text:
      In re José R. López de Victoria Brás, querellado.

      Número: CP-90-728

      Resuelto: 6 de abril de 1994

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz y Anabelle Rodríguez, Subprocuradoras Generales, e luán F. Faster Lebrón, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Eliezer Aldarondo Ortiz y Miguel A. Pagán,
      abogados del querellado; José Raúl López de Victoria Brás, pro se.

   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 2 de octubre de 1990, el Procurador General de Puerto Rico radicó querella contra el Ledo. José R. López de Victoria —abogado admitido por este Tribunal al ejer-cicio de la abogacía el 28 de abril de 1966 — en la cual se expone, en síntesis, que el querellado incurrió en conducta impropia, contraria a las disposiciones del Canon 38 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, al permitir que en su presencia y en ausencia del notario otorgante —Ledo. Mario Báez y García— se firmara un contrato de arrenda-miento, en el cual se hacía constar que se autenticaban las firmas de los otorgantes. La querella, además, imputa que el querellado permitió que, ante el mismo notario Báez y García, se otorgara una escritura en la cual el hijo de uno de los otorgantes fue el “testigo de huellas” de éste; debiendo saber, o sabiendo, que esto era impropio según la Ley Notarial vigente. Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2001 et seq.

Después de recibir la contestación del querellado, el 1ro de febrero de 1991 nombramos al Ledo. José Aponte Jiménez, ex Juez Superior, para que en calidad de Comi-sionado Especial recibiera la prueba y formulara las co-rrespondientes determinaciones de hechos. El 16 de no-viembre de 1992, el Comisionado Especial rindió su informe.

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De las determinaciones de hechos realizadas por el Co-misionado se desprende que para el mes de julio de 1983, el Sr. Mariano Maldonado Torres se comunicó con el que-rellado —Ledo. José R. López de Victoria— con la intención de indagar sobre un anuncio de arrendamiento referente a un inmueble del Sr. Gerardo Latoni Lapatza, quien era suegro del querellado y quien se encontraba en ese mo-mento físicamente incapacitado, no pudiendo inclusive fir-mar documentos. Luego de acordarse los términos del arrendamiento entre el señor Maldonado Torres y los hijos del señor Latoni, a saber: David, Gerardo y Sara, todos de apellidos Latoni Cabanillas —quienes por “acuerdo inter-no” administraban los bienes de su padre, sin intervención de autoridad judicial alguna— el señor Maldonado Torres y su esposa, la Sra. Elsie Matos Montalvo, acordaron acudir a la oficina del abogado querellado para formalizar el arrendamiento.

El 28 de julio de 1983, el señor Maldonado Torres y su esposa, luego de leer el contrato de arrendamiento —y por instrucciones del querellado— procedieron a firmarlo. En este momento se encontraban en la oficina del querellado únicamente la esposa de éste y su secretaria, no encontrán-dose en la misma el notario Báez y García. El contrato fue firmado, en adición, por los hijos del señor Latoni, “por s[í] y como mandatarios de su padre, Don Gerardo Latoni Lapatza”. Dicho contrato figura reconocido, y suscrito, ante el notario Mario Báez y García, bajo el número de afidávit 35,881 de fecha 28 de julio de 1983. Según la declaración del Sr. David Latoni Cabanillas, el contrato que él firmó no contenía la parte correspondiente a la “Certificación del notario ante quien se otorgó”.

El señor Maldonado Torres, posteriormente, recibió co-pia del contrato, alegadamente por conducto del licenciado López de Victoria. El mismo no contenía la parte corres-pondiente a la certificación del notario Báez y García en la cual se autenticaban las firmas de los otorgantes y acredi-tativa de que el documento se suscribió por éstos en su presencia. Ante estos hechos el Comisionado Especial, li-cenciado Aponte Jiménez, determinó que:

Del conjunto de la prueba presentada, no surge a solicitud de quién el licenciado Mario Báez y García autenticó las firmas del contrato. Tampoco c[ó]mo llegó hasta él. No podemos inferir que fue a través del querellado ni que éste prestó su consenti-miento, particularmente cuando la copia que alegadamente le envía al señor Maldonado Torres, no parece notarizada unido al hecho de que las últimas personas que lo tuvieron en su poder fueron el doctor David Latoni Cabanillas y su hermano, Gerardo Latoni Cabanillas. Asumir lo contrario, a nuestro juicio, sería simple conjetura. Concluimos, por consiguiente, que, el primer cargo que se le imputa al querellado, no se probó. (Énfasis suplido.) Informe de 16 de noviembre de 1992, pág. 4.

En cuanto al segundo señalamiento, surge del informe del Comisionado que tres (3) años más tarde, el abogado querellado, le ofreció al señor Maldonado Torres y a la es-posa de éste venderle la propiedad del señor Latoni Lapa-tza, la cual ellos tenían en arrendamiento. El 24 de enero de 1986, el señor Maldonado y su esposa acudieron a la oficina del querellado a otorgar la escritura de compra-venta de la propiedad arrendada. En dicha ocasión se en-contraba presente el notario Báez y García, ante quien se otorgaría dicha escritura. El querellado les pidió que fir-maran el documento de compraventa, dejando un espacio en blanco antes de sus firmas. El querellado los invitó, ade-más, a la residencia del señor Latoni Lapatza para que presenciaran el momento en que se le “cogerían” las hue-llas dactilares a este último. Éstos declinaron la invitación.

Alegadamente, el licenciado Báez y García seleccionó al Dr. David Latoni Cabanillas —hijo del otorgante— para que actuase como “testigo de huellas” de su señor padre en la escritura de compraventa; pero fue a petición del quere- liado que el doctor Latoni acudió a casa de su padre para servir como testigo en la escritura de compraventa. El doctor Latoni Cabanillas presenció el acto de imprimir su padre las huellas dactilares en la escritura; también estaba presente el notario Báez y García. Cabe señalar que el que-rellado no estuvo presente. A solicitud del licenciado Báez y García, el doctor Latoni Cabanillas intercaló a manuscrito en el espacio en blanco de la escritura, después del testi-monio sobre la razón de su comparecencia, pero antes de las firmas del señor Maldonado y su esposa, la siguiente anotación: “Como testigo y a ruego de Don Gerardo Latoni Lapatza, quien no puede firmar por incapacidad física” (In-forme de 16 de noviembre de 1992, pág. 6); procedió luego a firmar. Ante estos hechos, el Comisionado Especial deter-minó que el licenciado Báez y García “juzgó por error que la [L]ey [Njotarial vigente para el 1986 permitía utilizar un hijo como testigo de las huellas de su padre, en una escritura, cuando éste no podía firmar”, no expresando nada sobre la conducta del licenciado López de Victoria. íd., pág. 7.

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De entrada, debe señalarse que este Tribunal no está obligado a aceptar el informe de un Comisionado Especial; esto es, podemos adoptar el mismo, modificarlo e, inclusive, rechazarlo. Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752, 757-758 (1981); In re Soto López, 135 D.P.R. 642 (1994). Aclarado este hecho, resolvemos.

No hay duda que las escrituras públicas otorgadas por el licenciado Báez y García fueron efectuadas en contravención a la legislación notarial, vigente al momento de los hechos. Con relación a la escritura de compraventa, en la cual los comparecientes firmaron en ausencia del notario que autenticaba sus firmas, la Ley para Regular el Ejercicio de la Profesión Notarial en Puerto Rico (en adelante Ley Notarial de 1956), 4 L.P.R.A. sec. 1001 et seq. (ed. 1978), disponía que los notarios eran los únicos funcionarios autorizados a dar fe y autenticidad de los actos que ante su presencia se realizaban, conforme a la ley, los contratos y demás actos extrajudiciales. 4 L.P.R.A. sec. 1001 (ed. 1978). Un notario no debía, ni debe, dar fe notarial de declaraciones juradas si la persona que va a autorizar la misma no comparece personalmente ante él, In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848 (1977); es decir, un notario no podía, ni puede, dar fe del conocimiento y firma de los otorgantes que no lo hacen ante su presencia

Por otra parte, y con referencia al hecho de que en la escritura de compraventa uno de los otorgantes fue testigo del otorgamiento, la Ley Notarial de 1956 prohibía que un pariente de uno de los otorgantes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, fuera testigo en el otorgamiento de un documento notarial. A esos efectos, la Sec. 15 de dicha ley disponía:

Cuando de acuerdo con las sees. 1014, 1016 y 1027 de este título se requieran o permitan testigos para el otorgamiento de una escritura o documento público, habrá unidad de acto, y no podrán ser testigos los que no sepan firmar, los empleados o criados del notario autorizante, ni los parientes del notario o de las partes interesadas, dentro del cuarto grado de consanguini-dad o segundo de afinidad. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 1015 (ed. 1978).

Más aún, dicha ley exigía unidad de acto en el otorgamiento de un documento en que por ley se requiere la comparecencia de testigos, es decir, que tanto el notario como los otorgantes y los testigos debían presenciar el acto de firmas de aquellos legalmente llamados a ésto. Ninguno de estos preceptos fueron observados en las escrituras otorgadas por el licenciado Báez y García en los dos (2) documentos notariales por él autorizados-, hechos alegada-mente conocidos por el licenciado López de Victoria.

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Es importante, en este punto, aclarar que la querella radicada contra el licenciado López de Victoria no está dirigida a sancionar su participación como notario en unas escrituras alegadamente otorgadas en contravención a la Ley Notarial de 1956 y sí a sancionar su conducta al ale-gadamente permitir que, bajo su conocimiento y aceptación, se otorgaran unas escrituras en contra de lo preceptuado en la Ley Notarial vigente-, conducta impropia a la luz de lo preceptuado por el Canon 38 del Código de Ética Profesio-nal, supra.

Como es sabido, el Canon 38 antes mencionado establece, en su primer párrafo, que:

El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. En su conducta como funcionario del tribunal, deberá interesarse en hacer su propia y cabal aportación hacia la consecución de una mejor administración de la justicia. Tal participación conlleva necesa-riamente asumir posiciones que puedan resultarle personal-mente desagradables pero que redundan en beneficio de la pro-fesión, tales como: denunciar valientemente, ante el foro correspondiente, todo tipo de conducta corrupta y deshonrosa de cualquier colega o funcionario judicial; aceptar sin vacilacio-nes cualquier reclamación contra un compañero de profesión que haya perjudicado los intereses de un cliente; poner en co-nocimiento de las autoridades apropiadas todo acto delictivo o de perjurio que ante él se cometiera; velar y luchar contra la admisión al ejercicio de la profesión de personas que no reúnan las condiciones morales y éticas, así como de preparación aca-démica, que nuestra profesión presupone. Todo abogado debe estar convencido de las condiciones idóneas, morales y éticas de un aspirante al ejercicio de la profesión antes de recomendarle para su admisión al foro. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Reiteradamente este Tribunal se ha expresado a los efectos de que los cánones de ética profesional le exigen a todo abogado ejercer la profesión con sinceridad y honradez, así como conducirse no sólo en el desempeño de su profesión, sino en su vida privada de manera digna y honorable. In re Santiago González, 121 D.P.R. 580 (1988); In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977). Este compromiso solemne, no sólo de conducir su persona de acuerdo a las exigencias de los cánones de ética profesional, se ex-tiende también a velar por que la conducta de sus compañeros de profesión se rija igualmente por dichas exigencias. Véase Preámbulo del Código de Etica Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 1 n.

