text:
    Magda E. Passalacqua y Otros, demandantes y recurrentes, v. Municipio de San Juan y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-85-87

      Resuelto: 31 de octubre de 1985

      Telesforo Rosa Resto de Montanez, Alicea & Rosa Resto, abogado de los recurrentes; Ana M. López Prieto, abogada del recu-rrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El 18 de julio de 1984 falleció el menor Kevin A. Meléndez Passalacqua en el Hospital Universitario del Niño donde se encontraba recluido. Sus familiares cercanos presentaron una demanda en daños y perjuicios en la que alegan que la muerte del menor fue ocasionada por “la culpa y negligencia de los demandados por impericia profesional médico-hospitalaria”. Anejo I, pág. 1. La demanda fue presentada el 4 de octubre de 1984 ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Cuatro días más tarde, el Municipio de San Juan, uno de los code-mandados en el caso, fue emplazado.

El 11 de octubre de 1984 el codemandado Municipio de San Juan compareció mediante moción de prórroga en la cual le informó al tribunal que había recibido copia de la demanda y que estaban “realizando gestiones para proceder a iniciar la investigación correspondiente”. Anejo IV, pág. 5. El 31 de octubre de 1984 el municipio presentó una moción de desesti-mación en la que alegó falta de notificación previa de acuerdo con el Art. 11.03 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, la Ley Orgánica de los Municipios, 21 L.P.R.A. see. 3403. Esa moción la acompañó con una declaración jurada de la Fun-cionaría Ejecutiva de la División Legal del Municipio de San Juan en la cual ésta aseveró sustancialmente “[q]ue de un examen de los récords y archivo de correspondencia a [su] cargo, se desprende que en [este caso] se demandó y emplazó al Municipio de San Juan el 8 de octubre de 1984, sin haberse notificado previamente”. Anejo IV, pág. 10. El 21 de diciem-bre de 1984 los demandantes presentaron una moción de opo-sición a la desestimación, en la cual alegaron que ésta era im-procedente, ya que al municipio se le había demandado y em-plazado dentro del término de noventa (90) días “de nacida la causa de acción” y que bajo tales circunstancias la notifica-ción requerida por la Ley Orgánica de Municipios de 1980 era “académica, innecesaria e inútil”. De acuerdo con los de-mandantes, ellos habían cumplido con el propósito de la ley, pues el municipio tuvo conocimiento de los hechos para que pudiera investigar dentro de los noventa (90) días, pues la demanda contenía toda la información pertinente.

El 17 de enero de 1985, el tribunal dictó una sentencia parcial de desestimación de la demanda contra el Municipio de San Juan. El tribunal determinó que “[e]l acto de diligencia-miento del emplazamiento y la entrega de la demanda, [den-tro del término de noventa (90) días,] de por sí solo, no satis-face el requisito estatutario de [la] notificación escrita al Alcalde”, y que “[au]n si la demanda se presentase al día siguiente de la ocurrencia del daño, siempre subsistiría la obligación de cursar, con antelación a la presentación de la demanda, la notificación escrita que requiere la ley”. Anejo VI, pág. 13. Inconforme con esta sentencia, la parte deman-dante presentó ante este Tribunal un recurso de revisión. Le concedimos al codemandado recurrido, Municipio de San Juan, un término para que mostrara causa por la cual no debería-mos expedir el auto solicitado y revocar la sentencia parcial. El municipio ha comparecido y estando en condiciones para resolver el recurso, así procedemos a hacerlo.

Una vez más se encuentra ante este Tribunal una situa-ción que requiere que interpretemos la extensión y el ámbito del requisito de la notificación previa al soberano para poder iniciar en su contra una acción judicial de reclamación de daños personales o a la propiedad, causados por culpa o negli-gencia. La solución de la controversia que plantea este recurso requiere el análisis de varias cuestiones. Debemos en primer término interpretar el Art. 11.03 (c) de la Ley Orgánica de los Municipios de 1980 (21 L.P.R.A. sec. 3403(c)) para de-terminar exactamente cuál es el requisito de notificación que establece dicho artículo. Una vez hagamos esta determinación debemos resolver si la presentación de la demanda y el em-plazamiento dentro del término de noventa (90) días desde que “el reclamante tuvo conocimiento de los daños que re-clama” lo exime del requisito de la notificación previa que exige el Art. 11.03 (c).

I

El requisito de notificación del Art. 11.03(c) déla Ley Orgá-nica de los Municipios de 1980.

El Art. 11.03 (c) de la Ley Orgánica de los Municipios de 1980, lee como sigue:

(c) La referida notificación escrita se presentará al eje-cutivo municipal dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante estuviere mental o física-mente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del término prescrito, no quedará sujeto a la limitación an-teriormente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.

Como podrá observarse, al aprobarse este inciso del Art. 11.03 es obvio que se omitieron varias frases sumamente im-portantes; aquellas que indican el punto de partida para el cómputo del término de noventa (90) días que tiene un recla-mante para que, antes de iniciar la acción judicial, haga la notificación al alcalde que exige la ley.

Reiteradamente hemos decidido que “[n]uestra jurisprudencia rechaza la interpretación literalista de la ley” especialmente si a plena vista se ve que se ha cometido un error. Rivera Cabrera v. Registrador, 113 D.P.R. 661, 664-665 (1982). En Roig Commercial Bank v. Buscaglia, Tes., 74 D.P.R. 986, 998 (1953), este Tribunal determinó que si una palabra, frase o disposición ha sido aprobada por inadvertencia o error, especialmente si es contraria al resto de la ley o limitaría la efectividad de ésta, se puede eliminar. Entendemos que bajo las mismas circunstancias se puede añadir una frase o palabras, para que se pueda cumplir con la intención legislativa. R. E. Bernier, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, México, Ed. Cultural, 1963, Cap. XXXIX, pág. 216.

Para poder determinar cuáles fueron la frase o frases omi-tidas, debemos analizar la trayectoria histórica del requisito de la notificación al soberano y el historial legislativo de la disposición en cuestión. La Ley Orgánica de los Municipios de 1980, derogó la anterior Ley Municipal de 1960, () que fue la que por primera vez estableció el requisito de notificación al ejecutivo municipal, previa la iniciación judicial de cual-quier reclamación por daños personales o a la propiedad cau-sados por la culpa o negligencia de la entidad municipal.!) El historial legislativo de la Ley Orgánica de los Municipios de 1980 es de poca ayuda, ya que refleja que hubo muy poca discusión sobre esta disposición. ()

En Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 498 (1963) observamos que “aparentemente el Art. 96 fue tomado en gran parte de la Sec. 50-e de la Ley Municipal General de Nueva York, McKinney’s, Consolidated Laws of New York, libro 23, págs. 85-86”, y que dicha ley contiene una disposi-ción que le permite a los tribunales conceder autorización para hacer la notificación aun después de expirado el término de noventa (90) días, previa demostración de causa para la de-mora. Esta disposición no se incorporó a nuestra ley, en su lugar se insertaron los incisos (c) y (d) (). El inciso (c) del Art. 96 de la Ley Municipal de 1960, según quedó aprobado disponía:

(c) La referida notificación escrita se presentará al jefe ejecutivo municipal dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del tér-mino prescrito, no quedará sujeto a la limitación anterior-mente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida noti-ficación dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad. (Énfasis suplido.)

De otra parte, el P. de la C. 1011 que más tarde se convirtió en la Ley Orgánica de los Municipios de 1980, contenía una disposición, el inciso (e) del Art. 11.03(c), idéntica al inciso (c) del Art. 96 de la Ley Municipal de 1960. De todo lo anteriormente expuesto se puede colegir que la intención del legislador fue aprobar una disposición con un requisito de notificación previa igual al que aparecía en la Ley Municipal de 1960 y que aparentemente por error o inadvertencia se omitieron las frases —“tuvo conocimiento de los daños que reclama. () Si el reclamante”— entre las palabras “reclaman-te” y “estuviere”. Por todo lo cual resolvemos, que el Art. 11.03(c) de la Ley Orgánica de los Municipios de 1980 debe leerse con la inclusión de las anteriores frases que por error o inadvertencia fueron omitidas de la versión que finalmente quedó aprobada. ()

II

El Art. 11.03(c) de la Ley Orgánica de los Municipios de 1980 y la presentación de la demanda y el diligenciamiento del em-plazamiento dentro del término de los noventa (90) días.

En reiteradas ocasiones () hemos manifestado que tanto la Ley Orgánica de los Municipios de 1980 como la Ley de Pleitos contra el Estado exigen que la notificación al soberano sea hecha no sólo dentro de los noventa (90) días contados desde que el reclamante tuvo conocimiento de los daños, sino también, antes de iniciarse la acción judicial. () En otras pa-labras, estas leyes requieran que se cumpla con los dos requisi-tos, salvo cuando exista justa causa que haga innecesaria la notificación o prolongue el término para hacerla.

En el caso de Mangual v. Tribunal Superior, supra, tuvi-mos la primera oportunidad de interpretar la disposición so-bre notificación previa de la Ley Municipal de 1960. Este caso trataba de una demanda en daños y perjuicios incoada por un menor y sus padres contra el Municipio de Coamo. En dicha demanda se reclamaron daños relacionados con un accidente ocurrido el 3 de febrero de 1961 durante la celebración de unas fiestas patronales. El menor sufrió heridas graves al ser alcanzado por un cohete que fue quemado como parte del es-pectáculo de fuegos artificiales que auspiciaba el municipio. La demanda se presentó aproximadamente nueve (9) meses después de haber ocurrido el accidente, sin que se hubiese cursado la requerida notificación al municipio. El municipio presentó úna moción de desestimación donde alegaba “que los hechos expuestos en la demanda dejaban de exponer una re-clamación que justificara la concesión de remedio”. íd., pág. 492. Luego de una serie de trámites procesales el tribunal de-sestimó la demanda por no haberse cumplido con el requisito de la notificación previa al municipio dentro de los noventa (90) días. Es de esta decisión que los demandantes recurrie-ron ante este Tribunal. En esa ocasión dijimos que los propó-sitos del requisito de la notificación previa son:

. . . 1— proporcionar a estos cuerpos políticos la oportu-nidad de investigar los hechos que dan origen a la reclama-ción ; 2— desalentar las reclamaciones infundadas; 3— pro-piciar un pronto arreglo de las mismas; 4— permitir la ins-pección inmediata del lugar del accidente antes de que ocu-rran cambios; 5— descubrir el nombre de las personas que tienen conocimiento de los hechos y entrevistarlas mientras su recuerdo es más confiable; 6— advertir a las autoridades municipales de la existencia de la reclamación para que se provea la reserva necesaria en el presupuesto anual; y, 7— mitigar el importe de los daños sufridos mediante oportuna intervención ofreciendo tratamiento médico adecuado y pro-porcionando facilidades para hospitalizar al perjudicado. ()

Citando a E. McQuillin, The Law of Municipal Corporations, 18 McQuillin Mun. Corp. Sec. 53.154 (1950), con aprobación expresamos que “[l]a notificación es una parte esencial de la causa de acción, y, a menos que se cumpla con la misma, no existe el derecho a demandar”. Mangual v. Tribumi Superior, supra, pág. 495. Finalmente concluimos que “el cumplimiento del requisito de notificación es una condición previa de cumplimiento estricto para poder demandar al municipio”. () Id., págs. 498-499. Sin embargo, esta posición tan absoluta se ha ido modificando para permitir excepciones. El propio McQuillin, op. cit., pág. 739, y refiriéndose a la presentación de la demanda y el diligenciamiento del emplazamiento dentro del término que se establece para hacer la notificación previa, expresa:

. . . Sin embargo, la presentación de una acción por daños por el demandante, dentro del término requerido para hacer entrega de la notificación, se ha considerado suficiente para justificar el no haber notificado a tiempo ya que se cumple cabalmente con el propósito claro del requisito, que es fo-mentar la investigación en las primeras etapas de una recla-mación cuando la cuestión aún está fresca, hay testigos dis-ponibles y las condiciones no han cambiado sustancial-mente. ... (Traducción nuestra.)

