author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Sucn. de Carmen Santos Vda. de Osorio, etc., et al., recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección VII, recurrido.

      Número: O-79-126

      Resuelto: 27 de junio de 1979

      W. R. Picorelli Osorio, abogado de los recurrentes; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia sobre la validez, fragmentada o total, y la accesibilidad registral de la escritura pública ante nos exige “el más fino análisis de[l] documento, a fin de decantar, en cuanto a su contenido ideológico o expresivo, la graduada eficacia de cada una de sus menciones.” Rodríguez Adrados, Formación del instrumento público, validez, eficacia y libre circulación del negocio jurídico así documentado, incluso en las relaciones de Derecho Internacional Privado, 97-98 Rev. Der. Not. 256 (1977).

Para cumplir satisfactoriamente esta tarea es menester, a manera de recordatorio, que expongamos brevemente varios principios subyacentes que apuntalan el derecho notarial y registral.

Primeramente, en su acepción genérica, todo documento está formado, estructuralmente, por dos elementos: la materia — de carácter tangible o corporal — y su contenido, expresión del pensamiento de una persona o personas que se incorpora al primer elemento a través de la grafía escrita. En la teoría de los documentos públicos los instrumentos en que interviene un notario proyectan y forman dos planos horizontales y paralelos, a saber, el concerniente a su contenido sustantivo o acto documentado (negotium) y el referente al plano de Instrumentum, esto es, derecho notarial o forma, en sus importantes distinciones de los aspectos de “dimensión-acto” y “dimensión-papel” que destaca Nuñez Lagos. Los esquemas conceptuales del instrumento público, Rev. Der. Not., Núms. I y II (1953). La dimensión-papel no implica la física relativa al tamaño del papel empleado, sino a un resultado de visibilidad protocolaria, “por virtud de la narración, la imagen que refleja el negocio jurídico; o lo que es igual, se trata de expresar en el espacio, y mejor dicho en la extensión superficial, del papel, todos los elementos endógenos y exógenos que integran la formación y configuración del acto jurídico.” Neri, Tratado de Derecho Notarial, (1970), Tomo 3, págs. 320-321.

Segundo, “[e]l notario es un profesional de derecho que ejerce una función pública para robustecer, con una presunción de verdad, los actos en que interviene, para colaborar en la formación correcta del negocio jurídico y para solemnizar y dar forma legal a los negocios jurídicos privados. ...” Giménez Arnau, Introducción al Derecho Notarial, (1944), pág. 44.

La autenticidad y validez del instrumento público es el resultado neto del notario acatar fiel e integralmente los requisitos de la ley notarial referentes a comparecencia, exposición, estipulaciones, otorgamiento y autorización.

“Ante este autor, [el notario] auténticamente establecido por el documento mismo, tiene lugar el hecho que motiva su otorgamiento, al que se reconducen, en unidad de acto, una serie de hechos (presencias, lugar, capacidad natural, libertad física, actos de exhibición, de ofrecimiento y entrega, declaraciones en su realidad fáctica, lectura, firmas, etcétera) que, percibidos directamente por el Notario, quedan también cubiertos por la fe pública.” Rodríguez Adrados, op. cit, pág. 259.

En el acto notarial el fedatario percibe directamente y certifica los hechos susceptibles de ser absorbidos por los sentidos, y en virtud de unas exigencias y formalidades de la ley se Ies confiere “. . . una serie de presunciones juris tantum particulares, de veracidad o de legalidad, que acaban integrando una presunción general de verdad y de legalidad del mismo instrumento, considerado como un todo. ” Id. pág. 263.

Y tercero, en orden a la garantía de verdad que ofrece la intervención notarial en la negociación privada para el Registro de la Propiedad — donde la corrección, exactitud y verdad son corolarios y objetivos imprescindibles para su buen funcionamiento — la escritura pública representa la principal fuente de acceso que sirve de refuerzo al llamado principio de legalidad. Tenemos la responsabilidad de evitar la inscripción de títulos nulos. Royal Bank of Canada v. Registrador, 104 D.P.R. 400, 404-405 (1975); Roca Sastre, Derecho Hipotecario, (1968), Tomo II, pág. 561; Martínez Irizarry, El principio de inscripción y el principio de legitimación en P.R., 38 Rev. Jur. U.P.R. 193-210 (1969).

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Con estas nociones elementales en mente, examinemos los hechos ante nos.

En Sucn. Osorio v. Osorio, 102 D.P.R. 249 (1974), decretamos la nulidad de la escritura Núm. 155 otorgada ante el notario Luis Sánchez Vahamonde el 4 de noviembre de 1923, en la cual Antonio Osorio Santos y los hijos de sus hermanas fallecidas Francisca y Consuelo, vendieron a los hermanos Josefa y Martín Osorio Santos, las cuotas indivisas hereditarias que poseían en cierto inmueble dejado por su madre Carmen Santos Vda. de Osorio Santos. Este dictamen se produjo al haber los hijos de Antonio impugnado exitosamente la validez de dicha escritura demostrando cumplida y cabalmente que su causante Antonio era un analfabeto que no sabía ni podía firmar, razón por la cual era apócrifa la firma que de su nombre aparecía al pie del referido instrumento. En consecuencia expresamos: “La presunción de validez de los actos notariales es una de carácter rebatible y en este caso fue rebatida por la prueba de los recurridos.” (Pág. 254.)

En el recurso gubernativo ante nos los miembros de la Sucn. de Carmen Santos Vda. de Osorio sostienen que es incorrecta la negativa del Registrador en inscribir la referida escritura. Argumentan, que aunque nula en cuanto a la transacción y participación de Antonio, es título válido inscribible que recoge las compraventas de las restantes cuotas. Aducen que, “ya anteriormente se ha resuelto que el contrato contenido en una escritura pública es válido aunque ésta adolezca de algún defecto”, invocando Reyes v. Torres, 65 D.P.R. 821 (1946); Rosario v. Registrador, 59 D.P.R. 428 (1941) y Clavell v. Clavell, 41 D.P.R. 195 (1930).

II

El señalamiento, según veremos, es improcedente pues confunde el ámbito del negocio jurídico y la forma notarial que encierra toda escritura, y el alcance de la “teoría de conversión” consagrada en el Art. 1177 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3273. Malavet Vega, Notas sobre el Derecho Notarial, (1968) pág. 208. Además, tal posición implica la aplicación errónea de importantes postulados y principios relativos a la fe notarial. Veamos.

La Sec. 20 de la Ley Notarial, dispone:

“Serán nulos los instrumentos públicos:
1. ......
2. ......
3. En que no aparezcan las firmas de las partes cuando deben hacerlo...

Este precepto informa las circunstancias que vician de nulidad formal radical total una escritura. Se trata de infracciones a la gestión notarial que no pueden convalidarse. La firma es un requisito esencial del instrumento por estimarse que ello conlleva una aprobación del texto escrito que antecede. Si la omisión de la firma invalida el otorgamiento, no se necesita mucho esfuerzo para entender el impacto que conlleva la falsificación de una firma en el instrumento. El mecanismo para lograr correspondencia real y legítima entre persona y firma, es exigiendo la ley la comparecencia y conocimiento por el notario. En otras palabras, la fe de conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes en el otorgamiento.

“Nuñez Lagos luego de calificar de momento cumbre de una escritura el llamado por la legislación notarial otorgamiento dice es ‘la prestación solemne del consentimiento al texto recién leído por entero, consentimiento que se proyecta sobre toda la extensión del documento, sobre su tenor literal’. . . . En realidad el ‘otorgamiento’ y la ‘autorización’ son dos elementos tan estrechamente unidos que será muy difícil poderlos separar. Por ello al otorgamiento y autorización concurren los otorgantes para prestar su asentimiento; los testigos instrumentales, si los hay, para enterarse del acto o contrato celebrado y poder,- en cualquier tiempo, robustecer con su testimonio la fe del Notario; y éste para firmar, rubricar y signar el instrumento, dando fe de todo lo contenido en él.” González López, Manual de Práctica Notarial, (1978), pág. 102. (Énfasis nuestro.)

Según reseñáramos previamente, en el caso ante nos el notario autorizante consolidó en una sola escritura tres negocios distintos y en unidad de acto: (a) certificó la comparecencia de tres vendedores, dos compradores y dos testigos instrumentales; (b) dio fe de que los conocía a todos; y (c) atestó el otorgamiento de las partes y testigos y suscripción de sus correspondientes firmas. Sin embargo, la prueba en el caso de Osorio, supra, estableció indubi-tadamente que la firma de Antonio era espúrea. No se trata pues, como aduce el recurrente, de una simple falta de firma en uno de los negocios separados, sino de la simulación de la signatura de uno de los comparecientes principales.

No albergamos duda de que uno u otro caso— ausencia o simulación — el problema no tendría mayor trascendencia si las partes que concurrieron a esa escritura hubieran consignado sus transacciones en diversos instrumentos, pues por razón de distintas escrituras, cualquier vicio o fraude que maculara el negocio de uno de ellos, así como cualquier error en la forma del título, en nada hubiese afectado o anulado los restantes negocios o títulos. Sin embargo, ese no es el caso ante nos, en el cual un título defectuoso — una sola escritura — recoge tres transacciones (negocios). Aunque exista pluralidad en los negocios, instrumentalmente, en su dimensión papel, la escritura constituye un todo o unidad. Reconocemos que no hay prohibición, notarial o legal, que de ordinario impida que una misma escritura contenga negocios diversos, relacionados o no. Sin embargo, es evidente que la nulidad interna o formal del documento no puede separarse para sostener su validez fraccionada, en situaciones como las de autos, en que la falsificación de una firma destruye en toda su extensión la presunción de verdad que regularmente ampara al instrumento.

Sobre el particular, a riesgo de ser repetitivos, es menester tener presente la importante distinción referente a la validez del negocio jurídico como tal — compraventa, arrendamiento, por ejemplo — frente a la validez del instrumento público donde se recoge formalmente dicho negocio: la escritura. Como señala Castán, el defecto de forma, es decir el defecto escriturario, no priva al contexto, al negocio en sí, de su efectividad — Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 3, pág. 482 (1974)—pues como atestigua Scaevola, del Art. 1230 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3451, se desprende que las condiciones esenciales para su validez no se encuentran en la forma. Scaevola, Q. M., Código Civil (1958), XX, pág. 1077. Contrastando esta nota de “informalidad” en las obligaciones y contratos, advertimos que son otros los principios que apuntalan el acceso al Registro. Para esa función, aunque no haya duda alguna sobre la efectividad y validez del negocio entre las partes, se requiere indispensablemente un título pulcro, esto es, una escritura válida que lo recoja: al Registro “solo tiene acceso registral los títulos perfectos.” Roca Sastre, op. cit., pág. 239 et seq. En consecuencia, aun bajo el supuesto de validez de las otras transacciones, debemos requerir que la escritura en donde éstas se agruparon sea válida.

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Cuando el notario o las partes, por las razones que estimaren a bien, optan otorgar diversos negocios en una sola escritura, se plantean varias interrogantes sobre las distintas fases, etapas y aspectos que en sus dimensiones conlleva el instrumento público. A tal efecto, analicemos algunos de los aspectos presentes en este caso.

