author: per curiam;

text:
      In re Federico Freytes Mont.

      Número: MC-85-52

      Resuelto: 13 de febrero de 1986

      Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, Rosa Negrón de Qui-ñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; el querellado no compareció.
   per curiam;

Con fecha de 11 de septiembre de 1985 la Oficina del Procurador General de Puerto Rico radicó ante este Tribunal una querella contra el abogado Federico Frey-tes Mont en la cual le imputó, en alegada violación del Canon 20 de Ética Profesional, el siguiente cargo:

La Sucn. Caballero-Hernández representada por el señor Raúl Caballero Hernández contrató los servicios profesio-nales del Lie. Federico Freytes Mont, allá para el mes de marzo de 1984, para que los representara en un caso sobre Expediente de Dominio. Por sus servicios profesionales le pagaron $497.00 por adelantado. El abogado no ha realizado el trabajo para el cual fue contratado.

Habiéndose expedido el correspondiente mandamiento, el abogado querellado fue notificado 'personalmente en Barcelo-neta, Puerto Rico, por uno de los alguaciles de este Tribunal con copia de la querella y de dicho mandamiento. No habiendo contestado el querellado en el término reglamentario de quince (15) días, mediante resolución de fecha 23 de diciembre de 1985, no obstante ello ser innecesario, le concedimos a éste un término adicional de diez (10) días para que contestara la re-ferida querella. La mencionada resolución no pudo serle noti-ficada al querellado, no obstante las múltiples gestiones reali-zadas a esos efectos, por razón de que éste ha abandonado la jurisdicción, desconociéndose absolutamente su paradero actual. ()

Como es sabido, este Tribunal tiene poder inherente para reglamentar la profesión de abogacía en Puerto Rico. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984). En el pasado hemos resuelto que “la ‘naturaleza pública de que está revestida la profesión de abogado reclama de éste estricta observancia de los requerimientos de los tribunales’ ”, In re Pagan Ayala, 115 D.P.R. 814, 815 (1984), y que procede la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía de un abogado que incurre en una “indebida, irrazonable e inexcusable tardanza” al contestar una querella radicada por el Procurador General de Puerto Rico, por cuanto la misma es “indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos” de este Tribunal. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975).

En el presente caso, el querellado Federico Freytes Mont no sólo no ha contestado en el término reglamentario la querella que radicara el Procurador General, sino que ha abandonado la jurisdicción sin dejar dirección futura con el aparente propósito de impedir que los procedimientos disciplinarios comenzados no puedan llegar a su fin. () Ello no sólo es una conducta reñida con los Cánones de Ética en general, sino que constituye un intento de menoscabar la facultad de este Tribunal para velar por que la clase togada cumpla fielmente con los compromisos contraídos con nuestra sociedad; conducta que no estamos dispuestos a tolerar y que es causa suficiente para que le consideremos indigno de seguir ostentando el título de abogado.

Por las razones expresadas, se separa indefinidamente del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico al querellado Federico Frey tes Mont. Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

El Juez Presidente Señor Pons no participó. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) Así surge de la información brindada a la Oficina del Alguacil General de este Tribunal por el propio padre del querellado, Sr. Federico Freytes Mena, y por otros ciudadanos entrevistados por dicha oficina.

      (2) En J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 141 (1974), expresamos que en “nuestra estructura de adjudicación de controversias —ya sea en la órbita administrativa o en la judicial— existe el deber im-plícito de una parte, abogado y de cualquier otra persona que participe en determinada controversia, de mantener y dar constancia de los cambios de dirección postal”.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Carlos Siverio Orta.

      Número: 4855

      Resuelto: 13 de febrero de 1986
   per curiam:

El Procurador General nos ha rendido un informe sobre la conducta profesional del abogado Carlos E. Siverio Orta. Se desprende de dicho informe que el Sr. Juan Rivera Valencia se quejó de la falta de diligencia de los abo-gados Siverio Orta y Wilfredo Géigel cuando éstos lo repre-sentaron ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, en el caso Juan Rivera Valencia y otros v. Pablo Vélez Roldan, Civil Núm. 83-15. La demanda en el caso se presentó el 31 de diciembre de 1983 y se desestimó el 29 de junio de 1984, debido a que la parte demandante no compareció, ni por sí, ni me-diante representación legal, a pesar de que se le apercibió “que de no comparecer ... se desestimaría” la misma.

