source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    Antonio Pagán Ramos, recurrente, v. Fondo del Seguro del Estado, recurrido.

      Número: CI-91-312

      Resuelto: 31 de enero de 1992

      Osvaldo Ortiz Medina, abogado del recurrente; Calixto Juval Rivera, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1988, ¿aplica a los procedimientos de la Comisión Industrial de Puerto Rico (Comisión Industrial)? Esta interrogante surge en el re-curso en que el Sr. Antonio Pagán Ramos cuestiona la de-cisión de la Comisión Industrial de que era un patrono no asegurado. Su contestación requiere examinar particular-mente el alcance de dicha ley en las agencias cuyas deci-siones son revisadas directamente por este Tribunal.

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Con el propósito de abrir una zanja e instalar una aco-metida para suplir agua a su residencia, localizada en los altos de su negocio de panadería, Pagán Ramos fue al ce-menterio municipal para averiguar si alguno de los exca-vadores podía hacerle el trabajo. Habló con el sepulturero' municipal y éste acordó con los Sres. Fabio Báez Pagán y Félix Castro, que por cuenta propia lo harían después de concluir sus trabajos en el cementerio.

A esos efectos, entre las 9:00 y 9:30 a.m., el sepulturero los llevó a la panadería y uno de los empleados de Pagán Ramos les indicó dónde tenían que excavar. El sepulturero regresó al cementerio y ellos comenzaron a romper el pa-vimento de la carretera. Después de trabajar por alrededor de hora y media, Báez Pagán sintió un fuerte dolor, “se agarró el pecho ... cayendo arrodillado y luego de boca en la zanja donde estaba trabajando”. Apéndice I, pág. 12. Su compañero lo llevó a un hospital cercano y fue trasladado en ambulancia al Centro Médico de la región de Mayagüez, donde falleció de “ataque cardíaco agudo del miocardio”.

Por la tarde, otra persona contratada por Pagán Ramos concluyó la excavación y, posteriormente, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados instaló el tubo que conectó el contador.

Inicialmente, ante los reclamos de la viuda del obrero muerto, Pagán Ramos sé negó a informar el accidente al Fondo del Seguro del Estado (Fondo), y señaló que el obrero fallecido no había trabajado. Luego de la investiga-ción correspondiente, el Administrador del Fondo del Se-guro del Estado (Administrador) concluyó que Pagán Ramos era patrono no asegurado y el obrero muerto su empleado. Pagán Ramos apeló a la Comisión Industrial. Previa vista, el 23 de abril de 1991 la comisión notificó su decisión confirmatoria.

El 1ro de mayo Pagán Ramos solicitó reconsideración. La Comisión Industrial no actuó. Entonces, el 20 de mayo Pagán Ramos acudió ante nos en revisión. Sostiene que el obrero que falleció estaba realizando una labor accidental o casual no comprendida dentro de su negocio de panadería, lo cual lo eximía de la obligación de asegurarse bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Concedimos al Administrador un término para que mos-trara causa por la cual no debíamos revocar porque "al momento del accidente en este caso el obrero fallecido es-taba realizando una labor accidental o casual no compren-dida dentro del negocio o industria del patrono, lo cual exi-mía a éste de su obligación de asegurarse en virtud de la excepción dispuesta por el artículo dos (2) de la Ley de Compensaciones a Obreros por Accidentes del Trabajo”. Orden de 14 de junio de 1991.

En su comparecencia, el Administrador sostiene que no tenemos jurisdicción porque el recurso nos fue presentado antes de que la Comisión Industrial resolviese la moción de reconsideración. Dirijimos nuestra atención al estado pro-cesal del caso.

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La Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.) estableció un procedimiento administrativo uniforme para el Estado Libre Asociado y derogó la única ley de procedimientos que existía en Puerto Rico: la Ley sobre Reglamentos de 1958. El propósito de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme (en adelante Ley Núm. 170) fue fijar un cuerpo de reglas mínimas que proveyeran uniformidad al proceso decisorio de la administración pública:

La medida sistematiza y crea un cuerpo uniforme de reglas mínimas que toda agencia deberá observar al formular reglas y reglamentos que definan los derechos y deberes legales de una clase particular de personas. Contiene, además, otro cuerpo de normas distintas para gobernar las determinaciones de una agencia en procesos adjudicativos al emitir una orden o resolu-ción que define los derechos y deberes legales de personas específicas. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 825. Véase, también, Informe Conjunto de las Comisiones de Gobierno Estatal, Asuntos Municipales y de lo Jurídico sobre el P. del S. 350, abril de 1987.

Del historial legislativo se desprende que su aprobación fue producto de un largo proceso y de una intensa discusión que comenzó en 1968, en la que participaron representantes tanto del Gobierno como de las facultades de derecho y entidades privadas. Inspirada en la experiencia en Estados Unidos con la Ley de Procedimiento Administrativo federal (Administrative Procedure Act (A.P.A.)) desde 1946, la Ley Núm. 170 acogió muchas de las doctrinas de A.P.A. También tomó en consideración el desarrollo del derecho administrativo en el foro federal y en los estatales, y la experiencia de algunos estados con el Model State Administrative Procedures Act. Véase Informe Conjunto, supra.

Por último, partiendo de la premisa de que la jurispru-dencia de nuestros tribunales fijaba el contenido jurídico de las reglas fundamentales del derecho administrativo, también codifica esas normas.

Su ámbito es abarcador: “se aplicará a todos los procedimientos administrativos conducidos ante todas las agencias que no estén expresamente exceptuad[a]s por [esta ley].” (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2103. La ley también aclara que un procedimiento administrativo incluye la formulación de reglas y reglamentos y “la adjudicación formal de toda controversia o planteamiento ante la consideración de una agencia”; además, comprende los procedimientos de otorgación de licencias y “cualquier proceso investigativo que inicie una agencia dentro del ámbito de su autoridad legal”. 3 L.P.R.A. sec. 2102(k).

Al definir el término “agencia”, la Asamblea Legislativa utilizó su acepción más dilatada para incluir “cualquier junta, cuerpo, tribunal examinador, corporación pública, comisión, oficina independiente, división, administración, negociado, departamento, autoridad, fun-cionario, persona, entidad o cualquier instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u organismo ad-ministrativo autorizado por ley a llevar a cabo funciones de reglamentar, investigar, o que pueda emitir una decisión, o con facultades para expedir licencias ... acusar o adjudicar (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2102(a). Véanse: J. Berkan, La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico: una comparación con “Administrative Procedure Act”, Facultad de Derecho, U.I.A., 1989, pág. 1; Ley Núm. 18 de 30 de noviembre de 1990.

Esta definición guarda similaridad con la utilizada por los tratadistas más reconocidos en derecho administrativo. A modo de ejemplo, Davis define una agencia como un “organismo o entidad gubernamental que no es una corte o un cuerpo legislativo, y que afecta los derechos de partes privadas mediante la adjudicación o la reglamentación”. (Traducción nuestra.) 1 Davis, Administrative Law Treatise Sec. 1.2, pág. 9 (1978). Véase, también, A.E. Bonfield, The Iowa Administrative Procedure Act: Background, Construction, Applicability, Public Access to Agency Law, The Rulemaking Process, 60 (Núm. 4) Iowa L. Rev. 731, 759-771 (1975).

Conforme a los términos del estatuto, todos los organismos gubernamentales autorizados por ley a “reglamentar, investigar ... acusar o adjudicar” (3 L.P.R.A. sec. 2102(a)) están incluidos. También incluye a los funcionarios o personas que tengan estas facultades delegadas por ley. Véase A.G. Hermida, La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 1988, y las Reglas para la Revisión Judicial de 1989: algunos aspectos de especial interés para los jueces, 5 (Núm. 2) Forum 16-17 (1989).

