author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Odilio Serrano Ramírez, por sí y en representación de su hija menor Milagros Serrano, demandante, v. Clínica Perea, Inc., Doctor Juan Fernández, Doctor Pedro Pérez Pérez, Doctor Luis E. Cummings, demandados, Doctor Luis E. Cummings, demandante contra tercero y recurrente, v. Reserve Insurance Company, tercera demandada y recurrida.

      Número: R-78-326

      Resuelto: 23 de febrero de 1979

      Victor E. Báez, abogado del recurrente; Juan Lorenzo Rodríguez, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Requiere este pleito el examen del efecto de una asevera-ción falsa dentro del contexto de la cláusula de contribución al riesgo en el contrato de seguro por práctica negligente de la medicina.

El doctor Luis E. Cummings, demandado, tercero deman-dante y recurrente, llenó un impreso para la obtención de una póliza de responsabilidad profesional en que se le pre-guntaba :

“5. Has a claim or suit on account of any alleged malpractice, error, or mistake ever been brought against you?”

El doctor Cummings contestó en la negativa. La contestación era falsa. Sin conocer esté hecho, la Reserve Insurance Company, tercera demandada y recurrida, expidió la póliza solici-tada por un período de tres años a partir del 15 de enero de 1975.

El 28 de febrero de 1976, once días después de practicár-sele una operación en que el doctor Cummings había parti-cipado como anestesiólogo, falleció una paciente. El cónyuge viudo y su hija menor demandaron a la clínica y a tres mé-dicos, entre ellos al doctor Cummings. Luego que el doctor Cummings le notificó la demanda a la compañía aseguradora, esta descubrió que, a raíz de la intervención del doctor Cummings como anestesiólogo en una operación quirúrgica en 1972, este fue objeto de una reclamación, transigida con la autorización del Tribunal Superior, por estar envuelto un incapaz, por la suma de sesenta y tres mil dólares. El doctor Cummings y la Reserve Insurance Company estipularon ante el Tribunal Superior que de haber tenido la compañía cono-cimiento de estos hechos no hubiera expedido la póliza. La compañía negó en consecuencia responsabilidad alguna bajo la póliza y rescindió la misma. El Tribunal Superior sostuvo la defensa afirmativa que la compañía interpuso a estos fines respecto a la demanda contra tercero y dictó sentencia par-cial a favor de la Reserve Insurance Company. El doctor Cummings recurre ante nos.

Antes de considerar la cuestión más importante que en-cierra este recurso discutamos algunos planteamientos adje-tivos que formula el recurrente.

1. El argumento de la indisputabilidad del contrato.

El recurrente se ampara en el Art. 11.270 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1127, enmendado por la Ley Núm. 32 del 10 de mayo de 1976. Dispone así el artículo en su ver-sión actual:

“(1) El asegurador no podrá cancelar un contrato de se-guros después de haber estado en vigor por un período de se-senta (60) días o más, excepto por la falta del pago de prima y por aquellos fundamentos que se especifican en la póliza . . .

No le asiste razón al recurrente. En primer término, no se trata aquí de la cancelación de un contrato sino de su rescisión. El Art. 11.270 es inaplicable a la situación de autos. En segundo término, la enmienda que sufrió este artículo, que es la que protegería al recurrente, no tiene efecto retroactivo. Ambas normas de derecho se discuten ampliamente en Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689 (1978).

Tampoco le es dable al facultativo recurrente invocar el Art. 13.050 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1305, donde se dispone que:

“Deberá haber una disposición al efecto de que la póliza será incontestable después de haber estado vigente, en vida del ase-gurado, por un período no mayor de dos años a partir de la fecha de su expedición, excepto ....”

En Puerto Rico esta cláusula de indisputabilidad se aplica únicamente a los contratos de seguro de vida, según se des-prende del hecho de que la misma forma parte tan solo del capítulo del código referente a tal tipo de pólizas. Este patrón estatutario, en que la aplicación de la cláusula se limita a determinados seguros, es el que rige usualmente en otras comunidades. 18 Couch on Insurance, 2a ed., sec. 72.17, pág. 52.

2. La devolución de las primas.

Señala el doctor Cummings que erró el tribunal al de-clarar sin lugar su demanda contra tercero “toda vez que a la fecha en que la recurrida le negó cubierta al recurrente no le había devuelto las primas pagadas por él.”

Es inmeritorio el planteamiento. Nuestro Código de Seguros no trata el tema de la resolución de este género de contratos y, después de la enmienda que sufrió el Art. 11.270 en 1976, a la que nos referimos en el apartado anterior, tam-poco el de su rescisión. En tal caso hay que acudir a nues-tro Código Civil como cuerpo jurídico supletorio. Casanova v. P.R.-Amer. Ins. Co., supra. Ni el Art. 1247 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3496, referente a la acción rescisoria, que es la que invoca la compañía aseguradora, ni el Art. 1077 del mismo Código, 31 L.P.R.A. see. 3052, que versa sobre la acción resolutoria, imponen el requisito de la devolución previa de las primas. Véase: L. Benitez de Lugo Reymundo, Tratado de Seguros, ed. Reus, Madrid, 1955, Vol. 1, pág. 429 y ss. Debe señalarse, además, que la compañía devolvió varias primas, consignó las otras y ha estado dispuesta en todo momento al pago correspondiente de intereses, según lo re-quiere la acción rescisoria que interesa ejercer.

3. Las declaraciones incorrectas y la cláusula de contri-bución al riesgo.

Aquí llegamos al nervio de este litigio. El Art. 11.100 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1110, provee:

“Todas las declaraciones y descripciones en una solicitud de póliza de seguros o en negociaciones para la misma, hechas por el asegurado o a su nombre, se entenderá que son representa-ciones y no garantías. La impostura, las omisiones, el encubri-miento de hechos y las declaraciones incorrectas no impedirán el cobro con arreglo a la póliza, a menos que:
(1) Sean fraudulentos; o
(2) Que sean materiales [sic], bien para la aceptación del riesgo, o para el peligro asumido por el asegurador; o
(3) El asegurador de buena fe no hubiera expedido la póliza, no hubiera expedido la póliza por una cantidad tan grande o no hubiera provisto cubierta con respecto al riesgo resultante en la pérdida, de habérsele puesto en conocimiento de los hechos ver-daderos, como se requería en la solicitud para la póliza o de otro modo.
Cuando el solicitante incurra en cualquiera de los actos enu-merados en los apartados (1), (2) y (3) de esta sección se im-pedirá el cobro solamente cuando el acto u omisión de que se trate hubiere contribuido a la pérdida objeto de la causa de acción.”

Para precisar el significado de este artículo hay que repasar su historial y propósito.

El contrato de seguros fue, tanto en los países donde rige el derecho civil como en los que priva el derecho común, producto del desarrollo del comercio marítimo y la lex mercatória. En el contrato de seguro marítimo inglés se creó una distinción, que luego se extiende a otros seguros e influye en el derecho correspondiente norteamericano, entre lo que nuestro código llama, en el Art. 11.100 citado, “representaciones” y “garantías”. Una “garantía” era una condición expresa del contrato. De no ser cierta literalmente, aunque no fuese pertinente al riesgo y aunque el solicitante de la póliza desconociese el error, la póliza era nula. Una “representación” era en cambio una afirmación que no constituía parte del contrato. Aunque indujese a la otra parte a celebrar el acuerdo, no anulaba la póliza a menos que fuese sustancialmente incorrecta y pertinente a la estimación del riesgo. Por tiempo considerable los aseguradores intentaron valerse de esta distinción para convertir toda aseveración en una garantía y así reducir el ámbito de su responsabilidad. Ehrenzweig, Sr. y Kessler, Misrepresentation and False Warranty in the Illinois Insurance Code, 9 U. Chi. L. Rev. 209, 210 et seq. (1942); Vance, The History of the Development of the Warranty in Insurance Law, 20 Yale L.J. 523 (1911); Patterson, Warranties in Insurance Law, 34 Colum. L. Rev. 595 (1934); Magaw, Representations in the Law of Life Insurance, 11 Temp. L.Q. 463, 466 (1937).

Tanto en el derecho inglés como en el norteamericano se ha estado superando esta antigua tendencia. Hoy en Gran Bretaña el asegurado o el asegurador pueden anular una póliza de establecerse que la otra parte ha efectuado una declaración falsa, de buena o mala fe, sobre un hecho perti-nente o ha ocultado la existencia de tal hecho. 25 Halsbury’s Laxos of England, 4a ed., 1978, pág. 201 et seq. En Estados Unidos se han ido tornando en varios estados las “garantías” en “representaciones.” De ahí es que deriva y tal es el significado de la frase del Art. 11.100 de nuestro Código que decreta que “Todas las declaraciones y descripciones en una solicitud de póliza de seguro o en negociaciones para la misma, hechas por el asegurado o a su nombre, se entenderá que son representaciones y no garantías.”

Hasta la aprobación de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, contentiva del Código de Seguros, el Art. 299 de nuestro Código de Comercio disponía:

“Será nulo todo contrato de seguro:
1° Por la mala fe probada de alguna de las partes al tiempo de celebrarse el contrato.
2° Por la inexacta declaración del asegurado, aun hecha de buena fe, siempre que pueda influir en la estimación de los ries-gos.
3° Por la omisión u ocultación, por el asegurado, de hechos o circunstancias que hubieran podido influir en la celebración del contrato.”

Puede verse que, con muy ligeras variaciones, el Código Es-pañol de Comercio de 1885, extendido a Puerto Rico en 1886, se asemejaba a lo dispuesto en el Art. 11.100 del actual Código de Seguros, excepto en lo que atañe al último párrafo, que es el que incluye la debatida cláusula de contribución al riesgo.

El anteproyecto de nuestro Código de Seguros fue redac-tado por Robert D. Williams, autor de los anteproyectos para Arizona y Kentucky, entre otros. A excepción del último párrafo, el Art. 11.100 de nuestro código se fundó en estos patrones sin advertir, en lo que toca al asunto que nos ocupa, que el Art. 299 del Código de Comercio, derogado por el de Seguros, trataba el asunto en forma abarcadora y que la diferencia entre “representaciones” y “garantías” era en-tonces desconocida en Puerto Rico.

El anteproyecto presentado a las Cámaras (el P. de la C. 85) no contenía inicialmente la cláusula de contribución al riesgo. Esta se añadió, mediante la adición del último párrafo al Art. 11.100, a sugestión del señor George W. Goble, asesor de la Asamblea Legislativa. El propósito de la enmienda, según se desprende del historial legislativo, fue evitar la interpretación de que una declaración falsa sobre un asunto pertinente a la aceptación del riesgo pueda anular una póliza en aquellos casos en que el hecho incierto u ocultado no está vinculado en forma alguna al daño sufrido. Un ejemplo ofrecido por Goble es el siguiente. Si el solicitante de una póliza de vida, con cubierta de muerte accidental, declara falsamente que no tiene padecimientos renales, lo cual es de importancia para la estimación del riesgo, y luego lo arrolla un automóvil, la falsedad cometida no debe impedir el cobro de la póliza. Vemos así que el objetivo del último párrafo es ampliar el concepto de pertinencia. Se anula la póliza cuando la aseveración falsa o la información omitida no sólo es pertinente a la apreciación del riesgo sino también a su ocurrencia. La cláusula de contribución al riesgo re-quiere un nexo, cuya naturaleza puede variar de por fuerza, según el tipo de seguro, entre la declaración inexacta y la pérdida objeto de la acción.

