text:
    Citibank, N.A., demandante y recurrido, v. Dependable Insurance Company, Inc., demandada y peticionaria.

      Número: CE-87-155

      Resuelto: 27 de mayo de 1988

      María Emilia Picó, de Rexach & Picó, abogada de la peticionaria; Néstor Duran, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El 2 de noviembre de 1984 Dependable Insurance Company, Inc. (en adelante Dependable), expidió a favor de Citibank, N.A. (en adelante Citibank), una póliza maestra de seguro denominada Single Interest Automobile Physical Damage Insurance (en adelante la Póliza) para asegurar o proteger el interés del banco en los automóviles que finan-ciaba. Posteriormente, Dependable notificó a Citibank que había decidido cancelar la Póliza, efectiva el 31 de octubre de 1985. Citibank exigió la devolución de las primas de seguro cobradas pero no devengadas (unearned premiums). Así las cosas, Dependable envió a Citibank un cheque por la canti-dad de $2,673,806.47 por concepto de cancelación de póliza. En carta de 27 de noviembre de 1985, AIB & Associates, agente de seguros de Dependable en Puerto Rico, informó a Citibank que este pago correspondía al 75% de la cantidad que se adeudaba y que el balance sería remitido más tarde. El 29 de noviembre de 1985 Citibank reclamó a Dependable $874,602.16 como balance adeudado. En respuesta, Dependable requirió a AIB & Associates que pagara a Citibank lo reclamado. Según Dependable, esta cantidad correspondía a las comisiones pagadas a AIB & Associates.

Dependable, además, negó cubierta en todas aquellas re-clamaciones donde Citibank reposeyó la unidad después de 31 de octubre de 1985, fecha de efectividad de la cancelación de la Póliza. Alegó que la pérdida asegurada (loss) ocurría cuando Citibank reposeía el vehículo, no cuando éste sufría el accidente o daño. A su vez, Citibank sometió a Dependable reclamaciones por concepto de pérdidas ocurridas bajo la Póliza. Las reclamaciones se referían tanto a la póliza maes-tra de interés sencillo (single interest), como a la denomi-nada de interés compuesto (double interest).

Por no estar las partes de acuerdo sobre las cuantías co-rrespondientes a las diferentes partidas que componían la deuda de Dependable, Citibank instó demanda donde recla-maba: (1) en la primera causa de acción, la devolución de las primas no devengadas por la cantidad de $874,602.16, más intereses por temeridad; (2) en la segunda causa de acción, todas las reclamaciones de pérdidas con más de noventa (90) días de sometidas a Dependable y no satisfechas; (3) en la tercera causa de acción, las reclamaciones que Dependable había denegado a Citibank por falta de cubierta, y (4) en la cuarta causa de acción, daños y perjuicios por incumpli-miento de contrato.

El 18 de septiembre de 1986 Citibank solicitó sentencia sumaria parcial en relación con la primera y tercera causas de acción. Luego de celebrar la correspondiente vista, el tribunal de instancia resolvió que los daños reclamados en la tercera causa de acción estaban cubiertos por la Póliza, pero sólo faltaba su estimación. En cuanto a la primera causa de acción, las primas no devengadas, el tribunal determinó que había controversia en cuanto a la cuantía a ser devuelta. De-negó la sentencia sumaria parcial y ordenó a las partes sumi-nistrarse información y tratar de encontrar una solución extrajudicial.

A tales efectos, las partes, con sus respectivos abogados, se reunieron. En relación con la primera causa de acción, Dependable ofreció pagar $889,053 a Citibank para satisfa-cer la deuda por primas pagadas y no devengadas. Con pos-terioridad, las partes celebraron una segunda reunión, esta vez sin que estuvieran presentes sus respectivos represen-tantes legales. Aunque hay controversia en relación con las causas de acción que allí se discutieron, las partes están de acuerdo en que Dependable acordó pagarle a Citibank la suma de $1,080,000. Para implantar este acuerdo, la abogada de Dependable envió al abogado de Citibank un borrador de la “estipulación de transacción”. Éste lo examinó e hizo al-gunas revisiones. El 26 de enero de 1987 las partes, repre-sentadas por sus respectivos abogados, suscribieron una estipulación de transacción que lee como sigue:

Comparecen las partes representadas por sus respectivos abogados que suscriben y respetuosamente someten a la con-sideración de este Honorable Tribunal para su aprobación la siguiente estipulación:
1. Las partes han acordado transigir entre sí las reclama-ciones objeto de este pleito mediante el pago por la parte de-mandada, Dependable Insurance Company, Inc., a la parte demandante, Citibank, N.A., de la suma de $1,080,000.00.
2. En consideración al pago de $1,080,000.00, Citibank de-siste con perjuicio de la Primera, Tercera y Cuarta Causas de Acción de la demanda, así como de cualquier reclamación por prima no devengada, daño o pérdida de cualquier natura-leza bajo la póliza maestra de seguro número VSI-23505 (“Single Interest Automobile Physical Damage Insurance”, en adelante la “Póliza”).
3. En cuanto a la Segunda Causa de Acción, Citibank de-siste sin perjuicio de las reclamaciones bajo las pólizas de interés compuesto (“double interest”). Respecto a las recla-maciones bajo la Póliza, el desistimiento sigue siendo con per-juicio.
4. Las partes se relevan mutuamente de cualquier recla-mación que ahora o en el futuro puedan tener bajo la Póliza. Es la intención de las partes transigir toda reclamación que haya surgido, o pueda surgir bajo la Póliza.
POR TODO LO CUAL, ambas partes solicitan y suplican de este Honorable Tribunal que imparta su aprobación a esta estipulación y proceda a dictar sentencia de conformidad: a) ordenando a Dependable a pagar a Citibank la suma de $1,080,000.00, sin especial imposición de costas ni honorarios de abogados; b) ordenando el archivo con perjuicio de todas las reclamaciones bajo la Póliza; y c) ordenando el desisti-miento sin perjuicio de todas las reclamaciones bajo pólizas de interés compuesto (“double interest”). (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 20-21.

Dos (2) días más tarde, Dependable remitió a Citibank un cheque por la cantidad de $1,080,000. Cabe señalar, que pos-teriormente este cheque fue endosado por la representación legal del banco y cobrado por Citibank. El 2 de febrero de 1987 las partes presentaron al tribunal la estipulación de transacción. El 9 de febrero de 1987 Citibank presentó una moción titulada Moción aclaratoria y/o impugnación de transacción, donde alegó que nunca tuvo la intención de de-sistir con perjuicio de las reclamaciones por pérdidas que tuvieran más de noventa (90) días de sometidas compren-didas en la segunda causa de acción montantes a $262,508.29. También reclamó que medió “grave error o dolo en la pre-misa o base de la transacción extrajudicial” que se acordó entre el Sr. Miguel A. Alcocer, vicepresidente del Citibank, y el Sr. Douglas Patterson, representante de Dependable. Se-gún Citibank, este error motivó que creyera que las reclama-ciones estaban “completamente pagadas o en proceso de pagarse”. Apéndice, pág. 24. Acompañó la moción con una declaración jurada del señor Alcocer. En lo pertinente esta declaración lee:

5. Ahora bien, en ningún momento se mencionó, discutió o negoció las reclamaciones bajo la Póliza que Citibank le había sometido a Dependable y que tenían más de 90 días de some-tidas. Estas son las reclamaciones que Dependable supuesta-mente había pagado en su totalidad o que estaba procesando para pago. Estas reclamaciones en ningún momento formaron parte, directa o indirectamente, del acuerdo de transacción. No formaron parte porque Citibank entendía, en base a las representaciones de Dependable, de que algunas de ellas ya estaban pagadas y otras en vía de pago. Por tal motivo nunca pasó por la mente de Citibank considerar estas reclamaciones en la transacción. Para Citibank este pago ya estaba aprobado y era cuestión de recibir el mismo.
6. Dependable alega ahora que la transaccción acordada in-cluye todas las reclamaciones bajo la Póliza, incluyendo las reclamaciones con más de 90 días de sometidas. Eso no fue el acuerdo y Dependable lo sabe o debiera saberlo. Citibank aún no ha recibido el pago total de esas reclamaciones.
7. Si ese hubiese sido el caso, Citibank jamás hubiere transi-gido por la referida suma de $1,080,000.00. De modo alguno Citibank hubiese acordado transigir todas sus reclamaciones bajo la Póliza por esa suma de dinero. Realmente es inconcebi-ble que Dependable pretenda atribuirle esa intención a Citibank en este caso. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 32.

La peticionaria se opuso oportunamente a las preten-siones de Citibank y solicitó se reconociera la finalidad del contrato de transacción y procediera al archivo, con perjui-cio, del pleito según acordado por las partes.

Así las cosas, el 26 de febrero de 1987 el tribunal dictó una resolución que ordenaba a las partes “reunirse nueva-mente para agotar la posibilidad de una nueva tran-sacción . . .”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 14. Indicó, además, que no iba a “dedicar tiempo a examinar lo nego-ciado en la transacción, [que era] suficiente lidiar con el pleito principal”. íd. Luego de una serie de trámites proce-sales el tribunal emitió otra resolución donde reiteraba que no iba a “examinar nada relacionado con la transacción”. íd., pág. 15.

No conforme con las resoluciones del tribunal de instan-cia, Dependable presentó recurso de certiorari ante este Foro. Solicitó que se dejaran sin efecto las mismas y en su lugar decretara que la estipulación de transacción incluía todas las reclamaciones. Decidimos revisar y expedimos el. auto.

I

El contrato de transacción

El Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821, señala que “[l]a transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un pleito o ponen término al que había comenzado”. Moxó Ruano lo define como uno “consensual, sinalagmático, con causa subjetivada, de eficacia de-terminativa o declarativa, por el que las partes actualizan su poder dispositivo para, mediante mutuas renuncias y libera-ciones, y a veces prestaciones complementarias, decidir una controversia jurídica litigable”. A. Moxó Ruano, Notas sobre la naturaleza de la transacción, 34 Rev. Der. Priv. 673 (1950).

