source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García, Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Ernesto García Colón y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por él y su esposa Awilda Santiago, en representación de sus hijos Ernestwilda, Ernesto, Jorge Rafael, de apellidos García Santiago, y Ernesto García López y sus padres Alejandrino García y Juana Colón Rodríguez, demandantes y recurridos, v. Filipo De Jesús López y la Sociedad Legal de Bienes Gananciales compuesta por él y su esposa Jane Doe, por desconocerse su verdadero nombre, Gulf Consolidated Services y XYZ Compañía Aseguradora, por desconocerse su verdadero nombre, demandados y recurrentes.

      Número: RE-89-312

      Resuelto: 29 de septiembre de 1989

      Mario J. Pabón, de O’Neill & Borges, abogado de los recurrentes; la parte recurrida no compareció.
   RESOLUCIÓN

A la tercera moción de reconsideración, no ha lugar.

Se le impone a la representación legal de la parte recu-rrente una sanción de $500 a favor del señor Secretario de Hacienda de Puerto Rico, la cual deberá depositar en la Se-cretaría de este Tribunal dentro de un término no mayor de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto concurrente, al cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto disidente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

La imposición en este caso de una sanción económica de $500 a la representación legal de los demandados recurrentes De Jesús López y otros, en ocasión de denegar una tercera moción de reconsideración, procede como medida disuasiva con miras a poner fin a la litigación en este Foro apelativo.

La práctica no es nueva. Ya se ha dado en otros casos. Un inventario rápido de los archivos en la Secretaría revela que el 24 de marzo de 1988, por unanimidad, en el Recurso RE-87-571, el abogado del demandante recurrente fue san-cionado con $100 en ocasión de presentar una cuarta moción de reconsideración; el 14 de octubre de 1988, en el Recurso CE-88-309, la representación legal de los peticionarios fue sancionada en $500 ante una cuarta moción de reconsidera-ción, y el 12 de enero de 1989, en el Recurso RE-88-424, ante una tercera moción de reconsideración se impuso una san-ción de $300 a los abogados de los demandantes recurrentes. La resolución hizo constar que el Juez Asociado Señor Negron García reconsideraría y que el Juez Asociado Señor Rebollo López ordenaría el desglose de la moción de reconside-ración. Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso no intervinieron.

Esta facultad no puede quedar subsumida ni derogada por razón de la resolución emitida el 27 de enero de 1989 en el controversial caso sobre la Ley de Cierre, Recurso CE-86-430, Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 D.P.R. 179 (1989). Como demostraremos, la naturaleza y situación peculiar en torno al trámite decisorio allí habido no es buen precedente ni fundamento para elaborar una tesis de incon-sistencia institucional al respecto ni para descartarla.

De hecho, con posterioridad a esa fecha, el 9 de febrero de 1989, en el Recurso RE-88-424, el Tribunal aceptó el pago de una sanción de $300 que se impuso a los abogados de los demandantes recurrentes ante una tercera moción de recon-sideración. Sólo el Juez Asociado Señor Rebollo López hizo constar que' relevaría a la representación legal de la parte recurrente de esa sanción en vista del dictamen del Tribunal antes aludido en Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra. Y el 4 de agosto de 1989, en el Recurso RE-89-220, la Sala especial de verano integrada por su Presidente, el Juez Asociado Señor Ortiz, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso, al denegar una tercera moción de reconsideración, impuso a los abogados de la parte demandante recurrente una sanción de $500. Final-mente, en fecha tan reciente como el 17 de agosto de 1989, por unanimidad, la otra Sala especial de verano compuesta por los Jueces Asociados Señores Rebollo López, Hernández Denton, Alonso Alonso y el que suscribe, adoptó igual curso de acción ante una cuarta solicitud de reconsideración en el Recurso RE-89-213 e impuso una sanción de $250 a los abo-gados de la demandada recurrente.

II

En resumen, la imposición de sanciones económicas al declarar sin lugar terceras y cuartas mociones de reconside-ración ha sido norma y práctica aceptada. El que en determi-nado caso uno (1) o más Jueces discrepen, no erosiona su vigencia y utilidad. Tampoco la desvirtúa lo resuelto en Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra. Veamos.

La sentencia confirmatoria en dicho caso fue dictada el 23 de noviembre de 1988 por estar igualmente dividido el Tribunal ante la inhibición de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. El 20 de enero de 1989 declaramos sin lugar la primera reconsideración de los demandantes apelados Pueblo International, Inc. y otros. Los Jueces participantes rei-teraron sus respectivas posiciones y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón su inhibición. Se instruyó- a Pueblo International, Inc. a que se atuviera a lo resuelto y ordenamos la remisión inmediata del mandato. En esa etapa, se agudiza-ron las discrepancias originales, al extremo de que el Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió un voto explicativo, al cual se unió el Juez Asociado Señor Alonso Alonso, y este magistrado suscribió un voto concurrente.

Subsiguientemente, en tiempo, los demandantes ape-lados Pueblo International, Inc. y otros nos solicitaron la de-volución del mandato, presentaron una segunda reconsideración y, además, solicitaron la paralización de los efectos de la sentencia por seis (6) meses. Nuevamente los Jueces ratifica-ron sus posiciones sobre la constitucionalidad o no de la Ley de Cierre y, por igual votación, con la inhibición de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, fue denegada la reconsi-deración. En esa resolución se advirtió a las partes —en particular a Pueblo International, Inc. y a su represen-tación legal— “bajo apercibimiento de sanciones económicas [que] deber[í]an atenerse a lo resuelto”. Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra, pág. 202. El Juez Asociado Señor Rebollo López, mediante voto particular, consigno, entre otros pronunciamientos, su criterio de que hubiese desglo-sado el último escrito de Pueblo International, Inc. y hubiese impuesto severas sanciones económicas y disciplinarias a éste y a sus abogados. Fundó su parecer en que una conducta similar había generado la imposición de sanciones en otros casos y no existía razón para actuar en forma distinta. El Juez Asociado Señor Ortiz coincidió en cuanto a ese extremo. Así apercibidos, Pueblo International, Inc. y las demás partes acataron la resolución y el caso reposó en nuestros tribunales.

H-I H — I 1 — 1

Se advierten, pues, las notables diferencias entre el caso de autos y el de Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra. El planteamiento de inconstitucionalidad, la pluralidad de criterios jurídicos, las divergencias internas existentes, la in-hibición de un miembro del Tribunal y el empate habido ex-plican satisfactoriamente las razones por las cuales —ex-cepto los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Ortiz— la mayoría se abstuvo de imponer sanciones en esa etapa. Claro está, el acatamiento de Pueblo International, Inc. de nuestra última resolución hizo innecesario un pronuncia-miento posterior al efecto.

Desde el punto de vista doctrinario la lección es clara. La imposición de sanciones económicas no es dictamen de carác-ter automático o absoluto. Las instancias apuntadas reflejan que el tamaño de la vara judicial sigue siendo el mismo; sólo cambian las dimensiones del objeto medido —el recurso— y la extensión de cada recurso es única. Depende del trámite habido, de los señalamientos, del grado de temeridad del re-currente, de los apercibimientos —si algunos— y, claro está, de la apreciación individual de cada magistrado sobre los méritos del reclamo primario que —sumado o restado al de los demás— cuaja como dictamen unánime colegiado o sim-plemente como el sentir mayoritario con sus expresiones disidentes.

Reconocida nuestra falibilidad humana —y, como corola-rio, el deber de rectificar errores judiciales— la resolución de hoy dista mucho de ser caracterizada como hija de la irre-flexión, producto de un capricho o el resultado de una actua-ción inconsistente. Por sus trasfondos, méritos, el interés pú-blico y la forma de votación, el caso Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra, y el de autos no guardan semejanza ni son remotamente comparables.

—O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Mediante Resolución de 24 de agosto de 1989 el Tribunal, al denegar la segunda moción de reconsideración que radi-cara la parte demandada recurrente, le ordenó a ésta que se atuviera a lo resuelto. Ello no obstante, dicha parte radicó ante este Tribunal una tercera moción de reconsideración. En vista de ello, el Tribunal en el día de hoy ha entendido procedente imponerle a la representación legal de la parte demandada recurrente una sanción económica de $500. DISENTIMOS. Veamos por qué.