Muy pocos estados de la Unión Americana han adoptado la doctrina de la contribución al riesgo y entre estos única-mente Nebraska la aplica, como Puerto Rico, a toda clase de seguros. La doctrina ha sido objeto de seria crítica, especial-mente por las dificultades que provoca el uso del concepto de causalidad en determinados contextos. E. W. Patterson, Essentials of Insurance Law, McGraw-Hill Book Co., N.Y., 2a ed., 1957, sec. 72 et seq. y sec. 83 et seq.

La cláusula de contribución al riesgo es desconocida en Inglaterra. Proviene del derecho alemán, E. W. Patterson, op. cit, pág. 355, pero no ha tenido acogida en la generalidad de los países civilistas. España continúa aplicando las dis-posiciones antes citadas del Código de Comercio, junto a otras de orden supletorio. Aranzadi, Nuevo Diccionario de Legis-lación, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1977, Vol. XXII, pág. 136 et seq. El derecho francés, que se rige por el Art. 15 de la Ley de 13 de julio de 1930, utiliza principios análogos a los del derecho español. Para el texto de la ley, véase: Dalloz, Codes et Lois Usuels, Codes d’Audience, 36a ed., 1975, apén-dice, pág. 477 et seq. Véase también: C. Blondel, Elements de Droit Civil Appliqué Aux Assurances, Imp. Desseaux, París, 1959, págs. 167-168. El derecho italiano también se aparta del alemán. G. Ferri, Manuale di Diritto Commerciale, 3a ed., U.T.E., Turin, 1972, pág. 791 et seq.

En Alemania, contrario a algunas jurisdicciones nortea-mericanas, se ha aliviado el problema que entraña en oca-siones la utilización del concepto de la causalidad mediante la imposición del peso de la prueba en hombros del autor de la declaración falsa. E. W. Patterson, supra, 357. La aclara-ción del propósito original de la cláusula puede, a nuestro juicio, cumplir más eficazmente que este mecanismo la fun-ción de disipar las dificultades de interpretación de la cláu-sula en determinadas situaciones.

En resumen, la cláusula de contribución al riesgo se desarrolló fundamentalmente para precisar el concepto de pertinencia, para evitar la anulación de pólizas por declara-ciones falsas que, aunque significativas para la estimación del riesgo, carezcan de vínculo estrecho con la pérdida ocu-rrida. El propósito de esta cláusula, al utilizar la frase, no muy feliz, de “contribución a la pérdida”, no fue establecer la obligación imposible de probar en todo caso con precisión matemática que la inexactitud u omisión causó o contribuyó al daño. Basta con probar en ciertos tipos de seguros, en que por su naturaleza no puede racionalmente exigirse más, que la falsedad o el acto de encubrimiento por parte del asegurado está íntimamente ligado tanto al proceso de estimar el riesgo como al hecho constitutivo de la pérdida.

4. Aplicación de la norma al caso presente.

En el pleito de autos el asegurado declaró falsamente que no se había interpuesto nunca demanda o reclamación al-guna contra él por razón de supuesta negligencia o error en el ejercicio de sus funciones profesionales. El doctor Cummings no estaba solicitando que se le expidiese una póliza de seguros contra incendio o de otro género en que la falsedad cometida no jugase un papel esencial. Solicitaba una póliza que le protegiese precisamente contra reclamaciones por pre-tendida negligencia profesional. Es incuestionable que la aseveración inexacta que hizo era pertinente para fines de la estimación del riesgo, según quedó demostrado por el hecho de haber estipulado las partes que, de haber conocido el asegu-rador la situación verdadera, no hubiese expedido la póliza.

Respecto al nexo con la posible pérdida que pueda sufrir el presunto asegurado debe observarse que el seguro contra negligencia en el ejercicio de la medicina no es exactamente comparable a otros en cuanto al problema que nos ocupa y debe examinarse separadamente, sin que las reglas que sentemos para él tengan por necesidad que regir del mismo modo en cuadros distintos de hechos. ¿Cómo es que puede probarse con absoluta certeza que un primer acto de negligencia fue la causa o contribuyó a la ocurrencia de otro acto separado de descuido o falta de pericia? Consideramos que en estas circunstancias es suficiente establecer, como se ha establecido, la requerida vinculación estrecha entre la declaración falsa de un hecho esencial y la pérdida a que puede estarse expuesto. Quien falsea un dato de tanta significación e importancia para la obtención de un seguro profesional no puede gozar del beneficio de interpretaciones aplicables quizás en otros contextos, pero ininteligibles en el de este recurso. No ha perdido su vitalidad en la controversia bajo análisis el Art. 1217 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3404, declarativo de la nulidad del consentimiento prestado por error. El asegurador tiene pleno derecho en este caso a la rescisión de la póliza, así como la obligación de restituir las primas, más los intereses de rigor. Art. 1247 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3496.

5. La existencia o no del deber de investigación por la aseguradora.

Hay división de autoridades, fuera del problema de rescisión discutido, sobre si una aseguradora le responde a un tercero perjudicado por su omisión en investigar prontamente las declaraciones efectuadas en una solicitud para la obtención de una póliza. Véanse, pro: Barrera v. State Farm Mutual Automobile Insurance Company, 456 P.2d 674 (Cal. 1969); Fireman’s Fund American Insurance Co. v. Escobedo, 145 Cal. Rptr. 785, 789-90 (App. 1978); State Farm Mutual Automobile Insurance Company v. Kurylowicz, 242 N.W.2d 530 (App. Mich. 1976); contra: 7 Couch, On Insurance 2d, sec. 35:84, págs. 100-101; 12 Appleman’s Insurance Law and Practice, sec. 7292.

Estimamos que este aspecto del caso no está debidamente ante nos. La cuestión de que se recurre por el doctor Cummings es únicamente la relativa a si el Tribunal Superior erró al negarle cubierta bajo la póliza. Hemos resuelto que no se cometió el error. El doctor Cummings suscita el pro-blema referente a la ausencia de investigación temprana en este caso, pero éste no es asunto que pueda afectar la vigencia de la póliza y la consiguiente relación entre la aseguradora y el asegurado. Lo que éste afecta es la responsabilidad, si alguna, de la aseguradora frente a los demandantes perjudi-cados por la negligencia imputada al médico recurrente. Para resolver adecuadamente este problema es imprescindible des-filar prueba sobre múltiples factores, entre ellos, la disponi-bilidad de la información, su accesibilidad, el costo envuelto y el impacto actuarial y social. Véase: Comment, Reasonable Investigations and the Financial Responsibility Law — Protecting the Innocent Third Party: Barrera v. State Farm Mutual Automobile Insurance Company, 3 Loy. L. A. L. Rev. 169 (1970). La parte con verdadero derecho e interés en plantear esta cuestión tampoco ha considerado necesario acu-dir ante nos en esta etapa de los procedimientos. En conse-cuencia, nos abstenemos de pronunciarnos sobre este pro-blema.

Por las consideraciones expuestas se confirma la sentencia parcial dictada y se devuelve el caso al Tribunal Superior para procedimientos ulteriores consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Angel Martín concurre en el re-sultado.

      Para la diferencia entre la acción rescisoria y la resolutoria, véase: Emanuelli v. Cadierno, 50 D.P.R. 134 (1936).

      No hacemos pronunciamiento alguno, por. innecesario a la decisión de esta controversia, sobre el efecto de la devolución tardía de las primas en casos de cancelación de pólizas.

      Para la historia de su desenvolvimiento en España, que es donde se reglamenta por primera vez, en 1435, el contrato de seguros, véase: L. Beni-tez de Lugo Reymundo, Tratado de Seguros, supra, pág. 76 et seq. Para la historia de esta institución en Inglaterra, véase: 8 Holdsworth’s History of English Law, 2da ed., pág. 273 et seq. y pág. 294 et seq.

      Véanse: Ala. Code tit. 28A, sec. 820; Ariz. Rev. Stat. sec. 20-1109; Ark. Stat. Ann. sec. 66-3208; Del. Code Ann., tit. 18, sec. 2711; Fla. Stat. Ann. sec. 627.409 (West); Ga. Code Ann. sec. 56-2409; Idaho Code sec. 41-1811; Ky. Rev. Stat. sec. 304.14-110; Me. Rev. Stat. Ann., tit. 24-A, sec. 2411; Md. Ann. Code art. 48A, sec. 374; Mont. Rev. Codes Ann. sec. 40-3713; Okla. Stat. Ann. tit. 36, sec. 3609 (West); S.D. Codified Laws, sec. 58-11-44; Utah Code Ann. sec. 31-19-8; W. Va. Code sec. 33-6-7.

      9 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, Tomo III, 1957, pág. 1418.

        Vista Pública ante el Subcomité Especial del Comité de Hacienda del Senado para el estudio del proyecto que establece un nuevo Código de Seguros para Puerto Rico, 18 de julio de 1956, documento mecanografiado, pág. 42 (ponencia del señor George W. Goble).

        Ibid.

      Véanse: Iowa Code Ann. sec. 515.101 (West); Kan. Stat. Ann. secs. 40-418 (seguro de vida), 40-2205 (seguro contra accidente y enfermedad) ; Mich. Comp. Laws Ann. sec. 500.2886 (seguro contra incendio); Mo. Ann. Stat. secs. 376.580, 877.340 (Vernon) (seguro de vida); Neb. Rev. Stat. sec. 44-358 (disposición general); N.H. Rev. Stat. Ann. sec. 407:4 (seguro contra incendio); R.I. Gen. Laws sec. 27-4-10 (seguro de vida); Texas Ins. Code Ann. arts. 6.14 (seguro contra incendio), 21.16 (Vernon); Wis. Stat. Ann. sec. 209.06 (West).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
      In re Lic. Luis Enrique Vargas Soto, querellado.

      Número: O-78-52

      Resuelto: 27 de febrero de 1979

      Juan G. Rivera Pagan, A. J. Amadeo Murga, Ismael Fébres Nieves, Angel L. Valencia Valle, Roberto Clemente Colón, Porfirio Reyes Alvarez, José L. Feliú Pesquera, Ismael Cue-vas Velázquez y Enrique González, abogados del querellado;
      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadis Orsini Zayas, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

I

De la prueba practicada ante nuestro Comi-sionado Especial, el ex-juez Sr. Charles H. Juliá, y anterior-mente en el pleito de injunction Civil Núm. CS-72-4317 ante el Juez Sr. José F. Rodríguez Rivera del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, promovido por Aurelio Rodríguez Molina contra el Director de la Lotería, con intervención de William Flores Torres y otros, resultó probado que el agente de lotería Fidel Andino Peña vendió el 21 de agosto de 1972 al deman-dante Rodríguez Molina seis billetes para el sorteo extraor-dinario del 4 de octubre siguiente, entre ellos, el Núm. 28,146 que salió como segundo premio con valor de $100,000. Tres días después, el 24 de agosto de 1972 Aurelio Rodríguez fue asaltado y robado de éstos y otros billetes en las inmediaciones del Centro Médico (Río Piedras), lo que informó el mismo día a la Policía y al Negociado de la Lotería, faltando 6 se-manas para el sorteo. Tres semanas después del sorteo, el 24 de octubre de 1972 el agente Andino Peña prestó declaración jurada ante el notario Sr. Raúl Méndez Feliciano en que dice haber vendido el 28 de septiembre anterior a William Flores Torres 14 billetes para el citado sorteo, entre ellos el Núm. 28,146 premiado con los $100,000.00. El caso de injunction terminó por sentencia de 27 de noviembre de 1973, en la que se ordenó por la Sala de Bayamón al Director de la Lotería pagar los billetes premiados Núms. 28,146 y 31,445 (éste con $400) al comprador Aurelio Rodríguez Molina, después de consignar el juez en sus determinaciones que no le mereció crédito el testimonio de Andino Peña y que “el demandante Aurelio Rodríguez estableció su derecho en esta controversia con una precisión casi matemática.” (Opinión pág. 8). Re-suelto el pleito, Andino Peña se querelló contra el abogado del demandante victorioso, Lie. Luis Enrique Vargas Soto imputándole que el 15 de agosto de 1973, le había visitado en su casa en compañía del demandante Aurelio Rodríguez ofre-ciéndole dinero a cambio de que firmara una declaración donde constaba que le había vendido a Aurelio el billete que resultó segundo premio. Sobre dicha imputación se formuló el Primer Cargo de la querella sobre conducta profesional basada en infracción de los Cánones 18, 5 y 8, consistente en tratar de obtener por amenazas y dinero que Andino Peña le diera una declaración falsa.

