text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Miguel A. López Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-79-56

      Resuelto: 18 de octubre de 1979

      José A. Andreu García y Manuel E. Andreu García, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante se sometió a juicio por tribunal de derecho bajo acusación de asesinato en primer grado. La prueba de cargo no controvertida por la defensa estableció que el 20 de octubre de 1976 y en Trujillo Alto, mientras la joven Ivonne Vélez se inclinaba sobre la puerta del automóvil de su novio, despidiéndose de éste, se presentó el acusado hablando palabras obscenas, la empujó hacia la derecha y con un revólver disparó contra Marino Santiago Bosch quien se hallaba sentado en el interior del coche, dándole muerte. Ivonne describe la actitud del apelante en ese momento como de loco, histérico, furioso y enojado. Después de disparar el revólver el acusado se volvió hacia ella y le dijo: “Te confundí, me confundí; lo voy a llevar al hospital” (E.N.P. pág. 3); montó en el propio vehículo del herido, lo echó hacia un lado y lo llevó al hospital.

La teoría de defensa () anunciada en el juicio fue de locura, con introducción del arrebato de cólera que caracteriza el homicidio voluntario. Cuatro médicos, un sicólogo clínico y tres siquiatras,() llamados como peritos por la defensa sostuvieron que el acusado es un enfermo mental que padece de esquizofrenia con rasgos paranoicos y que dio muerte a su víctima dominado por un incontrolable brote sicótico. Para refutarlos, el fiscal presentó al Dr. Fernández Cuevas, Director Médico del Programa de Siquiatría Forense, quien sostuvo que lo sufrido por el acusado el día de autos no fue brote sicótico sino exabrupto que no derrotaba su control, como entre otros detalles del suceso, lo demuestra su aptitud para conducir el automóvil hacia el hospital (E.N.P. pág. 49) y que su reacción en aquel momento fue de tipo esquizoide y paranoide que no le impedía al acusado conocer la criminalidad del acto y sujetarse al mandato de la ley (E.N.P. págs. 49-50). Además de esta evidencia pericial se admitieron testimonios de compañeros de trabajo del acusado que le describieron como irritable e impaciente, () que tomaba valium, impulsivo; que se “llevaba mal” con abogados y empleados; que era desesperado y todo lo quería de momento. También hubo prueba sobre su niñez y adolescencia que lo muestra de personalidad inquieta que perturbaba a los maestros porque “se movía mucho en el asiento”; que antes fue callado y retraído, ignoraba los juguetes y su pasatiempo era los animales. (E.N.P. pág. 38.) Por El Pueblo declararon amigos del apelante: un supervisor de la Autoridad de Acueductos que iba con el acusado al hipódromo y a ver los caballos que él tenía, y con él jugaba billar y dominó; un empleado de supermercado donde compraba el acusado, y el barbero que lo recortaba, todos los cuales lo conocieron por años como persona normal. (E.N.P. págs. 56-57.)

Después de un largo juicio que tomó desde el 16 enero, hasta el 8 de febrero, 1978 el juez declaró al acusado culpable de homicidio voluntario y le impuso una pena de seis a diez años de reclusión, sentencia que fue suspendida bajo régimen probatorio. Su recurso de apelación descansa en señalamiento único de error que expone así:

“Incidió el Tribunal de Instancia al declarar al acusado culpable del delito de Homicidio Voluntario, a pesar de que la evidencia demostró, cuanto menos, la existencia de duda razonable y fundada respecto a la capacidad mental del acusado para sujetarlo a responsabilidad criminal por los hechos cometidos por éste.”

El elemento exasperante que desencadenó esta tragedia entró al récord en la parte del testimonio de uno de los siquiatras que el Procurador resume así:

“Según el Dr. Caiseda, el apelante le manifestó que el día anterior al que ocurrieron los hechos había tenido problemas con su esposa por celos; que ese día no pudo dormir y que su esposa lo había botado de la casa. Que el día de los hechos llegó a su casa y al no encontrar a nadie decidió buscar a su esposa e hijos por la urbanización y en el Centro Comercial. Como no los encontró, regresó a su casa y se tomó una cerveza. Que estando en el cuarto del baño oyó un automóvil que se estacionó poco más adelante de su casa, y pudo ver por la ventana del cuarto del baño a una mujer con un turbante rojo, ella con el brazo echado, y salió corriendo con el revólver; que ella estaba de espaldas y le disparó. Se dio cuenta que ella no era su esposa, admite su confusión, y llevó al herido al Cuartel de Trujillo Alto para que de allí lo llevaran al hospital. [E.N.P. pág. 18].”

Ordena el Art. 30 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3152:

“No es imputable el que en el momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, careciere de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley.
Los términos enfermedad o defecto mental no incluyen una anormalidad manifiesta sólo por reiterada conducta criminal o antisocial.”

Este artículo exime de culpa al loco que obra a impulsos de una causa invencible, totalmente extraña a la libre voluntad, de que carece.

La evidencia, tanto pericial como de testigos, en la suma total de su caracterización de la personalidad del apelante, de su conducta el 20 de octubre de 1976, y el desarrollo de su vida en la que llegó a recibirse de abogado y a ocupar un cargo público de alta jerarquía y función cuasi judicial como lo es el de comisionado en la Comisión Industrial, no permite dudar de su sanidad mental el día de autos, ni acoger racionalmente la noción de que al dar muerte a su víctima su deficiencia mental le impidiere comprender la criminalidad del acto; ni que le faltara capacidad para sujetar sus actos al mandato de ley. Esa capacidad se manifestó en el ejercicio de discreción selectiva () cuando revólver en mano apartó a la mujer para no hacerle daño mientras disparaba contra el joven sentado en el automóvil y en su reacción responsable al percatarse de que se había equivocado, llevando él mismo al herido al hospital. Que perdiera la paciencia con abogados maltra-tándoles, que fuere también áspero con el personal de la agencia donde trabajaba en su exigencia de corrección de los trabajos y que sus decisiones fueren revocadas por el Tribunal Supremo en 33-1/3 de las veces (y confirmadas en el restante 66-2/3) en ningún orden de razonamiento acusan la incom-petencia mental que anula el conocimiento de la criminalidad del acto y convierte el actor en inimputable.

El estado eximente de locura excluye el arrebato de la pasión, sea cual fuere el desorden intelectual que produzca pues no cabe confundir sin grave quebrantamiento de la justicia y la moral, la situación del que tiene anuladas sus facultades mentales por causas extrañas a su voluntad con la del que se deja influir por estímulos que en su origen le es dado vencer, y que la razón puede y debe refrenar. Para la apreciación del estado de locura no basta la existencia de cualquier anomalía() o alteración de las facultades mentales o de excentricidades y conducta rara, siendo preciso que se declare probada la completa enajenación en el momento de ejecución del hecho procesable.

En el inevitablemente confuso campo de patología y de conducta sicopática en que se enfrentaron los peritos de la defensa y del Estado, hay un área de acercamiento entre ellos al reconocer en el acto criminoso del acusado una reacción esquizoide y paranoide que limita el discernimiento y nubla la conciencia del acto, sin que alcance el punto de eclipse total de la voluntad que no deja huella de razón, situación que aun cuando no exime de responsabilidad, atenúa su culpa.y a tal grado vindica la corrección del fallo de convicción reduciendo el cargo en la acusación de asesinato en primer grado a homicidio voluntario. Sobre este extremo de imputabilidad aminorada se ha expresado el Tribunal Supremo de España con preclaros timbres de juridicidad:

“Si bien es cierto que está probado que el interesado es un esquizofrénico que tiene disminuida, aunque no anulada, su lucidez mental, y conserva al cometer la malversación la suficiente para apreciar grosso modo su inmoralidad y punibilidad, no es posible olvidar que el vocablo ‘enajenado’, que emplea el precepto, se refiere, según doctrina juris-prudencial, al que en todo momento tiene perturbadas sus facultades mentales, y que entre la alienación y la completa normalidad de la mente existen estados o zonas intermedias que no determinan la absoluta irresponsabilidad del sujeto activo del delito, pero le colocan en un plano de imputabilidad aminorada; y como el recurrente al delinquir se encontraba afecto a un proceso psíquico que sin abolir ni perturbar gravemente su inteligencia y su voluntad, restringía su lucidez mental, no debe ser juzgado como un ser que goza de plena y sana razón, ni como el que ya ha traspasado los umbrales de la demencia, sino como individuo que tiene alterado el normal funcionamiento de sus facultades mentales, y no puede, por tanto, discernir como el que se halla en su cabal juicio la intensidad del mal que realiza, la trascendencia de sus actos y la ilicitud de los mismos; de acuerdo con este criterio, es correcta la apreciación de la atenuante.” (Senten-cia Núm. 635 de 8-5-1944, XI Rep. Jurisp. Aranzadi 363.)

En el universo siquiátrico donde las conclusiones tajantes son inconcebibles, infinitos los grados de limitación del discernimiento y del albedrío, e inasible por inconcluso el concepto de abolición total de la conciencia y de la voluntad que para apreciación de la eximente exige el Art. 30 del Código, el veredicto o el fallo judicial donde se promueva la defensa de locura no ha de estar aprisionado en la rígida alternativa de cordura o enajenación sino que en la más amplia valoración de la situación del acusado y dentro de la norma de duda razonable podrá el veredicto reflejar la imputabilidad aminorada o eximente incompleta que resulta en atenuante y cuando proceda, en reducción de la calificación original del delito. La convicción en tales circunstancias, por representar la atemperada responsabilidad, también tendría equivalente efecto moderador en la sanción de la conducta delictiva. Cf. Pueblo v. Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82 (1977).

Cuando se plantea la defensa de locura, la capacidad mental del acusado es condición cuya determinación final corresponde al juzgador de hechos, bien sea juez o jurado. Estamos convalidando la apreciación de la prueba sobre enajenación mental por el juez en este caso en deferencia a su facultad estimativa, como hubiésemos dejado en pie un veredicto distinto de haber él estimado, al considerar toda la evidencia, que la cordura del apelante no estuvo intervenida por enfermedad mental incapacitante. Confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García no intervinieron.

      ()A las págs. 5 y 6, E.N.P., el abogado defensor expuso la teoría de defensa así:
      “La defensa acepta que los hechos que se le imputan al acusado ocurrieron, extrínsecamente, en la forma como lo estableció la prueba de cargo. Sin embargo, presentaremos prueba para demostrar que esos hechos tienen una explicación sicológica y siquiátrica, la cual conduce a dos consecuencias legales, o sea, a ambas.
      “Es nuestra contención que el acusado obró bajo un estado mental de tal naturaleza que produjo en él un estado anímico, que llamamos en Derecho arrebato de cólera, y que, adicionalmente, le incapacitó para formar la intención criminal que requiere nuestro ordenamiento jurídico para que una persona sea responsabilizada penalmente por sus actos, esto es, para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de Ley.”

      (2)Dr. Sifre Franco; Dr. David Caiseda, quien admitió la posibilidad de que una persona en brote sicótico pueda “darse cuenta de lo que hace” y “explicó que en el acusado la esquizofrenia no le imposibilita funcionar como abogado o Comisionado, porque su grado de inteligencia superior lo ayuda”. (E.N.P. pág. 21). Dr. Julio E. Frank, quien ve difícil que el acusado pueda bregar como abogado porque le faltan el buen juicio y la calma (E.N.P. págs. 32-33); y Dr. Guillermo Santiago. A la fecha del juicio el acusado no tenía historial delictivo ni médico de su condición.

