author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Alma Lage, demandante y recurrente, v. Central Federal Savings and Loan Association, demandado y recurrido.

      Número: R-78-275

      Resuelto: 28 de noviembre de 1978

      Jorge Luis Ortiz Viera, abogado de la recurrente; Juan E. Nieves Mora, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Todo estudioso del derecho reconoce que la génesis de las normas legales que rigen en una sociedad corresponde e in-tenta tutelar, en sus variadas manifestaciones, fenómenos que arrancan de la naturaleza humana. En el campo civilista, ob-serva un autor: “Cada institución jurídica descubre en su fondo una faceta del alma humana. Unas, como el préstamo usurario, la codicia; como el comodato, el sentimiento de amis-tad y ayuda; otras, como la renta vitalicia, la seguridad ante el porvenir; otras, como el seguro, el temor a la ruina, etc. Pero ninguna como la donación descubre el aspecto más puro de nuestros sentimientos: la bondad. Por ella el hombre se manifiesta despojado del lastre de las sensaciones innobles; muestra su corazón sin repliegues ruines, y se manifiesta a sus semejantes bajo el propio signo de la humanidad.” Puig Peña, F., Tratado de Derecho Civil Español, Tomo IV, Vol. II, 189 (1973).

Este recurso nos obliga a examinar e interpretar la califi-cación jurídica de un acto denominado por sus ejecutores “do-nación”. Su importancia radica en el uso frecuente que se le da actualmente en la industria bancaria al ahorro depositado en cuentas denominadas “con tenencia mancomunada y de-recho a sobrevivencia” (joint tenants with right of survivor-ship). Al enfrentarnos a esta tarea, recordamos que “[e]l concepto donación es tan simple en apariencia como difícil de precisar ... [y] ha de estudiarse sin perder de vista que se trata de un concepto jurídico forjado por la necesidad de sal-vaguardar los intereses que merecen protección por encima del interés o beneficio del donatario, incluso a pesar o en todo caso con independencia de la voluntad inicial del donante.” Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. 2, 59 (1956).

I

Expongamos los hechos. El 24 de abril de 1972 Ramiro Gi-raud Martínez abrió una cuenta de ahorros número 6485 en el Central Federal Savings, sucursal de Lares, identificada como “tenencia mancomunada y derecho de sobrevivencia” (joint tenants with right of survivorship), haciendo figu-rar a su sobrina Alma Lage cotitular de la misma. Como para dicha fecha ella residía en Miami, Florida, él le envió la tar-jeta sobre contrato de depósito la cual firmó y le devolvió. Según atestado por la propia sobrina, es incontrovertible el hecho de que las intenciones de su tío respecto a los fondos de-positados eran que al éste morir, el dinero pasara a ser de su propiedad. Mientras estuvo vigente la cuenta únicamente se nutrió de depósitos efectuados por Giraud, él mantuvo bajo su posesión la libreta acreditativa de los valores, y en vida de éste, su sobrina se abstuvo de hacer retiro alguno.

Aproximadamente dos años después, el 14 de agosto de 1974, Giraud Martínez falleció intestado y sin dejar here-deros forzosos. Oportunamente, como únicos y universales su-cesores fueron judicialmente reconocidos sus siete hermanos nombrados Amparo, Rafael, Alicia, José, Erlinda, Adrián y José Ramón.

A los cuatro días de su muerte, el 17 de agosto de 1974, su sobrina Alma acompañada de su madre Amparo Giraud y dos tíos, se personaron en el Central Federal Savings, donde solicitaron y obtuvieron el retiro de la suma de $500.00 de la cuenta de ahorros existente. Posteriormente, el 4 de noviem-bre de ese año, Alma Lage gestionó y le fue entregada la suma adicional de $3,312.50. Ambas cantidades totalizaban el 25% de los fondos existentes en la cuenta al momento de la muerte de Giraud Martínez.

Subsiguientemente en 22 de enero de 1975, la Sucesión compuesta por los hermanos del occiso pidió y extrajo la to-talidad del remanente ascendente a $12,072.74 que permane-cía en la referida institución bancaria, cerrándose la cuenta de ahorros. Tal entrega se verificó luego de haberle sido pre-sentado al banco los documentos relativos a la declaratoria de herederos de Ramiro Giraud Martínez y la “cancelación de gravamen” expedida por el Departamento de Hacienda. Alma Lage no estuvo de acuerdo con esta actuación y requirió infructuosamente del Banco la entrega de la cantidad de $12,072.74, alegando su preferencia debido a su condición de cotitular, bajo los términos del contrato de depósito — de tipo mancomunado con derechos al sobreviviente — que estipula-ban su dación al sobreviviente.

El 2 de mayo de 1975 radicó demanda contra el Central Federal Savings, solicitando dicha suma más $10,000.00 en concepto de daños. La institución bancaria contestó negando la procedencia de la reclamación y formuló reconvención re-quiriéndole la devolución de $3,812.50 entregádosle por inad-vertencia. Oportunamente el tribunal dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda y con lugar la reconvención. Con-cluyó que la intención del occiso había sido hacer una dona-ción a la demandante para ser efectiva a su muerte y que como tal debía regirse por las formalidades y disposiciones pertinentes relativas a la última voluntad de una persona; al no concurrir éstas, no hubo donación, y por tanto, la recu-rrente nunca adquirió el derecho pretendido.

No conforme, presentó solicitud de revisión en virtud de once (11) errores que se pueden compendiar en dos: apre-dación equivocada de la prueba y aplicación errónea del de-recho. Expedimos orden de mostrar causa, y oportunamente compareció el demandado recurrido.

Los señalamientos referentes a la apreciación de la prueba son infundados. Hemos examinado la totalidad de los autos y estimamos que las determinaciones de hecho consignadas por la ilustrada sala sentenciadora tienen apoyo suficiente en la prueba testifical y documental desfilada. Torres Pérez v. Colón García, 105 D.P.R. 616 (1977); Rodríguez v. N.A. Co. of America, 96 D.P.R. 874 (1969); Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585 (1962).

Careciendo de mérito el señalamiento en torno a la evaluación de la prueba, examinemos el relativo al derecho aplicable. La controversia fundamental planteada y sobre la cual versan directa e indirectamente los restantes señalamientos de la recurrente se pueden resumir en la siguiente interrogante: ¿los fondos depositados por Giraud Martínez en la cuenta de ahorros mancomunada, a la luz del contrato y las circunstancias del caso, constituyeron una donación ínter vivos a su sobrina Lage como cotitular, en virtud de la disposición contractual que proveía y reconocía “el derecho de sobrevivencia”?) Su contestación exige una breve exegesis de las normas y principios que regulan la “donación” según nuestro Código Civil, único cuerpo de ley que rige el análisis del contrato suscrito por las partes.

HH HH

En su trayectoria histórica, la donación en nuestro país la heredamos de España y se encuentra reglada en los Arts. 558 a 598 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 1981-2053). Su abolengo se remonta al derecho romano clásico, que la con-sideraba “una especial causa justificativa de una atribución patrimonial.” La raíz etimológica latina de la palabra “doni datio” (dación gratuita) tiende a ilustrar y dar una idea sencilla de lo que representa, aun cuando los estudiosos están acordes en que “la multitud de formas bajo las que la idea de liberalidad y la donación se manifiestan en la vida del Derecho”, hacen difícil y complejo trazar los linderos entre su noción jurídica correcta y aquella no apropiada. Así en Roma, bajo el derecho primitivo, el concepto conllevaba la traslación de una propiedad acompañado de un motivo o senti-miento de liberalidad. En época de Justiniano, el simple con-sentimiento, escrito o no, perfeccionaba la donación, siendo su entrega exigible por el donatario. Advertimos como se avanza del concepto original representativo de un hecho con-sumado (entrega) — que si no se realizaba no engendraba obligación — a uno en que el traspaso puede ser simbólico si se reduce a escrito, surgiendo entonces un convenio o pacto. No obstante, bajo ambos sistemas subsiste como denominador común el elemento o sentimiento de generosidad.

