text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Luis Antonio Román Santiago, acusado y peticionario.

      Número: O-79-527

      Resuelto: 18 de marzo de 1980

      Heyda Vigil McClin, de la sociedad para la Asistencia Legal, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedó Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario hizo alegación de culpabilidad en dos cargos por infracción al Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404(a) y, en virtud del Art. 404(b) de dicha ley fue puesto en libertad a prueba por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, por un período de cuatro años a partir del 6 de mayo de 1974. A moción del oficial probatorio presentada el 27 de junio de 1978, dicho tribunal dispuso, luego de una vista, extender el período probatorio por el término de un año. La resolución que a tal efecto se dictó tiene fecha de 21 de agosto de 1978. No hay constancia en los autos de que el peticionario objetara a la extensión solicitada y decretada. Tampoco recurrió contra la misma y continuó sometido al tratamiento rehabilitador que venía recibiendo.

Así las cosas, el 18 de febrero de 1979 el peticionario incurrió en una infracción de la Ley de Sustancias Controla-das. El tribunal, a moción del fiscal de 24 de agosto de 1979 y luego de una vista a que compareció el peticionario asistido de abogado, dictó resolución el 5 de octubre de 1979, en que revocó la libertad a prueba y le sentenció a una pena de uno a tres años de reclusión por los cargos iniciales. Ha recurrido ante nos en solicitud de certiorari. Alega que el tribunal actuó sin jurisdicción al extender el período a prueba luego de haber vencido e igualmente al sentenciarle. El Procurador General ha comparecido mediante escrito en que acepta las alegaciones esenciales de la petición ante nos, sin formular oposición a lo solicitado. Resolvemos que el tribunal actuó con jurisdicción.

El citado Art. 404(b) dispone en sus tres primeros párra-fos, aquí pertinentes, como sigue:

“(b)(1) Si cualquier persona, que no haya sido previamente convicta de violar el inciso (a) de esta sección, o de cualquier otra disposición de este Capítulo, o de cualquier ley de los Estados Unidos, relacionada con drogas narcóticas, marihuana, o sustancias estimulantes o deprimentes, es hallada culpable de violar el inciso (a) de esta sección, bien sea después de la celebración del juicio, o de hacer una alegación de culpabilidad, el tribunal podrá, sin hacer pronunciamiento de culpabilidad, y con el consentimiento de tal persona, suspender todo procedimiento y someter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por el término que estime a bien prescribir, el cual no excederá de cinco años.
En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia.
Si durante el período de libertad a prueba la persona no viola ninguna de las condiciones de la misma, el tribunal, en el ejercicio de su discreción, y previa celebración de vista, podrá exonerar la persona y sobreseer el caso en su contra. La exoneración y sobreseimiento bajo este inciso se llevará a cabo sin declaración de culpabilidad por el tribunal, pero se conservará el récord del caso en el Tribunal, con carácter confidencial, no accesible al público, y separado de otros récords a los fines exclusivos de ser utilizado por los tribunales al determinar, si en procesos subsiguientes, la persona cualifica bajo este inciso.”

Esta disposición es “de naturaleza remedial con un propósito esencialmente rehabilitador. Reconoce la realidad científica de que el adicto no se cura con reclusión en presidio sino con tratamiento”. Martínez Reyes v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 407, 409 (1975). Para lograr ese propósito rehabilitador, el tribunal ha de tener amplia discreción al determinar el tratamiento a que ha de ser sometido el adicto, así como la duración del mismo, limitada únicamente por el período máximo de cinco años de libertad a prueba fijado en el estatuto.

Parece ser la contención del peticionario que concluido el período de libertad a prueba es mandatorio el archivo del caso. No es eso lo que leemos en la transcrita disposición. Por el contrario, la primera oración del tercer párrafo permite que, aun cuando el probando no haya violado ninguna de las condiciones impuéstasle para su libertad a prueba, el tribunal conserva su discreción para exonerarle. Ello supone que, concluido el período de libertad a prueba, se evalúe la conducta observada por el probando durante dicho período y se determine entonces, luego de una vista, si procede o no su exoneración. Es decir, debe demostrarse que el probando se ha rehabilitado. Se frustraría el propósito de la ley si por haber expirado el período probatorio fuese mandatorio exonerar al probando y sobreseer los cargos en su contra no obstante estar convencido el tribunal de que no se ha rehabilitado.

Los autos originales de este caso revelan que el 6 de mayo de 1978, cuando se cumplieron los cuatro años del período de libertad a prueba, el probando no se había rehabilitado. Veamos. Al disponer la libertad a prueba en su resolución de 6 de mayo de 1974 expresó el tribunal que sería “de capital importancia” que el probando continuase “recluido en el Hogar de Río Plantation recibiendo tratamiento para su adicción a drogas y narcóticos”. No obstante, fue necesario ordenar su arresto y encarcelación el 14 de julio de 1976 por haber abandonado dicho Hogar. En esa ocasión expresó el Tribunal que la permanencia del probando en el Hogar CREA era “condición esencialísima de la libertad a prueba”. A pesar de esta expresión, el tribunal no revocó la libertad a prueba y dispuso, luego de una vista, que volviera al Hogar CREA en Río Plantation. Siguió allí el peticionario, pero en julio de 1977, volvió a abandonar el Hogar CREA sin autorización. Se decidió entonces que continuara en un programa llamado Teen Challenge, y como paciente ambula-torio del programa contra la adicción, pero abandonó dichos programas el 20 de diciembre del 1977. Se le sometió a evaluaciones sicológicas y siquiátricas, que no habían con-cluido el 6 de mayo de 1978, cuando se cumplía el plazo de cuatro años de libertad a prueba. ¿Debió el tribunal senten-ciarle entonces? Pudo hacerlo, pero optó por brindarle al peticionario el beneficio de extenderle la libertad a prueba para que continuara tratamiento. Al así hacerlo, actuó con jurisdicción e hizo uso de la amplia discreción que le da la ley.

