author:
(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Arturo Betancourt Morales, apelado, v. Honorable Gobernador de Puerto Rico, etc., apelantes.

      Número: CE-86-826

      Resuelto: 23 de diciembre de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Sub-Procuradora General, Lorenzo Vilanova Alfonso, Procu-rador General Auxiliar, abogados de los apelantes; Carlos A. López Lay, de López Lay & Vizcarra, abogado del apelado.
   RESOLUCIÓN

A la solicitud en auxilio de jurisdicción, no ha lugar.

Se acepta la apelación por presentar la -misma una cues-tión constitucional sustancial. Por razón de la importancia y urgencia del planteamiento y exponiendo el recurso una cues-tión estrictamente de derecho, se acortan los términos para someter alegatos y se le ordena a las partes que radiquen sus alegatos simultáneamente dentro de los quince (15) días si-guientes a la notificación de esta resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió voto concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervinieron. El Juez Asociado Señor Peter Ortiz se inhibió.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General

Voto concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Carece de sustancialidad la presente apelación. Emulando las diligencias desplegadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Arnaldo López Rodríguez, J.), con el mismo espíritu vindicador —en aras de evitar que se conculquen los derechos del fiscal Arturo Betancourt Morales, se tornen aca-démicas las prerrogativas de su cargo, y se cree indebida-mente uno de facto, donde válidamente existe uno de jure, Gilormini v. Sucn. Padilla, 63 D.P.R. 604, 605 (1944)— con-currimos con la negativa a paralizar en auxilio de jurisdic-ción. Sin embargo, dictaríamos inmediatamente sentencia que confirmara la del foro de instancia de 15 de diciembre de 1986. En síntesis la misma declaró “nulo y sin validez legal alguna el nombramiento de receso extendido al Lie. Emilio Motta Malavé para sustituir en el cargo de Fiscal Auxiliar del Tribunal Superior” al licenciado Betancourt Morales.

La apelación del Procurador General fundada en que el Primer Ejecutivo del país puede unilateralmente —estando en receso el Senado— sustituir a un funcionario cobijado por una cláusula de continuidad —preceptiva de que su término e in-cumbencia serán hasta que su sucesor tome válidamente pose-sión del cargo (holding over)— a nuestro juicio es contraria a la doctrina prevaleciente y no encuentra apoyo en el legajo de la Asamblea Constituyente y la Constitución. Nos explica-mos.

I

Subsiste la norma preconstitucional, avalada por este foro desde González v. Corte, 62 D.P.R. 160, 163 (1943). Allí al comenzar a explorar sus contornos dijimos:

Parece que no hay lugar a desacuerdo en cuanto a ciertas consideraciones preliminares de derecho. Al posponer tem-poralmente la discusión del posible efecto del artículo 169 del Código Político, encontramos a las autoridades que sostienen casi unánimemente que el vencimiento de un término fijo en un cargo, por sí solo, no impide que el incumbente siga holding over, desempeñando los deberes y recibiendo el sueldo de dicho cargo, aun en ausencia de la cláusula familiar que fre-cuentemente se añade a las disposiciones estatutarias y cons-titucionales que fijan los términos de los cargos; es decir, que el término será por un período fijo “y hasta que su su-cesor sea nombrado y calificado”. En verdad, los casos re-suelven que, a pesar de la ausencia de dicha cláusula, tal fun-cionario público no solamente tiene el derecho, si que es su deber, continuar actuando en tal capacidad. Los casos se fun-dan en la doctrina de que la ley aborrece las vacantes que podrían muy bien entorpecer importantes servicios públicos. Para impedir un paro en las actividades gubernamentales mientras se hacen nuevos nombramientos o renominaciones, las cortes, con raras excepciones, han declarado válidas por tanto las actuaciones realizadas durante dicho interregno por funcionarios holding over sin autoridad expresa estatu-taria o constitucional para ello. (Énfasis suplido.)

Subsiguientemente, en Acosta v. Corte, 63 D.P.R. 651, 657 (1944), ratificamos con mayor precisión la sabiduría y diná-mica que encierra la “cláusula de continuidad”:

La designación sólo puede ser hecha por el Gobernador, siem-pre que el cargo estuviere vacante por cualquier causa: (1) haciendo un nombramiento de receso, de acuerdo con la sec-ción 26 de la Ley Orgánica, para tener efectividad hasta que sea desaprobado por el Senado o hasta que éste declare ter-minado su próximo término de sesiones; o (2) sometiendo al Senado el nombre del sucesor, para ocupar el cargo por el período fijado por la ley, en cuyo caso el nombramiento no tendrá efectividad hasta que haya sido aprobado por el Se-nado. Mientras no ocurra el suceso que ha de poner fin al término de su cargo —la designación de su sucesor— el fiscal que fué nombrado como lo fué el peticionario por el Gober-nador con el consentimiento del Senado, tiene derecho a con-tinuar en el desempeño del cargo, como funcionario de jure. (Énfasis suplido.)

Y finalmente, en Fernández v. Corte, 71 D.P.R. 161, 178 (1950), de forma clara y terminante reafirmamos este enfo-que al resolver la improcedencia de “un nombramiento de re-ceso . . . porque no exist [ió] vacante alguna en el cargo per-manente”.

HH

Para superar esta jurisprudencia el Estado aduce que la Constitución cambió toda su orientación. Basa su análisis en un pasaje de un diálogo entre dos miembros de la Asamblea Constituyente, y nos cita la Sec. 4 del Art. IV de la Constitu-ción que faculta al Gobernador:

Nombrar, en la forma que se disponga por esta Constituí eión o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombra-miento esté facultado. El Gobernador podrá hacer nombra-mientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consej o y consentimiento del Senado o de ambas Cámaras quedará sin efecto al levan-tarse la siguiente sesión ordinaria. (Énfasis nuestro.)

Con vista a estas expresiones y texto constitucional, con-cluye el Estado que es “claro que la Constitución del Estado Libre Asociado confiere al Gobernador la facultad de extender nombramientos de receso a todo funcionario cuyo nombra-miento requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras, independientemente [de] que haya un incum-bente con el término vencido. También es claro que ninguna ley aprobada por la Asamblea Legislativa puede menoscabar esta facultad del Poder Ejecutivo. La única interpretación congruente y compatible con la constitucionalidad del Art. 3 de la Ley Núm. 23 [3 L.P.R.A. see. 93], es que éste no res-tringe la facultad del Gobernador para extender nombra-mientos de receso”. (Énfasis en el original.) No tiene razón. El análisis es limitado. No toma en consideración toda la me-cánica y justo balance que conlleva el proceso de nombramien-tos ejecutivos y la participación del Senado fundado en el principio rector de separación de poderes.

Primero, el razonamiento es endeble y circular. La facul-tad del Gobernador de extender nombramientos de receso no es absoluta. Sólo puede ejercerla, “en la forma que se disponga por esta Constitución o por ley”. El énfasis de que el Primer Ejecutivo puede hacer nombramientos de receso, y que éstos quedan sin efecto al levantarse la sesión ordinaria, no quiere decir que él puede crear vacantes donde no las hay. Tampoco puede prescindir del concurso del Senado para sustituir a un funcionario cobijado bajo la “cláusula de continuidad”. Aparte de que la misma tiene el propósito de evitar crear vacantes que podrían obstaculizar la prestación de servicios esenciales pú-blicos, guarda íntima correspondencia lógica con la génesis del cargo. Adviértase que en sus inicios el nombramiento del fun-cionario que se intenta sustituir fue producto del consenso del Ejecutivo y el Senado. ¿Cómo sostener que el primero puede prescindir del incumbente sin la participación del Senado y crear permanentemente una vacante con un nombramiento que por propia naturaleza es interino o temporero?

Segundo, la cita a la que alude el Procurador General es una fuera de contexto. No distingue las diferencias entre un nombramiento de receso y uno hecho con el consejo y consenti-miento del Senado. Obviamente se refiere a nombramientos en que hay un cargo vacante. No existe un solo comentario en el historial de la Asamblea Constituyente que apoye tal inter-pretación. De hecho, algunos de sus miembros estaban muy conscientes de nuestra doctrina jurisprudencial. En la discu-sión de varias enmiendas propuestas al texto de la See. 4, re-conocieron que su lenguaje incorporaba y era susceptible de contener “toda [esa] interpretación judicial”. 4 Diario de Sesiones de la Asamblea Constituyente 2335 (1952). Aun así, los delegados optaron por no hacer modificaciones ex-presas a la doctrina en aquel momento existente. De ese modo, continuaron delimitadas las coordenadas constitucionales. Después de todo, el poder compartido es “una llamada al con-senso y no una invitación a que la Rama Ejecutiva o la Legis-lativa intente imponerle a la otra su criterio”. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 621 (1983).

Tercero, con posterioridad a la Constitución, avalamos y seguimos aplicando la doctrina en López v. Tribunal Superior, 79 D.P.R. 20, 23 (1956); J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844, 858 (1964).