La legitimidad y certeza de los hechos expuestos en la declaración que el querellado, en su función de abogado del demandante solicitó de Andino Peña, quedó establecida en las determinaciones del caso de injunction antes relacionado, y su adjudicación fue confirmada por el Comisionado Especial que oyó la prueba y llegó a igual conclusión. No encontrando falta alguna en la conducta del abogado querellado, no interven-dremos con el arbitrio de dos juzgadores de hecho que coin-ciden en su apreciación de la prueba.

II

En el segundo y tercer cargos (consolidados por contener alegaciones comunes) el Procurador General imputa al que-rellado “conducta altamente censurable, impropia e inmoral” porque ignoró una resolución del Tribunal Superior en la que se fijaban las condiciones en que podría disponerse la venta de un inmueble perteneciente a un incapacitado, y pro-cedió a la venta contra el interés de éste.

Surge de autos que el 10 de abril de 1975 el Juez Sr. Abner Limardo, en la Sala de Bayamón del Tribunal Superior, dictó resolución en expediente de autorización judicial, auto-rizando a Luisa Robles a vender en pública subasta (y por precio mínimo de $24,000 del cual el comprador retendría $20,500 para asumir el pago de una hipoteca) una casa en Urb. Sierra Linda de Bayamón propiedad de su marido, de quien es tutora. En 14 de abril de 1975, citando la antes dicha resolución de autorización judicial, el querellado en su condi-ción de notario autorizó la escritura Núxn. 27 mediante la cual la tutora Luisa Robles vendió la casa a Fernando Gon-zález Cruz y esposa por precio de $23,500 del cual retuvieron $20,000 para pagar la hipoteca, recibiendo la vendedora la diferencia de $3,500 sin que ella consignara $1,300 de dicho balance, según ordenado por el Tribunal. Ella dispuso de todo el dinero, utilizando $3,000 en reparar una propiedad en Toa Alta perteneciente a su marido y a ella. Denegada la inscrip-ción por el Registrador el querellado presentó una moción en el tribunal para que convalidara lo actuado mediante en-mienda a su resolución de venta judicial, en el sentido de que de no haber en la subasta oferta mayor de $24,000 se le adju-dicara la casa al comprador Fernando González Cruz por el precio ya pagado. El Juez Sr. Mangual denegó esta moción y ordenó que se cumpliera lo ordenado por el Tribunal. Así lo hizo el querellado. Se publicaron edictos, hubo subasta en la que el citado González Cruz fue el único licitador y obtuvo la buena pro por los mismos $3,500 que ya había pagado, pro-cediéndose por el querellado al otorgamiento de escritura de venta judicial (Núm. 24 de 12 de mayo de 1976) en la que el Alguacil General de la Sala de Bayamón trasmitió el título que fue debidamente inscrito en el Registro.

Al referirse a este segundo cargo, en su informe, nos dice el Comisionado Especial:

“Es bueno anotar que el querellado no fue el representante legal de los peticionarios en la petición sobre Autorización Judicial.

El querellado en su contestación a la querella admite que in-currió en un error de derecho que considera excusable, acepta que debió ser más diligente y que debió investigar y corroborar los datos que se le suministraron para la preparación de la escri-tura de compra-venta.

No obstante, la labor realizada por él inmediatamente, a la vez que abrumadora, a nuestro juicio, subsanó el error y evitó que se perjudicaran los interesantes del incapaz.

A nuestro juicio la falta de diligencia por parte del quere-llado se debió principalmente a su falta de experiencia profe-sional entonces.

De haber tenido facultades adjudicativas hubiésemos decla-rado con lugar la moción para desestimar y hubiésemos exone-rado al querellado, pero careciendo de dichas facultades dejamos el asunto para que lo resuelva esta Honorable Superioridad.

En Ex Parte Burr, el Juez Marshall, entonces Juez Presi-dente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, dijo:

‘The profession of an attorney is of great importance to an individual, and the prosperity of his whole life may depend on its exercise. The right to exercise it ought not to be lightly or capriciously taken from him.’ 9 Wheat 530.”

Sin duda que pesa en la decisión de este cargo la realidad de que no hubo intención aviesa ni perjuicio alguno para el incapaz y que también es atenuante el considerable esfuerzo profesional del querellado para cumplimentar, aun cuando a posteriori, la orden del tribunal. El abogado, que es oficial del tribunal y parte inseparable de la dignidad intrínseca de los procedimientos judiciales, es el principalmente llamado a acatar sus órdenes y providencias, revisables sólo por los cauces de ley. La actuación del querellado subsanando el error no le libra de responsabilidad ética.

Es éste el segundo caso en que se cuestiona ante nos la conducta de este abogado de corta vida profesional. Ya antes fue amonestado por este Tribunal (Res. Mc-76-9 de 14 de mayo de 1976). Aún aceptando que a la fecha en que cometió la falta imputada en este último cargo, no había re-cibido nuestra amonestación, queda sin contestar la interro-gante de si tan temprana conjunción de malas prácticas es signo de inexperiencia y desconocimiento de las disciplinas jurídicas o de insuficiencia de los principios básicos que enal-tecen la profesión de abogado. En uno u otro caso no podemos condonar el comportamiento del querellado, pero tampoco verlo en unas proporciones que le niega la prueba practicada ante el Comisionado Especial.

Censuramos la conducta profesional del querellado y le conminamos a medir sus futuros pasos, y a mejorarse con el estudio y la deliberación que le permitan ejercer la profesión con la responsabilidad ética y pública que nuestra sociedad exige de sus abogados en el texto del Canon 18: “[TJodo miembro del foro legal le debe a sus clientes un trato profesional caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad, y la más completa honradez. El abogado debe poner todo su empeño en llevar a cabo en esa forma su gestión profesional .... Es deber del abogado defender los intereses del cliente diligentemente, desplegando en cada caso su más profundo saber y habilidad y actuando en aquella forma que la profesión jurídica en general estima adecuada y responsable.”

Por segunda vez, censurado.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opi-nión.

       Dicha queja tuvo también su origen en la inobservancia del quere-llado de las disposiciones de ley respecto a la venta de bienes de menores. Al resolver concluimos “que la conducta del abogado Vargas Soto no acusa deshonestidad de su parte” y que “tampoco tenemos prueba de perjuicio causado a dichos menores ni a terceras personas.” Al igual que ahora no encontramos torpeza moral en las irregularidades señaladas y sí deficiencia en el “saber y habilidad” que exige el Canon 18.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Tastee Freez de Puerto Rico, Inc., peticionario, v. Negociado de Seguridad de Empleo y Hon. Secretario del Trabajo de Puerto Rico, recurridos.

      Número: O-78-205

      Resuelto: 28 de febrero de 1979

      Benjamín Rodríguez Ramón, Teodoro Peña García y José Raúl Cando Big as, abogados de la peticionaria; Jorge Soto Ma-rrero, Miguel Rodríguez Villanueva y Lydia Lizarríbar Buxó, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Tastee Freez de Puerto Rico, Inc., opera un negocio de venta de helados, hamburgesas, pastelillos, refrescos y otros comestibles ligeros. Esos productos los vende a través de 18 establecimientos de su propiedad ubicados en Puerto Rico, los cuales bajo la razón social de Tastee Freez o Carroll’s son administrados por arrendatarios de dichos negocios. Los arrendatarios contratan sus propios empleados, paga» los gastos de operación y a fin de cuentas obtienen ganancias o pérdidas.

El Departamento del Trabajo determinó que efectivo el 1ro. de enero de 1974 los arrendatarios y sus empleados se considerarían empleados de Tastee Freez, tanto bajo ,1a Ley de Seguridad de Empleo de Puerto Rico, Ley Núm. 74 de 21 de junio de 1956, 29 L.P.R.A. see. 701 y ss., como bajo la Ley de Beneficios por Incapacidad, Ley Núm. 139 de 26 de junio de 1968,11 L.P.R.A. sec. 201 y ss. Esta última ley cubre bene-ficios por incapacidad que no esté relacionada con el empleo. Al ser confirmada esa determinación administrativa por el Tribunal Superior, Tastee Freez recurre ante nos tachándola de errónea. Tastee Freez no acepta la determinación del tribunal de instancia en el sentido de que tanto los empleados de los arrendatarios y los arrendatarios mismos sean em-pleados de Tastee Freez. Decidimos revisar y expedimos el auto de certiorari.

La determinación de status de empleados hecha por el De-partamento del Trabajo se fundó en la letra de dos disposiciones idénticas contenidas en las antes citadas dos leyes, 29 L.P.R.A. see. 702(k) (5) (pág. 64 in fine del Tomo 6A de L.P.R.A.), y 11 L.P.R.A. see. 202(j) (5) (pág. 101 del Suplemento Acumulativo de 1977 al Título 11 de L.P.R.A.), las cuales disponen textualmente lo siguiente:

“El servicio prestado por una persona será considerado como empleo bajo este Capítulo independientemente de si existe o no una relación obrero-patronal, a menos y hasta que se demuestre a satisfacción del Secretario que:
(A) En relación con la prestación de su servicio, tal persona ha estado y continuará actuando sin sujeción a mando o super-visión, tanto como cuestión de hecho como bajo su contrato de servicios; y
(B) Tal servicio es prestado bien fuera del curso usual del negocio para el cual se trabaja o fuera de todos los sitios de ne-gocio de la empresa para la cual se trabaja; y
(C) Dicha persona está usualmente ocupada en algún tra-bajo, profesión o negocio independientemente establecido de la misma naturaleza de aquel comprendido en el servicio prestado.”

En Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 105 D.P.R. 803 (1977), se interpretó la disposición citada en relación con vendedoras a comisión de productos Avon. Se sostuvo que eran empleadas porque Avon no demostró los requisitos ex-presados en los incisos (B) y (C) antes citados.

Se sostuvo que Avon demostró el criterio expresado en el inciso (A) — ausencia de “control” — porque las vendedoras son amas de casa que en su tiempo libre se dedican a vender productos Avon sin horario fijo y sin límite de ruta.

Se sostuvo que Avon no demostró el criterio (B) porque el curso usual de sus negocios es la venta mediante vende-doras ambulantes; que ese servicio es parte integrante de la empresa y cada casa constituye el sitio de negocios de Avon.

Se sostuvo que Avon no demostró el criterio (C) porque la prueba fue insuficiente para establecer (1) que las vende-doras se dedicaban habitualmente a un negocio propio inde-pendiente, ya que no tenían inversión .de clase alguna, no corrían riesgo de pérdida y no se beneficiaban de la plusvalía de la empresa o (2) que estuvieran en disposición de rendir el servicio a otras personas.

