source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Dávila

license: Public Domain

text:
    René Aguilú Emmanuelli, demandante y recurrido, v. Sociedad de Gananciales de Abraham Ortíz Mercado y su esposa Carmen Marrero, demandada y peticionaria.

      Número: O-77-358

      Resuelto: 19 de diciembre de 1977

      José A. Torres y José R. Ortiz, abogados de la peticionaria; Enrique Corchado Juarbe, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

René Aguilú convino verbalmente con Abraham Ortiz venderle una finca rústica. Aguilú requirió de Ortiz le in-formara la fecha en que estaría disponible para la firma de la escritura de compraventa. Cuando la esposa de Ortiz, ¡Carmen Marrero, fue enterada de la transacción, notificó al abogado de Aguilú que estaba en total desacuerdo con la compra de la finca y que nunca había sido consultada ni había prestado su consentimiento para la transacción.

Ante la negativa de la Sra. Marrero, Aguilú presentó demanda contra la sociedad de gananciales solicitando al tribunal le ordenara formalizar el contrato de compraventa. Posteriormente solicitó sentencia sumaria. Basa su conten-ción en que la compraventa es un acto de administración que cualquiera de los cónyuges puede llevar a cabo válidamente por cuenta de la sociedad de gananciales. La sociedad deman-dada se opuso y solicitó también sentencia sumaria a su favor fundándose en que la esposa no había prestado su consenti-miento a la transacción, haciendo la misma nula e ineficaz.

El Tribunal Superior, Sala de Aibonito, Pérez Cruz, Juez, declaró sin lugar ambas mociones de sentencia sumaria “por entender que como cuestión de derecho existen controversias de hecho materiales que impiden su procedencia conforme a la Regla 36.4 de Procedimiento Civil vigente.” La sociedad demandada solicitó revisáramos esta resolución. Habiendo radicado memorandos ambas partes estamos en condiciones de resolver.

Estudiado el expediente surge que no hay controversia en cuanto al hecho esencial necesario para la solución de la cuestión de derecho planteada por la moción de sentencia sumaria radicada por la parte demandada: la esposa del de-mandado no dio su consentimiento para realizar la transac-ción.

Procede pues determinar si a la luz de las enmiendas in-troducidas a los Arts. 91, 93, 1308 y 1313 del Código Civil () por la Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976, la transacción ob-jeto de este recurso es un acto de administración que puede llevarse a cabo unilateralmente por cualquiera de los cón-yuges con cargo a la sociedad 'de gananciales o si constituye un acto de disposición que requiere para su validez y eficacia contractual el consentimiento escrito de ambos cónyuges.

A tenor con el desarrollo moderno hacia la igualdad de los derechos del hombre y la mujer “[h]a surgido un nuevo estado de legislación sustantiva . . . , que erige a la mujer a una posición de igualdad respecto al gobierno y disposición de los bienes gananciales y representación legal de su inte-rés .. . L. Dershowitz & Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 267 (1976).

Establece el Art. 91, según enmendado por la Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976, 31 L.P.R.A. see. 284, suplemento para 1977, que “Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la sociedad conyugal, salvo pacto en con-trario, en cuyo caso uno de los cónyuges otorgará mandato para que el otro actúe como administrador de la sociedad.” Se limita la facultad de ambos cónyuges a comprar con los bienes gananciales solamente aquellas “cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social y económica de ésta.” De suerte que para adquirir bienes para la sociedad se necesita el consentimiento de ambos cón-yuges. Además postula una prohibición clara a su enajena-ción o gravamen bajo pena de nulidad a menos que se obtenga para su disposición el consentimiento escrito de los dos cón-yuges.

El Art. 1313 del mismo cuerpo legal, según fue enmen-dado, 31 L.P.R.A. see. 3672, suplemento para 1977, también reitera el principio de la coadministración y la protección de ambos integrantes de la sociedad al expresar que no obstante lo dispuesto en el Art. 91 (al efecto de que ambos cónyuges serán administradores de la sociedad de gananciales) “. . . ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a tí-tulo oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cón-yuges.”

Es evidente que a través de esta legislación se equiparan las facultades administrativas que sobre los bienes gananciales tienen los cónyuges. En la esfera dispositiva se han equiparado los derechos de la mujer con los del hombre re-frenando el poder casi ilimitado de que gozaba el marido como administrador de la sociedad de gananciales. Ahora son actos de disposición tanto la compra como la venta de bienes inmuebles para los cuales se requiere el consentimiento por escrito de ambos cónyuges.

El Segundo Informe emitido por la Comisión de lo Jurí-dico Civil a la Cámara de Representantes al analizar el P. de la C. Núm. 44, que se convirtió en la Ley Núm. 51, expresa en cuanto a los actos de disposición:

“La medida dispone la necesidad del consentimiento mutuo de los cónyuges para adquirir y enajenar todos los bienes de la sociedad legal tanto inmuebles, como los muebles, salvo las ex-cepciones que se hacen para ciertos casos de bienes muebles.” (Énfasis nuestro.)

Mal se llevaría a cabo la filosofía moderna de igualdad si so color de llamarse acto de administración se dejara a cualquiera de los cónyuges adquirir bienes inmuebles para la sociedad a riesgo de dilapidar el capital ganancial. Es evi-dente que era necesario el consentimiento de la esposa para la compra de la finca.

Se expedirá el auto solicitado, se anulará la resolución del Tribunal Superior, Sala de Aibonito en cuanto declaró sin lugar la moción de sentencia sumaria de la demandada y se dictará sentencia sumaria declarando sin lugar la de-manda.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Así rezan dichos artículos:
      “Artículo 91. — Administrador de bienes conyugales.—
      “Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la socie-dad conyugal, salvo estipulación en contrario, en cuyo caso uno de los cónyuges otorgará mandato para que el otro actúe como administrador de la sociedad.
      “Las compras que con dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges serán válidas cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social y económica de ésta. Disponién-dose que cualquiera de los cónyuges podrá efectuar dichas compras en efec-tivo o a crédito.
      “Enajenación de bienes. — Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Nada de lo antes dispuesto se interpretará a los efectos de limitar la libertad de los futuros cónyuges de otorgar capitulaciones matrimoniales.”
      “Artículo 93. — Representante de la sociedad conyugal.—

        “Salvo lo dispuesto en el Artículo 91, cualquiera de los cónyuges podrá representar legalmente a la sociedad conyugal. Cualquier acto de adminis-tración unilateral de uno de los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los efectos legales.”
      “Artículo 1308. — Obligaciones a cargo de la sociedad de gananciales.—
      “Serán de cargo de la sociedad de gananciales:
      1. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.
      2. Los atrasos o créditos devengados durante el matrimonio, de las obligaciones a que estuviesen afectos así los bienes propios de los cónyuges como los gananciales.
      3. Las reparaciones menores o de mera conservación hechas durante el matrimonio en los bienes peculiares de cualquiera de los cónyuges. Las reparaciones mayores no serán de cargo de la sociedad.
      4. Las reparaciones mayores o menores de los bienes gananciales.
      5. El sostenimiento de la familia y la educación de los hijos comunes y de cualquiera de los cónyuges.
      6. Los préstamos personales en que incurra cualquiera de los cón-yuges.”
      “Artículo 1313. — Consentimiento de ambos esposos.—
      “No obstante lo dispuesto en el Artículo 91, ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cón-yuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.
      “Todo acto de disposición o administración que sobre dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges en contravención a este artículo, y los demás dispuestos en este Código, no perjudicará al otro cónyuge ni a sus herederos.
      “El cónyuge que se dedicare al comercio, industria, o profesión podrá adquirir o disponer de los bienes muebles dedicados a esos fines, por justa causa, sin el consentimiento del otro cónyuge. No obstante, será responsable por los daños y perjuicios que pudiere ocasionar por dichos actos a la sociedad legal de gananciales. Esta acción se ejercitará exclusivamente en el momento de la disolución de la sociedad legal de gananciales.”


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Isabel Rivera Ramírez, demandante y recurrida, v. Supermercados Amigo, Inc., Central Plaza Corporation, Compañía Aseguradora National Insurance Co., demandados y recurrentes.
    Número: R-77-196

      Resuelto: 30 de diciembre de 1977.

      Lasa & Vicente y Eugenio Luis Santoni, abogados de los recu-rrentes ; Antonio Aponte Berdecía y Efraín Aponte Berdecia, abogados de la recurrida.
   SENTENCIA

Supermercados Amigo, Inc., es uno de los siete inquilinos del Centro Comercial localizado en la Avenida Jesús T. Pi-ñero esquina Avenida San Patricio en Río Piedras. El Centro Comercial pertenece a Central Plaza Corporation. Esta es responsable de la limpieza de las áreas comunes del Centro que incluye el área de estacionamiento para 100 automóviles. La obligación de limpieza de Central Plaza surge del contrato de arrendamiento con los inquilinos. Por acuerdo verbal Central Plaza encomendó la limpieza a Supermercado Amigo quien provee un empleado para ello y recibe un reembolso de Central Plaza equivalente al 75% del sueldo del referido empleado en consideración a que dicho empleado dedica parte sustancial de su tiempo a la limpieza de las áreas comunes.