El más alto tribunal apelativo del País, como máximo res-ponsable de la calidad de la justicia que se dispensa en el mismo, viene en la obligación —entre otras— de ser consis-tente en sus decisiones. Aun cuando es correcto que el Tribunal no puede atarse, inflexible e inexorablemente, a lo re-suelto en el pasado y que el ser consistente no constituye garantía absoluta de la corrección de las decisiones que emi-timos, la consistencia en nuestras decisiones y actuaciones resulta ser indispensable para la estabilidad, confiabilidad y credibilidad de nuestro sistema de justicia.

En lo individual, el ser consistentes nos brinda tranquili-dad de consciencia y nos permite dormir tranquilos. La in-consistencia puede resultar en la injusticia. Debemos, en consecuencia, siempre tratar de utilizar la “misma vara de medir” con todos aquellos que acuden a nuestra puerta en busca de que se les haga justicia.

H-l I — I

El pasado 27 de enero de 1989, en el voto particular que emitiéramos en el caso de Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, 123 D.P.R. 179, 205-206 (1989) —al expresarnos en rela-ción con una moción de reconsideración que ante este Tribunal había radicado la parte demandante apelada en violación de una orden de “atenerse a lo resuelto”— señalamos:

Por último, deseamos hacer constar nuestro disenso res-pecto a la decisión del Tribunal de no actuar en estos mo-mentos respecto a la violación por parte de los demandantes apelados, y sus abogados, de los claros términos de nuestra Resolución de 20 de enero de 1989. En dicha resolución espe-cíficamente se le ordenó a la parte demandante apelada a “ate-nerse a lo resuelto” y se le instruyó al Secretario General del Tribunal para que procediera de inmediato a “la remisión del mandato en el caso de epígrafe”. Resolución de 20 de enero de 1989, pág. 180.
La radicación de la moción de reconsideración por parte de los demandantes apelados constituye una evidente violación a dicha resolución y, en nuestra opinión, ameritaba no sólo que se hubiera ordenado, sin ulterior trámite y consideración, el desglose de dicho escrito, sino la imposición de severas san-ciones económicas y disciplinarias a la parte apelada y a sus abogados.
Ello lo hemos hecho en el pasado en ocasiones en que otras partes y otros abogados han incurrido en conducta similar. No hay razón alguna para actuar en forma distinta en el presente caso. (Enfasis suplido.)

I — I i — I I — I

Debe mantenerse presente que aun cuando en el caso de Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra, el Tribunal se encontraba dividido en lo referente a la cuestión constitucio-nal planteada en el mismo, la orden dirigida a la parte de-mandante apelada (Pueblo) a los efectos de que se atuviera a lo resuelto fue una suscrita y endosada por todos los Jueces que participaron en el caso. Es por ello que al igual que en otros casos anteriores al de Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra —enumerados en el voto concurrente emi-tido por el Juez Asociado Señor Negrón García en el citado caso— sin lugar a dudas procedía la imposición de sanciones económicas a la representación legal de dicha parte. Se tra-taba igualmente de una violación crasa e injustificada de una orden de este Tribunal. La mayoría no tomó acción alguna respecto a la misma. Desconocemos la razón para dicha ac-tuación inconsistente. Únicamente se nos ocurre pensar que la inexplicada actuación de la mayoría de los integrantes del Tribunal en dicho caso respondió a un cambio de política so-bre esta clase de situación por parte del Tribunal.

¿Por qué luego el viraje repentino? ¿Por qué la “excep-ción” en el caso de Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra? ¿En qué se diferencia la actuación de la representa-ción legal de la parte demandante apelada en el caso de Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra, a la realizada por la representación legal de otras partes en casos anteriores y posteriores a éste? ¿Acaso no se trata del mismo tipo de con-ducta censurable? ¿Por qué la inconsistencia? No lo sa-bemos. Inexplicablemente no se ha utilizado “la misma vara” por la mayoría de los integrantes del Tribunal.

IV

No hay duda de que tenemos el poder —y hasta la obli-gación— de rectificar nuestros errores. Ello requiere, sin embargo, el deber de actuar, desde un principio, en forma responsable y ponderada, a diferencia de festinadamente. Esto es, la rectificación en la mayor parte de las ocasiones resulta ser innecesaria si actuamos pensadamente. Por otro lado, la decisión de rectificar o de tomar un curso de acción distinto a uno anterior no puede tener como base el mero capricho. En otras palabras, debe existir una razón o funda-mento jurídico para ello. Después de todo, no debe olvidarse que nuestra discreción no es ilimitada; hay que recordar que existe tal cosa como el abuso de la discreción judicial.

V

No objetamos la imposición en sí de la sanción econó-mica. No hay duda que, al igual que en el caso de Pueblo Int’l, Inc. v. Srio. de Justicia, supra, los abogados hoy san-cionados impunemente violaron nuestra orden de “atenerse a lo resuelto”. Lo que objetamos vehementemente es la in-consistencia del Tribunal en relación con esta clase de si-tuación. Es por ello que disentimos.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    José Granados Navedo, peticionario, v. Marcos A. Rodríguez Estrada, en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y otros, recurridos.

      Número: CE-89-30

      Resuelto: 6 de octubre de 1989

      David Rivé Rivera, abogado del Presidente de la Comisión Esta-tal de Elecciones, recurrido.
   RESOLUCIÓN

Vista la moción para que se devuelva el mandato some-tido por la Comisión Estatal de Elecciones, y considerando los términos de la Opinión y Sentencia de 29 de septiembre de 1989 y la importancia de que el foro de instancia proceda prontamente con los procedimientos ulteriores correspon-dientes, se instruye al Secretario General para que el próximo 9 de octubre de 1989 proceda de inmediato a la re-misión del mandato en el caso de epígrafe.

Los Señores Jueces reiteran y ratifican sus respectivas posiciones en lo referente a los méritos del recurso según las mismas quedaran plasmadas en la sentencia emitida el 29 de septiembre de 1989.

Notifíquese por la vía telefónica y por escrito.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

1-H

Este Tribunal no debería ser imagen de unos valores pro-cesales en crisis. Discrepamos de la resolución que ordena la remisión inmediata del mandato en este caso. Ese decreto prescinde injustamente del trámite y los términos para soli-citar reconsideración según fueron establecidos en la Regla 45 de nuestro Reglamento, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Con respeto al criterio mayoritario, la resolución per se es festinada. Producto de una solicitud presentada ayer tarde por el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones —y de idéntico pedido en esta tarde mediante moción con-junta del Comisionado Electoral del Partido Popular Demo-crático (P.P.D.), Lcdo. Eudaldo Báez Galib, y el demandado Héctor L. Acevedo Pérez— implica una vez más un ejercicio discrecional ilimitado “sin darle ninguna oportunidad y sin observar el debido proceso de ley hacia las partes originales ... que aprisiona, en particular, a la litigante más afectada, la demandante González Suárez”, promovente de una acción separada e independiente de mandamus y da-ños y perjuicios contra la Comisión Estatal y otros (KPE-89-0274). Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 618-619 (1989).

II

Al hacerlo hemos comprometido y limitado peligrosa-mente nuestro sentido de responsabilidad institucional en cuanto al ámbito temporal de nuestra jurisdicción apelativa. Bajo el desgastado vocablo de la “importancia” del caso ig-noramos otra vez unos términos configurativos de derechos sustantivos y procesales de las partes. El 29 de septiembre, inconstitucionalmente, la mayoría descartó el trámite de em-plazamiento personal para adquirir válidamente jurisdicción sobre mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) electores acu-mulados indebidamente como partes, y ahora, de un plu-mazo, lo hacen en cuanto al trámite de reconsideración ape-lativo.