Estos principios y otros se fueron infiltrando en los antiguos “Fueros” y Códigos españoles y evolucionando hasta el día de hoy. Al presente el concepto donación representa un modo especial de adquirir la propiedad y dominio de bienes muebles e inmuebles. Conforme el Art. 558 del Código Civil, la donación es un acto de liberalidad (animus donandi) mediante el cual una persona (donante) gratuitamente dispone de una cosa al sustraerla de su patrimonio y pasarla a otra quien la acepta (donatario). Supone un empobrecimiento del donante sin que medie una contraprestación y puede comprender no sólo cosas tangibles sino derechos. Manresa, op. cit., 131; Puig Peña, op. cit., 192. Aunque el Código Civil de Puerto Rico reconoce que las donaciones pueden hacerse entre vivos o por causa de muerte (Art. 559; 31 L.P.R.A. sec. 1982), siguiendo el enfoque español, prescinde del carácter distintivo de las donaciones mortis causa al preceptuar que las mismas siguen las reglas de la sucesión testa-mentaría; estas últimas están refundidas y deben enten-derse como legados ya que producen sus efectos por muerte del donante. Las donaciones ínter vivos las regula consig-nando que “se regirán por las disposiciones generales de los contratos y obligaciones en todo lo que no se halle determinado en esta parte” (Art. 563; 81 L.P.R.A. sec. 1986). Castán observa:

“Nuestro Código ha abandonado el sentido tradicional de la distinción entre las donaciones inter vivos y las mortis causa, y se atiene, cuando menos en su tenor literal, al sentido vulgar de la misma, pues contrapone las donaciones que hayan de producir sus efectos entre vivos (es decir, en vida del donante) y las que hayan de producirlos por muerte del mismo. Las primeras se rigen por las disposiciones de los arts. 624 a 656, y por las gene-rales de los contratos y obligaciones (art. 621). Las segundas participan de la naturaleza de las disposiciones de última volun-tad, y han de regirse por las reglas establecidas para la sucesión testamentaria (art. 620).

Hace notar De Buen . . . que la expresión del Código ‘no es afortunada, y sólo puede interpretarse de modo acertado dando a la palabra efectos un sentido jurídico y no un sentido material, es decir, considerando como donaciones inter vivos aquellas que por revestir forma contractual (o ser donaciones por razón del ma-trimonio) obligan al donante en vida, aunque la efectividad de esa obligación se haga depender de una condición. Así, será dona-ción inter vivos la donación contractual que se haga depender de la muerte del donante, siempre que el donante no se reserve el derecho de revocarla por su voluntad, ya que si tal hiciera, no existiría, en realidad, contrato ni verdadera obligación para él, y, por lo tanto, no podría decirse que la donación producía efecto jurídico’.

De acuerdo con esta misma idea, la jurisprudencia admite que en la donación inter vivos puede quedar aplazada la entrega de la cosa hasta la muerte del donante (donación inter vivos post mortem) y asimilando la doctrina del Código Civil a la de nuestro antiguo Derecho, pone la nota diferencial entre ambas especies de donación en que, según dice la sentencia de 28 de enero de 1898, la donación mortis cama se hace por causa de muerte o de peligro mortal, sin intención de perder el donante la cosa ni su libre disposición en caso de vivir, al igual que sucede con las disposiciones testamentarias, mientras que las donaciones inter vivos son las que se hacen sin esta consideración, por pura bondad del donante y merecimiento del que recibe, aunque la cosa no se entregue de momento o se reserve la entrega post mortem, lo cual constituye una simple modalidad que no cambia la naturaleza del acto, siendo estas donaciones irrevocables.” Op. cit., 220-221.

Del comentario transcrito aflora otra característica medular que diferencia la donación inter vivos y mortis causa, a saber, la “irrevocabilidad” del acto, significando ello que no puede quedar sin efecto por la sola voluntad del donante. Aunque es posible conceptualizar separadamente entre la disposición y la ejecución de la donación, resulta meridianamente claro que:

“El que dona para después de su muerte, dona, no lega. El solo nombre del acto, no constando claramente que sea distinta la voluntad, basta para la aplicación de las reglas legales referen-tes a las donaciones. Ahora bien: si el mal llamado donante no sólo dilata la fecha de la ejecución para el momento de su muerte, sino que, además, se reserva la facultad de revocar a su arbitrio la disposición, entonces el acto no es válido bajo la forma de contrato; hay en realidad una disposición mortis cama que exige las solemnidades del testamento.”

Es preciso, pues, para que el acto deje de estimarse dona-ción y sea considerado como disposición por causa de muerte, que los efectos del acto arranquen precisamente del momento de la muerte, y se determinen o nazcan por causa o con ocasión de ella; que antes no exista nada más que la expresión de una volun-tad revocable a capricho, que sólo la muerte puede convertir en irrevocable, firme o definitiva.” Manresa, op. cit., 150-151.

Más adelante dicho autor destaca que “ [1] a revocabilidad o irrevocabilidad del acto es, sin duda alguna, el carácter esencial que distingue las disposiciones entre vivos de las disposiciones mortis causa, llámense o no donaciones, sin que el hecho de fijarse como plazo o condición la muerte del disponente pueda cambiar su verdadero carácter. Ahora bien; el hecho de entenderse revocable o irrevocable la disposición, ha de deducirse de los actos y de la manera de obrar del interesado . . . Ibid., 153. Puig Brutau atinadamente destaca que el mejor criterio para entender y evaluar el carácter de la donación “consiste en prestar atención al momento en que la donación se convierte en normalmente irrevocable.” op. cit., 101.

Por su pertinencia a la solución del caso de autos, el carácter irrevocable de una donación ínter vivos — en contraposición con una mortis causa — hay que confrontarlo también con las limitaciones dispuestas en los Arts. 577 y 581. La primera referente a la prohibición de donar bienes futuros, y la segunda, la facultad de reservarse el donante el poder disponer de algunos de los bienes donados o alguna cantidad con cargo a ellos. Respecto a la reserva de bienes donados, distinto al Código Francés — que bajo la norma donner et reteñir ne vaut — declara nula toda donación entre vivos, en que medie reserva, el nuestro, siguiendo la orientación española admite una reserva parcial de disposición sin que se estime nulo el acto, aunque rechaza la validez de la donación si la reserva es total. Véanse: Rodríguez Adrados: Donación con Reserva de Facultad de Disponer, 16 Anales de la Academia Matritense del Notariado, 423-481 (1966); Meléndez José: Las Donaciones en Pactos Especiales, Rev. Der. Privado, 69-108 (Diciembre 1972).

El concepto, “no es que el donante se reserve los bienes o que queden determinados de éstos en su poder: lo que se reserva es una facultad o un derecho sobre los entregados al donatario”. Manresa, op. cit, 223. La razón básica que propugna la doctrina para considerar nula la reserva total de los bienes donados, es que “en realidad no existe donación entre vivos, pues no produce efectos, ya que ni el donatario disfruta los bienes, ni el donante se desprende irrevocablemente de ellos, pues el poder disponer durante su vida equivale a poder revocar por su sola voluntad hasta el momento de su muerte.” Ibid., 224-225. La reserva infinita y total representaría una espada de Damocles que anularía la eficacia de la donación: es una negación jurídica de la donación.

J — I H — í

Al confrontar estos principios con los términos del con-trato suscrito por el causante Giraud, su sobrina la recurren-te, Giraud y el banco recurrido, no podemos coincidir con su tesis de que es acreedora a los fondos existentes. No son de-terminantes los términos contenidos en el acuerdo respecto a: (1) “. . . una relación contractual estableciendo tenedores solidarios con derecho de sobrevivencia . y (2) que “. . . los suscribientes acuerdan entre sí y con ustedes que todos los fondos depositados o agregados a la cuenta por cualquiera de las partes son y serán considerados una donación y transfe-rencia a las otras partes, a ser prorrateado en ese momento entre ellas en la medida de su interés en la cuenta.”

