text:
    Luis Beltrán y Myrna Sosa de Beltrán, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Secretario de Justicia, demandados y recurridos.

      Número: R-72-216

      Resuelto: 29 de marzo de 1974

      Héctor Reichard y Héctor Reichard, Jr., abogados de los re-currentes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Cándita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de los re-curridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

A base de una interpretación literal del artículo cinco de la Ley Núm. 104 de 1955, 32 L.P.R.A. secs. 3077 et seq., el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, desestimó una reclama-ción en daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado,

La demanda en el presente caso se radicó en el Tribunal, Superior, Sala de Aguadilla, el 29 de octubre de 1970. Ese mismo día, el abogado de la parte demandante le remitió por correo al alguacil de la Sala de San Juan copia de la demanda y el emplazamiento para ser diligenciado. En carta de fecha 10 de diciembre de 1970 el alguacil le requirió que le enviara copia de la demanda por habérsele extraviado ésta, y un sello adicional de Rentas Internas de 25 centavos. El 16 de diciem-bre el abogado cumplió con lo solicitado. El 28 de diciembre de 1970 se emplazó al Secretario de Justicia. En su alegato la parte recurrida sostiene que para cumplir con el Art. 5 de la Ley Núm. 104 es necesario emplazar al Secretario de Justicia coetáneamente con la radicación de la demanda.

La referida Ley Núm. 104 fue aprobada estando aún vigentes las Reglas de Enjuiciamiento Civil de 1943, que disponían que en reclamaciones contra el Estado sólo se emplazaría al Gobernador de Puerto Rico. Regla 4(d) (5). La Asamblea Legislativa al aprobar la Ley Núm. 104 de 1955 sobre renuncia de inmunidad por el Estado estimó con-veniente ampliar la referida Regla 4(d)(5) de Enjuicia-miento Civil para exigir que se notificara la reclamación con-juntamente al Secretario de Justicia y al Gobernador.

Posteriormente, en 1958, se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil vigentes, que eliminaron el requisito de notificarle la demanda al Gobernador, exigiendo en su lugar que se notifique solamente al Secretario de Justicia. Con la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958, el propósito del Art. 5 de la Ley Núm. 104 se tornó académico. Obviamente el propósito de lo dispuesto por la Ley Núm. 104 era que se emplazara también al Secretario de Justicia. Ciertamente no fue su propósito que el emplazamiento se hiciera coetáneo con la radicación de la demanda. La expresión “al comienzo de la acción” en dicha ley no es sinónimo de coetáneo; comprende el plazo razonable o término legal dispuesto para diligenciar el emplazamiento, y no debe confundirse con el concepto de simultaneidad. No debemos ahora darle vigencia literal a dicha disposición e ignorar la verdadera intención legislativa.

No es justo y razonable imponerle a un reclamante contra el Estado la obligación de emplazar conjuntamente con la radicación de la demanda. Aunque hemos resuelto que el procedimiento para emplazar es de estricto cumplimiento, A.F.F. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 310 (1970), no se debe obstaculizar más este procedimiento sin justificación convincente mediante una interpretación literal de la ley.

Aparte de lo expuesto, hemos visto que el demandante cumplió sustancialmente con la interpretación estricta del estatuto al remitirle al alguacil para su diligenciamiento copia de la demanda y el emplazamiento el mismo día que radicó su acción. Cuando en carta de 10 de diciembre el al-guacil pide copia de la demanda, la envía el 16 de diciembre, diligenciándose el emplazamiento el 28 siguiente. Ciertamente el demandante fue diligente.

Se revocará la sentencia y se devolverá el caso para ulte-riores procedimientos compatibles con esta opinión.

       El Art. 5 de la Ley Núm. 104 del 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. sec. 3080) dispone lo siguiente:
      “El emplazamiento y todos los procedimientos subsiguientes se regi-rán por las Reglas de Enjuiciamiento Civil excepto que en todo caso, el Secretario de Justicia será también emplazado al comienzo de la acción.”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jorge Ramón Girau, acusado y apelante.

      Número: CR-71-42

      Resuelto: 8 de abril de 1974

      Rafael L. Ydraeh Y or dan, abogado del apelante; Gilberto Gier-bolini, Procurador General, y Augusto A. Girino, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante fue convicto de asesinato en primer grado y de posesión y portación ilegal de un arma de fuego.

Señala siete errores. Los primeros tres impugnan la sufi-ciencia de la prueba. Mediante el cuarto ataca ciertas ins-trucciones al jurado. En el quinto señalamiento imputa error al tribunal por éste no haber resumido la prueba. En el sexto ataca la validez del veredicto por mayoría de nueve jurados de doce. El séptimo señalamiento no aduce error alguno sino que invoca la facultad de este Tribunal para en-tender en los hechos de los casos.

Los hechos pueden resumirse como sigue. El 8 de octubre de 1969, como a las 8:30 de la noche, un automóvil Corvair que transitaba por la calle que sube de La Perla hacia la planicie en donde está el Fuerte Brooke, en San Juan, se detuvo ante una señal de “Pare” que hay en aquel lugar. Iban en el asiento delantero del Corvair, su dueño Edward Matos y su acompañante Carmen Hernández. En el asiento trasero iba el occiso, Juan Lebrón Rodríguez.

Detrás del Corvair iba otro vehículo ocupado por el ape-lante, por José Manuel Rodríguez y por un primo de éste llamado Felipe González. El apelante conducía el carro. Al detenerse el Corvair ante la señal de “Pare,” el apelante detuvo también su carro, el cual, como dijimos, iba detrás del Corvair en aquel momento, se bajó del vehículo, le dijo a sus acompañantes que lo esperasen, caminó hacia el frente hasta el Corvair, acercándose por el lado derecho de dicho carro y le dirigió la palabra al occiso. Se suscitó una breví-sima discusión entre ellos y sonó un disparo.

El apelante corrió hasta su automóvil, trató de ponerlo en marcha pero como el motor no encendía huyó corriendo hacia la playa. Sus dos acompañantes — José Manuel Rodríguez y Felipe González — le siguieron en la fuga.

Declaró José Manuel Rodríguez en el interrogatorio directo que mientras él y el apelante huían por la playa el apelante tiró un objeto al mar; que le preguntó que qué era y que el apelante contestó que era un arma. Más tarde, en el indirecto, Rodríguez negó eso. La defensa trató de estable-cer que José Manuel había declarado lo anterior bajo ame-nazas pero, contestando preguntas de la propia defensa, el testigo José Manuel dijo: “Amenazas, porque el Señor el Señor Fiscal me dijo que si yo no decía la verdad me iba a meter preso.” (Bastardillas nuestras.) Lo cual era muy plausible porque el testigo estaba bajo juramento. Más tarde también el mismo testigo José Manuel Rodríguez dijo que había declarado “lo que sabía.”

La bala, declaró el patólogo, le entró al occiso por la me-jilla derecha y le interesó la arteria cerebral media derecha lo cual tuvo consecuencias que le causaron la muerte más tarde. El disparo, declaró el facultativo, fue hecho a más de dos pies de distancia. Esto parece eliminar la posibilidad de que el revólver estuviese en manos del propio occiso.

Hemos examinado acusiosamente el récord y estamos convencidos de que la prueba es suficiente para sostener el veredicto. No creemos necesario alargar esta opinión relatando una serie de pormenores que son irrelevantes para la decisión del caso, como por ejemplo, la forma en que el herido fue llevado al dispensario, las declaraciones de los policías que llegaron luego de ocurridos los hechos materiales, la declaración de la madre del occiso, etc. Concluimos que no se cometieron los primeros tres errores señalados.

Mediante el cuarto señalamiento se impugnan las ins-trucciones impartidas al jurado. En adición a que el mismo no tiene mérito, dicho señalamiento es improcedente. La Regla 137 de las de Procedimiento Criminal dispone, en lo perti-nente, como sigue:

“Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquiera porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare instrucciones adi-cionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud.”

Véase, Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768, 777 (1971) y autoridades allí citadas; Pueblo v. Torres Rolón, 99 D.P.R. 970, 976 (1971).

En el caso de autos, al concluir el magistrado sus instrucciones, preguntó a las partes si tenían alguna instrucción adicional que deseaban impartir al jurado y el fiscal y la defensa contestaron que ninguna. También preguntó el juez si las partes estaban satisfechas con las instrucciones impartidas y ambas partes contestaron que lo estaban. No se cometió el cuarto error señalado.

En el quinto señalamiento se argumenta que el tribunal no hizo un resumen de la prueba. Dicho error no se cometió. Al terminarse de practicar la evidencia el magistrado preguntó a las partes si interesaban que el tribunal resumiese la prueba y el fiscal y la defensa contestaron que renunciaban al resumen.

En el sexto señalamiento se impugna la validez del veredicto del jurado por mayoría de nueve jurados de doce. Este planteamiento ha sido resuelto en forma adversa para el apelante. Véase, Pueblo v. Batista Maldonado, 100 D.P.R. 936 (1972); Pueblo v. Hernández Soto, supra, a la pág. 777 in fine, y 778 y autoridades allí citadas.

Como dijimos, el séptimo señalamiento no aduce error alguno sino que invoca la facultad de este Tribunal para en-tender en los hechos de los casos. Así lo hemos hecho; hemos examinado el récord y, como expresamos antes, concluimos que la prueba es suficiente para sostener el veredicto.

En vista de lo anterior, se confirmará la sentencia ape-lada en este caso.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Luis Antonio Lleras y Otros, demandantes y recurridos, v. Salvador Tió Montes de Oca, Salvador Tió Fernández, demandados y recurrentes.

      Numero: R-72-269

      Resuelto: 9 de abril de 1974

      Guillermard, Miranda, Cárdenas & Gallardo, Angel B. de Corral Julia, Germán Cestero Rodríguez y Julio O. Rivera, aboga-dos de los recurrentes; Correa Suárez & González Correa, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Ana Marta Vázquez conducía su automóvil Opel modelo 1960 dentro del área de aparcamiento del Hospital Auxilio Mutuo. Le acompañaban Luz H. Jiménez y Aida Rosa Paz. Ana Marta detuvo su automóvil como a 20 pies detrás de un automóvil Volkswagen modelo 19S9 que era conducido por el codemandado Salvador Tió Fernández, estudiante de cuarto año de Escuela Superior en aquél entonces y quién tenía licencia para conducir.

El Volkswagen inició marcha atrás, en una operación para aparcarse, y al hacerlo chocó con el Opel antes mencio-nado. Con motivo del choque vinieron en contacto la parte trasera izquierda del Volkswagen y la parte delantera dere-cha del Opel. Al Volkswagen se le abolló el tapalodo trasero izquierdo y se le rompió el farol izquierdo trasero que estaba localizado en dicho tapalodo. Al Opel se le rompió la bombilla, de parqueo delantera derecha, se le abolló un poco el tapalodo delantero derecho y se le dobló la punta derecha del paracho-ques delantero. Expresa el juez de instancia en su opinión que los daños que sufrió el Opel se estiman en $150.00.

Declaró Tió Fernández que luego del accidente las tres damas que iban en el Opel, se bajaron del mismo, conversaron con él sobre el accidente, tomaron la información usual en esos casos, se habló de que el estudiante Tió Fernández con-sultaría con su padre sobre lo ocurrido, y que él (Tió Fer-nández) no notó nada anormal en las tres damas menciona-das.

Ana Marta Vázquez declaró que no sintió gran cosa al momento del choque. Aida Rosa Paz dijo que se sintió atur-dida. Luz Jiménez, en cambio, declaró que se sintió nerviosa, que sintió el cuello “trancado,” que no podía moverlo y que se sintió mareada y con dolor de cabeza. Luz Jiménez y Aida Rosa Paz fueron el día del accidente a la sala de emergencia del Auxilio Mutuo para que se les examinara. Ana Marta lo hizo al día siguiente.