De hecho, la resolución mayoritaria sólo podría expli-carse si, a priori, partimos de la premisa de que ninguna de las partes originales en el pleito de impugnación o en la de-manda de mandamus y daños y perjuicios —excepto la Co-misión Estatal de Elecciones, Acevedo Pérez y Báez Galib— pedirá la reconsideración. Confesamos que carecemos de la mágica bola de cristal para así anticiparlo, desconocemos el cimiento u origen de ese conocimiento y los fundamentos que pudieran aducir las partes perdidosas en abono de una re-consideración.

HH HH HH

La premura en remitir el mandato, por razones de tiempo, nos impide afinar otros conceptos. Basta tener pre-sente que la “señora González Suárez nunca ha tenido ni se le ha brindado la oportunidad de exponer, en foro judicial alguno, su posición respecto a la presente decisión de añadir a su caso —por vía de acumulación— mil ochocientos cua-renta y cuatro (1,844) nuevas partes. Cabe recordar de nuevo las siguientes palabras iluminadoras del Juez Frankfurter, citadas en el análisis del Prof. L.H. Tribe en su obra American Constitutional Law, Mineola, Ed. Foundation Press, 1978, Sec. 10-7, pág. 503: ‘“la validez y autoridad moral de una conclusión depende en gran medida de la manera en que se llegó a ella.... Ningún instrumento mejor ha sido diseñado para arribar a la verdad que el ofrecer a una persona en peligro de sufrir una pérdida seria, notificación del caso en su contra y oportunidad para enfrentarlo. Tampoco se ha encontrado una mejor manera para generar el senti-miento tan importante para un gobierno popular, que se ha hecho justicia”.’ (Traducción nuestra.)” (Énfasis en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 674.

A fin de cuentas, el mandato no es otra cosa que el “medio oficial [y regular] de que nos valemos para comunicar al tribunal de instancia la disposición qué hemos hecho de la sen-tencia [o resolución] objeto de revisión y de ordenarle el cumplimiento con los términos de nuestra actuación”. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241, 246 (1969). Véase Pan American v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 447, 451 (1969). Sólo procede ministerialmente cuando ha transcu-rrido el término de diez (10) días laborables que tienen las partes para solicitar una reconsideración. Regla 45 de nuestro Reglamento, supra. Asumiendo que —por interacción de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A— dicho término pudiera ser discrecional-mente disminuido o, en situaciones extremas, eliminado, ello aquí es improcedente. Bajo el lenguaje de la Regla 50, supra, no sirve a “los mejores intereses de todas las partes” (énfasis suplido), como tampoco necesariamente significa un “más justo y eficiente despacho”.

En este recurso, el término para solicitar reconsidera-ción de la decisión de 29 de septiembre se cumple —una vez descontados los días feriados comprendidos— el próximo 16 de octubre. ¿Por qué entonces, prudencialmente, ante la de-cisión dividida y fundamentada en una votación cerrada de cuatro a tres (4-3) Jueces de este Foro, no esperar su venci-miento o requerirle a las restantes partes que no han compa-recido que expongan su posición al respecto? Con marcha en retroceso en el ámbito procesal no se avanza hacia la supera-ción de nuestra democracia.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    José Granados Navedo, peticionario, v. Marcos A. Rodríguez Estrada, en su calidad de Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, y otros, recurridos.

      Número: CE-89-30

      Resuelto: 11 de octubre de 1989

      Francisco Quiñones Vizcarrondo, abogado de la interventora.
   SENTENCIA

A la moción para solicitar intervención y aclaración de opinión de la parte interventora, no ha lugar.

Notifíquese por la vía telefónica y por escrito.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Señores Jueces reiteran y ratifican sus respec-tivas posiciones en lo referente a los méritos del recurso, según las mismas quedaron plasmadas en la Sentencia de 29 de septiembre de 1989 y en la Resolución de 6 de octubre de 1989. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

I

Nuevamente discrepamos. En nuestra opinión disidente del pasado 29 de septiembre de 1989 dijimos:

¿Qué hace hoy la mayoría de este Tribunal por votación cerrada? Revoca una vez más al Tribunal Superior, pero eufe-místicamente caracteriza el mandato como una mera “modifi-cación”. Opinión mayoritaria, pág. 600. Esa “modificación”, a su vez, fuerza una decisión de emitir un decreto en el caso distinto de mandamus y daños y perjuicios sin darle ninguna oportunidad y sin observar el debido proceso de ley hacia las partes originales en ese proceso que aprisiona, en particular, a la litigante más afectada, la demandante González Suárez. De los escombros del dictamen del Tribunal Superior crean instantánea y artificialmente un peculiar y extraño pleito de clase que no cumple los trámites más elementales prescritos. Luego echan a un lado y mutilan toda la normativa y jurispru-dencia —civil y electoral vigente— sobre el emplazamiento personal requerido para que un tribunal adquiera válida-mente jurisdicción sobre una parte, citando aisladamente y atribuyendo unos efectos que no tiene a unas expresiones ver-tidas en Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986). Por último, improvisada, arbitraria e inconstitucionalmente susti-tuyen la notificación personal de mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) electores por una sencilla notificación por correo certificado.
Con respeto para todos, ese dictamen es una “caja de pan-dora” de frágil hechura judicial que no debió abrirse. Entre sus males brota bruscamente no ya una transformación proce-sal, sino la desfiguración, por el tribunal de instancia, del pleito de impugnación entre Granados Navedo y Acevedo Pérez en trámite desde el 19 de diciembre de 1988, y la fea defor-mación en apelación, por la mayoría de este Tribunal, de la acción de mandamus y daños y perjuicios iniciada separada e independientemente por la electora González Suárez el 17 de febrero de 1989, sin brindar a ella y a todas las partes involucradas la oportunidad de una comparecencia.
Coincidentalmente, ambos decretos confunden principios y mecanismos procesales elementales, inyectan unas va-riantes impermisibles que trastocan el esquema legislativo especial y ordinario pautado, son contrarios a la solución lógica y ordenada visualizada en las reglas vigentes y no so-lucionan —sino que agudizan— las infracciones al debido proceso de ley constitucional. Sobre todo complican y atra-san la adjudicación del pleito de impugnación e, innecesa-riamente, proyectan un conflicto jurisdiccional con la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. (Énfasis suplido y en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 618-620 (1989), opinión disidente.

Y, más adelante, indicamos:

El enredo de la opinión mayoritaria es transparente. Funde causas de acciones diferentes y confunde los efectos del meca-nismo de la consolidación con el de acumulación. En movi-miento de traslación llega al extremo de mudar de lugar a uno de los litigantes principales, al concluir que la acción de mandamus y daños y perjuicios de la señora González Suá-rez, como el pleito de “impugnación por el señor Granados Navedo tienen el mismo objetivo —cuestionar el resultado electoral para el cargo de Alcalde de San Juan ...”. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 608. La mutación procesal culmina cuando astutamente en dicha opinión se formula la pregunta siguiente: “¿qué clase de remedio completo se le puede ofrecer al peticionario Granados Navedo...?” (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) íd. En otras pala-bras, aun cuando la mayoría reconoce que los electores no son acumulables como partes en el pleito de impugnación, conti-núan girando descontroladamente en torno a Granados Navedo —y también, sin mencionarlo, alrededor de Acevedo Pé-rez— y, atraídos fatalmente por ese polo magnético o centro de gravedad, enrevesadamente y sin fundamentos jurídicos los acumulan en la acción independiente de la señora Gonzá-lez Suárez. El tambaleante puente que sirve de sostén a ese gigantesco paso e inesperado tránsito sustantivo y procesal es una sencilla consolidación. (Énfasis en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, págs. 653-654.

Estos argumentos y otros más esgrimidos vehemente-mente en abono de la total revocación de la orden del Tribunal Superior —y contra el curso decisorio mayoritario de acumular como partes a mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) electores y meramente notificarles por correo certifi-cado— fueron rechazados. Ante ello, concluimos que había prevalecido una decisión violatoria del debido proceso de ley de los derechos correspondientes a la señora González Suá-rez y de esos numerosos electores antes marginados por la Comisión Estatal de Elecciones. Esas violaciones no termi-naron en ese momento.