No es menester considerar si sería procedente revocar la libertad a prueba al probando por hechos ocurridos luego de transcurrir cinco años desde que se le concedió tal beneficio. Tales hechos no están ante nuestra atención. El probando incurrió en violación de la Ley de Sustancias Controladas el 18 de febrero de 1979, cuando no habían transcurrido dichos cinco años, y mientras permanecía bajo la jurisdicción del tribunal. Cabe señalar, además, que pruebas de orina héchasle de septiembre a diciembre de 1978 resultaron positivas en seis ocasiones para la sustancia “Talwin” y barbitúricos. Ante este cuadro, indicativo de que el peticionario no pudo rehabilitarse durante el período de libertad a prueba y su extensión, actuó correctamente el tribunal de instancia al sentenciarle.

El peticionario ha citado varias decisiones de tribunales estatales en que se resuelve que los trámites para revocar el régimen de libertad a prueba deben iniciarse dentro del período probatorio, es decir, antes de que expire dicho período. Pasa por alto el peticionario que dichas decisiones se refieren a regímenes de libertad a prueba bajo leyes generales y no bajo una ley especial como la que aquí nos ocupa.

En nuestra jurisdicción hay un sistema de libertad a prueba o de sentencia suspendida, aplicable a convictos de delitos graves, con algunas excepciones, y menos graves en algunos casos. Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1026 y siguientes. Bajo este sistema la persona es sentenciada a prisión, pero se suspende la ejecución de la sentencia mientras cumpla determinadas condiciones. El período de libertad a prueba es en esos casos el máximo de la sentencia impuesta. Puede decirse que el convicto está cumpliendo su sentencia en probatoria. Bajo el sistema de la Ley de Sustancias Controladas, el probando no cumple sentencia, y de hecho no se considera convicto una vez transcurre el período probatorio y se dispone el archivo y sobreseimiento de la causa.

Por las anteriores consideraciones, y de conformidad con la Regla 50 de nuestro Reglamento, se confirmará la resolución recurrida.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Domingo Quiles Pagán y Claudio Méndez Salcedo, demandantes y recurridos, v. Héctor Colón, como dueño de Héctor Auto Sales y John Doe Insurance Co., demandados y recurrentes.

      Número: R-80-18

      Resuelto: 18 de marzo de 1980

      José O. Ayala Pratts y Noel Vera Mercado, abogados de los recurrentes; Víctor Antulio Vélez Cardona, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Domingo Quiles Pagán compró a Héctor Auto Sales un automóvil, quedando a deberle parte del precio. Meses más tarde Quiles “lo vendió verbalmente” a Claudio Méndez Salcedo. La transacción no se realizó ante notario u otro funcionario autorizado y, por ende, no fue inscrita en el Registro de Vehículos de Motor. Estando en posesión de este último fue embargado por el vendedor original Héctor Auto Sales para asegurar la efectividad de una acción judicial en cobro del pagaré de $250.00. Méndez Salcedo, a fin de recuperarlo, pagó dicha cantidad. Demandó por embargo ilegal y obtuvo a su favor la sentencia que se revisa ascendente a $1,500.00 en daños, $500.00 de honorarios de abogado, más intereses.

Debe revocarse. En Muñoz Melendez v. Farmer, 104 D.P.R. 297 (1975), reafirmamos la doctrina de que los registros oficiales del Departamento de Transportación y Obras Públicas, en que en determinada fecha, aparece como dueña una persona, constituye evidencia prima facie de tal propiedad. Como dimensión adicional expresamos:

“Para resumir, resolvemos que la Ley de Tránsito, como ley especial, goza de supremacía sobre las disposiciones del Código Civil relativas a la forma y momento en que de ordinario se perfeccionan los contratos de compraventa sobre bienes muebles por lo que tratándose de la compraventa de vehículos de motor, su perfeccionamiento no tiene eficacia jurídica, para fines de tercero, hasta la fecha en que la transacción se formaliza ante uno de los funcionarios autorizados por ley. Ello implica que cualquier prueba tendente a destruir la presunción de propiedad que emane de los registros oficiales debe estar basada en documentos autoriza-dos ante un funcionario público conforme lo dispone la ley, y no en orden a convenios orales o escritos privados carentes del elemento de autenticidad de fecha cierta.” (Pág. 306, bastardillas nuestras.)

Si algún valor y efecto ha de tener esta doctrina en su aplicación al caso que nos ocupa, resulta evidente que el embargo no puede caracterizarse como ilegal. Se trabó sobre un vehículo que estaba inscrito a nombre del deudor allí demandado, Quiles Pagán. La presunción dimanante del Registro de Vehículos ampara al acreedor embargante. Contra este último no se demostró tuviera conocimiento previo de que las constancias en el Registro fueran incorrectas. ()

El codemandante Méndez Salcedo, como último comprador, debió autenticar y registrar oportuna y diligentemente la transacción. Al no hacerlo se expuso a lo acontecido. La demanda para remediar agravios por lo ocurrido debió dirigirla contra su vendedor, Quiles Pagán, en acción de saneamiento. No obstante, optó por unirlo como demandante y esgrimir contra Héctor Auto Sales, lo que en lugar de fortalecer, debilita la veracidad de su contención de que hubo una transacción real “verbal”.

Se dictará sentencia expidiendo el auto y revocando la del Tribunal Superior, fechada 5 de octubre de 1979.

      (1) ¿Qi/awla responsabilidad del embargante, si habiéndose autenticado ante funcionario un traspaso, al irse a realizar el embargo, se le muestra dicho documento?