Las tres declararon que el Auxilio Mutuo las refirió al Fondo del Seguro del Estado, donde recibieron tratamiento con pastillas relajantes y en donde posteriormente se les dio algún tratamiento de fisioterapia.

A la fecha del accidente las tres damas eran fisioterapis-tas y las tres trabajaban en el Auxilio Mutuo. Posterior-mente Ana Marta Vázquez y Luz Jiménez trabajaron en el Fondo del Seguro del Estado en calidad de fisioterapistas. Era cuñado de Ana Marta el Director Médico Interino del Fondo, Dr. Luis Canales. La esposa del Dr. Canales era también fisioterapista en el Fondo. Ambas recibieron com-pensación del Fondo del Seguro del Estado con motivo de espasmos musculares.

Las tres declararon que tienen que dormir en camas ortopédicas, sin almohadas después del accidente. También declararon las tres que sienten dolores de cabeza, del cuello, de los hombros, de la espalda y de las piernas. Las tres decla-raron también que esporádicamente tienen que faltar al tra-bajo por motivo de los dolores mencionados. Ana Marta Váz-quez tuvo que ser confrontada con una deposición tomada a ella para que recordara que cerca de dos años antes del acci-dente había recibido tratamiento debido a dolores en la es-palda y en una pierna y que había sufrido de inflamación de un tendón en el hombro.

La prueba médica en relación con el caso de Ana Marta Vázquez consistió del testimonio del Dr. José Alvarez, quien también trabajaba o había trabajado en el Auxilio Mutuo y en el hospital del Fondo del Seguro del Estado y quien conocía personalmente a las tres reclamantes.

Declaró el Dr. Alvarez que Ana Marta Vázquez lo con-sultó por primera vez en enero de 1966, ó sea, dos años y dos meses después del accidente que motivó este pleito. Ella le expresó al doctor que sentía dolores como consecuencia de un accidente en que su automóvil fue embestido por detrás por otro automóvil. El facultativo sospechó la presencia de una enfermedad discogénita en las regiones cervical y lumbar, y recomendó a Ana Marta que durmiera en cama dura, que no usara almohada, que no hiciera esfuerzos físicos y que recibiese tratamiento de fisioterapia. El doctor también declaró que podría haber relación entre el accidente y la con-dición física de Ana Marta. Luego explicó que la aplicación de fuerza de atrás hacia adelante produce lo que se conoce como whiplash y que sus resultados pueden manifestarse varios días o semanas después y ser temporales o permanen-tes. Si la fuerza o el cuerpo viene del frente, explicó el doctor, ocurre un reverse whiplash. En relación con un in-forme del Dr. Luis Guzmán que el Dr. Alvarez tenía en sus manos, declaró que la condición allí mencionada podría ser un resultado del accidente. Dicho informe indicaba que Ana Marta presentaba una pérdida sensorial y una miositis cervical. La miositis, explicó, es el endurecimiento de un músculo. En cuanto a la pérdida sensorial explicó que esa condición puede resultar de un deterioro normal de la persona o de un trauma.

En el contrainterrogatorio el Dr. Alvarez declaró que conocía a Ana Marta desde hace 15 años; que ella tiene la curva cervical revertida, lo que en ausencia de otra causa, se origina por espasmos musculares. Los espasmos, añadió, pueden ser producidos por infecciones, virus o trauma. Tam-bién dijo que los espasmos lumbares pueden producir espas-mos en el cuello. Admitió el doctor que los espasmos muscu-lares paravertebrales, cervicales y lumbares pueden ser con-secuencia de tensión nerviosa o de haber hecho esfuerzos físi-cos en forma descuidada, como por ejemplo, en el trabajo de administrar fisioterapia. Expresó el Dr. Alvarez que él no le recomendó a Ana Marta el uso de un collar cervical, sino que se lo recomendó otro médico y que estuvo bien recomen-dado.

En relación con Luz Jiménez declaró el Dr. Cándido Mar-tínez. Declaró que la examinó en febrero de 1972 (más de 9 años después del accidente, el cual ocurrió en 25 de octubre de 1963), y que encontró una “deficiencia en la enervación de las extremidades superiores,” una enervación de los re-flejos tendinosos y una disminución de los movimientos del cuello, espalda y extremidades superiores. También declaró que los espasmos pueden ser consecuencia de un impacto cau-sado por otro vehículo al vehículo en que va la persona.

En la repregunta el Dr. Cándido Martínez declaró que Luz Jiménez trabajaba con él en el Auxilio Mutuo, en el Departamento de Fisiatría. No la había examinado antes de febrero de 1972. Declaró que la curvatura de la espina dorsal de Luz Jiménez era normal; que en el caso de ella el espasmo, si lo había, no era tan severo como para producir curvatura. Añadió que el espasmo puede ser fingido, pero que el paciente no puede sostenerlo porque se cansaría; que un espasmo per-sistente requiere tracción y que un espasmo leve ocurre espo-rádicamente y permite movimientos. Declaró que Luz Jimé-nez no tiene nada anormal en los discos.

La prueba médica de los demandados consistió del testi-monio del Dr. Aníbal Lugo, profesor y jefe de los servicios de ortopedia en la Escuela de Medicina y en el Centro Médico. Declaró que conoce bien el tratamiento que administran los fisiatras y que fueron los ortopedas quienes originaron esa clase de tratamiento. Añadió que el trabajo de fisioterapia es un trabajo fuerte, que requiere movimientos de la espalda y que puede causar sensibilidad en los músculos del trapecio. Examinó a Aida Rosa Paz en 28 de enero de 1966 en relación con el accidente de este caso. Encontró la presencia de un área de sensibilidad en la cadera izquierda, lo que llamó una miosi-tis o molestia muscular esporádica. Expresó el doctor que no es posible decir con certeza que esa condición fue producida por un choque automovilístico; que la misma puede también ser el producto de un golpe, de una torcedura o de bursitis. Declaró que se tomaron radiografías de la pelvis y de la cadera izquierda de Aida Rosa y que las radiografías no demostraron anormalidad alguna. Declaró que la miositis puede surgir sin razón aparente.

El mismo facultativo examinó a Ana Marta Vázquez y encontró áreas de espasmo y sensibilidad en el cuello; limita-ción en los movimientos del cuello, especialmente al mover la cabeza hacia atrás y hacia el lado izquierdo; espasmos en los músculos del hombro y de la espalda; y sensibilidad en los músculos de la región lumbar. Concluyó que Ana Marta padecía de miositis generalizada y expresó que no se puede decir que ese estado se deba al accidente automovilístico.

En relación con el examen practicado a Luz Jiménez, el Dr. Aníbal Lugo declaró que los movimientos de la región cervical y del cuello eran normales, pero que ella se quejaba. No encontró evidencia de espasmo en los músculos. Encontró' alguna sensibilidad en los trapecios y pérdida de la curva-normal del cuello, lo cual pudo haber sido causado por es-pasmo de los músculos del cuello, o al realizar una flexión de los músculos más allá de lo normal. Declaró que- la curva también puede producirse voluntariamente contrayendo los músculos del cuello. Añadió el doctor que el estado de Luz Jiménez no era necesariamente consecuencia de un accidente automovilístico y que podía ser consecuencia de sus labores como fisioterapista.

También declaró el doctor que los impactos delanteros hechos por un vehículo a otro por lo general no producen grandes lesiones en el cuello, a .diferencia de los impactos traseros y que en el caso de los impactos delanteros éstos tie-nen que ser de magnitud considerable para que produzcan-lesiones de importancia. Como se sabe, el impacto delantero impulsa el cuerpo hacia atrás y la cabeza dobla hacia ade-lante, lo cual es un movimiento fácil y común. El impacto trasero impulsa el cuerpo hacia el frente y la cabeza dobla hacia atrás, lo cual no es un movimiento fácil ni común.

En el contrainterrogatorio el Dr. Lugo explicó, en rela-ción con Ana Marta Vázquez, que él diría que los síntomas' que en ella se advertían dos años después del accidente no se. debían al impacto delantero de que fue objeto su automóvil. Admitió que eso era “posible” pero aclaró que era “muy im-. probable”. Se le mostraron al doctor dos fotografías del Opel y se le preguntó si los síntomas que se advertían en las tres damas demandantes en el año 1966, cuando él las examinó, podían ser consecuencias del accidente ocurrido en el año 1963 y el facultativo contestó “No, señor.” Añadió que el automóvil “debería demostrar un impacto de más efectividad y debería demostrar más daño.”

El codemandado Tió Fernández declaró que él no sintió golpe alguno en su persona como consecuencia del accidente. Igualmente declaró Rafael Yilá, quien le acompañaba en dicho automóvil. Como dijimos antes, el Volkswagen en el cual viajaban sufrió una abolladura en el guardalodo y se rompió la bombilla que el automóvil tenía localizada en dicho guardalodo. Vilá declaró que él oyó o sintió algo así como “un pequeño golpe, algo así como un guayaso,” y que el Volkswagen retrocedió a una velocidad que podía estimarse de tres a cinco millas por hora.

El tribunal de instancia creyó que la condición física de las demandantes fue producida por el accidente y en su sen-tencia concedió daños por un total de $13,200.00 más $1,000.00 para honorarios de abogado, para un gran total de $14,200.00.

Los recurrentes señalan los siguientes dos errores: (1) que el tribunal de instancia erró en la apreciación de la prueba y al determinar que existe un nexo causal entre el ac-cidente y el estado posterior de las demandantes; y (2) que erró al concluir que se estipularon los daños causados al auto-móvil Opel.

Del estudio que hemos hecho en este caso se desprende que éste es uno en que se justifica que aquilatemos la prueba. 4 L.P.R.A. sec. 36. Entendemos que el primer error se come-tió. El perito médico de los recurrentes expresó en forma categórica que los síntomas que las recurridas tenían en el año 1966, cuando fueron examinadas por él, no fueron cau-sados por el accidente ocurrido en el año 1963, ya que las fotografías del automóvil Opel revelaban que se trató de un impacto leve.

Por otro lado, las recurridas pudieron haber traído mejor prueba que el testimonio de dos médicos que las examina-ron más de dos años después de ocurrido el accidente y des-pués de presentada la demanda. Estos médicos solamente es-tablecieron que podía haber relación entre el accidente y el padecimiento de las recurridas. Eso no basta. Prácticamente todo es posible y por ello los tribunales no podemos fallar y. conceder daños a base de que tal o cual síntoma o condición puede que tenga relación con algún hecho lejano. Es necesa-rio que se establezca una relación causal menos endeble, una relación más probable, más racional y más creíble. Hay un gran trecho entre lo que es posible y lo que es probable.

Hubiese sido de mayor peso y de más cercana relación entre el accidente y sus consecuencias si las demandantes hubiesen traído prueba de exámenes y de tratamientos reali-zados a raíz o poco después del accidente. Eso hubiese per-mitido al tribunal formar un juicio más probablemente co-rrecto y más justo en relación con la alegada responsabilidad de los codemandados. Esa prueba no se presentó. La Ley de Evidencia, recogiendo en su texto realidades de la experien-cia y de la sicología humana, dispone que la evidencia volun-tariamente suprimida resultaría adversa si se ofreciere y que la evidencia superior se presume adversa a la presentación de otra inferior. 32 L.P.R.A. sec. 1887, incisos 5 y 6.

Debe observarse también que aparentemente el Dr. Alvarez fue inducido a creer que el automóvil Opel fue cho-cado por detrás, lo cual no es correcto. Ya anteriormente hemos descrito en síntesis la mayor peligrosidad que conlleva un choque de esa naturaleza en comparación con un choque o un impacto por la parte delantera de un vehículo.

