author: El Juez Presidente Sr. Quiñones,

text:
    García v. De Los Angeles.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 65.
    Resuelto en junio 25, 1907.
    Bienes Sujetos á Reserva. — La madre, que como heredera abintestato de su hija, adquiriere bienes que ésta hubiera adquirido á su vez á título de herencia intestada de su padre, está obligada á reservar dichos bienes en favor de los parientes de su hija que estén dentro del tercer grado y pertenezcan á la línea paterna, ó sea, á la misma línea de donde procedieran los bienes.
    PaRtes — Personalidad—Ausencia del Marido — Facultades de la Mujer para Representarlo. — La mujer no tiene, ni puede atribuirse, la representación de su marido, ni puede comparecer en juicio en nombre y representación de su marido ausente en ignorado paradero, pues para ello es necesaria la autoriza-ción judicial, especialmente conferida con las formalidades y requisitos que la ley señala.
    Bienes Sujetos A Reserva — Bienes que Deban ser Reservados. — La obligación de reserva impuesta por el artículo 799 del Código Civil, al ascendiente que heredare de sus descendientes bienes adquiridos por el último de otro ascen-diente, comprende todos los bienes que el ascendiente hubiere heredado de su descendiente por ministerio de la ley, y por consiguiente la circunstancia de que en estos bienes se hubiera reconocido una cuota usufructuaria á favor del cónyuge viudo del descendiente, causante del reservista, y que éste hubiera redimido esa carga mediante el pago de cierta cantidad, no puede perjudicar los derechos de los reservatarios, ni concede al reservista título alguno de dominio sobre los mismos bienes.
    Id. — Inscripción del Derecho de Reserva en el Registro — Terceros.—La inscripción del derecho de reserva, en el registro, no es un requisito necesario para que pueda ejercitarse por los parientes á cuyo favor lo establece la ley, sino una garantía en favor de los reservatarios, á fin de que los terceros que pretendan adquirir algún derecho sobre esos bienes, sepan la calidad de reser-vables que tienen y la responsabilidad que puedan contraer para con los reser-vatarios.
    Id. — Acción Contra el Reservista ó sus Sucesores. — Los reservatarios que no hubieren inscrito en el registro su derecho de reserva, no podrán ejercitarlo contra los terceros que hubieren adquirido los bienes como libres de quien, „ según el registro, era dueño de ellos y podía trasmitirlos sin peligro de ningún género, pero ésto no implica, que carezcan de acción contra el reservista, ó ascendiente' obligado á reservar, ó sus sucesores, en cuyo poder se encuentren los bienes, para reclamárselos con las indemnizaciones correspondientes, pues éstos no son terceros, sino partes, entre las que no se extingue el derecho por falta de inscripción en el registro.
    Prescripción — Apelación.—La prescripción de la acción no puede alegarse por primera vez ante el tribunal de apelación, sino que debe plantearse y discutirse oportunamente ante la corte inferior.
    Cd. — Prescripción Adquisitiva y Extintiva del Dominio — Prescripción de las Acciones Reales. — La prescripción, como medio de adquirir el dominio, no debe confundirse con la prescripción como medio de perderlo; pues para la adquisición del dominio es suficiente la posesión con buena fe y justo título, por el término de seis años entre presentes y ausentes, de acuerdo con la Orden General de abril 4, 1899, mientras que para perder el dominio por prescripción, ó sea para la extinción de la acción, es necesario el transcurso de treinta años sin que el dueño del inmueble la Rubiera ejercitado.
    Id. — AdquisioióN del Dominio por un Tercero. — Aunque, según artículo 1963 del antiguo Código Civil, las acciones reales sobre bienes inmuebles pres-criben á los treinta años, sin embargo, si durante el transcurso de este tér-mino, un tercero hubiere adquirido el dominio, por la posesión de seis años con buena fe y justo título, de acuerdo con la Orden General citada, el verda-dero dueño habría perdido su derecho por no haberlo ejercitado durante ese último término, y no podría invocar á su favor el precepto del primer apar-tado del artículo 1963 para pretender que su acción no se estimara pres-crita, ya que la salvedad contenida en el segundo apartado de dicho artículo debe entenderse en relación con el 1957, ó sea, con la referida Orden General, que lo ha modificado.
    Id. — Acción de ' Rescisión ó Nulidad — Operaciones Testamentarias — Per-sonalidad de los Reservatarios. — La acción de nulidad ó rescisión de las operaciones partieionales sólo puede ejercitarse dentro de los cuatro años contados desde la fecha en que se practicaran; los reservatarios de los bienes objeto de las operaciones particionales, que no hubieren adquirido su dere-cho de reserva en la época en que aquéllas se practicaran sino posteriormente, carecerán de acción para impugnarlas y solicitar su rescisión ó nulidad.
    Id. — Nulidad de Testamento. — Los reservatarios carecen de acción para pedir la nulidad de un testamento otorgado por el reservista con todas las solemni-dades legales, aun en el caso de que hubiera dispuesto en él, en favor de al-guna persona, de los bienes sujetos á la reserva, pues no siendo parientes del testador, con derecho á sucederle en el todo ó en parte de sus bienes, ni teniendo ningún otro interés legítimo para combatir la eficacia de sus dis-posiciones, carecen absolutamente de título para impugnar su validez.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Ahogado de los demandantes: Sr. Pérez Moris.

    Abogado de los demandados: Sr. Bosch.

   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

En 6 de marzo de 1886 falleció en el inmediato pueblo de Bayamón Don Manuel García Maitín, vecino y -propietario del mismo pueblo, de estado casado, con Doña Beatriz Alós de los Angeles, de la que hubo una hija legitimada por subsi-guiente matrimonio, denominada Doña Beatriz García y Alós.

Don Manuel García Maitín, falleció bajo las disposiciones de un testamento nnncupativo que otorgara en esta Capital, ante el notario de la misma Don Mauricio Guerra Mondragón, en 24 de noviembre ele 1873, y en eLqne instituía herederos de la mitad de sus bienes, á sus legítimos hermanos Don José, Don Angel, Doña Luisa, Doña Dominga y Doña Monserrate García Maitín, y de la otra mitad, á su hija natural reconocida Doña Beatriz; pero, como por su matrimonio con la madre de ■ésta, Doña Beatriz Alós de los Angeles, quedó aquélla legiti-mada de hecho y de derecho, adquiriendo desde entonces el carácter de heredera forzosa de su padre, solicitó con este mo-tivo su madre Doña Beatriz Alós se declarara nulo el testa-mento en cuanto á la institución de herederos, y á su 'hija Doña Beatriz única y universal heredera abintestato de. su difunto padre Don Manuel García Maitín, y así lo declaró el juez de Ia. instancia del distrito de la catedral de esta ciudad, por auto de 6 de junio del mismo año de 1866.

Iniciado pocos meses' después, á solicitücl de la misma-viuda Doña Beatriz Alós de los Angeles, el juicio necesario de testamentaría de su difunto esposo Don Manuel García Maitín, se practicaron simultáneamente el inventario y avalúo de los bienes, ascendiendo’ el caudal inventariado á la suma de 42,718 pesos 50 centavos, distribuidos en la "forma si-guiente : En parte del valor de la casa No. 29 de la calle de San José, de esta ciudad, 8,400 pesos; la hacienda de cañas nombrada “Santa Rosa,” del barrio de Juan Sánchez, de la jurisdicción de Bayamón, compuesta de 800 cuerdas de te-rreno, equivalentes á 314 hectáreas, 40 áreas, con inclusión de los terrenos denominados de San José, que formaban parte de la misma hacienda; una casa alta'y baja de habitación, tres, •casas'de trapiche cobijadas de paja, con sus enseres para la molienda,1 etc., etc., 22,915 pesos; una casa marcada con. el número 75 de la calle de San Sebastián de esta ciudad, 5,000 pesos; el ganado vacuno, 3,457 pesos 50 centavos; 7 caballos, 210 pesos; 8 carretas, 160 peso?; 3 arados, 36 pesos; los mue-bles de la casa mortuoria, 40 pesos; 118 cuerdas equivalentes •á 46 hectáreas, 37 áreas y 40 centiáreas en el “Palmar” y .sitio del “Pastillo,” 2,500 pesos. Total caudal inventariado, 42,718 pesos 50 centavos.

Practicado también el inventario de las dendas ascendieron éstas á la suma de 29,700 pesos 28 centavos, según detalle que se consignó en el inventario; y practicada la cuenta de liqui-dación y partición del caudal, por el partidor Don Francisco N. Peña, en unión de la viuda Doña Beatriz Alós y el curador ad litem que se nombró á la menor heredera Doña Beatriz,, Don Eduardo Bodeyro, de la que resulta que descontados del caudal inventariado ascendente, como ya se ña dicho, á 1a, suma de 42,718 pesos 50 centavos el total montante de las, deudas ascendentes á la suma de 29,700 pesos 28 centavos, quedó un líquido sobrante para la legítima de la heredera. Doña Beatriz García y Alós de 13,018 pesos 22 centavos, y para cuyo pago se le adjudicaron los bienes siguientes: En el total valor de la casa No. 75 de la calle de San Sebastián de esta ciudad 5,000 pesos; en parte del valor de la hacienda “Santa Posa” 7,822 con 22; en el valor d'e las 8 carretas 160’ pesos; los 3 arados, 36 pesos; total 13,018 pesos 22 centavos; adjudicándose los demás bienes inventariados á la viuda Doña Beatriz Alós de los Angeles para el pago de las deudas inven-tariadas. No hubo gananciales.

Aprobada la cuenta de división y partición del caudal, por auto de 4 de febrero de 1887, dictado por él mismo juez de Ia. instancia de la catedral, se protocolaron en el oficio del notario de esta Capital, Don Mauricio Guerra Mondragón, en 3 de junio del mismo año de 1887.

Doña Beatriz García y Alós contrajo luego matrimonio con Don Lorenzo B-uíz Ibarra; y habiendo ocurrido su falle-cimiento, el 28 de septiembre de 1891, sin sucesión y sin haber otorgado disposición testamentaria, solicitó su madre, Doña Beatriz Alós de los Angeles, se la declarara heredera de su difunta hija, y asi lo declaró el juzgado de Ia. instancia de la catedral por auto de 1°. de julio de 1892, “sin perjuicio de tercero y con reserva de la porción legítima correspondiente al viudo Don Lorenzo Ruiz Ibarra, en la forma y cantidad determinadas por el artículo 836 dél Código 'Civil entonces vigente. ’ ’

A la muerte de Doña Beatriz Car cía, no se Rizo inventario ni divisoria de sus bienes, y habiéndole cedido el viudo Don Lorenzo B>uíz Ibarra á Doña Beatriz Alós de los Angeles, las acciones y derechos que le correspondían sobre la herencia de su difunta esposa, en la suma de 8,000 pesos mejicanos,, inscribió á su favor Doña Beatriz Alós en el Registro de la-Propiedad de esta Capital, los bienes que dejara á su falle-cimiento su hija Da. Beatriz García, consistentes en la par-ticipación que le correspondiera por herencia de su padre Doni Manuel García Maitín, en la hacienda “Santa Rosa,” mon-tante á la suma de 7,822 pesos 22 centavos, y la casa No. 75 de la calle de San Sebastián de esta ciudad, que también heredara de su difunto padre Don Manuel.

De los bienes que constituían el caudal relicto al falleci-miento de Don Manuel García Maitín, y que vinieron á poder de su viuda Doña Beatriz Alós de los Angeles, unos, por adju-dicación para pago de las deudas de su difunto marido, y los otros, por herencia de su hija Doña Beatriz García, vendió la madre de ésta, Doña Beatriz Alós de los Angeles, la estancia titulada el “Bastillo” á Don Ramón'Valdés, y la casa No. 75 de la calle de San Sebastián, á Don José Caldas, habiendo arrendado también la hacienda “Santa Rosa” á Don Ignacio Rosales.