Por otro lado, el estatuto expresamente excluye de la definición de agencia y, por ende, de la aplicación de la ley a la Asamblea Legislativa, a la Rama Judicial y a los municipios o sus entidades o corporaciones. También ex-ceptúa a la Oficina Propia del Gobernador, a la Guardia Nacional de Puerto Rico, a la Comisión Estatal de Eleccio-nes y al Negociado de Conciliación y Arbitraje del Depar-tamento del Trabajo y Recursos Humanos. 3 L.P.R.A. sec. 2102(a).

Recientemente, la Asamblea Legislativa evaluó la experiencia del Gobierno de Puerto Rico con la implantación de esta ley a la luz del informe de la comisión nombrada por el Gobernador para estudiar los problemas surgidos en la Rama Ejecutiva al implantar la Ley Núm. 170. Primer Informe de la Comisión para la Implantación de la Ley 170 de 12 de agosto de 1988, Departamento de Justicia. Examinadas sus recomendaciones, la Asamblea Legislativa aprobó unas enmiendas mediante la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989 y la Ley Núm. 18 de 30 de noviembre de 1990. En lo referente a las exclusiones, solamente se modificó la de la Asamblea Legislativa, para ex-ceptuar únicamente al Senado y a la Cámara de Representantes, y se excluyó, además, la Comisión para la Celebración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y de Puerto Rico. También, simultáneamente, se modificó la Sec. 1.4 de la ley para excluir las funciones investigativas y de procedimiento criminal que realizan el Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales y la Policía de Puerto Rico. Véase Art. 2 de la Ley Núm. 18 de 30 de noviembre de 1990 (3 L.P.R.A. sec. 2103).

Al aprobar estas enmiendas, la Asamblea Legislativa reafirmó que su intención era establecer un código de derecho administrativo con un cuerpo mínimo de reglas uniformes “cuyos efectos alcanzan a toda la operación de la Rama Ejecutiva del Gobierno y afecta a toda la ciudadanía”. (Énfasis suplido.) Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el P. de la C. 1120 de 23 de octubre de 1990, pág. 4. También ratificó que su intención era excluir de su alcance solamente un pequeño número de entidades expresamente identificadas en el estatuto.

En cuanto a la técnica de exposición legislativa, según la premisa de que existían multiplicidad de agencias y procedimientos cubiertos por la ley, el estatuto se dividió en siete (7) áreas principales, numeradas y denominadas “capítulos”. Excepto el primer capítulo —disposiciones generales— los restantes proveen unos procedimientos uniformes mínimos que se desplazan sobre las distintas funciones realizadas por las agencias. Su fórmula legislativa está concebida en función de los procedimientos administrativos incluidos y toma en consideración las características individuales de cada uno de éstos. La Ley Núm. 170 provee un procedimiento uniforme mínimo para cada una de las funciones que se describen separadamente en el or-den siguiente:

Capítulo I - Disposiciones Generales
Capítulo II - Procedimiento para la Reglamentación
Capítulo III - Procedimientos Adjudicativos
Capítulo IV - Revisión Judicial
Capítulo V - Procedimiento para la Concesión de Li-cencias, Franquicias o Permisos
Capítulo VI - Fiscalización e Inspección y Gestiones Conjuntas
Capítulo VII - Penalidades Administrativas
Capítulo VIII - Disposiciones Suplementarias

La ley sustituye los procedimientos de las agencias que sean incompatibles con sus disposiciones y, en cuanto a los procedimientos no provistos por el estatuto, dispone que las agencias deberán reglamentar su práctica conforme a las disposiciones.

Recientemente, en Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125 D.P.R. 744 (1990), reconocimos la importancia de este nuevo ordenamiento y concluimos que generalmente sus reglas “prevalecerían] sobre toda disposición legal, relativa a una agencia en particular, que sea contraria a las disposiciones de la misma”. (Énfasis suprimido.) Por ende, con este nuevo ordenamiento se sustituyeron los procedimientos que tenían cada una de las agencias con un cuerpo uniforme de reglas mínimas para la formulación de reglamentos, la adjudicación formal de controversias y la otorgación de licencias, permisos o concesiones. La Ley Núm. 170 distingue las distintas funciones de las agencias y provee un cuerpo uniforme de procedimientos mínimos para cada una.

Aclarado el alcance de la Ley Núm. 170, es evidente su aplicación a la Comisión Industrial. Este organismo es de carácter apelativo con poderes adjudicativos otorgados por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo; no está expresamente excluido del alcance de la ley. En estas circunstancias, veamos cuál es el trámite procesal aplicable al procedimiento adjudicativo formal de las apelaciones presentadas a la Comisión Industrial.

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Conforme a este ordenamiento, cuando una agencia tiene que adjudicar formalmente una controversia, los procedimientos se regirán por el Subcapítulo III:

Cuando por disposición de una ley, regla o reglamento o de este Capítulo una agencia deba adjudicar formalmente una controversia, los procedimientos deberán regirse por las dispo-siciones de este subcapítulo. No estarán incluidos los procedi-mientos voluntarios de resolución de disputas establecidos por ley o por reglamentos. 3 L.P.R.A. sec. 2151.

La medida claramente dispone que este capítulo será de aplicación en todos aquellos procedimientos en que una agencia deba adjudicar formalmente una controversia. En esta parte se incorporan unas salvaguardas procesales mínimas, que incluye derecho a la notificación oportuna de los cargos y el de presentar evidencia ante un examinador imparcial. También se requiere que la decisión esté fundada en el expediente oficial. 3 L.P.R.A. sec. 2151. Además, exige que todas las agencias con poderes adjudicativos adopten un reglamento para regular sus procedimientos conforme con los términos de la Ley Núm. 170 (3 L.P.R.A. sec. 2152).

La Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 (3 L.P.R.A. sec. 2165) dispone que una parte adversamente afectada por una decisión parcial o final de una agencia tiene un término de veinte (20) días, contados desde la notificación de la resolución, para presentar una reconsideración. El estatuto provee que la moción de reconsideración es de carácter jurisdiccional y restringe el término que tiene una agencia para considerarla.

La presentación en tiempo de una moción de reconsideración interrumpe el término para acudir en re-visión a los tribunales. Si se rechaza de plano o no se actúa dentro del término de quince (15) días, la parte afectada podrá solicitar revisión judicial. En otras palabras, ese trá-mite sigue como modelo procesal las Reglas de Procedi-miento Civil. Se establece que se deniega de plano una moción de reconsideración si dentro del término estable-cido no se actúa afirmativamente para considerarla. Trans-currido dicho término sin actuación alguna, se entenderá que la misma ha sido denegada de plano, adviniendo final dicha decisión. La parte afectada tiene entonces la opción de solicitar revisión judicial o aceptar el dictamen administrativo. De solicitar revisión judicial, el término para presentar el recurso “comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expi-ren esos quince (15) días, según sea el caso”. 3 L.P.R.A. sec. 2165.

La Ley Núm. 170 también limita a noventa (90) días el término que tienen las agencias para resolver los méritos de las reconsideraciones. De no tomar alguna acción con relación a la moción de reconsideración dentro de esos noventa (90) días, las agencias pierden jurisdicción sobre el asunto y la decisión original adviene final y firme, a menos que la parte solicite revisión dentro de los treinta (30) días siguientes a la expiración de los noventa (90) días. Véase Informe de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes sobre el R de la C. 232, 9 de febrero de 1989. Solamente mediante autorización judicial y “por justa causa” se puede prorrogar “por un tiempo razonable” ese término. 3 L.P.R.A. sec. 2165.

