author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Rigoberto Batiz y Otros, peticionarios, v. Tribunal Superior, Sala de Ponce, Hon. Víctor Vargas Negrón, Juez, demandado.

      Número: O-74-410

      Resuelto: 11 de septiembre de 1975

      Luis Negrón López, Luis Negrón Lizardi y S. L. Lagarde Garcés, abogados de los peticionarios;
      Antonio Zapater Cajigas, abogado de Joaquín Batiz Oliveras.

       Dichos abogados han radicado una “Moción Sobre Renuncia de Representación” de fecha 29 de julio de 1975. A esta fecha el Tribunal nada ha provisto en relación a la misma.

   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de un procedimiento legal especial de división y partición de herencia en el que la mayoría de los herederos impugnan el informe particional preparado por el contador-partidor de la herencia y sometido al tribunal por el albacea testamentario y al respecto notifican a este último un inte-rrogatorio invocando la Regla 30 de las de Procedimiento Civil, y simultáneamente solicitan el nombramiento de un comisionado especial bajo la Regla 41 del mismo cuerpo para que éste estudie las operaciones particionales presentadas por el contador-partidor.

El trámite comenzó con una petición ex parte en la que se solicitaba la expedición de cartas testamentarias al amparo del Art. 597 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. see. 2571, cuyo trámite es de los caracterizados como procedimiento legal especial. Continuaron las gestiones usuales con la formación de inventario y la subsiguiente rendición periódica de cuentas por el albacea testamen-tario, siguiéndose luego el trámite de división y partición de herencia (establecido por el Art. 1010 del Código Civil de Puerto Rico, y reglado por el Art. 597 del Código de Enjui-ciamiento Civil de 1933), el cual comenzó con la aceptación del cargo de contador-partidor por el Ledo. Antonio Zapater Caji-gas, quien fuera designado para tal cargo por el testador.

El Albacea solicitó y obtuvo prórroga del término de alba-ceazgo por haber vencido el término original de dos años más los dos años de prórroga que concediera el propio testador. Luego el contador-partidor rindió su voluminoso y complicado informe que consta de 97 páginas y en el cual se relacionan innumerables bienes valorados en la suma de cuatrocientos se-senta y un mil setecientos cinco dólares con quince centavos ($461,705.15).

Oportunamente, la mayor parte de los herederos impugna-ron el referido informe particional aduciendo en su apoyo los siguientes fundamentos: (1) la inclusión indebida como bienes gananciales del segundo matrimonio del causante ciertos bie-nes pertenecientes a la primera sociedad matrimonial, (2) la exclusión indebida de ciertas partidas de dinero pertenecientes a la primera sociedad de gananciales y utilizados para la ad-quisición de bienes que aparecen como de la segunda sociedad; (3) la exclusión indebida de una “gruesa suma de dinero” per-teneciente a la primera sociedad y que fuera utilizada para erogaciones relacionadas en la moción sobre impugnación, y (4) la tasación baja e irreal de una finca urbana que consti-tuye un legado del causante a una de sus hijas.

En ánimo de obtener información con respecto a las varias partidas objeto de impugnación los peticionarios cursaron el interrogatorio aludido al albacea testamentario a través de su abogado (y contador-partidor) Ledo. Zapater Cajigas, y simultáneamente solicitaron el nombramiento de un comisiona-do especial. El tribunal de instancia declaró sin lugar tanto los interrogatorios como la solicitud de nombramiento de comisionado especial arguyendo que las Reglas de Procedi-miento Civil invocadas no son aplicables al procedimiento legal especial de división y partición de herencia. Los herederos peticionarios recurren de ambas determinaciones por conside-rarlas errores como cuestión de derecho.

El recurso ante nos plantea pues las dos cuestiones siguientes:

1. ¿Pueden aplicarse al procedimiento especial de división y partición de herencia las normas procesales sobre interrogatorios que establece la Regia 30 de las de Procedimiento Civil de 1958, a pesar de lo dispuesto por la Regla 61 del mismo cuerpo ?

2. ¿Procede dentro del procedimiento de division y partición de herencia el nombramiento de un comisionado especial bajo la Regla 41 de las de Procedimiento Civil para que dicho comisio-nado estudie las operaciones particionales sometidas por un contador-partidor en cumplimiento de la encomienda háchale por el testador al amparo del Art. 1010 del Código Civil y la reglamentación de sus funciones bajo las disposiciones aplicables del Código de Enjuiciamiento Civil?

Examinemos el error señalado concerniente a la proce-dencia de los interrogatorios en un procedimiento como el que dio lugar al presente recurso.

El procedimiento especial de división y partición de he-rencia está regulado por los Arts. 600 al 605 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, 32 L.P.R.A. see. 2621 et seq. Dicho procedimiento es uno de jurisdicción voluntaria cuyo trámite se inicia mediante la presentación de una solici-tud “ex parte”, y que por su naturaleza no se considera contencioso. Véanse Ruiz v. Ruiz, 74 D.P.R. 347, 351 (1953); Lassús et al. v. Ducret, et al., 26 D.P.R. 390, 392 (1918); Trinidad et al. v. Suc. Trinidad et al., 19 D.P.R. 647, 652-55 (1913). No se limita, sin embargo, la comparecencia ante el tribunal a una sola parte. Por el contrario, con frecuen-cia sucede que dentro de un procedimiento de jurisdicción voluntaria comparecen al tribunal varias partes en defensa de intereses completamente opuestos. Cuando así ocurre, como en el caso de autos, se establece una genuina controversia a ser adjudicada por un tribunal de instancia mediante un trá-mite dotado de múltiples características análogas a las de un juicio contencioso o plenario. Véanse Mercado v. Mercado, 66 D.P.R. 38, 62 (1946); Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 673, 676 (1948).

La Regla 1 de las de Procedimiento Civil impone la obli-gación de interpretar y aplicar nuestro ordenamiento procesal de suerte que se garantice una solución justa, rápida y econó-mica de todo procedimiento de naturaleza civil que se tramite ante nuestro Tribunal General de Justicia. 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 1; véanse Pérez Cruz v. Fernández, 101 D.P.R. 365, 373 (1973); Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168, 176 (1965). Pueden verse además: Ramos v. Trans Oceanic Ins. Co., 103 D.P.R. 298 (1975); Moore, Federal Practice, vol. 2, parte 1, sec. 1.13[1], pág. 281 et seq. Más aún, la adjudicación de controversias debe hacerse libre de for-malismos y sutilezas puramente legalistas. Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862 (1962); Sucn. Guerra v. Sánchez, 71 D.P.R. 807 (1950). Ello no obstante, no debe perderse de vista el principio cardinal de que las reglas no pueden dero-gar, ampliar o modificar los derechos sustantivos de los li-tigantes. Rivera v. Cotto, 68 D.P.R. 655 (1948).

Podría argüirse que los principios mencionados precedentemente son aplicables a las acciones civiles ordinarias pero no a las de carácter especial, ya que la propia Regla 61 de las de Procedimiento que hemos transcrito parece excluir la aplicación de las Reglas a los procedimientos legales especiales y limitar su aplicación a los remedios extraordinarios en tanto en cuanto aquéllas no conflijan con las normas procesales establecidas para éstos. Se ha dicho que “para que las leyes no sean letra muerta, precisan otras leyes que tengan por objeto asegurar la ejecución de las primeras. Estas son las leyes procesales.” “Y por lo mismo, de ellas depende, en realidad, todo el éxito del sistema jurídico.” Enciclopedia Jurídica Española, Derecho Procesal, tomo 11, pág. 288, Seix, 1910. Por ello, en casos como el de autos, al adquirir carácter contencioso un trámite que en su principio tuvo ca-rácter de juicio de jurisdicción voluntaria, pasa dicha ac-ción al ámbito de los procedimientos de naturaleza civil a los que se deben aplicar las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, siempre que al así hacerlo no se contravengan ni la letra ni el espíritu de las normas procesales estatuidas en el Código de Enjuiciamiento Civil para el procedimiento legal especial de que se trate, en este caso una división y parti-ción de herencia. Esto no solamente se ajusta a la Regla 1, que exige una interpretación que garantice una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento, sino que además encaja dentro del espíritu de la Regla 71 que permite al tribunal, cuando no se hubiere previsto un procedimiento especí-fico, el reglamentar el procedimiento en cualquier forma que no sea inconsistente con cualquier disposición de ley apli-cable.

La naturaleza de la impugnación presentada por los peti-cionarios al informe del contador-partidor requiere que las partes acudan a la vista que habrá de celebrarse con conoci-miento pleno de los hechos envueltos. Estos no pueden dilu-cidarse adecuadamente sin la oportunidad que ofrece el meca-nismo de descubrimiento de pruebas provisto por la Regla 30, el cual no es incompatible con un procedimiento especial de albaceazgo y división y partición de herencia como el que motiva este recurso, que en este caso fue iniciado en el año 1967. Mal puede oponerse a contestar los interrogatorios sometídosle un albacea que requirió para la tramitación del albaceazgo los dos años que le concedió el testador, más dos años de prórroga y lo que ha transcurrido desde entonces y especialmente cuando el contador-partidor, quien es a su vez el abogado del albacea, se tomó casi cinco años para rendir el informe particional. Los peticionarios por su parte tam-bién incurrieron en demora, según surge de las innumerables posposiciones y prórrogas por ellos solicitadas y obtenidas.

En evitación de demoras indebidas, de las que ha sufrido el sistema judicial por muchos, años, la Legislatura de Puerto Rico ha restringido el término en que se pueden utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba de suerte que éstos sólo puedan ser iniciados y utilizados por las partes dentro del término de sesenta (60) días computados desde la fecha de notificación de alegación responsiva a la demanda, a una re-convención, reclamación contra tercero o demanda contra co-parte; pero concediéndole al tribunal discreción para pro-rrogar dicho término por motivos justificados no atribuíbles al descuido o indiferencia de la parte solicitante de la prórroga o a su abogado. 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 34.6. En este caso en particular el interrogatorio fue sometido con antela-ción a la fecha de vigencia de la referida ley; no obstante, para evitar retrasos adicionales, el tribunal de instancia limitará el descubrimiento de prueba a sesenta días, contados a partir de la fecha del envío del mandato al albacea para que éste conteste el interrogatorio.

Debemos consignar que el único fundamento aducido por el albacea ante el tribunal de instancia en oposición al interrogatorio notificádole fue la no aplicación de las Reglas de Procedimiento Civil al procedimiento legal especial de división y partición de herencia. No hubo súplica alguna en la alternativa rogando se le relevara de contestar el mismo por ser la información solicitada de carácter privilegiado o impertinente, ni invocó dicho albacea la protección contra molestias, gastos innecesarios o situaciones embarazosas u opresivas. Reglas 23.2 y 30 de las de Procedimiento Civil; Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959); Concreto Mixto, Inc. v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 567 (1964). No habiéndose demostrado que los interrogatorios serían improcedentes a la luz de las reglas mencionadas, y habida cuenta de que en la vista a celebrarse se discutirá un informe partieional extenso y complicado, el tribunal ordenará al albacea que conteste el interrogatorio sometídole a tenor con lo dispuesto en la Regla 30 de las de Procedimiento Civil. Puede verse Hartman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 124, 137 (1969).