La demandante hizo una compra en Supermercado Amigo y luego de abandonar el local y adentrarse en el área de esta-cionamiento resbaló y cayó al pavimento. La causa de la caída según las determinaciones del juzgador de los hechos, fue una cáscara de mangó “prietuzca” cuyos residuos pudo obser-var la demandante, después de la caída, en el pavimento y en el taco del zapato al tocarlo con los dedos. Según la propia admisión de la demandante en su alegato, al caminar ésta sobre el pavimento no iba mirando al piso ya que estaba bus-cando a su hija quien la esperaba en el automóvil en el área de estacionamiento. La demandante sufrió contusión en el pie izquierdo y fractura en el 5to. metatarsiano. Fue enyesada en el Centro Médico por dos semanas para inmovilizarle el pie izquierdo y re-enyesada por alrededor de tres semanas adicionales.

Instó demanda contra Supermercados Amigo, Inc., Central Plaza Corporation y su compañía aseguradora. El tribunal recurrido declaró sin lugar la demanda contra Supermercado y con lugar la instada contra Central Plaza Corporation y su aseguradora. Estas dos últimas recurren ante nos, y en lo que es sustancial, sostienen que la negligencia en todo caso sería de Supermercado Amigo, cuyo empleado estaba a cargo de la limpieza. Aunque aceptan haber contratado la limpieza de las áreas comunes con Supermercado Amigo, niegan la rela-ción de agencia. Impugnan además la determinación que hace el tribunal de instancia sobre negligencia, y la imposición de daños.

La única prueba de negligencia ofrecida por la deman-dante contra los demandados fue el haber observado “resi-duos” de una cáscara de mangó “prietuzca” en el pavimento y en el taco del zapato “al tocarlo con los dedos.” No hay prueba de que el empleado a cargo de la limpieza hubiese sido negligente en el desempeño de sus funciones. Por el contrario el juez de instancia concluyó que había cumplido fielmente sus obligaciones y que habiendo actuado dentro de las ins-trucciones dadas por su principal o mandatario Supermer-cado Amigo no era responsable. No habiendo prueba de que Supermercado Amigo actuara fuera de las instrucciones que recibiera de su principal Central Plaza es de presumir que Central Plaza tampoco es responsable.

La única controversia que debe dilucidarse es si la presen-cia de unos “residuos” de una cáscara de mangó “prietuzca” en el pavimento de un área de estacionamiento de cien auto-móviles por donde transitan innumerables vehículos y per-sonas, y la que pasara desapercibida del empleado de la lim-pieza y aun del propio transeúnte constituye la negligencia por omisión que impone el Art. 1802 del Código Civil, a saber:

“El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.”

La omisión que pudo haber habido de parte del empleado de limpieza al no detectar los residuos de la cáscara prietuzca de mangó no constituye culpa o negligencia en vista de la aparente pequeñez de los residuos, del tamaño del área de estacionamiento y del hecho de que por allí transitaban per-sonas y vehículos que acudían a los siete establecimientos que allí radicaban. Nuestra conclusión encuentra apoyo en la falta de prueba de que el empleado no hubiese sido diligente en el desempeño de sus funciones.

Existe una línea de casos que sostiene que cuando una persona o empresa mantiene abierto un establecimiento al público, con el objeto de llevar a cabo operaciones comerciales para su propio beneficio, debe mantener dicho estableci-miento en condiciones de seguridad, que la persona inducida a penetrar en él no sufra ningún daño. Así en Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473 (1955), referente a lesiones producidas por un abanico eléctrico instalado en el plafón hicimos res-ponsable de los daños al dueño del establecimiento. En Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956), imputamos responsa-bilidad al demandado por lesiones producidas por una esca-lera mojada instalada en un hotel. En Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887 (1961), resolvimos que había falta de cuidado debido al público al tener el dueño de un edificio una puerta que abría hacia un corredor lesionando a una persona que caminaba por el pasillo en el momento que alguien abrió la puerta hacia dicho pasillo. También en Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962), encontramos que acarreaba responsa-bilidad el tener una escalera lisa instalada en una casa de apartamientos en la cual se había establecido un taller de costura. Finalmente en Aponte Betancourt v. Meléndez, 87 D.P.R. 652 (1963), sostuvimos que el dueño de un negocio de colmado es responsable de los daños causados a una cliente que resbaló dentro del establecimiento sobre una cáscara de guineo. La teoría detrás de la doctrina es que corresponde al dueño del negocio o al propietario el mantener el "área de invitación” como un sitio seguro. Véase Aponte Betancourt, supra, a la pág. 655.

En todos los casos mencionados se trataba de condiciones peligrosas existentes dentro de los establecimientos corres-pondientes las cuales eran de conocimiento de los dueños o propietarios o su conocimiento podía imputárseles a éstos. Esas áreas estaban bajo el control absoluto de los demandados y naturalmente cargaban con las consecuencias resultantes. No son pues aplicables al caso de autos.

En éste se trataba de áreas públicas abiertas comunes a todos los establecimientos allí radicados. Y, aunque normal-mente los dueños de los negocios servidos por esas áreas pú-blicas comunes son responsables de mantenerlas libres de obstáculos, trampas y sitios resbalosos, los hechos de este caso demuestran que se trata de residuos pequeños de una cáscara de mangó en un área extensa y de una gran circula-ción de vehículos y personas, cuyos residuos bien pueden haberse adherido a las gomas de un automóvil o haberlos ti-rado una persona al pasar, sin que se demostrase culpa o negligencia del demandado. El propio tribunal de instancia concluyó que el demandado “había cumplido fielmente sus obligaciones.”

La parte demandante recurrida compareció a requeri-miento nuestro a mostrar causa por la que no debíamos revo-car la sentencia dictada por el tribunal de instancia o en la alternativa dividir la responsabilidad entre las partes a base de negligencia comparada. No nos ha persuadido de que la sentencia debe prevalecer.

Se expide el auto solicitado, se revoca la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 28 de abril de 1977 en el caso civil 74-6517, Isabel Rivera Ramírez v. Supermercados Amigo, Inc., Central Plaza Corporation, Compañía Aseguradora National Insurance Co., y se declara la demanda sin lugar.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente al que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—O—

Voto Disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de diciembre de 1977

Central Plaza Corporation y Supermercados Amigo, Inc., explotan negocios lucrativos, la primera como dueña y arren-dadora de varios locales en un centro comercial y la segunda como arrendataria de uno de los locales, en que se dedica al comercio. El público en general está permanentemente invi-tado a patrocinar los negocios en los locales de Central Plaza y en particular el Supermercado Amigo. El área de esta-cionamiento de vehículos es parte del centro comercial.

En Aponte Betancourt v. Meléndez, 87 D.P.R. 652 (1963), este Tribunal, ante una situación de hechos casi idéntica a la ahora ante nos, revocó una sentencia que desestimó una de-manda por daños y perjuicios. Se amparó en el principio de que quien mantiene un establecimiento abierto al público con el objeto de realizar transacciones comerciales para su propio beneficio tiene a su vez el deber de mantenerlo en condiciones de seguridad tales que quienes son invitados a patrocinarlo no sufran daños. Se citaron una serie de casos que sostienen esa doctrina, a saber, Weber v. Mejías, 85 D.P.R. 76 (1962), Santaella Negrón v. Licarí, 83 D.P.R. 887 (1961), Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956), Gutiérrez v. Bahr, 78 D.P.R. 473 (1955).

En Aponte Betancourt la señora demandante, como en el caso ante nos, resbaló en una cáscara de fruta (de guineo en Aponte, aquí de mango) y se cayó, sufriendo daños. No pudo demostrar el tiempo que hacía que la cáscara estaba en el piso. Resolvió este Tribunal que tal circunstancia no es exi-mente de responsabilidad. Obviamente, el demandado, dueño del colmado estaba en mejor posición que la demandante para establecer que fue diligente en el mantenimiento, limpieza y conservación del negocio a los fines de garantizar la seguri-dad de sus patrocinadores. Requerir de una persona que su-fre una caída al resbalar en una cáscara de fruta que pruebe cuanto tiempo hacía que existía tal condición en el piso equi-valdría prácticamente a negar toda oportunidad de recobrar por sus daños a quien sufra accidentes de esa naturaleza.

