author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    American Express Company, demandante y recurrida, v. Municipio de San Juan, etc., demandados y recurrentes.

      Número: R-85-237

      Resuelto: 19 de enero de 1988

      José A. Menéndez Cortada, de Martínez Álvarez, Fernández Pa-oli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogado de los recurrentes; Fred H. Martínez y Juan Ramón Cando, de Martínez, Odell, Calabria y Sierra, abo-gados de la recurrida; Carmen Enid Rodríguez Pardo, abo-gada del Departamento de Hacienda que comparece en calidad de amicus curiae; Raúl Acevedo Rodríguez, abogado de la Cá-mara de Comercio.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

A solicitud del Municipio de San Juan revisamos la sen-tencia dictada por el Tribunal Superior, revocatoria de una decisión del Director de Finanzas de dicho municipio, en la cual se le impuso a American Express la obligación de pagar las correspondientes patentes municipales. Luego de anali-zada la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. see. 651 et seq., revocamos al tribunal de instancia. Concluimos que al amparo de dicho estatuto el servicio de tarjetas que ofrece American Express es un “negocio financiero” sujeto a las disposiciones de la mencionada ley.

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El Municipio de San Juan, en virtud de los poderes que le confiere la nueva Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651 et seq.), le notificó a la demandante recurrida American Express Company una deficiencia en el pago de sus patentes por la suma de $151,291.87. Fundó su determinación en las Secs. 2(a)(5) y 5 de la Ley de Patentes Municipales que definen y regulan las patentes a pagarse por los “negocios financieros”. 21 L.P.R.A. secs. 651a(a)(5) y 651d. American Express solicitó reconsideración del municipio, pues entendía que su activi-dad en Puerto Rico no constituía un “negocio financiero” se-gún definido por el ordenamiento aplicable. El 16 de enero de 1984 el Municipio emitió una determinación final en la cual sostuvo.su dictamen inicial.

Con el propósito de impugnar esta determinación, American Express presentó demanda acompañada de fianza a favor del municipio por la suma de $175,000. El Tribunal Superior la declaró con lugar y anuló la deficiencia notificada. Su determinación se fundó principalmente en que American Express no cobra intereses por los cargos en que incurren los usuarios de su tarjeta. El Municipio acudió ante nos en solicitud de revisión y, por la naturaleza e importancia de la controversia, expedimos el auto e invitamos al Departa-mento de Hacienda, a la Cámara de Comercio y a la Asocia-ción de Bancos a comparecer como amicus curiae

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La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concede facultad a la Asamblea Legislativa para “crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modi-ficar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función . . Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 362. Véase Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193 (1983). Al amparo de este poder, la Asamblea Legislativa, mediante la Ley Orgánica de los Municipios, 21 L.P.R.A. see. 2001 et seq., creó las enti-dades jurídicas y políticas conocidas como municipios y dis-puso lo relativo a su estructura, facultades, deberes y funciones.

Aunque los municipios no tienen una facultad inherente de imponer contribuciones, entre las facultades, poderes y funciones que les confiere la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se encuentran las de imponer una contribución básica sobre el valor tasado de la propiedad mueble e inmueble, así como contribuciones adicionales especiales para el pago de empréstitos o para mejora pública en beneficio directo de la sección urbana o rural sujeta a contribución. Además, los municipios tienen poder para imponer y cobrar contribuciones, derechos, arbitrios e impuestos razonables dentro de sus límites territoriales y sobre materias no incompatibles con la tributación impuesta por el Estado. Art. 2.04(24), (25), (26) y (27) de la Ley Orgánica de los Municipios, 21 L.P.R.A. see. 2054(24), (25), (26) y (27). Ahora bien, como su poder es delegado por la Asamblea Legislativa, ’como regla general, debe ejercitarse dentro de los límites específicos de la autoridad conferida. E. McQuillin, The Law of Municipal Corporations, 3ra ed. rev., Illinois, Callaghan and Co., 1986, Vol. 16, Sec. 44.17.

La Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651 et seq.) (en adelante, Ley de Patentes Municipales) autorizó a las Asambleas Municipales a imponer y cobrar pa-tentes a los tipos que en ella se prescriben, al disponer que “[e]l producto de las mismas [patentes] se usará para cubrir las atenciones de sus presupuestos”. 21 L.P.R.A. sec. 651b. Véanse: McQuillin, op. cit., Vol. 9, Sec. 26.15-26.16; E. Cordova, Curso de Gobierno Municipal, Río Piedras, Ed. Uni-versitaria, 1964, pág. 353. Esa patente obligatoria, aunque adopta la forma de un permiso o licencia para el ejercicio de una actividad económica, realmente constituye un impuesto que va a variar de acuerdo al volumen de negocio de la em-presa tributada. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964).

Si bien en otras jurisdicciones se favorece una interpretación restrictiva del poder tributario de los municipios, C.J. Antieau, Municipal Corporation Law, Nueva York, Ed. Matthew Bender, 1979, Vol. 2A, Sec. 21.02; McQuillin, op cit, Sec. 44.13, en Puerto Rico la Asamblea Legislativa, al amparo del Art. VI, Sec. 1 de la Constitución del E.L.A., supra, delegó esa autoridad fiscal con la clara intención de. “ampliar el número de industrias o negocios con fines de lucro sujetos a tributación”. Informe de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes de 20 de junio de 1974, pág. 2. Véase, también, Córdova, op. cit., págs. 283 et seq.

Como consecuencia del crecimiento vertiginoso de las ciudades y, por ende, de los servicios municipales, la ley de patentes evolucionó rápidamente. La legislación vigente tiene su origen en la Ley de Patentes aprobada en 1914, la que enumeraba en forma taxativa los negocios sujetos a tributación. 1914 Leyes de Puerto Rico 142. En el 1931 se aprobó otra ley que facultó a los municipios a clasificar, e incluir empresas comerciales e industriales. 1931 Leyes de Puerto Rico 565. Véanse: Cervecería India v. Municipio, 77 D.P.R. 100 (1954); Zerbe Penn v. Gob. de la Capital, 86 D.P.R. 618 (1962); Mun. de San Juan v. P.R. Coal Co., 28 D.P.R. 263 (1920); Texas Co. (P.R.), Inc. v. Municipio, 81 D.P.R. 499 (1959); Yabucoa Sugar Co. v. Municipio, 44 D.P.R. 348 (1933). Finalmente, en el 1974 la Asamblea Legis-lativa concedió una facultad general a los ayuntamientos para imponer y cobrar patentes a diversas clases de negocios definidos por ley. 21 L.P.R.A. see. 651.

Esta ley responde a una filosofía que favorece ampliar los poderes de los municipios, de manera que éstos puedan pro-veer más servicios directos a la ciudadanía. En Molinos de P.R. v. Municipio de Guaynabo, 105 D.P.R. 470, 474 (1976), resumimos la evolución del derecho puertorriqueño sobre patentes municipales:

Durante los últimos años ha habido una corriente de pensa-miento, no exclusiva desde luego, que favorece la ampliación de la facultad impositiva de los municipios. De ahí surge esta tendencia que favorece la ampliación de las facultades imposi-tivas de los municipios. Naturalmente, este es un problema complejo de política pública lleno de concomitancias y corres-ponde a la Asamblea Legislativa y no al Poder Judicial tomar las decisiones que estime pertinentes. Sin embargo, como dijimos en Texas Co. (P.R.)[, Inc.] v. Municipio, 81 D.P.R. 499, 509 (1959), no estamos justificados en adoptar normas restric-tivas “en contra del poder contributivo de los municipios, a la luz de las claras e inequívocas expresiones que de tiempo en tiempo ha venido haciendo la Asamblea Legislativa con el fin de fortalecer, antes que debilitar, la facultad contributiva de los gobiernos municipales concedida en la Ley de Patentes.” Cuando hay autoridad de ley para ello y excepto en casos inhe-rentemente sospechosos no estamos inclinados a intervenir con la regulación económica municipal, pues como hemos se-ñalado, esta es una función primordialmente legislativa, City of New Orleans v. Dukes, 49 L.Ed.2d 511 (1976). (Escolio omitido.)