En cuanto al segundo error, relativo a si se estipuló o no la suma de $150.00 como el valor de los daños sufridos por el Opel, hay una serie de incidentes en el récord que podría-mos relatar pero que no creemos necesario hacerlo. Conclui-mos que aunque en una forma no muy precisa, se estipularon dichos daños y en consecuencia resolvemos que no se cometió el segundo error.

En vista de lo anterior, se modificará la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 22 de agosto de 1972, en el sentido de eliminar todas las par-tidas menos la de $150.00 por los daños causados al automóvil Opel. Así modificada se confirmará.

Los Jueces Asociados Señores Martín e Irizarry Yunqué, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Angel Morales, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Hospital Matilde Brenes, Inc. y Doctor Francisco Torres, demandados y recurrentes.

      Número: R-73-57

      Resuelto: 18 de abril de 1974

      José R. Fournier, abogado de los recurrentes; Ernesto González Pinero y Orlando J. Antonsanti, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso ilustra la aplicación de las normas que gobiernan la responsabilidad profesional del médico ampliamente elaboradas en Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209 (1973); Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 D.P.R. 871 (1972); Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890 (1971); y Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1968). El tribunal de instancia condenó al médico Francisco Torres y al Hospital Matilde Brenes, aquí recurrentes, a pagar solidariamente la cantidad de $39,000 por concepto de los daños sufridos por los recurridos por causa de la negligencia de dicho médico al hacer un diagnóstico equivocado sin tomar en cuenta las diversas posibilidades de diagnóstico que presentaba el cuadro de síntomas de la menor recurrida María Morales Rivera. Como los fundamentos de la revisión solicitada por los recurrentes en esencia constituyen un ataque frontal a la conclusión de negligencia, y siendo ésta una cuestión mixta de hecho y de derecho, es preciso examinar los hechos concluidos por el tribunal de instancia y que sostienen la imposición de responsabilidad.

Al efecto el tribunal de instancia concluyó:

“2. El jueves 16 de julio de 1970, mientras la Srta. María Morales Rivera pasaba sus vacaciones en Puerto Rico en la residencia de su tía la Sra. Rosalina Rivera de Quiles en la ciudad de Bayamón, sintió un intenso dolor en el lado derecho del bajo vientre ante lo cual acudió durante las horas del día al Dispensario Municipal de dicha ciudad donde la atendió el médico de turno. Al visitar dicho Dispensario Municipal pre-sentaba dolor severo en el bajo vientre, tenía fiebre, había vo-mitado y tenía dificultad en el caminar. Ante este cuadro, el médico de turno diagnosticó ‘gastroenteritis’, le recetó una in-yección que le fue suministrada y la envió a su residencia.
3. Durante horas de la noche del 16 de julio de 1970 la codemandante María Morales Rivera continuó con los síntomas antes descritos, los cuales se prolongaron por todo el viernes 17 de julio y el sábado 18 de julio de 1970. Habiéndose agravado su estado físico y patológico, el sábado 18 fue conducida a la Sala de Emergencia de la Clínica Matilde Brenes aproximada-mente a las 9:30 P.M., en donde la atendió el codemandado doctor Francisco Torres. Luego de explicarle la codemandante al doctor Francisco Torres el historial antes mencionado y éste haberla examinado, el referido galeno le diagnosticó nueva-mente ‘gastroenteritis’ y le recetó nuevos medicamentos devol-viendo a la joven a su residencia.

Del récord de la Sala de Emergencia traducido al español copiamos, en lo pertinente, lo siguiente:

‘Historial Breve ... si enfermedad describa: paciente femenino de 18 años de edad estaba bien hasta hace tres días en que ella comenzó a sentir dolor abdominal difuso acompañado de náuseas y vómito. Sin diarrea. Sin problemas urinarios. Pulso — 108 por minuto, regular, (firma enfer-mera Maldonado) Recorte del Médico: Temperatura 37.6 oral. Abdomen — no hay dolor ante presión ni signo de re-bote, no hay viceromegalia. La peristalsis intestinal normal. Disposición: (1) Tigan: 200 miligramos (mg) intramuscular, (2) Polycillin, (3) Bentyl. (fdo. Dr. Francisco Torres)’

El récord antes copiado está incompleto ya que no se des-prende diagnóstico alguno, como tampoco aparecen consigna-das las alegadas advertencias que el Dr. Torres supuestamente hiciera en el sentido de que la paciente regresara si continuaba la condición. Ahora bien, del mismo surge lo siguiente:

(1) Que la paciente tenía el cuadro clínico desde hacía tres días;

(2) Que experimentaba dolor abdominal difuso, acompa-ñado de:

a) náuseas
b) vómitos
c) fiebre 87.6 grados
d) sin problemas urinarios
e) sin diarrea
f) pulso 108 por minutos (Taquicardia) y
g) pulso regular.

En adición no encontró dolor abdominal ante la palpación o rebote, órganos de tamaño anormal ni movimientos intesti-nales anormales.

El codemandado Torres le recetó Tigan (antiemético contra vómitos), polycillin (antibiótico) y Bentyl (antiespasmódico).

Al concluir dicho diagnóstico, el Dr. Torres — no obstante haberle sido sugerido de la posibilidad de que fuera apendi-citis por un tío de la joven María nombrado Julio Rivera de Jesús que la acompañó al hospital y tenía preparación de en-fermería auxiliar — descartó tal cuadro, no sospechándolo ni explorándolo por razón del examen practicado en el abdomen mediante el cual no precisó el dolor difuso y el abdomen estaba blando. Tampoco consultó a ningún otro médico, especialista o no, ni creyó necesario el ordenar un urinálisis o un examen de contaje de sangre (CBC). Sin embargo, el Dr. Torres a pre-guntas del Tribunal, expresó que de haber realizado el contaje de sangre, y haber encontrado altos los glóbulos blancos, con-siderando el cuadro de dolor abdominal que la paciente presen-taba, la hubiese continuado observando clínicamente, aun cuando no la hubiese operado.

4. El domingo 19 de julio de 1970 en horas de la madru-gada, la joven María continuó bajo el mismo estado físico y patológico siendo necesaria la comparecencia a la residencia de la demandante de la doctora Edna Rosario quien después de un breve examen médico diagnosticó un estado avanzado de apen-dicitis y ordenó su ingreso inmediato en la Clínica Hermanos Meléndez de esta ciudad. La misma noche del domingo el Doctor Oscar R. Abriles, luego de un examen y análisis de laboratorio de rutina para estos casos consistentes en CBC y orina, diag-nosticó correctamente apendicitis (claro caso de vientre agudo quirúrgico). La sometió a una intervención quirúrgica de emer-gencia, en la cual se confrontó con un estado agudo, avanzado y peligroso de peritonitis debido a la perforación del apéndice, siendo su diagnóstico al final de la hospitalización: ‘Acute perforated appendicitis, diffused generalized peritonitis, sepsis, severe paralitic ileus, anemia, severe metabolic disturbances, evisceration, close loop obstruction, multiple intra-abdominal abscess, abdominal wound abscess.’ No alberga duda el Tribunal de que las complicaciones y daños que experimentó la deman-dante fueron consecuencia de la severidad de la condición pri-maria: apéndice perforada y peritonitis generalizada. Un diag-nóstico correcto a tiempo, solo hubiese requerido una operación quirúrgica de ordinario sin consecuencias graves.

De acuerdo a la prueba desfilada concluimos que la prác-tica médica prevaleciente en la comunidad, frente a un cuadro de síntomas de ‘vientre agudo’ (dolor abdominal difuso, vómitos y fiebre) es y debe ser realizar un ‘diagnóstico diferencial’ que significa buscar y plantearse las varias posibilidades que puedan haber ‘Ante todo cuadro clínico se hace un diagnóstico diferen-cial; esa es la práctica prevaleciente en la comunidad médica.’ ”

Los recurrentes basan su caso en la defensa de error de juicio arguyendo que el Dr. Torres observó un grado razona-ble de cuidado realizando un examen completo de la paciente; que no había razón alguna para hacer exámenes de labora-torio ni examen rectal, ya que el cuadro clínico no revelaba un diagnóstico de apendicitis por tener la paciente el vientre blando; que el Dr. Torres no efectuó un diagnóstico diferen-dal puesto que él consideró y descartó la posibilidad de que se tratara de un caso de apendicitis.

Los hechos concluidos por el tribunal de instancia y ampliamente sostenidos por la prueba revelan que el cuadro de síntomas presentado por la recurrida María Morales Rivera presentaba más de una posibilidad en el diagnóstico. El Dr. Torres se limitó, sin embargo, a efectuar un examen de rutina a pesar de que él conocía el historial de la paciente, que ésta hacía tres días venía padeciendo de un dolor difuso en el vientre, náuseas, vómito, fiebre, sin diarrea y la pierna derecha encogida; que la paciente había sido atendida por otro médico quien le diagnosticó gastroenteritis y le recetó algunos medicamentos sin que ésta hubiese mejorado.

Ante este cuadro de síntomas que revelaba la posibilidad de un diagnóstico de apendicitis era imprescindible que em-prendiera un proceso de eliminación mediante los exámenes y pruebas de laboratorio conocidas y prevalecientes en la pro-fesión. Pérez v. E.L.A., supra. No podía descargar su respon-sabilidad profesional descartando, sin haber agotado el pro-ceso de eliminación, un posible diagnóstico de apendicitis, cuya consecuencia podía resultar peligrosa. Lo menos que pudo haber hecho fue haber mantenido bajo observación continua a la paciente y apercibirla adecuadamente de los ries-gos envueltos.

Al respecto nos dice una reconocida autoridad en el campo de la responsabilidad profesional del médico, Ficarra: Surgical & Allied Malpractice:

“Un diagnóstico diferencial es muy esencial en la atención de un paciente con una enfermedad abdominal aguda. Muchas condiciones patológicas parecen ser apendicitis aun cuando los síntomas de apendicitis puedan disfrazar otras enferme-dades. ... La eliminación de estas condiciones patológicas una por una ayudará al médico o cirujano lograr un diagnóstico en la mayoría de los pacientes con signos agudos abdominales o síntomas.

I. Apendicitis aguda (a ser diferenciada específicamente~cfe las siguientes).

A. ...
B. . . .
C. Gastroenteritis aguda.
D. . ..
E. ...
F. . . .
G.” Págs. 257-258 (Traducción nuestra.)

Es cierto que el médico no es responsable por el mero hecho de que haga un diagnóstico equivocado. Partiendo de un enfoque justo y realista se admite que en la profesión médica, como en cualquier otra profesión, puede haber errores razonables de juicio. La jurisprudencia reconoce una latitud razonable en el juicio profesional del médico al diagnosticar una enfermedad. Oliveros v. Abréu, supra, Reyes v. Phoenix Assurance Co., supra, Rivera v. E.L.A., supra y Pérez v. E.L.A., supra.

El criterio de razonabilidad supone, sin embargo, que el médico efectúe todos los exámenes necesarios para llegar a un diagnóstico correcto. Tiene el deber de hacer un esfuerzo honesto y concienzudo para enterarse de los síntomas y de la condición del paciente.

En el caso de autos, como hemos visto, el recurrente Dr. Francisco Torres no agotó los medios a su alcance, como las pruebas de laboratorio, el examen rectal, consulta a otro médico especialista y mantener bajo observación continua a la paciente apercibiéndola adecuadamente de los riesgos, antes de descartar un diagnóstico de apendicitis. Su omisión es la que justifica y sirve de base a la imposición de responsabilidad profesional y no el haber hecho un diagnóstico equivocado.

Se dictará sentencia confirmando la sentencia dictada 'por el tribunal de instancia.

