author: PER CURIAM:

text:
    Gómez Hermanos, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y peticionario; Gomar Auto Corporation, demandante, v. Secretario de Hacienda, demandado y peticionario.

      Número: O-83-531

      Resuelto: 14 de octubre de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peticio-nario; Rodrigo Otero Suro y Rodrigo Otero Bigles, de Otero Suro & Otero Suro, abogados de las recurridas.
   PER CURIAM:

La parte recurrente, el Secretario de Hacienda, tasó e impuso a las recurridas, Gómez Hermanos, Inc. (Gómez Hermanos) y Gomar Auto Corporation (Gomar), la contribución sobre la propiedad mueble para varios años contributivos. Las recurridas pagaron la parte de la contri-bución con la cual estuvieron conformes, acogiéndose a los descuentos que concede la Sec. 2(a) de la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1959, según enmendada, 13 L.P.R.A. sec. 476b. Tales descuentos fueron concedidos y pagados sobre la parte de la contribución con que Gomar y Gómez Hermanos estu-vieron conformes.

Las contribuyentes demandaron al Secretario para que revisase la tasación e imposición de la contribución. El tribunal de instancia aprobó nuevos cómputos sometidos por las contribuyentes y permitió que se acogieran al des-cuento del 10% sobre las diferencias resultantes. El Secre-tario alega ante este foro que erró el tribunal de instancia al permitir tal descuento.

La Sec. 2 de la Ley Núm. 80 de 25 de junio de 1959 (13 L.P.R.A. sec. 476b) dispone, en parte:

(a) Se concederán los siguientes descuentos sobre el im-porte de la contribución sobre la propiedad mueble, si el pago se efectuare en la forma y dentro del plazo correspondiente:
(1) Diez (10) por ciento del monto de cada semestre, si el pago de ambos semestres se efectuase conjuntamente y dentro de treinta (30) días a partir de la fecha en que los recibos estuvieren en poder del colector y así se anunciare.

En el Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 695, que luego se con-virtió en la Ley Núm. 80, se señala el propósito de la medida:

El propósito de este proyecto es conceder un incentivo para que los contribuyentes paguen prontamente las contribu-ciones sobre la propiedad y proveer un alivio para aquellos contribuyentes que se encuentren en condiciones económicas gravemente adversas.
El incentivo consiste en conceder un descuento de un 10 por ciento si se paga el total de la contribución dentro de los 30 días de haber sido puesto el recibo al cobro; un 5 por ciento si dicho pago se efectúa después de 30 días pero sin exceder de 60; y finalmente, un 3 por ciento si se paga el primer semes-tre dentro de los 30 días de haber sido puestos los recibos al cobro y el segundo, dentro de los 30 días siguientes al 1ro. de enero del año fiscal a que correspondan dichos recibos. (Énfasis nuestro.) 12 Diario de Sesiones 1084 (1959).

Ni en el texto de la Ley Núm. 80 ni en su historial hallamos nada que autorice descuentos eventuales sobre cantidades en disputa cuando el contribuyente resuelve efectuar pagos parciales. Tampoco encontramos tal facultad en la Ley Núm. 8 de 10 de abril de 1964 (13 L.P.R.A. secs. 331-337), referente a pagos aplazados de contribuciones sobre la propiedad, ni en el Art. 2 de la Ley Núm. 235 de 10 de mayo de 1949 (13 L.P.R.A. see. 282), donde se le concede al contribuyente un recurso judicial cuando no esté conforme con determinaciones del Secretario de Hacienda relativas a contribuciones sobre la propiedad.

Por el contrario, la contención de las contribuyentes derrotaría el propósito de la Ley Núm. 80, ya que, como se desprende del informe citado, se ofrece el descuento como un incentivo para el pronto pago de la totalidad de la contribución y no para su pago después que se cuestione y litigue la imposición del tributo. Si un contribuyente en la posición de Gómez Hermanos y Gomar desea acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 80, el procedimiento indicado, hasta tanto la Asamblea Legislativa disponga otra cosa, es pagar la totalidad de la contribución dentro del plazo indicado en el estatuto y con el descuento correspondiente, y luego reclamar el reintegro en la forma prescrita por ley. De tal modo, no importa el resultado de la acción, el contribuyente se beneficia del descuento y, además, si su planteamiento prospera, recibe el reintegro, más los intereses devengados. El contribuyente no está obligado a seguir este curso de acción. Puede, en la alternativa, pagar la parte de la contribución con la cual esté conforme, pero en tal caso no tendrá derecho a los beneficios de la Ley Núm. 80 sobre la diferencia en litigio.

El argumento de las contribuyentes en el sentido de que el Secretario de Hacienda tiene que expedir nuevos recibos cuando la determinación del tribunal represente una cantidad diferente de la que aparece en los recibos no nos convence. La práctica administrativa es otra. Véanse el Art. 303 del Código Político, 13 L.P.R.A. sec. 454; García Commercial v. Srio. de Hacienda, 80 D.P.R. 765 (1958).

Se expedirá el auto y se modificará la orden de 15 de abril de 1983 para eliminar el 10% incluido en los cómputos contributivos aprobados.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibió; el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López no intervino.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Arturo Ramos Villanueva, demandante y recurrido, v. Departamento de Comercio y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: O-83-476

      Resuelto: 18 de octubre de 1983

      Eliezer Aldarondo Ortiz, abogado de los peticionarios; Noel Vera Mercado, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

En Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1982), resolvimos que el recurrido había sido despedido por razones políticas y el Estado no había demostrado que la afiliación política era requisito adecuado para el desem-peño de su cargo. Confirmada así la determinación de instancia, el tribunal juzgador en ejecución de la sentencia ordenó a la parte recurrente que, además de los sueldos dejados de percibir, pagara al recurrido las vacaciones acumuladas durante el período del despido. La peticionaria presentó solicitud de certiorari para revisar la parte de la resolución sobre el pago de las vacaciones acumuladas. Expedimos orden de mostrar causa circunscrita a ese aspecto de la resolución y en cumplimiento el recurrido compareció.

Revocamos la resolución del tribunal juzgador en cuanto exige a los recurrentes pagar al recurrido sumas por concepto de vacaciones atribuibles al período del despido hasta que fuera instalado en su puesto. Las vacaciones han sido instituidas con el propósito de permitir a los empleados un período de descanso para reponer las fuerzas físicas y mentales agotadas en el período de trabajo y compartir ratos de tranquilidad y sosiego con sus familias. Rivera Maldonado v. Autoridad Sobre Hogares, 87 D.P.R. 453, 456 (1963). Mientras se disfruta de este período de descanso en el término que dispone la ley, el empleado continúa percibiendo igual cantidad del sueldo como si estuviera trabajando. Si el empleado elige trabajar 11 meses al año y vacacionar un mes, de todas maneras recibirá el sueldo correspondiente a 12 meses. Es decir, el pago por vacaciones no representa compensación adicional al sueldo, sino que es el equivalente del sueldo pagado mientras se descansa. En nuestro caso al recurrido se le pagaron todos los salarios dejados de percibir mientras estuvo despedido, cesante en su trabajo. Ese pago incluyó tanto los períodos que hubiera trabajado como los que hubiera descansado en vacaciones.

El recurrido alega que nuestra opinión en Ramos, supra, tiene efectos de cosa juzgada en esta etapa de los procedimientos. No tiene'razón. La opinión citada sólo se circunscribió a determinar la legalidad del despido. En esa etapa de los procedimientos no se dilucidó controversia de hechos sobre vacaciones acumuladas durante el período de despido. Es en el trámite de ejecución de la sentencia donde por primera vez se levanta el asunto. Por tanto no existe impedimento alguno de cosa juzgada. Cf. De Castro v. Junta Comisionados, 59 D.P.R. 676, 679 (1942), confirmado en 322 U.S. 451 (1944).

Por las razones que anteceden, se dictará sentencia en la que se expida el auto y se revoque la resolución recurrida.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Juan Carle García, apelante, recurrente y recurrido, v. Superintendente de la Policía, apelado, recurrido y peticionario.

      Número: O-83-304

      Resuelto: 20 de octubre de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Doris M. Santiago, abogada del Departamento de Justicia, abogados del peticio-nario; Héctor A. Feliciano Carreras y José L. Purcell Terrón, abogados del apelante recurrido.
   RESOLUCIÓN

A la anterior petición de certiorari, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Secretaria General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto explicativo. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

-0-

Voto explicativo emitido por el

Juez Asociado Señor Negrón García.

