source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

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text:
    José Charana, demandante y recurrido, v. El Pueblo de Puerto Rico, etc., et al., demandados y recurrentes.

      Número: O-79-62

      Resuelto: 18 de abril de 1980

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ferrer & Alcalá, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el señor José Char ana se presentó denuncia ante el Tribunal de Distrito, Sala de Mayagüez, imputándosele haber infringido el Art. 158 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4241, porque siendo el padre del menor que allí se menciona no ha cumplido su obligación de proveerle alimen-tos a pesar de haber sido requerido para ello. Tras hacer alegación de no culpable y negar la paternidad, el señor Charana presentó demanda ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, en solicitud de sentencia declaratoria de que no es el padre del niño y solicitó auto inhibitorio contra la mencionada Sala de Distrito para paralizar los procedi-mientos en el caso por incumplimiento de la obligación alimenticia y trasladar dicho caso al Superior para ser consolidado con la acción sobre sentencia declaratoria. El Tribunal Superior expidió el auto inhibitorio en los términos propuestos. Contra ello ha recurrido el Procurador General. Resolvemos () que, consideradas la naturaleza de dicho recurso y la naturaleza de la acción cuya consolidación se dispuso mediante el mismo, incidió el tribunal de instancia. Elaboraremos a continuación nuestro criterio.

r-H

El auto inhibitorio, conocido en las jurisdicciones norteamericanas como writ of prohibition y writ of restraint, proyecta sus orígenes hasta los tiempos de Guillermo el Conquistador en el antiguo Derecho Común inglés, en el temprano conflicto entre Iglesia y Estado. Se utilizó por los tribunales de la Corona para impedir que los tribunales eclesiásticos actuasen sobre asuntos que aquellos consideraban ser de su exclusiva incumbencia. () Su nombre en español parece provenir de la llamada “inhibitoria” que se reconocía en la Ley de Enjuiciamiento Civil para España y Ultramar de 1881 y en la Ley de Enjuiciamiento Civil reformada para las islas de Cuba y Puerto Rico promulgada en 1885 y vigente al ocurrir el cambio de soberanía. Ambas leyes instituían dos medidas para promover “cuestiones de competencia” de los tribunales: “la declinatoria”, que se instaba ante el tribunal en que pendía la acción, y “la inhibitoria”, que se presentaba “ante el Juez o Tribunal a quien se considere competente, pidiéndole que dirija oficio al que se estime no serlo, para que se inhiba y remita los autos”. Art. 72 de las citadas leyes de 1881 y 1885. Aunque hay alguna similitud entre el auto inhibitorio y la mencionada acción inhibitoria, dicho auto se instituyó aquí por Ley de 10 de marzo de 1904 como era conocido en las jurisdicciones del Common Law, particularmente el estado de California. Vino a formar parte del Código de Enjuiciamiento Civil al hacerse la recopilación de las leyes procesales en 1933, figurando regulado en los Arts. 664 a 667 de dicho Código, 32 L.P.R.A. sees. 3461 a 3464 respectivamente. () Se le define en el Art. 664, 32 L.P.R.A. see. 3461, de la siguiente manera:

“Auto inhibitorio es un auto expedido por un Tribunal Superior [sic] dirigido al juez y a la parte de un pleito entablado en un tribunal inferior, en el que se les ordena la paralización de todo procedimiento del mismo significándoles que la causa original o algún incidente surgido en dicho pleito no es de su competencia sino de la de otro tribunal; o cuando al ejercer funciones de su competencia el tribunal inferior anulare un derecho legal, o para impedir que un juez conceda una nueva vista, una vez vencido el término señalado para la celebración del juicio.” ()

Es curioso que, aunque los textos del Código de Enjuicia-miento Civil y la anotación que sigue al trascrito Art. 664 en L.P.R.A., señalan el Art. 1102 del Código de Procedimiento Civil de California como el de su procedencia, la redacción de dicho Art. 1102 era en 1904 y continúa siendo muy distinta a la aquí adoptada mediante la Ley de 13 de marzo de ese año, el hoy Art. 664 de nuestro Código. Decía el Art. 1102 del Código californiano en 1904:

“The writ of prohibition is the counterpart of the writ of mandate. It arrests the proceedings of any tribunal, corporation, board, or person whether exercising functions judicial or ministerial, when such proceedings are without or in excess of the jurisdiction of such tribunal, corporation, board or person.” 18 West’s Annotated California Codes, Code of Civil Procedure, sec. 1102, y su anotación.

Este artículo fue adoptado en 1872 y así disponía luego de ser enmendado en 1881. 18 West, op. cit, Historical Note.

La frase “or ministerial” fue eliminada jurisprudencialmente desde el 1878, Mauver v. Mitchell, 53 Cal. 289 (1878); 18 West, op. cit, see. 1102, nota 3. En 1919 fue eliminada legislativamente por enmienda de ese año. 18 West, op. cit., Historical Note. Por enmienda del 1955, 18 West, op. cit., suplemento, se eliminó la primera oración que establece que el auto es la contraparte del auto de mandamus. Véanse Travelers Ins. Co. v. Superior Court, 135 Cal. Rptr. 579, 65 Cal. App. 3d 751 (1977); Castaneda v. Municipal Court, 102 Cal. Rptr. 230, 25 Cal. App. 3d 588 (1972); Duke v. Justice’s Court of City of Berkeley, 108 P.2d 707, 42 Cal. App. 2d 178 (1941); Ames v. Superior Court, 82 P.2d 948, 28 Cal. App. 2d 502 (1938). De esta suerte ha quedado limitado el auto inhibitorio en California a procedimientos ante un tribunal, corporación, junta o persona que ejerza funciones judiciales si tales procedimientos exceden su jurisdicción o no se tiene jurisdicción sobre ellos. Así, se ha conformado a la tradicional definición del Common Law, que es la de nuestro Art. 664, excepto que en éste se añadieron como causas para la expedición del auto la llamada anulación de un derecho legal y la concesión de nueva vista una vez vencido el término señalado para la celebración del juicio. California aún conserva que el auto pueda dirigirse, además de a un tribunal inferior, a una corporación, junta o persona. El auto inhibitorio como se concibe en nuestro Código es de naturaleza estrictamente judicial. Procede solamente por un tribunal superior contra un juez y la parte de un pleito entablado en un tribunal inferior.

Es el auto inhibitorio, además, por su naturaleza, un procedimiento auxiliar o accesorio, es decir, incidental con respecto a un pleito o procedimiento principal. Va dirigido, como señala el citado Art. 664, al juez y a la parte “de un pleito entablado en un tribunal inferior”. Véase Toledo Álamo, Autos Inhibitorios en Puerto Rico, 15 Rev. Jur. U.P.R. 245, 246-248 (1945-46).

Én su aplicación, el auto inhibitorio es preventivo, a diferencia del certiorari. Procede para impedir la comisión de nn acto futuro y no para revisar o corregir determinada actuación de un tribunal inferior. Jiménez v. Corte, 59 D.P.R. 29, 33 (1941). () Es, como los demás remedios legales extraordi-narios, de naturaleza privilegiada, y procede solamente cuando no exista un procedimiento legal ordinario que sea rápido, adecuado y eficaz. Art. 666 del Código de Enjuicia-miento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3463; National City Bank v. Arjona, 49 D.P.R. 355 (1936); Arroyo Rivera v. Corte, 38 D.P.R. 10 (1928). Dijimos en Fortuna Estates v. Texidor, 26 D.P.R. 266, 268 (1918): “El auto inhibitorio es un auto privilegiado que debe usarse con gran cautela y a los efectos de impedir la interrupción y en apoyo de la justicia, y para asegurar el orden y la seguridad en todos los tribunales, cuando no exista otro remedio ordinario. Su esfera de acción y sus propósitos son los de hacer que los tribunales actúen dentro de los límites de su jurisdicción e impedir que usurpen la jurisdicción de otras cortes.” Véase, al mismo efecto, Jiménez v. Corte, supra, págs. 32-33; y véanse Toledo Álamo, supra, pág. 245, y la excelente monografía de William H. Boone, Prohibition: Use of the Writ of Restraint in California, 15 Hastings L.J. 161 (1963-64).

Veamos las tres situaciones en que procede el auto inhibitorio con arreglo al citado y antes transcrito Art. 664: (1) que la causa original o algún incidente surgido en el pleito ante el tribunal inferior no es de su “competencia” sino de la de otro tribunal; (2) cuando al ejercer funciones de su “competencia” el tribunal inferior anulare un derecho legal; y, (3) para impedir que un juez conceda una nueva vista, una vez vencido el término señalado para la celebración del juicio.

En cuanto a la primera — falta de “competencia”— valga señalar que el término “competencia” se refiere a la autoridad del tribunal para entender en el asunto objeto de controversia, es decir, a lo que comúnmente se denomina jurisdicción. Así se ha reconocido siempre en el Common Law, desde el origen del auto inhibitorio. Wolfram, monografía citada supra, escolio (2). Así se ha entendido en California. Véase la jurisprudencia citada al analizar el alcance del Art. 1102 del Código de Procedimiento Civil de dicho estado, y la monografía de Boone a que nos referimos dos párrafos más arriba. Y así lo hemos entendido en nuestra jurisdicción. Asamblea Municipal v. Corte, 62 D.P.R. 772 (1944); Jiménez v. Corte, supra, pág. 33; Arroyo Rivera v. Corte, supra. Véase, asimismo, el citado trabajo del profesor Toledo Álamo, supra, págs. 248-254.

