author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García, a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Domingo Domínguez Maldonado y Edna Santiago Ortiz, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-92-251

      Resuelto: 9 de febrero de 1995

      Rafael A. Nadal Arcelay, de Cando, Nadal & Rivera, abogado de la recurrente; Anabelle Rodríguez, Procuradora General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Grisel Hernández Esteces, Procuradora General Auxiliar, abogadas de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

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La Sra. Edna Santiago Ortiz y el Sr. Domingo Dominguez Maldonado otorgaron capitulaciones matrimoniales, el 14 de marzo de 1962, antes de contraer nupcias. En dichas capitulaciones matrimoniales, las partes acordaron "que no rija la sociedad económica de gananciales en el matrimonio a celebrarse entre ellos, según se ha dicho an-teriormente, no rigiendo, desde luego, en cuanto a bienes futuros”. Sin embargo, no indicaron bajo cuál régimen eco-nómico se regirían una vez contraído el matrimonio. La pareja se casó el 17 de marzo de 1962.

Veintiséis (26) años después, el 22 de agosto de 1988, los esposos Domínguez Maldonado y Santiago Ortiz presenta-ron ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una peti-ción de sentencia declaratoria. En ésta solicitaron que se reconociera, desde la fecha en que contrajeron matrimonio, la existencia de una sociedad legal de bienes gananciales. Alegaron que a pesar de haber otorgado capitulaciones ma-trimoniales en la que descartaron la existencia de una so-ciedad de bienes gananciales, desde el inicio de su matri-monio actuaron como si estuvieran regidos por dicho régimen. Señalaron que "[cjoetáneamente, y con posterio-ridad al otorgamiento de las Capitulaciones Matrimoniales y a la celebración del matrimonio entre ambos ... otorgaron en o alrededor de cuarenta (40) documentos públicos dispo-sitivos de bienes inmuebles”. Además, solicitaron que, de ser necesario, se decretara la inconstitucionalidad de los Arts. 1267, 1269, 1271 y 1272 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 3551, 3553, 3555 y 3556, sobre el contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio. Basaron su alegación de inconstitucionalidad en que “[a]l igual que el divorcio por mutuo acuerdo, la mutabilidad de las capi-tulaciones matrimoniales hecha sin coacción, bajo el prin-cipio de autonomía de la voluntad debe tener un claro re-conocimiento en nuestra Constitución”, bajo el Art. II, Secs. 1 y 8 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

También solicitaron que, en caso de que el tribunal de instancia no reconociera el régimen legal de bienes ganan-ciales durante el matrimonio, se decretara, en la alterna-tiva, la existencia de una comunidad de bienes atípica con participación por partes iguales de los cónyuges en los bie-nes adquiridos durante el matrimonio.

El 2 de abril de 1992, el tribunal de instancia dictó una sentencia parcial al amparo de la Regla 43.2(d) de Proce-dimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, desestimando en su to-talidad las alegaciones “de invalidez, por inconstitucional u otra causa, contra la legislación que permite las capitula-ciones en general y en particular la que gobernó al Sr. Domingo Domínguez y ahora gobierna en la partición”. De dicha sentencia parcial la demandante, señora Santiago Ortiz, interpuso un recurso de revisión. Como único se-ñalamiento de error plantea que:

Erró el tribunal de instancia al negarse a reconocer la existen-cia de una sociedad legal de gananciales y/o comunidad atípica existente de hecho entre el Sr. Domingo Domínguez Maldonado y la Sra. Edna Santiago Ortiz durante la vigencia de su matri-monio y al sostener la validez constitucional de la ley sustan-tiva que permite el otorgamiento de contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio conocido como Capitulaciones Matrimo-niales, para regir en forma diferente a la sociedad de ganancia-les la relación económica de la pareja que así escoja y contrate.

Visto el recurso presentado, ordenamos a la parte de-mandada recurrida mostrar causa por la cual no debería-mos expedir el recurso presentado, revocar la sentencia re-currida dictada el 2 de abril de 1992, por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y devolver el caso al foro de instancia para que celebrase una vista evidenciaría sobre lo referente a las capitulaciones matrimoniales. Presen-tado el escrito de la parte demandada recurrida, estamos en posición de resolver y así procedemos a hacerlo sin ul-teriores procedimientos.

J — I HH

Nuestro Código Civil, siguiendo un sistema contractual, reglamenta los intereses pecuniarios que surgen del matrimonio en las relaciones de los cónyuges y en las relaciones con terceros. Permite a las parejas otorgar capitulaciones matrimoniales antes de contraer nupcias, disponiendo que los novios podrán estipular las condiciones de la sociedad conyugal referente a los bienes presentes y futuros sin otras limitaciones que las impuestas por la ley, la moral y el orden público. Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3551.

Aun cuando las capitulaciones matrimoniales constituyen un contrato sujeto al régimen de libertad que impera en nuestro sistema de contratación, la autonomía de la voluntad de las partes no es absoluta. Umpierre v. Torres Díaz, 114 D.P.R. 449 (1983); Ab Intestato Saldaña, 126 D.P.R. 640 (1990). Sobre las limitaciones que se imponen a la libertad de estipular en el contrato de capitulaciones matrimoniales, Manresa señala como pactos prohibidos los siguientes: (1) los contrarios a la naturaleza y a los fines del matrimonio, a la libertad y los derechos del individuo o, en general, a la moral y a las buenas costumbres; (2) los que contravienen los preceptos legales de carácter prohibi-tivo o imperativo, y (3) los que sean depresivos de la auto-ridad que respectivamente corresponde en la familia a los futuros cónyuges. J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. EX, Vol. 1, pág. 141.

Indica Albaladejo que: “[PJueden contener acuerdos relativos a la gestión por cada esposo de sus bienes propios, y a la intervención en ellos del otro, y establecer donaciones por razón del matrimonio. La libertad del pacto en las capitulaciones no tiene más límite que el no poder estipularse (y estipulado, será nulo) nada contrario a las leyes, a las buenas costumbres, ni a los fines del matrimonio”. (Citas omitidas.) M. Albaladejo, Compendio de Derecho Civil, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, págs. 516-517. Véase, además, J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1987, T. V, Vol. I, págs. 331-332.

El contrato de capitulaciones matrimoniales es de primordial importancia en el ámbito de la relación patrimonial del matrimonio, ya que puede regular: “los derechos dé los esposos sobre sus bienes respectivos, los derechos sobre las ganancias realizadas por ellos durante su unión; los intereses de los hijos y de la familia; los intereses de los terceros que contratan con uno u otro de los esposos, y, en definitiva, el interés económico y social, muy afectado por la solución que se dé a los problemas que el régimen matrimonial lleva consigo”. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 309. Por lo tanto, aunque el propósito fundamental de realizar un pacto de capitulaciones matrimoniales es establecer el régimen económico que ha de imperar en el matrimonio, este tipo de contrato puede tener otras finali-dades ajenas al régimen económico conyugal.

En Puerto Rico rige la doctrina de la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales. El Art. 1271 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3555, dispone claramente que “[piara que sea válida cualquier alteración que se haga en las capitulaciones matrimoniales, deberá tener lugar antes de celebrarse el matrimonio y con la asistencia y concurso de las personas que en aquéllas intervinieron como otorgantes”. Por otra parte, el Art. 1272 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3556, expresamente prohíbe que se modifiquen las capitulaciones luego de celebrado el matrimonio.

En Vilariño Martínez v. Registrador, 88 D.P.R. 288, 293 (1963), explicamos que las razones para exigir que el contrato de capitulaciones se otorgue antes de la celebración del matrimonio son “que los interesados están en condiciones de prestar libremente su consentimiento para tal otorgamiento; y ... que los terceros puedan conocer el régimen adoptado y las estipulaciones convenidas partiendo de una época fija, después de la cual no puede haber alteración”. Según aceptamos en Umpierre v. Torres Díaz, supra, pág. 458, “[l]a razón del principio de inmutabilidad ... de que ‘a través de los pactos postnupciales, pudiera uno de los cónyuges, generalmente la mujer, quedar sometido, en su perjuicio, al influjo psicológico del otro, sin llegar a manifestar su voluntad en condiciones, de plena libertad’, ha perdido virtualidad en nuestros tiempos. El pensamiento moderno se orienta hacia reconocer la igualdad entre las personas de sexos opuestos, sin que pueda señalarse que ninguna es per se más fuerte o más débil de voluntad que la otra. Además, de ser la persona de un sexo más débil que la otra, ello sería razón de igual peso para desechar el principio de inmutabilidad, en vez de afianzarlo, pues la falta de voluntad o la voluntad viciada puede ocurrir antes del casamiento y no necesariamente después”. (Escolio omitido.)