Varios aspectos derrotan tal proposición. Primeramente, frente a tales disposiciones contractuales, merece gran peso el testimonio de la propia recurrente al efecto de que la intención de su tío al abrir la cuenta conjunta era que “. . . si algo le pasara, la cuenta pasara a su nombre, que si él moría el dinero pasara a nombre de ella.” Dicha prueba, considerada correctamente por el tribunal de instancia — por ser parte de las circunstancias relacionadas y bajo las cuales se realizó el convenio — reflejaba indubitadamente que no obstante lo expuesto en el contrato, la intención de Giraud Martínez era donarle ese dinero a la recurrente al momento de su muerte, lo que hemos previamente identificado como una donación mortis causa. “[P]or encima del carácter liberal de la atribución predomina la intención de señalar el destino post mortem de los bienes del donante afectados por la donación.” Puig Brutau, op. cit, 98. Véase: Ab Intestato Nakdimen, 83 D.P.R. 459, 469-470 (1961). Y segundo, aun excluyendo dicho testimonio y tomando únicamente lo ex-presado por Giraud en el contrato, anotamos que si bien do-naba el dinero depositado y cualesquiera otros que depositara en el futuro, y la designaba cotitular de los mismos, tal mani-festación de voluntad, no obstante haber sido aceptada por la recurrente, per se no calificaba jurídicamente el acto como una donación ínter vivos, ya que al aquél conservar la facul-tad de unilateralmente retirar la totalidad de la suma se re-servó en vida un poder de disposición total indicativo y de-mostrativo de que no era un desprendimiento del patrimonio irrevocable. En resumen: en estricto derecho la donación, en vida, no se materializó y además era nula. Los términos del contrato suscrito y las circunstancias envueltas se resisten a encajar en el molde del Código Civil correspondiente a una donación inter vivos al evidenciar una permanencia en el do-minio y libre disposición de la cuenta por el aquí donante, y un deseo de no perderla durante su vida. Su calificación co-rresponde a una donación condicionada a la muerte del dispo-nente, para cuya validez era menester se guardaran las solem-nidades del testamento. “La inobservancia de este requisito de forma . . . determina la inexistencia de la donación.” Castán, op. cit., 223. Manresa, op. cit, 148. Cualquier conclusión en contrario, como excepción a la norma pautada, corresponde al Poder Legislativo. No hemos de inyectar a nuestro de-recho sucesorio criterios de otras jurisdicciones, sobre los cua-les no hay doctrinas mayoritarias.

En las circunstancias reseñadas, corresponde que clasifiquemos los fondos que permanecieron en la cuenta al momento de la muerte de Giraud Martínez como parte de su caudal relicto a ser distribuido entre sus herederos luego del pago de las correspondientes contribuciones. Robustece esta solución el contenido de lo que constituye “caudal relicto bruto” en la Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico (13 L.P.R.A. see. 5002 y ss.), en el sentido de que pertenecen y corresponden a tal concepto los fondos que una persona en vida hubiese depositado en una cuenta bancaria mancomunada con otra persona, a pesar de que en la misma se provea el derecho de sobrevivencia a favor del otro titular de la misma.

Se dictará la correspondiente sentencia confirmatoria.

      La tarjeta preimpresa suplida por el Banco, suscrita disponía en lo pertinente:
      “. . . como tenedores solidarios con derecho a sobrevivencia y no como tenedores mancomunados ni como tenedores en común pro indiviso, los sus-cribientes por la presente solicitan abrir una cuenta de ahorros en el CENTRAL FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION OF PUERTO RICO y que se provea evidencia a tales efectos a nombre de los antedichos tenedores solidarios. Se les instruye para que efectúen en dicha cuenta las transacciones que los suscritos tenedores les autoricen mediante una o más de sus firmas, y sin limitar el carácter general de lo anterior, se les ins-truye para que, en cualquier momento, sin responsabilidad alguna por el mismo, hagan un pago a favor de cualquiera de los cotenedores sobre-vivientes. Esta cuenta podrá pignorarse total o parcialmente como garan-tía de cualquier préstamo concedídole por ustedes a uno' o varios de los sus-cribientes. Cualquier pignoración de este tipo no ocasionará la división total o parcial de la propiedad ni pondrá fin a la relación solidaria reflejada o establecida en este contrato. Los suscribientes acuerdan entre sí y con uste-des que todos los fondos depositados o agregados a la cuenta por cualquiera de las partes son y serán considerados una donación y transferencia a las otras partes, a ser prorrateado en ese momento entre ellas en la medida de su interés en la cuenta. Se les autoriza a aceptar cheques y efectos simi-lares para depositar a esta cuenta, independientemente de que sean paga-deros a una o más de las partes, y a proveer cualquier endoso que sea necesario. Se les releva de toda responsabilidad que surja en relación con el cobro de los efectos manejados por ustedes sin negligencia, con los actos de sus agentes, subagentes u otras personas, y con cualquier contingencia. No se podrán hacer retiros contra dichos efectos hasta tanto éstos hayan sido cobrados, y cualquier cantidad no cobrada podrá ser cargada a esta cuenta, incluyendo los gastos en que se haya incurrido. Cualquier gasto adi-cional en que se incurra en relación con esta cuenta podrá ser cargado a la misma. Se autoriza al comité oficial de delegados de esta institución (proxy committee) para que en lo sucesivo, en ausencia nuestra y durante cualquiera de sus reuniones, emita el voto o votos que nos corresponda hasta tanto este poder sea cancelado por escrito.” (Traducción y subrayado nuestro.)

      La única prueba de carácter testifical que desfiló ante el tribunal de instancia consistió del testimonio de la demandante recurrente que mere-ció entero crédito a dicho foro. Se sometió prueba documental, incluyendo una deposición tomada a tres funcionarios de la institución recurrida.

      La entrega de estas sumas de dinero se hizo conforme lo autorizado en la “Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico” que dispone:
      “(a) (2) Personas dedicadas al negocio bancario — Ninguna institu-ción bancaria o persona alguna dedicada a negocio similar, entregará a los herederos, legatarios o beneficiarios de un causante los fondos depositados en ella a nombre del finado, o de éste y otra persona conjuntamente, canti-dad alguna en exceso de quinientos (500) dólares o del veinticinco (25) por ciento del total de dichos fondos, cualquiera de las dos cantidades que sea mayor, a menos que se autorice por el Secretario una entrega por mayor cantidad, de acuerdo con lo provisto en la see. 5312 de este título, o que se presente al banco la cancelación de gravamen provisto en la see. 5433 de este título.” (13 L.P.R.A. see. 5436.)

       Este último documento acredita que la obligación contributiva ga-rantizada por un gravamen sobre el caudal relicto de una persona fallecida —que adviene de jure y asegura su pago — ha sido totalmente satisfecha o se ha provisto para su adecuado cumplimiento. (13 L.P.R.A. see. 5433.)

       Específicamente alega la comisión de errores sobre los siguientes extremos: “(1) omitir en la relación del caso de su opinión y sentencia el hecho, no controvertido, de que el demandado-recurrido hizo entrega a la recurrente de la suma de $3,812.50 con anterioridad a la negativa de entre-gar el remanente; (2) determinar como un hecho probado el que el Sr. Ramiro Giraud Martínez abrió la cuenta de ahorros objeto de la demanda haciendo figurar a la recurrente como ‘joint tenant’ en dicha cuenta; (3) determinar como hechos probados el que el Sr. Ramiro Giraud Martínez abrió la cuenta de ahorros objeto de la demanda en este caso y luego de ello envió el impreso y tarjeta para la firma de la recurrente, no siendo ello así; (4) determinar como cuestión de derecho el que la cuenta de aho-rros objeto de la demanda en el presente caso y el dinero en ella depositado era de la exclusiva y entera propiedad de Don Ramiro Giraud Martínez durante la vigencia de dicha cuenta; (5) concluir como cuestión de hecho y de derecho el que la cuenta de ahorros objeto de la presente demanda en este caso fue un contrato celebrado entre don Ramiro Giraud Martínez y el Banco del demandado-recurrido, excluyéndose a la recurrente como deposi-tante con derechos exactamente iguales a los de Don Ramiro Giraud Mar-tínez; (6) negarse a aplicar el derecho y jurisprudencia que gobierna el contrato y la relación entre los contratantes en el presente caso; (7) resolver, como resolvió que el derecho aplicable al presente caso lo es exclusiva-mente nuestro Código Civil; (8) concluir que la donación en el presente caso no sufrió efectos legales, no empece el haber concluido, como cuestión de hecho, que hubo una donación entre el codepositante Ramiro Giraud Martínez y la recurrente; (9) en su interpretación del contrato existente entre la recurrente y Don Ramiro Giraud Martínez, de una parte, y el Banco demandado-recurrido, de otra parte, al concluir que la recurrente no podía retirar dinero de la cuenta de ahorros en vida de Don Ramiro Giraud Martínez; (10) concluir que el contrato mediante el que la recurrente, Ramiro Giraud Martínez y el Banco recurrido abrieron la cuenta de ahorros objeto del presente caso, se rige por las disposiciones de nuestro Código Civil relativas a la sucesión testamentaria; (11) concluir que el Banco re-currido entregó indebidamente a la recurrente la suma de $3,812.50, decla-rando así con lugar la reconvención formulada por el Banco recurrido sin que éste presentare prueba testifical, documental ni de tipo alguno para sos-tener las alegaciones de tal reconvención, como concluye el propio Tribunal en su sentencia.”