De acuerdo con las declaraciones de estos abogados, el señor Rivera Valencia era cliente sólo del abogado Géigel. El abogado Siverio Orta compareció en dicho caso simplemente para ayudar al abogado Géigel, ya que los une una buena amistad,, y estando sus oficinas en Arecibo, localizadas cerca del tribunal, a donde va a menudo, y las del abogado Géigel en Santurce, se le facilitaba acudir al tribunal. Las actuaciones del abogado Siverio Orta se limitaron a firmar la demanda, () presentar una moción en la cual sometía el arancel, y compa-recer en distintas ocasiones al tribunal en sustitución y a pe-tición del abogado Géigel. ()

El 7 de junio de 1984 el abogado Géigel presentó una mo-ción de renuncia de representación profesional, la cual el tribunal aceptó mediante resolución de fecha 20 de junio de 1984. Copia de esta resolución se le envió al señor Rivera Valencia. El abogado Siverio Orta nunca renunció a la representación profesional del señor Rivera Valencia.

En vista de todo lo anterior, concedimos al abogado Si-verio Orta término para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado. Éste compareció y reiteró que entre el señor Rivera Valencia y él “no hubo ningún contrato [de representación] profesional”, ni medió pago de honorarios; que su participación se limitó a la “ayuda de un amigo y com-pañero . . . motivada por amistad y aprecio”, y que el señor Rivera Valencia no quería que lo representara. Admitió que realizó ante el tribunal las actuaciones previamente rese-ñadas.

El Canon 26 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 26, dispone que “ [n] ingún abogado está obligado a representar a determinado cliente y es su derecho el aceptar o rechazar una representación profesional”. Sin embargo, una vez el abogado comparece ante un tribunal en representación de una parte, no puede dejar de descargar su responsabilidad con la debida diligencia, independientemente de la razón por la cual la asumió. Bajo' estas circunstancias la parte se convierte en su cliente ante el tribunal y frente a los Cánones de Ética y en esa gestión profesional tiene el deber de “defender los intereses del cliente diligentemente, desple-gando ... su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable”. Canon 18 (4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 18). “El ejercicio de la práctica de la profesión de abogado re-quiere en todo momento celo, cuidado y prudencia” y no puede ni debe renunciar a esta responsabilidad sin antes obtener permiso del tribunal y tomar aquellas medidas razonables que sean necesarias para evitar que se le causen perjuicios al cliente. () In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976).

Este enfoque también está consagrado en las Reglas de Procedimiento Civil, al destacar éstas la importancia de la firma de un abogado en los documentos que se presentan ante los tribunales. La Regla 9 dispone que esto “equivale a certificar el haber leído el escrito; que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundado; y que no ha sido interpuesto para causar demora u opresión”. () Véanse: Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 D.P.R. 452, 458 (1978); In re Martínez, Jr., 108 D.P.R. 158, 163 (1978).

La función de los abogados como uno de los componentes esenciales del sistema adversativo de impartir justicia, como oficiales del tribunal, está revestida de gran interés público y genera obligaciones y responsabilidades duales para con su cliente y para con el tribunal en la administración de la justicia. Esto les impone el deber de asegurarse que sus actuaciones en todos los casos en que intervienen estén encami-nadas a lograr que las controversias se resuelvan de una ma-nera justa, rápida y económica. Regla 1 de las de Procedi-miento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 1. Para el adecuado fun-cionamiento del sistema judicial es indispensable que los abo-gados cumplan fiel y cabalmente con estas obligaciones. Re-cientemente expresamos: “ ‘La misión de los abogados en la sociedad es altamente noble, pues están llamados a auxiliar a la recta administración de justicia. En ellos confían, no sólo las partes interesadas en los pleitos, sino las cortes mismas.’ ” In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692, 698 (1985); In re Díaz, 16 D.P.R. 82, 92 (1910).

Los sentimientos de amistad, aunque laudables, no pueden interferir con el deber del abogado para con la justicia y el buen funcionamiento del sistema judicial. Una vez el abogado Siverio Orta firmó y presentó la demanda asumió ante el tribunal la responsabilidad indelegable de llevar a cabo esa gestión profesional con el más alto grado de diligencia y competencia posible. Este deber no cesaba hasta que el tribunal lo relevara del mismo al aceptar la renuncia. () Su responsabilidad como abogado para con el tribunal no dependía ni podía depender de las circunstancias bajo las cuales asumió la representación profesional.

Tomando en consideración que las actuaciones del abogado Siverio Orta fueron motivadas por la equivocada creencia de que el señor Rivera Valencia no era su cliente, creencia que también compartía este señor, y que su proceder no se debió a incompetencia o desidia, lo amonestamos y advertimos que en el futuro este Tribunal no tolerará este tipo de conducta y aplicará sanciones disciplinarias severas para asegurarse que se cumplan con los postulados de los Cánones 18 y 20. () El adecuado funcionamiento del sistema judicial exige que todos su integrantes cumplan fielmente con los pos-tulados éticos y es el deber de este Tribunal asegurarse de que así sea.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

      (1) La demanda fue redactada por el abogado Géigel.

