text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. María González Rivera y Raúl Olmedo García, acusados y apelantes.

      Número: CR-70-142

      Resuelto: 28 de abril de 1972

      Rosa Nilda Ponce Cancel, abogada de los apelantes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

A María González Rivera y Raúl Olmeda se les imputó en una acusación varias infracciones a la Ley de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico consistentes en (1) posesión y dominio de la droga narcótica conocida como heroína, (2) ocultación y transportación de heroína y (3) posesión y domi-nio de la droga narcótica conocida como cocaína, sin que en su envoltura se encontrase adherida la marca distintiva adop-tada por el Secretario de Hacienda según lo dispuesto en el Art. 37 de la Ley Núm. 48 de 18 de junio de 1959.

Celebrado el juicio por tribunal de derecho, luego de re-nunciar válidamente su derecho a juicio por jurado, y a base únicamente de la prueba de cargo ya que los acusados no pre-sentaron prueba de defensa, ambos acusados fueron declara-dos culpables en todos y cada uno de los cargos que se les imputaron.

Antes del día señalado para la celebración del juicio, los acusados habían presentado una moción sobre supresión de evidencia. Se acordó que dicha moción se resolvería a base de la prueba que se presentara en el juicio.

Se imputa como primer error la admisión de la evidencia sometida por el fiscal, por ser la misma producto de un registro ilegal e irrazonable.

La única prueba presentada en el juicio demostró que en la tarde del 23 de abril de 1969 varios Agentes Especiales de Rentas Internas, entre los cuales estaba el Agente José Miguel Díaz Alamo, se encontraban realizando labores de investigación. El Agente Díaz Alamo se ha dedicado por 22 años a la persecución del tráfico ilegal de drogas, la mayor parte de ese tiempo, en la zona metropolitana, primero como Agente Encubierto y después como Agente Abierto. Esa tarde recibieron una querella escrita de manos de una persona cono-cida del Agente Díaz Alamo y quien se había identificado como Comisario de Barrio del Sector conocido como Colectora, Coroza, Gandul y Trinchera. En cinco o seis ocasiones ante-riores el Comisario había dado querellas a los agentes, las que fueron investigadas por éstos con resultado positivo. Todos esos sectores tienen la reputación de ser lugares donde se trafican diariamente con drogas. En la tarde de referencia los agentes se dirigieron a la calle Gaviota a investigar la querella del Comisario y tratar de localizar a las personas que se denunciaban en dicha querella. Al llegar a la calle Gaviota, los agentes abandonaron el automóvil y continuaron caminando a pie. Al penetrar en uno de los callejones, vieron un grupo de personas, entre las cuales se encontraban los acusados-apelantes. Al notar la presencia de los agentes, el acusado Olmedo García le pasó a la co-acusada María Gonzá-lez Rivera un paquetito envuelto en papel color rosa y ésta se lo llevó al seno. El agente Díaz Alamo se dirigió a María y agarró el paquete que sobresalía un poco de su escote. Al examinar el paquete el agente encontró una caja partida de cigarrillos y dentro de la caja 21 “decks'” y otra caja pequeña de cigarrillos conteniendo 13 sobrecitos de papel plomado que se usan para envasar la cocaína. Fue entonces que el agente puso bajo arresto a María y a Olmedo. Analizando químicamente los 13 “decks” dieron todos positivos de cocaína.

Un funcionario del orden público puede hacer un arresto sin la orden correspondiente, (a) cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia, (b) cuando la persona arrestada hubiese cometido un delito grave (felony), aunque no en su presencia, y (c) cuando tuviere motivos fundados para creer que la persona que va a ser arrestada ha cometido un delito grave (felony), independientemente de que dicho delito se hubiere cometido o no en realidid. Regla 11 de Procedimiento Criminal. Para determinar si un funcionario tuvo motivos fundados para creer que la persona a ser arrestada ha cometido un delito en su presencia, la conducta del funcionario o agente del orden público ha de ser juzgada a base de la apreciación que haría una persona prudente y razonable de las circunstancias presentes. Cepero Rivera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 245 (1966). Motivos fundados para creer que la persona arrestada ha cometido un delito grave, por el cual se le arresta, consiste en la posesión de aquella información y conocimiento que lleven a una persona ordinaria y prudente a creer que el arrestado ha come-tido el delito. Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70 (1965). Es innecesario resolver si bajo las circunstancias presentes en este caso los agentes tenía causa probable para arrestar válidamente a los acusados-apelantes antes del registro ya que éste precedió al arresto.

Quizás las circunstancias presentes en este caso pudieron justificar el arresto previo e inmediato de los apelantes sin necesidad de una orden judicial. Sin embargo el agente procedió a registrar a una de las acusadas, antes de ponerla bajo arresto.

Reiteradamente hemos resuelto que un registro sin orden de allanamiento está justificado cuando es incidental a un arresto legal. Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 132 (1956), pero que un registro ilegal no deja de serlo porque en la persona o lugar en que se efectúa se encuentre evidencia delictiva. Pueblo v. Barrios, 72 D.P.R. 171 (1951). Véase además, Henry v. United States, 361 U.S. 98, 4 L.Ed.2d 134.

La See. 10 del Art. II de nuestra Constitución dispone que no se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, cosas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables y así mismo, que sólo se expidirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo el lugar a registrarse y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse. La evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.

Esta disposición es similar a la de la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cuya aplicación ha sido extendida a los Estados a través de la Enmienda Catorce, Mapp v. Ohio, 367 U.S. 643, 6 L.Ed.2d 1081. A pesar de que estas disposiciones constitucionales prohíben los registros e incautaciones sin orden judicial, tanto nuestra jurisprudencia como la del Tribunal Supremo Nacional ha reconocido algunas excepciones al principio general. Nosotros hemos reconocido la validez de un registro cuando es incidental a un arresto legal. Pueblo v. Miranda, supra. Por su parte el Tribunal Supremo Nacional, en Katz v. United States, 389 U.S. 347, 19 L.Ed.2d 576, se expresó así:

“Registros realizados sin orden han sido considerados ilegales ‘no obstante la demostración indubitable de hechos demostrativos de causa probable,’ Agnello v United States, 269 US 20, 33, 70 L.Ed. 145, 149, 46 S Ct 4, 51 ALR 409, ya que la Constitución requiere ‘que el juicio ponderado e imparcial de un oficial judicial ... se interponga entre el ciudadano y la policía . . . .’ Wong Sun v United States, 371 US 471, 481-482, 9 L ed 2d 441, 451, 83 S. Ct 407. ‘Reiteradamente este Tribunal ha enfatizado que el mandato de la enmienda [Cuarta] requiere el cumplimiento de los procesos judiciales,’ United States v Jeffers, 342 US 48, 51, 96 L ed 59, 64, 72 S Ct 93, y que los registros realizados fuera del proceso judicial sin la previa aprobación de un magistrado son irrazonables per se bajo la Cuarta Enmienda con algunas excep-ciones específicas establecidas y bien definidas.”

Entre las pocas excepciones señaladas por aquel alto tribunal, figuran el registro incidental a un arresto legal, Agnello v. United States, 269 U.S. 20, 70 L.Ed. 147; Preston v. United States, 376 U.S. 364, 11 L.Ed.2d 777; el registro de un vehículo de motor, barco o vagón cuando existe causá probable para creer que se transporta mercancía de contrabando o prohibida por ley. Carrol v. United States, 69 L.Ed. 542; Hasty v. United States, 75 L.Ed. 624; Brinegar v. United States, 93 L.Ed. 1879, cuando el vehículo ha sido confiscado y el registro posterior del vehículo está relacionado con la razón por la cual se arrestó a su ocupante, Cooper v. California, 386 U.S. 58, 17 L.Ed.2d 730, cuando la propiedad a ser incautada está en proceso de destrucción o en inminente riesgo de ser destruida, Johnson v. United States, 92 L.Ed. 436; McDonald v. United States, 93 L.Ed. 155, o cuando las exigen-cias de las circunstancias hacen imperativo proceder a un registro previo al arresto como cuando de no efectuarse el registro se pone en peligro la vida de los agentes o de otras personas. Maryland Penitentiary v. Hayden, 387 U.S. 294, 18 L.Ed.2d 782; y cuando se da consentimiento para el registro o se renuncia al derecho constitucional contra registros y alla-namientos irrazonables, Zap v. United States, 328 U.S. 624, 90 L.Ed. 1477.

El presente caso no cae dentro de ninguna de las excepciones señaladas. Cuando el agente se acercó a la acusada María González y se incautó- del paquetito sacándoselo del seno, ella no trató de huir, o de destruir la evidencia, ni hizo resistencia. Tampoco demuestra la prueba que las circunstancias exigían, para protección de vidas, que el registro se practicara antes del arresto de los acusados-apelantes. Nada indica en la prueba que el registro fuera incidental a un arresto ya que el primero precedió al segundo. Al acercarse el agente a la apelante no le indicó, por ejemplo, que estaba detenida o arrestada, que no se moviera o que se detuviera, ni cualquier otra expresión indicativa de que la ponía bajo arresto. Tampoco la detuvo físicamente. El agente pues no la puso bajo custodia antes de registrarla. Véase Regla 4 de Procedimiento Criminal.

Surge de la prueba, por el contrario, que después que el agente Díaz Alamo abrió el paquetito y encontró que contenía unos decks, fue que decidió arrestar y arrestó a los acusados-apelantes.

Debemos concluir por lo tanto, que el registro de la acu-sada María González, fue ilegal, y en su consecuencia que la prueba ocupada era inadmisible.

Habiéndose cometido el primer error es innecesario consi-derar el segundo, ya que la sentencia apelada debe ser revo-cada y absolverse a los acusados-apelantes.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       El agente Díaz Alamo declaró que al ocupar el paquete no sabía que contenía “decks” y que después de abrirlo es que se da cuenta. (T.E. págs. 60 y 51.)

       Véanse, Pueblo v. Flores Valentín, 88 D.P.R. 913 (1963) y McCray v. Illinois, 386 U.S. 300, 18 L.Ed.2d 327.

