author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Ne-grón García.

text:
    Francisca Luzgarda González Suárez, demandante y peticionaria, v. Marcos A. Rodríguez Estrada, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, etc., demandados y recurridos.

      Número: CE-89-729

      Resuelto: 10 de noviembre de 1989

      Francisco Quiñones Vizcarrondo, abogado de la peticionaria; Miguel Pagan y Eliezer Aldarondo Ortiz, de Aldarondo, López Bras, Pagan & Ortiz Ballester, abogados del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, recurrido; David Rivé Rivera, abogado del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, recurrido; Luis Sánchez Betances, abogado de Héctor Luis Acevedo, recurrido; José Ángel Rey y José Luis González Castañer, abogados de Eudaldo Báez Galib, recu-rrido.
   SENTENCIA

(Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo)

Recurre ante este Tribunal la Sra. Francisca Luzgarda González Suárez de una resolución y orden del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictada el 30 de octubre de 1989, la cual le ordena enmendar su demanda con el único propósito de acumular como partes a unos mil doscientos ochenta (1,280) electores, cuyos votos no fueron adjudicados por la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) en las pasadas elec-ciones del Municipio de San Juan.

Sostiene la señora González Suárez que, al así hacerlo, erró el tribunal de instancia, pues ella se opuso tenazmente a la misma. Alega, además, que la orden se funda en una con-solidaeión inexistente de su demanda con la demanda de im-pugnación instada por el Sr. José Granados Navedo.()

Oportunamente concedimos término a la C.E.E. y a las demás partes para que, a los fines de evaluar la solicitud de certiorari presentada por la señora González Suárez, se ex-presaran sobre lo planteado por ella. En auxilio de nuestra jurisdicción dejamos en suspenso el plazo de cinco (5) días naturales concedidos a la señora González Suárez para en-mendar su demanda. Además, instruimos al foro de instancia que certificara la transcripción de evidencia de la vista cele-brada el 15 de agosto de 1989, en la cual se discutió la conso-lidación de la demanda de la señora González Suárez con la demanda de impugnación del señor Granados Navedo, y de la vista de 7 de septiembre de 1989 en que la señora González Suárez testificó y presentó prueba documental para sostener sus alegaciones. Solicitamos, además, los Anejos 1 y 2 de la resolución y orden de la cual se recurre.

El Presidente de la C.E.E., el Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista y los Sres. Héctor Luis Acevedo y Eudaldo Báez Galib han comparecido. Además, el tribunal de instancia elevó ante nos los documentos solicitados por este Tribunal. El Sr. José Granados Navedo no compareció.

Examinados cuidadosamente los distintos escritos, modi-ficamos y confirmamos la resolución y orden dictada por el foro de instancia.

I — H

El pasado 29 de septiembre de 1989 este Tribunal, en el caso de Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593 (1989), confirmó una resolución del tribunal de instancia que ordenó la acumulación como partes de un grupo de electores de San Juan, cuyos votos no fueron adjudicados por la C.E.E. Ello se hizo para evitar la proliferación de pleitos de electores excluidos, para imprimirle finalidad a unos litigios sumamente complejos y para lograr una determinación co-rrecta que refleje fiel y finalmente la intención y votación de todo el electorado del Municipio de San Juan.

Allí expresamente dijimos que en vista de que las ac-ciones de los electores acumulados son más afines con la de-manda de la Sra. Francisca Luzgarda González Suárez, cuyo pleito había sido previamente consolidado con el pleito de impugnación instado por el Sr. José Granados Navedo —por tratar de hechos y derechos similares— la acumulación fuera efectuada en el pleito de dicha demandante y que se dispu-siera de una notificación efectiva por parte de la C.E.E. a todos los electores acumulados. Determinamos, además, que esta última sufragara los costos de dicha notificación, y reite-ramos que lo anterior no tenía carácter preelusivo para que el Sr. José Granados Navedo o el Sr. Héctor Luis Acevedo utilizaran las partes así acumuladas como testigos.

La resolución y orden del tribunal de instancia, dictada el 30 de octubre de 1989, de la cual se recurre ante nos, al orde-nar a la señora González Suárez que enmiende su demanda con el único propósito de acumular como partes a las per-sonas identificadas en los Anejos 1 y 2 de dicha resolución y orden, es cónsona con e implanta lo dispuesto por este Tribunal.

De las comparecencias de las partes y de los documentos ante nos surgen nuevos desarrollos procesales en el caso que ameritan tomemos medidas adicionales para salvaguardar los derechos electorales y constitucionales de los electores cuyos votos nó fueron adjudicados en las elecciones cele-bradas en el Municipio de San Juan. Lo hacemos, además, en aras de aligerar los procedimientos en el foro de instancia.

La demandante, Sra. Francisca Luzgarda González Suá-rez, debe enmendar su demanda en el caso KPE 89-0274 para cumplir con la formalidad de acumular como partes a las personas identificadas en los Anejos 1 y 2 de la resolución y orden recurrida, cumpliendo así con el mandato de este Tribunal. Esta enmienda, ordenada por este Tribunal a los fines de que puedan determinarse los derechos que asisten a dichos electores, incluirá las alegaciones pertinentes, a saber: que son electores cualificados; que votaron en las pa-sadas elecciones del Municipio de San Juan; que su voto no fue adjudicado en contravención a la ley y a nuestra Consti-tución; que ello puede afectar el resultado de las elecciones de dicho municipio; que se cuente su voto, y que se dicte el remedio que en derecho corresponda. Todo ello sin perjuicio de que las personas acumuladas que comparezcan hagan las alegaciones adicionales que estimen convenientes.

De la demandante, señora González Suárez, no dar cum-plimiento a dicha formalidad dentro de cinco (5) días natu-rales, contados a partir de la notificación de esta Sentencia, el tribunal de instancia emitirá una resolución y orden me-diante la cual acumule formalmente a los electores incluidos en los Anejos 1 y 2 e incorpore las alegaciones antes mencio-nadas. Advertirá, además, a dichas personas sobre sus dere-chos y que, de no comparecer, la sentencia que en su día se dicte a base de la prueba presentada será vinculante para ellos. Tal resolución y orden debe ser unida a los emplaza-mientos y edictos, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

Las partes deberán ser emplazadas en conformidad con las normas pautadas en nuestra opinión del pasado 29 de septiembre de 1989 y con la resolución y orden del tribunal de instancia, de la cual se recurre ante nos, para que puedan comparecer y presentar prueba para sostener sus alega-ciones. En relación con todas las personas así acumuladas que no comparezcan, el tribunal, tomando en consideración la prueba aportada por todas las partes en los pleitos consoli-dados, resolverá lo que corresponda en derecho.()

Una vez más reiteramos que lo anterior lo hacemos para salvaguardar el derecho al voto que puedan tener los elec-tores cuyos votos no fueron adjudicados; para que estas per-sonas tengan la oportunidad de ser oídas por el foro de ins-tancia; para lograr una determinación correcta del resultado de las elecciones del Municipio de San Juan, y para darle finalidad vinculante a controversias afines y similares. Estos propósitos están revestidos del más alto interés público.

Por los fundamentos expuestos, se expide el auto, se mo-difica la resolución y orden de la cual se recurre a los efectos antes consignados y, así modificada, se confirma la misma y se ordena la continuación de los' procedimientos compatibles con lo aquí expuesto.

Todos los Jueces se reservan el derecho a expresar su criterio por escrito, posteriormente, conforme lo dispone el reglamento de este Tribunal.

Notifíquese por la vía telefónica y por correo, y remítase el mandato inmediatamente.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente preliminar. El Juez Asociado Señor Rebollo López al disentir expresa: “la Sentencia que hoy emite una mayoría de los integrantes del Tribunal —aparte del hecho de que constituye un absurdo desde el punto de vista jurídico-procesal— es el resultado directo de la errónea posición que asumiera esa misma mayoría el pasado 29 de septiembre de 1989; posición equivocada que prevaleció no obstante los señalamientos, vehementes y jurídicamente co-rrectos, de los tres Jueces que disentimos en dicha ocasión. Realmente resulta fútil expresarnos in extenso nuevamente; ya hemos hecho todos los esfuerzos y señalamientos jurí-dicos pertinentes con el propósito de que se haga verdadera justicia en el presente caso, sin que los mismos hayan tenido resultado positivo alguno. Baste con señalar que, cumplido un año de haberse celebrado las Elecciones Generales de 1988, todavía no se sabe en definitiva quién es el Alcalde de la Ciudad Capital de Puerto Rico.” El Juez Asociado Señor Ortiz disiente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

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Opinión disidente preliminar del

Juez Asociado Señor Ne-grón García.

En todo su dramatismo jurídico, por primera vez en la historia, él Tribunal Supremo de Puerto Rico abandona su función de órgano adjudicador imparcial, por conducto de cuatro (4) Jueces, asume el papel que le corresponde propia-mente a un demandante y procede, como medio coactivo, a redactar y a suscribir una demanda y sus alegaciones en contra de la voluntad de una legítima parte. Y todo a nombre de salvaguardar el derecho de los electores, la rapidez y el in-terés público. Semejante atropello es inconcebible.

I — I

Couture, en uno de sus mandamientos, previene así a la profesión jurídica: “Ten paciencia, el tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.’() Ese consejo fue desoído por la mayoría de este Tribunal el pasado 29 de sep-tiembre de 1989 y hoy. En su anterior opinión disidente, el Juez Asociado Señor Ortiz señaló que esa opinión mayorita-ria “ha[bía] dado final a la legítima expectativa de los candidatos Granados Navedo y Acevedo Pérez, y a sus partidarios, de que se decida pronta y efectivamente la controversia sobre el resultado legal, verídico y justo de las pasadas elec-ciones para Alcalde de nuestra Ciudad Capital”. Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 704 (1989), opinión disidente del Juez Asociado Señor Ortiz.

Expuso que habían desnaturalizado y complicado el pro-ceso con un “injerto de figuras procesales ajenas al procedi-miento especial de impugnación”. (Énfasis suplido.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 704. Cuestionó la adopción de procedimientos “especialísimos para emplazar y notificar a partes con interés” —(énfasis suplido) id., pág. 705— y la eliminación o acortamiento de los términos para comparecer y acogerse al procedimiento de descubrimiento de prueba. Con profética visión destacó la incertidumbre creada en cuanto a si los electores acumulados eran “partes demandantes, demandadas, terceros demandados o un hí-brido, lo que afectará la determinación en cuanto al orden de presentación y al peso de la prueba. ¿Quién establece y quién niega, por ejemplo, el derecho al voto? ¿Los electores acumulados como partes? ¿Los candidatos? ¿Los Comisio-nados Electorales? ¿La Comisión Estatal de Elecciones? Hemos cambiado drásticamente la posición procesal de la Comisión Estatal de Elecciones y de su Presidente”. (Én-fasis suplido.) íd., pág. 705. Enfatizó, además, la “impreci-sión sobre el derecho constitucional de los electores acumu-lados a una efectiva asistencia de abogado, sobre quién su-fragará las costas y honorarios de abogado de esos electores en caso de prevalecer y, peor aún, sobre cuál es su responsa-bilidad para el pago de costas y de honorarios bajo la Regla 44 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en el caso contrario de que no prevalezcan en su reclamo de que la Co-misión Estatal de Elecciones anuló su derecho al sufragio”. (Énfasis suplido y escolio omitido.) íd., págs. 705-706. Tam-bién, caracterizó la decisión como “un monstruo procesal in-capaz de .ser regulado [sin] directrices específicas . ..”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 706. Concluyó que la acumulación de los electores como partes “violenta[ba] las disposiciones substantivas y procesales de la ley especial” y abría una “caja de Pandora”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 707.