La sentencia que hoy emite este Tribunal pretende distin-guir a Aponte Betancourt a base de que allí la caída ocurrió dentro del edificio del establecimiento comercial mientras que aquí ocurrió en el área de estacionamiento. No estoy de acuerdo con que tal distinción se justifique. Por no ser el área de estacionamiento una vía pública y sí parte integrante del complejo comercial que las corporaciones demandadas explotan para su propio beneficio pecuniario tienen igual responsabilidad de mantener la seguridad de dicha área como la tienen dentro de sus establecimientos. Su responsabilidad no es de puertas adentro.

Modificaría la sentencia recurrida al único fin de fijar parte de la responsabilidad por la caída a la demandante re-currida y así modificada la confirmaría.


author: per CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Julio Santiago Cedeño, acusado y apelante.

      Número: CR-76-142

      Resuelto: 9 de enero de 1978

      Luis E. Gandía Arguelles, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Maggie Correa Avilés, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per CURIAM:

El Ministerio Público formuló acusaciones contra Julio Santiago Cedeño por los delitos de asesinato en primer grado, Art. 201 del Código Penal de 1902, ed. de 1937, 33 L.P.R.A. see. 633; ataque para cometer asesinato, Art. 218 del Código Penal de 1902, ed. de 1937, 33 L.P.R.A. sec. 732; y por violación al Art. 4 de la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. see. 414. En juicio ante jurado se halló culpable al apelante de los delitos graves im-putados y el Juez llegó a igual conclusión en lo que respecta a la Ley de Armas. Fue sentenciado el apelante a cumplir re-clusión perpetua por el delito de asesinato, de dos a cinco años de presidido por el de ataque para cometer asesinato y seis meses por la infracción a la Ley de Armas.

El apelante funda su recurso en dos planteamientos. Ale-ga que la modalidad imputada del delito de asesinato en primer grado no concuerda con la prueba y señala que él no es responsable por la muerte de su esposa, “toda vez que la misma se debió a otras causas ... no relacionadas con las heridas que él le infirió.”

1. La alegación de incongruencia.

La acusación pertinente exponía:

“El fiscal formula acusación contra Julio Santiago Cedeño, residente en [se especificaba aquí la dirección] por el delito de Asesinato en Primer Grado, felony [sic], cometido de la manera siguiente:
El referido acusado . . . allá en o para el 29 de noviembre de 1974 y en Hato Rey, P.R., que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de P.R., Sala de San Juan (Hato Rey), ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, son [sic] premeditación, deliberación y propósito decidido y firme de matar, demostrando tener un corazón pervertido y maligno, acometió y agredió al ser humano Haydee [sic] Mendoza Ubarri con un puñal, infiriéndole heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte.”

El apelante sostiene que la prueba de cargo se encaminaba a establecer que él perpetró los actos que se le imputan por medio de acecho y que tal modalidad debió haber sido parte de la acusación. Estima el apelante que hubo por tal motivo incongruencia () entre la prueba y las alegaciones, lo cual le impidió preparar adecuadamente su defensa.

Conforme a la prueba de cargo, doña María Ubarri, madre de Haydée, la interfecta, asistió con su hija el día de los hechos a una actividad en el Colegio San Antonio de Río Piedras. Regresaron cerca de las 11:15 de la noche. Mientras caminaban solas hacia su apartamiento encontraron al ape-lante escondido detrás de una palma de coco. Este, esposo de Haydée, de quien vivía separado, la agarró por un brazo y, sin mediar palabra, la apuñaleó. La madre intentó defender a la hija y el apelante le lanzó varias puñaladas. En el lugar de los hechos la policía halló un cuchillo estilo puñal, bien amolado.

El acusado declaró por su parte que a eso de la media tarde del día de los hechos fue a Hato Rey a ver a su esposa. No había nadie en el condominio y entró a un bar cerca de allí a tomar cervezas. Como a las 11:20 p.m. vio a su esposa acercarse con su madre y un hombre. El reo salió del bar y llamó a Haydée. Esta y su madre le respondieron de mala manera; el hombre que las acompañaba desapareció; ellas siguieron insultándolo y entonces él, cegado por el coraje, las atacó con el cuchillo que utilizaba en su negocio en Río Pie-dras.

Es claramente inmeritorio el primer señalamiento de error. La acusación radicada es suficiente en derecho. Una acusación no tiene que calificar el delito con arreglo al Código Penal, ni siquiera expresar si es grave o menos grave. Pueblo v. Behn, 13 D.P.R. 1, 6 (1907); Pueblo v. Bermúdez, 75 D.P.R. 760, 763-764 (1954). No es necesario bajo nuestra Regla 35(c) de Procedimiento Criminal y ordenamientos análogos especificar el grado del delito, People v. Verdier, 214 P.2d 433 (Cal. 1945); ni la totalidad de las circunstancias en que se cometió. People v. Fowler, 174 P. 892, 893 (Cal. 1918); Howard v. Sheriff of Clark County, 425 P.2d 596 (Nev. 1967). Lo fundamental es que la acusación consigne los elementos del delito imputado en forma que constituya debida notificación de la naturaleza y causa de los cargos. El Art. II, Sec. 11 de nuestra Constitución ordena que “el acusado disfrutará del derecho ... a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma . . . .” El mandato constitucional se satisface al incluir en la acusación, según dispone la Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, “Una exposición de los hechos esenciales constitutivos del de-lito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común .... Dicha exposición no tendrá que emplear estricta-mente las palabras usadas en la ley . . . .” Véanse: 1 Wright, Federal Practice and Procedure, sec. 123; Turf Center, Inc. v. United States, 325 F.2d 793 (9th Cir. 1963); United States v. Markee, 425 F.2d 1043 (9th Cir. 1970), cert. den. 400 U.S. 841.

Como señala la Regla 38(d) de Procedimiento Criminal el desacuerdo entre las alegaciones y la prueba puede provocar las consecuencias que la Regla expone tan solo si se perjudican los derechos sustanciales del acusado. Tal perjuicio no se produce por regla general a menos que la incongruencia sea de tal orden que impida u obstaculice de modo significativo la preparación de la defensa o exponga al acusado a la posibilidad de ser enjuiciado dos veces por el mismo delito. People v. Braddock, 264 P.2d 521 (Cal. 1954), cert. den. 348 U.S. 837. En el caso de autos no existe incongruencia de género alguno entre la acusación y la prueba. El hecho de que ésta estableciese que el acusado estaba acechando a la víctima no implica que no se cometiese el delito con la malicia premeditada y la deliberación que configuran el asesinato en primer grado. En adición, la acusación no imputó ni tenía que imputar modalidad alguna del delito de asesinato en primer grado. La prueba demostró que el acto imputado se cometió por una modalidad de las que tipifican el referido delito conforme el Art. 201 del antiguo Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 633. Aun considerando que hubiese la incongruencia señalada no se ha demostrado la existencia del necesario perjuicio al apelante.

2. La alegación de ausencia de causalidad.

Este segundo planteamiento es igualmente inmeritorio. Haydée recibió siete puñaladas en el tórax y el vientre. Hubo que practicarle una traqueotomía. Se produjo una com-plicación de fístula traqueoesofágica. El patólogo que prac-ticó la autopsia halló que las luces de los bronquios estaban totalmente ocluidas por la sangre procedente de la fístula. Concluyó el patólogo que la causa de la muerte fue una com-plicación tardía de heridas punzantes en el vientre y el tó-rax. A la luz .de estos hechos, la causa inmediata de la muerte fue la aspiración de sangre provocada por la fístula, pero la causa mediata, la que desató la cadena de hechos que llevó a la muerte de Haydée, fueron las puñaladas recibidas. La complicación sufrida en este caso tras la traqueotomía prac-ticada no constituye un suceso lo suficientemente extraño a la conducta delictiva que permita definirlo como causa inter-viniente. Véanse: Pueblo v. González Ruiz, 90 D.P.R. 580, 583-585 (1964); Betancourt Rojas v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 747, 758 (1964); Pueblo v. Márquez, 49 D.P.R. 890 (1936); 1 Wharton, Criminal Law, 1957, secs. 197, 201. Respecto a los diversos criterios desarrollados en torno a la teo-ría de la causalidad, véanse: Silving, Helen, Criminal Justice, vol. 1, 1971, pág. 347 y ss.; Silving, Helen, Elementos Constitutivos del Delito, 1976, pág. 96 y ss.; Ryu, Causation in Criminal Law, 106 U. Pa. L. Rev., 773, págs. 797-98 (1958).

En virtud de lo expuesto se confirman las sentencias dic-tadas.

El Juez Asociado Señor Rigau no participó.