Estamos conformes con proveer no ha lugar al recurso y, de ese modo, aunque basados en algunos fundamentos dis-tintos, confirmar el dictamen del tribunal de instancia.

I

Juan Carie García, nacido en la isla de Vieques ingresó a la Policía en diciembre de 1958. Con el transcurso del tiempo se desempeñó allí, en otras municipalidades y diver-sos sectores del Área Metropolitana. Mediante varios ascen-sos, el 1 de abril de 1977 alcanzó el grado de teniente primero. Con este rango, desde el 19 de febrero de 1976 estaba a cargo y ocupaba el puesto de comandante del Dis-trito de Vieques. Allí residía y tenía constituido su núcleo familiar, integrado por su esposa y dos hijos menores.

Carie García era estimado entre la ciudadanía vie-quense. Sus ejecutorias eran excelentes. Las evaluaciones de la División de Personal eran muy buenas. Estaba conside-rado como un magnífico oficial.

La comunidad de Vieques experimentó durante su incumbencia (1976-1980) múltiples incidentes relacionados con las protestas de un grupo de ciudadanos contrarios a las maniobras que allí realiza la Marina de los Estados Unidos. En esos acontecimientos y período se desempeñó eficiente-mente. Aun así, la presencia e intervención necesaria de la Policía, expuesta en múltiples ocasiones a grave tensión y violencia, motivó que durante esos incidentes la comandan-cia de la Policía enviara un oficial de rango de capitán para provisionalmente asumir el mando directo y dirigir las ope-raciones encaminadas a garantizar la paz y el orden público.

En esa época la administración municipal estaba dirigida por el alcalde señor Radamés Tirado, del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.). Lamentablemente entre dicho funcionario y el teniente Carle no existían las mejores rela-ciones. Carie estaba identificado con el Partido Popular Democrático. Varias personas residentes de esa isla, simpa-tizantes de ambos partidos políticos, fueron testigos de que en diversas ocasiones, lugares, fechas y actividades, el alcalde señor Tirado manifestó su desagrado ante la pre-sencia del teniente Carle en Vieques y su intención de que agotaría todos los medios a su alcance para trasladarlo de la isla.

Así las cosas, dos meses antes de las elecciones de 1980, en el mes de agosto, tanto el Superintendente de la Policía, Sr. Desiderio Cartagena, como el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Carlos Romero Barceló, visitaron dicha isla y estuvieron reunidos con el alcalde señor Tirado. Días des-pués, el 19 de agosto, se materializó su traslado inmediato. La notificación se originó en el Cuartel General de San Juan por el coronel Raúl González Fernández, entonces director del Negociado de Operaciones de Campo, por conducto del Comandante de Área de Humacao. Invocó como razón “exi-gencias del servicio”.

Subsiguientemente se adujo que el cambio respondió a un estudio no escrito que reveló la necesidad de elevar a capitán el rango de Comandante de Distrito de Vieques y así evitar tener que estar enviando un oficial de esa jerar-quía cada vez que ocurría un incidente. Para sustituirlo transfirieron a Vieques al capitán Víctor Ortiz Lebrón, Placa Núm. 6-4846 —ascendido a la sazón — , quien ante-riormente prestaba servicios y residía en Caguas. También, en calidad de auxiliar del capitán Ortiz trasladaron al teniente Marrero, quien prestaba servicios en Cagúas y había solicitado ser movido a Humacao o donde residía, Ceiba.

Con posterioridad al traslado, el teniente Carie sufrió un severo ataque de alta presión. Por recomendación médica se encuentra en licencia por enfermedad bajo tratamiento en el Fondo del Seguro del Estado.

II

Inconforme, apeló a la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal (JASAP). Alegó que el traslado tuvo motiva-ciones políticas, era arbitrario, irrazonable y oneroso. La Junta resolvió que no aplicaban a la Policía las disposi-ciones sobre traslado contenidas en la Ley de Personal del Servicio Público, Núm. 5 del 14 de octubre de 1975. No obstante, asumió jurisdicción para examinar la alegación de discrimen político y determinó que la prueba presentada demostró que el cambio obedeció a necesidades del servicio.

De ese dictamen Carie García acudió al Tribunal Superior. Además de reiterar sus alegaciones, cuestionó la nega-tiva de la Junta a celebrar sesiones en Vieques, según su solicitud. El tribunal la revocó. Concluyó que el traslado era arbitrario, irrazonable y oneroso, constitutivo de una crasa violación a su derecho constitucional al debido procedi-miento de ley. Añadió que no existía ninguna disposición estatutaria ni reglamentaria, a la fecha del traslado, que previera las “necesidades del servicio” o “cambio de rango” como base para el traslado de un agente de la Policía. Sobre la alegación de discrimen político, el foro judicial de instan-cia expresó que los hechos del caso tendían “a levantar la inferencia de que alguna influencia de carácter político pudo existir”.

El Superintendente de la Policía recurre ante nos. Argumenta que erró el tribunal al no resolver la inaplicabi-lidad de las disposiciones sobre traslado de la Ley de Personal a los miembros del cuerpo de la Policía y determinar que el despido fue arbitrario, oneroso e irrazonable. Tam-bién ataca las expresiones relativas a la alegación de dis-crimen político. Por su parte, el recurrido Carie García se opone, y nos pide que declaremos inconstitucional la dispo-sición referente a traslados, a base de que hace una distin-ción impermisible entre los policías y el resto de los empleados públicos.

III

La Policía de Puerto Rico es un administrador individual. Como tal, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Personal y otras aplicables, tiene la responsabilidad de administrar directamente y con cierta autonomía todo su personal en las áreas esenciales al principio de mérito.

Con referencia al área de los traslados la versión original del estatuto de personal (1975) leía:

(5) Los traslados no podrán ser utilizados como medida disciplinaria ni podrán hacerse arbitrariamente. Sólo podrán hacerse a solicitud del empleado, o cuando respondan a nece-sidades del servicio según se establezca mediante reglamento, y el traslado no resulte claramente oneroso para el empleado.

La Ley Núm. 1 de 17 de julio de 1979 introdujo varias enmiendas significativas: eliminó del texto la palabra “cla-ramente” y añadió in fine, que se “exceptúan de esta dispo-sición aquellos sistemas en que se utilice el concepto de rango”. Además adicionó el siguiente apartado:

(9) En aquellos sistemas en que se utilice el concepto de rango, se podrá utilizar el traslado, descenso o degradación como medida disciplinaria siempre y cuando sus leyes orgá-nicas lo autoricen. En estos casos no se requerirá el consenti-miento del empleado. (Énfasis nuestro.) 3 L.P.R.A. see. 1334.

Resulta obvio que la administración de personal en la Policía de Puerto Rico, excepto sus empleados civiles, se rige por el concepto de rango. 25 L.P.R.A. see. 1008. Por ende, está excluida de la rigurosidad y exigencias ordina-rias relativas al sistema de traslado. Las complejidades y urgencia de su misión justifican a cabalidad reconocerle esa flexibilidad operacional y movilidad en su personal.

Para fines funcionales la Policía ha sido internamente organizada a base de una división geográfica de la Isla en nueve (9) Comandancias de Área. La correspondiente a Humacao incluye los distritos (municipios) de Humacao, Yabucoa, Maunabo, Las Piedras, Fajardo, Ceiba, Vieques, Culebra y Luquillo. Estos distritos son dirigidos por un ofi-cial con rango “no mayor de capitán”, a discreción del Superintendente.

Bajo el esquema descrito, el Superintendente de la Po-licía no designa a los miembros de la Fuerza en municipios específicos. Los asigna a aquella Comandancia de Área en que sus servicios son requeridos, área que, según hemos visto, comprende varios pueblos integrados e identificados como distritos. A su vez, corresponde al Comandante de Área determinar de ordinario el lugar específico de trabajo y las funciones de cada policía y oficial.

Sin embargo, la exclusión de la Policía de algunas dispo-siciones de la Ley de Personal no implica que los traslados puedan hacerse arbitraria ni caprichosamente. Bajo un régimen constitucional ninguna ley puede autorizar o legi-timar actos de esa naturaleza. En términos generales sería arbitraria toda acción del Superintendente o sus subalter-nos carente de una legítima justificación o nexo racional conforme las mejores normas de administración pública o exigencias (necesidades) del servicio, o aquella basada en persecución o consideraciones político-partidistas ajenas a los méritos de la determinación. Observamos, además, que aun en agencias en que impera el sistema de rango, el tras-lado, como medida disciplinaria, sólo sería permisible si sus leyes orgánicas lo autorizan y, claro está, el empleado abiertamente ha incurrido en una falta. No existe esa facul-tad en la Ley de la Policía. Por ende, no puede recurrirse al traslado como medida disciplinaria.