En cuanto al segundo error imputado, el mismo no se cometió. La Regla 41 de Procedimiento Civil que provee para el nombramiento de un comisionado especial es a todas luces incompatible con e inaplicable al procedimiento sobre partición y división de herencia regulado por las ya mencionadas disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil. Dicho articulado provee precisamente para el nombramiento de un contadorpartidor a quien inclusive se le denomina “comisionado” en los Arts. 602 y 603, 32 L.P.R.A. sees. 2623 y 2624, y cuyas atribuciones, prerrogativas y responsabilidades son casi idénticas a las que confiere la Regla 41 al comisionado especial. Es deber del que ocupe cualquiera de los dos cargos mencionados efectuar una investigación sobre los bienes envueltos y las cargas o deudas que pesen sobre ellos y a esos fines están autorizados a celebrar las vistas que fueren menester para examinar y recibir prueba documental, testimonios orales, etc. Pesa sobre ambos idéntica responsabilidad de someter un informe al tribunal, cuyos informes son susceptibles de impugnación por las partes interesadas, pudiendo el tribunal celebrar vista para escuchar prueba al respecto, luego de la cual puede aprobar el informe con o sin enmiendas, devolverlo para que se enmiende, o rechazarlo de plano. Art. 603 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2624, y Regla 41.5 de las de Procedimiento Civil, 1958, 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 41.5.

En vista de esta marcada similaridad, ¿qué propósito útil puede tener el que se nombre un comisionado especial en un procedimiento sobre división y partición de herencia cuando éste únicamente serviría para repetir la labor del contador-partidor? Tal imbricación de funciones sólo duplicaría el pro-cedimiento, haciéndolo innecesariamente complicado, largo y oneroso a las partes, todo ello en contravención a lo dispuesto por las Reglas 1 y 61 de las de Procedimiento Civil. Puede verse Farber Electric v. Professional Realty Corp., 85 D.P.R. 459, 466-67 (1962).

Se dictará sentencia modificando la resolución del tribunal de instancia a los efectos de ordenar al álbacea que a tenor con lo dispuesto en la Regla 30 de las de Procedimiento Civil de 1958 conteste el interrogatorio sometídole en 1U de noviembre de 1973 en el caso civil CS-67-1611, Joaquín Batiz Oliveras, ex parte, y así modificada se confirmará la misma.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué no intervinieron.

       El Ledo. Zapater Cajigas, además de ser contador-partidor, es abogado del albacea. testamentario, sirviendo además de Notario Público ante quien dicho Albacea juramenta sus informes periódicos al tribunal, y fue el Notario ante quien el causante otorgó su testamento. Nos llama la atención la dualidad señalada en las funciones del referido Notario y aprovechamos para expresar que no es la práctica más recomendable para el contador-partidor servir a su vez como abogado del albacea ya que tales funciones podrían ser conflictivas. Habiendo sido nombrado el Ledo. Zapa-ter contador-partidor por el causante no debe colocarse en la situación delicada de representar al albacea en su carácter de abogado. Nótese que en el caso de autos el albacea se enfrenta a la mayoría de los herederos negándose a contestar interrogatorios relativos al informe que preparó su propio abogado en sus funciones como contador-partidor, cuyo informe es impugnado por dichos herederos. Lo expresado acoge el ideal ético que rechaza el conflicto de intereses en el más leve grado.

       La Regla 61, transcrita literalmente, lee como sigue:
      “Todos los procedimientos legales especiales y cualesquiera otros procedimientos de naturaleza especial no incluidos en las Reglas 55, 56, 57, 58, 59 y 60 se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspondiente. Cuando el estatuto pertinente haga aplicables las antiguas reglas de enjuiciamiento civil, el remedio solicitado podrá obtenerse de acuerdo con el procedimiento ñjado por estas reglas. Estas reglas se con-siderarán también como derecho procesal supletorio para todos los recursos extraordinarios.” 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 61.
      Las Reglas 55 a 60 se refieren a los siguientes procedimientos respec-tivamente:
      R. 55 — Remedios extraordinarios en general.
      R. 56 — Remedios provisionales para asegurar la efectividad de una sentencia.
      R. 57 — Órdenes de entredicho e interdictos.

        R. 58 — Expropiación forzosa.
      R. 59 — Sentencias declaratorias.
      R. 60 — Reclamaciones de cien dólares o menos.

       Desde principios de siglo hemos considerado actos de jurisdicción voluntaria todos aquellos en que fuera necesaria o se solicitare la inter-vención del juez sin estar empeñada ni promoverse cuestión alguna entre partes conocidas y determinadas. Rivera v. Corte, 68 D.P.R. 678, 675-76 (1948); Ex Parte Nadal, 5 D.P.R. 110 (1904). Tales procedimientos incluían tradicionalmente a los juicios de testamentaría y abintestato, división y partición de herencia, nombramiento de tutores y defensores, adopción, autorizaciones sobre derechos y bienes de menores, administra-ción de bienes de ausentes, alimentos provisionales, etc.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    La Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Don Ismael Placa Hernández y su esposa Doña Epifania Estremera, demandantes y recurridos, v. La Sociedad Legal de Gananciales compuesta por Don Mateo Vázquez y su esposa Doña Ana Santiago, demandados y recurrentes.

      Número: R-72-112

      Resuelto: 15 de septiembre de 1975

      Néstor E. Vega Soto, Guillermo Figueroa Prieto, Rafael A. Martínez Pérez, Manuel Reyes Dávila, Waldemar Cima del Valle Malavé, Zoraida Guzmán de Bartolomei, Frances Diaz Medina, Armando Cardona, Ivonne Díaz de Carreras y Carlos I. Gorrín Peralta, abogados de los recurrentes; Jesús E. Palmer, Guillermo Arbona Lago y Augusto Palmer, aboga-dos de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Un marido desempleado a punto de perder su casa gra-vada con dos hipotecas, decidió venderla. Al encontrar com-prador compareció ante un notario, le informó que su esposa estaba conforme y se procedió al negocio pagando el compra-dor una de las hipotecas, asumiendo la otra y entregando el balance del precio al marido con la sola firma de éste. Cuando el notario fue a tomar la firma de la mujer en su residencia ésta rehusó. La prueba fue contradictoria; la del comprador sostuvo que la mujer dijo estar enterada de la necesidad de la venta, que ratificó su conformidad con la misma y le aseguró al comprador que le firmaría la escritura, pero posponiendo el acto para cuando regresara su marido que la había abando-nado. La esposa se sentó en la silla testifical y hasta negó que la casa estuviera en venta.

El juez de instancia dirimió el conflicto en la prueba y re-solvió que había mediado el consentimiento de ambos cónyuges al tiempo en que el marido firmó la escritura. La esposa ha recurrido y expedimos el auto por las circunstancias peculia-res que habrán de tratarse más adelante en esta opinión,

Hemos de resolver en primer término la objeción de la recurrente a la jurisdicción del tribunal de instancia, fundada en que dirigida la demanda contra la sociedad de gananciales vendedora debió emplazarse al marido aun cuando hubiera ya firmado. Toda vez que la sala de instancia concluyó, con base en la prueba, que la demandada recurrente Ana Santiago había consentido la venta del inmueble ganancial, faltando sólo el requisito formal externo de otorgamiento del título ya cumplido por su marido, la sociedad de gananciales no era parte propia ni necesaria en la acción. Como determinó la sala, ya la sociedad había dado su consentimiento representado por la conformidad y concurrencia de voluntades de ambos cónyuges sobre la venta. Que uno de éstos rehusara o se retractara posteriormente no trae a la sociedad nuevamente al marco de contratación. Lo que restaba para formalizar el contrato no era el consentimiento de la sociedad, sino el acto personal de firma por la esposa recalcitrante. La inclusión del marido vendedor y de la sociedad conyugal como partes fue un acto superfluo y la acción civil debe tenerse como dirigida exclusivamente contra la mujer. Cualquier defecto en la denominación del pleito o en la súplica del remedio, no es óbice para que el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba. Reglas 70 y 44.3 de Procedimiento Civil. No existe, por tanto, cuestión jurisdic-cional derivada de la falta de emplazar al marido.

Hemos leído cuidadosamente la transcripción del testimonio en juicio de la esposa recurrente. Carece de la fuerza intrínseca y hasta del ardor con que se reclama su derecho por quien es defraudado. No es la afirmación explícita o al menos ingenua en cuanto a haber rehusado consentimiento a la venta de tal modo que nos mueva a sustituir la apreciación de la prueba por la que hizo la sala de instancia. La función estimativa de la prueba corresponde al juez ante quien se ventiló el pleito y sus determinaciones podrán ser modificadas sólo en casos extremos de error. La revisión no es un segundo juicio al punto en que si el conflicto en la prueba pudiere resolverse en favor o en contra de una parte, la elección del juez de primera instancia en la esfera de credibilidad pueda ser suplantada.

Sería lamentable que el marido vendedor hubiese defrau-dado la confianza que le otorgó la esposa al consentir la venta sin exigir la previa entrega de su participación, si alguna hubiere, luego de enjugadas las deudas de la sociedad, entre ellas las que motivaron la venta. Sin embargo, la esposa no tiene derecho a rehusar la firma poniendo como condición que los compradores localicen su marido o se conviertan en cobra-dores de lo que ella alegue ser su parte líquida en el precio.

A pesar de la solución dada a este caso en particular, en gran medida dictada por el estado de jurisprudencia hasta ahora, hemos de rechazar la práctica notarial de aceptar la declaración del marido como suficiente testimonio de la conformidad de la esposa para que se vendan o graven inmuebles gananciales. Si bien el vocablo “expreso” utilizado en el Código Civil para calificar dicho consentimiento no implica necesariamente que éste se otorgue por escrito, no hay mejor testimonio que la firma del cónyuge para asegurarse de su libre consentimiento. Prescindir de la firma y darle curso a la transacción hasta llegar a la entrega del precio- sujeta el título a impugnación judicial que es la más indeseable alternativa que confronta al notario. Es la negación del viejo proverbio ético: notaría abierta, juzgado cerrado.

El hecho de que se hayan validado transacciones aplicando el principio de espiritualidad de la contratación, no convierte en buena práctica notarial el otorgamiento de documentos que implican la enajenación o gravamen de bienes gananciales faltando la firma de uno de los cónyuges. Habrá casos en que la prueba no salve al comprador de la pérdida del precio anti-cipado, ni al vendedor de la cárcel, ni al notario de las tenebrosas consecuencias de su descuido.

Los notarios, que en Puerto Rico son también abogados, deben tener inalterable preocupación por que se cumpla sin contemplaciones el mandato legislativo expresado en el Art. 91 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 284): los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados bajo pena de nulidad sino mediante el consentimiento expreso de ambos cónyuges; y reiterado en el Art. 1313 (31 L.P.R.A. see. 3672): el marido no podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes inmuebles de la sociedad de ganan-ciales, sin el consentimiento expreso de la mujer. Toda enaje-nación o convenio que sobre dichos bienes haga el marido en contravención a esta sección y las demás dispuestas en el Código o en fraude de la mujer, será nulo y no perjudicará a ésta ni a sus herederos.

