source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Corrada Del Río, Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri. Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

license: Public Domain

text:
    Mirelsa Colón García y otros, demandantes y recurridos, v. Toys “R” Us, Inc., demandado y recurrente.

      Número: RE-94-28

      Resuelto: 10 de noviembre de 1995

      Iván M. Fernández y Eli B. Arroyo, abogados de la parte re-currente; Francisco Vázquez y Juan M. Ponce Fantauzzi, abogados de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Habiéndose examinado los alegatos de las partes, la transcripción y exposición narrativa de la prueba y los autos originales del caso, y conforme con las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141, así como la jurisprudencia aplicable de este Tribunal, se revoca la sentencia recurrida dictada por el entonces Tribunal Superior, Sala de Carolina (Hon. Magali Hosta de Modesti, Juez) el 15 de octubre de 1993 y, en su lugar, se dicta otra que declara sin lugar la demanda presentada en el caso de epígrafe.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río emitió una opinión de conformidad, a la que se unió el Juez Presidente Señor Andréu García. El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurrieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión concurrente en parte y disidente en parte. El Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía disiente al expresar que “[l]a demandada recurrente Toys “R” Us, según testimonio de su único testigo, el ge-rente Jorge Negrón Martínez, ‘sabí[a] que podían ocurrir accidentes con esa puerta abriendo hacia el pasillo’. E.N.P., pág. 9. Por tal razón, pusieron dos (2) barandas. Además, eran conscientes de que aun con las dos (2) barandas ins-taladas, una persona podría estar parada frente a la puerta y, al ésta abrir automáticamente, causar un accidente. A tal efecto, instalaron en la puerta un detector de movimiento con el propósito de que la puerta no abr[iera] automáticamente si alguien est[aba] saliendo y en ese momento est[aba] pasando alguien al frente’. Id., pág. 8. Sin embargo, debido a que el detector es de movi-mientos, no sirvió para captar la presencia del menor detenido. En vista de que la demandada recurrente Toys “R” Us previo que, aun con las barandas, podría ocurrir un accidente y que la instalación del censor no era suficiente, incurrió en responsabilidad. Ahora bien, la demandante re-currida Mirelsa Colón García aceptó ‘que había ido antes a la tienda una vez, se imagina que sí fue con el nene’. Ade-más, ‘había salido por la puerta de salida’ que es objeto de este accidente. íd., pág. 7. Conocía, pues, que la puerta abría hacia afuera y no tomó las precauciones adecuadas para evitar el accidente de su hijo. Están presentes los ele-mentos de negligencia comparada imputables a ella”. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opi-nión disidente.

CFdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

— O —

Opinión de conformidad del

Juez Asociado Señor Corrada Del Río,

a la que se une el Juez Presidente Señor An-dréu García.

El recurso ante nos cuestiona la apreciación de la prueba que hiciera el tribunal de instancia (Hon. Magali Hosta Modesti, Juez) para determinar negligencia en un caso de daños y peijuicios. Cuestiona, además, la valoriza-ción de los daños hecha por dicho foro y la imposición de honorarios de abogado. Por las razones que expondremos a continuación, concluimos que los errores señalados fueron cometidos y procedemos a revocar la sentencia recurrida.

i — I

Los hechos incontrovertidos en este caso se relatan a continuación.

La Sra. Mirelsa Colón García, por sí y en representación de su hijo menor Carlos Colón Colón, presentó una de-manda por daños y perjuicios en el Tribunal Superior, Sala de Carolina. Los hechos que dieron origen a la demanda surgen de la sentencia del tribunal de instancia y de los escritos de las partes.

El 18 de diciembre de 1991, aproximadamente a las 5:00 de la tarde, la señora Colón García y su hijo menor de dos (2) años, Carlos Alberto, acompañados de otros familiares, se disponían a entrar al establecimiento Toys “R” Us de Carolina para comprar unos juguetes. Al pasar frente a la puerta de salida, ésta se abrió de súbito, propinándole un fuerte golpe al menor Carlos Alberto, que le pinchó el dedo grueso del pie izquierdo y lo laceró con la parte inferior filosa de la puerta de metal.() La parte demandante alegó que el accidente se debió a la negligencia exclusiva de la parte demandada. ()

El tribunal de instancia dictó sentencia que declaró con lugar la demanda y condenó a Toys “R” Us a pagar al me-nor Carlos Alberto la suma de veinte mil dólares ($20,000) y a la señora Colón García la suma de diez mil dólares ($10,000). Le impuso, además, mil dólares ($1,000) en con-cepto de honorarios de abogado.()

Inconforme con el resultado, la parte demandada recu-rrente acude ante nos mediante un recurso de revisión. Emitimos una orden para que los demandantes recurridos mostraran causa por la cual no deba expedirse el auto so-licitado y revocarse la sentencia.

Luego de completarse el trámite procesal de perfeccio-namiento del recurso, habiendo comparecido la parte de-mandante recurrida y con el beneficio de los documentos que obran en los autos, podemos proceder a resolver las controversias y cuestiones de derecho planteadas.

En su recurso de revisión, la demandada recurrente se-ñala la comisión de los siguientes cinco (5) errores por parte del tribunal de instancia:

PRIMERO: No se alegó en la demanda ni se probó en el juicio que la demandada compareciente hubiese incurrido en culpa o negligencia alguna por lo que el tribunal de instancia debió estimar la defensa afirmativa invocada al efecto.
SEGUNDO: El criterio de previsión en que se fundamenta la sentencia es contrario al derecho prevaleciente según expuesto por la jurisprudencia de este Tribunal.
TERCERO: La sentencia recurrida tiene el efecto de conver-tir a la compareciente en aseguradora de sus parroquianos lo cual es contrario a la jurisprudencia de este Tribunal.
CUARTO: Las indemnizaciones de $20,000.00 concedida al menor y de $10,000.00 a su madre son excesivas y no guardan proporción con los daños probados.
QUINTO: La demandada no incurrió en temeridad al defen-derse de la acción por lo que es erróneo condenarle al pago de $1,000.00 de honorarios de abogado. Solicitud de revisión, pág. 4.

H-i í — I

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos en conjunto los primeros tres (3) señalamientos de error.

Este Tribunal ha expresado, reiteradamente, que el dueño u operador de un establecimiento abierto al público “ ‘no es un asegurador de la seguridad de los clientes del negocio, y su deber sólo se extiende al ejercicio del cuidado razonable para su protección’ Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523, 527 (1956). Se ha impuesto, pues, responsabi-lidad al operador del establecimiento público en casos que encerraban “condiciones peligrosas existentes dentro de los establecimientos correspondientes, los cuales eran de cono-cimiento de los propietarios o su conocimiento podía impu-társele a éstos”. (Enfasis en el original.) Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 650 (1985).

Las alegaciones de negligencia de la demanda aparecen en los párrafos 5 y 7 que expresan, a tales efectos:

5. Al pasar los demandantes frente a la puerta de salida, ésta se abrió de súbito sin emitir señal o aviso de índole alguna que permitiera a las personas percatarse de ese suceso dando un fuerte golpe en el pie izquierdo al menor Carlos Alberto Colón causándole severos traumas, intensa profusión de san-gre, inflamación, dolores internos y requiriendo asistencia mé-dica inmediata.
7. La causa del referido accidente fue la única y exclusiva negligencia de la parte demandada por su falta de previsión en mantener su establecimiento, y particularmente las puertas de entrada y salida de sus áreas circundantes, libre de condiciones de peligrosidad que evitaran daños a las personas que visitan el establecimiento comercial. Solicitud de revisión, pág. 5.

Examinadas las alegaciones del citado párrafo 5, debe-mos concluir que éstas son insuficientes para exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio. El hecho en sí de que la puerta automática abra sin emitir señal o aviso de índole alguna no es indicativo de negli-gencia.

Por otro lado, en cuanto a la falta de previsión en man-tener su establecimiento, particularmente las puertas de entrada y salida y sus áreas circundantes, libre de condi-ciones de peligrosidad que eviten daños, ésta no se funda-menta por la prueba presentada.

La prueba de la parte demandante recurrida, sobre quien recae el peso de establecer sus alegaciones —Vaquería Garrochales, Inc. v. A.P.P.R., 106 D.P.R. 799 (1978)— falló en demostrar que el área donde ocurrió el accidente fuese peligrosa y que la demandada recurrente hubiese in-currido en falta de previsión. Por ello, el tribunal de ins-tancia debió estimar la defensa afirmativa que a tales efec-tos invocó la demandada recurrente en su contestación a la demanda. En Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, establecimos que no basta con alegar que una persona sufrió un acci-dente sino que, además, hay que alegar y probar que el accidente se causó por la culpa o negligencia de la deman-dada.