Ahora bien, contrario a la conclusión del tribunal de instancia, dicha ley consagra el criterio de “necesidades del servicio” como razón de ser y convalida la adopción de determinados cursos administrativos en variadas instan-cias. Arts. 11; 18(c)(2) y 18(f); 19(c)(2) y 19(e). 25 L.P.R.A. secs. 1011; 1018(c)(2) y 1018(f); 1019(c)(2) y 1019(e). Cierta-mente, la legitimidad de un traslado por necesidades o exi-gencias del servicio es una facultad implícita en toda agencia.

La frase “necesidades o exigencias del servicio” acuña una realidad eminentemente pragmática, de carácter rela-tivo y flexible. En distintos momentos puede conllevar dife-rentes significados y grados. Abarca tanto situaciones im-periosas e inevitables —en que la libertad de acción es casi ninguna y no existe otro curso de acción— como aquellas medidas útiles y aconsejables. A su vez tales necesidades o exigencias del servicio pueden clasificarse de razonables, prácticas, económicas, etc. El abanico de posibilidad y situaciones es amplio. No puede ser limitado a priori.

Por la peculiar naturaleza de la fuerza policíaca es cog-noscible el interés legislativo de imprimir en su organi-zación la mayor elasticidad operacional posible. La Ley de la Policía concede amplia discreción administrativa al Super-intendente para determinar'y requerir un traslado de un miembro de la Fuerza aun contra su voluntad. Aunque el policía es un sujeto protegido constitucionalmente —Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518 (1980)— forma parte de ese grupo de funcionarios sobre los cuales un interés superior comunitario les impone mayores exigencias y restricciones en contraste con otros servidores públicos. Véase, Hermina González v. Srio. del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978). No encontramos ni se nos ha señalado persuasivamente que la exclusión de los criterios limitativos sobre traslados de la Ley de Personal sea una clasificación o actuación legislativa injustificada, carente de base o nexo racional con el propó-sito legislativo. No adolece de endeblez o deficiencia cons-titucional.

En el caso de autos el traslado del teniente Carie García al Distrito de Humacao, por la peculiaridad de residir en la isla de Vieques, le impuso unos gravámenes mayores que los de ordinario. Se vería precisado a una transportación limitada y más costosa por aire o mar. Esta onerosidad, producto del cambio, no podía oponerla como freno limita-tivo a la autoridad nominadora. A lo sumo, sería uno de los múltiples factores a tomarse en la configuración de esa decisión discrecional.

Se toma en consideración siempre el área de trabajo, la posición que ocupa el policía, el rango que tenga, su necesidad en términos de sector donde va a operar, las necesidades de transportación, si alguna; toda una serie de necesidades bási-cas que hay en relación a un movimiento de una persona y entendiendo cuál es la política pública de la agencia para reubicar su personal en términos de los servicios que deben prestarse en una unidad de trabajo. (Testimonio del coronel Raúl González Fernández; T.E. de 6 de mayo de 1981, pág. 17.)

Recapitulando. La superintendencia de la Policía tiene amplia discreción gerencial para ordenar traslados basados en las variadas necesidades del servicio. De ordinario, los tribunales no intervendrán con el ejercicio y sabiduría de esa facultad. La fluidez situacional en la preservación del orden, la paz y la tranquilidad le imponen una singular movilidad a su personal.

IV

Lo expuesto bastaría para que el Poder Judicial se abstuviera de mediar y se involucrara con el traslado del teniente Carie García. Sin embargo, la prueba revela una inferencia de que en tal decisión el entonces alcalde señor Tirado influyó por razones de carácter político. Indepen-dientemente de que haya sido o no de tipo discriminatorio, el Art. 22 de la Ley de la Policía prohíbe tal proceder. Es contrario a la intención legislativa. Esa presunción no que-dó rebatida. Acertadamente el tribunal de instancia expresó:

Al examinar la prueba que se presentó ante JASAP en este caso, le llama la atención a este Tribunal el hecho probado de que, no obstante la apelada-recurrida alegar que el traslado del apelante-recurrente obedeció a una supuesta necesidad de elevar a Capitán el rango del Comandante del Distrito Poli-cíaco de Vieques (no pasaremos juicio sobre los méritos de esta determinación), lo cierto es que han mantenido otra plaza de Teniente en Vieques en adición a la de Capitán.
Nos preguntamos: ¿si no se podía ascender al Teniente Carle a la plaza de Capitán, qué impedía mantenerlo en la otra plaza de Teniente?
La Policía lo que hizo, según demuestra la prueba ante nos, fue que asignó a Vieques a otro Teniente que estaba en Caguas y que había pedido voluntariamente un traslado para Humacao. ¿Por qué no asignaron a Humacao a dicho Teniente (que lo había solicitado), a la plaza o posición a la cual asignaron al aquí recurrente, y podían así mantener al Teniente Carle en Vieques? No acertamos a entender estos movimientos de personal efectuados por la Policía de Puerto Rico en el presente caso.

A este razonamiento debemos añadir. Durante cuatro (4) años la situación en Vieques prevaleció igual. En incidentes de protestas se envió a un capitán para asumir provisional-mente la dirección distrital. Curiosamente el traslado se acordó y materializó a raíz de la visita a Vieques de la máxima jerarquía de la Policía, incluso el Primer Ejecu-tivo. Dicho cambio se implemento por orden directa e in-mediata que emanó del Cuartel General. El estudio que su-puestamente lo justificó fue verbal (sobre el terreno). En conciencia, no tenemos otra alternativa que confirmar la ilegalidad del traslado y la sentencia recurrida mediante un no ha lugar.

       Bajo esta óptica nos resulta difícil convenir con el enfoque restrictivo del tribunal de instancia cuando cita a JASAP en el caso Núm. T-79-606, Salvador Casiano v. Policía, que resolvió que un trasladó era oneroso e irrazonable a menos que mediare una de las siguientes circunstancias: (1) que el traslado hubiese vio-lado alguna disposición de la ley o del reglamento; (2) que hubiera violado alguna disposición de la ley o Reglamento de la Oficina Central de Administración de Personal; (3) que el trabajo del trasladado en el sitio de donde lo trasladaron resul-taba en un riesgo inminente para su vida y/o la de sus familiares; (4) que hubiere problemas de relaciones entre el trasladado y otras personas bajo su comando o supervisión; (5) que hubiere problemas de relaciones oficiales entre el trasladado y sus superiores; y (6) que hubiere problemas entre el trasladado y la comunidad donde ejercía su trabajo.

       Bajo el Reglamento aprobado el 4 de mayo de 1981 se establecen expresa-mente los objetivos, el ámbito y las normas para regir los traslados.

       En el acápite pertinente reza:
      “Constituirá delito menos grave la intervención indebida de cualquier persona ajena a la Policía o que carezca de autoridad o facultad supervisora o nominadora en la Policía que utilizando ventaja político partidista o influencias indebidas pre-tende por motivos ajenos a los mejores intereses de la Policía obtener ingreso, reingreso, ascenso, traslado, despido, descenso o cualquier acción para el beneficio o perjuicio de algún miembro de la Policía....” (Énfasis suplido.) 25 L.P.R.A. see. 1022(c).


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Sucesión de Ana María García, demandante y recurrente, v. Autoridad de Carreteras y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandados y recurridos.

      Número: R-82-541

      Resuelto: 21 de octubre de 1983

      Wilfredo Luciano Quiñones, abogado de la recurrente; Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Marta Quiñones, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Diego Germán Vázquez, abogado de la Autoridad de Carreteras, recurrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La Sucesión de Ana María García adquirió por herencia dos fincas denominadas, para propósito de este pleito, “A” y “B”. El Secretario de Hacienda impuso la suma de $100,099.49 por concepto de contribución de herencia al caudal relicto constituido por las dos fincas como su único activo. Las fincas habían sido reservadas desde el 1969 por la Junta de Planificación para la construcción futura de la Avenida Guaynabo y la Avenida Periferal Sur. La finca “A” está afectada por el Proyecto de la Avenida Guaynabo y se encuentra ya en el Programa de Construcción vigente de 5 años de la Autoridad de Carreteras. La finca “B”, que es la afectada por el Proyecto de la Avenida Periferal Sur, to-davía no está incluida en el programa de construcción y no se sabe cuándo se construirá.