IV

En cuanto a la revisión judicial, el Subcapítulo IV dispone un procedimiento aplicable a “aquellas órdenes, resoluciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos que deban o puedan ser revisadas por el Tribunal Superior de Puerto Rico”. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2171.() Por sus propios términos, este sub-capítulo es únicamente aplicable a las decisiones de una agencia que “deban o puedan ser revisadas por el Tribunal Superior Íd. No se extendió a aquellos casos en que la ley habilitadora estableció otro procedimiento de revisión judicial. Según su historial legislativo, “significa que si la ley orgánica requiere que otro organismo administrativo apelativo revise la orden o resolución deberá agotarse dicho recurso, así como los casos en que la propia ley dispone que la revisión se haga por el Tribunal Supremo, no será necesario acudir al Tribunal Superior”. Informe Conjunto, supra, pág. 10.

De esta manera, el legislador expresamente dispuso que, en lo referente a la revisión judicial, el Capítulo IV no tuvo el efecto de concederle jurisdicción al Tribunal Superior cuando una ley habilitadora provee un procedimiento apelativo ante otro foro. No obstante, esto no implica que las otras partes de la ley, que están concebidas para regular otros procedimientos administrativos, sean inaplicables. En conclusión, conforme con la fórmula legislativa de la Ley Núm. 170, su Capítulo IV es inaplicable a las revisiones jurídicas de las órdenes o resoluciones que por disposición de ley no son revisables por el Tribunal Superior.

Aquí, la Comisión Industrial adjudicó formalmente la apelación del patrono y notificó su decisión el 23 de abril de 1991. Bajo los términos de la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170, supra, la parte adversamente afectada tenía veinte (20) días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución para presentar una moción de reconsideración. El 1ro de mayo de 1991 Pagán Ramos so-licitó reconsideración y su escrito fue oportunamente pre-sentado, y tuvo el efecto de interrumpir automáticamente el término para solicitar la revisión judicial.

Para la fecha en que se resolvió la apelación, las enmiendas a la ley estaban en vigor. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 127 D.P.R. 864 (1990). Conforme a la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170, supra, la Comisión Industrial tenía quince (15) días para actuar sobre la reconsideración. Como no lo hizo dentro de ese término, se consideró rechazada de plano y el término para solicitar revisión comenzó nuevamente desde que expiraron los quince (15) días.

Al amparo del Art. 11 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 12, Pagán Ramos tenía quince (15) días para solicitar revisión ante este Tribunal. En vista de que su solicitud de revisión fue oportunamente presentada, tenemos jurisdicción. Aclaradas estas interrogantes de naturaleza procesal, examine-mos si el obrero fallecido era su empleado según la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

VI

En su recurso, el peticionario sostiene que el obrero fa-llecido no era un empleado según la definición de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Fundamenta su posición en que los Arts. 2 y 38 de la ley expresamente exceptúan de esa legislación social “aquellos obreros y em-pleados cuya labor sea de carácter accidental o causal y no esté comprendida dentro del negocio, industria, profesión u ocupación de su patrono ...”. 11 L.P.R.A. sec. 2. Véase, ade-más, 11 L.P.R.A. sec. 39.

En Arraiza Iglesia v. Comisión Industrial, 85 D.P.R. 14, 17 (1962), ratificando a Romero v. Comisión Industrial, 73 D.P.R. 805 (1952), “señalamos que la cuestión a determinarse es si la labor es casual, no si el obrero o empleado es casual, o sea, si ésta ocurre sin regularidad, ocasional o incidentalmente ...”. Allí enumeramos los elementos que deben ser considerados al determinar si la labor es casual: (1) el período de duración del trabajo; (2) el costo que representa para el patrono; (3) la naturaleza de la labor realizada, y (4) su relación con el negocio o industria del patrono. Véase Y da. de Alfonzi v. Comisión Industrial, 93 D.P.R, 822, 824 (1966).

En el caso de autos, de las propias determinaciones de hecho de la Comisión Industrial se desprende que el obrero fallecido realizaba una tarea de naturaleza casual y ajena al negocio de panadería de Pagán Ramos. El obrero traba-jaba regularmente en el cementerio municipal en tareas de mantenimiento y excavación de tumbas. Fue contratado por Pagán Ramos sólo para hacer una zanja frente a su negocio-residencia para instalar una acometida de agua al hogar que recientemente había remodelado. El período de duración de la labor de excavación de la zanja era corto, de varias horas. El obrero no tenía relación de clase alguna con la panadería de Pagán Ramos. Esa labor de carácter accidental o casual no está comprendida dentro del negocio a que regularmente se dedica Pagán Ramos para efectos de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Por tal razón, el obrero no era “empleado” de Pagán Ramos para efectos de este caso. Véase Hernández López v. Comisión Industrial, 100 D.P.R. 1001 (1972).

Se expide el auto y se revoca resolución de la Comisión Industrial y la del Administrador del Fondo del Seguro del Estado.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión disidente. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Nos vemos imposibilitados de endosar con nuestro voto la Opinión mayoritaria emitida por el Tribunal. La misma contraviene una norma jurisprudencial firmemente esta-blecida en nuestra jurisdicción.

Como correctamente se expresa en la Opinión mayorita-ria emitida, el propósito de la Ley de Procedimiento Admi-nistrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico —Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2101 et seq.), en adelante Ley 170— fue reglamentar, de una manera uniforme, los procedimientos que se llevan a cabo en las distintas agencias administrativas del Go-bierno de Puerto Rico. La definición, que del término “agencia” contiene la Sec. 1.3 de la citada Ley 170,() es una sumamente amplia. De hecho, dicha definición es tan am-plia que prácticamente cobija a todas y cada una de las agencias administrativas gubernamentales existentes hoy día en Puerto Rico.

Basándose en ello, y en el hecho de que la Comisión Industrial de Puerto Rico (Comisión Industrial) no es una de las agencias específicamente excluidas en la citada Ley 170, la mayoría de los integrantes del Tribunal concluye que “es evidente” que la referida Ley 170 es de “aplicación a la Comisión Industrial”. Opinión mayoritaria, pág. 902.

Al así resolver, la mayoría del Tribunal pasa por alto el hecho importante de que la propia Ley 170 excluye de sus disposiciones, de una forma indirecta, a la citada Comisión Industrial al establecer, en su Sec. 4.1,() que las disposi-ciones de la misma únicamente serán aplicables a “aque-llas órdenes, resoluciones y providencias dictadas por agencias o funcionarios administrativos que deban o pue-dan ser revisadas por el Tribunal Superior de Puerto Rico (Énfasis suplido.)

Como es sabido, y conforme las disposiciones de la ley orgánica de la Comisión Industrial, las decisiones que emite esta agencia administrativa son revisables directa-mente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Ese hecho, por sí solo, remueve a la Comisión Industrial del ámbito de la citada Ley 170.

Con el propósito, hasta cierto punto incomprensible, de evadir esa realidad jurídica, la mayoría de los integrantes del Tribunal —sin citar fundamento jurídico alguno en apoyo de su acción— resuelven que parte de la referida Ley 170 es aplicable a la Comisión Industrial y parte de la misma no lo es. En consecuencia, la mayoría dispone —por fíat judicial— que son de aplicación a los procedimientos que se lleven a cabo ante dicha Comisión Industrial las disposiciones de la Sec. 3.15 de la Ley 170 (3 L.P.R.A. sec. 2165),() pero que, por el contrario, no le és de aplicación a la Comisión Industrial las secciones de la citada Ley 170 correspondientes al procedimiento de revisión judicial. Esto es, para efectos de la aplicación de la Ley 170, con-forme resuelve una mayoría de los integrantes del Tribunal, la Comisión Industrial era una agencia administrativa “híbrida”.()

“La moción de reconsideración será jurisdiccional para poder solicitar la revi-sión judicial.”