      “(3) En inglés: ‘Brief History ... if illness describe: 18 y, o. pt: doing well until 8 days ago when she began to feel diffuse abdominal pain accompanied by nausea & vomiting. No diarrhea. No urinary problems. P — 108 min. reg — (nurse signature Maldonado) Physician’s Report:— Temp. 37.6 oral. Abdomen — No tenderness elicited or rebound tenderness. No viscetomegaly — normoaetive peristalsis. Disp. (1) Tigan 200 mg IM Stat, (2) Polycillin, (8) Bentyl. (Signed F.A. Torres MD.)’”

       Publicado por Charles C. Thomas Bannerstone House, Springfield, Ill. (1968).


text:
    Elisa Díaz González, etc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Héctor A. Colón Cruz, Juez, demandado; Carmen de Lourdes Borges, interventora.

      Número: O-73-206

      Resuelto: 22 de abril de 1974

      Francisco De Jesús Schuck, Secretario de Justicia, Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Sub-procurador General, y Roberto Armstrong, Jr., abogados de la peticionaria; José Ramón Pérez Hernández, abogado de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Esta opinión y la emitida en Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923 (1974), en cierto sentido se com-plementan. En aquélla explicamos cómo operan las disposi-ciones de la Ley de Personal que dividen los cargos o empleos del servicio público de Puerto Rico en tres grandes grupos, a saber, el Servicio Exento, el Servicio Sin Oposición y el Servicio por Oposición. En Pastor Lozada, supra, descri-bimos la libertad que tiene la autoridad nominadora para nombrar y despedir empleados en los Servicios Exento y Sin Oposición y los requisitos de ley que hay que observar tanto para nombrar como para despedir personal en el Servicio Por Oposición. En el caso de autos se trata de violaciones a la Ley de Personal cometidas por la autoridad nominadora al nombrar o incluir a determinado personal en el Servicio Por Oposición.

La interventora es una empleada del Departamento de Servicios Sociales de Puerto Rico. Para el año 1972 ocupaba el cargo de Director Regional de dicho departamento. •Ese cargo, por su naturaleza normativa y de confianza, estaba comprendido en el Servicio Sin Oposición de la Ley de Personal del Gobierno de Puerto Rico. Dicha clasificación del cargo implica que el incumbente ocupaba el cargo a voluntad de la autoridad nominadora. Esto es así como cuestión de una sana, correcta y bien establecida norma en todos los sis-temas científicos de administración de personal en cuanto a los cargos de confianza se refiere.

En 2 de octubre de 1972, un mes antes de las elecciones generales celebradas en Puerto Rico en 7 de noviembre de 1972, el jefe del Departamento de Servicios Sociales cambió todos los puestos de Directores Regionales de dicho Departamento, del Servicio Sin Oposición al Servicio Por Oposición y le dio a la interventora status de empleada en dicho Servicio por Oposición, sin que ésta hubiese aprobado oposición alguna para dicho cargo. Esto es, sin que la interventora hubiese concurrido a exámenes o hubiese competido con otros posibles candidatos o solicitantes para el cargo. Eso se hizo en violación de la Ley de Personal y del espíritu y de la filosofía que informan el sistema de mérito.

En otras palabras, a una empleada que desempeñaba una posición clave, normativa y de confianza y que correctamente estaba incluida en el Servicio Sin Oposición se le dio, sin observar la ley, status de empleada Por Oposición, con dere-cho a ser removida solamente mediante formulación de car-gos y por justa causa, como si se tratase de una empleada y de un cargo meramente oficinesco, sin facultades directivas, normativas y de confianza.

El resultado obvio de la operación antes descrita sería el que un nuevo jefe del Departamento de Servicios Sociales se vería obligado a dirigir y hacer funcionar todo un Depar-tamento de Gobierno rodeado de subjefes — los Directores Regionales — que no eran de su confianza. No es necesario ser perito en Ciencia Política, ni en Administración Pública para entender lo anómalo de la situación que se pretendía crear.

Ocurrió lo que era de esperarse. Llegó un nuevo jefe de Departamento y necesitando reclutar personal de su con-fianza para los cargos de confianza, específicamente para los cargos de Directores Regionales, los cuales son su alter ego en cada región del país, no ya despidió sino que solamente cambió de trabajo a la interventora asignándole otro cargo en el Departamento de acuerdo a su experiencia y habilidad.

No conforme con lo expuesto en el párrafo precedente, la interventora presentó demanda de mandamus en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, solicitando que el tribunal orde-nase que la allí demandante fuese repuesta en el cargo de Directora Regional del Departamento de Servicios Sociales. En su demanda la interventora aunque alegó que no tenía otro remedio en ley, sin embargo, presentó en el mismo mes y año una querella en la Junta de Personal al amparo de la Ley de Personal. No favorecemos esas alegaciones que no corresponden a la realidad.

En la misma fecha de la presentación de la demanda de mandamus, el tribunal, sin citar ni oír a la demandada, la Secretaria de Servicios Sociales, expidió una Orden orde-nando a la demandada a reponer a la allí demandante en el cargo de Directora Regional antes mencionado. También ordenó el tribunal a la demandada a comparecer el 18 de julio de 1973 para la celebración de una vista. Como la orden perentoria tiene fecha de 31 de mayo de 1973, la misma obli-gaba a la Secretaria de Servicios Sociales a mantener por espacio de mes y medio en la posición de Directora Regional, una posición normativa y de confianza, a una persona que no era de su confianza.

Esa intromisión en las funciones de la Rama Ejecutiva fue a> todas luces injustificada pues no concurría en el caso ninguna circunstancia de emergencia que la justificase y debió prevalecer la ponderación, consideración y cortesía (comity) que se deben las tres ramas del Gobierno una a la otra.

Además, la ley dispone que para expedirse el auto perentorio, como se hizo en este caso, es necesario que concurran dos circunstancias: (a) que el derecho a exigir la inmediata ejecución del acto sea evidente y (b) aparezca que no se podrá dar ninguna excusa para no ejecutarlo. Una adjudicación serena en este caso hubiese reconocido que aunque era posible que la allí demandante tuviese derecho a lo solicitado, su derecho no era evidente, sino que era controvertible y también hubiera reconocido que era posible que la demandada, una Secretaria de Gobierno, tuviese excusa o razones válidas para no ejecutar el acto solicitado. Regla 55 de Procedimiento Civil.

Como dijimos en Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960), a la pág. 283:

“Para que deba expedirse un auto de mandamus, sin embargo, no es suficiente que el peticionario tenga un derecho claro a lo que solicita y que el demandado tenga la obligación correspondiente de permitir el ejercicio de ese derecho. Se trata de un auto ‘altamente privilegiado,’ según expresa la ley de su creación, 32 L.P.R.A. sec. 3421, y los tribunales tienen necesa-riamente que medir todas las circunstancias concurrentes, tanto al determinar si debe o no expedirse el auto como al fijar el con-tenido de la orden, una vez resuelta en la afirmativa la cuestión inicial. En otras palabras, el remedio no se concede ex debito justitiae y tan pronto se reconoce el derecho del peticionario, sino únicamente cuando el tribunal esté convencido de que se cumplirán propósitos de utilidad social e individual. Para esos fines, es indispensable estimar qué efectos tendrá la orden en el adecuado cumplimiento de las responsabilidades del funcionario afectado por ella y hasta qué punto habrá ide beneficiar al solici-tante. Procede, en síntesis, establecer el más fino equilibrio posi-ble entre los diversos intereses en conflicto.”

En 15 de junio de 1973 declaramos sin lugar la presente solicitud de certiorari instada por el Procurador General pero examinada su bien razonada moción de reconsidera-ción decidimos que en justicia debíamos reconsiderar y expe-dimos una Orden Para Mostrar Causa consolidando este caso con dos más y le dimos al demandado y a los interven-tores un plazo para mostrar causas por las cuales no debían dejarse sin efecto nuestras resoluciones de 15 de junio de 1973 en esos tres casos, expedirse el auto de certiorari solici-tado por el Procurador General y revocar la orden de mandamus dictada por el Tribunal Superior en 25 de mayo de 1973 en dichos casos y la orden enmendada de mandamus dictada por dicho tribunal en 31 de mayo de 1973 en el caso de autos.

Luego de una prórroga concedida, la interventora pre-sentó un escrito como mostración de causas, el cual no nos ha persuadido.

La Ley de Personal del Gobierno de Puerto Rico — cita precisa en el escolio 1 de esta opinión — es una pieza de legislación que hace honor a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y que debe observarse, interpretarse y aplicarse con la ponderación, cuidado y respeto que las cosas bien hechas merecen. Dicha ley tiene bien conocidos antecedentes en la administración pública o gubernamental de otros países.

No es éste el lugar para hacer un reseña detallada del desarrollo del sistema de mérito en el mundo, pero no hace daño que cuando el abogado o el juez interpretan o aplican una institución importante del derecho estén conscientes de sus raíces y de su desenvolvimiento a través del tiempo. Si eso es mucho pedir, por lo menos deben estar conscientes de que hay tales raíces y tal desarrollo; que no se trata de meras improvisaciones de ayer que existen por capricho.

Merece recordarse que — por lo menos en el mundo mo-derno — fue Prusia la nación pionera en esta materia. Se estableció en aquel país en el siglo 17 el comienzo de un sis-tema de servicio civil basado en el mérito, el cual, sujeto a las modificaciones subsiguientes necesarias, por más de siglo y medio no tuvo igual en el mundo. Se probaba, en aquel sis-tema, la capacidad de los aspirantes a cargos y empleos pú-blicos por medio de exámenes escritos y orales.

En Francia, el incipiente sistema de servicio civil esta-blecido por la monarquía fue barrido por la revolución pero el genio de Napoleón hizo que se estableciese un sistema sobre bases más sólidas y el cual conjuntamente con el de Prusia ejerció considerable influjo en muchos otros países.

En Inglaterra la administración pública en escala nacio-nal tuvo sus comienzos luego de la invasión de Guillermo El Conquistador. Parte de esa administración fue la adminis-tración de la justicia. Como se sabe, como consecuencia de las reformas administrativas de los reyes normandos y de los que les siguieron dejó de aplicarse el derecho impuesto por las cortes locales de los señores feudales y en su lugar co-menzó a aplicarse el derecho impuesto por los jueces nombra-dos por el rey, de suerte que se aplicaba un solo derecho a todo el reino, esto es, un “derecho común” a todos. Así surge el common law anglosajón.

Dicha administración pública nacional en Inglaterra cobró un desarrollo notable bajo Enrique II (siglo 12) y con-tinuó su desarrollo paulatino según las funciones administra-tivas, legislativas y judiciales se fueron diferenciando una de otras. Ese lento desarrollo histórico sufrió una pausa con motivo de las luchas políticas inglesas del siglo 17, como conse-cuencia de las cuales quedó establecida en Inglaterra la hege-monía del Parlamento. No es esto de lamentarse, sin embargo, porque el desarrollo del constitucionalismo, esto es, del gobierno con poderes limitados, y de las libertades individua-les, producto de aquellas convulsiones, han beneficiado a prácticamente el mundo entero.

A pesar de la interrupción antes mencionada, o tal vez debido a ella, desde la segunda mitad del siglo 19 en adelante Inglaterra produjo el servicio civil por excelencia. Su compe-tencia, probidad y patriotismo no han sido superados por ningún otro sistema de mérito. Es de recordarse la famosa Order-in-Council de 1855 que estableció la Comisión de Ser-vicio Civil inglesa y que echó las bases para la reforma del servicio civil en aquel país.

En los Estados Unidos, luego de la desgraciada experien-cia del llamado principio del botín (the spoils system), cobró fuerza después de la guerra entre los estados el movimiento de reforma del servicio civil. Naturalmente, desde mucho antes ya mentes preclaras habían abogado por el estableci-miento del sistema de mérito en el gobierno federal y en los estados. El movimiento de reforma antes mencionado cul-minó con la Ley Pendelton de 1883, la ley básica del servicio civil del gobierno federal. Para un recuento bastante deta-llado del desarrollo del sistema de mérito en el gobierno de los Estados Unidos, puede verse el capítulo I del libro de Kaplan, The Law of Civil Service (1958).