El próximo caso que nos brindó la oportunidad de inter-pretar la disposición de notificación previa al municipio fue el de Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968). Este caso presentó la novel situación de que fue el municipio el que inició la acción de daños y perjuicios y, por lo tanto, el problema de la notificación surgió en relación con la reconvención compulsoria, no con la demanda. La demanda se presentó dentro de los noventa (90) días de ocurrido el ac-cidente, pero la reconvención se hizo tres (3) días después de transcurrido dicho término. Bajo estas circunstancias, ha-ciendo énfasis en el hecho de que la demanda del municipio se había presentado dentro de los noventa (90) días, que se trataba de una reconvención compulsoria y que el municipio no sufriría perjuicio, determinamos que “la iniciación de la acción judicial por el municipio dentro del término indicado hizo inoperante el requisito de notificación”. () También en-fatizamos que no extenderíamos sin sentido crítico el requisito de la notificación; que “[e]stas condiciones limitativas del derecho de las personas a solicitar reparación deben interpre-tarse restrictivamente”,() y que “[n]o hay razón alguna para distinguir en el caso de los cuerpos políticos, pues cono-cida es la tendencia prevaleciente a exigirles responsabilidad en la misma forma y extensión que a las personas natura-les”. ()

Siguiendo esta misma trayectoria liberalizadora, en Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, supra, pág. 179, resolvimos que la notificación, “aunque de cumplimiento estricto,... no es un requisito estrictamente jurisdiccional”, citado con aprobación en Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 357, 359 (1977); Rivera Rivera v. Trinidad, 100 D.P.R. 776, 780 (1972). Sin embargo, en Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64 (1978), un caso donde la Administradora del Fondo del Se-guro del Estado se subrogó en los derechos de un obrero y trajo una acción en daños y perjuicios contra el Estado dentro de los noventa (90) días de haber advenido a ser final y firme la decisión de la Administradora, pero luego de haber trans-currido ocho (8) años del accidente, manifestamos, a manera de dictum, al referirnos al argumento de la Administradora “de que el emplazamiento, diligenciado dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que advino firme su decisión, satisfizo [el requisito de la notificación previa] . . . [que bastaba] re-cordar que el emplazamiento se expide al radicarse la deman-da, y que con ésta se inicia la acción civil”. Continuamos diciendo que la disposición sobre notificación es terminante en cuanto a que dispone que “ ‘ [n] o podrá iniciarse acción judicial de clase alguna ... si no se hubiese efectuado notificación escrita ...’ ”. () No obstante y a pesar de haber asumido esta posición, resolvimos que bajo las circunstancias del caso exis-tía justa causa que eximía al reclamante de la necesidad de cumplir con el requisito de la notificación previa y de esta forma continuamos con nuestra trayectoria liberalizadora en la aplicación del requisito de notificación y nuestro patrón de interpretar de forma restrictiva todas aquellas disposiciones que limitan el derecho de las personas a solicitar reparación. Expresamos que:

... [e]l rigorismo desmedido en la exigencia de la notifica-ción previa, que evade el elemento atemperante de “justa causa” provisto en el estatuto, no debe ser rémora en la evo-lución del pensamiento jurídico que tanto en la legislación como en la jurisprudencia está en marcha contra las inequi-dades residuales del otrora culto a la inmunidad del sobe-rano, impulsado por el contemporáneo concepto que iguala al Estado y al ciudadano ante el tribunal. En todo caso en que la tardanza en exceso de 90 días de ocurrido el accidente, no imputable al demandante en daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, torne inútil e inoperante la notifica-ción previa . . ., tal notificación no será requerida, y el de-mandante será relevado de su observancia por justa causa. La referida notificación en el plazo relativamente corto de 90 días tiene el propósito de poner sobre aviso al Gobierno de que ha surgido una probable causa de acción por daños en su contra de modo que pueda activar sus recursos de investiga-ción prontamente, antes de que desaparezcan los testigos y las pruebas objetivas en orden a la preparación de una ade-cuada defensa contra la reclamación o una transacción ade-cuada de la misma, cuando proceda. ()

En este mismo sentido en Meléndez Gutiérrez v. E.L.A., 113 D.P.R. 811, 815 (1983) dijimos que “donde el riesgo de que la prueba objetiva pueda desaparecer es mínimo, donde hay constancia efectiva de la identidad de los testigos y donde el Estado, por tanto, puede fácilmente investigar y corroborar los hechos alegados en la demanda que se radique —no es de aplicación inexorable [el requisito de la notificación previa] . . . por cuanto el objetivo que se persigue mediante la aplica-ción de la referida disposición legal no tiene razón de ser”.

La presentación de la demanda y el diligenciamiento del emplazamiento dentro del término de noventa (90) días desde que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama cumple cabalmente con el propósito del requisito de la notificación previa de dar aviso de la reclamación para que se activen los mecanismos de investigación del Gobierno antes de que desaparezcan los testigos y la prueba objetiva. Insistir en una notificación una vez “agotada toda [su] virtualidad y propósito, es trasladar la controversia justiciable a los predios de lo académico y ficticio”. () Tenemos el deber de hacer que el Derecho sirva propósitos útiles sociales, no esquemas teó-ricos abstractos que arrojan resultados prácticos absurdos; tales como consagrar la pérdida de derechos por darle vitali-dad a una condición o requisito que ya ha perdido su propó-sito, su razón de ser. Resolvemos en consecuencia, específica-mente, que en casos de reclamaciones por daños y perjuicios personales o a la propiedad, causados por la culpa o negligen-cia del Estado o el municipio, donde la parte demandante haya presentado la demanda y diligenciado el emplazamiento den-tro del término que requiere la ley para hacer la notificación previa al soberano, Art. 11.03, de la Ley Orgánica de los Mu-nicipios de 1980 (21 L.P.R.A. see. 3403) y Art. 2A de la Ley de Pleitos contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077a, tal noti-ficación no será requerida, y el demandante quedará relevado de su observancia por justa causa.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia que revoque la aquí recurrida.

      (1) Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, según enmendada, 21 L.P.E.A. see. 2001 et seq.

      (2)Las leyes municipales anteriores, tales como la Ley Núm. 53 de 28 de abril de 1928, Estableciendo un Gobierno Local para los Municipios de Puerto Rico; la Ley Núm. 85 de 31 de julio de 1919, Estableciendo un Sis-tema de Gobierno Local y Reorganizando los Servicios Municipales; la Ley de 14 de febrero de 1906, Para Establecer un Sistema de Gobierno Local y para otros Fines y la Ley Sobre Municipalidades de 1ro de marzo de 1902 no contenían disposición alguna que requiriera notificación previa a la inicia-ción de la acción.
      De otra parte y en lo que respecta al estatuto que autoriza las deman-das contra el Estado, la Ley de Pleitos contra el Estado, Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. see. 3074 et seq.), ésta originalmente no incluyó una disposición que requiriera notificación previa al Estado. Este requisito fue añadido mediante enmienda a dicha ley, Art. 2A de la Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. sec. 3077a).
      En el Informe de 12 de abril de 1966 de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes el cual recomendaba la aprobación del P. de la C. 492, que más tarde se convirtió en la Ley Núm. 121, supra, se indica que el propósito de la medida era “fijar un término durante el cual deberán notificarse las reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico por daños a la persona o la propiedad causados por culpa o negligencia del Estado, siguiendo el principio de la previa notifica-ción ya establecido en cuanto a acciones de igual naturaleza contra los mu-nicipios en virtud del Artículo 96 de la Ley núm. 142 de 21 de julio de 1960, que establece un Sistema de gobierno Local para los municipios de Puerto Rico”. 2 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 845 (1966). Re-sulta importante señalar que al incorporar el requisito de la notificación previa a la Ley de Pleitos contra el Estado, se incluyó la frase omitida en el Art. 11.03(c) de la Ley Orgánica de los Municipios de 1980.

      (3)4 Diario de Sesiones, supra, pág. 1783 (1958). En el curso del debate en la Cámara de Representantes del P. de la C. 285 que más tarde se convirtió en la Ley Municipal de 1960, el Representante Méndez hizo una de las pocas alusiones al Art. 96 que allí aparecen —“que si a un municipio se puede demandar, ¿por qué no se puede establecer en ley, y en la Ley Municipal, que debe ser el sitio exa[c]to, aquellas notificaciones previas para que el municipio tenga alguna defensa?”
      Del escaso historial legislativo también surge que el requisito de noti-ficación fue considerado de carácter sustantivo no procesal.

      (4)E1 inciso (d) de la See. 1603 provee:
      “Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligada a notificar la reclamación dentro de los 90 días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor o la persona sujeta a tutela haga la referida notificación dentro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad, custodia o tutela no lo hiciere.”

      (5)Esta frase, dentro del contexto de la Ley de Demandas contra el Estado, supra, fue objeto de interpretación por este Tribunal en Rivera Encarnación v. E. L. A., 113 D.P.E. 383, 385 (1982). Allí dijimos que el punto de partida para el cómputo de los noventa (90) días que tiene el re-clamante para hacer la notificación previa que exige la ley “no comienza a contar a partir de la ocurrencia del acto negligente o el daño, sino desde el conocimiento del daño”.

