author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Bristol Alpha Corporation, interventora.

      Número: O-75-61

      Resuelto: 28 de mayo de 1975

      J or ge Márquez Gómez y María Perales, abogados del recurrente; McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria y Lydia González Figueroa, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Margarita Pizá Lugo trabajaba como supervisora de un grupo de operarías en la fábrica de la Bristol Alpha Corp., patrono asegurado con el Fondo del Seguro del Estado. El 15 de noviembre de 1971 radicó ante el Administrador del Fondo un informe de accidente de trabajo en el cual alegó que sufría de asma bronquial. El Administrador negó rela-ción causal entre la condición y el empleo.

Para el 21 de julio de 1972 la obrera radicó un nuevo in-forme en el que alegó que nunca había padecido de asma hasta que empezó a trabajar con la Bristol. Luego de practicársele un examen por un médico alergista, el Administrador recono-ció la relación causal entre el empleo y la condición asmática de la obrera, declarándola compensable. Determinó que la exposición diaria de la empleada al polvo de la penicilina pre-cipitó la conversión de una alergia latente en rinitis y de ahí en asma bronquial. Debido a esa determinación el patrono radicó escrito en apoyo de su capacidad para comparecer ante la Comisión Industrial y solicitó fecha y hora para ser oído. El 16 de mayo de 1974 la Comisión Industrial por resolución dividida dejó sin efecto la decisión del Administrador y ordenó a éste la celebración de una vista administrativa para que el patrono pudiese presentar prueba en apoyo de su con-tención: que la enfermedad de la obrera no había sido con-traída en el curso del empleo. El Administrador solicitó re-consideración, la cual fue denegada el 23 de enero de 1975. Acude ante nos en solicitud de revisión.

El patrono en el caso de autos basa erróneamente su capacidad jurídica para comparecer ante la Comisión Industrial en los Arts. 10 y 15 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Sostiene que la determinación del Pondo puede tener el efecto de aumentar las primas que paga por su póliza. El Art. 10, 11 L.P.R.A. sec. 11, enumera en forma taxativa quiénes tienen capacidad jurídica para recurrir ante la Comisión Industrial cuando no estuvieren conformes con los pronunciamientos del Fondo. Podrán apelar: el obrero o empleado,- sus beneficiarios y en los casos de patronos no asegurados, tanto éste como el obrero. El Art. 15, ii L.P.R.A. sec. 16, establece un procedimiento para el caso en que un obrero con un patrono no asegurado se vea precisado a utilizar los servicios del Fondo. En tal caso el obrero y el patrono tienen, por ley, derecho a ser oídos en la Comisión Industrial. Ni el Art. 10 ni el Art. 15 hacen mención alguna del patrono asegurado. Y es que el patrono asegurado está prote-gido por la póliza expedida por el Fondo. Tiene inmunidad absoluta contra pleitos, y el único remedio que tiene el obrero es el que le concede la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 582 (1964); Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170, 181 (1966); Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834, 850 (1967), Cruz Rodríguez v. A.A.A., 101 D.P.R. 269 (1973).

Un patrono no asegurado, por el contrario, es parte indispensable en un procedimiento ante el Fondo puesto que estará perjudicado directamente por cualquier decisión que este organismo tome. Por eso la ley le otorga la capacidad para comparecer ante la Comisión Industrial y ser oído.

En realidad, el patrono en el caso de autos lo que ataca no es un futuro aumento de primas, como alega, sino la determinación de compensabilidad de la condición asmática de Margarita Pizá Lugo. Determinación que hizo el Fondo basada en testimonio médico. El Art. 3, según enmendado, 11 L.P.R.A. see. 3, considera como compensables, además de las enfermedades específicamente enumeradas “todas aquellas en-fermedades que se contraigan en el curso del trabajo, como consecuencia de un riesgo peculiar a la industria, proceso, ocu-pación o empleo. . . Es patente que la condición padecida por la obrera es una cobijada por las disposiciones del -Art. 3 antes mencionado. La prueba pericial sostiene esta determi-nación.

Por los fundamentos expuestos, se revocará la resolución de la Comisión Industrial de 16 de marzo de 197U y se dictará otra desestimando la apelación interpuesta por el patrono.

      Ásí reza dicho artículo en sü parte pertinente:
      . . . “Si el obrero o empleado, o sus beneficiarios, no estuvieren conformes con la decisión dictada por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado en’ relación con su caso, podrán apelar para ante la Comisión Industrial dentro de un término de treinta (30) días después de haber sido notificados con copia de la decisión del Administrador, y.el caso se señalará para ser oído por un Comisionado o por la Comisión Industrial; Disponién-dose, que en los casos de patronos no asegurados tanto el obrero como' el patrono podrán.acudir a la Comisión Industrial una vez declarado no asegu-rado el patrono por el Administrador, teniendo el patrono un término de treinta (30) días para apelar de la decisión del Administrador declarán-dolo no asegurado, y el caso podrá ser visto por la Comisión Industrial, o por uno de sus Comisionados, siguiéndose en este último caso el procedi-miento que más adelante se dispone. .. .”

      Parte del Art. 15 dice así:
      .'. Disponiéndose, además, que la Comisión Industrial dará, tanto al patrono como al obrero o empleado, en el caso, oportunidad de ser oídos y defenderse. ...”

       Cualquier patrono que fuere perjudicado por un aumento en las primas que habrán de regir en su industria tiene la protección del pro-cedimiento establecido por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo que provee vistas públicas al efecto y ofrece la oportunidad de solicitar revisión de las determinaciones del Administrador con respecto al aumento en las primas y a los cambios en clasificaciones. 11 L.P.R.A. see. 25.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

license: Public Domain

text:
    Flamboyán Gardens, Inc., peticionaria y recurrente, v. Junta de Planificación de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: O-71-294

      Resuelto: 28 de mayo de 1975

      Trias, Saldaña & Francis, abogados de la recurrente; Gilberto Gierbolini y Myriam Naveira de Rodón, Procuradores Gene-rales, Peter Ortiz, Subprocurador General, Augusto A. Cirino y Américo Serra, Procuradores Generales Auxiliares, aboga-dos de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Planificación aprobó en el 1965 la inscripción parcial de un número de solares del bloque “L” de la Urbani-zación Flamboyán Gardens de Bayamón. Excluyó de la apro-bación los solares números 1 y 23 por estar éstos afectados por la futura intersección de la Carretera Expreso Río Hondo y la Avenida 65 de Infantería. Posteriormente, en el 1969, la Junta enmendó su informe para dejar sin efecto la aproba-ción de la inscripción final de los solares 2, 3, y 17 al 22 con-signando como fundamento lo siguiente:

“Luego de efectuarse un nuevo análisis más detallado de esta situación, se ha encontrado que además de los solares 1 y 23, debieron haberse excluido de la aprobación del plano de inscrip-ción final, los solares 2, 3, y 17 al 22 (ambos inclusive), ya que los mismos, hasta donde se ha estudiado en el diseño preliminar preparado por la firma de consultores de Salvador Padilla y Asociado para el Expreso Río Hondo quedarán afectados por la referida intersección.” (Extensión al Informe Número 66-L-089-DA.)

La Junta denegó la solicitud de reconsideración presentada oportunamente por Flamboyán Gardens, Inc. Esta acudió en revisión al Tribunal Superior aduciendo que la Junta de Plani-ficación no tenía facultad en ley para denegar la inscripción de los mencionados solares ya que el trazado de la futura intersec-ción Expreso Río Hondo y la Avenida 65 de Infantería no aparecía en el Plano Regulador de Carreteras Estatales y Municipales ni en el Mapa Oficial. Argumentó, además, que los estudios y diseños preliminares preparados por la firma de consultores Salvador Padilla y Asociado no podían servir de base a la Junta para requerir reservas de terrenos para ser utilizados en la futura construcción de carreteras y avenidas porque la Ley de Planificación provee otros mecanismos para este propósito, constituyendo por tanto, la actuación de la Junta una privación del derecho de propiedad sin el debido procedimiento de ley.

El tribunal de instancia confirmó la actuación de la Junta de Planificación fundándose en que aceptar como correcta la contención de Flamboyán Gardens, Inc., convertiría a la Junta . de Planificación en un organismo de funciones estáticas, ine-fectivas para controlar en forma dinámica el continuo desa-rrollo urbano. Con respecto a la súplica de Flamboyán de que se ordenara la expropiación de los solares concernidos, el tribunal resolvió que no tenía jurisdicción porque la peticionaria no había agotado los remedios administrativos.

En su solicitud de certiorari ante este Tribunal, Flamboyán Gardens, Inc., señala que: 1) el tribunal de instancia incurrió en error al asumir que la Junta de Planificación puede prohi-bir indefinidamente, o por término irrazonable, la construcción en terrenos que presumiblemente puedan necesitarse para fu-turas vías públicas, cuando tales vías no constan en el Plano Regulador o en el Mapa Oficial, y 2) que también incurrió en error al resolver que la peticionaria no ha agotado sus reme-dios administrativos y al rehusar considerar en consecuencia si ha transcurrido un plazo irrazonable desde la congelación de los solares.

I. Aunque de genuino interés y ciertamente muy bien ana-lizado en el alegato de la peticionaria no podemos considerar el primer apuntamiento de error. Cerca de seis meses antes de dictada la sentencia en este caso el Gobernador de Puerto Rico aprobó el 21 de mayo de 1971 el Plano Regulador de Uso de Terrenos y Transportación, que incluye el trazado de la futura intersección del Expreso Río Hondo y la Avenida 65 de Infan-tería. Cualquier discusión del planteamiento a estas alturas sería un mero ejercicio de especulación teórica.

La propia peticionaria advirtiendo la futilidad del plan-teamiento juiciosamente limita en su alegato su pedimento original y nos suplica que devolvamos el caso a la Junta de Plani-ficación, cuestión sobre la que proveeremos más adelante.

II. Insiste, sin embargo, en que no debemos tomar en con-sideración la aprobación del Plano Regulador de Usos de Te-rrenos y Transportación porque, a su juicio, el mismo no tiene eficacia legal por no haberse publicado previamente en el Bole-tín del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según lo requiere la Ley sobre Reglamentos de 1958, Ley Núm. 112 de 30 de junio de 1957, 3 L.P.R.A. sees. 1041-1059. No tiene razón.

Es cierto que la Ley sobre Reglamentos niega eficacia legal a los reglamentos aprobados por agencias gubernamen-tales que no hayan sido publicados en el Boletín del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Art. 6, 3 L.P.R.A. see. 1046. No obstante, el Art. 8 de la Ley de Planificación taxativamente provee que los planos reguladores tendrán vigencia inmediata-mente al ser aprobados por el Gobernador. Al respecto dispone dicho artículo que:

“El Plano Regulador o cualquier parte de éste que la Junta adopte regirá inmediatamente después de aprobado por el Gober-nador. Copia de todo plano regulador o parte del plano re-gulador adoptado por la Junta según aquí se dispone será some-tida a la Asamblea Legislativa. Esta podrá expresar su desa-cuerdo con cualquier aspecto general del plano regulador me-diante resolución concurrente que apruebe al efecto. Dicha acción dejará en suspenso la parte así objetada por la Asamblea Legislativa.” 23 L.P.R.A. see. 8.