      “[Cuando] una persona entra en relación con un Banco, éste le abre una cuenta, y se dice que ‘opera’ con ese Banco. En realidad, esa relación es, indudablemente, una relación jurídica y, por tanto, un contrato.” Garrigues: Contratos Bancarios, 29 (1958).

       En los Estados Unidos se han debatido profusamente disputas simi-lares. Kepner, The Joint and Survivorship Bank Account — a concept without a name, 41 Calif. L. Rev. 596 (1953); Kepner, Five More Years of The Joint Bank Account Muddle, 26 U. Chi. L. Rev. 376 (1959); Note, Disposition of Bank Accounts: The Poor Man’s Will, 53 Colum. L. Rev. 103 (1953); Comment: Bank Deposits as Will Substitutes in Missouri, 28 Mo. L. Rev. 482 (1963); Note, Joint Tenancy Bank Accounts Inter Vivos Right, 23 Baylor L. Rev. 141 (1971); Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, 43 A.L.R.3d 971. Michie, Banks and Banking, Vol. 5A, Ch. 9, Sec. 46, pág. 125 (1971); Michie, supra, Vol. 8, Ch. 16, Sec. 17, pág. 55; 38 Am. Jur.2d, Gifts, Secs. 7-11. A esos efectos, algunas jurisdicciones han aprobado leyes que específicamente proveen directrices para la solución de las mismas. Anno.: Joint Savings Account — Gift to Survivor, supra, 1007-1014; Michie, supra, Vol. 5A, Ch. 9, Sec. 46, págs. 125-127. En otras, al evaluarlas los tribunales, se han considerado una serie de factores, entre los que se encuentran: 1) la verdadera intención de las partes al abrir la cuenta, Staples v. Berry, 85 A. 303 (1912); Sullivan v. Hudgins, 22 N.E.2d 43 (1939); McLeod v. Hennepin County Sav. Bank, 176 N.W. 987 (1920); Christenen v. Ogden State Bank, 286 P. 638 (1930); Re Brozenic’s Estate, 204 A.2d 918 (1964); Corkum v. Salvation Army of Massachusetts, Inc., 162 N.E.2d 778 (1959); Bachmann v. Reardon, 88 A.2d 391 (1952); Maier v. Bean, 189 So.2d 380 (1966); Re Chase’s Estate, 348 P.2d 473 (1960); 2) la fraseología de la cuenta de depósitos o de la tarjeta preimpresa suplida por el Banco, contentiva del acuerdo, Graves v. Graves, 192 N.Ed.2d 616 (1963); Re Estate of Zabek, 269 A.2d 490 (1970); Ottjes v. Littlejohn, 285 S.W.2d 243 (1956); Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, supra, 1017-1021; 3) la relación de las partes; Kelly v. Woolsey, 170 P. 837 (1918); Flynn v. Hinsley, 113 A.2d 351 (1955); Helfritz v. Riegle, 24 Fla. Supp. 95 (1965) ; McLeod v. Hennepin County Sav. Bank, supra; Graves v. Graves, supra; Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, supra, 1043-1046; 4) El uso y manejo de los fondos durante la vida del occiso; Phoenix Title and Trust Co. v. King, 121 P.2d 429 (1942); White v. Bank of America Nat. Trust and Sav. Asso., 128 P.2d 600 (1942); Murray v. Gadsen, 197 F.2d 194 (1952); Hall v. Hall, 71 S.E.2d 471 (1952); Wrem v. Daniels, 106 S.E.2d 126 (1958); Chase Federal Sav. and Loan Assn. v. Sullivan, 127 So.2d 112 (1960); Frey v. Wubbena, 185 N.E.2d 850 (1962); Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, supra, 1039-1043; 5) si hubo una entrega de lo donado, aunque fuese simbólica; White v. Bank of America Nat. Trust and Sav. Asso., supra; Howard v. Farmers Bank, 268 A.2d 870 (1970); Flynn v. Hinsley, supra; Drinkhouse v. German Sav. and L. Soc., 118 P. 953 (1911); Rutchic v. Salute, 179 N.W.2d 607 (1970); Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, supra, 1033-1039; 6) si los depositantes tenían pleno conocimiento de los efectos legales que conlle-vaba mantener una cuenta de ahorros conjunta; Re Estate of Bors, 228 N.E.2d 127 (1967); In Wood v. Nilsson, 238 N.E.2d 277 (1968); Re Estate of Zabek, 269 A.2d 490 (1970); Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, supra, 1049-1054; 7) si existía alguna razón en particular para la apertura de la cuenta, Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, supra, 1021-1032; 8) si el depositante fallecido dispuso testamentariamente de los fondos habidos en la cuenta de ahorros conjunta; Re Chase’s Estate, supra; Re Cronholm’s Estate, 186 N.E.2d 534 (1962); De Pasqua v. Bergstedt, 247 N.E.2d 354 (1969); Anno.: Joint Savings Account—Gift to Survivor, supra, 1047-1049.

       Sobre el contrato de donación, véanse: Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, tomo 4, Décima Edición, 204-268 (1977); Scaevola, Código Civil, tomo II, Vol. 11 (1943); Manresa, Código Civil Español, tomo 5, 122-280 (1972); Puig Brutau, supra, 59-117; Puig Peña, supra, 189-219; Borrell y Soler, Derecho Civil Español, tomo III, 395-421 (1955); Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, Vol. III, Cuarta Edición, 517-528 (1975); Diez-Picazo y Gullón, Instituciones de Derecho Civil, Vol. 1, 471-484 (1974).

      Puig Brutau, op. cit., 60.

      Castán, op. cit., 206-207.

       Manresa, op. cit., 124-125.

      “La donación es un acto de liberalidad por el cual una persona dis-pone gratuitamente de una cosa en favor de otra que la acepta.”

      “Las donaciones que hayan de producir sus efectos por muerte del donante, participan de la naturaleza de las disposiciones de última vo-luntad, y se regirán por las reglas establecidas para la sucesión testamen-taria.”

      En similar sentido se manifiestan: Puig Peña, op. cit., 202-204; Manresa, op. cit., 149-151.

       Rezan:
      “La donación no podrá comprender los bienes futuros.
      “Por bienes futuros se entienden aquellos de que el donante no puede disponer al tiempo de la donación.”
      “Podrá reservarse el donante la facultad de disponer de algunos de los bienes donados, o de alguna cantidad con cargo a ellos; pero si muriere sin haber hecho uso de este derecho, pertenecerán al donatario los bienes o la cantidad que se hubiese reservado.”

       Referente a este aspecto véanse: Manresa, supra, 223-225; Borrell y Soler, supra, 408; Diez-Picazo y Gullón, supra, 481; Scaevola, supra, 832-844.

      En este extremo, el testimonio de la recurrente constituía prueba oral ajena a las condiciones de un contrato reducido a escrito. La norma general contenida en nuestra Ley de Evidencia sobre prueba extrínseca (Art. 25, 32 L.P.R.A. sec. 1668) prohíbe su consideración a menos que concurra una de las excepciones allí provistas. Chaves v. Coop, de Crédito de Isabela, 103 D.P.R. 892 (1975); Miranda v. Editorial El Imparcial, Inc., 99 D.P.R. 601 (1971); Rolón Marrero v. Rivera Malavé, 85 D.P.R. 731 (1962); Rossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729 (1958); Bigas v. Monforte, 76 D.P.R. 309 (1954). Coincidimos con el tribunal a quo de que en el caso está presente una de tales excepciones, a saber, que la prueba oral presentada, constituya “. . . evidencia de circunstancias bajo las cuales fue hecho el convenio, o con las cuales se relacionare . . . .” Estuvo justificado en darle valor probatorio a este testimonio.

       Varias leyes especiales consagran un trámite particular para la designación de beneficiarios o sobrevivientes respecto a ciertos fondos, sin las formalidades de testamentaría. Véanse: Sec. 14 de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966, según enmendada, conocida por la “Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico” (3 L.P.R.A. sec. 862m); y el Art. 11.330 de la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, conocida como “Código de Seguros de Puerto Rico” (26 L.P.R.A. sec. 1133).