Recientemente, en Arecibo Bldg. Corp. v. Mun. de Arecibo, 115 D.P.R. 76, 78 (1984), reafirmamos lo expresado en Molinos de P.R. v. Municipio de Guaynabo, supra, y añadimos que:

La See. 3 de la Ley de Patentes de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651b) autoriza a las Asambleas Municipales de todos los muni-cipios a imponer y a cobrar patentes “a toda persona dedicada a la prestación de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero y/o cualquier industria o negocio ... ”. Del texto de la ley se desprende que la autoridad concedida a los municipios es amplia. La utilización de las palabras “toda persona”, “cualquier servicio”, “cualquier industria o nego-cio” no permiten que se le dé una interpretación restric-tiva .... (Énfasis suplido.)'

La Ley de Patentes Municipales de 1974 autoriza a los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a imponer y cobrar patentes municipales a toda persona dedicada a “la prestación de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero y/o cualquier industria o negocio ... ”. 21 L.P.R.A. sec. 651b. Toda persona dedicada “con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negocio” está sujeta a la imposición de este tributo. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 651c. La ley también dispone que la patente aplicable a los negocios financieros no “podrá exceder de (1.00%) de su volumen de negocios atribuibles al municipio que imponga la patente autorizada”. 21 L.P.R.A. sec. 651d. Por último, la Sec. 2(a)(5) de la Ley de Patentes Municipales define un negocio financiero de la forma siguiente:

El término “negocio financiero” significa toda industria o negocio consistente en servicios y transacciones de bancos co-merciales, asociaciones de ahorro y préstamos, bancos mutua-listas o de ahorros, compañías de financiamiento, compañías de seguro, compañías de inversión, agencias de cobro y de cualquier otra actividad financiera llevada a cabo por cual-quier industria o negocio. (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. see. 651a(a)(6).

De conformidad con dicho estatuto, cualquier persona que se dedique a un negocio financiero está sujeta al pago de patentes a la tasa máxima de 1.00% con una base contributiva distinta. 21 L.P.R.A. sec. 651d(a). Al amparo de esta sección se extendió el alcance de la patente a toda industria o negocio que se dedique a ofrecer servicios y transacciones bancarias y se incluyeron las operaciones de las “compañías de financiamiento, compañías de seguro, compañías de inversión, [y las] agencias de cobro ... ”. Sec. 2(a)(5) de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651a(a)(5).

La ley no limita la aplicación de la patente a las empresas específicamente identificadas. Todo lo contrario, al extender la patente a cualquier otra actividad financiera la Legislatura delegó a los municipios el poder de cobrar este impuesto a empresas destinadas a actividades financieras. También se autorizó a los municipios a cobrar patentes a cualquier otra empresa dedicada a una actividad financiera. Dichas actividades pueden ser iguales a las realizadas por las entidades enumeradas o pueden incluir otra operación de naturaleza financiera.

Finalmente, la ley delegó en los municipios el poder de imponer patentes a las personas que se dediquen a distintas industrias o negocios a base “del volumen de negocios de cada industria o negocio y al tipo prescrito” para cada uno. 21 L.P.R.A. sec. 651e. De esta manera se reconoce que algunas empresas llevan a cabo diversos negocios sujetos a distintos tipos de patente. Lo determinante es que esa actividad de por sí constituya un negocio de esa persona y que, de llevarse a cabo separadamente, hubiese pagado patentes por constituir una actividad lucrativa no exenta. 21 L.P.R.A. see. 651h. Entre los criterios que deben ser examinados al amparo de esta sección se incluyen: (a) la naturaleza y los propósitos de la industria o negocio correspondiente; (b) su relación con las otras operaciones de la empresa; (c) la finalidad de los servicios y transacciones ofrecidos; (d) el número de personas empleadas y la estructura utilizada por la persona para llevar a cabo dicha gestión empresarial, y (e) los ingresos brutos recibidos o devengados de una actividad empresarial.

Nos corresponde, entonces, resolver si American Express es una industria o negocio que se dedica principalmente a una actividad financiera mediante su servicio de tarjetas y, por lo tanto, si está sujeta al tipo de patente aplicable a esas operaciones.

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La tarjeta de crédito es un instrumento moderno de fi-nanciamiento de amplio arraigo en nuestra vida económica que ha revolucionado el financiamiento de bienes al consumi-dor, al facilitar un método de crédito aceptable en numerosos establecimientos a través de todo el mundo. En Puerto Rico, aunque no existen datos completos, se estima que hay más de un millón de tarjetas emitidas por tiendas por departa-mentos, bancos y otras entidades. Carrión, Testimonio de la Asociación de Bancos de Puerto Rico sobre el Uso de Tar-jetas de Crédito en Puerto Rico y el Impacto que Éste Pueda Tener en el Pueblo Consumidor, ante la Honorable Comisión de Asuntos al Consumidor del Senado de Puerto Rico de 10 de diciembre de 1986. Las cuentas rotativas y de plazos dife-ridos, mayormente representadas por la figura de la tarjeta de crédito, constituyen una de las principales fuentes de cré-dito en Puerto Rico con un valor total de $216 millones al finalizar el año fiscal 1984. Informe Económico al Goberna-dor, Junta de Planificación, 1983-1984, T. II, pág. X-12.

La tarjeta de crédito moderna tiene muchas modalidades. Anteriormente, en Santiago v. Sears Roebuck, 102 D.P.R. 515, 522 (1974), examinamos extensamente este instrumento de crédito y reconocimos que en cualquiera de sus formas “constituye un contrato en el derecho de Puerto Rico y se ha designado así expresamente por nuestra Asamblea Legislativa”. Esta figura contractual de naturaleza atípica, conocida comúnmente como “contrato de apertura de crédito”, crea una relación compleja entre el usuario y la institución que origina las tarjetas. Sus contornos fueron definidos posteriormente por este Tribunal en Banco de Ponce v. D.A.C.O., 114 D.P.R. 92 (1983), al examinar únicamente la aplicación de la Ley de Ventas a Plazo y Financiamiento, 10 L.P.R.A. see. 731 et seq., a la cuota anual cobrada por una entidad bancaria una vez se expide una tarjeta de crédito. El término “cargo por financiamiento” de la Ley de Ventas a Plazo y Financiamiento que allí examinamos, no es sinónimo del concepto de “actividad financiera” que hoy nos corres-ponde analizar al amparo de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A sec. 651 et seq. En este caso la controversia es más complicada. Requiere que, sin penetrar las distintas en-tidades corporativas, examinemos la compleja, sofisticada y dinámica interrelación entre los distintos componentes del sistema operado por American Express, y determinar si la práctica constituye una actividad financiera para efectos del pago de las correspondientes patentes municipales.

En términos generales, estamos ante “un documento que permite a su titular obtener bienes o servicios sin tener que hacer su pago inmediatamente. Su funcionamiento puede re-sumirse de la siguiente forma: La entidad emisora, banco u otro tipo de sociedad, después de estudiar cada caso con-creto, envía la tarjeta a su titular que mediante su presenta-ción puede adquirir bienes o servicios en determinados establecimientos, limitándose a firmar la factura que le pre-senta el comerciante. [É]ste remite dicha factura a la enti-dad emisora, que le abona su importe [o un por ciento del mismo]. El cliente, por su parte, paga a fin de mes o más tarde”. Gómez Mendoza, Consideraciones generales en torno a las tarjetas de crédito, en Homenaje a Joaquín Garrigues, Madrid, Ed. Tecnos, 1971, T. II, pág. 91.