Y finalmente, nos preocupa el impacto de variar la norma. La interpretación del Gobernador convertiría en letra muerta el derecho de todo funcionario nombrado bajo una ley con una cláusula de continuidad. No sólo los fiscales, sino los jueces quedarían en estado de orfandad. Les reduciría sus términos y crearía un peligroso desequilibrio de separación de poderes; socavaría la importante facultad de confirmación del Senado.

b-i

Resumiendo, bajo nuestra Constitución el Poder Ejecutivo no puede, sin el consenso del Senado, sustituir a un funcionario cobijado por una cláusula de continuidad. Actuó correcta-mente el foro de instancia. Al licenciado Betancourt le protege la misma en virtud del Art. 4 de la Ley Núm. 23 de 24 de julio de 1952 (3 L.P.R.A. see. 93). El Gobernador no podía ni puede sustituirlo durante el receso del Senado. Para que su sucesor tome posesión del cargo previamente necesita ser con-firmado por el Senado de Puerto Rico.

       Sobre estos extremos dicho foro tomó en cuenta “las limitaciones de tiempo con que contamos y toda vez que este nombramiento de receso tiene vigencia el día de mañana [16 de diciembre de 1986]”.

      Expresamos además:
      “En la opinión que emitimos en el caso de González, después de citar numerosos casos en los que el estatuto o Constitución que se interpretaba contenía la cláusula de holding over, dijimos:
      “ ‘Convenimos sin vacilación en que bajo tales circunstancias “el período de holding over es parte del término del cargo y el incumbente es un fun-cionario de jure.” (Attorney General ex rel. McKenzie v. Warner, 300 N.W. 63 (Mich., 1941)), y que “el derecho de actuar holding over bajo esta disposi-ción es tan parte del término del cargo como el mismo período regular fijado por estatuto”. (People ex rel. Warren et al. v. Christian et al., supra). Al mismo efecto, Territory ex rel. Klock v. Mann, 120 Pac. 313, 15 (N.M., 1911). Es decir, en dichos casos la Legislatura, previendo que los términos de algunos funcionarios expirarían mientras el Senado está en receso, dis-puso por mandato estatutario específico que se prorrogaran dichos términos

        hasta que sus sucesores fueran nombrados con el consejo y consentimiento del Senado. Por tanto, no puede haber disputa alguna en cuanto a la teoría de que un funcionario que actúa bajo un estatuto de esta naturaleza está actuando holding over con título legal al cargo y que en su consecuencia no existe vacante en dicho cargo. Es evidente que el estatuto tiene dos propó-sitos: (1) retener en todo momento en el cargo a una persona que ha sido nombrada con el consejo y consentimiento del Senado, incluyendo el período después de que el término ha expirado, hasta que el Senado pueda reunirse y concurrir con el Gobernador en volverlo a nombrar o elegir su sucesor; (2) evitar vacantes que la ley aborrece, toda vez que entorpecen la continua-ción de la administración de los asuntos públicos.’ ” (Énfasis suplido.) Acosta v. Corte, 63 D.P.R. 651, 655-656 (1944).

      “SR. QUIÑONES: Asumiendo, naturalmente, la aprobación de esta enmienda, ¿ cuál sería la situación en cuanto al incumbente nombrado du-rante el receso del Senado o de la Asamblea Legislativa, o sea, cuando ni el Senado ni la Asamblea Legislativa estén en sesión? El incumbente en ese caso — nombramiento de receso, nombramiento mientras no está en sesión el Senado ni lo está la Asamblea Legislativa — ¿el incumbente en ese caso po-dría tomar posesión de su cargo?

      “SR. GUTIÉRREZ FRANQUI: Sí, señor.

      “SR. QUIÑONES: Y en el caso en que el nombramiento se haga du-rante la sesión, bien del Senado, bien de la Asamblea Legislativa, ¿podría el incumbente tomar posesión de su cargo?
      “SR. GUTIÉRREZ FRANQUI: No puede tomar posesión del cargo hasta obtenido el consentimiento del Senado.” (Énfasis del Procurador General.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Benito Morales Rivera, acusado-peticionario.

      Número: CE-86-89

      Resuelto: 24 de diciembre de 1986

      Félix G. Guardiola Márquez, de Sepulveda & Guar diola, abogado del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Félix Fumero Pugliessi, Fiscal Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario Benito Morales Rivera fue acusado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, de los delitos de asesinato en primer grado e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico. Solicitó del referido foro, al amparo de las disposiciones de la Regla 95 de las de Procedimiento Criminal, se le ordenara al Ministerio Público que le suministrara —respecto al occiso y todos los testigos de cargo— los certificados de antecedentes penales de éstos o la información que requiere la Policía de Puerto Rico como re-quisito para expedir dichos certificados, información sin la cual la Policía se niega a expedir los mismos. Habiéndose opuesto el Ministerio Fiscal, el tribunal de instancia denegó su petición.

Inconforme, acudió el peticionario ante este Tribunal me-diante la radicación del correspondiente recurso de certiorari. Mediante resolución de fecha 13 de marzo de 1986 le concedi-mos término al Procurador General de Puerto Rico para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía expedir el auto solicitado y dictar sentencia en la cual se decrete que:

... el acusado tiene derecho a que el Ministerio Fiscal le provea respecto al occiso y los testigos de cargo toda aquella información que sea requerida por la Policía de Puerto Rico para poder expedir certificados de antecedentes penales de los ciudadanos, ello, previa demostración por parte del acu-sado, a satisfacción del tribunal, de la pertinencia de dichos certificados en el proceso en particular pendiente. (Énfasis suplido.)

El Procurador General ha comparecido. Estando en con-diciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

La Regla 95 de Procedimiento Criminal —prácticamente la única que reglamenta los procedimientos de “descubrimien-to de prueba” en el campo criminal — dispone:

REGLA 95. INSPECCIÓN DE LIBROS, DOCUMENTOS Y OBJETOS POR EL ACUSADO
Previa moción del acusado sometida en cualquier mo-mento después de haberse presentado la acusación, el tribunal podrá ordenar al fiscal que produzca para ser inspeccio-nados, copiados o fotografiados por el acusado o su abogado, determinados objetos, libros, documentos y papeles que no fueren declaraciones juradas, con excepción de la declara-ción del propio acusado, que el Pueblo hubiese obtenido del acusado o de otras personas mediante orden judicial o de otro modo y que pudieren ser necesarios para la preparación de la defensa del acusado, independientemente de que El Pueblo se propusiere ofrecerlos en evidencia o de que los mismos fueren admisibles en evidencia. La orden especifi-cará el tiempo, lugar y manera de hacer la inspección, de sacar las copias o tomar las fotografías y podrá prescribir los términos y condiciones que el tribunal estimare justos. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 95.

Como podemos notar, la transcrita regla no contiene disposición específica alguna respecto a la .cuestión aquí en controversia. Ahora bien, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la de los Estados Unidos de América garantizan que ninguna persona será privada de su libertad sin el debido procedimiento de ley, y que toda persona acusada de un delito público tendrá derecho a “carearse” con los testigos en su contra y a estar asistido de abogado durante el proceso criminal que se le celebre. Hemos resuelto que el derecho de un acusado a “carearse” con los testigos en su contra y el derecho a tener una efectiva y eficiente asistencia de abogado durante la celebración del proceso criminal a que es sometido, están íntimamente relacionados entre sí y, hasta cierto punto, el uno depende del otro, Pueblo v. Moreno González, 115 D.P.R. 298, 304 (1984), y que la ausencia de un contrainterrogatorio efectivo causa, a su vez, una falta de asistencia legal adecuada, derecho garantizado por el debido proceso de ley. Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106, 108 (1982).

Debemos mantener siempre presente que por razón de que “el proceso criminal no es lidia deportiva para determinar el mejor de los gladiadores y que su propósito cardinal es el descubrimiento de la verdad”, los tribunales de justicia vienen obligados a “garantizar un procedimiento que conduzca a la presentación de la evidencia adecuada que sea pertinente a la controversia de hechos, evitando hasta donde sea posible que la sorpresa y ocultación —resultado inevitable del sistema adversativo— oscurezcan e impidan la búsqueda de la verdad”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116, 126-127 (1965).

Por otro lado, resulta altamente pertinente a la cuestión aquí en controversia las disposiciones de las Reglas 20 y 46 de las Reglas de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979. Como sabemos, la primera de ellas per-mite que se admita, en señaladas situaciones de excepción, evidencia sobre el carácter y hábito de una persona, incluyendo evidencia sobre la comisión de otros delitos. La Regla 46, por su parte, establece que un testigo puede ser impugnado, en determinadas circunstancias, mediante evidencia de una convicción no remota por un delito que envuelva deshonestidad o falso testimonio.

En un proceso donde está envuelta la libertad de un ser humano y donde dicha libertad depende de la credibilidad que le pueda merecer al juzgador de los hechos la declaración de uno o de varios testigos, no debe caber duda de que información como la permitida por las citadas Reglas 20 y 46 de Evidencia resulta sumamente pertinente y material. El que la defensa de un imputado de delito cuente o no con esa infor-mación definitivamente tendrá un impacto determinante en la calidad y efectividad del interrogatorio a que sean sometidos esos testigos y, por ende, en si la asistencia de abogado es o no una adecuada. Pueblo v. Gordon, supra. Es por ello que re-sulta extremadamente difícil sostener la posición de que una persona que es acusada por el Estado de la supuesta comisión de un delito público no tenga “derecho” a que el Estado le provea la información —que éste precisamente requiere como condición para expedir certificados de antecedentes penales— respecto a los ciudadanos que piensa utilizar como testigos de cargo en su contra.

