text:
    González Padín Company, Inc., peticionaria, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-73-78
    Resuelto: 31 de enero de 1975

      Héctor González Blanes, abogado de la peticionaria; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, José E. Rodríguez Rosaly y Richard V. Pereira, abogados de la Junta de Rela-ciones del Trabajo.
   per curiam :

La Junta de Relaciones del Trabajo imputó y encontró incurso en la comisión de una práctica ilícita de trabajo al patrono peticionario. La alegada práctica ilícita de trabajo consistía en la violación por el patrono de la cláu-sula de “antigüedad” del convenio colectivo al despedir un empleado. La Junta requirió la reposición del empleado en su trabajo o en uno similar y el pago de los salarios dejados de percibir con motivo del despido.

El patrono alega, mediante este recurso, en primer tér-mino, que el convenio colectivo había dejado de estar en vigor a la fecha del alegado incumplimiento. Sin embargo, en la estipulación de las partes, aprobada y admitida en evidencia en la vista ante el examinador de la Junta de Relaciones del Trabajo se admite la vigencia del convenio. Además, un re-presentante de la Unión de Empleados de González Padín explicó que el convenio había sido prorrogado varias veces por cuya razón continuó en vigor hasta la fecha del despido. (T.E. pág. 43.) La propia estipulación de hechos, reconociendo la vigencia del convenio colectivo a la fecha del despido en unión al testimonio sobre las prórrogas acordadas, demuestra la im-procedencia del primer señalamiento.

El segundo apuntamiento de error se refiere a la inter-pretación que hizo la Junta con respecto a la cláusula de “antigüedad” contenida en el contrato que reza como sigue:

“En aquellos casos en que la Compañía, bien por razones de economía, o por cualquier otra causa justa, decidiere despedir uno o más empleados en cualquiera de sus departamentos, pre-valecerán los derechos de antigüedad y serán despedidos en primer término aquellos empleados que tengan menos tiempo trabajando en la Compañía, siempre que tales empleados sean menos eficientes que los otros en el departamento; entendiéndose, sin embargo, que el derecho de antigüedad aquí reconocido no afectará el derecho de la Compañía a efectuar transferencia de empleados dentro de su organización comercial.”

Los hechos que motivaron la controversia obrero-patronal en cuestión son los siguientes:

El señor Alejandro Montañez trabajó con la firma Gonzá-lez Padín Company, Inc., durante cerca de 18 años con ante-rioridad al 17 de febrero de 1969, fecha en que fue despedido de su empleo. Al momento de su despido, y durante todo el tiempo que trabajó con González Padín, se desempeñaba como cobrador en el Departamento de Crédito de dicha empresa. AI dejar cesante a don Alejandro, la empresa mantuvo en sus empleos a otros empleados con menos antigüedad en la Com-pañía. También retuvo como empleados a dos cobradores del Departamento de Crédito, con menos antigüedad en sus em-pleos que don Alejandro. Estos dos cobradores realizaban sus funciones utilizando automóviles de la empresa. Don Alejandro no tenía licencia de conducir ni propósito de conseguir una, lo cual no le permitía cubrir las zonas de cobro que cubrían los cobradores-choferes. Don Alejandro tenía un im-pedimento al hablar que le restaba su eficiencia en el trabajo que realizaba. Por bastante tiempo antes de la fecha de des-pido el montante de sus cobros no era suficiente para cubrir su sueldo.

La Junta resolvió, conforme a su interpretación de la cláusula de antigüedad, que el patrono venía obligado, antes de un despido, a ofrecer al empleado que se proponía despedir, la oportunidad de trabajar en otra plaza en la empresa, para la cual estuviere capacitado, si la plaza a ofrecerse estuviere ocupada por un empleado de menos antigüedad. No estamos de acuerdo. Es reconocida la deferencia que generalmente guardamos a las interpretaciones que hace la Junta sobre las disposiciones de un convenio colectivo a menos que su juicio sea claramente erróneo, pero dicha norma jurisprudencial no es aplicable a la interpretación de las cuestiones de derecho sobre las que podemos ejercitar nuestro criterio independiente. J.R.T. v. Marex Const. Co., 103 D.P.R. 135 (1974); Colonos de Santa Juana v. Junta Azucarera, 77 D.PR. 392 (1954).

Estamos frente a- una situación de una organización co-mercial que consta de varios departamentos, y por ello la cláusula aludida de “antigüedad” se refiere a los empleados de los departamentos vis a vis los empleados de toda la or-ganización. La cláusula aludida reconoce un derecho de anti-güedad, en casos de despidos, que es aplicable solamente si el empleado de mayor antigüedad que se propone despedir, es por lo menos igualmente eficiente que el de menor anti-güedad. Según leemos su texto se reconoce la antigüedad se-gún el tiempo que lleva el empleado trabajando en la compa-ñía ; pero el grado de eficiencia del que se propone destituir se mide en relación con el de otros empleados del departamento en particular en que trabaja el primero, y no frente a los empleados de los otros departamentos del patrono.

La obligación del patrono bajo la cláusula de antigüedad es la de (1) determinar la antigüedad de los empleados dentro del departamento en que se va a hacer el despido; (2) evaluar la eficiencia del que se propone despedir frente a la eficiencia de la de los otros empleados del departamento; y (3) proceder a despedir aquel empleado del departamento que sea menos eficiente. Si resultare que hay uno o más empleados que son igualmente eficientes se despedirá al de menor antigüedad.

La prueba demostró que el empleado despedido resultó ser el menos eficiente de los empleados del departamento a cargo de los cobros. Es por ello que el patrono estuvo justificado en despedirlo.

Por los fundamentos expresados se revocará la decisión y orden de la Junta recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Highland Realty, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Erick E. Kolthoff, Juez, demandado.
    Número: O-73-167
    Resuelto: 31 de enero de 1975

      Dubón & Dubón y Rafael A. Geigel, abogados de la peticionaria.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 1 de mayo de 1970 se radicó demanda contra la recu-rrente, Highland Realty, Inc., por alegados vicios de construc-ción de una vivienda. Mientras estaba pendiente dicho procedi-miento, Highland Realty le informó al tribunal de instancia, vía moción, que expresa haberse notificado a la parte de-mandante, que había acudido a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico en solicitud de reorganiza-ción bajo el capítulo X de la Ley de Quiebras, 30 Stat. 544, según enmendada, 11 U.S.C.A. sec. 1 et seq. Acompañó la recurrente copia de orden de la Corte de Distrito, emitida el 23 de febrero de 1971, aprobando la petición, nombrando el síndico y expresando que hasta que se dictase el decreto final o hasta nueva orden, ningún acreedor de Highland Realty debía entablar o continuar pleito de ninguna índole contra dicha empresa en tribunal alguno.

La demandante original no intervino en los procedimientos ante el tribunal federal para presentar evidencia de su recla-mación ni solicitar remedio de ninguna otra clase, aunque de su moción de 28 de julio de 1972 ante el Tribunal Superior se desprende que en efecto tenía conocimiento de la causa pen-diente ante el tribunal federal.

El 3 de julio de 1972 el Tribunal de Distrito de los Es-tados Unidos para Puerto Rico emitió decreto final en el caso de Highland Realty en que aprobó el plan de reorganiza-ción radicado bajo el capítulo X, exoneró a Highland Realty de todas sus deudas, excepto lo provisto en el plan de reorga-nización, y prohibió permanentemente la continuación o el co-mienzo de litigios contra dicha deudora basados en reclama-ciones o derechos existentes al tiempo de radicarse la solici-tud de reorganización corporativa. Highland Realty inter-puso a continuación moción de sentencia sumaria en el caso de autos, la que se denegó por el tribunal de instancia, pro-cediendo a señalarse la vista del caso en su fondo. De está denegatoria es que se recurre ante nos.

El capítulo X se añade a la Ley de Quiebras de 1898, supra, por la Ley Chandler de 22 de junio de 1938, c. 575, s. 1, 52 Stat. 883 et seq., 11 U.S.C.A. see. 501-700. Su naturaleza es fundamentalmente distinta a la de otros capítu-los, pero las reglas para determinar su aplicación a Puerto Rico son idénticas.

En tiempos de la Ley Foraker, 12 de abril de 1900, cap. 191, see. 32, 31 Stat. 77 et seq., su Art. 34 constituía base clara de su aplicación. Ex parte Coll, 11 D.P.R. 51 (1906). Dicho artículo expresaba que la Corte de Distrito de los Estados Unidos para Puerto Rico tendría, entre otros fundamentos de jurisdicción, “la jurisdicción ordinaria de la Corte de Distrito de los Estados Unidos . . . .’’ Dicho lenguaje clave se omitió al redactarse en 1917 el Art. 41 de la Ley Jones, luego parte de la Ley de Relaciones Federales. 39 Stat. 965; 48 U.S.C.A. see. 863, 64 Stat. 319. Véase: la ley de 2 de junio de 1970, 84 Stat. 298. El Art. 9 de la Ley de Relaciones Federales provee, no obstante, base firme para la aplicación de la Ley Federal de Quiebras en Puerto Rico. No consideramos que esta ley sea localmente inaplicable. Las realidades presentes de nuestro medio no chocan contra el esfuerzo del Congreso de proveer un método general uniforme de realizar las reorganizaciones corporativas. Debe recordarse, además, que la existencia de una ley federal de quiebras no anula la facultad de los estados ni de Puerto Rico de contar con su propia legislación en cualquier aspecto que no conflija con el estatuto federal. En varios estados fede-rados se han aprobado estatutos aún más atractivos que el capítulo X, de hecho, y a ellos se acude a menudo bajo determinadas circunstancias. 6 Collier, On Bankruptcy, sec. 0.13; Stellwagen v. Clum, 245 U.S. 605 (1918). Tampoco interpre-tamos que el cambio efectuado en el Art. 34 de la Ley Foraker haya obedecido a la intención de eximir a Puerto Rico de la aplicación de la Ley Federal de Quiebras y alterar la antigua situación de ley al respecto. In re Vidal, 233 F. 733 (1st Cir. 1916). No existe nada en el historial legislativo que así lo indique.

Procede, por tanto, examinar el efecto del decreto final emitido bajo el capítulo X sobre el caso pendiente contra Highland Realty en el Tribunal Superior. Bajo las reglas del capítulo X, un deudor puede ser exonerado de toda deuda o reclamación, incluyendo las no radicadas y aun aquellas en que el acreedor o reclamante no tenía conocimiento del procedimiento en reorganización. 6A Collier, On Bankruptcy, 14a ed., 1972, sec. 11.18, págs. 690-694.1; Mohonk Realty Corp. v. Wise Shoe Stores, 111 F.2d 287, cert. den. 311 U.S. 654 (1940). Por “reclamación” se entiende “todas las reclamaciones de cualquier índole contra un deudor o su propiedad, a excepción de certificados de acciones, estén o no sujetas a prueba o admisión bajo la sección 103 de este título y sean garantizadas o no garantizadas, líquidas u objeto de determinación, fijas o condicionadas.” (Traducción nuestra.) 11 U.S.C.A. see. 506(1). Por “deuda” se entiende “toda reclamación.” 11 U.S.C.A. see. 506(6). Se han interpretado las disposiciones del capítulo X de modo que un decreto final aun puede exonerar a un deudor de sentencias ya dictadas en daños y perjuicios. Pérez v. Campbell, 402 U.S. 637 (1971). Se reconoce generalmente también, con más razón, que el hecho de que el tribunal no ordene la suspensión del caso específico —como sucedió aquí, en que se expidió la orden de suspensión general y se detallaron ciertos pleitos, mas sin mencionarse éste — no altera los efectos del decreto final. 11 Remington, On Bankruptcy, 1961 rev., sec. 4391.