Hasta que se corrija esta sensible debilidad en la ley que en determinadas circunstancias admite como “expreso” un consentimiento que nunca se dio por escrito, los jueces deberán oír la prueba en tales casos con gran reserva y con la exigencia inexorable destinada a erradicar el discrimen y reivindicar el debido proceso de ley.

Confirmada.

        Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637 (1967).

       Art. 192 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4310)
      “Será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un año y máximo de cinco años toda persona casada que con el fin de obtener un beneficio para sí o un tercero y en perjuicio de su cónyuge o de un ter-cero, fraudulentamente pretenda estar autorizada para vender o hipotecar un bien inmueble, sin el consentimiento del otro cónyuge, siendo éste indispensable para la validez de dicho acto j'urídico, y baj'o tal pretendida autori-zación lo vendiere o hipotecare.”


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Antonia González y Otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Municipio de Yabucoa, demandados y recurrente el último.

      Número: R-72-187

      Resuelto: 17 de septiembre de 1975

      Agrait, Otero & Oliveras, abogados del recurrente Municipio de Yabucoa; Delgado & Ortiz, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de un caso de daños. La ilustrada Sala Senten-ciadora declaró con lugar la demanda y condenó al Municipio de Yabucoa a pagar una sentencia que totaliza $75,600.00.

A petición del Municipio decidimos revisar. El recurrente hace cuatro señalamientos de error, pero a los fines de esta decisión, en vista de lo que vamos a resolver, basta que men-cionemos dos de ellos. El segundo, que erró el tribunal al hacer responsable al municipio del deceso de Rafaela Cordero; y el tercero, que erró el tribunal al aplicar la doctrina de res vpsa loquitur contra el recurrente.

Luego de un estudio completo del caso — sentencia, alega-tos, transcripción de evidencia, etc. — hemos llegado a la con-clusión de que debemos revocar. Nos explicamos a continua-ción.

En la mañana del 5 de abril de 1968 Rafaela Cordero se presentó en el Hospital Municipal de Yabucoa quejándose de dolores abdominales. El Director Médico de dicho hospital, Dr. Miguel E. Martínez, la examinó y diagnosticó úlcera en el estómago e hipertensión arterial.

El facultativo ordenó que la paciente fuese ingresada en el hospital para observación y que se le' suministrase el si-guiente tratamiento: (1) Glucosa — 500 cc. al 5%, intrave-noso; (2) Belladenal — 2 eucharaditas 4 veces al día; (3) Crea-malin — 1 cucharada después de las comidas; (4) Luminal (sedante barbitúrico) 1 tableta de 2 gr. 2 veces al día; (5) una inyección de Veperone (analgésico); (6) una inyección de Atropina 1/150 (antiespasmódico); (7) Serpasil, tabletas de 0.25 mg.

Las primeras dosis de ese tratamiento le fueron suminis-tradas a la paciente a las 10:00 A.M. de dicho 5 de abril, por la enfermera Carmen Clara Rodríguez. A las 3:00 P.M. dicha enfermera fue relevada por la enfermera María Ana Cintrón. Entre esa hora y las 9:00 P.M. la enfermera Cintrón dio a la paciente una segunda dosis de las siguientes medicinas: Belladenal, Creamalin, Luminal y Serpasil.

Alrededor de las 4:00 P.M. la enfermera Cintrón observó que la paciente sentía frío y que tenía fiebre (37.8 grados). A las 8:00 P.M. la fiebre había aumentado (39.5 grados). A las 6:00 P.M. visitaron a la paciente su hija, Justina Cordero, y el esposo de ésta. La paciente estaba febril.

A las once de la noche del mismo día 5 la enfermera Cin-trón fue relevada por la enfermera Gilbert. A la 1:00 A.M. del día 6 de abril Gilbert suministró a la paciente una tercera dosis de Belladenal.

A las 7:00 A.M. del día 6 la enfermera Gilbert fue rele-vada por la enfermera Lydia E. Morales de Burgos. Alrede-dor de las 8:00 A.M. el Dr. Martínez vio a la paciente por segunda vez y ordenó que se le suministrase una segunda dosis de glucosa, otra segunda inyección de Atropina y una primera dosis de Gelusil (antiácido).

A las 9:00 A.M. la enfermera Burgos suministró a la pa-ciente Atropina, Gelusil, una cuarta dosis de Belladenal, una tercera dosis de Creamalin, una tercera dosis de Luminal y una tercera dosis de Serpasil.

Alrededor de las 10:30 A.M. del mismo día 6 Carmen, hija de 17 años de edad de la paciente, fue al hospital a verla. En ese momento la paciente estaba en el cuarto de baño y Carmen esperó que saliera. Carmen ayudó a su madre a acostarse y le dio a tomar un chocolate que le trajo en un termo. Mientras conversaban la paciente comenzó a vomitar. En ese momento llegó Justina, otra hija de la paciente. Llamaron a la enfer-mera y ésta observó que la paciente estaba cianótica y que vomitaba.

La enfermera le suministró a la paciente oxígeno por la vía nasal y glucosa intravenosa. Observó que la paciente que-dó inconsciente y que tenía el pulso débil. Salió a buscar un médico y encontró al Dr. Larios. Al regresar la enfermera con el médico ya la paciente había muerto. Murió a las 11:00 A.M. del 6 de abril.

Veinticuatro horas después, el Dr. Bolívar Patiño practicó la autopsia del cadáver. El examen patológico no demostró trombosis, ni condición crónica o patológica del corazón, ni condición crónica de patología gástrica; el cuadro de la pato-logía fue de intoxicación aguda.

El Dr. Patiño encontró en el estómago de la occisa abun-dante cantidad de una sustancia amarilloverdosa, cuya com-posición él no pudo precisar al momento de practicar la autop-sia. Concluyó que la intoxicación fue producida por la “inges-tión de una sustancia química, pendiente de estudio toxico-lógico.” El doctor envió al Instituto de Medicina Legal del Centro Médico, para análisis toxicológico, 50 cc. de esa sus-tancia y 50 cc. de la sangre de la occisa.

El toxicólogo, Dr. Sydney Kaye, encontró que tanto la muestra de sangre, como la gástrica, contenían abundante cantidad de glutamida, droga que se vende con el nombre de “Doriden.”

Según la prueba, el Dr. Martínez no recetó Doriden a la occisa; en el hospital no había existencias de Doriden; dicha droga no había sido comprada para el hospital por el Munici-pio; y ninguna de las enfermeras suministró Doriden a la occisa. Tampoco hay prueba de que las hijas de la occisa le suministraran el Doriden. La administración del hospital per-mite visitas a pacientes durante ciertas horas de la mañana y de la noche y si alguien entra fuera de horas lo sacan.

Los dos errores antes mencionados se cometieron. La prueba demuestra que la paciente fue objeto de atención hos-pitalaria y médica; que no medió negligencia en su atención profesional y cuidado hospitalario; y que no es un caso de res ipsa. El comportamiento de la paciente fue el normal de un paciente que siente dolores. No hay indicios de comporta-miento anormal o extraordinario alguno de parte suya que requiriese del hospital medidas extraordinarias de precaución. Santiago v. Prof. Hospital, Inc., 97 D.P.R. 801 (1969); Lugo Pérez v. Santo Asilo de Damas, 89 D.P.R. 247 (1963); Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315 (1963).

Nada hay en la prueba que demuestre que el médico o el hospital, o sus agentes, le suministrasen a la paciente una dosis mortal de Doriden o de cualquier otra droga. Como hemos dicho, todo indica que la atención prestada a la paciente fue adecuada y dentro de lo profesionalmente aceptable. Ni los hospitales ni los médicos son aseguradores absolutos de sus pacientes. A la luz de los hechos de este caso no podemos imponerle lo que equivale a una responsabilidad absoluta al demandado recurrente.

Reiteramos nuestra expresión en Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973), contenida en las págs. 226 y 227;

“1. ¿ Cuál ha de ser, pues, la norma mínima de atención médi-ca exigible legalmente en casos de mala práctica en Puerto Rico ? Aquella que, reconociendo los modernos medios de comunicación y de enseñanza, establece que el nivel o calidad de esa atención debe ser la que llena las exigencias profesionales generalmente reconocidas por la profesión médica. Lo dicho en Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819, a la pág. 838, en el sentido de que ‘un médico solo viene obligado a dar a sus pacientes aquella atención médica que generalmente se emplea para casos similares por el resto de los médicos en la comunidad’ queda revocado por ser incompatible con la norma que aquí adoptamos.

2. A tono con nuestro empeño de ser justos y razonables, encontramos necesario decir unas palabras sobre el margen de discreción profesional que debe tener y tiene el médico al diagnosticar y al tratar pacientes. Anteriormente nos hemos re-ferido a la medicina como una ‘ciencia-arte.’ Lo hemos hecho adrede. La práctica de la medicina requiere, en el diagnóstico y en el tratamiento, que el facultativo llegue a juicios y tome decisiones. Hay en ese proceso un inevitable elemento subjetivo. También, la relación de médico y paciente es, o debe ser, única para ambos. Un médico tiene más de un paciente; posiblemente atiende en un mismo día a más de un paciente que sufren una misma enfermedad, pero la relación con cada uno es única por-que trata con seres humanos y no con máquinas. La constitución física de cada ser humano es distinta, como lo es su sicología y su idiosincracia.

Lo dicho demuestra, por un lado, la responsabilidad que asume el médico al diagnosticar y al tratar y, por otro, la nece-sidad de reconocer el elemento humano, subjetivo, no exacto, de su quehacer. Esa realidad nos lleva, a su vez, a reconocer que en el ejercicio de la medicina cabe el error de juicio honesto de parte del médico y aceptable por los tribunales.”

También allí dijimos, a la pág. 226:

“Desde luego, al fijar la norma debemos y queremos ser jus-tos y razonables. No vamos a exigir requisitos o condiciones que hagan imposible la práctica de la medicina en Puerto Rico o que hagan económicamente prohibitivos los servicios médicos. Por otro lado, tenemos que poner nuestro derecho jurisprudencial a la altura de los tiempos. No podemos sancionar como buenas prácticas y actitudes inaceptables mediante la repetición de frases de hace un siglo que ya no tienen vigencia en estos días.”

