text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José ángel Hoffman Pérez, acusado y apelante.
    Número: CR-71-61

      Resuelto: 4 de abril de 1972

      Carlos R. Noriega, abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Acusado y convicto de la posesión, transportación y ocul-tación de heroína (24 L.P.R.A. sees. 974 y 974z), el ape-lante fue condenado a la pena de 8 a 16 años de presidio, en cada uno de los casos a ser cumplida concurrentemente. El veredicto del jurado fue por mayoría de 11 a 1.

Los hechos del caso los resume el Procurador General, así:

“El día 24 de enero de 1967 cuatro agentes especiales de la Policía se dirigían en un vehículo de motor hacia el Barrio Pifias de Toa Alta. Al pasar por la Calle Comerío de Bayamón obser-varon que en la acera había un grupo de ocho o nueve personas haciendo una transacción, de la cual coligieron que se trataba de una persona vendiendo billetes de la lotería a sobreprecio. Los agentes fueron al lugar donde se encontraba el grupo de per-sonas. El agente Basilio Dávila [sic] se bajó del vehículo oficial y se dirigió hacia el grupo. El acusado-apelante José Ángel Hoffman Pérez se encontraba en el grupo, de espaldas a la calle y el agente Dávila [sic] se le acercó por detrás. Observó el agente que el apelante le entregó a otro joven una envoltura de papel blanco, de las conocidas como ‘decks’, a cambio de la cantidad de tres dólares. Entonces el agente Dávila [sic]- le hizo una señal a los otros agentes que se encontraban en el automóvil. Al ver la señal el agente Alfredo Padilla Rosado se acercó al grupo y observó que el apelante tenía en las manos dos o tres sobrecitos de papel y le estaba entregando otro ‘deck’ de heroína a uno de los jóvenes allí presentes. En ese momento los agentes se identi-ficaron como tales y procedieron a arrestar al acusado-apellante. Este resistió el arresto y se echó a la boca dos billetes y un papel que tenía en la mano, tratando de tragárselos. Mientras el acu-sado-apelante forcejeaba violentamente con los agentes, el agente Dávila [sic] lo registró y le ocupó en el bolsillo derecho del pantalón un sobrecito color blanco con rayas azules, conocido como ‘deck’, dos agujas hipodérmicas y una jeringuilla plástica. En vista de que el acusado seguía forcejeando y estaba masti-cando lo que se había echado a la boca, el agente Dávila [sic] le introdujo un ‘black jack’ por la boca y en esa forma logró sacarle los billetes y el papel triturado. El análisis químico del papel que le fue sacado de la boca al acusado-apelante dio un resultado negativo. No obstante, el análisis de la envoltura que le fue ocupada en el bolsillo arrojó un resultado positivo de la droga heroína.
Por estos hechos Hoffman Pérez fue denunciado por los delitos de posesión y de la transportación y ocultación de la droga narcótica denominada heroína. Llevado ese mismo día ante el Juez Víctor R. Toro, de la Sala de Investigaciones de San Juan, éste determinó que existía causa probable para arrestarlo y ordenó su encarcelación por dichos delitos.
Posteriormente se celebró una vista preliminar ante otro magistrado del Tribunal de Distrito, Sala de Bayamón, quien determinó la existencia de causa probable para acusar a Hoffman Pérez por los dos delitos mencionados, o sea, por la posesión y por la transportación y ocultación de heroína.”

Consideramos a continuación los distintos apuntamientos del apelante en que basa su recurso.

1. — Se impugna la admisión de la evidencia obtenida del registro del pantalón del apelante por estar íntimamente ligada con la obtenida de su boca. Esta última no fue admitida por entender el tribunal que fue irrazonable la forma en que se obtuvo.

Arguye el apelante que el registro del pantalón fue uno secundario, incidental y contemporáneo al registro de la boca y siendo este último ilegal, la evidencia obtenida del pantalón constituye el “fruto del árbol ponzoñoso.”

En el caso ante nos, los agentes de la policía con años de experiencia en las investigaciones de casos de drogas y cono-cedores de los decks de heroína, tenían motivos fundados para creer que el apelante estaba cometiendo un delito en su pre-sencia pues observaron cuando éste entregaba decks de heroína a otros. De manera que su arresto fue legal, siéndolo asimismo el registro de su persona en virtud de lo cual se le ocuparon los sobres de heroína que han motivado esta causa en su contra. Pueblo v. Robles Rivera, 95 D.P.R. 587, 589-590 (1967); Pueblo v. Cabrera Cepeda, 92 D.P.R. 70, 74 (1965).

2. — Señala el apelante que el tribunal de instancia incidió al no instruir al jurado adecuadamente sobre el alcance de la evidencia suprimida y relacionada con el producto del registro inicial. Arguye que la siguiente instrucción es confusa e inconsistente:

“. . . El Tribunal no admitió en evidencia lo que fue obtenido de la boca del acusado. Por lo tanto, el tribunal les instruye que no deben tomar en consideración aquellos testimonios que se refieren a lo obtenido de la boca del acusado, que se dijo que era unos billetes y un papelito blanco con un supuesto “deck”. Ustedes no tomarán en consideración bajo ninguna circunstancia esa prueba para determinar sobre la inocencia o culpabilidad del acusado, ese testimonio es admisible como parte del “res gestae”, como parte de la transacción, pero no es admisible para determinar sobre la inocencia o culpabilidad del acusado.” Más adelante, en el curso de sus instrucciones, el tribunal de instancia informó al jurado que . . Cualquier evidencia que el Tribunal no ha permitido ser admitida en evidencia o cual-quier evidencia que el Tribunal ha expresado que sea elimi-nada y que le ha instruido a ustedes que no tomaran en con-sideración, deberá ser totalmente desechada por ustedes.”

Luego al manifestar un jurado tener una pequeña duda en relación con la evidencia no admitida, informó el juez sentenciador al jurado que:

“El Tribunal no admitió esa evidencia y ustedes no deben tomarla en consideración para determinar sobre la inocencia o culpabilidad del señor acusado. Solamente tomarán en considera-ción la prueba ofrecida y admitida por el Tribunal.”

Aunque la instrucción primeramente reseñada no es la más adecuada, el tribunal aclaró la cuestión en las instruc-ciones subsiguientes. Además, no se ha demostrado que por tal motivo se causaran perjuicios a derechos sustanciales del apelante. Pueblo v. Méndez Cabo, 91 D.P.R. 851, 854 (1965).

3. — Se arguye que es errónea por insuficiente, la siguiente instrucción al jurado sobre la impugnación del testimonio del agente Basilio Rivera al referirse a dos alegadas ventas de heroína:

“. . . en este caso en el contrainterrogatorio de la defensa al testigo Basilio Rivera, se enfrentó a éste con una declaración jurada prestada anteriormente. En relación con este aspecto el Tribunal les instruye de la siguiente manera: La defensa ha impugnado la credibilidad del testigo Basilio Rivera a base de que omitió declarar anteriormente sobre hechos esenciales, sobre los cuales declaró en el juicio. Dice la Ley: ‘Procede impugnarse la veracidad de un testigo cuando éste omite declarar sobre hechos esenciales relacionados con el asunto bajo investigación y que natural y racionalmente se esperaba que él expusiera cuando tuvo la primera oportunidad de hacerlo, aunque no se hubiera preguntado específicamente sobre ello. También procede la im-pugnación de un testigo mediante evidencia de que hizo, en otras épocas, manifestaciones incompatibles o que no coinciden con su actual declaración.’ Ustedes considerarán la impugnación hecha con el único propósito de determinar la credibilidad que el testigo pudiere merecer, siendo ustedes los únicos jueces del efecto de tal evidencia en cuanto a la credibilidad del testigo ....”

La insuficiencia consiste, según el apelante, en que las instrucciones no señalan cuáles son los hechos sustanciales que considera el tribunal impugnados; que como al lego se le hace difícil distinguir entre usar una declaración para impugnar la credibilidad de un testigo y establecer un hecho como cierto, resultaba importante que se estableciera en la instrucción .. una clara diferencia sobre el alcance de las manifestaciones por escrito cuando se usan para impugnar, señalándoles . . . que... solo puede ser considerada ... a los fines de impugnar. ....” y “... no como prueba independiente para formular sus conclusiones de hecho”, de acuerdo con Cintrón v. A. Roig, Sucrs., 74 D.P.R. 1028, 1034 (1953). Véanse, Pueblo v. Alicea Cruz, 100 D.P.R. 295 (1971); Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961). Aunque la instrucción pudo ser complementada, para mayor claridad, a los efectos de indicar que la declaración jurada no puede considerarse como prueba independiente de los hechos del caso, el tribunal de instancia aclaró esta cuestión un tanto más en sus instrucciones subsiguientes al instruir que la presunción de que todo testigo dice la verdad puede ser destruida o rechazada por evidencia que afecte su veracidad, honradez, integridad o sus motivos.

