author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Eduardo De Jesús Ayuso, acusado y apelante.

      Número: CR-84-10

      Resuelto: 21 de mayo de 1987

      Pedro González López, abogado del apelante; Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue declarado culpable y convicto de los delitos de asesinato en primer grado e infracción al Art. 99 del Código Penal de Puerto Rico (violación) por el jurado que intervino, como juzgador de hechos, en proceso celebrado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina.

En el escrito de apelación que radicara le imputó al referido foro la comisión de los siguientes errores:

A. Violación a la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y [la] de los Estados Unidos de América de la siguiente manera:

1. Se le violó el derecho a un juicio justo e imparcial.

2. Se le violó el derecho a un juicio rápido y al debido proceso de Ley.

3. Se le violó el derecho a carearse con los testigos[,] el derecho a contra-interrogar.

B. Violaciones a las Reglas de Procedimiento Criminal:

1. Se violó la Regla 64— Fundamentos de la Moción para Desestimar^] en sus incisos N-l, N-2, N-3 y N-4 [sic\.

2. Regla 67— Orden de Retroceso cuando impide un nuevo juicio.

3. Regla 156— Juicio— Corroboración de Cómplice.

C. Señalamiento de Errores por el Tribunal:

1. Erró el Tribunal al permitir evidencia al amparo de la Regla 68— Declaraciones Anteriores del Testigo.

2. Erró el Tribunal al no impartir instrucciones al jurado al amparo de la Regla 156 de Procedimiento Criminal.

3. Erró el Tribunal al permitir que un testigo hablara sobre lo manifestado por tercero, por ser esta prueba de referencia.

4. Erró el Tribunal a que se leyera una declaración jurada de un testigo que no estaba disponible para ser contra-interrogado.

5. Erró el Juez en admitir en evidencia fotografías indebidamente identificadas.

D. Erró el jurado en la interpretación de la evidencia. (Énfasis suplido.)

Un examen de la exposición narrativa de la prueba demuestra que el tribunal de instancia cometió grave error de derecho, bajo las circunstancias particulares presentes en dicho proceso, al admitir en evidencia como prueba sustantiva la confesión que había prestado ante funcionarios del Estado el coautor de los hechos; error que amerita la revocación de las sentencias apeladas.

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Como testigos de cargo, el Ministerio Público anunció y llamó a declarar a la Dra. Yocasta Brugal, patóloga forense que practicó la autopsia en el cuerpo de la víctima, una joven mujer de nombre Clara M. Falú Febres; el agente de la Policía de Puerto Rico Ramón Villarán Ayala, quien fue el funcionario que realizó la investigación del caso, la cual los llevó al aquí apelante Eduardo De Jesús Ayuso y al coacusado Luis Felipe Arroyo Rivera; el Fiscal Aurelio Miró Carrión, quien le tomó una confesión al mencionado coacusado Arroyo Rivera, y el propio Arroyo Rivera.()

Para la mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, resulta necesario que se transcriba lo sucedido en relación con la “declaración” de Luis Felipe Arroyo Rivera —único testigo de cargo que “conecta” al apelante con la comisión de los hechos que se le imputan— según ello surge de la exposición narrativa de la prueba certificada como correcta por el tribunal de instancia.

El Sr. Luis Felipe Arroyo en una voz baja e inaudible dijo su nombre y tanto el Ministerio Público como el Honorable Juez tuvo que pedirle que lo dijera en voz alta, de manera que se pudiera escuchar por los señores del jurado. El fiscal le preguntó dónde residía en este momento y [apjenas se pudo escuchar que su respuesta fue en el Anexo de Miramar por asesinato y violación.
De igual manera sigue diciendo el Sr. Luis Felipe Arroyo que vivía con su madre y que tiene 18 años. Luego el fiscal le pregunta que dónde se encontraba el 23 de diciembre de 1981 en el transcurso de la noche y él contestó, “no tengo nada que hablar sobre eso”. Se le pidió que lo dijera en voz alta y volvió a contestar, “no tengo nada que hablar sobre eso”.
El Honorable Fiscal le pidió al Juez que lo instruyera bajo apercibimiento de desacato. Acto seguido, el Juez lo instruyó bajo apercibimiento de desacato y le preguntó que si sabía lo que era apercibimiento de desacato contestando el testigo con la cabeza en la afirmativa y el Honorable Juez entonces lo ordena a que conteste.
Se le formula la pregunta nuevamente, que dónde se encontraba el día 23 de diciembre de 1981 en horas de la noche y el testigo contesta “yo no tengo que contestar nada sobre eso Honorable Juez”. El jurado interviene y dice que no escuchó la contestación. Se le pide al testigo que hable en voz alta y el testigo una vez más contesta, “no voy a contestar”.
El Honorable Fiscal pregunta si había prestado declaración jurada pero antes el Honorable Juez interviene y se asegura de que el testigo sabe lo que es un desacato al Tribunal. Entonces el Juez le ordena una vez más a que conteste la pregunta. Y una vez más se le formula la pregunta que dónde se encontraba el 23 de diciembre de 1981 en horas de la noche y la contestación fue la misma, “no voy a contestar”.
Luego el Honorable Juez pregunta qu[é\ razón o motivo tenía para no contestar las preguntas y el testigo contesto, “ninguna”. El Honorable Juez le pregunta por qué entonces no contesta las preguntas y el testigo nuevamente contesta “no voy a contestar”. Luego el honorable Juez le pide las razones por las cuales él no contesta las preguntas y el testigo contesta, “yo salí de mi caso y no voy a contestar más preguntas”. Se continuó, tanto por el fiscal como por el Honorable Juez, tratando de averiguar las razones por las cuales el testigo no contestaba y la contestación fue siempre la misma.
El Honorable Fiscal en un intento por impresionar al jurado le preguntó al testigo si era o no cierto que él estaba cumpliendo en una institución penal a [lo] que el testigo contestó que sí. Y acto seguido el Honorable Fiscal de una manera agresiva y una voz estruendoza le preguntó al testigo que si lo tenían amenazado de matarlo si hablaba. A esta pregunta la Defensa objetó enérgicamente solicitando la Defensa que si el fiscal tenía ese tipo de prueba que la trajera.
La objeción de la Defensa estaba basada en que no era pregunta, y si lo era, era totalmente sujestiva [s-ic]. El Honorable Juez entendió que no era una pregunta sujestiva [sic] y la permitió. La Defensa enfatizó el hecho de que el testigo no iba a contestar las preguntas y se le haría imposible re-preguntar sobre si había sido amenazado de muerte.
Después de unos argumentos de ambas partes se continuó con el interrogatorio. Entre las cosas que se argumentaron está la de que el testigo era un testigo hostil. Hasta ese momento el Tribunal no lo había determinado como tal.
Por la Defensa se argumentó que ese tipo de pregunta conlleva una fuerte inferencia de que de hecho el testigo había sido amenazado, información que llegó a los oídos del jurado donde el daño es irreparable. Esto es así porque el testigo se reh[ú]sa a contestar las preguntas. Todo este argumento fue en ausencia del jurado y del testigo Luis Felipe Arroyo.
Se trajo nuevamente a las damas y caballeros del jurado y al testigo Luis Felipe Arroyo Rivera. Se le formuló nuevamente la pregunta de que si había sido amenazado de muerte o si tenía miedo que lo mataran y la contestación fue que no. Se le preguntó qué razones tenía y el testigo contestó “porque ya yo salí de mi caso”.
Luego continuó el Honorable Fiscal haciendo preguntas y esta vez le pregunta si había firmado alguna declaración jurada y el testigo contesta “no voy a contestar”. El Honorable Fiscal solicitó que se instruyera nuevamente al testigo. El Honorable Juez le formula la pregunta nuevamente al testigo y el testigo contesta “no me acuerdo”.
En este momento el compañero fiscal solicita que se identifique un documento. Este documento es la declaración jurada y se marca como Iden. I del Ministerio Público.
El fiscal comienza a interrogar al testigo sobre la declaración jurada. Le pregunta si la ha visto y el testigo contesta que sí. Continuó el fiscal preguntando específica-mente si el 28 de diciembre de 1981 el testigo había ido a la Fiscalía de Carolina y la respuesta fue “no me acuerdo”. Que si había ido específicamente con su madre y la contestación fue “no me acuerdo”.
Continuó el fiscal preguntando si se acuerda haber visto al fiscal Miró y la contestación fue sí. Se le preguntó dónde había conocido al señor fiscal y la respuesta fue “no me acuerdo d[ó]nde lo conocí”. Se le preguntó que si fue a la Fiscalía de Carolina para hablar con el fiscal Miró y a esta pregunta la Defensa objetó por ser sujestiva [stc] y el Tribunal permitió que se continuara con este tipo de interrogatorio por entender el Tribunal que la pregunta tenía tres contesta-ciones. De todas maneras, el testigo contestó a esta pregunta “no me acuerdo”.
Luego preguntó el honorable Fiscal que si era o no cierto que el día 23 de diciembre él había declarado sobre unos hechos. La Defensa objetó la pregunta nuevamente por ser sujestiva [sic] y el Tribunal la permitió. El Tribunal entiende que mostrándole la declaración jurada prestada por el testigo era en realidad refrescándole la memoria. Todo ello por encima de las objeciones de la Defensa.
Nuevamente el fiscal continúa preguntando sobre los hechos del 23 de diciembre de 1981 y si para ese entonces fue que el testigo conoció al fiscal Miró y el testigo contestó “no me acuerdo”. Luego el fiscal le pregunta al testigo sobre unas huellas digitales que aparecen en la declaración jurada, a la cual la Defensa objetó nuevamente y el Honorable Juez permitió la pregunta. Continúa luego el fiscal preguntándole si por los hechos que ocurrieron el 23 de diciembre de 1981 fue juzgado y el testigo contesta que sí. Y continuó preguntándole sobre si por esos hechos, el 23 de diciembre, está cumpliendo y el testigo contesta que sí.
Le pregunta además que si en aquel entonces él admitió haber hecho la declaración jurada en cuestión. Nosotros objetamos porque se estaba preguntando sobre un juicio que ya había pasado. A esta objeción el Tribunal la declaró Con Lugar; pero aún así el Honorable fiscal continúa preguntán-dole y volvió a preguntar si para los hechos ocurridos el día 23 de diciembre el testigo había sido juzgado. Ahora el testigo contesta “no me acuerdo”.
Y el fiscal continuó preguntando y preguntando y preguntando sobre lo mismo y el testigo contesta “no me acuerdo; no me acuerdo; y no me acuerdo”. Tanto estuvo el Honorable Fiscal preguntando sobre lo mismo que en un momento el testigo dijo que sí que había prestado una declaración jurada. Entonces comenzó nuevamente el interrogatorio sobre lo mismo y el testigo con la misma contestación, “no me acuerdo; no; sí; no; sí”. Entre las preguntas más importantes, el Ministerio Fiscal le preguntó si se le habían hecho las advertencias de Ley y el testigo contestó “no me acuerdo”. También se le preguntó si en aquella ocasión él deseaba declarar y el testigo contestó “no me acuerdo”.
Continuó el interrogatorio y el fiscal le preguntó hasta qué grado había llegado a la escuela y el testigo contestó “hasta quinto o cuarto grado”. El fiscal le preguntó si en aquel momento usted se sentía bien de salud y el testigo le dijo “no me acuerdo”. Le preguntó si se acordaba de la fiscal Iris Me-léndez y el testigo contestó “no” y si se acuerda haber hablado con el Agente Villarán y contestó que no. Le preguntaron si se acuerda que él había sido detenido por esos hechos y la contestación fue “no me acuerdo”.
Continuó el Honorable Fiscal con su interrogatorio y la Defensa objetó porque lo que estaba haciendo era leyendo la declaración que el mismo testigo había dicho que no se acordaba. Se terminaron los procedimientos por la mañana y se continuaron por la tarde.
El Honorable Fiscal solicitó la presencia de varios testigos que les fueron mostrados uno por uno. Se le mostró la Honorable Juez Lourdes Velázquez y contestó que “sí la había visto pero no le sé el nombre”. Al presentársele al Fiscal Miró a la pregunta de si lo había visto antes contestó “sí”. A la pregunta dónde, contestó “en diferentes sitios”. Cuando se le preguntó el nombre contestó “Aurelio Miró”. Cuando se le mostró a la Fiscal Iris Meléndez contestó que sí la había visto, pero que no recordaba dónde y que no le sabía el nombre. Cuando se le mostró al Agente Villarán contestó “no voy a contestar”. Cuando se le preguntó por qué razón contestó, “ninguna”. En las demás preguntas contestó “no voy a contestar”. Se solicitó por el fiscal además de que se citara la persona que tomó las huellas monodactilares de la Policía de Puerto Rico. La misma supuestamente estaba en el Cuartel General. Se informó que el Honorable Fiscal haría las gestiones para el lunes próximo.
Después de una serie de argumentos, la Defensa solicitó que necesitaba al Ledo. Sepúlveda de Asistencia Legal, al Juez Rafael Orraca y también al Juez Delgado. El fiscal solicitó también que se incluyera como testigo al Juez Rossy, a la fiscal Iris Meléndez y al taquígrafo de Fiscalía, señor Amador Tolentino. Luego de esa serie de argumentos, se reanudó esa serie de interrogatorios con el Sr. Luis Felipe Arroyo y las contestaciones de las preguntas mantuvieron el mismo ritmo: “no me acuerdo; sí; no”.
Fue que entonces el Honorable Fiscal ante las contestaciones del testigo procedió a leer la declaración jurada que supuestamente prestara el testigo por encima de las objeciones. Y el resto de interrogatorio por parte del Ministerio Público al testigo Luis Felipe Arroyo se mantuvo siguiendo el mismo patrón mencionado.
Después de terminado el directo, el Honorable Fiscal le pidió al Juez que se admitiera en evidencia la declaración jurada prestada por Luis Felipe Arroyo. Todo ello no empece la Defensa haber objetado la misma por ser prueba de referencia y ésta fue leída en su totalidad al jurado.
Una vez terminado el Honorable Ministerio Público con el interrogatorio directo, se puso el testigo a la disposición de la Defensa para el contrainterrogatorio de Luis Felipe Arroyo. La defensa intentó contra-interrogar al testigo pero el esfuerzo fue infructuoso, puesto que el testigo continuó diciendo “no voy a contestar”, a pesar de haber sido instruido por el Honorable Juez para que así lo hiciera. El testigo manifestó además a preguntas de la Defensa de si lo que dijo el fiscal es correcto, “algunas son correctas”. Cuando se le preguntó si ha sido amenazado en su vida contestó “no me ha amenazado nadie”. Cuando le preguntó que, qué lo llevó a decir que unas son correctas y otras no, contestó, “no voy a contestar”. Y luego continuó con su acostumbrado “no voy a contestar”, “no me acuerdo”. (Énfasis suplido.) Anejo M, págs. 21-26.