Se expresó que las frases “usualmente ocupada” e “inde-pendientemente establecido” presumen la existencia de una empresa separada, permanente y estable a la cual se dedique habitualmente la persona. Abundando sobre este extremo, en Avon se citan autores, al efecto de que esas frases distinguen entre personas que tienen negocio propio y personas que de-penden de la continuidad de su relación con el principal para su sustento económico; que las palabras “usualmente ocu-pado” requieren que la persona habitüalmente se mantenga en disposición de rendir servicios en el curso de su trabajo a otras personas; y que no se satisface ese criterio cuando el trabajo existe en relación con un principal, cuyo trabajo de-jaría de existir cuando esa relación termine.

Se explica en Avon que en el Derecho Común Anglosajón la responsabilidad del principal por los actos de sus empleados se fundaba en el control que aquél ejercía o podía ejercer sobre los actos de éstos para aminorar el riesgo de daño. El propósito era imponer responsabilidad ya que se pensaba que teniendo facultad el principal de controlar los actos de sus empleados bien podía tomar medidas adecuadas para evitarlo. Avon, supra, a la pág. 806. Claro, en nuestros días, debido a la generalización de las leyes de compensación por acciden-tes del trabajo y del estado contemporáneo de la responsabi-lidad civil en general no es necesario descansar en esa anti-gua premisa del citado Derecho Común.

A tenor con las disposiciones en ley citadas, se puede afirmar que todo servicio se considera empleo, a menos que el patrono demuestre la existencia de las siguientes condiciones: (1) que el patrono no ejerce, ni puede ejercer mando o supervisión sobre la persona; (2) que la persona presta el servicio fuera del curso normal o de los sitios de negocio del patrono; y (8) que la persona presta ese servicio como parte de la actividad normal de su trabajo, negocio o profesión, cuyo servicio está disponible a otras personas y no cesa al terminar su relación contractual con el patrono.

Tastee Freez comenzó operaciones en Puerto Rico estable-ciendo una oficina central que dirigía y suplía una cadena de establecimientos propios administrados por empleados suyos. Esos empleados administradores estaban a sueldo y no se preocupaban por el progreso de la empresa. Probablemente veían su ingreso fijo seguro. Tastee Freez estuvo al borde de la quiebra y se sometió a una reorganización bajo el Capítulo XI de la Ley federal de Quiebras. A principios de la década del 1960, Tastee Freez varió su sistema de operaciones. Eli-minó a sus empleados administradores y comenzó a operar sus establecimientos mediante Contratos de Arrendamiento de Negocio en Marcha. Los arrendatarios fueron solicitados mediante anuncios en los periódicos, que ofrecían oportuni-dades a los interesados en hacerse de sus negocios propios. Los interesados escogidos recibieron entrenamiento en la ad-ministración de esa clase de negocios.

Un examen de los contratos de arrendamiento demuestra que además de contener los elementos típicos de esa clase de contratos, también contienen elementos propios de contratos de franquicia. Los contratos de franquicia se carac-terizan por la concesión a empresarios independientes del privilegio de distribuir productos de determinadas marcas o de prestar servicios bajo determinados nombres. Nada hay en nuestras leyes que prohíba esta clase de contratos. Esto es, contratos que a la vez de ser de arrendamiento contengan el elemento de contratos de franquicia para la venta o distribu-ción de determinados productos. Si los contratos no contra-vienen la ley o la moral, son permisibles. “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que ten-gan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.” Código Civil, Art. 1207; 31 L.P.R.A. sec. 3372. Castell Enterprises v. Registrador de la Propiedad, 87 D.P.R. 775, 781 (1963); Guaroa Velázquez, Las Obligaciones Según el Derecho Puertorriqueño, pág. 12 (1964).

Para una mejor inteligencia del problema bajo estudio es conveniente ver de cerca los contratos en cuestión. Estos están sujetos a 25 cláusulas. La cláusula Núm. 1 dispone sobre la explotación del negocio por el arrendatario. La Núm. 2 provee para el término del contrato, que generalmente es de un año, con derecho a renovación por acuerdo mutuo. La Núm. 3 fija el canon de arrendamiento a base de cierto por ciento de las ventas. La Núm. 4 exige autorización de la arrendadora para hacer alteraciones en las propiedades. La Núm. 5 dispone que el arrendatario pagará la contribución mueble, patentes, licencias, agua, luz y teléfono y que si no lo hace, la arrendadora podrá pagarlos y rescindir el con-trato. La Núm. 6 dispone que se arrienda un negocio en marcha para que el arrendatario lo explote como comerciante independiente en la operación de un negocio Tastee Freez o Carroll’s. La Núm. 7 obliga al arrendatario a cumplir con las leyes aplicables, a no ceder el contrato y a mantener en opera-ción constante 3 congeladores para suplir 3 variedades de helado.

La cláusula Núm. 8 dispone para el caso de que ocurran pérdidas por fuego, etc. La Núm. 9 provee para seguros y responsabilidad por daños a terceros. La Núm. 10 provee para la toma de posesión del negocio a la extinción del con-trato o al violarse el mismo. La Núm. 11 provee para la ex-tinción del contrato por falta del pago del canon. La Núm. 12 provee que el arrendatario debe mantener el equipo en buen estado y pagar por sus reparaciones. La Núm. 13 impone conservar los nombres Tastee Freez o Carroll’s y a usar sólo productos autorizados por escrito por la arrendadora. La Núm. 14 provee cierto por ciento de las ventas que el arren-datario pagará para cubrir gastos de la arrendadora rela-cionados con administración, supervisión, contabilidad, alma-cenaje, acarreo, propaganda, laboratorio, fumigación, licen-cias, patentes y contribuciones. La Núm. 15 provee para el pago del inventario inicial de productos. La Núm. 16 provee para el pago de agua, luz y teléfono por el arrendatario desde que él toma posesión. La Núm. 17 provee que el arrendatario depositará diariamente cierto por ciento de sus ventas en una cuenta bancaria de la arrendadora para garantizar el pago de la mercancía, cánones y servicios y su obligación de pagar esos gastos si los depósitos no alcanzan. La Núm. 18 impone al arrendatario mantener la alta calidad de los productos, teniendo la arrendadora derecho a enviar un supervisor para asegurarse de ello y pedir que las fallas se corrijan. La Núm. 19 provee que el supervisor podrá verificar que las mezclas de helado no se diluyan o alteren, verificar la calidad de los pro-ductos y exigir que el arrendatario pinte el edificio.

La Núm. 20 provee para que el arrendatario emplee sufi-cientes empleados para dar buen servicio al público. La Núm. 21 establece que los empleados que contrate el arrendatario son sus empleados y no de la arrendadora y que el primero es responsable de todas las obligaciones patronales relacionadas con dichos empleados. La Núm. 22 se relaciona con pólizas y primas de seguros. La Núm. 23 se relaciona con acciones judi-cíales relacionadas con el contrato. La Núm. 24 provee las condiciones para la cancelación unilateral del contrato por cualquiera de las partes. La Núm. 25 provee para notifica-ción por el arrendatario si tiene que ausentarse del negocio para que la arrendadora haga los arreglos pertinentes.

En ninguna de esas 25 cláusulas, surge relación alguna de mando o supervisión entre la arrendadora y los servicios que prestan el arrendatario y sus empleados. El citado inciso (A) no pretende abarcar todo mando o supervisión que se ejerza, sino sólo aquel mando y aquella supervisión que se ejerza sobre la persona “en relación con la prestación de su servicio”.

Tanto el Secretario del Trabajo como el tribunal de ins-tancia creyeron ver en los contratos que Tastee Freez, aun-que no ejercía mando o supervisión sobre los arrendatarios o sus empleados, podía en cualquier momento ejercerlo. Pero no hay cláusula alguna que provea para esa facultad de parte de Tastee Freez de mando en relación con los servicios que prestan los arrendatarios o sus empleados. Hay cláusulas de supervisión, pero no se relacionan con esos servicios. Ninguna de esas cláusulas tiene que ver con la forma en que los arren-datarios o sus empleados realizan sus labores o disponen de su tiempo laborable. Recuérdese que en Avon la ausencia de control se basó en que las vendedoras no tenían horario fijo o rutas limitadas.

La supervisión contractual del presente caso se relaciona solamente con las normas que deben mantener los arrenda-tarios, como por ejemplo, la calidad y variedad de los pro-ductos disponibles para la venta, el equipo adecuado para la operación del negocio, y el número adecuado de empleados para servir al público, lo que nada tiene que ver con la labor que realizan los arrendatarios y sus empleados. La finalidad del contrato es, en parte, la de mantener unas normas uni-formes en la operación de los establecimientos que llevan el nombre de Tastee Freez, para asegurar que el público obtiene la misma calidad de productos y servicios en todos los esta-blecimientos de dicha firma. Dichas normas de calidad y ser-vicio están directamente vinculadas con el prestigio de la firma, lo cual es precisamente un elemento indispensable para mantener el valor de las franquicias.

La supervisión sobre la calidad de los productos es para determinar que los productos comprados a Tastee Freez no han sido adulterados o que los productos comprados a otras empresas tienen la calidad exigida por Tastee Freez. La supervisión sobre el número de empleados se limita a deter-minar si el público tiene que hacer largas filas como conse-cuencia de no haber suficientes empleados. Estas son preocu-paciones legítimas de un empresario responsable y, después de todo, redundan en beneficio del público consumidor.

Aparentemente tanto el Departamento del Trabajo como el tribunal de instancia encontraron chocantes esas cláusulas de supervisión. Pero si bien son atípicas en contratos de arrendamiento, son normales en contratos de franquicia. El otorgante de una franquicia tiene interés legítimo en velar porque el concesionario no perjudique el prestigio de su producto o de su nombre mercantil vendiendo productos inferiores o dando un servicio pobre al público. La preocupación del concedente de una franquicia no lo convierte en patrono del concesionario o de sus empleados.

El inciso (B) requiere demostrar que la persona presta los servicios fuera del curso usual del negocio o de los sitios de negocio del presunto patrono.

El curso usual de negocios de Tastee Freez es la distribu-ción y venta de sus productos a sus arrendatarios. Prima facie, los arrendatarios y sus empleados parecen realizar sus labores en el curso usual y sitios de negocio de Tastee Freez. Pero hay diferencias significativas entre el caso Avon y el presente.

Las vendedoras de Avon no le compraban mercancía a dicha firma ni a otros suplidores. Gestionaban ventas para Avon y recibían comisión. Aquí los arrendatarios compran mercancía a Tastee Freez y a otros suplidores.

De otro lado, los “sitios de negocio” de Tastee Freez son los sitios en que vende sus productos a sus arrendatarios. Pero esos sitios también son los sitios de negocio de los arrendatarios, quienes, a su vez venden esos productos a los consumidores. La coincidencia de ambos en un mismo sitio surge como consecuencia de los contratos de arrendamiento. Pero un contrato de arrendamiento no convierte en empleado al arrendatario y la compraventa de mercancía no convierte en empleado al comprador. En la medida en que hay relaciones de arrendamiento y de compraventa no puede hablarse propiamente de servicios realizados en el curso normal y sitios de negocios del presunto patrono.

El inciso (C) requiere demostrar que la “persona está usualmente ocupada en algún trabajo, profesión o negocio independientemente establecido de la misma naturaleza de aquel comprendido en el servicio prestado.”

En Avon se enfatiza la existencia de una empresa sepa-rada, permanente y estable a la cual se dedique la persona, cuya vida no dependa de la continuidad de la relación con el presunto patrono y cuyos servicios estén disponibles a otras personas. En Avon se mencionan como elementos típicos de un negocio propio la inversión, el riesgo de pérdida y la presen-cia de plusvalía.