      (2) Estas comparecencias fueron relacionadas con incidentes de menor importancia, usualmente señalamientos que se suspendían.

      (3)E1 abogado tiene que adoptar aquellas medidas que sean necesarias “para no dejar en estado de indefensión a un representado y no causar dila-ción a los procesos en los tribunales”. In re Ávila, Jr., 109 D.P.R. 440, 454 (1980).

      (4) Esta regla también provee que un incumplimiento de estas disposi-ciones dará lugar a la imposición de sanciones.

      (5)“La moción de renuncia de representación es una solicitud . . . que propone [las] razones para que se [permita] al abogado desligarse del caso.” Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122, 125 (1975).

      (6)Todo esto es sin menoscabo de la acción que pudieran tener las per-sonas perjudicadas, si alguna, contra los abogados Géigel y Siverio Orta. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984).


text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Asoc. Condóminos Playa Azul I, etc., demandadas.

      Número: CE-85-704

      Resuelto: 5 de marzo de 1986

      Juan Antonio Navarro, abogado de la peticionaria; Ángel L. Morales Rodríguez, abogado de las recurridas.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (en adelante la Junta) acude ante este Foro para que en virtud de lo dispuesto en el Art. 9 (2) (a) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 70(2) (a), pongamos en vigor su orden de 27 de marzo de 1985 contra las Asociaciones de Condominos de los Edificios Playa Azul I, II y III (en ade-lante las Asociaciones), y la Asociación Recreativa y Cultural de los Condominos Playa Azul, Inc. (en adelante la Corpora-ción).

La decisión de la Junta ordenó a las querelladas que cesa-ran y desistieran de intervenir, restringir y coercer a sus em-pleados en el ejercicio de los derechos gremiales; desalentar la matrícula de cualquier organización obrera mediante discri-minación en el empleo, despido o la tenencia de empleo u otros términos o condiciones de empleo; también ordenó reponer al Sr. Agustín Castillo en su empleo y el pago atrasado de su sueldo, más los intereses legales, y las demás providencias de rigor.

Mediante resolución le requerimos a las querelladas que mostraran causa por la cual no se les debería considerar un solo patrono a los fines del Art. 2 (2) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. see. 63(2) y poner, a su vez, en vigor la orden de la Junta.

Las querelladas han comparecido señalando ocho (8) erro-res, los cuales se pueden resumir en dos planteamientos bási-cos. Primero, que la Junta erró al determinar que los hechos específicos () de este caso configuran una práctica ilícita de trabajo según lo dispuesto en el Art. 8(1) (a) y (c) de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 69 (1) (a) y (c), y segundo, que erró al determinar que todas las querelladas, a pesar de ser patronos distintos, incurrieron en dicha prác-tica.

I

Las Asociaciones querelladas son los órganos directivos de los edificios Playa Azul I, II y III, según la legislación de pro-piedad horizontal. Cada una de las Asociaciones trabaja en forma independiente, con su propia estructura financiera, directores y personal, incluyendo guardias de seguridad, debi-damente unionados y con convenios colectivos distintos. Cada Asociación genera sus propios fondos de las cuotas de mante-nimiento de los condominos, los cuales destina a la adminis-tración y mantenimiento del edificio correspondiente.

La Corporación querellada, () a su vez, es una Corpora-ción sin fines de lucro, creada para administrar, mantener y embellecer las facilidades recreativas que usan en común los dueños de los Condominios Playa Azul I, II y III. Su Junta de Directores la componen miembros de las Juntas de Directo-res de las Asociaciones de los tres condominios. El Presidente se elige por un término de dos años de entre los presidentes de las Juntas de Directores de las tres Asociaciones. ()

El Presidente de la Junta de Directores de la Corporación designa un administrador quien contrata el personal necesa-rio para llevar a cabo los deberes y responsabilidades que le asigna el reglamento. La práctica seguida por la Corporación es contratar al administrador del edificio del cual es condo-mino el Presidente. A este administrador se le pagan $100 mensuales adicionales a su sueldo como administrador de dicho edificio; lo mismo sucede con la secretaria, a quien se le pagan $50 mensuales adicionales. Esta compensación adicio-nal proviene de la Corporación. Tanto el administrador como la secretaria ejercen sus funciones en el condominio al que pertenecen, de tal manera, que el administrador de turno de la Corporación es responsable del personal de la misma, así como del personal del condominio en el cual también ocupa el puesto administrativo. El administrador y la secretaria de la Corporación utilizan los materiales y facilidades de oficina de la Asociación de su edificio.

