text:
    Ramón Ramos Lozada, demandante y recurrente, v. Orientalist Rattan Furniture, Inc. y/o Pedro Claudio Velázquez, demandados y recurridos.

      Número: RE-88-67

      Resuelto: 15 de junio de 1992

      Myrta Irizarry Ríos, abogada del recurrente; Pedro Roldán Figueroa, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 17 de marzo de 1986 el Sr. Ramón Ramos Lozada presentó una demanda en daños y perjuicios por incumpli-miento de contrato y cobro de dinero ante la Sala de Baya-món del Tribunal Superior contra Orientalist Rattan Furniture, Inc. y otros. Se alegó en la demanda, y posteriormente en la demanda enmendada, que las partes habían otorgado un contrato de arrendamiento el 2 de ju-nio de 1971, mediante el cual el demandante le cedía en arrendamiento a la parte demandada un solar y dos (2) edificios industriales, a ser utilizados los mismos para la manufactura de muebles de rattan.

Surge de la demanda que, allá para el 23 de septiembre de 1981, ocurrió un incendio en la propiedad arrendada, quemándose las referidas estructuras. En la demanda ra-dicada, el arrendador solicitó indemnización por las pérdi-das o deterioro que sufrieron las edificaciones, las cuales estimó en $23,000 dólares; $10,000.00 por concepto de da-ños y perjuicios, y $11,375 dólares por los cánones de arrendamiento vencidos y no pagados. El demandante arrendador expresamente alegó que el siniestro se debió a la exclusiva negligencia de la parte demandada arrendata-ria y que ésta se había comprometido, conforme a las Cláu-sulas 6, 7 y 8 del contrato de arrendamiento otorgado, a cuidar y mantener la propiedad “como un buen padre de familia” y a responder por cualquier daño que le pudiera ocurrir a la propiedad, salvo los debidos al deterioro natural del tiempo.

Procede que se señale que, luego del incendio, la deman-dada arrendataria continuó ocupando la propiedad hasta febrero de 1986, cuando desalojó la misma. Según alegó el demandante, con posterioridad al fuego, las partes contra-taron para ajustar el canon de arrendamiento de $500 dó-lares a la suma de $125 dólares mensuales hasta que el arrendatario se recuperara económicamente, cuando rein-tegraría la diferencia entre los cánones y restauraría las edificaciones.

La parte demandada contestó la demanda, negando los hechos esenciales de la misma. En su contestación, levantó la defensa afirmativa de prescripción. El foro de instancia acogió el planteamiento y dictó sentencia mediante la cual desestimó la demanda. El juez determinó que la acción ins-tada por el demandante descansaba en la culpa o negligen-cia del demandado, esto es, al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Dado que el término prescriptivo para ejercitar la acción bajo dicho artículo es de un (1) año (31 L.P.R.A. see. 5298), al presentarse la de-manda, cuatro años y medio (AVz) después del incendio, dicho foro concluyó que la misma estaba prescrita.

Inconforme con la sentencia dictada por el tribunal de instancia, el demandante arrendador acudió en revisión ante este Tribunal. En apoyo de su solicitud, le imputa al foro de instancia haber errado

....al desestimar la demanda basada su sentencia en que la acción descansa en la culpa o negligencia del artículo 1802 del Código Civil del 1930 (en vez de la culpa o negligencia contractual) por lo que transcurrido más de un año desde el siniestro a fecha de radicación, la acción está prescrita.” Petición, pág. 5.

Expedimos el auto de revisión solicitado. Ambas partes han sometido sus correspondientes alegatos. Resolvemos.

I

El problema ante nuestra consideración requiere anali-zar si los hechos, según alegados en la demanda, dan lugar a una acción en daños y perjuicios por culpa o negligencia o una basada en incumplimiento de contrato. La contesta-ción a dicha interrogante, esto es, el tipo de responsabili-dad que surge por el siniestro ocurrido en la propiedad arrendada, nos permitirá determinar el término legal de prescripción extintiva aplicable al caso de autos.

Si la acción es una por incumplimiento de contrato, le aplicaría la prescripción general de quince (15) años del Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5294. Por otro lado, si la acción es estrictamente una en daños y perjui-cios, le sería aplicable el término prescriptivo de un (1) año establecido en el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298.

II

Examinamos, en primer lugar, las disposiciones pertinentes del Código Civil que regulan la situación del caso de autos; en específico, lo concerniente a la relación entre arrendador y arrendatario. El Art. 1445 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4052, señala la obligación que tiene el arrendatario de “usar de la cosa arrendada como un diligente padre de familia ...”. El Art. 1451 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4058, le obliga a “devolver la finca al concluir el arriendo, tal como la recibió, salvo lo que hubiese perecido o se hubiera menoscabado por el tiempo o por causa inevitable”. Por otro lado, el Art. 1453 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4060, dispone que el arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviere la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya. Con respecto a la pérdida de la cosa arrendada, cuando alguno de los contratantes falta al cumplimiento de lo estipulado, el Art. 1458 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4065, dispone que se observará, respectivamente, lo dispuesto en los Arts. 1136 y 1137 (31 L.P.R.A. sees. 3191 y 3192) y en los Arts. 1054 y 1077 (31 L.P.R.A. sees. 3010 y 3052).

El Art. 1453, ante, establece una presunción de res-ponsabilidad que el arrendatario puede rebatir demos-trando que la pérdida o deterioro de la cosa ocurrió sin culpa o negligencia suya. A esos efectos, G. Velázquez, en Obligaciones y contratos según la legislación y la jurispru-dencia puertorriqueñas, Río Piedras, 1942, Vol. II, pág. 65, señala que:

Una aplicación interesante de la obligación que tiene el arrendatario de responder del deterioro o pérdida de la cosa, la hallamos en caso de incendio de la cosa. Así, si ésta se pierde o deteriora por causa de incendio, por aplicación de los principios referidos, el arrendatario responderá del valor de la cosa, a no ser que pruebe que el incendio provino de causa extraña, y no hubo por su parte culpa o negligencia. (Énfasis suplido.)

En ese sentido, señala J. Castán Tobeñas, en Derecho Civil español común y foral, 14ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1988, T. 4, pág. 321, que “[e]l arrendatario es responsable del deterioro o pérdida que tuviera la cosa arrendada, a no ser que pruebe haberse ocasionado sin culpa suya (Art. 1.563) ...”.

De igual forma nos explica M. Albaladejo que:

Una vez sentado que existen tales deterioros o pérdidas, por aceptarlo así el arrendatario o no haber podido probar que la cosa la recibió en tal estado, todavía podrá el arrendatario exi-mirse de responsabilidad probando que tal deterioro o pérdida se ha producido sin culpa suya (artículo 1.563) o por la acción del tiempo o por causa inevitable como dice el artículo 1.561. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones fera-les, Madrid, Ed. Edersa, 1980, T. XX, Vol. 1, pág. 411.

Este Tribunal reiteradamente ha seguido el mismo en-foque que la doctrina española al aplicar la norma para determinar la responsabilidad por la pérdida o deterioro de la cosa arrendada cuando se trata de una relación entre arrendador y arrendatario. Arts. 1445,1449,1451 a 1453 y 1458 del Código Civil, 31 L.RR.A. sees. 4051, 4056, 4058 a 4060 y 4065; Aseg. Lloyd’s London v. Cía. Des. Comercial, 126 D.P.R. 251 (1990); Double AA Prop. Corp. v. E.L.A., 109 D.P.R. 235 (1979); Ameco v. Jaress Corp., 98 D.P.R. 838 (1970); Oller v. Purcell Bauzá, 92 D.P.R. 148 (1965); Goe-naga v. West Indies Trading Corp., 88 D.P.R. 865 (1963); Cabinero v. Cobián Theatres, 81 D.P.R. 960 (1970); Ruiz v. Umpierre, 49 D.P.R. 270 (1935); Del Valle v. M. González & Co., 39 D.P.R. 820 (1929); Ramírez v. Muñoz, 33 D.P.R. 362 (1924).

Las disposiciones del Código Civil que regulan el caso de autos exigen que determinemos, para la correcta solución final de la controversia ante nos, el “tipo de acción” que puede llevar la parte demandante para recobrar la indem-nización por los daños sufridos a la cosa arrendada.

III

La respuesta a esta interrogante requiere analizar y distinguir entre las acciones ex delicto (responsabilidad ex-tracontractual) y acciones ex contractus (responsabilidad contractual).

A modo introductorio, veamos la manera en que Ricardo de Angel Yagüez, en La Responsabilidad Civil, nos explica esa distinción:

El no causar daño a los demás es, quizá, la más importante regla de las que gobiernan la convivencia humana ... [e]l autor del daño responde de él, esto es, se halla sujeto a responsabilidad. [E]n principio, la responsabilidad se traduce en la obligación de indemnizar o reparar los perjuicios causa-dos a la víctima ... [u]na sencilla reflexión... nos permite vis-lumbrar dos grandes grupos o categorías de actos dañosos: de un lado, los que consisten en incumplir un pacto; de otro, los que se producen en el desarrollo de cualesquiera actividades humanas, pero al margen de toda relación jurídica previa entre dañador y víctima. En el primer caso [nos referimos a la] res-ponsabilidad contractual [mientras que en el segundo caso] a la responsabilidad extracontractual .... R. de Angel Yagüez, La Responsabilidad Civil, Bilbao, Universidad de Deusto, 1988, págs. 21-22.

En reiteradas ocasiones este Tribunal ha expresado que las “acciones derivadas de contratos tienen por objeto que se cumplan las promesas contractuales sobre las que las partes de un contrato otorgaron su consentimiento”. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711, 716 (1987). La culpa o negligencia a que se refiere el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, es aquella no relacionada con una obligación anterior y que daba lugar a las acciones que, hasta la publicación del Código Civil español, se conocían con el nombre de cuasidelitos y, antiguamente, en el Derecho Común se denominaban ex delicto. Arroyo v. Caldas, 68 D.P.R. 689 (1948). Sin embargo, la “culpa extracontractual no nace de la voluntad de las partes, sino del incumplimiento de unas obligaciones y unos deberes impuestos por la naturaleza y por la ley, necesarias a la convivencia social”. H.M. Brau del Toro, Los daños y perjucios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pub. J.T.S., 1986, Vol. 1, Cap. I, pág. 42.

El Código Civil de Puerto Rico, al igual que el español, distingue entre los daños derivados del incumplimiento de contrato, Art. 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3018, y los daños derivados de la culpa extracontractual, Art. 1802, ante. En ambas situaciones, la “indemnización de daños exige una conducta antijurídica causante de los daños, bien por infringir lo acordado en contrato o bien por infringir el principio general alterum non laedere [(no causar daño a nadie)]. ... [De igual forma, e]l deber de indemnizar por infracción de contrato se desenvuelve den-tro del ámbito de la preexistente relación; en cambio, cuando la indemnización deriva de acto ilícito, la relación obligatoria surge por primera vez al producirse el daño. En ambos casos el deber de resarcimiento se incluye en el marco de una relación obligatoria; pero en un caso se trata de una obligación delictual y en otro de uña relación contractual”. (Escolio omitido.) J. Santos Briz, La respon-sabilidad civil, Madrid, Ed. Montecorvo, 1981, págs. 87-90.