La parte recurrida se apoya tan sólo en nuestra decisión en P.R.R.R. & Transport Co. v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 55 (1964), pero ésta es distinguible del caso presente. Se trataba inicialmente allí de un procedimiento bajo el capítulo X, pero no se pudo formular un plan de reorganiza-ción aceptable y el litigio se convirtió en una quiebra ordi-naria, regida por otras normas. 11 U.S.C.A. sec. 35(a) (3). Compárese: Colón v. Colón, 8 D.P.R. 15 (1905); Roig v. Barletta, 28 D.P.R. 603 (1920). La corte federal, además, dejó sin efecto en P.R.R.R. su orden de suspensión de dicho caso y la parte en él afectada, contrario a la situación presente, no había tenido conocimiento de los procedimientos federales en proceso.

Dictado el decreto final en el caso de autos y desaparecida la reclamación contra Highland Realty, carecía por tanto de jurisdicción el tribunal de instancia para continuar los procedimientos. La demandante debió haber acudido a la corte federal para solicitar que se tomase en cuenta su reclamación en la formulación y aceptación del plan de reorganización, así como para que se le permitiera continuar litigando la misma.

Se revocará, por los fundamentos expuestos, la resolución del Tribunal Superior y en su lugar se dictará sentencia declarando sin lugar la demanda, más las costas.

       Adviértase que en Coll el Tribunal determina acertadamente no hacer referencia alguna al Art. I, Sec. 8, cl. 4 de la Constitución de Estados Unidos. Conforme a la opinión de White en Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244 (1901), así como a la decisión en Hawaii v. Mankichi, 190 U.S. 197 (1903) y en otros de los Casos Insulares, Puerto Rico era un territorio no incorporado, por lo que el poder del Congreso para legislar uniformemente sobre quiebras derivaba a todas luces de otras fuentes.

       Dispone dicho Art. 9, en parte, que: “Las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere en la presente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos ....”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. José N. Rivera Barreras, Juez, demandado.

      Número: O-73-320

      Resuelto: 31 de enero de 1975

      Luis F. Candal, Luis M. Rivera Pérez, Marcelino Delgado Medina y Wilfredo Marcial González, abogados de la peticionaria; Vicente Ortiz Colón, abogado de Anastacio Vélez Soto y otros, interventores.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Un nutrido grupo de empleados de la Autoridad de Fuentes Fluviales radicó querella, reclamando de ésta el pago de horas extras alegadamente trabajadas durante el período comprendido entre el 18 de octubre de 1956 y el 10 de octubre de 1966.

Nos corresponde pasar juicio sobre la procedencia de la defensa especial planteada por la Autoridad, de que el tribunal de instancia carece de jurisdicción para entender en el caso debido a que los querellantes no han recurrido al mecanismo para dirimir querellas establecido por las partes en los convenios colectivos en vigor durante el tiempo a que se contrae la querella.

La solución de la controversia ante nos se circunscribe a definir la naturaleza de la misma, ya que de ésta depende su arbitrabilidad. Si efectivamente se trata de una reclamación de salarios, con compensación extraordinaria, no estaría sujeta a arbitraje en virtud de lo resuelto en el caso de Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963), en cuanto a los convenios suscritos antes de 1963, y del Art. XXXVII, Sec. 20 del convenio colectivo firmado en 23 de marzo de 1965. Por el contrario, si no es una controversia salarial, la cuestión debería dilucidarse a través de los mecanismos contractuales de arbitraje, por lo que procedería la desestimación de la querella por falta de jurisdicción.

La Autoridad querellada acepta que el trabajo realizado durante horas extras es compensable, sin embargo aduce y caracteriza el tiempo durante el cual están sujetos a ser llama-dos sus empleados como una condición de trabajo a diferencia de una cuestión salarial, por lo que concluye que la controver-sia es arbitrable.

No podemos convenir con dicho razonamiento que clasifica así, a priori, el tiempo a ser llamado, pues bajo el estado de derecho vigente, éste equivaldría a horas trabajadas, también compensable, si concurren las demás condiciones y factores enunciados en nuestra jurisprudencia: López Figueroa v. Valdés, 94 D.P.R. 238 (1967); Deyá v. Otis Elevator Co., 91 D.P.R. 669 (1965); Suen. Meléndez v. Central San Vicente, 86 D.P.R. 398 (1962). Siendo ello así, es claro que se está solicitando compensación por horas trabajadas por lo cual es ineludible la conclusión de que se trata de una reclamación de salarios fuera del foro de arbitraje.

Nada de lo antes expuesto debe interpretarse como que prejuzga el caso en sus méritos. Nos limitamos meramente a resolver que el tribunal de instancia actuó correctamente al declarar sin lugar la defensa afirmativa de falta de jurisdic-ción.

Se confirma la Resolución y se anula el auto expedido, devolviéndose el caso para que continúen los procedimientos.

       Allí resolvimos, con carácter prospectivo que:
      “Bajo un convenio válido y una cláusula de arbitraje que exprese que todas las reclamaciones que surjan o puedan surgir en relación con o con motivo de las disposiciones del Convenio y de cuya cláusula de arbitraje no se excluya lo relativo a salarios, se pueden resolver y se resolverán las controversias sobre salarios y horas extras mediante dicho arbitraje.”
      Consúltese Nazario v. Hull Dobbs of P.R., Inc., 102 D.P.R. 568 (1974) y Martinez v. Com. Oil Ref. Co., Inc., 92 D.P.R. 693 (1965).

       “Sección 20. — El Procedimiento para la Resolución de Querellas establecido en este Artículo no será de aplicación en los casos de reclama-ciones por concepto de compensación extraordinaria basadas en las disposiciones de ley y en las disposiciones de este Convenio.

      Las reclamaciones por compensación extraordinaria que no excedan de $500 podrán ser sometidas por el trabajador o la Unión al Director de Personal para su estudio y decisión, entendiéndose, sin embargo, que el trabajador y la Unión no renuncian a ejercer su derecho de radicar directa-mente dichas reclamaciones en los. Tribunales de Justicia.
      Sección 21.. — -Este Artículo comenzará a regir no más tarde de la expiración del tercer período de pago siguiente a la fecha de la firma del Convenio. (Bastardillas nuestras.)

      El Art. XVI, Sec, 14 del Convenio que estuvo en vigor del 1ro. de julio de 1956 al 30 de junio de 1958 disponía:
      “14) Se requiere a los celadores de pueblo, presas o centrales auto-máticas que notifiquen con anticipación a su supervisor cuando vayan a ausentarse durante sus días o tiempo libres del pueblo o sitio donde estén asignados a trabajar.
      Si el Supervisor necesitare que permanezcan listos a ser llamados a trabajar durante tal tiempo o días libres, se lo notificará expresamente y con igual anticipación a los trabajadores y se les pagarán todas las horas de espera a razón del tipo regular de salario.
      Las horas trabajadas se le pagarán conforme dispone este Convenio para tales horas.”
      Disposición similar aparece en todos los demás convenios posteriores.
      Por el solo hecho de que el patrono ejerza las anteriores prerrogativas, no surge el derecho a una compensación extraordinaria, por trabajo en exceso de ocho horas, ya que además de otros factores, todavía sería necesario determinar “. . . el grado de libertad para dedicarse a actividades personales durante el período de inactividad en que el empleado está sujeto a ser llamado para prestar servicios;”, Deyá v. Otis Elevator Co., supra, pág. 670.


text:
    Carlitos Díaz y Otros, querellantes y recurridos, v. Hotel Miramar Corporation y/o Juan José Otero, querellados y recurrentes.

      Número: R-71-29

      Resuelto: 31 de enero de 1975

      Leonardo Llequis, abogado de los querellados y recurrentes; Amadeo, Benet & Oliveras, Rodolfo Gluck Figueroa y Emig-dio R. Selles, abogados de los querellantes y recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Es requisito inherente para la existencia y supervivencia futura de nuestro sistema judicial, que este Tribunal en su misión constitucional de pautar y realizar Justicia, inyecte rapidez a todos los procedimientos ante su consideración ha-ciendo extensivo este enfoque a los tribunales de primera ins-tancia mediante el establecimiento de normas jurisprudencia-les claras, precisas y consistentes. Este proceso dinámico deci-sional e institucional del Tribunal cobra mayor validez tra-tándose de procedimientos especiales en que los otros poderes constitucionales — legislativo y ejecutivo — en el ejercicio vá-lido de aprobar leyes, han expresado su sentir sobre los asuntos que a su juicio merecen especial atención.

La esencia y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones de salarios consagrado en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, constituye el procesa-miento sumario y su rápida disposición. Desprovisto de esta característica, resulta un procedimiento ordinario más, en el cual la adjudicación final que oportunamente recaiga, re-sulta incompatible con alcanzar, en su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en el dictamen judicial.

Revocar totalmente la resolución emitida en el caso de autos conforme lo solicita la parte querellada, implicaría desatender y desvirtuar los principios previamente expuestos y conllevaría aún más fundamentalmente un ejercicio irrazo-nable de nuestra función revisora sobre las gestiones de un tribunal de instancia, cuya única actuación ha sido la de cumplir cabalmente con las disposiciones de la ley. Con ello además estaríamos propiciando una continuada laxitud entre los participantes del sistema de administración de justicia en la tramitación de casos análogos, obstaculizando la pronta solución de los mismos. Véase: Informe Sometido al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico por el Comité Laboral de 30 de septiembre de 1974, págs. 45-47.

El trasfondo de hechos pertinentes en la exposición y resolución del caso son los que a continuación relacionamos en forma condensada. En 14 de septiembre de 1970, los quere-llantes recurridos instaron acción sobre “Querella sobre Reclamación de Salarios (Procedimiento Sumario) ”, reclamando de los querellados recurrentes Hotel Miramar Corp. y/o Juan José Otero la cantidad total de $38,703.00 en concepto de vacaciones acumuladas y horas regulares no compensadas más la penalidad de ley. El tribunal expidió en dicha fecha una orden de notificación bajo apercibimiento de dictar senten-cia por incomparecencia, la cual fue diligenciada el día posterior. El 6 de octubre de 1970 los querellantes solicitaron sentencia en rebeldía y el 8 de octubre compareció la parte querellada solicitando prórroga mediante moción, a lo cual se opusieron inmediatamente los primeros por no estar jurada. El 15 de octubre el tribunal de instancia, emitió una resolu-ción declarándose sin jurisdicción por no haberse cumplido con el requisito de juramentación. En 28 de octubre la parte querellada radicó su contestación que se circunscribe a una negativa general y específica de todas las alegaciones de la querella sin plantearse ninguna defensa afirmativa.