      (3)U n alguacil déla Comisión Industrial declaró que el acusado era muy estricto y exigente y los demás empleados no lo pasaban (E.N.P. pág. 37); un abogado dijo tener la creencia de que el acusado estaba loco porque maltrataba a los abogados y a las partes y con frecuencia exclamaba en sesión pública: ¡Qué abogados más brutos postulan aquí!, y que se había acercado al fiscal para la “posibilidad de que le den un homicidio involuntario”, (E.N.P. págs. 6-7); otro abogado declaró que el acusado le quitaba el caso a los abogados y conducía él mismo los interrogatorios; que el acusado trató de arreglar la Comisión y acostumbraba ver casos en ausencia de los abogados (E.N.P. pág. 8); y una taquígrafa declaró que el día de autos el acusado presidió la Sala “C”; firmó resoluciones y atendió su labor hasta las 4:30 P.M.

      (4)Se supone en el sujeto capacidad volitiva para querer el resultado punible. En la voluntad reside “el querer”, y el querer se resuelve en poder seleccionar. Esta función está gobernada por el mecanismo de “inhibición” que representa un sistema de control de los instintos que impulsan a realizar actos independientes de la inteligencia. La inhibición es el vigilante insomne de la conducta. Miró Cardona, Proyecto de Código Penal Puertorriqueño, 41 Rev. Jur. U.P.R. págs. 425-6.

      (5)E1 concepto de anormalidad síquica resulta inasible en el orden siquiátrico. Según afirman los que dedican sus afanes a los estudios de la siquiatría no existe un solo síntoma que no pueda encontrarse en sujetos que suelen considerarse como normales. Miró Cardona, op. cit., pág. 426.


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text:
    Banco Popular de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Trogolo & Martínez, Inc., et al., demandados y recurridos.

      Número: R-79-291

      Resuelto: 19 de octubre de 1979

      Baragaño, Arzuaga & Zagas, abogados del recurrente; Miguel A. Velázquez Rivera, Luis A. Garrastegui y Carmen Rita Vélez Borras, abogados de los recurridos Edson López y Mirna Robles; E. Alcaraz Casablanca, abogado de los recurridos Carlos A. Romaguera y Awilda Agrait.
   PER curiam:

El Banco Popular de Puerto Rico instó demanda en reclamación del pago de un pagaré por la cantidad de $64,100.00 contra Trogolo & Martínez, Inc., Frank Trogolo, Jr., Rafael Martínez Céspedes y otros. Al terminar el desfile de la prueba del Banco los codemandados Edson López y esposa y Carlos Romaguera y esposa solicitaron que a tenor con las disposiciones de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, se desestimara la demanda. El tribunal de instancia dictó sentencia declarando con lugar la desestimación por el fundamento de que no se había presentado prueba de que Trogolo, Jr., o Martínez Céspedes fueron presidentes, oficiales, accionistas, agentes o empleados de la corporación Trogolo & Martínez, Inc., debidamente autorizados mediante resolución de la Junta de Directores de dicha corporación. Solicitada oportunamente reconsideración el tribunal denegó el ejercicio de discreción para dejar sin efecto la sentencia, reabrir el caso al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil y permitirle al recurrente Banco Popular de Puerto Rico presentar en evidencia la resolución de la Junta de Directores de Trogolo & Martínez, Inc., autorizando a los recurridos Trogolo, Jr., y Martínez Céspedes a tomar préstamos a nombre de la corporación.

Los recurridos han comparecido en sendos escritos de oposición a la expedición del auto. A pesar del apreciable esfuerzo que revelan ambos escritos no nos persuaden.

Estamos de acuerdo que el recurrente Banco Popular de Puerto Rico incurrió en una omisión negligente al no presentar en el juicio la resolución de marras. Tal omisión, sin embargo, sólo constituye negligencia excusable y, en las circunstancias de este caso, incidió el tribunal de instancia al negarse a reabrir el caso y permitir la presentación de evidencia de la resolución. Aparece del expediente que el pagaré objeto del pleito fue suscrito por Trogolo, Jr., y Martínez Céspedes tanto en el carácter personal de ellos como en representación de la corporación Trogolo & Martínez, Inc. En la “Moción Consolidada Solicitando la Desestimación de la Demanda y que se Dicte Sentencia Sumaria” presentada por los codemandados Edson López y esposa aparece del párrafo noveno, como un hecho sobre el cual no existe controversia, que Trogolo & Martínez, Inc., hizo pagos correspondientes al capital e intereses de la cuenta existente en el Banco Popular, lo cual podría interpretarse como una aceptación de la deuda. Aparece, además, en la contestación a la demanda contra coparte la alegación de Trogolo, Jr., al efecto de que en la transacción con el codemandado Edson López actuó en el carácter de Presidente de la Corporación Trogolo & Martínez, Inc. En el escolio 2 de la página 3 de la sentencia del tribunal de instancia se hace constar también que en los incidentes previos al juicio se presentó la prueba documental concernida pero no se presentó la misma en el juicio. Más aún, los recurridos obtuvieron antes del juicio por medio del descubrimiento de prueba copia de las resoluciones corporativas autorizando la transacción.

Ningún perjuicio podía ocasionar a los recurridos la reapertura del caso para la presentación de prueba que ya ellos conocían y, que por tanto, no constituía sorpresa. El denegar la reapertura, sin embargo, constituía un grave perjuicio al recurrente porque le impedía cobrar un pagaré de $64,100.00 sobre el cual no hay duda de su existencia y de la responsabilidad de Trogolo, Jr., Martínez Céspedes y Trogolo & Martínez, Inc., quienes lo suscribieron, como hemos visto, en carácter personal y además a nombre de la corporación. Una simple omisión como la de este caso no debe impedir al tribunal de instancia ejercitar su discreción para reabrirlo y permitir al demandante presentar la referida resolución y luego resolver como corresponda. Incurrió en error el tribunal de instancia al no permitirlo.

Se dictará sentencia expidiendo el auto, revocando la sentencia aquí recurrida y devolviendo los autos al tribunal de instancia para que se continúen los procedimientos.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Luz María Alicea, recurrente y recurrida, v. Departamento de la Vivienda, recurrido y recurrente.

      Número: R-78-413

      Resuelto: 19 de octubre de 1979

      José Ramón Pérez Hernández, abogado del recurrente; R. Adolfo de Castro, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Con motivo de nuestra decisión en Meléndez de Román v. Arrarás, 0-76-373, sentencia de 16 de diciembre de 1976, en la que confirmamos la dictada por el Tribunal Superior or-denando al Secretario de la Vivienda reponer a la señora Meléndez de Román en el puesto de Administradora del Residencial Ignacio Morales Dávila en Naguabo, se trasladó a la recurrente Luz María Alicea, quien a la sazón ocupaba dicho puesto, a otra posición similar en Yabucoa. Posterior-mente el Secretario de la Vivienda a solicitud de la propia recurrente, la trasladó a otro residencial ubicado en Fajardo pero el interés primordial de ella es volver a trabajar en Naguabo. Acudió con ese propósito a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal. La Junta consi-deró que el traslado de la recurrente a Yabucoa obedeció a una situación imprevista o de emergencia y tomando en consi-deración que el Secretario de la Vivienda se había comprome-tido a realizar gestiones para trasladar a la recurrente a Naguabo o a Humacao cuando fuera factible, confirmó el traslado ordenado por aquél.

Así las cosas, la recurrente Luz María Alicea solicitó revisión al Tribunal Superior señalando que la Junta de Apelaciones había incidido al no tomar en consideración el hecho de que para junio de 1977 había surgido una vacante al puesto de Administrador I del Residencial V illas del Río de Naguabo, que fue oportunamente solicitada por la recurrente, pero que no se accedió a su solicitud y se trajo a una persona de afuera de la agencia para ocuparla. El tribunal de instancia revocó la resolución de la Junta de Apelaciones y ordenó al Secretario de la Vivienda trasladar a la recurrente a ocupar cualquier posición en Naguabo o Humacao aun cuando no existiera en ese momento en dichos pueblos una vacante de Administrador de Residencial. Dispuso el tribunal, además, que el Secretario de la Vivienda debía mantener a la recurrente con su título y sueldo de Administradora I en Naguabo hasta tanto surgiera la próxima vacante de Admi-nistrador en Naguabo o Humacao. Fundó su resolución en que la situación original de emergencia que justificó el traslado de la recurrente a Yabucoá cesó tan pronto ocurrió una vacante de Administrador I en el Residencial Villas del Río en Naguabo. Expedimos el auto.

Estamos de acuerdo en que incidió el tribunal de instancia al ordenar el traslado de la recurrente a Naguabo cuando no existía allí una plaza vacante que ella pudiera ocupar. El traslado en esas circunstancias no logra ningún propósito útil para el servicio público ni para la recurrente. Por el contrario, tiene el efecto adverso de crear una vacante en el residencial de Fajardo al cual se trasladó a la recurrente a solicitud propia. Compartimos la preocupación del tribunal de instan-cia de garantizarle a la recurrente su regreso a Naguabo pero entendemos que este interés queda adecuadamente atendido con el compromiso expresado por el Secretario de la Vivienda ante la Junta de Apelaciones al efecto de que realizará las gestiones para trasladar a la recurrente a Naguabo o a Humacao tan pronto surja un puesto de igual o similar categoría.

A tenor con lo anterior, se dictará sentencia revocando la aquí recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Negrón García no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Ernesto Agostini Pascual et al., demandantes y recurridos, v. Iglesia Católica, Apostólica y Romana De Puerto Rico et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-79-351

      Resuelto: 25 de octubre de 1979

      Miguel Ramón Aguiló, abogado de los peticionarios; Víctor E. Báez, abogado de los recurridos; Martínez Álvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogados de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de Puerto Rico y de su Eminencia Excelentísima Luis Cardenal Aponte Martínez.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Tras el estudio del funcionamiento de la Escuela Superior de San Antonio de Guayama, una institución parroquial sujeta a la jurisdicción de la Diócesis de Ponce de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el Obispo ordenó su cierre. La decisión se notificó a los padres de los alumnos con varios meses de anticipación.

Un grupo de padres interpuso recurso de apelación a Roma por conducto del Delegado Apostólico para Puerto Rico y Nuncio de Santo Domingo y le remitió un cablegrama al Sumo Pontífice. La Sagrada Congregación para la Educación Católica, parte de la Curia Romana, aceptó revisar la petición.

Poco más tarde los padres concernidos presentaron una demanda ante el Tribunal Superior en que alegaban la inexistencia de justa causa para la acción tomada por las autoridades eclesiásticas, solicitaban daños, la sindicatura de la escuela afectada y la emisión de un interdicto para impedir su cierre.

La Iglesia impugnó la jurisdicción del tribunal. Señaló que la supervisión general de la educación en sus escuelas compete a la Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica; que los señores obispos poseen facultad para cerrar escuelas; que la decisión eclesiástica impugnada se debió a la determinación de que la Escuela Superior San Antonio no cumplía con los estándares de catolicidad genuina y excelencia académica requeridos por la Conferencia Episcopal Puerto-rriqueña; que la matrícula en el referido plantel se efectuaba

por el período de un afio escolar y nunca por cuatro años o por tiempo indefinido; y que la escuela pública estaba en condi-ciones de absorber a los estudiantes que interesaban ingresar en ella. Se acompañaron declaraciones juradas y otra docu-mentación sobre estos extremos.

Celebrada una vista, el tribunal expidió una orden de entredicho provisional para que la Iglesia Católica se abstenga de mantener cerrada la Escuela Superior San Antonio. El 20 de julio de 1979 ordenamos la paralización de los procedi-mientos en el Tribunal Superior hasta la resolución del recurso presente. Tres semanas después de radicarse este recurso, la Sagrada Congregación parala Enseñanza Católica confirmó la decisión del Señor Obispo de Ponce.

