar de ser prueba de referencia, no estara sujeta a requisito alguno de confrontacion previa, para dar oportunidad al declarante de explicar o negar la declaracion o conducta inconsistente. Si la parte contra la cual se ha admitido prueha de referencia llama al declarante de dsta como testigo, Ste queda sujeto a ser examinado por dicha parte como si estuviera bajo contrainterrogatorio."

       Su inciso (c) reza:

        “Prueba de Referencia: ‘Prueba de referencia’ es una declaración aparte de la que hace el declarante al testificar en el juicio o vista, que se ofrece en evidencia para probar la verdad de lo aseverado.”

        California v. Green, 399 U.S. 149, 155 (1970): “Aunque podemos conceder que las reglas sobre prueba de referencia y la cláusula de confrontación generalmente están diseñadas para proteger valores similares, ello es una cosa muy diferente a sugerir que la superposición es total y que la cláusula de confrontación no es nada más ni nada menos que una codificación de las reglas sobre prueba de referencia y sus excepciones....” (Traducción nuestra.)

       Como explicamos en Pueblo v. Esteves, supra, bajo la regla federal correspondiente —Regla 801(d)(1)— la declaración anterior del testigo debe ser (1) inconsistente con su testimonio en el tribunal, o (2) consistente con su testimonio en el tribunal y ofrecida para rebatir reclamo de fabricación o motivo impropio, o (3) sobre la identificación de una persona. Así, pues, no toda declaración anterior es admisible bajo la regla. Más aún, la declaración inconsistente ha de haber sido hecha bajo juramento sujeta a perjurio, y en un juicio, vista, deposición o procedimiento formal.

       La Regla 64 en lo pertinente dispone:

        “No disponibilidad del testigo

      (A) Definición. ‘No disponible como testigo’ incluye situaciones en que el declarante:
      (1) .
      (2) insiste en no declarar a pesar de orden del tribunal para que declare, o
      (3) .
      (4) .
      (5) .
      (B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia:
      (1) Testimonio anterior: Un testimonio dado como testigo en otra vista o una deposición tomada conforme a derecho del mismo u otro procedimiento, si es ofrecido contra una persona que en la ocasión en que se hizo la declaración ofreció la misma para su beneficio o tuvo la oportunidad de contrainterrogar al declarante con un interés y motivo similar al que tiene en la vista.
      (2) Declaraciones en peligro de muerte...

      (3) Deciaraciones contra interés...

      (4) Declaraciones sobre historial personal o familiar...

      (5) Otras excepciones: Una declaración con suficiente garantía circuns-tancial de confiabilidad si se determinare que:
      (i) tiene mayor valor probatorio, en relación al punto para lo que se ofrece, que cualquier otra evidencia que el proponente pudiera conseguir mediando esfuerzo razonable y
      (ii) el proponente notificó a la parte contra quien la ofrece, con razonable anterioridad, su intención de ofrecer en evidencia tal declaración informándole sobre los particulares de ésta, incluyendo nombre y dirección del declarante.” (Énfasis nuestro.)

       Reza:

        “Toda persona que con conocimiento de la ejecución de un delito ocultare al responsable del mismo o procurare la desaparición, alteración u ocultación de prueba para eludir la acción de la justicia, incurrirá en las siguientes penas:
      (a) Si el delito cometido fuere grave, reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.
      (b) Si el delito cometido fuere menos grave, reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares.” (Énfasis suplido.)

      En el caso de autos Meléndez Pizarro se negó a declarar desde la vista preliminar. En esa ocasión el Ministerio Fiscal debió iniciar los trámites de desacato para solucionar ese problema. Obsérvese que no era un testigo directo del crimen, sino por referencia.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    Antonio Abad Santiago Mercado y Wilson Ferrer Pabón, demandantes y recurrentes, v. Desiderio Cartagena, etc., demandados y recurridos.

      Número: R-81-284

      Resuelto: 2 de marzo de 1982

      Pedro Ortiz Alvarez, Luis Murphy, Hernán Morales y Carlos J. Córdova, abogados de los recurrentes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

Los recurrentes, Antonio Abad Santiago Mercado y Wilson Ferrer Pabón, se desempeñaban como Agentes Investigadores II de la Policía de Puerto Rico en Ponce. El día 30 de abril de 1981 el agente Santiago fue trasladado a trabajar a Aguadilla y el agente Ferrer a Arecibo.

Con motivo de dicho traslado los agentes presentaron una demanda de injunction y daños y perjuicios contra el Superintendente y otros oficiales de la Policía. Alegaron en la demanda que el traslado era un castigo por las expresiones que ambos hicieron con relación a la corrup-ción que existía entre los oficiales de la Policía de Ponce, en una conferencia de prensa celebrada el 29 de abril de 1981 en la que participó el señor Ángel David González, Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía. Alegaron, además, que el agente Santiago había escrito un memorando confidencial en el que también denunciaba los serios problemas de corrupción que había en la Policía, mencionando a oficiales por sus nombres. Se expresó en dicho memorando que el agente Ferrer era testigo del asunto.

También alegaron que los traslados, por ser a sitios distantes de sus residencias, les causaban grandes per-juicios económicos y emocionales, pues tenían que incurrir en mayores gastos de transportación y les privaba de estar más tiempo con su familia. El agente Santiago, quien reside en Guánica, fue trasladado a Aguadilla y el agente Ferrer, quien reside en Mayagüez, fue trasladado a Arecibo.