       Reza:
      “(f) Bienes Mancomunados (joint interests). — El caudal relicto bruto incluye el valor de toda propiedad hasta el límite de la participación po-seída en mancomún por el causante y cualquiera otra persona y lo deposi-tado con cualquier persona dedicada al negocio banca/rio a nombre del cau-sante y cualquier otra persona y pagadero a cualquiera de los dos o al que de los dos sobreviva, excepto aquella parte que se demuestre al Secre-tario haber pertenecido originalmente a dicha otra persona y nunca haber sido recibida por ésta del causante por menos de su valor.” 13 L.P.R.A. see. 5031 (f). (Bastardillas nuestras.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

license: Public Domain

text:
    Goble & Jiménez, Inc., demandante y recurrente, v. Doré Rice Mill, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-78-1

      Resuelto: 30 de noviembre de 1978

      Pedro Morell Corrada, abogado de la recurrente; Benny Frankie Cerezo, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

En Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973), establecimos que no toda modificación de un contrato produce efectos extintivos. Siguiendo los claros preceptos del Art. 1158 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3242, afirmamos que el efecto novatorio extintivo se produce solamente cuando las partes lo han querido y así lo han declarado en forma terminante; o en su defecto, cuando la intención de novar se deriva de la incompatibilidad absoluta entre la nueva obligación y la antigua.

El primer supuesto no ofrece dificultad puesto que las partes manifiestan inequívocamente lo que quieren. No cabe aquí presunción alguna de intención puesto que el Art. 1158, supra, impone un modo específico para expresarla. Caribe Lumber Corp. v. Marrero, 78 D.P.R. 868 (1955). El segundo supuesto, el de la incompatibilidad, es ya más complejo porque hay que inferir la voluntad novatoria examinando la naturaleza de las obligaciones y las circunstancias que rodearon los acuerdos de las partes. Se trata propiamente de una cuestión de interpretación que siempre suscita controversia. El maestro Clemente De Diego afirma al respecto que . . el problema de la novación degenera en definitiva en un proble-ma de voluntad o de interpretación de voluntad.” Efectos No-vatorios de un Contrato, 1 Rev. Der. Privado, 472, 480.

La complejidad del problema es la que ha traído el pre-sente caso a la etapa de revisión pues los hechos adjudicados por el tribunal de instancia son claros y definitivos en cuanto a la solución de la controversia.

Los hechos pertinentes adjudicados por el tribunal de ins-tancia revelan que desde el 1949 la recurrente Goble & Jimé-nez, Inc., concertó un acuerdo verbal con la recurrida Doré Rice Mill, Inc., para la distribución en Puerto Rico del arroz grano mediano marca “Chévere”. Las obligaciones de la recu-rrente bajo este contrato consistían en promover y efectuar las ventas del arroz, coordinar las entregas, gestionar los cobros, remitirlos a los recurridos, supervisar la publicidad y representar los intereses de la recurrida ante las agencias gubernamentales. Por todas estas gestiones la recurrente reci-bía como compensación una comisión que varió durante el curso de las relaciones entre las partes. El recurrente era el único y exclusivo distribuidor del arroz marca “Chévere”, aunque Ventura Rodríguez & Sons compraba directamente a la recurrida el mismo arroz grano mediano pero con las marcas privadas “Pamplona” y “Estrella” propiedad de aquél. La recurrente no intervenía ni recibía compensación por estas ventas directas de marcas privadas. El tribunal de instancia destacó en sus conclusiones el testimonio del señor Frank Jiménez, Presidente de la recurrente, al efecto de que “él no conoce de ninguna instancia en que el arroz por ellos distribuido haya sido mercadeado en Puerto Rico por ningu-na otra persona o entidad.” Véanse Determinación de Hecho Núm. 5.

En mayo de 1972 la recurrida ofreció al recurrente la dis-tribución de arroz grano largo que se proponía lanzar al mer-cado, ofreciéndole una comisión de cinco por ciento. En junio de 1972 el Presidente de la recurrente, Frank Jiménez, se reunió en Louisiana con D. J. Stelly, gerente de venta al exterior de la recurrida para discutir problemas relacionados con el enriquecimiento del arroz, inventarios, publicidad, la introducción del arroz de grano largo, comisiones, embarques, incentivos, contratos con clientes y proyecciones de venta. Los puntos acordados por las partes en dicha reunión apare-cen expuestos en un anejo a la carta que el 27 de junio de 1972 le escribió Stelly a Jiménez. Reproducimos a continua-ción los párrafos que propiamente tienen que ver con las re-laciones de distribución y que se intitulan “Private Label”, “Virgin Islands”, “Commission” y “Ventura Rodríguez”:

“PRIVATE LABEL:
After much discussion, it was decided that DORE RICE MILL was not interested in any medium grain private label packaging, however, would suggest to Frank that he make an informal proposal to Pueblo Super Markets for packing their Long Grain requirements under a private label. Frank will investigate this matter further and if he gets the green light, DORE RICE MILL will make an outline and proposal for his use.
VIRGIN ISLANDS:
It was agreed that Frank will handle DORE RICE MILL package rice business in the Virgin Islands. Frank will act as General Agent for the Virgin Islands but will appoint sub-agents in both St. Thomas and St. Croix. In our price structure a2i/2% commission for the sub-agent has already been built in. This is for the distribution of Long Grain package rice. One point which was not mentioned in our meeting and was brought to my attention this morning is the fact that we will have to adhere to minimum quantities in order to enjoy the price we quoted. This minimum is 40,000 pounds through Miami or 45,000 pounds if shipped with Gulf Puerto Rico Lines with trans-shipments in San Juan. This may pose some problems to get the business established, however, we should still go ahead with our investigation of the market and ascertain how much rice we think we can move into this market.
COMMISSION:
It was agreed that the commission on medium grain package rice will be 15$ per bale for the first 275,000 bales and 17$ per bale for the amount above 275,000 bales. This commission arrangement applies ONLY to the DORE RICE MILL brand of medium grain rice.
VENTURA RODRIGUEZ:
It was agreed that after Ventura’s present supply of private label material is exhausted, this business will be channelled through Frank. Dudley will write Ventura about this new policy and furnish Frank with a copy of the letter so Frank can follow up.’

Es decir, a) la recurrida expresó no tener interés en vender arroz grano mediano bajo marcas privadas, pero sugirió a Jiménez que propusiera a Pueblo Super Markets la venta de arroz grano largo bajo una marca privada. La recurrente nunca se benefició de este renglón porque no generó actividad alguna al respecto según determinó el tribunal de instancia en el párrafo número 7 de sus Determinaciones de Hecho. Todos los negocios de Ventura Rodríguez se canalizarían a través de la recurrente, tan pronto aquél agotara su inventario de marcas privadas; b) se amplió la relación de distribución para cubrir las Islas Vírgenes, pero la recurrente nunca efectuó ventas en el mercado de Islas Vírgenes; c) se aumentó la comisión por la venta de arroz grano mediano. En orden a estos acuerdos la recurrente sostiene que hubo una novación extintiva por incompatibilidad entre la nueva obligación y la que hasta entonces había existido. La cuestión es fundamental para la recurrente porque la Ley de Contratos de Dis-tribución, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sec. 278, no puede aplicarse retroactivamente, y, sólo si ha habido una novación del contrato con posterioridad a su vigencia puede el recurrente valerse de sus remedios. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, supra. No tiene, sin embargo, razón.

La incompatibilidad a que se refiere el Art. 1158, supra, es a la absoluta, a la excluyente de todo punto. Warner Lambert, supra. Supone un cambio tan radical en la naturaleza de la nueva obligación con la antigua que no pueden coexistir, son mutuamente excluyentes. Valverde: IV Tratado de Derecho Civil Español, 195 (3ra. ed. 1923). Hernández Gil la define como “toda alteración esencial impeditiva del cumplimiento de la primera obligación.”

La doctrina sugiere como uno de los criterios para determinar la incompatibilidad en las obligaciones de hacer, como es el contrato de distribución envuelto en el presente caso, el de considerar si las alteraciones al objeto del contrato son cualitativas o cuantitativas. Andreoli: La Novazione tacita obbiettiva, citado por Azurza, en 34 Rev. Der. Privado a la pág. 605. La alteración se considera de tipo cualitativo cuando la obligación se sustituye por otra de naturaleza distinta. Id. Cuando sólo se afecta el quantum de las obligaciones la modificación se considera puramente cuantitativa y no afecta el vínculo original. Warner Lambert Co., supra, a la pág. 393 y autores allí citados.