Las alegaciones de la demanda, en el caso ante nos, se encuentran huérfanas de expresiones que reflejen cuáles eran las condiciones peligrosas existentes en el estableci-miento de la demandada recurrente, ni la prueba enmendó tales alegaciones, pues luego de examinada la transcrip-ción de la prueba que obra en autos, entendemos que hay carencia total de prueba a tal efecto. Aquí, como en Cotto v. C.M. Ins. Co., supra,-pág. 652, “el tribunal de instancia no tuvo ante sí prueba de índole alguna de dónde, ni tan si-quiera, se pueda inferir que en el establecimiento en con-troversia existía una condición peligrosa; mucho menos, por lo tanto, prueba de que los demandados pudieran tener conocimiento de ella”.

Sobre este particular la sentencia recurrida determinó que la demandada recurrente incurrió en negligencia “por su falta de previsión en mantener en su establecimiento, particularmente las puertas de entrada y salida de sus áreas circundantes, libre de condiciones de peligrosidad”. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 2. La sentencia no señala en qué consistían las “condiciones de peligrosidad” que la compareciente demandada recurrente debió anticipar o prever, aunque en sus conclusiones de derecho expone que “[u]na persona prudente [y razonable] pudo haber antici-pado que el mecanismo electrónico para abrir y cerrar las puertas del local, podría causarle daños a un niño”. Apén-dice, pág. 5.

No desfiló ante el tribunal a quo prueba alguna de que la puerta de salida, o el sistema fotoeléctrico que la opera, crease condición de peligrosidad alguna que requiriese el deber de previsión que impone la sentencia recurrida. En efecto, la condición de previsibilidad en que se basa la sen-tencia recurrida está reñida con pronunciamientos previos de este Tribunal, que más adelante discutimos.

Sobre el aspecto de peligrosidad de las puertas operadas electrónicamente, se expresa en 62 Am Jur 2d Premises Liability Sec. 539, págs. 97 — 98 (1990):

Sec. 539. Electrically operated doors
Electric doors, generally activated by stepping on a floor mat or by a beam (“magic-eye”), are not in themselves unsafe, and the fact that a person is injured is not in itself proof of negligence, since it is well known that such doors may, by their nature, stroke or brush a person stepping into their path. But it may be negligence to maintain an activator mat which is narrow and not bordered by restraining railings, or which is partly concealed. (Escolios omitidos.)

La narración del accidente, según lo expresó en el juicio la madre del menor, fue la siguiente:

El .pasillo se reduce porque tiene una verja frente a la puerta; yo estaba frente a la puerta; estaba fuera de la verjita, en la puntita de las rejas. Lo que yo sentí fue un halón que el nene me dio; ese halón fue cuando la puerta lo impactó; fue un halón hacia abajo. La puerta no le golpeó el cuerpo, sino fue el pie.

La puerta pilló el dedo gordo del pie del menor, mientras éste trataba de entrar de frente por la puerta de salida. El accidente no habría ocurrido si la madre del menor lo hu-biese mantenido bajo su control fuera del área bordeada por los rieles elevados (en adelante las barandas) colocados a ambos lados de la puerta.() En ese sentido precisa enfa-tizar que, cuando la puerta está abierta en su máxima ex-tensión, ésta no sobresale del extremo de las barandas ele-vadas, por lo que quedan protegidas las personas que pasan de largo frente a la puerta y a riesgo únicamente quienes intenten penetrar de frente la puerta de salida. La conclusión final es que aquí se trata de un suceso desafor-tunado causado por la negligencia de la madre al no man-tener a un niño de dos (2) años bajo su control y permitir que éste pretendiera entrar por la puerta de salida, no me-diando culpa o negligencia de la parte demandada recur-rente. Por ello, la sentencia recurrida debe ser revocada. Estando el niño protegido y custodiado por su madre, la demandada no estaba en posición de anticipar que el niño invadiría el área de la puerta de salida. Véase, por la se-mejanza que guarda con este caso, nuestras expresiones en Ortiz v. Levitt & Sons, 101 D.P.R. 290, 293 (1973), donde se expresa:

La acción de la demandada manteniendo verjas protectoras a ambos lados del canal de desagüe ... y fijando letreros clara-mente legibles ... satisface las normas de previsibilidad en pro-tección de los niños que recorren esos predios. (Énfasis suplido.)
Procede, por ende, dictar sentencia en reconsideración decla-rando sin lugar la demanda por la ausencia total de negligencia imputable a la demandada. Apéndice, pág. 15.

En Dworkin v. S.J. Intercont. Hotel Corp., 91 D.P.R. 584 (1964), se revocó una sentencia que impuso responsabili-dad a un hotel cuando la puerta de la habitación donde se hospedaba el allí demandante le pilló un dedo. Expone allí este Tribunal, en cuanto al criterio de previsibilidad:

A poco que se examine la conclusión de derecho que dio mar-gen a la sentencia, se observará que la responsabilidad im-puesta a la parte demandada se funda en su supuesta falta de previsión. Repetidamente hemos reconocido ese criterio como base para la responsabilidad extracontractual. Molina Rodríguez v. Caribe Motors Corp., 90 D.P.R. 458 (1964); Rabón Escabí v. Axtmayer, 90 D.P.R. 20 (1964); Cruz Costales v. E.L.A., 89 D.P.R. 105 (1963); Weber v. Mejias, 85 D.P.R. 76, 80 (1962); Ortiz Fuentes v. Presbysterian Hospital, 83 D.P.R. 308 (1961); Baralt et al. v. ELA, 83 D.P.R. 277, 283-284 (1961). Sin embargo, ello no quiere decir que una persona esté obligada a prever todos los posibles riesgos que puedan concebiblemente estar en-vueltos en una determinada situación pues prácticamente se convertiría entonces en una responsabilidad absoluta, similar a la de un asegurador. En Hernández v. Gobierno de la Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960), expusimos el mismo concepto en estas palabras: “El deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la se-guridad ... sino a aquél que es probable que suceda y que lleva-ría a una persona prudente a anticiparlo”. Véanse, además, Lugo Pérez v. Santo Asilo de Damas, 89 D.P.R. 247 (1963); y; Harper y James, The Law of Torts, (ed.1956), [Sec.] 20.5; Pros-ser, Law of Torts (2a. ed. 2955), págs. 252 y ss. Dworkin v. S.J. Intercont. Hotel Corp., supra, págs. 586-587.

La prueba en el caso de autos no estableció, como tam-poco en Dworkin v. S.J. Intercont. Hotel Corp., supra, págs. 588-589, “que la empresa estuviera advertida de ningún riesgo especial”, y “mucho menos de la acción” (id., pág. 589) del menor de colocarse en el área de la puerta de salida. La puerta, como hemos expuesto, está bordeada por dos (2) barandas para evitar, precisamente, la situación que prevaleció en Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961), cert. denegado, 369 U.S. 852 (1962), puesto que allí la puerta abría hacia el pasillo “sin protección alguna para el que transita por el pasillo” (id., pág. 902), mientras que aquí había barandas instaladas a cada lado de la puerta, que daba hacia el frente para permitir la salida de personas.

Sobre este particular, en Rivera Matos v. Amador, 86 D.P.R. 856, 861 (1962), expresamos que “los hechos proba-dos demuestran que el demandado no podía razonable-mente anticipar que el resultado de su conducta normal de cerrar [o abrir] la puerta” mediante un sistema electrónico “fuera el de lesionar al demandante, a menos que se pre-tenda sostener que ésta es inherentemente una actuación peligrosa y que siempre envuelve riesgos para terceras personas”. Id. Aquí, como en Rivera Matos v. Amador, supra, se impone también la revocación de la sentencia. En efecto, la prueba en el tribunal de instancia no reveló la existencia de hecho o circunstancia alguna de la cual la demandada pudiera prever o anticipar algún peligro en la puerta, Nevárez v. Municipio de Vega Alta, 101 D.P.R. 70, 75 (1973), ni de que la parte demandante pudiera sufrir un daño como consecuencia de la operación de la puerta elec-trónica, Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 20 (1987), sobre todo ante el hecho no controvertido de que la puerta estaba bordeada por barandas a cada lado. Adviér-tase, además, que la madre del menor admitió que el menor intentaba entrar a la tienda por la puerta de salida. A esos efectos, en el historial del accidente que dio el doctor Mén-dez Coll, su perito, dicha demandante describió el acci-dente, según surge de su deposición, en la forma siguiente:

cuando iban a entrar a la tienda, ... de momento el niño iba a entrar y de momento la puerta abrió hacia el niño ... hacia afuera .... Apéndice, pág. 104.

Esta admisión deja establecido que el niño estuvo en el lado dispuesto para la salida, que es la puerta que abre hacia afuera. El accidente, en el caso de autos, se produjo por el descuido de la madre del menor al no controlar sus movimientos de tal forma que éste no se colocara en el área dentro de las barandas por la puerta que estaba clara-mente marcada con la señal de “salida” y que la madre del menor conocía, pues había visitado la tienda con anteriori-dad acompañada por el mismo menor.