I — i HH

Pocos días después, el 6 de octubre, este Tribunal festina-damente y a destiempo —sin haber transcurrido el término para una reconsideración— ordenó la remisión inmediata del mandato a solicitud del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los demandados Báez Galib y Acevedo Pérez. Objetamos entonces dicho proceder:

... [H]emos comprometido y limitado peligrosamente nues-tro sentido de responsabilidad institucional en cuanto al ám- bito temporal de nuestra jurisdicción apelativa. Bajo el des-gastado vocablo de la “importancia” del caso, ignoramos otra vez unos términos configurativos de derechos sustantivos y procesales de las partes. El 29 de septiembre, inconstitucio-nalmente, la mayoría descartó el trámite de emplazamiento personal para adquirir válidamente jurisdicción sobre mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) electores acumulados in-debidamente como partes, y ahora, de un plumazo, lo hacen en cuanto al trámite de reconsideración apelativo.
De hecho, la resolución mayoritaria sólo podría explicarse si, a priori, partimos de la premisa de que ninguna de las partes originales en el pleito de impugnación o en la demanda de mandamus y daños y perjuicios —excepto la Comisión Estatal de Elecciones, Acevedo Pérez y Báez Galib— pedirá la reconsideración. Confesamos que carecemos de la mágica bola de cristal para así anticiparlo, desconocemos la base u origen de ese conocimiento y los fundamentos que pudieran aducir las partes perdidosas en abono de una reconsidera-ción.

HH 1 — I

La premura en remitir el mandato, por razones de tiempo, nos impide añnar otros conceptos. Basta tener presente que la “señora González Suárez nunca ha tenido ni se le ha brindado la oportunidad de exponer, en foro judicial alguno, su posi-ción respecto a la presente decisión de añadir a su caso —por vía de acumulación— mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) nuevas partes. Cabe recordar de nuevo las siguientes pala-bras iluminadoras del Juez Frankfurter, citadas en el análisis del Prof. L.H. Tribe en su obra American Constitutional Law, Mineola, Ed. Foundation Press, 1978, Sec. 10-7, pág. 503: ‘“la validez y autoridad moral de una conclusión de-pende en gran medida de la manera en que se llegó a ella. ... Ningún instrumento mejor ha sido diseñado para arribar a la verdad que el ofrecer a una persona en peligro de sufrir una pérdida seria, notificación del caso en su contra y oportunidad para enfrentarlo. Tampoco se ha encontrado una mejor ma-nera para generar el sentimiento tan importante para un go-bierno popular, que se ha hecho justicia”.’ (Traducción nues-tra.)” (Enfasis en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 674.
A fin de cuentas, el mandato no es otra cosa que el medio oficial [y regular] de que nos valemos para comunicar al tribunal de instancia la disposición que hemos hecho de la senten-cia [o resolución] objeto de revisión y de ordenarle el cumpli-miento con los términos de nuestra actuación”. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241, 246 (1969). Véase Pan American v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 447, 451 (1969). Sólo pro-cede ministerialmente cuando ha transcurrido el término de diez (10) días laborables que tienen las partes para solicitar una reconsideración. Regla 45 [del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A]. Asumiendo que —por interac-ción de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A— dicho término pudiera ser discrecional-mente disminuido o, en situaciones extremas, eliminado, ello aquí es improcedente. Bajo el lenguaje de la Regla 50, supra, no sirve a “los mejores intereses de todas las partes”, como tampoco necesariamente significa un “más justo y eficiente despacho”.
En este recurso, el término para solicitar reconsideración de la decisión de 29 de septiembre se cumple —una vez des-contados los días feriados comprendidos— el próximo 16 de octubre. ¿Por qué entonces, prudencialmente, ante la decisión dividida y fundamentada en una votación cerrada de cuatro a tres (4-3) Jueces de este Foro, no esperar su vencimiento o requerirle a las restantes partes que no han comparecido que expongan su posición al respecto? Con marcha en retroceso en el ámbito procesal no se avanza hacia la superación de nuestra democracia. (Énfasis suplido y en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada III, 124 D.P.R. 716, 718-720 (1989).

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Prevalece el estado de indefensión judicial. “Este Tribunal no debería ser imagen de unos valores procesales en crisis.” Granados v. Rodríguez Estrada III, supra, pág. 717, opinión disidente. Nos explicamos. Por primera vez compa-rece ante este Foro la señora González Suárez y pide inter-vención y aclaración, mediante enmienda, del error antes señalado en la opinión de 29 de septiembre.

A pesar de los méritos de su solicitud, le han cerrado las puertas “de cantazo”. Específicamente —por conducto de su abogado Francisco Quiñones Vizcarrondo— ha controver-tido la principal conclusión mayoritaria que los llevó a conso-lidar y a acumular mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) electores como partes, a saber, que su acción “tien[e] el mismo objetivo [de] cuestionar el resultado electoral para el cargo de Alcalde de San Juan . . Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 608. A tal efecto nos recuerda el ca-rácter constitucional y personalísimo de su reclamo y aclara que, en reunión celebrada en instancia el 5 de octubre, los litigantes Granados Navedo y Acevedo Pérez —a través de sus respectivos abogados— reconocieron todo lo contrario, esto es, estipularon que su caso no había sido presen-tado “para certificar o descertificar alcalde electo o candi-dato alguno”. Añade que lo único que se acordó fue la pre-sentación de la prueba sobre sus cualificaciones de electora en una sola vista y subsiguientemente, en una aparte, el des-file de prueba sobre daños y perjuicios.

Ante esta VERDAD, lo procedente sería reclamar el mandato e inmediatamente corregir dicho error en la opi-nión mayoritaria. La resolución de hoy, sin fundamentos, niega discrecionalmente ese remedio. La renuencia a así re-conocerlo configura un patrón acumulativo de injusticia. Se comprende al percatarnos de que su aceptación implicaría una reconsideración de la opinión mayoritaria, la cual frágil-mente sólo se funda en el ejercicio de una discreción ilimi-tada. Estamos a tiempo para hacer cumplida justicia y “fijar correctamente las coordenadas que en el plano electoral y constitucional el recurso nos presenta”. (Énfasis suprimido.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 682, opinión disidente. Contra la VERDAD no cabe invocar discreción judicial alguna. A la postre, “[p]or su naturaleza no re-glada, el ejercicio de la discreción es la prerrogativa judicial más poderosa y peligrosa. Siempre reclama una pro-funda: reflexión íntima de conciencia”. (Énfasis en el original.) Íd., pág. 684.


author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Richard Pietri Villanueva, acusado y recurrido.

      Número: CE-89-350

      Resuelto: 16 de octubre de 1989

      Aleida Varona Méndez, abogada de la Comisión para los Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud de la Comisión para los Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador para intervenir como amicus curiae, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió voto particular de conformidad. Los Jueces Asociados Se-ñores Negrón García y Hernández Denton concederían la solicitud de amicus curiae de la Comisión para los Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

—O—

Voto particular explicativo de la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón.

Ante nosotros comparece la Comisión para los Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador (en adelante la Co-misión) y solicita comparecer como amicus curiae en el caso de epígrafe.

I

La figura del amicus curiae

Traducido literalmente amicus curiae significa “amigo de la corte”. Nuestro ordenamiento lo contempla en la Regla 43 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. Dicha regla establece lo siguiente:

El Tribunal motu proprio o a solicitud de cualquier parte realmente interesada podrá autorizar o invitar la comparecen-cia de la misma como amicus curiae en cualquier caso que se ventile ante el Tribunal. A menos que el Tribunal ordenare otra cosa, la petición deberá ser radicada por lo menos diez días antes de ser sometídole el asunto para decisión.

En cuanto a los orígenes de esta figura nos remitimos a lo expresado en Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 126-127 (1980).

En Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 580 (1985), expresamos que las características esenciales de esta figura “son las siguientes: (1) la comparecencia no se funda en un derecho, sino en un privilegio sujeto a la sana discre-ción del tribunal; (2) su participación se justifica en casos revestidos de interés público; (3) más que al interés del amicus curiae, debe responder a las necesidades del tribunal con el propósito de estar mejor informado, y (4) ‘no debe darse la intervención para que se convierta en una parte del litigio’”.