En situaciones anteriores, este Tribunal no tan sólo ha sancionado a aquel abogado que incurre en una falta a la ética profesional en la redacción de un documento notarial, sino también a aquel abogado que induce o promueve la irregularidad. A esos efectos, en In re Ríos Rivera, 119 D.P.R. 586 (1987), expresamos que constituye una violación al Canon 38 del Código de Ética Profesional, ante, aquel abogado que induce a otro compañero notario a que autorice una escritura sin la comparecencia de uno de los otorgantes. A iguales efectos, en In re Del Río Rivera y Otero Fernández, 118 D.P.R. 339 (1987), expresamos que infringe la ética profesional no tan sólo el abogado que asesora, redacta u otorga un documento simulado, sino también aquel que conociendo la ilegalidad del acto promueve su realización.

De los testimonios recibidos, y del informe del Comisio-nado, se desprende que el licenciado López de Victoria in-currió en conducta antiética al tener conocimiento de que se iba a otorgar una escritura en forma impropia, ayudando a la realización de ésta. Del testimonio del doctor Latoni se desprende que el licenciado López de Victoria indujo a éste a servir como testigo de la escritura, señalándole que eso era “completamente legal”.

Aunque el licenciado López de Victoria no autorizó la escritura de compraventa, éste violó el Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra, al ayudar a otorgar un documento notarial en violación de dicha ley. In re Ríos Rivera, supra, pág. 592; In re Del Río Rivera y Otero Fernández, supra, pág. 345. Éste sabía, o debió saber, que la escritura en la cual el doctor Latoni servía como testigo de firma de su padre era una contraria al Derecho. Después de todo, es deber de todo notario, como profesional del Derecho, conocer las leyes, la doctrina, las costumbres y la jurisprudencia. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986).

Aunque los comparecientes no eran sus clientes, ni au-torizó el documento, su “participación” en la transacción aparentaba dar cierto vicio de legalidad y confiabilidad a los mismos. Debe recordarse que todo abogado debe evitar hasta la apariencia de conducta impropia. Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Por otro lado, aun cuando el licenciado López de Victoria no participara directamente en la otorgación de la escritura, era su deber advertir al notario Báez y García de la violación a la Ley Notarial en la que iba a incurrir en la otorgación de dicha escritura. Después de todo, todo abogado tiene el deber de esforzarse al máximo en la exalta-ción del honor y de la dignidad de su profesión, incluyendo el deber de denunciar voluntariamente, ante el foro corres-pondiente, todo tipo de conducta deshonrosa de cualquier miembro de la profesión. Canon 38 del Código de Ética Profesional, supra.

Por todo lo expuesto, resolvemos que el licenciado López de Victoria infringió las disposiciones del Canon 38 del Có-digo de Ética Profesional, supra. Tomando en considera-ción el hecho de que la actuación del querellado no perju-dicó a ninguna persona y, en adición, el hecho de que su récord profesional es uno libre de manchas, estimamos pro-cedente únicamente, como sanción, una amonestación; apercibiéndole para que en el futuro se ciña estrictamente a las disposiciones de los cánones de ética profesional.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió “por en-tender que el querellado no infringió el Canon 38 del Có-digo de Ética Profesional. A diferencia de In re Ríos Rivera, 119 D.P.R. 586 (1987), e In re Del Río Rivera y Otero Fer-nández, 118 D.P.R. 339 (1987), en este caso no se demostró que el querellado participara conscientemente de un fraude o que por la naturaleza de la situación cualquier abogado hubiera sospechado de ilegalidad. Más aún, la ac-tuación del querellado no fue relacionada al ejercicio de su profesión, no constituye acto delictivo ni implica deprava-ción moral”, expresión a la que se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

       Esta querella surge como secuela del caso Latoni v. Latoni (Caso Civil Núm. RE-85-556), sobre impugnación de testamento. Este Tribunal, el 4 de enero de 1990, al dictar resolución denegatoria de la revisión de la sentencia dictada el 11 de agosto de 1989 por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, ordenó una investigación sobre la conducta profesional de los Ledos. José R. López de Victoria y Mario Báez y García, en relación a los hechos narrados en dicha sentencia.

       El 13 de mayo de 1966 le fue expedida autorización para ejercer la notaría en Puerto Rico.

       El licenciado Báez y García falleció mientras se encontraba esta querella en investigación.

       La querella imputa:
      “PRIMER CARGO
      “El Ledo. José R. López de Victoria con conocimiento de que el notario autori-zante del contrato de arrendamiento con fecha 28 de julio de 1983, sobre una casa de playa propiedad de Gerardo Latoni Lapatza, lo era el L[edo.] Mario Báez y García; permitió que en su presencia y en ausencia del referido notario, Mario Báez García, el Sr. Mariano Maldonado y su esposa, Elsie Matos, partes otorgantes en concepto de arrendatarios, firmaran el referido contrato.
      “La referida conducta del Ledo. José R. López de Victoria, constituye una des-viación de las normas de conducta que debe observar todo miembro de la profesión legal, según establecido en el Canon 38, párrafo 1 del Código de Etica Profesional.
      “SEGUNDO CARGO
      “El Ledo. José R. López de Victoria conociendo que el Ledo. Mario Báez y García, Notario autorizante de la escritura número 6 de 24 de enero de 1986, sobre compra-venta, se proponía utilizar al Dr. David Latoni Cabanillas como testigo de las huellas y para firmar por su señor Padre, Gerardo Latoni Lapatza, la referida escritura, procedió a entregar la escritura Núm. 6 de 24 de enero, supra, al Ledo. Mario Báez y García para que éste procediera a autorizarla, como efectivamente lo hizo, utilizando al Dr. David Latoni Cabanillas como testigo de las huellas de su padre, Gerardo Latoni Lapatza y para firmar por su padre la referida escritura. El Ledo. José R. López de Victoria por su condición de abogado notario, sabía o debió haber sabido que el Dr. Latoni Cabanillas por ser hijo de don Gerardo Latoni Lapatza, no podía ser utilizado legalmente como testigo de las huellas de su padre y para firmar por éste la escritura número 6 de 24 de enero de 1986. El haber permitido tal hecho pudiendo impedirlo, constituye una clara desviación a las disposiciones del Canon 38, párrafo 1 del Código de Etica Profesional por parte del Ledo. José R. López de Victoria.” Informe de 16 de noviembre de 1992, págs. 1-2.

       El 2 de octubre de 1990, el Procurador General radicó la querella. El día 3 de ese mismo mes le concedimos quince (15) días al querellado para contestar la misma. El día 23 de octubre de 1990 recibimos una moción de prórroga, a la cual accedimos el 31 de octubre de 1990, concediéndole al querellado hasta el 25 de noviembre para contestar la querella. El 27 de noviembre de 1990 la parte querellante solicitó una nueva prórroga, a lo cual accedimos el 30 de noviembre de 1990, concediéndole hasta el 10 de diciembre de ese mismo año. El 4 de enero de 1991 este Tribunal al no recibir aún la contestación a la querella, le concedió al querellado hasta el día 15 de enero para presentar la misma, advirtiendo que de no ser así, se habrían de dar por admi-tidos los hechos imputados. El día 10 de diciembre de 1991 recibimos una moción solicitando que se considerara como contestación, el escrito de “solicitud de desesti-mación e informe del querellado” radicado el 28 de diciembre de 1990 ante este Tribunal. El 1ro de febrero de 1991, a la anterior solicitud de desestimación, conce-dimos un no ha lugar.

       El inmueble es una edificación situada en la calle Comercio, Núm. 202, de la ciudad de Mayagüez.

       Según el señor Maldonado Torres, no recordaba haber visto, al firmar la escritura, el testimonio que antecede a su firma, en el cual se acredita que el Dr. David Latoni Cabanillas servía como testigo de las huellas de su padre. A esos efec-tos, dicha cláusula lee:
      “Los comparecientes aceptan esta escritura en todas sus partes por hallarla conforme a sus deseos y, Yo, el Notario, Autorizante, les hice las advertencias legales pertinentes, inclusive la del derecho a uso de testigos, la cual es utilizada por el Vendedor, don GERARDO LATONI LAPATZA, por tener actualmente una letra casi ilegible por su avanzada edad, aclarándose que no existe ningún impedimento mental de dicho compareciente para otorgar este documento, pero habiéndole leído este documento y estando conforme con el mismo, acepta estampar sus huellas dactilares de sus dos dedos pulgares como si fuera su firma, ratificándose en todo lo aquí expuesto por ser esta su voluntad y como testigo y a ruego de don GERARDO LA-TONI LAPATZA, comparece su hijo DON DAVID LATONI CABANILLAS, mayor de edad, casado, propietario y vecino de Mayagüez, Puerto Rico. Y así lo otorgan todos los comparecientes el presente documento, los cuales firman ante mí, excepto don GERARDO LATONI LAPATZA, quien estampa sus huellas dactilares y previa lec-tura de este documento, después de advertirles el derecho que tenían de leerlo por sí al cual renuncian ante la lectura que hice Yo, el Notario, y estando conforme en su contenido se ratifican a continuación mediante la firma y las huellas dactilares, estampando las iniciales y las huellas dactilares en todos y cada uno de los folios de esta escritura, todo lo cual, Yo, el Notario Autorizante, CERTIFICO Y DOY FE.” Informe de 16 de noviembre de 1992, págs. 5-6.

       Cabe señalar que la escritura del Contrato de Arrendamiento como la escri-tura de Compraventa las cuales sirven de génesis a esta querella no han sido objeto de impugnación por parte de sus partes contratantes ni de sus herederos.

       Aunque los hechos aquí descritos fueron alegadamente cometidos por el li-cenciado Báez y García como notario, no nos corresponde pasar juicio sobre la con-ducta profesional de éste, por no estar ésto planteado ante este Tribunal.

       Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. sec. 1001 et seq. (ed. 1978)).

       A iguales efectos, véase Art. 2 y ss. de la Ley Notarial de Puerto Rico vi-gente, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2002 et seq.).

       La Sec. 14 de la Ley Notarial de 1956 (4 L.P.R.A. see. 1014 (ed. 1978)) establecía el procedimiento en aquellos casos en que uno de los otorgantes no supiere o pudiere firmar, como en el caso del señor Latoni Lapatza, a saber:
      “Si los otorgantes o alguno de ellos no supiere o no pudiere firmar, lo expresará así el notario y por los que no lo hagan firmará un testigo pero el notario deberá expresar estos conceptos en el instrumento, señalando por su nombre y apellido al testigo que a ruego de tal o tales firme. Además, junto a la firma del testigo y en todos los folios de la escritura, se fijarán las huellas digitales de los dos dedos pulgares y, si no los tuviese, de cualesquiera otros dedos del otorgante u otorgantes que no sepan firmar o no puedan verificarlo, y dicho testigo pondrá sus iniciales en cada uno de los folios de la escritura.
      “Si el otorgante u otorgantes carecen de dedos en las manos, el notario expre-sará esta circunstancia y dos testigos firmarán a su ruego y estamparán sus iniciales según antes se indica.”

       Con relación al cargo radicado por el Procurador General en el cual se le imputa al licenciado López de Victoria el permitir que en su presencia se firmara un contrato, en el cual el notario no se encontraba presente, el Comisionado Especial no encontró prueba que sustentara el mismo; por ende, no tomaremos acción al respecto.

       Véase T.E., págs. 202-205.

