text:
    Edwin González González, apelante recurrente, v. Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura, apelada recurrida.

      Número: O-82-372

      Resuelto: 8 de octubre de 1982

      Manuel De Jesús Mangual, abogado del recurrente; Rafael Alen González, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

En ocasión en que el agente apelante tra-bajaba en el sector del Condado observó a dos personas que estaban realizando una aparente transacción de drogas. En unión a otros agentes procedió de inmediato a arrestar a los individuos. Una vez detenidos, uno de ellos trató de eva-dirse, por lo cual el apelante entabló un forcejeo con él. Ambos cayeron al pavimento. Al caer, el agente González se golpeó violentamente la rodilla derecha. La lesión fue de tal índole que quedó incapacitado para el servicio.

El agente solicitó los beneficios de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958 (25 L.P.R.A. see. 376 y ss.). La Adminis-tración de los Sistemas de Retiro denegó la solicitud. El Tribunal Superior confirmó. Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia dictada.

El Art. 2 de la referida Ley Núm. 127 expresa, en parte, que sus beneficios se extienden:

1. En caso de un miembro de la Policía:
(a) al ser atacado al evitar o tratar de evitar la comisión de un delito;
(b) al ser atacado al apresar o tratar de apresar a alguien que se pueda presumir razonablemente que está conectado con la comisión de un delito, al realizar registros e incur-siones o durante los interrogatorios siguientes a tales regis-tros e incursiones, o en el acto de la confiscación de armas o de cualquier artículo, independientemente de su naturaleza, que estén en posesión de personas en violación de cualquier estatuto;
(c) al ser atacado al poner fin o tratar de poner fin a cual-quier desorden, motín o cualquier acción contraria al orden, a la seguridad pública, o a la autoridad debidamente consti-tuida;
(d) al dirigirse a, o mientras presta servicios en la extin-ción de un incendio;
(e) al intervenir en el salvamento de la vida de un seme-jante o para proteger propiedades que por cualquier circuns-tancia corrieren peligro, para la cual tuviere que arriesgar la suya propia; o
(f) al ser atacado al intervenir con cualquier demente con el fin de recluirlo en una institución, o someterlo a proceso judicial o a tratamiento.

La posición de la agencia recurrida es que en este caso no ha ocurrido un ataque. En López v. Muñoz, Gobernador, 81 D.P.R. 337 (1959), tuvimos ocasión de referirnos a la Ley Núm. 127 de 1958, sucesora de la Núm. 189 de 2 de mayo de 1951. Dijimos entonces que “la Ley 127 de 1958 no tuvo como único fin adicionar el requisito del ataque a la persona, ni en términos generales fue su propósito restringir el alcance beneficioso del estatuto anterior, sino por el contra-rio, lo amplió considerablemente”. Págs. 349-350. En apoyo de esta determinación hicimos referencia expresa al histo-rial legislativo de la Ley Núm. 127.

El señor Secretario de Justicia tuvo ocasión de examinar esta ley poco después de su aprobación. Su interpretación contemporánea del estatuto es que el mismo es de natura-leza reparadora, que no es indispensable que la incapacidad tenga que surgir como resultado de un daño directamente causado por la persona que se apresa o trata de apresar por el policía. 31 Opiniones del Srio. de Justicia 271 (1960), Núm. 1960-57.

La Ley Núm. 127 no cubre todos los accidentes o daños que puedan sobrevenir a un policía en el desempeño de sus funciones. Tienen que darse las circunstancias especiales que fija el estatuto al enumerar taxativamente las circunstancias que pueden hacer acreedor a un servidor público a una pensión especial. En el caso presente hay que resolver si el apelante fue “atacado”, conforme la terminología del estatuto. No es la letra de la ley, sino su espíritu, lo determinante de su significado. Un forcejeo entraña un acto de violencia. Representa una agresión, un ataque mutuo, la exposición del policía al “riesgo de incapacidad física” de que habla la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 127. El caso de autos es ciertamente más claro que el que fue objeto de la opinión citada del Secretario de Justicia, en que la lesión consistió en la herniación de un disco ocurrida al brincar el vehículo en que viajaba el policía en persecución de un presunto asesino.

Por las razones expuestas, se revocará la sentencia recu-rrida y se instruirá a la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura que le extienda al apelante los beneficios correspondientes bajo la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada.

       Es innecesario que nos expresemos, por no estar ante nuestra conside-ración, sobre tal situación de hechos.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    La Administración de Reglamentos y Permisos, representada por su Administrador, Ing. Edmundo Colón Arizmendi, demandante y recurrente, v. Violeta Chang Louk, demandada y recurrida.

      Número: R-82-266

      Resuelto: 8 de octubre de 1982

      Rebecca Santiago Méndez, abogada de la recurrente; Héctor A. Carballo, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

El 11 de julio de 1978, la Administración de Reglamentos y Permisos (“ARPE”) determinó que la recurrida había instalado en las afueras de su negocio un rótulo que incumplía la reglamentación vigente. El propio día se le notificó a la recurrida de la violación al Regla-mento de Zonificación. Se le invitó a visitar las oficinas de ARPE para discutir la instalación sin permiso del rótulo y orientarla sobre cómo corregir la infracción.

Al no tomar la infractora acción correctiva, a pesar de repetidas advertencias, ARPE acudió al Tribunal Superior en solicitud del auto de entredicho correspondiente. El tribunal desestimó la demanda el 4 de mayo de 1982 por con-siderar que no se había ordenado a la demandada quitar el rótulo o instalarlo conforme a los reglamentos; por no haber contestado ARPE una pregunta en un interrogatorio, y por habérsele dado a la demandada un trato desigual, ya que la prueba demostró que muchas otras personas y entidades habían instalado rótulos en violación de la ley y ARPE no había actuado contra ellas.

ARPE vino en alzada ante nosotros. El 30 de junio de 1982 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia dictada.

El récord revela claramente que la recurrida fue noti-ficada de que había instalado el rótulo sin permiso; que se colocó en violación a lo dispuesto en la Sec. 49.02 del Reglamento de Zonificación, la cual requiere y así se indica en la comunicación, que los rótulos se fijen adosados a la pared delantera del local al que han de servir y paralelos a la vía, y que, de no acudir la recurrida dentro de cierto plazo a las oficinas de ARPE se procedería a actuar con-forme a la ley (comunicación de 11 de julio de 1978). El 20 de octubre de 1978 se le volvió a explicar por escrito a la recurrida, quien también había visitado antes la oficina de ARPE para discutir el asunto, la naturaleza de las viola-ciones envueltas. Se le concedió en esa ocasión a la recu-rrida un término de treinta días para eliminar el rótulo o instalarlo de acuerdo al Reglamento (comunicación de 20 de octubre de 1978). Erró el tribunal de instancia al deses-timar la demanda, con tal prueba ante su consideración, por no habérsele ordenado supuestamente a la recurrida quitar el rótulo.

Se cometió error también al desestimar la demanda por no haber contestado ARPE una pregunta en un interrogatorio. La pregunta era al efecto de requerir “copia de cualquier orientación o información que [ARPE] hiciere llegar a la Sra. Violeta Chang en relación al rótulo de su negocio”. Esta información estaba claramente en posesión de la recurrida, según surge del récord (véase el anejo X a la solicitud de revisión). La omisión de contestar esta pregunta no puede servir de base para una sanción de tal severidad como la impuesta. Los interrogatorios deben cumplir criterios de razonabilidad. Hilton Riviera Corp. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 233 (1974).

El debido cumplimiento de la reglamentación concerniente a la instalación de rótulos en Puerto Rico es asunto revestido de particular interés público. Pleitos como el presente exigen pronto trámite. Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969). Por la naturaleza usualmente sencilla de la prueba —¿se obtuvo o no el debido permiso? ¿tenía que obtenerse? ¿se violó algún derecho sustancial del ciudadano?— estos casos son especialmente susceptibles de inmediata solución por la vía sumaria. En respuesta a la solicitud correspondiente, debe supervisarse el uso de los mecanismos para el descubrimiento de prueba a fin de evitar dilaciones innecesarias y emitir las órdenes protectoras que sean aconsejables. Regla 23.2 de las de Procedimiento Civil.

El tercer error también fue cometido. En ausencia de prueba de un patrón de evidente discrimen y abuso patente de discreción, una persona o entidad no puede justificar su violación de la ley sobre la base de que no se ha perseguido a otros infractores. United States v. Nixon, 418 U.S. 683, 693 (1974); Two Guys v. McGinley, 366 U.S. 582, 588-89 (1961); Moog Industries, Inc. v. F.T.C., 355 U.S. 411, 414 (1958); Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978); K. C. Davis, Administrative Law Treatise, 2da ed., San Diego, California, K. C. Davis Pub. Co., 1979, Vol. 2, sec. 9:7, págs. 248-256; E. C. Yokley, Zoning Law and Practice, 3ra ed., Charlottesville, Virginia, The Michie Co. Law Pub., 1965, Vol. 1, sec. 10-8, págs. 446-455.

En consideración a lo expuesto, se expedirá el auto y se revocará la sentencia recurrida.


author: PER CURIAM;

text:
    Interstate General Corp., peticionaria, v. Liduvina Soto Matías, Luis S. Angueira Rivera y Departamento de Asuntos del Consumidor, recurridos.