Por haberse establecido que en el caso de autos la de-mandada recurrente no incurrió en negligencia, procede que revoquemos la sentencia recurrida y declaremos sin lugar la demanda.

— O —

Opinión concurrente en parte y disidente en parte emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Concurro con la sentencia del Tribunal en cuanto a que el foro de instancia erró al determinar que el accidente en el caso de autos se debió a la negligencia exclusiva de la parte demandada, y en cuanto le impuso honorarios de abogado a ésta.

Resulta claro de los hechos del caso que la madre del niño golpeado por la puerta automática de salida de la tienda Toys “R” Us fue descuidada en la atención y vigilan-cia que debía darle al menor de dos años. La demandante admitió que había visitado la tienda antes y que conocía el funcionamiento poco usual de la puerta en cuestión. De haber actuado de manera enteramente responsable, es probable que el niño no hubiese intentado entrar a la tienda por la puerta de salida y se hubiera evitado el accidente.

Lo anterior no obstante, no puedo coincidir con el dicta-men que se emite en la sentenciá del Tribunal, que presu-pone que la tienda demandada está libre de toda responsa-bilidad en este lamentable accidente, por lo que disiento de éste.

Nótese que no se trata de una tienda cualquiera, sino de una que se especializa precisamente en juguetes para niños. Su clientela típica, por así decirlo, incluye inevita-blemente a los chicos que acompañan a sus padres y fami-liares cuando éstos van a la tienda, para explorar y delei-tarse con los artículos particulares que se venden allí, tan atractivos para los niños.

Nótese, además, que el accidente ocurrió durante el pe-ríodo navideño. Esta es para los niños la época más bulli-ciosa del año, cuando tiendas —como la de marras— inten-sifican sus seductores anuncios y campañas publicitarias para atraer precisamente a niños y adultos a sus estable-cimientos comerciales, y así aumentar sus ventas, aprove-chándose de las tradiciones de regalar juguetes que tipifi-can al período navideño.

Nótese, finalmente, que el accidente resulta por razón del inusitado funcionamiento de una puerta de salida au-tomática, que abre hacia afuera súbita e inesperadamente. El propio gerente de la tienda admitió que sabía “que po-dían ocurrir accidentes con esa puerta”. Se trata de una puerta muy particular, distinta a las puertas eléctricas convencionales que abren lateralmente y no hacia afuera. Es una que evidentemente los niños de poca edad no cono-cen de ordinario, porque su funcionamiento poco usual está fuera de su limitada experiencia.

Por razón de las tres circunstancias descritas antes, los encargados de la tienda demandada debieron anticipar la posibilidad de accidentes como el de este caso. Cierta-mente, era previsible la presencia de gran cantidad de ni-ños revoloteando por sus facilidades, como es de esperarse de criaturas que no tienen aún un juicio maduro. Para per-sonas razonables, era también enteramente previsible que tales niños actuasen impulsivamente y que pudieran inten-tar entrar precipitadamente por cualquiera de las puertas de la tienda, que a dichos niños inevitablemente tenían que parecerles ser puertas de entrada. El uso de puertas de salida poco usuales, que abren hacia afuera rápida y repen-tmamente, sin emitir señal o aviso de índole alguna, en áreas donde transitan niños atraídos por las ilusiones que la tienda mercadea, hace a la tienda responsable de lo que le suceda a esos niños al ser golpeados por dichas puertas.

En resumen, pues, en este caso están claramente pre-sentes los elementos de negligencia comparada. La madre del menor no ejerció el cuidado debido para vigilar a su niño de 2 años de edad, y la tienda en cuestión no fue enteramente responsable al usar puertas de salida auto-máticas poco usuales en lugares frecuentados por menores que no saben nada de su funcionamiento. Erró el tribunal de instancia al imputarle la responsabilidad del accidente sólo a la tienda, y la mayoría de este Tribunal al imputár-sela sólo a la madre.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Por entender que los hechos, según surgen de la exposi-ción narrativa de la prueba, demuestran que Toys “R” Us incurrió en negligencia y que es responsable según el Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, por los daños sufridos por la parte demandante, disentimos.

De la exposición narrativa de la prueba, certificada por el foro de instancia, se desprende que la prueba testifical consistió de los testimonios de Ana Delia García y Mirelsa Colón, por la parte demandante, y de Jorge Negrón Martí-nez por la parte demandada. Éstos revelan que el 18 de diciembre de 1991, aproximadamente a las 5 de la tarde, los demandantes Mirelsa Colón y su hijo Carlos Alberto Colón de dos (2) años de edad, acompañados de otros fami-liares, se disponían a entrar a la tienda de juguetes cono-cida como Toys “R” Us, localizada en Carolina, Puerto Rico. El acceso de entrada y de salida a dicha tienda lo constitu-yen dos (2) puertas contiguas ubicadas en una esquina del edificio. La puerta de entrada abre hacia el interior de la tienda y la de salida abre hacia el pasillo que queda en la parte exterior de la tienda, por donde discurren las perso-nas que vienen a visitarla. Cada una de dichas puertas se abre automáticamente con un sistema electrónico que se activa siempre que una persona se para frente a la puerta para entrar o salir, respectivamente.

La señora Mirelsa Colón se dirigía hacia la entrada su-jetando con su mano izquierda la mano de su niño. En ese momento había personas a su derecha y al frente. Camina-ban por un pasillo, que al acercarse a la entrada se hacía más estrecho, con una veija a la derecha y las puertas de acceso de la tienda a su izquierda. () Para poder llegar a la puerta de entrada, desde donde venían, ellos tenían nece-sariamente que pasar frente a la puerta de salida. Al redu-cirse el pasillo, la madre y el menor detuvieron la marcha porque había un grupo de personas aglomeradas al frente de la entrada, intentando entrar por la estrecha puerta de acceso, para hacer sus compras de Navidad. Mientras es-peraban que la gente aglomerada entrara a la tienda, la puerta de salida se abrió súbitamente hacia el pasillo im-pactando el pie izquierdo del niño Carlos Alberto Colón. Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 2.

Al momento de ser golpeado en el pie, el niño no se estaba moviendo y en ningún momento la madre le soltó la mano. Estaba parado en el área frente a la puerta de sa-lida, de la mano de su madre, mientras esperaban que se despejara la aglomeración de gente frente a ellos para po-der entrar a la tienda. La puerta se abrió súbitamente ha-cia el pasillo, sin emitir aviso o señal de índole alguna. Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 4.

El golpe le causó traumas, una intensa profusión de sangre y fuertes dolores. Como consecuencia directa del accidente, el menor perdió la mitad de la uña del dedo. Al momento del juicio, su condición no había sanado y conti-nuaba sufriendo fuertes dolores al caminar.

El tribunal sentenciador concluyó que el referido acci-dente fue única y exclusivamente causado por la negligen-cia de la parte demandada al mantener en su estableci-miento unas condiciones peligrosas, como lo fueron las puertas de entrada y de salida. Determinó que Toys “R” Us debió haber anticipado —como lo hubiera hecho una persona prudente y razonable— que el mecanismo electrónico para abrir y cerrar las puertas del local podía causarle da-ños a un niño, como le ocurrió el 18 de diciembre de 1991 al niño Carlos Alberto Colón.

Toys R Us alega que erró el tribunal de instancia por-que “el criterio de previsión en que se fundamenta la sen-tencia es contrario al derecho prevaleciente según ex-puesto por la jurisprudencia de este Tribunal”. Solicitud de revisión, pág. 6. No le asiste la razón.

En el Derecho puertorriqueño, el principio de responsa-bilidad civil derivada de actos u omisiones culposas o ne-gligentes se rige por lo dispuesto en el Art. 1802 del Código Civil, supra. Dicho artículo dispone que cuando por acción u omisión se causa daño a otro, interviniendo culpa o ne-gligencia, se está obligado a reparar el daño causado.

Un elemento esencial de la responsabilidad por culpa o negligencia es el factor de la previsibilidad y el riesgo in-volucrado en el caso específico. El grado de previsibilidad requerido en cada caso en particular depende del estándar de la conducta aplicable. Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990). El deber de cuidado incluye tanto la obligación de anticipar el riesgo como la de evitar la ocurrencia de daños, cuya probabilidad es razonablemente previsible. íd. En cuanto al deber de anticipar un daño, hemos señalado lo siguiente:

... la regla de anticipar el riesgo no se limita a que el riesgo o las consecuencias exactas debieron ser previstas. Lo esencial es que se tenga el deber de prever en forma general consecuencias de determinada clase. Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 D.P.R. 518, 524 (1962).

El deber de previsión se extiende a aquel peligro que llevaría a una persona prudente y razonable a anticiparlo. Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).