       Véase además, Abel v. United States, 362 U.S. 217, 4 L.Ed. 2d 668, donde se resuelve que un arresto administrativo (deportación), justifica un registro como incidental al mismo.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    Ramón A. Rivera Rivera, etc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-71-164

      Resuelto: 28 de abril de 1972

      Leoncio Carrasquillo Suárez y José R. Calderón Sánchez, aboga-dos del Administrador del Fondo del Seguro del Estado; la parte demandada no compareció.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Accedimos a revisar la decisión de la Comisión Industrial porque en la petición radicada por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se apuntó como error que la Comisión Industrial había revocado la decisión del Administrador del Fondo “sin tener elementos de juicio que le permitieran for-mular tal determinación y en abierta contravención a su propia resolución emitida por unanimidad . . . Los autos originales no sostienen la alegación del Administrador. Vea-mos lo que de los mismos aparece.

Con fecha 26 de agosto de 1970, la Comisión Industrial dictó una resolución donde expresa:

“En el presente caso, este Organismo celebró una vista pú-blica en 5 de mayo de 1970, para que las partes practicaran las pruebas necesarias a los fines de resolver el caso.
Examinada la prueba aportada por las partes en la vista pú-blica celebrada en el caso, de la misma no surgen suficientes ele-mentos de juicio que nos permitan hacer un análisis concienzudo del caso para llegar a una determinación definitiva en el mismo.
A los fines de hacer justicia sustancial entre las partes pro-cede que se señale el caso para continuación de vista pública con miras a obtener elementos de juicio adicionales que nos permitan resolver definitivamente este caso.
En vista de lo expuesto, la Comisión Industrial Resuelve que se proceda al señalamiento de vista pública a los fines antes indicados y en su consecuencia se Ordena a la Secretaría se sirva señalar el caso a la brevedad posible para continuación de vista pública sobre compensabilidad y relación causal.”

La obrera en el presente caso trabajaba en el Centro Médico de Río Piedras. Padecía de una úlcera gástrica. En un informe médico que aparece en documentos del Fondo del Seguro del Estado hay una anotación que lee “not related but aggravated .” Tiene fecha 5 de mayo de 1969. El Administra-dor no obstante negó la compensación fundándose en que la condición que presenta “no guarda relación con sus alega-ciones”, a pesar de que como apuntamos en el informe se expresa: “not related but aggravated”

En la vista pública celebrada el 5 de mayo de 1970, a que hace referencia la resolución de la Comisión Industrial arriba transcrita, el Dr. Américo Miranda, médico del Fondo, declaró según síntesis que aparece en autos “que el cúmulo de trabajo que tenía la lesionada de tipo emocional, que estaba bajo tensión y tenía que correr tras los doctores, quienes le exigían eficiencia en sus labores atendiendo pacientes, es lo que él informó cuando vio a la lesionada como médico internista del Fondo del Seguro del Estado; que es para él una sorpresa que no se haya tomado en cuenta su criterio . . . que al presente está agravada por la situación del momento; que hizo un diagnóstico de úlcera péptica no relacionada pero agravada por las circunstancias del trabajo; que la úlcera que tiene la obrera es una úlcera sin hipersecreción pero que fue agra-vada ...

Se expone en la resolución que revisamos:

“El Dr. Miranda declaró que en este caso rindió un diagnós-tico que no fue tomado en consideración al rendirse la decisión del Admor. que esa decisión es aparentemente administrativa y no estuvo basada en exámenes médicos.
El Abogado del Administrador señaló que en cuanto a si hubo o no otros exámenes médicos para emitir la decisión final, entien-de que no hubo ningún otro informe médico, sino que es una cuestión de derecho de que no había ocurrido un accidente del trabajo, ms/ 24 junio 1970.”

Es evidente de lo expuesto que en la vista del 5 de mayo de 1970 la obrera presentó la prueba que ella entendía establecía su caso y que la representación del Fondo no presentó perito alguno para refutar al Doctor Miranda, que de hecho es médico del Fondo. Evidentemente debido a esta situación es que la Comisión dicta la resolución que al principio copiamos con el objeto de dar la oportunidad al Fondo de refutar el testimonio del Doctor Miranda. Pero en la vista celebrada el 16 de enero de 1971 la representación del Administrador in-formó no estar preparada. La representación de la lesionada somete el caso por la prueba desfilada el 5 de mayo de 1970, a que ya hemos hecho referencia. Se le concedió entonces una nueva oportunidad al Administrador para que presentara prueba, pero en la vista señalada para ese fin insistió que había que decidir primero si había habido un “accidente” del trabajo.

La Comisión fundándose en la declaración no contradicha del Doctor Miranda revocó la decisión del Administrador. Es correcta esta resolución. Hemos sostenido que si el obrero padece de una enfermedad y los que haceres del empleo la agrava o acelera, tiene derecho a la protección que brinda la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. En Vda. de Fernández v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 298 (1962) dejamos consignado a la pág. 299 final que era conveniente “aclarar que el hecho de la existencia de una enfermedad anterior contraída y producida por causas ajenas al empleo no excluye necesariamente la compensabilidad de la incapacidad o muerte resultante por motivo de dicha enfermedad.” Y a la pág. 301, expresamos: “Baste decir que localmente la misión de los organismos administrativos, en primera instancia, y de este Tribunal, no consiste en determinar el origen etiológieo de la enfermedad sino que debe limitarse a determinar la existencia de una relación de causalidad entre la labor realizada y el resultado final — incapacidad o muerte — o sea, si la labor contribuyó al resultado, mediante la agravación, aceleración o precipitación de la enfermedad.”

Para sostener lo anterior citamos de 1 Larson, Workmen’s Compensation Law, Sec. 12.20 (1968) lo siguiente:

“Enfermedades preexistentes o achaques del empleado no derrotan una reclamación bajo el requisito de ‘surgir del empleo’, si el empleo agravó, aceleró o se combinó con la enfermedad o achaque para producir la muerte o incapacidad por la cual se reclama compensación.”

No habiendo la representación del Administrador del Fondo del Seguro del Estado presentado prueba para desvirtuar el testimonio del Dr. Miranda a los efectos de que el trabajo que realizaba la obrera agravó su enfermedad, la Comisión no podía dictar otra resolución que la que dictó.

Se confirmará la resolución objeto de esta revisión.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       En Vda. de Fernández v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 298 (1962) explicamos lo que se entiende por “accidente” a los fines de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.


author: PER CURIAM:

text:
    Elsie Rodríguez Retamar, demandante y recurrida, v. Dr. Antonio Maldonado, demandado y recurrente [Peticionario].
    Número: O-71-58

      Resuelto: 3 de mayo de 1972

      Charles R. Cuprill, abogado del recurrente; Héctor Lugo Bougal, Delia María Auffant y Delia Lugo Bougal, abogados de la recurrida.
   PER CURIAM:

El peticionario dentista fue demandado en daños y perjuicios por una alegada indebida e innecesaria ex-tracción de dos molares de la boca de la recurrida por lo cual lo responsabilizó el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce, en la suma de $2,200.

El Tribunal Superior, Sala de Ponce, desestimó la apela-ción del peticionario porque los autos del caso “demuestran que ... los daños sufridos por la demandante-apelada tuvieron su génesis en la negligencia profesional de demandado . . . nada hay que justifique el alterar las determinaciones del tribunal sentenciador.”

Debemos considerar las anteriores adjudicaciones a la luz de las normas que con respecto a la prestación de servicios médicos relacionamos en Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890 (1971), las que también aplican a los dentistas. Guzmán v. Silén, 86 D.P.R. 532 (1962).

Como la prueba no ha demostrado que las actuaciones del peticionario contraviniesen las referidas normas, la demanda en este caso no puede prosperar y en tal virtud debe dejarse sin efecto la sentencia dictada por el Tribunal Superior, en 4 de febrero de 1971 que declaró sin lugar la apelación de la que dictó el Tribunal de Distrito, Sala de Ponce, en 18 de mayo de 1970. Esta última debe revocarse.

El Tribunal de Districto concluyó, en síntesis, que:

1. — En marzo de 1968, recurrió la recurrida al peticiona-rio debido a que sufría un fuerte dolor en el lado derecho del rostro. Le extrajo una muela luego de tomarle una radiografía y como el dolor de continuaba, días después, en ese mismo mes, le extrajo otra. Como el dolor le continuaba volvió a donde el peticionario pero éste se negó a atenderla.

2. — Entonces la recurrida solicitó los servicios del cirujano dental, Dr. Meléndez, en abril de 1968, quien testificó que la radiografía que le tomó de la boca reveló (a) que tenía un cordal impactado lo cual produce mucho dolor; (b) que le habían extraído dos molares no más de dos meses antes; la trató, pero en 15 de julio de 1968 se vio obligado a extraerle el cordal; (c) que la dentadura de la recurrida estaba en con-diciones excelentes.

3. — Basándose en el testimonio del Dr. Meléndez, los dos molares extraídos estaban en buenas condiciones.

4. — La intervención del peticionario agravó y ocasionó daños a la recurrida que provinieron de la negligencia original del peticionario y que fueron corregidos posteriormente por la intervención del Dr. Meléndez, lo que hace al peticionario res-ponsable de los daños que sufrió la recurrida consistente de fuertes dolores físicos, así como angustias mentales y morales.

5. — Como cuestión de hecho que los daños sufridos por la recurrida fueron el resultado de la negligencia, falta de cui-dado e impericia del peticionario, quien no tomó adecuada-mente la radiografía a la recurrida, lo cual hubiese puesto de manifiesto la existencia del cordal que causaba el dolor,- lo cual a su vez motivó que dicho peticionario extrajese innece-sariamente dos molares a la recurrida. Así mismo que el peti-cionario fue igualmente negligente al no advertir que el trata-miento que él estaba ofreciendo a la recurrida no arrojaba resultados favorables.

Durante la vista del caso prestó testimonio el peticionario, pero su declaración no le mereció crédito alguno al tribunal juzgador.

De entrada señalamos que gran parte de la prueba consiste del testimonio de peritos dentistas. De manera que al apreciarla no estamos en forma alguna impedidos por el juicio del Tribunal de Distrito de que el testimonio del peticionario en su capacidad de perito no le merecía crédito alguno. Dijimos en Concepción Guzmán v. A.F.F., 92 D.P.R. 488, 495 (1965), que “. . . este Tribunal está en libertad de adoptar su criterio propio en la apreciación de la prueba pericial.”

