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license: Public Domain

text:
      In re Karimi Miranda Labrador.

      Número: 7711

      Resuelto: 10 de septiembre de 1993

      Karimi Miranda Labrador, pro se; Mady Pacheco García de la Noceda, abogada del Colegio de Abogados de Puerto Rico.
   RESOLUCIÓN

Luego de examinar la petición de reinstalación como abogado y notario presentada el pasado 19 de agosto de 1993 por Karimi Miranda Labrador, se accede a lo solici-tado y se autoriza su reinstalación al ejercicio de la profe-sión de abogado y notario a partir de 19 de agosto de 1993, previo el cumplimiento de los trámites necesarios para ello.

Esta resolución se publicará.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General


author:
(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaría General
     Juez Asociado Señor Negrón García. Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Presidente Señor Andréu García.

text:
    Consejo de Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico y otros, demandantes y apelantes, v. Hon. Pedro Rosselló González, Gobernador de Puerto Rico, demandado y apelado.

      Número: AC-93-426

      Resuelto: 24 de septiembre de 1993

      Lino J. Saldaña y Pedro Juan Pérez Nieves, de Saldaña, Rey & Alvarado, abogados de los apelantes; Daniel R. Domín-guez, Jorge C. Pizarro y Marie E. López Adames, de Do-mínguez & Totti, abogados de los apelados; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General; Rubén T. Nigaglioni, Jorge A. Antongiorgi y Julio Nigaglioni Arra-che, de Ledesma, Palou & Miranda, abogados de la Uni-versidad de Puerto Rico; José de la Cruz Skerrett, abogado de la amicus curiae, la Asociación de Colegios y Universi-dades Privadas (A.C.U.P.); Rafael L. Martínez Torres y Carlos Santiago Torres, abogados del nuevo Consejo de Educación Superior.
   RESOLUCIÓN

Por plantear el recurso una cuestión constitucional sus-tancial y novedosa —de vital importancia pública— el Tribunal acoge el recurso presente para así brindarle a las partes una oportunidad de exponer, con mayor detalle, sus respectivas posiciones. Este trámite del Tribunal no pre-juzga el asunto.

Debido a su importancia, el Tribunal le dará considera-ción prioritaria para su adjudicación más pronta.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Subsecretaria General. El Juez Presidente Señor Andréu García emitió un voto particular. Los Jueces Asociados Señor Negrón García y Señor Rebollo López emitieron votos disidentes.

(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaría General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

“Hacer fácil lo que es difícil constituye una falsificación peor que otras, aunque se perpetre en nombre de la peda-gogía (falsa). Y, como ha dicho Alvaro D’Ors, es más forma-tivo aprender una cosa difícil que cien fáciles.” A. de la Oliva Santos y M.A. Hernández, Lecciones de Derecho Pro-cesal, 2da ed., Barcelona, Ed. Promociones Pubs. Universi-tarias, 1984, Vol. I (Nota Introductoria). Discrepamos del trámite y decisión adoptada por la mayoría del Tribunal. Distinto a la brevedad posible, confirmaríamos el dictamen del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Gilberto Gierbolini, Juez).

I

Con la aprobación de la Ley de la Universidad de Puerto Rico, Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966 (18 L.P.R.A. see. 601 et seq.), se estableció el Consejo de Educación Superior (en adelante el Consejo) como nuevo organismo de gobierno de la Universidad de Puerto Rico (en adelante U.P.R.). Éste es integrado por ocho (8) miembros, todos nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. 18 L.P.R.A. sec. 602(b)(1). Naturalmente, to-dos los puestos disponibles a raíz de la Ley Núm. 1, supra, fueron ocupados por personas seleccionadas por el Gober-nador en ese momento.() El Consejo tenía la función dual de administrar la U.P.R. y, además, licenciar y acreditar las instituciones privadas de educación superior que se so-metieran voluntariamente. Este proceso de licénciamiento y acreditación advino de forma obligatoria con la aproba-ción de la Ley Núm. 31 de 10 de mayo de 1976 (18 L.P.R.A. see. 2101 et seq.). Este binomio funcional fue objeto de se-rias críticas por varios sectores fundamentados en su poten-cial conflicto de intereses.

Así las cosas, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 12 de 7 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. see. 621c) y la Ley Núm. 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. see. 602) y la Ley Núm. 17 de la misma fecha, 18 L.P.R.A. sees. 852-8521, 2101. La Ley Núm. 16, supra, creó un nuevo cuerpo rector de la U.P.R. —la Junta de Síndicos de la U.P.R.— a la cual le traspasó los poderes y las facultades que poseía en esa capacidad el Consejo. Los propósitos de esta medida, según su exposición de motivos, fueron bifur-car las funciones del organismo rector de la U.P.R. y del cuerpo acreditador de las instituciones privadas de educa-ción súperior, para así superar la posibilidad de cualquier conflicto de interés. Se quiso crear, además, un ente “que pueda dedicar todo su tiempo y esfuerzo a servir como cuerpo rector de la Universidad y que tenga representación de miembros de la comunidad universitaria”. 1993 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 50, 51. La Ley Núm. 12, supra, complementó este traspaso de funciones al designar a la Junta de Síndicos como el órgano con la facultad para es-tablecer los procedimientos correspondientes para solici-tar, recibir, custodiar y administrar los fondos de la U.P.R.

Finalmente, la Ley Núm. 17, supra, puso fin a la duali-dad de funciones del Consejo al asignarle exclusivamente la función de licenciar y acreditar las instituciones privadas de educación superior.

Al día siguiente de haberse aprobado estas leyes, el 17 de junio, Awilda Aponte Roque y los demás miembros del Consejo (excepto el Secretario de Educación) —en su carác-ter institucional y personal— solicitaron() al Tribunal Superior, Sala de San Juan, un injunction preliminar y per-manente y un decreto de inconstitucionalidad. El 21 de junio de 1993 dicho foro celebró una vista para considerar la solicitud de entredicho provisional e injunction preliminar. Al otro día, 22 de junio, denegó esta solicitud. Posteriormente, luego de varios trámites procesales,() el 5 de agosto el tribunal de instancia dictó sentencia decla-rando sin lugar la demanda. Contra ese dictamen se pre-sentó un escrito de apelación el 20 de agosto de 1993 y, simultáneamente, una moción en auxilio de jurisdicción. La Sala de Verano acordó referirlo al Pleno.

Los peticionarios Awilda Aponte Koque, et al., señalan ocho (8) errores, entendiendo que estos involucran cuestio-nes constitucionales sustanciales que ameritan que su es-crito sea acogido como una apelación. Son susceptibles de agruparse en tres (3) predicados: primero, la naturaleza y estirpe jurídica de la autonomía universitaria y la libertad académica institucional; segundo, la legitimación activa del Consejo frente a las acciones del Gobierno, y tercero, si como resultado de la aprobación de estas leyes sus miem-bros fueron destituidos y de haberlo sido fue ilegal.()

II

El Art.II, Sec. 5 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A ., Tomo 1, ed.1982, pág. 271, proclama que “[t]oda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y las libertades fundamentales”. En este precepto detectamos inmerso, como elemento indispensable para su consecución, la liber-tad académica o de cátedra apuntalada en el clima que debe prevalecer en toda democracia. Complemento de lo anterior, tenemos el derecho a la libertad de expresión y asociación establecido en el Art. II, Sec. 4 de la Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. No olvidamos —y en nuestros disensos así la hemos defendido— la libertad de cátedra, García Gabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167, 185 (1987), y el principio de que la educación universitaria “se efectúa en un ámbito de intercambio de ideas, de contradicciones, de examen a fondo del conocimiento con el propósito de desa-rrollar un sentido crítico. Se le ofrecen [al inventario] diversas perspectivas que deberán pesar en su búsqueda de la verdad. ... El universitario ha de desarrollar, con la ayuda del maestro, el convencimiento de que el aprendi-zaje es obra de la voluntad personal y del empeño particular del individuo. La universidad, por lo tanto, debe estar abierta a los aires de extramuros, al fluir incesante de ideas y opiniones que expongan al estudiante a ese mundo com-plejo y conflictivo del conocimiento”. (Enfasis suplido.) De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472, 502 (1989), opi-nión disidente.

Ahora bien, en recta juridicidad, difícilmente en este caso puede sostenerse un decreto de inconstitucionalidad fundamentado en loas a la autonomía universitaria y liber-tad de cátedra, corolarios del derecho de expresión y asociación. No podemos tomar la autonomía universitaria y la libertad académica dogmáticamente, como artículos de fe, ni sobrecargarlos conceptualmente con una densidad ju-rídica doctrinal que no poseen. Hacerlo desbordaría el ám-bito de revisión judicial. Autonomía universitaria no signi-fica una isla institucional al margen de los otros poderes del Gobierno.

Sin menoscabo de un análisis ulterior, basta señalar —con todo respeto— que la mayoría pretende construir ar-tificialmente un castillo jurídico en arena movediza, e in-tervenir inintencionalmente en unos procesos y fuerzas po-lítico-partidistas que, independientemente de que sean o no de nuestro agrado, nos están vedados pues tienen su propio campo de acción en los poderes Ejecutivo y Legislativo del Gobierno.

La actuación mayoritaria pasa por alto que no nos co-rresponde juzgar la sabiduría e idoneidad de un esquema legislativo si no vulnera la Constitución. De repente, pa-rece olvidado que la dirección y el gobierno corresponde a las dos (2) ramas políticas y que, en palabras recientes del Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri, “[s]i hay o no razo-nes prácticas o de política pública para mantener las es-tructuras actuales [del Consejo] o cambiarlas es cuestión que le toca decidir primordialmente a las ramas políticas del Gobierno”. (Enfasis suplido.) Fac. C. Soc. Aplicadas, Inc. v. C.E.S., 133 D.P.R. 521 (1993).

1 1 — 1

En buena metodología apelativa-adjudicativa, la deter-minación inicial de la existencia o no de una cuestión cons-titucional sustancial depende de que se demuestre que tal reclamo aduzca hechos que razonablemente permitan con-cluir que efectivamente se han infringido intereses consti-tucionales protegidos y susceptibles de un remedio judicial. Sólo entonces cabe evaluar si tales intereses son sustancia-les y si hay ausencia de justificación razonable que avale las acciones del Estado. Hemos dicho al respecto que “no existe tal cuestión [constitucional sustancial] si un examen del planteamiento invocado refleja la presencia de un error, que tiende a involucrar un argumento constitucional inexistente”. (Énfasis suplido.) Com. Asuntos de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 720 (1980). Véase, además, Calderón, Rosa-Silva & Vargas v. García, 120 D.P.R. 803, 809-812 (1988).

Un estudio sosegado y minucioso de los autos nos ha convencido que no se ha demostrado esa sustancialidad y de que se hayan vulnerado realmente los derechos constitucionales. A menos que la mayoría desee reescribir nuestra Constitución y establecer un nuevo prontuario y guías en torno a la dinámica político-partidista del país, no vemos cómo pueda anularse este nuevo diseño legislativo.

