author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Armando Alejandro, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Francisco Espinosa, Juez, demandado; Numida González Vda. de García, interventora.

      Números: O-71-77, O-71-101

      Resueltos: 21 de abril de 1972

      Daniel Pellón Lafuente, abogado del peticionario; Francisco Ponsa Feliú, Wilson F. Colberg y Miguel A. Valldejuli, abo-gados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Estos recursos plantean si fue por justa causa la remoción del albacea contador-partidor de la herencia testada de José María García Yeiga.

García Yeiga era oriundo del ayuntamiento de Pastoriza, provincia de Lugo, España. Estaba casado con Numida Gon-zález Mena. Falleció el 3 de diciembre de 1967. Sus padres le habían premuerto. Dejó considerables bienes en España y Puerto Rico. No dejó descendientes. Su último testamento abierto lo otorgó el 11 de febrero de 1965.

El testador “prohíbe la intervención judicial en las opera-ciones de su testamentaría, mandando que se hagan privada-mente; y nombra albaceas testamentarios para que ejecuten y cumplan este testamento y al mismo tiempo como contadores partidores de la herencia con la facultad necesaria para cum-plir su encargo, en cuanto a la herencia en Puerto Rico, a los mayores de edad y vecinos de San Juan, Puerto Rico, Don José María Infanzón Trelles, Don Guillermo Infanzón Trelles y don Armando Alejandro y en caso que éste falleciese, a su esposa Gilda García de Alejandro, entendiéndose estos nom-bramientos, con carácter sucesivo, es decir, el primero ejer-cerá su cargo y en caso que por alguna razón no pueda desempeñarlo, le sustituirá el segundo y así sucesivamente, •hasta el último; y en cuanto a la herencia en España, nombra albaceas testamentarios a Don Guillermo Ocampo, casado con su sobrina Pilar García Mazoy; y a Manuel Salgado Blanco, el primero residente en Saldanje, Lugo, y el segundo en Calle Carmen Número Doce, Madrid, España, en las mismas con-diciones que los de Puerto Rico y por la presente le extiende a los albaceas nombrados para Puerto Rico y España, el término que fija la ley, a todo el que fuere necesario para desempeñar su cometido sin presentación de fianza.”

Los dos hermanos Infanzón Trelles, designados albaceas contadores partidores respecto a los bienes hereditarios sitos en Puerto Rico y para actuar en primer y segundo lugar, expresaron por escrito la no aceptación del cargo, en 15 de diciembre de ese año. Tres días después lo aceptó don Armando Alejandro, prestando por escrito el debido jura-mento. Le fue expedida la correspondiente carta testamen-taria por resolución del tribunal de instancia de fecha 17 de enero de 1968.

Luego entró en funciones de su cargo. El 25 de marzo de 1968 radicó la notificación de defunción, exigida por ley, para la determinación de la contribución de herencia a pagarse. Con la conformidad de la mayoría de los herederos, solicitó y en 20 de enero de 1970 se le concedió, una prórroga del plazo del albaceazgo, para vencer después de la liquida-ción y notificación de la contribución de herencia. Realizó otras gestiones en beneficio de la parte del caudal hereditario sita en Puerto Rico, que eventualmente se repartiría por él como contador-partidor.

En 21 de enero de 1970, la viuda doña Numida González Mena solicitó del tribunal de instancia se declarara terminado el albaceazgo y se le nombrara administradora judicial de la herencia, por haber expirado el plazo legal fijado para su desempeño. Después de ser sometida tal solicitud por sendos alegatos, fue desestimada. Igual suerte corrió una moción de reconsideración.

En ese estado del albaceazgo, las coherederas Esperanza, Carmen, Isabel y Concepción García Martínez, sobrinas del causante, en 30 de abril de 1970, como demandantes, iniciaron ante la misma Sala de San Juan una acción sobre nulidad del último testamento abierto otorgado por don José María García Veiga, contra su viuda Numida González Mena. Se unió a la otra sobrina Gilda García Martínez, como parte demandada, por haber rehusado unirse como parte demandante.

Se alegó en la demanda que dicho testamento “es nulo y sin ningún valor ni efecto” porque, en su fecha, el testador se encontraba totalmente incapacitado mental y físicamente y no estaba en condiciones de otorgar válidamente disposición de última voluntad y, en la alternativa, porque fue otorgado mediante dolo, intimidación y violencia. Se adujo también que estaba viciado de nulidad porque “no se inscribió en el Registro de Testamentos del Tribunal Supremo de Puerto Rico durante las veinticuatro horas siguientes a su otorgamiento.”

Se solicitó por las demandantes que de declararse nulo el testamento abierto otorgado el 11 de febrero de 1965, se decla-rase subsistente el que él había otorgado el 2 de junio de 1955 mediante el cual “se le reconoce a las demandantes conjunta-mente con la demandada Gilda García Martínez, por sí y como herederas de su padre Ramón García Yeiga, el 80% del caudal hereditario ... sin que se le reconozca nada a la demandada Numida González Mena como heredera de su finado esposo, excepción hecha de la cuota usufructuaria viudal.”

En el mismo día 30 de abril de 1970, fueron emplazadas la viuda demandada y la otra coheredera demandada involun-taria., Ésta no compareció para fin alguno en la acción por lo que en 29 de mayo siguiente se anotó su rebeldía.

El 23 de junio de 1970, la viuda contestó la demanda. Aceptó varios de los hechos alegados y negó los demás. Como defensas afirmativas expuso que la demanda no alegaba hechos que justificaran la concesión de remedio alguno y que el testamento cuya validez se impugnaba “es válido y legal, habiéndose observado en su otorgamiento, todos los requisitos de ley, y habiendo el testador estado en condiciones de testar según requiere la ley.” Solicitó la desestimación de la de-manda.

No se hizo parte en esa acción al albacea Armando Alejandro.

En 25 de agosto de 1970, la viuda radica otra moción para remover al contador-partidor. Expuso en la moción:

“4 — Entiende . . . que el actual albacea . . . está descalificado para actuar como tal y/o [sic] debe ser removido de su cargó . . . por las siguientes razones:
“a) Porque siendo la facultad más importante que la ley concede al albacea la de vigilar la ejecución del testamento y sos-tener su validez en juicio y fuera de él, el actual albacea no tiene ni el propósito ni la intención de hacer tales cosas, ni ha realizado acto alguno hasta este momento encaminado a tales fines a pesar de que la validez del testamento bajo el cual fue nombrado ha sido impugnada ante este mismo Tribunal en el pleito Civil Núm. 70-20006, Esperanza, Carmen, Isabel y Concepción García Martínez v. Numida González Mena y Gilda García Martínez, demandadas, sobre: Nulidad de Testamento y otros extremos.
b) Porque el albacea tiene un claro interés conflictivo con la compareciente por cuanto es esposo de Gilda García Martínez, quien tiene intereses comunes idénticos a las demandantes en el mencionado pleito, a pesar de figurar como co-demandada.
c) Porque hay una patente incompatibilidad entre los deberes del albacea en funciones y los intereses de la compare-ciente, especialmente en vista de su aludida relación con la dicha Gilda García Martínez.”

A la misma formuló oposición el albacea en los siguientes términos:

“1) En cuanto a la alegación 4, inciso (a) de la moción, el albacea alega que él no ha sido demandado en el pleito a que se refiere dicha alegación habiendo sido demandadas las herederas mencionadas en la misma; alegando además que de acuerdo con el artículo 824 del Código Civil, 1980, el albacea debe vigilar la ejecución del testamento y sostener su validez en juicio y fuera de él, si lo creyere justo; y que no habiendo sido demandado en dicho pleito no tiene que intervenir.
2) En cuanto al inciso (b) de la alegación 4 de la moción, alega que no existe interés conflictivo con la heredera' Gilda García Martínez ya que el testador expresó su voluntad nombrán-dolo albacea a pesar de conocer dicha situación y alega además que el albacea representa al testador y no a la herencia; por lo que no procede haber conflicto de intereses.
3) Niega lo alegado en el inciso (c) de la alegación 4a. de la moción alegando además que siendo el albacea el mandatario del testador y no de la herencia, no puede haber conflicto entre los herederos y el albacea, ya que éste deriva su autoridad de la voluntad del testador y del testamento que lo nombre y siendo el testamento la ley de la herencia éste tiene que ser acatado por los herederos mucho más si son voluntarios.”

El 18 de septiembre de 1970 se celebró la vista sobre los méritos de esta solicitud de remoción, compareciendo la viuda y el albacea contador-partidor representados por sus respec-tivos abogados. La parte proponente, ofreció como única evi-dencia documental suya, los autos del caso sobre nulidad de testamento y, como su única evidencia testifical, presentó el testimonio del propio señor Alejandro. Esa fue toda la eviden-cia aportada en apoyo de la remoción debatida en esa vista. Con la presentación de alegatos por ambas partes quedó el asunto sometido para resolución.

En 1 de diciembre de 1970, el tribunal de instancia dictó resolución decretando la remoción del albacea contador-parti-dor, la cancelación de la carta testamentaria y la rendición de las cuentas finales del albaceazgo dentro de 15 días. Se negó a reconsiderar su decisión.

A solicitud del albacea decidimos revisar tal resolución.

En 25 de marzo de 1971 el albacea contador-partidor soli-citó del tribunal recurrido una segunda prórroga del término de su cargo, bajo la principal razón de que, a pesar de sus gestiones, el Departamento de Hacienda no había aún liquD dado la contribución hereditaria a pagarse. A ello se opuso la viuda, alegando que dicha prórroga “no puede concederse ni debe ser concedida por cuanto este Tribunal ordenó la remo-ción del albacea mediante Resolución de fecha 1ro. de diciem-bre de 1970.”

Discutida en corte esta solicitud de prórroga del alba-ceazgo, el tribunal de instancia la desestimó, aduciendo como razón para ello, lo siguiente, conforme a la minuta del 28 de marzo de 1971:

“Oídos ambos letrados el tribunal hace constar que su resolu-ción del 80 de marzo de 1970 — fecha de la primera prórroga— fue expresa, no excederá la prórroga de un año.”

El albacea contador-partidor, en el mismo día en que se le denegó la prórroga, invocando lo dispuesto por el Art. 826 de nuestro Código Civil, solicitó la reconsideración.

Se negó a reconsiderar el tribunal de instancia, “. . . por haberse dictado la resolución de 1ro. de diciembre de 1970 removiendo de su cargo al albacea.” También decidimos revi-sar esta otra resolución. Ambos recursos fueron consolidados.

El Art. 832 de nuestro Código Civil enumera las causas que dan lugar a la terminación del albaceazgo, incluyendo entre ellas la remoción de albacea. Guarda silencio, en cuanto a las razones para la remoción.