Nuestro ordenamiento, naturalmente, trata de manera diferente estas dos (2) situaciones. Una de las distinciones más importantes es el plazo prescriptivo que emana de cada una de las responsabilidades. Conforme expresára-mos anteriormente, la acción por incumplimiento de con-trato prescribe a los quince (15) años conforme al Art. 1864, ante, y la acción ex delicto prescribe al año conforme al Art. 1868, ante.

Por tal razón, la tarea de calificar adecuadamente el tipo de acción de la cual se trata, cobra mayor importancia. Hay ocasiones en que la diferencia entre ambas acciones es de fácil determinación, pues sólo basta determinar la exis-tencia de una relación jurídica previa. Ahora bien, cuando se ha producido un daño, que además de quebrantar las normas de convivencia social constituye incumplimiento de una obligación contractual entre las partes, la determina-ción de si procede una acción ex delicto o ex contractu se torna un tanto difícil.

Ello no obstante, debe mantenerse presente que los ci-tados preceptos del Código Civil que regulan la culpa contractual y la extracontractual, responden a un principio común de derecho y a una misma finalidad reparadora. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594 (1970); Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962); Irizarry v. Pueblo, 75 D.P.R. 786 (1954); Brau del Toro, op. cit., pág. 42. De igual modo se ha expresado el Tribunal Supremo de Es-paña en la Sentencia de 24 de marzo de 1952 y la Senten-cia de 30 de diciembre de 1980. A esos efectos, tratadistas como Manresa, Santos Briz y otros discuten la doctrina de lo, unidad de concepto de la culpa civil. En Prieto v. Maryland Casualty Co., ante, en la nota al calce Núm. 2, cita-mos a Manresa, en la pág. 620, a los efectos de que:

“Si partimos del sentido unitario que hemos dado a la noción de culpa, como algo que ha de concurrir para que la responsa-bilidad pueda declararse, observaremos la falta de fundamento para conceder tanta importancia, como muchas veces le damos, a la clasificación de la culpa en contractual y extracontractual, en esencia una misma, sin que neguemos presenten al ponér-seles en juego con las respectivas situaciones de una y otra clase, ciertas particularidades, y que respecto a la llamada “aquiliana” hayan de observarse en primer lugar las normas de los Arts. 1.902 y siguientes, cual advierte el 1.093, ya comentado. Pero nada de ésta es obstáculo para impedir la división más allá de lo necesario de esa entidad, culpa que siem-pre ha de combinarse con la idea responsabilidad y la acción u omisión determinante del incumplimiento, para llegar al resul-tado, o sea la obligación de indemnizar; y en cuya función ha de operar siempre para que tal obligación pueda estimarse.”

De igual manera, Santos Briz, op. cit., pág. 97, nos se-ñala que

...la sentencia de 3 de octubre de 1967... declaró que “cualquie-ra que sea la calificación de la culpa, la responsabilidad alcanza a los actos propios y a los de aquellas personas de quienes se debe responder por hechos de intervención en el cumplimiento material del contrato”, con lo cual el T.S. no niega aplicar a un caso de culpa derivado de contrato de transporte el precepto del artículo 1.903 [1803 nuestro] del C.c.

Este Tribunal resolvió, en el citado caso de Prieto v. Maryland, Casualty Co., pág. 619, que el mero hecho de que medie una acción torticera como consecuencia del incum-plimiento de la obligación contractual no altera la natura-leza de la acción. En Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951), y Maldonado v. Municipio de Ponce, 39 D.P.R. 247, 250 (1929), explicamos que “[e]l fundamento de la ac-ción fue la profanación por parte del demandado de la tumba previamente vendida y entregada a los demandantes. Cuando el municipio abrió el nicho y tras-ladó los restos de allí, no solamente cometía un acto dañoso (tort), sino que también quebrantaba el contrato de com-praventa [o arrendamiento]”.

En el contexto de la relación contractual entre un arrendador y su arrendatario hemos expresado que esto no impide, en casos apropiados, la acción en daños y perjuicios bajo el Art. 1802 del Código Civil, ante. Véase Torres v. Fernández, 56 D.P.R. 482 (1940), y Oller v. Purcell Bauzá, ante.

IV

En torno a la distinción entre ambas acciones, conside-ramos conveniente auscultar lo resuelto por el Tribunal Supremo de España respecto a ello.

En la Sentencia de 26 de enero de 1984 y la de 20 de febrero de 1964, dicho Tribunal expresó que el Art. 1902 (1802 nuestro) y siguientes, son inaplicables cuando se trata de hacer efectiva la culpa derivada de contrato.

Esta posición parte de la teoría de la incompatibilidad de la culpa contractual y extracontractual. Así también se desprende de las Sentencias de 4 de octubre de 1953, de 15 de junio de 1962, de 11 de marzo de 1967, de 12 de marzo de 1926, y otras.

En contraposición a esa doctrina ha surgido la teoría de la concurrencia de acciones de resarcimiento originadas en un contrato y a la vez en un acto ilícito extracontractual. Según ésta, y conforme lo expresa Santos Briz, para que el perjudicado pueda optar entre una u otra acción tienen que darse los siguientes supuestos de hechos o requisitos:

1. Que el hecho causante del daño sea al mismo tiempo incum-plimiento de una obligación contractual y violación del deber general de no causar daño a otro, es decir, violación de un deber con abstracción de la obligación contractual que se daría aun-que ésta no hubiere existido.
2. El perjudicado por efecto de la doble infracción (contractual y delictual) ha de ser la misma persona, es decir, el acreedor contractual...”
3. Por último, es también necesario que la doble infracción haya sido cometida por una misma persona, el deudor contractual.... No se trata de exigir en ningún caso dos responsabilidades, sino de optar entre el ejercicio de acciones que tienden al mismo fin. Santos Briz, La Responsabilidad Civil, Ed. Montecorvo, 1981, pág. 93. (Énfasis suplido.)

En cuanto a la aplicación de esta doctrina, resultan par-ticularmente ilustrantes las Sentencias del Tribunal Supremo de España de 16 de diciembre de 1986, 19 de junio de 1984, 9 de marzo de 1983, 30 de diciembre de 1980 y 24 de junio de 1969. La causa de acción de los demandantes en estos casos fue radicada bajo el Art. 1902 (1802 nuestro) del Código Civil español. Posteriormente, los demandados alegaron la inaplicabilidad del Art. 1902, ya que la acción procedente, alegadamente, era la contractual bajo el Art. 1101 (1054 nuestro) del Código Civil. El Tribunal Supremo español resolvió que aunque exista una relación contractual entre las partes, se permite la acción bajo el Art. 1902 (1802 nuestro), por lo que se da la concurrencia de acciones entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Es importante reiterar que no se trata de exigir dos (2) res-ponsabilidades, sino simplemente elegir entre una u otra de las acciones que tienden al mismo fin.

V

Hoy reiteramos la norma establecida por este Tribunal a los efectos de que únicamente procede la acción en daños contractuales (Art. 1054) cuando el daño sufrido exclusivamente surge como consecuencia del incumplimiento de una obligación específicamente pactada, daño que no ocurriría sin la existencia del contrato. Ahora bien, resolvemos que resulta procedente una reclamación de daños extracontractuales como resultado del quebrantamiento de un contrato, si el hecho causante del daño constituye una violación del deber general de no causar daño a otro, y, a la vez, incumplimiento contractual.

En lo que respecta a la situación que plantea el caso ante nuestra consideración, resolvemos que en casos del incendio de una propiedad arrendada puede darse la concurrencia de ambas acciones, o elección de remedios, entre la responsabilidad contractual y la responsabilidad aquiliana, siempre y cuando se cumplan los tres (3) requi-sitos esbozados anteriormente por Santos Briz. Los daños que sufre la propiedad arrendada como consecuencia de un siniestro crean un deber de parte del (o los) causante(s) del daño de indemnizar al perjudicado (arrendador), si en la ocurrencia de dicho incendio intervino culpa o negligencia conforme a los Arts. 1054, 1802 y 1453 del Código Civil, ante. En estos casos aplica la doctrina de la concurrencia de acciones, ya que el hecho causante del daño (incendio ocurrido a las edificaciones arrendadas) es al mismo tiempo incumplimiento de una obligación contractual y violación del deber general de no causar daño a otro. El demandante, acorde con los hechos particulares del caso, puede escoger entre las distintas acciones que tiene dispo-nibles, dependiendo de cuál es la que mejor le ayuda a vindicar sus derechos.

En relación con el caso específico ante nuestra consideración, tenemos que entre el demandante, Sr. Ramos Lozada y la demandada, Orientalist Rattan Furniture, Inc. existía una relación contractual. El fundamento o alegación principal de la acción radicada por el demandante arrendador es que el hecho del fuego se debió a la exclusiva negligencia del Sr. Pedro Claudio Vázquez, codemandado en su carácter personal y dueño de Orientalist Rattan Furniture, Inc. Como hemos indicado anteriormente, las disposiciones de los citados Arts. 1445, 1451, 1453, 1455 y 1458 del Código Civil, regulan los hechos de este caso. Es-tos artículos establecen el deber y la obligación que tiene el arrendatario de cuidar la cosa arrendada como un buen padre de familia y le imponen la obligación de responder por los daños sufridos a la propiedad a menos que no medie culpa o negligencia de su parte.

Por estas razones, no cabe la menor duda de que en el caso de autos existe una obligación contractual de parte del arrendatario de indemnizar por los daños y perjuicios su-fridos a la propiedad si el incendio se debió a su culpa o negligencia. En virtud de que en el presente caso se da la concurrencia de acciones entre la responsabilidad contractual y aquiliana, el demandante, Sr. Ramos Lozada podía, y como tal optó por, ejercer la acción de daños por incum-plimiento de contrato bajo el citado Art. 1054 del Código Civil. Por ello, erró el tribunal de instancia al desestimar, en la etapa que lo hizo, la demanda radicada como conse-cuencia de su errónea conclusión a los efectos de que la única acción que podía ejercitar el demandante era la ac-ción extracontractual que brinda el citado Art. 1802.