Anteriormente y al examinar la figura de la transacción hemos dicho que ésta “requiere una cuestión anterior que le dé vida, ya sea judicial o extrajudicial”, A. Martínez & Co. v. Long Const. Co., 101 D.P.R. 830, 834 (1973); que “supone que las partes tienen dudas sobre la validez o corrección jurídica de las respectivas pretensiones que dan lugar a la controversia y que han optado por resolver haciéndose mutuas concesiones luego de un proceso de negociación”, Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 791 (1981); que “[e]s pura cuando versa únicamente sobre los derechos controvertidos”, y que tendrá carácter novatorio cuando “por voluntad de las partes el negocio transaccional elimina, sustituye o modifica —y no sólo fija— la anterior relación incierta”. (Enfasis en el original.) García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380, 389, 390 (1987).

Albaladejo identifica tres (3) elementos o requisitos esenciales del contrato de transacción. Primero, ha de existir una relación jurídica incierta, o sea “pretensiones contrarias, motivadas por una incertidumbre jurídica, bien porque el posible derecho de las partes sea incierto o dudoso objetivamente, o porque aquéllas estiman que a su juicio hay incertidumbre aunque en realidad no la haya”. Segundo, ha de haber la intención de eliminar la incertidumbre. La in-tención de las partes ha de ser la de sustituir “la relación dudosa por una que sea para ellas cierta e incontestable”. Por último, tienen que hacerse concesiones recíprocas; este es el elemento que le da el cáracter de contrato bilateral a la transacción. El fin transaccional “sólo se consigue sacrifi-cando las partes sus pretensiones en la controversia, pero nada obliga a que esas concesiones recíprocas sean perfec-tamente equivalentes. . . . Estos sacrificios pueden ser de orden moral o tener contenido económico y han de ser recí-procos porque en otro caso existiría una mera renuncia”. (Énfasis suplido.)

Al aplicar las anteriores normas de derecho al caso de autos encontramos que estamos frente a una transacción pura con carácter novatorio en donde se dan los tres (3) requisitos enumerados por Albaladejo. Veamos. Citibank negoció el contrato de transacción con Dependable después que el juez de instancia resolvió que procedían la primera y tercera causa de acción; aún quedaban pendientes la segunda y cuarta causas de acción y la estimación de las cuantías de las causas de acción ya resueltas. No cabe duda de que las partes tuvieron la “intención de eliminar la incertidumbre” de su relación jurídica, el lenguaje que utilizaron fue claro y preciso. Nadie obligó a Citibank a firmar el contrato de transacción. Su abogado lo examinó y revisó, y si lo firmó fue porque entendió que la estipulación de transacción ponía fin a la incertidumbre que existía en cuanto a las partidas y a las cantidades involucradas. El contrato de transacción es uno que versa únicamente sobre los derechos en controversia, donde hubo concesiones recíprocas que sustituyeron la rela-ción incierta anterior. Dependable accedió a pagar una suma de dinero y Citibank, a su vez, a desistir de las reclamaciones en contra de Dependable. Estas concesiones recíprocas no son ni tienen que ser equivalentes.

II

Alcance del contrato de transacción; renuncia de derechos

Pasemos ahora a analizar el alcance de la transac-ción y la renuncia de derechos. El Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4826, dispone que la transacción “no com-prende sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, de-ban reputarse comprendidos en la misma ... [y que la] re-nuncia general de derechos se entiende sólo de los que tienen relación con la disputa sobre que ha recaído la transacción”.

En el caso de Sucn. Román v. Shelga Corp., supra, pág. 788, señalamos —cuando citamos a Scaevola— “ ‘que la ley quiso llevar a sus extremos la regla interpreta-tiva de restricción en las transacciones, limitándola riguro-samente a los objetos expresamente determinados, o que por una inducción necesaria de sus palabras deban reputarse incluidos . . . [éstas deben ser interpretadas] . . . limitada-mente, aunque sin descuidar lo de la reciprocidad como norma interpretativa’”. (Énfasis suplido y en el original.) Recientemente, en Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 74-75 (1987), expresamos:

Por su naturaleza, el contrato de transacción debe interpre-tarse de forma restrictiva. En lo que no sean incompatibles con las normas que regulan los contratos de transacción, son de aplicación las reglas generales sobre la interpretación de contratos. Ahora bien, en relación con la interpretación de los contratos, Diez-Picazo nos dice que éstos “deben interpre-tarse de acuerdo con la buena fe ... [que es] un [standard] de conducta arreglada a los imperativos éticos exigibles de acuerdo con la conciencia social imperante .... Los contratos han de ser interpretados presuponiendo una lealtad y una corrección en su misma elaboración, es decir, entendiendo que las partes al redactarlos quisieron expresarse según el modo normal propio de gentes honestas y no buscando cir-cunloquios, confusiones deliberadas u oscuridades . ... El contrato debe ser interpretado de manera que el sentido que se le atribuya sea el más conforme para llegar a un desenvol-vimiento leal de las relaciones contractuales y para llegar a las consecuencias contractuales exigidas conforme a las normas éticas. La buena fe impone también la aplicación de las ideas de confianza y autorresponsabilidad en la interpreta-ción .... Las declaraciones de voluntad deben interpretarse en el sentido más conforme con la confianza que hayan po-dido suscitar de acuerdo con la buena fe”. (Énfasis suplido.) L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. I, Cap. XI, See. 45, págs. 251-252. (Escolios omitidos, énfasis suplido y en el original.)

Al aplicar el enfoque aquí reseñado al presente caso en-contramos que el contrato de transacción fue redactado en términos claros y precisos. En el mismo se expresó literal-mente que las partes habían “acordado transigir entre sí las reclamaciones de este pleito” y que era su intención “transi-gir toda redamación que haya surgido o pueda surgir bajo la Póliza”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 68. En cuanto a la segunda causa de acción, fueron aún más específicos; desis-tieron sin perjuicio de las reclamaciones bajo las pólizas de interés compuesto y con perjuicio “de las reclamaciones bajo la Póliza”. No podemos estar de acuerdo con la interpreta-ción que del contrato hace Citibank, de que la intención de las partes no fue el desistir con perjuicio en cuanto a todas las reclamaciones bajo la Póliza planteadas en la segunda causa de acción.

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El contrato de transacción y la cosa juzgada

El Art. 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4827, señala que “[l]a transacción tiene para las partes la autoridad de la cosa juzgada; pero no procederá la vía de apremio sino tratándose del cumplimiento de la transacción judicial”. Esto significa que las partes tienen que considerar los puntos discutidos como definitivamente resueltos; no pueden volver nuevamente sobre los mismos. De no ser así “‘perdería la transacción su razón de ser y existir’”. (Énfasis suprimido.) Canino v. Bellaflores, 78 D.P.R. 778, 780 (1955). La validez de la transacción no depende de que ésta se hubiera hecho de acuerdo a derecho; si esto fuera así, la transacción sería “un acto inútil y que a nadie aprovecha . . .”. Matienzo v. González et al., 26 D.P.R. 457, 474 (1918).

En Canino v. Bellaflores, supra, citamos con aprobación lo siguiente de Puig Peña: “[p]reviendo el supuesto del incumplimiento discutió la doctrina sobre si los efectos propios de la transacción habían de ser los naturales de los contratos (como contrato que es), o, por el contrario, debía dotarse al convenio de una posición especial injertando en el mismo una propia sustancia judicial en orden a la declaración de “cosa juzgada” y al procedimiento para la ejecución de sentencia”. (Énfasis suprimido.) Sobre el particular Albaladejo nos dice que “la transacción extrajudicial no está amparada por la vía de apremio y no puede llevarse a cumplimiento sin que se haya declarado su eficacia en el juicio correspondiente ... pero sí tiene autoridad de cosa juzgada, lo que ... ‘ha de entenderse e interpretarse en el sentido de que una vez acordada la transacción, no será lí- cito exhumar pactos o cláusulas, vicios o defectos, posi-ciones o circunstancias afectantes a las relaciones jurí-dicas (Énfasis suplido.) Gullón Ballesteros llega a la misma conclusión y añade que “[l]a cosa juzgada de la tran-sacción [a diferencia de la cosa juzgada producida por la sen-tencia] ... quiere decir que el juez viene obligado a tener en cuenta la decisión de las partes y ano contradecirla, aun-que la crea injusta”. (Énfasis suplido.)

No obstante, la doctrina expresada anteriormente “no opera para impedir que el juzgador interprete [la] extensión y aplicación [del contrato de transacción] al pleito judicial en el que se levanta como defensa”. Sucn. Román v. Shelga Corp., supra, pág. 787. Gullón Ballesteros señala que “esta cosa juzgada no impide que el juez valore la validez del pro-pio contrato de transacción, y que estime su falta de causa, que ha sido otorgado con dolo, etc., o sea, que el juez puede revisar el juicio lógico o el acto mismo que ha cuajado en una transacción”.

La controversia en el caso de autos finalizó cuando las partes suscribieron el contrato de transacción. La actuación del juez de instancia al ordenar a las partes reunirse nuevamente para agotar la posibilidad de “una nueva transacción” equivale al acto ilícito de exhumar pactos o cláusulas en el contrato de transacción judicial de que nos habla Albaladejo. Erró el tribunal al rehusar darle finalidad, efecto de cosa juzgada, al proceso ya culminado.

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El contrato de transacción — el error y dolo

Pasemos ahora a considerar si mediaron algunas de las circunstancias que permiten a las partes impugnar un contrato de transacción. El Art. 1716 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4828, dispone que“[l]a transacción en que intervenga error, dolo, violencia o falsedad de documentos está sujeta a lo dispuesto en [el Art. 1217]”, el cual señala que “[s]erá nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”.