Concluimos que cualquier posible insuficiencia en esta instrucción era insustancial de modo que no podía causar per-juicio a los derechos sustanciales del apelante que requiera la revocación de la sentencia en este caso.

4. — Se apunta que “ Se violó el debido proceso de ley y se le negó al acusado un juicio just [sic] e imparcial, al permitir el Tribunal prueba sobre dos alegadas ventas de heroína, sin que El Pueblo de Puerto Rico hubiera presentado acusación formal en contra del acusado por las mencionadas infracciones a la Ley de Narcóticos.”

Aunque no se objetó oportunamente la admisión de dicha prueba, se sostiene que su admisión constituye un error tan fundamental que no se ha podido curar con la instrucción que dio el tribunal al jurado al efecto de que lo que estaba bajo su consideración es si el apelante poseyó, y si ocultó y trans-portó la heroína y no ningún otro caso; que la prueba de cierta transacción no la podían tomar en consideración a los efectos de resolver si el acusado es culpable o inocente de haber poseído heroína, o si la ocultó o transportó.

La prueba de la supuesta venta de heroína era admisible por cuanto formaba parte de la misma transacción y ella fue la que dio motivo fundado a los agentes para arrestar y registrar al apelante.

5. — Señala el apelante que de acuerdo con Pueblo v. Landmark, 100 D.P.R. 73 (1971), constituyó un error per-judicial la instrucción al efecto de que el apelante podía ser condenado o absuelto en cualquiera o en todos los delitos imputados, o sea, que el jurado podía rendir un veredicto separado en cada caso y no estaba obligado a rendir el mismo veredicto en las dos acusaciones.

La doctrina de Landmark, supra, no es de aplicación pues en el caso que nos ocupa se trataba de acusaciones de poseer y de transportar y ocultar heroína y el jurado encontró al apelante culpable dé ambos delitos de manera que la instruc-ción impugnada no produjo confusión ni resultó en que el jurado rindiese veredictos inconsistentes bajo circunstancias similares a las de Landmark, supra. Por lo tanto, la referida instrucción no ocasionó perjuicio alguno a algún derecho fundamental del apelante.

6-7. Se arguye que el tribunal de instancia incidió al instruir al jurado sobre la Regla 16 de las de Procedimiento Criminal y al impartirle instrucción confusa e inconsistente y repetir otras indebidamente.

Nos informa el apelante que:

“Impugnamos dicha instrucción porque nos parece inapro-piada por varias razones: (a) -porque tiende a confundir al Jurado, (b) porque es inconsistente con la Resolución del Tribunal excluyendo los objetos obtenidos de la boca del acusado, (c) porque da como un hecho cierto que el acusado resistió violentamente el arresto, (d) porque no toma en consideración las circunstancias que rodearon el arresto del acusado y presu-pone que no hay controversia con relación a los motivos fundados que tuvieron los agentes para intervenir con el apelante.” (Énfa-sis en el original.)

Añade, que el tribunal no instruyó al jurado sobre la diferen-cia entre un arresto legal y un arresto ilegal, como lo re-quieren Pueblo v. Santiago, 78 D.P.R. 659, 669 (1955) y Pueblo v. López Rivera, 89 D.P.R. 791, 808-809 (1964), ya que la prueba de los hechos sobre la causa probable fue con-flictiva.

Por último, dice el apelante que mientras el tribunal hacía un marcado énfasis en que la heroína es una droga narcótica y a esos efectos leyó al jurado el Art. 29 de la Ley de Narcóti-cos, “. . . lo opuesto ocurre cuando se trata de instrucciones que pueden beneficiar al acusado”; que el tribunal debió dar instrucciones “. . . sobre algún tipo de corroboración que en alguna forma e independientemente, tendiera a conectar al acusado con los hechos del caso.” No tiene razón.

La instrucción sobre la Regla Núm. 16 de las de Procedimiento Criminal! estaba justificada pues la prueba de cargo demostró que el apelante resistió violentamente el arresto tratando de huir y los agentes tuvieron que utilizar la fuerza para poder practicar su arresto.

Era innecesario someter al jurado la cuestión de si existía o no motivo fundado para arrestar al apelante ya que la prueba demuestra que los agentes vieron al apelante traspasar a otros unos sobres {decks) de los que se usan en el tráfico de heroína lo que dio motivo razonable para el arresto del apelante no siendo en modo alguno conflictiva la prueba sobre esta cuestión.

Como los delitos imputados consistían en la infracción al Art. 29 de la Ley de Narcóticos no constituyó error el que se leyera al jurado.

Como la Ley de Narcóticos nada dispone sobre la corroboración del testimonio de los agentes del orden público, no procedía dar al jurado instrucción alguna a ese efecto.

8. — Por último, se apunta que la pena de prisión de 8 a 16 años fue excesiva.

En Pueblo v. Pedroza, Muriel, 98 D.P.R. 34, 39 (1969), re-dujimos la pena impuesta de 8 a 15 años de presidio a la pena de 5 a 10 años de presidio porque no se trataba de un traficante en drogas. Creemos, sin embargo, que bajo las circunstancias de este caso, la pena impuesta, la que está dentro de los límites de 5 a 20 años de presidio prescritos por ley, no es excesiva.

En vista de lo expuesto, debe confirmarse la sentencia dictada en este caso -por el Tribunal Superior, Sala de Baya-món, en 18 de junio de 1968.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       Dicha Regla provee, en síntesis, que cuando al ser arrestada la persona huyere o resistiere violentamente el funcionario podrá usar todos los medios necesarios para efectuar el arresto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Jan S. Bogard y Mary Bogard, acusados y apelantes.
    Número: CR-71-89
    Resuelto: 6 de abril de 1972

      Gerardo Ortiz del Rivero, abogado de los apelantes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Cándita R. Orlandi, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Los apelantes Jan S. Bogard y Mary Bogard fueron acu-sados conjuntamente con otra persona de dos infracciones a la Ley de Narcóticos de Puerto Rico, consistentes en (1) tener en su posesión y dominio la droga narcótica conocida como marihuana y (2) ocultar y transportar dicha droga.

Una moción sobre supresión de evidencia presentada por la defensa fue declarada sin lugar. Celebrado el juicio por tribunal de derecho, luego de haber los apelantes renunciado válidamente a su derecho a juicio por jurado, fueron declara-dos culpables y sentenciados a cumplir concurrentemente de 6 a 9 años en cada cargo. Se ordenó la suspensión de la senten-cia a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 259 de 1946 sobre Sentencias Suspendidas.

En este recurso señalan la comisión del siguiente único error:

“ERRO el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que el allanamiento en este caso era legal y razonable nó empece el hecho de que el método empleado por los Agentes para obtener los fundamentos que dieron base a la expedición de la Orden de Allanamiento constituía un registro ilegal e irrazonable de los acusados en violación al Artículo II, Sección 10 de la Constitu-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.”

Un magistrado expidió una orden de allanamiento para registrar la residencia 122 A, Calle Venus 122, Urbanización Atlantic View, Carolina, Puerto Rico y su predio.

El método de investigación observado por los agentes a que aluden los apelantes, se describe en la declaración jurada prestada por el agente Félix Fuente Ortega, de la cual copia-mos a continuación aquella parte pertinente:

“El día 20 de marzo de 1968 fui asignado a investigar en relación a una supuesta siembra de Marihuana en el patio de la residencia 122-a de la calle Venus de la Urbanización Atlantic View, Carolina, Puerto Rico. Como a las 10:00 a.m. de ese día hice observaciones hacia el patio de la residencia antes menciona-da pudiendo observar tres matas como de dos pies de alto y con hojas delgadas y dentadas cuya consfiguración [sic] física es la de la planta de marihuana. Que el día 21 de marzo de 1968 con-tinué haciendo vigilancia hacia el patio de [la] residencia 122-a de la calle Venus, Atantic View de Carolina, P.R. y como a las 9:30 a.m. vi cuando salieron por la puerta trasera de la residen-cia antes mencionada, dos hombres y una mujer, quienes se diri-gieron a donde están las plantas de marihuana sembradas. Las descripciones de estos individuos son las siguientes: # 1 — Varón, 21 años de edad aprox., 5' 7" estatura, blanco, pelo castaño claro, 150 libras de peso aprox., vestía pantalón corto, camisa y tenía puesto unos espejuelos claros; # 2 — Varón, 21 años de edad aprox., pelo negro ondeado, blanco, ojos azules, bigote y chiva, 5' 8" estatura, 160 libras de peso, vestía traje de baño y camiseta blanca; # 3 — Mujer, 18 años de edad, estatura 5' 5", blanca, pelo corto rubio, 115 libras de peso, vestía pantalón mahón corto y blusa colorada corta.