En España se produce el mismo silencio en el Art. 910 de su Código Civil. Pero allí la jurisprudencia del Tribunal Supremo y los comentarios de los más acatados juristas, en gran parte lo han suplido.

En cuanto a la jurisprudencia española, Albaladejo la resume así en su reciente obra El Albaceazgo en el Derecho Español (1969) a la pág. 572:

“En definitiva, resumiendo: el T.S. en su jurisprudencia ha dicho que son causas de remoción:
1a. Las que incapacitan para el desempeño del cargo (senten-cias de 4 de febrero de 1902 y de 5 de julio de 1947).
2a. Las que incapacitan para el ejercicio de los derechos civiles (sentencia de 4 de febrero de 1902).
3a. La conducta dolosa en el desempeño de su misión (senten-cias de 4 de febrero de 1902 y de 5 de julio de 1947).
4a. El uso malicioso (en perjuicio de los llamados a la heren-cia) de facultades que no les asistan (sentencia de 5 de julio de 1947).
5a. La negligencia y la mala administración que (aun admi-tiendo que el cargo se concediese por el tiempo necesario para cumplir el testamento) supone estar un plazo excesivo (treinta y tres años) sin ni siquiera haber formalizado el inventario y tasación de los bienes relictos (sentencia de 18 de febrero de 1908).”

Castán ha sintetizado las causas que dan lugar a la re-moción del modo siguiente:

“Incurre el Código en la imperdonable deficiencia de no desen-volver esta materia señalando cuáles han de ser las justas causas que den lugar a la remoción. Algunos comentaristas llegaron a suponer, ante la omisión de la ley, que no había términos hábiles para promover con fortuna especie alguna judicial de remoción. Otros, como Mucius Scaevola, entendieron que podrían aplicarse por analogía, las causas que dan lugar a la extinción del con-trato de mandato y las que producen indignidad para suceder. Hoy está, en gran parte, subsanado el vacío del Código' por la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Sienta, en efecto, la sentencia de 4 de febrero de 1902 esta importante doctrina: a) Que no puede el silencio de la ley en punto a las causas de remoción de los albaceas, ser suplido con la aplicación analógica de lo estatuido con referencia a alguna otra institución jurídica, pues la única, con motivo de la cual el Código civil trata de remoción de cargos, es la tutela, institución que ni por la causa que le sirve de fundamento, ni por su peculiar organismo, ni por la finalidad a que responde, tiene analogía con el albaceazgo. b) Que, dada la falta de ley expresa, y con subje-ción a los principios generales del Derecho, según los cuales las leyes prohibitivas y las que envuelven una sanción penal, no pueden en modo alguno interpretarse extensivamente, las causas de remoción de los albaceas no deben ser otras que las que inca-pacitan para el desempeño del cargo o para el ejercicio de los derechos civiles, por la razón fundamental de que no puede desem-peñar cargo alguno el que incurra en incapacidad legal para obtenerlo, y, además, la conducta dolosa de los albaceas, causa que se deriva, primero, del principio inconcuso de que no debe ejercer función ni desempeñar cargo, debido exclusivamente a la confianza del testador, el que por actos engañosos o fraudulentos se hace indigno de ella y evidencia que carece de la condición esencial a la que debe su nombramiento, y segundo, del racional fundamento de que no puede ser ejecutor de la voluntad del finado quien maliciosamente la contraría.

La sentencia de 18 de febrero de 1908 completa la doctrina dando a entender que también la negligencia, cuando es rayana en el dolo, puede estimarse como causa de remoción, pues esta-blece que procede conceptuar como tal el incumplimiento durante larguísimo tiempo de la voluntad del testador y la abusiva gestión en cuanto al manejo de los bienes, revelada principalmente por la falta de inventario de los que el testador dejó a su fallecimiento.

A juicio de Alcubilla, es claro, además, que procede la remo-ción si el albácea contraviene a la prohibición establecida en el número 8o. del art. 1.459, comprando por sí o por persona inter-media bienes confiados a su cargo.” Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo IV, págs. 620-622, ed. 1944.

Ver además: Albaladejo, El Albaceazgo en el Derecho Español, Parte VII, págs. 563-586 (1969); Sánchez Román, Código Civil; Tomo VI-2do., pág. 1461; Gómez Morán, “El Ejecutor Testamentario en el Derecho Comparado,” pág. 170; Roca Sastre en Kipp, Tomo V-2do., pág. 273; Osorio Morales, Manual de. Sucesión Testamentaria, Madrid, 1957 ed. por Instituto de Estudios Políticos, pág. 460; Luis Puig Ferriol, El Albaceazgo, págs. 256-258, ed. Bosch, Barcelona, 1967; Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, Tomo V, pág. 366, 4ta. ed. 1939, Valladolid.

A la luz de lo expuesto: ¿Existió causa justa que diera lugar a la destitución del albacea contador? Obviamente no. Analicemos las dos razones que expresa el tribunal de instan-cia para separarlo de su cargo:

(1) “. . . Quedamos convencidos por la propia declaración del albacea que él ha decidido no intervenir en el caso de la impugna-ción del testamento porque ello beneficiaría a su esposa, aunque él personalmente no se beneficie.”
(2) “A nuestro juicio, al cruzarse de brazos ante la impugna-ción del testamento, el albacea señor Alejandro no ha cumplido con su obligación más importante, la defensa de la validez del testamento.”

La primera está integrada por una afirmación obviamente equivocada y por una conclusión que, no solamente resulta injusta para el albacea, sino que no está sostenida por la única evidencia aportada por la viuda en su intento de establecer una justa causa de remoción.

El albacea, único testigo ofrecido por la parte obligada a probar esa justa causa, jamás dijo en términos absolutos, que “él había decidido no intervenir.” Y menos puede derivarse la conclusión de que no intervenía porque la impugnación del testamento beneficiaba a su esposa. En su examen directo se expresó así:

“P — Entonces, vamos a aclarar una cosa, señor Alejandro: ¿ Si usted no ha comparecido a defender el testamento hasta este momento, a pesar de que sabe que está impugnado en corte, esa no comparecencia suya no se debe a que usted no crea que es justo comparecer a defenderlo?
E — Bueno, yo todavía no tengo una opinión formada sobre ese asunto.” — T.E. págs. 13-14.

Cuando en el curso de la vista celebrada el 18 de setiembre de 1970, el propio juez recurrido le preguntó si había consul-tado con su abogado sobre el caso de impugnación de testa-mento, el albacea contestó que lo había consultado y que se había “llegado a la conclusión de que, hasta que se me cite, yo no puedo intervenir en el mismo, ni hemos discutido los aspectos legales.” T.E. pág. 41.

En la repregunta, el albacea, único testigo de la viuda, contestó del siguiente modo:

“P — ¿ Es o no es cierto, testigo, que usted llamó a la oficina de este abogado y me informó que existía una demanda de nulidad de testamento?
R — Sí, señor.
P — ¿Le preguntó este abogado si usted había sido demandado en el pleito ?
R — Sí, señor.
P — ¿Qué le dijo este abogado con relación a eso?
R — Bueno, que mientras a mí no me demandaran yo no tenía que tomar parte en el asunto o en el pleito.
P — ¿Le dijo que usted defendiera, sí, el testamento extra ju-dicialmente haciéndolo cumplir entre los herederos?
R — ¿Cómo es?
P — ¿Este abogado le dijo a usted que siguiera cumpliendo con el testamento ...
R — Oh, sí! En todas sus partes.
P — ... en relación con los herederos ?
R — Exacto.
P — ¿Y con todas las personas?
R — Con todas las personas envueltas.
P — ¿Usted lo ha estado cumpliendo hasta la fecha?
R — Yo creo que sí.
P — ¿Y lo seguirá cumpliendo mientras sea albacea?
R — Sí, señor;
P — ¿Su nombramiento como albacea, de dónde surgió?
R — Del mismo testamento.
P — Del testamento. ¿ Y en el testamento, en ese mismo testa-mento nombra a su esposa heredera también con las otras here-deras ?
R — Sí, señor.
P — Es decir, ¿el testador tenía conocimiento de la existencia, de que usted era casado con su sobrina?
R — Sí, señor.
P — ¿En algún momento usted ha tenido conflicto, usted tiene algún interés en la herencia?
R — Ninguno.
P — ¿Como albacea usted dijo que representaba al testador?
R — Sí, señor.
P — ¿ Cuál es su misión en este procedimiento, en esta testa-mentaría, cuál es su misión ?
R — Bueno, seguir el testamento de acuerdo con la voluntad del testador, y defender los intereses de todos los herederos envueltos.
P — De todos los herederos. ¿Y administrar la herencia?
R — Administrar la herencia.
P — ¿Hasta pagar la contribución de herencia?
R — Sí.
P — En caso de que usted tuviera un asesoramiento legal que usted solicite, en caso que fuese demandado y se le dijera que tuviera que defender el testamento, ¿lo defendería usted?
R — Si las recomendaciones legales son esas, las llevaría adelante.
P — ¿Usted tiene algún interés encontrado en relación con su esposa y con los herederos por el motivo de ser albacea? Es decir, intereses encontrados en la herencia.
R — No tengo ningún interés encontrado en la herencia.
P — ¿Usted tiene alguna participación en la herencia, algún interés en la herencia?
R — No tengo ninguno.
P — ¿ Así es que está actuando con relación y en cumplimiento con el testamento?'
R — Tal como lo estipula el testamento.
P — Nada más, honorable Juez.” — T.E. págs. 41-46.

No es suficiente base para concluir que el albacea, en forma definitiva e incondicional, había decidido no intervenir en el caso de la impugnación del testamento. Y menos todavía que no lo hiciera porque el no hacerlo beneficiaba a su esposa.

Previene el Art. 824(3) de nuestro Código Civil:

“Artículo 824(3). — No habiendo el testador determinado especialmente las facultades de los albaceas, tendrán las siguien-tes:
(1).
(2).
(3) Vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él.” (Bastardillas nuestras.)

El Código no obliga al albacea a sostener necesariamente en todo caso, a todo trance, tal validez. Sí viene obligado a sostenerla cuando esté convencido de que ello es justo, y si entonces no lo hace, quebranta la obligación que en ese sentido le impone la Ley, siendo responsable de los daños y perjuicios que pueda irrogar con tal conducta. Empero, cuando se encuentre convencido de que no es justo sostenerla, su inacción frente a la cuestión es lo prudente y aconsejable.

Manresa comenta este problema así:

“D. Vigilar la ejecución del testamento y sostener su validez en juicio y fuera de él. — Esta es la facultad más importante que se concede al albacea.