La primera ley de servicio civil de Puerto Rico fue la Ley aprobada el 14 de marzo de 1907. Creó una Junta de Servicio Civil, luego llamada Comisión de Servicio Civil, compuesta por tres miembros nombrados por el Gobernador con la aprobación del Consejo Ejecutivo. Se explica la referencia al Consejo Ejecutivo porque dicha ley se aprobó bajo el régimen de la Ley Foraker.

La referida Ley de 1907 dividió el servicio civil entre el servicio civil clasificado y el no clasificado. El no clasificado correspondía, en términos generales, a los funcionarios de alto rango y a los empleados de confianza que hoy están en el Servicio Exento. Los demás puestos del gobierno se inclu-yeron en el servicio clasificado, con excepción de los maestros, los policías y los registradores de la propiedad. La ley esta-bleció que los nombramientos se harían de acuerdo con los méritos del aspirante y previo examen. La Comisión de Ser-vicio Civil, como es usual en estos organismos administrati-vos, tenía funciones judiciales, legislativas y también ejecu-tivas o administrativas.

Todo parece indicar que todavía el clima político no estaba preparado para la autodisciplina que implica un sis-tema de mérito en el servicio público. No se le asignaron fon-dos suficientes a la Comisión (de 1907 a 1924 su personal constaba solamente de los oficinistas), se evadía la ley haciendo nombramientos “temporeros,” no clasificados, que duraban por años y en general no se realizó el propósito de la ley.

En 1931, un gobernador reformista, Teodoro Roosevelt, decidió revivir la idea del sistema de mérito y en su mensaje a la Legislatura, se expresó como sigue:

“La base sobre la cual descansa una administración compe-tente es una Ley sobre el Servicio Civil, destinada a satisfacer el principio del mérito. En la actualidad nuestra ley no realiza estos propósitos y tiene que ser enmendada o reemplazada de manera que se vigorice y se proteja el principio del mérito.”

Como resultado de los esfuerzos del Gobernador Roosevelt se aprobó nuestra segunda ley de servicio civil, la Ley Núm. 88 de 11 de mayo de 1931. Igual que la ley anterior dividía al servicio civil en servicio clasificado y servicio no clasificado. Creó una Comisión de Servicio Civil compuesta por tres personas nombradas por el Gobernador con el con-curso y consentimiento del Senado. No más de dos podían pertenecer al mismo partido político y desempeñarían sus cargos por el término de cuatro años.

Al comienzo de las labores de la nueva Comisión se generó considerable entusiasmo. Se promulgaron las reglas perti-nentes y los empleados con nombramientos temporeros fue-ron clasificados e incluidos en el servicio civil clasificado. A pesar del entusiasmo inicial la historia demostró que aquella década crítica del 1930 al 1940 tampoco fue propicia al desa-rrollo del sistema de mérito. Ya para fines de esa década otra vez casi la totalidad de los empleados eran empleados “tem-poreros/’ los cuales no habían sufrido ningún examen según requerido por las reglas.

Son los años difíciles y duros los que producen en las sociedades las ansias de reforma y los que templan las almas que son capaces de llevarlas a cabo. Así, en el año 1940 y en años subsiguientes entran en la escena política y adminis-trativa del país hombres que encarnaban las ansias de re-formas políticas y económicas que las vicisitudes de los veinte años anteriores habían generado.

Para llevar a cabo las amplias reformas que los hombres del nuevo gobierno se proponían realizar hacía falta personal preparado y competente. Al principio fue necesario reclutar personal técnico de fuera de Puerto Rico pero era claro que para que las reformas no fueran efímeras, sino que perdu-rasen era necesario entrenar personal nativo y poner en sus manos la dirección y ejecución de los programas del Gobierno. En el decimoquinto mensaje a la Asamblea Legislativa, de 9 de febrero de 1943, el Gobernador Rexford Tugwell, discu-tiendo la necesidad de una reforma en el servicio civil expresó:

“. . . discutiré las medidas de mejoramiento. Una de ellas— la más importante — reorganizaría la Comisión de Servicio Civil haciendo de ésta una junta de apelaciones pero encomendando la administración de personal a un administrador no polí-tico.’

El gobierno contrató el Servicio de Administración Pú-blica de Chicago (Public Administration Service of Chicago), una prestigiosa firma asesora, para coadyuvar en esta materia. En solidaridad con aquel movimiento de reforma administrativa, la Universidad de Puerto Rico celebró a fines de 1945 una Conferencia sobre Administración Pública en la cual tomaron parte distinguidas personalidades del país y de los Estados Unidos.

Respaldando con su autoridad oficial y con su gran pres-tigio e indubitable desinterés personal el sistema de mérito en el servicio público, el entonces Presidente del Senado de Puerto Rico, Luis Muñoz Marín, se expresó en dicha Confe-rencia como sigue:

“No podemos privar a nuestro pueblo de los servicios de los mejores servidores. . . . Nosotros, los que estamos en la vida política desinteresadamente, tenemos un pueblo al que servir y se nos presentan amigos a los que complacer. En todos los casos en que entren en pugna uno y otro reclamo, no debe caberle duda a ningún ciudadano responsable de cuál debe ser su deci-sión: debe ser, desde luego, recordar que hay un pueblo al que servir — un pueblo grandemente agobiado al que hay que ser-virle grandemente.”

Más adelante dijo:

“Como Presidente de un partido político, y de un partido político de mayoría, que está desarrollando ... un vasto pro-grama . . . debo decirles a todos los puertorriqueños con entera franqueza . . . que todas las buenas leyes que se han hecho y que se hagan caerán en la nulidad si no se mantiene un mejora-miento constante en adiestramiento técnico y en comprensión general, en el gran cuerpo de nuestros servidores públicos. A este fin — en el que también va envuelta la seguridad de los servidores públicos — debe contribuir en manera importante, con la buena voluntad de todos, esta Escuela de Administración Pública.
El partido político . . . por su mayoría legislativa y por su posición determinante en cuanto a los puestos ejecutivos llaves ¡del gobierno, traduce ese mandato en leyes y tiene voto determi-nante en cuanto a la actitud de los hombres que han de tener los puestos ejecutivos llaves en la tramitación práctica de ese mandato. Más allá de eso, el partido político no puede intervenir determinativamente salvo con riesgo, a la corta o a la larga, de la buena administración pública.”

Con el asesoramiento del mencionado Servicio de Admi-nistración Pública de Chicago se redactó un proyecto de ley, el cual fue sometido a la Asamblea Legislativa y el cual se convirtió en nuestra vigente Ley de Personal, Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947; 3 L.P.R.A. secs. 641 y ss. Esta ley estableció el sistema de mérito y dividió el servicio civil en tres grupos denominados (a) Servicio Exento, (b) Servicio Sin Oposición y (c) Servicio Por Oposición.

Desde luego, el mejor texto para uno enterarse del siste-ma así establecido es la Ley de Personal propia, pero puede verse Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, citado al co-mienzo de esta opinión, en donde describimos brevemente cómo operan esas disposiciones de la ley. También véase García de Serrano, La Selección de Personal en el Servicio Público de Puerto Rico, ed. U.P.R. (1969), págs. 13-23.

Dicha Ley Núm. 345 creó una Junta de Personal com-puesta de tres miembros nombrados por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, por un término de cuatro años. No más de dos podrán pertenecer al mismo par-tido político. Entre otros, la Junta tiene deberes de asesora-miento y deberes cuasi judiciales. La ley también crea el cargo de Director de Personal, quien es el ejecutivo del siste-ma de personal del Gobierno de Puerto Rico y quien es nom-brado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado, por un término de seis años.

A tenor con la ley, el Gobernador no puede nombrar ca-prichosamente al Director de Personal, pues la propia ley expresamente ordena que el Director “deberá ser una persona con experiencia en administración de personal, familia-rizada con sus principios y métodos y partidaria de la selec-ción del personal público a base de méritos y de métodos científicos.” — Sección 3 de la Ley de Personal; 3 L.P.R.A. sec. 643.

Así, a través de largas décadas de esfuerzo, de éxitos unas veces y de frustraciones otras, el sistema de mérito se hizo una realidad en la administración del personal del Gobierno de Puerto Rico. La Oficina de Personal tiene a cargo el reclutamiento, la clasificación, la retribución y el adiestramiento de los empleados públicos que bajo su auto-ridad sirven al país. Concede becas para estudios, realiza estudios para mantener al día el plan de clasificación de puestos y el plan de retribución, lleva a cabo un programa de viajes culturales, en fin, tiene a su cargo el funciona-miento y el mejoramiento del sistema de personal del Go-bierno de Puerto Rico.

La citada autora García de Serrano en su antes mencio-nada obra, concluye el segundo capítulo de su libro con estas palabras:

“Todas estas actividades se llevan a cabo por la Oficina de Personal libre de prejuicios y de favoritismo político. Impre-siona el número creciente de selecciones hechas a base de mérito por el sistema de certificación y la disminución de los nombramientos temporeros y provisionales. Hoy día, el sistema de personal del gobierno de Puerto Rico puede decirse que es un servicio eficiente y honrado, libre de prejuicios políticos, religiosos y raciales e inspirado por un intenso deseo de servicio público y un afán de superación.”

Tan admirable situación sufrió inusitados descalabros hace dos o tres o cuatro años, algunos de los cuales están surgiendo ahora a la superficie en forma de litigios en los tribunales, tales como el caso de autos, los otros dos que se consolidaron con éste y otros que están en trámite. Sin embargo, esa situación de crisis en la administración del servi-cio civil del país parece haber sido breve y temporera.

El problema es básicamente uno de educación. De educa-ción general del país y de sus dirigentes políticos y adminis-trativos. En los Estados Unidos, en donde, como se ha visto, el desarrollo del sistema de mérito también fue relativa-mente reciente, el profesor Woodrow Wilson, más tarde Pre-sidente de aquel país, llamó la atención en su ya clásico artículo The Study of Public Administration (1887) a la necesidad de fomentar el estudio de estas materias.

Tan importante es el conocimiento de estas materias por los dirigentes políticos y administrativos del país como su divulgación entre jueces, abogados y el público en general. Esto es así porque los jefes políticos y los ejecutivos del Gobierno toman las decisiones determinantes de cómo ha de ser su gobierno; los jueces y abogados interpretan y juzgan aquellas que suscitan litigios y al público en general corres-ponde respaldar la buena administración y rechazar la mala. Como acertadamente ha escrito el Profesor Muñoz Amato:

“La verdad es que no pueden implantarse los principios de mérito para el servicio público, ni ninguno de sus requisitos instrumentales, si no existe un consenso favorable en los sec-tores donde se hacen las decisiones fundamentales sobre la orientación del gobierno. Todavía más, la eficacia de cualquier sistema de administración de personal dependerá continua-mente del grado de conciencia y sinceridad del respaldo político en que esté cimentada.”

Un distinguido gobernante y político de la América His-pana, en un libro dirigido a sus compatriotas, pero cuya lectura aprovecharía a todos, titulado Cartas a un Ciuda-dano ha expresado con ejemplar sencillez, acierto y candor lo siguiente:

“Una de las cosas interesantes que voy aprendiendo en esta posición presidencial en que usted me ha colocado, es que el Gobierno cumple dos funciones distintas, que solemos con-fundir generalmente, cual si fueran una sola.
Esas dos funciones pueden llamarse, para distinguirlas con nombres diferentes, ‘administrar’ y ‘gobernar.’
Administrar es dirigir el funcionamiento diario de los orga-nismos públicos, tal cual se maneja una empresa particular o un negocio de tamaño grande. Repartir el trabajo organizada-mente, ver que cada funcionario cumpla con su deber, percibir las entradas de dinero y hacer los gastos llevando buenas cuentas.
Gobernar es en esta distinción que estoy haciendo, encauzar el esfuerzo nacional hacia la formación de una patria mejor, constituida por ciudadanos mejores, y que proporcione a sus hijos un ámbito de vida mejor....
Poner orden y exigir eficiencia en las oficinas públicas, es administrar bien. Estudiar las causas de los males nacionales, concebir planes para remediarlos, crear las instituciones nece-sarias, y fomentar las costumbres más deseables, es gobernar bien.”