A poco que examinemos las modificaciones acordadas por las partes en el 1972 notaremos que no hay cambio cualitativo que pudiera alterar radicalmente los elementos del contrato original. La relación original permanece incólume desempe-ñando la recurrente las mismas gestiones que desempeñaba antes del 1972. Los cambios fueron puramente cuantitativos: 1) ampliar la distribución para incluir las marcas privadas y arroz grano largo; 2) ampliar el área de distribución a Islas Vírgenes, que como ya advertimos el recurrente nunca efectuó ventas en dicho territorio; 3) aumentar la comisión.

La recurrente insiste en la novación extintiva con el argu-mento de que antes de 1972 el convenio de distribución no era exclusivo porque Ventura Rodríguez & Sons compraba arroz de grano mediano directamente a la recurrida, sin que ella interviniera en esta venta ni cobrara comisión; que los acuer-dos de 1972 establecieron la exclusividad de las relaciones. El argumento no es atendible porque pasa por alto que la recu-rrida nunca vendió a Ventura Rodríguez arroz “Chévere”, que era el que distribuía la recurrente, sino que empacaba arroz grano mediano bajo las marcas privadas “Pamplona” y “Estrella”, propiedad de aquél. Por otro lado, la conclusión del tribunal de instancia fue a los efectos de que la recurrente era el único y exclusivo distribuidor del arroz “Chévere”.

Aun si tomáramos en consideración la significación económica de estas modificaciones, como sugieren Castán y otros autores, no puede inferirse la intención de novar los cambios efectuados en el 1972. Con respecto a las marcas privadas ya vimos que no tenían importancia comercial para la recurrida y que la recurrente no generó actividad comercial alguna con respecto a las mismas. En cuanto a las ventas a Ventura Rodríguez & Sons bajo sus marcas privadas nada surge del récord. Igualmente sucede con el territorio de Islas Vírgenes. El récord guarda silencio sobre el impacto económico del aumento de comisión, pero ya sabemos que estos cam-bios nunca tienen efectos novatorios.

Es correcta pues la conclusión del tribunal de instancia al efecto de que ninguna de las modificaciones acordadas en el 1972 es incompatible con las relaciones establecidas en el con-venio verbal de 1949, y, por tanto, no tuvieron efecto nova-torio.

El recurrente también señala como error el que no se de-terminara por el tribunal de instancia que el convenio de dis-tribución fue prorrogado en noviembre de 1974. Funda su señalamiento en una carta fechada el 5 de noviembre de 1974 que el gerente general de Doré Rice Mill, Inc. dirigió a Jiménez. Exh. Núm. 15 del demandante. En dicha carta se expresó que ambas partes coinciden en que es necesario mejorar y expan-dir la distribución, que para ello es necesario una organiza-ción de ventas y que Jiménez indicó que planeaba reorganizar su compañía y tendría algo definitivo para enero de 1975; que la recurrida, a su vez, planeaba respaldar esos esfuerzos con una campaña publicitaria y, cuando fuere necesario, unas promociones especiales.

El énfasis de esta comunicación es en la necesidad de me-jorar la organización de mercadeo, indicando Jiménez que planeaba reorganizar su empresa y Stelly que planeaba res-paldarlo en una campaña de publicidad. Expresiones genera-les como estas relativas a planes futuros sobre reorganiza-ción y publicidad son insuficientes para derivar una intención de prorrogar el contrato.

Se dictará sentencia confirmando la aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

      El Art. 1158 provee:
      “Para que una obligación quede extinguida por otra que la substituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.”

      Los párrafos restantes se refieren más bien a normas de operación, según se puede ver a continuación:
      “SALES FORECAST:
      “We will end this season with approximately 257,000 bales of package rice, ‘CHEVERE’ and ‘DORE’. Our forecast for season 1972-73 is for a 10% increase, or a total of 280,000 bales.
      “ENRICHMENT:
      “Frank revealed that our product was picked up off the shelf twice and found to be low in enrichment. Frank was notified and he wrote the authorities a letter and is still waiting for a deposition [sic] of the matter. We agreed not to do anything about this matter until further investigation is completed by Dr. Novak and the Puerto Rican authorities. A note of interest is that Riviana has apparently encountered much problems in this area and were actually fined.
      “CONSIGNMENT:
      “A new policy was established for sales out of consignment stock for this coming season. A certain amount of stock will be carried for the accommodation of the trade. This stock to be kept at a minimum at all times. Sales to regular customers will be at the same price level as the customer is paying for importing direct. All other customers will be charged 100 per bale more than the existing price.
      “SPECIAL ALLOWANCE:
      “It was agreed to allow a 100 per bale incentive rebate for customers importing 1,000 or more bales per month of either ‘CHEVERE’ or ‘DORE’ or a combination of both brands. This new policy applies to both existing customers and any new customers that will be developed. Rebate of this special allowance to be made on a quarterly basis. The rebate will cover the actual dollars amount accompanied by a record of shipment for quarter involved.
      “RICE TRANSFERS:
      “It was agreed that it is necessary to transfer rice from one customer to another from time to time. In order to control such transfers and keep accurate records, Dudley will devise a transfer form to be used by GOBLE & JIMENEZ whenever a transfer does take place. This form should be ready to use with shipments of first new crop rice.
      “BALE CODING:
      “It was discussed and agreed that commencing with new crop rice and the operation of the new packaging plant that a code system be devised to code our bales. It was agreed that this could be done with a rubber stamp indicating i.e. D1372, when translated reads D-DORE; 137 May 9th (see a counting house calendar); 2 — the year, in this case, 1972. While we have not had too much trouble with complaints in Puerto Rico, it nevertheless, is a good idea to code all package rice in the event we do have problem.
      “MEDIA ADVERTISING:
      “It was generally agreed that the proposal of McCann-Erickson was not too sporty. Dudley will write a letter to the agency with a copy to Frank outlining some of the discrepancies in the proposal.
      “RECIPES:
      “It was suggested by Frank that we investigate the possibility of developing a recipe booklet for free distribution in Puerto Rico. This booklet cannot involve color reproduction because of the cost involved. It should be a printed double-fold letter size sheet similar to the one attached which was produced by the Rice Council. Dudley will investigate the cost and if is decided that such a booklet can be developed, then Frank will furnish the Spanish translation for recipes used,”

       Castán Tobeñas: Derecho Civil Español, Común y Foral 389 (lima. ed. 1974).
      Azurza, op. cit, supra, a la pág. 597.
      Bonet Ramón, 32 Rev. Der. Privado 240 (1948).

      En lo pertinente dicha carta lee:
      “The most important discussions took place in your office the morning of my departure. We both realize that we need to improve our coverage and expand distribution. Despite the fact that sales will run close to 300,000 bales for 1974, it is our feeling, mostly mine, that with a little effort, it can increase to 500,000 bales. In order to do so, a sales organization is needed to better serve the island and get into the places we are not already selling. Along these lines, you have indicated that you plan to re-organize your company, and will have something definite to announce January 1975. We, in turn, are planning to support efforts with an advertising campaign, and when needed, special promotions.
      “Frank, in the last 15 months, the buying trends of Puerto Rico have changed so much that a more active participation must be taken to keep abreast of the changes. I suspect that we will see many more changes within the next twelve months."


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, en interés del menor E.P.P., apelante.

      Número: O-78-175

      Resuelto: 30 de noviembre de 1978

      Diego Ledee Bazán, José T. Rojas Nieves, Sonia del P. Espiet Ríos, Jorge T. Colón Román, Epifanio Contreras Elias y Alfredo Ortiz Ortiz, abogados del apelante; Héctor A. Colón

      Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Alzamora, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Tres agentes de orden público en un carro de patrulla en Guayama recibieron un mensaje por radioteléfono como a las 9:15 P.M. del 8 agosto 1977, notificándoles que en un callejón conocido como la Vuelta de la Culebra se estaban manipulando drogas y allá se dirigieron. Dos de los agentes abandonaron el auto antes del sitio indicado y siguieron a pie uno a distancia del otro sorprendiendo al menor apelante y al adulto Ismael Santiago Valentín mientras enrollaban ciga-rrillos de marihuana de los que les ocuparon 42 luego de frus-trar su huida y arrestarlos. El menor apelante fue declarado incurso en la falta de posesión de una sustancia controlada.

En apelación imputa error a la sala de instancia por (1) admitir evidencia obtenida mediante un registro ilegal; y (2) por estimar suficiente para sostener su dictamen, la prueba ofrecida.

Hemos leído las treinta páginas de transcripción de evi-dencia que constituyen el mejor argumento contra los señala-mientos de error.