El tribunal dictó sentencia en 30 de octubre declarando con lugar la demanda, y a solicitud de los querellantes ex-pidió en 4 de noviembre de 1970, una orden de embargo dili-genciada posteriormente sobre la cantidad de $8,500.00 de-positada en una institución bancaria.

Una moción de reconsideración y en oposición al embargo de los querellados recurrentes fue declarada sin lugar en 29 de diciembre de 1970; dictamen notificado en 4 de enero fié 1971. La sentencia se convirtió en final, firme e inapelable por no haber ninguna de las partes interpuesto oportunamente revisión.

En 22 de enero de 1971 la parte querellada procedió a someter una moción bajo la Regla 49.2 solicitando relevo de la sentencia aduciendo que la persona natural de Juan José Otero no era responsable de las obligaciones corporativas del Hotel Miramar Corp. y que la sentencia dictada era contraria a la Constitución y a las mejores normas de justicia. Discu-tida la misma — en la cual los promoventes sometieron un Cer-tificado de Incorporación de la entidad Hotel Miramar Corp. y copia del convenio colectivo suscrito por la unión a la cual pertenecían los querellantes — el tribunal en 4 de febrero de 1971, en corte abierta la declaró sin lugar. En dicha oca-sión, el distinguido juez sentenciador invitó a las partes a transigir la reclamación. Ese mismo día, la parte querellada interpuso la presente solicitud.

Ante nuestra consideración se señalan y discuten cuatro (4) errores. Analizaremos el segundo, tercer y cuarto error inicialmente, posponiendo el primero para el final de esta Opinión.

SEGUNDO ERROR:

“La aplicación que se hizo de la ley número 2 del 17 de octubre de 1961 es errónea porque la misma no era extensiva a los procedimientos de este caso.”

Los querellados fundamentan este error en el argumento de que los reclamantes no se acogieron expresamente al proce-dimiento especial y sumario de dicha ley — siendo aplicable el procedimiento civil ordinario — que no requiere que una solici-tud de prórroga sea jurada. No les asiste la razón.

Tanto del encabezamiento como de la reclamación surge diáfanamente claro que la acción fue instada bajo el procedi-miento especial. Así, la acción se denomina Querella, las partes son caracterizadas como querellantes y querellados y la naturaleza del asunto se identifica como “Reclamación de Salarios (Procedimiento Sumario)". Este epígrafe, denomina-eión y caracterización se sigue en la providencia sobre cita-ción emitida por el tribunal a querellados bajo el título de Orden que les apercibe — conforme el trámite especial sumario —de la necesidad de una comparecencia so pena de dictarles sentencia en su contra. Más que una interpretación, la lectura de la querella y los términos de la orden, ponen de manifiesto que la acción era instada bajo el procedimiento sumario. Bajo tales circunstancias, el no haberse consignado el número es-pecífico de la ley especial no desvirtúa el carácter especial de la acción y las consecuencias del mismo.

Siendo aplicable al caso de autos la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, 32 L.P.R.A. see. 3118 y ss., actuó correctamente el tribunal de instancia al negarse a considerar la tardía solicitud de prórroga no jurada presentada por los querellados para contestar la demanda. Irrespeetivamente de no haberse cumplido con el requisito de juramentación, la razón aducida para su concesión — cúmulo de trabajo del abogado — sin especificación alguna al respecto, era insuficiente para que el tribunal favoreciera una extensión en tiempo dentro del contenido y alcance de la ley especial que exige que: “... de la faz de la moción... [surja] causa justificada.”

No es de aplicación al caso que nos ocupa la norma sentada en Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864 (1965). Distinto a la situación de autos, las razones aducidas en la prórroga formulada en dicho caso eran de tal naturaleza meritorias que la interpretamos como una negativa a los hechos expuestos en la reclamación allí instada, que-dando desde dicho momento trabada la contienda. En su tra-yectoria y perspectiva precedencial, tanto el caso de Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, supra, como el de Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964), no pueden entenderse como que han dejado inoperantes los requisitos de juramentación de prórroga y exposición de causa justificada exigidos en la ley que nos ocupa. Estos requisitos constituyen parte del procedimiento especial cuya finalidad es la pronta solución de las reclamaciones de salarios.

Sobre la formulación de prórrogas, resulta oportuno destacar, que salvo circunstancias especialísimas fuera del control de los abogados y de las partes — que vislumbramos como excepcionales y poco frecuentes — una solicitud de prórroga tiene que ser radicada en la secretaría del tribunal correspondiente dentro del término inicial que tiene la parte para formular su contestación a la querella. Igual enfoque se impone en cuanto a prórrogas relativas al cumplimiento de otros términos relacionados con descubrimiento de prueba y las diversas etapas del procedimiento. No deben continuar prevaleciendo prácticas procesales que han estado sobrecargando indebidamente el sistema de justicia puertorriqueño, impidiendo la pronta solución de casos de esta naturaleza.

No habiendo cumplido la parte querellada recurrente con los requisitos de juramentación de prórroga y exposición de causa justificada, fue correcta la resolución del tribunal a quo de 15 de octubre de 1970 que denegó la misma.

TERCER ERROR:

“Incidió el Tribunal al dictar Sentencia contra los deman-dados, sin notificar previamente a éstos; por expedir su fallo sin que la solicitud al efecto fuera previamente notificada por los promoventes y al conceder el embargo sin previa vista.”

Este error se argumenta aduciendo la parte recurrente la aplicabilidad al caso de autos de la Regla 45.2(b) de las de Procedimiento Civil vigentes que en lo pertinente dispone: “Cuando la parte contra la cual se solicita sentencia en re-beldía haya comparecido en el pleito, dicha parte será notifi-cada con copia de la solicitud de sentencia con tres (3) días por lo menos de antelación a la vista de dicha solicitud.” (Énfasis suplido.) También sostiene como error, la concesión de un embargo sin la celebración de una vista conforme lo exige la Ley Núm. 107 de 21 de junio de 1968.

La realidad de los hechos, unida a la norma procesal jurídica aplicable, derrotan ambas proposiciones. De la relación del caso expuesta al inicio de esta opinión se desprende que desde el 15 de septiembre de 1970 ya la parte querellada había sido válidamente citada, y que para la fecha en que los querellantes solicitaron se dictara sentencia — 6 de octubre de 1970 — todavía no habían efectuado comparecencia alguna. Es en 8 de octubre que por primera vez los querellados comparecen mediante la moción de prórroga imperfecta e inoperante, que como hemos resuelto, no confirió jurisdicción al tribunal. Siendo ello así, aún bajo la premisa de que la citada Regla 45.2 (b) de Procedimiento Civil fuera extensiva al procedimiento sumario, la misma no era aplicable por no haber mediado comparecencia previa.

Sin embargo, estimamos que debemos resolver la cuestión de si la Regla 45.2(b) se extiende a los procedimientos tramitados bajo la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 4 (32 L.P.R.A. see. 3120) de la See. 3 de la misma, que reza del siguiente modo: “En los casos que se tramiten con arreglo a esta ley se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de esta ley o con el carácter sumario del procedimiento establecido . . . .” (Énfasis suplido.)

En su sentido literal y espiritual la clave del párrafo de la ley que nos ocupa para resolver si determinado trámite ordinario del cuerpo de reglas procesales civiles de 1958 cubre o no al procedimiento especial, se logra examinando y determinando si la regla envuelta resulta conflictiva o con-traria con alguna disposición específica de la ley especial, y con el carácter sumario del procedimiento.

Bajo los términos de dicha disposición hemos resuelto que son aplicables la Regla 13.2 de Procedimiento Civil — en lo referente a la enmienda de las alegaciones para conformarlas a la prueba — Secretario del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585 (1962); las Reglas 6.3 y 10.4 sobre consolidación de defensas con relación a la Regla 13.1 en lo relativo al permiso para enmendar las alegaciones, Matos Velazquez v. Proetor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45 (1964); la Regla 49.2 sobre relevo de sentencia, Murphy Lugo, supra; y las limita-ciones de dicha Regla 49.2 en cuanto a su radicación, Secre-tario del Trabajo v. Tribunal Superior, supra. No se nos había planteado el aspecto referente a la Regla 45.2 de Pro-cedimiento Civil en el extremo de la notificación previa en casos de rebeldía.

La exigencia de notificación previa antes de mediar sen-tencia en rebeldía, pugna con las disposiciones de la ley especial que establecen el siguiente deber judicial:

1. Que la orden de notificación y citación de la querella aperciba que de no comparecer el querellado “. . . . se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle.” See. 3, primer párrafo (32 L.P.R.A. see. 3120).

2. Que “Si el querellado no radie [a] su contestación a la querella en la forma y en el término dispuestos en la see. 3120 . . . , el juez diet [e] sentencia contra el querellado, a instancia del querellante concediendo el remedio solicitado.” See. 4, segundo párrafo (32 L.P.R.A. see. 3121).

Existiendo tales disposiciones concluimos que el trámite establecido en la ley especial sobre reclamaciones de salarios no exige el requisito de notificación previa de la solicitud de sentencia para que un tribunal pueda dictar una sentencia válida cuando una parte no ha radicado su contestación a la querella en la forma y manera que exige la ley. Concluir lo contrario sería además desatender el segundo criterio evaluativo que proyecta la disposición de ley prescrita sobre el carácter rápido y sumario del procedimiento.

No cometió error el tribunal de instancia al decretar el embargo sin la vista que exige la Ley Núm. 107 de 21 de junio de 1968 ya que a la fecha de su expedición, 4 de noviem-bre de 1970, existía la sentencia válida dictada en 28 de octubre y notificada a las partes en 30 de octubre. En tales circunstancias, la mencionada ley era inaplicable por tratarse de un embargo no ya en aseguramiento de la efectividad de la sentencia, según fuera originalmente peticionado, sino uno en ejecución de sentencia; actuación que no exige notificación previa ni vista conforme la Sec. 14 de la ley especial, (32 L.P.R.A. see. 3131), como tampoco lo requieren las reglas ordinarias de procedimiento civil. Aviles Vega v. Torres, 97 D.P.R. 144 (1969). Tampoco era necesaria la prestación de fianza al momento de su expedición por resultar la culminación de un remedio gestionado con posterioridad a la sentencia. Regla 56.3 de Procedimiento Civil vigente.

CUARTO ERROR:

“Incidió el Tribunal Sentenciador cuando después de ratificar su fallo invitó a las partes a transigir el pleito.”

Oportuno es dejar sentado que ni en la argumentación ni en el récord, este señalamiento conlleva la más mínima impu-tación al magistrado que intervino en el proceso, sino que los recurrentes a las siguientes expresiones le atribuyen “... que el Tribunal subconcientemente reconocía la injusticia en-vuelta.”

Juez: “Sin lugar. No tiene razón el compañero. ¿ Hay alguna posibilidad de arreglar por la vía de conversación ?

Abogado Parte Querellada: No, Vuestro Honor; se sostiene que somos responsables hasta cierta cantidad, pero no la canti-dad que dice la sentencia, en eso sí estamos tocando en la misma nota del Tribunal.

Abogado Parte Querellante: El Tribunal dicta sentencia por unos catorce mil. A nuestro juicio tiene derecho a veintiocho mil, porque tiene derecho a una cantidad igual por penalidad. En el supuesto que fuera responsable por una sola cantidad, habría que aplicarla y no hemos dispuesto sobre eso.