Albaladejo analiza el Art. 1.268 del Código Civil español, de donde proviene nuestro Art. 1716, swpra, y señala que “[ajplicado a la transacción, no presenta el dolo ninguna especialidad, por lo que se regula por las normas generales de la contratación”. El Art. 1221 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3408, dispone que “[h]ay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que sin ellas no hubiera hecho”. Ahora bien, “[p]ara probar el dolo hay que demostrar la falta intencional o mala fe de la persona a quien se le imputa, ya que la buena fe se presume”. Canales v. Pan American, 112 D.P.R. 329, 339 (1982). Véase, también, M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y com-pilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1979, T. XII, Vol. 2, pág. 62. “La preparación académica, condición social y económica, y relaciones y tipo de negocios en que se ocupa una persona son factores de particular significación al determinar la existencia de dolo que anule su consenti-miento.” Miranda Soto v. Mena Eró, 109 D.P.R. 473, 478 (1980).

El Art. 1716 del Código Civil, supra, termina señalando que “no podrá una de las partes oponer el error de hecho a la otra siempre que ésta se haya apartado por la transacción de un pleito comenzado”. Véanse: Cruz v. Liverpool & London Ins. Co., 79 D.P.R. 722, 729 (1956); Arandes v. Báez, 20 D.P.R. 388, 391-392 (1914). De entrada debe reconocerse que la “estructura y naturaleza de la transacción obliga a aplicar a ésta con suma cautela la doctrina del error”. Albaladejo, op. cit., pág. 64. El error a que este artículo se refiere, “el que constituye vicio del consentimiento, es el de hecho ... [y] ha de recaer sobre la sustancia de la cosa objeto del contrato, y no sobre el derecho que asista a las partes . . .”. (Énfasis suplido.) Arandes v. Báez, supra, pág. 392. En el caso de autos, no hubo falta intencional o mala fe de parte de Dependable. El contrato se redactó des-pués de varias reuniones entre personas preparadas, conoce-doras de la banca y el negocio de seguros, asesoradas por sus respectivos asesores legales. En éstas se discutieron los tér-minos de la transacción y las partes tuvieron acceso a la in-formación sobre la cual versaba. Antes de firmar el contrato de transacción, Citibank tuvo la oportunidad de examinarlo, estudiarlo y revisarlo. Estuvo de acuerdo con el claro len-guaje utilizado. Ahora no puede pretender alegar que no fue su intención decir lo que dijo. Surge claramente del contrato de transacción que las reclamaciones bajo la Póliza que se transigieron incluían todas las de la segunda causa de acción.

Citibank luego de ponderar y considerar sus opciones optó por transigir las reclamaciones del pleito en considera-ción del pago por Dependable de $1,080,000. Dependable cumplió con su parte del contrato, envió los $1,080,000. Citibank, sin embargo, a pesar de que se aprovechó del cumpli-miento de Dependable, al cobrar el cheque no cumplió con su parte del contrato. Ahora y bajo estas circunstancias no puede pretender impugnar el contrato de transacción ale-gando error o dolo.

Albaladejo nos dice que “el ser inoperante el error de hecho cuando una de las partes se ha apartado por la transacción de un pleito comenzado, al no poder alegarse dicho vicio, es una imposición del principio de la buena fe, la que exige que, en tales casos, prevalezca el instrumento de paz y de concordia que es la transacción, para que no sea estéril el sacrificio de la parte que se apartó del litigio promovido”. (Énfasis suplido.)

V

Conclusión

Por las razones antes expuestas resolvemos que el con-trato de transacción entre Citibank y Dependable fue válido y puso fin al pleito entre ambos. El tribunal de instancia erró al no denegar la impugnación de Citibank y también al no dar por desistida la demanda.

Por los motivos antes expuestos, se dictará sentencia que revoque las resoluciones recurridas.

El Juez Presidente Señor Pons Núnez no intervino.

       La póliza de interés sencillo (single interest) protegía al banco de la pér-dida del interés en los vehículos financiados que eran reposeídos o entregados voluntariamente por el comprador condicional. Bajo la póliza de interés com-puesto (double interest) estaba protegido no sólo el interés de la entidad finan-ciera, sino también el del comprador condicional.

       Véase en general sobre el contrato de transacción, J.P. Fontanella, Ám-bito de la Transacción, 57 Rev. Jur. Cataluña 581 (1958).

       Castán Tobeñas nos dice que la finalidad de la transacción es “dar certi-dumbre a una relación jurídica incierta en el momento en que se conviene la transacción, y al recaer el acuerdo de las partes sobre ello constituye la causa”. (Énfasis suplido.) J. Castán Tobeñas, Derecho civil español común y f oral, Madrid, Ed. Reus, 1981, T. V pág. 775.
      Ogáyar Ayllón a su vez señala que “los tratadistas ponen de relieve que la transacción está destinada a eliminar un pleito o la incertidumbre de las partes sobre una relación jurídica, que recae, no sobre cosas dudosas, en el sentido que tiene esta calificación, sino sobre una cosa dudosa por los diferentes criterios de las partes sobre ella, consecuencia de haberse hecho litigiosa entre aquellas, se haya o no planteado el litigio”. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, T. XXII, Vol. 2, 1979, pág. 11.

       Albaladejo, op. cit., pág. 17.

         F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1951, T. Ig Vol. II, pág. 525.

       Albaladejo, op. cit., pág. 55. También, véase L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. II, pág. 545.

       A. Gullón Ballesteros, La Transacción, en Tratado práctico y crítico de Derecho civil, Madrid, Ed. Inst. Nac. Est. Jur., 1964, T. XLIII, Vol. 2, pág. 139.

       Gullón Ballesteros, op. cit., págs. 139-140.

       El contrato de transacción en el caso de autos también comprende el desistimiento de la acción judicial. La Regla 39.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, establece el mecanismo procesal para el desistimiento de un caso por estipulación de las partes:
      “(a) Por el demandante; por estipulación. Sujeto a las disposiciones de la Regla 20.5, un demandante podrá desistir de un pleito sin orden del tribunal, (1) mediante la presentación de un aviso de desistimiento en cualquier fecha antes de la notificación por la parte adversa de la contestación o de una moción solicitando sentencia sumaria, cualesquiera de éstas que se notifique primero, o (2) mediante la presentación de una estipulación de desistimiento firmada por todas las partes que hayan comparecido en el pleito”. (Énfasis suplido.)
      El desistimiento por estipulación de las partes no necesita orden judicial, es automático. 9 Wright Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure Sec. 2366 (1971) comenta sobre la Regla 41(a)(1) federal, de donde proviene la Regla 39.1(a) nuestra, de la forma siguiente:

        “The court has no power to impose terms and conditions if a plaintiff properly dismisses by notice under Rule 41(a)(1). Nor may the plaintiff seek to make a conditional dismissal under that portion of the rule. If dismissal is by stipulation under Rule 41(a)(1), the parties work out for themselves the conditions on which they will enter into the stipulation. Accordingly, the authority of the court to require ‘such terms and conditions as the court deems proper’ is limited to a motion for dismissal under Rule 41(a)(2).” (Énfasis suplido y escolios omitidos.)
      También, véanse: 5 Moore’s Federal Practice Sec. 41.02, págs. 41-21, 41-22 (1979); Gardiner v. A.H. Robins Co., Inc., 747 F.2d 1180 (8vo Cir. 1984).

       31 L.P.R.A. sec. 3404.

      n) Albaladejo, op cit., pág. 62.

       En Capó Caballero v. Ramos, 83 D.P.R. 650, 671 (1961), expresamos:

        “De acuerdo con los tratadistas, el error que crea nulidad relativa (anulabili-dad del negocio) según el criterio prevaleciente —la inexistencia inclusive, en determinados casos para algunos, —es un error de hecho esencial que constituye, según los textos, una representación falsa o inexacta de la realidad; creer verda-dero lo que es falso, o a la inversa; el conocimiento falso o equivocado de una cosa o de un hecho, por incompleto o inexistente; el defecto de la correcta repre-sentación en la formación de la voluntad, la noción falsa o el concepto equivocado; ‘disconformidad o discordancia entre nuestras ideas y la naturaleza de las cosas’ .... Borell y Soler más conceptuosamente dice que el error de hecho ‘es la falta de ecuación entre una cosa y el conocimiento que tenemos de la misma. Puede recaer en la percepción de la misma cosa, en el juicio que nos formamos de ella y en el raciocinio, si el error recae en algunas de las premisas ...[.] El error de percepción, en este caso, consiste en tomar una cosa por otra; el de juicio, en atribuirle condiciones de que carece o en desconocer las que tiene ....”’ (Énfasis suplido y escolio omitido.)

       Albaladejo, op cit., pág. 67.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    El Gobernador de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Colón, demandante y peticionario, v. Alcalde de Juncos, Don César Torres Torres, demandado y recurrido.

      Número: CE-88-70

      Resuelto: 2 de junio de 1988

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Lorenzo Vüanova Alonso, Procurador General Auxiliar, abogados del peticiona-rio; Nicolás Nogueras, Hijo, de Nogueras & Maldonado Co-lón, y Edelmiro Salas García, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

V-H

El 1ro de abril de 1986 el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Hon. Rafael Hernández Colón, presentó una querella ante la Comisión para Ventilar Quere-llas Municipales (en adelante Comisión), en la cual le impu-taba al Alcalde del Municipio de Juncos, Sr. César Torres Torres, nueve (9) cargos por alegadas actuaciones ilegales que implicaban abandono, negligencia inexcusable y con-ducta lesiva a los mejores intereses públicos en el desem-peño de sus funciones. El mismo día, el Gobernador le envió una carta al señor Torres Torres suspendiéndolo de empleo y sueldo efectivo al día siguiente. El 16 de mayo de 1986, luego de haber solicitado la prórroga correspondiente, el Al-calde contestó la querella y negó los cargos. Luego de múlti-ples trámites procesales en la Comisión —además de presen-tar un recurso en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico — se celebraron las vistas durante dieciocho (18) días, y el 26 de junio de 1981 la Comi-sión destituyó al señor Torres Torres de su cargo. Ese mismo día la Secretaria de la Comisión certificó haber enviado copia de la resolución de la Comisión a sus abogados. Posterior-mente, el 1ro de julio de 1987 la Comisión envió por correo ordinario al señor Torres Torres copia de la resolución que lo destituía.