Ciertamente, la doctrina de la inmutabilidad de las ca-pitulaciones matrimoniales ha caído en desuso y ha sido abolida en los más modernos códigos. Umpierre v. Torres Díaz, supra, pág. 457. De hecho, las últimas leyes civilistas sobre capitulaciones matrimoniales han acogido la mutabi-lidad del régimen económico matrimonial. Castán Tobeñas, op. cit., pág. 316. Por ejemplo, los códigos de Alemania y Suiza permiten la celebración y modificación en cualquier tiempo después del matrimonio e instituyen un registro especial de contratos matrimoniales. El código de Méjico permite que el contrato matrimonial pueda ser concluido o modificado durante el matrimonio y la ley chilena autoriza a los esposos a transformar por documento notarial la co-munidad de adquisiciones en separación de bienes. La ley holandesa autoriza el otorgamiento de capitulaciones ma-trimoniales durante el matrimonio luego de tres (3) años desde su celebración y con autorización judicial. La ley francesa autoriza a los cónyuges a cambiar de sistema de bienes después de dos (2) años de haber sido adoptado, en documento notarial y con la homologación del Tribunal de Gran Instancia. Así también el Código Civil italiano per-mite la modificación de las capitulaciones matrimoniales bajo control judicial. En el derecho belga se autoriza el cambio postnupcial de régimen económico en carta notarial, acompañada de un inventario de los bienes y derechos y la liquidación del régimen preexistente homologada por el Tribunal de Primera Instancia. En España, las leyes de 2 de mayo de 1975 y de 13 de mayo de 1981, permiten que la pareja pacte las capitulaciones en cualquier momento anterior a la celebración del matrimonio y variarlas en cualquier momento, cuántas veces lo deseen.

También el Uniform Premarital Agreement Act, 9B Uniformed Laws Anntated (U.L.A.) Sec. 5, preparado por The National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, incluye en la Sec. 5 una disposición para permitir que un contrato prenupcial de capitulaciones sea modifi-cado o revocado. Todos los estados, excepto Montana y Nueva Jersey, tienen cláusulas similares. S.C. Mercing, The Uniform Premarital Agreement Act: Survey of Its Impact in Texas and Across the Nation, 42 Baylor L. Rev. 825, 869 (1990).

Sin embargo, en Puerto Rico, contrario a las nuevas tendencias en las jurisdicciones civilistas, el legislador no ha tomado acción para acoger el principio de la mutabilidad, y continúa vigente la prohibición del Art. 1272, supra. Precisamente, uno de los principales argumentos esgrimidos por el Procurador General, en su escrito en cumplimiento de nuestra orden para mostrar causa, es que los países que han abolido el principio de la inmutabilidad lo han hecho mediante legislación y han establecido sistemas que protegen los intereses de terceros. Así lo reconocimos en Umpierre v. Torres Díaz, supra, pág. 459, donde afirmamos que para adoptar el principio de mutabilidad en esta jurisdicción se requiere la acción legislativa.

La parte recurrente impugna la validez constitucional de las disposiciones del Código Civil respecto a la inmuta-bilidad de las capitulaciones. Sin embargo, por no ser ne-cesario para adjudicar la controversia, no entraremos a discutir este señalamiento de error.

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Bajo la libertad de pacto provista por el Código Civil, aun pactando capitulaciones matrimoniales, una pareja puede optar por: (1) la separación de bienes pero con participación en las ganancias; (2) la sociedad de gananciales, para lo cual basta con guardar silencio y no estipular nada o estipularlo expresamente, que tampoco está prohibido; (3) renunciar al régimen legal de gananciales; (4) la total separación de bienes, o (5) elegir cualquier otro régimen que combine estas posibilidades, siempre que no infrinja las leyes, la moral o las buenas costumbres. C. Vázquez Iruzubieta, Régimen Económico del Matrimonio, Madrid, Ed. Edersa, 1982, págs. 150-151. Véase, además, Castán Tobeñas, op. cit., págs. 331-332.

En el caso de autos, los esposos Domínguez Maldonado y Santiago Ortiz capitularon para descartar el régimen de sociedad de bienes gananciales, expresando específica-mente que no existiría la sociedad económica de ganancia-les durante su matrimonio. Sin embargo, no indicaron cuál régimen económico regiría su unión.

Contrario al Código Civil de España, nuestro Código no establece cuál régimen económico rige cuando en unas capitulaciones matrimoniales se indica expresamente que no existirá una sociedad legal de gananciales, pero se omite escoger un régimen patrimonial para regular las relaciones económicas de los cónyuges. En España, el Código dispone que, en tal caso, regirá el llamado régimen supletorio de segundo grado, que es el de separación de bienes. Explica Castán Tobeñas en su tratado sobre Derecho Civil Español, que el Art. 1.435, numeral 2, del Código Civil español dispone "que existirá entre los cónyuges separación de bienes cuando hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de gananciales, sin expresar las reglas por [las] que hayan de regirse sus bienes”. Castán Tobeñas, op. cit, págs. 305-306. Según Vázquez Iruzubieta, no cabe otra solución “posible” y “coherente”, ya que “quien no quiere la comunidad debe aceptar la separación”. Vázquez Iruzubieta, op. cit, pág. 38. Manresa, por su parte, reconoce la posibilidad de la existencia de la sociedad de gananciales cuando no se estipula en las capitulaciones régimen alguno y no se ha ex-cluido expresamente dicho régimen. Manresa, op. cit, pág. 178.

Según la parte peticionaria, nuestro Código Civil limita el sistema de separación de bienes a lo expresado en las capitulaciones matrimoniales, de acuerdo con el Art. 1327 (31 L.P.R.A. see. 3711). Nos invita a juzgar los actos coetá-neos y posteriores al contrato para interpretar la intención de las partes y a estudiar si la relación entre los esposos Domínguez Santiago se rige por el contrato de sociedad o comunidad de bienes. Fundamenta sus reclamos en el caso Umpierre v. Torres Díaz, supra, donde nos apartamos de la tradición española respecto a la omisión de la estipulación de un régimen económico en unas capitulaciones. Veamos.

En el caso Umpierre v. Torres Díaz, supra, pág. 459, las partes otorgaron las capitulaciones matrimoniales para identificar los bienes privativos que cada uno aportaba al matrimonio, “ ‘para que al liquidarse la sociedad conyugal le sea reconocido y satisfecho’ ”. Se reconoció en la escritura la potestad de cada cónyuge de administrar sus propios bienes y de realizar todo tipo de negocio con cargo a dichos bienes. No escogieron un régimen económico que dispusiera sobre los bienes futuros. Después de casarse, hicieron uso de los bienes y los administraron como si pertenecieran al caudal común, aportando trabajo y esfuerzo personal. Diji-mos que no se variaron las capitulaciones matrimoniales ya que en éstas no se estipuló que cada cónyuge tendría la administración exclusiva de sus bienes y que realizarían toda clase de negocios con la exclusión del otro. Distinto al caso de autos, los cónyuges no se obligaron a mantener una separación absoluta de sus bienes y de los frutos de éstos. La sociedad de gananciales no fue descartada y, por los actos de los cónyuges, cobró vigencia por su propio efecto supletorio.

No podemos acoger el planteamiento de la peticionaria en el sentido de que surgió una sociedad de gananciales porque durante el matrimonio de Domínguez Maídonado y Santiago Ortiz, éstos realizaron actos de administración y esfuerzo común, ya que expresamente pactaron que no deseaban crear un régimen ganancial. Decir lo contrario sería variar jurisprudencialmente la doctrina de la inmutabilidad de las capitulaciones matrimoniales. Otra cosa sería si, como en Umpierre v. Torres Díaz, supra, en el contrato no se hubiese determinado el régimen económico que los interesados deseaban y, además, se probara que la pareja usó y administró los bienes como si su matrimonio estuviese regido por una sociedad de gananciales, en las que ambos aportaban esfuerzo y tra-bajo personal.