El hombre a quien señalo como el # 1 cogió unas hojas de las plantas de marihuana y luego fueron hasta una caceta [sic] que hay en el patio y después entraron todos a la residencia 122-a. El mismo día 21 de marzo de 1968 como a las 2:30 p.m. observé que la mujer a quien describo como la # 3 bajó del apartamiento 122-a con una botella plástica y le hecho [sic] un líquido claro a la tres plantas de marihuana. Que puedo asegurar que la tres plantas son de marihuana por mi experiencia en investigaciones del tráfico ilícito de drogas, en las cuales he inter-venido con siembras de marihuana anteriormente. Así como adiestramiento recibido en la Oficina de Investigaciones Espe-ciales del Departamento de Hacienda y por adiestramiento reci-bido en la Escuela Federal de Narcóticos en Washington D.C. La residencia 122-a se encuentra ubicada en un edificio de cemento, 2 plantas, contres \_sic] apartamientos 122-a, 122-b y 122-c. Dicho edificio tiene una escalera por el frente, con direc-ción de 122, Calle Venus, Atlantic View, Carolina, P.R. El apartamiento 122-a se encuentra localizado en la planta baja del edificio y mirándolo de frente por la calle Venus, queda a la derecha. Tiene puerta por el frente y por detrás. A mano derecha tiene marquesina y ventanas tipo miami. La puerta trasera se comunica con el patio el cual está cercado parcialmente con alam-bre eslabonado. En el patio hay una caceta [sic] de madera. Colinda este apartamiento, 122-a, por el norte con la calle Venus, por el sur con los patios de las residencias de la Srta. Ada Pifia y familia Llompart Tavarez, por el este con el apartamiento 122-c y por el oeste con la residencia del Sr. Jorge Vázquez.

Por las observaciones hechas por mí durante los días 20 y 21 de marzo de 1968 estoy convencido que en [el] patio y la residencia 122-a hay marihuana en violación al [síc] Ley de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico y respetuosamente solicito se expida una Orden de Allanamiento de Morada y sus premisas para el apartamiento 122-a de la calle Venus, Atlantic View, Carolina, P.R. y ocupar allí cualquier artículo en violación a la Ley de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico.

QUE lo declarado es la verdad.” (Escolio 2, Informe del Procurador General)

Diligenciada la orden de allanamiento se ocupó un tallo y 5 plantas de marihuana, una bolsa plástica con picadura y un cigarrillo y un frasco con hojas de marihuana, un frasco plástico con dos cigarrillos y una colilla de marihuana, un sobre blanco de semilla de marihuana y dos pipas que dieron positivo de marihuana.

En el juicio el agente Fuentes Ortega declaró que desde el patio de la familia Pifia, a quienes pidieron permiso para ello, observaron a través de una verja de alambre {cyclone fence) lo que había sembrado en el patio de la residencia 122-A de la calle Venus, así como los movimientos de sus residentes en dicho patio.

La contención de los apelantes es que la actuación del Agente Fuentes Ortega, al espiar el patio de dichos apelantes, constituye un registro ilegal. Llama además nuestra atención al hecho de que el Agente no hizo constar en su declaración jurada los medios de que se valió para observar el patio de la residencia de los apelantes.

En cuanto a la suficiencia de la declaración jurada los apelantes citan el caso de Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964), donde se dice que en Aguilar v. Texas, 378 U.S. 108, se expresó que “aunque una declaración jurada no tiene que reflejar las observaciones directas personales del declarante, pudiendo basarse ésta en prueba de referencia .. . el magistrado tiene que ser informado de algunas de las circunstancias que la sostienen.” En el mismo caso de Pueblo v. Tribunal Superior, supra, citando otros del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y Tribunales Federales, dijimos: “Al determinar que es causa probable no estamos llamados a establecer si la ofensa que se imputa fue verdaderamente cometida. Nos concierne sólo la cuestión de si el deponente tuvo base razonable, al momento de prestar la declaración jurada y haberse librado la orden de registro, para creer que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado; y si los hechos aparentes que se desprenden de la declaración jurada son de tal naturaleza que una persona prudente y razonable pudiera creer que se ha cometido la ofensa imputada, hay la causa probable que justifica la expedición de una orden.” Hemos resuelto también que en casos sobre allanamientos y registros no se requiere una interpretación técnica y restrin-gida de la declaración del agente. Pueblo v. Soto Zaragoza, 99 D.P.R. 762 (1971).

La declaración jurada prestada por el agente Fuentes Ortega cumple con la ley y la jurisprudencia. Expuso el agente que las observaciones que hizo fueron el resultado de labor de vigilancia hacia el patio de la residencia de los acusados. Ello era suficiente para informar al magistrado como obtuvo la información sobre los hechos que justificaban la expedición de la orden de allanamiento.

Respecto a su contención principal, los apelantes descansan fundamentalmente en los casos de Katz v. United States, 389 U.S. 347; Mancusi v. De Forte, 392 U.S. 368 y en otros casos de este Tribunal que son claramente inaplicables. En el caso de Katz los agentes del gobierno interceptaron un teléfono público, aunque sin penetrar físicamente en la caseta del teléfono, para escuchar y grabar las conversaciones telefónicas del acusado. Se dijo en dicho caso que lo que una persona muestra o descubre al público, aunque sea en su propia casa u oficina no constituye materia protegida por la Cuarta Enmienda pero lo que esa persona desea mantener en privado aun en un área accesible al público puede estar constitucionalmente protegido, como por ejemplo, lo que la persona lleva consigo en un automóvil público, Ríos v. United States, 364 U.S. 253, 4 L.Ed.2d 1688, o las cartas y paquetes que la persona deposita en el correo, Ex Parte Jackson, 96 U.S. 727, 24 L.Ed 877. En el caso de Katz se abandona la doctrina de que para invocarse la protección de la Cuarta Enmienda debe haber una incursión física (trespass) del lugar o predio. En el caso de Mancusi se resolvió que era ilegal el incautarse de papeles sin orden de allanamiento en una amplia oficina usada por un oficial de una unión que compartía con otras personas, aun cuando los papeles no estaban en la parte de la oficina re-servada para el uso personal del oficial. Se ha dicho que en esta área de registros y allanamientos, cada caso deber ser juzgado a base de sus propios hechos particulares. Lewis v. United States, 385 U.S. 206, 17 L.Ed.2d 312; Ker v. California, 374 U.S. 23, 10 L.Ed.2d 726.

En el reciente caso de White v. United States, 401 U.S. 745, se dijo, que conforme a los principios enunciados en Katz, el problema consiste en determinar que expectaciones de privacidad son constitucionalmente justificables, esto es, que expectaciones serían protegidas por la Cuarta Enmienda en ausencia de una orden de allanamiento.

La expectación de privacidad que invocan los apelantes en el presente caso, no está constitucionalmente justificada, ni por tanto protegida por la Cuarta Enmienda. El patio de la residencia de los apelantes donde mantenían la siembra de plantas de marihuana, está dividida del patio de la residencia de la familia Pifia por una verja de alambre (cyclone fence) que permite ver de un patio a otro. Las siembras de marihuana estaban expuestas a la vista de la familia Pifia así como a la de sus invitados y la de cualquier otra persona que, con permiso de dicha familia, penetrara en su patio.

No puede sostenerse el argumento de que la familia Pifia autorizara el registro de la residencia de los apelantes. Des-de donde se situaron los agentes para hacer sus observaciones, se veía lo que cualquier otra persona situada en dicho patio podía ver a través de la verja de alambre. En tales circuns-tancias los apelantes no podían esperar que las actividades que llevaban a cabo en su patio se mantuvieran en privado. Los agentes estaban legalmente en el patio de la familia Pifia y no venían obligados a cerrar sus ojos para no ver lo que desde allí se podía ver. Véase People v. Boone, 82 Cal. Reptr. 398 y casos allí citados.

No habiéndose cometido el error señalado, se confirmarán las sentencias apeladas.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

       Véase, en cnanto a que la declaración jurada no tiene que contener cuestiones elaborad.as y específicas, United States v. Scolnick, 392 F.2d 320, Cert. den. 329 U.S. 931, 20 L.Ed.2d 1389.

       Véanse, sin embargo, United States v. White, 401 U.S. 745.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Matos

text:
    José Moa, por sí y en representación de su hijo menor de edad, Guillermo Moa Rosado, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-69-156

      Resuelto: 18 de abril de 1972

      Héctor Lugo Bougal, Delia María Auffant y Delia Lugo Bougal, abogados de los recurrentes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Américo Serra y Lydia Nieves Franqui, Procuradores Gene-rales Auxiliares, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Matos

emitió la opinión del Tribunal.

Los acontecimientos y circunstancias que originaron este recurso de revisión, los narra la Sala sentenciadora, en sus determinaciones de hecho, en la forma siguiente:

“1. Guillermo Moa Rosado, allá para el mes de marzo de 1966, contaba quince años de edad, residía en Ponce, Puerto Rico y cursaba el noveno grado en la Escuela Intermedia Newmann, de Ponce, Puerto Rico. Cursaba el programa regular de noveno grado y entre sus asignaturas tomaba la de Artes Industriales, siendo su profesor el Sr. Diógenes Cedeño. La Escuela Interme-dia Newmann pertenece y está bajo la supervisión del Departa-mento de Instrucción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

2. El día 3 de marzo de 1966, alrededor de las 9:30 de la mañana, Guillermo Moa Rosado, menor demandante, se encon-traba como alumno en la Clase de Artes Industriales en la men-cionada escuela. El Maestro, Diógenes Cedeño, lo llamó para que le ayudara a pasar un pedazo de madera en una máquina eléctrica conocida por ‘caricanto’. La máquina de caricanto es una especie de cepillo eléctrico con tres cuchillas que giran hacia el frente a gran velocidad. El uso de esta máquina está regulado por nor-mas de seguridad específica, debido al peligro que envuelve su operación.

