author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. José Mercado Carrasquillo, demandado y recurrente.

      Número: R-75-124

      Resuelto: 4 de mayo de 1976

      Víctor Luis Colón, abogado del recurrente; Luis E. Maldonado Guzmán, Héctor Nieves Cuevas y Benjamín Soto Maldonado y Belén Bazán de Pagan, abogados de la Junta de Planifica-ción.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso hubo demanda, demanda enmendada y otra demanda enmendada. Las tres demandas son formularios de la Junta de Planificación. La primera tiene fecha de 4 de junio de 1971. La tercera tiene fecha de 22 de mayo de 1973, pero no fue presentada en el Tribunal Superior hasta el 15 de agosto de aquel año.

Se alega en la tercera demanda (la segunda demanda enmendada) que el demandado, sin haberse provisto del correspondiente permiso de construcción y “en violación a [sic] las Leyes y Reglamentos de la Junta de Planificación de Puerto Rico” construyó en la propiedad sita en la Calle 16, Bloque 35, Núm. 26, en Villa Carolina, Carolina, P.R. las siguientes estructuras:

A. “Ampliación en hormigón armado y bloques de 30 pies de largo por 33 pies de ancho, al posterior de la estructura principal, invadiendo el patio lateral izquierdo requerido.”
B. “Ampliación en hormigón y bloques hacia el lateral iz-quierdo, referente a la Ave. Sánchez Castaño, de 56 pies de largo por 12 pies de ancho, ocupando el patio lateral izquierdo requerido.”
C. “Ampliación hacia el delantero en aluminio de 45 pies de largo por 12 pies de ancho, ocupando el patio delantero reque-rido.”

También alega la demanda que el demandado “Opera y/o permite que se opere un negocio de supermercado.”

Solicitó el demandante que el tribunal ordenase al deman-dado a remover las construcciones descritas y a cesar su uso ilegal.

El demandado negó el hecho primero de la demanda y aceptó el segundo. Solicitó se declarase sin lugar la demanda.

La Sentencia, recaída en 21 de marzo de 1975, es también un formulario y consta de dos páginas.

La determinación de hecho de la ilustrada Sala sentencia-dora es al efecto de que el demandado, en la propiedad antes mencionada “y en violación a [sic\ las Leyes y Reglamentos de la Junta de Planificación de Puerto Rico” construyó:

“[U]na ampliación en hormigón armado y bloques de 30'-0" X 33'-0" al posterior de la estructura principal, invadiendo el patio lateral izquierdo requerido. Ampliación en hormigón y bloques hacia el lateral izquierdo, referente a la Ave. Sánchez Castaño de 56'-0" X 12'-0" ocupando el patio lateral izquierdo requerido. Ampliación hacia el delantero en aluminio de 45'-0" X 12'-0" ocupando el patio delantero requerido.”

Ordenó el tribunal al demandado a remover dentro del plazo de 30 días “la construcción a que se refieren las Deter-minaciones de Hechos de la presente Sentencia.” Aunque la Sentencia se expresa en singular (dice, “la construcción”) las determinaciones de hecho mencionan tres estructuras.

El peticionario plantea, en síntesis, los siguientes señala-mientos de error: (1) El tribunal no tomó en consideración que el peticionario obtuvo un cambio en la zonificación de R-3 a C-l; (2) no tomó en consideración que el Reglamento de Zonificación permite que no se observen patios laterales en distritos C-l; (3) tampoco tomó en consideración que dicho Reglamento no requiere patios delanteros en distritos C-l; (4) que la Junta de Planificación le otorgó un permiso de uso al recurrente, luego de estar levantadas las construcciones que se alega que son ilegales; y (5) que la Junta de Planificación incidió en incuria por largos períodos de tiempo.

En este caso se trata de un solar de 526 metros cuadrados que colinda por el frente con la Calle 16 antes mencionada, y por el fondo con la Calle Dr. Sánchez. Por sus lados colinda con otros dos solares ya edificados.

Antes de que se le cambiara la clasificación al solar de R-3 a C-l, existía en el mismo una casa de vivienda, estruc-tura que, aunque dedicada ahora a supermercado, continúa existiendo. Surge de la prueba del Estado que antes de la reclasificación el recurrente obtuvo permiso para construir en el fondo del solar una estructura de hormigón accesoria de un área de 30 pies por 33, separada de la casa original, pero que violó los términos del permiso al unir la nueva estructura a la edificación principal.

Durante el tiempo que el recurrente construyó la mencio-nada ampliación, o poco después, construyó, sin autorización de la Junta de Planificación, dos ampliaciones adicionales. Una de dichas ampliaciones es una estructura de hormigón con un área de 56 pies por 12, construida en el patio lateral izquierdo del solar, unida a la estructura principal. La otra ampliación clandestina es un alero de aluminio con un área de 45 pies por 12, que unió a la construcción de hormigón que se extiende a lo ancho del fondo del solar.

Para visualizar mejor el cambio físico ocurrido es nece-sario advertir que el recurrente invirtió las posiciones de la entrada o fachada principal del edificio y la del fondo o parte trasera del edificio y del solar. Originalmente la entrada principal de la casa era por la Calle B, la cual es una calle residencial, y el fondo de la casa y del solar daba a la calle Dr. Sánchez, la cual es una avenida de mayor tránsito. Al dedicar la casa a negocio, el recurrente estableció la entrada principal del mismo por la avenida, la llamada Calle Dr. Sán-chez, y el fondo o patio trasero del negocio lo estableció hacia la Calle B antes mencionada, hacia donde daba la entrada principal de la vivienda. Es fácil comprender que para fines comerciales era más conveniente que el frente del negocio diese para la avenida y no para la calle residencial.

El alero de aluminio en cuestión está adosado a la actual entrada principal del negocio que da a la avenida denominada Calle Dr. Sánchez. Protege de los elementos el frente del negocio y sus puertas.

De acuerdo con la declaración del testigo del Estado, el Inspector del Negociado de Permisos de la Junta de Planifica-ción, Sr. Rubén Hernández Sánchez, la única estructura que actualmente no cumple con los Reglamentos de Planificación es el alero de aluminio porque no deja un patio de 6V2 pies de ancho. Puede deducirse que si al alero, que tiene un ancho de 12 pies, se le corta una franja de 6V2 pies, todo lo edificado se ajustaría a las normas para solares clasificados C-l. Obser-vamos que el Reglamento, en lo que concierne a patios delan-teros de solares C-l, no requiere dichos patios en ciertas cir-cunstancias y en otras los requiere, 23 R.&R.P.R. sec. 9-209.

Observamos también que aleros y otras estructuras vola-dizas pueden extenderse dentro de los patios requeridos hasta un metro de distancia. 23 R.&R.P.R. sec. 9-218. Al ser contra-interrogado sobre estos extremos el Inspector Hernández Sán-chez declaró que no tiene conocimiento amplio de los Regla-mentos de Planificación; que conoce poco de ellos.

Hemos sostenido consistentemente las facultades del Estado para regular las materias de planificación, uso de terrenos, zonificación y urbanismo porque son reglas indispensables para la vida civilizada, especialmente en un país industrial y densamente poblado como el nuestro, y así lo seguimos creyendo, pero dadas las circunstancias de este caso somos de opinión que debe revocarse la sentencia recurrida, con la excepción de dejar pendiente lo relativo a la legalidad o ilega-lidad del alero de aluminio. Devolveremos el caso para que se celebre una vista sobre este extremo y el tribunal de instancia haga conclusiones de hecho específicas sobre el mismo. Nos explicamos.

La sentencia peca de exceso al ordenar la destrucción de unas ampliaciones que la prueba del Estado no demostró que estuviesen en violación de la Ley o del Reglamento. La situa-ción del alero no ha sido precisada y es necesario hacerlo. La reclasificación del solar residencial a comercial pudo haber estado bien o no, pero la hizo la propia Junta de Planificación y el Estado no impugna esa acción. También surge de la prueba que el Director de Permisos de la Oficina Regional de San Juan le otorgó un permiso de uso al recurrente en 1ro. de diciembre de 1972 para operar un colmado-carnicería en aquel lugar.

Sobre esto último conviene, sin embargo, aclarar que en los casos en que realmente hay estructuras ilegales o clandestinas el mero hecho de que un Oficial de Permisos otorgue un permiso de uso no las convierte en estructuras legales. Ningún funcionario ni empleado puede, en ausencia expresa de ley, hacer legal lo que es ilegal o contravenir las disposiciones de las leyes y de los reglamentos. En este caso nos confrontamos con la situación de que la propia Junta reclasificó el solar en C-l.

El demandante presentó un extenso alegato en el cual incluye una amplia relación de hechos, mucho más completa que la que aparece en la sentencia del tribunal de instancia. Obviamente no podemos fallar a base de los “hechos” que nos presentan las partes en sus alegatos. Tenemos que atenernos a las conclusiones de hecho del tribunal de instancia y a la transcripción de evidencia.

Para casos futuros, nos parece que la mejor práctica sería que la demanda informe al demandado qué artículos de la Ley y qué artículos del Reglamento ha violado. Eso sería una información más útil y más precisa que meramente informarle que actuó “en violación a las Leyes y Reglamentos de la Junta de Planificación.” Informado sobre los artículos de la Ley o del Reglamento que haya violado, el demandado puede corregir las fallas, si lo desea, o puede defenderse. No debe entenderse que estamos en contra de que se utilicen formularios impresos o preparados de cualquier otra forma apropiada. Los formularios pueden simplificar y acelerar los procedimientos, todo lo cual es muy deseable, pero de todas maneras la demanda del Gobierno debe ser lo más clara y específica posible, dentro de las circunstancias, para que el demandado sepa qué se le imputa y pueda tomar una acción útil, cívica y apropiada.

Se revocará la sentencia recurrida, con la excepción de que se devolverá el caso para que se celebre una vista sobre la legalidad o ilegalidad del alero de aluminio y para que la ilustrada Sala sentenciadora haga determinaciones específicas de hechos sobre ese particular, que es el único que dejamos aquí sin resolver.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García concurren en el resultado.

        Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 D.P.R. 826 (1976); E.L.A. v. Rodríguez, 103 D.P.R. 636 (1976); Sucn. de Victoria v. Iglesia

        Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974); Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177 (1973); Cervecería Corona v. Sec. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969); Texaco v. See. Obras Públicas, 86 D.P.R. 712 (1962).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Retirement System of the Employees of the Commonwealth of Puerto Rico and Its Instrumentalities,  recurrente, v. El Registrador de la Propiedad, Sección Quinta, Lcda. Carmen E. Torres de Meléndez, recurrido.

      Número: O-76-137

      Resuelto: 4 de mayo de 1976

      /. M. Calderón García, J. M. Calderón Cereceda, William J. Rief-kohl y Francisco Alonso Rivera, abogados de la recurrente; la Registradora recurrida compareció por escrito.