El Art. II, Sec. 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispone:

“No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.”

La primera oración incluye dos cláusulas familiares de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos: la referente a la libertad de culto y la que prohíbe el estable-cimiento de una religión oficial. La tercera disposición guarda estrechos vínculos con las otras dos y, aunque es nueva en su forma, tiene una larga historia. Esta tercera cláusula refleja fundamentalmente la teoría de Madison de que la relación ideal entre el Estado y la Iglesia exige el recono-cimiento de dos esferas de acción separadas. L. H. Tribe, American Constitutional Law, Mineóla, N.Y., the Foundation Press, 1978, pág. 819.

Las tres cláusulas referidas de nuestra Constitución se expresan en términos absolutos, como ocurre a menudo en las constituciones, entre ellas la estadounidense. Los choques entre los principios, absolutos o no, son frecuentes en el derecho constitucional, sin embargo, por lo que es inescapable en ocasiones identificar el valor preeminente. La existencia de este género de conflictos ha sido reconocida por este Tribunal. Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20, 25 (1974).

Las llamadas cláusulas religiosas han generado gran número de doctrinas para atender la amplia gama de controversias que han suscitado. Fink, The Establishment Clause According to the Supreme Court: the Mysterious Eclipse of Free Exercise Values, 27 Catholic U.L. Rev. 207 (1978); Chenoweth & Olivieri, A Survey of Selected Contemporary Church-State Problems, 51 Notre Dame Law. 737 (1976). Por tal razón es imprescindible definir con la máxima precisión posible la cuestión planteada en cada uno de estos casos para mantener firmemente atados al género concernido de disputa los principios que se utilicen para su solución.

No se ataca en este pleito acción alguna del Estado en supuesta violación de la libertad de culto o de la cláusula que prohíbe el establecimiento oficial de una religión. Lo que se desea es que se utilice el poder del Estado para revisar la decisión de las autoridades eclesiásticas sobre si determinada escuela cumple con el requisito de catolicidad genuina impuesto, en adición a otros, por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. No resulta en este caso que la Iglesia incumplió sus propias reglas al tomar la decisión impugnada () o que ésta es fraudulenta o arbitraria() o que es necesario adjudicar la pertenencia de bienes.() Tampoco existe obli-gación afirmativa que impongan las leyes del país de establecer o mantener escuelas parroquiales. Ya que las normas en estos litigios a veces varían según la clasificación jurídica de la asociación debe recordarse también que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es una entidad jerárquica y episcopal.()

La cuestión básica a resolver es si el poder judicial del Estado debe revisar en las circunstancias descritas la acción eclesiástica impugnada. Si se adopta una interpretación absolutista de la cláusula de separación del Estado y la Iglesia, la contestación es evidente, mas ya hemos señalado que tal interpretación es inexacta. Las zonas de acción de estos dos poderes suelen entremezclarse. Muchos actos del Estado pueden repercutir en la otra zona, pero ello no entraña su nulidad si se justifican en términos seculares. Tribe, op. cit, secs. 14-8 y 14-9. Lo verdaderamente determinante en este caso, en consecuencia, es si existe un interés secular de suficiente peso para permitir la intervención del poder judicial.

La contestación es que no. La involucración del Estado en la controversia presente atentaría contra el corazón mismo de la doctrina de la separación entre la Iglesia y el Estado. La determinación de si la Escuela Superior San Antonio cumple con el requisito de catolicidad genuina es una cuestión esencialmente de fe. Cuando las iglesias no han resuelto una materia de esta índole en forma claramente arbitraria, ilegal o indebidamente opresiva a otros miembros de su cofradía, el Estado debe abstenerse totalmente de interferir con la decisión eclesiástica. No es función del Estado en estas controversias dictar doctrina religiosa. ()

La decisión tomada en este litigio fue producto de cuidadosa deliberación y se fundó escrupulosamente en textos establecidos de derecho eclesiástico. La Carta Pastoral sobre la Educación en las Escuelas Católicas de Puerto Rico, adoptada por la Conferencia Episcopal de Puerto Rico el 30 de marzo de 1976, () dispone que “La escuela católica debe caracterizarse por dos notas esenciales: excelencia académica y catolicidad genuina”. (Párrafo 41, énfasis en el original; véase también el apartado 46B.) Es incuestionable que la decisión de cerrar la escuela le competía al Obispo de la Diócesis de Ponce. Código de Derecho Canónico, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1962, c. 335. De la decisión de un obispo sobre asuntos relativos a la enseñanza se apela al dicasterio de la Curia Romana denominado la Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica. La Curia Romana es el conjunto de órganos (Sagradas Congregaciones, Tribunales y Oficios) por los cuales el Sumo Pontífice ejerce el gobierno de la Iglesia. C. 242; F. Della Rocca, Manual de Derecho Canónico, Madrid, Ed. Guadarrama, 1962, Vol. I, pág. 264 et seq. No puede tratarse ningún asunto por las Congregaciones y otros dicasterios sin previa notificación al Romano Pontífice. C. 244, párr. 1. Con ciertas excepciones que no vienen al caso, las resoluciones de las Congregaciones necesitan la aprobación pontificia. C. 244, párr. 2.

La Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica es el nuevo nombre conferido a la antigua Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades al reorganizarse la Curia Romana, efectivo el 1 de enero de 1968. Constitución Apostólica Regimini Ecclesiae Universas, Colombia, Tip. Hijas de San Pablo, 1967, párr. 75. La resolución de la Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica en este caso es hoy firme e inapelable. Della Rocca, op. cit, Vol. I, pág. 267.

No hallamos tampoco base para cuestionar la acción tomada por razón de intereses imperiosos del Estado, opresión indebida de otros fieles y razones análogas. Es cierto que el cierre de una escuela privada, aun con amplio aviso, les puede causar inconveniencias a diversos sectores de la comunidad, pero los graves peligros que entraña la irrupción del Estado en asuntos doctrinales inclinan pesadamente la balanza a favor de la no intervención.

En consideración a lo expuesto se expedirá el auto solicitado, se dictará sentencia para revocar la orden recurrida y se dejará sin efecto el interdicto dictado.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1) Véase: Bouldin v. Alexander, 82 U.S. 131 (1872).

      (2) Véase: González v. Roman Catholic Archbishop of Manila, 280 U.S. 1 (1929).

      (3) Consúltense: Kedroff v. St. Nicholas Cathedral of Russian O. Ch., 344 U.S. 94 (1952), y Watson v. Jones, 80 U.S. 679 (1871). No hacemos pronunciamiento alguno sobre la posición de este Tribunal respecto al problema envuelto en estos casos o sobre González y Bouldin.

        (4) Para el significado y efecto de esta y otras clasificaciones, véase: Watson,
        722-727; Note, Limits on Judicial Review of Hierarchical Church Decisions, 45 Fordham L. Rev. 992, 994 et seq. (1977); Note, The Role of Civil Courts in Church Disputes, 1977 Wis. L. Rev. 904, 908-09.

      (5) El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha enunciado una doctrina análoga en varios casos. Véanse: Presbyterian Church v. Mary Elizabeth Blue Hull Memorial Presbyterian Church, 393 U.S. 440 (1969); Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivojevich, 426 U.S. 696 (1976). Serbian y sus antecedentes han sido severamente criticados por postular una deferencia exageradamente amplia hacia los tribunales eclesiásticos. Tribe, op. cit, 884-885; Comment, “Serbian Eastern Orthodox Diocese v. Milivojevich: the Continuing Crusade for Separation of Church and State”, 18 Wm. & Mary L. Rev. 655 (1977). La crítica se extiende a National Labor Relations Board v. The Catholic Bishop of Chicago. 440 U.S. 490(1979), Cf. Surinach v. Pesquera de Bosquets. 604 F.2d 73 (1st Cir. 1979).

      (6)Se reprodujo separadamente, sin pie de imprenta.


author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Rigau Juez Asociado Señor Díaz Cruz. Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Manuel Ángel Galarza Soto y Carmen Martí de Galarza por ellos y en representación de su hijos menores de edad, Juan, Olga, Ángel Luis y Ángel Manuel, de apellido Galarza-Martí, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Arquelio Sepúlveda y Manuel Torres, demandados y recurridos.

      Número: R-78-249

      Resuelto: 7 de noviembre de 1979

      Francisco Vincenty Gronau y Elias González Mathews, abogados de los recurrentes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Procede revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior. Los hechos que encuentra probados establecen la responsabilidad del Estado Libre Asociado^)

Veamos los hechos en que se basa la reclamación. Dos agentes del orden público vestidos de paisano caminaban por una carretera del interior como a las once de la noche tras la pista de un prófugo conocido por Toño Bicicleta. Ordenaron detenerse al demandante. Éste no obedeció la orden. Uno de los agentes disparó hiriéndolo. Sufrió serios daños. Demandó para resarcirse. El tribunal de instancia desestimó la acción interpuesta. Entendió que lo dispuesto en la Ley Núm. 104 de 1955, sec. 6(d), lo impedía.

La Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en acciones por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad causados por acción u omisión de cualquier funcionario agente, o empleado del Estado, o cualquier otra persona actuando en capacidad oficial y dentro del marco de su función, cargo o empleo interviniendo culpa o negligencia.

El Art. 6(d) de la citada ley aclara que ninguna parte de la misma autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acción u omisión de un funcionario, agente o empleado constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona.

Así el Estado renuncia su inmunidad en casos de negligencia pero la conserva cuando la actuación del agente constituye un delito. El Código Penal de Puerto Rico dispone que nadie podrá ser sancionado por una acción u omisión que la ley provee como delito si la misma no se realiza con intención o negligencia criminal. Añade que la intención o negligencia se manifiestan por las circunstancias relacionadas con el delito, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona. Comentando el Código Penal español, Cuello Calón() señala lo siguiente:

“[E]ntre el dolo y la culpa no existe una separación tajante, de una a otra forma de culpabilidad se pasa por grados intermedios....
En nuestro Código penal no se halla una expresa división cual sucede en otras legislaciones, de las formas de culpabilidad, pero no obstante el silencio del texto aparecen en él las dos formas tradicionales de la culpabilidad, el dolo y la culpa. La primera se identifica con la voluntad intencional, la segunda con la imprudencia o negligencia.”

Nuestro Código Penal establece — Art. 14 — que la culpabilidad — elemento constitutivo del concepto de delito— tiene dos formas: la intención criminal o la negligencia. Aunque la responsabilidad penal puede ser a base de cualquiera de estas dos formas, hay contextos en los cuales la distinción entre negligencia e intención criminal alcanza consecuencias de índole práctica. Justamente al aplicar la Ley Núm. 104 de 1955, es necesario distinguir entre el delito intencional y la negligencia, ya que lo que el estatuto requiere es que el elemento de negligencia o descuido en la actuación del agente supere cualquier grado de responsabilidad criminal presente en su conducta. Al así interpretarlo cumplimos con la intención legislativa de que el Estado responde por los actos negligentes de sus empleados. En este caso los agentes del orden público actuaron negligentemente al disparar contra una persona bajo circunstancias que le impedían a éstos tener la certeza necesaria, sobre la identidad de la persona, que justificara sus actos.

Como expresamos en Vda. de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112, 119 (1961), “[l]a responsabilidad Aquiliana del Estado por negligencia del empleado no se desvanece por el hecho de que tal negligencia resulte también penada por ley, bajo una interpretación de conjunto y no trunca, de dicha Ley 104.” Véase, también Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199, 206 (1963).