En igual sentido, en su disenso el Juez Asociado Señor Rebollo López advirtió sobre “las graves y serias consecuen-cias que tendrfia] la decisión mayoritaria que hoy se emite sobre el procedimiento pendiente en el presente caso a nivel de instancia y sobre el derecho al sufragio de los electores que hoy se decide acumular como partes”. (Énfasis suplido.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 703, opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López.

En nuestro disenso expusimos:

ÍQué hace hoy la mayoría de este Tribunal por votación cerrada? Revoca una vez más al Tribunal Superior, pero eufe-místicamente caracteriza el mandato como una mera “modifi-cación”. Opinión mayoritaria, pág. 600. Esa “modificación”, a su vez, fuerza una decisión de emitir un decreto en el caso distinto de mandamus y daños y perjuicios, sin darle nin-guna oportunidad y sin observar el debido proceso de ley ha-cia las partes originales en ese proceso que aprisiona, en particular, a la litigante más afectada, la demandante González Suárez. De los escombros del dictamen del Tribunal Superior crean instantánea y artificialmente un peculiar y extraño pleito de clase que no cumple los trámites más elementales prescritos. Luego echan a un lado y mutilan toda la normativa y jurisprudencia —civil y electoral vigente— sobre el empla-zamiento personal requerido para que un tribunal adquiera válidamente jurisdicción sobre una parte, citando aislada-mente y atribuyendo unos efectos que no tiene a unas expre-siones vertidas en Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93 (1986). Por último, improvisada, arbitraria e inconstitucional-mente sustituyen la notificación personal de mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) electores por una sencilla notificación por correo certificado.
Con respeto para todos, ese dictamen es una “caja de Pandora” de frágil hechura judicial que no debió abrirse. Entre sus males brota bruscamente no ya una transformación proce-sal, sino la desfiguración, por el tribunal de instancia, del pleito de impugnación entre Granados Navedo y Acevedo Pé-rez en trámite desde el 19 de diciembre de 1988, y la fea defor-mación en apelación, por la mayoría de este Tribunal, de la acción de mandamus y daños y perjuicios iniciada separada e independientemente por la electora González Suárez el 17 de febrero de 1989, sin brindar a ella y a todas las partes involucradas la oportunidad de una comparecencia.
Coincidentalmente, ambos decretos confunden principios y mecanismos procesales elementales, inyectan unas va-riantes impermisibles que trastocan el esquema legislativo especial y ordinario pautado, son contrarios a la solución lógica y ordenada visualizada en las reglas vigentes y no so-lucionan —sino que agudizan— las infracciones al debido proceso de ley constitucional. Sobre todo complican y atra-san la adjudicación del pleito de impugnación e, innecesa-riamente, proyectan un conflicto jurisdiccional con la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico. (Énfasis suplido y en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, págs. 618-620, opinión disidente.

Y más adelante indicamos:

El enredo de la opinión mayoritaria es transparente. Funde causas de acciones diferentes y confunde los efectos del meca-nismo de la consolidación con el de acumulación. En movi-miento de traslación llega al extremo de mudar de lugar a uno de los- litigantes principales, al concluir que la acción de mandamus y daños y perjuicios de la señora González Suárez y el pleito de “impugnación por el señor Granados Navedo tienen el mismo objetivo —cuestionar el resultado electoral para el cargo de Alcalde de San Juan ...”. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 608. La mutación procesal culmina cuando astutamente en dicha opinión se formula la pregunta siguiente: “¿qué clase de remedio completo se le puede ofre-cer al peticionario Granados Navedo ...?” (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) íd. En otras palabras, aun cuando la mayoría reconoce que los electores no son acumula-bles como partes en el pleito de impugnación, continúan gi-rando descontroladamente en torno a Granados Navedo —y también, sin mencionarlo, alrededor de Acevedo Pérez— y, atraídos fatalmente por ese polo magnético o centro de grave-dad, enrevesadamente y sin fundamentos jurídicos los acu-mulan en la acción independiente de la señora González Suárez. El tambaleante puente que sirve de sostén a ese gi-gantesco paso e inesperado tránsito sustantivo y procesal es una sencilla consolidación. (Énfasis en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, págs. 653-654.

De nada valieron estos y otros argumentos esgrimidos con vehemencia en apoyo de la total revocación de la orden de acumulación del Tribunal Superior. Artificialmente se cambiaron de sitio los protagonistas principales y se emitió una decisión violatoria del debido proceso de ley y demás derechos de la señora González Suárez y de esos numerosos electores antes marginados por la Comisión Estatal de Elec-ciones.

HH I — I

Pocos días después (el 6 de octubre), sin haber transcu-rrido el término para una reconsideración, este Tribunal, a solicitud del Presidente de la Comisión Estatal de Elec-ciones y de los demandados Báez Galib y Acevedo Pérez, fes-tinadamente y a destiempo ordenó la remisión inmediata del mandato. Nos opusimos a dicho proceder de la forma si-guiente:

... [H]emos comprometido y limitado peligrosamente nues-tro sentido de responsabilidad institucional en cuanto al ám-bito temporal de nuestra jurisdicción apelativa. Bajo el des-gastado vocablo de la “importancia” del caso ignoramos otra vez unos términos configurativos de derechos sustantivos y procesales de las partes. El 29 de septiembre, inconstitucio-nalmente, la mayoría descarto el tramite de emplazamiento personal para adquirir válidamente jurisdicción sobre mil ochocientos cuarenta y cinco (1,845) electores acumulados in-debidamente como partes, y ahora, de un plumazo, lo hacen en cuanto al trámite de reconsideración apelativo.
De hecho, la resolución mayoritaria sólo podría explicarse si, a priori, partimos de la premisa de que ninguna de las partes originales en el pleito de impugnación o en la de-manda de mandamus y daños y perjuicios —excepto la Comisión Estatal de Elecciones, Acevedo Pérez y Báez Galib— pedirá la reconsideración. Confesamos que carecemos de la mágica bola de cristal para así anticiparlo, desconocemos el cimiento u origen de ese conocimiento y los fundamentos que pudieran aducir las partes perdidosas en abono de una re-consideración. (Énfasis suplido y en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada III, 124 D.P.R. 716, 718-719 (1989), opi-nión disidente.

Y en vista de que la señora González Suárez nunca había tenido ni se le había brindado la oportunidad de exponer en foro judicial alguno su posición respecto a la decisión posterior de añadir a su caso, por vía de acumulación, mil ocho-cientos cuarenta y cinco (1,845) nuevas partes, aconsejamos prudencialmente —ante la decisión dividida fundada en una votación cerrada de cuatro a tres (4-3) Jueces de este Foro— esperar que venciera el término de reconsideración o que se requiriera a las restantes partes que expusieran sus posiciones. Finiquitamos ese disenso con la observación si-guiente: “Con marcha en retroceso en el ámbito procesal no se avanza hacia la superación de nuestra democracia.” (Énfasis suplido.) Granados v. Rodríguez Estrada III, supra, pág. 720.

HH HH

El 11 de octubre occurrió lo que era de esperarse. Por primera vez compareció a este Foro la señora González Suárez, pidió intervención y aclaración de los errores de la opi-nión mayoritaria de 29 de septiembre de 1989. Demostró que la principal conclusión mayoritaria —en que s.e fundamentó la consolidación y acumulación— a saber, que su acción “tien[e] el mismo objetivo —cuestionar el resultado electoral para el cargo de Alcalde de San Juan — ” (Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 608), no era correcta y que por estipulación así lo habían aceptado los litigantes Granados Navedo y Acevedo Pérez. Al disentir otra vez de la negativa del Tribunal, consignamos:

Ante esta VERDAD, lo procedente sería reclamar el man-dato e inmediatamente corregir dicho error en la opinión ma-yoritaria. La resolución de hoy, sin fundamentos, niega discre-cionalmente ese remedio. La renuencia a así reconocerlo con-figura un patrón acumulativo de injusticia. Se comprende al percatarnos de que su aceptación implicaría una reconsidera-ción de la opinión mayoritaria, la cual frágilmente sólo se funda en el ejercicio de una discreción ilimitada. Estamos a tiempo para hacer cumplida justicia y “fijar correctamente las coordenadas que en el plano electoral y constitucional el re-curso nos presenta”. Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 682, opinión disidente. Contra la VERDAD no cabe invocar discreción judicial alguna. A la postre, “[p]or su na-turaleza no reglada, el ejercicio de la discreción es la prerro-gativa judicial más poderosa y peligrosa. Siempre reclama una profunda reflexión íntima de conciencia”. (Énfasis en el original.) íd., pág. 684. (Énfasis suplido y en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada IV, 124 D.P.R. 720, 726 (1989), voto disidente.

IV

No transcurrió mucho tiempo para que de la caja de Pandora brotaran los males procesales señalados por los Jueces Asociados Señores Rebollo López, Ortiz y el que sus-cribe, en sus respectivos disensos. El pasado 30 de octubre el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Carlos E. Polo, Juez), conforme el mandato mayoritario de 29 de septiem-bre, ordenó: (1) la acumulación como partes de mil dos-cientos ochenta (1,280) electores, incluyendo a los cuarenta y dos (42) que reclamaron en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico; (2) que en el plazo de cinco (5) días naturales la señora González Suárez enmen-dara su demanda “con el único propósito de acumularlos] como partes” (Resolución y orden, pág. 2); (3) que la Comi-sión Estatal de Elecciones les notificara mediante edictos, apercibiéndoles que deberían comparecer dentro del tér-mino de veinte (20) días en el caso de la señora González Suárez “a formular sus alegaciones en reclamo de sus dere-chos electorales y de que se adjudique su voto emitido en las pasadas elecciones generales del 8 de noviembre de 1988” (énfasis suplido) id.; (4) que, simultáneamente con esa publi-cación, se les notificara por correo Certificado con acuse de recibo de “copia de la demanda enmendada [en el epígrafe], del edicto y de la presente resolución” (énfasis suplido) id., y (5) que se emplazara personalmente los votantes que recla-maron en la Corte federal. Finalmente, dispuso que los que no comparecieran renunciaban a sus derechos, les anotaría la rebeldía y dictaría sentencia en su contra a base de que aceptaron “la corrección de la determinación de la CEE . . .”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 3.

Inconforme, el 6 de noviembre la señora González Suárez presentó este certiorari que, en su esencia, cuestiona la pro-cedencia de esa orden debido a que el mandato de este Foro estuvo fundado en una consolidación inexistente. Aduce que desde el 7 de septiembre se había desfilado la prueba sobre sus cualificaciones como electora y que su caso quedó some-tido. Impugnó, además, la obligación que le fue impuesta de enmendar las alegaciones de su demanda.

A la luz de esos señalamientos, concedimos a todas las partes término para que comparecieran y, en auxilio de juris-dicción, paralizamos la orden. Comparecieron el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Ledo. Marcos A. Ro-dríguez Estrada (codemandado en la acción de la señora González Suárez), los demandados, Ledos. Héctor L. Acevedo Pérez y Eudaldo Báez Galib (este último Comisionado Electoral del P.P.D.) y el Sr. Francisco González Rodríguez, Comisionado del P.N.P.

V

Los escritos del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y de Acevedo Pérez y Báez Galib revelan notables contradicciones en sus posiciones. Sobre todo, son la mejor prueba de la antijuridicidad de la opinión mayoritaria de 29 de septiembre y de la difícil situación en que colocaron al ilustrado foro de instancia.