Como hemos podido notar, el tribunal de instancia admitió en evidencia la declaración jurada (confesión) prestada por el testigo Luis Felipe Arroyo Rivera —la cual involucra en la comisión de los hechos al aquí apelante— antes de que la defensa de éste tuviera tan siquiera la oportunidad de contrainterrogar al mismo;() intento que posteriormente resultó totalmente infructuoso al dicho testigo negarse una y otra vez a contestar las preguntas que le formulara el abogado defensor.

El Procurador General de Puerto Rico, en el alegato que radicara en el presente caso, argumenta en cuanto a este extremo que la confesión era admisible en evidencia por cuanto “se cumplen a cabalidad las exigencias de la Regla 63” de Evidencia y que “asumiendo únicamente a los fines de la discusión, que el testigo Luis Felipe Arroyo Rivera no estaba disponible conforme a la definición de no disponible como testigo bajo la Regla 64(A) de las de Evidencia, ... entonces su declaración anterior era igualmente admisible en evidencia” bajo las disposiciones de la Regla 64(B)(3). No tiene razón; veamos por qué. La referida Regla 63 establece que:

Regla 68. Declaraciones anteriores del testigo
Es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia una declaración anterior de un testigo que está presente en el juicio o vista y sujeto a ser contrainterrogado en cuanto a la declaración anterior, siempre que dicha declaración fuere admisible de ser hecha por el declarante declarando como testigo. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 63.

En Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334 (1980), expresamos en relación con la citada Regla 63, que la “admisibilidad de declaraciones anteriores de un testigo que está ocupando la silla testifical, sujeto a contrainterrogatorio, es una de las instancias en que menos se vulnera el derecho de la confrontación”, id., pág. 339; que la Regla 63 “recoge una versión más amplia que la federal, al apartarse de la visión prevaleciente, pues admite, para probar la verdad de lo aseverado en ella, todo tipo de declaración anterior de un testigo, sin limitar tal admisión a determinada clase de declaraciones, como en la regla federal”, id., pág. 340, y que “lo crucial es si la contestación del testigo permite preguntarle sobre sus percepciones y memoria relativa a los hechos que declaró anteriormente, para evaluar esas funciones síquicas del declarante”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 345.

En Pueblo v. Stevenson Colón, 113 D.P.R. 634 (1982), manifestamos —en relación con la admisibilidad como prueba sustantiva de una declaración bajo juramento prestada por un testigo antes del juicio— que el “requisito constitucional de todo acusado a confrontarse con los testigos de cargo se satisface”, id., pág. 638, si al momento de prestar la declaración hubo la oportunidad de contrainterrogar al testigo o si se le brinda la oportunidad a la defensa de así hacerlo durante el juicio, ya que “lo crucial en relación con el derecho a la confrontación es que la defensa tenga la oportunidad de contrainterrogar”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 639.

Ahora bien, como correctamente expresara el Juez Asociado Señor Negrón García en la opinión concurrente que emitiera en Pueblo v. Hernández Osorio, 112 D.P.R. 182, 193, 197-199 (1982) () la Regla 63 de Evidencia “es de aplicación cuando un testigo presta una declaración en el tribunal distinta a una anterior, para que el juzgador tenga el beneficio de evaluar ambas declaraciones y dar crédito a la que le parezca más confiable, si alguna. Es decir, la aplicabilidad de la Regla 63 supone que el testigo ofrezca algún testimonio. Si el testigo sencillamente se niega a declarar, el problema debe verse bajo la Regla 6U. Por otro lado, si el testigo se niega a ser contrainterrogado con relación a la declaración anterior, se desvanece el fundamento de admisibilidad. Dicho fundamento es que estando el testigo declarando bajo juramento sobre su declaración anterior (si lo hizo, si es verdadera, razones por las que lo hizo, etc.), el juzgador tiene elementos de juicio suficientes y confiables para evaluar la declaración anterior, y, por lo tanto, el derecho de confrontación se lesiona sólo mínimamente.... En resumen, pertenece a la esencia de la Regla 63 que el testigo pueda ser contrainterrogado plena y efectivamente sobre su decla-ración anterior. El testigo que rehúsa declarar no está sujeto a ese pleno y efectivo contrainterrogatorio, por lo que sus declaraciones anteriores no son admisibles bajo la Regla 63”. (Énfasis suplido.)

En el presente caso, según ello surge de la exposición narrativa de la prueba que transcribiéramos, el testigo Luis Felipe Arroyo Rivera se negó a declarar; no brindó ningún testimonio. No pudo ser plena y efectivamente contrainterrogado por la defensa. Pueblo v. Stevenson Colón, ante.()

Resulta obvio que la declaración jurada, a manera de confesión, que Arroyo Rivera prestara ante el fiscal no era admisible, en esas circunstancias, bajo las disposiciones de la Regla 63 de Evidencia.

La declaración jurada prestada por Arroyo Rivera, dadas las circunstancias particulares del caso, tampoco era admisible en evidencia como sostiene el Procurador General al amparo de la Regla 64(B)(3) de Evidencia. Dicha disposición legal establece:

Regla 6f. No disponibilidad del testigo
(A) Definición. “No disponible como testigo” incluye situaciones en que el declarante:
(1) Está exento o impedido de declarar por razón de un privilegio reconocido en esta regla en relación al asunto u objeto de su declaración, o
(2) insiste en no declarar a pesar de orden del tribunal para que declare, o
(3) testifica no recordar, o
(4) ha fallecido o está imposibilitado de comparecer a declarar por razón de enfermedad o impedimento mental o físico, o
(5) está ausente de la vista y el proponente de su decla-ración ha desplegado diligencia para conseguir su compare-cencia mediante citación del tribunal.
No se entenderá que un declarante no está disponible como testigo si la alegada razón de la no disponibilidad ha sido motivada por la gestión o conducta del proponente de la declaración con el propósito de evitar que el declarante comparezca o declare.
(B) Cuando el declarante no está disponible como testigo, es admisible como excepción a la regla de prueba de referencia:
(1) Testimonio anterior: Un testimonio dado como testigo en otra vista o una deposición tomada conforme a derecho del mismo u otro procedimiento, si es ofrecido contra una persona que en la ocasión en que se hizo la declaración ofreció la misma para su beneficio o tuvo la oportunidad de contrainterrogar al declarante con un interés y motivo similar al que tiene en la vista.
(2) Declaraciones en peligro de muerte: Una declaración hecha por una persona a base de su conocimiento personal y bajo la creencia de su muerte inminente.
(3) Declaraciones contra interés: Una declaración que al momento de ser hecha era tan contraria al interés pecuniario o propietario del declarante o le sometía al riesgo de responsabilidad civil o criminal, o tendía de tal modo a desvirtuar una reclamación suya contra otro, o creaba tal riesgo de convertirlo en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la comunidad, que un hombre razonable en su situación no hubiera hecho la declaración a menos que la creyera cierta.
(4) Declaraciones sobre historial personal o familiar:
(i) Una declaración sobre el nacimiento, adopción, matrimonio, divorcio, filiación, parentesco por consangui-nidad o afinidad, raza, linaje u otro hecho similar de historial familiar o personal del propio declarante, aunque éste no tuviera medios de adquirir conocimiento personal del asunto declarado.
(ii) Una declaración sobre la materia señalada en el inciso (i) anterior, y de otra persona incluyendo la muerte de ésta si dicha persona está relacionada con el declarante por parentesco de consanguinidad, afinidad o adopción o existe una relación tal entre el declarante y la familia de la otra persona que hiciera probable que el declarante tuviera información precisa referente al asunto declarado.