El tribunal no hace referencia alguna en sus conclusiones con respecto al testimonio del perito Dr. Meléndez en su con-trainterrogatorio al efecto de que de las muelas extraídas no sabía nada; que nunca vio los morales extraídos por el recurrente; no conocía su condición y que no podía declarar si el dolor que la recurrida sentía cuando fue a ver al peticiona-rio era del cordal o de los morales porque eso era muy difícil! y de que pudo haber tenido dolor en otras piezas así como en el cordal.

Según la relación del caso hecha por el juez de distrito sentenciador, el peticionario testificó que . . ella se presentó a solicitar mis servicios, dijo y que tenía un fuerte dolor en el lado derecho inferior de la cara, luego de yo hacerle las pruebas de rutina, diría yo que hacemos todos, tales como tomarle placas, tomarle prueba de percusión, esto consiste en darle unos toquecitos a la pieza que uno sospecha en esos momentos, luego de hacerle pruebas técnicas, que son pruebas de frío y color, llegué a la conclusión que la primera molar de este lado inferior derecho, presentaba una obsturación en oro, un relleno. Ante este cuadro clínico ... y usando mis conoci-mientos con toda buena fe, decidí y llegué a la conclusión de que mi diagnóstico era de que la extracción de aquel molar era la solución al dolor intenso para alivio del dolor intenso que la paciente sentía en aquellos momentos.” Con respecto a la segunda extracción testificó el recurrente que “En esa fecha presentaba otro dolor ... en ese lado inferior derecho a lo cual después de diferentes pruebas, llegué a la conclusión y bajo su consentimiento le extraje esa pieza, la segunda molar. Esa segunda molar presentaba obsturación en plata, basante profunda ... me vi obligado a extraerle esa muela ... le tomé las pruebas de rutina . . . llegamos a la conclusión de que esa segunda molar era la que le estaba ocasionando el dolor en ese momento.” Luego testificó que “A los tres o cuatro días fue que ella me llamó por teléfono, quejándose de que estaba recluida en cama y que tenía un dolor intenso en ese lado, a lo cual acudí a su casa, al lecho de enferma y en-contré, después de examinarle la boca, encontré que lo que presentaba era un cuadro típico de alveolitis localizada, que es una situación .... Alveolitis es una infección del alveolo, o sea, don [sic\ estaba incrustado el molar, que por alguna razón u otra y no se han podido expecificar [sic] todavía las razones, el paciente pierde el coágulo o no se llega a formar el coágulo de sangre de la primera etapa de la cicatrización de toda lesión en algún cuerpo vegetal o animal y por ‘h’ o por T’ pierde ese coágulo se lava con los fluidos de la boca y queda expuesto al alveolo a las bacterias bucales y entonces ocurre una necrosis, una occiomielitis localizada, que es lo más doloroso que puede haber. ... Le receté calmantes analgési-cos y entonces le dije que me fuera a ver, porque eso requiere un tratamiento en mi oficina, a lo cual ella nunca asistió.” Explicó, además, que había notado el cordal pero que cuando hizo las extracciones, éste no estaba impactado sino que estaba surgiendo “.. . cubierto con encía en la parte oclusal”; que las radiografías del Dr. Meléndez no mostraban impedimento alguno a que el cordal surgiese, y añadió “. . . Nada más la encía y eso la fisiología lo explica de que va a surgir.”

Testificó el peticionario que según su récord de citas admitido en evidencia, realizó la primera extracción en 22 de septiembre de 1967 y la segunda en 28 de marzo de 1968. La prueba más confiable, a nuestro juicio, es que hubo este inter-valo de unos seis meses entre estas extracciones. Mientras la recurrida no recuerda en qué fecha en marzo de 1968 se le hizo la primera extracción, el récord del peticionario demues-tra que en ese mes se le hizo sólo la segunda extracción; que la primera se le hizo en 22 de septiembre de 1967. En apoyo de la fecha de la primera extracción, testificó el peticionario que de la radiografía del Dr. Meléndez surge “... una cicatri-zación, la distancia entre el cordal a la segunda premolar, del lado menor .... Es inconcecible [síc] si medimos, que dos piezas quepan en ese lugar, a lo cual yo testifico de que no es posible que yo la haya hecho una extracción y luego la otra inmediatamente, como se especifica en la declaración de la demandante, puesto que, de acuerdo con la fisiología humana, todas las piezas tienden .a moverse hacia la línea misial o línea del centro del esqueleto humano, hacia la línea todos tienden, por lo tanto en esta fecha el Dr. Meléndez le tomó estas placas, que se supone fue en abril 19, y no recuerdo más. El cordal había emigrado tanto hacia acá que no es posible que haya habido dos piezas reciente antes, o sea, que tardó seis meses distintos, mucho más de seis meses en una extracción a la otra.”

No hubo prueba demostrativa de que el tratamiento que el peticionario prestó a la recurrida según su anterior testimonio, fuese otro distinto o que variase sustancialmente del mismo.

Tampoco hubo prueba alguna de que el tratamiento del peticionario que culminó en las dos extracciones (1) fuese in apropiado, negligente, inadecuado y que mostrase una falta de haber ejercitado un grado de cuidado razonable; (2) no conforme con la práctica prevaleciente en la comunidad, es decir, que no llena las exigencias profesionales reconocidas, o sea, la'práctica aceptable profesionalmente hablando en cuanto a casos como el que nos ocupa.

• De manera que la presunción de que se ejercitó un cuidado razonable en el desempeño de las funciones del peticionario en este caso no ha sido controvertida. Como dijimos en Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315, 328 (1963), la prueba debió demostrar, y no lo demuestra en este caso, que existía algo más que una mera posibilidad de que el daño se debiera al incumplimiento por el dentista de su obligación.

La conclusión del Tribunal de Distrito de que “Sin duda alguna, en el caso de la demandante el dolor que ella sentía estaba relacionado con el cordal.” no encuentra apoyo en la prueba, sino que sólo puede deducirse de meras posibilidades, conjeturas y sospechas. El perito de la recurrida no pudo asegurar que el dolor producido por el cordal era el que padecía la recurrida cuando fue a tratarse con el peticionario. Por el contrario testificó que era muy difícil declarar de dónde provenía ese dolor, si del cordal o de los morales extraídos. El hecho de que la recurrida continuara sufriendo dolor en el lado derecho de la cara aun después de la segunda extracción y que el dolor que la llevó a ver al Dr. Meléndez cesó cuando éste le extrajo el cordal, no es, por sí solo, demostrativo de que el peticionario no encontrase de su examen que el caso requería la extracción de los dos molares en cuestión y de que el peti-cionario fuese culpable de una práctica profesional mala, negligente y descuidada. En cuanto al cordal, el perito de la recurrida testificó que la encontró impactado, es decir, cubierto con hueso mandibular por lo que no podía salir; que en ese caso había que extraerlo pues produce mucho dolor. Por el contrario, el peticionario, testificando como su propio perito, dijo que notó el cordal cuando trató a la recurrida en relación con la primera extracción.

Dentro de las posibilidades y conjeturas prevalecientes en este caso, ya que los peritos no aclararon a cabalidad la cuestión, existen tres posibilidades, o sea, de que la recurrida padeció de un solo dolor proveniente de un cordal impactado, o de otros dolores provenientes de molares enfermos, o' de dolores causados por el cordal y por las dos piezas que el peticionario le extrajo que requirieron las tres extracciones que en total sufrió.

Como no procede responsabilizar al peticionario a base de meras posibilidades, deben revocarse las sentencias dictadas en este caso por el Tribunal Superior y el Tribunal de Dis-trito, Salas de Ponce, y desestimarse la demanda.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       Estas manifestaciones aparecen del pliego de objeciones a la Relación del Caso, objeciones que, previa vista, el Tribunal de Distrito aceptó mediante su resolución de 11 de septiembre de 1970.

       Se hace necesario observar que solicitadas las cintas magnetofónicas de la vista del caso en sus méritos en el Tribunal de Distrito, resultaron ininteligibles. La persona encargada del control de la máquina de sonido indudablemente fue negligente al no pasar la cinta magnetofónica al final de cada rollo en retroceso a su rollo original de manera que al pasarse en otra máquina la grabación fuese inteligible. La Administración de los Tribunales debe llamar la atención a las personas encargadas de las graba-ciones en el Tribunal de Primera Instancia de que sigan la práctica que acabamos de explicar así como la de hacer pruebas periódicas durante el proceso de grabación con el fin de verificar la fidelidad de la grabación que se está llevando a cabo.

       Es significativo que la recurrida, quien tenía el peso de la prueba, no requiriese que el recurrente produjese e identificase esas placas pues es'-posible que hubiesen contenido alguna indicación sobre el estado de los dos molares que el recurrente le extrajo a la recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Justiliano Báez, acusado y apelante.

      Número: CR-71-52

      Resuelto: 4 de mayo de 1972

      Enrique Miranda Merced, abogado del apelante; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Roberto Armstrong, Jr., Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Por una infracción a la See. 4 de la Ley Núm. 87 de 22 de junio de 1962 (29 L.P.R.A. see. 530) el apelante, un obrero analfabeto residente en las parcelas Jauca de Santa Isabel, fue sentenciado a pagar una multa de $500.00 ó en su defecto un día de cárcel por cada dólar que dejare de pagar sin exceder la prisión subsidiaria de 90 días.

En vista de que un gran número de nuestros trabajadores salen de Puerto Rico hacia Estados Unidos y otras partes, en busca de oportunidades de trabajo, el Departamento del Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha venido desarrollando normas para la máxima protección de esos tra-bajadores sobre todo los agrícolas. Los esfuerzos de dicho Departamento para la protección de los trabajadores puerto-rriqueños venía tropezando con el inconveniente que presenta-ban aquellos patronos y agentes que trataban de circunvenir la ley y las normas establecidas por el Departamento del Trabajo reclutando trabajadores y llevándolos a trabajar a Estados Unidos sin un contrato que les ofreciera las debidas garantías. Ello hizo necesario la aprobación de una ley que regule la contratación de trabajadores cuyos servicios hayan de utilizarse fuera de Puerto Rico para ajustarla a las nece-sidades que se han advertido en la administración del pro-grama encaminado a extender garantías y protección maxi-ma a los trabajadores emigrantes.