Juez: Las mociones sin lugar. Con relación a lo otro, ¿nos vamos a reunir en cámara?

Abogado Parte Querellada: Esta bien, Vuestro Honor.”

Habiendo la parte querellada como parte de su argumentación de la moción de relevo de sentencia, aceptado la responsabilidad de adeudar una cantidad indeterminada a los reclamantes, bien podía el tribunal sentenciador tratar en dicha etapa de conciliar los criterios de las partes al respecto. Sobre el estado subconciente del tribunal, la frivolidad del apuntamiento no exige análisis alguno, excepto señalar la facultad inherente de los tribunales en su misión básica de resolver controversias, de pulsar y propiciar acuerdos entre las partes que pongan fin a los litigios, ello dentro de las mejores normas éticas de ponderación, prudencia, rectitud e imparcialidad.

Resta considerar el primer error discutido, que a juicio nuestro es meritorio. Señala lo siguiente:

“La inclusión del señor Juan José Otero como deudor por Sentencia no está sostenida ni por la prueba ni por las alega-ciones. Tal inclusión lesiona gravemente sus derechos propie-tarios, a tal punto que la ejecución de sentencia lo priva de su propiedad sin el debido proceso de ley.”

Al sostener este error, el querellado Juan José Otero aduce que la sentencia sólo procedía contra la entidad jurí-dica Hotel Miramar 'Corporation que era la que contrató, en virtud de convenio colectivo con los querellantes, el pago de los haberes reclamados.

Este hecho quedó 'prima facie demostrado en la vista so-bre la moción de relevo de sentencia al producirse y admitirse en evidencia copias del Certificado de Incorporación de dicha entidad y del Convenio Colectivo otorgado en 14 de julio de 1967 entre las partes.

Siendo ello así, el tribunal de instancia en virtud de la facultad que le confiere la See. 7 de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3124), debió re-levar al querellado Otero de los efectos de la misma, permi-tiéndole litigar su responsabilidad personal.

Por los fundamentos expuestos se dictará Sentencia modi-ficándose la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, el U de febrero de 1971 a los únicos efectos de relevar al querellado Juan José Otero de la sentencia de 30 de oc-tubre de 1970, y así modificada se confirma.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge y el Juez Asociado, Señor Torres Rigual, no intervinieron.

      En Dorado Beach Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 610 (1965), reconocimos la facultad de la Asamblea Legislativa para enmendar, derogar o complementar cualquier regla de procedimiento adoptada por este Tribunal en lo concerniente a la reglamentación especial de reclamaciones de salarios. En Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689 (1965), sostuvimos la constitucionalidad de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961.

       La Sentencia del Tribunal sólo reconoció la suma de $14,401.44, las costas y $2,000.00 en honorarios de abogado.

       La misma sigue el lenguaje establecido en la ley especial previa-mente mencionada consignando ad-verbatim los efectos de una incompare-cencia.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Tomás Miguel Rivera Coll, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Ramón Negrón Soto, Juez, demandado.

      Número: O-74-307
    Resuelto: 3 de febrero de 1975

      Vicente Santori Coll, abogado del peticionario; María E. Gorbea de Méndez, abogada de la Sucesión de Martha María Santori Coll.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

La presente acción se inició en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, mediante petición sobre declaratoria de herederos al óbito de doña Martha María Santori Díaz, fallecida en estado de soltería el 20 de abril de 1973 sin haber otorgado testamento. A doña Martha no le sobrevivieron ascendientes ni descendientes. Se reclamó en la petición que su herencia correspondía a dos hermanos de ella, de doble vínculo, y a dos sobrinos, hijos de otro hermano que había fallecido antes que ella. El niño Tomás Miguel Rivera Coll intervino alegando su condición de heredero de doña Martha en representación a su vez como hijo adoptivo de don Michael Santori Díaz, hermano de la causante y quien había fallecido antes que ella. Se opuso el promovente de la declaratoria de herederos aduciendo que, habiendo contraído segundas nupcias la viuda de Santori Díaz y habiendo sido subsiguientemente adoptado Tomás Miguel por el segundo esposo de ella, esa segunda adopción rompió el vínculo existente entre el niño y la familia natural de su primer padre adoptante y por tanto el niño no podía acudir a la herencia de doña Martha en su representación. A solicitud de Tomás Miguel expedimos auto de certiorari para revisar la resolución que sostuvo este planteamiento. Resolvemos que la resolución es correcta.

Don Michael Santori Díaz y su esposa doña Margarita Coll iniciaron una acción en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para adoptar a Tomás Miguel, nacido en Nueva York el 22 de febrero de 1959. Cumplidos todos los trámites requeridos por ley y estando el caso pendiente de resolución falleció el señor Santori Díaz el 9 de diciembre de 1959. Dos días más tarde el tribunal emitió resolución por la que aprobó la adopción y en su virtud el niño fue inscrito en el Registro Demográfico como hijo de don Michael y de doña Margarita. Se le dio el nombre de Michael John Santori Coll. Fue poste-riormente declarado heredero de don Michael y oportuna-mente se formalizaron las correspondientes operaciones para adjudicarle su participación en el caudal relicto al óbito de su padre.

Doña Margarita se casó con don Tomás Rivera en el 1963. Cinco años más tarde don Tomás solicitó y obtuvo la adopción de Michael John como hijo suyo, cambiándose su nombre a Tomás Miguel Rivera Coll. Esta era la situación al ocurrir el deceso de doña Martha María Santori Díaz, de quien reclama ser heredero Tomás Miguel en representación de su primer padre adoptivo.

La situación no está específicamente prevista en la legisla-ción puertorriqueña ni ha sido suscitada antes ni resuelta por nosotros. A partir del 15 de junio de 1953, con la aproba-ción de las leyes Núm. 85 y Núm. 86 de ese año, 32 L.P.R.A. sees. 2691-2698 y 31 L.P.R.A. sees. 531-539, respectivamente, tanto el procedimiento para la adopción como la figura jurí-dica de la adopción son el producto de nuestra autoctonía. De ahí que recurrir a interpretaciones de estatutos foráneos, por persuasivos que parezcan, resulta en futilidad. La decisión del problema ante nos tiene por tanto que depender de nuestra propia interpretación de la intención legislativa al aprobarse las citadas leyes.

Al adoptarse en Puerto Rico el Código Civil de 1902 se derogó expresamente el Art. 177 del Código español que aquí regía y que disponía que el hijo adoptivo no adquiría derecho alguno a heredar a su adoptante, en ausencia de un pacto en contrario en la escritura de adopción. Véase Sosa v. Sosa, 66 D.P.R. 606, 609 (1946). El Código de 1902 constituyó el primer intento puertorriqueño de liberalizar la institución de la adopción y dispuso lo siguiente en sus Arts. 202 y 203 que pasaron a ser, respectivamente, sin cambios en la redacción, el 132 y el 133 de la edición de 1930:

“Artículo 132. — La adopción no perjudicará en ningún caso los derechos que correspondan a los herederos forzosos, y que subsistirán como si la adopción no se hubiese verificado.”
“Artículo 138. — El adoptado tendrá en la familia del adop-tante los derechos y deberes y la consideración de un hijo legí-timo, con la excepción establecida en el artículo anterior.”

Estas disposiciones fueron “injertadas” en la institución, según dijimos en Valladares de Sabater v. Rivera Lazú, 89 D.P.R. 254, 258 (1963), copiándolas del Art. 214 del Código Civil de Luisiana. Su efecto fue conceder al adoptado el dere-cho a heredar a su padre adoptante, Sosa, supra, con la única limitación, que señalamos en Valladares, página 611, de no causar perjuicio a los derechos de otros herederos forzosos, que subsistirían como si la adopción no se hubiera verificado. Disponía además el Código en su Art. 137 (edición de 1930) que “el adoptado conservará los derechos que le correspondan en su familia natural,” derechos que según sostuvimos en Sosa incluían el de heredar, tanto por testamento como sin él. La situación respecto de los derechos hereditarios del hijo adoptivo era pues, antes de aprobarse la citada Ley Núm. 86 del 1953, sumamente anómala. Seguía vinculado a su familia natural, conservando todos sus derechos en ella, incluyendo el de heredar; era a sus vez considerado como hijo legítimo de sus padres adoptantes con los derechos y deberes inherentes a esa condición; pero si coincidía en su familia adoptiva con herederos forzosos de ésta, quedaba excluida su adopción, como “si no se hubiese verificado”, en cuanto pudiese afectar los derechos de los herederos forzosos.

La Ley Núm. 86 tuvo el propósito de poner remedio a esa situación y con ese fin hizo una nueva redacción de todo el articulado del Código Civil relativo a la adopción. Los Arts. 132 y 133 quedaron redactados en la siguiente forma, que es la actual, según aparecen en 31 L.P.R.A. sees. 533 y 534, respectivamente:

“Artículo 132. — El adoptado será considerado para todos los efectos legales como un hijo legítimo del adoptante. El adoptante será considerado como el padre legítimo del adoptado.”
“Artículo 133. — Con la adopción cesarán todos los derechos, deberes y obligaciones del adoptado en su familia natural o bio-lógica y los de ésta con el adoptado.”

La nueva redacción eliminó la subsistencia de todo vínculo hereditario entre el adoptado y su familia natural o biológica e integró al hijo adoptivo en la familia del adoptante como un hijo legítimo de éste, “a todos los efectos legales,” quedando derogada la disposición que hacía salvedad de los derechos de otros herederos forzosos del adoptante. La intención legislativa quedó claramente expresada en la redacción de esos artículos y es innecesario buscarla en el debate que precedió a la aprobación de la ley, que hemos examinado, y que nada apunta que no esté articulado en la síntesis que de esa intención expresan con toda adecuación los Arts. 132 y 133.

Es obvio, sin embargo, que en el debate legislativo no se planteó una situación de hechos como la que aquí nos ocupa. No se tuvo en mente que un hijo adoptivo pudiera ser subsi-guientemente adoptado por otros padres. No obstante, las expresiones de la intención legislativa respecto del propósito de la Ley Núm. 86 sirven de pauta para la solución de la presente controversia. Al ser informado el Proyecto de la Cámara 795 por la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado, el cual se convirtió en la Ley Núm. 86 de 1953, se expresó así el presidente de la Comisión, recomendando su aproba-ción: deberes y obligaciones del adoptado en su familia natural o biológica y los de esta con el adoptado. El propósito de esto es permitir que el adoptado arraigue completamente en su familia adoptiva sin que se debiliten los nexos entre éste y sus padres adoptivos. En la vida real no se tienen dos padres ni se tienen dos madres.” Diario de Sesiones, Vol. II, Tomo IV, 1958, pág. 2373.

“El artículo 133, tal como queda reenactado [sic] por este proyecto dispone que con la adopción cesarán todos los derechos,

Si el propósito expreso del legislador fue arraigar com-pletamente al hijo adoptivo en la familia del adoptante rom-piendo todo vínculo con su familia biológica no vemos cómo pueda lograrse ese propósito en el caso de una subsiguiente adopción sin romper igualmente todo vínculo con la familia de su padre adoptivo anterior.