Debe ser claro que los funcionarios normativos {policy making) del ejecutivo y de la mayoría legislativa deben tener una filosofía de gobierno y unas actitudes frente a los problemas del país que sean compatibles — y no contrarias— a la del gobierno electo por el pueblo y bajo el cual sirven. Eso da vigencia al mandato popular, pues hace posible reali-zar el programa de gobierno que el electorado favoreció en las urnas. Lo contrario sería frustrar dicho mandato popular. La Ley de Personal, reconociendo esa realidad, sabia-mente coloca a esas posiciones en los servicios Exento y Sin Oposición. También coloca en esos servicios mencionados a los cargos o empleos de confianza, como lo son usualmente el del ayudante de un ejecutivo exento o el de su secretaria personal. Esos funcionarios normativos y esos empleos o cargos de confianza constituyen un reducido por ciento de todo el personal del gobierno.

Desde luego, lo dicho en el párrafo anterior no es de aplicación a los funcionarios para cuyos cargos la ley dispone un término fijo de incumbencia. Esos son removibles sola-mente por justa causa pues la ley, por la naturaleza de sus funciones, les fija un término en el cargo para garantizarles su independencia de criterio. Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, supra.

También, el personal que no participa de las característi-cas antes mencionadas — ser normativos o ser de confianza— está, conforme la Ley de Personal, y conforme la mejor doc-trina de administración pública, en el Servicio Por Oposi-ción.

Debe ser de fácil comprensión que la eficiencia con que opera un organismo administrativo está limitada por dos factores principales: uno es la calidad del mecanismo, y otro es la competencia personal de los funcionarios y empleados a cuyo cargo está.

El propósito de la Ley de Personal es crear las condicio-nes que hagan posible atraer y retener a los mejores servi-dores públicos. Es pues, el principal propósito del régimen que establece la Ley de Personal el que el país sea servido por los más competentes y mejores servidores. Es una ley emi-nentemente investida del interés público.

El servicio público supone no solo pericia técnica sino también actitudes e ideales de honradez, autodisciplina, res-peto a la dignidad humana y dedicación al bienestar general. Los servidores públicos que no ocupan posiciones primordial-mente normativas y que por lo tanto no tienen que cesar en sus cargos cuando cambia la Administración — a tenor con lo que hemos explicado anteriormente — tienen la obligación de servir con igual eficacia a los distintos dirigentes que sucesivamente tienen a cargo la responsabilidad de gobernar, pues esa obligación de servir se basa en lealtades más am-plias y básicas que las meras lealtades partidistas.

Dicha obligación de servir se basa en la lealtad al país, a la Constitución, al ideal de la primacía de la ley sobre la posible arbitrariedad humana, al respeto a la dignidad del •hombre, en el sano orgullo o espíritu profesional del servidor público, y en suma, en los altos valores del espíritu.

Así también el país espera que los políticos y los adminis-tradores de más alto nivel también tengan una base irreduc-tible de valores comunes sobre la cual — a pesar de sus dife-rencias de orden ideológico — puedan salvar, mantener y pro-piciar el interés general. En este sentido, es posible para dichos dirigentes conservar su particular ideología política y a la vez respaldar y sostener aquellos valores como el que representa la Ley de Personal, pues dicha ley representa un valor de indudable beneficio general y de por sí ni favo-rece ni obstaculiza ninguna ideología política en particular.

Es conveniente hacer la siguiente aclaración con el pro-pósito de prevenir futuros errores en la administración de la Ley de Personal como el cometido en el caso de autos. El cambio de clasificación hecho en este caso y descrito antes no puede hacerse en base del apartado (c) de la See. 9 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. sec. 649(c). Dicha disposición colocó dentro del Servicio Por Oposición a aquellas personas que a la fecha de la vigencia de la Ley de Personal (12 de mayo de 1947) ocupaban puestos que no estaban comprendi-dos dentro del servicio civil clasificado pero que en virtud-de la Ley de Personal dichos puestos quedaron comprendi-dos dentro del Servicio Por Oposición. Se trata en ese caso de una disposición transitoria que se incluyó en la ley para atender la situación particular que hemos descrito. Pasada ya la fecha de la vigencia de la ley, dicha disposición cum-plió su propósito y ha dejado de tener vigencia.

Debe ser claro que si se pudiese utilizar dicho apartado (c) de la citada Sec. 9, para incluir en el Servicio Por Opo-sición a personas no comprendidas dentro del servicio clasi-ficado, o a personas comprendidas en el Servicio Sin Oposi-ción o en el Servicio Exento, el resultado sería la destrucción completa del sistema de mérito creado por la Ley de Personal. Esto es así porque en ese supuesto — que no es correcto — se le podría dar arbitrariamente status de empleado por oposi- ción a cualquier empleado sin que hubiese concurrido a exá-menes ni a oposición alguna y sin que cumpliese con los requisitos de la ley.

A tenor con lo anterior, se expedirá el recurso de cer-tiorari solicitado, se dejará sin efecto nuestra resolución de 15 de junio de 1973 en el caso de autos, se revocará la orden de mandamus dictada por el tribunal de instancia el 25 de mayo de 197S en este caso, se revocará la orden enmendada de mandamus dictada el 31 de mayo de 1973 y se desesti-mará la petición de mandamus en este caso. Los otros dos casos que fueron consolidados con éste, el 0-73-207 y el 0-73-208, los resolveremos mediante sentencias separadas.

       Ley de Personal, Ley Núm. 345 de 12 mayo 1947, según enmendada, 3 L.P.R.A. secs. 641 y ss.

       Véase Sec. 8 de la Ley de Personal, 8 L.P.R.A. sec. 648(b)(2).

       E1 término “oposición,” en el contexto en que lo usa la Ley de Personal y en el que se usa en esta opinión significa concurso o competen-cia de los pretendientes a un cargo o empleo, realizado por medio de exámenes o ejercicios que demuestran su suficiencia o capacidad para ocupar el cargo al que aspiran.

       Véase, por ejemplo, Castán, Teoría de la Aplicación e Investigai-ción del Derecho (1947), pág. 105 ah initio; C. K. Allen, Law in the Making, 7ma. ed., Oxford P.B. (1966), pág. 3; Holmes en su Introducción (1911) al tomo 1 del General Survey of Continental Legal History del Continental Legal History Series, ed. Rothman-Kelley (1968), pág. xlv; W. Friedmann, Legal Theory, 5ta. ed. (1967), Cap. 5.

       Desde el 1640 y por más de un siglo Prusia fue gobernada por cuatro reyes de los cuales tres tuvieron un talento administrativo extra-ordinario: Federico Guillermo de Brandenburgo (1640-88), Federico Guillermo I (1713-40), y Federico El Grande (1740-86). Finer, The Theory and Practice of Modern Government, ed. rev. (1960), pág. 727.

       E1 cual no debe confundirse con el derecho (civil) común a toda España, a diferencia del foral. V. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 1, Yol. 1, 10ma. ed. (1962), pág. 128-129 y 195.

        Actas de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (1931), págs. 16-17.

       Véanse Goodsell, Administration of a Revolution, Harvard U. Press (1965) y Wells, La Modernización de Puerto Rico, editorial U.P.R. (1972). Es traducción española del libro The Modernization of Puerto Rico de dicho autor, Harvard U. Press (1969).

       Tugwell, Puerto Rican Public Papers (1945), pág. 144.

       U.P.R. y Comisión de Servicio Civil, Puerto Rico y su Programa de Administración Pública, Actas de la Conferencia Sobre Administración Pública (1945), págs. 19-28.

       El citado artículo de Wilson, aparece publicado en varias antolo-gías. Una de éstas es Public Administration and Policy, ed. por P. Wall (1966).

       Muñoz Amato, Introducción a la Administración Pública, Tomo II (1957), pág. 91.

       José Figueres, Cartas a un Ciudadano (1956).

       Sobre el servicio civil y el sistema de mérito, además de las obras citadas en esta opinión, pueden verse: Friedrich, Constitutional Government and Democracy, 4ta. ed. (1968), capítulos 2 y 19; Max Weber, Eco-nomía y Sociedad, trad, española de 1964 del Fondo de Cultura Económica, México, Tomo I, págs. 170-180; Friedrich y Cole, Responsible Bureaucracy (1932); Greer, A Bibliography of Civil Service and Personnel Administration (1935); Greaves, The Civil Service in the Changing State (1943); Robson, The Civil Service in Britain and France (1956); Kingsley, Representative Bureaucracy (1944); Friedrich, “The Continental Tradition of Training Administrators in Law and Jurisprudence,” Journal of Modern History, Vol. 11, Núm. 2 (1939).


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    G. A. C. Finance Corp., demandante y recurrente, v. Eduviges Rodríguez Cuchí y Miguelina Rodríguez Cuchí, demandados y recurridos.

      Número: O-72-197

      Resuelto: 30 de abril de 1974

      Francisco A. Galeano, abogado de la recurrente; Juan Castañer Vélez y Miguel A. Velazquez Rivera, abogados de los recu-rridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Se nos solicita revisemos una resolución del Tribunal Superior cuyo efecto es permitir que se efectúe descubrimiento de prueba en preparación para una vista sobre una moción de relevo de sentencia por alegado fraude al tribunal bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

Los hechos que culminan en el presente recurso son los siguientes. El 30 de septiembre de 1969, la recurrente obtuvo sentencia en rebeldía contra Eduviges Rodríguez Cuchí y su hermana Miguelina Rodríguez Cuchí. Se reclamaba el monto adeudado de un préstamo personal otorgado por la deman-dante a Eduviges, alegándose que la codemandada había firmado el pagaré como fiadora solidaria. Se satisfizo el im-porte de la sentencia mediante el embargo y venta en pública subasta de un automóvil perteneciente a la codemandada.

El 8 de enero de 1970, Doña Miguelina compareció por primera vez alegando que la sentencia es nula por no habér-sele notificado la demanda. El tribunal celebró una vista tras la cual declaró sin lugar esta moción.

El 30 de julio de 1971 compareció nuevamente Doña Miguelina alegando en esta ocasión que la sentencia es nula en cuanto a ella se refiere porque ella no se comprometió a garantizar solidariamente la deuda de su hermano. Específi-camente alegó que “la firma de la demandada que aparece en el pagaré que dio lugar a dicha demanda no es de la deman-dada y falsificada [sic].” Con el objeto de prepararse para probar esta alegación, la promovente notificó a la recurrente unos interrogatorios, una moción sobre producción de docu-mentos y otra para que se le informara los testigos que pen-saba utilizar la recurrente el día de la vista. El Tribunal de Distrito motu proprio declaró sin lugar las mociones e impro-cedentes los interrogatorios. Al así resolver expresó:

“Los interrogatorios, así como la moción solicitando la pro-ducción de documentos y la moción solicitando la información sobre testigos son dirigidas a cosas que están resueltas ya en este caso. En este caso hay una presunción de cosa juzgada.”

