author: PER CURIAM:

text:
    Puerto Rico Telephone Company, peticionaria, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Osvaldo de la Luz Vélez, Juez, demandado.

      Número: O-73-216

      Resuelto: 7 de mayo de 1974

      McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria y Rafael Pérez-Bachs, abogados de la peticionaria; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr.,
      Procurador General Auxiliar, abogados de la Comisión de Servicio Público.
   PER CURIAM:

Al resolver en sus méritos la querella de un usuario contra la Puerto Rico Telephone Company por suspensión de servicio y daños derivados, la Comisión de Ser-vicio Público impuso a ésta el pago de una compensación de $2,200, y multa administrativa de $500.00.

En su recurso la peticionaria califica de error capital y privación de su derecho constitucional al debido proceso de ley la actuación de la Comisión de Servicio Público resolviendo sin beneficio de la transcripción de la evidencia oral de la vista, la moción de reconsideración ventilada ante un oficial examinador. Invoca para sostener su posición la decisión en Asoc. D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 416 (1973), que dejó la impresión de que la lectura de la transcripción es el único medio por el que los Comisionados que no intervinieron en la vista pueden adquirir un criterio informado que les permita ejercer a cabalidad su función adjudicativa de la cuestión ante la agencia. El planteamiento de la recurrente se ha disuelto con la posterior decisión de este Tribunal en A.D.C.V.P. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 875 (1973), donde resolvimos, aparte de que las decisiones administrativas tienen a su favor una presunción de legalidad y corrección, que el récord taquigráfico no es el único medio de suplir la necesaria inteligencia de los hechos a los Comisionados y que hay otros como informe, resumen, compendio, escrito u oral, o pliego de determinaciones de hecho sometido por los examinadores, método que satisface el debido proceso de ley y que caracteriza como institucional de la agencia y no la de un individuo, la decisión que en su día sea acordada. La toma de un récord taquigráfico es inapreciable garantía de corrección en los procedimientos y de revisión por la parte afectada, mas a los fines de familiarizar a los Comisionados con la evidencia oral, habiendo otros medios, no es indispensable leer la transcripción antes de resolver.

A veces notamos una tendencia en los litigantes a complicar el proceso administrativo con exigencias que usualmente afloran en la litigación civil, olvidando que el derecho administrativo nació del propósito de establecer un sistema justo, práctico y flexible para la adjudicación de derechos en las agencias del poder ejecutivo. Todavía El Tribunal Supremo de los Estados Unidos honra aquella idea congénita al decidir que aun las determinaciones o fundamentos incompletos de una decisión administrativa pueden, en la etapa de revisión, ser explicados y suplidos por afidávit sin recurrir a una vista de novo. Camp v. Pitts, 411 U.S. 138 (1973); 36 L.Ed.2d 106-111.

Se anulará el auto indebidamente expedido y se devol-verá el caso al Tribunal Superior para continuación de pro-cedimientos acordes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio, disintió.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    Hilton Riviera Corporation, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Agustín Mangual Hernández, Juez, demandado; Julia Rivera de Vincenti, etc., interventora.

      Número: O-74-16

      Resuelto: 7 de mayo de 1974

      Lespier & Toro y Tristán Reyes Gilestra, abogados de la peti-cionaria; Mario Zayas Carlo y Angel Alfonso Colón, abogados de la interventora.
   per curiam :

El querellante, en una demanda sobre recla-mación de salarios, ofreció contestaciones a las preguntas 6 y 12 que la querellada, aquí peticionaria, encuentra que no son responsivas.

El interrogatorio número 6 lee como sigue:

“Con relación a las alegaciones que hace en la Querella diga si usted tiene récords o constancias de clase alguna que indiquen las horas y fechas que alega trabajó para la compareciente. Si su contestación es en la afirmativa adjunte copia de dicho ré-cord.”

A dicho interrogatorio el querellante respondió:

“La parte querellada recibió copia de la Forma #106 indi-cando las horas alegadamente trabajadas.”

El interrogatorio número 12 lee como sigue:

“Diga todos los hechos conocidos por usted con relación a las alegaciones que usted hace en la querella.”

A dicho interrogatorio el querellante respondió:

“Los hechos están totalmente expuestos en la querella y en la forma 106, que le fue entregada a la querellada.”

El tribunal de instancia sostuvo las objeciones del que-rellante, por lo que la querellada recurre ante nos solici-tando que se ordene al querellante contestar ambos con mayor precisión.

En 8 de febrero de 1974 expedimos una orden para mos-trar causa, dirigida al querellante, por la cual no debía ex-pedirse el auto solicitado y ordenársele que contestara los in-terrogatorios 6 y 12 sometidos por la querellada (nos referimos en la orden al interrogatorio número 11 cuando debió ser el 12). El querellante compareció por escrito para oponerse a la expedición del auto. No nos han convencido sus planteamientos.

El interrogatorio número 6 persigue descubrir un hecho sencillo, esto es, si el querellante tiene alguna clase de apuntes de donde surjan las horas y fechas en que alegadamente trabajó el querellante y que son objeto de la reclamación. Si la contestación fuere en la negativa el querellante debe ex-presarlo; si en la afirmativa, debe suministrar copia de dichos apuntes a la querellada. El período de 18 meses cubierto por la querella no es de tan larga duración que resulte one-roso para el querellante proveer copia del mismo; pero si lo fuere puede poner la información a la disposición de la querellada para ser examinada o copiada por ésta.

El interrogatorio 12, por el contrario, resulta ser muy amplio, por lo que debe precisarse la información requerida. Estimamos razonable, sin embargo, el que el querellante ex-plique las razones o circunstancias que motivaron el que su jornada de trabajo se extendiera a horas en exceso de la jor-nada regular y las que le obligaron a reducir o consumir su período destinado a tomar alimentos durante el tiempo cu-bierto por la querella. Nada más justo que la querellada sepa con antelación al juicio el contenido del testimonio que se propone ofrecer el querellante al respecto a los fines de que aquella no esté sujeta a sorpresa en el momento del juicio. La información que autorizamos envuelve precisamente la mé-dula de la querella.

Se expedirá el auto solicitado, se revocará la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en 17 de octubre de 1973 en él caso civil 72-1811, en tanto y en cuanto declara sin lugar la solicitud de la querellada para que se contesten los interrogatorios números 6 y 12 sometidos por la querellada, y se ordenará al querellante a contestar dichos interrogatorios números 6 y 12 conforme lo dispone esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Héctor Alvarez Manzanet, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Fernando Grajales, Juez, demandado.

      Número: O-71-306

      Resuelto: 9 de mayo de 1974

      Juano Hernández, hijo y Pamy Hernández Bello, abogados del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, aboga-dos del demandado.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Contra Héctor Alvarez Manzanet se presentó una denun-cia por alegadamente cometer los delitos menos graves de Per-turbación de la Paz y Acometimiento y Agresión con circuns-tancias agravantes. Un magistrado del Tribunal de Distrito determinó que no existía causa probable para creer que se hu-bieran cometido los delitos imputados y consecuentemente se negó a expedir orden de arresto. Se radicó nueva denuncia, esta vez ante un magistrado del Tribunal Superior, quien hizo una determinación opuesta a la anterior.

El peticionario impugnó mediante moción la determina-ción aludida. Sostiene que la Regla 24 (c) de las de Procedi-miento Criminal, está limitada a los delitos graves. Dispone así la Regla 24 (c):

“ (c) Efectos de la determinación de no haber causa probable. Si, luego de la vista preliminar el magistrado hiciere una de-terminación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la determi-nación fuere la de que existe causa por un delito inferior al im-putado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia.”

No tiene razón el peticionario. Su argumento deja de lado que el principal propósito de la Regla 6 de Procedimiento Criminal, al igual que el de la Regla 23, es determinar la existencia de causa probable. Si bien la Regla 6 no provee una vista de tipo adversativo como la dispuesta por la Regla 28, no por ello deja de ser una vista preliminar en la que el magistrado examina la denuncia e interroga los testigos.

El cuerpo de Reglas de Procedimiento Criminal establece un método para determinar causa que se inicia con la Regla 6 y termina con la 24. Nótese que la Regla 6 no está limitada por su texto en su aplicación a delitos menos graves y que en su referencia a la Regla 22(a), todavía sin distinguir entre los delitos graves y menos graves, ordena llevar la persona arrestada ante un magistrado. Una vez el trámite encauzado en la Regla 22 sigue el procedimiento de vista preliminar de la Regía 23, la que si bien se concede sólo en casos graves, no interrumpe la secuencia aplicable a todos los casos que se inician en la Regla 6. De ahí que todavía la Regla 24 en su inciso (a) regula casos misdemeanors que se juzgarán en el Tribunal de Distrito.

Hay un claro terreno común entre las Reglas 6 y 23 de Procedimiento Criminal en cuanto ambas regular la determinación de causa probable, sin la cual no podrá darse curso a la denuncia. La identidad de objetivos induce por analogía el reconocimiento, tanto en los casos graves como en los menos graves, del derecho a someter ¿1 asunto de nuevo con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior, en sí garantía adicional de pureza y corrección en la total exoneración del acusado sin someterlo a juicio.

Un balance racional entre los intereses del individuo y el Estado no debe otorgar a un solo funcionario la deci-sión única, final e irrevisable de archivar una denuncia por falta de causa probable. La apelación, la revisión y el derecho a acudir a un foro más alto son parte principalísima de nues-tro sistema de enjuiciamiento desde su incepción.

Se anulará el auto expedido y se devolverá el caso a la sala de origen para continuación de procedimientos consistentes con esta opinión.

       Regla 6.
      “(a) ... Si de la denuncia y del examen del denunciante o sus testi-gos, si algunos, constare que hay causa probable para creer que se ha cometido el delito por la persona o personas contra quienes se imputa, el magistrado expedirá la orden para el arresto de dichas personas, . . . .”


author: El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

text:
    Víctor López Amaral, demandante y recurrido, v. Arturo Márquez Villafañe, demandado y recurrente.

      Número: R-72-275

      Resuelto: 10 de mayo de 1974

      César Rivera Pastrana, abogado del recurrente; Delgado & Ortiz, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

emitió la opinión del Tribunal.

En el caso civil número CS-58-1230, Ex-parte, Juan Márquez Villafañe, sobre Partición Judicial, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, se dictó Resolu-ción nunc pro tune, aprobando un Proyecto de Partición. Dos de los coherederos, los hermanos Juan y Arturo Márquez Villa-fañe, representados por sus respectivos abogados, compare-cieron posteriormente en dicho caso, radicando un escrito titulado “ESTIPULACIÓN”, en el cual informaron al tribunal que habían surgido desavenencias entre dichos coherederos Márquez Villafañe sobre la creación de las servidumbres de paso establecidas en virtud de la referida Resolución del tribunal. Expresan en dicha estipulación que los abogados suscri-bientes de la misma, en una vista celebrada y después de con- ferenciar con sus clientes, manifestaron al tribunal que después de realizar un estudio e inspección ocular le somete-rían una estipulación; y, al efecto, le sometían la estipulación por escrito, que contiene las siguientes cláusulas:

“1. Se reconoce como final y firme la determinación del Tribunal sobre la localización, extensión de la servidumbre.
2. Se establece que el coheredero Juan Márquez Villafañe, podrá cercar su parcela y proveer puerta o portón donde vierte la servidumbre de paso, la cual puerta o portón deberá permanecer cerrada a menos que no esté en uso.
3. El coheredero Arturo Márquez Villafañe podrá si lo pre-fiere cercar el paso para así dilimitarlo [stc] o podrá proveer puerta o portón donde entra el camino a su finca disponiéndose que no podrá en modo alguno obstruir el libre paso por el camino.
4. El coheredero Juan Márquez Villafañe conciente [stc] a que Arturo Márquez Villafañe se provea de agua de su finca y para tal fin cercará de tal modo en que permita el paso de peato-nes y evite el cruce de ganados proveyendo para tal caso un “ataja vaca”.
5. Se entenderá que se crea una mención de derecho a favor de Arturo Márquez Villafañe — de saca de agua y su-[síc] el paso de su finca al ojo de agua o manantial.”