. Los demandados presentaron una moción de desesti-mación y el tribunal de instancia declaró con lugar la solicitud bajo el fundamento de que la jurisdicción prima-ria correspondía a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). Los demandantes recurrieron de dicha sentencia desestimatoria y expedimos orden para mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto de revisión solicitado, revocar la sentencia y disponer que continúen los procedimientos ante dicho tribunal hasta la adjudicación final del caso en sus méritos.

Los recurridos han comparecido a mostrar causa. Su posición es que siendo la acción interpuesta por los recurrentes una relacionada con las áreas esenciales al principio de mérito y los derechos de un empleado permanente, la jurisdicción primaria para conocer de la misma reside en la Junta. Señalan que la Junta está “en mejor posición, por su ‘expertise’ para pasar, én primera instancia, juicio en cuanto a si los traslados obedecieron en realidad a necesidades del servicio o a hábitos o actitudes del empleado, a situaciones de tensión creadas por quere-llas o acusaciones de éste, a consideraciones simples y llanamente discriminatorias, o paradójicamente, a petición del mismo”. (Escrito para mostrar causa, pág. 10.) Con relación a la reclamación principal de los recurrentes de que los traslados se debían a sus expresiones en la conferencia de prensa, lo que constituía un castigo por ejercer su derecho a la libre expresión, el recurrido manifiesta que ésta es una suposición venturada que surge de las opiniones personales de los recurrentes, carente de todo fundamento y que en forma alguna justifica la preterición del cauce administrativo y el abandono de la doctrina de jurisdicción primaria.

La posición de los recurridos no nos persuade. Las alegaciones de la demanda unidas al hecho de que los traslados tienen lugar al día siguiente de la conferencia de prensa son suficientes para exponer una probable violación del derecho constitucional de los recurrentes a la libre expresión. La reivindicación de los derechos constitucio-nales corresponde y puede reclamarse en primera instancia en los tribunales de justicia, sin que tenga jurisdicción original sobre ello el foro administrativo. Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978).

Los traslados en estos casos obligan a largas y onerosas distancias entre los nuevos lugares de trabajo y las residencias de los recurrentes. Ello les afecta económica y emocionalmente, ya que disponen de menos tiempo para estar con sus familias. Estos hechos sirven para distinguir este caso del de Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979), donde se trasladó a una empleada del pueblo de Trujillo Alto a Carolina. Allí este Tribunal expresó que no estaban presentes hechos que originaran una presunción válida de discrimen por ideas políticas y que el hecho escueto del traslado a un pueblo colindante no delataba un agravio que reclamara urgente reparación.

Por las razones antes expuestas se expide el auto, se revoca la sentencia recurrida y se ordena se continúen los procedimientos hasta la adjudicación final de este caso en sus méritos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Martín emitió voto disidente al que se une el Juez Asociado Señor Dávila. El Juez Presidente, Señor Trías Monge, y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto de inhibición el 4 de enero de 1982.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Martín

al cual se une el Juez Asociado Señor Dávila.

Disiento de la sentencia emitida en este caso. Entiendo que actuó correctamente el Tribunal Superior al desesti-mar la demanda de injunction de los recurrentes al dictaminar que la jurisdicción primaria corresponde a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). El tribunal de instancia expresó que no se justifica un desvío del trámite administrativo ordinario ante una demanda que en esencia alega que el traslado de los agentes policiales demandantes desde Ponce a Agua-dilla y Arecibo respectivamente, fue ordenado como una represalia contra dichos agentes por haber hecho expre-siones públicas sobre la corrupción policíaca existente en al área de Ponce en la que servían. La demanda no demuestra que hubiese necesidad de utilizar el recurso extraordinario de injunction en razón de que “el pro-cedimiento ordinario no prove[e] un remedio rápido, ade-cuado y eficaz, para corrección [sic] de un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación”. Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552, 556 (1977). Véanse además, Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978).

Al evaluar si una demanda de injunction en la que se alega que determinada transacción de personal público violó derechos constitucionales, expone una alegación de sustancialidad tal que amerite no aplicar los principios de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios, los tribunales deben considerar el interés envuelto y concluir que la parte peticionaria tiene una probabilidad real de prevalecer en los méritos de su petición. 32 L.P.R.A. see. 3524 inciso 3(2).

Por ello debe examinarse la eventualidad de que en efecto se hubiese causado la violación de algún derecho constitucional a la luz del efecto de la transacción de personal sobre la parte demandante así como los posibles objetivos legítimos de la transacción en cuestión.

La faz de la demanda revela que los agentes deman-dantes se quejan de sendos traslados de Ponce a Aguadilla en un caso y a Arecibo en otro. El agente Santiago, trasladado a Aguadilla, reside en Guánica, por lo que en lugar de viajar 25 millas desde Guánica a Ponce vendría obligado a viajar 48 millas. El agente Ferrer, trasladado a Arecibo, reside en Mayagüez, por lo que la distancia a la nueva plaza es de 49 millas comparada con 46 de la anterior. El agente Santiago viajará una distancia de 23 millas adicionales, presumimos que le tomará 1/2 hora adicional. El agente Santiago recorrerá aproximadamente la misma distancia que antes del traslado.

Los datos precedentemente mencionados no revelan un agravio de patente intensidad al derecho de los deman-dantes que requiera urgente reparación a través del recurso privilegiado de injunction que ameriten eludir el ordenado cauce administrativo. Otero Martínez, supra.