El 3 de agosto de 1987 el señor Torres Torres presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Superior, Sala de Ca-guas, para cuestionar dicha resolución. Presentó el recurso 33 días después de habérsele enviado por correo la notifica-ción de la resolución de la Comisión.

El 12 de agosto de 1987 el Gobernador solicitó del tribunal la desestimación del recurso por falta de jurisdicción.

Previo varios trámites procesales, el 22 de enero de 1988 dicho foro dictaminó que tenía jurisdicción, revocó la resolu-ción de la Comisión, ordenó de inmediato la restitución a su empleo al señor Torres Torres y autorizó la reanudación de sus funciones como Alcalde de Juncos con emolumentos.

Oportunamente, el Procurador General recurrió ante nos para cuestionar ese dictamen. El 8 de febrero de 1988 expe-dimos el recurso y concedimos a las partes un término simul-táneo de treinta (30) días para someter sus alegatos. En auxilio de nuestra jurisdicción paralizamos los procedimien-tos del foro de instancia y dejamos sin efecto su resolución y orden. El 25 de febrero de 1988, en atención a una moción para solicitar resolución aclaratoria y de reconsideración presentada por el señor Torres Torres, reafirmamos nues-tros pronunciamientos iniciales.

Ambas partes han sometido sus alegatos. Resolvemos.

El Procurador General argumentó cuatro (4) errores, in-cluso la ausencia de jurisdicción del foro de instancia. Por el resultado a que llegamos, nos limitamos a discutir el plantea-miento jurisdiccional.

La tesis del Procurador General es que el señor Torres Torres tenía treinta (30) días para recurrir al Tribunal Superior, contados éstos a partir de la fecha en que le fue notifi-cada por correo la determinación final de la Comisión. Aduce que haberlo hecho a los treinta y tres (33) días privó de juris-dicción al foro de instancia. Por su parte, el señor Torres Torres sostiene que toda vez que la resolución de la Comisión fue notificada por correo es necesario adicionar el período de tres (3) días que dispone la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y por ende, su recurso de revisión fue instado a tiempo.

I — I 1 — 1

La cuestión requiere resolver si el término de treinta (30) días provisto por el Art. 5.05 de la Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 3105, es de carácter jurisdiccional. Resolvemos que lo es.

El Art. 5.05 de la Ley Núm. 146, supra, dispone el procedimiento a seguirse para revisar ante los tribunales una decisión de la Comisión. Lee:

En cualquiera de los casos cubiertos por las sees. 3103 y 3104 de este título la parte o partes perjudicadas por la deci-sión podrán:
(a) Solicitar, dentro del término de quince (15) días siguien-tes al acuse de recibo de la notificación, la reconsideración de la misma. En el escrito de reconsideración se hará constar específicamente los fundamentos en los cuales se basa la peti-ción. La Comisión deberá tojnar acción y resolver con relación a la petición dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo del escrito.
(b) Recurrir en procedimiento de revisión al Tribunal Superior de Puerto Rico dentro del término de treinta (SO) días a partir de la fecha de notificación de la decisión de la Comi-sión.
El recurso de revisión se radicará y presentará de confor-midad con las reglas del Tribunal Supremo. Las conclusiones de la Comisión con relación a los hechos serán finales. (Én-fasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 3105.

El anterior estatuto municipal, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960 (21 L.P.R.A. ant. sec. 1101 et seq.), no proveía un mecanismo de reconsideración. La revisión judicial se llevaba a cabo directamente ante este Tribunal mediante recurso instado dentro del término de diez (10) días después de notificada la resolución de la Comisión. M. Rodríguez Ramos, Ley Municipal: Legislación y Jurisprudencia, San Juan, Biblioteca de Autores Puertorriqueños, 1940. Subsiguientemente, la Ley Núm. 146, supra, proveyó el mecanismo de reconsideración dentro de un término de cinco (5) días.

La actual ley amplió los términos para solicitar reconsideración y recurrir en revisión, y a la vez dispuso que esta última sería ante el Tribunal Superior en vez de ante este Foro. Mantuvo sin embargo intacta la forma en que transcurren dichos términos. Art. 5.05 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, supra.

Un examen del historial legislativo de la Ley Núm. 146, supra, refleja que uno de los propósitos de la Asamblea Legislativa al aprobar la misma fue agilizar los procedimientos ante la Comisión, dado el apremiante interés público de que se diluciden prontamente controversias sobre si un alcalde ha incurrido o no en conducta impropia o ilegal. Tal justificación no necesita mucha elaboración. El lenguaje y los términos del Art. 5.05 de la Ley Núm. 146, supra, son especí-ficos y precisos. La ley dispone que el término de treinta (30) días es de carácter jurisdiccional.

El recurso de revisión que se presente ante el Tribunal Superior requiere que éste cumpla con las reglas de este Tribunal. El mandato es claro.

Este tipo de disposición es excepcional en el esquema le-gislativo que rige la revisión de determinaciones de orga-nismos administrativos. Como consecuencia, el recurso de revisión contra la Comisión es análogo a los recursos que se presentan ante este Foro apelativo. In re Reglamento del Tribunal Supremo, 116 D.P.R. 670 (1985).

El señor Torres Torres no solicitó reconsideración ante la Comisión, por lo que venía obligado a presentar dentro de los treinta (30) días el recurso de revisión. Sucn. García v. Junta Planificación, 70 D.P.R. 726 (1949); Mari v. Junta de Planificación, 66 D.P.R. 371 (1946); Rodríguez v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 222 (1942); Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980); Ortiz v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 571 (1987). Es importante tener presente que le “toca a los tribunales el deber de ser guardianes de su propia jurisdicción”. López Rivera v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963); Soc. de Gananciales v. A.F.F., 108 D.P.R. 644 (1979).

La necesidad de que en los casos en que se imputa conducta impropia o ilegal a un alcalde se ventile con la debida rapidez y se cumpla estrictamente con los términos jurisdiccionales de revisión judicial establecidos por la ley, es algo más que un mero tecnicismo de índole legal y procesal. Ello responde, además, a imperativos de política pública sobre la mejor administración pública que debe imperar en los municipios, sobre la necesidad de certeza, estabilidad y continuidad en el descargo de las funciones del alcalde, y la prestación ininterrumpida de servicios municipales. 2(A) Antieau, Municipal Corporation Law Sec. 22.194 (1979).

La importancia de las funciones del alcalde en la estructura y funcionamiento de una célula social, tan vital como lo es un municipio, es obvia. Un alcalde es el jefe del poder ejecutivo local, jefe administrativo de los distintos departamentos y servicios municipales, colaborador de la Asamblea Municipal en el desenvolvimiento de la función legislativa y representante legal del municipio en actos públicos y procedimientos judiciales, entre otros. Ley Núm. 146, supra; E. Córdova, Curso de Gobierno Municipal, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1964.

En síntesis, el alcalde es la figura central en la administración pública y la sociología política de la comunidad municipal. Por consiguiente, cualquier imputación de cargos debe ser dilucidada a la brevedad posible en aras de la política pública antes mencionada y de vindicar a la persona afectada.

H-1 I — I

Resuelto que el término de treinta (30) días para recurrir al Tribunal Superior de la decisión de la Comisión es de naturaleza jurisdiccional, es ineludible concluir que éste no puede ser ampliado tres (3) días cuando la notificación es enviada por correo. Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra. La razón es sencilla. Cuando un término es de naturaleza jurisdiccional, dicho término no puede ser ampliado tres (3) días cuando la notificación se realiza por correo. En esas circunstancias no es aplicable la Regla 68.3 de Procedimiento Civil, supra. Esta norma de carácter procesal general no puede ampliar un término jurisdiccional dispuesto por una ley especial.

En relación con los términos jurisdiccionales en Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153, 158 (1985), dijimos:

Por otro lado, ya desde un punto de vista estrictamente jurí-dico, constituyendo el referido término para solicitar reconsi-deración ante la mencionada agencia uno de carácter jurisdic-cional, G.M. Overseas Dist. Corp. v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 5 (1983), es mandatorio que dicho término sea uno cierto, único e improrrogable dentro del cual todas las partes envueltas vengan obligadas a radicar la requerida moción de reconside-ración. Ello conlleva el rechazo de la contención adicional es-grimida por el recurrido Freddie’s Racing Technology, a los efectos de que a esta situación le es aplicable las disposiciones de la Regla 68.3 de las de Procedimiento Civil a los efectos de “añadirle” el período de tres (3) días al término para radicar la moción de reconsideración establecido por el citado Art. 16 de la Ley Núm. 5 de 1973.

Véanse, además: Lasalle v. J.A.C.L., 115 D.P.R. 805 (1984); Martínez v. Junta de Planificación, supra.

En resumen, el término de treinta (30) días que se tiene para recurrir ante el Tribunal Superior se computa a partir de la fecha en que la Comisión certifica haber enviado copia de la decisión. El inciso (b) del Art. 5.05 de la Ley Núm. 146, supra, es diáfano al así disponerlo. “Cuando la ley es clara[,] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu.” Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14.

En este caso, la Comisión certificó que envió copia de la resolución a los abogados de las partes el 26 de junio de 1987. No obstante, la notificación fue realmente depositada en el correo el 1ro de julio de 1987. Este hecho no está en disputa. Así surge de los autos y lo estipularon las partes. En el presente caso, en vista de dicha estipulación y por vía de excepción, el término jurisdiccional comenzó a transcurrir a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación y no desde la fecha en que la Comisión certificó haber enviado copia de la resolución.