La congelación de los terrenos ha impedido a la sucesión recurrente obtener financiamiento para pagar la contri-bución de herencia, por lo que se ha acumulado en el curso de los años una cuantiosa deuda por concepto de intereses al 10% anual y recargos por una tasa adicional de 10%.

Con motivo de esta onerosa situación la recurrente instó demanda contra el Estado Libre Asociado y la Autoridad de Carreteras, en la que solicitó que se ordenara la expropia-ción de los terrenos por su justo valor o, en su defecto, que se les liberara de las restricciones impuestas por la Junta y se condenara a los recurridos al resarcimiento de los daños causados por la congelación irrazonable.

El tribunal de instancia desestimó la demanda por con-siderarla académica, ya que el Estado se proponía expro-piar la parcela “A” próximamente y que la restricción a la parcela “B” sería eliminada administrativamente tan pronto la recurrente lo solicitara a la Junta.

Ante la gravosa situación creada por el Estado a la recurrente al imponerle serias penalidades por concepto de intereses y recargos, a la vez que le impedía con la congelación irrazonable de los terrenos el gestionar los recursos necesarios para pagar la contribución, y considerando que a la luz de los criterios establecidos en Flamboyán Gardens v. Junta de Planificación, 103 D.P.R. 884 (1975), y The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23 (1978), la congelación de los terrenos constituía un acto irrazonable, concedimos término a la recurrida para que compareciera a mostrar causa por la cual no se debía dejar sin efecto la sentencia en que se decretó la desestimación de la demanda, y devolver el caso para que se impusiera a los recurridos un término improrrogable de treinta días para la expropiación de la parcela “A” y para la descongelación de la parcela “B” y se adjudicara el resarcimiento de daños.

Comparecieron los recurridos en sendos escritos para objetar la expedición del auto. De ellos se desprende que en cuanto a la finca “A” el pleito se ha convertido en acadé-mico. La Autoridad de Carreteras llevó a cabo con posterio- • ridad a nuestra orden de mostración de causa la expropia-ción de dicho predio y consignó a favor de la recurrente la cantidad de $313,300, mediante el cheque número 47567. La consignación de fondos puso en condiciones a la recurrente de acogerse a la amnistía contributiva decretada por la Ley Núm. 2 de enero de 1983 y de liberarse del pago de los inte-reses, recargos y penalidades que pudieran haberse acumu-lado con motivo de la congelación irrazonable.

La situación de la finca “B”, sin embargo, es distinta. Los recurridos arguyen que el recurso es prematuro, porque los recurrentes deben agotar el remedio administrativo y solicitar de la Junta la descongelación de dicha finca al amparo de la resolución número 235, aprobada por la Junta de Planificación el 28 de octubre de 1981. En efecto, dicha resolución permite la expedición de permisos en los casos de terrenos afectados por planes viales cuando no se ha programado la construcción de la vías propuestas. Notamos, sin embargo, que esta resolución sujeta dichas propiedades a la siguiente condición:

Los permisos que se otorguen al amparo de lo dispuesto en esta resolución deberán indicar la posibilidad de que el proyecto quede afectado en el futuro por la construcción de una vía.

Tal requisito constituye en las circunstancias de este caso una restricción impermisible porque no tiene una justi-ficación racional y afecta onerosamente, sin beneficio para la comunidad, los intereses de la recurrente. Se recordará que dicha parcela ha estado reservada para un fin público durante los últimos catorce años y que no está incluida to-davía en el Programa de Construcción de 5 años de la Auto-ridad de Carreteras ni se proyecta adquirirla.

La restricción no adelanta ningún interés del Estado, puesto que todos los terrenos, sin distinción, están sujetos al dominio eminente del Estado y pueden ser expropiados en cualquier momento para la construcción de una carretera o cualquier otro fin público. El mero hecho de que se advierta así en los permisos que se otorguen, no altera en forma alguna los poderes del Estado. Por el contrario, la mera advertencia de por sí tiene un efecto limitativo en el desarrollo, financiamiento y disposición de los terrenos, en perjuicio del derecho de propiedad de la recurrente.

Concluimos, pues, que en las circunstancias apuntadas la restricción impuesta a la finca “B” resulta irrazonable e impermisible.

Se dictará sentencia en la que se expida el auto, y se modifica la sentencia recurrida a los fines de ordenar a los recurridos que se abstengan de aplicar la mencionada res-tricción en los permisos que otorguen para el desarrollo de la finca “B” conforme las disposiciones de la mencionada reso-lución número 235. Así modificada, se confirmará.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.


text:
      In re Lcda. Candy Arreche Holdun, querellada.

      Número: O-81-632

      Resuelto: 21 de octubre de 1983

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rosa Negrón, Pro-curadora General Auxiliar, abogados promoventes; Julio Eduardo Torres, Gregorio Lima, Enrique González y José Gilot, abogados de la querellada.
   PER CURIAM:

La querellada, Leda. Candy Arreche Hol-dun, fue admitida al ejercicio de la abogacía por este Tribunal el 31 de mayo de 1977. El 23 de junio siguiente se la autorizó a ejercer el notariado.

Por opinion y sentencia de 23 de marzo de 1983 en el caso Cr-81-62, 114 D.P.R. 99 (1983), confirmamos sentencia condenatoria contra dicha querellada, que tuvo por base acusación criminal por infracción del Art. 262 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4523, en que se alegó:

. . . allá en o para el 7 de febrero y durante los días siguientes hasta el día 16 de febrero de 1981, en Santurce, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria, maliciosamente, a sabiendas, y con la intención criminal cons-piró junto al Sr. César J. Ojínaga Deu, para lograr acusar falsamente a Luis A. Figueroa Rivera, de un supuesto delito de Sustancias Controladas, tramando entonces el conseguir la intervención de la policía, de modo tal de conseguir el arresto y denuncia del Sr. Luis A. Figueroa Rivera, por parte de los Agentes de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico, todo ello con la intención de promover una causa criminal infundadamente y el cobro de $15,000.00 por honorarios profesionales. En la conspiración la referida acu-sada, ejecutó actos para llevar a cabo la conspiración y a tales efectos ejecutó actos dirigidos al logro del propósito conve-nido, uno de ellos la entrega por parte de Candy Arreche Holdun a César Jorge Ojínaga Deu de un cheque por la can-tidad de $240.00 para la compra de heroína, y, a tales efectos ejecutó actos como reza la acusación.

El Procurador General había presentado querella el 5 de noviembre de 1981 en que solicitaba se decretara la sepa-ración de la querellada del ejercicio de la abogacía y del notariado, basándose en dicha convicción. Por resolución de 10 de diciembre de 1981 detuvimos el trámite sobre dicha querella toda vez que la sentencia recaída en la causa criminal no era final y firme por estar pendiente el recurso de apelación que resolviéramos mediante la opinión y senten-cia mencionadas. El trámite siguió detenido luego de nues-tra sentencia para atender a mociones de reconsideración sometidas. A esta fecha el fallo es final, firme e irreversible.

Los hechos cometidos por la querellada, probados en la causa criminal más allá de duda razonable, acusan de su parte tal grado de torpeza y deformación moral que la hacen indigna de ser miembro de la profesión jurídica.

Se decretará la separación permanente de la querellada Candy Arreche Holdun del ejercicio de la abogacía y del notariado.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.


text:
      In re Lcdo. Pascual F. Lanauze Ortiz, querellado.

      Número: MC-83-13

      Resuelto: 21 de octubre de 1983

      Arturo Negrón García, Miguel Pagan, Procurador General Inte-rino, y Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxi-liar, abogados del promovente; Antonio V. Santiago, abogado del querellado; Francisco Torres Aguiar, Comisionado Especial.
   PER CURIAM:

El Colegio de Abogados de Puerto Rico radicó, con fecha de 15 de marzo de 1983, un Informe sobre Conducta Profesional referente al abogado Pascual F. Lanauze Ortiz. Dicho informe se relaciona con una querella que presentó ante el Colegio durante el año 1978 el ciuda-dano José Dolores Batista Hernández, consistente la misma en que “el abogado no realizó gestión profesional alguna en un caso de daños y perjuicios que en beneficio de la esposa del Señor Batista éste le encomendara, a pesar de haber recibido $100.00 por concepto de honorarios”.