Por otro lado, no podemos pasar por alto que siendo la Policía un cuerpo gubernamental cuasi militar encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, la disciplina de sus miembros es factor esencialísimo y el espíritu de cuerpo es de vital importancia para apoyar las normas de obediencia que deben imperar para sostener el orden institucional. En su consecuencia, en un momento dado y por circunstancias que las autoridades policíacas consideren justificantes —tales como la discordia entre compañeros, divergencia o diferencias entre supervisores y supervisados, contrarie-dades o conflictos con la ciudadanía del sector donde se ejerce la labor policíaca, indisciplina en el trabajo, u otras razones legítimas— las autoridades policíacas podrían trasladar provisional o permanentemente a cualquier miembro de la Policía del sector donde trabaja a otro sector, en aras del bien del servicio, cuyas consideraciones deberán ser justificadas o probadas en su día por las partes.

La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq., en su see. 4.4, Id. see. 1334, prohibía los traslados como medida disciplinaria, excepto “cuando respondan a necesidades del servicio según se establezca mediante reglamento, y el traslado no resulte claramente oneroso para el empleado”. Al reconocer luego la Asamblea Legislativa que era necesario hacer una excepción para aquellos sistemas en que se utilice el concepto de rango para autorizar traslados como medida disciplinaria procedió a enmendar la Ley de Personal al efecto, autorizando además descensos o degradaciones como medidas disciplinarias.

Las disposiciones enmendadas y ampliadas son las siguientes:

(5) Los traslados no podrán ser utilizados como medida disciplinaria ni podrán hacerse arbitrariamente. Sólo podrán hacerse a solicitud del empleado, o cuando respondan a necesidades del servicio según se establezca mediante regla-mento y el traslado no resulte oneroso para el empleado. Se exceptúan de esta disposición aquellos sistemas en que se utilice el concepto de rango. (Enmienda en bastardillas.)
(9) En aquellos sistemas en que se utilice el concepto de rango, se podrá utilizar el traslado, descenso o degradación como medida disciplinaria siempre y cuando sus leyes orgánicas lo autoricen. En estos cásos no se requerirá el consentimiento del empleado. (Enmienda en bastardillas.)

En virtud de las citadas enmiendas es preciso que la legalidad y procedencia de las aludidas transacciones de personal sea analizada en primera instancia por el cuerpo especializado creado por la propia Ley de Personal para ese propósito: la Junta de Apelaciones. 3 L.P.R.A. see. 1394(1). Es este organismo el que debe dilucidar los hechos y circunstancias que rodean la transacción y a la luz de ellos determinar si los traslados obedecieron a necesidades del servicio o si son de carácter disciplinario, y si había autoridad legal y/o reglamentaria para efectuarlos. La alegación de que los traslados en controversia constituyen una violación del derecho a la libre expresión y que estuvieron motivados por discrimen político, no son sufi-cientes para justificar un desvío del trámite ordinario ordenado por la ley y la sana práctica administrativa, máxime cuando a diferencia de un despido o destitución no acarrea daños irreparables.

Por las razones expuestas precedentemente, confirmaría la sentencia recurrida que remite la causa al foro admi-nistrativo.

—O—

Voto de inhibición del Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 4 de enero de 1982

El silencio casi sacrosanto que debe imperar antes de toda resolución judicial, la inmensa soledad en que se encuentra un juez previa a adoptar un curso de acción, la naturaleza eminentemente privilegiada y de inspiración moral-jurídica que toda decisión de inhibición, a iniciativa propia, conlleva —independientemente de la jerarquía del Juez— y las circunstancias excepcionales del caso de autos, nos compelen a reducir por escrito, certificar y ordenar la inmediata publicación de esta descalificación. Su com-prensión exige una breve relación de la causa de acción que lo origina, los protagonistas directa e indirectamente envueltos y el trámite que pende ante nos.

Se trata de una demanda de injunction y daños y perjuicios contra el Superintendente, Sr. Desiderio Cartagena, y otros oficiales de la Policía basada en la alegación de que los demandantes recurrentes, agentes Santiago Mercado y Ferrer Pabón, siendo funcionarios de carrera, como castigo, fueron trasladados por expresiones que hicieron en conferencia de prensa efectuada el 29 de abril de 1981 —con la participación del Sr. Ángel David González, Presidente de la Asociación de Miembros de la Policía, Inc.— denunciando serios problemas de corrupción de oficiales de la uniformada en el área de Ponce, y, además, por haber éstos declarado bajo juramento el 30 de abril que el proceso de selección y reclutamiento está “. . . permeado de prejuicio político partidista, toda vez que para poder ingresar . . . hay que ser miembro del Partido Nuevo Progresista”.

El Tribunal Superior, Sala de Ponce, a petición del Estado desestimó bajo el fundamento de que la jurisdicción correspondía a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (JASAP). A solicitud de los demandantes, este foro emitió orden para mostrar causa por la cual no debería revocarse ese dictamen. El caso pende sub judice.