Un vez establecidas estas características o criterios, pa-saremos a determinar si la solicitud hecha por la Comisión para que se le nombre como amicus curiae cumple con los mismos.

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Aplicación de los criterios a la solicitud de la comisión

A. El carácter discrecional de la participación

La primera de las características señaladas, más que un criterio, es una norma cautelar dirigida a los tribunales. Un tribunal no debe aceptar o rechazar livianamente una solici-tud de intervención como amicus curiae. En Pueblo ex rel. L.V.C., supra, pág. 129, indicamos que el tribunal, al decidir si acepta o rechaza la intervención del amicus curiae, debe tomar en consideración factores tales como “el interés pú-blico del asunto bajo consideración, lo novel de las cuestiones planteadas, el alcance de la adjudicación que haya de hacerse en cuanto a terceros que no son parte en el litigio, las cues-tiones de política pública que puedan estar planteadas, la magnitud de los derechos que puedan estar en juego, etc”. (Énfasis suplido.) Allí también expresamos que “[njinguna persona o entidad, y ningún abogado, tiene derecho a inter-venir como amicus curiae en un litigio. Su autorización para hacerlo debe responder, más que a su interés, a la necesidad del tribunal y a su propósito de estar mejor informado para hacer la más cumplida justicia”. íd. Aun cuando “[n]o puede haber criterios fijos limitativos ni particularizad ores de los factores a tomarse en consideración” (id.) para el nombra-miento de un amicus curiae, en el sano ejercicio de su facul-tad discrecional, el tribunal debe ponderar la solicitud de in-tervención y aceptarla en la medida en que la misma cumpla, al menos, con los criterios previamente señalados y que dis-cutiremos a continuación.

B. El elemento del interés público

Un procedimiento seguido en los tribunales puede estar revestido de interés público por diversas razones. Puede tra-tarse de un caso que plantee una controversia que envuelva una cuestión de política pública del Estado o muy bien puede ser una situación que, debido al impacto que produce en la sociedad, adquiere un alto contenido de interés público general.

No abrigamos ninguna duda en cuanto al hecho de que el procedimiento que se sigue contra el Sr. Richard Pietri Villa-nueva está matizado de un gran interés público. Ha sido ob-jeto de una amplia cobertura por parte de los medios noti-ciosos del país. Además, los hechos constitutivos del delito por el cual fue convicto el señor Pietri Villanueva son pro-ducto de una situación que afecta a nuestra sociedad, cono-cida como violencia doméstica. Recientemente, como res-puesta a esta realidad social insoslayable, la Asamblea Le-gislativa aprobó la Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989 (8 L.P.R.A. sec. 601 et seq.), mediante la cual “[e]l Gobierno de Puerto Rico reconoce que la violencia doméstica es uno de los problemas más graves y complejos que confronta nuestra sociedad” y establece como política pública del Estado Libre Asociado el “dar énfasis a atender las dificultades que las situaciones de violencia doméstica presentan...”. Art. 1.2 de la Ley Núm. 54, supra, 8 L.P.R.A. sec. 601.

Sin embargo, el interés público que revista un caso no es un factor a considerarse por sí solo, sino que tiene que balan-cearse con —entre otros factores— la magnitud del derecho en juego en cada caso. Pueblo ex rel. L.V.C., supra.

En un caso de naturaleza civil, el análisis para determi-nar si se acepta o se rechaza la solicitud (aunque igualmente necesario) no requiere tanta rigurosidad como cuando se trata de un procedimiento de naturaleza criminal. Aquí el derecho en juego —por lo general, y sobre todo en casos de delitos graves— es el derecho que tiene todo individuo a la libertad. El señor Pietri Villanueva fue convicto por el delito de homicidio voluntario y está ante nuestra consideración la determinación de si se revoca o no la resolución del tribunal de instancia que le impuso una sentencia suspendida. Es-tamos dirimiendo un asunto muy delicado que incide directa-mente con el derecho del señor Pietri a su libertad. Desde esta perspectiva, el derecho en juego en este caso, por ser fundamental, del más profundo entronque en nuestro sis-tema de vida democrático, debe ser seriamente considerado al momento de decidir si se acepta o se rechaza la solicitud de intervención como amicus curiae.

C. El propósito de informar al tribunal

La función primordial del amicus curiae, y tal vez su más valiosa aportación, debe ser proporcionarle al tribunal toda aquella información necesaria y pertinente para la solución de las controversias traídas ante su consideración. La infor-mación debe ser de tal naturaleza que sea difícil el acceso a ella a través de vías ordinarias permisibles a los tribunales. La medida en que la información que el amicus curiae aporte al tribunal sea accesible a éste mediante mecanismos procesales ordinarios,() es un factor que media contra la concesión de la solicitud de intervención. Pueblo ex rel. L.V.C., supra.

La información que aporte el amicus curiae debe ser ob-jetiva y estar dirigida a ilustrar al juzgador en materias no-veles, técnicas o que impliquen un alto grado de dificultad, sin que esto se entienda como un listado taxativo y exclu-yente.

Una lectura y un análisis detallado de la solicitud presen-tada por la Comisión nos lleva a concluir que sólo la parte II() de la misma cumple con la función de informar al tribunal de acuerdo con el criterio que hemos discutido. Lamenta-blemente el resto de la solicitud de intervención se aparta de lo que hemos conceptualizado como la función informativa del amicus curiae. En esta medida, no podemos aceptar en su totalidad la solicitud de intervención que la Comisión ha presentado.

D. La conversión del amicus curiae en parte

En ocasiones anteriores hemos expresado que los tribu-nales no deben admitir un amicus curiae para que se con-vierta, mediante su intervención, en una parte formal en el litigio que se tramita. Pueblo ex rel. L.V.C., supra. En la medida en que la intervención tenga el efecto de convertirlo en parte, coloca en una situación de desventaja a la parte a quien no le favorezca dicha intervención. Esto debe evitarse sobre todo en un proceso de naturaleza criminal. Permitirlo equivaldría a revivir “la descartada figura del fiscal especial privado”, la cual ha sido superada por nuestro sistema de justicia criminal desde 1974. Pueblo ex rel. L.V.C., supra, pág. 130.

La solicitud de intervención presentada por la Comisión, de ser aceptada tal y como está redactada en todas sus partes, la convertiría en parte en el litigio. La colocaría en un rol “coprotagonista en la función clásica de fiscal acusador”. Pueblo v. González Malavé, supra, pág. 582.

En la parte III de su solicitud de amicus curiae la Comi-sión, adoptando una posición activa y fiscalizadora, aquilata y argumenta la prueba que desfiló contra el señor Pietri Vi-llanueva para culminar en su solicitud de que dejemos sin efecto la resolución de instancia que le concedió sentencia suspendida al convicto señor Pietri. Tal participación es im-permisible por ser totalmente ajena al concepto de amicus curiae y, como tal, lesiva a los derechos del recurrido.

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Conclusión

Lo antes expuesto nos lleva a concluir que a pesar del gran interés público que reviste este caso deben prevalecer los derechos del recurrido, pues la solicitud de la Comisión va más allá de la función primordial de informar al tribunal hasta colocarla en la posición de parte acusadora.

Si dicha solicitud fuera presentada de acuerdo con los cri-terios que hemos discutido, no tendría duda alguna en votar a favor de que sea admitida. De la forma que ha sido redac-tada, su admisibilidad es simplemente inaceptable.

      (1) En Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 129 (1980), mencionamos los mecanismos procesales ordinarios siguientes: “el nombramiento de comisionados especiales, de peritos del tribunal, y las reglas sobre descubrimiento de prueba”. Por lo general, estos mecanismos son utilizados más frecuentemente en instancia. Nada impide que algunos de ellos puedan ser utilizados en un procedimiento ape-lativo o revisor. Puede acudirse a otros mecanismos.