       La posición del licenciado López de Victoria es a los efectos de que:
      “El Canon Número 38 de Etica Profesional no va dirigidlo] a sancionar a un abogado o notario por actuaciones de otro y que se encuentren fuera del control, manejo o intervención personal.
      “La actuación del Honorable Procurador constituye un procedimiento que esta-blecería una trayectoria para juzgar a cualquier abogado, que aunque no intervenga en el procedimiento sería sancionado por su simple relación con las partes y que ‘tienda a demostrar’ su participación sin actuación directa.” Informe de conferencia entre abogados, pág. 2.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Sucesión José A. Pacheco Otero, etc., demandantes y recurridos, v. Eastern Medical Associates, Inc., etc., demandados y recurrentes.

      Número: CE-91-271

      Resuelto: 6 de abril de 1994

      Gonzalo J. Barreras Varona, abogado de los peticionarios; Francisco Agrait Oliveras, abogado de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

H-i

El 9 de junio de 1989 la Sra. Carmen Astacio Caraballo, en calidad de viuda, y sus hijos José y Carmen Nereida Pacheco Astacio presentaron una demanda para reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que sufrieron por el fallecimiento de José A. Pacheco Otero que, alegada-mente, se debió a la impericia médica de los demandados. Reclamaron, además, los sufrimientos y angustias mentales que sufrió el señor Pacheco Otero mientras estuvo recluido en los hospitales demandados. También solicitaron una partida por la pérdida de los be-neficios económicos que éste les brindaba.

Una vez contestada la demanda, los demandados pre-sentaron una moción para que se desestimase la causa de acción de la señora Astacio Caraballo porque, para la fecha en que ocurrieron los hechos que ocasionaron la muerte del señor Pacheco Otero, éstos estaban divorciados.

Por ser pertinente a la controversia, resumiremos los hechos relacionados con el divorcio. El 25 de abril de 1988, la señora Astacio Caraballo presentó una demanda de divorcio contra el señor Pacheco Otero, por la causal de separación. Este, el 20 de mayo de 1988, compareció, por derecho propio, a contestar la demanda. Aceptó los hechos alegados y solicitó que la sentencia adviniera final y firme desde la fecha en que se dictase. El tribunal dictó sentencia ese mismo día, 20 de mayo de 1988, decretando el divorcio entre las partes. La sentencia se notificó en esa misma fecha.

Posteriormente, el 7 de julio de 1988, falleció el señor Pacheco Otero. El 12 de julio de 1988, es decir, cinco (5) días después del fallecimiento y cincuenticuatro (54) días después de haberse dictado la sentencia, la señora Astacio Caraballo solicitó al tribunal que se dejara sin efecto la sentencia de divorcio, porque ella y su esposo se habían reconciliado. El tribunal accedió a lo solicitado mediante Resolución de 13 de julio de 1988.

A base de estos hechos, los demandados sostuvieron que debía desestimarse la reclamación de la demandante de-bido a que al momento en que ocurrió la muerte del señor Pacheco Otero, el matrimonio entre éste y la señora Asta-cio Caraballo había sido disuelto por el Tribunal Superior. Acompañaron su solicitud con una copia certificada del ex-pediente del caso de divorcio, Caso Civil Núm. RF (F) 88-148.

La señora Astacio Caraballo se opuso a la solicitud de la parte demandada. Indicó que la Resolución del Tribunal Superior de 13 de julio de 1988 dejó sin efecto el divorcio y que, por lo tanto, ella y el señor Pacheco Otero nunca es-tuvieron legalmente divorciados. Acompañó con su oposi-ción una declaración jurada en la cual señala que, por acuerdo con su esposo, presentó la demanda de divorcio por separación; aunque, en realidad, continuaron viviendo jun-tos en la misma propiedad donde habían vivido durante todo el matrimonio. También expresa que se habían recon-ciliado el 19 de junio de 1988 y que habían acudido ante la Hon. Juez Ana Delia Sánchez, el 24 de junio de 1988, para que los casara nuevamente. Pero que, mientras hacían los trámites para casarse, el señor Pacheco Otero murió. Por tal razón, y en cumplimiento de una promesa que le hizo, solicitó que se dejara sin efecto el divorcio. De otro lado, la demandante Astacio Caraballo adujo que independiente-mente de que estuvieran o no casados al momento del fa-llecimiento, ésto no la privaba de establecer su causa de acción si probaba haber sufrido daños y angustias por la muerte y que recibía asistencia económica del señor Pacheco Otero. Por último, señaló que la moción para solici-tar la desestimación parcial era, en efecto, una solicitud de sentencia sumaria por cuanto no se apoyaba totalmente en las alegaciones y contenía prueba en apoyo de la solicitud. Por dicha razón, alegó que no procedía que se dictase la sentencia sumaria debido a que existía una controversia de hechos.

Así las cosas, mediante Resolución de 26 de marzo de 1991, el foro de instancia denegó la moción de desestima-ción y expresó que los demandados:

Pretenden atacar colateralmente dicha resolución [la que dejó sin efecto la sentencia de divorcio] aduciendo hechos y razones. Por el tiempo transcurrido y por tratarse de un caso radical-mente distinto en su naturaleza al que nos ocupa, entre otras partes, entendemos que no podemos en este caso acceder a lo que solicitan, sin perjuicio de que pueda ventilarse la nulidad de dicha resolución en una acción directa separada.

De la anterior resolución acuden ante nos los demanda-dos, señalando el error siguiente:

... entendemos que incidió el Tribunal Superior de Humacao al declarar sin lugar nuestra solicitud de que se desestimara la causa de acción de la codemandante Carmen Astacio Caraballo, ya que al momento en que surge dicha causa de acción el vín-culo matrimonial ... con José A. Pacheco no existía por haber sido legal y correctamente disuelto el matrimonio por el Tribunal Superior ....

En resumen, el recurrente alega que el foro de instancia no debió darle validez a la resolución que dejó sin efecto la sentencia de divorcio toda vez que ésta se emitió luego de advenir final y firme dicha sentencia. Además, indicó que la resolución no fue producto de una moción de relevo de sentencia o de un recurso de revisión. Señala, además, que se fundamentó en una moción que presentara, por derecho propio, la señora Astacio Caraballo donde le informó al tribunal que se había reconciliado con su esposo, sin indicarle que éste había muerto y que se dictó a petición de una sola de las partes del litigio. También aducen que la de-mandante no tiene derecho a recibir partida de dinero al-guna por lucro cesante debido a que no dependía económi-camente del señor Pacheco Otero.

Decidimos revisar y expedimos el auto.

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A. La parte demandante tiene razón en que su causa de acción por los daños sufridos por la muerte del señor Pacheco Otero no depende de la existencia o inexistencia del matrimonio. Esta se fundamenta en los postulados del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141. Conforme a éste, “todo perjuicio, material o moral, da lugar a reparación si concurren tres requisitos o elementos: primero, se establece la realidad del daño sufrido; segundo, existe un nexo causal entre el daño y la acción u omisión de otra persona; y tercero, dicho acto u omisión es culposo o negligente”. (Énfasis suprimido.) Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957). Hemos reconocido en casos de muerte ilegal que toda persona puede reclamar y obtener una indemnización por los daños morales o materiales, o ambos, que realmente sufrió con motivo de la muerte de otra, ocasionada por la culpa o negligencia de un tercero, aun cuando el reclamante no esté relacio-nado con el fallecido por razón de parentesco. Cirino v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 608, 617 (1964).

Tampoco la señora Astacio Caraballo tenía que estar casada para poder solicitar la pérdida de los beneficios económicos que alegadamente le brindaba el señor Pacheco Otero. Dentro de los daños considerados resarcibles en el orden patrimonial están los que sufren aquellos cuyas necesidades atendía el causante. El fundamento para concederlos es la pérdida de la esperanza fundada y razonable de unos beneficios futuros. Art. 1059 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3023; Hernández v. Fournier, supra; Correa v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 83 D.P.R. 144, 159-160 (1961); Acosta v. Crespo, 70 D.P.R. 239, 258 (1949). Entre estos daños se encuentra el lucro cesante. Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 D.P.R. 324, 326-327 (1977); Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854, 870 (1978); Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368, 370 (1964). En Pate v. U.S.A., 120 D.P.R. 566, 570-571 (1988), resolvimos que en Puerto Rico no se transmite automáticamente a los herederos el derecho que su causante tenía de recibir ingresos. Esto es así, porque la reclamación por lucro cesante, producto de la muerte del causante con motivo de un acto negligente de un tercero, le pertenece a las personas que dependían económicamente del fallecido al momento de la muerte. Los dependientes tienen que demostrar que sufrieron una interrupción efectiva de los ingresos provenientes del patrimonio del causante. En resumen, en nuestra jurisdicción el lucro cesante no forma parte de la herencia. Véase, además, Zurkowsky v. Honeywell, Inc., 112 D.P.R. 271, 275 (1982), donde resolvimos que el lucro cesante está vinculado al criterio de dependencia económica al momento de la muerte. Cabe la posibilidad de que la demandante pueda probar que dependía económica-mente del señor Pacheco Otero. Lo relativo a lo sucesoral o hereditario, como ya señaláramos, no se encuentra impli-cado, en forma alguna, en la legitimidad de su reclamación.

No era tampoco una partida que pudiera reclamar la sociedad legal de gananciales. El lucro cesante que ésta puede reclamar son los ingresos dejados de percibir por uno de los cónyuges, o por ambos, como consecuencia de unos daños recibidos que les incapacite parcial o permanentemente para trabajar. Franco v. Mayagüez Building, Inc., 108 D.P.R. 192, 195 (1978). Ahora bien, si un cónyuge muere, se extingue la sociedad legal de gananciales. No tiene, por ende, personalidad jurídica para hacer la reclamación. Art. 1315 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3681. Por lo tanto, ésta no puede reclamar partida alguna por ingresos futuros dejados de percibir. Los únicos que pueden reclamarlos son los dependientes.

B. No obstante lo anterior, la señora Astacio Carabailo también está reclamando indemnización por los sufrimientos y angustias mentales sufridos por el señor Pacheco Otero, acción que sólo pueden presentar los herederos de un causante. Sobre el particular, hemos resuelto que una causa de acción civil reparadora del daño inferido a un difunto por culpa o negligencia de un tercero no constituye un derecho personalísimo que muere con la persona, sino que es un bien patrimonial transmitido por su muerte a sus herederos y reclamable por éstos como parte de su herencia legítima. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598, 606 (1973).

Debido a que la reclamación de indemnización de la se-ñora Astacio Caraballo por los sufrimientos y angustias mentales del señor Pacheco Otero depende de su estado como heredera y esto, a su vez, del hecho de si estaban casados al momento de la muerte del señor Pacheco Otero, resulta necesario, pues, revisar la prueba que se pretende aducir para sostener este hecho. La corrección de la reso-lución dictada por el tribunal de instancia que dejó sin efecto el divorcio en controversia es, pues, de vital impor-tancia en este caso, ya que lo que pretende la recurrida es, precisamente, que se le dé a esta resolución plena validez probatoria en cuanto al hecho de que aún subsistía el matrimonio.

Ahora bien, para que un tribunal en un caso acoja una determinación hecha en otro caso para probar un hecho esencial para la reclamación, resulta indispensable, entre otras cosas, que el primer foro haya actuado con jurisdicción, tanto sobre la materia como sobre la persona. Ya que cuando un tribunal ha actuado sin jurisdicción sobre la persona o sobre la materia, es nula cualquier sentencia o resolución que haya dictado y nada significan en cuanto a los hechos que se pretendieron litigar. Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 869-870 (1953).