(5) Otras excepciones: Una declaración con suficiente garantía circunstancial de confiabilidad si se determinare que:

(i) tiene mayor valor probatorio, en relación al punto para lo que se ofrece, que cualquier otra evidencia que el proponente pudiera conseguir mediando esfuerzo razonable y
(ii) el proponente notificó a la parte contra quien la ofrece, con razonable anterioridad, su intención de ofrecer en evidencia tal declaración informándole sobre los particulares de ésta, incluyendo nombre y dirección del declarante. (Énfasis suplido.)

Cualificando Rivera Arroyo como un testigo “no disponible” al amparo de las disposiciones de la transcrita Regla 64(A)(2), procede que determinemos si la declaración jurada, a manera de confesión, que él prestara ante el Fiscal Aurelio Miró Carrión resultaba ser admisible en evidencia bajo la Regla 64(B)(3), como excepción a la regla general excluyente de prueba de referencia.

Es correcto que bajo el referido inciso (3) es admisible en evidencia la declaración de una persona “no disponible” como testigo que al momento de ser hecha la someta a riesgo de responsabilidad criminal. Ahora bien, cuando la declaración contra el interés penal hecha por una persona compromete a otras personas surge un problema constitucional cuando alguna de esas personas resulta acusada y se pretende utilizar la declaración contra ésta, no estando disponible como testigo el declarante, puede resultar lesionado el derecho constitucional que tiene el imputado de delito a “confrontarse” con los testigos en su contra. Véanse: Art. II, Sec. 11, de la Constitución del E.L.A.; Regla 40 de Evidencia de 1979, y la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de América.

Así específicamente ha sido reconocido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en los casos de Lee v. Illinois, 90 L.Ed.2d 514 (1986), y New Mexico v. Earnest, 91 L.Ed.2d 539 (1986). En Lee v. Illinois, ante, el Tribunal Supremo nacional manifestó que este tipo de situación — en donde está envuelta una confesión de una persona que no “está disponible como testigo”, la cual confesión inculpa a un coautor— no puede ser caracterizada como una bajo la excepción de “declaración contra interés penal” por razón de ser muy amplio dicho término; que esta situación hay que examinarla, bajo la “cláusula de confrontación” de la Sexta Enmienda de la Constitución federal, como una “involving a confession by an accomplice which incriminates a criminal defendant”. Lee v. Illinois, ante, pág. 528, n. 5. Específicamente se resolvió que una confesión prestada por un coautor, que no está disponible como testigo, se presume no confiable cuando se ofrece en el juicio contra otro acusado a quien inculpa, resultando inadmisible la misma a menos que el Ministerio Público demuestre que, bajo las circunstancias especiales del caso, existan elementos de confiabilidad o corroboración que justifican que la misma sea admitida en evidencia, refutando de esta manera la mencionada presunción.

En el presente caso, el Ministerio Fiscal no aportó prueba a esos efectos. Cometió error, en su consecuencia, el tribunal de instancia al admitir en evidencia la confesión prestada por el coautor —“no disponible como testigo”— Luis Felipe Arroyo Rivera.() Ahora bien, al momento de celebrarse el proceso ante el foro de instancia, el Estado no estaba consciente de esa obligación. Debe brindársele esa oportunidad.

Por las razones antes expresadas, procede que se dicte sentencia revocatoria de las dictadas en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, devolviéndose el mismo a dicho foro para la celebración de un nuevo juicio y la continuación de procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado con opinión escrita, a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.

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Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

La adopción hoy por el Tribunal de nuestra visión sobre el alcance de las Reglas 63 y 64(B)(5) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, según expuesto en Pueblo v. Hernández Osorio, 112 D.P.R. 182, 193-204 (1982), nos mueve a exponer separadamente nuestro criterio sobre el desarrollo doctrinario más reciente en esta materia.

La declaración de una persona, que le autoincrimina por la comisión de un delito, e involucra a un tercero, suscita varios problemas bajo las Reglas de Evidencia y el derecho a confrontación.

Si es extrajudicial (v.g. presentada ante un fiscal o la Policía), aunque técnicamente es prueba de referencia, por excepción resulta admisible contra el declarante bajo la Regla 62 de Evidencia, supra, sujeto a que no adolezca de algún vicio constitucional bajo las normas jurisprudenciales contra la autoincriminación.

En cuanto a la admisibilidad contra el tercero, la situación dependerá de la disponibilidad o no del declarante para testificar. Si está disponible y sujeto a contrainterro-gatorio, su declaración extrajudicial es admisible contra el tercero, bajo los principios de la Regla 63, y Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334 (1980), sin impedimento bajo el derecho a confrontación. Si, por el contrario, no lo está — por cualesquiera de los motivos señalados en la Regla 64(A)— no podrá invocarse la Regla 63 para admitir esa declaración extrajudicial contra el tercero. Entonces, es aplicable la Regla 64(B).

Específicamente esta última circunstancia es la planteada en el caso de autos con relación a la declaración del coautor Luis F. Arroyo Rivera en la que alegadamente admite haber cometido los delitos de asesinato y violación junto al apelante Eduardo De Jesús Ayuso. Por su silencio y negativa a declarar en el juicio, no está disponible. Ciertamente, en teoría, esa declaración es contra interés penal bajo la Regla 64(B)(3) de Evidencia, supra. Aun así, su admisibilidad contra el apelante De Jesús Ayuso levanta serias interrogantes constitucionales bajo el derecho a confrontación. Douglas v. Alabama, 380 U.S. 415 (1965); Bruton v. United States, 391 U.S. 123 (1968). No basta que se trate de una admisión contra interés penal del declarante. Al mezclar a un tercero, ello puede beneficiarle o aliviarle la situación, lo que debilita la hipótesis en que se apuntala dicha Regla 64(B)(3), a saber, que la declaración sea de alto grado contraria a su interés.

Recientemente, en Lee v. Illinois, 90 L.Ed.2d 514, 528 (1986), el Tribunal Supremo federal, en el escolio 5, se negó a resolver este problema bajo el molde estrecho de su equivalente, la Regla 804(b)(3) federal. 28 U.S.C. La norma establecida en Lee v. Illinois, supra, es que la confesión de un coautor se presume no confiable, y por ende inadmisible, en cuanto prueba contra otro coautor así involucrado. Sin embargo, tal presunción no es absoluta. Puede ser rebatida por el Ministerio Fiscal estableciendo elementos circunstan-ciales de confiabilidad. En Lee v. Illinois, supra, cuatro de los nueve jueces estimaron que la presunción fue rebatida a base de que había otra confesión ofrecida del otro coautor. Este enfoque —que se ha conceptualizado como la norma de las confesiones interrelacionadas— permite la admisión de esa confesión como prueba contra el coautor y ha tenido buena aceptación. Véase People v. Berzups, 402 N.E.2d 1155 (N.Y. 1980). Y el mismo Tribunal Supremo federal, en New Mexico v. Earnest, 91 L.E.2d 539 (1986), revocó una decisión del Supremo de Nuevo Méjico, que a su vez había revocado una convicción, al estimar que el derecho a confrontación, bajo la Constitución federal, impedía absolutamente recibir la confesión de un declarante como prueba contra el coautor. Devolvió el caso al foro de origen para que siguiera la norma de Lee v. Illinois, supra, esto es, que se trata de una presunción de no confiabilidad, rebatible por el Estado. La opinión concurrente suscrita por cuatro jueces, dice que “en la medida en que Douglas v. Alabama interpretó que la Cláusula de Confrontación requiere una oportunidad para contrainterrogar antes de admitir una declaración extrajudicial de un coacusado, dicho caso ya no es buen precedente”. (Traducción nuestra.) New Mexico v. Earnest, supra, págs. 539-540. Más aún, Lee v. Illinois, supra, resuelve que la admisión errónea en violación al derecho a confrontación de una confesión del declarante contra el coautor no acarrea la revocación automática de la convicción de éste, pues queda abierta la posibilidad de “error no perjudicial”. Sobre el amplio alcance del error no perjudicial, aunque de rango constitucional, véase Rose v. Clark, 92 L.Ed.2d 460 (1986).

En suma, bajo este esquema la declaración de Arroyo Rivera, en la que confesó haber cometido los delitos junto al apelante De Jesús Ayuso, no es fatalmente inadmisible contra éste. Su admisión errónea en el juicio contra el apelante De Jesús Ayuso no conllevaría la revocación automática de su convicción. De haber indicios de confiabilidad —debidamente acreditada por el Ministerio Público en armonía con la Regla 9(A) de Evidencia, supra— quedaría rebatida la presunción de no confiabilidad y la declaración sería admisible bajo la Regla 64(B)(3), sin impedimento constitucional bajo el derecho a confrontación. Esta solución satisface el criterio establecido en Ohio v. Roberts, 448 U.S, 56, 66 (1980), a los fines de que la declaración es admisible una vez se establece la no disponibilidad del declarante y concurren los indicios circunstanciales de confiabilidad.

      (1) Este Tribunal, mediante sentencia de 15 de enero de 1986, confirmó las convicciones que por los delitos de asesinato en primer grado y violación rindió un jurado, en juicio separado, en proceso celebrado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina.

      (2)Ello igualmente surge de la “minuta” que resume los procedimientos acaecidos ante el foro de instancia el 23 de enero de 1984.

      (3)Caso en que no hubo opinión del Tribunal.

      (4) Dicho testigo tampoco pudo ser contrainterrogado durante la vista preliminar.

      (5) Este caso es distinguible de Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136 (1981), en donde resolvimos que era admisible en evidencia, bajo la Regla 64(B)(3) de Evidencia, una declaración jurada (confesión) de un coautor, quien “no estaba disponible” como testigo por razón de incapacidad mental, en el juicio que se le celebró al allí apelante. Aparte de que en dicha situación la declaración favorecía al apelante por cuanto lo excluía como uno de los participantes en el crimen cometido, en dicho caso fue la defensa quien intentó sin éxito la admisión de dicha declaración ante el foro de instancia. En su consecuencia, en dicho caso no estaba envuelto el “derecho de confrontación”.


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license: Public Domain

text:
      In re José R. Jiménez Del Valle.

      Número: 3879

      Resuelto: 28 de mayo de 1987

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; José R. Jiménez Del Valle, pro se. En reconsi-deración Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Alberto Picó Santiago, abogado del que-rellado.
   PER CURIAM:

El Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos rindió dos informes relativos a que el notario José R. Jiménez Del Valle no había encuadernado sus protocolos correspondientes a los años 1983, 1984 y 1985, y que no había cancelado los sellos de rentas internas e im-puesto notarial en un número sustancial de escrituras que integraban sus protocolos de los años 1982, 1983, 1984 y 1985.

Le concedimos términos al notario para que procediera a realizar dicha encuadernación y supliera los sellos de rentas internas y notariales correspondientes. Además se le ordenó mostrar causa por la cual no debía ser suspendido indefinidamente del ejercicio de la notaría.

El notario Jiménez Del Valle compareció para informar que había encuadernado sus protocolos y corregido las deficiencias. El Director de Inspección de Notarías informó que el 27 de marzo de 1987 quedaron corregidas todas las fallas de sellos y encuadernación de los protocolos.

En su comparecencia el notario no expone razón o justificación alguna para el claro incumplimiento de las disposiciones de la Ley Notarial. Se limita a aducir que ha venido desempeñando la notaría diligentemente desde el 1972 sin tacha o reprobación alguna. Solicita que se archive el asunto.