Surgiendo de dicho informe la posibilidad de que el abo-gado querellado se encontrara incapacitado mentalmente desde el año 1977, este Tribunal ordenó, mediante Reso-lución al efecto de fecha 30 de marzo de 1983, “que, de con-formidad con el procedimiento establecido en la Regla 13.1 del Reglamento de este Tribunal, se procediera] a hacer una determinación sobre la condición mental del Ledo. Pas-cual F. Lanauze Ortiz”. Se procedió a la designación de un comisionado especial con instrucciones de que procediera a señalar la vista correspondiente a la brevedad posible.

El comisionado especial, Ledo. Francisco Torres Aguiar, ha rendido el informe requerido. Del mismo surge que el abogado querellado, quien tiene al presente la edad de 64 años, “no está en condiciones mentales e intelectuales, al presente, y desde hace varios años, para dedicarse a la práctica de profesión o labor alguna”. (Énfasis suplido.)

En In re Suárez Burgos, 108 D.P.R. 1 (1978), resolvimos que es procedente suspender indefinidamente del ejercicio de la abogacía a un abogado cuya condición mental, física o emocional le impide asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes y mantener el patrón de conducta que debe observar todo abogado. Expresamos, en adición, que dicha separación indefinida por razón de incapacidad mental constituye una medida de protección social y no un desaforo.

En vista de lo anteriormente expresado, se ordena el archivo y sobreseimiento de la queja presentada por el ciu-dadano José Dolores Batista Hernández y se suspende inde-finidamente al Ledo. Pascual F. Lanauze Ortiz del ejercicio de la abogacía y del notariado por razón de incapacidad mental.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

       Dicha recomendación está basada tanto en el informe rendido por el psiquia-tra del abogado querellado como en el rendido por el psiquiatra contratado a esos efectos por la oficina del Hon. Procurador General Interino de Puerto Rico; ambos concluyen que el abogado querellado está totalmente incapacitado.

      Los protocolos y el registro de afidávit del abogado querellado fueron entregados el 19 de marzo de 1980 al Inspector de Protocolos del Área Sur, el cual, a su vez, hizo entrega de los mismos al Archivero General del Distrito Notarial de Ponce, Puerto Rico.


text:
    Eustaquio Figueroa Cancel, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandados y peticionarios; Bamerical Caribbean Finance Co., Inc., interventora y recurrida.

      Número: O-83-54

      Resuelto: 21 de octubre de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, recu-rrente; Pedro M. Ortiz Ubiñas, abogado del demandante recu-rrido; Ángel L. Nieves Atienza, abogado de la interventora recurrida; Leticia M. Arza-Goderich, abogada de Gelco Puerto Rico, Inc., amicus curiae.

   PER CURIAM:

En noviembre de 1980 el demandante, Eustaquio Figueroa Cancel (“el comprador”), adquirió de Rodi Wholesales, Inc. (“la vendedora”) un automóvil nuevo mediante un contrato de venta condicional. El contrato fue cedido a la interventora, Bamerical Caribbean Finance Co.

El vehículo había sido importado por Corchado Motors (“la importadora”) y adquirido por la vendedora. Se auto-rizó el levantamiento del coche por la importadora al pre-sentar ésta un certificado oficial de pago de arbitrios al Departamento de Hacienda. Dado el hecho de que los documentos parecían estar en debido orden, la División de Vehículos de Motor del Departamento de Transportación y Obras Públicas registró el mismo a nombre del comprador.

En junio de 1982 el Departamento de Hacienda descu-brió que, aunque el certificado había sido expedido en la forma requerida por persona debidamente autorizada, los arbitrios no habían sido cobrados. Se había defraudado el erario alegadamente por la importadora y funcionarios de Hacienda. El comprador y la interventora desconocían el fraude. El Estado Libre Asociado embargó inmediatamente el vehículo.

El comprador instó demanda contra el Estado para obtener la anulación del embargo y la devolución del ve-hículo, más daños. El tribunal de instancia dictó sentencia sumaria parcial a favor del comprador. Ha recurrido el Estado. Acordamos revisar, especialmente por el conflicto que existe sobre este particular entre salas del Tribunal Superior.

El Art. 74 de la Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956 (13 L.P.R.A. see. 4074), dispone:

Cualquier persona que posea un artículo tributable sobre el cual no se haya pagado el impuesto prescrito por este Sub-título, vendrá obligado [sic] a pagar dicho impuesto tan pronto adquiera el artículo tributable en Puerto Rico.

El Art. 77(d) de la Ley faculta al Secretario de Hacienda a “embargar y vender en pública subasta las propiedades de cualquier persona que no haya pagado los impuestos, o penalidades fijad[o]s bajo este Subtítulo”. El comprador acepta que los arbitrios no han sido satisfechos, pero sos-tiene que su condición de adquirente de buena fe lo exime de la responsabilidad impuesta por la legislación citada.

El texto de la ley es claro. La enmienda efectuada por la Ley Núm. 12 de 29 de marzo de 1968 amplió su alcance y recalcó su objetivo de perseguir el fraude al sustituir el término “el consumidor”, utilizado en la versión original del Art. 74, por la expresión “cualquier persona”. Véase: 22 Diario de Sesiones 501 (1968). El propósito del Art. 74 se desprende no solo de su prístino texto, sino también de su historial. A preguntas sobre la difícil situación a que podrían enfrentarse compradores de buena fe, el presidente de la comisión concernida, señor Jorge Font Saldaña, contestó que “Estamos velando el contrabando, lo clandestino” y caracterizó la disposición como “una afirmación del derecho a cobrar”. Transcripción mecanografiada de la audiencia pública celebrada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1390, 2da vista, 6 de mayo de 1955, págs. 86-87.

Ante el problema de contrabando a que se enfrentó la Asamblea Legislativa al formular esta ley tenía para escoger varios caminos. Podía equiparar al comprador de buena fe de un vehículo sobre el cual no se han pagado arbi-trios al comprador en plaza abierta de que habla el Art. 59 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1154, lo cual hubiese impedido que el Departamento de Hacienda se resarciese mediante el embargo del vehículo. También podía darle la máxima protección al fisco e imponerle responsabilidad absoluta al comprador. La Asamblea Le-gislativa optó por lo segundo. No se ha argumentado ante nosotros, ni podría argumentarse, que la Constitución le veda a la Asamblea Legislativa tal camino.

En vista de lo tajante de las disposiciones concernidas de ley y de las circunstancias específicas de este pleito, no es imperativo expresarnos aquí sobre la invocabilidad o no contra el Estado en determinadas situaciones de las doctrinas de los propios actos, de impedimento en equidad y de la buena fe. Véanse: J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983); Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978); Avon Products, Inc. v. Srio. del Trabajo, 105 D.P.R. 803 (1977); García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779 (1971); L. Díez-Picazo, La doctrina de los propios actos, Barcelona, Ed. Bosch, 1963, passim; J. Rovira Burgada, El principio de los actos propios en materia fiscal, 6 R.A.P. 259 (1951); F. Sainz Moreno, La buena fe en las relaciones de la administración con los administrados, 89 R.A.P. 293 (1979); Note, The Emerging Concept of Tax Estoppel, 40 Va. L. Rev. 313 (1954); Note, Estoppel in Public Law — The Final Nail in the Coffin?, 45 Mod. L. Rev. 87 (1982).

Tampoco es necesario que nos pronunciemos sobre los remedios disponibles al comprador en este género de casos. Algunas de las autoridades citadas discuten aspectos de esta cuestión.

En consideración a lo expuesto, se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.


text:
      In re Lic. Osvaldino Rojas Lugo, querellado.

      Número: MC-83-11

      Resuelto: 21 de octubre de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Rodolfo Cruz Contreras, abogado del querellado; Osvaldino Rojas Lugo, pro se.

   PER CURIAM:

En el caso de autos se presentaron varias quejas ante este Tribunal contra el Lie. Osvaldino Rojas Lugo. Mediante resolución fechada 6 de mayo de 1982 tras-ladamos al Procurador General copia de los expedientes para que investigara la conducta del querellado y nos informara sobre dichas quejas a la brevedad posible, con-forme lo dispuesto por la Regla 13(d)(3) del Reglamento del Tribunal Supremo. El Procurador General nos rindió su informe el 8 de marzo de 1983 en el que concluyó que la evidencia sobre la alegada conducta profesional antiética del querellado no era suficiente para imponerle sanciones. Hemos examinado los expedientes y la exposición del Pro-curador General y coincidimos con su conclusión.