En 18 de septiembre de 1904, falleció á su vez en el pueblo de Bayamón Doña Beatriz Alós de los Angeles, viuda de Gar-cía Maitín, bajo testamento, en el cual, entre otras disposi-ciones, instituyó por heredera de una tercera parte de sus bienes, á su madre Doña Beatriz de los Angeles, viuda de Alós, residente en España, y en las otras dos terceras partes, á sus sobrinos menores de edad Da. María, Don Luis y Don Manuel Quijano y Alós, representados por su legítimo padre Don José Quijano y Lasuer.

Ocurrido el fallecimiento de Doña Beatriz Alós de los Angeles, como ya se lia dicho, el 18 de septiembre de 1904, á los pocos meses después, ó sea el 24 de octubre del mismo año, el abogado Don Nemesio Pérez Moris, á nombre de Doña Dominga, y Doña Monserrate García Maitín, y de Doña Ana Marién Dávila, en representación de su esposo ausente en ignorado paradero, Don Angel García Maitín, legítimos her-manos del difunto Don Manuel de los mismos apellidos, en-tabló la demanda origen de este pleito, que enmendó después ■el 28 de abril del año siguiente, en la que haciendo relación de los antecedentes expuestos, é impugnando, además, como frau-dulentas las operaciones divisorias de la testamentaría de Don Manuel García Maitín, por haberse supuesto deudas que no existían, y para cuyo pa,go se habían adjudicado ilegal-mente á la viuda la mayor parte de los bienes de la herencia, disminuidos de su verdadero valor considerablemente; y ha-ciendo uso del derecho que creían tener, con arreglo al artículo 799 del Código Civil, revisado, concordante con el 811 del antiguo, y según el cual debían estimarse reservables á su favor los bienes heredados por Doña Beatriz García y Alós, de su padre Don Manuel García Maitín y que por falleci-miento de aquélla habían pasado por ministerio de la ley á su madre Doña Beatriz Alós de los Angeles, por ser parientes dentro del tercer grado civil de la difunta Doña Beatriz Gar-cía, y de la misma línea de donde dichos bienes procedían, con-cluyó suplicando al tribunal que, teniendo por presentada dicha demanda enmendada, se sirviera- ordenar la citación personal de Don Ricardo Vela, Albacea testamentario nom-brado en primer término por Da. Beatriz Alós de los Angeles y la de Don José Quijano, en representación de sus menores hijos, instituidos herederos por dicha señora, y por edictos las de los demás herederos instituidos en el testamento, así como la de la Sucesión de José Caldas y Caldas, la del adquirente de la participación ó condominio atribuido á Doña Beatriz Alós en la casa número 29 de la calle de San José, de esta. Capital, y la de los demás interesados ó, adquirentes de bienes procedentes de la herencia de Don Manuel García Maitín, y en sn día declarar:

“1o. Que es nulo el testamento otorgado por Doña Beatriz Alós de los Angeles en cuanto á la disposición que hace en él de los bienes, cuya propiedad, pór ministerio de la ley, corresponde íntegramente á los hermanos legítimos sobrevivientes de Don Manuel García Maitín.
“2o. Que son propiedad de Doña Monserrate, Doña Dominga y Don Angel García Maitín los bienes heredados por Doña Beatriz Alós de su hija Doña Beatriz García y Alós, que ésta á su vez había heredado de su padre Don Manuel, según las operaciones divisorias del caudal relicto á la muerte del referido Don Manuel García Maitín, ó sea un condominio valuado en siete mil ochocientos veinte y dos pesos veinte y dos centavos en la hacienda “Santa Rosa,” ya descrita, la casa número setenta y cinco de la calle de San Sebastián, de esta Capital, ocho carretas y tres arados.
“3o. Que son nulas las operaciones particionales de la herencia de Don Manuel García Maitín, especialmente en cuanto al avalúo de bienes, omisiones én el inventario de éstos y en cuanto al inventario de deudas en aquéllos formulados con excepción de los réditos de cen-sos allí reconocidos y no redimidos, y de los gastos de entierro y testa-mentaría.
“4o. Que en consecuencia han' constituido la herencia de Doña Beatriz García y Alós y hoy corresponden á los hermanos García Maitín el dominio total de la hacienda ‘ ‘ Santa Rosa, ” y la propiedad de los demás bienes inventariados y descritos en' el hecho trece de la demanda.
“5o. Que son nulas ó han quedado resueltas desde la muerte de Doña Beatriz Alós las enagenaciones hechas por esta. señora de la estancia “El Pastillo” del condominio de la casa número veinte y nueve de la calle de San José, de esta Capital, de la casa número setenta y cinco de la calle de San Sebastián también de esta Capital, y, en general, las de los demás bienes componentes de la herencia de Don Manuel García Maitín, siendo igualmente nulos ó declarándose ■extinguidos los graváinenes que haya podido constituir sobre los referidos bienes.
“6o. Que la propiedad de estos bienes enajenados ó gravados cor-responde libre é íntegramente á los demandantes, ó sea, á los hermanos García Maitín.
“7o. Que están obligados los herederos de Da. Beatriz Alós á de-volver y entregar á los demandantes los bienes muebles y semovientes de la herencia de Don Manuel García Maitín, y otros ó su importe, en los términos establecidos para el usufructuario.
“8o. Que los frutos pendientes al fallecimiento de^ Doña Beatriz Alós de todos los bienes del Sr. García Maitín y las accesiones de los mismos corresponden á las demandantes.”

Los demandados Doña Beatriz de los Angeles, viuda de Alós, una de las heredera instituidas en su testamento por su hija Doña Beatriz Alós de los Angeles, la Sucesión de Don José Caldas, compuesta de sus hijos Doña Angela, Doña Carolina y Don Francisco Caldas, Don Bamón Yaldés y Don José Quijano, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores Da. María, Don Luis y Don Manuel Quijano y Alós, por conducto de sus respectivos abogados, contestaron la demanda oponiéndose, y pidiendo se desestimara con las costas, por las razones y fundamentos legales que estimaron pertinentes á su. derecho.

Señalado día para el juicio y recibidas las pruebas, la Corte, después de oir las alegaciones de los abogados de las pactes, dictó la siguiente sentencia:

“Número 212. Monserrate García Maitín y otros v. Ricardo Vela y otros. Sobre nulidad de testamento y contrato y reivindicación de bienes. El día 3 de noviembre de 1905 se llamó este pleito para la vista por su orden de señalamiento y comparecieron las partes por medio de sus abogados y anunciaron que se encontraban listas para juicio. Acto seguido las partes hicieron sus alegaciones por su orden, presentaron sus pruebas que se practicaron debidamente, quedando pendiente sólo la declaración de un testigo. Y el día once de noviem-bre de 1905 y en corte abierta volvió á llamarse el caso, para continuar la vista y comparecieron ambas partes por medio de sus abogados y anunciaron estar listas. Acto seguido se practicó la prueba que falta-ba y las partes informaron oralmente, presentando luego sus alegatos por escrito.
“Y la corte, oídas las alegaciones, las pruebas y los informes y habiendo considerado debidamente el caso, resuelve que debe dictar como dicta su sentencia con los siguientes pronunciamientos: Que debe condenar como condena á los demandados herederos de Doña Beatriz Alós, á saber: Beatriz de los Angeles, viuda de Alós, y María, Luis y Manuel Quijano y Alós á que dentro de tercero día entreguen á los demandantes Monserrate y Dominga García Maitín los bienes here-dados por la dicha Señora Beatriz Alós de su hija Doña Beatriz García y Alós, bienes que á su vez había adquirido ésta á título de herencia de su padre Don Manuel García Maitín y que tienen el carácter de reservables á favor de dichos demandantes Monserrate y Dominga Gar-cía Maitín, hermanas de dicho Don Manuel García Maitín, y que han acreditado, á juicio de la corte, que son los únicos parientes del tercer grado que viven en la actualidad y que pertenecen á la línea de donde los bienes proceden.
“Y los bienes que se mandan entregar á sus legítimos dueños, son los siguientes:
“(a) Un condominio de $7,822.22 moneda-mexicana en un valor total de 22,915 mexicanos en la hacienda Santa Rosa, del barrio de Juan Sánchez, compuesta de -800 cuerdas de terreno, equivalentes á 314 hectáreas y 40 áreas, con su casa alta y baja de habitación, tres casas trapiche cobijadas de paja con sus enseres de molienda, incluyén-dose en el perímetro de la hacienda los nombrados San José, por estar formando parte de la misma, y cuya hacienda colinda por el Norte, .con la estancia Pueblo Yiejo propiedad de la Sucesión-, por el Sud, ^con la Sucesión de Anastasio Maysonet, por el Este, con la Sucesión de Antonio Cabranes y por el Oeste, Nicasio Quiñones y el río; y
“ (b) La casa número 75 de la calle de San Sebastián de esta ciudad, lindante por la derecha entrando, con Doña Antonia Loredo, por su izquierda, con el cuerpo de Guardia y por sus fondos, con el Recinto norte, valorada en cinco mil pesos.
“Y como la casa número 75 de la calle de San Sebastián que se manda devolver, fué vendida por la Doña Beatriz Alós, entréguese en vez de ella su importe, previa tasación de tres peritos., uno que desig-narán los demandantes, otros los demandados v otro la corte, aceptán-dose el dictamen de la mayoría si es que no fuera unánime y la corte resuelve además no haber lugar á conceder las otras medidas solicita-das en la demanda. Las costas se imponen á los demandados herederos de Doña Beatriz Alós.
“Líbrese ejecución para satisfacer esta sentencia que se registrará en el libro de sentencias de esta corte.
“Pronunciada en corte abierta el día 30 de marzo de 1906.
“Registrada hoy 31 de marzo de 1906. — Emilio del Toro, Juez.”

Contra esta sentencia interpusieron apelación el abogado Don Nemesio Pérez Moris, á nombre de las demandantes Doña Dominga y Doña Monserrate Grarcía Maitín y Doña Ana Marién Dávila, como representante de -su esposo Don Angel García Maitín, y el abogado Don Wénceslao Bosch, á nombre de la demandada Doña Beatriz de los Angeles, viuda de Alós; y elevadas á esta superioridad las- transcripciones del récord con la relación de hechos y pliegos de errores formulados por la representación de las demandantes, y el pliego de ex-cepciones de la demandada, también apelante, Doña Beatriz de los Angeles Alós, aprobados todos por el Juez de la corte sentenciadora, presentaron las partes sus respectivos ale-gatos, y se señaló día para la vista, en cuyo acto informaron los Abogados defensores de las partes, todo lo que estimaron pertinente al derecho de sus' respectivos clientes.

Sentados estos antecedentes, pasemos ahora, al examen de las cuestiones que se ventilan en estos autos, todas las cuales giran y se desenvuelven alrededor del artículo 811 del antiguo Código Civil, concordante con el 799 del Código Civil vigente. Este artículo 799 del Código Civil que nos rige, ha sido derogado por la Ley de la Asamblea Legisla-tiva aprobada en 8 de marzo de 1906; pero, esto no influye en la resolución de las cuestiones que se ventilan en este litigio por tratarse de derechos adquiridos bajo el régimen del Có-digo Civil anterior, y que no pueden considerarse extinguidos por la citada ley de la Asamblea Legislativa, porque sólo era aplicable desde la fecha de su aprobación, ó sea, desde el 8 de marzo del año próximo pasado y que no tiene efecto retroac-tivo, á tenor de lo que establece el artículo 3o. del mismo Código Civil revisado que nos rige.

Ahora bien; el artículo 811 del antiguo Código Civil, con-cordante del 799 del moderno, que ha sido derogado, decía así:

“El ascendiente que heredare de su descendiente bienes que éste hubiere adquirido por -título lucrativo de otro ascendiente, ó de un hermano, se halla obligado á reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley, en favor de los parientes que estén dentro del tercer grado, y pertenezcan á la línea de donde los bienes procedan. ’ ’

¿Se realizan esas condiciones en el caso presente?