En vista de lo anterior el Estado Libre Asociado de Puerto Rico debe responder de los daños causados en el presente caso hasta el límite que preceptúa la mencionada Ley Núm. 101¡. de 1955.

El Juez Asociado Señor Rigau emitió opinión concurrente en parte y disidente en parte a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resultado de la opinión emitida por el Juez Asociado Señor Rigau, pero se une a la opinión del Tribunal. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué se une a la opinión del Juez Asociado Señor Rigau y emite además opinión separada expresando el criterio de que la Ley Núm. 104 de 1955 es inconstitucional, pero a la vez se une a la opinión del Tribunal. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

-O-

Opinión disidente en parte y concurrente en parte del

Juez Asociado Señor Rigau

a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

Mientras Miguel A. Galarza Soto, persona que no estaba acusada de delito público ni era prófugo de la justicia, transitaba como a las 11:00 de la noche, por un camino público en jurisdicción de Añasco, Puerto Rico, dos policías en ropa de civil, le abrieron fuego por la espalda, hiriéndole en la cabeza y en la espalda, ocasionándole lesiones graves. El hombre se salvó, auque quedó parcialmente incapacitado, y demandó al Gobierno de Puerto Rico en daños y perjuicios, reclamando $100,000 para sí, $50,000 para su esposa por sufrimientos mentales y $10,000 por el mismo concepto para cada uno de sus 4 hijos menores de edad.

Para la época en que ocurrieron los hechos la policía buscaba un prófugo llamado Francisco García a quien la prensa del país había denominado “Toño Bicicleta”.

La prueba presentada es conflictiva. El demandante declaró que oyó una voz que le dijo “párate Toño Bicicleta” y que inmediatamente sintió los disparos. Allí mismo cayó herido. Manuel Torres, el policía que hirió al demandante, declaró que al ellos ordenar a éste detenerse el demandante se enfrentó, portando un machete, a otro guardia de apellido Sepúlveda. Con esa declaración aparentemente se propuso justificar los tiros.

Según las declaraciones juradas de los agentes, prestadas en la investigación policíaca llevada a cabo a raíz de los hechos, aquéllos expresaron que se habían escondido, separa-dos a una distancia de cincuenta pies y que ambos le dispararon. El demandante negó que en algún momento hubiese hecho frente o atacado a la policía.

El tribunal de instancia concluyó que se trataba de un accidente desgraciado y que no medió culpa en el mismo, conclusión que no puede racionalmente deducirse de la prueba y que debemos revocar.

Los hechos demuestran que los agentes actuaron en forma impensada, imprudente y que se trata de un caso de crasa y peligrosa negligencia, ya sea ésta debida a falta de entrena-miento profesional de los agentes concernidos o a torpeza de su parte. De la prueba presentada la conclusión a que puede llegarse es que dichos policías, poco entrenados o nerviosos, creyeron ver con la oscuridad al fugitivo que buscaban. Le gritaron que se detuviese y le abrieron fuego.

Hay que tener en mente que desde el punto de vista del demandante tampoco hubiese sido prudente de su parte detenerse pues iba solo, eran cerca de las 11:00 de la noche, el paraje estaba oscuro, y los que le gritaron no estaban identificados como policías. Dentro de las probabilidades actuales bien pudo haber él pensado que se trataba de un atraco.

De todas maneras, hubiese pensado eso o no, no se justificaba hacerle fuego por la espalda a un ciudadano que transitaba pacíficamente por un camino público y sin que hubiese cometido delito alguno. Ni siquiera puede consi-derarse que hizo caso omiso de la orden de la policía pues ésta estaba vestida de civil y no se identificó. El demandante no tenía manera de saber si eran policías o no, en caso de que los hubiese visto. Como señaláramos antes, lo que él declaró es que oyó una voz.

Ambos errores señalados se cometieron. (1) En este caso el Estado no está protegido por la inmunidad que reclama en virtud de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R. A. see. 3077 y ss.)() y (2) el tribunal erró al concluir que se trataba de un accidente desgraciado.

En primer lugar, en casos parecidos en que ha mediado negligencia de parte de funcionarios hemos resuelto que el Estado no está inmune. Meléndez v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (1960); Hernández v. Fonseca, 96 D.P.R. 715 (1968); Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1963); y Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776 (1972).

En segundo lugar, a estas alturas en el desarrollo del Derecho y de la responsabilidad civil del Estado, éste, quien tiene ante la ley, por buenas razones, el monopolio de la violencia, no puede en un caso como el presente de tan palpable y grave negligencia ampararse en el ya anacrónico concepto de inmunidad estatal. Es de todos conocido que nuestro derecho de daños, como parte que es del Código Civil, tiene sus raíces en el Derecho Civil europeo continental. Fue como consecuencia de la invasión de 1898 que se insertaron en nuestro derecho legislativa y jurisprudencialmente doctrinas foráneas provenientes del derecho común anglosajón. Esa práctica ha sido histórica y consistentemente criticada.()

Recientemente, en Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692 (1979), revocamos, en todo lo que entraña la utilización de preceptos del derecho común (angloamericano) para resolver problemas del derecho civil, los casos de Esbrí v. Sucn. Serrallés, 1 D.P.R. 321 (1902); Marimón v. Pelegrí, 1 D.P.R. 225 (1902); Bravo v. Franco, 1 D.P.R. 242 (1902); y Chevremont v. Pueblo, 1 D.P.R. 431 (1903). Esos casos constituían notorios ejemplos de la desorientada y desorienta-dora práctica antes mencionada.

Es al amplio cauce y a la generosa corriente matriz del Derecho Civil — que es la corriente natural y propia para el crecimiento de nuestro derecho — a la que debemos volver. Especialmente es esto cierto tratándose, como aquí se trata, de materias como la de daños y perjuicios, la cual tiene sus orígenes en dicho derecho.

En Valle v. Amer. Inter. Ins. supra, dijimos que “el derecho de daños en Puerto Rico se rige, tanto en su forma como en su contenido, por el sistema del derecho civil. . . .” Desde luego eso no impide cultivar el derecho comparado. Los confines de toda disciplina intelectual son prácticamente ilimitados, pero el estudioso u observador de esa riqueza teórica debe poseer, y procurar no perder, el sentido de su propia identidad y de su rumbo. Sólo de esa manera es que el conocimiento de lo extraño en vez de aturdirlo y des-personificarlo le aprovecha y lo enriquece intelectual y espiritualmente.

La doctrina de que el Estado es civilmente responsable es la doctrina histórica y presente del derecho civil. La doctrina llamada inmunidad del soberano resultó de un desarrollo anómalo que, como veremos, no está firmemente basado sobre sus supuestos originales históricos. Consideremos primero la doctrina de la responsabilidad civil del Estado.

Ya en el Digesto del Corpus Juris Civilis puede leerse lo siguiente: “Lo mismo que el pretor concedió acción en nombre de los miembros de un municipio, entiendo que también debe concederla contra ellos. Creo que debe concederse acción contra el municipio. . . .” D. 3, 4, 7.

Los que sostenían la irresponsabilidad civil de las ciudades en el antiguo derecho romano no se basaban en principio alguno de inmunidad del soberano, sino en la doctrina de la ficción corporativa, la que sostenía que las corporaciones no eran capaces de cometer daños ya que no podían pensar ni tenían voluntad propia. Duff, Personality in Roman Private Law (1971), pág. 227.

Ya en la España medieval, en el Fuero Juzgo aparece lo siguiente: “Doñeas faciendo derecho el Rey, debe aver nomne de Rey, et faciendo torto, pierde nomne de Rey. Onde los antiguos dicen tal proverbio: Rey serás si decieras derecho, et si non facieras derecho, non serás Rey.”

En el Fuero de Sobranbe, se expresa: “Para que nuestras leyes y nuestras libertades no padezcan detrimento alguno, habrá cierto juez medio, el cual reparará los perjuicios que el Rey irrogase a cualquiera de sus súbditos y los daños que ocasionare al estado.”()

En el Siglo XIII, en el Fuero Real se preceptúa: “[M]as bien mandamos que si alguna demanda contra el Rey, pide merced en su poridad que gelo enderesce, é si no gelo quisiere el Rey enmendar, digagelo ante dos homes de su Corte, é si por esto no lo quisiera enmendar, puede gelo demandar público, así como pertenece á Pleyto, é como es derecho; ca en tal manera queremos guardar la honra del Rey, é que no tolgamos a ninguno su derecho.”!)

El Código Penal español de 1870, en sus Arts. 7 y 9, imponía responsabilidad civil al Estado y a las poblaciones por daños causados a propiedad ajena cuando dichos daños hubiesen sido ocasionados para su beneficio.

Sin embargo, al aprobarse el Código Civil español en 1889, el Art. 1903 del mismo limitó la responsabilidad del Estado a casos en que éste actuase por mediación de un agente especial. Es conocida la incertidumbre y la dificultad que esa expresión de agente especial causó en el derecho de daños. Esa limitación insertada en el Art. 1903 no aparecía en el proyecto del Código Civil del año 1851, que sirvió de base para el Código del 1889, ni aparecía en la Ley Cuarta del Título 13 ni en la Ley Quinta del Título 15 de la Partida Séptima, las que constituyeron los precedentes del Art. 1903 del Código de 1889. Como se sabe, dicho Art. 1903 es el precedente directo del 1803 del nuestro. 31 Scaevola, Código Civil (1974), pág. 558.

Cuarenta y dos años más tarde, desde la vigencia del citado Art. 1903, la Constitución española de 1931 dispuso en su Art. 41 lo siguiente: “Si el funcionario público en el ejercicio de su cargo, infringe sus deberes con perjuicio de tercero, el Estado o la Corporación a quien sirva, subsi-diariamente serán responsables de los daños y perjuicios consiguientes conforme determine la ley.” Diego Sevilla Andrés, Constituciones y otras Leyes y Proyectos Políticos de España, T. II (1969), pág. 226.

Los años 1954-1957 fueron fructíferos en la producción de legislación española relacionada con la responsabilidad civil del Estado. La Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 generalizó la obligación de la Administra-ción de indemnizar daños ocasionados como consecuencia de medidas adoptadas en supuestos de emergencia, así como los que fueren consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la adopción de medidas no fiscalizables por vía contenciosa. Las reclamaciones se verían ante tribunales de jurisdicción contencioso-administrativa. Dicha ley en su Exposición de Motivos expresa que la misma pone remedio a la deficiencia de la ausencia de una pauta legal para hacer efectiva la responsabilidad por daños causados por la administración. Expresa también dicha Exposición de Motivos que la actividad administrativa conlleva una inevitable secuela accidental de daños y una constante creación de riesgos para los patrimonios particulares, creando injusti-cias amparadas en un injustificado privilegio de exoneración.

En 1957 se aprobó en España la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado. Señala Bonet Ramón que no obstante el gran avance efectuado mediante la citada Ley de Expropiación Forzosa de 1954, pareció oportuno consignar la responsabilidad de la Administración en términos más amplios, a fin de cubrir todos los riesgos que para los particulares pueda entrañar la actividad del Estado. Bonet Ramón, Código Civil Comentado (1962), pág. 1507. Veáse también Scaevola, op. cit., págs. 570-576.

La vigente Constitución española, aprobada en 1978, dispone en el inciso 3 de su Art. 9 que la Constitución garantiza “la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”, elevando así a rango constitucional la responsabilidad civil del Estado.

Puede observarse que bajo el sistema del derecho civil español la responsabilidad del Estado por daños fue y es la norma prevaleciente y que fue corto el período de la historia española en que por excepción prevaleció la norma de la inmunidad del Estado.