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       Este producto es manufacturado y vendido con ese nombre por USV Pharmaceutical Corp. De acuerdo con el fabricante, Doriden produce sueño dentro de los 30 minutos de haberse ingerido y su efecto dura de 4 a 8 horas. A base de eso es posible que la ingestión tuviese lugar unos 30 minutos antes de la muerte. La concurrencia de otras sustancias en el estómago puede apresurar ese tiempo de asimilación, como el alcohol, por ejemplo.


text:
    George Drahus, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Nationwide Mutual Insurance Co. et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-73-284

      Resuelto: 17 de septiembre de 1975

      José A. Rivera Mercado, abogado de los recurrentes; Víctor A. Coll, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente Compañía de Seguros tenía expedida póliza cubriendo a George Drahus y su esposa Odaliska contra daños resultantes de la operación de una guagua Oldsmobile perteneciente al matrimonio. El 26 de octubre de 1971, mientras la asegurada Sra. Drahus conducía, el vehículo se volcó y tanto ella como su hija de 10 años Deborah sufrieron lesiones de relativa seriedad. Para resarcirse de los daños instaron demanda contra la aseguradora recurrente los tres miembros de la familia Drahus: padre, madre e hija. La sala de instancia en extensa y bien fundada opinión deses-timó la reclamación de la esposa y madre conductora y con-cedió daños morales por $4,000 a la menor, y $2,000 a su padre. Por cuestionar el recurso la validez del principio de responsabilidad de los padres por actos negligentes que per-judican al hijo, visualizado en nuestro desarrollo jurispruden-cial, expedimos auto de revisión.

La teoría de la inmunidad absoluta del padre o cónyuge contra litigios internos de la familia que no vulneran su estabilidad ha perdido el favor del pensamiento jurídico contemporáneo. Felix, Interspousal Immunity in the Conflict of Laws: Automobile Accident Claims, 53 Cornell L. Rev. 406 (1967-68), Self v. Self, 376 P.2d 65 (1962). El ulterior análisis de las razones aducidas para sostener tal evasión de las obligaciones contractuales del asegurador, susceptibles de sintetizarse en desquiciamiento de la armonía familiar y posibilidad de fraude contra la compañía, produce la insatisfacción intelectual con la norma que extendió la inmunidad indiscriminadamente. Hay que reducirla a su justo alcance.

En Fournier v. Fournier, 78 D.P.R. 430 (1955), se le dio curso a la demanda de hija contra el padre porque no había integridad familiar que proteger; los padres de la deman-dante vivían separados y el conflicto familiar terminó final-mente en muerte ilegal de la mujer. En el presente caso, que no tiene aquellas connotaciones trágicas, la unidad familiar tampoco está en peligro porque la demanda encauzada en la acción directa provista por el Art. 20.030 del Código de Segu-ros, elude la madre a cuya negligencia se atribuye el acci-dente y desvía todo el reproche jurídico y económico hacia la aseguradora. No hay principio de moral ni orden público mezclado en esta acción civil que se reduce a reclamar de una compañía de seguros la compensación debida por materiali-zación del riesgo, contingencia o evento sobre el cual se obligó en la póliza.

Nuestra decisión en Guerra v. Ortiz, 71 D.P.R. 613 (1950), atemperada en su rigor excluyente por la de Fournier, supra, introdujo en nuestra jurisprudencia el principio de la inmunidad absoluta del padre contra la demanda del hijo no emancipado bajo la premisa de que “reconocer la existencia de una causa de acción en estos casos sería abrir una brecha peligrosa en la unidad de la familia.” Guerra, supra, a la pág. 619. Esta opinión se emite cuando el estado de legislación no permite al hijo o al cónyuge sacar su reclamación del ámbito familiar y dirigirla exclusiva-mente contra el asegurador. Dicho impedimento desapareció al adoptarse el Código de Seguros por Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 que en su Art. 20.030 creó la acción directa del demandante contra el asegurador. Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868, 875 (1965). Eliminado el padre o el cónyuge del rol de demandado por su propio hijo o consorte desapareció, ipso facto, el más leve motivo de preocupación por la integridad y la paz familiar que inspiraron nuestro dictamen en Guerra v. Ortiz, ante.

Cuando los daños están cubiertos contractualmente por un asegurador que a todas luces no está comprendido en el ámbito afectivo de la familia, la acción no genera la animosidad ni las relaciones tirantes entre padre e hijo que caracterizan la confrontación adversativa, ni se empobrecerá el capital de la familia. De hecho se fortalecerán la unidad y el bienestar familiar porque se logra la reparación económica del infortunio que a todos aflige. El viejo fantasma del desquiciamiento de la armonía doméstica cede el sitio a la relativa satisfacción que fluye del resarcimiento pecuniario.

Prosser percibe una clara tendencia hacia la abolición de la inmunidad desde que tomó esa decisión el estado de Wisconsin en 1963 desatándose una avalancha de estados que siguieron la pauta y sintetiza así los fundamentos del nue-vo criterio cuando hay cubierta de seguro de responsabilidad: “Cuando media un seguro se disuelven los argumentos usuales contra la recuperación de daños. Toda vez que el demandado no ha de pagar de su bolsillo, es obvio que el tesoro familiar no será mermado, y que la armonía del hogar no será tan lesionada por permitir la acción como lo sería por negarla; y toda vez que la parte realmente interesada en defenderse del pleito es el asegurador del riesgo, no importa cómo se conciban la unidad y la santidad de la familia, a duras penas podrá estirarse el concepto para proteger una compañía de seguros.” Law of Torts, pág. 868, ed. 1971.

El argumento de que al permitir esta litigación interfamiliar se abren puertas al fraude y a la colusión en perjuicio de la aseguradora, carece de suficiente fuerza para prohibir este tipo de reclamación. El fraude surge también en acciones donde no existe relación familiar entre las partes adversarias, y la posibilidad de que el parentesco brinde un grado de mayor incidencia de reclamaciones falsas, no oblitera la capacidad de nuestras cortes para descubrirlo, y sancionarlo. Los jueces al estimar la prueba y adjudicar credibilidad siempre han de tener presente el interés común que pueda unir al demandante y su testigo, no sólo en esta clase de litigio interfamiliar, sino en cualquier acción civil en que se produzca tal circunstancia. Arts. 400 y 383 Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sees. 1732 y 1664). Con el fraude habrá de pugnar el hombre mientras sufra sus imperfecciones, mas no por ello hemos de tomarlo como punto de referencia y elementó predominante en ningún orden valorativo.

La interpretación judicial debe propender al desarrollo empírico propiciador del remedio en todo el dilatado campo del Derecho apartando el dogma, la rigidez procesal y el razonamiento de precedentes que nacieron de premisas incorrectas. La amplitud trascendente del Art. 1802 de nuestro Código Civil en su designio reparador del daño no tolera menos.

No habiendo encontrado error en ninguno de los apun- ' tamientos señalados por la recurrente, la sentencia del tribunal de instancia ha de ser confirmada.

       Enmendado en 1966 al solo efecto de limitar su ejercicio a Puerto Rico, el texto completo del Art. 20.030 (26 L.P.R.A. see. 2003) es el siguiente:
      “(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente. La acción directa contra el asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto Rico. La respon-sabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del asegurador, si que también la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieron alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado.”

        Goller v. White, 122 N.W.2d 193 (1963) seguido el Ertl v. Ertl, 141 N.W.2d 208 (1966). Notamos que West Virginia fue más temprana precursora en Lusk v. Lusk, 166 S.E. 638 (1932)—122 A.L.R. 1, 358.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Pardavco, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrente; Beckman Instruments, Inc. y Soil Electronics Mfg. Corp. (Semcor), demandantes y recurridas, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Números: R-73-239, R-73-240

      Resueltos: 17 de septiembre de 1975

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Américo Serra y Justo Gorbea Varona, Procuradores Generales Auxi-liares, abogados del recurrente; Brown, Newsom & Córdova, abogados de PARDAVCO, Inc.; Goldman, Antonetti, Barreto, Curbélo & Dávila, abogados de Beckman Instruments, Inc. y Soil Electronics Mfg. Corporation; McConnell, Valdes, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria y Aurelio Torres Ponsa, abogados del amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia común en los recursos de epígrafe plan-tea la siguiente interrogante en derecho contributivo. ¿Eran tributables hasta el 23 de junio de 1966 los intereses reci-bidos por una corporación extranjera que hacía negocios en nuestra isla provenientes de depósitos existentes en bancos extranjeros en Puerto Rico?

La ilustrada sala sentenciadora en una extensa, elaborada y documentada opinión concluyó en la negativa. Al así hacerlo cometió error que amerita la revocación y desestimación de las acciones interpuestas por las contribuyentes recurridas.

Examinemos los hechos. Las entidades recurridas, PAR-DAVCO, Inc., Beckman Instruments, Inc. y Soil Electronics Mfg. Corp. (SEMCOR), son corporaciones extranjeras que en los años más adelante referidos realizaron negocios en Puerto Rico. La primera, PARDAVCO, Inc., para el año 1962 figuró y pagó en su planilla de contribución sobre ingresos la suma de $15,312.44 recibidos del National City Bank en con-cepto de intereses, sin embargo para los años 1965 y 1966 no pagó contribución sobre unas cantidades sustanciales que recibió en calidad de intereses de las siguientes instituciones bancarias: The Bank of Nova Scotia; The Royal Bank of Canada; y The First National City Bank.

Beckman Instruments, Inc., declaró y pagó en sus plani-llas correspondientes a los años 1961, 1962, 1963 y 1964 inte-reses por la suma total de $8,150.32 recibidos del Chase Manhattan Bank; y para el año 1965 no radicó planilla por lo cual el recurrente, Secretario de Hacienda, le preparó una planilla de oficio imputándole la cantidad de $21,436.77 de intereses recibidos de bancos extranjeros y una contribución de $4,501.93.

La entidad SEMCOR no rindió planilla para el año 1965 por. lo cual el Secretario de Hacienda la preparó de oficio, y como consecuencia, le impuso una deficiencia sobre intere-ses recibidos de bancos extranjeros.

En un hecho estipulado que los bancos previamente men-cionados que satisficieron los intereses a las recurridas son corporaciones extranjeras dedicadas al negocio bancario en Puerto Rico y durante los años en controversia devengaron menos del veinte (20) por ciento de sus respectivos ingresos brutos de fuentes dentro de Puerto Rico por el período de tres (3) años terminados con el cierre de los años contribu-tivos precedentes a los pagos de tales intereses.

Las sentencias del Tribunal Superior, Sala de San Juan, están basadas en un análisis del historial legislativo y los antecedentes de la legislación federal de la que se adoptó nuestra Ley de Contribuciones de 1954. En lo pertinente dichas sentencias concluyen lo siguiente:

A) De acuerdo a lo dispuesto en la Sección 119(a) (1)B de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 (13 L.P.R.A. sec. 3119(a) (1)), antes de ser enmendada en 23 de junio de 1966, los intereses recibidos por las corporaciones recurridas de los bancos extranjeros durante los años contributivos en con-troversia hasta el 23 de junio de 1966, no se consideraban como ingresos de fuentes dentro de Puerto Rico ya que fueron pagados por corporaciones extranjeras cuyos ingresos brutos derivados de fuentes de Puerto Rico en cada caso fueron menores del 20 % de los ingresos brutos totales por el período de tres años a la fecha del pago de dichos intereses a la recurrida como corpora-ción extranjera haciendo negocios en Puerto Rico; y

B) La enmienda a la mencionada sección efectuada en virtud de la Ley Núm. 112 de 23 de junio de 1966 — en vigor desde dicha fecha — hizo tributables dichos intereses y constituyó una enmienda con efecto prospectivo.