Por tales consideraciones se aprobó la Ley Núm. 87 de 22 de junio de 1962. Dicha ley confirió autoridad al Secretario del Trabajo para entender por sí o por sus agentes en todo lo concerniente a la contratación de trabajadores cuyos servicios vayan a utilizarse fuera de Puerto Rico. Sec. 1.

En su See. 2 impuso a toda persona, organización o agente que se proponga, por sí o por cualquier medio, reclutar y con-tratar trabajadores para trabajar en cualquier lugar fuera de Puerto Rico, la obligación de comunicarse con el Secretario del Trabajo e informarle, en los formularios que se le suminis-tren, todos los pormenores que se detallan en dicha See. 2, y en su See. 3 les impone la obligación de formalizar un contrato por escrito con las personas que haya de emplear, el cual debe contener las garantías mínimas que se fijen por el Secretario del Trabajo mediante reglamento, contrato este que deberá ser aprobado por dicho funcionario.

La See. 4, por cuya infracción fue condenado el apelante, dispone:

“Sección 4. — Será ilegal el reclutamiento y/o la transporta-ción de trabajadores .para trabajar fuera de Puerto Rico, por parte de cualquier persona u organización o sus agentes sin la debida autorización del Secretario o su representante autorizado. A los efectos de esta sección, se entenderá por ‘transportación’ cualquier acto consistente en gestionar, inducir a obtener o entre-gar pasajes por cualquier medio para cualquier persona dentro de los limites de Puerto Rico, para ir a trabajar fuera de Puerto Rico; así como el traslado físico de los trabajadores a sabiendas de que éstos van a trabajar fuera de Puerto Rico sin la debida autorización.” (Énfasis nuestro.)

Para sostener la acusación el fiscal presentó los testimonios de Gregorio Rodríguez Norat y Germán Santiago.

El primero de ellos, Gregorio Rodríguez Norat declaró, en síntesis, en el examen directo, que reside en el Barrio Jauca; en la noche del 15 de junio de 1969 se encontraba en el aero-puerto de San Juan porque se iba para los Estados Unidos a trabajar y tenía un pasaje. Ese pasaje y $25.00 se lo llevó a su casa el acusado Justo Báez y le dijo que el sitio donde iba a trabajar era “Glassborough”; que al entregarle el pasaje le dijo que si quería ir a trabajar a lo que le contestó que sí, que necesitaba ir a trabajar, que pagó $5.00 por su pasaje en automóvil hasta el aeropuerto.

En la repregunta declaró que se analfabeto; que el acusado vive en el mismo barrio de Jaucas y también es analfabeto; que no conoce a Luis López García ni a Virgilio Rivera; que nunca antes había salido a trabajar fuera de Puerto Rico; que al acusado entregarle el pasaje el dijo que Virgilio Rivera se lo había dado para que se lo entregara; que sabía que eran unos 16 los que iban a trabajar; que el acusado le dijo que Virgilio Rivera se los entregó a él para entregárselos a ellos; que eran cinco los primeros que iban y después iban cinco más;

Germán Santiago declaró en síntesis, que vive en el Barrio Jauca de Santa Isabel; que en la medianoche del 15 de junio de 1969 se encontraba en el aeropuerto con cuatro personas más, entre ellas el acusado, porque todos iban a trabajar en Nueva Jersey; que el que habló con él para ir a trabajar fue el acusado. El fiscal le preguntó como fue que le entregaron el pasaje a lo que contestó:

“El me dijo que había un señor que había sacado un pasaje, yo no lo conozco, yo le dije, ‘trata de conseguirme uno, yo estoy desempleado y quiero trabajar’, él me dijo que si acaso el señor le daba los pasajes y yo le dije que tratara de conseguirlo.”
A la pregunta del fiscal de si Justiliano iba a hablar con un señor que iba a sacar un pasaje, contestó: “Ajá, yo le dije que como no conocía al señor que me lo consiguiera, como yo estaba desempleado y quería trabajar y el pasaje me lo man-daran a casa.” Declaró que además del pasaje le entregaron $25.00; que entre los que se iban a trabajar estaba el acusado; que no conoce a Virgilio Rivera ni a Luis López García; que no tiene contrato con ninguna agencia en Salinas para pagar el pasaje; que el pasaje lo iban a pagar por medio del trabajo según se lo informó a Justiliano el señor que le entregó el pasaje.
Por la defensa declararon dos testigos que dijeron conocer al acusado como un trabajador agrícola pero no como jefe de grupo, “esos señores que se dedican a colectar trabajadores, llevar trabajadores a ciertas fincas....”

El propio acusado declaró que ha sido picador de caña toda su vida y que además trabaja en cualquier otra faena agrí-cola; que se analfabeta. Al preguntarle el señor juez sobre el asunto de los pasajes, declaró:

“Hon. Juez:
Cómo era el asunto?
El asunto de esos pasajes es que se los mandaron a Luis López García, entonces él está embarcado y él le mandó la carta al suegro, Virgilio Rivera, al mandarla él estuvo en las parcelas para tener una reunión con los que iba a mandar, entre las reclutaciones estaba yo. Me dio un pasaje entonces, conmigo le mandó un pasaje a este muchacho, me dijo, ‘llévemele este pasaje a fulano de tal’, como yo lo conocía yo se lo llevé ... yo soy ino-cente, yo iba a trabajar porque estaba sin trabajo y así me fui solo para el aeropuerto; no se de letras, no conozco nada.
Lodo. Viera:
¿De manera, don Justo, que tanto usted como Gregorio Norat y Germán iban a hacer lo mismo ?
Sí, lo mismo; me dieron ese pasaje y venticinco pesos. ¿ Quién le dio ese pasaje ?
Don Virgilio Rivera que fue el que los distribuyó. ¿Y cómo se compraron esos pasajes?
Yo no se como se compraron esos pasajes; los sacaron en Salinas, él los sacó en Salinas.
Fiscal Méndez:
¿Cómo es?
Esos pasajes los sacó en Salinas Virgilio Rivera, él decía que se los mandaron a Luis López, entonces, Luis López se los mandó al suegro.
Lodo. Viera:
¿ Y el cheque era para el pasaje suyo o de más gente ?
Para 16, mil doscientos dolores.” (T.E. págs. 41 a 42.)

En la repregunta negó que le hubiera dicho anteriormente al fiscal que él iba a trabajar con Mr. George; admitió que Mr. George había estado aquí y que personalmente Mr. George se llevó 5 trabajadores. Declaró además que no fue a Salinas ni a ningún otro sitio a comprar pasajes.

Ya hemos visto que la See. 4 alegadamente infringida por el apelante declara ilegal el reclutamiento y/o transportación de trabajadores para trabajar fuera de Puerto Rico por cual-quier persona u organización o sus agentes sin la debida autorización del Secretario del Trabajo o su representante autorizado. La prueba no demuestra más allá de duda razo-nable, que el apelante reclutara a los obreros Gregorio Rodrí-guez Norat y Germán Santiago para trabajar fuera de Puerto Rico. La explicación del apelante respecto a como dichos tra-bajadores recibieron los pasajes, no se produce por vez pri-mera en el juicio; Rodríguez Norat declaró que cuando el apelante le entregó el pasaje y los $25.00 le dijo que Virgilio Rivera se los había dado para que se los entregara a él. En cuanto al otro obrero, Germán Santiago, se desprende de su propio testimonio, que enterado de que iba a salir un grupo de obreros para Estados Unidos, le pidió al apelante que tra-tara de conseguirle un pasaje ya que él no conocía a la persona encargada de distribuirlos y entregarlos. La gestión del ape-lante a esos efectos no puede considerarse, a la luz de los fines perseguidos por la Ley Núm. 87, como un acto de recluta-miento.

A los efectos de la See. 4, se entenderá por “transportación” “cualquier acto consistente en gestionar, inducir a obtener y entregar pasajes por cualquier medio para cualquier persona dentro de los límites de Puerto Rico, para ir a trabajar fuera de Puerto Rico,....”

El conjunto de la prueba demuestra que fue Virgilio Rivera quien gestionó e indujo a obtener o entregar los pasajes a los dos obreros mencionados en la acusación y a otros 14 obreros más. El apelante fue el medio que utilizó para la entrega de los pasajes. La gestión del apelante consistente únicamente en entregar un pasaje a Gregorio Rodríguez, por encomienda de Virgilio Rivera y la de solicitar de éste un pasaje para Germán Santiago por encomienda y pedido del propio Santiago, no debe considerarse que caen dentro en la definición de “transportación”, contenida en la susodicha See. 4 de la Ley Núm. 87.

Por las anteriores razones la sentencia apelada debe ser revocada y absolverse al acusado-apelante.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino. El Juez Asociado, Señor Ramírez Bages, disintió en voto separado con el cual concurre el Juez Asociado, Señor Mar-tínez Muñoz.

—O—

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Ramírez Bages

con el cual concurre el Juez Asociado Señor Martínez Muñoz.

San Juan, Puerto Rico, a 4 de mayo de 1972

Disiento por entender que, independientemente de que el apelante fuese analfabeto y obrero agrícola, violó las disposi-ciones de la see. 4 de la Ley Núm. 87 de 22 de junio de 1962 (29 L.P.R.A. see. 530) al entregar pasajes a los dos testigos de cargo dentro de los límites de Puerto Rico para ir a trabajar fuera de Puerto Rico. La prueba demuestra que no era un mero mensajero de Virgilio Rivera, sino que, sin autorización del Secretario del Trabajo, reclutó obreros para trabajar fuera de Puerto Rico y, a esos efectos, preguntó a los testigos de cargo si querían ir a trabajar fuera de Puerto Rico; que él les podía conseguir los pasajes. Al contestar éstos que sí, les gestionó el pasaje del referido Rivera y se los entregó infor-mándoles la forma de rembolsar el costo del pasaje y el lugar donde iban a trabajar.

A base de la prueba aducida en este caso, el juez senten-ciador tuvo fundamentos para concluir más allá de duda razonable que el apelante era culpable del delito que se le imputó. Por tal razón, creo que se ha debido sostener la convicción.

       Exposición de Motivos de la Ley Núm. 87 de 22 de junio de 1962.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Paula Reyes Lara, acusada y apelante.