Solicitaron que el tribunal le impartiera su aprobación a dicha estipulación y advirtiera del alcance de la misma a los coherederos en cuestión. El tribunal aprobó dicha estipula-ción el 29 de marzo de 1962.

El predio perteneciente al coheredero Juan Márquez Villa-fañe radica en el barrio Montones de Las Piedras, Puerto Rico, compuesto de 8.59086 cuerdas; y colinda por el oeste con el coheredero Arturo Márquez Villafañe; y es el predio dominante, en relación con la servidumbre de paso establecida sobre la finca colindante de su hermano Arturo Márquez Villafañe, que es el predio sirviente.

El demandante en el presente pleito, Víctor López Amaral, adquirió por compra a dicho Juan Márquez Villafañe, la des-crita finca de su propiedad, predio dominante, cuyo acceso es a través del camino o servidumbre de paso establecido sobre la finca del demandado Arturo Márquez Villafañe, que es el predio sirviente.

Luego de pasados dos meses de haber el demandante ad-quirido su finca, éste radicó una demanda de Injunction y Daños y Perjuicios contra el dueño del predio sirviente, en la cual alegaba que este último estaba violando los derechos de paso del demandante, al cercar la entrada y la salida de la servidumbre, con unos alambres de púa.

El tribunal de instancia dictó un auto de injunction per-manente contra el demandado para que se abstenga de inter-ferir con el uso de la servidumbre y para que eliminara un portón que había instalado a la entrada de la misma. Además le condenó al pago de $400 por honorarios de abogado. Pos-teriormente el demandado radicó una Moción de Reconsidera-ción, la cual fue declarada sin lugar, mediante una Resolu-ción, que en parte lee así:

“De la resolución dictada por el Tribunal en el caso CS-58-1230 no surge el derecho del demandado a establecer un portón a la entrada de la servidumbre. Es mediante una estipulación radi-cada el 28 de marzo de 1962 que los abogados de las partes en dicho pleito aluden al establecimiento de dicho portón y solicitan del Tribunal la aprobación de la estipulación ‘advirtiendo del alcance de la misma a los coherederos en cuestión.’ (Énfasis nuestro.) El Tribunal se limitó a aprobar la estipulación. No surge de los autos de dicho caso que se cumpliera con la adver-tencia que solicitaban los estipulantes. Siendo ello así lo más lógico es asumir que el anterior en título al demandante, Juan Márquez Villafañe, nunca advino en conocimiento de la restric-ción a la servidumbre constituida a favor de su propiedad. Y así lo hizo constar afirmativamente en la silla testifical.
Independientemente de lo anterior, de la prueba surge que el demandante no tenía conocimiento de que se pudiera establecer un portón a la entrada de la servidumbre.
A la fecha de la compra no existía portón alguno. Necesario es concluir que el demandante es un tercero y no está atado pol-la estipulación antes referida.
El demandado tenía conocimiento de que existía una servi-dumbre sobre su propiedad. Al obstaculizarla actuó con temeri-dad. Procede que se le condene en honorarios de abogado. San Patricio Corp. v. Colón, 65 D.P.R. 920.”

Dicha estipulación fue firmada por los abogados de Juan y Arturo Márquez Villafañe, por lo que no entendemos la conclusión del tribunal de instancia en la Resolución de la Moción de Reconsideración en el sentido de que Juan nunca se enteró del contenido de dicha estipulación. Cuando se le preguntó si había consentido a que se pusieran portones, dijo “como yo no tenía cosas allí, lo que tenía era finca, pues dejé la cosa así”.

Mientras Don Juan utilizó la servidumbre, a la entrada de la misma, su hermano ponía dos pelos de alambre, que él abría mientras trabajaba la finca y al salir de ella cerraba con los mismos. Cuando el demandante adquirió la finca el demandado tenía los dos alambres puestos. Luego los quitó y puso un portón. Declaró el demandante que “cuando voy a pasar por allí hay vacas acostadas en el mismo camino. Hay veces que hay cabros amarraos [sic] allí también, lo cual cuando yo llego ahí me tengo que apear a echar los animales para el lado para entonces poder pasar y entrar en mi finca.” Declaró además que los trabajadores no querían ir cuando estaban los alambres y que en una ocasión se le opusieron en el camino para que no entrara y que él quería esa entrada limpia. El demandado declaró que los alambres primero y el portón luego, se pusieron para evitar que le entraran reses a la finca y le estropearan la caña o el tabaco.

Que dicho portón se cerraba por medio de dos aldabas, o sea, que no había candado u otra cosa y por lo tanto el portón se abría con toda facilidad.

Se reduce la controversia en el presente caso a resolver si el demandado con su actuación violó la regla prescrita por el Art. 481 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 1673), que en su parte pertinente, lee así:

“El dueño del predio sirviente no podrá menoscabar de modo alguno el uso de la servidumbre constituida.”

En cuanto a las obligaciones del propietario del predio sirviente, nos dice Manresa en sus Comentarios al Código Civil Español, Tomo IV, Edición 1972, a la pág. 793:

“El propietario del predio sirviente ha de respetar la servi-dumbre establecida, y como consecuencia de esta regla general, ha de permitir su ejercicio, dejando hacer al dueño del predio dominante, y haciendo él aquello a que estuviere obligado o abste-niéndose de hacer lo que sería lícito sin la servidumbre. No debe hacer tampoco cosa alguna que tienda a disminuir o perjudicar el uso de la servidumbre o a hacerla más incómoda. No podrá, por lo tanto, cultivar la parte de finca sobre que existe la servidum-bre de pastos, ni, en general, variar el lugar o forma de la servi-dumbre, salvo en el caso especial del segundo párrafo del artículo 545, en el que le conviene ponerse de acuerdo con el dueño del predio dominante.”

A esos efectos en su obra, Compendio de Derecho Civil Español, Tomo II, a la pág. 540, Federico Puig Peña nos dice:

“Abstenerse de menoscabar en modo alguno el uso de la ser-vidumbre constituida. La principal obligación que tiene el dueño del predio sirviente es abstenerse de menoscabar en modo alguno el uso de la servidumbre constituida (art. 545). Esta obligación es puramente pasiva, y, por consiguiente, consiste en mantener una conducta de omisión, no haciendo lo que la servidumbre tiene por fin impedir (como en la non edificandi, non altius tollendi, etc.) o permitiendo, sin poner ninguna traba, al propietario del predio dominante realizar actos constitutivos de la servidumbre, como sucede, por ejemplo, en materia de servidumbre de pasto, de saca de aguas, etc.
La expresión menoscabo que emplea el Código significa, no sólo realizar la acción decididamente contraria — como, por ejem-plo, oponerse resueltamente al uso de una servidumbre positiva —sino también dificultar el ejercicio, como sería, por ejemplo, si se cultivara la faja de terreno de una servidumbre de paso o si se plantaran árboles que dificultaran la circulación del ganado, en una servidumbre de paso.”

Como veremos menoscabar el uso de una servidum-bre de paso significa obstruir el paso o impedirlo como expre-san los ejemplos ofrecidos anteriormente por Federico Puig Peña. En el caso ante nos, el demandado ejerciendo su dere-cho de propiedad y para evitar que el ganado destruyera su siembra instaló un portón de madera que, con una aldaba fácil de abrir, se mantiene cerrado. Según pudimos observar por la fotografía ofrecida en evidencia, se trataba de un por-tón amplísimo por el que con suma facilidad podía pasar un camión pesado. No podemos obligar al demandado que por razón de una servidumbre de paso tenga que tener la entrada o salida de su terreno completamente abierta siempre, sin que pueda proteger su siembra y su propiedad por medio de un portón fácil de abrir. Sabido es que hoy día existen porto-nes a la entrada de casi todas las fincas rústicas o urbanas, siendo ello en beneficio de sus propietarios. Por lo que dicho portón en vez de impedir el disfrute de su propiedad al deman-dante, se la asegura.

Criterio similar al nuestro expresa Casals Colldecarrera en el Derecho Real de Servidumbre, ed. 1941, donde a la pág. 109, expresa:

“El propietario del predio dominante no adquiere por la in-demnización la propiedad del paso, sino solamente el derecho de servidumbre, que no implica expropiación, sino limitación de la propiedad. En virtud de esto, el dueño del predio sirviente puede seguir utilizando éste como mejor le convenga, a condición siem-pre de no obstaculizar el paso, y en caso de que impidiera el ejer-cicio de la servidumbre, tiene el dominante acción para pedir la libertad de su vía. ¿Quiere decir esto, sigue Manresa, que la existencia de servidumbre de paso a través de una finca es obstá-culo para que el dueño de ésta pueda cercar o cerar [sic] conve-nientemente su fundo ? Evidentemente que no, puesto que cerrar un fundo es un acto de libre dominio, y el dueño del predio sir-viente puede hacerlo libremente, dejando a salvo la servidumbre mediante puertas o cierres que no impidan el ejercicio de la misma.”

No es necesario resolver si de la estipulación que originó la servidumbre surgía o no el derecho del demandado a poner el portón, ya que resolvemos que sí puede poner el portón. Lo que no puede hacer el dueño del predio sirviente es prohibir o impedir que el demandante haga uso del camino para llegar a su finca, como declaró él que se le impidió en una ocasión. No encontramos base en la prueba para la conclusión del tribunal de que existieran “intervenciones orales cuando el demandante usaba la servidumbre de paso o se encontraban con el demandado o alguno de sus familiares.” El testimonio del demandante fue en el sentido de que “fui una vez a entrar allí también y no me dejaron entrar.” En cuanto a este tipo de actuación, sí procedía el injunction.

Por los motivos expuestos se modificará la sentencia del tribunal de instancia dejando sin efecto aquella -parte que ordena la eliminación del portón instalado a la entrada de la servidumbre; así como la condena en honorarios de abogado; por considerar que no ha habido temeridad de parte del de-mandado al defenderse; y así modificada, se confirmará.

       Bastardillas nuestras.

       Véase T.E. pág. 6.

       E1 demandante declaró: “Primero tenía dos alambres. Después que vinimos a la Corte quitaron los alambres y pusieron un portón. Ahora, últimamente, quitaron el portón.” T.E. pág. 9.

       José Puig Brutau en Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Yol. II, Segunda Edición, a la pág. 405 nos dice: “Observando en todo caso la obligación que le impone el primer párrafo de este art. 545, bastará que no se cause perjuicio al propietario del predio dominante y que exista benefi-cio para el del sirviente, para que la servidumbre pueda variarse a inicia-tiva del segundo. Oponerse a ello, cuando a nadie se perjudica y a alguien se beneficia, sería contrario a la buena fe.”

