author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Junta de Directores Condominio Montebello, demandante y recurrente, v. Walter Torres, demandado y recurrido.

      Número: CE-94-2

      Resuelto: 4 de abril de 1995

      Mario A. Beauchamp, abogado del recurrente; José Juan Torres Escalera, de Jiménez, Graffam & Lausell, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso requiere que examinemos los elementos que constituyen la fachada de un edificio que está sometido al régimen de propiedad horizontal. A petición de la Junta de Directores del Condominio Montebello (en adelante Junta) revisamos una sentencia del Tribunal Superior que deter-minó que el cierre de un balcón con ventanales de cristal en un apartamento en el Condominio Montebello no cam-bió la fachada del inmueble.

La controversia de autos es una muestra de los conflic-tos que con más frecuencia afectan la convivencia en un edificio que está sometido al régimen de propiedad horizontal. En el caso particular del Condominio Montebe-llo, ésta es la segunda ocasión en que este Tribunal tiene que resolver una controversia relativa a las alteraciones de la fachada del edificio. Véase Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, 136 D.P.R. 223 (1994).

Por entender que en el caso de autos la instalación de un ventanal de cristal en el balcón fue un cambio en la forma externa de la fachada no autorizado por los otros titulares, revocamos.-

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El recurso ante nos surge de una de las acciones judi-ciales entabladas por la Junta en marzo de 1993 para obli-gar a ciertos titulares a corregir unas alteraciones efectua-das en sus apartamentos que alegadamente cambiaban la fachada del condominio. La Junta acudió a los tribunales en cumplimiento de una decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor que le ordenaba a tomar las ac-ciones legales necesarias para corregir las alteraciones a la fachada realizadas por varios titulares en violación del Art. 15(d) de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 1291m(d). La Junta solicitó en su demanda que el tribunal ordenase a los titulares que corrigiesen sus respectivas vio-laciones de fachada y la restituyesen a su estado original.

Una de las acciones incoadas fue contra el titular Walter Torres. En específico, se alegó que él cerró un balcón con un ventanal de cristal y, al hacerlo, amplió el área cerrada de su apartamento. Luego de diversos trámites procesales, el Tribunal Superior desestimó la demanda. Aunque encontró que Torres cerró su balcón, el foro de instancia concluyó que no se alteró la fachada del edificio por que “hay varios árboles dé gran tamaño que apenas hacen visible el área del apartamento del demandado donde está instalado el cristal”. Anejo I, pág. 4.

Inconforme con esta sentencia, la Junta interpuso el re-curso de autos. En su petición sostiene que el Tribunal Superior interpretó erróneamente el Art. 15(d) de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291m(d), y que las alteraciones que Torres llevó a cabo en su apartamento tu-vieron el efecto de cambiar la fachada del condominio.

Mientras que en el caso de Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra, reconocimos que la Junta tenía auto-ridad para recurrir a los tribunales para poner en vigor una orden administrativa de DACO, éste recurso requiere que determinemos si los cambios efectuados por un titular en su apartamento constituyen una alteración de la fa-chada del Condominio Montebello, prohibida por el Art. 15(d) de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra.

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Para facilitar la convivencia entre los titulares de un inmueble, sin que se intervenga indebidamente con los derechos individuales de los demás, nuestro ordenamiento estableció un balance delicado con unas reglas mínimas para el uso y disfrute de cada apartamento. Con estos propósitos el Art. 15 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291m, reconoce que cada titular tendrá el uso exclusivo del apartamento, siempre que no afecte la paz y tranquilidad de los demás y contribuya proporcionalmente a los gastos incurridos para operar y administrar el régimen de propiedad horizontal. Aunque estas reglas mínimas propician la convivencia y armonía entre los titulares, su propósito “no es establecer un sistema comunitario, sino viabilizar la propiedad individualizada de los apartamentos”. M. Godreau, El condominio: el régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico, San Juan, Ed. Dictum, 1992, pág. 125.

Por esta razón, aunque el régimen reconoce el uso exclusivo de cada apartamento por su titular, también impone unas limitaciones al disfrute de cada uno en interés de la colectividad. Cond. Prof. S.J. H. Centre v. P.R.F., Inc., 133 D.P.R. 488 (1993). En particular, el estatuto restringe las mejoras, modificaciones, reparaciones y la limpieza que un titular puede llevar a cabo en su apartamento:

Cada titular deberá ejecutar a sus únicas expensas las obras de modificación, reparación, limpieza, seguridad y mejoras de su apartamiento, sin perturbar el uso y goce legítimo de los demás, ni cambiar la forma externa de las fachadas, ni decorar las paredes, puertas o ventanas exteriores con colores o tonali-dades distintas a las del conjunto. (Enfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 1291m(d).

Este precepto impide que un titular —por su cuenta— lleve a cabo obras en su apartamento que: (1) afecten el uso y disfrute de los demás; (2) alteren la fachada, o (3) deco-ren las puertas, paredes o ventanas con colores que afecten el conjunto arquitectónico y estético del edificio. La pre-misa inarticulada de estas restricciones es que las conside-raciones arquitectónicas y estéticas de la fachada de un edificio son parte de los criterios principales utilizados por un titular para adquirir un apartamento en un edificio determinado.

La prohibición referente a la fachada es una de las más neurálgicas de nuestro ordenamiento. De hecho, es la que más controversias ha generado precisamente porque es una materia en la cual chocan con frecuencia los estilos de vida y gustos individuales de un titular con los del resto de los propietarios y con la armonía que debe prevalecer en la vida en un condominio. Véase E. Colón, The Horizontal Property Regime or Condominium System of Property in Puerto Rico and Louisiana: A Comparative Outlook, XVI Rev. Jur. U.I.A. 227, 239 (1982). Como en el caso de autos, los conflictos más frecuentes se originan cuando la Junta cuestiona las modificaciones y mejoras efectuadas por un titular en su propiedad porque afectan y son incompatibles con el conjunto arquitectónico y estético de la fachada del edificio.

Esta restricción parte de la premisa de que tanto la fachada como las demás paredes perimetrales de un edificio son consideradas como bienes de uso común por ser racionalmente necesarias para la “existencia, conservación, seguridad y adecuado uso y disfrute” del inmueble, 31 L.P.R.A. sec. 129 li. Por eso el comprador de un aparta-mento no adquiere la parte de la fachada del edificio donde está su propiedad, sino una proporción indivisa:

Esta regla rige tanto para el propietario de una unidad externa con frente a la calle, como para el dueño de un departamento interno. El titular en el dominio de una vivienda de la especie últimamente mencionada, es también dueño de una parte indi-visa sobre el frente común, e inversamente, al propietario de un departamento, piso o local externo, le corresponde una porción ideal sobre las demás paredes perimetrales, donde general-mente se abren las ventanas, y proyectan los balcones de las unidades que no dan a la calle, sino a espacios de aire y luz comunes. H. Racciatti, Propiedad por pisos o por apartamentos, 3ra ed. rev., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1975, pág. 107.

A esta misma conclusión llega Poirier en su obra sobre la propiedad horizontal, en la cual concluye que “[l]as fa-chadas son bienes comunes que se asimilan a las ‘paredes maestras’, con la diferencia de que están más decoradas que las paredes laterales”. P. Poirier, La Propiedad Horizontal, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Arayú, 1955, pág. 51.

Como un titular adquiere una parte indivisa de la fachada, el estatuto le impone la obligación de contribuir proporcionalmente a los gastos incurridos por el edificio para conservarla y repararla, así como el derecho a autorizar las alteraciones que se hagan en ésta. Por otro lado, como un titular no adquiere una parte determinada de la fachada, tampoco puede utilizarla ilimitadamente o por su cuenta introducirle cambios de trascendencia.

Estas modificaciones están vedadas por nuestro ordenamiento porque alteran “la estética fundamental de un edificio”. M. Batle Vázquez, La propiedad de casas por pisos, 3ra ed. rev., España, Ed. Marfil, 1956, pág. 109. Bajo esta normativa, el criterio rector es el efecto de las alteraciones sobre el conjunto estético y arquitectónico del edificio. Cualquier cambio que tenga el efecto de alterar este conjunto no puede ser efectuado por un titular indivi-dualmente: .

En consecuencia y como principio general, ninguno de los propietarios, por su sola voluntad, puede colocar en la fachada marquesinas, molduras, comisas, insignias, anuncios lumino-sos o carteles, ni cambiar el colorido de los recuadros exteriores, o realizar cualquier otra construcción a base de hierros, con-creto o cualquier otra materia resistente, como balcones, mira-dores, etc., que puedan perjudicar el aspecto estético del edificio. O sea que cuando se trate de alteraciones de trascen-dencia a la estética del edificio, a sus condiciones de seguridad en ciertos supuestos, y al uso de basuras, facilidad de escala-miento, molestias producidas por las luces y el calor, etc., las obras sólo pueden autorizarse por resolución de todos los pro-pietarios ... ya que la ley ... tiene por objeto evitar el ejercicio abusivo del derecho de propiedad que ella sistematiza. (Escolio omitido.) Racciatti, op. cit, pág. 388. Véase, también, Godreau, op. cit, pág. 152.

De la obra citada previamente se desprende que uno de los elementos de una fachada que no pueden ser cambiados de forma unilateral por un titular es el balcón del apartamento. Este constituye una parte importante del diseño arquitectónico y la estética de un edificio. Por ende, su titular no puede, por su cuenta, transformarlo en un mirador o cerrarlo para convertirlo en otra habitación de su apartamento.

Cuando un titular viola esta restricción y por su cuenta introduce cambios de trascendencia a la estética o al diseño arquitectónico de un edificio, la junta de directores tiene la obligación de hacer “las oportunas advertencias y apercibimientos a los titulares” y tomar las medidas co-rrespondientes para hacer cumplir las restriccciones del régimen de propiedad horizontal. 31 L.P.R.A. sec. 1293b-4(a). Además, está autorizada a proceder con una querella en el Departamento de Asuntos del Consumidor o incoar una acción en los tribunales para condenar al titular que hubiese violado el Art. 15(d) a restituir las cosas al estado anterior a los cambios que realizó unilateralmente. Junta Dir. Cond. Montebello v. Fernández, supra.