La Corporación genera sus fondos de las aportaciones mensuales que hacen las Asociaciones. Estos fondos se man-tienen en una cuenta bancaria distinta a las de las Asociacio-nes. Las reuniones de la Junta de Directores de la Corpora-ción se llevan a cabo el primer domingo del mes. Terminada esta reunión, se realizan allí mismo las reuniones de las Juntas de Directores de cada una de las Asociaciones.

El Sr. Agustín Castillo, el empleado despedido, comenzó a trabajar con la Corporación como guardia de seguridad —a tiempo parcial— desde julio de 1981. Al momento de su des-pido el 27 de septiembre de 1982, era el único guardia de se-guridad empleado por la Corporación. Ocasionalmente susti-tuyó a guardias de seguridad de cualesquiera de los tres edifi-cios, que estaban disfrutando de vacaciones; también trabajó turnos más continuos para el Condominio Playa Azul II. En febrero de 1982 el señor Castillo pasó a rendir servicios con carácter regular a la Corporación prestando sus servicios durante la noche.

La Corporación también empleaba un guardia de segu-ridad —en ocasiones el señor Castillo— para que estuviera en el portón que da acceso a la playa; este guardia rendía servi-cios sólo los fines de semana y durante el verano. Cada Aso-ciación empleaba los guardias que prestaban servicios en el edificio correspondiente todo el día, en tres turnos. En ocasio-nes de emergencia cada guardia podía ayudar a los guardias de cualesquiera de los otros edificios. El portón eléctrico que da acceso al estacionamiento de los tres edificios, al igual que el portón de acceso a la playa era vigilado por los guardias empleados por la Corporación para beneficio de los condomi-nos de los tres edificios.

Desde que el señor Castillo fue empleado en 1981 hasta agosto de 1982 la presidencia y administración de la Corpora-ción estuvo bajo la responsabilidad del Presidente y adminis-trador del Condominio Playa Azul I. Se le pagaba el mismo salario que el negociado por la Unión Fraternal de Guardias de Seguridad (en adelante Unión) para los guardias de se-guridad de ese Condominio. Durante los meses de febrero a septiembre de 1982 surgieron varias conversaciones entre el señor Castillo, el Sr. Lorenzo Sierra Reyes, Presidente de la Unión y algunos directores o representantes de la Corpora-ción y los Condominios sobre la solicitud del señor Sierra para que el señor Castillo perteneciera a dicha Unión y el deseo de éste de así hacerlo.

La Unión representaba a los guardias de seguridad de los tres Condominios, teniendo cada una de las Asociaciones su propio convenio colectivo. La posición de la Corporación y las Asociaciones con respecto al señor Castillo era que éste no podía pertenecer a la Unión porque trabajaba para la Cor-poración que era una entidad independiente y no tenía unión. A pesar de esto, en marzo de 1982, el señor Castillo comenzó a pagar, por su cuenta, las cuotas de la Unión. En agosto de 1982 la presidencia y administración de la Corporación pasó al Presidente y administrador de la Asociación de Condominos Playa Azul III, el Sr. José Sánchez. Con motivo de este cambio se le notificó al señor Castillo que su salario por hora se había rebajado en la cantidad de cinco (5) centavos, para equipa-rarlo al salario convenido' con la Unión para los guardias de seguridad de dicho Condominio. El señor Castillo se quejó al Presidente de la Unión quien se reunió con el señor Sánchez para discutir la rebaja de sueldo; éste quedó en discutir el asunto con la Junta de Directores de la Corporación.

Al día siguiente cuando el señor Castillo fue a trabajar se encontró con una carta de despido, donde se le indicaba que por razones económicas se prescindía de sus servicios. Unos días más tarde se encontró con la entonces asesora legal del señor Sánchez y ésta le manifestó que de no haber actuado en la forma en que lo hizo le hubiesen ofrecido una oportunidad como guardia de seguridad en el Condominio Playa Azul III, donde había surgido una vacante.

Los acontecimientos ocurridos con posterioridad al despido claramente demuestran que éste no se debió a dificultades eco-nómicas. Luego del despido se contrataron guardias de segu-ridad a tiempo parcial para la Corporación y un guardia de seguridad para el Condominio Playa Azul III. A pesar de que los testigos del patrono reconocieron que el señor Castillo era un buen empleado, no se le ofrecieron estas oportunidades de trabajo.