El uso del término “competencia” al redactarse la Sec. 1 de la Ley de 13 de marzo de 1904, hoy Art. 664 de nuestro Código de Enjuiciamiento Civil, parece derivarse de las leyes de enjuiciamiento civil que regían aquí desde el 1881 y que estaban vigentes al firmarse el Tratado de París en 1899. Ambas leyes usaban el término “competencia”, aplicado a la autoridad o jurisdicción del tribunal sobre las partes liti-gantes. Así se desprende del Art. 75 de las dos leyes — la de 1881 y la de 1885 — que disponía: “No podrá proponer la inhibitoria ni la declinatoria el litigante que se hubiese sometido expresa o tácitamente al Juez o Tribunal que conozca del asunto.” Dicho de otro modo, era la parte sobre la cual el tribunal no había adquirido competencia la que podía promover la inhibitoria, independientemente de que el tribunal tuviera jurisdicción. A esta misma conclusión llegó el profesor Toledo Álamo, supra, pág. 250.

El segundo aspecto — cuando teniendo jurisdicción el tribunal éste anulare un derecho legal — ha sido muy pocas veces invocado y no hemos hallado caso alguno en que este Tribunal haya concedido el recurso fundado expresamente en dicha causal. Implícitamente fue aplicada esta causal en P.R. Railway, Light & Power Co. v. Ortiz, Juez, 59 D.P.R. 921, 945 (1942), al concederse el auto inhibitorio por este Tribunal para negar la entrega de una propiedad expropiada sin haberse consignado el precio. Aun así, expresamos que “carece la corte de jurisdicción para dictar la orden de entrega”. Ciertamente, esta segunda causal no ha sido favore-cida. Señaló este Tribunal en Jiménez v. Corte, supra, pág. 32, citando a Fortuna Estates v. Texidor, supra:

“De acuerdo, pues, con el espíritu de la jurisprudencia y con el origen e historia de la ley, al interpretarse el estatuto portorriqueño [s-ie] en la parte que dice que procede el auto ‘cuando al ejercer funciones de su competencia el tribunal inferior anulare un derecho legal,’ tal derecho legal debe ser de verdadera importancia y su anulación manifiesta. De otro modo como en cualquiera resolución incidental errónea dictada en cualquier pleito va envuelta la anulación de un derecho legal, podría recurrirse al auto inhibitorio en todos dichos casos, con lo cual en vez de promoverse se obstaculi-zaría la buena administración de la justicia. A este respecto deseamos consignar también que según el peso de las autoridades, la expedición del auto inhibitorio, con contadas excepciones, descan-sa en la sana discreción de la corte.” (Énfasis en el original.)

En cuanto a la tercera causal para la expedición de un auto inhibitorio — impedir la concesión de una vista, una vez vencido el término señalado para la celebración del juicio — este Tribunal no ha tenido ocasión de expresarse. No hemos hallado caso alguno en nuestra jurisprudencia en que haya sido invocada. Al igual que la segunda causal, parece ser la tendencia a limitar la expedición del auto inhibitorio a casos en que un tribunal intente actuar sobre un asunto careciendo de jurisdicción para ello. Esa ha sido siempre desde su origen y en esencia la base del auto inhibitorio.

Considerada la naturaleza del auto inhibitorio y el marco delimitador que tiene en su función de remedio legal extraordinario, examinemos su aplicabilidad o proceden-eia en el caso ante nuestra consideración. Será menester, además, que consideremos la naturaleza de las dos acciones aquí presentes, a saber, la acción bajo el Art. 158 del Código Penal y la acción sobre sentencia declaratoria dirigida a que se establezca la no paternidad.

El Art. 158 del Código Penal vigente, 33 L.P.R.A. see. 4241, () establece el delito tipificado como “incumplimiento de la obligación alimenticia” que, bajo el Código Penal anterior figuraba en su Art. 263, 33 L.P.R.A. see. 991, con el nombre de “abandono y descuido de menores”. () Dispone el inciso (f) del actual Código:

“(f) A los efectos de determinar la paternidad, el Tribunal de Distrito tiene jurisdicción concurrente con el Tribunal Superior de Puerto Rico.”

Bajo nuestro sistema judicial unificado el Tribunal de Primera Instancia funciona en dos secciones, Tribunal Superior y Tribunal de Distrito. 4 L.P.R.A. secs. 1 y 61. El hecho de que se disponga en el transcrito inciso que ambas secciones tienen jurisdicción concurrente a los fines de determinar la paternidad no implica que la controversia sobre paternidad de un menor pueda estarse juzgando a un mismo tiempo en el Tribunal Superior y en el Tribunal de Distrito, o en dos salas distintas del primero o del segundo. A ese efecto, salvo cuando proceda un traslado de una sala a otra por razón de la competencia sobre los litigantes o por alguna otra razón en que se ha reconocido el derecho al traslado, debe retener el caso aquel tribunal que primeramente haya ejercido jurisdicción. Debe ser así por deferencia a dicho tribunal y porque, como señalamos en Diez Rodríguez v. Guzmán Ruiz, 108 D.P.R. 371 (1979): “Un litigante que acude con antelación en tiempo a pedir remedio debe ser protegido en su derecho a proseguir el procedimiento iniciado en ausencia de opresión o abuso de derecho.”

Es principio generalmente reconocido que cuando dos o más tribunales tienen jurisdicción concurrente sobre un asunto, aquél que primeramente la asume la conserva con exclusión de cualquier otro tribunal en que la acción pueda haber sido iniciada. Cf. Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106, 122 (1969). Esta norma ha sido particularmente aplicada para señalar que el auto inhibitorio no procede para privar de jurisdicción al tribunal que ya la ha asumido. Loftis v. Superior Court, 205 Cal. App. 2d 148 (1962); Greene v. Superior Court, 37 Cal. 2d 307, 310, 231 P.2d 821 (1951); Simmons v. Superior Court of Los Angeles County, 96 Cal. App. 2d 119, 214 P.2d 844. En el caso ante nuestra consideración, cuando se instó por el señor Charana la demanda sobre sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior, ya se había presentado denuncia en su contra en el Tribunal de Distrito, se le había citado, había comparecido y había hecho alegación de no culpable y negado la paternidad. El caso estaba listo para señalamiento.

No podemos aceptar y mucho menos alentar la práctica de aprovechar la concurrencia de jurisdicciones para establecer dualidad de procedimientos en instancia sobre una misma controversia. Esta práctica es más inaceptable si con ella se pretende lograr alguna ventaja y al mismo tiempo derrotar una acción sumaria y de carácter especial como la que establece el Art.-158 del Código Penal, cuyo propósito es disponer un remedio rápido para que un menor de edad pueda obligar a su padre a proveerle el necesario y adecuado sustento.

Nuestra decisión en Diez Rodríguez v. Guzmán Ruiz, supra, no es óbice para lo que aquí expresamos, como tampoco para limitar el alcance de Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978). La cuestión planteada en Diez Rodríguez se inició a la inversa de la aquí presente. Allí se instó acción sobre sentencia declaratoria de no paternidad en el Tribunal Superior, se emplazó al menor demandado y a su madre y éstos, antes de alegar, recurrieron al Tribunal de Distrito mediante denuncia por abandono de menores bajo el Art. 263 del Código Penal entonces vigente, esencialmente igual al 158 del actual Código. No se paralizó ninguna de las acciones. () Ambas continuaron su curso, culminando la del Tribunal de Distrito en la adjudicación de que el acusado era el padre del menor y en su condena por abandono de menores, y posteriormente culminando la acción que pendía en el Superior en sentencia que declaró que el menor no es hijo de dicha persona. Los dos procedimientos culminaron en senten-cias finales irreconciliables entre sí. Resolvimos, y en ello nos ratificamos, que la del Distrito no podía prevalecer.

La paternidad reconocida por el fallo del Tribunal de Distrito quedó desmentida por pruebas científicas que exclu-yeron la posibilidad de que el alegado padre lo fuera. La verdad jurídica no deberá subsistir si se prueba que es contraria a la certeza científica. Los procesos judiciales no pueden servir para que lo que no es cierto se eternice. Ello es particularmente así en casos como el que está ante nuestra consideración. No puede ignorarse que la determinación de la paternidad es cuestión revestida de un gran interés público. Véanse Pérez v. Bauza, 83 D.P.R. 220, 226 (1961); Garzot v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 359, 365 (1964); y Burgos Orellano v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 647, 650 (1973).

Es de rigor reconocer que de conformidad con la Ley de Sentencias Declaratorias () el hecho de que se haya instado la acción penal por incumplimiento de la obligación alimenticia ante el Tribunal de Distrito no priva automáticamente al Tribunal Superior de facultad para conocer del asunto. Dicha ley dispone que . . el Tribunal Superior tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro remedio.” 32 L.P.R.A. see. 2991. Dijimos en Moscoso v. Rivera, 76 D.P.R. 481, 483 (1954):

“Bajo nuestra Ley de Sentencias Declaratorias, aprobada el 25 de abril de 1931 (pág. 379), nuestros tribunales tienen la autoridad para dictar sentencias declaratorias en cuanto al estado (status) de las personas y en cuanto a las relaciones jurídicas entre ellas.”