Al así actuar, naturalmente, el Tribunal ignora una norma que reiteradamente, hemos ratificado a través de los años; esto es, la sabia y jurídicamente correcta norma a los efectos de que al interpretar una ley no debemos tomar aisladamente, y por separado, cada uno de sus párrafos, secciones o incisos sino que venimos obligados a considerar todas sus disposiciones en conjunto. Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64, 90 (1983); Delgado v. D.S.C.A., 114 D.P.R. 177, 182 (1983); Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563, 571 (1982); Sales v. Samac Motor Corp., 92 D.P.R. 529, 540 (1965); Central Aguirre Sugar v. Srio. Hacienda, 91 D.P.R. 340, 347 (1964); Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163, 171 (1953).

En resumen, la conclusión errónea a la que llega la ma-yoría de los integrantes del Tribunal —esto es, de que la Ley 170 es parcialmente aplicable a la Comisión Industrial— es consecuencia directa de una lectura e interpreta-ción fraccionada, aislada y separada de las disposiciones de la citada Ley 170, lo cual, conforme la norma jurispru-dencial antes señalada, resulta ser improcedente en derecho.

Es por ello que disentimos.

      (1) Mientras el caso de autos estaba ante nuestra consideración, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 92 de 5 de diciembre de 1991 para enmendar la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (Ley de la Judicatura). En su Exposición de Motivos se afirma que “de conformidad con la política pública de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, es conveniente una completa uniformidad del procedimiento para la revisión judicial de las decisiones administrativas, por lo que se transfiere al Tribunal Superior la competencia para revisar aquellas decisiones administrativas que todavía se revisan directamente ante el Tribunal Supremo, con la excepción de las decisiones de los Registradores de la Propiedad”. 1991 Leyes de Puerto Rico 848, 849. En particular, el Art. 2 que enmienda la See. 7 de la Ley de la Judicatura dispone: “El Tribunal Supremo, cada una de sus salas, así como cualquiera de sus jueces, pueden conocer en primera instancia de recursos de hábeas corpus y de aque-llos otros recursos y causas que se determinen por ley”. (Enfasis suplido.) Íd., pág. 851. Esta ley entró en vigor treinta (30) días después de su aprobación.
      Como la Ley Núm. 92, supra, fue aprobada después de la presentación del recurso de autos, ésta no pone fin a la controversia planteada ante nos sobre la aplicación de los términos dispuestos por la Sec. 3.15 de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. see. 2165) a los recursos pendientes de reconsideración ante la Comisión Industrial antes de su aprobación. Por ende, el asunto no es académico.

      (1) 3 L.P.R.A. sec. 2102.

      (2) 3 L.P.R.A. sec. 2171.

      (3) La sec. 2165 del Título 3 de L.P.R.A. establece:

        “2165.— Reconsideración

      “La parte adversamente afectadá por una resolución, u orden parcial o final podrá, dentro del término de veinte (20)' días desde la fecha de archivo en autos de la notificación de la resolución u orden, presentar una moción de reconsideración de la resolución u orden. La agencia dentro de los quince (15) días de haberse pre-sentado dicha moción deberá considerarla. Si la rechazare de plano o no actuare dentro de los quince (15) días, el término para solicitar revisión comenzará a correr nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) días, según sea el caso. Si se tomare alguna determinación en su consi-deración, el término para solicitar revisión empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en autos una copia de la notificación de la resolución de la agencia resolviendo definitivamente la moción cuya resolución deberá ser emitida y archi-vada en autos dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la moción. Si la agencia dejare de tomar alguna acción con relación a la moción de reconsidera-ción dentro de los noventa (90) días de haber sido radicada una moción acogida para resolución, perderá jurisdicción sobre la misma y el término para sobcitar la revisión judicial empezará a contarse a partir de la expiración de dicho término de noventa (90) días salvo que el tribunal, por justa causa, autorice a la agencia una prórroga para resolver, por un tiempo razonable.

      () Como se señala en el esc. 1 de la Opinión mayoritaria emitida, mediante la Ley Núm. 92 de 5 de diciembre de 1991 y en lo pertinente, la Asamblea Legislativa enmendó la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para disponer que las decisiones finales de la Comisión Industrial de Puerto Rico serán revisadas por el Tribunal Superior.
      Ello, ni hace académico el caso de autos, ni subsana el error cometido por la Mayoría al emitir la presente decisión.


author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Re-bollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Emilio Pizarro Solís, acusado y recurrido.

      Número: CE-87-324

      Resuelto: 31 de enero de 1992

      Hon. Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Antonio Figueroa Rodríguez, Procurador General Auxiliar, y Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, abogados de El Pueblo; Raúl Guemárez Nieves, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

En este recurso el Pueblo plantea que un convicto que es declarado delincuente habitual debe cumplir la sentencia impuesta en años naturales, esto es, sin disfrutar de las bonificaciones que concede la Ley Orgánica de la Adminis-tración de Corrección por buena conducta y otras razones en las sentencias criminales ordinarias.

Recurre ante nos, el Pueblo, de la resolución del foro de instancia que ordenó a la Administración de Corrección que realizara, en favor del convicto habitual recurrido, los cómputos correspondientes a las mencionadas bonificacio-nes, al término de sentencia en su contra. Un análisis de las leyes aplicables nos mueve a confirmar dicha resolución. Veamos, en primer lugar, los hechos.

Por hechos acaecidos el 27 de febrero de 1981, el 25 de marzo de ese año el convicto recurrido fue encausado por el delito de escalamiento agravado. En la acusación se le im-putó, además, ser un delincuente habitual al haber sido convicto anteriormente por los delitos de escalamiento simple, Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404, y violación.

El 3 de julio de 1981 fue encontrado culpable del delito de escalamiento agravado y declarado delincuente habitual. En vista de esa declaración de delincuente habitual, el foro de instancia lo sentenció a cumplir una pena de doce (12) años naturales de presidio.

Esta sentencia fue impuesta consecutivamente con la sentencia de cinco (5) a veinticinco (25) años que le había sido impuesta el 22 de abril de 1970 en el caso de violación (G-69-3474) y la de uno (1) a tres (3) años que el 5 de noviembre de 1975 le había sido impuesta, consecutiva-mente con la de violación, en el caso por infracción al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra (G-75-2341). En el caso de escalamiento simple (G-80-2684) había sido sentenciado a pagar quinientos dólares ($500) de multa.

El 14 de noviembre de 1984, el convicto recurrido pre-sentó una petición de hábeas corpus en la cual, entre otros señalamientos, se quejaba de que “una ve[z] el [Tjribunal [Sjuperior fall[ó] al declararme delincuente habitual en el cas[o] G-81-727, dicho fallo ha sido motiv[o] para que la Administración de Corrección proceda a no aplicar ningún tipo de [bjonificación en la sentencia de 1[2] años declarado delincuente habitual”. Anejo IV, pág. 13. Todo ello, según el convicto recurrido, violaba el Art. I del Reglamento de Bo-nificación por Buena Conducta y Asiduidad Observada por los Confinados en las Instituciones Penales de la Adminis-tración de Corrección, de 12 de agosto de 1974, la Ley de Sentencia Determinada, y el Art. 42 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3204.

La Administración de Corrección se opuso a esta peti-ción señalando que “[l]a sentencia de 12 años declarando delincuente habitual al convicto de epígrafe no es bonifica-ble” puesto que “[e]l artículo 74 del Código Penal de Puerto Rico establece que la sentencia que se imponga será siem-pre en años naturales. Esta disposición es una excepción a la Ley Orgánica de la Administración de Corrección (4 LPRA1161) que establece que se bonificará toda sentencia de reclusión si el confinado observase buena conducta”. Anejo V, pág. 1.