IV

Luego de analizar el derecho vigente en materia del ré-gimen patrimonial del matrimonio y, en específico, el de las capitulaciones matrimoniales, nuestro sentido e idea de la justicia nos impiden despachar el caso de autos sin consi-derar otros aspectos que tocan la institución del matrimo-nio y los derechos de la mujer. Recordemos que “ ‘[l]a equi-dad ... implica más que una justicia abstracta orna justicia individualizada, y más que una justicia estrictamente legal, una justicia de tipo natural y moral’ ”. Castán Tobeñas, según citado en Cruz Cruz v. Irizarry Tirado, 107 D.P.R. 655, 660 (1978). La equidad, como se sabe, quiere decir algo que es justo. Silva v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 891, 898 (1965). No es justo ni lógico que, siendo la insti-tución del matrimonio una favorecida por nuestro ordenamiento, Cosme v. Marchand, 121 D.P.R. 225, 234 (1988), no le ofrezcamos a la esposa que aporta trabajo y esfuerzo la misma protección que a la concubina respecto a los bienes adquiridos en el caso de una comunidad de bienes. Veamos.

En el pasado hemos reconocido “el interés propietario de los concubinos con respecto a los bienes adquiridos o que hayan incrementado de valor vigente la relación, como resultado del esfuerzo, labor y trabajo aportados conjuntamente bajo cualquiera de las siguientes alternativas: ‘(1) como pacto expreso ... (2) como pacto implícito que se desprende espontáneamente de la relación humana y económica existente entre las partes durante el concubinato ... (3) como un acto justiciero para evitar el enriquecimiento injusto ...’ ”. Ortiz de Jesús v. Vázquez Cotto, 119 D.P.R. 547, 548-549 (1987). Véanse: Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474, 481 (1975); Cruz v. Sucn. Landrau Díaz, 97 D.P.R. 578, 585 (1969). Ahora bien, se tiene que probar que se aportó esfuerzo y trabajo para producir o aumentar el capital objeto de la reclamación del concubino. Caraballo Ramírez v. Acosta, supra.

En el caso de autos, los esposos Domínguez Maldonado y Santiago Ortiz capitularon para descartar el régimen de sociedad de gananciales. No indicaron cuál régimen económico regiría durante su unión. Como señalamos antes, no podemos acoger el planteamiento de que la sociedad de gananciales surgió por los actos de administración y esfuerzo común de ambos cónyuges. Sin embargo, cabe examinar la alegación de la peticionaria sobre la existencia de una comunidad de bienes atípica con participación por partes iguales de los cónyuges en los bienes adquiridos durante el matrimonio.

La peticionaria señaló que la pareja otorgó alrededor de cuarenta (40) documentos públicos dispositivos de bienes inmuebles y que ella laboró junto a su difunto marido en la empresa que éste fundara. Sin embargo, en los autos del caso ante nos, no encontramos prueba alguna conducente a fundamentar la alegación sobre la existencia de una comunidad de bienes. No basta una mera alegación de la peticionaria de que existe una comunidad de bienes. La peticionaria tiene que demostrar que, a pesar de no existir una sociedad de gananciales, ella trabajó, brindó servicios y se esforzó durante el matrimonio para acrecentar el capital privativo de su cónyuge. Por lo tanto, si la peticionaria recurrente logra demostrar esto, deberá en-tenderse que entre los cónyuges surgió una comunidad de bienes. Resolver lo contrario sería ignorar la doctrina de enriquecimiento injusto sobre la cual hemos señalado que, “basada en la equidad, es aplicable para hacer justicia a una parte, en ausencia de una obligación contractual o legal de parte de la otra”. Umpierre v. Torres Díaz, supra, pág. 462. Como explican Planiol y sus continuadores:

La vida común engendra necesariamente una cierta confusión de intereses: los bienes resultan mezclados, se adquieren nue-vos elementos patrimoniales y se realizan gastos en interés del hogar. Aun en el caso de que los esposos hayan decidido esta-blecer entre ellos una separación de bienes, habrá que resolver cuestiones de prueba de propiedad o de contribución a las car-gas del matrimonio. Será el régimen más o menos complejo, pero se impone siempre como una inevitable necesidad. (Enfa-sis en el original.) Planiol-Ripert-Boulanger, según citado por Castán Tobefias, op. cit., pág. 279.

En fin, históricamente el Derecho ha sido instrumento forjador de cambios sociales. A través de la ley y de la ju-risprudencia, se le ha facilitado a la mujer puertorriqueña la oportunidad de luchar por posiciones de igualdad y res-peto en diversas áreas, sociales, económicas y familiares. Por lo tanto, ante una situación de desbalance, y a pesar de la inexistencia de una sociedad legal de gananciales, un tribunal no puede desatender los reclamos de una mujer envuelta en el quehacer económico de su cónyuge, con la salvedad de que dichos reclamos sean probados.

En virtud de lo anteriormente expresado, modificamos la sentencia parcial dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 2 de abril de 1992 para que éste pueda celebrar una vista evidenciaría de manera que la peticiona-ria pueda presentar prueba sobre su solicitud de que se decrete la existencia de una comunidad de bienes entre ésta y el extinto señor Domínguez Maldonado y, de determinarse que ésta existió, también pueda presentar prueba de los bie-nes de la misma para poder hacer la división que corresponda. Se devuelve el caso para continuar con los procedimientos a tenor con lo dispuesto en esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García, a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

I

La decisión mayoritaria es una interpretación jurídica-mente insostenible que encierra consustancialmente una insalvable contradicción: de un lado articula un discurso apologético de los derechos de la mujer y, del otro, en tér-minos prácticos, les inflige una ruda estocada al dejar com-pletamente subordinados sus intereses a los del marido.

Sucintamente resuelven que si en una escritura pública de capitulaciones matrimoniales los futuros contrayentes se limitan exclusivamente a rechazar el régimen económico de sociedad de gananciales, sin fijar uno alterno, automá-ticamente rige la separación de bienes. Para arribar a esta conclusión aplican un precepto del Código Civil español descartado desde principios de siglo por el legislador puertorriqueño. Bajo ese cuestionable predicado, devuel-ven el caso al tribunal de instancia para que determine si existió entre la peticionaria Edna Santiago Ortiz y su fi-nado marido Domingo Domínguez Maldonado una comuni-dad de bienes. Ese camino es desacertado en Derecho y, más lamentable aún, INJUSTO.

II

Los que se unan en matrimonio podrán otorgar sus capitula-ciones antes de celebrarlo, estipulando las condiciones de la sociedad conyugal relativamente a los bienes presentes y futu-ros, sin otras limitaciones que las señaladas en este título.
A falta de contrato sobre los bienes, se entenderá el matrimo-nio contraído y bajo el régimen de la sociedad legal de gananciales.” (Enfasis suplido.) Art. 1267 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3551.

Como todo contrato, su existencia presupone consenti-miento de los contratantes, objeto cierto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3391. Y en el capitular, el objeto es "fijar las condiciones de la sociedad conyugal re-lativamente a los bienes, esto es, determinar los efectos que va a producir el matrimonio con relación a los bienes, marcar las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y con respecto a terceros, y precisar las reglas que han de regir en la asociación conyugal en cuanto a los bienes afecta”. (Enfasis suplido.) J.M. Manresa y Navarro, Co-mentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, Vol. 1, pág. 121.

La doctrina exige que se establezca en las capitulacio-nes unas reglas precisas y claras sobre el régimen econó-mico matrimonial. Sin esas reglas adviene supletoria-mente el régimen de la sociedad legal de gananciales, pues el Legislador puertorriqueño ha querido que así se pre-suma, no otro. La deseabilidad de ese tratamiento como sistema económico primario matrimonial se trasluce del extenso y detallado articulado de nuestro Código Civil que delinea los perfiles de dicha figura jurídica.

Por esta razón no podemos resolver el caso de autos im-portando un siglo más tarde, vía judicial, unas interpreta-ciones basadas en las dos (2) alternativas codificadas por el legislador español si los futuros contrayentes únicamente se limitan a rechazar el régimen de gananciales, sin fijar el que ha de regir. Con oportunidad de hacerlo, ¿por qué el legislador puertorriqueño nunca ha incorporado un artí-culo de similar solución a nuestro Código Civil? Más que una laguna, ¿no demuestra ello una voluntad legislativa de no avalar ese enfoque?

Ante estos antecedentes, la lógica y el sentido común nos mueve a interpretar que la Asamblea Legislativa ex-presó su voluntad de no seguir igual ruta cuando sólo se rechaza la sociedad de gananciales. De ese modo, dejó constancia de una valoración social distinta, consistente en no dar eficacia jurídica a dicha posibilidad en nuestro ordenamiento. En otras palabras, no permitió como causa suficiente en un contrato capitular el mero rechazo de la sociedad de gananciales. Estamos ante la ausencia de dicho contrato o, como consigna Manresa, uno deficiente. Es un acto de legislación impermisible adoptar el texto del Código Civil español. Corresponde a la Asamblea Legisla-tiva, no a este Foro, esa u otra solución, incluso incorporar el más moderno concepto de mutabilidad de las capitula-ciones matrimoniales.