Ciertamente —no es objeto de argumentación seria— que la Legislatura actuó, dentro del ámbito de su autori-dad, en la aprobación de estas leyes al crear la Junta de Síndicos de la U.P.R. como un nuevo departamento ejecu-tivo y modificar las funciones de otro (el Consejo). Tal fa-cultad le fue conferida expresamente en, nuestra Constitu-ción:

La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consoli-dar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. Art. Ill, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 343.
La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 16 señala:
La Universidad de Puerto Rico es gobernada al presente por el Consejo de Educación Superior que funge a la vez como Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico y como ente que licencia y acredita otras instituciones de educación superior y sus programas. Esta función dual del Consejo de Educación Superior no sólo ha impedido que el Consejo actual pueda dedicar todo su tiempo y esfuerzo a servir como cuerpo rector de la Universidad, sino que ha colocado al cuerpo y sus miembros en una situación de posible conflicto de intereses lo que ha sido señalado en diversas ocasiones por distintos grupos, entidades académicas, y ciudadanos particulares.
A los fines de que la Universidad de Puerto Rico cuente con un cuerpo rector dedicado exclusivamente a gobernar la Uni-versidad de Puerto Rico en el cual el interés público esté repre-sentado por ciudadanos distinguidos y tenga además una re-presentación de los miembros de la comunidad universitaria, se crea la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico para gobernar y administrar el sistema universitario • del estado. (Énfasis suplido.) 1993 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 50-51.

Por su parte, la Ley Núm. 17, supra, dispuso:

Con el transcurrir del tiempo, se ha reclamado, dentro y fuera de la Universidad de Puerto Rico, la necesidad de separar las dos funciones que, por mandato de ley, ejerce el Consejo de Educación Superior. Abonan a ese reclamo los siguientes facto-res: la creciente complejidad del Sistema Universitario Público que requiere una mayor atención de su cuerpo de gobierno; el acelerado desarrollo de las Instituciones Privadas de Educación Superior y su notable multiplicación; y las exigencias federales referentes a la financiación de programas universitarios.
Esta Ley tiene como propósito separar las funciones de licen-ciar y acreditar instituciones universitarias privadas y las fun-ciones correspondientes al gobierno de la Universidad del Estado. Para ello se crea el Consejo de Educación Superior. 1993 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 57.

No se ha aportado evidencia suficiente para poner a este Tribunal en la posición de cuestionar la legitimidad de los propósitos de esta legislación. Todo lo contrario, según el ilustrado foro de instancia sentenció, obran en autos nume-rosas comunicaciones y ponencias —de la Asociación de Co-legios y Universidades Privadas en Puerto Rico, de la Co-misión de Educación de la Middle States Association e, incluso, del entonces Presidente del Consejo, Doctor Padró Yumet— expositivas del conflicto de interés aludido. En la Asamblea Legislativa del cuatrienio pasado (1988-1992), se presentaron dos (2) proyectos para deslindar ambas funciones.

Más aún, en el plano de la campaña electoral, los can-didatos a gobernación por el Partido Popular Democrático (P.P.D.) y el Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) prometie-ron que el Consejo cesaría de licenciar programas univer-sitarios privados.

Ann así, los peticionarios Awilda Aponte Roque et al., aducen un discrimen político apuntalado en que, a raiz de las elecciones, el Gobernador electo doctor Rosselló Gonzá-lez conminó a todos los miembros del Consejo, Presidente U.P.R., rectores y decanos a que renunciaran, y que se crearía una nueva Junta de Síndicos para regir los desti-nos universitarios.

La naturaleza de nuestra función revisora de la Consti-tución impide, ante una declaración clara y legítima de propósitos de la Asamblea Legislativa —apoyado por un amplio historial legislativo— que emprendamos a des-tiempo, con una lámpara vacía de quinqué, una búsqueda de motivos obscuros o escondidos fundados en tales aseveraciones.() Nuevamente, parece olvidado que la “po-lítica pública y la intención legislativa se investigan en los trámites, debates, informes y finalmente en los textos culmi-nantes de. los estatutos”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 586 (1985).

IV

Ni el reclamo de autonomía universitaria ni tampoco la libertad de cátedra están lesionados en este caso o respal-dados por una prueba que justifique la intervención de este Tribunal. Un análisis de las facultades conferidas a la nueva Junta de Síndicos de la U.P.R. no revela amenazas nuevas, per se, a la autonomía universitaria, pues simple-mente las facultades que tenía el Consejo han sido trans-feridas a esa Junta. Si algo reflejan los autos es que esta-mos ante un planteamiento prematuro y conceptual que la mayoría del Tribunal no debe adjudicar a destiempo. Ha-cerlo es enterrar de un plumazo las normas de abstención hace unos días reconocidas: “[e]ste Tribunal tiene el deber, reiterado y cumplido en repetidas ocasiones, de no decidir a destiempo cuestiones constitucionales y así evitar pro-nunciamientos de índole consultiva, sin proporción a los hechos. Véanse, e.q.: Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79, 86-87 (1986); Molina v. C.R.U.V., 114 D.P.R. 295, 297 (1983); Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45, 51 (1970); Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 783 (1968).” (Énfasis suplido.) Caquías v. Asoc. Res. Mansiones Río Piedras, 134 D.P.R. 181, 188 (1993).

Por otro lado, la composición de la nueva Junta de Sín-dicos de la U.P.R. tampoco presenta, de su faz, defectos constitucionales o infracción a la libertad de cátedra. Se argumenta el hecho de que los nombramientos del Consejo se hacen de forma escalonada para impedir que éste se encuentre a merced de los cambios de gobierno. Es un dato histórico, de fácil comprobación, que la Ley Núm. 135 de 1942 (18 L.P.R.A. sees. 631-636 y 638-658) la cual creó el Consejo Superior de Enseñanza, y la Ley Núm. 1, supra, la cual derogó a aquél y estableció el Consejo, aumentaron su composición, lo cual unido a las vacantes existentes siem-pre ha permitido que los gobernadores incumbentes pue-dan nombrar personas de su predilección. Obviamente, el elemento político partidista estuvo presente en ese proceso de selección y viabilizó un control institucional. Ante esta realidad, más allá del papel legal, ¿cómo pueden entonces los peticionarios Awilda Aponte Roque et al. argumentar que la fórmula de escalonamiento en los términos de la Ley Núm. 1, supra, “dio plena vigencia a los postulados de au-tonomía y libertad académica”?

Naturalmente, los puestos creados por la nueva ley son inicialmente ocupados por las personas que nombre el Gobernador.() Ello no la invalida, pues es incidental a su aprobación. No crea una situación distinta a las leyes an- tecesoras del Consejo, ni se aparta a lo que de ordinario ocurre al crearse o ampliarse nuevas juntas o departamen-tos ejecutivos. Además, luego de estos primeros nombra-mientos, la ley reproduce la fórmula de que los subsiguien-tes se harán en forma escalonada. Si antes fue bueno y constitucional, ¿por qué ahora no lo es?

Este enfoque no es ad hoc. No puede divorciarse el clima universitario —libertad de asociación y expresión, esto es, los derechos civiles de los educadores, profesores y estu-diantes— de los poderes de la Asamblea Legislativa. “Este es un asunto que corresponde atender a la Asamblea Legis-lativa, en cumplimiento de los mandatos constitucionales, para marcar los límites de la reglamentación intrauniversitaria. No se trata de una cuestión que corres-ponda exclusivamente a la autonomía de la Universidad” (Énfasis suplido.) Informe Especial Sobre la Libertad Aca-démica en la U.P.R, Comisión de Derechos Civiles, Lino J. Saldaña, Presidente, 15 de marzo de 1967, pág. 22.

Finalmente, se alega que la promulgación de estas me-didas ha tenido el efecto de destituir ilegalmente a los miembros del Consejo. El argumento adolece del mismo defecto. ¿En qué consiste la destitución aludida? Ellos con-tinúan siendo miembros del Consejo, no se han alterado las dietas que perciben ni el término por el cual fueron nombrados; sólo se han modificado algunas de sus funciones. Antes estaban a cargo de la acreditación y co-rrección de las licencias a Instituciones Privadas de Edu-cación Superior y administrar la U.P.R. Las nuevas leyes le asignan sólo la primera de estas dos (2) funciones.

Curiosamente, los propios peticionarios, Awilda Aponte Roque et al., implícitamente aceptan la facultad legislativa para efectuar estos cambios al argumentar, como alterna-tivas menos drásticas, “aumentar el número de miembros del Consejo para dar representación a estudiantes —y pro-fesores— y delegar en un nuevo cuerpo las funciones de supervisar las instituciones privadas”. (Énfasis suplido.) Moción en auxilio de jurisdicción, pág. 12. Esa argumenta-ción derrota su tesis central. Si en lugar de separar las funciones, la Ley Núm. 16, supra, hubiese duplicado el nú-mero de miembros del Consejo —propiciando así una ma-yoría de nombramientos por el actual Poder Ejecutivo— ¿sería inconstitucional? Obviamente no. ¿Podemos enton-ces, en abstracto, forzar nuestra intervención para variar o anular el esquema legislativo? ¿Bajo qué misteriosa lógica la mayoría pretende sostener que los actuales concejales —nombrados por la anterior administración— están más capacitados e investidos de un don privilegiado para ga-rantizar y velar la autonomía universitaria y la libertad académica?

V

Teóricamente, a través de las facultades de la Junta de Síndicos de la U.P.R. —al igual que las anteriores que tenía el Consejo— puede interferirse indebidamente con las áreas relacionadas con quién habrá de enseñar, qué se en-señará, cómo se enseñará y quién ha de ser admitido a estudiar en la U.P.R. Sin embargo, repetimos, sólo pode-mos enfrentarnos a situaciones concretas y reales. De ello ocurrir, sin duda, como en el pasado procederíamos a vin-dicar inmediatamente los derechos constitucionales de to-dos los afectados. García Cabán v. U.P.R., supra.

En ausencia de reclamo específico de un menoscabo real a los derechos constitucionales sustanciales, hemos de su-perar la tentación de atender y entender cuestiones hipo-téticas, abstractas o contingentes. Ello equivaldría a emitir una opinión consultiva. R. Serrano Geyls, Derecho Consti-tucional de Estados Unidos y Puerto Rico, 1ra ed., San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, págs. 116-119. Nos convertiría en un super Gobierno usurpando funciones que no nos competen.

En resumen, según enjuició el reputado tribunal de ins-tanda, los petidonarios Awilda Aponte Roque et al., como “miembros del CES desean continuar como hasta el pre-sente o en la alternativa que se adopte la idea que otras personas han propuesto. Al día de hoy existe un enfoque distinto por el nuevo gobierno en funciones. No corres-ponde a este Tribunal entrar a la arena política para diri-mir si tal o cual programa del nuevo gobierno es sabio o no. Ello es prerrogativa de las ramas políticas de nuestro go-bierno (Ejecutiva y Legislativa)”. Sentencia, pág. 27.

Ese deseo de los peticionarios Awilda Aponte Roque et al. no es suficiente. Ciertamente no hay interconexión o ligazón de causa o efecto en sus planteamientos. Así acla-rado, en el fondo, sólo estamos ante una tesis de origen político-partidista no susceptible de ser configurada como lesión constitucional legítima, que pretende únicamente controlar las estructuras prevalecientes y perpetuar incum-bentes nombrados por una administración de un partido (Partido Popular Democrático) que perdió las elecciones.

Sinceramente, ¿plantea esta apelación una cuestión constitucional sustancial?

Una nota final. Suscribimos totalmente las expresiones en torno a la independencia judicial expuesta por el Juez Presidente Señor Andréu García en su voto particular. Nuestro disenso responde al ejercicio extraído de esos valores. En cuanto a su peculiar apreciación de las razones que han movido a la mayoría a acoger esta apelación, nos remitimos a los fundamentos aquí expuestos.