      (1)La Regla 38(d) de Procedimiento Criminal dispone, en parte:
      “. . . La incongruencia o desacuerdo entre las alegaciones y la prueba no será fundamento para la absolución del acusado; pero el Tribunal, siem-pre que el acusado no se opusiere, deberá posponer el juicio si es de opinión que los derechos sustanciales del acusado se han perjudicado, para cele-brarlo ante otro jurado ....”


text:
    Herminia Márquez Vda. de Jesús y otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-77-381

      Resuelto: 9 de enero de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedo Al-zamora, Procurador General Auxiliar, abogados de los recu-rrentes; A. Burgos Mundo, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

El tribunal de instancia declaró con lugar la reclamación de daños instada por los recurridos y, en consecuencia, con-denó al recurrente a pagar una indemnización ascendente a $33,200.00. De las conclusiones de hecho formuladas por el tribunal de instancia se desprende que a) el accidente ocurrió a las 10:30 p.m. en la Ave. 65 de Infantería frente a la Tien-da Barkers en el tramo que conduce de Río Piedras a Carolina; b) que el accidente ocurrió cuando el automóvil condu-cido por el causante de los recurridos impactó una valla de seguridad colocada por el Departamento de Obras Públicas, mientras se realizaban reparaciones en la isleta de dicha avenida; c) que dichas vallas estaban colocadas a lo largo del proyecto y a favor del tránsito, dentro del pavimento como a una altura de cuatro pies y en forma de baranda; d) que las vallas estaban hechas de madera y no estaban pintadas; e) que el tramo de la Avenida 65 de Infantería donde ocurrió el accidente es uno recto, de tres carriles de diez pies de ancho cada uno y estaba completamente seco; f) que a 100 y 200 metros antes de llegar a las obras de reparación se habían colocados rótulos anunciando “PELIGRO” y “EXCAVA-CION PROFUNDA”, también se colocaron grillas encendi-das y rótulos indicando que se estaba llevando a cabo una obra de reparación; g) que las medidas de precaución fueron examinadas por el Ingeniero Jesús Isaac del Departamento de Obras Públicas y el Supervisor Manolín Nieves; h) que la noche del accidente las dos primeras grillas de las ocho en-cendidas estaban apagadas pero el sitio donde ocurrió el acci-dente estaba alumbrado.

El tribunal de instancia fundó la imposición de responsa-bilidad a los recurrentes en el hecho de que las vallas no es-taban pintadas y que las dos primeras grillas estaban apa-gadas. Concedimos término a los recurridos para que mostra-ran causa por la cual no debía revocarse la sentencia o en su defecto distribuir la responsabilidad entre ambas partes. Hemos examinado los argumentos aducidos por los recurridos en oposición al auto y no nos convencen.

Las conclusiones de hecho anteriormente apuntadas de-muestran que el Estado tomó las precauciones razonables para advertir a los transeúntes de las obras de reparación. Instaló rótulos a distancias adecuadas advirtiendo los ries-gos. También instaló grillas que se encendían diariamente y se colocaron vallas a todo lo largo del proyecto fijadas con clavos de acero a cuatro pulgadas del borde del pavimento. El personal de supervisión del Departamento de Obras Pú-blicas examinó la colocación de las vallas y de las medidas de precaución. La carretera era recta, bien alumbrada y con avisos de precaución y aunque las dos primeras grillas esta-ban apagadas, quedaban seis grillas encendidas. Imponerle responsabilidad al recurrente en estas circunstancias consti-tuiría una imposición sin falta.

Se revoca la sentencia recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto separado al cual se une el Juez Asociado Señor Martín.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de enero de 1978

Concurro en que el conductor del automóvil fue negligente y que su negligencia fue causa próxima del accidente en que perdió la vida. Pero creo que el Estado también incurrió en negligencia, aunque en menor grado que la del conductor.

Puerto Rico es uno de los países de mayor densidad en el mundo en cuanto al número de vehículos de motor que transi-tan por sus vías públicas. Toda obstrucción que en éstas se oponga al libre tránsito vehicular debe garantizar al máximo la seguridad de los que las utilizan. En el caso de autos hubo varias circunstancias demostrativas de que ese deber no se cumplía a cabalidad.

Las vallas no estaban pintadas, y las primeras dos grillas que debían advertir del peligro estaban apagadas. Ello im-plica que, como expone el Procurador General en su solicitud de revisión (pág. 3) : “Angel de Jesús González [el conductor] vio las vallas al frente suyo. Trató de esquivarlas para evitar el choque, pero no consiguió hacerlo.” Es decir, que cuando vino a advertirlas era tarde. Lo mismo sucedió a varios automovilistas que también chocaron contra dichas vallas antes y después del accidente que aquí nos ocupa, se-gún informa el Procurador en la pág. 6 de su petición.

Reconocería un 40% de negligencia al Estado y en ese sentido modificaría la sentencia recurrida.


text:
    Sucn. de Oscar F. Bravo González, etc., et als., demandantes y peticionarios, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: O-77-409

      Resuelto: 10 de enero de 1978

      José Orlando López Rodríguez, abogado de los peticionarios; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, abogados del Secreta-rio de Hacienda.
   per CURIAM:

Doña Rudescinda Monagas heredó de su se-ñora madre, en 1934, 175 acciones de la corporación Maya-güez Sugar Co. De éstas ella donó cuatro acciones a sus hijos. Estando casada con don Oscar F. Bravo González, la Maya-güez Sugar Co. declaró un dividendo en acciones, que elevó el número de las acciones de doña Rudescinda a 440, es decir, un aumento de 269 acciones. Al fallecer don Oscar en 1964 y procederse a la consideración del caudal hereditario corres-pondiente a su sucesión, el Secretario de Hacienda determinó que dichas 269 acciones de doña Rudescinda son gananciales y deben por tanto computarse a los fines de determinar la con-tribución de herencia.

En octubre de 1966 fue pagada en su totalidad la contri-bución de herencia, ascendente a $658,877.19, pero la Suce-sión reclamó administrativamente el reintegro de $113,095.80 como contribuciones pagadas en exceso, impuestas errónea-mente sobre las 269 acciones de doña Rudescinda, que alega-ron son privativas de ella. Mediante carta no certificada fechada el 23 de enero de 1970 el Director Auxiliar Interino del Negociado de Tasación de la Propiedad comunicó al repre-sentante de la Sucesión que el reintegro no procedía por ser ganancial el dividendo pagado en acciones. El 24 de enero de 1970 el representante de la Sucesión contestó dicha carta e insistió en el carácter privativo de dichas acciones. A esta comunicación contestó el Secretario de Hacienda por carta no certificada, de fecha 3 de abril de 1970, concebida en los siguientes términos:

“Correspondemos a su carta de fecha 24 de enero del año en curso, referente a su solicitud de reintegro en el caso de herencia de don Oscar T. Bravo González (caso número 33130).
Estudiada su petición, y la ley y jurisprudencia aplicables, tenemos dudas de la procedencia de dicho reintegro, por lo cual estimamos que la adjudicación de su solicitud debe ser hecha por un Tribunal.”

Ante esta negativa, la Sucesión presentó demanda en soli-citud del reintegro ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 1 de mayo de 1970. Por sentencia del 7 de octubre de 1976 se reconoció que los dividendos en acciones son privati-vos, citándose nuestra decisión de López Martínez v. Yordán, 104 D.P.R. 594 (1976), pero se desestimó la demanda por el fundamento de falta de jurisdicción. Se basó en 13 L.P.R.A. sees. 261 y 282. La See. 261 concede 30 días al contribuyente para presentar demanda, a partir dicho plazo “de la fecha del depósito en el correo de la notificación del Secretario de Hacienda denegando la solicitud.” La see. 282 es una reitera-ción de dicho requisito de la 261, en que se señala que dicho término es de carácter jurisdiccional. Sostiene la sentencia que el término debe computarse a partir de la carta del Director Auxiliar Interino de 24 de enero de 1970, que la ley no contempla la solicitud de reconsideración como interruptora de dicho término, negándole por tanto alcance alguno a la carta del Secretario de 3 de abril de 1970. La Sucesión no re-currió contra la sentencia, pero el 15 de marzo de 1977 invocó la Regla 49.2 de Procedimiento Civil, en su inciso 6, que per-mite dejarla sin efecto por “cualquier otra razón que justifi-que la concesión de un remedio contra los efectos de una sen-tencia.” Es contra la denegatoria del tribunal de instancia de conceder el remedio solicitado al amparo de dicha disposición que la Sucesión ha recurrido ante nos mediante el recurso que aquí consideramos.

Por resolución de 23 de noviembre de 1977 expedimos la siguiente orden:

“Se concede al Procurador General un plazo a vencer el 16 de diciembre de 1977 para que muestre causa por la cual no deba expedirse el auto solicitado, dejar sin efecto la resolución del Tribunal de instancia de 28 de septiembre de 1977 y revisar la sen-tencia dictada por el Tribunal de instancia con fecha de 7 de octubre de 1976.”