Resolvemos que, conforme las alegaciones de la de-manda radicada, a la acción que a esos efectos presentó el demandante arrendador en daños contractuales bajo el Art. 1054 del Código Civil, le aplica la prescripción general de quince (15) años que establece el Art. 1864 del referido Código. Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711 (1987); Rosario Quiñones v. Municipio de Ponce, 92 D.P.R. 586 (1965); Lugo Falcón v. E. M. Amy & Sons, Inc., 87 D.P.R. 556 (1963); Saavedra v. Central Coloso, Inc., 85 D.P.R. 421 (1962); Camacho v. Iglesia Católica, ante. Al haber sido presentada, cuatro años y medio (4%) después del sinies-tro, la acción del demandante no estaba prima facie prescrita.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto de revisión solicitado y se revoca la sentencia emitida en el presente caso por el tribunal de instancia, devolviéndose el caso a dicho foro para la continuación de procedimientos consistentes con lo aquí resuelto. Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Fuster Berlingeri concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Las referidas cláusulas disponen lo siguiente:
      “Cláusula (6) La arrendataria queda obligada a conservar y a cuidar la propiedad arrendádale como lo haría un buen padre de familia o un buen propietario, sin menoscabarle o irrogarle perjuicios a la propiedad objeto de este arrendamiento, salvo los que puedan ocurrir por actos de la naturaleza que estén fuera del control de la Arrendataria.”
      “Cláusula (7) La Arrendataria asume la obligación de mantener en buenas condicio-nes de limpieza la propiedad objeto de este contrato y al expirar el presente contrato de arrendamiento por cualquier causa, el Arrendatario deberá devolver la propiedad arrendádale en las mismas condiciones en que la ha recibido, salvo el deterioro natural de tiempo, si hubiera alguno.”
      “Cláusula (8) La Arrendataria se compromete a compensar al Arrendador cualquier daño que pueda sufrir la propiedad arrendada durante el término del arrenda-miento, salvo aquellos daños ocurridos por el deterioro natural del tiempo, si alguno.” Exhibit V, pág. 13.

       El Art. 1864 del Código Civil dispone lo siguiente:

        “La acción hipotecaria prescribe a los veinte (20) años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince (15).”

       El Art. 1868 del Código Civil señala que prescribe por el transcurso de un (1) año:
      “(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la see. 5141 de este título desde que lo supo el agraviado.”

       El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, dispone lo siguiente:
      “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligen-cia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perju-dicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.”

       El Art. 1054 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3018, dispone lo siguiente:
      “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”

       En estos casos, este Tribunal expresó que la doctrina de negligencia compa-rada aplica tanto a casos de responsabilidad contractual como extracontractual por virtud de las disposiciones de los Arts. 1802, 1042, 1056 y 1057 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5141, 2992, 3020 y 3021.

       En la Sentencia de 26 de enero de 1984 señaló que:
      “[L]a culpa contractual puede ir precedida de una relación jurídica que no sea un contrato sino de otra clase ... pues la regla general es la aplicación preferente de los preceptos acerca de la responsabilidad contractual: existiendo obligación deri-vada de contrato o de relación [jurídica] precedente análoga no hay que acudir a los arts. 1902 y 1903, [(1802 y 1803 nuestros)] que rigen las obligaciones que nacen de culpa o negligencia sin existir pacto contravenido.” (Énfasis suprimido.) S. de enero de 1984, Núm. 386, LX (Vol. I) Repertorio de Jurisprudencia 265, 266.
      En la Sentencia de 20 de febrero de 1964 el Tribunal explicó lo siguiente:

        “...este precepto [(Art. 1802 nuestro)] sancionador del principio ‘nominen lae-dere’... sólo es aplicable para corregir o reparar el daño producido por un acto anti-jurídico contrario a las relaciones impuestas por la convivencia social, pero no cuando los contendientes estén íntimamente ligados por un convenio anterior por entrar entonces enjuego el art. 1101, de dicho Código ... sin que sea factible ejercitar simultáneamente las acciones conferidas por ambas normas legales a[u]n cuando la lesión originada provenga de un mismo hecho (S. de 3 [de] junio [de] 1962) y sin que en los supuestos de responsabilidades emanadas del incumplimiento de obligaciones se someta al plazo de prescripción a la regla contenida en el n°2° del art. 1968, sino a la consignada en el [artículo] 1964 de carácter general para las acciones personales.” S. de 20 de febrero, Núm. 1038, XXXI (Vol. I) Repertorio de Jurispru-dencia 636, 637.

       Es de notar que las Sentencias del Tribunal Supremo de España de 19 de junio de 1984, 9 de marzo de 1983 y 24 de junio de 1969 tratan del incendio de una propiedad arrendada. En la Sentencia de 19 de junio de 1984, en lo pertinente, se señala:
      "... no es bastante que haya un contrato (o una preexistente relación de otra naturaleza) entre las partes para que la responsabilidad contractual opere con ex-clusión de la aquiliana, sino que se requiere para ello que la realización del hecho dañoso acontezca dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como preciso desarrollo del contenido negocial, pues si se trata de negligencia extraña a lo que constituye propiamente materia del contrato, desplegará aquélla sus efectos propios; o, en otras palabras, que puede darse la concurrencia de ambas clases de responsabilidades en yuxtaposición que no desaparece sino cuando el acto causante se presenta con entera abstracción de la obligación preexistente y operaría y lo haría con las mismas exten-sión e intensidad aunque ésta no hubiera existido nunca (supuesto de responsabili-dad aquiliana pura) presentándose como violación únicamente del deber general de no dañar a nadie; mientras que se da la responsabilidad contractual pura cuando el hecho sólo y únicamente se presenta como infracción de una de las obligaciones pactadas de tal suerte que el determinar el incumplimiento de la obligación depende íntegramente de la misma siendo inimaginable su encuadramiento dentro del general deber de no dañar a otro; concibiéndose un “tertius genus” en que el hecho dañoso es inescindiblemente incumplimiento de deber contractual y violación, insegregable de aquél, del deber general de no causar daño a otro; y si la separación de los dos regímenes es obligada e inconcebible la coexistencia en los casos de las dos primeras clases consideradas (por lo cual y dentro de la profusa casuística contemplada por la Jurisprudencia, no existe asomo de confusión), no puede predicarse igual trata-miento en punto a la clase últimamente definida, pues la existencia de la relación preexistente y su correlativo régimen jurídico no es bastante a eliminar la responsa-bilidad aquiliana presente a través de todos sus elementos definidores y operante, en yuxtaposición con aquélla aunque en ámbitos diferentes; pudiendo también enten-derse, desde otra óptica, que, detrás de los deberes contractuales o por otro concepto preexistentes y cuya infracción apareja responsabilidad de la especie llamada contractual, aunque incluyéndose en ella todas las originadas por una relación preexis-tente y en sus consencuencias todas aquéllas que sean pertinentes a su naturaleza y la integren y ensanchen hasta sus propios confines, subsiste, como fondo, la extra-contractual, completando a la primera e integrando los elementos todos conducentes a un pleno y satisfactorio resarcimiento sin otro límite que la indemnidad del patri-monio económico o evitación del enriquecimiento.” (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) S. de 19 de junio de 1984, Núm. 3250, LI (Vol. II) Repertorio de Jurisprudencia 2482, 2483.

       A esos efectos nos señala la Sentencia del Supremo de España de 16 de diciembre de 1986:
      “Si bien es doctrina de esta Sala ... que existiendo obligación derivada de con-trato no hay que acudir al artículo 1902 [(1802 nuestro)] citado; sin embargo hay supuestos...en que no basta que haya un contrato entre las partes para que la res-ponsabilidad contractual opere necesariamente con exclusión de la culpa aquiliana, sino que se requiere para que ello suceda...la realización de un hecho dentro de la rigurosa órbita de lo pactado y como desarrollo del contenido negocial, lo que no puede predicarse del supuesto fáctico contemplado, en que sobrevino el hundimiento de la techumbre del edificio en que radica la vivienda del recurrente, obligando a sus moradores a abandonarla rápidamente, pretendiendo en esta litis que se declare una obligación de indemnizar a consecuencia de la actuación culposa de la arrendadora, indemnización que ha de declararse, tanto si se trata de infracción contractual como si es extracontractual, según afirmó la sentencia de 8 de junio de 1962 (R.2762). b) En el supuesto ahora visto se ejercitó la acción extracontractual y de manera comple-mentaria se invocó también el contrato arrendaticio, pero no debe olvidarse que el artículo 1101 [(1054 nuestro)] sancionador de la infracción contractual es aplicable a toda clase de obligaciones cualquiera que sea su origen —sentencia de 5 de enero de 1949 (R.83)— y lo mismo los artículos 1103 y 1104 del citado cuerpo legal, y que como declaró la sentencia de 21 de enero de 1964, está bien aplicado el artículo 1902 aunque en la demanda por argumento “ad maiorem”, se invoquen artículos sobre responsabilidad contractual.” (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) S. de 16 de diciembre de 1986, Núm. 7447, LUI (Vol. V) Repertorio de Jurisprudencia 7270, 7271.

       Las acciones por impericia profesional —abogados, médicos, etc.— se rigen por el Art. 1802 del Código Civil, supra, independientemente de que esté envuelto o no un contrato. Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819, 838 (1952); Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535, 543 (1962); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 238 (1984); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 445 (1984).

       Reiteradamente hemos expresado que, a los fines de disponer de una moción de desestimación, tienen que presumirse como ciertos los hechos bien alegados en la demanda. Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991); Granados v. Rodríguez

        Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989); Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357 (1985); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426 (1983).

       Si asumimos, para efectos de la discusión, lo resuelto por la sala sentencia-dora de que las Cláusulas 6, 7, y 8 del contrato de arrendamiento sólo constituyen una cita de los anteriores artículos, es norma claramente establecida que los contra-tantes no sólo están obligados por las cláusulas que otorgaron, sino que esa obliga-toriedad se hace extensiva a todas las consecuencias que aun no expresadas, se derivan de la naturaleza del contrato, conforme a la buena fe, al uso y a la ley. Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375; Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981); Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989); Unisys v. Ramallo Brothers, ante; Ocasio Juarbe v. Eastern Airlines, Inc., 125 D.P.R. 410 (1990).
      A esos efectos, Puig Brutau nos señala, “[p]or consiguiente, además de los re-quisitos esenciales, directamente imputables a la voluntad de las partes ... existen otros elementos, llamados naturales, que concurren de manera espontánea si las partes no lo han exclu[i]do”. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II, Vol. I, pág. 55. Añade el distinguido autor “que las reglas de derecho supletorio completan el contrato y contribuyen a la producción de sus efectos”. Id.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    Banco de la Vivienda de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Rafael Carlo Ortiz y otros, demandados y recurridos.

      Número: CE-89-17

      Resuelto: 16 de junio de 1992

      René José Muñoz del Castillo, abogado del peticionario; Gabriel García Maya, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 15 de septiembre de 1982 el Banco de la Vivienda (Banco) presentó una demanda en ejecución de hipoteca contra Rafael Cario Ortiz, su esposa Rafaela Cario, y la Sociedad de Gananciales compuesta por ambos, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez. En la misma se alegó, en lo pertinente, que el Banco era el tene-dor de buena fe de un pagaré hipotecario otorgado por los demandados en garantía del pago del principal e intereses de un préstamo que le había sido concedido a éstos; obliga-ción que dejó de satisfacer la parte demandada. Al declarar vencida la deuda, el Banco reclamó diecisiete mil cuatro-cientos setenta y cinco con sesenta y ocho centavos ($17,475.68) por concepto del principal; intereses sobre dicha suma al ocho por ciento (8%) anual, más la suma de treinta y cuatro dólares con siete centavos ($34.07) para los gastos y cargos relacionados en la escritura, y mil ocho-cientos veintitrés dólares ($1,823) para costas y honorarios de abogado.