Al aplicar la norma de responsabilidad civil en los casos de establecimientos comerciales, este Tribunal ha reite-rado que una persona o empresa que mantiene abierto un establecimiento al público, “ ‘con el objeto de realizar en dicho establecimiento operaciones comerciales para su pro-pio beneficio, debe mantener dicho establecimiento en con-diciones de seguridad tales, que la persona inducida a pe-netrar el mismo, no sufra ningún daño.’ (Enfasis suplido.)”. Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 104 (1986). Véase Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473, 474 (1955).

Asimismo, el propietario de una tienda que utiliza me-canismos electrónicos de seguridad o de otra índole “está en el deber de advertir del peligro existente así como de las precauciones que deben tomar a aquellas [personas] que, por invitación suya, se encuentran en dicho lugar”. (Enfa-sis suprimido.) Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., supra, pág. 107 esc. 24. La norma de que el propietario o dueño tiene el deber de mantener el área, a la que tienen acceso sus clientes, como un sitio seguro está firmemente establecida en nuestro Derecho. Véanse: Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644 (1985); Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956); Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961).

En los casos de accidentes en establecimientos comer-ciales, este Tribunal ha impuesto responsabilidad siempre que el demandante pruebe que existían condiciones peli-grosas dentro de las tiendas correspondientes, “las cuales eran de conocimiento de los propietarios o su conocimiento podía imputárseles a estos”. (Énfasis suprimido.) Cotto v. C.M. Ins. Co., supra, pág. 650.

hH HH HH

En el caso de autos, la demandada creó y mantuvo una condición peligrosa en su tienda. Dicha condición era la puerta de salida, operada con un sistema electrónico que la abría hacia afuera automáticamente, en un área de una tienda de juguetes donde era previsible que un niño de temprana edad fuera golpeado. La puerta constituía una condición peligrosa que debió ser eliminada por Toys “R” Us. Según refleja la exposición narrativa de la prueba, la demandada conocía que en la época navideña aumenta considerablemente el número de clientes que diariamente visitan la tienda y que dicha clientela incluye, en su mayo-ría, niños de temprana edad. Además, la demandada recu-rrente fue quien creó la configuración de dos (2) puertas de entrada y salida contiguas en un pasillo estrecho.

La demandada recurrente alega que el niño trataba de entrar por la puerta de salida debido a que la madre así lo permitió. El foro de instancia rechazó dicha versión de los hechos. Un análisis racional de los hechos nos lleva a apo-yar la determinación de instancia. Si el niño hubiese es-tado tratando de entrar por la salida, es lógico que la puerta lo golpeara de frente. Sin embargo, la puerta sólo lo golpeó en el pie izquierdo. Ese hecho incontrovertido brinda apoyo firme a la versión de los demandantes de que no intentaban entrar por la puerta de salida. Debemos res-petar las determinaciones de hecho del tribunal a quo. Este Tribunal ha reconocido reiteradamente la norma de que no intervendrá con la apreciación de la prueba hecha por los tribunales de instancia, en ausencia de circunstan-cias extraordinarias o indicios de pasión, prejuicio, parcia-lidad o error manifiesto. Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.RR. 302 (1990); Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8 (1987); Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).

Es insostenible el planteamiento de la demandada en cuanto a que el suceso fue causado por la exclusiva negli-gencia de la señora Colón al no mantener a su hijo bajo su control. Según la versión que mereció la credibilidad del tribunal sentenciador, la madre no incurrió en negligencia alguna en el cuido y supervisión de su hijo. La señora Co-lón, desde donde se aproximó a la tienda, no podía ver los letreros que marcan las puertas de entrada y de salida “mirando” hacia el frente de la tienda, puesto que ella ve-nía del lado izquierdo del edificio. Exhibit 1-B de la parte demandada. En el momento cuando se acercaba a la en-trada, la señora Colón no sabía que la puerta de salida abría hacia el pasillo. Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 5. También en este punto, debió respetarse la conclu-sión del tribunal a quo.

Según surge del expediente, los rótulos de entrada y de salida colocados en la parte superior de las puertas de ac-ceso no eran suficientes para eliminar la condición peli-grosa que mantenía Toys “R” Us. Los referidos rótulos no son visibles para un transeúnte que, como los demandan-tes, camina hacia la entrada desde la parte izquierda del edificio. Exhibits 1-A y 1-B de la parte demandada. Tam-poco los rótulos advierten que la puerta de salida abre ha-cia el pasillo.

Por otra parte, las dos (2) barandas colocadas a los lados de la puerta no eliminan la condición de peligrosidad, como argumenta la parte demandada recurrente. Toys “R” Us sabía que podían ocurrir accidentes con la puerta abriendo hacia afuera, aim con las barandas, según surge del testi-monio del gerente Negrón Martínez, único testigo de la parte demandada. Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 9. Ante el peligro existente, instalaron en la puerta un detector de movimiento para evitar que la puerta abriera mientras alguien se moviera hacia ella. Id., pág. 8. Sin embargo, el censor no detectaba la presencia de un cuerpo inmóvil. Las medidas tomadas ante la peligrosidad de la puerta no eran suficientes para evitar los daños que previ-siblemente podían causarse.

Finalmente, debe observarse que la condición peligrosa podía ser fácilmente eliminada por Toys “R” Us. La insta-lación de otro tipo de puerta electrónica, como las que abren hacia los lados, hubiera eliminado el peligro de gol-pear a los niños que se acercan al lugar. Dicha medida de previsión no resulta onerosa para una empresa comercial que se dedica a la venta de juguetes para niños en gran escala. La demandada debió tomar este tipo de medidas para eliminar condiciones peligrosas para los clientes prin-cipales de su establecimiento: los niños.

A pesar de que la sentencia recurrida fue dictada con-forme a una acertada evaluación de la prueba y con base en el derecho vigente, la mayoría opta por revocar el dicta-men recurrido con una escueta sentencia.

Por las razones expuestas, disentimos de la sentencia del Tribunal. En su lugar, confirmaríamos la sentencia recurrida.

      (1) El acceso para entrar y salir del establecimiento lo constituyen dos (2) puer-tas contiguas ubicadas en una esquina en el extremo suroeste del edificio. Dichas puertas están rotuladas “salida” y “entrada” y operan automáticamente mediante un dispositivo electrónico. La puerta de entrada abre hacia el interior y la de salida hacia el exterior.

      (2) La parte demandada contestó la demanda y presentó como defensa afirma-tiva que el accidente se debió a la negligencia combinada del menor y de su madre. Presentó, además, reconvención contra la señora Colón García para que le respon-diese por cualquier suma de dinero que la parte demandada le tuviese que pagar al menor.

      (3) Copia de la sentencia fue archivada en autos y notificada el 3 de noviembre de 1993. La parte demandada presentó una Moción Solicitando Determinaciones Adicionales y una Moción de Reconsideración. Ambas fueron declaradas “No Ha Lu-gar” mediante una resolución archivada en autos y notificada el 3 de diciembre de 1993.

      (4) Vease Exhibit 1, “A” y “B” de la demandada recurrente, Apéndice, pág. 20.

      (1) Toys “R” Us colocó en el área de las puertas unas barandas que abren hacia el pasillo y que reducen el ancho del mismo, según el Testimonio de Jorge Negrón Martínez, único testigo de la parte demandada recurrente. Exposición Narrativa de la Prueba, pág. 9.


text:
    Freddy Peguero y otros, demandantes y recurridos, v. William Hernández Pellot, etc., demandados y peticionarios.

      Número: CE-93-716

      Resuelto: 14 de noviembre de 1995

      Luis Batista Salas, abogado de la parte recurrente; Mario Oronoz y Fernando E. Agrait abogados de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy resolvemos que una corporación foránea no se en-cuentra en Puerto Rico, para propósitos de hacer un dili-genciamiento personal del emplazamiento —Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III— cuando su presidente visita la Isla en gestiones no relacionadas con dicha corporación. Además, resolvemos que, de acuerdo con las circunstancias específicas de este caso, tampoco pro-cede el emplazamiento de la corporación no domiciliada, según permitido por la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Veamos los hechos.

El Sr. Freddy Peguero presentó, en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, una demanda en la que reclamó un re-sarcimiento en daños contra el señor William Hernández Pellot, la Sun Tech Group, S.E. y la Sun Tech Group, Inc. Alegó que, en 1989, él y el codemandado Hernández Pellot acordaron participar por partes iguales en la adquisición de una operación de procesamiento y venta de gas fluido en las Islas Vírgenes. Indicó que, luego de hacer una serie de gestiones tendentes a lograr este propósito, el codeman-dado Hernández Pellot, por su cuenta y no siendo cierto, notificó a las entidades que proveerían el financiamiento para el negocio que el demandante Peguero no interesaba continuar con él.()

Además, alegó que Hernández Pellot, Sun Tech Group, S.E. —una sociedad compuesta por Hernández Pellot, Carlos Vélez y Héctor Peguero— y Sun Tech Group, Inc. (Sun Tech), conspiraron para privarle de su participación en el negocio, y de las ganancias que pudo haber derivado de éste. Estimó los daños ocasionados por las actuaciones de los demandados en aproximadamente tres millones cin-cuenta mil dólares ($3,050,000).