      Número: O-82-440

      Resuelto: 19 de octubre de 1982

      Jorge Calero Blanco, de Nigaglioni, Palou & Ledesma, abogado de la peticionaria; Juan F. Pagani-Rodríguez, abogado de los recurridos Soto Matías y Angueira Rivera; Ángel M. Villamil, abogado del recurrido Departamento de Asuntos del Consu-midor.
   PER CURIAM;

El Señorial Homes, Inc. construyó y vendió una casa para el 28 de julio de 1972 a los esposos Suárez Castillo. Los esposos García adquirieron la residencia tiempo después y el 22 de septiembre de 1979 la vendieron a los recurridos. El 9 de noviembre de 1979 los recurridos se querellaron ante el Departamento de Asuntos del Consumi-dor (“DACO”) contra Interstate General Corp., sucesora en interés de Señorial Homes y actual recurrente.

El 10 de septiembre de 1981 DACO determinó que la propiedad “adolece de los siguientes defectos de construc-ción: Filtraciones en el techo de la sala, cocina, pasillo y las habitaciones”. DACO ordenó la reparación del defecto o el pago de la suma necesaria para su corrección. El Tribunal Superior confirmó la orden administrativa. Instada la co-rrespondiente petición de certiorari, dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia emitida.

Los compradores en este caso tenían a su disposición la acción redhibitoria o la de quanti minoris contra sus vende-dores inmediatos, conforme los preceptos del Art. 1373 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3841. Al acudir a DACO aún estaban a tiempo para incoar, a su elección, cualquiera de ellas. No se les asesoró sobre este derecho o por alguna razón los compradores resolvieron no ejercerlo. Se apoyaron en vez exclusivamente en la acción decenal contra el contra-tista, Art. 1483 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124. Tal curso de acción presenta serias dificultades en el caso actual.

Según señalamos en Maldonado Pérez v. Las Vegas Dev., 111 D.P.R. 573, 578, 579 (1981), el Art. 10(j) del reglamento de DACO para regir el negocio de la construcción de viviendas privadas, 17 R.&R.P.R. 503-19, en vigor para la fecha en que se presentó la querella original, “enumera una larga serie de defectos de construcción y especifica el término en que deberá notificarse al contratista o al urbanizador.... El reglamento es ... de especial importancia para guiar la discreción judicial en la apreciación de la gravedad del defecto. El Art. 10(j) se formuló claramente ‘tomando como base los principios técnicos de ingeniería, tipo, clase y/o [sic\ método de construcción’...”.

El Art. 10(j)(12) del referido reglamento trata específi-camente el asunto de las filtraciones en los techos y exige la notificación del defecto al contratista dentro de dos años a partir del otorgamiento de la escritura de la primera com-praventa. Aquí la notificación ocurre más de siete años des-pués.

Conforme las normas establecidas en Maldonado Pérez para precisar si ha ocurrido la “ruina” a que alude el Art. 1483 debe examinarse la gravedad del defecto y el tiempo de su aparición. La propia apreciación en su reglamento por el organismo administrativo especializado de los diferentes términos de notificación a utilizarse en el caso de vicios distintos, aunque no totalmente determinante, necesariamente afecta el análisis de lo que constituye un estado ruinoso en situaciones específicas. Si ha expirado el término reglamentario tiene que desfilar prueba demostrativa de que el defecto es de tal gravedad que su aparición para el tiempo en que se revela excede la medida de lo permisible técnicamente. El defecto, como es natural, tiene que deberse a un vicio de construcción o diseño. La determinación administrativa sobre estos extremos debe fundarse en prueba sustancial. Art. 17 de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973 (3 L.P.R.A. sec. 341p). Las circunstancias de este caso no nos persuaden que deba extenderse a las filtra-ciones ocurridas en este caso la responsabilidad decenal.

La transcripción de la prueba presentada en la vista ante DACO revela lo siguiente. La co-querellante, señora Soto Matías, describió las goteras que advirtió al tiempo de mudarse a su nueva casa. Expresó que, al inspeccionarla, “la propiedad estaba en muy buenas condiciones”. (T.E., pág. 3.) La vivienda estuvo sin ocupar por algunas semanas después de la compra por ella y su esposo y antes de mudarse. Advirtió las filtraciones en diversos sitios de la casa al llover copiosamente.

Luego declaró el esposo. Éste explicó, respecto a las goteras, “que hay algunas que salen y después dejan de caer momentáneamente, esporádicamente sale una en un sitio y esa otra vez no sigue cayendo, por temporada. No sé por qué es, a veces sale, va cayendo esa, entonces nosotros ponemos un balde para recogerla o algo y a veces caen goteras ahí y a veces no, o sea, no siempre en esos sitios”. (T.E., pág. 12.)

A continuación testificó el perito de DACO, quien admitió no ser ingeniero. Señaló que observó filtraciones en el techo de la sala, la cocina, el pasillo y las habitaciones. Observó que el techo era del tipo tirado a base de brea y piedra y fabricado con losas. Añadió que “pude observar que las filtraciones provienen donde une una losa con la otra” (T.E., pág. 26), aunque admitió que en ningún momento le enseñaron a determinar las causas de las filtra-ciones. (T.E., pág. 23.) Finalmente se le preguntó al perito de DACO:

Mire, usted pudo llegar a una determinación de si la casa habían [sic] defectos de construcción?
R. ¿Que si habían [sic] defectos de construcción? No señor.
P. No. ¿No habían [s-ic] defectos de construcción?
R. No, defectos de construcción no [había ninguno].
[T.E., pág. 30.]
Yo le pregunto entonces a usted si hizo alguna [sic] esfuerzo para determinar las causas de las filtraciones?
R. No, no hice, no.... [T.E., pág. 31.]
La pregunta final fue:
Le pregunto si el estado que presentaba ese “built up roofing” si es el estado normal que tendría uno después del tiempo que lleva construido.
R. Sí. [T.E., pág. 37.]

La querellada presentó como testigo al Ingeniero Prado. El Ingeniero Prado distinguió entre distintos tipos de fil-traciones. Explicó que cuando una propiedad está desocu-pada ocurren grandes variantes en la temperatura y que en cualquier propiedad en nuestro clima ello puede causar fil-traciones. Añadió que la instalación de antenas, el tipo de mantenimiento y otros factores pueden ocasionar el fenó-meno. Añadió que lo que observó en este caso fueron man-chas de humedad, hilos de humedad causados por las condi-ciones climatológicas del país. (T.E., pág. 48.)

Se habrán advertido las graves deficiencias de esta prue-ba para cumplir con el requisito estatutario de que la determinación administrativa esté respaldada por eviden-cia sustancial. El testimonio del propio perito de DACO es extremadamente débil y aun perjudicial al interés de los consumidores envueltos. El perito admitió no haber inten-tado determinar la causa de las filtraciones, expuso que el techo se hallaba en estado normal para un techo de su anti-güedad, y aun concluyó que no había “defectos de construc-ción”. No se hizo esfuerzo alguno por refutar el testimonio pericial presentado por la querellada. Por haber expirado el plazo reglamentario de dos años era particularmente importante rebatir el testimonio pericial de la querellada con prueba técnica demostrativa de la existencia de los elementos señalados en Maldonado Pérez.

Lo anterior no significa en modo alguno que las filtraciones quedan fuera del palio de toda protección. Lo que ilustra este caso tan particular es que, en cuanta ocasión quepa, como aquí, el consumidor debe ser asesorado para que incoe simultáneamente una acción redhibitoria o estimatoria; que el reglamento actual de DACO señala unos requisitos que deben observarse, y que, al expirar el plazo reglamentario, la gravedad del defecto, la relación causal con acto alguno del contratista y el tiempo de la aparición del defecto son factores que tienen que aquilatarse a la luz de la prueba disponible.

En un plano más amplio debemos observar que el equi-valente de nuestro Art. 1483 ha sido objeto de reforma en diversos países. Se ha intentado lograr un nuevo equilibrio entre el interés público a la luz de las realidades cam-biantes de cada sociedad. La tarea es compleja y mucho más abordable por el poder legislativo y el proceso administra-tivo que por el poder judicial. La Asamblea Legislativa quizás estime prudente reexaminar este asunto, cuestión que exigirá por fuerza detenido estudio, o, mientras tanto, quizás el Departamento de Asuntos del Consumidor consi-dere aconsejable alterar su reglamento, dentro del marco de autoridad que se le ha delegado, de pensar que las normas vigentes deben modificarse para fijar plazos más amplios.

Por las consideraciones expuestas se expedirá el auto y se revocará la sentencia recurrida.


text:
    Radio Noroeste Broadcasting, Inc., peticionaria y recurrida, v. Samuel Rodríguez Cintrón, interventor y recurrente.

      Número: R-82-275

      Resuelto: 19 de octubre de 1982

      José A. Bravo Abreu, abogado del recurrente; Gabriel I. Peñaga-rícano, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

La recurrida, operadora de la radioemi-sora WISA, acudió al Tribunal Superior en busca de la ci-tación correspondiente para someter al señor Rodríguez Cintrón a la toma de una deposición oral antes de iniciar pleito alguno. Explicó que “Debido a falta de datos impres-cindibles al peticionario le es imposible iniciar el pleito en este momento o lograr su iniciación por otra persona”. Añadió que “el peticionario desea establecer las circunstan-cias de las irregularidades halladas en el manejo de la radioemisora WISA durante la incumbencia del señor Ro-dríguez Cintrón a los fines de establecer y determinar responsabilidad por las mismas”. Tras escuchar a las partes el tribunal autorizó la deposición.

El señor Rodríguez Cintrón recurrió a este foro, donde alega que la deposición autorizada representa un uso inde-bido de la Regla 24 de Procedimiento Civil. Expedimos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la resolución recurrida.