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Randy Román, demandante y recurrente, v. Moses Fattah, demandado y recurrido.

      Número: R-79-341

      Resuelto: 19 de marzo de 1980

      M. Martínez Umpierre, abogado del recurrente; Juan E. Taboas Santiago, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso de autos, por la naturaleza de la controversia que plantea, complementa la doctrina que expusimos hace apenas un año en Pol Sella v. Lugo Christian, 107 D.P.R. 540 (1978), y ambos definen finalmente las relaciones entre la acción criminal por abandono de menores y la acción civil f iliatoria. La cuestión a resolver es si una sentencia absolutoria en un caso por violación del Art. 263 del ya derogado Código Penal de 1902 (Art. 158 del vigente, 33 L.P.R.A. see. 4241) tiene efectos de cosa juzgada sobre una subsiguiente acción filiatoria civil que se entable contra quien fuera acusado y absuelto de la acción criminal. () Veamos los hechos.

Entre Brunilda Román y el demandado Moses Fattah, se suscitó una amistad que redundó en que por espacio de cuatro años convivieran como marido y mujer. Fruto de tales relaciones Brunilda alumbró una niña que, reconocida por el demandado, lleva el nombre de Diana Fattah Román. Brunilda y Moses separáronse temporeramente pero volvieron luego a establecer convivencia marital, quedando Brunilda embara-zada nuevamente. Sin embargo, cuando tenía aproximada-mente cuatro meses de embarazo fue abandonada por el demandado quien jamás volvió a convivir con ella.

De ese segundo embarazo y sin que Brunilda en adelante sostuviera relaciones sexuales con ningún otro hombre que no fuera el demandado, el 26 de junio de 1966 nació el deman-dante Randy Román.

Acusado que fuera Moses Fattah por violar el Art. 263 del Código Penal que entonces regía (Art. 158 del vigente) al no proveer la manutención al joven Randy, fue absuelto según resolución que recayó en 6 de octubre de 1970. Así las cosas, el 9 de noviembre de 1970, Randy representado por su madre con patria potestad, presentó contra Moses Fattah acción civil de filiación ante la Sala de Arecibo del Tribunal Superior.

Celebrado el juicio y probados los hechos que reseñáramos precedentemente, el Tribunal Superior (E. Ramos Ortiz, J.), al aplicar erróneamente nuestra decisión en Pol Sella, supra, sostuvo que la absolución de que fue objeto el demandado en la causa criminal tenía efectos de cosa juzgada sobre la acción civil que ahora pendía. Incidió.

Conforme reafirmáramos en Pol Sella v. Lugo Christian, supra, el quantum de prueba requerido en el procesamiento criminal por incumplimiento de obligaciones alimenticias es distinto de aquél requerido en la acción civil sobre filiación. Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 567 (1945); López Rivera v. Matos, 101 D.P.R. 740, 752 (1973). En el caso criminal, el hecho de la paternidad tiene que establecerse más allá de duda razonable antes de que proceda una convicción; en la acción filiatoria civil basta con establecer la paternidad por preponderancia de la prueba. Regla 10(F) de Evidencia de 1979. Véase A. R. Calderón, Jr., La Filiación en Puerto Rico, 1978, pág. 161, San Juan. Esta diferencia es fundamental e impide, sobre cualquier otra consideración, que entre ambas acciones pueda operar plena y recíprocamente el concepto de cosa juzgada. Cuando, como en el caso de autos, la absolución en el proceso criminal obedece a que no se determinó que el acusado es padre del menor supuestamente abandonado, esa absolución sólo indica que la prueba del Pueblo no era suficiente como para establecer el hecho de la paternidad más allá de duda razonable, pero bajo ningún concepto implica que esa prueba no ha de ser suficiente para establecer ese mismo hecho por preponderancia de la prueba que, como sabemos, es un estándar menos riguroso.

La lógica que sostuvo nuestra decisión en Pol Sella, supra, apoya decisivamente la solución que proclamamos hoy. Es evidente que cuando media una determinación de culpabilidad en el caso criminal o cuando se ha rechazado la paternidad en una acción civil, debe concluirse toda disputa sobre paternidad habiéndose satisfecho el peso de la prueba en las circunstancias más favorables a la parte que intenta insistir en la controversia. Dicho de otra forma, el acusado a quien se le demostró la paternidad más allá de duda razonable, no puede controvertir nuevamente el hecho en un pleito donde sólo se requerirá demostrar dicha paternidad por preponderan-cia de la prueba. De igual modo un demandante cuya prueba no pudo preponderar sobre la contraria para establecer la paternidad difícilmente podría establecerla más allá de duda razonable.

Más aún, el propósito justiciero que animó al legislador a establecer en el Código Penal un procedimiento rápido y económico para la determinación de paternidad, no puede servir de base para tender una trampa a los menores abandonados cuyos padres niegan su paternidad, frustrando para siempre sus derechos filiales sólo por la circunstancia infortunada de que la prueba que los liga a su progenitor no es lo suficientemente fuerte como para alcanzar el grado que se requiere en el procedimiento criminal. Ningún fundamento ha señalado el recurrido que pueda sostener tan severo resultado. Véase Pueblo v. Vélez Vélez, 97 D.P.R. 123 (1969).

A tenor con los fundamentos expuestos se expide el auto de revisión solicitado y se dictará sentencia revocando la recu-rrida y estimando la demanda. El Tribunal Superior podrá proceder con cualquier trámite posterior no inconsistente con cuanto aquí hemos expresado.

El Juez Asociado Señor Rigau se inhibió.