      Número: CR-71-70

      Resuelto: 8 de mayo de 1972

      Raúl M. Olmo Olmo, abogado dél apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

La apelada fue acusada y convicta de asesinato en 2do. grado (33 L.P.R.A. sees. 631 y 633) y del delito menos grave de portar, conducir y transportar un cuchillo el cual utilizó en la comisión de un delito de asesinato en 2do. grado en la persona de Francisco López Rivera (Art. 4 Ley de Armas— 25 L.P.R.A. see. 414). Fue condenada a cumplir las penas de 2 años de cárcel por el delito menos grave y 10 a 15 años de presidio por el asesinato.

La prueba de las partes la resume la representación legal de la defensa correctamente así:

“El primer testigo de cargo en ser utilizado por el fiscal lo fue el Dr. Rafael Criado, quien aseveró haberle practicado la autopsia a un cuerpo, el cual fuera identificado en esa ocasión como el correspondiente al señor Francisco López Rivera. Atribuyó la causa de la muerte a una herida cortante localizada al nivel cuadrante superior derecho del abdomen, justamente encima de la zona donde normalmente queda el apéndice.
A continuación, la señora Carmen Iris Velar do declaró que ese día doña Paula, desde su casa y don Francisco, desde abajo, se insultaban mutuamente; que don Francisco para abrir la puerta de la casa de doña Paula fue a la suya propia trayendo consigo una barra (conocida como pata de cabra) con la cual descerrajó la puerta, y subió a casa de doña Paula donde le dio cuatro fuetazos con una antena de carro. Doña Paula, sangrando, se quedó en su casa mientras don Francisco bajó a donde estaban ‘los muchachos bebiendo’.
Siguen insultándose, y don Francisco vuelve a subir a casa de doña Paula. Esta vez don Francisco llevaba una cuchilla abierta en la mano con la cual ‘le tiró’ dos o tres veces a doña Paula. Esta, que se encontraba cocinando para ese entonces, también ‘tiraba’ con un cuchillo. En ese momento doña Carmen interviene y se lleva a doña Paula a un cuarto de la casa. Sin embargo doña Paula se le escapa hacia la cocina donde don Francisco le propina un golpe que la tumba, tropezando a caer con el borde de un banco.
Doña Carmen recoge a doña Paula quien sangra profusa-mente y aparenta estar inconsciente; la acerca al fregadero, donde doña Carmen pone el cuchillo; y busca sal y un paño para atender a doña Paula.
A penas transcurridos 4 ó 5 minutos del golpe, y mientras doña Carmen curaba a doña Paula, ésta coge el cuchillo y diri-giéndose a don Francisco, quien está recostado sobre la ventana de espaldas a doña Paula, le hiere.
Don Martín Lebrón Sierra declaró haber presenciado la pelea; y que cuando le lavaban las heridas a doña Paula, ésta se dirigió hacia don Francisco, quien estaba recostado en la ventana mirando hacia afuera, y le hirió.
Por la defensa declaró el joven José Ramón Villafañe, sobrino de la apelante. Este narró los hechos en concordancia a como los había narrado la señora Carmen Iris Velardo. No obstante apuntó que don Francisco, desde la ventana y antes de ser herido, amenazaba a Doña Paula; que al ésta dirigirse hacia él, éste último se le enfrentó. Apuntó además que apenas transcurrió un minuto o dos desde el momento en que doña Paula recibe el golpe y el momento en que hiere a don Francisco.”

Los apuntamientos de la apelante en apoyo de su apelación se consideran a continuación.

1. — Arguye la apelante que los hechos relacionados en la acusación no imputan delito porque no alegó en la misma que la muerte se realizó con malicia 'premeditada lo que es un elemento esencial del delito.

Desafortunadamente la representación legal de la apelante no ilustra en forma alguna al tribunal sobre esta cuestión. Se ha limitado a la práctica de plantear la cuestión lo cual simplemente evidencia una marcada dejadez en el cumpli-miento de la responsabilidad profesional del letrado.

La acusación impugnada lee así:

“La referida acusada Paula Reyes Lara, allá en o para el día 8 de diciembre de 1968 y en Caguas, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Puerto Rico, ilegal y voluntariamente y con deliberado pro-pósito de matar, demostrando tener un corazón pervertido y maligno, dio muerte ilegal al ser humano Francisco López Rivera, al cual acometió y agredió con un cuchillo, que es un arma con la cual puede causarse grave daño corporal y hasta la muerte a un semejante, infiriéndole una herida punzante de carácter grave y a consecuencia de dicha herida recibida, falleció el mencionado Francisco López Rivera el día 8 de diciembre de 1968 en Caguas, Puerto Rico, y que dicha herida punzante fue inferida por la aquí acusada Paula Reyes Lara al hoy interfecto Francisco López Rivera, con la intención de matarlo.”

El Art. 199 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 631) dis-pone que “Asesinato es dar muerte ilegal a un ser humano con malicia y premeditación.” Según el Art. 201 (33 L.P.R.A. see. 633) es asesinato en primer grado, entre otros, toda muerte alevosa, deliberada y premeditada, siendo de 2do. grado todos los demás.

Hemos dicho que en el asesinato en 2do. grado la muerte es maliciosa y premeditada sin que medie deliberación. Pueblo v. Pérez Martínez, 84 D.P.R. 181, 184 (1961). Dijimos en Pueblo v. Torres, 75 D.P.R. 231, 240 (1953) que en el asesinato en 2do. grado basta la malicia premeditada.

La expresión malicia denota un acto dañoso, intencional, sin justa causa o excusa — la esciente infracción de la ley en perjuicio de otro — (Art. 559 Código Penal—33 L.P.R.A. sec. 11(4)).

Con respecto a malicia premeditada en casos de asesinato hemos dicho que:

“El concepto de malicia premeditada implica la ausencia de justa causa o excusa al ocasionar la muerte e implica además la existencia de la intención de ocasionar la muerte de un semejante.
Esa intención se puede manifestar a través de uno de los dos siguientes elementos, cualquiera de los cuales es suficiente para determinar la existencia de malicia premeditada, a saber, (a) la intención específica de matar, considerada como equivalente al deseo y propósito directo, explícito y definido de matar, o sea, precisamente formulado con el objetivo directo de matar [cita], o, (b) con la intención de realizar un acto o de producir grave daño corporal cuya consecuencia probable sea la muerte de una persona . . . .” Pueblo v. Méndez, 74 D.P.R. 918, 921-922 (1969) (Énfasis en el original.)
Dispone la Regla 35 de las de Procedimiento Criminal que la exposición de los hechos esenciales del delito en la acusación “no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley y podrá emplear otras que tuvieren el mismo signi-ficado.”

De acuerdo con el Art. 200 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 632) la premeditación es tácita cuando no resulta notable provocación, o las circunstancias que concurren en la muerte demuestran un corazón pervertido y maligno. Pueblo v. Díaz Alicea, 91 D.P.R. 786, 794 (1965).

Sobre la cuestión que nos ocupa, el Tribunal Supremo de California, donde el Código Penal contiene disposiciones idén-ticas al de Puerto Rico previamente citadas, ha resuelto en People v. Urias, 12 Cal. 326 (1859) que una acusación que alega que el apelante “alevosamente asaltó con un arma mortal, es decir, una pistola cargada con pólvora y bala con la intención de allí y entonces matar al . . . sin justa causa o provocación pero con un corazón pervertido y maligno”, no imputaba delito porque no alegó premeditación o malicia pre-meditada que es un ingrediente accesorio del delito de asesi-nato o de asalto con la intención de cometer tal crimen.

En People v. Schmidt, 63 Cal. 28 (1883), se dijo que la malicia premeditada es un ingrediente necesario del crimen de asesinato, de manera que debe alegarse en la acusación— bien expresamente o mediante palabras de significado equiva-lente. En este caso se encontró insuficiente una acusación que alegaba que el apelante “voluntaria, ilegal, intencional y ale-vosamente (willfully, wrongfully, unlawfully, intentionally and feloniously) disparó a matar y asesinó a M. Schmidt, contrario a la forma, vigencia y efecto del estatuto para tal caso provisto y promulgado y contra la paz y dignidad del Estado . . . .” Coston v. State, 198 So. 467 (Fla. 1940). Véanse, además, State v. Robinson, 78 So. 933 (La. 1918); Pinson v. State, 2 So.2d 339 (Ala. 1941). En P. v. Vance, 21 Cal. 400 (1863), se resolvió que los términos “voluntaria, maliciosa, alevosa y premeditamente” equivalían a “malicia premeditada”.

En Basham v. State, 287 Pac. 761 (Okla. 1930), se sostuvo una acusación de matar a un ser humano con una escopeta “con intención ilegal, alevosa, voluntaria, ilegal e intencionalmente” (willfully, wrongfully, unlawfully, intentionally and feloniously) porque estos últimos términos tienen un significado similar al término “propósito premeditado” usado en el estatuto. Asimismo se dijo en Anderson v. State, 5 Ark. 444 (1843) que los términos “voluntaria y perversamente” equivalían a “malicia premeditada”.

Dijimos en Pueblo v. Díaz Breijo, 97 D.P.R. 64 (1969) que es requisito ineludible del debido procedimiento de ley que la acusación contenga los elementos del delito que se imputa al acusado. Pueblo v. De Jesús Rosado, 100 D.P.R. 536 (1972).

La acusación en el caso que nos ocupa alega que la apelante mató a López Rivera infiriéndole una herida punzante con un cuchillo que le ocasionó la muerte; que el acto se realizó en determinada fecha y sitio “ilegal y voluntariamente . . . con deliberado propósito de matar, demostrando tener un corazón pervertido y maligno ... con la intención de matarlo.”

No hay duda que si se hubiese usado el término “malicio-samente” o “premeditadamente” en la acusación ésta no hubiera estado sujeta a ataque. Por supuesto que el uso de estos términos en adición a los otros hechos constitutivos del delito constituyen la forma más precisa y efectiva de imputar el delito de asesinato.

A nuestro juicio, sin embargo, el conjunto de términos usados en la acusación tienen un significado equivalente a malicia premeditada pues muchos de ellos constituyen elementos de la malicia o de la premeditación. Se alegó la intención y el propósito de matar a determinada persona, ilegal y voluntariamente. Estos son elementos de la malicia. La alegación “demostrando tener un corazón pervertido y maligno” es equivalente a la alegación de premeditación tácita.

Concluimos por lo tanto que la acusación imputa el delito de asesinato en segundo grado.