Cabe advertir que el inciso (C) no siempre implica un negocio propio. Incluye también “trabajos” y “profesiones” las cuales pueden llevarse a cabo sin crearse un negocio y sin inversión. De otro lado, el requisito de que el trabajo sea “de la misma naturaleza” del servicio prestado lo que supone es que el trabajo habitual de la persona comprenda el servicio prestado al patrono.

En el presente caso no está presente el ingrediente de in-versión. El arrendamiento de un negocio en marcha no con-lleva necesariamente una apreciable inversión por parte del arrendatario, pero la ausencia de inversión no convierte al arrendatario en empleado del arrendador. Tampoco está pre-sente el ingrediente de plusvalía a favor de los arrendatarios, pero los contratos de arrendamiento tampoco se caracterizan por ese ingrediente. Sin embargo, está presente el riesgo de pérdida: si el producto de las ventas no cubre gastos, compras y servicios, el arrendatario incurre en pérdidas.

Los arrendatarios tampoco tienen negocios absolutamente separados e independientes de los arrendadores. Dependen en gran medida de los productos que le suple el arrendador, pero esa dependencia se crea en las relaciones de compraventa a consecuencia de la naturaleza de franquicia que contiene esa relación; y no en relaciones de trabajo. En contratos de franquicia es común la dependencia del suministro de determinados productos y la supervisión por parte del otorgante para asegurarse que el producto no sea adulterado. Esa dependencia no convierte al concesionario en empleado del otorgante. Tampoco lo convierte el hecho de que la franquicia sea parte integrante de un-contrato de arrendamiento.

Los seguros por desempleo y por enfermedades no ocupa-cionales pretenden eximir a personas que trabajan por su cuenta, sin sujeción a mando o supervisión, que realizan sus labores fuera de los lugares u operaciones normales de sus principales. Los arrendatarios en el presente caso, tienen la independencia necesaria de los elementos expresados como para considerarse exentos de esas leyes. Trabajan por su cuenta, sin sujeción a mando o supervisión; y si bien no tienen inde-pendencia absoluta, la cual nadie tiene, la dependencia exis-tente es elemento integrante y necesario de sus relaciones de arrendatarios concesionarios.

En vista de lo anterior resolvemos que los empleados de los arrendatarios-concesionarios de Tastee Freez y los arrendatarios-concesionarios mismos, no son empleados de dicha firma. Aquéllos, los empleados de los arrendatarios-concesionarios, son empleados de estos últimos.

La sentencia recurrida será revocada.

El Señor Juez Presidente disintió.


author: PER curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor J.M.R.V. v. Linda Vázquez Deforth, interventora y recurrente.
    Número: R-78-459

      Resuelto: 7 de marzo de 1979

      Manuel J. Vera Vera, Miguel A. Ruiz, Sonia I. Guzmán Millán, Luis A. Fossé Milán, Mario Guzmán Pérez, Carlos E. Ríos Moreu, abogados de la interventora y recurrente; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo de Puerto Rico.
   PER curiam:

El primero de septiembre de 1977 el Tribunal de Distrito, Sala de Aguadilla, concedió la custodia provisional del menor J.M.R.V. a su padre. A base de la Ley Núm. 47 de 29 de mayo de 1973 (34 L.P.R.A. sees. 2101-2106) el Tribunal de Distrito tenía facultad para ello, ya que dicha ley concede a ese tribunal “jurisdicción concurrente con el Tribunal Superior en casos de emergencia en que está envuelta la custodia de un niño.” (Art. 1, 34 L.P.R.A. see. 2101.) El Tribunal Superior fue notificado de la resolución dictada por el Tribunal de Distrito y la confirmó mediante resolución dictada el 27 de septiembre de 1977.

El 6 de noviembre de 1978 la señora madre del menor compareció ante el Tribunal Superior en solicitud de que se realice una nueva investigación social de las partes, para así determinar si procede la transferencia de la custodia del menor. Solicitó, además, que se le permita examinar dicho informe una vez sea rendido, ya que el mismo podría ser usado para la adjudicación del caso.

El Tribunal Superior denegó lo solicitado por entender que la Ley Núm. 47 de 29 de mayo de 1973 no proveía para la reapertura del caso y la transferencia de custodia solicitadas.

La interventora recurrió ante este Tribunal, y el 25 de enero de 1979 dictamos la siguiente resolución:

“Tenga la parte recurrida un plazo a vencer el 12 de febrero de 1979 para mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto solicitado, dejar sin efecto la resolución del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, Asuntos de Menores, el 29 de noviembre de 1978, en el asunto núm. JC-77-10, y en su lugar disponer que por dicha Sala se atienda la solicitud de la interventora, aquí recu-rrente, de fecha 6 de noviembre de 1978 conforme a los procedi-mientos estatuidos en la Ley núm. 97 de 23 de junio de 1955, 34 L.P.R.A. see. 2001 ss.”

El Procurador General compareció, e indica en su informe que no tiene objeción a que el Tribunal Superior atienda la solicitud de la interventora. Señala, además, que nada en la Ley Núm. 47 de 29 de mayo de 1973 lo impide. Tiene razón.

El propósito de dicha ley es únicamente conceder facultad al Tribunal de Distrito concurrente con el Tribunal Superior, para entender, en aquellos casos de emergencia en que está planteada la custodia de un niño. (Exposición de Motivos de la Ley Núm. 47 de 29 de 1973.) Luego de ordenar lo que proceda en el caso, el Tribunal de Distrito tiene que notificar de ello al Tribunal Superior dentro de las 24 horas de haber expedido la orden, de manera que el Tribunal Superior pueda continuar con los procedimientos de rigor. (34 L.P.R.A. see. 2105.) Es obvio, pues, que cuando una sala del Tribunal de Distrito interviene con la custodia de un niño en virtud de la Ley Núm. 47, no queda por ello el Tribunal Superior privado de su facultad primaria para actuar en el caso. Una vez el Tribunal de Distrito determina la custodia en una situación de emergencia, el caso se envía al Tribunal Superior para que ahí se continúen los procedimientos que sean necesarios.

El Tribunal Superior no está impedido de reexaminar los casos de custodia sobre los cuales ya exista una orden o reso-lución. La Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955 confiere auto-ridad sobre todo asunto relacionado con niños al Tribunal Superior, incluyendo específicamente la custodia. (34 L.P.R.A. secs. 2001(a), 2002(2).) Le concede, además, la facultad de modificar cualquier determinación que tome sobre un niño:

“Cualquier orden o resolución relacionada con un niño podrá ser modificada por el juez en cualquier momento .... Si después de considerar los hechos alegados el juez entiende que la solicitud aduce fundamentos suficientes ordenará una investigación y previa notificación a todos los interesados recibirá prueba y re-solverá lo que a su juicio sea procedente. . . .” (34 L.P.R.A. see. 2013.)

El Tribunal Superior erró, por tanto, al denegar la soli-citud de la recurrente. Tenía facultad para reabrir el caso, y debió hacerlo en vista de las circunstancias aquí presentes y de lo alegado por la madre del menor. Se trata de un niño de dos años de edad cuya custodia provisional se concedió al padre como una medida de emergencia en determinado mo-mento hace más de un año. La madre alega que las circuns-tancias ahora son distintas. Dice que ha adquirido una casa donde puede atender adecuadamente al niño y tenerlo con-sigo, mientras que en la casa del padre quien lo atiende es la abuela paterna. Alega además que el padre tiene problemas por su adicción al uso del alcohol. Todo lo que ella pide es que estas circunstancias se investiguen. La obligación del tribunal de velar por la conveniencia de este niño exige que se reexamine la situación y se determine si es aconsejable que se transfiera su custodia.

Se expedirá él auto, se revocará la resolución recurrida y se ordenará que se reabra el caso, se ordene la investigación solicitada, y se disponga finalmene como mejor convenga al bienestar del niño.


text:
    Partido Popular Democrático, recurrente, v. Administrador General de Elecciones, recurrido.

      Número: O-78-190

      Resuelto: 13 de marzo de 1979

      Héctor Luis Acevedo, abogado del recurrente; Magalie Hosta de Guzmán, Tamil Suárez Marchgnd, Eduardo González Argües-lies y Wilda Joy Nin, abogados del recurrido.
   PER curiam:

Se suscitó una controversia con rela-ción a si la facultad de preparar y someter al Gobernador de Puerto Rico el proyecto de presupuesto de la Comisión Esta-tal de Elecciones le corresponde a la Comisión o al Adminis-trador General de Elecciones. Acordamos revisar la decisión de la Junta Revisora Electoral que determinó que esa facul-tad le corresponde al Administrador General de Elecciones.

Sostiene el recurrente que “erró la Junta Revisora Electoral al decidir que compete exclusivamente al Administrador General de Elecciones la aprobación del presupuesto de la Comisión Estatal de Elecciones en violación del Art. 1007 (e) de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, conocida como la Ley Electoral de Puerto Rico.”

Veamos lo que dispone el ameritado Art. 1.007 de la Ley Electoral de 1977 (16 L.P.R.A. see. 3007, Suplemento 1978) en su parte pertinente:

“. . . El Administrador General de Elecciones será respon-sable al Pueblo de Puerto Rico por la implementación y dirección de los procesos electorales dentro de un ambiente de absoluta pureza e imparcialidad. En el desempeño de tal encomienda ten-drá los poderes, atribuciones y prerrogativas inherentes al cargo, incluyendo, sin que se entienda como una limitación, las siguien-tes:
(e) Preparar y administrar el presupuesto de la Comisión, conforme la reglamentación que al efecto se adopte, con el aseso-ramiento de la Oficina del Presupuesto. Al respecto, someterá anualmente a la consideración de la Comisión un informe de los gastos incurridos, así como una propuesta de presupuesto para el ejercicio del año fiscal subsiguiente.”

De acuerdo con lo dispuesto en este artículo y lo estatuido en la Ley de Presupuesto, Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942, según enmendada por la Ley Núm. 159 de 23 de junio de 1965 y por la Núm. 77 de 24 de junio de 1975—23 L.P.R.A. Secs. 82-86, es el Administrador General de Elecciones el funcionario a quien la ley faculta para preparar el presupuesto de la agencia que dirige y quien “será respon-sable al Pueblo de Puerto Rico por la implementación y dirección de los procesos electorales.” Aunque la ley requiere que el Administrador someta a la consideración de la Comi-sión la propuesta anual de presupuesto, ello no significa que sea requisito que la Comisión debe impartirle su aprobación, sino que debe tener oportunidad de ofrecer sus reparos y reco-mendaciones. Debe notarse que en la enumeración de los poderes y facultades de la Comisión que hiciera el legislador no aparece específicamente el requisito de que el presupuesto anual deba ser aprobado por ella. 16 L.P.R.A. see. 3013. Por el contrario, la facultad de preparar y administrar el presu-puesto se le otorgó al Administrador General. Luego de considerar las recomendaciones de la Comisión, el Adminis-trador somete al Negociado del Presupuesto de la Oficina del Gobernador su petición presupuestaria, conforme dispongan las reglas, reglamentos y órdenes que prescriba el Gober-nador. 23 L.P.R.A. see. 84. El referido Negociado prestará debida consideración a las recomendaciones e información suministradas por el Administrador General de Elecciones y, de estimarlo necesario o conveniente, requerirá informes adi-cionales o celebrará audiencias. Id. El Director del Negociado tendrá autoridad para reunir, relacionar, revisar, rebajar o aumentar las peticiones presupuestarias de los distintos or-ganismos estatales. 23 L.P.R.A. see. 82(2).