El 18 de agosto de 1987 el convicto recurrido presentó una moción en la que solicitaba que se le diera “pronta atención a sus planteamientos en particular lo referente a la no acreditación de las bonificaciones a que cree tener derecho”. Anejo VIII, pág. 25.

El 26 de febrero de 1987, el foro de instancia dictó la resolución recurrida que le ordenaba a la Administración de Corrección que realizara, en favor del convicto recu-rrido, los cómputos correspondientes a las bonificáciones a que éste tuviera derecho.

Solicitada la oportuna reconsideración, el foro de ins-tancia se sostuvo en su resolución.

Inconforme, acude el Pueblo señalando que:

Cometió error el Honorable Tribunal al interpretar que las bo-nificaciones que concede la Ley de Administración de Correc-ción por buena conducta y otros, contra sentencias ordinarias criminales, le son aplicables a las sentencias emitidas en “Años Naturales” contra convictos declarados criminales habituales. Petición de certiorari, pág. 3.

Expedido el auto, las partes han comparecido. Resolvemos.

Debemos armonizar las disposiciones del Art. 74 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3375, que definen y señalan la pena para los casos en que el convicto ha sido declarado delincuente habitual, con las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. secs. 1161 y 1162, y el Reglamento de Bonificación por Buena Conducta y Asiduidad Observada por los Confi-nados en las Instituciones Penales (en adelante Reglamen-to), que regulan lo concerniente al abono de términos a las sentencias ganado por el convicto al observar buena con-ducta, realizar estudios y/o servicios a la comunidad. Ello requiere que no sólo examinemos la cronología de las leyes concernidas, sino también otras leyes referentes a un mismo asunto que deben ser interpretadas refiriéndose las unas a las otras, para que lo que es claro en un precepto pueda explicar lo dudoso en otro. Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18; Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589 (1989); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733 (1989).

Debemos, además, tener presente que “[c]omo el propósito de la interpretación es lograr que se cumplan los fines intentados por el legislador, las leyes deben interpretarse y aplicarse en comunión con el propósito social que las inspira. No deben desvincularse del problema humano cuya solución persiguen, ni descarnarse de las realidades de vida que la sociedad misma ha proyectado sobre ellas, pues se tornaría ilusorio y se perdería en el vacío el deseo de justicia que las genera’ ”. Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163, 171 (1953), según citado en García Pagán v. Shiley Caribbean, Etc., 122 D.P.R. 193, 208-209 (1988). Para cumplir ese objetivo es de gran ayuda el historial legislativo de las leyes concernidas. Finalmente, tratándose de un caso criminal, debemos tener presente el principio de legalidad que, en lo aquí pertinente, ordena que no se impongan “penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido. No se podrán crear por analogía ... penas, ni medidas de seguridad”, Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3031, y la prohibición a la aplicación retroactiva de las leyes penales que sustantivamente afec-tan de forma negativa la situación del acusado. Art. II, Sec. 12, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Primero, veamos el texto e historial de dichas leyes.

HH HH

El Art. 16 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. sec. 1161), vigente a la fecha de los hechos, en lo pertinente, disponía que:

Toda persona sentenciada a cumplir término de reclusión en cualquier institución, que observare buena conducta y asidui-dad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia, las cuales se computarán desde su admisión a la institución de que se trate .... (Énfasis suplido.) 1974 Leyes de Puerto Rico 548-549.

El Art. 17 de la Ley Núm. 116, supra, 4 L.P.R.A. sec. 1162, añadía en lo pertinente:

En adición a los abonos autorizados en la sección anterior y en todo caso de convicción que no sea reclusión perpetua, el Administrador de Corrección podr[á], discrecionalmente, conce-der abonos a razón de no más de tres (3) días por cada mes en que el recluso esté empleado en alguna industria, esté reali-zando estudios como parte de un plan institucional que conlleve seis (6) horas de estudios durante el día, bien sea en la libre comunidad o en el establecimiento penal donde cumple su sen-tencia, y preste servicio a la institución penal durante el primer año de reclusión. Por cada año subsiguiente, podrá abonarse hasta cinco (5) días por cada mes. (Énfasis suplido.) Leyes de Puerto Rico, supra, pág. 549.

Estos artículos establecían los distintos tipos de bonificación en la sentencia impuesta a los que podían ser acreedores los confinados de nuestras instituciones penales, a saber, por buena conducta y asiduidad,() 4 L.P.R.A. sec. 1161, por empleo en alguna industria, por estudios y/o por servicios prestados a la institución, 4 L.P.R.A. sec. 1162.

Esos artículos de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección se han mantenido vigentes a través de los años. Desde la ley aprobada el 14 de marzo de 1907 (4 L.P.R.A. ants. sees. 633-636) hasta la Ley Núm. 116, supra, la Asamblea Legislativa ha regulado la fijación de rebajas a las sentencias de confinados en las instituciones penales de Puerto Rico por asiduidad, buena conducta y otras razones análogas.

El fin último de estos estatutos es fomentar la buena conducta, rehabilitación y readaptación del confinado a las normas de convivencia social que han de afrontar una vez salgan del penal. En Echeandía v. Alvarado, 63 D.P.R. 230, 235 (1944), señalamos al respecto:

El propósito fundamental de los estatutos que premian a los confinados con rebajas o abonos al término de prisión a que han sido condenados, es el despertar en ellos el deseo de observar buena conducta para hacerse acreedores a los beneficios del estatuto.

Para implantar ese mandato de ley, la Administración de Corrección aprobó, el 12 de agosto de 1974, el Reglamento.() En su exposición de motivos, éste dispuso:

El título VIII de la ley que crea la Administración de Correc-ción dispone la rebaja en sentencia por buena conducta y asi-duidad observada por los confinados durante su reclusión, pro-vee, además, nuevos abonos en las sentencias por trabajos realizados en alguna industria; por trabajo o servicios en la institución penal; en labores agropecuarias; por estudios o en la prestación de servicios excepcionalmente meritorios o en el de-sempeño de suma importancia en relación con funciones institucionales. Así también se dispone lo relativo a la cancela-ción de abonos por buena conducta cuando el confinado incurra en violación de las normas de conducta o de los reglamentos institucionales y se provee para la restitución de tales abonos cancelados cuando se determine que la conducta posterior así lo justifica.
La bonificación debe de ser utilizada como un instrumento para fortalecer cambios positivos de actitudes y de conducta en los confinados. Por lo tanto, las disposiciones de este Regla-mento se aplicarán en la forma más justa y humana posible, de manera que el mayor número de reclusos pueda participar de sus beneficios. (Énfasis suplido.) Exposición de Motivos, Regla-mento de Bonificación por Buena Conducta y Asiduidad Obser-vada por los Confinados en las Instituciones Penales, Adminis-tración de Corrección, 12 de agosto de 1974, pág. 1.

En el Art. I del Reglamento, supra, pág. 2, se expresan las distintas bonificaciones por buena conducta y asiduidad a las cuales es acreedora “[t\oda persona sentenciada a cumplir términos de reclusión en cualquier institución penal” —(énfasis suplido) id.— en Puerto Rico. Dispone dicho artículo:

Artículo I — Bonificación por Buena Conducta y Asiduidad
Toda persona sentenciada a cumplir términos de reclusión en cualquier institución penal, que observare buena conducta y asiduidad, tendrá derecho a las siguientes rebajas del término de su sentencia, las cuales se computarán desde su admisión a la institución de que se trate:
Dicha rebaja se hará por el mes natural y si la sentencia de algún recluso contuviera una fracción de mes, bien al principio o al fin de dicha sentencia, se le abonará un día por cada cinco días o parte de los mismos contenidos en dicha fracción.
La deducción por buena conducta y asiduidad podrá hacerse durante el tiempo que hubiere permanecido privada de su liber-tad cualquier persona acusada de cometer cualquier delito pú-blico, de ser sentenciada por los mismos hechos por los cuales hubiere sufrido dicha privación de libertad. (Énfasis suplido.) Reglamento, supra, Art. I, págs. 2-3.