Ante esta realidad aplica el Art. 1267 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3551, a los efectos de que sin capitu-laciones, rige la sociedad de gananciales.

1 — 1 h-1 I — H

La situación es más grave, carentes de eficacia unas ca-pitulaciones que se limitan a rechazar el régimen ganan-cial, y vigente éste, no cabe hablar de separación de bienes. Primero, el articulado de nuestro Código Civil pertinente a la separación de bienes parte de la premisa inarticulada de que aplicará a situaciones extraordinarias o anormales que implican un distanciamiento físico o emocional entre los cónyuges.

[D]ichas normas se producen para resolver situaciones anor-males dentro del matrimonio. Y, otra posible solución existente en distintos ordenamientos, el recurso a las normas que en ellos se contienen acerca de la separación legal no tiene cabida en Derecho puertorriqueño, en que dicha separación carece de regulación. De ahí que como criterio demasiado vago sólo pueda recogerse la disposición general del art. 92 (pensado, dicho sea de paso, para situaciones muy distintas), que responde a un pensamiento de independencia en la administración, dominio y aprovechamiento, al cual debe añadirse un principio de propor-cionalidad en las cargas comunes. (Énfasis suplido.) E. Vázquez Bote, Tratado teórico, práctico y crítico de derecho privado puer-torriqueño, New Hampshire, Equity Publishing Co., 1973, T. XI, pág. 204.

Y segundo, “[l]a tramitación de la separación se produce siempre a instancia de parte (arts. 50, párrafo segundo; 1.327 y sigs., C.c.)”. Vázquez Bote, op. cit., pág. 205.

Ello, sin embargo, no ha ocurrido en el caso de autos. Todo lo contrario, las partes solicitaron al tribunal que se les reconociera la ganancialidad, que a fin de cuentas es la expresión económica que nuestro legislador ha entendido encarna mejor los postulados de armonía y la más saluda-ble convivencia en el seno matrimonial.

IV

La voluntad del legislador puertorriqueño de limitar la aplicación de régimen de separación de bienes a los casos ya señalados y el propósito de no dar su sanción si sólo se rechaza el régimen de sociedad de gananciales, se ve más claramente al considerar los supuestos que al presente el legislador ibérico ha querido extender la separación de bienes. Así, el Art. 1.435 del Código Civil español puntua-liza:

Existirá entre los cónyuges separación de bienes:
l.° Cuando así lo hubiesen convenido.
2° Cuando los cónyuges hubieren pactado en capitulaciones matrimoniales que no regirá entre ellos la sociedad de ganan-ciales, sin expresar las reglas porque hayan de regirse sus bienes.
3.° Cuando se extinga, constante matrimonio, la sociedad de gananciales o el régimen de participación, salvo que por vo-luntad de los interesados fuesen sustituidos por otro régimen distinto.

Sabemos que el legislador puertorriqueño ha tenido ante sí, como modelos, el texto original y este nuevo catá-logo de supuestos; sin embargo no ha actuado como ahora la mayoría pretende; esto es, reconocerle eficacia jurídica al solo rechazo de la sociedad de gananciales. La disposi-ción que más se aproxima en nuestro Código dispone que “[a] falta de declaración expresa en las capitulaciones ma-trimoniales, la separación de bienes entre los cónyuges du-rante el matrimonio no tendrá lugar sino en virtud de pro-videncia judicial”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 3711.

Difícilmente puede argumentarse que el mero rechazo de la sociedad de gananciales es el tipo de declaración ex-presa que exige nuestro ordenamiento para que se reco-nozca la separación de bienes. Si el legislador español hu-biera entendido que el rechazo a la sociedad de gananciales equivale a una “declaración expresa”, ¿por qué delinear bajo un acápite distinto la situación del rechazo a la socie-dad de gananciales? Ausente dicha declaración, no puede este Tribunal valerse de la “providencia judicial”; hemos visto que sólo se activa rogadamente (a instancia de parte).

Finalmente, resulta interesante que el precepto legal nuestro —que exige una declaración expresa para que se reconozca la separación de bienes— es cónsono con la letra del derogado Art. 1.432 del Código Civil español, respecto al cual comentaba Castán:

... En relación con la forma expresa de pactarlas, la sentencia de 27 de junio de 1974 declaró no ser preciso que se mencione en la escritura la palabra “separación, bastando que la inten-ción de los contratantes se deduzca del conjunto de las estipu-¡aciones, y de los actos anteriores y posteriores de aquéllos”. (Enfasis suplido.) J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, co-mún y foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1987, T. V, Vol. 1.

Bajo esta óptica, si algún significado tuvieron en vida los actos posteriores de los esposos Domínguez Maldonado-Santiago Ortiz fue expresar abiertamente la intención de unir sus patrimonios, no separarlos.

V

Por último, aunque advino de jure una sociedad de ga-nanciales, no podemos pasar por alto la injusta y errónea conclusión mayoritaria de que no hay ninguna prueba que apoye la conclusión, siquiera, de que existió una comuni-dad de bienes. Nos dicen que “[l]a peticionaria tiene que demostrar que, a pesar de no existir una sociedad de ga-nanciales, ella trabajó, brindó servicios y se esforzó du-rante el matrimonio para acrecentar el capital privativo de su cónyuge”. Opinión mayoritaria, pág. 968.

De este modo ignoran la declaración jurada suscrita conjuntamente en vida de su marido que acompañó a su solicitud de sentencia declaratoria. Ésta, pletórica en seña-lamientos de actos que configuran como mínimo una comu-nidad de bienes, sintetiza muy bien su existencia así:

Además de haber realizado los anteriores negocios jurídicos mediante los cuales adquirimos por partes iguales las propie-dades antes descritas y nos obligamos, también por partes iguales, al constituir las hipotecas aquí indicadas, yo, DOMINGO DOMINGUEZ MALDONADO, utilicé el consejo de mi esposa, EDNA SANTIAGO ORTIZ, desde los inicios de nuestra relación matrimonial, en la mayoría de las decisiones tomadas por mí en la administración de nuestros negocios, en la compra de las propiedades muebles e inmuebles y otros bienes de diversa naturaleza tanto para el comercio como para el hogar. Ambos, hemos aportado por partes iguales esfuerzo y trabajo para el desarrollo de nuestros bienes familiares de naturaleza comercial y familiar, incluyendo las Empresas Domingo Domín-guez, Inc. y Como lo Hace, Inc., compartiendo por partes igua-les las ganancias. Exhibit III, pág. 22.

Distinto a la conclusión mayoritaria, esta prueba es su-ficiente para concluir prima facie que hubo la relación eco-nómica y humana (estuvieron casados por veintisiete (27) años), demostrativa de que “se obligaron implícitamente a aportar, y aportó cada una bienes, esfuerzo y trabajo para beneficio común”. Caraballo Ramírez v. Acosta, 104 D.P.R. 474, 481 (1975). Revela que ella aportó a los bienes comu-nes por lo menos en igual proporción que su marido fallecido. Compete a la parte contraria probar que la par-ticipación de la peticionaria es inferior al cincuenta por ciento (50%). Caraballo Ramírez v. Acosta, supra, pág. 484.

       Compareció únicamente la Sra. Edna Santiago Ortiz por razón de haber fallecido su esposo, el Sr. Domingo Domínguez Maldonado.

       En este último caso, nuestro Tribunal limitó la autonomía de estipular, al concluir que el usufructo viudal no puede ser renunciado en las capitulaciones matrimoniales.

       Cabe señalar, que la preocupación fundamental de los opositores al principio de mutabilidad es que al permitirse que los cónyuges puedan modificar lo pactado en capitulaciones se perjudiquen con ello los acreedores. De hecho, esta preocupación aún subsiste en España, a pesar de que ya se legisló para adoptar el principio de mutabilidad. C. Vázquez Iruzubieta, en el libro Régimen Económico del Matrimonio, Madrid, Ed. Edersa, 1982, págs. 150-151, comenta:

        “Es aquí sitio apropiado para insistir que si el legislador ha optado por abando-nar el sistema de la inmutabilidad de las capitulaciones permitiendo a los cónyuges modificar el régimen matrimonial cuantas veces lo deseen, no ha obrado en conse-cuencia con la garantía que demandan los terceros para una fluidez basada en la seguridad del tráfico comercial, al dejar vacuo el sitio de un Registro de bienes del matrimonio que funciona en todos aquellos países donde impera el régimen de la mutabilidad. Un Registro apropiado que no es, naturalmente, el Registro Civil, para que los particulares y básicamente los comerciantes acudan a averiguar a qué régi-men patrimonial se encuentran sujetos los cónyuges que van a pactar con él, o quién es el administrador de sus bienes o cuanta [sic] información pronta, exhaustiva y eficaz pueda proporcionar un Registro de cualidades especiales para la atención de estas cuestiones patrimoniales y no el del estado civil de las personas. Pensamos que se ha cometido un serio error con esta omisión, no corregida aún, y al parecer sin intención confesada de que pueda ser corregida.”