I

A manera de introito anticipamos la posibilidad de que para algunos juristas, y aun personas legas no compene-tradas con la dinámica del proceso decisorio, las razones que compelen esta abstención no sean suficientes o no guarden tal grado de intensidad como para reflejar la existencia real de un posible prejuicio, ánimo prevenido o estado anímico de índole inhibitoria. Podría argumentarse que una disciplina férrea judicial acumulada por años y el apego a los postulados éticos, son fundamentos para despejar cualesquiera dudas al respecto y adjudicar con ecuanimidad ética e intelectual éste y otros pleitos aná-logos. No negamos validez a tal proposición. “Ciertamente, inquietudes de esta índole prenden instintivamente en toda conciencia con un sentido de lo justo y ético, aunque es de lugar reconocer que en materia de deontología profesional se impone el respeto a todos —y con mayor justificación— no puede haber reclamos de infalibilidad.” Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84, 105 (1980) (opinión concurrente).

Más bien creemos que concurren situaciones particu-lares que nos mueven a invocar aquí el principio cardinal del Canon XI de Ética expositivo de que “[e]l Juez no solamente ha de ser imparcial, sino que su conducta ha de excluir toda posible apariencia de que es susceptible de actuar a base de influencias de personas, grupos o parti-dos, o de ser influido por el clamor público, por conside-raciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias”, en interacción con el Canon XII(g) indicativo de que procede la inhibición “por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su imparcia-lidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia”.

Tanto el Canon XII como la Regla 63 de Procedimiento Civil de 1979 relacionan en detalle los motivos básicos tradicionales de inhibición, susceptibles de ser científi-camente clasificados, según su génesis, así: (1) por razón del objeto del litigio, cuando existe un vínculo de interés moral o material entre lo que se debate y la figura del magistrado; (2) por razón de las partes en conflicto, amistad o enemistad entre el juez y los litigantes; y (3) por razón de los foros llamados a intervenir, como por ejemplo, haber intervenido previamente como abogado, consejero o juez en el pleito.

Ahora bien, el verdadero cambio en materia inhibitoria en nuestra jurisdicción se opera al rubricarse la regla o norma de “apariencia de parcialidad”. Bajo la misma, “[p]ara que proceda la inhibición, no obstante, se ha indicado en repetidas ocasiones que no es imprescindible probar la existencia de prejuicio o parcialidad de hecho; basta con la apariencia de parcialidad o prejuicio”. (Énfa-sis suplido.) Pueblo v. Martés Olán, 103 D.P.R. 351, 355 (1975).

El vocablo prejuicio, en su prístina acepción significa “acción y efecto de prejuzgar”. Este verbo a su vez implica “juzgar las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas conocimiento cabal”. Prejuiciado es quien “tiene prejuicio de antemano”. I. Rivera García, Diccionario de Términos Jurídicos, 1976, pág. 211. Se admite, pues, que en el sentido peyorativo prejuicio denota “parcialidad” o falta de neutralidad judicial. Más allá de su aspecto negativo, en sus variadas definiciones idiomáticas y valor semántico denota “juicio previo”, “juicio anticipado” o “juicio a destiempo”. Un autor nos habla de “. . . la expresión de pre-concepto, que no es otro que aquel que luego atribuiremos a pre-opinión. Tiene gran interés, en cambio, percibir la diferencia entre ‘juzgar antes de tiempo’ y adoptar una decisión ‘previamente a los hechos o argumentos que deben conocerse’; una cosa es juzgar ‘antes de tiempo’, esto es, adelantándose extemporáneamente, y otra muy distinta el haber tenido que juzgar previamente, pero sin salirse del marco del deber jurídico; de igual manera que habremos de distinguir del juzgamiento reali-zado en virtud de la investidura\ de magistrado judicial, el concepto emitido como simple ciudadano o, al menos, sin formar parte de esa magistratura”. (Énfasis suplido.) S. Sentís Melendo, Estudios de Derecho Procesal, Buenos Aires, Ediciones Jurídicas Europa-América, 1967, T. 1, pág. 241.

II

Prescindiendo de si el régimen de la inhibición debe evaluarse bajo el prisma de derecho administrativo ético o legal jurisdiccional, la “doctrina ha distinguido, sustan-cialmente, dos situaciones en el magistrado que le crean inhibiciones de conocer. Por un lado, se distingue al juez que se encuentra en tal situación personal que no es posible confiarle de ninguna manera el conocimiento del asunto. Se habla, entonces, de judex inhabilis. En estos casos, la imposibilidad de conocer es absoluta. La situación equivale íntegramente, a nuestro régimen de impedimento.

Al lado de judex inhabilis, se encuentra el judex suspectus. En él no hay propiamente impedimento absolu-to, sino causa de recelo o simple motivo de sospecha”. E. J. Couture, Estudios de Derecho Procesal Civil, 2da ed. Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1978, T. III, pág. 127. Este autor expone que en su terminología legal el vocablo inhibición tiene tres dimensiones:

. . . denota, tan sólo, el hecho del alejamiento del magistrado, su apartamiento de un asunto concreto respecto del cual tiene motivo de impedimento, de recusación o abstención. Cuando un juez se halla impedido, debe inhibirse de conocer; cuando un juez es recusable, se le inhibe de conocer; cuando un juez solicita derecho de abstención, puede inhibirse de conocer. En cuanto a los vocablos particulares, se utilizan en su preciso sentido legal: impedimento, es la inhibición por prohibición legal; recusación es inhibición por voluntad de la parte afectada; abstención es inhibición por voluntad del magistrado. Op. cit., pág. 128.