Nuestra Regla 24 deriva de la 27 federal. Al menos para los fines de este caso no hay diferencias significativas entre ambas. Recién formulada la Regla 27 hubo diferencias sobre su alcance en lo que respecta al descubrimiento de prueba antes de presentarse una demanda. J. Pike & J. Willis, Federal Discovery in Operation, 7 U. Chi. L. Rev. 297, 321 (1940). Pronto se estableció la norma en la jurisdicción federal de que la Regla no fue diseñada principalmente para descubrir bases sobre las cuales apoyar un pleito futuro, sino para perpetuar testimonios en situaciones que lo requiriesen. E. Sunderland, Discovery Before Trial under the New Federal Rules, 15 Tenn. L. Rev. 737, 744 (1939).

Es permisible utilizar la Regla incidentalmente para el descubrimiento de prueba en ciertas situaciones, pero siempre debe darse la condición de que exista peligro de que el testimonio no esté disponible por el tiempo necesario y deba, en consecuencia, perpetuarse. 4 Moore’s Federal Practice, 2da ed., New York, Matthew Bender, 1948, sec. 27.07[4], pág. 27-28. La Regla no puede utilizarse, sin embargo, para descubrir hechos sobre los que se pueda fundar un pleito o para completar la información con que se cuenta para tal propósito. Moore, op. cih, T. 4, págs.27-29 y 27-30; Petition of Exstein, 3 F.R.D. 242 (1942); Petition of Ferkauf 3 F.R.D. 89 (1943); Petition of Johanson Glove Co., 7 F.R.D. 156 (1945); In re Boland, 79 F.R.D. 665 (1978); Ash v. Cort, 512 F.2d 909 (3rd Cir. 1975); Petition of State of North Carolina, 68 F.R.D. 410 (1975). Otros comentaristas concurren con la opinión de Moore y la norma jurispruden-cial expuesta. Barron & Holtzoff, Federal Practice and Procedure, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1961, T. 2A, sec. 671, págs. 180-182; Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1970, T. 8, sec. 2072, págs. 334, 339.

En In re Pueblo v. United Theatres, Inc., 76 D.P.R. 424, 427 (1954), al comentar nuestra antigua Regla 27, corres-pondiente a la actual 24, dijimos:

Ha habido bastante controversia sobre el alcance e inter-pretación del apartado antes copiado de la Regla 27. Sin embargo, casi toda la jurisprudencia y comentarios que sobre la misma nos han sido citados, o que hemos podido hallar, son al efecto de que las “deposiciones antes de iniciarse una acción” autorizadas por esa Regla sólo proceden para perpe-tuar testimonio que siendo del conocimiento de la parte que interesa su perpetuación, existe, sin embargo, el peligro de que pueda perderse o desaparecer, así como de que antes de iniciarse una demanda o procedimiento, esa Regla no puede ser utilizada con el único y exclusivo propósito de descubrir prueba para incoar tal demanda o procedimiento. Ello es así no obstante estar autorizadas por las Reglas de Enjuicia-miento Civil las llamadas expediciones de pesca.

Comentaristas puertorriqueños respaldan las normas ex-puestas. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed., Orford, New Hampshire, Equity Publishing Corp., 1981, sec. 2806, pág. 226; Práctica Procesal Puerto-rriqueña, San Juan, Publicaciones JTS, 1979, Vol. II, págs. 235, 236.

La prohibición de emplear la Regla 24 para el fin principal de descubrir hechos útiles para la redacción de la demanda no representa injusticia alguna para el futuro demandante, ya que nuestro procedimiento permite el uso de demandas esquemáticas, seguidas de la posibilidad del amplio empleo de las reglas concernientes al descubrimiento de prueba. Moore, op. cih, T. 4, pág. 27-30.

En el caso de autos el récord revela que el interés de la recurrida radica en el descubrimiento de hechos para la presentación de una demanda. No hay indicación alguna demostrativa de la necesidad de perpetuar el testimonio requerido. En apoyo de su contención, la recurrida cita nuestra sentencia en Philip Morris, Inc. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 207 (1975). En Philip Morris no discutimos expresamente, por no suscitarse, el asunto aquí planteado. Cualquier inferencia en contrario que pueda hacerse de los hechos de tal caso queda sin efecto por lo expresado en esta opinión.

Por las consideraciones expresadas se expedirá el auto y se revocará la resolución recurrida.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Norman Batista Montañez, acusado y apelante.

      Número: CR-82-11

      Resuelto: 19 de octubre de 1982

      Margarita Carrillo y Víctor Meléndez Lugo, División de Apela-ciones, Sociedad para Asistencia Legal, abogados del apelante;
      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Justo Garbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea la delicada cuestión de si los hechos siguientes configuran el delito de robo o el de apropiación ilegal.

Un estudiante de dieciséis años salió de la escuela una tarde en compañía de su hermano. En el camino se le acer-caron el apelante y otra persona. El apelante le pidió una peseta y el joven, tras responder que no tenía dinero, siguió andando. Poco después sintió que le arrancaron una cadena que llevaba al cuello. El tirón no fue fuerte. No fue golpeado ni empujado. Al principio creyó que se trataba de un juego de su hermano. El perjudicado se volvió y vio al apelante parado a pocos pies de él. Alguien le ordenó continuar su marcha. El joven obedeció.

El apelante fue apresado dos días después. Fue hallado culpable por tribunal de derecho, del delito de robo. Se le sentenció a cumplir una pena de ocho años de prisión. En alzada a este foro alega que erró el tribunal al calificar el delito.

El Art. 173 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4279) dispone:

Art. 173. Robo

Toda persona que se apropiare ilegalmente de bienes mue-bles pertenecientes a otra, ya sustrayéndolos de su persona, o de la persona en cuya posesión se encuentre [sic\, ya en su inmediata presencia y contra su voluntad, por medio de la violencia o de la intimidación, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinte (20) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de ocho (8) años.

Esta disposición tiene por fuente inmediata el Art. 238 del Código Penal de 1937 (33 L.P.R.A. sec. 851), correspon-diente al de 1902, en que también se decía:

Entiéndese por robo el acto de apoderarse criminalmente de bienes muebles pertenecientes a otro . . . por medio de la violencia o de la intimidación.

Nuestro Código Penal de 1902 se fundó en el de Montana, que a su vez calcó el de California de 1872. El Art. 211 de este último proveía y provee:

Robbery is the felonious taking of personal property in the possession of another, from his person or immediate presence, and against his will, accomplished by means of force or fear.

Las raíces de esta disposición son profundas y extensas. Examinemos las normas prevalecientes en el Derecho común inglés y en el Derecho actual de Estados Unidos. El problema consiste, en este pleito, en la definición del término “violencia”. ¿Representa “violencia”, para fines del delito de robo, el arrebatamiento de un bien mueble de la persona de un ser humano, sin resistencia de éste, por sor-presa y sin causarle daño?

La contestación en el Derecho común era generalmente que no. Rex v. Steward (1690) 2 East, Pleas of the Crown 702; Rex v. Macauley (1783) 1 Leach 287; R, v. Baker (1783) 1 Leach 290. Véanse: W. L. Clark & Marshall, A Treatise on the Law of Crimes, 6ta ed., Chicago, Callaghan & Co., 1958, pág. 782; W. Holdsworth, A History of English Law, 2da ed., London, Methuen and Sweet & Maxwell, 1937, Vol. VIII, pág. 304. De ofrecer el dueño alguna resistencia o de causársele algún daño a su persona o su ropa se estimaba, sin embargo, que había ocurrido violencia. Rex v. Davies (1787) 1 Leach 290n; Rex v. Moore (1784) 1 Leach 335; Rex v. Horner (1790) 1 Leach 291n; Clark & Marshall, loc. cit. La fuerza requerida para constituir violencia, en otras palabras, tenía que montar a algo mayor que la utilizada para apoderarse de la cosa mediante el simple arrebata-miento o arrancamiento (snatching).

Para entender la distinción, debe recordarse que el robo, concebido entonces en el Derecho inglés en forma análoga a la definición citada del Código de California, constituía un delito grave desde tiempos de Enrique II. Holdsworth, op. cit, Vol. III, pág. 368. Era duramente castigado. A todas luces, los tribunales ingleses fueron desarrollando distingos para mitigar el rigor de la pena en ciertas circunstancias. Aun así, se resolvió que algunos tipos de apoderamiento súbito de cosas constituían robo. En Rex v. Lapier, 168 E.R. 263 (1784), se decidió que era robo y no hurto arrancarle un pendiente a una dama. Valga apuntar, no obstante, que se infligió daño a la oreja en tal caso. En Rex v. Mason, 168 E.R. 876 (1820), sin embargo, el ladrón le arrancó una ca-dena que la víctima llevaba al cuello, con la que aseguraba un reloj. Para arrebatarla, el ladrón tuvo que dar dos o tres tirones. Se resolvió que hubo que vencer la resistencia que representaba la cadena y que ello constituía la fuerza nece-saria para cometer robo.

Al expresarse sobre el grado de fuerza implícito en el concepto de “robo”, Blackstone escribió:

... it is enough that so much force, or threatening by word or gesture, be used as might create an apprehension of danger, or induce a man to part with his property without or against his consent, 2 Jones’ Blackstone Commentaries on the Laws of England, San Francisco, Bancroft-Whitney Co., 1916, pág. 243.

Estos conceptos, con olvido usual de la norma sentada en Rex v. Mason, supra, y de la amplia expresión de Blackstone, pasaron a constituir la regla judicial o estatutaria prevaleciente hoy en Estados Unidos, con algunas excep-ciones. La norma general es que el arrebatamiento de una cosa por sorpresa a una persona no constituye robo. 4 Wharton’s Criminal Law, 14ta ed., New York, The Lawyers’ Cooperative Publishing Co., 1981, Sec. 480, págs. 68-69; Annot., Purse Snatching as Robbery or Theft, 42 A.L.R.3rd 1381 (1972). En Massachusetts, Kentucky y algunos otros estados, se sostiene que hechos análogos a los envueltos en el caso de autos, configuran el delito de robo.