Los demandados contestaron la demanda, levantando varias defensas afirmativas, instaron una reconvención contra el Banco y, a su vez, presentaron una demanda contra terceros contra el Departamento de la Vivienda, la Cor-poración de Renovación Urbana y Vivienda y el E.L.A., en-tre otros.

Desde el 16 de mayo de 1985, el Banco no realizó gestión alguna con respecto a este caso. A solicitud de los deman-dados y luego de atendidas las posiciones de las partes en el pleito, el 29 de junio de 1987, el foro de instancia dictó sentencia archivando el pleito, al amparo de las disposicio-nes de la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

Posteriormente, y en respuesta a una moción de relevo bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, presentada oportunamente por el Banco, el tribunal de instancia dictó una orden dejando sin efecto la sentencia de archivo. Luego de una infructuosa moción de reconsidera-ción, la parte demandada acudió ante este Tribunal me-diante la radicación del correspondiente recurso de certiorari. En el mismo alegó que el foro de instancia había incurrido en abuso de discreción al reabrir el pleito, de-jando sin efecto su sentencia de archivo. Expedido el auto solicitado, el 20 de enero de 1988 emitimos Sentencia (CE-87-742) mediante la cual revocamos la orden del 15 de oc-tubre de 1987 que dejaba sin efecto la sentencia de archivo del 29 de junio de 1987, reinstalando la misma. Conclui-mos entonces que de los autos, y del trámite procesal del caso, resultaba obvio el patrón de dejadez y falta de dili-gencia proseguido por el Banco, patrón de conducta que no había podido justificar.

Devuelto el caso al foro de instancia, el 31 de agosto de 1988 la parte demandada presentó una moción sobre “eje-cución de sentencia y señalamiento de bienes”. Apéndice 10. En la misma se le informó al tribunal que las gestiones con el Banco para obtener el pagaré hipotecario habían resultado infructuosas. Solicitaron una orden del tribunal compeliendo al Banco a entregar el referido pagaré para su cancelación en el Registro.

El tribunal de instancia originalmente denegó la solici-tud de los demandados. En la orden que a esos efectos emi-tiera, señaló que “[n]ada impide que el Banco demandante inste una segunda acción para recobrar el pago de[l] principal e intereses correspondiente a las mensualidades ven-cidas con posterioridad al 29 de junio de 1987”. Apéndice 11, pág. 33. El tribunal consideró que el efecto de la cosa juzgada no podía beneficiar a los demandados más allá de lo reclamado en la demanda. Por ello concluyó que el Banco, a pesar de la desestimación, podía instar una ac-ción futura por otra razón que no fuera la falta de pago de las mensualidades alegadas en la demanda. La parte de-mandada solicitó reconsideración, la cual fue acogida, se-ñalándose una vista para la discusión de la misma.

El foro de instancia reconsideró-, a esos efectos emitió una orden mediante la cual, a tenor con lo dispuesto en la Regla 51 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, or-denó la entrega del pagaré debidamente endosado para su cancelación. La parte demandante presentó una moción so-licitando que la referida “orden de ejecución” fuese dejada sin efecto o, en la alternativa, que se consignaran determi-naciones de hechos y de derecho. A esto se opuso la parte demandada. El tribunal señaló vista; durante la misma las partes tuvieron la oportunidad de argumentar sus respec-tivas posiciones. El tribunal ratificó la orden dictada, con-cediéndole a la parte demandante término para que produ-jera el pagaré o, de lo contrario, consignara el importe del mismo. La solicitud de determinaciones de hechos fue de-clarada no ha lugar.

Inconforme, el Banco de la Vivienda acudió ante este Tribunal. En apoyo de su petición de certiorari, el Banco le imputó al foro de instancia haber errado al:

1. ...no formular las conclusiones de derecho correspondien-tes a la denominada Orden de Ejecución de Sentencia.
2. ...ordenar ... la entrega del pagaré ... para su cancelación en el Registro de la Propiedad por ser inaplicable la doctrina de cosa juzgada. Petición, pág. 5.

Expedimos el recurso solicitado. Resolvemos.

I

Nos corresponde en este caso determinar el alcance y efecto de la Sentencia que emitiéramos el 20 de enero de 1988, reinstalando una sentencia de archivo por razón de inactividad.

La Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, ante, dis-pone, en lo pertinente, que:

(b) El juez administrador ordenará la desestimación y ar-chivo de todos los asuntos civiles pendientes en los cuales no se hubiere efectuado trámite alguno por cualquiera de las partes durante los últimos seis meses, a menos que tal inactividad se le justifique oportunamente.

Procede que se enfatice que la Regla 39.2(c), 32 L.P.R.A. Ap. III, establece que “[a] menos que el tribunal en su orden de desestimación lo disponga de otro modo, una desestimación bajo esta Regla 39.2 y cualquier otra desestimación, excepto la que se hubiere dictado por falta de jurisdicción, o por haber omitido acumular una parte indispensable, tienen el efecto de una adjudicación en los méritos”. (Enfasis suplido.)

En nuestra Sentencia del 20 de enero de 1988 tuvimos la oportunidad de evaluar la totalidad de las circunstan-das y la conducta procesal de la parte demandante. Esto nos llevó a concluir que debía reinstalarse la sentencia original dictada por el Tribunal Superior archivando el pleito por inactividad. En aquel entonces expresamos que:

Un análisis y balance racional y justiciero de todo el expe-diente ante nos, y de las normas de derecho aplicables lamen-tablemente nos lleva a concluir que en relación con la falta de diligencia del recurrido no mediaron circunstancias que ameri-tasen que el tribunal lo relevase del efecto de la sentencia ar-chivando el caso por inactividad. No podemos premiar su conducta. (Enfasis suplido.)

No cabe la menor duda de que una desestimación por inactividad bajo la referida Regla 39.2 tiene el efecto de una adjudicación en los méritos. Véase Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664 (1989). En Sucn. Rosario v. Sucn. Cortijo, 83 D.P.R. 678, 684 (1961), al referirnos a la conveniencia de que los tribunales eliminen de sus congestionados calendarios los pleitos por inactividad, enfatizamos el cuidado que debe ejercerse en todo trámite de archivo por razón de que “en términos generales una sentencia de archivo tiene la autoridad de cosa juzgada ...”.

La base estatutaria de nuestra doctrina de cosa juzgada lo es el Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343. En lo pertinente, el mismo establece que:

Contra la presunción de que la cosa juzgada es verdad, sólo será eficaz la sentencia ganada en juicio de revisión.
Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta iden-tidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.
Se entiende que hay identidad de personas siempre que los litigantes del segundo pleito sean causahabientes de los que contendieron en el pleito anterior; o estén unidos a ellos por vínculos de solidaridad o por los que establece la indivisibilidad de las prestaciones entre los que tienen derecho a exigirlas u obligación de satisfacerlas.

En Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720, 732-733 (1978), explicamos que el efecto de aplicar la doctrina de cosa juzgada es “que la sentencia dictada en un pleito anterior impide que se litiguen en un pleito posterior entre las mismas partes y sobre la misma causa de acción y cosas, las cuestiones ya litigadas y adjudicadas y aquellas que pudieron haber sido litigadas y adjudicadas con propiedad en la acción anterior”. (Enfasis suplido.)

Hay que mantener presente, sin embargo, que este Tribunal ha rechazado la aplicación automática de la doctrina de cosa juzgada; en especial la que surte como efecto de una desestimación por inactividad, entre otras, por la política judicial de que los casos se ventilen en sus méritos. Cuando los fines de la justicia en un caso lo han requerido, hemos intervenido para permitirle a una parte reivindicar sus derechos o que se diluciden las controversias en los méritos. A esos efectos, véanse: Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220, 226 (1961); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494, 506 (1961); Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 308 (1976); Garriga Gordills v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817, 822 (1980); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982); Echevarría Jiménez v. Sue. Pérez Meri, ante; Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988).

II

En el caso de epígrafe, la parte peticionaria, el Banco, alega que como es custodio de fondos del erario público, el caso reviste el interés público que justifica la no aplicación de la doctrina de cosa juzgada, Ramos González v. Félix Medina, ante, y, en consecuencia, la revocación de la orden de ejecución emitida por el tribunal de instancia. Esto es, se nos solicita que, por excepción, decretemos que la sen-tencia de archivo por inactividad no constituya impedi-mento para que el Banco pueda instar nuevamente una demanda de ejecución de hipoteca contra los demandados.

Como parte de los poderes que por ley le fueron conferidos al referido Banco, el mismo debe “[a]ctuar como depositario de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos de [Nortea]mérica”. 7 L.P.R.A. set* 910(b). Esta función ciertamente reviste un alto grado de interés público. Sin embargo, la comparecencia del Banco como demandante en el caso de epígrafe ha sido bajo otro de los poderes o funciones que por ley se le delegó. El Inciso (c) de la citada Sección 910(c) autoriza al Banco a

[p]restar dinero, con o sin garantía ... a cualquier persona, firma, corporación ... para usarse con el propósito de construir, adquirir, refinanciar ... cualquier casa destinada o que se haya de destinar a vivienda ... siempre que sean para personas y familias de ingresos bajos o moderados .... (Énfasis suplido.)

La concesión de estos préstamos a personas de bajos o moderados recursos económicos, no hay duda, constituye una función social que viabiliza o pone en vigor la política pública del E.L.A. de proveer viviendas para este necesitado grupo de nuestra población. Si bien es cierto que la función como prestamista está íntimamente relacionada a la política pública del Estado, el Banco, en su capacidad como acreedor hipotecario, no es fundamentalmente distinto a otros bancos o instituciones financieras que presentan demandas en ejecución de hipoteca en nuestro país.

Consistente con nuestra Sentencia del 20 de enero de 1988 no podemos acoger el planteamiento del Banco. A nuestro juicio —y en vista de las alegaciones de la parte demandada en su contestación a la demanda, reconvención y demanda contra tercero, sobre dolo, vicio del consenti-miento, auspicio del Banco de la construcción de casas de asbesto-cemento, el riesgo a la salud envuelto en dicha con-ducta y donde el Banco demandante ha actuado con inex-plicada displicencia— en una situación como la presente, amerita mayor protección la parte demandada.

Como expresamos en nuestra Sentencia anterior, lo que ahora reiteramos, “[s]i bien es cierto que como regla general no favorecemos la privación de su día en corte a un litigante, ésta no es una medida procedente en casos como el presente, en que no hay duda de la crasa falta de diligencia de la parte contra quien se toma la sanción y no median circunstancias que atenúen la misma”. (Énfasis suplido.) Apéndice 8, pág. 6.