(1) El agente que marchaba al frente y se identificó con los infractores tuvo una percepción directa de la operación en que uno de los intervenidos pasaba la picadura al otro que llenaba y liaba el cigarrillo. Tal acción, llevada a efecto en horas de la noche, frente a un negocio abandonado y en un callejón poco transitado, ratificaba la información captada por el radio del carro patrulla.

La existencia de “motivos fundados” para el arresto sin orden de magistrado es el resultado de una rápida evaluación de circunstancias, en la cual el oficial de policía llega a la conclusión de que la persona ha cometido un delito en su presencia. R.P.C. 11 (a). Para así concluir el agente debe relacionar el comportamiento de la persona frente a él, con los hábitos de conducta y manera de actuar de infractores de la Ley en circunstancias similares. Esto requiere el conoci-miento de usos y costumbres de los infractores con los cuales el policía está familiarizado, especialmente si se trata de de-litos comunes de alta incidencia. Cada delito tiene unas carac-terísticas externas, una manera de realizarse, que lo proyec-tan visualmente, tipifican la circunstancia delictiva y dirigen el raciocinio hacia la concreción de motivos fundados para el arresto. El intento de fuga completó el panorama circunstan-cial objetivo que produce en el agente la inferencia fundada de hallarse ante los sujetos partícipes en delito. Estuvo, por tanto, plenamente justificado el arresto del apelante y la ocu-pación incidental de la evidencia incriminante.

(2) La legalidad del arresto e incautación de la evidencia desplazan la alegación de prueba estereotipada que se ampara en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974). La evidencia oral y física del delito sustanciada ante el tribunal de instancia desvían la calificación de estereotipo aplicable no a la prueba, sino a la alegación del apelante. Cf. Pueblo v. Cedeño, 95 D.P.R. 369, 372 (1967).

Con estos antecedentes y fundamentos la sentencia recu-rrida será, confirmada.

       Procesado en el Tribunal Superior, se declaró culpable. T.E. pág. 12.

       Regla 11(a) de Procedimiento Criminal. “Un funcionario de orden público podrá hacer un arresto sin la orden correspondiente:
      “(a) Cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia. En este caso deberá hacerse el arresto inmediatamente o dentro de un término razonable después de la comisión del delito. De lo contrario el funcionario deberá soli-citar que se expida una orden de arresto.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Pablo Mojica Márquez, acusado y apelante.

      Número: CR-78-28

      Resuelto: 30 de noviembre de 1978

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, abogada del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Plantea este recurso si infringe el Art. 6 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 416, — posesión ilegal de un arma de fuego — una persona que logra hacerse del arma al arrebatarla a su atacante y en legítima defensa propia la dispara y causa la muerte de su atacante. En este caso se absolvió al apelante por causar la muerte del occiso, y se le absolvió igualmente de portar el arma. Fue convicto de posesión ilegal y apela. El fallo no puede sostenerse.

Los hechos que aquí consideramos se remontan al 19 de mayo de 1963. Ese día, a eso de las 3:00 de la tarde, mien-tras el apelante se encontraba en un negocio de cafetín se pre-sentó Ernesto Guzmán Monterola, quien estaba aparente-mente bajo los efectos del licor. Comenzó a “hablar malo” en el idioma inglés, motivando que la esposa del dueño del nego-cio, que en ese momento lo atendía, le pidiera que se fuera. Por respuesta Guzmán Monterola invitó al apelante a boxear, iniciando de inmediato un ataque físico contra éste, al que el apelante respondió con los puños. En su forcejeo salieron fuera del negocio pero en un momento Guzmán Monterola volvió a su interior y se armó de una botella con la cual agre-dió por la cabeza al apelante. Volvió a armarse de otra bo-tella con la cual volvió a golpearlo, causando que el apelante cayera. Mientras trataba de incorporarse el apelante logró agarrarse de Guzmán Monterola y coger un revólver que éste tenía en el bolsillo derecho de su pantalón. Se produjeron va-rios disparos, dos de los cuales hirieron a Guzmán Monterola y eventualmente le causaron la muerte. Se acusó al ape-lante de asesinato y de infracción de los Arts. 8 (delito grave) y 6 (delito menos grave) de la Ley de Armas. Los casos graves fueron ventilados por jurado, que absolvió libremente al apelante. No obstante, el juez que presidió el juicio le de-claró culpable de poseer el arma sin tener licencia para ello.

Como bien señala el apelante, los elementos del delito de posesión ilegal de un arma de fuego son la tenencia o posesión del arma, y la falta de licencia requerida para ello. La prueba estableció que el apelante tuvo en sus manos el arma de fuego por breves instantes. No portaba el arma, ni era su dueño. Obtuvo su momentánea posesión al desarmar al occiso y la disparó en un momento en que se hallaba indefenso, aturdido por el botellazo que había recibido en la cabeza, al tiempo que su atacante volvía a agredirlo con otra botella. Esa no es la posesión o tenencia que la ley castiga. Fue una posesión incidental al ejercicio de una legítima defensa propia.

No hemos hallado en nuestra jurisprudencia que una si-tuación de hechos como la aquí planteada haya sido objeto de nuestra consideración, frente al citado Art. 6 de la Ley de Armas. La situación considerada en Pueblo v. Rivera Márquez, 96 D.P.R. 758 (1968), es distinta. Allí, el acusado tomó un arma de fuego de manos de una persona que se la ofreció en venta y al examinarla, el arma se disparó y causó la muerte de una persona. Convicto de posesión ilegal en viola-ción del citado Art. 6 revocamos y expresamos (pág. 770):

“Sin detenernos ahora a analizar el concepto de tenencia y posesión del Art. 6 de la Ley de Armas, en los hechos probados de este caso el Art. 6 no tiene aplicación. El Legislador no con-templa lo ilógico ni lo imposible. El delito castigado en el Art. 6 no es tener o poseer un arma de fuego, sino el tenerla o poseerla sin tener licencia para ello expedida en la forma dispuesta en el estatuto. Bajo los hechos probados, el apelante no tenía la obliga-ción de inscribir.” (Bastardillas en el original.)

Dos jueces de este Tribunal disintieron por considerar que la tenencia y posesión no estaba protegida por la ley ya que el acusado no obtuvo el arma de un traficante autorizado, y de hecho obtuvo una posesión intencional, sin licencia. En el caso ante nuestra consideración no puede decirse que hubiera una intención de poseer el arma sin licencia. Compárese Pueblo v. Arana, 72 D.P.R. 821 (1951), en que resolvimos que la posesión de un revólver por una persona que lo halla es incidental si lo lleva consigo sólo el tiempo razonablemente necesario para entregarlo a la autoridad correspondiente. Cf. Pueblo v. Moll, 28 D.P.R. 783 (1920).

Se revocará la sentencia apelada y se decretará la abso-lución del apelante.

      Dice así:
      “See. 416. Posesión de revólver o arma de fuego sin licencia
      “Toda persona que tenga o posea cualquier pistola, revólver u otra arma de fuego sin tener una licencia para ello expedida como más adelante se dispone, será culpable de delito menos grave, y si ha sido convicta con anterioridad de cualquier infracción a este Capítulo o de cualquiera de los delitos especificados en la see. 427 de este título, o usare el arma en la co-misión de uno de dichos delitos, será culpable de delito grave.”

      Este caso es un buen ejemplo de la justificación que hallamos en re-querir una exposición narrativa de la prueba en sustitución de una trans-cripción de las notas taquigráficas o de estenotipia en casos apropiados. El juicio se celebró y el apelante fue sentenciado en agosto de 1965. No fue hasta marzo de 1978 que la transcripción estuvo lista y fue presentada para aprobación del tribunal sentenciador. La tardanza se debió, entre otras causas, a incapacidad sobrevenida al taquígrafo. Una exposición narrativa hubiese sido suficiente para ilustrar y sostener el señalamiento de error que aquí consideramos válido.

      Con la excepción de un testigo de cargo de 80 años de edad, corto de vista, que estaba emparentado políticamente con el occiso y quien obvia-mente no mereció credibilidad, el resto ,.ie la prueba estableció cumplida-mente la versión aquí recogida. Se robusteció esta versión con el testimonio del patólogo forense que practicó la autopsia en el cadáver del interfecto, quien declaró, sobre las trayectorias de las balas, que el orificio de entrada de una fue en la región lumbar derecha por la parte inferior del tórax, por el costado derecho, que siguió una dirección oblicua de abajo hacia arriba, de derecha a izquierda y de atrás hacia el frente; y la otra penetró por la cavidad del hipocondrio derecho, es decir, la región superior y lateral del ■abdomen, también en dirección oblicua del frente hacia atrás, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo.


text:
    Puerto Rican-American Ins. Co., querellante, recurrente y recurrida, v. Puerto Rico Parking System y CNA Casualty de Puerto Rico, querellados y recurrido el primero; Departamento de asuntos del Consumidor, recurrido y peticionario.