El albacea no es, con arreglo a la ley, el ejecutor de todas las disposiciones testamentarias; pero sí una especie de inspector que debe vigilar por que todas se cumplan o ejecuten. Es, además, el defensor, digámoslo así, del testamento, debiendo sostener la validez de todas sus cláusulas en juicio y fuera de él, siempre, es claro, que lo crea justo. El testador declara su voluntad que-riendo que sea cumplida, y como él defendería esa última volun-tad si viviese, debe defenderla el albacea.

Esta doctrina, fiel expresión del número 3ro. del artículo 902, se aplica en la sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero de 1900.

Defiende el albacea extra judicialmente la validez del testa-mento en su conjunto y en lo relativo a sus diversas cláusulas, siempre que no medie cuestión judicial en las reuniones previas con los herederos, cuando éstos duden sobre esa validez o la nieguen, asesorándose del dictamen de Letrados, proponiendo la resolución por medio de árbitros o amigables componedores, in-terviniendo en las transacciones, etc. Pero la ley no podia imponer esa obligación en todo caso porque sería absurdo que aun convencido de la nulidad, debiera, sin embargo, obstinarse en defender la validez. Por eso la facultad y el deber sólo existen siendo justa la defensa del testamento. Para ello el albacea no puede obrar impulsado sólo por su creencia, sino que debe con-sultar la cuestión o cuestiones que se presenten, y una vez con-vencido de la razón o justicia con que obró el testador, defender su última disposición. No creemos que porque se declare judicial-mente la nulidad del testamento o de algunas de sus cláusulas, quede el albacea responsable al pago de gastos, costas, perjuicios, etc., siempre que hubiese obrado de buena fe y debidamente asesorado y convencido de que era justo defender la validez. El precepto lo que quiere es que no se entienda que en todo caso, justa o injustamente, debe salir el albacea a la defensa del testamento. Ahora bien: si obra con mala fe y así se declara, la solución sería distinta.” Manresa, Código Civil Español, Tomo VI, págs. 857-858 (7ma. ed.).

El propio tribunal de instancia a la página 2 de su Reso-lución, cita la parte de esos comentarios en que se dice que el albacea debe sostener la validez “siempre que lo crea justo ”

Por otro lado, en las varias ocasiones en que el albacea se le preguntó sobre el estado mental del testador, si estaba lúcido o estaba loco, inconsciente o cómo estaba, contestó qué no había estado presente al tiempo de otorgarse el testamento, que “respecto a la condición mental yo no podría dar una opinión.” — T.E. pág. 37 — Si esto es así ¿Qué perjuicio para los interesados de la herencia podría derivarse de su conducta de no defender el testamento a menos que se le demande judicialmente?

Es de suponerse que la persona que está en mejores condi-ciones para sostener la validez del testamento impugnado, lo sea la compañera de muchos años del testador, su viuda la señora Numida González Mena, no sólo por la intimidad de sus relaciones de convivencia, sino porque de ese testamento ella deriva la mayor participación hereditaria individual en el caudal relicto, por la voluntad de su finado esposo, además de la participación legal en su cuota usufructuaria sobre los bienes de la herencia, equivalente a dos tercios de la parte española de la herencia y a una mitad de la parte puertorri-queña, más los legados especiales, hechos sobre ciertos bienes y cuentas bancarias en España, sin mencionar su parte ganan-cial o privativa en la masa hereditaria. Por eso, nada más natural que ella, hecha única parte demandada en el pleito, contestara prontamente la demanda, negando sus alegaciones fundamentales y exponiendo, como defensa afir-mativa que “el testamento otorgado, objeto de este pleito, es válido y legal, habiéndose observado en su otorgamiento, todos los requisitos de ley, y habiendo el testador estado en condi-ciones de testar según requiere la ley.”

Tenemos pues, que la propia prueba aportada por la viuda, demostró que el albacea, tan pronto tuvo conocimiento del pleito consultó con su abogado y éste le aconsejó que no inter-viniera en el pleito hasta tanto no se le notificara judicial-mente del pleito, haciéndolo parte demandada, y así lo hizo “porque ésas fueron las recomendaciones de mi abogado.”— T.E. pág. 13.

La motivación que el juzgador le atribuye al albacea con-tador partidor para no intervenir hasta que se le demandara, es decir, “porque ello beneficia a su esposa”, no tiene apoyo alguno en la prueba que ante él se aportó. Jamás se demostró que él hubiera quebrantado sus obligaciones, mucho menos con motivos de egoísmo, o para beneficiar los intereses de su esposa, o de cualquier otra persona. Al nombrarle albacea y contador partidor el testador tenía pleno conocimiento de que era el esposo de su sobrina Gilda a quien también nombró albacea en caso de fallecer su esposo Alejandro.

Según se alega en la demanda de nulidad del testamento, párrafo 7, ella rehusó hacerse parte en la acción, no obstante resultar beneficiada en caso de prosperar la. misma. Se la llevó al pleito como parte demandada. Consecuente con su posición, no contestó la demanda y su rebeldía fue anotada el 29 de mayo de 1970. La transcripción de evidencia revela las gestiones familiares que realizó el albacea para evitar que las cuatro hermanas de su esposa incoaran la demanda, no obstante el beneficio que de ello pudiera recibir su esposa. (T.E. págs. 17-19.) No existe, a juicio nuestro, entre ellos, situación grave de conflicto de intereses. Puede nombrarse albacea al heredero de mayor participación, si es mayor de edad y tiene capacidad para obligarse. Art. 815, Código Civil.

La abstención condicionada del albacea, previamente acon-sejada por su letrado, no debió interpretarse como su firme y definitiva decisión de no participar jamás en la controversia judicial sobre la validez del testamento. Nada hay en autos que indique que su actitud de no tomar parte en ella, mientras no se le hiciera parte demandada y fuera emplazada consti-tuyera negligencia grave, conducta dolosa, maliciosa, de mala fe o que quebrantara sus obligaciones testamentarias y legales, o que violara la confianza que en él depositó el causante al designarle ejecutor de su última voluntad, o que se hiciera indigno para obrar como tal, que como hemos visto, son las causas que la jurisprudencia y la doctrina española apuntan como motivos para la remoción.

Pero es que hay más. En todo pleito para anular un testamento es necesario demandar tanto al albacea como a todos los herederos y legatarios. Así lo disponían los Arts. 598 y 599 del Código de Enjuciamiento Civil (32 L.P.R.A. sees. 2591,2592) aún vigentes. Leen así:

“§ 2591. Acciones para determinar validez

Cuando se impugnare la validez de un testamento, por haberse dejado de cumplir algunas de las formalidades exigidas por la ley, o carecer el testador de capacidad para testar, aléguese o no la existencia de otro válido de fecha posterior o anterior, podrá promoverse juicio por cualquier heredero, o por un albacea o legatario designado en el testamento cuya validez se intenta probar, al objeto de averiguar si el finado dejó testamento válido y en tal caso determinar el documento en que se halla consignada su última voluntad.

§ 2592. Dónde se promoverán; partes

Dicho juicio se promoverá en la sala del Tribunal Superior, cuya jurisdicción comprenda la última residencia del finado o el lugar en que radiquen la mayor parte de sus bienes. Se tendrá por partes en el juicio al albacea y a los herederos y legatarios del finado, nombrados en cualquier testamento que se alegue ser de dicho finado, y cuya validez se procure probar o destruir.”

En el presente caso sólo se ha demandado a la viuda, y a uno de los herederos testamentarios. El pleito no podría pro-seguir sin la comparecencia de todos los herederos y legatarios mencionados en el escolio 1, ya que ninguna sentencia invali-dando el testamento podría afectarlos sin haber tenido su día en corte. En la obra antes citada de Albaladejo, “El Albaceazgo en el Derecho Español” a la pág. 257 se consigna:

“. . . Los albaceas deben demandar o defender si es justo. Y aunque no lo estimen así los albaceas, pueden no obstante demandar y defender los herederos. Pero para atacar el testa-mento, cualquier que lo haga, no puede prescindir de los albaceas y dirigirse sólo contra los herederos; puede, si quiere, dirigirse también contra éstos, pero necesariamente debe dirigirse contra aquéllos.

La utilidad práctica de que el que impugne el testamento dirija el procedimiento contra los albaceas y los herederos con-siste — como advierten Roca Sastre (27 bis) y Ossorio (28) — en que la sentencia que recaiga produzca efecto incluso contra los herederos; pero no debe olvidarse, por lo menos, que en las cuestiones relativas a la validez o nulidad de las disposiciones testamentarias la presunción de cosa juzgada es eficaz contra terceros, aunque no hubiesen litigado, conforme al art. 1.258, ap. 2o. y sentencias de 10 de junio 1902 (28 bis) y 21 marzo 1911 (28 ter).”

De suerte, que puede sostenerse que la forma más eficaz que tiene el albacea para defender el testamento es no solicitar Ja intervención, ya que sin su presencia en el pleito no podrá anularse el testamento.

Procediendo la anulación de la resolución removiendo al albacea, se hace innecesario que pasemos a determinar en detalle el segundo recurso de certiorari, Núm. 0-71-101, inter-puesto contra las resoluciones de 23 y 29 de marzo de 1971. Estas denegaron la prórroga del plazo del albaceazgo solici-tada el 5 del mismo mes de marzo de 1971, por el motivo de

“. . . haberse dictado la resolución de 1ro. de diciembre de 1970 removiendo de su cargo al albacea.”

Al iniciarse la acción de nulidad estando en vigor una prórroga de un año, en virtud de lo dispuesto en el Art. 826 de nuestro Código Civil, automáticamente se prorrogó el plazo del albaceazgo hasta un año después de la terminación de “los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones.”

La acción sobre nulidad empezó el 30 de abril de 1970. De modo que, después de esa fecha, se hacía innecesario solicitar del tribunal a quo prórroga alguna del plazo del albaceazgo.

Por todo lo expuesto se dictará sentencia anulando las resoluciones recurridas objeto de ambos recursos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino al igual que los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Rigau. El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado.