Ahora bien —como correctamente expresa el Procurador General en su comparecencia— el hecho de que los certificados de antecedentes penales de los testigos o víctimas de un delito sean “potencialmente útiles” para el acusado en un caso, no significa ni quiere decir que ese imputado de delito, por la mera posibilidad o expectativa de que pueda surgir de un certificado información provechosa, tenga derecho a un descubrimiento indiscriminado, o en forma de expedición de pesca, relativo a todos y cada uno de los testigos de cargo que aparezcan al dorso de una acusación. La experiencia demuestra que en los casos criminales se incluyen, como testigos de cargo, un gran número de personas relativas a las cuales no es necesario que la defensa posea o no un certificado de antecedentes penales. La concesión indiscriminada de ello constituiría una intrusión indebida en la vida personal de estos testigos sin que ello represente beneficio alguno para el acusado.

Los tribunales de instancia —en el ejercicio de su poder inherente de reglamentar los procedimientos que ante ellos se llevan a cabo, Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975); Me léndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797 (1976)— vé-larán celosamente por que el derecho que hoy reconocemos no sea utilizado para hostigar innecesariamente a las personas que de la mejor buena fe cumplen con la labor ciudadana de actuar como testigos, ni para dilatar los procedimientos en general, permitiendo el “descubrimiento” aquí concedido, úni-camente en aquellas situaciones en que el imputado de delito le demuestre fundadamente que la información requerida re-sulta ser material, pertinente y necesaria para su adecuada defensa. En los casos en que determine que la defensa tiene derecho al certificado de antecedentes penales podrá dictar, en adición, una orden protectora prohibiendo su divulgación, li-mitando el uso de la información obtenida al juicio ante su consideración. Cf. Rodríguez v. Scotiabank de P.R., 113 D.P.R. 210, 216-217 (1982); Seattle Times Co. v. Rhinehart, 81 L. Ed.2d 17, 467 U.S. 20 (1984).

1 — 1 I — I

En el presente caso la defensa del peticionario no ha tenido la oportunidad de así demostrarlo. Se trata de un caso de ase-sinato. Es posible que la solicitud sea meritoria. Debe brindár-sele esa oportunidad. Procede, en su consecuencia, la expedi-ción del auto y que se dicte sentencia revocatoria de la resolu-ción recurrida, devolviéndose el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí re-suelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disi-dente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Hernán-dez Denton y Alonso Alonso.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Hernández Den-ton y Alonso Alonso.

No podemos suscribir la opinión del Tribunal que impone al Ministerio Fiscal, en cuanto al occiso y todos los testigos de cargo, la obligación de suministrar la información necesaria para la expedición del certificado de antecedentes penales o dicho certificado.

Primero, dicha conclusión fundamentada en la Regla 95 de Procedimiento Criminal y las Reglas 20 y 46 de Evidencia, está predicada en una premisa errónea, a saber, que esta in-formación la posee el Ministerio Fiscal. Ello no se ha demos-trado.

Segundo, conforme la experiencia y trámites establecidos, la Policía de Puerto Rico requiere los siguientes datos para fines de la expedición o no de un certificado de antecedentes penales: nombre, dirección exacta actual, una fotografía 2" x 2", fecha y lugar de nacimiento, número de Seguro Social y sello de Rentas Internas por valor de $1.50. Los anteriores requisitos obviamente responden a evitar que en las miles de peticiones al respecto, se incurra en errores.

La norma adoptada por el Tribunal en cuanto al número de Seguro Social, conlleva que el Ministerio Fiscal por impera-tivo tenga que producir las fotografías, fecha y lugar de naci-miento, lugar de residencia y otros. Así extendida la norma, para todos los efectos prácticos, estamos compeliendo al Minis-terio Fiscal a avalar a priori, la buena reputación y credibili-dad de las víctimas y demás testigos de cargo. Nos inquietan las implicaciones de esta decisión, en particular sus efectos negativos disuasivos (chilling efeets) sobre los miles de ciuda-danos que en calidad de testigos tienen que comparecer a los tribunales.

      Para expedir un certificado de antecedentes penales la Policía de Puerto Rico requiere, entre otros, el nombre completo de la persona, lugar y fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

      La Regla 94 establece un procedimiento respecto a la toma de depo-siciones a testigos que estén “en condiciones de no poder asistir o que se le ha impedido asistir al juicio o a cualquier vista”. Por su parte, la Regla 162.1 permite que un imputado de delito, convicto que haya sido, pueda tener acceso a los informes pre-sentencia.

      Art. II, See. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Enmienda V de la Constitución de Estados Unidos de América.

      Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución y Enmienda Sexta de la Constitución Federal.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José Luis Montes Vega, acusado y apelante.

      Número: CR-84-25

      Resuelto: 29 de diciembre de 1986

      José Enrique Ay oroa Santaliz, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

José Luis Montes fue acusado por el delito de asesinato en primer grado por haber dado muerte a su esposa. De confor-midad con la Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, levantó la defensa de incapacidad mental.

Celebrado el juicio ante un jurado resultó convicto por lo que se le impuso una pena de noventa y nueve años de pre-sidio.

En apoyo del recurso de apelación, el apelante sostiene que la totalidad de la prueba pericial demuestra que él “padece de un desorden de personalidad paranoide y refleja un deterioro marcado de su personalidad, y una pérdida de control de sus emociones y acciones; y que, ante la súbita confesión de inf [i] - delidad que le hace su esposa, en detalle, se produce una explo-sión psicótica transitoria que no le permitió comprender la criminalidad de su acto, ni de conducirse según el mandato de la ley”. Y en la alternativa, alega que “como mínimo, el cuadro general de los hechos de este caso, las coincidencias en las opi-niones de los peritos de la Defensa y los del Estado, revelan una imputabilidad aminorada o una eximente incompleta en la conducta del Apelante José Luis Montes Vega, por lo que esta Honorable Superioridad, debe, en Justicia, reducir la convic-ción al cargo de homicidio voluntario”.

En este caso desfiló abundante prueba testifical presentada por ambas partes. La misma fue sumamente detallada. No estuvo limitada a lo que ocurrió el día de los hechos. El jurado tuvo ante sí el historial del matrimonio del apelante y la oc-cisa. Se le presentó prueba sobre todo lo que ocurrió inmedia-tamente antes y después del lamentable suceso.

El acusado presentó su versión sobre lo que aconteció, y lo que le motivó a matar a su esposa. El acusado y otros testigos declararon sobre sus movimientos después de los hechos. El apelante tuvo la oportunidad de presentar prueba pericial para establecer su defensa de impedimento por razón de en-fermedad mental. El fiscal refutó la misma presentando a su vez prueba pericial. El jurado rindió un fallo de culpabilidad por el delito de asesinato en primer grado. No encontró la prueba del apelante creíble o suficiente para eximirlo de res-ponsabilidad o rebajar el delito a homicidio voluntario.

El testimonio del doctor Cangiano, testigo del fiscal, es sumamente revelador. Fue el primer psicólogo en evaluar al apelante quince días luego de ocurrir los hechos. Declaró cómo se desencadenó la tragedia:

Fiscal Goyco:
P. ¿ Qué fue lo que le dij o, vamos a ver ?
Testigo:
R. No, no, al otro día entonces él dice que va a ver la nena y entonces se encuentra con el suegro que le dice que se van a divorciar verdad, el suegro le dice la cuestión del divorcio y que no la viera más, no viera más a la j oven. Y entonces, él le dice a la muchacha que fueran a dar una vuelta para ver el abogado.
P. ¿O sea, José Luis, le informa a usted que decidieron irse a ver un abogado ?
R. ¡Ajá!
P. ¿ Y qué pasó entonces?
R. Pues, entonces ahí es que en vez de irse al abogado, se van a otro lugar.
P. Le pregunto, ¿ si le informó a usted, que fue a buscar un carro con aire acondicionado para buscar a su esposa?
R. No, ese dato así, no.
P. Ese dato no se lo dijo. ¿Y cómo alega él que ocurrieron estos hechos?
R. Bueno, él dice que cuando iban por el camino aparente-mente él comienza a traerle la información ésta que él sabía, este ... y que ella por el camino se arrepiente de los hechos, este ... y entonces se meten en un sitio oculto, hablaron y tuvieron relaciones sexuales.
P. ¿Y tuvieron relaciones sexuales?
R. Sí. Entonces, que ella aceptó todos los hechos; que ha-bía ténido relaciones sexuales con ese muchacho, que había llorado en ese momento y entonces le informó que las rela-ciones sexuales habían sido en la playa, mientras estuvo con el padre, con el, el. .. aparentemente en una gira con el papá en la playa verdad y que estaba toda la familia.
P. ¿Eso se lo dijo, José Luis Montes Vega?
R. Sí. Y que tuvieron relaciones en el agua. Este ... y que estas cosas ella se las decía llorando. Y que varias veces usa-ron la casa de ellos para tener relaciones sexuales.
P. ¿Eso dice, José Luis, y se lo contó a usted así?
R. Sí. Claro, esta información, él la d [a] llorando. O sea, este . . . bien angustiado. Entonces, él le informa que él le va a quitar a los niños y ella, pues reacciona; él dice que perdió el control y la estranguló. Y entonces que le dio mucho miedo y le hablaba como para que despertara. Entonces, que él no encontró qué hacer, la dejó en el piso y entonces sintió miedo de lo que había hecho y quería suicidarse. Entonces, había unas hojas cercanas y entonces empezó a comer hojas a ver si se envenenaba.
P. ¿Se envenenó, doctor?
R. No, no. Trató de buscar la llave del baúl y no la tenía y entonces sacó la base del asiento del carro, de atrás y . . . en-tonces la colocó en el baúl. Entonces, al rato buscó un risco para tirarse con ella, pero que los riscos que habían no eran muy seguros, en términos de que no eran muy profundos ....
P. Perdón, ¿que los riscos no eran qué?
R. Muy profundos. En el sentido de que si él se tiraba po-día quedar con vida, verdad. Y entonces, él se preocupaba que fuera a quedar con vida y ella estuviera muerta. Y en-tonces, siguió bebiendo, comenzó a beber. Este . . . esto era ... él me habló de un sector La Pica. Se fue a casa de una tía, eso era en Cíales. Siguió bebiendo, se emborrachó y pen-saba deshacerse de ella. Y entonces, la rodó por un barranco y empezó a correr por toda la isla. T.E., págs. 281-283.