En el caso de autos, no cabe duda que el Tribunal Superior actuó sin jurisdicción al dejar sin efecto la sentencia de divorcio decretada. Veamos.

Comenzaremos por indicar que cuando la demandante recurrida, señora Astacio Caraballo, solicitó que se dejara sin efecto la sentencia de divorcio, ésta era final y firme debido a que habían transcurrido los treinta (30) días para solicitar la revisión.

Además, la moción presentada por la señora Astacio Caraballo en la que expresó que se había reconciliado con el señor Pacheco Otero, no podía considerarse como una moción de relevo debido a que en casos de divorcio sólo procede el relevo de sentencia cuando se alegue y pruebe un fraude al tribunal o la nulidad de la sentencia. Regla 49.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. En el caso del divorcio reseñado, ni se alegó ni se probó que existiese alguna de estas dos (2) situaciones.

Más importante aún, al momento en que la codemandante Astacio Caraballo solicitó el relevo de la sentencia de divorcio, ya el señor Pacheco Otero había fallecido. El tribunal no podía intervenir con el estado civil de éste debido a que la acción de divorcio se extingue con la muerte del titular. Regla 22 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El estado civil es un atributo fundamental de la persona. Esto significa que sólo la persona puede cambiar su propio estado civil y que, como regla general, nadie puede disponer libremente del mismo sin que la persona intervenga. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. I, Vol. 1, págs. 307-308.

Por último, cabe señalar que ni la moción para solicitar que se dejara sin efecto la sentencia de divorcio ni la reso-lución que concedió la solicitud, fueron notificadas a la parte adversa. Nunca se hicieron las gestiones para lograr la notificación y, de haberse hecho, hubieran resultado im-posibles: el señor Pacheco Otero se estaba representando a sí mismo y había fallecido cuando todo esto ocurrió.

Por lo tanto, la resolución que dejó sin efecto la senten-cia de divorcio en el caso Civil Núm. Ref. (F) 88-148 es nula debido a que el tribunal carecía tanto de jurisdicción sobre la materia como de jurisdicción sobre la persona.

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Bajo estas circunstancias no podemos concederle validez probatoria a la resolución en el caso de divorcio Civil Núm. RF (F) 88-148 sobre el hecho de que la codemandante As-tado Caraballo se encontraba casada con el señor Pacheco Otero al momento de su muerte. En consecuencia, el foro de instancia se equivocó al negarse a desestimar la recla-mación de la señora Astado Caraballo referente a los su-frimientos y angustias mentales del señor Pacheco Otero. Sin embargo, actuó correctamente al negarse a desestimar la reclamación por sus sufrimientos y angustias mentales y la pérdida de los beneficios económicos, reclamaciones que no dependían de su estado como heredera del señor Pacheco Otero.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia modifi-cando la resolución emitida por el foro de instancia el 26 de marzo de 1991 por no haber desestimado la reclamación de la codemandante Carmen Astado Caraballo de indemniza-ción por los sufrimientos y angustias mentales sufridos por el Sr. José A. Pacheco Otero, y se devolverá el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

       También, demandó la Sra. Milagros Vázquez Báez, bija de crianza del señor Pacheco Otero.

       La señora Astacio Caraballo estuvo representada por el Ledo. Francisco Rosario Pérez.

       El texto de la moción presentada por la demandante es el siguiente:
      “+MOCION+
      “AL HONORABLE TRIBUNAL:
      “Comparece la parte demandante, por derecho propio, y muy respetuosamente Solicita:
      “1. Que las partes habían sanjado sus diferencias y reconciliado todas las controversias.
      “2. Que habiendo sido esta compareciente la promovente de esta causa de ac-ción desiste voluntariamente y pide al Tribunal deje sin efecto todo lo actuado, res-tituyendo todo al estado en que se inició en sus principio.”

       La resolución del tribunal dispone:
      “+RESOLUCION+
      “Vista la Moción radicada por la parte demandante, de fecha 12 de julio de 1988, este Tribunal la DECLARA CON LUGAR y deja sin efecto todo lo actuado en este caso, restituyendo todo al estado en que se inició en su principio.”

       Relacionada con el divorcio, tenemos ante nuestra consideración una quere-lla presentada contra la señora Astacio Caraballo, quien es abogada. In re Carmen Astacio Caraballo, Caso Núm. MC-91-24.

       “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que se haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en las secciones siguientes.” 31 L.P.R.A. see. 3023.

       Aunque el señor Pacheco Otero solicitó que la sentencia de divorcio adviniera final y firme desde su notificación, el tribunal nada dispuso sobre lo solicitado.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Sandra Ortega y otro, demandantes y recurridos, v. Dr. Antonio Pou y otros, demandados peticionarios y recurrentes.

      Número: CE-93-318

      Resuelto: 7 de abril de 1994

      Iván O. González Cruz, Igor J. Domínguez y José A. González Villamil, abogados de los recurrentes; Jesús Santiago Malavet y Carmen Rivera Mercado, de Santiago, Malaret & Santiago, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

El 9 de marzo de 1992 Sandra Ortega y su esposo Luis A. Santiago Marrero demandaron por impericia médica al Dr. Antonio Pou y otros. Alegaron que el 17 de octubre de 1990 ella se sometió a una esterilización ambulatoria con el doctor Pou, y varios meses después descubrió que estaba embarazada. El 17 de septiembre dio a luz un niño. El doctor Pou contestó e invocó, entre otras, la defensa de prescripción; después solicitó la desestimación.

El 17 de mayo de 1993 el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. José E. Broco Oliveras, Juez), se negó a desestimarla. Expresamente concluyó que, “[e]s a partir del nacimiento que se configura la nueva situación que in-cluye obligaciones económicas y de otra naturaleza que se intentó evitar con la esterilización”. Exhibit I, pág. 1. En reconsideración, se reiteró. Mediante una orden para mos-trar causa, a solicitud del doctor Pou, revisamos.

En síntesis, nos argumenta que el término prescriptivo para una acción de mala práctica de la medicina fundada en un procedimiento de esterilización comienza cuando la dama afectada tenga el conocimiento de su embarazo. Aquí sucedió el 21 de febrero de 1991, cuando la demandante Ortega se practicó una prueba que arrojó un embarazo positivo. Sostiene que la demanda presentada el 9 de marzo de 1992 está prescrita.

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El propósito de la prescripción quedó debidamente explicado en Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 243 (1984), del modo siguiente:

La institución de la prescripción extintiva aspira a asegurar la estabilidad de la propiedad y la certidumbre de los demás derechos. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244, 248 (1975). Su innegable necesidad y valor responden a “una presunción legal de abandono, derivada del hecho del transcurso de un tiempo determinado sin reclamar un derecho”. Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89, 93 (1962). Sin embargo, ninguno de los intereses a los cuales responde es absoluto —de un lado salvaguardar un derecho y del otro, darle carácter definido a la incertidumbre de una posible reclamación— sino que deben ser aquilatados en su justa proyección. Véanse, además: Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986); Ortiz v. Municipio de Orocovis, 113 D.P.R. 484 (1982); Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346 (1946); Cruz v. González, 66 D.P.R. 212 (1946).

Posteriormente, en Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582, 589 (1990), señalamos que “[djespués de todo, el silencio crea una objetiva y razonable confianza en dicho deudor de que el derecho no será ejercitado. L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 56; J. Puig Brutau, Caducidad y Prescripción Extintiva, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 14”. Más adelante expresamos:

El efecto práctico del transcurso del término prescriptivo es claro. Una vez “cumplida la prescripción que quita al derecho del acreedor su fuerza coactiva, por despojarlo de la acción, se ha satisfecho el interés público, y es al particular interesado a quien le corresponde su liberación para satisfacer sus conve-niencias individuales”. M.J. Argañarás, La prescripción extin-tiva, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1966, pág. 17. Extinguida la acción destinada a hacer valer el derecho resta tan solo entre las partes una obligación natural o moral irreclamable por la vía judicial. Argañarás, op. cit., pág. 137. Cintrón v. E.L.A., supra, pág. 589.

Las acciones por impericia profesional se rigen por el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 5141, independientemente de que un contrato esté involucrado. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712 (1992); Chévere v. Cátala, 115 D.P.R. 432, 445 (1984); Colón Prieto v. Géigel, supra; Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535, 543 (1962); Rivera v. Dunscombe, 73 D.P.R. 819, 838 (1952).

Por su parte, el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, establece que “[prescriben por el trans-curso de un (1) año ... las derivadas de la culpa o negligencia”. Cintrón v. E.L.A., supra; Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988); Alicea v. Córdova, supra. Al amparo de su sentido literal y espiritual, hemos decidido que el término prescriptivo para una acción civil de daños por mala práctica de la medicina no comienza a transcurrir hasta que el perjudicado conoce que el daño fue causado probablemente por impericia profesional. Colón Prieto v. Géigel, supra; Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762, 775-776 (1987); H. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X, págs. 638-640.

De igual modo, el Art. 1868 del Código Civil, supra, dispone que el término comienza “desde que lo supo el agraviado”, aspecto que presupone una determinación del momento exacto en que se conoce o debió conocerse el daño (punctum temporis), y que constituye materia de prueba e interpretación. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 385 (1982).

Al respecto, en Colón Prieto v. Géigel, supra, págs. 246-247, dijimos:

La posición señalada es la más justa y equitativa. Salvaguar-damos el derecho de reclamar del perjudicado y no premiamos a aquel que, habiendo causado el daño, se refugió en la confianza e ignorancia de su paciente para beneficiarse y derrotar la acción. “Por lo demás, al perjudicado, para ejercitar la acción, no le basta saber que lo ha sido, sino que precisa conocer quién es el autor del daño, para poder dirigir la demanda contra él, saber a quién debe demandar; por lo cual, a la noticia del daño ha de añadirse la del que lo causó, para que corra la prescrip-ción” (Enfasis nuestro), A. Borrell y Soler, Derecho Civil Español, Barcelona, Ed. Bosch, 1955, T. I., Parte General, pág. 500. Véanse: M. J. Argañarás, La Prescripción Extintiva, Buenos Aires, Ed. Tea, 1966, pág. 245; L. Enneccerus, Tratado de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1966, T. II, Vol. 2, 2da parte, pág. 1163.

I — I I — I

Apliquemos esta normativa al caso de autos. Según in-dicado, la demandante Ortega se sometió a un proceso de esterilización en octubre de 1990. Varios meses después, en febrero de 1991, descubrió que estaba embarazada. Lógica-mente, en ese momento supo que había sufrido “un daño”. Además, el curso biológico y anatómico del embarazo le brindó, por así decirlo, unas manifestaciones exteriores fí-sicas indicativas de esa condición. Aunque en esos momen-tos no pudiera valorizar toda la magnitud ni extensión del “daño”, la conclusión es obvia. Sin embargo, no fue hasta el 9 de marzo de 1992, es decir, trescientos ochenta y dos (382) días luego de saber que estaba embarazada cuando presentó tardíamente la acción.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso disintió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.


text:
    Héctor Medina Morales y otros, demandantes y recurrentes, v. Merck, Sharp & Dhome, Química de P.R., Inc., demandada y recurrida.

      Número: RE-91-205

      Resuelto: 7 de abril de 1994

      Enrique J. Mendoza Méndez, abogado de los recurrentes; Juan Carlos Gómez Escarce y José A. González Burgos, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de los recurridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Hoy nos toca resolver si un tribunal puede, al amparo de la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dictar sentencia sumaria a base de una moción en la cual se alega que procede desestimar la demanda, debido a que la parte promovida no cuenta con evidencia suficiente para probar una alegación esencial de su reclamación.