3. Luego de pasar por la máquina el primer pedazo de madera, el maestro desenchufó la máquina y colocó la pieza de madera biselada sobre una mesa. Guillermo Moa permaneció al lado de la máquina esperando órdenes del maestro ya que éste no le dio instrucción alguna y el niño no sabía si había terminado o se iba a biselar alguna otra pieza de madera. Cuando el maestro colocó el pedazo de madera sobre la mesa, el menor miró hacia dicha mesa para observar como quedaba el pedazo de madera, después de biselado. De momento oyó el ruido de la máquina al ser enchufada nuevamente, y simultáneamente sintió un halón en el dedo índice izquierdo. Al mirarse la camisa vio sangre en ella. A la vez oyó la voz del maestro que le decía: ‘Moa, ¿qué pasó?’. El maestro estaba doblado, con el cordón de la máquina en la mano, desenchufando nuevamente la máquina de la co-rriente eléctrica. Todo fue muy rápido, cuestión de segundos.

4. El profesor sacó su pañuelo, se lo dio a Moa, quien se envolvió el dedo en el pañuelo, y juntos fueron a la oficina a informarle el accidente a la principal de la escuela. De allí salieron para el Hospital Tricoche, y el menor demandante co-menzó a sentir fuerte dolor en el dedo. Le pusieron una inyección para calmarle el dolor. En el Hospital Tricoche no lo pudieron curar; de ahí fueron a la casa del niño, pues éste se sentía suma-mente preocupado por la forma en que recibirían la noticia su papá y su mamá. El dolor era intenso, al llegar a la casa, el padre lo llevó al Hospital de Distrito, donde al cabo de varias horas tampoco fue atendido. El dedo aún lo tenía envuelto en el pañuelo. Fue llevado por el padre a la Clínica del Dr. Pila donde fue hospitalizado y atendido por el Dr. Jaime Costas Diurex. Inmediatamente que llegó se le anestesió y fue llevado a la Sala de operaciones donde se le amputó la falange distal del dedo índice izquierdo. Estuvo dos días en el Hospital de la Clínica del Dr. Pila, pero continuó tratamiento ambulatorio hasta el día 15 de marzo de 1966.

5. El menor estudiante, además de los dolores físicos, propios del accidente y de la operación, sufrió angustias mentales y morales. Su preocupación mayor cuando estaba en el hospital era la forma en que le quedaría el dedo. Despertando de la anestesia, le preguntó a los padres cómo le había quedado el dedo. Estos se negaron a decirle la verdad, que le habían ampu-tado la falange distal. El menor se enteró que había perdido parte del dedo, días después de salir del hospital en ocasión en que fue a curarse a la oficina del doctor Costas Diurex y se ‘sintió mal’ al observar la forma en que quedó su dedo.

6. Aún en la actualidad se siente muy mal con relación al dedo índice izquierdo. Normalmente tiende a esconderlo cuando está ante grupos de muchachos y se cohíbe de realizar ciertas actividades tales como bailar. Para la fecha del accidente Guillermo Moa Rosado contaba quince años de edad, era un joven saludable y practicaba actividades propias de su edad. Tras el accidente ha habido alguna limitación en su vida, tanto en su aspecto físico como mental y psicológico.

7. El padre del menor demandante, don José Moa, ha sufrido también con motivo del accidente de su hijo. Pudo palpar el sufrimiento y los dolores físicos de éste los días siguientes al accidente, y ha notado los efectos que el mismo ha ocasionado a dicho niño. Es su hijo menor. (Bastardillas nuestras.)

10. El profesor Diógenes Cedeño no ejerció debidamente su función de maestro a cargo de un taller de artes industriales, descuidando su deber dé vigilancia y supervisión de los estu-diantes. Estos deberes debía haberlos ejercido el referido maestro con el mayor grado de diligencia, tomando en consideración el tipo de clase a su cargo, las actividades a desarrollarse en la misma y la máquina inherentemente peligrosa que se utilizaba en el dicho salón de clases. La inobservancia o incumplimiento de tales deberes trajeron como consecuencia el accidente ocurrido y los daños provenientes del mismo.

12. Conforme con la prueba aportada durante la vista del caso y las admisiones del propio profesor, no existe nada en la prueba desfilada ante este Tribunal que le permita concluir a éste que los daños sufridos por el menor demandante tuvieron otro origen que no fuese la conducta negligente observada por el profesor Diógenes Cedeño, imputable al demandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

13. Con motivo de los hechos expuestos el menor deman-dante, Guillermo Moa Rosado, ha sufrido dolores físicos, viéndose precisado a someterse a tratamiento médico, incluyendo interven-ción quirúrgica para amputarle la falange distal del dedo índice izquierdo. Además ha sufrido los consiguientes daños mentales y morales, daños que deben resarcirse por el demandado en la medida en que ello es posible.”

El 16 de agosto de 1966 — es decir, cinco meses y medio después del accidente — el padre del menor lesionado, José Moa, “por sí y en representación de su hijo menor de edad, Guillermo Moa Rosado”, instó ante en Tribunal Superior, Sala de Ponce, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, una acción sobre daños y perjuicios, exponiendo en su demanda lo siguiente:

“EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE PUERTO RICO SALA DE PONCE
JOSÉ Moa, por sí y en representación de su hijo menor de edad, Guillermo Moa Rosado Demandantes vs. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Demandado Civil Núm. CS66-2644 Sobre: DAÑOS Y PERJUICIOS
DEMANDA
Honorable Tribunal:
Comparece la parte demandante representada por sus aboga-dos que suscriben, y muy respetuosamente, expone, alega y soli-cita:
(1) Que el demandante, José Moa, es mayor de edad, casado y vecino de Ponce, Puerto Rico, y comparece en esta acción por sí y en representación de su hijo menor de edad, Guillermo Moa Rosado.
(2) Que por medio de la Ley número 104 del 29 de junio de 1956, [sic] el Estado Libre Asociado de Puerto Rico permite y da consentimiento a' ser demandado por terceras personas cuándo se causen daños y perjuicios fundados en acción u omisión negligente de cualquier agente, agencia o empleado, actuando en capacidad oficial y dentro del marco de sus funciones.
(3) Que para el día 3 de marzo de 1966, el menor deman-dante Guillermo Moa Rosado era estudiante de la Escuela Neu-mann [sic] de Ponce, propiedad de y bajo la dirección y super-visión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En dicha fecha y mientras asistía a su clase de carpintería, cuyo maestro lo era el señor Diómedes [sic] Cedeño, éste llamó al menor aquí demandante para que le ayudara a pasar un listón de madera por la máquina conocida como ‘calicanto’ la cual es un cepillo eléctrico utilizado para aserrar madera.
(4) Que el uso de dicha máquina está prohibido a los estu-diantes debido a lo peligroso de la misma, y el maestro, descui-dando su deber de vigilancia, invitó al menor demandante a que le ayudara, con el consabido peligro y riesgo, ocasionándose el menor una herida en el dedo índice de la mano izquierda, siendo necesaria la amputación de dicho dedo por la mitad.
(5) Que la causa directa del accidente lo fue la negligencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a través de su agente y empleado el maestro Diómedes Cedeño al no ejercer la debida supervisión en el trabajo a ser realizado por el menor, al invi-tarlo a bregar en una máquina peligrosa, la cual está prohibida para el uso de los estudiantes, y al no tomar medidas para con-jurar los riesgos que ofrece a menores inexpertos el uso y manejo de instrumentos peligrosos como lo es dicha máquina.
(6) Que como consecuencia del accidente descrito, el menor co-demandante ha resultado con la incapacidad proveniente de la amputación de su dedo índice izquierdo, ha sufrido fuertes dolo-res físicos, además de daños y angustias mentales al verse muti-lado su dedo índice, daños y perjuicios que valora en una suma no menor de $10,000.00.
Por todo lo cual, muy respetuosamente, de este Honorable Tribunal se suplica que en su día, y previo los trámites de ley pertinentes, declare con lugar la presente demanda y condene a la parte demandada a pagar a los demandantes la suma total de Diez Mil Dólares ($10,000.00), más las costas, gastos y una suma razonable para honorarios de abogado.” (Bastardillas nuestras.)