¿Han probado las demandantes sn derecho á tenor de las condiciones exigidas por el citado artículo 811 del antiguo Código Civil?

En cuanto á Doña Dominga y Doña Monserrate G-arcía Maitín, que son dos de las demandantes, nos parece que sí, porque respecto de ellas se dan todas las condiciones exi-gidas para la existencia de la reserva establecida por el ci-tado artículo del Código, toda vez que los bienes de que se trata fueron adquiridos por Doña Beatriz Alós de los An-geles, por ministerio de la ley, como heredera abintestato de su hija Doña Beatriz García y Alós, que los había adquirido á su vez á título gratuito, ó sea por herencia intestada, de su padre Don Manuel García Maitín, y que se ejercita el dere-cho de reserva, precisamente por dos parientes constituidos dentro del tercer grado de parentesco con Doña Beatriz Gar-cía-y Alós, á cuyo fallecimiento se originó la obligación de reservar impuesta por la ley á su madre y heredera Doña Beatriz Alós de los Angeles, y cuyos parientes pertenecen á la misma línea de que proceden los bienes que se reclaman; que son las condiciones que se requerían por el citado artículo 811 del antiguo Código Civil para que pudiera ejercitarse la reserva troncal ó lineal, que de ambas maneras la llaman los autores, establecida por primera vez en la legislación española por el artículo 811 del antiguo Código Civil, de donde pasó con el No. 799 al que en la actualidad nos rige.

Esto, por lo que respecta á las demandantes Doña Do-, minga y Doña Monserrate García Maitín; mas no sucede así. por lo que hace á su otro hermano Don Angel de los mismos apellidos, que no ha comparecido por sí, ni por médio de un representante legítimo, y cuya existencia no se ha compro-bado de una manera satisfactoria, pues habiéndose ausentado de esta Isla hace más de 30 años, no se ha vuelto á saber de él, ni de su paradero; y si bien lia comparecido en su represen-tación sn esposa Doña Ana Marión y Dávila, esa representa-ción no puede admitirse, porque ni la ley atribuye á la mujer casada la representación de su marido, sino en casos muy excepcionales, de los cuales no se trata en e"l presente caso, ni la habilitación que el juez le ha conferido á Doña Ana Ma-rión y que ésta acredita, no la autoriza para otra cosa, que para comparecer en juicio en su propia representación, pero nó en nombre y representación de su marido ausente, para lo cual necesitaba de una autorización especial del juez expedida con las formalidades y requisitos correspondientes.

Hay, pues, que eliminar de estos autos, á Don Angel García Maitín que no ha comparecido á ejercitar sus derechos, por sí, ni por medio de representante legítimo.

Otra cosa sucede respecto de sus hermanas Doña Dominga y Da. Monserrate García Maitín. Estas han comparecido por conducto de su abogado defensor Don Nemesio Pérez Moris, autorizado competentemente por medio de un poder en forma, otorgado á su favor en la villa y corte de Madrid, ante un notario competente, y legalizado por el representante de los Estados Unidos en aquella corte, y que han probado su de-recho por medio de sus correspondientes partidas de bautis-mo, que las acreditan como hermanas germanas del difunto Don Manuel García Maitín, y, por consiguiente, parientes den-tro del tercer grado civil con la difunta Doña Beatriz García y Alós, y que pertenecen á lá misma línea de que proceden los bienes, cuya propiedad se reclama, ó sea, á la línea paterna de la Doña Beatriz García y Alós, como hermanas de su difunto padre Don Manuel que hemos dicho antes, son las con-diciones que se requerían por el artículo 811 del Código Civil • antiguo para que naciera y pudiera ejercitarse él de-recho de la reserva troncal ó lineal de que se trata, y que sirve de base á lá' demanda establecida en estos autos.

Pero, ¿cuáles son, en el presente caso, los bienes qne tienen derecho á reclamar como reservables á sn favor, las deman-dantes Doña Dominga y Doña Monserrate G-arcía Mai tin?

Sobre este particular declara la sentencia pronunciada por el juez de la Corte de Distrito de San Juan, que son los que heredara Doña Beatriz Alós de los Angeles de su di7 funta hija Doña Beatriz García y Alós y que ésta había ad-quirido á su vez por herencia intestada de su difunto padre Don Manuel García Maitín; ó sea un condominio de 7, 822 pesos 22 centavos moneda mejicana en el total valor de la hacienda “Santa Posa,” radicada en el barrio de Juan Sánchez, del término municipal de Bayamón, y la casa número 75 de la calle de San Sebastián, de esta .ciudad, valorada en 5,000 pesos, pero que como esta casa había sido vendida por Doña Beatriz Alós de los Angeles se entregara por los demandados su importe, previa tasación pericial en la forma que en la misma sentencia se determina.

Empero sobre este particular de la sentencia versa pre-cisamente una de las impugnaciones más fuertes que se hacen contra ella por la representación de la demandada y apelante Doña Beatriz de los Angeles, viuda de Alós, una de las here-deras instituidas en su testamento por la difunta Doña Beatriz Alós de los Angeles.

Dice sobre este particular la ilustrada representación de dicha parte apelante en su alegato, reproduciendo lo que ya había dicho sobre el mismo asunto en su escrito de-contesta-ción á la demanda, que si bien la reservista Doña Beatriz Alós de los Angeles había sido declarada heredera abintestato de su hija Doña Beatriz García y Alós, no lo había sido en abso-luto de todos sus bienes, sino á reserva de la porción legítima que le correspondía 'al cónyuge viudo Don Lorenzo Buíz Iba-rra, sobre una tercera parte del caudal hereditario de sú difunta esposa Doña Beatriz García y Alós, y cuya porción legí-tima debía descontarse del total montante de dicho caudal hereditario, para fijar la herencia líquida que le correspondía á Doña Beatriz Alós de los Angeles, como heredera abintes-tata de su citada hija Doña Beatriz García y Alós, y por consi-guiente, que los bienes que en todo caso debía reservar Doña Beatriz Alós de los Angeles á los parientes dentro del tercer grado de la línea paterna de su citada bija, no eran todos los que constituían el caudal bereditario de ésta, sino la parte-líquida que le correspondiera, descontada la tercera parte que constituía la porción legítima del cónyuge viudo Don Lorenzo Ruiz Ibarra; y como esta liquidación no babía llegado nunca á practicarse, sino que Doña Beatriz Alós se babía apoderado-de todos los bienes de su bija y los babía inscrito á su nombre en el registro de la propiedad, sin determinar, como se lo ordenaba el artículo 199 de la Ley Hipotecaria en relación con el 201 del Reglamento, cuáles debían considerarse reserva-bles y su valor respectivo, resulta de allí que existe una ver-dadera confusión que no permite determinar en el presente caso, ni la cuantía, ni la especificación de los bienes que pue-dan corresponder á los reservatarios Doña Dominga y Doña Monserrate García Maitín, y que obsta, por consiguiente, para que éstas puedan ejercitar válidamente el derecho que ban ejercitado en la demanda.

Empero esta argumentación de la defensa de Doña Beatriz de los Angeles, viuda de Alós, carece de base y fundamento-sólidos.

Según el artículo 811 del antiguo Código Civil,' que ya re-gía en esta Isla en el año de 1891, cuando murió Da. Beatriz García y Alós, el ascendiente que heredaba de su descendiente, bienes qúe éste hubiere recibido á título gratuito de otro ascen-diente ó de un hermano, se bailaba obligado á reservar los que Mibiere adquirido por ministerio de la ley, en favor de los parientes dentro del tercer grado y que pertenecieran á la misma línea de donde los bienes procedían.

Según este artículo, los bienes que Doña Beatriz Alós de los Angeles estaba obligada á reservar en favor de los parien-tes dentro del tercer grado de su bija Doña Beatriz García y Alós, eran, pues, los que hubiere heredado de ésta por minis-terio de la ley, y como los bienes que heredó Doña'Beatriz Alós de su. Rija Doña B.eatríz García, por ministerio de la ley, eran todos los que constituían el caudal hereditario de su , dicha hija, porque como única heredera ahintestato de ésta, la heredaba en todos sus bienes por expresa disposición de la ley, sin deducción de ningún género, porque la cuota reservada al cónyuge viudo Don Lorenzo Buíz Ibarra, no le atribuía la propiedad de ninguno de esos bienes, sino el usufructo de una tercera parte de la herencia de su difunta esposa, ó sea el de-recho de percibir una tercera parte de sus frutos durante su vida, pero permaneciendo íntegra la propiedad de todos los bienes de la herencia en favor de la heredera Doña Beatriz Alós dejos Angeles, sin perjuicio del derecho de ésta para redimir la carga del usufructo, en la forma que más con-viniera á sus intereses, pero sin perjudicar en los más mínimo los derechos de los parientes, en cuyo favor debía reservar la propiedad de aquellos bienes, luego es evidente que la obli-gación de reservar impuesta por la ley á la citada Doña Beatriz Alós de los Angeles, comprendía todos los bienes que había heredado de su difunta hija Doña Beatriz García y Alós, y que eran precisamente los mismos que ésta había adquirido por herencia intestada de su padre Don Manuel García Maitín,, puesto que no se ha probado que poseyera otros más, con la sola excepción de las carretas y los arados que se le adjudi-caron en su hijuela, y que no se sabe si existían ó nó en su poder el día de su fallecimiento.

Estamos, pues, enteramente de acuerdo sobre este particular con la sentencia pronunciada por el juez de la Corte del Distrito de San Juan, al declarar que los bienes que deben entregarse á las demandantes Doña Dominga y Doña Monse-rrate García Maitín, son los que heredara Doña Beatriz Alós de los Angeles de su hija Doña Beatriz García y Alós y que ésta había adquirido á su vez por herencia intestada de- su difunto padre Don Manuel García Maitín; ó sea la casa nú-mero 75 de la calle de San Sebastián de esta ciudad, y su participación en la hacienda “Santa Rosa,” que consta acre-ditado en estos autos por los asientos del Registro de la Pro-piedad de esta Capital, que Doña Beatriz Alós los inscribió á sn favor por herencia abintestato de sn citada hija Da. Beatriz Grarcía y Alós.

Y no se arguya que no habiendo promovido Doña Beatriz Alós, ni las hermanas Grarcía Maitín, demandantes en este pleito, el expediente prevenido por el artículo 199 de la Ley Hipotecaria y sns concordantes del Reglamento, para hacer constar en el registro de la propiedad la, calidad de reserva-bles .de esos bienes, no pueden reclamarlos hoy con ese carác-ter; pues si bien aquel expediente tiene por objeto hacer constar en el registro cuáles son los bienes que comprende la reserva y su valor, esto no lo exige la ley como un requisito necesario para que pueda ejercitarse el derecho de la reserva por los parientes, á cuyo favor lo establece la ley, sino como una garantía que la Ley Hipotecaria ha querido establecer •en favor de los mismos reservatarios, para que los terceros que pretendan adquirir algún derecho sobre esos bienes, se-pan la calidad de reservables que tienen y la responsabilidad que puedan contraer para con la persona ó personas, á cuyo favor resulte establecida la reserva.

Es claro que si no se ha inscrito en el registro la reserva, los reservatarios no podrán ejercitar su derecho contra los terceros que hubieren adquirido los bienes como libres de quien'ó'quienes en el registro aparecían como dueños, y por •consiguiente, con derecho para trasmitírselos sin peligro de ningún género; pero esto no quiere decir que por no haber inscrito la reserva en el registro, carezcan los interesados de •acción contra el ascendiente obligado á reservar, ó sus su-cesores, en cuyo poder .se encuentren los bienes, para recla-márselos con las indenmnizaciones correspondientes en su •caso, porque aquéllos no son terceros en el sentido de la ley hipotecaria respecto de los parientes, en cuyo favor establece la ley la reserva, y es sabido que entre las partes no se ex-tingue el derecho, porque éste no se haya inscrito en el regis-tro de la' propiedad.