      (6)E1 inciso (c) del Art. 11.03 de la Ley Orgánica de los Municipios deberá leer como sigue:
      “(c) La referida notificación escrita se presentará al ejecutivo municipal dentro de los noventa (90) días sigiuentes a la fecha en que el re-clamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante es-tuviere mental o físicamente imposibilitado para hacer dicha notificación dentro del término prescrito, no quedará sujeto a la limitación anterior-mente dispuesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.”

        (7)Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963); Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175 (1968); E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 160 (1975); Rivera de Vincenti v. E.L.A., 108 D.P.R. 64 (1978).

      (8)Regla 2 de las Reglas de Procedimiento Civil:
      “Un pleito se inicia con la presentación de una demanda en el tribunal.”

        (9)Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 494.

      (10)En E.L.A. v. Tribunal Superior, supra, pág. 163, a manera de dictum, puesto que lo que estaba envuelto en este caso era la suficiencia de una notificación hecha al Secretario de Salud, en vez de al Secretario de Justicia, citamos nuevamente con aprobación la norma expresada en el caso de Mangual v. Tribunal Superior, supra, pág. 495 de que “ ‘[l]a notificación es una parte esencial de la causa de acción, y, a menos que se cumpla con la misma, no existe el derecho a demandar’.”

      (11) Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, supra, pág. 178.

      (12)Íd., pág. 179.

      (13)Íd., pág. 179.

        (14) Rivera de Vincenti v. E.L.A., supra, pág. 68.
      Ley Núm. 121 de 29 de junio de 1966, Art. 2A(e), 32 L.P.R.A. sec. 3077a(e):
      “(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negli-gencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no será apli-cable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de seguro.”
      Ley Orgánica de los Municipios de 1980, Art. 11.03(e), 21 L.P.R.A. see. 3403 (e):
      “(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra un mu-nicipio por daños causados por la culpa o negligencia de aquél si no se hu-biese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos por ley.”

      (15) Rivera de Vincenti v. E.L.A., supra, pág. 69.

        (16)Rivera de Vincenti v. E.L.A., supra, pág. YO.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ramón Jiménez Hernández, acusado y apelante.

      Número: CR-84-35

      Resuelto: 6 de noviembre de 1985

      María de Lourdes Guzmán y Margarita Carrillo, abogadas del apelante; Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia y Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Convicto y sentenciado que fuera el apelante Ramón Jimé-nez Hernández en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, por los delitos de robo y asesinato en primer grado, en apelación le imputa al referido tribunal la supuesta comisión de dos (2) errores a saber:

PRIMER ERROR
Se vulneraron los derechos al debido proceso de ley y a un juicio justo e imparcial al denegar el Honorable Tribunal de instancia dos recusaciones motivadas solicitadas por la de-fensa a dos candidatos a servir como miembros del jurado quienes durante la desinsaculación manifestaron que para poder emitir su voto tomarían en consideración el hecho que el acusado no declarase en el proceso.
SEGUNDO ERROR
Cometieron grave error los señores del jurado al declarar culpable al acusado ya que existía duda razonable sobre su participación en los alegados hechos delictivos y la prueba de cargo no rebatió la presunción de inocencia. Alegato del Apelante, pág. I.

I

El primer señalamiento de error se refiere a unas contes-taciones ofrecidas durante el proceso de desinsaculación del jurado por dos (2) candidatas al mismo, quienes a pregun-tas de la defensa hicieron manifestaciones demostrativas de que en ese momento no tenían una noción correcta del estado de derecho imperante en nuestra jurisdicción referente a la presunción de inocencia que cobija a todo imputado de delito y al derecho de éste contra la autoincriminaeión; en especí-fico, el no estar obligado a declarar en su propia defensa y no tener que presentar prueba alguna durante el proceso. () Alega la representación legal del apelante que dichas manifes-taciones son indicativas de “prejuicio en contra del acusado” por parte de los candidatos, razón por la cual erró el tribunal de instancia al declarar sin lugar las solicitudes de “recusa-ción motivada” que hiciera la defensa. ()

No hay duda de que el procedimiento de desinsaculaeión del jurado es una de las etapas más críticas e importantes de un juicio criminal por cuanto el mismo es uno de los mecanismos mediante los cuales se pretende garantizar que el jurado que intervendrá en el proceso como juzgador supremo de los hechos será uno imparcial, capacitado y libre de prejuicios. Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 151 (1968); Connors v. United States, 158 U.S. 408 (1895).

Esa es la razón de ser de la Regla 119 de Procedimiento Criminal, la cual autoriza tanto al magistrado que preside el proceso, de manera principal, como posteriormente, y en forma secundaria, a los abogados de las partes para que le formulen a los candidatos potenciales a jurados las “pre-guntas pertinentes a su capacidad para actuar”.

Ahora bien, la función de instruir a los señores del jurado sobre el derecho a ser aplicado al caso corresponde y es fun-ción fundamental y exclusiva del magistrado que preside el proceso y no del abogado defensor o del fiscal. D. W. C. Blash-field, A Treatise on Instructions to Juries in Civil and Criminal Cases, St. Paul, Minn., Keefe-Davidson Co., 1902, T. 1, pág. 5; United States v. Delay, 500 F.2d 1360, 1366 (8vo Cir. 1974).

Ya en Pueblo v. Montanez, 54 D.P.R. 852 (1939) habíamos resuelto que no abusa de su discreción un tribunal que deniega una recusación motivada, basada meramente en la expresión de un candidato a jurado, demostrativa la misma de que el candidato en ese momento desconocía un principio legal. También resolvimos allí que tampoco abusa de su dis-creción el tribunal que impide que los abogados involucren a los candidatos a jurado en una discusión extensa sobre cues-tiones de derecho. Debemos recordar que por lo general los candidatos a jurados, no obstante su buena fe e intención de cooperar con la administración de la justicia, son personas legas que no tienen noción alguna de los principios legales vi-gentes en nuestra jurisdicción.

Permitir que durante el proceso de desinsaculación del ju-rado tanto el fiscal como el abogado defensor sometan a los candidatos potenciales a jurado a un “examen” o “reválida” sobre los referidos principios legales provoca el que ocurran incidentes como los del presente caso, los cuales no sólo causan interrupciones y dilaciones innecesarias durante el proceso sino que son fuente de confusión y desasosiego para las per-sonas que gentilmente consienten a cumplir con su deber ciu-dadano de servir como jurados.() People v. Edwards, 163 Cal. 752, 753, 127 P. 58 (1912); B. J. George, Criminal Procedure Sourcebook, New York City, Practising Law Institute, 1976, Vol. II, págs. 894-895.

Somos del criterio que, como parte del poder inherente que tienen los tribunales de reglamentar los procedimientos ante su consideración, Melendez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797, 807 (1976) y la amplia discreción que tienen para ello, United States v. Bear Runner, 502 F.2d 908, 911-912 (8vo Cir. 1974); United States v. Butera, 677 F.2d 1376, 1383 (limo Cir. 1982), y con el propósito de lograr que el proceso de selección del jurado sea uno más eficiente y justo, los tribunales de instancia deberán —una vez los candidatos a jurado han sido preliminarmente juramentados— instruir en forma sucinta, general y colectiva () a los candidatos sobre los principios básicos pertinentes de derecho vigentes en nuestra jurisdicción() e indagar sobre la disposición de los mismos a acatar y aplicar dichos principios. United States v. Vera, 701 F.2d 1349, 1354-1356 (11mo Cir. 1983); United States v. Cunningham, 523 F.2d 218 (8vo Cir. 1975); Anot., 73 A.L.R.2d 1187, 1190. Sujeto al ejercicio de su sana discreción, los foros de instancia deberán evitar la formulación de preguntas repetitivas e innecesarias sobre los referidos principios a los candidatos a jurado. Los abogados de las partes, naturalmente, podrán siempre inquirir de éstos sobre cual-quier otra materia pertinente a su capacidad para actuar como jurados en una forma imparcial y libre de prejuicios.

Un examen de los hechos específicos del presente caso re-vela que, no obstante no haberse seguido la norma que hoy establecemos, () el error señalado no fue cometido. La exposi-ción narrativa de la prueba certificada como correcta por el tribunal de instancia demuestra que el magistrado que presi-dió el proceso —inmediatamente después de la ocurrencia de las manifestaciones impugnadas— instruyó correcta y ade-cuadamente a las candidatas en controversia y que éstas, luego de así ser instruidas, manifestaron que habían entendido las instrucciones impartidas y que estaban en completa disposi-ción de obedecer las mismas. Ello es todo lo que se requiere. Pueblo v. Montañez, ante; United States v. Cunningham, ante; Grandsinger v. United States, 332 F.2d 80 (10mo Cir. 1964). Actuó correctamente, en su consecuencia, el tribunal de instancia al denegar las recusaciones solicitadas.

Por último, resulta pertinente señalar que según surge de la “minuta” que recoge los procedimientos acaecidos en el presente caso correspondiente al día 18 de abril de 1984 —día en que el tribunal de instancia impartió a los señores del jurado las instrucciones generales finales— la defensa manifestó, luego de que el jurado se retirara a deliberar, no tener objeción alguna a las mismas. Como es sabido, dichas instrucciones generales cubren las materias aquí en controversia. No habiendo sido objetadas por la defensa, debemos presumir la corrección jurídica de las mismas. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985); Pueblo v. Rivera Carmona, 108 D.P.R. 866, 872 (1979). Ello resulta en una garantía adicional de que todos los señores del jurado que intervinieron en el proceso de deliberación en el presente caso emitieron sus votos con una correcta percepción y entendimiento del derecho aplicable al mismo.

hH I — f

El segundo señalamiento de error es completamente inme-ritorio. Se alega que la prueba de cargo “no demostró en modo alguno que el apelante participara voluntariamente en los hechos”, en otras palabras, se argumenta que la acción del coautor León Paul Rivera al ultimar a balazos al occiso José Izquierdo Llerena fue una de su propia iniciativa por la cual no debe responder el apelante.