Con vista a lo anterior el Gobernador someterá a la consideración de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Funcional de Gastos de la Comisión para cada año fiscal, que nunca deberá ser menor al que rigió para el año fiscal anterior, excepto que el presupuesto de los años no electorales posteriores al del año en que se celebre una elección general, podrá ser menor que éste. 16 L.P.R.A. see. 3004; 23 L.P.R.A. see. 82(1). Por lo demás, la petición presupuestaria de la Comisión Estatal de Elecciones sigue el mismo curso que las del resto de las agencias gubernamentales. Siguiendo el procedimiento usual la Asamblea Legislativa oirá a los funcionarios con responsabilidad directa sobre el cuadro económico del país tales como el Director del Negociado de Presupuesto, Secretario de Hacienda, Presidente de la Junta de Planificación y otros funcionarios que estime menester, además del jefe o director de la agencia, el Administrador General de Elecciones, y celebrará las audiencias públicas de rigor ante las Comisiones legislativas pertinentes.

Luego de aprobar el Presupuesto General, la Asamblea Legislativa aprobará una Resolución Conjunta que pasa a la consideración del Gobernador quien tiene la facultad de apro-barla in toto o conforme lo dispone la Sec. 20, Art. Ill de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá eliminar una o más partidas o disminuir las mismas.

El claro y depurado procedimiento establecido por ley, según reseñado precedentemente, garantiza que el presu-puesto de la Comisión Estatal de Elecciones sea cuidadosa-mente considerado y se evita que el Administrador de ese organismo se exceda en las facultades que la ley le otorga.

En vista de lo anterior se confirmará la decisión recu-rrida.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz no intervinieron.

      Disponen los Arts. 3(i) y 4 de la Ley de Presupuesto:
      Art. 3.
      “El Gobernador someterá a la Asamblea Legislativa al comienzo de cada sesión ordinaria, un Presupuesto Anual de mejoras capitales y gastos de funcionamiento, indicativo de los objetivos y de los programas de gobierno que el Primer Ejecutivo propone para el año fiscal siguiente, con base en la orientación y las metas a más largo plazo del Plan de Desarrollo Integral de Puerto Rico, del Programa de Inversiones de Cuatro Años y de los planes de usos de terrenos, formulados y adoptados por la Junta de Planificación. A estos efectos, el presupuesto deberá contener, en la forma, extensión o detalle que el Gobernador estimare conveniente:
      “(a) ........
      "(b) ........
      “(c) ........
      “(d) ........
      “(e) ........
      “(f) ........
      “(g) ........
      “(h) ........
      “(i) El Gobernador someterá los anteproyectos de leyes de asignaciones de acuerdo con el Presupuesto que recomienda en el curso de la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa dentro del término establecido por ley.”

       Ello debe ser conforme la reglamentación que al efecto adopte la Comisión, con el asesoramiento de la Oficina de Presupuesto. 16 L.P.R.A. see. 3007 (e). Tal reglamentación es inexistente.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    María Luisa Martínez Gómez, demandante y recurrente, v. Chase Manhattan Bank y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-78-390

      Resuelto: 15 de marzo de 1979

      Israel Delgado Ramos, abogado de la recurrente; José L. Delgado Cadilla, abogado de Professional Research & Community Services, Inc.; José V. Gorbea Varona, abogado del Chase Manhattan Bank.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

I

La regla de que el empleador no responde por los actos de su contratista independiente, confrontada con la creciente tendencia favorable al demandante y la expansión de respon-sabilidad en casi todo campo de actividad, tiene hoy tantas excepciones que podría decirse con propiedad que la im-portancia primordial de la regla consiste en ser el preámbulo del catálogo de sus excepciones. Sobre su raison d’etre de que la falta de control por el empleador en la ejecución de la obra por el contratista limita a éste la obligación de evitar el riesgo, ha prevalecido el argumento de que el empleador no se desliga de la empresa pues sigue siendo la persona principal-mente beneficiada por la misma; “que él escoge al contratista, con libertad para insistir en uno de solvencia económica y exigirle indemnidad, y que el seguro necesario para distribuir el riesgo es propiamente un costo de su negocio.” En el desarrollo de la economía la figura del contratista indepen-diente, que en su origen fue vocación del pequeño artesano, arribó como escudo tras el cual se ampara el empresario contra reclamaciones originadas en el riesgo natural de la em-presa, recurso menos sofisticado que la fragmentación de per-sonalidad en la ficción corporativa.

En Puerto Rico hemos avanzado notablemente, situados en la corriente de responsabilidad vicaria del principal empleador que se justifica en la aspiración de que ningún daño quede sin reparación. En Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552, 564 (1969), nos apartamos del concepto restrictivo de riesgo en la relación de principal y contra-tista independiente, y dijimos:

“Eliminado el concepto restrictivo de que el daño sea con-secuencia necesaria de la ejecución de la obra, basta entonces para imponer responsabilidad al propietario que haya un riesgo reconocible, un daño previsible. No es necesario que el riesgo de causar daño sea grave o inevitable. Es suficiente que de las circunstancias específicas que rodean la ejecución de la obra pueda razonablemente reconocerse la existencia de un riesgo que requiera tomar precauciones. Las precauciones tampoco tienen que ser de naturaleza extraordinaria. En Bonet v. Municipio de Barceloneta, supra, puntualizamos estos elementos esenciales de la responsabilidad del propieta-rio. Sin embargo, decidimos el caso basándonos en el concepto restrictivo del daño que aquí abandonamos. En realidad no estamos diciendo nada nuevo. El elemento de previsibilidad de riesgo de que aquí hablamos es el mismo elemento de pre-visibilidad que es consustancial a toda la doctrina de res-ponsabilidad civil estatuida en el Art. 1802 del Código Civil.”

HH HH

La demandada Professional Research & Community Services, Inc. (Research) es una agencia de cobros contra-tada por el demandado Chase Manhattan Bank (Chase) para gestiones relacionadas con la reposesión de vehículos de motor. Research a su vez subcontrató a Héctor L. Domínguez para que como contratista independiente se ocupara de ges-tionar las reposesiones, acordándose que sus servicios le se-rían pagados por unidad de trabajo y sólo si lograba efectuar la reposesión. Domínguez por lo general iba acompañado de un alguacil, y una vez practicada la incautación llamaba una grúa que estaba bajo contrato con el Chase para que remol-cara el automóvil hasta el sitio donde se iba a depositar. Por esta labor Research pagaba a Domínguez un por ciento de lo que ella cobraba al Chase por el servicio prestado. Domínguez no figuraba en la nómina de Research, utilizaba en sus ges-tiones su propio automóvil, mas no recibía rembolso de gastos, ni se le indicaba ruta a seguir.

La demandante y recurrente María Luisa Martínez Gómez había adquirido un automóvil mediante contrato de venta condicional financiado- por el Chase, y su atraso en el pago de varios plazos mensuales dio lugar a la radicación de una demanda de reposesión en el Tribunal de Distrito, Sala de Humacao, habiéndose expedido orden para aseguramien-to de efectividad de sentencia para ser diligenciada en o fuera de horas laborables. La Sra. Martínez Gómez se hallaba en su hogar en compañía de sus hijos menores de edad el 28 de octubre de 1977, cuando a eso de las 10:30 de la noche hasta dicha residencia se llegaron dos hombres dando golpes en las ventanas, identificándose como alguaciles del tribunal y re-quiriendo que le abriesen la puerta. Creyendo que se trataba de funcionarios del tribunal, ella abrió la puerta topándose con Héctor L. Domínguez y su acompañante Héctor Marcano quienes le informaron que venían a reposeer el automóvil porque estaba atrasada en los pagos. “A continuación”, dice el juez sentenciador en sus determinaciones de hecho, “los dos individuos empezaron a hacer insinuaciones impropias y avances y proposiciones sexuales, las cuales la señora Martí-nez Gómez rechazó indignada. Al ocurrir este rechazo uno de ellos le propinó una bofetada. Ambos sujetos despedían aliento alcohólico y su conducta despreciable produjo humillación, aprehensión y vergüenza extrema en la señora Martínez Gó-mez, cuyos daños pecuniariamente tienen un valor no menor de $10,000.00. Por los hechos antes relatados los mencionados fascinerosos fueron acusados de delitos públicos relacionados con estos hechos y... fueron convictos.”

El ilustrado juez desestimó la demanda al concluir que Domínguez era un contratisa independiente, encargado de un trabajo que no es inherentemente peligroso, fundando su de-cisión en Mariani v. Christy, supra. La demandante recurrió en revisión y a su solicitud de auto expedimos la siguiente orden:

“Las partes demandas y recurridas Chase Manhattan Bank y Professional Research & Community Services, Inc., tendrán un término hasta el 12 de marzo de 1979 para comparecer a mostrar causa por la que no deba revocarse la sentencia recurrida, y considerando la previsibilidad del daño inherente a la función de cobrador y de conducta proscrita por Ley Núm. 143 de 27 junio, 1968 (10 L.P.R.A. sees. 981 y ss.) regulatoria de las agencias de cobro, dictar otra estimando la demanda y conde-nando a las recurridas a indemnizar a la demandante.”

Han comparecido las recurridas Chase y Research des-cansando primordialmente en el argumento sutil de que Do-mínguez no era un “cobrador” ni Professional Research es “agencia de cobros” porque su intervención se limitaba a em-bargar y reposeer vehículos de compradores morosos. Su teoría es incompatible con las determinaciones de hecho del juez sentenciador en cuyo párrafo 5o se declara probado que “Professional Research & Community Services, Inc. es una agencia de cobros que realiza gestiones en relación' con reposesión de vehículos de motor para el Chase Manhattan Bank y otras compañías.” Resulta tan evidente que la repo-sesión o embargo es el trámite que a la postre imparte con-creción y eficacia al cobro de la cuenta, que aun las recu-rridas la llaman “tarea incidental” al pleito del Chase contra el deudor moroso.

III

Un empleador responde por daños que debió anticipar al tiempo de contratar, y no puede eludir responsabili-dad pasándola al contratista. La excepción a la regla de in-demnidad del principal por actos del contratista indepen-diente, se da en el trabajo arriesgado en ausencia de precau-ciones especiales. La persona que emplea un- contratista independiente para hacer trabajo que el empleador debe re-conocer como propenso a crear durante su desarrollo un riesgo peculiar de daño a tercero a menos que se tomen precauciones especiales, está sujeta a responsabilidad por el daño causado por razón de no haberse cuidado el contratista de tomar tales precauciones, aun cuando el empleador las hubiese ordenado en el contrato o por cualquier otro medio.

Las personas que directa o indirectamente contra-tan a un contratista independiente serán responsables solidariamente del daño que por su negligencia éste causare en la ejecución del trabajo, si dicho daño fuera un riesgo previsible para el contratante. El campo de la responsabilidad civil en la vida contemporánea se ha extendido con el advenimiento de actividades que aun cuando entrañan previsible riesgo de daño son permitidas en atención a su preponderante interés social. Las antiguas fórmulas jurídicas, como la teoría de que no hay responsabilidad sin culpa, sufren la erosión de excepciones orientadas a la necesidad de indemnizar el daño con independencia de la culpa siempre que aparezca de una actividad arriesgada que se traduce en apreciable beneficio para la empresa.