Emplazada debidamente la parte demandada el 19 de agosto de 1966, contestó la demanda negando “todos y cada uno de los hechos según los mismos aparécen expuestos, en la demanda excepto que admite (a) Que allá para el 3 de marzo de 1966 Guillermo Moa Rosado era estudiante de la Escuela Newmann de Ponce y (b) En la fecha anteriormente men-cionada Guillermo Moa Rosado sufrió un accidente perdiendo parte del dedo índice de la mano izquierda.”

Como defensas afirmativas alegó que: (1) la demanda no aduce una causa de acción a favor de la parte demandante y en contra de la parte demandada; (2) el accidente fue uno casual en que no hubo negligencia del Estado Libre Asociado, sus funcionarios o empleados y (3) el accidente se debió a la culpa o negligencia del menor o en su defecto su conducta con-tribuyó sustancialmente al mismo.

Fue el pleito a juicio el 29 de agosto de 1967. Sus inci-dentes preliminares los reseña el juez sentenciador así:

“A la vista del caso de epígrafe compareció la parte deman-dante representada por las Lies. Delia María Auffant y Delia Lugo Bougal, y la parte demandada por los Lies. Rafael E. Castro Pérez y Gilberto Irizarry. Al comienzo de la vista, la parte demandante solicitó 'permiso del Tribunal'para enmendar la demanda a los efectos de clarificar la alegación número 6 para indicar que se estaba solicitando compensación por los daños y angustias mentales sufridos tanto por el padre del menor demandante como por los de éste. En el título de la demanda, en la súplica y en la alegación primera, se hacía constar que el padre del menor, José Moa comparecía por sí y en representación de su hijo menor de edad, Guillermo Moa Rosado. El Tribunal concedió el permiso para la enmienda, y la parte demandada, aunque manifestó su oposición a la misma indicó estar lista para la vista del caso. Ambas partes ofrecieron evidencia testificial y docu-mental para la consideración de este Tribunal.

Las partes se comprometieron a radicar memorandums en cuanto a la enmienda permitida y así lo han hecho.” (Bastardillas nuestras.)

La minuta de ese día- recoge más detalles de esos inci-dentes. Entre otras cosas, en ella se hace constar:

“La parte demandante pide que se enmiende el ultimo párrafo, alegación número 6, para que se incluya los daños y angustias mentales sufridos por su señor padre. La parte deman-dada alega que es una nueva causa de acción y objeta la en-mienda. Pide que se desestime la alegación por estar prescrita.
Discutida la referida cuestión por ambas partes y sometida, el Tribunal amparándose en la Regla 1S.1 de las Reglas de Pro-cedimiento Civil, declara con lugar la petición de enmienda inter-puesta por la parte demandante.
La parte demandada está dispuesta a continuar con la vista del caso con la nueva enmienda.
La parte demandante ofreció prueba testifical consistente en los testimonios de Guillermo Moa Rosado y José Moa León, demandantes.” (Bastardillas nuestras.)

El 19 de mayo de 1969 el tribunal de instancia dictó sen-tencia en el caso. Declaró con lugar la reclamación respecto al menor codemandante, concediéndole una indemnización de $4,500.00 por los daños y perjuicios sufridos por él. Desestimó la demanda en cuanto al padre codemandante José Moa por el siguiente fundamento:

“No tenemos duda de que con la enmienda solicitada la parte demandante intentó introducir una nueva causa de acción la cual ya estaba prescrita.”

Decidimos revisar el fallo a petición de los demandantes. El señalamiento de errores se formula así:

“Primer Error: Cometió error el Honorable Tribunal de instancia al desestimar la acción del padre del menor deman-dante, por cuanto la enmienda a la demanda original no intro-ducía una nueva causa de acción y por tanto no estaba prescrita.
Segundo Error: Cometió error el Honorable Tribunal senten-ciador al valorar los daños sufridos por el menor demandante en la suma de $4,500.00.”

H-1

La respectiva tesis, sostenida hábilmente por cada parte, frente al primer punto debatido, es como sigue:

Parte recurrente: fue manifiestamente errónea la desesti-mación de la reclamación de compensación que por su propio derecho hizo el padre codemandante José Moa, por el daño moral que él sufrió con motivo de las lesiones recibidas por su hijo el 3 de marzo de 1966, porque la enmienda que propuso, y el tribunal admitió en juicio, al párrafo sexto de la de-manda, sólo tuvo el propósito de clarificarlo en el sentido de indicar que lo reclamado por sufrimientos y angustias men-tales se refería, tanto a los sufridos por el hijo como a los sufridos por el padre codemandante sin aumentarse el valor de la reclamación total; que tal enmienda, por tanto, no intro-ducía en el litigio una nueva causa de acción prescrita.

Parte recurrida: la desestimación fue correcta; en la demanda original no se reclamó daño moral alguno sufrido particularmente por el padre; solamente fueron reclamados aquellos daños físicos y morales sufridos por su menor hijo Guillermo; compareció en la acción exclusivamente en repre-sentación, como padre y para beneficio de su hijo; a virtud de la indicada enmienda se introducía, una nueva causa de acción a favor del padre José Moa, que resultaba prescrita.

Tiene razón la parte recurrente en este primer planteamiento. A juicio nuestro, la enmienda al párrafo sexto de la demanda, considerada en unión a las demás alegaciones de la demanda original, no traía al pleito una nueva causa de acción, sólo corrigió una deficiencia formal incurrida al formularse la reclamación. Asumiendo que la hubiera traído, era admisible la enmienda y la nueva causa de acción no estaba prescrita. Veamos.

Es cierto que en la demanda original, sólo constan alega-dos los daños sufridos por el menor en los siguientes términos:

“Que como consecuencia del accidente descrito, el menor codemandante ha resultado con la incapacidad proveniente de la amputación de su dedo índice izquierdo, ha sufrido dolores físi-cos, además de daños y angustias mentales al verse mutilado de su dedo índice, daños y perjuicios que valora en una suma no menor de $10,000.00” (Énfasis suplido.)

Sin embargo, el uso de la expresión “codemandante” denota que el menor reclamaba en el pleito en compañía de, en unión de, al propio tiempo de, otra persona o personas. Esta era su padre. Ninguna otra finalidad podrían tener, el párrafo primero de la demanda que dice:

“Que el demandante, José Moa, es mayor de edad, casado y vecino de Ponce, Puerto Rico, y comparece en esta acción por sí y en representación de su hijo menor Guillermo Moa Rosado.” (Énfasis suplido.)

En el título y en la súplica se indican a padre e hijo como demandantes, y se solicita del tribunal a quo un remedio de resarcimiento para ambos, aunque no se indica en qué pro-porción.

La parte demandada en el encabezamiento de sus escritos de contestación, moción de suspensión, memorial y moción interesando determinaciones adicionales de hechos, llamaba “demandantes”, a la parte actora en el caso, usando también el término “José Moa, et ais.”.

La demanda hace referencia, en su segundo párrafo, a la Ley Núm. 104 de 1955, sobre pleitos contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que en su Art. 2, enmendado en 30 de junio de 1965, en parte dispone:

“Cuando se radique una acción contra el Estado por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad, el Tribunal ordenará, mediante la publicación de edictos en un periódico de circulación general, que se notifique a todas las personas que pudieran tener interés común, que deberán comparecer ante el Tribunal, en la fecha dispuesta en los edictos, para que sean acumuladas & los fines de proceder a distribuir la cantidad de $30,000 entre los demandantes, según se provee en esta ley.” 32 L.P.R.A. see. 3077.

Así el Estado se evita verse sometido a futuros litigios por la misma causa de acción. Por esta razón, esa disposición de dicho estatuto debe ser cumplida religiosamente por el tribunal correspondiente.

De modo que es la propia Ley la que hace obligatoria la comparecencia, en acciones de esta naturaleza, “a todas las personas que pudieran tener interés común” en el caso, sin hacer distinción alguna entre ellas sobre los fundamentos de su causa de pedir. Esta ley, pues, legitima la acción personal que ejercitó obviamente José Moa, por sí, es decir iure pro-prio, independiente de la relación parental que lo liga a su hijo.

Es muy familiar la norma de que todo aquel que recibe o sufre realmente un daño moral, tiene derecho al resarcimiento adecuado contra el responsable, que tiene su sede en el Art. 1802 de nuestro Código Civil. Es claro que, en esta materia, nos movemos siempre dentro de la hipótesis de lesión. En ausencia de ésta, no hay daño que resarcir o remediar. Nues-tra jurisprudencia en tomo a tal precepto, siempre ha exigido que, en estos casos, en la demanda se alegue el daño sufrido por la culpa o negligencia del responsable. En este aspecto, hasta cierto punto, fallaba la reclamación, por su propio derecho, de José Moa. Ello pudo deberse a que no hizo constar separadamente, en su demanda original, cada reclamación, para facilitar una formulación más clara y completa de los asuntos expuestos, como lo previene la Regla 8.2 de Procedi-miento.