       T.E. pág. 10.


author: PER curiam :

text:
    Virginia Feliciano, demandante-recurrida, v. María Milagros Guzmán, demandada-recurrente.

      Número: R-74-7

      Resuelto: 13 de mayo de 1974

      Víctor M. Ramírez y Luis Muñoz Rivera, abogados de la recu-rrente; Annette Ubiñas Emanuelli y José R. Oiler Navarro, abogados de la recurrida.
   PER curiam :

Virginia Feliciano presentó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, un escrito fechado el 9 de noviembre de 1972 solicitando que se le concediera la custodia sobre la menor Virginia Guzmán Feliciano, quien entonces contaba cuatro años de edad, hija extramarital de dicha Virginia Feliciano y de José William Guzmán. El es-crito quedó radicado bajo el número RF-72-4525. Iba diri-gido contra María Milagros Guzmán como demandada, her-mana de José William Guzmán y persona que tenía la custo-dia sobre la menor. No aparece del expediente ante nos que se hiciera diligencia adicional alguna hasta un año después, el 6 de noviembre de 1973, en que el tribunal de instancia señaló el caso para vista a celebrarse dos días más tarde, es decir, el 8 de noviembre de 1973.

A dicha vista comparecieron ambas partes y el tribunal, con fecha de 9 de noviembre de 1973, dictó resolución orde-nando a la demandada María Milagros Guzmán que entre-gara la niña a la demandante Virginia Feliciano “para que la lleve y la tenga con ella” y, disponiendo que la niña pasaría con su padre los meses de julio y agosto de cada año “siempre y cuando que la fuera a buscar y a entregar al lugar de resi-dencia de la madre.” La madre residía en la ciudad de Nueva York. El padre de la niña no fue parte en el proceso.

La demandada solicitó oportunamente la reconsideración de dicha resolución y el 26 de noviembre de 1973 presentó un escrito titulado “Moción informativa y en apoyo de moción de Reconsideración” en que solicitaba la reapertura del caso para ofrecer prueba testifical que pudo obtener en un viaje que hizo a la ciudad de Nueva York, prueba con que no contaba ni pudo diligenciar para la vista del 8 de noviembre debido al poco tiempo que tuvo para ello. Acompañó dicho escrito de declaraciones'juradas de los testigos que se proponía presen-tar. Mientras tanto la demandante solicitó del tribunal de instancia que procesara a la demandada por desacato por no haberle entregado la niña, habiéndose señalado una vista para ello. Respondiendo a una moción en auxilio de juridicción pre-sentada ante nos por la demandada-recurrente emitimos reso-lución el 8 de enero de 1974 suspendiendo los efectos de la resolución del 9 de noviembre de 1973 y paralizando los pro-cedimientos pendientes ante la Sala de instancia. En el ínte-rin, la Sala recurrida emitió resolución negándose a reconside-rar la de 9 de noviembre de 1973 y declarando sin lugar la solicitud de reapertura del caso. Concedimos el 30 de enero de 1974 un término de quince días a la parte demandada-recu-rrente para que presentara su memorando en apoyo de su solicitud, la demandante-recurrida presentó el suyo en oposi-ción y, vistos los argumentos de ambas partes procede que en interés de la menor Virginia Guzmán Feliciano se deje sin éfecto la resolución del 9 de noviembre de 1973. Dicha resolu-ción, basada en el testimonio presentado en una vista cele-brada a dos días plazo de su señalamiento, sin que la deman-dada-recurrente tuviera la oportunidad de investigar las con-diciones de la demandante en la ciudad de Nueva York y de prepararse adecuadamente, no podía ni pudo dar al tribunal de instancia un cuadro de hechos completo para justificar que se complaciera a la madre proveyendo sobre la custodia de la niña, algo que siempre debe ser objeto de la más cuidadosa y ponderada consideración.

La resolución no parece haber considerado todos los Mementos relativos al bienestar físico y emocional de la niña, habiéndose basado principalmente en el hecho de que la demandada se la trajera a Puerto Rico desde Nueva York sin tener para ello la autorización de un tribunal. Por otra parte, hay un ofrecimiento de prueba indicativo de que cuando la niña tenía un año de edad, mientras sus padres vivían con ella en la dudad de Nueva York, la madre abandonó al padre para irse a vivir con otro hombre, habiendo renunciado a tener consigo a la niña y habiéndosela entregado a su tía paterna, que es la demandada y, aquí recurrente; que desde entonces y durante los últimos cuatro años la niña ha vivido con su tía en Puerto Rico; que la madre tuvo otro hijo extramarital-mente y abandonó al segundo hombre por un hermano de éste; y, que ella depende para su subsistencia en la ciudad de Nueva York de los ingresos que recibe de las agencias de seguridad social. Debe investigarse además, en forma exhaustiva, el mareo hogareño de cada una de las partes así como los ambien-tes que cada uno ofrece a la niña y, teniendo por miras pdr sobre toda otra consideración garantizar su bienestar, resolver la controversia.

Se expedirá el auto solicitado, y se dictará sentencia de-jando sin efecto la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 9 de noviembre de 1973, en el caso civil número RF-27-l¡,525 de Virginia Feliciano, demandante v. María Milagros Guzmán, demandada, y se ordenará la celebración de una vista ante el tribunal de instancia en que se ofrezca, a ambas partes amplia oportunidad de ofrecer toda la prueba que tengan a bien, luego de lo cual deberá resolver como mejor convenga al bienestar físico y emocional de la menor Vivían Guzmán Feliciano.


text:
    La Sucesión de Antonio Osorio, etc., demandantes-recurridos, v. Josefa Osorio y la Sucesión de Martín Osorío, etc., demandados-recurrentes.

      Número: R-71-209

      Resuelto: 14 de mayo de 1974

      José A. Bravo Abren, abogado de los recurrentes; B. B. Bivera Correa, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

Se impugna en este recurso la sentencia dic-tada por el tribunal de instancia anulando ciertos procedi-mientos judiciales y decretando la reivindicación solicitada por los recurridos de un condominio indiviso sobre una finca de 14 cuerdas ubicada en el Barrio Medianía Alta de Loíza. Los recurrentes nos piden la revocación de la sentencia adu-ciendo en su contra los errores que discutiremos a continua-ción.

1. Erró el tribunal al no especificar los hechos probados y separadamente consignar las conclusiones de derecho.

El tribunal de instancia no formuló conclusiones en la sentencia recurrida sino que adoptó por referencia las formu-ladas en una sentencia anterior. Dicha sentencia se había dejando sin efecto para darle oportunidad al recurrente de presentar su prueba. Al efecto expresó el tribunal de instan-cia refiriéndose a las conclusiones de la sentencia dejada sin efecto: “Entendemos que dicha sentencia es correcta y proce-demos a ratificarla en todas sus partes. . . . Por las razones señaladas adoptamos como nuestras las Determinaciones de Plechos así como las correspondientes Conclusiones de Derecho y los pronunciamientos de la Sentencia de 6 de junio de 1969.”

Esta sentencia del 6 de junio de 1969 cumple a cabalidad con la Regla 43.1 de Procedimiento Civil especificando los hechos probados y consignando las conclusiones de derecho. La adopción por el tribunal de las conclusiones formuladas en la misma no viola la letra ni el espíritu de dicha Regla. Por otro lado, hemos resuelto consistentemente que la inobservancia de la Regla 43.1 no es motivo de revocación cuando de las circunstancias que concurren en el caso este Tribunal tiene una clara comprensión de la base en que descansó su decisión el tribunal sentenciador. Firpi v. Pan American World Airways, Inc., 89 D.P.R. 197 (1963); Meléndez v. Metro Taxicab, 68 D.P.R. 766 (1948). En el caso de autos las conclusiones adoptadas por la sentencia recurrida nos permiten una clara comprensión de la base en que descansó el tribunal.

No se cometió el error apuntado.

2. Erró el tribunal al determinar que era correcta la sentencia del 6 de junio de 1969, a pesar de que en aquella ocasión el tribunal no había tenido ante sí la prueba de la parte demandada, aquí recurrente.

Arguye que al ratificar el tribunal de instancia la sen-tencia dictada el 6 de junio de 1969, pasó" por alto su prueba a saber: a) la escritura Núm. 155 otorgada ante el notario Luis Sánchez Vahamonde el 4 de noviembre de 1923, mediante la cual el causante de los recurridos, Antonio Osorio, cedió sus derechos en la finca objeto del litigio a favor de sus herma-nos Martín y Josefa, causantes de los recurrentes, y, b) una Petición de Inscripción Electoral del año 1920 en la cual apa-rece que el causante de los recurridos sabía leer y escribir.

No tiene razón. La sentencia recurrida hace referencia expresa a la prueba desfilada por la recurrente y específica-mente se menciona en su texto ambas piezas de evidencia.

3. Erró el tribunal al no formular determinaciones de hecho adicionales solicitadas oportunamente por el recurrente.

Este apuntamiento requiere hacer referencia a los hechos en controversia. Los recurridos son herederos del fenecido Antonio Osorio y los recurrentes de Martín Osorio. Antonio y Martín junto a tres hermanos más eran, a su vez, los here-deros de Carmen Santos Vda. de Osorio. Esta dejó una finca de alrededor de 14 cuerdas ubicada en el Barrio Medianía Alta de Loíza. La finca estaba inscrita en el Registro de la Pro-piedad y afecta a una hipoteca por $500.00 a favor de Marcial Suárez quien la ejecutó por falta de pago en el 1937. Poco tiempo después Marcial traspasó la finca por partes iguales a Martín Osorio y a su hermana Josefa Osorio.

Los recurridos, herederos de Antonio, impugnaron el pro-cedimiento de ejecución de hipoteca y reclamaron la reivin-dicación de sus respectivas partes proporcionales en la finca. El tribunal de instancia declaró nulo el procedimiento de ejecución porque el mismo se dictó sin jurisdicción, ya que al emplazarse por edictos a Antonio, se omitió la declaración jurada relativa a las diligencias que se hicieron para noti-ficarle personalmente, a pesar de que le constaba tanto a Marcial como a Martín y a Josefa que era falso que se descono-cía quienes eran los herederos, puesto que eran sus propios hermanos y residían en la misma finca.

Debemos consignar que los recurrentes no impugnan estas determinaciones de hecho. La contención de ellos consiste en que en el 1923 — la ejecución se efectuó en el 1937 — Antonio había cedido todos sus derechos en la finca a Martín y a Josefa por la cantidad de $240.00, mediante la referida es-critura Núm. 155 otorgada ante el notario Sánchez Vaha-monde. Se amparan, pues, los recurrentes en la presunción de validez que la ley reconoce a los actos notariales arguyendo que el fraude no se presume y que la prueba del mismo debe ser clara y robusta.

Es cierto que el tribunal de instancia no formuló determinación alguna sobre la validez de la escritura Núm. 155, aunque tuvo ante sí dicha escritura y también la prueba presentada por los recurridos para demostrar que Antonio Osorio no sabía firmar. Pero este Tribunal está en libertad de formular su propia conclusión sobre un hecho esencial, cuando como en el caso de autos, el tribunal de instancia no lo haya hecho. García Calderón v. Galiñanes Hermanos, 83 D.P.R. 318 (1961).