Lo determinante, en casos como el de autos, es que el acusado carezca de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto imputado o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley, a causa de enfermedad o defecto mental, al momento del hecho. Además, aun establecido el hecho de que exista una enfermedad mental, corresponde determinar si dicha enfermedad o defecto mental impidió que el apelante comprendiera la criminalidad del acto imputado o que sujetara su conducta al mandato de ley.

Sobre el particular hemos expresado lo siguiente:

El Art. 30 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3152, esta-blece que no es imputable de delito aquel que al momento de los hechos, a causa de enfermedad o defecto mental, care-ciere de capacidad suficiente para comprender la criminali-dad de sus actos o para conducirse de acuerdo al mandato de la ley. Esta disposición proviene de la Sec. 4.01 del Código Penal Modelo del Instituto Americano de Derecho (Model Penal Code — American Law Institute). En la nota explica-tiva a la misma se dispone:
“To be held irresponsible, the individual must, as a result of a mental disease or defect, either lack substantial capacity to appreciate the criminality [wrongfulness] of his conduct or lack substantial capacity to conform his conduct to legal requirements. The standard does not require a total lack of capacity, only that capacity be insubstantial. An individual’s failure to appreciate the criminality of his conduct may consist in a lack of awareness of what he is doing or a misapprehension of material circumstances, or a failure to apprehend the significance of his actions in some deeper sense. Wrongfulness is suggested as a possible alternative to criminality, though it is recognized that few cases are likely to arise in which the variation will be determinative. An individual is also not responsible if a mental disease or defect causes him to lack substantial capacity to conform his conduct to the requirements of the law. This part of the standard explicitly reaches volitional incapacities.”
Surge de lo anterior que la determinación de inimputa-bilidad por razón de incapacidad mental puede ser el resul-tado de defectos en la capacidad de la persona, tanto a nivel cognoscitivo como volitivo. También resulta importante des-tacar que la carencia en la capacidad del imputado no tiene que ser total. Sólo es necesario demostrar que la persona no cuenta con capacidad suficiente para comprender la crimina-lidad de sus actos o de conformar éstos al mandato de la ley. Véase Neváres-Muñiz, op. cit., págs. 235-245.
Con respecto a la capacidad mental del imputado, hemos resuelto que la ley presume la cordura de éste. Siendo así, el fiscal no está en la obligación de presentar prueba sobre su capacidad mental para delinquir. No obstante, de presen-tarse prueba suficiente que establezca duda razonable sobre la cordura del acusado al momento de los hechos, la mencio-nada presunción queda rebatida. La prueba a tales efectos puede ser presentada por el acusado o surgir de la ofrecida por el Pueblo para establecer su caso. Una vez rebatida la presunción de cordura, recae sobre el Ministerio Fiscal el peso de presentar prueba que demuestre más allá de duda razonable la capacidad mental del imputado al momento de los hechos. ... La prueba requerida a estos fines es aquella que establezca en la conciencia del juzgador la certeza moral y firme convicción sobre su imputabilidad.
Es de rigor señalar que el mero hecho de que se presente prueba pericial para rebatir la presunción de sanidad mental no le impone de manera absoluta al Ministerio Fiscal la obli-gación de también ofrecer prueba pericial para refutar la de la defensa. Conocida es la regla que establece que el juzgador de hechos no está obligado a aceptar las conclusiones de un perito. Es suficiente en derecho aquella prueba de cargo, sea o no pericial o una combinación de ambas, que demuestre más allá de duda razonable la cordura del acusado. La natu-raleza y cantidad de la prueba que ha de presentar el Pueblo para contradecir la traída por la defensa para establecer la inimputabilidad, dependerá de la contundencia y robustez de esta última. (Citas y escolios omitidos.) Pueblo v. Marcano Pérez, 116 D.P.R. 917, 926-928 (1986).

Aplicados los principios normativos antes expuestos al presente recurso entendemos, que si bien es cierto que los peritos estuvieron de acuerdo en que el apelante, al momento de su evaluación, padecía de un desorden de personalidad paranoide, esto no quiere decir que el apelante no comprendiera la criminalidad de su acto. El doctor Cangiano declaró lo siguiente:

El eje dos, nos habla sobre el desorden de personalidad. O sea, un desorden de personalidad es un tipo de problema en el comportamiento, donde los razgos del comportamiento se al-teran verdad, se afectan. Específicamente las relaciones con otras personas, en términos del autoimagen, pero que el indi-viduo está totalmente orientado, sabe lo que está haciendo y reconoce la consecuencia de los actos, etcétera.
P. Le pregunto, ¿si ese es el caso de, José Luis Montes Vega?
R. Sí. O sea, el desorden de personalidad paranoide. T.E., pág. 287.

Por su parte, el doctor Font Llabrés perito del Estado, de-claró que:

R. Personalidad paranoide, significa que una persona es desconfiada. Y que piensa que si hay un grupo de gente van a intentar hacer algo en contra de él, o hacerlo quedar en ridí-culo, etcétera. Pero, eso no significa que la persona esté loca. T.E., pág. 340.

Consideramos que los hechos en que se basa la defensa para sostener la inimputabilidad del acusado apelante fueron debidamente ponderados por el Jurado. Éste analizó la prueba presentada por ambas partes y dirimió las contradicciones entre los testigos concediéndole credibilidad a los testigos de cargo y convenciéndose de la sanidad mental del apelante y de su culpabilidad más allá de duda razonable.

Por otro lado, hemos señalado anteriormente que:

El estado eximente de locura excluye el arrebato de la pa-sión, sea cual fuere el desorden intelectual que produzca pues no cabe confundir sin grave quebrantamiento de la justicia y la moral, la situación del que tiene anuladas sus facultades mentales por causas extrañas a su voluntad con la del que se deja influir por estímulos que en su origen le es dado vencer, y que la razón puede y debe refrenar. Para la apreciación del estado de locura no basta la existencia de cualquier anomalía o alteración de las facultades mentales o de excentricidades y conducta rara, siendo preciso que se declare probada la completa enajenación en el momento de ejecución del hecho procesable. Pueblo v. López Rivera, 109 D.P.R. 160, 165 (1979).

En el presente caso tampoco se trata de imputabilidad aminorada, como pretende el apelante al invocar el caso de Pueblo v. López Rivera, supra. En el caso de Pueblo v. López Rivera, supra, hubo un área de acercamiento entre los peritos del Pueblo y la defensa en cuanto a que el acto crími-noso del acusado respondía a una reacción esquizoide y paranoide que limita el discernimiento y nubla la conciencia del acto. Ibíd., pág. 165. La apreciación del jurado, en el caso de autos, no fue en ese sentido. No hallamos razón alguna para intervenir con la valoración de la prueba por el juzgador de los hechos. A pesar de que este Tribunal se encuentra en igual posición que el tribunal de instancia para evaluar la prueba pericial, y puede adoptar su propio criterio, no encon-tramos base alguna para variar dicha determinación. Pueblo v. RoviraRamos, 116 D.P.R. 945 (1986).

“Recordemos la famosa frase de Alfredo Hoche, que dijo en Alemania, hace ya muchos años, que la fijación de las enti-dades nosológicas era en Psiquiatría ‘la caza de un fantas-ma’.” Un paranoico puede haber obrado con conciencia plena y haber podido inhibir sus impulsos delictivos, y otro puede ejecutar hechos en que le fue imposible inhibir el im-pulso al crimen o conocer la criminalidad de su acto. Sólo frente al sujeto determinado podrá decidirlo el auténtico pe-rito.

No se ha demostrado que el jurado, quien al dirimir el conflicto en la prueba pericial dio mayor peso probatorio a los peritos, y cuya evaluación sobre la cordura del apelante fue más próxima a los hechos, actuara con pasión, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Reyes Acevedo, 100 D.P.R. 703, 711 (1972). Ni se demostró que lo hiciera al no darle crédito al testimonio del apelante. El juicio tuvo un desenlace justo y fundado.

Se confirmará la sentencia apelada.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo Ló-pez concurren en el resultado sin opinión escrita.

       Es de gran importancia que el acusado ocultó que había matado a su esposa. Habló con sus familiares y varios parientes de la occisa sin in-formar lo acontecido.