El Procurador General ha comparecido en obediencia a dicho requerimiento pero no nos convence.

En primer lugar, aunque la ley no autorice expresamente la reconsideración de una determinación administrativa, no se puede negar al Secretario de Hacienda tal poder, y aquí el Secretario de hecho acogió la comunicación del representante de la Sucesión como una solicitud de reconsideración, se reiniciaron conversaciones sobre el particular, y ante la duda honesta que dijo tener, remitió a la Sucesión al procedimiento judicial. Si han de prevalecer los tecnicismos para derrotar un derecho que en justicia pudiera existir, tendríamos que señalar que ninguna de las comunicaciones de Hacienda fue remitida por correo certificado, como lo exigen las Sees. 261 y 282 antes citadas.

En segundo lugar, si bien la Regla 49.2 no es una llave maestra para reabrir a capricho un pleito ya adjudicado, el inciso 6 de dicha Regla es amplio para permitir que se corrija un error a todas luces injusto. Somos Tribunal de Justicia y aunque la Justicia se pinta ciega, como símbolo de su imparcialidad, los Tribunales que la imparten deben tener los ojos bien abiertos para impedir que ella se frustre. Cuando de hacer justicia se trata, no puede haber moldes técnicos que aprisionen los remedios justos. Para ese fin está el citado inciso 6 de la Regla 49.2, y los hechos ante nos justifican su aplicación.

Se expedirá el auto solicitado, se revocará la resolución de 28 de septiembre de 1977 que denegó la solicitud bajo la Regla 49.2(6), se dejará sin efecto la sentencia de 7 de octu-bre de 1976 y se dispondrá que el tribunal de instancia reabra el caso núm. 70-2027 objeto de este recurso a los fines de determinar el reintegro que corresponde a favor de la parte aquí recurrente y dictar sentencia consistente con lo aquí resuelto.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Martín no inter-vinieron.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Cruz Josefa Febres de Miranda, demandante y recurrida, v. José Roberto Feijoó, Director Oficina Central de Administración de Personal, demandado y peticionario.

      Número: O-77-412

      Resuelto: 12 de enero de 1978

      José Ramón Pérez Hernández, abogado del peticionario; Miguel A. Velázquez Rivera y Carmen Rita Vélez Borréis, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrida estuvo empleada en el Gobierno como Abo-gada Y a cargo de la División de Asuntos Legales de la Ofi-cina Central de Administración de Personal hasta el 28 de febrero de 1977 en que fue despedida. Bajo la alegación de ser una empleada de carrera despedida por razón de sus ideas políticas, presentó el 10 de marzo de 1977 un escrito de ape-lación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Adminis-tración de Personal, y el 29 del mismo mes presentó, ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, solicitud de injunction a tenor de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico (Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 — 32 L.P.R.A. see. 3524) aduciendo igual razón de pedir. El Director de Personal de-mandado contestó levantando como defensas, entre otras, que la demandante era una empleada de confianza que intervenía en la formulación de normas y política pública() de la agen-cia; y que no podía mantenerse la acción simultáneamente en la Junta de Apelaciones y en el Tribunal Superior. El 19 de agosto de 1977 la Junta desestimó la apelación y la deman-dante recurrió en revisión ante el Tribunal Superior, según autoriza el Art. 7.16 (3 L.P.R.A. see. 1396) de la Ley de Personal, por lo que el caso se halla ante el tribunal en jurisdic-ción bifurcada de primera instancia y revisión administra-tiva. El tribunal denegó la moción para desestimar la solici-tud de injunction del Director de Personal y al recurrir éste en certiorari, el Io de diciembre de 1977, expedimos la si-guiente orden:

“Vista la solicitud de certiorari, memorando y documentos anejos, se concede a la parte demandante recurrida un término de quince (15) días para que comparezca por escrito a mostrar causa, si la hubiere, por la cual no deba desestimarse su acción judicial interpuesta conforme nuestra decisión en Otero Martínez, et als. v. Romero Barceló, etc., res. en 30 de noviembre de 1977.”

Detenida nuestra atención en el hecho de hallarse el pleito sometido para una decisión, luego de vista en los méritos que ocupó los días 6, 23 y 24 de mayo de 1977, y tratándose de un injunction al amparo de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico en el que se reclama protección de los derechos de una empleada pública que alega haber sido despedida por motivos políticos, consideramos que en dicha avanzada etapa del procedimiento debía permitirse la final adjudicación por sentencia del Tribunal Superior, en observancia de la norma que restringe severamente la apelación interlocutoria, el 15 de diciembre de 1977 dictamos resolución de no ha lugar al certiorari. El recurrente Director de la Oficina Central de Administración de Personal ha solicitado reconsideración en moción bien fundada que nos mueve hacia la posición intimada en nuestra orden para mostrar causa.

I

La doctrina de jurisdicción primaria y agotamiento de re-medio.

En los alegatos de este caso, como en los de Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977) y casos similares ha habido considerable argumento avivado por nuestra expresión en Otero Martínez al efecto de que disponiendo la Ley de Personal del Servicio Público en su Art. 7.14 (3 L.P.R.A. see. 1394) que las acciones promovidas por empleados relacionadas con áreas esenciales del principio de mérito serán vistas en primera instancia por la Junta de Apelaciones del Sistema de Personal, la jurisdicción primaria en este tipo de reclamaciones reside en la referida Junta. Dicho pronunciamiento no tiene más consecuencia que sostener la premisa fundamental de que nadie tiene derecho a auxilio judicial por un daño supuesto o inminente hasta haber agotado el remedio administrativo prescrito,() y que al evaluar el recurso a los tribunales de justicia contra los actos de organismos o funcionarios administrativos en los casos en que el estatuto provee una apelación dentro de la vía administrativa, debe distinguirse entre cuestiones de interpretación estatutaria en que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia (expertise) administrativa. McKart v. United States, 395 U.S. 185, 193-4 (1969). En Otero Martínez, supra, sostuvimos esencialmente que el injunction de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico (32 L.P.R.A. see. 3524) no abolió el procedimiento de apelación y revisión de decisiones en la esfera administrativa, y podemos añadir que no se justifica leer en dicho per curiam una total reforma de la doctrina prevaleciente en Puerto Rico y que en situaciones apropiadas permite el uso de otros instrumentos procesales como la sentencia declaratoria, el mandamus, el certiorari y el habeas corpus para cuestionar e impugnar una decisión administrativa. Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491-2 (1970); González Saldaña v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 477 (1965) a cuya pág. 487 se dice que “. . . la norma [de preferir el agotamiento de la acción administrativa] es una de conveniencia compatible con la justicia, y no posee infíexibilidad tal que lleve a la frustra-ción de un derecho o a la negación de un remedio.” Esa lati-tud y variedad remedial debe ser reconocida especialmente cuando el estatuto, como en el presente caso, no inviste con carácter de exclusivo el método legislado para someter la ac-tuación administrativa al escrutinio judicial. Cf. Asoc. de Distribuidores v. Admón. Estabilización, 81 D.P.R. 212, 220 (1959).

El status de empleada de la recurrida no es una abstracción. Su definición requería la estimación de su historial de servicio público, la clase de funciones que realizaba, forma en que le afectaron los informes de cambio, planes de puestos de confianza, el estudio sobre clasificación y evaluación de los puestos por ella ocupados, las cartas normativas del Director de la Oficina Central de la Administración de Personal y la opinión del Secretario de Justicia de 7 de febrero de 1977. Esta es materia propia de determinaciones factuales que se benefician del conocimiento íntimo y especializado que de ella tiene la Junta de Apelaciones.() La jurisdicción primaria() se aplica en casos de los que puede conocer originalmente el tribunal, y entra en juego cuando la adjudicación de la reclamación exige una decisión sobre cuestiones, que bajo un esquema regulativo, han sido asignadas a la especial competencia de un organismo administrativo. De hecho transfiere del tribunal a la agencia la facultad de de terminar algunos aspectos de la reclamación. United States v. Western P.R. Co., 352 U.S. 59, 63-64 (1956). Los hechos de Otero Martinez, supra, resisten su aprisionamiento en la fórmula precisa de uno u otro remedio, mas en todo caso de-mandaban su presentación para decisión en primera instan-cia por la Junta de Apelaciones, toda vez que planteaban un envolvimiento de conocimiento administrativo especializado en la cuestión jurisdiccional. Davis, Administrative Law, Sec. 20.03, pág. 69. La autonomía administrativa es deseable especialmente en los casos que requieren discreción o espe-cialidad (expertise) administrativa. Op. cit. Sec. 20.01, págs. 642-3 (Supto. 1970). McKart v. United States, supra.

HH

La dualidad de remedio.