      (1) En Pol Sella, supra, resolvimos que no debería relitigarse el hecho de la paternidad cuando ha habido convicción en un proceso criminal previo o se ha rechazado la paternidad por sentencia en el pleito civil. No obstante, expresamente manifestamos que no era necesario resolver allí qué valor concluyente debía dársele en un pleito civil posterior a la absolución de un padre en un pleito criminal previo. Véase D. Nevares Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 1980, pág. 95, Santurce.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Simón P. Liechty y Leah J. Liechty, demandantes y recurrentes, v. Jorge Descartes Saurí y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-79-415

      Resuelto: 21 de marzo de 1980

      Julio Eduardo Torres, abogado de los recurrentes; Rafael Martínez Rivera, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Los esposos Liechty recurren contra sentencia del Tribunal Superior, Sala de Aibonito, de 20 de julio de 1979, que les reconoció un crédito personal de $40,000 contra los recurridos, pero denegó su solicitud de que se anulara y cancelara una hipoteca que grava una finca en la cual podrían ejecutar su crédito. El recurso plantea si, habiéndose constituido la hipoteca en garantía de unos pagarés al portador que no han sido negociados, debe subsistir. Resolve-mos que, no habiéndose negociado los pagarés, no existe obligación alguna garantizada por la hipoteca y, dado su carácter accesorio, dicha hipoteca no ha cobrado vida ni tiene eficacia contra el crédito de los recurrentes.

Se plantea, además, el alcance que pueda tener el hecho de que los referidos pagarés al portador, aunque no fueron negociados, estaban en poder de un tercero como su custodio. Consideramos que, no representando dichos pagarés obliga-ción alguna a favor de ese tercero, no advino por ese hecho su tenedor o portador. Los hechos ante nos tampoco justifican concluir que hubiesen sido dados en prenda.

En 1962 los esposos Liechty vendieron a los esposos Descartes Saurí, una finca de poco más de veinticinco cuerdas sita en el Barrio Pulguillas, de Aibonito, por precio de $58,000. Los compradores quedaron a deber $46,000, que se obligaron a pagar en cuatro plazos a vencer, respectiva-mente, el primero de septiembre de los años 1962,1963,1964 y 1965. Constituyeron hipoteca sobre la finca comprada en garantía del pago de dichos $46,000. Ésta fue debidamente inscrita. Los compradores efectuaron el pago correspondiente al primer plazo, no así los restantes, iniciándose conversa-ciones entre ellos y los vendedores que culminaron en la siguiente transacción: se fijó el balance de la deuda en $40,000, que se pagarían mediante seis pagarés personales suscritos por los esposos Descartes Saurí y Salvador Descartes y Rafael López Vega como codeudores solidarios. El importe de dichos pagarés totalizaba $15,000.00. Éstos vencerían, respectivamente, el primero de enero de los años 1966,1967, 1968, 1969 y 1970. Los reatantes $25,000 se pagarían en efectivo por los esposos Descartes Saurí al obtener ellos un préstamo de la F.H.A. a ser garantizado con hipoteca sobre la finca. Las gestiones con la F.H.A. no tuvieron éxito. En vista de ello, los Liechty demandaron en ejecución de la hipoteca constituida en garantía del precio aplazado de $46,000. El Tribunal Superior, Sala de Ponce, en sentencia de 18 de marzo de 1965, declaró sin lugar la demanda al concluir que hubo una novación de la obligación hipotecariamente garanti-zada, y al concluir que los seis pagarés personales no estaban vencidos. Los Liechty habían embargado enseres de granja, alimentos y otros aperos relacionados con la crianza de pollos y cerdos a que se dedicaba la finca. Dispuso la sentencia del 1965 un plazo de seis meses a partir de la devolución por los Liechty de lo embargado, para que los Descartes Saurí les pagaran los $25,000. La sentencia advino final y firme. Los Liechty devolvieron lo embargado el 10 de septiembre de 1965, dejando constancia de ello en el tribunal. No obstante, los Descartes Saurí no les pagaron los $25,000, y permanecen también impagados los seis pagarés personales, todos los cuales vencieron.

Mientras tanto, los esposos Descartes Saurí otorgaron cinco pagarés al portador por $10,000 cada uno, para un total de $50,000.00, y constituyeron hipoteca sobre la referida finca de 25 cuerdas para garantizar su pago. Valiéndose de la sentencia del 1965 obtuvieron la cancelación en el Registro de la Propiedad de la hipoteca que había sido constituida a favor de los Liechty en garantía del precio aplazado sobre la venta de la finca. Obran en autos deposiciones tomadas a Rafael López Vega y a Jorge y Salvador Descartes en que éstos admiten que los cinco pagarés, después de estar por cerca de dos años en poder de sus otorgantes, han pasado a manos de López Vega como “custodio” de los mismos. No han sido negociados ni representan obligación alguna de los otorgantes de dichos pagarés a favor de López Vega ni de ninguna otra persona.

No se plantea en este caso la validez de la inscripción de la hipoteca ni su efecto frente a terceros desde el punto de vista del Derecho registral inmobiliario. Lo que está planteado es la existencia misma de la hipoteca como derecho real acceso-rio, es decir, en función de la existencia de una obligación principal que garantiza. Como se sabe, es requisito esencial de la hipoteca que ésta se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Art. 1756, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5001, en su primer inciso.

Ni el Código Civil ni la Ley Hipotecaria hacen una definición expresa de la hipoteca. Ésta es regulada en ambos cuerpos legales. El Código Civil señala en su Art. 1756, 31 L.P.R.A. see. 5001, inciso primero, que es requisito esencial “[que] se constituya para asegurar el cumplimiento de una obligación principal”. La Ley Hipotecaria dice, en su Art. 105, 30 L.P.R.A. see. 201:

“La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida.” ()

Sobre el concepto civil de la hipoteca señalamos en Gautier v. Registrador, 24 D.P.R. 704, 706 (1917):

.. La hipoteca fue en este caso como lo es siempre, un contrato en garantía del cumplimiento de una obligación principal, y sin dicha obligación ningún contrato de hipoteca puede subsistir. .. . Como sugiere Manresa, el contrato de hipoteca carecería de objeto sin existir otra obligación principal cuyo cumplimiento asegure y garantice. ...” (Citas omitidas.)