       Adviértase que al medir el peso y credibilidad del testimonio presen-tado para probar incapacidad mental al momento de ocurrir los hechos, el juzgador puede tomar en consideración el tiempo transcurrido entre la fecha en que se dictaminó su estado y la fecha en que ocurrieron los hechos. Molina v. Jefe Penitenciaría, 96 D.P.R. 191, 199 (1968). En Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551, 556 (1978), se expresó: “mientras más temprano se lleve a cabo el examen más fácil será para los psiquiatras llegar a conclu-siones científicas confiables sobre el estado mental del acusado”.
      En el presente caso uno de los dos peritos de la defensa evaluó al ape-lante tres meses después de ocurrido los hechos y el otro, seis meses más tarde.

      E1 diagnóstico del psicólogo que evaluó al apelante, más próximo a los hechos, fue de reacción depresiva que consideró completamente normal y la atribuyó a un sentimiento de culpa.

       El día de los hechos el apelante cogió un automóvil prestado, porque el suyo no funcionaba bien y no tenía aire acondicionado. Luego que mató la víctima (en un lugar apartado), le dio mucho miedo y se dio “cuenta que todo estaba perdido”, pensó tirarse por un barranco, pero no lo hizo “por temor de quedar vivo porque el barranco no era muy malo”. (E.N.P., pág. 47.) El propio apelante declaró que dejó a la víctima en un sitio obscuro donde no hay alumbrado. Las personas que vieron al apelante poco después de los hechos declararon que estaba nervioso, pero que su comportamiento era normal, no notaron nada raro en él. Además, la alegada confesión de infidelidad de que habla el acusado sólo está sostenida por su propio testi-monio.

      En este caso no hubo un diagnóstico de esquizofrenia. Uno de los peritos del Pueblo expresamente señaló que el apelante no estaba esquizo-frénico.

      5) “Cuando se plantea la defensa de locura, la capacidad mental del acusado es condición cuya determinación final corresponde al juzgador de hechos, bien sea juez o jurado. Estamos convalidando la apreciación de la prueba sobre enajenación mental por el juez en este caso en deferencia a su facultad estimativa, como hubiésemos dejado en pie un veredicto distinto de haber él estimado, al considerar toda la evidencia, que la cordura del ape-lante no estuvo intervenida por enfermedad mental incapacitante.” Pueblo v. López Rivera, 109 D.P.R. 160, 167 (1979).

      L. Jiménez de Asúa, La ley y el delito: principios de derecho penal, 13ra ed., Buenos Aires, Ed. Sudamericana, 1984, págs. 344-345.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Johnny Elías Rivera.

      Número: CE-86-841
    Resuelto: 30 de diciembre de 1986

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El abogado Johnny Elias Rivera fue ad-mitido a la práctica de la profesión el 20 de mayo de 1975 y al ejercicio del notariado el 23 de junio de 1975. El 2 de diciem-bre de 1986 fue convicto en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico por dos infracciones a la See. 158 del Tit. 18 de leyes federales, 18 U.S.C. see. 153. Como se-ñala el Procurador General, el licenciado Elias Rivera fue convicto por un delito cometido en conexión con la práctica de su profesión, al apropiarse, disponer y transferir ilegalmente fondos y propiedades que no le pertenecían.

Este delito implica depravación moral, y de acuerdo con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735), el poder inherente de este Tribunal y la jurisprudencia, una vez presentada copia certificada de la sentencia procede su separación inmediata del ejercicio de la abogacía. In re Hita Giordani, 117 D.P.R. 415 (1986).

Se decretará la separación inmediata de Johnny Elias Rivera del ejercicio de la abogacía y se ordenará que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejer-cer la profesión en esta jurisdicción.

El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Noel López Rodríguez y Otros, demandantes y peticionarios, v. Dra. Mercedes Otero de Ramos, etc., demandados y recurridos.

      Número: CE-86-546

      Resuelto: 31 de diciembre de 1986

      José Enrique Ay oroa Santaliz, abogado de los peticionarios; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Félix A. Fumero Pergliessi, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pue- . blo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Los peticionarios resultaron convictos de varios delitos graves y menos graves. Después de dictarse las sentencias correspondientes, apelaron. Pendiente el perfeccionamiento del recurso, solicitaron que el tribunal les fijara fianza en ape-lación. El juez sentenciador le concedió un término al Minis-terio Público para que expusiera su posición al respecto. En un escrito fundamentado el fiscal se opuso a que se fijara fian-za en apelación. El juez de instancia le concedió un término de quince días a la defensa para replicar dicho escrito, lo cual hi-cieron. Allí informaron los datos personales de los convictos, sus experiencias de trabajo y los antecedentes penales.

El tribunal de instancia, sin celebrar vista, emitió resolu-ción por escrito donde denegaba la solicitud de fianza. Los fundamentos del tribunal están expuestos en su resolución:

Los peticionarios son miembros y/o están íntimamente vinculados a la notoria pandilla de los hermanos Martínez del Pueblo de Santa Isabel. A éstos se les imputó haber ac-tuado en común acuerdo con los hermanos Martínez y a nuestro juicio la .prueba así lo demostró.
A nuestro juicio constituye un peligro para la sociedad concederle fianza en apelación a estos acusados convictos in-dependientemente de que nunca antes hubieren sido convic-tos anteriormente.

Los peticionarios radicaron el presente recurso titulado Hábeas Corpus. Considerado el mismo como un certiorari, le concedimos término al Procurador General para que mostrara causa por la cual no se debía expedir el auto y dictar sentencia revocatoria de la resolución recurrida en vista de lo resuelto en Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974). La comparecencia del Procurador General nos persuade a sostener la actuación del tribunal de instancia.

I

La Regla 198 de Procedimiento Criminal establece:

Después de convicto un acusado, excepto en el caso de de-litos que aparejen pena de reclusión de noventa y nueve (99) años si éste entablare recurso de apelación o de certiorari para ante el Tribunal Supremo, se admitirá fianza :
(a) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo solamente el pago de multa.
(b) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sentencia imponiendo cárcel en delitos menos graves (misdemeanors).
(c) A discreción del tribunal sentenciador, o del Tribunal Supremo, o de uno de sus jueces, en todos los demás casos. No se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el re-curso entablado no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protec-ción de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ven-tile el recurso. No se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al fiscal de la sala correspondiente oportunidad de ser oído. Salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resultare impracticable, la solicitud de fianza deberá so-meterse en primer término al tribunal sentenciador y si éste la negare podrá presentarse al Tribunal Supremo o a uno de sus jueces, acompañada de copias certificadas de la solicitud hecha al tribunal sentenciador y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere presentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución.

Los peticionarios sostienen que la Regla 198 obliga a la celebración de una vista como imperativo de ley y del debido proceso de ley. Invocan nuestra decisión en Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra.

En Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, se planteaba que este Tribunal venía obligado a exponer los fun-damentos para la negativa a revisar una decisión del juez de instancia negándose a conceder la fianza en apelación. Esa era la controversia principal a resolverse. Estimamos necesa-rio, sin embargo, hacer unas observaciones sobre el alcance y la naturaleza del derecho a fianza en apelación. Dentro de ese marco fuimos precisos al señalar que ese derecho tiene su fuente no en una disposición constitucional y sí en el ordena-miento procesal promulgado por éste Tribunal, en específico la Regla 198; Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, pág. 5.

Señalamos además, págs. 6-7, que:

No podrían establecerse reglas que definieran y redujesen cada uno de dichos conceptos a una mínima expresión. Tam-poco podría señalarse la decisión en un determinado caso como precedente obligatorio puesto que la decisión en cada caso tiene necesariamente que depender de sus particulares hechos. Baste decir que esos conceptos, que hemos recogido del apartado (c) de la Regla 198 que comentamos, señalan en términos generales hacia dos fundamentales consideraciones a tenerse presentes cuando se solicita fianza en una causa apelada para ante este Tribunal. La primera se refiere a la sustancialidad de la cuestión planteada en el recurso. La se-gunda se refiere a la persona del acusado. En la primera han de examinarse los planteamientos en que se basa el ataque que en apelación habrá de hacerse al fallo del tribunal sen-tenciador y las probabilidades de éxito de ese ataque. En la segunda han de considerarse la naturaleza del delito y la peli-grosidad del acusado para el orden social.
Al considerar ambas cuestiones debe tenerse en mente que el apartado (c) de la Regla 198 no ordena que en determina-dos casos se admita fianza en apelación. Por el contrario, luego de señalar que el tribunal tiene discreción para ello, prohíbe el ejercicio de esa discreción “cuando el recurso en-tablado nd plantee una cuestión sustancial o cuando la natu-raleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acu-sado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso.” Ante cualquiera de esas situaciones, la Regla 198 prohíbe la concesión de fianza. Así, no se admitirá fianza si el recurso no plantea una cuestión sustancial, independiente-mente de cuál sea la naturaleza del delito o el carácter y an-tecedentes del acusado. Tampoco se admitirá fianza si la na-turaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado mueven al tribunal a concluir que el acusado consti-tuye un peligro para la sociedad, independientemente de que el recurso pueda plantear una cuestión sustancial.

Reiteramos dichos principios. Esas son las guías a seguir por los magistrados de instancia al emitir juicio sobre una solicitud de fianza mientras pende una apelación.

En Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, págs. 8-9, el tribunal de instancia había celebrado una vista luego de la cual emitió una decisión escrita. Pero en vista de que estábamos exponiendo los principios generales que gobiernan la situación, al pronunciarnos sobre el procedimiento, expusi-mos lo siguiente:

Para que el tribunal sentenciador pueda estar en condicio-nes de pasar sobre la sustancialidad del recurso de apelación será necesario que los fundamentos en que se basa se expon-gan en la moción en solicitud de fianza. Está implícito ade-más en la última oración de la Regla 198 que el tribunal sen-tenciador viene obligado a celebrar una vista para conocer sobre los méritos de la solicitud. El fiscal de la Sala en que se hubiere celebrado el juicio tendrá derecho a intervenir en dicha vista, en la que podrá presentarse prueba, especial-mente sobre el aspecto de “la naturaleza del delito o el carác-ter y antecedentes penales del acusado.”
Una vez concluida la vista el tribunal sentenciador deberá resolver por escrito sin dilación innecesaria. Su dictamen de-negando la solicitud de fianza, deberá ser explícito en su exposición, haciendo las determinaciones de hechos que la prueba desfilada durante la vista ameritaren y exponiendo los fundamentos por los cuales, a su juicio, la apelación ca-rece de sustancialidad o la protección de la sociedad impide que el acusado permanezca en el seno de la comunidad, según fuere el caso. El dictamen deberá ser notificado prontamente al acusado y al fiscal. La Regla 198 no establece un término máximo dentro del cual el acusado podrá solicitar revisión a este Tribunal. No obstante, deberá hacerlo dentro de un término razonable considerando las circunstancias del caso. (Escolio omitido.)

Vistos dichos antecedentes y en consideración a que no era necesario resolver el punto en dicha decisión, el señalamiento de que está implícito en la Regla 198 que el tribunal viene obligado a celebrar una vista para conocer sobre los méritos de la solicitud, constituye un dictum que no nos obliga.

Independientemente de lo anterior, veamos si la Regla 198 exige, como imperativo de ley, que siempre y en todos los casos se celebre una vista antes de que se deniegue una solicitud de fianza en apelación.

Dicha regla dispone que:

. . . No se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al fiscal de la sala correspondiente oportunidad de ser oído.

De manera que lo único que exige la Regla 198 es que se le conceda oportunidad al fiscal de ser oído. Véase que en este respecto la Regla 198 es prácticamente idéntica a los Arts. 374 y 376 del anterior Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935.

La única regla que exige que después de la convicción se le dé audiencia a la persona convicta es la Regla 218(c) (2) de las Reglas de Procedimiento Criminal:

(2) Después de la convicción: El tribunal o juez que hu-biere fijado fianza en apelación tendrá facultad para aumen-tar o rebajar la cuantía de la fianza cuando a su juicio las circunstancias lo ameritaren y previa audiencia al fiscal y al acusado si tuvieren a bien comparecer después de haber sido citados.

Resolvemos que la Regla 198 no exige, como impera-tivo de ley, que los tribunales de instancia celebren una vista antes de denegar una solicitud de fianza en apelación. En lo que la decisión de Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, esté en conflicto con la norma que adoptamos, la misma queda revocada.

Al así resolver hemos considerado, además, el principio seguido por los tribunales federales de que si bien no existe el derecho constitucional a fianza en apelación, una vez el Estado lo otorga, no puede denegarlo arbitrariamente. Finetti v. Harris, 609 F.2d 594 (1979) ; Brown v. Wilmot, 572 F.2d 404 (1978); LaFave, Criminal Procedure, St. Paul, Minnesota, West Pub. Co., 1984, pág. 55. Por ser una norma sabia la adoptamos y seguimos en este caso. Pero resolver la solicitud de fianza tomando como base la prueba desfilada en el juicio, las constancias de los autos y las posiciones asumidas por el fiscal y la defensa en sus escritos en torno a si procede la fianza en apelación, no resulta, de su faz, arbitrario.

Por lo tanto, no se violan los derechos de los convictos por el hecho de que no se celebre una vista antes de resolver una solicitud de fianza en apelación.

Establecida la doctrina, veamos si en este caso era necesa-ria la vista.

Debemos tener presente que en Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, supra, resolvimos, que ante cualquiera de las situaciones —que el recurso no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales aconsejen la reclusión del convicto— la Regla 198 prohíbe la concesión de la fianza.

Para resolver si el recurso plantea una cuestión sustancial y sus probabilidades de éxito, de ordinario resulta innecesaria la celebración de una vista.

Es la segunda consideración —la naturaleza del delito y la peligrosidad del acusado para el orden social— la que en la mayoría de los casos puede suscitar controversias de hecho que ameriten la celebración de una vista para dilucidarlas.

En el caso ante nos el tribunal de instancia denegó las soli-citudes de fianza a base de la segunda consideración, o sea, la naturaleza de los delitos, la forma en que fueron cometidos y la peligrosidad de los acusados. Antes de ello le concedió al fiscal la oportunidad de ser oído y luego le concedió a la defensa una oportunidad adicional, también por escrito, para replicar la posición del fiscal.

Un examen integral de los tres escritos nos convencen de que en ningún momento la defensa presentó una controversia de hechos que inexorablemente obligara al tribunal a celebrar una vista. Las determinaciones del tribunal están basadas ex-clusivamente en las constancias de los autos, y en especial en la prueba desfilada durante el juicio. Para llegar a dichas de-terminaciones y estar este Tribunal en condiciones de revi-sarlas, no era indispensable ni necesario celebrar una vista.

Por último, al establecer la norma y confirmar la decisión del tribunal de instancia, no estamos dándole una vía franca a los jueces de instancia para que indiscriminadamente y en forma arbitraria resuelvan las solicitudes de fianza en apelación sin celebrar vista. En caso de duda sobre si están presentes los criterios que fija la Regla 198 y en todo caso en que exista una controversia de hechos sobre un aspecto determinante y sustancial debe celebrarse una vista. Los jueces de instancia deben considerar las circunstancias particulares de cada caso para que ejerzan sabiamente la discreción que les estamos reconociendo. Si hay abuso de discreción, ya sea por no celebrar una vista en los casos apropiados o al considerar los méritos de la solicitud, intervendremos para corregir dicho abuso.

Como en este caso la decisión es conforme a dereeho y no hubo abuso de discreción, se expedirá el auto y se confirmará la resolución del tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disi-dente.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

No hay duda que la ola de criminalidad que azota a nues-tro Puerto Rico es, y debe ser, causa de profunda y particular preocupación para todas las personas que tienen que ver de una u otra forma con la administración de la justicia en este país. Es un hecho incuestionable que nuestra ciudadanía vive momentos de terror y zozobra con motivo de la misma. Ya no se trata de leer en los distintos rotativos sobre situaciones y personas —desconocidas para nosotros— que han sido vícti-mas de los desmanes de un forajido. Hoy día prácticamente todas y cada una de las familias puertorriqueñas han experi-mentado en carne propia la angustia indescriptible que causa el haber sido objeto de un crimen. Definitivamente ha llegado el momento de actuar; ello constituye un deber ineludible para cada uno de los funcionarios de este Gobierno que laboramos día a día en la administración de la justicia.

Existen, sin embargo, distintas formas y maneras de com-batir el problema: algunas correctas, otras desacertadas.

Somos del criterio que se combate efectivamente la crimi-nalidad, entre otros, nombrando cada día más y mejores agen-tes del orden público; entrenando adecuadamente a aquellos que ya forman parte de la fuerza policiaca; nombrando fisca-les que estén capacitados para desempeñar dichos cargos, ofre-ciéndoles a éstos cursos de mejoramiento profesional que les permitan competir de igual a igual con los abogados en la práctica privada de la profesión; designando jueces a nivel de instancia verdaderamente competentes y aprobando la legis-lación necesaria para que éstos nunca puedan ser objeto de pre-siones e influencias extrañas al ejercicio de sus cargos; me-jorando los salarios de todos los antes mencionados funciona-rios públicos para así poder atraer, y evitar el éxodo de, los competentes; concediéndole a la Rama Judicial la tan nece-saria autonomía fiscal para que ésta pueda implementar los programas que son necesarios; construyendo y manteniendo prisiones adecuadas y seguras que no sólo le brinden lo nece-sario a los convictos de delito sino que impidan que éstos se escapen impunemente de las mismas; aprobando legislación adecuada que impida que le sea concedida libertad bajo pala-bra a reclusos que no lo ameritan; etcétera.

Ahora bien, la criminalidad que todos padecemos y sufri-mos definitivamente no se combate eliminando de un plumazo —sin necesidad para ello— las garantías procesales que a través de los años este Tribunal ha considerado prudente y procedente en derecho reconocerles a toda persona que es acu-sada y convicta de la comisión de un delito público. Somos del criterio que la decisión que hoy emite este Tribunal no sólo es innecesaria y errónea sino que lamentablemente es el producto de una noción equivocada por parte de una mayoría de los señores jueces que componen el Tribunal respecto a la forma de combatir la criminalidad, lo cual causa que la misma re-sulte inquietante por cuanto ésta puede constituir el comienzo de una tendencia a esos efectos.

El problema de la criminalidad que hoy confrontamos, re-petimos, no se derrota eliminando el derecho a la celebración de una vista sobre fianza en apelación que hace doce (12) años inequívoca y expresamente le concedimos a toda persona que, habiendo sido convicta de la comisión de un delito grave, apela para ante este Tribunal de la sentencia de reclusión que le ha sido impuesta. Después de todo debe recordarse que dichas personas, al momento de la solicitud y celebración de la vista, ya no representan peligro alguno para la sociedad puesto que han sido arrestadas, juzgadas, y se encuentran privadas de su libertad bajo la custodia de las autoridades pertinentes.