No podemos acceder. La gravedad de las deficiencias y la falta de justificación de su proceder no nos permite ser lenientes en este caso. In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987); In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984); In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812 (1984). Procede dictar sentencia que decrete su suspensión del ejercicio del notariado y que el Alguacil General se incaute de su obra notarial para ser entregada a la Oficina de Inspección de Notarías.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton no intervinieron.

-0-

SENTENCIA

(En Reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1987

El 28 de mayo de 1987 dictamos sentencia que decretó la suspensión del Lie. José R. Jiménez Del Valle del ejercicio del notariado. A los fines de evaluar la moción de reconsideración de dicho notario, le concedimos término al Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, para expresarse al efecto. Así se ha hecho.

De los escritos radicados surge que el notario pron-tamente corrigió las deficiencias señaladas. Si bien es co-rrecto que las deficiencias de no adherir los sellos requeridos por ley no se debe a error de cómputos, no es menos cierto que tan pronto fue apercibido se hicieron las gestiones correspondientes para unir dichos sellos.

Debemos considerar que el licenciado Jiménez Del Valle ha ejercido la notaría desde el 1972 sin tacha o reprobación alguna.

Vistas las circunstancias particulares de este caso, se deja sin efecto la sentencia de 28 de mayo de 1987 y en su lugar se dicta sentencia para reinstalar al Lie. José R. Jiménez Del Valle al ejercicio de la notaría, amonestándolo por haber violado las disposiciones que rigen la profesión del notariado y apercibiéndole que cualquiera inobservancia futura o conducta reñida con los cánones éticos será estrictamente sancionada.

Se ordena al Secretario General publicar esta sentencia.

Así lo pronució y manda el Tribunal y certifica el Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton no intervinieron.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


author: Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Efraín Soto García, acusado y apelante.

      Número: CR-85-92

      Resuelto: 28 de mayo de 1987

      Yamil Galib Franquie y Carlos Roberto Soto, abogados del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Ricardo E. Alegría Pons y Alberto Oscar Couret Torres, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Ante el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, un jurado halló culpable a Efraín Soto García de los delitos de asesinato en segundo grado e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Fue sentenciado a penas de reclusión de dieciocho (18) años, un (1) año y cinco (5) años, respectivamente, a cumplirse de manera concurrente.

Inconforme, en apelación señala —en el orden lógico-procesal que deben ser discutidos— que la prueba no sostiene los veredictos y que se le privó del derecho efectivo a contrainterrogar. Analicemos estos señalamientos.

Los veredictos rendidos y las sentencias dictadas son contrarias a la prueba y al derecho aplicable.

Bajo este planteamiento, Soto García sostiene que la prueba no demostró el veredicto de asesinato en segundo grado. Además, en la alternativa, aduce que actuó bajo la influencia de una súbita pendencia o arrebato de cólera o en estado mental de inconciencia.

Para evaluar la improcedencia de este error, examina-mos brevemente los hechos adecuadamente resumidos por el Procurador General.

... [Ojcurrieron el 25 de septiembre de 1984. Ese día a eso de las 2:30 de la tarde, Jesús Ramón Hernández, alguacil auxiliar del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, se dirigió a la residencia del convicto apelante Efraín Soto García a cumplimentar el embargo de dos automóviles, lo acompaña-ban el embargante Rafael López Avilés y el depositario judicial Erasmo Pérez Muñoz.
Al llegar éste a la Ferretería Hansy localizada frente a la Avenida Ferrocarril en Isabela, Puerto Rico, se encontró con el hijo del convicto-apelante. Erasmo Pérez Muñoz se quedó frente a la ferretería y Rafael López Avilés permaneció en el interior del automóvil. El hijo del convicto-apelante llevó al alguacil a la residencia de su padre ubicada en la parte trasera de la ferretería.
Una vez en la residencia, el alguacil habló con el convicto-apelante y le leyó los documentos del embargo. El convicto-apelante le manifestó que no iba a llevarse los vehículos, que primero tenían que quitarle la vida. El alguacil le respondió que no venía a eso y que si tenía dudas podía consultar a un abogado.
Entonces el convicto-apelante decidió llamar a un abogado. Se dirigió junto al alguacil a una residencia ubicada en los altos de una estructura de dos plantas que queda a la derecha de la mencionada ferretería y en cuyos bajos hay una gomera. No logró comunicarse con el abogado.
En ese Ínterin el alguacil salió al balcón de la residencia y vió a Erasmo Pérez Muñoz haciendo señales con los dedos. El alguacil le comunicó que estaba haciendo gestiones con el convicto-apelante. En ese momento el convicto-apelante le preguntó si había allí otro alguacil a lo que éste le contestó que era el depositario judicial Erasmo Pérez. A ésto el convicto-apelante manifestó que “Erasmo era un sucio y que tenía que desquitarse eso”. Salió hacia la puerta y le dijo al alguacil que se llevara los carros, pero no había caminado dos pasos cuando le dijo que no se los iba a llevar. El alguacil le indicó que tendría que llevarlo ante el Juez Municipal a lo que el convicto-apelante accedió. El alguacil le solicitó permiso para llamar al Tribunal.
Mientras el alguacil llamaba por teléfono, el convicto apelante bajó hasta donde se encontraba la victima Erasmo Pérez Muñoz y le hizo de tres a cuatro disparos corridos y otro más cuando éste iba cayendo, ocasionándole la muerte.
Hipólito Rodríguez empleado de la ferretería al escuchar los disparos salió de la misma y caminó hacia el convicto-apelante para quitarle el revólver pero en eso llegó el hijo del convicto-apelante y le quitó el revólver. Hipólito Rodríguez llevó al convicto-apelante hasta la residencia. Durante el trayecto éste le dijo, “ya acabé con el tipo”. Cuando el apelante se encontró de nuevo con el alguacil le manifestó “yo fui el que hice los disparos, ya se acabó ésto”. (Énfasis suplido.) E.N.P., págs. 22 y 23.

Contra este trasfondo fáctico no contradicho, el apelante Soto García argumenta que procedía veredicto de homicidio y luego su absolución por razón de inconciencia. No tiene razón. Los hechos expuestos justificaron a cabalidad la convicción por asesinato en segundo grado. Esa clasificación la hemos de atribuir a un sentido amplio de justicia peculiar y generosa del jurado. Pudo ser más riguroso. Debe Soto García aceptar dicho veredicto, pues los hechos no permiten ulterior reducción en la clasificación del delito.

Por otro lado, para sostener la alegada súbita pendencia o arrebato de cólera e intentar así configurar un homicidio el apelante Soto García desarrolla una teoría sumamente frágil fundada en unas señas habidas entre el testigo López Avilés y la víctima Pérez Muñoz. Les atribuye cualidad de actos provocativos a esos gestos. El “juego de señas” —según calificado por el apelante Soto García— consistió en que el testigo López Avilés se tocaba el pelo pues quería con este gesto advertir a la víctima que el apelante se acercaba. No existe semejante interpretación, y menos inferir de ello una provocación que justifique la muerte de un semejante. En las circunstancias de autos es insostenible.

Respecto a la teoría de mconciencia, la misma está fundada en los testimonios de los peritos de la defensa, Drs. Efraín Rodríguez y Ariel Rojas. En esencia, éstos señalaron que una persona que sufre hipoglicemia —bajón de azúcar— puede comportarse de manera agresiva, pasiva, darle sueño o volverse loco, inclusive caer en estado de inconciencia.

La dificultad de esta teoría es que el jurado no creyó que la acción del apelante Soto García fuera producto de la hipoglicemia o resultado de un estado de inconciencia. Según lo antes relacionado, la evidencia desfilada contiene claros indicadores de que su conducta —antes, durante y después del crimen— fue pensada y reflexiva. Salvo conjeturas, no hay fundamentos en los hechos para sostener la tesis esbozada en el testimonio pericial. La conclusión del jurado de que actuó intencionalmente y con malicia premeditada tiene apoyo en la prueba. Precisamente, este último elemento es el que distingue al asesinato del homicidio.

En los restantes dos errores se alega:

Privación del derecho constitucional a confrontarse con los testigos en su contra al no entregársele la declaración prestada por el testigo esencial de cargo, Jesús Ramón Hernández Pérez, el propio día de los hechos ante el Fiscal investigador, y cuya solicitud hizo el acusado al Honorable Tribunal mientras contrainterrogaba a dicho testigo en el juicio. Al negársele al acusado dicha declaración en dicho momento se le privó del debido proceso de ley y del juicio justo al cual tiene derecho todo ciudadano acusado de delito en una democracia.

La alegada infracción al juicio justo y al derecho a un contrainterrogatorio efectivo de uno de los testigos de cargo, Hernández Pérez, descansa en que el foro de instancia se negó a ordenar que le entregaran una supuesta declaración jurada. El récord() no sostiene la hipótesis en que descansan estos señalamientos. Así, del propio testimonio de Hernández Pérez se desprende que nunca existió la aludida declaración jurada. A tal efecto en el directo éste atestó que no había prestado declaración jurada ante el fiscal Luis A. Román. En el contrairiterrogatorio reafirmó y manifestó que el fiscal Román le formuló varias preguntas en pre-sencia de la taquígrafa, pero que en esa ocasión, al terminar de interrogarlo, le indicó que pasara al otro día por la Fiscalía para tomarle una declaración jurada. Después de acudir a la Fiscalía de Aguadilla, el fiscal Román le informó que no le iba a tomar declaración jurada. En todo momento se mantuvo firme en que cuando fue interrogado por el fiscal Román no se le tomó juramento.

Evidentemente se demostró, con oportunidad a la defensa de interrogar, que este testigo nunca prestó una declaración jurada. Establecido este hecho, no era necesario llamar a testificar sobre este extremo al fiscal Román y a la taquígrafa.

Cabe por último advertir que, aun si se acepta como cierta la hipótesis de la existencia de la susodicha declaración jurada, el apelante Soto García no nos indica cómo ello le perjudicó y en qué forma se vieron afectados sus derechos. Pueblo v. Martell Cajigas, 88 D.P.R. 636, 649-651 (1963).

Se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

—O—

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López

a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

Dados los hechos particulares del presente caso, concurrimos en el resultado a que llega el Tribunal en el mismo.

Nos vemos impedidos, sin embargo, de suscribir en su totalidad la sentencia que se emite por razón de que la misma discute someramente un punto de cardinal importancia en el derecho procesal penal, cual es: el derecho que tiene un imputado de delito a que el Ministerio Público le provea copia de la declaración jurada que un testigo de cargo haya presentado ante el fiscal durante la investigación de los hechos una vez dicho testigo, en el juicio en su fondo o en la vista preliminar, declara en el directo a preguntas del fiscal o cuando el testimonio del mismo es renunciado por el Estado como prueba de carácter acumulativo durante el proceso celebrado.

Por otro lado, la sentencia emitida refrenda o le imparte su aprobación —al guardar silencio— a un curso de acción observado en el presente caso por el Ministerio Público, el cual no sólo atenta contra el derecho a un juicio justo e imparcial, sino que constituye un intento por parte de estos funcionarios del Estado de evadir el cumplimiento de la jurisprudencia aplicable de este Tribunal sobre la materia. Nos referimos a la “práctica” de entrevistar una persona que se piensa utilizar como testigo de cargo sin que se le tome una declaración jurada.