Los abonos discrecionales por empleo en alguna industria o estudios y servicios a la institución penal están regulados por el Art. 4 del Reglamento, supra.

Finalmente, el Art. 8 del Reglamento, supra, establece expresamente quiénes no son elegibles a estas bonificacio-nes adicionales. Al respecto señala:

Artículo 8 Quiénes no son elegibles a Bonificación Adicional
No serán elegibles al beneficio de bonificación adicional aque-llos confinados que no se ajusten a las normas establecidas, que injustificadamente no cumplan con el plan de tratamiento ins-titucional que se le haya trazado o que no observaren buena conducta. (Énfasis suplido.) Reglamento, supra, Art. 8, pág. 7.

En síntesis, de las disposiciones de ley y del Reglamento vigentes a la fecha de los hechos en autos y referentes a las diversas bonificaciones a las sentencias se desprende que los confinados declarados entonces delincuentes habituales no estaban expresamente excluidos de tales beneficios. Por el contrario, las disposiciones de ley y del Reglamento vi-gentes expresamente disponían su aplicabilidad a toda persona sentenciada a cumplir términos de reclusión en una cárcel de Puerto Rico; específicamente en el caso de las bonificaciones por asiduidad y buena conducta.

La declaración de motivos del Reglamento expresa-mente señala, además, que tales bonificaciones aplicarán al mayor número de reclusos que sean acreedores a dichos beneficios. Más aún, sólo en el caso de las bonificaciones adicionales por trabajo, estudios y/o servicios a la institu-ción, el Reglamento establece expresamente las exclusiones de tales beneficios, a saber: en todo caso de reclusión per-petua; a aquellos confinados que no se ajusten a las nor-mas establecidas; a los que injustificadamente no cumplan con el plan de tratamiento institucional que se les haya trazado, o a los que no observen buena conducta.

No debemos, so pretexto de buscar la intención legislativa de las bonificaciones, adicionar limitaciones o restricciones que no surgen del texto de la ley. Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966).

De particular relevancia es el hecho que las rebajas por buena conducta se debían acreditar por el mes natural, Cf. XXXVIII (Núm. 1967-24) Op. Sec. Just. Núm. 88-91 (1967), esto es, se reducen los días del mes natural. Nada había en esas leyes que impidiera que a los delincuentes habituales, que debían cumplir sus sentencias en años (meses y días) naturales, se les acreditaran las referidas bonificaciones una vez cualificaran para ello.

Ahora bien, el Art. 74 del Código Penal, 33 L.P.R.A. ant. see. 3375 (Sup. 1976), vigente cuando se sentenció al recurrido y cuando éste cometió los actos que dieron lugar a su convicción, disponía:()

El convicto de delito grave que anteriormente hubiere sido sentenciado por dos o más delitos graves cometidos en tiempos diversos e independientes unos de otros, se presume que de-mostrare una persistente tendencia a delinquir, y será decla-rado por el Tribunal delincuente habitual y recluido para su tratamiento hasta lograr su readaptación social.
El máximo de esta reclusión podrá ser separación perma-nente de la sociedad mediante reclusión perpetua y su mínimo no será nunca menor de doce años naturales. (Enfasis suplido.) Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974, según enmendada por la Ley Núm. 10 de 1ro de diciembre de 1975, Leyes de Puerto Rico, pág. 1050.

La Ley Núm. 115, supra, colocó al citado Art. 74 dentro del capítulo del Código Penal correspondiente a las medidas de seguridad. En Pueblo v. Reyes Morán, 123 D.P.R. 786, 799-803 (1989), analizamos el historial legislativo del Art. 74, supra. Señalamos que:

La Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3001 et seq.), al adoptar el Art. 74 del Código Penal, supra —sobre “delincuente habitual”— lo colocó dentro del capítulo corres-pondiente a las medidas de seguridad. 1974 Leyes de Puerto Rico 471-472. En ese momento, el legislador concibió la dispo-sición del delincuente habitual como una medida dual de segu-ridad y de reincidencia. El propósito del artículo iba dirigido tanto a la consecución de la rehabilitación del convicto como a separar de la sociedad a aquellos que representaban un riesgo para la comunidad. Por ello, el artículo proveía para la reclu-sión del convicto hasta que éste lograra su readaptación social.
Cabe advertir que al aprobarse el Código Penal en 1974 se pospuso la vigencia del Art. 74 del Código Penal, supra, por el término de un (1) año. Con la aprobación de la Ley Núm. 146 de 3 de julio de 1975 (33 L.P.R.A. sec. 4628), la Asamblea Legisla-tiva pospuso nuevamente la vigencia del Art. 74. Sin embargo, estando así pospuesta, el legislador aprobó la Ley Núm. 10 de 1ro de diciembre de 1975 (33 L.P.R.A. sec. 3301). Esta medida activó la disposición sobre delincuente habitual en su aspecto de medida punitiva de reincidencia. La ley excluyó, sin embargo, los elementos de medidas de seguridad contenidos en el Art. 74 del Código Penal, 1974 Leyes de Puerto Rico 471-472. Además, adicionó el Art. 74A, 33 L.P.R.A. sec. 3375a, sobre las normas de determinación de reincidencia.
Llegado el 1980, la Asamblea Legislativa estableció en Puerto Rico un sistema de sentencia determinada. Dentro del proceso necesario de ajustes y enmiendas para conformar el Código Penal con dicho sistema, el legislador suprimió del texto original del Art. 74 del Código Penal, 1974 Leyes de Puerto Rico 471, la expresión “hasta lograr su readaptación social”. De esta forma reafirmó aún más el cambio que iniciara en 1975, dirigido a suprimir del Art. 74, supra, según enmendado, el elemento de medida de seguridad y a constituirlo en una medida pura de reincidencia.
Con una trayectoria y un historial legislativo tan diáfano y firme, es claro que desde 1975 el Art. 74 del Código Penal, supra, según enmendado, ha sido una medida pura punitiva de reincidencia, según expresamos en Pueblo v. Mattel Torres, supra, con excepción de los elementos de seguridad. Pueblo v. Fe-liciano Hernández, 113 D.P.R. 371 (1982). (Énfasis en el original suprimido, énfasis suplido y escolio omitido.)

IV

El Procurador General sostiene que “[claramente ‘el es-píritu de rehabilitación’ por el cual cobr[aron] vida las bo-nificaciones por buena conducta y otros contra sentencias ordinarias criminales no podría de ningún modo ser de aplicación a los casos especiales de sentencias en ‘Años Na-turales’ contra los delincuentes habituales, quienes ya ago-taron tres (3) oportunidades como mínimo para lograr con-validar su ‘rehabilitación’ como ente social capaz de ‘convivir’ en sociedad, en vez de dañar a los demás como hizo cuando disfrutaba de libertad personal”. (Énfasis en el original.) Petición de certiorari, pág. 8. No le asiste la ra-zón en el caso de autos.

En primer lugar, y contrario al caso de Pueblo v. Reyes Moran, supra, el Art. 74 del Código Penal, supra, vigente y aplicable al caso de autos, aún se vislumbraba como una medida mixta de seguridad y punitiva de reincidencia. Véase Ley Núm. 10, supra, 33 L.P.R.A. secs. 3301, 3301 n., 3375 n., 3375a n. y 3391. Así lo demuestra el que aún en dicha ley se buscara el “tratamiento hasta lograr su re-adaptación social”. Art. 74, supra, Sup. 1976.