Sin embargo, el ejercicio de esa facultad no es ilimitado y conlleva el uso de una balanceada discreción del Tribunal “dentro de ciertas fronteras, contornos y postulados jurídicos”. Moscoso, supra, pág. 493. Ello es así, porque el objetivo o fin de la referida ley es proveer al ciudadano un mecanismo procesal de carácter remedial o profiláctico mediante el cual pueda anticiparse a dilucidar ante los tribunales los méritos de cualquier reclamación que en forma latente entrañe un peligro potencial en su contra. Expresamos en Moscoso, supra, págs. 488-489:

" 'La importancia del poder de demandar de parte de un poseedor de derechos que vea que esos derechos están sujetos a disputas o a un peligro potencial, consiste en que se puede obtener la protección judicial antes que el peligro haya madurado hasta convertirse en una catástrofe y antes que la otra parte inicie un litigio para hacer efectivas sus reclamaciones.... La seguridad y la certidumbre en las relaciones jurídicas es una cuestión de tanto interés público como de interés privado...
Efectivamente, el propósito de la ley, de pacificación y de eliminación de la inseguridad y la incertidumbre (sección 12), puede ser logrado mediante una declaración negativa de inexis-tencia de derechos, a instancias de un demandante que crea en forma legítima que sus intereses están sometidos al peligro de una posible reclamación judicial de otra persona. En ese caso, el demandante puede anticipar la actuación del demandado, y plan-tear él mismo la controversia. . . .
... Se trata de un estatuto creador de nuevos remedios, que amplía los viejos remedios tradicionales y, con el propósito de disipar incertidumbres, y contribuir al logro de la paz social, concede la oportunidad de anticipar el ejercicio futuro de determi-nadas causas de acción mediante una declaración previa de derechos. Se trata precisamente de un remedio anterior al ejercicio efectivo de una causa de acción convencional.” Moscoso, supra, págs. 488-489. (Énfasis nuestro.)

Aquí, como hemos visto, la demanda sobre sentencia declaratoria se instó cuando ya existía una reclamación de paternidad ante un tribunal con jurisdicción sobre el asunto y sobre las personas de los litigantes. El auto inhibitorio no podía utilizarse para privarlo de una facultad que en derecho tenía y que ya había asumido.

En cuanto a la segunda causal para la expedición de un auto inhibitorio, no hallamos que la intervención del Tribunal de Distrito en la acción por incumplimiento de la obligación alimenticia pudiera anular derecho legal alguno del señor Charana. Por el contrario, la acción criminal bajo el Art. 158 le daba la ventaja ante el Tribunal de Distrito de que podía cruzarse de brazos, ampararse en su derecho a no incrimi-narse y no declarar si así lo prefería, descansar en la presunción de inocencia, y exigir que su paternidad y culpabilidad se probaran más allá de duda razonable. El quantum de prueba requerido en la acción ante el Tribunal de Distrito sería necesariamente mayor, por tratarse de un caso criminal, que el requerido bajo la norma de preponde-rancia de prueba en la acción de filiación que pudiera ser ejercitada en interés del menor. Véase Pol Sella v. Lugo Christian, supra, y el más reciente caso de Román v. Fattah, 109 D.P.R. 493 (1980).

[ 15] El Art. 158 del Código Penal persigue el propósito de proveer un procedimiento sumario rápido y sencillo para obligar al padre de un menor a proveerle su sustento. Establece términos breves. Su inciso (c) dispone “un plazo de no más de diez (10) días al acusado para que conteste la alegación al efecto” y que el juicio se celebre “inmediata-mente”, limitándose a cinco días el término dentro del cual el juez deberá resolver sobre la paternidad, una vez celebrado el juicio; el inciso (d) señala que si se apela, el caso “tendrá preferencia en los calendarios de los tribunales de apelación”; y el inciso (e) dispone que la apelación “no suspenderá los efectos de la resolución ordenando el pago de alimentos”. Es evidente el propósito del legislador de aliviar sin demora y mediante un procedimiento sencillo la angustia que a un niño, a su madre o persona que lo tenga bajo su custodia, y a la sociedad misma produce el desamparo y la falta de recursos para sostenerle. No puede dejarse al arbitrio de quien se señale como padre que frustre y destruya ese propósito.

Permitir que mediante el auto inhibitorio se convierta en ordinario el procedimiento ya iniciado daría al traste con ese propósito legislativo. Por iniciativa del acusado que niegue la paternidad, al conseguir la paralización de los procedimientos ante el Tribunal de Distrito, se frustraría y podría resultar inefectiva la esperanza de que pueda probarse en un procedi-miento rápido y sencillo la paternidad, con todas las garantías de un juicio criminal, y recibir el hijo el sustento a que tenga derecho. El trámite rápido y efectivo ante el Tribunal de Distrito quedaría rezagado en los complejos procesos civiles contenciosos — no pocas veces lentos y tardíos — en el Tribunal Superior, agravando la precaria situación de los menores cuya paternidad y derecho a alimentos les es negada por sus padres.

Aparte de que no se ha establecido en este caso la anulación o posible anulación de un derecho legal, hemos visto que esta causal no ha sido favorecida y que para que proceda debe aparecer que tal derecho es “de verdadera importancia y su anulación manifiesta”, y que el empleo del auto inhibitorio debe promover y no obstaculizar la buena administración de la justicia. Fortuna Estates, supra, pág. 269. La buena administración de la justicia se obstaculizaría, en detrimento del propósito del Art. 158 citado, si una vei iniciado el procedimiento conforme a dicho artículo se permi-tiese que fuese potestativo del acusado paralizarlo para escoger el foro que crea ser de su mejor conveniencia.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia que anule el auto inhibitorio expedido por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, desestime la demanda allí instada, y disponga que el caso iniciado bajo el Art. 158 del Código Penal continúe su trámite ante el Tribunal de Distrito en que se originó.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (1) Concedimos término al recurrido para comparecer a oponerse al recurso ante nos y éste oportunamente así lo hizo. En uso de la facultad que nos confiere la Regla 50 de nuestro Reglamento prescindimos de más trámites y damos por sometido el recurso, que ahora resolvemos.

      (2) Para una interesante exégesis histórica, véase la monografía de Harold W. Wolfram, The “Ancient and Just” Writ of Prohibition in New York, LII Colum. L. Rev. 334 (1952).

      (3) Dichos artículos fueron expresamente dejados en vigor tanto por las Reglas de Procedimiento Civil de 1958 como por las de 1979. Véase la Regla 72 de ambos textos.

      (4) El uso indebido de mayúsculas al decir que es un auto expedido “por un Tribunal Superior” se presta a confusión, pero ello queda aclarado en el artículo siguiente, el 665,32 L.P.R.A. see. 3462, que dice: “El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior quedan por la presente autorizados y con facultad para expedir autos inhibitorios.”

      (5) El caso de Porto Rican Express Co. v. Igartúa, Juez Mpal., 38 D.P.R. 983 (1928), en cuanto resolvió que procedía un auto inhibitorio para revisar una resolución que denegó una moción de traslado, debe considerarse revocado. El remedio adecuado hubiese sido el certiorari pues se trataba de revisar la actuación de la antigua Corte Municipal denegando el traslado de una acción en cobro de dinero, de naturaleza personal, en que la parte demandada tenía su domicilioy lugar de negocios en otro municipio.

      (6) Por ser bastante extenso y en ánimo de economía de espacio omitimos transcribirlo aquí.

      (7) Salvo el cambio de nombre y la disposición al final del inciso (e) del Art. 168 del Código de 1974, de que durante el trámite apelativo se celebre una vista si el acusado dejare de consignar la pensión alimenticia impuesta, a los fines de determinar si debe desestimarse el recurso, el Art. 263 del Código anterior era idéntico al 158 del actual.

      (8) Desde el punto de vista procesal, el auto inhibitorio hubiese sido un remedio adecuado para paralizar la acción ante el Tribunal de Distrito toda vez que ya el Superior había asumido jurisdicción sobre la controversia de paternidad, hecho que tenía que adjudicarse antes de resolver sobre el derecho a alimentos y la posible condena por incumplimiento de la obligación alimenticia. Como señalamos en Diez Rodríguez, . . la demanda civil tomó precedencia en tiempo, y el menor debidamente emplazado y con defensor ad litem designado, no podía ‘crearse’ una defensa sobre la marcha por el simple expediente de lograr que en su nombre se promoviera el caso criminal.”

      (9) Ley Núm. 47 de 25 de abril de 1931,32 L.P.R.A. see. 2991 a 3006, incorporada a la Regla 59 de las vigentes Reglas de Procedimiento Civil, 1979.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Building Maintenance Services, Inc., demandante y recurrido, v. Hato Rey Executive Building, Inc., demandado; Banco de Economías, interventor y recurrente.

      Número: R-78-256

      Resuelto: 18 de abril de 1980

      Sweeting, Pons, González & Rodríguez y Mario L. Paniagua, abogados del recurrente; Fernando E. Agrait, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Building Maintenance Services, Inc., demandó a Hato Rey Executive Building, Inc., en cobro de una alegada deuda por concepto de servicios de mantenimiento prestados por la demandante a un edificio propiedad de la demandada, cuyas dependencias estaban rentadas a diferentes inquilinos en virtud de contratos de arrendamiento entre éstos y la deman-dada. Para asegurar la efectividad de la sentencia que pudiera recaer, la demandante obtuvo un mandamiento de embargo de los cánones, con orden a los inquilinos de consignarlos con el alguacil del tribunal. Al enterarse de dicho embargo, el Banco de Economías presentó demanda de intervención. Alegó tener un derecho preferente sobre los cánones embargados por haberle sido cedidos por la deman-dada con anterioridad a la presentación de la demanda de Building Maintenance Services, Inc., cuyas cesiones, alegó, se efectuaron mediante documentos auténticos. Building Maintenance se opuso a la intervención por no aparecer que las cesiones se inscribieron en el Registro de Contratos de Refacción Industrial y Comercial, según requerido por la Ley Núm. 8 de 8 de octubre de 1954,10 L.P.R.A. see. 581 et seq., conocida como Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar. El tribunal así lo entendió y, contra su resolución desestimatoria de la demanda de intervención, el Banco ha recurrido.