H-4

Reconocimos el derecho a que hemos hecho alusión, por primera vez, en Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961).() En dicho caso, el juez de instancia había sostenido la negativa del fiscal de entregarle a la defensa copia de la declaración jurada prestada por un policía testigo de cargo. Al revocar por ese hecho la convicción decretada expresamos:

No es necesario determinar si negarle al acusado copia de la declaración jurada por él solicitada[,] para impugnar la veracidad de un testigo de cargo[,] infringe los preceptos básicos del debido proceso de ley. Cf. Cicenia v. Lagay, 357 U.S. 504, 78 S.Ct. 1297, 2 L.Ed.2d 1523 (1958); Leland v. Oregon, 343 U.S. 790, 72 S.Ct. 1002, 96 L.Ed. 1302 (1952). Margolin, Due Process and Right of Confrontation—Jencks Act, 58 Mich. L. Rev. 888 (1960). Lo que aquí está envuelto no son conceptos mínimos de garantía constitucional. Hay algo más. Es el principio que sólo se hace justicia cuando se conoce toda la verdad. State v. Johnson, 28 N.J. 133, 145 A.2d 313 (1958) y Hickman v. Jencks, 14 Van. L. Rev. 865, 875 (1961). Es esencial a nuestro sistema de gobierno que se establezcan aquellas prácticas procesales que hagan más fácil el descubrimiento de la verdad. En una verdadera democracia todo ciudadano tiene derecho a que si es acusado de delito público, se le procese y condene bajo unas reglas que le garanticen un juicio justo en el concepto lato del término, ya que el estado no está interesado en interponer obstáculos para que se conozcan todos los hechos y pueda descubrirse la verdad. People v. Moses, 11 Ill.2d 84, 142 N.E.2d 1 (1957). (Énfasis suplido.) Pueblo v. Ribas, ante, pág. 389.

Posteriormente, en Pueblo v. Díaz Díaz, 86 D.P.R. 558 (1962), ampliamos la norma establecida en Pueblo v. Ribas, ante. Resolvimos que la defensa tiene derecho a que el fiscal le entregue copia de la declaración jurada de un testigo renunciado por éste como prueba de carácter acumulativo cuando la defensa sienta a declarar a dicho testigo. Allí expresamos que impedir que la defensa, en una situación como la que ese caso presentaba, obtuviera la declaración prestada por el testigo, “no es cónsono con el concepto de justicia que debe inspirar todo proceso criminal”. En el referido caso, con motivo de lo antes reseñado, revocamos la convicción decretada.

En Pueblo v. Martell Cajigas, 88 D.P.R. 636 (1963), aun cuando ratificamos la norma establecida en Pueblo v. Díaz Díaz, ante, modificamos un tanto la misma. Resolvimos que —no obstante haber cometido error el foro de instancia al negarse a ordenarle al fiscal que le entregara a la defensa copia de la declaración jurada de un testigo llamado a testificar por la defensa, luego de haber sido renunciado por el Estado— dados los hechos particulares del caso dicho error no ameritaba la revocación de la sentencia apelada. Sostuvimos que no se justificaba revocar la convicción decretada en vista de que el testimonio prestado por dicho testigo había favorecido a la defensa y contradicho la teoría del Ministerio Público y de que el acusado no había demostrado que el error cometido le había ocasionado “perjuicio sustancial”.

Apoyándonos en “nuestra facultad inherente de supervisar los procedimientos judiciales”, en Pueblo v. Quiñones Ramos, 99 D.P.R. 1 (1970), ampliamos todavía más la norma hasta entonces imperante al resolver que la defensa de un acusado tiene derecho a inspeccionar las declaraciones juradas en poder del Ministerio Público de aquellos testigos de cargo que son renunciados por el Estado por razón de constituir su testimonio prueba de carácter acumulativo aun cuando dichos testigos no sean llamados a declarar por la defensa. En dicho caso, no obstante lo antes expresado, nos negamos a revocar la sentencia apelada al considerar que el error cometido por el foro de instancia al sostener la negativa del fiscal a entregar dichas declaraciones, a la luz de la otra prueba de cargo desfilada, no le había causado “un perjuicio sustancial” al apelante.

Reiterando que el interés principal del Estado en una causa criminal no es ganar un caso sino que se haga justicia, en Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977), resolvimos que la “defensa tiene derecho a examinar cualquier escrito del testigo sobre el asunto que sea objeto de su testimonio que esté disponible en el momento en que declare y que no tenga carácter privilegiado, no importa que no fuese hecho bajo juramento o que no esté en posesión del ministerio público”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Delgado López, ante, pág. 445.

En Pueblo v. Cancel Hernández, 111 D.P.R. 625 (1981),() citando como precedentes a Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963) y a United States v. Agurs, 472 U.S. 97 (1976), resolvimos que el Ministerio Público viene en la obligación, aun sin que el acusado lo solicite, de suplirle á la defensa el nombre y dirección de cualquier persona que haya entrevistado que pueda aportar prueba favorable al acusado. Expresamos en dicho caso, respecto a la accesibilidad por parte del acusado a información en poder del Estado, que la “inclinación histórica de este Tribunal, ... en ausencia de directriz legislativa o exigencia constitucional en contrario, ha sido la de intentar, situación a situación, armonizar los intereses envueltos y proteger tanto los derechos del acusado como los del estado”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Cancel Hernández, ante, pág. 628.

I — I HH

Como hemos podido notar, el enfoque que históricamente ha permeado nuestras decisiones relativas a la materia en controversia ha sido siempre a los efectos de que el objetivo de todo procedimiento judicial no puede ser otro que el esclarecimiento de la verdad. Véase Pueblo v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 702 (1958).

Ese propósito u objetivo es más factible cuando el fiscal a cargo de la investigación de unos hechos delictivos le toma prontamente declaración jurada a toda persona que tenga conocimiento de algún hecho relevante a los ocurridos.

Dicha acción por parte del Ministerio Público resulta de gran beneficio no sólo para las dos partes que luego se enfrentarán en el proceso judicial correspondiente, sino para el sistema de justicia en general imperante en nuestra jurisdicción.

En primer lugar, el hecho de que exista una declaración jurada por escrito “beneficia” al Estado por cuanto “impide” que el testigo cambie con facilidad su versión de lo ocurrido en perjuicio de la teoría del Ministerio Fiscal.() Por otro lado, no hay duda de que también “beneficia” al acusado por razón de que “evita” que el testigo añada con facilidad a lo ya declarado en perjuicio de los mejores intereses de la defensa. Por último, la calidad de la justicia que se dispensa en nuestra tierra resulta beneficiada por cuanto la versión que originalmente presta un testigo, en tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos delictivos, resulta como regla general más confiable por razón de que en dicho momento su recuerdo de lo ocurrido es más certero. Todo ello ayuda al esclarecimiento de la verdad, que, después de todo, es el objetivo que nos anima a todos.

I — I

En el presente caso, como surge de la propia sentencia emitida por el Tribunal, el fiscal investigador de los hechos que se le imputan al apelante —no obstante haber entrevistado en dos ocasiones distintas al testigo en controversia y aun cuando en ambas ocasiones estaba presente una taquígrafa de récord que fácilmente pudo haber tomado la declaración del testigo— ni le tomó juramento a dicha persona ni redujo a escrito la declaración de ésta.

Conforme las normas usuales y ordinarias de investi-gación de casos criminales, dicha acción resulta altamente irregular, sobre todo, cuando consideramos que el Ministerio Fiscal no brindó una explicación satisfactoria del porqué de su proceder. La misma no puede haber tenido otro propósito que el de evitar o burlar la aplicación de la jurisprudencia antes reseñada por alguna razón que desconocemos.

Somos del criterio que este tipo de conducta por parte del Ministerio Fiscal amerita el más enérgico repudio y censura por parte de este Tribunal. Ello en protección del derecho de todo imputado de delito a un juicio justo e imparcial. Debe mantenerse presente que la meta u objetivo de todos los participantes en un proceso criminal debe siempre ser el esclarecimiento de la verdad y el deseo genuino de que se haga la mejor justicia de que nosotros los seres humanos somos capaces. Un proceso judicial no puede convertirse meramente en una competencia donde prevalezca el más listo o el más hábil. Es por ello que la función del fiscal nunca puede ser la de poner obstáculos en la búsqueda de esa verdad. La acción intencional de no tomarle prontamente declaraciones juradas a los testigos podría tener, en casos apropiados() consecuencias serias y graves para la sociedad en particular y para la adminis-tración de la justicia en general. Cf. Regla 49 de Evidencia de 1979 para el Tribunal General de Justicia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99, 114-115, n. 25 (1982).

IV

En el presente caso, no obstante haber incurrido el fiscal investigador en esta indeseable y censurable práctica, dados los hechos particulares del caso, su inexplicada omisión no le causó al apelante el “perjuicio sustancial” que hace imperativa la revocación de las sentencias apeladas. Pueblo v. Martell Cajigas, ante; Pueblo v. Quiñones Ramos, ante. Es por ello que concurrimos con la sentencia confirmatoria emitida por el Tribunal.

      (1) “Antes de dar comienzo al contrainterrogatorio, la defensa solicitó que se le entregara declaración jurada del testigo. El Ministerio Público indicó que en su expediente no había declaración jurada, toda vez que a éste no se le había tomado declaración jurada. No obstante, el Tribunal permitió que se le preguntara al testigo, y a preguntas del fiscal éste atestiguó que no había prestado declaración jurada ante el fiscal. A preguntas de la defensa, manifestó que el fiscal Román le hizo varias preguntas en el Cuartel, estando presente la taquígrafa. Al terminar de interrogarlo el fiscal Román, le indicó que pasara a la Fiscalía al día siguiente para tomarle una declaración jurada. Al otro día se presentó a la Fiscalía de Aguadilla y el fiscal Román le informó que no le iba a tomar declaración jurada. Cuando fue interrogado por el fiscal Román en ningún momento se le tomó juramento.” E.N.P., pág. 6.

      (1) Caso por infracción a la Ley de Bolita.

      (2) Caso en que el acusado, quien no había estado presente en un allanamiento realizado por la Policía en su residencia, solicitó que el Ministerio Público le brindara los nombres y direcciones de las personas que presenciaron los hechos y que habían sido interrogadas por la Policía.

      (3)E1 testigo, al así actuar, se expone a la posibilidad de una acusación por perjurio.

      (4) Donde el Ministerio Público no pueda brindar una explicación razonable para haber así actuado y donde se trate del testimonio de testigos de cargo esenciales.


author: per curiam:

text:
      In re Ángel L. Torres López, quefellado.

      Número: CE-87-303

      Resuelto: 29 de mayo de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El -abogado Ángel L. Torres López fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 11 de mayo de 1982. También fue autorizado para ejercer como notario.

Dicho abogado resultó convicto por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por delitos graves que implican depravación moral. El Procurador General presentó querella contra el abogado para que, a tenor con lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735) y en virtud de la facultad inherente de este Tribunal para reglamentar la profesión de abogado, sea separado permanentemente de la profesión legal.

Surge de la copia certificada de la sentencia que acompaña la querella, que el abogado de epígrafe fue sentenciado el 15 de abril de 1987 por haber participado en actividades criminales y conspirar para cometer delito, en violación de las Secs. 1503, 1962(c) y (d) y 1963 del Tít. 18 del Código Penal de Estados Unidos, 18 U.S.C. secs. 1503, 1962(c) y (d) y 1963.