Commonwealth v. Jones, 283 N.E.2d 840 (1972), es representativo de la regla minoritaria. El tribunal de última instancia de Massachusetts resolvió en este caso —el cual trataba del arrebatamiento, por sorpresa, de una car-tera a una mujer, sin oportunidad de ofrecer resistencia— que “el grado de fuerza es impertinente, siempre que sea suficiente para obtener la propiedad de la víctima ‘contra su voluntad’ ”. Pág. 843.

California ha aminorado también, por decisión judicial, la norma del Derecho común, aunque de modo distinto. En California, al igual que en la obra de Blackstone, se estima que el grado de fuerza requerido no es pertinente. Basta con utilizar la fuerza necesaria para efectuar el apoderamiento. La diferencia estriba en que el juzgador de los hechos está enteramente libre para escoger entre condenar por robo o por hurto mayor. People v. Lescallett, 176 Cal. Rptr. 687, 123 Cal.App. 3d 487 (1981); People v. Roberts, 129 Cal. Rptr. 529, 57 Cal.App. 3d 782 (1976); People v. Church, 48 P. 125 (1897). Véase: M. C. Bassiouni, Substantive Criminal Law, Illinois, C. C. Thomas, 1978, pág. 335.

En el caso presente, se da la situación interesante, aunque no singular, de que la institución que nos ocupa se halla en forma extremadamente parecida, tanto en el Dere-cho común como en el civil. La razón en este caso es que existe un tronco común.

El delito de robo era conocido en el Derecho romano, aunque no se le consideraba delito independiente. Estaba comprendido en el concepto general del furtum, que sig-nificaba básicamente la apropiación ilegítima de una cosa. Se cometía el delito con sólo tocar la cosa, sin necesidad de llevársela. T. Mommsen, Derecho Penal Romano, trad, de P. Dorado, Bogotá, Ed. Temis, 1976, págs. 458-459; H. F. Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law, 2da ed., Cambridge Univ. Press, 1952, págs. 172-173. Hacia fines de la República, furtum ya significaba apropia-ción por la fuerza y luego se empezó a castigar como delito de coacción. Recaía también desde entonces, como ahora, tan sólo sobre las cosas muebles. Mommsen, supra, págs. 459-460.

En el Derecho primitivo germánico el concepto del robo entrañaba el uso público de la fuerza. El hurto se amparaba en la clandestinidad. F. Puig Peña, Derecho Penal, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. de Derecho Privado, 1969, T. IV, Parte Especial, pág. 289; C. L. Von Bar, A History of Continental Criminal Law, New York, A. M. Kelley, 1968, pág. 70.

El concepto moderno del robo nació precisamente de esa interacción entre el Derecho romano y el germánico. La propia voz “robo” era desconocida en el latín clásico. Es en el latín vulgar, tras sufrir influencias germánicas, que surge el vocablo “raubare”, el que se extiende por las len-guas romances y proviene del antiguo alemán “raubon”, que significa arrebatar, quitar con violencia.

En Las Siete Partidas ya se habla separadamente de “hurto” y “robo” y se mezclan las corrientes romana y germánica. En la Partida VII, Tit. XIV, Ley I, se dice:

Furto es malfetria que facen los homes que toman alguna cosa mueble agena ascondidamente sin placer de su señor, con entencion de ganar el señorio, ó la posesión ó el uso della... . Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso El Sabio, Madrid, Ed. Atlas, 1972, T. III, pág. 607.

El Tit. XIII de la misma Partida habla de los robos, “una manera de malfetria que cae entre furto et fuerza”. Pág. 605.

El Art. 500 del Código Penal español vigente utiliza los mismos conceptos empleados en el Art. 211 del Código Penal de California y en el 173 de nuestro Código Penal. El Art. 500 del Código español provee que “Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucrarse, se apoderan de las cosas muebles ajenas, con violencia o intimidación en las personas o empleando fuerza en las cosas”. “Violencia” sig-nifica simplemente “acometimiento material, empleo de fuerza física”. Puig Peña, op. cit., pág. 243; E. Cuello Calón, Derecho Penal, 13ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1972, T. II, Vol. 2, Parte Especial, pág. 853; F. Hélie, Pratique Crimi-nelle des Cours et Tribunaux, 6ta ed., París, Librairies Techniques, 1954, Vol. 2, pág. 423.

El Tribunal Supremo de España ha considerado como robo, arrancar las pantallas a una niña, causándole lesiones insignificantes, S. de 12 de julio de 1872; arrebatar la car-tera a un transeúnte, S. de 22 de octubre de 1898; S. de 3 de mayo de 1971, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 2025; S. de 5 de abril de 1979, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 1613; S. de 21 de enero de 1970, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 29; y despojar súbitamente del reloj a alguien a quien el ladrón le ha pre-guntado la hora, sin que medie lesión, S. de 27 de febrero de 1950, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 456.

Todo texto debe interpretarse a la luz de las realidades específicas de la sociedad en que opera. Estimamos que la norma que mejor cumple las necesidades del Puerto Rico de hoy es la representada por Rex v. Mason, supra, la regla minoritaria estadounidense y las sentencias españolas citadas. Consideramos inaceptable distinguir entre grados de fuerza. El robo es un delito contra la persona, más que contra la propiedad. El valor de lo arrebatado no juega papel alguno. Se puede devolver lo robado y ello no borra el delito. Jones’ Blackstone Commentaries, loe. cit. Tampoco ha constituido nunca elemento de este delito, como hemos visto, que se inflija daño corporal, por insignificante que sea, a la víctima. La clave está en la violación de la dignidad de la persona al despojársele de un bien mueble por medio de cualquier tipo de violencia o intimidación; en el uso de la fuerza contra la persona, aunque sea de orden tan súbito que no brinde al perjudicado oportunidad de resistirla. En Pueblo v. Díaz Díaz, 102 D.P.R. 535, 539 (1974), ya había-mos anticipado nuestro criterio, en dictum sobre este particular, al referirnos a la definición de “robo” bajo el Código de 1937. Afirmamos entonces:

Cualquier uso de fuerza o agresión que tenga o pueda tener el efecto de lograr que una persona se desprenda de los bienes de su pertenencia o de los que tiene en su posesión es sufi-ciente para constituir la “violencia” requerida por el Art. 238.

Por las consideraciones expuestas resolvemos que existe el robo por arrebatamiento en Puerto Rico, que el uso de la fuerza más leve posible basta para la comisión del delito y que la ausencia de lesión o aun de peligro para la víctima (Hélie, loe. cit.) o la falta de oportunidad de resistir la violencia no surten el efecto de reducir el delito a la con-dición de apropiación ilegal.

Se confirmará la sentencia apelada.

      (1) En cuanto al tratamiento inglés moderno del robo y el hurto, véase “Theft Act 1968”, 8 Halsbury’s Statutes of England, 3ra ed., Londres, Ed. Butterworths, 1969, pág. 782 y ss.

       La palabra furtum en latín (“hurto” en romance) proviene del griego fur, que significa literalmente “el que lleva algo”.

      Uno de los términos en alemán moderno para “robo” es “raub”. “Robbery” y “robo" tienen, en consecuencia, etimología y connotación comunes.

       Ello es contrario a la tendencia simplificadora representada por el Código Penal de 1974, que agrupa bajo “apropiación ilegal’’ diversidad de delitos desgaja-dos de las parcas clasificaciones antiguas, a la par que trata separadamente el delito de robo. Tal tendencia se observa también en la legislación inglesa de 1968, antes citada, y en las recomendaciones del Código Penal Modelo. American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries, Philadelphia, Pennsylvania, The American Law Institute, 1980, Parte II, Arts. 222-223, págs. 95-277. El círculo se va cerrando. Se presencia el retorno, con entendibles variantes y excepciones, a la sencillez de otros tiempos. Tomamos nota, no obstante, que en Georgia se ha optado por crear por acción legislativa la categoría separada de robo por arreba-tamiento (véase el tratamiento judicial de este estatuto en Edwards v. State, 164 S.E. 2d 120 (1968)) y que el Código Penal Modelo le ha añadido requisitos al delito de robo. Supra, Art. 222.1. Somos conscientes también de que la naturaleza de la fuerza empleada sigue afectando algunas sentencias en países donde priva el derecho civil. S. de 16 de abril de 1979, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 1640; S. de 3 de junio de 1975, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 2582; S. de 22 de noviembre de 1974, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 4433; S. de 4 de noviembre de 1974, Rep. Juris. Aran-zadi, Núm. 4090; S. de 24 de mayo de 1974, Rep. Juris. Aranzadi, Núm. 2422; G. Maggiore, Derecho Penal, traducción del italiano por J. Ortega Torres, Bogotá, Ed. Temis, 1956, Vol. V, pág. 55.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Manuel Luzón y Miguel Bauzá Torres, acusados y apelantes.

      Número: CR-81-48

      Resuelto: 19 de octubre de 1982

      José Torres Ortiz, abogado de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Manuel Luzón Rodríguez y Miguel Bauzá Torres fueron acusados, juzgados y encontrados culpables por jurado de violar el Art. 213 del Código Penal, ya que al actuar en común acuerdo, el 25 de octubre de 1979, “ilegal, volunta-ria, maliciosa y criminalmente obtuvieron de John Caro, Agente Especial del Negociado de Investigaciones Espe-ciales del Departamento de Justicia, un beneficio consis-tente en dinero, asegurando o pretendiendo que se hallaban en aptitud de influir a la policía de Puerto Rico para que no intervinieran] con las actuaciones ilegales que ocurriesen o pudiesen ocurrir en las discotecas Hollywood, San Juan-San Juan y Star. . .”. Fueron sentenciados a pena de presidio de tres (3) a cinco (5) años, con trabajos forzados, la cual les fue suspendida.