Aparece del récord el testimonio de Luis Osorio, hijo de Antonio, al efecto de que éste no sabía firmar (T.E. pág. 23); que Antonio vivía en la propia finca y hasta que murió recibía la parte proporcional de la cosecha (T.E. págs. 27-29); que después de muerto Antonio, su hermano Martín le descontó los gastos del funeral de la participación de ellos (Id. pág. 30); que su tío Martín, aquí recurrente, lo mandó a buscar después de la muerte de Antonio para que adminis-trara la finca “porque tanto derecho tenía yo como los otros y él me mandó a buscar y yo le contesté que no podía porque yo estaba trabajando en los Suárez y no tenía tiempo.” (Id. pág. 32.) También consta en la transcripción de evidencia una es-tipulación de las partes al efecto de que al Libro Núm. 7 de Nacimientos del Antiguo Registro Civil aparece que después de otorgada la referida escritura Núm. 155, compareció en el 1929 Antonio Osorio al Registro a inscribir cinco hijos y los inscribió todos marcando una cruz, siendo testigo de la marca Eleuterio Puentes.

Los recurrentes no refutaron dicha prueba limitándose a presentar la escritura Núm. 155, la cual nunca registraron, y una copia fotostática de la Petición de Inscripción Electoral de Antonio Osorio en la que éste aparece firmando Antonio O. Santos. Notamos que a simple vista esta firma es completa-mente distinta en sus rasgos a la que aparece en la escritura Núm. 155.

La presunción de validez de los actos notariales es una de carácter rebatible y en este caso fue rebatida por la prueba de los recurridos. Correspondía de ahí en adelante a los recurrentes el peso de probar la validez de la escritura Núm. 155 y no lo hicieron, lo que constituye una falla insuperable en esta etapa de los procedimientos.

Estamos convencidos que las conclusiones de hecho adopta-das por el tribunal de instancia están sostenidas por la prueba desfilada, lo cual dispone del cuarto apuntamiento.

Se dictará sentencia confirmando la sentencia revisada.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Rosario Evelina López Rodríguez, demandante y recurrente, v. Antonio Delama, Trans-Oceanic Insurance Co., demandados y recurridos.

      Número: R-72-363

      Resuelto: 14 de mayo de 1974

      Carlos Colón Marchand, abogado de la recurrente; Max Olivera Mariani, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Para la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron margen a esta reclamación, el patrono asegurado, Café Beaumont, Inc., operaba un bar llamado “Kalahari”. Este negocio era co-administrado por el co-demandado, quien era tesorero y accionista de Café Beaumont, Inc. La recurrente trabajaba de camarera en el “Kalahari”. Todas las noches, al cerrar el negocio el Sr. Delama por iniciativa del patrono, Beaumont, Inc., conducía a su hogar a la recurrente en un automóvil de su propiedad. El 26 de febrero de 1970, en el trayecto hacia la residencia de la demandante el Sr. Delama perdió el control de su automóvil, impactando otros vehículos estacionados. En ese momento el Sr. Delama conducía su vehí-culo por la Avenida Piñeiro a 60 millas por hora aproximada-mente, a pesar de que el pavimento se encontraba mojado. Como consecuencia del accidente, la recurrente sufrió los siguientes daños según determinó el juez de instancia: “. . . golpes en distintas partes del cuerpo, fractura de la cla-vícula izquierda y una laceración (requirió tratamiento de avulsión) en el muslo izquierdo de 6 x 5 centímetros, y estuvo hospitalizada por seis días.”

El patrono no informó el accidente al Fondo del Seguro del Estado. La demandante se limitó a radicar la presente acción contra el conductor del vehículo y su compañía asegu-radora.

Si bien es verdad que, como regla general, “aquellos accidentes del trabajo ocurridos mientras el obrero va de su casa al trabajo y del trabajo a su casa no son compensables” Gallart, Admor. v. Comisión Industrial, 87 D.P.R. 17 (1962), la jurisprudencia ha reconocido varias excepciones a esa norma, entre ellas, cuando el patrono provee la transportación, Gallart, supra.

El tribunal de instancia fundándose en lo resuelto en Gallart v. Comisión Industrial, supra, determinó que el acci-dente era uno ocurrido en el curso del empleo, pero amparán-dose en lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 21, que establece que “cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí establecido para obtener compensación será el único remedio en contra del patrono...”, declaró sin lugar la demanda radicada.

La parte recurrente alega que el tribunal cometió error al “resolver que la inmunidad de un patrono bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es extensiva a un oficial de la corporación por sus acciones de negligencia personal . y al “resolver que la compañía aseguradora del demandado le cubre la inmunidad del patrono del deman-dado.”

La controversia que presenta este caso es si se debe hacer extensiva la inmunidad que confiere la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo a oficiales, administradores o co-empleados del patrono asegurado y a las compañías que aséguran éstos. La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo autoriza a los empleados u obreros lesionados en el curso de su empleo a demandar directamente a terceros responsables de sus lesiones. A estos efectos, el Art. 31 de la Ley dispone: (11 L.P.R.A. sec. 32)

“En los casos en que la lesión, enfermedad profesional o la muerte que dan derecho de compensación al obrero, empleado o sus beneficiarios, de acuerdo con esta ley, le hubiere provenido bajo circunstancias que hicieren responsables a tercero de tal lesión, enfermedad o muerte, el obrero o empleado lesionado o sus beneficiarios podrán reclamar y obtener daños y perjuicios del tercero responsable de dicha lesión, enfermedad o muerte dentro del año subsiguiente a la fecha en que fuere firme la reso-lución del caso por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y éste podrá subrogarse en los derechos del obrero, em-pleado o sus beneficiarios para entablar la misma acción en la forma siguiente: . ...”

Bajo la anterior disposición, el obrero o empleado lesionado tiene elección de remedios. Puede reclamar al Fondo, o puede renunciar sus derechos en el Fondo y reclamar directa-mente al tercero responsable de sus lesiones, o puede hacer ambas siempre que no haya subrogación de parte del Adminis-trador del Fondo y transcurran 90 días desde que la decisión administrativa sea final y ejecutoria. Gallart, Admor. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 818 (1965).

Aunque no existe unanimidad de criterio, la doctrina prevaleciente sostiene que la inmunidad que le confiere el estatuto al patrono asegurado no se extiende a los directores, oficiales, accionistas, administradores o co-empleados de dicho patrono. Boudreaux v. Falco, 215 So.2d 538 (La. App. 1968); Witherspoon v. Salm, 237 N.E.2d 116 (Ind. 1968); Morrow v. Hume, 3 N.E.2d 39 (1936); U.S. Fire Ins. Co. v. McCormick, 243 So.2d 367 (Ala. 1970). Anotación, Right to Maintain Direct Action Against Fellow Employee for Injury or Death Covered by Workmen’s Compensation, 21 A.L.R.3d 845 (1968). Véanse Larson, Workmen’s Compensation Law, Vol. 2, Sec. 72.50, pág. 179 (1970); Schneider, Workmen’s Compensation Text, Vol. 3, pág. 212 (1943) y Davis, C.: Workmen’s Compensation — Using an Enterprise Theory of Employment To Determine Who Is a Third Party Tort-Feasor, 32 U. Pitt. L. Rev. 289, 302 (1971). En ausencia de expresión legislativa sobre el significado del vocablo “terceras personas” usado en el Art. 31 de la Ley, debemos conferirle su significado usual asumiendo que incluye a toda persona aparte del empleado lesionado y su patrono asegurado. La razón de ser de la inmunidad conferida por el estatuto estriba en el hecho de que la ley establece un sistema de compensaciones por accidentes del trabajo mediante el cual el obrero recibe compensación independientemente de quién sea responsable del accidente. Se ha considerado que es razonable y justo que en reciprocidad se le otorgue inmunidad al patrono, sobre quién recae el peso económico del sistema, mediante el pago de cuotas anuales. Pero ciertamente no hay justificación en extender la inmunidad que confiere la ley a directores, oficiales u otros empleados del patrono asegurado que no contribuyen personalmente para sufragar los gastos del Fondo cuando éstos han incurrido en negligencia y han causado daños a otros empleados. Kimbro v. Holladay, 154 So. 368 (1934); Merchants Mut. Cas. Co. v. Tuttle, 101 A.2d 262 (1953); Churchill v. Stephens, 102 A. 657 (1917). Como expone Larson en la obra antes citada a la pág. 226.3:

“Es cierto que se puede hacer un argumento teórico para justificar, por ejemplo, extender la inmunidad a co-empleados, como se ha indicado anteriormente. Pero este tipo de argumento se torna superficial al colocarse ante las realidades prácticas envueltas en este tipo de pleito. Con excepción de uno u otro pleito contra un director corporativo, la mayoría de los pleitos contra co-empleados no valen la pena a no ser que éstos estén asegurados contra responsabilidad pública. Si un empleado es lesionado por la negligencia en el manejo del automóvil de otro empleado, la verdadera interrogante es si se va a permitir a la compañía aseguradora del co-empleado negligente a disfrutar de un enriquecimiento injusto, a expensas del empleado lesio-nado, levantando la defensa del remedio exclusivo. Visto desde esa perspectiva, parece haber poca justificación para extender la inmunidad más allá del patrono en sí, quien es el que asume la responsabilidad real o potencial de indemnizar a su empleado mediante el pago de las primas.” (Traducción nuestra.)

A la luz de la doctrina expuesta, es evidente que la inmunidad que le confiere la ley a Café Beaumont, Inc., patrono asegurado, no se extiende al Sr. Delama por ser éste un mero co-empleado gerencial. Siendo éste responsable, responde también su compañía aseguradora. En su alegato la parte recurrida alega que en virtud de una cláusula de exclusión en la póliza de seguros, la compañía no responde por este tipo de accidentes. Dicha cláusula dispone:

“Esta póliza no aplica bajo la Parte I:
(a) ...
(b) ...
(c) ...
(d) ...
(e) a lesiones corporales a cualquier empleado del asegu-rado que surja de y en el curso de (1) empleo doméstico, si bene-ficios para ello son en todo o en parte pagaderos o a proveerse bajo cualquier ley de compensación por accidentes del trabajo, ó (2) cualquier otro empleo.”

Como hemos visto, la recurrente no era empleada del asegu-rado por lo que esta exclusión no es aplicable.

En virtud de lo expuesto, se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior y se dictará otra declarando con lugar la demanda condenando a los demandados recurridos a satisfacer a la demandante $6,000.00 por los sufrimientos físicos y mentales menos $1,000.00 de exención según dispone la Ley Núm. 138 de 1968, Ley de Protección Social por Acci-dentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. secs. 2051 et seq.

       En la póliza de seguro emitida por el Fondo del Seguro del Estado se designa a Eutiquiano Gómez Velarde y/o Café Beaumont, Inc., como patrono asegurado. El Sr. Gómez Velarde es presidente de la referida corporación.

       De la evidencia en autos se desprende que el Sr. Delama percibía un sueldo de $4,815.00 anual como co-administrador del negocio.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Vicente Reynal et al., peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Charles Figueroa, Juez, demandado.

      Número: O-73-26

      Resuelto: 15 de mayo de 1974

      Maldonado Guzmán, Villanueva & Lugo, abogados de los peti-cionarios; R. Elfrén Bernier, Plinio Pérez Marrero y Hjalmar Flax, abogados de los interventores.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión que suscita este litigio es si la propiedad in-telectual en Puerto Rico es únicamente protegible por la legis-lación de Estados Unidos.