Con motivo de este despido, el 27 de septiembre de 1982 la Unión presentó, ante la Junta, cargo por violación de convenio colectivo contra la Junta de Directores de la Asociación de Condominos Playa Azul III. El 8 de junio de 1983 la Junta emitió una resolución en la cual determinó que de la investi-gación realizada surgía que existía causa probable de práctica ilícita de trabajo contra las Asociaciones de Condominos Playa Azul I, II y III y la Corporación. El 11 de julio de 1983 a base del cargo presentado por la Unión y la resolución de la Junta se presentó la querella que precedió a la orden que hoy revisamos contra las Asociaciones de Condominos de Playa Azul I, II y III y la Corporación. ()

II

Pasemos ahora a considerar si a la luz de los hechos de este caso, a las querelladas, las Asociaciones y a la Corpora-ción, se les puede considerar un solo patrono a los fines del Art.. 2(2) de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 63(2).()

La doctrina de un solo patrono al igual que las de descorrer el velo corporativo (álter ego) y del patrono sucesor (suecessorship) se desarrollaron jurisprudencialmente por los tribunales federales y la Junta de Relaciones del Trabajo Nacional para proteger el derecho de los obreros a organizarse y a negociar colectivamente con sus patronos, cuando condiciones económicas, hostilidad contra las uniones, o una combinación de ambas cosas hace que un patrono estructure o restructure su empresa de forma tal que se afectan adversamente estos derechos. ()

Tanto la doctrina de descorrer el velo corporativo (álter ego) como la del patrono sucesor (successorskip) han encontrado eco en nuestra jurisprudencia. J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 142-143 (1974); Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966); J.R.T. v. Coop. Azucarera, 98 D.P.R. 314 (1970). Al evitar que los obreros se queden sin remedios luego de reorganizaciones corporativas, () estas doctrinas protegen importantes valores: la paz industrial, el derecho a la negociación colectiva y el derecho de propiedad del patrono. Nota, Bargaining Obligations after Corporate Transformations, 55 N.Y.U.L. Rev. 624, 655 (1979).

A tono con este enfoque se ha determinado que la doctrina de un solo patrono aplica cuando dos o más patronos cumplen los siguientes criterios: 1) operaciones interrelacionadas; 2) control centralizado de las relaciones laborales; 3) administración común, y 4) propiedad común. Radio Union v. Broadcast Serv., 380 U.S. 255, 256 (1965); Penntech Papers, Inc. v. N.L.R.B., 706 F.2d 18 (1er Cir. 1983); Fugazy Continental Corp. v. N.L.R.B., 725 F.2d 1416 (Cir. D.C. 1984); Soule Glass and Glazing Co. v. N.L.R.B., 652 F.2d 1055, 1075 (1er Cir. 1981); N.L.R.B. v. Don Burgess Const. Corp., 596 F.2d 378, 384 (9no Cir. 1979); United Telegraph Wkrs., AFL-CIO v. N.L.R.B., 571 F.2d 665, 667, 670 (Cir. D.C. 1978); 2 The Developing Labor Law 1440 y ss. (Morris 2da ed. 1983); Nota, op. cit., págs. 625, 631 y ss. () Ninguno de estos factores es determinante, y no es necesario que concurran todos; si varias entidades se pueden o no considerar un solo patrono depende de un análisis de todas las circunstancias del caso. Lo fundamental es determinar si existe un control general de los asuntos críticos en los niveles de política laboral de las compañías. Penntech Papers, Inc. v. N.L.R.B., supra, pág. 25.

La doctrina de un solo patrono se usa generalmente cuando se trata de compañías que coexisten, mientras que las doctrinas de descorrer el velo corporativo (álter ego) y del patrono sucesor (successorship) se utilizan cuando una compañía sustituye a otra. En lo que respecta a la doctrina de descorrer el velo corporativo (álter ego) la determinación es subjetiva, se investigan los propósitos de las compañías al realizar su restructuración; bajo la doctrina de un solo patrono la determinación es objetiva, se examinan los cuatro criterios antes mencionados para determinar si existe el control general de los asuntos críticos en los niveles de política laboral necesario. Nota, op. cit, págs. 638, 641-642.

Del récord surge que en el caso de autos están presentes los cuatro criterios antes mencionados:

Operaciones interrelacionadas

La Corporación fue creada como parte de un esquema general abarcador para facilitar la operación del complejo de condominios Playa Azul I, II y III. Cada condominio individual sería administrado por una asociación de condominos a tenor con la Ley de Propiedad Horizontal. Para coordinar la administración de las facilidades recreativas comunes a los tres edificios se creó la Corporación en cuya administración participarían todos los condominos a través de los miembros de las Juntas de Directores de las Asociaciones que fueran electos para formar parte de la Junta de Directores de la Corporación. La finalidad, tanto de las Asociaciones como de la Corporación es lograr la ordenada administración del complejo en beneficio de todos los condominos. Para lograr este propósito, la Corporación y las distintas Asociaciones comparten no sólo el personal administrativo y directivo según rota su presidencia, sino también las facilidades físicas y ma-teriales de oficina. El hecho de que las Asociaciones y la Cor-poración mantienen nóminas y cuentas bancarias separadas y celebran reuniones de juntas de directores distintas, no des-virtúa la existencia de las operaciones interrelacionadas. Penntech Papers, Inc. v. N.L.R.B., supra, pág. 25; Nota, op. cit, pág. 632.