Al discutirse en la Cámara de Representantes el P. de la C. 795 expresó el representante señor Polanco Abréu:

“Esta legislación que nosotros proponemos establece igualdad de derechos y deberes entre el hijo adoptado y los hijos biológi-cos. Establece que no deben establecerse o señalarse diferencia de clase alguna entre los hijos adoptivos y los hijos biológicos.” Diario de Sesiones, Vol. II, Tomo II, 1953, pág. 1292.

Resolver que el hijo adoptivo, al ser adoptado por segunda vez y adquirir otro padre ha de conservar su filiación con la familia de su anterior padre adoptivo, equivaldría a reconocer una condición especial contraria a la expresión del representante Polanco Abréu. Se establecería una diferencia fundamental entre los hijos biológicos y los adoptivos, a saber: un hijo biológico no puede tener más familia que la de su padre y la de su madre; un hijo adoptivo tendrá tantas familias como cuantas veces pueda ser adoptado. Sería un absurdo.

El peticionario hace citas de jurisprudencia de varios estados de los Estados Unidos, que relacionamos al margen. Los casos que cita resuelven, en síntesis, (1) que el hijo adoptivo puede heredar de sus padres adoptivos y también de sus padres biológicos, y (2) por tanto no hay razón por la cual no pueda heredar también de dos o más padres adoptivos. Es decir, el fundamento de la segunda posición tiene su base en la primera. Y la primera, en los estados en que así se ha resuelto, tiene por base la ley sobre adopción de esos estados, que no rompe el vínculo de parentesco entre el adoptado y su familia biológica. Esa, como hemos visto, no es la situación estatutaria en nuestra jurisdicción.

Cita también el peticionario el caso de Valladares de Sabater, supra, que reitera el principio de que los estatutos sobre adopción deben ser interpretados liberalmente, a favor del adoptado. No nos estamos apartando de Valladares. Pero la liberalidad en la interpretación no puede conducirnos ni a violentar la intención legislativa, ni a consagrar absurdos. La liberalidad en la interpretación de los Arts. 132 y 133 justificó en Valladares concluir que el hijo adoptivo, al convertirse para todos los fines en un hijo legítimo del adoptante, adquiere frente a la familia de éste todos los derechos de la filiación legítima, incluyendo el de concurrir como heredero en esa familia. La evolución de la institución de la adopción en Puerto Rico demuestra que antes de aprobarse la Ley Núm. 86 de 1953 el hijo adoptivo, además de heredar a su padre adoptante, conservaba el derecho a heredar a su padre biológico y a su familia. La Ley Núm. 86 privó al hijo adoptivo de todo derecho respecto de su parentela biológica y no puede decirse que por ello no fuera una pieza legislativa liberal.

En aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley. No se puede crear, por interpretación, una condición de privilegio para el adoptado, permitiendo que conserve en su familia anterior, sea biológica o sea adoptiva, todos los derechos que antes tenía, como si la subsiguiente adopción no se hubiese verificado. La adopción desarraiga al adoptado de todo vínculo de parentesco y de todo derecho respecto de su familia biológica. Borra la anterior filiación. Para todos los efectos, el adoptado se considera como si hubiese nacido hijo del adoptante. La subsiguiente adopción por otro padre tiene el mismo alcance respecto de la previa filiación adoptiva.

Se anulará él auto expedido, confirmándose así la resolu-ción recurrida.

        Russell v. Bussell, 14 Ky. LRER 236 (1892); Patterson v. Boowning, 146 Ind. 160, 44 N.E. 993 (1896); Villier v. Watson, 168 Ky. 631, 182 S.W. 869 (1916); Dreyer v. Schriok, 105 Kan. 495, 185 Pac. 30 (1919); Holmes v. Curl, 189 Iowa 246, 178 N.W. 406 (1920); Be Sutton, 161 Minn. 426, 201 N.W. 925 (1925); Re Egley, 134 P.2d 943 (Wash. 1943); Re Talley, 109 P.2d 495 (1941); Succession of Gambino, 73 So.2d 800 (La. 1954).


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    Julio C. Rivera Ilarraza, demandante y recurrido, v. Municipio de Fajardo y su Alcalde Osvaldo Molina Vázquez, demandados y recurrentes.

      Número: R-72-267

      Resuelto: 4 de febrero de 1975

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vila, Procurador

      General Auxiliar, abogados de los recurrentes; Israel Delgado Ramos y José M. Lugo Zalduondo, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El Municipio de Fajardo, mediante dos Ordenanzas apro-badas por su Asamblea Municipal en 1968, autorizó al Al-calde a vender, sin la celebración de subasta pública, dos solares urbanos a una misma persona — el aquí recurrido. Uno de dichos solares comprende 171 metros cuadrados y el otro 947. Ambos solares habían sido tasados por el Departamento de Hacienda y la Junta de Planificación había autorizado su segregación.

La Ordenanza Núm. 26, que autorizó la venta del solar más pequeño de los dos, expresa que el comprador es “ocu-pante” del solar allí descrito. La Ordenanza Núm. 28, que autorizó la venta del otro solar, dice que el comprador es “dueño” del mismo. Esto es un error, pues si el recurrido hubiese sido dueño del solar no tenía que comprarlo. Lo que probablemente explica ese lapso es que en dicho solar — el de mayor cabida — radica una casa, la cual era o es propiedad del recurrido, aunque según surge de los autos él no la vive ni vive tampoco la que radica en el solar objeto de la Ordenanza Núm. 26. La había comprado a la sucesión de su padre, a quien había pertenecido antes.

Las antes mencionadas Ordenanzas Núms. 26 y 28 fueron aprobadas por la Asamblea Municipal de Fajardo el 31 de diciembre de 1968 y aprobadas y firmadas por la Alcaldesa, Honorable María Socorro Pérez de Gaos, el día 3 de enero de 1969. Como se verá, la aprobación de dichas Ordenanzas no fueron actos crasa o prima facie ilegales debido a la existen-cia de los Arts. 98 y 99 de la Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 julio I960; 21 L.P.R.A. sees. 1651 y 1652. El primero de dichos artículos trata sobre la venta sin subasta pública a usufructuarios de solares municipales, y el segundo dispone sobre la venta, también sin subasta, de solares municipales edificados. Más adelante nos ocuparemos de dichas disposicio-nes.

El recurrido adquirió el solar objeto de la Ordenanza Núm. 26 y cuando, posteriormente, requirió del nuevo Alcalde, Honorable Osvaldo Molina Vázquez, que otorgase la escritura sobre la venta del solar objeto de la Ordenanza Núm. 28 el Al-calde se negó a hacerlo basándose en que ya el recurrido había comprado un solar del Municipio bajo los términos espe-ciales del Art. 99 de la Ley Municipal y que no podía en ley comprar un segundo solar bajo dichos términos.

Consultado que fuese el Secretario de Justicia por el Secre-tario Municipal de Fajardo sobre la legalidad de la venta de los mencionados solares al Dr. Rivera Ilarraza, aquél emitió una opinión en 28 de julio de 1971, en la cual, luego de expre-sar que la consulta se contraía a la legalidad de la Orde-nanza 28, opinó que las ordenanzas municipales, igual que las leyes, se presumen válidas hasta tanto un tribunal competente no decida lo contrario. Por esa razón se negó a opinar sobre la legalidad de la Ordenanza y, por consiguiente, sobre la legalidad de la venta que dicha ordenanza autorizaba.

Eventualmente el recurrido demandó al Municipio de Fajardo y a su Alcalde para que cumpliesen con la Ordenanza Núm. 28 y otorgasen la mencionada escritura. El Tribunal Superior declaró con lugar la demanda y ordenó al Alcalde de Fajardo a venderle el solar al allí demandante y aquí re-currido.

El Municipio de Fajardo, representado ante nos por el Procurador General, hace dos señalamientos de error. En el primero arguye que el tribunal de instancia erró al concluir que el recurrido es usufructuario del solar en cuestión sin que hubiese prueba al respecto. En el segundo señalamiento expresa que el tribunal erró al aplicar el anterior texto del Art. 99 de la Ley Municipal sin tener en cuenta la enmienda hecha al mismo por la Ley Núm. 119 de 24 de junio de 1968; 21 L.P.R.A. sec. 1652. Suplemento de 1973. Vamos a comen-zar por el segundo señalamiento.

Como se sabe, en los comienzos de la colonización de Amé-rica los gobiernos metropolíticos cedían terreno a los coloniza-dores para estimular la colonización de sus nuevos dominios. Aún antes, en España, durante la Reconquista, los reinos católicos en ocasiones hicieron cosa parecida para fomentar la repoblación por cristianos de tierras ganadas a los musul-manes. En cuanto a Puerto Rico, encontramos ya legislación específica en la Ordenanza 127, promulgada por Felipe II, mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“Repártanse los solares por suertes a los pobladores, conti-nuando desde los que corresponden a la plaza mayor, y los demás queden para Nos hacer merced de ellos a los que de nuevo fueren a poblar, o lo que fuere nuestra voluntad: y ordenamos, que siempre se lleve hecha la planta del Lugar que se ha .de fun-dar.”

Aunque en Puerto Rico no se padece de exceso de investi-gaciones y estudios sobre las instituciones patrias, no es éste el lugar para hacer un ordenado recuento de las distintas disposiciones legislativas que sobre el asunto objeto de este pleito han regido aquí y sobre su desenvolvimiento. El intere-sado puede ver las Leyes Municipales que rigieron aquí du-rante la época española y las posteriores.

Como parte de la “Leyenda Negra” que sobre España se impuso a muchas generaciones en Puerto Rico, mediante una escuela pública desnaturalizante, fue sembrar la impresión de que España gobernaba su imperio a capricho, en forma im-provisada y personal, conviene que nos detengamos aquí siquiera un momento. Ya hemos visto la disposición expresa que en cuanto a la cesión de solares municipales se dictó en el siglo 16. Forma parte dicha disposición del Título VII, antes citado, cuyo título trataba “De la población de Ciudades y Villas.” Los que lean dicho título encontrarán allí disposi-ciones sobre lo siguiente: que el terreno y cercanías (de las ciudades y villas) sea abundante y sano; que se procure fun-dar cerca de los ríos; que las pescaderías, tenerías y otros es-tablecimientos que causan inmundicias y mal olor se establez-can hacia el río o el mar “para que con más limpieza y sani-dad se conserven las poblaciones”; que en los lugares fríos las calles sean anchas (para que dé el sol) y en los calientes angostas (para que haya sombra); una requiriendo que se levante un plano de la villa que se ha de fundar; y muchas disposiciones más que, aparte de constituir normas de planifi-cación y urbanismo propias de la época, evidencian una genuina y cálida preocupación por las nuevas poblaciones hijas de España.