2. — Apunta la apelante que el tribunal de instancia incidió al admitir prueba sobre convicciones de la apelante por la comisión de delitos menos graves de acometimiento y agresión simple, acometimiento y agresión grave, portar armas, aco-metimiento y agresión grave, portar armas prohibidas y per-turbar la paz. Tiene razón.

El incidente que motiva este apuntamiento comenzó al finalizar la prueba de la defensa cuando ésta ofreció en evi-ciencia, sin objeción del fiscal, dos sentencias del Tribunal de Distrito de Caguas condenando .al acusado a la pena de seis meses de cárcel por los delitos de acometimiento y agresión grave y por portar armas “por haber emprendido en contra de la acusada.” Al reanudarse la vista del caso cinco días des-pués, solicitó la defensa que no se aceptase esa prueba “ya que ... ha tenido conocimiento de que esos casos estaban en apela-ción y no siendo estas sentencias firmes ... no podemos admitir en evidencia, y por lo tanto, vamos a pedir que se retiren como prueba.” Se opuso el fiscal “. . . porque él está impedido contra sus propios actos actuar una cosa que él mismo ha presentado ... se ha dicho ante el jurado . . . que él traía esas dos sentencias para establecer la peligrosidad de Francisco López Rivera en el sentido de que por haber ofre-cido esas dos sentencias se establecía ante este Tribunal que él era un hombre peligroso.” La defensa negó que hubiese traído esos casos con ese propósito. Añadió que “. . . trajimos prueba testifical de actos específicos de violencia en contra de este señor Francisco López Rivera contra la acusada especí-ficamente. Nosotros en ningún momento hemos dicho que este señor Francisco López, sea una persona peligrosa, ni que sea una persona peligrosa contra otras personas, sino que hubo actos específicos de violencia de parte de Francisco López Rivera contra la acusada en este caso. Eso es todo lo que pre-tendimos traer y todo lo que trajimos en evidencia. O sea, no hablamos en ningún momento contra la peligrosidad de esta persona.” Alegó por último el fiscal que del récord de esos casos aparecía que los mismos se habían archivado. El tribunal permitió retirar esos documentos. Enseguida el fiscal procedió a ofrecer como prueba de refutación, prueba de la peligrosidad de la apelante, basándose en Pueblo v. Cruz, 65 D.P.R. 172, 180 (1945). Esta prueba consistió en casos en que la apelante fue convicta y sentenciada a multa y a térmi-nos de cárcel por los delitos de acometimiento y agresión simple, tres casos de acometimiento y agresión grave, varios de portar armas y uno de perturbar la paz. El tribunal admi-tió esa prueba porque “. . . estos casos sostienen que cualquier intento o prueba de carácter o conducta del interfecto abre las puertas al Ministerio Público para traer prueba de la misma clase por parte de la otra parte, por parte del acusado. . . . Con la razón adicional de Pueblo v. Rodríguez, 66 D.P.R. pág. 317, página específica 324, Pueblo v. Rodríguez, la razón adicional de que se pueden traer estos actos para demostrar la intención, propensión e inclinación preconcebida, y aún el Pueblo v. Archeval, habla de excepción, aún aplicándole ese caso y por las razones aducidas anteriormente, se admite la evidencia.” La defensa objetó la admisión de la anterior prueba basándose en que la defensa no había traído prueba de la peligrosidad del occiso; que solo trató de probar que la víctima en varias ocasiones agredió a la apelante durante el suceso que culminó con su muerte.

Como regla general no es admisible prueba de otros delitos cometidos por el acusado. Pueblo v. Rodríguez, 66 D.P.R. 317, 324 (1946). Es admisible, sin embargo, por vía de excepción, bajo las siguientes circunstancias:

I. — Cuando se trata de transacciones similares coetáneas con los hechos del delito imputado en la acusación; en este caso la prueba de otro delito se admite para probar un plan preconcebido o la intención de defraudar. En el caso ante nos no se trata de tales transacciones ni de tales propósitos.

II. — El delito anterior (a) es un hecho pertinente para establecer la comisión del crimen por el cual se juzga; (b) forma parte del res gestae; (c) puede demostrar motivo, pre-meditación, malicia o un designio común y (d) forma parte de la misma transacción. Pueblo v. Martínez Lucena, 92 D.P.R. 881, 883 (1965). Obviamente el propósito de ofrecer prueba de los delitos anteriores de la apelante no era uno de éstos pues el fiscal informó que se trataba de prueba de la peligro-sidad de la apelante como refutación de la aducida por la defensa de la peligrosidad del occiso.

III. — Prueba de anteriores delitos graves, como parte del contrainterrogatorio del acusado; y, si éste abre la puerta a su pasado y declara con el propósito de establecer su buena reputación, prueba de cualquier delito anterior es admisible para impugnar su veracidad. Pueblo v. Iturrino de Jesús, 90 D.P.R. 706, 711 (1964); Pueblo v. Archeval, 74 D.P.R. 512, 516, 517, 518 (1953). Como la apelante no testificó ni hubo prueba de su reputación, la prueba de sus convicciones ante-riores no era admisible bajo esta excepción.

IV. — Cuando está envuelta la defensa propia, defensa que se alegó desde el comienzo del juicio por la apelante en el caso ante nos, (a) cuando está en controversia si la agresión partió del acusado o de la víctima; (b) cuando el acusado trata de probar que al dar muerte a la víctima tenía motivo real o aparente para creer, considerando el carácter peligroso de la víctima, que al ser atacada por ésta se hallaba en peligro inminente de perder la vida o recibir grave daño corporal en el primer caso. En cuanto al segundo caso marcado (b), el acusado tiene que probar que tenía conocimiento de estos actos de violencia con anterioridad al encuentro, Pueblo v. García García, 98 D.P.R. 827, 833 (1970); Pueblo v. Cruz, supra, a la pág. 178 — la admisión de tal prueba descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo v. Rivera, 67 D.P.R. 280, 286 (1947).

Las partes adujeron prueba testimonial de las repetidas agresiones del interfecto en la persona de la apelante provocadas por los insultos hirientes y obscenos que mutuamente se proferían todo lo cual culminó con el ataque de la apelante al interfecto con un cuchillo con el cual le hirió produciéndole la muerte. Aunque los dos casos en contra del interfecto de delitos de acometimiento y agresión y de portar arma tuviesen el efecto de propiciar el establecer la peligrosidad del occiso, de hecho la prueba fue retirada, y el juez instruyó al jurado que no la tomase en consideración. Resulta, pues, que no hubo justificación para rebatir esta prueba que ya no constaba en el récord. El fiscal sí podía rebatir la prueba testi-fical de las agresiones de la víctima en la persona de la apelante durante la reyerta entre ambos que culminó con la muerte de aquélla, con prueba similar en sentido contrario si la hubiese tenido disponible. Pero esto no justificaba traer prueba de convicciones anteriores por delitos de violencia cometidos por la apelante máxime cuando ella no testificó, ni se adujo prueba de su buena reputación.

Concluimos de lo expuesto que incidió el tribunal no tan sólo al admitir la prueba de las convicciones anteriores de la apelante de delitos de violencia sino al hacer referencia a las mismas en su informe al jurado inmediatamente después de resumir el testimonio del testigo de cargo Martín Lebrón Sierra al efecto de que el occiso “era una persona de buen carácter, que se dedicaba a trabajar, que no peleaba en el barrio . . . que ellos se contentaban y se buscaban y que generalmente estaban peleando entre sí.”, luego de lo cual añadió:

“Luego se nos trajo la declaración del Secretario del Tribunal de Distrito de Caguas, quien nos habló de convicciones de la dama acusada de acometimiento y agresión simple, convicta de acome-timiento y agresión grave, convicta de distintas penas, otra de arma, convicta también una de un año, otra de portar armas por un año, otra de acometimiento y agresión.”

En vista de lo expuesto concluimos que la admisión de las anteriores convicciones de la apelante perjudicó gravemente sus derechos.

3. — Apunta el apelante que el tribunal sentenciador inci-dió al no instruir al jurado sobre el fin que perseguía el fiscal al presentar en evidencia prueba de las convicciones de la acusada-apelante.

En vista de nuestra anterior conclusión resulta innecesa-rio considerar este apuntamiento.

4. — Se impugna la instrucción sobre homicidio voluntario por ser confusa e insuficiente; que el juez sentenciador debió instruir al jurado que la naturaleza y circunstancias de la provocación, el carácter del acto y el extremo a que llegó la pasión son elementos a aquilatarse al apreciar el tiempo razonable, y que ese tiempo razonable no ha podido fijarse en un momento preciso sino que depende de todas las circunstancias del caso específico.

La instrucción en cuestión fue la siguiente:

“. . . Es homicidio voluntario cuando ocurre con ocasión de una súbita pendencia o arrebato de cólera, pero para reducir el delito de asesinato a homicidio voluntario debe mediar una cir-cunstancia o una provocación, un arrebato de cólera, una penden-cia suficiente para producir una pasión irresistible momentánea de una persona de ordinario dominio de sí misma. Para rebajar un caso a homicidio, el arrebato de cólera debe haber ocurrido mientras el matador actuaba de inmediato o bajo influencia directa e inmediata de la riña o de la cólera. Cuando tal cir-cunstancia, la cólera, la riña o las palabras aseveradas se puedan deducir fuera de duda lo que ella causó porque si lo causó ya pasó un tiempo que ya aquello dejó de obscurecer la mente de la acusada, que ha transcurrido tiempo suficiente para terminar aquella situación, ya ha habido tiempo suficiente para que su razón se controle y para que la razón controle también su conducta y sus actos, ya que tal cólera no justifica la clasifica-ción del delito. El punto a resolver es en cuanto si ha transcu-rrido término de enfriamiento y de normalidad, serenidad; si la normalidad ha vuelto, y esa normalidad se mide por lo que ello tomaría a una persona de moderada prudencia. La cólera tiene que ser aquella que oscurece la mente porque si es después no importan las palabras injuriosas, no importa el abuso, si pasa algún tiempo y ha pasado algún enfriamiento, lo que pasa después ya no es ocurrencia de la cólera, y puede ser ocurrencia de la venganza, de la pasión, de la malicia.”

La defensa no objetó ni solicitó modificación alguna de esta instrucción oportunamente.