El empleador del contratista no responde por la negligencia corriente de éste que resulte en daño para tercera persona, ni por su inobservancia de precauciones de rutina que un contratista cuidadoso debe usualmente tomar. La responsabilidad del empleador gira en torno a “riesgos especiales, peculiares al trabajo que deba realizarse y que surgen de su naturaleza o del sitio donde deba realizarse, contra los cuales un hombre razonable reconocería la necesidad de tomar precauciones especiales .... ‘Peculiar’ no quiere decir que sea un riesgo anormal en ese tipo de labor o que ha de ser un riesgo anormalmente grande. Se refiere sólo a un peligro especial y conocible que se da en esa clase de trabajo.”

Tanto para el Banco Chase como para su contratista Research, al momento de contratar, era enteramente previsible que en el curso de las diligencias de cobro y reposesión de vehículos encomendados a Domínguez podía surgir el riesgo de daño a tercero peculiar de este trabajo, a saber, la violencia y el abuso. Dicho riesgo era tan patente y notorio, que en protección del pueblo la Asamblea Legislativa desde el 27 de junio de 1968 había aprobado la Ley Núm. 143 titulada “Ley de Agencias de Cobros” (10 L.P.R.A. see. 981 et seq.) reglamentando dicho negocio, sujetándolo a licencia, requiriendo en su Art. 6, antes de expedirla, investigación por el Secretario de Hacienda sobre la responsabilidad financiera, integridad, experiencia, reputación, carácter y aptitud general del solicitante y de todo el personal empleado por o asociado con el solicitante; exigiendo fianza a éste por la cantidad de $5,000 para responder de cualquier pérdida o daño que se ocasione a cualquier persona por razón de incumplimiento con la Ley (Art. 7); excluyendo del derecho a licencia a personas convictas de delito que implique depravación moral (Art. 8); y declarando prácticas prohibidas y delito menos grave operar so color de autoridad pública y “usar o amenazar con usar violencia física para cobrar una cuenta.” (Art. 17.) La mala práctica, la conducta ofensiva y violenta y el abuso se habían generalizado en nuestro medio al punto que la Legislatura hubo de actuar para reprimir la agresividad y los atropellos de los cobradores. La previsibilidad del daño en este caso inferido a la demandante por el cobrador está reforzada por el precepto de que todo el mundo conoce la ley. El Banco Chase y su contratista Research, conocedores de la Ley que atañe a su actividad comercial y de la situación que dicho estatuto se propuso remediar, debieron prever el riesgo concretado en daño por la actuación de Domínguez como “peligro especial y conocible que se da en esa clase de trabajo”. Restatement, supra. La violencia y el abuso, aun cuando no constituían riesgo anormalmente grande del tipo que conllevan las operaciones “inherentemente peligrosas”, habían advenido, en las circunstancias de personas, tiempo y lugar, como riesgo especial, peculiar al trabajo de cobrador contra el cual los demandados recurridos debieron tomar pre-cauciones especiales, en orden preferente entre ellas obtener un seguro que resarciera a las víctimas de los desmanes de los cobradores, en vez de buscar inmunidad detrás de la insolven-cia del contratista independiente. Su descuido está sancionado por el Art. 1057 del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 3021) en su prevención: “La culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las per-sonas, del tiempo y del lugar. Cuando la obligación no ex-prese la diligencia que ha de prestarse en su cumplimiento, se exigirá la que correspondería a un buen padre de familia.”

La responsabilidad de los demandados fluye, además, del hecho central de ser ambos beneficiarios en su respectivas em-presas, de la labor que la noche de autos realizaba Domín-guez. Es contrario al bienestar general y al interés público en la seguridad y salud de los miembros de la sociedad, la existencia en su seno de actividades dañosas, promovidas por poderosas empresas con fines de lucro a través de agentes irresponsables contra cuya insolvencia se frustra todo intento de reparación del daño. “ [P] uesto que las personas jurídicas se valen de la actividad de personas físicas, y reciben las ven-tajas que tal actuación les procura, han de cargar también con las desventajas que, como contrapartida de aquel bene-ficio, puedan acarrearles la actuación dolosa o culposa de aqué-llos .... [Cjuando no se establece la responsabilidad directa que crea la culpa in eligendo, queda siempre la responsabili-dad directa de la persona que ha actuado negligentemente ocasionando daños a una persona, de acuerdo con el Art. 1802 del Código Civil nuestro.” Ortiz v. Sucn. J. Serrallés, 89 D.P.R. 419, 422 y 424 (1968).

La aplicación del criterio de beneficio económico como fuente de responsabilidad civil se ha seguido por este Tribunal en Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76, 79 (1962), en Martínez v. Comunidad M. Fajardo, 90 D.P.R. 461, 467 (1964); y en Lugo Montalvo v. González Mañón, 104 D.P.R. 372, 379 (1975), donde impusimos responsabilidad civil a la sociedad de gananciales por la actuación personal de mala práctica de un médico bajo el supuesto de que su práctica profesional redundaba en provecho e incremento del acervo ganancial. El principio tiene una larga historia en nuestra jurisprudencia desde Santana v. Ramírez, 4 D.P.R. 208 (1903), interpretando el Art. 1793 del Código Civil en su disposición de que “aunque no hubiese ratificado expresa-mente la gestión ajena el dueño de bienes o negocios que aprovecha las ventajas de la misma será responsable de las obligaciones contraídas en su interés.” Cuando no exista, como en el caso de autos, ratificación expresa de la gestión por parte del dueño del negocio, el principal sólo quedará obligado si aprovecha las ventajas de la gestión, teniendo en tal caso las obligaciones propias del mandante con todos sus efectos y consecuencias jurídicas, o sea, la de los Arts. 1618 y 1621 del Código Civil, puesto que el apropiarse efectivamente de los resultados de la gestión y su aprovechamiento por parte del dueño es lo que constituye presunción de ratificación de aquélla. “El aprovechamiento de las ventajas por parte del dominus entraña ope legis unas consecuencias contra las que no cabe prueba alguna en contrario.” Bonet Ramón, Código Civil Comentado, pág. 1490, 2da. ed. (1964).

Por tratarse de una acción revestida de interés público, la reclamación de la demandante no ha de estar maniatada por la regla de nexo contractual directo entre Research y Domínguez. La cadena de responsabilidad se extiende en retrospección hasta alcanzar el Banco Chase que dio el impulso inicial a la actividad generadora del daño sufrido por la recurrente. En nuestra jurisdicción, en consideración a razones de orden público, hemos rebasado la estrechez de la doctrina del nexo contractual directo reconociendo la trasmisibilidad de la acción decenal correspondiente al comprador original de una vivienda contra su contratista-vendedor (Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 65-66 (1967)); en la imposición de garantía expresa (Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971)); y aun en la implícita (Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969)). Todos los antecesores en la cadena de contratación del causante directo del daño, que comparten la previsibilidad del suceso torticero responden a la perjudicada.

Al así decidir estamos redistribuyendo la responsabilidad por el agravio social que representa la conducta abusiva de algunas agencias de cobro, enfilándola hacia los promotores y principales beneficiarios de la actividad comercial que están en mejor condición que el cobrador para resarcir a la víctima.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia estimando la demanda y condenando a Chase y a Research a indemnizar a la demandante recurrente en la suma de $10,000.00 más $1,000.00 para honorarios de abogado. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín concurren en el resultado.

        Second Restatement of Torts, secs. 410-429; Pacific Fire Ins. Co. v. Kenny Boiler & Mfg. Co., 201 Minn. 500 (1937), 277 N.W. 226. Las numero-sas excepciones ya ponen en entredicho la validez de la regla. Prosser, Law of Torts, Sec. 71, pág. 468, 4ta. ed. (1971).

       Prosser, op. cit., pág. 468. Añade el autor que sobre esta base se ha predicho que al final la “regla general” será que el empleador responde por la negligencia de un contratista independiente, y que será relevado sólo en un limitado grupo de casos en que no esté en posición de seleccionar un contratista responsable, o cuando el riesgo de daño a otros por la empresa sea obviamente mínimo. Los tribunales ingleses han seguido esta dirección al punto que la posición del contratista independiente en Inglaterra se asemeja a la de un dependiente (servant).

      Bajo dicha teoría, hoy abandonada, se resolvieron Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782 (1952) y Bonet v. Municipio de Barceloneta, 87 D.P.R. 81 (1963). Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 100 D.P.R. 882 (1972), aparece como leve alto en la ruta de ampliación de responsabilidad en beneficio del preponderante interés del tercero perjudicado señalada en Barrientos, supra.

        Restatement of the Law 2d, Torts 2d, pág. 895.

        Restatement, op. cit., See. 413, pág. 385.

      E1 Informe de la Comisión de Industria y Comercio del Senado que precedió a la aprobación de dicha Ley Núm. 143 al anunciar los propósitos de la medida, expresa:

        “Se nos informa que durante el tiempo que estas agencias de cobro han operado sin reglamentar se ha incurrido en ciertas prácticas que podría-mos tildar de irresponsables e inescrupulosas. Se hace necesario por lo tanto esta reglamentación para impedir la entrada de estas personas inescrupu-losas en este campo. Hay que proteger al deudor de malas prácticas en el proceso de cobro por parte de las agencias pero sin llegar al punto de que esta protección entorpezca indebidamente la misión de la agencia, fomente el incremento en el número de deudores morosos y aumente el mal uso del crédito. Se hace necesario reglamentar las relaciones entre la agencia y el acreedor sin crear ventajas arbitrarias de una parte contra otra.”

      Debe sentir el embargo de las cosas aquél que ha el pro de ellas. Por eso, cuando el dueño se aprovecha de las ventajas que proporcione la gestión aj'ena de sus negocios, se constituye en las mismas obligaciones que tendría si fuera mandante, aunque no haya ratificado expresamente la gestión, porque en otro caso vendría a lucrarse injustamente de esas ven-taj'as o de los beneficios producidos por los actos del gestor. Manresa, Código Civil Español, Tomo 12, págs. 800-802, 6ta. ed. (1973).


text:
      In re Lic. Pedro Cepeda Parrilla.

      Número: Q-381

      Resuelto: 15 de marzo de 1979

      Pedro Cepeda Parrilla, por su propio derecho.
   .RESOLUCIÓN

El 16 de noviembre de 1978 suspendimos al Ledo. Pedro Cepeda Parrilla del ejercicio de la abogacía, suspensión que hicimos extensiva hasta el 16 de febrero de 1979 en virtud de resolución (Per Curiam) de 30 de enero de 1979. No obstante, el 1 de febrero, vigente el decreto de suspensión, el Ledo. Ce-peda Parrilla compareció mediante moción ante el Tribunal Superior, Sala de Humacao, en gestión profesional como abogado de Faustino Meléndez García y otra persona, peti-cionarios en recurso sobre expediente de dominio, caso nú-mero CS78-1829 pendiente ante dicha Sala. Esto motivó que el 16 de febrero de 1979 expidiéramos la siguiente resolu-ción:

“Por resolución de 16 de noviembre de 1978 decretamos la suspensión del querellado Lie. Pedro Cepeda Parrilla del ejer-cicio de la abogacía hasta que acreditara debidamente haber cumplido con resoluciones anteriores de este Tribunal, sin per-juicio de cualquier acción disciplinaria ulterior. Por resolución per curiam de 30 de enero de 1979 dispusimos finalmente de este asunto haciendo extensiva la suspensión del querellado hasta el 16 de febrero de 1979. No obstante haberse decretado la suspen-sión del querellado en los términos expresados y sin este Tribunal haber hecho pronunciamiento para dejar sin efecto dicha suspensión, aparece que con fecha 1ro. de febrero de 1979 el querellado presentó una moción ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, en que a nombre de los peti-cionarios en el caso CS78-1829 de dicha Sala, solicitó la suspen-sión de una vista señalada en dicho caso. Esta actuación de parte del querellado acusa el haber ignorado el decreto de suspensión de este Tribunal, que aún estaba vigente. Muestre causa el que-rellado en o antes del 5 de marzo de 1979 por la cual no deba tomarse acción disciplinaria adicional en su caso.”