Tanto en primera instancia como ante nos, todas las par-tes descansan y argumentan básicamente sus respectivas posi-ciones, del análisis que hacen de la disposición de la ley federal antecesora que sirvió de base a la nuestra, a saber la Sec. 119(a) (1) (b) del Código de Rentas Internas Federal de 1939 y su precursora, la See. 217 del Código de Rentas Internas Federal correspondiente al año 1921.

No podemos circunscribir nuestro análisis a dicho proceso de hermenéutica judicial para determinar el esclare-cimiento de la “intención legislativa” de la disposición de ley que nos ocupa. No obstante, las amplias expresiones, de los distintos Comités Congresionales y comentaristas sobre la materia, apoyan nuestra ulterior conclusión.

Estimamos necesario examinar y decidir la cuestión con arreglo a las normas de interpretación judicial referentes al sentido literal, espiritual e integral de una ley. Veamos.

La disposición legal que nos ocupa, referente al ingreso por concepto de intereses que están excluidos de tributación por no constituir ingresos de fuentes en Puerto Rico, para los años contributivos en controversia disponía:

“(a) Ingreso Bruto de Fuentes en Puerto Rico. — Las si-guientes partidas de ingreso bruto serán consideradas como ingreso de fuentes dentro de Puerto Rico:
(1) Intereses. — Intereses sobre bonos, pagarés u otras obligaciones que devenguen intereses, de personas residentes, naturales o jurídicas, sin incluir—
(A) intereses sobre depósitos con personas dedicadas al negocio bancario, pagados a personas no dedicadas a nego-cios en Puerto Rico, o
(B) intereses recibidos de un individuo residente, de una corporación o de una sociedad extranjera dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, o de una corporación o de una sociedad doméstica, cuando se demuestre a satisfacción del Secretario que menos del 20 por ciento del ingreso bruto de dicho individuo residente, corporación o sociedad extran-jeras dedicadas a industria o negocios en Puerto Rico o cor-poración o sociedad doméstica ha sido derivado de fuentes dentro de Puerto Rico, según se determina bajo las disposi-ciones de esta sección, para el período de 8 años terminado con el cierre del año contributivo del pagador que preceda al pago de dichos intereses, o por aquella parte de dicho período que sea aplicable, o
(C) ingreso derivado por un banco central extran-jero de emisión, de aceptaciones bancarias.” (13 L.P.R.A. sec. 3119(a) (1); énfasis suplido.)

En su sentido literal, espiritual y lógico, la lectura total de esta disposición pone de manifiesto varias conside-raciones, a saber:

I — El inciso (a) (1) establece la regla general de que constituye ingreso derivado de fuentes en Puerto Rico, atri-buible al ingreso bruto, los intereses recibidos por bonos, pagarés u otras obligaciones de personas residentes sean naturales o jurídicas. De rigor es notar que esta regla general no cualifica en modo alguno la naturaleza de las obligaciones que devenguen intereses, por lo cual están com-prendidas todas, incluyendo las que emanan de obligaciones bancarias. Esta regla general está en consonancia con la definición de “ingreso bruto” y el principio rector que re-coge nuestra ley de contribuciones sobre ingresos en el sen-tido que de ordinario, todos los intereses se consideran ingreso y por lo tanto tributables. 13 L.P.R.A. sec. 3022(a); Flax v. Tesorero, 76 D.P.R. 390 (1954).

II — El apartado (A), expresamente y sin limitación algu-na excluye de tributación los intereses provenientes del nego-cio bancario pagados a personas no dedicadas a negocios en la isla. Esta excepción a la regla general expuesta es obvia-mente con el propósito de atraer la inversión de capital ex-tranjero a la industria bancaria. Por ello se excluyen aque-llos intereses pagados por un banco — sea local o extranjero— a personas que no se dedican a negocios en Puerto Rico.

Específicamente, el apartado (A) sólo excluye intereses que surjan sobre depósitos del negocio bancario. Es razonable concluir que intereses devengados en orden a otras obligacio-nes, aun siendo el receptor una persona que no hace negocios localmente, se consideran devengados y formando parte del ingreso bruto en Puerto Rico.

Es interesante además notar, que el apartado (A) hace referencia específica al concepto “negocio bancario”, activi-dad que conforme a nuestra Ley de Bancos tiene una connota-ción jurídica precisa e inequívoca, revestida de interés pú-blico y sujeta a la intervención y control gubernamental. (7 L.P.R.A. secs. 1 y 2.)

III — Del lenguaje del apartado (B) que motiva la presente controversia, se desprende que toda persona, natural o jurí-dica dedicada o no a negocios en Puerto Rico puede excluir de su ingreso bruto los intereses recibidos “. . . de un individuo residente, de una corporación o de una sociedad extranjera dedicada a industria o negocio en Puerto Rico, o de una cor-poración o de una sociedad doméstica . . si concurren las circunstancias contenidas en la fórmula de veinte (20) por ciento y tres años allí expresada. El texto de dicho apartado (B) no hace mención ni referencia a “negocio bancario”, cuyo negocio ya ha sido cubierto en el apartado (A).

Forzoso es concluir que existe una clara diferencia entre el tratamiento que la ley da respecto a intereses provenientes del negocio bancario y aquellos originados por otras obliga-ciones. Para la persona que no hace negocios en Puerto Rico pero que deposita capital en bancos aquí establecidos, se le brinda el máximo incentivo al considerar que los intereses sobre depósitos bancarios no constituyen ingreso de fuente local irrespectivamente de que más del veinte por ciento del ingreso bruto del banco pagador sea derivado de fuentes locales. Apartado (A), supra. Pero, para el residente o extran-jero que hace negocios, sólo se le otorga exención en cuanto a otros tipos de intereses recibidos sin incluir los relacio-nados con la industria bancaria en el país, sea nativa o ex-tranjera. Apartado (B), supra.

Una solución distinta implicaría interpretar el estatuto como una medida discriminatoria contra los bancos puertorriqueños a favor de los extranjeros, lo cual nos llevaría a un resultado absurdo. No podemos atribuir a la Asamblea Legislativa tal brutum fulmen. Es regla dorada de hermenéutica judicial, que las disposiciones de una ley deben ser examinadas e interpretadas de modo que no conduzcan a resultados absurdos, sino a unos armoniosos.

Orientador y corroborativo de lo antes expuesto resultan las disposiciones de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos que regulan la imposición de la contribución que deberán sa-tisfacer tanto los individuos extranjeros no residentes y las corporaciones y sociedades extranjeras no dedicadas a negó-eios en Puerto Rico que están vigentes desde el año 1954. Sobre el particular, la See. 231 de la Ley señala: “Se impondrá, cobrará y pagará para cada año contributivo . . . contribución ..., sobre el monto recibido por toda corporación o.sociedad extranjera no dedicadas a industria o negocio en Puerto Rico, procedente de fuentes dentro de Puerto Rico, por concepto de intereses (excepto intereses sobre depósitos con personas dedicadas al negocio bancario ... una contribución del 29 por ciento de dicho monto.” (Énfasis nuestro.)

Nuevamente notamos el trato preferente que la ley con-fiere al extranjero que no se dedica a negocios en la isla, desta-cándose la referencia del Legislador al concepto de intereses provenientes del “negocio bancario” y su exclusión del pago de contribuciones.

Aun cuando no hubo prueba sobre la práctica administra-tiva existente antes de la enmienda a la disposición que nos ocupa en virtud de la Ley Núm. 112 del 23 de junio de 1966, la conducta observada por las recurridas al pagar la contri-bución sobre intereses durante los años 1961, 1962, 1963 y 1964 tiende a demostrar que éstas no tenían duda sobre la tributabilidad de los intereses provenientes de depósitos ban-carios. Es para los años 1965 y 1966 que optaron por intentar deducir dichos intereses bancarios de sus ingresos. Entende-mos por tanto que la práctica aceptada era pagar contribucio-nes sobre intereses bancarios. El historial legislativo' de la enmienda corrobora y deja definitivamente aclarada dicha práctica y la razón de dicha enmienda. A tal efecto, el informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara expresa:

“El P. de la C. 556 tiene el .propósito de enmendar la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, según enmendada, a fin de dejar aclarado el lenguaje del inciso (B) del párrafo (1) del apartado (a) de la Sección 119 de dicha ley.

Dicho lenguaje ha sido interpretado en forma errónea y contraria a la intención de la Asamblea Legislativa cuando se aprobó dicha disposición legal....

Vuestra Comisión entiende que la intención' legislativa,' al aprobarse originalmente el inciso (B), fue clara en el sentido de que sus disposiciones no eran aplicables a personas dedicadas al negocio bancario. No obstante, y toda vez que se ha llegado a la conclusión equivocada de que el mencionado inciso (B) se aplica a bancos, resulta conveniente dejar definitivamente acla-rada la situación. Este resultado se logra en el proyecto objeto de este informe, excluyendo expresamente a las personas dedi-cadas al negocio bancario de la aplicación de las disposiciones de dicho inciso (B).” 20 Diario de Sesiones, Parte IV, pág. 1519. (Énfasis suplido.)

Las expresiones individuales del legislador autor del proyecto Representante Sr. Sigfredo Vélez, en el sentido de eliminar la retroactividad de un año que contemplaba la versión original, y que la ilustrada sala sentenciadora usó como razonamiento para concluir contrario a nuestro razona-miento, no desvirtúan el propósito esclarecedor legislativo de esta medida que está contenido en la cita previamente transcrita. Aun cuando a dicha enmienda se le confirió vi-gencia desde la fecha de su aprobación, la interpretación literal, lógica y espiritual de la ley antes de la enmienda, resultaba jurídicamente suficiente para derrotar la contención de las contribuyentes.

Por los fundamentos expuestos, y en consideración a la doctrina relativa a que toda disposición estatutaria sobre deducción o exención contributiva es una gracia legislativa que debe ser interpretada estrictamente en contra de aquel que alegue tener derecho a una u otra, resolvemos que bajo la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 — excepto en cuanto sus disposiciones de ley los excluyeran expresamente —los intereses provenientes de depósitos en el negocio banca-rio local o en bancos extranjeros haciendo negocios en Puerto Rico constituían y constituyen ingresos derivados de fuentes dentro de Puerto Rico, computables en el ingreso bruto y por ende tributables.

Se dictará Sentencia revocándose los dictámenes del Tribunal Superior, Sala de San Juan, en los casos de epígrafe.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resul-tado.

       Véase la exposición o explicación del Reglamento de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos promulgado por el Secretario de Hacienda, 13 R.&R.P.R. sec. 3000-1.

      Véanse: Vol. 8 Seidman, Legislative History of Federal Income Tax Laws, págs. 843 et seq.; Report — Ways and Means Committee (67th Cong., 1st Sess., H. Rpt. 350); Report — Senate Finance Committee (6th Cong., 1st Sess., S. Rept. 275); World Tax Series, Taxation in the United States, págs. 986-987 (1963); 26 Institute of Federal Taxation, págs. 438— 439 (1968); 8 Mertens, Law of Federal Income Taxation, págs. 110 et seq.; Roberts & Warren, U.S. Income Taxation of Foreign Corporations and Nonresident Aliens, sec. V1-3A.