       El testador dispuso de sus bienes en la siguiente forma:
      a) Respecto a la parte de ellos sita en Puerto Rico, en primer término, hizo once legados en metálico montantes a $10,000, a favor de nueve personas naturales y dos entidades jurídicas determinadas que identificó debidamente.
      En segundo término, “en el remanente de todos los bienes relictos al fallecimiento del testador, después de pagados los gastos necesarios y de satisfacer todos los legados ... en relación con los bienes sitos en Puerto Rico, y en cuanto a un Cincuenta Por Ciento (50%) de los mismos, insti-tuye por sus únicos y universales herederos por partes iguales, a su hermano Ramón García Veiga, a la esposa de éste, Carmen. Martínez, a sus sobrinos, hijos de dichos esposos, Hilda o Gilda, Concepción, Esperanza, Carmen e Isabel García Martínez; y en cuanto a un Treinta Por Ciento (30%) de dicho caudal hereditario, a su esposa Numida González Mena y la cuota usufructuaria que le corresponde. . ..
      El ,20% restante de esos bienes sitos aquí lo dejó, por partes iguales, a sus hermanos paternos llamados Genoveva y Constantino y a los sucesores de su hermana Josefa García Salgado, todos residentes en España.
      b) “En cuanto a los bienes del caudal hereditario que existen en España . . . instituye como sus únicos y universales herederos por partes iguales, a sus hermanos de padre, residentes en España, llamados, Genoveva y Constantino y a la sucesión de su fallecida hermana, Josefa García Sal-gado, compuesta de sus hijos Ángel, Manuel, Luis, José María, Marina, Alicia, Blanca y Paz.
      En cuanto a los bienes sitos en España hizo los siguientes tres legados:
      (1) Todos los bienes que había adquirido por herencia materna, radi-cados en la Parroquia de Milleirós, Provincia de Lugo, para sus primos Manuel e Isabel Onega Veiga y a los hijos de su otra prima, Carmen Onega Veiga, cuyos nombres no indicó.
      (2) Para Genoveva y Constantino y a los sucesores de su hermana Josefa García Salgado, su participación en cuentas corrientes en varios bancos españoles.
      (3) Para su viuda Numida González Mena, la participación de una cuenta corriente en un banco de La Coruña, y en una casa llamada El Foro, y
      (4) Los bienes que tenía en España, por herencia de su padre, para su hermano Constantino.
      Por la cláusula Décima excluyó a sus herederos residentes en Puerto Rico — en los cuales estaba su viuda, y heredera forzosa — “de toda partici-pación en cuanto a los bienes sitos en España.”

       No se incluyeron como demandados a los otros herederos y legata-rios a que se hace referencia en el escolio 1.

       El texto de tal resolución en su parte pertinente expresa:
      “La posición de la peticionaria es que el albacea no ha intervenido en el caso de impugnación del testamento porque de declararse judicialmente que dicho testamento es nulo ello favorecería a su esposa bajo los términos de un testamento anterior que entonces quedaría en vigor. A preguntas de la representación legal de la peticionaria sobre este extremo el albacea no respondió. Quedamos convencidos por la propia declaración del albacea que él ha decidido no intervenir en el caso de la impugnación del testamento porque ello beneficiaría a su esposa, aunque él personalmente no se beneficie.
      “A nuestro juicio, al cruzarse de brazos ante la impugnación del testamento, el albacea Sr. Alejandro no ha cumplido con su obligación más importante, la defensa de la validez del testamento.
      “El Artículo 832 del Código Civil establece que el albaceazgo termina, entre otras razones, por la remoción del albacea. Guarda silencio el Código en cuanto a las razones para la remoción. Ello se deja a la discreción de la autoridad judicial. A nuestro juicio, y por lo expresado anteriormente, el albacea debe ser removido de su cargo.
      Se cancelan las cartas testamentarias expedidas a favor de Don Armando Alejandro el día 17 de enero de 1968 y se le ordena rendir las cuentas finales de su albaceazgo dentro del término - de 15 días.”

       El Art. 826 del Código Civil de Puerto Rico, Ed. de 1930 (.31 L.P.R.A. see. 2523) dispone:
      “El albacea a quien el testador no haya fijado plazo, deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación, o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del ■testamento o de alguna de sus disposiciones.”

       Lee así el Art. 832 (31 L.P.R.A. see. 2529):
      “Termina el albaceazgo por la muerte, imposibilidad, renuncia o remoción del albacea, y por el lapso del término señalado por el testador, por la ley, y en su caso, por los interesados."

       Dispone así el Art. 815 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 2512) :
      “No podrá ser albacea el que no tenga capacidad para obligarse. El menor no podrá serlo, ni aun con la autorización del padre o del tutor.”

       Sobre partes indispensables ver: Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959 (1952); 2 Barron & Holtzoff, Federal Practice & Procedure, sec. 512; 3A, Moore, Federal Practice, sec. 1907, p. 2219 (ed. 1970); R. Hernández Colón, Manual Derecho Procesal Civil, secs. 1104 y 1304.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM :

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor A. Álvarez Maurás, acusado y apelante.

      Número: CR-68-72

      Resuelto: 25 de abril de 1972

      Segismundo López Rodríguez, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Jorge Ríos Torres, Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM :

El apelante y otro individuo fueron enjuicia-dos por un robo a mano armada cometido el 25 de agosto de 1966 en la persona de Omar A. Sosa. Sosa era empleado del periódico El Imparcial; ese día había ido al Banco Popular de San Juan a buscar efectivo para el pago de una nómina de la firma para la cual trabajaba. Estando ya de regreso, cuando salía del automóvil para dirigirse al edificio de El Imparcial, llevando consigo una bolsa que contenía $23,565.67 en efec-tivo, dicha bolsa le fue arrebatada de sus manos. Los malhe-chores huyeron en una motocicleta que había sido hurtada el día antes de los hechos la cual apareció al día siguiente aban-donada en una calle de Puerta de Tierra.

Los coacusados fueron identificados por varias personas que presenciaron el delito y el apelante en particular fue identificado en forma convincente por el perjudicado Ornar Sosa, por el conductor del vehículo en que Sosa viajaba, Gilberto Vega, por el conserje del edificio Antonio García Burgos y por otro testigo llamado Ignacio Torres Colón. Todos estos testigos declararon que vieron al apelante arrebatarle a Sosa la bolsa que contenía el dinero y con la bolsa en la mano iz-quierda y un revólver en la derecha, retroceder hasta llegar a la motocicleta la cual era conducida por el coacusado y en la cual ambos escaparon. El que conducía la motocicleta había mantenido el motor de la misma en marcha durante la tran-sacción. La defensa descansó en la teoría de coartada.

Un jurado unánime encontró a los coacusados no culpables del delito de robo y al apelante no culpable del delito de portar armas sin licencia -(Art. 8, Ley de Armas). El tribunal de derecho encontró al apelante culpable de poseer armas sin licencia (Art. 6, Ley de Armas) y lo condenó a cumplir dos años de cárcel. Fue dejado en libertad bajo fianza mientras se ventila la presente apelación.

Los tres errores señalados se contraen a lo siguiente: (1) si la apreciación de la prueba fue o no correcta, (2) si el tribunal abusó de discreción al no concederle al apelante una sentencia suspendida y (3) si la pena es ilegal.

No encontramos razón alguna que justifique intervenir con la apreciación que de la prueba hizo el tribunal de instan-cia. El apelante fue identificado por los testigos de cargo, como la persona que tenía un revólver en sus manos en el lugar y fecha de los hechos. T.E. págs. (Primera Parte) 79, 80, 102; (Segunda Parte) 37-39, 59, 110, 147-148, 171, 249, 268-269. La prueba tiende a demostrar que el delito se per-petró entre 1:45 P.M. y 2:00 P.M. T.E. págs. (Primera Parte) 78; (Segunda Parte) 42, 83, 122, 147, 173-174, 230, 298.

La defensa de coartada tendió a establecer que el coacu-sado Wilfredo Dávila Torres fue visto en Hato Rey por tres testigos entre 12:20 P.M. y 1:30 P.M. el día de los hechos. Uno de los testigos de defensa, David Rijos, declaró que ese día después de dar transportación al coacusado y dejarlo en Hato Rey, llegó a San Juan entre la 1:50 P.M. y 1:55 P.M. Si este testigo pudo llegar a San Juan antes de las 2:00 P.M., igualmente pudo también el coacusado llegar a San Juan, lugar donde se cometió el delito, antes de las 2:00 P.M. Véase T.E. págs. (Segunda Parte) 354, 357, 390, 393, 395, 405, 429, 430, 434, 449.

La defensa de coartada del apelante tendió a demostrar que fue visto entre 10:00 A.M. y 3:30 P.M. trabajando en un local que él había comprado en el Núm. 1000 de la Ave. Ponce de León, en Río Piedras. El apelante estuvo decorando este local desde antes del día del robo y completó de decorarlo en alguna fecha posterior. El apelante vendió el local decorado al Dr. Vázquez, optómetra, por la suma de $15,000.00. El Dr. Vázquez declaró que habló con el apelante por espacio de casi una hora en el local, alrededor de las doce del día y tam-bién posteriormente, después de las 3:00 de la tarde. Los tres testigos de coartada del apelante eran personas que llevaban a cabo labores cerca del local que el apelante estaba decorando, pero no en dicho local y aunque establecieron en forma general que el'apelante estuvo entre 10:00 A.M. y 3:30 P.M. de aquel día en el local, y en específico alrededor de la 1:00 P.M. y de las 3:00 P.M., ninguno de ellos estableció en forma deter-minante que el apelante estuvo en su presencia a las 2:00 P.M., cuando el robo se cometió. La prueba de coartada no excluyó la posibilidad de que después de que el apelante habló con el Dr. Vázquez, fuera a San Juan y regresara en menos de una hora. Véanse T.E. págs. (Segunda Parte) 490, 504, 505, 553-554, 597, 601.

Es posible que los testigos de coartada prestaran testimo-nios verídicos y de buena fe pero ello no excluye la posibilidad de la comisión del delito por el apelante. Si el apelante y el coacusado fueron cuidadosos en planear con precisión el robo, no es de extrañar que de antemano también planearan cuida--dadosamente una coartada valiéndose de terceras personas que de buena fe declararan a su favor. El propio juez no tuvo la menor duda de que el apelante violó en aquel momento y lugar el Art. 6 de la Ley de Armas y así lo manifestó expresa-mente : “... yo creo que usted estaba allí con ese revólver....” la prueba . . ha llevado a mi ánimo la convicción fuera de toda duda de que en efecto la portó ... [el arma] sin tenerla inscrita_” T.E. págs. (Segunda Parte) 655, 656.

No habiendo la defensa de coartada excluido la posibilidad de que el apelante estuviera en el lugar de los hechos a la hora en que éstos ocurrieron y habiendo prueba creída por el juez de que estuvo allí presente, debemos sostener la convicción.

El segundo planteamiento se relaciona con la negativa del tribunal de conceder sentencia suspendida al apelante. La Ley Sobre Sentencias Suspendidas concede discreción al tribunal, pero dicha discreción se ejercita a tono con la aprecia-ción del tribunal sobre si las circunstancias en que el delito fue cometido evidencian que existe un problema de conducta o de carácter que, en interés de la protección de la comunidad, requiera la reclusión del acusado. 34 L.P.R.A. see. 1027.