Por lo demás, ya liemos dicho y repetimos, que la inscrip-ción de la reserva en el registro no es lo que da el derecho á los parientes para reclamarla, y que reconoce su origen en la ley misma, sino la garantía que la Ley Hipotecaria establece en favor de los reservatarios, para hacer efectivo su derecho en perjuicio de tercero; y por consiguiente, aunque la reserva no se haya inscrito, ni se hayan cumplido los demás requisitos que la Ley Hipotecaria establece para hacerla constar en el registro, esto no obsta para que las hermanas Doña Dominga y Doña Monserrate G-arcía Maitín puedan hacer valer su de-recho contra Doña Beatriz Alós de los Angeles y sus sucesores en el presente caso.

Otro de los argumentos que se deducen por la defensa de la apelante Doña Beatriz de los Angeles, viuda de Alós, contra la demanda de Doña Dominga y Doña Monserrate García Mai-tín, y por consiguiente, contra la sentencia dictada en estos autos por la Corte de Distrito de San Juan, que en este ex-tremo accede á las pretensiones de las demandantes, es el que se refiere á la extinción, por prescripción, del derecho de reserva que ejercitan dichas hermanas, por no haberlo recla-mado durante todo el tiempo transcurrido desde el 28 de sep-tiembre de 1891, en que murió Doña Beatriz García y Alós, y en que nació el derecho de reserva á favor de los parientes dentro del tercer grado de la Doña Beatriz por la línea pa-terna, hasta el 29 de octubre -de 1904, en que se presentó la demanda en este pleito, ó sea durante más de 14 años, tiempo más que suficiente para que deba considerarse extinguida por prescripción la acción deducida por las demandantes, á tenor de lo preceptuado por el artículo 1957 del Código Civil Es-pañol, reformado por la O. G. de 4 de abril de 1899, en har-monía con el artículo 1963.de dicho Código Civil Español.

Es decir, que se supone extinguida por prescripción la ac-ción deducida por Doña Dominga y Doña Monserrate García Maitín por no haber hecho uso de la reserva en un período mucho mayor de los seis años que fijó la Orden General de 4 de abril de 1899 para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

Empero esta excepción, que ha sido propuesta por primera vez en el alegato presentado ante esta Corte Suprema por la representación de la apelante Doña Beatriz de los Angeles Alós, no puede tomarse en consideración, toda vez que no ha-biendo sido alegada oportunamente en el escrito de contesta-ción á la demanda, en la forma y de la manera prescritas por el artículo 128 del vigente Código de Enjuiciamiento Civil, no puede ser discutida ni resuelta en esta segunda instancia.

En el inferior se alegó sí repetidas veces por las defensas de los demandados, que ni Doña Dominga, ni Doña Monserrate García Maitín, ni su otro hermano Don Angel, se habían cuidado nunca de exigir la constitución de la hipoteca y la ins-cripción de la reserva en el -registro de la propiedad, á tenor de lo establecido en los artículos 168 y 199 de la Ley Hipo-tecaria y sus concordantes desde el 201 al 206 del Reglamento; pero esto para combatir la eficacia que pudiera tener el de-recho de reserva ejercitado en la demanda por los hermanos García Maitín, contra los terceros que de buena fe, é igno-rando que los bienes tuvieran la calidad de reservables, por no haberse hecho constar en el registro, hubieran adquirido algún derecho sobre ellos; pero nó para impugnar la de-manda, en el sentido de haber prescrito la acción en ella de-ducida, por no haberla ejercitado los demandantes, dentro de los 14 años transcurridos desde el fallecimiento de Doña Beatriz García y Alós, en 28 de septiembre de 1891, en que nació la obligación de reservar impuesta por la ley á su madre Da. Beatriz Alós de los Angeles, al aceptar la herencia intestada de su hija, hasta la presentación de lá demanda en 12 de no-viembre de 1904, tiempo más que suficiente para estimar pres-crita la acción, con. arreglo á la Orden General de 4 de abril de 1899, que fijó en seis años el tiempo para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, y por consiguiente, para la extinción de los mis-mos derechos por prescripción cuando no se ejercitaban dentro de igual término, que es lo que se alega por la repre-sentación de la demandada y apelante Doña Beatriz de los Angeles, viuda de Alós.

Empero supongamos que pudiera discutirse en esta se-gunda instancia aquella excepción no propuesta en la pri-mera; aun así, no podría ser admitida para desestimarse la demanda.

No puede confundirse la prescripción como medio de ad-quirir el dominio con la prescripción como medio de per-derlo. Para lo primero, -bastaba, con arreglo al artículo 1957 del Código Civil antiguo, la posesión con buena fe y justo título, por el término de 10 años entre presente y 20 entre ausentes, mas para lo segundo, ó sea, para que se entendiera prescrita la acción, era necesario que hubieran transcurrido 30 años sin haberla ejercitado el dueño del inmueble, con arreglo al artículo 1963 del propio Código. Pero como podía suceder que durante el transcurso de este último término, un tercero hubiera adquirido el dominio por la posesión de 10 años entre presentes ó 20 entre ausentes, con buena fe y justo título, á tenor de lo prescrito en el artículo 1957, en este caso es claro que el verdadero dueño habría perdido su derecho por no haberlo ejercitado durante aquel tiempo y que no po-dría invocar á su favor el precepto del artículo 1963 para pretender que su acción no se entendiera prescrita por no haber tanscurrido los 30 años.

Por eso el artículo 1963 que acabamos de citar, después de consignar en su primer párrafo, que las acciones reales sobre bienes inmuebles prescriben á los 30 años, en su se-gundo apartado establece la salvedad de que, esto debe en-tenderse sin perjuicio de lo establecido para la adquisición del dominio y demás derechos reales por prescripción; alu-diendo seguramente al artículo 1957 que fijaba 10 en años entre presentes y 20-entre ausentes, con buena fe y justo título, el tiempo para la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles.

Pero vino luego la Orden General de 4 de abril de 1899r que modificó el artículo 1957 del Código Civil, reduciendo á 6 años entre presentes y ausentes, el término para la pres-cripción ordinaria del dominio y demás derechos reales, con buena fe y justo título, pero sin modificar, ni alterar en lo más mínimo el otro artículo 1963 que fijaba para la prescrip- ' ción de las acciones reales sobre bienes inmuebles el término de 30 años, el que continuó vigente, aunque siempre con la salvedad establecida en su segundo apartado, respecto á lo dispuesto sobre la adquisición del dominio y demás derechos reales por prescripción, salvedad que, después de la publi-cación de la citada Orden General, es claro que debía en-tenderse en relación á lo establecido por la misma sobre la adquisición del dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, por la posesión de 6 años con buena fe y justo título; pero como en el presente caso no se alega la prescrip-ción como medio de adquirir el dominio, ni ningún otro de-recho real, sino la prescripción de la acción real de dominio que se ejercita en la demanda, tenemos entonces que las de-mandantes Doña Dominga y Doña Monserrate García Maitín no han perdido por prescripción la acción de dominio que ejer-citan en su demanda, toda vez que desde el año de 1891, en que murió Doña Beatriz García y Alós y la heredó su madre Doña Beatriz Alós de los Angeles, naciendo en ésta la obligación de reservar que le imponía el artículo 811 del Código Civil, que entonces regía, hasta el día en que se presentó la demanda, no han transcurrido los 30 años que'fijaba el artículo 1963 del antiguo Código, concordante con el 1864 del vigente, para la prescripción de la acción de dominio y demás derechos reales.

Esto sentado, pasemos ahora á ocuparnos de las otras cuestiones que se plantean en su alegato por la representa-ción de las apelantes Doña Dominga y Doña Monserrate Gar-cía Maitín, que por haber sido propuestas y disentidas opof-tunamente en la Ia. instancia, pueden ser discutidas y resuel-tas en la presente.

Impugnan dichas apelantes la sentencia, entre otras ra-zones, por haberse limitado el juez á declarar que debían en-tregarse á las demandantes, sólo los bienes que había here-dado Doña Beatriz García y Alós de su padre Don Manuel García Maitín, ó sea, los que se le habían adjudicado en su hijuela, montantes á la suma de 13,018 pesos 22 centavos, que-se describen en la misma sentencia, y no todos los demás que-constituían el caudal de-Don Manuel García Maitín, que según sostienen las demandantes, habían pasado sin deducción de ninguna especie, á su hija Doña Beatriz, por ministerio de la ley. Mas como para esto sería necesario anular y dejar sin efecto las operaciones testamentarias practicadas al falleci-miento de Don Manuel García Maitín, que fueron aproba-das por auto del juez de Ia. instancia de la catedral de esta ciudad, de 4 de febrero de 1887, y esto no pueden pretenderlo las demandantes Doña Dominga y Doña Monserrate García Maitín, porque habiendo quedado ejecutoriadas aquellas par-ticiones por haber transcurrido los 4 años que establecía al ar-tículo 1074 del Código Civil entonces vigente, para que hu-bieran podido ser impugnadas por la única persona que podía hacerlo, que lo era la heredera Doña Beatriz García y Alós, y ésta no lo verificó nunca, ni antes, ni después de haber con-traído matrimonio con Don Lorenzo Ruiz Ibarra , el que hu-biera podido hacerlo en representación de los derechos de su esposa, es claro que, esas operaciones particionales de la tes-tamentaría de Don Manuel García Maitín, no pueden ser im-pugnadas hoy por las demandantes, que al fallecimiento de su hermano Don Manuel, y al ser aprobadas dichas particiones, no habían adquirido todavía ningún derecho de reserva sobre sus bienes, toda vez que ni se había publicado el Código Civil que la estableció por primera vez, en su artículo 811, y que no comenzó á regir en esta isla hasta el año de 1889, ni todavía en esta fecha había nacido para ellas aquel derecho, puesto que no lo vinieron á adquirir hasta el 28' ele septiembre de 1891, en que ocurrió el fallecimiento intestado de su sobrina Doña Beatriz García, y que pasaron sus bienes á su madre Doña Beatriz Alós de los Angeles, desde cuya fecha, hasta la interposición de la demanda, han transcurrido cerca de 14 años, tiempo más que suficiente para la prescripción de la ac-ción de nulidad de los contratos, que sólo duraba 4 años, con arreglo al artículo 1301 del Código Civil antiguo, caso de que en aquella fecha hubieran podido impugnar las particiones, que habían quedado ejecutoriadas por el consentimiento de la única persona que podía combatirlas. .

Tampoco tienen más valor las alegaciones que se hacen por las demandantes y apelantes, para combatir las ventas y demás contratos celebrados por Doña Beatriz Alós de los Angeles, respecto de los bienes heredados por Da. Beatriz García de su padre Don Manuel García Maitín, y que tenían realmente la calidad de reservables en favor de las deman-dantes, así como respecto de 'todos los demás bienes que se adjudicaron á Doña Beatriz Alós de los Angeles para el pago de las bajas de la testamentaría de su difunto esposo, toda vez que, no habiendo practicado las demandantes gestión al-guna para la inscripción de la reserva en el registro de la pro-piedad, no puede perjudicar á los terceros que adquirieron esos bienes de Doña Beatriz Alós de los Angeles, que los tenía inscritos á su nombre, y que podía, por consiguiente, trasmi-tírselos sin ninguna responsabilidad, á tenor de lo.que prescribe el artículo 34 de la Ley Hipotecaria que nos rige, salvo la obligación impuesta á la reservista Doña Beatriz Alós, de indemnizar á' los reservatarios del valor de los bienes que hubiere enajenado, á tenor de lo prescrito sobre el particular por 'el artículo 38 de la misma ley, del cual ha hecho el juez de la Corte de Distrito de San Juan justa aplicación en su sentencia, al disponer que los demandados, herederos de Doña Beatriz Alós de los Angeles, indemnicen á las demandantes 'Doña Dominga y Doña Monse'rrate García Maitín, del valor de la casa número 75 de la calle de San Sebastián, que no puede serles devuelta por haberla enajenado la expresada Doña Beatriz á Don José Caldas, cuyo título no puede revocarse por haberlo adquirido de quién en el registro aparecía con de-recho para trasmitírselo.