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

La decisión de una mayoría de los integrantes de este Tribunal de darle curso al recurso de apelación radicado en el presente caso — alegadaménte debido a que en el mismo se “plantea ... una cuestión constitucional sustancial” (Re-solución, pág. 1)— constituye un ejemplo más de una serie de decisiones jurídicamente cuestionables emitidas en los últimos años por este Foro que lamentablemente han tenido el efecto de socavar la confianza que la ciudadanía necesa-riamente ha de tener en el más Alto Foro apelativo del País.

En el presente caso, desafortunadamente, el daño es aún mayor. La decisión emitida no sólo tiene el efecto de erosionar, aún más, esa confianza sino que se pone en grave riesgo, durante el tiempo que le tome a este Tribunal resolver el recurso, el buen funcionamiento, y estabilidad, de la única institución pública universitaria de nuestro País; ello con el consabido perjuicio a nuestra juventud.( )

El recurso radicado es obviamente inmeritorio. Resulta palpablemente claro que una “criatura” del Estado, como lo es el Consejo Superior de Enseñanza (en adelante C.E.S.), no tiene “legitimación activa”, como institución, para im-pugnar la validez constitucional, frente al Estado “su crea-dor”, de las Leyes Núm. 12 de 7 de junio de 1993 (18 L.RR.A. sec. 621c) y la Núm. 16 de 16 de junio del mismo año (18 L.P.R.A. see. 602). La jurisprudencia federal y es-tatal citada por el C.E.S., en apoyo de su contención de que sí posee legitimación activa, es completamente distinguible e inaplicable.

Por otro lado, y ya específicamente en cuanto a los inte-grantes del referido Consejo en su capacidad individual, resulta igualmente obvio que, a pesar de que éstos podrían tener legitimación activa para radicar el pleito, los dere-chos constitucionales de los referidos funcionarios no son afectados en forma alguna por la legislación en controversia. Dicha legislación lo que, meramente, hace es transferir una (1) de las dos (2) funciones que hasta ahora había venido desempeñando el C.E.S. a la nueva Junta de Síndicos de la Universidad; acción por la que habían ve-nido clamando muchos educadores en Puerto Rico. El he-cho de que los miembros del C.E.S. prefieran desempeñar la función que fuera transferida a la nueva Junta río hace que la legislación sea inconstitucional. Ello es una determi-nación de política pública, la que tiene derecho a hacer la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, que está fuera del ámbito de la revisión judicial. Nuevamente, la jurispru-dencia que citan los apelantes en apoyo de su posición, es claramente distinguible e inaplicable.

Por último —y aun asumiendo a los fines de la argu-mentación que los apelantes, en su capacidad individual, efectivamente tienen “legitimación activa” para radicar el presente pleito— tenemos que un examen objetivo y desapa-sionado de las leyes en controversia revela que las mismas, de su faz, no afectan en forma alguna ni la libertad de cátedra, ni el derecho a la libre expresión, ni ningún otro derecho constitucional', que nuestra Constitución le pueda garantizar a los miembros de la comunidad universitaria. Por otro lado, la prueba señalada en la demanda radicada por la representación legal de los apelantes —con la que, alegadamente, éstos pueden demostrar que la aprobación de las mencionadas leyes obedeció, de manera principal, a motivaciones políticas partidistas— es palpablemente insu-ficiente en derecho, aun cuando, como hizo el foro de ins-tancia, se admitiera su certeza. Dicha prueba, únicamente, puede ser considerada suficiente en derecho para demos-trar ese hecho por una mente interesada o prejuiciada.

En resumen, nos enfrentamos ante una actuación legis-lativa legítima que es completamente constitucional y de sencilla interpretación, entendimiento y comprensión; lo cual hace que sea verdaderamente difícil de entender la acción tomada en el día de hoy por una mayoría de los integrantes del Tribunal. La determinación del Tribunal de darle curso a una apelación claramente inmeritoria tendrá la lamentable consecuencia de —no importa cuál sea la decisión que finalmente emita el Tribunal en relación con la misma— causar una grave incertidumbre e inestabilidad en la Universidad de Puerto Rico; pudiendo tener la misma el efecto, inclusive, de cohibir a los miembros de la nueva Junta de Síndicos de ejercer las prerrogativas que válida-mente le concede la nueva legislación, retardando ello el desarrollo institucional de la Universidad.

En su momento oportuno, ampliaremos y justificaremos plenamente las breves expresiones que hemos hecho en el día de hoy. Por lo pronto, y como hemos expresado en oca-siones anteriores: la verdad puede ser dulce o amarga —inclusive severa — pero nunca es ofensiva ni injusta. En fin, la determinación sobre la legitimidad y corrección de las dis-tintas posiciones asumidas por los integrantes del Tribunal en el presente caso la dejamos al juicio de la historia y a la inteligencia y sagacidad de nuestros conciudadanos.

Voto particular del

Juez Presidente Señor Andréu García.

Una mayoría de este Tribunal ha determinado que pro-cede dar curso a la apelación presente. Al llegar a esa con-clusión, la mayoría tuvo las disposiciones legales y regla-mentarias como criterios rectores, así como otras normas desarrolladas en la jurisprudencia que gobiernan el ejerci-cio de nuestra discreción para atender esta clase de procedimientos. Con independencia de criterio —en forma educada y reflexiva— dispensando la consideración y res-peto debidos a los criterios de otros miembros distinguidos de esta Curia y a los litigantes; profesando, al así hacerlo, la adhesión a los principios que dan vida a nuestra organi-zación colectiva y, sobre todo, siguiendo la luz de la con-ciencia individual —que dicta a cada cual su particular visión de lo que es justo— esa mayoría llegó al convencí-miento firme de que el recurso presente plantea una cues-tión constitucional sustancial. Véanse: Ley Núm. 115 de 26 de junio de 1958 (4 L.P.R.A. sees. 35, 37); Regla 53 de Pro-cedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Calderón, Rosa-Silva & Vargas v. García, 120 D.P.R. 803 (1988).

Vivimos en un sistema de leyes, no de hombres. El poder viene de la ley, no a la inversa. El Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tienen un campo de acción amplio para llevar a cabo sus programas, pero no gozan de autoridad irrestricta para todo. Esto es así porque en su sabiduría los delegados de nuestra Asamblea Constituyente estimaron necesario y prudente evitar que alguna de las ramas de nuestro Go-bierno tuviera todo el poder. En nuestro sistema de pesos y contrapesos corresponde a la Rama Judicial velar porque las actuaciones del Gobierno no infrinjan los derechos de las personas:

Si se dijere que el cuerpo legislativo por sí solo es constitu-cionalmente el juez de sus propios derechos y que la interpre-tación que de ellos se haga es decisiva para los otros departa-mentos, es lícito responder que no puede ser ésta la presunción natural en los casos en que no se colija de disposiciones espe-ciales de la Constitución. No es admisible suponer que la Cons-titución haya podido tener la intención de facultar a los repre-sentantes del pueblo para sustituir su voluntad a la de sus electores. Es mucho más racional entender que los tribunales han sido concebidos como un cuerpo intermedio entre el pueblo y la legislatura, con la finalidad, entre otras varias, de mante-ner a esta última dentro de los límites asignados a su autoridad. La interpretación de las leyes es propia y peculiar-mente de la incumbencia de los tribunales. Una Constitución es de hecho una ley fundamental y así debe ser considerada.por los jueces. A ellos pertenece, por lo tanto, determinar su signi-ficado, así como el de cualquier ley que provenga del cuerpo legislativo. Y si ocurriere que entre las dos hay una discrepan-cia, debe preferirse, como es natural, aquella que posee fuerza obligatoria y validez superiores; en otras palabras, debe prefe-rirse la Constitución a la ley ordinaria, la intención del pueblo a la intención de sus mandatarios. A. Hamilton, El Federalista, LXXXVIII.

Por lo tanto, constituye un deber ineludible de todo ju-rista reconocer la independencia judicial como un valor fundamental en nuestro sistema de gobierno, precisa-mente para que los jueces no estén controlados o compro-metidos con los programas de la otras ramas del Gobierno y que gocen de libertad de criterio para fiscalizar las actua-ciones gubernamentales indebidas. Cuando los otros meca-nismos de la opinión pública y los procesos políticos ordi-narios resultan insuficientes para determinar si una actuación del Gobierno es o no arbitraria, la Judicatura representa la última garantía para proteger la libertad de los ciudadanos.

Esta independencia judicial es igualmente necesaria para proteger a la Constitución y a los derechos individuales de los efectos de esos malos humores que las artes de hombres intri-gantes o la influencia de coyunturas especiales esparcen a ve-ces entre el pueblo, y que, aunque pronto cedan el campo a mejores informes y a reflexiones más circunspectas, tienen en-tretanto la tendencia a ocasionar peligrosas innovaciones en el gobierno y graves opresiones del partido minoritario de la comunidad. ...[L]os representantes del pueblo no están autori-zados para violar las prevenciones de la Constitución vigente cada vez que una afición pasajera denominara a una mayoría de sus electores en un sentido contrario a dichas disposiciones, o que los tribunales estarían más obligados a tolerar las infrac-ciones cometidas en esta forma que las que procedieran única-mente de las maquinaciones del cuerpo representativo. Mien-tras el pueblo no haya anulado o cambiado la forma establecida, por medio de un acto solemne y legalmente autori-zado, seguirá obligándolo tanto individual como colectiva-mente; y ninguna suposición con respecto a sus sentimientos, ni aun el conocimiento fehaciente de ellos, puede autorizar a sus representantes para apartarse de dicha forma previamente al acto que indicamos. Pero es fácil comprender que se necesita-ría una firmeza poco común de parte de los jueces para que sigan cumpliendo con su deber como fieles guardianes de la Constitución, cuando las contravenciones a ella por el legisla-tivo hayan sido alentadas por la opinión de la mayor parte de la comunidad. (Enfasis suplido.) Hamilton, op. cit.

Por otro lado, este Tribunal tiene la función rectora adi-cional de pautar y darle contenido máximo al Derecho puertorriqueño. Corresponde, pues, a este Tribunal fijar el significado de las disposiciones constitucionales encerradas en este recurso. Algunas de las cuestiones constitucionales planteadas aquí nunca han sido resueltas en esta jurisdicción. Cf. Calderón, Rosa-Silva & Vargas v. García, supra, págs. 811-812. Una mayoría de los miembros de esta Curia han entendido que en el descargo de la función referida, los planteamientos hechos respecto a tales cues-tiones deben ser atendidos independientemente de la deci-sión final que recaiga en ellos. Negarle a este Tribunal su facultad para determinar si efectivamente las leyes ante nuestra consideración constituyen una afrenta a las garan-tías constitucionales invocadas por los recurrentes, con el propósito adicional de pautar el derecho encerrado y darle contenido a los principios constitucionales invocados, es negarle a esta Curia la esencia misma de la razón vital que justifica su existencia.

The judges cannot refuse to decide cases because they personally believe the United States would be a more democratic country without judicial review. A preoccupation with the prudent and statesmanlike exercise of their duties can hardly be allowed to deny the existence of those duties. Anxious as they may be not to compromise the Court as an institution, and to avoid when possible the intense political pressures of hard cases, they should recall too that their great power exists to be used at the right times, not lost in atrophy. The Court can be destroyed by the weakness as well as the recklessness of its members... E.V. Rostow, The Democratic Character of Judicial Review, 66 Harv. L. Rev. 193, 213 (1952).