Como ya señaláramos, un título, para ser eficaz, ha de contener la firma de los otorgantes, y en caso de pluralidad de negocios y otorgantes, surgen complicaciones. Al respecto opinan Galindo y Escosura:

“Si al otorgarse una escritura a favor de varias personas, concurren todas éstas, y se hace constar así en la cabeza del instrumento, y luego, por cualquier causa, sólo firman algunas, entendemos que no será inscribible en cuanto a éstas, y que en ese caso el Notario, desde el momento en que advierta la ausencia de algunos contrayentes, debe suspender la redacción de la escritura; porque siendo la firma requisito indispensable para la validez, ha de tenerse por nula la que aparece otorgada por personas cuya firma no se estampa al final.
Si la escritura fuere de venta de varias fincas de un dueño otorgada a favor de distintas personas singularmente, y los compradores de unas fincas se hubieran retirado y no firmasen aquélla, y los de otras persistiesen y firmaren, nos inclinamos a que, respecto a éstos, sería inscribible, porque siendo contratos diversos e independientes, y la unión de los compradores, no en la cosa, sino sólo en la materialidad de la escritura, completamente voluntaria, en nada perjudicaba la nulidad de unas ventas a la validez de las otras.” Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, (1903), Tomo 2do, págs. 41-42.

A tenor con este enfoque, es clara la regla que propone que la falta de la firma de uno de los comparecientes vicia de nulidad el instrumento al punto de que no se ostentarán tampoco título inscribible aquellos que firmaron. Se atempera la norma según los mencionados juristas, cuando tratándose de negocios separados la falta de la firma obedece al voluntario retiro de uno de los contratantes.

Distinta situación se suscita ante nos. En la escritura que examinamos, no se trata de retiro alguno de otorgantes o falta menor, si que por mor de un artificio— que denota engaño y quizás dolo — se consigna en la escritura que alguien que no podía firmar estampó su firma ante el notario. Ello conlleva, a juicio nuestro, otra suerte. “La escritura es un conjunto orgánico y, en lo que toca a su esencia misma, está integrada por elementos que se conexionan entre sí.” Neri, op. cit., pág. 559. La fe notarial que de una u otra manera imprime el notario en una escritura no puede fraccionarse ni segmentarse en estadios y referirla a unas partes y a otras no. En el caso de autos el notario, quien certificó conocer personalmente a los otorgantes, atestiguó que firmaba ante él quien no podía hacerlo, todo ello a ciencia y paciencia de los que con él allí estaban. En la trama de falsificación de la firma del otorgante Antonio, es lógico razonar que intervinieron sus hermanos y sobrinos allí presentes. Es posible concluir que tal vez el notario no conociera al otorgante — y fuera inducido a engaño — pero es difícil imaginar lo contrario por parte de sus hermanos y sobrinos. Ciertamente éstos no podían sostener posición tan frágil, aduciendo falta de conocimiento. Y siendo cándidos, si éstos alegadamente no presenciaron la firma del que impersonó a Antonio, entonces podría aducirse que el notario violó el requisito de unidad de acto que debió observar por haber permitido la presencia y participación de testigos instrumentales. Sec. 27, Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 1025; Reyes v. Torres, supra. Bajo ambas alternativas, la nulidad de la escritura es incuestionable, total y absoluta.

Más aún, habiendo el fedatario utilizado la fórmula tradicional de que todos los que firmaron comparecieron — implicando con ello unidad de acto, esto es, simultaneidad en asunto, lugar, tiempo y personas — la cuestión resultaría de mayor gravedad y “con una consecuencia terrible — escribió Nuñez Lagos — la falta de unidad de acto instrumental no es causa de nulidad; es de falsedad. Para no incurrir en ella, a hechos y momentos de otorgamientos diversos, textos documentales diferentes. ” Rodríguez Adrados, op. cit., 246 (Énfasis nuestro.)

Con razón advierte Neri, “la verdad es que la dación de fe de la identidad personal es de esencia dé todo acto jurídico, y por tanto, parte intrínseca del instrumento público; de manera, entonces, que atento a los términos definitorios del precepto apuntado, la escritura pública que carezca de este requisito estará viciada de nulidad.” Op. cit., págs. 451-452.

En conclusión, en la escritura Núm. 155, el notario al dar fe de que firmaba una persona a quien él no conocía, o que quizás conociendo no correspondía con quien aparecía físicamente frente a él, hirió de muerte la validez total del instrumento público que otorgaba. Las siguientes razones la hacen nula: falta de dación de fe e inobservancia del requisito de “unidad de acto”, como consecuencia de la falsificación de la firma de Antonio, con la participación activa o pasiva de sus hermanos y sobrinos. Las observancias y exigencias notariales que instrumentalmente debe revestir y conferirle categoría a la escritura están conjugadas entre sí, independientemente de la separabilidad, como negocios, de las compraventas.

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No estamos ante un caso de firma omitida, sino simulada. La fe notarial fue destruida. “[S]i la ley hace de la dación de fe una de las mejores virtudes jurídicas y, a tal fin, la impone como requisito esencial; si en armonía con esta norma básica estima el notario como ‘juez del conocimiento’ de los otorgantes; si el escribano es árbitro de. su propia intervención; si su afirmación es un fallo de verdad de la escritura, el más elemental de los juicios instiga a la convicción de que una escritura viciada de esa falta perjudica la seguridad de los derechos en juego, precisamente porque la omisión de un extremo legal tan explícito le quita todo el auspicio que trasunta la afirmación notarial. . .se trata de la preterición de un requisito que le quita al instrumento y a su contenido, todo sentido de verdad.” Neri, op. cit., págs. 451-452.

A error induce la cita de don José Ma. Manresa en que descansa la posición minoritaria. Se refiere la misma al Art. 1223 del Código Civil Español, que equivalente al 1177 nuestro, dispone:

“La escritura defectuosa por incompetencia del notario o por otra falta en la formá, tendrá el concepto de documento privado si estuviere firmado por los otorgantes.”

El precepto recoge la denominada “teoría de conversión”, mediante la cual — si están presentes los requisitos de consentimiento, objeto y causa — inter partes, el negocio puede existir, pero frente a terceros y a los fines del Registro de la Propiedad, el negocio sólo tendrá valor si reviste la exteriorización requerida de escritura. Es en virtud de la autorización y fe notarial, que el negocio sale de la esfera privada y se convierte en instrumento público.

Con el trasfondo legal antes expuesto es fácil advertir que cuando el ilustre maestro expresa que la “. . . escritura defectuosa hará prueba contra quienes la firmaron”, quiere decir que hará prueba como documento privado, y huelga repetir, que tales escrituras quedan al margen, por lo general, del ámbito registral. Comentarios al Código Civil, (1967), Tomo 8, Vol. II, págs. 98-99.

V

Carece de mérito la objeción constitucional que sua sponte se levanta en la opinión minoritaria. Aunque ciertamente los recurrentes no fueron parte en el pleito que motivó nuestra decisión en Sucn. Osorio, supra, ese hecho no milita contra la función calificadora del Registrador, que como corolario del axioma registral de legalidad, se impone en toda competencia ante él. Mojica Sandoz, El Registrador y el Principio de Legalidad, 32 Rev. C. Abo. P.R. 277-290 (1971). “La facultad de calificación del Registrador debe usarse dentro de su ámbito funcional, para negar legitimación registral a actos y contratos artificiosos y para proveer la fidelidad óptima en los libros del Registro que acerque su realidad a la extrema.” Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 141 (1976). Contra el resultado de la calificación tienen las partes el recurso gubernativo dispuesto en la ley en el cual se consignan las alegaciones pertinentes. Ello satisface el debido proceso de ley, máxime ante la comparecencia en este foro de todos los miembros de la sucesión de Carmen Santos Vda. de Osorio, tal y como surge del epígrafe del recurso.

Los recurrentes pretenden conseguir la inscripción al margen de lo resuelto en Sucn. Osorio. Acuden al Registro con el mismo título que allí declaramos nulo y nada persuasivo alegan para respaldar la validez formal del instrumento. Tienen a su favor el remedio incorporado en el Art. 1231 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3452, en el sentido de que pueden compeler a los vendedores a otorgar una escritura. Manresa, op. cit., pág. 98. No obstante, aducen que ello representa litigio y gastos. Aun así, tales dificultades “. . . no justifican degradar la fe pública y el valor de legitimación que tan pesadamente descansan en esa dación de fe de conocimiento de las personas y de haberse el notario asegurado de su identidad.” In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386 (1977).

Conviene concluir citando al insigne notario madrileño don Rafael Nuñez Lagos: “la falsedad es la noche oscura del documento público; pero la falsedad es al documento público lo que la noche al fuego; brilla más y se destaca mejor.” La integridad de la fe notarial no nos permite suscribir, mediante el desdoblamiento de una escritura en que ha mediado un decreto de nulidad por falsificación en uno de sus negocios, su validez.

Careciendo los restantes negocios del revestimiento instrumental necesario, no podemos atribuirle sanción oficial notarial ni registral alguna, y por ende, se dictará sentencia confirmándose la nota de la Registradora.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 1979

Por escritura Núm. 155, otorgada en Río Grande el 4 de noviembre de 1923 ante el notario Luis Sánchez Vahamonde, Antonio Osorio Santos y los herederos de sus hermanas Francisca y Consuelo Osorio Santos, vendieron a los hermanos Josefa y Martín de los mismos apellidos sus condominios hereditarios proindivisos en finca rústica de 14.35 cuerdas en el barrio Medianía Alta del término municipal de Loíza, que hubieron al suceder a la causante común de vendedores y compradores Carmen Santos Vda. de Osorio. Dicha finca estaba afecta a hipoteca por $500 a favor de Marcial Suárez quien en 1937 ejecutó su crédito y obtuvo se le adjudicara en subasta. Una vez dueño de la finca, dicho acreedor la vendió a los compradores nom-brados al principio, Josefa y Martín Osorio. Años más tarde los herederos de Antonio Osorio impugnaron con éxito dicha venta judicial y reivindicaron la participación de una quinta parte (V5) de su causante en la referida finca al determinar el tribunal la nulidad de lo actuado por haberse recurrido por el acreedor demandante al emplazamiento por edicto de dichos sucesores de Antonio, cuando por ser su lugar de residencia conocido debió habérseles notificado la demanda personalmente. La parte perdidosa recurrió a este Tribunal Supremo y al confirmar la sentencia en Sucn. Osorio v. Osorio, 102 D.P.R. 249 (1974), decretamos la nulidad de la escritura anterior Núm. 155 de 1923 por resultar de la evidencia elevada con el recurso que Antonio Osorio Santos era analfabeto y nunca firmó la dicha escritura.

Presentada al Registro de la Propiedad en 1978 la citada escritura Núm. 155 de venta de condominios, el 5 de marzo de 1979, denegó su inscripción la Registradora de la Propiedad basada en el dictamen de nulidad de Sucn. Osorio v. Osorio, supra.