Control centralizado de las relaciones laborales, y administra-ción común

El esquema organizativo de estas entidades está precisa-mente diseñado para lograr, a través de la Corporación, el control centralizado de la administración de las facilidades recreativas comunes, incluyendo la centralización de la polí-tica laboral. Esto lo logran compartiendo los mismos oficiales y directores lo que en sí es suficiente para establecer la ad-ministración común y el control centralizado de las relaciones laborales. Penntech Papers, Inc. v. N.L.R.B., supra, pág. 25 ; N.L.R.B. v. Don Burguess Const. Corp., supra, pág. 385. El hecho de que cada Asociación tiene convenios colectivos con fechas de vigencia independientes, no afecta esta conclusión.

Control financiero o propiedad común

Los fondos de la Corporación provienen directamente de las Asociaciones. El hecho de que ésta y las Asociaciones tengan cuentas bancarias separadas en nada afecta el control financiero centralizado; ya que estos fondos serán administrados por una junta de directores compuesta por miembros de las Juntas de Directores de las tres Asociaciones.

Aplicados estos criterios al caso de autos concluimos que existe el control general de los asuntos críticos en los niveles de política laboral necesario para que las cuatro querelladas puedan ser consideradas un solo patrono a los fines de la Ley de Relaciones del Trabajo, independientemente de que el pro-posito inicial de la creación de este complejo organizativo no haya sido promovido por hostilidad contra la Unión o los derechos gremiales de los empleados.

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Convenimos con la Junta en que efectivamente las querelladas incurrieron en una práctica ilícita de trabajo según lo dispuesto en el Art. 8(1) (a) y (1) (c).() El derecho de los obreros a organizarse y a negociar colectivamente en Puerto Rico tiene raíces y abolengo constitucional. Art. II, Sec. 17 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. De ahí que las disposiciones sobre la aplicación —incluyendo las exenciones— de leyes sobre relaciones del trabajo deben ser interpretadas liberalmente en favor de la protección y fomento de estos derechos, teniendo siempre presente que estas leyes son parte de un esquema amplio y abarcador encaminado a implantar la directriz constitucional. Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84 D.P.R. 515, 519 (1962).

A tono con este enfoque encontramos que las actuaciones de las querelladas reflejan un patrón de conducta encaminado a desalentar y restringir el ejercicio de los derechos gremiales del obrero. Tanto el Presidente de la Unión como el señor Castillo reiteradamente les habían manifestado a los miembros de las Juntas de Directores de las Asociaciones y de la Junta de la Corporación el interés que tenían en que éste perteneciera a la Unión. Éstos en todo momento desalentaron esta iniciativa alegando que por ser el obrero empleado de la Corporación, que no tenía unión, no podía accederse a lo solicitado. Aun así, tanto era el interés del obrero que éste, por su cuenta, decidió pagar las cuotas de la Unión. De otra parte, apenas un mes después que el señor Sánchez asumió la presidencia y administración de la Corporación surgió el problema relacionado con la rebaja de salario. El Presidente de la Unión intervino directamente con el señor Sánchez en favor del obrero y la gestión culminó con el despido de éste último. No cabe duda que tanto la conducta de las Asociaciones como de la Corporación fue desalentar al señor Castillo en su intento de ejercer su derecho a afiliarse; primero negándose a reconocer ese derecho y finalmente despidiéndolo cuando a través del Presidente de la Unión hizo gestiones en favor de sus reclamaciones salariales. Las actuaciones de las querelladas con posterioridad al despido, tomadas en conjunto con las palabras de la entonces asesora legal () del señor Sánchez al encontrarse con el señor Castillo luego de su despido, claramente confirman y corroboran que lo que produjo el despido fue el intento de las querelladas de desalentar el ejercicio de los derechos gremiales por parte del obrero.

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Resuelto que las querelladas cumplen los criterios de la doctrina de un solo patrono, para fines de la Ley de Rela-ciones del Trabajo de Puerto Rico, según explicado en la parte II de esta opinión, y por haber determinado que se cometió la práctica ilícita imputada, se dictará sentencia en la que se pondrá en vigor la decisión y orden de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. ()

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resultado sin opinión escrita.

      (1) Hemos examinado el récord administrativo y encontramos qne las conclusiones de hecho de la Junta están ampliamente sostenidas por la evi-dencia; por lo tanto, no intervendremos con ellas, son concluyentes y defi-nitivas. J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 140 (1974); Junta Rel. Trabajo v. Simmons Int’l, Ltd., 78 D.P.R. 375, 386 (1955); Junta Rel. Trabajo v. Junta del Muelle, 71 D.P.R. 154 (1950); Rivera v. Junta Relaciones del Trabajo, 70 D.P.R. 5 (1949), y A.F.F. v. J.R.T., 99 D.P.R. 911 (1971).