Como la sentencia mayoritaria guarda silencio, expon-gamos brevemente esas posiciones.() El Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, luego de aludir a la orden, petición de certiorari y negativa de la representación legal de la señora González Suárez a suscribir “una alegación de demanda enmendada” —Comparecencia del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en relación con el último escrito de la demandante Francisca Lu[z]garda González Suárez, pág. 2— según le fue requerido, expresa su interés en cumplir con el mandato mayoritario. Sin embargo, nos comunica “su preocupación po[r q]ue el procedimiento de acumulación no adolezca de ningún defecto que pueda ha-cerlo susceptible de amdación en el futuro”. (Enfasis su-plido.) íd. Debido a que costará en exceso de $82,200, consi-dera “necesario la vigilancia estricta de manera que se cum-pla con todos los incidentes del procedimiento”. íd. Afirma que “no tiene mayor interés en cuál de las partes deberá redactar la alegación para acumular a los 1,280 electores ...”. íd. Anticipa que la inmensa mayoría “no comparecería,] por lo que su derecho eventualmente será resuelto a través de una sentencia en rebeldía”. Íd.

Bajo esa premisa, el Presidente Rodríguez Estrada argu-menta correctamente que la “rebeldía, en este, o en cual-quier otro caso, exige que se le hayan formulado al deman-dado alegaciones conteniendo hechos bien aseverados que al aceptarse mediante su incomparecencia justifiquen que se dicte una sentencia en rebeldía en su contra. Regla 45.1 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III R. 45.1. Continental Insurance Company vs. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815 (197[8])”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 2. Nos advierte que como la “única consecuencia jurídica del trámite de un caso en rebeldía es que se estimen aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en la demanda, es nece-sario, por tanto, que la formulación de alegaciones com-pletas con respecto a estos electores, pues de lo contrario no se podría sostener una sentencia en rebeldía en contra de ellos”. (Énfasis suplido.) íd., págs. 2-3. Finalmente, con ati-nada precisión, concluye que la Comisión Estatal de Elec-ciones “no puede ser la parte que formule esta alegación toda vez que fue ella misma la que tomó la decisión final adjudicando que estos electores, a ser acumulados ahora como parte, no tenían derecho a votar para el cargo de Al-calde de San Juan. La Comisión Estatal de Elecciones, al igual que cualquier organismo administrativo, no podría comparecer a un tribunal de justicia a solicitarle que vali-dara la decisión que ella misma ha tomado”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 3.

Por su parte, Acevedo Pérez y Báez Galib nos solicitan la desestimación sumaria del recurso con miras a expeditar la solución del caso en instancia. A esos efectos afirman que en el pleito de Granados Navedo y Acevedo Pérez la prueba se desfiló y finalizó en su totalidad, y que sólo resta presentar unos memoriales en o antes del 17 de este mes. Para apoyar la desestimación sumaria de la apelación de la señora Gonzá-lez Suárez, estiman inmeritorio y no argumentan a fondo su señalamiento de que la acumulación decretada fue errónea por estar fundada en una consolidación original limitada. En cuanto al segundo señalamiento —que no podía obligársele a enmendar— tampoco argumentan en contra. Más bien, sos-tienen y nos piden que resolvamos que corresponde a la Co-misión Estatal de Elecciones enmendar la demanda de la señora González Suárez y que, de no ser posible, autoricemos a Acevedo Pérez a redactar la alegación para acumular los mil doscientos ochenta (1,280) electores.

En resumen, de un lado el Presidente de la Comisión Es-tatal de Elecciones acepta que jurídicamente sería un con-trasentido que se le ordenara enmendar la demanda de la señora González Suárez y, del otro, Acevedo Pérez y Báez Galib evaden el planteamiento de ella, insisten en que debe ser la Comisión Estatal de Elecciones y, finalmente, nos pro-ponen la alternativa que sea Acevedo Pérez quien formule la alegación. El resultado de estas posturas irreconciliables entre sí revela la encerrona jurídica en que se encuentra la mayoría del Tribunal.

HH >

Tiene toda la razón la señora González Suárez. Como VERDAD procesal que ninguna de las partes ha podido refu-tar, ha quedado demostrado que la frágil premisa, en la cual se fundamentó la mayoría del Tribunal para ordenar la acu-mulación de los electores y consolidar sus causas de acción al pleito de ella, no esxistía al momento de así decretarse el 29 de septiembre de 1989. Así lo acreditan fehacientemente los autos y el extenso esc. 1 de la sentencia mayoritaria. Confir-man que la consolidación original del foro de instancia de 15 de agosto no fue total, sino cualificada. Fue de carácter par-cial, con el único y limitado fin de que ella desfilara su prueba en torno a su status de electora en el momento en que prestara testimonio como testigo de Granados Navedo. T.E. Superior de 7 de agosto de 1989, pág. 86; Transcripción de evidencia, págs. 4-7. Ese evento ya aconteció. La prueba se presentó el 7 de septiembre ante el Magistrado Carlos E. Polo. Transcripción parcial de evidencia, págs. 1-24.

Esta cronología refleja indubitadamente que desde el 7 de septiembre el propósito de la consolidación —desfilar la señora González Suárez la prueba común de hechos simultá-neamente como parte y testigo— quedó cumplido. Su causa de acción individual quedó sometida para dictamen por el tribunal de instancia sobre la otra cuestión común de dere-cho, a saber, la conclusión jurídica de si era o no electora cualificada y si debería adjudicarse su voto. Lo único que quedó pendiente en su caso —sujeto a ese resultado— fue la reclamación de daños y perjuicios, la cual acorde con la con-solidación limitada se vería “posteriormente y por separado para no interrumpir las labores en el caso de impugnación”. Transcripción de evidencia, pág. 2.

Ante esta innegable realidad, ¿cómo la mayoría puede sostener todavía la existencia de una consolidación masiva, que decretaron mucho después (el 29 de septiembre) de ha-berse sometido el caso de la señora González Suárez?

Sólo por forzada ficción, ajena a esta VERDAD procesal y al derecho vigente, puede concluirse lo contrario. Y única-mente por razón de una venda judicial irremovible puede in-sistirse en la juridicidad de acumular como partes a los elec-tores marginados por la Comisión Estatal de Elecciones al pleito de la señora González Suárez.

Una vez sometido el caso de la señora González Suárez, el 7 de septiembre, se evidencia con meridiana claridad que el mismo podía adjudicarse satisfactoriamente a partir de esa fecha —incluso hoy mismo— sin que fuera ni sea menester la acumulación de los numerosos electores. La presencia de esos electores no es necesaria ni indispensable para “adjudi-carse esa controversia”. Regla 16.1 de Procedimiento Civil, 82 L.P.R.A. Ap. III. Tampoco lo es para “conceder un reme-dio completo a las personas que ya [son] partes en el pleito” (Regla 16.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III), esto es, ella, la Comisión Estatal de Elecciones y otros. No podemos ignorar que la frase “‘Interés común’ no es cual-quier interés en el pleito. Tiene que ser un interés de tal orden que impida la confección de un decreto sin afectarlo. ‘Remedio completo’ también tiene un significado especial. El remedio completo a que se refiere la Regla 16 alude al remedio entre las personas y entidades que ya son partes en el pleito y no al obtenible entre una parte y el ausente”. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 607 (1983).

La mayoría del Tribunal —como tampoco ninguna de las otras partes— no ha adelantado una sola razón justificativa para que al 7 de septiembre, el 29 del mismo mes o al día de hoy, fuera y sea necesaria la acumulación de esos electores para que pueda el Tribunal Superior resolver si la señora González Suárez es o no una electora cualificada. Ese silen-cio es elocuente. Repetimos, ya la prueba de ella desfiló y su caso quedó sometido. ¿Qué prueba adicional sobre las cir-cunstancias personales y cualificaciones como electora pue-den aportar a su causa de acción los electores marginados? Ninguna.

En conclusión, le asiste la razón a la señora González Suárez. Es erróneo y absurdo inyectarle a la orden de conso-lidación limitada —que surtió sus efectos evidenciarios el 7 de septiembre— la acumulación de los electores marginados por la Comisión Estatal de Elecciones.

VII

¿Qué hace hoy la mayoría de este Tribunal? Primero, re-suelve que la orden del tribunal de instancia “es cónsona con e implanta” lo dispuesto el 29 de septiembre. Sentencia, pág. 752. Segundo, toma medidas adicionales para enfrentar “nuevos desarrollos procesales” (id.) —diz que apara alige-rar los procedimientos— a saber: (1) ordena a la señora Gon-zález Suárez a enmendar su demanda “para cumplir con la formalidad de acumular” (énfasis suplido) (id.) a los res-tantes electores; (2) redacta y formula las alegaciones que contendrá la demanda enmendada; () (3) le concede a ella cinco (5) días naturales para enmendarla, y (4) de no hacerlo la señora González Suárez, la realizará el tribunal de instan-cia. Tercero, determina que la sentencia que en su día se dicte “será vinculante” (id., pág. 753) para los que no compa-rezcan.

Independientemente de lo erróneo de la consolidación y acumulación original sostenida antes por la mayoría, este sorpresivo nuevo curso decisorio nos obliga a dirigirnos a las comparecencias del Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y de Acevedo Pérez y a la de Granados Navedo.

Según expuesto, la Comisión Estatal de Elecciones acepta que no puede ser quien enmiende las alegaciones de la demanda. Acevedo Pérez y Báez Galib insisten en lo con-trario. Sin embargo, por vía de escolio, evaden la controver-sia de si realmente puede o no obligarse a la señora González Suárez a acumular como partes a esos electores contra su voluntad. Curiosa y reveladoramente remiten al “futuro” esa controversia. Solicitud para que se disponga sumariamente de la petición de certiorari y comparecencia en cumpli-miento de orden, pág. 7 esc. 6. Así pospuesta, se limitan a argumentar que la opinión mayoritaria resolvió “con clari-dad” que ello correspondía a la Comisión Estatal de Elec-ciones, y que para dar certeza final a la controversia entre Granados Navedo y Acevedo Pérez “es innecesario impo-nerle la obligación a la demandante González Suárez de la misma forma en que el Tribunal decidió relevar de una obligación similar al demandante Granados Navedo”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 8. Por último, solicitan que autori-cemos a Acevedo Pérez a realizar las enmiendas.

Ante estas comparecencias, verdaderamente es increíble que hoy la mayoría redacte unas alegaciones y resuelva obligar a la señora González Suárez a enmendar su demanda para “cumplir con la formalidad de acumular como partes” (sentencia, pág. 752) a mil doscientos ochenta (1,280) elec-tores marginados por la Comisión Estatal de Elecciones. Hasta hoy creíamos que esa gestión correspondía a los liti-gantes y a su abogado. ¿Qué conocimiento individual de las cualificaciones de esos electores tiene la señora González Suárez? ¿Qué fundamento en derecho para imputárselo? ¿Bajo qué norma jurídica se le está confiriendo esa represen-tación? ¿Cómo se pretende que el licenciado Quiñones Vizca-rrondo pueda firmar esas alegaciones y, conforme los efectos de la Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dé fe y certifique “que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creencia está bien fundado”? Y, finalmente, ¿qué autoridad tiene la mayoría para asumir el papel de parte —redactar unas alegaciones— y echar a un lado su función de órgano imparciaU ¿Qué sucederá cuando ma-ñana tenga que decidir cualesquiera planteamientos de la Comisión Estatal de Elecciones sobre su suficiencia?

Esa actuación ha sido motivada en vista de que la sola mención e inclusión en el epígrafe de la demanda —como partes demandantes— de los nombres de “las personas iden-tificadas en los Anejos 1 y 2” (sentencia, pág. 752) sería insu-ficiente en derecho para iniciar y canalizar válidamente una enmienda en reclamo de esos electores.