La inscripción procede. La sentencia en la acción reivindicatoría promovida por los herederos de Antonio Osorio Santos se circunscribe al condominio de una quinta parte por éste vendido, pero no afecta las ventas en el mismo documento realizadas por los herederos de Francisca y Consuelo Osorio Santos, que nunca han sido cuestionadas. Toda vez que la nulidad de escritura es parcial y limitada en sus efectos y consecuencias, subsisten en su integridad jurídica los traspasos hechos por los sucesores de dichas Francisca y Consuelo. Cf. Rosario v. Registrador, infra; Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94, 103 (1938).

La escritura, llamada también documento o instrumento público, es el ropaje que reviste el acto o contrato de la legitimidad dimanante de la fe pública notarial y le imparte admisibilidad como prueba. Así se desprende del Art. 1172, 31 L.P.R.A. sec. 3273, al declarar:

“Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste. También harán prueba contra los contra-tantes y sus causahabientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.’
La nulidad de una escritura puede fundarse en defecto de forma a que se refiere el Art. 20 de la Ley Notarial que dice:
“Serán nulos los instrumentos públicos:
1. ......
2. ......
3. En que no aparezcan las firmas de las partes, cuando deben hacerlo, la firma del notario, y, en los casos previstos por las sees. 1014, 1016 y 1027 de este título, las firmas de los testigos.” (Ley Núm. 99 de 27 junio, 1956, 4 L.P.R.A. see. 1020.)

Se llama también nulidad de escritura, aunque desvián-donos de la calificación precisa, a la que tiene raíz en la invalidez o inexistencia del contrato contenido en el documento público. En tal caso si la escritura comprendiera más de un contrato, su nulidad estará ceñida estrictamente al impugnado, sin que se afecte la validez de las restantes obligaciones sustantivas creadas por los otorgantes y favorecidas por la fe notarial. Esta es conclusión inevitable cuando, como en el presente caso, la venta a Josefa y Martín Osorio por los herederos de sus hermanas Francisca y Consuelo no fue cuestionada, no fue objeto de adjudicación ni determinación alguna por el Tribunal, y dichos vendedores jamás fueron citados ni oídos en el pleito que dio lugar al decreto de nulidad parcial. Nuestro per curiam en Sucn. Osorio en nada puede afectar las compraventas separadas de condominios que no pertenecían al analfabeto Antonio, máxime cuando dichos dos negocios jurídicos no fueron objeto ni causa de litigio ante el tribunal de instancia. La situación es distinta a la de Rosario v. Registrador, 59 D.P.R. 428, 431-432 (1941), en cuya decisión sostuvimos que la falta de firma (huellas digitales) de la compradora es motivo de nulidad de escritura declarado en el Art. 20(3) de la Ley Notarial, supra, que priva a dicho documento de la calidad de título inscribible según el Art. 3 de la Ley Hipotecaria. En Rosario, supra, la escritura comprendía un solo contrato de compraventa, un solo título traslativo del dominio de un inmueble; aquí la escritura Núm. 155 citada contiene tres títulos traslativos inconfundibles en su identidad propia e independiente, en dos de los cuales para nada se necesitó ni cuenta la firma de Antonio Osorio que dio lugar a la nulidad. “Mientras de falsedad no se le impugne, el documento notarial subsiste en la esfera de la verdad y legitima para el tráfico lo convenido, dentro de la legalidad, bajo la garantía de la fe pública.”

Las ventas de los condominios hereditarios de Antonio, Francisca y Consuelo Osorio Santos son obligaciones indepen-dientes entre sí, enteramente separables una de la otra. De haberse formalizado en tres escrituras separadas, nadie insinuaría su nulidad porque había resultado falsa la firma de Antonio en la otra escritura. La escritura notarial como la ejecutoria judicial o sentencia y el estatuto legislativo, no es monolito que sucumbe en la totalidad de su sola pieza por vicio que dañe alguna de sus partes. Los títulos traslativos de las participaciones de Francisca y Consuelo tienen su propia integridad jurídica tanto en substancia como en forma, y no sufren la nulidad por contagio.

Manresa destaca la subsistencia de contratos no impug-nados y la correlativa validez de la escritura que los contiene al dictaminar que “La ley [Art. 1223, Código Civil español— Art. 1177, Código Civil de Puerto Rico] habla de que la escritura tenga las firmas de los otorgantes, pero no dice de todos éstos, y de ahí que entendamos nosotros que las firmas cuya necesidad establece este artículo para tener aplicación, deben ser las de aquellos cuya concurrencia al otorgamiento de la escritura exigiera la obligación para su validez, y habrá de determinarse por tanto, según la naturaleza de ésta y el número de personas a quienes afecte.... Si suponemos un acto al que concurran varios deudores en vez de uno solo, y la escritura aparece firmada por algunos mas no todos, será necesaria una distinción. Si las obligaciones son independientes entre sí, la escritura defectuosa hará prueba contra quienes la firmaron.” (Énfasis en el original).

Galindo y Escosura también sostienen el principio de sobrevivencia de contratos válidos en la escritura afectada de nulidad en otros extremos ajenos a los mismos, y determinando que por tratarse de contratos diversos e independientes, la unión de los otorgantes “solo en la materialidad de la escritura” nada resta a su calidad de título inscribible. Exponen los ilustres tratadistas: “Si la escritura fuere de venta de varias fincas de un dueño, otorgada a favor de distintas personas singularmente, y los compradores de unas fincas se hubieran retirado y no firmasen aquélla, y los de otras persistiesen y firmaren, nos inclinamos a que, respecto a éstos, sería inscribible, porque siendo contratos diversos e independientes, y la unión de los compradores, no en la cosa, sino sólo en la materialidad de la escritura, completamente voluntaria, en nada perjudicaba la nulidad de unas ventas a la validez de las otras.” (Énfasis nuestro).

Por la ineludible función de este Tribunal como principal guardador del debido proceso de ley, su iniciativa en revisión decretando la nulidad de la escritura Núm. 155 de 1923 al determinarse la falsedad de la firma del vendedor Antonio sólo puede entenderse como limitada a la venta que dependió de dicha firma apócrifa, y en modo alguno puede la declaración de nulidad extender su sombra a las ventas legítimamente realizadas por los herederos de Francisca y Consuelo Osorio Santos, cuyas firmas y voluntad de enajenar no han sido jamás cuestionadas, y especialmente no lo fueron en el citado caso de Sucn. Osorio v. Osorio, por lo que sus determinaciones no obligan a sus compradores Josefa y Martín, y en con-sideración, además, a que sus vendedores (herederos de Francisca y Consuelo) no fueron parte en dicha acción civil. De no entenderse así limitada y cualificada, nuestra decisión en Sucn. Osorio v. Osorio, supra, estaría herida de nulidad por contravenir el debido proceso de ley. Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631, 638 (1954); Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77, 82 (1974).

La nulidad parcial provocada por falta de la firma de Antonio Osorio Santos en nada afecta el aspecto formal del título presentado al Registro, que constituye el medio adecuado para el acceso a éste de los títulos inscribibles de los recurrentes. Intacta la vestidura formal de este negocio jurídico, que es la escritura, está franca la entrada al Registro de la mutación jurídico-real inmobiliaria que sobrevivió nuestra citada sentencia. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta. ed. (1968), Tomo 2, pág. 558 y ss.

Revocaría la nota de la Registradora y ordenaría la inscripción de la finca a favor de los herederos de Josefa, Martín y Antonio Osorio Santos.

       La escritura pública es admisible en evidencia como prueba de que las partes en ella celebraron el contrato contenido en la misma. Gómez v. Am. Col. Bank, 34 D.P.R. 148, 151 (1925).

       El Art. 1171 del Código Civil dispone que los documentos en que intervenga notario público se regirán por la legislación notarial.

       Art. 3 — “Para que puedan ser inscritos los títulos expresados en la sección anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, expedido por Autoridad judicial, o por el Gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos.” (30 L.P.R.A. sec. 3.)

       Bonet Ramón, Código Civil Comentado, 2da ed. (1964), pág. 920.

       El mismo principio de divisibilidad deja subsistente la sentencia ganada en acción ordinaria sobre ejecución de hipoteca en perjuicio de los herederos del deudor que se hallaban debidamente ante el tribunal, aun cuando se anule en cuanto a herederos menores de edad que no fueron emplazados. Morales v. Cabrera, 53 D.P.R. 94, 103 (1938).
      La persona no parte en un pleito sin nexo jurídico (privity) con los litigantes, no viene obligada por la sentencia. Carreras v. Brunet, 47 D.P.R. 443 (1934); Quintana Reyes v. La Capital de P.R., 52 D.P.R. 358 (1937).

        Comentarios al Código Civil Español, 6ta. ed., (1967), Tomo 8, Vol. II, págs. 98-99.

       Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, 4ta. ed. (1903), Tomo 2, pág. 42.

       “El verdadero ataque contra la validez de la sentencia se basa en que [la persona] no tuvo su día en corte.... Convenimos en que una sentencia dictada contra una parte sin ser ésta oída, o sin habérsele dado una oportunidad de ser oída, no es una determinación judicial de sus derechos y en su consecuencia no merece ser respetada por ningún otro tribunal (Cita de Freeman on Judgments). Una sentencia así dictada violaría el principio constitucional del debido procedimiento de ley.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón Garc'ia

license: Public Domain

text:
    Casera Foods, Inc., demandante y recurrida, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-79-155

      Resuelto: 27 de junio de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; José F. Quetglas Alvarez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón Garc'ia

emitió la opinión del Tribunal.

El marco conceptual de la doctrina envuelta en este recurso es:

“El anhelo de justicia innato en todos, cuando nos ahogan u oprimen el precepto tajante y la estipulación rígida, busca caminos de evasión, refugios equitativos, y la doctrina sugiere fórmulas y fabrica construcciones; los tribunales eligiendo el cauce de un precepto generoso, prefieren una decisión justa a una resolución técnicamente perfecta, imponiéndose abordar la cuestión por vía institucional, pues como dice Dualde, por ella la justicia aparece en la consciencia como vía de inspiración, dándonos súbitamente la conclusión mientras permanecen invisibles las premisas conductoras.” J. Terraza Martorell, Modificación y Resolución de los Contratos por Excesiva Onerosidad o Imposibilidad en su Ejucucion-Teoria de la Cláusula Rebus Sic Stantibus, (1969), págs. 33-34.

I

Casera Foods, Inc.-empresa local elaboradora y enlata dora de productos alimenticios, que desde el 1968 suple al Programa de Comedores Escolares del Departamento de Instrucción — durante el afio 1974 resultó la licitadora más baja y adjudicataria de la buena pro de tres subastas. Se obligó a entregar, envasada en latas con un peso neto de 20 onzas, un total de 3,223 cartones de papaya fresca en tajadas o trocitos sembrada y cosechada en Puerto Rico. Cumplió con la primera subasta, aunque tuvo que pagar por una demora causada por moho en algunas latas.

Durante el período comprendido entre el 7 de junio al 25 de noviembre de 1974, suplió 11,373 cartones de papaya con relación a las dos subastas restantes. Sin embargo, no suministró el remanente, justificando tal incumplimiento en una escasez imprevista, pero real, de papaya verde a nivel comercial entre los diversos productores en Puerto Rico. Como alternativa, propuso y solicitó se le permitiera elaborar y entregar papaya importada. Ello se le negó, aunque se le concedió oportunidad para tratar de superar este inconve-niente. Transcurrido en exceso tiempo suficiente para que cumpliera, a mediados del 1975, Instrucción Pública procedió de acuerdo con las condiciones de la subasta y, con carácter de emergencia, compró a la firma Tropical Fruits de San Germán 6,285 cartones de papaya — de igual calidad y re-quisitos — pero a un precio mayor cuyo resultado arrojó una diferencia e incremento en costo de $41,480.00. En virtud de la cláusula 12 de las Condiciones e Instrucciones Especiales de las subastas, se le descontó y retuvo dicha cantidad de un pago posterior relacionado con otra subasta.