Debemos revocar. No habiéndose cedido los cánones en garantía de un crédito y sí en pago de una deuda, ni apareciendo de los autos que la cedente se dedique a activi-dades comerciales, industriales o profesionales, como lo requiere la citada Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, ésta no aplica. Siendo inaplicable dicha ley y habiéndose cedido los cánones mediante documentos otorgados ante notario, lo que les da fecha cierta anterior al embargo, las cesiones son oponibles a terceros, en este caso la embargante, conforme a las prescripciones del Código Civil sobre la cesión de crédito.

1-H

La Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, 10 L.P.R.A. see. 581 et seq., no tiene un precedente específico en legislaciones similares. Se adoptó luego de un estudio de las leyes de esta naturaleza vigentes en veintidós estados de los Estados Unidos, teniéndose en cuenta instituciones vigentes en Puerto Rico muy particulares a nuestro sistema de Derecho Civil, como lo es el Derecho Registral. Véase Diario de Sesiones, Vol. IV, T. 1, pág. 443 y siguientes. () Ésta, y la Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial, Ley Núm. 86 de 24 de junio de 1954, 10 L.P.R.A. see. 551 et seq., por virtud de la cual se creó el registro de contratos de refacción industrial y comercial “a cargo de los actuales registradores de la propiedad en sus respectivos distritos” (See. 4 de dicha ley, 10 L.P.R.A. see. 554), se aprobaron como parte de un propósito legislativo común a ambos estatutos. Perseguían fomentar la expansión industrial y comercial en Puerto Rico atrayendo la inversión de capital extranjero, particularmente norteamericano. La adopción de leyes como éstas, que no les eran extrañas a los inversionistas potenciales en sus propios estados de la Unión donde ya existían leyes sobre assignment of accounts receivable y leyes sobre factoring, () les harían mejor inteligibles instituciones de crédito que de otra manera no eran impermisibles en nuestro sistema vigente de Derecho Civil. ()

Durante el siglo XIX era prácticamente desconocido el uso de los derechos incorporales como fuente de riqueza. El desarrollo del crédito como base de la economía moderna ha permitido que se tenga consciencia de que las cuentas por cobrar constituyen créditos tan exigibles en dinero efectivo como un pagaré o cualquier otro instrumento negociable, y pueden por tanto servir de base para fomentar el comercio y la industria mediante su cesión como garantía. () Las dificul-tades que la cesión de cuentas por cobrar presentaba desde el punto de vista de su garantía al acreedor cesionario, que no recibe algo tangible que oponer al deudor de lo cedido — a diferencia de la hipoteca, la prenda, el pagaré, etc. — quedaron salvadas mediante la adopción de estas leyes y, en el caso de Puerto Rico, la creación de un registro donde la cesión se inscribe para la mayor protección al cesionario frente a terceros.

España tomó, como medida frente al mismo problema de desarrollo del crédito, la adopción en 16 de diciembre de 1954 de la figura jurídica de la prenda sin desplazamiento de posesión. Dice al efecto el profesor Rodrigo Uría en su obra Derecho Mercantil, lOma ed., Madrid, 1975, págs. 670-671:

“Es una institución impuesta por el moderno desarrollo del crédito, cuya característica esencial reside en que se constituye la prenda dejando las cosas sobre que recae en posesión de su dueño. El preámbulo de la ley de 16 de diciembre de 1954 que la regula (arts. 1 al 11 y 52 al 66) justifica a la nueva institución destacando los graves inconvenientes que provienen de que el deudor pierda la posesión de la prenda, sobre todo cuando se trata de cosas muebles de gran valor destinadas a fines agrícolas e industriales, afirmando que el desplazamiento de la posesión no sólo es perjudicial para el deudor, sino también, en gran medida, para la economía nacional al paralizar elementos de trabajo y de producción y fuentes de riqueza y para el propio acreedor, al disminuir la capacidad económica del deudor y sus posibilidades de hacer frente de un modo normal a sus obligaciones.”

La Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar define los conceptos “cuenta” y “cesión” de la manera siguiente:

“Sección 1. — Salvo que el contexto o la materia demanden otra significación, los siguientes términos tendrán, a los efectos de este Capítulo, el significado a continuación de cada uno de ellos expresado:
El término ‘cuenta’ significa cuenta por cobrar. Incluye el derecho a recibir sumas vencidas o por vencer sobre cuentas abiertas o por contratos. El término excluye las sumas vencidas o los derechos representados por sentencias, pagarés, letras de cambio, giros, aceptaciones u otros instrumentos o convenios negociables o no negociables para pago de dinero cuya transferencia comúnmente se verifica mediante endoso y entrega del instrumento o contrato, también excluye (1) las sumas vencidas bajo, y los derechos representados por, una hipoteca de bienes muebles, un contrato de venta condicional u otro instrumento mediante los cuales se reserva el dominio sobre la propiedad o se sujeta ésta a un gravamen; (2) las sumas vencidas o por vencer, por concepto de servicios de un empleado; (3) los fondos provenientes de contratos públicos o privados de construcción o de suministro en relación con los cuales el cedente ha prestado fianza para garantizar el cumpli-miento del contrato o el pago de las reclamaciones por trabajo o por materiales que surjan del mismo. El referido término también excluye cualquier cuenta (según ésta se define anteriormente) perteneciente a una persona que no se dedique al comercio, a la industria o a una profesión.
‘Cesión’ incluye cualquier transferencia, prenda o hipoteca de una cuenta o de parte de la misma, por una persona dedicada al comercio, a la industria o a una profesión_” 10 L.P.R.A. see. 581.

La See. 3 de dicha Ley requiere la inscripción de toda cesión de cuentas por cobrar, disponiendo lo siguiente:

“(1) Cualquier persona que se disponga a aceptar o haya aceptado o esté considerando aceptar una o más cesiones de cuentas por cobrar puede presentar para su inscripción en el registro de contratos de refacción industrial y comercial creado en las sees. 551 a 560 de este título, una declaración suscrita por el cedente y por el cesionario de tal o tales cuentas por cobrar conteniendo: (a) una designación del cedente y del cesionario, y del sitio principal de negocio de cada uno de ellos en Puerto Rico, si lo tuviere; y (b) una declaración de que el cedente ha cedido o se propone ceder al cesionario una o más cuentas por cobrar.
(2) La presentación para inscripción de la declaración prescrita por el inciso (1) de esta sección y el pago de los correspondientes derechos de inscripción constituirán la inscripción bajo este Capí-tulo a favor del cesionario, con respecto a todas las cuentas por cobrar cedidas por el cedente al cesionario que sean cedidas dentro de los cinco años siguientes a la fecha de la presentación de la declaración para su inscripción, y tal término de cinco años será el período de efectividad de tal declaración a menos que en la misma se fije un término más corto.
Las cesiones de cuentas que se realicen después de la fecha de vigencia de esta ley no serán efectivas contra acreedores y compra-dores de buena fe que no tengan conocimiento de las mismas hasta que la declaración prescrita por el inciso (1) de esta sección (o la declaración de renovación o declaración jurada de continuación dispuestas en este Capítulo), haya sido presentada para inscripción de acuerdo con las disposiciones del mismo.
(6) Cualquier documento cuya presentación para inscripción se autoriza en este Capítulo tendrá eficacia de documento registrado desde el momento en que se presente al correspondiente registrador de la propiedad junto con los honorarios prescritos para su inscrip-ción, y desde ese momento constituirá notificación del contenido de dicho documento y de los efectos de su inscripción bajo los términos de este Capítulo.” 10 L.P.R.A. see. 583.

Surge claramente del debate que se suscitó en el Senado mientras se consideraba el proyecto sustitutivo del P. del S. 100, que se convirtió en la Ley Núm. 8 de 8 de octubre de 1954, es decir, la Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, que su propósito fue proveer un medio por el cual un manu-facturero o comerciante pudiera obtener financiamiento de instituciones de crédito a través de la cesión de sus cuentas por cobrar. De tal forma, el acreedor de una cuenta, que fuese comerciante o industrial, podía tomar dinero a préstamo a cambio de dicha cuenta como garantía. ()

La inscripción de la cesión tiene como propósito evitar el fraude, pues ofrece publicidad a los acreedores del cedente en cuanto a cuáles cuentas por cobrar “que aparecen en los libros de contabilidad del manufacturero o comerciante están afectadas por el gravamen que resulta de su cesión a una institución de crédito”. ()

La cesión contemplada por esta ley es una en concepto de garantía y no de pago. Véase 25 Rev. Jur. U.P.R. 140,148, 150, Comentario a la Ley de Cesión de Cuentan por Cobrar, citado en el escolio 1, supra. Como hemos visto, la cesión que en este caso hizo la demandada cedente al Banco Economías lo fue en pago de una deuda contraída por la primera con el segundo, y no para garantizar un préstamo a hacerse por el Banco.