En segundo lugar, entre el Art. 74 del Código Penal, supra, y los Arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Admi-nistración de Corrección, 4 L.P.R.A. secs. 1161 y 1162, aquí aplicables, el conflicto es más aparente que real. Si bien por un lado el Art. 74 del Código Penal, supra, pretende imponer una pena fija en términos de años naturales, la cual parece no tolerar bonificaciones, y por el otro lado las disposiciones de bonificaciones no excluyen expresamente de su aplicación a los delincuentes habituales, éstas últi-mas contemplan los años naturales como base para su cómputo. Por lo tanto, carece de validez el argumento de que no le aplican las bonificaciones a las sentencias im-puestas a los delincuentes habituales por ser éstas impues-tas en años naturales, pues precisamente esa es la base para el cómputo de la bonificación. Cf. XXXVIII (Núm. 1967-24) Op. Sec. Just. 88-91 (1967).

Ese era el estado de derecho vigente antes de que se aprobara la Ley de Sentencia Determinada, Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980 (34 L.P.R.A. secs. 1044 y 1044 n.). A pesar de que las disposiciones sobre las bonificaciones a sentencias y sus enmiendas son anteriores a la Ley de Sen-tencia Determinada, y dicha ley específicamente establece que las sentencias que han de ser dictadas tendrían “tér-mino específico de duración” —el cual sería “fijo” en casos de delitos graves— nada dispuso sobre la exclusión de los delincuentes habituales (cuya sentencia sería determi-nada) de las bonificaciones dispuestas en la Ley Orgánica de la Administración de Corrección. Debemos, pues, presu-mir que la intención del legislador fue dejar inalteradas las disposiciones sobre bonificaciones, sin exclusiones, en los casos de sentencias determinadas; aun las que fueron im-puestas a los delincuentes habituales.

Si alguna duda quedaba en cuanto a la falta de exclusión de los delincuentes habituales del derecho a los abonos de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, ésta fue disipada por el legislador al aprobar la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 1989 (4 L.P.R.A. secs. 1112(b) y (e), 1136 y 1161-1163). Esa ley expresamente excluyó a los delincuentes habituales de los abonos dispuestos en los Arts. 16 y 17 de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, supra. Al enmendar dichos artículos, expresamente dispuso en lo pertinente:

Título VIII. Bonificación por Buena Conducta.
Artículo 16.
Se excluye de los abonos que establece esta sección toda con-vicción que apareje pena de reclusión de noventa y nueve años, toda convicción que haya dado lugar a una determinación de reincidencia agravada o de reincidencia habitual conforme es-tablecen los incisos (b) y (c) de la see. 3302 del Título 33, la convicción impuesta en defecto del pago de una multa o aquella que deba cumplirse en años naturales. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 1161.
Artículo 17.
En adición a los abonos autorizados en la sección anterior, y en todo caso de convicción que no haya sido excluida de confor-midad con la see. 1161 de este título, el Administrador de Co-rrección podrá, discrecionalmente, conceder abonos a razón de no más de cinco (5) días por cada mes en que el recluso esté empleado en alguna industria o que esté realizando estudios como parte de un plan institucional, bien sea en la libre comu-nidad o en el establecimiento penal donde cumple su sentencia, y preste servicio a la institución penal durante el primer año de reclusión. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 1162.

Esta enmienda, que entró en vigor el 20 de julio de 1989, no es aplicable al caso de autos, pues claramente no puede tener efecto retroactivo. Reiteradamente hemos resuelto que las leyes tienen carácter prospectivo a menos que la Asamblea Legislativa expresamente le dé efecto retroactivo. Díaz v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 865 (1983); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984). Pero, además, en el campo penal la propia Constitución prohíbe la aprobación o aplicación de leyes ex post facto. Const. E.L.A., supra. Véase Colder v. Bull, 3 Dali. (3 U.S.) 386 (1798). Aplicar retroactivamente la Ley Núm. 27, supra, sería aumentar la pena del delito luego de consumados los hechos, Colder v. Bull, supra; Pueblo v. López, 70 D.P.R. 790, 791 (1950), en perjuicio del acusado. Ello lo prohíbe nuestra Constitución. Emanuelli v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 541 (1953); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965).

El principio de legalidad también impide que les impon-gamos esa pena adicional a los delincuentes habituales.

Además, aplicar retroactivamente dicha enmienda vulneraría un interés libertario constitucionalmente protegido, creado por el estado de derecho anterior, que no ex-cluía a los delincuentes habituales de los referidos abonos. Tal interés tiene la protección del debido proceso de ley. Cf. Vitek v. Jones, 445 U.S. 480 (1980).

La exclusión expresa, que mediante esta ley hizo el legislador, es la mejor muestra de que bajo el estado de derecho anterior al 20 de julio de 1989 los delincuentes habituales eran acreedores a las bonificaciones de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección cuando cualificaran para ello. Si no, ¿por qué la exclusión expresa? No podemos imputarle al legislador actuaciones inútiles, estériles o sin fin alguno. Si el legislador dispuso la exclusión expresa de los delincuentes habituales de los beneficios de las bonificaciones mediante la Ley Núm. 27, supra, fue porque en el estado de derecho anterior no existía tal exclusión; aun cuando desde 1980 el Art. 74 del Código Penal, supra, disponía que las sentencias impuestas a los delincuentes habituales serían cumplidas en años naturales. Si adoptáramos la posición del Procurador General en este caso, tendríamos que concluir que la aprobación de la Ley Núm. 27, supra, fue un acto legislativo inútil, fútil y sin sentido, puesto que en virtud del Art. 74, supra, los delincuentes habituales quedaban excluidos de las bonificaciones. Tal posición resulta insostenible.

En resumen, a un convicto declarado delincuente habitual antes del 20 de julio de 1989() le aplican los descuentos o bonificaciones al término de su sentencia por buena conducta, estudios y/o servicios a la comunidad, se-gún contenidos en la Ley Orgánica de la Administración de Corrección, 4 L.P.R.A. secs. 1161 y 1162, y en el Regla-mento de dicha administración.

Por los fundamentos expuestos, se confirma la resolu-ción recurrida. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió con opi-nión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

El principal argumento que utiliza la Mayoría de los integrantes del Tribunal para sostener que “a un convicto declarado delincuente habitual antes del 20 de julio de 1989 [fecha de vigencia de la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 1989 (4 L.P.R.A. secs. 1112(b) y (e), 1136 y 1161-1163)] le aplican los descuentos o bonificaciones al término de su sentencia por buena conducta, estudios y/o servicios a la comunidad” (opinión mayoritaria, pág. 928) es que la:

... exclusión expresa, que mediante esta ley hizo el legislador, es la mejor muestra de que bajo el estado de derecho anterior al 20 de julio de 1989 los delincuentes habituales eran acreedores a las bonificaciones de la Ley Orgánica de la Administración de Corrección cuando cualificaran para ello. Si no, ¿por qué la ex-clusión expresa? No podemos imputarle al legislador actuacio-nes inútiles, estériles o sin fin alguno. Si el legislador dispuso la exclusión expresa de los delincuentes habituales de los benefi-cios de las bonificaciones mediante la Ley Núm. 27, supra, fue porque en el estado de derecho anterior no existía tal exclusión; aun cuando desde 1980 el Art. 74 del Código Penal, supra, dis-ponía que las sentencias impuestas a los delincuentes habitua-les serían cumplidas en años naturales. Si adoptáramos la po-sición del Procurador General en este caso, tendríamos que concluir que la aprobación de la Ley Núm. 27, supra, fue un acto legislativo inútil, fútil y sin sentido, puesto que en virtud del Art. 74, supra, los delincuentes habituales quedaban exclui-dos de las bonificaciones. Tal posición resulta insostenible. (Én-fasis en el original.) Opinión mayoritaria, pág. 928.