Casera reclamó judicialmente su devolución e intereses, alegando esencialmente que su incumplimiento se debió a causas fuera de su control. La ilustrada sala de instancia acogió tal planteamiento y dictó sentencia a su favor aplicando el principio comprendido en la cláusula rebus sic stantibus. El Estado solicitó revisión.

h-4 I — I

Un breve peregrinaje de la génesis y evolución teórica de esta cláusula nos remonta a la “práctica forense de los tiempos medievales, que consideraban sobreentendida siempre en los contratos a largo plazo o de tracto sucesivo la cláusula rebus sic stantibus (abreviación de la frase contractus qui habent tractum succesivum vel dependentiam de futuro rebus sic stantibus intelligimtur), por virtud de la cual, si sobrevenía un cambio importante en el estado de hecho existente o contemplado por las partes al contratar, podía el obligado resolver el contrato que se le había hecho demasiado oneroso.” Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 3, pág. 548 (1974). Sin embargo, con el tiempo su vigencia fue perdiendo importancia, cayó en descrédito y quedó postergada. Las decisiones judiciales y los movimientos de codificación subsiguientes la rechazaron en aras de una fidelidad contractual absoluta para lograr mayor seguridad en el comercio jurídico. Calderón, Jr., La Cláusula Rebus Sic Stantibus y el Riesgo Imprevisible en el Derecho Puertorriqueño, 19 Rev. C. Abo., págs. 6-7 (1958); M. Royo Martínez, Concepto del Contrato en el Derecho Moderno, Rev. Gen. de Legis. y Juris., (1945), Tomo IX (Segunda Época), págs. 113-169. Ello explica el por qué no existe en el Código Civil español ni en el nuestro precepto que expresamente la recoja. A comienzos de este siglo, con el trastoque que sufrió el comercio en Europa con la Primera Guerra Mundial y conflictos bélicos sucesivos, el principio despertó de su letargo y comenzó a debatirse y relucir en aquella litigación en que los hechos evidenciaban cambios y situaciones graves e impredecibles. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, Vol. II, págs. 211-214; Beltrán de Herediay Castaño, El Cumplimiento de las Obligaciones, (1956), págs. 334-337. Sin embargo, hoy en día en “... España, la revisibilidad del contrato por alteración de las circunstancias básicas dentro de las cuales se produce, ha ido ganando terreno en la jurisprudencia.” Para un análisis de esta casuística, véase Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, (1954), págs. 372-379; Rivero Ysern, El Contrato Administra-tivo de Suministro, (1976), págs. 193-211. La cláusula rebus sic stantibus, es la fórmula de mayor aceptación entre las variadas teorías sobre la revisión de contratos por alteración de las circunstancias

Representa un contrapeso a la rigidez y absolutismo expuesto en la prédica de sostener a ultranza, en todo momento y circunstancia, la voluntad contractual de las partes simbolizada en la conocida máxima pacta sunt servanda recogida en el Art. 1044 del CódigoCivil.Sujustificación se explica así: “Mas a veces, y sobre todo en momento de crisis económica o cuando se trata de contratos de ejecución sucesiva y larga dimensión, ese cambio de circunstancias [ajeno a la actuación y voluntad de las partes] puede hacer excesivamente onerosa para una de las partes la ejecución de lo convenido o puede convertir el contrato en objetivamente injusto.” Castán, op. cit., pág. 544. En tales casos, “... debe operar la equidad para restaurar el desequilibrio producido, o, por lo menos, atenuar los perjuicios apreciados. . . .” J. Sánchez del Valle, Sugerencias a la Doctrina de la Cláusula Rebus Sic Stantibus, 27 Rev. Crítica Derecho Inmobiliario, pág. 262 (1954). Se fundamenta en ciertas premisas latentes en la teoría general de las obligaciones y contratos, a saber, la buena fe, la lesión contractual, el enriquecimiento injusto, el abuso del derecho y la equidad contractual. J. Lluis y Navas Brusi, La Llamada Cláusula “Rebus Sic Stantibus” Como Delimitadora del Alcance del Principio de que los Pactos Han de Ser Observados, Rev. Gen. de Legis. y Juris., Tomo XXXIII (Segunda Epoca), págs. 383-390 (1956). Heredia y Castaño, op. cit., págs. 337-346. A tal efecto, “con el funcionamiento de la teoría de la imprevisión ‘la seguridad en el tráfico queda más bien reforzada, pues los contratantes pueden contar con que en caso de perturbación extraordinaria, el negocio se podrá dejar sin efecto o amoldarlo a las nuevas circunstancias’. La doctrina sería una justa consecuencia de los principios de buena fe y de la reciprocidad en los contratos bilaterales; y no hay nada que se oponga a su incorporación fuera de los casos en que existe una disposición concreta, como en los artículos 1465, 1466, 1485 y 1517 del Código Civil.” Calderón Jr., op. cit., pág. 177.

Los requisitos admitidos por la glosa para que se dé la revisión judicial del contrato, los expone Castán:

“Para que la revisión sea admisible es preciso que medien circunstancias muy especiales y extraordinarias y entre ellas las siguientes: a) el carácter imprevisible del acontecimiento que haya surgido; b) que la ejecución del contrato resulte extremadamente difícil u onerosa, de tal modo que constituya para el deudor una lesión que no guarde proporción con la ventaja prevista para él en el contrato; c) que el contrato no tenga un carácter aleatorio o de pura especulación con el que las partes quisieron prever en cierto modo la posibilidad del acontecimiento.
Roca y Puig Brutau, con mayor minuciosidad, señalan como condiciones que integran el supuesto de aplicación de la doctrina del riesgo imprevisible (entendida ésta en un sentido genérico, que comprende, claro es, la de la cláusula rebus) las siguientes:
1) La fundamental de la imprevisibilidad que implica una cuestión de hecho dependiente de las condiciones que concurran en cada caso.
2) Que se produzca una dificultad extraordinaria, una agravación de las condiciones de la prestación, de manera que resulte mucho más onerosa para el deudor, sin llegar al grado extraordinario en que se confundiría con la imposibilidad de la prestación, y que es también una cuestión de hecho sobre la que es difícil dar reglas de carácter general.
3) Que el riesgo no haya sido el motivo determinante del contrato, como sucedería en el caso de contrato aleatorio.
4) Que no exista acción dolosa en ninguna de las partes, ya que los efectos de los supuestos delitos y cuasi delitos están especialmente predeterminados en la ley.
5) Que el contrato sea de tracto sucesivo o esté referido a un momento futuro, de modo que tenga cierta duración, pues para los contratos de ejecución instantánea o aquellos que han sido ya ejecutados no existe el problema.
6) Que la alteración de las circunstancias sea posterior a la celebración del contrato (ya que así lo exige la misma naturaleza de acontecimiento imprevisible) y presente carácter de cierta per-manencia (elemento que viene exigido también por el carácter extraordinario que se exige a la alteración).
7) Que exista petición de parte interesada.” Op cit., págs. 551-553.

En igual sentido se manifiesta Badenes Gasset, op. cit., págs. 123-131.

Advertimos la necesidad de que estén presentes todos estos factores. Y puntualizamos que se trata de un remedio de excepción, para situaciones extraordinarias en que se impone un prudente y escrupuloso discernimiento judicial de moderación. “Nunca, empero, se recomendará bastante la mayor cautela en la aplicación de estos procedi-mientos técnicos, cuyo abuso podría echar por tierra la seguridad contractual.” Castán, op. cit., pág. 554. Una vez demostradas las concurrencias de estos requisitos, el ámbito remedial del tribunal es amplísimo y flexible. “[L]a verdadera misión que incumbe a los tribunales en estos casos ...[,] indudablemente es la de procurar que se logre un resultado equitativo y justo en una situación que no ha sido prevista en el contrato.” Puig Brutau, op. cit., pág. 365 (Énfasis en el original). “La solución lógica y correcta es lo que tiende a restablecer el equilibrio_” Terraza Martorell, op. cit., pág. 554. Se impone aquel remedio justo y equitativo, a tono con las circunstancias peculiares del caso, e incluye sin limitación, la suspensión temporal de los efectos del contrato, su resolución o rescisión, revisión de precios, suspensión o moratoria y otros. Calderón, Jr., op. cit., págs. 15-16; Badenes, op. cit., págs 56 y 61.

III

Al aplicar el derecho reseñado a los hechos del caso, se hace patente el error de la respetable sala sentenciadora. Fácticamente está ausente el requisito fundamental de impredecibilidad o evento imponderable.

Casera, como entidad elaboradora y especializada en la materia objeto del contrato, debió y pudo razonablemente prever y anticipar — a través de un simple estudio del mercado— las proyecciones sobre existencia y disponibilidad de la papaya natural en escala comercial necesaria para cumplir con las obligaciones dimanantes de las subastas. Como indica el tribunal a quo, cuando trató de remediar la situación y decidió comprar, algunos “productores [ya] tenían sus cosechas comprometidas.” La realidad es que no diseñó un plan de suministro fijo ni contrató previamente con ellos al optar por “esperar a obtener la buena pro de la subasta para entonces adquirir el producto.” Estas circunstancias no permiten la aplicación de la cláusula de rebus sic stantibus. Está ausente el factor determinante que justifica, como excepción, la intervención y revisión judicial, a saber, “un cambio imprevisto y normalmente imprevisible por las partes.” M. Díaz Cruz, Jr., ‘Rebus Sic Stantibus’en el Derecho Privado, Rev. de Legis. y Juris., Tomo XI (Segunda Época), págs. 547-548 (1946); Gómez Ferrer Sapiña, Algunas Consideraciones en tomo a ‘Rebus Sic Stantibus’en Derecho Interno e Internacional, 67 Rev. Der. Not. 135 (1970); Puig Brutau, op. cit, pág. 382; Méndez v. Jiménez, Comisionado, 72 D.P.R. 335, 341 (1951).

Bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento, se dictará sentencia expidiendo el auto y revocando la del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Díaz Cruz con-curren en el resultado sin opinión.

       La determinación del tribunal sobre este extremo reza:
      “La realidad de esta escasez fue confirmada por la Corporación de Desarrollo Agrícola, agencia pública ante quien acudió la demandante en busca de solucionar la situación creada. A través de esta entidad pública la demandante pudo comprobar que los mismos productores en Puerto Rico del citado producto localizados en las áreas de Canóvanas, Carolina, Lares y Santa Isabel, no disponían de la misma a escala comercial. Otros productores tenían sus cosechas comprometidas. En tales circunstancias la demandante instruyó a su personal a cargo de comprar cualquier cantidad que estuviese disponible en el mercado. Sin embargo, la misma se había realmente agotado. Como demora un año desde que se siembra hasta que se cosecha, no le era posible cumplir con las entregas dentro del plazo estipulado. Esta situación era imprevista para la demandante y no le era posible evitarla mediante la contratación previa con los productores a base de un plan de suministro fijo ya que debía esperar a obtener la buena pro de la subasta para entonces adquirir el producto.
      Normalizada la situación de la escasez al venir la nueva cosecha, prosiguió la demandante efectuando sus entregas en la forma convenida en las subastas.”