      (2) La parte II de la solicitud ha sido intitulada como “Análisis del Problema de Violencia Doméstica”. Es una exposición de información muy valiosa que ayuda a entender las causas de la violencia doméstica y, sobre todo, a enfrentar este serio problema con el fin de erradicarlo. Expone las distintas modalidades de violencia doméstica y sus efectos en la sociedad.
      Los datos e información recopilados por la Comisión para los Asuntos de la Mujer de la Oficina del Gobernador pueden ser de mucha ayuda a nuestros tribu-nales en la aportación del sistema judicial a la solución de este comportamiento que afecta a la familia puertorriqueña. Sin embargo, deben ser presentados de forma tal que puedan ser admitidos sin lesionar los derechos y garantías de las partes.


text:
    Sharon Riley et al., demandantes y recurridos, v. Dra. Edith Rodríguez Pacheco, demandada y peticionaria.

      Número: CE-88-583

      Resuelto: 17 de octubre de 1989

      Jorge A. Santini Padilla y Alfonso Miranda Cárdenas, abogados de la peticionaria; Héctor M. Alvarado Tizol, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente caso nos permite interpretar si la enmienda a la Regla 44.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), Ley Núm. 82 de 6 de julio de 1985, aplica a todos los casos que estén pendientes ante los tribunales a la fecha de su aprobación, en los cuales no hubiere recaído sentencia final y firme o si, por el contrario, aplica sólo a aquellos en que no hubiere recaído sentencia final.( )

En el caso de autos el tribunal de instancia, mediante Re-solución de 12 de septiembre de 1988, determinó lo siguiente:

Habiendo la Sentencia en el presente caso advenido final y firme posterior a la vigencia de la Ley Núm. 82, aprobada el 6 de julio de 1985, el interés que se le aplicará a la misma es el 12%.() Exhibit V, pág. 50.

I — I

Los hechos procesales pertinentes que dan lugar a la pre-sente reclamación tuvieron su génesis en la demanda instada el 4 de mayo de 1976 ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, mediante la cual Sharon Riley, por sí y en representa-ción de su única hija Sylvia Pérez Riley, reclamó resarci-miento por los daños sufridos como consecuencia de la con-ducta negligente de los demandados, la ginecóloga obstetra Edith Rodríguez de Pacheco, el anestesiólogo Dr. Víctor Zeni y el Hospital Pavía. El 20 de julio de 1983 el foro de instancia dictó sentencia a favor de las demandantes. La parte demandada acudió en alzada ante este Tribunal y el 2 de diciembre de 1987 emitimos una decisión mediante la cual se confirmó la sentencia recurrida, en cuanto a la determina-ción de responsabilidad por la negligencia de los médicos de-mandados, pero se modificó para rebajar algunas de las cuantías concedidas.

En 1983, cuando el tribunal de primera instancia emitió sentencia final, el tipo de interés legal que regía era el seis por ciento (6%) anual. Anterior Regla 44.3 de Procedimiento Civil de 1979; Art. 1649 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4591.

Mientras el caso estaba pendiente ante este Foro, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 82, supra, y la Ley Núm. 100 de 9 de julio de 1985. La primera enmendó la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, para disponer específicamente que el tipo de interés a pagarse sobre la cuantía de una sentencia, incluso costas y honorarios, sería el doce por ciento (12%) anual. La segunda, por su parte, enmendó el Art. 1649 del Código Civil, supra, a los fines de eliminar de esa disposición el interés legal aplicable a los fallos y a las sentencias que no se hubieren cumplido.

El caso requiere que interpretemos el Art. 2 de la Ley Núm. 82, supra, en lo que respecta a determinar a qué sen-tencias les serán aplicables las disposiciones de esta ley. Dicho artículo lee:

Las disposiciones de esta ley serán aplicables a toda senten-cia dictada con posterioridad a la vigencia de la misma. (Enfasis suplido.) 1985 Leyes de Puerto Rico 284, 286.

HH I — I

Recientemente, en Monrozeau v. Srio. de Justicia, 121 D.P.R. 885, 888-889 (1988), en relación con la Ley Núm. 82, supra, interpretamos que “la intención clara del legislador fue darle efecto retroactivo a la enmienda en todos los casos pendientes a esa fecha en que se dictara sentencia con posterioridad al 6 de julio de 1985”. En este mismo caso la demanda se presentó el 19 de marzo de 1985 y la sentencia se dictó el 31 de enero de 1986. De esta sentencia no se solicitó revisión. Resolvimos, pues, que bajo estas circunstancias eran aplicables los intereses por temeridad al tipo del doce por ciento (12%) anual. Específicamente expresamos que como el caso “estaba ‘en trámite’ al momento de entrar en vigor la enmienda, sus disposiciones benefician a la deman-dante y obligan tanto al tribunal como a la parte deman-dada”. íd., pág. 890. Ahora nos confrontamos con una situa-ción en que, a la fecha en que el tribunal de instancia emitió sentencia final, los intereses legales aplicables se computa-ban al seis por ciento (6%) anual. Sin embargo, a la fecha en que la sentencia advino final y firme, ya se había aprobado la enmienda a la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, y los intereses se computaban al doce por ciento (12%) anual. No cabe duda de que si la Ley Núm. 82, supra, fuese de aplica-ción prospectiva, los intereses se computarían al seis por ciento (6%), el fijado por la ley vigente al dictarse la senten-cia final. Ahora bien, el legislador optó por darle efecto retro-activo a la enmienda, la hizo aplicable a casos que ya se hu-biesen presentado y estuviesen “en trámite” a la fecha de su vigencia. Art. 2 y Exposición de Motivos de la Ley Núm. 82, supra; Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865, 872, 873 (1983); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987,. Vol. I, Cap. 63, pág. 391.

Recientemente reiteramos la norma de hermenéutica legal de que “[l]as leyes deben interpretarse y aplicarse a tono con el propósito social que las inspira. No debemos desvincularlas del problema humano cuya solución persiguen”. Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589, 595 (1989). Aplicamos también el principio de in pari mate- ria, Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18, o sea, que “leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras”, tomando en consideración su historial legislativo. Citando a García Valdecasas, recalcamos el hecho de que toda ley es “ ‘parte de un todo coherente y armónico —el ordena-miento jurídico— . . . ’. G. García Valdecasas, Parte general del derecho civil español, Madrid, Ed. Civitas, 1983, pág. 111”. Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, supra, pág. 596.

Teniendo presente estos principios de hermenéutica legal, examinemos cuál fue la intención legislativa al aprobar la Ley Núm. 82, supra, y la ley complementaria, Ley Núm. 100, supra. En la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 82, supra, se expresa lo siguiente:

La gran discrepancia que existe en Puerto Rico entre la tasa de interés legal por sentencia (Artículo 1649 del Código Civil) y la tasa de interés prevaleciente en el mercado de dinero es uno de los factores que estimulan a los demandados a litigar irrazonablemente y posponer la adjudicación de controver-sias.
Esto congestiona los tribunales con casos en trámite. La litigación no debe ser nunca un medio de financiamiento. Para evitar esto y la mencionada congestión de casos en trá-mite es que adoptamos la siguiente enmienda. (Énfasis su-plido.) Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 285.

Por su parte, la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 100, supra, lee:

Uno de los mayores problemas que afronta nuestro sistema judicial es la gran congestión de casos en trámite. Con miras a despejar los tribunales de casos frívolos, muchos críticos y estudiosos del sistema han recomendado una reevaluación del interés que debe pagarse sobre la cuantía de una senten-cia o decreto judicial.
Dos factores que estimulan a demandados a irrazonable-mente litigar y posponer la adjudicación de controversias lo son la inflación, con su impacto desvalorizante de la moneda y la gran discrepancia entre la tasa de interés legal por senten-cia (Artículo 1649 del Código Civil) y la tasa de interés preva-leciente en el mercado de dinero.
Para evitar la utilización de la litigación como medio de financiamiento y para lograr aliviar la congestión existente en nuestro sistema judicial es que adoptamos hoy las si-guientes medidas. (Enfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 858.