      (2)Esta Corporación, sin fines de lucro y organizada bajo las leyes de Puerto Rico, administra las facilidades recreativas comunes de los tres edi-ficios, tales como piscinas, canchas, parque infantil, centro cultural y demás facilidades recreativas. Los terrenos administrados por la Corporación eran propiedad de la corporación que desarrolló el complejo Playa Azul, Condado Center, Inc. Posteriormente, esas facilidades fueron cedidas y/o donadas a la Administración de Parques y Recreo Públicos de Puerto Rico', quien, a su vez, cedió la administración de las mismas a la Corporación, en octubre de 1971; Exhibit 5 del patrono.
      En ninguna etapa de los procedimientos se ha cuestionado, y tampoco está ante nuestra consideración, la validez del mecanismo utilizado en este caso para administrar y mantener facilidades de uso común del complejo de condominios y la personalidad jurídica de esta corporación, según lo resuel-to en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 252-254 (1978).
      En Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84 D.P.R. 515, 521 (1962), expresamos “que el mero hecho de que una asociación o corporación se haya organizado sin fines de lucro no la coloca fuera del ámbito de la legislación sobre relaciones del trabajo”.

      (3) Durante los primeros dos años el Presidente de la Corporación fue el Presidente de la Asociación del Condominio III; el Vicepresidente, el Presidente de la Asociación del Condominio II, y el Secretario, el Presidente de la Asociación del Condominio I; en el siguiente período de dos años el Presidente de la Corporación lo fue el Presidente de la Asociación II; el Vicepresidente, el Presidente de la Asociación del Condominio I, y el Secre-tario, el Presidente de la Asociación del Condominio III; en el último pe-ríodo de dos años el Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Corpora-ción lo fueron los Presidentes de las Asociaciones de los Condominios I, II y III, respectivamente, y de acuerdo con ese patrón se ha seguido rotando la junta directiva de dicha Corporación.

      (4) Art. 9(2) (g) de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 70(2) (g).

      (5) La redacción de la definición de patrono en nuestra ley, aunque similar a la redacción de su contraparte federal, 29 U.S.C. see. 152(2), es más amplia y flexible. Véase: Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, supra, págs. 523-525. La Ley de Relaciones del Trabajo Federal de 1947 enmendó la definición de “patrono” bajo la Ley Wagner, para hacer esta definición un poco más limitada. 1947 U.S. Code Cong. Serv. 1136, 1137. Bajo esa redac-ción más limitada se desarrolló la doctrina de un solo patrono. En general, véase 2 The Developing Labor Law 1440 y ss. (Morris 2da ed. 1983). Nada impide que a base de la definición más flexible de nuestra ley se adopte tam-bién la doctrina de un solo patrono.
      El Art. 2(2) de nuestra ley dispone: “El término ‘patrono’ incluirá ejecutivos, supervisores y a cualquier persona que realizare gestiones de carácter ejecutivo en interés de un patrono directa o indirectamente, . . .”. 29 L.P.R.A. see. 63(2).

      (6)En lo que respecta a la doctrina de descorrer el velo corporativo (álter ego), en el campo laboral, y como norma general, ésta se utiliza cuando una corporación toma el control de otra entidad que usualmente desaparece y se demuestra que ese cambio de mando tenía propósitos ile-gales, constituiría una violación de una política pública, se perpetuaría una injusticia o un fraude o se incumpliría con una obligación —en la mayoría de los casos un convenio colectivo. Véanse: J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., supra, págs. 142-143; Fugazy Continental Corp. v. N.L.R.B., 725 F.2d 1416, 1419 (Cir. D.C. 1984); Penntech Papers, Inc. v. N.L.R.B., 706 F.2d 18, 24 (1er Cir. 1983), cert. denegado, 464 U.S. 892 (1983); Nota, Bargaining Obligations after Corporate Transformations, 54 N.Y.U.L. Rev. 624, 638 (1979). El análisis bajo esta doctrina requiere que se demuestren propó-sitos o intentos de cometer actos ilegales, Penntech Papers, Inc. v. N.L.R.B., supra, pág. 24; Fugazy Continental Corp. v. N.L.R.B., supra, pág. 1419.
      La Junta equivocadamente aplicó a este caso la doctrina de descorrer el velo corporativo (álter ego). Los hechos en el récord de la Junta no de-muestran que la estructura de las tres Asociaciones y la Corporación fuera creada con fines ilegales. En general, sobre la doctrina de descorrer el velo corporativo en Puerto Rico véanse: Ab Intestato Balzac Vélez, 109 D.P.R. 670 (1980); González v. San Just Corp., 101 D.P.R. 168 (1973); Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240 (1968); Sucn. Santaella v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 442 (1968); San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 D.P.R. 424 (1967); South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88 D.P.R. 43 (1963); J. E. Caudal & Co. v. Rivera, 86 D.P.R. 508 (1962).
      De otra parte, la doctrina del patrono sucesor (successorskip) se usa cuando hay una venta o transferencia de activos o reorganización de un negocio, aunque no haya habido expresiones de hostilidad contra la unión por parte del patrono o una continuidad en el interés financiero o control gerencial. Lo que se requiere es que haya similaridad sustancial en la ope-ración de la empresa y continuidad en la identidad de la empresa antes y después del cambio; la nueva entidad bajo estas circunstancias y al amparo de la doctrina del patrono sucesor (successorship) se puede hacer responsa-ble de las obligaciones laborales de su predecesora. Beaunit of Puerto Rico v. J.R.T., 93 D.P.R. 509 (1966); J.R.T. v. Coop. Azucarera, 98 D.P.R. 314 (1970); D. Fernández, La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y el Sector Público, 43 Rev. Jur. U.P.R. 295, 404-407 (1974); John Wiley & Sons v. Livingston, 376 U.S. 543, 549 (1964).