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En el caso de autos, la Junta presentó una demanda contra Walter Torres para que el tribunal le ordenara res-tituir la fachada de su apartamento a su estado original. La Junta acudió al foro judicial para que se pusiera en vigor una orden del Departamento de Asuntos del Consu-midor que determinó que se había alterado la fachada del edificio cuando Torres y otros titulares cerraron sus balco-nes, ampliaron las áreas cerradas de sus apartamentos e instalaron ventanas y puertas distintas a las que original-mente tenía el condominio. En el caso particular de Torres, se alegó que en su apartamento se habían instalado unas ventanas de cristal en el balcón.

Aunque el foro de instancia determinó que se había ce-rrado el balcón, concluyó que no se estableció que esta obra alteraba la fachada del edificio porque los cristales se ins-talaron en la parte interna del apartamento y irnos árboles cubrían parte de la fachada afectada.

De la normativa anterior se desprende con claridad que esta determinación está equivocada. Un examen de la prueba documental que tuvo ante su consideración el foro de instancia revela que aunque los cristales se instalaron en el balcón, la obra tuvo el efecto de cambiar el conjunto arquitectónico y estético del condominio. Torres transformó el balcón en un mirador, amplió el área cerrada del apar-tamento y cambió el exterior del edificio.

Tampoco es correcta la conclusión del tribunal a quo de que no se violó el Art. 15(d), porque unos árboles cubrían esa parte de la fachada. Las fotografías del inmueble que forman parte de los autos originales revelan con claridad que al instalar un ventanal de cristal se eliminó el balcón de esa parte de la fachada y se amplió el área cerrada del apartamento. Como resultado de esta obra, un titular cam-bió su parte proporcional de la fachada del edificio, desfi-gurando la estética y el diseño arquitectónico que original-mente tenía el Condominio Montebello.

Si la Junta no hace cumplir las restricciones del régi-men ni evita que cada titular instale toldos, ventanas, re-jas, cortinas exteriores, o cualquier otro aditamento exterior que sea incompatible con el diseño original, o que cambie los colores o tonalidades de la paredes exteriores de su apartamento, el edificio perderá la uniformidad arqui-tectónica y estética que originalmente inspiró a cada uno de los dueños a adquirir una propiedad en ese condominio. Permitir que reine semejante anarquía en éste o cualquier otro condominio es contrario al espíritu y propósito de nuestra Ley de la Propiedad Horizontal.

Por ende, procede revocar la sentencia recurrida y devol-ver el caso al foro de instancia para que de inmediato ponga en vigor la decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita.

       John Ruskin define la arquitectura como “el arte de erigir y de decorar los edificios construidos por el hombre, cualquiera que sea su destino, en forma tal que su aspecto incida sobre la salud, sobre la fuerza y sobre el placer del espíritu”. J. Ruskin, Las siete lámparas de la arquitectura, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Mercatali, 1956, pág. 23.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor A.A.O.

      Número: CE-93-475

      Resuelto: 4 de abril de 1995

      Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino y Subprocurador General, Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General Interina, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Francisco Acevedo Padilla, abogado del menor imputado.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca determinar cuál Sala del Tribunal Superior —la Sala de Asuntos de Menores o la Sala de lo Criminal— debe asumir jurisdicción sobre una persona que ya ha sido encausada y convicta como adulto, y se encuentra recluida en cárcel cumpliendo pena por ello, para entender en una querella presentada contra ésta por su alegada participa-ción, siendo menor de edad, en hechos ocurridos antes de aquellos que dieron lugar a que se le encausara como adulto.

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El 2 de mayo de 1990 el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores (en adelante Tribunal de Menores), ordenó al menor A.A.O. a cumplir una medida dispositiva condicional de un (1) año por haber incurrido en faltas de alteración a la paz y amenaza.

El 21 de enero de 1991 se presentaron denuncias en el Tribunal Superior, Sala de lo Criminal (en adelante Tribunal Superior), contra A.A.O. por los delitos de asesinato, robo y violaciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, motivadas por hechos ocurridos el 15 de enero de 1991, cuando el acusado tenía 17 años de edad.

Comenzado el juicio, el acusado hizo alegación preacor-dada de culpabilidad por los delitos de homicidio, robo y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. El 8 de julio de 1991 el Tribunal Superior dictó fallo de culpabilidad en su contra. Una semana después, el Procurador de Menores le solicitó al Tribunal de Menores que, a tenor con las dis-posiciones del Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2205, cesara su autoridad sobre el convicto en relación con la medida dispositiva impuesta por dicho foro el 2 de mayo de 1990. El 22 de julio de 1991 dicho foro declaró con lugar la referida solicitud y ordenó que se ce-rrara y archivara el expediente correspondiente al menor. El 4 de octubre de 1991 el convicto fue senten-ciado por el Tribunal Superior a cumplir una pena de diez (10) años de reclusión por el delito de homicidio, concu-rrente con las penas impuestas por los otros delitos imputados.

Posteriormente, el Ministerio Público advino en conoci-miento de la supuesta participación del confinado en actos delictivos ocurridos el 8 de enero de 1991, una semana antes de los hechos que motivaron su convicción como adulto. Esto dio lugar a que, luego de varios trámites procesales, se acusara a A.A.O. en el Tribunal Superior por los delitos de tentativa de asesinato, robo y violaciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. El 11 de junio de 1992, llamado el caso para juicio, el Tribunal Superior, a moción de la defensa, a la cual se allanó el Ministerio Público, determinó que no tenía jurisdicción para entender en el asunto debido a que al acusado se le imputaban faltas cometidas cuando éste era menor de 18 años, desestimó las acusaciones y ordenó el traslado del expediente en cuestión al Tribunal de Menores, a tenor con lo dispuesto en la Regla 2.17 de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

El 29 de julio de 1992 el Procurador de Menores, motu proprio, presentó una moción ante el Tribunal Superior en la que informó a dicho foro que el menor A.A.O. había sido acusado anteriormente y convicto como adulto y que, por ello, el Tribunal de Menores había cesado en su autoridad sobre el menor. Además, le solicitó al Tribunal Superior que exigiese la devolución del expediente del menor para que continuaran los procedimientos en el Tribunal Superior. Luego de celebrar una vista para discutir la re-ferida moción, el 19 de agosto de 1992 el tribunal la denegó y determinó que, habiéndose trasladado el expediente al Tribunal de Menores, no tenía ya jurisdicción para enten-der en el asunto. Ello, no obstante, surge de la minuta de dicha vista que el tribunal resolvió, además, que

... el Art. 5 de la Ley de Menores, lo que habla [es] de cese de autoridad en cuanto a medida dispositiva, o sea cese de super-visión, no a cese de jurisdicción. En este caso estos hechos son cometidos con anterioridad, supuestamente a los otros hechos en que, [el menor] fue juzgado y convicto cuando era menor de edad y entiend[o] que el Tribunal [de Menores] tiene [que] afir-mativamente renunciar a la jurisdicción [en] estos casos para [que este Tribunal pueda] entender con los mismos. Distinto hubiese sido que habiendo sido juzgado como adulto, por habér-sele renunciado la jurisdicción o no haber tenido jurisdicción, el Tribunal de Menores como adulto, a pesar de que hubiese co-metido otros hechos distintos posteriores, siendo aún menor, que entonces este Tribunal de adultos, conservaba la jurisdicción. Apéndice VIII de la Petición de certiorari, pág. 10.

El 2 de septiembre de 1992 el Ministerio Público pidió reconsideración del dictamen emitido. Alegó, en esencia, que un menor que ha sido convicto como adulto no puede ser posteriormente supervisado por el Tribunal de Menores puesto que “la condición de adulto opera estatutariamente y es irreversible en [lo referente a la materia de] jurisdic-ción en cuanto a la responsabilidad social de [la] persona”. Apéndice VIII de la Petición de certiorari, pág. 14. El 16 de septiembre el Tribunal Superior denegó la referida moción por encontrarse el caso ya ante el Tribunal de Menores.

Luego de presentadas las correspondientes querellas ante el Tribunal de Menores, el 12 de abril de 1993 el Pro-curador de Menores le solicitó a dicha sala que renunciara a su jurisdicción sobre el imputado por entender que la gravedad de las faltas imputadas así lo justificaba.

El 26 de abril de 1993 el Tribunal de Menores emitió la resolución siguiente:

Surge de autos que el pasado 9 de julio de 1991 este Tribunal emitió una Orden dando por terminada su autoridad sobre el menor de epígrafe. De igual forma tomamos conocimiento judicial que el pasado 4 de octubre de 1991 el [Tribunal Superior] dictó sentencias de presidio contra [A.A.O.] denegando expresa-mente el beneficio de sentencia suspendida.
En [ajtención a lo dispuesto en el Art. 5 de la [Ley de Menores] nos declaramos sin jurisdicción para continuar venti-lando procedimientos contra [A.A.O.], independientemente de la fecha en que supuestamente ocurrieron tales hechos.

Inconforme con dicha determinación, el Procurador General recurrió al Tribunal de Apelaciones, Sección Norte, mediante Solicitud de certiorari y planteó como único error lo siguiente:

Erró el Tribunal Superior, Asuntos de Menores, al concluir que no tenía jurisdicción sobre el imputado sin tomar en considera-ción la fecha en que ocurrieron los hechos imputados en la querella. Petición de certiorari, pág. 3.

El expediente fue posteriormente referido al Tribunal de Apelaciones, Sección Sur, y el 10 de agosto de 1993 dicho foro ordenó que se elevaran los autos de los casos correspondientes. Luego, el expediente nos fue referido para nuestra consideración.

Luego de complicados trámites procesales el Procura-dor General presentó su alegato el 19 de julio de 1994 y planteó, en síntesis, lo siguiente:

(1) Que erró el Tribunal de Menores al basar su determina-ción de falta de jurisdicción en la orden de cese de autoridad que emitiera el 22 de julio de 1991 y las disposiciones del Art. 5 porque dichos términos no significan lo mismo;
(2) que la querella presentada contra el menor en el caso de marras pertenece a la jurisdicción del Tribunal de Menores por-que ésta no se encuentra comprendida entre las modalidades de exclusión de jurisdicción enumeradas en la Ley, y
(3) que, como el criterio rector que determina cuál Sala del Tribunal Superior tiene jurisdicción en un caso que envuelve un menor es la fecha en que se cometió la falta, y la fecha de la falta imputada en el caso de marras es anterior a la fecha del delito por el cual A.A.O. fue procesado y convicto como adulto, el Tribunal de Menores debe asumir jurisdicción sobre A.A.O. en esta ocasión. Alegato del Procurador General, págs. 3, 5 y 9.