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Hechos

El 12 de febrero de 1990 los Sres. Héctor Medina Morales, Hiram Fresses Torres y Noel Dávila Negrón, residen-tes en el Barrio Trinidad del Municipio de Barceloneta, presentaron una acción, como pleito de clase, “en protec-ción de sus intereses y de los intereses o derechos de otras personas que residen o han residido” en dicho barrio y que tienen alegaciones de hechos y de derecho comunes a las de ellos. Reclamaron daños y perjuicios contra Merck, Sharp & Dohme, Química de Puerto Rico, Inc. (en adelante Merck), una corporación dedicada a la manufactura y al comercio de productos químicos y farmacéuticos. Alegaron que las facilidades de la corporación demandada colindan con el vencindario de los demandantes y “[q]ue la codemandada [Merck había] violado y continúa violando la Ley Núm. 9 del 18 de junio de 1970, conocida como la ‘Ley sobre Política Ambiental’ (12 L.P.R.A. sec. 1121 y ss.) al estar contaminando con desperdicios o sustancias contami-nantes el ambiente y la biosfera de las áreas que colindan con sus dependencias”. Continuaron alegando que las ac-tuaciones de Merck “constituyen un acto perjudicial a la salud, indecente y ofensivo a los sentidos e interrumpen el libre uso de la propiedad porque impiden el cómodo goce de la vida y de los bienes de los demandantes”. Adujeron que estas actuaciones constituían una crasa violación al Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, Ley sobre Pertur-bación o Estorbo, 32 L.P.R.A. sec. 2761. Como consecuencia de las alegadas actuaciones negligentes de la codeman-dada Merck, señalaron haber sufrido daños en su salud y en sus propiedades.

Luego de habérsele concedido una prórroga, el 19 de abril de 1990 la codemandada Merck contestó la demanda, aceptando algunas de las alegaciones, aclarando y negando otras. También adujo un total de veintitrés (23) defensas afirmativas. Junto con la contestación, presentó una mo-ción informativa indicando que le había enviado a los code-mandantes Medina Morales, Fresses Torres y Dávila Ne-grón un “Primer Grupo de Interrogatorios” al amparo de la Regla 30 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Este interrogatorio contiene cuatro (4) páginas de instrucciones, sesenta y dos (62) preguntas, cada una con varias subdivi-siones, para un total de treinta (30) páginas.

El 13 de julio de 1990 Merck presentó una moción al amparo de la Regla 34 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para que se obligase a los demandantes a contestar adecuadamente el interrogatorio. Alegó que las contesta-ciones no eran responsivas y que, en ocasiones, los deman-dantes injustificadamente habían rehusado contestar, adu-ciendo, como fundamento para su objeción, que la información solicitada era privilegiada. Indicó, además, que los demandantes no habían solicitado una orden pro-tectora ni consignado fundamento legal alguno para el ale-gado privilegio. Luego de una serie de trámites procesales, el 10 de septiembre de 1990 Merck presentó otra moción bajo la antedicha regla en la cual nuevamente objetó la contestación a todos los interrogatorios y solicitó la impo-sición de sanciones, incluyendo la desestimación de la demanda. También objetó la forma en que la parte deman-dante le sometió doscientos cincuenta (250) documentos.

El 21 de septiembre de 1990 Merck presentó una mo-ción en la que solicitó la sentencia sumaria. Apoyó su pe-dido en la norma procesal expuesta en Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317 (1986). Fundamentándose en las contestaciones objetadas, argüyó que se había demostrado que la parte demandante promovida no tenía evidencia ad-misible alguna para probar los elementos de las causas de acción alegadas en la demanda.

El 24 de septiembre de 1990 se celebró una conferencia sobre el estado del caso donde el tribunal, entre otras co-sas, concedió un término para contestar la moción me-diante la cual se objetó los interrogatorios y solicitó sancio-nes, y la moción de sentencia sumaria. El 25 de octubre de 1990 la parte demandante le solicitó al tribunal que, en relación con las objeciones a la contestación al interrogato-rio, le ordenase a las partes “reunirse y conferenciar sobre las objeciones a fin de reducir al mínimo las controversias”. Ese mismo día presentó una moción en oposición a la sen-tencia sumaria. La acompañó con los documentos siguien-tes:

(1) un memorando del investigador Héctor Correa al asesor científico Dr. Neftalí García, relativo a los efectos “sobre la sa-lud de algunas de las sustancias detectadas por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en el sistema de alcantari-llado en Barceloneta donde descarga la compañía farmacéutica [Merck]”;
(2) una Orden Administrativa de 16 de agosto de 1988, en el caso DL 88-002-012 contra Merck, expedida por la Junta de Calidad Ambiental, adscrita a la Oficina del Gobernador, mediante la cual se le ordenó a Merck realizar una serie de gestiones con relación a quejas de la Comunidad del Barrio Trinidad de Barce-loneta y a un muestreo de aire que arrojó concentraciones de tolueno en cantidades de hasta 1013 (mg/l);
(3) un recorte de periódico sobre aguas contaminadas en Ma-natí y Barceloneta; y
(4) un memorando de la Junta de Calidad Ambiental, de 19 de agosto de 1988, del Ing. Francisco Claudio Ríos, Jefe de la División de Permisos e Ingeniería, Area Calidad de Aire, al Pre-sidente de la Junta, Santos Rohena Betancourt, sobre una in-vestigación especial hecha a Merck.

El 5 de noviembre de 1990 el tribunal dictó una orden en relación con la moción para objetar las contestaciones a los interrogatorios. Ordenó que las partes se reunieran para “tratar dichas objeciones de buena fe, zanjar obstácu-los y reducir al mínimo la controversia sobre dichas contestaciones”. Le impuso a Merck, específicamente, el deber de promover la reunión. Señaló, también, que no ha-ría nada más sobre dicho asunto hasta que se le informase, por escrito, el resultado de la reunión. Añadió que, una vez recibido el informe, celebraría una vista para escuchar a las partes en cnanto a los aspectos que aún estuviesen en controversia.

Luego de una serie de mociones, el 28 de noviembre de 1990 el tribunal celebró una vista en la cual, a solicitud de Merck y con la anuencia de la parte demandante, se paralizó el descubrimiento de prueba, incluso lo relacio-nado con las objeciones a las contestaciones a los interro-gatorios, hasta tanto se resolviese la solicitud de sentencia sumaria. Ese mismo día la parte demandante presentó una moción en la que anunciaba al Dr. Neftalí García como su perito en materias ambientales.

Así las cosas, el 13 de marzo de 1991 el foro de instancia dictó una sentencia sumaria a favor de Merck. En ésta hizo un recuento de los hechos procesales, analizó los documen-tos sometidos por las partes y concluyó que las contestacio-nes provistas por la parte demandante a los interrogato-rios que le fueran notificados denotaban que carecían de información y evidencia admisible para probar los elemen-tos de una causa de acción en daños y perjuicios, la exis-tencia de un estorbo y violaciones a las leyes ambientales. Además, descartó varios de los documentos sometidos por las partes por considerarlos impertinentes e inadmisibles. Resolvió, también, citando el caso Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434 (1988), que “[u]na lectura de las respectivas contestaciones a [los] interrogatorios clara-mente demuestra que en el... caso no existen los requisitos ... para que [éste] pueda ser certificado como uno de clase bajo la Regla 20 de Procedimiento Civil”. Finalmente, de-terminó que la parte demandada había cumplido con su obligación de demostrar que no existía una controversia genuina y material sobre hecho esencial alguno y que la demandante no contaba con evidencia admisible para sus-tentar las alegaciones de la demanda. Procedió, entonces, a desestimar la demanda con perjuicio.

Inconforme, la parte demandante recurrió ante este Foro alegando, en síntesis, que el tribunal de instancia erró al aplicar la doctrina jurisprudencial expuesta en el caso Celotex Corp. v. Catrett, supra, y al dictar la sentencia sumaria que desestimó la demanda. Decidimos revisar y expedimos el recurso.

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Normas procesales aplicables

La resolución de la controversia procesal que confronta-mos requiere que analicemos la Regla 36 de Procedimiento Civil, relativa a la sentencia sumaria y su interrelación con las Reglas 23 a 34 que rigen el descubrimiento de prueba, la Regla 20 sobre pleitos de clase, la Regla 43.6, sobre el remedio a concederse, y la norma rectora de hermenéutica procesal esbozada en la Regla 1. 32 L.P.R.A. Ap. III.

La sentencia sumaria es un mecanismo procesal extraordinario y discrecional que procede cuando la parte promovente le demuestra al tribunal que no existe necesidad de que se celebre una vista evidenciaría del caso en su fondo. Como regla general, se dicta sentencia a base de los documentos admisibles en evidencia sometidos por el promovente con su moción, los documentos sometidos por la parte promovida con su moción en oposición y aquellos que obran en el expediente del tribunal. Tradicionalmente los tribunales han acogido las mociones de sentencia sumaria acompañadas con documentos admisibles en evidencia cuando se demuestra que no hay hechos materiales esenciales en controversia y que procede, como cuestión de derecho, que ésta se dicte. En otras palabras, se dicta sentencia sumaria cuando ha quedado claramente es-tablecido que para resolver la controversia no hace falta una vista evidenciaría. Bajo estas circunstancias, la norma de economía procesal (Regla 1 de Procedimiento Civil, supra) aconseja que se solucione el pleito de esta forma expedita. Reglas 1, 36 y 43.6 de Procedimiento Civil, supra; Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986).

El caso de Celotex Corp. v. Catrett, supra, presenta una modalidad distinta con relación a la moción de sentencia sumaria. Esta consiste en la utilización de dicha moción cuando la parte promovida tiene el peso de la prueba y la parte promovente puede demostrar que aquélla carece de evidencia para probar algún elemento material esencial de su reclamación. En Celotex Corp. v. Catrett, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que, bajo esta modalidad, no es necesario que la parte promovente acompañe su moción con documentos. Si la parte promovente, luego de haber transcurrido un tiempo adecuado y razonable para el descubrimiento de prueba, puede demostrar que del récord del tribunal surge que la parte promovida no cuenta con evidencia suficiente para probar un elemento esencial de su caso sobre el cual tiene el peso de la prueba, procede que se dicte sentencia sumaria para desestimar la demanda. Véanse: Regla 5(d) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C.; 4A Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d See. 1152, págs. 438-443 (1990). Bajo estas circunstancias —el Tribunal razonó— no puede decirse que hay genuinas controversias sobre hechos materiales, pues la ausencia de prueba sobre un hecho esencial indispensable para el caso de la parte promovida convierte en totalmente innecesarios to-dos los demás hechos. Celotex Corp. v. Catrett, supra, págs. 322-323.

Como podrá observarse, este análisis parte de la premisa de que en los autos originales del caso va a aparecer todo lo relacionado con el descubrimiento de prueba, de forma tal que el tribunal, al presentarse la moción, pueda examinarlo y cerciorarse de que el descubrimiento de prueba llevado a cabo ha sido adecuado y, a la luz de lo que allí consta, pueda concluir, con relativa certeza, que efectivamente la parte promovida no cuenta con evidencia suficiente para probar algún hecho esencial y material de su reclamación. Conforme a las Reglas de Procedimiento Civil federal, el tribunal puede realizar este análisis sin que se le presente documento alguno con la moción que solicita la sentencia sumaria, ya que en el expediente del tribunal va a constar todo lo relacionado con el descubrimiento de prueba, al igual que cualquier otro documento que haya sido presentado con alguna moción. Regla 5(d) de Procedimiento Civil federal, supra.