Cuando al tribunal se le hizo la solicitud de sentencia suspendida, la denegó en los siguientes términos:

“No, no, por las circunstancias en quo se portó esa arma y la cual ha formado parte de la prueba y ha llevado a mi ánimo la convicción fuera de toda duda de que en efecto la portó sin tenerla inscrita, etc., etc. en contra de las disposiciones del Art. 6 de la Ley de Armas, el Tribunal entiende que este acusado no sería acreedor a recibir los beneficios de sentencia suspendida en este caso. Además ya tiene una convicción por un delito de violen-cia y amerita que se recluya en la institución correspondiente para tratar de lograr su rehabilitación.” T.E. págs. (Segunda Parte) 656-657.

El disfrute de una sentencia suspendida es un privilegio y no un derecho y está sujeto a la discreción del tribunal sentenciador. Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568, 575 (1971). No encontramos razón alguna para intervenir con dicha discreción en este caso.

Mediante el tercer y último señalamiento se ataca la sentencia por ser contraria al caso Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145. El apelante fue convicto el 14 de diciembre de 1967. Idéntico planteamiento fue resuelto en forma adversa al apelante en Pueblo v. Martínez Nevárez, 99 D.P.R. 283 (convicción con fecha de 29 diciembre 1967, por Art. 6, Ley de Armas).

No obstante, nuestro derecho vigente provee para que sentencias por delitos menos graves que conlleven reclusión en cárcel se reduzcan a 6 meses si la sentencia impuesta fue por un período mayor y prohíbe que se dicten sentencias por delitos menos graves en exceso de 6 meses. Leyes Núms. 8 y 9 de 7 julio 1971; 34 L.P.R.A. see. 1711.

Los tres errores señalados no se cometieron. Se reducirá, sin embargo, la sentencia apelada a seis meses de cárcel y así modificada se confirmará.

El Señor Juez Presidente, Señor Negrón Fernández no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

text:
    Gómez Hermanos, Inc., peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Armindo Cadilla, Juez, demandado.

      Número: O-71-132

      Resuelto: 25 de abril de 1972

      Otero Suro & Otero Suro y Rodrigo Otero Bigles, abogados del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General y Amé-rico Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Gómez Hermanos, Inc., vendió a Anthony C. Borro Cruz, bajo contrato de venta condicional debidamente inscrito, un automóvil marca “Toyota” modelo 1969, tablillas 12P054.

En 13 de octubre de 1970, la Policía de Puerto Rico con-fiscó el mencionado vehículo porque alegadamente se usó para cargar, transportar, llevar y trasladar drogas narcóticas en Ponce, P.R.

Notificada de la confiscación, Gómez Hermanos, Inc., radicó demanda ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, impugnando dicha confiscación. Mediante la prestación de fianza obtuvo la devolución del vehículo confiscado.

A solicitud del Superintendente de la Policía, represen-tando a la parte demandada, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictó sentencia desestimando y declarando sin lugar la demanda por el fundamento de que disponiendo la Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960 en su Art. 2(a) que la demanda deberá radicarse en la Sala del Tribunal Superior de Puerto Rico, correspondiente al lugar donde se efectuó la ocupación, tal requisito es de carácter jurisdiccional y priva a la Sala de San Juan del Tribunal Superior de jurisdicción para entender en el caso.

La ameritada sentencia es errónea y debe ser revocada.

El Art. 2(a) de la Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, según enmendada por la Ley Núm. 10 de 1 de septiembre de 1961 (34 L.P.R.A. see. 1722), lee:

“El procedimiento se iniciará mediante la ocupación de la propiedad por el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda, o el Superintendente de la Policía, por conducto de sus delegados, policías o agentes de orden público. El funcionario bajo cuya autoridad se actúe notificará al dueño, encargado o persona con derecho o interés conocido en la propiedad ocupada, de la ocupa-ción y tasación de los bienes ocupados; debiendo efectuarse la notificación en forma fehaciente, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocupación; entendiéndose perfeccionada la noti-ficación mediante su envío por correo con acuse de recibo. Los dueños, encargados o interesados en los bienes ocupados podrán impugnar la confiscación dentro de los quince (15) días siguien-tes a la fecha de la notificación, mediante demanda contra el fun-cionario bajo cuya autoridad se haya efectuado la confiscación, a quien se notificará y quien deberá formular sus alegaciones dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación. La demanda deberá radicarse en la Sala del Tribunal Superior de Puerto Rico, correspondiente al lugar donde se efectuó la ocupa-ción, y el juicio se celebrará sin sujeción a calendario. Las cuestiones que se susciten deberán resolverse, y los demás proce-dimientos tramitarse de la misma manera que si se tratase de una acción civil ordinaria. Contra la sentencia que recaiga no habrá otro recurso que el de certiorari para el Tribunal Supremo, limitado a cuestiones de derecho. La radicación de la demanda de impugnación dentro del término aquí establecido se considerará requisito jurisdiccional previo para el ejercicio de la acción aquí autorizada.” (Bastardillas nuestras.) (89 D.P.R., pág. 577.)

Por disposición expresa de la ley el término para la radicación de la demanda de impugnación se considera un requisito jurisdiccional previo para el ejercicio de la acción. En Srio. de Justicia v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 574 (1963), expusimos la explicación de porque al término de 15 días para radicar la demanda se le dio ese carácter jurisdiccional. Sin embargo, el lugar donde debe radicarse la de-manda no es de carácter jurisdiccional. La Ley de la Judica-tura en su Sec. 10 (4 L.P.R.A. see. 62) dispone que “no se desestimará ningún caso fundado en haberse sometido a una sección sin jurisdicción o autoridad o a una sala de un tribunal sin competencia para ello. Todo caso podrá ventilarse en la sección o sala en que se radique, por convenio de las partes y la anuencia del juez que preside dicha sala en ese momento, o de no ser así oído, será transferido por orden del juez a la sección o sala correspondiente de conformidad con las reglas que el Tribunal Supremo adoptare.”

La Regla 3 de Procedimiento Civil contiene una disposición similar. Estas reglas rigen todos los procedimientos de naturaleza civil ante en Tribunal General de Justicia (Regla 1) y se aplican al Estado en cualquier pleito donde comparezca como parte demandante o parte demandada. Sierra v. Tribunal, 81 D.P.R. 554 (1959). La Ley de la Judicatura eliminó las distinciones jurisdiccionales mediante la unificación del sistema judicial. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140 (1961).

Levantada por la parte demandada en este caso la cuestión de competencia, el juez de la Sala de San Juan del Tribunal Superior, debió ordenar el traslado de la causa para la Sala de Ponce del Tribunal Superior, que sería la sala competente para entender en la misma, pero no ha debido desestimar la demanda por falta de jurisdicción. Pueblo v. Tribunal Superior, supra. La falta de competencia, no es una defensa que cause la desestimación de la acción. Rivera Esbri v. Archevald, 83 D.P.R. 604 (1961). La disposición de la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, que señala el lugar donde debe radicarse la demanda de impugnación de confiscación, no es una excepción a la doctrina ya expuesta.

Por los anteriores motivos, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 2U de mayo de 1971 y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado, Señor Dávila, no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Rubén De Jesús Gómez, acusado y apelante.

      Número: CR-70-53

      Resuelto: 25 de abril de 1972

      Helios A. Zeno Vülafañes, abogado del apelante; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Jorge Ríos Torres, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el apelante se presentó, previa determinación judicial de causa probable, en 17 de marzo de 1969 una denuncia ante el Tribunal de Distrito, Sala de Guayama, por infracción al Art. 82 de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas, 13 L.P.R.A. see. 1759, según regía entonces. Se trataba de un delito menos grave. La celebración del juicio se suspendió varias veces a petición de la defensa y finalmente se señaló para el 9 de septiembre de 1969. En esa ocasión el apelante solicitó la desestimación del proceso. Alegó que la referida Sala carecía de “jurisdicción” porque la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas, Art. 86(B), confería jurisdicción exclu-siva al Tribunal Superior para entender en infracciones a dicha ley. Dicho artículo disponía lo siguiente:

“El Tribunal Superior conocerá de todos los casos de delitos menos graves por infracción a las disposiciones de este Subtítulo o de los reglamentos promulgados o que se promulguen para su ejecución; Disponiéndose, que los correspondientes juicios se celebrarán ante tribunal de derecho.” — 13 L.P.R.A. see 1765.

De cuál era la eficacia de ese artículo a la fecha de la vista en el Tribunal de Distrito — 9 de septiembre de 1969— nos ocuparemos más adelante. Sigamos con los hechos. Ante el planteamiento antes mencionado, la Sala de Guayama del Tribunal de Distrito ordenó el traslado del caso a la Sala de la misma ciudad del Tribunal Superior. En el Tribunal Superior el fiscal presentó la acusación el 2 de octubre de 1969 y se llamó el caso para lectura de la acusación el 14 de dicho mes y año. Se dio por leída la misma, se le concedió un término al acusado para hacer alegación y se señaló el caso para el 7 de noviembre de dicho año. El 17 de octubre de 1969 el ape-lante presentó por escrito una moción de desestimación ale-gando que no se presentó “denuncia” contra el acusado dentro de los sesenta días de su citación. En la súplica solicitaba que se desestimase la “acusación” presentada a base de lo antes dicho. El 19 de diciembre de 1969 se discuntió dicha moción, la misma fue declarada sin lugar por el tribunal y se vio el caso en su fondo. El apelante fue declarado culpable y se le impuso una multa de $100.00.

En apelación el apelante señala los siguientes tres errores:

“1. El Tribunal Sentenciador incidió al determinar que existía justa causa para radicar la acusación fuera del término previsto por las Reglas de Procedimiento Criminal.
2. El Tribunal Sentenciador incidió al determinar que la prueba presentada por el Ministerio Fiscal era suficiente para sostener el delito imputado al acusado-apelante.
3. El Tribunal Sentenciador incidió al prejuzgar la culpabili-dad del acusado-apelante, demostrando el Honorable Magistrado que presidió el proceso, con todo el respeto que nos merece, que actuó con perjuicio [sic] y parcialidad.”

En la discusión del primer error señalado el apelante argu-menta lo siguiente: En 17 de marzo de 1969 se presentó la denuncia, se determinó causa probable y se expidió la citación. La acusación se presentó en el Tribunal Superior el 2 de octu-bre de 1969 y su lectura se efectuó el día 14 de ese mismo mes. No existe duda, argumenta el apelante, de que para dicha fecha habían transcurrido más de sesenta días entre la fecha de la citación y la de la presentación de la acusación. Argu-menta el apelante que en el supuesto de que hubiese procedido el traslado del caso, del Tribunal de Distrito al Superior, los procedimientos efectuados en el Tribunal de Distrito no eran válidos pues dicho Tribunal carecía de jurisdicción sobre el asunto y por lo tanto, razona, la presentación de la acusación en el Tribunal Superior fue tardía.