Este Tribunal ha resuelto que “[l]a depravación moral, tratándose de abogados, consiste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. ... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966); In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983). En casos como el de autos, en que el abogado ha incurrido en conducta de la naturaleza antes descrita que implica depravación moral y que la ley reguladora del ejercicio de la abogacía dispone que la persona así convicta cesará “de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión [y a] la presentación de una copia certificada de la sentencia”, este Tribunal ordenará que se borre su nombre del Registro de Abogados. Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735).

Toda vez que se ha presentado copia certificada de la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, y en virtud de lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, y de nuestra facultad inherente, se decretará la separación inmediata del abogado Ángel L. Torres López del ejercicio de la abogacía y el notariado en Puerto Rico. Además, se ordenará que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en esta jurisdicción, independientemente de que hubiere interpuesto recurso de apelación en relación con la antes mencionada convicción. In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

Se ordenará también que se notifique a dicho abogado con copia de la querella presentada en su contra.

Se ordenará, además, al Alguacil General de este Tribunal que se incaute de los protocolos y registros de afidávit del mencionado abogado notario, se los entregue al Director de Inspección de Notarías para que sean examinados y nos informe los resultados de dicho examen.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.


text:
      In re Noel Zamot Pérez.

      Número: 4142

      Resuelto: 3 de junio de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Noel Zamot Pérez, pro se.

   PER CURIAM:

El abogado Noel Zamot Pérez fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 12 de enero de 1973 y a la práctica de la notaría el 29 de enero del mismo año.

El 9 de enero de 1987 la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico dictó sentencia que condena al abogado-notario a tres años de prisión en un cargo, y a tres años de prisión en otro por violación a la Sec. 153 de la Ley Pública federal 95-598, Tít. Ill, Sec. 341(a)(1), (d)(1), (2), 92 Stat. 2676 y 2677, según enmendada, 6 de noviembre de 1978 (18 U.S.C. sec. 153), por adueñarse ilegalmente de dinero propiedad de la sucesión de un deudor en quiebra, dinero que estaba bajo su custodia como síndico de dicho quebrado.

El tribunal dictaminó que los tres años de prisión en cada cargo fueran cumplidos concurrentemente y que el abogado-notario restituyera a la parte perjudicada los dineros apropiados. Impuso, además, $50 de multa en el segundo cargo.

El Procurador General ha comparecido para solicitar que ordenemos la separación del Ledo. Noel Zamot Pérez del ejercicio de la profesión legal.

El delito por el cual fue condenado es uno que implica depravación moral, en virtud de lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735), y de nuestra facultad inherente para reglamentar la profesión legal. Por tal razón, se decreta la separación inmediata del abogado-notario, Noel Zamot Pérez, del ejercicio de la abogacía y de la notaría. Se ordena, además, que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. In re Ortiz Gilot, 117 D.P.R. 167 (1986); In re Núñez López, 115 D.P.R. 702 (1984); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985); In re Arreche Holdun, 114 D.P.R. 680 (1983).

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.


author: per CURIAM:

text:
      In re Jaime Collazo.

      Número: 1645

      Resuelto: 4 de junio de 1987

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Jaime Collazo, pro se.

   per CURIAM:

El 15 de abril de 1987 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos rindió un informe en el cual señala que “para principios de marzo de 1987 examinó [los protocolos del notario Jaime Collazo] correspondientes a 1984 (80 escrituras), 1985 (76 escrituras) y 1986 (60 escrituras) y notó que ninguno de dichos protocolos tenía adheridos sellos de rentas internas ni del impuesto notarial ... [y que] las deficiencias en sellos de Asistencia Legal que se detallaron en el informe del 22 de mayo de 1984, aún no se habían corregido”. Informe, supra, pág. 1. En ese momento los sellos de Asistencia legal no cancelados ascendían a mil ciento setenta y nueve dólares ($1,179).

Le concedimos término al notario Collazo para que procediera a suplir los sellos de rentas internas, notariales y de Asistencia Legal correspondientes y mostrara causa por la cual no debería ser sancionado.

El notario Collazo compareció para informar que había subsanado las deficiencias señaladas en el informe. El 26 de mayo de 1987 el Director de Inspección de Notarías informó que todas las fallas de sellos quedaron corregidas.

En su comparecencia el notario no expone razón o justificación para el claro incumplimiento de la Ley Notarial. Admite “no haber sido diligente] en el estricto cumplimiento de todos los requisitos formales establecidos por Ley, por estar segu[ro] de así poderlo hacer en cualquier tiempo”. Añade que “[l]a tardanza en el cumplimiento de formalidades ... se ha debido a un exceso de confianza en [sí mismo], segu[ro] de haber cumplido con lo sustancial en la Dación de la Fe: Ser testigos de la verdad”. Moción informativa de 13 de mayo de 1987, pág. 2.

Ante la gravedad de las deficiencias y la falta de justificación de su proceder, dictamos sentencia que decrete la suspensión indefinida del ejercicio del notariado del Lie. Jaime Collazo. El Alguacil General deberá incautarse de su obra notarial y entregarla a la Oficina de Inspección de Notarías. In re Jiménez Del Valle, 119 D.P.R. 41 (1987); In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987); In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984); In re Merino Quiñones, 115 D.P.R. 812 (1984).

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.


text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Hato Rey Psychiatric Hospital, demandado.

      Número: CE-86-58

      Resuelto: 9 de junio de 1987

      Juan Antonio Navarro, de la División Legal de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, abogado de la peticionaria; Ginoris Vizcarra de López-Lay, de López-Lay & Vizcarra, abogada del demandado.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Relaciones del Trabajo (en adelante la Junta) ha recurrido ante este Tribunal para que pongamos en vigor un laudo emitido ex parte por un árbitro del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

Las Srtas. Aida Ubiles y Eneida Ortiz se desempeñaban como enfermeras prácticas con status de empleadas permanentes en el Hato Rey Psychiatric Hospital (en adelante Hospital). Ambas fueron despedidas el 17 de enero de 1985. De conformidad con el Procedimiento de Quejas y Agravios, establecido por el Art. XXVII del Convenio Colectivo suscrito por el Hospital y la Unión Independiente de Empleados del Hato Rey Psychiatric Hospital (en adelante la Unión), esta última sometió una querella por el despido injustificado de las dos unionadas ante el Negociado de Conciliación y Arbitraje.

Representantes de cada una de las partes seleccionaron de mutuo acuerdo al árbitro Fernando Hernández Benitez para entender en la querella. El caso fue señalado para audiencia a celebrarse el 23 de abril de 1985, mas las partes suscribieron, el 18 de abril, una carta en la que solicitaron su aplazamiento.() El caso volvió a señalarse para vista que se llevaría a cabo el 30 de julio de 1985. El nuevo señalamiento fue debidamente notificado a los represen-tantes de cada una de las partes.

El día de la vista comparecieron las empleadas despedidas, representadas por su abogada. Por parte del Hospital no compareció representante alguno. No solicitó aplazamiento o suspensión de la vista ni notificó sobre la razón de su incomparecencia.

Así las cosas, el árbitro celebró la vista en un procedimiento ex parte al amparo del Reglamento para el Orden Interno de los Servicios de Arbitraje del De-partamento del Trabajo y Recursos Humanos, y de la jurisprudencia en el área de derecho laboral. Procedió a recibir la prueba aportada por la parte querellante() y concluyó que si bien el Reglamento del Negociado establece en su Art. VII, inciso c(2),() que el “árbitro podrá proceder con la celebración de la vista y emitir su decisión sólo a base de la prueba presentada por la parte querellante”, en un caso disciplinario no se le puede exigir a dicha parte que satisfaga el peso de la prueba. Finalmente, el árbitro determinó que el despido no estuvo justificado y ordenó la reposición inmediata de las empleadas despedidas en su empleo y el pago de salarios dejados de devengar desde el 17 de enero de 1985 a la fecha de su reposición.

Ante la negativa del Hospital de cumplir con el referido laudo, a pesar de las gestiones realizadas, la Unión solicitó a la Junta que hiciera cumplir el laudo emitido el 1ro de agosto de 1985. Luego de realizar la investigación pertinente, la Junta dictó resolución el 4 de diciembre en la cual ordenó a su división legal que acudiera ante nos para compeler al Hospital a cumplir con el laudo.

Concedimos término al Hospital para que “[mostrara] causa por la cual no [debía] ponerse en vigor el laudo”. El Hospital y la Junta han comparecido.()

i — i

A pesar de que el Hospital hace varios planteamientos en su escrito, únicamente argumenta sobre uno de ellos:() que confirmar el laudo constituiría una violación al debido proceso de ley. Discutiremos únicamente este señalamiento, pues no debe ser motivo para revisar, modificar o de alguna manera cambiar un laudo o una decisión de un tribunal de instancia la sola alegación de un error que luego no se fundamenta o discute. Véanse: Junta Rel. Trabajo v. Simmons Int’l., Ltd., 78 D.P.R. 375, 384-385 (1955); Santos Green v. Cruz, 100 D.P.R. 9, 15 (1971); Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966); Pueblo v. Febres, 78 D.P.R. 893, 898 (1956); De Jesús v. Assad, 63 D.P.R. 137, 140 (1944); Morales v. Cruz Vélez, 34 D.P.R. 834, 842 (1926); Pueblo v. Cruz, 34 D.P.R. 211, 212 (1925).

En el caso de autos quedó demostrada la existencia de un convenio entre las partes que provee un procedimiento de quejas y agravios que eventualmente culmina en un procedimiento de arbitraje. Sobre este mecanismo hemos dicho que la ley entre las partes la establece el acuerdo de sumisión sometido al árbitro, unido al convenio colectivo que dispone que el árbitro debe decidir conforme a derecho. J.R.T. v. Caribbean Towers, Inc., 99 D.P.R. 595 (1971). De ahí que el rol de este Tribunal, al revisar la validez de un laudo de arbitraje bajo un convenio colectivo, es verdaderamente estrecho y limitado, de clara autorrestricción o abstención judicial, cuando el laudo no tiene que ser emitido conforme a derecho. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985); J.R.T. v. National Packing Co., 112 D.P.R. 162 (1982); Colón Molinary v. A.A.A., 103 D.P.R. 143 (1974). Condicionar un laudo a que sea “conforme a derecho” significa que el árbitro no puede ignorar las normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas por los Tribunales Supremos de Estados Unidos y Puerto Rico en el campo de derecho laboral, y que se reputarán persuasivas las decisiones de los tribunales de primera instancia y de agencias administrativas, y los laudos y escritos de reputados árbitros. Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., 106 D.P.R. 557 (1977).

“Los procedimientos de arbitraje y los laudos emitidos en el campo laboral gozan ante los tribunales de justicia de una especial deferencia por constituir el trámite ideal para resolver disputas obrero-patronales de modo rápido, cómodo, menos costoso y técnico.” S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 836 (1977); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra. Siempre hemos mantenido que los acuerdos sobre arbitraje deben hacerse cumplir de manera estricta si la sumisión() es clara y libre de ambigüedad, haciendo valer así la política pública que alienta el arbitraje como la manera más sencilla, menos formal y más rápida para solucionar controversias. J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976).