Esta clasificación tripartita y sus notas diferenciales las explica así:

El impedimento es un motivo grave de inhibición: confi-gura una circunstancia que obsta en modo absoluto al conocimiento de un asunto determinado, por parte del juez. Ni aun mediando acuerdo de partes, es posible que entienda en el asunto un juez impedido. Su deber de alejamiento es inmediato. No necesita esperar que las partes se manifiesten a este respecto, ni requiere autorización del superior para desprenderse del conocimiento del asunto.
La recusación configura causa leve de inhibición; no se trata de implicancia, es decir, de incapacidad absoluta, ya que si la parte perjudicada con el motivo de sospecha acepta la intervención del magistrado, éste debe seguir conociendo en el asunto. El alejamiento del magistrado no es inmediato cuando media motivo de recusación; su deber es dar cuenta a las partes y esperar a que éstas se manifiesten; la conformidad expresa o tácita purifica el motivo de sospecha y dota al juez de aptitud plena para intervenir en el asunto; prestada esa conformidad en forma expresa o tácita, existe preclusion del procedimiento dirigido a alejar al magistrado, y éste debe seguir conociendo en el asunto. En el caso de que el magistrado entienda que no existen motivos de sospecha, el procedimiento de recusación surge como un derecho de la parte, cuya finalidad es obtener del superior un pronuncia-miento dirigido a alejar al juez del conocimiento del asunto.
La abstención no configura una causal de inhabilidad, ni siquiera un motivo de sospecha. Es una situación de conciencia que autoriza al juez a ser relevado de la intervención en el asunto. Es un derecho de tipo adminis-trativo que tienen todos los funcionarios públicos, y que consiste, sustancialmente, en liberarlos del conflicto moral que representa tener que decidir en asuntos en los cuales razones de decoro o de delicadeza les crean un estado particular de violencia moral. Este tipo de derecho no alcanza a las partes en ningún sentido. Éstas son ajenas a una situación que se produce exclusivamente dentro de la conciencia moral del magistrado. No pueden requerir a éste su alejamiento del asunto, ni les es dado tampoco, obtenerlo por intermedio de su superior jerárquico. Op cit., págs. 133-134.

El concepto de abstención, también conocido como excusación, configura un derecho privativo del magistrado que se basa en razón de existir causas de decoro o delicadeza. Las partes no tienen derecho a invocarlo, sólo el juez. ¿Qué se entiende por decoro y delicadeza?

El decoro es un concepto de excepcional amplitud. Abarca, no sólo el honor, sino también el respeto, la reverencia, el recato y la estimación. Es no sólo la consideración externa de una persona, sino también su propia estimación. Abarca tanto el prestigio social representado por la dignidad del comportamiento, como el respeto que una persona debe a los dictados de su propia conciencia. Hiere el decoro no sólo una ofensa recibida, claramente perceptible, sino también la insinuación malevolente, el estado de recelo, la sospecha o el desdén. El juez puede sentirse herido en su decoro si la parte le supone incapaz de juzgar con independencia en determinado asunto; pero su integridad de espíritu, la elevada conciencia de su misión y el sentido de su respon-sabilidad pueden también colocarle por encima de tales sospechas y su propio decoro puede conducirle a la con-clusión contraria. Se trata, sustancialmente, de una actitud de orden espiritual, que puede conducir, indistintamente, a una u otra solución.
Los grados extremos de la conducta social, la actitud decorosa o indecorosa, pueden percibirse claramente. Pero en las situaciones limítrofes, sólo la conciencia del magis-trado le habrá de decir qué es lo que se entiende por razón de decoro.
En cuanto al concepto de delicadeza, constituye en cierto modo, una extensión del anterior. Delicadeza está tomada, en la ley, no en su sentido directo de finura, ternura o suavidad, sino también de escrupulosidad y de miramiento. En este sentido, al no considerar como sinónimas ambas palabras, habría que admitir que la delicadeza constituye un grado superlativo del decoro. Sería, así, el honor y la propia estimación llevados a su grado extremo. Op. cit., págs. 184-185.

III

Otro aspecto que aflora en el caso de autos como motivo de abstención, que está íntimamente relacionado con el “juicio a destiempo”, es la opinión, recomendación o señalamiento fuera del estrado sobre un asunto sometido al juez o susceptible —por la naturaleza del asunto o la jerarquía jurisdiccional del magistrado— de serle en el futuro sometido. En nuestra opinión concurrente y disi-dente en P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248, 308-309 (1980), rechazamos los enfoques y conductas que socavan y menguan la ética judicial. Diji-mos que:

Aunque intangible, la ética es fuerza que se percibe, detecta e intuye. En contraste con la importante función clásica del abogado de defender ante los tribunales a un litigante en particular o abogar en una causa criminal, la misión del juez de juzgar con eticidad, esto es, con imparcialidad y verdad, cobra clara dimensión y sentido moral jurídico en los gnómicos versos de Machado: “[T\u verdad no, la verdad. Vamos a buscarla. La tuya guárdatela. ” (Escolio omitido.)