No tiene razón el apelante. La presentación de la denuncia en el Tribunal de Distrito efectuada dentro del término de sesenta días a partir de la citación del acusado satisfizo el requisito de la Regla 64 (n) (2) que invoca. Lo satisfizo porque no existe el problema de falta de jurisdicción (del Tribunal de Distrito) que el apelante menciona. Desde el año 1952, en que se aprobó la Constitución, los Tribunales de Puerto Rico constituyen “un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administra-ción.” Constitución, Art. V, Sec. 2.

En el Informe de la Comisión de la Rama Judicial de la Convención Constituyente, al discutirse la citada See. 2 del Art. V de la Constitución, se expresa lo siguiente:

“Esta sección establece la completa unificación de los tribu-nales de Puerto Rico. La unificación de los tribunales produce, entre otros efectos, la eliminación de problemas técnicos de juris-dicción. El poder legislativo queda, no obstante, facultado para determinar la competencia de los tribunales y para disponer que de acudir un litigante a un tribunal distinto al indicado por las leyes sobre competencia, la parte contraria puede solicitar y obtener el traslado de la causa, o el tribunal motu proprio puede así disponerlo.” (Bastardillas nuestras.)

Como puede verse, uno de los propósitos de esa sección fue eliminar problemas de falta de jurisdicción como el que plantea el caso de autos. Cuando un litigante acude a un tribunal distinto al indicado por las leyes, la parte contraria puede solicitar y obtener el traslado de. la causa, o el tribunal motu proprio puede así hacerlo.

Nuestra Ley de la Judicatura, la cual tuvo el propósito de realizar el citado mandato constitucional, dispone en su See. 9 que el Tribunal de Primera Instancia se compone de dos sec-ciones, una que se conoce como Tribunal Superior y otra que se conoce como Tribunal de Distrito. 4 L.P.R.A. sec. 61. Luego dispone dicha Ley de la Judicatura en forma muy clara y terminante en su Sec. 10, 4 L.P.R.A. see. 62, lo siguiente:

“El Tribunal de Primera Instancia es un tribunal de jurisdic-ción original general, con autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en todo procedimiento civil o criminal, según más adelante se dispone. Toda acción civil o criminal se presentará en aquella sala del Tribunal situada en el territorio en que la misma hubiese sido radicada bajo la legislación en vigor hasta el presente, pero no se desestimará ningún caso fundado en haberse sometido a una sección sin jurisdicción o autoridad o a una sala de un tribunal sin competencia para ello. Todo caso podrá ventilarse en la sección o sala en que se radique, por convenio de las partes y la anuencia del juez que presida dicha sala en ese momento, o, de no ser así oído, será transferido por orden del juez a la sección o sala correspondiente, de conformidad con las reglas que el Tribunal Supremo adoptare.” (Bastardillas nuestras.)

Dicha Sec. 10 es tan clara que apenas si necesita comentarios. El caso de autos pudo haberse visto en el Tribunal de Distrito si las partes y el juez lo hubiesen consentido. Desde la aprobación de la Ley de la Judicatura el citado Art. 86(B) era directivo y no imponía un requisito jurisdiccional mandatorio, pero como una de las partes — el apelante — objetó procedía el traslado y el juez hizo bien en concerderlo. Sec. 10 de la Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. see. 62.

Es precisamente en situaciones como las del caso de autos que opera concretamente la citada disposición constitucional que establece que los tribunales del país constituyen un sis-tema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción. También opera específicamente en este caso la citada Sec. 10 de la Ley de la Judicatura.

El Informe de la Comisión que redactó el anteproyecto de la Ley de la Judicatura, cuyo informe la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara de Representantes, la cual infor-mó el referido proyecto, hizo parte de su informe oficial, al dis-cutir precisamente la disposición de dicha ley que establece de qué casos conocerá el Tribunal Superior, expresa lo siguiente:

“Estas secciones de esta Ley no imponen requisitos jurisdic-cionales mandatorios que deban seguirse en todos los casos y a toda costa. La especificación de tipos de casos en esta Ley indica aquellas materias que propiamente pertenecen a la Corte Superior; los mismos no levantan barreras infranqueables. Ambas sec-ciones de la Corte de Primera Instancia tienen y pueden ejercitar el poder para adjudicar todos los casos que pertenecen a la Corte General de Justicia y de esta forma sus sentencias, no importa lo que el asunto envuelto o la cantidad en controversia pueda ser, son totalmente efectivas. Las secs. 18 y 18 de esta Ley expresan las divisiones adecuadas para la efectiva consideración y disposi-ción de los casos; pero si no son seguidas en determinado caso, dicha controversia puede verse donde se radicó, por consenti-miento de las partes y la aprobación del juez, o en todo caso, puede ser transferida para juicio ante la sala apropiada. En ningún caso debe ser el pleito desestimado.”

Ese mismo informe expresa más adelante que bajo la nueva ley “las disposiciones especiales sobre el lugar del juicio de casos criminales” y de otros procedimientos “subsistirán como disposiciones directivas,” en cuanto a tales casos.

Aparte de los documentos oficiales, probablemente el comentario más autorizado sobre nuestra Ley de la Judicatura es el hecho por el distinguido Juez Charles E. Clark y el Ledo. William D. Rogers, en el trabajo que más adelante mencionamos ya que el Juez Clark fue uno de los principales coautores del anteproyecto de la Ley de la Judicatura. Dicho comentario coincide con la exposición que hemos hecho y con los documentos que hemos citado. Se expresa allí que las disposiciones legales que disponen sobre el foro para ver determinados casos son ahora, bajo la Constitución y la Ley de la Judicatura, directivas en vez de mandatorias jurisdiccionales. Se espera, desde luego, expresan los autores, que los jueces observarán dichas disposiciones mandatorias. Véase, de dichos autores, The New Judiciary Act of Puerto Rico: A Definite Court Reorganization, en 61 Yale L. J. 1147 (1952), especialmente sobre esto, a las págs. 1155-1158. Lo antes dicho en cuanto a la observancia por los jueces de dichas disposiciones mandatorias debe ser así tanto porque los jueces debemos ser los primeros en obede-cer la letra y el espíritu de las leyes porque así lo requiere la buena administración de la Rama Judicial.

En Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 140 (1961) hicimos manifestaciones correctas sobre la organización y funcionamiento del sistema judicial establecido por la Consti-tución y por la Ley de la Judicatura, pero concluimos errónea-mente que por el hecho de que en aquel caso la denuncia en el Tribunal de Distrito no había sido firmada por un fiscal, al ser trasladado el caso para la Sala correspondiente del Tribunal Superior, debía considerarse la acusación radicada por el fiscal en dicho Tribunal como el inicio del caso. En cuanto a esa conclusión aquel caso debe entenderse revocado.

Mediante el segundo error señalado se impugna la suficiencia de la prueba. Dicho señalamiento no tiene mérito. El apelante fue acusado de vender bebidas alcohólicas en un establecimiento comercial de su propiedad sin tener patente o licencia para ello según lo exige la ley. El récord contiene prueba suficiente para sostener la convicción. El juzgador de los hechos no creyó la versión del apelante, la cual consistió en que las bebidas alcohólicas allí no se pagaban con dinero sino en especie. Declaró que si una persona consumía 10 cerve-zas luego las devolvía y si usaba una botella de ron, devolvía dos. No creemos que debemos intervenir con la apreciación que de la prueba hizo el juez de los hechos. No se cometió el segundo error señalado.

El tercer error le imputa prejuicio y parcialidad al magistrado que presidió el juicio. Se argumenta que el juez expresó que la multa serían $25.00 y que luego la corrigió para imponer el mínimo que exigía la ley que eran $100.00. Art. 86 de la Ley de Espíritus y Bebidas Alcohólicas, Núm. 6 de 30 junio 1936, 13 L.P.R.A. see. 1764. El récord no demuestra prejuicio ni parcialidad que justifique revocar. Ciertamente la corrección de la sentencia para adecuarla a lo ordenado por la ley no constituyó error. Todo lo contrario, era un deber del juez hacerlo. González de Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 31 (1964); Bozza v. United States, 330 U.S. 160 (1947). Tampoco se cometió el tercer error señalado.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández y el Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervinieron.

       Derogado por Ley Núm. 143 de 30 junio 1969.

       Como se sabe, la Regla 64 (n) (2) de Procedimiento Criminal dis-pone que la moción para desestimar podrá basarse en “Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta días de su arresto o citación.”

         Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, ed. Equity de 1961, Tomo 4, pág. 2609.

       Véase Expediente del P. de la C. 14 de la 17ma. Asamblea Legisla-tiva, 20ma. Legislatura Extraordinaria, Informe de 22 de julio de 1952. Los fragmentos citados del Informe pueden verse en el historial que aparece bajo la See. 121 del Título 4 de L.P.R.A.

       Para otras fuentes además de las citadas, véase: Consensus Statement of the National Conference on the Judiciary, 55 J. Am. Jud. Soc’y 29 (1971); Gazell, “State Trial Courts: An Odyssey Into Faltering Bureaucracies,” 8 San Diego L. Rev. 275 (1971); Schwartz, The Unification and Centralization of the Administration of Justice, 51 J. Am. Jud. Soc’y 337 (1967); McWilliams, Court Integration and Unification in the Model Judicial Article, 47 J. Am. Jud. Soc’y 13 (1963); Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction With the Administration of Justice, republicado en 46 J. Am. Jud. Soc’y 55 (1962); Peck, Court Organization and Procedures To Meet the Needs of Modern Society, 20 The Ala. Law. 181 (1959); Elliot, Our Faith in Justice: Puerto Rico Shows the Way to Better Courts, 42 A.B.A.J. 24 (1956); Callison, Courts of Injustice (1956), págs. 525 y ss.; Snyder, New Puerto Rico Judicial System, 36 J. Am. Jud. Soc’y 134 (1953); Vanderbilt, The Essentials of a Sound Judicial System, en 48 Nw. U. L. Rev. 1 (1953) y en Selected Writings of Arthur T. Vanderbilt, Vol. II, pág. 51 (1967), ed. por Klein y Lee; Vanderbilt, Minimum Standards of Judicial Administration (1949), págs. 29 y ss.; Willoughby, Principles of Judicial Administration (1929), págs. 254 y ss.
      Para fines de comparación en general véanse: Karlen, Judicial Administration, The American Experience (1970); Marsh, An Hour and Fifteen Minutes in Old Bailey, 55 J. Am. Jud. Soc’y 192 (1971); Harley, The Courts of Birmingham, 55 J. Am. Jud. Soc’y 190 (1971); Karlen, Appellate Courts in the United States and England (1963); Jacks on, The Machinery of Justice in England, 2d ed. (1953).