En respuesta a dicha resolución nos dice el Ledo. Cepeda Parrilla en escrito fechado a 27 de febrero de 1979 que firmó la moción de referencia por inadvertencia al firmar correspondencia que le trajo su secretaria. “Sin leer, firmé la correspondencia, no percatándome de lo que estaba firmando,” dice. Este proceder que ofrece como excusa, acusa irresponsabilidad de parte de este abogado.

Más aún, aparece de diferentes expedientes del Tribunal Superior, Sala de Humacao, que no fue ese el único caso en que hizo alguna comparecencia ante dicho Tribunal no obstante estar suspendido del ejercicio de la abogacía. El 8 de febrero compareció en representación de la parte promovente, Alejandro Concepción Pacheco, CS78-2581, sobre licencia para portar armas, para solicitar señalamiento. El 14 de febrero presentó moción para que “continúen los procedimientos” en el caso CS76-2740, Ramírez Encarnación v. Sistema de Retiro de la A.F.F., sobre acción civil. El 15 de febrero presentó moción sobre señalamiento en el CS78-1829, el mismo que motivó nuestra resolución de 16 de febrero, antes transcrita. Y el 15 de febrero presentó moción de señalamiento en el caso CS78-2441, Carlos Monell Gautier, etc., peticionarios, sobre expediente de dominio. Si bien estos escritos perseguían señalamientos para fechas posteriores al 16 de febrero, fecha hasta la cual era extensiva la suspen-sión, constituían gestiones profesionales reñidas con el decreto de suspensión. Este proceder es inexcusable. Si permitiéra-mos que un abogado suspendido del ejercicio de la profesión determine a su discreción qué tipo de gestiones profesionales puede realizar y de cuáles debe abstenerse, estaríamos consin-tiendo una anarquía impermisible en un sistema de orden, como debe ser el sistema judicial.

Se decreta la suspensión del Ledo. Pedro Cepeda Parrilla por 'un período adicional hasta el 30 de septiembre de 1979, y se le previene contra ulteriores faltas en el ejercicio de la abogacía.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario


author: El Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Martín,

text:
    Margarita Sepúlveda, demandante y recurrida, v. Liborio Maldonado Febo, demandado; Luz Divina Santos, interventora-peticionaria.

      Número: O-78-269

      Resuelto: 19 de marzo de 1979

      Eugenio Rivera hozada, abogado de la interventora y peticiona-ria; Ramón Bidot Díaz, abogado de la demandante y recu-rrida.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En 25 de abril de 1971 el demandado, Liborio Maldonado Febo, dio muerte a tiros a Santos Sepúlveda, hombre de 52 años de edad, en pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales y quien tenía empleo lucrativo a la hora de su muerte. La lectura de las determinaciones de hecho del Juez Superior demuestra que el crimen fue vicioso e innecesario, corolario de una discusión motivada por el estacionamiento de un vehículo de motor, discusión en la que el matador no era parte interesada, ya que la misma se llevaba a cabo entre el occiso y un tal Julio Avilés Rodríguez, persona que no es parte de este pleito y el cual!(Avilés Rodríguez) no fue víc-tima ni victimario en los sucesos que dieron lugar al litigio de autos.

La viuda y los hijos del occiso demandaron al matador en daños por la muerte de su esposo y padre, respectivamente. Visto el caso, el Tribunal Superior declaró con lugar la de-manda y condenó al demandado a pagarle a la esposa e hijos del occiso la modesta suma de $3,000 a cada uno, para un total de $15,000 más $1,500 para honorarios de abogado.

Para hacer efectiva la sentencia los demandantes embar-garon la casa del demandado y se señaló subasta de los bienes del demandado para el 19 de mayo de 1978, por una suma no menor de $39,000. Esa subasta no se celebró. Informa la de-mandante recurrida en su memorando que no se ha señalado ni celebrado la nueva subasta.

El día 4 de ese mes, Luz Santos, esposa del demandado, presentó moción de intervención alegando que el inmueble embargado era un bien ganancial, que ni ella ni la sociedad de gananciales existente entre ella y el demandado fueron incluidas en el pleito y solicitaba que se determinaran sus derechos en el inmueble antes de efectuarse la subasta. El tribunal de instancia declaró sin lugar esa moción de inter-vención en 4 de junio de 1978.

Luz Santos, aquí recurrente, hace ante nos los siguientes dos señalamientos de error:

1) Que erró el tribunal de instancia al dictar su Reso-lución de 14 de junio de 1978 declarando sin lugar la moción de intervención presentada por la recurrente.

2) Que erró el tribunal de instancia al no paralizar la subasta y al no declarar nula la subasta y el embargo o, en la alternativa, al no fijar los derechos de la recurrente por ser dicha propiedad perteneciente a la sociedad de ganan-ciales constituida por el demandado y la recurrente.

Argumenta la querellante que el tribunal de instancia in-fringió el Art. 1310 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3663. Dicho artículo dispone lo siguiente:

“El pago de deudas contraídas por el marido o la mujer antes del matrimonio no estará a cargo de la sociedad de gananciales.
Tampoco lo estará el de las multas y condenas pecuniarias que se les impusieren.
Sin embargo, el pago de las deudas contraídas por el marido o la mujer con anterioridad al matrimonio, y el de las multas y condenas que se le impongan, podrá repetirse contra los ganan-ciales después de cubiertas las atenciones que enumera la see. 3661 [Art. 1308 del Código Civil], si el cónyuge deudor no tu-viese capital propio o fuera insuficiente; pero al tiempo de liqui-darse la sociedad se le cargará lo satisfecho por los conceptos expresados.”

También argumenta la recurrente, y así surge del artí-culo citado, que para dirigir la multa o sentencia contra un bien ganancial es necesario satisfacer las condiciones del Art. 1308, según enmendado, del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3661, el cual lee como sigue:

“Serán de cargo de la sociedad de gananciales:
1. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el ma-trimonio por cualquiera de los cónyuges.
2. Los atrasos o créditos devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales.
3. Las reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el matrimonio en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad.
4. Las reparaciones mayores o menores de los bienes ganan-ciales.
5. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges.
6. Los préstamos personales en que incurra cualquiera de los cónyuges.”

Este es un caso clásico en el cual entran en juego los dos artículos del Código Civil antes citados. El caso rector de Lugo Montalvo v. González Manon, 104 D.P.R. 372 (1975), pauta una serie de excepciones a la regla general, excepciones que necesitaban solución judicial. Allí, en Lugo Montalvo, supra, hicimos responder a la sociedad de gananciales de la condena en daños porque el beneficio económico que se percibía por la mala práctica en cuestión había beneficiado a la sociedad de gananciales y no a uno de sus miembros exclusivamente. Dijimos entonces a la pág. 378:

“Generalmente se reconoce que si la acción o gestión del marido aprovecha económicamente la masa ganancial, la respon-sabilidad también será de cargo de dichos bienes. Como expresa Scaevola, ‘quién está a las ganancias, debe estar a las pérdidas,’ precepto que considera que desde muy antiguo rige en materia de sociedad.”

En el caso de autos por el contrario la condena en daños surge de un acto ilegal, de un crimen, cometido únicamente por el marido. No viene pues, la sociedad ganancial obligada a responder en primer lugar económicamente por ese daño a tenor con el Art. 1310 del Código Civil antes citado. Lugo Guzmán v. Santiago Albino, 87 D.P.R. 623 (1963); Rivera v. de Martínez, 70 D.P.R. 482 (1949); y Rivera v. Casiano, 68 D.P.R. 190 (1948).

En vista de lo anterior corresponde dejar sin efecto la Resolución recurrida, ordenando a la Ilustrada Sala Senten-ciadora que admita a la recurrente Luz Santos como inter-ventora y que señale y celebre una vista para que las partes diluciden si el demandado tiene bienes propios con los cuales satisfacer la sentencia civil impuéstale, o en su defecto qué parte de dicha sentencia debe ser sufragada de bienes de la sociedad de gananciales. En este segundo supuesto se tomarán las medidas necesarias para que, en su día, al liquidarse la sociedad de gananciales, por la razón que fuere, se le pueda cargar al cónyuge sentenciado en daños y honorarios de abogado, lo satisfecho por la sociedad de gananciales por esos conceptos, Art. 1310, Código Civil, in fine.

En vista de lo anterior, se dejará sin efecto la Resolución recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos según lo aquí ordenado.

El Juez Asociado Señor Martín se unió a la opinión del Tribunal y emitió opinión concurrente a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

—0—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Martín,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de marzo de 1979

El Art. 1308, según enmendado del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3661, dispone específicamente que serán de cargo de la sociedad de gananciales “[t]odas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.” Quedan exentas de ese precepto por el Art. 1310 del mismo cuerpo legal “las multas y condenas pecu-niarias que se les impusieren.”

Nos dice Manresa, con gran sentido, que por regla general “constituyen una carga de la sociedad de gananciales todas las deudas y obligaciones contraídas . . . durante el matrimonio, en cuanto tales deudas representan un equiva-lente recibido por la sociedad . . . ,” pero que “[c]uando se trata de tales condenas y multas la ley no puede presumir que ha nacido la obligación en interés de la comunidad” ya que “[s]e trata de una responsabilidad personal privativa del marido, y a él sólo incumbe, por regla general, su pago o cumplimiento.” Manresa, J. M., Comentarios al Código Civil Español, Tomo IX, págs. 768-769, Madrid, 1969; véanse casos citados en la opinión.

Por razón del Art. 1802 de nuestro Código Civil, precepto en que se basa la acción instada en el pleito de epígrafe, se impuso al marido culpa o negligencia con respecto a los daños causados al dar muerte al ser humano Santos Sepúlveda. Al imponerle el tribunal la indemnización de daños al marido demandado, Liborio Maldonado Febo, no puede considerarse que deba ser con cargo a la sociedad de gananciales.

Aunque el Art. 1310 del Código Civil intenta proteger la sociedad de bienes gananciales contra los acreedores del cón-yuge a quien se le ha impuesto una multa o condena pecu-niaria proveniente de su propia falta o delito, provee en adi-ción que pueden los acreedores repetir contra los gananciales, pero solamente (1) si el cónyuge deudor no tuviere capital propio o fuera insuficiente y (2) luego de haber cubierto las atenciones que enumera el Art. 1308, y que aparecen citadas en la opinión del Tribunal.

A los fines de que el tribunal de instancia esté en con-diciones de poder resolver cuáles son las obligaciones que deben cubrirse antes de invadir los bienes gananciales del de-mandado, y en vista de lo novel de la cuestión planteada, creo menester puntualizar especialmente el inciso 5 que se refiere al “sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges.” En otras pala-bras, debe el tribunal tomar providencias para que se cum-pla con las obligaciones de la sociedad de gananciales que reconoce el Art. 1308 y especialmente las del inciso 5.

Estoy consciente de la tragedia personal en que están in-mersos los demandantes, pero a la vez debo expresar mi pre-ocupación por las implicaciones que pueda tener sobre la esposa e hijos del demandado que son víctimas de las circuns-tancias y que no deben ser perjudicadas injustamente por una responsabilidad personalísima del demandado a quien le in-cumbe, por regla general, su pago o cumplimiento.