Mediante el Real Decreto de 2 de octubre de 1877, autorizado por la ley aprobada por las Cortes en esa misma fecha, se promulgó la Ley Municipal de dicha fecha y en la misma se dispuso que se aplicaría dicha ley “a la provincia de Puerto Rico, con arreglo a las disposiciones contenidas en el Art. 89 de la Constitución de la Monarquía.” Es esa la Ley Municipal que se menciona en Jiménez v. Alvarez, 69 D.P.R. 323, 329 (1948). Veinte años más tarde, mediante el Real decreto de 31 de diciembre de 1896, la Reina Regente María Cristina, autorizada para la ley del 15 de marzo de 1895, y a propuesta del Ministro de Ultramar y de acuerdo con el Consejo de Ministros, aprobó para Puerto Rico la Ley Municipal de 1896. Dicha ley derogó las leyes anteriores relativas al régimen municipal de este país. Esa ley de 1896 fue la que quedó derogada por la Ley de 1902. Sobre la legislación posterior a la española, comenzando con la Ley Sobre Municipalidades de 1ro. de marzo de 1902 —Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico de 1902, págs. 238 y ss. — y las leyes subsiguientes, pueden verse las relacionadas bajo el epígrafe “Ley Anterior,” en la extensa anotación que aparece bajo 21 L.P.R.A. sec. 1101, Tomo 4A, ed. 1961, pág. 744.

El segundo error señalado se cometió. Primero señalemos que, desde luego, hoy día en Puerto Rico — uno de los países de mayor densidad poblacional del mundo — ya no existe la nece-sidad de donar o ceder solares municipales a particulares con el fin de atraer más pobladores. Como dijimos antes, tampoco podemos detenernos a narrar las variantes que nuestra legislación de los últimos años ha ido adoptando y modificando sobre este asunto. Podemos afirmar que hoy día la norma general es que la venta de propiedad pública, y es-pecíficamente de la propiedad pública municipal, se lleve a cabo mediante subasta. 21 L.P.R.A. see. 1464.

En efecto, como se expresa en el segundo señalamiento, la ilustrada Sala sentenciadora aplicó el texto anterior del Art. 99 de la Ley Municipal, sin tener en cuenta que el mismo había sido enmendado. El Art. 99 que el tribunal consideró e incluyó en su opinión era el artículo original de la Ley Municipal de 1960, Ley Núm. 142 de julio de dicho año. Dicho artículo leía como sigue:

“Cuando se trata de solares edificados que estén cedidos por los municipios en usufructo por tiempo indeterminado o cuando se trate de solares edificados que se encuentren en posesión de particulares, podrá efectuarse la venta al usufructuario o posee-dor sin necesidad de subasta, siempre que las ventas sean apro-badas por las dos terceras partes del número total de miembros de que se componga la asamblea municipal. En igual forma la asamblea municipal podrá autorizar la venta de dichos solares a arrendatarios, ocupantes o inquilinos de los solares o casas siempre que así lo disponga por ordenanza al efecto.”

En 24 de junio de 1968, mediante la Ley Núm. 119, dicho Art. 99 fue enmendado para que leyese así:

“Cuando se trate de solares edificados que estén cedidos por los municipios en usufructo por tiempo indeterminado o cuando se trate de solares edificados que se encuentren en posesión de particulares, podrá efectuarse la venta al usufructuario o posee-dor de hecho, arrendatario, ocupante o inquilino, sin necesidad de subasta, conforme a las normas y tipos que apruebe la Asam-blea Municipal, según se .dispone en el Artículo 98 de esta Ley y pudiendo el Alcalde llevar a cabo las transacciones individuales sin adicional participación de la Asamblea.”

Como la Ordenanza 28 fue aprobada por la Asamblea Municipal en 31 de diciembre de 1968 y firmada por el Alcalde el 3 de enero de 1969, ya, desde luego, estaba en vigor el texto nuevo del Art. 99 según enmendado por la Ley Núm. 119 de 24 de junio de 1968, cuya ley tuvo vigencia in-mediata.

Dicha Ley Núm. 119 tuvo dos propósitos y efectos: uno de naturaleza procesal y otro de naturaleza sustantiva. El primero fue que las ventas allí autorizadas ya no tienen que aprobarse en cada caso en particular por la Asamblea Municipal, como lo exigía la antigua redacción del Art. 99. Según el nuevo texto, el Alcalde está autorizado a llevar a cabo las transacciones individuales sin intervención de la Asamblea Municipal pero debe actuar conforme a las normas y tipos que para ese propósito apruebe la Asamblea. El otro propósito y efecto de la mencionada Ley Núm. 119 fue requerir que la venta de esos solares se haga solamente a com- pradores que estén ocupando físicamente como cuestión de hecho dichos solares y no simbólicamente mediante el concepto jurídico de usufructuario. Es claro que el usufructuario de un inmueble no tiene necesariamente que vivirlo u ocuparlo pero el poseedor “de hecho” sí tiene que así hacerlo.

Veamos por qué decimos que el nuevo texto del Art. 99 de la Ley Municipal exige, en casos como el presente, que el poseedor, arrendatario, ocupante o inquilino, estén real o físicamente ocupando o poseyendo la propiedad.

El Departamento de Hacienda de Puerto Rico tiene una Oficina o Negociado de Asuntos Municipales. En una opinión del Secretario de Justicia dirigida al Gobernador, con fecha de 5 de agosto de 1969, en la cual se discute la enmienda que el Art. 99 de la Ley Municipal sufrió por virtud de la Ley Núm. 119 de 1968, el Secretario de Justicia cita un Memo-rando Explicativo del Secretario de Hacienda de 27 de sep-tiembre de 1967, relativo al anteproyecto que finalmente se convirtió en la Ley Núm. 119 y de dicho memorando el Secretario de Justicia cita lo siguiente:

“Finalmente, y a los efectos de cerrar la puerta a especula-ciones con estos solares, estamos cualificando la posesión de que debe gozar la persona que aspira a comprar uno de estos solares. A estos efectos hemos insertado, [síc] la palabra ‘de hecho’ después de ‘poseedor.’ Con la cualificación apuntada se asegura que solo aquellas personas que ocupen físicamente uno de estos solares pueden adquirirlos al amparo de esta ley. La Comisión de lo Jurídico Civil del Senado, en su informe de 10 de mayo de 1968 comentó la referida enmienda en los siguientes términos: ‘Vuestra Comisión entiende que, de aprobarse la medida, se cerrarían las puertas a especulaciones con estos solares, ya que se cualifica la posesión que debe gozar la persona que aspire a comprar uno de estos solares. Ello se logra el requerir como condición que el aspirante ocupe físicamente el inmueble como “poseedor de hecho” para poder adquirirlo.’ La conclusión lógica es que una persona no puede ocupar físicamente más de un solar.”

Concluyó el Secretario de Justicia en la opinión antes citada que no se le podía vender a un solicitante — que no era el aquí recurrido — más de un solar municipal a tenor con los nuevos Arts. 98 y 99 de la Ley Municipal.

En cuanto al propósito de la enmienda del año 1968 efec-tuada por la Ley Núm. 119 existen dos informes, uno de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado y el otro de la Comisión de Gobierno Estatal y Municipal del mismo cuerpo. 22 Diario de Sesiones, págs. 1705-1706 (1968).

Sobre el punto que nos ocupa en el primer Informe men-cionado, se expresa lo siguiente:

“Vuestra Comisión entiende que, de aprobarse la medida, se cerrarían las puertas a especulaciones con estos solares, ya que se cualifica la posesión que debe gozar la persona que aspire a comprar uno .de estos solares. Ello se logra al requerir como condición que el aspirante ocupe físicamente el inmueble como ‘poseedor de hecho’ para poder adquirirlo.”

El segundo Informe — el de la Comisión de Gobierno Esta-tal y Municipal — dice:

“Finalmente, y a los efectos de cerrar la .puerta a especula-ciones con estos solares, estamos cualificando la posesión ide que debe gozar la persona que aspire a comprar uno de estos solares. A estos efectos hemos insertado la palabra ‘de hecho’ después .de ‘poseedor’. Con la cualificación apuntada se asegura que sólo aquellas personas que ocupen físicamente uno de estos solares pueden adquirirlos al amparo de esta ley.”

Es cierto que en la Ley Núm. 119 se hizo la salvedad de que los solares que estaban en trámite se regirían por “el procedimiento en vigor antes de la fecha de vigencia de esta ley,” pero dicha ley limitó esa salvedad a los solares cuyas ventas ya estuviesen autorizadas por las Asambleas Munici-pales y, desgraciadamente para el recurrido, la venta del solar aquí en cuestión no estaba autorizada por la Asamblea Municipal para la fecha de vigencia de la Ley Núm. 119, sino que fue autorizada por la Asamblea seis meses después, en diciembre 31 de 1968.

En cuanto al primer señalamiento, también se cometió el error. El recurrido entiende que él es usufructuario del solar. Aunque somos de opinión que la citada Ley Núm. 119, de su texto y a la luz de su clara intención legislativa hace irrelevante si es usufructuario o no, si no es además poseedor “de hecho” o físico del solar, nada hay que pruebe que el recurrido es usufructuario del solar. La propia Ordenanza 28, como vimos, expresa por error que el recurrido es “dueño” del solar que interesaba comprar, y también en uno de sus Por Cuantos la Ordenanza dice que “no existe evidencia de que el uso y aprovechamiento del mismo [se refiere al solar] le haya sido concedido [al recurrido] con anterioridad a la fecha en que entró en vigor la Ley Municipal Núm. 142.” Dicha ley entró en vigor en 9 enero 1961. Luego, no existe evidencia, dice en otras palabras la Ordenanza — sin que eso haya sido controvertido — que al recurrido o a su causante se le con-firiese el usufructo del solar mediante el Art. 70 de la Ley Municipal de 1928, cosa que argumenta aquél.

Para terminar, señalamos que el caso de Municipio de Añasco v. Vélez, 48 D.P.R. 636 (1935), citado por el recu-rrido, no resuelve que la existencia de la edificación da título de usufructuario. Allí lo que se resolvió fue en casos como aquél el desahucio en precario no era el remedio a que debía acudir el municipio.

Simpatizamos con el recurrido pero la ley y el derecho no están de su parte y así debemos declararlo. Hay un adagio en el folklore legal anglosajón que dice “Hard cases make bad law.” Posiblemente aquí se trata de un hard case pero eso no nos autoriza a hacer mal derecho. De todas maneras, es posi-ble que el recurrido pueda comprar mediante subasta el solar aquí concernido y en el cual enclava un edificio de su pro-piedad.

Se revocará la sentencia recurrida.

         Recopilación de Leyes de los Reynos de las Indias, 4ta. ed. (1791), reimpreso por el Consejo de la Hispanidad en 1943, Libro III, Título VII, Ley xi, pág. 22.

        Colección Legislativa de España, Tomo GXIX, 2da. parte, (1878), págs. 748 y ss.

         Colección Legislativa de España, Tomo CLX, Ira. parte, (1905), págs. 972 y ss.

       Por ejemplo, véase la población por milla cuadrada de los siguientes países tomados al azar: Puerto Rico 831; E.U. 58; España 17; Venezuela 177; Chile 31; Haití 473; Cuba 198; Costa Rica 94; Canadá 6; Rep. Dom. 229; Arabia Saudita 10; Jamaica 454; Mexico 69; Suiza 403; Reino Unido 592; Suecia 47; Italia 467; Israel 385; Australia 4. — Statistical Abstract, 1974.
      Para llegar a la presente población ha tomado 10,000 años. Se calcula que al paso que va el incremento, la población del mundo se duplicará en solo 35 años. — Fondo Monetario Internacional, “Población,” Finanzas y Desarrollo, die. 1973, pág. 22.


author: per curiam:

text:
    Gerardo Ramos Oppenheimer, etc., et al., demandantes-recurridos y recurrentes, v. Wilfredo Leduc Maldonado, Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, demandados-recurrentes los dos últimos.