El 12 de agosto de 1994 el representante legal del acu-sado presentó una moción para allanarse a los plantea-mientos esbozados por el Procurador General en su alegato.

Pasamos ahora a resolver la controversia ante nos, te-niendo en cuenta que lo que tenemos que decidir aquí es si, esencialmente, respecto a los hechos delictivos de 8 de enero de 1991, el menor en cuestión debe ser encausado mediante un procedimiento cuyo propósito sea rehabilita-dor o uno en que se le juzgue como adulto, con la corres-pondiente imposición de penas más severas. Para ello de-bemos atender también los tres planteamientos esenciales esbozados por el Procurador General en su alegato, no sólo porque es éste el que viene obligado a defender tanto los intereses del menor como los del Estado, sino porque nos preocupa, además, la inusitada disparidad de criterios es-bozados por los representantes del Estado en relación con el menor A.A.O. en sus diversas comparecencias ante las diferentes salas judiciales que entendieron en este caso en el nivel de instancia.

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Atendemos, en primer lugar, los planteamientos del Procurador General relativos a las diferencias entre la “ju-risdicción” y la “autoridad” del Tribunal de Menores.

El Procurador General alega, en esencia, que la “autori-dad”, como se define en el Art. 5 de la Ley de Menores de Puerto Rico, (en adelante Ley), se refiere únicamente al poder de supervisión, del Tribunal de Menores sobre un me-nor transgresor en relación con la medida dispositiva im-puesta en su caso, y que la conclusión de ésta, por sí sola, no puede privar al Tribunal de Menores de asumir juris-dicción posteriormente sobre una querella presentada por faltas cometidas por el menor en cuestión, conforme al Art. 4 de la Ley. Aduce éste que, de lo contrario, el mecanismo de cese de autoridad sería equivalente a una renuncia de jurisdicción a priori, pero sin los requisitos del debido pro-cedimiento de ley enumerados en el Art. 15 de la Ley, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2215. Por ello alega que al momento de presentarse la querella por los hechos ocurridos el 8 de enero de 1991, el Tribunal de Menores había perdido úni-camente su autoridad sobre el menor A.A. O. en relación con la medida dispositiva que el menor se encontraba cum-pliendo por las faltas de alteración a la paz y amenaza. No así su jurisdicción para entender en otras querellas que pudieran ser presentadas contra A. A. O. posteriormente, no relacionadas con los hechos que dieron lugar a que éste fuera encausado como adulto.

El planteamiento formulado por el Procurador General es evocativo de una preocupación que existía en relación con el lenguaje de la antigua Ley de Menores, Ley Núm. 97 de 23 de julio de 1955; en particular, con las disposiciones relacionadas con los mecanismos de renuncia de autoridad y de renuncia de jurisdicción de los Arts. 3 y 4 de la citada ley, respectivamente. El informe preparado por el Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial de Puerto Rico (en adelante Comité) en 1980 revela que algunos jue-ces y abogados del país opinaban que el mecanismo de re-nuncia de autoridad que existía entonces era igual al de renuncia de jurisdicción coexistente, pero con unos crite-rios más laxos, por lo que el juez podía utilizar el de renun-cia. de autoridad para exponer al menor en cuestión a que se le procesara como adulto por faltas cometidas luego de cumplir dieciséis (16) años de edad, en lugar de dieciocho (18), como lo exigía el mecanismo de renuncia de jurisdicción. Informe del Comité de Justicia Juvenil, San Juan, Conferencia Judicial de Puerto Rico, octubre de 1980, pág. 108. Ajuicio del Comité, el mecanismo de renun-cia de autoridad sobre el menor debía tener únicamente el efecto de terminar con la supervisión del Tribunal de Me-nores sobre el menor incurso en falta, en relación con la disposición hecha en el correspondiente caso.

Por ello, el Comité propuso que, en relación con este artículo, se sustituyera el término “renuncia de autoridad” por el de “cese de autoridad” (Informe del Comité de Justi-cia Juvenil, supra, págs. 110, 233); y, en la alternativa, presentó un anteproyecto de ley con un lenguaje distinto cuyo propósito era establecer la diferencia entre ambos términos. El lenguaje de los artículos pertinentes que se encontraba vigente a la fecha en que se cometieron los ac-tos imputados a A.A.O. era esencialmente idéntico al pro-puesto por dicho Comité.

En relación con la jurisdicción del Tribunal de Menores, el Art. 4 de la Ley, supra, que se encontraba vigente a la fecha de los hechos imputados disponía lo siguiente:

See. 2204. Jurisdicción del Tribunal
El Tribunal tendrá autoridad para conocer de:
(a) Todo caso en que se impute a un menor conducta que constituya falta, incurrida antes de éste haber cumplido diecio-cho (18) años de edad. Dicha autoridad estará sujeta al período prescriptivo dispuesto en las leyes penales para la conducta imputada.
(b) Cualquier asunto relacionado con menores según dis-puesto mediante ley especial, confiriéndole facultad para enten-der en dicho asunto.
El Tribunal no tendrá autoridad para conocer de:
(a) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cum-plido catorce (14) años de edad la comisión de hechos constitu-tivos de asesinato.
(b) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cum-plido catorce (14) años de edad hechos constitutivos de delito que surjan de la misma transacción o evento constitutivo de asesinato.
(c) Todo caso en que se impute a un menor que hubiere cum-plido catorce (14) años de edad hechos constitutivos de delito cuando se le hubiese adjudicado previamente un asesinato como adulto.
En todos los casos contemplados en los incisos (a) a (c) de esta parte el menor será procesado como adulto.
La sala de lo criminal del Tribunal General de Justicia con-servará su jurisdicción sobre el menor aun cuando haga alega-ción de culpabilidad o medie convicción por un delito distinto al asesinato.
Cuando un magistrado determine la existencia de causa probable por un delito distinto al asesinato, éste y cualquier otro delito que surgiere de la misma transacción se trasladará al tribunal que ejerza su autoridad bajo las disposiciones de este Capítulo y éste retendrá y conservará jurisdicción según se dis-pone en la see. 2205 de este título. (Énfasis suplido.

A su vez, el Art. 5 de la Ley, que continua vigente, dispone así:

See. 2205. Duración de la autoridad del Tribunal:
El Tribunal conservará su autoridad sobre todo menor sujeto a las disposiciones de este Capítulo hasta que cumpla la edad de veintiún (21) años, a menos que mediante orden al efecto dé por terminada la misma.
En todos los casos en que un menor, estando aún bajo la au-toridad del Tribunal, sea procesado y convicto como adulto, el Tribunal perderá automáticamente su autoridad sobre dicho menor. La sala de lo criminal del Tribunal General de Justicia vendrá obligada a imponer al menor que fuere procesado y con-victo como adulto el cumplimiento de cualquier condición de la medida dispositiva que dictó el Tribunal y que el menor no hu-biere cumplido, sujeto a la fecha en que éste cumpla los vein-tiún (21) años de edad. (Enfasis suplido.)

Por otro lado, el mecanismo de renuncia de jurisdicción existente no sólo requiere la celebración de una vista antes de que el Tribunal de Menores renuncie a su jurisdicción sobre un menor sino que, además, establece una serie de criterios que el Tribunal tiene que considerar para cumplir con las garantías del debido proceso de ley. Art. 15 de la Ley, supra.

Todo lo anterior revela, pues, que existe una diferencia entre ambos conceptos, a pesar de que la legislación pertinente los usa laxamente de manera indistinta. El concepto “jurisdicción” en el ordenamiento jurídico de menores alude a la facultad esencial del Tribunal de Menores para entender en procesos contra éstos. Está relacionado propiamente con la cuestión de si el menor debe ser encausado dentro del sistema de justicia juvenil o en el sistema de justicia criminal. Por otro lado, el concepto “autoridad” en este ordenamiento se refiere propiamente a la supervisión, detención o custodia del menor que asume el Estado como parens patriae, mientras a éste se le encausa y luego de que se ha determinado que está incurso en la comisión de una falta. Así, pues, surge claramente de los referidos artículos de la ley que el Tribunal de Menores pierde “jurisdicción” cuando los actos imputados ál menor ocurren después de éste haber cumplido 18 años; o si se le imputa la comisión de un asesinato y hubiese cumplido 14 años. En cambio, cesa la “autoridad” del tribunal sobre el menor cuando cumple 21 años de edad o cuando, por cualquier motivo, ha sido procesado y convicto como adulto. Con-forme la ley, puede darse el caso de un menor que, ha-biendo cumplido 18 años, está todavía bajo la autoridad del Tribunal de Menores —por razón de estar cumpliendo una medida dispositiva impuesta antes— y a quien entonces se le imputa la comisión de un delito. A este menor se le pro-cesará como adulto por el nuevo delito, ya que el Tribunal de Menores carece de jurisdicción pero, si resultara no culpable o se le archivara la acusación por el nuevo delito, el Tribunal de Menores continuaría con su autoridad sobre el menor a los fines del cumplimiento de la anterior medida dispositiva.

En fin, aunque ambos términos están íntimamente relacionados, éstos no son análogos puesto que se refieren a etapas distintas del proceso: la jurisdicción determina quién debe ser encausado dentro del sistema de justicia juvenil y la autoridad define el tipo y la duración de la medida impuesta una vez se determine que éste se encuentra incurso en falta. Existen ocasiones en que un evento puede afectar tanto la autoridad como la jurisdicción del Tribunal de Menores. Así es el caso de un menor que cumple 21 años de edad, cuando ambas cesan. Pero, por otro lado, existen circunstancias que pueden afectar la autoridad del Tribunal de Menores sin limitar su jurisdicción para entender en una nueva querella que sea presentada en relación con ese menor. Por ejemplo, en el caso en que la autoridad del Tribunal de Menores sobre un menor cesa porque el término de la medida dispositiva impuesta ha terminado, el Tribunal de Menores podría asumir jurisdicción posteriormente sobre el menor para entender en una nueva querella presentada contra éste por faltas co-metidas siendo aún menor, conforme lo dispuesto en el Art. 4 de la Ley, supra.

Siendo ello así, tiene razón el Procurador de Menores al decir que cuando el Tribunal emite una orden de cese de autoridad sobre un menor, dicha orden, como regla general, tiene efecto únicamente sobre la duración de la super-visión del tribunal sobre el cumplimiento de una medida dispositiva en particular, no sobre la persona del menor en asuntos posteriores. Dicha orden no tiene el efecto, por sí sola, de poner fin a la jurisdicción del Tribunal de Menores para entender en otras querellas.