En apelación, discuten cinco errores que evaluaremos siguiendo nuestro propio orden de adjudicación.

La prueba del Pueblo es insuficiente para establecer una convicción más allá de toda duda razonable.

Incidió el Tribunal en las Instrucciones al Jurado y en su negativa a Instruir al Jurado en relación a Instrucciones Especiales solicitadas por la Defensa a fines de una adecuada interpretación del Artículo 213 del Código Penal de Puerto Rico sobre Influencia Indebida.

Examinemos estos dos señalamientos en conjunto.

En el primero, los apelantes no impugnan la calidad de la prueba, más bien la predican en dos proporciones, a saber: (1) que “el beneficio no era para los acusados y sólo se aceptaba una donación para la campaña política de un Par-tido legítimamente organizado”; y (2) que la “influencia no era para actos ilegales por parte de las discotecas o sus dueños ni para que la policía no cumpliese con algún deber ministerial”. No tienen razón.

La Exposición Narrativa de la Prueba, corroborada por las fotografías y “video tapes” presentados en evidencia al jurado, sostienen más allá de duda razonable el veredicto de culpabilidad. Dicha prueba, en síntesis, demostró que el apelante Manuel Luzón, empleado de la Cámara de Repre-sentantes, en unión al co-apelante Lie. Miguel Bauzá —asesor legal de la Comisión de Industria y Comercio, presi-dida durante el cuatrienio anterior por el Sr. Antonio Sagardía Sánchez— hizo gestiones para recibir de los señores John Seath y William Cieslack (con la partici-pación del agente encubierto John Caro Miranda del Nego-ciado de Investigaciones Especiales (N.I.E.) del Departa-mento de Justicia) una contribución de $50,000, alegada-mente, para la campaña del Partido Nuevo Progresista; que a cambio de ello, se comprometieron a realizar las gestiones conducentes a que la Policía de Puerto Rico no interviniera con las discotecas Hollywood, Star y San Juan-San Juan y, además, a obtener un “permiso de uso” para la discoteca San Juan-San Juan; que luego de varias conversaciones y reuniones preliminares al efecto, el jueves 25 de octubre de 1979, los apelantes Luzón y Bauzá convinieron y se reu-nieron con Caro Miranda —que intervino desde su ori-gen con el nombre ficticio de Robert Bittel, pretendiendo ser uno de los condueños de las mencionadas discotecas— en el Hotel Caribe Hilton, área de la piscina, y recibieron de manos de Caro un maletín que contenía en apariencias, la suma pactada de $25,000 en efectivo. En el maletín sólo había $3,112, ingeniosamente presentados, simulando la cantidad mayor. Que toda esa operación y las anteriores estuvieron coordinadas con la Policía y el acto de entrega fue filmado en video y fue fotografiado. Instantes después de entregado el maletín, Luzón y Bauzá fueron arrestados en dicho hotel por los agentes Colón Fraderas, Pomales y Cardona según instrucciones previas acordadas como parte del desenlace final de la operación.

La prueba antes relatada enmarca perfectamente el delito de Influencia Indebida tipificado en el Art. 213 del Código Penal que reza:

Toda persona que obtuviere o tratare de obtener de otra cualquier beneficio asegurando o pretendiendo que se halla en aptitud de influir en cualquier forma en la conducta de un funcionario o empleado público en lo que respecta al ejercicio de sus funciones será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. 33 L.P.R.A. see. 4364.

El precepto es amplio. Intenta tutelar el descargo honesto, libre de intervención o fuerza moral extraña en el ánimo de todo servidor en su función pública. Su prohibición se extiende a cualquier persona. No se limita a funcionarios o empleados públicos. Tampoco exige que el autor del acto se beneficie en su propio patrimonio. Basta que obtenga o intente obtener cualquier beneficio, que puede ser pro un tercero. Adviértase que la definición estatutaria de beneficio abarca “[cjualquier provecho, utilidad, ventaja, lucro, o ganancia, no estando limitado el término a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma de ventaja”. Art. 7(6), 33 L.P.R.A. see. 3022(6). (Énfasis suplido.) Carece, pues, de méritos la proposición argumentada sobre el propósito de la influencia. El estatuto penaliza el tratar o lograr un beneficio por pretender ejercer una influencia —real o imaginaria— en cualquier forma en la conducta de un funcionario, en lo que respecta al ejercicio de sus funciones.

No obstante la amplitud del precepto, los apelantes pretenden circunscribir su aplicación únicamente cuando la influencia va dirigida a que el funcionario actúe en forma ilegal. Fundados en esa tesis solicitaron la siguiente instrucción especial al jurado:

El Artículo 213 del Código Penal al referirse a “influenciar a un funcionario y/o empleado público en cualquier forma” debe interpretarse que la influencia va dirigida a que el fun-cionario público o empleado público actúe en forma ilegal y/o contrario a sus funciones legítimas y propias de su cargo.
No hay violación del estatuto si la influencia de que se trata es para que un funcionario o empleado público cumpla con su deber. Un acto y/o intervención ilegal, injustificada, o irra-zonable de la policía, funcionario o empleado público no cons-tituye parte de sus funciones y deberes.

El ilustrado tribunal sentenciador correctamente se negó a impartirlas. Hemos visto que el texto de ley no esta-blece distinción en cuanto al carácter o propósito a que va dirigida la influencia; puede ser tanto legítimo como ilegal. Ambas modalidades están comprendidas. La razón es sen-cilla. El interés protegido, evidentemente, es el fiel desem-peño del ejercicio por funcionarios públicos, sin que para ello medie el pago de emolumentos bajo la prédica de una supuesta influencia. Tan nociva es una práctica como la otra. En última instancia, permitir el pago por influencias, aun si los móviles perseguidos son legítimos, conllevaría la instauración e implementación de un régimen gubernamen-tal basado en el trato preferente y ventajoso en que el dinero o el provecho sería el criterio determinante. A corto o largo plazo, ello degeneraría en la corrupción del sistema de administración pública.

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Incidió el Tribunal al permitir al Pueblo traer prueba sobre un supuesto ofrecimiento de influencia indebida a un Juez Superior — Sala de San Juan, sin estar dicha alegación contenida en el texto de las acusaciones y sin que las acusaciones fueran enmendadas y a pesar de las objeciones de la Defensa.

Los apelantes sostienen que, ante la alegación específica en el pliego acusatorio de que acordaron obtener dinero en beneficio “asegurando o pretendiendo que podían influir a la policía de Puerto Rico para que ésta no interviniera en actuaciones ilegales que ocurrieran o pudiesen ocurrir en unas discotecas en San Juan-San Juan, Hollywood y Star”, erró el tribunal sentenciador al permitir que se desfilara prueba de que ellos ofrecieron influenciar a un juez superior en relación con el desenlace de un caso judicial sobre el permiso de uso de la discoteca San Juan-San Juan. (Énfasis nuestro.)

Ciertamente, a los apelantes no se les juzgaba de pretender influenciar a un magistrado, sino a la Policía. Pero desde el inicio del proceso, los testigos principales de cargo John Seath y John Caro, sin objeción oportuna de la defensa, depusieron que parte del acuerdo comprendía “ayudar con un caso en corte que tenían pendiente hacía año y medio en relación con el permiso de uso de la discoteca San Juan-San Juan”. (E.N.P., págs. 10, 13, 14, 31, 34 y 38.) No es hasta el turno de contrainterrogatorio de Caro e, inclusive, luego de estipular todas las partes que determinado juez no estaba interviniendo en el caso A.R.P.E. v. Seath (P.E. 78-1620), que se suscita el incidente de que en la denuncia original no se mencionó “nada sobre el permiso de uso de las discote-cas”. (E.N.P., págs. 51-52.)

Aparte de lo tardío del planteamiento, difícilmente podía haber expuesto el Ministerio Fiscal, en su visión integral, el caso ante el jurado sin que sus testigos mencionaran ese detalle. Desde la primera reunión —7 de septiembre de 1979— en la oficina del representante señor Sagardía, surge el ofrecimiento de poder ejercer influencia indebida sobre un magistrado, conjuntamente con la Policía. En estas circunstancias es improcedente el señalamiento.

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Incidió el Tribunal al admitir en evidencia el maletín y contenido ocupado al apelante Miguel Bauza Torres, por ser la misma el producto de una detención, arresto, ocupación y registro ilegal e irrazonable y en violación a los derechos constitucionales de los apelantes.

La posición de los apelantes es que sus arrestos fueron ilegales y que el maletín ocupado incidentalmente a Miguel Bauza fue producto de un registro irrazonable. Aducen que los agentes que los arrestaron no tenían conocimiento personal del caso y carecían de motivos fundados. No tienen razón.

Primeramente, la Exposición Narrativa de la Prueba refleja que, sin objeción de la defensa, fueron admitidos los exhibits 31 al 37, los cuales incluyen las fotografías que demuestran “la entrega del maletín a Bauzá y Luzón en la piscina del Caribe Hilton y el contenido del maletín”. (E.N.P., pág. 40.) Causa, pues, extrafieza que se produzca este señalamiento.