III

En resumen, el Banco optó por ejecutar la garantía hipotecaria en pago de la obligación principal mediante la radicación de un pleito de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria. Por su “patrón de dejadez y falta de diligencia”, se archivó el pleito que radicara bajo la Regla 39.2(b) de Procedimiento Civil, ante. Ese archivo de su causa de acción, que conlleva una adjudicación en los méritos, implica que el Banco perdió la oportunidad de ejecutar su garantía hipotecaria. Su conducta procesal tiene la consecuencia de “extinguir” el derecho inscrito, o sea la garantía hipotecaria. Sobre la extinción de la hipoteca, nos ilustra Roca Sastre lo siguiente:

Por su extinción la hipoteca desaparece en la realidad jurí-dica, quedando en su virtud liberado del gravamen hipotecario el bien sobre el cual se había constituido.
Esta extinción puede ser total o parcial según que afecte a todo el derecho real de hipoteca, desapareciendo el mismo ínte-gramente, o que reduzca simplemente la cuantía de la respon-sabilidad hipotecaria.
La extinción, con vistas al acreedor, puede ser voluntaria (re-nuncia de la hipoteca) o forzosa (prescripción de la acción hipo-tecaria); y puede ser mixta también (cuando, por ejemplo, la hipoteca se extingue a consecuencia de la remisión del crédito). (Enfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. IV, Vol. 2, pág. 1179.

Desaprovechada y perdida por el Banco —debido a su negligencia— la acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria que provee nuestro ordenamiento jurídico, estamos ante un caso de “extinción forzosa” de la hipoteca, Roca Sastre, op. cit., procediendo entonces la cancelación del gravamen sobre el inmueble de los demandados.

Por los fundamentos expresados anteriormente, se con-firma la orden de ejecución del 13 de octubre de 1988. Se devuelve el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin una opinión escrita.

       Entre éstas, los demandados alegaron que la obligación hipotecaria era nula porque la obligación principal, la casa construida con el préstamo, era una de asbesto-cemento. La referida casa se alega que fue construida a instancia y permiso del demandante a quien se le imputa conocimiento del riesgo y peligro a la salud del asbesto. Se alegó también que hubo vicio del consentimiento; error in-substancia; que era ilícito exigir el cumplimiento de una obligación cuando el objeto de la misma es dañino. Esto a su vez se señala como contrario a la moral y al interés público. La parte demandada alegó, además, que el Banco había incurrido en una práctica vio-latoria a la igual protección de las leyes al condonar la deuda por hipotecas sobre otras casas de asbesto pero exigir el cumplimiento de la obligación de los codemandados.

       La justificación que en revisión señaló el Banco de la Vivienda se refería a que el socio del bufete que lo representaba se vio imposibilitado de ejercer su profe-sión a consecuencia de una afección cardíaca; además, que la sociedad legal a la cual pertenecía se había disuelto. El Banco no expuso esta razón en su moción de relevo ante el foro de instancia.

       El error sobre la denegatoria del juez de instancia a hacer conclusiones de derecho nos parece inmeritorio. La parte peticionaria pretendía realmente que se fundamentara la decisión que hoy revisamos. Los fundamentos son cuestiones de derecho que se encuentran esbozados en la Orden de Ejecución que fue dejada en vigor. Por otro lado, “la revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos”. Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 695 (1983), citando a Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111, 114 (1969), y Rodríguez v. Serra, 90 D.P.R. 776, 777 (1964). Véanse, además: Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988), y Villanueva v. Hernández Class, 128 D.P.R. 618 (1991).

       Véanse, también, Costas Purcell v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 10 (1963); Souchet v. Cosío, 83 D.P.R. 758, 762 (1961), según citados en Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307 (1976), y Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 814 (1986), donde se sostuvo la desestimación del pleito por la “crasa falta de diligencia en la tramitación del mismo”.

       Citando a Mercado Riera v. Mercado Riera, 100 D.P.R. 940, 950 (1972); Isaac Sánchez v. Universal C.I.T. Credit, 95 D.P.R. 372, 382 (1967); entre otros.

       En Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961), se rechazó aplicar la doctrina de cosa juzgada en un caso de filiación de un menor. En Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494 (1961), el procedimiento de reposesión no constituyó cosa juzgada frente a la demanda del comprador por dolo y nulidad de contrato. Las gestiones extrajudiciales entre los abogados en cumplimiento con un acuerdo del tribunal se consideraron prueba del interés de los demandantes en el pleito en Arce v. Club Gallístico de San Juan, ante. En Garriga Gordills v. Maldonado Colón, 109 D.P.R. 817 (1980), la demora en conseguir representación legal adecuada no se consideró irrazonable. El archivo de un caso fue dejado sin efecto en Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982), porque la parte no había sido informada del incum-plimiento del abogado con la orden del tribunal ni de la falta de diligencia en la tramitación del caso. Véanse, además, Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664 (1989), y Ramos González v. Félix Medina, 121 D.P.R. 312 (1988), donde por consideración al interés público envuelto (la pureza de los procedimientos judi-ciales y la confianza en sus instituciones) ante la imputación de actos graves a tres (3) funcionarios de la Rama Judicial, no se le reconoció el efecto de cosa juzgada a una sentencia desestimatoria por inactividad dictada por el Tribunal Federal.

       Los propósitos identificados en la ley que crea el Banco y Agencia de Finan-ciamiento de la Vivienda de Puerto Rico son: “desarrollar más efectivamente [la] responsabilidad gubernamental de fomentar el bienestar de sus habitantes y la economía de Puerto Rico 7 L.P.R.A. see. 901. Refiérase, además, a la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 218 de 23 de julio de 1974, Leyes de Puerto Rico, pág. 142.

       En la demanda de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria el referido banco comparece como “actual tenedo[r] de buena fe del pagaré hipotecario ... habiéndolo adquirido por valor recibido en el curso ordinario de sus negocios”. Apéndice 5, pág. 9. En ninguna de las alegaciones de la demanda se alude a que el préstamo u obli-gación principal garantizada fue una en beneficio de las personas de bajos o mode-rados recursos económicos, bajo la citada ley.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Wilma Reyes Ayala et al., demandantes y recurridos, v. Carmen María Torres Amaral et al., codemandados y recurridos, National Insurance Company, codemandado y recurrente, y Metropolitana de Préstamos, Inc., codemandada y tercera demandada recurrida.

      Número: CE-90-739

      Resuelto: 17 de junio de 1992

      George M. Torres López, abogado del codemandado y recu-rrente; Ruben Castillo Marín, abogado de los demandantes y recurridos; Carlos R. Mondríguez Torres, abogado de los codemandados y recurridos; Wilfredo Borges, abogado de la codemandada y tercera demandada recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

La génesis fáctica de este recurso se remonta al 22 de septiembre de 1986. Ese día, Carmen M. Torres Amaral otorgó un Contrato de Ventas al por Menor a Plazos con Metropolitana de Préstamos, Inc. (en adelante Metropoli-tana), con el propósito de financiar dos (2) pólizas de segu-ros —entre ellas la G-9432— con National Insurance Co. (en adelante National), representada en el acto por su Agente General Carlos M. Benitez, Inc. Como directora del Colegio Rubí, Inc., la señora Torres Amaral aseguró a dicha institución. La póliza —cuya prima total fue $1,952— sería efectiva desde el 14 de septiembre de 1985 hasta el 14 de septiembre de 1988.

Satisfizo a Carlos Benitez, Inc., la suma de $585 y finan-ció con Metropolitana el remanente de $1,367, más un cargo de $201.63 por financiamiento, para un total de $1,568.63. El contrato dispuso que dicha cantidad debería pagarse a partir del 20 de octubre de 1986 en nueve (9) mensualidades de $156.86 y una (1) última de $156.89, el 20 de julio de 1987. A modo de garantía se pactó: “Como garantía cede el comprador a Metropolitana de Préstamos, Inc. cualquier reembolso por prima no devengada.” (Enfa-sis suplido.) Petición de certiorari, Exhibit VIII, pág. 33. A renglón seguido del pagaré incorporado al contrato, se hizo constar: “Esta obligación surge del pago hecho por la Cor-poración a la Compañía de Seguros, o a su Agente General, en liquidación total de la(s) primas(s) de la(s) póliza(s) arriba relacionada(s). La falta de pago de cualquier plazo a su vencimiento, otorga a la CORPORACION [Metropolitana] el derecho de acelerar el pago de los plazos pendientes y a solicitar la CANCELACION de la(s) póliza(s)... .” (Enfasis suplido.) Id.

La señora Torres Amaral no pagó el mes de diciembre. Por ello, Metropolitana ordenó a la National la cancelación de la póliza, efectivo el 17 de enero de 1987. Así se hizo y se notificó. Después, el 9 de marzo, Metropolitana recibió el importe de dos (2) mensualidades, las cuales, natural-mente, se adjudicaron a los meses de diciembre y enero. Para el 11 de marzo de 1987 Metropolitana le notificó que debería remitir el pago de febrero en o antes del 20 de marzo de 1987, para poder reinstalarle la póliza. No lo hizo.

Sin embargo, con posterioridad a dicha fecha, la Sra. Torres Amaral continuó haciendo pagos a Metropolitana. A pesar de ello, la póliza no fue reinstalada debido a que los pagos se adjudicaron a las deudas anteriores y nunca re-mitió pagos suficientes para cubrir la totalidad de la deuda por concepto de meses atrasados. El último fue recibido por Metropolitana el 14 de septiembre de 1987. El 6 de octubre de 1987 ésta recibió de la National el reembolso por con-cepto de primas no devengadas.

El 8 de junio de 1987, la niña Cindaliz Ruiz Reyes sufrió un accidente mientras asistía al campamento de verano ofrecido por el Colegio Rubí, Inc. Como consecuencia, su madre, por sí y en representación de su hija, demandó en el Tribunal Superior, Sala de Humacao, al Colegio Rubí y a la National.

Previo ciertos trámites, el tribunal (Hon. Luis Mojica Sandoz, Juez) dictó Sentencia Sumaria Parcial. Invocó a Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1978), y concluyó que la devolución de las primas no devengadas por National era un requisito indispensable para la efecti-vidad de la cancelación de la póliza, lo cual no hizo. Por tal motivo resolvió que la póliza estaba en vigor al momento de ocurrir los hechos relatados en la demanda.

Inconforme, a solicitud de National, mediante orden de mostrar causa, revisamos.

HH h-H

La presente controversia nos obliga a examinar las variantes que generan los supuestos cuando la cancelación de una póliza es hecha a solicitud del asegurado o por la aseguradora a instancia propia por algún motivo válido. La cuestión no sólo es novel sino singular, pues, en Puerto Rico no existe legislación que la regule. Casuísticamente sólo tenemos el pronunciamiento en Casanova v. RR.-Amer. Ins. Co., supra, pág. 695, a los efectos de que: “La cancelación obliga, para ser válida, a la devolución al asegurado de las primas correspondientes al período que a partir de su efectividad restaría hasta la fecha de expiración de la póliza.” Aclaramos, sin embargo, que allí la cancelación fue efectuada por la aseguradora debido a su deseo de retirarse del mercado. En éste y otros extremos, veremos que Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co. supra, es distinguible del caso que nos ocupa.