       Estos autores, en posición minoritaria en la doctrina española rechazan por insatisfactoria la cláusula. Los primeros, aduciendo que el concepto de disposición sobreentendida es ficticio, y que su teoría es demasiado vaga e imprecisa; y el segundo, por estimar solo posible la revisión contractual allí donde el derecho objetivo la admita expresamente, gestión que corresponde al Legislador y no al Juez.

        Rodríguez v. Municipio, 75 D.P.R. 479, 491 (1953). Este caso representa la única expresión de este foro sobre imprevisión contractual en el cual se analizan, indistintamente, las normas de imprevisión y caso fortuito. Calderón, Jr., Jurisprudencia: La Imprevisión, El Caso Fortuito y el caso Rodríguez López v. Municipio de Carolina, 24 Rev. Jur. U.P.R. págs. 171-179 (1954). Sobre las diferencias entre imprevisión y caso fortuito, consúltese F. Soto Nieto, El Caso Fortuito y la Fuerza Mayor, Ed. Nauta (1967).

       Para una síntesis sistemática de las mismas, véase: F. Soto Nieto, Revisión Contractual por Alteración de las Circunstancias. Cláusula “Rebus Sic Stantibus", Derecho Vivo, II, págs. 391-402 (1971). Badenes Gasset, El Riesgo Imprevisible, (1946) pág. 65 et seg.; Castán, op. eit., págs. 545-551.

       “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.” (31 L.P.R.A. sec. 2994.)

       Al presente, algunos autores se inclinan, inclusive, a sostener que la aplicabilidad de esta cláusula no está limitada a una categoría específica de contratos. Terraza Martorell, op. cit., págs. 47-48. No nos corresponde pasar juicio sobre este extremo.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Raúl Matos Balaguer, demandante y recurrido, v. Julio César Pérez, en su carácter de Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-78-387

      Resuelto: 27 de junio de 1979

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedó Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados del re-currente; Raúl Matos Balaguer, por su propio derecho.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió Ja opinión .del Tribunal.

Raúl Matos Balaguer y su esposa Carmen A. Alvarado, en unión a los matrimonios Montalvo-Toro y Pérez-Pérez eran dueños, por partes iguales, de una finca rústica de 192.4 cuerdas en el Barrio Magueyes, Ponce. Interesados en vender una pequeña porción, y con el propósito de superar las limitaciones impuestas en los reglamentos de lotificación de la Junta de Planificación de Puerto Rico proscribiendo entonces en la zona rural la segregación de parcelas de menos de cinco (5) cuerdas — mediante la escritura pública Núm. 22 otorgada el 31 de mayo de 1972 ante el Notario Leopoldo J. Cabassa Saurí — efectuaron los siguientes actos: (a) segregaron una parcela de 5.2924 cuerdas; (b) la vendieron por la suma total de $66,093.60, en dos condominios indivisos; (c) uno de ellos, equivalente a tres (3) cuerdas, fue vendido por $37,465.20 de contado al Centro Español de Ponce, Inc., libre de cargas, reservas o menciones de cualquier natura-leza; el otro condominio, equivalente a 2.2924 cuerdas fue vendido a cuatro matrimonios por el precio total aplazado de $28,628.40 a pagarse en cuatro (4) años garantizado con una hipoteca voluntaria.

Estimándose acreedor a ello, Matos Balaguer se acogió al alivio contributivo sobre ventas aplazadas provisto en la See. 44(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, según enmendada, con respecto al producto de la venta del condominio indiviso de 2.2924 cuerdas. 13 L.P.R. A., 3044(b). Oportunamente informó al Departamento de Hacienda y declaró cada uno de los plazos recibidos en cuanto a dicho condominio, que correspondían a los años 1973,1974,1975 y 1976. El Secretario de Hacienda rechazó tal contención por el fundamento de que la transacción realizada constituía una sola compraventa, por lo que la parte del precio recibida durante el primer año por la totalidad de la parcela excedía el treinta por ciento (30%) del precio total, y en su consecuen-cia excluía la transacción de los beneficios de la Sec. 44(b). En vista de ello le notificó de una deficiencia en su declara-ción de ingresos para el año 1972 ascendente a $3,795.38. En vista administrativa reiteró dicha posición aunque reconoció un crédito de $752.60 por concepto de reintegro. (Caso V.A. #77-374.) La deficiencia se redujo a $3,042.78.

Impugnada judicialmente dicha deficiencia, recayó sen-tencia sumaria a favor del contribuyente Matos Balaguer, al estimar el foro de instancia que los ingresos en contro-versia fueron el producto de “dos ventas completamente desvinculadas la una de la otra.” A petición del Secretario de Hacienda accedimos a revisar.

HH

En Amadeo Gely v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 150 (1970), se trataba de la venta de una finca con casa en ella enclavada. Se hizo constar en la escritura el precio de la finca y el de la casa separadamente. Se expresó que el precio de la casa se pagaba de contado por lo que no se tomó en consideración en el precio de la finca a los fines del pago inicial máximo de treinta por ciento (30%) que permite la ley. Allí concluimos que se trataba de una transacción unitaria que comprendía todos los bienes que formaban la finca, principal y accesorios, y por ende no podía invocarse la See. 44(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954, que en lo pertinente dispone:

“Ventas a plazos....
(b) Ventas Casuales de Bienes Muebles y Ventas de Bienes Inmuebles. — En el caso ...de una venta u otra disposición de bienes inmuebles, si en cualquiera de dichos casos los pagos iniciales, si algunos, no excedieren del 30 por ciento del precio de venta, el ingreso podrá, bajo reglamentos prescritos por el Secretario, ser declarados sobre la base y en la forma antes prescrita en esta sección.... Según se emplea en esta sección el término ‘pagos iniciales’ significa los pagos recibidos en efectivo o en bienes, que no sean evidencias de deudas del comprador, durante el período contributivo en que la venta u otra disposición es efectuada.” (13 L.P.R.A. sec. 3044(b). (Énfasis nuestro.)

El texto transcrito establece la regla para declarar los beneficios en ventas a plazos que permite prorratear las ganancias en ventas a plazos por los cuatro años contributivos siguientes a medida que se van recibiendo los pagos de los plazos. De cada plazo recibido se declara en cada año aquella proporción de la ganancia total que el monto de los plazos recibidos durante el año guarde con el precio total del contrato. Meléndez Carrucini, Manual de Ganancias y Pérdidas de Capital, Tomo I, pág. 418 (1962). Bajo sus términos, para cualificar, no es necesario que durante el año en que se realiza la venta haya pago inicial, sin embargo de recibirse alguno durante ese período, éste no puede exceder del treinta por ciento (30%) del precio de venta. Aclaramos sin embargo, que esta disposición “constituye una excepción a la regla general de declarar en el año contributivo todo ingreso.” Koury, Installment Sales of Real Estates Under the Internal Revenue Code, (Comments), Miss. L. J., Vol. 4, pág. 425 (1973).

Respecto al aspecto relativo a si se trata o no de una sola venta — salvo el caso de Amadeo Gely, en que claramente había una sola transacción — la cuestión no ha sido resuelta. Sin embargo, en la jurisdicción federal existen pronuncia-mientos que nos orientan. Sobre el particular Mertens informa:

“El hecho de que el estatuto está concebido en términos de una venta y no de una transacción debe ser considerado cuando están envueltas dos parcelas inmuebles. Claramente, cuando se usan documentos separados, la contabilidad bajo la sección 453 [equivalente a la 44 nuestra] debe hacerse también separadamente, en ausencia de una razón poderosa para tratarlas como una sola venta.” Law of Federal Income Tax, Vol. 2, Cum. Supp. (1978). (Traducción y énfasis nuestro.)

Lógicamente, y a contrario sensu, cuando en una sola escritura se realizan varias transacciones exclusivamente sobre un bien inmueble existe una fuerte inferencia de que para fines contributivos se trata de una venta. Koury, op. cit., págs. 435-436. “Cuando unas propiedades diferentes van a ser vendidas en una transacción integrada que envuelve plazos, es posible resolver el asunto de manera tal que sean dos o más ventas segregadas, algunas cualificando para ser declaradas a plazos y otras no. Esto es importante, por ejemplo, cuando los pagos por ventas anuales excederán el treinta por ciento (30%) de todo precio de venta.” Michie’s Federal Tax Handbook, Vol. 2, pág. 1504 (1977). La determinación de si una transacción constituye una o más ventas es básicamente una cuestión de hecho. Véanse, Farha v. Commis sioners, 416 F.2d 93 (1969); certiorari denegado, 397 U.S. 1029 (1970); Charles A. Collins, 48.5 P-H TC (1967); Richard H. Pritchett, 63.14 P-H TC (1974).

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Teniendo presente estas mínimas consideraciones, anali-cemos la escritura ante nos, recordando que aun cuando el instrumento desde el punto de vista notarial o registral sea una pieza perfecta en redacción, pueda ser “una trampa contributiva.” C. Morales, op. cit., pág. 24.

Al igual que otros aspectos comprendidos en la Ley de Contribuciones sobre Ingresos, la determinación administrativa y judicial sobre los efectos contributivos de una enajenación o disposición de un bien inmueble en particular — al amparo de la Sec. 44(b) antes citada — no se rige exclusivamente por los preceptos netamente civilistas que informan la institución en cuestión bajo el Código Civil. Daubón Belaval v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 400 (1977). Enfatizamos que “[njuestra ley de contribuciones sobre ingresos se funda en hechos y no [en] ficción [, y que una] transacción se analiza por sus realidades pragmáticas.” Véase, Blackstone Realty Company v. C.I.R., 398 F.2d 991, 996 (1968).

Entre los factores a ser ponderados en la dimensión contributiva para detectar si se trata de una o varias ventas, estimamos pertinentes: (a) la naturaleza del objeto enajenado, si el bien o bienes inmuebles poseen características propias dentro o fuera del Registro de la Propiedad definitorios de sus límites superficiales; (b) la identidad y vinculación de los vendedores y compradores; (c) si la transacción se plasma en uno o más instrumentos notariales; y (d) la intención que aflora del análisis integral del negocio a la luz del lenguaje utilizado en el documento.

La tesis central del Secretario de Hacienda de que se realizó una sola venta se funda en la lectura de la escritura conteniendo lenguaje que sugiere que se enajenó la totalidad de la finca de 5.2924 cuerdas. A tal efecto, destaca las siguientes expresiones: “que habiendo convenido las partes comparecientes en una operación de compraventa” (pág. 6); “se efectúa esta compraventa por el convenido precio de Sesenta y Seis Mil Noventa y Tres Dólares con Sesenta Centavos ($66,098.60)....” (pág. 8); se hace referencia a la forma del pago especificándose que se pagaron $37,465.20 en 3 cheques por el adquirente del condominio equivalente a 3 cuerdas y “el remanente de Veintiocho Mil Seiscientos Veintiocho dólares con Cuarenta Centavos ($28,628.40) se comprometen y obligan a satisfacerlo... los compradores del condominio indiviso de 2.2924 cuerdas en el término de 4 años”; y “la hipoteca es el precio aplazado de la venta.” (Pág. 11.)