Y añadimos:

Deferencialmente objetamos todo desmerecimiento a la verticalidad y ejecutorias de la magistratura puertorriqueña del pasado y presente. Los jueces no subsistimos en cámaras de oxígeno. “No somos autómatas del derecho, ajenos a las injusticias, el dolor o a los agravios. No vivimos en mundos distantes o apartes. Neutralidad judicial no es sinónimo de insensibilidad.” Ortiz Angleró, supra, págs. 94-95. Nunca hemos sido espectadores pasivos de las inequidades y agra-vios oficiales ni sordos a los reclamos de justicia. Senci-llamente respetamos un compromiso de honor contraído al prestar juramento, de autodisciplina judicial, de juzgar, combatir los males sociales y remediar las injusticias líci-tamente, sólo en la esfera de nuestra propia competencia, a saber, los dictámenes y pronunciamientos adjudicativos desde el estrado de los tribunales. No consideramos permisible hacernos eco y asumir representaciones de oráculo de len-guaje esotérico y anfibológico, enjuiciando a destiempo desde otras- tarimas y foros públicos, las actuaciones, posturas y filosofías políticas de quienes en determinado horizonte histórico detentan los Poderes Constitucionales restantes. [Énfasis nuestro.]
No olvidemos: “No puede diversificarse la persona que a la vez es juez. El desempeño del cargo exige autolimitaciones que no se extienden a otras profesiones. La línea entre una opinión personal y cuando actúa como órgano judicial es muy tenue. Es casi imposible, por no decir ilusorio, des-lindarla. Cuando se hace pública, se quiebra y desaparece. Así la rúbrica judicial se proyecta en toda su extensión e intensidad en las opiniones de jueces a título personal y pueden sobrevenir malas interpretaciones y especulaciones. Para los efectos señalados, un juez siempre es juez.” Ortiz Angleró, supra, pág. 104.

A estas reflexiones hemos de añadir que si bien la Constitución denomina a los órganos básicos del poder como Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los dos primeros, por su naturaleza, son poderes públicos de índole político-partidista. El Poder Judicial no goza ni puede ostentar o promover tal apellido. Por ello, toda generación de juristas precisa estar alerta contra el resurgimiento del personaje del sumo sacerdote del sanedrín, esta vez como máximo exponente del fariseísmo ético-judicial. Vale recordar la' siguiente admonición:

Debemos evitar la impresión, aunque ésta sea errónea, de que decimos unas cosas en nuestros discursos y escritos y hacemos otras en la práctica. García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174, 191 (1979) (Rigau, J., opinión concurrente).

IV

A la luz de lo antes expuesto es que debemos evaluar sua sponte nuestra intervención o abstención en el caso de autos. Sobre todo, es importante tener presente que el ejercicio de jurisdicción en toda causa judicial depende del presupuesto de la “absoluta idoneidad personal [del magis-trado] despejada de toda sospecha o recelo . . (Énfasis suplido.) Couture, op. cit, pág. 132. Veamos.

Las partes envueltas son los agentes Santiago Mercado y Ferrer Pabón como demandantes. Como demandado principal figura el Superintendente Desiderio Cartagena. Los dos primeros presuntivamente pertenecen a la Asocia-ción de Miembros de la Policía, Inc., entidad que preside el Sr. Ángel David González. Tomamos conocimiento judicial de que la referida Asociación se ha caracterizado por intentar el mejoramiento y protección de sus miembros a través de distintos señalamientos, avenidas y tácticas militantes. Su presidente ha hecho, individual y junto a otros miembros, denuncias sobre corrupción y mala admi-nistración en la Uniformada. Se ha alegado un serio deterioro y una politización extrema en sus métodos de reclutamiento y ascenso. Esta última denuncia ha encon-trado eco en algunos sectores político-partidistas del país y funcionarios públicos. El Juez Presidente, Hon. José Trías Monge, el 26 de diciembre de 1981, en un mensaje opinó:

Como juez, me he referido también públicamente a algunas de las materias de que hablaré hoy. Mi interés sobre estos vitales asuntos no data en consecuencia de ahora. El deterioro creciente de la situación me obliga a regresar al tema.
La primera injusticia, fuente de muchas otras, que se perpetra contra el policía en nuestra comunidad es la politización de la Fuerza. Los políticos o, para mayor exactitud, algunos políticos, tradicionalmente no han en-tendido que hay ciertas instituciones del país que tienen que vivir fuera de su control: la Policía, los tribunales, las instituciones educativas, las uniones, las asociaciones de empleados. Al policía le han vulnerado sus más sagrados derechos. El policía tiene derecho a que sus ideas políticas no jueguen papel alguno en su carrera. Se ha avanzado bastante en la aplicación del principio del mérito, pero hay mucho campo por cubrir. Se premia a quien no se debe premiar; se margina a quien no se debe marginar. Nuestra Constitución ordena que no se discrimine contra nadie por razones políticas. El policía en Puerto Rico no goza todavía plenamente de esta protección constitucional.
Tal situación es intolerable. El policía no debe estar a la merced del gobierno de turno. El policía es un profesional, un profesional de la justicia, al igual que el fiscal o el juez. No debe violarse su dignidad de ser humano. Hay que respetar su libertad a abrigar las ideas que desee, dentro de su juramento de fidelidad a las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos. El mérito de un policía no puede medirse sobre la base de su fidelidad a tal o cual partido. “El Policía y la Comunidad”, Mensaje a la Asociación de Miembros de la Policía de Puerto Rico, Inc.

Específicamente, como dato adicional, meses atrás el Sr. Ángel David González presentó y juró denuncia criminal contra el Superintendente Cartagena por alegada negligencia en el cumplimiento del deber consistente en no investigar unos piquetes que agentes y oficiales contrarios realizaron frente a las oficinas de la Asociación. En la etapa sobre determinación de existencia de causa probable, el abogado principal del señor Cartagena —designado por el Presidente del Colegio de Abogados— fue nuestro her-mano, Lie. Arturo Negrón García.