En Francia, en donde también prevalece la norma de la responsabilidad civil del Estado, dicha norma no fue de origen legislativo como ocurrió en España, sino que fue el producto jurisprudencial del prestigioso Consejo del Estado. En aquel país imperó la doctrina de la inmunidad durante la monarquía pero dicha doctrina cedió ante el influjo de la revolución. Schwartz, French Administrative Law and the Common-Law World (1954), págs. 23-42.

En los países de Hispanoamérica, siguiendo la tradición jurídica del derecho civil europeo, prevalece, en términos generales, la normá de la responsabilidad civil del Estado. J. Irizarry y Puente, The Responsibility of the State as a “Juristic Person” in Latin America, 18 Tul. L. Rev. 408.

El Código Civil de Rusia, en su Art. 446, también dispone para la responsabilidad del Estado al igual que cualquier otra persona jurídica y en su Art. 454 prescribe la respon-sabilidad absoluta por actividades peligrosas. 31 Scaevola, op. cit., págs. 230-233.

Veamos brevemente ahora el derecho histórico anglosajón sobre el particular. Como dicho derecho, en comparación con el civil, es de relativamente reciente formación, sus ante-cedentes se encuentran en la Edad Media.

En el sistema feudal inglés el pequeño señor (petty lord) podía tener en sus dominios sus propios jueces para resolver disputas entre sus vasallos. Los vasallos debían someterse a esos jueces pero no el pequeño señor. Éste, a su vez, debía someterse a los tribunales de su superior, el señor feudal (lord). De la misma forma que el pequeño señor no quedaba sometido a sus propios jueces, el señor feudal no estaba sometido a sus propios tribunales, pero sí quedaba sometido al Rey, quien estaba a la cabeza de sistema feudal. No existía un tribunal superior al del Rey, de manera que éste podía ser demandado solamente en sus propios tribunales cuando así lo consintiese. Engdahl, Immunity and Accountability for Positive Governmental Wrongs, 44 U. Colo. L. Rev. 1 (1972); Holdsworth, A History of English Law, 5ta ed. (1966), Yol. Ill, págs. 463-469 y Vol. IX, pág. 8; Plucknett, A Concise History of the Common Law, 5ta ed. (1956), págs. 506-520; Radin, Anglo-American Legal History (1936).

Se reputaba que el Rey no podía ser demandado en sus propios tribunales no porque él estuviese sobre la ley, ni porque él no fuese capaz de causar daños, sino porque se consideraba un contrasentido que el Rey emitiese e hiciese cumplir una orden o una sentencia contra sí mismo. De manera que realmente no se sostenía que el Rey no podía causar daños, sino que el Rey no debía causarlos, ni tenía el derecho de hacerlo. La frase popular The King can do no wrong no era cierta como cuestión de realidad, ni tampoco expresa con exactitud el derecho histórico sobre el particular. Jaffe, Suits Against Governments and Officers: Sovereign Immunity, 77 Harv. L. Rev. 1, 3 (1963-64); Engdahl, ibid., pág. 3. Como se sabe en la Europa medieval la teoría política prevaleciente era la del constitucionalismo. Fue posterior-mente, con el advenimiento de las naciones-estados que surgieron los gobiernos absolutistas los cuales a su vez dieron origen a las revoluciones inglesa y francesa, gobiernos que (los absolutistas) volvieron a resurgir a principios del Siglo XX en sus formas marxista, fascista y nazi. Sabine, History of Political Theory, 3ra ed. (1961); Mcllwain, The Growth of Political Thought in the West (1932); del mismo autor, Constitutionalism Ancient and Modern, ed. rev. (1947), y Touchard, Historia de las Ideas Políticas, Ed. Tecnos (1977).

Como se reconocía que el Rey era capaz de causar daños pero como no existía un tribunal con jurisdicción sobre él, se desarrolló un mecanismo para vencer ese obstáculo y poder hacer justicia. Ya para fines del Siglo XIII existía la práctica de presentar al Rey peticiones para que éste autorizase la indemnización de daños causados por él o por su gobierno. Engdahl, en el artículo citado, pág. 3, escolio 8, cita el siguiente pasaje:

“Petition is al the remedy the subject hath when the king seiseth his land or taketh away his goods from him havinge no title by ordre of his lawes so to do... And therefore is his petición called a petición of right, because of the right the subject hath against the king by the ordre of his lawes to the thing he sueth for.”

Como señalamos antes, fue con el decaimiento del feuda-lismo y con el advenimiento del absolutismo que el Rey vino a identificarse con el Estado y se tergiversó la doctrina original para sostener entonces que el Rey no podía causar daños. Teoría esta última irreal, injusta y absolutista. Harper & James, 2 The Law of Torts (1956), pág. 1609; Engdahl, ibid., pág. 4.

En el 1860 un estatuto concedió jurisdicción a los tribunales ordinarios para entender en peticiones de derecho contra la Corona. Wade, Liability in Tort of the Central Government of the United Kingdom, 29 N.Y.U.L. Rev. 1416 (1954); Jaffe, ibid., pág. 8. En el 1947 un nuevo estatuto sustituyó la llamada “petición de derecho” y proveyó para una acción ordinaria contra la Corona por actos torticeros. La persona real se mantiene inmune pero no su gobierno. Wade, artículo antes citado.

En los Estados Unidos se adoptó la antigua teoría de la inmunidad real pero como la nueva nación no era una monarquía se le adjudicó dicha inmunidad al gobierno. Cuando en Chisholm v. Georgia, 2 U.S. (2 Dallas) 419 (1793), se resolvió que los estados podían ser demandados sin su consentimiento la reacción del Congreso fue la aprobación de la Enmienda XI a la Constitución, mediante la cual se dispuso que el poder judicial federal no se extiende a acciones contra los estados. Dicha enmienda fue el producto del temor que tenían los estados de que los tribunales federales fuesen el vehículo para acciones contra ellos por deudas contraídas durante la revolución. En protección de ese interés estatal los tribunales de los estados habían aceptado, sin mayor discusión, la teoría de la inmunidad. Véase Petty v. Tennessee-Missouri Bridge Commission, 359 U.S. 275, 276, n. 1. (1959).

En The Siren v. United States, 74 U.S. 152 (1868), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos extendió la doctrina de inmunidad al gobierno federal. Sin embargo, el Congreso ha ido reduciendo progresivamente el ámbito de dicha inmunidad federal. En 1855 el Congreso creó el Tribunal de Reclamaciones y en el 1887 amplió esa legislación. 10 Statutes 612; 24 Statutes 505. En el 1946 se aprobó la Federal Tort Claims Act, 60 Stat. 843, que sirvió de modelo para nuestra Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, de la cual nos ocupamos más adelante.

Hasta mediados de la década del ’50 la regla general en los estados que componen la Unión era la de la inmunidad. La legislación más avanzada para esa época era la del Estado de Nueva York, la cual proveyó para la responsabilidad civil del Estado por daños. Véase Robert A. Leñar & Benjamin E. Kantrowitz, Tort Liability of the States, 29 N.Y.U.L. Rev. 1363. Véase el siguiente texto de la Ley de Nueva York:

“The state hereby waives its immunity from liability and action and hereby assumes liability and consents to have the same determined in accordance with the same rules of law as applied to actions in the supreme court against individuals or corporations, provided the claimant complies with the limitations of this article. Nothing herein contained shall be construed to affect, alter or repeal any provision of the workmen’s compensation law.” The Consolidated Laws of New York Annotated, Book 29 A, Sec. 8.

A partir del año 1957 comenzó un movimiento judicial que en pocos años habría de minar la doctrina de inmunidad del Estado. En los doce años siguientes diecisiete estados y el Distrito de Columbia repudiaron total o parcialmente dicha doctrina. Los tribunales razonaron que la misma resultaba ya anacrónica, que carecía de base racional y que era errónea e injusta. Davis, Administrative Law Treatise, Suplemento 1970, págs. 823-870 y Harper & James, op. cit., Suplemento 1969, Vol. 2, pág. 277 y ss.

No dudamos que ese cambio se debió en gran medida a la labor precursora de algunos jueces y juristas en los Estados Unidos que proponían que se descartase la vieja teoría de la inmunidad. Véanse las opiniones disidentes del Juez Frankfurter — Snyder v. Buck, 340 U.S. 15, 29 (1950); Kennecot Copper Corp. v. State Tax Comm’n, 327 U.S. 573, 580 (1946); Great Northern Life Ins. Co. v. Read, 322 U.S. 47, 59 (1944) y su opinión mayoritaria en Keifer & Keifer v. Reconstruction Finance Corp., 306 U.S. 381, 391 (1939). Véanse, también, Davis, op. cit., págs. 823-870 del Suplemento de 1970; Schwartz, op. cit., págs. 23-42 y 266-305; Jaffe, op. cit. y Suits Against Governments and Officers: Damages Actions, 77 Harv. L. Rev. 209 (1963-64); Prosser, op. cit, pág. 970 y ss; Harper & James, op. cit, pág. 277 y ss. del Suplemento de 1969 al Vol. 2.

La experiencia europea también influyó en el cambio antes mencionado que tuvo lugar en el derecho de los Estados Unidos sobre este asunto. En adición a los materiales ya citados, puede verse Richard W. Power, New Wealth and New Harms — The Case for Broadened Governmental Liability, 23 Rutgers L. Rev. 449 (1968-69); Walter Gellhorn & Louis Lauer, Federal Liability for Personal and Property Damage, 29 N.Y.U.L. Rev. 1325 (1954); Anthony J. Portilio, Krause v. State: Is Ohio Sovereign Immunity Unconstitutional?, 33 U. Pitt. L. Rev. 611 (1972); James B. Wilkens, Sovereign Immunity Abrogated in Ohio: Krause v. State, 21 Clev. St. L. Rev. 25 (1972); The Colorado Governmental Immunity Act: A Judicial Challenge and the Legislative Response, 43 U. Colo. L. Rev. 449 (1971-72); Greenhill & Musto, Governmental Immunity, 49 Texas L. Rev. 462 (1970-71); Richard A. O’Del, Governmental Immunity from Tort Liability: Has the Rationale Disappeared?, 39 U.M.Kc.L. Rev. 252 (1970-71); Borrel Maciá, Responsabilidades Derivadas de la Culpa Extra-contractual Civil (1941), pág. 132 y ss.; Schwartz, Public Tort Liability in France, 29 N.Y.U.L. Rev. 14 (1954); Carlota Capó, En Torno a la Responsabilidad Civil Extracontractual del Estado, 25 Rev. Jur. U.P.R. 121 (1955-56); Herbert Greenstone, Liability of Police Officers for Misuse of their Weapons, 16 Clev.-Mar. L. Rev. 397 (1967); Carol F. Dakin, Municipal Immunity in Police Torts, 16 Clev.-Mar. L. Rev. 448 (1967); William C. Mathes & Robert Jones, Toward a “Scope of Official Duty” Immunity for Police Officers in Damage Actions, 53 Geo. L. J. 889 (1964-65); Cheney C. Joseph, Tort Liability of Law Enforcement Officers: State Remedies, 29 La. L. Rev. 130 (1968).

Hemos examinado brevemente la norma de la responsabi-lidad civil del Estado en el derecho civil y también en el derecho común anglosajón. Veamos también brevemente la trayectoria de esa norma en Puerto Rico.

En el Título Quinto del Libro II de la Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, ed. 1681, Reproducción 1973, Tomo 1, aparecen disposiciones indicativas de que el fisco podía ser demandado. Véase en particular la Ley VI del Título Quinto del año 1636.