“La naturaleza adversaria de un pleito no puede supedi-tarse al escueto formulismo de las etiquetas empleadas. El epígrafe de un caso no determina su naturaleza.” Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 257-258 (1978). Por ende, aparte de ese nuevo epígrafe así enmendado, en la demanda sólo subsistirían las restantes alegaciones particularizadas de la señora González Suárez. Estas alegaciones, en síntesis, exponen que es residente del Municipio de San Juan y elec-tora legalmente inscrita con tarjeta electoral; que participó en las últimas siete (7) elecciones; que sin fundamento ni re-cusación válida fue obligada “a votar con voto abierto”; que hasta el presente su voto no se ha adjudicado, y que ello constituía una violación al deber ministerial de la Comisión Estatal de Elecciones y de los otros demandados, y una in-fracción a sus derechos constitucionales. Además, exponen su solicitud de $1,500,000 en daños y perjuicios.

Obviamente, esas alegaciones específicas —por su carác-ter individual y personalismo— no pueden, por fiat judicial, hacerse extensivas a las circunstancias particulares de más de mil electores acumulados. Siendo así, sin otras enmiendas sustanciales efectuadas por persona con capacidad legal para ello, es evidente que la simple inclusión de los nombres en el epígrafe de la demanda de la señora González Suárez no aduciría una causa de acción válida en favor de esos nume-rosos electores. Estaríamos ante una demanda enmendada, a priori desestimable de su faz.

Para salvar este insuperable escollo, el Tribunal redacta las enmiendas. Realmente es imposible conciliar la senten-cia mayoritaria con nuestro ordenamiento procesal vi-gente. Antes y ahora es improcedente la acumulación de esos electores como partes demandantes. No existía entonces, como tampoco actualmente, un mínimo de contenido sustan-cial de afinidad con la señora González Suárez.

Sin esas alegaciones, la sola inclusión en el epígrafe de los electores de los Anejos 1 y 2 era un acto inocuo. Por arte de magia jurídica, la mayoría se reforzada a redactar las ale-gaciones, pues sabe que en nuestro derecho es inconcebible incluir y acumular a una persona como demandante sin que en el cuerpo de la demanda existan o se introduzcan unas alegaciones fácticas mínimas y básicas en qué apoyar una causa de acción válida. Toda acumulación de un indivi-duo, como parte demandante, tiene que tener algún sentido. El dictamen mayoritario sólo lo tiene como un acto de espe-jismo judicial.

Estos principios elementales aclaran el prisma decisorio. El ilustrado tribunal de instancia, por el revoltijo de la mayo-ría, se vió obligado a trastocar toda la mecánica sustantiva y procesal atinente. De un lado, pretendió incluir a los elec-tores con una simple mención en el epígrafe —sin alega-ciones de sustancia— y del otro, de no comparecer éstos, concluyó que les anotaría la rebeldía, estimaría renunciados sus derechos y daba por sentado que aceptaban la corrección de la determinación de la Comisión Estatal de Elecciones. Los apercibimientos en esa orden no son alegaciones.

Nos preguntamos: ¿Dónde se autoriza semejante trámite en nuestro ordenamiento? ¿Desde cuándo es posible anotar la rebeldía a unos demandantes? ¿Cuáles son las “materias bien alegadas”, conforme Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809, 815-816 (1978), que validan ese trá-mite?

De estas interrogantes aflora la precaridad jurídica de la opinión mayoritaria del Tribunal y la verdadera mons-truosidad procesal creada. A la confusión anterior, suscitada por la errónea definición de “causa de acción” y la aplicación indebida de otras instituciones procesales, ahora redactan unas alegaciones y autorizan un supuesto trámite concebido originalmente para dar oportunidad a los electores margi-nados, como demandantes involuntarios, que a corto plazo, en la práctica, los convierte en demandados. Aunque la sen-tencia asevera que modifica la orden de instancia y elimina el apercibimiento de rebeldía —como consecuencia del pro-ceso circular vicioso creado— logra ese mismo resultado, esto es, a los electores que no comparezcan se les dictará sentencia en su contra mediante la aplicación automática de una presunción de corrección administrativa de la Co-misión Estatal de Elecciones. El saldo neto es dispensar a la Comisión Estatal de Elecciones, como parte demandada, de presentar prueba en apoyo de su negativa a adjudicar los votos de esos electores sin que existan alegaciones que real, verdadera y legítimamente correspondan a hechos pecu-liares de esos electores.

La rebeldía contra los electores visualizada por el ilus-trado foro de instancia en su orden —y refrendada implícita-mente por la mayoría— es desconocida en nuestro derecho. Aunque se dé la sensación de que se ha eliminado la rebel-día, subsisten sus efectos. Por su naturaleza y definición, la rebeldía es conducta propia imputable sólo a un demandado. Por lo tanto, es inconcebible atribuirles rebeldía a esos elec-tores como partes demandantes y, menos, sin alegaciones. La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, en lo pertinente, ta-jantemente dispone:

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia que concede un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante declaración jurada o de otro modo, el secretario anotará su rebeldía. (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.

José Guerra San Martín, al glosar sobre esta imposibili-dad procesal, afirma que “en efecto, esto será lo ordinario, pues parece que si la rebeldía se caracteriza por la no pre-sencia en el pleito de una parte, nunca podrá darse la situa-ción de rebeldía en el demandante, pues sin actor no existe posibilidad de juicio, según el conocido aforismo ‘nemo judex sine actore’”. (Énfasis suplido.) J. Guerra San Martín, Lec- ciones de Derecho Procesal Civil, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1978, T. II, Vol. 1, pág. 45.

Para que pueda dictarse válidamente sentencia en rebel-día, una vez haya transcurrido el término concedido sin que el demandado comparezca al proceso, nuestro ordenamiento exige los requisitos siguientes: la pendencia de un proceso iniciado previamente con la presentación de una demanda (Regla 2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III); que existan unas alegaciones correctas por la parte deman-dante de unos hechos (y solicitud de remedios), susceptibles de alegaciones respondientes (Reglas 6.1, 6.5 y 10.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III); un llamamiento pre-vio y válido al demandado, mediante emplazamiento personal o por edictos si se cumplen determinados requisitos, para que éste refute las alegaciones como adversario; su incompa-recencia, y la anotación de rebeldía. La consecuencia jurídica de este trámite es que se estimen aceptadas todas y cada una de las materias bien alegadas en la demanda. Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, supra; Rodríguez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 290, 294 (1974).

Esta normativa doctrinal pone de manifiesto que el aper-cibimiento del tribunal de instancia, a los fines de que la in-comparecencia de los electores tendría el efecto de declarár-seles en rebeldía, no sólo es equivocado, sino que subvierte radicalmente todo nuestro ordenamiento procesal relativo a esta materia. Lo mismo ocurre con la modificación cosmé-tica introducida por la mayoría. También demuestra lo erróneo de la pretensión de Acevedo Pérez y Báez Galib de que, según la opinión mayoritaria de 29 de septiembre, co-rresponde a la Comisión Estatal de Elecciones enmendar las alegaciones. Carecería de toda lógica (por no decir sentido común) decidir que dicho organismo, como ente que no les adjudicó sus votos ni les notificó a los electores esa determi-nación, asumiera simultáneamente los conflictivos papeles de demandante y demandado.

La discreción judicial no puede utilizarse de mampara para continuar virando al revés nuestro ordenamiento pro-cesal. Persistir la mayoría en la consolidación y acumular como demandantes al pleito de la señora González Suárez los mil doscientos ochenta (1,280) electores con el fin de “darle finalidad vinculante a controversias” de electores excluidos es convertir la acción de impugnación en una acción de re-clamo de electores bajo el espúreo pretexto de un común de-nominador.

Si algún significado tiene la vacilante comparecencia de Acevedo Pérez y Báez Galib —conflictiva con la de la Comisión Estatal de Elecciones— es que demuestra que los mil doscientos ochenta (1,280) electores no son las partes indispensables o necesarias en el pleito de la señora González Suárez, susceptibles de acumularse bajo las Reglas 16.1 ó 16.2 de Procedimiento Civil, supra. La situación de la señora González Suárez no es tal que, de no ser acumulados esos electores, el tribunal no podría adjudicar el pleito por falta de parte indispensable o “estaría obligado a conceder un re-medio parcial o ‘hueco’ en lugar de uno completo a las partes ante el tribunal”. (Traducción nuestra.) Advisory Committee’s Note, Proposed Rules of Civil Procedure, 39 F.R.D. 69, 91 (1966). Ciertamente esos electores pueden instar acciones separadas, distintas e independientes a la presentada por la peticionaria González Suárez, no estando las resueltas de unos sujetas a las de otros. Después de todo, la independen-cia de las causas de acción ya fue reconocida por la mayoría el 29 de septiembre de 1989.

VIII

La alternativa propuesta por Acevedo Pérez para que se le permita enmendar la demanda de la señora González Suá-rez, aparte de su frivolidad, es también indicativa de la ma-deja procesal creada por la mayoría de este Tribunal.

El esquema legislativo especial persigue que el pleito [de impugnación] se resuelva prontamente. Tiene perfiles pro-píos. Los electores no son partes indispensables ni necesa-rias. Estos tienen el derecho a instar una acción legal sepa-rada e independiente —individual o de clase— para reclamar sus votos particulares. Esa causa de acción va dirigida contra la Comisión Estatal, quien por ley es la parte deman-dada, por ser el organismo que adjudica o no tales votos. El tribunal ante quien se ventile la acción de impugnación —pa-ralelamente con una o varias acciones preexistentes de elec-tores— puede consolidar las vistas en aras de la economía procesal si con ello no atrasa una o la otra. Pero, ciertamente, la acción de impugnación no puede convertirse en una ac-ción de reclamo de los electores ni ser demorada con una con-solidación-, tampoco atribuirle a esa consolidación unos efec-tos ajenos a su naturaleza. Incluir a los electores, bajo la Regla 16.2 de Procedimiento Civil, supra, y exigir a cualesquiera de los contendientes principales el emplazamiento de esos o cualesquiera otros equivale erróneamente a convertirlos de forma indirecta en partes indispensables bajo la Regla 16.1 de Procedimiento Civil, supra. Incidió, pues, el foro de instancia. (Enfasis suplido y en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 652, opinión disidente.

Acceder a la solicitud de Acevedo Pérez sería resucitar y hacer, mediante una circunvalación, lo que antes se rechazó: acumular “como partes a esos electores en el pleito de im-pugnación. Bajo los parámetros que informa la Regla 16 de Procedimiento Civil, supra, sobre acumulación, el trans-plante es impermisible”. (Énfasis en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, pág. 653, opinión disidente.

IX

Compeler, ilegal e injustamente, a la señora González Suárez y a su abogado Quiñones Vizcarrondo a que suscriban las enmiendas a la demanda redactada por la mayoría de los Jueces es ponerlos en la encrucijada de acatar ese dictamen en contra de su voluntad o no aceptarlo. Este último proce-der sólo los expondría a que el tribunal de instancia, como sanción, les desestimara la acción. También podrían optar por desistir voluntariamente. Cualesquiera de estas dos (2) alternativas prueban la precariedad de la decisión mayorita-ria. Privarían al Tribunal del único sostén en que se apun-talan las alegaciones redactadas y la pretendida acumula-ción de los más de mil doscientos ochenta (1,280) electores.

Finalmente, por el elemento coactivo presente en el man-dato de este Tribunal, la señora González Suárez también podría solicitar de inmediato o posteriormente, en su condi-ción de reclamante que acudió previamente a la Corte de Distrito federal, la intervención de ese foro en protección de sus derechos. Tampoco inhibiría igual pedido por los cientos de electores afectados por la infracción que genera la conso-lidación, acumulación, notificación, redacción de alegaciones y enmienda decretada hoy inconstitucionalmente.