La tarjeta de crédito cumple con varias funciones económicas: sirve como instrumento de pago, en la medida que permite a los usuarios sustituir el pago en metálico al adquirir bienes y servicios; funciona como instrumento de garantía de pago al comerciante siempre que éste cumpla con las condiciones contractuales y, finalmente, mediante la tarjeta el consumidor obtiene crédito de la entidad emisora que varía de acuerdo a la relación contractual y a la reglamentación del Estado. íbid., págs. 393-394. En otras palabras, las tarjetas funcionan como evidencia de una pro-mesa de pago futuro. En esta medida se asemejan a las cartas de crédito y a los instrumentos negociables. Santiago v. Sears Roebuck, supra, págs. 520-521; R.J. Nordstron, Law of Sales, Minnesota, West Pub. Co., 1970, págs. 345-346; B. Clark, The Law of Bank Deposits, Collections and Credit Cards, 2da ed. rev., Boston, Ed. Warren, Gorham and Lamont, 1981, págs. 9-12.

A igual conclusión llegan diversos tratadistas. Simpson, en su libro Money, Banking and Economic Analysis, Prentice-Hall, 1976, pág. 26, analiza el funcionamiento de las tar-jetas de crédito y concluye:

Cuando una persona usa su tarjeta de crédito para comprar un artículo promete tácitamente pagar el precio de compra (más interés, si así se especifica) en alguna fecha o fechas fu-turas. La tienda por departamentos, compañía de gasolina, o el banco, concede un préstamo en términos prearreglados. Luego en la fecha de pago, el tarjetahabiente repaga el prés-tamo ya sea en efectivo o mediante cheque. (Traducción nues-tra.)

Esta característica fue expresamente reconocida en Santiago v. Sears Roebuck, supra, pág. 519:

La tarjeta de crédito se ha convertido de hecho en un nuevo tipo de moneda, moneda de circulación restringida pero que también requiere sólidas reservas de otro género. Como la responsabilidad de crear y mantener estas reservas recae en este caso en los usuarios o consumidores y no en el Estado, el perfil que presenta la nueva institución tiene rasgos fami-liares. Estamos simplemente ante una nueva técnica para in-vertir y facilitar un antiguo uso: las compras a crédito.

Véanse, también, J. Bonet Correa, Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1980, T. XVI, Vol. 1, págs. 150-152; Rivera, Introduc-ción a la Moneda y la Banca, Río Piedras, Ed. Universitaria, 1975, pág. 33; Cole, Consumer and Commercial Credit Management, 6ta ed., Illinois, Richard D. Irwin, Inc., 1980, págs. 5-6; Financial Handbook (Bogen & Shipman, eds. 4ta ed., Nueva York, John Wiley & Sons.

La entidad que emite un instrumento que sirve de medio de pago está efectuando una actividad financiera similar a la de los bancos:

Todas las tarjetas de crédito, así como el efectivo y los che-ques, son formas de pago. ... En el mejor de los casos, en-tonces, American Express es un Competidor con el Sistema de Reserva Federal y los banqueros comerciales de la nación al proporcionar los medios de intercambio. (Traducción nues-tra.) G. O’Driscoll, Jr., The American Express Case: Public Good or Monopoly?, 19 J.L. & Econ. 163, 165 (1976). Véase Bank Credit Cards — Problems Under Regulation Z and Possible Problems as a Result of Future Developments Under Proposed Consumer Legislation, 27 Bus. Law. 111, 117 (1971).

Como la actividad financiera por excelencia, la concesión de crédito permite la adquisición de bienes y servicios a cambio de una promesa de pagar posteriormente. Al adquirir un artículo mediante crédito el consumidor incurre en una deuda que se compromete a pagar en otro momento. Los tratadistas de las ciencias económicas y financieras definen la relación como la habilidad para pagar, “o la habilidad para obtener título sobre artículos y para recibir éstos para el disfrute presente de los mismos, aunque el pago esté diferido a una fecha futura. Por lo tanto, consiste de la transferencia y entrega de los artículos a cambio de la promesa de pagar por ellos en el futuro”. (Traducción nuestra.) G. Munn, Encyclopedia of Banking and Finance, 8va ed., Boston, Ed. The Bankers Pub. Co., 1962, pág. 167. Véase, también, E.L. Kohler, A Dictionary for Accountants, 5ta ed., Nueva Jersey, Ed. Prentice-Hall, 1975, pág. 148. En el Credit Control Act, crédito se define como “el derecho otorgado por un acreedor a un deudor de diferir el pago de la deuda o de incurrir en deuda y diferir su pago”. (Traducción nuestra.) Ley Pública 91-151 (12 U.S.C sec. 1901(e)). Para otras definiciones simi-lares véanse: Truth in Lending Act, 15 U.S.C. sec. 1602(f), y Uniform Consumer Credit Code, Unif. Adoption Act Sec. 1.301(16), 7A U.L.A. 52 (1985).

A los fines de precisar el marco decisorio de esta opera-ción, procede un cuidadoso examen del servicio de tarjeta de American Express.

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En primer lugar, de los autos se desprende que esta acti-vidad constituye el negocio principal de la empresa en el mu-nicipio impositor. En su mecánica interna la tarjeta de American Express opera de acuerdo con los términos de tres contratos distintos, pero simultáneos e interdependientes. A estos efectos American Express tiene contratos con sus usuarios, con los establecimientos que permiten el uso de su tarjeta y con una subsidiaria conocida como American Express Credit Corporation (CREDCO).

Todo cargo queda evidenciado en un recibo de cobro que el establecimiento le vende a American Express usualmente por 4% o 5% menos que el costo original de la venta. A su vez American Express vende los recibos a su subsidiaria (CREDCO) a un precio mayor que el costo de adquisición del establecimiento. La venta dispone de todos los derechos que tiene American Express en los recibos y los transfiere en su totalidad a CREDCO. La venta se efectúa sin derecho a re-petir (without recourse) contra American Express por cual-quier deficiencia que surja del incumplimiento de pago por el usuario de la tarjeta. Toda pérdida que pueda resultar de la falta de pago por el usuario es única y exclusivamente asu-mida por CREDCO. Bajo los términos del contrato entre American Express y CREDCO, el único deber de la primera en cuanto a los recibos una vez hecha su venta es el de factu-ración. Además del beneficio que recibe como resultado de la venta de los recibos de cobro, American Express recibe una suma por encargarse de la facturación y cobro de los mis-mos.

American Express también ofrece a sus usuarios un me-canismo de pagos diferidos. El uso de dicho mecanismo se limita a la compra de pasajes de avión, barco u otros medios de transportación. Estos pagos son hechos a plazo e incluyen un cargo por interés de 18% anual. Al igual que en el caso de los otros cargos, los recibos son comprados por American Express y vendidos a CREDCO, entidad que se beneficia del cobro de intereses.

El sofisticado esquema sugiere que la tarjeta de American Express constituye un medio de financiamiento de consumo de amplia repercusión económica utilizado por consumidores a través de todo el país. Reiteramos que su utilidad es similar a la de una carta de crédito expedida por un banco y aceptada por miles de establecimientos comerciales a través de todo el mundo. Para el establecimiento constituye una garantía aún más confiable que la del cheque de cuenta corriente bancaria. El recibo que acredita el importe de la transacción tiene un valor monetario y se vende entre las en-tidades corporativas de esta empresa multinacional con la misma facilidad que cualquier instrumento negociable o pa-garé que certifique una cuenta por cobrar.

El acuerdo entre el usuario y la empresa conlleva que American Express le extienda crédito a un comprador para que pueda adquirir bienes o servicios de otras empresas. A su vez, el consumidor se compromete a pagar por el dinero adelantado en un término de treinta (30) días. De no efectuar el usuario el pago correspondiente dentro de dicho período, la empresa puede imponer un cargo de 1% mensual sobre el balance de la deuda.

Por el servicio ofrecido la empresa obtiene un beneficio equivalente a la diferencia entre el precio pagado por el usuario y el costo real de los recibos que American Express compra a los comercios participantes. En efecto, el consumidor, al saldar la deuda mensualmente, paga por el uso del crédito un cargo que varía de acuerdo al establecimiento. Independientemente de su nombre, esta transacción es de tipo financiero.