Compartimos dicho razonamiento. En unidad de acto los vendedores segregaron y dieron vida, registral y extra-registral a un bien inmueble de 5.2924 cuerdas. Simultáneamente lo enajenaron a pluralidad de compradores, creándose, por ministerio de ley, una comunidad compuesta por dos condominios equivalentes a 3 y 2.2924 cuerdas respectivamente. La venta se concibió y se plasmó en una sola escritura notarial, utilizándose lenguaje que sugiere y sostiene esta conclusión para fines contributivos. El que se realizara así para salvar las limitaciones reglamentarias sobre segregación, no desvirtúa el hecho de que jurídicamente la venta versó sobre la totalidad de la finca. No se dispuso de dos bienes inmuebles, sino de uno solo. El elemento fáctico determinante no es la ficción de ley, resultante de la creación de dos condominios en abstracto, sino la realidad pragmática incontrovertida de que se dispuso y vendió una sola finca, de 5.2924 cuerdas. A través del prisma del derecho contributivo resolvemos que los vendedores enajenaron la totalidad de la finca segregada, y no dos propiedades diferentes.

Finalmente, no podemos convenir con la proposición de que el otorgamiento de escrituras distintas y separadas hubiese demostrado la existencia de dos ventas. No albergamos duda de que la integridad y simultaneidad de la transacción constituyó una parte esencial del negocio. Los vendedores y compradores estaban conscientes de que la venta era de la totalidad de la finca; especialmente para estos últimos era de extrema importancia conocer con certeza quienes habrían de componer la comunidad. El análisis integral de la operación es lo determinante.

Aun cuando el contribuyente Matos Balaguer actuó bona fide, la venta realizada está excluida de los beneficios que ofrece la Sec. 44(b) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos. En su consecuencia se dictará sentencia revocando la del Tribunal Superior, Sala de Ponce y en su lugar se desestimará la demanda.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió sin opinión. El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

         Reglamento de Planificación Núm. 3 (Lotificación) 23 R.&R.P.R., Secs. 10-3 y 10-32, y el Reglamento para Lotificaciones Simples, 23 R.&R.P.R., Sec. 10-504. Fue enmendado en 31 de octubre de 1974 para sujetar el requisito a parcelas de menos de 25 cuerdas.
      El mecanismo para disponer de la parcela en condominios indivisos menores de 5 cuerdas antes de 1974, sin dispensa previa de segregación por parte de la Junta de Planificación, se viabiliza en virtud de nuestro pronunciamiento en Biascoechea v. Registrador, 76 D.P.R. 249 (1954). Allí decidimos que no existe una lotificación cuando la hipoteca, como en el caso de autos, se circunscribe a la participación que el condomino tenga en el inmueble. Debido a que su derecho se proyecta sobre una cuota abstracta de la propiedad, no se fija sobre ninguna parte determinada de la misma, sino sobre la totalidad de la finca. La hipoteca grava la parte de la finca que pertenece al hipotecante, pero mientras no se determine, flota sobre toda. Cuando no hay fijación o determinación de linderos de la parte hipotecada, no hay lotificación. Incorporamos el pensamiento de Manresa, en el sentido de que “... el derecho de hipoteca no legitima la hipoteca de parte fija y determinada de un inmueble que el condomino designe a su arbitrio, sino la de aquello que le pueda pertenecer luego que se haga la división, acto que es el verdaderamente declarativo de la propiedad en favor de cada partícipe.” Claro está, que si se fijan los linderos en la parte hipotecada, entonces existe una lotificación y se impone otro enfoque y solución.

       José Miguel López Cintrón y Francisca Maldonado Cotti; Julio Lugo Cordero y Consuelo Figueroa Jusino; José Antonio Santiago Nazario y Margarita Rivera Rosado; y Ramón Emilio Toro Serrano y Rosa Julia Martínez Riveiro.

       C. Morales, Alivios Contributivos que Ofrece la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos de 1951, Rev. Jur. U.P.R., Vol. 24, pág. 30 (1964).


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Eduardo Rivera Carmona, acusado y apelante.

      Número: CR-78-11

      Resuelto: 27 de junio de 1979

      José A. Andreu García y Manuel E. Andreu García, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante Eduardo Rivera Carmona — acusado de asesinato en primer grado, tentativa de asesinato e infracción al Art. 8 de la Ley de Armas — fue declarado culpable por un jurado de asesinato en segundo grado, tentativa de homicidio y de violar el precepto de la Ley de Armas antes referido. Sentenciado a cumplir respectivamente — de manera con-currente — penas de presidio de 15 a 20 años en el asesinato y de 3 a 5 años en los restantes delitos, no conforme, plantea y discute ante nos los errores que a continuación examinaremos separadamente.

Primero: “El veredicto de culpabilidad por el delito de Asesinato en Segundo Grado rendido por el Jurado en la causa G-77-1418 es contrario a la evidencia desfilada en estos casos.”

La tesis del apelante es en el sentido de que la evidencia demostró un homicidio voluntario pues entre él y el occiso —quien tenía 0.25% de alcohol en la sangre — se entabló una discusión acalorada que debió crear una duda fundada y razonable en torno al elemento de malicia premeditada. Para robustecer su contención destaca que el delito de homicidio voluntario resulta ser el único consistente con el de tentativa de homicidio rendido por el jurado, como parte de los mismos hechos.

El planteamiento es improcedente. La prueba del Minis-terio Fiscal — a quien el jurado le dio entero crédito — estableció que el apelante le dio muerte a Esteban Roberto Pérez Díaz con malicia premeditada y deliberada. En síntesis, demostró que próxima a la media noche del 31 de diciembre de 1976, el occiso Roberto Pérez, acompañado de otros amigos, llegó a la residencia de Ana Becerra Ifragil con una parranda navideña y de despedida de año. Al poco rato llegó el apelante quien desde hacia algún tiempo sostenía relaciones amorosas e íntimas con dicha dama. Tanto el apelante como el occiso habían hecho uso excesivo de bebidas alcohólicas. Después de un rato, el occiso se dispuso a marcharse y subió a su automóvil, pero a requerimiento del apelante se bajó del mismo y ambos subieron a la segunda planta para despedirse. Se suscitó una discusión entre el apelante y el occiso, pues éste no quería entrar al cuarto donde estaba Ana, y el apelante insistía golpeando la puerta de dicha habitación con patadas y puños. La testigo Becerra narra el incidente así:

“Que primero subió Roberto la escalera de la segunda planta y después Eduardo. Que Gladys y la niña Amina, ya estaban en su cuarto. Que ella cogió miedo y se fue para el cuarto de Gladys y tiró cerrojo. Que cogió miedo por la forma en que Eduardo y Roberto venían discutiendo. Que como ella no quería abrir la puerta, Eduardo le entró a patadas y puñetazos a la misma y que le gritaba ‘abre, abre’ insistentemente, pero ella no quería abrir porque tenía miedo con el revolú, según ella, que se había formado en el pasillo. Ella, a insistencias de Gladys abrió la puerta. Q|ue Gladys se quedó metida en el closet. Que al abrir la puerta entra Eduardo y Roberto se quedó detrás de éste. Que ella abrió e inmediatamente corrió hacia la cama. Que entró Eduardo y Roberto se quedó en la puerta, que ahí Eduardo saca el revólver y le dispara a Roberto cuatro disparos consecutivos. Que ella no podía ver a Roberto porque quedaba detrás. Que ahí inmediatamente se viró hacia ella y le disparó dos disparos, que eso fue enseguida, rápido, que la puerta se mantenía abierta. Que cuando esto pasaba, ella se encontraba como a quince pies retirada de Eduardo. Que ahí le disparó cuatro disparos a Roberto violentamente encolerizado y que decía: ‘si no quieres a un negro, tampoco no quieres a un blanco’.” (E.N.P., pág. 18.) (Énfasis nuestro.)

La versión del apelante es radicalmente distinta, atri-buyéndole a la víctima la idea de subir a despedirse de Ana y de que actuó en defensa propia al defenderse de los ataques con una “faca” que portaba el occiso.

Coincidimos con el Procurador General en torno al siguiente análisis:

“Como podemos apreciar la prueba es que la ira del apelante era contra Ana quien no le quería abrir la puerta y a quien le dijo ‘si no quieres a un negro, tampoco quieres a un blanco’, pero contra su víctima no tenía coraje, y no tenía porqué tenerlo, pues éste lo que había hecho era complacerlo, ir a ‘despedirse’ de Ana. La agresión contra Roberto (la víctima) se llevó a cabo más bien como un desquite del apelante contra Ana por un absurdo e inexplicable coraje que aparentemente se produjo porque Ana no le quería abrir la puerta, (E.N.P., Pág. 36) o porque no quería ‘despedirse’, o porque no quería al apelante. Véase López Rodríguez, supra, a la página 899 donde este Honorable Tribunal convino con el razona-miento del Procurador General. Esto explica porqué el jurado rindió un veredicto de asesinato en segundo grado, que a nuestro entender debió ser en primer grado, y otro de tentativa de Homicidio en el caso de Ana. Pero aún en el caso de Ana la mera ira o cólera por más violenta que ésta sea no reduce el delito, pues ésta debe ser un ‘arrebato de cólera’ y en el caso de autos los hechos no demuestran ese ‘arrebato de cólera’. Para que la provocación reduzca el delito de asesinato a homicidio voluntario tiene que ser aquella de tal naturaleza que haga perder el dominio de sí mismo a un hombre de temperamento corriente obligándolo a actuar por el impulso producido por notable provocación, sin la debida reflexión y sin formar un determinado propósito, Pueblo v. López Rodríguez, supra, 101 D.P.R. 897, 898 y casos allí citados.
Aquí como hemos dicho los hechos demuestran que el apelante tenía el propósito de matar a Roberto y a Ana. Ese propósito lo logró en cuanto a Roberto pero no en cuanto a Ana a quien solamente hirió. Tampoco existe aquí prueba creída por el Jurado de provo-cación alguna al menos por parte de Roberto, cuyo único error fue apearse de su automóvil para despedirse de Ana a instancias del apelante.” (Informe, págs. 8-9.)
“No puede inferirse del hecho de ocupársele a la víctima en su mano izquierda una faca la versión del apelante sobre defensa propia; lo que sí podemos inferir es que la víctima pudo tratar infructuosamente defenderse de la agresión del apelante. La víctima ni siquiera logró herir al apelante, éste salió ileso.
A nuestro juicio la prueba presentada en este caso demuestra la culpabilidad del apelante fuera de toda duda razonable de los delitos por los cuales fue acusado y que los veredictos rendidos por el jurado son correctos. El conflicto en la prueba fue debidamente dirimido por el jurado. No existe base en el récord para alterar esa determinación, Pueblo v. Rodríguez Polanco, [106 D.P.R. 228 (1977)]; Pueblo v. Díaz Díaz, [107 D.P.R. 140 (1978)]. Este Honorable Tribunal ha resuelto reiteradamente que no intervendrá con la apreciación de la prueba por parte del juzgador de los hechos, excepto cuando se demuestra claramente la existencia de pasión, prejuicio o error manifiesto de su parte. Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 364 (1974); Pueblo v. Ledée Ramírez, 102 D.P.R. 679 (1974); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).”
Segundo: “La conducta del Juez Sentenciador, al intimidar al abogado del acusado en presencia del Jurado al efecto de que no debía hacer objeción alguna durante el resto del proceso y adelantarle que habría de castigarlo por desacato, privó al acusado de un juicio justo e imparcial en violación de la garantía constitucional del debido proceso de Ley.”