Sin embargo, en su redacción cumplió con todas las demás normas generales para las alegaciones fijadas por las Reglas 6, 7, 8 y 9. Observó uno de los dos requisitos que tales Reglas señalan para una solicitud de remedio, es decir, expuso la solicitud del remedio a que creía tener derecho, así:

“Por todo lo cual, muy respetuosamente, de este Honorable Tribunal se suplica que en su día, y previos los trámites de ley pertinentes, declare con lugar la presente demanda y condene a la parte demandada a pagar a los demandantes la suma total de Diez Mil Dólares (10,000.00), más las costas . . . (Énfasis suplido.)

Esta solicitud de remedio para ambos no subsanó el defecto producido por la carencia de “una relación sucinta y sencilla de la reclamación” demostrativa de que el peticionario —José Moa, individualmente — tiene derecho a un remedio, como exige la Regla 6.1.

Se estaba, pues, ante una deficiente exposición de una causa de acción, predicable bajo unos hechos jurídicos recono-cidos en las propias conclusiones de hecho formuladas poste-riormente por el tribunal de instancia.

Empero, esta deficiencia desapareció en la siguiente forma:

“Al comienzo de la vista, la parte demandante solicitó per-miso del Tribunal para enmendar la demanda a los efectos de clarificar la alegación número 6 para indicar que se estaba solicitando compensación por los daños y angustias mentales sufridos tanto por el padre del menor demandante como por los de éste. ... El Tribunal concedió el permiso para la enmienda, y la parte demandada, aunque manifestó su oposición a la misma indicó estar lista para la vista del caso. Ambas partes ofrecieron evidencia testifical y documental para la determinación de este Tribunal.” — Opinión y Sentencia, Autos Originales, pág. 85.
—Así se suplió la deficiencia de la demanda, por primera vez, con efecto retroactivo a la fecha de la demanda, bajo la Regla 13.8.
En sus determinaciones de hechos probados el Tribunal a quo relata la angustiosa intervención del padre José Moa en el asunto, desde que su hijo llegó herido a su hogar sufriendo intensos dolores, y entre ellas, hace la siguiente respecto a José Moa:
“7 — El padre del menor demandante, don José Moa, ha sufrido también con motivo del accidente de su hijo. Pudo palpar el sufrimiento y los dolores físicos de éste los días siguien-tes al accidente, y ha notado los efectos que el mismo ha ocasionado a dicho niño. Es su hijo menor.”

Con la prueba presentada por los demandantes y esta determinación del tribunal de instancia, quedaba de nuevo curado el indicado defecto de la demanda original, a la luz de lo dispuesto en la Regla 13.2.

La enmienda no introdujo una causa de acción nueva como sostiene la parte recurrida. Simplemente aclaró un con-cepto que estaba implícitamente expuesto en la demanda original, o que se podia racionalmente inferirse de sus alega-ciones, esto es, que el padre también reclamaba por daños morales con motivo del accidente que le ocurrió a su hijo. Lo que se aclaró, por la enmienda, fue que en el resarcimiento deberían participar el hijo y su padre, en pago de sus res-pectivos daños sufridos, en las respectivas cantidades que fijara el tribunal a quo.

Todas las alegaciones — previene la Regla 6.6 — se interpretarán conjuntamente y con el propósito de hacer justicia; la función de ellas es simplemente bosquejar la controversia y para que cada parte notifique a la otra de la naturaleza general de sus contenciones en contrario; el procedimiento, puro elemento formal, no debe utilizarse para derrotar derechos sustantivos de una parte; la demanda, en parti-, cular, se interpretará de tal forma que únicamente se desestimará si el demandante no tiene derecho a ningún remedio bajo cualesquiera hechos que él pueda probar en juicio a base de lo que ha alegado en la demanda, como tantas veces hemos dicho.

Con mayor razón deben aplicarse esos principios al caso de autos en que un padre, en precario estado de salud, reclama el resarcimiento por los daños que sufrió al contem-plar a su hijo mutilado permanentemente en parte de su mano izquierda, torturado por intensos dolores y angustias men-tales. Sufrir moralmente el padre por el infortunio del hijo, es, en términos generales, un hábito ordinario de la vida, un proceso psíquico inevitable en todo ser humano normal. Ello es de reconocimiento común y general, notorio e indisputable, que en el nivel de las pruebas, es o debe ser de conocimiento judicial, aun cuando no se ofrezca evidencia alguna al efecto.

Empero, como el dolor y sufrimiento no pueden ser objeto de cotización, para determinar el valor razonable de tales daños morales es preciso que el reclamante, en cada caso, aporte los factores de evidencia necesarios para evaluarlos justa y adecuadamente, probando que no se trata de una simple pena pasajera, sino que, en alguna medida apreciable, el reclamante realmente quedó afectado en su salud, bienestar y felicidad, como dijimos en Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828, 831 (1964).

En Cintrón v. Insular, etc., y Balbaño, 58 D.P.R. 821, 829 (1941), bregamos con una situación similar. Entre otras cosas allí resolvimos:

“La regla general en estos casos está expuesta en 17 R.C.L. 821, en esta forma:
‘La regla general es que una enmienda a una demanda que no establece una nueva causa de acción sino meramente amplía y da mayor precisión a las alegaciones en apoyo de la causa originalmente establecida, o expresa nuevos fundamen-tos o especificaciones afines a tales imputaciones o alegaciones, se retrotrae al comienzo de la acción y puede ser sostenida sin consideración al estatuto de prescripción.’

Al mismo efecto véase 87 C.J. 1068, Sección 507 y siguientes. En el caso de Mohn v. Tingley, 217 P. 738 (191 Cal. 470), se resolvió que:

‘Si una demanda original no expone una causa de acción y una nueva o diferente no se levanta por la demanda enmen-dada,. pero se le agregan materias nuevas sólo para completar la causa de acción original, la enmienda, aunque hecha después de expirado el término de prescripción, se retrotrae a la fecha de la radicación de la demanda original.’

La demanda enmendada en el caso de autos no estableció una nueva causa de acción sino que amplió las alegaciones hechas en la original. Como se dijo en el caso de Ft. Wayne Iron & Steel Co. v. Parsell, 94 N.E. 770, 776: ‘hay una diferencia entre una causa de acción defectuosa y una defectuosa alegación de una causa de acción’ y la enmienda de esta última se retrotrae al comienzo de la acción.”

La enmienda se refería a daños morales padecidos por el padre en virtud, y como efectos y consecuencias naturales, del mismo evento, conducta y transacción expuesto en la demanda original que también generó los daños sufridos por su hijo. Tan es así que, después de propuesta y admitida la enmienda, no obstante la oposición de la parte demandada, el párrafo sexto enmendado quedó redactado así:

“(6) Que como consecuencia del accidente descrito, el menor codemandante ha resultado con la incapacidad proveniente de la amputación de su dedo índice izquierdo, ha sufrido fuertes dolo-res físicos, además de daños y angustias mentales al verse muti-lado su dedo índice, y daños y angustias sufridos por su padre aquí codemandante, daños y perjuicios que valoran en una suma no menor de $10,000.00” (Énfasis suplido.) Véase pág. 5 del Memorándum de Autoridades, unido a la petición del recurso.

En Ortiz v. Gobierno Municipal de Ponce, 94 D.P.R. 472, 479 (1967), considerando el alcance de la citada Regla 13.3, nos expresamos así:

“[6] Por otro lado, considerada la Regla 13.3, surge igual-mente que la reclamación expuesta en la demanda original es idéntica a la que informa la demanda enmendada. En Cintrón v. Insular, etc., y Balbaño, 58 D.P.R. 821 (1941), ya habíamos expresado que ejercitada una acción dentro del término de ley si la demanda se enmienda expirado ese término y la enmendada no establece una nueva causa de acción sino que amplía las ale-gaciones de la original, la enmienda se retrotrae a la fecha de la radicación de la original. Más razón existe ahora para mantener igual solución en que el concepto determinante de suficiencia no es tanto el de la existencia de una causa de acción como el de si de la alegaciones surge la susceptibilidad de conceder un remedio. Pero hay más. Bajo la anterior Regla 15(c) de 1943, sostuvimos en Bithorn v. Santana, 68 D.P.R. 300 (1948), que las alegaciones de la demanda enmendada se retrotraen a la de la original, aun cuando aquélla aduzca una causa de acción dis-tinta, siempre que surjan de la misma conducta o transacción. Véanse además, Valado v. Mejias, 69 D.P.R. 241 (1948) ; Roses v. Julia 67 D.P.R. 518 (1947); Sánchez v. Cooperativa Azucarera, 66 D.P.R. 346 (1946). En significativo una vez más el lenguaje de la Regla 13.3 que se refiere a ‘reclamación’ y no causa de acción. En el presente caso la reclamación que se ejercita es idéntica.”-

El accidente, repetimos, ocurrió el 3 de marzo de 1966. Se inició la reclamación judicialmente, el 16 de agosto siguiente. El juicio fue señalado, por primera vez, para el 7 de febrero de 1967. A solicitud de la parte demandada fue suspendido. Lo mismo ocurrió cuando se señaló por segunda vez. Si se hubiera visto el 7 de febrero de 1967, la solicitud de enmienda hubiera podido proponerse antes de transcurrir el año posterior al accidente. Pero, de todos modos, la enmienda, en sus efectos, se retrotrae a aquel 16 de agosto de 1966, es decir, a sólo cinco meses y medio después del accidente.