      13 L.P.R.A. sees. 3211 y 3231.

        Diario de Sesiones, Vol. 20, Pte. IV, pág. 2014.

      Véanse: West India Mach. v. Srio. de Hacienda, 89 D.P.R. 115, 125 (1968); Central Igualdad, Inc. v. Srio. de Hacienda, 83 D.P.R. 45, 50 (1961); Clínica Juliá v. Sec. de Hacienda, 76 D.P.R. 509, 523 (1954); Descartes v. Tribunal de Contribuciones y Ortiz, 73 D.P.R. 491, 497 (1952); y Buscaglia v. Tribl. de Contribuciones, 67 D.P.R. 585, 689 (1947).

      13 L.P.R.A. sec. 8119(a) (1) (A), supra.


author: per curiam :

text:
    National Car Rental, Inc., demandante y recurrente, v. Caribe Motors Corporation, demandada y recurrida; General Motors Overseas Distributors Corp. et al., terceros demandados y recurridos.

      Número: O-74-281

      Resuelto: 18 de septiembre de 1975

      A. Quiñones Guardiola, abogado de la recurrente; José E. Ben-goa Toro, abogado de Caribe Motors Corporation; Arias Cestero, Gierbolini & García Soto, abogados de la General Motors Overseas Distributors Corp. y Royal Indemnity Company.
   per curiam :

La demandante compró un automóvil nuevo. A los cuatro meses de comprado dicho vehículo se incendió mientras estaba aparcado y cerrado con llave. Sus puertas y cristales no habían sido violentados. El incendio se originó en el panel de instrumentos, en donde sitúan el encendedor de cigarrillos. Los daños los estimó el Tribunal de Primera Instancia en $1,500. A la fecha del incendio el vehículo estaba todavía cubierto por la garantía expedida al momento de la venta del mismo.

De la relación del caso suscrita por el Magistrado del tribunal de instancia surge que sobre los aspectos técnicos o mecánicos de la cuestión declaró el Sr. Luis Daynés. Daynés no es un ignoramus en esta materia de incendios. Había sido miembro del Cuerpo de Investigación Criminal de la Policía de Puerto Rico, con entrenamiento en investigaciones de fuegos y peripecias parecidas. También había sido mecánico de aviación, lo que supone conocimientos y experiencia en estas materias más allá de las de un lego.

Declaró Daynés que el incendio se originó en el panel de instrumentos; que el cable eléctrico del encendedor de cigarri-llos y el área circundante al mismo estaban completamente quemados. El encendedor estaba en su lugar y el cable “achicharrado”. Por el contrario, los cables del acondiciona-dor de aire estaban en buenas condiciones.

Wilfredo Gorbea, gerente de ventas de una de las code-mandadas, declaró que el encendedor es equipo normal de esos vehículos; no podía decir si el encendedor en cuestión estaba en perfectas condiciones o no; que antes de entregar los carros se les hace una revisión general.

El Tribunal de Distrito, apreciando bien la prueba, de-claró con lugar la demanda y la demanda contra terceros y condenó a la demandada a pagar a la demandante $1,500 y a los terceros demandados a satisfacer a la demandada lo que ésta tuviese que pagar. En apelación el Tribunal Superior revocó. Estimó que el testigo Daynés “no estaba capacitado” para “prestar el testimonio adecuado.”

Incidió el tribunal de apelación. Después de todo, la ma-teria envuelta no exigía los conocimientos de un doctor en filosofía con especialización en electricidad. La preparación y experiencia de Daynés sobre la materia concernida eran mayores que la del hombre corriente y suficiente a los fines del caso. Un hombre de capacidad normal, con experiencia en esas materias, como lo es Daynés, puede apreciar esos hechos y llegar a conclusiones informadas sobre ellos. Como se sabe, un corto circuito eléctrico puede producirse cuando la corriente, en vez de discurrir por los conductores dispuestos para ello, toma otro curso — atrecha—debido a algún defecto del aparato o materiales de que se trate. Ese circuito más corto ocasiona un mayor flujo de corriente que el que está pre-visto para los conductores allí colocados y como consecuencia de ello los alambres o conductores se recalientan y esto generalmente produce su destrucción y un incendio. Nada excluye la posibilidad en este caso, y por el contrario' todo parece indicar que el mecanismo expulsor del encendedor no funcionó como debía, quedándose el encendedor adherido al enchufe, calentándose en exceso y ocasionando la avería y el fuego. Recuérdese que el carro no había sido violentado y no hubo evidencia de que el fuego hubiese sido producido inten-cionalmente o por agentes extraños al propio vehículo.

Para casos iguales o parecidos, vide Losinski v. Ford Motor Co., 204 N.W.2d 49 (1972), donde el fuego se originó en la parte delantera de un vehículo, dos meses después de comprado, y se determinó que el fuego fue causado por un corto circuito; Ford Motor Co. v. Reid, 465 S.W.2d 80 (1971), donde la prueba demostró que estando el carro esta-cionado, un mes después de comprado, se originó un fuego debajo del asiento delantero, en la alambrada del mecanismo instalado para mover dicho asiento; Barnett v. Ford Motor Co., 463 S.W.2d 33 (1971), donde a la semana después de comprado el vehículo, estando estacionado, surgió un fuego en el panel de instrumentos y se determinó que la causa probable del fuego fue una falla eléctrica; Ford Motor Co. v. Pitman, 227 So.2d 246 (1969), donde un vehículo, dos semanas des-pués de comprado, se incendió en su parte delantera y un perito opinó que el fuego fue causado por fallas en el funcio-namiento del sistema eléctrico; Jacobson v. Broadway Motors, Inc., 430 S.W.2d 602 (1968), donde tres meses después de comprado el vehículo, surgió un fuego en el motor; Gherna v. Ford Motor Co., 55 Cal. Rep. 94 (1966), donde dos meses después de comprado el vehículo, estando estacionado, se originó un fuego en el motor y se encontró la batería derretida; State Farm Mut. Auto. Ins. Co. v. Anderson-Weber, Inc., 110 N.W.2d 449 (1961), donde diez días después de comprado el vehículo, mientras su dueño lo conducía, se originó un fuego en el motor. En los casos citados los tribunales basaron la responsabilidad civil en una o más de las siguientes razones: garantía expresa o implícita, responsabilidad absoluta y res ipsa loquitur.

Véase también nuestra discusión en Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969), especialmente a las págs. 511 in fine y 512. Aunque allí no se trataba de automóviles, el enfoque es el mismo por razones de justicia. Véase también Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971).

Se revocará la sentencia del Tribunal Superior que revocó la del Tribunal de Distrito; se dejará en vigor la del Tribunal de Distrito y se condenará a las recurridas, apelantes en el Tribunal Superior, a pagar a la demandante recurrente $500 por concepto de honorarios de abogado.


author: per curiam:

text:
    Pedro Morales Peterson, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Domingo Raffucci, Juez, demandado; Rally Motors, Inc., interventora.

      Número: O-73-266

      Resuelto: 19 de septiembre de 1975

      Enrique Ramírez Moll e Iván L. Pagan Hernández, abogados del peticionario; Daniel Pemas Beceiro, abogado de la inter-ventora.
   per curiam:

En mayo de 1970 el peticionario le compró un automóvil a Santa Fe Dealers, que luego pasó a hacer negocios como Rally Motors. Meses más tarde, Benjamín Acosta, Ine., le informó al peticionario que el referido vehículo le pertenecía por subrogación a su principal, una compañía de seguros, por haber sido hurtado, y que dicha compañía le había encomendado la recuperación de la unidad robada. El peticionario le entregó el vehículo a Benjamín Acosta, Ine., y acto seguido dedujo demanda por daños contra la compañía de seguros propietaria y contra la compañía vendedora del automóvil. La propietaria instó a su vez demanda de coparte contra la vendedora, solicitando que ésta le indemnizase por cualesquiera daños que la propietaria tuviera que pagarle al peticionario.

En las contestaciones se negaron diversas alegaciones de la demanda y se expuso como defensa afirmativa, entre otras, la contención de que el peticionario le entregó voluntaria-mente el vehículo a la propietaria.

El peticionario radicó luego una moción de sentencia sumaria, señalando que no existe controversia sobre ningún hecho material y que por tanto debía resolverse interlocuto-riamente la cuestión de responsabilidad, dejando para juicio en su fondo la cuantía de los daños.

Tras la vista correspondiente, el tribunal dictó una Sen-tencia Interlocutoria Parcial ordenándole a la vendedora a consignar en el tribunal la suma de $2,193.73, aceptada como satisfecha por el peticionario a la vendedora. Declaró a la vez sin lugar, en resolución aparte, la moción de sentencia sumaria por estimar que existía genuina controversia de hechos en cuanto a quién, si alguien, había incurrido en res-ponsabilidad con respecto al peticionario.

La vendedora solicitó la reconsideración de la primera re-solución y el peticionario se querelló igualmente en cuanto a la segunda por estimar que no existe controversia sobre los hechos y que es la propietaria quien debe consignar la suma de referencia. Tras la celebración de otra vista, el tribunal relevó a la vendedora de hacer el depósito, considerando que la posición asumida por el peticionario la ha exonerado de toda responsabilidad en daños, y no estimó necesario exigirle depósito alguno a la propietaria. Se reafirmó el tribunal igualmente en su denegatoria de la moción de sentencia sumaria. Expedimos certiorari para revisar dicha resolución.

El Art. 59 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1154, dispone:

“La compra de mercaderías en almacenes o tiendas abiertos al público, causará prescripción de derecho a favor del com-prador respecto de las mercaderías adquiridas, quedando a salvo en su caso, los derechos del propietario de los objetos vendidos para ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra el que los vendiere indebidamente.”

La venta de cosa ajena es perfectamente válida en el Derecho Mercantil Español, como lo era en tiempos romanos. 3 Langle y Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Barcelona, 1959, pág. 189; Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, t. III, vol. Io, Madrid, 1963, pág. 251. La prescripción de derecho que provoca es instantánea, adquiriendo el comprador de buena fe inmediatamente un título válido. “El fundamento de esta prescripción”, señala Gay de Montellá, “es la necesi-dad de asegurar la vida del comercio mediante el amparo de la posesión de las cosas compradas de buena fe en los alma-cenes o tiendas abiertas al público. ...” 1 Gay de Montellá, Código de Comercio Español 353. “Las exigencias de la segu-ridad del tráfico [comercial] justifican”, afirma Uría, “esta desviación de la regla civil, que permite al propietario reivin-dicar la cosa de quien la posea.” Uría, R., Derecho Mercantil, Madrid, 4a ed., 1964, pág. 460.

En Derecho Mercantil, el verdadero dueño de un bien hurtado no tiene derecho a su reivindicación en casos como el presente, ni siquiera a importunar al comprador de buena fe o a inquietarlo con la pretensión de impugnar la eficacia del contrato. Langle y Rubio, El Contrato de Compraventa Mercantil, Barcelona, 1958, págs. 147-8. Sus remedios son los que decreta el Código, ejercitar las acciones civiles o criminales que puedan corresponderle contra quien vendió la mercancía indebidamente. Uría, loe. cit. Para la situación bajo el Derecho Civil, cuando el vendedor no tiene tienda o almacén abierto al público, véase a Fuentes v. Fulano de Tal, 84 D.P.R. 506 (1962) y para el caso contrario consúltense los Arts. 393 y 1855 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 1479 y 5276.