Tanto la doctrina de jurisdicción primaria, como ■la regla que exige el agotamiento de remedios administrativos están dirigidas a promover una relación propia y armónica entre los tribunales y las agencias encargadas de administrar particulares disposiciones regulativas, United States v. Western P.R. Co. supra. Informado el tribunal de la pendencia del recurso administrativo, debió detener la acción judicial, y conocida la decisión de la Junta de Apelaciones procedía desestimar la solicitud de injunction, () no sólo porque es impermisible una pugna entre el foro judicial y el administrativo, resultante de la doble gestión de la demandante, sino también porque la determinación de hechos por la Junta de Apelaciones hacía innecesaria una segunda vista evidenciaría ante el Tribunal. Cf. United States v. Utah Construction & Mining Co., 384 U.S. 394, 421-423 (1966).

La ilustrada representación de la recurrida nos pide que excluyamos de la desestimación su acción personal por daños y perjuicios contra el Director de Personal predicada en la violación de sus derechos constitucionales de libre aso-ciación y expresión de ideas políticas, al separarla de su cargo. No estimamos que deba mantenerse la reclamación de daños ligada inextricablemente a la actuación oficial del de-mandado, en ausencia de alegación de arbitrariedad o abuso de poder y tomando en cuenta todas las circunstancias del caso. Ellos nos releva de considerar el efecto paralizante, si alguno, de la regla de elección de remedios (Gandía v. Stubbe, 34 D.P.R. 858, 867 (1926)) sobre la acción repara-dora de daño por discrimen político.

La resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan (11 Oct.1977) será anulada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió sin opi-nión. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Al llenar su hoja de Clasificación y Evaluación de Puesto el 10 de abril de 1975, la recurrida Leda. Febres de Miranda hizo constar lo si-guiente :
      “A pesar de que ocupo el puesto de Abogado V que corresponde al Jefe de la División Legal del Sistema de Retiro, las funciones que actual-mente realizo corresponden al puesto de Jefe de la División Legal de la Oficina de Personal y en tal capacidad ejerzo las siguientes funciones:
      1. Dirigir, planificar, coordinar y supervisar el trabajo que se realiza en la División Legal de la Oficina de Personal.
      2. Asesorar a la Directora de la Oficina de Personal en la interpreta-ción legal de las leyes aplicables a la administración de personal en el ser-vicio público.
      3. Asesorar a las agencias comprendidas en los Servicios sin y por Oposición en la interpretación y aplicación de las leyes aplicables a la ad-ministración de personal en dichos servicios.
      4. Representar a la Directora de Personal ante las Cámaras Legis-lativas, ante la Junta de Personal y ante cualquier otro organismo guberna-mental que se requiera.
      5. Someter ante la consideración de la Directora de Personal:
      a) Anteproyecto de ley auspiciados por la Oficina de Personal con los correspondientes memoriales explicativos.
      b) El análisis, estudio y comentarios en cuanto a la posición de la Oficina de Personal sobre proyectos de ley sometidos ante la considera-ción de la Oficina de Personal por la Oficina del Gobernador y las Cámaras Legislativas.
      c) Recomendaciones y formulación de las normas y reglamentos que sean necesarios para regular la aplicación de las leyes relacionadas con la administración de personal en el servicio público.
      d) El análisis, estudio y recomendaciones sobre reglamentos de personal de agencias exentas sometidos ante la consideración de la Oficina de Personal para ser sometidos a su vez ante la Oficina del Gobernador.
      e) El análisis, estudio y recomendaciones pertinentes sobre los casos que refiere la Junta de Personal a la Oficina de Personal.
      6. Coordinar y supervisar los esfuerzos que se realicen en el acopio y clasificación de todas las normas establecidas por la Oficina de Personal mediante memorandos, circulares, contestación a consultas sometidas por las diferentes agencias y por otros medios, a los fines de mantener al día dichas normas.”

        (2)Myers v. Bethlehem Shipbuilding Corp. 303 U.S. 41, 50-51 (1938).

      (3) Así lo corrobora la conducta de la recurrida quien acudió en primera instancia ante la Junta de Apelaciones de O CAP y presentó extensa prueba documental y testifical y convino en estipulaciones de hechos.

      (4)E1 tratadista Davis reconoce que la doctrina de jurisdicción pri-maria está tan estrechamente vinculada a la que requiere agotamiento de remedio administrativo que los tribunales las usan indistintamente. Administrative Law, Sec. 20.03 pág. 67. Así ha ocurrido con los términos “caducidad y prescripción”; “jurisdicción y competencia”; “requisito de cumplimiento estricto y requisito jurisdicional” y otros.

      (5)Así lo admite con ejemplar franqueza profesional la recurrida a la pág. 6 de su escrito contestando la orden para mostrar causa.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Jesús L. Durecort y Orlando Mercado Rodríguez, acusados; Sociedad para Asistencia Legal, peticionaria.

      Número: O-77-455

      Resuelto: 27 de enero de 1978

      Benigno Alicea Alicea, abogado de la Sociedad para Asistencia Legal.
   PER CURIAM:

La Sociedad para Asistencia Legal nos soli-cita que expidamos auto de certiorari para revisar resolu-ciones dictadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en las causas criminales G77-2201 y G77-2638 seguidas, res-pectivamente, contra Jesús L. Durecort y Orlando Mercado Rodríguez, mediante las cuales se designó al Ledo. Manuel Maldonado Soler, de la Sociedad para Asistencia Legal, como abogado de oficio de dichos imputados y se negó el tribunal a relevarle de dicha designación. Alega ante nos la Sociedad que no siendo indigentes los imputados, erró el tribunal de instancia al negarse a relevar al Ledo. Maldonado Soler y a dicha Sociedad de representar a los imputados. Estamos en condiciones de resolver a tenor de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal. ()

La designación del Ledo. Maldonado Soler, de la Sociedad para Asistencia Legal, para representar a los imputados en las citadas causas criminales se hizo al acceder el tribunal a suspensiones de vistas para juicio previamente señaladas. No obstante constar que los imputados estaban representados por abogados contratados por ellos el tribunal evidentemente persiguió el propósito de evitar futuras suspensiones al ase-gurarse de que los imputados estarían representados por el abogado de oficio designado si los abogados por ellos contra-tados no podían por alguna razón representarlos en las fechas dispuestas como nuevos señalamientos. En atención al propó-sito para el que se organizó la Sociedad para Asistencia Legal de prestar servicios gratuitos de abogacía a personas indigen-tes, es menester que establezcamos algunas normas que a su vez agilicen los procedimientos y ayuden al laudable propó-sito de los tribunales de instancia de evitar suspensiones y ver de que los casos criminales se ventilen en las fechas de sus señalamientos.

En Negrón Villavicencio v. García, Alcaide, 92 D.P.R. 179, 183-184 (1965), hicimos las siguientes expresiones que son tan de actualidad hoy como entonces:

“Parece que la costumbre es nombrar un abogado de oficio en todos los casos en que no comparece el abogado contratado por el acusado. No creemos que ésta sea la práctica más aconseja-ble. La mejor práctica sería requerir formalmente del abogado contratado por el acusado que preste los servicios profesionales satisfactorios que se esperan de él, de acuerdo con las normas éticas de nuestra profesión, si necesario haciendo uso del poder coercitivo del Tribunal para lograr su labor de justicia.”

El derecho constitucional de todo acusado de estar representado por abogado en todas las etapas del proceso criminal implica además el derecho del acusado a seleccionar libremente su abogado. Y un abogado que ha aceptado representar a un acusado, particularmente si ha sido contratado para ello, no debe ser relevado de sus obligaciones mediante la designación socorrida de un abogado de oficio, mucho menos si el acusado no es indigente. Acorde a estos principios, las siguientes normas deberán ser observadas en relación con renuncias de representación y designación de abogados de oficio:

Al renunciar la representación profesional de un acusado, el abogado deberá tener presente y cumplir con lo dispuesto en el Canon 20 de Ética Profesional. () Salvo en casos excepcionales, no deberá aprobarse una renuncia de representación profesional presentada en fecha tan cercana al señalamiento de la causa para juicio que pudiera tener el efecto de provocar la suspensión. Tampoco deberá relevarse a un abogado de representar a un acusadp contratado por él sin que se acredite satisfactoriamente que dicho abogado ha devuelto a su cliente el importe de honorarios cobrados por él o parte sustancial de éstos, dependiendo de la labor hasta entonces realizada por el abogado.