La ley española de 15 de marzo del 1895, la cual establece las bases para el régimen de gobierno de Cuba y Puerto Rico, proveía para responsabilidad civil pública en determinadas circunstancias. Fraga, Las Constituciones de Puerto Rico (1953), págs. 140, 144, 150 y 153.

En el 1897 se hizo extensivo a los españoles residentes en las Antillas el Título 1 de la Constitución Española de 1876, el cual proveía para la responsabilidad civil del Estado en ciertos casos. Fraga, op. cit., págs. 121-125, 223-224.

En la Carta Autonómica obtenida por Puerto Rico de España en 1897, en sus Arts. 58, 63 y 64 se proveía para reclamaciones contra los municipios y las Diputaciones Provinciales cuando se violasen los derechos de las personas. Véase Carta Autonómica, artículos citados y Fraga, op. cit, págs. 252-253.

El asunto de la responsabilidad civil del Estado se planteó en el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya bajo el régimen norteamericano y fue resuelto en Rosaly v. El Pueblo, 16 D.P.R. 508 (1910), caso que envolvía una acción reivindicatoría contra el Estado. El tribunal resolvió correctamente dentro de la tradición civilista y resolvió que procedía la demanda. El Juez MacLeary disintió, basándose en la teoría anglosajona de la inmunidad estatal. La decisión fue apelada por El Pueblo y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de aquella época, estuvo de acuerdo con la posición del Juez MacLeary. Porto Rico v. Rosaly y Castillo, 227 U.S. 270 (1913).

En vista de la posición del alto Tribunal federal, el nuestro dio marcha atrás. Aponte v. Freiría, 20 D.P.R. 93 (1914). Desde luego, aquélla era la época pre-Estado Libre Asociado. Estimamos que a estas alturas en el desarrollo del derecho y bajo las presentes circunstancias (E.L.A.) la decisión sería diferente. Creemos que sería diferente, además, debido a las doctrinas de “error manifiesto” y “error inescapable” elabora-das, con encomiable sentido de justicia y de política pública, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en ocasiones posteriores al citado caso de Porto Rico v. Rosaly. Véanse, por ejemplo, De Villanueva v. Villanueva, 239 U.S. 293, 299 (1915); Nadal v. May, 233 U.S. 447, 454 (1914), y Benitez v. González y Lugo, 261 U.S. 102, 105-106 (1923), en donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dijo:

“This court has stated many times the deference due to the understanding of the local courts upon matters of purely local concern .... This is especially true in dealing with the decisions of a court inheriting and brought up in a different system from that which prevails here .... Our appellate jurisdiction is not given for the purpose of remodeling the Spanish-American law according to common law conceptions except so far as that law has to bend to the expressed will of the United States.”

En el mismo sentido en Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505, 509-510 (1939), el Tribunal insistió:

“... this Court has declared its unwillingness to overrule Puerto Rican tribunals upon matters of purely local concern or to decide against the local understanding of a local matter, not believed by this Court to be clearly wrong; and a disposition to accept the construction placed by a local court upon a local statute and to sustain such a construction in the absence of clear or manifest error ....
“... Orderly development of the government of Puerto Rico as an integral part of our governmental system is well served by a careful and consistent adherence to the legislative and judicial policy of deferring to the local procedure and tribunals of the Island.”

Dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos: “For to justify reversal in such cases, the error must be clear or manifest; the interpretation must be inescapably wrong; the decision must be patently erroneous.” Bonet v. Texas Co., 308 U.S. 463, 470-471 (1940). Véase, también, De Castro v. Board of Commissioners, 322 U.S. 451 (1944).

En 13 de abril de 1916 se aprobó en Puerto Rico la Ley Núm. 76 autorizando demandas contra El Pueblo por daños basados en contratos y en acciones reivindicatorías. Doce años más tarde, se aprobó la Ley Núm. 11 de 18 de abril de 1928, enmendatoria de la Ley del 1916, permitiendo expresa-mente contra El Pueblo acciones por daños y perjuicios. La jurisprudencia local restrictiva tuvo el efecto de hacer al Estado prácticamente inmune de demandas por daños. Esa posición judicial obligó a las personas perjudicadas por acción gubernamental a solicitar de la Asamblea Legislativa que mediante leyes particulares autorizara en cada caso la demanda contra el Estado. Comenzando con la década del 1950 la Administración adoptó la política de no denegar ninguna de esas medidas legislativas solicitadas y se aprobó un considerable número de dichas leyes especiales. Así, autorizadas las demandas en cuestión, el caso pasaba a la Rama Judicial para su adjudicación. En otras palabras, la entonces conservadora actitud judicial fue atemperada por la liberalidad legislativa. Siendo este asunto uno de naturaleza judicial la solución que aquí proponemos — que el mismo sea únicamente de la incumbencia de los tribunales — nos parece la más indicada, amén de que es la correcta dentro de nuestro derecho civil, según hemos expresado antes.

En 29 de junio de 1955 se aprobó la Ley Núm. 104, la cual estaba “inspirada en el deseo de que el Estado pueda ser demandado cuando cualquier ciudadano entienda que tiene una buena y justa causa de acción y que sea el poder judicial el que determine la validez y suficiencias [sic\ que se formulan contra el Estado”. Informe de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes, 4 Diario de Sesiones 1989.

Sin embargo, el proyecto de ley original sufrió una serie de enmiendas antes de convertirse en la Ley Núm. 104. La limitación más importante que sufrió fue aquella que dispuso en su Art. 6 que la misma no autorizaba demandas por daños por actos u omisiones de determinados funcionarios en determinadas circunstancias. El Informe de la Comisión no revela los motivos que justificaron esas enmiendas. Parece que lo que hizo fue tomarlas del Federal Tort Claims Act del año 1946. Era de esperarse que la ley federal tuviese esas limitaciones porque, como hemos señalado, la teoría anglo-sajona que permea esta materia es distinta a la nuestra, que es la del derecho civil. No era de esperarse, sin embargo, que se copiasen tales limitaciones. Sin embargo, la ley federal exime solamente si el funcionario o empleado ejerció debido cuidado al actuar, de manera que bajo dicha ley el gobierno responde si esos empleados o funcionarios actúan negligente-mente en la ejecución de una ley o de un reglamento.

Para no hacer esta opinión innecesariamente extensa no vamos a discutir individualmente los muchos casos que han surgido sobre este asunto de la responsabilidad civil del Estado, pero vamos a consignar un número de ellos más adelante en un escolio. Del examen de dichos casos llegamos a la conclusión de que sintiéndose el Tribunal obligado por una teoría (la de la inmunidad estatal) injusta, moralmente insostenible y carente de base racional — teoría que no se había decidido a revocar — pero con el deseo de hacer justicia, el Tribunal ha fallado de manera no uniforme con el resultado de que su jurisprudencia sobre el particular parece errática.()

Por ejemplo, carece de base racional la distinción hecha en algunos casos entre la situación cuando un policía manipula negligentemente un revólver causando daños sin intención de disparar y la situación de cuando el policía causa daños al manejar el revólver negligentemente pero habiendo tenido la intención de disparar y al hacerlo hiere a una persona inocente. A los efectos de la persona perjudicada nada tiene que ver si al ser ésta herida debido a la negligencia del agente público, éste tuvo o no la intención de disparar. La base de la responsabilidad no es la intención de disparar; lo es la falta del debido cuidado.

Por el contrario, para decisiones justicieras véanse Meléndez v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (1960); Hernández v. Fonseca, 96 D.P.R. 715 (1968); y Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1963).

En cuanto a la antes mencionada Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, entre sus Arts. 2,6 y 10 hay unas contradicciones reales o aparentes. Por ejemplo, el Art. 2 autoriza demandas al Estado por daños, hasta $15,000, causados por cualquier funcionario, agente o empleado suyo actuando en capacidad oficial. También autoriza demandas fundadas en la Cons-titución o en cualquier ley o reglamento de Puerto Rico o en algún contrato con el Estado.

Por su parte, el Art. 6 de dicha Ley dispone que “nada en esta ley autoriza” las acciones por daños contra el Estado causados por actos u omisiones de un funcionario, agente o empleado (a) en el cumplimiento de una ley o reglamento, (b) en el desempeño de una función de carácter discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción . . . y (d) por actos constitutivos de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona . . . etc. Tomado literalmente y con una inter-pretación amplia ese Art. 6 prácticamente dejaría sin vigencia el Art. 2.()

También es de notar que el Art. 10 de dicha Ley enmienda el Art. 1803 del Código Civil. El 1803 expande el 1802. En el 1802 se establece la obligación de reparar los daños causados por culpa o negligencia. El 1803 aclara que se responde no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.

El párrafo quinto de dicho nuevo Art. 1803 dispone que el Estado es responsable “en este concepto” en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular. Es legítima la duda de si esa aclaración se aplica a todos los párrafos del Art. 1803 — menores de edad, pupilos bajo tutores, dependientes de establecimientos o empresas, y aprendices de artes y oficios.

En ese caso dicho artículo podría venir en conflicto con el antes citado Art. 6 de la Ley Núm. 104. Pero si tratásemos de armonizar en lo posible las distintas disposiciones de la Ley Núm. 104 podríamos entender que dicho párrafo quinto se refiere solamente al párrafo inmediatamente anterior — el caso de los dueños o directores de un establecimiento o empresa. Entonces no surgiría el mencionado conflicto.

De todas maneras, dada la conclusión a que hemos llegado sobre el problema fundamental de este caso y de la propia Ley Núm. 104, esto es, el reconocimiento que aquí hacemos de la responsabilidad civil del Estado y el ser su adjudicación materia propiamente judicial (de lo contrario el Estado sería juez y parte), resulta innecesario y sería académico entrar en una discusión a fondo de dichas contradicciones reales o aparentes y tratar de armonizarlas.

Como señalamos, el Art. 10 de la mencionada Ley Núm. 104 enmendó el Art. 1803 del Código Civil. Por ser el Código un cuerpo armónico en toda su extensión, resulta siempre probable que al enmendar un artículo suyo la enmienda tenga consecuencias en relación con otros artículos del Código, así como el intervenir con una pieza de un reloj muy probablemente va a tener consecuencias en cuanto al funciona-miento de las demás. Al considerar propuestas para en-mendar el Código Civil recomendamos que se vean los siguientes dos trabajos: “Génesis y Aportaciones del Nuevo Título Preliminar del Código Civil,” por Antonio Hernández Gil, que aparece en el libro Cielo de Conferencias Sobre el Nuevo Título Preliminar del Código Civil, Barcelona (1976), pág. 7 y ss. y “Notas para la Historia de la Reforma del Título Preliminar del Código Civil,” por José María Castán Vázquez, que aparece en la revista Documentación Jurídica, Ministerio de Justicia, Madrid, Núm. 4 (oct.-dic. 1974), pág. 1139 y ss.

IV

Porque la llamada doctrina de la inmunidad estatal viola el derecho a la igual protección de las leyes al establecer que se pueden recobrar daños causados por particulares y no los causados por el Estado; porque esa clasificación carece de base racional, lo cual también la hace inconstitucional, y porque dicha doctrina constituye una iniquidad en violación de uno de los principios generales del derecho — la equidad— principio que permea nuestro ordenamiento jurídico, yo revocaría la sentencia recurrida. En vista de que la opinión del tribunal de instancia se basó en consideraciones de derecho y no hizo conclusiones sobre la cuantía de los daños, devolvería el caso al Tribunal Superior para que éste, a la mayor brevedad posible y previa vista, haga dichas deter-minaciones y dicte sentencia a tenor con lo aquí expresado y fijando los daños a ser pagados. Dictaría sentencia a esos efectos.