El señor Torres Torres no solicitó reconsideración ante la Comisión. El término jurisdiccional de treinta (30) días para recurrir al Tribunal Superior comenzó, pues, el 1ro de julio de 1987 y venció el 31 de julio de 1987. Al presentar su re-curso el 3 de agosto de 1987, obviamente el foro de instancia no tenía jurisdicción para acogerlo.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia re-vocatoria de la resolución y orden de 22 de enero de 1988, emitida por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, y que-dará en pleno vigor la resolución de la Comisión para Ven-tilar Querellas Municipales de 26 de junio de 1987.

       Sobre los distintos sistemas y procesos de destitución de alcaldes en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica véanse: A.F. MacDonald, Gobierno y Ad-ministración Municipal, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1959; F. Albi, Derecho municipal comparado del mundo hispánico, Madrid, Ed. Aguilar, 1955; 4 McQuillin, The Law of Municipal Corporations Sec. 12.256a y ss. (3ra ed. 1985).

       El 3 de septiembre de 1986, mientras estaba pendiente el trámite ante la Comisión para Ventilar Querellas Municipales (en adelante Comisión), el Sr. Cé-sar Torres Torres presentó una demanda de injunction y sentencia declaratoria ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Luego de celebrar una vista para el injunction preliminar, y de que las partes sometieran memorandos de derecho, la Corte de Distrito federal desestimó la demanda mediante sentencia de 6 de marzo de 1987. Torres Torres v. Hernández Colón, 656 F. Supp. 372 (D.C.P.R. 1987).

       Los expone del modo siguiente:
      (1) “Erró el Tribunal Superior, Sala de Caguas, al resolver que al término jurisdiccional de treinta días provisto en el Artículo 5.05 de la Ley Núm. 146 del 18 de junio de 1980, para solicitar revisión de una determinación de la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales, le aplica lo dispuesto en la Regla 68.3 de las de Procedimiento Civil[, 32 L.P.R.A. Ap. III].”
      (2) “A[u]n cuando contrario a nuestro criterio el Tribunal Superior tuviera jurisdicción para atender la solicitud de revisión presentada por el recu-rrente-recurrido en el presente caso erró el Honorable Tribunal Superior al dic-tar a iniciativa propia una orden provisional pendiente el resultado final del presente caso, ordenando la reinstalación del recurrente-recurrido a su puesto como Alcalde de Juncos, contrario a lo expresamente provisto en la Regla 56.1 de las de Procedimiento Civil de 1979[, 32 L.P.R.A. Ap. III,] que dispone que dichas órdenes sólo serán dictadas ‘por moción del reclamante’, contrario a la Ley Nú-mero 12 de 8 de agosto de 1974 y en menoscabo del balance de poderes entre las ramas de gobierno.”
      (3) “Erró el [t]ribunal de instancia al resolver que la suspensión sumaria autorizada por el Artículo 3.05 de la Ley Municipal violó el derecho del recu-rrente-recurrido al debido proceso de ley, y al ordenar en consecuencia su restitu-ción.”
      (4) “Erró el Honorable Tribunal de Instancia al utilizar como uno de los fundamentos para reinstalar provisionalmente al recurrente-recurrido el que la determinación de la Comisión para Ventilar Querellas Municipales no tiene efica-cia inmediata, contrario al texto, propósitos y mejor sentido de la Ley Orgánica de los Municipios.” Petición de certiorari, págs. 10-11.
      Por su parte, el recurrido planteó ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, lo siguiente:
      “A[.] Erró la Comisión al no inhibirse a pesar del conflicto de intereses que prevalecía en sus dos miembros actuantes.”
      “B[.] Erró la Comisión actuando con pasión, prejuicio y parcialidad, apli-cando normas impropias sobre credibilidad, peso de la prueba y suficiencia de la prueba.”
      “C. Erró la Comisión al brindar credibilidad a los testimonios de los señores Rafael Corsino y José Miguel Rodríguez, ambos testigos declarando [sic] con inmunidad y que se contradijeron entre sí .en partes esenciales de sus declara-ciones.”
      “D. Erró la Comisión al imputar responsabilidad al querellado recurrente por actuaciones ilegales y negligentes de otros funcionarios y que eran descono-cidas para el querellado.”
      “E. Erró la Comisión al responsabilizar al querellado por la actuación erró-nea de un Tribunal.” Anejo A-XX, págs.' 120-121.
      Ante nos el recurrido plantea adicionalmente, y por primera vez en el trá-mite de revisión judicial, que la suspensión sumaria efectuada conforme al Art. 3.05 de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. see. 3005, violó su derecho constitucional a un debido proceso de ley, en contravención a lo resuelto en Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982), y a lo re-suelto por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Cleveland Board of Education v. Loudermill, 470 U.S. 532 (1985).

       Así se desprende del informe conjunto sometido ante el Senado por las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico con relación al P. de la C. 1011. En lo pertinente señala:

        “Las disposiciones relativas a la Comisión para ventilar querellas munici-pales fueron revisadas para agilizar su funcionamiento y los procedimientos que se insten ante ella. Para lograr esos propósitos se han fijado términos para con-testación, vista y resolución de las querellas que se radiquen contra Alcaldes o Asambleístas ante la cita [sic] Comisión.” (Énfasis suplido.)
      Igual lenguaje contiene el informe conjunto presentado a la Cámara de Re-presentantes por las Comisiones de Gobierno y de lo Jurídico sobre el mismo proyecto de ley.

       “Statutes frequently specify very short periods of time which to appeal local government dismissals, and employees are denied judicial relief when they fail to apply to the courts within the time specified by statute.
      “Considerations of public policy require that an employee of a local government who claims to have been improperly or illegally removed must act with the utmost diligence in asserting his rights. The United States Supreme Court has said:
      ‘“When a public official is unlawfully removed from office, whether from disregard of the law by his superior or from mistake as to the facts of his case, obvious considerations of public policy make it of first importance that he should promptly take the action requisite to effectively assert his rights, to the end that if his contention be justified the government service may be disturbed as little as possible and that two salaries shall not be paid for a single service.’ •
      “Employees who delay in seeking review of their dismissals have been frequently barred by the doctrine of laches.” (Citas omitidas.) 2(A) Antieau, Municipal Corporation Law Sec. 22.194 (1979).

       “As a general rule, the servíce-by-mail extension provided in Rule 6(e) applies only to civil actions. Thus, the rule has been held not to extend the time permitted for obtaining review of administrative decisions when the decision has been mailed, on the theory that the statutory time elements for review are mandatory and jurisdictional.” 4(A) Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 1171, pág. 522 (1987).


text:
    Fianzas Hipotecarias para Garantizar el Buen Desempeño de las Funciones Notariales y de los Daños y Perjuicios que por acción u Omisión se Causen en el Ejercicio Ministerial de la Notaría.

      Número: -

      Resuelto: 2 de junio de 1988
   RESOLUCIÓN

El Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico de 2 de julio de 1987 dispone que “[njinguna persona autorizada para practicar la profesión notarial en Puerto Rico podrá ejer-cerla sin tener prestada y vigente una fianza por una suma no menor de quince mil (15,000) dólares para responder del buen desempeño de las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que por acción u omisión cause en el ejercicio de su ministerio”. 4 L.P.R.A. see. 2011. La fianza podrá ser hi-potecaria o prestada por alguna compañía de seguros autori-zada a hacer negocios en Puerto Rico o por el Colegio de Abogados. En cuanto a las fianzas hipotecarias, las mismas deberán ser aprobadas por este Tribunal una vez revisada la suficiencia-de las mismas y deberán inscribirse en el Regis-tro de la Propiedad correspondiente.

Toda vez que se han suscitado algunas dificultades en el trámite de aprobación de fianzas hipotecarias se dispone que: (1) toda fianza hipotecaria deberá presentarse acompa-ñada de una certificación del Secretario de Hacienda de Puerto Rico acreditativa del valor de tasación de los bienes hipotecados y de que no se adeudan contribuciones sobre dicha propiedad, y de otra certificación del Registrador de la Propiedad relativa al título y estado de cargas de la propie-dad a gravarse; (2) no se aceptará fianza hipotecaria consti-tuida sobre propiedad previamente hipotecada o que conten-ga gravámenes de clase alguna, o que adeude contribuciones; (3) la escritura de fianza hipotecaria deberá cumplir con todas las exigencias de la Ley Notarial de Puerto Rico y de la Ley Hipotecaria y su reglamento;., (4) la aceptación de la fianza por parte de este Tribunal mediante resolución será suficiente a los efectos de lo dispuesto en el Art. 186 de La Ley Hipotecaria de 1979 (30 L.P.R.A. see. 2605) y la misma se hará constar en el Registro de la Propiedad por la nota correspondiente; (5) el notario acreditará ante este Tribunal la presentación, para su inscripción en el Registro de la Pro-piedad correspondiente, de la copia certificada de la escri-tura de fianza hipotecaria dentro de los diez (10) días de la fecha de notificación de la resolución aceptando la fianza y, una vez inscrita la misma, la acreditará ante este Tribunal mediante certificación registral para efectos de su aproba-ción final, y (6) la fianza hipotecaria aprobada finalmente sólo podrá ser cancelada mediante resolución de este Tribunal.

Notifíquese al Secretario de Justicia de Puerto Rico y al Director de Inspección de Protocolos, y publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Professional Underwriters Insurance Company, demandante, reconvenida y recurrente, v. Distribuidora Automotriz, Inc., Carlos Barnés, Denisse Texera de Barnés y su Sociedad de Gananciales; Luis E. Barnés, Ruth C. de Barnés y su Sociedad de Gananciales, demandados, reconvenientes y recurridos.

      Número: RE-85-595

      Resuelto: 7 de junio de 1988

      Francisco G. Bruno y William A. Power, de Sweeting, González & Cestero, abogados de la recurrente; César A. Hernández Co-lón y Gustavo Vázquez-Mares, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

El problema central de este pleito consiste en determinar si es o no aplicable a los hechos del caso el inciso cuarto del Art. 1742 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4916(4), norma que rige en importantes aspectos las vicisitudes de la rela-ción obligatoria de fianza. Por los fundamentos que a conti-nuación se expresan, revocamos en parte el dictamen de instancia.

HH

La Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Con-sumo de Puerto Rico, Ley Núm. 2 de 20 de enero de 1956 (13 L.P.R.A. see. 4001 et seq.), permite que un importador de automóviles debidamente afianzado posponga el pago de los arbitrios por un término de seis (6) meses a partir de la introducción de vehículos o diez (10) días (quince (15) en la actualidad) luego de la venta, lo que ocurra primero. 13 L.P.R.A. see. 4098.

Con origen en este esquema fiscal, la demandante y recu-rrente Professional Underwriters Insurance Company (Professional) prestó fianza con límite de $135,000 a favor del Secretario de Hacienda para garantizar solidariamente el pago de arbitrios por Distribuidora Automotriz, Inc. (Distri-buidora), empresa dedicada a la venta de vehículos de motor en la ciudad de Guayama.

Cuando una auditoría celebrada el 8 de enero de 1979 re-veló que Distribuidora adeudaba arbitrios al Departamento de Hacienda por $52,547.34, la fiadora presentó demanda en cobro de dinero contra Distribuidora y sus garantizadores, y en aseguramiento de sentencia obtuvo una orden de embargo de bienes en cantidad suficiente para cobrar la suma expresada. Este remedio no llegó a ejecutarse porque la deu-dora ofreció como nueva garantía una cesión de cuentas a cobrar.

En correcta cronología, ya desde el 14 de diciembre de 1978, Professional había notificado a Distribuidora —con co-pia al Departamento de Hacienda— la cancelación de la fianza según los términos del contrato. El 5 de febrero de 1979 el Departamento de Hacienda aprobó la cancelación, efectiva el 6 de marzo del mismo año.

Los demandados no pudieron continuar las operaciones y vendieron el negocio por $133,800. Dentro de la acción civil de la fiadora iniciada el 10 de enero de 1979, Distribuidora y sus accionistas presentaron reconvención en la que alegaron que el trámite de embargo llevado a cabo frente al negocio en presencia de clientes y público, junto con la cancelación de la fianza, tuvo el efecto de ocasionarles una considerable merma en los negocios, pérdida de la franquicia para la venta de autos y, en fin, el fracaso de la empresa. Reclamaron la com-pensación de los daños a la corporación y a sus accionistas por conceptos de pérdida de inversión y lucro cesante pro-yectado a cinco (5) años.

El juicio se celebró durante marzo, junio, septiembre y octubre de 1984. Se presentó extensa prueba pericial conta-ble y el 2 de mayo de 1985 el tribunal dictó sentencia en la que ordenó a Distribuidora el pago de $2,938.77 a Professional, suma que ésta satisfizo al Departamento de Hacienda bajo los términos de la fianza. También estimó la reconvención de Distribuidora y de los accionistas conce-diéndoles un total de $615,160 más $10,000 en honorarios de abogado, con costas e intereses. Tras la presentación de las usuales mociones de remedios postsentencia y de memo-randos de costas por ambas partes, se cursó la solicitud de revisión que nos ocupa.

HH > — I

El problema fundamental planteado en instancia y que hoy se suscita en el recurso ante nos es el de si las actua-ciones de Professional al cancelar la fianza y proceder judi-cialmente contra Distribuidora se ajustaron a derecho. En otras palabras, surge ante nos nuevamente —ahora sobre el fundamento de que el foro primario cometió error manifiesto en la apreciación de la prueba— si Professional tenía, al mo-mento de presentar su demanda, una legítima causa de ac-ción por existir una deuda sustancial que estaba vencida.

Centrado así el asunto, Professional parte de la premisa de que estuvo justificada en tomar las medidas citadas, de-bido a las deudas de arbitrios que Distribuidora había acu-mulado para fines de 1978. Distribuidora negó la existencia de dicha deuda.

Para valorar en sus justos términos las posiciones de ambas partes, hemos examinado rigurosamente el extenso expediente de este caso. Aflora de dicho análisis que la sen-tencia recurrida no constituye el balance más racional, justi-ciero y jurídico de la totalidad de la prueba presentada. Ve-amos.

Todos los contratos de garantía tienen por finalidad asegurar la satisfacción de un crédito contra los peligros de la insolvencia total o parcial del deudor. Puig Peña define la fianza como “ ‘aquel contrato por cuya virtud una persona (denominada fiador) se obliga, frente al acreedor de una determinada obligación, a garantizar el cumplimiento de la misma, para el caso de que éste no se reintegre del deudor principal’”. F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1976, T. iy pág. 336. “Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no hacerlo éste.” Art. 1721 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4871; L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 584 et seq.; J. Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, 2da ed. rev., Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. II, pág. 588 et seqr, V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil y compilaciones/orales (Dirigidos por Manuel Albaladejo), Jaén, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, T. XXIII.

Por su origen, la fianza puede ser convencional, legal y judicial. Art. 1722 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4872. En principio, pueden ser afianzadas todas las obligaciones, cualquiera que sea su objeto. Atendiendo a la legislación que las regula, es posible hablar de fianza procesal, fiscal, arrendaticia, etc. Guilarte Zapatero, op. cit., pág. 48.

Se trata de un contrato consensual que se perfec-ciona por el mero consentimiento y que puede ser oneroso o gratuito, según el fiador perciba una retribución por la obli-gación asumida. Por otra parte, en toda relación jurídica en que interviene un fiador hay siempre tres (3) sujetos —acre-edor, deudor y fiador— por lo que la dinámica obligacional es susceptible de proyectarse en varias dimensiones. El pre-sente litigio versa sustancialmente sobre el alcance y conte-nido de la relación jurídica que se crea entre el deudor principal y el fiador. Concretamente, trata sobre el signifi-cado del inciso (4) del Art. 1742 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4916(4). Dispone dicho precepto:

El fiador, aun antes de haber pagado, puede proceder contra el deudor principal:
(1) Cuando se ve demandado judicialmente para el pago.
(2) En caso de quiebra, concurso o insolvencia.
(3) Cuando el deudor se ha obligado a relevarle de la fianza en un plazo determinado, y este plazo ha vencido.
(4) Cuando la deuda ha llegado a hacerse exigible, por ha-ber cumplido el plazo en que debe satisfacerse.
(5) Al cabo de diez (10) años, cuando la obligación principal no tiene término fijo para su vencimiento, a menos que sea de tal naturaleza que no pueda extinguirse sino en un plazo mayor de los diez (10) años.
En todos estos casos la acción del fiador tiende a obtener relevación de la fianza o una garantía que lo ponga a cu-bierto de los procedimientos del acreedor y del peligro de in-solvencia en el deudor. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 4916.

Normalmente, “[e]l hecho que transforma la relación jurídica que media entre fiador y deudor es el pago por parte del primero de la obligación que había contraído el segundo”. Puig Brutau, op. cit., pág. 607. Sin embargo, antes del pago ya asisten al fiador ciertos derechos. En esencia, el Art. 1742 del Código Civil, supra, se reduce a una enumeración de supuestos en los que el fiador —simple o solidario— puede eludir el riesgo de los perjuicios derivados de las situaciones allí enunciadas. De acuerdo con el segundo párrafo, esta facultad del fiador para proceder contra el deudor principal antes de haber pagado toma forma clara y precisa en dos (2) acciones. Una que tiende a que se le releve de la fianza y otra a lograr una garantía que le ponga a cubierto de los riesgos enumerados. En Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 583, 596 (1982), le dimos contenido a la segunda hipótesis prevista en el Art. 1742 del Código Civil, supra, es decir, la “quiebra, concurso o insolvencia” del deudor.

El inciso (4) del Art. 1742 del Código Civil, supra, se fundamenta en la exigibilidad de la obligación afianzada. “Llegada la exigibilidad, el tiempo transcurre en contra del fiador. La inactividad de acreedor y deudor principal (prórroga de hecho) favorece a este último, pero perjudica al fiador porque mantiene incierta su posición.” A. Casanovas Mussons, La Relación Obligatoria de Fianza, Barcelona, Ed. Bosch, 1984, pág. 203.

La justicia de este precepto se justifica, de acuerdo • con Scaevola, en que vencido el plazo, si el deudor no paga, “surge una sospecha en la dilación, y, sobre todo, el riesgo de que por momentos se vea demandado de pago el fiador”: Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVII, pág. 651.

Manresa comenta que la demora del deudor en efectuar el pago o la inercia del acreedor en reclamarlo puede aumentar “las responsabilidades del débito por intereses, gastos y otros conceptos que habrían de recaer sobre el fiador por ser un deudor subsidiario [y con mayor razón en el caso de la fianza solidaria] . . Es justo, pues, “que para evitar ese perjuicio se le conceda el derecho de proceder contra el deudor para ponerse a salvo de una ulterior insolvencia”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, págs. 437-438; J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, Vol. 3, pág. 338.

No obstante, como bien expresan Diez-Picazo y Gullón, “el término ‘relevación de la fianza’ es impropio, porque el deudor carece de potestad para liberar al fiador, ya que éste se encuentra obligado frente al acreedor, único que podría relevarle de su obligación”. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 4ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1985, pág. 578. En cuanto a la segunda alternativa que tiene el fiador para evitar los riesgos asumidos, es decir, la obtención de una garantía que le ponga a cubierto de los procedimientos del acreedor y le permita preservar la acción de regreso, una vez efectuado el pago, la doctrina está de acuerdo en que se trata de una postura que el deudor debe asumir voluntariamente. Ahora bien, ante la negativa injustificada del fiado, “parece que la única medida eficaz que asiste al fiador será la de trabar los bienes de aquél mediante el oportuno embargo preventivo”. Guilarte Zapatero, op. cit.,' pág. 244; L. Fernández-Gómez, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Buenos Aires, Eds. Depalma, 1987, T. III-B, pág. 60.

HH HH

El tribunal a quo concluyó como cuestión de hecho que a la fecha en que Professional presentó su demanda no tenía una legítima causa de acción, aunque curiosamente recono-ció la lentitud y “morocidad” [sic] de Distribuidora en el pago de los arbitrios. Adjudicó que el 10 de enero de 1979 la deuda ascendía a $3,764.99, pero afirmó, como cuestión de derecho, que al iniciarse la acción no “había ninguna deuda” y, por lo tanto, causa de acción, ya que ésta surgió en el mo-mento en que Professional pagó los $2,938.77 reclamados por el Departamento de Hacienda a tenor con los términos de la fianza.

Esta apreciación jurídica de los hechos es incorrecta. Precisamente el Art. 1742(4) del Código Civil, supra, prevee la posibilidad de que el fiador pueda solicitar medidas cautelares cuando vencida la deuda el deudor no la paga, sin necesidad de esperar a ser demandado o a tener que verificar el pago, ya que llegado ese momento su derecho podría resultar ilusorio. Ajustándonos a estas directrices doctrinales, tampoco tiene carácter decisivo para la solución de la cuestión litigiosa que se haya convenido una remuneración (“prima”) en la órbita interna deudor-fiador. Casanovas Mussons, op. cit., pág. 87; L. Enneccerus, Derecho de Obligaciones (B. Pérez González y J. Alguer, traductores), 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1966, Vol. 2, 2da parte, pág. 808. En otras palabras, “el carácter oneroso o gratuito de la relación interna o preparatoria de la fianza, no se debe confundir con el carácter oneroso o gratuito de la relación externa entre fiador y acreedor, pues esta última se refiere a la fianza propiamente dicha . ..”. Fernández-Gómez, op. cit., pág. 10. En cualquier caso, independientemente de la gratuidad u onerosidad de la fianza, es totalmente concebible, en materia contractual, el pacto que confiere a una de las partes la facul-tad de desistir unilateralmente del contrato sin más requi-sito que la mera voluntad. Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983). La alegada onerosidad de la fianza tampoco milita en contra de las facultades que al fiador con-fiere el Art. 1742 del Código Civil, supra, en casos apro-piados.

Quedó demostrado documentalmente en la litis que al 10 de enero de 1979 Distribuidora debía en arbitrios vencidos la suma de $57,738.26. Previamente el Departamento de Hacienda había certificado dicha deuda en $3,764.99, pero la discrepancia fue ampliamente aclarada en el juicio.

El récord revela que, junto con el pago de los arbitrios, Distribuidora remitía al Departamento de Hacienda un for-mulario en el que informaba la fecha de introducción del ve-hículo, la fecha de la venta y la de su entrega al comprador. El término de la orden de compra y el de la entrega en oca-siones difería, ya que era necesario aguardar a que la institu-ción crediticia que financiaba la compra aprobara el financiamiento. La teoría de Distribuidora consiste en que el evento decisivo para efectos del pago de los arbitrios es la entrega del automóvil al comprador y no la perfección del contrato de venta condicional. Se fundamenta en la expre-sión “venta consumada” que aparece en un boletín adminis-trativo del Departamento de Hacienda fechado 11 de junio de 1980. Aparte de que dicho reglamento no es aplicable a los hechos de este caso, el vocablo no tiene el alcance deseado por los recurridos.

Surge claramente del testimonio del Sr. Ángel Pérez Mu-ñoz, representante de Hacienda y quien declarara sobre todos los aspectos relativos a la responsabilidad fiscal en estos casos, que para efectos tributarios el acontecimiento culminante era la perfección de la compraventa, con inde-pendencia de la fecha de entrega del vehículo al comprador. T.E., págs. 88-89. Acontecido este suceso, comenzaba a co-rrer el término de diez (10) días para el envío del pago del impuesto. Tomando como fundamento los propios récord de Distribuidora suministrados al Negociado de Arbitrios por el señor Rosado (auditor de Professional), el Departamento de Hacienda finalmente certificó una deuda de $57,738.26 al 10 de enero de 1979, posteriormente reducida por pagos con-tabilizados después de esa fecha. T.E., pág. 8. Aun aceptando una legítima discrepancia en cuanto al enfoque en el cómputo de los arbitrios vencidos y exigibles, no fue irrazonable la acción de Professional.

Al cancelar la fianza e instar la acción civil en atención al balance de arbitrios vencidos e impagados, la fiadora no que-brantó los términos acordados. El juzgador de hechos tuvo el beneficio de una certificación inexpugnable del Departa-mento de Hacienda que acreditaba la exigibilidad de cuan-tiosos arbitrios pendientes de pago por la corporación Distribuidora. No hay fundamento en el récord para concluir que Professional se excediera en la protección de su interés con intención de dañar, o que pueda calificarse de anormal la utilización del derecho ejercido, en circunstancias que confi-guran el abuso del derecho. Cf. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663 (1979). Por el contrario, prescindió del remedio drástico pactado en el Art. 12 del convenio de indemnidad que autorizaba su intervención directa con la ge-rencia y control de la corporación para salvaguardar sus in-tereses, y de hecho prescindió también del recurso menor de embargo que, como vimos, no se practicó por haber prestado Distribuidora garantías adicionales.

La sala de instancia atribuyó el cierre y fracaso de Distri-buidora al descrédito producido por el “operativo” de embargo y a la cancelación de la fianza. No es atendible el argumento de que la intención manifiesta de embargar el in-, ventario de vehículos, al situar grúas frente al negocio, pro-dujera suspicacia entre las personas que las vieron, porque las grúas se asocian, en la opinión pública, con todo negocio de venta de automóviles en operación y no necesariamente con su quiebra o insolvencia, mucho menos si dichas grúas efectivamente se retiraron en menos de una hora sin llevarse vehículo alguno.

El descalabro de la corporación, a la luz de toda la prueba aportada, no se debió a acción u omisión de Professional, sino a la insuficiencia de capital y falta de liquidez que permearon sus cortos años de operación en un mercado de vehículos de motor particularmente deprimido al momento de los hechos. La situación crónica, según el contundente dictamen peri-cial, demuestra que los activos corrientes de la compañía no eran suficientes para liquidar sus pasivos corrientes.

El Sr. Enrique González, contable y perito de Distribui-dora, admitió en el juicio que para justificar un supuesto be-neficio neto antes de contribuciones de $13,369 en los últimos cuatro (4) meses de 1978, utilizó un estado sin auditar prepa-rado casi dos (2) años después del cierre de Distribuidora y a requerimiento de ésta para propósitos específicos del pleito. No observó el inventario físico ya inexistente, tampoco envió confirmaciones a los bancos ni verificó las cuentas a cobrar o a pagar como admitió hubiese sido lo deseable desde el punto de vista contable. T.E., págs. 114-118 de 21 de junio de 1984, y págs. 9-10 de 17 de septiembre de 1984.

No existe relación causal entre el daño reclamado y la conducta de la fiadora, por lo que no procede la compensa-ción concedida. Huelga atender los demás planteamientos de la recurrente en los que cuestiona la aritmética utilizada por el tribunal a quo para contabilizar los daños.

Se modificará la sentencia revisada a los efectos de revo-car su parte II que declaró con lugar la reconvención y con- denó en daños y perjuicios a la fiadora Professional. Sin embargo, será confirmada la parte I que ordenó a Distribui-dora el pago de $2,938.77. Finalmente, se modificará la sen-tencia recurrida para imponer costas a la parte deman-dada aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez se inhibió.

       Los codemandados Luis E. Barnés y su esposa suscribieron, a su vez, un contrato denominado “General Agreement of Indemnity” a favor de Professional Underwriters Insurance Company (Professional), mediante el cual se hacían res-ponsables solidariamente de las sumas de dinero que ésta tuviese que satisfacer al Departamento de Hacienda bajo la fianza en cuestión. Idénticos contratos de “indemnización” fueron suscritos por el propio Luis E. Barnés en su capacidad de Presidente de Distribuidora Automotriz, Inc. (Distribuidora) y por los otros co-demandados Carlos Barnés y su esposa. En tales extremos, dichos convenios sim-plemente incorporan los remedios de que dispone el fiador contra el deudor por efecto del pago: la acción de reembolso o indemnidad regulada por el Art. 1737 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4911.

       Bajo el título de “afianzamientos mercantiles”, el Código de Comercio contiene normas especiales sobre la fianza mercantil. El contenido de estos pre-ceptos es notablemente parco. Arts. 349-352 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sees. 1821-1824; J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Aguirre, 1974, pág. 154. La hipótesis de la índole mercantil de la fianza que nos ocupa es debatible habida cuenta de la naturaleza de la obligación principal afianzada: el pago de arbitrios. En cualquier caso, los preceptos del Código Civil constituyen el cuerpo normativo supletorio. García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380 (1987); L. Fernández-Gómez, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Buenos Aires, Eds. Depalma, 1987, T. III-B; V. Guilarte Zapatero, Comentarios al Código Civil y compilaciones fonales (Dirigidos por Manuel Al-baladejo), Jaén, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, T. XXIII, pág. 49. Examinado el punto, el carácter civil o mercantil de la fianza en controversia no determina jurídicamente el desenlace del pleito.

       Véase el informe del testigo Lucas Malavé avalado por su testimonio en corte (vista de 28 de marzo de 1985); id., estudio de viabilidad de Jack Ernesto Hirsbrunner. Véase también el informe pericial del Dr. Mohinder Bhatia.


author:
(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Hon. Carlos J. Calcador Berríos, demandante y peticionario, v. Rosa María Ramírez Pantojas, Alba Iris Rivera Ramírez y Comisión Estatal de Elecciones, demandadas y recurridas.

      Número: CE-88-305

      Resuelto: 7 de junio de 1988

      Juan Santiago Nieves y José Juan Nazario De la Rosa, de Naza-rio, Santiago y De León, abogados del peticionario; Ada Rosa Juarbe y Agustín Mangual Hernández, abogados de las recu-rridas.
   RESOLUCIÓN

A la petición de certiorari, no ha lugar. El peticionario no ha demostrado que la papeleta a utilizarse en las primarias de 12 de junio de 1988 por la candidata Rosa María Ramírez Pantojas, y la incorporación de una equis (X) como parte de la misma, viole alguna disposición de la Ley Electoral de Puerto Rico; que su utilización pueda crear una confusión real en la mente del electorado del Partido Nuevo Progre-sista, o que sea contraria, directa o implícitamente, al dicta-men original del tribunal de instancia.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto disidente al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

al cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

En el caso ante nos expediríamos el auto, revocaríamos la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 6 de junio de 1988, y en su lugar ordenaríamos a la Comisión Es-tatal de Elecciones excluir la equis (X) del símbolo del coco correspondiente a la aspirante Rosa M. Ramírez Pantojas (Rosin), preimpreso en las papeletas a usarse en las prima-rias del domingo 12 de junio en torno al cargo de Represen-tante del Distrito Núm. 3, San Juan, por el Partido Nuevo Progresista (P.N.P.). Plasmemos los fundamentos.

HH

Desde la perspectiva procesal-adjudicativa, dicha equis (X) es un cambio posterior incompatible con el remedio y razonamiento del tribunal de instancia en su sentencia original de 18 de mayo, inspirado en evitar cualquier confusión a un elector promedio de dicho precinto de que ella era la can-didata oficial y vinculante del P.N.P.

La cuestión es trascendental. “Por naturaleza propia, individual y colectivamente el ser humano en el diario convivir tiende a identificarse con aquellas creencias y posiciones que satisfacen su ideario y espíritu; se comunica con sus congé-neres y recibe de éstos mensajes e ideas, no solo por pala-bras sino a través de símbolos. Es natural pues, que [el]... político ... aspire a lograr una correspondencia entre la com-binación de palabras que forman el nombre pretendido y el diseño gráfico (emblema), de modo tal que con facilidad — visual y auditivamente— sea capaz de proyectar emocional o racionalmente por asociación mental, el contenido ideológico de los planes sociales, económicos y políticos que pretende someter al electorado.” Democratic Party v. Tribunal Electoral, 107 D.P.R. 1, 30 (1978), opinión concurrente y disi-dente.

b-H b-H

La ausencia de una prohibición expresa en la Ley Electoral de Puerto Rico no es óbice para dicho decreto. Primero, tomamos conocimiento judicial de que la marca de una equis (X) —o su variante, una cruz (+)— debajo de la insignia de un partido o candidato ha sido y es el método tradicional y universal mediante el cual principalmente se ha hecho viable el ejercicio del voto en los procesos electorales puertorri-queños. P.S.P. v. Com. Estatal de Elecciones, 110 D.P.R. 400, 430 (1980) y apéndices; Santos v. Comisión Estatal de Elecciones, 111 D.P.R. 351, 360 (1981).

Tales marcas no son susceptibles de ser apropiadas ni usufructuadas en la papeleta oficial por ningún partido o can-didato en particular. Por su naturaleza conceptual y funcio-nal pertenecen propiamente al dominio común y público. Como tal, su uso está accesible y es legítimo sólo en la propaganda y publicidad preelectoral, pero ciertamente ahí acaba. Autorizar en una papeleta su uso individual oficial atenta contra esa naturaleza pública y, además, resulta en una ven-taja impermisible. 16 L.P.R.A. sec. 3033(b). Segundo, su in-corporación irrestricta conlleva en el fondo graves riesgos al proceso de escrutinio, dimanantes de su eventual prolifera-ción por otros candidatos como única alternativa de reducir su impacto.

Y tercero, en el campo de las probabilidades, ante una papeleta en blanco, ¿reflejarán y tendrán algún valor la equis (X) o cruz (+) preimpresas en cuanto a la verdadera inten-ción del elector? Aunque en buena lógica la respuesta tiende a ser en la negativa, lo expuesto basta para dejar simple constancia del potencial de confusión que su uso puede gene-rar en el proceso electoral. Evitémoslo.

Después de todo, la percepción de los símbolos se logra a través del sentido de la vista y no podemos “pasar por alto que la insignia colectiva e individual electoral, además de un instrumento mediante el cual se viabiliza la votación de can-didatura íntegra, como medio de comunicación representa uno de los mecanismos para distinguir en la papeleta los par-tidos y candidatos, y garantizar el derecho constitucional del voto al elector que no sabe leer ni escribir”. (Énfasis en el original y escolio omitido.) Democratic Party v. Tribunal Electoral, supra, pág. 31.

       En lo pertinente, dicho foro dispuso:
      “Se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones que elimine de la insignia escogida por la codemandada Rosa Ramírez Pantojas la frase ‘Estamos con Al-bita’ y que elimine el nombre que aparecerá de dicha demandada en la papeleta de elección de las primarias a celebrarse el próximo 12 de junio de 1988, la refe-rencia al nombre de (Albita).” (Énfasis suplido.) Petición de certiorari de 7 de junio de 1988, pág. 4.

       La Ley Electoral de Puerto Rico define papeleta en blanco como “aquella que habiendo sido depositada en la urna por el elector no tenga marca alguna de votación”. 16 L.P.R.A. see. 3003(30). A su vez, marca “significará cualquier medio de expresión afirmativo del voto del elector”. 16 L.P.R.A. see. 3003(23).


author:
      (Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García. U_J

text:
    Antonio Grillasca Domenech, demandante y recurrente, v. Comisión Estatal de Elecciones, su Presidente Marcos Rodríguez Estrada y su Secretario Néstor Colón, demandados y recurridos.

      Número: RE-86-244

      Resuelto: 8 de junio de 1988

      Julia M. Santiago De la Cruz, abogada de los recurridos; Nora Vargas Acosta y William Ramirez Hernández, abogados del recurrente.
   RESOLUCIÓN

Al considerar que la revisión se da contra la sentencia y no contra sus fundamentos, a la expedición del auto solici-tado, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado señor Negrón García emitió voto disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López expediría. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y la Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón no intervinieron.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

U_J

Antonio Grillasca Domenech cuestiona la corrección de la Sentencia de 1ro de junio de 1988, del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Eduardo Álvarez De la Vega, Juez), que declaró sin lugar su solicitud de revisión a una negativa de la Comisión Estatal de Elecciones a prorrogar el término para presentar las peticiones de endoso en su aspiración como candidato al cargo de Alcalde del Municipio de Caguas por el Partido Popular Democrático (P.P.D.) en las primarias del domingo 12 de junio.

Con prioridad acogeríamos el recurso, expediríamos y re-vocaríamos.

HH

Los antecedentes procesales-facticos pertinentes están plasmados en nuestro disenso de 29 de abril de 1988. Los mismos reflejan cómo las actuaciones y omisiones del Secre-tario General del P.P.D., su Junta y la burocracia de la Comi-sión Estatal de Elecciones han frustrado irremediablemente los reclamos legítimos de Grillasca Domenech.

A los mismos ahora se une el fundamento erróneo del ilustrado foro de instancia. Éste aplica el término de veinti-cuatro (24) horas para revisar a la Comisión Estatal de Elec-ciones ante dicho foro —previsto en el Art. 1.016 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3016a— una cro-nología injusta. ¿Cómo puede computarse el término desde que la Comisión Estatal de Elecciones notifica y no desde que la persona es real y efectivamente notificada? No puede exigírsele ni atribuírsele demora a quien no conoce una deci-sión. La notificación real es principio constitucional del de-bido proceso de ley que discurre a través de todas las dispo-siciones del estatuto electoral. Ante la brevedad del término, lo apropiado es una notificación personal y será el verdadero punto de partida.

A tiempo debimos corregir este error adicional. Como se-ñala Sagüés: “[l]a ‘legitimidad’ de un sistema provoca, en primer lugar, la obligación moral de respetarlo. De ahí la im-portancia de la legitimidad como factor justificante de la obe-diencia.” N.P. Sagüés, Régimen Electoral y Legitimidad Política, 1983-C Rev. Jur. Arg. La Ley 781, 782 n. 4 (1983).


text:
      In re Víctor F. Vargas Baigés, querellado.

      Número: 6660

      Resuelto: 9 de junio de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante.
   RESOLUCIÓN

El 28 de abril de 1988 emitimos la resolución siguiente la cual, en lo pertinente, lee:

Atendido lo expuesto por el Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías en su memorando de fecha 12 de abril de 1988, se le ordena al abogado notario Víctor F. Vargas Baigés a rendir los índices notariales correspondientes a los años de 1986, 1987 y 1988 que no ha radicado ante la mencionada Ofi-cina; tendrá para ello el término de veinte (20) días, contado el mismo a partir de la fecha de notificación de la presente reso-lución.
El abogado notario Víctor F. Vargas Baigés tendrá igual-mente el término de veinte (20) días, contado el mismo a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, para mos-trar causa ante este Tribunal por la cual no deba ser discipli-nado como notario por razón del incumplimiento arriba men-cionado.
Se apercibe al abogado notario Victor F. Vargas Baigés que de no cumplir con lo arriba ordenado en el término conce-dido, podrá ser disciplinado por este tribunal en su carácter de abogado. (Énfasis suplido.)

Dicha resolución le fue notificada personalmente al abo-gado Víctor F. Vargas Baigés el 3 de mayo de 1988 por la Oficina del Alguacil General de este Tribunal. No obstante el tiempo transcurrido, el abogado Víctor F. Vargas Baigés no ha comparecido ante este Tribunal.

Un examen del expediente personal de este abogado de-muestra que en el pasado el mismo ha incumplido con resolu-ciones emitidas por este Tribunal, razón por la cual ha tenido que ser suspendido del ejercicio de la notaría y apercibido sobre sanciones disciplinarias como abogado.

En vista del craso incumplimiento del abogado Víctor F. Vargas Baigés con nuestra resolución de 28 de abril de 1988 antes transcrita, se le suspende temporalmente del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico hasta tanto otra cosa disponga este Tribunal. La presente resolución deberá ser publicada.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General