La promovente solicitó del Tribunal Superior la expedi-ción de un auto de certiorari para revisar esta resolución. Se revocó la resolución recurrida ordenándose que se permitiera el descubrimiento de prueba. Se basó el Tribunal Superior en lo siguiente:

“El Tribunal a quo tiene ante sí un proceso adversativo que plantea una controversia justiciable que participa de la natura-leza de un juicio. (Martínez v. Tribunal, 83 D.P.R. 358); siendo así [sic] el peticionario tiene a su alcance los mecanismos de descubrimiento de prueba que ofrecen las Reglas de Procedi-miento Civil.”

En su petición de certiorari, la recurrente le imputa error al Tribunal Superior “al determinar que el Tribunal de Distrito tenía ante sí un proceso adversativo en base a fraude al Tribunal que plantea una controversia justiciable, por lo que el peticionario tenía a su alcance el mecanismo del descubri-miento de prueba.”

El Tribunal Superior resolvió correctamente. Se está haciendo una alegación que en su día podría culminar en una determinación judicial de haberse cometido fraude para .obtener una sentencia. En Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932 (1971), apuntamos que “nuestra jurisprudencia ha reconocido que constituye fraude al tribunal ‘la preparación, el uso y la presentación en la vista del caso de prueba falsa obtenida por la parte adversa por medio del soborno y la instigación al perjurio. . . Una sentencia que tiene como base un pagaré con una firma falsificada, a la luz de lo arriba citado, constituye fraude al tribunal. Sin embargo, en la determinación de si efectivamente hubo fraude al tribunal, se debe tomar en cuenta la siguiente expresión que hace el Juez Brennan en el caso de Shammas v. Shammas, 88 A.2d 204, 208 (1952) : “. . . Una parte que desee ser relevada de una sentencia debe mostrar que el hecho de la falsedad del testimonio no pudo ser descubierto mediante diligencia razonable a tiempo para evitarlo, en el juicio, o que por otras razones válidas la falta de diligencia no es bajo las circunstancias un impedimento para que se deje sin efecto la sentencia. . . .” De prosperar la contención de fraude al tribunal no sería de aplicación el término fatal de 6 meses que dispone la .Regla 49.2 para radicar una moción de relevo de sentencia. Así lo dispone la propia regla. Ver además Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358 (1961).

Hemos resuelto reiteradamente que debe brindársele oportunidad a la parte promovente de una moción bajo la Regla 49.2 para que pruebe sus alegaciones, mediante la celebración de - una vista en sus méritos. Martínez v. Tribunal Superior,supra. Esto debe incluir la oportunidad de prepararse adecuadamente para dicha vista utilizando para ello las reglas sobre descubrimiento de prueba. El proceso adjudicativo debe facilitar la. búsqueda de la verdad. Sólo así se podrá resolver justamente. Cf. Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1 (1962).

El recurrente le imputa error al Tribunal Superior al decidir que no opera la presunción de cosa juzgada. Es suficiente para disponer de este planteamiento repetir lo expresado en Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961) (Blanco Lugo), a las págs. 225 y 226:

“En términos generales, puede afirmarse que la regla de cosa juzgada está fundada en consideraciones de orden público y necesidad: por un lado, el interés del Estado en que se le ponga fin a los litigios ... y por otro lado, la deseabilidad de que no se someta en dos ocasiones a un ciudadano a las molestias que supone litigar la misma causa. . . . Sin embargo, los tribunales se han negado a aplicar en forma inflexible la defensa de cosa juzgada cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay envueltas consideraciones de orden público. .... Según se ha expresado, la doctrina descansa en el principio básico de que debe propiciarse la terminación de litigios, pero si la aplicación rigurosa de la misma derrotaría en la práctica un derecho permeado en alguna forma del interés público, los tribu-nales se inclinan hacia la solución que garantice cumplida justi-cia, en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de la ley, que obedece fundamentalmente a un principio de conveniencia y orden procesal. ... En otras palabras, la regla no es absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable prin-cipio de que debe .dispensarse justicia en cada caso.”

Ver también Millán v. Caribe Motors, 83 D.P.R. 494 (1961).

Por los motivos expresados se confirmará la resolución del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, que revocó la del Tribunal de Distrito, Sala de Mayagüez, y se devolverá el caso al Tribunal de Distrito para la celebración de una vista en los méritos con oportunidad de utilizar las reglas de descubri-miento de prueba.

       Le requirió a la demandante, entre otras cosas, lo siguiente: “15. Someta copia fotostática (por ambos lados) del pagaré del préstamo conce-dido a Eduviges Rodríguez Cuchí, en la Sucursal de Arecibo, Puerto Rico, el 20 de diciembre de 1968, y en el cual aparece el nombre de la aquí demandante [sic] Miguelina Rodríguez Cuchí, como fiadora solidaria.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Federico Hernández Denton, etc., demandante y recurrente, v. Juan Quiñones Desdier, demandado y recurrido.

      Número: O-73-367

      Resuelto: 1ro. de mayo de 1974

      Pedro J. Saade Lloréns, Mario Batiz Santos, Wilfredo López Irizarry, Juan M. Lancara Reyes, Samuel Mártir Santiago, Yusif Mafuz Blanco, Pedro Juan Torres Acevedo y Rosa E. Palou, abogados del recurrente; el recurrido no compareció.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia presente gira sobre el alcance de los poderes de la antigua Administración, hoy Departamento de Asuntos del Consumidor para adjudicar, sujeto a revisión por los tribunales, querellas entre contratistas y compradores de viviendas defectuosas. Diversas Salas del Tribunal Superior han adoptado posiciones opuestas sobre el asunto y está en la actualidad pendiente un número de casos en dicho foro en espera de una directriz definitiva.

Contra el recurrido, un contratista, se interpuso en agosto de 1971 una querella ante la Administración de Servicios al Consumidor (ASERCO) por varios defectos alegadamente incurridos en la construcción de determinadas ampliaciones al hogar de la reclamante. Luego de notificación y vista, el orga-nismo administrativo concluyó que el contratista incumplió el contrato y le ordenó reparar las filtraciones y otras imperfec-ciones existentes o entregarle $1,806.75 a la querellante, can-tidad representativa a juicio de la agencia del costo de las reparaciones.

El contratista no acató la resolución del Director de ASERCO y éste recurrió al Tribunal Superior, bajo el pro-cedimiento que fija el Art. 7 (c) de la Ley Núm. 148 del 27 de junio de 1968, 23 L.P.R.A. sec. 1007(c), para poner en vigor su orden. Tras varios incidentes, el Tribunal Superior eventualmente falló que ASERCO carecía de facultad para •adjudicar derechos antes del 30 de junio de 1972, fecha en qüé se añadió el inciso (g) al Art. 5 de la citada Ley Núm. 148, 23 LiP.R.A. sec. 1005(g). Se revocó, por tanto la decisión administrativa.

No le asiste razón a la ilustrada Sala sentenciadora. La Administración de Servicios al Consumidor tuvo siempre, antes y después de la adición del referido inciso (g), poder para dictar órdenes correctivas como la presente. Tal poder puede ejercerse hoy, por supuesto, por el Departamento de Asuntos del Consumidor, dada la transferencia de poderes de la antigua agencia a la presente. Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, Art. 5(A) (a).

La cuestión que nos ocupa debe examinarse dentro del amplio marco del desarrollo del derecho administrativo y de las nuevas corrientes en la administración de la justicia. Es a veces difícil extraer el significado de un estatuto ateniéndonos tan sólo a sus términos escuetos, sin referencia a las circuns-tancias, advertibles por los tribunales, que lo producen.

La antigua Ley de ASERCO, 23 L.P.R.A. sec. 1004(8) proveía que dicha agencia tendría a su cargo, entre otras, las siguientes funciones básicas:

“(8) Atender e investigar las querellas presentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía, tomar la acción correctiva que proceda en derecho, y referir dichas querellas, cuando fuere necesario, al organismo, agencia o departamento correspondiente, promoviendo, a tono con las leyes y reglamentos en vigor, la más rápida y efectiva solución de los asuntos planteados.” (Bastardi-llas nuestras.)

La frase subrayada provee adecuada base para la acción to-mada por ASERCO.

Adviértase, para aludir por ahora únicamente al material interno disponible para interpretar el estatuto que, según la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 148 del 27 de junio de 1968, ASERCO se creó para “proteger ... al consumidor puertorriqueño y . . . velar por sus intereses para en esa forma garantizarle ciertos derechos básicos, tales como su de-recho ... a estar protegido contra productos peligrosos y contra prácticas inescrupulosas. ...” A la luz de estos objeti-vos, el inciso 8 citado, sobre el cual guarda silencio el historial legislativo, debe ciertamente interpretarse del modo más lato posible para cumplir el propósito del legislador.

Además, la adición del inciso (g) a la Ley Núm. 148, efec-tuado por la Ley Núm. 31 del 30 de junio de 1972, no tuvo por objeto la concesión de facultades no poseídas ya por el organismo administrativo. Sobre esto sí existe historial legis-lativo. En el Informe de la Comisión de Asuntos al Consumi-dor sobre el P. de la C. 1777 se expresa con toda claridad que “... La adición de este nuevo inciso (g) es conveniente ya que se eliminan posibles dudas o conflictos en cuanto a la facultad de la Administración para adjudicar las querellas que recibe en relación a esos asuntos. . . .” Lo que el inciso (g) a todas luces hace es reafirmar la existencia de un poder, no crearlo.

No basta con concluir, sin embargo, que se confirió el poder de adjudicar querellas en situaciones como la presente. Aún queda la pregunta esencial de si tal concesión es constitu-cionalmente posible.

No existe disposición alguna de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de la de Estados Unidos que exija que únicamente los tribunales puedan entender en casos de la actual naturaleza. Desde hace más de sesenta años, el Tribunal Supremo de Estados Unidos validó la delegación a agencias administrativas del poder de imponer penalidades. United States v. Grimaud, 220 U.S. 506 (1911). Hoy en día, un distinguido estudioso de estos temas ha escrito:

“Las sanciones que los administradores pueden utilizar para llevar a efecto sus objetivos generales son en verdad amplias — tan amplias como la materia envuelta.” Geílhorn, Walter, “Administrative prescription and imposition of penalties”, 1970 Wash. U.L.Q. 265, 271. (Traducción nuestra.)

Véanse también: Lloyd Sabaudo Societa v. Elting, 287 U.S. 329 (1932); Old Republic Life Inc. v. Thacher, 12 N.Y.2d 48, 234 N.Y.S.2d 702 (1962); McKay, Sanctions in Motion: The Administrative Process, 49 Iowa L. Rev. 441 (1964); Gribetz and Grad, Housing Code Enforcement: Sanctions and Remedies, 66 Colum. L. Rev. 1254 (1966); Jaffe, L.: Judicial Control of Administrative Actions 110 (1965).

Desde hace largos años se ha establecido que el Congreso puede autorizar la imposición de multas por organismos ad-ministrativos. 1 Davis, Administrative Law Treatise, sec. 2.13, pág. 138 (1958). La delegación de poderes de adjudica-ción tiene sus límites, no obstante, aunque no es ésta la oca-sión para precisarlos, labor que exige el análisis de situaciones concretas. Por vía de ejemplo, puede señalarse que la crítica actual no se inclina a considerar que es posible investir a un organismo administrativo del poder de encarcelamiento. Gellhorn, supra, 285.

Fuera del derecho norteamericano, la situación es aun más clara. En los países de tradición civilista, los organismos ad-ministrativos han poseído normalmente por larguísimos años el poder de poner en vigor sus propias decisiones, contrario a lo efectuado en este caso por ASERCO, en que se acudió a los tribunales. Schwartz, B., French Administrative Law and the Common-Law World, N.Y.U. - Press, 1964, págs. 103-104. Respecto al derecho puertorriqueño, este Tribunal no ha vaci-lado en autorizar delegaciones de poder de índole análoga a la presente en casos apropiados. U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512 (1970); Rovira Palés v. P.R. Telephone Co., 96 D.P.R. 47 (1968).