En vista del voto concurrente del distinguido compañero Juez Díaz Cruz y de lo expresado al respecto en la opinión mayoritaria, estimo necesario expresar lo siguiente: (1) Yo no propongo que los daños los paguen los empleados públicos, sino que sea el Estado quien los pague.

(2) Aunque no la comparto, respeto la posición ortodoxa tomada en la opinión mayoritaria. Sin embargo, no creo que tenga mucha validez el argumento de que el recurrente no planteó la cuestión constitucional. Aparte de que este Tribunal está expresamente autorizado por la ley para entrar en planteamientos aunque éstos no fuesen señalados, 4 L.P.R.A. see. 36, el propio Juez Dávila al escribir la opinión del Tribunal en Dávila v. Valdejully, 84 D.P.R. 101, 104 (1961), al sostener que el Tribunal puede entrar en planteamientos no señalados expresó “Y es que así debe dispensarse la justicia.”

El mismo distinguido Juez en Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 57 (1966), al sostener la misma posición que he señalado, expresa que “es tradición de este Tribunal en el cumplimiento de su misión de impartir justicia” no limitarse a los planteamientos alegados por los litigantes sino que puede entender en todos los hechos, tramitaciones de la causa y en sus méritos “para la mejor administración de justicia y del derecho . . Recientemente reiteramos esa posición por voz del Juez Presidente en Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369, 372 (1974).

En cuanto a otras jurisdicciones, en uno de los casos más importantes de la jurisprudencia de los Estados Unidos, Erie R. Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938), el Tribunal Supremo de aquel país hizo su trascendental decisión, revocando un siglo de jurisprudencia en sentido contrario, también sin que el planteamiento hubiese sido alegado.

-0-

Voto concurrente en parte del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Mi reverencia por nuestra tradición civilista latina no me inclina a aceptar sin reserva todos sus ordenamientos. El Art. 42 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 julio, 1957 (España) regula con carácter general la responsabilidad del Estado español y renuncia a la inmu-nidad de éste, “sin perjuicio de que el Estado, previo el oportuno expediente, pueda declarar responsables a las autoridades y funcionarios que por culpa o negligencia hayan lesionado los bienes o derechos de la Administración o los de tercero”. Bonet Ramón, Código Civil Comentado, 2da ed. (1964), págs. 1507-1508.

Considero más justa la legislación de Puerto Rico que renunciando a la inmunidad del Estado impone un límite conceptual y económico a las reclamaciones bajo el 1803, en vez de recuperar del funcionario o empleado, con posible ruina de su modesto patrimonio, los daños que su negligencia causare, como lo autoriza el estatuto español. En nuestro medio, donde tanto el Estado, como sus funcionarios, como los propios terceros perjudicados en general son parcos en recursos, debemos evadir la solución drástica y optar por un adecuado aumento en los límites de responsabilidad, acción que corresponde a la Asamblea Legislativa. La moderación que representa la limitación de cuantías y la exclusión de ciertas acciones por el Art. 6 de la Ley Núm. 104 de 29 junio, 1955 (32 L.P.R.A. sees. 3077 y 3081) no contraviene el debido proceso ni niega la igual protección de las leyes. Responde a nuestra circunstancia y realidad vital y al reconocido interés público en proteger tanto al reclamante, como al empleado o funcionario y los recursos del Estado.

La apreciación de la prueba es arbitrio del juzgador quien llegó a la conclusión de que se trata de accidente desgraciado y que no medió culpa de los agentes. Sin embargo, la prueba acusa actuación irreflexiva y negligente de los agentes policías por lo que se justifica, a tenor de la Regla 43.2 (1979), prescindir de las conclusiones de instancia y declarar el caso compensable. En este aspecto exclusivamente concurro en el resultado a que llega el compañero Juez Rigau.

—O—

Opinión del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

He dado mi voto a la opinión del Tribunal por considerar que hace una interpretación liberal de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sees. 3077 a 3084. Mas, habiéndose hecho una expresión concurrente por el com-pañero Juez Rigau, ala que se une el señor Juez Presidente y, como participo del criterio en ella enunciado de que dicha ley es inconstitucional, me parece conveniente dejar constancia de mi posición, lo que hago mediante el presente escrito.

No empece la norma de abstención que los tribunales nos hemos trazado respecto a la consideración de la validez constitucional de un estatuto cuando ello no se nos ha planteado y cuando el caso puede resolverse por otros funda-mentos, Pacheco v. Srio. Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592 (1979); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Pueblo ex rel. M.G.G., 99 D.P.R. 925, 927 (1971); Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507, 516 (1965); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958), considero deseable que la profesión en general sepa cómo pensamos sus jueces sobre el particular.

Estoy de acuerdo con el análisis que hace el Juez Rigau sobre el origen y desarrollo de la llamada teoría de “inmunidad del Estado”, como fundamento para sostener la invalidez de la ley. No obstante, elaboraría, sobre los conceptos que a continuación expongo.

1. El Estado ejerce aquellos poderes y goza de aquellos derechos que el Pueblo le ha delegado en su Constitución, que es su estatuto orgánico. Aquellos poderes expresamente no delegados al Estado pertenecen al Pueblo. Entre ellos está el derecho de cada ciudadano a reclamarle al Estado por los daños que éste le cause.

Declara explícitamente nuestra Constitución, en su Preámbulo:

“Que el sistema democrático es fundamental para la vida de la comunidad puertorriqueña;
“Que entendemos por sistema democrático aquel donde la voluntad del pueblo es la fuente del poder público, donde el orden político está subordinado a los derechos del hombre y donde se asegura la libre participación del ciudadano en las decisiones colectivas.” Párrafos tercero y cuarto, Preámbulo de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (Énfasis nuestro.)

El Estado no puede estar inmune a los reclamos del Pueblo. Si lo estuviese, sería un contrasentido reclamar que es en el Pueblo donde radica la soberanía; se estarían negando su naturaleza y la fuente de su poder. La Carta de Derechos de nuestra Constitución hace una enumeración de derechos que son otras tantas limitaciones de los poderes delegados al Estado. Finalmente, en su Sec. 19, declara:

“La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos per-tenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados es-pecíficamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.” (Art. II, Sec. 19.)

La Constitución no contiene una cláusula de interpretación liberal con respecto a los poderes del Estado. Por el contrario, los poderes del Estado han de interpretarse restrictivamente cuando confligen con los derechos del Pueblo. Tal es el mandato constitucional recogido en la transcrita Sec. 19. El Estado no tenía que autorizar, mediante la Ley Núm. 104 que nos ocupa, que se le pueda demandar. El derecho a demandar al Estado está implícito en la soberanía del Pueblo, que no ha sido ni expresa ni implícitamente renunciado.

2. La Ley Núm. 104 viola la cláusula del debido proceso de ley al impedir o limitar el acceso a los tribunales de aquellas personas a quienes el Estado causa daño.

Por analogía, puede considerarse lo resuelto por el Tribunal Supremo federal en Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371 (1971). Allí se determinó que la aplicación a indigentes de ciertos requisitos de pagos por la presentación de demandas civiles y sus correspondientes emplazamientos violaba el debido proceso de ley garantizado por la Enmienda Catorce de la Constitución federal. El estado de Connecticut exigía el pago de $60.00 por la presentación de una demanda de divorcio, más otra suma por el emplazamiento, cantidades que los apelantes no podían pagar. Dijo el Tribunal Supremo, págs. 382-383:

“ We do not decide that access for all individuals to the courts is a right that is, in all circumstances, guaranteed by the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment so that its exercise may not be placed beyond the reach of any individual, for, as we have already noted, in the case before us this right is the exclusive precondition to the adjustment of a fundamental human relationship. The requirement that these appellants resort to the judicial process is entirely a state-created matter. Thus we hold only that a State may not, consistent with the obligations imposed on it by the Due Process Clause of the Fourteenth Amendment, pre-empt the right to dissolve this legal relationship without affording all citizens access to the means it has prescribed for doing so.” Boddie v. Connecticut, 401 U.S. 371, 382-383 (1971).

A pesar de semejante lenguaje, se ha señalado la posi-bilidad de aplicar a Boddie a pleitos contra el gobierno. En ambos casos el Estado monopoliza los medios para resolver el conflicto. Como consecuencia, se violaría el debido proceso de ley si el Estado impusiese cualquier condición que impidiese el acceso a los tribunales de quienes reclaman contra él, a menos que existiese una razón de peso para ello. Véanse The Supreme Court, 1970 Term, 85 Harv. L. Rev. 3, 107, nota 18 (1971); Abram, Access to the Judicial Process, 6 Georgia L. Rev. 247, 255 (1972).

Si bien el Tribunal Supremo federal ha rehusado extender a Boddie más allá de su resultado específico, United States v. Kras, 409 U.S. 434 (1973); Ortwein v. Schwab, 410 U.S. 656 (1973), ello no es óbice para que este Tribunal interprete nuestra cláusula constitucional sobre el debido proceso de ley en forma más amplia.

En nuestro sistema de derecho la norma es que aquél que causa daño a otro mediante culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado. 31 L.P.R.A. see. 5141. Esta responsabilidad se extiende no sólo a los actos propios sino también a los de aquellas personas de quienes se debe responder, y en este concepto el Estado responde “en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular.” 31 L.P.R.A. see. 5142. A la luz de estas disposiciones, el resarcimiento de los daños causados por culpa o negligencia es un valor de extrema importancia.

Cuando una persona sufre daños por los actos culposos o negligentes del Estado, su reclamación cae bajo el exclusivo control de éste. La Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 impone un requisito de notificación al Secretario de Justicia y prohíbe las acciones por daños y perjuicios causados por ciertas categorías de actuaciones. 32 L.P.R.A. secs. 3077a, 3081. El Estado controla el acceso a los tribunales de quienes han sufrido daño por sus actuaciones, colocando al reclamante en una posición de indefensión. Estos obstáculos carecen de justificación suficiente. Son limitaciones arbitrarias que contravienen toda noción básica de justicia, en violación del debido proceso de ley garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado. Art. II, Sec. 7.

3. La citada Ley Núm. 104 conflige, además, con la cláusula de igual protección de las leyes.

Dicha ley, según su título, tiene el propósito de “autorizar las reclamaciones y demandas contra el Estado”. Su historial legislativo apuntala ese propósito. La Comisión de lo Jurídico de la Cámara, al informar sobre el P. de la C. 1145, que se convirtió en la citada Ley Núm. 104, expresó:

“La medida está inspirada en el deseo de que el Estado pueda ser demandado cuando cualquier ciudadano entienda que tiene una buena y justa causa de acción y que sea el poder judicial el que determine la validez y suficiencias [s?c] que se formulan contra el Estado.” Diario de Sesiones, Vol. IV, T. III, pág. 1989 (1954).

El Sr. Polanco Abreu, expresándose sobre el proyecto, dijo:

“Esta Cámara ha resuelto definitivamente, a mi juicio, el que sea el Poder Judicial el que determine la suficiencia de todas las demandas que contra el Estado se radiquen. Claramente queda establecido ahí que es el Poder Judicial ante quien se ventila [síe], de igual a igual, el ciudadano y el Estado, cualquier demanda que contra él se tenga.” Diario de Sesiones, Vol. IV, T. III, pág. 1990 (1954).

Sin lugar a dudas, el propósito de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 es facilitar el acceso a los tribunales de las reclamaciones que tengan los ciudadanos contra el Estado incluyendo aquéllas por daños y perjuicios.