       Hemos sostenido que un tribunal tiene que hacer lo posible para evitar los dictámenes precipitados en cuestiones constitucionales y, sobre todo, debe decidir esas cuestiones sólo cuando no pueda disponer de otra manera del caso ante su consideración. Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610, 619 (1981).
      En nuestra jurisdicción los planteamientos constitucionales no pueden abor-darse cuando un caso pueda resolverse: (1) mediante un análisis estatutario válido; (2) en armonía con los criterios de las partes y en consonancia con los mejores fines de la justicia; (3) al existir una interpretación razonable de la legislación que permita soslayar la cuestión constitucional presentada, y (4) porque la controversia puede quedar resuelta definitivamente por otros fundamentos. P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 243 (1981); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295 (1983); Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179, 180 esc. 7 (1979); Pacheco v. Srio. Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592, 601 (1979); Man Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Calderón, Rosa-Silva & Vargas v. García, 120 D.P.R. 803, 811-812 (1988); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958); Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139, 150 (1973).
      Por lo tanto, nos reafirmamos en que de favorecerse la doctrina de la mutabili-dad de las capitulaciones le corresponde al legislador estudiar el asunto y legislar al respecto. “[E]s misión que primordialmente recae en la Asamblea Legislativa el regular los efectos económicos del matrimonio y el divorcio.” Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 D.P.R. 1, 16 (1988).

       Aunque no es el caso para dilucidar cómo valorar las tareas, las responsabi-lidades y los servicios de la mujer, tomamos conocimiento de que dichas tareas y servicios son vitales para la salud del régimen económico de un matrimonio. De hecho, y como regla general, las tareas del hogar no son valoradas en términos monetarios. Pero dichas tareas, que incluyen, entre muchas, cuido de niños, limpieza del hogar, labores de cocina, lavado, planchado, actividades misceláneas del hogar, compras, diligencias y servicios relacionados a asuntos de los niños y el esposo, y, de acuerdo con la posición económica y social de la familia, actividades sociales y de entretenimiento, representan actividades laborales mercadeables. Además, relevan al marido de tareas cotidianas para que éste pueda concentrarse en su trabajo. Por lo tanto, el valor económico de los servicios realizados en un hogar por la esposa ama de casa deberá ser, junto con las contribuciones económicas de cualesquiera de los dos cónyuges, consideradas al tomar decisiones sobre la división y distribución de bienes de un matrimonio. Véanse M.H. Minton y J.L. Block, What Is a Wife worth?, Nueva York, Ed. William Morrow Co., 1983; B.F. Kiker, Divorce Litigation: Valuing the Spouses’ Contributions to the Marriage, 16 (Núm. 12) Trial 48 (1980); B.F. Kiker, Evaluating Household Services, 16 (Núm. 2) Trial 34; R.P. Wolf, Assessing the Value of Household Services, 22 (Núm. 10) Trial 81 (1986); R.B. Siegel, Home as Work: The First Woman’s Rights Claims Concerning Wives’ Household Labor, 1860-1880, 103 Yale L.J. 1073 (1994). Cf. Mundo v. Cervoni, 115 D.P.R. 422, 426 (1984), donde señalamos que:
      “Fundada la prestación alimenticia en la solidaridad familiar y en el derecho a la vida del alimentista, es amplísimo el concepto de ‘alimentos’ que el Código Civil define en su Art. 142 como ‘todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia’. Tanto contribuye a alimentar los hijos el padre que suministra con regularidad determinada suma de dinero, como la madre que con su labor y energía realiza el propósito y destino de la pensión al preparar y servir la comida a sus hijos, al mantener la casa limpia y ordenada, al llevarlos a la escuela para su educación, y al médico si se enferman. No hay base moral ni jurídica para concluir que una madre que así se conduce falta al deber de alimentar sus hijos no emancipados que le impone el Art. 153, ni puede menospreciarse su aportación física y anímica al sustento de sus hijos reduciéndola a cero, llegado el momento de liquidación de gananciales, y dándole un crédito contra ella al marido porque no contribuyó proporcionalmente con dinero.” (Énfasis suprimido.)

       Véanse, entre otros: O.E. Resumil de Sanfilipo, La condición jurídica de la mujer puertorriqueña en el siglo XX: ¿ Continuamos interpretando la parte de la leo-na?, 54 Rev. C. Abo. P.R. 5 (1993); E. Vicente, Las mujeres y el cambio en la norma jurídica, 56 Rev. Jur. U.P.R. 585 (1987); I. Picó Vidal, Derecho de familia y cambio social: Una interpretación histórico-social de la reforma de la administración de los bienes gananciales, 55 Rev. Jur. U.P.R. 537 (1986).

       Cabe aclarar que, en su origen, el artículo en cuestión del código español no proveía para el régimen de separación de bienes en el supuesto del rechazo de la sociedad de gananciales. Disponía entonces que se seguirían las reglas referentes a la dote.

       Los artículos que recogen en esencia los supuestos en que aplicará el régimen de separación de bienes son:
      “[Art. 1327] A falta de declaración expresa en las capitulaciones matrimoniales, la separación de bienes entre los cónyuges durante el matrimonio no tendrá lugar sino en virtud de providencia judicial.” 31 L.P.R.A. see. 3711.
      “[Art. 1328] El marido y la mujer podrán solicitar la separación de bienes, y deberá decretarse, cuando el cónyuge del demandante hubiera sido condenado a una pena que lleve consigo la interdicción civil, o hubiera sido declarado ausente, o hu-biese dado causa al divorcio.
      “Para que se decrete la separación, bastará presentar la sentencia firme que haya recaído contra el cónyuge culpable o ausente en cada uno de los tres (3) casos expresados.” 31 L.P.R.A. see. 3712.


source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Peter Lorio Ormsby y Wildie Sánchez Pérez, acusados y apelantes.

      Número: CR-89-34

      Resuelto: 10 de febrero de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

A la anterior moción de reconsideración, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión de conformidad en etapa de reconsideración. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión de conformidad emitida, en etapa de reconsidera-ción, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Una lectura, sin más, de la opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García, emitida en etapa de recon-sideración, puede causar que el lector cuestione la correc-ción jurídica de la opinión que el Tribunal emitiera el pa-sado 13 de diciembre de 1994 por voz de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

No hay duda de que si se toma, aisladamente y sin más, el dato que enfatiza el Juez Asociado Señor Negrón García en su ponencia —a los efectos de que los propios apelantes testificaron, durante el juicio celebrado a nivel de instan-cia, que no eran usuarios de drogas— parece ser correcta la conclusión a la que dicho Juez llega, esto es, que no era necesario que el tribunal de instancia transmitiera al Ju-rado instrucciones sobre el delito de posesión simple de sustancias controladas. Lo anterior en vista del hecho in-cuestionable de que dicho delito —plasmado en el Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2404— parte de la premisa de que la posesión de la droga es para consumo propio.

Ahora bien, el problema que confronta la posición que se sostiene en la opinión disidente es que el propio Estado fue el que presentó prueba sobre el uso de drogas por el ape-lante Lorio Ormsby. De una somera lectura de la exposi-ción narrativa de la prueba, certificada como correcta por el foro de instancia, surge que el único testigo de cargo que presentó el Ministerio Público sobre la forma y manera en que ocurrieron los hechos que se le imputan a los apelantes —agente David Romero Bonilla— declaró que el apelante Lorio Ormsby se encontraba públicamente fumando un ci-garrillo de marihuana en la playa Texidor de Santa Isabel, Puerto Rico. Véase Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 3; véase, además, Pueblo v. Lorio Ormsby I, 137 D.P.R. 722 (1994).

Pero, aún hay más. La observación que hace el agente Romero Bonilla —a los efectos de que el apelante mencio-nado alegadamente se encontraba, a la vista de todos, fu-mándose un cigarrillo de marihuana— es precisamente la única razón, o los “motivos fundados”, que tuvo dicho agente para intervenir con, registrar y arrestar a ambos apelantes.