Parte esencial de reformas a los sistemas de justicia en muchas jurisdicciones, debe añadirse, es el reconocimiento de que organismos no judiciales deben atender asuntos que hasta cierto tiempo se consideraron de la competencia exclusiva de los tribunales. El estatuto aquí envuelto ilustra dicha ten-dencia, que tanto puede ayudar a la pronta decisión de las controversias.

Lo anterior apunta, por supuesto, no sólo a la permisibilidad de la delegación de poderes adjudicativos a instrumentalidades administrativas en Puerto Rico, ya que no vemos razón para interpretar la Constitución del Estado Libre Asociado de modo diferente a corrientes centrales de este tiempo, sino al hecho también de que fue la intención de la Asamblea Legislativa efectuar la delegación aquí concernida desde la creación de ASERCO. En ausencia de indicación fehaciente de que fue la intención legislativa no sólo detener, sino echar hacia atrás, el desarrollo del derecho administrativo en el país, no podemos fallar de modo distinto.

Valga aclarar, finalmente, que si bien se les puede conferir a los organismos administrativos la facultad, en determinadas circunstancias y con estricta sujeción a los dicta-dos del debido proceso de ley, de adjudicar querellas, esto a su vez impone una obligación especial a los tribunales de ser especialmente cuidadosos en revisar las decisiones en este campo para proteger la ciudadanía contra posible actuacio-nes arbitrarias. Cuando el administrador puede no solamente dirigir sino también castigar, el rigor de la revisión judicial debe por fuerza incrementarse. Davis, K. C.: Discretionary Justice, Louisiana State Univ. Press, Baton Rouge, 1969, passim; Gellhorn, W. ob. cit. 285.

Por los fundamentos expuestos se revoca la resolución del tribunal de instancia.

       Dicho inciso dispone:
      ! “La Administración de Servicios al Consumidor tendrá los siguientes poderes:
      “(g) Resolver y adjudicar las querellas presentadas por los consumi-dores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía que envuelvan algún acto o práctica injusta o engañosa inclu-yendo, pero sin limitar, el incumplimiento de una oferta, garantía o servicio o la publicación de anuncios falsos o engañosos.”

       No está disponible todavía la cita precisa del Diario de Sesiones en que se da cuenta de este documento.

       Esto ha sido así desde los mismos tiempos del desarrollo del dere-cho administrativo. Benjamin, Robert M.: Administrative Adjudication in the State of New York, 1942. Para el extraordinario crecimiento de este aspecto desde el libro clásico de Benjamin, consúltese: The Improvement of the Administration of Justice, A.B.A. Section of Judicial Administration, 5a. ed., 1971, cap. 12; y en relación con otros métodos no judiciales de resolver controversias, véase: Widiss, “Non Judicial Dispute Resolution”, en Quest for Justice, A Report on a National Institute of Justice, A.B.A., 1973, págs. 139-146.


text:
    Agustín Berrocales Gómez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Ponce, Hon. Carlos D. Bonaparte, Juez, demandado; American Motorists Insurance Co., interventora.

      Número: O-73-419

      Resuelto: 6 de mayo de 1974

      Frank Rodríguez García, abogado del peticionario; César A. Hernández Colón, abogado de la interventora.
   per curiam:

En 31 de agosto de 1971 la firma Coman-dante Auto Sales, de Bayamón, Puerto Rico, vendió a Agustín Berrocales Gómez, de 68 años de edad entonces y residente en la zona rural — Barrio Barinas de Yauco — un camión marca Reo, modelo 1971. El precio del camión ($34,809.20) incluía una póliza con la American Motorists Insurance Co., de Chicago, Ill., cuyo precio de la póliza era $2,054.00.

Por hechos ocurridos en enero de 1972, los cuales a los fines de esta opinión no es necesario relatar, Berrocales soli-citó de su aseguradora que cumpliese con su parte del con-trato. Ante la actitud de la aseguradora, o/y de sus agentes en Puerto Rico, Berrocales se vio obligado a demandarla. La Compañía contestó la demanda más de diez meses después de emplazada.

Luego de una serie de trámites y de una vista sobre una moción de desestimación presentada por la demandada, el tribunal de instancia en 9 de agosto de 1972, al declarar sin lugar dicha moción ordenó “que se continúen los procedimien-tos de lo exigido en la póliza.” Tomada en contexto dicha reso-lución u orden obligaba al demandante a someterse a arbitraje forzoso, contra su deseo.

Recurrió ante nos el demandante y en 28 de noviembre de 1973 acordamos revisar. Expedimos el certiorari solicitado. El señalamiento es al efecto de que erró el tribunal de instan-cia al obligar al demandante a someterse al procedimiento de arbitraje.

Se cometió el error señalado. El asunto es básico. La materia de seguros es una materia especial y está regida por una ley especial denominada Código de Seguros de Puerto Rico, Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957; 26 L.P.R.A. secs. 101 y ss. Como se sabe, el Código Civil es supletorio en las materias que se rigen por leyes especiales, Art. 12 de dicho Código, 31 L.P.R.A. sec. 12, pero en este caso no hay que recurrir a él pues el Código de Seguros contiene disposiciones expresas que cubren el punto aquí envuelto.

Dispone, en lo pertinente, el Art. 11.190 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sec. 1119, como sigue:

“(1) Ninguna póliza . . . contendrá ninguna condición, esti-pulación o acuerdo:
(a) Para privar al asegurado del derecho de recurrir a los tribunales, en caso de controversia, para la determinación de sus derechos con arreglo a la póliza.
(b) Para privar a los tribunales de Puerto Rico de juris-dicción en acciones contra el asegurador.
“(2) Cualquier condición, estipulación o convenio en contra-vención con esta sección será nulo, pero sin que tal nulidad afecte la validez de las demás disposiciones de la póliza.”

Ante la citada disposición de ley es necesario concluir que la cláusula de la póliza que requería el arbitraje obligatorio es nula e ineficaz en Puerto Rico. Se tendrá por no puesta. Para mayor abundamiento, recuérdese que el cuerpo rector por excelencia de nuestro derecho privado dispone que no puede contratarse en contravención a las leyes del país. Código Civil, Art. 1207; 31 L.P.R.A. sec. 3372.

Tampoco gobierna este caso la Ley de Arbitraje, Ley Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, 32 L.P.R.A. secs. 3201 y ss., como insinúa la interventora. Además, como también hemos señalado, las partes no podían pactar un arbitraje voluntario cuando el mismo hubiese resultado contrario al Código de Seguros. El Código de Seguros es una ley posterior a la Ley de Arbitraje antes citada y también dicho Código reglamenta una materia especial. Por dichas razones, el Código de Seguros prevalece en este caso sobre las disposiciones de la Ley de Arbitraje.

En vista de lo anterior, se dejará sin efecto aquella parte de la resolución del tribunal de instancia dada en 9 de agosto de 1972 que ordenaba que se procediese con el arbitraje. Se devolverá él caso al tribunal de instancia para que continúen los procedimientos correspondientes que no sean inconsistentes con esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Aso-ciados Señores Cadilla Ginorio e Irizarry Yunqué, no inter-vinieron.

       La demandada invocó la siguiente cláusula del contrato — impresa en letra pequeña:
      “If the insured and the company fail to agree as to the amount of loss, either way, within 60 days after proof of loss is filed, demand an appraisal of the loss. In such event the insured and the company shall each select a competent appraiser, and the appraisers shall select a competent and disinterested umpire. The appraisers shall state separately the actual cash value and the amount of loss and failing to agree shall submit their differences to the umpire. An award in writing of any two shall determine the amount of loss. The insured and the company shall each pay his chosen appraiser and shall bear equally the other expenses of the appraisal and umpire. The company shall not be held to have waived any of its rights by any act relating to appraisal.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Brígido Berríos Rodríguez, peticionario y recurrente, v. Comisión de Minería de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: R-70-266

      Resuelto: 6 de mayo de 1974

      Pagan, Pagan & Berrios Pagan, abogados del peticionario y re-currente; Gilberto Gierbolini, Procurador General, Federico Rodriguez Gelpi y Dolores Ruiz de Zambrana, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de la demandada y recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribur nal.

Al recurrente le fue denegada por la Comisión de Minería de Puerto Rico una solicitud de permiso exclusivo para estu-dio y exploración de hidrocarburos (gas y petróleo) en la zona de Santa Isabel. La decisión adversa de dicha agencia adminis-trativa le fue notificada al peticionario Berrios el 23 de diciembre de 1968, pero no le fue notificada a su abogado hasta el 14 de enero de 1969. El día 28 de este mismo mes de enero el peticionario radicó recurso de revisión ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior al amparo del Art. 7 de la Ley de Minas que es la Núm. 9 de 18 de agosto de 1933 (28 L.P.R.A. sec. 118), según modificado por la Ley Núm. 115 de 26 de junio de 1958 (4 L.P.R.A. sec. 35). La Sala de San Juan desestimó el recurso por haberse radicado pasado el término de 30 días dispuesto en el citado Art. 7. Al así actuar computó el término apelativo partiendo de la notificación a la parte, y no a su abogado que se hizo más tarde. Dicho Art. 7 de la Ley de Minas (28 L.P.R.A. see. 118) ordena: “Las decisiones y determinaciones de la Comisión serán finales e inapelables excepto aquellas con respecto a cuestiones de derecho, así como con respecto a la compensación de los dueños del suelo o de cualquier derecho real sobre tal inmueble contra las cuales podrá apelar cualquier parte afectada para ante el Tribunal... .”

La Ley de Minas guarda silencio en cuanto a si la decisión ha de notificarse al propio peticionario o al abogado que lo representa. No así las Reglas de Procedimiento Civil que dirigidas a la solución “justa, rápida y económica” de los procedimientos de naturaleza civil ante el Tribunal General de Justicia ordenan en la 67.2: “Siempre que una parte haya comparecido representada por abogado, la notificación se hará al abogado, a menos que el tribunal ordene que la notificación se haga a la parte misma.” Nada impide, sin embargo, que en casos apropiados se adopten normas de las Reglas de Procedimiento Civil para guiar el curso del proceso administrativo, cuando aquellos principios propicien la solu-ción justa. Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 722-23 (1961).

Si bien en Caparra Country Club v. Junta de Planificación, 74 D.P.R. 74 (1952), se sostuvo la corrección de una notificación a la parte interesada, en vez de a su abogado, el precedente jurisprudencial no puede separarse de la circunstancia de proveerse en la ley y en el Reglamento de Planificación, como no se provee en la legislación de Minas, que la notificación se hará a todo funcionario o individuo interesado a cuyos fines la parte directamente interesada ha de suministrar su dirección exacta. 23 L.P.R.A. sec. 18; 23 R.&R.P.R. sec. 4-44.

Sólo por excepción expresamente autorizada, y aun así con renuencia, puede aceptarse como suficiente la notificación a una parte ignorando a su abogado. Una vez provisto por estatuto el recurso de apelación, tanto en lo administrativo como en la litigación civil, es parte del debido proceso de ley y por tanto la notificación al abogado que interviene en representación de persona interesada es indispensable en todas las etapas. Y si la apelación se da sobre cuestiones de derecho únicamente, ¿cómo esperar que la parte que ha contratado un abogado para que proteja sus intereses tenga una percepción informada superior a la del técnico en la ley que le permita tomar una decisión correcta frente a la denegación de su derecho? Evidentemente este fue el criterio que animó a la Comisión de Minas a notificar directa y personalmente al abogado del recurrente tres semanas después de haber notificado a su cliente. No fue éste ui acto inútil sino eficaz y propio, y es a partir de esta última notificación que debe contarse el término para la apelación administrativa.

Se revocará la sentencia del Tribunal Superior y se devol- verá el caso a la sala de origen para continuación de procedi-mientos acordes con esta opinión.