La señora Carmen Ramos de Meléndez escribió y publicó en Puerto Rico en 1965 y 1970 un libro titulado El Gobierno dé Puerto Rico. En 1972, según las alegaciones de la demanda que pronto se radicaría, los señores Vicente Reynal y Roberto Lugo publicaron otro libro bajo el título de Manual del Go-bierno Civil de Puerto Rico que, a juicio de la señora Ramos, utiliza sus ideas originales, el plan de presentación del material, las tablas confeccionadas por ella y sus frases y concep-tos, resultando en “un mero resumen del libro El Gobierno de Puerto Rico.” En consecuencia, el mismo año la señora Ramos y su esposo demandaron en daños y perjuicios por invasión de propiedad intelectual a los señores Reynal y Lugo. En su contestación, los demandados plantearon, entre otras defen-sas, que la jurisdicción sobre la materia envuelta corresponde exclusivamente al Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico. Señalada una vista para la discusión de esta defensa especial, el tribunal falló que tenía jurisdicción para entender en el caso. Contra esta Resolución del Tribunal Superior acudieron los demandados en solicitud de certiorari ante este foro.

Consideramos que la legislación federal no provee el único remedio para proteger la propiedad intelectual en Puerto Eico y que su existencia no excluye en toda situación el apoyo que pueda brindarle a tan alto propósito la legislación puertorriqueña.

Antes de la Guerra Hispanoamericana, la defensa de los derechos de autor derivaba de muy diversas fuentes, entre otras los Arts. 428 y 429 del Código Civil Español; la Ley sobre Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 y su Reglamento; los tratados sobre la materia; y del Art. 16 del Código Civil Español, que proveía, en modo parecido a lo dispuesto en el Art. 429, supra, que en los casos no previs-tos ni resueltos por leyes especiales, la deficiencia de éstas se supliría por las disposiciones del Código Civil. Véase: Puig Brutau, Jr.: Fundamentos de Derecho Civil, t. III, vol. II, 2a- ed. (1973), págs. 201-202.

Al advenir el cambio de soberanía, el Art. XIII del Tratado de París y el segundo de la Ley Foraker, Ley de 12 de abril de 1900, cap. 191, sec. 2, 31 Stat. 77, atendieron, respec-tivamente, el problema de la continuada protección de los derechos de propiedad literaria, artística e industrial de los españoles y de la admisión de sus obras, libres de im-puestos, por un número de años. En el Art. 8, más amplia-mente, se dispuso por la Ley Foraker que “las leyes y orde-nanzas de Puerto Rico actualmente en vigor, continuarán vigentes, excepto en los casos en que sean alteradas o modifi-cadas por la presente; o hayan sido alteradas o modificadas por órdenes militares y decretos vigentes cuando esta Ley entre a regir, y en todo aquello en que las mismas no resulten incompatibles, o en conflicto con las leyes estatutarias de los Estados Unidos no inaplicables localmente, o con las pre-sentes disposiciones, hasta que sean alteradas, enmendadas o revocadas por la autoridad legislativa creada por la presente para Puerto Rico, o por una ley del Congreso de los Estados Unidos . . . .” Este artículo está hoy en vigor obviamente por razón de lo dispuesto en el Art. 58 de la Ley de Relaciones Federales. Ley de 3 de julio de 1950, cap. 446, Art. 4, 64 Stat. 319. Sobre la historia de este período, consúltese: Berbusse, E. J.: The United States and Puerto Rico, 1898-1900, Chapel Hill, Univ. of North Carolina Press, 1966, págs. 83 y ss.

En el Art. 8 citado es que se fundó originalmente la continuada vigencia de nuestro antiguo Código Civil y de otras piezas legislativas de origen español. Olivieri v. Biaggi, 17 D.P.R. 704 (1911); Chevremont v. Pueblo, 3 D.P.R. (2a-ed.) 114 (1903); Muñoz Díaz v. Corte, 42 D.P.R. 384 (1931); Ex parte Dones, 10 D.P.R. 179 (1906), confirmado: 202 U.S. 614. Sobre el poder actual de legislar en Puerto Rico sobre estas materias, valga mencionar también, a manera de ejem-plo, el Art. 37 de la Ley de Relaciones Federales.

Varias de las disposiciones que antes de la Guerra His-panoamericana servían de escudo a los derechos de la pro-piedad intelectual desaparecieron después de 1898, entre ellos, los Arts. 428 y 429 del Código Civil Español, que no se incorporaron a nuestro Código. Sobrevivieron, no obstante, el Art. 16 del Código Civil Español, hoy 12 del nuestro, 31 L.P.R.A. sec. 12; el Art. 1802 de nuestro Código actual, 31 L.P.R.A. sec. 5141; y, por supuesto, todo lo dispuesto en el Código Civil sobre la propiedad en general. 31 L.P.R.A. secs. 1021-2841. Debe señalarse también que nuestra Asamblea Legislativa ha asumido expresamente que tiene poder para le-gislar sobre la materia. Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, 3 L.P.R.A. sec. 1013(c); Rothenberg, S., Copyright Law, Clark Boardman Co., Ltd., N.Y. 1956 (1958 Supp.), pág. 117. Para referirnos tan solo a una de las causas de acción que podrían, por tanto, de justificarlo los hechos, sostener la de-manda en este caso bajo la legislación puertorriqueña, baste con mencionar, a la luz de lo anterior, la de competencia desleal. Eneglotaria Medicine Co. v. Sosa López, 38 D.P.R. 604 (1928); Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964).

¿Puede coexistir esta legislación puertorriqueña con la estadounidense sobre el particular?

En Compco Corp. v. Day-Brite Lighting, Inc., 376 U.S. 234 (1964) y en Sears, Roebuck and Co. v. Stiffel Co., 376 U.S. 225 (1964), el Tribunal Supremo de Estados Unidos se inclinó a favor de la teoría del poder exclusivo del Congreso para legislar sobre esta materia en el caso de los estados, derivándose la alegada necesidad de uniformidad en el campo de lo dispuesto en la Ley norteamericana sobre derechos de autor de la opción a otros remedios que los espe-cificados en la ley federal en el caso de obras no publicadas, Ley del 30 de julio de 1947, c. 392, s. 1, 61 Stat. 652, 17 U.S.C.A. sec. 2; de la disposición sobre jurisdicción de las cortes federales de distrito en casos bajo la ley norteamericana, 28 U.S.C.A. sec. 1338(a); del Art. I, See. 8 de la Cons-titución de Estados Unidos, confiriéndole poder al Congreso para legislar sobre estos asuntos; y de la cláusula de suprema-cía de dicha Constitución, Art. VI, Cl. 2.

Fuera del hecho de que Compco y Sears han generado considerable controversia, A Symposium, “Product Simulation: A Right or a Wrong?”, 64 Colum. L. Rev. 1178 (1964), ambos casos son distinguibles del presente. La acción estatal en ambos litigios se dirigía fundamentalmente a lograr lo no obtenible bajo la legislación federal o a sentar políticas en conflicto con el gobierno de la federación. En el caso pre-sente ocurre lo contrario: la acción local tiende a reforzar el mismo propósito de la legislación de Estados Unidos: la protección de la propiedad intelectual.

En un caso reciente, Goldstein v. California, 412 U.S. 546 (1973), se arroja nueva luz sobre el problema. Dice allí el Tribunal Supremo de Estados Unidos:

“La cláusula de la Constitución que le concede facultad al Congreso para reservar derechos de autor no dispone que dicho poder es de la exclusiva competencia del Congreso. Ni tampoco provee la Constitución expresamente que dicho poder no se ejercerá por los estados.” (Traducción nuestra, pág. 553.)

Las guías que fija Goldstein se reducen básicamente a dis-tinguir entre situaciones en que el ejercicio de poderes concu-rrentes por el gobierno federal y por un estado conduzcan necesariamente a un conflicto y aquéllas en que el conflicto constituye únicamente una posibilidad.

La ley federal sobre derechos de autor se aplica claramente a Puerto Rico bajo las disposiciones del Art. 9 de la Ley de Relaciones Federales. Los puertorriqueños pueden acogerse a sus beneficios, si así lo desean, o pueden ampararse, según la regla de Goldstein, en la legislación local en aquellos casos en que ambas no choquen. En este último caso, el derecho es más limitado, pues la protección que puede conferir un Estado no se extiende más allá de sus fronteras. Goldstein, 558. La menor amplitud de este último derecho no borra, sin embargo, su existencia.

Toda invocación de la regla de uniformidad, todo reclamo de poder federal exclusivo para legislar sobre un asunto plantea problemas en extremo complejos aun en el caso de los Estados que son miembros de la Unión. Goldstein, 554. La cuestión se torna, por supuesto, más complicada en el caso de Puerto Rico, en vista de la singularidad de nuestras relaciones con Estados Unidos y de las diferencias en nuestra problemática económico-política. En primer lugar, dado lo resuelto en los Casos Insulares y lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley Foraker y los Arts. 9 y 37 de la Ley de Relaciones Federales, precisa determinar si la disposición constitucional o legal en cuestión se aplica en Puerto Rico. En segundo término, es indispensable resolver si las realidades envueltas convierten la legislación federal en materia localmente in-aplicable. No es necesario adentrarse aquí más en este tema pues, aun considerando a Puerto Rico un estado federado para los propósitos de este litigio, la coexistencia de poderes es palpable para legislar, bajo normas que no provoquen nece-sariamente conflictos con la legislación estadounidense, en el campo de la propiedad intelectual.

Desde hace muchos años, el Tribunal Supremo de Esta-dos Unidos se pronunció, en el caso de la legislación contra los monopolios, a favor de una amplia política de coexistencia de poderes. People of Puerto Rico v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 302 U.S. 253 (1937). En el terreno de las marcas de fábrica, coexiste la legislación puertorriqueña con la estadounidense. Eneglotaria y Cooperativa, ante. Si la competencia y la producción comercial pueden ser objeto de doble protección, no vemos razón alguna para tratar en modo inferior la producción literaria y artística. Para casos análogos, véanse: Bordas & Co. v. Srio. de Agricultura, 87 D.P.R. 534 (1963) y García Mercado y. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 293 (1970).

Por los fundamentos expuestos, se confirma la reso-lución del tribunal de instancia y se devuelve el caso para procedimientos ulteriores consistentes con esta opinión.

         United States v. Ríos, 140 F.Supp. 376 (D.P.R. 1956); Consentino v. I.L.A., 126 F.Supp. 420 (D.P.R. 1954).

       Véanse: Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901); Dooley v. United States, 182 U.S. 222 (1901); De Lima v. Bidwell, 182 U.S. 1 (1901), y los casos relacionados con éstos.


author: per curiam ;

text:
    Isabel Vélez de Longoria, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Aguadilla, Hon. Roberto Veray Torregrosa, Juez, demandado; Hernán Longoria Quiñones, interventor.

      Número: O-74-32

      Resuelto: 16 de mayo de 1974

      F. Ariel Aviles Rodríguez y Angel L. Tapia Flores, abogados de la peticionaria; Eric Milán Muñiz, abogado del interventor.
   per curiam ;

Lo normal dentro de nuestro sistema de enjuiciamiento es que la acción personal de divorcio se ventile en el foro del domicilio del cónyuge demandado, y la norma adquiere una adicional fortaleza cuando tanto el marido como la mujer están domiciliados en el mismo municipio. Roure v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 832 (1971). Hay circunstancias de excepción en que no se sigue la regla general, siendo la sumisión a un foro impropio la que aquí se invoca por el marido interventor; y ello exige una evaluación de los actos y conducta de la parte demandada que pueden dar base a una renuncia de un derecho, a domicilio.