Independientemente de lo expuesto, según ya hemos indicado, la prueba demuestra que el arresto de los ape-lantes se debió a un coordinado esfuerzo entre el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia y la Policía. A tal efecto, el día del arresto, el agente José Colón Fraderas fue al Caribe Hilton en un vehículo junto con los agentes Elias Oscar Pomales, y Muñoz, para asig-narles —como lo hizo— sus puestos en la hospedería y darles instrucciones de que esperaran que el agente John Caro entregara el maletín con el dinero a unas personas y entonces procedieran a arrestarlas. Desde los comienzos de la investigación, el agente Colón Fraderas estuvo recibiendo información sobre lo sucedido tanto del agente Sanjurjo como de Caro. Su intervención específica con los apelantes la describe así:

Que como a las 9:00 a.m. Caro bajó en traje de baño al área de la piscina y puso el maletín en una mesa, el cual tapó con una toalla. Que él (Colón Fraderas) tenía un “walkie-talkie” en su poder. Que como una hora después recibió una llamada por el “walkie-talkie” y abrió la puerta de la cabaña y le dijo a Caro que las personas que él esperaba llegaron. El testigo describe el maletín Samsonite. Que él se encontraba como de 20 a 25 pies de donde estaba Caro sentado. Que Caro se había quedado descansando y conversando con un niño. Que nin-guna persona se le acercó al maletín. Que Caro trajo a Bauzá y a Luzón a la mesa y empezaron a conversar. Que mientras estaba conversando con Bauzá sacó de un sobre unos papeles y se los mostró a Caro. Que Caro le quitó la toalla al maletín y lo abrió y le mostró a Bauzá y a Luzón el contenido. Que lo cerró y lo volvió a abrir por segunda vez. Que Bauzá hace un gesto con las manos y Caro lo cerró. Que al poco tiempo des-pués Bauzá coge el maletín y se despiden. Que camino al “lobby” iban Bauzá y Luzón. Que ellos (Colón Fraderas, Pomales, Cardona) salieron tras Bauzá y Luzón, que le dieron alcance estando todavía en el área de la piscina y los arres-taron. Que ellos se identificaron con el “carnet” del N.I.E. y le dijo quiénes eran y él le leyó los derechos constitucionales. Que él (Colón Fraderas) arrestó al señor Luzón. Que Pomales arrestó a Bauzá. Que cuando Pomales arrestó a Bauzá le ocupó el maletín que Bauzá tenía en la mano. (E.N.P., págs. 59-60.)

Las circunstancias expuestas confirman la legalidad de los arrestos. El concepto de motivos fundados, consignado en la Regla 11 de Procedimiento Criminal, no es incompatible con la persecución del crimen, cuando actúen coordinada y concertadamente los agentes de la Policía. A tal efecto, se ha sostenido que el conocimiento de cada agente —cuando trabajan cerca y se mantienen informados— es atribuible a los demás. “Se puede establecer la existencia de causa probable para justificar un arresto sin orden, basado en información policiaca colectiva al momento del mismo, siendo innecesario que el oficial que lleva a cabo el arresto lo haga basándose únicamente en su conocimiento personal de las circunstancias. Basta con que el agente de la Policía que inició la cadena de comunicaciones tenga información de primera mano.” (Traducción nuestra.) J. A. Varon, Searches, Seizures and Immunities, 2da ed., Indianapolis, Bobbs-Merrill Co., Inc., 1974, Vol. I, pág. 128. Véanse United States v. Rose, 541 F.2d 750, 756 (1976); United States v. Stratton, 453 F.2d 36 (1972); United States v. Pitt, 382 F.2d 322, 324 (1967).

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Incidió el Tribunal al admitir en evidencia la prueba de retratos y películas en movimiento por haber sido gran parte de las mismas tomadas en lugares y situaciones protegidas constitucionalmente contra intromisiones indebidas del Estado.

Independientemente de que los autos revelan que sólo el co-apelante Manuel Luzón objetó la admisibilidad de once cintas de “video tapes”; y del maletín y su contenido —lo cual dispondría del planteamiento en cuanto al apelante Bauzá— la jurisprudencia reconoce su valor evidenciario, no como de índole incriminatoria per se sino de tipo corroborativo. Así, en United States v. White, 401 U.S. 745, 751 (1971), se dijo que, para propósitos constitucionales, se obtiene el mismo resultado si un agente prepara un informe y pone por escrito una conversación justo después de haberla sostenido con un acusado, o si se realiza el informe mediante la grabación o transmisión —con equipo electrónico que lleve consigo el agente— de dicha conversación.

El Tribunal Supremo terminó diciendo:

Nuestro problema, en términos de los principios propuestos en Katz, es determinar qué expectativas de intimidad son cons-titucionalmente “justificables” —qué expectativas están prote-gidas por la Decimocuarta Enmienda en ausencia de una orden de registro. Hasta ahora, la ley da pie a que se frustren las expectativas de intimidad al permitirle a las autoridades usar el testimonio de aquellos socios que por alguna razón han decidido recurrir a la Policía, y al autorizar el uso de informantes como se hizo en los casos de Hoffa y Lewis. Si la ley no protege al causante de daño cuyo cómplice confiable es o se convierte en un agente de la Policía, tampoco debe prote-gerlo cuando ese mismo agente ha grabado o transmitido la conversación que habrá de presentarse más adelante como prueba de cargo. Véase López v. United States, 373 U.S. 427 (1963). (Traducción nuestra y énfasis suplido.) White, supra, pág. 752.

En el caso de autos, es incuestionable que el uso del “video tape” y la fotografía perpetuaron de manera certera, eficiente y confiable —más allá de la capacidad normal de los sentidos humanos— la conducta incriminatoria de los apelantes. Como medio para perpetuar un testimonio, es incalculable su valor evidenciario. W. Ringel, Searches & Seizures, Arrests and Confessions, 2da ed., New York, Clark Boardman Co. Ltd., 1981, Sec. 8.6, págs. 8-36-8-40.1. Los sitios donde fue filmado y fotografiado el apelante Luzón —los alrededores de la piscina y el vestíbulo del Hotel Caribe Hilton, la azotea, terraza abierta y puerta exterior de la residencia del señor John Seath, la Calle Sol en San Juan y la entrada al Capitolio— no son lugares en los cuales él podía tener ni reclamar una “razonable expectativa de privacidad”. Sponick v. City of Detroit Police Department, 211 N.W.2d 674, 690 (1973). Los factores a ponderarse bajo ese criterio rector de: (1) derechos de propiedad individuales; (2) las precauciones adoptadas para mantener una intimidad; y (3) las características del lugar, incluso su accesibilidad a la observación, militan en su contra. Véase: Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351-352 (1967); Rawlings y. Kentucky, 448 U.S. 98 (1980); United States v. Salvucci, 448 U.S. 83 (1980); Rakas v. Illinois, 439 U.S. 128 (1978). J. Schwartz, Judicial Acceptance of Video Tape as Evidence — People v. Teicher, 16 Am. Crim. L. Rev. 183 (1978); Annot., Admissibility of Videotape Film in Evidence in Criminal Trial, 60 A.L.R.3d 333 (1974); W. R. LaFave, Search and Seizure, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1978, Secs. 2.1 a 2.4, págs. 221-349. Igual resultado se impone en cuanto a Bauzá.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia con-firmatoria.

       Manuel Luzón Rodríguez fue sentenciado, además, a 30 días de cárcel por desacato. También le fue suspendida la sentencia. No apeló la misma.

       Este testigo en lo pertinente declaró:
      “En la mañana del 7 de septiembre de 1979, como a las 2:00 a.m., en la disco-teca San Juan-San Juan, volvió a ver al señor Manuel Luzón y éste le entregó una citación para que compareciera ese mismo día a las 10:00 a.m., a la Comisión de Industria y Comercio. Que el testigo fue solo a la oficina del Representante Sagardía ese mismo día. Que en la sala de la recepcionista se encontró con el señor Manuel Luzón y éste lo llevó a una oficina privada que queda en las oficinas del Representante Sagardía. Que conversó a solas con el señor Luzón y éste le explicó la gran necesidad de dinero para la campaña de reelección del Gobernador Romero Barceló para el año 1980. Que el señor Luzón le manifestó que a todas las comisiones de la Cámara de Representantes y el Senado se les había asignado ciertos sectores de la economía para levantar fondos para la campaña del gober-nador para el 1980. Que la Comisión de Industria y Comercio presidida por el Representante Sagardía, se le había asignado el sector de la economía que com-prendía el negocio de discotecas, clubfes] nocturnos y entretenimiento, y como su negocio estaba en esa área o sector se le estaban acercando a él para que contri-buyera en la campaña de reelección del Gobernador Romero Barceló. Que el tes-tigo le preguntó al señor Luzón si habían hecho algún acercamiento a otros nego-cios y éste le mostró una lista de discotecas con las cantidades que están contribuyendo [sie]. Que el señor Luzón destruyó la lista de discotecas y la citación y las tiró en un zafacón porque según Luzón eso era algo confidencial. Que él preguntó qué se esperaba de él como representante de las discotecas San Juan[-] San Juan, Star y Hollywood. El señor Luzón le dijo que ellos (el testigo y sus socios) tenían problemas y él sabía que la Policía había hecho redadas en las dis-cotecas y habían registrado a los clientes sin orden de registro. Que él (Luzón) tenía conocimiento de una bomba de gases lacrimógenos en una discoteca. Que por una contribución de diez mil dólares ($10,000.00) por cada una de las discotecas, y a través del Representante Sagardía podría recibir a cambio protección del hosti-gamiento por parte de la policía u otras agencias. Que él le preguntó al señor Luzón que si los $30,000.00 dólares le podrían ayudar con un caso de corte que tenían pendiente hacía año y medio en relación con el permiso de uso de la disco-teca San Juan-San Juan. Que Luzón le contestó que no, que por veinticinco mil dólares ($25,000.00) adicionales la Comisión de Sagardía y con amigos trataría de que los papeles de la discoteca San Juan-San Juan, fueran tramitados y obtendría una Resolución favorable.” (E.N.P., págs. 9-10.)

       En parte declaró:
      “Que él (Caro) le preguntó de qué se trataban los $50,000.00 dólares y Luzón le contestó que eso era para la reelección del Gobernador Carlos Romero Barceló. Que la Comisión se había portado bien ya que habían encontrado heroína, cocaína, armas de fuego y que no le habían sometido ningún caso; y que ya se había lla-mado al juez para que fallara a su favor y se estaban tardando en pagar. Que Seath le habló de las primarias y Luzón le contestó que eso tardaba mucho, que él se refería a la Conquista del Oeste en Mayagüez y que para eso se necesitaba mucho dinero. Que él le preguntó que si se le daban los $50,000.00 dólares qué garantía habrá de que la [P]olicía no entre en las discotecas. Que Luzón contestó que la Comisión le habrá de entregar unos certificados y que con esos certificados los podía enseñar para que la [PJolicía los dejara quietos. Luzón dijo que la Comisión tenía poderes sobre la [PJolicía, el Departamento de Hacienda y que ellos eran los que llegaban a esas personas. Que durante las elecciones se presiona a todos los negocios y hasta los negocios de prostitución también pagaban. Que él trabajaba para el Gobierno de Romero Barceló y que con Hernández Colón se hacía lo mismo para aquella campaña.
      “Que luego de entregado el papel Luzón les dijo que si estaban listos para ver al Presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Que ellos entraron en otra oficina donde estaba el Representante Sagardía y el Ledo. Miguel Bauzá. Que no los había visto antes. Que en total en dicha oficina habían [sic] seis (6) personas, Sagardía, Bauzá, Luzón, Seath, Cieslack y él. Que Luzón les presentó a Sagardía y al Ledo. Bauzá. Que los presentó como condueños de las discotecas. Que luego Sagardía los felicita por la ayuda que le habían dado a la Comisión. Que la felici-tación era para Seath, Cieslack y a él. Que Sagardía le pidió a Luzón que la secre-taria que estaba afuera les preparara unos certificados como miembros honorarios de la Comisión. Que el testigo declara que él personalmente no había hecho nin-guna labor a favor de la Comisión de Industria y Comercio.
      “Que Sagardía dijo que la Comisión había terminado la investigación y que la [P]olicía ya no podrá intervenir más allí en las discotecas. Que Sagardía le solicitó al Ledo. Bauzá que llamara a Desiderio Cartagena y al Coronel Miguel Rivera y éste último lo escribió en la pizarra. Que Sagardía entonces le preguntó si había alguna otra pregunta. Que él ([el] testigo) le preguntó qué iba a pasar con la dis-coteca San Juan-San Juan, y Sagardía le dijo que él iba a bregar con los padrinos de los jueces y que allí se bregaba así, que cada juez tenía su padrino. Que el Ledo. Bauzá dijo que Sagardía tenía amigos con los padrinos de los jueces.” (E.N.P., págs. 31 y 34.)


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Trinidad Figueroa y Otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: O-82-471

      Resuelto: 19 de octubre de 1982

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de los peti-cionarios; Osvaldo Pérez Marrero, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, se radicó una demanda por daños y perjuicios el día 25 de febrero de 1982 contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros demandados desconocidos, en la cual se alegó, en lo pertinente, que Lourdes María Díaz Figueroa había fallecido el día 12 de noviembre de 1980 mientras se encontraba recluida en el Hospital de Psiquiatría de Puerto Rico —institución hospitalaria operada por el co-deman-dado Estado Libre Asociado— muerte que ocurrió por culpa y/o negligencia de la parte demandada. Se alegó, en adición, que la parte demandante había dado “cumpli-miento al requisito de notificación establecido por ley”.

La parte demandante en el referido caso la componen “Trinidad Figueroa, también conocida como Isabel Figueroa, a nombre y en representación de sus nietas Lourdes Díaz y Leslie Rosalyn Díaz”. Es menester señalar que es únicamente en cuanto a estas dos últimas que se reclaman daños, no así en cuanto a Trinidad Figueroa, también conocida como Isabel Figueroa.

El co-demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico prontamente presentó una moción de sentencia sumaria en la cual solicitó la desestimación de la demanda, porque la parte demandante no había cumplido con el requisito de notificación requerida por la Ley de Pleitos contra el Estado, ya que “[l]os hechos alegados en la demanda ocu-rrieron, según surge de la misma, el 12 de noviembre de 1980 y no es hasta el 24 de febrero de 1982 que la parte demandante le notifica al Secretario de Justicia, de confor-midad a lo dispuesto en la Ley de Pleitos contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077a, la posible demanda a radicarse...”.

La parte demandante se opuso a dicha moción de sen-tencia sumaria y el tribunal de instancia señaló una vista para el día 17 de junio de 1982. Dicha vista no fue cele-brada.

Con fecha de 21 de junio de 1982, el tribunal de instancia dictó una escueta resolución mediante la cual declaró sin lugar la referida moción de sentencia sumaria. Recurrió ante nos, mediante certiorari, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico con la imputación de error al tribunal de instancia al actuar así. Emitimos una resolución mediante la cual le concedimos a la parte demandante-recurrida el término de veinte días para que mostrara causa por la cual no debía revocarse la resolución recurrida.

La parte demandante-recurrida ha comparecido. Ade-más de los argumentos estrictamente legales que expone en apoyo de la resolución que emitiera el tribunal de instancia —por primera vez en el caso— trae ante la consideración de este Tribunal ciertos hechos, con el propósito aparente de demostrar justa causa para no haber notificado al señor Secretario de Justicia de Puerto Rico antes de la fecha en que en realidad lo hizo. Estos hechos son: que a la fecha de la muerte de la madre las dos menores demandantes conta-ban la edad de cuatro y dos años, respectivamente, que nunca se ha sabido quién es el padre de las dos menores y que las menores, con posterioridad a la muerte de su madre, residieron con diferentes parientes hasta que, por último, fueron a vivir con su abuela materna, la Sra. Trinidad Figueroa. Estamos en posición de resolver y procedemos a hacerlo así.

Dispone el Art. 2A de la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077a, que:

(a) Toda persona que tenga reclamaciones de cualquier clase contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por daños a la persona o a la propiedad, causados por culpa o ne-gligencia de dicho Estado, deberá presentar al Secretario de Justicia una notificación escrita haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa y naturaleza general del daño sufrido, los nombres y direcciones de sus testigos, y la dirección del reclamante, así como el sitio donde recibió tra-tamiento médico en primera instancia.
(b) Dicha notificación se entregará al Secretario de Justi-cia remitiéndola por correo certificado, o por diligencia-miento personal, o en cualquier otra forma fehaciente reco-nocida en derecho.
(c) La referida notificación se presentará al Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama. Si el reclamante estuviere mental o físicamente imposibili-tado para hacer dicha notificación dentro del término pres-crito, no quedará sujeto a la limitación anteriormente dis-puesta, viniendo obligado a hacer la referida notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que cese la incapacidad.
(d) Si el perjudicado fuere un menor de edad, o fuere persona sujeta a tutela, la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso, vendrá obligado a notificar la reclamación dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama. Lo anterior no será obstáculo para que el menor, o la persona sujeta a tutela, haga la referida notificación, den-tro del término prescrito, a su propia iniciativa, si quien ejerce la patria potestad o custodia, o tutela, no lo hiciere.
(e) No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causa-dos por la culpa o negligencia de aquél, si no se hubiese efec-tuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello. Esta disposición no será apli-cable a los casos en que la responsabilidad del Estado esté cubierta por una póliza de seguro.
(f) Esta sección no modificará, en forma alguna, para aquellos reclamantes que cumplan con sus disposiciones, el término prescriptivo fijado por el inciso 2 de la see. 5298 del Título 31. (Énfasis suplido.)

En Loperena Irizarry v. E.L.A., 106 D.P.R. 857, 359-360 (1977), expresamos que “[n]uestra jurisprudencia ha sido constante en sostener que la notificación previa al Estado en reclamaciones por daños y perjuicios originados en negligencia exigida por Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966 (32 L.P.R.A. sec. 3077a), si bien es requisito de cum-plimiento estricto, no alcanza calidad de condición prece-dente jurisdiccional. [Casos citados.] Esta calificación libera al tribunal de un automatismo dictado por el calendario y salva su fundamental facultad para conocer del caso y pro-veer justicia según lo ameriten las circunstancias”.

Con ello en mente, examinemos el requisito de notifi-cación exigido por la disposición legal transcrita, a la luz de los hechos particulares del presente caso.

El inciso d del referido Art. 2A nos informa, en lo perti-nente, que si el perjudicado lo fuere un menor de edad, “la persona que ejerza la patria potestad o la custodia del menor, o el tutor, según fuere el caso” vendrá obligada a notificar la reclamación, en la forma y manera requerida por los incisos ay b, “dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que [el reclamante] tuvo conoci-miento de los daños que reclama”.

Esta “persona” o este “reclamante”, quien tiene la responsabilidad de la notificación, por lo general, es el padre o la madre del menor involucrado, ya que usualmente los menores de edad viven en la compañía de su padre y su madre o en la compañía de, por lo menos, uno de ellos. Hemos resuelto que, si ese padre o esa madre no cumple con el requisito de la notificación, el menor de edad pierde su causa de acción. Véase: Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963).

En el presente caso, los hechos, alegadamente, son distin-tos: De entrada, hay que resaltar el hecho de que se trata de dos niñitas de tierna edad, por lo cual es obvio que no le sería aplicable lo dispuesto en el inciso d del citado Art. 2A, a los efectos de que el menor mismo puede hacer la notifi-cación; en segundo lugar, las dos menores no sólo perdieron a su madre sino que nunca se ha sabido quién es el padre de ellas; en tercer lugar, después de la reclusión en el Hospital de Psiquiatría y la muerte de su señora madre, alegada-mente las dos menores vivieron con distintos parientes, hasta que por fin —no se sabe la fecha en estos momentos— vinieron a vivir con su abuela.

En resumen, la primera gran interrogante que presenta este caso es: ¿En ausencia del padre y la madre, quién es la persona responsable de estas menores, ya sea en calidad de tutor y/o custodio de las mismas, y cuándo esa persona advino a dicha capacidad?

Una vez determinado quién es el “reclamante”, en relación con estas dos menores, sobre el que, de acuerdo con la ley recaía la responsabilidad de notificar la reclamación de ellas al Secretario de Justicia de Puerto Rico, nos tene-mos que enfrentar a la segunda gran interrogante que pre-senta este caso: ¿Cuál es la fecha que va a servir de punto de partida para computar el término de noventa días de que habla la ley?

La posición de Procurador General, en representación del recurrente Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es a los efectos de que el punto de partida lo es la fecha de la muerte de la madre de las dos menores, o sea, el 12 de noviembre de 1980. Ello no es necesariamente así.

La fecha que sirve de punto de partida para el cómputo del citado término va a ser aquella en que efectivamente el “reclamante” advino en conocimiento de que las dos menores de edad tenían una causa de acción contra el Estado; en otras palabras, hay que determinar cuándo advino el “reclamante” en conocimiento de que la muerte de la occisa se debió a la negligencia del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico o, por lo menos, cuándo razonable-mente debió haber advenido en conocimiento de ello. Esa es la única interpretación lógica de la frase en el estatuto, a los efectos de “la fecha en que tuvo conocimiento de los daños que reclama”. Art. 2A, inciso d.

Prueba a esos efectos, si es que existe, es la que la demandante-recurrida debió presentar ante el tribunal de instancia antes de que éste emitiera su resolución de fecha 21 de junio de 1982. En bien de la justicia, procede dejar sin efecto la citada resolución y se devuelve el caso al tribunal de instancia para que, de conformidad con lo expuesto, brinde a la parte recurrida la oportunidad de presentar la referida prueba y resuelva conforme a derecho.

Por las razones antes expresadas, se expide el auto, y se dictará sentencia que revoque y ¡o deje sin efecto la resolución emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, del 21 de junio de 1982, y se devuelven los autos a dicha Sala para que celebre la vista aquí ordenada y para cualesquiera otros procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual, Díaz Cruz y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

      De acuerdo con lo dispuesto por el Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil, la acción por daños y perjuicios entablada en beneficio de las dos menores fue hecha “en tiempo”, por cuanto su causa de acción prescribía al año de haber llegado cada una de ellas a su respectiva mayoría de edad.

       En el expediente del caso no surge minuta alguna en relación con dicho día. La información extraoficial es a los efectos de que las partes se reunieron “en cámara” con el magistrado. En esta clase de situaciones los tribunales de instancia deben velar porque siempre haya una minuta; aun cuando ello sólo sea para expresar que las partes se reunieron en cámara eon el juez y los acuerdos, si alguno, a que se llegó; ello constituye la mejor práctica.

       En dicha resolución, el tribunal de instancia no expresa fundamento alguno en apoyo de su decisión.

       Somos conscientes de que en esta etapa de los procedimientos, esos “hechos” son meras alegaciones no corroboradas.

      E1 Art. 153 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 601, impone el deber al padre y a la madre de representar a sus hijos “en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho”.

       Sobre este aspecto, véanse los artículos pertinentes del Código Civil de Puerto Rico relativos a la patria potestad y la tutela. Arts. 152 y 167 (31 L.P.R.A. sees. 591 y 661).

       La decisión a la que hemos llegado —a base de los hechos particulares del caso— hace innecesario el que entremos en la discusión de la posible inconstitucio-nalidad del precepto en controversia.


text:
    Teresa Rivera Avilés, lesionada occisa, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador recurrente.

      Número: O-82-364

      Resuelto: 20 de octubre de 1982

      Yusif Mafuz Blanco, José M. Fernández Luis y Hernán Cortés Torres, abogados del recurrente; Juan A. Hernández Rivera, María Santana y Francisco J. Hernández Rentas, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

Teresa Rivera Avilés, quien trabajaba para el Municipio de Bayamón, sufrió un accidente del tra-bajo el día 24 de noviembre de 1978. Falleció el día 29 de noviembre de 1980 —a la edad de 69 años— víctima de un infarto cerebral masivo. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado fijó, post mortem, a la obrera una incapa-cidad de un 5% de las funciones fisiológicas generales y le concedió un 15% de las funciones fisiológicas generales por una condición emocional.

Previa la investigación correspondiente, con fecha del 24 de septiembre de 1981 el referido Administrador emitió una decisión mediante la cual resolvió que la muerte de la lesionada se debió a causa ajena al accidente. Resolvió, en adición, que, a la fecha de su deceso, la obrera no había dejado persona alguna que dependiera de ella y que pudiera ser catalogada como beneficiaría de acuerdo con la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Esta decisión fue apelada ante la Honorable Comisión Industrial de Puerto Rico, la cual celebró la correspon-diente vista pública sobre el hecho de la dependencia y emitió una decisión mediante la cual confirmó la decisión rendida por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado. Solicitada la reconsideración, la referida Comisión dejó sin efecto su resolución anterior y determinó que tanto la hija de la occisa, Clara Cuesta Rivera, como la hija de esta última, Zoel Fiel Rivera, dependían de la obrera al momento de su deceso. El Administrador del Fondo recurrió ante nos para revisar la anterior determinación. Mediante Resolución de fecha 30 de junio de 1982, concedi-mos a la parte recurrida el término de 15 días para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto y oportunamente revocar la Resolución en controversia. La parte recurrida ha comparecido en autos. Sus argumentos no nos convencen.

La prueba incontrovertida demuestra que, al momento de su accidente, la obrera vivía en una casa propiedad de su hija, en compañía de ésta y de su nieta; que al momento de sufrir el accidente del trabajo la obrera percibía la suma de $240 mensuales; que la hija, al momento de la muerte de su señora madre, tenía un sueldo de $635 mensuales; que la hija reclamó a su señora madre como dependiente, durante los tres años inmediatamente anteriores a la muerte de ésta, en sus planillas de contribución sobre ingresos; y que la obrera ayudaba a su hija en los gastos del hogar que com-partían.

Reiteradamente hemos resuelto que la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo es una de dependencia y no de herencia, y que, siendo así, corresponde a los herederos del obrero fallecido probar que dependían de él para su subsistencia, Tomás v. Comisión Industrial, 59 D.P.R. 860 (1942); que el asunto de la dependencia es una cuestión de hechos a ser determinada por el juzgador, tomando en consideración todas las circunstancias que con-curren en cada caso en particular, Cepeda v. Comisión Industrial, 76 D.P.R. 801 (1954); y que “[l]a compensación por accidente del trabajo es un remedio dirigido a aliviar la reducida capacidad productiva del obrero que sobrevive al accidente, o atender a la necesidad económica de sus depen-dientes cuando desaparece su proveedor. Los dineros prove-nientes de dicha compensación no son, por tanto, un bien patrimonial transmisible por reglas de herencia a herede-ros no dependientes. [Casos citados.] Por el propósito emi-nentemente social y remedial de la Ley, 11 L.P.R.A. sec. 1 y ss., en caso de no haber dependientes, los herederos no han de beneficiarse ni aun de los pagos por concepto de compen-sación y dietas ya vencidos y exigibles a la fecha en que muere el trabajador lesionado. . . . Dichos beneficios van dirigidos a suplir, con fondos públicos, deficiencias en el presupuesto familiar del trabajador o de aquellos que de él dependían y no a enriquecer el acervo privado de quienes nada necesitaban del obrero extinto. . .”. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183, 184 (1974).

En el caso que nos ocupa, la hija y la nieta no dependían para su subsistencia de la obrera, más bien, dicha obrera dependía de la hija; ello lo demuestra el hecho de que la hija la incluyó como dependiente en las planillas de contribución sobre ingresos en los años anteriores a su muerte. No hay duda de que ella como madre al fin, ayudaba con los gastos del hogar en que residía junto a su hija y su nieta; era justo que así lo hiciera, ya que compartía el diario vivir con ellas.

Entendemos, y así lo resolvemos, que el mero hecho de que una persona contribuya a pagar los gastos, en que tanto ella como las personas con quienes convive incurren, no sig-nifica, al amparo de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo, que dichas personas “dependan” de ella, máxime cuando su contribución al “fondo común” apenas es suficiente para cubrir los gastos de su propia subsistencia.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto y se dictará sentencia que revoque la resolución emitida por la Hon. Comisión Industrial de Puerto Rico de fecha 10 de mayo de 1982.

       La Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 —Ley Núm. 91 del 29 de junio de 1954— en su See. 25, Inciso (d) (1) (A), 13 L.P.R.A. see. 3025 (d) (1) (A), establece que para que una de las personas que se enumeran en dicho artículo pueda ser reclamada por el contribuyente como dependiente tiene que haber reci-bido, durante el año a que se contrae la planilla radicada, del referido contri-buyente, más de la mitad de su sustento. (Énfasis suplido.)