Las transcritas disposiciones de la sección primera de la Ley Núm. 8 que consideramos son claras al excluir de sus disposiciones la cesión de cuentas hecha por una persona que no se dedique al comercio, a la industria o a una profesión. Siendo el propósito de la ley, según indicado, fomentar el desarrollo industrial y comercial, no hay razón para aplicarla a transacciones que nada tienen que ver con industria o comercio. Nada hay en los autos ante nos que indique que Hato Rey Executive Building, Inc., que es la cedente en este caso, se dedicara a la industria o al comercio, o que hiciera la cesión de los cánones de arrendamiento como parte o en interés de una transacción industrial o mercantil. El hecho de que dicha corporación, como cualquier persona jurídica o natural, obtuviera financiamiento de un banco para construir un edificio a ser dedicado a la producción de rentas no la convirtió en industrial o comerciante. No se dedica a la industria de la construcción todo aquel que construye un edificio. Tampoco es comerciante quien invierte para produ-cir y vivir de rentas. El Código de Comercio define el término comerciante así:

“Son comerciantes, para los efectos de este Código:
(1) Los que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habitualmente, en nombre propio;
(2) Las compañías, corporaciones y asociaciones mercantiles o industriales, que se constituyeren con arreglo a este Código o a leyes especiales, y las corporaciones y compañías que se hayan organi-zado en el extranjero, también para fines mercantiles e industriales, y que estén debidamente autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico.” Código de Comercio, Art. 1, 10 L.P.R.A. sec. 1001.

El tratadista Joaquín Garrigues señala que comerciante es la persona que ejerce la función intermediaria entre la producción y el consumo, cuya mediación ha de tener carácter lucrativo. Dice: humanas, interponiéndose entre productores y consumidores con el intento de lucrarse en este [s-ic] interposición, es precisamente el comercio.” Garrigues, Tratado de Derecho Mercantil, 1947, T. I, Vol. I, págs. 321-322. ()

“La finalidad de lucro se da en otra serie de actividades que no son mercantiles. El propietario que compra una finca para reven-derla o para arrendarla, o el que compra ganado para volverlo a vender; el escritor que vende sus obras; el artista que abre una exposición; el médico que establece una clínica, y otros muchos que podrían citarse, se proponen obtener una ganancia, y sin embargo, no son comerciantes. El espíritu de lucro se une a la interposición en el cambio (de mercancías, de dinero o de servicios) para integrar la figura del comerciante. La interposición tiene por finalidad el lucro, y el lucro, a su vez, es efecto de la interposición. Los comerciantes forman una cadena entre los productores y los consumidores. Operan en el espacio trayendo las mercancías del lugar de la producción al del consumo para venderlas allí; operan en el tiempo anticipando las adquisiciones a la reventa de las mercan-cías o revendiendo éstas antes de adquirirlas, según las previsiones de una futura alza o baja de los precios; operan en la forma cuando dan a las mercancías la contextura exterior o tan sólo medidas y proporciones diversas para responder a las heterogéneas necesi-dades de los consumidores. El gran fenómeno económico complejo en el que se obtiene la mejor satisfacción de las necesidades

Habiéndose cedido los cánones de arrendamiento en este caso en pago de una deuda, y no habiéndose establecido que la corporación cedente hiciera la cesión como industrial, comerciante o profesional, es innecesario considerar si la Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar aplica a cánones de arrendamiento. ()

HH KH

Dispone la Sec. 7 de la Ley Núm. 8 que nos ocupa: materias que ella comprende, sino que se entenderá e interpretará como acumulativa con relación a aquéllas.” Leyes de Puerto Rico, 1954, págs. 109-111,10 L.P.R.A. see. 587.

“Esta ley no se interpretará en el sentido de que sustituye o deroga cualesquiera otras leyes vigentes relativas a las mismas

Ello significa que en aquellos casos de cesiones de créditos no cubiertos específicamente por dicha ley, aplicarán las disposiciones del Código Civil. Es menester, por tanto, determinar si las cesiones de los cánones de arrendamiento héchasle al Banco de Economías son oponibles a la demandante Building Maintenance Services, Inc., cuya calidad de tercero no está controvertida. Surge de los autos ante nos que las cesiones fueron hechas y reconocidas ante notario, mediante afidávit, varios meses antes de que se instara la demanda y el consiguiente embargo de dichos cánones.

El Art. 1416 del Código Civil dispone:

“La cesión de un crédito, derecho o acción no surtirá efecto contra tercero sino desde que su fecha deba tenerse por cierta en conformidad a las sees. 3273 y 3282 de este título.

Si se refiere a un inmueble, desde la fecha de su inscripción en el registro.” 31 L.P.R.A. see. 3941.

Las Sees. 3273 y 3282 a que se refiere el texto transcrito corresponden a los Arts. 1172 y 1181 del Código, respectiva-mente, y disponen:

“Art. 1172. — Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de éste.
También harán prueba contra los contratantes y sus causa-habientes, en cuanto a las declaraciones que en ellos hubiesen hecho los primeros.”
“Art. 1181. — La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino desde el día en que hubiese sido incorpora-do o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que los firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.
La misma disposición se aplicará respecto al mandante, con relación a los contratos efectuados por mandatarios, en los casos a que se refieren y salvo las excepciones que consignan las sees. 3453 y 4487 de este título, en sus últimos respectivos párrafos.”

Se desprende de estos preceptos que lo esencial para que la cesión de un crédito surta efecto contra tercero es que tenga fecha cierta. Puede constar tal certeza si la cesión se hace mediante documento público o mediante documento privado cuya fecha esté debidamente autenticada o pueda ser cumplidamente establecida.

No es menester que aquí decidamos sobre la naturaleza del afidávit como documento público o privado. () Baste señalar que un afidávit es un documento auténtico, Ramos Mimoso v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 551, 554 (1966); Bonilla v. Santiago, 30 D.P.R. 246, 248 (1922), que hace fe pública. Ramos Mimoso, supra.

La Ley de 12 de marzo de 1908,4 L.P.R.A. sees. 887 a 895, regula lo concerniente a los afidávit o “declaraciones de autenticidad”, como así los denomina. Define el afidávit en su sección primera, 4 L.P.R.A. see. 887, de la siguiente manera:

“Llámase afidávit o declaración de autenticidad el acto y el documento, mediante los cuales, un notario u otro de los funcionarios designados en las sees. 887 a 895 de este título certifica o da fe de la verdad o reconocimiento de una firma, de un juramento, o de otro hecho o contrato que afectare a propiedad mueble o inmueble, no formalizados en escritura pública.”

La sección 5 de la citada Ley, 4 L.P.R.A. see. 891, crea el “registro de afidávit” y dispone lo concerniente a la manera de llevarlo. Dice:

“Los notarios llevarán un registro de afidávits o declaraciones de autenticidad, en notas concisas fechadas, numeradas, selladas y suscritas por los mismos notarios, haciendo constar el nombre de los otorgantes y la naturaleza del acto autenticado.
Estos afidávits o declaraciones de autenticidad serán incluidos en los índices dispuestos por la see. 836 de este título.
El registro de afidávits o declaraciones de autenticidad, cuando comprenda doscientos folios, será encuadernado en la misma forma que los protocolos de instrumentos públicos.”

Por su propia naturaleza, los “registros de afidávit”, como los protocolos notariales, son registros públicos.

La cesión de un crédito hecha en escritura pública tiene fecha cierta y es oponible a tercero porque la escritura pública es un documento público. Arts. 1416 y 1172 del Código Civil antes transcritos. Dicha escritura forma parte del protocolo del notario autorizante, al que ningún tercero tiene acceso. La razón de su oponibilidad a tercero es la certeza de su fecha. De la misma manera, la cesión que se hace mediante documento privado, una vez se autentica por afidávit ante notario, tiene fecha desde entonces, tan cierta como la de la escritura pública, pues además de la fe notarial, queda constancia de ella en el registro de afidávit o declaraciones de autenticidad que la ley requiere al notario llevar.

El propósito del Art. 1416 del Código Civil, equivalente al 1526 del español, no es dar publicidad a la cesión del crédito para que surta efecto contra tercero, sino dar certeza a la fecha de la cesión, para evitar fraudes y simulaciones. Véanse Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1956, T. II, Vol. II, pág. 234; Scaevola, Código Civil, 2da ed., 1970, T. XXIII, Vol. 2, pág. 627; Castán, Derecho Civil Español, ComúnyForal, llmaed., 1974, T. 3,págs.306-307;sentencia del Tribunal Supremo de España de 6 de febrero de 1923, que señala que el Art. 1526 (1416 nuestro) persigue “evitar que la anticipación intencionada de la fecha de un documento privado perjudique a quien en él no hubiese intervenido, exigiendo al efecto la autenticación de la misma”.

Para concluir, cabe señalar que el Art. 1181 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3882, antes transcrito, no excluye otros medios de prueba para establecer, en perjuicio de tercero, el acto o contrato a que se refiere el documento privado. Segarra v. Vda. de Lloréns, 101 D.P.R. 731, 734 (1973), y autoridades y casos allí citados. Dijimos en Longpré v. Wolff, 23 D.P.R. 15, 28 (1915), que citamos con aprobación en Segarra, supra, que dicho artículo “solo contiene la presunción de que la fecha de un documento privado, a falta de prueba en contrario, es, respecto de terceros, la del día en que ha sido incorporado o inscrito en un registro público o en que murió cualquiera de los que lo firmaron o en que fue entregado a un funcionario público por razón de su oficio”. La recurrida en el caso ante nos no ha impugnado que la cesión de los cánones de arrendamiento al Banco recurrente se hiciese antes de la fecha en que obtuvo su embargo. Ello robustece la presunción de fecha cierta que el reconocimiento ante notario dio a la cesión.

Por las consideraciones que anteceden, y habiendo compare-cido la parte recurrida mediante fundamentada oposición a la expedición del auto de revisión solicitado, atendida la regla 50 de nuestro Reglamento, se dictará sentencia en que se expida el auto y se revoque la dictada por el tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre con opinión. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín no intervinieron.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de abril de 1980

Sólo concurro en el resultado final de la opinión de excluir los contratos de cesión de rentas de las disposiciones de la Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, 10 L.P.R. A. see. 581 y ss. La cesión de cánones de arrendamiento, que en nuestro mundo comercial está arraigada como una de las más apreciadas garantías en el tráfico general, tiene una connotación y naturaleza distinguible de las llamadas “cuentas por cobrar”. El reconocido propósito de la citada Ley Núm. 8 de 8 octubre, 1954 fue abrir nuevas fuentes de crédito, y no modificar ni suprimir las ya existentes.