Por tales motivos, rechazo enérgicamente cualquier ex-presión que atente contra los sanos principios democráti-cos que han guiado la conciencia de una mayoría de los jueces de esta Curia al dar curso a la apelación presente. Tal tipo de expresión es la que, por su potencial efecto desorientador, puede terminar socavando en algún grado la confianza de la ciudadanía en el más Alto Foro apelativo del país.

      (1) Hasta entonces el organismo rector de la Universidad de Puerto Rico (en adelante U.P.R.) era el Consejo Superior de Enseñanza integrado por su Presidente, el Secretario de Instrucción Pública y seis (6) ciudadanos, dos (2) de ellos educadores prominentes, nombrados por diez (10) años por el Gobernador con el consejo y con-sentimiento del Senado. Véase Ley Núm. 135 de 7 de mayo de 1942, según enmen-dada, 18 L.P.R.A. sees. 631-636 y 638-658.
      De conformidad con esa nueva Ley Núm. 1 (18 L.P.R.A. see. 601 et seq.), estas personas pasaron a formar parte del Consejo de Educación Superior (en adelante Consejo). De esta manera se produjeron dos (2) nominaciones, además de las surgidas a raíz de la terminación del nombramiento de algunos miembros del antiguo Consejo.

      (2) Partimos de la premisa de que los peticionarios poseen legitimación activa de carácter personal y que sus reclamos son inseparables del Consejo como institución.

      (3) De esta resolución solicitaron reconsideración sin éxito. Posteriormente acu-dieron a este Foro y proveimos un no ha lugar.

      (4) Argumentan y elevan a rango de derecho constitucional la autonomía uni-versitaria bajo las libertades garantizadas por la Primera y Decimocuarta Enmien-das de la Constitución federal y por las Sees. 4 y 6 del Art. II, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, y bajo el derecho fundamental a la educación garantizado por el Art. II, Sec. 5, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, resolver que las Leyes Núms. 16 (18 L.P.R.A. see. 602), 17 (18 L.P.R.A. sees. 852-8521, 2101) y 12 (18 L.P.R.A. sec. 621c) no inciden sobre el derecho constitucional a la libertad académica institucional y a la autonomía de la Universidad de Puerto Rico (en adelante la Universidad); adjudicar que la Universidad, representada por el Consejo de Educación Superior carece de legitima-ción activa para demandar al Gobernador en defensa de su derecho a la libertad académica institucional y autonomía; decidir que al Consejo y sus miembros no les ampara el derecho a la libertad académica institucional porque las funciones del Consejo son administrativas y no académicas y no toman decisiones académicas sino puramente administrativas; decidir que los miembros del Consejo no fueron desti-tuidos de sus cargos como junta de gobierno de la Universidad, y que la destitución no se debió a motivaciones políticas.

      (5) García Pagán v. Shiley Caribbean, etc., 122 D.P.R. 193 (1988); Kassel v. Consolidated Freighways Corp., 450 U.S. 662 (1981); Weinberger v. Weisenfeld, 420 U.S. 636, 648 esc. 16 (1975); Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council, 467 U.S. 837 (1984).

      (6) Excepto el representante estudiantil y los dos (2) profesores.

      (1) Aún más sorprendente resulta ser la posición asumida por tres (3) de los integrantes de este Tribunal a los efectos de que concederían la moción en auxilio de jurisdicción que radicaron los apelantes en el presente caso; esto es, que dejarían en suspenso la implantación de la legislación en controversia, devolviéndole el control y la dirección de la Universidad de Puerto Rico al Consejo de Educación Superior.
      Afortunadamente, para Puerto Rico y nuestro ordenamiento jurídico, dicha po-sición no prevaleció.


author:
(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaría General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Consejo de Educación Superior de la Universidad de Puerto Rico y otros, demandantes y apelantes, v. Hon. Pedro Rosselló González, Gobernador de Puerto Rico, demandado y apelado.

      Número: AC-93-426

      Resuelto: 20 de octubre de 1993

      Lino J. Saldaña y Pedro Juan Pérez Nieves, de Saldaña, Rey & Alvarado, abogados de los apelantes; Daniel R. Domín-guez, Jorge C. Pizarro y Marie E. López Adames, de Do-mínguez & Totti, abogados de los apelados; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General; Rubén T. Nigaglioni, Jorge A. Antongiorgi y Julio Nigaglioni Arra-che, de Ledesma, Palou & Miranda, abogados de la Uni-versidad de Puerto Rico; José de la Cruz Skerrett, abogado de la Asociación de Colegios y Universidades Privadas (A.C.U.P.), amicus curiae; Rafael L. Martínez Torres y Carlos Santiago Torres, abogados del nuevo Consejo de Edu-cación Superior. •
   RESOLUCIÓN

A la moción informativa, enterado.

Lo acordó el Tribunal y certifica la señora Subsecretaría General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto disidente.

(Fdo.) Carmen E. Cruz Rivera Subsecretaría General

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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Discrepamos del trámite rutinario e inconsecuente con que la mayoría trata la Moción informativa presentada por los apelantes Awilda Aponte Roque et al.

En síntesis, nos informan que ellos nunca aceptaron ningún cargo en el Consejo de Educación Superior creado por la Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. sees. 852-8521, 2101). Tampoco dieron su consentimiento para ser transferidos a éste, sino, por el contrario, fueron destituidos, ante lo cual impugnaron su constitucionalidad. Exponen que el 6 de octubre de 1993 se lo comunicaron al apelado, el Gobernador, Hon. Pedro J. Rosselló González, quien el 8 de octubre les informó que “aceptaba su renun-cia como concejales, irrevocablemente y con vigencia inmediata”. Ese mismo día le aclararon y reiteraron “que nunca habían renunciado a cargo alguno en el nuevo Con-sejo de Educación Superior creado por la Ley Núm. 17[, supra,] porque nunca habían aceptado ser miembros”.

Con la Moción informativa acompañaron copias fieles y exactas de esas comunicaciones, para exponer que la com-parecencia era necesaria con el fin de dejar claro que la “negativa a aceptar cargo alguno en el nuevo Consejo de Educación Superior creado por la Ley Núm. 17 de 1993 no afecta en forma alguna el presente recurso de apelación”.

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Posponemos para otro momento el análisis exhaustivo de todas las implicaciones de esas comunicaciones en torno a la falta de legitimación activa, como apelante, del Con-sejo y el pretendido reclamo individual de discrimen político.

Sin embargo, no podemos pasar por alto que los apelan-tes Awilda Aponte Roque et al. aceptan “la necesidad de que el Consejo de Educación Superior pueda funcionar con sus labores sin mayor dilación”. Además, parten de la pre-misa errónea de que fueran “destituidos”, olvidando la oportunidad que la Asamblea Legislativa les brindó de for-mar parte del Consejo, según modificado.

Esa postura implica una clara admisión de que la Ley Núm. 16 de 16 de junio de 1993 (18 L.P.R.A. see. 602) y la Ley Núm. 17, supra, son las únicas qúe rigen al presente. No cabe otra interpretación. Como cuestión de realidad, la vigencia de tales leyes fue sancionada cuando una mayoría del Tribunal se negó el 24 de septiembre a suspender pro-visionalmente sus efectos mientras dilucidamos la apelación. No ha mediado decreto alguno de inconstitucionalidad.

Por esta misma razón, las comunicaciones de Awilda Aponte Roque et al., para informarle al Gobernador que bajo las Leyes Núms. 16 y 17 vigentes, supra, no ocupan cargo alguno, sólo podrán interpretarse como una renuncia o abandono (renuncia constructiva) de los cargos que ocu-paban de jure en el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y, por ende, el Primer Ejecutivo podía válida-mente, como lo hizo, aceptarlas y llenar las vacantes.

Rehusarnos a reconocer estas consecuencias significa que con una simple Moción informativa los apelantes Awildá Aponte Roque et al. han logrado paralizar los efec-tos de unas leyes que se presumen constitucionales. Seme-jante estado de derecho es intolerable.


author: per curiam:

text:
      In re John Medina Lugo.

      Número: 4068

      Resuelto: 26 de octubre de 1993
   I

per curiam:

John Medina Lugo fue admitido por este Tribunal al ejercicio de la abogacía el 3 de enero de 1973. Prestó juramento de notario el 2 de febrero de 1978.

El 13 de agosto de 1993 recibimos copias certificadas de la sentencia y orden del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico (Hon. Juan M. Pérez Jiménez, Juez) expositiva en cuanto a que el licenciado Medina Lugo fue declarado culpable del delito de endosar falsamente un cheque federal. 18 U.S.C. sec. 510(a)(2).

Con vista a la naturaleza de esa convicción,!) al amparo de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1907 (4 L.P.R.A. see. 735), y de nuestra facultad inherente para reglamen-tar la profesión de abogado, decretamos su separación in-mediata del ejercicio de la abogacía y notariado, y ordenamos que su nombre sea borrado del Registro de Abo-gados autorizados para ejercer en esta jurisdicción. In re Bonilla Martínez, 132 D.P.R. 1038 (1993); In re Rúa Cabrer, 132 D.P.R. 431 (1993); In re Santiago Martínez, 123 D.P.R. 359 (1989); In re Dalmau Gómez, 122 D.P.R. 360 (1980); In re Malavé Ortiz, 119 D.P.R. 492 (1987); In reZamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); In re Boscio Monitor, 116 D.P.R. 692 (1985).

Copia de la sentencia será notificada al Ledo. John Medina Lugo.

El Alguacil General de este Tribunal se incautará de los protocolos y registros de afidavit y los entregará al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para que sean exa-minados y nos informe, oportunamente, el resultado de dicha gestión.

Se dictará la correspondiente sentencia.

        (1) Apeló a la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito (No. 92-2425).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Raquel Álvarez Figueredo, demandante y recurrida, v. Sebastián González Lamela, demandado y recurrente.

      Número: RE-90-293

      Resuelto: 28 de octubre de 1993

      Roberto Santana Aparicio, de Del Toro & Santana, abogado del recurrente; Luis H. Sánchez Caso, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Mediante escritura otorgada el 11 de julio de 1972 se sometió el Condominio McLeary al régimen de propiedad horizontal. Se dispuso que en el piso 10 ubicarían dos (2) pent houses, cuyas azoteas constituirían elemento privado. Sebastián González Lamela adquirió el pent-house 2 y construyó una escalera interior de acceso a una edificación de concreto y madera que él construyó sobre la azotea del apartamento. Además, compró los apartamentos 402 y 802 a los cuales hizo varios arreglos que afectaron la fachada exterior del edificio.

No conforme con dicha situación, Raquel Álvarez Figue-redo, titular del apartamento 702, lo demandó alegando que los cambios de fachada y las construcciones fueron rea-lizadas sin el consentimiento del Consejo de Titulares del Condominio McLeary y en violación a la Ley de la Propie-dad Horizontal^) González Lamela contestó y adujo que el tribunal carecía de jurisdicción y que la controversia debía ser resuelta por el Departamento de Asuntos al Consumi-dor (D.A.Co.); además, alegó que las construcciones se hi-cieron con autorizaciones concedidas al amparo de la Ley de la Propiedad Horizontal.