En Puerto Rico, desde la aprobación de las Reglas de Procedimiento Civil en 1979, la situación es distinta a la prevaleciente en la jurisdicción federal. Aquí impera “[un] esquema [de] descubrimiento de prueba extrajudicial, [que] fomenta una mayor flexibilidad y cooperación entre [las partes]”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 743 (1986). Véanse: Amaro González v. First Fed. Savs., 132 D.P.R. 1042 (1993); Regla 67.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esto significa que, de ordinario, en el expediente del tribunal no aparecerá materia alguna rela-cionada con el descubrimiento de prueba. Ésta constará en el récord del tribunal sólo cuando una de las partes la haya presentado para fundamentar alguna petición al tribunal, como por ejemplo: una solicitud al amparo de la Regla 34, supra, por la negativa de la parte contraria a descubrir lo solicitado; una orden protectora bajo la Regla 23.2 (32 L.RR.A. Ap. Ill), o una previa moción de sentencia sumaria bajo la Regla 36, supra.

A pesar de que el descubrimiento de prueba es extrajudicial, en casos complejos o en casos que implican cuestiones de interés público el tribunal juega un papel importante en el manejo de todo lo relacionado con éste. En Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838, 849-850 (1986), alertamos a los tribunales de instancia a estar prestos a reconocer e identificar los casos en los que, por tener multiplicidad de partes o controversias de hechos o derecho complejas y técnicas, sea necesario ofrecer un manejo distinto al descubrimiento de prueba. Allí expresamos que “[e]n casos complejos ... los jueces tienen que mantenerse alertas al potencial que existe para el abuso, ya sea por el uso inadecuado o excesivo de los mecanismos de descubrimiento. Tienen que estar dispuestos a intervenir mediante la emisión de guías y órdenes apropiadas para conjurar los problemas en sus inicios”. íd., pág. 849. Exhortamos a los tribunales de instancia a que desde el comienzo de la acción “identifique[n] los problemas potenciales y tome[n] control del caso”. Id., págs. 849-850. Factores tales como los recursos de las partes y a cuál de ellas le es más fácil producir cierta clase o tipo de prueba deben, entre otros, tomarse en consideración, tanto al estructurar el desenvolvimiento del descubrimiento de prueba como al entender en mociones para que se conteste un interrogatorio o para que se emitan órdenes protectoras. Estos factores también juegan un rol importante al evaluar la adecuacidad del descubrimiento realizado.

De otra parte, en Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 129 D.P.R. 1042 (1992), tuvimos la oportunidad de examinar la interrelación entre las Reglas 30.1, 34.1 y 67 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Allí resolvimos “que si una parte a la cual se le notifica un interrogatorio objeta alguna pregunta y cumple con lo dispuesto en la Regla 30.1 de Procedimiento Civil, supra —notificándole a la parte que notificó el interrogatorio las contestaciones a las preguntas no objetadas junto con la objeción— no viene obligada a contestar la pregunta objetada a menos que el tribunal, al considerar una moción al amparo de la Regla 34.1 de Procedimiento Civil, supra, así lo ordene”. íd., pág. 1052.

También hemos resuelto que, como regla general, la omisión de contestar alguna pregunta en un interrogatorio, especialmente cuando la información solicitada está en manos de la parte adversa que envió el interrogatorio, no puede servir de fundamento para una sanción tan severa como la desestimación de la demanda. Hay que tener presente que sanciones drásticas, como la desestimación, no se favorecen a menos que se demuestre que la conducta ha sido intencional. A.R.P.E. v. Chang Louk, 113 D.P.R. 295, 297 (1982); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494 (1982).

Reiteradamente hemos expresado que los interrogatorios constituyen la espina dorsal del descubrimiento de prueba. Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., supra. Estos, aunque amplios y abarcadores, deben cumplir con criterios de razonabilidad. Un amplio y adecuado “descubrimiento de prueba antes del juicio facilita la tramitación de los pleitos y evita inconvenientes, sorpresas e injusticias que surgen cuando las partes ignoran hasta el día de la vista las cuestiones y los hechos que en realidad son objeto del litigio”. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). El alcance del descubrimiento de prueba está limitado sólo a que la información solicitada sea pertinente al asunto en controversia y no sea privilegiada. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 38-39 (1986). Con respecto al concepto de perti-nencia, hemos resuelto que éste es más amplio que el uti-lizado con relación a la admisibilidad de prueba y que basta con que exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 212-213 (1982). La propia Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone, específicamente, que “[n]o constituirá objeción el que la in-formación solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una probabilidad razonable de que dicha infor-mación conduzca al descubrimiento de evidencia admisible”. Una persona que estime que los mecanismos de descubrimiento de prueba están siendo utilizados de tal forma que constituyen un “hostigamiento, perturbación u opresión”, o que éstos están dando lugar a gastos o moles-tias indebidas, puede recurrir al tribunal en solicitud de una orden protectora. Regla 23.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

HH I — I

Sentencia sumaria — modalidad de la insuficiencia de la prueba

Nuestra citada Regla 36 sobre la sentencia dictada su-mariamente tomó como modelo la Regla 56 de Procedi-miento Civil federal, 28 U.S.C. Sin embargo, la interpreta-ción de la Regla 56 hecha por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Celotex Corp. v. Catrett, supra, aunque persuasiva, no nos obliga. Al considerar la adopción o adaptación de cualquier interpretación de las normas pro-cesales, hay que tener presente las características y nece-sidades particulares de los procesos seguidos en nuestro foro.

Con relación al descubrimiento de prueba, existen algu-ñas diferencias entre la jurisdicción federal y la nuestra. Tal y como señaláramos antes, una de éstas la constituye la presencia de la prueba descubierta en el récord del tribunal; un hecho medular para la norma establecida por el Tribunal Supremo de Estados Unidos en Celotex Corp. v. Catrett, supra. En cuanto a la interpretación de la Regla 56 enunciada por el Tribunal Supremo federal en Celotex Corp. v. Catrett, supra, resulta importante considerar no sólo las diferencias procesales respecto al descubrimiento de prueba, sino también el hecho de que la jurisdicción federal, por ser de naturaleza limitada, no confronta los mismos tipos de problemas procesales que genera un sis-tema de jurisdicción general como el nuestro. Con esto en mente, pasemos a examinar la modalidad de la moción de sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba, según la habremos de implantar en nuestra jurisdicción.

Bajo la modalidad de la sentencia sumaria por insuficiencia de prueba, después de que las partes hayan realizado un adecuado y apropiado descubrimiento de prueba, el promovente puede presentar su moción de sentencia sumaria, alegando la insuficiencia de prueba por parte del promovido. La moción puede acompañarla con todos los documentos relacionados con el descubrimiento de prueba o sin documento alguno, si éstos obran en el expediente del tribunal. La parte promovente tiene el peso de demostrarle al tribunal que la parte promovida no cuenta con una evidencia admisible suficiente para probar, por lo menos, un elemento esencial indispensable para su caso. Puede, además, acompañar su moción con una evidencia afirmativa, no necesariamente obtenida mediante la utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba, que niegue algún elemento esencial de la reclamación de la parte promovida.

Con relación a la moción de sentencia sumaria que se acompaña con una evidencia afirmativa, la parte promovida podrá derrotarla con sólo presentar una oposi-ción acompañada con una prueba que controvierta o que rebata la evidencia afirmativa presentada por el promovente. Esta prueba en oposición a la sentencia suma-ria puede ser admisible en evidencia o, aunque no sea ad-misible en la forma presentada, podría convertirse en una prueba admisible o dar lugar a una prueba admisible.

Bajo cualesquiera circunstancias, al presentarse una moción de sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba, la parte promovente tiene el peso afirmativo de demostrar que se ha llevado a cabo un descubrimiento de prueba completo, adecuado y apropiado, o sea, que ha ex-plorado concienzudamente la posibilidad de la existencia de una evidencia admisible. Esto significa que tiene que poner al tribunal en posición de evaluar la adecuacidad del descubrimiento de prueba que realizó. Una simple alega-ción en la cual se concluya que no existe una evidencia suficiente para probar el caso no basta para apoyar una moción de sentencia sumaria de esta naturaleza. Tampoco se considerará adecuado el descubrimiento de prueba cuando un análisis de los documentos sometidos con la mo-ción, con la oposición y aquellos que constan en el récord, refleje que la parte promovente ha dejado de auscultar al-guna información que le pudiera haber conducido a obte-ner una prueba admisible. Por ejemplo, ha dejado de depo-ner o de someter un interrogatorio con relación a un testigo que pueda proveer un testimonio relevante. Bajo estas cir-cunstancias, hay que concluir que no ha realizado un des-cubrimiento completo y adecuado, ya que el tribunal no puede determinar, con certeza, que la parte promovida no cuenta con evidencia suficiente para probar su caso. Para que se pueda dictar una sentencia sumaria por insuficien-cia de la prueba, el promovente tiene que persuadir al tribunal de que no es necesario celebrar una vista evidencia-ría; que el promovido no cuenta con prueba suficiente para probar un hecho esencial, y que, como cuestión de derecho, procede que se desestime la reclamación.

Resumiendo, para derrotar una moción de sentencia sumaria bajo la modalidad de la insuficiencia de la prueba, la parte promovida puede, entre otras cosas: presentar con su oposición una prueba admisible en evidencia o una prueba que pueda convertirse en admisible —aunque de momento no lo sea— o que dé lugar a una prueba admisible que demuestre que existe evidencia para probar los elementos esenciales de su caso; que hay prueba en el récord que puede convertirse en una prueba admisible y que derrotaría la contención de insuficiencia del promovente; que la moción es prematura porque el descubrimiento es inadecuado, está a medias o no se ha realizado, o que éste, por su naturaleza, no es un caso que conviene que se resuelva por el mecanismo expedito de la sentencia sumaria.

A la modalidad de la sentencia sumaria por insuficiencia de la prueba le aplican todas las normas y los principios que tradicionalmente hemos indicado deben utilizarse por los tribunales al entender en una moción de sentencia sumaria. Por lo tanto, cuando existe duda sobre si hay o no prueba suficiente o si hay una controversia de hecho, esta duda debe resolverse en favor de la parte promovida. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS. v. Purcell, supra, pág. 720; Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827, 832 (1964); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 392 (1963). Sólo debe concederse la moción de sentencia sumaria para desestimar una reclamación cuando el promovente ha establecido su derecho con claridad y ha quedado demostrado que la otra parte no tiene derecho a recobrar bajo cualquier circunstancia que resulte discernible de la prueba, pues hay que recordar que el tribunal resolverá lo que proceda en derecho y no necesariamente lo que se le solicita. En cuanto a los documentos que se presenten, és-tos deben verse de la forma más favorable para la parte promovida, concediéndole a ésta el beneficio de toda infe-rencia razonable que se pueda derivar de ellos. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721.

Apliquemos estas normas procesales a los hechos del caso ante nuestra consideración.