En 1964 la Asamblea Legislativa llevó a cabo una revisión de la Ley de Planificación y Presupuesto, supra, enmendando el Art. 8 precisamente en el párrafo que hemos reproducido para adicionarle las dos últimas oraciones. Ley Núm. 116 de 29 de junio de 1964. La peticionaria despacha el alcance de esta enmienda caracterizándola como una simple repetición mecánica del lenguaje original del estatuto, por lo cual.debemos hacer caso omiso de ella. Aparte del conocido principio que destaca la supremacía de la ley más reciente sobre la anterior, no podemos imputarle a la Asamblea Legislativa la realización de un acto inútil al aprobar la enmienda del Art. 8 en el 1964. Menos aún cuando el texto del Art. 8 revela tan claramente la intención de que el plano regulador o la parte de éste que se adopte “regirá inmediatamente después de aprobado por el Gobernador.”

III. Estamos de acuerdo con la peticionaria en que ella agotó los remedios administrativos, siendo, por tanto, errónea la conclusión que en sentido contrario hizo el tribunal de instancia.

Lo resuelto en Heftier International, Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467 (1970) y en Vda. de Iturregui v. E.L.A. 99 D.P.R. 488 (1970), no se aplica al caso de autos, pues, aquí el peticionario solicitó a su debido tiempo reconsideración a la Junta de Planificación, y, una vez ésta fue denegada, inter-puso recurso de revisión en el Tribunal Superior. Este era el único camino expedito para revisar la determinación de la Junta ya que las determinaciones de la Junta de Planificación relacionadas con planos o proyectos de urbanización, como es la que está aquí en controversia, son revisadas directamente por el Tribunal Superior, sin que sea necesario acudir primero a la Junta de Apelaciones, conforme provee el Art. 28 (a):

“Cualquier parte afectada por una actuación, decisión o re-solución de la Junta de Planificación de Puerto Rico sobre casos o planos de urbanizaciones en relación con la cual una petición de reconsideración hubiera sido formulada y denegada, podrá en-tablar recurso de revisión ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración. Se entenderá por urbanización toda segregación, división o subdivisión de un predio de terreno que, por las obras a realizarse para la formación de los solares, no esté comprendida en el término ‘lotificación simple’ según se define en el inciso (a) de la see. 28 de este título.”

La peticionaria no tenía a su disposición ningún otro re-medio administrativo como lo tuvo Heftier International, Inc., supra. No podía solicitar revisión a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaeiones porque ésta no tenía ju-risdicción en el caso.

La Junta de Apelaciones es un organismo de poderes limitados. Su ámbito jurisdiccional está prescrito en la Ley de Planificación y se circunscribe a casos de variaciones y excepciones y a casos o planos de lotificación simple. Art. 28 de la Ley de Planificación, 23 L.P.R.A. see. 28, Art. 11 de la Ley del Negociado de Permisos, 23 L.P.R.A. sec. 41, Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974).

El Art. 11 de la Ley del Negociado de Permisos, supra, delimita con lenguaje claro y preciso el ámbito jurisdiccional ■de la Junta de Apelaciones en la siguiente forma:

“Las decisiones y actuaciones del Oficial de Permisos y las actuaciones, decisiones y resoluciones de la Junta de Planifica-ción de Puerto Rico relacionados con casos o planos de lotifica-ción simple serán revisados en apelación por la Junta de Ape-laciones.”

Precisamente para aclarar la jurisdicción apelativa de la Junta de Apelaciones se enmendó el citado Art. 11 en el 1963 para disponer que la misma se limitaría, en lo que a la Junta de Planificación respecta, a planos y casos de lotifica-ción simple pero no a casos o planos de urbanización. Ley Núm. 94 de 29 de junio de 1963. “Considerar a la Junta de Apelaciones con jurisdicción para intervenir en todos los casos de la Junta de Planificación, tiende a destruir virtualmente las funciones que ejerce la Junta de Planificación y la misma equivale a superimponer a la Junta otro organismo con iguales o mayores poderes.” Informe de la Comisión de Gobierno Es-tatal de la Cámara sobre el P. de la C. 798 que se convirtió en la citada Ley Núm. 94 de 1963.

Es claro, pues, que la Junta de Apelaciones no tiene jurisdicción para revisar determinaciones de la Junta de Planificación relacionadas con casos o planos de urbanizaciones. En tanto en cuanto en Vda. de Itwregui v. E.L.A., supra, expresamos a la pág. 493 que la resolución de la Junta de Planificación sobre una consulta de ubicación de un proyecto de urbanización residencial debió ser revisado en primer término por la Junta de Apelaciones antes de acudirse en revisión al Tribunal Superior, es erróneo y a este respecto dicho caso debe considerarse revocado.

IV. Habiendo agotado la peticionaria los remedios administrativos procedía que el tribunal de instancia considerara la razonabilidad del tiempo transcurrido desde que la Junta de Planificación paralizó el desarrollo de los solares concernidos. La peticionaria discute en un documentado alegato esta cues-tión, que como se sabe, ha sido motivo de preocupación en este Tribunal, Heftier International, Inc. v. J. de P., supra, a la pág. 474, Waymouth Corp. v. Junta Planificación, 80 D.P.R. 619 (1958), Segarra v. Junta de Planificación, 71 D.P.R. 150 (1950).

La peticionaria nos sugiere que fijemos un término de cinco años como plazo máximo para la paralización del uso de terre-nos por la Junta de Planificación, que es el término considerado como razonable por el Código Modelo. En Model Land Development Code, The American Law Institute, T.D. No. 2, 1970.

No nos parece deseable fijar en términos tan absolutos la norma de razonabilidad. Estamos en un campo de fricción de intereses en que la flexibilidad en el enfoque es esencial para que la norma sea útil y justa. Son múltiples y diversas las circunstancias que concurren en cada caso y, por eso, es necesa-rio formular criterios flexibles que permitan armonizar los in-tereses en conflicto; de un lado el interés particular del dueño del terreno en desarrollarlo en la forma más beneficiosa para él, y de otro, el interés público en preservar, como en este caso, libre de construcción los terrenos por donde han de pasar las futuras vías públicas, o donde se habrán de construir otras me-joras públicas, de manera de no imponer a la sociedad la carga onerosa de tener que pagar luego por las edificaciones construi-das en dichos terrenos.

A tono con el principio fundamental de flexibilidad, el tribunal de instancia, al determinar la razonabilidad del tiem-po transcurrido debe tomar en cuenta, entre otros, los siguien-tes factores: a) la naturaleza de la mejora pública que re-quiere la paralización del uso de terrenos, b) prioridad de la misma en el programa de mejoras públicas, c) costo del terreno y recursos disponibles, d) magnitud del perjuicio al dueño del terreno; si se trata de un proyecto de urbanización como en este caso, debe considerarse el valor de los terrenos congela-dos en relación con el desarrollo total aprobado, e) la posi-bilidad de otros usos productivos del terreno que no hagan más oneroso el desarrollo de la futura mejora pública; y, por su-puesto, (f) la extensión del término transcurrido.

Ha de devolverse el caso al tribunal de instancia para que celebre una vista en que las partes tengan la oportunidad de presentar prueba sobre los criterios mencionados y sobre cua-lesquiera otras circunstancias especiales del caso y determine si la duración del término transcurrido desde que se paralizó el uso de los solares en cuestión es o no razonable.

Se dictará sentencia conforme con lo anteriormente ex-puesto.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Julia Esther Chaves, demandante y recurrida, v. Cooperativa de Crédito de Isabela, demandada y recurrente.

      Número: R-73-179

      Resuelto: 28 de mayo de 1975

      Calixto Calero Juarbe y Sonia M. del Valle Rivera, abogados de la recurrente; M. Martínez Umpierre, abogado de la recu-rrida.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

La señora Julia Esther Chaves trabajó por cerca de ocho años como administradora de la Cooperativa de Crédito de Isabela. Las condiciones de trabajo se hacían constar en un contrato escrito cada vez que se convenía un aumento de sueldo. El último de dichos contratos fue suscrito el 30 de junio de 1969. Ni en éste ni en los anteriores se especificó el término de duración del contrato. La última de sus cláu-sulas dispuso:

“La Junta [se refiere a la Junta de Directores de la Coopera-tiva] evaluará la labor de administración periódicamente. Tam-bién revisará este contrato cuando así se amerite.”

La Junta de Directores de la Cooperativa, en reunión ce-lebrada el 12 de agosto de 1969 en que estaba presente la se-ñora Chaves, decidió prescindir de sus servicios a partir del 31 de agosto de 1969 y así se lo notificó. Ello dio lugar a actua-ciones de una y otra parte que culminaron en la formulación de demanda por la señora Chaves y de reconvención por la Coope-rativa. Alegó la demandante que, aunque no se dispuso en el contrato, se pactó un término de dos años de duración. Recla-mó $11,500 por el tiempo que, según alegó, le faltaba para completar los dos años, y reclamó $1,649 por concepto de compensación por vacaciones acumuladas. La Cooperativa re-convino por $15,000 en daños que alegó le causó la deman-dante. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y condenó a la Cooperativa a pagar a la demandante $980.76 por vacaciones, y $11,000 por incumplimiento de contrato, más costas y $500 de honorarios de abogado.

La Cooperativa ha recurrido ante nos. Por resolución de 10 de abril de 1975 concedimos quince días a la demandante recurrida para mostrar causa por la cual no debíamos revocar la sentencia. Ha comparecido mediante escrito que quedó radi-

cado aquí el 9 de mayo de 1975. Lo hemos leído y considerado detenidamente pero no nos convence.

Nuestro estatuto sobre las pruebas adopta en el Art. 25, 32 L.P.R.A. see. 1688, la llamada regla de la prueba extrínseca, que excluye prueba oral de condiciones de un convenio hecho por escrito, fuera de las estipuladas en el escrito. Comentando ese artículo señalamos en Collazo v. Conesa, 70D.P.R. 155,164 (1949) :

“El principio establecido por el artículo 25, supra, es harto conocido. En derecho americano se le describe con el nombre de parol evidence rule. La teoría en que se basa no es meramente que el documento constituye la mejor evidencia de lo acordado, sino que su contenido representa el verdadero contrato entre las partes, no siendo admisible prueba oral para variarlo excepto en los casos provistos en el citado artículo.”