Oportunamente el Tribunal Superior, Sala de San Juan, (Hon. Melvin A. Padilla Feliciano, Juez), dictó sentencia sumaria parcial. Determinó que la controversia se limitaba a resolver si podía elevarse una edificación sobre el techo de un apartamento pent house de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, cuando la escritura ma-triz sólo disponía que la azotea era elemento privado del apartamento. Al respecto, concluyó que aun cuando la es-critura matriz así lo estipulaba, no dispuso cómo podría utilizarse; en consecuencia, su uso debía ceñirse a las dis-posiciones de la Ley de la Propiedad Horizontal. Razonó que dicha ley —Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada por la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. see. 1291 et seq.)— caracterizaba la azo-tea como elemento común general, excepto pacto en contrario. No obstante, señaló que el vuelo —parte ideal del edificio donde puede levantarse una edificación— por disposición de ley, no era susceptible de apropiación particular y, por ende, González Lamela no podía construir so-bre la azotea para su beneficio privado, aun cuando hu-biese obtenido el consentimiento de todos los titulares. Finalmente, la ilustrada sala sentenciadora concluyó que tampoco podía cambiar la fachada, pues carecía de ese consentimiento.

A solicitud^() de González Lamela revisamos/()

II

Es un imperativo decisorio referimos sucintamente a los preceptos de la Ley de la Propiedad Horizontal relati-vos al techo, vuelo y azotea. Aun cuando estos tres (3) con-ceptos están intrínsecamente ligados entre sí, no podemos perder de perspectiva que cada uno tiene un significado distinto y ha sido objeto de un tratamiento y de una regla-mentación individual.

En Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 583 (1973), acogimos las definiciones esbozadas por Borja Martínez() y resolvimos que el techo es “ la parte inferior y superior de un edificio que lo cubre y cierra’ ”, y la azotea “ la cubierta llana de un edificio dispuesta para poder andar por ella de donde se deduce según su configuración física un techo puede o no ser al mismo tiempo azotea’ ’’. Además, definimos el vuelo como “la parte ideal del edificio susceptible de ser construida, no un elemento material y tangible, sino el espacio aéreo en la parte superior de la cubierta o techo en el que puede ser elevada la edificación. Llámase sobreelevación al acto de utilizar ese derecho”. (Enfasis suplido.) íd., pág. 585.

El Art. 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291i, vigente() cuando el edificio McLeary fue sometido a dicho régimen, prescribía que el techo constituía un elemento común general, e igual la azotea, salvo pacto en contrario. Sin embargo, nada estipulaba en cuanto al vuelo, es decir, si era o no un elemento común general.

En armonía con esas disposiciones, según indicado, en la escritura matriz se hizo constar que en el piso 10 del Condominio estarían localizados los pent houses cuyas azo-teas serían un elemento privado de cada apartamento.() En lo pertinente, traducido al vernáculo, la escritura dis-ponía: “La azotea de este ‘departamento de azotea’ es un elemento privado de dicha unidad, con un área aproxi-mada de novecientos cuarenta y nueve pies cuadrados y cinco mil cuatrocientos doce con diez milésimas pies cuadrados.” (Traducción nuestra.) Apéndice VII, pág. 043.

No se cuestiona que el recurrente González Lamela invadió el vuelo del edificio al levantar una edificación sobre el área de la azotea que le pertenecía. Aunque coincidimos que en la escritura matriz podía concedérsele el uso privado del vuelo y el derecho de sobreelevación —la ley entonces vigente no catalogaba al vuelo como elemento común general— sin embargo, en Consejo de Titulares v. Vargas, supra, pág. 586, resolvimos que el derecho de sobreelevación “por traer consigo la introducción al edificio de nuevos elementos arquitectónicos, económicos y estéticos, y por afectar fundamentalmente el régimen de copropiedad, no puede nacer de inferencias o especulaciones. Su concesión debe ser clara y explícita”. (Enfasis suplido.) Distinto a su contención, no se le concedió el derecho de sobreelevación para invadir el vuelo del edificio. La escritura matriz es sumamente parca. Se limitó a concederle el uso de la azotea; ello no es suficiente para inferir el derecho de sobreelevación.

Aún así, González Lamela insiste en que el foro de ins-tancia fundamentó su decisión en las enmiendas introdu-cidas por la Ley Núm. 157, supra, y su casuística. Enfatiza que esas enmiendas dispusieron que el vuelo sería un ele-mento común general y la jurisprudencia estableció que no era susceptible de apropiación particular. Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861 (1980). Sostiene que dichas normas entraron en vigor después de que el Condominio McLeary fue sometido al régimen de propiedad horizontal y él compró su apartamento. De ahí razona que no podía aplicársele la ley retroactivamente en menoscabo de sus derechos adquiridos previamente. No tiene razón.

Su señalamiento parte de la premisa errónea de que se le concedió el derecho de sobreelevación. Según ex-puesto, nunca lo tuvo; por lo tanto, las enmiendas a la ley no pudieron afectarle. Como toda revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos, en este extremo, debemos confirmar al foro de instancia.

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En la alternativa, González Lamela reproduce la con-tención de que la edificación sobre la azotea y cambios de fachada fueron aprobados con el consentimiento unánime de los titulares del condominio. Aduce que el foro de ins-tancia erró al dictar sentencia sumaria porque existía esa controversia. Tampoco tiene razón.

La Regla 36.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, autoriza sentencia sumaria si “ las alegaciones, [deposiciones], contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas, si las hubiere, demostraren que no hay controversia real sustancial en cuanto a ningún hecho material ...’ ”. Corp. Presi ding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).

Según los autos, la demandante Álvarez Figueredo sos-tuvo que no existía controversia sobre el hecho de que el Consejo de Titulares no había prestado su consentimiento. Acompañó declaraciones juradas de tres (3) condominos ex-positivas de que nunca se había celebrado reunión al efecto. En oposición, González Lamela presentó declaracio-nes juradas de cuatro (4) titulares en las que se exponía que en reunión de 6 de agosto de 1987 se acordó que las construcciones efectuadas hasta ese momento quedarían como estaban.

Ciertamente, de su faz, estas declaraciones juradas ge-neraron una controversia sobre si los titulares prestaron o no su consentimiento. Ahora bien, nos hemos percatado que González Lamela también presentó copia de la minuta de la aludida reunión. De dicha minuta surge que el quorum fue de 74.6530. Además, no se desprende lenguaje al-guno en torno a que expresamente se acordara y consig-nara la aprobación de las construcciones de González Lamela. Lo único que los titulares aprobaron fue lo si-guiente:

Se decidió unánimemente que en el futuro todos los DUE-ÑOS estarían sujetos al reglamento del Condominio y tendrían que cumplir con las disposiciones de la Ley de Propiedad Horizontal y de la Escritura Matriz — véase el Artículo VIII del Reglamento — que establece que ningún dueño podrá “llevar a cabo modificación estructural o alteración alguna o instalación de la misma a su unidad sin el consentimiento previo del CON-SEJO debidamente solicitado mediante solicitud enviada por correo o entregada a cualquier miembro de la Junta. El CON-SEJO contestará cualquier solicitud de este tipo dentro de diez días de la fecha de recibo de la misma y la falta de contestación dentro de dicho período se entenderá como una aprobación de la solicitud”. (Traducción nuestra.) Apéndice VIII, pág. 078.

Este lenguaje no es del todo claro. Del mismo podría inferirse que, en efecto, los titulares aprobaron y avalaron las construcciones realizadas previamente sin el consenti-miento de los titulares. Coincidimos con el recurrente Gon-zález Lamela de que existe controversia real sobre si los titulares prestaron su consentimiento unánime. Sin embargo, esa controversia no recae sobre un hecho esencial, ya que para la fiel solución del caso, no es relevante si se obtuvo o no el consentimiento unánime de los titulares. Nos explicamos.

Michel J. Godreau, en su obra El Condominio, San Juan, Ed. Dictum, 1992, señala que la “[l]ey le otorga al Consejo de Titulares las máximas prerrogativas respecto al gobierno del inmueble. ... Sus acuerdos constituyen, luego de la Ley, la escritura matriz y del Reglamento, fuente vin-culante para todos los condómines”. Esa visión responde a que el Consejo de Titulares es “ ‘el órgano supremo de la propiedad horizontal, a través del cual se manifiesta la vo-luntad de los propietarios singulares y en el que radican las fa[c]ultades rectoras de este régimen jurídico, para el mejor logro de los intereses comunes” ’. M. Fernández Mar-tín-Granizo, La Ley de Propiedad Horizontal en el Derecho español, Madrid, Ed. Edersa, 1983, pág. 908; Cond. Prof. S.J.H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 D.P.R. 488 (1993).

Según señalamos anteriormente, bajo la Ley de la Propiedad Horizontal vigente al momento en que el demandado González Lamela adquirió y realizó la estructura sobre la azotea, la construcción podía aprobarse con el consentimiento unánime de los titulares, ya que el vuelo podía ser un elemento privado, y que el Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 129 lp, disponía que “[njingún titular podrá, sin el consentimiento unánime de los otros, construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones, o realizar obras que afecten a la seguridad, solidez y conservación del edificio”. Forzoso es concluir que si los titulares hubiesen prestado su consentimiento unánime bajo las disposiciones de la Ley Núm. 104, supra, tendría razón González, Lamela de que adquirió el derecho de so-breelevación y podía construir válidamente sobre la azotea.

No obstante, su contención confronta la dificultad de que mientras la Ley Núm. 104, supra, estuvo vigente, González Lamela no obtuvo el consentimiento unánime de los titulares. Lo intentó en 1987, es decir, once (11) años después de entrar en vigor la Ley Núm. 157, supra,() enmendatoria del régimen legal de propiedad horizontal. Y bajo el estado de derecho actual, no puede adquirirlo pues el vuelo no es susceptible de constituir ni convertirse en elemento privado por ser común necesario que no admite pacto en contrario. Costa Linda v. Registrador, supra.

Idéntico análisis y solución se impone para los cambios de fachada. En términos absolutos, la Ley Núm. 157, supra, lo prohíbe. 31 L.P.R.A. sec. 1291m-l. Los titulares no están facultados para autorizarlos.

IV

La imposibilidad de iure para convalidar los cambios realizados en el edificio, mediante acuerdo unánime, nos permite dictaminar que no hay fundamento para sostener la contención de que el Tribunal Superior carecía de jurisdicción.

El Art. 48 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 1294 —dispositivo de que las acciones de impugnación de determinaciones del Consejo de Titulares en condominios destinados a vivienda se ventilarán en D.A.Co., First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 434 (1983)— es inaplicable. No hay “acuerdo” alguno en qué apuntalar este reclamo.

Incidentalmente, notamos que la causa de acción de Ál-varez Figueredo se funda en una violación a la Ley de Pro-piedad Horizontal; pide indemnización por los daños sufridos. No tiene razón, pues, González Lamela al señalar que ella fraccionó sus causas de acción por haber acudido a D.A.C.O. a impugnar las elecciones de la Junta de Directo-res, asunto distinto a la controversia que nos ocupa.

V

Finalmente, González Lamela argumenta haber adqui-rido la estructura sobre la azotea por prescripción ordina-ria, pues la construyó once (11) años antes de presentarse la demanda.