X

Sobre el extremo de la citación, no debe existir dudas de que el correo certificado y la publicación de los edictos, en las presentes circunstancias, son mecanismos inválidos que no están autorizados por nuestro ordenamiento jurídico. De he-cho, vician a priori todo el montaje de la acumulación. Cualquier elector que no sea citado personalmente puede ne-garse a comparecer y atacar la validez de la sentencia. A fin de cuentas, la jurisdicción in personam es un presupuesto para la invocación de la doctrina de cosa juzgada o impedi-mento colateral por sentencia. A la postre, la cuestión va a las entrañas del debido proceso de ley y es asunto justicia-ble bajo nuestra Constitución y la federal.

La opinión mayoritaria ha abierto una brecha imposi-ble de ser cerrada. Anticipamos que los costos ascendentes a más de $116,760 en que incurrirá la Comisión Estatal de Elecciones en el trámite de citación por correo y mediante edictos, lamentablemente constituirá un dispendio injusti-ficado e improductivo de fondos públicos.

A fin de cuentas, el procedimiento pautado por la mayoría es para seguirse ante el foro judicial, no en el organismo ad-ministrativo. En juego está el derecho al voto, valor individual y comunitario constitucional inestimable en nuestro sis-tema democrático. Es inaudito que hayan relajado de este modo las normas aplicables en cuanto a la citación personal de esos electores. Toda nuestra casuística propugna:

Dar a la parte demandada la oportunidad de ser oída es principio esencial de nuestro procedimiento con honda raíz constitucional. Jacob v. Roberts, 223 U.S. 261 (1912). Para que pueda hacer valer esa oportunidad es preciso notificarla per-sonalmente que se le ha demandado. “Una sentencia dictada sin tal notificación y oportunidad carece de todos los atributos de una determinación judicial-, es una usurpación y opresión judicial y nunca puede ser sostenida donde la justicia se administra justicieramente”. (Énfasis suplido.) Mundo v. Fúster, 87 D.P.R. 363, 365 (1963).

En la panorámica electoral prevalece idéntico enfoque riguroso y de estricta observancia. P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 232 (1981).

Como expusimos antes en nuestro disenso:

Estos requisitos jurisdiccionales son de estirpe constitu-cional e inexorables para la aplicación de la doctrina de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia. Nuestras de-cisiones exigen que: (1) la notificación al elector sea personal (esta notificación personal se satisface cuando éste expresa-mente ha rehusado recibir la notificación e impedido la en-trega física de la citación) y (2) únicamente se puede acudir al método supletorio de edictos y a la remisión por correo certifi-cado si se han realizado previamente y se han consignado así en declaración jurada —la Regla 4.5 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) eliminó el requisito de diligen-ciamiento negativo— las gestiones para localizar al elector en Puerto Rico.
La importancia y recta observancia de este trámite no puede subestimarse. La Comisión Estatal posee en sus récord las direcciones de todos esos electores. Esos archivos, las de-claraciones juradas suscritas al votar y las fotografías en las tarjetas de identificación electoral son los documentos para constatar las direcciones e identificar apropiadamente a esos electores y así, como primer paso, intentar emplazarlos per-sonalmente!. [Un (1) año] después de las elecciones no son válidas unas notificaciones por correo certificado y unos simples avisos caracterizados como edictos.
Pero hay más. El trámite pautado de manera deficiente por la mayoría es significativamente menor que el fijado por la propia Comisión Estatal en su Reglamento de Recusaciones y Exclusiones, aprobado el 11 de diciembre de 1987. Su Sec. 2.5 establece la necesidad de notificación personal de aquellos electores —sean pocos, cientos o miles— a quienes se les pre-tenda recusar. Únicamente autoriza la citación mediante edictos después de haberse gestionado infructuosamente la notificación personal y así se acredite mediante diligencia-miento negativo.
. La única ocasión en que nuestro ordenamiento autoriza la notificación inicial por correo certificado es la acción en cobro de dinero bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en pleitos de menor cuantía. ¿Cómo puede entonces la mayoría de un plumazo tachar y hacer caso omiso a la juris-prudencia que invariablemente exige la notificación personal en casos electorales, y equiparar el derecho al voto con una acción en cobro de poca monta económica? Para superar estos principios de debido proceso de ley, la mayoría se ha visto competida a derogar y reescribir la normativa vigente sobre diligendamiento personal antes reseñada. A partir de hoy, el diligenciamiento personal de emplazamientos sólo es un “me-canismo preferido” (opinión mayoritaria, pág. 610) y no de “estricto cumplimiento”, tal y como reiteráramos en Rodríguez v. Nasrallah, 118 D.P.R. 93, 98 (1986). El lenguaje espe-cífico que la mayoría cita para apoyar esta nueva doctrina — ad hoc— es aislado y fuera de contexto. Con respeto, estamos ante un mal ejemplo de técnica adjudicativa judicial y un nefasto precedente. En vano hemos tratado de disuadir a la mayoría. Ningún argumento ha sido convincente. Ante esa inflexible postura mayoritaria, no nos queda otra opción que invitar a los miembros de la Judicatura, clase togada y otros lectores —y electores— a una somera, desapasionada e inte gral lectura del caso de Rodríguez v. Nasrallah, supra, como único medio para que puedan arribar a sus propias conclu-siones. De ese modo corroborarán que dicha decisión no re-suelve que el emplazamiento personal es cuestión de prefe-rencias y, menos, que haya sido sustituido por meras conve-niencias procesales. Todo lo contrario. Dicha opinión —al igual que la casuística allí incorporada del Tribunal Supremo federal y otros foros estatales— se afianza en que el debido proceso de ley exige el emplazamiento in personam, y que la notificación por correo o mediante edictos sólo procede des-pués de efectuadas dichas diligencias en situaciones ex-tremas.
Curiosamente, el caso de Martin v. Wilks, 490 U.S. 755 (1989) —que usa la opinión mayoritaria para concluir que los electores marginados son acumulables como parte (opinión mayoritaria, págs. 604-605)— de repente es olvidado en lo verdaderamente fundamental: la reafirmación del “‘principio general prevaleciente en la jurisprudencia angloamericana de que una sentencia no obliga in personam en un litigio en que no ha sido designado parte o hecho parte mediante un empla-zamiento”’. (Énfasis suplido y traducción nuestra.) Martin v. Wilks, supra, pág. 761. Como excepción a la norma in personam, dicho Foro federal reiteró sólo dos (2) tipos de pleitos: los de clase o los de representación. Estos dos (2) procedi-mientos son también —o al menos eran hasta hoy— las únicas exclusiones reconocidas en nuestro derecho vigente.
La decisión mayoritaria es un retroceso constitucional. No sólo es contraria a las más elementales reglas de debido pro-ceso de ley, sino que deja en total desamparo a aquellos elec-tores que por diversas razones no están ahora en Puerto Rico. A fin de cuentas, la “ausencia temporal del domicilio, para propósitos de empleo, sin la intención de abandonar su pueblo natal y de adquirir otro permanentemente o por tiempo indefi-nido, no puede ser considerada como la decisiva para negar el derecho-al sufragio”. (Énfasis suplido.) P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, supra, págs. 260-261. “O hay que notificar a las partes, o no hay que hacer notificación. Si lo primero, la forma acordada no es la legal; si lo segundo, lo hecho no pasa de ser una redundancia.” Márquez v. Junta Insular de Elecciones, 41 D.P.R. 1, 7 (1930).
¿Es que las Reglas de Procedimiento Civil —sobre acumu-lación de partes y consolidación— se van a aplicar con rigor —aunque discrecionalmente de manera errónea— y, sin embargo, las imprescindibles para adquirir jurisdicción in perso-nam se van a descartar? Es una paradoja invocar la Regla 16 de Procedimiento Civil, supra, con miras a remediar una vio-lación al debido proceso de ley de esos electores marginados por tantos meses, y negarse simultáneamente a aplicar y exi-gir los requisitos reglamentarios y jurisprudenciales recono-cidos que rigen la expedición de emplazamiento, diligencia-miento personal y edictos, incluso los términos de veinte (20) y treinta (30) días, respectivamente, prescritos en la Regla 10.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para los electores demandados formular sus contestaciones. O las cosas se ha-cen bien y se adquiere jurisdicción a los fines visualizados, o no se hacen y no se adquiere. Sinceramente, la laxitud de la opinión mayoritaria y su diseño inconstitucional es prueba fe-haciente de que subsisten todavía las categorías inconstitu-cionales de electores de primera y de segunda clase. (Énfasis suplido y en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, págs. 668-671, opinión disidente.

X l-H

Dos (2) notas adicionales. Primero, advertimos que el mandato de acumulación y citación ilegal lo ha circunscrito la mayoría del Tribunal a mil doscientos ochenta (1,280), que es el grupo de electores añadidos a mano. Al así hacerlo igno-ran los derechos de más de quinientos (500) electores —co-rrespondientes a los grupos que iniciaron sus papeletas o cuyos votos fueron arrestados el 7 de diciembre— que están esencialmente en igual situación. ¿Qué justificación hay para esta disimilitud? ¿Acaso han olvidado que ya el propio foro de instancia reconoció que estos otros dos (2) grupos nunca fueron notificados de la determinación de la Comisión Esta-tal de Elecciones que se negó a adjudicar sus votos y, por ende, les asistía el derecho potencial de cuestionar esa deter-minación administrativa en cualquier momento? T.E. Superior de 7 de agosto de 1989, págs. 73-74 y 82. Y segundo, han optado por ordenar que a los electores que reclamaron en la corte federal se les notifique personalmente, pero a los otros no. Nuevamente, ¿por qué esta diferencia en el trato? La única explicación posible es que existe un desmedido interés en limitar o podar la jurisdicción de la corte federal.

XII

Para concluir, un (1) año después de las elecciones, ¿cuáles son los estados procesales de los pleitos? En el de impugnación instado por Granados Navedo ya desfiló toda la prueba y sólo resta que las partes presenten sus respectivos alegatos de derecho. En la acción independiente de la señora González Suárez, la prueba había desfilado antes del man-dato de consolidación y acumulación de este Tribunal de 29 de septiembre de 1989. Para todos los efectos ambos están sometidos.

Al presente, la demandante González Suárez justificada-mente se niega a suscribir una alegación de demanda enmen-dada. El candidato impugnado, Acevedo Pérez, y el Comisionado Electoral del P.P.D., Báez Galib, en comparecencia con-junta implícitamente admiten que les asiste la razón. A su entender todo se debe a una malinterpretación de lo resuelto por la mayoría el 29 de septiembre de 1989. Insisten en que la acumulación de los electores excluidos como partes co-rresponde a la Comisión Estatal de Elecciones, y nos solici-tan que así lo resolvamos sumariamente. En la alternativa, que ordenemos a la Comisión Estatal de Elecciones notificar las alegaciones que Acevedo Pérez está dispuesto a enmen-dar.

Por su parte, la Comisión Estatal de Elecciones se opone. Aduce que no le corresponde esa tarea, porque fue ella preci-samente la que determinó que esos electores —que ahora se acumulan indebidamente como parte indispensable— no tie-nen derecho a votar. Confiesan que no tienen mayor interés en cuál de las partes deberá hacerlo.

La caricaturesca situación suscitada es fiel reflejo de la incorrección de la opinión mayoritaria del Tribunal de 29 de septiembre de 1989. Queda demostrado con el hecho que el mandato es incumplible.