La mayoría del Tribunal no se percata de que existe otra posible razón para la acción legislativa realizada en el 1989: la posibilidad de que el legislador —ante las recla-maciones de los convictos de que habían sido ya sentencia-dos bajo las disposiciones del Art. 74 del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3375— quiso reite-rar, y dejar claramente establecido de una vez y por todas, que un delincuente habitual no tiene derecho a los des-cuentos o bonificaciones que establecen los Arts. 16 y 17 de la Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. secs. 1161 y 1162).

No debe perderse de vista que el citado Art. 74 del Có-digo Penal, no obstante entrar en vigor el 1ro de diciembre de 1975, tuvo su origen en la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974; esto es, el mismo es producto de una legislación comprensiva que fue aprobada en la misma fecha de los Arts. 16 y 17 de la Ley Núm. 116, ante.

En otras palabras, el legislador —obviamente cons-ciente de las disposiciones de los Arts. 16 y 17 de la Ley Núm. 116, ante— expresamente dispuso, mediante la ci-tada Ley Núm. 115 —y el Art. 74 del Código Penal, ante— que el “término fijo [de prisión] que se imponga [a un de-lincuente habitual] será siempre en años naturales”. (Énfa-sis suplido.) Art. 74, ante.

Obviamente el legislador quiso establecer una diferencia —consistente en una pena más fuerte— entre el convicto de un delito a quien se le impone una pena de “1C’ años —el cual tiene derecho a las bonificaciones, o descuentos, pro-vistos por los Arts. 16 y 17 de la Ley Núm. 116, ante— y el convicto que es declarado delincuente habitual, que tiene que cumplir su pena en años naturales, esto es, sin descuen-tos y bonificaciones.

A nuestro entender,, resulta obvio que la mayoría del Tribunal —en un impermisible acto de liberalidad judi cial está legislando en beneficio de criminales habituales y empedernidos que nuestra Asamblea Legislativa, en bene-ficio de nuestra ciudadanía, quiso separar por más tiempo de la sociedad.

Ese acto de legislación judicial en que incurre en el día de hoy el Tribunal, so color de liberalidad, constituye un acto judicial perjudicial a nuestra ciudadanía. Es por ello que disentimos. Revocaríamos, en consecuencia, la resolu-ción recurrida.

      (1) Este tipo de bonificación fue establecida originalmente por la Ley de 14 de marzo de 1907 (4 L.P.R.A. ants. secs. 633-636), enmendada por la Ley Núm. 180 de 15 de mayo de 1943 y por la Ley Núm. 93 de 21 de junio de 1966. Estas enmiendas consistieron esencialmente en aumentar el número de días que en cada mes debía acreditarse al confinado por buena conducta. Finalmente fue enmendada por la Ley Núm. 27 de 20 de julio de 1989.

      (2) La Sec. 1 de la Ley Núm. 21 de 10 de julio de 1978 (4 L.P.R.A. sec. 1165) dispuso que:
      “Se autoriza al Administrador a adoptar reglamentos referentes a la concesión, cancelación y restitución de abonos por buena conducta, trabajo y estudios de acuerdo con este Capítulo.”

      (3) Los hechos delictivos en este caso ocurrieron el 27 de febrero de 1981. El Art. 74 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3375, fue enmendado por la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980 para conformarlo a la Ley de Sentencia Determinada, Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980 (34 L.P.R.A. secs. 1044 y 1044 n.) . Esa enmienda al Art. 74, supra, disponía:
      “El convicto de delito grave que anteriormente hubiere sido sentenciado por dos o más delitos graves cometidos en tiempos diversos e independientes unos de otros, se presume que demuestra una persistente tendencia a delinquir, y será declarado por el tribunal delincuente habitual y recluido para su tratamiento por un término fijo que no será nunca menor de veinte (20) años ni mayor de noventa y nueve (99) años. El término fijo que se imponga será siempre en años naturales.”
      Esta enmienda entró en vigor el 4 de marzo de 1981, fecha en que entró en vigor la Ley de Sentencia Determinada, Ley Núm. 100, supra, puesto que así lo dispuso la See. 2 de la Ley Núm. 101, supra.

      (4) La Ley Núm. 27 de 20 de julio de 1989 (4 L.P.R.A. secs. 1112(b) y (e), 1136 y 1161-1163) entró en vigor el 20 de julio de 1989. Véase la Sec. 4 de dicha ley.


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    Retiro del Honorable Víctor M. Pons Núñez.

      Número: ED-92-1

      Resuelto: 31 de enero de 1992
   RESOLUCIÓN

Don Víctor M. Pons Núñez aceptó en diciembre de 1985 la encomienda de dirigir la Rama Judicial luego de haber dedicado su vida a un fructífero ejercicio de la profesión de abogado, interrumpido en ocasiones, o acompañado, por el desempeño de funciones y responsabilidades públicas de alto mérito. Fue, entre otras cosas, Secretario de Estado de Puerto Rico (1973-1974), miembro del Consejo de Educa-ción Superior y del Grupo Asesor Ad Hoc del Presidente de Estados Unidos y del Gobernador para el Desarrollo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Presidente del Con-sejo Financiero del Gobernador y Presidente de la Comi-sión de Derecho Constitucional de nuestro Colegio de Abo-gados (1978).

Como Juez Presidente, hubo de enfrentarse a un Tribunal Supremo en cuya plantilla había cuatro (4) Jueces Aso-ciados recién nombrados y a un sistema judicial cuya mo-dernización, en términos del aprovechamiento de la nueva tecnología, era imprescindible. Conjuntamente con sus funciones judiciales, se dedicó de lleno a las responsabili-dades administrativas. Con visión inmediata y a largo plazo, adelantó la mecanización, el desarrollo y el mejora-miento del sistema. En esa tarea, promovió la participa-ción activa y el asesoramiento de los Jueces Administrado-res y demás funcionarios, impulsó aumentos presupuestarios y estimuló y logró la acción concertada de todos los poderes del Estado para la consecución de deter-minados objetivos del sistema. El elemento crucial en esas gestiones fue su presencia, acompañada del gesto afable y característico de quienes atesoran el fortalecimiento del es-píritu de grupo.

Su contribución más reciente fue llevar a culminar, en tiempo breve y en forma unánime, las labores cruciales y las determinaciones de la Junta Constitucional de Revi-sión de Distritos Electorales, Senatoriales y Representati-vos, que hoy sirven de apoyo para la ordenación del sis-tema eleccionario puertorriqueño.

Tras seis (6) años como Juez Presidente de este Tribunal, el Honorable Don Víctor M. Pons Núñez cesa volunta-riamente en sus funciones a la terminación de este día. Su renuncia nos priva de un Juez inteligente, íntegro y justo, quien con acostumbrada sencillez y sensibilidad defendió sus criterios a tono con su conciencia judicial.

Se cierra así una etapa más en la vida institucional de este Foro y de nuestra Rama Judicial, marcada en este caso por la defensa de un principio, inmanente a la función de administrar la justicia, que es exigencia y al mismo tiempo ideal de la vida jurídica. Como Juez Presidente y administrador, su labor se configura en nuestra historia como parte importante de una gesta institucional que nos comprometió a todos, en unidad de propósitos, para defender y adelantar uno de los principios que constituyen nues-tra razón de ser: la independencia judicial.

En nombre de la Rama Judicial y de la ciudadanía, no-sotros, los Jueces Asociados del Tribunal Supremo de Puerto Rico, hacemos expresión sincera de nuestro aprecio, estimación y afecto; sentimientos que extendemos a su se-ñora esposa Doña Carmen Luisa Rexach de Pons, a sus queridos hijos y demás familiares.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez no participó.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General