En Estados Unidos la jurisprudencia varía. Algunas ju-risdicciones sostienen que la devolución de las primas no devengadas, por parte de la aseguradora, salvo pacto en contrario, es necesaria para validar la cancelación de la póliza. 17 Couch on Insurance 2d (Ed. rev.) Secs. 67:242 y 67:244 (1983); 6A Appelman, Insurance Law & Practice (Berdal ed.) Sec. 4189 (1972); 43 Am Juris 2d Elections, Sec. 399 (1982); 45 Corpus Juris Secundum Sec. 451; International Harvester Credit Corp. v. Wilkie, 695 F.2d 231 (6to Cir. 1982); Boston Ins. Co. v. Read, 166 F.2d 551 (10mo Cir. 1948); Annes v. Carolan-Graham-Hoffman, 168 N.E. 637 (1929); Georgia Mut. Ins. Co. v. Fraser, 264 S.E.2d 315 (1980); Home Ins. Co. v. Thunderbird, Inc., 338 So. 2d 391 (1976). Esa ruta decisoria obedece al enfoque siguiente:

[S]i consideramos lo severo que es, que una parte que no ha cumplido sus obligaciones contractuales, pueda a su voluntad terminar el contrato sin restituirle a la parte que lo ha cum-plido cabalmente, a menos que surja de un lenguaje claro, que no deje duda alguna al respecto, no debemos resolver que exis-tió la intención de así pactarlo. (Traducción nuestra.) Grant Lumber Co. v. North River Ins. Co., 253 F.2d 83, 87 (D. Idaho, 1918).

Sin embargo, cuando la cancelación es solicitada por el asegurado, no estamos ante un mero expectador sujeto a sufrir las consecuencias de las actuaciones de otro. Se trata del protagonista principal que afirmativamente pide la ter-minación a la aseguradora. Ante esa situación, otras juris-dicciones siguen la norma de . que la devolución de las pri-mas no devengadas no es un requisito sine qua non.

A pesar de que el pronto reembolso de las primas no deven-gadas es requerido por ley y la jurisprudencia, no es una con-dición precedente para la cancelación de la póliza. ... F & H Catering Service v. United States Fid. & Guar. Co., 249 La. 667, 190 So. 2d 91 (1966). La cancelación, pendiente el reembolso, sólo crea una relación de deudor-acreedor entre el asegurado y la aseguradora. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Roberson Adv. Serv. v. Assoc. Agencies, 543 So. 2d 960-964 (1989).

Véanse, además: Couch, supra, Sec. 67:250; 43 Am Juris, supra, Sec. 407; Wolverine Insurance Company v. Taylor, 312 So. 2d 699 (1975); Vaughn v. Great American Insurance Co., 390 S.W.2d 622 (1965); Hardware Mutual Casualty Company v. Beals, 158 N.E.2d 778 (1959); Farmers’ Store v. Delaware Farmers’ Mut. Fire Ins. Co., 59 N.W.2d 889 (1953).

III

El caso ante nos trasciende el binomio clásico de asegurado-asegurador. Fue la Financiera Metropolitana y no el asegurado quien solicitó la cancelación. Y evidentemente su actuación fue motivada por la falta de pago, mediante aceleración de toda la deuda, según pactado y autorizado en el contrato. No estamos, pues, ante una acción unilateral por parte de la aseguradora National.

En estas circunstancias, el tratamiento justo es equipa-rar la solicitud de cancelación a una iniciada por el asegurado. Como se ha dicho, la financiera "se coloca en los zapatos del asegurado cuando cancela una póliza de segu-ros [por la falta de pagos por parte del asegurado]”. Georgia Ins. Co. v. White, 378 S.E.2d 523, 526 (198'9). Véanse, también: Prudential Prop. & Cas. Ins. Co. v. Safeguard Mut. Ins., 528 F. Supp. 709 (1981); Northland Ins. Co. v. Walls, 436 A.2d 61 (1981); Sweers v. Malloy, 281 N.Y.S.2d 693 (1967).

Esta determinación hace innecesario que evaluemos el aspecto sobre la tardanza de National en la devolución de las primas no devengadas a Metropolitana. A fin de cuentas, cuando es la compañía financiera de primas quien solicita la cancelación debido a la falta de pagos por parte del asegurado, su efectividad es inmediata. Véanse: Black v. Globe American Cas. Co., 482 N.E.2d 1278 (1984); Great Southwest Fire Ins. Co. v. Huss, 433 A.2d 1169 (1981).

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se dictará sentencia mediante la cual se desestime la de-manda contra la National Ins. Co.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin una opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Según los hechos considerados probados ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao, en su Sentencia Sumaria Parcial de 27 de abril de 1990.


text:
    La Sociedad Legal de Gananciales integrada por Iván Núñez Borges y Margarita Huergo Menéndez, demandantes y recurridos, v. Edwin Pauneto Rivera, Laura Cosme, la Sociedad Legal de Gananciales integrada por ambos y Alberto Núñez Borges, etc., demandados y recurrentes.

      Número: RE-88-181

      Resuelto: 17 de junio de 1992

      Marcos Rodríguez Frese y Juan F. Matos Bonet, abogados de los recurrentes; Gilberto Ortiz Rodríguez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos relevantes a la correcta solución del pre-sente recurso —conforme éstos surgen, de manera principal, de la decisión que este Tribunal emitiera en Pauneto v. Núñez, 115 D.P.R. 591 (1984)— son los siguientes:

Mediante contrato de fecha 30 de julio de 1974, Edwin Pauneto Rivera y su esposa le arrendaron un local comer-cial de su propiedad —localizado en Levittown, Toa Baja, Puerto Rico— a Iván Núñez Borges, casado éste con la Sra. Margarita Huergo. Vigente el contrato de arrendamiento, Núñez Borges alteró perjudicialmente la estructura del in-mueble y, a la fecha del vencimiento del contrato, desalojó el local sin satisfacer varios cánones de arrendamiento.

Pauneto Rivera y su esposa demandaron a Núñez Borges ante la Sala de Toa Alta del Tribunal de Distrito de Puerto Rico reclamando los cánones adeudados, los dejados de percibir e indemnización por los daños sufridos como consecuencia de las alteraciones perjudiciales sufridas por la estructura. En dicha demanda no se incluyó, como parte demandada, a la esposa de Núñez Borges ni a la sociedad legal de gananciales compuesta por ellos.

El referido foro judicial dictó sentencia condenando a Núñez Borges a pagarle a Pauneto Rivera y su cónyuge las sumas de quince mil dólares ($15,000) en concepto de in-demnización por daños materiales, cuatrocientos dólares ($400) por rentas atrasadas, y la suma de cuatro mil tres-cientos ocho dólares ($4,308) por rentas dejadas de perci-bir, más las costas y quinientos dólares ($500) de honora-rios de abogado. Dicha sentencia advino final y firme.

Al cabo de dos (2) años, Pauneto Rivera y su esposa solicitaron del Tribunal de Distrito que, al amparo de las disposiciones de la Regla 51.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, citara a la Sra. Margarita Huergo, esposa de Núñez Borges, y a la sociedad legal de gananciales com-puesta por ambos, para que comparecieran a mostrar causa por la cual no deberían ser obligados a satisfacer la sentencia dictada de igual modo que si hubieren sido de-mandados desde un principio. Dicho tribunal se negó a ello. Acudió Pauneto Rivera en revisión de dicha determi-nación ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón. Este foro judicial revocó. Concluyó que dicha disposición reglamentaria era de aplicación al caso de epígrafe.

Inconforme, Núñez Borges acudió ante este Tribunal. Decidimos revisar mediante el mecanismo procesal de la orden de mostrar causa. Pendiente de resolución el recurso de revisión radicado por Núñez Borges, Pauneto Rivera anotó un embargo en el Registro de la Propiedad sobre una propiedad inmueble perteneciente a Núñez Borges y su es-posa, esto es, a la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos.

Al revocar, en aquel entonces, la determinación del Tribunal Superior, establecimos, mediante Opinión a esos efectos, que son dos (2) los requisitos que deben concurrir para que pueda recurrirse al trámite provisto por la citada Regla 51.7 de Procedimiento Civil, a saber: “(1) responsabilidad solidaria previa dimanante ‘de una obligación’ contractual; y (2) que contra quienes se invoca pudieron haber sido demandados y emplazados al iniciarse la acción.” Pauneto v. Núñez, ante, pág. 596. Concluimos, en cuanto a la situación específica entonces ante nuestra consideración, que Pauneto Rivera no podía invocar el mecanismo provisto por la citada disposición reglamentaria por cuanto en su caso no existía “apriorísticamente el lazo de solidaridad contemplado en” la referida Regla 51.7. Pauneto v. Núñez, ante, pág. 597.

Así las cosas, Núñez Borges y su esposa Margarita Huergo radicaron ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, dos (2) demandas contra Pauneto Rivera y su cónyuge. En la primera solicitaron la cancela-ción, por ser ilegal el mismo, del embargo anotado, y en la segunda, reclamaron la indemnización de alegados daños sufridos con motivo de dicho embargo ilegal. Las causas fueron consolidadas. Los codemandados Pauneto Rivera y su esposa reconvencionaron contra el matrimonio Núñez-Huergo en “cobro subsidiario” de la sentencia emitida en el primer litigio entre las partes. Núñez Borges y su esposa Margarita Huergo solicitaron la desestimación de la refe-rida reconvención. El tribunal de instancia denegó la misma. Radicado un “certiorari”, por Núñez Borges y su esposa, ante este Tribunal, denegamos el mismo.

El matrimonio Núñez-Huergo radicó entonces una se-gunda moción de desestimación ante el foro de instancia. Esta vez el tribunal la acogió. Resolvió que “la contrade-manda [de Pauneto] s[ó]lo procede contra el Sr. Iván N[ú]ñez Borges y no contra la Sociedad Legal de Ganan-ciales compuesta por éste y su esposa Margarita Huergo ... ya que la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Toa Alta ... fue contra el Sr. Iván N[ú]ñez Borges únicamente. [Pauneto] ... ten[ía] que haber realizado excu-sión de bienes sobre el Sr. N[ú]ñez Borges en el pleito anterior, lo cual no se hizo, para que procediese la inclusión de la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por N[ú]ñez Borges y su esposa contrademandados en el pleito de epígrafe”. Petición, Exhibit 1.

Inconforme, Pauneto Rivera acudió ante este Tribunal. En el recurso que a esos efectos radicara, señala la su-puesta comisión de tres (3) errores, a saber:

...1: Rechazar sub-silentio la alegación de “ley del caso” sobre la cuestión del derecho de excusión en este pleito.
...2: Decidir que la excusión de los bienes del codemandante Iván Núñez Borges tenía que haberse hecho en el anterior pleito, en que se le condenó a indemnizar a los Recurrentes.
.. .3: No decidir sobre nuestra solicitud alterna para acumular a las recurridas como terceros demandados. Petición, págs. 3-4.

Expedimos el auto de revisión radicado. Estando en con-diciones de resolver el mismo, procedemos a así hacerlo.

I

Consideramos, en primer lugar, si la negativa del foro de instancia relativa a la primera moción de desestimación radicada por Núñez Borges y su esposa Margarita Huergo, en unión a nuestra denegatoria del auto de “certiorari” que éstos radicaron, impedían que el tribunal de instancia aco-giera, posteriormente, la segunda moción de desestimación radicada por el matrimonio Núñez-Huergo. En otras pala-bras, si la denegatoria inicial advino la “ley del caso” en cuanto a la cuestión planteaba, excluyendo cualquier posi-bilidad posterior de re-examen por el tribunal de instancia.