Ambos cónyuges envueltos en este caso residen en el muni-cipio de San Germán. El pleito de divorcio por separa-ción lo inició el marido mediante demanda radicada en la Sala de Aguadilla ante la cual compareció la demandada en solicitud de prórroga para alegar. Al expirar ésta sin haber contestado la demandada, el actor pidió anotación de rebeldía y es entonces, a los 33 días de emplazada y 4 de haber expirado la prórroga, que la esposa solicitó traslado del caso para la Sala de Mayagüez que es la de su domicilio.

En contemporaneidad con los procedimientos de Agua-dilla, la mujer inició su propia acción de divorcio presen-tando una demanda en la Sala de Hato Rey que el marido pidió se trasladara a Aguadilla y así le fue concedido con tal premura que impidió proveer a la oposición de la demandante por lo que ella reprodujo ante la Sala de Aguadilla su soli-citud de traslado para Mayagüez, sede judicial que comprende la ciudad de San Germán donde residen ambos cónyuges en litigio.

Aguadilla denegó el traslado, y expedimos orden para mostrar causa por la que no deba concederse. El memorando del interventor no ha variado nuestro primer criterio sobre la cuestión.

La aceptación para conocer por Salas del Tribunal de Primera Instancia de asuntos que involucran personas o materias no asignadas a su competencia usual trastoca la distribución de labor judicial intentada con la creación de demarcaciones territoriales para cada Sala, constituyendo ésta una razón de buena administración por la que no debe acogerse con laxitud y liberalidad la emigración de litigantes y promoventes hacia salas de su particular selección. Reiteramos lo expresado en Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106, 122-23 (1969): “[6] Radicada una causa o recurso en una Sala del Tribunal de Primera Instancia que no es la señalada por ley con competencia para conocer, del asunto, como regla general, el juez que la preside debe dar traslado de la misma a la Sala correspondiente, a menos que existan circunstancias extraordinarias que requieran apartarse de esta norma, y justifiquen que el juez dé su anuencia para seguir con la causa. De lo contrario, tendríamos la unificación de los tribunales para fines de jurisdicción, pero no tendríamos la más ordenada organización para fines de funcionamiento. Ello podría redundar en una menos eficiente administración de justicia.”

Para que se tenga a una parte demandada en una acción personal por sometida a una Sala que no es la de su domicilio, se requiere una conducta afirmativa y suficiente demostración de su propósito de aceptar dicha Sala para que allí se adjudique finalmente su derecho; o un claro abandono por inacción de su derecho al traslado.

No consideramos que tenga esa trascendencia la omisión de acompañar la solicitud de traslado a la primera alegación; ni que pueda catalogarse como desidia y abandono confiscatorio del derecho al traslado una breve demora sub-siguiente a la expiración de una prórroga para contestar. El traslado de la acción en no menor grado que todos los demás procedimientos civiles, ha sido liberado de unos moldes y fórmulas investidos de rigidez sacramental que antaño le daban tono de liturgia a la contienda jurídica. No encontra-mos razón de mérito para que este caso no sea remitido al foro del domicilio común de los cónyuges.

Se expedirá el auto, se revocará la resolución revisada y se ordenará el traslado de los casos TS-73-1878 y TS-73-2207 de la Sala de Aguadilla para la de Mayagüez, del Tribunal Superior.


author: El Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Rigau.

text:
    R. A. M., peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Carlos Maldonado Casillas, Juez, demandado.

      Número: O-73-79

      Resuelto: 20 de mayo de 1974

      María Laura Colón y Judith Torres Medina, abogadas del peti-cionario; Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Magda E. Haydar de Martí, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es: Si es necesario probar más allá de duda razonable la comisión de una falta imputada a un menor, cuya falta equivaldría a un delito público si la misma hubiere sido cometida por un adulto.

Los postulados básicos de nuestro sistema de ley, orden y justicia encuentran apoyo en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al re-conocer y proteger los derechos fundamentales que acompañan a todo acusado en un proceso criminal, y que están dirigidos a asegurarle que no habrá de ser privado de su libertad sin el debido proceso de ley. Artículo II, Sec. 11 de la Consti-tución del Estado Libre Asociado. Uno de dichos derechos fundamentales lo constituye la presunción de inocencia.

El Procurador General alega que siendo el procedimiento de menores uno de naturaleza civil y no criminal (34 L.P.R.A. sec. 2011), las garantías constitucionales aplicables a los procesos criminales no protegen a los menores en los casos en que se les imputen faltas que de haber sido cometidas por adultos constituirían delitos públicos. No tiene razón el Procurador General. De prevalecer la posición del Procu-rador General se estaría despojando a los menores de la pre-sunción constitucional de inocencia, que exige como elemento y garantía concomitante la comprobación más allá de duda razonable de la certeza de la imputación de la falta.

No podemos olvidar que la naturaleza civil de los pro-cedimientos que envuelven la violación de estatutos crimina-les por menores constituye una ficción de ley cuyo propósito es el de tender un velo protector sobre la reputación de los menores. Así, la ley que establece los procedimientos judi-ciales en relación con menores (34 L.P.R.A. secs. 2001 a 2015) en su exposición de motivos establece “. . . un mecanismo legal que habilite a la autoridad judicial para ejercer con relación a los niños abandonados y a los niños desajustados y con relación a sus padres o a las personas encargadas de su cuidado y mantenimiento, aquellas funciones inherentes a su condición de ‘parens patriae’ sin tener que considerar al niño como delincuente . . . .” 34 L.P.R.A. sec. 2001, Historial. Tales procedimientos no aparejan la pérdida de los derechos civiles que normalmente resultan de una convicción, ni con-sideran al niño un criminal o un convicto de resultar ineurso en la falta imputada, ni exigen que se le acuse o condene (excepto en ciertas circunstancias si fuere mayor de 16 y menor de 18), ni requieren la prestación de fianza. También ofrece la ley protección al menor al proveer que ningún pro-cedimiento, orden o resolución de un juez ni la evidencia admitida durante la ventilación de un asunto contra un menor constituirá impedimento para que el menor pueda solicitar empleo o nombramiento para un puesto o cargo dentro del ser-vicio público. 34 L.P.R.A. sec. 2011. Aun más, la ley es-pecíficamente prohíbe la inspección pública de los expedien-tes de los casos de menores. 34 L.P.R.A. sec. 2007.

Pero no por ello podemos dejar de aplicar a los menores a quienes se les atribuyen violaciones de los estatutos cri-minales las mismas exigencias en cuanto a la norma de duda razonable que aplicamos a los adultos. El menor está sujeto, al igual que el adulto, al estigma resultante de una deter-minación de que ha violado un estatuto criminal, y asimismo está expuesto a la posibilidad de reclusión en una institución disciplinaria, que envuelve necesariamente la privación de su libertad. No debe pues exponerse a un menor a las conse-cuencias señaladas en base a una prueba que sería insuficiente para condenar a un adulto. Véase In Re Winship, supra, pág. 367.

En E.L.A. en Interés R.M.R., 83 D.P.R. 242 (1961), deja-mos sentado que aunque los procedimientos de menores no son causas criminales, el “niño” puede reclamar aquellas garantías constitucionales que le aseguren un “trato justo” y un debido procedimiento de ley. También en Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98 (1967), resolvimos que a un menor le protege en todo momento la garantía constitucional contra la autoincri-minación como parte del trato justo y debido proceso de ley a que tiene derecho.

Los procedimientos de menores, en su etapa adjudicativa, deben revestirse de aquellas salvaguardas y garantías de la libertad individual reconocidas por nuestra Carta de Derechos (Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico), que no desnaturalicen el procedimiento especial sui generis y los propósitos de la Ley de Menores. Véanse: Pueblo ex rel G.A.C., 100 D.P.R. 456, 457 (1972); Pueblo v. Figueroa González, supra, pág. 102; E.L.A. en Interés R.M.R., supra; Ivan v. City of New York, 407 U.S. 203 (1972); In Re Winship, supra; In Re Gault, 387 U.S. 1 (1966); Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966); Haley v. Ohio, 332 U.S. 596, 601 (1948).

Establecido y esclarecido el derecho, veamos los hechos. Al menor en cuestión, quien tenía 16 años de edad a la fecha de los hechos, se le imputó haber sustraído un televisor valorado en $348 de la residencia de su madre, con quien vivía a la fecha de los hechos. Relató la madre del menor que el 15 de agosto de 1973 estuvo viendo la televisión junto con su marido y sus tres hijos, incluyendo el menor a quien se le imputa la falta y otras dos hijas de 14 y 15 años de edad respectivamente, hasta las 9:30 de la noche, hora en que ella y su marido se fueron a acostar. Atestó la madre que al retirarse con su esposo al dormitorio, permanecieron los “ne-nes” viendo el televisor; que no sabe la hora en que se acos-taron sus hijos; que al otro día por la mañana se percató que el televisor había desaparecido; que al levantarse, el menor imputado no estaba en la casa; que se querelló a la Policía, informándole que creía que el referido menor lo había cogido pero que no lo había visto hacerlo; que luego vino el Policía Crespo con el menor imputado, quien había sido intervenido por el agente Crespo en la escuela a requerimiento de la principal; que el televisor nunca fue recuperado; que ambas hijas, para la fecha de los hechos, estaban “en la escuela” y que nunca había tenido dificultad con ellas. El policía Crespo declaró que detuvo al menor en el pasillo de la es-cuela luego de haberse quejado la principal de que el menor estaba molestando en la escuela y que estaba “endrogado”; que el menor casi no podía andar, hablaba incoherentemente y estaba medio soñoliento.

No cabe la menor duda de que la prueba resumida no rebatió la presunción de inocencia del menor imputado. Más aun, la prueba fue tan débil que podría afirmarse que ni siquiera se probó la falta por la preponderancia de la evidencia, requisito de prueba exigido en los casos civiles.

Por los fundamentos expuestos se revocará la resolución del tribunal de instancia que declara al menor incurso en la falta imputada.

El Juez Asociado Señor Rigau, disintió en voto separado.

Voto Disidente del

Juez Asociado Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 20 de mayo de 1974

He leído íntegra la transcripción de evidencia en este caso. Estoy convencido, como lo estuvo el juez de instancia, de que “el nene” (quién estaba próximo a cumplir 17 años de edad a la fecha de los hechos) hurtó el televisor para endrogarse.

Epílogo de los hechos: Al día siguiente a la noche del hurto, la policía tuvo que intervenir con el peticionario a solicitud de la principal de la escuela porque estaba desordenando y no dejaba dar clases. Estaba “con la dosis”, como declaró una testigo.

Por no tener duda de que el apelante cometió el hurto es que disiento.

       La representación legal del menor intituló su recurso como uno de certiorari. El recurso adecuado y pertinente para revisar las resolu-ciones y órdenes del Tribunal Superior en los procedimientos de menores, que ponen fin al asunto ante el Tribunal, es la revisión o la apelación, según sea el caso. E.L.A. en Interés R.M.R., 83 D.P.R. 242 (1961). Hemos considerado el recurso como uno de apelación.
      Como se sabe, el término para radicar el recurso de revisión o apela-ción empieza a contarse desde el archivo en autos de copia de la resolución del Tribunal Superior que dispone finalmente del asunto, o sea, cualquiera de las órdenes o resoluciones que autoriza el Art. 10 de la Ley de Menores, 34 L.P.R.A. secs. 2001, 2010.