      Número: O-78-152

      Resuelto: 30 de noviembre de 1978

      Eugenio Gil De Lamadrid Gautier, Reynaldo Rodríguez Pagan, Matilde Acevedo Molinary y Lucía Ferreira de Morales, abo-gados del peticionario; Rodolfo E. Criscuolo Morales y Oscar Dávila Suliveres, abogados de la Puerto Rican-American Insurance Co.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Un automóvil fue hurtado de un lugar dedicado al negocio de estacionamiento de vehículos. El automóvil estaba cubierto por una póliza en virtud de la cual la compañía aseguradora — Puerto Rican-American Insurance Co. — pagó su valor a su dueño. Dicha compañía se subrogó en los derechos de su asegurado y presentó querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) para resarcirse contra la firma dueña del negocio de estacionamiento por lo pagado por la querellante al asegurado. DACO desestimó la querella por entender que no tiene jurisdicción. En recurso instado ante el Tribunal Superior para revisar dicha decisión administrativa, la misma fue revocada, y DACO recurre ante nos. La sentencia del Tribunal Superior debe ser revocada. Resolve-mos que la ley no concede a DACO jurisdicción para entender en una querella como la aquí presentada, por no ser la aseguradora el usuario a que aplica dicha ley.

Ni la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973), ni la Ley para Regular el Negocio de Áreas para el Estacionamiento Público de Vehículos de Motor (Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973) contienen disposición alguna sobre la subrogación de un tercero en los derechos del dueño de un vehículo hurtado en un área de estacionamiento. El historial legislativo de ambas indica que el problema de subrogación no fue considerado. Es preciso pues, acudir al Código Civil para suplir las deficiencias en estas leyes especiales. Código Civil, Art. 12 (31 L.P.R.A. sec. 12); Dalmau v. Hernández Saldaña, 103 D.P.R. 487, 488 (1975); Berrocales v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 224, 226 (1974).

La doctrina civilista sobre la transmisibilidad de derechos es aplicable al caso de autos en ausencia de pronunciamiento al respecto por parte de las leyes especiales antes mencionadas. A la luz de esta doctrina, los derechos de un dueño de vehículo, surgidos por el incumplimiento de un con-trato de aparcamiento, son transmisibles por ser de índole patrimonial y carecer de carácter personalísimo. La compañía aseguradora podía subrogarse en éstos y reclamar lo pagado por ella al resarcirle al dueño la pérdida de su automóvil.

El que los derechos del dueño del auto sean transmisibles no determina la jurisdicción de la agencia administrativa en el caso de autos. Según la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 y la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, DACO tiene juris-dicción sobre las reclamaciones de los consumidores o usuarios de áreas de estacionamiento abiertas al público.

En cuanto a este punto, la Ley Orgánica de DACO con-tiene las siguientes disposiciones:

"Sec. 341e. Poderes y facultades del Secretario
En adición a los poderes y facultades transferidos por este capítulo, el Secretario de Asuntos del Consumidor tendrá los si-guientes poderes y facultades:
(c) Atender, investigar y resolver las quejas y querellas pre-sentadas por los consumidores de bienes y servicios adquiridos o recibidos del sector privado de la economía.
(d) Poner en vigor, implementar y vindicar los derechos de los consumidores, tal como están contenidos en todas las leyes vi-gentes, a través de una estructura de adjudicación administra-tiva con plenos poderes para adjudicar las querellas que se trai-gan ante su consideración y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, disponiéndose que las facultades conferidas en este inciso podrá delegarlas el Secretario en aquel funcionario que él entienda cualificado para ejercer dichas funciones.” 3 L.P.R.A. sec. 341e.
“Sec. 341h. División administrativa para ventilar querellas
El Secretario establecerá una división administrativa en el Departamento con el propósito de recibir, ventilar y adjudicar las querellas que por violación a las leyes o disposiciones de las mismas, que den protección al consumidor, radiquen consumido-res individuales, grupos de consumidores funcionarios del De-partamento u otros y funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. ” 3 L.P.R.A. sec. 341h.
“Sec. 341n. Querellas de consumidores
Cualquier consumidor podrá radicar una querella en el De-partamento para vindicar los derechos que le conceden las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En caso de que la querella radicada por el consumidor no plantee ninguna contro-versia ad judicable, el Departamento asesorará al consumidor con respecto a la solución de su querella y/o referirá la misma a cualesquiera agencia pertinente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos.
Las querellas de los consumidores se regirán por el procedi-miento de adjudicación que dispone este Capítulo.” 3 L.P.R.A. sec. 341n.

La Ley para Regular el Negocio de Áreas de Estaciona-miento Público de Vehículos de Motor contiene, a su vez, las siguientes disposiciones sobre la jurisdicción de DACO:

“See. 807. Poderes y facultades del Secretario [del Departa-mento de Asuntos del Consumidor]
(8) Investigar y tomar la acción que corresponda de acuerdo a las sees. 805 a 821 de este título y los reglamentos promulgados a esos efectos en las querellas que le presenten los usuarios de las áreas de estacionamiento público.” 23 L.P.R.A. see. 807.
“Sec. 812. Jurisdicción del Departamento de Asuntos del Con-sumidor para resolver reclamaciones de usuarios por daños su-fridos o cobro indebido de tarifa.
El Secretario tendrá jurisdicción primaria para entrar a considerar y resolver previa celebración de una vista administra-tiva, cualquier reclamación que tenga un usuario en contra del operador de un área de estacionamiento público cuando ésta surja de daños o perjuicios sufridos por su vehículo o a cualquier parte o accesorio de éste; o cuando la misma surja por haberle cobrado el operador una tarifa mayor que la fijada, disponién-dose que para propósito de la adjudicación de los daños y per-juicios se entenderá que el operario ha actuado como depositario del vehículo del usuario. Disponiéndose, que la radicación de una reclamación bajo las disposiciones de esta sección, no será óbice para que una parte que haya sufrido daños y perjuicios en su persona, pueda radicar la acción correspondiente ante el Tribunal con competencia y jurisdicción.” 23 L.P.R.A. see. 812.

La ley otorga jurisdicción a DACO sobre las querellas de los consumidores que le sean presentadas. Los usuarios de áreas de estacionamiento son un tipo específico de consumidores, objeto de una ley especial que confiere jurisdicción primaria a DACO sobre sus querellas. El asegurado en el caso de autos, dueño del vehículo hurtado en un estacionamiento público, era un usuario sobre cuya querella por esos hechos hubiera tenido jurisdicción DACO. Sin embargo, la querella del dueño del auto es distinta a la presentada por su aseguradora subrogada en sus derechos. En Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 817, 820-821 (1964), señalamos que un asegurador, subrogado en los derechos de su asegurado, tiene una causa de acción independiente de la de su asegurado. El esquema legislativo ya transcrito sólo contempla las causas de acción de los consumidores o usuarios. No contempla las de sus aseguradores por ser éstas distintas e independientes de aquéllos sobre las que concede jurisdicción. La ley, por tanto, no concede a DACO jurisdicción sobre la querella presentada por la Puerto Rican-American Insurance Co. Esta puede acudir a los tribunales para que en ellos se ventile su reclamación. Véase, por analogía, Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834 (1978).

El hecho de que la ley conceda a DACO jurisdicción primaria sobre las querellas de usuarios de estacionamientos públicos no milita en contra de nuestra conclusión. La doctrina de jurisdicción primaria determina qué organismo debe hacer la determinación inicial de un asunto. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 513 (1964). No opera para otorgarle a un organismo administrativo jurisdicción sobre un asunto cuando la misma ley no se la concede.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia recu- rrida y se reinstalará la decisión del Secretario del Departa-mento de Asuntos del Consumidor.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       Valga señalar que la recurrente ha utilizado como recurso para acudir ante nos en este caso, el de certiorari. El recurso apropiado es el de revisión y así lo hemos considerado. Véase el Art. 11 de la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973, 23 L.P.R.A. sec. 815(b).