       Por elección inexplicada la recurrente ha vertido al inglés el nombre de este fideicomiso creado por Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951 (3 L.P.R.A. see. 761) que le dio el título de “Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades”, ratifi-cado por Ley Núm. 24 de 20 de junio de 1972. Leyes de ese año, Ed. Equity, pág. 436. Su Junta de Síndicos tiene entre otras facultades la de “demandar . . . con el nombre y título del Sistema de Retiro de los Emplea-dos del Gobierno Estadual de Puerto Rico y sus Instrumentalidades.” 3 L.P.R.A. sec. 776(f).
      “Siendo el español el idioma de los puertorriqueños, los procedimientos judiciales en nuestros tribunales deben seguirse en español. . . .” Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 596, 606 (1965).

   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Al tiempo de iniciar la ejecución de hipoteca por la vía ordinaria la recurrente Retirement System of the Employees of the Commonwealth of Puerto Rico and its Instrumentalities presentó el 7 de mayo de 1974 en el Registro de la Propiedad, aviso de pleito pendiente (lis pendens) consistente en copia certificada de la demanda según requiere el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 455). Recayó sentencia firme a favor de la demandante el 12 de diciembre de 1974 y celebrada la subasta el 5 de junio de 1975 se le adjudicó la finca urbana por su oferta de $26,205.05 equiva-lente al principal de la hipoteca.

Mientras se tramitaba el pleito, se anotaron en el Registro de la Propiedad, afectando el inmueble ejecutado, dos em-bargos originados en acciones en cobro de dinero contra el deudor Rafael E. Díaz Gotay, anotaciones practicadas el 8 de enero y el 17 de junio de 1975. Cuando la acreedora ejecutante presentó al Registro mandamiento judicial ordenando la can-celación de dichos dos embargos como gravámenes posteriores la Registradora denegó la cancelación por no constar que los acreedores posteriores hubieren sido notificados de la subasta pública en ejecución de hipoteca, fundando su nota en los Arts. 71 de la Ley Hipotecaria y 172 de su Reglamento.

El Art. 71 de la Ley Hipotecaria de Ultramar de 1893 (30 L.P.R.A. see. 120) se ha reducido en España a su primer párrafo (Muñoz Morales, Derecho Hipotecario, Tomo 1, pág. 298), trasladando sus demás disposiciones a los Arts. 131 de la Ley española y 225 y ss. de su Reglamento. Morell y Terry prefiere el texto nuestro por “sentar una regla clara y pre-cisa.” Morell, Legislación Hipotecaria, Tomo 3, ed. 2a (1928), pág. 320. Dice dicho Art. 71:

“Los bienes inmuebles o derechos reales anotados podrán ser enajenados o gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a cuyo favor se haya hecho la anotación.

Si los bienes inmuebles o derechos reales anotados preventiva-mente, a tenor de la sec. 91 de este título, números y 3o, fuesen adjudicados al demandante en virtud de sentencia recaída en el pleito, o llegase el caso de anunciarlos en pública subasta, se notificará la adjudicación o el anuncio al que durante el litigio hubiese adquirido tales bienes o derechos.

Dicha notificación deberá practicarse a instancia del actor, dictada que sea la sentencia firme de adjudicación o antes de verificarse el remate en el procedimiento de apremio, debiendo observarse lo que prescriben los artículos 260 al 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente en las Antillas, 244 al 253 de la que rige en Filipinas.

Hecha la notificación a que se refiere el párrafo anterior, podrá el notificado librar los bienes de que se trate, pagando la cantidad consignada en la anotación para principal y costas, sin que se entienda obligado a satisfacer por este último concepto mayor suma que la consignada en la anotación. Si no lo hiciere en el término de diez días, se procederá a cancelar en el registro la inscripción de su dominio, así como cualquiera otra que se hubiera extendido después de la anotación, a cuyo efecto, y a instancia del rematante o del adjudicatario, se despachará el oportuno mandamiento al registrador de la propiedad.

Si la enajenación otorgada e inscrita durante el pleito fuere relativa a finca cuya propiedad se hubiere reclamado en virtud de demanda anotada preventivamente, con arreglo al número Io de la sec. 91 de este título, será título hábil para que en su virtud se cancele aquella inscripción, un testimonio de la sentencia firme favorable al dominio del demandante.

Las sentencias ejecutorias en que se imponga la pena de inter-dicción, o se declare la incapacidad para administrar de una persona, o se modifique su aptitud civil en cuanto a la libre dis-posición de sus bienes, serán documentos bastantes para cancelar las inscripciones de enajenaciones otorgadas durante la tramita-ción del juicio por el declarado incapaz, siempre que la demanda origen de la providencia hubiere sido anotada preventivamente en virtud de lo que ordena la sec. 91 de este título en su número 5o.”

A tenor de este artículo debe notificarse al comprador pendente lite o al anotante de un derecho real el hecho de haberse iniciado una acción judicial cuyo eventual desarrollo puede ser el remate y realización del inmueble afectado, de modo que dichos titulares posteriores, además de poder intervenir en la subasta, puedan ejercitar su derecho a satisfacer antes del remate el importe del crédito e intereses y costas devengadas y causadas, en la cuantía en que se hallen asegurados con la hipoteca de la finca, para quedar subrogados en los derechos del actor. Sentencia (España) de 14 de diciembre de 1964. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo IV, 2o, Ed. 1968, pág. 1047.

Esta notificación no tiene configuración única ni forma sacramental. En Puerto Rico puede hacerse siguiendo las normas generales para notificaciones en las Reglas de Procedimiento Civil (Ferrer v. Registrador, 44 D.P.R. 277 (1932)); en el ejecutivo sumario se cumple entregándole a los anotantes posteriores copia del requerimiento de pago; Art. 171 del Reglamento Hipotecario; Henna v. Saurí y Subirá, 22 D.P.R. 836 (1915); Díaz Mediavilla v. Registrador, 39 D.P.R. 114 (1929); y se puede acudir a la publicidad registral como notificación constructiva en los casos apropiados en que se demande en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real solicitando anotación preventiva de demanda (Art. 42, Inciso Io, Ley Hipotecaria — 30 L.P.R.A. see. 91 (1)); o a la llamada anotación procesal o aviso de demanda bajo el 91 del Enjuiciamiento Civil, si la acción afecta al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble.

La recurrente escogió este último medio de notificar el comienzo del pleito. El aviso de pleito pendiente como la anotación preventiva de demanda plantan en el Registro un claro mensaje y prevención que no puede escapar al titular posterior diligente en la defensa de su derecho. La anota-ción de su demanda por la recurrente bajo el Art. 91 del Enjuiciamiento advertía y recordaba a los titulares de em-bargos posteriores de su posible derecho a intervenir en el pleito como cuestión de derecho (Regla 21 de Procedimiento Civil) si pudieren ser afectados por la sentencia o por la dispo-sición del inmueble sujeto al poder de adjudicación del tribunal. El conocimiento presunto del litigio, derivado de la temprana anotación de demanda, tiene el efecto notificador requerido por el Art. 71 de la Ley Hipotecaria. Dávila v. Registrador, 24 D.P.R. 707, 709 (1917); Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60, 69, (1970); Palmieri v. Federal Land Bank, 59 D.P.R. 4 (1941); Pueblo v. Fajardo Sugar Co., 51 D.P.R. 893 (1937); Bermúdez v. Morales, 42 D.P.R. 426 (1931); Zalduondo v. Iturregui, 83 D.P.R. 1, 34-35 (1961).

Notificados en el ámbito registral los acreedores posteriores por el aviso de demanda, recaía sobre ellos la obligación de mantenerse enterados del curso del litigio, si interesaban defender su derecho. Por haber anotado sus embargos cuando ya había entrado al Registro la anotación de la demandante sobre el comienzo del procedimiento de ejecución, tuvieron el beneficio de debido proceso con oportunidad no ya de acudir a la subasta, sino de intervenir en el pleito hasta para alegar preferencia de sus créditos, si la tuvieren.

Por tener la anotación de demanda pendiente hecha en este caso la virtualidad y efecto de una notificación oportuna de la inminente adjudicación por sentencia y anuncio de subasta, que dejaba enteramente en la diligencia de los acreedores pos-teriores la protección de su derecho, que no promovieron, sus anotaciones de embargo deben ser canceladas según ordena el mandamiento judicial librado por el Tribunal Superior (San Juan). Revocada.

      Art. 91, Código Enjuiciamiento Civil, Ed. 1933.
      “Cuando en una acción que afecte al título o al derecho de posesión de una propiedad inmueble, el demandante al tiempo de presentar la de-manda, y el demandado al tiempo de presentar la contestación o en cual-quier tiempo después, [pidieren se declare que lo que se reclama es suyo], podrán presentar para su anotación al registrador del distrito en que radicare la propiedad o parte de ella un aviso de la cuestión litigiosa pen-diente, el cual contendrá los nombres y apellidos de las partes, el objeto de la demanda o contestación, y la descripción de la propiedad en litigio. sólo desde el día de la presentación del aviso para ser anotado se conside-rará que el comprador o la persona qne adquiera un gravamen sobre la propiedad litigiosa, tiene conocimiento, para los efectos legales, de la acción pendiente contra las partes designadas por sus nombres verdaderos.” 32 L.P.R.A. see. 455.
      La frase “pidieren se declare que lo que se reclama es suyo” es adición oficiosa por error de traducción. Manrique de Lara v. Registrador, 23 D.P.R. 864 (1916); Martínez v. Registrador, 101 D.P.R. 308, 310 (1973).

      E1 Art. 172 del Reglamento Hipotecario (30 L.P.R.A. see. 1093) que es parte del procedimiento para el cobro del crédito hipotecario, dispone en lo pertinente:
      “Estos edictos señalarán el día, hora y sitio del remate, y servirán también para hacer saber la subasta a los acreedores que tengan inscritos o anotados sus derechos sobre los bienes con posterioridad al del ejecu-tante, y con los cuales no hubiere tenido efecto la. notificación que prescribe el párrafo final de la see. 1092 de este título, debiendo expresarse, al efecto, los nombres de estos interesados, según resulten de la certificación del registro, para que puedan concurrir a la subasta si les conviniere.”