Se trata de una enmienda, que, seguramente, por su ver-dadera naturaleza aclaratoria, no impidió a la parte deman-dada indicarle al tribunal que, si bien se oponía a ella, estaba “lista para la vista del caso,” según se expresa en la Opinión y Sentencia. Tampoco le impidió presentar evidencia testifical y documental. Se opuso, sin éxito alguno, a que José Moa declarara sobre sus angustias y sufrimientos mentales.

El tribunal permitió que Moa declarara, y su testimonio sirvió de base para la determinación de hecho Núm. 7, que dejamos transcrita. No pidió la eliminación de tal determina-ción en su moción interesando determinaciones adicionales de hecho del 29 de mayo de 1969.

Concediendo que por la enmienda se traía al pleito una nueva causa de acción, cosa posible bajo la jurisprudencia nuestra y continental reseñada, la misma no estaba prescrita, ya que la reclamación fue interpuesta a los cinco meses y medio del accidente y la misma estaba pendiente al momento de la enmienda.

Como tenemos resuelto en Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 659 y 661 (1966), la mera interposición efectiva de una demanda ante un tribunal, dentro del término prescriptivo (como lo fue la demanda original presentada por José Moa, por sí, y, además en representación de su hijo menor Guillermo), que es un acto expreso y judicialmente constatado, produce el efecto interruptor de la prescripción extintiva de la acción ejercitada, cualesquiera que sean las vicisitudes posteriores a la radicación de la demanda, como, por ejemplo, carecer el tribunal, al cual se ha acudido, de competencia para entender en la acción o que se declare sin lugar la reclamación mediante moción de non suit.

La interrupción, por gestión judicial, dura hasta que termina definitivamente la acción ejercitada. Cf. Vda. de Carlo v. Toro, 99 D.P.R. 200, 225 (1970.)

Por todo lo expuesto estimamos que el tribunal sentencia-dor incurrió en el primer error señalado. Consecuentemente revocaremos la sentencia dictada en cuanto la misma decreta la desestimación de la causa de acción ‘particular ejercitada por el padre codemandante José Moa respecto a los daños morales que sufrió por el accidente y, a su vez se declarará con lugar dicha causa de acción, condenando a la parte demandada a pagarle la suma de Tres Mil Dólares ($3,000) como justo y razonable resarcimiento die dichos daños.

I — I

Versa el segundo error apuntado sobre la valoración de los daños sufridos por el menor codemandante. Solicita la parte recurrente que se aumente la cuantía de la compensa-ción de $4,500 concedida a dicho menor. La parte recurrida sostiene que la misma es justa y razonable y nada existe que justifique su alteración.

Considerando todas las circunstancias, elementos y factores envueltos particularmente en este recurso, estimamos que la compensación de Cuatro Mil Quinientos Dólares ($4,500) concedida al menor Guillermo Moa Rosado no es justa y razonable, por lo que el tribunal recurrido también incurrió en el segundo error señalado. Los autos ante nos son suficientes para considerarlo así. La perdurabilidad del daño sufrido por dicho menor, su edad, el influjo indeseable que la condición de su mano izquierda pueda haber tenido en su adolescencia, que tenga o vaya a tener en su juventud y madurez, dentro del círculo familiar, en sus relaciones de amistad, en su labor, y en toda actividad humana en que se vea envuelto, nos ha convencido de que la suma de Diez Mil Dólares ($10,000) es la adecuada como resarcimiento del daño que recibió. En cuanto a él se modificará la sentencia recurrida.

Se dictará sentencia conforme a la anterior opinión.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       Bajo esta comparecencia dual se ejercitaron dos cáusas de acción independientes; una, personal, beneficio propiedad del padre y la otra representativa, en beneficio del hijo menor. Véase Gigante v. Alvarez, 48 D.P.R. 498, 502 (1985).

       Véase, Manual de Derecho Procesal Civil, por Rafael Hernández Colón, pág. 161, Equity, 1969.

       En autos se encuentra una certificación médica del Dr. Francisco C. Porrata, del 22 de mayo de 1967, que se acompañó a una moción de suspensión del juicio, en que consta lo siguiente:
      “May 22, 1967
      “TO WHOM IT MAY CONCERN:
      “This is to certify that Mr. José Moa León is hospitalized at Clínica Dr. Pila, Ponce, P.E. since 5/16/67. He will have to remain in the hospital about two more weeks.
      “Diagnosis:
      Heart failure due to auricular fibrillation with a rapid ventricular rate due to arteriosclerotic heart disease.
      Francisco C. Porrata, M.D.”

       Véanse Lluberas v. Mercado e Hijos, 75 D.P.R. 7 (1953) y los casos de California, citados en Code of Civil Procedure, Sección 1875—igual al Art. 36 de nuestra Ley de Evidencia — de West’s Annotated California Codes, Tomo 20, pág. 638, sobre el conocimiento judicial respecto a los sufrimientos físicos y emocionales.

       " Advertimos de paso que nuestra Regla 18.4 sobre alegaciones suplementarias difiere de la Regla 15(d) federal en que las permite ‘aunque la reclamación original sea inadecuada’. Cf. Fajardo v. Tribunal de Contribuciones, 68 D.P.R. 746 (1948), resuelto bajo la anterior Regla 15(d) de 1948.”

       Hemos examinado el “memorial” presentado por el demandado ante el tribunal de instancia, insistiendo en su oposición a la enmienda, aun después de admitida por dicho Tribunal; por el mismo fundamento de que introducía una nueva causa de acción, que se hallaba prescrita.

       Hoy debe contar 22 años de edad.


author: per curiam :

text:
    Epifanio Vázquez Rosado, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, Hon. Carlos J. Rodríguez, Juez, demandado.

      Número: O-72-9

      Resuelto: 20 de abril de 1972

      José Rafael Gelpi y Roberto Ortiz Gutiérrez, abogados del peti-cionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del demandado.
   per curiam :

Contra el peticionario se presentó una acusa-ción por el delito de hurto mayor. Radicó una moción solici-tando la desestimación de la acusación, fundándose en que no se había determinado causa probable en la vista preliminar con arreglo a la ley y a derecho consistente ello en que ante el magistrado que entendió en dicha vista no desfiló prueba alguna de la existencia de causa probable para acusarle.

En la vista señalada para la discusión de la moción de desestimación el juez de instancia se negó a oír la prueba que ofrecería el acusado para sustanciar su planteamiento.

Luego de su argumentación, la moción para desestimar fue declarada sin lugar.

De acuerdo con la Regla 64 de Procedimiento Criminal, la moción para desestimar una acusación o denuncia o cualquier cargo de las mismas, puede basarse, entre otros, en el siguiente fundamento:

“(p) Que se ha presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de los mismos, sin que se hubiere deter-minado causa probable por un magistrado u ordenado su deten-ción para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.”

En el caso de Martínez Cortés v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 652 (1970), el allí acusado solicitó la desestimación de la acusación por el fundamento del inciso (p) de la Regla 64 de Procedimiento Criminal. A pesar de que un ma-gistrado había hecho la determinación de causa probable, como ocurre también en este caso, la prueba presentada en la visita señalada para la discusión de la moción para desestimar, reveló que la referida determinación de causa probable no se había hecho conforme a la ley y a derecho. De haberse negado al acusado en aquel caso la oportunidad de presentar prueba para sustanciar su moción, ésta no hubiera tenido éxito, como lo tuvo en virtud de nuestra decisión.

La Regla 23 de Procedimiento Criminal que regula la vista preliminar dispone que si a juicio del magistrado la prueba demostrare que existe causa probable para creer que se ha cometido un delito y que la persona lo cometió, el magis-trado detendrá inmediatamente a la persona para que res-ponda por la comisión de un delito ante la sección y sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia; de lo contrario exonerará a la persona y ordenará que sea puesta en libertad.

Para que la determinación de causa probable se haga conforme a la ley y a derecho, el juicio del magistrado debe basarse en alguna prueba que demuestre que existe causa ■probable para creer que el acusado cometió el delito. En ausencia total de esa prueba, la determinación de causa probable por un magistrado no se ha hecho con arreglo a la ley y a derecho, y en su consecuencia, procede la moción para desestimar la acusación, bajo el susodicho inciso “p” de la Regla 64. Sería inútil tal planteamiento si el tribunal correspondiente no admite la presentación de prueba para sustanciarla. Esto no quiere decir que en la vista de la moción para desestimar la acusación por el fundamento del susodicho inciso “p”, se entre a considerar la corrección del juicio hecho por el juez instructor respecto a la existencia de causa probable, excepto cuando haya carencia absoluta de prueba tendiente a demostrar que existe tal causa probable para creer que se ha cometido un delito y que el acusado lo cometió. Para que un juez instructor pueda formar su juicio en una vista preliminar sobre la existencia de causa probable, tal determinación, para que se haga conforme a la ley y a derecho, debe estar basada en prueba que le lleve a creer que probablemente se cometió un delito por el acusado.