Con la decisión mayoritaria, hoy nos encontramos con la insólita situación en que cuatro (4) Jueces redactan las alega-ciones de una demanda, cuya suficiencia estará sujeta a ser cuestionada por más de mil electores afectados, amén de la demandada Comisión Estatal de Elecciones. Así se pretende obligar a la demandante González Suárez a demandar a nom-bre de otros electores —con los cuales ella no tiene ninguna relación— sin que posea tal capacidad y autorización de ellos. Si accediéramos a la petición de Acevedo Pérez y de Báez Galib, estaríamos permitiéndole a aquél, como deman-dado, que asumiera el típico papel de demandante en otro pleito en el que definitivamente no es parte. Y, en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones, la anomalía es patente.

Con todo el respeto, estamos ante una “mogolla judicial” sin precedentes. El papel, aún de tamaño legal, aguanta todo lo que se le escriba, incluso decisiones ESTÉRILES e IN-JUSTAS. Nuevamente, “por una vertiente errónea, [se] mu-tila indirectamente el esquema procesal del pleito especial de impugnación; paraliza, complica y atrasa su solución, y replantea un potencial conflicto jurisdiccional con la corte federal. Crea un desbalance y entremezcla conceptos sus-tantivos relativos a las causas de acción con los principios de economía procesal, como la acumulación de partes y la consolidación y sus efectos. Desde su incepción, el diseño es inconstitucional.... [R]esulta imperativo que sin dilación alguna decretemos la nulidad de la certificación expedida precipitada y erróneamente a favor de Acevedo Pérez y or-denemos una nueva elección en el Municipio de San Juan. ¿Cuánto más habremos de esperar? ¿Por qué seguir compli-cando el pleito y retrasando ese remedio? Todavía estamos a tiempo para fijar correctamente las coordenadas que en el plano electoral y constitucional el recurso nos presenta.” (Énfasis en el original.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, págs. 681-682, opinión disidente.

La inusitada premura de la mayoría, al certificar hoy su sentencia y devolver simultáneamente el mandato, nos ha impedido desarrollar otros argumentos y afinar ciertos con-ceptos en pocas horas. PARA HACER JUSTICIA, POR FORTUNA, SIEMPRE HABRÁ UN MAÑANA.

      (1) No tiene razón la recurrente, señora González Suárez, en su reclamo de que la consolidación de su caso con el del señor Granados Navedo es inexistente.
      En su propia solicitud de certiorari, pág. 3, ante nos admite que aceptó la consolidación parcial.
      Una lectura cuidadosa de la transcripción de la vista de consolidación, cele-brada el 15 de agosto de 1989, refleja que el tribunal de instancia hizo claro que en relación con la consolidación, y en lo que respecta al desfile de la prueba, la pre-sentada en el caso de impugnación instado por el señor Granados Navedo y la presentada en el caso de la Sra. Francisca Luzgarda González Suárez sería la misma. Transcripción de evidencia, pág. 7.
      El tribunal de instancia expresó, además:
      “Compañero, lo que estamos ... aquí no es cuestión de lo que usted quiere, es que va a desfilar la prueba sobre los derechos de la demandante Francisca Luzgarda González Suárez a que se adjudique su voto. No es a que se certifi-que o se descertifique. Es que no vamos a escuchar la misma prueba en dos ocasiones. Para eso está la Regla 38.” (Énfasis suplido.) Transcripción de evidencia, pág. 8.
      A ésto el representante legal de la señora González Suárez contestó:
      “A esos fines de la consolidación nosotros estamos de acuerdo en que sea así, Vuestro Honor, especificando, por supuesto, que la parte demandante llevará la presentación de su prueba.” (Énfasis suplido.) Transcripción de evidencia, pág. 8.
      De hecho, el Ledo. Miguel Pagán, abogado del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.), indicó que la prueba que se anunciaría en el caso de ella sería “aquella misma prueba que se ofreció en la Comisión Estatal de Elecciones y que se va a desfilar en el caso grande de Granados y de Héctor Luis Acevedo para hacer valer los derechos de este elector”. (Énfasis suplido.) Trans-cripción de evidencia, pág. 3.
      Más aún, de la transcripción de la vista en su fondo celebrada el 7 de sep-tiembre de 1989, el licenciado Quiñones Vizcarrondo expresó lo siguiente:
      “Como los casos fueron consolidados con los de impugnación de candidato, se está presentando a la testigo por la parte demandante, por el candidato impugnador. En este caso nosotros nos reservamos el derecho a presentar nuestro directo en el momento correspondiente y queremos reservar ese dere-cho.” Transcripción parcial de evidencia, pág. 3.
      El abogado de la señora González Suárez no hizo interrogatorio alguno.
      Surge, además, que el Ledo. Carlos Canals, abogado de récord del señor Granados Navedo, fue quien interrogó en el directo a la señora González Suárez para probar sus alegaciones (transcripción parcial de evidencia, pág. 12 y ss.) y quien hizo referencia a la prueba sometida en el caso del señor Granados Navedo (id., págs. 11, 12 y 14).
      Todas las actuaciones anteriores indican que la consolidación fue aceptada por la señora González Suárez y que la prueba traída por ella y la del caso del impugnador, señor Granados Navedo, fueron utilizadas para probar sus alega-ciones. Como en toda consolidación, la prueba de los pleitos es prueba común para probar alegaciones.

      (2) Las partes acumuladas como demandantes involuntarios son deman-dantes; por lo tanto, su ineomparecencia no produciría la rebeldía según esta figura ha sido configurada en las Reglas de Procedimiento Civil y en la jurispru-dencia.

      (1) E.J. Conture, Los Mandamientos del Abogado, 9na ed., Buenos Aires, Ed. Depalma, 1986, pág. 12.

      (2) El escrito del Comisionado del P.N.P., Sr. Francisco González Rodríguez, nada aporta. Se circunscribe lacónicamente a exponer que deben contarse todos los votos.

      (3) Según la sentencia mayoritaria, esta “enmienda . . .incluirá las alega-ciones pertinentes, a saber: que son electores cualificados; que votaron en las pasadas elecciones del Municipio de San Juan; que su voto no fue adjudicado en contravención a la ley y a nuestra Constitución; que ello puede afectar el resul-tado de las elecciones de dicho municipio; que se cuente su voto, y que se dicte el remedio que en derecho corresponda. Todo ello sin perjuicio de que las personas acumuladas que comparezcan hagan las alegaciones adicionales que estimen con-venientes.” (Énfasis suplido.) Sentencia, pág. 753.


source: Caselaw Access Project

author:
      (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Ortiz.

license: Public Domain

text:
    Francisca Luzgarda González Suárez, demandante y recurrente, v. Marcos A. Rodríguez Estrada, Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico, etc., demandados y recurridos.

      Número: CE-89-729

      Resuelto: 13 de noviembre de 1989

      Francisco Quiñones Vizcarrondo, abogado de la recurrente.
   RESOLUCIÓN

A la moción de reconsideración y a la solicitud para que se devuelva y se retenga el mandato, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García reconsidera-ría. Reitera los fundamentos expuestos en su opinión disi-dente preliminar del pasado 10 de noviembre y suscribe, además, los deducidos hoy por el Juez Asociado Señor Ortiz en los Acápites II, III y IV de su disenso. El Juez Asociado Señor Ortiz emitió opinión disidente. El Juez Asociado Se-ñor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Ortiz.

I

Nuevamente nos- vemos obligados a disentir de la senten-cia emitida el pasado 10 de noviembre y de la resolución de hoy que deniega la fundamentada moción de reconsideración de la recurrente.

Este es un capítulo más de lo que en un futuro podría catalogarse como la saga, no poética, del peregrinaje judicial para decidir si es posible determinar quién fue el candidato electo para el cargo de Alcalde de nuestra Ciudad Capital.

De todos es conocido el historial del caso. El 22 de junio de 1989 revocamos las decisiones del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que habían desestimado la demanda de impug-nación del resultado de la elección, promovida por el candi-dato señor Granados Navedo. En lo que resulta pertinente en este momento, resolvimos que los que impugnan una elec-ción tienen capacidad para cuestionar las decisiones de la Comisión Estatal de Elecciones (Comisión), y que el tribunal erró al no reconocerle capacidad al candidato señor Gra-nados Navedo para presentar el testimonio de sus electores que fueron excluidos del proceso de votación o cuyos votos no fueron adjudicados. En cuanto a los electores cuyos votos fueron recusados, dictaminamos que:

No hay que devolver el caso a la Comisión Estatal para que inicie un procedimiento de notificación, vista y decisión en los mil doscientos (1,200) casos individuales. Los derechos se dilucidarán en el tribunal donde las partes deben establecer, por la preponderancia de la prueba, la capacidad de los electores para votar y que las decisiones de no adjudicar estos votos fueron erróneas. Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1, 31 (1989).

En cuanto al remedio, dispusimos que:

De haber sido este un caso de derecho privado, no habría otra alternativa que la de revocar la sentencia desestimatoria, devolver el caso a instancia para que continúe el desfile de la prueba del demandante y la que estimen necesario ofrecer los demandados, y que el tribunal resuelva los méritos de la con-troversia.
Dada la situación procesal en que está este caso, ese es el remedio justo, adecuado y procedente. Aquí la parte promo-vente no tuvo, debido a las decisiones de instancia que hoy hemos revocado, la oportunidad de desfilar toda su prueba. Granados v. Rodríguez Estrada I, supra, pág. 49.

El 29 de septiembre de 1989, por votación de cuatro (4) a tres (3), al devolver el caso a instancia se dejó sin efecto su orden para que el señor Granados Navedo acumulara como partes a un grupo de electores de San Juan cuyos votos no fueron adjudicados o anulados por la Comisión. La mayoría resolvió que:

Evaluado cuidadosamente el recurso y las comparecencias de las partes, consideramos que la acumulación ordenada constituye un ejercicio válido de la discreción del Tribunal Superior bajo la Regla 16.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, según avalada por la jurisprudencia aplicable. Sin embargo, procede la modificación de la orden de modo que la acumulación de las partes se lleve a cabo en el caso de la Sra. Francisca Luzgarda González Suárez contra la C.E.E., y que se disponga de una notificación efectiva por parte de la C.E.E. a todos los electores acumulados. Granados v. Rodríguez Estrada II, 124 D.P.R. 593, 600 (1989).

Los disensos del suscribiente y de los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López señalaron las fallas procesales y sustantivas de dicho proceder y sus consecuen-cias sobre el trámite posterior del caso. En nuestro disenso apuntamos que:

El suscribiente limitaría la razón de ser para expedir el auto y dejaría sin efecto la orden recurrida. El Tribunal a quo inci-dió al adoptar el mecanismo de la Regla 16.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, y al ordenar la notificación a los electores afectados. El presente caso es una impugnación del resfiltado.de una elección. Las acciones independientes y se-paradas que tienen disponibles los electores son para que se les reconozca su capacidad para votar y que se les adjudique su voto. El Tribunal puede conceder un remedio completo a quienes estén legitimados, según la ley, para participar en el litigio.
Legitimar la participación de terceros mediante el meca-nismo de la acumulación de partes no sólo violenta las disposi-ciones substantivas y procesales de la ley especial que go-bierna el caso, sino que es un modo de abrir, en cuanto a inci-dentes procesales se refiere, la caja de Pandora. (Escolio omi-tido.) Granados v. Rodríguez Estrada II, supra, págs. 707-708.