En el Derecho Común, “[ajusente un estatuto la frase ‘ley del caso’, según se aplica al efecto que puedan tener las órdenes previas de un juez en las decisiones que luego toma dentro de un mismo pleito, expresa meramente la práctica general observada por los tribunales de negarse a reabrir lo que ya antes se ha decidido (Traducción nuestra.) Messenger v. Anderson, 225 U.S. 436, 444 (1912). Más que un mandato invariable o inflexible, la doctrina recoge una costumbre deseable: las controversias sometidas, litigadas y decididas por un tribunal dentro de una causa deben usualmente respetarse como finales. De este modo, las partes en un litigio pueden, en lo posible, conducir su proceder en el pleito sobre unas directrices judiciales confiables y certeras. Dictograph Products Company v. Sonotone Corporation, 230 F.2d 131 (2do Cir. 1956).

“En Puerto Rico[, como se sabe, ] no existe fundamento válido para la aplicación al modo angloamericano de la ley del caso .... Rige aquí esta materia, por supuesto, el Código Civil.” Torres Cruz v. Municipio de San Juan, 103 D.P.R. 217, 222 (1975). Sin embargo, en cuanto a este as-pecto la práctica sancionada por este Tribunal no varía de las normas que adopta cualquier sistema jurídico avanzado. “[A] fines de velar por el trámite ordenado y pronto de los litigios, así como por la estabilidad y certeza del derecho, un tribunal de instancia [como una cuestión de sana práctica y no como regla inviolable] deb[e] resis-tirse a alterar sus pronunciamientos dentro de un mismo caso excepto cuando se convenza de que los mismos son erróneos.” íd. Precisamente, porque este principio no es una regla inviolable, ni un límite al poder de los tribuna-les, en Torres Cruz v. Municipio de San Juan, ante, permi-timos que un segundo juez revocara la decisión equivocada de un primer juez de igual nivel dentro de un mismo caso.

A la luz de lo anteriormente expuesto —y a pesar de que somos del criterio que los tribunales de instancia deben realizar el esfuerzo máximo posible por evitar la emisión de dictámenes contradictorios e inconsistentes— no existe, en principio, impedimento jurídico absoluto que privara al tribunal de instancia en el presente caso de, por decirlo así, reconsiderar su dictamen interlocutorio original o, si se quiere, de acoger la segunda moción de desestimación que radicaran ante dicho foro los esposos Núñez Borges.

Por otro lado, el hecho de que este Tribunal hubiera denegado —mediante la emisión de un “no ha lugar”— el recurso de certiorari que radicó el matrimonio Núñez-Huergo para revisar la denegatoria originalmente emitida por el tribunal de instancia, tampoco afecta la procedencia jurídica de la actuación de dicho tribunal al posteriormente acoger la segunda moción de desestimación. Como es sabido, una resolución denegatoria de un auto de certiorari no implica posición alguna del Tribunal respecto a los méritos de la causa sobre la cual trata dicho recurso; esto es, una resolución de este Tribunal declarando “no ha lugar” a un recurso de certiorari no resuelve implícitamente cues-tión alguna contra el peticionario a los efectos de cosa juzgada. La resolución denegatoria simplemente es índice de la facultad discrecional de este Tribunal para negarse a revisar, en determinado momento, una decisión emitida por un tribunal de instancia. Véase Regla 21 del Regla-mento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. En adición, véanse: Sucn. Andrades v. Sosa, 45 D.P.R. 732 (1933); Hughes Tool Co. v. Trans World Airlines, 409 U.S. 363 (1973).

II

Examinamos, en consecuencia, el señalamiento de si la desestimación decretada por el foro de instancia, al acoger favorablemente la segunda moción que a esos efectos se radicara, fue o no correcta en derecho.

Como primer fundamento para la desestimación de la reconvención radicada por Pauneto Rivera y su esposa, el tribunal de instancia adujo que su “contrademanda ... s[ó]lo procede contra el Sr. Iván N[ú]ñez Borges y no contra la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por éste y su esposa Margarita Huergo ... ya que la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito de Toa Alta ... fue contra el Sr. Iván Núñez Borges únicamente”. Petición, Exhibit 1. Esta apreciación, sin embargo, no toma en cuenta que Pauneto, en la reconvención que radicara, realmente intenta responsabilizar subsidiariamente a la sociedad conyugal Núñez-Huergo por lá responsabilidad de uno de sus miembros, Iván Núñez, al amparo de las disposiciones del Art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3663, el cual establece que:

Sección 3663. Deudas contraídas antes del matrimonio; multas
El pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de gananciales.
Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.
Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se le impongan, podrá repetirse contra los ganan-ciales después de cubiertas las atenciones que enumera la see. 3661, si el cónyuge deudor no tuviese capital propio o fuera in-suficiente; pero al tiempo de liquidarse la sociedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados. (Enfasis suplido.)

Como es sabido, en Lugo Montalvo v. González Mañón, 104 D.P.R. 372, 374 y 378 (1975), al interpretar el se-gundo párrafo del antes transcrito Art. 1310 —esto es, “qué son ‘multas’ y, especialmente... qué son ‘condenas pecuniarias’ ”— expresamos que:

Parece claro, pues, que la doctrina entiende, creemos que con razón, que cuando la multa o condena es motivada por la comi-sión de un delito, como regla general —pues hay excepciones, como vimos— la responsabilidad es personal del cónyuge que lo cometió; pero en casos de responsabilidad civil extracontrac-tual, la responsabilidad será personal o de la sociedad de ga-nanciales según los hechos que la produjeron. Generalmente se reconoce que si la acción o gestión del marido aprovecha econó-micamente la masa ganancial, la responsabilidad también será de cargo de dichos bienes. Como expresa Scaevola, “quién está a las ganancias, debe estar a las pérdidas,” precepto que consi-dera que desde muy antiguo rige en materia de sociedad. (En-fasis suplido.)

La “obligación o responsabilidad” dimanante del con-trato suscrito entre los esposos Pauneto Rivera y Núñez Borges —la cual se dilucidó en el pleito original entre las partes— tenía todas las “características” de ser una “ga-nancial”; ello en vista de que la misma surgió de la opera-ción de una actividad comercial en que Núñez Borges se involucró, la cual, con toda probabilidad, benefició a la so-ciedad legal de gananciales compuesta por él y su esposa Margarita Huergo. WRC Props., Inc. v. Santana, 116 D.P.R. 127, 135 (1985). Dicho hecho, sin embargo, resulta ser completamente inmaterial en vista de que la Sra. Margarita Huergo, esposa de Núñez Borges, no fue parte en el contrato de arrendamiento y de que los esposos Pauneto Rivera únicamente demandaron a Núñez Borges y, en con-secuencia, únicamente obtuvieron sentencia contra éste.

Si bien ello es así, no podemos perder de vista que, en su reconvención Pauneto y su esposa alegan que el deman-dante Núñez no tiene en la actualidad bien alguno sobre el que pueda ejecutarse la sentencia que dictó en su contra el Tribunal de Distrito, Sala de Toa Baja, y que la sociedad de gananciales cuenta con bienes suficientes. En vista de ello, suplican del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que “declare debidamente hecha la excusión de los bienes privati-vos del codemandante señor Núñez”, y que “proceda enton-ces a hacer efectiva la sentencia aludida contra la Sociedad Núñez-Huergo”.

Ante estas alegaciones, y ante la causa de acción subsidiaria que el citado Art. 1310 del Código Civil establece contra los bienes gananciales del régimen económicomatrimonial de los demandantes, la procedencia preliminar de la reconvención de los esposos Pauneto Rivera parece ser incuestionable. “La sociedad [dice Manresa] no es la obligada al pago, pero median intereses legítimos, hay acreedores que no deben perder sus créditos, hay que reparar un mal o un daño, o indemnizar un perjuicio, y la ley, ante la carencia de bienes privativos del cónyuge deudor o responsable, y la existencia de gananciales sobrantes, ordena el pago, la reparación o la indemnización que procedan a costa de la sociedad ....” J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1950, T. IX, pág. 626.

Como fundamento adicional para la desestimación de la reconvención, el tribunal de instancia razonó que Pauneto Rivera “ten[ía] que haber realizado excusión de bienes sobre el Sr. N[ú]ñez Borges en el pleito anterior, lo cual no se hizo, para que procediese la inclusión de la So-ciedad Legal de Gananciales compuesta por N[ú]ñez Borges y su esposa contrademandados en el pleito de epígrafe”. Petición, Exhibit 1. De entrada, procede señalar que este pronunciamiento identifica correctamente que en cuanto a lo dispuesto en el citado Art. 1310 del Código Civil, antes de repetir contra los bienes de la sociedad legal de gananciales hay que probar que el cónyuge responsable no tiene bienes con qué responder o estos son insuficientes, y que la sociedad de gananciales cuenta con bienes sufi-cientes para responder por sus obligaciones. Cruz Viera v. Registrador, 118 D.P.R. 911 (1987). No hay duda, por otro lado, que conforme resolviéramos en el mencionado caso de Cruz Viera v. Registrador, la anotación de embargo que en el presente caso se hizo en el Registro de la Propiedad so-bre un bien inmueble perteneciente a la sociedad legal de gananciales Núñez-Huergo fue ilegal y nulo. Cruz Viera v. Registrador, ante, pág. 916.

Sin embargo, a nuestro juicio, nada en este caso impide que sea el propio Tribunal Superior, Sala de Bayamón, quien dilucide, en un mismo pleito, no sólo la reclamación de los daños y perjuicios, si algunos, sufridos por los espo-sos Núñez-Huergo como consecuencia del embargo antes mencionado, sino que adicionalmente verifique la proce-dencia jurídica, y efectúe, el procedimiento de excusión de bienes, y repetición contra la sociedad conyugal, autori-zado por el citado Art. 1310 del Código Civil. La “solución justa, rápida y económica” de las cuestiones en controver-sia así lo hace aconsejable. Véase Regla 1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III).

Procede, en consecuencia, la revocación de la resolución recurrida y la devolución del caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto. Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernán-dez Denton concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

       Lo resuelto hace innecesaria la consideración del tercer señalamiento de error.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri,

text:
    Alvenre Corporation, demandante y recurrida, v. Hon. Secretario de Justicia, Héctor Rivera Cruz, demandado y peticionario.

      Número: CE-91-252

      Resuelto: 18 de junio de 1992

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, y Vanessa Ramírez, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticionario; Graciany Miranda Marchand y Raymond P. Burgos Santiago, abogados de la recurrida.
   SENTENCIA

Acude ante nos el Secretario de Justicia de Puerto Rico mediante recurso de certiorari, solicitando la revisión de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ca-guas, el pasado 25 de enero de 1991 en el caso de epígrafe. Dicha sentencia decreta la cancelación de la fianza pres-tada por Alvenre Corporation para recuperar un vehículo de motor de su propiedad que fue confiscado por la Policía de Puerto Rico mientras era conducido por un empleado de una compañía a la cual se le había arrendado el vehículo en cuestión. En opinión de la sala sentenciadora, la propie-taria del vehículo es un “tercero inocente” al cual no le eran imputables los hechos delictivos cometidos por el conductor del vehículo y que dieron lugar a la confiscación.