Otro tanto es de decirse respecto á la declaratoria de nulidad que pretenden las demandantes, del testamento bajo que falleció Doña Beatriz Alós de los Angeles, por haber dis-puesto en él de bienes que no le correspondían en propiedad; pues aparte de que no es cierto el hecho en que se funda esta alegación, porque Doña Beatriz Alós no ha dispuesto en favor de persona alguna de los bienes en que consiste la reserva, ni aunque lo hubiere hecho, sería esto motivo bastante para pe-dir la nulidad de un testamento otorgado con todas las solem-nidades legales, máxime cuando no tienen absolutamente nin-gún título para impugnar su validez, toda vez que ni son pa-rientes de la testadora Doña Beatriz Alós, con derecho para sucederle en el todo.ó en parte de sus bienes, ni tienen ningún otro interés legítimo para combatir la eficacia de sus dis-posiciones. ^

Contestadas las principales objeciones que se han estable-cido contra la sentencia pronunciada en estos autos por la Corte de Distrito de San Juan, entiende este tribunal que debe confirmarse la expresada sentencia en todas sus partes, sin especial condenación de costas en el presente recurso.

Confirmada. '

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Se. Wolf,

license: Public Domain

text:
    Domenech v. Moret.
    Apelación procedente de la Corte, de Distrito.de Ponce.
    No. 127.
    Resuelto en junio 26, 1907.
    Elecciones — Impugnación de la Elección de Funcionario — Alegaciones.— La palabra 1 ‘ durante, ’ ’ usada en una demanda en el sentido de que el de-mandante pagó contribuciones dwrante determinado año fiscal, á fin de ex-presar su capacidad para figurar como candidato para el cargo de Alcalde, es equivalente y tiene la misma significación que la palabra inglesa 11 in, ’ ’ usada en la sección 8 de la Ley Municipal de marzo 8, 1906.
    Id. — Excepción Previa General. — En una decisión para impugnar la elección de un candidato á un cargo electoral, la demanda debe negar todos y cada uno de los hechos que sean necesarios para determinar la ^elegibilidad del de-mandado, pues de lo contrario será defectuosa y no contendrá los elementos necesarios para constituir una causa de acción.
    Id. — Casos en que el Candidato Elesido no Tenga Capacidad para Desem-peñar el Cargo. — En los casos en que el candidato elegido no reima los re-quisitos necesarios para ser elegible, las cortes pueden declarar el cargo vacante, en un procedimiento adecuado, pero en estos casos, el candidato que le siga en orden, por haber recibido el mayor número de votos después que aquél, no tiene dereeho á ser elegido para el cargo, siendo el Gobernador el que ha de nombrar la persona que deba desempeñarlo.
    Id. — Procedimiento para Impugnar la Elección. — El procedimiento que señala la ley prescribiendo la forma de impugnar la elección de funcionarios, etc., aprobada en marzo 7, 1907, sólo tiene aplicación á aquellos casos en que, si-prospera la demanda, el demandante tenga derecho á ser declarado electo para el cargo, y no á aquéllos en que la impugnación se funde en ]a inelegi-bilidad ó falta de capacidad del candidato electo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. José Tous Soto.

    Abogado del apelado: Sr. Boerman.

   El Juez Asociado Se. Wolf,

emitió la opinión del tribunal.

En el presente caso se estableció recurso de apelación contra la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Ponce que declaraba con lugar la excepción previa general formu-lada á la demanda interpuesta por Manuel V. Domenech., sobre impugnación de la elección de Simón Moret Gallart, como alcalde de la ciudad de Ponce. La demanda es como sigue:

“El demandante Manuel Víctor Domenech, mayor de edad, viudo, ingeniero civil, vecino de Ponce, por sus abogados Francisco Parra Capó y José Tous Soto ante la honorable corte comparece y alega:
“I. Que el día 6 de noviembre de mil novecientos seis se verificó una elección general en Puerto Rico, en la cual figuraron para el cargo de alcalde de la municipalidad de Ponce, en la papeleta electoral de dicha municipalidad el demandante y el demandado, aquél por el Partido Republicano Puertorriqueño, y éste .por el Partido Unión de Puerto Rico.
“II. Que al verificar el Consejo Ejecutivo el escrutinio de dicba elección, ha menos de noventa días, declaró electo Alcalde de Ponee á Don Simón Moret Gallart, ó sea, el .demandado arriba mencionado.
“III. Que Don Simón Moret Gallart no tiene derecho á ejercer ninguna profesión, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico, ni lo tenía en seis de noviembre de mil novecientos seis, ni con anterioridad; y que dicho Simón Moret Gallart, no pagó en el municipio de Ponee contribución alguna ni sobre la propiedad, ni por patentes, durante el año económico de 1905 á 1906; si bien en fecha 29 de agosto de 1906, con ánimo de adquirir aptitud legal para ser elegido como al-calde, verificó al municipio de Ponce el pago consignado en el recibo siguiente: Número 1292. — Municipio de Ponee. — Año económico de 1906-1907. Simón Moret ha pagado en esta tesorería municipal la su-ma de seis dollars, cents, por el concepto de dos coches de 4 asientos nos. 83-84 el año de 1905, 1906. — Ponee á 29 de agosto de 1906. — Son $6. — Francisco Cartagena, Tesorero Municipal.
“IV. Que Don Manuel V. Domeneeh es ciudadano de Puerto Rico, ha residido en dicha municipalidad por varios años inmediatamente anteriores al seis de noviembre de 1906, ejerce de acuerdo con las leyes, la profesión de ingeniero civil, es mayor de edad y paga contri-bución al municipio de Ponee por más de cinco dollars durante el ejer-cicio económico actual de 1906-1907 y las pagó á dicho Municipio du-rante el anterior de 1905-1906 y obtuvo el mayor número de votos para el cargo de alcalde después de D. Simón Moret Gallart.
“V. Que el comité local del Partido Republicano Puertorriqueño en Ponee, por medio de la prensa del partido, mediante hojas sueltas 'y carteles, fijados y repartidos profusamente en los sitios públicos y en los domicilios particulares de la ciudad y sus barrios y mediante la propaganda de sus oradores, notificó con mucha anterioridad al seis de noviembre de 1906 al cuerpo electoral de Ponee la incapacidad del candidato Don Simón Moret Gallart, por razón de nó haber pagado una contribución mínima de cinco dollars durante el año económico de 1905 á 1906; y que todos ó la mayor parte de los electores del munici-pio de Ponee sabían á la fecha de la elección, ó sea el día antes men-cionado, que el demandado carecía de capacidad legal para ser electo alcalde de Ponee.
“VI. Que Don Simón Moret Gallart ha tomado posesión del cargo de alcalde de Ponce y se encuentra actualmente ejerciendo las funcio-nes de dicho cargo por efecto de la elección antes mencionada.
“En mérito de lo expuesto, suplicamos á .la honorable corte que se sirva dictar una sentencia contra el demandado, conteniendo los pronunciamientos siguientes :
“1. Declarando nula la elección de Don Simón Moret G-allart como alcalde de Ponce, por efecto de su inelegibilidad para tal cargo y orde-nando se le desposea del mismo; y
• . “2. Declarando legalmente elegido para dicho cargo al demandan-te Don Manuel Y. Domenech, instándole, ó posesionándole del mismo. —Ponce, P. R., febrero 2 de 1907.”

La excepción previa’ declara que la demanda no aduce hechos suficientes que determinen una causa de acción. La incapacidad que se imputa al acusado es el haber dejado de pagar las contribuciones correspondientes al año fiscal de. 1905-1906. Entendemos la palabra inglesa “in” ó la española “durante,” según se emplea en la demanda como significativa de la misma idea contenida en el artículo 8 de la Ley de marzo 8 de 1906, relativa á municipalidades, la que en la subdivisión (5) prescribe, al hablar con respecto á candidatos para fun-cionarios municipales “que sean contribuyentes en dicho municipio sobre propiedad ó patentes comerciales ó indus-triales por la cantidad mínima de $5 y haber pagado también dichas contribuciones durante el año económico inmediata-mente anterior á la fecha de dicha elección ó tener derecho á ejercer cualquiera profesión, de acuerdo con las leyes de Puerto Rico. La contribución pagada por la esposa, ó hijos sometidos á la patria potestad, dará al marido, ó al padre, el carácter de contribuyente.” Por lo tanto, debe declararse que la demanda es defectuosa al no expresar la misma que ni la esposa del demandado, ni los hijos bajo su custodia, eran con-tribuyentes. Como tal pago capacitaría á un candidato para que la demanda pudiera producir efectos legales, sería indispensable que la misma negara todos los hechos que son necesa-rios para la elegibilidad del demandado.

Hay otro aspecto del caso. Cuando un candidato es inele-gible, pero, sin embargo de esto, es la persona que recibe mayor número de votos, es innecesario que nosotros determine-mos si el remedio para declarar vacante dicho cargo es el quo warranto ó algún otro procedimiento especial. Creemos qne las cortes tienen facultad para considerar estas cuestiones á pesar de qne el funcionario que puede hacer el nombramiento en caso de tales vacantes es el Gobernador de Puerto Rico, se-gún lo prescribe el artículo 35 de la Ley de marzo 8,1906, que ya ha sido citada. Pero en cnanto á la acción contra la cual se ha interpuesto recurso de apelación equivale á un procedi-miento, con arreglo á la ley “prescribiendo la forma de impug-nar la elección de funcionarios, etc.,” aprobada en marzo 7 1907, tal procedimiento no puede prosperar, pues esa ley por sus propios términos es aplicable á casos en que el contendien-te ó demandante tiene derecho á ser declarado electo si tuviera éxito. Si am candidato es inelegible las cortes deben decla-rarlo así por medio de un procedimiento adecuado, no pudien-do el resultado de tal acción, tomada por la corte, servir para elegir al candidato que sigue según el orden. El poder ó fa-cultad del nombramiento reside en el Gobernador. Cuestio-nes como esta han sido ya resueltas por las cortes. En Saunders v. Haynes, 13 Cal., 154, la corte se expresa en los siguien-tes términos: “Es mucho más justo y compatible con la teoría de nuestras instituciones declarar los votos así depositados (i. e. para un candidato inelegible), como simplemente inútiles para el objeto de una elección, que no dar á los mismos un efec-to con el cual fracase la voluntd pública eligiendo para un cargo á una persona que lo sea conveniente.” El caso de Crewford v. Dumber que se encuentra en 52 Cal., en la página 36, es análogo al presente.

Por las razones expuestas, debe confirmarse la sentencia apelada.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández y Figueras.

Jueces disidentes: Sres. Presidente Quiñones y Asociado MacLeary.


text:
    “Bernal Estate” v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Ponce.
    No. 6.
    Resuelto en junio 27, 1907.
    Mandato — Mandatario—Arrendamiento de Finca por Término Mayor de Ssrs AÑOS.- — Para que el mandatario pueda válidamente dar en arrendamiento una finca, del mandante, por un término mayor de seis años, necesita poder especial que le autorice á ello, y si tal autorización no se justificare contendrá el con-trato un defecto insubsanable que impide su inscripción en el Registro.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Descartes.

   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal,

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Francisco Gr. Descartes, á nombre de la Sociedad anónima del Estado de New Jersey “Bernal Estate” contra nota del Registrador de la Propiedad de Ponce denegatoria de la inscripción de una escritura de arrendamiento.