Esta regla, como se dijo en Morales v. Díaz, 24 D.P.R. 739, 743 (1917), “es algo más que una mera cuestión de prueba,” y su naturaleza sustantiva como parte de la teoría general sobre obligaciones y contratos quedó allí reconocida al decirse, en la misma pág. 743: “La mayor parte de la prueba podría haber sido excluida de acuerdo con esta regla, pero aun cuando fuera admitida la corte tenía derecho a considerarla como que no era prueba.” Véase, a este efecto, la presunción incontrovertible establecida en el Art. 101 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1886 en su segundo inciso. Compárese Carrión v. Meléndez Caballer, 97 D.P.R. 357 (1969).

Los hechos del caso ante nos no justifican recurrir a las excepciones que el propio Art. 25, antes citado, establece para la admisibilidad y para la ulterior consideración de prueba extrínseca al contrato escrito. Por el contrario, las circunstancias reflejadas por la prueba eliden todo intento de conceder mayor eficacia a la aseveración, no corroborada, de la demandante de que “según las conversaciones con la presidencia y un comité de contacto que había establecido, se estipulaba que era a base de dos años y podía ser renovado anualmente.” (Pág. 20 de la transcripción de la prueba oral.) Si el contrato era por dos años ¿cómo podía ser renovado “anualmente”?

El propio contrato, en su última cláusula, antes trans-crita, desmiente todo intento de incorporarle por prueba oral la condición de dos años de duración, al reservarle a la Junta de Directores la potestad de revisarlo a su discreción. El testimonio del presidente de la Cooperativa, Dr. Carlos Chaves, fue terminante al negar la alegada condición y, para mayor abundamiento, las actas de la Junta de Directores no revelan que se autorizara un contrato de dos años de duración.

Excepto en cuanto a la obligación de la Cooperativa a pagar a la demandante la cantidad de $980.76 por concepto de vacaciones acumuladas y las costas, se revocará la sen-tencia del tribunal recurrido.

       Dicho artículo dispone:
      “Cuando las condiciones de un convenio se hayan consignado por las partes en un documento, se considerará que contiene éste todas dichas con-diciones, por lo que no cabrá entre las partes y sus representantes o su-cesores en interés, evidencia alguna de las condiciones del convenio, fuera de lo contenido en el documento, excepto en los siguientes casos:
      1. Cuando una equivocación o imperfección en el documento fuere alegada en el litigio.
      2. Cuando la validez del convenio constituyere el hecho controvertido. Pero esta sección no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se relacionare, según lo definido en la see. 1671 de este título, o para explicar una ambigüedad extrínseca, o probar ilegalidad o fraude. La palabra ‘convenio’ incluye escrituras y testamentos, así como contratos entre las partes.”


author: per curiam:

text:
    Secretario de Hacienda de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Lucas F. Serbiá Córdova, Juez, demandado; Sucn. Héctor Busigó, interventora.

      Número: O-73-178

      Resuelto: 29 de mayo de 1975

      J. F. Rodriguez Rivera y Peter Ortiz, Procuradores Generales Interinos, y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Jorge Vigo Cifre, abogado del interventora.
   per curiam:

El Tribunal Superior no adquiere juris dicción para revisar una notificación final de deficiencia en relación con el pago de la contribución sobre ingresos a menos que el contribuyente presente una demanda dentro del término de treinta días a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación aludida y previa la prestación de una fianza a favor del Secretario de Hacienda y sujeta a su aprobación, por el monto expresado en dicha notificación final. 13 L.P.R.A. sec. 8272(a)(2). Ambos son requisitos jurisdiccionales sin cuyo cumplimiento estricto el Tribunal Superior carece de jurisdicción para conocer del asunto. Segarra, Jr. v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 168 (1967); Gómez v. Tribl. Contribuciones y Tesorero, 73 D.P.R. 471 (1952).

La ley dispone que en el evento de que el contribuyente no pudiere prestar la fianza por la suma requerida, o no pudiere prestar fianza alguna, deberá acompañar una solicitud que será notificada al Secretario de Hacienda junto con la demanda, pidiendo al tribunal que reduzca el monto de la fianza, o le exonere de prestarla y expondrá las razones que tuviere para ello. 13 L.P.R.A. see. 3272 (a) (4).

En el caso de autos el Secretario de Hacienda notificó a la contribuyente, Sucesión de Héctor Busigó, en 14 de junio de 1971, una “Resolución sobre Reconsideración de Deficien-cia” por la suma de $14,731.91 por los años contributivos 1963 a 1966. Exigió una fianza de $15,875.00. No estando con-forme con la deficiencia notificada la contribuyente presentó una demanda dentro del término de ley sin hacer petición de que la fianza fuese reducida. Solamente alegó con respecto a la fianza qüe la misma había sido sometida a la consideración del Negociado de Contribución sobre Ingresos y estaba en vías de aprobación. En 9 de septiembre de 1971 el Secretario solicitó la desestimación de la demanda fundamentada en la insuficien-cia de la fianza personal por $10,425.00 prestada en 11 de abril de 1969 (más de dos años antes de haberle cursado la notificación final) sin que el contribuyente hubiere acompa-ñado junto a la demanda la solicitud que exige la ley para la reducción de la fianza que fijó el Secretario para acudir al tribunal.

El contribuyente se opuso a la desestimación alegando haber prestado, antes de recibir la “Resolución sobre Recon-sideración de Deficiencia”, una fianza ascendente a $14,000.00 consistente de un pagaré hipotecario a favor del Secretario dé Hacienda por la suma de $13,000.00 mediante escritura nú-mero 11 de 24 de mayo de 1971 ante el Notario Adonis Nieves, más $1,000.00 en efectivo.

El Tribunal Superior celebró una vista sobre la referida Moción de Desestimación radicada por el Secretario y dictó resolución declarando la misma sin lugar y aceptando como su-ficiente la fianza de $14,000.00 prestada por la contribuyente.

Debemos dejar sin efecto la resolución del tribunal de instancia. No habiéndose cumplido con el requisito jurisdiccional de prestación de fianza por el monto exigido por el Secretario en la “Resolución de Reconsideración de Deficiencia”, ni habiendo solicitado la contribuyente la reducción de la fianza al momento de la presentación de la demanda conforme lo exige la ley, y siendo dichos requisitos de cumpli-miento estricto, es forzoso, concluir que el tribunal de instancia actuó sin jurisdicción al entender en el incidente de fianza. Se dejará sin efecto lo actuado y se declarará la demanda sin lugar.

El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunque, no intervino.

      El contribuyente puede optar por pagar la parte de la contribución con la cual estuviere conforme y litigar el resto, en cuyo caso la fianza será no mayor del monto de la contribución que se litigue, más los intereses computados conforme lo dispone la ley. Esta no es la situación ante nos.

      La fianza requerida es siempre mayor que la deficiencia por incluir intereses sobre la deficiencia computados por un año adicional. 13 L.P.R.A. sec. 3272(a)(1).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Expropiaciones, Hon. Adaljisa Díaz de Collazo, Juez, demandado, Aguirre Corp. of Puerto Rico, interventora.

      Número: O-74-132

      Resuelto: 29 de mayo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del peticionario; Saldaña, López Baralt & Rey y Clemente Pérez Martínez, abogados de la in-terventora.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Hemos de resolver un incidente interlocutorio en el pro-cedimiento de expropiación seguido por el Gobierno contra la Central Aguirre.

Es necesario fijar la justeza de la compensación y a tales fines el Gobierno ofreció como venta similar la efectuada por la Central Guánica a favor de la Administración de Terrenos en mayo de 1970, precedente que rechazó Aguirre bajo la premisa de haber sido una venta involuntaria u obligada. Así lo entendió la Sala de Expropiaciones que excluyó la prueba y expedimos certiorari.

Un examen de la transcripción de evidencia nos ha con-vencido de que la sala de instancia, cautivada por detalles secundarios de la prueba, perdió la correcta perspectiva que conduce a la realidad de que la referida transacción de com-praventa no sólo fue voluntaria, sino que representó el más ventajoso negocio que podía realizar la Central Guánica en las duras realidades del mercado azucarero de los años 1969-70. El precio cercano a los $4,000,000 pagado por la Adminis-tración de Terrenos refleja con fidelidad el valor comercial del molino, el batey y terrenos involucrados. Así se deduce de las sombrías alternativas para una central que había resuelto cerrar a fines de 1969: desmantelar el ingenio y venderlo fuera de Puerto Rico por unos $2,000,000 y emprender la aventura de crear una zona de atracción turística; y quedar trabada en gravosos contratos de arrendamiento y molienda, bonificación y servicios a colonos que el Gobierno finalmente asumió. El valor comercial de la Central Guánica lo deter-minaron la decadencia de la industria azucarera sobrevenida como consecuencia de baja en el precio mundial del azúcar, reducida productividad de la caña en el país y mutaciones económicas radicales inherentes a un desarrollo que había desplazado la agricultura.

La ilustrada representación de Aguirre admite que no hubo coacción o presión oficial abierta para obligar a vender, que la compulsión era más bien un estado de ánimo o clima que sólo podía captar el juzgador de los hechos. Su argumento no está sostenido por la prueba. El Ingeniero Rodríguez Chacón, Director del Programa de Rehabilitación de la Industria Azucarera, declaró sin ser refutado, que el valor en el mercado de la Central Guánica, desprovista de cañas propias, podía fijarse en cero; un grupo de colonos sólo llegó a una oferta de $1,500,000 antes de que la Administra-ción de Terrenos entrara en las negociaciones, el Gobierno no se inclinaba a la imposición socializadora y tan lejos se hallaba de recurrir a su poder de expropiación que aprobó una cláusula en un convenio colateral sobre la finca Belvedere exigida por la Central y diseñada precisamente para impedir que el precio de un remanente pudiera usarse por el Estado como venta comparable para reducir la compensación por una porción anteriormente adquirida. La intervención del Gober-nador de Puerto Rico y altos funcionarios de su administra-ción, si bien demostró una legítima preocupación por el pro-blema de desempleo que produciría el cierre de Guánica, fue mesurada, sin amenazas de expropiación.

La regla general excluyente de ventas al Estado como precedentes similares y limitaciones de su valor probatorio si fueren admitidas, tiene su excepción cuando los hechos del caso demuestran que el poder de expropiación no hizo sentir su peso en el acuerdo final. La entrada del Gobierno a la opera-ción de salvamento o compra del molino de Guánica se produjo a solicitud del Administrador de la central en carta angus-tiosa al cabo de la modesta oferta de compra del grupo de colonos.

El simple hecho de que una de las partes en la compraventa tenga poder de expropiación de por sí no hace la venta compulsiva, al menos cuando ningún paso para ejercer ese poder se hubiera tomado antes de negociar la venta.