Los tratadistas han elaborado distintas definiciones de la hipoteca, que difieren más bien en el modo de expresión que en la substancia. Véanse: Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Vol. IV, pág. 7; Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, Madrid, (ed. 1900), T. III, pág. 793; Muñoz Morales, Lecciones de Derecho Hipotecario, T. II, pág. 12. Consúltese Vázquez Bote, Derecho Civil de Puerto Rielo, (ed. 1974), Vol. Ill, T. II, págs. 404 a 416, y Brau, Apuntes para un Curso de Derecho Inmobiliario-Registral Puertorriqueño, mimeógrafo U.P.R., (oct. 1978), pág. 295 y ss. Véanse, además, Nueva Enciclopedia Jurídica, (ed. 1962), Vol. XI, pág. 57; Diccionario de Derecho Privado, (ed. 1954), T. II, pág. 2077 y ss.; Morales Lebrón, Diccionario Jurídico Según la Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, (ed. 1977), Vol. II, págs. 489-490. Nos parece más atinada y de más moderno enfoque la definición dada por Puig Peña, Compendio de Derecho Civil, (ed. 1972), Vol. II, pág. 623, en que dice que la hipoteca es “un derecho real perteneciente — en razón de la inscripción y desde el momento de ésta — al acreedor, sobre los inmuebles del deudor o de un tercero, en virtud de cuyo derecho, no obstante conservar el deudor o tercero la posesión de la cosa hipotecada y la facultad de disponer de ella, el acreedor adquiere la facultad de perseguirla, cualquiera que sea la mano en que se encuentre, a fin de ser pagado con el precio de la misma, con la preferencia correspondiente al grado de su inscripción”.

Como puede colegirse, el contrato de hipoteca supone la existencia de dos figuras jurídicas, a saber, una obligación principal, y la hipoteca en sí, que sirve de garantía al acreedor de la primera. No se concibe una hipoteca sin obligación garantizada. Véase Carreras v. Am. Colonial Bank, 35 D.P.R. 90, 94-96 (1926). El profesor Vázquez Bote, op. cit., pág. 143, resume el carácter accesorio de la hipoteca así:

“Este carácter accesorio explica que la hipoteca subsista efecti-vamente mientras el crédito que asegura tenga vida. Extinguido el crédito, se extingue la hipoteca; transmitido el crédito, se transmite la hipoteca; la nulidad o ineficacia del crédito, provoca la nulidad o ineficacia de la hipoteca.”

Señalamos en Morales v. Registrador, 54 D.P.R. 546, 548 (1939) que “la escritura de hipoteca en garantía de un pagaré hipotecario al portador no es un contrato bilateral en el momento de su otorgamiento, ni puede ser considerada como tal hasta que el pagaré haya sido negociado por el deudor mediante su entrega a la persona que a su vez le entrega el importe del préstamo”. Y, a renglón seguido, añadimos: Tero tan pronto como el deudor recibe el importe del préstamo y el acreedor acepta el pagaré, como evidencia de la deuda, la oferta contenida en la escritura de hipoteca se convierte en un contrato válido y obligatorio para una y otra parte contratante”.

En el caso ante nos no se materializó préstamo alguno. No existía obligación alguna que garantizar por cuanto los esposos Descartes Saurí no negociaron los pagarés hipotecarios ni dejaron de ser sus dueños. Meramente los dieron a custodiar a Rafael López Vega, quien por ello no advino acreedor de los Descartes Saurí. La hipoteca constituida en garantía de dichos pagarés no llegó a tener vida por cuanto no llegó a garantizar obligación alguna.

► — I ► — I

Los recurridos sugieren en su escrito de oposición la posibilidad de que los pagarés estén en poder de Rafael López Vega en calidad de prenda. No aparece de los autos ante nos que se hiciera alegación a tal efecto ante el tribunal de instancia. De hecho, ni siquiera se consideró tal posibilidad, limitándose el tribunal a justificar su rechazo de la contención de los demandantes-recurrentes en la ausencia de prueba de fraude.

Hemos examinado las deposiciones de los demandados. El señor López Vega fue impreciso en cuanto a ser acreedor de los libradores de los pagarés, señalando que le adeudan cantidades pequeñas que no recuerda, fluctuantes entre $400.00 y $500.00. Reiteró que no es tenedor de los pagarés, los que mantiene en su poder “como custodio” (pág. 11 de la deposición). Si bien el Sr. López Vega se refirió a unas deudas del señor Jorge Descartes Saurí a favor de unos señores Lagares y Jiménez, no estamos convencidos de que su tenencia de los pagarés fuera por delegación de estos señores Lagares y Jiménez actuando éstos como acreedores pignoraticios de Descartes Saurí. Faltaría en la prueba el “común acuerdo” entre deudor y acreedor que se requiere para que la prenda esté en posesión de un tercero. Dice, al efecto el Art. 1762 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5021:

“[Sec.] 5021. Requisitos del contrato de prenda
Además de los requisitos exigidos en la see. 5001 de este título, se necesita para constituir el contrato de prenda, que se ponga en posesión de ésta al acreedor, o a un tercero de común acuerdo.”