Si bien la instrucción no es tan precisa y sucinta como la que aprobamos en Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R. 796, 800, 801 (1968), contiene todos los elementos necesarios par informar al jurado sobre el delito de homicidio voluntario. El hecho de que al definir el período de enfriamiento se usara el término “persona de moderada prudencia” en lugar del término preciso y correcto de “hombre promedio o persona ordinaria y razonable”, no creemos que afectó derecho sustancial alguno de la apelante.

5. — Tiene razón la apelante al impugnar su convicción por la infracción al Art. 4 de la Ley de Armas.

En este caso, como en Pueblo v. Cruz Collazo, 95 D.P.R. 651, 654, 657 (1968), no hubo prueba de la portación y con-ducción del cuchillo y sí de su uso contra otra persona. Esta segunda modalidad quedó juzgada por el veredicto del jurado con motivo de la acusación de asesinato en 2do. grado.

Por las razones anteriores concluimos que deben revocarse las sentencia,s dictadas en este caso -por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en 20 y 29 de mayo de 1969 y devolverse el caso para nuevo juicio.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.


text:
    Dilia Barletta, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado; Moisés Arcelay, interventor.

      Número: O-71-227

      Resuelto: 11 de mayo de 1972

      Héctor M. Laffitte, abogado de la peticionaria; Ramos & Riera, abogados del interventor.
   PER CURIAM:

Una propiedad inmueble consistente de un solar de 165.96 metros cuadrados en Mayagüez, fue embargo en ejecución de una sentencia obtenida por la peticionaria contra dos individuos y dos corporaciones. Moisés Arcelay radicó un pleito de tercería en que alegó ser dueño de dicha propiedad. Luego de ser visto, se dictó sentencia en dicho pleito a favor de Arcelay en 22 de julio de 1971. A la peticio-naria se le cursó por correo en 28 de julio de 1971 una notifi-ción de que dicha sentencia había sido archivada en los autos “. . . donde podrá usted enterarse detalladamente de los términos de la misma” y de que en dicho día se había archi-vado en autos copia de dicha notificación. Con esta notificación no se incluyó copia de la referida sentencia. En 9 de agosto de 1971, la peticionaria solicitó de la secretaria del tribunal le enviase copia de la referida sentencia a la brevedad posible “. . . ya que el término para la revisión . . . vence el 27 de agosto [de 1971].” Su reconsideración solicitada en esta última fecha fue rechazada de plano por haber sido radicada fuera del término jurisdiccional de 15 días prescrito por la Regla 47 de las de Procedimiento Civil.

En apoyo de este recurso, apunta la peticionaria que:

1. — De acuerdo con Pérez Rodríguez v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 977 (1971), y El Mundo, Inc. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 791 (1965), el tribunal no quedó privado de su facultad y conserva jurisdicción “aunque ya hubiese ex-pirado el término que marca la Regla 47 . . . mientras la sentencia no sea final y firme.” No tiene razón. En los citados casos se trataba del término de cinco días prescrito en dicha Regla para que el tribunal rechace de plano o señale vista de una moción de reconsideración radicada dentro del término de 15 días fijado para esta actuación por la Regla en cuestión. En repetidas ocasiones hemos dicho que el referido término de 15 días es jurisdiccional. Rodríguez v. Rodríguez, 98 D.P.R. 744 (1970); Barreto v. Sherris Caribbean, Inc., 92 D.P.R. 859, 865 (1965); López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 418 (1963).

2. — El término de 15 días comenzó a transcurrir desde el 23 de agosto de 1971 cuando copia de la sentencia fue obtenida por la peticionaria, siendo desde entonces cuando ella tuvo disponible el referido término de 15 días. En apoyo de esta contención invoca la peticionaria la Regla 67.1 de las de Procedimiento Civil. A esos efectos arguye que:

“No es suficiente en derecho, por razones obvias, que se cum-pla con el requisito de hacerle saber a una parte el dictamen de un tribunal con el solo envío de una copia de una notificación de una sentencia o una resolución. Es indispensable enviar copia del documento contentivo de la orden, sentencia, providencia o resolución. Así lo dispone tersa y llanamente la Regla 67.1. De lo contrario, los abogados postulantes difícilmente podrían prac-ticar eficazmente su profesión si tuvieran que recurrir al tribunal para enterarse del contenido de los fallos de órdenes o sentencias en pleitos en que participan. Más grave sería el caso de abogados que postulan en distintos tribunales de la Isla.”

Ni la Regla Núm. 47 ni la citada Regla 67.1 disponen que con la notificación de una sentencia se incluya copia de la misma a los fines de fijar la fecha en que comienza a transcurrir el término de 15 días prescrito por la Regla Núm. 47 para radicar una reconsideración de la sentencia. Por el contrario, la Regla 65.3, que específicamente se refiere a la notificación de sentencias y órdenes, solamente requiere que se curse una notificación del archivo en autos de la orden o sentencia, según sea el caso. Más aún, el propio formulario de notificación utilizado por el tribunal de instancia expresamente informa a la parte notificada que, siendo ella la parte perjudicada por la sentencia, podrá enterarse de los términos de la misma en los autos que obran en el tribunal. No abusó de su discreción el tribunal, por lo tanto, al rechazar de plano la moción de reconsideración en este caso ya que el término de 15 días para solicitar dicha reconsideración había expirado en 12 de agosto de 1971, pues la peticionaria fue notificada en 28 de julio de 1971 que se había archivado en autos copia de la notificación de la sentencia en el caso.

No obstante, creemos conveniente indicar que constituye la mejor práctica el que los secretarios de las distintas salas del tribunal de primera instancia incluyan con cada notificación, copia de la sentencia, orden, resolución u otra actuación del tribunal que deba ser notificada a alguna parte, de acuerdo con las Reglas de Procedimiento Civil en vigor.

En tal virtud, se confirmará la orden del tribunal de instancia, de 27 de agosto de 1971.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.


text:
    Anastacio Lasanta Piñero, etc., demandantes y recurridos, v. Retto, Inc., Employers Insurance of Wausau y/o Employers Mutual Liability Insurance of Wisconsin, demandados y recurrentes.
    Número: R-71-204
    Resuelto: 12 de mayo de 1972

      J. H. Picó y Orlin P. Goble, abogados de los recurrentes; Lugo & Gómez, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

Impugnan los recurrentes la sentencia par-cial sumaria dictada en este caso al efecto de que “el accidente y sus consecuencias motivadoras del caso fue debido a la negli-gencia de la parte demandada.” Concluimos que dicha senten-cia debe prevalecer.

Sostienen los recurrentes que la sentencia sumaria es im-procedente porque (1) existe una controversia de hechos en el caso; (2) la negligencia hay que probarla en un juicio plena-rio; (3) se basó en parte en evidencia inadmisible consis-tente de la denuncia del conductor del vehículo del demandado Retto, Inc., por guiar negligentemente con motivo del acci-dente que alega éste causó su sentencia en dicho caso en que aparece que hizo alegación de culpable, y en parte en declara-ciones en beneficio propio; (4) dicha evidencia es insuficiente para establecer la negligencia ya que nada dice sobre la velo-cidad de los vehículos envueltos, las condiciones de la carre-tera, el número de vehículos que transitaba por la carretera, la visibilidad existente, las condiciones mecánicas de los ve-hículos, la atención, vigilancia y experiencia de los conductores y el tiempo transcurrido y la distancia recurrida desde que vieron el vehículo de la codemandada Retto, Inc. y el posterior impacto; (5) Retto, Inc. no cooperó con los aseguradores, aquí recurrentes, en proveerles la información necesaria para una adecuada defensa.

En la demanda radicada en 7 de enero de 1971 se alegó la ocurrencia de un accidente en el Km. 42 de la carretera Núm. 1 en 28 de febrero de 1970 al impactar el camión de Retto, Inc. los vehículos que conducía cada uno de varios de los re-curridos. Se alegaron cuantiosos daños personales y a la propiedad de los recurridos. En la contestación de 7 de abril de 1971 de las aseguradoras, se negaron los hechos por falta de informe y se relacionaron varias defensas, entre las cuales se incluyó la falta de cooperación del codemandado Retto, Inc., el cual nunca contestó la demanda por lo que se le anotó la re-beldía.

En las declaraciones juradas que acompañan la moción de sentencia sumaria de 27 de mayo de 1971, se informa, en sín-tesis, que el día del accidente:

1. — Anastacio Lasanta Piñero conducía un vehículo Jeep llevando de pasajera a su esposa cuando:

“. . . saliendo de una curva que hay en dicho lugar, me encon-tré frente a mí, invadiendo mi carril un camión que en dicha curva, y en una cuesta, trataba de pasarle a una línea de vehícu-los que se dirigía en dirección a Cayey, o sea, dirección opuesta a la mía....
Que traté de evitar que el camión antes mencionado y el cual venía hacia mi automóvil invadiendo mi carril, me impactara echándome lo más que pude hacia mi derecha para salirme de su camino pero debido a que a mi derecha se encontraba un talud que me lo impidió, detuve mi vehículo a la derecha hasta donde dicha talud me lo permitió y a pesar de ello el camión me impactó por la parte frontal izquierda del Jeep produciéndome los daños que se reclaman en el caso de epígrafe ....
Con el impacto mi vehículo fue lanzado hacia atrás impac-tando a su vez a un vehículo Ford Mustang que era conducido por el señor Miguel A. Santiago Navarro quien es codemandante en el caso de epígrafe quien también recibió daños con motivo del accidente.
Que al momento de ocurrir el accidente el camión antes men-cionado venía subiendo una cuesta y pasando en una curva lo que ocasionó que invadiera el carril por donde yo transitaba a una velocidad moderada por mi derecha.”

2. — Jeremías Ortiz Rodríguez conducía un vehículo Chevrolet llevando de pasajero a su esposa. Testificó que:

. . al llegar al Km. 42.0 después de pasar un puente que se encuentra en ese lugar y cuando iba subiendo una cuesta, entran-do en una curva, de imprevisto noté que un camión se tiró a pa-sar el lado izquierdo de mi vehículo e invadió el carril de los ve-hículos que se dirigían hacia Caguas y procedió a impactar un Jeep conducido por el señor Anastacio Lasanta Piñero y cuyo Jeep trató de evitar el accidente echándose hacia su derecha;
Que después de impactar el Jeep antes mencionado y provocar que dicho Jeep al ser impactado hacia atrás impactara a su vez un vehículo Ford Mustang que era conducido por el señor Miguel Santiago Navarro y que transitaba en la misma dirección del Jeep, el camión echó hacia su derecha y se abalanzó encima de mi vehículo aplastando la parte de arriba del mismo con su caja y al tratar yo de esquivarlo tuve que salirme de la carretera hacia mi derecha yendo a impactar un árbol de mangó;
Que al momento de ocurrir el accidente el camión invadió el carril de los vehículos que transitaban en dirección contraria y bajaba en una curva y en cuesta ascendente y no dio señal al-guna con su bocina.”