         Pueblo v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 80, 83-84 (1971); E.L.A. en Interés R.M.R., 83 D.P.R. 242, 248 (1961); Pueblo v. Montalvo Acevedo, 83 D.P.R. 727, 731 (1961).

       Véanse Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39, 53-64 (1961); In Re Winship, 397 U.S. 358, 361-364 (1970).

       Para otras medidas que puede tomar el tribunal en relación con menores véase 34 L.P.R.A. sec. 2010.

       Este caso no está adjudicando la aplieabilidad al procedimiento de menores de todos los derechos constitucionales garantizados a los acusados en procesos criminales.

       De haber sido un adulto tal acto constituiría un delito de hurto mayor.


author: per curiam:

text:
    Joaquín Beléndez Solá, Inc., demandante y recurrida, v. Rubén A. Rivera Hernández, haciendo negocios bajo el nombre de Roswell Pharmacal Company, demandado y recurrente.

      Número: R-68-75

      Resuelto: 21 de mayo de 1974

      Demetrio Fernández, abogado del recurrente; Eli Beléndez García y Carlos E. García Pórtela, abogados de la recurrida.
   per curiam:

Joaquín Beléndez Solá, Inc., registró en el Departamento de Estado de Puerto Rico la marca de fábrica “OCTARON”, aplicable a un inyectable para casos de anemia y debilidad. Por años, hasta el 1961, empleó al señor Rubén A. Rivera Hernández, quien entre sus funciones ejercía la de vender el referido producto. Al dejar de trabajar para la entidad mencionada, el señor Rivera se dedicó a la venta de productos farmacéuticos, entre ellos otro inyectable denomi-nado “NEOTRON”, compuesto con la misma fórmula de “OCTRON”. El señor Rivera intentó registrar la marca “NEOTRON” pero el Departamento de Estado se negó a ello en carta de 4 de octubre de 1962, por entender que tal marca era “tan parecida a la ya registrada en este Departamento por Joaquín Beléndez Solá, Inc., y se aplica a la venta dé artículos de las mismas propiedades descriptivas, que de existir ambas causarían confusión en la mente del púb-lico . ...”

El señor Rivera no intentó revisar la determinación del Departamento de Estado, continuando el uso de su marca. En consecuencia, Joaquín Beléndez Solá, Inc., demandó al señor Rivera Hernández, solicitando daños y perjuicios y la expe-dición de una orden para que el demandado se abstuviese de fabricar y distribuir el producto “NEOTRON”. El Tribunal Superior denegó la petición de daños, pero emitió la orden requerida. Para la revisión de esta sentencia recurre el demandado ante nos.

Una de las contenciones centrales del recurrente es que la demandante no probó adecuadamente que el uso de la marca “NEOTRON” produjo confusión en la mente del público, según requiere a su juicio el Art. 4 de la Ley de Marcas de Fábrica. No se cometió el error imputado.

El Art. 4 (f) de la referida ley lee en parte así, 10 L.P.R.A. sec. 194(f):

“. . . Tampoco se registrará una marca de fábrica que sea idéntica a otra marca ya inscrita o conocida que pertenezca a otro y se use en artículos de las mismas .propiedades descriptivas, o que tanto se asemeje a la marca de fábrica perteneciente a otro, que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público, o dé lugar a engaño de los comprado-res ...

Hemos señalado antes, a la luz de este artículo, que basta probar la posibilidad de confusión, sin que haya que probar que ésta se produjo de hecho. Cooperativa de Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964). Al mismo efecto: 3 Callmann, Unfair Competition, Trademarks and Monopolies, 3a-ed., Callaghan & Co., Ill, 1965, § 82.3(a), págs. 848 y ss., Calimafde, John M., Trademarks and Unfair Competition, Alpert Press, Brooklyn, 1970, § 6.18, págs. 314 y ss. Esta es la interpretación que prevaleció también bajo la antigua ley federal de Marcas de Fábrica de 1905, cap. 592, § 5, 33 Stat. 724, de la cual deriva la nuestra y la que prevalece hoy. Colón, R., Jr.: Las marcas de fábrica en los derechos norteamericano y puertorriqueño, 8 Rev. de Derecho Puertorriqueño 38, 40 (1968); Callmann, loc. cit.

La contención del recurrente requiere, no obstante, que nos expresemos sobre la regla que debe privar en esta jurisdicción respecto al peso de la prueba en estos casos. Basta con que un demandante pruebe prima facie que puede ocurrir la confusión para que pase a ser responsabilidad del demandado justificar la similaridad. Mishawaka Rubber & Woolen Mfg. Co. v. S. S. Kresge Co., 119 F.2d 316, 323 (6th Cir. 1941); Callmann, op. cit., vol. 3, pág. 867. La similaridad en sonido puede de por sí concebiblemente sostener la imputación de la infracción de una marca. Calimafde, J. M., op. cit., § 10.01. Mas aquí se fue más allá. La prueba del demandante demostró que se trataba también de productos que utilizaban la misma fórmula y que se destinaban al mismo fin. Le correspondía al demandado presentar prueba de refutación y no lo hizo. Descargada su responsabilidad por el demandante, la sentencia del tribunal de instancia tuvo por tanto el necesario fundamento en la prueba.

Argumenta también el recurrente que la sentencia recurrida violenta las normas establecidas por este Tribunal en relación con la revisión judicial de las decisiones administrativas y apunta a alegadas deficiencias constitucionales por razón de no proveerse vista de clase alguna para las determinaciones del Secretario de Estado bajo la ley que nos ocupa. No se trata aquí, sin embargo, de la revisión judicial de la decisión de un organismo administrativo. Un recurrente tiene en este tipo de caso dos caminos para cuestionar la decisión administrativa en su contra. Puede solicitar la cancelación del registro de la marca ya registrada por otro, 10 L.P.R.A. sec. 200, en cuyo caso se celebra una vista administrativa de surgir oposición a la cancelación, 10 R.&R.P.R. secs. 206-34, ó puede, aunque el estatuto guarda silencio sobre el particular, pedir la revisión del asunto por el Tribunal Superior. López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4 (1957). El recurrente no se valió de ninguno de estos remedios y no hallamos base en los autos para un ataque constitucional al procedimiento seguido.

Hemos examinado otros apuntamientos de error y no halla-mos mérito en los mismos.

Se confirmará por los fundamentos expuestos la senten-cia del tribunal de instancia.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ernesto Figueroa Castro, acusado y apelante.
    Número: CR-73-112

      Resuelto: 22 de mayo de 1974

      Dora Nevárez de Pagan, abogada del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Federico Rodríguez Gelpí', Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo. I.,
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Se acusó a Ernesto Figueroa Castro de dos infraccio-nes a la Ley de Narcóticos de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 974z, alegándose que el 15 de mayo de 1970 tenía en su posesión y dominio (primer cargo) y ocultó y transportó (segundo cargo) la droga narcótica conocida como heroína. Celebrado el juicio ante jurado, éste rindió veredicto de cul-pabilidad en cuanto al primer cargo y absolvió al acusado del segundo cargo. El 30 de noviembre de 1970 fue senten-ciado a la pena de cinco a ocho años de presidio con trabajos forzosos. Oportunamente apeló. Alega la comisión de los erro-res que pasamos a considerar.

En el primer señalamiento de error alega el apelante:

“Erró el Hon. Juez de Instancia al no declarar absuelto peren-toriamente al acusado, según fuera solicitado por la Defensa, y al admitir evidencia material objetada por ésta de:
A) un gotero, una hipodérmica y una chapita que se pre-sentaron en la Vista Preliminar, pero los cuales como cuestión de derecho no podían imputarle delito alguno al apelante ya que no contenían heroína en cantidad susceptible de consumo hu-mano;
Y al soslayar su responsabilidad de decidir, pasándole al jurado la determinación de la admisibilidad de:
B) un deck de heroína que no presentó en la vista preliminar contra el apelante por habérsele imputado originalmente a otra persona.”

La prueba del ministerio público consistió en los testi-monios de un sargento de la Policía y de un perito químico, y en los objetos que se alega fueron ocupados en manos del ape-lante en el lugar en que éste fue sorprendido inyectándose. Lo declarado por el sargento y por el químico puede sinteti-zarse, en lo aquí pertinente, como se indica a continuación.

El sargento dijo que mientras se encontraba en la Barriada Jurutungo de Hato Rey, caminando en servicio de vigilancia, vio que al final de un callejón frente a una casa abandonada, el apelante estaba en cuclillas en compañía de una menor. La menor y el apelante estaban como a un pie de distancia entre sí. El apelante tenía un gotero en su mano derecha, que contenía un líquido rojizo, y le vio “una aguja la cual tenía in-troducida en la piel” del brazo izquierdo. El sargento se acercó y pudo agarrar al apelante, quitarle el gotero y sacarle la aguja del brazo. En el suelo entre el apelante y la menor ocupó una carterita negra, la abrió, y en su interior encontró una envoltura de papel rosa “a manera de deck de las que se usa [sic] en el tráfico de drogas” (T.E. Vol. I, pág. 11)., una aguja hipodérmica y un encendedor y una chapita de las “que se usan para tapar litros de ron con algo sobresalido color negro, o sea, quemado” (T.E. Yol. I, pág. 17). Identi-ficó los objetos a que hizo referencia en su testimonio, los cuales entregó al señor Rufián, que es el perito químico, en dos sobres. En el primero puso el gotero y la aguja hipodér-mica que ocupó al apelante, el encendedor y la chapita, identi-ficando el sobre con el nombre del apelante. En el segundo sobre colocó la carterita, la aguja hipodérmica que ésta contenía y el deck, y lo identificó con el nombre de la menor.

El químico declaró que examinó el contenido de ambos sobres. Su análisis cualitativo del contenido del primer sobre demostró trazas de alcaloide de opio en la chapita y de alcaloide en el gotero, sin que pudiera decir la cantidad contenida ni si era heroína. El deck que había en el segundo sobre contenía heroína en cantidad suficiente para el consumo humano.

El apelante objetó la prueba en cuanto al segundo sobre basándose en que no fue presentada durante la vista prelimi-nar y era sorpresiva. Su objeción fue desestimada. Presentó el testimonio del abogado que le había representado en dicha vista para establecer que en ella se estipuló el testimonio del químico en cuanto a su informe sobre el contenido del gotero y de la chapita. Aunque en la vista preliminar el sargento habló de un deck de heroína hallado en el lugar de los hechos, no se ofreció en aquel entonces prueba de ello contra el acusado.

Alega el apelante que siendo inadmisibles el deck y el análisis químico de su contenido, era insuficiente la prueba para condenarle. Cita a Pueblo v. Márquez Estrada, 93 D.P.R. 811 (1966). No tiene razón. En primer lugar, el deck o envoltura conteniendo heroína hallado en la carterita y el resultado de su análisis químico no eran inadmisibles. El deck de heroína fue ocupado en la inmediata presencia del apelante y en el mismo lugar en que fue sorprendido inyectándose. Su pertinencia es manifiesta. El hecho de que el sargento identificase dicha prueba con el nombre de la jovencita que acompañaba al apelante no la excluye para inculparle a él. Tal actuación no estableció ninguna regla de juego obligatoria para el Estado en el proceso contra el apelante.