Es sabido, sin embargo, que cuando un laudo tiene que ser emitido conforme a derecho, cualquiera de las partes puede recurrir ante el foro judicial para impugnarlo por fraude, conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley, violación de la política pública, falta de jurisdicción, que el laudo no resuelve todas las cuestiones en controversia que se sometieron, S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., supra; J.R.T. v. Otis Elevator Co., supra; Colón Molinary v. A.A.A., supra; Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y.&P.R. S/S Co., 69 D.P.R. 782 (1949), y para revisar su corrección y validez jurídica. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra; Sonic Knitting Industries v. I.L.G.W.U., supra.

El Hospital nos pide que anulemos el laudo porque fue privado del debido proceso al llevarse a cabo el procedi-miento en ausencia de un representante suyo en la vista ante el árbitro. Surge del laudo emitido que el señalamiento de la vista fue notificado a todas las partes. Ante nosotros aduce por primera vez, como razón para dicha ausencia, que el Administrador del Hospital “olvidó completamente en forma inadvertida el señalamiento de la vista ... ante el Negociado” debido a que ese mismo día se llevaba a cabo la mudanza del Hospital a nuevas facilidades en Bayamón. Cabe señalar, sin embargo, que posteriormente la Junta le ofreció la oportunidad de explicar su falta de cumplimiento con el laudo; en esa ocasión el Hospital no adujo razón para su falta de comparecencia a la vista. No es hasta que le requerimos que mostrara causa por la cual no debíamos poner en vigor el laudo que explica su incomparecencia.

Ya hemos expresado que la violación del debido proceso de ley es una de las causas de nulidad de un laudo de arbitraje, Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., 112 D.P.R. 51, 55 (1982); J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580 (1981); J.R.T. v. Aut. de Comunicaciones, 110 D.P.R. 879 (1981); esto no significa que la implantación de un procedimiento de arbitraje que ha sido pactado previamente dependa de los deseos de una de las partes de comparecer al mismo. Hermandad Unión de Empleados v. F.S.E., supra. También se ha dicho que resultaría en un estado de anarquía si las partes pudieran eludir las decisiones por el simple hecho de no comparecer. Hod Carriers v. Pennsylvania Pipeline, 108 L.R.R.M. 2550 (1980); Retail Employees v. Lion Dry Goods, Inc., 67 L.R.R.M. 2871, cert. denegado, 390 U.S. 1013, 67 L.R.R.M. 2898.

Una cláusula de arbitraje en un convenio no tendría sentido si su implantación dependiera de la voluntariedad de cada parte para presentar su caso, pues la parte que no desea un cambio en las relaciones podría anular el arbitraje sencillamente rehusando a comparecer a la vista. Velvet Textile Corp., 7 L.A. 685, 691 (1947); F. Elkouri y E. Elkouri, How Arbitration Works, 4ta ed., Washington, The Bureau of National Affairs, 1985, pág. 245. El Hospital fue debidamente notificado; no se excusó ni compareció. La razón que ahora aduce para justificar su ausencia en el procedimiento no es meritoria. No ha demostrado que confirmar el laudo emitido lo privara del debido procedimiento de ley. Se ha resuelto que el requisito fundamental de debido proceso es la concesión de la oportunidad de ser oído, J.R.T. v. A.E.E., 117 D.P.R. 222 (1986); Mullane v. Central Hanover Tr. Co., 339 U.S. 306 (1949); Grannis v. Ordean, 234 U.S. 385 (1914). El Hospital tuvo esa oportunidad. El procedimiento seguido por el árbitro fue justo y razonable; se ajusta a las exigencias del debido proceso de ley —notificación y conocimiento de los cargos, vista y oportunidad de someter evidencia. S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., supra.

La decisión tomada por el árbitro en cuanto a que el peso de la prueba en este tipo de caso corresponde al patrono es correcta.

La regla generalmente reconocida por los árbitros sobre quién tiene el peso de la prueba es, al igual que en los casos ante los tribunales, que la parte que sostiene la afirmativa de la cuestión en controversia deberá producir prueba suficiente para sostener los hechos esenciales de su reclamación. El peso de la prueba descansa en la parte contra quien el árbitro fallaría si no se presentara evidencia por ninguna de las parles.() R. H. Gorske, Burden of Proof in Grievance Arbitration, 43 Marq. L. Rev. 135, 145 (1959).

En algunos casos, los árbitros han decidido que la parte que sostiene la afirmativa de la controversia no necesariamente tiene el peso de la prueba. Esto es así particularmente en casos en que los hechos fundamentales están bajo el exclusivo conocimiento de la parte contraria. En los casos de despido, los árbitros han sostenido, casi invariablemente, que el peso de probar la “justa causa” descansa en el patrono debido a que la justificación es una defensa afirmativa. En los casos de arbitraje, por lo tanto, donde ya se ha impuesto una penalidad industrial severa y extrema —el despido— es el patrono quien deberá probar ante el árbitro que el mismo fue justificado. Hilton International Co. v. Local 610, 119 L.R.R.M. 2011 (1985); Allis-Chalmers Mfg. Co., 29 L.A. 356 (1957); Elkouri y Elkouri, op. cit., pág. 661.

En los casos de despido al igual que en otros casos de acciones disciplinarias, “es el patrono el que, de ordinario, está en control y en posesión de toda la información necesaria para que la cuestión pueda ser resuelta de una o la otra forma”. J.R.T. v. A.E.E., supra.

Ante los fundamentos expuestos concluimos que el árbitro tenía facultad para celebrar la vista en rebeldía y para no exigir a las querellantes que cargaran con el peso de probar que su despido fue injustificado. Resolvemos, por lo tanto, que se trata de un laudo válido por no adolecer de ninguna de las causas de nulidad que hemos reconocido. Por todo lo anterior, procede que se ponga en vigor el laudo emitido.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre única-mente con la parte I de la opinión emitida por el Tribunal, por entender que éste era el único asunto en controversia.

      (1) De acuerdo con el laudo emitido, la razón de la solicitud fue que las partes se encontraban “dilucidando las cuestiones envueltas, existiendo por lo tanto, la posibilidad de que no [fuera] necesario continuar con el procedimiento de arbitraje”. Ap., pág. 11 n. 1.

      (2) La Unión presentó como evidencia una copia del Convenio Colectivo vigente desde el 1ro de julio de 1983 hasta el 30 de junio de 1986. La Sec. 2(E) del Art. XXVII dispone que “[e]l procedimiento a seguirse en la vista de arbitraje será aqu[e]l que el Arbitro determine conforme a las reglas establecidas por el Negociado de Conciliación y Arbitraje”. La See. 6 del Art. XIII establece que “[n]o tendrán derecho al Plan de Retiro los que sean separados de su empleo por justa causa y comprobada que fuere mediante el Procedimiento de Quejas y Agravios y el arbitraje provisto por este Convenio”.

      (3) E1 inciso c(2) del Reglamento establece que “[s]i una de las partes o ambas, comparecen a la vista luego de haber sido notificadas por el árbitro, sin haber solicitado o conseguido aplazamiento o suspensión de la vista el árbitro: ... si la parte contraria es la que comparece, podrá proceder con la celebración de la vista y emitir su decisión sólo a base de la prueba presentada por la parte querellante”.

      (4) No consideraremos documento alguno que no haya sido presentado al árbitro que intervino en el caso de autos ni entenderemos en los argumentos que, a base de dichos documentos, entran en los méritos del caso y que no fueron planteados al árbitro. Regla 34(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

      (5) Señala que el laudo objeto de este recurso no debe ser puesto en vigor porque violenta la política pública, viola el debido proceso de ley y el árbitro se excedió en la autoridad que le fue conferida por el Convenio Colectivo.

      (6)Una sumisión para arbitrar una querella de una unión no tiene necesariamente que hacerse por escrito. J.R.T. v. P.R. Telephone Co., 91 D.P.R. 909 (1965).

      (7) Resulta difícil hacer generalizaciones sobre la aplicación de la doctrina del peso de la prueba en el campo del arbitraje, ya que el término tiene varios significados y con frecuencia se usa sin hacer una definición. Puede significar el peso de alegar (el cual no aplica en el arbitraje), el peso de producir evidencia, y el peso de persuasión. F. Elkouri y E. Elkouri, How Arbitration Works, 4ta ed., Washington, The Bureau of National Affairs, 1985, pág. 324, n. 138; R. H. Gorske, Burden of Proof in Grievance Arbitration, 43 Marq. L. Rev. 135 (1959).


author: PER curiam:

text:
      In re Lic. Antonio Quidgley Viera.

      Número: 5357

      Resuelto: 11 de junio de 1987

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; el abogado querellado no compareció.
   PER curiam:

El 4 de septiembre de 1985, al examinar el protocolo de 1984 del abogado de epígrafe, la Inspectora de Protocolos encontró que faltaban los sellos de rentas internas y notariales en casi todas las escrituras. La inspectora concedió al abogado varias oportunidades para cumplir con su deber de cancelar los sellos, pero éste no las aprovechó. Cuando se examinó el protocolo de 1985, se encontró que 39 de un total de 40 escrituras estaban desprovistas de sellos. El 22 de mayo de 1986 le concedimos término al licenciado Quidgley Viera para adherir los sellos que faltaban y para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado. El abogado no compareció. Suspendimos entonces al licenciado Quidgley Viera del ejercicio de la profesión de notario, y nuevamente le concedimos término para que corrigiera los defectos señalados. Le ordenamos además que mostrara causa por la cual no debería ser disciplinado como abogado a tenor con lo resuelto en In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986); In re Pereira Esteves, 116 D.P.R. 791 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985); In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986).

El Director de Inspección de Notarías informó a este Tribunal que el licenciado Quidgley Viera corrigió parcialmente los defectos señalados en el protocolo de 1984. No obstante, quedan sellos por cancelar para ese año. Además, el abogado de epígrafe nada ha hecho respecto a los sellos correspondientes a 1985. También autorizó escrituras durante el 1986 incumpliendo con la obligación de adherir los sellos correspondientes. Hasta el día de hoy el abogado no ha comparecido ante este Tribunal, según se le ha requerido.

Enfatizamos una vez más la importancia de cancelar los sellos de rentas internas y notariales. Hemos señalado que “se defrauda al erario cuando se persiste obstinadamente en no adherir a las escrituras los sellos de rentas internas que ordena el arancel notarial”. In re Platón, 113 D.P.R. 273, 274 (1982).

Peor aún, frente a requerimientos y órdenes de este Tribunal para que corrigiera su obra notarial y justificara su inacción, el abogado de epígrafe se ha cruzado de brazos. Ello patentiza la incapacidad del querellado para ejercer la profesión de abogado. In re Freytes Mont, supra; In re Pereira Esteves, supra.

Se decretará la separación del Lie. Antonio Quidgley Viera del ejercicio de la abogada de la cual se notificará al Departamento de Estado, al Colegio de Abogados y al Director de la Administración de los Tribunales. Los derechos notariales no cancelados y el costo de la encuadernación del protocolo correspondiente a 1986 se cobrarán de la fianza notarial que dicho abogado había prestado.

El Juez Asociado Señor Negrón García limitaría la sanción a un año de suspensión.


text:
    Oswaldo Rivera Maldonado, etc., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado, Departamento de Recreación y Deportes, demandado y recurrido el último.