El Art. 1840 del Código Civil dispone que “[p]ara la prescripción ordinaria del dominio y demás derechos reales se necesita poseer las cosas con buena fe y justo título por el tiempo determinado en la ley”. 31 L.P.R.A. see. 5261. González Lamela carece de justo título sobre la edificación; no pudo adquirirla por usucapión. Justo título es “el que legalmente baste para transferir el dominio o derecho real de cuya prescripción se trate”. Art. 1852 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5273.

Señala J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. Ill, Vol. 1, págs. 365, 366, que este precepto se refiere al título en sentido material, es decir, como un acto o negocio jurídico, y él debe ser “justo, verdadero, válido y probado”. Al definirlo conceptualmente nos dice que: “ha de tratarse de un acto o negocio jurídico que, por la calificación jurídica que le corresponda, sea con-gruente con la transferencia del dominio o del derecho real a favor del usucapiente, aunque por concurrir determinado vicio o defecto no pueda cumplir su natural finalidad”; y al definir el concepto de verdadero, expresa que el "negocio jurídico) ha de tener existencia real con independencia de los defectos que le acompañen. Por lo tanto, están exclui-dos los títulos simulados y putativos, es decir, aquellos que no existen, ya sea porque las partes se hayan limitado a crear una apariencia de título ... o porque haya mediado error acerca del hecho mismo de la existencia del título ...”.

El negocio jurídico mediante el cual González Lamela adquirió la propiedad fue la compraventa del inmueble su-jeto a las condiciones establecidas en la escritura matriz. Aunque compró el pent house 2 y el uso de la azotea, no adquirió el derecho de sobreelevación. La ausencia de justo título sobre la edificación levantada impide la usucapión.

Por las razones expuestas, se dictará sentencia confir-matoria .

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Reclamó el resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos como consecuen-cia de un altercado público en que estuvo implicado el demandado González Lamela. Esta segunda causa de acción no fue resuelta en la sentencia parcial que nos ocupa. El foro de instancia la dejó pendiente hasta la celebración de una vista evidenciaría.

      (2) Nos plantea que el foro de instancia erró al fundamentar su decisión en la aplicación retroactiva de las enmiendas que se introdujeron por la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. see. 1291 et seq.); que se menoscabaron sus derechos adquiridos antes de su aprobación, en violación a la disposición constitucional; que el tribunal carecía de jurisdicción, y que existía controversia sobre si los titulares pres-taron su consentimiento unánime a los cambios que impelía dictar sentencia sumaria.

      (3) Nuestra resolución al efecto se emitió el 8 de junio de 1990. Con posteriori-dad, desestimamos un magro Recurso de Apelación (AC-90-369), que contenía única y escuetamente el mismo planteamiento constitucional esbozado en la revisión que nos ocupa. En la revisión, además de dicho planteamiento constitucional, se hacen los otros señalamientos al amparo de la Ley de la Propiedad Horizontal.

      (4) Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 583 (1973), en el que aludimos a la obra de Boija “La Propiedad de Pisos o Departamentos en el Derecho Mexicano”.

      (5) Art. 11 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. sec. 1291i).

      (6) Además, en dicho piso estaría localizado un vestíbulo {lobby) cuya azotea sería un elemento común general.

      (7) La Sec. 13 de la Ley Núm. 157 (31 L.P.R.A. sec. 1291n.) dispone, en lo per-tinente:
      “Esta ley entrará en vigor noventa (90) días después de su aprobación y sus disposiciones regirán a todo inmueble sometido al régimen de Propiedad Horizontal, cualquiera que sea el momento en que fuera sometido a dicho régimen.
      .“Las comunidades de titulares que ya han sido sometidas al régimen de Propie-dad Horizontal tendrán un plazo de un año a partir de la vigencia de la presente ley para adaptar sus escrituras de constitución y Reglamento a lo dispuesto en esta ley en lo que estuviere en contradicción con sus preceptos. Transcurrido dicho término las disposiciones de las escrituras de constitución y de los reglamentos de tales inmue-bles no podrán ser aplicados en contradicción con lo establecido en la presente ley, y cualquiera de los titulares podrá instar judicialmente la adaptación prevenida.” (En-fasis suplido.)


author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Federal Deposit Insurance Corporation, demandante y recurrida, v. Municipio de San Juan, demandada y recurrente.

      Número: RE-88-70

      Resuelto: 28 de octubre de 1993

      José A. Menéndez Cortada, de Martínez Álvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogado del recurrente; Vionette Benitez Quiño-nes, de Trías, Doval, Muñoz, Acevedo & Otero, abogada de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

I

El recurso ante nuestra consideración plantea la inte-rrogante de si bajo las disposiciones de la Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada/() 21 L.P.R.A. see. 651 et seq., el recurrente Municipio de San Juan (en adelante el Municipio) está obligado a devolver parte de las patentes municipales pa-gadas por un contribuyente, por haber cerrado éste sus operaciones antes de que terminara el período para el cual se pagaron dichas patentes. Por la naturaleza novel y la importancia del asunto, decidimos revisar.

II

El 25 de junio de 1984 Girod Trust Company realizó un pago por concepto de patentes municipales por la cantidad de $110,891.37 al Municipio correspondiente al primer se-mestre del Año Fiscal 1984-1985, equivalente al período de 1ro de julio a 31 de diciembre de 1984.

El 16 de agosto de 1984 Girod Trust Company cerró sus operaciones y la Federal Deposit Insurance Corp. (en ade-lante F.D.I.C.) advino dueña de los activos de la extinta institución bancaria, que no habían sido vendidos a otros bancos.

La F.D.I.C. le solicitó al Municipio el reembolso de la suma de $73,927.57, la cual, alegadamente, era la parte de la patente municipal ya pagada que correspondía al tiempo del primer semestre del Año Fiscal 1984-1985, en que Gi-rod Trust Company dejó de operar.

El Municipio denegó la solicitud de reintegro referida por entender que ello no procedía en derecho.

Con el propósito de impugnar esa determinación, el 2 de octubre de 1987 la F.D.I.C. instó una acción contra el Mu-nicipio en el Tribunal Superior, Sala de San Juan para re-clamar el reintegro de la porción aludida de la patente municipal pagada, más intereses legales.

El 23 de noviembre de 1987 el Municipio radicó una moción de sentencia sumaria la cual fue opuesta por la demandante. El 20 de enero de 1988 el Tribunal a quo, luego de celebrarse la vista correspondiente, dictó senten-cia a favor de la F.D.I.C. declarando con lugar la petición de reintegro, más el pago correspondiente de los intereses legales.

Inconforme con la determinación del foro de instancia, el Municipio pidió reconsideración de la sentencia emitida, la cual fue declarada no ha lugar. De dicha determinación acude ante nos señalando como único error el siguiente:

ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR EN RESOLVER QUE UN MUNICIPIO TIENE QUE REINTE-GRARLE A UN CONTRIBUYENTE LA PARTE PROPORCIO-NAL DEL PAGO DE PATENTE MUNICIPAL DE UN SEMESTRE PORQUE CESÓ OPERACIONES ANTES DE COMPLETARSE EL SEMESTRE. Petición, pág. 2.

1 — 1 hH l — H

Conforme con nuestro ordenamiento constitucional, la facultad para imponer contribuciones radica de forma exclusiva en la Rama Legislativa. Art. VI, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Esa autoridad contributiva es fundamental a la vida del Estado y por lo tanto el poder fiscal gubernamental es constitucionalmente de na-turaleza amplia y abarcadora. Véanse: Coca-Cola Bottling Co. v. Srio. de Hacienda, 112 D.P.R. 707 (1982); U.S. Brewers Assoc. v. Srio. de Hacienda, 109 D.P.R. 456 (1980); R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964); Miranda v. Sec. de Hacienda, 77 D.P.R. 171 (1954).

Nuestra Constitución también le confiere al poder legislativo la autoridad para “crear, suprimir, consolidar y reorganizar municipios, modificar sus límites territoriales y determinar lo relativo a su régimen y función ...”. Art. VI, Sec. 1, Const. E.L.A., supra, pág. 362. Véase, además, Colón v. Municipio de Guayama, 114 D.P.R. 193, 198 (1983). Aunque los municipios no tienen facultad propia para imponer contribuciones/) al amparo de los poderes antes citados la Asamblea Legislativa —mediante mandato claro y expreso— puede delegar en éstos la autoridad para imponer y cobrar contribuciones, derechos, arbitrios e impuestos razonables dentro de sus límites territoriales y sobre materias no incompatibles con la tributación impuesta por el Estado. American Express Co. v. Mun. de San Juan, 120 D.P.R. 339, 345 (1988). Uno de los tributos cuya imposición se ha delegado a los municipios para generar ingresos es la patente municipal^() o contribución sobre el volumen del negocio(). La Asamblea Legislativa ha autori-zado expresamente a los municipios del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico a imponer y cobrar patentes munici-pales a toda persona dedicada a “la prestación de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero y/o cualquier industria o negocio ...”. 21 L.P.R.A. sec. 651b. Por lo tanto, toda persona dedicada “con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negocio” está sujeta a la imposición de este tributo. 21 L.P.R.A. sec. 651c.

En Puerto Rico, a diferencia de otras jurisdicciones, se favorece una interpretación amplia del poder tributario delegado de los municipios. La Asamblea Legislativa, al amparo del Art. VI, Sec. 1 de nuestra Constitución, supra, delegó esa autoridad fiscal con la intención clara de “ampliar el número de industrias o negocios con fines de lucro sujetos a tributación”. American Express Co. v. Municipio de San Juan, supra, pág. 346. La ley responde a una filosofía que favorece la ampliación de los poderes de los municipios, de forma que éstos puedan proveer más servicios directos a la ciudadanía.

En Molinos de P.R. v. Municipio de Guaynabo, 105 D.P.R. 470, 474 (1976), resumimos la evolución del Derecho puertorriqueño sobre las patentes municipales:

Durante los últimos años ha habido una corriente de pensa-miento, no exclusiva desde luego, que favorece la ampliación de la facultad impositiva de los municipios.... De ahí surge esta tendencia que favorece la ampliación de las facultades imposi-tivas de los municipios. Naturalmente, este es un problema complejo de política pública lleno de concomitancias y corres-ponde a la Asamblea Legislativa y no al Poder Judicial tomar las decisiones que estime pertinentes. Sin embargo, como diji-mos en Texas Co. (P.R) v. Municipio, 81 D.P.R. 499, 509 (1959), no estamos justificados en adoptar normas restrictivas “en contra del poder contributivo de los municipios, a la luz de las claras e inequívocas expresiones que de tiempo en tiempo ha venido haciendo la Asamblea Legislativa con el fin de fortale-cer, antes de debilitar, la facultad contributiva de los gobiernos municipales concedida en la Ley de Patentes.” Cuando hay au-toridad de ley para ello y excepto en casos inherentemente sos-pechosos no estamos inclinados a intervenir con la regulación económica municipal, pues como hemos señalado, esta es una función primordialmente legislativa, City of New Orleans v. Dukes, 49 L.Ed.2d 511 (1976). (Escolio omitido.)

En Arecibo Bldg. Corp. v. Mun. de Arecibo, 115 D.P.R. 76, 78 (1984), reafirmamos lo expresado en Molinos de P.R. v. Municipio de Guaynabo, supra, y añadimos que:

La See. 3 de la Ley de Patentes de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651b) autoriza a las Asambleas Municipales de todos los muni-cipios a imponer y a cobrar patentes “a toda persona dedicada a la prestación de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero y/o cualquier industria o negocio...”. Del texto de la ley se desprende que la autoridad concedida a los municipios es amplia. La utilización de las palabras “toda persona”, “cualquier servicio”, “cualquier industria o negocio” no permiten que se le dé una interpretación restrictiva .... (En-fasis suplido.)