Para apreciar el valor probatorio de la venta ha de preguntarse si las circunstancias irrelevantes que influyeron en las partes fueron de las que podrían afectar el precio pagado y en consecuencia anular su utilidad como medida de valor. Nichols, On Eminent Domain, Tomo 5, Sec. 21.33, pág. 21-105 y ss., Ed. 1969.

La prueba acusa un caso típico de negociación libre por ambas partes y la aceptación por la Central Guánica del mejor precio obtenible en el decadente y arruinado mercado de azúcar.

El hecho de que parte del precio acordado y pagado con-sistiera en la asunción por el Gobierno de los contratos de arrendamiento y servicios con los colonos, no introduce falta de certeza en el precio. Se trata de obligaciones claras para cuyo cumplimiento se comprometieron fondos públicos por lo que deben estar disponibles para la Sala de instancia los informes y estados de cuenta que indiquen el importe total de ese elemento integrante de precio.

Por estimar voluntaria la venta mediante la cual el Gobierno adquirió el molino y dependencias de la Central Guánica, se anula la resolución recurrida y se remite él expediente al tribunal de instancia para continuación de pro-cedimientos consistentes con lo ahora resuelto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron.


text:
    Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Salvador Acevedo Colón, Juez, demandado; Cooperativa de Servicios de Equipaje del Aeropuerto Internacional, interventora.

      Número: O-75-125

      Resuelto: 29 de mayo de 1975

      América Lameiro de Irizarry, Marina Soto de Carrión, Jaime A. Betancourt Lebrón, José M. Pizarro Zayas, Carmen J. Febres Claudio, Fidel A. Sevillano Del Río y Angel G. González Robledo, abogados de la peticionaria; Alfredo Nazario y Vicente Ortiz Colón, abogados de la Cooperativa de Servicios de Equipaje del Aeropuerto Internacional; Cando, Cuevas & Mayo, abogados de la Interstate Air Service Corporation.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Al terminar por resolución pactada el contrato entre la recurrente Autoridad de los Puertos de Puerto Rico e Interstate Air Service Corporation, que disfrutaba la concesión para servicios de acarreo, almacenaje y guarda de equipajes en el Aeropuerto Internacional, dicha corporación inquirió sobre fecha y condiciones de subasta para el nuevo contrato, por entender que la concesión sólo puede otorgarse previa cele-bración de subasta. La Autoridad de los Puertos rechazó la exigencia de Interstate y otorgó el nuevo contrato a una cooperativa organizada por los propios maleteros y demás tra-bajadores que antes estaban empleados por Interstate,

Interstate presentó demanda interesando remedios múltiples, exigiendo entre otros que se mantenga en vigor el contrato de concesión de servicios a su favor hasta tanto se cele-bre subasta, que se afirme esa disposición mediante injunction y que se condene a la Autoridad al pago de daños por $360,000. El tribunal de instancia accedió a la solicitud y expidió una orden de entredicho provisional, sin vista, prohi-biendo a la Autoridad cancelar o modificar su contrato con Interstate, requiriéndola a mantener el mismo en vigor, y prohibiendo una nueva adjudicación sin subasta pública. Recurrió la Autoridad de los Puertos, suspendimos los procedimientos en el Tribunal Superior y aceptamos el caso para revisar mediante certiorari.

El injunction que desde su temprana etapa de entredicho está concediendo un remedio que en el procedimiento usual ordinario no se alcanza hasta vencer en juicio, debe expedirse con sobriedad y sólo ante una demostración de clara e intensa violación de un derecho. La orden de entredicho, como todo remedio provisional dirigido a asegurar la efectividad de sentencia, ha de pasar por el exigente tamiz de discreción judicial que ha de ejercitarse en cuidadosa ponderación del interés de todas las partes, y con mayor rigor cuando una de éstas no ha sido oída antes de librar la orden. Esta norma de moderación en el uso del injunction tiene su máxima aplicación cuando su efecto restrictivo ha de operar sobre una agencia u organismo de servicio público con grave impacto y erosión del derecho de las numerosas personas, del pueblo en general, a quien sirve la corporación pública. Aun cuando no existiera la prohibición específica de restricción por injunction en la Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (Núm. 125, aprobada en 7 de mayo de 1942 — 23 L.P.R.A. see. 331 y ss.) el tribunal de instancia no podía relegar a segundo plano el primordial interés público, superior al interés de las partes. Al fijar el alcánce de la ordén de entredicho declara la Regla 57.4 de Procedimiento Civil que será, obligatoria solamente para las partes en la acción, sus oficiales, ágentés, sirvientes, empleados y abogados y para, aquellas personas que actuén de acuerdo o participen activamente con ellas y que reciban aviso de la orden mediante notificación personal o en cualquier otra forma. Excede y rebasa el ámbito de autoridad la orden de entredicho librada en este caso que a todas luces surtirá un ulterior efecto dañoso en perjuicio de miles de personas que en todas las horas de todos los días utilizan las facilidades de nuestro Aeropuerto Inter-nacional. Estos usuarios ni son parte ni podrán ser notificados de la orden restrictiva. ¿Por qué han de sufrir las consecuencias de la pugna entre Interstate y la Cooperativa de sus ex-empleados disputándose el contrato de servicios en el Aero-puerto Internacional? La Ley no crea el interés social, lo reconoce y delimita. La sociedad civilizada impone ciertos compromisos entre la libertad individual y el interés social. En primer plano está el interés social en la seguridad general; el reclamo, el deseo o la exigencia de sentirse libre de aquellos actos y conducta que amenazan la existencia misma de la sociedad. Cuando la sociedad desarrolla su economía nace el interés individual en asegurar lo adquirido y en la certeza de las transacciones, moderado por el interés general en el progreso, en la continuada mejoría y avance de la ingeniería social que es tutela del Estado. Pound, Jurisprudence, Tomo III, pág. 235 y ss. Nadie tiene derecho, en una sociedad democrática, a promover sus particulares intereses a costa de un mayor sector del pueblo, imponiendo a éste un tributo de sufrimiento, privación, y desvalimiento, nó importa la justicia real o nominal de la reclamación. Ya antes dijimos que “al considerar la expedición del auto el tribunal debe ponderar la naturaleza de los derechos individuales afectados frente al valor y utilidad social de la obra pública en cuestión.” Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612, 618 (1973). La misma razón de política pública satura la prohibición general de injunction y orden de entredicho declarada en el inciso 3 del Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil [32 L.P.R.A. sec. 3524(3)], según enmendado por Ley Núm. 12 aprobada el 8 de agosto de 1974.

Hay razones adicionales que proscriben la orden de entredicho en el presente caso. El injunction es un recurso extraordinario que nació de la necesidad de suplir la falta de remedio adecuado en las cortes de derecho común. Todavía sigue atado a su abolengo de equidad. Cuando existe el remedio de resarcimiento de daños, y los hechos alegados en la demanda de Interstate no excluyen de un todo la adecuacidad de ese recurso de vía ordinaria, no debe acudirse al entredicho provisional. Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, To. 11, sec. 2944, págs. 396 — 401, ed. 1973.

La interventora Interstate hace énfasis en que la orden de entredicho que ahora se discute es sólo un mecanismo para hacer valer un anterior injunction que en 27 de marzo de 1973 obtuvo contra la Autoridad de Puertos y que este Tribunal rehusó revisar por resolución de 16 de mayo de 1974. Sin que sea necesario cuestionar la procedencia de aquel primer injunction, expedido a manera de una ingeniosa excepción a la prohibición de la Ley Núm. 125 de la Autoridad de Puertos antes citada, notamos que el mismo se dio para preservar un status quo contractual que hoy no existe pues desapareció con el aviso de terminación del contrato entre la Autoridad e Interstate. Un injunction no puede sobrevivir la extinción del estado de derecho y circunstancias factuales que dieron lugar a su expedición. El remedio no se perpetúa más allá de su razón genésica. Los tribunales nunca deben ignorar cambios de relieve en la ley o en las circunstancias que sostienen el injunction a riesgo de que éste se convierta en “instrumento de injusticia.” United States v. Swift & Co., 286 U.S. 105, 115 (Cardozo, J.).

Un fundamento adicional sobre el cual la interventora Interstate obtuvo la orden de entredicho provisional descansa en su contención de que la Autoridad recurrente otorgó la concesión de servicios de acarreo, almacenaje y guarda de equipajes a la Cooperativa de Servicios de Equipaje sin celebración de subasta, en contravención del Art. 11 de la Ley de la Autoridad de Puertos (23 L.P.R.A. see. 341) negando a Interstate el derecho a licitar en gestión del contrato. Por las razones aquí expuestas tampoco ha de considerarse posibilidad de injunction hasta no recaer sentencia final y firme adjudicando la ilegalidad de actuación y ello tomando en conjunto todos los factores de perjuicio y conveniencia que esta opinión refiere.

Se anulará la orden de entredicho y el expediente será devuelto al tribunal de instancia para continuación de proce-dimientos consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió.

       El Art. 11 de la Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (23 L.P.R.A. see. 341) dispone:
      “Todas las compras y contratos de suministros o servicios, excepto servicios personales, que se hagan por la Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de obras de la misma, deberán hacerse mediante anuncio de subasta hecho con la suficiente antelación a la fecha de apertura de pliegos de proposiciones para que la Autoridad asegure el adecuado cono-cimiento y oportunidad de concurrencia; Disponiéndose, que cuando la suma estimada para la adquisición u obra no exceda de cinco mil (5,000) dólares, podrá efectuarse la misma sin anuncio de subasta. Para compras cuyo valor fluctúe entre mil (1,000) y cinco mil (5,000) dólares la Autoridad deberá solicitar cotizaciones de por lo menos tres fuentes de suministros. No serán necesarios anuncios de subasta o el requerimiento de cotizaciones para compras cuyo valor fluctúe entre mil (1,000) y cinco mil (5,000) dólares, cuando (1) debido a una emergencia se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo, o ejecución de servicios; (2) cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suple-mentarios para efectos o servicios previamente suministrados o contratados ; (3) cuando se requieren servicios o trabajos de profesionales o de expertos y la Autoridad estime que en interés de una buena administración, tales servicios o trabajos deban contratarse sin mediar tales anuncios; ó (4) cuando los precios no están sujetos a competencia porque no haya más que una sola fuente de suministro o porque estén regulados por la ley; en tales casos, la compra de materiales, efectos o equipo, o la obtención de tales servicios podrán hacerse en mercado abierto en la forma corriente en las prácticas comerciales. Al comparar proposiciones y hacer adjudicaciones, se dará debida consideración a aquellos factores, (además de si el postor ha cumplido con las especificaciones) tales como el precio más bajo; la habili-dad del postor para realizar trabajos de construcción de la naturaleza en-vuelta en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabilidad rela-tivas de los materiales, efectos, equipo o servicios; la responsabilidad económica del licitador, y su pericia, experiencia, reputación de integridad comercial, y habilidad para prestar servicios de reparación y conservación; y el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca. La Autoridad podrá decretar reglamentos para la presentación de licitaciones.”