No se hizo inadmisible tampoco dicha prueba porque el fiscal no la ofreciera durante la vista preliminar. El fiscal no viene obligado a presentar en una vista preliminar toda la prueba de que dispone para establecer en su día la culpa-bilidad del acusado. Le basta con presentar aquella prueba que convenza al magistrado ante quien se celebra la vista de que se ha cometido un delito y de que hay causa probable para creer que el acusado lo cometió. El propósito de la vista preliminar es “evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal.” Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970). En la vista preliminar el fiscal no tiene que probar la culpa-bilidad del acusado más allá de duda razonable. Esa es su obligación en el acto del juicio. Puede por tanto presentar durante el juicio la misma prueba que ofreció durante la vista preliminar, prueba adicional, y aun prueba distinta.

En la causa que nos ocupa ni siquiera se trata de la presentación por el fiscal de un testigo adicional. Se trata del ofrecimiento de prueba objetiva — el deck o envoltura de heroína — y del testimonio del químico, parte del cual se estipuló durante la vista preliminar. En lo que respecta a la prueba testifical la Regla 52 de Procedimiento Criminal manda que en el acto de la lectura de la acusación, antes de que se le requiera que formule alegación, deberá entregarse al acusado una copia de la acusación con una lista de los testigos. Nada parecido se requiere por dicho ordenamiento procesal ni por ninguna otra disposición de ley respecto de la prueba documental y de la prueba objetiva. Si el acusado interesa conocer la prueba documental y la objetiva con que cuenta el fiscal tiene a su alcance el remedio en la Regla 90 de Procedimiento Criminal. El apelante pudo valerse de dicha Regla y no lo hizo.

El hecho de que la estipulación respecto del testimonio del químico hecha durante la vista preliminar se refiriese únicamente al análisis cualitativo del primer sobre, es decir, el que identificó el sargento con el nombre del apelante, no hacía inadmisible el testimonio del químico respecto del análisis del segundo sobre. Esa circunstancia no estableció un impedimento contra el Estado para ofrecer en el juicio esa otra prueba, muy pertinente sin duda y no afectada por regla alguna de exclusión.

Aun si el deck o envoltura de heroína y el correspondiente informe fueran inadmisibles, el resto de la prueba hubiese sido suficiente y no procedía la moción de absolución' perentoria. Pueblo v. Marquez Estrada, supra, en que descansa el apelante, se basó en una situación de hechos muy distinta a la de la causa que nos ocupa. En Márquez Estrada se le ocu-paron al acusado un cuenta gotas y una aguja hipodérmica en que no había trazas de droga alguna, y una chapa conteniendo una cantidad mínima de cristalitos que el químico supuso que eran residuos de alguna droga en cantidad tan pequeña que “cabían en la cabeza de un alfiler.” Dijimos, a la pág. 816:

“. . . Si bien la posesión de los artículos que le fueron ocupa-dos — la aguja hipodérmica y el cuentagotas — suelen usarse para inyectarse los estupefacientes, en el presente caso no hay prueba de que hubieran sido usados para ese fin. Así lo único que puede conectar al acusado con el delito que se le imputó, son los cris-talitos que aparecieron en la chapa en cantidad mínima (cabían en la cabeza de un alfiler) y que evidentemente no podían ser usados como estupefacientes. Lo más que esta prueba podía es-tablecer era que el tenedor había poseído narcóticos en alguna ocasión anterior. Es claro, pues, que la regla que hemos adoptado es de aplicación a estos hechos y que procede la revocación de la sentencia.” (Énfasis suplido.)

Aquí el apelante fue sorprendido inyectándose. El sar-gento que lo sorprendió vio que tenía un gotero que contenía un líquido rojizo y vio la aguja introducida en la piel de su brazo izquierdo. Al agarrarlo le quitó el gotero y le sacó la aguja del brazo. No era necesario hallar en el gotero o en el cuentagotas cantidad alguna de alguna droga que fuera suficiente para el consumo humano. El químico que analizó los residuos que quedaban en el gotero y en la chapita determinó la presencia de alcaloide en el gotero y trazas de alcaloide de opio en la chapita. Ya la droga había pasado del gotero al cuerpo del apelante. Era la inferencia que lógicamente tenía derecho a hacer el jurado, aun en ausen-cia de la prueba sobre el deck de heroína. Cf. Pueblo v. Rosario Rivera, 96 D.P.R. 13, 14-15 (1968) y Pueblo v. Encarnación Encarnación, 95 D.P.R. 933, 935 (1968).

El segundo apuntamiento de error se refiere a las ins-trucciones al jurado respecto de los posibles veredictos. Fueron como sigue:

“Con estas instrucciones, señores del Jurado, ustedes habrán de deliberar ahora sobre los méritos de estos casos, de suerte que ustedes pueden traer cualesquiera de los siguientes veredic-tos, culpable del primer cargo, culpable del segundo cargo, no culpable del primer cargo, o culpable del segundo cargo, o a la inversa, pueden traer un veredicto de culpabilidad después de aquilatar la prueba, y darle el valor que merezcan, pueden traer al acusado culpable de ambos cargos, o no culpable de los dos cargos, o culpable de un cargo y no culpable de otro. Esos son los posibles veredictos que ustedes pueden considerar.”

El apelante cita Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971) y argumenta que las instrucciones impartidas al ju-rado “no responden a la prueba desfilada” y que si a base de dicha prueba el jurado concluía que el apelante tenía “conoci-miento, dominio, control y por tanto posesión de la droga, nece-sariamente dada la prueba de autos, tenía que concluir que se había ocultado y transportado hasta allí la heroína.” Estamos de acuerdo con la conclusión del apelante de que si él poseía la droga, alguien tenía que haberla ocultado y transportado hasta el sitio en que fue sorprendido poseyéndola. Empero, ese alguien no necesariamente tuvo que ser el apelante. Así tenía derecho a determinarlo el jurado y la prueba justi-ficaba la instrucción que permitió veredictos distintos para los dos cargos imputados.

En Landmark la prueba consistió en el testimonio de un agente encubierto que declaró que se ganó la confianza del acusado y que el acusado lo condujo hasta un servicio sanita-rio en la Universidad Interamerieana en San Germán y allí sacó de un bolsillo de su pantalón una bolsa plástica conte-niendo picadura de marihuana que le vendió al agente por $5.00. Dijimos, a la pág. 77:

“. . . La prueba con respecto a los cargos imputados — pose-sión, transportación y venta — fue la misma para los tres cargos. Consistió, como hemos visto, del testimonio del agente encubierto con respecto a una simple transacción en que los actos de pose-sión, transportación y venta ocurren casi simultáneamente. Co-rrespondía exclusivamente al jurado determinar la credibilidad de este testigo. La alternativa era sencilla y libre de confusión: o le daba completo crédito, en cuyo caso venía obligado a traer un veredicto de culpable en los tres cargos, o no se lo daba, en cuyo caso se imponía un veredicto absolutorio en todos los car-gos.”

Esa afirmación no tiene ni puede tener el alcance de establecer como regla absoluta que cuando la prueba para dos o más cargos consiste en el testimonio de un solo testigo, el veredicto o fallo tiene que ser mandatoriamente igual para todos los cargos. Bajo los hechos de Landmark no podían justificarse veredictos distintos. El agente atestiguó sobre una transacción ocurrida entre él y el acusado, sin la intervención de terceros. Si se le creía, por ejemplo, en cuanto a que el acusado tenía en su posesión la picadura de marihuana pero no se le creía en cuanto a que la transportó hasta el servicio sanitario o en cuanto a que la vendió al agente, tenía forzosamente que dudarse seriamente del testimonio de éste sobre el aspecto de la posesión. Siendo ese testimonio la única prueba para sostener el cargo de posesión, hubiese sido forzosa la absolución del acusado en dicho cargo.

El Art. 162 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1679, dispone en su tercer párrafo:

“Un testigo que hubiere faltado a la verdad en una parte de su declaración, deberá ponerse en duda respecto a otras.”

Interpretando dicha disposición hemos rechazado la aplicación en esta jurisdicción de la máxima “falsus in unus, falsus in omnibus.1” Hemos resuelto que el hecho de que un testigo falte a la verdad respecto de uno o más particulares no autoriza que por ese solo hecho se rechace toda su declaración. Pueblo v. Pacheco Betancourt, 92 D.P.R. 698 (1965), Pueblo v. Orellano Gómez, 92 D.P.R. 546 (1965), Pueblo v. Méndez Feliciano, 90 D.P.R. 449 (1964), Pueblo v. Nazario, 87 D.P.R. 130 (1963) y Pueblo v. Nieves, 57 D.P.R. 784 (1940). Es cuando un testigo falta voluntariamente a la verdad en aspectos esenciales de su testimonio que se justifica su rechazo total. Pueblo v. Pérez Escobar, 91 D.P.R. 10, 17 (1964).

En la causa que nos ocupa, distinto a Landmark, el ju-rado no se enfrentó a una situación de posibles contradic-ciones en el testimonio del único testigo presencial de los hechos que pudieran justificar la conclusión de que dijo verdad respecto a un cargo y mintió en cuanto al otro cargo de la acusación. Lo cierto es que su testimonio, creído como lo fue, estableció suficientemente en Derecho que el apelante poseía la droga al ser sorprendido inyéctandose. Ese testi-monio, sin embargo, no podía justificar un fallo condenatorio por el delito de transportar u ocultar heroína pues no podía dar base ni siquiera a una inferencia contra el apelante de que él la transportó u ocultó. Pudo ser llevada al lugar en que él se inyectaba bien por la menor que lo acompañaba o por uña tercera persona. La instrucción dada al jurado por el juez sentenciador fue correcta.

Alega el apelante mediante el tercer apuntamiento de error que el “efecto acumulativo” de los dos primeros errores “constituye una privación del debido procedimiento de ley.” No habiéndose cometido dichos errores, no pudo cometerse el tercero, que se hace depender de aquéllos.

Considerando que a la fecha en que entraron en vigor los Arts. 602 y 608 de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. secs. 2602 y 2608, estaba pendiente esta causa por haber sido apelada la sentencia, el apelante tiene derecho a acogerse a los beneficios del Art. 404 de dicha ley, 24 L.P.R.A. sec. 2404, que impone penalidades más benignas que la ley bajo la cual fue convicto. Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859 (1974). Cf. Padilla Figueroa v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 933 (1974).

Toda vez que la prueba demuestra que la posesión de la droga por el apelante era para consumo propio le aplicarían, conforme a la “disposición transitoria” original del Art. 608, las penalidades de uno a tres años provistas por el Art. 404 (a) que estuvieron en vigor desde el 23 de junio de 1971 hasta el 31 de mayo de 1972.

Debe confirmarse el fallo condenatorio y devolverse el ex-pediente a la Sala sentenciadora para que proceda a resenten-ciar al apelante conforme a lo dispuesto por el Art. J¡.OU de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404.

       Dicha Kegla dice:
      “Previa moción del acusado sometida en cualquier momento después de haberse presentado la acusación, el tribunal podrá ordenar al fiscal que produzca para ser inspeccionados, copiados o fotografiados por el acusado o su abogado, determinados objetos, libros, documentos y papeles que no fueren declaraciones juradas, con excepción de la declaración del propio acusado, que El Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo y que pudieren ser necesarios para la preparación de la defensa del acusado, independientemente de que El Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en evidencia. La orden especificará el tiempo, lugar y manera de hacer la inspección, de sacar las copias o tomar las fotografías y podrá prescribir los términos y condiciones que el tribunal estimare justos.”