La caja de Pandora se abrió. Para poder cumplir con nuestro mandato, el foro de instancia se vio obligado a emitir la orden siguiente:

1. Conforme al mandato contenido en la opinión mayoritaria del Tribunal Supremo en 29 de septiembre de 1989, este Tribunal ordena la acumulación como partes de las personas que se identifican en el Anejo 1 de esta resolución y orden. De igual forma y conforme al mandato antes aludido, este Tribunal ordena la acumulación como partes a los votantes que ya han iniciado reclamación judicial ante el Tribunal de los Es-tados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, solicitando que se adjudique su voto emitido para el cargo de Alcalde de San Juan. Estos votantes se identifican en el Anejo 2 de la pre-sente resolución y orden.
2. Se ordena a la parte demandante a que enmiende la de-manda radicada en el caso KPE89-0274 con el único propósito de acumular como partes a las personas identificadas en los anejos 1 y 2 de esta resolución y orden; para ello se concede plazo de 5 días naturales.
3. Se ordena a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) qne mediante la publicación de un edicto en un periódico de circu-lación general en la isla, le notifique a las personas identifi-cadas en el Anejo 1 de esta resolución y orden que: 1) el caso de epígrafe se ventilará ante el Tribunal Superior de San Juan, foro que habrá de adjudicar la reclamación de los vo-tantes añadidos a mano a las listas electorales oficiales cuyos votos fueron rechazados y no contados por la CEE; 2) deberán comparecer en el caso KPE89-0274 a formular sus alega-ciones en reclamo de sus derechos electorales y de que se ad-judique su voto emitido en las pasadas elecciones generales del 8 de noviembre de 1988; 3) deberán comparecer por es-crito notificando copia de los mismos a las partes en los casos consolidados, dentro del plazo de 20 días contados a partir de la publicación del edicto.
4. Se ordena a la CEE a que simultáneamente con la publica-ción del edicto, le notifique a los votantes del Anejo 1 por co-rreo certificado con acuse de recibo: copia de la demanda en-mendada, del edicto y de la presente resolución y orden.
5. Se ordena a la CEE a que emplace personalmente a los votantes identificados en el Anejo 2 de la presente resolución y orden, entregándoles en ese momento copia de la demanda enmendada, y de esta resolución y orden. Estos votantes de-berán formular sus alegaciones dentro del plazo de 20 días a partir del diligenciamiento del emplazamiento o de la notifica-ción a sus abogados.
6. Las personas identificadas en los Anejos 1 y 2 de esta reso-lución y orden deberán de alegar, dentro del plazo establecido, lo que a su juicio procediere o fuere pertinente en defensa de su “derecho a la libre emisión del voto y a que éste se cuente y adjudique de la manera” en que lo emitió. Además, deberán someter con sus alegaciones, copia de cualquier prueba docu-mental que demuestre que tenía derecho a estar en las listas electorales o que a su juicio demuestre que su voto deba ser adjudicado.
7. Se apercibe a los votantes acumulados, identificados en los Anejos 1 y 2, que de no comparecer por escrito dentro del plazo ordenado, se entenderá que renuncian a defender el de-recho que como ciudadanos votantes tienen. En consecuencia, este Tribunal les anotará la rebeldía; procederá a dictar sen-tencia denegando el derecho de aquellos votantes que no com-parecieron a solicitar que se adjudicara su voto y entenderá que al no comparecer el votante aceptó la corrección de la determinación de la CEE de no adjudicar su voto en las pa-sadas elecciones.
8. Se ordena a la CEE que el anterior apercibimiento debe constar en la publicación del edicto aquí ordenado. Apéndice I, págs. 1-3.

Atendido el recurso de la señora González Suárez, le con-cedimos término a todas las partes para que se expresaran. Esto produjo un hecho insólito en esta clase de litigios. Todos los comparecientes, aunque por diversas razones, se-ñalaron diversas fallas y errores de la orden, () A pesar de ello, sin reconocer expresamente estas posturas, este Tribunal emitió la sentencia que nos ocupa, la cual repite algunos y agrava otros de los errores cometidos en la opinión de 29 de septiembre de 1989.()

I — I I — I

El problema jurídico principal de la decisión tomada hoy, y de sus fundamentos, es que no solamente ratifica y agrava la desnaturalización de la acción de impugnación, sino que vuelve a trastocar principios fundamentales del ordena-miento procesal civil. Veamos.

Primero. La orden recurrida y la sentencia de este Tribunal no se limitan a requerir que se enmiende la demanda “con el único propósito de acumular como partes ..Resolución y orden, pág. 2. Va mucho más allá de lo que se trata de denominar como una “formalidad”. La recurrente tiene que alegar que los mil y pico de partes acumuladas son elec-tores cualificados que votaron en las pasadas elecciones de San Juan; que su voto no fue adjudicado en contravención a la ley y a nuestra Constitución; que ello puede afectar el resultado de las elecciones; que se cuente su voto, y que se dicte el remedio que en derecho proceda.

Aparte de que Doña Francisca Luzgarda ha reiterado en múltiples ocasiones su falta de interés en ser portaestan-darte de derechos de estos terceros, la orden obliga a ella y a su abogado a alegar hechos sobre los cuales no tienen conoci-miento. Por eso nos pide que reconsideremos, a lo cual nos hemos negado hoy. Ni ella ni su abogado pueden responsa-blemente afirmar que todos los electores a ser acumulados son electores cualificados a quienes la Comisión les ha vio-lado su derecho constitucional al voto. ¿Cómo saben ellos las circunstancias y los motivos por los cuales no se les adjudicó su voto? ¿Pueden ellos responsablemente así afirmarlo sin que violen los postulados básicos de la Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III? Después de todo, la firma del abogado compromete su buena fe forense y su prestigio profesional. Polanco v. Tribunal Superior, 118 D.P.R. 350 (1987); In re Siverio Orta, 117 D.P.R. 14 (1986). El hecho de que pueda estar sujeto a violar la Regla 9 de Procedimiento Civil, supra, por cumplir una orden del tribunal, puede con-vertir su actuación en involuntaria no sujeta a sanciones dis-ciplinarias. Sin embargo, ello no deja de colocarlo en una si-tuación tan difícil que su consciencia moral y ética lo obligue a decidir a desacatar la orden o desistir del pleito.

En caso de desestimarse la acción de la aquí recurrente, como sanción o por desistimiento, se obliga al tribunal de instancia a convertirse entonces en parte actora. El juez, Hon. Carlos Polo, es el que tendrá que enmendar las alega-ciones. Aparte de lo insólito de la situación que se le impone al juez, éste tendrá que alegar afirmativamente las cues-tiones de hecho y de derecho que precisamente tendrá que decidir en su día; a saber, si a los mil y pico de electores se les violó el derecho al voto. Presumimos que al así actuar el tribunal de instancia se convertirá temporeramente en una es-pecie de representante del interés público para luego con-vertirse nuevamente en el juzgador imparcial que sugiere nuestro ordenamiento.

Se olvida la mayoría del Tribunal de que esa transforma-ción no es posible. “[T]odo proceso se inicia a instancias de una persona —física o jurídica, incluso el mismo Estado — . El proceso civil nunca se inicia de oficio, a instancias del propio órgano jurisdiccional. (Como dice Guasp, la labor de los Tribunales es resolver problemas, no plantearlos).” J. Guerra San Martín, Lecciones de Derecho Procesal Civil, Bilbao, Publicaciones de la Universidad de Deusto, 1978, T. I, pág. 260. Así será el tribunal que, en una fusión sin prece-dentes, plantea los problemas, les da forma, hace las alega-ciones y luego las resuelve.

Aunque también sería un proceder erróneo, hubiera sido preferible que este Tribunal hubiera ordenado a las partes realmente interesadas —o sea, los candidatos— a enmendar sus respectivas alegaciones. Precisamente eso es lo que plan-tea como alternativa el Partido Popular Democrático (P.P.D.), que sea él quien se haga cargo de hacer las alega-ciones. Por lo menos esto evitaría colocar al tribunal de ins-tancia en la triste posición de formular alegaciones sin ser parte interesada o afectada.

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Dentro de este marco encontramos algo positivo en la decisión del Tribunal. Por fin se trata de aclarar y resolver que los electores serán acumulados como partes demandantes. González v. Rodríguez Estrada 1,124 D.P.R. 749, 754 esc. 2 (1989). Pero subsiste un problema básico en cuanto a'los que no comparezcan. La sentencia dispone que “[e]n relación con todas las personas así acumuladas que no comparezcan, el tribunal, tomando en consideración la prueba aportada por todas las partes en los pleitos consolidados, resolverá lo que corresponda en derecho”. íd., págs. 753-754.()

Estamos ante unos reclamos individuales y personali-smos de estos mil y pico de electores. Los derechos no pue-den ser vindicados o rechazados a base de las alegaciones introducidas sin su participación, ya sea como partes o como testigos.() No vemos, pues, cómo el Tribunal puede adjudi-carlos en base a la prueba que puedan desfilar otras partes. Ello es imposible. La única alternativa real que tiene el Tribunal es desestimar sus reclamaciones bajo la Regla 39 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, por su falta de interés o aplicar la presunción de corrección de la decisión ad-ministrativa. Pero bajo ninguna circunstancia puede resol-verse por la prueba presentada por terceros, sean éstos can-didatos o electores. La sentencia objeto de este disenso de-bió haber sido más específica en cuanto a este punto. Esa falta de especificación sólo es susceptible de entenderse como que se está utilizando “una rebeldía” sui géneris a es-condidas y sin advertencia alguna.

Debemos ser más justos con el juez de instancia y con las partes afectadas. Le debimos exponer claramente qué es lo que estamos resolviendo. .

> I — I

Aunque puede ser una preocupación prematura e hipoté-tica, creemos que la sentencia debió clarificar quién tiene la obligación de contestar la(s) demanda(s) y cuándo surge esta obligación. Nos explicamos.

En este recurso el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones ha comparecido individualmente. Hemos acep-tado, sub silentio, su posición de que no se le puede obligar a la Comisión a hacer alegaciones a favor de sus decisiones. Al así decidir rechazamos la posición contraria que adelantó el P.P.D., pero dejamos abierto el punto de quienes tienen que comparecer a contestar las demandas enmendadas. Necesa-riamente tiene que ser la Comisión como institución o su Presidente. Es obvio que los Comisionados Electorales del P.P.D. y del Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) no van a comparecer a sostener que la Comisión actuó correctamente al no adjudicar el voto de un miembro de su partido. No vi-vimos en la Luna ni en Mozambique. No vamos a exigirle a los comisionados su suicidio político. De manera que será el Presidente el que tendrá que defender las decisiones de la Comisión.

Por esa y por las razones expuestas en nuestra opinión disidente de 29 de septiembre, disentimos de la sentencia emitida en este recurso y de la negativa a reconsiderarla.

      (1) Véase el resumen hecho en la opinión del Juez Asociado Señor Negrón García. El único que no compareció fue el señor Granados Navedo. Es evidente que su posición hubiese sido que se dejara sin efecto la totalidad de la orden. Después de todo, él fue la parte promovente y perdidosa en el recurso que dio lugar a la Sentencia de 26 de septiembre de 1989.

      (2) En justicia al foro de instancia, el hecho de que todas las partes sosten-gan que su orden es total o parcialmente errónea no refleja descrédito alguno. Dicho foro trató de cumplir con un mandato ambiguo e impreciso. Los ataques realmente van dirigidos a cuestionar la decisión mayoritaria de 29 de septiembre de 1989.

      (4) En el esc. 2 se trata de obviar el error sobre la amenaza de una anotación de rebeldía. Véase la opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García y el escrito de la Comisión Estatal de Elecciones sobre el conflicto entre la orden del recurrido y la doctrina establecida en Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809 (1978). Sorpresivamente el Tribunal trata de corregir el error sin hacer mención de este conflicto y sin exponer los fundamentos para tal modifica-ción.

      (5) La opinión original de 22 de junio de este Tribunal —Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989)— reconoció que era suficiente que compare-cieran como testigos.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Florencio G. Vega Díaz.