A la luz de los principios antes reseñados, la cuestión ante nos se reduce esencialmente a determinar cuál es pre-cisamente el mandato legislativo en cuanto si procede o no el reintegro solicitado.

IV

El Municipio plantea que es erróneo interpretar la Ley de Patentes Municipales en el sentido de requerir a un municipio devolver la parte proporcional del pago semes-tral a un contribuyente que pagó su patente y luego cesa operaciones durante dicho semestre. Alega que la patente se paga por el semestre completo y no por días de operación, y que la sentencia del tribunal de instancia afecta el fun-cionamiento fiscal de todos los municipios.

La F.D.I.C. alega, por su parte, que al interpretar el estatuto como un todo surge que la patente se impone por la operación o por llevar a cabo una industria. Sostiene que, como entidad federal, la ley le exime del pago de pa-tentes a la operación de un negocio o industria del Go-bierno federal y, además, provee no solamente para el pro-rrateo de patentes en consideración al tiempo de operaciones del negocio, sino también por territorio, cuando la actividad se desarrolla en más de un municipio. 21 L.P.R.A. see. 651c y 651f. Señala que interpretar lo con-trario significaría un enriquecimiento injusto por parte del municipio.

Un examen minucioso de la Ley de Patentes Municipa-les requiere concluir que no procede el reintegro solicitado por el demandante. .El legislador claramente anticipó la situación ante nos y dispuso cómo ésta habría de atenderse.

La Sec. 11 de la Ley de Patentes Municipales vigente cuando ocurrieron los hechos de este caso, 21 L.P.R.A. see. 651j, disponía lo siguiente:

See. 65Ij. Pago de la patente()

Toda persona sujeta al pago de la patente que imponen las sees. 651 et seq. de este título pagará a los tesoreros de los municipios en que radiquen sus negocios o industrias, la pa-tente que autorizan imponer dichas secciones. Dicha patente se pagará por anticipado dentro de los primeros quince (15) días de cada semestre de año económico, tomando como base el vo-lumen de negocios efectuado durante el año inmediatamente anterior, según se dispone en la sec. 651f de este título, excepto en casos de nuevas industrias o negocios que se pagará según lo dispone la see. 6511 de este título. Disponiéndose, que cuando el pago total se efectúe al momento de radicar la planilla el día 15 de abril según lo dispuesto en la sec. 651i(l) de este título, se concederá un descuento de cinco (5) por ciento sobre el monto total de la patente a pagar. No se cobrará patente alguna a negocio o industria en los semestres subsiguientes a aquél en que cesare de operar. Las patentes vencerán en plazos semestra-les el 1ro. de julio y 1ro. de enero de cada año . — Enmendada en Agosto 30, 1991, Núm. 82, art. 7. (Énfasis suplido.)

Como puede observarse, las patentes municipales claramente se imponen por plazos semestrales. Según lo expresa diáfanamente la referida Sec. 11, la patente se paga por el semestre como un todo, no teniendo ninguna consecuencia respecto a la obligación de hacer dicho pago el que se haya operado el negocio todo el semestre o sólo un día de éste. De ningún modo se establece como elemento determinativo del pago de la patente el criterio de “tiempo en que opera un negocio” o de “porción de un semestre”, como alega la recurrida.

Más aún, la propia Sec. 11 de la Ley de Patentes Municipales, supra, claramente excluye la posibilidad de que la obligación de pagar una patente cese el día que el negocio o industria cierre sus operaciones o de que haya que devolver la parte proporcional de la patente no utilizada durante el resto del semestre. Esta Sec. 11, supra, establece expresamente que cuando un negocio cesa operaciones su obligación de pagar la patente termina el semestre subsiguiente a aquel cuando cesó sus operaciones. No se establece la devolución de parte de la patente ya pagada, sino que se dispone solamente que la obligación contributiva cesará el próximo semestre. El esquema de la Ley de Patentes Municipales, pues, es claro. La contribución recae sobre un plazo semestral, como un todo, y si ocurre un cierre de operaciones durante ese plazo, el efecto es que la industria o negocio queda liberado del pago contributivo solamente a partir del semestre subsiguiente al cierre.

Debe notarse que este esquema encuentra su balance equitativo en el hecho de que cuando una industria o ne-gocio sujeta al pago de patente comienza operaciones, el semestre inicial de actividad está exento de esta contribución. No se paga por el primer semestre de opera-ciones y la patente adviene vigente sólo para los semestres sucesivos. Véase Art. 8 de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. see. 6511. Por esta razón, no tiene sentido al-guno la argumentación a favor del reintegro en cuestión que se ha esgrimido sobre el fundamento de que la patente se haya pagado por adelantado.

Por otro lado, a modo de comparación, también debe destacarse que la Asamblea Legislativa claramente señala —en la misma Ley de Patentes Municipales— la norma a regir en casos en los cuales un negocio o industria sujeto a patentes se somete a un procedimiento de quiebra o sindicatura, que son situaciones análogas o parecidas a la de Girod Trust Company. Dicha ley regula expresamente la tasación y el cobro de patentes en casos de quiebra, lo que presupone inexorablemente que en tales casos subsiste la obligación de pagar las patentes municipales. Dicho en palabras sencillas, que el legislador puertorriqueño no eximió a ningún negocio o industria de pagar las patentes municipales por el mero hecho de haberse sometido a un procedimiento de quiebra o sindicaturas. Véase 21 L.P.R.A. secs. 651q y 652a. Si en tales situaciones la intención legislativa supone el pago de la patente, ello apoya por analogía lo que hemos señalado sobre la situación ante nos.

Debe notarse que el claro mandato legislativo en lo referente al pago de patentes, aún por el período en que un negocio se encuentra sometido a un procedimiento de quiebra o sindicatura, es cónsono con los principios generales y la práctica sobre patentes y quiebras que prevalece en el derecho norteamericano, que es la fuente de las disposiciones de Puerto Rico. El tratadista principal en esta materia, E. McQuillin, en su obra The Law of Municipal Corporation, 3ra ed., Illinois, Callaghan and Company, 1986, Vol. 16, See. 44.52, ha señalado con claridad que los procedimientos de quiebra no dejan sin efecto las patentes que propiamente le ha fijado un municipio a una empresa o negocio.() Más aún, éste comentarista ha señalado, ade-más, que las agendas federales que se encargan de condu-cir el negocio mientras dura la quiebra no están exentas de las patentes municipales que le hayan sido impuestas, y así lo han confirmado varios tribunales federales. Palmer v. Webster & Atlas Bank, 312 U.S. 156, 163 (1941);() Smarts v. Hammer, 194 U.S. 441, 444 (1904), en donde se expresa lo siguiente:

Property in bankruptcy is subject to applicable state and local taxes absent a clear expression by Congress of an intent to create an exemption.
... property in hands of bankruptcy trustee not exempt from taxation.... Véanse, además: Borock v. City of New York, 268 F.2d 412 (2do Cir. 1959); City of New Brunswick v. United States, 276 U.S. 547 693 (1928); The Southern Cross, 120 F.2d 466, 467 (2do Cir. 1941).()

A la luz de lo que hemos señalado anteriormente, debe-mos concluir que, en derecho, es claro que la F.D.I.C. no tiene razón al reclamar la devolución que solicita de la pa-tente en cuestión, no sólo porque no procede bajo el Dere-cho de Puerto Rico, sino porque al hacer una analogía con la situación de quiebra parecería que aún bajo las propias normas federales es improcedente.

V

Nuestra conclusión de que no procede el reembolso solicitado, fundamentada en un análisis de los términos de la Ley de Patentes Municipales más directamente pertinentes a la controversia ante nos/) también se apoya en otras consideraciones y principios jurídicos. En numero-sas ocasiones hemos reiterado nuestro deber de interpretar las leyes y los estatutos de modo que prevalezcan sus pro-pósitos legislativos esenciales. Estamos obligados a diluci-dar el significado de una ley “tomando en consideración los fines que persigue y en forma tal que la interpretación se ajuste al fundamento racional o fin esencial de la ley y a la política pública que la inspira”. Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772, 785 (1968). Véanse: Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759 (1990); A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985).

En el caso ante nos, el propósito del legislador al aprobar la Ley de Patentes Municipales fue proveer un mecanismo a los municipios para generar ingresos y fortalecerlos económicamente, para que cumplan sus funciones en beneficio y para el bienestar general de todos los habitantes de su jurisdicción/)

Las patentes municipales representan la segunda fuente de ingresos propios de los municipios de Puerto Rico y junto con los ingresos provenientes de las contribuciones proveen al municipio el fundamento para formular su presupuesto de gastos. Éstas representan una fuente potencial para el crecimiento de los recursos econó-micos municipales, necesarios para mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía, cuyo costo se ha incrementado sustancialmente durante los últimos años. Se estima que los ingresos por concepto de las patentes constituyen aproximadamente del 10% al 15% del presupuesto total de los municipios de Puerto Rico. Véase Exposición de Moti-vos de la Ley de Patentes Municipales, 1991 (Parte 1) Le-yes de Puerto Rico 676.

De manera que si el propósito primordial de la Ley de Patentes Municipales es generar ingresos para el beneficio de la comunidad, entonces dicho estatuto debe ser interpretado de modo que se cumpla y se facilite, como lo hemos hecho aquí. Por otro lado, aquí también se aplica el principio elemental de Derecho Tributario de que las deducciones, los créditos y los reintegros, por ser gracias legislativas al contribuyente, se interpretan restrictivamente contra aquel que las invoque como también lo hemos hecho aquí. Véanse: Central Igualdad, Inc. v. Srio. Hacienda, 83 D.P.R. 45, 50 (1961), y Descartes, Tes. v. Tribl. Contribuciones y Ortiz, 73 D.P.R. 491, 497 (1952).

VI

Finalmente, nos resta discutir si es válido el plantea-miento de la recurrida de que como entidad federal la ley le exime del pago de patentes.

La F.D.I.C. es una agencia federal creada por el Congreso de Estados Unidos (12 U.S.C. sees. 1811, 1819(b)(1) (1989)), exenta de tributación por parte del estado (12 U.S.C. sec. 1825(b)(1)). Por lo tanto, como agencia federal no está sujeta a tributación municipal. Véase Mc-Quillin, op. cit., Vol. 5, Sec. 19.08. A estos efectos la See. 9 de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 651h(l) dispone lo siguiente:

Todo negocio o industria que se haga o se explote por y para cualquier agencia, subdivisión o instrumentalidad del Gobierno Federal o el Gobierno Estatal y sus municipios.

Es claro que la ley, expresamente, exime del pago de patentes la operación de un negocio o industria que se haga o explote por el Gobierno federal. Así lo establecen las disposiciones antes citadas. Sin embargo, a pesar de que la F.D.I.C. está excluida como agencia federal del pago de patentes municipales, las circunstancias presentes en el caso de autos hacen inmaterial que se encuentre exenta, ya que no le correspondió a ésta el pago de la patente aludida sino a su predecesor Girod Trust Company. Al momento en que por ley había que pagar la patente, la F.D.I.C. no había tomado aún el lugar de Girod Trust Company. Como la patente en cuestión no se le impuso a F.D.I.C. su inmunidad no viene al caso.