La norma implantada —hoy revocada— por este Tribunal en el caso normativo de Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974), era una norma sabia. Escuchar nunca le ha hecho daño a nadie. Por el contrario, si algo demuestra la experiencia es que el hacerlo impide que actuemos impen-sada y apresuradamente, lo que a su vez, tiende a evitar las equivocaciones; esto es, que cometamos injusticias que luego tengamos que lamentar.

Dicha vista no beneficiaba en nada al criminal empeder-nido que merece y debe estar en la prisión. La misma única-mente podía resultar de ayuda a aquel acusado que, no obs-tante haber sido declarado convicto por el juzgador de los he-chos, podía demostrar, mediante prueba al efecto y a satisfac-ción del tribunal, que permanenciendo en libertad no repre-sentaba peligro alguno para la sociedad y que contaba con buenos fundamentos en derecho para prevalecer en apelación. ¿Por qué no brindarle la oportunidad de poder demostrarlo adecuadamente en una vista?

Por otro lado, la experiencia a través de los doce (12) largos años en que ha estado vigente la referida norma demues-tra que la implantación de la misma ni ha resultado onerosa para el Estado ni ha causado mayor alteración o perjuicio en el curso normal de los procedimientos a nivel de instancia. Es por ello que su revocación por una mayoría de los señores que componen el Tribunal sorprende y llama tanto la atención.

La nueva norma, implantada mediante la decisión que hoy se emite, tiene un “extraordinario parecido” con aquella que rige, en casos civiles, los procedimientos contemplados por la Regla 49.2 de Procedimiento Civil de 1979. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445 (1977). Ello resulta ciertamente inquietante.

Los que pretenden equiparar los procedimientos bajo las Reglas de Procedimiento Civil a aquellos reglamentados por las Reglas de Procedimiento Criminal deben siempre recordar que existe una notable y profunda diferencia entre ambos proce-dimientos. Bajo el primero, se trata de la protección de “dere-chos propietarios”; en el segundo está envuelto “algo” mucho más importante: el derecho a la libertad.

La decisión hoy emitida tiene, en adición, un efecto ad-verso sobre nuestra función revisora. La celebración de la vista relativa a la solicitud de fianza en apelación y la resolu-ción que —con determinaciones de hecho explícitos con base a la prueba allí desfilada por ambas partes— venían en la obli-gación de emitir los tribunales de instancia resultaba de ex-traordinaria ayuda en la labor de revisión que de dichos pro-cedimientos este Tribunal tiene la obligación y; responsabili-dad de realizar.

Por último, la decisión mayoritaria pretende evitar la crí-tica aquí consignada haciendo constar que la misma no consti-tuye “una vía franca a los jueces de instancia para que indis-criminadamente y en forma arbitaria resuelvan las solicitudes de fianza en apelación, sin celebrar vista” y que en “caso de duda sobre si están presentes los criterios que fija la Regla 198 y en todo caso en que exista una controversia de hechos sobre un aspecto determinante y sustancial debe celebrarse una vista”.

Dicha “norma” no sólo es utópica sino que constituye pre-cisamente lo que el Tribunal expresa que no debe ser: una “vía franca” para que se cometan abusos de discreción; con el agravante de que este Tribunal, con toda probabilidad, no tendrá otra alternativa que “refrendar” los mismos. La mejor prueba de lo anteriormente expresado lo constituye precisa-mente el presente caso.

I

Como sabemos la Regla 198 de Procedimiento Criminal dis-pone, en lo pertinente, que no se admitirá fianza en apelación “cuando el recurso entablado no plantee una cuestión sustan-cial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y anteceden-tes penales del acusado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mien-tras se ventile el recurso”. En otras palabras, para que un convicto de delito grave pueda lograr permanecer en libertad mientras se dilucida su apelación tiene que “convencer” al tribunal de instancia —o a este Tribunal— que su recurso plantea, por lo menos, una cuestión sustancial de derecho y que él no representa peligro para la sociedad.

En el presente caso, no hay duda que se cumple con el primero de los requisitos, esto es, que el recurso plantea una cuestión sustancial. Está en controversia el segundo de los requisitos. Los peticionarios alegaron ante el foro de instancia —y plantean ante nosotros— que ellos no representan peligro alguno para la sociedad. A esos efectos alegan que no tienen antecedentes penales y que pueden presentar prueba de su “no peligrosidad” en la vista que el tribunal de instancia se ha negado a celebrar.

El foro de instancia denegó la solicitud de fianza en apela-ción, sin celebrar vista, expresando que a su juicio los peticio-narios constituyen un peligro para la sociedad por cuanto la prueba desfilada durante el juicio demostró que ellos eran “miembros y/o estaban íntimamente vinculados a la notoria pandilla de los hermanos Martínez del Pueblo de Santa Isabel”

Este Tribunal confirma y refrenda dicha actuación. De acuerdo a la nueva norma implantada, ¿no se supone que un tribunal de instancia venga obligado a celebrar vista en “caso de duda sobre si están presentes los criterios que fija la Regla 198 y en todo caso en que exista una controversia de hechos sobre un aspecto determinante y sustancial”? (Énfasis su-plido. )

¿Cómo es factible que ello así pueda ser demostrado por los aquí peticionarios si no se le concede la vista que solicitan precisamente con ese propósito? Para poder determinar si el fundamento aducido por el foro de instancia encuentra o no apoyo en la prueba desfilada durante el juicio, ¿acaso no se tendrá que esperar a que se eleve la exposición narrativa de toda la prueba desfilada o de la transcripción de la evidencia de la misma? ¿Cuándo será eso? ¿No será ya muy tarde para pasar juicio sobre si los peticionarios tienen derecho a perma-necer en libertad en lo que se dilucida su apelación? ¿No es más aconsejable que las dos partes tengan la oportunidad de presentar su prueba sobre ese aspecto en una vista señalada exclusivamente a esos efectos, propiciándose de esa forma la revisión de la resolución emitida por la parte perdidosa ante este Tribunal en una forma responsable e inmediata?

¿No constituye la presente decisión el mejor ejemplo de que la nueva norma implantada constituye una “vía franca” para que algunos jueces de instancia resuelvan las solicitudes de fianza en apelación, sin celebrar vista, en una forma arbitra-ria e indiscriminada? ¿Tenemos ante nosotros alguna prueba que sostenga la conclusión del tribunal de instancia de que los peticionarios constituyen un peligro para nuestra sociedad? ¿Cómo es posible que una mayoría de los señores jueces que componen este Tribunal entiendan que están en óptimas con-diciones, en estos momentos y bajo estas circunstancias, de pasar juicio sobre la corrección de la actuación del foro de instancia en el presente caso?

No estamos dispuestos a “dispensar” justicia de esta forma y manera. Es por ello que disentimos.

       José Aníbal Reyes Soto, Julio A. Reyes Soto y Luis Torres Rodrí-guez fueron declarados culpables del delito de infracción al Art. 95 del Có-digo Penal vigente, esto es, del delito de agresión agravada en su modalidad grave. Noel López Rodríguez fue encontrado culpable del delito de secuestro, del delito de agresión agravada en su modalidad grave, y de infracción a los Arts. 6 y 7 de la Ley de Armas de Puerto Rico.

      Que establecían en lo pertinente lo siguiente:
      34 L.P.R.A. ant. see. 1216: “Disponiéndose, además, que no se admitirá fianza alguna sin antes dar al fiscal de la corte correspondiente oportunidad de ser oído.”
      34 L.P.R.A. ant. see. 1217: “Cuando la admisión de la fianza esté sujeta a ar-bitrio del tribunal, éste o el funcionario a quien se haga la petición, exigirá se le dé un aviso anticipado razonable para comunicarlo al fiscal del dis-trito.” Véase al respecto Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974) esc. 2.

         Finetti v. Harris, 609 F.2d 594 (1979), resuelve que el hecho de que no se expongan las razones para la negativa no resulta arbitrario desde el punto de vista constitucional. Reiteramos, sin embargo, la norma de Pérez Alda/rondo v. Tribunal Superior, supra, de que la decisión del tribunal de instancia debe estar fundamentada.

       Aunque reconocemos que están envueltos procedimientos y derechos distintos, parafraseamos lo expuesto en Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 446 (1977), que el requerir la celebración de una vista en todos los casos, especialmente si de la faz de la moción es evidente su carencia de méritos, sería obligar a un ejercicio inútil. Allí se resolvió que al considerar una moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, si la parte invoca razones válidas que requieran la presentación de prueba para sustanciarlas, la celebración de una vista será mandatoria, sin que ello tenga el alcance de requerir la celebración de vista indiscriminadamente.

       Se plantea que el tribunal de instancia cometió error al negarse, sin causa justificada, a aceptar la renuncia que de su derecho a juicio por ju-rado realizaron los aquí peticionarios al ser llamado el caso para juicio.

       Recordamos las expresiones vertidas por este Tribunal en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704, 706 (1966), a los efectos de que este Tribunal no debe sancionar “en nuestro medio el eneausamiento de determinadas perso-nas que se reputan como infractores de la ley (crime by reputation)”.


text:
    Osvalda González Martínez, demandante y recurrida, v. Claudio López, demandado y recurrente.

      Número: RE-86-386

      Resuelto: 7 de enero de 1987

      Manuel Cruz Soto, abogado del recurrente; Eric Milán Muñiz, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca emitir criterios sobre la interacción entre el de-recho de expresión de un candidato a un puesto político, y el derecho a instar acción de libelo de una tercera persona afec-tada por los ataques difamatorios de dicho candidato.