       El Art.. 21 de la Ley (23 L.P.R.A. see. 351) dispone que no se ex-pedirá. ningún injunction para impedir la aplicación. de las sees. .331 a .352 de este título o cualquier parte de las mismas.

       Wright & Miller incluye el interés público entre los cuatro factores de importancia mayor a • considerarse por el juez ante una solicitud de injunction preliminar. Los otros tres son el - grado de amenaza de daño irreparable al promovente de no concederse el injunction; el balance com-parativo entre dicho daño y el que se causará al demandado de expedirse el auto; y la probabilidad de que el actor prevalezca en .los méritos. Federal Practice & Procedure, To. 11, págs. 430-431. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200 (1975).

       Art. 678. — No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho:
      “3. Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actua-ción autorizada por ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corporación pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable o irrevisable, que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida.
      “Disponiéndose sin embargo que; el tribunal podrá dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:
      “1) En aquellos casos en que ello sea indispensable para hacer efec-tiva su jurisdicción y previa una determinación de que la orden es indispensable para evitar un daño irreparable a la parte peticionaria;
      “2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la au-toridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté pri-vando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o Leyes de los Estados Unidos de América que sean apli-cables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      “Disponiéndose además; que al dictar dicha orden el Tribunal debe considerar el interés público envuelto y concluir que la parte peticionaria tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos de su petición. Dicha orden sólo tendrá vigor en el caso específico ante el tribunal y entre las partes.”


author: per curiam :

text:
      In re: Lcda. Nieves M. Agostini de Torres, querellada.

      Número: Mc-75-7

      Resuelto: 30 de mayo de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José Davidson Lampón, Rafael G. Vidal Roig y Enid Colón Jiménez, abogados de la querellada.
   per curiam :

La señora Isabel Folch se quejó ante la Procu-radora General de que encomendó a la abogada Nieves M. Agostini de Torres, aquí querellada, la tramitación de una reclamación por daños que alega sufrió al caerse en un esta-blecimiento comercial en Bayamón, y que la abogada permitió, por su falta de diligencia, que la causa de acción prescribiera por el transcurso de más de un año. Hecha la investigación correspondiente y sometida a este Tribunal, concedimos a la querellada un término para mostrar causa por la cual no debía iniciarse el correspondiente trámite disciplinario.

La querellada ha comparecido y, sin cuestionar las alega-ciones de la señora Folch, aduce que entre ellas no llegó a per-feccionarse un contrato de servicios profesionales, que le ad-virtió a la señora Folch que los daños eran mínimos pero que ésta pretendía una “cuantiosa reclamación”, que le dio cita para visitar ambas el establecimiento comercial en que ella sufrió la caída y la señora Folch no se presentó, y que la señora Folch no le aportó las pruebas que la querellada le requirió. No obstante, surge del propio escrito de la querellada que hizo algunas gestiones iniciales, que luego abandonó. Donde falló la querellada fue precisamente en su ambivalencia frente a la señora Folch en cuanto a si aceptó o no hacerse cargo de su reclamación. Su indecisión desampara su actual excusa de que no llegó a concertarse un contrato de servicios profesionales entre ellas.

Conforme al Canon 26 del Código de Etica Profesional, 99 D.P.R. 1017, “[ningún] abogado está obligado a representar a determinado cliente y es su derecho el aceptar o rechazar una representación profesional.” Pero en el descargo de su responsabilidad para con la persona que solicita sus servicios, el abogado debe ser claro y preciso en cuanto a si acepta o no representar sus intereses, y hacerlo saber a dicha persona sin lugar a equívocos. El abogado no puede ampararse en la ausencia de un contrato escrito, o en que no se le hiciera un abono inicial a sus honorarios, o en que no se hablara del importe o condiciones de sus servicios, para excusar su responsabilidad, si por sus actos induce al cliente a creer que ha aceptado su representación.

La conducta de la querellada merece nuestra censura, que no transciende más allá en vista de los particulares hechos de este caso.

Se ordenará el archivo de la querella, sin perjuicio de cualquier otra acción que en Derecho 'pudiera tener la señora Folch.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Héctor J. Correa Vélez, demandante y recurrido, v. Antonio Carrasquillo, demandado y recurrente.

      Número: R-73-238

      Resuelto: 30 de mayo de 1975

      Orlando A. Disdier Díaz, abogado del recurrente; P. Roldan Figueroa y Frances Berrios Agosto, abogados del recurrente.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 26 de junio de 1970 el demandante recurrido le tomó a préstamo al demandado recurrente la suma de veintidós mil dólares, pagadera al cabo de dos años, al 10% de interés anual. Se garantizó el préstamo con hipoteca y en la escritura correspondiente se dispuso:

“Si el deudor interesara pagar la totalidad del capital de este préstamo con anterioridad al vencimiento de su término deberá abonar además al acreedor el importe de todos los intereses con-venidos a devengarse por el capital hasta el día de su venci-miento.”

El deudor saldó la deuda el 29 de junio de 1971 y pagó dos mil doscientos dólares adicionales en calidad de intereses a tenor con la cláusula transcrita. Aproximadamente once meses más tarde el deudor demandó al recurrente en el Tribunal de Distrito, alegando la nulidad de la cláusula relativa al cobro de intereses en caso de pago anticipado. El Tribunal de Distrito decretó que la cláusula es nula y ordenó la devolu-ción de los dos mil doscientos dólares, los que consideró inte-reses usurarios. El Tribunal Superior confirmó la sentencia. Acordamos revisar.

I

Analicemos primeramente estos hechos a la luz de nuestra legislación concerniente a la usura y a las tasas legales de intereses. Varias disposiciones rigen esta zona de nuestro derecho, entre las que se cuentan los Art. 1649 y siguientes del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4591 et seq., según afectados por la Ley Núm. 36 de 18 de junio de 1969 y el reglamento adoptado a su amparo, 33 R.&R.P.R. sec. 1754-1; y la Ley Núm. 92 de 6 de mayo de 1938, incorporada a nuestro antiguo Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1751 et seq.

La tasa de 10% acordada era legal en 1970. 33 R.&R.P.R. sec. 1754-1. El problema consiste en determinar si la cláusula de indemnización por el pago anticipado de la deuda — y el pago que actualmente se hizo — convirtieron en usurario el préstamo. A tales efectos conviene señalar que las disposicio-nes de ley citadas, aunque parte de ellas se han incorporado a nuestro Código Civil, se fundan en el patrón general estadounidense. Lowell, A Current Analysis of the Usury Laws: A National View, 8 San Diego L. Rev. 193 (1971).

El derecho norteamericano establece con toda claridad la validez de cláusulas como la que nos ocupa. Se expresa en 14 Williston, On Contracts, 3a ed., 1972, sec. 1694(A), a la pág. 769:

“No constituye usura el hecho que un deudor acuerde de ante-mano que, en caso de pago del préstamo antes de su vencimiento, él deberá satisfacerle al acreedor los intereses por el plazo com-pleto del préstamo o pagarle una prima.” (Traducción nuestra.)

Al mismo efecto: 6A Corbin, On Contracts, 1962, sec. 1505, pág. 697; Lowell, supra, 209 et seq., y la jurisprudencia citada en dichos escritos.

El tratamiento español del tema de la usura es radical-mente distinto. La fuente principal es la Ley de la Represión de la Usura o Ley Azcárate de 23 de julio de 1908, la cual no fija una tasa máxima de interés, sino que deja a la discreción judicial la determinación de si un préstamo es o no usurario mediante el examen de varios factores, entre los que se cuen-tan la fijación de un interés mayor que el acostumbrado, la situación angustiosa del prestatario y el carácter de la transacción, si comercial o civil. Véanse: Vizcarro, El Préstamo Usurario, Colección Nereo, Barcelona, 1963, pág. 30 et seq.; Sentencia de 15 de diciembre de 1965 (Esp.), 223 Rev. Gen. de Leg. y Jur. 759 (1967). Existe legislación en España para fijar la tasa máxima- en préstamos civiles, pero que no ha afectado la Ley Azcárate y el modo básico nacional de enfocar el problema de la usura. Quintano Ripolles, Usura Civil y Usura Penal, 49 - Rev. de Derecho Privado 272, 274 (1965).

Dado el origen de nuestras leyes de usura y la aplicabilidad de la doctrina general estadounidense a las condiciones locales del momento, resolvemos que la existencia dé una cláusula como la presenté de indemnización por pago antiéipado no torna en usurario un contrato de préstamo.

r — H HH

La nulidad o validez de la cláusula en cuestión debe examinarse también desde la vertiente del Art. 1080 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3063, equivalente al 1127 del Código Civil Español. El tejido de nuestro derecho se compone a veces de hilos variados, provenientes de diversos sistemas jurídicos. El problema bajo estudio es un ejemplo de ello.

Provee el Art. 1080:

“Siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en beneficio de acreedor y .deudor, a no ser que del tenor de aquéllas o de otras circunstancias resultara haberse puesto en favor del uno o del otro.”

En el derecho español, el plazo en el préstamo a interés se entiende establecido generalmente tanto en beneficio del acree-dor como del deudor, ya que “el prestamista coloca su capital con la esperanza legítima de obtener una ganancia determi-nada de la cual se vería privado a voluntad del deudor desde el instante en que éste pudiera lícitamente devolverle lo prestado antes del término convenido.” Sentencia del 1 de marzo de 1887- (Esp.). De ahí que la doctrina usualmente establezca, aunque no es uniforme, que en el préstamo a interés el deudor no puede pagar antes de cumplirse el plazo establecido en la obligación. 19. Scaevola, Código Civil, 2a ed., 1957, pág. 805; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6a ed., t. VIII, vol. 1, pág. 449; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1959, t. I, vol. II, pág. 145. Diez-Picazo, El Pago Anticipado, 28-Revista de Derecho Mercantil, págs. 37, 47, 89-91 (1959).

La jurisprudencia y los tratadistas españoles, sin embargo, no comentan usualmente el problema de la legalidad de exigir de antemano determinada prima a cambio de permitir el pago por anticipado del capital. Véanse: Alvarez Puza, Extinción de las Obligaciones: El Pago (Arts. 1156 a 1171), Colección Nereo, Barcelona, 1962; Beltrán de Heredia, Cumplimiento de las Obligaciones, Ed. Rev. de Derecho Privado, Madrid, 1956; Diez Picazo, supra; Puig Peña, no obstante, asume la posición de que el deudor debe tener derecho a pagar si le abona al acreedor todos los quebrantos que puedan deducirse de su deseo de pago anticipado. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 1966, t. Ill, vol. 2, pág. 795. Esta preocupación que evidencia el criterio de Puig Peña, a la que aludiremos dentro de breve, está hallando eco en algunos sec-tores del Derecho Civil, del Derecho Norteamericano y del Derecho Puertorriqueño, aunque existe gran diversidad de enfoques.