V

El conocimiento de estos hechos de inmediato produce en nuestro ánimo ciertas reservas éticas. De un lado, la participación de un familiar como abogado, no en este caso, sino en otro, en un incidente aislado e inconsecuente, pero en que algunos de los protagonistas son los mismos. Por otro lado, las opiniones del Juez Presidente refren-dando a priori, la tesis de politización en la Policía ante la Asociación de Miembros de la Policía, Inc., teoría en que se fundamenta el caso de autos. ¿Amerita ello nuestra abstención? Una reflexión al respecto, bajo la norma de apariencia externa, nos lleva a concluir que cualesquiera de las dos circunstancias apuntadas son razones de peso suficientes para que se produzca la inhibición como único camino compatible con los principios de imparcialidad y neutralidad judicial. La ausencia de precedente no milita en contra.

En esa misión, y en ausencia de modelo inspirador superior, el espíritu recto se fortalece en su intimidad por la dignidad del silencio, concepto eje de la ética judicial. El buen juez, pues, evita toda conducta que mine la confianza pública en la neutralidad del Poder Judicial. Sabe que la suspicacia es el elemento corrosivo más dañino y difícil de subsanar de la estabilidad, convivencia y paz social. Descu-bre a tiempo que la metamorfosis del abogado al jurista se produce y se consuma no sólo con la opinión correcta en derecho o el discurso académico, sino engalanada en una ejemplar conducta de moral, neutralidad y dignidad judicial.
Una vez más, “no podemos evitar pensar que esta ponencia suscite críticas o equívocos torpemente interpretados. Habrá quienes el simple abordar este tema les resultará rubori-zante, mortificante o un tanto irritante. No es ese nuestro deseo. Tampoco será la primera ni última vez que el quehacer judicial genere tales reacciones.” Ortiz Angleró, supra, págs. 105-106. Ninguna de esas u otras reacciones disonantes constituirán razones suficientes para el jurista abdicar su jurisdicción, empañar la nitidez de su óptica judicial, opacar la integridad de su ética o abjurar los dictados de su conciencia. . . . (Énfasis suplido.) P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, supra, págs. 311-312.

La Secretaria General certificará y notificará inme-diatamente la presente a los abogados de las partes y al Colegio de Abogados para su oportuna publicación.

       El agente Santiago había ya indicado sentirse molesto por cierta situación existente en el cuerpo policíaco de Ponce, por lo que había expresado en comunicación de 3 de marzo de 1981 dirigida al Cdte. Nelson Almodovar que su deseo era ser trasladado de Ponce al área de Mayagüez si la situación no se resolvía. Apéndice del recurso, pág. 38.

      E1 agente Ferrer expresó, en apelación presentada ante la Junta de Apelaciones de Personal por los mismos hechos aquí planteados, que hacía 4 años que venía solicitando se le trasladase a Mayagüez. Apéndice del recurso, pág. 46.

       Hemos tomado conocimiento de las distancias mencionadas del “Cuadro indicando distancias entre pueblos” publicado por la Autoridad de Carreteras, a 31 de diciembre de 1980.

       El Canon XII, m fine, dispone sobre la “resolución escrita en la que [el Juez] hará constar [la] causa [de inhibición] con notificación de la misma a todas las partes”. Cánones de Ética Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.


author: per curiam:

text:
    Aida Luz Quiñones, por sí y en representación de su hija menor Wanda Ivette López Quiñones, demandantes y recurridas, v. Pablo Duarte Mendoza, José Valentín Rodríguez Casanova, Luis Raúl Rodríguez, Luis R. Rodríguez, Hijo, Gladys López, X y Z, demandados y recurrentes.

      Números: R-79-215 R-79-216

      Resueltos: 3 de marzo de 1982

      Luis F. Camacho y Carlos A. Torres Jiménez, abogados de los recurrentes José Valentín Rodríguez Casanova, Luis Raúl Rodríguez y Luis Raúl Rodríguez, hijo; Oscar R. Brizzie, abogado de los recurrentes Pablo Duarte Mendoza y Gladys López; Agustín Mangual Hernández, de Mangual & Pérez Marrero, abogado de las recurridas.
   per curiam:

Una joven de dieciséis años de edad quedó embarazada después de haber tenido relaciones con su novio. El novio, el padre y el hermano de éste se pusieron de acuerdo y contrataron al Dr. Pablo Duarte Mendoza para que en su oficina le practicara un aborto a la joven. Posterior al aborto, ésta sufrió una infección e inflamación pélvica. Estuvo recluida en el hospital y durante varios meses recibió tratamiento médico.

La madre de la joven, por sí y en representación de su hija, demandó al doctor Duarte, al novio de su hija, al padre y al hermano de éste porque “en concierto y de común acuerdo practicaron y/o obtuvieron [que] se le practicara un aborto . . .” de forma negligente, desprovisto de la debida asepsia y sin el debido equipo, lo cual causó la inflamación pélvica posterior. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y condenó a los demandados a pagar daños, así como también costas e intereses. Los demandados, en sus recursos alegan que el tribunal de instancia erró al condenarlos porque no se probó negli-gencia.