No tiene razón el Procurador de Menores, sin embargo, en que ello sea dispositivo en su totalidad del asunto ante nos. Como señalamos anteriormente, pueden darse casos en que el cese de autoridad haya sido provocado por cir-cunstancias que incidan también sobre la jurisdicción del Tribunal de Menores en etapas futuras. Tal es la situación en el caso ante nos ahora.

En este caso, el Procurador de Menores le solicitó al Tribunal de Menores que cesara en su autoridad sobre el menor luego de que éste fuera convicto como adulto, tal como lo dispone el Art. 5 de la Ley, supra. Esto significa que, en este caso, el cese de autoridad o supervisión sobre el menor A.A. O. estuvo motivado porque su condición de adulto —por haber sido tratado y convicto como tal por disposición de ley— provocó que éste no pudiese continuar sujeto a la supervisión o autoridad del Tribunal de Meno-res en relación con las faltas de alteración a la paz y amenaza. Pero, a diferencia de lo que alega el Procurador de Menores, este evento, como discutiremos más adelante, marcó además el fin de la jurisdicción del Tribunal de Me-nores sobre A.A.O., puesto que su condición de adulto, que dio acceso al procedimiento criminal en su contra, era irreversible y era un hecho determinado con finalidad estatutaria.

La cuestión que tenemos que resolver ahora, pues, no es únicamente cuál era el alcance de la orden de cese de au-toridad emitida por el Tribunal de Menores el 22 de julio de 1991 en relación con la querella posteriormente presen-tada por los hechos ocurridos el 8 de enero de 1991, sino si el Tribunal de Menores podía asumir o no jurisdicción nue-vamente sobre A.A.O., luego de que fuese encausado y con-victo como adulto.

I — I HH J — I

El Procurador de Menores alega que la querella presen-tada contra el menor en el caso de marras pertenece a la jurisdicción del Tribunal de Menores porque ésta no se en-cuentra comprendida entre las modalidades de exclusión de jurisdicción dispuestas en la Ley, ya que la convicción como adulto contra el menor en cuestión fue por un delito distinto al de asesinato.

Como señaláramos anteriormente, el Art. 4 de la Ley, supra, disponía que el Tribunal de Menores tenía jurisdicción para entender en cualquier querella que le imputara a mi menor una falta incurrida antes de éste haber cumplido 18 años de edad, excepto cuando se le acusara a un menor que hubiese cumplido los 14 años de edad por el delito de asesinato o cualesquiera delitos que surgieren de la misma transacción o evento que el asesinato, y toda acusación contra un menor que hubiese cumplido 14 años de edad, cuando a éste se le hubiese adjudicado anteriormente un asesinato como adulto. Si esto hubiese sido lo único dispuesto en el referido artículo, tendría razón el Procurador de Menores en su planteamiento, puesto que las querellas presentadas contra el menor A.A. O. por los delitos de tentativa de asesinato, robo y violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico claramente no caían bajo ninguna de las 3 exclusiones enumeradas en los referidos incisos (a)-(c), ya que que ni se le acusó por el delito de asesinato ni otro delito que surgiera de los mismos hechos, ni se le había “adjudicado previamente un asesinato como adulto”, sino un homicidio. Sin embargo, dicho artículo contenía, además, unos párrafos finales que son aplicables a situaciones como las del caso de autos. Lo dispuesto allí claramente obligaba al Tribunal Superior a retener su ju-risdicción sobre un menor que, habiéndosele acusado por el delito de asesinato u otros delitos que surgieren del mismo evento, se le hubiese encontrado culpable por un delito dis-tinto (e incluso inferior) al de asesinato.

Nos parece que el aludido esquema surge razonablemente de una interpretación contextual de las disposiciones estatutarias pertinentes. De cualquier modo, de existir dudas sobre el particular, como parece haberlas tenido el Ministerio Público, en relación con lo que dispone la Ley respecto a las respectivas jurisdicciones de las Salas de Asuntos de Menores y de lo Criminal, resolvemos que el Tribunal de Menores no podía, bajo las anteriores disposiciones de la Ley, asumir jurisdicción sobre un caso en que la propia ley le había conferido dicho poder al Tribunal Superior y éste aún conservaba su jurisdicción sobre el sujeto en cuestión al momento en que se presentó una nuevaquerella en su contra. Bajo las citadas disposiciones, una vez se acusara ante el Tribunal Superior a un menor que hubiese cumplido los 14 años por el delito de asesinato u otros delitos que surgieran del mismo evento que el asesi-nato, el Tribunal de Menores podía asumir jurisdicción so-bre el menor posteriormente, únicamente si un magistrado determinaba que no existía causa probable para encausar por el delito de asesinato o que existía causa probable por un delito distinto, y lo devolvía al Tribunal de Menores para que atendiera las querellas por los otros delitos; o el menor salía absuelto de los cargos imputádoles. Pero, una vez la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior determi-naba que existía causa probable por el delito de asesinato, ésta conservaba su jurisdicción sobre el menor, aún cuando terminado el juicio se le encontrara culpable por un delito distinto al asesinato.

A base de ello, la orden dando por terminada la autori-dad del Tribunal de Menores sobre A.A.O. surtía efecto so-bre su persona y no únicamente sobre la querella específica. Ello porque el cese de autoridad se debía a que el menor había pasado a la jurisdicción del Tribunal Superior y no a que el Tribunal de Menores lo hubiese relevado de cumplir totalmente con cierta medida dispositiva.

Nuestra decisión responde no sólo al texto de las disposiciones aplicables, sino al sentir que permea el sistema de justicia juvenil de que cuando un menor ha sido procesado como adulto continúa siendo un adulto para efectos de dicho sistema y la determinación de su condición de adulto es irreversible, sea ésta estatutaria o discrecional.

IV

Nos queda resolver qué efecto, si alguno, debe tener so-bre la jurisdicción del Tribunal de Menores el hecho de que la falta imputada ocurriera previo a la que motivó que A.A.O. fuera convicto como adulto.

El Procurador de Menores alega que el criterio rector para determinar qué Sala debe asumir jurisdicción sobre un menor es la fecha en que se cometió la falta imputada y no la fecha en que comienza el proceso, conforme lo re-suelto en Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993), y que por ello es el Tribunal de Menores el que debe asumir jurisdicción sobre el menor en relación con la falta alegadamente cometida antes del delito por el cual el me-nor fue procesado y convicto como adulto.

En Pueblo en interés menor F.R.F., supra, reiteramos que el poder del Tribunal de Menores para asumir jurisdicción sobre un menor depende de la fecha en que alegadamente se cometió la falta y no de aquella en que comenzó el proceso o en que dicha corte adquirió jurisdicción sobre el menor incurso. Dicha norma se refiere a que es la edad que tenía el imputado cuando se cometió la alegada falta la que determina su condición de menor, no la edad que tuviese cuando comenzó el procedimiento en su contra. Debe notarse, sin embargo, que esa decisión nuestra no trataba con la singular conjunción de hechos que se da en el caso de autos. Lo resuelto allí no significa que el Tribunal de Menores deba asumir jurisdicción sobre un menor por encima de la jurisdicción que ha asumido ya el Tribunal Superior sobre éste, por el mero hecho de que la nueva falta imputada haya ocurrido antes de la que motivó su encarcelamiento como adulto.

Anteriormente hemos resuelto que el sistema de justicia juvenil creado por la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 está caracterizado por un “enfoque ecléctico” que le impone al Estado la tarea de armonizar su responsabilidad como parens patriae de velar por el interés de rehabilitación del menor transgresor, con su deber de responsabilizar a éste por sus actos. Exposición de Motivos de la Ley, supra, 1986 Leyes de Puerto Rico 284, 285-286; Art. 2 de la Ley, supra, 34 L.P.R.A. sec. 2202; Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993); Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990); Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 457-458 (1989). Conforme ello hemos resuelto, además, que el tratamiento rehabilitador es preferible, como regla general, sobre el procedimiento como adulto. Pueblo en interés menor R.H.M, supra, pág. 417. Sin embargo, también hemos resuelto que el menor debe responder ante los tribunales ordinarios cuando el Tribunal de Menores no pueda ya rehabilitarle utilizando los servicios disponibles a dicho sistema. Id. Esto es así porque en aquellos casos en que sea claro que el propósito rehabilitador de la Ley no se cumplirá —ya sea porque este hecho se haya determinado mediante providencia judicial o por disposición estatutaria— dicha finalidad debe ceder ante el propósito de responsabilizar al menor por su con-ducta delictiva.

En el caso de marras, el menor imputado se encuentra cumpliendo una pena de 10 años de reclusión como adulto, que comenzó a decursar cuando éste ya tenía 18 años de edad. Resulta claro que el Tribunal de Menores no puede imponer ya una medida rehabilitadora bajo su autoridad o supervisión. Poco importa que el delito que se le imputa ahora haya ocurrido antes del que motivó dicha convicción —especialmente en el caso de marras, en que ambas faltas ocurrieron con tan sólo una semana de diferencia— puesto que, de asumir el Tribunal de Menores jurisdicción sobre A.A. O. en este caso, estaría incapacitado posteriormente para supervisar cualquier medida dispositiva que pudiera imponerle bajo la Ley. El caso de marras es, pues, una de esas excepciones en que el Tribunal de Menores no puede tratar al menor bajo su jurisdicción.

Por otro lado, el Art. 5 de la propia Ley, supra, clara-mente dispone que es la autoridad del Tribunal de Menores la que se debe interrumpir ante la posibilidad de que el menor tenga que responder ante los tribunales ordinarios, no viceversa. La fecha de la falta imputada es, pues, esen-cial para determinar si el imputado era o no menor para efectos de su responsabilidad por actos delictivos. No le confiere, por sí sola, jurisdicción al Tribunal de Menores para atender las faltas imputadas al menor. La jurisdic-ción de dicho tribunal claramente está limitada a aquellos casos en que el menor imputado no se encuentre ya sujeto a la autoridad de los tribunales ordinarios.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará senten-cia para confirmar la resolución dictada por el Tribunal Superior, Asuntos de Menores, Sala de Bayamón, el 26 de abril de 1993.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita.

       Art. 82 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4001.

       Art. 173 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4279.