La prueba presentada por el Ministerio Fiscal durante el proceso celebrado en el presente caso —y creída por los seño-res del jurado que intervinieron en el mismo— consistió prin-cipalmente del testimonio de un cómplice del aquí apelante, de nombre Jorge Morales Cruz, quien declaró bajo el manto de inmunidad. La misma demostró, en síntesis, que el día de los hechos —26 de abril de 1983— el apelante Ramón Jiménez Hernández se encontró en horas de la mañana con Morales Cruz y un individuo de nombre León Paul Rivera en el parque de pelota del Residencial Las Margaritas, Santuree, Puerto Rico; decidiendo los referidos individuos “ir a San Juan” con el propósito de asaltar a alguien con un revólver que tenía el apelante, para lo cual abordaron una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses. Dichos individuos se desmonta-ron de la misma en la parada del “área del Escambrón”, en-contrándose allí con el occiso José Izquierdo Llerena, quien era un homosexual amigo del testigo de cargo Morales Cruz. Estando conversando con éste cerca del vehículo de motor de su propiedad, se acercó a ellos un agente de la Policía de Puerto Rico quien intervino brevemente con ellos —anotando el agente el nombre de Izquierdo Llerena— por haberles pare-cido “personas sospechosas”, luego de lo cual se retiró del lugar. El occiso, al ser así requerido, le brindó transportación en su automóvil a los tres sujetos. En el trayecto se le in-formó que se trataba de un asalto. El apelante cogió el volante del carro; surgió un forcejeo. El sujeto León Paul Rivera tomó el revólver de manos del apelante y ultimó a Izquierdo Llerena con el mismo. Luego de abandonar el automóvil y el cadáver, los tres individuos se repartieron por partes iguales la suma de $75 en efectivo que llevaba el occiso. La declaración del testigo Morales Cruz fue “confirmada” por el policía Willy Rodríguez quien identificó en eorte abierta al apelante y al referido testigo como dos de las tres personas que acompaña-ban al occiso Izquierdo Llerena al momento de la intervención que realizara el 26 de abril de 1988 en el “área del Escam-brón”.

Como hemos visto, se trata de una muerte acaecida durante la perpetración de un delito de robo. La acusación que por el delito de asesinato en primer grado radicara el Ministerio Público al amparo de las disposiciones del Art. 83 del Código Penal de Puerto Rico de 1974 () así lo imputó. Aun aceptando para fines de la argumentación —lo cual es cuestionable— que el acto de dispararle al occiso no había sido contemplado por el apelante, () él es responsable de la muerte ocurrida durante el delito de robo que había acordado perpetrar en unión a los otros dos coautores. Véanse Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716 (1981); Pueblo v. González Ruiz, 90 D.P.R. 580 (1964).

Por los fundamentos expuestos, procede la confirmación de las sentencias apeladas. Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Una de las candidatas a jurado, al ser preguntada si tomaría en consideración para emitir un veredicto el hecho de que el acusado no decla-rara durante el proceso a celebrarse, contestó que “ella tomaría en conside-ración para emitir su voto el que el acusado guardara silencio durante el proceso” y que “prefería escuchar el testimonio del acusado para poder decidir”.
      La segunda dama, al ser cuestionada sobre si ella consideraba que era perjudicial para el acusado el hecho de que éste guardara silencio durante el juicio, expresó que “ella esperaba que el acusado tuviera ‘el valor para decir porqué lo hizo’ ”. Véase E.N.P., pág. 7.

      (2)Como veremos más adelante, el tribunal de instancia denegó las re-feridas solicitudes luego de instruir a las candidatas a jurado sobre el de-recho vigente y de cerciorarse que éstas estaban en disposición de acatar el mismo.

      (3)La ocurrencia de estas dilaciones e interrupciones fue lo que el legis-lador precisamente quiso evitar mediante la Ley Núm. 89 de 26 de junio de 1974 que enmendó la citada Regla 119 de Procedimiento Criminal a los fines de establecer que el rol principal en el proceso de desinsaculación del jurado le corresponde al magistrado que preside el juicio. Véase la Exposición de Motivos de la referida ley.

      (4) Individualmente, cuando ello resulte necesario.

      (5)Tales como: presunción de inocencia; obligación del ministerio pú-blico de probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable; derecho del acusado a declarar o no declarar en su propia defensa y de que si elige no hacerlo, ese hecho no puede ser tomado en consideración; etc. Instrucciones preliminares que serán complementadas por las instrucciones generales finales que le serán transmitidas a los señores del jurado antes de que éstos se retiren a deliberar.

      (6) Algunos jueces de instancia, actuando por su propia iniciativa, han estado observando la misma.

      (7)33 L.P.R.A. see. 4002.

      (8) Sobre todo cuando consideramos que el arma de fuego utilizada era de la propiedad del apelante.


text:
      In re Gladys Iglesias Strong.

      Número: MC-85-59

      Resuelto: 7 de noviembre de 1985

      Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

En el escolio 4 de la opinión en Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275,292 (1985), señalamos lo siguiente:

Desconocemos si la notario Iglesias Strong al remitir co-pia de la escritura núm. 21 al Secretario de Hacienda, con-forme lo requiere la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1006, acompañó también copia del contrato privado que según las partes y su autenticación era el que consignaba el precio real y verdadero.

A tenor con lo anterior referimos el asunto a la Oficina del Procurador General para que investigara e informara sobre la conducta profesional de la Lie. Gladys Iglesias Strong. El Procurador sometió su informe. Por los fundamentos que ex-presaremos más adelante, procede archivar este asunto.

El 15 de mayo de 1975 los esposos Reyes y Díaz otorgaron ante la notario Iglesias Strong una escritura denominada “Compraventa, Reconocimiento de Hipoteca y Constitución de Hipoteca”. Como precio de compraventa se hizo constar en dicha escritura la cantidad de $61,000. Subsiguientemente por documento privado ante la misma notario y sin compare-cer la señora Reyes se consignó que “las partes desean aclarar que el precio verdadero de compr[av]enta es noventa y cinco mil dólares ($95,000.00)” y a tal efecto los esposos Jusino Negrón firmaron un pagaré por $51,000 a favor de Reyes ex-clusivamente. Esta parte de la transacción consta de los afi-dávit 7349 y 7347 de la obra notarial de la licenciada Igle-sias Strong. Surge de la opinión de este Tribunal y de la in-vestigación, que todos estos documentos fueron autenticados ante la notario en la misma fecha. Por problemas surgidos, se radicó el pleito que dio lugar a la opinión de este Tribunal el 3 de abril de 1985, que resuelve que el contrato privado era válido.

La cuestión a resolver es si la notario estaba obligada a remitir al Departamento de Hacienda, además de la escritura original, el contrato privado que alteró el precio real original-mente consignado en la escritura.

La Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956, para regular el ejercicio de la profesión notarial, no incluyó disposición alguna que obligara al notario a remitir a una agencia gubernamental información sobre los negocios jurídicos relacionados con bienes inmuebles. Mediante la Ley Núm. 43 de 16 de mayo de 1974 se impuso a los notarios el deber de remitir al Secretario de Hacienda copia fiel y exacta de toda escritura otorgada ante ellos de cualquier título traslativo de propiedad inmueble cuya cuantía exceda de $25,000. (4 L.P.R.A. see. 1006.) No fue hasta el 1980, al aprobarse la Ley Núm. 84 de 3 de junio, que se impuso a los notarios los siguientes deberes:

Disponiéndose además, [que] será deber de todo notario ante quien se otorgue cualquier segregación, agrupación y título traslativo del dominio de propiedad inmueble, remitir al Secretario de Hacienda, no más tarde del lunes imediata-mente siguiente a la fecha del otorgamiento, una planilla informativa sobre la segregación, agrupación y/o traslado de dominio de bienes inmuebles suministrada libre de costo por el Secretario de Hacienda con la siguiente información: nombre, dirección residencial y/o postal y número de seguro social o el número de cuenta asignado a cada uno de los otor-gantes ; número de la escritura, fecha de la transacción, lo-calización de la finca o fincas, cuantía envuelta, número ca-tastral de la propiedad o propiedades asignados por el De-partamento de Hacienda, o en su defecto el número del nota-rio autorizante. El número catastral de la propiedad se to-mará de la última notificación o recibo contributivo dispo-nible expedido por el Secretario de Hacienda. Este documen-to deberá ser presentado por el vendedor u otorgante al no-tario y si el vendedor u otorgante no tuviere dicho recibo o notificación, deberá obtenerlo de la Oficina de Distrito del Negociado de Contribución sobre la Propiedad y Herencia del Departamento de Hacienda de la jurisdicción contribu-tiva correspondiente.
Se dispone que la Oficina de Distrito del Negociado de la Contribución sobre la Propiedad y Herencia ofrecerá el nú-mero catastral o de codificación dentro de los próximos dos días laborables siguientes de ser solicitado. De no ser posible deberá expedir certificación negativa haciendo constar las razones por las cuales no puede ofrecer el número solici-tado. Esta certificación deberá remitirse al Secretario de Hacienda en unión a la planilla informativa.

Como bien señala la delegada del Procurador General, a la fecha de la transacción objeto de este asunto, la única obligación legal de la notario era remitir copia de la escritura, lo cual hizo. Por lo tanto, no venía obligada legalmente a remitir copia del contrato privado. Tampoco lo requería el Departamento de Hacienda para esa época. Esta aparente falla fue corregida por la Ley Núm. 84 de 1980. Claro está, desde el 3 de junio de 1980 es obligatorio remitir todo documento, aunque no sea una escritura pública, al Secretario de Hacienda.

Por otro lado, la investigación del Procurador General re-vela que el contrato privado no fue otorgado simultáneamente con la escritura y que la notario Iglesias Strong no recomendó el otorgamiento de dicho contrato ni participó en las negocia-ciones entre las partes. No hay prueba para inferir que la notario tuviera la intención de defraudar al erario público.

Por los motivos anteriormente expuestos, se decreta el ar-chivo de este asunto. Se ordena al Secretario General Interino publicar esta Resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General In-terino. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino


text:
    Guillermo Cotto Guadalupe y Otra, demandantes y recurridos, v. Consolidated Mutual Insurance Co., demandado y recurrente.

      Número: R-84-219

      Resuelto: 8 de noviembre de 1985

      Carlos M. Rivera Vicente y Carlos E. Ríos Moren, de Cando, Nadal y Rivera, abogados de la recurrente; Federico A. Cor-dero, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La demanda que originalmente se radicara en el presente caso expresa, en lo pertinente al punto en controversia, () que el “23 de diciembre de 1967, a eso de las 4:30 P.M. los es-posos Guillermo Cotto Guadalupe y Luz Esther Román de Cotto [los cuales componían la parte demandante, junto a la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos] se encon-traban de compras en el primer piso de la tienda New York Department Stores, sita en la Avenida Ponce de León, parada 17, Santurce, Puerto Rico. Mientras caminaban en dirección hacia la escalera que va hacia el sótano de dicho estableci-miento, la señora Luz Esther Román de Cotto resbaló cayendo por la escalera” y que el “accidente se debió a la negligencia de la tienda New York Department Stores al no tomar las precauciones necesarias para evitar que el piso de dicho esta-blecimiento estuviese resbaloso”. (Énfasis suplido.) ()

En la sentencia que emitiera el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, el referido foro expresó que “ [b] ásicamente la problemática [sic] consiste en determinar si New York Department Store [sic] fue negligente y si existe una relación o conexión razonable entre el desarrollo de la en-fermedad y el accidente”. Ambas interrogantes fueron “con-testadas” en la afirmativa por el tribunal de instancia, decla-rando, en su consecuencia, con lugar la demanda radicada.