       V. escolio 5 en 84 D.P.R. pág. 147.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Fondo del Seguro del Estado, demandante y recurrido, v. Ángel Peña Plaza y Thelma Berdiel de Peña, demandados y recurrentes.

      Número: R-70-283

      Resuelto: 26 de abril de 1972

      Vicente Pérez Díaz, abogado de los recurrentes; los abogados del recurrido no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Los recurrentes suscribieron un pagaré a la orden de la Housing Investment Corporation, en lo sucesivo denomi-nada la Housing, por la suma de $11,550.00. Devengaba intereses a razón del 6% por año sobre el balance insoluto. Era pagadero en plazos mensuales de capital e intereses de $74.50 cada uno, comenzando en el día primero de mayo de 1967 y vencía en el primero de abril de 1992. Fue garantizado con primera hipoteca sobre el solar Núm. 20, y casa de vivien-da en la calle Algeria de la Urbanización Puerto Nuevo. Dicho pagaré dispone que en caso de que la falta de pago de una mensualidad a su vencimiento no se cure mediante su pago antes del vencimiento de la siguiente mensualidad, la totali-dad de la obligación y sus intereses acumulados quedarían vencidos sin aviso alguno, a opción del tenedor, quien podrá exigir su pago; que el no hacer uso de este derecho opcional, no constituye una renuncia de su ejercicio en caso de un in-cumplimiento subsiguiente. Este pagaré fue endosado sin re-curso por la Housing al recurrido, constituyéndose aquélla como agente de cobro del recurrido con motivo de lo cual presta “el servicio de cobro y gestiona el pago de obligación.”

La prueba aducida fue la siguiente:

(1) El récord de pagos de mensualidades anteriores, hechos por los recurrentes demuestra que los pagos no se hacían el primero de cada mes sino varios días después; que se hicieron siempre antes del vencimiento de la siguiente mensualidad con excepción de la del primero de julio de 1967 cuyo pago fue aceptado en 28 de agosto de 1967 junto con la mensualidad de este último mes.

(2) Testificó el gerente de cobro de la Housing que los recurrentes dejaron de pagar las mensualidades vencidas el día primero de los meses de marzo y abril de 1969; que el 2 de dicho mes de abril se reunió con varios empleados para determinar cuáles casos habían de ser declarados vencidos; que se tomó en consideración el referido récord de pago de los recurrentes demostrativo de que habían incumplido su con-trato en siete ocasiones anteriores; que a marzo de 1969 el balance insoluto del principal de pagaré en cuestión era la suma de $11,161.51; que en vista del récord de incumplimiento de los recurrentes, de que no había ninguna comunicación de parte de éstos a pesar de las gestiones de cobro que se hi-cieron, se procedió a declarar la deuda vencida; que se con-tinuaron las gestiones de cobro “. . . a ver si teníamos alguna respuesta de parte de él en cuanto a esta obligación. No hubo respuesta alguna”; que se invitó por carta al señor Peña a pasar por la oficina para discutir su caso pero no compareció; que entonces se procedió a recomendar el caso para ejecución de hipoteca. Admitió que un cheque librado por el Sr. Peña a favor de la Housing en 24 de abril de 1969 “por $206.04 estuvo en nuestra oficina” (este cheque cubría las mensuali-dades de marzo y abril de 1969 más determinados recargos); que se recibieron dos cheques por $103.02 cada uno y uno por $25 librados por el Sr. Peña a favor de la Housing en 3 de junio de 1969, más otro “con fecha de 19 de julio de 1969 por la cantidad de $103.02.” Todos estos cheques fueron certifi-cados en 20 de junio de 1969 una vez devueltos a los recurren-tes, con excepción del último. Testificó dicho gerente que “. . . Ya que había declarado vencida la deuda desde abril 2 . . . [1969] no se aceptaron las remesas”; que se le devolvió el cheque de $206.04 para el primero o el día dos de mayo de 1969.

El deudor, Sr. Peña, admitió que estaba atrasado dos meses; que entonces la Housing le envió “una carta solicitan-do las mensualidades atrasadas y $25.00 de honorarios de abo-gado por retraso”, cantidad que él remitió; que los cheques le fueron “devueltos con una carta notificándome que habían decidido ejecutar la totalidad”; que “. . . me había retrasado en otras ocasiones más o menos dos meses y había pagado los dos meses con sus correspondientes recargos y no creía que en esta ocasión iba a ocurrir esto no, y eso fue al ser notificado de que había una ejecución de hipoteca por el medio y, esto, naturalmente a fines de abril”; que “. . . No era porque no tuviera el dinero. Me retrasaba y después pagaba dos meses.” Testificó que no visitó las oficinas de la Housing; fue a ver su propio abogado quien se comunicó con la Housing donde le confirmaron que habían decidido ejecutar la hipoteca; que luego hizo un cheque en 17 de enero de 1970 por $404 para cubrir cuatro mensualidades luego de radicada la ejecución. Por último testificó que no vive sino que tiene alquilada la propiedad objeto de la ejecución.

El tribunal concluyó que los recurrentes no pagaron la mensualidad de abril de 1969 a su debido tiempo. En tal vir-tud los condenó a pagar al recurrido $11,161.51 de principal más intereses al 6% desde febrero de 1969 hasta su pago total, más $25.50 adeudados mensualmente a partir del primero de marzo de 1969 hasta su pago total por concepto de contribu-ción sobre la propiedad, primas de seguro, primas F.H.A., y por servicios y recargos en el manejo del préstamo, más la suma de $1,155 de costas, gastos y honorarios de abogado. En caso de no pago, entre otras cosas, ordenó al Alguacil vender la propiedad en subasta pública para satisfacer con el producto de dicha venta el pago de dicha reclamación.

Apuntan los recurrentes que:

1. — Al aceptar los pagos de 24 de abril de 1969 más uno de $25 los que no se les devolvieron hasta el 11 de junio de 1969, renunció el recurrido a cualquier incumplimiento por los recurrentes. No tienen razón. No resolvimos una cuestión como ésta en Housing Inv. Corp. v. Sosa, 98 D.P.R. 247 (1970). Además, las circunstancias son muy distintas en este caso pues el récord demuestra que la devolución se hizo con razonable prontitud, el primer día o el día dos de mayo de 1969 y no en 11 de junio siguiente que fue cuando se devol-vieron los cheques por $103.02 suscritos y enviados a la recu-rrida unos días antes de esta última fecha.

2-3. — Los recurrentes pagaron los recargos que se les exi-gieron dentro de los pagos que hicieron por medio de los cheques previamente relacionados, pagos que hicieron en 24 de abril de 1969 antes de declararse vencida la totalidad de la deuda mediante la demanda radicada en 13 de junio de 1970. Este apuntamiento es inmeritorio. La prueba demuestra que los recurrentes no pagaron la mensualidad de marzo en abril como lo exigía el pagaré. Cuando enviaron el pago en 24 de abril de 1969 ya habían incurrido en una falta de pago que permitía a la recurrida ejercer, como ejerció, la opción que se proveyó en el pagaré al efecto de que en ese caso el tenedor podía exigir el pago total del principal de dicha obligación. Esta opción se ejercitó, según el testimonio no controvertido del gerente de la Housing, luego de agotar ésta esfuerzos razonables para que el recurrente curase su falta de pago.

4. — El tribunal de instancia incidió al no aplicar a este caso lo resuelto en Housing Inv. Corp. v. Sosa, supra, Housing Inv. Corp. v. Benés, Sentencia de 16 de junio de 1970; Seamen’s Bank v. Sucn. Sepúlveda, 99 D.P.R. 279 (1970). Este apuntamiento carece de fundamento ya que las circunstancias de este caso, previamente relacionadas, establecidas en la vista del caso en los méritos, no justificaban la aplicación al mismo de norma alguna puntualizada en los citados casos en que se trataba de la procedencia de una sentencia sumaria.

5. — Constituyó error el declarar con lugar la demanda de ejecución de hipoteca sin estar inscrita la hipoteca a favor del recurrido como cesionario de dicha obligación.

En Srio. de Hacienda v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 436 (1967), en que se trataba de la cesión de un pagaré hipotecario suscrito a la orden de determinada persona, dijimos que la hipoteca inscrita en garantía del mismo subsistía en toda su efectividad no obstante haberse embargado la finca hipotecada meses antes del endoso del pagaré por su librador a favor del cesionario; que las hipotecas constituidas en garantía de obligaciones transferibles por endoso, como lo es la del caso ante nos, están autorizadas por el Art. 153 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 266). Dicho artículo específicamente dispone que en estos casos de cesión . . se entenderá éste transferido con la obligación o con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor ni de hacerse constar la transferencia en el registro.” (Énfasis nuestro.)

Los casos citados por el recurrente no son de aplicación pues se refieren a la necesidad de (1) la inscripción de la hipoteca en sí; (2) la inscripción de la cesión de ésta y no de las obligaciones transferibles por endoso garantizadas con hipoteca; ya (3) la subhipoteca — Arts. 146 y 152, Ley Hipo-tecaria— (30 L.P.R.A. sees. 259, 265); Schroder v. Registrador, 84 D.P.R. 336, 339 (1962). En el caso ante nos no se trata de alguna de estas circunstancias.

6. — Se arguye, sin argumentar y sin citar la ley en apoyo del aserto, que no se incluyó en esta acción a la Federal Housing Administration que por haber asegurado el préstamo era parte interesada en el mismo. No tiene razón. Nada se dispone en el National Housing Act (12 U.S.C.A. secs. 1709-1710) ni en nuestra legislación que sostenga este apuntamiento.

7. — Fue errónea la condena de $1,155 “de las costas, gastos y honorarios de abogado hipotecariamente garantizados.” Tiene razón. El pagaré en cuestión está redactado en inglés y en español, línea por línea, cosa común en este tipo de operaciones. Existe, sin embargo, una falta de completa con-'' cordancia entre ambos textos en cuanto a la obligación dé pagar las costas/ desembolsos y honorarios de abogado en caso que haya que recurrir a los tribunales para cobrar todo o parte del monto del pagaré. Mientras el texto en inglés dis-pone que “the subscriber agrees to pay the court expenses, disbursements, and attorney’s fees which may be incurred, in the amount of ONE THOUSAND ONE ($1,155.00)”, el texto en castellano lee así “el subscribiente se obliga a satis-facer todas las costas y honorarios de abogado en que se incu-rra por el acreedor hasta la suma de HUNDRED FIFTY FIVE - Dólares ($-).” (Énfasis nuestro.)