       25 L.P.R.A. sees. 416 y 418.

       No obstante la edad del acusado, las denuncias se presentaron ante el Tribunal Superior debido a que bajo la legislación vigente al momento de los hechos, el Tribunal de Menores no tenía jurisdicción para procesar un caso en el cual se le imputara “a un menor que hubiese cumplido catorce (14) años de edad la comisión de hechos constitutivos de asesinato”. Art. 4 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 2204.

       Art. 85 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4004.

       En torno a esta orden es que gira uno de los planteamientos principales del Procurador General. Este alega que el cese de autoridad solicitado y ordenado fue únicamente en relación con la medida dispositiva que el Tribunal de Menores le había impuesto al menor por las faltas de amenaza y alteración a la paz, por lo que el Tribunal de Menores, posteriormente, no podía utilizar esta orden como uno de los fundamentos para determinar que no tenía jurisdicción sobre la persona del menor en cuestión.

       Surge del expediente que dicha información se obtuvo de una confesión que le hizo A.A.O. a otro convicto.

       Cabe señalar que lo correcto hubiese sido que se presentara un escrito de apelación, puesto que la resolución de la cual se recurre es de carácter final. Art. 36 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2236.

       Luego de elevado el expediente del caso ante este Tribunal, el Lie. Francisco Acevedo Padilla presentó una moción en la que nos informó que aunque había repre-sentado al acusado anteriormente, no era el representante legal del acusado para los trámites apelativos. Luego de varias comparecencias presentadas por éste y por el Procurador General en relación con la representación legal del acusado, el 21 de enero de 1994, mediante resolución, le informamos al licenciado Acevedo Padilla que, mientras no fuese relevado de la referida representación legal por el Tribunal de instancia, continuaba siendo responsable por la representación legal del acusado.

       En otras palabras, lo que pretende el Procurador General en el caso de marras es que el 'Tribunal de Menores asuma jurisdicción sobre el menor y posterior-mente renuncie a ella, si así lo desea, mediante el mecanismo de renuncia de jurisdicción.

       Para una explicación más detallada de esta interpretación véase E. Bayouth Babilonia, El tratamiento del menor delincuente en Puerto Rico, 37 (Núm. 4) Rev. Jur. U.P.R. 677,698 (1968).

       Es decir, la renuncia de autoridad produce únicamente el efecto de dejar de brindar al menor los servicios de supervisión, orientación o rehabilitación que se le venían prestando como consecuencia de la adjudicación hecha en su caso. Si el menor a quien se le cesó la autoridad comete nueva falta, y no ha cumplido dieciocho (18) años, deberá ser procesado ante el Tribunal de Menores a menos que se renuncie la jurisdicción. Informe del Comité de Justicia Juvenil, San Juan, Conferencia Judicial de Puerto Rico, octubre de 1980, pág. 109.

       Entre sus recomendaciones, el Comité de Justicia Juvenil propuso lo si-guiente:
      25. Se recomienda la eliminación del término “renuncia de autoridad” de la ley-vigente. En su lugar debe utilizarse el término “cese de autoridad” expuesto en rela-ción con la medida dispositiva impuesta en el caso, ya que es ésta la que determina el tipo y duración de la supervisión del tribunal.
      28. Debe disponerse para que se dé por cesada la autoridad del tribunal, ade-más de alcanzar el menor los veintiún (21) años, al terminar el período máximo de la medida dispositiva establecido en la ley para la falta cometida por el menor, al fina-lizar el término de la medida impuesta en su caso en particular, o en un término menor al impuesto en la medida dispositiva si el menor se hubiere rehabilitado o si mediaren circunstancias que lo justifiquen. Informe del Comité de Justicia Juvenil, supra, págs. 233-234.

       Véanse: H. Quiñones Echevarría, La reforma del sistema de justicia juvenil en Puerto Rico: Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, 48 (Núm. 1) Rev. C. Abo. P.R. 79, 80 (1987); Comité de Legislación, Algunos comentarios en torno a la Ley de Menores, Ley 88 de 9 de julio de 1986, 98-99 Rev. Der. Pur. 311, 313 (1986-1987).

       Reiteradamente hemos resuelto que los procedimientos de menores se rigen sustantivamente por la ley que esté vigente al momento de la comisión de la falta imputada, no por la vigente al momento en que comiencen los procedimientos. Esta norma prohíbe que se aplique retroactivamente una disposición sustantiva de ley que no estuviese vigente a la fecha en que se cometió la falta imputada, para evitar que el menor imputado sea procesado “ ‘bajo términos y condiciones más onerosos que los impuestos por la ley vigente a la fecha en que se perpetraron los hechos imputados en la acusación’ ”. Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172, 180 (1993). Véanse, además: Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114 (1980); Pueblo v. Ándújar, 80 D.P.R. 822 (1958).

       La segunda parte de este artículo fue enmendado posteriormente para au-mentar la edad en los párrafos (a) al (c) de catorce (14) a quince (15) años; para sustituir el referido delito por el de “asesinato en primer grado mediante deliberación y premeditación”, y para disponer que el Tribunal Superior conservará jurisdicción sobre un menor al cual el Tribunal de Menores le hubiere renunciado la jurisdicción, aim cuando “en el procedimiento ordinario como adulto al menor se le archivaran los cargos o se le encontrara no culpable”. Art 2 de la Ley, 34 L.P.R.A. see. 2204.

       Anteriormente hemos resuelto que es indispensable cumplir con todos los requisitos de los procedimientos contra un menor, por la magnitud del traslado entre la Sala de Asuntos de Menores y la Sala de lo Criminal y por los efectos serios que éste conlleva. Pueblo en interés menor 126 D.P.R. 404 (1990); Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966).

       D. Nevares-Muñiz, Derecho de Menores, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1987, págs. 32-33.

       De igual manera, como discutimos anteriormente, el Art. 5 de la Ley, 34 L.P.R.A. see. 2205, dispone que el Tribunal de Menores pierde su autoridad sobre el menor cuando éste es procesado y convicto como adulto por cualquier delito. Le impone al Tribunal Superior la obligación de velar por el cumplimiento de cualquier medida impuesta al convicto anteriormente por el Tribunal de Menores. Este es-quema requiere, pues, que en situaciones como la de marras, tanto la autoridad como la jurisdicción del Tribunal de Menores cedan ante la del Tribunal Superior, aun cuando el menor se encuentre sujeto a la jurisdicción del Tribunal Superior en rela-ción con una convicción por un delito distinto al de asesinato.

       Cuando una disposición estatutaria no es clara, como parece ser el caso de los citados artículos de la Ley de Menores de Puerto Rico, es deber de este Tribunal llenar las lagunas que hubiesen y armonizar aquellas disposiciones que estén o pa-rezcan estar en conflicto. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 7; P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8 (1981).

       Este criterio ya lo habíamos intimado antes en nuestra decisión en Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98, 107 (1967), donde dijimos que “[u]na vez que [el Tribunal de Menores] renunció su autoridad en cuanto a las acusaciones graves, dejando que el apelante fuera tratado como un adulto, bajo la filosofía que rige al Tribunal de Menores ningún fin se cumplía con seguir considerando al apelante como un niño a los fines de la acusación menos grave”.
      Este sentir resulta también evidente en la enmienda que hizo la Ley Núm. 19 de 11 de junio de 1991 al Art. 4 de la Ley, supra. Ésta dispone que el Tribunal Superior conservará jurisdicción sobre un menor al que se le archiven los cargos o sea encontrado no culpable mediante un procedimiento criminal como adulto, cuando a éste se le haya procesado como adulto como resultado de que el Tribunal de Meno-res hubiese renunciado a su jurisdicción sobre el menor. 34 L.P.R.A. see. 2204.

       Como dijéramos en Pueblo ex rel. L.V.C., supra, págs. 120-121:
      “Es la edad del ‘niño’ en la fecha de la alegada falta cometida lo que determina si le es aplicable el procedimiento relativo a menores establecido en dicha ley. Si, como en este caso, aún no había cumplido diez y ocho años, le eran aplicables las disposiciones de la Ley de Menores no importa que el procedimiento se iniciara después de haber alcanzado esa edad. .:. En ese caso, el tribunal conservará su supervisión sobre el menor hasta que éste cumpla 21 años de edad.” Véanse, además: Irizarry v. Tribunal de Distrito, 72 D.P.R. 189 (1951); Pueblo v. Andújar, 80 D.P.R. 822 (1958).

       En Pueblo v. Agosto Vázquez, 112 D.P.R. 57 (1982), nos enfrentamos también a un caso en el cual, debido a la particularidad de los hechos, permitimos que se juzgara al acusado ante el Tribunal Superior por un delito que, como regla general, debió haber sido presentado inicialmente ante el Tribunal de Menores. En aquel caso, la acusación se había presentado erróneamente ante el Tribunal Superior mientras el acusado aún era un menor pero, por culpa del propio acusado —quien en más de una ocasión huyó de nuestra jurisdicción— el tribunal no pudo corregir el error antes de que éste cumpliera 21 años. Al percatarse de dicho error, ordenó el archivo de las acusaciones por ser de la jurisdicción del Tribunal de Menores, el cual no la había asumido dentro del término dispuesto en ley. Este Tribunal revocó esa determinación y resolvió de la manera siguiente:
      Nuestro ordenamiento jurídico no requiere tan peregrino resultado, en el que se le confiere a un adulto inmunidad absoluta de que se le juzgue en tribunal alguno por la comisión de un alegado asesinato, cuando él mismo es responsable de que el caso no se sometiese a tiempo a la Sala de Asuntos de Menores. Id., pág. 58.
      En el caso de marras, el convicto participó en hechos delictivos que, por dispo-sición estatutaria, lo exponían a ser tratado como adulto, sólo una semana después de haber cometido la falta que debió ser tratada ante el Tribunal de Menores. El acusado no debe beneficiarse del hecho de que el Ministerio Público no adviniese en conocimiento de los hechos ocurridos en orden cronológico. Lo cierto es que, aun si se hubiesen presentado las querellas por estas faltas ante el Tribunal de Menores an-teriormente, el correspondiente procedimiento o la medida dispositiva impuesta con mayor probabilidad hubiese sido supervisada por el Tribunal Superior, debido a la posterior participación del acusado en hechos por los cuales se le acusó por el delito de asesinato.