En Clavell v. El Vocero de P.R., 115 D.P.R. 685, 690-691 (1984) señalamos que:

Dos preceptos constitucionales de nuestro ordenamiento jurídico enmarcan el derecho de difamación: la cláusula del Art. II, Sec. 4 que dispone que “[n]o se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa ...” y la dis-posición del Art. II, Sec. 8 al efecto que “[t]oda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”.. . . La legislación no es indispensable como condición al ejercicio de estos derechos. . . .
En varias circunstancias los valores encarnados en estas disposiciones constitucionales confligen. Los casos de difama-ción plantean esencialmente la necesidad de determinar el peso respectivo del interés en una ciudadanía debidamente informada, en fomentar el debate vigoroso sobre cuestiones de interés público, de un lado, y el derecho a la intimidad, del otro. (Citas y escolios omitidos.)

En acciones basadas en libelo, aparte de probar que la información difamatoria sea falsa y que se causen daños reales, existen dos posibilidades respecto a la clasificación de la persona afectada: que sea una figura privada o pública. Bajo la primera, para que la acción prospere basta con que el afectado establezca la negligencia del autor del escrito o manifestación, según elaborado en el campo del derecho de daños y perjuicios. Sin embargo respecto a la segunda es necesario demostrar malicia real. Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257, 262 (1984).

En aquellas situaciones fácticas que están bajo el resguardo de la libertad de expresión y la persona afectada es figura pública, es necesario demostrar la existencia de malicia real y grave menosprecio de la verdad. Oliveras v. Paniagua Diez, supra, págs. 268-269.

En Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 (1985), señalamos que para determinar si la persona afectada por las manifestaciones alegadamente libelosas es una figura pública, hemos seguido un enfoque funcional. Resolvimos que bajo las circunstancias allí presentes el interés en el libre flujo de información sobre el proceder de un empleado de tan crítica importancia —un policía— claramente prevalece sobre otras consideraciones, con el freno que representa la doctrina de malicia real.

Claudio López fue candidato a Alcalde de Aguada por el Partido Popular Democrático (P.P.D.) en las pasadas elec-ciones. El 30 de septiembre de 1984, dijo en un programa tele-visado lo siguiente:

... Si fuéramos a debatir sobre su obra de gobierno el señor alcalde tendría que empezar por darme los planos de su casa para yo írmelos aprendiendo porque eso es obra de su gobierno. El señor Alcalde de Aguada me tendría que dar los planos de la casa de su mamá en la Calle San Narciso porque eso es obra de su gobierno. El señor alcalde me tendría que dar los planos de tres cuerdas de terreno que tiene en Miami porque es parte de su obra de gobierno.

La señora madre del alcalde, Osvalda González Martínez, demandó al señor López por libelo. En el juicio, demostró que ella compró su casa con los ahorros de toda una vida de tra-bajo. Por causa de las manifestaciones del señor López, la señora González Martínez fue objeto de bromas pesadas, im-putaciones de corrupción, y dudas acerca de su honradez. Ella se sintió grandemente herida, molesta y avergonzada, ante una imputación falsa.

El tribunal de instancia determinó que el demandado re-currente aceptó no haber realizado investigación alguna sobre la procedencia del dinero con que la demandante adquirió su hogar antes de hacer los comentarios, aunque bien pudo inves-tigar todo lo concerniente a los hechos. Admitió además que con posterioridad a las susodichas manifestaciones investigó el asunto y constató que la mencionada casa no es propiedad del alcalde, sino de la demandante-recurrida. No hay contro-versia sobre el hecho de que la demandante-recurrida es ama de casa, madre del Alcalde de Aguada, quien es candidato a reelección en noviembre de 1984; que nunca ha participado en política partidista, con la excepción de haber asistido a algu-nas caravanas y actos públicos como espectadora.

De conformidad con los hechos expuestos y estimados pro-bados, se concluyó que el demandado fue negligente al no ejer-cer el cuidado y la diligencia necesaria. Se declaró con lugar la acción por daños y perjuicios, al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y condenó al recurrente a pagar $3,000 por los daños sufridos por la demandante, $500 en honorarios de abogado, más las costas y gastos del pleito.

En su solicitud el demandado hace los siguientes plantea-mientos :

(1) Que erró el tribunal al concluir que la demandante te-nía capacidad jurídica para demandar.

(2) Que erró el tribunal al concluir que él difamó a la demandante.

(3) Que fue errónea la determinación de que él le oca-sionó daños a la madre del alcalde, sin que éste presentara prueba al efecto, y

(4) No fue temerario.

La demandante-recurrida presentó su oposición a la soli-citud, por lo que procedemos a resolver.

Antes que nada debemos establecer si la señora González es figura pública o privada, pues ello determinará el análisis a seguir.

En nuestras decisiones hemos señalado los rasgos pe-culiares de la figura pública. Soc. de Gananciales v. López, supra; Clavell v. El Vocero de P.R., supra; Oliveras v. Paniagua Diez, supra; Pueblo v. Olivero Rodriguez, 112 D.P.R. 369 (1982); García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978); Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). Los elementos integrantes que deben concurrir para adquirir tal condición son: “ . . 1) especial prominencia en los asuntos de la sociedad, 2) capacidad para ejercer influen-cia y persuasión en la discusión de asuntos de interés público y 3) participación activa en la discusión de controversias pú-blicas específicas con el propósito de inclinar la balanza en la resolución de las cuestiones envueltas’.” (Citas omitidas.) Oliveras v. Paniagua Diez, supra, pág. 263.

El Tribunal Supremo federal en Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 345 (1974), reconoció varios tipos de figura pública: la persona que por su posición oficial, su poder o su señalado envolvimiento en los asuntos públicos, ha alcanzado fama o notoriedad en la comunidad; la persona que voluntariamente participa en una contienda o controversia pública, y la persona que involuntariamente se convierte en personaje público. Se conocen otras modalidades como persona acusada de delito, criminales y personas asociadas con figuras públicas. Emerson, Haber & Dorsen’s, Political and Civil Rights in the United States, 4ta ed., Boston, Little, Brown & Co., 1976, Vol. I, Cap. VII, págs. 691-692.

Se ha sostenido que el hecho de una persona estar casada con una figura pública puede ser suficiente para convertirla o clasificarla como figura pública. Estate of Hemingway v. Random House, Inc., 23 N.Y.2d 341, 244 N.E.2d 250 (1968).

¿Puede afirmarse que la recurrida, señora González, es una figura pública conforme a los criterios apuntados? Ella es un ama de casa, que nunca ha participado en política. Ciertamente puede ser que sea conocida en algunos sectores de su comunidad por razón de ser la progenitura de un candidato a un puesto público, pero ello no le otorga una prominencia y notoriedad en la vida puertorriqueña que la convierta en figura pública. Bajo las circunstancias específicas aquí presentes la demandante-recurrida es, por tanto, una figura privada. En nuestro ambiente altamente politizado, extender a los familiares cercanos, sin más criterio que el parentezco, las exigencias jurisprudenciales de probar malicia, resulta sumamente perjudicial. Extender esos requisitos a la situación de autos, conllevaría abrir las puertas a ataques continuos de naturaleza libelosa, difamatoria y de mal gusto, contra personas ajenas a la controversia partidista, de parte de políticos inescrupulosos. El hecho de que un pariente cercano se lance al ruedo político, no quiere decir que sus familiares hayan sido despojados de protección contra ataques a su honra y dignidad y buena reputación.

En consecuencia, en una acción por daños y perjuicios donde el reclamante es figura privada y el demandado es ajeno al medio noticioso y está presente el ejercicio de la libertad de expresión, para que la acción prospere el primero debe demostrar la existencia de negligencia conforme a lo establecido en el Art. 1802.

La recurrida cumplió con el peso de la prueba de “establecer que las imputaciones eran falsas”, Philadelphia Newspapers, Inc. v. Hepps, 89 L. Ed.2d 783, 787 (1986). Bajo las circunstancias específicas de este caso, por ser las actuaciones de los candidatos electorales de interés público (;public concern), aplicamos este requisito. Quaere, cual es el peso de prueba cuando la parte ofendida es una figura privada y la expresión no versa sobre una cuestión de interés público.

Está claro que el demandante-recurrente fue negligente al no investigar sobre el asunto antes de hacer sus manifesta-ciones. Con un poco de diligencia hubiera sabido la falsedad del asunto sobre el cual iba a hablar en su discurso. Véase que él admitió que luego de investigar comprobó la falsedad de sus expresiones.

No erró el tribunal de instancia en sus determinaciones. La demandante posee capacidad jurídica para instar su ac-ción, pues la conducta del demandado la perjudicó directa-mente. A ella fue que se le imputó que había adquirido su casa con fondos públicos.

Los honorarios de abogado están justificados, ya que la conducta del recurrente ha sido temeraria al negar lo innegable.

Se dictará sentencia que expida el auto y confirme la sen-tencia recurrida.

       Al igual que en Oliveras v. Paniagua Diez, 115 D.P.R. 257 (1984), y Soc. de Gananciales v. López, 116 D.P.R. 112 (1985), en el caso ante nos está envuelto el derecho de expresión del demandado.

       Tampoco es necesario resolver qué derecho tenía el hijo de la de-mandante por los ataques directos que se le hicieron.