IV

Aplicación de las normas procesales a los hechos

En este caso, varios residentes del Barrio Trinidad del Municipio de Barceloneta presentaron una acción contra la compañía farmacéutica Merck donde alegaron que ellos y otras personas similarmente situadas, a las que preten-dían representar, habían sufrido daños debido a que ésta había contaminado el ambiente y la biosfera en las áreas que colindan con sus residencias. Como podrá observarse, de la faz de la demanda surgía que se trataba, potencial-mente, de un caso complejo, tanto porque se pretendía lle-var un pleito de clase como por los hechos técnicos que entrañan una controversia sobre daños relacionados con una contaminación ambiental. Una vez el juez advino en conocimiento de esto, al presentársele la primera moción relacionada con el descubrimiento de prueba, debió asumir un rol activo en el manejo del caso, especialmente en todo lo concerniente al descubrimiento de prueba y a la posibi-lidad de que el caso realmente ameritara continuarse como una acción de clase. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra.

Cuando Merck presentó la moción de sentencia sumaria fundamentada en la ausencia de prueba, aún estaban pen-dientes por resolver sus objeciones a las contestaciones al interrogatorio. Además, la parte demandante, inexplica-blemente, aún no había comenzado a utilizar los mecanis-mos de descubrimiento de prueba. El foro de instancia, en-tonces, en vez de asumir un rol activo en el manejo del caso y emitir órdenes para lograr que se llevase a cabo un ade-cuado, apropiado y ordenado descubrimiento de prueba por las partes, paralizó el descubrimiento hasta tanto no se resolviera la moción de sentencia sumaria, presentada por Merck, fundada precisamente en la insuficiencia de la prueba. Ese mismo día la parte demandada anunció al Dr. Neftalí García como su perito en materias ambientales.

De estos hechos procesales surge, con meridiana clari-dad, que Merck no había puesto al tribunal en posición de poder resolver que la parte demandante no contaba con prueba admisible suficiente para probar los elementos esenciales de su reclamación. Al dictar sentencia sumaria para desestimar la demanda, el tribunal aún no había re-suelto la moción para objetar la contestación a los interro-gatorios y recién se había anunciado un perito sobre mate-rias ambientales en relación con el cual Merck no había podido descubrir prueba alguna. Además, existían ciertos documentos en récord que debieron conducir a la parte pro-movente a ampliar el descubrimiento de prueba para ase-gurarse de que los demandantes, efectivamente, no conta-ban con evidencia suficiente para probar su reclamación. La moción resultaba prematura, ya que el descubrimiento de prueba obviamente no se había completado. Tampoco constaba en récord una evidencia suficiente para llegar a la determinación de que no procedía la certificación de un pleito de clase.

En la etapa en que se encuentra este caso no hay fun-damento para determinar que los demandantes no cuentan con una evidencia admisible suficiente para probar su caso. Resolvemos, pues, que no procede la desestimación suma-ria de la demanda por insuficiencia de prueba.

Por todo lo antes expuesto, procede que se dicte senten-cia revocando la emitida por el foro de instancia y se de-vuelva el caso a dicho foro para que continúen los procedi-mientos de forma compatible con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

       También se incluyeron como demandados de nombre desconocido (X, Y y Z) a aquellos que pudieran responder a los demandantes por los hechos y daños alegados en la demanda.

       Fresses Horres alegó que sufría “ ‘rash’ en todo el cuerpo, mareos, ardor en la vista y picor en el cuello”; Dávila Negrón: “alergias, dolores de cabeza, catarros, fiebres, vómitos y picor en los ojos”, y todos los residentes del área: “asma, hongo amarillo en la piel, alergias, irritación en los ojos, dolores de cabeza, ‘rash’ en todo el cuerpo, fiebres, vómitos y otras enfermedades.”

       La parte demandada alega que “[s]i bien es cierto que los demandantes acompañaron con sus contestaciones un gran número de documentos, lo cierto es que en la contestación a los interrogatorios no se identificaron ni especificaron los mismos. Dicho de otra forma, la parte demandante no suministró un listado de los documentos identificados tal y como se le requería”.

       Se le ordenó a Merck, Sharp & Dohme, Química de Puerto Rico, Inc. (en adelante Merck) lo siguiente:
      “1. Que someta un informe detallado de todo lo ocurrido en relación con esta situación delimitando el área afectada.
      “2. [Merck] suspendió la descarga de tolueno (en concentraciones mayores que los niveles de solubilidad) desde el 11 de agosto de 1988 y continuará de esta forma hasta tanto la Junta lo autorice, una vez se demuestre que se ha resuelto la situación.
      “3. [Merck] someterá de INMEDIATO un plan de acción que incluirá lo si-guiente:
      "- muestreo de aire y agua del área afectada;
      “- corregir el sistema de ventilación de la línea industrial;
      “- en coordinación con la AAA realizará un estudio con cámaras de televisión para determinar la integridad de la línea y la efectividad de las trampas sanitarias de las viviendas conectadas a dicha línea;
      “- en coordinación con la Autoridad de Carreteras y la AAA, destapar las al-cantarillas que estén obstruidas en la Carretera PR-2, del área afectada.
      “4. [Merck] realizará un estudio en la comunidad para evaluar el impacto de los gases, y el tolueno en particular, en la salud de los residentes del Barrio Trinidad de Barceloneta.

        “5. [Merck] desarrollará un programa de información y relaciones públicas con la Comunidad Trinidad para mantenerla informada de todo lo que esté sucediendo.
      “6. [Merck] someterá a la Junta toda la información recopilada sobre esta si-tuación incluyendo, pero no limitado a, resultados de cualquier muestreo realizado.” (Énfasis suplido.)

       Entre éstas, una moción para objetar las contestaciones a los interrogatorios, una moción de sentencia sumaria, una moción de reconsideración de Merck relativa a la Orden de 5 de noviembre de 1990 y una moción de los demandantes para suple-mentar su oposición a la moción de sentencia sumaria, acompañada con un docu-mento titulado “Análisis Ambiental para la Relocalización de una Línea Sanitaria para [Merck]”, de junio de 1990, preparado por Lebrón Associates.

       El Juez Rehnquist escribió la opinión mayoritaria, a la cual se unieron cuatro (4) Jueces. El Juez White escribió una opinión concurrente. El Juez Brennan escribió una opinión disidente, a la que se unieron dos (2) Jueces. El Juez Stevens también escribió una opinión disidente.
      En 1986 el Tribunal Supremo de Estados Unidos, aparentemente para promo-ver la utilización del mecanismo procesal de la sentencia sumaria, decidió una trilo-gía de casos sobre su aplicación: Matsushita Elec. Industrial Co. v. Zenith Radio, 475 U.S. 574 (1986); Anderson v. Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242 (1986); Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317 (1986).

       Para una crítica a la opinión mayoritaria, véase la opinión disidente del Juez Brennan en Celotex Corp. v. Catrett, supra. Sobre el particular también se han es-crito numerosos artículos de revistas jurídicas. A manera de ejemplo, véanse: M.L. Nelken, One Step Forward, Two Steps Back: Summary Judgment After Celotex, 40 Hastings L.J. 53 (1988); R. Miller Jacobs, Supreme Court’s 1986 Summary Judgment Triology: A Proposed Analytical Model, 54 (Núm. 4) Def. Couns. J. 502 (Oct. 1987).

       En Celotex Corp. v. Catrett, supra, pág. 326, el Tribunal indicó que otro hubiera sido el resultado si la moción de sentencia sumaria se hubiera presentado antes de que se realizara un extenso descubrimiento de prueba.

       Con relación a las críticas sobre las recién aprobadas enmiendas a las Reglas de Procedimiento Civil federales sobre el descubrimiento de prueba obligatorio, véanse: J.C. Koski, Mandatory Disclosure, A.B.A. Journal, Feb. 1994, págs. 85-87; Early Discovery Adopted, A.B.A. Journal, Feb. 1994, pág. 16.

       En Cuadrado Carrión v. Romero Barceló, 120 D.P.R. 434 (1988), esbozamos los criterios que deben estar presentes para que un tribunal certifique que una ac-ción procede como una de clase. Incitamos a los tribunales de instancia a tomar las medidas necesarias para la eficiente estructuración y reglamentación de su trámite.


text:
    Roberto Mercado Cintrón, demandante y recurrente, v. Zeta Communications, Inc., demandada y recurrida.

      Número: CE-93-799

      Resuelto: 7 de abril de 1994

      Héctor Torres Jorge, abogado del demandante y recurrente; José Javier Santos Mimoso, de Látimer, Biaggi, Rachid, Rodríguez Suris & Godreau, abogado del demandado y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Tenemos otra vez ante nos la ocasión para interpretar y aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 que establece un procedimiento judicial sumario para casos de reclamaciones de salarios. En particular, nos toca aclarar y precisar qué constituye causa justificada para prorrogar el término dentro del cual debe contestarse una querella, y resolver si el no haber especificado el monto total de la indemnización reclamada en una quere-lla es motivo suficiente para demorar la contestación de la misma.

. El 2 de septiembre de 1993 Roberto Mercado Cintrón presentó una querella, al amparo del procedimiento esta-blecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.RR.A. see. 3118 et seq.), ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón. En esencia, alegaba en dicha querella que había trabajado para la querellada desde el 15 de noviembre de 1990 hasta el 1ro de julio de 1993; que sus servicios habían sido contratados sin especificar un límite de tiempo; que en su último año su sueldo había sido de $1,082 mensuales; que había sido despedido injustifica-damente, y que, mientras estuvo empleado por la quere-llada, no se le permitió tomar su hora de almuerzo, y tuvo que trabajar dos horas extras al día sin recibir paga. El querellante solicitó del tribunal que condenase a la parte querellada a satisfacerle “las sumas reclamadas” y honora-rios de abogado. Petición de certiorari, Exhibit X, pág. 18. La querella no incluía expresamente una cantidad especí-fica como monto total de la indemnización reclamada.

La querellada, Zeta Communications, Inc., cuyas ofici-nas radican en Guaynabo, Puerto Rico, fue debidamente emplazada el 15 de septiembre de 1993. El emplazamiento expresamente indicaba que la querella se había radicado en su contra al amparo de la Ley Núm. 2, supra, y aperci-bía a la querellada emplazada que debía contestar la que-rella dentro de diez días de notificada, y que si no lo hacía, se dictaría sentencia en su contra sin más citarle ni oírle.

Transcurridos más de los diez días que fija la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra, 32 L.P.R.A. sec. 3120, para contestar la querella sin que la querellada hubiese contestado, el 28 de septiembre de 1993 Mercado solicitó del tribunal de ins-tancia que dictara una sentencia en rebeldía contra la que-rellada por no haber ésta contestado dentro del término exigido por ley. En dicha solicitud, el querellante además presentó un cómputo preciso de las alegadas horas extras y de almuerzo no compensadas, y concretizó su reclamación previa en un total de $25,017.80.

El 18 de octubre de 1993, treinta y tres días después de haber sido emplazada, la querellada presentó su contesta-ción a la querella, sin haber solicitado prórroga alguna res-pecto al término para contestar ni haber jurado motivos justificativos de su tardanza, ambos elementos requeridos por la referida See. 3 de la Ley Núm. 2. En dicha contesta-ción, en esencia, la querellada negaba que Mercado hu-biese trabajado horas extras sin paga; negaba que no se le hubiese permitido tomar su hora de almuerzo, y alegaba que el despido fue justificado porque supuestamente el querellante no rendía un servicio eficiente y violaba las reglas de la empresa. La querellada también alegó que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción sobre la mate-ria, sin explicar de modo alguno el fundamento para esa alegación. Finalmente, la querellada alegó que se reser-vaba el derecho de enmendar su contestación conforme a lo que resultase del descubrimiento de prueba.