Por los fundamentos expuestos, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 20 de enero de 1988.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opi-nión escrita, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Re-bollo López. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso se inhibió.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

I

El Tribunal resuelve hoy que bajo la Ley de Patentes Municipales de 1974, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. sec. 651 et seq.), no hay derecho al reintegro de las cantidades pagadas de forma anticipada, si el contribu-yente cesa operaciones antes de finalizar el período para el cual se prepagaron las patentes. Ello vulnera la letra y el espíritu de la citada Ley Núm. 11 y convierte en confiscato-rio su esquema.

Una lectura de la See. 4 de la referida Ley de Patentes Municipales() refleja que la obligación de pagar la patente está condicionada por el tiempo de operación. Así, su See. 11() visualiza que se paguen cada año económico por ade-lantado en dos (2) plazos semestrales. Tanto el Municipio de San Juan (Municipio) como la mayoría incurren en eí error de confundir cuándo ha de efectuarse el pago —cada semestre— con el término por el cual se le impone; esto es, un (1) año o período menor operacional.

Es de notar que la cantidad a ser pagada por anticipado se calcula "sobre la base del volumen de los negocios efec-tuados durante el año inmediatamente anterior”. Se im-pone, pues, la obligación contributiva sobre el volumen de negocios efectuados durante el período actual y éste es es-timado a base del año anterior. Es obvio que la mayoría le atribuye a esta mecánica cuantificativa un alcance que no tiene. La visión legislativa es evidente: al hacerse el esti-mado sobre la base del volumen del año anterior, simple-mente el legislador presume que dicho negocio se condu-cirá, durante un período de tiempo similar, igual al anterior. Naturalmente, si el contribuyente cesa sus opera-ciones antes de concluir el período para el cual pagó las patentes por adelantado, es menester examinar el volumen de venta real, pues la presunción legislativa es que se pro-ducirá una disminución correspondiente en el volumen de negocio.

II

La Ley de Patentes Municipales provee, en cualesquiera casos de pagos en exceso, que se acrediten o reintegren al contribuyente. La interpretación del Municipio, de la cual se hace eco la mayoría, hace inoperante la disposición re-lativa a los reintegros.

El lenguaje utilizado por el Legislador al reconocer el derecho a reintegro o crédito de todo contribuyente que realizó un pago de más no genera dudas ni es susceptible de entenderse como discrecional; es mandatorio. Así lo dis-pone la See. 34 de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 652f(a)(l), relativa a “[cjuando se haya hecho un pago en exceso de cualquier patente impuesta por auto-rización de las sees. 651 a 651y de este título, el monto de dicho pago se acreditará contra cualquier patente sobre vo-lumen de negocio o plazo de la misma entonces exigible a la persona, y cualquier remanente se reintegrará inmedia-tamente a la persona”. (Énfasis suplido.)

Frente a este mandato, no podemos decir que el derecho a reintegro no cobija la situación de autos y limitarlo a aquéllos, resultantes de haberse pagado una cantidad mayor a la que realmente se adeuda. Ese enfoque desvirtúa el concepto de pago adelantado. ¿Puede seriamente afirmarse que satisfacer una cantidad mayor a la adeudada no goza de igual naturaleza que el prepago de una contribución que se impone a base del tiempo de operación cuando se cesa operaciones antes de que transcurra el semestre? Cierta-mente no existe diferencia sustancial.

Finalmente, es irrelevante la referencia a nuestra juris-prudencia que reconoce a los municipios un amplio poder en materia tributaria. Ello no se cuestiona. Este caso no encierra el poder impositivo del municipio, sino el derecho a reintegro concedido en la ley al contribuyente.

      (1) Recientemente esta ley fue extensamente enmendada por la Ley Núm. 82 de 30 de agosto de 1991 (21 L.P.R.A. secs. 651a, 651c-651d, 651f, 6511i-651j, 651m, 652x) y por la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992 (21 L.P.R.A. secs. 651a-651b, 651f, 651h-651q, 651s et seq.).

      (2) “Municipal corporations have no inherent power of taxation. On the contrary, municipal corporations possess with respect to taxation only such power as has been granted to them by the constitution or the statutes.” E. McQuillin, The Law of Municipal Corporations, 3ra ed., Illinois, Callaghan’ and Company, 1986, Vol. 16, Sec. 44.05.

      (3) La Sec. 2 de la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992 (21 L.P.R.A. see. 651b), ha definido “Patente” como una contribución impuesta y cobrada por el muni-cipio a toda persona dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, la venta de cualquier bien a cualquier negocio financiero o negocio en los municipios de Puerto Rico.
      También se define como: “Documento expedido por la hacienda pública”, que acredita haber satisfecho determinada persona la cantidad que la ley exige para el ejercicio de algunas profesiones o industrias. Véase Diccionario de la Lengua Espa-ñola, 21ra ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1992, pág. 1097.

      (4) Véase Ley de Patentes Municipales, Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974 (21 L.P.R.A. see. 651 et seq.).

      (5) Esta disposición fue algo enmendada por la Ley Núm. 82 de 30 de agosto de 1991.

      (6) If authorized by statute, property in custodia legis is subject to municipal taxation. Pending bankruptcy proceedings, a bankrupt's property is taxable, and federal receivers conducting the business of a corporation are not exempt from the payment of taxes levied against them by municipal ordinance, although it has been held, that property held by the Small Business Administration, in lieu of foreclosure, is not subject to state or local taxation. McQuillin, op. cit.

      (7) “What Congress intended was that a business in receivership or conducted under court order, should be subject to the same tax liability as the owner would have been if in possession and operating the enterprise.” Palmer v. Webster & Atlas Bank, 312 U.S. 156, 163 (1941).

      (8) “By virtue of federal statutes any receiver appointed by a court of the United States is subject to the same tax liability as the owner would have been had he continued is possession and operation of the enterprise”. The Southern Cross, 120 F.2d 466, 467 (2do Cir. 1941).

      (9) La See. 33 de la Ley de Patentes Municipales, 21 L.P.R.A. sec. 652e, establece un procedimiento de reintegro o crédito para casos donde un plazo semestral ha sido pagado en exceso. Dicha disposición no es realmente pertinente al caso ante nos. Nótese, en primer lugar, que se refiere a un plazo pagado en exceso. Presupone, pues, que el pago se hace por el plazo, o sea por el semestre, y no alude de modo alguno a porciones del semestre, como alega la recurrida. Más aún, por sus propios términos, esta sección dispone para el reintegro o crédito de un pago en exceso del monto correcto del plazo semestral. Se refiere evidentemente a casos donde se calculó equi-vocadamente el plazo semestral; es decir, alude a lo que eventualmente equivaldría a un sobrante, por haberse pagado más de lo correspondiente al semestre en cuestión, más de lo que realmente se adeudaba. Claramente, ésta no es la situación del caso de autos. Según el expediente del caso, el cálculo de Girod Trust Company para efectuar el pago de la patente fue el correcto. Pagó bien lo que le correspondía pagar. No hubo “exceso” que acreditar.

      (10) Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 82, supra, 1991 (Parte 1) Leyes de Puerto Rico 676, que enmienda las sees. 2, 4, 5, 7, 9,10,11,13 y 14, y la See. 52 de la Ley Núm. 113 de 10 de julio de 1974, según enmendada, conocida como Ley de Patentes Municipales.

      (1) Expone:
      “Estará sujeta al pago de una patente toda persona dedicada con fines de lucro a la prestación de cualquier servicio, a la venta de cualquier bien, a cualquier negocio financiero o a cualquier industria o negocio en los municipios del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, excepto lo que en otro sentido disponen las sees. 651 a 652y de este título, durante cada año económico o parte proporcional del mismo.” (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 651c (Sup.1983).

      () “Toda persona sujeta al pago de la patente que imponen las sees. 651 a 652y de este título pagará a los tesoreros de los municipios en que se radiquen sus nego-cios o industrias, la patente que autoriza imponer las sees. 651 a 652y de este título, dicha patente se pagará por anticipado dentro de los primeros 15 días de cada se-mestre del año económico, sobre la base del volumen de los negocios efectuados durante el año inmediatamente anterior según se dispone en la sec. 651f de este título, excepto en casos de nuevas industrias o negocios según lo dispone esta ley en la sec. 651e de este título. Disponiéndose que cuando el pago se efectúe dentro de los veinte (20) días que preceden al vencimiento de las patentes, se concederá un des-cuento del cinco (5) por ciento. No se cobrará contribución alguna a ningún negocio o industria en cualquier semestre, subsiguiente a aquel en que cesare. Las patentes vencerán en plazos semestrales el 1ro. de julio y 1ro. de enero de cada año.” 21 L.P.R.A. sec. 652j.


text:
      In re Ricardo Skerrett Yordán.

      Número: 8233

      Resuelto: 29 de octubre de 1993

      Ricardo Skerrett Yordán, pro se; Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.
   HH

per curiam:

El 30 de abril de 1993 el Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos informó sobre las gestiones infructuosas —desde julio de 1992— dirigidas a que el notario Ricardo Skerrett Yordán subsanara varias deficiencias en su obra notarial, consistentes en haber omitido en numerosas escrituras los sellos de rentas internas, notariales y de asistencia legal.

Vista esa información, el 28 de mayo pasado le concedi-mos veinte (20) días improrrogables para que las corri-giera, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias. Fue notificado personalmente el 2 de junio.

Por incumplir, el 20 de agosto lo suspendimos provisio-nalmente del ejercicio de la notaría. Nuevamente le conce-dimos veinte (20) días para subsanarlas/) y simultánea-mente que mostrara causa ante este Foro por la cual no debería ser suspendido indefinidamente de la notaría. Fue advertido que su ulterior incomparecencia podría dar mo-tivo a que la sanción disciplinaria se extendiera a la abogacía. Inexplicablemente, hizo caso omiso.

HH H-l

Las circunstancias expuestas no nos dejan más alternativa que extender su suspensión al ejercicio de la abogacía. Primero, es harto conocida la importancia de cancelar en los instrumentos notariales los sellos de rentas internas y de otros conceptos, y su omisión acarrea fuertes sanciones disciplinarias. In re Aponte Parés, 132 D.P.R. 448 (1993); In re Rodríguez Dávila, 132 D.P.R. 447 (1993). Y segundo, su dejadez —al ignorar nuestros requerimien-tos— sólo puede interpretarse como que no tiene interés de continuar ejerciendo la abogacía y notaría. In re Castro Jiménez, 132 D.P.R. 1040 (1993).

Se dictará la correspondiente sentencia suspendiéndolo indefinidamente de la abogacía.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervinieron.

      (1) Consistente de las siguientes:
      Protocolo de 1988, Escritura Núm. 88, adeuda treinta y cuatro dólares ($34) en sellos de rentas internas y un dólar ($1) notarial: Escrituras Núms. 11 y 12, no tienen sellos; Protocolo de 1989, Escrituras Núms. 6, 7 y 8 no tienen sellos; Protoco-los de 1990, 1991 y 1992, todas las escrituras carecen de sellos, y Protocolo de 1993, en el índice de 9 de febrero- de 1993 se informó la Escritura Núm. 5 cuando en realidad era la Escritura Núm. 1.
      Además, el Registro de Declaraciones Juradas carece de un número sustancial de sellos de Asistencia Legal de dos dólares ($2).