Ahora bien, en la Cámara de Representantes, al conside-rarse los proyectos de ley que luego se convirtieron en las Leyes Núm. 82 y Núm. 100, supra,() se generó un amplio debate sobre la aplicación retroactiva de la enmienda a la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra. De éste se puede colegir con meridiana claridad que la intención legislativa fue que dicha enmienda fuese de aplicación a todo caso “en trámite” en el que no hubiese recaído aún sentencia final y firme.

Como ejemplo de este sentir están las siguientes expre-siones de los señores legisladores:

SR. PRESIDENTE ACC: Adelante.
SR. RAMIREZ: Para que quede claro el registro. Debo enten-der entonces compañero, que si hay en los Tribunales, como tiene que haberlo, centenares de casos radicados en este mo-mento, pero como no se ha dictado sentencia, cubriría, esta-rían cubiertos, ese doce por ciento por la disposición que vamos a aprobar.
SR. SANTIAGO GARCIA: Eso es correcto.
SR. RAMIREZ: Es decir, que incluiría a los casos que están pendientes de solución o resolución en los Tribunales en este momento.
SR. SANTIAGO GARCIA: Para mayor claridad, yo diría que incluye todo los casos sobre los cuales no haya recaído senten-cia.
SR. RAMIREZ: Y si el caso habiendo recluido [sic] sentencia está ante la consideración de superior jerarquía.
SR. SANTIAGO GARCIA: Yo entiendo Señor Presidente, que si la sentencia, no ha sido final y firme, podría aplicarle esta disposición, este interés, este tipo de interés.
SR. RAMIREZ: A eso iba, compañero, porque la pregunta era esa justamente. Aquellos casos donde la sentencia no es final y firme es de aplicación esta Medida.
SR. SANTIAGO GARCIA: Yo entiendo que sí.
SR. RAMIREZ: Gracias compañero. (Énfasis suplido.) Debate de 22 de abril de 1985, P. de la C. 199, págs. 306-308.

Esta posición se reafirma más adelante en el debate, en las exposiciones que hacen los Honorables Representantes señor Ramírez y señor Noriega Rodríguez:

SR. RAMIREZ: Gracias señor Presidente. Señor Presidente y compañeros de Cámara, en primer lugar yo le voy a solicitar al compañero Santiago García que me permita si no hay obje-ción[,] ser coautor de la Medida. Habíamos radicado un Pro-yecto parecido en el cuatrienio pasado, claro era solicitando un aumento del seis al diecis[é]is por ciento porque [se] pen-saba que la mayoría de los casos en daños y perjuicios, sobre todo aquellos casos por cobro de dinero, el demandado gene-ralmente al aceptar su responsabilidad sostenía bueno como un seis por ciento de inter[és] porque radica en el tribunal y al demandante que lo parta un rayo, y así ha ocurrido y sigue ocurriendo en los tribunales de Puerto Rico. Justamente por-que el interés por sentencias es muy inferior al interés en cua-lesquiera otras consideraciones. Y yo voy a votar en favor de la Medida e invito a los compañeros a que hagan lo propio más que por la Justicia que en sí se le hace al demandado, al de-mandante debo señalar, o al demandado reconvencionista por-que a m[i] juicio sería un disuasivo para que los responsables en acciones en daños y perjuicios o cobro de dinero, reconoz-can realmente, en realidad, de verdad, la deuda que tienen con el demandante. No es la primera ocasión, y los que hemos tenido oportunidad de postular en los tribunales en esta área, que nos hemos percatado de la injusticia que tiene que sufrir el demandante en daños y perjuicios y cobro de dinero preci-samente por esta injusticia del seis por ciento. Sería un disua-sivo como señalo, porque pienso que el demandado que vaya a la oficina de un abogado y se entere de que tiene un diecis[é]is por ciento adicional a las costas y los gastos y a la sentencia propiamente dicho va a tener que pensarlo dos veces antes de recurrir al tribunal, y si lo hace la temeridad sería tan clara y tan absoluta que el tribunal vendría entonces obligado a impo-ner cu[a]ntiosas sumas de honorarios de abogados como pena-lidad, precisamente por la temeridad del demandado en casos de esta naturaleza. Me parece que es una Medida que le hace justicia a todas las Partes, particularmente al demandado, y que los tribunales se van a ver de ahora en adelante, tan pronto entre en vigor la Medida, más aliviados en sus calenda-rios. Por eso y [por] otras razones votaré e invito a los compa-ñeros a que voten con la previa solicitud al compañero Santiago García de que me permita ser coautor de la Medida.
SR. NORIEGA RODRIGUEZ: Señor Presidente, quiero ex-presar a los fines de registro que vamos a votar a favor de esta Medida y nos sentimos honrados de ser coautor, que se nos haya permitido ser coautor, porque la vemos como parte de una serie de enmiendas que hay que realizar en nuestro orde-namiento legal para hacer más justa la comparecencia de las partes litigantes a un tribunal. Los que hemos sido abogad[o] de personas pobres en Puerto Rico sabemos que aunque la igualdad ante la ley es un precepto constitucional la realidad de todos los días en los tribunales no es esa. El litigante pobre va en desventaja con el litigante de recursos económicos, tiene dinero para un buen peritaje, tiene dinero, tiene recursos, puede con su abundancia de recursos apabullar muchos casos en que una persona pobre tiene la razón. Esta Medida, el P. de la C. 202, tiene el propósito, como decía el compañero Porta-voz, de aumentar el interés que devengan las sentencias en casos civiles. Es verdaderamente lamentable que en la actua-lidad la práctica de muchos demandados, especialmente compañías de seguros, es la de dilatar, la de retener, el pago del importe de la sentencia. Se producen en muchas oca-siones revisiones, apelaciones frívolas, ante tribunales supe- ñores, porque resulta un negocio retener el dinero al doce, al quince por ciento, que tener que pagarlo al seis por ciento. Matemática sencilla, señor Presidente, esta Medida unida a otras que espero que en el futuro podamos radicar,, llevan el propósito de hacer más justa la comparecencia de los liti-gantes pobres a los tribunales de tal manera que no se vean apabullados por las personas especialmente los demandados, las compañías de seguros que tienen ese poder económico. Por estas razones señor Presidente nosotros vamos a favorecer esta Medida. (Énfasis suplido.) Debate P. de la C. 199, supra, pág. 312-316.

El caso de autos estaba “en trámite” ante los tribunales —no había recaído aún sentencia final y firme— por hallarse pendiente ante nosotros el recurso de revisión presentado por los demandados cuando se aprobó la enmienda a la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, que impuso el doce por ciento (12%) de interés anual. Tanto del historial legislativo como de la letra de la ley surge con claridad que la intención fue aplicar la enmienda de forma retroactiva. Monrozeau v. Srio. de Justicia, supra. Un examen y estudio integral del historial legislativo también refleja que el propósito del legislador fue aplicar dicha medida a todos los casos que estuviesen “en trámite” ante los tribunales, en los que no hubiese recaído aún sentencia final y firme. Si la parte perdidosa quería liberarse del pago de los intereses, debió haber consignado en el tribunal de instancia lo que la sentencia le ordenó pagar.() Zequeira v. C.R.U.V., 95 D.P.R. 738, 744 (1968).

Estos intereses forman parte integrante de la sentencia y pueden ser recobrados aunque no se mencionen en la misma. Son pagaderos desde que la sentencia advino final, no desde la fecha en que pueda ser confirmada o modificada por un tribunal en alzada. La mera tramitación de un recurso de revisión o de apelación no suspende el devengo de intereses. Zequeira v. C.R.U.V., supra; P.R. & Ame. Ins. Co. v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 621, 622-623 (1962); Polanco v. Cortés, 66 D.P.R. 762, 763 (1946); Francheschi Ex Parte, 53 D.P.R. 75, 79 (1938); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. VII, págs. 249-251.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que con-firme la Resolución de 12 de septiembre de 1988 emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Mediante la Ley Núm. 78 de 11 de julio de 1988 nuevamente se enmendó la Regla 44.3 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill), a fin de dispo-ner que el interés a pagarse sobre la cuantía de una sentencia será la que fije por reglamento la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y esté en vigor al momento de dictarse la sentencia. Esta ley entró en vigor a los sesenta (60) días de su aprobación y se aplica a sentencias que se dicten en demandas presentadas con posterioridad a su fecha de vigencia.