El 21 de octubre de 1993 el querellante compareció ante el tribunal de instancia para oponerse a que se aceptara la contestación tardía a la querella y solicitar otra vez que se dictara una sentencia en rebeldía. El tribunal, mediante orden notificada el 3 de noviembre de 1993, le concedió quince días a la querellada para reaccionar a la referida oposición del querellante. La querellada formuló su reac-ción por escrito el 18 de noviembre de 1993. En este escrito no justificó su tardanza en contestar la querella. No dio razones que demostraran que tuvo causa justificada para su demora, como lo requiere la See. 3 de la Ley Núm. 2, supra. Sencillamente se limitó a reiterar que tenía defen-sas válidas contra la querella, como las esbozadas en su contestación tardía, y otras nuevas que presentó por pri-mera vez en este escrito; y a alegar que conforme a la ju-risprudencia aplicable “no todos los casos radicados con-forme a la Ley Núm. 2 ... son iguales [pues] un determinado caso puede requerir tratamiento distinto al que se le haya dado a otro caso”. (Énfasis suprimido.) Pe-tición de certiorari, Exhibit VI, pág. 8.

Así las cosas, el foro de instancia celebró una vista de seguimiento con los abogados de las partes el 7 de diciem-bre de 1993 y allí resolvió la solicitud pendiente del querellante. Denegó la anotación de rebeldía y aceptó la contestación tardía que había presentado la querellada. El tribunal no hizo constar las razones que tuvo para resolver como lo hizo. Señaló una conferencia con antelación al jui-cio para el 24 de enero de 1994.

El 29 de diciembre de 1993 el querellante acudió ante nos mediante una petición de certiorari. Planteó que el foro de instancia había errado al permitir la presentación de la contestación a su querella fuera del término establecido por la Ley Núm. 2, supra. El 3 de enero de 1994 nos pidió, además, que paralizáramos los procedimientos ante el foro de instancia hasta tanto resolviéramos la petición de certiorari. El 5 de enero de 1994, en auxilio de nuestra jurisdicción, ordenamos la paralización de los procedimien-tos en el Tribunal Superior. Además, le concedimos un tér-mino de quince días a la querellada recurrida para mostrar causa, si alguna tuviere, por la cual no debíamos revocar las determinaciones de instancia de 7 de diciembre de 1993. El 26 de enero de 1994 la querellada finalmente com-pareció contestando nuestra orden anterior.

( — I H-f

Es menester que comencemos el análisis del asunto ante nos reiterando una vez más las normas aplicables a casos como el de marras. El punto de partida es el proce-dimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2, según enmendada, supra, que en su See. 3 dispone:

El secretario del tribunal notificará a la parte querellada con copia de la querella, apercibiéndole que deberá radicar su con-testación por escrito, con constancia de haber servido copia de la misma al abogado de la parte querellante o a ésta si hubiere comparecido por derecho propio, dentro de diez (10) días des- pués de la notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, y dentro de quince (15) días en los demás casos, y apercibiéndole, además, que si así no lo hi-ciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante o a ésta si compareciere por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los motivos para que ello tu-viere la parte querellada, podrá el juez, si de la faz de la moción encontrara causa justificada, prorrogar el término para contestar. En ningún otro caso tendrá jurisdicción el tribunal para conceder esa prórroga. (Énfasis suplido.)

Repetidamente hemos enfatizado que “[Z]a esencia y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones de salarios consagrado en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961... constituye el procesamiento sumario y su rápida disposición”, (Énfasis suplido.) Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975). Véanse: Resto Maldonado v. Galarza Rosario, 117 D.P.R. 458 (1986); Srio. del Trabajo v. J.C. Penney Co., Inc., 119 D.P.R. 660 (1987). Una y otra vez hemos insistido en que todos los tribunales tenemos la obligación de darle vigencia al claro mandato legislativo plasmado en la citada Ley Núm. 2 de diligencia y prontitud en la tramitación judicial de las reclamaciones laborales. El hecho de que en ocasiones las circunstancias especiales de algún caso particular requieran alguna flexibilidad en la aplicación de la Ley Núm. 2, supra, como lo reconocimos en Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500 (1982), de ningún modo nos da carta blanca para soslayar en cualquier caso el inequívoco y mandatorio precepto de rapidez en el trámite judicial estatuido en dicha ley. De ordinario, no tenemos otra alternativa que no sea la rigurosa aplicación de los términos taxativos de la Ley Núm. 2, supra. Sólo en casos excepcionales, cuando median circunstancias especiales, podemos ser más flexibles.

El recurrente alega que al nivel de instancia en los tribunales del país impera una situación de “anarquía judicial” respecto a los casos de reclamaciones laborales pre-sentados al amparo de la citada Ley Núm. 2. No tenemos todos los elementos de juicio necesarios para decidir si es veraz esta grave imputación, que ciertamente tiene visos de hipérbole. Notamos que últimamente se han incremen-tado los recursos y las mociones en auxilio de nuestra ju-risdicción que plantean violaciones al esquema procesal especial de la Ley Núm. 2, supra, por lo que creemos menester reafirmar palmariamente el deber que de ordina-rio tienen todos los tribunales del país de darle estricto cumplimiento al procedimiento sumario de dicha ley.

I — I HH 1 — I

AI aplicar los preceptos antes reseñados a los hechos de este caso, comenzamos por señalar que el tribunal de ins-tancia no le dio estricto cumplimiento a las disposiciones de la referida Ley Núm. 2 que son pertinentes aquí. El foro a quo aceptó la contestación a la querella a pesar de que habían transcurrido ya mucho más de los diez días que dispone la ley para contestar. En segundo lugar, el foro de instancia prorrogó el referido término sin que la parte que-rellada hubiese presentado previamente una moción de prórroga, debidamente notificada al querellante, como exige la Ley Núm. 2, supra. Finalmente, la querellada no expuso bajo juramento los motivos que justificaban su dilación, como expresamente lo requiere la ley. De hecho, ni el propio tribunal al aceptar la contestación tardía explicó sus razones para ello.

Todo este proceder del foro de instancia es altamente irregular y contraviene expresamente varios de los claros términos de la See. 3 de la citada Ley Núm. 2. En efecto, el tribunal no tenía jurisdicción para actuar como lo hizo. La referida sección dispone taxativamente cómo y cuándo se puede prorrogar el término de diez días y expre-samente ordena que \e]n ningún otro caso tendrá jurisdic-ción el tribunal para conceder esa prórroga”. (Enfasis suplido.) 32 L.P.R.A. see. 3120. Se trata de un mandato legislativo que de ordinario no está sujeto a la discreción de los tribunales.

Es menester señalar, además, que ni siquiera bajo la limitada excepción que reconocimos en Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, podía el foro de instancia actuar como lo hizo aquí. El caso ante nos no presentaba un cuadro de circunstancias especiales que permitiesen aplicar con fle-xibilidad los rigurosos términos de la Ley Núm. 2, supra. En su escrito, contestando nuestra orden de mostrar causa, la querellada finalmente explica por qué el foro de instancia aceptó la contestación tardía a la querella. Nos indica que, en la vista celebrada el 7 de diciembre de 1993, la juez que presidió los procedimientos inicialmente se in-clinó a sostener el planteamiento del querellante de que la contestación no era aceptable por estar fuera de término. Sin embargo, la juez luego cambió de parecer cuando la representación legal de la querellada le argumentó que la querella, según presentada inicialmente, no se podía con-testar porque en ella no se solicitaba un remedio concreto. Según la querellada, los términos de la citada Ley Núm. 2 podían obviarse porque la querella no especificaba la suma concreta de la indemnización reclamada.

Este argumento de la querellada no es válido, y en modo alguno constituye la justa causa que requiere la Ley Núm. 2, supra, para que se pueda prorrogar el término estricto de diez días para contestar que dicha ley fija. No presenta tampoco las circunstancias especiales que permiten hacer una excepción a la ley conforme a Román Cruz v. Díaz Rifas, supra. Nótese, para comenzar, que las alegaciones en la querella, aunque inicialmente no especificaban una cantidad total concreta como reclamación, contenían, sin embargo, suficientes detalles para demostrar el dere-cho y el remedio reclamados. Conocido es que en el proce-dimiento civil moderno las alegaciones sólo tienen un pro-pósito: notificar a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones de las partes. Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959). Bajo la Regla 6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, que son de aplicación aquí, el remedio solicitado no tiene que seguir fórmulas técnicas y es adecuado si expone con suficiente claridad la reclama-ción que se interesa, sobre todo en vista de la liberalidad que hemos reconocido respecto a las alegaciones del quere-llante precisamente en casos de reclamaciones laborales. Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763 (1983); Colón Gandía v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 225 (1966). El remedio reclamado inicialmente, pues, era suficiente.

Más aún, el querellante, en su moción del 28 de sep-tiembre de 1993 para solicitar una sentencia en rebeldía, especificó entonces la cantidad concreta que reclamaba como remedio. A pesar de ello, el querellado dejó pasar veinte días adicionales después de esta solicitud antes de contestar. Al momento en que se contestó la querella ha-bían transcurrido treinta y tres días desde la fecha en que se había hecho el emplazamiento y veinte días desde el momento en que se comunicó la cuantía concreta; por lo tanto, el querellado estaba fuera de término para contestar. En vista de que no se contestó la querella, ni siquiera dentro de los diez días de conocer la cuantía con-creta reclamada, no podía luego invocarse la supuesta in-suficiencia en el remedio solicitado inicialmente para jus-tificar su tardanza.

Finalmente, debe notarse que aun si fuera válida la ale-gación de que el remedio solicitado no era lo suficiente-mente concreto, ello no justificaba de modo alguno no con-testar la querella a tiempo. Si hubiese habido un defecto en las alegaciones, ello podía ser quizás una defensa a invo-carse en la contestación pero no una causa justificada para no contestar a tiempo, particularmente en un procedi-miento de naturaleza sumaria donde la esencia del mismo es precisamente la pronta contestación de la querella. Una cosa es el contenido de la contestación y otra es el término para contestar.

Resolvemos, pues, que el no haber especificado en la querella el monto total de la indemnización reclamada, en circunstancias como las de este caso, no constituye motivo o causa alguna para justificar la demora en contestar la querella. Por los fundamentos antes expuestos, se expide el recurso solicitado y se dicta sentencia para revocar las de-terminaciones de instancia del 7 de diciembre de 1993. Se devuelve el caso para que continúen los procedimientos ex-peditamente conforme a lo aquí resuelto.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernán-dez Denton concurrieron sin opinión escrita.

       Antes de esa fecha la querellada había comparecido ante nos. Alegó que no teníamos jurisdicción para considerar el recurso de certiorari porque no había sido notificada a tiempo de la presentación de dicho recurso. Sin embargo, el querellante ha contestado este planteamiento satisfactoriamente. Nos acompañó prueba de que la copia del recurso se envió a tiempo por correo certificado a la dirección conocida del representante legal de la querellada, pero que la correspondencia fue devuelta por el correo por no haber sido reclamada por su destinatario.

       También hemos resuelto que el procedimiento sumario establecido por la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.) no tiene defectos constitucionales. Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689 (1965).

       Por disposición de la propia Ley Núm. 2, supra, las Reglas de Procedimiento Civil aplican en estos casos en todo lo que no esté en conflicto con el procedimiento sumario. Véase 32 L.P.R.A. sec. 3120.