De manera que, independientemente del hecho de que los apelantes declararan que no eran usuarios de drogas —testimonio que, obviamente, tenía el propósito de des-mentir la versión del agente y desvirtuar la razón para la intervención realizada por éste— la instrucción sobre el delito menor incluido de posesión de sustancias controla-das tenía que ser transmitida por el juez a los señores del Jurado en vista de la propia evidencia que presentara el Estado durante el proceso celebrado a nivel de instancia. Véase Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989).

En fin, la opinión y sentencia del Tribunal, emitida el pasado 13 de diciembre de 1994, es correcta en derecho. Es por ello que, entonces, la suscribimos y hoy la ratificamos.

Opinión disidente emitida, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Negrón García.

H-4

Reafirmamos nuestra discrepancia con la decisión de 13 de diciembre que revocó las convicciones de posesión de sustancia controlada con intención de distribuirla (Art. 401(a)(1), 24 L.P.R.A. sec. 2401(a)(1)), y ordenó un nuevo juicio. La conclusión mayoritaria es que el tribunal de instancia debió impartir una instrucción por el delito me-nor de posesión simple.

Un tribunal sólo viene obligado a brindar instrucciones sobre un delito menor si la prueba lo justifica. Pueblo v. Bonilla Ortiz, 123 D.P.R. 434 (1989); Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981); Pueblo v. Prados García, 99 D.P.R. 384 (1970) Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625 (1968); Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964). No procede si no hay base en la prueba, aim cuando la defensa las solicite. Pueblo v. Corales Irizarry, 107 D.P.R. 481 (1978); Pueblo v. Merced Jiménez, 100 D.P.R. 270 (1971); Pueblo v. Cabrera Lozada, 99 D.P.R. 689 (1971).

I-H HH

Tal es la situación de autos. La razón de decidir {ratio decidendi) para la mayoría concluir que “era meritorio que el juez impartiera la instrucción al Jurado sobre el delito de posesión de sustancias controladas”, descansó en el aserto de que “[l]a cantidad de sustancias controladas ocu-padas a los apelantes no era lo suficientemente grande como para inferir, sin más y con exclusión de otros delitos, la intención de distribuir”. Pueblo v. Lorio Ormsby I, 137 D.P.R. 722, 728 (1994).

Ello ignora dos (2) hechos incontrovertibles. Primero, los testimonios de los propios acusados apelantes Peter Lo-rio Ormsby y Sánchez Pérez, a los efectos de que no eran adictos ni usuarios de drogas. E.N.P., págs. 35 y 40. Y se-gundo, no cabría calificar de ínfimas las cantidades de marihuana y heroína ocupadas. Diez (10) cigarrillos de marihuana y varias envolturas de decks de heroína, consistente de .33 gramos. Cf. Pueblo v. Rosa Burgos, 103 D.P.R. 478 (1975).

Ante la admisión de los propios acusados de que no eran adictos ni usuarios, la única conclusión lógica era que la sustancia controlada ocupada era para distribución, y no para uso personal. Ello, por imperativo, excluía la instruc-ción sobre posesión para uso. Cf. Pueblo v. Claudio Serrano, 102 D.P.R. 726 (1974); Pueblo v. Cestau Moreno, 91 D.P.R. 755 (1965).

Debemos reconsiderar y confirmar.

       Excepto la convicción de la apelante Wildie Sánchez Pérez por infracción al Art. 179 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4285.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Gilberto Ramos, Ana M. Ramos y otros, demandantes, v. Juan Ortiz Rollet y otros, demandados y recurridos, y Nationwide Insurance Co., tercera demandada y recurrente.

      Número: RE-94-45

      Resuelto: 13 de febrero de 1995

      Luis A. Lugo, Jr, abogado de la recurrente; José A. Rodríguez Jiménez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

1 — i

El 25 de junio de 1991 ocurrió un accidente entre la Dodge Van, de 1978, conducida por Juan Ortiz Rollet y el vehículo Toyota, de 1986, manejado por su dueño Gilberto Ramos; éste iba acompañado por Juan Betancourt y Jorge Fuentes Rivera. La guagua Dodge era propiedad de Rafael Contador Lemus. Ortiz Rollet la conducía debidamente au-torizado en gestiones para su patrono Precision Instruments Service, Inc., (en adelante Precision Instruments) del cual Contador Lemus era presidente.

Con motivo del accidente, Ramos, Betancourt y Fuentes Rivera demandaron a Ortiz Rollet, Contador Lemus, Precision Instruments y a la Universal Insurance Co. (en ade-lante Universal). Luego de varios trámites, los demanda-dos aceptaron su negligencia y presentaron una demanda de tercero contra la Nationwide Insurance Co. (en adelante Nationwide). En síntesis, alegaron que la Dodge causante del accidente se utilizaba en ese momento como vehículo sustituto de una Ford Van de 1985 que estaba en repara-ción y asegurada por Nationwide. Adujeron que la cubierta de Nationwide se extendía al Dodge. Nationwide rechazó esa pretensión.

Subsiguientemente, el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Melvin A. Padilla Feliciano, J.), mediante una sentencia sumaria parcial dispuso que de probar los de-mandantes Ramos et al. algún daño, Universal y Nationwide responderían en cincuenta (50%) por ciento cada una. No conforme, recurrió ante nos Nationwide.

H-i hH

De entrada, Nationwide señala la existencia de unas controversias tácticas en tomo a las pólizas. Inicialmente, llama nuestra atención a su póliza 88-CAr399-492 la cual, al mencionar automóviles cubiertos, señala que “no incluye un vehículo propiedad de o registrado a nombre de cual-quier socio u oficial ejecutivo del asegurado nombrado, a menos que específicamente se exprese de otra forma me-diante endoso que forme parte de esta póliza”. (Traducción nuestra.) Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 42. En vir-tud de esa terminología, arguye que el vehículo Dodge cau-sante del accidente no estaba cubierto, pues estaba regis-trado y era propiedad de Contador Lemus, presidente de su asegurada Precision Instruments. Aduce, además, que faltó el endoso específico requerido para hacer extensiva la cubierta.

Al respecto apunta que, “[c]omo regla general, las póli-zas de automóvil no permiten la sustitución del vehículo asegurado por otro que sea propiedad del mismo asegurado o de cualquier residente en su hogar y/o propiedad de los socios o ejecutivos de dicho asegurado si se trata de una empresa”. Alegato de la recurrente, págs. 6-7. Invoca la definición de automóvil sustituto temporero, a saber, aquél “no perteneciente al asegurado nombrado o cualquier resi-dente de su mismo hogar [household], mientras se use tem-poreramente con el permiso del dueño como un sustituto del automóvil (propiedad del dueño) cuando éste haya sido retirado del uso normal para efectos de servicios o repara-ción o por su ruptura [breakdown], pérdida o destrucción.” Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43.

A su juicio, hay controversia de si efectivamente la Ford estaba en reparación y que tal hecho no podía establecerse solamente a base de una declaración jurada de Contador Lemus, sino que Precision Instruments tenía que someter la documentación pertinente del negocio.

Finalmente, Nationwide nos subraya que, contrario a su póliza, la de Universal cubría específicamente los vehículos que no eran propiedad de Precision Instruments, incluso aquellos de sus empleados y usados en gestiones de la empresa. Enfatiza que su póliza cubría sólo la Ford Van; antes bien, excluía específicamente cualquier vehículo per-teneciente a un socio o ejecutivo de la empresa, como lo era la Dodge Van de Contador Lemus. Aduce el principio enun-ciativo de que cuando una póliza general y otra especial cubren una pérdida en particular, aquella que la cubre es-pecíficamente es primaria y la general es en exceso, aun-que ambas expresen que cubren sólo su responsabilidad en exceso (excess liability).

III

Los argumentos de Nationwide no nos persuaden. Al examinar íntegramente su póliza, es claro que, al igual que la póliza de Universal, cubría este accidente. Podía, pues, el ilustrado tribunal de instancia, en ausencia de contro-versias de hechos, sumariamente dictaminar que Nationwide y Universal responderían en cincuenta por ciento (50%) cada una. Nos explicamos.

Primero, la póliza de Nationwide cubría el vehículo Ford Van o cualquiera otro sustituto. Así se colige inicialmente de la cubierta de responsabilidad (Basic Automobile Liability Insurance), que es bajo la cual aquí se reclama, al es-pecificar que “personas aseguradas” incluye a “cualquier otra persona mientras utilice un vehículo propiedad del asegurado [owned automobile] o un automóvil sustituto temporero con el permiso del asegurado nombrado ..." (Traducción y énfasis nuestros.) Según señalado, la cláu-sula contiene una definición de automóvil sustituto tempo-rero, la cual Nationwide sostiene que no incluye el vehículo involucrado en el accidente, pues dicho vehículo era propie-dad de un socio u oficial ejecutivo de Precision Instruments. Estos vehículos, según su interpretación de la cláusula pertinente de la póliza, no pueden ser conside-rados “automóviles sustitutos temporeros”.