En lo concerniente a la primera de dichas interrogantes, el referido foro así lo hizo mediante una determinación de hecho confeccionada en términos generales, prácticamente co-piando literalmente las alegaciones formuladas por la parte demandante en los párrafos primero y segundo de la demanda que anteriormente reseñáramos. ()

Inconforme con la sentencia dictada, la parte demandada acudió en revisión ante este Tribunal. Mediante resolución de fecha 14 de junio de 1984 ordenamos, a los fines de evaluar el recurso presentado, la preparación de una exposición narra-tiva de la prueba. Examinada la misma, mediante resolución de fecha 11 de octubre de 1984, le concedimos término a la parte demandante y recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la sentencia dictada por el tribunal de instancia “en vista de que la determinación de dicho foro a los efectos de que la caída sufrida ... se debió a la negligen-cia de la parte demandada no encuentra apoyo en la evidencia que desfilara ante dicho Tribunal”. La parte recurrida ha comparecido; estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

La “prueba” que tuvo ante sí el tribunal de instancia en lo relativo a la ocurrencia del accidente consistió en una depo-sición que se le tomara a la codemandante Luz Esther Román de Cotto en la etapa de descubrimento de prueba y de una contestación a interrogatorios suscrita por la referida code-mandante () y el testimonio que prestara en el acto del juicio el esposo de la citada codemandante, el a su vez codemandante Guillermo Cotto Guadalupe.

Al ser ordenada por este Tribunal la preparación de una exposición narrativa de la prueba, las partes estipularon que la misma () consistiría de la antes mencionada deposición y contestación a interrogatorios y, en vista de que no fue posi-ble realizar la transcripción del testimonio del codemandante Cotto Guadalupe, de la “transcripción” de las notas que el juez de instancia tomara del mencionado testimonio.

Un examen detenido y objetivo de la referida “exposición narrativa” nos convence de que procede resolver conforme lo intimado en la orden de mostrar causa que expidiéramos. Veamos por qué:

En la contestación a interrogatorios que ofreciera la co-demandante Román de Cotto sobre la ocurrencia del accidente sufrido por ella se expresa, en lo pertinente, que el

sábado 23 de diciembre de 1967 me encontraba en la tienda New York Department Store en la parada 17*4 en Santurce acompañando a mi esposo, Guillermo Cotto Guadalupe y mi cuñada Gladys Matos Ramos. Mientras caminábamos en dirección de la escalera que va hacia el sótano de dicho esta-blecimiento resbalé poco antes de llegar a ella y me caí por la misma. (Énfasis suplido.) ()

De la deposición que se le tomara a la referida codeman-dante surge lo siguiente:

A- En cuanto a por qué o en qué resbaló:
P. Usted puede decirnos, ¿ en qué resbaló ?
R. Yo no sé, yo resbalé en él piso en algo y al resbalar perdí el equilibrio. ...
P. Debemos entender entonces que listed no vio nada en lo que resbaló. Usted sí sabe que resbaló.
R. Sí, señor.
P. ¿ Usted vio algo en lo que resbaló ?
R. No. (Énfasis suplido.) ()
B- En cuanto a dónde resbaló:
P. Digamos, Doña Luz, usted ya testificó en el sentido de que había resbalado. Ahora, le pregunto, ¿ dónde usted res-baló en relación con esa escalera ?
R. En el primer piso yo resbalé.
P. ¿Entonces quiere decir que usted resbaló en la escalera o antes de la escalera?
R. Antes de bajar las escaleras.
P. ¿Usted no resbaló en la escalera o sí resbaló en la esca-lera?
R. No, señor; yo no resbalé en las escaleras, yo resbalé en el primer piso. (Énfasis suplido.) ()

Por último, tenemos que el testimonio prestado durante el juicio por el codemandante Cotto Guadalupe —según ello surge de las notas tomadas por el juez de instancia— no aporta información adicional alguna respecto a la causa o ra-zón del “resbalón” que sufriera su esposa.

I — I I — I

No hay duda de que una persona o empresa que opera un establecimiento abierto al público con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para su propio beneficio debe hacer lo posible por mantener dicho establecimiento en condiciones tales de seguridad que los clientes que patrocinan el mismo no sufran ningún daño; en otras palabras, corresponde al dueño de un negocio o al propietario del mismo mantener el área a la que tienen acceso sus clientes como un sitio seguro. A esos efectos, véanse Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473 (1955); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961); Weber v. Mejias, 85 D.P.R. 76 (1962), y Aponte Betancourt v. Méléndez, 87 D.P.R. 652 (1963). Deberá observarse, sin embargo, que —como expresáramos en Goose v. Hilton Hotels, supra, págs. 527-528— el dueño del establecimiento “no es un asegurador de la seguridad de los clientes del negocio, y su deber sólo se extiende al ejercicio del cuidado razonable para su protección” y que el visitante tiene que probar que el dueño del establecimiento no “ha ejercido el cuidado debido para que el local sea seguro para él”. () En los casos antes citados impusimos responsabilidad por cuanto los mismos envolvían condiciones peligrosas existentes dentro de los establecimientos correspondientes, las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía imputárseles a éstos.

Sabido es que, como regla general, le corresponde a la parte actora en un caso de daños y perjuicios donde alegue haber sufrido daños como consecuencia de la negligencia de la parte demandada el peso de la prueba respecto a dicha ale-gada negligencia. Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 D.P.R. 799 (1978); Irizarry v. A.F.F., 93 D.P.R. 416 (1966); Morales Mejías v. Met. Pack. & Ware. Co., 86 D.P.R. 3 (1962). En palabras más sencillas, la parte demandante tiene la obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara y específica sobre negligencia mediante la presentación de prueba a esos efectos.

Un análisis de nuestra jurisprudencia referente a la situación específica de reclamaciones por caídas revela que he-mos exigido de la parte demandante que pruebe, como parte esencial de la causa de acción que ejercita, la existencia de la condición de peligrosidad que ocasionó la caída. Véanse: Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971); González Ivankovitch v. Las Amer. Prof. Ctr., 103 D.P.R. 89 (1974); Maldonado v. Interamerican University, 104 D.P.R. 420 (1975); Weber v. Mejías, supra; Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967); Torres v. Metropolitan School, 91 D.P.R. 1 (1964); Ferro v. A.M.A., 91 D.P.R. 770 (1965), y Goose v. Hilton Hotels, supra. ()

HH hH H-1

En el presente caso —según podemos concluir de la relación que de los hechos realizáramos— el tribunal de instancia no tuvo ante sí prueba alguna de dónde, ni tan siquiera, se pueda inferir que en el establecimiento en controversia existía una condición peligrosa; mucho menos, por lo tanto, prueba de que los demandados pudieran tener conocimiento de ella. La única prueba presentada por la parte demandante en el descargo de la antes mencionada obligación fue el hecho de que la codemandante Román de Cotto resbaló “en algo” mientras caminaba en dirección a unas escaleras, como consecuencia de lo cual cayó al piso. Somos del criterio que ese hecho —incontrovertido, pero escueto— por sí solo no es suficiente para imponerle responsabilidad a la parte demandada. () Malavé v. Hosp. de la Concepción, supra; González Ivankovitch v. Las Amer. Prof. Ctr., supra. ()

Por último, estimamos que no es de aplicación a los hechos del presente caso la doctrina de res ipsa loquitur ya que, entre otras razones, la caída sufrida por la demandante no necesariamente, y de ordinario, tiene que haberse debido a “condiciones peligrosas existentes” dentro del referido esta-blecimiento o debido a “alguna clase de negligencia imputable a la parte demandada”;() en otras palabras, una persona mientras camina puede resbalar y caerse al piso sin que medie negligencia de persona alguna. ()

Por las razones antes expuestas, () se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de la dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, en él Caso Civil Núm. 68-1584.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque disiente sin opi-nión.

      (1) Si el accidente que dio lugar a la demanda —la caída sufrida por la codemandante Luz Esther Román de Cotto— se debió a la negligencia de la parte demandada.

      (2) Véanse párrafos primero y segundo de la demanda originalmente radicada.
      Es pertinente señalar que posteriormente —luego de morir la codeman-dante Román de Cotto en el año 1970 a causa de un fallo renal secundario a la enfermedad conocida como lupus eritematosus— se radicó una demanda enmendada en la cual se alegó que la citada enfermedad fue consecuencia, a su vez, de la caída sufrida por la mencionada dama en el 1967.

      (3)A esos efectos —en la determinación de hecho número dos (2)— expresó el tribunal de instancia que:
      “La víspera de Nochebuena, el 23 de diciembre de 1967, a eso de las 4:30 P.M., los esposos Guillermo Cotto Guadalupe y Luz Esther Román de Cotto se encontraban de compras en el primer piso de la tienda New York Department Stores, sita en la Avenida Ponce de León, Parada 17, Santurce, Puerto Rico. Mientras caminaban en dirección hacia la escalera que va hacia el sótano de dicho establecimiento, la señora Luz Esther Román de Cotto resbaló cayendo de espaldas por diez escalones de dicha escalera. El accidente se debió a la negligencia de la tienda New York Department Stores al no tomar las precauciones necesarias para evitar que el piso de dicho establecimiento estuviese resbaloso.”
      En lo referente a la segunda interrogante, el foro de instancia —reco-nociendo que la enfermedad conocida como lupus eritematosus es una condición latente en el organismo de una persona debido a una anormalidad inmunológica y que las autoridades médicas estiman que el desarrollo de la misma puede deberse a cinco factores precipitantes— concluyó que quedó demostrada “una conexión razonable entre la negligencia de la New York Department Stores y el daño sufrido por Luz Esther Román de Cotto . . .”.

      (4) Ello debido a que, como expresáramos anteriormente, la codeman-dante Román de Cotto falleció con anterioridad a la fecha en que se celebró la vista en su fondo del caso.

      (5) En lo relativo a la forma y manera en que ocurrió el accidente.

      (6) Véase contestación a pregunta número cuatro (4) del interrogatorio.

      (7) Véase la pág. 5 de la deposición.

      (8) Véase la pág. 12 de la deposición.

      (9)En igual sentido se expresa Brau: “no se trata de responsabilidad absoluta o de que los dueños de los establecimientos sean aseguradores de los daños que sufran sus clientes y parroquianos. Para que se imponga res-ponsabilidad es indispensable probar que el dueño del negocio o el propie-tario del edificio, en su caso, incurrió en un acto negligente que causó o con-tribuyó a los daños sufridos por el perjudicado”. (Énfasis suplido.) H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, Pubs. J.T.S., Inc., 1980, Vol. 2, Cap. 12, pág. 64.