Sin embargo, como parte de los documentos enviados al Procurador General le referimos el asunto Q-375-A. En el mismo emitimos la siguiente resolución:

POR CUANTO: Conforme la petición de revisión 0-77-35 {María del C. Quites Flores v. Comisión Industrial de Puerto Rico) aparece como abogado de la recurrente el Lie. Osval-dino Rojas Lugo;
POR CUANTO: El ejercicio de la profesión de abogado ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial, ocupando [sic] simultáneamente el cargo de Presidente de la organización que representa los intereses de sus empleados, de su faz presenta un aparente conflicto de naturaleza ética;
POR TANTO: Se ordena al Lie. Osvaldino Rojas Lugo que dentro del término de 15 días comparezca por escrito ante este Tribunal, e informe si continúa ocupando el cargo de Presidente de la Unión u otro puesto directivo, y la natura-leza de la postulación y número de casos ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial y cualquier otra información que estime pertinente.

En respuesta a dicha resolución el querellado informó que continúa ocupando el cargo de Presidente de la Her-mandad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado; que ejerce la profesión de abogado ante la Comisión Industrial mediante la presentación de un recurso de ape-lación cuando el empleado lesionado está inconforme con la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado y lo representa en todas las etapas del proceso ante dicho organismo; que ninguno de los funcionarios que inter-viene en el proceso de vistas públicas en la Comisión Industrial —médicos, comisionados o examinadores— ya sea fijando las incapacidades de los obreros o adjudicando las controversias, tiene relación alguna con la unión; que no postula ante el Fondo, sino que sus gestiones ante ese orga-nismo son secuelas de sus actuaciones ante la Comisión Industrial consistentes en solicitar al Administrador del Fondo que cumpla con las órdenes de la Comisión.

El Procurador General rechazó la afirmación del quere-llado de que él no postulaba en el Fondo, ya que las gestio-nes que él realiza en la Comisión así lo exigen. Por otro lado, aun cuando es cierto que ni los médicos, comisionados o examinadores son unionados, en el proceso decisional intervienen otras personas que son miembros de la unión.

Ciertamente existe un conflicto de intereses entre el ejercicio de la profesión de abogado ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial y ocupar el cargo de presidente de la referida unión. Al respecto pre-ceptúa el Canon 21 de Ética Profesional:

No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.

Debe recordarse que la apariencia de impropiedad puede ser muy lesiva al respeto de la ciudadanía por sus instituciones de justicia y por la confianza que los clientes depositan en sus abogados. Es por eso que los abogados deben asegurarse de que su conducta no ha sido influida por intereses encontrados. Véase, R. Aronson, Conflict of Interest, 52 Wash. L. Rev. 807, 810 (1977).

Hemos señalado que “[e]l abogado debe ser escrupuloso en la obediencia de las normas de conducta que rigen la profesión” y “[e]n el descargo de sus responsabilidades profesionales, debe cuidarse de que sus actuaciones no den margen a la más leve sospecha de que defiende intereses encontrados con los de su cliente”. In re Roldán González, 113 D.P.R. 238, 242-243 (1982). Es deber del abogado “evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Véase, Canon 38 del Código de Ética Profesional; In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486, 491 (1981).

Resolvemos que es impermisible que el querellado participe como abogado de los obreros, impugnando decisiones del Administrador del Fondo ante la Comisión Industrial y en casos ante el Fondo, pues intervienen empleados del Fondo que son miembros de la unión que preside. Su cargo de presidente puede dar la apariencia de que está en posición de influir en los unionados en los casos en que interviene como abogado. Son evidentes los intereses encontrados o, por lo menos, la apariencia de ello.

En mérito de lo antes expuesto, se dictará sentencia en la que se ordene al Lie. Osvaldino Rojas Lugo que, mientras ocupe el cargo de Presidente de la Hermandad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, se abstenga de representar a obreros lesionados como abogado en sus casos ante el Fondo del Seguro del Estado y ante la Comisión Industrial. Además, deberá renunciar a la representación legal de todos los casos que al presente tiene ante dichos foros.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

       Dispone:
      “(d) El Tribunal podrá, según lo ameriten las circunstancias del caso: (1) ordenar el archivo y sobreseimiento de la queja; (2) requerir al abogado o juez concernido que conteste las alegaciones de la queja; (3) ordenar que se lleve a cabo una investigación del asunto por el Procurador General o la Administración de los Tribunales, si la misma no se hubiere efectuado todavía....”

      Un ejemplo de ello surge de la queja del Lie. Víctor G. Colón Hernández. Allí se señala que en un caso de un obrero representado por el querellado, testificó una investigadora del Fondo que era miembro de la unión, sobre una declaración que le prestó el lesionado. Éste, a su vez, declaró hechos completamente opuestos a lo que ella testificó y alegó que la investigadora había tomado mal sus notas. El licenciado Colón Hernández expresa que el querellado tiene que defender al obrero, pero en perjuicio de una de sus unionadas, pues tiene que atacar la decla-ración que ella tomó. Según el Procurador General, se le planteó a la Comisión Industrial el problema de si existía un conflicto de intereses y ésta decidió no considerarlo por entender que formaba parte del asunto Q-375-A.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    E. Sánchez Betancourt, H/N/C R & F Television, demandante y recurrente, v. Eastern Air Lines, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-83-67

      Resuelto: 21 de octubre de 1983

      Eli B. Arroyo, abogado del recurrente; Francisco Ponsa Flores, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Enrique Sánchez Betancourt, recurrente, contrató con Eastern Air Lines, Inc. la transportación de cierto equipo de televisión a Santo Domingo, República Dominicana. El recurrente alegó en su demanda que advirtió a Eastern que el equipo debía arribar a su destino al día siguiente para ser utilizado en una transmisión.

Al ir a recoger la carga, el consignatario advirtió que faltaba equipo esencial. El demandante recurrente no pudo recobrarlo hasta un día después del momento que lo nece-sitaba. Demandó a Eastern por pérdida de ingresos, daños a su reputación profesional, gastos de transportación y otros relacionados. En su contestación a la demanda, Eastern alegó que:

Cualquier responsabilidad que pueda tener la codeman-dada Eastern Air Lines, Inc. en este caso estaría sujeta a todos los límites, términos, exclusiones, y otras cláusulas y condiciones de la tarifa de Eastern Air Lines, Inc. aprobada por la Junta de Aeronáutica Civil, y del Tratado de Varsovia (“Warsaw Convention”).

Poco después Eastern solicitó la desestimación de la demanda por razón de que los daños reclamados son daños consecuentes, no recobrables bajo las disposiciones del Art. 22(j) de la tarifa aprobada por la Junta de Aeronáutica Civil. El tribunal de instancia acogió el planteamiento y desestimó la demanda. El señor Sánchez Betancourt recu-rrió a este foro. Acordamos revisar.

El señor Sánchez Betancourt plantea, entre otros seña-lamientos, que el Convenio de Varsovia, sobre el que nos expresamos en Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329 (1982), establece en su Art. 19 la responsabilidad del portea-dor aéreo “del daño resultante de un retraso en el trans-porte aéreo”. Argumenta, además, que la tarifa de Eastern, aprobada por la Junta de Aeronáutica Civil, es nula por intentar limitar la responsabilidad que el tratado reconoce.

No es necesario precisar en este caso la relación entre el Tratado de Varsovia, 49 Stat. 3000 et seq., TS 876, 49 U.S.C.A. 1502 et seq., y el Art. 22(j) de la tarifa de la Eastern, cuestión sobre la que existe conflicto entre las autoridades. A favor de la nulidad de la tarifa, véase: Saiyed v. Transmediterranean Airways, 509 F.Supp. 1167 (1981); Boehringer Mannheim Diagnostics v. Pan Am., etc., 531 F.Supp. 344 (1981); McMurry v. Capitol Intern. Airways, 424 N.Y.S.2d 88 (1980). Contra: Mertens v. Flying Tiger Line, Inc., 341 F.2d 851 (2nd Cir. 1965), cert. denegado 382 U.S. 816.