Examinada la sentencia aludida, al igual que los plan-teamientos del Secretario de Justicia y de la parte recu-rrida, se expide el auto de “certiorari” y se confirma la sen-tencia del tribunal de instancia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad, a la que se unieron el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton concurrieron con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Ñegrón García y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón disintieron sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri,

a la cual se unen el Juez Presi-dente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

Para descargar plenamente nuestra responsabilidad judicial, nos parece indispensable explicar claramente las ra-zones y los fundamentos que nos llevan al resultado que se anuncia en la breve sentencia emitida por el Tribunal en el presente caso.

Tenemos ante nuestra consideración la cuestión de cúal es exactamente el contorno de la defensa de tercero ino-cente en casos de confiscación. La controversia surge por razón de la aparente incompatibilidad entre dos (2) pro-nunciamientos previos nuestros sobre el particular en Ochoteco v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 517 (1963), y en E.L.A. v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 717 (1967), ambos vigentes.

I

Los hechos de este caso fueron estipulados por las par-tes, quienes expresaron al tribunal sentenciador que el único asunto a resolverse era la cuestión de si la deman-dante recurrida es o no un “tercero inocente” cuyo derecho de propiedad sobre el vehículo de la controversia no puede verse afectado por la confiscación realizada por el Estado.

La demandante, Alvenre Corporation, es una empresa dedicada al alquiler de equipo de transporte de carga general. El 14 de noviembre de 1988, en el curso ordinario de su negocio, ésta le arrendó a “X-Press Freight Forwarders Inc.”, compañía que se dedica a proveer servicios de transportación terrestre, el vehículo de motor objeto de esta controversia. Un año más tarde, el 30 de noviembre de 1989, el Sr. Gregorio Méndez Pérez, chofer empleado me-diante contrato por la arrendataria, recibió de su patrono la encomienda de entregar determinada carga en el vehí-culo en cuestión. El chofer debía transportar dicha carga desde Carolina hasta Ceiba, donde está ubicada la Base Naval de Roosevelt Roads, que era el destino final de la carga.

Contrario a las instrucciones que había recibido, y sin autorización o conocimiento de su patrono, el chofer, en lugar de dirigirse a Ceiba, se desvió de su ruta y se dirigió al Residencial Gautier Benitez, localizado en la salida de la carretera que va de Caguas a Cayey. Allí, en horas de la tarde, fue sorprendido por agentes de la Policía mientras realizaba una transacción en violación de la Ley de Sus-tancias Controladas. El chofer fue arrestado, ocupándosele 1.3586 gramos de cocaína. La Policía se incautó del vehí-culo propiedad de la arrendadora Alvenre Corporation, quien prestó garantía para obtener su devolución y, opor-tunamente, presentó demanda para impugnar la confiscación. Según la estipulación, no existía vínculo o re-lación alguna entre el chofer y la arrendadora del vehículo.

Con vista a lo estipulado, el tribunal de instancia deter-minó que el chofer había abusado de la confianza deposi-tada en él por su patrono; que había incurrido en lo que antes se definía en nuestro Código Penal como “hurto de uso” al llevarse el vehículo en cuestión sin autorización para el residencial en Caguas, desviándose de su ruta, y, como cuestión de derecho, que la arrendadora del vehículo es un “tercero inocente” al cual no podía imputársele el acto ilícito del chofer. En consecuencia, declaró la nulidad de la confiscación.

Acude ante nos el Secretario de Justicia, inconforme con la determinación judicial de instancia, y señala como error el que el tribunal a quo haya resuelto que la corporación arrendadora del vehículo confiscado era un “tercero inocente”. Concedimos a la parte recurrida un término de veinte (20) días para mostrar causa por la cual no debía-mos revocar la sentencia del tribunal de instancia. Esta parte cumplió con nuestra orden.

II

En nuestra jurisdicción prevalece la doctrina de que el procedimiento de confiscación va dirigido contra el vehículo mismo y no contra su dueño, de modo que si éste ha puesto el vehículo en posesión del infractor o de la persona bajo la cual éste actúa, los derechos del dueño corren la suerte del uso a que el poseedor puede someter el vehículo. E.L.A. v. Tribunal Superior, supra; Metro Taxicabs v. Tesorero, 73 D.P.R. 171 (1952); General Motors Acceptance v. Brañuela, 61 D.P.R. 725 (1943). Como bien señala el recurrido, en el pasado la jurisprudencia puertorriqueña sobre este asunto estuvo inclinada a negar protección a los derechos de “ter-ceros inocentes”. Este Tribunal lo señaló con claridad en Carlo v. Srio. de Justicia, 107 D.P.R. 356, 365 (1978), al advertir que:

El diseño legislativo prevaleciente en Puerto Rico ... mantiene una distancia y una separación de campos entre la conducta del poseedor de la propiedad utilizada en la empresa criminal y el interés del dueño inocente .... La ... introducción del interés particular del dueño inocente en contraposición al legítimo in-terés de orden público al que sirve la confiscación, es rara ex-cepción .... (Enfasis suplido.)

Este rigor ha sido justificado sobre la base de que la confiscación del instrumento del crimen es un medio im-portante para apoyar la lucha de las autoridades guberna-mentales contra el narcotráfico. Evita que el vehículo pueda volverse a usar para fines ilícitos y sirve como cas-tigo adicional para disuadir a los empresarios del crimen. Exposición de Motivos de la Ley Uniforme de Confiscacio-nes de 1988 (34 L.P.R.A. 1723 et seq.).

No obstante lo anterior, existen circunstancias especia-les donde hemos protegido al tercero inocente. Como bien se indicara en Carlo v. Srio. de Justicia, supra, la jurispru-dencia de Puerto Rico ha seguido recientemente una “ruta de cautelosa atenuación de severidad” en la aplicación del principio de confiscación de propiedad del inocente, princi-pio que aún Blackstone consideraba como una “supersti-ción heredada de [la época ciega] del feudalismo ...”. (Én-fasis suplido.) íd., págs. 361-362. “ ‘Cada caso debe verse y pesarse a la luz de sus hechos .... [N]o toda entrega de la posesión de un vehículo tiene iguales motivaciones, ni idéntica justificación, ni la misma necesidad ni similares propósitos.’ ” Id., pág. 362. Así pues, en Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, resolvimos que si la posesión del ve-hículo por el empleado al momento de su acto delictuoso es ilegal, por apartarse de las instrucciones que el patrono dio al empleado, entonces no procede la confiscación por ser el dueño un tercero inocente. Posterior a Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, este Tribunal en varias ocasiones ha acla-rado que para que pueda estimarse' que el dueño del vehí-culo es un tercero inocente protegido de la confiscación, la conducta del conductor debe dar margen a una apreciación de que éste incurrió en lo que antes nuestro Código Penal tipificaba como el delito de “hurto de uso”. E.L.A. v. Tribunal Superior, supra; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 678-679 (1964).

El problema, pues, se reduce en cada caso a determinar si el empleado se apartó tanto de las instrucciones de su patrono que la posesión original válida que éste tenía del vehículo en cuestión se convierte en ilegal. En Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, el empleado había sido instruido a que no utilizara el vehículo hasta la mañana siguiente, cuando debía conducirlo a determinado lugar. El empleado no siguió las órdenes y esa misma noche usó el vehículo para irse de parranda en compañía de amigos, cuando se le ocuparon dos (2) armas no autorizadas. La flagrante des-obediencia a las instrucciones del patrono convirtieron su posesión del vehículo en ilegal. En cambio, en E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, la conducta del empleado no fue tan extrema. Su desobediencia fue más bien incidental. Allí, el dueño de una panadería había enviado a su em-pleado a distribuir pan en varios pueblos. Mientras condu-cía el vehículo dentro de la ruta asignada y en las tareas que se le habían encomendado, el empleado aprovechó para incurrir en el juego de bolita. Este Tribunal, en una decisión muy dividida (5-3), resolvió que el conductor no había cometido el delito de hurto de uso al momento de infringir la Ley de Bolita, por lo que el dueño del vehículo no podía ser un tercero inocente. Como puede observarse, estas dos (2) decisiones son distinguibles, por lo cual no hay incompatibilidad real entre ellas.

HH HH h-1

Indudablemente la situación de hechos del caso ante nos ahora se asemeja mucho más a la de Ochoteco v. Tribunal Superior, supra, que a la de E.L.A. v. Tribunal Superior, supra. Aquí el empleado desobedeció sustancial-mente las instrucciones del patrono. En lugar de conducir la carga a Ceiba, se desvió marcadamente de su ruta y se fue a otro lugar a realizar propósitos propios que nada te-nían que ver con las órdenes de su patrono. Por ello, el tribunal de instancia determinó que la actuación del em-pleado era constitutiva del delito de abuso de confianza, que antes se tipificaba en nuestro Código Penal como “hur-to de uso”. La posesión del vehículo por el empleado al momento de su conducta delictuosa era tan contraria a las instrucciones del patrono que se había convertido en ilegal. El tribunal de instancia, por lo tanto, correctamente resol-vió que no podía imputársele el acto ilícito del chofer al dueño arrendador del vehículo, quien no era ni su patrono.

Al concluir que el arrendador aquí es un tercero ino-cente, lo hacemos conscientes de que nuestra jurispruden-cia más reciente ha reiterado la necesidad de atenuar la severidad patibularia del instrumento de la confiscación. Hemos reconocido que precisamente por la naturaleza in rem y punitiva de la acción de confiscación, “[l]as confisca-ciones no son favorecidas por las cortes y los estatutos au-torizándolas son interpretados restrictivamente ...de suerte que resulten consistentes con la justicia y los dictados de la razón natural”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. González Cortés, 95 D.P.R. 164, 168 (1967). Véase Carlo v. Srio. de Justicia, supra. Difícilmente puede decirse que los hechos de este caso proveen base alguna para que se cumplan los propósitos de disuación que tuvo el legislador de hacerle cara la conducta criminal al empresario que se dedica al tráfico de drogas. Aquí el que sufriría la pena si resolvemos como nos pide el Procurador General no es el traficante que se lucró con el perverso negocio, sino un tercero que no tenía ninguna relación real con el asunto. En estas circuns-tancias, dejar vigente la confiscación no sirve propósito vá-lido alguno, y la razón natural y nuestro sentido de justicia no permiten que la validemos.

De más está indicar que lo que aquí señalamos se limita a las circunstancias particulares de este caso, que es el que tenemos ante nos, donde existe una relación de patrono y empleado, en virtud de la cual este último viene obligado a seguir las instrucciones de quien lo emplea. En qué medida los criterios que hoy exponemos puedan aplicarse en otros contextos queda pendiente para determinaciones futuras.