La Ley Núm. 104 en su Art. 6 crea unas excepciones a la responsabilidad del Estado, responsabilidad que dicha ley reconoce. Impide las reclamaciones contra el Estado cuando éstas surgen de las actuaciones allí contempladas. 31 L.P.R.A. see. 3081. Con esas excepciones está creando una distinción entre personas que están en la misma posición. De todas las personas que constituyen el grupo de perjudicados por actua-ciones del Estado, distingue aquellas cuyos daños surgen de las actuaciones contempladas en el Art. 6 y les prohíbe hacer reclamación contra el Estado. Establece una clasificación legislativa a todas luces irrazonable. Dijimos en Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 277 (1975):

“El Estado puede hacer clasificaciones entre las personas sin infringir dicho principio siempre y cuando la clasificación sea razonable con miras a la consecución o protección de un interés público legítimo.”

El criterio del nexo racional exige que la clasificación cumpla propósitos legítimos y tenga una relación racional con éstos. La “racionalidad” se ha de medir a base de la capacidad de la clasificación para cumplir los propósitos de la legislación. Zachry International v. Tribunal Superior, supra; Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972); L. Tribe, American Constitutional Law, N.Y. The Foundation Press, 1978, see. 16-2.

Un examen de la clasificación creada por el Art. 6 de la Ley Núm. 104 demuestra que ésta carece de nexo racional con los propósitos de dicha ley. Por un lado, dicho estatuto reconoce el derecho de los ciudadanos a instar reclamaciones contra el Estado ante los tribunales de justicia y, por otro lado, limita ese derecho a determinados ciudadanos a base de qué funcionario o empleado del Estado causa el daño y en función de qué lo causa. Así por ejemplo, si un policía, en el desempeño de sus funciones, se excede y negligentemente causa daño a una persona, el Estado responde. Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964); Báez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67 (1963). Pero si puede establecerse una distinción para que la actuación negligente del policía pueda constituir un acto culposo suyo, procesable como uno de los delitos mencionados en dicho Art. 6, el Estado no responde. Báez Vega, supra. En otras palabras, se hace depender la responsabilidad del Estado de sutilezas interpretativas a base de las cuales algunas personas tienen derecho y otras no, a reclamar por daños que el Estado les causa. Nada más arbitrario, frente a la cláusula de igual protección.

Para concluir, es de notarse que la llamada inmunidad del Estado contra reclamaciones va en decadencia. Ha sido abolida como tal, o en su manifestación como inmunidad gubernamental, mediante decisiones judiciales en las si-guientes jurisdicciones estatales norteamericanas: Arizona (Stone v. Arizona Highway Commission, 381 P.2d 107 (1963)); California (Muskopf v. Corning Hospital District, 359 P.2d 457 (1961)); Colorado (Colorado Racing Commissions. Brush Racing Ass’n, 316 P.2d 582 (1957); Evans v. Board of County Commissioners of County of El Paso, 482 P.2d 968 (1971); Proffitt v. State of Colorado, 482 P.2d 965 (1971)); Indiana (Campbell v. State, 284 N.E.2d 733 (1972)); Michigan (Williams v. City of Detroit, 111 N.W.2d 1 (1961)); Nueva Jersey (Willis v. Dept. of Conservation, 264 A.2d 34 (1970)); Nuevo México (Hicks v. State, 544 P.2d 1153 (1975)); Pennsylvania (Ayala v. Philadelphia Board of Public Education, 305 A.2d 877 (1973); Mayle v. Pennsylvania Dept. of Highways, 388 A.2d 709 (1978)). El Distrito de Columbia también ha abolido la inmunidad gubernamental. (Spencer v. Genereal Hospital of the District of Columbia, 425 F.2d 479 (1969)). Merece señalarse que la gran mayoría de estos casos tomaron como fundamento para la abolición de la inmunidad del soberano el hecho de que esta doctrina fue creada judicialmente. Como criatura judicial, ésta puede morir judicialmente.

      (1) No procede entrar a considerar la validez constitucional de la Ley Núm. 104 de 1955(32 L.P.R.A. see. 3077 Wm/.). El recurrente no ha impugnado en instancia ni ante este Tribunal la validez de dicha ley. En E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958), consignamos como principio de derecho constitucional lo expuesto por el Juez Brandéis en Ashwander v. Tennessee, 297 U.S. 288, 348 (1935), al efecto de que “[c]uando se cuestiona la validez de una ley del Congreso, y aun cuando se suscite una duda seria sobre su constítucionalidad, es un principio cardinal que esta Corte primero se asegurará de si existe una interpretación razonable de la ley, que le permita soslayar la cuestión constitucional”.

      (2) Cuello Calón, Derecho Penal, 16ta edición. 1971. T. I. Vol. I, págs. 419-20.

      (1) Prescribe, en lo pertinente, el Art. 6 de la citada ley que nada de lo allí dispuesto autoriza acciones de daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona. 32 L.P.R.A. seo. 3081.

      (2) Luis Muñoz Morales, Reseña Histórica y Anotaciones al Código dril de Puerto Rico — Libro I (1947); Del mismo autor, Compendio de Legislación Puerto-rriqueña y sus Precedentes! 1948); Manuel Rodríguez Ramos, Por la Reformulación del Derecho Puertorriqueño, 18 Rev. Jur. U.P.R. 22 (1948-49): Del mismo autor, Breve Historia délos Códigos de Puerto Rico, 19 Rev. Jur. U.P.R. 233 (1949-50); Luis Alberto Sánchez, La Enseñanza del Derecho, 20 Rev. Jur. U.P.R. 239 (1950-51); Joseph Dainow, The Method of Legal Development Through Judicial Interpretation in Lousiana and Puerto Rico, 22 Rev. Jur. U.P.R. 108 (1952-53); Alfonso Garcia Martínez, Idioma y Derecho en Puerto Rico, 20 Rev. C. Abo. P.R. 183 (1960); José Trias Monge, Derecho y Justicia en Puerto Rico, 25 Rev. C. Abo. P.R. 417 (1964-65); Miró Cardona, El Sistema Penal de Puerto Rico, 35 Rev. Jur. U.P.R. 375,381(1966); Se incurre en evidente error ai importar instituciones jurídicas por perfectas que se consideren éstas en su país de origen; Luis M. Ribo, Observaciones sobre la Jurisprudencia en la Enseñanza del Derecho, 20 Revista de Derecho Puertorriqueño 335 (1966); F. V. Smith, The Preservation of Civilian Tradition in “Mixed Jurisdiction", 35 Rev. Jur. U.P.R. 263(1966); Alfonso L. García Martinez, Forma de las Leyes, 26 Rev. C. Abo. P.R. 202 (1966); Díaz Asencio, La Teoría de la Parte Realmente Interesada en la Jurisdicción Puertorriqueña, 36 Rev. Jur. U.P.R. 87 (1967); Clara López Baralt, Español: Idioma del Proceso Judicial, 36 Rev. Jur. U.P.R. 393(1967); Eduardo Vázquez Bote, Un Caso Ejemplar de los Problemas del Derecho en Puerto Rico, 38 Revista de Derecho Puertorriqueño 257 (1970); Carmelo Delgado Cintrón, Historia del Derecho Puertorriqueño, 31 Rev. C. Abo. P.R. 157 y 283 (1970); Manuel Rodríguez Ramos, La Equidad en el Derecho Civil (Estudio de Derecho Comparado), 33 Rev. C. Abo. P.R. 5 (1972); José Trías Monge, Considera-ciones sobre Nuestra Justicia, 33 Rev. C. Abo. P.R. 57 (1972); Carmelo Delgado Cintrón, Las Escuelas de Derecho de Puerto Rico, 1790-1961, 41 Rev. Jur. U.P.R. 7 (1972); Alfonso García Martínez, El Idioma y la Profesión Legal, 34 Rev. C. Abo. P.R. 473 (1973); José Trías Monge, Fallas de Nuestro Sistema de Justicia, 35 Rev. C. Abo. P.R. 379 (1974); José Trías Monge, Las Escuelas y Estudiantes de Derecho y la Reforma Judicial, 9 Rev. Jur. U.I.A. 143 (1974); Eulalio A. Torres, The Puerto Rico Penal Codeof 1902-1975: A Case Study of American Legal Imperialism, 45 Rev. Jur. U.P.R. 1, 3-4 (1976); Raúl Serrano Geyls, Los Códigos de Familia de Costa Rica y Cuba, 45 Rev. Jur. U.P.R. 84 (1976); Carmelo Delgado Cintrón, La Transculturación del Pensamiento Jurídico de Puerto Rico, 45 Rev. Jur. U.P.R. 305 (1976); Marco A. Rigau, La Formación del Abogado y Nuestro Derecho — Etica, Técnica, Idioma, 45 Rev. Jur. U.P.R. 11 (1976); y en 38 Rev. C. Abo. P.R. 1 (1977); José Trías Monge, La Enseñanza del Derecho y la Formación de un Derecho Propio, 11 Rev. Jur. U.I.A. 771 (1977); José Ramón Vélez Torres, La Presencia de los Sistemas de Derecho Civil y de Derecho Anglosajón en la Jurisprudencia Puertorriqueña, 11 Rev. Jur. U.I.A. 805 (1977); José Trías Monge, El Derecho de Puerto Rico, 12 Rev. Jur. U.I.A. 7 (1977); Germán de Granda, Transculturación e Interferencia Lingüística en el Puerto Rico Contemporáneo, 1898-1968 (1968).

      (3) J. Irizarry, y Puente, The Responsibility of the State an a "Juristic Person " in Latin America, 18 Tul. L. Rev. 408, 410 (1943-44).

      (4) J. Irizarry y Puente, Ibid.

        (5) Rosaly v. El Pueblo. 16 D.P.R. 508 (1910); Aponte v. Freiría, 20 D.P.R. 93 (1914); Ortiz v. Pueblo, 44 D.P.R. 153 (1932); M. Graue Hijos v. Pueblo. 51 D.P.R. 13 (1937); Pérez v. Pueblo, 54 D.P.R. 34 (1938); Pérez v. Pueblo, 55 D.P.R. 437 (1939); Soto v. Lucchetti, 58 D.P.R. 713 (1941); Ortiz Toro v. Pueblo, 59 D.P.R. 441 (1941); Rivera v. Pueblo, 65 D.P.R. 983 (1946); Quintero v. Serricio de Riego, 66 D.P.R. 940 (1947); Peña v. Pueblo, 68 D.P.R. 942 (1948); Aceredo v. Pueblo. 69 D.P.R. 434 (1948); Rodríguez v. Pueblo, 75 D.P.R. 401 (1953); Meléndez v. E.L.A., 81 D.P.R. 824 (1960); Jiménez v. El Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961); Baralt v. E.L.A., 83 D.P.R. 277 (1961); Vda. de Valentín v. E.L.A., 84 D.P.R. 112 (1961); Dobbins v. Hato Reg Psychiatric Hospital. 87 D.P.R. 30 (1962); Báez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67 (1963); Montes v. Fondo del Seguro del Estado. 87 D.P.R. 199 (1963); Alberio Quiñones v. E.L.A.. 90 D.P.R. 812 (1964); Rivera Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776 (1972); Piñeiro Manzano v. E.L.A., 101 D.P.R. 113 (1973); y Piñeiro Manzano v. E.L.A., 102 D.P.R. 795 (1974), en reconsideración.

      (6) Siguiendo la corriente contemporánea de reconocer la responsabilidad del Estado, la ley federal eliminó casi toda la inmunidad estatal que antes prescribía. 88 Statutes 50 (1974).