En marzo de 1993, Sun Tech fue emplazada a través de su presidente, el Sr. Héctor Peguero, que en esos momen-tos se encontraba de visita en Puerto Rico y se hospedaba en el Hotel Ambassador en El Condado.

El 3 de junio de 1993, Sun Tech presentó una moción en la que solicitó la desestimación de la demanda por falta de jurisdicción. Indicó que era una corporación extranjera que no estaba registrada, no tenía oficina ni propiedades, no había nombrado agente ni había hecho negocios en Puerto Rico. Argüyó que la corporación no podía ser emplazada personalmente a través de su presidente y que los tribuna-les de Puerto Rico no tenían jurisdicción in personam sobre ella. Acompañó como anejos una certificación del Gobierno de las Islas Vírgenes que acreditaba que la Sun Tech era una empresa debidamente incorporada allí y una certifica-ción negativa de la existencia corporativa de Sun Tech ex-pedida por el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Oportunamente, la parte demandante se opuso a la mo-ción de desestimación. Alegó que la Regla 4.7(a)(2) de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, permite el emplaza-miento de una persona sin domicilio én Puerto Rico cuando ésta hubiese “participado, por sí o por su agente, en actos tort[i]ceros dentro de Puerto Rico”. Además, afirmó que Sun Tech y Sun Tech Group, S.E. habían recibido, ilegal-mente, unos beneficios que le pertenecían causándole da-ños que se manifestaron en Puerto Rico; que Sun Tech Group fue creada para esos propósitos, y que, junto con los otros codemandados, le era solidariamente responsable.

Finalmente, la parte demandante argumentó que Sun Tech era el alter ego o instrumento de Sun Tech Group, S.E.; que como sociedad radicaba en donde residen sus so-cios, y que uno de ellos, el codemandado Hernández Pellot, residía en Puerto Rico. Por todas estas razones, entendía que Sun Tech había sido adecuadamente emplazada, que el tribunal tenía jurisdicción sobre la misma y que procedía denegar la moción de desestimación.

En noviembre de 1993, Sun Tech presentó una moción titulada Alegación Adicional para Desestimar por Falta de Jurisdicción. Mediante una declaración jurada, el Sr. Héctor Peguero afirmó ser residente de St. Croix, Islas Vírge-nes, y Presidente de Sun Tech. Declaró que la corporación estaba incorporada en las Islas Vírgenes; que ésta se dedi-caba a la venta de gas propano en las Islas Vírgenes; que compraba el gas propano en St. Croix, y que no vendía, transportaba o mercadeaba su producto en otros lugares.

Basándose en estos hechos, argüyó que Sun Tech no te-nía contactos mínimos suficientes con Puerto Rico y que nuestros tribunales no podían adquirir jurisdicción sobre ella. Alegó, también, que no podía emplazarse a una corpo-ración extranjera como Sun Tech a través de su presidente mientras está visitando Puerto Rico en gestiones persona-les no relacionadas con la corporación.

El 18 de octubre de 1993, el tribunal denegó la solicitud de desestimación. () Inconforme con esta determinación, la codemandada Sun Tech presentó una petición de certiorari, aduciendo que el foro de instancia erró al negarse a deses-timar la demanda por falta de jurisdicción sobre la persona. El 11 de febrero de 1994 emitimos una resolución, concediéndole un término a la parte demandante recurrida para que mostrara causa por la cual no deberíamos expedir el auto solicitado, revocar la resolución de instancia y des-estimar la reclamación incoada contra Sun Tech por ésta no haber sido emplazada correctamente.

La parte demandante recurrida ha comparecido. En sín-tesis, expuso que la controversia real en este caso es deter-minar si, cometido un acto torticero en Puerto Rico, cuyo resultado fue que unos activos que debían pertenecerle quedaron en poder de una corporación creada para adqui-rirlos, “esa corporación está en Puerto Rico para fines ju-risdiccionales con motivo de ser parte de la actuación cau-sante de daños y perjuicios”. Argüyó que el daño lo causaron solidariamente los demandados y que por éstas razones el foro de Puerto Rico tiene jurisdicción.

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El emplazamiento es un mecanismo procesal de honda raíz constitucional mediante el cual el tribunal adquiere jurisdicción sobre la persona del demandado.() El propósito del emplazamiento es notificar a una persona sobre la presentación de una acción judicial en su contra, de manera que ésta pueda, si así lo desea, comparecer para ser oída y defenderse de la reclamación en su contra. Si los requisitos establecidos por la Regla 4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, para el emplazamiento no se cumplen estrictamente, el tribunal no adquirirá jurisdicción sobre la persona del demandado. Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98-99 (1986); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721 (1981). Por tal razón, para hacer una determinación sobre la validez o nulidad del proceso de empla-zamiento es necesario examinar tanto las normas relacio-nadas con la jurisdicción in personam, como las disposiciones técnicas de la Regla 4 de Procedimiento Civil, supra, sobre el emplazamiento()

La cláusula de debido procedimiento de ley de la Constitución de Estados Unidos limita el poder de nuestros tribunales, así como de los tribunales de los estados de la Nación americana, para asumir jurisdicción y dictar sentencias contra personas naturales o jurídicas no domiciliadas. Internat. Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310, 316 (1945); Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548, 558 (1983). Una sentencia dictada en violación a dicha cláusula no merece entera fe y crédito en ningún otro Estado.() Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, págs. 558-559.

Con relación a la jurisdicción de un tribunal sobre una persona, el Tribunal Supremo de Estados Unidos inicial-mente acogió el principio de territorialidad. Al amparo de esta doctrina, un Estado, en acciones in rem, tiene jurisdic-ción sobre los demandados si la propiedad objeto del litigio se encuentra dentro de sus fronteras. De otra parte, en acciones in personam, el Estado tiene jurisdicción sobre los demandados que están domiciliados en dicho Estado o que hayan sido emplazados cuando se encontraban físicamente dentro de sus límites territoriales. Esta doctrina fue esbo-zada en el ya clásico caso Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877). Allí se determinó que un Estado tenía autoridad y poder para emitir una sentencia en todo caso en que el demandado hubiese estado físicamente presente en la ju-risdicción territorial de dicho Estado al momento de ser emplazado. El Estado también podía asumir jurisdicción sobre la persona del demandado cuando éste se sometía a la jurisdicción del tribunal, ya fuese expresa o implícitamente. Pennoyer v. Neff, supra, parecía indicar que la presencia del demandado en el Estado, aunque tran-sitoria, era suficiente para que un tribunal asumiera juris-dicción sobre éste al ser debidamente emplazado dentro de sus límites territoriales. 4 Wright and Miller,; Federal Practice and Procedure: Civil 2d See. 1064, págs. 231-232 (1987).

A consecuencia de la industrialización, de los adelantos tecnológicos en el área de la transportación y de las comu-nicaciones, así como del incremento en el comercio interes-tatal, el principio de territorialidad pasó a ser demasiado restrictivo como mecanismo para que los tribunales pudie-sen adquirir jurisdicción sobre las personas. Por lo tanto, los tribunales, tanto federales como estatales, comenzaron a desarrollar distintas teorías para liberalizar su jurisdic-ción sobre los no domiciliados. El Tribunal Supremo federal, sin revocar a Pennoyer v. Neff, supra, comenzó a refor-mular y a ampliar la doctrina de territorialidad con relación a las acciones in personam. Véanse, por ejemplo, los casos Kane v. New Jersey, 242 U.S. 160 (1916), y Hess v. Pawlosky, 274 U.S. 352 (1927).

En lo que respecta a las corporaciones, el Tribunal Supremo federal también se vio precisado a revisar su posi-ción, en tanto y en cuanto ésta circunscribía el domicilio de las corporaciones al Estado de incorporación y, por ende, bajo el principio de territorialidad, la jurisdicción in perso-nam sobre éstas estaba limitada a dicho Estado. Bank of Augusta v. Earle, 38 U.S. 517, 588 (1839). Como meca-nismo para ampliar esta norma se desarrolló la teoría del consentimiento, la cual establecía que una corporación fo-ránea sólo podía realizar negocios en un Estado cuando éste así lo autorizaba. Bajo esta teoría los Estados, como una condición para hacer negocios en su jurisdicción, po-dían requerirle a la corporación su consentimiento para ser emplazada a través de un agente. Ley de Corporaciones Foráneas, Art. 1404 (14 L.P.R.A. see. 2404); Riego Zúñiga v. Líneas Aéreas LACSA, 139 D.P.R. 59 (1995).