       En Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 460 (1989), reconocimos que la Ley de Menores de 1986 limitó la jurisdicción del Tribunal de Menores “al procesamiento por conducta que, de tratarse de un adulto, sería considerada delito”, y que “al limitarse así su alcance [el sistema de justicia juvenil] ha adquirido matices de naturaleza punitiva que van más allá del propósito meramente rehabilitador y paternalista de la antigua ley”.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Se-ñor Hernández Denton.

text:
    La menor Nilda I. Vélez Rodríguez, representada por su madre Nilda Rodríguez, también esta última por sí y como concubina de Don Sigpredo Vélez Pagán; el menor de edad Sigfredo Vélez Vélez, representado por su madre Irma Vélez Lucena y otros, demandados y recurridos, v. Pedro Amaro Cora, Jane Doe, la Sociedad Legal de Gananciales que la componen, y Richard Doe, titular registral del vehículo Kenworth, 1973, Tablilla RP 0454 y/o h/n/c Santori Trucking y la Compañía de Seguros X Insurance Company, demandados y recurrentes; Santa Noemí Ortiz, por sí y en representación de sus hijos menores Leonel, Justin y Carlos Uribe Ortiz, etc., demandantes, v. Pedro Amaro Cora et als. , demandados y demandantes contra terceros y recurrentes, y Sucesión Don Sigfrido Vélez Pagán, compuesta por sus hijos menores de edad y otros, terceros demandados.

      Número: RE-90-563

      Resuelto: 10 de abril de 1995

      Santiago Mari Roca, de Biaggi Busquéis & Mari Roca, abo-gado de los recurrentes; Nelson Vélez Lugo, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En la madrugada del 20 de septiembre de 1987, Pedro Amaro Cora y su hermano Jaime Amaro Cora discurrían en un camión por la Carretera Estatal Núm. 2, de Sur a Norte, en dirección de San Germán a Mayagüez, para lle-var a cabo una entrega de gasolina en el pueblo de Hatillo. El camión, el cual era conducido por Pedro Amaro Cora, era uno dividido en dos (2) “piezas”, a saber, remolcador y arrastre. En el arrastre llevaba un tanque de aproximadamente ocho mil (8,000) galones de gasolina. A eso de las 5:00 a.m., al llegar al kilómetro 164.4 de la Ca-rretera Estatal Núm. 2 en la intersección con la carretera número 345 hacia Hormigueros Pedro Amaro Cora se percató de que un automóvil en retroceso, “cruzaba” la intersección justo al frente del camión y, aunque frenó, no pudo detener el camión a tiempo por lo que impactó al referido vehículo por su centro lateral izquierdo El conductor del automóvil, Sigfredo Vélez Pagán, y el pasajero del mismo, Leonel Uribe Arbelaes, fallecieron en el acto. Ambos estaban en estado de embriaguez. Las autopsias realizadas revelaron que el Sr. Vélez Pagán y el Sr. Uribe Arbelaes tenían, respectivamente, once (11) y veinticuatro (24) centésimas del uno por ciento de alcohol por volumen de sangre. En adición, debe señalarse que Uribe Arbelaes dio positivo a la prueba de cocaína en su organismo.

El 3 de febrero de 1988, los familiares de Vélez Pagán y de Uribe Arbelaes radicaron demandas sobre daños y per-juicios CS-88-107 y CS-88-108 respectivamente, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, contra el conductor del camión, Pedro Amaro Cora, la compa-ñía dueña del mismo, Santori Trucking Inc., y su asegura-dora, Corporación Insular de Seguros. El 12 de agosto de 1988, se radicaron las contestaciones a ambas demandas. A su vez, en esa misma fecha, en el caso Civil CS-88-108, los co-demandados Pedro Amaro Cora, Santori Trucking, Inc. y la Corporación Insular de Seguros, instaron de-manda contra tercero contra la Sucesión de Vélez Pagán, aduciendo, en síntesis, que había sido éste el causante y responsable de la totalidad del daño sufrido por los terce-ros demandantes en esta acción y suplicando del tribunal que condenara a los terceros demandados a “indemnizar a los demandantes de este caso por los daños y perjuicios que puedan haber sufrido”. (Enfasis suplido.) Demanda contra tercero, pág. 2. Ese mismo día, los aludidos codemanda-dos radicaron solicitud de consolidación, la cual fue decla-rada con lugar mediante resolución del día 15 de agosto de 1988.

Luego de los trámites de rigor, el foro de instancia dictó sentencia declarando con lugar ambas demandas consoli-dadas, imputándole un cincuenta por ciento (50%) de ne-gligencia al conductor co-demandado Pedro Amaro Cora y un cincuenta por ciento (50%) de negligencia al fallecido Vélez Pagán, negligencia que le imputó también al pasa-jero Uribe Arbelaes. A su vez, declaró sin lugar la demanda contra tercero instada contra los herederos de Vélez Pagán porque estos no fueron emplazados, ni de otro modo se so-metieron a la jurisdicción del tribunal, y por razón de que la parte tercera demandante no “ofreció prueba para esta-blecer los daños alegados en la reconvención”.

Inconformes, recurrieron ante este Tribunal Pedro Amaro Cora, Santori Trucking, Inc., y su compañía asegu-radora, en revisión de la referida sentencia, imputándole al tribunal de instancia haber errado al:

1. ...determinar que Pedro Amaro Cora había sido responsable de la ocurrencia del accidente en un 50%.
2. ...permitir que la parte demandante presentara prueba para sostener su causa de acción por lucro cesante luego de haber sometido su caso.
3. ...valorar los daños concediendo compensaciones exagera-damente altas a los demandantes-recurridos por concepto de angustias mentales.
4. ...determinar que no procede estimar con lugar la Demanda Contra Tercero instada en el caso CS-88-108 contra los herede-ros del causante Sigfredo Vélez Pagán.
5. ...determinar que la imprudencia concurrente de los cau-santes no le es imputable a sus causahabientes. (Enfasis suprimido.) Solicitud de revisión, pág. 15.

Expedimos el recurso de revisión. Habiendo compare-cido ambas partes, y estando en posición de resolver el re-curso, procedemos a así hacerlo.

I

El Art. 1802 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, establece que “[e]l que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización”. Para que prospere una acción de daños y perjuicios, bajo el citado Art. 1802, deben concurrir tres (3) requisitos, a saber: (1) daño sufrido; (2) acto u omisión culposo o negligente y (3) nexo causal entre el daño y la referida acción u omisión culposa o negligente de la otra parte. J.A.D.M. v. Centro Com. Plaza Carolina, 132 D.P.R. 785 (1993); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 294 (1990); Soc. Gananciales v. G. Padín Co., Inc., 117 D.P.R. 94, 106 (1986); Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93, 96 (1957).

El factor de la previsibilidad es de gran importancia en los casos de daños y perjuicios ya que “el Art. 1802 gira , inevitablemente en torno a la función de previsión del individuo, como factor determinante de su responsabilidad con su congénere”. (Enfasis suprimido.) Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 18 (1987). “Claro está, esto no quiere decir que la persona esté obligada a prever todos los posibles riesgos que puedan concebirse en una determinada situación, pues prácticamente se convertiría entonces en una responsabilidad absoluta.” Pacheco v. A.F.F., 112 D.P.R. 296, 300 (1982). “El deber de previsión no se extiende a todo peligro imaginable que concebiblemente pueda amenazar la seguridad ... sino a aquel que es probable que suceda y que llevaría a una persona prudente á anticiparlo.” Hernández v. La Capital, 81 D.P.R. 1031, 1038 (1960).

A la luz de estos parámetros, procedemos a discutir el primer señalamiento de error aducido por la parte deman-dada-recurrente a los efectos de que el tribunal de instan-cia erró al determinar que Pedro Amaro Cora había sido responsable de la ocurrencia del accidente en un cincuenta por ciento (50%). Coincidimos con el tribunal de instancia en que ambos conductores incurrieron en negligencia y que ambos contribuyeron a lo acontecido. Discrepamos, sin embargo, de su conclusión en relación con los por cientos de negligencia imputados a cada uno de ellos. Somos del cri-terio que debe reducirse el por ciento de negligencia impu-tada por el foro de instancia a Pedro Amaro Cora, conductor del camión. Veamos por qué.

La prueba pericial presentada ante el tribunal de instancia respecto a la velocidad a la que tenía que haber estado transcurriendo el camión previo al impacto, prueba que fue creída por dicho foro judicial, fue a los efectos de que el mencionado camión transcurría a una velocidad entre cuarenta y nueve (49) y sesenta (60) millas por hora. Debe mantenerse presente que dicho camión era uno de arrastre de gasolina. Al momento de los hechos, la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico disponía —9 L.P.R.A. sec. 841(b)(4)— que la velocidad máxima a la que podía transitar este tipo de camión, de transporte de sustancias peligrosas, era de cuarenta (40) millas por hora. Ese hecho —conducción del camión a una velocidad mayor que la permitida por ley— evitó, conforme la prueba pericial presentada y creída por el foro de instancia, que el conductor del mismo pudiera frenar a tiempo y evitar el impacto.

Ello no obstante, y sin restarle importancia a la negligencia en que incurre un conductor al conducir un vehículo de motor a una velocidad mayor que la permitida por ley, somos del criterio que la negligencia del conductor del vehículo Toyota, Vélez Pagán, fue una mayor que la del conductor del antes mencionado camión. Debe recordarse que, justo antes del impacto, Vélez Pagán y Uribe Arbelaes pretendían ingresar, en retroceso, de una vía secundaria a una carretera principal. Esto es, el conductor Vélez Pagán, al así actuar, crasamente violó la See. 954 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 954, la cual establece que:

See. 954. Movimiento en retroceso
(a) Ningún conductor deberá dar marcha hacia atrás en una vía pública a no ser que tal movimiento pueda hacerse con ra-zonable seguridad, por un trecho relativamente corto y siempre que se haga sin intervenir o interrumpir el tránsito.
(b) Se prohíbe las salidas de vehículos en retroceso desde una vía pública de menor tránsito a otra de mayor tránsito. El conductor de un vehículo no dará marcha atrás al mismo sobre el paseo o sobre la zona de rodaje de una vía pública con accesos controlados. (Enfasis suplido.)

Aun en situaciones en que un conductor de un vehículo de motor tiene el “derecho de paso”, hemos resuelto que ese conductor tiene la obligación de ejercer un alto grado de cuidado, tener su vehículo bajo control, y debe mirar a su alrededor con el propósito de evitar una colisión. Damiani v. Donatiu, 95 D.P.R. 829, 836 (1968). Véase, en adición, Flores v. F. & J. M. Carreras, Inc., 83 D.P.R. 332, 333 (1961).