Respecto a la relación entre un vendedor de bienes hurtados y un comprador de buena fe a quien se le quita la propiedad de los mismos, el vendedor responde naturalmente por su saneamiento. Arts. 1351 y 1363 et seq. del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 3801 y 3831 et seq. El derecho al saneamiento no surge, sin embargo, hasta que se decreta la evicción por sentencia firme. Art. 1364 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3832.

A pesar de la claridad de las normas jurídicas que gobiernan los derechos del dueño original, del vendedor y del comprador de buena fe de bienes hurtados, las alegaciones en su estado presente no permiten, como resolvió el tribunal de instancia, la emisión de una sentencia sumaria parcial. Ni de la demanda ni de la moción de sentencia sumaria interlocu-toria se desprende que la compra se efectuó en un almacén o tienda abierta al público, dato indispensable para la aplica-ción del Art. 59 del Código de Comercio, cuya prueba le co-rresponde al comprador. Sosa v. Cardona, 80 D.P.R. 274 (1922). No se ha establecido tampoco en las alegaciones el derecho al saneamiento por evicción mediante sentencia, si es que se desea optar por este remedio.

En vista de lo expuesto anteriormente y del estado incom-pleto de las circunstancias en que ocurre la entrega alegada-mente voluntaria del automóvil, no es necesario en esta etapa del caso analizar de lleno el efecto del modo de la entrega. Cabe señalar, no obstante, que existe una vital distinción entre el pago de lo indebido — figura jurídica cuya aplicación a este caso no es clara — y la celebración de un contrato sin causa. León Hurtado, A.: La Causa, 1961, pág. 53. Aun de concebirse, no obstante, que la entrega se hiciese por error de derecho, habría que sopesar la opinión de Manresa, Castán y otros distinguidos comentaristas, quienes entienden que no procede establecer diferencias respecto a la naturaleza del error que motiva el pago de lo indebido y que se aplican a tal situación, de todos modos, los Arts. 1795 a 1797, inclusive, de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5121-5123, equiva-lentes a los Arts. 1895 a 1897 del Código Civil Español. 12 Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6a ed., 1973, págs. 814 et seq.; 4 Castán, Derecho Civil, 1969, págs. 819-820; Sentencia de julio de 1950 (Esp.); Sentencia de 21 de noviembre de 1957.

Por los fundamentos que anteceden, se confirmará la resolución del tribunal de instancia y se devolverá el caso para la continuación de procedimientos conformes a esta opinión.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre con el resultado.


text:
    Daniel Pérez y Otros, demandantes y recurrentes, v. Norma H. Concepción y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-74-333

      Resuelto: 19 de septiembre de 1975

      José Elias Zayas y Francisco Arroyo González, abogados de los recurrentes; Herman Cestero Rodríguez, abogado de Robert M. Sweeting.
   per curiam :

Luego de examinar la sentencia parcial que recayó en este caso y los demás escritos que constan en autos, dictamos una orden para mostrar causa mediante la cual le concedimos un término a la parte recurrida para que demos-trase por qué no debía expedirse el auto solicitado y revocarse la sentencia sumaria parcial objeto del recurso. Compareció el recurrido Robert M. Sweeting oponiéndose a que se expi-diese el recurso, pero posteriormente, en 9 de enero de 1975, lo expedimos. El mencionado recurrido sometió el recurso por el memorando de autoridades que había sometido, el cual es extenso y debidamente documentado.

Este caso trata de una demanda por daños motivada por la muerte de la señora Raimunda Massas Rivera, madre de los demandantes, causada por el menor Jorge Castejón Con-cepción, quien en 16 de junio de 1973 arrolló a la perjudicada con un automóvil. A la fecha de los hechos el vehículo apare-cía inscrito a nombre del codemandado el abogado Robert M. Sweeting.

En apoyo de su moción para que se dictase sentencia sumaria el codemandado Sweeting acompañó una declaración jurada por él y otra suscrita por Luis F. Coll, Tesorero en-tonces de la firma Executive Auto Sales. Se sostenía en am-bas declaraciones juradas que con anterioridad al accidente, en 26 de diciembre de 1972, Sweeting había entregado el auto-móvil en cuestión a Executive Auto Sales a cambio de un vehículo nuevo pero que el vehículo concernido en el accidente no había sido inscrito a favor de Executive Auto Sales porque la licencia se extravió. Es cierto que el codemandado Caste-jón, contestando un interrogatorio, declaró que él compró el vehículo en enero de 1973 pero que no tiene documentos que acrediten el traspaso.

En oposición a que se dictase la sentencia sumaria la parte demandante presentó una certificación del Departa-mento de Transportación y Obras Públicas del Gobierno de Puerto Rico acreditativa de que a la fecha del accidente el vehículo aparecía inscrito a nombre del codemandado Sweet-ing.

La ilustrada Sala sentenciadora incidió. No hay controversia en cuanto al hecho de que el vehículo estaba inscrito a nombre de Sweeting para la fecha del accidente y sí la hay en cuanto a quién era el verdadero dueño del vehículo al ocurrir los hechos. La controversia sobre este aspecto puede precisarse así: El codemandado Sweeting declaró que él no era dueño del vehículo a la mencionada fecha pero de la certificación oficial presentada por los demandantes surge que sí era dueño. La Ley de Vehículos y Tránsito dispone que es dueño del vehículo la persona natural o jurídica que lo tenga registrado a su nombre en el Departamento de Trans-portación y Obras Públicas. 9 L.P.R.A. see. 323. Si bien, para evitar injusticias, tenemos declarado que esa presunción es controvertible, Díaz Cáceres v. Berríos, 100 D.P.R. 741 (1972), la clara controversia de hechos suscitada en este caso no es susceptible de ser válidamente resuelta mediante sentencia sumaria.

Sin que estemos en forma alguna prejuzgando en sus mé-ritos el caso de autos, los tribunales tienen que estar conscien-tes de que en casos de esta naturaleza sería fácil evadir la responsabilidad civil con sólo presentar un insolvente que esté dispuesto a declarar que había adquirido el vehículo con-cernido en una fecha anterior a la del accidente. Repetimos que no estamos haciendo imputación alguna en el caso de autos pero no hay duda de que, como cuestión de norma, estos casos deben escudriñarse cuidadosamente. Además, en el pre-sente caso se plantean unas dudas que merecen aclaración a satisfacción del juzgador. Aparentemente Executive Auto Sales aparece que tomó el vehículo en cuenta sin recibir su licencia. Para una firma que se dedica a esos menesteres, esto nos parece una conducta anómala. Tampoco se explica cómo Borinquen Sales aparece vendiéndole el vehículo a un menor de edad, sin los documentos correspondientes. Entendemos que las circunstancias de este caso hace necesario que el hecho de la propiedad del vehículo para la fecha del accidente se dirima en un juicio plenario.

Se revocará la sentencia parcial recurrida y se devolverá él caso para los procedimientos correspondientes.


text:
    San Juan Mercantile Corporation, peticionaria, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-75-78

      Resuelto: 19 de septiembre de 1975

      Emilio Rodriguez Colón, abogado de la peticionaria; Federico Díaz Ortiz, Richard V. Pereira y Edwin Ortiz Pietri, aboga-dos de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Los funcionarios y las oficinas públicas tienen que cum-plir la ley como cualquier hijo de vecino. Tan sencilla es la proposición aquí concernida, como tan importante.

Un empleado de la peticionaria se querelló ante la Junta de Relaciones del Trabajo imputándole a la peticionaria una violación del convenio colectivo consistente, según el quere-liante, en que aquella le estaba exigiendo a determinados dependientes “contar dos ganchos en vez de uno.”

La Junta expidió la querella. En la misma expresa, en lo pertinente, que la querellada es una agencia de compañías navieras que prestan servicios en los puertos de San Juan y Ponce, Puerto Rico; que el querellante es un empleado; que al tiempo de los hechos que dieron motivo a la querella regía sobre patrono y empleado un determinado convenio colectivo que allí se menciona; y que la conducta del patrono constituyó una violación del convenio.

Tanto por escrito, como oralmente en la audiencia, la peticionaria interpuso varias defensas, una de las cuales consistió en que el empleado querellante no agotó los recursos de quejas y agravios y de arbitraje que para dilucidar estas cuestiones proveía expresamente el convenio colectivo. La Junta, en su decisión y orden, firmada por dos miembros de la misma, pues el tercer miembro no participó, expresó lo siguiente:

“Creemos innecesario detenernos a discutir tales defensas, .puesto que consideramos que la Oficial Examinador resolvió correctamente que las mismas carecen totalmente de funda-mento.”

No estamos de acuerdo. El convenio colectivo vinculante a la fecha de los hechos disponía, en lo pertinente, como sigue:

“ARTICULO XI
CONDICIONES DE TRABAJO
18(A) Quejas y Agravios — Cualquier incidente, disputa, reclamación o controversia que surja entre las partes bajo los términos de este convenio y que no pueda ser resuelta dentro del período de 48 horas (sábados y domingos excluidos) de haber surgido, mediante negociaciones directas entre un Repre-sentante de la COMPAÑIA y otro de la UNION, será puesto por escrito y sometido por la parte interesada a la otra o a más tardar el décimo día en que surgió dicho incidente, disputa, reclamación o controversia. La parte que someta la querella por escrito expondrá claramente la naturaleza de la misma y desig-nará a su Representante con quien la otra parte deberá discutir la querella. La parte que reciba la querella escrita deberá in-mediatamente nombrar a su Representante quién deberá reunirse con el Representante de la otra parte y discutir la querella en un esfuerzo por decidir la misma. Si no se llega a un acuerdo satisfactorio dentro del término de cinco (5) días des-pués de la primera reunión, en tal caso la querella podrá ser sometida por escrito al procedimiento de Arbitraje.
“13(B) Arbitraje — Toda disputa que no pueda ser resuelta mediante el procedimiento de quejas y agravios, y cualquier dis-puta con respecto a la interpretación o alegada violación de cualquier disposición de este Convenio, deberá ser sometida por escrito al procedimiento de Arbitraje. El Comité de Arbi-traje estará constituido por dos (2) representantes de la COM-PAÑIA y dos (2) representantes de la UNION y por un quinto miembro nombrado por el Secretario del Trabajo o la persona que él designe. El nombramiento de los representantes de las partes se hará dentro del período de 72 horas (excluyendo sá-bados y domingos) a partir del recibo del requerimiento escrito para arbitrar. La decisión podrá emitirse por el Comité de Arbitraje o por el Quinto Miembro, según lo acuerden las partes en cada caso. Dicha decisión será final y obligatoria para todas las partes y personas relacionadas con el caso.”