Resultando: Que por escritura pública otorgada en la ciu-dad de Ponce, ante el abogado y notario de la misma Don Francisco Gr. Descartes, en 23 de octubre de 1906, Don José Juan de los Reyes Usera y. Seda, como apoderado de Don William L. F. Simonpietri Birne y Darton, según el que le confiriera en unión de otros en la misma ciudad de Ponce, ante el Notario Don José Ramón Becerra, en 28 de mayo de 1903, y por cuya cláusula segunda se autorizaba á los apoderados para arrendar los bienes del poderdante “por el tiempo precio y condiciones que estimaran”; y Doña Carmen Simonpietri y Becerra, por su propio derecho, arrendaron á lá sociedad “Bernal Estate” del Estado de New Jersey, la que com-pareció, representada por su apoderado Don Antonio Catin-chi y Consalvi, por el término de cinco años, prorrogables por otros cinco más, á voluntad de los arrendatarios, la haciendá de cañas dulces denominada ‘‘Barrancas” y “Monte Gran-de,” antes “Manuela,” de la propiedad del Don William L. F. Simonpietri, á excepción de una pequeña porción de 10 cuer-das, titulada “Vega Rosa,” de la propiedad de la otra com-pareciente Doña Carmen Simonpietri y Becerra, y radicada dicha finca en los barrios de Sabanetas, Machuelo Abajo y Machuelo Arriba, del término municipal de Ponce, y com-puesta de 943 cuerdas 75 céntimos de extensión superficial,-divididas en varias porciones que se describen separada-mente en la escritura y después en conjunto como una sola finca; y que presentada dicha escritura en el Registro de la Propiedad de Ponce para la inscripción del arrendamien-to estipulado en ella, la denegó el registrador por los motivos que expresa la nota obrante al pie de dicha escritura, la que copiada á la letra dice así':

“Denegada la inscripción del precedente documento en cuanto á la finca perteneciente á Don William L. F. Simonpietri, denominada “Barrancas y Monte Grande,” por los siguientes defectos insubsana-bles : Io. Por la confusión y obscuridad que se observa en la descrip-ción de la finca, expresándose que se compone de cuatro parcelas que en realidad vienen á ser seis, que se deslindan separadamente, consignán-dose después las colindancias del área total, sin que aparezca que las parcelas linden entre sí y hayan sido agrupadas; y de esa área totál se arriendan 916 cuerdas 78 céntimos que también se deslindan en un solo cuerpo, mientras que en el registro solamente aparecen inscritas siete octavas partes de la totalidad indivisa de las antedichas parcelas; y segundo, porque en el título se estipula un arrendamiento por cinco años, prorrogables por otros cinco años más, por la sola voluntad del arrendatario, resultando que el apoderado Don José J. Usera deja obligado á su poderdante en un arrendamiento por diez años, sin que éste le hubiera conferido el poder especial que requiere el artículo 1451 del Código Civil, y tomada en su lugar anotación preventiva por cuatro meses, al folio 41, del tomo 59 del ayuntamiento de esta ciudad, finca númerol563 duplicado, .anotación letra A, en lá que se ha consig-nado el defecto subsanable de no acreditarse que Mr. Carl Muller y Mr. Julius Bohsteat sean presidente y tesorero-secretario, respectivamente, de la sociedad “Bemal Estate”; é inscrito respecto á la finca perte-neciente á Doña Carmen Simonpietri, al folio 60, del tomo 112 de este' ayuntamiento, finca número 4980, inscripción 5a., en la que se ba con-signado también el defecto expresado. — Ponee, enero 15 de 1907. ’ ’

Resultando: Que contra esta nota lia interpuesto el abo-gado Don Francisco Gr. Descartes, á nombre de la sociedad “Bernal Estate,” el presente recurso gubernativo, para que se revoque y se ordene al registrador la inscripción de lá escritura.

Resultando: Que pedida al Registradorde la Propiedad de Ponce, para mejor proveer, una certificación literal de la ins-cripción de la hacienda “Barrancas y Monte Gí-rande,” antes “Manuela,” la remitió el registrador con copia certificada de la descripción de dicha finca, según aparece de los asientos del registro, la que resulta conforme con la inserta en la escritura de arrendamiento de que se trata en el presente recurso.

Aceptando los fundamentos de la resolución impugnada.

Se confirma la nota del Registrador de la Propiedad de Ponce, y devuélvansele los documentos presentados con copia certificada de la presente'resolución, á los efectos procedentes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Figueras, MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Hernández, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Peesidente Se. Quiñones,

text:
    Oliveras v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Arecibo.
    No. 10.
    Resuelto en junio 27, 1907.
    Contribuciones — Redención de la Propiedad Vendida en Pública Subasta.— Las disposiciones de la Ley de mareo 14, 1907, que enmendaron las del artículo 348 del Código Político, en el'sentido de extender á 180 días el pía: o de 90 que diclio artículo concedía para redimir la finca ó inmueble vendido para el pago de contribuciones no pueden tener efecto retroactivo y ser aplicables á un caso en que la venta del inmueble hubiera tenido lugar antes de empezar á regir dicha ley, pues de lo contrario, se privaría al comprador de los derechos adquiridos al amparo de la antigua legislación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
   El Juez Peesidente Se. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por Don Francisco Oliveras Parodi como liquidador de “Morales y Ca.” contra nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo, denegatoria de admisión de depósito y otras operaciones para redención de una finca rematada en pública subasta por Don Alberto Gandía Córdova.

Resultando: Que rematada en pública subasta por Don Alberto Candía Córdova una finca rústica de 64 cuerdas de terreno, radicada en el barrio de Hato Viejo, del término municipal de Areci.bo, que había sido embargada á Don Tomás Morales por el colector de rentas internas de Manatí, para el pago de contribuciones atrasadas, é inscrita dicha finca en el Registro de la Propiedad de aquel partido á favor del comprador Don Alberto Candía Córdova por haber ven-cido el término de 90 días que, con arreglo al artículo 348 del Código Político, tenía el deudor para redimir la finca rema-tada, se presentó en tal estado al Registrador de la Propiedad de Arecibo, Don Francisco Oliveras Parodi, como liquidador de “Morales y Ca.,” dueños que decían ser de la finca de que se trata, por compra á su dueño anterior Don Tomás Morales, según escritura pública no inscrita, con la pretensión de que se le expidiese certificado de redención de la expresada pro-piedad, previa la consignación en el registro de la cantidad pagada por el comprador con sus intereses y las costas, á tenor del derecho que decía concederle la Ley de 14 de marzo último, á lo que se negó el registrador, después de consultar el caso con el Honorable Attorney General, por los motivos que expresa la siguiente nota:

“De conformidad con la opinión del Honorable Attorney Genera! de Puerto Rico consignada en la precedente carta oficial, no há lugar á admitir la consignación de las cantidades ofrecidas por 'Don Francisco Oliveras, en nombre de la sociedad Morales y Ca., ni á practicar operación alguna en este registro con relación á la finca rematada en subasta pública y registrada á favor de Don Julio Gandía Córdova, por no haberse presentado el certificado debidamente autorizado ó una or-den del tribunal competente, según se expresa en la citada carta ofi-cial. — Arecibo, abril 25, 1907.”

Resultando: Que contra esta resolución del registrador lia interpuesto en tiempo Don Francisco Oliveras Parodi el pre-sente recurso gubernativo para la resolución de este tribunal que estime más justa.

Considerando: Que habiendo quedado irrevocable la ven-ta beclia á favor de Don Alberto Gandía Córdova por haber transcurrido los 90 días que fijaba el artículo 348 del Códi-go Político como término para verificar la redención, por cu-yo motivo fué inscrito el certificado de venta en favor del re-matista y después en favor de su cesionario Don Julio Gan-día Córdova, á tenor de lo prescrito por el artículo 351 del mis-mo Código Político, las prescripciones- de la nueva Ley de 14 de marzo último por la que se enmendó el artículo 348 del ci-tado Código Político y se establece en la sección 12 de la mis-ma/‘que el dueño de cualesquiera bienes inmuebles, que se hu-bieren vendido hasta ahora ó que en lo sucesivo se vendieren para el pago de contribuciones, sus herederos ó cesionarios, ó cualquiera persona que tuviere algún derecho ó intereses en los mismos, podrá redimirlos dentro de los tiento ochenta días de la emisión del certificado de compra, pagando al comprador, herederos ó cesionarios, la cantidad total del valor de la com-pra, con intereses anual á razón de doce por ciento, junto con todas las costas devengadas y contribuciones vencidas,” no pueden tener efecto retroactivo para privar al comprador Don Alberto Gandía Córdova y sus sucesores de sus derechos adquiridos al amparo de la legislación anterior, con arreglo á los principios universales que rigen en la materia y que han sido reconocidos por el artículo 3o. del vigente Código Civil.

Considerando: Que en este concepto, el recurrente Don Francisco Oliveras Parodi, que funda su derecho en la citada Ley de 14 de marzo último para pretender redimir la finca adquirida ya irrevocablemente por los hermanos Gandía Cor-dova, no puede ejercitar contra éstos acción alguna para obli-garlos á recibir el precio del remate con sus intereses y las cos-tas, á menos que á ello se presten voluntariamente ó que á ello fueran compelidos por un decreto ó sentencia dictados por un juez ó tribunal competente.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se confirma la nota del Registrador de la Propiedad de Arecibo que declaró no haber lugar á admitir la .consignación y lo demás pretendido por Don Francisco Oliveras Parodi, como liquidador de “Morales y Ca.,” y con devolución de los documentos presentados, remítase al Registrador copia cer-' tificada de la presente resolución para su conocimiento y de-más efectos que procedan con arreglo á derecho.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez PkesideNte Se. QuiñoNes,

text:
    Rodríguez v. El Registrador de la Propiedad.
    • Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Pro-piedad de Mayagüez.
    No. 11.
    Resuelto en junio 27, 1907.
    Contribuciones — Redención de la Propiedad Vendida en Pública Subasta.— Las disposiciones de la ley de marzo 14, 1907, que enmendaron las del artículo 348 del Código Político, en el sentido de extender á 180 días el plazo de 90 que dicho artículo concedía para redimir la finca ó inmueble vendido para el pago de contribuciones-no pueden tener efecto retroactivo y ser aplicables á un caso en que la venta del inmueble Rubiera tenido lugar antes de entesar á regir dicha ley, pues de lo contrario, se privaría al comprador de los derechos adquiridos al amparo de la antigua legislación.
    Los hechos están expresados en la opinión.
   El Juez PkesideNte Se. QuiñoNes,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por Don Manuel Rodríguez Cabrero, contra nota del Registrador de la Propiedad de Mayagüez, denegatoria de extender la nota de consumación de venta de una finca rústica.

Resultando: que expedido en 16 de enero último á favor de Don Manuel Rodríguez Cabrero un certificado de compra de una finca rústica compuesta de 400 cuerdas de terreno, que había sido embargada y subastada por el colector de rentas de Las Marías á Don Emilio Grómez para el cobro de contri-buciones atrasadas, é inscrito dicho certificado en el registro de la propiedad y presentado nuevamente en el mismo’ regis-tro el certificado de compra-venta para la nota de consuma-ción de la misma, por haber expirado el término de los 90 días concedidos por el artículo 348 del Código Político para la redención, sin que se hubiere verificado, la denegó el regis-trador por el motivo que expresa la nota puesta al pie de dicho • documento, la que copiada á la letra dice así :

“No admitida la extensión de la nota de consumación de la venta comprendida en. el precedente documento, por no haber vencido el plazo de ciento ochenta días, fijados por la ley de la Asamblea Legisla-tiva aprobada en catorce de marzo último, para redimir las fincas re-matadas en el procedimiento de apremio para el cobro de las contribu-ciones vencidas y no satisfechas, habiéndose extendido en su lugar nota preventiva por ciento veinte días de esta fecha al margen de la inscrip-ción décima de la finca número 52 triplicado, al folio 102 del tomo 19 de Las Marías, en cuya nota se ha hecho constar que Don Alberto Bravo, en su carácter de alcalde de esta ciudad y en representación de su ayuntamiento, ha depositado en esta oficina la suma de mil trescientos setenta dollars ($1,370), en unión de varios documentos para redimir-la finca comprendida en el precedente certificado, de conformidad con la referida ley. — Mayagüez, P. R., mayo 11 de 1907.”