       Comentando la situación análoga que se da en el procedimiento judicial sumario del Art. 131 de la Ley Hipotecaria de España, dice Roca Sastre:
      “El Registrador expedirá esta certificación y hará constar por nota marginal al asiento de inscripción de la hipoteca, el hecho de haber librado la misma, así como la existencia del procedimiento judicial sumario corres-pondiente.
      “El alcance de esta nota marginal de incoacción del procedimiento judicial sumario no es sólo el de informar a posteriores adquirentes acerca de la existencia del proceso de ejecución, sino el de hacer las veces del trámite de notificación o intimación a tales adquirentes, ante la advertencia del pro-cedimiento, dispensando de tener que efectuarles singularmente dicha noti-ficación o intimación a los efectos procesales y del tracto sucesivo. Así resulta del art. 226 del Reglamento Hipotecario y lo declara la jurispru-dencia. Además, produce el efecto de poder cancelarse los asientos posterio-res con la expresión genérica de que habla el artículo 233 del Reglamento.” Derecho Hipotecario, IV, 2°, Sexta Edición (1968) pág. 1044.
      Y en Puerto Rico, desde el año 1929, se resolvió que la notificación del requerimiento de pago ordenada por el Art. 171 del Reglamento Hipotecario a “las personas interesadas en las responsabilidades que se hubieran inscrito después del derecho del actor” se cumple cuando el acreedor que ejecuta ha anotado aviso de haber instituido y estar pendiente el procedimiento sumario. Díaz Mediavilla v. Reg., 39 D.P.R. 114, 117 (1929).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Roberto Meléndez et al., demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc., codemandada y recurrente; José Manuel Fahar y Otros, demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc., co-demandada y recurrente; José Lino Soto y Otros, demandantes y recurridos, v. Levitt & Sons of Puerto Rico, Inc., codemandada y recurrente.

      Número: O-75-538

      Resuelto: 4 de mayo de 1976

      O’Neill & Borges y Raúl E. González Díaz, abogados de la recu-rrente ; Juan T. Peñagarícano, Jr., abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso de epígrafe nos permite examinar la autoridad constitucional y la capacidad del Poder Judicial de afrontar y superar, con pragmatismo judicial y al amparo de nuestro derecho vigente, algunos de los múltiples obstáculos y variados problemas que la litigación moderna conlleva cuando se recla-man derechos por un número sustancial de ciudadanos.

El incidente procesal que genera nuestra intervención se origina en una Orden del Tribunal Superior, Sala de Baya-món, de fecha 8 de octubre de 1975, en varios casos consoli-dados. Para una total comprensión de nuestra decisión, a con-tinuación copiamos dicha Orden:

“Se trata de las reclamaciones de más de 800 compradores de casas en la Urbanización Levittown de Toa Baja quienes alegan daños por alegados vicios de construcción. Luego de varios incidentes el Tribunal a los fines de acelerar los procedimientos y evitar gastos innecesarios a las partes nombró al Lie. Francisco Espinosa Robledo para que éste actúe como Comisionado Especial mediante la siguiente orden:
‘ORDEN — Celebrada una reunión con los abogados de las partes, el día 29 de julio de 1975, oídos sus puntos de vista se ordena lo siguiente:
1. El Comisionado Especial, Ledo. Francisco Espinosa, Hijo a la brevedad posible citará a las partes para una vista e inspección y evaluación de los vicios de construcción de la residencia del demandante, Luis A. de Jesús Cintrón.
2. Se conceden veinte (20) días improrrogables a la de-mandada para que informe al Tribunal y a la parte deman-dante el nombre del perito que ha seleccionado para inspec-cionar las casas de los demandantes, enumerar y evaluar el costo de reparación en el mercado de todos los vicios de cons-trucción, si algunos existieren en las casas de los deman-dantes.
8. Los demandantes tendrán ocho (8) días improrroga-bles para aceptar o rechazar dicho perito.
4. Se conceden veinte (20) días a la demandada para traer al pleito a terceros demandados.
Notifíquese a los abogados de las partes y al Comisionado Especial, Ledo. Francisco Espinosa, Hijo.’

Comenzó el Tribunal gestiones para lograr que las partes acordaran el nombramiento de un Perito para que éste lleve a cabo una inspección de todas las estructuras y someta al Comisio-nado Especial todas sus conclusiones sobre los vicios de construc-ción y el costo de reparación de los mismos. La parte demandante ha informado que acepta el Perito que nombre el Tribunal. La demandada Levitt & Sons of Puerto Rico Ine., luego de varias solicitudes de prórroga radicó una moción el día 10 de septiembre de 1975 en la que informa que todos los Peritos que ha conse-guido no son aceptables por el problema del costo de sus servicios, dada la gran cantidad de estructuras envueltas en este pleito. Informa dicha demandada que dichos Peritos además de cobrar por el Informe cobrarían por su comparecencia al Tribunal.

Propuso finalmente al Tribunal encomendar la labor de inspec-ción de las estructuras a un funcionario de la Oficina Regional de Bayamón del Departamento de Asuntos del Consumidor.

El Tribunal, luego de hacer las gestiones, concluyó que el único funcionario que tiene dicha Oficina es un ingeniero mecá-nico que aparentemente no está debidamente cualificado para determinar vicios de construcción y costos actuales de reparación de las casas en controversia. Además informó dicha Oficina que no puede prescindir de los servicios de dicho funcionario, dado el alto número de asuntos que se radican en la misma.

El Tribunal luego de varias gestiones y con vista de lo re-suelto por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Raúl H. Urrutia y otros v. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico y otros, RCA 1975-69, de fecha 4 de abril de 1975 nombra al Ingeniero Civil Sr. Tomás Viner Alcázar como Perito en este caso para que, siguiendo las instruc-ciones del Comisionado Especial inspeccione las estructuras, someta un informe que debe contener una lista de los vicios de construcción, si algunos, y el costo actual de reparación de los mismos. El Tribunal, llegó a esta conclusión luego de que el señor Viner Alcázar accedió a que el Tribunal fijara sus honora-rios, los cuales en ningún caso excederán de la propuesta más baja recibida por la demandada y para fijarlos el Tribunal to-mará en consideración el número de estructuras que sean inspec-cionadas.

El señor Viner Alcázar ha actuado como Perito del Tribunal en varios casos y sus servicios han sido altamente satisfactorios y ha demostrado gran sentido de responsabilidad y competencia.

La demandada depositará en el Tribunal los honorarios del Perito según sean fijados por el Tribunal y en caso de que los demandantes no prevalezcan en sus reclamaciones tendrá derecho la demandada a reclamarlos como costas.

A los fines de que las partes no incurran en gastos adicionales el Informe del Perito será obligatorio para las partes y no será necesaria la comparecencia personal del Perito a declarar ante el Comisionado Especial a menos que una parte lo solicite, lo cual conllevará que deberá sufragar los honorarios por dicha com-parecencia, los cuales serán fijados por el Tribunal.

Se conceden 15 días a las partes para que acuerden con el Comisionado Especial Lie. Francisco Espinosa Robledo los hono-rarios que serán pagados a éste disponiéndose que de no hacerlo el Tribunal los fijará luego de oir a las partes.”

Expedimos orden de mostración de causa contra los deman-dantes en virtud de los siguientes errores señalados y dis-cutidos por la peticionaria:

“1. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al proceder a designar un perito para actuar en los casos consolidados ante su consideración, al determinar la compensación del mismo, al im-ponerle a la demandada la obligación de pagar sus honorarios y al determinar que el informe del perito es obligatorio para las partes, sin la celebración de una vista pública en la que las partes pudieran aportar la prueba que fuese pertinente y plantear las cuestiones legales que correspondan.

2. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar cuál habrá de ser la compensación del perito designado sin haber contado con prueba alguna que respalde dicha compensación.

3. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al imponerle a la Recurrente el pago total de los honorarios del perito designado.

4. Erró el Honorable Tribunal al determinar que el informe del perito sería obligatorio para las partes.

5. Erró el Honorable Tribunal al determinar que la compare-cencia personal del perito a declarar ante el Comisionado Especial no será [sic] necesaria y que la parte que solicite dicha com-parecencia deberá pagar los honorarios del perito.

6. Erró el Honorable Tribunal de Instancia al designar un perito en base a lo resuelto en el caso de Urrutia v. Autoridad, de Acueductos y Alcantarillados, Opinion del 4 de abril de 1975. (Referenda Colegio de Abogados 1975-69).”

Los recurridos han comparecido y se oponen a las preten-siones de la peticionaria argumentando que la orden es suma-mente justa y razonable en vista del historial del caso.

Invertiremos el orden de análisis para comenzar con el último error señalado, ya que los primeros descansan sobre la validez de la norma general señalada en Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975), en el sentido de que los tribunales tienen poder para designar peritos judiciales en casos apro-piados.

La parte peticionaria — haciendo constar su conformidad con los pronunciamientos de dicho caso en torno al aspecto de la opinión pericial y en lo referente al Proyecto de Reglas de Evidencia — nos pide su revocación bajo el fundamento de que ello constituye un ejercicio ultra vires de “legislación judicial” que trasciende los límites de nuestra Constitución. En apoyo de tal contención cita e interpreta restrictiva y literalmente el lenguaje de la See. 6 del Art. V de la Constitu-ción y la See. 2 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, denominada Ley de la Judicatura (4 L.P.R.A. see. 2), y pone como ejemplo, las cuatro ocasiones en que durante los años 1958, 1959, 1960 y 1961 este Tribunal adoptó y remitió a la Asamblea Legislativa un Pro-yecto de Reglas de Evidencia que fueron expresamente desa-probadas. Nos señala que los casos de Urrutia, supra, y Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975), desatienden tales actuaciones legislativas y son ilustrativos de una peli-grosa determinación del Tribunal de poner en vigor “las Reglas en forma parcial”, facultad constitucional que care-cemos y cuyo reconocimiento “equivaldría a arrumbar, me-diante la utilización de un enfoque expansivo del poder consti-tucional de este Honorable Tribunal, el delicado equilibrio y la aplicación concreta del sistema de frenos y contrapesos consti-tucionalmente establecido en esta área.”

En torno a los orígenes históricos de la doctrina del poder inherente de los tribunales de adoptar reglas de proce-dimiento y evidencia nos refiere a lo expuesto en las opinio-nes mayoritaria y disidente del caso de González v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 585, 628 (1953), y en contra de dicha doctrina argumenta las siguientes proposiciones: la aproba-ción de tales reglas es una función, por su propia naturaleza, de carácter legislativo; ni jurídica ni históricamente tal doc-trina ha tenido vigencia alguna en el sistema puertorri-queño, según coinciden la expresión mayoritaria y minoritaria en Gonzalez, supra; tal doctrina es insostenible en un régi-men constitucional como el nuestro, descansando para tal con-clusión en la opinión disidente de dicho caso ; toda aprobación de normas de procedimiento y de evidencia debe ajustarse al mandato y trámite Constitucional; y el permitir que subsista la norma de Urrutia, supra, sobre peritos judiciales, equi-valdría al reconocimiento forzoso de que de un “plumazo” podría aprobarse la totalidad del Proyecto de Reglas de Evi-dencia de 1958, lo cual sería destructivo al sistema consti-tucional de gobierno. Adicionalmente aduce, como consecuencia no prevista, que Urrutia, supra, conflige con lo dispuesto en el inciso 3 del Art. 327 vigente del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 1461 (3)) que preceptúa:

“La parte a cuyo favor se dicte cualquier Sentencia o Resolu-ción final le serán concedidas las costas, las cuales comprenderán los siguientes desembolsos:
(8) Dos (2) dólares por cada testigo y por cada día de asis-tencia a la Corte, más milla je para ida y vuelta a su residencia; disponiéndose, que la Corte fijará, atendidas todas las circuns-tancias, la compensación razonable por la asistencia de testigos peritos;” (Énfasis suplido.)