      (7)En United Telegraph Wkrs., AFL-CIO v. N.L.R.B., 571 F.2d 665, 670 (Cir. D.C. 1978), en la opinión disidente acertadamente se expresa que: “The theory underlying this concept is that where several nominally separate businesses integrate their operations, thereby combining their resources and gaining leverage over their employees, they should be treated as a single employer for purposes of enforcing duties imposed by the National Labor Relations Act.”
      El hecho de que estas expresiones aparezcan en la opinión disidente del caso en nada disminuyen su valor, pues tanto la opinión mayoritaria como la disidente entendieron que no se cumplían los criterios de la doctrina de un solo patrono. La diferencia fue que la opinión disidente entendió que al no cumplirse la doctrina de un solo patrono se debió investigar si aplicaba la de descorrer el velo corporativo (álter ego) o la de patrono sucesor (suecessorship).

      (8)En Odriozola v. S. Cosmetic Dist. Corp., 116 D.P.R. 485 (1985), señalamos que bajo la Ley Federal contra el Discrimen en el Empleo, 29 U.S.C. see. 621 y ss., equivalente a nuestra Ley Núm. 100 (29 L.P.R.A. see. 146 y ss.), se utilizan estos mismos criterios para encontrar a dos o más patronos responsables solidariamente.

      (9)Las Secs. (1)(a) y (1)(c) del Art. 8 (29 L.P.R.A. see. 69(1) (a) y (l)(c)), disponen:
      “(1) Será práctica ilícita de trabajo el que un patrono, actuando indi-vidualmente o concertadamente con otros:
      “(a) Intervenga, restrinja, ejerza coerción o intente intervenir, restringir o ejercer coerción con sus empleados en el ejercicio de los derechos garantizados por la see. 65 de este título.
      “(c) Estimule, desaliente o intente estimular o desalentar la matrí-cula de cualquier organización obrera mediante discriminación al emplear, despedir o en relación con la tenencia de empleo u otros términos o condicio-nes de empleo, incluyendo un paro patronal; Disponiéndose, que nada de lo aquí contenido prohíbe a un patrono hacer un convenio de afiliación total o de mantenimiento de matrícula con cualquier organización obrera no estable-cida, mantenida o ayudada por acción alguna definida en este subcapítulo como práctica ilícita de trabajo, si dicha organización obrera representa una mayoría de los empleados en una unidad apropiada con facultad para la contratación colectiva.”

      (10)La asesora legal de la Corporación le expresó al señor Castillo que de no haber actuado en la forma descrita —al acudir a la unión para que-jarse de la reducción de salario, y luego del despido— se le hubiera ofre-cido una oportunidad como guardia en el Condominio III, ya que existía una vacante.

      (11)Sólo hemos resuelto que el despido del señor Castillo constituyó práctica ilícita para fines de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, al desalentar y discriminar contra éste por intentar ejercer sus de-rechos gremiales. No nos manifestamos, por no estar ante nuestra conside-ración, sobre la existencia de unidad apropiada, si el obrero era miembro bona fide de la unión o si se siguió el procedimiento adecuado para que el obrero perteneciera a ésta.
      Al ponerse en vigor esta orden, las cuatro querelladas, consideradas un solo patrono, pagarán al señor Castillo el salario dejado de devengar según lo acordado en el contrato original entre éste y la corporación.