Resultando: que contra esta nota ha interpuesto en tiempo «1 ahogado Don José de Guzmán Benitez, á nombre de Don Manuel Rodríguez Cabrero, el presente recurso gubernativo para que se revoque, y se ordene al registrador ponga la nota de consumación dte pleno dominio á favor del recurrente en los libros del registro de la propiedad y en relación á la finca de que se trata.

Considerando: que habiendo quedado irrevocable la venta hecha á Don Manuel Rodríguez Cabrero de los terrenos em-bargados á Don Emilio Gómez para el pago de contribuciones atrasadas por haber transcurrido los 90 días que fijaba el artículo 348 del Código Político y como término para verificar la redención sin haberla verificado los interesados, por cuyo motivo se inscribió á su favor el certificado de venta en el registro de la propiedad, le asiste hoy perfecto derecho para pedir se ponga en el registro la nota correspondiente de haber quedado consumada la venta á tenor de lo que disponía el artículo 351 del Código Político, sin que puedan impedirlo las prescripciones de la sección 12 de la Ley aprobada en 14 de marzo último, por la que se enmendó el artículo 348 del ■citado Código Político y por la que se amplía hasta 180 días ■el plazo de 90 que fijaba el citado artículo 348 para redimir la finca ó inmueble vendido, á contar desde la fecha del certifi-cado de venta, toda vez que dicha ley no puede tener efecto retroactivo para privar á Don Manuel Rodríguez Cabrero de .sus derechos adquiridos bajo el amparo de una ley anterior, ■conforme con los principios universales que rigen en la mate-ria y que han sido reconocidos por el artículo 3o. del vigente Código Civil.

Vistas las disposiciones legales citadas.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Mayagiiez al dorso del certificado de venta ■de que se' trata y se le ordena que ponga la nota de consuma-ción de pleno dominio á favor del recurrente en los libros del registro de la propiedad a su. cargo y devuélvasele el docu-mento presentado con copia certificada de la presente resolu-ción, á los fines procedentes.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


text:
    Central Altagracia v. Otero et al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 118.
    Resuelto en junio 27, 1907.
    Injunction — Fianza—Inpugnación de la Suficiencia de los Fiadores. — El de-mandado en un procedimiento de injunction puede hacer objeciones á la suficiencia de los fiadores, pero tales objeciones deten presentarse dentro del término de cinco días siguientes al de la notificación, del injunction, á fin de que los fiadores, ú otros en su lugar, puedan justificar su suficiencia dentro de cinco días después de haber presentado el demandado su excepción.
    Id.' — Qué se Entiende por Suficiencia de los Fiadores. — Las únicas objeciones que el demandado puede hacer contra los fiadores son las que se refieren á su falta de responsabilidad pecuniaria, ó á su falta de capacidad ó aptitud legal, por otros conceptos, para figurar como tales fiadores, y arribas están com prendidas dentro del concepto de la palabra suficiencia, y deben ser pre-sentadas dentro del término legal para que puedan ser consideradas.
    Id. — Hechos Consignados en la Solicitud. — Si los hechos alegados bajo jura-mento, en una solicitud de injunction, no se hubieren negado, hay que acep tarlos. como ciertos y verdaderos para los efectos de la acción.
    Id. — Desalojo de Establecimientos, Etc. — Una orden de injunction prohibiendo que los demandados entren en la propiedad ó propiedades en la corporación demandante, ó que intervengan en modo alguno con dicha propiedad ó pro-piedades, ú ocupen las mismas, y disponiendo, como consecuencia necesaria, ia entiega, por los demandados, de las llaves de dichas fincas y demás propie-dades muebles que tuvieran en su poder, no puede impugnarse por tener el efecto de una sentencia dictada en juicio de desahucio, pues apareciendo que los demandados ocupaban, por razón de su cargo, las casas de la corporación demandante, ésta tenía perfecto derecho .para pedir que se les desposeyera de las mismas, y se ordenara la entrega de las llaves, á fin de hacer eficaz la orden de injunction.

    Id. — Auto de Carácter Mandatorio ó Prohibitorio. — En su acepción ordinaria un injunction es una orden ó mandato, y ese mandato puede ser para que se haga una cosa determinada, ó para evitar que llegue á haeerse; en su acep-ción legal, el injunction es on auto de carácter reparador, que se expide para ordenar .que el demandado ejecute un acto, ó se abstenga de ejecutarlo ó con-tinúe ejecutándolo; puede ser, por consiguiente, de carácter mandatorio 6 prohibitorio, y los Tribunales tienen facultades para expedirlos en cualquiera de esas formas.
    Los lie dios están expresados en la opinión.
    Abogado de los apelantes: Sr. Hawkins:

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Presidente Sr. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Maya-güez presentaron los abogados Benjamín J. Horton, Frederick L. Cornwell y Leopoldo Feliú, en representación de la ‘ ‘ Central Altagracia, ’ ’ nna solicitud interesando se expediera auto de injunction contra Santiago Otero y Roberto Wilson y sus respectivos agentes, empleados ó cualquiera otra persona que estuviere bajo su dominio ó servicio para los fines que más adelante se expresan, alegando al efecto, los siguien-tes Lechos: Que la “Central Altagracia” es una corporación debidamente organizada, según las leyes del Estado de Maine, y que gira y tiene una oficina en esta isla, en la ciudad de Maya-güez; que la corporación peticionaria tiene arrendada y posee cierta fábrica de azúcar con sus correspondientes edificios y veintidós cuerdas de terreno, todos situados en la ciudad de Mayagüez; que un tal Robert Wilson fue suspendido y despe-dido del servicio de la corporación demandante el día catorce de diciembre de 1906, y que un tal Santiago Otero fué suspen-dido y despedido del servicio de la misma corporación el día 16 de diciembre de 1906; que dichos Robert Wilson y Santiago Otero ocupaban, porque se les había cedido por la corpora-ción demandante, casas para habitar y vivir mientras estu-vieran al servicio de la misma, las cuales están enclavadas en terrenos que posee la dicha corporación; que los referidos Wilson y Otero,, el día 16 de diciembre de 1906, después de haber sido despedidos del servicio de la corporación, llamaron una huelga é_ intentaron crear un motín, sobre la propiedad de dicha corporación demandante y qne á la fecha de la de-manda estaban en posesión de dichas casas del demandante, situadas en la-propiedad del mismo, y positiva é ilegalmente rehúsan salir y abandonar dichas casas y propiedad de la corporación y han molestado é intervenido con los empleados de la corporación y aún todavía continúan haciéndolo; que dichos Wilson y Otero han intentado y todavía intentan inte-rrumpir la entrega de los productos crudos que se envían á los molinos de la corporación demandante; que retienen ilegal-mente propiedad ó bienes de la misma que son absolutamente necesarios para albergar, y para que duerman sus empleados; ■que la ocupación ilegal de dicha propiedad ó bienes por los mencionados Wilson y Otero y los actos de sus agentes, sir-vientes y empleados, están interrumpiendo é interrumpen la marcha y operación de la corporación demandante, causán-dole así daños irreparables, no pudiendo la corporación de-mandante obtener remedio adecuado y rápido en derecho; y por virtud de esos hechos, el demandante suplicó á la corte expidiera un injunction temporal prohibiendo á dichos Robert Wilson y Santiago Otero, y á sus respectivos agentes, emplea-dos y cualquiera otra persona que estuviera bajo su, dominio ó servicio, entrar en la propiedad ó propiedades y bienes de la corporación demandante é intervenir en manera alguna en las operaciones y marcha de dicha corporación, así como mo-lestar á ninguno de los empleados de la misma,>y que celebrada la vista final se hiciera definitivo y permanente dicho auto de injunction, ordenándoseles además por dicho auto, la entrega de las correspondientes llaves de los edificios que dichos de-mandados ocupan de modo ilegal en la propiedad ó propie-dades de la corporación. Previa prestación de fianza por la suma de quinientos dollars, suscrita por los Sres. P. L. Corn-■well y Benjamin J. Horton, como fiadores, se expidió por el juez de l'a corte de Distrito de Mayagüez en 21 de diciembre último, el auto de injunction provisional, y en la misma fecha fué notificado á los demandados por el marshal de dicha corte.

En 31 del mismo mes de diciembre comparecieron los de-mandados representados por el abogado Don Alfredo Ar-naldo y presentaron un escrito de oposición á la solicitud de injunction, expresando en substancia lo siguiente: Alegaron, en primer término que decretado el injvmction por la corte, previa la prestación de una fianza de quinientos dollars, ad-mitió la corte como fiadores á Benjamín J. Horton y á Federico L. Cornwell, abogados que solicitaron el injunction á nombre de la central “Altagracia;” que, según la regla 13 de las dictadas para gobernar el juicio y, la práctica de las prue-bas, ningún abogado será aceptado como fiador en una acción ó procedimiento judicial en la cual preste sus servicios como tal abogado, y que dado ese precepto, los abogados Horton y Cornwell no pudieron legalmente ser aceptados como fiadores para prestar la fianza que al decretar el auto de injunction se exigió, y si á pesar de ello la corte los aceptó, y como tales fia-dores prestaron la fianza, se fia realizado un acto contra lo dispuesto en la ley, y como la misma ley no ordena su validez, ■ resulta que, según el artículo 4o. del Código Civil, dicha fianza es nula y procede, por consiguiente, que se declare así y se revoque, en su consecuencia, el auto de injunction que se de-cretó, teniéndose presente que los demandados impugnan no la suficiencia, sino la incapacidad de los fiadores que produce la nulidad de la fianza prestada; alegan también los deman-dados que al disponer la orden de injunction que éstos entre-guen las llaves y propiedad mueble que tengan de la corpora-ción demandante, se viene, en virtud de tal injunction, á reali-zar un desahucio, y que aún suponiendo que la corporación demandante tenga el derecho de desposeer á los demandados de las casas que ocuparen por razón de sus cargos, no es el injunction el remedio adecuado, pues el objeto de éste es pro-hibir á una persona determinada cosa que infrinja ó perju-dique el derecho de otra, es decir, obligar á una persona á que realice un acto, mas no prohibirle que lo realice; que, según el artículo 1490 del Código Civil, los demandados pueden ser des-poseídos de los edificios que ocuparen por razón de su cargo, ó sea aquéllos, en los cuales realizan sus trabajos, pero no de los edificios en que habiten; que hay un derecho al domi-cilio y contra ese derecho hay un sólo procedimiento especial, que es el desahucio, y nó el injunction; que es falso que los demandados trataran de formar alguna huelga ó crear algún motín y que dichos demandados Wilson y Otero eran, respec-tivamente, ingeniero y mayordomo de la central, con sueldos mensuales, y que, sin justa causa, que la solicitud de injunction no expresa, no pudieron ser despedidos de la misma; por todos esos hechos pidieron á la corte que resolviera que no existía suficiente fundamento para el injunction, condenando en costas y.daños y perjuicios á la central demandante.

Celebrada la vista ante la Corte de Distrito de Mayagüez, no se practicó en ella prueba alguna, y la córte dictó resolu-ción en 12 de enero de 1907, desestimando las objecciones pre-sentadas por los demandados á la solicitud y auto de injunction temporal, ratificando éste en todas sus partes, con las costas á los demandados, resolución que fué apelada para ante este tribunal por la representación de la parte demandada.

Dos cuestiones han sido sometidas á la consideración de este tribunal, por virtud de la apelación interpuesta por los demandados en este caso. Consiste la primera en que la fianza otorgada por la compañía demandante para que se expidiera el auto de injunction provisional, es nula, por ha-berla suscrito como fiadores dos de los abogados que repre-sentan á dicha compañía en este procedimiento.

Alegan también los apelantes que los demandantes han debido probar todos los hechos relacionados en su escrito de' demanda, y que no habiéndolo hecho así, no procedía haberse dictado el auto de injimction definitivo.

' Examinaremos estas cuestiones- por el orden en que han sido presentadas.