En Quebec, del otro lado, cuyas disposiciones legales sobre este asunto derivan del Código Napoleón, se ha resuelto por jurisprudencia que la exigencia de una prima por el pago anticipado de un préstamo a interés es enteramente válida, así como que el asunto no se rige por la legislación relativa a las tasas máximas de interés. Faribault, Traité de Droit Civil de Quebec, 1952, vol. 13, pág. 207. Compárese: Mazeaud et Mazeaud, Lecons de Droit Civil, Paris, 1956, vol. 12, sec. 916.

En algunas jurisdicciones de Derecho Civil — y aquí comen-zamos a mencionar algunos desarrollos análogos a los que aparentemente inspiran la opinión de Puig Peña — se ha legis-lado expresamente para alterar esta regla. Despunta cierta tendencia en distintos países a ofrecerle mayor protección al deudor. En Bélgica, por ejemplo, es lícita la estipulación de una indemnización por reempleo del capital en caso de pago anticipado, pero el Art. 1907 bis del Código Civil prohíbe que la prima exceda a una cantidad equivalente a seis meses de intereses, calculados a base de la suma total prestada. De Page, Droit Civil Beige, t. 5, Bruxelles, 1952, pág. 170.

En Estados Unidos se ha aprobado gran diversidad de leyes y reglamentos sobre este asunto. El reglamento del Banco Federal de Préstamos sobre la Vivienda limita también a seis meses la indemnización por pago anticipado y exige pacto previo para tener derecho a cobrar prima alguna. Federal Home Loan Bank Board Regulations, 12 C.F.R. sec. 546.6-12 (b) (1971). En el caso de ciertos otros préstamos acreedores a la garantía gubernamental, como los contraídos por vetera-nos bajo la legislación al efecto, no puede cobrarse indemniza-ción alguna por el pago adelantado. 38 C.F.R. sec. 36.4310 (1971). En otros casos se provee una tabla de primas redu-cidas, como sucede con los préstamos de la F.H.A. 24 C.F.R. sec. 207.253(a) (1971). Para un estudio de la interesante situación en California y citas sobre la legislación en ciertos estados, revísese: Bonanno, J. F., Due on Sale and Prepayment Clauses in Real Estate Financing in California in Times of Fluctuating Interest Rates — Legal Issues and Alternatives, 6 Univ. of San Francisco L. Rev. 267 (1972).

La cuestión ha preocupado también a nuestra Asamblea Legislativa. En la Ley de Préstamos Personales Pequeños de 28 de junio de 1965 se dispuso, 10 L.P.R.A. see. 954(2) (d), que en caso de pago por anticipado total se deberá reembolsar al deudor “la porción del cargo correspondiente a los plazos no vencidos.”

No es descartable que este Tribunal se convenza en ocasión apropiada, en que el expediente contenga datos económicos adecuados sobre el efecto de la decisión que se adopte, de la posibilidad de considerar la cláusula que nos ocupa como una cláusula penal, a pesar de las aparentes dificultades que presenta el Art. 1108 de nuestro Código Civil, y que aplique a estos casos el principio de la moderación de la pena. Rochester Capital Leasing Corp. v. Williams International Ltd., opinión del 23 de diciembre de 1974, Ref. Col. Abog. 1974-166. Una variante de esta solución se ha recomendado para Estados Unidos. Comment, Secured Real Estate Loan Prepayment and the Prepayment Penalty, 51 Calif. L. Rev. 923 (1963).

El problema bajo estudio abarca, no obstante, situaciones muy variadas, a la par que exige soluciones claramente anticipables que propicien en lo posible la estabilidad en este género de transacciones. Estimamos que la tendencia clara en otras jurisdicciones es definitivamente hacia ofrecer mayor protección a los deudores, especialmente en tiempos de gran-des fluctuaciones en la tasa de interés. Simpatizamos con dicha tendencia, pero la solución del problema se adapta más, en ausencia de un récord adecuado ante nos, a la flexibilidad ■que provee el proceso legislativo. Entre las dificultades que presenta intentar lograr por la vía adjudicativa el debido equilibrio de intereses en un campo tan delicado como éste se encuentra el problema de la retroactividad. ¿Puede o debe hacerse retroactiva una decisión en un caso como el presente? ¿Bajo qué principio de ley puede declararse una retroactividad limitada en la presente situación de hechos, especialmente cuando se trata, como se trata aquí de un problema novel de este foro?

A la luz de estas consideraciones, estimamos que el procesó legislativo debe tener la oportunidad preferente de investigar y resolver este orden de problemas. Resolvemos, por tanto, que en las circunstancias presentes y a la luz de los hechos concretos que esta causa encierra tampoco existe base en nuestro Código Civil para declarar nula en este caso la cláusula de indemnización por pago anticipado de la deuda.

Se revocará la sentencia del tribunal de instancia.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado. Los Jueces Asociados, Señores Díaz Cruz y Negrón García, disienten en opiniones separadas.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 1975

Disiento. Considero inmoral y contraria al orden público en principio la cláusula que impone al deudor que desea saldar la hipoteca antes de vencimiento, la condición de pagar todos los intereses pactados hasta la fecha de vencimiento. Sin embargo, no ha de adoptarse una regla fija aprobando o re-chazando dicho pacto. En una hipoteca de pequeña cuantía y corto plazo la condición no parecería excesivamente onerosa y opresiva.

Si el único reclamo de legitimidad de esta cláusula es pro-teger la inversión del prestamista que de recibir su dinero devuelto antes de tiempo ha de gestionar otra colocación pro-ductiva para el mismo, una penalidad consistente en el abono de intereses por un número de meses bastaría para proteger la “libra de carne” del acreedor. En una sociedad que usa el crédito hasta el punto en que se diluye el horizonte, es fácil colocar otra vez el dinero pagado, Resultaría entonces que habiendo el prestamista cobrado intereses por un año no cum-plido, al reinvertir prontamente su dinero estaría percibiendo interés adicional por el mismo período lo que en simple arit-mética equivale a autorizar el doble del interés legal. En este caso, en vez del 10% (si se mantiene el tipo legal) podrá recibir el 20 % anual por su dinero.

Los intereses no han sido, en el penoso devenir de nuestra civilización, motivo de satisfacción ni orgullo. En gran medida han estado ligados a la angustia, la desesperación y el fracaso. Sabido es que la voluntariedad de la hipoteca en muchos casos es un eufemismo. El deudor se entrega a su acreedor con la misma buena voluntad que el poderoso toro sigue a quien tira del anillo que perfora su nariz.

•. Si reconociendo esta desigualdad en la contratación, en los albores de nuestro derecho inmobiliario se prohibió el pacto comisorio (Art. 1780 del Código Civil), una sociedad ilumi-nada por principios de justicia social no ha de abandonar aquel primer propósito de tender un alivio al deudor. La otra alternativa sería aferrarnos a lo que resolvió el Tribunal Supremo de España en el año “terrible” de 1887, de infame recordación en nuestra patria, cuya sentencia de 1° de marzo se cita como autoridad en la ponencia.

Habrá situaciones en que el tipo de inversión y la capacidad económica del deudor toleren una penalidad mayor por resolver prematuramente el pacto de intereses. No ha de ser esto objeto de regla de palo impuesta por legislación sino enco-mienda de las cortes que facultadas por el Art. 1108 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3133) podrán “modificar equi-tativamente la pena” pues ¿qué otra cosa es el pago de intere-ses por dinero no usado?

Contrario a lo aseverado en la opinión circulada en tono de frustración, el Código Civil siempre tiene un remedio contra la inequidad y el exceso. Su Art. 1207 (31 L.P.R.A. see. 3372) proscribe la cláusula de indemnización total cuando resulte contraria a la moral y al orden público.

• Modificaría la sentencia revisada reduciendo a tres meses de intereses la indemnización por prematuridad.

—O—

Voto disidente del Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de mayo de 1975

Disiento respetuosamente de la ilustrada opinión .del Tribunal que basada en un peregrinaje del derecho foráneo sanciona hoy el que un acreedor hipotecario cobre a su deudor un interés usurero de aproximadamente 20% anual convali-dando una cláusula de indemnización por el pago anticipado de la deuda, bajo la tésis del “. . . origen de nuestras leyes de usura y la aplicabilidad de la doctrina general estadounidense a las condiciones locales del momento,....”

No puedo posponer para otra ocasión el expresar mi sentir y rechazo a la injusticia que esta decisión conlleva, la cual libera del rigor de la ley contra prácticas usurarias el cobro de interés a un tipo ilegal, dejando a los deudores puertorriqueños a merced de la fuerza del capital hasta que el proceso legislativo investigue y resuelva.

Creo que la norma de ley establecida por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico desde principios de siglo, incorpo-rada en el Art. 1652 de nuestro Código Civil, contiene lá solución jurídica del caso. En lo pertinente dispone:

“Excepto como queda autorizado por la sección anterior [la cual exime los préstamos de prestamistas matriculados, bonos y contratos sobre préstamos a la gruesa y riesgo marítimo], nin-guna persona podrá exigir o recibir, directa o indirectamente, dinero o mercancías, a un tipo de interés mayor por el préstamo o la prórroga del préstamo de algún dinero, que el tipo fijado. . . .
Los derechos definidos en esta sección no son renunciables.” (31 L.P.R.A. see. 4594) — énfasis suplido.

Estimo que la prohibición que establece la precitada dispo-sición constituye la norma general extensiva a una cláusula de indemnización por pago anticipado de la deuda, que no es otra cosa que un subterfugio para exigir y recibir indirecta-mente el pago de un interés usurero vedado directamente. Cualquier interpretación en contrario violenta no sólo los tér-minos literales del precepto sino su sentido espiritual y moral.

No entra en juego ni milita en contra de la anterior con-clusión el Art. 1080 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3063) —recogedor de la norma sobre beneficio del término designado en las obligaciones — pues la misma es de carácter supletoria y no puede tener el alcance de enervar la prohibición de présta-mos usureros que el legislador ha reconocido como de natura-leza irrenunciable. Tal interpretación anula el propósito y escudo protector de la ley anti-usura, convirtiéndola en una espada mortal para la opresión.

Finalmente considero de rigor señalar:

Para lograr estabilidad y no cerrar las fuentes crediticias ante las fluctuaciones del mercado de dinero se legisló previso-ramente un mecanismo flexible que permite atemperar el rigor de la ley contra la usura — Ley Núm. 36 de 13 de junio de 1969 — ; su creación responde a un enfoque realista de la diná-mica y variante economía y no a derogar la ley contra la usura. Por ello la ratio de la decisión no puede inspirarse en la preocupación legítima, que también comparto, de no cerrar las puertas, al crédito en efectivo.