      Número: R-85-117

      Resuelto: 15 de junio de 1987

      Carlos G. Latimer, de Ramírez, Latimer & Biaggi, abogado del recurrente; Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El 28 de septiembre de 1984 los esposos Oswaldo Rivera Maldonado y María del Carmen González, la sociedad de gananciales compuesta por éstos y su hija menor, Lizaenid Rivera González, presentaron una demanda en la cual reclamaron daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Recreación y Deportes.() El 13 de noviembre de 1984 el Estado y el Departamento de Recreación y Deportes contestaron la demanda y el 3 de diciembre el tribunal emitió sua sponte una orden dirigida a la parte demandante para que expusiera las “razones, si alguna[s], por las que no debía desestimarse la demanda en cuanto a los codemandados Policía de Puerto Rico y Departamento de Recreación y Deportes por carecer éstos de facultad para ser demandados en reclamación de daños y perjuicios”. Alegato del recurrido, pág. 2. La parte demandante compareció allanándose en cuanto a la codemandada, Policía de Puerto Rico, y oponiéndose en cuanto al codemandado, Departamento de Recreación y Deportes. En apoyo a su posición, citó la sentencia de este Tribunal en Torres v. Depto. Recreación y Deportes, 115 D.P.R. 141 (1984), que por contener un voto concurrente del ex Juez Asociado Irizarry Yunqué al cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López, fue publicada. En dicha sentencia este Tribunal determinó que el Departamento de Recreación y Deportes tenía personalidad jurídica y capacidad para demandar y ser demandada.

El 14 de enero de 1985 el tribunal dictó sentencia parcial que desestimó la demanda contra los codemandados Policía de Puerto Rico y Departamento de Recreación y Deportes. Estimó que debido a que Torres v. Depto. Recreación y Deportes, supra, no es una opinión del Tribunal Supremo, no establecía precedente y, por lo tanto, no venía obligado a seguirlo. Expresó que “[pjermitir que el Departamento de Recreación y Deportes sea demandado ... [constituía] un mecanismo para evadir las limitaciones que el legislador ha impuesto para los casos en que el Estado ha renunciado la inmunidad”.() Exhibit A, págs. 1-2.

Para revisar esta sentencia parcial la parte demandante presentó, en tiempo, recurso de revisión y el 28 de marzo de 1985 expedimos el auto.()

En el recurso los demandantes señalan la comisión de tres (3) errores: (1) no considerar como precedente lo resuelto en Torres v. Depto. Recreación y Deportes, supra; (2) no utilizar el razonamiento jurídico de dicho caso al resolver si procedía o no la desestimación de la demanda contra el codemandado Departamento de Recreación y Deportes, y (3) desestimar la demanda contra este codemandado por constituir ésta un mecanismo para evadir las limitaciones impuestas por el legislador para los casos en que el Estado ha renunciado a su inmunidad.

El Procurador General compareció y se allana a que se revoque la sentencia que desestimó el caso contra el codemandado Departamento de Recreación y Deportes. Adujo como fundamento que por haber sido publicada la sentencia en Torres v. Depto. Recreación y Deportes, supra, ésta era citable como autoridad. Apoyó su posición en el primer escolio que aparece en Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372 (1985).()

r-H

Cuándo una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece precedente

Para asegurar que las decisiones de este Tribunal que constituyen autoridad o precedente estén accesibles al público en general, hemos dispuesto mediante reglamento que se publicarán todas aquellas decisiones emitidas que tengan opinión firmada o per curiam. Regla 44(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.() Conforme al Reglamento, las decisiones, con opinión firmada o per curiam, se publican oficialmente por el propio Tribunal o por el Colegio de Abogados de Puerto Rico y pueden ser citadas como autoridad o precedente.() A manera de excepción y mediante orden expresa nuestra, se puede remitir para publicación una sentencia emitida sin opinión.

Nada de lo antes expresado impide que con sujeción al Reglamento cualquier Juez de este Tribunal que emita una opinión concurrente o disidente o voto particular en relación con una decisión sin opinión del Tribunal, la certifique para que sea enviada al Compilador y Publicista de Jurispru-dencia del Tribunal y al Colegio de Abogados de Puerto Rico para su publicación.

Se considerará que no es apropiado citar como autoridad o precedente las sentencias que no constituyen opinión del Tribunal. Bajo esta perspectiva se entiende por qué una sentencia sin opinión, cuya publicación no ha sido ordenada por este Tribunal y que ha sido publicada por razón de que un Juez de este Tribunal ha certificado una opinión concurrente o disidente o un voto particular, no tiene valor de precedente y sí el valor persuasivo intrínseco de sus fundamentos.()

El caso de Torres v. Depto. Recreación y Deportes, supra, es una sentencia de este Tribunal emitida sin opinión que al contener un voto concurrente fue publicada. Este caso, por no constituir precedente, no obligaba al tribunal de instancia, aunque sí podía ser citado con valor persuasivo para guiarlo al tomar su decisión. El primer error señalado no se cometió.

La personalidad jurídica del Departamento de Recreación y Deportes

Persona, en el sentido jurídico, es todo ser o entidad capaz de derechos y obligaciones. “Persona jurídica es, pues, la colectividad de personas o conjunto de bienes que, organizado para la realización de un fin permanente, obtiene el reconocimiento del Estado como sujeto de derecho.” D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Priv., 1977, Vol. I, Cap. VI, pág. 370. “Esta recibe su personalidad directamente de la ley, por la que los límites de sus facultades, derechos y responsabilidades están fijados por la ley creadora. La persona jurídica es un ente transindi-vidual al que el ordenamiento reconoce subjetividad.” J. Lacruz Berdejo, Parte General del Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, Vol. 2, Personas, Cap. V, Sec. 31, pág. 176. “[E]l problema de su capacidad no es problema teórico, sino una cuestión de Derecho positivo, variable en cada ordenamiento jurídico.” Espín Cánovas, op. cit., pág. 383.

Pasemos, pues, a analizar la Ley Orgánica del Departamento de Recreación y Deportes, Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980 (3 L.P.R.A. secs. 442-442y) la cual creó un nuevo departamento ejecutivo de gobierno a nivel de gabinete y abolió la Administración de Parques y Recreo Públicos (en adelante Administración). El nuevo Departamento de Recreación y Deportes, con funciones y poderes ampliados, advino como sucesor legal de la mencionada Administración. Con el propósito de no interrumpir los programas gubernamentales de recreación y deportes, se le transfirieron al nuevo departamento todas las funciones, facultades, bienes y personal de la Administración. Art. 5 de la Ley Núm. 126, supra, 3 L.P.R.A. sec. 442d; Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno y de Recreo y Deportes de la Cámara de Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el Proyecto de Ley Sustitutivo del P. de la S. 1199, de 8 de mayo de 1980. También se dispuso que “[t]odas las leyes, reglas, reglamentos y órdenes aplicables a la [Administración] que no [estuviesen] en conflicto con las disposiciones de [dicha Ley continuarían] en vigor”. Art. 24 de la Ley Núm. 126, supra, 3 L.P.R.A. sec. 442w.()

Entre “las funciones, poderes, deberes y obligaciones”, que por no estar en conflicto con la ley orgánica que creó el Departamento de Recreación y Deportes fueron transferidos de la Administración al nuevo departamento, está el poder para “demandar y ser demandada, denunciar y ser denunciada, querellar y defenderse ante todos los tribunales”. 15 L.P.R.A., sec. 2. Al interpretar esta disposición en Canchani v. C.R.U.V., 105 D.P.R. 352, 357 (1976), dijimos que la Administración gozaba de personalidad jurídica restringida, que se le había otorgado capacidad para demandar y ser demandada y que esto entrañaba una renuncia a la inmunidad soberana, quitándole así al Estado la protección que dicha inmunidad le ofrecía.

Resolvemos que a pesar de que, como regla general, un departamento ejecutivo no tiene personalidad jurídica, el Departamento de Recreación y Deportes constituye una excepción creada por mandato legislativo.

Por todo lo antes expuesto se dictará la sentencia correspondiente en la cual se revoca la sentencia parcial de 1U de enero de 1985 y se devuelve el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Ortiz, no obstante estar conformes con lo expresado en la parte I de la opinión emitida por el Tribunal, disienten del resultado a que se llega en la misma a los efectos de que el Departamento de Recreación y Deportes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico es un departamento con personalidad jurídica propia; ello por los fundamentos expuestos en la opinión disidente que se emitiera en Torres v. Depto. Recreación y Deportes, 115 D.P.R. 141 (1984).

      (1) Los autos de este caso demuestran que se emplazó correctamente a las tres entidades demandadas, conforme lo dispuesto en la Regla 4.4 de Procedimiento Civil.

      (2) Citó la Ley de Pleitos contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 104 de 29 de mayo de 1955, según enmendada, 32 L.P.R.A. secs. 3074-3092.

      (3) Por no cumplirse los requisitos que establece la Regla 43.5 de Procedimiento Civil de 1979, la sentencia dictada no es final. Consideramos el auto de revisión presentado como un certiorari, Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33 (1982).

      (4) El primer escolio de Sánchez v. A.S.R.E.G.J., 116 D.P.R. 372, 375 (1985), expone:
      “El juez sentenciador del Tribunal a quo actuó correctamente al acatar nuestra decisión en Miró v. Sistema de Retiro de Empleados, 112 D.P.R. 678 (1982), no empece su criterio en contrario expresado en su sentencia que fuera objeto de nuestra decisión en dicho caso. Dicha decisión se produjo no por opinión y sí por sentencia de este Tribunal, pero no obstante el pronunciamiento de Figueroa

        Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859, 862 (1974), es citable por haber sido publicada ya que fue una decisión dividida en que dos jueces disintieron mediante opinión.”

      (5) Regla 44(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A:
      “(b) Todas las decisiones del Tribunal que tengan opinión (ya fuere firmada o per curiam) serán remitidas por el Secretario al Compilador y Publicista de Jurisprudencia, y al Colegio de Abogados, para su correspondiente publicación. Excepto piediando orden expresa del Tribunal, no se remitirán para publicación las sentencias de este Tribunal que se emitan sin una opinión.”.

      (6) Regla 44(c) del Reglamento del Tribunal Supremo, supra:

      “(e) En vista de que las sentencias no publicadas no están accesibles al público en general, se considerará impropio el citar como autoridad o precedente ante cualquier foro una decisión de este Tribunal que no se haya emitido mediante opinión, o que no haya sido publicada por el Colegio de Abogados o por el propio Tribunal.”

      (7) Como regla general “[l]as normas, así como la interpretación de cualquier disposición legal, la establece este Tribunal mediante dictamen sostenido por una opinión o por una opinión per curiam, en la cual se consideran ampliamente las cuestiones envueltas y se fundamentan con razonamientos, precedentes explicados y tratadistas reconocidos. El Tribunal resuelve un caso por sentencia cuando el mismo plantea cuestiones reiteradamente resueltas por este Tribunal. Una sentencia no establece norma, y menos revoca una establecida. La sentencia es la forma que utiliza el Tribunal para disponer lo más rápidamente posible del enorme número de casos que tiene que resolver. Sólo intenta resolver la controversia entre las partes. Por eso es que los jueces de instancia no deben fundar sus fallos en dichas sentencias”. Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859, 862-863 (1974), voto concurrente del ex Juez Asociado Señor Dávila en el cual concurrieron los seis Jueces Asociados.

      (8) El Art. 25 de la Ley Núm. 126 de 13 de junio de 1980 (3 L.P.R.A. see. 442x) a su vez dispuso para la derogación de todas las leyes, reglas y reglamentos que estuviesen en conflicto con dicha ley.