La resolución objeto de revisión en este caso, negándole la presentación de prueba, le priva al peticionario de demostrar que en la vista preliminar no hubo prueba que le señalare como probable autor de un delito.

Debe, por lo tanto, expedirse el auto de certiorari solici-tado, anularse la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Guayama, en 8 de noviembre de 1971, y devolverse el caso a dicho Tribunal para ulteriores procedimientos compatibles con lo aqui resuelto.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       Anteriormente el inciso (p) leía así:
      “(p) Que el fiscal ha presentado nna acusación, o algún cargo de la misma, que imputa un delito grave (felony) sin que se hubiese determinado previamente causa probable por un magistrado.”


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Edwin Feliciano Grafals, acusado y apelante.

      Número: CR-71-64

      Resuelto: 21 de abril de 1972

      Alberto L. Márquez, abogado del acusado; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Augusto A. Cirino, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El apelante fue convicto de una infracción al Art. 137 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 495, en juicio de novo celebrado ante el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla. Fue sentenciado a cumplir dos meses de cárcel y $100.00 de multa. En esta apelación señala como errores el haberse declarado sin lugar sus planteamientos de que la denuncia no imputa hechos constitutivos de un delito. Señala, además, que la prueba de cargo es insuficiente para con-denar, cuestión que suscitó y le fue resuelta adversamente por el tribunal de instancia.

En cuanto a la denuncia argumenta que no se alega expre-samente que el acusado sabía o tenía conocimiento que el poli-cía estaba actuando en gestiones propias de su cargo ni tam-poco los actos específicos constitutivos de “interrupción, de-mora o estorbo de la justicia.”

No tiene razón. La denuncia contiene las alegaciones pro-pias de una infracción al Art. 137 del Código Penal. En ella se alegó que el 7 de octubre de 1969, a las 10:25 a.m. en Aguadilla, Puerto Rico:

“El referido acusado, Edwin Feliciano Grafals, allí y entonces de manera ilegal, voluntaria y maliciosamente, violó lo dispuesto en el Artículo 187, del Código Penal de P.R., consistente en que en la hora, fecha y sitio arriba indicado, mientras el aquí denun-ciante trataba de arrestar a su hermano Harry Feliciano Grafals, por una alteración a la paz pública, el aquí acusado demoró y estorbó al referido agente que es un funcionario público en el desempeño de sus deberes oficiales, al interponerse en el medio y decirle a su hermano que se metiera para la residencia y no se dejara arrestar y que no le dijera el nombre. Que el acusado conoce el aquí denunciante como agente del orden público en la Policía de Puerto Rico. Que al tratar de efectuar el arresto que no se logró yo estaba en el desempeño de mis deberes oficiales.”

La denuncia describe los actos del apelante al intervenir en el arresto de su hermano. Las alegaciones de que demoró y estorbó al agente denunciante en el desempeño de sus deberes oficiales al interponerse en el medio y decirle a su hermano que se metiera para la residencia y no se dejara arrestar y que no dijera el nombre, precedidas de la alegación de que “allí y entonces [actuó] ilegal, voluntaria y maliociosamente” constituyen una exposición de los hechos esenciales del delito, le informaron al acusado de que se le imputaba la comisión del delito de modo voluntario y no inadvertido de los deberes públicos del agente, colocándolo en posición de defenderse. Eso es lo que se exige. Regla 35 de Procedimiento Criminal. Pueblo v. Ayuso, 25 D.P.R. 391 (1917).

En California, de donde proviene el Art. 137 de nuestro Código Penal, se ha sostenido que el elemento de conocimiento por parte del acusado del cargo o deber del funcionario no es un requisito del delito bajo la See. 148 del Código Penal de dicho estado equivalente al nuestro. People v. Scrivens, 81 Cal. Rptr. 86, 89 (Court of Appeals, 2nd District, 1969). En la esfera federal, la regla en la mayoría de los circuitos en torno a un delito federal similar (18 U.S.C. 111) es que no se requiere el conocimiento de que se trata de un funcionario público cumpliendo funciones de su cargo. United States v. Heliczar, 373 F.2d 241, 247-249 (2d Cir., 1967); United States v. Wallace, 368 F.2d 537 (4th Cir. 1966); Bennett v. United States, 285 F.2d 567 (5th Cir.), cert. den. 366 U.S. 911 (1961); United States v. Ganter, 436 F.2d 364 (7th Cir. 1970); United States v. Kartman, 417 F.2d 893 (9th Cir. 1969). En el caso Heliczar, supra, el Tribunal del Segundo Circuito señala que un espectador (bystander) que presencia un arresto, si interviene, se toma el riesgo de que el arresto sea completamente legal, y tiene el deber de averiguar pri-mero qué autoridad puede haber para hacerlo. Podría haber circunstancias extremas, reconoce el tribunal, que justifiquen la intervención del espectador, pero a falta de prueba sobre las mismas, no es preciso tener en cuenta dicha posibilidad al instruir al jurado. Véanse Scienter os element of offense of assaulting, resisting, or impeding federal officer (18 U.S.C. 111), 10 A.L.R.3d 833; 3 Wharton, Criminal Law and Procedure, 632-635.

En su segundo señalamiento de error el apelante señala que la prueba del Pueblo fue insuficiente para condenar. La prueba consistió únicamente de los testimonios del policía de-nunciante y del apelante. El policía declaró que viajaba en un vehículo no rotulado por la calle Mercado de Aguadilla en dirección al Cuartel. Vestía de civil (T.E. pág. 8). En el tra-yecto vio a un individuo, que resultó ser el hermano del ape-lante, dando voces y usando frases obscenas en la acera de la calle. El agente se detuvo, se apeó del vehículo, le informó al sujeto que era policía, que se detuviera porque quería hablar con él. (T.E. pág. 8.) A esto el sujeto le contestó “¿Usted es guardia? Cójame si puede.” y salió corriendo hacia una casa de altos y bajos. Allí lo alcanzó, trató de detenerlo para lle-varlo al cuartel, porque él trataba de coger un instrumento para darle. Luego de un forcejeo, el policía logró agarrarlo por el hombro. Entonces apareció el apelante y le preguntó que qué le pasaba con su hermano. (T.E. pág. 10.) El denun-ciante le contestó que era policía y que llevaba a su hermano arrestado. (T.E. pág. 13.) El policía declaró:

“R. Yo le informé que yo detenía, arrestaba al hermano de él por una alteración a la paz y lo llevaba para el Cuartel, a lo que entonces se me interpuso entre los dos.
P. Adelante.
R. Diciendo que yo no iba a arrestar a su hermano y le decía a su hermano que se subiera para arriba para los altos, que yo estaba violando sus derechos al penetrar una propiedad, en su propiedad.
P. ¿Qué sucedió luego?
R. El hermano salió corriendo y se fue hacia una esquina, entonces yo le dije que me entregara a su hermano y me salí a la acera. Ahí me dijo que no iba a dar nombre ni tampoco me iba a llevar a su hermano.
P. ¿El le dijo que no le iba a dar el nombre?
R. El nombre de él ni el de su hermano.
P. Adelante.
R. Entonces, yo me fui a un negocio del frente a preguntar el nombre de él y el señor del frente estaba un poco nervioso, no quiso dármelo, entonces más abajo logré averiguar que ellos eran los hermanos Feliciano Grafals.
P. Siga.
R. Entonces, le dije a él que estaba citado para el cuartel de la Policía al otro día.
R. A los dos, que estaban citados para la Corte de Distrito para el otro día a las nueve de la mañana.” (T.E. págs. 10-11.)

El apelante en su testimonio presentó una versión más bien tendente a demostrar una agresión contra su hermano, una actitud belicosa por parte del denunciante y que éste no se identificó como agente de la Policía. (T.E. págs. 32-34.)

En cuanto al arresto, el policía declaró que no lo llevó a cabo porque “ellos se metieron dentro de la casa y no querían salir hacia afuera.” (T.E. pág. 27.)

Dando crédito a la prueba presentada, como evidentemente le mereció al tribunal sentenciador, ésta es suficiente en cuanto a todos los elementos esenciales del delito. La intervención y oposición del apelante fueron actos de resistencia que interfirieron efectivamente con las funciones oficiales del agente, frustrando el arresto del hermano del apelante como resultado de esa conducta. Pueblo v. Aponte Soto, 99 D.P.R. 185 (1970).

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       Dice el referido artículo:
      “Toda persona que voluntariamente resistiere, demorare o estorbare a cualquier funcionario público en el cumplimiento de alguna de las obliga-ciones de su cargo, o al tratar de cumplirla, siempre que no hubiere otra pena señalada, incurrirá en multa máxima de cinco mil (5000) dólares y cárcel por un término máximo de un año.”