A tal efecto' sostiene que como la Regla 410 del Proyecto de Reglas de Evidencia confiere discreción a un tribunal para determinar, anticipadamente, si la compensación del perito es o no recobrable como costas, ello “. . . deja sin efecto una ley aprobada por nuestra Asamblea Legislativa... empleando [se] la doctrina del poder inherente no solo' en forma contraria a . . . [la] Constitución, si que también para imponer solucio-nes contrarias al derecho legislado.”

Finalmente manifiesta su preocupación “por lo' que apa-renta ser una tendencia reciente de[l] ... Tribunal de expan-dir sus poderes . . . .” evidenciado en los casos de Urrutia y Padilla Arroyo, supra, y el aprobar recientemente la Regla 17 de nuestro Reglamento que alega está en conflicto con la Regla 53.3 de las de Procedimiento Civil de 1958, y la Regla 6 de las de Administración para el Tribunal de Primera Ins-tancia que también sostiene está en abierto conflicto con la Regla 34(a) de las de Procedimiento Criminal.

I

Estimamos que el caso de autos es uno apropiado en que se ejemplariza vivamente la sabiduría de la norma de TJrrutia, supra, en torno a la facultad de los- tribunales de designar y nombrar peritos judiciales. La validez intrínseca de que el testimonio del perito sea, en to posible, la expre-sión sincera, desinteresada e imparcial de un profesional competente — y no de profesionales rivales cuyas respectivas comparecencias y opiniones de ordinario resultan ser en el interés exclusivo de cada parte — es incuestionable para todo conocedor de un proceso judicial.

Tal autoridad es consustancial e inherente al poder de un tribunal de suplir deficiencias y lagunas procesales existentes en las leyes cuando éstas no responden a los imperativos del momento e impiden que el Poder Judicial cumpla a cabalidad con el objetivo que animó a la Convención Constituyente de simplificar el sistema de adjudicar controversias “justa, rápida y económicamente”. I Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, pág. 636.

No milita en contra de esta conclusión el lenguaje de la See. 6 del Art. Y de nuestra Constitución cuyo alcance y límite fue precisamente aclarado en el documentado caso de González, supra. En dicha opinión resolvimos, que en su perspectiva histórica: el poder inherente para adoptar reglas procesales en sus orígenes era de la incumbencia de los tribunales, y que en el siglo XX había surgido un re-torno a dicho principio fundamental; que concurriendo con dicha tendencia, algunos tribunales afirmaron que tal facultad era inherente y absoluta al extremo de que el Poder Legisla-tivo estaba totalmente excluido de participar en este campo en virtud de la doctrina de separación de poderes; que his-tóricamente esta última teoría era difícil de sostener; y que analíticamente la exclusión absoluta del Poder Legislativo en el proceso de formulación de normas de procedimiento no había sido una realidad en Puerto Rico antes y después de la Constitución.

En cuanto a la autoridad implícita de los tribunales para darles contenido y virtualidad a ciertas normas procesales y de evidencia dijimos:

“No obstante, a causa de necesidad, los tribunales tienen algún poder inherente en el campo del procedimiento; es decir, el poder de suplir tal procedimiento bien cuando éste no existe o bien cuando inadecuadamente se fija por estatuto, siempre y cuando que el mismo no sea inconsistente con las disposiciones de ley. Y este Tribunal ha resuelto que en Puerto Rico los vacíos de procedimiento pueden cubrirse mediante decisiones judiciales a virtud de los artículos 7 del Código Civil y 36 del Código de Enjuiciamiento Civil. Además, es importante indicar que los estatutos que confieren tales facultades para promulgar reglas y que no fijan normas, no son una indebida delegación de poder legislativo. Esto es así porque la facultad de proveer el procedi-miento para las cortes es una que se goza concurrentemente tanto por los tribunales como por la asamblea legislativa; por consi-guiente, tal estatuto es una retirada del campo del procedimiento más bien que una delegación de poderes.”

Y a renglón seguido añadimos :

“Después de una vacilante historia, ... en Puerto Rico la adopción de reglas por los tribunales descansa ahora sobre bases sólidas. Además de la facultad de la judicatura de suplir pro-cedimiento, a virtud de los artículos 7 del Código Civil y 36 del Código de Enjuiciamiento Civil, aquí, como en cualquier otra parte, la facultad judicial de adoptar reglas ha sido reconocida como un retorno a los principios fundamentales y como ‘una fun-ción propia del Poder Judicial’. Aún más importante, esta fa-cultad se establece en nuestra Constitución como básicamente inherente a los tribunales y como un poder primariamente judicial más bien que legislativo.” (Énfasis nuestro.)

No constituye un espectro de Tribunal omnipotente ni contraviene la doctrina de “separación de poderes” y de “frenos y contrapesos” que destruya nuestra forma republicana de Gobierno Constitucional, el que jurisprudencialmente hayamos reconocido la facultad de los tribunales de designar un perito judicial: Urrutia, supra; o que hayamos restringido el ámbito del contrainterrogatorio de un acusado — a los fines de impugnar su testimonio y credibilidad — a evidencia de convicciones previas que no sean remotas, Pueblo v. Padilla Arroyo, supra.

Contrario a la conclusión de la parte peticionaria, “[l]a confección de reglas de evidencia no es faena para la Legisla-tura sino una esencialmente judicial... que ha tenido un mo-desto desarrollo jurisprudencial en nuestra patria.” Pueblo v. Dones, 102 D.P.R. 118 (1974). Las últimas dos décadas se han caracterizado por un enfoque renovador, aunque lento, tendente a superar el inmovilismo procesal que tradicional-mente ha agobiado la tramitación de causas ante los tribu-nales. Para lograr inyectarle rapidez a los procesos y facili-tar la búsqueda de la verdad — factores básicos en el quehacer de administrar justicia — hemos suplementado jurispruden-eialmente, y en limitadas ocasiones, las insuficiencias de las normas vigentes en las reglas de procedimiento civil y criminal y en la Ley de Evidencia en perfecta congruencia con el diseño general constitucional. Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133 (1973); Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961); Pueblo v. Dones, supra; Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975). Y en el ejercicio de hermenéutica judicial en materia de evidencia, nos hemos referido, como fuente ilustrativa y persuasiva, a diversas reglas del Proyecto de Reglas de Evidencia: García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727 (1976); Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693, 703 (1965); Martínez Rivera v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 1, 12 (1962); Lugo Ortiz v. Ferrer, 85 D.P.R. 862, 869 (1962); Pueblo v. Ramos Cruz, 84 D.P.R. 563, 569 (1962); Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 516 (1961); Pueblo v. Ruiz, 83 D.P.R. 349, 355 (1961).

Para adjudicar satisfactoriamente las cuestiones jurídicas que diariamente se plantean ante este Tribunal, no podemos ceñirnos a un enfoque de infertilidad judicial por temor al pretendido argumento de que ello representa una indebida intromisión en los poderes de las otras ramas de Gobierno. La razón de ser de la doctrina del poder inherente cobra verdadera dimensión al percatarnos que nuestra responsabilidad de propiciar un sistema que solucione los casos ordenada, justa y prontamente, no se satisface a plenitud con trasladar periódicamente el problema al ámbito legislativo; esta área exige un enfoque jurisprudencial dinámico que propenda a lograr de manera balanceada los propósitos cons-titucionales enunciados. No puede sostenerse válidamente que el Tribunal esté constantemente obligado a remitir a la Asam-blea Legislativa, para su aprobación, toda interpretación ju-risprudencial que haga de una norma procesal o evidenciarla al resolver un caso, ello independientemente de que al pro-nunciarnos en el mismo participemos a todos los integrantes del sistema de justicia puertorriqueño — tribunales, abogados y partes — la adecuacidad de la pauta adoptada para casos futuros. Tal tesis violentaría el ejercicio de la función judicial a la par que conllevaría una parálisis pro tanto en nuestra responsabilidad constitucional expresa de administrar justicia.

Aclarado el marco y fundamento constitucional de nuestras decisiones en casos como el presente, es de rigor hacer constar que Urrutia, supra, no conflige ni deroga el inciso 3 del Art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil que reconoce, como costas la compensación razonable que fije el tribunal por la asistencia de testigos peritos de la parte victoriosa “atendidas todas las circunstancias”. Esta última expresión es clave; implica que bajo el estado actual de nuestro derecho vigente, la compensación de un perito, como costas no es automática per se sino que los tribunales deben ponderar juiciosamente su procedencia en virtud de las particularidades en que se presta, evaluando su naturaleza y utilidad conforme las normas que sentamos en el caso rector de Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963). Puede haber situaciones en que el testimonio de un perito producido por una parte sea irrelevante, inmaterial o innece-sario, o carezca de la característica de pericia, como conse-cuencia de las cuales sea procedente denegar compensación en tal carácter. Sucn. Mangual v. Hastings, 56 D.P.R. 21, 26 (1940).

Existe por tanto, armonía entre el aludido inciso 3 del Art. 327 y el propósito que persigue la Regla 410 del Pro-yecto de Reglas de Evidencia al dejar a la discreción del tribunal — en casos en que ha designado un perito judicial — la compensación, si alguna, del perito adicional que produzca una parte. “[Se] trata de desalentar el uso de peritos que no sean nombrados por el tribunal, disponiendo que las sumas que se les paguen por concepto de honorarios [discrecionalmente] no sean incluidas en las costas.” (Corchetes nuestros) 3 Práctica Forense Puertorriqueña, (Comentario a la pág. 208 del Comité Consultivo del Proyecto de Reglas de Evidencia).

Restaños considerar los méritos de los cinco (5) errores argumentados conjuntamente por la peticionaria. Estos se reducen a los siguientes planteamientos: El tribunal de ins-tancia erró al designar al perito sin celebrar vista; erró al imponerle el pago total de sus honorarios; al determinar la obligatoriedad del informe para las partes; y al decretar que el perito no tendría que declarar ante el Comisionado Especial excepto a solicitud de cualesquiera de las partes, quien en-tonces vendría obligada a pagar los honorarios por tal com-parecencia. Le asiste parcialmente la razón. Veamos.

El enjuiciamiento moderno se orienta hacia la simplifica-ción de los trámites procesales evitando la comparecencia de abogados y partes en cuestiones incidentales. A tal efecto, la Regla 7 de las de Administración para los Tribunales de Pri-mera Instancia establece, como norma general, que toda moción queda sometida para Resolución .. sin celebración de vista, a menos que el Tribunal motu proprio, o a solicitud de parte, resuelva a su discreción señalarla. . . .” Otra excepción consignada en la propia regla requiere la celebración de vista en aquellas mociones en que la ley así lo exige.