El propio Descartes Saurí dejó establecida la duda sobre que deba algo a los señores Lagares y Jiménez. Declaró, primero, que no tiene deudas que excedan de $1,000, y es cuando el abogado de los recurrentes le mencionó a Lagares y a Jiménez que “se acordó” de deudas por cantidades de $10,000 y $15,000 a dichos señores. No precisó los conceptos de estas supuestas deudas, por las cuales no paga ni le exigen intereses, y cuyas cantidades no ingresó en su cuenta de banco; ni recuerda qué hizo con dichas sumas de dinero. Dio como razón de entregar los pagarés a López Vega, no que los mantuviera en prenda de lo supuestamente adeudado a Lagares y a Jiménez, o al propio López Vega, “sino porque yo creí que teniéndolos López Vega se me hacía más fácil conseguir préstamos que no teniéndolos yo” (pág. 76 de la deposición).

Valga señalar, además, que aunque el contrato de prenda no es de constitución formal, pudiendo constituirse verbalmente, no es oponible a tercero si no consta la certeza de su fecha por documento auténtico. Así lo exige el Art. 1764 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5023. () Ramos Mimoso v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 551, 555 (1966). Dijimos en Ramos Mimoso: “La prenda, como se sabe, no es un contrato de constitución formal. Para su existencia basta que se haya concertado de cualquier manera lícita y que cumpla con los requisitos intrínsecos que el Código exige (Art. 1762); puede constituirse hasta verbalmente, y obligará a las partes. Lo que ocurre es que para que pueda oponerse con éxito frente a terceros la certeza de su fecha deberá constar por documento auténtico. Este pequeño requisito de formalidad, para que pueda operar contra terceros, se basa en el propósito de evitar la simulación de créditos pignoraticios por un deudor en perjuicio y fraude de terceros acreedores suyos.” (Escolio omitido.) En este caso no se produjo ni hay constancia de documento alguno en que conste un contrato de prenda.

Por las precedentes consideraciones, procede expedir el auto de revisión solicitado y modificar la sentencia recurrida para decretar la ineficacia de la hipoteca constituida en garantía de los cinco pagarés por la suma total de $50,000.00, y ordenar su cancelación en el Registro de la Propiedad. Así modificada, la sentencia del tribunal de instancia será confirmada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

      (1) La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad aprobada el 8 de agosto de 1979 para regir a partir del 8 de agosto de 1980 (Art. 256), contiene la siguiente disposición, en que recoge lo dispuesto por el citado Art. 105 de la ley aún vigente:
      “Art. 155 — La hipoteca sujeta directa e inmediatamente los bienes y derechos sobre que se impone, cualquiera que sea su poseedor o titular, al cumplimiento de la obligación para cuya seguridad fue constituida.
      “Las hipotecas inscritas serán rigurosamente cargas reales, pudiendo realizarse los créditos hipotecarios, no obstante cualquier derecho posterior adquirido sobre los mismos bienes o derechos hipotecarios.”

      (2) Dicho artículo dispone:

        “[See.] 5023. Efecto de la prenda contra tercero

      “No surtirá efecto la prenda contra tercero si no consta la certeza de la fecha por documento auténtico.”


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Alex A. Jorge et al., demandantes y recurridos, v. Universidad Interamericana et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-77-294

      Resuelto: 25 de marzo de 1980

      William Estrella e Igor Domínguez, abogados de los peticiona-rios; A. J. Amadeo Murga, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

Los aquí recurridos instaron demanda ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra los aquí peticionarios, en que alegaron, inter alia:

“1. Los demandantes son todos estudiantes de Pedagogía en el nivel de estudios post graduados que comenzaron a cursar y cursaron durante los años 1972 a 1973 y 1973 a 1974, estudios post graduados conducentes al grado de Doctor en Pedagogía en la Universidad Interamericana, Recinto de San Juan.
2. La Universidad Interamericana, Recinto de San Juan, inauguró allá para el 1972, en coordinación con la Universidad de Lehigh, Estado de Pennsylvania, un Programa Doctoral en Educación y representó al público en general y a los deman-dantes en particular que ofrecería un programa de cursos conducentes a la obtención del grado de Doctor en Educación.
3. Dicha Universidad Interamericana aceptó los demandantes como estudiantes en el referido programa a partir del año escolar de 1972, cobrándole a cada uno para su ingreso en el referido programa los derechos de matrícula establecidos por dicha Universidad para el programa conducentes al grado doctoral en educación y los derechos de admisión a estudios post graduados.
4. Se alega por los demandantes que inducidos por la Universidad Interamericana y descansando en las representa-ciones de ésta, hechas pública y privadamente, oral y por escrito, de que había inaugurado el referido programa, se matricularon en dicho programa, incurrieron en gastos y obligaciones y asistieron a éste durante los años escolares 1972-73 y 1973-74.
5. Allá para mediados de 1974, la Universidad Interameri-cana dio por terminado unilateralmente, sin consultar a los demandantes, el programa de cursos hacia el grado doctoral que ofrecía, dejándolo inconcluso por razones que los demandantes desconocen.
6. La actuación de la Interamericana fue contraria al contrato entre la Interamericana y los demandantes y consistió en una violación de las obligaciones contractuales asumidas por ésta y a las representaciones que indujeron a los demandantes a matricularse en el referido curso.
7. Se alega que la terminación del programa doctoral de educación fue hecha unilateralmente por la Universidad Inter-americana como consecuencia de actuaciones arbitrarias e ilegales del Presidente de la Universidad Interamericana, Sol Luis Descartes, y de su Vice Presidente y Decana Ejecutiva, Lavinia H. Crescioni, quienes negligentemente y culposamente dieron por terminado el referido programa doctoral.”

Alegaron, además, los recurridos que la actuación imputada a los demandados les causó determinados daños económicos y morales y solicitaron indemnización por ello.