En síntesis, la posición de la Junta es que el Comité de Arbitraje hubiese estado compuesto por dos representantes del patrono, por dos representantes de la Unión y por un quinto miembro nombrado por el Secretario de Trabajo de Puerto Rico, y que le dio crédito a la declaración del quere-llante de que los representantes de la Unión no hubiesen sos-tenido su posición en el Comité de Arbitraje.

Desde luego, esa posición es insostenible. Según en la jurisdicción general de los tribunales de justicia los ciuda-danos no pueden tomarse la justicia por su mano con el pretexto de que creen que los tribunales no apoyarán sus pre-tensiones, lo mismo impera en el campo de las relaciones obrero-patronales. Nuestra ley decretó la negociación colec-tiva con la esperanza de que fuese un procedimiento condu-cente a la paz industrial. Art. 1 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, 29 L.P.R.A. see. 62. Los procedimientos de quejas y agravios y los comités constituidos para atender esos problemas tienen el propósito de que los mismos se resuelvan en forma orde-nada y en sustitución de la conducta desordenada y del desastre de las huelgas. La ley reviste de interés público estos procedimientos y su propósito de eliminar en lo posible las disputas obreras. Art. 1 de la Ley Núm. 130 antes citada.

Ya en Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras, 83 D.P.R. 258 (1961), aclaramos que el convenio colectivo obliga al patrono, a la Unión y a los miembros individuales de la Unión. Bajo la vigencia de un convenio, según un patrono no puede hacer caso omiso de la unidad contratante y negociar individualmente con cada empleado por separado, tampoco puede el empleado desentenderse del convenio y actuar como si el mismo no existiese. Igualmente ocurre en lo referente a la dilucidación de los asuntos que deben ir a los comités de quejas y agravios establecidos por el convenio. Como dijimos en Rivera Adorno, supra, ni el patrono ni los obreros pueden pretender beneficiarse de ciertas cláusulas del convenio colec-tivo y rechazar otras. El convenio es un contrato y vincula a ambas partes por igual. En el mismo sentido véase, Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963), a la pág. 124.

Para abundar más, ante planteamientos similares a los hechos en el caso de autos y allí rechazados, en Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846 (1970), dijimos a la pág. 854:

“Cabe añadir que las relaciones obrero-.patronales del país no pueden estar sujetas a una regla tan injusta y desigual como la que el Secretario pretende que adoptemos. Esta sería en el sentido de que mientras una parte contratante queda obligada por el convenio colectivo a someterse a arbitraje, la otra parte puede, mediante la intervención de los abogados del Departa-mento del Trabajo, evadir su obligación contractual de ir a arbitraje. La idea en sí es contraria a las más básicas nociones de justicia. Al hacer jurisprudencia sobre una materia que se ha ido desarrollando en tan gran medida mediante el derecho jurisprudencial nuestra jurisprudencia tiene que estar infor-mada por un pensamiento consistente y sistemático.”

Para que nuestro ordenamiento de derecho laboral esté informado por ese pensamiento consistente y sistemático al cual todo ordenamiento jurídico aspira, es necesario concluir que cuando existe un convenio colectivo y dicho convenio contiene cláusulas para el procesamiento de quejas y agravios y para su decisión o arbitraje, éstas deben ser observadas por todos los que intervienen en el campo de las relaciones obreropatronales: los obreros, los patronos, las uniones, la Junta de Relaciones del Trabajo y los tribunales.

Se revocarán la decisión y orden recurridas.

        5) Parece que se trata del cotejo de los bultos que se desembarcan. Ni en el cargo, ni en la decisión y orden de la Junta se define o describe esa operación.


text:
    Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. American Fruits and Vegetables, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-75-38

      Resuelto: 22 de septiembre de 1975

      Héctor Rivera Cruz, Juan Lasa Díaz, Jorge J. García Santiago, abogados de la recurrente; la recurrida no compareció.
   per curiam:

El 1 de octubre de 1974 la recurrente, una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandó a la recurrida, American Fruits and Vegetables, Inc., por cánones alegadamente adeudados desde el 1 de mayo de 1974 a base de $1,950.00 mensuales bajo un contrato de arrendamiento de un refrigerador de más de dos mil pies cuadrados de superficie, con sus respectivos accesos para carga y descarga. En la súplica de la demanda se soli-citó sentencia por $11,700.00, suma representativa de los cánones supuestamente vencidos, así como por “cualquier otro canon que se venza, más el interés legal correspondiente y una cantidad razonable para cubrir gastos, costas y honora-rios de abogado.”

Pocos días más tarde, la recurrente solicitó el asegu-ramiento de la sentencia. Mientras se diligenciaba el embargo, la recurrida ofreció depositar un cheque certificado por $11,700.00 para que el embargo se suspendiese. Estuvo con-forme la demandante recurrente y se envió el cheque a la Secretaría del Tribunal Superior en aseguramiento de la sen-tencia que pudiese recaer en su día.

Después de este incidente American Fruits contestó la demanda, admitiendo la deuda de $11,700.00, pero apuntando que “el demandado y la demandante habían acordado que el demandante luego del pago antes referido desistiría de la causa de acción por haber recibido la cantidad reclamada.” Por tal motivo se solicitaba del Tribunal que dictase sentencia de acuerdo a las alegaciones y archivase el pleito. American Fruits no radicó declaración jurada o documento alguno acre-ditativo del alegado acuerdo de transacción.

La parte demandante solicitó entonces que se señalase el caso para juicio. Lo que ocurre inmediatamente después es que el tribunal de instancia dicta sentencia por las alega-ciones, ordenándole a la recurrida satisfacerle la suma de $11,700.00 a la recurrente.

La recurrente radicó entonces moción de reconsideración, donde le señalaba al tribunal que, a la fecha de dicha moción, la recurrida continuaba ocupando el lugar arrendado sin pagar los cánones correspondientes, por lo que, en adición a los $11,700.00 reconocidos, se adeudaban $5,850.00 adicionales. El tribunal denegó de plano la reconsideración y se ha acudido ante nos en revisión de su sentencia.

Se cometió error al dictarse sentencia por las alega-ciones en las circunstancias reseñadas. Surge de lo expuesto que existe en este caso una controversia sobre los hechos que debe dilucidarse.

El acuerdo mencionado en la contestación representa a todas luces una defensa afirmativa. Las defensas afirmativas no exigen réplica bajo las disposiciones de la Regla 6.4 de las de Procedimiento Civil, aunque en ciertas situaciones el tribunal puede requerirla, lo cual no ocurrió aquí. 5 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, sec. 1184, pág. 16; sec. 1186, págs. 22-23; sec. 1279, pág. 354; 2A Moore, Federal Practice, 2d ed., 1974, sec. 8.29, págs. 1876-1877; Rivera v. Otero de Jové, 99 D.P.R. 189, 194-195 (1970).

El hecho de que en la contestación se incluyeron expresiones que pueden interpretarse como una solicitud de sentencia por las alegaciones, aunque no se hizo moción separada a tales fines, le inyecta, por supuesto, un elemento de ambigüedad al caso. Adviértase, no obstante, que la Regla 10.3 presupone la formulación de una moción aparte que sirva la importante función de poner en guardia al contrario y evitar confusiones como la presente, pues afirma que “Después que se hayan presentado todas las alegaciones, pero dentro de un plazo que no demore el juicio, cualquier parte puede solicitar que se pronuncie sentencia por las alegaciones . . . .” (Bastardillas nuestras.)

Aun asumiendo, arguendo, que el procedimiento seguido por la parte recurrida es permisible aunque no aconsejable, sin embargo, existen tres factores que debieron alertar al tribunal de instancia sobre las dificultades de dictar sentencia sin más escuchar a las partes. En primer término, en la súplica de la demanda se solicitaban no sólo los cánones vencidos hasta entonces sino los que pudieran vencerse luego. Según doctrina de este Tribunal, la súplica de la demanda no forma parte de ésta, pero sirve para interpretarla. Rivera v. Otero de Jové, supra, 194; 9 Wright and Miller, op. cit, sec. 2304, pág. 31. Las alegaciones a solas, sin declaracio-nes juradas u otros documentos que demostrasen que el caso se había transigido ofrecían una base demasiado endeble para fallar el caso en dicha etapa. Véase: Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 269-270 (1959).

En segundo lugar, la demandante recurrente solicitó que se señalase la causa para juicio. Se alza ya aquí una segunda bandera roja. La demandante consideraba evidentemente, ya que pedía vista, que existía controversia sobre los hechos. La demandante pudo ser más precisa, para no inducir a error a un tribunal en extremo atareado, y haberlo dicho así específicamente, igual que pudo, por cautela, refutar antes la supuesta “moción” para que se dictase sentencia por las alegaciones. Esto no releva al tribunal, sin embargo, de utilizar los métodos a su alcance para simplificar la situación. El tribunal, pudo ordenarle a la demandada que clarificase su contestación, 5 Wright and Miller, op. cit., sec. 1184, pág. 16; o pudo requerirle a la demandante bajo la Regla 6.4 que presentase una réplica contra la contestación, 5 Wright and Miller, op. cit, sec. 1185, págs. 17-20; o pudo citar a una conferencia con antelación al juicio para resolver cualquier ambigüedad existente y definir con nitidez la cuestión litigiosa.

Por último, ya en la moción de reconsideración presentada por la recurrente se le advierte con toda claridad al tribunal que existe una controversia sobre los hechos. La Regla 6.6 de las de Procedimiento Civil dispone que “Todas las alegaciones se interpretarán con el propósito de hacer justicia.” La moción de reconsideración aportó luz adicional sobre el sentido de las alegaciones. Debió concederse.

Se revocará la sentencia dictada y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedi-mientos.


text:
      In re Rosendo Quesada Velazco, notario público.

      Número: 1663

      Resuelto: 22 de septiembre de 1975

      Leopoldo Tormes García, Irán Ayala Cádiz y Winston Laboy Milán, abogados de Rosendo Quesada Velazco.
   per curiam:

El pasado 30 de mayo concedimos término al abogado Rosendo Quesada Velazco para que compareciera a mostrar causa por la cual no debía ser separado de la pro-fesión en consideración a su condición física. Posteriormente, en vista de la información rendida por los abogados del Lie. Quesada Velazco sobre su estado de incapacidad, orde-namos al Alguacil de este Tribunal como medida preventiva para salvaguardar la obra notarial de dicho abogado, que se incautara sin demora de la misma y la entregara al Director de Inspección de Protocolos. También ordenamos al Lie. Quesada Velazco que se abstuviera de actuar como notario hasta nueva orden de este Tribunal.

Respondiendo a nuestra orden sobre mostración de causa han comparecido los abogados del Lie. Quesada Velazco para informarnos que por razón de la enfermedad que sufre dicho abogado, y a base del testimonio pericial de varios faculta-tivos, la Administración de Seguro Social lo ha declarado incapacitado nombrándole tutora a su esposa Doña Emma Gastón.

En vista del precario estado de salud del Lie. Quesada Velazco se dictará sentencia suspendiéndole del ejercicio de la profesión sin perjuicio de que pueda ser reinstalado en el futuro en caso de que se restablezca de las dolencias que hoy le aquejan y que le impiden ejercer la profesión de abogado.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz e Irizarry Yunqué no intervinieron.