El apelante no tiene razón. El incidente — que ocurre después de haberse desfilado toda la prueba, durante el turno de informe al jurado — se desarrolló del siguiente modo:

“HON. JUEZ:
Sin lugar la objeción. Continúe el señor Fiscal.
Lcdo. RuidIaz:
Perdón, si hubiera el revólver no, ‘un revólver’. Y me refiero al récord que fue lo que dijo.
HON. FISCAL:
Vamos a cambiar ‘un’ por ‘el’.
Lcdo. Ruidíaz:
Hay mucha diferencia.
HON. JUEZ:
Colega, y hágame el favor ya hizo el señalamiento y se dirige al Tribunal, no quiero más discusión.
Lcdo. Ruidíaz:
Voy a permanecer callado y no voy a decir nada. Voy a permanecer callado, no voy a hablar más, Vuestro Honor.
HON. JUEZ:
Mire, antes de que se termine este proceso el compañero me va a responder a mí por desacato. Y no se le ocurra levantar una palabra más. Así que haga buena su palabra, que no se va a levantar más a protestar.” (Énfasis nuestro.)

Notamos que quien se toma la iniciativa y decide adoptar una postura pasiva de “permanecer callado, no voy a hablar más” es el letrado Ruidíaz, habiendo simplemente el tribunal apercibídole de un desacato y de que hiciera “buena su palabra”. El incidente no tiene la trascendencia de perjuicio que se le atribuye. Así lo intimamos en nuestra Sentencia dictada en la apelación sobre este desacato, caso Cr-77-133, Pueblo de Puerto Rico v. Máximo Ruidíaz, fechada 18 de abril de 1978:

“A la luz de la transcripción de evidencia estamos convencidos de que se trata de un caso fronterizo en que la sentencia debe ser revocada.
Del dictamen reproducido notamos que se trata de un incidente aislado, producto de un exabrupto del apelante motivado por una discrepancia en cuanto a la resolución de unas objeciones. Más bien representa una falta de estilo y de paciencia, censurable en un abogado, que la falta de respeto realizada con el propósito de perturbar el orden, causar ruido o disturbio o desdeñosa o insolentemente interrumpir los procedimientos judiciales, situaciones con-templadas en el artículo 235 del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. sec. 4431. Distinta decisión se impondría, de surgir del récord una conducta repetida y reiterada, de naturaleza análoga. Pueblo v. Báez, 72 D.P.R. 175, 181 (1951). A pesar de que revocamos la sanción económica, consideramos en orden una advertencia al abogado sobre la necesidad de buenos modales para preservar el clima de dignidad y reposo en que debe desarrollarse el juicio.” (Énfasis nuestro.)

Si el incidente hubiese continuado, el procedimiento correcto hubiese exigido que fuera ventilado en ausencia del jurado. Así notamos que el tribunal sentenciador, consciente de ello pospone para otra ocasión — no estando presente el jurado — el trámite sobre desacato sumario. Reiteramos, que el incidente no tiene las proporciones pretendidas. Véanse Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98, 107-108 (1967); Pueblo v. Díaz, 74 D.P.R. 375, 394, 396 (1953).

Tercero: “Incidió el Tribunal Sentenciador al transmitir a los miembros del Jurado una instrucción sobre la supuesta huida del acusado cuando la evidencia desfilada en este caso no justificaba tal instrucción, ocasionando de tal modo, grave perjuicio al acusado.”

El apelante cuestiona la instrucción dada al jurada sobre huida consignada en la pág. 30 del Libro de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, a base de que la prueba no la justificaba.

Discrepamos. La evidencia producida por los testimonios de Gladys Hernández Pérez — quien testificó que el apelante salió corriendo inmediatamente hacia abajo, (E.N.P., pág. 10); Ana Becerra Ifragil — quien atestó que al caer herida al piso se hizo la muerta, notó que el apelante se metió el revólver en la cintura y se fue corriendo rápidamente por las escaleras (E.N.P., pág. 14); y su hija Amina Ifragil Becerra— quien declaró, refiriéndose al apelante, que escuchó que alguien bajaba las escaleras rápidamente corriendo (E.N.P., pág. 21) justificaba tal instrucción.

El propio apelante admitió que después de dos disparos se fue del lugar inmediatamente hacia su casa y mandó a buscar a su cuñado, el policía José Manuel Couvertier. Estos hechos establecen que el apelante huyó inmediatamente de la escena del crimen; se dirigió a la casa de su mamá donde estaba su esposa; de ahí es llevado por su cuñado, el agente Couvertier, al Cuartel de la Policía de Hato Rey. En estas circunstancias no se cometió error al impartirse la siguiente instrucción:

“La huida o fuga es una circunstancia, de entender ustedes que ha sido probada, para ser apreciada y ponderada como tendiente, en algún grado, a demostrar un sentimiento de culpabilidad. El Tribunal enfatiza que dicha prueba por sí solado es suficiente para establecer la culpabildad del acusado. Es de la estricta incumbencia de ustedes el determinar su alcance así como el peso que merezca considerando todas las circunstancias que concurren en el caso.” (Énfasis nuestro.)

Como afirma el Procurador General, “[e]l Tribunal de Instancia dejó al jurado la determinación, de si se había probado la huida a base de los hechos; o sea, si la forma en que se ausentó del sitio de los hechos el apelante y luego su entrega voluntaria en el Cuartel de la Policía constituía una huida. Véase Pueblo v. Delgado La Fuente, 97 D.P.R. 266, 268-269 (1969) y Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768, 776-777 (1971).

“Además, el apelante no objetó la aludida instrucción ni solicitó instrucción especial al respecto, por lo que resulta tardío su planteamiento. Pueblo v. del Valle, 91 D.P.R. 174, 179 (1964). Tanto la prueba de cargo como la de defensa daban margen a que se transmitiera al jura'do la instrucción sobre fuga en la forma que lo hizo el Tribunal de instancia.”

Cuarto: ‘La pena indeterminada de 15 a 20 años de presidio impuesta al apelante en el caso de Asesinato en Segundo Grado, aunque legal, resulta excesiva a tenor con los hechos y circunstancias presentes en este caso.”

El señalamiento — que no ataca la legalidad de la pena dentro de los límites establecidos — va dirigido a la discreción del Tribunal al imponer la misma. No intervendremos con el discernimiento de dicho foro.

Se confirma la sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Señor Secretario.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Moñge.

San Juan, Puerto Rico, a 27 de junio de 1979

Disiento por entender que se cometió el error señalado en el segundo apuntamiento y que ello debe motivar la revocación de las sentencias apeladas.

El incidente a que este señalamiento se refiere fue la culminación de varios incidentes anteriores que reflejan algo muy común durante la ventilación de juicios criminales, particularmente aquellos celebrados ante jurado. Abogados y fiscales son vehementes en sus planteamientos de derecho, se formulan y se resuelven objeciones en un ambiente tenso, y los ánimos de todos, incluyendo a veces al propio juez, se van caldeando. Esto es particularmente así en casos por asesinato en primer grado, delito que apareja mandatoriamente la pena de reclusión perpetua, máximo castigo que puede imponerse a un acusado en esta jurisdicción.

Aquí se imputaba al apelante un asesinato en primer grado, una tentativa de asesinato y una infracción del Art. 8 de la Ley de Armas, por hechos ocurridos la noche del 31 de diciembre de 1976 al 1 de enero de 1977. Con motivo de la despedida de año, Roberto Pérez Díaz visitó la casa de Ana Becerra para llevarle una parranda. Al rato llegó Eduardo Rivera Carmona, ahora apelante, quien mantenía relaciones amorosas íntimas con Ana. Tanto Roberto Pérez Díaz como Eduardo Rivera Carmona estaban tomados. Pérez Díaz, quien advino occiso poco después, tenía una concentración de 0.25% de alcohol en la sangre. El apelante, según el testimonio de Ana, estaba borracho. A instancias del apelante, ambos subieron a la casa y en su segunda planta se suscitó entre ellos una discusión que catalogó Ana de acalorada, de que se formó un “revolú”. A continuación su narración del incidente, que tomo de la ponencia del Tribunal:

“Que primero subió Roberto la escalera de la segunda planta y después Eduardo. Que Gladys y la niña Amina, ya estaban en su cuarto. Que ella cogió miedo y se fue para el cuarto de Gladys y tiró cerrojo. Que cogió miedo por la forma en que Eduardo y Roberto venían discutiendo. Que como ella no quería abrir la puerta, E duardo le entró a patadas y puñetazos a la misma y que le gritaba ‘abre, abre’ insistentemente, pero ella no quería abrir porque tenía miedo con el revolú, según ella, que se había formado en el pasillo. Ella, a insistencias de Gladys abrió la puerta. Que Gladys se quedó metida en el closet. Que al abrir la puerta entra Eduardo y Roberto se quedó detrás de éste. Que ella abrió e inmediatamente corrió hacia la cama. Que entró Eduardo y Roberto se quedó en la puerta, que ahí Eduardo saca el revólver y le dispara a Roberto cuatro disparos consecutivos. Que ella no podía ver a Roberto porque quedaba detrás. Que ahí inmediatamente se viró hacia ella y le disparó dos disparos, que eso fue enseguida, rápido, que la puerta se mantenía abierta. Que cuando esto pasaba, ella se encontraba como a quince pies retirada de Eduardo. Que ahí le disparó cuatro disparos a Roberto violentamente encolerizado y que decía: ‘si no quieres a un negro, tampoco no quieres a un blanco’.” (E.N.P., pág. 18) (Énfasis nuestro.)

El apelante alegó defensa propia. Su testimonio fue al efecto de que se vio precisado a disparar contra Pérez Díaz, estando en ese momento Ana en el pasillo, para repeler la agresión de éste mientras avanzaba sobre él armado de una cuchilla. La prueba de cargo estableció que el agente Víctor M. París, quien esa misma noche se personó a la casa de Ana a investigar los hechos luego de recibirse una llamada telefónica en el cuartel, al examinar el cadáver del occiso le ocupó “una cuchilla faca en su mano izquierda; la cual él le quitó fácilmente ya que la mano con la que tenía empuñado el mango de la curva estaba flágil [sic].” Aseguró que la tenía “con la mano cerrada en la izquierda, de la cual él la sacó.”

El jurado rindió veredicto de asesinato en segundo grado por la muerte de Pérez Díaz, tentativa de homicidio por la agresión a Ana, y culpabilidad por la portación ilegal del arma homicida.