Luego, los tribunales desarrollaron la teoría de la pre-sencia en la localidad, cuya noción fundamental establecía que un Estado podía asumir jurisdicción sobre una corpo-ración si por la extensión y la manera en que ésta reali-zaba sus actividades se podía inferir que estaba física-mente presente en el foro estatal. Mediante esta doctrina, los tribunales perdían su poder sobre el ente corporativo cuando cesaban las actividades de la corporación en el Estado. A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883, 888-889 (1970); J.J. Cound y otros, Civil Procedure, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1993, págs. 77-78.

Con el caso de Internat. Shoe Co. v. Washington, supra, el Tribunal Supremo federal comenzó el desarrollo de las nociones modernas relativas a la jurisdicción de los tribu-nales sobre los no domiciliados en acciones in personam. El Tribunal determinó que para asumir jurisdicción sobre una persona natural o jurídica no domiciliada en acciones in personam, el debido proceso de ley requiere que la persona haya tenido contactos mínimos con el foro local y que la causa de acción surja de o esté relacionada con dichos con-tactos, de forma tal que no se quebranten las nociones tra-dicionales del juego limpio y justicia sustancial.() Este caso estimuló a las Legislaturas estatales a crear nuevas leyes para emplazar y para poner en vigor la doctrina de contactos mínimos. Estas leyes se conocen como los estatu-tos de largo alcance (long arm statutes). Nuestra jurisdic-ción no fue la excepción.

Con relación a la doctrina de contactos mínimos, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, supra, enumera una serie de circunstancias en las que un tribunal podrá asumir jurisdicción sobre la persona de un no domiciliado: (1) si éste efectuó, por sí o por su agente, transacciones de negocios dentro de Puerto Rico; (2) si participó, por sí o por su agente, en actos torticeros dentro de Puerto Rico; (3) si estuvo involucrado en un accidente mientras, por sí o por su agente, manejaba un vehículo de motor en Puerto Rico; (4) si estuvo involucrado en un accidente en Puerto Rico en la operación, por sí o por su agente, de un negocio de transportación de pasajeros o carga en Puerto Rico, entre Puerto Rico y Estados Unidos o entre Puerto Rico y un país ex-tranjero, o el accidente ocurre fuera de Puerto Rico en la operación de dicho negocio cuando el contrato se haya otorgado en Puerto Rico, o (5) si es dueño, usa o posee, por sí o por su agente, bienes inmuebles sitos en Puerto Rico.()

Acogiendo el pronunciamiento del Tribunal Supremo federal en World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980), en Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, señalamos que la doctrina de contactos mínimos tiene dos (2) propósitos: proteger al demandado de la carga que supone litigar en un foro distante o inconveniente y asegurar que los Estados, por medio de sus tribunales, no habrán de rebasar los límites que recaen sobre ellos por su condición de soberanos iguales entre sí en un sistema federal de gobierno. La relación entre el demandado y el foro debe ser de tal naturaleza que sea razonable requerirle a éste que comparezca y se defienda de la acción particular incoada en dicho foro. Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, págs. 559-560. En los ca-sos apropiados se considerará el interés del foro local en adjudicar el litigio; el interés del demandante en obtener un remedio conveniente y efectivo; el interés del sistema judicial interestatal en lograr la más eficiente resolución de las controversias; y el interés compartido de los distin-tos Estados en promover políticas sociales fundamentales. Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, pág. 560.

En cuanto al emplazamiento en sí, hemos resuelto que para que un tribunal pueda hacer efectiva su autoridad para considerar y decidir sobre un asunto, el método de notificación tiene que ofrecer una probabilidad razonable de informarle al demandado no domiciliado sobre la acción entablada en su contra, de forma tal que pueda comparecer a defenderse si así lo desea. Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989); Rodríguez v. Nasrallah, supra.

Cuando la parte demandada es una corporación foránea presente en Puerto Rico, el emplazamiento podrá ser diligenciado en una persona natural que, con razonable certeza, por ser un oficial, gerente administrativo, agente general o cualquier otro agente autorizado de la corporación, por nombramiento o designado por ley para recibir emplazamiento, le haga llegar el mismo a la corporación demandada. Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra; Pou v. American Motors Corp., supra. Cuando la corporación foránea no está presente en Puerto Rico o no ha designado en la Isla un agente autorizado para recibir emplazamientos, el emplazamiento se hará mediante edictos, Regla 4.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, o mediante el mecanismo provisto por el Art. 1404 de la Ley de Corporaciones Foráneas, supra, dependiendo de las circunstancias del caso, Pou v. American Motors Corp., supra. De manera que, cuando el emplazamiento se hace en una corporación foránea no domiciliada, al amparo de la doc-trina de contactos mínimos, la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, supra, ordena que éste se haga siguiendo las normas del emplazamiento mediante edictos. Regla 4.5 de Procedi-miento Civil, supra. Véase, al respecto, Riego Zuñiga v. Líneas Aéreas LACSA, supra. ()

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Citando las expresiones del Tribunal Supremo federal en Hanson v. Denckla, 357 U.S. 235, 251 (1958), indicamos que es un error suponer que se vayan a abolir todos los límites sobre la jurisdicción personal que gravitan sobre los tribunales estatales. Añadimos que estos límites cons-tituyen una garantía de inmunidad contra la litigación dis-tante o inconveniente. Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, pág. 562. Véanse, también: World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, supra; Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987). Conscientes de lo antes expuesto, analizaremos la alegación de la parte demandante de que el caso Burnham v. Superior Court of Cal., Marin County, 495 U.S. 604 (1990), eliminó el requi-sito de los contactos miramos para que los tribunales esta-tales puedan asumir jurisdicción sobre una corporación no domiciliada. Esto permitiría el emplazamiento personal de una corporación no domiciliada mediante la utilización de la Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, o sea, a tra-vés de un oficial suyo que se encuentre en Puerto Rico aun-que esté en una visita no relacionada con los asuntos de la corporación.

En Burnham, v. Superior Court of Cal., Marin County, supra, el Tribunal Supremo federal resolvió que la cláusula de debido proceso de ley de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución federal, no impide.que un estado asuma jurisdicción in personam sobre un demandado no domici-liado, si éste es emplazado personalménte mientras está dentro de la demarcación territorial del Estado donde se presentó la acción en su contra. Dennis Burnham era un residente del estado de Nueva Jersey que viajó a California para visitar a sus hijos, así como para realizar gestiones de negocio. Allí fue emplazado personalmente con una acción de divorcio. En una decisión de pluralidad, el Tribunal Supremo federal permitió al foro estatal asumir jurisdicción sobre la persona del demandado no domiciliado emplazado personalmente, aunque el motivo de su visita al Estado no estaba relacionado con la causa de acción presentada en su contra. ()

Esta norma no es de aplicación automática a las corporaciones no domiciliadas.() Una corporación es una ficción jurídica creada por el Estado que podrá realizar aquellas transacciones lícitas autorizadas por ley y promo-ver o llevar a cabo cualquier objeto o propósito legítimo al amparo de la Ley General de Corporaciones, Ley Núm. 3 de 9 de enero de 1956 (14 L.P.R.Asec. 1101 y ss.).() Es una persona jurídica que goza de una personalidad indepen-diente de sus accionistas, directores y oficiales. Por ende, existen distinciones legales entre la corporación y las per-sonas naturales que forman parte de ella. Véanse: Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992); Cruz v. Ramírez, 75 D.P.R. 947 (1954); 1 Fletcher Cyc. Corp. See. 25, págs. 512-515 (Perm. ed. 1990); L.D. Solomon, D.E. Schwartz y J.D. Bauman, Corporations: Law and Policy, 2da ed., Minnesota, 1988, págs. 2-31.

Las corporaciones manifiestan su presencia de manera diferente a las personas naturales. Por ser ficciones legales, su presencia se manifiesta por su incorporación, de la manera que lo autoriza la ley y a través de las actividades que llevan a cabo. Fletcher, supra, Sec. 35, pág. 575, y Vol. 8, See. 4029, pág. 406. Para determinar si existe jurisdicción in personam sobre una corporación, es importante distinguir entre el domicilio, residencia o ciudadanía de sus accionistas y el domicilio de la corporación en sí. El factor importante es el domicilio del ente corporativo, que en términos generales y para fines jurisdiccionales puede ser el lugar donde está localizada la oficina o el lugar de negocios principal y el estado donde se incorporó. () Fletcher, supra, Vol. 1, Sec. 35, pág. 575.