Es evidente, en primer lugar, que al redactarse el pagaré en inglés y en castellano, línea por línea, no se dejó suficiente espacio en blanco para escribir la cuantía convenida en cuanto a costas y honorarios de abogado en ambos idiomas, de manera que se insertó sólo en el idioma inglés. De esto no se queja el recurrente quien no cuestiona que la cuantía máxima con-venida es la suma de $1,155.

Apunta el recurrente, sin embargo, que él se obligó a pagar sólo la cuantía incurrida por concepto de costas y hono-rarios de abogado hasta la suma de $1,155, como aparece claramente del texto castellano del pagaré.

Como el pagaré aparece impreso con sólo unos blancos a ser llenados a maquinilla, es evidente que fue suplido e impuesto por la Housing. De manera que la interpretación de su disposición sobre costas y honorarios en que surge una aparente discrepancia entre los dos textos usados, debe favorecer al deudor en este caso. Art. 1240 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3478; Prieto v. Hull Dobbs Co., 88 D.P.R. 420 (1963); Zequiera v. CRUV, 83 D.P.R. 878 (1961). A esos efectos debemos tratar de conformar, de ser esto posible, el texto inglés al texto castellano.

Concluir, como concluimos, que el texto inglés en cuestión en efecto quiere decir lo mismo que el texto castellano de la disposición en cuestión, o sea, que el recurrente sólo se obligó a pagar las costas y honorarios que se incurrieran hasta la cantidad de $1,155, no constituye una interpretación forzada reñida con los términos en inglés de la disposición. En el texto inglés se provee para el pago de las costas y hono-rarios “which may be incurred”, o sea, que “puedan incu-rrirse”, de manera que cuando a continuación se estipula “in the amount of $1,155.00” es lógico y razonable concluir que a esta frase se le quiso dar el significado de que era un máximo o límite a tal responsabilidad, es decir, que ésta se asumía hasta esa cantidad, como reza el texto castellano.

En vista de lo expuesto, debe devolverse el caso al tribunal de instancia con el fin de que determine, previa vista al efecto, la cuantía realmente incurrida por el recurrido por razón de las costas y honorarios de abogado. En estos extremos debe modificarse la sentencia y así modificada se confirmará.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       La Housing endosó el pagaré a favor del recurrido, Fondo del Seguro del Estado.


text:
    Ulpiano Vélez, etc., ex rel Marcelino Cuadrado, demandantes y recurrentes, v. García Commercial, British America Assurance Company et al., demandados y recurridos.

      Número: R-70-152

      Resuelto: 27 de abril de 1972

      Emilio Delgado Roque, Wilfredo Márquez y Juan P. Quiñones Rivera, abogados del Administrador del Fondo del Seguro del Estado; Agrait-Oliveras & Otero, abogados de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Mientras Marcelino Cuadrado realizaba labores de su empleo para su patrono Rexach Construction Co. en la cons-trucción de un edificio, Antonio Vázquez Cruz descargó negligentemente un haz de varillas de acero de un camión en tal forma que un extremo de dicho haz cayó sobre Marcelino Cuadrado. Como consecuencia de esa lesión fue necesario amputarle la pierna izquierda a Cuadrado, por el tercio medio del muslo. El Fondo del Seguro del Estado concedió a Cua-drado una compensación de $9,462.00 por los daños sufridos. Vázquez Cruz es un porteador público de carga y el camión del cual descargó las varillas era de su propiedad. García Commercial, Inc., tenía a su cargo, mediante subcontrato con Rexach Construction, el suministro e instalación de los re-fuerzos de acero del edificio. Vázquez Cruz transportó las varillas desde los almacenes de García Commercial para ser utilizadas en la obra. Al amparo de lo provisto en. 11 L.P.R.A. see. 32, el Administrador del Fondo, instó demanda contra Vázquez Cruz y su aseguradora, U.S. Casualty Co. y contra García Commercial y su aseguradora The British America Assurance Co.

El tribunal de instancia, luego de desfilada la prueba, dictó sentencia parcial declarando sin lugar la demanda contra García Commercial y su aseguradora y dejó el caso pen-diente para ulteriores procedimientos en relación con Vázquez Cruz y su aseguradora. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado ha recurrido ante este Tribunal por enten-der que el tribunal de instancia incidió al resolver (1) que el acarreo y entrega de varillas no envuelve un riesgo de daños previsibles, y (2) que siendo Vázquez Cruz un contra-tista independiente, el seguro de García Commercial no cubría el accidente.

El primer planteamiento carece de mérito. A tenor con Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552 (1969), se impone responsabilidad al principal por la negligencia del contratista independiente cuando se realiza una “obra inhe-rentemente o intrínsecamente peligrosa” o cuando la obra “en el curso normal de las cosas envuelva riesgos, a menos que se tomen precauciones especiales.” Pág. 562. Aunque el caso Barrientos y los casos y autoridades allí citadas se relacionan con construcciones, creemos que también se aplicarían a situa-ciones especiales de transportación, como lo sería el transporte de dinamita. Pero no creemos que sean de aplicación a un caso como el presente que sólo envuelve la descarga de un haz de varillas de acero, aunque se trate de una carga bastante pesada. El riesgo envuelto no es distinto del que envuelve descargar cualquier otra carga capaz de lesionar a un ser humano. En ambos casos, si la carga cae encima de una persona puede causarle daño. No es éste un caso apropiado para imponer responsabilidad a un cargador por actos negli-gentes de un porteador.

La norma general es que la responsabilidad se impone al que causa el daño. Art. 1802, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141. Por excepción se impone responsabilidad al patrono por actos de sus empleados. Art. 1803 del mismo Código, 31 L.P.R.A. see. 5142. Pero esta excepción no incluye los actos de contratistas independientes, Padilla v. Municipio de Manatí, 88 D.P.R. 18 (1963), salvo cuando se dan las circunstancias señaladas en el caso Barrientos, supra.

El contrato de transporte en -el presente caso se rige por el Código de Comercio, el cual rige cuando el porteador “se dedique habitualmente a verificar transportes para el público.” Art. 267 de dicho Código, 10 L.P.R.A. see. 1771(2). Conforme a dicho cuerpo legal “El porteador será responsable de todas las consecuencias a que pueda dar lugar su omisión en cumplir con las formalidades prescritas por las leyes y reglamentos de la administración pública, en todo el curso del viaje y a su llegada al punto a donde fueren destinadas . . . .” Art. 295 Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1799. Armoni-zando las disposiciones del Código Civil relativas a la respon-sabilidad por negligencia con la disposición del Código de Comercio antes citada relativa a porteadores públicos, tene-mos que concluir que solo el porteador es responsable por los daños que él ocasione a terceras personas.

El segundo punto levantado por el recurrente envuelve resolver si aun cuando García Commercial no viene legal-mente obligada a responder por la negligencia del porteador de sus mercancías, la aseguradora de ella debe responder del accidente por estar el mismo cubierto bajo los términos de la póliza de seguros. La posición del recurrente es que la llamada omnibus clause de un contrato de seguros puede incluir con-tratistas independientes como asegurados adicionales; que en el presente caso están incluidos; y que el porteador es un contratista independiente.

No tiene razón. La llamada omnibus clause o cláusula colectiva no es otra cosa que la cláusula que define el término “asegurado”. Véanse, 12 Couch On Insurance 2d, Sec. 45:291. Esta cláusula puede incluir como asegurado, además de a la parte contratante, a cualquier otra persona nombrada en la cláusula, incluyendo contratistas independientes, Id. See. 45:305; Sánchez v. Soler Fajardo, 87 D.P.R. 432, 439 (1963). Las personas o clases de personas nombradas en dicha cláusula están cubiertas por la póliza aunque el asegurado contratante no tenga responsabilidad legal por los actos de dichas personas. Id. See. 45:293. Pérez v. Maryland Casualty Co., 78 D.P.R. 475, 484 (1955). Pero en la presente póliza los contratistas independientes no aparecen bajo la cláusula que define el término asegurado (omnibus clause} sino bajo las cláusulas relativas a “exclusiones”. La impor-tancia de ello estriba en que el porteador en este caso no es un asegurado adicional, sino que la responsabilidad de la asegu-radora dependerá de si puede imponerse responsabilidad al asegurado, según veremos a continuación.

Las cubiertas “A” y “B” de la póliza cubren lo relativo a daños personales. La cubierta “A” cubre accidentes que resul-ten de la posesión, mantenimiento o uso de vehículos de motor. La cubierta “B” cubre accidentes que no sean de automóviles. Ambas cubiertas limitan la responsabilidad de la aseguradora a reclamaciones que el asegurado venga obligado legalmente a satisfacer por daños. Al discutir el primer error vimos que García Commercial no es legalmente responsable de los daños causados por el porteador en este caso.

La cláusula de exclusión “d” tiene el efecto de extender la cubierta “B” a operaciones de contratistas independientes y a la posesión, mantenimiento, operación, uso, carga y des-carga de vehículos de motor, si el accidente ocurre fuera de la propiedad del asegurado. Pero hemos visto que la cubierta “B” no cubre accidentes de los cuales no es legalmente responsable el asegurado y, por consiguiente, las operaciones de contratis-tas independientes y la descarga de vehículos están cubiertas sólo si el asegurado es legalmente responsable de dichas activi-dades. Sabido es que la responsabilidad de la aseguradora no es absoluta sino que depende de si la póliza cubre el riesgo. García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245, 255 (1965); Almonte de Mejía v. Díaz, 86 D.P.R. 111, 115 (1962). Inter-pretándose cláusulas similares a las de la póliza del presente caso se resolvió en American Casualty Co. of Reading v. Denmark Foods, 224 F.2d 461, que las mismas no cubrían un accidente automovilístico de un contratista independiente que transportaba mercancías del asegurado, ya que el asegurado no era responsable por los actos torticeros de un contratista independiente, a menos que se tratara de una actividad inhe-rentemente peligrosa.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández y el Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervinieron.

       En los Estados Unidos la regla es igual, pero bajo diversas cir-cunstancias también se ha impuesto responsabilidad al cargador o al destinatario. En general véanse: Anno: Loading or Unloading Cars—Liability, 102 A.L.R. 514; Anno: Shipper—Liability—Improper Loading, 35 A.L.R.2d 609; Anno: Carrier Unloading Operations—Injury, 86 A.L.R.2d 1399; Anno: Automobiles—Objects Transported—Fall, 91 A.L.R.2d 897. En el presente caso el cargador y el destinatario resultan ser una sola entidad (García Commercial) pero no encontramos ninguna circunstancia de las que se señalan en las anotaciones citadas que justifique impornerle responsa-bilidad. El porteador fue la única parte negligente y solo él debe acarrear con las consecuencias de sus actos.

         Sánchez v. Soler Fajardo, 87 D.P.R. 432, 437 (1963).