Los autos revelan que el juicio se desarrolló en ambiente de tensión. Comenzó el 19 de septiembre de 1977 y se extendió hasta el 30 de dicho mes y año, en que se produjeron los veredictos condenatorios. Contra el abogado del apelante 0) se suscitaron dos incidentes por desacato, resueltos ambos el 30 de septiembre, después de retirarse el jurado a deliberar. En uno se le imputó “no haber comparecido a la hora, según se le había indicado por el Tribunal”, y se le absolvió a base de darle “el beneficio de la duda.” (Minuta del 30 de septiembre de 1977.) El otro es el que motiva el señalamiento de error que comentamos ahora, por el cual se le declaró culpable y se le sentenció a pagar $200 de multa o a cumplir un día de cárcel por cada cinco dólares que dejara de pagar. Esta sentencia fue revocada por nosotros el 18 de abril de 1978 (caso Cr-77-133).

Examinemos este segundo incidente. Surgió mientras el fiscal consumía su informe al jurado. Una enmienda propuesta a la exposición narrativa de la prueba señala que se produjo este incidente luego de objetar el abogado defensor el argu-mento del fiscal de que la faca ocupada en la mano cerrada del occiso fue puesta allí por el apelante para fabricar un caso de defensa propia. La objeción fue desestimada por el juez sentenciador “aduciendo en presencia del jurado que la evidencia presentada justificaba la inferencia hecha por el Fiscal [síc] en tal sentido.”(2)

El incidente que entonces se produjo fue como sigue:

“Lcdo. Ruidíaz.-
Que diga la parte que estaba fuera del . . . porque eso es importante que el jurado, no la parte afuera y la otra, eso desvirtúa todo lo que se ha dicho aquí.
Hon. Juez:
El jurado va a resolver, tiene como prueba la fotografía, el cuerpo aparece completo dentro del cuarto, el jurado considerará eso, es evidencia en el caso.
Lcdo. Ruidíaz:
Objetamos la forma del informe al jurado, está comentando la técnica usada por la defensa para contrainterrogar los testigos, lo cual entendemos que lo que puede traer es más confusión en la mente del jurado.
Hon. Juez:
Sin lugar la objeción. Continúe el señor fiscal.
Lcdo. Ruidíaz:
Perdón, si hubiera el revólver no, ‘un revólver’. Y me refiero al récord qué fue lo que dijo.
Hon. Fiscal.-
Vamos a cambiar ‘un’ por ‘el’.
Lcdo. Ruidíaz:
Hay mucha diferencia.
Hon. Juez:
Colega, y hágame el favor, ya hizo el señalamiento y se dirige al Tribunal, no quiero más discusión.
Lcdo. Ruidíaz:
Voy a permanecer callado y no voy a decir nada. Voy a permanecer callado, no voy a hablar más, Vuestro Honor.
Hon. Juez:
Mire, antes de que se termine este proceso el compañero me va a responder a mí por desacato. Y no se le ocurra levantar una palabra más. Así que haga buena su palabra, que no se va a levantar más a protestar.” (T.E., págs. 2-4.)

El caso fue sometido al jurado para su deliberación a eso de las 4:40 de la tarde. Alrededor de las 6:10 regresó el jurado a sala para solicitar instrucciones adicionales sobre la tentativa de asesinato. La exposición narrativa señala lo siguiente, pág. 34:

“. . . En este incidente el Juez solamente dijo en términos generales lo siguiente: De entender que se había cometido un delito pero si tenían duda entre tentativa de asesinato y tentativa de homicidio era el deber del Jurado darle el beneficio de la duda, rindiendo un veredicto por delito menor si hay esa duda, debe ser el veredicto tentativa de homicidio.”

“No por haberse expresado en innumerables ocasiones debe dejarse de repetir, que uno de los derechos más preciados que tiene el ciudadano en nuestra comunidad es que cuando se le acusa de delito se le juzgue en tales circunstancias que el proceso que se le celebre esté rodeado de todas las garantías que hacen posible un juicio justo.” Así se expresó este Tribunal en Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29, 37 (1961), palabras que reiteró en Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492, 499 (1962), y que tendrán vigencia mientras perduren el derecho a un juicio justo e imparcial y el principio de que todo acusado se presume inocente y su culpabilidad deberá probarse más allá de duda razonable. Esencial a la salvaguarda de esos principios es el derecho del acusado a estar asistido eficazmente de abogado durante todas las etapas del juicio.

Se ha resuelto en diferentes jurisdicciones estatales esta-dounidenses que la amonestación o reprimenda a un abogado, hecha en presencia del jurado, aun cuando no se le castigue por desacato, constituyen una privación del derecho del acusado a un juicio justo y a estar efectivamente asistido de abogado. Véanse Dale v. State, Okl. Cr., 441 P.2d 476, 477 (1968); State v. Collins, S.C. Washington, 400 P.2d 793, 795 (1965); People v. Bedard, 1 Ill.2d 622, 145 N.E.2d 54, 57 (1957); People v. Rodríguez, 32 App. Div.2d 545, 299 N.Y.S.2d 632; 3 Wharton’s Criminal Procedure, 21a. ed., see. 485, pág. 353. Se señaló en Dale, supra, que “reprender al abogado de un acusado en presencia del jurado es altamente perjudicial. Si la conducta del abogado es impropia la corte debe excusar al jurado antes de impartir una reprimenda o de amenazar con castigarle con multa o prisión por descato.” Esto constituye error perjudicial que justifica revocar, particularmente en presencia de ‘prueba punzantemente conflictiva’ (evidence sharply conflicting). Dale, supra, pág. 478.

La misma doctrina se ha seguido en la jurisdicción federal. Se resolvió en United States v. Coke, 339 F.2d 183, 185 (2nd Cir. 1964), que aun en el caso de una reprimenda merecida por el abogado, debe hacerse fuera de la presencia del jurado para que no se prive al acusado de su derecho a un juicio justo. En United States v. Kelley, 314 F.2d 461, 463-464 (6th Cir. 1963), bajo una situación parecida a la que consi-deramos, se resolvió que una amonestación al abogado del acusado para que dejara de sonreír y señalar con el brazo hacia el jurado, so pena de desacato, hecha en presencia de dicho cuerpo, y la subsiguiente censura por conducta que el juez insinuó era antiética, constituyeron error perjudicial en violación del derecho del acusado a un juicio justo.

El tratamiento adverso que un juez dé a un abogado defensor ante el jurado prejuicia a éste en contra del acusado. Rothblatt, Prejudicial Conduct of the Trial Judge in Criminal Cases, 2 Criminal Law Bulletin 3 (1966); Nota, Judicial Intervention in Trials, 1973, Wash. U.L.Q. 843, 852. En el ámbito federal se considera que las amonestaciones que el juez haga al abogado defensor constituyen un fundamento para un nuevo juicio si éstas operan para privar al acusado de un juicio justo e imparcial, ya sea porque le privan de asistencia legal efectiva o porque influyen al jurado y crean en éste prejuicios en su contra. Bursten v. United States, 395 F.2d 976, 983 (1968); Johnson v. United States, 356 F.2d 680, 683 (1966).

No veo razón alguna para que esas normas no apliquen en nuestra jurisdicción, donde rigen los mismos principios constitucionales invocados en los citados casos, sentados sobre la premisa específicamente articulada en la Carta de Derechos de nuestra Constitución como base esencial de nuestro sistema de impartir justicia, de que la dignidad del ser humano es inviolable. Nada puede repugnar más a la dignidad del ser humano que privarlo injustamente de su libertad. Nuestro sistema establece normas procesales de fundamental im-portancia como parte del debido proceso de ley para salva-guardar el derecho de toda persona acusada de delito a que se le celebre un juicio justo e imparcial. Esas normas, para ser efectivas, han de ser aplicadas con rigurosidad.

Es difícil señalar en qué casos un incidente como el que aquí consideramos puede haber afectado el derecho a un juicio justo. Tal determinación ha de basarse en consider-aciones subjetivas. No se ha descubierto el medio que permita penetrar la mente de cada jurado para hallar el por qué de su fallo. Pero sabemos que hay incidentes que influyen y fácilmente pueden desviar el razonamiento u obnubilar la deliberación de forma tal que se impida aflorar la duda razonable que pueda haber conciencia adentro. ¿Cómo ar-monizar en este caso el veredicto de asesinato por la muerte de Roberto Pérez Díaz con el de tentativa de homicidio en la persona de Ana Becerra?

Los hechos del caso nos presentan una discusión agria entre dos personas ebrias, con unas faldas de por medio, que culminan en la muerte de uno y en que la mujer resulta herida de bala. El acusado hizo uso de un arma de fuego. El cadáver del occiso, aun fláccido, empuñaba en su mano izquierda una cuchilla tipo faca. El incidente ocurre en un pasillo en un segundo piso, frente al dormitorio en que estaba la mujer. No hay prueba de cómo comenzó la discusión entre los dos hombres, aunque sí de que era acalorada. Ana y su hija estaban encerradas por temor. Los testigos señalan que el acusado salió corriendo inmediatamente después de los dis-paros. Esto motivó una instrucción al jurado sobre el alcance de la “huida” como prueba circunstancial incriminatoria. ¿Es esto compatible con la fría calculación insinuada por el fiscal de poner la faca en el puño del occiso antes de la llamada huida?

La condición humana es frágil, sobre todo la de las personas sencillas y humildes, como son la mayoría de las que actúan como jurados. La inclinación que el juez pueda tener con respecto a la adjudicación de los hechos, si conocida del jurado, tiene un enorme peso en su decisión. Ellos desconocen los intrincados problemas sobre la aplicación del Derecho penal y su desenvolvimiento en función de los ordenamientos procesales. Miran al juez como orientador. Cualquier expresión o gesto suyo que pueda considerarse como indicio de su pensamiento ha de tener necesariamente un gran impacto en la mente de cada jurado y en su proceso decisional. Se ha reconocido como un axioma el hecho de que el jurado es altamente sensible a toda manifestación judicial, debido a la autoridad que para el jurado conllevan las palabras del juez. Moody v. United States, 377 F.2d 175, 179(1967). En Bursten v. Unites States, supra, se hizo referencia al impacto sobre el jurado de las manifestaciones del juez como materia de conocimiento judicial. Véanse, además, Conner, The Trial Judge, His Facial Expressions, Gestures and General Demeanor — Their Effect on the Administration of Justice, 6 Am. Crim. L. Q. 175 (1968); y nota, Judges’Nonverbal Behavior in Jury Trials: A Threat to Judicial Impartiality, 61 Va. L. Rev. 1266 (1975). ¿Puede sustraerse el jurado de sentir animosidad hacia el abogado que es reprendido por el juez por supuestas faltas a su respeto o conducta impropia? ¿Puede garantizarse que esa animosidad no se refleje en su veredicto?

Los hechos, los incidentes, y las circunstancias todas que revelan los autos dejan en mi ánimo serias dudas sobre si tuvo el apelante un juicio justo. De ordinario no intervendría con la apreciación de la prueba hecha por el jurado. En este caso, sin embargo, esa apreciación de la prueba pudo ser desviada por el incidente de desacato y ser perjudicial. Estas consideraciones me impiden aceptar el dictamen de mis compañeros jueces de que el segundo error no se cometió.

Revocaría las sentencias apeladas y ordenaría la celebración de un nuevo juicio.