En la alternativa, la deferencia al legislador que propugna la opinión, al igual que el silencio, obscuridad o insuficiencia de una ley, nunca puede ser razón para no emitir este Tribunal el fallo apropiado y justo, conforme la equidad. Art. 7, Código Civil, (31 L.P.R.A. see. 7). Las doctrinas y principios procla-mados por los tribunales europeos o de los Estados Unidos, y las posiciones de insignes comentaristas, tienen únicamente valor ilustrativo y persuasivo. Sin embaro, no puedo atri-buirle, en éste ni en ningún caso, valor de precedente o de derecho supletorio cuando confligen con nuestra tradición jurí-dica, nuestro modo de vivir como pueblo o chocan con el senti-miento de justicia que anima a todo miembro de la judicatura puertorriqueña.

Bajo cualesquiera de las normas de hermenéutica legal— sentido literal, espiritual o de equidad — el interés cobrado por el demandado recurrente viola la ley de usura ante lo cual confirmaría los fallos de las dos salas de instancia que inter-vinieron en el caso.

      En la segunda parte de esta opinión discutimos, desde otro punto de vista,, desarrollos recientes en Estados-Unidos en este campo.

       Hasta los bancos del país pagan buenos intereses por imposiciones a'plazo fijo, sin contar las atractivas ofertas de los europeos.

       Para un historial excelente de la génesis de la legislación contra la usura, consúltese Monclova v. Financial Credit Corp., 88 D.P.R. 770 (1961).

      Como alternativas jurídicas viables para satisfacer una dosis mí-nima de justicia, el Tribunal podría convalidar, limitado' a unos plazos breves y razonables, una cláusula de indemnización por pago anticipado— sujeto a que el interés total no trascienda el máximo fijado por la ley— o darle efecto prospectivo a la norma. Monclova, supra, pág. 790.


text:
    Rafael Ruidíaz Barrios, etc., demandantes y recurridos, v. Efraín Salas, en nombre y representación de la Sociedad de Gananciales constituida por él y su esposa Angelina Ruidíaz, etc., et al. y Heftler Const. Co. of P.R., demandados y recurrente la última.

      Número: R-74-199

      Resuelto: 30 de mayo de 1975

      Arturo Aponte Pares y Jorge López Keelan, abogados de la re-currente.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Heftier International, Inc., vendió a los esposos Efraín Salas y Angelina Ruidíaz mediante escritura Núm. 307 de 7 de marzo de 1967 un solar con una casa. El solar fue desig-nado con el número 38. Se hizo constar que el solar tenía un área de 439 metros cuadrados con 62 centímetros. El contrato de venta contemplaba en su cláusula séptima la posibilidad de un aumento o disminución de la cabida. En el caso de que resultase una disminución de cabida el vendedor pagaría al comprador a razón de $17.00 el metro. El 20 de diciembre de 1968 por escritura Núm. 169 los Salas vendieron la casa a Rafael Ruidíaz y Edith Reyes Barrios. Antes de esa fecha, el 29 de marzo de ese mismo año, la Heftier International, Inc., vendió a los esposos Ortiz-Santiago el solar #39, solar conti-guo al que es objeto de este pleito.

Para marzo de 1969 los segundos compradores se perca-taron de una diferencia en la cabida de su solar de alrededor de 16 metros cuadrados con 83 centímetros. Según ellos, el solar realmente tiene un área de 422 metros cuadrados con 79 centímetros, en vez de los 439 metros cuadrados con 62 centímetros, que aparece en la escritura de compraventa. Radicaron demanda contra Efraín Salas, quien les vendió el inmueble, contra Julio Ortiz, dueño del solar contiguo y contra la Heftier Construction. Alegan que la casa enclavada en el solar número 39 ocupa parte del solar #38. Solicita el deslinde de los solares 38 y 39, que se le ponga en posesión de la totali-dad del solar comprado, la destrucción de la parte de la casa perteneciente a los esposos Ortiz que ocupa indebidamente el solar 38 y $15,000 por concepto de daños y perjuicios.

Heftier Construction aceptó haber vendido los solares números 38 y 39 y que por su error la construcción de la casa en el solar #39 redujo en 1.30 metros cuadrados el solar de los demandantes. Por ello consignó en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, $23.00 como pago por el área que el solar Núm. 38 tenía de menos y a tenor con la cláusula séptima del contrato celebrado entre la corporación y los Salas. El Tribunal Superior declaró con lugar la demanda en cuanto a la Heftier y declaró sin lugar la misma en cuanto a los esposos Ortiz-Santiago y los Salas-Ruidíaz. Condenó a la Heftier Construction a pagar a la demandante la cantidad de $286.11, valor de la diferencia en cabida del solar comprado por los demandantes a razón de $17 el metro cuadrado y $200 por concepto de honorarios de abogado. A petición de Heftier, acordamos revisar.

La controversia de este caso se reduce a determinar la responsabilidad de cada uno de los demandados frente a los demandantes por la diferencia en cabida en el solar número 88.

Para establecer la responsabilidad de los esposos Salas-Ruidíaz hacia los demandantes precisa examinar si la venta fue hecha a precio alzado o a un tanto por unidad de medida. La escritura mediante la cual los Salas venden a los demandantes expresa que se traspasa el solar número 38 con un área de 439 metros cuadrados con 62 centímetros por “el convenido y acordado precio de MIL DOSCIENTOS DOLARES ($1,200.00 en moneda americana legal cuya suma recibieron los vendedores de manos de los compradores con anterioridad a este acto. . . .” Esta cláusula refleja cláramente que la venta realizada entre los Salas y los demandantes fue hecha por precio alzado, aplicándole las disposiciones del Art. 1360 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3820. Establece dicho artículo que en este tipo de venta “no tendrá lugar el aumento o disminución del mismo, aunque resulte mayor o menor cabida o número de los expresados en el contrato.” 31 L.P.R.A. see. 3820. (Énfasis nuestro.) En la adquisición de un bien inmueble por un precio cierto es menester ejercer cierto grado razonable de diligencia en el acto de comprar. “ [L] a Ley presume, y no sin lógica, que el comprador pudo, antes de perfeccionar el contrato, cerciorarse de la ex-tensión y de la calidad del inmueble que trataba de adquirir. Si no lo hizo, si aun haciéndolo nada objetó y consintió en la adquisición, a nadie podrá imputar su propia culpa. . . .” Scaevola, Código Civil, Tomo XXIII, Volumen II, Madrid (1970), pág. 82.

Los compradores perfeccionaron el contrato de compra-venta, el 20 de diciembre de 1968 y tres meses más tarde, en marzo de 1969, es que se percatan de que la cabida del solar es menor a la consignada en la escritura de compraventa. Antes de perfeccionarse el contrato pudieron haber practicado una mensura del inmueble para cerciorarse de la cabida del mismo. Habiéndose hecho la expresión de cabida en forma pu-ramente informativa, no procede una rectificación del precio ni reclamación alguna de devolución por parte de los esposos vendedores. Rosa Valentín v. Vázquez hozada, 103 D.P.R. 796 (1975). Sentencia del Tribunal Supremo de España del 26 de junio de 1956, Jurisprudencia Civil Nueva Serie, págs. 2146-2166. Predreira Castro, El Código Civil a través de la Jurisprudencia, Tomo III, Libro IV, pág. 83; Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Tomo III, Vol. 1, 1966, pág. 590; Santamaría, Comentarios al Código Civil, Tomo II, Madrid, 1958, pág. 514.

A la luz de la prueba presentada la Heftier Construction tampoco tiene responsabilidad frente a los demandantes. No fue con los demandantes con quien Heftier pactó para el caso en que el solar resultase de una menor cabida a la consignada en la escritura. Heftler.no fue parte en el contrato de compraventa entre los demandantes y los esposos Salas. La recurrente hubiese tenido responsabilidad sólo frente a los compradores originales del solar # 38, los esposos SalasRuidíaz. No habiendo sido Heftier parte en el contrato entre los Salas y los demandantes, no procede fijarle responsabilidad. Véase: Coloca v. Vilaseca, 10 D.P.R. 275 (1906).

Por los motivos anteriormente expuestos, se revocará la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, de 1U de mayo de 197J que declaró con lugar la demanda en contra de Heftier International y se dictará otra declarándola sin lugar.

. El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión.

      O Entre Heftier Construction Company of P.R., entidad constructora y recurrente en este caso y Heftier International, Inc., corporación vende-dora, “existe una situación real de identidad según se estableció en la vista del caso . . .” la cual hizo que se enmendara la demanda para incluir a Heftier International como demandada. Opinión, Mangual Hernández, J., Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

      Así reza dicha cláusula:
      “SEPTIMA: Queda convenido entre las partes que si el área del solar objeto de este contrato, por cualquier razón, y si entre ellas por determina-ción de la Junta de Planificación de Puerto Rico, aumentase o disminuyese su cabida, las partes se comprometen a compensarse mutuamente en la forma siguiente: Si resultare un aumento en cabida, el COMPRADOR pagará el monto del aumento en cabida a razón de $17.00 por metro cuadrado; y si resultare una disminución, en cabida, la Corporación pagará y devolverá a igual precio por metro cuadrado el monto de dicha dis-minución. . . .”

      En vista administrativa celebrada el 26 de marzo de 1969 en la Adm. de Servicios al Consumidor la querellada Heftier Construction aceptó su error en la designación de los puntos colindantes entre los solares números 38 y 39. Al resolver la cuestión se expresó que “[e]l querellante, [aquí demandante] obstinadamente, se negó a aceptar la oferta de la constructora y no se llegó a ningún acuerdo en la vista.” (Véase Exhibit 3 de todas las partes.)

      Los compradores asumieron el pago de una hipoteca montante a $17,750.00.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Juanita Feliberti Mercado y Ramón Rivera Feliberti, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.

      Número: O-73-227

      Resuelto: 30 de mayo de 1975

      Mario Báez García, abogado de los recurrentes; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante escritura otorgada el 14 de agosto de 1972, los esposos Don Manuel Ramos Ponce y Doña Rosa Vidal vendieron a Doña Juanita Feliberti Mercado y al hijo de ésta Don Ramón Rivera Feliberti, ambos mayores de edad, la primera de estado viuda, de oficios domésticos y vecina de Mayagüez, el segundo soltero, propietario y vecino de los Estados Unidos de Norte América, de paso por Mayagüez, por partes iguales, la si-guiente finca:

“URBANA: Solar número veinte ‘A’, del Bloque ‘G’ de la Urbanización Mayagüez Terrace, en el barrio Miradero, de Mayagüez, con un área de doscientos treinta y siete metros y medio cuadrados, colindante por el NORTE, con la calle número ‘UNO’ y mide nueve metros y medio; por el SUR, en nueve metros y medio, con el solar número trece ‘B’; por el ESTE, en veinti-cinco metros, con el solar número diez y nueve ‘B’, y por el OESTE, en veinticinco metros con el solar número veinte ‘B’, todos del mismo bloque de la Urbanización. Enclava una casa de concreto armado, de una sola planta, con techo de azotea y piso de lozas del país, que constituye una vivienda independiente, con-sistiendo de tres dormitorios, con sus closets, sala y comedor en una sola unidad, cocina con su closet, cuarto de baño y balcón.” Inscrita al folio 67 del tomo 863 de Mayagüez, finca número 10945, inscripción séptima.