No puedo aceptar la conclusión a que se llega en la opinión de que Hato Rey Executive Building, Inc., que trafica en el mercado de alquileres, no sea un comerciante. Su empresa es típicamente comercial, con el elemento de dedicación habitual configurado en el Art. 1(1) del Código de Comercio. 10 L.P.R.A. see. 1.001(1). El alquiler de locales por canon estipulado es negocio lucrativo así calificado en Daubón Belaval v. Secretario de Hacienda, 106 D.P.R. 400, 413 (1977).

Considero que la referida Ley Núm. 8 de 1954 suficiente-mente excluye la cesión de cánones en su Art. 1(1) como instrumento mediante el cual [el deudor] se reserva el dominio sobre la propiedad. No hay necesidad de buscar solución fuera del propio texto de la ley.

      (1) El estudio fue encomendado al perito Alphonse A. Laporte, cuyo informe se reseña parcialmente en el artículo de José J. Rivera Inchausty, Comentario a la Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar, 25 Rev. Jur. U.P.R. 144 et seq. (1955-56).

      (2) Nótese que en ambas leyes se establece cuál es el texto en inglés de cada una. En la Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial se va más lejos, y se dispone que en caso de conflicto entre los textos español e inglés prevalecerá el texto inglés. Sec. 14 de dicha Ley, 10 L.P.R.A. see. 551. El término “refacción” usado en dicha Ley es la traducción que el legislador hizo del inglés factor o factoring.

      (3) Valga señalar que las leyes estatales sobre estos medios de finaneiamiento han sido sustituidas por el Art. 9 del Uniform Code of Commerce en todos los estados de la Unión norteamericana, con la excepción de Luisiana. Véanse Uniform Code of Commerce, Art. 9; Comentario a la Sec. 9-101 del mismo; y Coogan, Article 9 of the Uniform Commercial Code; Priorities Among Secured Creditors and the Floating Lien, 72 Harv. L. Rev. 838,842 (1959); Article 9 — An Agenda for the Next Decade, 87 Yale L.J. 1012 (1978).

      (4) Véase, The Civil Code and Modem Methods of Financing, por el profesor Max Nathan, Jr., 50 Tul. L. Rev. 582, 588-590 (1975-76).

      (5) Diario de Sesiones, Vol. IV, T. 1, pág. 426 (1964).

      (6) Diario de Sesiones, Vol. IV, T. 1, pág. 425 (1954); Vol. V., pág. 377 (1954).

      (7) Véase la cita de Goldschmidt en torno al carácter distintivo de la mediación en la especulación mercantil, en la citada obra de Garrigues, págs. 346-347:
      “... Goldschmidt dice que el propósito de lucro llamado especulación es esencial al comercio, pero no es exclusivo de éste. Así, el propietario agrícola que rotura un campo yermo, especula; el que toma en arrendamiento una finca rústica, especula; y también el propietario que la arrienda, ya que espera obtener un beneficio más elevado que si la cultivase él mismo; quien compra ganado para fertilizar con el abono un campo y explota los pastos de su finca, especula también; el escritor, el artista, el profesor, el médico, el empleado y cualquiera que hace objeto de lucro el ejercicio de su actividad espiritual, especula también. Quien ejerce el comercio, especula, mas no es la especulación en sí, sino el género de ella la que distingue el comercio de las demás actividades lucrativas; la especulación mercantil se realiza por la mediación.”

      (8) Sobre este particular la ley no es clara. Al definir “cuenta” en su sección primera, antes transcrita, excluye de la definición “(1) las sumas vencidas bajo y los derechos representados por una hipoteca de bienes muebles, un contrato de venta condicional u otro instrumento mediante los cuales se reserva el dominio sobre la propiedad o se sujeta ésta a un gravamen”. (Énfasis nuestro.) ¿A qué propiedad se refiere? Sabemos que en el arrendamiento lo que se transmite es la posesión de la cosa arrendada, mas no su propiedad. Y cuando se ceden los cánones de arrenda-miento, ni siquiera la posesión de la cosa arrendada se transmite. Los cánones son los frutos de la propiedad, y eso es lo que se cede. Leemos, además, que al definir el término “cuenta” la ley se refiere (Sec. 1 transcrita) al “derecho de recibir sumas vencidas o por vencer sobre cuentas abiertas o por contratos”. (Énfasis nuestro.) Ya señalamos, al considerar el historial legislativo de esta ley, que al hacerse referencia a “cuentas por cobrar” en el debate del Sust. P. del S. 100, se hizo referencia a aquellas “que aparecen en los libros de contabilidad del manufacturero o comer-ciante”. Véase el escolio 6 supra.

      (9) En Pietri v. Registrador, 22 D.P.R. 729, 732 (1915), señaló este Tribunal, citando a Delgado v. Registrador, 22 D.P.R. 125, y Hernández v. Rosado, 22 D.P.R. 387, que “un affidavit no es un documento público de la clase exigida por la Ley hipotecaria”. Véase, por otra parte, Muñoz Morales, Apuntes de Derecho Notarial, 10 Rev. Jur. U.P.R. 95, 195 (1940-41).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Ab Intestato de Genaro Balzac Vélez, ex parte José Balzac Báez et al., peticionarios.

      Número: O-79-560

      Resuelto: 23 de abril de 1980

      Enrique Báez García, abogado de los peticionarios; Lorenzo O. Cabán Arocho, abogado de los herederos Balzac-Hernández.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En 12 de julio de 1975 Genaro Balzac Vélez murió intestado. En 28 de octubre de 1975 el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, decretó universales herederos a sus hijos de primer matrimonio Altagracia Conrada, José B. y Alicia A., de apellidos Balzac Báez, y a Dolores, José G. y Zulma A., de apellidos Balzac Hernández, y a la viuda Virginia Hernández.

Subsiguientemente, dentro de ese procedimiento, compare-ció José Balzac Báez por los hermanos Balzac-Báez con una “Solicitud de Nombramiento de Contador Partidor” en la que, entre otras cosas, alegó que todos los herederos estaban de acuerdo en la tasación y valoración de los bienes y en cuanto a la participación que tendría cada heredero, mediando desacuerdo solamente en cuanto a cómo dividir los bienes, por lo que procedía se designara un contador, con el único fin de dividir la herencia en las porciones correspondientes. Los hermanos Balzac-Hernández solicitaron intervención acep-tando tales alegaciones, aunque negando que procediese el nombramiento. Específicamente admitieron la relación de bienes en la herencia y su valorización, así como el hecho de que los herederos “se han puesto de acuerdo sobre los bienes a dividir, sobre su proporción hereditaria y sobre el valor de la herencia pero no se han puesto de acuerdo sobre la forma de hacer la división”. Adujeron que lo que procedía era la administración judicial porque los hermanos Balzac-Báez venían operando la corporación G. Balzac & Cía., Suers., Inc., en forma deficiente, sin su participación ni conocimiento de lo que se hacía con los beneficios y activos de la corporación y sus negocios de venta y comestibles y almacén. Además, alegaron que los Balzac-Báez estaban administrando otros bienes de la herencia que producían frutos y rentas que no se estaban contabilizando. ()

En oposición los hermanos Balzac-Báez señalaron que no procedía el Administrador Judicial por estar los bienes ya inventariados y valorados por estipulación, los cuales eran perfectamente divisibles, conociéndose la participación de cada dueño y no habiendo deudas. Opusieron, además, que la corporación y sus negocios no eran susceptibles de administra-ción judicial, por estar ésta constituida con arreglo a la Ley de Corporaciones y no formar parte de la herencia, teniendo su propia Junta de Directores por lo cual el tribunal, de decretar la administración, estaría privando a la Junta de esa adminis-tración. Finalmente, argumentaron la improcedencia del administrador judicial por no haber menores de edad ni ausentes ni incapaces entre los herederos.

Así las cosas, previa vista al efecto, la ilustrada sala de instancia acogió los planteamientos de los interventores respecto al nombramiento de un administrador. Estimó que la prueba presentada por la peticionaria (Balzac-Báez) consis-tió solamente de un documento de la corporación donde aparecía el número asignado a la misma en el Departamento de Estado en contraste con la de los opositores Balzac-Hernández que incluía ciertos Estados de Ingresos y Egresos de la corporación páralos años económicos 1974-75,1975-76 y 1976-77. De tal contraste y del hecho de haber nueve (9) empleados de la corporación familiares de los Balzac-Báez, incluyendo al peticionario José Balzac Báez, quien recibía un sueldo sin trabajar, dedujo que los negocios de la corporación se estaban administrando mal. A base de lo expuesto y de que los peticionarios no presentaron prueba de los artículos de incorporación, de que estuvieran radicando los informes anuales que requiere la Ley de Corporaciones, que existiera una Junta de Directores y que tuvieran unos estatutos y hubiese oficiales nombrados, concluyó que el negocio estaba siendo operado por una asociación de personas naturales y no como una corporación.