Los demandados contestaron la demanda oportuna-mente. Admitieron la existencia del mencionado programa de estudios, que cursaban los demandantes, y la descontinua-ción del mismo. La controversia quedó centrada en el aspecto de responsabilidad de los demandados. Éstos alegaron específicamente que “los demandantes tenían conocimiento de que dicho programa se estaba poniendo en efecto en coordinación con la Universidad de Lehigh y que dependía de la cooperación y aportación de esta Universidad para que dicho programa pudiese continuarse”. Alegaron, además, que “el curso en cuestión fue terminado en el ejercicio de la discreción académica y administrativa de la Universidad Interamericana”. Solicitaron sentencia su-maria en que se desestimara la demanda, a lo cual se negó el tribunal de instancia. Ello motivó el presente recurso de certiorari.

La resolución recurrida está recogida en la minuta del tribunal de instancia, de 25 de enero de 1977, presidido por la Hon. Carmen C. Cerezo, Juez. Dice así:

“MINUTA
“El Tribunal estuvo reunido en cámara desde las 9:30 a.m. hasta las 11:30 a.m. con los Ledos. A. J. Amadeo Murga, abogado de los demandantes, y William Estrella, representando a los demandados, discutiendo la Moción de Sentencia Sumaria radicada en 20 de diciembre de 1976 y 17 de enero de 1977, así como la oposición de los demandados de la cual se suplió copia al Tribunal puesto que no apareció radicado en Secretaría el original. Se instruyó al Ledo. Amadeo Murga que de no aparecer radicada la oposición, proceda inmediatamente a presentarla en Secretaría.
Considerados los argumentos de ambas partes y los documen-tos presentados en apoyo de la solicitud y la oposición, se resuelve que existe una controversia sustancial sobre el hecho referente a la causa que motivó la eliminación del programa de estudios, específicamente si la razón fundamental para la terminación del Programa Doctoral se debió a la ausencia de cooperación de la Universidad de Lehigh ocasionando que la Universidad Interamericana no estuviese capacitada para llevar a cabo dicho programa con la excelencia académica necesaria, o, si por el contrario, la terminación se debió a actuaciones irrazonables y arbitrarias de la parte demandada que culmina-ron con la terminación del programa. Se declaró sin lugar la Moción de Sentencia Sumaria, en cuanto a este planteamiento, que constituye el enfoque principal de la antes mencionada moción. Sin embargo, en el párrafo tercero de la solicitud radicada en 20 de diciembre de 1976 por la parte demandada se expone ‘que en virtud de unas becas y ayuda económica que se le está brindando por la Universidad Interamericana a los estudiantes que solicitan o cualifican para continuar Doctorado en Educación, dichos estudiantes resultan económicamente beneficiados al presente comparado con la situación de no haberse descontinuado el curso y brindado esta ayuda económica en vista de los gastos y costos que sus estudios normalmente hubiesen conllevado....’
En las aseveraciones cuarta y séptima de la Declaración Jurada suscrita el 17 de diciembre de 1976 por la demandada Lavinia H. Crescioni en apoyo a la sentencia sumaria, expone que los estudiantes estaban cursando estudios conducentes al grado de Doctor en Educación para la obtención del cual se requería su aprobación ulterior para tomar cursos avanzados y/o [sic] requisitos posteriores que ninguno de los demandantes había sido específicamente admitidos como candidatos al grado de Doctor en Educación ni por la Universidad Interamericana ni por la Universidad de Lehigh al momento de concluirse el programa de la Universidad Interamericana en 1974 y que esta universidad ha ofrecido cooperar y ha cooperado con todos los estudiantes que han solicitado el continuar sus estudios de Doctorado en Educación con la suma de $175.00 para gastos de viaje y una ayuda económica adicional de $2,000.00 una vez sean admitidos por la Universidad de Lehigh como candidatos al grado de Doctorado en Educación. En cuanto a este plantea-miento es necesario que la parte promovente presente al Tribunal evidencia relativa a cada uno de los demandantes acreditando su posición frente a cada demandante individual. A ese fin se concede a la demandada término final de cuarenta (40) días a partir de hoy 25 de enero de 1977 para que presente la prueba necesaria sobre su condición verbal formulada durante la argumentación de que los demandantes ya se encontraban en la etapa de tener que trasladarse a proseguir estudios fuera de Puerto Rico y que necesariamente tenían que pasar por el escrutinio y cedazo de la Universidad de Lehigh para su admisión. Se presentará, además, prueba acreditando la asevera-ción contenida en el párrafo séptimo del Affidavit 305 suscrito en 17 de diciembre de 1976 por Doña Lavinia H. Crescioni, entendiéndose igualmente que la prueba sobre ayuda económica deberá dirigirse a cada uno de los demandantes individualmente.
De no cumplirse con la presentación de esta prueba dentro del término de cuarenta (40) días concedidos, se entenderá denegado el planteamiento que queda por adjudicar en la Moción de Sentencia Sumaria. La parte demandante promovida presentará dentro del término de cuarenta (40) días a partir de la notificación por los demandados de la prueba requerida, su oposición debidamente fundamentada.
De resultar necesaria la vista en su fondo, queda fijado el señalamiento del caso en sus méritos para los días 4 y 5 de octubre de 1977 a las 9:00 a.m., apercibiéndose a las partes que este caso ha sido señalado como único caso en el calendario de esos días y que no habrá suspensiones a no ser que se justifique claramente al Tribunal que el motivo se debe a una circunstan-cia extraordinaria.”

Alegan ante nos los peticionarios que incidió la Sala recurrida al determinar que existe controversia sobre los motivos que tuvo la Universidad Interamericana para eliminar el programa de doctorado en educación toda vez que, según alegan, no se controvirtieron las declaraciones juradas sometidas en apoyo de la solicitud de sentencia sumaria, indicativas de que el programa se descontinuó debido a “la falta de cooperación de Lehigh” y en el désc'argo por la Universidad Interamericana de su responsa-bilidad académica. Señalan que los demandantes-recurridos no ofrecieron declaraciones juradas ni prueba que establez-ca arbitrariedad de parte de la Universidad al descontinuar el programa.