Resulta obvio que Vélez Pagán así no actuó. En adición, no podemos olvidar el hecho de que éste conducía el vehículo* mientras estaba en estado de embriaguez. Desde hace más de ocho (8) décadas resolvimos que, teniendo en cuenta el efecto que las bebidas alcohólicas causan en los sentidos y facultades motoras de las personas, incurre en negligencia el conductor que conduce un vehículo de motor , en estado de embriaguez, El Pueblo v. De Jesús, 18 D.P.R. 960 (1912); normativa que en el día de hoy reiteramos.

Por último, y aun cuando ello no es determinante, debe mantenerse presente que todo conductor en Puerto Rico tiene el derecho a presumir que sus contrapartes han de observar las reglas básicas de tránsito. Carrio v. Compañía Insular de Transporte, Inc., 49 D.P.R. 41, 44 (1935). Ello significa, en cuanto al presente caso, que el conductor del camión de arrastre no tenía por qué prever que un auto iba a entrar, en retroceso y en forma atolondrada, de una vía secundaria a la carretera principal por la cual él transitaba.

En conclusión, y aun cuando entendemos que ambos conductores fueron negligentes, somos del criterio que el tribunal de instancia efectivamente erró al determinar los por cientos de negligencia en que incurrieron ambos conductores. A nuestra manera de ver las cosas, y a la luz de los hechos específicos del caso de autos, entendemos procedente imputarle únicamente un veinte (20) por ciento de negligencia al conductor del camión, el codemandado Pedro Amaro Cora, y un ochenta (80) por ciento al conductor del automóvil, Sigfredo Vélez Pagán.

Como expresáramos en la relación que de los hechos hiciéramos, el foro de instancia le “imputó” a Uribe Arbe-laes, pasajero en el automóvil conducido por Vélez Pagán, el mismo por ciento de negligencia en que determinó que éste último había incurrido. Aún cuando ello no es entera-mente correcto, el resultado, como veremos, es el mismo. Es “ ‘regla general reconocida en esta jurisdicción, que la ne-gligencia del conductor de un vehículo no puede imputarse a un pasajero’ ”. Pacheco v. Pomales, 55 D.P.R. 341, 345 (1939). Véase, además, Flores v. F. & J. M. Carreras, Inc., ante, a la pág. 334.

Ello no obstante, hemos resuelto que un pasajero de un vehículo de motor, demandante en un pleito sobre daños y perjuicios, incurre en negligencia siempre que se cumplan con tres (3) requisitos, o circunstancias; a saber: que “(1) el chofer estaba borracho o bajo la influencia del licor a tal extremo que lo hacía un chofer descuidado e incompetente; (2) el [pasajero] demandante sabía o debió saber la condición del chofer; y (3) el estado de embriaguez [o el conducir bajo la influencia del licor] fu[e] un factor contribuyente al accidente”. Acosta v. Crespo, 70 D.P.R. 239, 250 (1949). Véase, en adición, Acosta Vargas v. Tió, 87 D.P.R. 262, 275 (1963), normas, ambas, que en el día de hoy reiteramos.

Resulta meridianamente claro que en el caso de autos están presentes las antes señaladas tres (3) circunstancias. Recordaremos que, en adición a tener veinticuatro (24) centésimas del uno por ciento de alcohol por volumen de sangre al momento del accidente, la autopsia que se le practicara a Uribe Arbelaes demostró que éste había hecho uso de la droga narcótica conocida como cocaína. Por otro lado, resulta igualmente obvio que Uribe Arbelaes sabía, o debía saber, que Vélez Pagán estaba embriagado y que éste conducía el vehículo en forma negligente y atolondrada. Por último, no cabe duda de que el estado de embriaguez de Vélez Pagán fue un factor determinante en la ocurren-cia, del accidente.

Procede, a la luz de todo lo antes mencionado, imponerle a Uribe Arbelaes, igualmente, un ochenta (80) por ciento de negligencia.

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La parte demandada-recurrente señala, como segundo error, que el tribunal de instancia incidió al permitir que la parte demandante presentara prueba para sostener su causa de acción por lucro cesante. A nuestro juicio este error no fue cometido.

Según se desprende de la Minuta de 28 de febrero de 1990, la parte demandada-recurrente objetó que se le permitiera a la demandante-recurrida presentar testimo-nio pericial con respecto al asunto de lucro cesante toda vez que los nombres de los testigos peritos no fueron anun-ciados en el informe de conferencia con antelación al juicio. La objeción fue acogida por el tribunal de instancia y se permitió tan sólo el desfile de prueba testifical ordinaria de los demandantes, no pericial, en cuanto a lucro cesante.

Es obvio que el tribunal de instancia actuó correctamente en cuanto a este aspecto. Se negó a permitir prueba pericial, sobre lucro cesante, por ésta no haber sido debidamente anunciada en la etapa pre juicio. Ello no significa, sin embargo, que los propios demandantes no pudieran aportar prueba sobre ese extremo. Conforme resolvimos en Acosta & Rodas, Inc. v. PRAICO, 112 D.P.R. 583 (1982), no es indispensable el testimonio de peritos para sostener la partida de lucro cesante cuando los testimonios ofrecidos, por la parte demandante, demuestran que los testigos que prestan los mismos son personas de suficientes conocimientos; los cuales ponen al juez en posición de estimar las partidas de lucro cesante. Véase: H.M. Brau del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, págs. 474 y siguientes.

Debe señalarse, sin embargo, que el tribunal de instancia, al calcular el ingreso de Uribe Arbelaes para determinar el lucro cesante de sus dependientes, cometió error al no reducir los mismos por concepto de los gastos propios o personales del occiso. Según lo resuelto en Viuda de Serraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368 (1964), y Rodríguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201 (1969), procede que, luego de que se determine el ingreso anual del causante, se le deduzca una suma razonable del balance que resulte por concepto de los gastos personales del occiso, la cual puede llegar hasta una tercera parte. Viuda de Serraballs v. Abella Hernández, ante. Resulta procedente, en consecuencia, que el tribunal de instancia, al recibo del mandato, corrija el referido error y calcule correctamente las partidas de lucro cesante a concederse a los dependientes de Uribe Arbelaes según antes indicado.

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La parte recurrente señala, en tercer lugar, que el tribunal de instancia erró al valorar los daños, concediendo compensaciones “exageradamente altas” a los demandan-tes-recurridos por concepto de angustias mentales. No le asiste la razón.

Como hemos expresado en innumerables ocasiones, la gestión judicial de estimación y valoración de daños es una difícil y angustiosa, no existiendo un sistema mecánico que nos permita llegar a un resultado exacto en relación con el cual todas las partes queden satisfechas y complacidas. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 451 (1985); Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975).

Hemos reconocido el hecho de que, en relación con esta difícil y angustiosa labor, los tribunales de instancia, de ordinario, están en una mejor posición que los tribunales apelativos para evaluar la situación por cuanto éstos son los que tienen contacto directo con la prueba que a esos efectos presenta la parte que los reclama. Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978). Ahí la razón para la norma de abstención judicial; esto es, la de que este Tribunal no intervendrá con la decisión que a ese respecto emi-tan los tribunales de instancia a menos que las cuantías concedidas sean “ridiculamente bajas o exageradamente altas”, Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917 (1971), Urrutia v. A.A.A., ante, y de que la parte que ante este Tribunal solicita la modificación de las sumas concedidas a nivel de instancia demuestre la existencia de circunstan-cias que hagan meritorio el que se modifiquen las mismas. Canales Velázquez v. Rosario Quiles, 107 D.P.R. 757 (1978); Rodríguez Cancel v. A.E.E., ante.

La parte recurrente no ha demostrado, a nivel apela-tivo, las circunstancias que ameritan que las cuantías con-cedidas en el presente caso sean modificadas o reducidas por ser las mismas “exageradamente altas”. Por lo tanto, no se nos ha puesto en condiciones de hacer nuestra propia evaluación y determinación, referente la misma a las an-gustias mentales sufridas por los demandantes. Acorde con la deferencia que, de ordinario, merece la estimación de daños efectuada por el tribunal de instancia, somos del cri-terio que no se justifica nuestra intervención para reducir las cantidades por ser las mismas, como se alega, “exage-radamente altas”. Chico v. Editorial Ponce, Inc., 101 D.P.R. 759, 780 (1973). Por lo tanto, ejercemos la norma de abs-tención judicial fundada en criterios de estabilidad y de respeto a los tribunales de primera instancia. Urrutia v. A.A.A., ante.

En vista de lo antes expuesto, procede la confirmación de las sumas de dinero concedidas por el tribunal de ins-tancia por angustias mentales a todos los demandantes, con la excepción de las indemnizaciones otorgadas por an-gustias mentales a Justin Uribe Ortiz y Carlos Uribe Ortiz —hijos del co-demandado Uribe Arbelaes— quienes no de-clararon en juicio en relación con los daños por ellos sufridos. Por lo tanto, y según lo resuelto en Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 587 (1972), éstos no tienen derecho a recobrar las referidas sumas.

IV

En cuarto lugar, el recurrente señala que el tribunal de instancia erró al declarar sin lugar la demanda contra ter-cero instada por la parte demandada-recurrente en el caso CS-88-108 contra los herederos del causante Sigfredo Vé-lez Pagán.

Como se recordará, los demandados Pedro Amaro Cora, Santori Trucking, Inc., y Corporación Insular de Seguros radicaron una “demanda contra tercero” contra “uno” de los demandantes originales, esto es, contra la Sucesión de Sig-fredo Vélez Pagán. Esta demanda fue, erróneamente, ra-dicada en el caso Civil CS-88-108, donde figuran como de-mandantes la Sucesión de Uribe Arbelaes. Debe recor-darse, sin embargo, que los dos (2) casos fueron consolidados. Es por ello que los recurrentes sostienen que el foro de instancia erró al declarar sin lugar la misma por el fundamento de que los terceros demandados no fueron emplazados; sostienen ello era innecesario en vista, princi-palmente, de la consolidación efectuada y que la Sucesión mencionada era parte en el pleito.