      Números: R-72-41, R-72-42, R-72-44

      Resueltos: 5 de febrero de 1975

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Subprocurador General, Peter Ortiz, Subprocurador General Interino y Magda E. Haydar, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Vivas, Martínez-Texidor & Limeros, abogados de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico; Héctor Lugo Bougal, Delia Lugo Bougal, Delia María Auffant y Mario Edmundo Vélez, aboga-dos de los demandantes-recurridos y recurrentes.
   per curiam:

El 4 de agosto de 1968 un joven de 14 años murió arrollado por un automóvil que tomaba parte en una carrera clandestina que celebraban, sin permiso y en violación de los reglamentos de la Autoridad de los Puertos. Los padres y los hermanos del occiso demandaron en daños y perjuicios al conductor del vehículo que lo arrolló, a la Autoridad de los Puertos y al Estado Libre Asociado. Obtuvieron sentencia que totaliza $30,000. Recurrieron de dicha sentencia el Estado Libre Asociado, la Autoridad de los Puertos y los demandan-tes. Los primeros dos solicitaron la revocación y los últimos solicitan aumento.

Procede revocar. La actividad que se llevaba a cabo cuando murió el occiso era ilegal; ni el Estado ni la Autoridad de los Puertos la patrocinaban. Por el contrario, estaba pro-hibida. “En abierta violación de ley” la caracterizó el propio juez de instancia en su opinión.

El reglamento, hecho bajo autoridad de ley, que cubre los aeropuertos prohíbe (1) que se operen vehículos dentro del área de operaciones — lo cual incluye la pista — de los aero-puertos (23 R.&R.P.R. see. 463-25); (2) prohíbe también que persona alguna no autorizada entre a las pistas (23 R.&R.P.R. see. 463-114). Las mencionadas disposiciones se aplican expresamente al aeropuerto de Santa Isabel, donde ocurrieron los hechos. 23 R.&R.P.R. see. 463-215. Además, las violaciones a dichas disposiciones constituyen delito pú-blico y sus violadores podrán ser castigados con multa no mayor de $10,000 o cárcel pero no más de dos años o con ambas penas, a discreción del tribunal. 23 R.&R.P.R. see. 463-216 y 23 L.P.R.A. see. 469.

Al entrar sin autorización y en violación de la ley a la pista del aeropuerto, el occiso estaba cometiendo un delito o una falta pública. Era un intruso en el lugar. El occiso en-contró la muerte al colocarse dentro de la pista en el preciso momento en que competían los carros que allí corrían. Se puso a mirar unos automóviles que habían pasado' sin prestar atención a los que venían detrás. Como puede verse, el acci-dente se debió a la propia imprudencia y negligencia del occiso. Ya a los 14 años un joven de la sociedad contempo-ránea sabe del peligro que constituye un automóvil en marcha si uno está frente a él.

No tiene validez el argumento de que a la policía se le avisó y no fue a detener la competencia. Para aquella época el puesto de la policía de Santa Isabel tenía 16 policías. Con ese personal se cubrían tres turnos de ocho horas diarias, inclu-yendo vacaciones. Durante las horas del día había sólo dos policías disponibles en servicio — uno en el retén y otro en la calle. Para la fecha de los hechos se celebraban en Santa Isabel unas primarias. Constituían dichas primarias una actividad lícita, que atrae considerable número de personas y en donde se necesitaba la policía. Pero independientemente de esa situación específica, la verdad es que el Estado no puede tener policías presentes, a todas horas, en todos los lugares en Puerto Rico en que es ilegal, pero físicamente posible, celebrar una carrera de automóviles. También la policía, al recibir llamadas tiene que atender éstas según su importancia y según sus medios. Para ello tiene que ejercer discreción el oficial a cargo del puesto. Los medios de la policía no son infi-nitos. El oficial no puede adivinar los acontecimientos futuros. No abusó de su discreción al decidir que las primarias tenían prioridad.

Además, la posición de los demandantes sobre el argu-mento de la no presencia de la policía en el lugar de los hechos no tiene validez. El argumento del recurrido sobre el particular puede reducirse a lo siguiente: que quien se dirige a cometer un delito o falta pública prohibida por la ley y se estropea o daña en alguna forma al cometerlo, tiene derecho a ser compensado por el Estado porque éste no le impidió física-mente el cometer dicho delito o falta. Esta es una tergiversa-ción del Art. 1802 que no estamos dispuestos a aceptar. Va contra el sentido común y contra la moral pública. Es obliga-ción de todo ciudadano obedecer la ley. Para que la ley tenga vigencia — por lo menos en el campo de la moral y del derecho —no es requisito indispensable que esté presente la fuerza pública en todo lugar y momento para impedir físicamente que se viole. La sociedad organizada políticamente decreta la legislación en el interés público y de ahí en adelante es deber del ciudadano obedecerla, a menos que se haya determinado por tribunal competente que dicha legislación es inconstitucional. No se trata en este caso de eso.

Las antes citadas disposiciones del Reglamento de los aeropuertos que prohíben operar vehículos dentro del área de operaciones del aeropuerto y que prohíben penetrar en las pistas, están hechas para proteger a las personas de su propia imprudencia. Es claro, y está resuelto, que cuando se violan las disposiciones de ley y de reglamento hechas para la protección de las personas, quien viola dichas disposiciones y resulta perjudicado no puede recobrar del Estado. La violación de dichas reglamentaciones constituye negligencia. Leaf v. Royce, 279 P.2d 887, 891 (1954); Brown v. Jennings, 154 N.E.2d 154, 156 (1958); Dimick v. Linnell, 402 P.2d 734, 736 (1965). Además véanse Prosser, Law of Torts, 4ta. ed. (1971) pág. 203 y 2 Harper and James, The Law of Torts (1956) pág. 997.

Se revocará la sentencia recurrida en cuanto a los recu-rrentes Autoridad de los Puertos y Estado Libre Asociado.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, concurre en el resultado.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Carlos R. Coira Luquis, etc., et al., demandantes y recurrentes, v. Jorge de Jesús Rosas, demandado y recurrido.

      Número: R-74-138

      Resuelto: 5 de febrero de 1975

      R. Elfrén Bernier y Plinio Pérez Marrero, abogados de los re-currentes ; Arias Cestero, Gierbolini & García Soto, abogados del .recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El tribunal de instancia atribuyó al demandado aquí re-currido De Jesús Rosas negligencia al chocar por la parte posterior el automóvil del recurrente, causando a éste lesiones y sufrimientos morales que el juzgador valoró en $5,500; y angustia y sufrimiento moral a su esposa, que no estuvo en-vuelta en el accidente, por valor de $1,500. Considerando el tribunal de instancia que tanto el recurrente Coira como su esposa fueron “víctimas” del accidente, dedujo de una y otra compensación la cantidad de $1,000, importe de la exención establecida por la See. 8 (2) (a) de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. (9 L.P.R.A. see. 2058(2) (a)). Los daños del automóvil de Coira, estipulados por las partes en $1,727.10. quedaron eliminados al resolver el juez que dicha suma está comprendida en la exención de $2,000 provista por la citada See. 8 para otros daños o pérdidas que no sean sufrimientos físicos o mentales.

Dispone la See. 8 de referencia:

“(1) Los beneficios que .provee este Capítulo por concepto de lesiones sufridas en accidentes de automóviles ocurridos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico se pagarán, hasta los límites indicados en esta sección, en sustitución de las sumas que de otro modo tendría derecho a reclamar la víctima al amparo del principio de responsabilidad a base de negligencia, releván-dose a la parte responsable del pago de toda reclamación hastá dichos límites o hasta el importe de los beneficios cobrados por la víctima y sus beneficiarios, de los dos el que resulte mayor.
(2) Se eximirá de la aplicación del principio de responsabi-lidad, a base de negligencia a toda persona que sea responsable, en virtud de un acto negligente de su parte, por daños o lesiones por los cuales se proveen beneficios bajo este Capítulo. Dicha exención no aplicará en aquellos casos en que la pérdida reco-brable por la víctima en virtud de las lesiones sufridas exceda de:
(a) la cantidad de $1,000 por sufrimientos físicos y mentales incluyendo dolor, humillación y daños similares, y de
(b) la suma de $2,000 por concepto de otros daños o pérdidas no incluidas en (a).
(3) Toda persona a quien un tribunal declare en una acción civil relacionada con la posesión, mantenimiento, u operación de un vehículo de motor culpable de haber causado por negligen-cia lesiones por las cuales la víctima tenga derecho a recibir beneficios o servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización bajo este Capítulo, tendrá derecho a una reducción en la sentencia impuesta por el tribunal hasta la cantidad indicada en esta sección.
(a) En cada caso en que aplique esta sección el Tribunal deberá indicar separadamente el importe de la indemnización otorgada ipor daños debido a dolor y sufrimientos físicos y men-tales y el importe de la indemnización otorgada por otras pérdi-das.
(fo) La reducción aplicable a daños por sufrimientos físi-cos y mentales será de $1,000.
(c) La reducción aplicable a daños y pérdidas por causas que no sean sufrimientos físicos y mentales será la suma de $2,000 ó el importe de los beneficios totales pagados por la Administración, si dicho importe fuera mayor de $2,000.
(d) La indemnización que un tribunal otorgue a los so-brevivientes de la víctima por concepto de los daños morales su-fridos por éstos por razón de la muerte de dicha víctima, se reducirá por una suma igual al importe de los beneficios que la víctima y sus beneficiarios hayan recibido de la Administración.”

9 L.P.R.A. see. 2058.

El transcrito texto, así como otros artículos de la misma ley, revelan un diseño para compensación de víctimas de accidentes de automóviles dentro del cual el concepto “víctima” se circunscribe a la persona que en contacto físico e inmediato con un vehículo de motor sufre daño, bien al entrar o al salir del mismo, mientras viaja o permanece en el automóvil o al ser atropellado por el vehículo. No admite otra interpretación la definición que hace el legislador en la Sec. 8 de la ley (9 L.P.R.A. see. 2053) cuando ordena: “tendrá derecho a los beneficios que dispone este Capítulo toda persona natural que sufra daño corporal, enfermedad o la muerte resultante de éstas, como consecuencia del mantenimiento o uso por sí misma o por otra persona de un vehículo de motor como tal vehículo. Dicha persona será denominada de aquí en adelante ‘la víctima’.”

Al contacto directo con el vehículo causante del accidente restringen también la connotación del vocablo “víctima” las expresiones en la See. 4 del estatuto (9 L.P.R.A. see. 2054) al disponer: que el beneficio por muerte se pagará siempre que la víctima muera, como consecuencia de las lesiones sufridas, dentro de los 120 días siguientes a la fecha del acci-dente (inciso 2-a); que se pagarán beneficios “si las lesiones sufridas por la víctima le incapacitan en forma total y continua . . (inciso 2-b); que “si las lesiones sufridas en un accidente” de tránsito resultan en incapacidad que sobreviene dentro de 90 días de la fecha del accidente, habrá también beneficios (inciso 2-c); y que también se extenderán bene-ficios por incapacidad “si las lesiones sufridas por la víctima no le causan la muerte inmediata . . (inciso d); que habrá compensación semanal por lesiones corporales derivadas del accidente y dentro de los 20 días siguientes, que incapa-citan a una víctima que no sea ama de casa (inciso 3-a); y finalmente la See. 8, supra, regula la indemnización que se otorgue a los sobrevivientes de la “víctima”.