      (10)En Malavé v. Hosp. de la Concepción, 100 D.P.R. 55 (1971), se desestimó la demanda por no probarse que las escaleras estuvieran moja-das; González Ivankovitch v. Las Amer. Prof. Ctr., 103 D.P.R. 89, 91 (1974), se desestimó la demanda por no considerarse una cadena comq suficiente para constituir “una condición peligrosa”; Maldonado v. Interamerican University, 104 D.P.R. 420 (1975), se probó que el piso de unas escaleras es-taba completamente pulido, era resbaladizo y esa situación se agravaba al caer la lluvia por una ventana rota, además de ser el alumbrado inadecua-do; Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962), se probó que se trataba de una superficie pulida que propendía a ser resbaladiza cuando se mojaba por efecto de las lluvias; Feliciano v. Escuela de Enfermeras, 94 D.P.R. 535 (1967), se probó que el piso era liso y resbaloso aun cuando estuviera seco; Torres v. Metropolitan School, 91 D.P.R. 1 (1964), se desestimó la demanda por no considerarse que escaleras de loseta y con un solo pasamanos fuera condición peligrosa; Ferro v. A.M.A., 91 D.P.R. 770 (1965), se desestimó la demanda por no haberse probado que los escalones de una guagua estu-vieran lisos ni considerarse que la falta de alfombra de goma fuera condi-ción peligrosa; Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956), se probó que los escalones eran estrechos, generalmente estaban mojados, había un solo pasamanos y había una franja de tres pulgadas de cemento liso al final de cada escalón.

      (11)La conclusión a la que llegamos no se ve afectada por razón de que, según ello surge de la certificación a esos efectos expedida por el juez de instancia, el codemandante Cotto Guadalupe declarara durante el juicio que observó que de un conducto de aire acondicionado caían gotas de agua. En primer lugar, el tribunal de instancia no le dio importancia alguna a ese hecho; prueba de lo anteriormente expresado es que ello no fue objeto de determinación de hecho alguna en la sentencia que emitiera. En segundo lugar, esa prueba no es suficiente para imputarle negligencia a la parte de-mandada. Baste señalar que no se establece relación causal —ni aun por inferencia— entre ese hecho y la caída sufrida por la codemandante Román de Cotto.

      (12)A1 presente caso no le es de aplicación ninguna de las teorías de responsabilidad absoluta; no le es de aplicación la teoría del riesgo o respon-sabilidad sin culpa ya que aun cuando se trata de una actividad con fines de lucro, no se trata de una actividad inherentemente peligrosa o arries-gada. Véase Martínez v. Chase Manhattan Bank, 108 D.P.R. 515 (1979). Tampoco es de aplicación la teoría de garantía implícita ya que no se alega que los daños sean el resultado del uso de un producto de la demandada. Véase Montero Saldaña v. Amer. Motors Corn., 107 D.P.R. 452 (1978).

      (13) Sobre los requisitos exigidos por la jurisprudencia para la aplica-ción de la doctrina de res ipsa loquitur, véanse: Torres v. Rivera Lizardi, 108 D.P.R. 829 (1979); Pérez Rivera v. Olazagasti Fiol, 90 D.P.R. 779 (1964); Castro v. Municipio de Guánica, 87 D.P.R. 725 (1963); Vda. de López v. García Espinosa, 86 D.P.R. 702 (1962).

      (14)En Nevárez v. Municipio de Vega Alta, 101 D.P.R. 70 (1973), expresamos: “Dicha doctrina no es de aplicación en este caso, pues de la prueba no puede sostenerse que el accidente no hubiera ocurrido a no ser por la negligencia de los agentes o empleados de la recurrente.” Pág. 74. Allí encontramos que era muy posible que el accidente se debiera a hechos en nada relacionados a conducta negligente por parte del demandado, por lo que sería inaplicable la doctrina de res ipsa loquitur y por lo que el de-mandante debía probar específicamente la causa del accidente.

      (15)Los fundamentos expuestos hacen innnecesario el que nos exprese-mos sobre la determinación de relación causal que hiciera el foro de instan-cia entre la caída sufrida por la codemandante Román de Cotto y el desa-rrollo de la enfermedad de lupus eritematosus que finalmente le causara la muerte; determinación que, cuando menos, resulta altamente cuestionable.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Catalino Rodríguez Aponte, acusado y apelante.

      Número: O-84-833

      Resuelto: 14 de noviembre de 1985

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José A. De La Texera, abogado del recurrido.

      (1)En su perspectiva histórica la actual vista preliminar guarda al-guna semejanza con el “Coroner’s Inquest”, de procedencia inglesa y cuyas raíces eran los estatutos de “Philip and Mary”, de mediados del siglo 16. Nota, The Preliminary Hearing: an Interest Analysis, 51 Iowa L. Rev. 164 n. 4, 165 n. 7 (1965); citando a: 1 Holdsworth, A History of English Law 295-296 (3ra ed. 1922); 1 Stephen, A History of Criminal Law of England 217 (1888); Orfield, Criminal Procedure from Arrest — to Appeal 49, 72-75 (1947). Bajo estos estatutos la pesquisa era más bien de naturaleza inquisitorial, diseñada para “detectar y exponer a un cuidadano al cual se le pre-sumía culpable”. Stephen, op. cit., págs. 221-222. Se conducía en secreto. El acusado no tenía derecho a estar representado por abogado. Con frecuencia era torturado. Se le negaba el examinar los testigos en su presencia. Cual-quier información obtenida le era comunicada solamente al representante del Estado. Salvo la posibilidad de que durante el procedimiento, discrecio-nalmente se le fijara fianza, todo el trámite estaba diseñado para favorecer o redundaba en beneficio de la parte acusadora. Para más detalles históricos véanse: Nota, op. cit.; M. J. Godreau, La Vista Preliminar, 34 Rev. Jur. U.P.R. 77 (1965) citando a P. J. Kauper, Judicial Examination of the Accused, 30 Mich. L. Rev. 1224-1234.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

f — <

Contra Catalino Rodríguez Aponte se presentaron cinco denuncias que le imputan los delitos de tentativa de asesinato e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Para la vista preliminar su abogado solicitó la citación de once (11) testi-gos, diez (10) de los cuales figuraban al dorso de las denun-cias como testigos de cargo. El Tribunal de Distrito accedió.

En la vista, el fiscal presentó el testimonio de cuatro (4) testigos. Fueron contrainterrogados por la defensa y se puso a su disposición copia de sus declaraciones juradas. El fiscal se reservó para el juicio en su fondo los restantes seis (6) testigos y sometió los casos.

Subsiguientemente, el abogado de Rodriguez Aponte pro-cedió a llamar como testigo de defensa a una de las testigos de cargo no presentada por el Ministerio Público. Éste se opuso. Adujo que se trataba de una testigo de cargo. La de-fensa argumentó que la testigo había sido citada conforme su pedido. El fiscal replicó para indicar que desconocía la existen-cia de esa solicitud y orden, y que era contraria a derecho. El tribunal sostuvo “la presentación de esos testigos en el balance de la justicia”.

Inconforme, el Ministerio Público presentó un recurso de certiorari en el Tribunal Superior, Sala de Aibonito. Le fue negado. Acudió a este foro. Concedimos al imputado Rodrí-guez Aponte término para que compareciera a mostrar causa por la cual no deberíamos dejar sin efecto la determinación del Tribunal de Distrito.

HH I

La solución del caso está enmarcada en los propósitos de la vista preliminar, () según visualizados en la Regla 23 de Pro-cedimiento Criminal. Sin embargo, antes de realizar ese aná-lisis, la tesis del imputado Rodríguez Aponte exige que previa-mente repasemos algunos principios elementales que sirven de basamento a nuestro procedimiento penal vigente.

Primero, nuestra Constitución establece en la etapa del juicio el derecho de todo acusado a carearse con los testigos de cargo y obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor. Sec. 11, Art. II. El juicio en su fondo es el momento realmente culminante y crítico. Allí es que se adjudica en sus méritos su culpabilidad o inocencia.

Segundo, el derecho a contrainterrogar y presentar prueba a su favor en una etapa anterior al juicio, como lo es la vista preliminar, necesariamente debe evaluarse contra el trasfondo de lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal. Excepto limitadas excepciones, la norma general es la dispuesta en la Regla 95, que sólo autoriza el descubrimiento de prueba sobre “determinados objetos, libros, documentos y papeles que no fueren declaraciones juradas, con excepción de la declaración del propio acusado” después de haberse presentado la acusación. (Énfasis suplido.)

Tercero, la génesis de la vista preliminar es estatutaria, no constitucional. Por tal razón no es correcto ni jurídicamente apropiado —como método adjudicativo— el análisis teórico que transtermina mecánicamente los preceptos constitucionales a las Reglas de Procedimiento Criminal.

Cuarto, existen diferencias fundadas y legítimas en cuanto a la extensión y contenido de los derechos en el ámbito procesal. La dinámica varía en atención a las distintas etapas. Esta variante es evidente en el área del derecho de un acusado a interrogar los testigos de cargo antes y durante el juicio. Con anterioridad al juicio, el derecho del imputado a interrogar o entrevistar los testigos de cargo está circunscrito a sólo la voluntad de los testigos. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201 (1964).() Durante el juicio, ese derecho está limitado a que el fiscal los anuncie y no los presente. En estas circunstancias, de ordinario el Ministerio Público pone a dispo-sición de la defensa los testigos así renunciados pues de lo con-trario, entraría en juego la presunción de la Regla 16(5) de Evidencia preceptiva de que “toda evidencia voluntariamente suprimida resultará adversa si se ofreciere”. Véase Pueblo v. Campán, 34 D.P.R. 107 (1925). Renunciado el testigo de cargo, la defensa está en libertad de entrevistarlo y puede optar por presentarlo como su testigo.

Quinto, aparte de estas instancias (Le., la entrevista voluntaria fuera de los procedimientos ante el tribunal y la presentación del testigo de cargo renunciado en el juicio), no hemos reconocido ninguna otra en que a un imputado le asista el derecho absoluto de poder interrogar los testigos de cargo antes del juicio en su fondo.