La joven declaró sobre el procedimiento que el doctor Duarte, médico generalista, siguió en su oficina para practicar el aborto. Declaró que el médico cogió unos bisturíes y los introdujo en su vagina y sintió como si le estuvieran cortando. Pensó que no le había puesto aneste-sia porque le dolía mucho. Luego la mandó a parar de la camilla y la retuvo en otro cuarto por cinco minutos hasta que le dio una receta de dos medicamentos —postel y ergotrate— los cuales tenían como propósito exclusivo evitar el dolor y las hemorragias. Se tomó casi todas las pastillas. Guardó las que sobraron en el frasco donde fueron envasadas originalmente. Fueron admitidas en evidencia. No le recetó antibióticos para evitar infecciones. El Dr. César Berrios, obstetra-ginecólogo, el cual la exa-minó con posterioridad al aborto, declaró que no podía aseverar que la condición de ésta constituía necesaria-mente el producto de una mala práctica o negligencia médica, pues podrían existir otras posibles causas.

Como regla general la negligencia de un médico tiene que establecerse con prueba pericial, pero cuando la falta del debido cuidado es tan evidente como para inferir negligencia, no es necesario presentar peritos. A ese efecto expresamos en Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 229 (1973):

La mala práctica usualmente se prueba mediante testi-monio o prueba pericial, pero eso no tiene que ser siempre necesariamente así. El testimonio de los médicos peritos no es la única prueba que puede ser considerada por el juzgador de los hechos. Douglas v. Bussabarger, [438 P.2d 829 (1968)], a las págs. 832-833; Byrom v. Eastern Dispensary, 136 F.2d 278, 279 (1943); “Malpractice and Medical Testimony,” 77 Harv. L. Rev. 333, 335 (1963). Hay ocasiones en que en estos casos opera la regla de res ipsa loquitur. Soc. de Gananciales v. Presbyterian Hosp., [88 D.P.R. 391 (1963)]; Pederson v. Dumouchel, 341 P.2d 973, 979 (1967); Ibarra v. Spangard, 154 P.2d 687 (1944); Douglas v. Bussabarger, supra, a la pág. 833.

Véanse además: Marrone v. United States, 355 F.2d 238 (2nd Cir. 1966); Ardoline v. Keegan, 102 A.2d 352 (1954); Greenberg v. Michael Reese Hospital, 396 N.E.2d 1088 (1979); Graham v. St. Luke’s Hospital, 196 N.E.2d 355 (1964); Finley v. United States, 314 F.Supp. 905, 912 (1970); Medical Malpractice-Expert Testimony, 60 Nw. U.L. Rev. 834 (1965); The Application of Res Ipsa Loquitur in Medical Malpractice Cases, 60 Nw. U.L. Rev. 852, 857 (1965); O. C. Adamson, II, Medical Malpractice: Misuse of Res Ipsa Loquitur, 46 Minn. L. Rev. 1043, 1052 (1962); Ayers v. Parry, 192 F.2d 181 (3rd Cir. 1951); Personal Injury: Actions, Defenses, Damages, L. R. Frumer, ed., Mathew Bender, 1975, Vol. 4A, sec. 1.01, pág. 137. Es de conocimiento generalizado que siempre que se interviene quirúrgicamente a una persona, se le deben administrar antibióticos preventivamente para evitar infecciones. No se requiere conocimiento médico-técnico, superespecializado para concluir que el haber practicado un aborto sin haber recetado antibióticos constituye negligencia. Es evidente que se faltó al deber de cuidado y no se actuó como persona prudente y razonable.

Alegan los demandados Rodríguez y Rodríguez Casanova que erró el tribunal de instancia al imponerle responsabilidad legal por los actos cometidos por el doctor Duarte. El tribunal en la sentencia concluyó que todos los demandados planearon y participaron en el aborto practi-cado por el doctor Duarte. Bajo el Art. 1802 del Código Civil, son responsables por los daños causados todos los que intervengan en conducta negligente que cause un daño. Tanto el novio de la demandante, como el padre, el hermano de éste y el doctor Duarte fueron los co-causantes del daño sufrido. El tribunal determinó que ellos fueron los autores intelectuales del aborto. Ellos escogieron al doctor Duarte para practicar el aborto y condujeron a Wanda Ivette a la oficina médica, sitio ciertamente inade-cuado, para someterla a la intervención que causó los daños reclamados.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Martín disiente de aquella parte de la opinión que impone responsabilidad a los demandados Rodríguez y Rodríguez Casanova.

      E1 doctor Duarte recurrió en el recurso de revisión R-79-216. Los otros demandados en el R-79-215. Los hemos consolidado.

      NOTA DEL COMPILADOR: En el caso posterior de Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. — (1983) (resuelto el 17 de enero de 1983), el Tribunal expresó en el escolio núm. 16 lo siguiente:
      “En Quiñones v. Duarte Mendoza, 112 D.P.R. 223 (1982), señalamos a manera de dictum, que era ‘de conocimiento generalizado que siempre que se interviene quirúrgicamente con una persona, se deben administrar antibióticos preventi-vamente para evitar infecciones. No se requiere conocimiento médico-técnico superespecializado para concluir que el haber practicado un aborto sin haber recetado antibióticos constituye negligencia’.
      Esas expresiones deben evaluarse a la luz de las circunstancias particulares allí presentes de indebida asepsia y falta de equipo en la realización de un aborto causante de ‘una infección e inflamación pélvica’ en la oficina privada de un médico. No significa que como parte del abecedario médico, en todo caso sea menester la administración de antibióticos, aun en aquellos casos en que conforme la buena práctica de la medicina sea contraindicado.”