3. — Miguel A. Santiago Navarro conducía un vehículo Ford Mustang

. . por la Carretera Estatal #1 en dirección a la ciudad de Caguas y noté que delante de mi transitaba un vehículo Jeep y el cual luego resultó ser conducido por el señor Anastacio Lasanta Piñero y al llegar al Km. 42.0, cerca de la entrada del Barrio Borinquen de Caguas, me percaté de que saliendo de una curva que hay en dicho lugar y transitando a velocidad exagerada e in-vadiendo el carril por donde transitaba el señor Lasanta y yo, apareció un camión que trataba de pasarle a los vehículos que se dirigían de Caguas hacia Cayey;
Que al ver que dicho camión se abalanzaba contra el vehículo Jeep que conducía el señor Lasanta, que se encontraba delante de mi vehículo, noté que el señor Lasanta aplicó los frenos al mismo tiempo que echaba su vehículo hacia la derecha y contra un talud que hay en dicho lugar y al mismo tiempo que el señor Lasanta hacía esa maniobra, yo también apliqué los frenos y traté de echar mi vehículo hacia la derecha;
Que el camión antes mencionado impactó el Jeep del señor Lasanta y con el impacto éste fue tirado hacia atrás impactando la parte frontal de mi vehículo;
Que después de impactar el vehículo Jeep del señor Lasanta el camión desvió hacia su derecha y debido a la velocidad que traía, comenzó a volcarse encima de un vehículo Chevrolet modelo 1960 que conducía el señor Jeremías Ortiz Rodríguez aplastándole la capota a dicho vehículo y echándolo a la derecha fuera de la ca-rretera donde dicho Chevrolet fue a impactar con un árbol de mangó;
Que todos los vehículos envueltos en este accidente con excep-ción del camión transitaban por su derecha y a velocidad mode-rada;
Que el camión transitaba a velocidad exagerada invadiendo el carril de los vehículos que se dirigían hacia Caguas al momento que trataba de pasarle a los vehículos que se dirigían hacia Cayey sin haber dado aviso de clase alguna.”

En todas estas declaraciones se identificó el camión que ocasionó el accidente como propiedad de Retto, Inc., conducido por su empleado Guillermo Rivera Mercado.

Se opusieron los aseguradores recurrentes a la moción de sentencia sumaria por los fundamentos antes expuestos ex-cepto que no se adujo la defensa de falta de cooperación de Retto, Inc. Es en una subsiguiente moción de reconsideración de la referida sentencia parcial que los recurrentes adujeron como otro fundamento para dicha reconsideración la falta de cooperación de su asegurado. No ofrecieron declaración ju-rada o prueba otra alguna que controvirtiese los hechos rela-cionados en las declaraciones juradas que acompañaban la moción de sentencia sumaria o que sostuviese la defensa de falta de cooperación de la asegurada.

En Vda. de Viera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 503, 508 (1966), dijimos que “. . . las disputas sobre negligencia no deben de ordinario adjudicarse mediante sentencia suma-ria sino que deben resolverse en un juicio plenario, a no ser desde luego, que el récord demuestre que no hay controversia genuina sobre el hecho de la negligencia.”

En Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827, 833 (1964), dijimos que “. . . cuando el que solicita se dicte sentencia sumaria ha cumplido con la obligación de demostrar que no hay controversia en cuanto a los hechos y que procede se dicte sentencia como cuestión de derecho, la otra parte contra quien se solicita la sentencia no puede derrotar la moción cruzándose de brazos y descansar, como lo hizo en este caso, en lo expuesto en las alegaciones de su demanda. ‘Está en la obligación de demostrar que tiene prueba para sustanciar sus alegaciones.’ Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 D.P.R. 685 (1961).”

En vista de que los recurrentes no adujeron prueba alguna en oposición a la sentencia sumaria, debemos determinar primeramente si en las declaraciones unidas a la moción de sentencia sumaria se relacionan hechos demostrativos de la negligencia del conductor de camión de Retto, Inc., y. dé que no hay controversia en cuanto a esto. El resumen que previamente hemos hecho de tales declaraciones claramente demuestra la existencia de tal negligencia y de que no existe controversia sobre este particular. Ante una relación de hechos tan detallada con respecto a tal negligencia, la omisión de ciertos elementos de prueba a que se refieren los recurrentes en su fundamento Núm. 4 anterior, no controvierte la suficiencia de tal prueba de negligencia ni son demostrativos de su insuficiencia. Olson v. Mason, 310 F.Supp. 1031 (S.D. Ill. 1970).

El hecho de que se haya aducido evidencia de la culpabilidad admitida por el conductor del camión en la acción criminal en nada afecta el hecho de que las anteriores declaraciones juradas relacionan hechos del accidente que claramente demuestran que el mismo se debió a la negligencia de dicho conductor.

En cuanto a la defensa de falta de cooperación del asegurado, basta indicar que la misma está aún disponible para ser considerada en su oportunidad cuando el caso vuelva al tribunal de instancia.

En la vista oral, alegaron los aseguradores que no tuvieron ni se les dio tiempo para preparar su defensa dada la falta de cooperación de la asegurada. Desde que se radicó la demanda en enero de 1971 hasta que se radicó la moción de sentencia sumaria en mayo de ese mismo año, tuvieron los aseguradores amplio tiempo y oportunidad de investigar los hechos del accidente, examinar testigos y los informes policiacos, tomar deposiciones y recurrir a todos los medios de descubrimiento de prueba disponibles. El récord parece indicar que los aseguradores no dieron cabal cumplimiento a esta obligación. R.A.C. Motors, Inc. v. World Wide Volkswagen Corp., 314 F.Supp. 681, 685 (D.N.J. 1970).

En vista de lo expuesto, se confirmará la sentencia suma-ria parcial dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en 22 de junio de 1971.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que los Jueces Asociados, Señores Pérez Pimentel y Hernández Matos, no intervino.

         Así lo dispone la Regla 36.5 de las de Procedimiento Civil.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, demandado; José Castro Figueroa, interventor.

      Número: O-71-199

      Resuelto: 12 de mayo de 1972

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, Juan E. Brunet, Procu-rador General Auxiliar, abogados del peticionario; Santos P. Amadeo, Ángel F. Vélez Pozo y Charles H. Julia, abogados del interventor.
   PER CURIAM:

Un jurado declaró culpable al interventor de un delito de hurto mayor cometido al apropiarse ilegal, mali-ciosa y criminalmente de un automóvil. El interventor solicitó un nuevo juicio ante el tribunal de instancia fundándose en que el veredicto fue contrario a derecho y a la prueba y que “el acusado ha descubierto nuevas pruebas que pueden favore-cerle y, efectivamente, le van a favorecer, pués, a pesar de haber empleado la mayor actividad razonable no le ha sido posible descubrir y aducir en la vista de la causa.” El tribunal de instancia declaró con lugar la moción de nuevo juicio. Expedimos el auto para revisar esta determinación.

Es sabido que en una moción solicitando nuevo juicio fun-dada en prueba recientemente descubierta, no es suficiente que el acusado jure haber practicado las diligencias necesarias para conseguir pruebas y haber tenido conocimiento de las nuevas pruebas descubiertas después de la celebración de jui-cio, sino que es necesario expresar cuáles fueron las diligencias que practicara, a fin de que el tribunal pueda apreciar si ejer-citó la mayor actividad razonable en ese sentido. Pueblo v. León, 14 D.P.R. 251 (1908); Pueblo v. Milán, 7 D.P.R. 455 (1904). Además, la Regla 188 de Procedimiento Criminal, II Práctica Forense Puertorriqueña 193, dispone taxativamente que al solicitarse nuevo juicio por este fundamento, “el acusado deberá acompañar a su moción la nueva prueba en forma de declaraciones juradas de los testigos que la adu-cirán.”

En el caso de autos, la moción de nuevo juicio presentada por el interventor no cumplió con ninguno de estos requisitos. No acompañó con su moción las declaraciones juradas. De hecho, no las tenía. Es después que presentó la moción cuando hace las gestiones para conseguirlas. Esto es contrario a las disposiciones de la mencionada Kegla 188.

Por otro lado, en su moción de nuevo juicio, el interventor meramente se limitó a expresar que había descubierto nuevas pruebas, las cuales, a pesar de sus gestiones no pudo descu-brirlas y aducirlas en la vista del caso. El interventor no expresó cuál era dicha prueba, ni en qué consistieron sus gestiones, de manera que el tribunal de instancia pudiera apreciar si ejercitó o no la mayor actividad razonable en ese sentido. El testimonio del interventor tampoco suplió esta deficiencia fatal. Basta reproducir la síntesis que el mismo interventor hace de su testimonio en el memorando que some-tió al tribunal de instancia:

“La declaración del acusado José Castro Figueroa, consistió en que los testigos no les eran conocidos, que habló con ellos una vez, no los volvió a ver jamás, hasta después de pasar el juicio, que vió a uno en la Sala Sexta del Tribunal Superior de San Juan y él le recordó sobre el caso del automóvil, y el otro lo vió en Santa Isabel, quien también le recordó el caso del automóvil Impala, y entonces fué que vino a recordar dicho testigo. No los conocía, ni sabía su nombre, ni donde vivían. El otro testigo, Amador Otero Negrón, lo conoció después del juicio cuando fué personal-mente por la Calle Canóvanas investigando sobre el automóvil Impala, Chevrolet, y este señor le informó él iba a comprar dicho automóvil en agosto del 1966.” (Memorando del acusado dé 30 de abril de 1971, pág. 4).

En vista de lo anterior, es preciso concluir que el tribunal de instancia incidió al declarar con lugar la moción de nuevo juicio.

Se dictará sentencia dejando sin efecto la resolución con-cediendo nuevo juicio y se devolverá el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.