En el acto de aprobación de una renuncia de representación profesional deberán estar presentes el acusado y el abogado renunciante a menos que mediaren circunstancias extraordinarias o que surja de los autos que el acusado está representado adecuadamente por otro abogado. Al aprobar la renuncia se notificará inmediatamente al acusado y se le concederá un plazo razonable para que contrate un nuevo abogado, indicándole la fecha del señalamiento y apercibiéndole que la vista señalada no será suspendida. Para ese propósito el tribunal podrá designar de entre los abogados de su distrito judicial a uno o varios para que representen al acusado en caso de que éste comparezca a la vista del caso sin abogado de su selección. Al así hacerlo, el tribunal deberá investigar la capacidad económica del acusado para pagar por los servicios de abogado. De resultar que es indigente, podrá el tribunal requerir de la Sociedad para Asistencia Legal que designe uno de sus abogados miembros para que represente al acusado. El abogado de oficio designado por el tribunal o por la Sociedad para Asistencia Legal deberá comunicarse prontamente con el acusado y su abogado, si lo hubiere, y prepararse para asumir su defensa.

Se expedirá el auto solicitado, se dejarán sin efecto las resoluciones de que se ha recurrido, y se dispondrá que el tribunal de instancia tome las medidas que fueren proce-dentes de acuerdo a las normas aqui establecidas.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Dicha Regla dispone:
      “Poder adicional de reglamentación del Tribunal
      “En situaciones no previstas por este Reglamento el Tribunal encau-zará el trámite en la forma que a su juicio sirva los mejores intereses de todas las partes.
      “Queda reservada la facultad del Tribunal para en casos apropiados prescindir de términos, escritos o procedimientos específicos en orden al más justo y eficiente despacho del caso.”

      (2)E1 Canon 20 de Ética Profesional dice:
      “Cuando el abogado haya comparecido ante un tribunal en represen-tación de un cliente no puede ni debe renunciar la representación profe-sional de su cliente sin obtener primero el permiso del tribunal y debe solicitarlo solamente cuando exista una razón justificada e imprevista para ello.
      “Antes de renunciar la representación de su cliente el abogado debe tomar aquellas medidas razonables que eviten perjuicio a los derechos de su cliente tales como notificar de ello al cliente; aconsejarle debidamente sobre la necesidad de una nueva representación legal cuando ello sea necesario; concedérle tiempo para conseguir una nueva representación legal; aconse-jarle sobre la fecha límite de cualquier término de ley que pueda afectar su causa de acción o para la radicación de cualquier escrito que le pueda favorecer; y el cumplimiento de cualquier otra disposición legal del tribunal al respecto, incluyendo la notificación al tribunal de la última dirección conocida de su representado.
      “Al ser efectiva la renuncia del abogado debe hacerle entrega del expediente a su cliente y de todo documento relacionado con el caso y reem-bolsar inmediatamente cualquier cantidad adelantada que le haya sido pagada en honorarios por servicios que no se han prestado.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    José R. Casanova Díaz, demandante y recurrido, v. Puerto Rican-American Insurance Company, demandada y peticionaria.

      Número: O-77-287

      Resuelto: 31 de enero de 1978

      Agraít, Otero & Oliveras, abogados de la Puerto Riean-American Insurance Company; José R. Casanova Díaz, por derecho propio y Joseph L. Martínez Suárez, abogado del demandante y recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El 24 de octubre de 1974 la Puerto Rican-American Insurance Company expidió una póliza de seguro de responsa-bilidad profesional a favor del médico Dr. José R. Casanova Díaz. La póliza estaría vigente por un año, habiendo pagado en su totalidad el asegurado la correspondiente prima. El 13 de marzo de 1975, faltando siete meses para su expiración, dicha compañía aseguradora notificó por correo al Dr. Casanova un aviso de cancelación de la póliza a ser efectivo el 31 de dicho mes. Al protestar el asegurado, le indicó por carta la compañía que se veía obligada a retirarse del mercado en este tipo de seguro “por la experiencia adversa que ha demostrado esta línea de seguro en el pasado.” Le aclaró al mismo tiempo que no se refería a la experiencia personal suya. El Dr. Casanova se quejó al Comisionado de Seguros, pero éste sostuvo el poder de la compañía bajo la póliza y el Código de Seguros para actuar como lo hizo. Finalmente el Dr. Casanova instó demanda ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en que alegó incumplimiento de contrato y reclamó por daños que dijo haber sufrido debido a la falta de cubierta. ()

Puerto Rican-American solicitó sentencia sumaria para' que se desestimara la demanda. Invocó la cláusula nú-mero 11 de la póliza en virtud de la cual podía cancelarla antes de su vencimiento mediante el envío por correo al ase-gurado a su dirección indicada en la póliza de un aviso escrito que así lo especificara, con no menos de diez días de anticipa-ción a la fecha de efectividad de la cancelación. () El tribunal denegó la solicitud. Resolvió que, aunque la cláusula 11 autoriza a la compañía a “rescindir el contrato de seguro unilateralmente,” dicha cláusula está reñida con el Art. 11.270 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1127, que re-quiere “causa justificada” para la rescisión unilateral. () Incidió. La cláusula 11 no autoriza la rescisión del contrato y sí su cancelación bajo las condiciones allí pactadas. Cierta-mente, el inciso (1) del Art. 11.270 requiere causa justi-ficada para que cualquiera de las partes — la compañía o el asegurado — pueda rescindir el contrato. No prohíbe, sin embargo, la cancelación. Los términos rescisión y cancelación no son sinónimos. Tienen efectos diferentes.

El Art. 11.270 contempla tres diversas formas de terminar un contrato de seguro, a saber: la rescisión, a que se refiere el primer inciso; la cancelación conforme se pacte en el contrato, y la cancelación por el Comisionado de Seguros, contempladas en el segundo inciso. La tercera — cancelación por el Comisionado — no nos interesa para los fines que ahora nos ocupan.

El historial legislativo del Código de Seguros — Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957 — arroja poca luz en cuanto al Art. 11.270. El Código recoge “el fruto de la experiencia obte-nida en diferentes Estados de la Unión, y en otras regiones del Hemisferio, incluyendo, desde luego, la propia experiencia de Puerto Rico ... .” () En el proceso de su adopción se revi-só la legislación sobre seguros de diferentes Estados, de paí-ses latinoamericanos, de Filipinas y de Canadá, para bene-ficiarse de las experiencias de otras áreas y lograr la mejor legislación que se adaptase a nuestras particulares necesi-dades. ()

El Art. 11.270 no ha sido objeto de nuestra interpretación jurisprudencial. Antes de adoptarse el vigente Código resolvimos en Arroyo & Valiente v. North British & Merc., 38 D.P.R. 176 (1928), que una cláusula como la que aquí nos ocupa, que autorizaba a cualquiera de las partes a cancelar el contrato mediante una simple notificación, no violaba el Art. 1223 del entonces vigente Código Civil (1902), hoy Art. 1208, 31 L.P.R.A. sec. 3373, que dice:

“La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden de-jarse al arbitrio de uno de los contratantes.”

La redacción del Art. 11.270 no puede interpretarse como que dejó sin efecto esa doctrina. Por el contrario, es evidente que lejos de repudiarla la adoptó al hacer reserva en su se-gundo inciso del derecho del asegurador y del asegurado a cancelar el contrato “según se exprese en la póliza.” Al seguir la doctrina de Arroyo & Valiente fue consistente el Legislador con el propósito que informa el citado historial legislativo de recoger el fruto de nuestras propias experiencias, entre otras, para hacer un Código de Seguros ajustado a nuestras propias necesidades y a nuestra particular problemática.

La regla general reconocida en el campo de los seguros en las jurisdicciones norteamericanas es que ni el asegurado ni el asegurador tienen derecho a rescindir ni a cancelar el contrato, excepto si un estatuto lo permite, si el contrato mismo concede esa facultad, si las partes así lo han estipulado expresamente o han consentido expresamente para ello, o si una de las partes ha incumplido el contrato. 17 Couch, On Insurance, 2d, sec. 67:1, pág. 394 (1967). Se reconoce que las partes en un contrato de seguro pueden incluir las cláusulas que pluguieren con respecto a la cancelación. 17 Couch, On Insurance, 2d, sec. 67:45, pág. 418 (1967). Esta facultad no sería válida, sin embargo, si fuese contraria a la ley, la moral o el orden público. ()

La citada Sec. 11.270, como regía al plantearse la situa-ción de hechos que aquí consideramos, recogía esos principios generales. Permitía la rescisión unilateralmente “por causa justificada y en la forma que se aplica a los contratos en general” y permitía la cancelación unilateralmente si así se auto-rizaba en la póliza. Como hemos visto, la cláusula 11 de la póliza autorizaba la cancelación por cualquiera de las partes bajo las condiciones y en la forma allí estipuladas.