El precio de venta fue la suma convenida de $19,000.00, pagados en moneda de curso legal en la siguiente forma: (a) $5,000.00 que se entregaron con antelación al otorgamien-to de la escritura y (b) $14,000.00 que se pagaron el mismo día de su otorgamiento en presencia del notario autorizante; por lo cual los vendedores le otorgaron a los compradores carta de pago formal por el importe total del referido precio de venta.

Presentada la escritura en el Registro de la Propiedad de Mayagüez para su inscripción, el Señor Registrador proce-dió a inscribir la finca a nombre de los adquirentes, pero haciendo constar en una nota al pie de la inscripción que ésta:

“. . . se practicó con el defecto subsanable de no haberse acre-ditado el estado civil que tenía la señora Feliberti Mercado cuando hizo entrega de parte del dinero constitutivo del precio de la venta.”

Los compradores han recurrido ante nos solicitando que revoquemos dicha nota y ordenemos al Señor Registrador de la Propiedad recurrido que proceda a practicar la inscripción solicitádale sin el defecto subsanable mencionado.

De entrada procede consignar aquí que el hecho expositivo “Cuarto” de la referida escritura, literalmente lee así:

“CUARTO: Constituye el precio de esta venta la suma ajustada y convenida de DIEZ Y NUEVE MIL DOLARES ($19,000.00), moneda americana de curso legal que se entregan en la siguiente forma: CINCO MIL DOLARES ($5,000.00) que se entregaron el día veinticuatro de mayo de mil novecientos setenta y dos; SIENDO EL ESTADO CIVIL DE TODOS EL MISMO QUE TIENEN EN EL DIA DE HOY, y Catorce Mil Dólares ($14,000.00) que se entregan en este acto, en efectivo metálico, a presencia del Notario y a entera satisfacción, otorgándole por tanto los vendedores a los compradores formal recibo y carta de pago conforme a derecho, por el importe total del precio de la venta.” (Mayúsculas y bastardillas nuestras.)

En la comparecencia de la escritura el Notario autori-zante da fe del conocimiento personal de los comparecientes:

"... y por sus manifestaciones también la doy de su edad, estado, profesión y vecindad.” (Bastardillas nuestras.)

Los recurrentes alegan, para sostener su recurso, que la Ley Notarial vigente exige y requiere a los Notarios, entre otras cosas, dar fe acerca de la edad, estado, profesión y vecin-dad de los otorgantes, según sus dichos. Alegan además que en el hecho “CUARTO” transcrito se hizo constar por los otorgantes, entre los cuales estaba Doña Juanita Feliberti Mercado, que para el día 24 de mayo de 1972, fecha en que se hizo el primer pago, el estado civil de todos era el mismo que tenían en la fecha de otorgamiento de la escritura, 14 de agosto de 1972; o sea, que los vendedores esposos Ramos' Ponce-Vidal eran casados entre sí, que Doña Juanita Feliberti Mercado era viuda y su hijo Don Ramón Rivera Feliberti soltero.

La posición del Señor Registrador es que la simple mani-festación de los recurrentes de que su estado civil para el 24 de mayo de 1972 era el mismo que tenían el día del otorga-miento de la escritura es insuficiente para destruir o ignorar los derechos de aquellos que pudieran tener algún interés en los bienes pertenecientes a la sociedad de gananciales que existió entre la recurrente Juanita Feliberti Mercado y su difunto esposo. Sostiene además que la Ley Hipotecaria no reconoce presunción alguna en cuanto al estado civil de una persona en un momento dado, por lo que el estado de viudez a la fecha de otorgamiento de la escritura no establece presunción de que también lo fuera para una fecha anterior, a pesar de sus dichos al efecto. En apoyo de su contención cita los casos de Martínez v. Registrador, 62 D.P.R. 862 (1944); Vilella v. Registrador, 64 D.P.R. 424 (1945) y Bacó v. Registrador, 63 D.P.R. 697 (1944). Aduce que “[e]n el Registro no existe presunción de veracidad” y que “ [1] os extremos hay que acre-ditarlos con documentos fehacientes”, Benitez v. Registrador, 86 D.P.R. 570 (1927); y sugiere que conforme a lo resuelto en Santaliz v. Registrador, 71 D.P.R. 84 (1950), “[u]no de los medios que puede utilizar la Recurrente para acreditar su verdadero estado civil es la información ad perpetuam.”

No le asiste la razón al Señor Registrador recurrido. Señala como autoridad casos que resuelven situaciones clara-mente distinguibles de la del presente recurso. En Martínez v. Registrador, supra, aparecía inscrita una compraventa en la que se hizo constar que el comprador era casado al momento de la adquisición. Compareció luego dicho comprador al Registro alegando haberse casado con posterioridad a la compraventa, por lo que solicitaba se enmendara la inscripción para que el inmueble apareciera inscrito con el carácter de privativo. Confirmamos allí la denegatoria del Registrador, al resolver que al quedar inscrita la compraventa a favor de un comprador siendo éste casado, se creó un estado de derecho que el Regis-trador no puede cambiar a base de documentos en los que ni siquiera comparece la supuesta esposa. Martínez, pág. 8.65.

En Vilella v. Registrador, supra, el recurrente compareció con su esposa al otorgamiento de una escritura de compraventa de dos fincas, haciendo constar que seis años antes las había comprado de los vendedores en cuya fecha anterior era soltero. El Registrador inscribió las fincas como bienes gananciales con el defecto subsanable de no acreditarse que el comprador recurrente fuese soltero al adquirir las fincas originalmente. Para subsanar el defecto el comprador presentó un acta acla-ratoria suscrita por él y su esposa así como por los demás otorgantes de la escritura inscrita, y una certificación de la celebración del matrimonio. El Registrador denegó la subsa-nación del defecto por entender que la certificación matrimonial no era suficiente para establecer el estado civil del comprador al momento de adquirir las fincas originalmente, y por entender que la subsanación podía hacerse solamente en virtud de pronunciamiento judicial. Confirmamos la nota por el fundamento de que la certificación no destruye la posibili-dad de que el comprador estuviese casado al momento de la adquisición original, y por no ser suficiente para acreditar el carácter privativo de los bienes el hecho de que la esposa compareciente lo consignare por acta aclaratoria.

En Bacó v. Registrador, supra, se planteó una situación parecida a la del presente caso. La recurrente había sometido al Registro una escritura de compraventa en la cual expresaba ser viuda. Consignaba, además, el- haber hecho el pago conve-nido con anterioridad al otorgamiento, sin expresar su estado civil ál momento de efectuar dicho pago, por lo cual el Regisr trador inscribió con el defecto subsanable de no haberse acredi-tado tal extremo. Dijimos entonces que el hecho de que la recu-rrente fuese viuda'al momento del otorgamiento no establecía presunción alguna de que lo hubiese sido al momento de haber efectuado la prestación previa aludida.

En Santaliz v. Registrador, supra, se inscribió una com-praventa con el defecto subsanable de no haberse expresado “el estado civil del comprador en la fecha [en] que se con-certó el contrato.” Para suplir su omisión y así subsanar el defecto, el recurrente había presentado al Registro un certi-ficado de matrimonio fechado con posterioridad al otorgamien-to de la escritura inscrita, y dos declaraciones juradas, una suya y otra de su hermana, acreditando que él no estaba casado al momento de adquirir el inmueble. Confirmamos la nota del Registrador por no ser los affidavit documentos suficientes para subsanar defectos en el Registro, y sugerimos la infor-mación ad perpetuam como una alternativa adecuada.

La jurisprudencia citada por el Registrador recurrido que examinamos precedentemente es claramente inaplicable a los hechos del presente caso. En los casos analizados un cam-bio en el estado civil del otorgante ha motivado el defecto señalado. No se trata aquí de un intento de suplir alguna información esencial que se hubiese omitido en el documento presentado, ni de alterar un estado ya inscrito, ni surge de la faz de la escritura presentada que exista la menor duda 0 confusión en cuanto al estado civil de alguno de los otorgantes al momento de hacer el negocio o acto jurídico que deba dar lugar a la operación registra! solicitada, como ocurrió en Benitez v. Registrador, supra. Surge de la propia escritura que la compradora era viuda a la fecha del pago del anticipo.

Es de aplicación a los hechos que presenta el caso de autos la clara disposición del Art. 18 de nuestra Ley Hipotecaria, que en torno a la función calificadora de los registradores establece que éstos “. . . calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.'” (Énfasis suplido.)

Se consigna en la escritura objeto de la nota que provocó el presente recurso que el estado civil de la compradorarecurrente lo era el de viuda al momento del otorgamiento y “el mismo” al momento de haber hecho ésta el primer pago. No surgiendo que haya habido cambio en el estado civil de la compradora desde la fecha del pago del anticipo del precio, sino que por el contrario, se ratifica ésta en que su estado civil a la fecha del otorgamiento es el mismo que a la fecha del pago anticipado deberá el Señor Registrador recurrido atenerse a lo que resulta del documento presentado. Berlingeri v. Registrador, 96 D.P.R. 706 (1968); Esso Standard Oil Co. v. Registrador, 88 D.P.R. 306 (1963); Vda. de Martínez v. Registrador, 89 D.P.R. 645 (1963). Véanse además: Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 71 D.P.R. 847 (1950); Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 62 D.P.R. 753, 756 (1944); Matos v. Registrador, 61 D.P.R. 94, 9'6 (1942); Graciani v. Registrador, 25 D.P.R. 44, 47 (1917); Turner v. El Registrador de San Juan, 22 D.P.R. 573 (1915).

Én vista de lo antedicho, se revocará la nota del Señor Registrador recurrido y se le ordenará que inscriba el título atinente al inmueble objeto del presente recurso sin defecto alguno.

       “Los notarios darán fe en los instrumentos públicos de que conocen a las partes, o de que se han asegurado de su conocimiento por el dicho de testigos. También darán fe acerca de la edad, estado, profesión y vecindad de los otorgantes, con relación al dicho de los mismos, . . . Sec. 16 — Ley Notarial de 27 de junio de 1956, efec. desde el 1 de enero de 1957; 4 L.P.R.A. see. 1016. (Énfasis suplido.)

      30 L.P.R.A. see. 43. Para una amplia discusión en torno al referido artículo puede verse, Roca Sastre, Derecho Hipotecario, T. II, 6ta. ed., 1968, págs. 251 et seq.