Existe otro fundamento, de orden previo, distinto al utilizado en la sentencia, que apoya la desestimaciOn de la demanda. El Art. 26 del Tratado de Varsovia dispone, en parte, en su versiOn oficial inglesa:

(2) In case of damage, the person entitled to delivery must complain to the carrier forthwith after the discovery of the damage, and at the latest, within 3 days from the date of receipt in the case of baggage and 7 days from the date of receipt in the case of goods. In case of delay the complaint must be made at the latest within If days from the date on which the baggage of goods have been placed at his disposal.
(3) Every complaint must be made in writing upon the document of transportation or by separate notice in writing dispatched within the times aforesaid.
(4) Failing complaint within the times aforesaid, no action shall lie against the carrier, save, in the case of fraud on his part. (Énfasis nuestro.)

Según consta de documentos presentados por la parte recurrida ante este Tribunal el recurrente no formuló a Eastern la notificación escrita que requiere el Tratado de Varsovia dentro de los catorce días que el convenio exige en casos de tardanza. El recurrente no cuestiona este hecho, pero plantea que la línea aérea renunció a esa defensa y que, además, se basa en documentos que no forman parte de los autos del tribunal de instancia.

En su contestación enmendada a la demanda, como hemos visto, Eastern formuló como defensa afirmativa que la responsabilidad que pudiese tener estaba sujeta a todas las cláusulas y condiciones del Tratado de Varsovia, fuera de las de la tarifa. En su moción de desestimación Eastern se basó exclusivamente en el Art. 22(j) de la tarifa aprobada por la Junta de Aeronáutica Civil. ¿Significa esto que Eastern renunció a toda posible defensa bajo el Tratado de Varsovia?

En Santiago Cruz v. Hernández Andino, 91 D.P.R. 709, 712 (1965), expresamos que la norma general de que en apelación no resolveremos cuestiones no planteadas en pri-mera instancia no es un dogma inquebrantable, que “la arcaica teoría de que un apelante nunca puede variar en apelación su teoría del caso ... sólo constituye un ritualismo incompatible con la exigencia de fallar los casos en sus méritos”. Véanse: Piovanetti v. Vivaldi, 80 D.P.R. 108, 122 (1957); Morales Mejías v. Met. Pack. & Ware. Co., 86 D.P.R. 3 (1962); Dávila v. Valdejully, 84 D.P.R. 101, 104 (1961); Coll v. Picó, 82 D.P.R. 27, 38 (1960); Note, Raising New Issues on Appeal, 64 Harv. L. Rev. 652 (1951).

La Regia 43.6 de Procedimiento Civil, equivalente a la 54(c) federal, expresa que:

Toda sentencia concederá el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones....

Tal regla no anula, por supuesto, las disposiciones de la 10.8, mas atiende el principio de hacer justicia a la luz de los hechos de cada caso y el derecho aplicable, aun cuando la teoría jurídica que se haya escogido esté equivocada.

En innumerables casos hemos sostenido que la revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos. Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 D.P.R. 776, 777 (1964). Si la sentencia es correcta, procede su confirmación aunque su razonamiento sea erróneo. Corrada v. Asamblea Municipal, 79 D.P.R. 365, 370 (1956).

Cada caso deberá examinarse a la luz de los objetivos que persiguen las Reglas de Procedimiento Civil concernidas. El pleito de autos no presenta una verdadera situación de renuncia de defensas. Las cláusulas del Convenio de Varso-via fueron objeto de una defensa afirmativa específica. Lo que ha sucedido aquí es que la demandada fundó su moción de desestimación, y el tribunal de instancia su sentencia, sobre otra base: la tarifa aprobada por la Junta de Aero-náutica Civil. De haberse rechazado la moción, difícilmente podría impedirse que la demandada presentase prueba fundada sobre sus otras defensas reclamadas. La devolución del caso a instancia en las circunstancias de autos sería un acto inútil. El recurrente no argumenta que los hechos traí-dos a la consideración de este Tribunal son inciertos. Lo que plantea, en esencia, es que por haberse valido la recurrida de otra teoría en su moción de desestimación, no puede apoyarse ahora en las disposiciones del Tratado de Varsovia. El argumento es inaceptable. La economía procesal y el mandato de la Regla 43.6 de Procedimiento Civil exigen que consideremos el planteamiento de la recurrida sobre el Tratado de Varsovia. Después de todo, el argumento que el propio recurrente esgrime contra la sentencia —que la ta-rifa es nula por contravenir el Tratado— se efectúa por primera vez ante este foro. Es lícito considerar, en conse-cuencia, el efecto del incumplimiento por el recurrente con las disposiciones del Art. 26 del Tratado de Varsovia.

Sobre este particular sólo importa decir que los tribunales han requerido uniformemente el más estricto cumplimiento con los términos de notificación del Art. 26. Hughes-Gibb & Co., Ltd. v. Flying Tiger Line, Inc., 504 F.Supp. 1239 (1981); Talei v. Pan American World Airways, 183 Cal. Rptr. 532 (1982); Abdul-Haq v. Pakistan Intern. Airlines, 420 N.Y.S.2d 848 (1979); Schwimmer v. Air France, 384 N.Y.S.2d 658 (1976); Kumar v. British Airways, 15 Avi. 17,386 (1978).

Por las razones expuestas se confirmará la sentencia recurrida.


text:
    Plan de Bienestar de Salud de la Conferencia Laborista de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Hon. Alcalde de Cabo Rojo, Señor Pedro Franqui Acosta, demandado y recurrido.

      Número: R-83-201

      Resuelto: 21 de octubre de 1983

      Nicanor Laguillo, abogado de la recurrente; Eugenio Sánchez Ruiz, Belford Torres Vélez y Belén Sosa, abogados del recu-rrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Los empleados de la limpieza de Cabo Rojo son miem-bros de la agrupación denominada Sindicato Insular Único de Empleados Municipales de Puerto Rico — Capítulo Muni-cipio de Cabo Rojo. El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos certificó a esta organización como una “agru-pación bonafide de servidores públicos” a los fines de la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961 (3 L.P.R.A. sec. 755). El sindicato está a su vez afiliado a la Confederación Laborista de Puerto Rico.

Con la participación del Sindicato y la Confederación los empleados de la limpieza se reunieron con el Alcalde de Cabo Rojo, Hon. Pedro Franqui Acosta, para discutir con-diciones de trabajo. Como resultado de estas conversaciones el municipio emitió el 1 de marzo de 1980 una “Orden Administrativa”, firmada por el alcalde, la agrupación de los empleados de la limpieza y la Confederación Laborista. El formato y el contenido de la orden siguen generalmente el patrón de un convenio colectivo. Otra orden sustancial-mente igual se promulgó el 1 de julio de 1981, para regir hasta el 1 de julio de 1984.

En el Art. XIV de la segunda orden, el municipio se comprometió a pagar a una entidad participante del Plan de Bienestar de la Confederación Laborista de Puerto Rico la cantidad de veinticinco dólares mensuales por empleado de la limpieza. Igual suma sería aportada por cada empleado. De conformidad con este acuerdo, el Sindicato contrató con Plan Comprensivo de Salud, Inc. la prestación de servicios médicos a sus miembros. Plan Comprensivo de Salud, Inc. es una entidad certificada por el Comisionado de Seguros para administrar planes de salud.

Plan Comprensivo de Salud, Inc. prestó los servicios requeridos. El municipio les descontó a los empleados con-cernidos y le pagó al Plan la cuota correspondiente a los obreros de la limpieza, pero no satisfizo por entero la cuota patronal. No se ha hecho planteamiento alguno de que la suspensión de estos pagos se efectuó bajo las disposiciones del Art. 3 de la Ley Núm. 98 de 25 de junio de 1962 (3 L.P.R.A. see. 756), por razón de deficiencia en los servicios.

El 4 de mayo de 1982 el Plan demandó por la suma de veinte mil dólares alegadamente adeudados por los servicios prestados conforme a la orden administrativa. El Alcalde de Cabo Rojo, Hon. Pedro Franqui Acosta, solicitó sentencia sumaria, entre otras razones, porque la orden administra-tiva firmada por él constituyó un acto nulo, ultra vires, ya que ni él ni el municipio podían acordar un convenio colec-tivo con asociación alguna de empleados. El Tribunal Superior dictó la sentencia sumaria requerida. El Plan ha acudido en alzada a este foro.