Con esta perspectiva en mente concentremos en la vista preliminar. El inciso (c) de la Regla 23 reza:

Procedimiento durante la vista. Si la persona compare-ciere a la vista preliminar y no renunciare a ella, el magis-trado deberá oír la prueba. La vista será privada a menos que al comenzar la misma la persona solicitare que fuere pública. La persona podrá contrainterrogar los testigos en su contra y ofrecer prueba en su favor. El fiscal podrá estar presente en la vista y podrá también interrogar y eontrain-terrogar a todos los testigos y ofrecer otra prueba. Al ser requerido para ello el fiscal pondrá a disposición de la persona las declaraciones juradas que tuviere en su poder de los tes-tigos que haya puesto a declarar en la vista. Si a juicio del magistrado la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo cometió, el magistrado detendrá inmediatamente a la persona para que responda por la comisión de un delito ante la sección y sala correspondientes del Tribunal de Primera Ins-tancia; de lo contrario exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad. El magistrado admitirá la pres-tación de fianza por la persona o podrá mantenerla en liber-tad bajo la fianza prestada al ordenar su arresto. Des-pués de que terminare el procedimiento ante él, el magis-trado remitirá inmediatamente a la secretaría de la sección y sala correspondientes del Tribunal de Primera Instancia todo el expediente relacionado con dicho procedimiento, in-cluyendo cualquier fianza prestada. En el expediente se hará constar la fecha y sitio de la vista preliminar, las personas que a ella comparecieron y la determinación del magistrado. (Énfasis suplido.)

En la expresión recalcada “ofrecer prueba a su favor” se apuntala el reclamo del imputado Rodríguez Aponte. Anali-cémoslo.

La vista preliminar no fue adoptada en Puerto Rico hasta el 1ro de julio de 1964. Sin embargo, desde finales de la dé-cada del 1950 era objeto de discusión en los foros jurídicos del país. Así, en la primera Conferencia Judicial de Puerto Rico el Comité de Procedimiento Criminal, por voz de su Presi-dente, Lie. Francisco Ponsa Feliú, expuso de este modo su con-cepción original:

La Regla adoptada, habrán visto ustedes, está fundamen-talmente inspirada, o basada, más bien, en la Regla Federal. En una Regla que, como todas las disposiciones Federales de procedimiento criminal, está concebida en términos genera-les, en términos amplios, en términos y conceptos abarcado-res, sin el más mínimo esfuerzo por puntualizar o recurrir al detalle. La vista 'preliminar, según podemos ver de la dis-posición (b) de la Regla 18, y de la disposición (c) de la Regla 18, es una en la cual el acusado tendrá derecho a estar representado por abogado, tendrá derecho a repreguntar testigos contrarios y a ofrecer testigos a su favor, y la mi-sión del magistrado será, a base de la prueba que escuche, determinar la existencia de causa probable. Concepto cono-cido por todos y cuyo contenido jurídico, naturalmente, las Reglas no intentan definir, puesto que lo tiene ya a base de la doctrina jurisprudencial de existencia de causa probable. Luego, él fiscal, naturalmente, no vendrá obligado a ofrecer toda su prueba ni cosa que se parezca. Ofrecerá prueba sufi-ciente para que, a base de esa prueba, el magistrado pueda hacer determinación afirmativa de causa probable. (Énfasis suplido.) Memoria de la Primera Sesión Plenaria de la Con-ferencia Judicial de Puerto Rico, 1958, pág. 144.

La ausencia de detalles en su redacción ha dado mar-gen a múltiples requerimientos forenses e interrogantes judiciales. Muchas han sido resueltas jurisprudencialmente. Esa casuística nos ha permitido pronunciarnos sobre su función básica, a saber, limitada a la determinación de existencia o no de causa probable para creer que se ha cometido un delito y que el mismo ha sido cometido por el acusado. También tiende a evitar que se someta a un ciudadano arbitraria e injustificadamente a los rigores de un proceso criminal. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 167, 171 (1975); Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970); Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974).

En el descargo de esa encomienda, el Ministerio Fiscal debe presentar prueba que a juicio del magistrado establezca la comisión de un delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió. “El propósito de la vista preliminar es tratar con probabilidades, tanto en lo referente a la comisión de un delito como en cuanto al autor de dicho delito.... [H] ay envuelta una doble situación de probabilidades: la de que determinado delito haya sido cometido y la de que determinada persona lo haya cometido.” N. Frattallone, La Vista Preliminar, 63 Rev. Der. Puertorriqueño 231, 234 (1977). No se trata de una adjudicación final. Su función no es establecer la culpabilidad o inocencia del acusado, sino averiguar si en efecto el Estado tiene adecuada justificación para continuar con un proceso judicial. En esta etapa, la prueba no tiene que evidenciar más allá de duda razonable la culpabilidad del acusado.

. [14-15] Corolario de esta visión, el Ministerio Fiscal no está en la obligación de presentar toda la evidencia que posea en contra del acusado. Pueblo v. López Pumarejo, 113 D.P.R. 349 (1982). Solamente aquella constitutiva del quantum ne-cesario para establecer que existe causa probable sobre todos los elementos del delito y su conexión con el imputado. Váz-quez Rosado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 592 (1972). Por ende, aunque el peso de la prueba sobre causa probable in-cumbe al fiscal, ésta no tendrá que ser de tal manera convin-cente como para sostener una convicción. Pueblo v. Figueroa Castro, supra. Aun así, tiene que estar sostenida por prueba admisible, que establezca prima facie, un caso contra el impu-tado. Martínez Cortés v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970).

Por la naturaleza de la vista preliminar, la evaluación del magistrado sobre la credibilidad de los testigos, está supeditada al quantum de la prueba requerida en esta etapa procesal. Si de la prueba presentada no surge la probabilidad de que se haya cometido el delito o de que el acusado probablemente lo cometió, será su deber exonerarlo y ordenar su libertad. Pueblo v. Tribunal de Distrito, 97 D.P.R. 241 (1969.

La determinación de causa probable goza, como todo dictamen judicial, de presunción legal de corrección. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459 (1975); Rabell Martínez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 796, 798-799 (1973). Finalmente hemos resuelto que aunque el magis-trado haya determinado la existencia de causa probable para acusar, el fiscal no está obligado a presentar la acusación co-rrespondiente de así creerlo adecuado. Regla 24 de Procedimiento Criminal; Pueblo v. Quiñones Natal, 94 D.P.R. 582, 584 (1967).

En resumen, nuestra jurisprudencia ha establecido que: (1) el objeto central de la vista preliminar no es hacer una adjudicación en los méritos en cuanto a la culpabilidad o inocencia del acusado; (2) aunque se trata de una función propiamente judicial, no es “un mini juicio”; (3) el fiscal no tiene que presentar toda la prueba que posea; (4) la vista está encaminada a proteger a la persona imputada a través de un filtro o cedazo judicial por el cual el Estado tiene que pasar prueba, y demostrar si está justificado o no a intervenir con la libertad de un ciudadano y someterlo a los rigores y contingencias de un juicio plenario, y (5) una vez se demuestra y se justifica esta intervención, la vista ha cumplido su propósito de ley. () Desde su concepción original la única modificación que experimentó fue la adoptada mediante Resolución de este foro el 24 de enero de 1967, que en virtud de la See. 6, Art. V de la Constitución —ante la inacción de la Asamblea Legislativa— dispuso que al ser requerido, el fiscal pondría a disposición del imputado las declaraciones juradas que tuviera en su poder de los testigos sentados a declarar en dicha vista.

Algunos estudios abogan porque a la misma se hagan extensivos los mecanismos de descubrimiento de prueba. () En ausencia de un planteamiento constitucional persuasivo de debido proceso de ley, () hemos resuelto que “en cuanto a los medios de descubrimiento de prueba sitúan al Pueblo en des-ventaja frente al acusado [o viceversa] y si conviene a una mejor administración de justicia penal que se equiparen es cuestión a ser determinada por las leyes y no mediante decisión judicial”. Pueblo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 104 (1970).

Al presente los estudiosos identifican dos modelos o tipos generales para enmarcar la razón de ser de la vista preliminar: visión retrospectiva (backward-looking) y prospectiva (forward-looking).

Como este término sugiere, la preocupación primaria de la vista retrospectiva es con respecto a la legalidad del arresto y la validez de la detención. La pesquisa en la vista se mani-fiesta en la investigación hacia el pasado, al momento del arresto. Está diseñada para detectar detenciones ilegales de todas clases. Su interés se centra en una revisión de la legali-dad de la detención. Se enfatiza el aspecto de la naturaleza preliminar no determinante ni final del procedimiento. El pro-cedimiento no es un juicio sino un mecanismo inicial para co-tejar la validez del arresto. El foro de la investigación se con-centra mayormente en los hechos que dieron lugar al arresto, en contraste con la posible inocencia o culpabilidad del acu-sado desde el punto de vista jurídico.

El modelo de visión prospectiva se orienta hacia el futuro: el juicio. El interés gira en cuanto a la probabilidad de culpa-bilidad o inocencia del acusado. Se destaca una preocupación por evitar o prevenir ulteriores procedimientos innecesarios. Por el papel central y más activo que juega el magistrado, se enfatiza su carácter más judicial, en contraste con el primer modelo señalado. Puede apreciar la credibilidad de testigos y debe estar dispuesto a desestimar los cargos de estimar insu-ficiente la prueba presentada por el Estado. Este último as-pecto es fundamental en el modelo prospectivo.

En Puerto Rico, según hemos visto, nuestra doctrina jurisprudencial reconoce que la vista preliminar tiene características de ambos modelos (ecléctica). Se aproxima tímidamente hacia la visión prospectiva. Bajo esta premisa, nuestra función adjudicativa no es irrestricta. Repetimos, excepto ante planteamientos constitucionales meritorios al amparo del debido proceso de ley, la reformulación, ampliación y orientación de la vista preliminar es cuestión que cae en el ámbito del poder de reglamentación (rule making power) de este foro conjuntamente con la Asamblea Legislativa. See. 6, Art. V de la Constitución.

Hechas estas aclaraciones, notamos que la petición del imputado Rodríguez Aponte de reclamar para sí un derecho absoluto a presentar los testigos que el Ministerio Fiscal reservó para el juicio en su fondo, desnaturalizaría el propósito de la vista preliminar. Hemos visto cómo en dicha etapa el Estado no viene obligado a usarlos todos, como tampoco demostrar más allá de duda razonable la culpabilidad del imputado. La vista no es ni debe convertirse en un “mini juicio” o juicio preliminar; menos usarse como medio para prematura e incidentalmente extender más allá de lo permisible el descubrimiento de prueba oral (y declaraciones juradas) de los testigos de cargo. Para este fin el imputado tiene los mecanismos previstos en la Regla 95 de Procedimiento Criminal.

Por el carácter limitado de la vista preliminar, la prerrogativa del Ministerio Fiscal de no presentar en la misma toda la prueba que posea no activa la presunción que la Regla 16(5) de Evidencia contempla para el juicio. En consecuencia, no puede estimarse que tiene que poner a disposición de la defensa los testigos anunciados en la denuncia y no presentados en la referida vista.

Aun cuando es cuestión sujeta a debate académico, en nuestro ordenamiento subsiste el enfoque de que el sumario fiscal no está sujeto a un descubrimiento total y absoluto. El derecho que reconoce la Regla 23 de Procedimiento Criminal al imputado “a ofrecer prueba en su favor” en la vista preliminar no tiene ese alcance. No es irrestricto. Uno de los límites gira precisamente en torno a la accesibilidad a los testigos de cargo en esta etapa.