Esa cláusula no tiene tal alcance. Los automóviles ex-cluidos de la definición de “sustitutos temporeros” son aquellos propiedad del asegurado o de cualquier residente de la misma familia. En ningún momento se excluyen los vehículos propiedad de socios o ejecutivos de la asegurada Precision Instruments. Ese propósito —excluir vehículos propiedad de los ejecutivos— requiere un señalamiento es-pecífico en la definición, tal como se hizo en la correspon-diente a “automóvil cubierto” de la Sección I de la misma póliza, pertinente a daños físicos al automóvil (Automobile Physical Damage Insurance) donde, según indicado, se ex-presa que dicho término no incluye los. vehículos propiedad de o registrados a nombre de cualquier socio u oficial eje-cutivo del asegurado.

Concluimos, por lo tanto, que el vehículo Ford involu-crado en el accidente era uno “sustituto temporero” cu-bierto, pues no pertenecía a la asegurada Precision Instruments, sino a su presidente Contador Lemus, y además, se demostró que era utilizado como sustituto en lo que el ve-hículo asegurado era reparado.

Contrario a lo propugnado por Nationwide, la definición de “auto cubierto” que excluye a aquellos que son propie-dad de o registrados a nombre de socios u oficiales ejecuti-vos, no es apbcable. Esa definición cubre sólo a reclamacio-nes por daños físicos al automóvil, no bajo la cubierta de responsabilidad pública. Unicamente las exclusiones, dis-posiciones y definiciones contenidas en la cubierta de res-ponsabilidad pública son aplicables a esta controversia.

Segundo, no tiene razón Nationwide al apuntar que el Tribunal Superior no podía determinar que la Ford Van era reparada, únicamente a base de la declaración jurada que a esos efectos brindó Contador Lemus. Teniendo la oportunidad, ¿por qué no presentó la documentación ni de-claraciones que controvirtieran ese hecho, prefiriendo mantener completo silencio, sin replicar? Ciertamente Nationwide no descargó adecuadamente su obligación proce-sal de derrotar la moción de sentencia sumaria. Regla 36.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 D.P.R. 881 (1994); Pilot Life Ins. Co. v. Crespo Martínez, 136 D.P.R. 624 (1994); Toledo Maldonado v. Cartagena Ortiz, 132 D.P.R. 249 (1992); Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991).

Coincidimos con Universal que “[e]n forma alguna esta prueba fue controvertida, y si el recurrente deseaba ha-cerlo, tenía que presentar contradeclaraciones para probar lo contrario. Para establecer el hecho de que el vehículo estaba en reparación no se necesitaba una prueba particular. Bastaba, como se hizo en el presente caso, con la declaración del dueño del mismo que acreditaba ese dato. Más aún debemos señalar que es totalmente creíble, y ocurre diariamente, el hecho de que no se guardan reci-bos ni documentación relacionada con este tipo de incidente. La práctica generalizada es que esta documen-tación no se retiene por mucho tiempo y que se dispone rápidamente de la misma .... Con la Declaración Jurada que se presentó, ese hecho quedó totalmente establecido, y si la recurrente quería controvertirlo tuvo la oportunidad para hacerlo y se cruzó de brazos. No puede quejarse ahora de que se le haya dictado sentencia en su contra cuando propició ello con su inactividad”. Alegato de la demandada recurrida Unirersal Insurance Company, pág. 6.

Y tercero, contrario a la contención de Nationwide, procedía como cuestión de derecho la sentencia sumaria. En situaciones como ésta, la doctrina se inclina a sostener que ambas aseguradoras responden por partes iguales si tienen cláusulas similares, estableciendo que para cual-quier automóvil cubierto por la póliza, que no sea propie-dad del asegurado, la cubierta será considerada “en exceso” de cualquiera otra cubierta aplicable.

Diversas jurisdicciones norteamericanas han resuelto consistentemente, en controversias similares, que ambas cláusulas deben rechazarse y que las pólizas responderán por partes iguales en proporción al límite de su cubierta. Recientemente la Corte de Apelaciones de Carolina del Norte explicó así el alcance de esta tendencia en Aetna Cas. & Sur. v. Continental Ins., 429 S.E.2d 406, 409 (1993), esto es, cuando dos (2) cláusulas de este tipo chocan “no se le da efecto a ninguna. En otras palabras, las pólizas son tratadas como si no contuvieran cláusulas de ‘otra cubierta’ [‘other insurance’]. Por lo tanto, el pago por la pérdida debería ser compartido entre los aseguradores tal como sería compartido en el caso donde ninguna póliza contuviera una cláusula de ‘otra cubierta’, i.e., el pago por la pérdida debería ser prorrateado”. (Traducción nuestra.) Véanse: Underwriters at Lloyd’s, London v. Pike, 977 F.2d 1278 (8vo Cir. 1992); National Indemnity v. Continental Ins., 487 A.2d 1191 (1985); Reliance Ins. Co. v. St. Paul Surplus Lines Ins., 753 F.2d 1288 (4to Cir. 1985); Alliance Mut. Ins. Co. v. New York Cent., 318 S.E.2d 524 (1984); Home Ins. Co. v. Certain Underwriters at Lloyd’s, 729 F.2d 1132 (7mo Cir. 1984); Continental Cas. Co. v. Pacific Indem. Co., 184 Cal.Rptr. 583 (1982); IBM World Trade v. Granite State Ins. Co., 455 N.Y.S.2d 914 (1982); Oregon Auto. Ins. Co. v. United States Fidelity & Guar. Co., 195 F.2d 958 (9no Cir. 1952); 16 Couch on Insurance 2d (Ed. rev.) Sec. 62:80, págs. 551-552 (1983); J.L. Welch, Conflicts Between “Other Insurance” Clauses in Automobile Liability Insurance Policies, 20 Hastings L.J. 1292 (1969); J.L. Mattison, “Other Insurance” Clauses: The Lamb-Weston Doc trine, 47 Or. L. Rev. 430 (1968); Comentario, “Other Insurance” Clauses Conflict, 5 Stan. L. Rev. 147 (1952).

IV

Nationwide nos insta, sin embargo, a rechazar esa solución y que impongamos la responsabilidad únicamente a Universal a base de la doctrina que propugna que la póliza primaria debe ser la que cubra específicamente la pérdida. Veamos.

Hay autoridades que señalan que cuando las cubiertas de una póliza general y una especial se traslapan para ambas cu-brir la pérdida sufrida, la póliza que específicamente cubre la pérdida es primaria y la póliza general es cubierta en exceso, si bien ambas pólizas provéen que sólo asumen responsabilidad en exceso. En otras palabras, la póliza primaria es aquella que cubre específicamente la pérdida, en contraste con la visión de que donde ambas pólizas pretenden ser en exceso, las cláusulas en exceso no tienen efecto y los aseguradores son de forma concurrente. (Traducción nuestra y escolio omitido.) Couch, supra, Sec. 62:83, pág. 559.

¿Están las pólizas de Universal y Nationwide en dicha relación especial-general? Analicemos.

Para sostener que la póliza expedida por Universal es la específica —y debe responder— Nationwide se ampara en el punto 9 del acápite 3 de la hoja de declaraciones (nonow-ned autos only) que extiende la cubierta a automóviles que son propiedad de los empleados o miembros de sus hogares mientras sean utilizados en el negocio o asuntos persona-les del asegurado. Colige que la cubierta de Universal era específica, mientras que la suya “cubría específicamente la Ford Van de 1985 y ningún otro vehículo. Dicha póliza ex-cluía específicamente cualquier vehículo perteneciente a un socio o ejecutivo de la empresa; por lo que la Dodge Van de 1978 estaba excluida por pertenecer al Presidente de la asegurada, Precision Instruments”. (Enfasis en el original.) Alegato de la recurrente, págs. 9-10.