Oportunamente designó una coadministración judicial compuesta por Genaro Balzac Hernández — hijo del cau-sante — y a Genaro Olivares Balzac — nieto del causante; el primero, uno de los hermanos Balzac-Hernández y, el segun-do, en representación de los intereses de los Balzac-Báez. Les ordenó que procedieran a liquidar. ()

Contra dicho dictamen, los hermanos Balzac-Báez recurrie-ron ante nos señalando como errores el que el tribunal: (1) no resolviera la solicitud de nombramiento de contador partidor a pesar de que los Balzac-Hernández aceptaron los hechos fundamentales de la misma; (2) decretara una administración judicial sin seguir el procedimiento en ley en ausencia total de prueba; (3) pusiera una corporación bonafide bajo administra-ción judicial sin darle oportunidad de ser oida (ya que no era parte en el pleito); (4) designara dos administradores judi-ciales con el mismo propósito creando así un caos en el manejo del negocio; y (5) eximiera a los mismos de prestar fianza por el solo hecho de no haber menores ni incapaces.

h-4

La decisión de esta controversia exige apuntar breve-mente los preceptos sustantivos de nuestro Código Civil y las disposiciones procesales pertinentes.

Primeramente, debemos recordar que nuestro derecho vigente no obliga a ningún heredero a permanecer en la indivisión de ía herencia, excepto cuando el testador lo haya prohibido, aunque sin perjuicio de las legítimas, Código Civil, Art. 1005, 31 L.P.R.A. see. 2871; que toda herencia se puede dividir por cualquiera de las causas de extinción de la sociedad, 31 L.P.R.A. see. 2871; y que cualquier heredero que tenga la libre administración y disposición de sus bienes podrá pedir la división, haciéndolo por los incapaces y ausentes sus representantes legítimos, 31 L.P.R.A. see. 2872.

La partición puede ser extrajudicial o judicial. Conforme lo sugiere esta terminología, la primera se hace sin interven-ción del tribunal, por acuerdo unánime de los herederos mayores de edad cuando el testador no la hubiese hecho o encomendado a otro hacerla — 31 L.P.R.A. see. 2877 — y la judicial se realiza con intervención del tribunal, 31 L.P.R.A. see. 2872; y según indicamos en Lugo Estrada v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 231, 235-36 (1973), citando a Castán, “tiene un carácter extraordinario o subsidiario ya que la tendencia uniforme del Derecho es que ésta se verifique como último recurso, pues es cuando no hay acuerdo entre los herederos, que se acude a la costosa y dilatoria vía judicial”.

Para la ejecución del derecho y la partición judicial — cuando los herederos mayores de edad no están de acuerdo — el Art. 1012 del Código Civil nos remite a “los preceptos sobre procedimientos legales especiales”. 31 L.P.R.A. see. 2878. () La Ley de Procedimientos Legales Especiales establece las instituciones del contador partidor y el administrador judicial. Sobre su ámbito conceptual, hemos anteriormente dicho que la intención del referido artículo del Código Civil es conferir a los herederos el mismo derecho que tiene un albacea al amparo del Art. 67 de aquella ley, hoy, el Art. 600 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2621, a saber, pedir en caso de desacuerdo entre los herederos, el nombramiento de un contador partidor. () Véase López Valdés v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 779, 786-787 (1968).

Ahora bien, la remisión del Art. 1012 del Código Civil, a “los preceptos de la Ley de Procedimientos Legales Especiales”, también comprende y abarca las disposiciones sobre administración judicial del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2361 y ss. Esta conclusión queda corroborada de una lectura del Art. 600 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, que al proveer para el nombra-miento de un contador partidor, contempla que se haya nombrado antes un administrador judicial, pues dispone que “el albacea o administrador” podrán pedir ese contador.

A tono con este enfoque, previamente habíamos decidido que aun cuando concurran las condiciones para el nombramiento de un contador partidor de acuerdo al Art. 67, ello no impide que proceda antes el nombramiento de un administrador judicial. Cabanillas v. Torrent, 32 D.P.R. 42, 46 (1923).

Es erróneo pues, el argumento de la parte peticionaria de que existiendo desacuerdo entre los herederos en cuanto a cómo hacer la partición, sólo procede el nombramiento de un contador partidor y no el nombramiento de un administrador judicial. Depende en última instancia del trasfondo de hechos. Inclusive, pueden mediar circunstancias como la de autos en que procedan ambos nombramientos: el administrador para dirigir y proteger los intereses de la totalidad de la herencia, mientras el contador partidor realiza su misión de distribución formando las hijuelas que correspondan.

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Lo expuesto no dispone del recurso. El peticionario impugna el nombramiento de los administradores judiciales por el fundamento de no concurrir en el caso las circunstancias visualizadas en la ley para su procedencia:

“Cuando todos o alguno de los herederos estén ausentes y no tengan representante legítimo en la jurisdicción del último domici-lio de la persona finada, o lugar donde radiquen sus bienes, o cuando un heredero o legatario sea menor o esté incapacitado, y no esté representado por su padre o madre o por un tutor que haya prestado fianza con arreglo a la ley, será necesaria la administración judicial de los bienes del testador.” 32 L.P.R.A. see. 2363.

No tiene razón. Del lenguaje de este artículo se infiere que el mismo contempla las circunstancias donde es necesaria la administración judicial. El precepto no expone ni excluye otras circunstancias. Finlay, Waymouth & Lee y C. Armstrong e Hijos, 42 D.P.R. 845, 851 (1931).

Ahora bien, entrando en los méritos de la petición de administración judicial propiamente, tenemos que considerar lo dispuesto en el Art. 23 del Código de Enjuiciamiento Civil, que en casos de sucesión intestada “cualquier heredero forzoso . . . podrá mediante una petición debidamente justificada en que se demuestren los hechos necesarios, solicitar la administración judicial de los bienes de [la] persona finada”. 32 L.P.R.A. see. 2361.

Respecto a cuales hechos justifican el nombramiento, no hay que alegar ni recurrir a ninguna frase especial o talismánica. Basta aducir: (1) la muerte del causante; (2) que no dejó testamento válido, según los informes y creencias del peticionario, especificándose la procedencia y fundamento de tales informes y creencias; (3) el interés y derecho de acción del peticionario; (4) los nombres y respectivos domicilios de las demás personas con derecho a heredar en los bienes del finado; y (5) que el finado dejó bienes sujetos a partición, expresando la cuantía y naturaleza de los mismos, 32 L.P.R.A. see. 2361. En Planellas v. Pastrana, 63 D.P.R. 285, 290 (1944), expresamos que “el objeto del nombramiento de un administrador judicial de los bienes de un finado es incautarse de esos bienes y conservarlos y defenderlos para que puedan ser distribuidos más tarde entre las personas que puedan tener derecho a recibirlos como herederos...”.

En el presente caso los recurridos hicieron alegaciones que implicaban peligro e inseguridad para los bienes. La administración judicial es el mecanismo adecuado para atender esa situación. Nada impedía que el juez de instancia así lo estimara. Sin embargo, la parte peticionaria hace una última impugnación del nombramiento, a base de que la petición no estaba jurada y no expresaba cabalmente las circunstancias exigidas. El propósito de requerir se juren las alegaciones exigido en la ley es dar fuerza a las mismas, pues de su veracidad depende que proceda o no el administrador. En el caso de autos, el decreto judicial contenido en la Declaratoria de Herederos previamente dictada, dejó estable-cido el fallecimiento del causante y la capacidad, condición, interés y derecho, como herederos, de los peticionarios. También en la propia solicitud sobre nombramiento de contador partidor, se relacionaron todos los bienes, sus valores y demás circunstancias. En vista de ello, desaparece la fuerza del argumento en apoyo de esta objeción. Resolvemos que todos los requisitos exigidos para una administración judicial constaban completa y verazmente en autos. Por ende, la necesidad del juramento y la formulación integral de tales alegaciones era innecesaria. Como foro de última instancia, hemos estado siempre alerta de no privar a un heredero de su derecho a pedir la administración judicial, por sutilezas técnicas como la falta de juramento de una petición. Compárese Sánchez v. Corte, 69 D.P.R. 493 (1949). Sobre este particular, nos hemos pronunciado sobre la deseabilidad de que la declaratoria de herederos sea tramitada antes de pedirse la administración judicial. Fortis v. Fortis, 25 D.P.R. 69, 75 (1917).

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En el caso de autos, existe la declaración de herederos y por tanto no hay duda en cuanto a la cualidad de los peticionarios. Reiteramos que no erró el tribunal a quo al conceder el nombramiento de un administrador judicial.

Sin embargo, entendemos que su resolución debe ser modificada en varios sentidos. En primer lugar, tiene razón la parte peticionaria en cuanto a que no procedía que se decretase la administración judicial de la corporación G. Balzac & Cía., Suers., Inc. Dicha entidad bajo la Ley General de Corporaciones es una personalidad distinta y separada de la del causante Don Genaro Balzac. La corporación en sí no forma parte de la herencia. Lo que está incluido en la masa hereditaria son las acciones poseídas por Don Genaro Balzac. Las alegaciones y prueba de los Hermanos Balzac-Hernández tendentes a demostrar mala administración, no pueden considerarse suficiente en derecho para descorrer el velo corporativo. Las mismas no imputan fraude. Lo que reflejan sencillamente es una mala administración que debe ser corregida y superada a la brevedad posible. Tampoco se ha probado con ello que la personalidad corporativa se esté usando para derrotar la política pública, justificar la inequi-dad ni defender el crimen. South P.R. Sugar Corp., supra.

Claramente el nombramiento de un administrador judicial debe entenderse limitado a las acciones poseídas por Don Genaro y a otros bienes de su patrimonio personal.' En cuanto a las acciones, el administrador pasará a hacer el mejor uso de ellas y de las facultades a ellas inherentes, y en el descargo de sus funciones, tendrá a su disposición los mecanismos que la Ley de Corporaciones ofrece a todo accionista para defender sus intereses cuando estima que la corporación está siendo mal administrada. Debe designarse un contador partidor por cuanto todos los herederos están de acuerdo con la tasación y valoración de bienes. Existe conflicto sobre cómo dividirlos.