Según la'sección 7 de la Ley de Injunction, aprobada en 8 de mayo de 1906, al concederse el auto de injunction provisional el demandante deberá prestar, una fianza suscrita por fiadores abonados para responder de los daños y perjuicios que dicho injunction pudiera ocasionar á la parte demandada, en caso de que se resuelva en definitiva que el demandante no tenía derecho á establecerlo. Prescribe además dicha sección que dentro de los cinco días siguientes al de la notificación del injunction, la persona requerida puede poner excepción á la suficiencia de los fiadores, pudiendo éstos, ú otros en su lugar, justificar su suficiencia dentro de cinco días después de haber presentado el demandado su excepción, revocándose el injunction si así no lo .verificaren.

El auto de injunction provisional decretado en este caso por la Corte de Distrito de Mayagüez, fue expedido con fecha 21 de diciembre de 1906, y notificado el mismo día á los deman-dados, según consta del certificado de cliligenciamiento del marshal de dicha corte. La excepción hecha por los deman-dados á los fiadores fué consignada en su escrito de oposición que tiene fecha de 31 del mismo mes de diciembre, ó sea, des-pués de transcurridos los cinco días que al efecto señala la ley; alegan los demandados sin duda para evadir los efectos de esta sección, que no impugnan la suficiencia de los fiadores, sino solamente su incapacidad para figurar como tales fia-dores, que apareja la nulidad de la fianza. Parece que la parte demandada estima que al referirse la ley á la suficiencia de los fiadores ha. querido significar solamente su responsa-bilidad pecuniaria y no la aptitud ó capacidad de los mismos para otorgar la fianza; mas esto es un error. Las únicas objeciones que el demandado podría hacer contra los fiadores son las que hemos señalado, ó sea, su falta de responsabilidad pecuniaria ó su falta de capacidad ó aptitud legal, por otros conceptos, para figurar como tales fiadores; ambas están com-prendidas dentro del concepto de la palabra suficiencia, y deben ser presentadas dentro del término legal, pues como la intención de la ley al conceder cinco días al demandado para excepcionar la suficiencia de los fiadores ha sido la de dar á éstos la oportunidad de justificar tal suficiencia, dentro de igual término que al efecto les concede, ó en otro caso, para que el demandante pueda presentar nuevos fiadores, justifi-cando previamente sn suficiencia habiendo vencido dicho tér-mino cuando los demandados presentaron su oposición, na había ya términos hábiles para que el demandante subsanara los defectos señalados y hay que aceptar, por consiguiente, que, la objeción que hicieron los demandados contra los fiadores-que suscribieron la fianza fué presentada fuera del término fijado por la ley, y por tal razón, sería completamente inútil si procediéramos á considerar los méritos de la misma.

Pasemos á la segunda cuestión, ó sea, que la compañía de-mandante no ha promovido prueba alguna sobre los hechos expresados en su solicitud.

Los hechos consignados en la petición, por virtud de la cual se expidió el auto provisional, fueron alegados bajo juramento y los demandados, en su oposición, lejos de negar en forma alguna esos hechos, limitáronse, como hemos visto, á estable-, cer una cuestión de derecho sobre la capacidad de los fiadores, en el concepto que hemos expresado, y también sobre el al-calice ó efecto de dicha orden de injunction; no habiendo sido denegados los hechos establecidos en la petición, hay que acep-tarlos como ciertos y verdaderos para los efectos de esta acción, según doctrina establecida por esta Corte Suprema en el caso de Ríos v. Berenguer y otros, fallado en 13 de fe-brero de 1905. Por otra parte, no puede sostenerse, como ale-garon los demandados en el inferior, que el auto de injunction decretado tuviera el efecto de una sentencia dictada en juicio de desahucio, porque constando de la. petición que dichos de-mandados ocupaban, por razón de su cargo, las casas de la corporación demandante, tenía ésta perfecto derecho para pedir se les desposeyera de las mismas, según el artículo 1490 del Código Civil, y al prohibir el auto de injunction que los demandados entraran en la propiedad ó propiedades de la corporación demandante ó que intervinieran en modo alguno con dicha propiedad, ó propiedades, ú ocuparan las mismas, se hacía indispensable disponer, como secuela necesaria de esos actos, la entrega por los demandados de las llaves de dichas fincas y demás propiedades muebles que estuvieran en su poder, pues si así no se hubiera hecho hubiera resultado completamente ilusoria é ineficaz la orden de injunction de-cretada.

Que el auto de injunction decretado y expedido sea man-datorio en algunos de sus términos, no es tampoco objeción que, en nuestra opinión, pueda sostenerse. En su acepción ordinaria, un injunction es una orden ó mandato, y ese man-dato puede ser para que se haga una cosa determinada ó para evitar que dicha cosa llegue á hacerse; en su acepción legal, el injunction es un auto de carácter reparador, que se expida para ordenar al demandado que ejecute un acto ó que se abs-tenga de ejecutarlo ó continúe ejecutándolo,; puede ser, por consiguiente, de carácter mandatorio ó prohibitorio, y la facul-tad de los tribunales para expedirlos en cualquiera de esas formas, ha quedado perfectamente establecida por la juris-prudencia de los más altos tribunales de la Unión Americana. (Véase la Obra de Bispham sobre principios de Equidad, y los casos que en ella se citan, párrafos 399 y 400, y la de High sobre Injunctions, párrafo 1 y 2.

Por todas estas consideraciones, somos de opinión que debe confirmarse la resolución dictada en este caso por la Corte de "Distrito de Mayagüez, con las costas á los apelantes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Presidente Se. Quiñones,

text:
    Bolívar v. El Registrador de la Propiedad.
    Recurso gubernativo contra nota del Registrador de la Propiedad de Caguas.
    No. 13.
    Resuelto en junio 27, 1907.
    Ejecución de Hipotecas — Venta de los Bienes Hipotecados. — El procedimiento ejecutivo sumario establecido en la Ley Hipotecaria para el cobro de créditos • hipotecarios, debe ajustarse á la Ley de maño 9, 1905, relativa á las sen-tencias y manera de satisfacerlas, en cuanto á los trámites subsiguientes para la ejecución de la providencia ordenando la venta en pública subasta de los bienes hipotecados por falta de pago dentro de los treinta días que se le con-cedan para verificarlo.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del recurrente: Sr. Texidor.

   El Juez Presidente Se. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

Visto el presente recurso gubernativo interpuesto por el abogado Don Jacinto Texidor, á nombre de Don Gorgonio de Bolívar contra nota denegatoria del Registrador de la Pro-piedad de.Oaguas á inscribir una escritura de venta.

Resultando: que seguido procedimiento ejecutivo sumario en la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Humacao por Don Gorgonio de Bolívar y Alvarez contra la viuda y sucesión de Don Jaime Vilá y Canals en cobro de un crédito hipote-cario por la suma de 12,000 dollars intereses y costas sobre una finca rústica de 196 cuerdas de terreno, radicadas en el barrio del “Hato” del término municipal de Hato Grande, hoy San Lorenzo, se dispuso por la corte que por el marshal se requiriera á la sucesión deudora para que en el término de 30 días verificara el pago de la cantidad principal reclamada, con los intereses devengados y las costas causadas, aperci-bida de que no verificando el pago dentro de dicho" término, se sacaría á pública subasta la finca hipotecada; y que ha-biéndolo verificado así el marshal, como transcurrieran los 30 días sin haber verificado el pago los deudores, se ordenó por la corte se sacara á pública subasta la finca hipotecada, pro-cediendo el marshal en su consecuencia á la-ejucución de esta orden, señalando día para la celebración de la subasta, en cuyo acto se presentaron varios licitadores, y estimándose la mejor oferta la hecha por el abogado Don Jacinto Texidor á nombre del ejecutante Don Gorgonio Bolívar por la suma de 11,000 dollars, se le adjudicó la finca subastada por la suma ofrecida á cuenta de su crédito y otorgándole el marshal la correspon-diente escritura ‘de venta, el notario de Humacao, Don Antonio de Aldrey y Montoliu, en 18' de diciembre de 1906, y aceptando la escritura á nombre del comprador Don Gorgonio de Bolívar, Don Gil Martínez, como apoderado sustituto del mismo Bolívar, según poder que otorgara á favor de su her-mano Don Pedro, de igual”apellido, por escritura ante el no-tario Don Herminio Díaz Navarro, en 15 de noviembre de 1904, con facultades expresas para comprar y vender toda clase de bienes y para nombrar sustitutos, como así lo veri-ficó á favor del Don Gil Martínez en 14 de diciembre de 1906, por escritura otorgada en esta ciudad de San. Juan ante el abogado y notario de la misma Don Salvador Suau Carbonell, con vista'de una copia de dicho poder, y cuya sustitución obra inserta al final de dicha escritura de venta.

Resultando: que presentada ésta en el Registro de la Pro-piedad de Caguas para su inscripción la denegó el registrador por los motivos que se expresan en la nota que puso al pie de dicho documento, la que copiada á la letra dice así:

“No admitida la inscripción del precedente documento porque ha-biendo sido tasada la finca adjudicada con renuncia de todo nuevo ava.-lúo á los efectos del pago de la hipoteca porque se vendió en la suma de treinta mil pesos provinciales con infracción del procedimiento que se marca y determina en la vigente Ley Hipotecaria, ha sido adjudicada dicha finca en primera subasta por menos de las dos terceras partes del mencionado tipo de tasación sin haberse cubierto, por consiguiente, los créditos preferentes á que se hallaba afecta la misma finca, tomándose anotación por 120 días al folio 81 vuelto, del tomo Í5 del ayuntamien-to de San Lorenzo, finca número 606 duplicado, anotación (O) digo le-tra G., con el defecto además subsanable de no haberse acreditado de-bidamente el carácter de apoderado de Don Gorgonio de'Bolívar y su esposa Doña Angela Daubón que ostenta Don Gil Martínez Achalan-dabaso. — Caguas, 31 de mayo de 1907.”

.Resultando: que contra esta nota ha interpuesto en tiempo el abogado Don Jacinto Texidor á nombre de Don Gorgonio de Bolívar el presente recurso gubernativo para que se revoque dicha nota y se ordene al registrador la inscripción de la escritura.

Considerando: que el procedimiento ejecutivo sumario es-tablecido por la Ley Hipotecaria ,y su Reglamento para el cobro de los créditos hipotecarios, ba sido modificado esen-cialmente por la Ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla de 9 de marzo de 1905, “relativa áias sentencias y manera de satisfacerlas” en cuanto á los trámites subsiguientes para la ejecución de la providencia ordenando la venta en pública subasta de los bienes hipotecados por la falta de pago del deu-dor dentro de los 30 días que se le concedieran para verifi-carlo, como así lo lia declarado esta Corte Suprema en sen-tencia de 8 de febrero de 1906, en el caso de Emilia Jiménez y Felicia Garriga y Frenes, contra Julio Frenes y Aponte.

Considerando: que tampoco existe en la escritura el de-fecto subsanable que dice el Registrador de la Propiedad de Caguas, toda vez que en dicho documento obra inserta la sus-titución de poder hecha en favor de Don Gil Martínez del que le confiriera Don Gorgonio de Bolívar y Alvarez á su hermano Don Pedro de los mismos apellidos, con facultades entre otras, para adquirir ó enajenar fincas, censos, derechos créditos, ú otros bienes, con los pactos y condiciones que estimare opor-tunos, y para otorgar las escrituras del caso, y cuyo poder fué sustituido por el apoderado Don Pedro en uso de la facultad de sustitución que también contenía en Don Gil Martínez, por lo cual consta acreditada en la escritura la personalidad de éste para aceptar en nombre de Don Gorgonio de Bolívar la escritura de venta de que se trata.

Vistas las disposiciones legales y la resolución de esta Corte Suprema que se citan en la presente.

Se revoca la nota denegatoria puesta por el Registrador de la Propiedad de Caguas al pie de la escritura de que se tra-ta en el presente recurso, y devuélvasele con copia certifi-cada de la presente resolución para que proceda á inscribir dicha escritura; con arreglo á derecho y á los demás efectos que correspondan.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Pigueras y Wolf.

Juez disidente: Sr. MacLeary.