Independientemente de la correción o no de la posición que sostienen los recurrentes, tenemos que éstos no presentaron a nivel de instancia prueba alguna en apoyo de los daños y perjuicios que “reclamaban” en dicha demanda contra tercero. Siendo ello así, poco importa que el fundamento que adujera el tribunal en apoyo de su actuación sea o no correcto. Debe recordarse que la revisión se da contra la sentencia y no contra los fundamentos que se exponen en la misma. Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 D.P.R. 776, 777 (1964).

V

Por último, señala la parte recurrente que el tribunal de instancia erró al determinar que la imprudencia concu-rrente de los causantes no le es imputable a sus causahabientes. Le asiste la razón.

Es correcto que en Molina, Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362, 374 (1988), resolvimos que “ ‘no puede redu-cirse la indemnización concedida a un demandante a base de la negligencia contribuyente en que incurriera otro co-demandante como causa de un accidente, a menos que la negligencia de este último pudiera imputarse al primero’ ”. (Enfasis suprimido.)

Dicha decisión, sin embargo, fue expresamente revocada por este Tribunal en el reciente caso de Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700 (1994). Al revocar la norma que habíamos establecido en Molina, Caro, expresamos en Miranda v. E.L.A., ante, pág. 716, que este “cambio doctrinario juris-prudencial aplicará a todo caso en trámite ante los tribu-nales y en los cuales aún no haya recaído sentencia final y firme”. (Enfasis en el original.)

Por los fundamentos antes expuestos, se dicta sentencia modificatoria, a los efectos antes indicados, de la emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, y así modificada se confirma la misma, devolviéndose el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores consisten-tes con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión de conformidad. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso disintió de la Parte II de la opinión emitida por entender que no procede conceder lucro cesante.

Opinión de conformidad emitida por el

Juez Asociado Se-ñor Hernández Denton.

Aún cuando estamos conformes con la opinión mayori-taria, suscribimos esta opinión para brevemente expresar la razón por la cual reconsideramos nuestra posición original en Molina, Caro v. Dávila, 121 D.P.R. 362 (1988). Aunque en Miranda v. E.L.A., 137 D.P.R. 700 (1994), estuvimos de acuerdo con revocar la doctrina que expusimos en Molina, Caro v. Dávila, supra, nos vimos obligados a concurrir con la opinión mayoritaria debido a que entendimos que la adjudicación porcentual de la negligencia a las partes im-plicadas en el accidente resultaba injusta.

En esa ocasión no tuvimos oportunidad de explicar nuestra posición al endosar la norma allí adoptada de que debe reducirse la indemnización concedida a un deman-dante indirecto a base de la negligencia comparada en que incurriera el perjudicado directo.

Teniendo el beneficio de una multiplicidad de casos que hemos evaluado en esta etapa apelativa presentados tanto por peijudicados directos como indirectos, nos hemos con-vencido de que la norma jurisprudencial de inimputabili-dad de negligencia de Molina, Caro v. Dávila, supra, re-sulta injusta e incorrecta cuando se toma en consideración el efecto de la aplicación de la doctrina de nivelación entre cocausantes de un daño permitida por nuestro ordenamiento.

       El camión de arrastre era uno marca Kenworth, Modelo 1973, tablilla RP-0454 y su dueño registral era Santori Trucking, Inc. La Corporación Insular de Seguros tenía expedida una póliza que cubría dicho camión.

       Según surge de las determinaciones de hecho de la sentencia de instancia, a la página tres (3), aunque “estaba 'oscuro, el tiempo era normal y seco, había poco tránsito y la visibilidad era buena. Llevaban las luces delanteras del camión encendidas”. Sentencia, pág. 3.

       Según la Estipulación número trece (13) “a la fecha de los hechos, las rotu-laciones existentes en la carretera limitaban la velocidad máxima a 55 m.p.h., pero justo adelante del lugar donde ocurrió el accidente había un rótulo que indicaba que de ahí en adelante comenzaba un trayecto con límite de velocidad de 50 m.p.h.”. Véase Solicitud de revisión, pág. 6.

       El vehículo era uno marca Toyota 1972, tablilla AFN-938, propiedad de Sig-fredo Vélez Pagán.

       En la Deposición, estipulada por las partes, del Sr. Pedro Amaro Cora —a las páginas 17B y 18— éste recuenta lo acontecido como sigue:
      “R La madrugada del 20 de septiembre. O sea, vamos a empezar así, la ma-drugada del 20 de septiembre yo salí de mi casa aproximadamente a las dos de la madrugada para llevar gasolina a Hatillo. Fui y recogí el camión al solar, lo chequeé de todo y de luces y salí. Esperé a mi hermano frente al cementerio de Guayama, allí lo recogí y partimos hacía acá. Cuando venimos comentando lo de la carretera, que la carretera estaba tranquila, no hay casi ni tráfico, nosotros prácticamente estábamos solos en la carretera, los carros que me encontré regularmente eran en dirección contraria. Cuando llegamos a la intersección para Hormigueros, yo vengo por el carril de la derecha y cuando de momento yo veo ese carro en el carril de la izquierda, apliqué los frenos y traté de esquivar el golpe, yo halé el guía hacia la izquierda y por eso es que el truck quedó parqueado en el carril de la izquierda.
      “P Le pregunto, usted dice que vio ese carro en el carril de la izquierda?
      “R En el carril de la izquierda.
      “P Lo vio, cómo estaba, en movimiento o estaba parado.
      “R En retroceso.
      “P Y usted iba por la derecha manifestó?
      “R Sí, señor.
      “P Y usted lo ve y hala el guía para la izquierda, para encima de ellos.
      “R No, a esquivarlo, porque él viene a la izquierda y va en retroceso hacia encima de mí, yo trato de evitar el golpe.” Deposición tomada al Señor Pedro Amaro Cora, págs. 17B-18.

       Según la Sección 1041 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rjco —9 L.P.R.A. sec. 1041(b)(2)— se presumirá que el conductor está bajo los efectos de bebidas embriagantes “[s]i al momento del análisis había en la sangre del conductor diez (10) centésimas de uno (1) por ciento, o más, de alcohol, por ciento por volumen

       Según, la evidencia que obra en autos, al Sr. Pedro Amaro Cora se le sometió a la prueba de alcohol, la cual resultó negativa.

       La demanda CS-88-107 de los familiares del Sr. Vélez Pagán es por lucro cesante, el valor del vehículo accidentado y varias partidas de angustias mentales totalizando la reclamación un millón ciento veintidós mil dólares ($1,122,000.).
      Por su parte, la demanda CS-88-108 de los familiares del Sr. Uribe Arbelaes es por lucro cesante proveniente de la muerte de su causante, así como por sufrimientos y angustias mentales totalizando la reclamación un millón cincuenta mil dólares ($1,050,000).

       De una lectura minuciosa de la referida “Demanda Contra Tercero” se puede razonablemente inferir que la misma realmente no es una mediante la cual se recla-man daños. Más bien, lo expuesto en dicha demanda es una defensa afirmativa; esto es, que el accidente ocurrido se debió a la culpa y negligencia de los occisos.

       En Salvá Matos v. A. Díaz Const. Corp., 95 D.P.R. 902, 906 (1968), definimos la previsibilidad como el elemento característico de la culpa, consistente en la posi-bilidad de prever los resultados dañosos de la acción no previstos de modo efectivo en el caso" de que se trate.

       Véase en adición Rivera Pérez v. Cruz Corchado, 119 D.P.R. 8, 19 (1987).

       La referida sección 841(b)(4) fue enmendada en 1988 para reducir la velo-cidad máxima a la que puede transitar todo vehículo de motor que transporte mate-riales tóxicos o sustancias peligrosas a treinta (30) millas por hora.

       Apéndice de la Solicitud de revisión, pág. 85.

       Según surge de la sentencia de instancia, a base de la prueba de angustias mentales presentada en el caso CS-88-107, se estimaron los daños como sigue: Juana Paula Pagán Irizarry, madre del causante, cuarenta mil dólares ($40,000); Luis Vé-lez Martínez, padre del causante, cuarenta mil dólares ($40,000); Sigfredo Vélez Vélez, hijo del causante, cincuenta mil dólares ($50,000); Nilda Ivette Vélez Rodrí-guez, hija del causante, treinta mil dólares ($30,000); Nilda Rodríguez Rodríguez, concubina del causante, veinticinco mil dólares ($25,000); Irma Vélez Lucena, ex-esposa del causante, cinco mil dólares ($5,000) y, Priscila, Wilson, Luis Enrique y Reinaldo, todos de apellidos Vélez Pagán, hermanos del causante, diez mil dólares ($10,000) cada uno.
      En relación con el caso CS-88-108 el juez no desglosó las cantidades concedidas por angustias mentales. No obstante, calculamos las mismas restando de la cantidad total concedida a cada persona, la cantidad otorgada por el lucro cesante. Estos cálculos arrojan las siguientes cantidades por angustias mentales: Santa Noemí Ortiz, viuda del causante, treinta y cuatro mil dólares ($34,000); Leonel Uribe Ortiz, hijo del causante, cuarenta y dos mil doscientos noventa y siete dólares con cuarenta y dos centavos ($42,297.42); Justin Uribe Ortiz, hijo del causante, treinta y dos mil trescientos treinta y tres dólares con treinta y cuatro centavos ($32,333.34) y Carlos Uribe Ortiz, hijo del causante, veintidós mil trescientos treinta y tres dólares con treinta y cuatro centavos ($22,333.34).

       Véase Minuta del 28 de febrero de 1990 donde surgen las personas que testificaron en cuanto al aspecto de daños. (Apéndice Solicitud de Revisión, Docu-mentó 29, págs. 84^86).

       En Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 587 (1972), en lo pertinente concluimos lo siguiente:
      “... como el dolor y sufrimiento no pueden ser objeto de cotización, para deter-minar el valor razonable de tales daños morales es preciso que el reclamante, en cada caso, aporte los factores de evidencia necesarios para evaluarlos justa y adecuada-mente, probando que no se trata de una simple pena pasajera, sino que, en alguna medida apreciable, el reclamante realmente quedó afectado en su salud, bienestar y felicidad, como dijimos en Ramos Rivera v. E.L.A., 90 D.P.R. 828, 831 (1964).” (Énfasis suplido.)

       La Sucesión de don Sigfredo Vélez Pagán, tercera demandada, está com-puesta por sus hijos menores de edad Sigfredo Vélez Vélez, representado por su madre Irma Vélez Lucena y la menor Nilda I. Vélez Rodríguez, representada por su madre Nilda Rodríguez y su esposa Irma Vélez Lucena.