En los casos en que no existe precepto de ley mandatorio de vista, corresponde a los tribunales — en virtud de un examen de varios factores, tales como la complejidad o no de las cuestiones planteadas, utilidad de la comparecencia de los abogados o las partes con miras a su más cabal entendimiento o a tomar medidas adicionales sobre trámites necesarios e incidentales, y otros — dar audiencia o denegarla.

En lo concerniente al nombramiento de un perito judicial, en Urrutia, supra, dijimos que tal facultad fuera usada “previa oportunidad a las partes de seleccionar un perito común.” Tal gestión, de ordinario, puede hacerse sin vista salvo que concurran circunstancias que ameriten el señala-miento de la cuestión para delimitar el ámbito, compensación y otros aspectos de la encomienda al perito.

Los documentos en el caso de autos evidencian que la peticionaria hizo gestiones tendentes a suministrar el nombre de un perito común acorde con una orden del tribunal a quo de fecha 3 de junio de 1975 y que desde sus inicios destacó que la mayor dificultad era el alto costo que por concepto de honora-rios profesionales ello representaba. Oportunamente cuestionó el pronunciamiento judicial relativo a que los gastos del perito fueran por ella desembolsados por considerarlo injusto indi-cando que debería tener la oportunidad de eontrainterrogarlo. Además solicitó que el examen pericial se circunscribiera a los vicios alegados por cada reclamante en sus respectivas demandas.

A la luz del número sustancial de reclamantes es claro que el costo de la labor de peritaje será alto, lo cual unido a los gastos que conlleva el nombramiento de un Comisionado Especial aumentará notablemente el aspecto económico del litigio; sin embargo, los gastos finales serían mayores de optar cada parte en contratar y solventar aisladamente un perito. Reafirmamos que bajo las normas de Urrutia, supra, el caso es apropiado para tal designación y que el tribunal pudo celebrar una vista para oir objeciones, si alguna, al perito designado.

Es errónea la determinación del tribunal a quo disponiendo que sobre la peticionaria recaiga exclusivamente el peso de financiar totalmente y a priori los honorarios del perito judicial designado, aun bajo la premisa que de no prevalecer un reclamante, aquella pueda recobrar tal gasto como costa. Obviamente dicha eventualidad está sujeta a unas contingencias impredecibles y no toma en consideración los intereses de todas las partes. Por el contrario, concluimos que el balance justiciero requiere que sobre las partes principales— cada reclamante y la peticionaria — recaiga en igual proporción el costo de los honorarios del perito. El tribunal de instancia dispondrá un término razonable para que tales honorarios sean satisfechos a través de su Secretaría, bajo apercibimiento de desestimar o ventilar en rebeldía cualquier caso en que no se cumpliere el mandato.

No procede que los gastos sean prorrateados en esta etapa por las terceras demandadas, ya que surge que éstas fueron subcontratistas de la peticionaria. Al final del litigio podrá recobrar el monto que correspondiera, de resultarle alguna de dichas terceras demandadas responsable en derecho. Debe tenerse presente que su responsabilidad como construe-tora, de mediar vicios de construcción, al amparo del Art. 1488 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4124) y nuestra doctrina jurisprudencial, es directa y primaria. Hernández Denton v. Western Pines Corp., 103 D.P.R. 741 (1975); González v. Centex Constr. Co., etc., 103 D.P.R. 82 (1974); Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967); Torres Reyes v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 398 (1967).

De igual modo, la expresión del tribunal de instancia en el sentido de que el informe del perito judicial “será obligatorio para las partes” no puede tener el alcance de negarle a cualesquiera de éstas la oportunidad de impugnarlo. Estimamos que el concepto correcto es que el informe del perito judicial se considere altamente persuasivo, pero’ antes de aprobar su dictamen el tribunal o su Comisionado deberá oir y considerar objeciones, si algunas, que al informe presenten las partes, concediendo una vista oral en la que podrá presentarse prueba relevante, inclusive el interrogatorio directo del perito, para impugnar su informe. Si la cotización más baja de dicho perito no incluye su comparecencia ante el Comisionado Especial o el tribunal, es válida, realista y razonable la disposición de que los gastos que tal comparecencia impliquen sean satisfechos por la parte que así lo solicita. Ahora bien, si como consecuencia directa de esa comparecencia, el resultado favorece de manera sustancial la parte que impugna el informe, ese gasto debe ser reconocido como costas a ser satisfechas por la parte contraria. Este enfoque es congruente con la interpretación expuesta previamente en torno al inciso 3 del Art. 327 del Código de Enjuiciamiento Civil sobre la fijación de la compensación a peritos “atendidas todas las circunstancias”.

Finalmente deseamos enfatizar que en todo litigio civil, cualquier parte tiene en sus manos un instrumento efectivo para liberarse de las costas y honorarios que el concepto de temeridad conlleva en virtud de lo dispuesto en la Regla 35.1 de las de Procedimiento Civil vigentes. Causa extrañeza lo poco que los abogados puertorriqueños utilizan la misma. En un caso como el de autos, nada impide que una vez el informe del perito judicial sea rendido y evaluado, la peticionaria o cualquiera de las terceras demandadas, de serle adverso, se acojan a sus términos y deriven como beneficio el derecho a cobrar de la parte reclamante “las costas, gastos y honorarios de abogado incurridos con posterioridad a la oferta.” Es mediante un enfoque integral y renovador de las reglas procesales que insuflamos vida al sistema de adminis-trar justicia para beneficio a corto plazo de las partes en un litigio, y a largo plazo para futuros litigantes.

En virtud de lo expuesto, se expedirá el auto solicitado dic-tándose Sentencia modificando la orden del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, de fecha 8 de octubre de 1975 a los fines de que los honorarios del perito judicial designado sean satisfe-chos por partes iguales por los reclamantes y la peticionaria, y que él trámite ulterior continúe conforme los pronunciamien-tos aquí dispuestos.

El Juez Asociado, Señor Martín no intervino.

      La peticionaria Levitt and Sons of Puerto Rico, Inc., expone en su Memorial que a la fecha de la presentación del recurso se han consoli-dado un total de 504 reclamaciones.

      Dispone así:
      “El Tribunal Supremo adoptará, para los tribunales, reglas de evi-dencia y de procedimiento civil y criminal que no menoscaben, amplíen o modifiquen derechos sustantivos de las partes. Las reglas así adoptadas se remitirán a la Asamblea Legislativa al comienzo de su próxima sesión ordinaria y regirán sesenta días después de la terminación de dicha sesión, salvo desaprobación por la Asamblea Legislativa, la cual tendrá facultad, tanto en dicha sesión como posteriormente, para enmendar, derogar o complementar cualquiera de dichas reglas, mediante ley específica a tal efecto.” (L.P.R.A. Yol. 1, págs. 259-260.)

      E1 Art. 36 del Código de Enjuiciamiento Civil fue derogado en virtud de la Regla 72 de Procedimiento Civil vigente por cumplir su fin la Regla 71.

      De esta perspectiva se desprende que no son atendibles los argu-mentos en tomo' a la Regla 17 de nuestro Reglamento y a la Regla 6 de las de Administración para el Tribunal de Primera Instancia vis a vis la 53.3 de Procedimiento Civil y 34(1) de Procedimiento Criminal. Ambas fueron adoptadas en virtud de nuestra incuestionable autoridad de regla-mentar los trámites procesales: la Regla 17 complementa la 53.3 al espe-cificar los detalles de forma y presentación de documentos en un recurso de revisión, y la 6 modifica el ritual inocuo y absurdo de que el Ministerio Fiscal firme, jure y presente una acusación en sesión pública trasladando tal trámite a la Secretaría del Tribunal. Los fundamentos para la adop-ción de esta última surgen claramente de una lectura del Informe de la Comisión para el Estudio de la Fiscalía y la Representación Legal del Estado sometido en 26 de septiembre de 1974 al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, págs. 174S-178.
      La actuación del tribunal en tales reglas — como en otras análogas— constituye y fue reconocida aun en la disidencia de González, supra, por representar un ejercicio de poder dimanante del Tribunal de adoptar . . reglas para su organización interna, tales,como registro de causas, confec-ción de calendarios, perfeccionamiento de apelaciones, distribución de tareas entre sus funcionarios; . .. .” Pág. 644. (Énfasis suplido.)


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz el Juez Presidente, Señor Trías Monge,

text:
    Vicente Balbás Peña, peticionario y recurrente, v. Administración de Servicios al Consumidor, demandada y recurrida.

      Número: O-75-396

      Resuelto: 5 de mayo de 1976

      Daniel Pellón Lafuente, abogado del peticionario; Wilfredo López Irizarry, Reynaldo Rodríguez Pagan, Rosa E. Palou, Yusif Mafuz Blanco, Samuel Mártir Santiago y Migdalia Fraticelli, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario, dueño de solares en la Barriada Gandul de Santurce, ocupados con edificaciones pertenecientes a terceras personas, tiene dichos solares cedidos en arrendamiento a los inquilinos desde fecha anterior al 1ro. de octubre de 1942 y así inscritos en la primera agencia reguladora de alquileres que lo fue la Oficina de Administración de Precios. A una solicitud de aumento de rentas por el dueño de solares peticionario, la Administración, luego de considerar alternativas para regirse por el Art. 6(g) (2) o el Art. 6 (i) de la Ley de Alquileres Razonables (17 L.P.R.A. secs. 186(g) (2) y 186(i), optó por esta última. Su decisión fue confirmada en recurso de revisión por el Tribunal Superior y de esta actuación se re-curre ante nos en certiorari.

La decisión administrativa, al supeditar el uso y disfrute de su propiedad por el peticionario a unos valores prevalecien-tes para el 1ro. de octubre de 1942 plantea la endeblez cons-titucional de este método de congelación de rentas con abs-tracción de los cambios económicos y especialmente los índices de costo operados en 34 años.

En el año 1946 cuando se aprobó la Ley de Alquileres Razonables (Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, Leyes de ese año, pág. 1,327 y ss.) bajo una exposición de motivos que puso en relieve la concentración de una gran parte de las tierras en manos de corporaciones y una minoría de grandes terratenientes, bajo nivel de salarios e ingresos, especulación en el arrendamiento de viviendas y solares que imponía alqui-leres injustos, irrazonables y abusivos y “miles de familias pobres [que] enclavan sus viviendas en solares ajenos, por los cuales cobran sus dueños actualmente [1946] alquileres opre-sivos”, se dispuso por la Asamblea Legislativa la aplicación del control de rentas a “solares en que radican viviendas per-tenecientes a otras personas” (Art. 4(c)), pero desde esa temprana fecha estos solares fueron objeto de regulación especial en el estatuto estableciéndose para ellos una excepción que los saca del rasero de estabilización al nivel que prevalecía el 1ro. de octubre de 1942 (Art. 8) conocido como “alquiler básico”. Consideró el legislador que la situación de emergencia que se propuso enfrentar y remediar haciendo uso de su poder de reglamentación “y en cumplimiento de su obligación de velar por el bienestar, la salud y la seguridad del pueblo”, toleraba un tratamiento especial para estos solares para los que desde un principio creó un régimen de excepción.

La Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, confirió autoridad al Administrador de Precios para aumentar la renta o alquiler de solares con edificaciones ajenas hasta un máximo equivalente al 12% del valor de tasación de dichos solares, independientemente de si estaban o no arrendados antes del 1ro. de octubre de 1942.

El Art. 6, en su texto original del año 1946, disponía que excepto en la forma que más adelante proveía, no podría cobrarse un alquiler mayor del que se pagaba el 1ro. de octu-bre de 1942. Entre las excepciones que dicho artículo autori-zaba están comprendidas las siguientes dos: (1) Se le confe-rían poderes al Administrador para fijar el alquiler razonable en todos los casos en que a su juicio el alquiler prevaleciente al 1ro de octubre de 1942, o el que se hubiera fijado después de esa fecha, fuese excesivo, irrazonable u opresivo. (2) La segunda excepción autorizada por el citado Art. 6 que quería-mos señalar está expresada en los siguientes términos:

“En caso de que procediere la determinación del alquiler razonable de un solar en el que estuviera enclavada una vivienda o una edificación destinada a negocios, o propósitos comerciales o industriales, y dicha vivienda o edificación perteneciera a distinto dueño, el alquiler razonable del solar arrendado no podrá exceder del doce (12) por ciento del valor de tasación del mismo, según la clasificación de las propiedades que a ese efecto haga el Admi-nistrador.” Art. 6, párr. 10, Ley 464 de 1946, Leyes de ese año, págs. 1887-39. (Bastardillas nuestras.)

Como puede verse, las disposiciones citadas leídas en con-junto — como es necesario leer la ley — autorizaban al Adminis-trador a aumentar y a reducir, según fuese el caso, el alquiler establecido antes o después del año 1942 si el mismo resultaba excesivo, irrazonable u opresivo. En el caso de un solar con edificación ajena autorizaba a aumentarlo hasta un 12% del valor de tasación del solar. Si bien puede argumentarse que el término “excesivo” incluye solamente alquileres demasiado altos, los términos “irrazonable u opresivo” incluyen tanto alquileres excesivamente altos como excesivamente bajos. Coel v. Policlínica Arzuaga, 100 D.P.R. 445, 450 (1972).

Debe observarse también que la disposición relativa a sola-res con edificación ajena no tenía limitación alguna en cuanto a la fecha de su aplicación, por lo que cubría a todo solar arrendado antes o después del 1942. En cuanto a viviendas construidas o alquiladas después del año 1942, el Art. 6 pro-veía para que el alquiler se fijase a base de alquileres simila-res a los que prevalecían en dicho año.

La regulación especial de la renta de solares con edifica-ciones pertenecientes a distinto dueño sufre una interrupción, de la que más tarde ha de reponerse, cuando en 1947 por Ley Núm. 37 de 22 de julio de ese año, Sesión Extraordinaria, pág. 141, se eliminó la facultad del Administrador para establecer un alquiler hasta un 12% de la tasación del solar, disponiéndose en cambio que los solares se regirían por las normas relativas a edificaciones. En el año 1964 el citado Art. 6 fue objeto de varias enmiendas mediante la Ley Núm. 67 de 19 de junio de dicho año. Una de dichas enmiendas in-cluye en su texto a los solares sin edificaciones y autoriza a fijarles un alquiler máximo equivalente al 8% del valor de tasación de los mismos. Inexplicablemente se omitió en dicho nuevo Art. 6 lo relativo a solares con edificaciones ajenas.

Mediante la Ley Núm. 98 de 26 de junio de 1965 se sub-sanó esa omisión. Al Art. 6 (g) relativo a solares sin edifica-ciones se le añadió un segundo párrafo relativo a solares con edificaciones ajenas. Mediante dicho segundo párrafo, Art. 6(g) (2), se restableció la facultad que en el año 1946 se le había conferido al Administrador para fijar alquileres de solares con edificación ajena hasta un máximo equivalente al 12% del valor de tasación. Leyes (1965), pág. 257.

De manera que en lo relativo a solares arrendados antes del 1ro de octubre de 1942 se restableció el valor de tasación como elemento básico en una de las excepciones que el Art. 6 autoriza para fijar un alquiler mayor que el que se pagaba el 1ro. de octubre de 1942.

El propio texto de la ley, según este ha ido evolucionando, demuestra que el Art. 6(g) (2) se aplica a todo solar con edificación ajena, independientemente de la fecha en que se alquiló por primera vez. Dice textualmente el Art. 6 (g), inci-sos (1) y (2):

“(1) El alquiler máximo de un solar en el cual no hay edi-ficaciones enclavadas, se determinará tomando por base el valor de tasación del solar para fines contributivos, elevado al 100%; entendiéndose que en ningún caso dicho alquiler máximo compu-tado por una anualidad, excederá del ocho (8) por ciento de dicho valor de tasación.
(2) El alquiler máximo de un solar en el cual hay edificacio-nes enclavadas pertenecientes a dueño distinto al del solar, se determinará tomando como base el valor de tasación del solar para fines contributivos elevado al 100%; entendiéndose que en ningún caso dicho alquiler máximo computado por una anuali-dad, excederá del doce (12) por ciento de dicho valor de tasación; disponiéndose, que no se podrá aumentar el alquiler máximo de un solar que haya sido declarado de utilidad pública por alguna ley en vigor.”

Que tal fue la intención legislativa surge también del In-forme de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Represen-tantes, mediante el cual se recomendaron favorablemente las enmiendas del año 1965. En lo pertinente dicho Informe expresa:

“Art. 6g. — Esta disposición establece el procedimiento para determinar la renta máxima a solares en los cuales no hay edifi-caciones enclavadas. La enmienda sometida añade el párrafo (2) el cual establece él procedimiento que debe usarse para determi-nar la renta máxima a solares en que hay edificaciones enclava-das pertenecientes a dueños distintos al de los solares.” 19 Diario de Sesiones 1721. (Bastardillas nuestras.)

Ni en el citado Informe ni el nuevo inciso (2) se distinguió entre solares arrendados antes o después del 1ro. de octubre de 1942. Para abundar en cuanto a la intención legislativa, nótese que la Legislatura, mediante la citada Ley Núm. 98 de 1965, añadió dos oraciones al Art. 6(d), relativo a propie-dades alquiladas después del 1ro. de octubre de 1942, para aclarar en forma explícita que dicho inciso (d) no aplicaría a solares con edificación ajena. Estos se regirían por la norma uniforme establecida en el Art. 6 (g) (2) de la Ley. Sobre este extremo el propio Informe de la Comisión de Gobierno se expresa como sigue:

“Artículo 6d. — La intención de esta disposición fue establecer el procedimiento a seguirse en la fijación de alquileres máximos para propiedades de alquiler construidas antes del 1ro. de octubre de 1942, que no estaban arrendadas en esa fecha y que pertene-cían al mismo dueño del solar. La enmienda propuesta aclara la disposición indicando que la misma no se aplica a solares de propietario distinto al de la estructura de modo que existe uni-formidad en el criterio a utilizarse en la fijación de la renta a dicho solar con uno de los criterios seguidos en la fijación de la renta del solar cuando el solar y la estructura son del mismo dueño. Se concede el 12% anual de tasación para fines contri-butivos elevana al 100%.” 19 Diario de Sesiones 1721. (Bastar-dillas nuestras.)

Aparece por tanto, en nuestra primera pieza legislativa sobre control de arrendamientos urbanos, la figura del 12% del valor de tasación como medida de alquiler razonable, en perfecta coexistencia con los altos propósitos de terminar con la especulación y “amparar convenientemente los derechos de los inquilinos” (Exposición de Motivos), y en lo que resalta como de mayor relevancia al caso de autos, ese límite del 12 % no impresionó al legislador como opresivo o abusivo en la realidad económica del Puerto Rico de entonces. Si ese fue el criterio de razonabilidad adoptado al momento mismo de aprobación de este estatuto de protección social, no debe pre-ocupamos su impacto al aplicarlo hoy siguiendo el mandato del mismo Art. 6 (g) (2) (17 L.P.R.A. see. 186 (g) (2)) que al mantener la excepción original para solares con edificaciones pertenecientes a dueño distinto ordena que su alquiler má-ximo “se determinará tomando como base el valor de tasación del solar para fines contributivos elevado al 100%; entendién-dose que en ningún caso dicho alquiler máximo computado por una anualidad, excederá del doce (12) por ciento de dicho valor de tasación.”

Adicionalmente confirma el legislador la regulación especial de estos solares en el inciso (d) del referido Art. 6 (17 L.P.R.A. see. 186 (d)) en que se dispone el método de fijación de renta “sobre la base de los alquileres prevalecientes en el momento de la determinación, para propiedades de alquiler si-milares y localizadas en zonas comparables que estaban arren-dadas el 1ro de octubre de 1942”, advirtiendo la Ley de inme-diato : “Esta disposición no se aplica a solares cuando la edifi-cación pertenece a propietario distinto al del solar. En este caso se determinará la renta del solar según la disposición del inciso (g) (2) siguiente.” (Enfasis suplido.) Surge diáfana la intención legislativa de proteger a los inquilinos con casas en solares ajenos del canon mayor resultante de la actualización del alquiler tomando como base propiedades similares o com-parables, que con el extraordinario incremento en el valor de la tierra en los últimos años fácilmente sobrepasaría la renta con un tope de 12% del valor de tasación, factor que se ha mantenido bajo. En este extremo la Ley, aún reiterando su protección al inquilino, la reconcilia con el derecho de propie-dad del dueño del solar concediendo a éste el aumento discre-cional que determine la agencia reguladora dentro del factor variable progresivo que es el 12 % del valor de tasación.

El historial legislativo excluye toda conclusión de que el Art. 6(g) (2) cubre solamente solares arrendados después del 1ro. de octubre de 1942. Dicha disposición es la regla uniforme para fijar el alquiler máximo de solares con edificación ajena, sin limitación en cuanto a si fueron arrendados antes o después del 1ro. de octubre de 1942. Como dijimos, la enmienda de 1965 al Art. 6(d) tuvo el propósito de mantener la excepción estatutaria para solares edificados pertenecientes a dueño distinto al de la estructura, ordenando la regulación de su renta a tenor del inciso (g) (2). Ley Núm. 98 de 26 de junio de 1965, págs. 256-7.

Frente a la realidad de la evolución y vastos cambios en la economía de Puerto Rico del año 1942 a esta parte, el principio de igual protección de las leyes no tolera que los dueños de unos solares tengan el beneficio de cánones hasta un máximo del 12% del valor de tasación y que otros no, dependiendo de que unos arrendaron sus solares antes del 1942 y otros después, especialmente si esa distinción tiende a crear una clase o grupo de arrendatarios privilegiados.