      (2) El 29 de enero de 1988 la Puerto Rican American Insurance Company consignó el monto total de la póliza más los intereses computados al seis por ciento (6%).

      (3) P. de la C. 199 y P. de la C. 202.

      (4) La preocupación del legislador por las tardanzas injustificadas en el pago de la sentencia queda evidenciada en el ejemplo dado por el señor Santiago García durante la discusión del P. de la C. 202. Veamos:
      “Un ejemplo bastaría: Si [a] una persona se le causa daño, radica la corres-pondiente acción en daños y perjuicios, y hay un acuerdo con el demandado en cuanto a la negligencia y posiblemente en cuanto a la cuantía de los daños, los tecnicismos procesales hacen posible que el demandado prolongue con tácticas dilatorias la decisión final del pago, porque mientras no desembolse la cuantía por concepto de los daños ese dinero depositado en Instituciones bancarias le está devengando un interés mayor. Si cogemos una suma, digamos de unos cien mil dólares y el pago logra posponerse por un año, esos cien mil dólares depositados por el demandado a un diez por ciento en una Institución bancaria le producen nada más y nada menos que diez mil dólares. Diez mil dólares que pierde el de-mandante, meramente porque se pospuso el momento de su pago. Si se le hubiese pagado al demandante a tiempo y el demandante hubiese depositado ese dinero, al cabo del año cuando se le paga el demandante hubiese tenido ciento diez mil dólares.” Transcripción Certificada del P. de la C. 202 de 22 de abril de 1985, págs. 294-299.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Magda E. Sagardía Ruiz.

      Número: 5522

      Resuelto: 31 de octubre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Magda E. Sagardia Ruiz, pro se.

   PER CURIAM:

Como resultado de una comunicación que nos enviara el Director de la Oficina de Inspección de Nota-rías —de la cual surge que la abogada notaría Magda E. Sa-gardia Ruiz no había rendido, durante varios meses, los ín-dices notariales que requiere la Ley Notarial de Puerto Rico— mediante Resolución de 27 de abril de 1989 le conce-dimos término a la licenciada Sagardia Ruiz para que mos-trara causa por la cual no debía ser disciplinada como nota-rio.

La licenciada Sagardia Ruiz ha comparecido en cumpli-miento de la referida resolución. En su comparecencia, en adición a reconocer su incumplimiento, informa su deseo de renunciar al ejercicio de la notaría. No brinda explicación satisfactoria, sin embargo, para el referido incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico, el cual se extendió por un período de cinco (5) meses.

En In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303, 305 (1985), expresamos que “el reiterado incumplimiento con las exi-gencias de [la Ley Notarial] acusa una indiferencia de parte del notario que le coloca ‘en el umbral de la incapacidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio’”. (Énfasis suplido.) Véase, en adición, In re Pagani Rodríguez, 109 D.P.R. 831, 833 (1980).

Por las razones antes expresadas, se, suspende a la Lie. Magda E. Sagardía Ruiz clel ejercicio del notariado por el término de tres (3) meses, el cual luego de finalizar se en-tiende aceptada su renuncia al ejercicio del notariado en Puerto Rico. () Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Habiendo ya entregado la licenciada Sagardía Ruiz su obra notarial al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, el referido funcionario proce-derá al correspondiente examen de la misma e informe a este Tribunal. Se ordena el desglose de los originales de los índices notariales del expediente original del caso, los cuales erróneamente remitiera la licenciada Sagardía Ruiz a este Tribunal, sin remisión al Director de la Oficina de Inspección de Notarías.


text:
      In re José Antonio Ralat Pérez.

      Número: 5327

      Resuelto: 9 de noviembre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

   PER CURIAM:

Con motivo de un memorando que nos re-mitiera el Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías —en el cual, en síntesis, nos informó que un examen de la obra notarial del abogado nota-rio José A. Ralat Pérez reflejaba que éste había dejado de adherir en las escrituras que había otorgado como notario durante el año de 1986, según lo requiere la Ley Notarial de Puerto Rico, sellos de rentas internas por una suma en ex-ceso de $7,000.00— mediante Resolución de fecha 15 de junio de 1989 suspendimos a dicho notario, en forma provisional, del ejercicio del notariado en Puerto Rico e instruimos al Alguacil General de este Tribunal para que procediera a in-cautarse de su obra notarial con el propósito de que la misma fuera examinada por el licenciado Martínez Suris. En adi-ción, le concedimos un término de veinte (20) días al licen-ciado Ralat Pérez para que procediera a cancelar los sellos de rentas internas correspondientes y para que mostrara causa por la cual no debía “ser suspendido definitivamente de la notaría y separado del ejercicio de la profesión legal”. Resolución, pág. 5.

Con posterioridad a ello, y en virtud de solicitudes de prórroga radicadas por el licenciado Ralat Pérez, prorro-gamos en dos (2) ocasiones el término concedido mediante la Resolución del 15 de junio de 1989. El término para cumplir con la antes mencionada resolución venció el pasado 30 de septiembre de 1989. El licenciado Ralat Pérez ni ha corre-gido las deficiencias antes mencionadas() ni ha comparecido a mostrar causa según requerídole por el Tribunal.

h-H

La obligación de cancelar sellos en los instrumentos públicos es de estricto cumplimiento, y su omisión no sólo expone al notario a sanciones disciplinarias sino que puede resultar en la configuración de un delito de apropiación ile-gal. In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812 (1984); In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984); In re Platón, 118 D.P.R. 273 (1982).

Procede enfatizarse el hecho de que el incumplimiento por el notario con la obligación de cancelar los sellos correspondientes en las escrituras que otorga puede tener efectos funestos para la sociedad en que éste convive y trabaja. Hasta tanto dichos sellos sean adheridos y cancelados, la validez de dichas escrituras, o de las copias certificadas, está en entredicho, pues las mismas son anulables e ineficaces. Véanse: Art. 10 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2021; Sánchez v. Registrador, 69 D.P.R. 474 (1949); Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976); Inspector de Protocolos v. Dubón, 107 D.P.R. 50 (1978); Rivera Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661 (1982); Banco de Santander de P.R. v. Registrador, 115 D.P.R. 44 (1984); S. Torres Peralta, La nueva Ley Notarial de Puerto Rico, 48 (Núm. 3) Rev. C. Abo. P.R. 3, 104 (1987); P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, págs. 115-116.

La frecuencia con que se ha repetido esta clase de situación durante los últimos años ciertamente es alarmante y motivo de gran preocupación para este Tribunal. Desde In re Merino Quiñones, ante, pág. 814, habíamos advertido y expresado que la práctica de no cancelar los correspondientes sellos era “una... altamente censurable que no debe ser continuada, que no estamos dispuestos a tolerar, y que puede constituir, por sí sola, causa suficiente para la separación de un abogado del ejercicio de la notaría en Puerto Rico”. (Énfasis suplido.)

H-1 1 — 1

Por los fundamentos antes expuestos, se decreta la suspensión permanente del ejercicio del notariado en Puerto Rico del Lcdo. José A. Ralat Pérez. Como expresáramos anteriormente, el mencionado abogado al presente no ha comparecido a mostrar causa en cumplimiento de nuestra Resolución del 15 de junio de 1989. No contamos, en consecuencia, con los elementos de juicio necesarios para disponer respecto a la procedencia o no de sanciones disciplinarias relativas las mismas al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico por parte del licenciado Ralat Pérez. Ello no obstante, se decreta su suspensión provisional del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico hasta tanto éste comparezca y otra cosa disponga el Tribunal. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Conforme memorando de fecha 1ro de noviembre de 1989 del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, el examen de la obra notarial del licenciado Ralat Pérez demuestra que “[e]l gran total de deficiencias aún sin subsanar as-ciende a $14,610.50”.