Una segunda premisa que es parte del esquema legislado vincula la reducción en la compensación otorgada en acciones por negligencia, a los beneficios que la Ley provee para el que sufre la reducción. Con gran claridad se ordena en el párrafo inicial de la See. 8, supra, que los beneficios se pagarán “en sustitución de las sumas que de otro modo tendría derecho a reclamar la víctima al amparo del principio de responsabilidad a base de negligencia.” Por tanto, sólo la víctima de accidente, en ausencia de disposición especial, ha de sufrir la reducción de $1,000 por daños físicos y mentales y $2,000 por otros daños o pérdidas.

Toda vez que la esposa del recurrente por no hallarse envuelta en el accidente no es víctima con derecho a los beneficios provistos por esta ley no ha de operar contra ella la exención traducida a reducción en la cantidad a ella otorgada en compensación de daños.

Tampoco ha de absorberse por la exención de $2,000 la partida de daños a la propiedad, en este caso el automóvil del recurrente. Cuando la ley concede dicha exención hasta la suma de $2,000 “de otros daños o pérdidas” que no sean sufrimientos físicos y mentales, no extiende el concepto al infinito; lo restringe a daños o pérdidas para los cuales la propia ley ofrece alguna reparación, daños o pérdidas protegidos por el estatuto que es uno de “protección social”, y dentro de su contexto los únicos otros daños o pérdidas a los cuales puede oponerse la exención de la See. 8(2) (b) lo constituyen el costo de servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización, u otros beneficios provistos por el sistema. Véase la declaración específica del inciso 3-c de la referida See. 8 que en términos definitorios y restrictos dice: “la re-ducción aplicable a daños y pérdidas por causas que no sean sufrimientos físicos y mentales será la suma de $2,000 o el importe de los beneficios totales pagados por la Administra-ción, si dicho importe fuera mayor de $2,000.”

Hallándose la compensación por daños a la propiedad fuera del ámbito de protección social que el legislador trazó en el estatuto, tampoco procede la eliminación de la partida por daños a la propiedad por errónea aplicación de dicha exención de $2,000.

Se dictará sentencia concediendo a los recurrentes, libre de reducciones, las cantidades de $1,500 en compensación de los sufrimientos morales de la esposa; y de $1,727.10 por daños a su automóvil, y se confirmará la sentencia revisada luego de así modificada.

         En adición a los servicios médico-hospitalarios sólo se proveen beneficios consistentes en pagos por incapacidad, por muerte y por desmem-bramiento. 9 L.P.R.A. see. 2054(1) (a).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Radamés Martés Olán, acusado y apelante.

      Número: CR-74-48

      Resuelto: 6 de febrero de 1975

      Olga Cruz Jiménez de Nigaglioni, abogada del apelante; Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, Justo Gorbea Varona y Josefa A. Román García, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   Tres policías vestidos de civil prestaban servicio de pa-trulla en un vehículo del gobierno no identificado como tal. Al pasar por un bar observaron que había menores en él. Inves-tigaron el negocio y expidieron citaciones contra el apelante y un menor quien, cerveza en mano, jugaba al billar con aquél. Regresaron los agentes al automóvil para continuar su marcha cuando llegó el hermano del menor. Este injurió y provocó de palabra a los policías (T.E. págs. 29-30). Los policías inten-taron arrestarlo, pero el apelante y otros parroquianos del bar intervinieron, agrediéndolos con palos de billar y botellas. En la refriega resultaron heridos los tres agentes y se le ocasionaron daños al vehículo, al que le rompieron todos los cristales y luego lo lanzaron por una cuesta.

Como consecuencia de lo anterior se formularon acusa-ciones contra el apelante y tres personas más por daños maliciosos, 33 L.P.R.A. see. 2061. Se acusó en adición al apelante por infracción al Art. 84 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 274. El apelante obtuvo juicio por separado, el que se celebró ante tribunal de derecho. El juez lo halló culpable del primer delito, imponiéndole cien dólares de multa con la condición subsidiaria de noventa días de cárcel. La violación al Art. 84 fue rebajada a acometimiento y agresión con circunstancias agravantes, por abrigar dudas el tribunal respecto a la identificación de los policías como funcionarios públicos, elemento necesario de la alegada in-fracción al Art. 84. La pena impuesta fue de ciento cincuenta dólares de multa o, en su defecto, un día de cárcel por cada dólar dejado de pagar, hasta un máximo de noventa días.

En la apelación ante nos se imputa la comisión de dos errores por el tribunal de instancia. Se ataca la suficiencia de la prueba y se alega que la relación previa del juez sen-tenciador con los hechos del caso, por haber juzgado con ante-rioridad a los otros coacusados, privó al apelante de sus derechos a gozar de la presunción de inocencia y del debido proceso de ley.

Respecto al primer error, argumenta el apelante que no se probó que las botellas lanzadas por él fueran las que rom-pieran los cristales del automóvil del gobierno y que en consecuencia no puede sostenerse fuera de toda duda razonable que él ocasionó los daños maliciosos. El Ministerio Público arguye, en refutación, que éste es un caso de prueba circuns-tancial. Las partes formulan planteamientos análogos sobre la condena por acometimiento y agresión.

La doctrina de coautoría y no la referente al uso de prueba circunstancial es la que verdaderamente gobierna este aspecto del caso. El examen de la transcripción de evidencia revela claramente que el apelante fue coautor de los actos delictivos imputados. Art. 36 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 82. En Pueblo v. Vélez Posada, 36 D.P.R. 579, 582 (1927), dijimos:

“El artículo 36 del Código Penal no solo considera como principales o autores a los que directamente cometen el acto delictivo sino a los que ayudan a cometerlo....”

Véanse, además: Pueblo v. Vélez Santiago, 95 D.P.R. 619 (1971); Pueblo v. López Jiménez, 96 D.P.R. 132 (1968). Hemos aplicado esta misma norma a casos parecidos al actual. Pueblo v. Bianchi, 18 D.P.R. 576 (1912).

No hallando razón para intervenir con la apreciación de la prueba realizada por el tribunal de instancia, Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369 (1974), concluimos por tanto que no se incurrió en el primer error.

Tampoco se incidió en el segundo error. En In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274 (1959), se alegó que la cláusula del de-bido proceso de ley le impedía a este Tribunal resolver en sus méritos los casos de destitución o disciplina de jueces por haber determinado con anterioridad que procedía radicar querella contra el magistrado concernido. Expresamos allí:

“Más aún, tanto en el procedimiento administrativo como en el criminal y el civil no es nula por deformidad constitucional la actuación de un juzgador que preside un nuevo juicio luego de haberse revocado el fallo que él dictara en el juicio anterior, cuando tuvo la oportunidad de conocer todos los detalles de la prueba (18). [Pág. 286.]
“[Escolio] (18): Idéntica norma se ha aplicado cuando el juez interviene en varios juicios contra distintas personas acu-sadas por los mismos hechos.
“En resumen, nunca ha sido ni es la norma constitucional que cualquier contacto previo con la prueba, no importa su al-cance y efectos, incapacite a un juzgador para dirimir posterior-mente los méritos de una controversia. En cada situación en que se alegue ese defecto constitucional hay que considerar la índole del procedimiento, el grado de relación del juez con la prueba y los probables efectos de esa relación sobre su desinterés e impar-cialidad ....” (Pág. 287).

Véase también: Pueblo v. Quiles, 83 D.P.R. 68 (1961).

El apelante no ha puesto a este Tribunal en condiciones de medir los probables efectos de la relación del juez con la prueba sobre su desinterés e imparcialidad. No se han señalado los incidentes en el juicio anterior causantes de probable prejuicio contra el apelante, ni el grado específico de relación del juez con la prueba que exigiese su no intervención. El hecho a solas de presidir el juicio contra los otros coautores no monta a una violación per se del debido proceso de ley. Debe recordarse, del otro lado, que no priva en esta jurisdicción la doctrina de que el contacto con la prueba que puede causar una violación del debido proceso de ley o la inhibición del juez en este tipo de litigio tiene que ser de origen estrictamente extrajudicial. In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274, 287 (1959); cf. 2B Barron & Holtzoff, Federal Practice and Procedure, sec. 902, págs. 95-96 (1961); Ferrari v. United States, 169 F.2d 353 (9thCir. 1948); United States v. Grinnell, 384 U.S. 563 (1966). La regla de Ferrari y Grinnell se critica en Note: Disqualification of a Federal District Judge for Bias — The Standard Under Section 144, 57 Minn. L. Rev. 749, 758 (1973).

El problema que nos ocupa se enfoca primordialmente en las cortes federales de Estados Unidos desde el punto de vista de las normas que rigen la inhibición de los jueces, 63 Stat. 99, 28 U.S.C.A. see. 144, pero se llega usualmente al mismo resultado. United States v. Di Lorenzo, 429 F.2d 216 (2d Cir. 1970); United States v. Holt, 333 F.2d 455 (2d Cir. 1964); Andrews v. Hayton, 340 F.Supp. 180 (W.D. Ya. 1972); cf. United States v. Halliday, 380 F.2d 270 (1st. Cir. 1967). Para que proceda la inhibición, no obstante, se ha indicado en repetidas ocasiones que no es imprescindible pro-bar la existencia de prejuicio o parcialidad de hecho; basta con la apariencia de parcialidad o prejuicio. Ratner, Disqualification of Judges for Prior Judicial Actions, 3 Howard L.J. 228 (1957); Note, Disqualification of Judges and Justices in the Federal Courts, 86 Harv. L. Rev. 736 (1973).

Respecto a este último factor, nuestra Regla 76(g) de Procedimiento Criminal ya reconoce como causa de inhibición de un juez el hecho de “Que el juez haya actuado como magis-trado a los fines de expedir la orden de arresto o de citación o a los fines de determinar causa probable en la vista preliminar.” Compárese: Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 285 (1961). Véase igualmente la Regla 76(f). También hemos apuntado, de modo más amplio, que “Base fundamental del juicio justo es la imparcialidad del juez” y que “esa imparcialidad es la que origina la confianza en la justicia por parte de la ciuda-danía.” Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492 (1962). El derecho a un juicio imparcial está protegido, por supuesto, por la cláusula de debido proceso de ley. In re Murchison, 349 U.S. 133 (1955).

El apelante no ha demostrado que el grado de contacto o relación previa con la prueba del juez que presidió el juicio causara erosión de la imparcialidad y objetividad que deben gobernar todo juicio justo. Ante esa realidad de hechos, y no existiendo disposición constitucional, legislativa o reglamentaria que excluya la participación del juez en ausencia de prueba específica de parcialidad o patente apariencia de la misma, no hemos de intervenir con la decisión de instancia.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado, Señor Carlos J. Irizzary Yunque, con-curre con el resultado sin opinión.