Independientemente de la naturaleza jurídica del municipio en Puerto Rico, resulta claro que las obligaciones que contraiga se rigen por principios de Derecho civil, sujeto a estatutos que modifiquen tal situación.

Los contratos administrativos se rigen normalmente, en ausencia de régimen especial, por la teoría general de los contratos. J.-M. Auby y R. Drago, Traité de Contentieux Administrate, 2da ed., París, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1975, T. II, pág. 480. Ello significa que la doctrina del enriquecimiento injusto, entre otras, es aplicable a determinadas situaciones en que una de las partes contratantes es un organismo público. S. de 22 de enero de 1975, núm. 8, Aranzadi, XLII Repertorio de Jurisprudencia 20; F. Garrido Falla, Tratado de Derecho Administrativo, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1979, Vol. II, pág. 12 y ss.

La doctrina del enriquecimiento injusto se remonta a tiempos de Justiniano. Para su historia, que incluye el desarrollo de la acción de in rem verso y del concepto de los cuasicontratos, véanse: J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1956, T. II, Vol. II, pág. 603 y ss.; J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, pág. 763 y ss.; G. Ortega Pardo, Cuasi-contratos Atípicos, 1 An. Der. Civ. 493 (1948).

Ni el Código Civil francés ni el español formulan reglas generales sobre el enriquecimiento injusto. Aunque se admite que el número de circunstancias a las que puede aplicarse es indeterminado, los referidos códigos se ocupan tan solo de un grupo pequeño de ellas. Manresa, op. cit., pág. 764; G. Marty y P. Raynaud, Droit Civil, París, Ed. Sirey, 1962, T. II, Vol. I, pág. 310. El desenvolvimiento de la regla ha ocurrido principalmente a través de la doctrina y la jurisprudencia. Puig Brutau, op. cit., pág. 606.

La jurisprudencia española ha aplicado la doctrina del enriquecimiento injusto en casos análogos al de autos. En la S. de 22 de enero de 1975, supra, el demandante había cons-truido una obra para un municipio. El permiso para la obra había sido dado por el alcalde sin contar alegadamente con el ayuntamiento en pleno, el cual era el órgano administra-tivo competente. Tampoco se había cumplido, argumentaba el municipio, con diversas formalidades necesarias para la validez del contrato. El Tribunal Supremo de España resolvió que, aparte de la perspectiva contractual, “no puede ignorarse la existencia en el campo del Derecho Administrativo de otras fuentes de las que surgen obliga-ciones . . .” (pág. 23); que, aunque fuese nulo el contrato, el enriquecimiento injusto experimentado le imponía al muni-cipio la obligación de resarcir al contratista “no sólo por razones de equidad, sino también de seguridad jurídica ...” (pág. 24). Al mismo efecto: S. de 29 de octubre de 1980, núm. 3964, Aranzadi, op. cit., T. XLVII, pág. 3213; S. de 3 de noviembre de 1980, núm. 4255, Aranzadi, op. cit., T. XLVII, pág. 3430; S. de 21 de noviembre de 1981, núm. 5267, Aranzadi, op. cit, T. XLVIII, pág. 4220.

El principio jurídico del enriquecimiento sin causa en Derecho civil tiene sus límites. No puede invocarlo el gestor de mala fe, por ejemplo, ni surte efecto en situaciones en que su aplicación violentaría un criterio de política pública. Puig Brutau, op. cit, pág. 615 y ss.; Garrido Falla, op. cit., pág. 16.

Por vía de comparación puede afirmarse que la doctrina del enriquecimiento injusto es. conocida también en Ingla-terra y Estados Unidos, aunque su historial y lineamientos son distintos. 9 Halsbury’s Laws of England, 4ta ed., Londres, Ed. Butterworths, 1974, pág. 434 y ss.; C. Tooke, Quasi-Contractual Liability of Municipal Corporations, 47 Harv. L. Rev. 1143 (1934). En Estados Unidos se han desa-rrollado las teorías del contrato implícito, del impedimento en equidad (estoppel) y del propio enriquecimiento injusto para mitigar los rigores de la antigua regla de que toda acción ultra vires impide el resarcimiento, no importa las circunstancias, contra una corporación municipal. 10 McQuillin Mun. Corp. (3ra ed.), Sec. 29.110, pág. 506 y ss. Hay gran variedad de puntos de vista entre los estados, la ma-yoría de los cuales parece aferrarse todavía a la antigua regla. Una minoría creciente, no obstante, le está impo-niendo responsabilidad a los municipios que se beneficien injustamente de sus propios actos ultra vires. Note, Bak v. Jones County: The Status of Quasi-Contractual Recovery from a Municipal Corporation, 19 S.D.L. Rev. 485 (1974); Tooke, op. cit, pág. 1168 y ss. Véanse: Hurdis Rlty., Inc. v. Town of North Providence, 397 A.2d 896 (1979); Edwards v. City of Renton, 409 P.2d 153 (1965); College Associates v. City of Baton Rouge, 369 So. 2d 1066 (1979); Dolezal v. City of Cedar Rapids, 326 N.W.2d 355 (1982).

En el caso de Puerto Rico, las situaciones a las que se ha enfrentado hasta ahora el Tribunal no han conducido a la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto. En Tomasini v. Municipio de Ponce, 50 D.P.R. 804, 808 (1936), un empresario contrató y llevó a cabo la construcción de una obra sin que el alcalde cumpliese con el requisito esta-tutario de celebrar una subasta. El Tribunal resolvió que de estos hechos “no podía surgir una responsabilidad implícita por los beneficios recibidos”. En González v. Municipio, 61 D.P.R. 369 (1943), el Tribunal rehusó conceder resarci-miento en el caso de un contrato contraído sin que se hubiese consignado en el presupuesto municipal partida alguna para atender el gasto correspondiente. Véanse, al mismo efecto, Humacao Lumber Co. v. Am. Surety Co., 59 D.P.R. 165 (1941); San Miguel, Etc. & Cía v. Municipio, 72 D.P.R. 391 (1951), y las otras decisiones citadas en estas sentencias.

Un trazo común une estos fallos. La doctrina del enriquecimiento injusto no se considera aplicable, como ocurre en muchas otras comunidades, cuando su aplicación contraría una clara política pública, plasmada en un estatuto o, podríamos añadir, en la Constitución.

El caso de autos presenta una situación diferente. No hay nada en nuestra legislación, orgánica o de otra naturaleza, que condene la contratación entre un municipio y una asociación certificada de servidores públicos respecto a la suscripción a un plan de servicios médico-hospitalarios. Por el contrario, nuestra legislación la promueve. Lo que sucede aquí es que la contratación ocurre en el contexto de algo semejante a un convenio colectivo, acto no permitido a nuestros ayuntamientos. Mas este pleito no trata de poner en efecto tal “convenio colectivo”. Lo que se solicita es que se honre la cláusula, enteramente separable, relativa al acuerdo para mejorar los servicios de salud a los empleados contratantes. Los hechos de este caso ni siquiera demuestran que el acuerdo relativo a los servicios de salud represente un acto ultra vires. También es dudoso cuestionar la facultad de los empleados de la limpieza de Cabo Rojo de gestionar la negociación de la contratación concernida a través de entidades a las que estén afiliados. Aun suponiendo, no obstante, que el acuerdo logrado sea anulable o aun nulo por razón de no haberse observado determinadas formalidades de ley, ofende elementales principios de equidad, en el sentido civilista de la palabra, el que un municipio pueda beneficiarse de un acuerdo en las circunstancias específicas de este caso y a la vez evadir toda responsabi-lidad respecto a lo convenido libremente por él.

En resumen, estimamos prudente aclarar las normas siguientes, sin pretender agotar el catálogo de los múltiples principios que rigen el enriquecimiento sin causa:

Ia La doctrina del enriquecimiento injusto es aplicable, dentro de determinadas situaciones, a los órganos adminis-trativos.

2a La aplicación de la doctrina dependerá de las circuns-tancias específicas de cada caso. El Código Civil no agota las situaciones a las que la doctrina se extiende.

3a La doctrina del enriquecimiento injusto no es invoca-ble cuando su efecto es vulnerar un principio importante de orden público encarnado en la Constitución o las leyes del país.

4a La doctrina es invocable, entre otras circunstancias, cuando no se han observado ciertas formalidades de ley fácilmente subsanables o susceptibles de haber sido ejecu-tadas con el asesoramiento debido.

En consideración a lo anterior, se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedi-mientos ulteriores compatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.