Así también concluyó el Tribunal Supremo de Estados Unidos al resolver una controversia sobre el alcance del Truth in Lending Act:

Así pues una compañía de tarjetas de crédito como American Express concede crédito a un individuo u organización cuando estos últimos abren o renuevan una cuenta, así como cuando el tarjetahabiente utiliza la tarjeta de crédito para ha-cer compras. Cuando la cuenta se abre o renueva, el acreedor ha concedido el derecho “a incurrir en deuda y diferir el pago”; cuando se usa la tarjeta el acreedor le ha permitido al tarjetahabiente “diferir el pago de la deuda”. (Traducción nuestra.) American Express Co. v. Koerner, 452 U.S. 233, 241 (1981).

Por último, es equivocada la conclusión del tribunal de instancia de que American Express no realiza una actividad financiera porque los intereses que genera el plan de pagos diferidos son cobrados por una entidad distinta. En este caso, el hecho de quién cobre los intereses sólo es pertinente para propósitos de la determinación de quién tiene que infor-mar esas ganancias como ingresos. Eso, sin embargo, no puede tener el efecto de variar la naturaleza de la transac-ción efectuada por American Express. Para que ésta pueda vender a CREDCO o alguna otra entidad los contratos que generan intereses, es preciso que los otorgue. Así se des-prende del propio contrato (Ap. IV). En la parte introducto-ria de dicho documento se indica que las palabras “usted” y “de usted” se refieren al usuario de la tarjeta, y las palabras “nosotros” y “nuestro” se refieren a la compañía American Express. Más adelante, en la sección del plan de pagos dife-ridos, se expresa lo siguiente:

Usted puede pagar sus compras a lo largo de un período de tiempo si, al hacer su compra, usted elige un plan de pago disponible. Si lo hace, nosotros cobraremos un CARGO POR FINANCIAMIENTO a la TASA DE PORCENTAJE ANUAL de 18% por el período durante el cual deban efec-tuarse los pagos. (Énfasis suplido y traducción nuestra.)

Según el documento, la recurrida está contratando con el usuario un plan de pagos diferidos que conlleva un cargo por financiamiento. Al entrar en ese tipo de relación, American Express está efectuando una actividad financiera. Facilitar y otorgar este tipo de crédito, como parte de un complejo sistema de financiamiento de consumo, es el tipo de actividad financiera que el legislador incluyó en la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. see. 651 et seq., al ampliar su alcance en el 1974. Nuestra decisión se limita a reconocer la facultad del Municipio de San Juan de imponer patentes únicamente a la American Express y empresas similares que, por la naturaleza y alcance de los servicios y transac-ciones de su tarjeta, se dedican en el municipio impositor a una actividad financiera. Por otro lado, esto no significa que el municipio esté facultado para cobrar patentes a CREDCO, corporación que no es parte en este pleito, que no tiene su industria o negocio ni recibe ingresos en el munici-pio impositor.

Del análisis anterior, concluimos que el negocio de tar-jetas de American Express constituye una actividad finan-ciera sujeta al pago de patentes municipales. Por lo tanto, se dictará sentencia mediante la cual se revoca la sentencia del Tribunal Superior y se deja en vigor la decisión del Mu-nicipio de San Juan.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso se inhibió.

       Los negocios financieros pagan una patente igual al 1.00% de su volumen de negocios. Los demás negocios pagan 0.30% de su volumen de negocios. 21 L.P.R.A. sec. 651d.

       En la resolución de 17 de octubre de 1985 indicamos que el Tribunal es-taba interesado en que estas entidades examinaran “la relación contractual entre la demandante-recurrida y los establecimientos comerciales, incluyendo, entre otras, las comisiones y descuentos, el funcionamiento de las tarjetas de crédito, débito y otro tipo emitido por los bancos, tiendas por departamentos y otras em-presas, la estructura corporativa utilizada en el sistema de tarjetas de crédit[o] y otros depósitos, la determinación de qué es un negocio financiero en nuestra eco-nomía moderna y cualquier otra información y extremos pertinentes”.
      Oportunamente, el Departamento de Hacienda sometió un informe abarca-dor sobre el asunto planteado. La Cámara de Comercio, mediante moción explica-tiva, solicitó se le relevara de participar como amicus curiae. La Asociación de Bancos no compareció.

       Véanse, además, los incisos (4), (12), (29) y (30) del Art. 2.04 de la Ley Orgánica de los Municipios, 21 L.P.R.A. see. 2054(4), (12), (29), (30), y el Art. 4.18(5) de ésta, 21 L.P.R.A. see. 3068(5).

       En su comparecencia, American Express alega que al interpretar el tér-mino “negocio financiero” debemos aplicar la norma de interpretación de esta-tutos conocida como ejusdem generis. Según esta regla, “cuando palabras gene-rales siguen después de palabras específicas en una enumeración descriptiva del sujeto legal, las palabras generales se interpretan en el sentido de sólo compren-der objetos similares de la naturaleza de aquellas enumeradas por las palabras específicas precedentes”. Puerto Rico Ilustrado v. Buscaglia, 64 D.P.R. 914, 922 (1945). Véase C.J. Antieau, Municipal Corporation Law, Nueva York, Ed. Matthew Bender, 1980, Vol. 2A, Sec. 21.03. Sin embargo, aun si aplicáramos dicha regla de hermenéutica, el resultado sería igual.

       El hecho de que, al amparo de otra legislación, no pudiera clasificarse a la recurrida como institución financiera no es impedimento para concluir que se dedica a una actividad financiera al amparo de la Ley de Patentes Municipales.

       El descuento constituye un cargo por “servicio” que varía dependiendo del volumen de negocio de establecimiento participante.

       Al examinarse y estudiarse el funcionamiento de las tarjetas de crédito desde la perspectiva del comerciante, se ha dicho que guarda una gran similitud con el financiamiento de cuentas por cobrar conocido por factoring. Véase Bldg. Maintenance Serv. v. H.R. Exec. Bldg., 109 D.P.R. 656, 659 (1980). Véanse, ade-más, The Tripartite Credit Card Transaction: A Legal Infant, 48 Calif. L. Rev. 459, 468-469 (1960); J.G. South, Credit Cards: A Premier, 23 Bus. Law. 327, 329 (1968); Boulliane, Factoring — a Financing Alternative for Clients, Journal of Accountancy, Dec. 1980, pág. 24; K.M. Landey, Consumer-Cardholder Defenses in Tripartite Credit Card Arrangements: A Battleground for the Beleaguered Bank, 88 Comm. L.J. 84, 95 (1983). Por tal razón, se considera que los planes de tarjetas de crédito funcionan como unos medios de financiamiento para los co-mereiantes. W.F. Robinson, New Developments in Retail Financing, 8 U. Kan. L. Rev. 554, 567-574 (1960).

       La disposición del contrato lee como sigue:

        “For Extended Payment Plan Only

      “You may pay for purchases over a period of time if you elect an available extended payment plan when making the purchase. If you do we will assess a FINANCE CHARGE at an ANNUAL PERCENTAGE RATE of 18% for the period during which payments are required to be made.” Ap. IV.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Emilio Saavedra Martínez, demandante, v. Joyerías Gordons, Inc., demandada y tercera demandante y recurrente; Fireman’s Fund Insurance Co., tercera demandada y recurrida.