Debemos cobrar conciencia de que la autoridad de un tribunal sobre una corporación es un hecho distinto a la jurisdicción sobre la persona de sus accionistas, directores u oficiales. Fletcher, supra, Vol. 3A, Sec. 1296.10, págs. 643-654. Véanse, además: Alvarado-Morales v. Digital Equipment Corp., 843 F.2d 613 (1er Cir. 1988); Escudé Cruz v. Ortho Pharmaceutical Corp., 619 F.2d 902 (1er Cir. 1980). No se puede emplazar a una corporación foránea a través de un accionista, director, oficial o agente de ésta si la causa de acción del demandante contra la corporación no está relacionada con las actividades de ésta en el foro donde se presenta la acción. La mera presencia del presidente de la corporación foránea dentro de la demarcación territorial de un Estado no equivale, por sí sola, a la presencia del ente corporativo dentro del foro. Fletcher, supra, Vol. 18A, Sec. 8748, pág. 127; Rosenberg Bros. & Co. v. Curtis Brown Co., 260 U.S. 516 (1922). Véase, además, Helicópteros Nacionales de Colombia v. Hall, 466 U.S. 408, 413 (1984). La entrega del emplazamiento al presidente de dicha corporación, mientras éste se encuentra dentro de las fronteras del Estado para propósitos no relacionados con la misma,() no constituye, pues, un emplazamiento personal, Regla 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, de la corporación dentro del área territorial del Estado.() Flet cher, supra, Vol. 18A, See. 8748; Wright and Miller, supra, Vol. 4, Sec. 1067, pág. 251; International Shoe v. Washington, supra; Lumiere v. Wilder, Inc., 261 U.S. 174 (1923); Toledo Railways & c. Co. v. Hill, 244 U.S. 49 (1917); Riverside Mills v. Menefee, 237 U.S. 189, 194 (1915).

En conclusión, la Regia 4.4(e) de Procedimiento Civil, supra, sobre el emplazamiento personal en el caso de una corporación, requiere la presencia física del ente corporativo en el foro y, por ende, no está disponible para emplazar a una corporación foránea no inscrita en el Departamento de Estado mediante la entrega del emplazamiento y de la demanda a un accionista, director u oficial que se encuentra en la Isla en un viaje no relacionado a la corporación. Al amparo de nuestras reglas procesales, las corporaciones no domiciliadas se emplazan mediante la utilización de las Reglas 4.7 y 4.5 de Procedimiento Civil, supra, o los mecanismos provistos por la Ley General de Corporaciones de 1995, según sea el caso.

IV

En el caso de autos, la parte demandada presentó una moción de desestimación por falta de jurisdicción acompa-ñada de ciertos documentos que establecían que Sun Tech estaba incorporada en las Islas Vírgenes y que no estaba registrada como corporación foránea en el Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ade-más, en la alegación adicional a la moción para desestimar por falta de jurisdicción, incluyó una declaración jurada del Sr. Héctor Peguero, en la que éste afirmó que ni él ni la corporación que preside tienen contactos o relación alguna con el foro local.

Ni con la oposición a la moción de desestimación ni con el escrito en respuesta a la contestación a la orden de mos-trar causa, la parte demandante acompañó documentos o contradeclaraciones juradas que establecieran, al menos prima facie, la existencia de prueba que acreditara la ju-risdicción del tribunal sobre la persona de la corporación demandada. No refutó la prueba presentada por Sun Tech. Sus argumentos sobre el aspecto jurisdiccional se basaron únicamente en una aseveración de que los codemandados conspiraron para privarlo de la oportunidad de un negocio que le representaría beneficios económicos.()

El demandante básicamente se limitó a alegar que él y el señor Hernández llevaron a cabo ciertas gestiones para adquirir una compañía de procesamiento y venta de gas fluido en las Islas Vírgenes y que el señor Hernández noti-ficó a las instituciones financieras que el Ingeniero Pe-guero no deseaba proseguir con el negocio. Insistió que Sun Tech Group, S.E., sociedad compuesta por el Sr. William Hernández, Carlos Roberto Vélez, Héctor Peguero y Sun Tech, conspiraron en su contra para privarlo de la oportu-nidad de adquirir el negocio, lo que le causó daños por ga-nancias dejadas de recibir. Por todo lo cual, concluyó que la corporación Sun Tech fue emplazada correctamente, a tra-vés de su presidente, Héctor Peguero, mientras éste visi-taba la Isla, ya que la corporación, a través de las actua-ciones del señor Hernández Pellot, había participado en actos torticeros que le causaron daños. No le asiste la razón.

Si aplicamos las normas procesales antes expuestas en-contramos que Sun Tech, una corporación foránea, no se encontraba dentro del área territorial de Puerto Rico por el mero hecho de que su presidente, Héctor Peguero, se en-contraba en la Isla en gestiones no relacionadas con dicha corporación. Al no estar presente en Puerto Rico la Sun Tech, la parte demandante no tenía disponible el meca-nismo procesal de emplazamiento personal provisto en la Regla 4.4(e), supra.

Sun Tech no fue debidamente emplazada. Esto, sin embargo, no dispone del asunto ante nuestra consideración. Debemos examinar si, al amparo de la doctrina de contac-tos mínimos, existe justificación para que nuestros tribu-nales asuman jurisdicción sobre Sun Tech. De existir con-tactos mínimos, lo que procede es anular el emplazamiento y conceder a la parte demandante un término razonable para que emplace a Sun Tech mediante el procedimiento dispuesto en las Reglas 4.5 y 4.7 de Procedimiento Civil, supra. De no existir contactos mínimos, la acción contra Sun Tech deberá ser desestimada sin perjuicio.() Veamos.

Sun Tech no realiza actividad alguna en Puerto Rico, no hace negocios en la Isla y no obtiene privilegios o beneficios en nuestra jurisdicción.() World-Wide Volkswagen v. Woodson, supra. Tampoco podemos concluir que un alegado acto de violación de obligaciones contractuales, imputado al señor Hernández Pellot en su carácter personal, obligue a Sun Tech a defenderse de una causa de acción presen-tada en su contra en nuestro foro, máxime cuando dicha corporación no está presente en la jurisdicción y no existe acto afirmativo alguno que pueda interpretarse como que se ha beneficiado del privilegio de hacer negocios en la Isla.

Aun la lectura más liberal y favorable de las alegaciones de la demanda no refleja la existencia de alguna de las circunstancias descritas en nuestra regla de largo alcance. Regla 4.7(a)(3) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. No se desprende algún hecho torticero realizado en nues-tra jurisdicción por la codemandada Sun Tech. Ni siquiera se puede concluir que el alegado daño, si alguno, surgió o resultó de actividades de la parte demandada dentro del foro o que, plasmado fuera, tuvo efectos sustanciales den-tro del foro. De la demanda enmendada surge que quien se alega cometió el acto torticero, si alguno, fue el codeman-dado señor Hernández Pellot; Si acaso se cometió el mismo, éste se configuró en las Islas Vírgenes donde se iba a llevar a cabo la transacción, y no en nuestra jurisdicción.

Además, cabe señalar que cuando un demandante intenta traer a la jurisdicción local a una parte no domiciliada en Puerto Rico, conforme a la Regla 4.7, supra, y este hecho se alega en la demanda, es aconsejable que el promovente también alegue hechos suficientes de los cuales se pueda inferir de forma razonable que existe jurisdicción sobre el promovido, a tenor con los requisitos procesales y constitucionales. No basta con que hagan alegaciones concluyentes; después de todo, el peso de la prueba para establecer la jurisdicción lo tiene el demandante. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., supra, págs. 336-337; Cuevas Segarra, op. cit.

Meras especulaciones de que los codemandados le cau-saron daños económicos a la parte demandante no consti-tuyen una alegación bien hecha para establecer la jurisdic-ción del tribunal sobre la persona corporativa de Sun Tech.() De los documentos presentados ante nos se des-prende que la parte demandante no estableció, al menos prima facie, la existencia de prueba alguna que acreditara la jurisdicción de la corporación demandada.

En fin, es preciso concluir que Sun Tech no tiene contac-tos mínimos con nuestra jurisdicción, por lo cual no existe jurisdicción sobre su persona. Procede, pues, revocar la or-den del Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, que denegó la moción de desestimación por falta de juris-dicción sobre la persona de Sun Tech y declarar con lugar dicha moción.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de “certio-rari” solicitado y se dictará sentencia mediante la cual se revoca la resolución del foro de instancia denegando la mo-ción de desestimación y se concede la desestimación de la demanda contra Sun Tech, sin perjuicio.

El Juez Asociado Señor Rebollo López se inhibió. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

      (1) Aunque ni en la demanda ni en la demanda enmendada se especifica en cuál sucursal del Banco Popular de Puerto Rico se realizaron las gestiones prestatarias, de la transcripción de la deposición tomada al señor Hernández Pellot surge que las gestiones, tanto con el Banco como con la Administración de Pequeños Negocios, se llevaron a cabo en las Islas Vírgenes, lugar donde se incorporó Sun Tech Group, Inc.

      (2) La Sun Tech Group, Inc., oportunamente, presentó una moción de reconside-ración la cual, al momento de presentarse esta petición de certiorari, aún no había sido resuelta.

      (3) Sobre el concepto del emplazamiento, véanse: R. Hernández Colón, Manual de Derecho Civil, 2da ed. rev., Hato Rey, Equity Publishing Corp., 1981, pág. 141 y ss.; J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. II, pág. 32.

      (4) Para una discusión sobre el tema de la jurisdicción in personam, véanse: 4 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Secs. 1063, 1064 y 1065 (1987); Cuevas Segarra, op. cit, págs. 10-13 (Sup. 1990-1991).

      (5) Entre los casos más importantes sobre jurisdicción in personam, véanse: Pennoyer v. Neff, 95 U.S. 714 (1877); Internat. Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310 (1945); Shaffer v. Heitner, 433 U.S. 186 (1977); Kulko v. California Superior Court, 436 U.S. 84 (1978); World-Wide Volkswagen v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980); Keeton v. Hustler Magazine, Inc., 465 U.S. 770 (1984); Helicópteros Nacionales de Colombia v. Hall, 466 U.S. 408 (1984); Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462 (1985); Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987).

      () En Perkins v. Benguet Mining Co., 342 U.S. 437 (1952), el Tribunal Supremo federal expresó que si los negocios de una corporación extranjera son de naturaleza substancial se puede presentar una acción contra ésta aunque la causa de acción no esté relacionada con sus actividades en dicho foro.

      (7) La enumeración que se hace en esta regla no es exhaustiva. Podrían haber otras circunstancias que estén dentro de los parámetros constitucionales de la doc-trina de contactos mínimos.

      Véanse los casos Pou v. American Motors Corp., 127 D.P.R. 810 (1991); Molina v. Supermercado Amigo, Inc., 119 D.P.R. 330 (1987); Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548 (1983); Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346 (1975); A.H. Thomas, Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883 (1970), y Schwartz v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 856 (1952), que discuten la doctrina de contactos mínimos.

      (8) La nueva Ley General de Corporaciones de 1995, Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995 (14 L.P.R.A. see. 2601 et seq.), establece la manera en que habrán de emplazarse las corporaciones organizadas en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Art. 12.01 (14 L.P.R.A. sec. 3126)); las corporaciones foráneas autorizadas a hacer negocios en el Estado Libre Asociado (Art. 13.12 (14 L.P.R.A. sec. 3172)), y las corporaciones que hacen negocios en el Estado Libre Asociado sin obtener una auto-rización conforme al Art. 13.05 (14 L.P.R.A. see. 3165) de esta ley.

      (9) El Tribunal, en Burnham v. Superior Court of Cal., Marin County, 495 U.S. 604 (1990), estuvo de acuerdo con el resultado pero no con los fundamentos. El Juez Scalia emitió una opinión a la que se unieron el Juez Presidente Rehnquist y el Juez Kennedy; el Juez White se unió al Juez Scalia solamente en las Partes I, II-A, II-B y II-C de la opinión. El Juez Brennan emitió otra opinión a la que se unieron los Jueces Marshall, Blackmun y O’Connor. El Juez Stevens emitió otra opinión concurrente, en la cual explicó que estaba de acuerdo en que procedía confirmar al foro estatal, basándose en la evidencia histórica, consideraciones de justicia y sentido común. Para una discusión sobre este caso y sus implicaciones en la doctrina de jurisdicción in personam, véanse: C.M. Daleiden, The Aftermath of Burnham v. Superior Court: A New Rule of Transient Jurisdiction?, 32 Santa Clara L. Rev. 989 (1992); S.D. Irwin, Burnham v. Superior Court of California: The Final Word On Transient Personal Jurisdiction, 53 Ohio St. L. J. 613 (1992); The Future of Personal Jurisdiction: A Symposium on Burnham v. Superior Court, 22 Rutgers L.J. 559 (1991); D.A. Mays, Burnham v. Superior Court, The Supreme Court Agrees on Transient Jurisdiction in Practice, But Not in Theory, 69 N.C. L. Rev. 1271 (1991); R. Laylor-Manning, An Easy Case Makes Bad Law — Burnham v. Superior Court of California, 495 U.S. 604 (1990), 66 Wash. L. Rev. 623 (1991); P.C. Wilson, A Pedigree for Due Process?, 56 Mo. L. Rev. 353 (1991).

      (10) De hecho, en la nota al calce Núm. 1 de la opinión del Juez Scalia se dice que la regla de contactos continuos y suficientes esbozada en Perkins v. Benguet Mining Co., supra, pág. 440, para fundamentar la jurisdicción basada en asuntos no relacio-nados a la actividad en el foro, es de aplicación únicamente a las corporaciones, “which have never fitted comfortably in a jurisdictional regime based primarily upon ‘de facto power over the defendant’s person.’ International Shoe Co. v. Washington, 326 U.S. 310, 316 (1945)”. Burnham v. Superior Court of Cal., Marin County, supra, pág. 610 esc. 1.

      (11) Cf. Art. 1.01 de la Ley General de Corporaciones de 1995, Ley Núm. 144 de 10 de agosto de 1995 (14 L.P.R.A. see. 2601).

      (12) La clasificación de una corporación como doméstica, foránea o extranjera depende del lugar donde se creó la corporación. Denominamos “foráneas” a aquellas corporaciones organizadas con arreglo a las leyes de cualquier estado o jurisdicción de Estados Unidos; las organizadas con arreglo a las leyes de cualquier país extran-jero se denominan “extranjeras”, y las organizadas con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado son domésticas. Pou v. American Motors Corp., supra. La nueva Ley General de Corporaciones de 1995 define una corporación foránea como “una corpo-ración organizada con arreglo a las leyes de cualquier jurisdicción que no sea el Estado Libre Asociado”. Art. 13.01 de la Ley Núm. 144, supra, 14 L.P.R.A. see. 3161.

      (13) Por no estar ante nuestra consideración, no discutiremos la situación de si se puede o no emplazar y adquirir jurisdicción in personam sobre una corporación foránea que no hace negocios en Puerto Rico ni se encuentra inscrita en el Departa-mento de Estado, mediante la entrega del emplazamiento a su presidente mientras éste se encuentra en la Isla para propósitos relacionados con la corporación.

      (14) De hecho, al accionista, director u oficial de la corporación demandada, sólo se le podrán atribuir los contactos mínimos de ésta con el foro local si la relación entre ambos justifica rasgar el velo corporativo. Pero, en este caso no se justifica descorrer el velo corporativo porque de los autos no surge prueba fuerte y robusta como base para demostrar que la corporación fue creada para realizar un fraude, promover una injusticia, evadir una obligación estatutaria, derrotar la política pú-blica, justificar la inequidad o defender un crimen, o cuando la corporación es un alter ego conducto o instrumento económico pasivo de sus accionistas. Srio. D.A.C.O. v. Comunidad San José, Inc., 130 D.P.R. 782 (1992); González v. San Just Corp., 101 D.P.R. 168 (1973); San Miguel Fértil. Corp. v. P.R. Drydock, 94 D.P.R. 424 (1967); Cruz v. Ramírez, 75 D.P.R. 947 (1954).

      (15) Sobre el mecanismo para examinar una moción para desestimar por falta de jurisdicción sobre la persona, al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, hemos explicado que el juez podrá: (1) evaluar la moción tomando en consideración sólo las alegaciones de la demanda; (2) analizar los documentos y de-claraciones juradas, si alguno, conjuntamente con las alegaciones, los documentos y las contradeclaraciones juradas que presente el demandante en su oposición; (3) señalar una vista evidenciaría, o (4) posponer la decisión para después de la vista en su fondo. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 338. Si el juez decide evaluar la moción de desestimación tomando en cuenta las alegaciones de la de-manda, deberá tomar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda, demanda contra tercero, demanda contra coparte o reconvención, según sea el caso. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 338. Bajo esas circunstancias, el demandante derrota la moción si demuestra que se han alegado hechos suficientes que, prima facie, de probarse, confieren al tribunal jurisdicción sobre la persona del no domici-liado a base de la Regla 4.7 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y que se satisfacen los requisitos mínimos de debido procedimiento de ley de las Constitucio-nes de Puerto Rico y Estados Unidos. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 338.
      Por otra parte, si la moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la persona es acompañada con documentos y declaraciones juradas, la parte que se opone a la moción tiene que acompañar documentos y contradeclaraciones juradas para derrotarla, demostrando que hay hechos materiales que están en controversia. Molina v. Supermercado Amigo, Inc., supra, pág. 339.

      (16) Desestimada una acción por falta de jurisdicción sobre la persona del de-mandado, el pleito se podrá instar en el foro donde exista jurisdicción sobre dicho demandado, ya que la acción no ha sido resuelta en los méritos.

      (17) La Ley General de Corporaciones de 1995, en su Art. 13.04 (14 L.P.R.A. see. 3164), enumera ciertas actividades que no constituyen transacciones de negocios en el Estado Libre Asociado.

      (18) De hecho, en nuestra jurisdicción es requisito indispensable para iniciar una acción por interferencia culposa la existencia de un contrato; no procede la ac-ción si lo que se afecta es una mera expectativa o una relación económica provechosa. Dolphin Intl. of P.R. v. Ryder Truck Lines, 128 D.P.R. 869 (1991).