      Número: MC-89-51

      Resuelto: 17 de noviembre de 1989

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y José Roberto Vega Díaz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Mediante carta certificada con acuse de re-cibo de 10 de abril de 1989, el señor Procurador General de Puerto Rico notificó al Lie. Florencio G. Vega Díaz de una queja que en su contra presentara el Sr. Andrés Castro Her-nández y solicitó al licenciado Vega Díaz que le enviara su versión de los hechos. El licenciado Vega Díaz no contestó dicha comunicación e igual suerte corrieron las comunica-ciones del señor Procurador General de 15 de mayo de 1989 y de 28 de junio de 1989.

Ante el silencio del licenciado Vega Díaz a los requeri-mientos que había hecho el señor Procurador General, éste compareció ante este Tribunal el 11 de agosto de 1989 para informar la situación aludida. Con fecha de 31 de agosto de 1989 el Tribunal, bajo apercibimiento de sanciones, le ordenó al licenciado Vega Díaz que, dentro de un término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de dicha orden, contestara los requerimientos del señor Procurador General.

La orden del Tribunal le fue notificada personalmente al licenciado Vega Díaz el 12 de septiembre de 1989 y hasta el presente no ha comparecido a contestar los requerimientos del Procurador General. En vista de lo anterior, y habiendo sido apercibido de las consecuencias de su incomparecencia, el Tribunal separa al Lie. Florencio G. Vega Díaz de la prác- tica de la abogacía y de la notaría en el Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, temporeramente, hasta que compa-rezca y conteste los requerimientos del señor Procurador General y explique, a satisfacción de este Tribunal, su in-cumplimiento con lo ordenado. In re Cruz González, 123 D.P.R. 108 (1989); In re Pagan Rodríguez, 122 D.P.R. 532 (1988)] In re Rosa Batista, 122 D.P.R. 185 (1988)] In re Ayala Hernández, 121 D.P.R. 758 (1988). El señor Alguacil de este Tribunal deberá incautarse de la obra notarial del licenciado Vega Díaz.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Pons Núñez

text:
    Norberto Irizarry Seda, etc., demandantes y peticionarios, v. Almacenes Rodríguez, Inc., demandados y recurridos.

      Número: CE-89-114

      Resuelto: 17 de noviembre de 1989

      Julio E. Silva Ayala, de Bufete Silva Ayala & Santiago Irizarry, abogado de los peticionarios; Guillermo J. Bobonis, de Bo-bonis, Bobonis & Rodríguez Poventud, abogado de los recu-rridos.
   El Juez Presidente Señor Pons Núñez

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia que se presenta ante nos surge al comen-zarse el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba. La parte demandada recurrida, Almacenes Rodríguez, Inc., sometió ante el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, la noti-ficación de un aviso para la toma de deposición al deman-dante recurrente (el Sr. Norberto Irizarry) indicando que la misma se llevaría a cabo en las oficinas de los abogados de la parte demandada recurrida, las cuales radicaban en San Juan, Puerto Rico.

A dicha solicitud la parte demandante recurrente, en el término prescrito en las Reglas de Procedimiento Civil, pre-sentó oposición a que la deposición fuese llevada a cabo en la ciudad de San Juan, pues el pleito estaba radicado en Maya-güez y el demandante trabajaba, residía y tenía sus oficinas y su establecimiento en Mayagüez, al igual que sus abogados, y que eran solamente los abogados del demandado los que residían y tenían oficinas en la zona metropolitana de San Juan.

El Tribunal Superior declaró sin lugar dicha solicitud y ordenó que la toma de deposición se llevara a cabo en San Juan. Sustentó su posición el juzgador en su interpretación de que la Regla 40.4(b) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, no era de aplicación a las circunstancias del caso ante sí. Señaló lo siguiente:

.. . esta regla referente a las citaciones, es aplicable única-mente a testigos que no son parte, pues a una parte, a no ser que esté en rebeldía, no se le cita en virtud de dicha regla sino que se le notifica por conducto de su abogado.
La norma general es que una parte puede tomar la deposi-ción de otra parte en el lugar que le plazca sujeto únicamente a la facultad del tribunal para emitir órdenes protectoras al amparo de la R. P. Civ. 23.2. Wright & Miller, Civil, Federal Practice and Procedure, sec. 2112.
En ausencia de circunstancias especiales que ameriten apartarnos de la norma general, la parte demandante deberá comparecer a la toma de su deposición en San Juan. Exhibit I, págs. 2-3.

Inconformes, recurren ante nos los demandantes solici-tando que dejemos sin efecto la resolución emitida por el tribunal a quo y ordenemos que la deposición sea tomada en Mayagüez. El 24 de febrero de 1989 emitimos orden para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto solici-tado para revocar la resolución recurrida por haber abusado el tribunal de su discreción al resolver que la deposición del querellante debía tomarse en San Juan.

Con el beneficio de ambas comparecencias, estamos en posición de resolver.

I — I

Nuestra Regla 40.4 de Procedimiento Civil, supra, en la parte que regula el lugar del examen de una deposición, dis-pone:

kO.k- Citación para tomar deposiciones; lugar del examen
(b) Un residente cuya deposición haya de ser tomada podrá ser requerido para que comparezca a ser interrogado única-mente en el lugar donde resida o estuviere empleado o realice personalmente sus negocios, o en cualquier otro lugar conve-niente fijado por orden del tribunal. Una persona que no fuere residente podrá ser requerida para que comparezca al lugar donde se le notifique la citación, o en cualquier lugar conve-niente fijado por orden del tribunal.

La citación a que se refiere la antes citada regla “es un llamamiento, que extiende el tribunal a una persona que puede ser parte y puede no ser parte en el procedimiento para que comparezca en determinado lugar, fecha y hora para la celebración de un acto (Regla 40)”. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., New Hampshire, Equity Publishing Corp., 1981, pág. 136. Entiende el comentarista que se distinguen dos (2) clases de citaciones: la citación a juicio y la citación para toma de de-posiciones. Añade que en la citación a deponentes se le ex-tiende un llamado para que éste comparezca ante algún nota-rio en un lugar donde ha de tomársele su deposición. Señala además Hernández Colón que esta regla “establece una limi-tación en cuanto al lugar donde pueden ser citados los depo-nentes, disponiendo que un residente del Estado Libre Aso-ciado únicamente puede ser requerido a deponer en el lugar donde resida o en el lugar donde estuviere empleado o que realice personalmente sus negocios o en cualquier otro lugar conveniente fijado por orden del tribunal. Si se quiere variar esto hay que solicitar una orden específica del tribunal”. íd., pág. 138.

Como es sabido, nuestras Reglas de Procedimiento Civil tienen su génesis en las Reglas de Procedimiento Civil fede-rales. Del texto de las Reglas 45(d)(2) y 26(c)(2), las cuales regulan aspectos sobre el lugar y procedimiento de deposi-ciones orales en la jurisdicción federal, no surge una distin-ción entre parte deponente y testigo deponente. No obs-tante, Wright and Miller en sus comentarios a las reglas fe-derales señalan lo siguiente:

If the person to be examined is a party to the action, a subpoena is not required and the notice is sufficient to require his attendance. Thus the examining party may set the place for the deposition of another party wherever he wishes subject to the power of the court to grant a protective order under Rule 26(c)(2) designating a different place. (Énfasis nuestro y escolio omitido.) 8 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d Sec. 2112, pág. 403 (1970).

Luego de confrontarnos con tan divergentes criterios en-tre los comentaristas a las reglas federales y el comentarista a nuestra regla local, notamos que el inciso (b) de la Regla 40.4 de Procedimiento Civil nuestra, supra, se refiere a la toma de deposición de un residente sin mencionar si el con-cepto de residente aplica a una parte, a un testigo o a ambas. Cuevas Segarra, en su comentario a dicha regla, expresa lo siguiente:

Conforme al inciso (b) de esta regla, la deposición de un testigo podrá tomarse únicamente en el lugar donde dicha persona reside o trabaja, o en cualquier otro lugar fijado por el tribunal. ... La regla general es que al testigo no se le requerirá que deje su residencia o lugar de trabajo y que viaje grandes distancias por la conveniencia de las partes. (Énfasis suplido.) J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, Cap. V pág. 213.

De toda esta argumentación surge la interrogante de si el inciso (b) de la Regla 40.4, supra, se refiere solamente a tes-tigos o a testigos y a partes. Es pues necesario determinar si esta regla puede interpretarse ampliamente para que nos sirva de guía al resolver la controversia ante nos en cuanto a deposiciones a partes.

En su escrito de certiorari los demandantes recurrentes argumentan que la regla no puede interpretarse a los efectos de que pueda citarse a una parte deponente en el lugar que más le plazca a la parte promovente sin considerar la incon-veniencia que ello le cause al deponente. De su escrito puede deducirse que estos interpretan que las disposiciones de la Regla 40.4(b) de Procedimiento Civil, supra, en cuanto al lu-gar de la deposición para un testigo, le es igualmente aplica-ble a una parte. Por otro lado, el demandado recurrido en-tiende que la ausencia de provisión en cuanto al lugar de la toma de deposición para partes en la citada regla constituye una laguna que “ha sido llenada desde siempre por los usos y costumbres del foro y por las estipulaciones de las partes”. Oposición a “escrito de solicitud de certiorari”, pág. 2.

Ante el planteamiento del recurrido es menester señalar que los usos y costumbres suelen ser efectivos mientras los abogados y las partes tengan sus oficinas y residencias den-tro de un mismo pueblo o cuando aun residiendo en munici-palidades distintas logren llegar a un acuerdo. No obstante, cuando entre las partes surja controversia por no estar de acuerdo con el lugar en el cual se tomará la deposición, le corresponderá entonces al juzgador, mediante el uso de su discreción, suplir la aparente laguna de la que adolece nues-tra regla de Procedimiento Civil sobre el lugar de la toma de deposiciones a partes.

Entre los criterios que debe ponderar el juez en el ejercicio de su discreción antes de decidir el lugar donde se debe tomar la deposición a una parte están: (i) el lugar donde se radicó el pleito; (ii) el lugar de residencia del demandante; (iii) el lugar de residencia del demandado; (iv) el lugar de residencia y empleo del deponente; (v) cuál es la parte promovente de la deposición, y (vi) por último, en un plano secundario, el lugar donde estén localizadas las oficinas de los abogados de todas las partes.

Entre todos los factores señalados no debe perderse de perspectiva que en cuanto a toma de deposiciones se refiere lo primordial debe ser facilitarle al deponente la accesibilidad al lugar de la deposición. Por tal razón, entendemos que la Regla 40.4(b) de Procedimiento Civil, supra, en cuanto dice que “[u]n residente cuya deposición haya de ser tomada podrá ser requerido para que comparezca a ser inte-rrogado únicamente en el lugar donde resida o estuviere em-pleado o realice personalmente sus negocios . . (énfasis suplido), debe aplicarse tanto a deponentes que sean partes como a deponentes que sean testigos, salvo que otra cosa estipulen las partes según lo discutido con anterioridad.

En las circunstancias del caso que nos ocupa podemos notar que el pleito estaba presentado en Mayagüez y el de-mandante recurrente trabajaba, residía y tenía sus oficinas y negocios en Mayagüez, así como su representación legal. Únicamente los abogados del demandado recurrido residían y tenían sus oficinas en San Juan. Por tales razones, no vemos razón alguna por la cual se le deba imponer a la parte peticionaria la onerosa gestión de trasladarse a San Juan, localidad que le beneficia a la representación legal de la parte demandada, pero a nadie más.

Por todo lo antes expuesto, se expedirá el auto de “certio-rari” y se dictará sentencia que deje sin efecto la orden de 7 de febrero de 1989 del Tribunal Superior, Sala de Maya-güez, y se ordenará que la deposición del demandante recu-rrente se tome en la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico.

El Juez Asociado Señor Ortiz se inhibió. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García no intervino.