      Número: RE-87-33

      Resuelto: 20 de enero de 1988

      Oronte Oliveras Sifre, abogado de la recurrente; Carlos Martínez Texidor, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A modo de prólogo, por resultar ilustrador a la correcta solución de este recurso, reproducimos del jurista Soto Nieto el pasaje siguiente:

El tiempo de vigencia del concierto de seguro tiene su dies ad quo y su dies ad quem. Para que la obligación responsa-ble del asegurado quede bajo la cobertura del seguro es pre-ciso que el hecho desencadenante del daño y provocador de responsabilidad haya acaecido entre uno y otro momento. El asegurador queda obligado con tal de que el accidente tenga su acaecimiento durante la vigencia del contrato, y ello con independencia de que la reclamación se produzca, a su vez, dentro de dicho período temporal, salvando, naturalmente, el supuesto de originación de la prescripción.
Si el accidente sobreviene con anterioridad al hito inicial ningún deber prestacional podrá ponerse a cargo del asegura-dor. F. Soto Nieto, El Seguro Voluntario y el Procedimiento Penal, Madrid, Ed. Tairiury, 1946, pág. 73.

El 28 de abril de 1984, ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, Emilio Saavedra Martínez demandó a Joyerías Gordons, Inc. Adujo que en 1979 adquirió a crédito mercan-cía la cual saldó diligentemente. No obstante, Joyerías Gor-dons no acreditó su pago y negligentemente sometió un informe negativo de su crédito a la agencia de información United Credit Bureau. Esta agencia lo clasificó con el código 07, que constituye la puntuación más baja con referencia a un crédito personal. Como consecuencia, Saavedra Martínez alegó que el 19 de marzo de 1984, al gestionar la compra de un automóvil, el banco le negó el financiamiento, lo cual le causó daños y perjuicios.

Joyerías Gordons contestó y negó responsabilidad. El 29 de noviembre presentó demanda de tercero contra Fireman’s Fund Insurance Co. (en adelante, Fireman’s) en la que alegaba la existencia de una póliza expedida a la fecha de los daños. Le reclamó el reembolso de cualquier suma que vi-niera obligada a satisfacer al demandante Saavedra Martí-nez. Fireman’s contestó y adujo que la póliza de un (1) año — vigente desde el 1ro de abril de 1983— sólo “cubría los su-cesos y ocurrencias” surgidos durante ese período. Alegó te-meridad de Joyerías Gordons.

Oportunamente, a ruego de Fireman’s, el ilustrado tribunal de instancia acogió dicha defensa y sumariamente deses-timó la demanda de tercero. Por su temeridad le impuso a Joyerías Gordons las costas del proceso y $1,000 de honora-rios de abogado. A solicitud de ésta revisamos.

Procede confirmar la sentencia. Primeramente, para 1979 —en que ocurre el alegado acto culposo de Joyerías Gordons— entre ésta y Fireman’s no existía relación de ase-gurado-aseguradora. Fireman’s no tenía expedida póliza al-guna. La única póliza a favor de Joyerías Gordons y sus subsidiarias tiene como período de vigencia (policy period) desde el 1ro de abril de 1983 y termina el 1ro de abril de 1984,12:01 A.M. Segundo, esta póliza es el tipo denominado Comprehensive General Liability Policy, por ocurrencia, y como tal tiene unas condiciones distintas a otros tipos y, por ende, exige la interpretación que armonice con sus términos. Algunas pólizas cubren ciertos riesgos aun cuando, en al-gunos extremos, exista similitud en ciertas cláusulas. R.H. Long, The Law of Liability Insurance, Nueva York, Ed. Mattew Bender, 1989, Vol. 1, Sec. 1.06 et seq. Aclarados estos extremos, examinemos la póliza de responsabilidad pública por ocurrencia que nos ocupa.

Bajo la cubierta de Comprehensive General Liability Insurance, en lo pertinente, dicha cláusula dispone lo si-guiente:

The Company will pay on behalf of the insured all sums which the insured shall become legally obligated to pay as damages because of bodily injury or property damage to which this insurance applies caused by an occurrence .... (Énfasis en el original.) Exhibit I, pág. 45.

Traducida al vernáculo significa:

La compañía [aseguradora] pagará en beneficio de o por el asegurado toda suma de dinero que el asegurado esté legal-mente obligado a pagar por daños físicos o daños a la propie-dad causados por una ocurrencia ....

La palabra ocurrencia (occurrence) ha sido definida como “un accidente, incluyendo exposición continua y repetida a una condición que resulta en daños físicos o daños a la pro-piedad no anticipados ni intencionales desde el punto de vista del asegurado”. (Traducción nuestra.) 11 Couch on Insurance 2d (ed. rev.), See. 44.285. R.E. Keeton, Insurance Law, West Pub., 1971, Sec. 510(d); Nota, Insurance — Time of Event, 37 A.L.R. 4th 382, 395-402. Esta definición la re-frendamos en Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701, 708 (1981).

Por su parte, bajo Policy Period; Territory —encasillado Núm. 5— se dispone:

This insurance applies only to bodily injury or property damage which occurs during the policy period within the policy territory. Exhibit I, pág. 48.

En el idioma español, la cláusula revela su cubierta temporal:

Este seguro aplica solamente a daños físicos o daños a la propiedad causados durante el período de vigencia de la pó-liza, dentro del territorio cubierto por la póliza. (Traducción nuestra.)

Nuevamente 11 Couch on Insurance, op. cit, Sec. 44.8, nos ilustra cuando expresa que un “accidente que, por su naturaleza, representa un nesgo cubierto por una póliza de responsabilidad no está cubierto si ocurre en o antes del período de cubierta de la póliza. Dicho de otro modo, no existe responsabilidad si el accidente o lesión ocurre fuera del período de tiempo de cubierta de la póliza de responsabi-lidad”. (Traducción nuestra.)

Esta regla general sufre excepciones con relación a otros tipos de pólizas. Una de ellas es la denominada Póliza de Indemnización (Indemnity Policy). Keeton, op. cit, Sec. 3.1 et seq. Ésta asegura la pérdida o el riesgo de la pérdida. Otra es conocida como Póliza de Descubrimiento (Discovery Policy). Nota, supra, págs. 402-404. Appleman la define como “aquella en que la cubierta se efectúa si el acto u omisión negligente es descubierto y traído a la atención de la aseguradora dentro del período de la póliza; mientras que una póliza de ocurrencia es aquella en que la cubierta es efectiva si el acto u omisión negligente ocurre dentro del período de la póliza independientemente de la fecha de su descubrimiento”. (Traducción nuestra.) 7A Insurance Law & Practice, Sec. 4491.01 (1979). La primera, también es conocida como Reclamaciones Hechas (Claims Made), que ofrece cubierta al momento en que se presenta la reclamación irrespectivamente del momento en que ocurrió el acto negligente. R.I. Mehr, Fundamentals of Insurance, 2da ed., Illinois, Irwin, 1986, pág. 275; D.L. Bickelhaupt, General Insurance, lima ed., Illinois, Irwin, 1983, págs. 515-517.

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Bajo las cláusulas de la póliza expedida por Fireman’s a Joyerías Gordons, ésta no cubre la reclamación de Saavedra Martínez, pues su causa de acción está basada en un alegado acto negligente acaecido en 1979. Nada hay en la póliza pos-teriormente adquirida por Joyerías Gordons en que pueda sostenerse su tesis de cubierta. Los términos de la póliza, según antes expuestos, son claros y no admiten otra solución. Estos son los términos que rigen contractualmente las obli-gaciones de las partes. Deben ser acatados por las partes y avalados por los tribunales. Banco de la Vivienda v. Pagan Ins. Underwriters, 111 D.P.R. 1 (1981); Morales Garay v. Roldan Coss, supra; Casanova v. P.R. Amer. Ins. Co., 106 D.P.R. 689, 696-697 (1978); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R 91 (1974).

Finalmente, la tesis de Joyerías Gordons merece un co-mentario final. El que Saavedra Martínez adviniera en cono-cimiento de la negligencia de aquélla en 1984 —en ocasión de la negativa del banco a financiar la compra del automóvil— no altera los términos de la póliza, como tampoco extiende la cubierta de Fireman’s. Esa circunstancia sólo es determi-nante a los fines del término prescriptivo de un (1) año para exigir responsabilidad según preceptuado en el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243-245 (1984).

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No intervendremos con la imposición de honorarios del foro de instancia. Desde el primer momento, Fireman’s ex-puso a Joyerías Gordons su posición. Una simple lectura de los términos de la póliza, unida a una breve referencia de los comentarios sobre esta materia —de fácil acceso— le hu-biera demostrado lo equivocado de sus pretensiones.

Se dictará sentencia confirmatoria.

        Dies ad quo significa “momento inicial del plazo”. Por dies ad quem, se entiende por tal “el último de un plazo, cuyo transcurso produce la eficacia o ineficacia que del plazo dependa. Este día ha de transcurrir completo”. M.A. del Arco Torres — M. Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, T. I, págs. 514-515.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Juan A. Hernández Ramírez.

      Número: 4944

      Resuelto: 21 de enero de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías; Luis R. Torres, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

Mediante memorando de fecha 17 de no-viembre de 1987, el Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informó que el abogado notario Juan A. Hernández Ramírez no radicaba los índices notariales que requiere la Ley Notarial de Puerto Rico desde el 11 de enero de 1987 y que, no obstante los requerimientos que le había hecho su oficina a esos efectos, éste había desatendido los mismos.

Con fecha de 3 de diciembre de 1987 emitimos una resolu-ción concediéndole al notario el término de veinte (20) días para que procediera a rendir los referidos índices y para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado por mo-tivo del mencionado incumplimiento.

El notario Hernández Ramírez ha comparecido. Nos informa que rindió los índices notariales requeridos ante la Oficina de Inspección de Notarías, enfatizando el hecho de que todos los referidos índices “fueron negativos, ya que el Notario compareciente no realizó labor alguna como tal”.

En cuanto a la causa o motivo del incumplimiento, el notario nos informa que “desde finales del año 1986, el notario compareciente dejó de ejercer sus funciones como abogado y notario para dedicarse a tiempo completo a los negocios de la familia”.

Su explicación, obviamente, no es satisfactoria ni puede constituir excusa válida para el incumplimiento con las disposiciones de la Ley Notarial. En In re Pagan Rodríguez, 109 D.P.R. 831, 833 (1980), expresamos que el reiterado incumplimiento con las exigencias de la Ley Notarial acusa una indiferencia de parte del notario que le coloca “en el umbral de la incapacidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio”. Véase, en adición, In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Por las razones antes expresadas, se suspende al Lie. Juan A. Hernández Ramírez del ejercicio del notariado por el término de cinco (5) meses. El Alguacil General de este Tribunal procederá de inmediato a incautarse de la obra notarial del licenciado Hernández Ramírez, la cual deberá entregar al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para la correspondiente investigación e informe a este Tribunal. Se dictará sentencia de conformidad.


author: (Fdo.) Bruno Cortés Trigo

text:
      In re Fermín B. Arraiza Miranda.

      Número: 2472

      Resuelto: 21 de enero de 1988

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Fermín B. Arraiza Miranda, por derecho propio, querellado.
   RESOLUCIÓN

Mediante resolución de 30 de diciembre de 1983 suspen-dimos al Lie. Fermín B. Arraiza Miranda del ejercicio de la abogacía y el notariado hasta que satisficiera las sumas adeu-dadas por él al Colegio de Abogados.

El Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informa que el Lie. Arraiza Miranda ha continuado ejerciendo la notaría a pesar de estar suspendido conforme nuestra resolución de 30 de diciembre de 1983. Indica también que no ha entregado su obra notarial. Proceda el Alguacil del Tribunal a incautarse inmediata-mente de su obra notarial para ser entregada al Director de Inspección de Notarías.

Publíquese y remítase copia al Secretario de Justicia para la acción que estime correspondiente. 4 L.P.R.A. see. 740.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Todos los señores Jueces de este Tribunal participaron por regla de necesidad.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Héctor Vázquez, acusado y peticionario.

      Número: CE-86-433

      Resuelto: 26 de enero de 1988

      José Osvaldo Coito Luna, abogado del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocu-radora General, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

Los hechos de este caso, sencillos y no disputados, susci-tan interrogantes fundamentales en torno a la Regla 246 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, disposición que permite el sobreseimiento y archivo de una causa criminal por haber sido indemnizado el perjudicado. Se cuestiona ante nos que el juez de instancia se negara a considerar si el delito en cuestión era transigible a la luz de los criterios que ofrece la regla. Procede que revoquemos la resolución de ins-tancia y devolvamos el caso para procedimientos ulteriores.

1 — 1

Contra Héctor Vázquez se presentó denuncia por viola-ción a la Sec. 5-201 de la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, mejor conocida como la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. sec. 871. El día en que habría de celebrarse el juicio, el peticionario solicitó verbalmente que se archivara la causa al invocar como fundamento la Regla 246 de Procedimiento Criminal. El Tribunal de Distrito, Sala de Cayey, declaró no ha lugar la solicitud. El fiscal tam-bién se opuso. La transcripción del incidente reveía el si-guiente intercambio verbal entre la defensa y el juez:

Juez: La imputación es de conducir negligentemente un ve-hículo de motor. Es así?
Lie: Vuestro Honor, en este caso algo que aquí no ha ocu-rrido en los últimos dos años en que por una Regla de Vuestro Honor no ha habido tampoco recurso radi-cado .... En este caso los daños a que se contrae ... sufridos por el perjudicado son $75.00. Luego de ha-ber entrevistado conciensudamente [sic] a nuestro cliente y examinado todos aquellos elementos de la denuncia y de los hechos y creemos en lo que nos ma-nifestó y también en el señor perjudicado. El señor perjudicado se ha comunicado con nosotros y nos ha dicho que su interés es que le retribuyan en algo la pérdida que sufriera de $75 en su motora y eso fue, si no me equivoco, los daños que sufriera, $73.00 con unos centavos redondeados a $75.00. Nosotros te-nemos un cheque, Vuestro Honor, por esa cantidad, un giro de ... un money orden [síc] personal del Banco Popular de Puerto Rico que le vamos a hacer entrega, Vuestro Honor y vamos a solicitar con sugesión [sic] a lo dispuesto en la Regla 246 de las de Procedimiento Criminal el archivo por transacción de delito en este caso, Vuestro Honor.
Juez: A la petición, No Ha Lugar.
Lie: Vuestro Honor, entonces quisiéramos que nos diera la oportunidad de ir en un Certiorari a Guayama para que examinen tal determinación de este Tribunal.
Juez: Licenciado, la realidad es que hay una discreción del Tribunal para hacerlo.
Lie: Sí, sabemos que es dentro de la discreción, Vuestro Honor, lo que pasa es que el único caso que discute la capacidad, la discreción de los tribunales al aplicar la Regla 246, el caso del Pueblo v. Ramírez Valentín, in-formado al 109 DPR 13 de 1979, dice específicamente en una de sus partes, no tenemos el texto completo, que debe haber una oscultación [sic] por parte de un Juez de Instancia para ordenar o denegar el archivo de ... en cuanto a las circunstancias concurrentes con el delito que. reflejen elementos de perversidad, teme-ridad o conducta tan crasamente anti-social en el acto delictivo que le hace encomienda [sic] a través del [sic] operación del mecanismo penal. Nosotros siem-pre le hemos manifestado a Vuestro Honor, y yo creo que en más de una ocasión, pensábamos que la discre-ción del Tribunal no puede ser absoluta en el sentido de denegar en todos los casos como Regla a priori ....
Juez: Antes de seguir ... el que usted pueda estar o no convencido del caso bueno, malo o regular que tiene no es razón para pedir un archivo. Aquí no tenemos conocimiento de nada. Aquí hay un imputado de de-lito de conducir negligentemente un vehículo de motor.
Lie: Así es, Vuestro Honor.
Juez: A lo sumo el hecho de que usted ahora le entregue $75.00 a esta persona ....
Lie: Así es.
Juez: No altera la situación de derecho para nada. Su impu-tado está imputado de conducir negligentemente un vehículo de motor y no vamos a detener el procedi-miento porque ahora le entregue $75 dólares al perju-dicado, porque este es un caso del Pueblo de Puerto Rico contra él. (Énfasis suplido.) T.E., págs. 11-12.

El peticionario acudió en certiorari al Tribunal Superior. Dicho foro ordenó que se elevaran los autos del caso para posterior determinación sobre la procedencia del recurso. Finalmente, se negó a expedir el auto, ya que declinó inter-venir con el “ejercicio” de la discreción del Juez de Distrito. También fundó su resolución en que el Ministerio Fiscal se opuso al archivo, circunstancia que determinó “bastaría para derrotar la solicitud del peticionario”. A solicitud del acu-sado Héctor Vázquez, el 10 de octubre de 1986 emitimos la Resolución siguiente:

Examinado el escrito del Estado, se le concede al Procura-dor General un término adicional de veinte (20) días para cum-plimentar en forma documentada el Informe sometido con una evaluación de la procedencia del recurso a la luz de los objetivos de la Regla 246 y la naturaleza eminentemente pri-vada del daño causado. Se le solicita al Procurador General que examine si en las circunstancias de este caso existen las condiciones para que el interés sancionador del Estado de po-ner en vigor la Ley de [Vehículos y] Tránsito y los principios penales modernos se satisfacen con la exclusiva compensación monetaria del mal causado en el accidente que originó esta controversia. También deberá exponer detalladamente si en el caso de autos se cumple con las normas dictadas en Pueblo v. Ramírez Valentín, 109 D.P.R. [13] (1979) y si el magistrado de instancia abusó de su discreción al negarse a considerar la petición del acusado. (Énfasis en el original.) Resolución de 10 de octubre de 1986.

El Procurador General ha comparecido y estamos en po-sición de resolver.

HH HH

En el curso de la evolución histórica de la legislación penal que en forma sumaria esbozamos en Pueblo v. Ramírez Valentín, 109 D.P.R. 13 (1979), puede observarse la lenta in-corporación de las características fundamentales del dere-cho penal moderno. Se destaca el reconocimiento del carác-ter público del derecho penal y su aplicación exclusiva por el Estado para la defensa de los intereses de toda la sociedad. Es por ello que, al menos en teoría, ningún delito debiera ser transigible. J. Miller, The Compromise of Criminal Cases, 1 So. Cal. L. Rev. 1 (1927).

Por excepción, nuestra Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, autoriza la transacción de aquellos delitos menos graves en los que la persona perjudicada puede ejercer acción civil por daños, siempre y cuando el delito no sea cometido: (a) tumultuosamente; (b) con la intención de cometer un delito grave; (c) por o contra un funcionario judicial o funcionario del orden público en el ejercicio de sus funciones. La regla concede discreción al tribunal para decretar el archivo, pero una vez ordenado el Es-tado está impedido de formular otro proceso contra el acu-sado por el mismo delito. Los precedentes inmediatos de la actual Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra,-son los Arts. 445 a 447 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935 y las Sees. 1377 a 1379 del Código Penal de California. A su vez, las disposiciones de California derivan directamente de una ley ya inexistente de Nueva York. People v. Moulton, 182 Cal. Rptr. 761, 765 (1982).

La fórmula no es realmente revolucionaria. Muchos es-tados permiten en términos muy parecidos la transacción de determinados delitos públicos con permiso del tribunal. Nota, Construction and Effect of Statute Authorizing Dismissal of Criminal Action Upon Settlement of Civil Liability Growing Out of Act Charged, 42 A.L.R.3d 315; Compounding Crimes: Time for Enforcement?, 27 The Hastings L.J. 175,191,192 (1975); 1 Wharton’s Criminal Law Sec. 45, pág. 226 et seq. (1978).

Tanto nuestra regla, sus antecedentes, así como normas concordantes descansan en el principio de que no se reconocen efectos definitivos a la transacción entre la parte perjudicada y el acusado de delito menos grave para propósitos del archivo de la acusación penal. Así lo expresamos en Pueblo v. Ramírez Valentín, supra, pág. 17:

La regla confiere discreción al juez, que es quien conoce las circunstancias que han distinguido la acción delictiva de que se trata. Ese requisito, no es cosa baladí y denota en cambio, sabio criterio. El juzgador puede advertir circunstancias con-currentes con el delito que reflejen elementos de perversidad, temeridad o conducta tan crasamente antisocial en el acto de-lictivo que deban ser corregidos a través de la operación del mecanismo penal. . . . Aclaramos desde entonces [citando a Pueblo v. Collazo, 51 D.P.R. 451, 456 (1937) y Pueblo v. Tribunal de Distrito y Colón, Int., 74 D.P.R. 838, 852-853 (1953)] que en los delitos donde no sólo se lesionan particulares inte-reses privados, sino que por el contrario se afectan fundamen-tales postulados sociales y comunitarios el procedimiento criminal es insoslayable

Los accidentes de tránsito constituyen en nuestros días uno de los mayores problemas de la vida en sociedad. G. Ca-labresi, The Costs of Accidents, New Haven and London, Yale Univ. Press, 1970; A. Beristain, Objetivación y fina-lismo en los accidentes de tráfico, 213 Rev. Gen. Leg. Jur. 794 (1962). La prensa diaria nos informa de tragedias en las carreteras y las estadísticas oficiales ofrecen datos elo-cuentes. A pesar del esfuerzo combinado entre varias agen-cias, la empresa privada y la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, durante el año fiscal 1985-1986 se experimentó un aumento total de los accidentes, así como en los heridos y muertes. El total de accidentes aumentó de 101,622 en el 1984-1985 a 107,934 en 1986. Durante ese año, el total de las fatalidades aumentó de 585 a 606. Véase, en general, Informe Anual 1985-1986 de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito. En González v. Seatrain Lines of P.R., 106 D.P.R. 494, 502-503 (1977), nos referimos al auge en los accidentes en nuestras vías públicas.

Esta alarmante incidencia tiene sus repercusiones en la administración de la justicia y la actividad judicial. Se in-forma que para el 30 de junio de 1984, el Tribunal de Distrito tenía 7,398 casos de tránsito pendientes. De todos los casos presentados el 33.4% correspondía a casos de este tipo. In-forme Anual de la Oficina de Administración de los Tribu-nales para 1983-1984, pág. 44. Consciente de esta situación el Consejo sobre la Reforma de la Justicia en su Informe especial sobre la Ley de Vehículos y Tránsito de 16 de marzo de 1976, págs. 5-6, recomendaba que “[p]or la naturaleza de los intereses envueltos en los accidentes resultantes a infrac-ciones a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico ... se instruya a los jueces o se disponga expresamente que la Re-gla 246 de las de Procedimiento Criminal, que se refiere a la transacción de delitos, debe ser aplicada liberalmente en los casos de accidentes en automóviles, siempre que no resulten en daños a la persona, resultantes de infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito en que el perjudicado ha sido resarcido de sus daños y no mantiene interés en el trámite judicial de naturaleza criminal. La liberalidad en este aspecto general-mente resulta en la reducción de un caso criminal y del posterior caso civil que generalmente lo acompaña”.

Reconocemos el matiz público de los delitos tipificados por la Ley de Vehículos y Tránsito. La nota se da en toda legislación de orden penal. Notamos, sin embargo, que la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, no establece excepción alguna para los casos de conducta imprudente o temeraria en el uso de vehículos de motor. Una actitud judicial sistemática de rechazo o de aceptación sin ponderación de las circunstancias que rodean el delito y la seriedad de los daños causados es contraria a la letra y a la idea que inspira la norma procesal. People v. Stephen, 227 Cal. Rptr. 380 (1986); State v. Perdang, 684 P.2d 781, 783 (1984); State Ex Rel. Fitch v. Roxbury Dist. Court, 629 P.2d 1341, 1344 (1981). Cf. City of Seattle v. Stokes, 712 P.2d 853 (1986). Tampoco constituye un ejercicio válido de discreción judicial. Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 770 (1977); K. Greenawalt, Discretion and Judicial Decision: The Elusive Quest for the Fetters that Bind Judges, 75 Colum. L. Rev. 359 (1975); M. Rosenberg, Judicial Discretion of the Trial Court, Viewed from Above, 22 Syracuse L. Rev. 635 (1971); R. Pound, Discretion, Dispensation and Mitigation: the Problem of the Individual Special Case, 35 N.Y.U. L. Rev. 925 (1960).

La conducción temeraria puede responder a numerosos patrones. A mayor grado de previsibilidad del evento, mayor imprudencia. No es posible determinar, sin embargo, desde este foro apelativo, si en tal o cual supuesto el acto delictivo debe ser corregido a través del mecanismo penal. People v. Moulton, 182 Cal. Rptr. 761, 767-768 (1982). Ello corresponde determinarlo al juez de instancia quien está en mejor posición de apreciar las circunstancias de lugar, tiempo y modo; la importancia de las precauciones omitidas y, en fin, el grado de imprevisión que genera el accidente. Véase, en general, F. Gómez de Liaño, La imprudencia pu-nible en el uso de vehículos a motor: aspecto sustantivo y procesal, Salamanca, Impr. Graficase, 1973.

Por último, no existe expresión alguna en la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, indicativa de que la autoridad judicial para actuar a su amparo está limitada por la anuencia del Ministerio Público. Aunque no estamos obligados por las decisiones de los tribunales estatales, lo contrario es la norma. Nota, 42 A.L.R.3d 315, 319; State v. Nelles, 713 P.2d 806, 809-810 (1986). Resolvemos que la determinación sobre si un delito es transigible al amparo de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, corresponde únicamente al juez. El fiscal debe ser oído y el tribunal, en el ejercicio de informada discreción, debe resolver conforme a derecho. Hoines v. Berney’s Club, Inc., 28 Cal. 3d 603, 170 Cal. Rptr. 42, 47, 620 P.2d 628, 633 (1980). Aclarado el marco doctrinal, procede que examinemos el cuadro fáctico en este caso.

De la denuncia surge que aquí se trata de un conductor de un automóvil que al retroceder en forma negligente oca-siona que una motocicleta lo impacte por el panel izquierdo de la parte trasera del vehículo. Los daños fueron estimados en setenta y cinco dólares; La lesión del perjudicado no re-quirió atención de emergencia ni hospitalización. De la de-nuncia surge que la víctima se atendería con un médico de su confianza posteriormente.

En estas circunstancias, el Tribunal de Distrito no podía rechazar de plano la solicitud de archivo al amparo de la Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra, ignorando las circunstancias que distinguen al delito en cuestión. Co-rrespondía al juez de instancia explicar los “elementos de perversidad, temeridad o conducta anti-social que deban ser corregidos a través de la operación del mecanismo penal”. Pueblo v. Ramírez Valentín, supra, pág. 17. Al negarse a considerar la petición el tribunal a quo abusó de su discre-ción.

Por las razones que anteceden, se revoca la resolución de instancia y se devuelve el caso al tribunal de origen para continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita.

       La denuncia lee como sigue:
      “El referido acusado Hector [sic] Vazquez [sic] Vega, allá en o para el dia [sic] 6 de Septiembre de 1985, en Cayey, P. R. que forma parte de la jurisdición [sic] del Tribunal de Distrito de P. R., Sala de Cayey, ilegal, voluntaria, maliciosa • y criminalmente, mientras retrocedía [sic] en su auto marca Ford 1981, tablilla 287-079, desde el estacionamiento del Cartagena Self Service, hacia la via [sic] de rodaje lo hiso [sic] en forma negligente, atolondrada por desprecio de vidas y propiedades dando lugar a que al ocupar los dos carriles de la referida carretera el conductor de la motora Marca [S]uzuki, 1974, tablilla 58724M, que transitaba en via [sic] franca no pudiera detener la marcha e impactara con la parte trasera el panel izquierdo del vehículo [sic] del referido imputado. Resulto [sic] lesionada [sic] Hiram Santiago Ramos, conductor de la referida motora e indicó que se atendería [sic] en [sic] un medico [sic] de su confianza posteriormente.” Apéndice A, pág. 1.

        “Regla %i6. Transacciones de Delitos

      “Sólo podrán transigirse aquellos delitos menos graves (misdemeanors) en los que la persona perjudicada pudiere ejercer acción civil por los daños sufridos, pero aun tales delitos no podrán transigirse si se cometieren tumultuosamente, o con la intención de cometer un delito grave {felony) o por o contra un funcionario judicial o funcionario del orden público en el ejercicio de sus funciones.
      “En aquellos casos en que esta regla permite la transacción, si la parte per-judicada compareciere ante el tribunal donde está pendiente la causa en cual-quier momento antes de la celebración del juicio y reconociere plenamente que ha recibido reparación por el daño causádole, el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, decretar el archivo y sobreseimiento definitivo del caso, previo pago de las costas. El tribunal expondrá los fundamentos del sobreseimiento y archivo, los cuales se harán constar en las minutas. El sobreseimiento y archivo así decre-tado impedirá la formulación de otro proceso contra el acusado por el mismo delito.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 246.

       Véanse: Alaska Stat. sec. 12.45.120; Ariz. Rev. Stat. Ann. sec. 13-1591 (Supp. 1973); Cal. Pen. Code sec. 1377-79 (West 1970); Mass. Gen. Laws Ann. Cap. 276, sec. 55 (West 1972); Nev. Rev. Stat. sec. 178.564-568 (1973); Okla. Stat. Ann. tit. 22, sec. 1291-1294 (West 1958); Ore. Rev. Stat.. sec. 135.703-709 (1973); Pa. Stat. Ann. tit. 19, sec. 26 (Purdon 1964); Utah Code Ann. sec. 77-50-1-3 (1978).

       Parecidos fundamentos matizan y cualifican la exclusión de evidencia so-bre transacciones de reclamaciones. Regla 22(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. En Pueblo v. Ruiz, 83 D.P.R. 349, 354-356 (1961), dijimos:
      “ ... Hemos resuelto en repetidas ocasiones que prueba sobre negociaciones y ofertas de transacción no es admisible en pleitos civiles. .. .
      “Armonizando la política pública que subraya la necesidad de alentar las transacciones como medio de restablecer la paz entre los ciudadanos con las dis-posiciones expresas que indican los delitos que son transigibles [la vigente Regla 246 de Procedimiento Criminal, supra], creemos que debe excluirse prueba sobre ofertas de transacción de delitos y de manifestaciones hechas en el curso de las negociaciones para ello, cuando se trata de delitos menos graves a que se refiere [dicha Regla 246]. En todos los demás casos esta prueba puede ser admitida, pues la oferta de transacción no sólo constituye un acto ilegal que tiende a obstruir la justicia, sino que el interés público requiere el castigo de la ofensa como medio de reparación a la sociedad, y no entra en consideración el factor de paz y tran-quilidad pública.” (Escolio omitido y énfasis suplido.)

       Sobre la responsabilidad derivada del uso de vehículos de motor, véase J. Santos Briz, La responsabilidad civil, 3ra ed. rev., Madrid, Ed. Montecorvo, 1981, pág. 495 et seq.

       Recientemente se aprobó la Ley Núm. 9 de 27 de marzo de 1987 (9 L.P.R.A. sec. 1872a) para incorporar la Sec. 16-102A a la Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960 (9 L.P.R.A. see. 871), a los fines de proveer para el pago de daños.

       El Informe sobre Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, se-gún revisadas por el Secretariado de la Conferencia Judicial en 1985, pág. 435, también recomendaba, al hacerse eco del P. de la C. 58 de 1985; la transacción de ciertos delitos aun en la etapa ante el magistrado (Regla 22 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II).