Al trazar estas coordenadas procesales, estamos conscientes de los riesgos que presentan las estrategias forenses suscep-tibles de ser desarrolladas por el Ministerio Fiscal o la de-fensa en torno al uso potencial de testigos. Teóricamente, la ruta podría ser bidireccional: testigos de cargo anunciados como de defensa o los de defensa como de cargo. Tal práctica, aunque reprobable, podría tener el deseado propósito de evitar que un adversario legítimamente pudiera presentarlos en la vista preliminar, o lograr incidentalmente descubrir prueba no accesible en esa etapa. La cuestión la hemos ponderado contra dos postulados recíprocos y fundamentales que inspiran el proceso judicial: la búsqueda de la verdad y que todo testigo es deudor de ese ideal, independientemente de la caracteriza-ción que en las distintas fases del fenómeno procesal se le atribuya.

La complejidad del dilema no debe dejar un vacío adjudicativo. Si bien rechazamos el automatismo procesal que sirve de base al planteamiento de la defensa, no debemos cerrar las puertas a situaciones meritorias y excepcionales. Son remediables. Independientemente de que la defensa tiene el derecho a entrevistar los testigos de cargo según lo pautado en Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, supra, —en contraste con la prohibición que recae sobre el Ministerio Fiscal, Pueblo v. Tribunal Superior, supra— resolvemos que en casos apropia-dos los magistrados en la vista preliminar están facultados discrecionalmente para atender cualquier reclamo genuino de un imputado, basado en que determinado testigo de cargo puede aportar evidencia que excluiría la determinación de causa probable. Ello es función inherentemente judicial. Ni la visión más limitada como tampoco la más abarcadora de vista preliminar es óbice para una determinación remedial si el Ministerio Público ha actuado con mala fe al anunciar como suyo un testigo que, a sabiendas, sólo podría beneficiar a la defensa.

Esta prerrogativa debe estar precedida de una ponderada reflexión según el contexto de cada caso. Su ejercicio está condicionado. A tal efecto, cuando en la vista preliminar un imputado reclame un testigo consignado al dorso de la denuncia como testigo de cargo, deberá hacer una demostración prima facie de que ese testigo puede aportar prueba ex-culpatoria que razonablemente y con toda probabilidad, derrotaría la estimación de causa probable para acusar. Cf. Pueblo v. Cancel Hernández, 111 D.P.R. 625 (1981). No basta una simple alegación. “[E]l acusado no tiene derecho a una expedición de pesca en los archivos de fiscalía.” Pueblo v. Romero Rodriguez, 112 D.P.R. 437 (1982). Hecha esa demostración, corresponderá entonces al magistrado examinar en ausencia de las partes la declaración jurada de ese testigo. Más que simples contradicciones u omisiones no esenciales —cuestiones que corresponden propiamente al proceso de dirimir credibilidad en el juicio en su fondo— el examen versará sobre los elementos del delito y las probabilidades de que el imputado lo cometió. Si en efecto, con ese examen queda convencido de que el testigo de cargo podría aportar prueba que exonere al imputado, por excepción, ordenará que preste testimonio. De no mediar esa circunstancia, el magistrado declarará sin lugar el pedido de la defensa de usar los testigos de cargo.

HH HH h-i

En el caso de autos, el record está huérfano en cuanto a demostración prima facie de que la presentación de cuales-quiera de los testigos del Ministerio Fiscal podría producir prueba exculpatoria. La moción de la defensa no contiene ele-mentos de juicio en qué apoyar el dictamen del Tribunal de Distrito. En estas circunstancias, debemos revocarla y devol-ver él caso para que la defensa, sujeto al trámite aquí pau-tado, tenga la oportunidad de demostrar la procedencia de su solicitud.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resultado sin opinión.

      (2)Allí dijimos:
      “Si los testigos aquí aludidos están prestos voluntariamente a entre-vistarse y conferenciar con el abogado del peticionario, no existe obstáculo para ello y puede llevarse a efecto sin necesidad de orden judicial previa. Pero tenemos que resolver que bajo nuestro estado de derecho procesal posi-tivo al peticionario no le asiste la prerrogativa de obtener una orden manda-toria del Tribunal de instancia para que los testigos mencionados comparez-can a su Sala antes de la fecha del juicio a fin de ser entrevistados o inte-rrogados por la defensa, y a invocar el poder coercitivo del Tribunal a tal efecto.” Págs. 205-206.
      El reverso de esta norma la expusimos en Pueblo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 98 (1970), en que resolvimos que un fiscal carece de autoridad para citar, so pena de desacato, y tomarles declaraciones juradas a testigos anunciados por un acusado para sustanciar su defensa.

      (3) Además, es un mecanismo que sirve el propósito de impedir que acusaciones frívolas e insustanciales recarguen la labor del sistema de jus-ticia, consumiendo el tiempo de los jueces, fiscales, jurados y demás funcio-narios que han de intervenir en el juicio. Hernández Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 765 (1974). El carácter privado de la vista, salvo re-nuncia del imputado, tiende a minimizar el impacto negativo publicitario de quien finalmente es exonerado.

      (4)La Comisión para el Estudio de la Fiscalía y Representación Legal del Estado del Consejo Sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, de 26 de septiembre de 1974, recomendó el que la defensa pueda obtener las declaraciones juradas de los testigos de cargo que aparecen en la denuncia en cualquier momento luego de determinarse la existencia de causa probable para el arresto. Págs. 133-135. Véase una recomendación similar en el Informe del comité sobre normas y objetivos para acelerar el trámite de casos en el Tribunal de Primera Instancia. Diciembre 1984, Vol. I.

      (5)Así, en Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961), reconocimos el ac-ceso a las declaraciones juradas de testigos, luego que declararan en juicio, como parte del derecho al contrainterrogatorio, y en Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1 (1970), permitimos la entrega de las declaraciones ju-radas de testigos renunciados por el fiscal por resultar prueba acumulativa. Véase también Pueblo v. Díaz Díaz, 86 D.P.R. 658 (1962).


text:
      In re Reglamento del Tribunal Supremo.
    Número:-

      Resuelto: 20 de noviembre de 1985
   RESOLUCIÓN

I

La Regla 40 del Reglamento de este Tribunal dispone:

Regla 40. Forma de los escritos; copias
(a) Todo escrito que se presente a este Tribunal se hará en maquinilla tipo “pica” o mayor, a doble espacio, en papel tamaño legal (8%" x 14") por un solo lado del papel con un margen izquierdo no menor de 1 y¿' y margen derecho no menor de V2", y no se coserá con alambres.
(b) Cualquier documento que forme parte de un apéndice debe cumplir estrictamente con el inciso (a) anterior, ex-cepto que se permitirá fotocopiar documentos originales a espacio sencillo siempre y cuando dichas copias sean clara-mente legibles y cumplan con los demás requisitos adapta-bles de dicho inciso (a).
(c) La presentación de todo documento a este Tribunal se hará en original y nueve copias claramente legibles, que po-drán ser de mimeógrafo, fotocopias o de máquinas reproduc-toras de eficiencia análoga. No se aceptarán copias carbón bajo ninguna circunstancia. Será deber del Secretario velar por la estricta observancia de esta disposición, y en su caso tomar las medidas correctivas que dispone la Regla 8(d). Se hará excepción del legajo o expediente a que se refiere la Regla 35, que podrá elevarse en original solamente, y la trans-cripción de evidencia, que se elevará en original y tres copias.
■ (d) Cuando estas reglas disponen el número máximo de páginas para un escrito, no se deben presentar en exceso de dicho máximo. El Tribunal no concederá excepciones, ex-cepto mediante una moción justificativa con razones especí-ficas y no con meras generalizaciones.
(e) El Secretario no aceptará ni permitirá que se pre-sente un memorando de autoridades separado en apoyo de un escrito. Las autoridades pertinentes deben siempre incor-porarse y discutirse dentro del cuerpo de los respectivos es-critos.

No obstante los claros términos de dichas disposiciones, hemos observado que con inusitada frecuencia numerosos re-cursos y escritos que se presentan incumplen los requisitos de dicha Regla 40 y de aquellas que específicamente se refieren a recursos de jurisdicción original (Regla 14), solicitudes de certiorari (Regla 21), solicitudes de certificación (Regla 24), y lo concerniente a los apéndices (Regla 34).

Advertimos, además, que todo escrito debe acreditar feha-cientemente la jurisdicción de este Tribunal haciendo una re-lación de los trámites observados y presentando ante nos todos aquellos documentos necesarios que permitan una corrobora-ción efectiva de la misma. Así, deberá acompañarse con el re-curso copia de la sentencia, de su notificación y archivo y en aquellos casos en que se interponga moción de reconsideración y solicitud de determinaciones de hecho adicionales, también se acompañará copia de las mismas donde aparezca clara-mente la fecha de presentación en Secretaría y notificación a las otras partes. Asimismo, cuando un tribunal de instancia actúe sobre una moción de reconsideración deberá acreditarse tal hecho mediante copia de la orden de que se trate o del seña-lamiento que se hiciere, si alguno.

El incumplimiento de éstas y cualesquiera otras disposi-ciones del Reglamento de este Tribunal acusa desconocimiento de las mismas, cuando no su negligente o voluntaria desobe-diencia. Además, entre los muchos asuntos ante nos, dificulta la lectura y análisis de los recursos y promueve dilaciones in-debidas, trámites adicionales y gastos innecesarios.

HH

Este Tribunal apercibe y notifica por este medio a todos los abogados que requerirá el más estricto cumplimiento de las citadas disposiciones. Véanse Matos v. Metropolitan Marble Corp., 104 D.P.R. 122 (1975), y Mfrs. H. Leasing v. Carib. Tubular Corp., 115 D.P.R. 428 (1984). Se instruye al personal de la Secretaría General que a partir del 1ro de enero de 1986 proceda de conformidad con la Regla 8 (d) de nuestro Reglamento, que dispone:

(d) El Secretario velará porque todos los escritos que se presenten al Tribunal cumplan con las disposiciones de este Reglamento. Cuando cualquier escrito no cumpla con dichas disposiciones, el Secretario anotará el hecho de su presenta-ción, pero lo devolverá (reteniendo sólo una copia) con un señalamiento de las deficiencias encontradas, que podrán co-rregirse dentro del término jurisdiccional.

Remítase copia al Colegio de Abogados, al Director Ad-ministrativo de los Tribunales para su difusión a través de lós diferentes centros judiciales, y publíquese en el tablón de edic-tos en el vestíbulo de este Tribunal.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General In-terino.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino