author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Rubén Pérez Cruz y Otros, demandantes y recurridos, v. Hospital La Concepción, demandado y recurrente.

      Número: R-83-423

      Resuelto: 29 de octubre de 1984

      Charles De Mier LeBlanc, de Miranda, Cárdenas, De Corral & Rodríguez, abogado del recurrente; Wilfredo A. Géigel, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En casos de daños por negligencia médico-hospitalaria rige en nuestra jurisdicción una norma de consenso, muro de contención y contrapeso a la gama de intereses diversos y encontrados que suscita toda acción de esta naturaleza. “[L]a aplicación del estándar de prueba en la relación causal: [no implica] ni excesiva rigidez que impida probar una reclamación válida por la imprudencia profesional del médico o la deficiente atención hospitalaria, ni la laxitud que abre las puertas a la especulación y a la conjetura.” López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197, 223 (1978).

I — (

Trasfondo fáctico

El domingo 11 de diciembre de 1977, como a las 2:45 A.M., Rubén Pérez Vargas chocó contra un árbol el automóvil que conducía hacia Lajas. Regresaba de una boda familiar a la que había acudido acompañado de su cuñado Pedro Elmer Cruz quien le seguía en su vehículo a corta distancia. Allí había “bebido”. Transitaba a una velocidad aproximada de 25 a 30 millas por hora. Su cuñado relató que un animal, presumiblemente un perro, salió al paso de Rubén, éste trató de desviar y chocó. Un policía de apellido Palermo se per-cató del accidente y se personó al lugar. Observó que el conductor estaba incrustado en el guía. Lo describió en posición doblada hacia el frente y agarrándose el 'abdomen. Poco des-pués llegó su cuñado y lo observó sangrando por el rostro. Notó que botaba sangre y se cogía el estómago.

Pérez Vargas fue llevado por su cuñado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento del Municipio de Lajas. Durante el trayecto se quejaba de dolor, principalmente en el estó-mago. Entró caminando a dicho dispensario. Permaneció media hora. No lo pudieron atender porque no había médico después de las doce de la noche. Desde esa hora las enferme-ras referían los pacientes al Hospital La Concepción, parti-cularmente los casos de accidentes de automóviles cubiertos bajo A.C.A.A. Carecían de las facilidades necesarias para atender pacientes que sufrieran traumatismos serios y aquellos que pudieran requerir cirugía. Se limitaban a la observación clínica del paciente. El referido sólo expresó que “el paciente iba guiando y chocó un árbol recibiendo herida en la nariz”.

Con carácter de emergencia, se verificó el traslado al Hospital La Concepción en una ambulancia municipal. El paciente iba en una camilla. Estaba consciente y se quejaba. Al llegar a esa institución el chofer de la ambulancia se per-cató de que Pérez Vargas se agarraba con las dos manos el lado izquierdo sobre la cintura.

Poco después arribó su cuñado Elmer Cruz. Lo notó bien pálido, quejándose, sudando, acostado en una camilla, enco-gido de lado y con las rodillas puestas hacia el pecho. Le molestaba mucho también el golpe en la nariz. Pérez Vargas permaneció allí como una hora y 45 minutos. El Dr. Carlos González, galeno en funciones a cargo de la Sala de Emer-gencia esa madrugada, atestó que el paciente le relató que “se había dado en la nariz”. Procedió a interrogarlo, examinó su laceración, le practicó un examan físico, revisó el tórax, luego el abdomen e hizo “una inspección visual luego de una auscultación, palpación, depresión suave y pro-funda. No [le] dio ningún indicio de dolor”. Aun así, le examinó todas las extremidades, pero sin manifestación de ningún dolor. Indicó que su preocupación primordial “era que la nariz le quedara bonita”. Según su versión lo instruyó que regresara al día siguiente para ser visto por un otorrino-laringólogo. Además, que volviera a la Sala de Emergencia si se sentía mal. El doctor González atestó que la reacción del paciente a sus instrucciones fue: “Ahora me voy de fiesta.” Los exámenes físicos consistieron en unas placas de la cabeza y de las cervicales. Se diagnosticó una fractura del hueso nasal. El récord de la Sala de Emergencia contiene:

Paciente masculino de 43 años de edad viene a Sala de Emergencia en ambulancia referido de Centro de Salud de Lajas y refiere que hace aproximadamente una hora mientras conducía su automóvil por la carretera 303, cerca del kilóme-tro uno, perdió el control del auto que conducía (aparente-mente suyo) y chocó con un árbol. Los campos pulmonares están claros y el abdomen blando, depresible, no doloroso. La presión de la sangre era 110/80, la temperatura 36° y el pulso era 88/20. (Énfasis suplido.)

El tribunal de instancia concluyó que el hospital alteró ese récord, añadiendo la nota referente al “abdomen blando, depresible y no doloroso”. Igualmente varió la anotación relativa a la presión diastólica la cual debió leer 110/60.

La enfermera asistente reiteró fundamentalmente el tes-timonio del doctor González. Indicó que Pérez Vargas llegó caminando, en contradicción con la versión del chofer de la ambulancia. Lo describió como un “paciente consciente, alerta, comunicativo”. Semejante cuadro de normalidad no armoniza con el hecho de que la ambulancia llegó con el biombo encendido, situación que la hizo avanzar hasta la entrada de emergencia. La testigo mostró dudas al ser con-frontada con posibles alteraciones al récord médico.

Pérez Vargas objetó la determinación del doctor Gon-zález de enviarlo a su casa. Una vez en su hogar no pudo acostarse debido al dolor. No podía evacuar ni orinar. Se que-jaba mucho del estómago y se veía más grueso de lo normal. Así pasó la madrugada. A las 9:00 a.m. de ese mismo día, cuando abrieron la farmacia, sus familiares le compraron las medicinas recetadas. Cuando ingirió las pastillas se le afectó mucho la respiración. A pesar de ese cuadro, sus parientes decidieron esperar a ver si las pastillas lo calma-ban como el doctor González les había indicado. No fue así. Continuó mal. Sudaba demasiado y no podía respirar. En-tonces optaron por llevarlo otra vez al dispensario de Lajas porque la condición del paciente era demasiado grave y éste era el lugar más cercano en donde podía recibir atención médica. Además, en el Hospital La Concepción sólo le habían dado un referido para sacarle placas.

En el dispensario el paciente fue recibido por el Dr. Hos-tos Fernández Naranjo a las 10:45 A.M. Éste indicó que “llegó sumamente intranquilo, una desesperación extrema, se quejaba de que le dolía acá en el pecho . . . pero también se ponía la mano derecha en el vientre”. Apuntó en el histo-rial:

Refiere la esposa que el paciente tuvo un accidente anoche. Fue atendido en el Hospital La Concepción. Esta mañana empezó a quejarse de dolores en el lado izquierdo del pecho con dificultad para respirar y sudando frío y pálido.

Dicho facultativo inmediatamente procedió a prestarle los primeros auxilios. Lo examinó. Detectó fractura al nivel de las costillas quinta, sexta y séptima. A juicio suyo, el cuadro era extremadamente peligroso. Pérez Vargas se estabilizó un poco. Cuando se estaban haciendo los prepara-tivos para trasladarlo nuevamente al Hospital La Concep-ción murió súbitamente a la 1:00 P.M.

Su autopsia reveló una laceración del tercio medio del mesenterio cerca de la implantación del intestino delgado. La laceración medía 2" x 1" de ancho, estaba abierta e iba de lado a lado del mesenterio. Ello produjo una hemorragia de más de 2000 cc. de sangre libre y coagulada en la cavidad abdominal. Presentaba un hematoma por arriba de la región inguinal derecha que medía 6 centímetros. Aparecieron cinco (5) costillas del lado izquierdo astilladas (la 5ta, 6ta, 7ma, 8va y 9na, antero-lateral).

El tribunal declaró con lugar la demanda presentada por su viuda Norma I. Cruz Rodríguez e hijo, Alberto Pérez Cruz, contra el Hospital La Concepción. () Acordamos revi-sar.

1 — ( 1 — 1

Análisis de errores

El error relativo a si la prueba sostiene la determinación del tribunal de instancia sobre la responsabilidad del hospital fundada en que Pérez Vargas careció de diagnóstico y tratamiento adecuado, no fue cometido. Así lo revela una lectura crítica e integral de la transcripción de evidencia y las inferencias que la misma permite. Se impone un respeto a la aquilatación de credibilidad del foro primario en consideración a “que sólo tenemos . . . récords mudos e inexpresivos”. () Esas apreciaciones deben ser objeto de gran deferencia en ausencia de circunstancias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto que nos muevan a intervenir. Cervecería India, Inc. v. Orange Crush, 83 J.T.S. 26. Al reiterar la existencia de negligencia hemos de enfatizar que no estamos ante un mero error de juicio o diagnóstico equivocado. Detectamos, más bien, una omisión de diagnóstico apropiado que da margen a responsabilidad profesional. Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188, 194 (1974). Este enfoque se deriva de “la omisión de la diligencia exigible, mediante cuyo empleo podría haberse evitado el resultado dañoso”. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 (1982). Veamos.

A — Visión y misión de una Sala de Emergencia

Primeramente, se destaca el hecho de que el doctor González estaba haciendo el internado en el Hospital La Concepción. Se desempeñaba en la Sala de Emergencia solo y sin supervisión médica directa. La prueba pericial de los propios demandados recurrentes Hospital et al., tiende a sostener que un joven galeno que sólo lleva 5 meses en su internado, no es la persona idónea para atender dicha sala, atendidas las circunstancias excepcionales que cotidianamente se presentan. La tendencia ha sido abandonar la práctica de que los internos hagan guardia sin supervisión médica directa en las Salas de Emergencia auxiliados indirectamente por el mecanismo de médicos disponibles mediante llamada (attending physicians on call). Legal Problems of Emergency Outpatient Care, Nat. Medicolegal Simposium 8-14 (1973).

La práctica debe cesar en Puerto Rico. Aun reconociendo las dificultades de reclutamiento y los costos que ello genera, la importancia de una Sala de Emergencia es incuestiona-ble. Su nombre lo prueba: emergencia. Brindar este servicio a través de internos o de personal menos experimentado es un contrasentido. Sólo nos es posible sancionarla si existe una supervisión inmediata y efectiva que supla las deficien-cias y falta de experiencia del interno u otro personal. J. Kulowski, Crash Injuries, Cap. 30, en C. C. Thomas, The Basic Emergency Room Services, Illinois, 1960, pág. 518. El caso de autos ilustra patéticamente la sabiduría de este criterio judicial. Al ser confrontado el doctor González, a base de su experiencia previa, sobre una lesión del mesente-rio indicó: “Había visto sangrados abdominales pero no recuerdo ... o sea, nunca había estudiado un caso de lace-ración del mesenterio, no lo había visto en sí.” (T.E., pág. 356.)

Esta inexperiencia se agrava ante la realidad de que ese tipo de lesión es difícil de diagnosticar. Sin embargo, las autoridades consultadas coinciden en que la “mayor parte de las lesiones civiles por traumatismos no penetrantes son cau-sados por accidentes automovilísticos. Con mucha frecuencia hay lesiones concomitantes”. Hawthorne, Frótese & Sterling, Abdomen Agudo, Ed. Interamericana, Méjico, 1969, pág. 338. Si los hallazgos que reveló el protocolo de autopsia esta-ban presentes en el momento del examen, indudablemente éste “iba a dar unos síntomas y signos claros de dolor abdominal de vientre agudo, probablemente con abdomen dis-tendido y el paciente iba a estar severamente enfermo, con presión baja, pulso rápido”. (T.E., pág. 301.) Aunque una lesión del mesenterio puede presentar síntomas atípicos, siempre están referidos a un dolor debido a que la sangre en el peritoneo siempre lo produce. Moseley, Accident Surgery, New York, Appleton, Century Crofts, 1962, Vol. I, págs. 128-131. Incuestionablemente 2000 ó 3000 cc. de sangre en la cavidad abdominal era un cuadro de irritación que produce dolor. Los peritos de los demandados recurrentes atestaron que un paciente que pierde la mitad de su volumen sanguí-neo y no se trata “va a morir”.

De igual modo resulta extraño la ausencia de mención sobre las costillas rotas. El neurólogo Iván León Rivera atestó que si estaban presentes al momento del examen debían haber sido diagnosticadas “por lo menos a la pal-pación”. (T.E., pág. 325.) Según criterio compartido por los peritos de los demandados recurrentes, el médico asignado a la Sala de Emergencia debe ser un médico juicioso que hace su historial y examen médico completos lo más rápidamente posible. La calidad, plenitud y suficiencia de un examen médico fue sacrificada por el doctor González. No hay hechos o circunstancias extraordinarias en el récord que permitan excusarlo. No atendía varios pacientes a un mismo tiempo, cuando es menester establecer prioridades en aten-ción de aquellos que presentan, cuadros de emergencia. El doctor León Rivera se refirió al historial de dicho galeno como uno “que no exigiría a sus estudiantes”. (T.E., págs. 291-292.) Aun así, curiosa e inexplicablemente estimó que era “razonable” para una Sala de Emergencia. Advirtió además la posibilidad de lesiones que puedan manifestarse con el transcurso del tiempo. Sin embargo, a base de los documentos que examinó concluyó que “[s]ería lo más lógico” concluir que las referidas lesiones fueron consecuencia del accidente automovilístico. (T.E., pág. 310.) “[C]omo la mitad de las lesiones abdominales no penetrantes son causadas por accidentes automovilísticos . . . frecuentemente se sospecha de lesiones intraabdominales causadas al impactar el guía . . . .” (Traducción nuestra.) Kulowski, op. cit., pág. 403. McChelland, Jones, Shires & Perry, Care of the Trauma Patient, Trauma to the Abdomen, G. T. Shires (editor), 1966, pág. 354 y ss.; Moseley, op. cit, pág. 128; Felson, Roentgeno-logy of Fracture and Dislocations, New York, Grume & Straton, 1978, pág. 69. El doctor León Rivera fue categórico al expresar que “si tuviera yo la ligera sospecha de que pudo haber habido traumatismo abdominal y que hay estos signos presentes, yo definitivamente no lo mandaría a su casa”. (T.E., pág. 328.)

Admitió que si Pérez Vargas tenía las lesiones que sur-gen de la autopsia al momento de ser atendido en la Sala de Emergencia, recibió un tratamiento negligente. (T.E., pág. 315.)

Cabe destacar que un paciente que es operado a tiempo de una lesión del mesenterio sobrevive en un 99% de los casos. (T.E., pág. 139.)

De un examen de los records del hospital no encontramos en ninguna parte anotación del riguroso examen que el doctor González alegadamente le practicó al paciente. Por el contrario, aparecen alteraciones de números y notas inserta-das. Si algo tiende ello a demostrar es la falta de un diagnós-tico adecuado. En este aspecto coincidimos con el doctor Suau, perito de los demandantes recurridos, en que si el referido examen se practicó, fue tan superficial que no per-mitió al médico percatarse de ciertas lesiones existentes. (T.E., pág. 127.)

En el pasado hemos reprobado con preocupación la laxitud en el mantenimiento del récord médico. Hemos de insistir. Ello mengua su efectividad como instrumento útil para informar con exactitud el cumplimiento de las órdenes del médico, y como fuente de referencia para la evaluación del tratamiento, la atención y cuidado administrado al paciente. López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., supra, págs. 216-217. Más aún, hemos atribuido consecuencias jurídicas a dicha omisión “[e]n vista de la falta casi total de credibilidad que nos merecen los récords presentados en evidencia; en vista de que algunos de ellos fueron alterados; .. . éste es un caso en el cual corresponde hacer con respecto al hospital [una] inferencia de negligencia que hace aplicable la regla de res ipsa loquitur”. Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 230 (1973). La falta de dichas anotaciones en el récord no necesa-riamente constituye negligencia per se. Sin embargo, dicha omisión puede ser factor a considerarse en la credibilidad que el médico merezca respecto al tratamiento que dio al paciente. Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 D.P.R. 871, 880-881 (1972).

En admonición judicial reciente reiteramos que los hospitales deben ser especialmente celosos en vigilar que “sus medidas de evaluación periódica de la competencia profesional de sus médicos y en relación con el mantenimiento cuidadoso de los récords médicos sean de excelencia”. Núñez v. Cintrón, 115 D.P.R. 598, 606 (1984).

En resumen, a la luz de los hechos expuestos e inferen-cias permisibles, el hospital fue negligente. Soc. de Gananciales, Etc. v. Presbyterian Hosp., 88 D.P.R. 391, 401 (1963).

Se demostró por el actor, mediante la preponderancia de la evidencia, que la conducta negligente del doctor González fue el factor que con mayor probabilidad causó la muerte de Pérez Vargas. Núñez v. Cintrón, supra. Establecieron que su condición requería una atención médica especial, cuidadosa y exhaustiva.

La versión de los recurrentes de que éste no manifestó dolor y nunca expresó haber recibido golpe en el área abdominal, no concuerda con la condición de un hombre que se “incrustó en el guía” como consecuencia del accidente, que sufrió fracturas de cinco costillas y laceración de dos pulga-das en el mesenterio. Estos hechos fueron comprobados clínicamente a través de la autopsia. Las declaraciones del Dr. Hostos Fernández Naranjo, del oficial de policía Palermo y del chofer de ambulancia merecen credibilidad. Son testi-gos sin interés personal en el caso. Fueron funcionarios públicos que incidentalmente descargaron su deber. Se limi-taron a expresar ló que percibieron.

Por el contrario, el testimonio del doctor González y la enfermera nos causa una sensación de contradicción y vacío. Su relato se torna inverosímil desde la llegada misma del paciente caminando, consciente y comunicativo, presto a marcharse lo más pronto posible para seguir de fiesta. La prueba objetiva de los recurridos controvirtió dicha versión.

Por otro lado, los recurrentes aducen que el paciente había “bebido” y que tal hecho puede haber retardado la manifestación de síntomas por los efectos del alcohol. Rechazamos esa proposición. Las lesiones eran tan graves y múltiples que difícilmente esa condición podía ocultar el dolor. Estamos en el campo de la especulación, pues no surge prueba del récord de cuán afectado estaba. Hemos de inferir que la omisión en el récord médico sobre una condición de embriaguez apunta hacia una conclusión contraria. Una vez más el hospital y su médico nos dejan huérfanos de información. Solamente han descansado, si acaso, en una presunción de regularidad que fue controvertida y derrotada.

En apoyo de su teoría, el hospital argumenta que el paciente nunca manifestó queja o dolor en el área del abdomen. Aduce que ese hecho no se expresó en ninguno de los records médicos ni en la demanda original. () No tiene razón. En cuanto a los records médicos, en el dispensario de Lajas, no había médico. La enfermera se limitó a recoger la impresión brindada por el cuñado de Pérez Vargas, que entendía que el dolor más fuerte era en el pecho. Lo mismo ocurrió con la esposa al manifestar los síntomas al Dr. Hos-tos Fernández Naranjo. En la primera visita al dispensario de Lajas no se practicó examen. No podía detectarse su ver-dadera condición. En la segunda el Dr. Hostos Fernández pudo percatarse del dolor en el área abdominal.

La omisión de tal hecho por el Hospital La Concepción no merece mayores comentarios. Pretenden impugnar la credi-bilidad de los familiares del paciente por su escaso conoci-miento de la medicina e incapacidad para traducir e inter-pretar la sintomatología del paciente. Choca contra la más elemental noción de lo justo. Aun presumiendo que el paciente no manifestara queja o dolor en el área del abdomen —lo cual es altamente dudoso— la naturaleza del acci-dente y su impacto requerían una indagación suficiente de toda su condición. Exigía un historial y examen detallado que incluyera los eventos que precedieron al accidente y “no simplemente el área de mayor queja o incomodidad”. Moseley, op. cit., Vol. II, pág. 128. Cinco (5) costillas estaban asti-lladas. ¿Cómo armonizar los dolores que las mismas causan con el alegado examen practicado y negativo del doctor Gon-zález? Moseley, op. cit., págs. 77-79; Ballinger, Rutherford & Zuidema, The Management of Trauma, Filadelfia, N. B. Saunders Co., 1968, págs. 293-295; Watson-Jones, Fracture and Joint Injuries, Londres, Churchill Livingstone, 1976, págs. 166-168. Ninguna costumbre, práctica o norma ética puede soslayar el deber de adecuado examen. La profesión médica, personal paramédico y los hospitales existen para el bienestar de los pacientes, no viceversa. Núñez v. Cintrón, supra.

La conducta del doctor González se apartó de las normas de razonabilidad y prudencia que rigen el ejercicio de la profesión médica. Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1037-1038 (1960).

B — El concepto de diagnóstico

El diagnóstico como preámbulo al tratamiento médico constituye el elemento cardinal de la medicina. Toda aproximación judicial debe inquirir en cuanto a su calidad, extensión y eficacia como punto de partida para el problema planteado de la negligencia médico-hospitalaria.

Se acepta que no existe un examen físico completo per-fecto. Por ello la metodología de la medicina moderna parte de varias premisas. Primero, un examen básico rutinario permitirá, de ordinario, identificar casi cualquier anormali-dad significante. Identificada ésta, se procederá a inspec-cionar en detalle el área que representa problemas. El propó-sito es detectar con el mayor grado de certeza posible el misterio de determinada dolencia, esto es, obtener un diagnós-tico. Un buen método es aquel basado en una rutina lógica y ordenada. Al desarrollarse sistemáticamente este plan se logra economizar tiempo y minimizar el riesgo de error por omisión. La experiencia demuestra que son más los errores de este tipo que los de acción. 9 Cantor, Traumatic Medicine and Surgery for the Attorney, Washington, D.C., Butter-worth, 1963, pág. 604. Claro está, no puede diagnosticarse una condición apropiadamente si no se tiene razón alguna para sospechar su existencia. A. R. Holder, Medical Malpractice Law, 2da ed., New York, J. Wiley & Sons, 1978, pág. 71.

Segundo, un diagnóstico correcto depende de dos factores importantes: recopilación y análisis de la información. El primero, acopio de datos, requiere del médico capacidad para obtener datos certeros mediante la entrevista médica, historial del paciente y el examen físico. El análisis conduce al objetivo perseguido mediante una evaluación lógica de la data ante sí. Este proceso demanda conocimientos abarcadores y nociones en esta rama del saber. Reconocer sus propias limitaciones y saber cuándo referir un paciente a otro médico o acceder a cualquier con-sulta que éste o sus familiares interesen, es procedente y representa un curso de acción normal y contemplado del proceso. Sherman y Fields, Guide to Patient Evaluation, 3ra ed., New York, Medical Examination Pub. Co., 1978, pág. 335. El médico examinador puede desorientarse o simple-mente no detectar anormalidades debido a falta de destreza, tiempo o por ausencia de claves atribuibles a un historial incompleto. Sharpe, Fiscina y Head, Law and Medicine, St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1978, pág. 26. Por ende, el acopio negligente de información esencial es fuente que genera responsabilidad profesional en daños. Adametz, Failure to Make Diagnostics Test, 210 J.A.M.A. 213 (1969). La importancia del historial médico estriba en que sugiere áreas a ser escrutadas en el examen físico y establece las bases para iniciar posibles diagnósticos. Se puede obtener mediante un informe narrativo del paciente, familiar cer-cano o persona que lo conozca, comenzando desde el mo-mento en que por última vez se sintió bien. Precisamente ese momento es el que debe servir como punto de partida para un interrogatorio meticuloso concerniente a la presencia o ausencia de síntomas o signos reveladores. Se requiere que se formulen todas las preguntas cuyas contestaciones mue-van o permitan obtener toda la información necesaria y relevante. Es tarea investigativa cuyo éxito depende de múltiples factores, tales como edad del paciente, prepa-ración, grado de precisión, capacidad para recordar y otros. No debe descansarse tan sólo en lo que suministra volunta-riamente el paciente. Holder, op. cik, pág. 72. Además de ese historial, se impone el uso auxiliar de pruebas rutinarias, sencillas y económicas de laboratorio para diagnosticar la condición de un paciente. Su omisión también puede ser motivo para incurrir en responsabilidad por negligencia. Holder, ibid., pág. 85.

El doctor González no observó las buenas ñor-mas profesionales en el diagnóstico. No podía limitarse a realizar un examen ligero y darlo de alta sin retener al paciente para observación. Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890, 899 (1971); Morales v. Hosp. Matilde Brenes, supra, págs. 193, 194. Ello le impidió percibir un diagnóstico total co-rrecto. El daño causado “pudo razonablemente haberse pre-visto y evitado”. Hernández v. La Capital, supra. Adverti-mos que en este caso los síntomas no eran obscuros (obscure symptoms) en que se puede caer, sin responsabilidad, por un error de diagnóstico. Rivera v. E.L.A., supra, pág. 900. Aquí no se observó un grado razonable de cuidado al realizar un examen completo del paciente —Morales v. Hosp. Matilde Brenes, supra, pág. 194— ni “esfuerzo concienzudo”, Oliveros v. Abréu, supra, pág. 227.

Los hechos reflejan un récord médico incompleto del “que no se desprende diagnóstico alguno, como tampoco aparecen consignadas las alegadas advertencias que el [doctor] supuestamente hiciera en el sentido de que [el] paciente regresara si continuaba la condición”. Morales v. Hosp. Matilde Brenes, supra, pág. 191. ()

rH I — I k-H

Indemnizaciones

Resta considerar la razonabilidad y corrección de las indemnizaciones concedidas.

El primer planteamiento versa sobre la suma de $2,500 otorgada a la viuda Norma I. Cruz Rodríguez, e igual can-tidad a su hijo Alberto, como causas heredadas, por los sufrimientos que experimentó el causante Pérez Vargas antes de su deceso según la doctrina de Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973).

Ciertamente la prueba estableció que Pérez Vargas estuvo sometido a intensos dolores desde el accidente hasta su muerte. Pero notamos que distinto a cuando esos sufrimientos son generados por la culpa de persona responsable, aquí no podemos atribuirle todos esos sufrimientos a la negligencia del hospital. Nacieron de un accidente automovilístico ajeno a la participación subsiguiente del médico González. Cuando llegó al hospital ya los padecía. Es razonable esperar que aun cuando hubiese recibido el mejor de los tratamientos, los dolores en mayor o menor grado los hubiese continuado padeciendo algún tiempo. Una intervención quirúrgica oportuna para sanar la laceración en el mesenterio, al igual que la curación de las cinco (5) costillas fracturadas, no hubiese eliminado el sufrimiento previo generado. Aunque estamos en un área sumamente especulativa, en estas circunstancias resultan más razonables las cuantías de $1,000 para cada reclamante por esta causa de acción. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 872 (1978). Deberán reducirse de ese modo las mismas.

También coincidimos con los demandados recurrentes en que la compensación concedida a la viuda e hijo ($60,000 y $25,000) por concepto de angustias mentales es altamente irrazonable. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647 (1975). El examen de sus testimonios, si bien refleja una huella profunda en sus vidas, no arroja unas peculiaridades anímicas especiales que justifiquen las sumas adjudicadas. Con los reajustes que un evento así causa, han continuado viviendo con aparente normalidad. Esta interpretación no debe tomarse como menosprecio a la realidad y honestidad de sus sufrimientos. A pesar de la deferencia que merece al tribunal de instancia al determinar la cuantía de daños, con-siderando que la viuda recibió $10,000 de beneficios prove-nientes de la A.C.A.A., debemos reducir su compensación a $40,000 y a $15,000 la de su hijo Alberto. Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983). A tono con el espíritu de la ley especial debe deducirse esa cuantía.

En cuanto al lucro cesante, el mismo se ajusta a las guías básicas establecidas en Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456 (1981). El tribunal de instancia computó a base de las tablas del Departamento del Trabajo Federal que una persona de 43 años tendría una expectativa de vida útil de 27 años. Es razonable. Utilizó las tablas de salario mínimo de dicho Departamento para proyectar el ingreso desde la fecha del accidente en adelante. Hizo una proyección futura con un incremento de 25 centavos anuales durante la vida útil de Pérez Vargas, a saber, 27 años, y extendió su capacidad productiva hasta los 70 años. Se restó un 33% por gastos pro-pios visualizados durante su vida útil. Los demandantes recurridos dependían del causante. La oficial de reclama-ciones de A.C.A.A., que estudió el caso de Pérez Vargas, declaró que éste tenía un historial de trabajo continuo. Con-sideramos razonable la partida concedida por este concepto. Sin embargo, esta sentencia debe ser notificada al Departa-mento de Hacienda, toda vez que el causante no rendía pla-nillas de contribución sobre ingresos. Suro v. E.L.A., supra.

La conducta del Hospital La Concepción fue temeraria. De hecho, el testimonio de sus peritos constituye, tal vez, la declaración que con mayor claridad configura su responsabilidad civil. La alteración del récord médico denota una actitud extrema de no aceptar responsabilidad. Se arriesgó a litigar un caso del que se desprendía prima facie la negligencia del médico. Debe asumir, pues, la responsabi-lidad por sus actos. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464 (1983).

Finalmente, con relación al error sobre el memorando de costas, basado en que el abogado omitió expresar que “según el leal saber y entender del reclamante o su abogado las partidas de gastos incluidos son correctas y todos los desembolsos eran necesarios para la tramitación del pleito”, no se nos ha convencido de que ello haya afectado la legitimidad de las mismas. Tal inadvertencia no tiene la consecuencia de viciarlo de nulidad. Las palabras sustituías utilizadas por el abogado que lo juró de que “esta parte tiene derecho a recobrar las costas incurridas” cumplen sustancial y satisfactoriamente con el espíritu de la Regla 44.1 de Procedimiento Civil.

En virtud de lo expuesto, sujeto a las modificaciones ordenadas, se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, fechada 12 de julio de 1983.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente y se reserva el derecho a emitir opinión a esos efectos.

      (1) A la viuda Norma I. Cruz Rodríguez le concedió $60,000 por angustias men-tales y pérdida de consorcio; $2,500 por la causa heredada de los sufrimientos de Pérez Vargas; y $111,055.53 por lucro cesante. A su hijo Alberto Pérez Cruz, $25,000 por sufrimientos y angustias mentales, más $2,500 por concepto de la causa heredada y $7,530.21 por lucro cesante. Además impuso $7,000 en honorarios de abogado, costas, más intereses desde la radicación de la demanda.
      Más adelante pasaremos juicio sobre la razonabilidad y corrección de estas indemnizaciones.

        (2)López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197, 225 (1978). (Opinión disi-dente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.)

      (3) En cuanto a este argumento —omitir tal hecho en la demanda original— ello es inconsecuente. El Derecho Procesal moderno ha abandonado la teoría de que una demanda debe contener con lujo de detalles todos los hechos en que se funda la causa de acción.

      (4) Carecen de mérito los errores relativos a que el tribunal de instancia permi-tiera la enmienda a la demanda en una etapa avanzada de los procedimientos y admitiera fotocopia del documento oficial de protocolo de autopsia, a pesar de que el patólogo no compareció para identificarlo.
      Los autos reflejan que dicha autopsia, de carácter mandatorio, fue realizada por instrucciones del Ministerio Fiscal bajo la autoridad conferida por los Arts. 31 y 10 de la Ley Núm. 5 de 21 de noviembre de 1978 (18 L.P.R.A. secs. 851dd y 851i). Formaba parte del récord oficial de la A.C.A.A. El patólogo que la efectuó, Dr. Miguel A. Rivera Bonilla, estaba fuera de la jurisdicción de Puerto Rico. Véase Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171, 174-176 (1980).
      En cuanto a la enmienda a la demanda, la amplia discreción concedida por las reglas procesales al tribunal de instancia le facultaban para adoptar dicha deter-minación. Su función de impartir justicia y descubrir la verdad lo requerían. Reglas 13.1 y 13.2 de Procedimiento Civil; Reglas 64(B)5, 65(A)(h) y 71 de las de Evidencia. Sobre las enmiendas a las alegaciones véanse: Epifanio Vidal, Inc. v. Suro, 103 D.P.R. 793, 795 (1975); Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585, 589-590 (1962); Gutiérrez et al. v. Foix et al., 23 D.P.R. 73, 75 (1915); Fernández v. Pescay et al., 26 D.P.R. 808, 813-814 (1918).


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license: Public Domain

text:
      In re Carlos Franco Soto, querellado.

      Número: MC-84-14

      Resuelto: 29 de octubre de 1984

      Miguel Pagan, Subproeurador General, y Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Hiram A. Sánchez Martínez, querellante, pro se; Rodolfo Cruz Contreras, abogado del querellado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 29 de marzo de 1984 referimos a la Oficina del Pro-curador General de Puerto Rico para que investigara e informara sobre la comunicación del Lie. Hiram A. Sánchez Martínez, Director Ejecutivo de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, en torno a la con-ducta profesional del Lie. Carlos M. Franco Soto. El Procu-rador General, mediante previas declaraciones juradas to-madas a los licenciados Sánchez Martínez y Franco Soto, rindió su informe.

En esencia, de dichas declaraciones se desprende que el 27 de marzo de 1984 el licenciado Franco Soto visitó la ofi-cina del licenciado Sánchez Martínez para manifestarle la preocupación de los padres de la aspirante Arvia Ramírez Padró por no haber aprobado el examen de reválida en varias ocasiones anteriores.

Durante esa visita ocurrió el siguiente incidente:

Procurador General Auxiliar:
P. ¿De qué habló el Lie. Franco con usted y que lo conver-sado con usted fuera motivo de preocupación en relación al puesto que usted tiene como Director Ejecutivo de la Junta Examinadora?
Lie. Sánchez Martínez:
R. Ese día, como en las ocasiones anteriores, él me saludó muy efusivamente y conversamos sobre temas generales y me dijo que en ese mismo día enterraban al ex-representante Quique Cátala en Yauco, que había muerto el día antes o días antes, y a renglón seguido introdujo el tema obligado de todas sus visitas, que era el del estado emocional tan adverso en que se encontraban los padres de la aspirante Arvia Ramírez. Quiero aclarar que en ningún momento en sus gestiones él se refirió a estado emocional o físico de la aspirante. En todo momento se refería a la preocupación y estado emocional del Lie. [Luis A.] Ramírez por su hija no haber aprobado el exa-men y le dio énfasis al hecho de que el Lie. Ramírez había tenido que ser atendido por médicos y que la esposa del Lie. Ramírez había pasado por unos problemas de salud tremendos y que la situación para los padres de doña Arvia era desespe-rante y él como amigo tenía que hacer cualquier gestión que pudiera en alguna forma darle consuelo a ellos, era su expli-cación, como amigo, y que don Luis estaba muy preocupado por morirse y dejar a su hija sin un título y era una preocu-pación cont[i]nua de él, era como un gravamen a su espíritu esa preocupación, no poderle dejar un título por no haber apro-bado ese examen; y que el estado de desesperación de don Luis era tal que le había comentado, don Luis le había comentado a él, que mirara a ver si podía ir a San Juan y conseguir el examen de reválida, que él podía conseguir hasta diez mil pesos para eso, pero que por supuesto ese era un comentario dentro de la frustración de padre, y que como él era su amigo, tenía que ayudarlo en todo lo que estuviera a su alcance, porque a él tam-bién le preocupaba el estado de salud de su amigo, el Lie. Ramí-rez. Eso en específico fue lo que me preocupó realmente.
P. ¿Qué fue lo que le preocupó a usted realmente de la conversación?
R. Hasta ese momento yo había sido bastante tolerante, y lo digo porque se trataba de una persona que era mucho mayor que yo, tanto el Lie. Franco como el Lie. Ramírez; y hasta ese momento yo siempre pensé que en realidad lo que se pretendía de mí, la ayuda que se pretendía de mí, era orientación sobre pasos y medidas que debía ella seguir en cuanto a tipo de estudio. Yo había sido profesor por dos años en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y a base de esa experiencia podía decirle a los aspirantes, tanto en las activi-dades de foro en que participaba y en mi capacidad oficial, sobre la necesidad de que los aspirantes limiten sus contesta-ciones a lo que se le[s] pide; que no hagan digresiones, porque pierden su tiempo, y ese tipo de información que está a mi disposición ofrecérsela a los estudiantes, no importa si los conozco o no, a manera de orientación. El Reglamento incluso nos impone eso. Hasta ese momento yo pensaba que se me estaba pidiendo m[á]s bien un tipo de orientación.
P. ¿Qué le hizo pensar a usted entonces que esa no era la intención del Lie. Franco?
R. Bueno, yo no sé cuál fue la intención del Lie. Franco, pero yo le puedo dar la impresión que recibí en ese momento.
P. ¿Cuál fue la impresión que usted recibió en ese momento que él le indica que el papá de la señora Ramírez tenía diez mil dólares para comprar el examen de reválida?
R. Como él lo dijo, que había sido un comentario del Lie. Ramírez, yo entendí que al él repetirlo, lo que yo entendí en aquél momento, que pudo haber ocurrido, que yo dijera que yo estaba en disposición, por esa cantidad de dinero, de hacer un esfuerzo ilícito para ayudarla, bien fuera consiguiéndole copia del examen o alterando documentos. Yo pensé que las visitas consecutivas del Lie. Franco, que originalmente se habían mantenido en los linderos de lo propio, eran una apelación sutil a mi posición, ya que ese comentario había llegado a un punto donde se me estaba pidiendo sutilmente una colabo-ración que yo como funcionario público no podía dar y como persona honrada me resistiría a ofrecer.
P. Cuando el Lie. Franco le manifiesta que el Lie. Ramírez tenía $10,000 para comprar el examen de reválida para su hi-ja, ¿hizo usted algún comentario en ese momento?
R. No, yo traté de permanecer sereno, porque en mi interior se produjo una conturbación profunda. Yo había oído decir que cuando ocupara ese cargo iba a recibir presiones, iba a recibir acercamientos de aspirantes o terceras personas para conseguir ventajas o privilegios que no tenían los estudiantes en el curso ordinario de los procedimientos, pero jamás imaginé que pudieran provenir de personas que debían cono-cer sus obligaciones legales y éticas como el caso de los licen-ciados Franco y Ramírez. Después de pasar el “shock” recuer-do que mi reacción fue decirle que el Tribunal había emitido una resolución en la cual le requería a los egresados de uni-versidades extranjeras que tenían que tomar cinco cursos en escuelas de derecho de Puerto Rico y que la señora Arvia Ramírez recibiría en el correo la correspondiente notificación. Entonces él me contestó, “Ah bueno, pues no se puede hacer nada”; y yo le dije que sí, que la convenciera de que tomara esos cursos, porque era de la única forma, es decir, con una mejor preparación académica, que ella podría salir airosa del proceso.
P. ¿Cuándo le manifesta “entonces no se puede hacer nada”, en ese momento, sabía usted a conciencia a qué él se refería?
R. En ese momento percibí que fue un comentario que él hizo como queriendo decir que ya su gestión no tenía ... había perdido su propósito si ella no podía tomar el examen.
P. Licenciado Sánchez, yo le pregunto específicamente, durante la visita del viernes 23 de marzo de 1984 del Lie. Franco a usted y decirle que el papá de la señora Ramírez tenía diez mil dólares para comprar el examen de reválida, dígame, ¿se sintió usted que lo estaban sobornando o que que-rían sobornarlo?
R. Mi gran conturbación se debió a que me sentí de esa forma.
P. ¿Le hizo usted algún comentario con relación a sus senti-mientos al Lie. Franco en ese momento?
R. Ninguno. Tan sólo desee que se terminara la conver-sación y que él se fuera para yo hacer lo que hice.
P. ¿Qué usted hizo?
R. Tan pronto él se marchó salí de mi oficina apresurada-mente y me dirigí a la oficina del Honorable Juez Hiram Torres Rigual, Presidente de la Junta Examinadora, a decirle lo que había pasado; porque yo me prometí a mí mismo que cuando yo sintiera que alguien me estuviera presionando o intentando conseguir algún privilegio al cual no tuviera dere-cho, se lo informaría al Presidente de la Junta, porque mi interés es ser un funcionario íntegro y que no se pueda decir que vició o participó conscientemente para viciar el procedi-miento a su cargo. De hecho, cuando esperaba el ascensor salía el Juez Torres Rigual del mismo y yo le expuse la experiencia por la cual acababa de atravesar.
P. Después que el Juez lo escuchó a usted, ¿qué hizo él si algo?
R. Él me dijo que a su juicio eso debía ser remitido a la consideración del Tribunal en pleno para que se decidiera el curso a seguir. (Énfasis suplido.)

Por su parte, en lo pertinente, el licenciado Franco Soto declaró:

P. ¿Conoce usted personalmente al Lie. Hiram A. Sánchez Martínez?
R. Le conozco.
P. ¿Desde cuándo?
R. Más o menos hace un par de años.
P. En relación a la comunicación del Lie. Sánchez Martínez, fechada el 28 de marzo, copia de la cual le fue suministrada a usted por esta Oficina, le pregunto, cuál es su versión en relación a lo expresado por el Lie. Sánchez Martínez.
R. Esencialmente yo le diría que lo alegado por el Lie. Sánchez Martínez en su memorandum de fecha 28 de marzo de 1984 es todo cierto; pero entiendo que se sensibilizó dema-siado, porque no hubo intención ni de sobornarlo ni de traerle a su consideración lo dicho por el Lie. Ramírez en el sentido de que aceptara y no hubo oferta de mi parte, sino traerle a él hasta donde había llegado la preocupación de los padres de Arvia Ramírez; porque lógicamente yo no podía ofrecerle nada a él, porque ya él me había dicho que la Leda. Arvia Ramírez no iba a ser admitida para la reválida debido a que había una Resolución del Tribunal Supremo en donde le indicaba a ella y a 5 ó 6 personas más, que tenían que tomar unos cursos para poder ser admitidas a tomar la reválida. Es más, él me había indicado las asignaturas en las cuales el Supremo recomendaba ella se matriculara para ser admitida al examen; y de ésto yo tenía conocimiento anterior, porque en una reunión, o sea, una visita anterior que yo le había hecho él me lo había manifes-tado. Así es que cómo usted piensa que yo podía ofrecerle algo a él, o una insinuación, cuando la Leda. Arvia Ramírez no iba a ser admitida a la reválida; no cabe en mente soborno de clase alguna. O sea, yo entiendo que él tiene una integridad bien cimentada, absoluta, y que no es el tipo de funcionario que pueda corromperse, por lo cual le tengo una alta esti-mación. Esto no afecta mi estimación hacia él y lamento que él me haya malinterpretado, porque nunca pasó por mi mente, ya que no podía pasar, por lo que le he dicho anteriormente, que no le iban a dar el examen; no era de sentido común. Si le hubieran ido a dar el examen, mi posición sí hubiera sido bien grave.
P. Antes del 23 de marzo de 1984, fecha en que usted visitó por última vez al Lie. Sánchez Martínez, ¿le había visitado anteriormente?
R. Sí.
P. ¿Cuántas veces?
R. Dos o tres veces.
P. ¿Hablaron de la señora Arvia Ramírez y del interés de ella en tomar los exámenes de reválida?
R. Sí.
P. En esas visitas anteriores, ¿le había comunicado a usted el Lie. Sánchez que surgiera la posibilidad de que la candi-data doña Arvia Ramírez no pudiera tomar el examen de revá-lida durante el mes de marzo de 1984?
R. Me lo había dicho y me lo había dicho con anterioridad a la reválida de marzo último. Esto mismo se lo comuniqué a la Leda. Arvia Ramírez y ella no solicitó para concurrir en ese examen, me parece; yo se lo dije, que no podía solicitar.
P. ¿Cuál era el motivo de su visita al Tribunal Supremo y específicamente a la Junta Examinadora?
R. Para conseguir los exámenes ya después de ofrecidos.
P. ¿Con qué propósito?
R. Llevárselos a ella y que ella los estudiara.
P. Licenciado Franco, yo le pregunto, ¿cómo conoció usted al Lie. Sánchez Martínez?
R. Porque yo vine al Supremo y pregunté quién era el Director Ejecutivo de la Junta de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, y allí me indicaron que era el Lie. Sánchez Martí-nez, y él muy gentilmente me recibió. Ese muchacho siempre me ha recibido muy gentilmente.
P. Cuando le informaron que el Director Ejecutivo de la Junta era el Lie. Sánchez Martínez, ¿tenía usted conocimiento personal de que él procedía del pueblo de Yauco?
R. No.
P. ¿Cuándo lo supo?
R. Cuando hablé con él.
P. Durante esa primera conversación, ¿cómo surge el nom-bre de la aspirante Arvia Ramírez Padró?
R. Porque yo le indiqué a él que quería ver al Director Eje-cutivo para ver si conseguía los exámenes que ya se habían dado en el Supremo para llevárselos a ella para que ella los estudiara.
P. Específicamente, Lie. Franco, en relación a los $10,000 que alega el Lie. Sánchez que usted le dijo tenía el papá de la señora Ramírez para comprar un examen de reválida, ¿cómo advino este hecho a su conocimiento?
R. Porque el Lie. Ramírez está muy mal de salud, tan mal que en los últimos 5 ó 6 meses ha sido hospitalizado como 5 ó 6 veces, y una vez que estuve en su oficina a buscar una copia de una escritura, me dijo que tenía una preocupación intensa, porque pensaba que se iba a morir pronto y le hubiera gustado tener la satisfacción personal antes de la muerte que su hija pasara la reválida y verla practicar, si era que iba a prac-ticar, y dentro de la conversación que tuvimos me dijo que se atrevía ... o que tenía $10,000. .. que tenía hasta $10,000, me dijo, para obtener un examen de reválida.
P. En adición a las preguntas que yo le he formulado en relación a esta investigación, ¿usted quisiera añadir algo a esta declaración que me ayude a hacer una evaluación de la inves-tigación que estamos realizando?
R. Con mucho gusto, quiero decirle que en mi conversación con el Lie. Sánchez Martínez, la cual consideraba que era de una manera informal, si le traje a él la referencia a los diez mil pesos era para hacerle llegar a él la preocupación de los padres de la Leda. Ramírez, pero en ningún momento le hice oferta de clase alguna, porque él no lo dice ahí, no le hice oferta, ni creo haberle hecho insinuación de clase alguna porque no tuve la intención de así hacerlo en este aspecto, porque la Leda. Ramírez no iba a ser admitida a tomar el examen. No con-sidero a mal lo que ha hecho él, porque le repito, que lo con-sidero una persona íntegra, incorruptible. Mi opinión es que él no tiene precio. (Énfasis suplido.)

A la luz de estas declaraciones, el Procurador General “entiende que de la misma no surge con claridad el que el Ledo. Carlos Franco tratara de sobornar al Ledo. Hiram Sánchez Martínez a favor de la Sra. Arvia Ramírez. Enten-demos que en el contexto de la situación acaecida la manifes-tación hecha por el Ledo. Franco no tiene el alcance de una oferta del aludido abogado”. Finaliza su informe exponiendo que para “llegar a otra conclusión tendríamos que entrar en consideraciones de tipo objetivo, las cuales no podemos pre-cisar por su propia naturaleza”.

h — I I — I

El 24 de mayo concedimos término al licenciado Franco Soto para que mostrara causa por la cual no debe-ría “ser disciplinado incluyendo [s-ic] ser separado del ejercicio de la profesión de abogado”. Ha comparecido y resolvemos.

En su escrito, básicamente el letrado Franco Soto rela-ciona su previo historial profesional y buena reputación, honestidad, y conducta intachable. Expone y explica la íntima amistad que le une con los progenitores de la aspi-rante Arvia Ramírez Padró, el Lie. Luis A. Ramírez Iri-zarry y su esposa Doña Margarita Padró. Acompaña nueve declaraciones juradas de distintas personas de relieve en las comunidades de Yauco y Sabana Grande acreditativas de esa condición moral. Además, presentó declaración jurada del licenciado Ramírez Irizarry, que en lo pertinente reza:

Al momento en que presto esta declaración tengo 83 años; fui admitido a ejercer la profesión de abogado en 1940; desde entonces tengo Bufete propio excepto por varios años que tuve el honor de ocupar la posición de Juez Municipal, luego desig-nada Juez de Distrito.
Amo mi profesión y recibí una gran alegría cuando mi hij[a] ARVIA RAMIREZ PADRO me comunicó que deseaba estu-diar Derecho. Hasta entonces ella había sido maestra de Instrucción Pública y aún ese dato nos vinculaba ya que al momento de pasar la reválida ocupaba yo la plaza de Principal de Escuelas.
Es conocido el hecho de que luego de graduarse mi hija ha confrontado problemas con la reválida lo que nos ha entriste-cido profundamente a su madre y a mí.
Dentro de esa angustia tanto ella como nosotros hemos tenido la satisfacción de tener el consejo cariñoso, la compren-sión y la generosidad de un gran amigo, el Ledo. CARLOS FRANCO, a quien conocemos desde hace muchísimos años.
Aunque no tengo claro todos los detalles tengo conocimiento de que el Ledo. CARLOS FRANCO ha tratado de ayudar a mi hija consiguiéndole exámenes anteriores, aconsejándola que visitara la Oficina de la Junta en el Tribunal Supremo y esti-mulándola para que no se diera por vencida.
El Ledo. FRANCO y yo hemos hablado en varias ocasiones; a mi se me consigue siempre en mi casa porque en ella tengo mi Bufete. Él viene no únicamente por lo de mi hija sino porque se preocupa por mi salud. Mi salud está delicada y mi médico, el DR. FEDERICO HERNANDEZ MORALES, me ha advertido de que debo sufrir una operación pronto.
En una de esas conversaciones mientras hablábamos sobre mi hija le dije algo que ahora no recuerdo bien pero que parece más o menos fue lo siguiente: “mira Franco: uno quiere tanto a los hijos que sería capaz de conseguir diez mil pesos para el examen ese”.
Este exabrupto fue el producto de mi ansiedad, la desespe-ración de un momento y la impotencia ante las realidades que hay que aceptar en la vida, en una conversación privada con un amigo. Éste nada comentó y la conversación siguió sin que se le diera mayor importancia al asunto.
Bajo ningún concepto puede interpretarse que pretendía valerme del Ledo. FRANCO para tan baja encomienda; respeto demasiado al Ledo. FRANCO para proponerle y me respeto lo suficiente para a mis 83 años manchar mi repu-tación y la de mi hija para siempre de tal manera.
Estoy seguro, porque lo conozco, que el Ledo. FRANCO así lo entendió.
Lamento profundamente que a unas palabras del Ledo. FRANCO sobre este incidente se le haya dado tal importancia y que el asunto haya tomado un giro tal que inclusive ponga en peligro la reputación bien ganada y el título de nuestro querido amigo, Ledo. FRANCO.

III

La evaluación ética de la conducta del abogado Franco Soto no depende de que determinemos y precisemos si, desde el prisma del Derecho penal actuó intencionalmente (mens rea), y verdaderamente hizo un ofrecimiento de soborno al licenciado Sánchez Martínez. Compartimos la preocupación de dicho funcionario. La seriedad del incidente amerita que sea examinado y medido en toda la extensión de su dimen-sión ética. Recordemos que un “hecho, considerado desde diversos puntos de vista, puede revestir diversos caracteres de ilicitud. En efecto, de acuerdo con la naturaleza del dere-cho que se aplique, es civil, penal o administrativamente ilícito. El derecho aplicado es lo que determina que un hecho sea ilícito o no. La aplicación de las normas profesionales, que exigen en el abogado un nivel de dignidad superior al del común de las gentes, hace ilícita la conducta de éste por la realización de actos que los que no ejercen la profesión del derecho pueden realizar sin mayor desdoro”. (Énfasis su-plido.) A. E. Parry, Ética de la Abogacía, Buenos Aires, Ed. Jur. Argentina, 1940, T. I, pág. 83.

Los signos de los tiempos son difíciles. La tendencia en el mundo contemporáneo es reclamar mayores exigencias de todos los profesionales. La sociedad puertorriqueña no está exenta de ese pedido. Entre esa clase se destaca prominen-temente el abogado. Señala con acierto el Dr. Alfredo R. Sívori:

Frente a un mundo convulsionado y confuso; en momentos en que pareciera adueñarse del alma del hombre, cierto grado de menoscabo por los sentimientos de probidad, de honradez y de dignidad; cuando el avance de la concupiscencia y de la deshonestidad económica, amenaza con quebrar los basamen-tos del orden social, generando —al par que el deterioro de la fe en los altos valores morales y espirituales— reacciones agresivas y violentas rebeldías en quiénes se sienten margina-dos, defraudados y acorralados en una sociedad que no los tute-la ni los comprende; cuando la necesidad de pan y de trabajo, aparece como una burla en medio de un desarrollo tecnológico poco menos que asombroso; cuando los reclamos más apre-miantes están en la calle y el hombre-masa no encuentra posi-bilidad cierta de remediar su desgracia, el abogado se enfrenta con el desafío que le llama a ser protagonista decisivo y fecundo en este proceso, del que debemos rescatar intacta la fe en el hombre y en su destino de apasionado perseguidor de la justicia. Cualquiera sea el sector en que gravite; el ejercicio activo de su profesión, la cátedra, la política, el libro, la tribu-na o el gobierno, tiene un papel tutelar; papel y cometido, que a ninguna otra disciplina alcanza con más hondura que a la abogacía. A. R. Sívori, Papel del abogado en la sociedad actual, XVI Rev. C. Abo. La Plata 19-20 (1974).

Ante este panorama, el juez, al igual que el “abogado de hoy debe transitar por el meridiano de su época”. Prólogo de Augusto M. Morello en la obra de R. H. Viñas, Ética y dere-cho de la abogacía y procuración, Buenos Aires, Eds. Panne-dille, 1972, pág. XVII. No puede permanecer ajeno a las realidades circundantes.

El pretender ejercer una influencia —expresa o sutil, real o imaginaria— sobre los órganos administrativos o judiciales adjudicativos y sus funcionarios, representa un interés apremiante debidamente tutelado por el Estado moderno.

La premisa es sencilla, pero de inconmesurable valor: en un régimen de leyes nadie tiene derecho a un trato prefe-rente y ventajoso basado en el dinero, la ventaja o la mejor relación personal. Nuestra administración pública está cimentada en el fiel desempeño del ejercicio por los funcio-narios públicos, sin que para ello medie paga adicional alguna o consideraciones extrañas a los méritos del asunto en cuestión. Así, a modo de ejemplo, nuestro Código Penal, bajo la rúbrica de Delitos Contra la Función Pública, ti-pifica, prohíbe y penaliza en sus variadas manifestaciones distintas formas de conducta indebida. Arts. 200-215 (33 L.P.R.A. sees. 4351-4366). Su Art. 212 en interacción con el Art. 210 castiga a “[tjoda persona que directamente o por persona intermedia[ria] diere o prometiere a un funcionario . . . público “dinero, o el beneficio . . . por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes”. 33 L.P.R.A. sees. 4362 y 4361.

En resumen, la oferta de soborno reviste distintas for-mas. Unas directas y otras sutiles. Algunas más y otras menos inteligentes.

IV

A los fines de disponer este asunto hemos de coincidir con el Procurador General y presumir que el licenciado Franco Soto efectiva e intencionalmente no comunicó una oferta de soborno. Los hechos no son punibles desde la perspectiva penal. Sin embargo ello no le releva de responsabilidad profesional en el ámbito ético y disciplinario.

El preámbulo del Código de Ética Profesional “exige al abogado . . . que esté consciente de la importancia de evitar aun la apariencia de conducta impropia”. 99 D.P.R. 1002 (1970).

Ciertamente, acudir a la Junta de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, y casualmente informar y hacerle saber a su Director que determinada persona ha manifestado que está dispuesta a pagar $10,000 por un examen de reválida —in-dependientemente de la intención criminosa o no— consti-tuye una conducta altamente reprobable y contraria a los mejores postulados de la ética profesional. Una buena admi-nistración pública y el compromiso de todo abogado de luchar por la justicia y la verdad, repele ese comportamiento aun cuando su ropaje sea inocente.

El delicado desempeño de las funciones de su cargo rela-cionadas con la certificación de competencia y acreditación de los abogados, en sus distintas fases, no debe ser sobre-cargado y gravado con diálogos o comunicaciones escritas de este género. En el diario quehacer administrativo y adjudi-cativo es menester que protejamos a los funcionarios de la Rama Judicial y demás miembros de la Junta Examinadora de incidentes análogos.

En lo concerniente a dicha Junta toda gestión en beneficio de un aspirante, directa o por intermediario, debe ceñirse a los trámites dispuestos en su Reglamento. En lo pertinente, una lectura de las Reglas 10(b) y 16 () refleja una prohibición de comunicaciones con los miembros de la Junta. Su violación no sólo puede conllevar una descalificación del aspirante en casos apropiados, sino la adopción de medidas disciplinarias contra el abogado que las infrinja. Debemos encaminarnos “a destruir ese concepto erróneo de que los abogados podemos prestarnos, sin tener una íntima convic-ción sobre su verdad y justicia, a defender la causa que nos propongan. 'Si la abogacía fuera eso —protesta indignado Ossorio— no habría menester que pudiese igualarla en vile-za. Incendiar, falsificar, robar y asesinar serían pecadillos veniales si se les comparaba con aquel encanallamiento; la prostitución pública resultaría sublimada en el parangón, pues al cabo, la mujer que vende su cuerpo puede ampararse en la protesta de su alma, mientras que el abogado vendería el alma para nutrir el cuerpo.’ (El Alma de la Toga)”. R. De Sola, Nuestra Profesión de Abogados, 131 Rev. C. Abo. Dist. Fed. 87, 99-100 (1966).

En las circunstancias expuestas, concluimos que el licenciado Franco desplegó un juicio poco prudente y profesional. Al así hacerlo incurrió en una grave infracción ética al comunicar, aunque fuera producto de un exabrupto temporal del licenciado Ramírez Irizarry, el sentir y la aptitud de “que sería capaz de conseguir diez mil pesos para el examen ese”. () ¿Qué importancia o relevancia tenía esa infor-mación para que el licenciado Franco Soto lo comunicara al licenciado Sánchez Martínez?

Su proceder y conducta merecen nuestra más enérgica censura y amonestación. () Considerando su previo historial de honradez y de buen profesional, se le suspende del ejerci-cio de la abogacía, sin menoscabo de que el Tribunal, trans-currido un término razonable, lo reinstale una vez demues-tre ser acreedor a ello.

Se publicará este dictamen y unirá copia al expediente personal del licenciado Franco Soto obrante en la Secre-taría de este foro.

Se dictará sentencia de conformidad con lo expuesto.

      (1)(b) ........
      “Ningún aspirante se comunicará directamente con los miembros de la Junta respecto a su actuación en el examen o a cualquier otro asunto relacionado.” T.4 Ap. VII-B, R. 10(b).
      Salvo según el procedimiento establecido en la Regla 10, “[n]ingún aspirante podrá comunicarse directamente [o] a través de terceras personas con los miembros de la Junta respecto a cualquier asunto relacionado con la preparación, contenido, administración, corrección y evaluación de los exámenes de reválida y sus contesta-ciones. Cualquier infracción conllevará la denegación de la solicitud de examen o la descalificación del aspirante en caso de que hubiere sido admitido a examen”. T.4 Ap. VII-B, R. 16.

      (2) Esta expresión del licenciado Ramírez Irizarry fue desafortunada. Su admi-sión mediante declaración jurada no ofrece margen de duda al respecto. El comen-tario trascendió y rasgó el manto de su intimidad. Ramírez Irizarry ha comparecido intercediendo por el licenciado Franco, reafirmando su expresión —que adviene pública— explicando y reflejando su convicción y penoso estado de ánimo al momento de producirse.
      La admisión al ejercicio de la abogacía es asunto delicado, revestido de pro-fundo interés público. Los abogados, a través de sus expresiones, deben ser especial-mente cuidadosos de no manchar la pureza del sistema de adjudicación de contro-versias, inclusive aquel que sirve para evaluar la calidad del conocimiento de los aspirantes al ejercicio de la abogacía. Máxime, cuando puede haber un conflicto de intereses potencial entre su expresión y su realidad concreta —en este caso estaba de por medio una aspirante— que podría desencadenar, si no en una acción penal, en propiciar incidentes análogos al de autos y enojosos trámites disciplinarios.
      Nuestra indeclinable función constitucional e inherente de reglamentar la profesión legal no pretende llegar hasta lo más recóndito de la conciencia del abo-gado y expurgar las instancias de su sacrosanta intimidad y privacidad. Ello no implica que nos crucemos de brazos y pasemos por alto una expresión derogatoria contra la majestuosidad y dignidad que se espera de todo abogado comprometido con la verdad y la justicia. Entendemos el contexto singular y emotivo que la motivó. Pero aun la más profunda tribulación paterna no puede ser excusa para renunciar a los más altos principios que inspiran a la abogacía. Si acaso, en tales momentos, un hombre debe buscar sosiego dentro de sí, expandiendo su ser y espí-ritu, exaltando su ministerio, y sirviendo a la justicia. Así encontrará paz y recogi-miento a sus tribulaciones.

      (3) En justicia, hemos de consignar que no existe la más mínima evidencia de que la aspirante Arvia Ramírez Padró tuviera conocimiento de estos hechos.


author: PER curiam:

text:
      In re Calixto Díaz Alonso, Jr., querellado.

      Número: MC-84-27

      Resuelto: 31 de octubre de 1984

      Flavio E. Cumpiano, Juez Superior, querellante; Calixto Díaz Alonso, pro se.

   PER curiam:

El 13 de junio de 1984 se presentó, en la Secre-taría de este Tribunal, un escrito suscrito por el Hon. Flavio E. Cumpiano, en el cual informa sobre la conducta profe-sional del Lie. Calixto Díaz Alonso y solicita una investi-gación de la misma. El Juez Cumpiano describe la conducta del licenciado Díaz Alonso como de desidia, desatención y total abandono de los intereses de sus representadas, entre las que se encuentran dos menores de edad.

Conforme se desprende del escrito enviado por el Juez Cumpiano, el licenciado Díaz Alonso incurrió en las siguien-tes fallas:

1. En el caso de Gloria M. Inele Matos v. Linda Chico García y sus hijas menores Cynthia y Jessenia Dávila Chico sobre Rendición de Cuentas y Partición de He-rencia, el licenciado Díaz Alonso asumió la represen-tación profesional de las partes demandadas en 3 de mayo de 1982 y no contestó la demanda.
2. Se citó para conferencia y el abogado de la otra parte no pudo comunicarse con el licenciado Díaz Alonso.
3. El tribunal citó a conferencia preliminar entre abo-gados en el mismo tribunal, en la cual el juez par-ticipó. Se dieron encomiendas a los abogados. El licen-ciado Díaz Alonso no llevó a cabo la suya.
4. El abogado de la otra parte le escribió. Él no contestó.
5. El tribunal emitió una orden para exponer causa por la cual no debían imponérsele sanciones por no responder a las comunicaciones y no haber cumplido lo pactado en la conferencia. El licenciado Díaz Alonso no respondió a la orden.
6. El tribunal emitió una Resolución y Orden en que impuso sanciones y apercibió al licenciado Díaz Alonso que había niñas menores envueltas cuyos intereses peligraban. El licenciado Díaz Alonso no cumplió con la Resolución y Orden.
7. El tribunal dictó órdenes en que eliminó las alega-ciones y ordenó la anotación de rebeldía de la deman-dada mayor de edad y se vio obligado a nombrar a la honorable Procuradora Especial de Relaciones de Familia como defensora judicial de las menores. Nada hizo el licenciado Díaz Alonso.
8. La representada del licenciado Díaz Alonso compareció al tribunal para informar que luego de múltiples ges-tiones para localizarlo no ha podido comunicarse con él

Mediante resolución emitida el 27 de junio de 1984 este Tribunal concedió al licenciado Díaz Alonso un término de quince días para que mostrara causa por la cual no debe ser disciplinado.

El 20 de julio de 1984 el licenciado Díaz Alonso presentó en este Tribunal un escrito titulado Contestación a Queja. En el mismo el licenciado Díaz Alonso acepta los hechos. Aun cuando entiende que no justifican su actuación, consi-dera que las siguientes circunstancias atenúan su conducta:

1. Fue admitido a la profesión de abogado el 6 de noviembre de 1979.
2. Es esta la primera vez en su vida profesional que tiene que comparecer ante este Tribunal a responder por sus actuaciones.
3. No tenía experiencia en el litigio contencioso civil pues se había dedicado casi exclusivamente a casos de naturaleza criminal menos grave, divorcios no contenciosos y procedimientos ex parte.
4. La demanda que no se contesta es una demanda enmendada donde se traen como partes demandadas a las hijas menores de la Sra. Linda Chico, quien ya estaba en el pleito.
5. Las partes a través de sus abogados estaban en con-versaciones para transigir el caso.
6. Por ciertos motivos (que se explican en la contes-tación a la queja) las relaciones con su cliente se tor-naron agrias y por inexperiencia no medió una renuncia de representación o una moción informativa al tribunal.
7. Los abogados tanto de la demandante como de la demandada se intercambiaban documentación y des-cubrían prueba, otra vez sin la intervención o notifi-cación al tribunal.
8. En la conferencia preliminar entre abogados citada por el tribunal se acordó coordinar la tasación de un inmueble. El licenciado Díaz Alonso gestionó los ser-vicios de un tasador, quien aceptó no cobrar hasta que se hiciera la partición y venta de bienes, pero que haría la tasación cuando pudiese acomodarla dentro de su carga de trabajo, como segunda prioridad. Pendiente de la redacción final del informe del tasa-dor, surgió este incidente y la renuncia del licenciado Díaz Alonso.
9. Una vez se nombró a la procuradora defensora judicial de las menores, ésta citó al licenciado Díaz Alonso y éste compareció indicándole los pormenores sobre la tasación y evidencia documental.
10. En el caso que motiva esta queja no ha habido per-juicio económico de ninguna de las partes.
11. El licenciado Díaz Alonso renunció a la representa-ción de la señora Chico y oportunamente compareció ésta por nueva representación legal, siguiendo el caso su curso.
12. El licenciado Díaz Alonso nunca recibió honorarios de abogado.
13. El tribunal impuso una sanción al licenciado Díaz Alonso de $1,000 en honorarios de abogado a favor de la otra parte y $200 a favor del E.L.A., los cuales consignó en el tribunal.
14. Para la época de los hechos la situación personal del querellado no podía fomentar otra cosa que el caos. Se estaba dividiendo una sociedad profesional que tenía con otros abogados. No tenía dónde recibir un cliente y tenía que conseguir un amigo que le permi-tiera usar una secretaria para pasar un escrito. Se afectó su estado anímico y se tornó incapaz de bregar con el caso. Acudió a buscar ayuda profesional donde un psiquiatra. Por 4 meses asistió a sesiones de tera-pia con el mismo y fue dado de alta.

De ordinario bastaría con discutir la conducta del quere-llado a la luz de los Cánones de Ética Profesional y expresar nuestras conclusiones. Creemos, no obstante, que debemos aprovechar la ocasión para seguir adentrándonos en una dimensión del campo, merecedora de la más cuidadosa aten-ción.

Este Tribunal tiene facultad constitucional e inherente para reglamentar la profesión de abogado y la indelegable obligación de ir dándole contenido concreto a los principios enunciados en el Código de Ética Profesional. In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758 (1976). En el descargo de dicha responsabilidad, nos parece indicado el continuado desarrollo de una teoría moral sobre la conducta profesional. La permanencia y utilidad del sistema ético-profesional depende, en buena medida, de unos patrones o guías identifi-cables en la jurisprudencia sobre la materia. En el análisis de este caso haremos por tanto referencia constante a la jurisprudencia y otras fuentes del derecho en ánimo de tratar faltas parecidas de modo análogo y mantener la reglamentación ético-profesional como cuerpo normativo coherente.

Examinemos en primer término el papel que la juventud y la inexperiencia de un abogado deben jugar al momento de juzgar su conducta. Los jueces han de ser especialmente considerados con los abogados que comienzan a ejercer la profesión. Canon XVI de los de Ética Judicial. En In re Ramos y Ferrer, 115 D.P.R. 409, 412 (1984), dijimos que:

Su juventud y su patente inexperiencia, su esfuerzo por des-cargar su conciencia aun más allá de la dimensión del agravio, muestran una fibra todavía sana capaz de reponerse, y detienen nuestra disciplina en censura de su conducta profe-sional, que constituirá precedente en su expediente profe-sional.

Sin embargo, la juventud y la inexperiencia no pueden eximir al abogado de ser sancionado, cuando se lo merece. En In re Rivera Colón, 63 D.P.R. 713, 729 (1944), expresa-mos lo siguiente:

Falta de experiencia, ignorancia de las leyes procesales e insuficiencia de su preparación académica son las defensas alegadas por el querellado Víctor Rivera Colón. Ellas podrán ser suficientes para explicar sus actuaciones y para atenuar la responsabilidad en que pudiera haber incurrido, pero no lo son para eximirle de una merecida reprimenda y censura por sus actuaciones en el caso encomendado a su defensa.

En Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511 (1984), sostuvimos que el abogado tiene la obligación ética de informarse adecuadamente del derecho aplicable para descargar responsablemente sus obligaciones profesionales para con su cliente. Su incumplimiento de las leyes no puede escudarse y mucho menos justificarse con su ignorancia de ellas.

Debe siempre tener presente el abogado lo dispuesto en el Canon 18 de los de Ética Profesional en cuanto a que será impropio de un abogado asumir una representación profesional cuando es consciente de que no puede rendir una labor idónea y competente.

En relación con el cumplimiento de las providencias judiciales, en segundo término, hemos señalado reiteradamente que el abogado debe el mayor respeto al poder judicial.

En Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974), el abogado de una de las partes incurrió en una falta similar a la del licenciado Díaz, pues no compare-ció a una conferencia con antelación al juicio. En aquel momento dijimos que:

Los abogados están comprometidos con sus clientes a des-plegar el mayor celo, cuidado y diligencia en la atención de los asuntos que se les han encomendado respondiéndole así a la confianza en ellos depositada. Véase Canon 18 de los de Ética Profesional, 4 L.P.R.A., Ap. IX, C. 18. Deben además a las cortes el respeto a las órdenes que les son dirigidas en la con-secución de los pleitos, exigiéndose de ellos asistencia puntual y el despliegue de todas las diligencias necesarias para ase-gurar que no se causen indebidas dilaciones en la tramitación y solución de los casos.Véase Canon 12 de los de Ética Profe-sional, 4 L.P.R.A., Ap. IX, C. 12. Su comportamiento no debe ser otro que el fiel cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial.

Sobre este mismo particular nos expresamos también en Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 458-459 (1974), de la siguiente forma:

Ellos [los abogados] vienen obligados a hacer todas las ges-tiones necesarias para cumplir con los señalamientos, evitar dilaciones indebidas en los trámites y solución de casos, y, des-plegar su habilidad y capacidad en forma responsable tanto para beneficio de su cliente como del tribunal.

Así también, sobre este punto dijimos en In re Coll, 101 D.P.R. 799, 801-802 (1973), que:

Es deber del abogado comparecer personalmente, o por escrito cuando las circunstancias lo permitan, en todo acto, incidente o vista relacionado con el caso de su cliente. Su pre-sencia en corte es el método insustituible de deíensa de su cliente, por lo que a pesar de lo desesperanzado del caso debe rendir hasta el final la obligación libremente asumida de pro-teger los intereses a él confiados. (Escolio omitido.)

Sobre el tema de la representación legal adecuada y la protección de los derechos de los representados nos hemos expresado varias veces. Se trata de un asunto sumamente delicado e importante. En adición a lo provisto por el Canon 20 de los de Ética Profesional, nuestras expresiones sobre el particular deben servir como guía en este renglón.

En In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978), disciplinamos a un abogado por, entre otras cosas, abandonar, sin justificación alguna, la representación de su cliente desde el comienzo de su representación, habiéndolo dejado huérfano de representación legal al desaparecer y no haberle notificado su abandono ni haberle contestado cartas relacionadas con el caso cuya atención se le encomendó ni haberle devuelto los documentos evidenciarios que le habían sido confiados, los cuales nunca pudieron localizarse. Su conducta no sólo motivó la imposición de sanciones a su representada y obstruyó la buena y pronta marcha de la justicia, sino que también le causó daños irreparables a su cliente al extremo de que la reclamación, de naturaleza sencilla, dilató en ventilarse por un período considerable de años.

En In re Cruz Tollinche, 112 D.P.R. 699-700 (1982), abordamos también el tema. Resolvimos entonces que:

Únicamente la prueba refleja que el abogado Cruz Tollinche “cometió el error de juicio de no renunciar su representación legal ante la conducta del cliente y por la cual el abogado respondía ante el foro judicial”. Ante dicha equivocación basta como única sanción la dimanante del trámite aleccionador de la querella.

En Fine Art Wallpaper v. Wolff, ante, pág. 459, se dijo que:

Cuando por razones justificadas no puedan representar ade-cuadamente un cliente deben renunciar la representación profesional obteniendo previamente el permiso del tribunal y tomando aquellas medidas razonables para evitar perjuicios a los derechos de su cliente. Canon Núm. 20 de Ética Profe-sional ....

En In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976), nos expresamos de la forma siguiente:

El ejercicio de la práctica de la profesión de abogado requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. En la consecución de estos logros deben adoptarse las medidas con-ducentes a dejar constancia —libre de ambigüedades y dudas y con la autorización de los tribunales correspondientes— de su verdadero status como defensor en las causas en que ha intervenido.

Otra de las fallas en que incurrió el licenciado Díaz Alonso fue no mantener a su cliente informado del trámite del caso. Sobre esto el Canon 19 de los de Ética Profesional dispone en lo pertinente que:

El abogado debe mantener a su cliente siempre informado de todo asunto importante que surja en el desarrollo del caso que le ha sido encomendado.

En Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 239-240 (1984), se dijo que:

En su relación con los clientes [el abogado] tiene las siguientes obligaciones: actuar con destreza y cuidado, informarle sobre sus honorarios, proteger sus intereses, cumplir con las ins-trucciones por medios permisibles, consultarlo sobre dudas que no caigan en el ámbito discrecional, y mantenerlo infor-mado sobre todo lo necesario ... el abogado, además de representar a un cliente con fidelidad, lealtad y diligencia, debe siempre mantenerlo informado de todo asunto impor-tante que surja en el desarrollo del caso cuya atención le ha sido encomendada.

Es de rigor señalar que, el hecho de haber admitido el querellado los cargos imputados es una circunstancia que, ante la gravedad ética de su conducta, no puede servir de eximente. In re Félix, 111 D.P.R. 671 (1981). Aunque el querellado informa que el caso ha seguido su curso normal luego de él renunciar a la representación, ello es un atenuante, pero no le exime de la sanción disciplinaria apropiada. In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

Considerada la conducta del querellado, así como los Cánones de Ética Profesional, nuestras expresiones en casos anteriores y las sanciones allí impuestas, consignamos nues-tra fuerte censura por la conducta observada por el licencia-do Díaz Alonso. Queda apercibido el licenciado Díaz Alonso que de incurrir en el futuro en conducta profesional análoga o en otro desvío del camino ético estará sujeto a la imposición de medidas disciplinarias aún más drásticas. Se dictará sen-tencia al efecto.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.


author: per curiam:

text:
    Victoria Torres Reyes, demandante y recurrente, v. Antonio Robles Estrada, demandado y recurrido.

      Número: R-84-383

      Resuelto: 31 de octubre de 1984

      Wilfredo Morales Rodríguez, abogado de la recurrente; la otra parte no compareció.
   per curiam:

Don Antonio Robles Estrada, demandado recurrido, estuvo casado durante treinta y dos años con doña Victoria Torres Reyes. El señor Robles era un militar activo y el matrimonio vivió por veintidós años en puestos militares de las fuerzas armadas de Estados Unidos. El señor Robles se retiró al cabo de esos veintidós años y advino acreedor de una pensión que en la actualidad monta a $878.90 men-suales.

Diez años después del retiro del señor Robles el matri-monio se disolvió. La pensión de retiro había sido hasta en-tonces la fuente principal de ingresos de los esposos. La sen-tencia de divorcio se dictó a favor de la señora Victoria Torres Reyes. A pesar de que ella reclamó que se le pagara el 50 por ciento de la referida pensión conforme lo dispuesto por la Uniformed Services Former Spouses’ Protection Act, Ley Pública 97-252, 96 Stat. 730, 10 U.S.C.A. sec. 1408 (1982), la juez de instancia no dispuso nada sobre el asunto. La señora Torres recurre y alega que debe concedérsele dicha pensión.

El 13 de septiembre de 1984 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debía modificarse la sentencia dictada en este caso, a fin de disponer el pago a la recurrente de una pensión alimenticia montante hasta un 50 por ciento de la pensión disfrutada por el recurrente, sin menoscabo de los ajustes, si algunos, a que se tenga derecho en procedimientos ulteriores. El demandado recurrido no ha comparecido. El derecho de la señora Torres a percibir hasta el 50 por ciento de la pensión devengada por su ex esposo por razón de retiro es evidente. Véase el historial legislativo de la ley en Ley de 8 de septiembre de 1982, Ley Pública 97-252, 1982 U.S. Code Cong. & Ad. News (96 Stat.) 1555-1640.

La referida ley federal se debió precisamente a la decisión en McCarty v. McCarty, 453 U.S. 210 (1981), en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que no se puede ordenar la división de una pensión que no es por incapacidad como parte de los bienes comunes en un procedimiento de divorcio. La nueva ley federal, la cual se aplica expresamente a Puerto Rico, Sec. 1408(a)(1)(A), deja sin efecto esa decisión y también, en lo que respecta a las pensiones a las que se aplica la ley federal referida, la regla de Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972), donde se estableció que el derecho a una anualidad o pensión es personalísimo del pensionado y que una vez se disuelve el matrimonio, la pensión le pertenece exclusivamente a quien la está devengando.

La sentencia dictada en este caso debió ordenar el pago de la porción correspondiente de la pensión, requisito nece-sario para que aplique la ley federal, la cual instruye al Secretario de las Fuerzas Armadas a pagarle directamente al cónyuge lo que se disponga en el decreto judicial.

En vista de lo anterior, se expedirá el auto, se revocará la sentencia recurrida y se ordenará el pago a la recurrente en calidad de pensión alimenticia del 50 por ciento de la pen-sión disfrutada por el recurrido, sin menoscabo de los ajustes, si algunos, a que éste tuviese derecho en procedimientos ulte-riores.

El Juez Asociado Señor Rebollo López eoncurre en el resultado sin opinión.


author: PER CURIAM:

text:
    Ángel L. Acevedo, demandante y recurrido, v. Citibank, N. A., Sucursal de Arecibo, demandados y recurrentes.

      Número: R-84-131

      Resuelto: 31 de octubre de 1984

      Alexie Rivera Cordero, abogado de los recurrentes; Juan E. Taboas Santiago, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

El Sr. Ángel L. Acevedo, demandante recurrido, firmó un cheque en blanco por tener que ausen-tarse del país y se lo entregó a uno de sus empleados para la compra de unas piezas. El empleado perdió el cheque el 12 de octubre de 1979. No consta en autos que se le notificase la pérdida al banco girado, Citibank, sucursal de Arecibo, hasta el 16 de enero de 1980. Fue en tal fecha que el librador protestó el pago del cheque, número 3510, el cual fue llenado por alguien por la cantidad de $6,500, girado a nombre de un tal Luis A. Vádiz y cobrado en la propia sucursal del Citibank en Arecibo el 27 de noviembre de 1979.

El banco no le solicitó identificación al librado, conforme su política, al cambiar cheques en exceso de $2,000. Por otro lado, de la prueba se desprende que distintos empleados del señor Acevedo eran enviados constantemente por éste a la referida sucursal a cambiar cheques.

El Tribunal Superior dictó sentencia en que ordenó el reembolso al señor Acevedo de la suma de $6,500, más las costas del pleito. A petición del banco acordamos revisar.

Procede la revocación de la sentencia. Examinemos la situación bajo la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, insertada en nuestro Código de Comercio, Art. 353 y ss., 19 L.P.R.A. sec. 1 y ss. La sentencia del tribunal de instancia se funda equivocadamente en el Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos, el cual no rige en Puerto Rico.

Tanto bajo la Ley Uniforme de Valores Negociables como bajo el Derecho Común angloamericano que aquélla intentó codificar, está establecido que cuando alguien firma en blanco un documento o valor negociable y otro, con autorización o sin ella, llena los blancos, el librador es responsable ante un tenedor de buena fe. J. W. Daniel, A Treatise on the Law of Negotiable Instruments, 5ta ed., Nueva York, Baker, Voorhis & Co., 1903, Vol. I, págs. 163 y ss., 854 y ss; J. M. Holden, The History of Negotiable Instruments in English Law, Londres, Athlone Press, 1955, págs. 141-142; F. Beutel, J. Brannan, Beutel’s Brannan Negotiable Instruments Law, 7ma ed., Cincinnati, W. H. Anderson Co., 1948, págs. 122 y ss., 344 y ss.; B. Santiago Romero, Tratado de Instrumentos Negociables, 2da ed. rev., Río Piedras, Ed. Universitaria, 1981, págs. 106, 427. Esta norma se conoce como la regla de Young v. Grote, 130 E.R. 764 (1827). En cuanto al alcance y límites de esta doctrina, fundada en principios generales de negligencia, véanse: H. Bailey, Brady on Bank Checks, 5ta ed., Boston, Warren, Gorham & Lamont, 1979, Secs. 21.8, 21.9 y 25.2; Michie on Banks and Banking, Charlottesville, Michie Co., 1983, Vol. 5B, págs. 41 y ss., 136 y ss. Es interesante apuntar que el Código Uniforme de Comercio adopta en su Sec. 3-406 la norma de Young v. Grote, en Brady on Bank Checks, op. cit, págs. 21-23 y 21-24.

El recurrido en este caso fue doblemente negligente. Fue negligente al firmar el cheque en blanco y también al no notificar a tiempo al banco el hecho de su pérdida. Aun suponiendo, dentro de los hechos de este caso, que el banco fue negligente a su vez al no requerirle identificación al tenedor del cheque, los autos carecen de prueba para con-cluir que tal negligencia fue la causa eficiente del daño.

Se revocará la sentencia recurrida.


text:
      In re Límite al Término para Designar Notarios Sustitutos.
    Número:-

      Resuelto: 1 de noviembre de 1984
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En nuestra imperativa obligación de reglamentar la fun-ción del ejercicio del notariado, consideramos hoy la figura del notario sustituto.

Se produce nuestra intervención en virtud de una comu-nicación del Director de Inspección de Notarías, Lie. Govén D. Martínez Suris, expositiva de su preocupación respecto a la recurrente práctica de designar notarios sustitutos por el prolongado término. de un año. Esta práctica surge al amparo del mutismo de la ley y ausencia de pronuncia-miento previo.

1 — 1

La prerrogativa de nombrar un notario sustituto la autoriza la See. 4 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1004. Reza: “El notario tendrá derecho a nombrar como sustituto suyo otro notario que sea su convecino y cuando por cualquier causa que no sea permanente no pudiese aquél estar al frente de su oficina, hará sus veces el sustituto. Tanto el notario como el sustituto deberán notificar por escrito y bajo sus firmas tal sustitución, al secretario de la sala correspondiente del Tribunal Superior de Puerto Rico [hoy al Director de Inspección de Notarías].” (Énfasis nuestro.)

La simpleza de esta disposición y la sola expresión de “que no sea permanente” plantea una indefinición en cuanto al término de sustitución. La incógnita requiere examinar el significado de la función notarial en nuestro ambiente jurí-dico.

Las prerrogativas y facultades depositadas en el notario son de considerable trascendencia. En él, el Estado delega la facultad de autenticar actos jurídicos, a través del principio de la “fe pública notarial”. A tal efecto hemos reconocido que el notario es el “único funcionario bajo nuestro ordenamiento de ley que, cuando de actos y contratos privados y volunta-rios se trata, extrajudiciales, o de actos fuera de la compe-tencia de los órganos políticos y administrativos del Gobierno ejerce, por delegación, esa parte de la soberanía del Estado que consiste en la fe pública: que todos los demás individuos en la sociedad acepten y crean un acto o contrato privado sin haberlo presenciado”. Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215, 224 (1963).

Las facultades conferidas al notario imponen responsabilidades equivalentes cimentadas en principios generales configurativos de la buena práctica notarial. Uno de estos es el de la estabilidad y continuidad. La Ley Notarial lo recoge y lo materializa en la norma de insustituibilidad. Se considera la función notarial como una personalísima, indelegable e intransferible. F. Monet y Antón, El notario ante el mundo contemporáneo, 73 Rev. Der. Not. 7 (1971). La excepción permitida es la sustitución. Pero su existencia no abroga el principio general, sino que ella debe ser forjada siguiendo sus contornos limitados.

La figura del notario sustituto surge del reconocimiento de que hay situaciones en que el notario ha de ausentarse por razones justificadas y es menester una continuidad. Porque, “[cjuando la Notaría queda —siquiera sea momentáneamente— sin titular que la desempeñe, se atiende el buen funcionamiento del servicio por medio de las sustituciones”. E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, Pamplona, Ed. Univ. Navarra, 1976, pág. 282. “El Notariado, enraizado hondamente en la vida social, necesita para cumplir su propio destino permanencia, estabilidad, continuidad.” J. A. García de Cortázar, Carácter permanente e inamovible del cargo de notario. —Supresión de los nombramientos a plazo, en Segundo Congreso Internacional del Notariado Latino, de la Junta Directiva del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, Madrid, Ed. Gráficas Muybe, 1950, T. II, págs. 75, 76.

Este mecanismo no es nuevo, “[l]a sustitución por causa de imposibilidad (circunstancial) de realizar el ministerio notarial, estaba prevista en las fuentes castellanas, que per-miten al notario legítimamente impedido (p. ej. por causa de enfermedad) la designación de un notario sustituto, ‘rogado’ por aquél; esta designación era libre en tanto recayera en un notario de la localidad, y la sustitución se reducía a la sola expedición del i. publ. (conficere in publ. forma), y no tam-bién a la extensión de la nota (in nota recipere)”. J. Bono, Historia del Derecho Notarial Español, Madrid, Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España, 1982, T. I, Vol. 2, págs. 326-327.

Por vía ilustrativa, actualmente en España, donde el sis-tema notarial está basado en demarcaciones notariales, las “ausencias” se encuentran regladas en los Arts. 43 al 56 del Reglamento Notarial, Cap. III, titulado De los derechos de los notarios. XVII Aranzadi, Nuevo Diccionario de Legislación 525-527 (1977). El Art. 45 expresa, “[independientemente del derecho anterior, [()] los Notarios podrán obtener licen-cias ordinarias y extraordinarias, que serán concedidas por las Juntas directivas de los respectivos Colegios y por la Dirección General”.

Bajo este diseño, “[l]as Juntas directivas podrán conceder licencias ordinarias, que no excederán el plazo de un mes en cada año. La Dirección General podrá conceder licencias ordinarias, que no excederán del plazo de dos meses en cada año. Las licencias extraordinarias sólo se podrán conceder por la Dirección General en casos excepcionales, mediante justa causa y por plazo máximo de un año”.

En estas instancias, el propio Reglamento Notarial pro-vee para que el ausente sea reemplazado por un sustituto. A tal efecto, el Art. 49 reza: “Los Notarios, en los casos de ausencia, enfermedad temporal o cualquiera otra similar, serán sustituidos por el de la misma localidad que designe el titular ....”

De esta breve incursión a España percibimos que aún con las notables diferencias en organización y estructura de supervisión, en este aspecto ambos sistemas responden a un mismo denominador común: la absoluta continuidad en el ejercicio del notariado.

I — 1 I — I

La imagen de un notario que actúa en sustitución de otro conlleva problemas propios tales como accesibilidad del público, certificaciones, cobro de arancel y otros, que trascienden estos pronunciamientos. Sin embargo, estos problemas no deben ser óbice para impedir que un notario sea reemplazado en circunstancias meritorias y temporales tales como enfermedad o ausencias cortas del país. Pero tampoco debemos auspiciar ausencias prolongadas.

A tono con lo expuesto, estimamos que tres (3) meses constituyen un término inicial razonable para la designación de un notario sustituto, sin menoscabo de extenderse el mismo tres (3) meses más cuando ajuicio del Director de Inspección de Notarías medien circunstancias meritorias y justificadas. La falta de pronunciamiento previo nos mueve a impartirle a esta norma efectos prospectivos. Entrará en vigor el 1ro de enero de 1985.

      (1) Comprende las circunstancias no consideradas como casos de ausencia.

        “Art. kU. Los Notarios, no teniendo reclamado su ministerio, podrán ausentarse de su Notaría o distrito notarial por los plazos y con las condiciones siguientes:
      “a) Por cinco días, si la Notaría está demarcada en población donde hay un solo Notario; b) Por diez días, si en la residencia hubiere dos Notarios en servicio efec-tivo; c) Y por quince días en las Notarías donde residan y presten servicio efectivo más de dos Notarios.
      “Al hacer uso de este derecho, los Notarios deberán dar conocimiento a la ■Junta directiva y a la Dirección General de las fechas en que se ausenten y vuelvan a hacerse cargo de su Notaría.
      “De las mencionadas ausencias no podrá usarse por cada notario más de seis veces al año, ni las ausencias podrán ser sucesivas, debiendo mediar entre una y otra un mes, por lo menos, de intervalo.”


text:
    Evaristo Rivera Alejandro et al., demandantes, v. Efraín López Algarín et al., demandados recurrentes.

      Número: R-84-306

      Resuelto: 2 de noviembre de 1984

      Héctor M. Collazo, abogado de la parte recurrente; Raúl Barreras Morales, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

La Universidad de Puerto Rico fue incluida como parte demandada en una acción de daños y perjuicios por alegada negligencia e impericia médica que se radicara en el año 1977 () ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, bajo la teoría de que algunos de los médi-cos envueltos “actuaban como sus empleados o agentes en el momento que trataron al demandante” en el Hospital Uni-versitario del Centro Médico de Puerto Rico. ()

La referida Universidad trajo al pleito, como tercero demandado, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico me-diante demanda que radicara en el año 1981. () Se alegó en dicha demanda contra tercero, en síntesis, que la Univer-sidad utilizaba y administraba el mencionado Hospital Uni-versitario () mediante contrato suscrito con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico () y que en dicho contrato se había pactado expresamente que la “cubierta médico-legal por los pacientes atendidos en el Hospital Universitario recaer[ía] sobre el Departamento”. ()

El Estado Libre Asociado solicitó la desestimación de la referida demanda contra tercero a base de las defensas de incuria e incumplimiento del requisito de notificación al señor Secretario de Justicia que requiere la Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966. ()

El tribunal de instancia mediante sentencia parcial de fecha 4 de junio de 1984, acogiendo como correctas las dos defensas planteadas por el E.L.A., desestimó la referida demanda contra tercero. () Inconforme, la Universidad de Puerto Rico recurrió ante este Tribunal. Requerimos del tercero demandado que mostrara causa por la cual no se debía revocar la sentencia recurrida; ha comparecido por conducto de la oficina del Procurador General de Puerto Rico. Estando en condiciones de resolver el recurso, pro-cedemos a así hacerlo.

El requisito de notificación al Secretario de Justicia de Puerto Rico que establece la citada Ley Núm. 121 de 1966 no es de aplicación al caso de autos. Como bien señala el propio Procurador General en su comparecencia para mos-trar causa, si bien es cierto que la acción original ejercitada por los demandantes es una de daños y perjuicios basada la misma en las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico () y, por ende, una ex delicto, no es menos cierto que la acción incoada por la Universidad de Puerto Rico es una ex contractu. En otras palabras, una fundada en la obli-gación contractual suscrita por el E.L.A. en el contrato que celebrara con la Universidad respecto a la operación del Hospital Universitario, acción a la cual no le es aplicable el mencionado requisito de notificación. Cf. Rosario Quiñones v. Municipio de Ponce, 92 D.P.R. 586 (1965); Díaz v. Municipio de Cayey, 99 D.P.R. 196 (1970).

Tratándose de una acción ex contractu, el período prescriptivo respecto a la misma es de quince (15) años. Camacho v. Iglesia Católica, 72 D.P.R. 353 (1951); Segarra v. Vivaldi, 55 D.P.R. 160 (1939). Existiendo un término prescriptivo específico para el ejercicio de la acción por parte de la Universidad en contra del E.L.A., éste no puede levantar contra la Universidad la defensa de incuria (laches) la cual, como sabemos, es una defensa en equidad. Véanse: Vidal v. Monagas, 66 D.P.R. 622 (1946); Saavedra v. Central Coloso, Inc., 85 D.P.R. 421 (1962); Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663 (1971). Debemos enfatizar el hecho, por último, de que no surge del expediente que la parte demandante haya objetado o se haya opuesto a la radicación de la demanda contra tercero en controversia. ()

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto, y se dic-tará sentencia revocatoria de la dictada por el tribunal de instancia en el presente caso. Se devuelve el mismo al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

      (1) En relación con unos hechos alegadamente acaecidos a finales del año 1976.

      (2) Véase párrafo catorce (14) de la démanda radicada.

      (3) A pesar de que la demanda contra tercero fue radicada el 4 de diciembre de 1981, se emplazó al E.L.A. el 28 de junio de 1983.

      (4) En relación con la operación de la Escuela de Medicina.

      (5) Por conducto del Departamento de Salud, el cual es una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

      (6) Véanse párrafos dos, tres y cinco de la demanda contra tercero radicada,

      (7) 32 L.P.R.A. sec. 3077a.

      (8) Concluyó expresamente que no existía razón para posponer el dictar senten-cia hasta el final del pleito.

      (9)31 L.P.R.A. sec. 5141.

      (10) Dicha parte podría resultar “perjudicada” por la radicación de la demanda contra tercero desde el punto de vista de que puede retrasar la dilucidación de la causa de acción que radicara. Al no objetarlo, debemos presumir que entiende que o no le afecta o le conviene.