AI analizar las pólizas vemos, primeramente, que la de Nationwide cubría la Ford Van de 1985 y, conforme lo ex-presamente señalado en el endoso CP0315, cualquier auto-móvil sustituto temporero. Según expresado, contrario a la contención, no excluía específicamente los vehículos perte-necientes a los socios o ejecutivos de la empresa. Dicha exclusión es específica en cuanto a los daños físicos al au-tomóvil, no en lo concerniente a la responsabilidad pública. Más aún, el lenguaje usado abona a una conclusión en con-trario, esto es, incluir los vehículos pertenecientes a los socios o ejecutivos de la empresa. Así incluye, entre perso-nas aseguradas, “cualquier socio u oficial ejecutivo, pero con respecto a un automóvil sustituto temporero sólo mien-tras dicho automóvil se utilice en el negocio del asegurado nombrado”. (Traducción nuestra.) Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43.

Más adelante, al definir los no asegurados, señala: “ex-cepto lo provisto bajo el (b) arriba, el dueño de un automó-vil sustituto temporero o cualquier agente o empleado de dicho dueño”. (Traducción nuestra.) Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43. Lo provisto en el inciso (b) es la cláusula que incluye como asegurados a los socios u oficiales ejecu-tivos de la empresa.

Como cuestión de realidad, a renglón seguido el inciso (c), pertinente a los socios u oficiales ejecutivos, incluye como asegurado “cualquier otra persona mientras utilice un vehículo propiedad del asegurado [owned automobile] o un automóvil sustituto temporero con el permiso del ase-gurado nombrado, siempre que su actual operación o (si no lo está operando) su otro uso actual esté dentro del ámbito de dicho permiso ...” (Traducción nuestra.) Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43.

Del estudio armonioso de estas cláusulas se desprende, no sólo la intención de cubrir específicamente a los socios o ejecutivos oficiales siempre que utilicen los vehículos sus-titutos temporeros —incluso los de su propiedad— en ges-tiones del negocio del asegurado, sino a cualquier otra persona que use un vehículo del asegurado o uno sustituto temporero, dentro del ámbito del permiso concedido.

El hecho de que el lenguaje de la cláusula de Universal sea más claro no puede operar en su contra para beneficio de Nationwide. En recta lógica adjudicativa, no podemos premiar su falta de claridad. Después de todo, "[l]a interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasionado la obscuridad”. Art. 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3478. Zequeira v. CRUV, 83 D.P.R. 878, 883 (1961).

Si bien el lenguaje de Universal es más claro —y quizás por ello Nationwide entiende también más “específico”— Universal emitió una póliza general que no aplica específi-camente a ningún vehículo particular, mientras que la de Nationwide sí aplica para la Ford Van de 1985 o cualquier otro vehículo que la sustituya.

Además, resulta de dudosa aplicación la doctrina de “pó-liza específica”; no cabe hablar de una más específica que la otra, sino además porque la situación fáctica que confi-gura dicha doctrina —según las propias autoridades y ju-risprudencia citadas por Nationwide— es distinta a la del caso de autos. Versan sobre pólizas de dos (2) asegurados distintos, esto es, el conductor del vehículo accidentado tiene una póliza y el dueño otra. Aquí es diferente; se trata del mismo asegurado con dos (2) pólizas distintas.

Finalmente, debemos puntualizar que la doctrina de “póliza específica”, como se colige de la cita de Couch, aunque sostenida por algunas autoridades, necesariamente no es la mayoritaria:

El conflicto podría surgir cuando cada póliza especifica que provee sólo cubierta en exceso, ya que, si se diera efecto literal a ambas cláusulas de cubierta en exceso de las pólizas aplica-bles, ninguna cubriría la pérdida y dicho resultado podría pro-ducir un absurdo no pretendido.
Para evitar un problema de ese tipo, muchos tribunales im-ponen alguna responsabilidad ....
Hay una tendencia creciente en el cuadro completo de recha-zar el razonamiento circular, más prevaleciente antes, por medio del cual a la cláusula restrictiva de una póliza se le da efecto prioritario, o una de dos pólizas que proveen cubiertas bajo diferentes hipótesis es reputada “específica”, y por eso constituye la cubierta “primaria”. (Traducción y énfasis nuestros.) Couch, supra, Sec. 62:79, págs. 548-550.

Por los fundamentos expuestos, concluimos que no erró el juez de instancia al dictar la sentencia sumaria parcial y determinar que las cláusulas de la póliza de responsabili-dad pública, dispositivas de que responderán sólo en el ex-ceso, deben cancelarse; por ende, de probarse los daños en su día, cada una deberá responder en cincuenta (50%) por ciento.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Presidente Señor Andréu García disintió sin opinión escrita.

       En inglés:
      “but ‘covered automobile’ does not include a vehicle owned or registered in the name of any individual partner or executive officer of the named insured, unless specifically stated otherwise by endorsement forming a part of the policy ...” Solici-tud de revisión, Apéndice, pág. 42.

       En inglés lee:
      “ ‘temporary substitute automobile’ means an automobile not owned by the named insured or any resident of the same household, while temporarily used with the permission of the owner as a substitute for an owned automobile when withdrawn from normal use for servicing or repair or because of its breakdown, loss or destruction ....” Solicitud de revision, Apéndice, pág. 43.

       La póliza de Universal Insurance Co. (en adelante Universal), al dar cubierta a vehículos que no son propiedad del asegurado, los define como “[s]ólo aquellos automóviles de los cuales usted no sea dueño, arriende [lease], alquile [hire] o coja prestados, que son usados en conexión con su negocio. Esto incluye automóviles propiedad de sus empleados o miembros de sus familias pero sólo mientras sean utilizados en su negocio o sus asuntos personales”. (Enfasis suprimido y traducción nuestra.) Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 39.
      El texto en inglés consigna:
      “Only those autos you do not own, lease, hire or borrow which are used in connection with your business. This includes autos owned by your employees or members of their households but only while used in your business or your personal affairs.” (Enfasis suprimido.) Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 39.

       El texto en inglés de esta cláusula dispone, en lo pertinente:
      "... any other person while using an owned automobile or a temporary substitute automobile with the permission of the named insured ...” Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43.

       De la declaración de Contador Lemus surge su conocimiento personal de los hechos y la capacidad para declarar. Además, se incluyeron unas copias certificadas de los documentos a los que hizo referencia en su declaración, a saber, las pólizas de Universal y Nationwide Insurance Co. (en adelante Nationwide).

       La de la Universal dispone, en lo pertinente:
      “B. OTRA CUBIERTA
      “1. Para cualquier automóvil cubierto de su propiedad, esta póliza provee cu-bierta primaria. Para cualquier automóvil cubierto del cual usted no sea propietario, la cubierta provista por esta póliza es en exceso de cualquier otra cubierta de la cual pueda cobrarse ....
      “2. Cuando dos o más pólizas cubren a base de lo mismo, sea en exceso o primariamente, nosotros pagaremos sólo nuestra parte. Nuestra parte es la propor-ción que el límite de nuestra póliza guarda respecto al total de los límites de todas las pólizas que cubren en la misma base.” (Enfasis suprimido y traducción nuestra.)
      En inglés, el texto transcrito señala:
      “B. OTHER INSURANCE
      “1. For any covered auto you own this policy provides primary insurance. For any covered auto you don’t own, the insurance provided by this policy is excess over any other collectible insurance....
      “2. When two or more policies cover on the same basis, either excess or primary, we will pay only our share. Our share is the proportion that the limit of our policy bears to the total of the limits of all the policies covering on the same basis”. (Énfasis suprimido.)
      La cláusula equivalente de la póliza de Nationwide:
      “VIII. CONDICIONES ADICIONALES
      “A. Otra Cubierta-Sustitutos Temporeros y Automóviles Recientemente Adqui-ridos
      “Con respecto a un automóvil sustituto temporero, esta cubierta será seguro en exceso de cualquier otra póliza válida y de la cual pueda cobrarse, disponible al asegurado.” (Énfasis suprimido y traducción nuestra.)
      La misma cláusula, en inglés, expresa:
      “VIII. ADDITIONAL CONDITIONS
      “A. Other Insurance-Temporary Substitute and Newly Acquired Automobiles

        “With respect to a temporary substitute automobile, this insurance shall be excess insurance over any other valid and collectible insurance available to the insured.” (Énfasis suprimido.)

       La cláusula, en inglés, dispone:
      any partner or executive officer thereof, but with respect to a temporary substitute automobile only while such automobile is being used in the business of the named insured ...” Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43.

       Dispone:
      “... except as stated under (b) above, the owner of a temporary substitute automobile, or any agent or employee of such owner ...” Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43.

       Consigna:
      "... any other person while using an owned automobile or a temporary substitute automobile with the permission of the named insured, provided his actual operation or (if he is not operating) his other actual use thereof is within the scope of such permission ....” Solicitud de revisión, Apéndice, pág. 43.