La distinción es importante. La cancelación del contrato termina los derechos y obligaciones de las partes a partir del momento en que es efectiva. 17 Couch, op. cit, sec. 67:19, pág. 403. Sólo opera prospectivamente. 17 Couch, supra, sec. 67:22, pág. 405. Una vez cancelada la póliza el asegurado no es responsable del pago de primas posteriores a la cancelación y el asegurador queda libre de toda responsabilidad por hechos que surjan después de ser efectiva la cancelación. 17 Couch, supra, sec. 67:20, pag. 404; sec. 67:21, pág. 404; 6A Appleman, Insurance Law & Practice, sec. 4197, pág. 620 (1972). La cancelación obliga, para ser válida, a la devolución al asegurado de las primas correspondientes al período que a partir de su efectividad restaría hasta la fecha de expiración de la póliza. () 3A Appleman, supra, sec. 1816, pág. 128 (1967); 6A Appleman, supra, sec. 4197, pág. 621 (1972).

La rescisión del contrato, a diferencia de la cancelación, lo anula ab initio. 17 Couch, supra, sec. 67:35, pág. 412. Al quedar rescindido el contrato de seguro las partes se colocan en la misma situación que ocupaban antes de que se efectuara el contrato. Patterson, Essentials of Insurance Law, 2da. ed., pág. 380 (1957). En consecuencia, la rescisión obliga al asegurador a devolver al asegurado todas las primas pagadas por éste. Patterson, supra, pág. 380; 17 Couch, supra, sec. 67:251, pág. 545; 3A Appleman, supra, sec. 1832, pág. 148 (1967) y 6A Appleman, supra, sec. 4199, pág. 630 (1972). Mientras la facultad de rescindir el contrato emana de la ley o del incumplimiento de las cláusulas en él estipuladas, la facultad para cancelarlo surge del propio contrato, si la ley no lo prohíbe. La primera es más limitada que la segunda.

La ley aquí aplicable establece como causa de rescisión lo que denomina en términos generales “por causas justificadas” y remite al Código Civil. Se han reconocido como razones válidas para que el asegurador rescinda el contrato, entre otras, el error mutuo, la falsedad en la información suministrada y la ocultación de información. Keeton, Basic Text on Insurance Law, sec. 6.9(b) pág. 438 (1971). La rescisión de los contratos en general está regulada en el Código Civil por los Arts. 1242 a 1251, 31 L.P.R.A. sees. 3491 a 3500. Por tratarse en este caso de la cancelación del contrato por la aseguradora, autorizada en su cláusula 11 y no prohibida por ley, y no de un caso de rescisión, procedía dictar sentencia sumaria según solicitado por la demandada recurrente. Así lo intimamos en orden para mostrar causa expedida mediante resolución de 4 de agosto de 1977. La parte recurrida no nos ha persuadido de lo contrario.

El resultado a que hemos llegado no está reñido con el Art. 1208 del Código Civil, ya citado, que dispone que “[la] validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.” Este artículo no prohíbe las cláusulas resolutorias en los contratos. Estas cláusulas, que permiten la terminación del contrato a base de la voluntad de cualquiera de las partes, están en armonía con el principio de libertad en la contratación. Figueroa Piñero v. Miranda & Eguía, 83 D.P.R. 554, 555-557 (1961); Arecibo Motors Co. v. Caribe Motors Corp., 60 D.P.R. 401, 407, 409 (1942); Clausells v. Salas, 51 D.P.R. 89, 95 (1937); Arroyo & Valiente v. North British & Merc., supra, 181-182.

Aunque el contrato de seguro es un típico contrato de adhesión que debe interpretarse liberalmente a favor del asegurado, Ferrer v. Lebrón García, 103 D.P.R. 600, 603 (1975); Rivera v. Insurance Co. of P.R., 103 D.P.R. 91, 93 (1974); Rosario v. Atl. Southern Ins. Co. of P.R., 95 D.P.R. 759, 765 (1968); Pérez Escolar v. Collado, 90 D.P.R. 806, 811 (1964); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227, 232-233 (1963); Maryland Casualty Co. v. San Juan Racing Assoc. Inc., 83 D.P.R. 559, 565-566 (1961), no se trata aquí de una cláusula obscura o ambigua. La adhesión no implica una de-claración de nulidad del contrato. C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311, 314 (1967). La cláusula 11 en virtud de la cual actuó la recurrente es clara y por tanto obligatoria para el asegurado. Véanse Ferrer v. Lebrón García, supra; Rivera v. Insurance Co. of Puerto Rico, supra.

El Art. 11.270 del Código de Seguros fue enmendado en su título y en su inciso (1) por la Ley Núm. 32 de 10 de mayo de 1976, con posterioridad al surgimiento de este caso. Después de la enmienda, dice así:

“Artículo 11.270. — Limitación de cancelación por el asegura-dor.
(1) El asegurador no podrá cancelar un contrato de seguros después de haber estado en vigor por un período de sesenta (60) días o más, excepto por la falta de pago de prima y por aquellos fundamentos que se especifican en la póliza. Disponiéndose que el asegurado podrá solicitar la cancelación del contrato de segu-ros de acuerdo con los términos especificados en la póliza.
A petición del asegurado el asegurador deberá especificar a aquél los fundamentos para la cancelación. El Comisionado me-diante reglamentación determinará los seguros a los cuales apli-cará este apartado y el procedimiento a seguir para la cancela-ción de dichos seguros.
(2).”

La enmienda tiene el propósito evidente de limitar la fa-cultad de las compañías de seguros de cancelar unilateral-mente las pólizas. () Bajo el estado de la ley cuando se otor-gó el contrato que aquí nos ocupa y cuando fue cancelado por la recurrente, la facultad de ésta para así hacerlo era clara. La actual redacción del Art. 11.270 no puede tener efecto retroactivo. Ello sería contrario a la disposición constitu-cional que prohíbe que se aprueben leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Carta de Derechos, Art. II, Sec. 7, Constitución del Estado Libre Asociado.

Hasta este momento el Comisionado de Seguros no ha adoptado reglamentación alguna para determinar los seguros a los cuales ha de aplicar la prohibición establecida por la re-ferida enmienda. El alcance de la enmienda, en ausencia de tal reglamentación, es asunto extraño a los planteamientos que aquí consideramos y nos abstenemos por tanto de pro-nunciarnos sobre el particular.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia por la que se revoque la resolución recurrida y en su lugar se ordene la desestimación de la demanda interpuesta.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)Los alegados daños no se alegaron específicamente en el texto de la demanda. Se intiman en la súplica que se debieron al verse privado de cubierta y enfrentado a lo que llama “la disyuntiva de abandonar su práctica quirúrgica, su modus vivendi de muchos años, o a solicitar otra póliza con otra compañía aseguradora con el perjuicio económico para el aquí demandante por el aumento apreciable en la prima de una nueva póliza.”

      (2)Dicha cláusula dispone textualmente:
      “11. CANCELATION: This policy may be cancelled by the named insured by surrender thereof to the company or any of its authorized agents or by mailing to the company written notice stating when thereafter the cancellation shall be effective. This policy may be cancelled by the company by mailing to the named insured at the address shown in this policy, written notice stating when not less than ten days thereafter such cancellation shall be effective. The mailing of notice as aforesaid shall be sufficient proof of notice. The time of surrender or the effective date and hour of cancellation stated in the notice shall become the end of the policy period. Delivery of such written notice either by the named insured or by the company shall be equivalent to mailing.”

      (3)E1 citado Art. 11.270 disponía de la manera siguiente para la fecha de los hechos que dieron origen a este pleito:
      “See. 1127. Rescisión y cancelación
      “(1) Un contrato de seguro podrá rescindirse por cualquiera de las partes por causa justificada y en la forma que se aplica a los contratos en general.
      “(2) En adición a este derecho y el procedimiento para la cancelación de un contrato de seguro, bien sea por el asegurador o por el asegurado, según se exprese en la póliza, el Comisionado podrá ordenar la inmediata cancelación de cualquiera póliza obtenida o efectuada en violación de este título, excepto cuando la póliza no fuere por sus términos cancelable por el asegurador y el asegurado no hubiere participado a sabiendas en dicha violación.”

        (4)Diario de Sesiones (1957), vol. 9, Tomo II, pág. 561.

        (5)Diario de Sesiones, supra, pág. 563.

      (6)Dice el Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372: “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que ten-gan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, la moral, ni al orden público.”

      (7)En inglés se le denomina unearned ’premiums. Partimos del su-puesto que aquí dichas primas fueron devueltas pues no se hace plantea-miento alguno por las partes sobre este particular, ni tampoco lo consideró el tribunal de instancia en su resolución.

      (8) Así se desprende del Informe de la Comisión de lo Jurídico Civil del Senado con respecto al P. del S. 1238 que se convirtió en la Ley Núm. 32 de 10 de mayo de 1976. El Informe Conjunto de las Comisiones de lo Jurídico Civil y de Comercio e Industria de la Cámara de Representantes señala, además, el propósito de “reglamentar efectivamente el procedimiento se-guido por las compañías aseguradoras para la cancelación de una póliza.”