Debe equilibrarse el preeminente interés social en proteger a una clase desvalida con el derecho del propietario a percibir un canon razonable, sin que se incurra en privación que vulnere el debido proceso de ley, Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado; cf. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244 (1975). Véanse, además, Latoni v. Corte Municipal, 67 D.P.R. 140, 151-152 (1947); Baar y Keating, The Last Stand of Economic Substantive Due Process — The Housing Emergency Requirement for Rent Control, 7 The Urban Lawyer 447 (1975); Hsia, The ABC’s of MBR: How to Spell Trouble in Landlord/Tenant Relations (Up Against the Crumbling Walls), 10 Columbia Journal of Law and Social Problems 113 (1974).

El alquiler máximo de estos solares en la Barriada Gandul ha de fijarse, por ministerio de ley, a tenor del Art. 6 (g) (2) de la Ley de Alquileres. Esa es la única solución consistente con la protección del inquilino, la deseable uniformidad en dis-posiciones regulatorias y la reglamentación sin llegar al dis-crimen o clasificación arbitraria con grave erosión del derecho de propiedad que garantiza la Constitución. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió con opinión en la cual concurre el Juez Asociado Señor Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

Opinión disidente emitida por

el Juez Presidente, Señor Trías Monge,

con la cual concurre el Juez Asociado, Señor Hirám Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de mayo de 1976

El peticionario es dueño de varios solares sitos en la barriada Gandul de Santurce, en los que existen edificaciones pertenecientes a los inquilinos de los mismos. Dichos solares estaban arrendados al 1 de octubre de 1942 y se les inscribió debidamente en la antigua Oficina de Administración de Precios de Puerto Rico.

En 1964 se aumentaron en 15% los cánones. Seis años más tarde el propietario solicitó un nuevo aumento. La Admi-nistración de Servicios al Consumidor concedió un aumento por razón del alza decretada en las contribuciones sobre la propiedad, utilizando el método prescrito en el Art. 6 (i) de la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, según enmendada, 17 L.P.R.A. see. 186. El propietario solicitó la reconsideración de la orden y el 18 de agosto de 1971 la Administración revocó la misma, dicta-minando que el incremento apropiado debía regirse en vez por las disposiciones del Art. 6(g) (2) de la referida Ley, 17 L.P.R.A. sec. 186(g) (2). A tal efecto, tras el trámite co-rrespondiente, se emitieron propuestas administrativas para la fijación de alquileres más altos. Se celebraron vistas para considerar la oposición de los inquilinos a los aumentos pro-puestos y la Administración resolvió el 28 de diciembre de 1972 revocar su Resolución de 18 de agosto de 1971 y ordenar aumentos en el alquiler básico exclusivamente por razón del alza en las contribuciones. El propietario, tras agotar sus remedios administrativos, acudió al Tribunal Superior para revisar dicha Resolución de 28 de diciembre de 1972. El Tribunal Superior confirmó en su totalidad la referida Resolución y el propietario ha acudido ante nos en petición de certiorari en que solicita la revocación de la sentencia del Tribunal Superior y por ende de la Resolución de la recurrida de 28 de diciembre de 1972.

El peticionario formula esencialmente dos argumentos. Sostiene, en primer término, que la Administración de Servi-cios al Consumidor carecía de poder para dejar sin efecto su Resolución de 18 de agosto de 1971, la cual, a su juicio-, se convirtió en final y firme. En segundo lugar plantea que las disposiciones que rigen este caso son las que prescribe el Art. 6(g) (2) de la Ley de Alquileres Razonables y no las del Art. 6(i).

I

El primer planteamiento del peticionario es inmeritorio. Aun cuando los inquilinos no solicitaron la reconsideración administrativa de la Resolución de 18 de agosto de 1971 dentro del término prescrito por ley (17 L.P.R.A. see. 187; 23 L.P.R.A. sec. 1009; 3 L.P.R.A. sec. 341p), resulta incontrovertible que en ocasión de emitirse las propuestas adminis-trativas de aumentos específicos, éstos presentaron oportuna-mente su oposición, habiéndose señalado y celebrado una vista a la cual comparecieron las partes.

En las circunstancias de autos, el dictamen de la agencia decidiendo que el incremento correspondiente debía regirse por las disposiciones del Art. 6(g) (2) previamente citado, por su propia naturaleza no era final ni firme ya que exigía el trámite complementario sobre la determinación del monto apropiado de la renta. La oposición de los inquilinos en dicha etapa precisamente giraba sobre la cuantía del aumento a concederse, cuestión esta que no era susceptible de ser sepa-rada de la determinación básica sobre cuál era la norma jurí-dica aplicable.

II

No es válido tampoco el segundo planteamiento del peticio-nario. Existe una vital diferencia entre los Arts. 6 (i) y 6(g) (2) de la Ley de Alquileres Razonables. La clave para la dis-tinción se halla en el esquema general del estatuto y en los procesos que establece para la realización de sus propósitos. A tal fin es esencial observar que el estatuto delinea dos procedi-mientos muy distintos: el utilizable para la fijación del “al-quiler básico” y el disponible para solicitudes de aumento o rebaja en alquileres existentes. La Ley de Alquileres Razona-bles emplea el vocablo “alquiler” en sentidos diferentes, de-pendiendo de cuál de los dos procedimientos se trate. Pons v. Dir. Adm. S. Consumidor, 99 D.P.R. 551 (1971); Gual v. Suc. Sobrinos de A. Ribot, 88 D.P.R. 159 (1963); Aparicio v. Peñagarícano Admor., 84 D.P.R. 401 (1962). Debe distin-guirse muy en particular entre los términos “alquiler básico”, “alquiler comparable o prevaleciente” y “alquiler razonable”. Los dos primeros se refieren al proceso de fijación de la renta. El tercero tiene que ver con la resolución de solicitudes de aumento o rebaja en alquileres ya fijados. Mejías v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 562 (1961).

El Art. 6(a) de la Ley, 17 L.P.R.A. sec. 186(a), define el concepto de “alquiler básico”. A tal efecto expresa que:

“Excepto en la forma que más adelante se provee, a partir de la fecha de vigencia de las sees. 181 a 214a de este título, no podrá cobrarse un alquiler mayor del que se pagaba al primero de octubre de 1942. Este alquiler se conocerá como el ‘alquiler básico’.”

Como hemos visto, los solares objeto de esta controversia esta-ban arrendados al 1ro. de octubre de 1942. Fueron debida-mente inscritos. Existía, por tanto, un alquiler básico para ellos. Fue, de hecho, el propósito inicial de la Ley, 17 L.P.R.A. see. 181, entre otros, velar por la justicia de los alquileres en que radicasen albergues pertenecientes o otras personas, dis-tinto al caso de los solares yermos, cuyos alquileres no se controlaron hasta muchos años más tarde. Pabón v. Marrero, 91 D.P.R. 477, 480 (1964); Carle Santiago v. Adm. de Esta-bilización Econ., 91 D.P.R. 65 (1964).

Cuando la propiedad no estaba arrendada al 1ro. de octu-bre de 1942, se recurre entonces al concepto de “alquiler pre-valeciente o comparable” o a otros mecanismos para la fija-ción de la renta inicial. Dispone en tales circunstancias el Art. 6(d), 17 L.P.R.A. sec. 186(d):

“Si la propiedad de alquiler no hubiera estado arrendada el 1ro. de octubre de 1942, el Administrador fijará el alquiler sobre la base de los alquileres prevalecientes en el momento de la determinación, para propiedades de alquiler similares y localiza-dos en zonas comparables que estaban arrendadas el 1ro de octubre de 1942. Hasta tanto el Administrador fije el alquiler co-rrespondiente, el alquiler máximo de la propiedad será el primero cobrado. Esta disposición no se aplica a solares cuando la edifi-cación pertenece a propietario distinto al del solar. En este caso se determinará la renta del solar según la disposición del inciso (g) (2) siguiente.”

Adviértase que la función que cumple el Art. 6(g) (2) a que se hace referencia en esta disposición, así como la función del concepto “alquiler prevaleciente o comparable”, es simple-mente la de suplir un método sustituto para la fijación del alquiler básico cuando la propiedad no estaba arrendada al 1ro. de octubre de 1942. Vemos así que el Art. 6(g) (2), 17 L.P.R.A. sec. 186(g) (2), es parte del esquema de la Ley para la fijación de la renta inicial y no para su aumento o rebaja. Véase: Mejías v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 562 (1961).

El proceso de aumento o rebaja de un canon establecido se rige por el Art. 6(i), 17 L.P.R.A. see. 186(i), antes trans-crito, el que prescribe cuidadosamente las normas que deben guiar la discreción administrativa en estos casos. El Art. 6 (i) es el único que se refiere con toda precisión al aumento en el alquiler básico y sus sustitutos.

El historial legislativo de la Ley de Alquileres Razonables no sostiene la conclusión a que se llega en la opinión mayori-taria. En lo que toca a la versión original de la Ley de Alqui-leres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, se hace hincapié en el décimo párrafo del Art. 6 del referido estatuto, en que se dispone que:

“En caso de que procediere la determinación del alquiler razo-nable de un solar en el que estuviera enclavada una vivienda o una edificación destinada a negocios, o propósitos comerciales o industriales, y dicha vivienda o edificación perteneciera a dis-tinto dueño, el alquiler razonable del solar arrendado no podrá exceder del doce (12) por ciento del valor de tasación del mismo, según la clasificación de las propiedades que a ese efecto haga el Administrador.”

Se omite hacer referencia, no obstante, al decimotercer párrafo del mismo artículo, en que se provee:

“El dueño de cualquier propiedad de alquiler podrá aumentar el canon de arrendamiento sobre el alquiler básico o el alquiler razonable fijado por el Administrador, previa autorización de éste, únicamente en caso de que se hayan hecho en la propiedad mejoras fundamentales, o se hayan aumentado sustancialmente los servicios o el mobiliario o se hayan impuesto contribuciones especiales o adicionales que ameriten el aumento en el canon.”

Ambas disposiciones deben leerse en conjunto. Adviértase que, de leerse separadamente, se les hubiera estado dando trato privilegiadísimo a los dueños de solares en que enclavasen viviendas de otros pues según aumentase en valor su propie-dad podrían reclamar aumentos de continuo, sin estar sujetos a las limitaciones impuestas a otros propietarios por el deci-motercer párrafo del Art. 6. No existe indicio de que tal fuese la intención legislativa en 1946. Por lo contrario, lo que se revela es la grave preocupación de la Asamblea Legislativa, expresada en la propia Exposición de Motivos, Art. 1 de la Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, con el hecho de que “Miles de familias pobres enclavan sus viviendas en solares ajenos, por los cuales cobran sus dueños actualmente al-quileres opresivos.” A la luz de las realidades de entonces, es más razonable pensar que el décimo párrafo operaba como una limitación al decimotercero y no como escotilla de escape. Podía concederse un aumento en el canon del solar exclusiva-mente a la luz de los criterios expresados en el decimotercer párrafo, pero no podía exceder el aumento del doce por ciento de su valor de tasación. Vemos así cómo el actual Art. 6 (i) de la Ley halla su raíz en el antiguo decimotercer párrafo del mismo artículo. Es incorrecto, no obstante, visto lo que luego sucede, equiparar el actual Art. 6(g)(2) con el antiguo párrafo décimo. De entonces para acá se identifica este último como método únicamente utilizable en el proceso de fijación inicial de la renta.