Decidimos, además, que debe modificarse la resolución en cuanto a que la misma nombró dos administradores judiciales. Concordamos con el peticionario de que del lenguaje de todo el artículo sobre administración judicial, se infiere que el legislador, como regla general, tuvo en mente la designación de un solo administrador, pensando que ello traería menos problemas ante la dinámica humana de que habiendo más de uno, tendrían necesariamente que ponerse de acuerdo, lo cual en lugar de aligerar, muy probablemente complicaría y retrasaría los procedimientos. Nótese que el artículo que sirve de guía en cuanto a quién nombrar, apunta también hacia la conclusión de que sea una sola persona la que administre judicialmente la herencia, ya sea el cónyuge supérstite, o el heredero de mayor participación en la herencia, o cuando hubiesen objeciones, un extraño de reconocida capacidad y honradez. 32 L.P.R.A. see. 2369. No están presentes en el caso de autos, circunstancias de excepción que ameriten apartarse de la regla general.

Debemos también modificar la resolución en cuanto a la omisión sobre prestación de fianza. El Art. 565 del Código de Enjuiciamiento Civil es claro:

“La persona nombrada prestará fianza en la cuantía que fijare el juez, a no ser relevada de este requisito por los interesados mayores de edad y con capacidad para ello, en cuyo caso la fianza será proporcionada al interés de los que por ser menores o incapacitados, no pudieron suscribir la relevación.” 32 L.P.R.A. see. 2370.

En el caso de autos, los administradores nombrados no fueron relevados de ese requisito por los interesados, mayores de edad.

Se dictará sentencia, expidiendo el auto y modificando la resolución del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, a los fines de establecer que en la administración judicial decretada, en adición a otros bienes del causante Genaro Balzac, sólo estarán comprendidas las acciones por él poseídas y no la corporación G. Balzac & Cía., Suers. Inc.; revocándose asi-mismo los nombramientos de Genaro Balzac Hernández y Genaro Olivares Balzac como coadministradores, debiendo dicho foro designar un solo administrador de conformidad con los criterios legales pertinentes, fijando la fianza correspon-diente, salvo relevo de los interesados en la herencia, quienes son todos mayores de edad; y ordenándole que designe también un contador partidor. Así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Los Balzac-Hernández mencionaron específicamente el solar y las estruc-turas dedicadas a almacén existente en el mismo y las 479 acciones de la Corporación G. Balzac & Cía., Suers., Inc. (descritas en la solicitud de nombramiento de contador partidor como pertenecientes al caudal relicto), señalando que dichos bienes forman parte de un negocio o empresa conocido como G. Balzac & Cía., Suers., Inc., el cual está en operación y funcionamiento y produciendo ingresos y aseverando que el negocio está siendo administrado y dirigido por los herederos Balzac-Báez solamente, en una forma deficiente y con un rendimiento muy cuestionable.

      (2) En esta última resolución el juez repite que no se presentó prueba de que efectivamente G. Balzac & Cía. Suers., Inc., esté operando o funcionando como una corporación y señala que en su resolución de 18 de mayo de 1979 enumeró y explicó “los elementos de prueba que existen para demostrar que este negocio de hecho está operando como una asociación de personas naturales”. Afirma que de 813 acciones de la corporación, 479 pertenecen a la sucesión y constituyen el 58.92% y que, además, “se encuentra con el problema de que los Balzac-Báez tienen participación en condominio con la de Genaro Balzac Vélez en varios bienes de la herencia, inclusive las acciones de la corporación y de que los bienes que producen ingresos están siendo administrados cuestionablemente por los Balzae-Báez”. Se hace eco el juez de las alegaciones de los Balzac-Hernández en el sentido de que no saben nada de cómo se están administrando esos bienes y que ello les perjudica. South P.R. Sugar Corp. v. Junta Azucarera, 88 D.P.R. 43 (1963).
      Finalmente, al nombrar los administradores judiciales, exime a éstos de la prestación de fianza.

      (3) Para comentarios sobre los equivalentes en el Código Español de los artículos que nos ocupan, véanse: Prieto Cobos, Ejercicio de las Acciones Civiles, T. 2, Vol. 1, pág. 470 y ss.; Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, Vol. VI, pág. 36 y ss; Diego Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Vol. V, pág. 141 y ss.; J. Santamaría, Comentarios al Código Civil, T. 1, pág. 981 y ss.

      (4) Dicho Art. 600, dispone que “Cuando un albacea o administrador estuviere en posesión de todo el caudal, y hubiese satisfecho o fuviese en su poder bienes bastantes para satisfacer las deudas y gastos de la administración, deberá pedir al Tribunal Superior el nombramiento de un contador para practicar la división de la herencia, siempre que el testador no lo haya nombrado en su testamento.” Labarthe et al. v. Neumann, 23 D.P.R. 689 (1916), revocado por otros motivos en Ex Parte Del Valle, 69 D.P.R. 663 (1949).


author: PER CURIAM;

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Elías González Mathews, acusado y apelante.

      Número: CR-79-81

      Resuelto: 25 de abril de 1980

      Franciso Vicente Gronau y Eugenio Rivera Lozada, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos de El Pueblo.
   PER CURIAM;

El 17 de septiembre de 1979 el Hon. David Urbina, Juez del Tribunal Superior, condenó por desacato al letrado apelante, utilizando el procedimiento sumario. Le impuso una multa de cien dólares. El apelante plantea básicamente que su conducta no constituyó desacato. No le asiste la razón. El apelante confunde la conducta que fue objeto de la pena impuesta por el tribunal.

Los hechos se desprenden de la minuta y la orden requeri-das por la Regla 242(a) de Procedimiento Criminal, así como de la transcripción del incidente. El 5 de septiembre de 1979 no compareció al acto de lectura de la acusación a un imputado a quien representaba el apelante. El apelante se comprometió con el tribunal, a iniciativa propia, a traer al acusado ante el tribunal el 14 de septiembre. En tal fecha no comparecieron ni el acusado ni el apelante. El tribunal dictó una orden para que el licenciado González Mathews mostrase causa el 17.de septiembre de 1979 por la cual no debía ser declarado incurso en desacato por su incomparecencia el día 14.

El 17 de septiembre el apelante explicó las gestiones realizadas para localizar su cliente y que su propia incomparecen-cia se debió a un olvido. Ocurrió entonces lo siguiente:

“Hon. Juez:
Yo me voy a reservar la decisión. . . .
Lodo. González Mathews:
La puede dictar ahora porque yo no lo voy a traer.
P. Si me dice eso el compañero....
R. Yo no creo que esa sea función mía.
P. Si el compañero lo que está haciendo es retando al Tribunal, el compañero se comprometió y el Tribunal no hizo gestiones porque el compañero se comprometió y dijo que lo iba a traer y no ordenó su arresto y ahora es su función y el Tribunal le dice al Compañero, bajo apercibimiento de desacato, que le ordena que cumpla con la promesa que hizo al Tribunal, y tiene hasta las dos de la tarde....
R. Que me encarcele el alguacil, porque yo no creo que esa sea función mía.
Hon. Juez:
Debe permanecer callado el compañero, porque el Tribunal va a hablar.... No pudiendo funcionar la grabadora en estos momentos para llevar al récord la conducta del compañero, el Tribunal recesa para llevar al récord la conducta del compañero y proceder, porque entendemos que el compañero ha cometido un desacato sumario y el Tribunal entiende que la conducta observada por el compañero, la cual vamos a hacer por escrito, y debidamente llevarla al récord en su momento oportuno y que no lo hacemos en estos momentos por la falta de energía eléctrica y debe quedar claro en la minuta que entendemos que le ha faltado el respeto al Tribunal. El Tribunal sumariamente encuentra culpable al compañero en desacato y le impone $500.00 de multa o un día de cárcel por cada $5.00 que dejare de pagar.” (T.E., págs. 4-5.) (La multa fue luego rebajada a $100.00.)

Surge claramente de la orden del juez que la conducta que motivó el desacato fue la interrupción del juez por el apelante y las expresiones: “La puede dictar ahora porque yo no lo voy a traer” y “Que me encarcele el alguacil, porque yo no creo que esa sea función mía”. El tribunal no condenó al apelante por no obtener la comparecencia de su representado, sino por la conducta descrita, la cual consideró ofensiva a la dignidad del tribunal. (T.E., págs. 7,14.)

El tribunal de instancia actuó correctamente. El apartado (a) del Art. 235 del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 4431, dispone que cometerá desacato toda persona que:

“(a) Perturbare el orden, causare ruido o disturbio o se condujere en forma desdeñosa o insolente hacia un Tribunal de justicia o un magistrado durante el desarrollo de una investigación judicial o una sesión tendiendo con ello directamente a interrumpir los procedimientos o menoscabar el respeto debido a su autoridad, o en presencia del jurado mientras esté en estrados o deliberando en alguna causa.”

La conducta del apelante entraña desdén que tiende a menoscabar la autoridad del magistrado. El elemento de intención que requerimos en Pueblo v. Concepción Fonseca, 101 D.P.R. 357, 358-59 (1973), y aplicable al nuevo Código, está también presente. El récord demuestra que el tribunal le concedió al apelante, a petición de éste, dos oportunidades en reconsideración para explicar sus palabras. El apelante no las aprovechó debidamente.

Se confirma la sentencia dictada.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.