El primer cambio en este sentido ocurrió en 1947. La Ley Núm. 37 de 22 de julio de 1947 derogó el antiguo párrafo décimo, disponiéndose en vez que “La fijación del alquiler básico o el alquiler razonable en el que estuviere enclavada una edificación perteneciente a dueño distinto al del solar se regirá por las normas fijadas por esta Ley para viviendas o para edificaciones dedicadas a fines de comercio, negocio o industrias, según fuere el caso.” Leyes de Puerto Rico, 1947, pág. 147. El párrafo decimotercero original no sufrió altera-ción, recalcándose así la unidad en el método de aumento o rebaja a seguirse y la diferencia entre lo que constituye un “alquiler básico” (la definición de este término no se alteró) y lo que significa un “alquiler razonable”.

Mediante la Ley Núm. 67 de 19 de junio de 1964 la Asam-blea Legislativa reglamentó por primera vez los alquileres de solares yermos, Leyes de Puerto Rico, 1964, pág. 187, pero sin alterar el sistema de control vigente desde 1947 respecto al alquiler de solares en que enclavasen edificaciones ajenas. En la opinión mayoritaria se califica de “omisión” esta reiterada negativa a extenderles trato preferente a los solares con edi-ficaciones pertenecientes a otros. No hay nada en el historial legislativo, sin embargo, que justifique esta conjetura.

Tampoco existe base adecuada para decir que el propósito de la Ley Núm. 98 de 26 de junio de 1965, que es la que añade el Art. 6 (g) a la legislación actual, fue subsanar esa “omi-sión”. Por lo contrario, la conclusión opuesta es la que se deduce claramente del texto del Art. 6(d) presente, antes citado, cuyas dos últimas oraciones se añaden también en el 1965. Como hemos indicado ya, el Art. 6(d) demuestra que la función del Art. 6 (g) (2) es tan solo la de servir de método sustituto al del alquiler comparable o prevaleciente para la fijación de renta a solares que no estaban arrendados al 1ro. de octubre de 1942. Los informes de comisiones y la parte del debate que se citan en modo alguno demuestran que la inten-ción legislativa fue proveer un camino especial para atender las peticiones de aumento de los dueños de solares con edifica-ciones ajenas, mientras el resto de las propiedades tienen que sujetarse al procedimiento que ordena el Art. 6(i).

Se aduce el argumento, no obstante, que de interpretarse que la ley autoriza la fijación del alquiler básico en cierto modo en el caso de los solares con edificaciones ajenas arren-dados al 1ro. de octubre de 1942 y de otro modo en el caso de solares arrendados posteriormente, pecaría de inconstitucional el estatuto. No es así. Toda congelación de alquileres exige por necesidad esta disparidad aparente. Si los métodos que se proveen para establecer el control deseado en el caso de pro-piedades que ingresen al mercado de alquileres en fecha posterior son razonables, la Asamblea Legislativa ha actuado den-tro del amplio marco que el derecho constitucional le brinda en este sensitivo campo. En Estados Unidos se ha resuelto repetidamente que aun basta con que los alquileres que se fijen sean generalmente justos y equitativos, sin que se re-quiera como condición para la constitucionalidad de la ley que se le garantice un alquiler razonable a cada casero en toda circunstancia concebible. Bowles v. Willingham, 321 U.S. 503, 516-518 (1944). Bowles y su numerosa progenie establecieron la constitucionalidad de las disposiciones relativas a alqui-leres de la Ley de Emergencia para el Control de Precios de 1942, 56 Stat. 23, c. 26, que es el estatuto de donde deriva fundamentalmente nuestra legislación actual. Para la declara-ción de constitucionalidad del control de alquileres durante la Primera Guerra Mundial, véase Block v. Hirsh, 256 U.S. 135 (1921). Bowles no es una reliquia jurídica. Su vitalidad es evidente en nuestros días. Véase, por ejemplo, la decisión en Hutton Park Gardens v. Town Council of West Orange, 350 A.2d 1 (N.J. 1975), en que se resuelve que el hecho de que los costos aumenten más rápidamente que los alquileres o aun que algunos propietarios sufran pérdidas no es suficiente per se para demostrar la existencia de confiscación inconstitucional.

Valga señalar, además, que nuestra ley provee un método específico — precisamente el que dispone el Art. 6 (i)— para proteger los intereses de tanto inquilinos como caseros cuando el alquiler fijado es irrazonable u opresivo. Bajo de-terminadas circunstancias muy especiales se puede estar pri-vando a una persona o grupo de personas de su propiedad sin el debido proceso de ley. El medio para evitar una posible con-fiscación en el caso de los solares con edificaciones ajenas no es, sin embargo, la utilización de un remedio exclusivo, no accesible a los dueños de otras propiedades. Respetuosamente considero que el esquema de 1947, representado por el Art. 6 (i) y mantenido a todas luces hasta el presente, en que se provee un solo procedimiento y se establecen criterios gene-rales para el aumento o rebaja de todo tipo de alquiler, es el más indicado. La determinación de que los dueños de solares tienen derecho a un tratamiento diferente bajo el Art. 6(g) (2) plantea graves dificultades constitucionales, puede afectar adversamente a miles de familias y es, después de todo, innecesaria a los fines que se persiguen. El equilibrio de intereses que el derecho ordena en estas circunstancias es evitar la privación de propiedad sin debido proceso de ley, asegurar la igual protección de las leyes y proteger a los inquilinos de alquileres opresivos. Este objetivo puede lo-grarse, no obstante, sin acudir al establecimiento de la norma excesivamente amplia y preñada de posibles injusticias de constituir el Art. 6(g) (2) en peligrosa excepción de lo pres-crito en el Art. 6(i). El mercado de alquileres en Puerto Rico continúa en condiciones críticas. Negrón Medero, T.: Situación del Mercado de Alquileres en Puerto Rico para los años 19U0 y 1970, 36 Rev. C. Abo. P.R. 583 (1975). El equilibrio deseado puede alcanzarse, con justicia a ambas partes, mediante la oportunidad que se le ofrece al casero dentro del propio Art. 6 (i) de demostrar que el alquiler fijado no es razonable.

Valga apuntar que el dueño peticionario en este caso no ha planteado la inconstitucionalidad per se de aspecto alguno de la Ley de Alquileres Razonables ni ha presentado la prueba necesaria para emitir juicio sobre si la aplicación de dispo-sición alguna del estatuto tiene el efecto de privarle de su propiedad sin debido proceso de ley, cuestión que tampoco suscita. En tales circunstancias estimo que este Tribunal no está en condiciones todavía, especialmente a la luz de Bowles, de pronunciarse sobre estos extremos.

Por las razones expuestas confirmaría la sentencia de que se recurre, sin perjuicio de que el peticionario formule y documente las alegaciones que desee sobre los efectos que pueda entrañar la aplicación a su caso del Art. 6 (i) de la Ley de Alquileres Razonables.

         Art. 6(g) (2)

      “El alquiler máximo de un solar en el cual hay edificaciones enclava-das pertenecientes a dueño distinto al del solar, se determinará tomando como base el valor de tasación del solar para fines contributivos elevado al 100%; entendiéndose que en ningún caso dicho alquiler máximo compu-tado por una anualidad, excederá del doce (12) por ciento de dicho valor de tasación; disponiéndose, que no se podrá aumentar el alquiler máximo de un solar que haya sido declarado de utilidad pública por alguna ley en vigor.”

        Art. 6 (i)

      “El Administrador tendrá poderes para decretar aumentos o rebajas en el alquiler básico o en el alquiler fijado en aquellos casos en que a juicio suyo así se justifique, por razón de mejoras capitales, adición de espacio, aumento o reducción de mobiliario, equipo o accesorios, aumento o reducción en los servicios suministrados o en el costo de éstos, deterioro de la propiedad de alquiler o aumento en las contribuciones; disponiéndose que el Administrador no autorizará aumentos en los alquileres máximos por razón de mejoras capitales, adición de espacio, aumentos en servicios, equipos, muebles y accesorios, a menos que los mismos hubieren sido reque-ridos por propio inquilino, o a menos que el aumento en dichos servicios, equipos, muebles, accesorios, mejoras capitales o adición de espacio ocu-rriese mientras la propiedad se encontraba vacante.”

      Esta enmienda de 1947 al Art. 6 de la Ley de Alquileres ordenó textualmente: “La fijación del alquiler básico o el alquiler razonable de un solar en el que estuviere enclavada una edificación perteneciente a dueño distinto al del solar se regirá por las normas fijadas por esta Ley para viviendas, o para edificaciones dedicadas a fines de comercio, negocio o industrias, según fuere el caso.”

      E1 argumento durante la vista oral reveló que los aumentos resul-tantes de este cómputo son moderados y están muy lejos de abrumar a los arrendatarios. La interpretación aquí adoptada preserva suficiente discreción en el Administrador de la agencia para moderar el aumento de la renta dentro de un marco de razonabilidad que sirva al inquilino y al propietario.

       El Art. 6(i) provee:
      “El Administrador tendrá poderes para decretar aumentos o rebajas en el alquiler básico o en el alquiler fijado en aquellos casos en que a juicio suyo así se justifique, por razón de mejoras capitales, adición de espacio, aumento o reducción de mobiliario, equipo o accesorios, aumento o reduc-ción en los servicios suministrados o en el costo de éstos, deterioro de la propiedad de alquiler o aumento en las contribuciones; disponiéndose que el Administrador no autorizará aumentos en los alquileres máximos por razón de mejoras capitales, adición de espacio, aumentos en servicios, equipos, muebles y accesorios, a menos que los mismos hubieren sido requeridos por propio inquilino, o a menos que el aumento en dichos servicios, equipos, muebles, accesorios, mejoras capitales o adición de espacio ocurriese mientras la propiedad se encontraba vacante.”

      E1 Art. 6(g) (2) dispone:
      “El alquiler máximo de un solar en el cual hay edificaciones enclava-das pertenecientes a dueño distinto al del solar, se determinará tomando como base el valor de tasación del solar para fines contributivos elevado al 100%; entendiéndose que en ningún caso dicho alquiler máximo compu-.tado por una anualidad, excederá del doce (12) por ciento de dicho valor de tasación; disponiéndose, que no se podrá aumentar el alquiler máximo de un solar que haya sido declarado de utilidad pública por alguna ley en vigor.” •