Los demandantes, por su parte, descansan en que al oponerse a la solicitud de sentencia sumaria acompañaron una deposición tomada al Presidente de la Universidad demandada y correspondencia cursada entre ambas uni-versidades, particularmente una carta del Decano John A. Stoops, de la Universidad de Lehigh, demostrativas de que existe controversia de hechos que derrota la solicitud de sentencia sumaria. La carta del Decano Stoops a la Dra. Crescioni, que es de 29 de abril de 1974, ciertamente pone en controversia la cuestión esencial de este caso, es decir, si la descontinuación del programa se debió a falta de cooperación de Lehigh o si fue irrazonable la actuación de la Interamericana. Por su importancia, la transcribimos íntegramente. Dice:

“Lehigh University
Bethlehem, Pennsylvania 18015
School of Education
Office of the Dean
April 29, 1974
Dr. Lavinia Crescioni
Vice President and Executive Dean
Inter American University
P.O. Box 1293
Hato Rey, Puerto Rico 00919
Dear Lavinia:
I appreciated your phone call of April 26. After we talked I had a much clearer understanding of our problems.
I’m keenly aware of I.A.U.’s need to justify the doctorate. Most everyone (even a Middle States observer) agreed that the reasons for the doctorate I put forward in the report recommending the founding of your School of Education are compelling. Since that report was written Nova University has attempted to establish an ‘external’ doctorate in Puerto Rico. If Nova succeeds, and I.A.U. fails, then I fear that a residency-research Ed. D. program may never develop in the Caribbean. In the face of the continuing malaise at U.P.R., I.A.U. is the only hope for a research doctorate in Puerto Rico. Under these circumstances I think any reasonable observer will agree that I.A.U., despite all its problems, is moving very responsibly in its effort to fill an unhealthy vacuum.
I’m also keenly aware of the limitations of your faculty, and up to about a year ago I was working on the matter. Among other things I was attempting to establish a tradition of publications. Two appeared and more were in prospect. It was rough doing; but, as you know, we had some disappointments.
Unfortunately, communications between I.A.U. and Lehigh ceased the day Julia Guzmán took charge of your School of Education. Warren Davis, the liaison person, has not even been involved in the program and gets information about it only secondhandedly. She has told us nothing about her faculty appointments, nothing about the committee or course work that is going on, and none of her proposed visits to Lehigh ever materialized. She never even told us she was admitting more students and has yet to tell us who they are and for example, when I was there in February she asked me to get Gus Mellander for a summer course. I did that and wrote telling her so. She has never contacted him. Consequently, at the present time I’m completely uninformed about the faculty, the students, and the problems in general, and I’m more than a little embarrassed by the whole thing.
Frankly, I don’t understand this. My personal relations with Julia have been and continue to be good. I can’t think that she is so insensitive to my concerns and commitments that she would ignore me completely. But that is what has happened.
So I have been led to infer that I.A.U. has changed its mind about the doctoral program or perhaps changed its mind about working with Lehigh. This inference has been reenforced by your letter to me stating that we should tell students that it may not be possible for them to earn an I.A.U. degree. This is why I took the position I did in my letter to you of April 25. On one hand we are not informed of anything that is happening in your School to Education, and on the other hand we are informed that the entire burden of the program may shift to Lehigh. (While at the same time Dean Guzmán is admitting students without consulting or informing Lehigh.)
Lehigh wants to go on with the project, and the I.A.U. doctorate must be a quality doctorate or there is no point doing it. We are only your advisors. As such, we have no wish to intrude or to rush you into things. We can be of help in assembling a faculty with a research capability, but all we have had to work with in the past ten months is silence.
I like your idea of having the proposal examinations here on Lehigh standards with a stipulation that the students can graduate from I.A.U. if things work out well. If they wish, I.A.U. faculty can come here to help with the examination. According to our protocols those who pass these exams will become candidates. I suggest we limit the number of such candidates to two or at the most three and that we make certain that these are very distinguished people.
Finally, I will say we are ready to undertake another review. I ' am not interested in fault-finding, but the point of the review should be the reestablishment of communications. Without this, any further steps we take will be futile.
Sincerely,
[Fdo.] John
John A. Stoops
Dean
JAS/hg
cc: Dr. Bobonis
Dr. Descartes.” (Énfasis en el original.)

Es de suponer que el Decano Stoops, como testigo de los demandantes-recurridos, expondría y ampliaría sobre lo contenido en esta carta. Ello es suficiente para convencernos de que existe una genuina controversia de hechos sobre el aspecto crucial de por qué se descontinuó el programa, base de la reclamación de los demandantes recurridos! Es doctrina firmemente establecida que toda inferencia que se haga a base de los hechos y documentos obrantes en los autos debe tomarse desde el punto de vista más favorable a la parte que se opone a la solicitud de sentencia sumaria, y que toda duda en cuanto a si hay hechos relevantes en controversia debe resolverse contra la parte que solicita la sentencia sumaria. Véanse Valcourt Questell v. Tribunal Superior, 89 D.P.R. 827, 832 (1964); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386, 396 (1963) y Giordano v. Lee, 434 F.2d 1227, 1230 (1970).

Por otro lado, la amplia discreción que pueda tener una institución universitaria en asuntos académicos y adminis-trativos no impide que en el ámbito judicial se investigue si hubo un uso razonable de esa discreción o si se cometió una arbitrariedad y con ello se causaron daños que deban ser reparados. Es persuasivo el razonamiento de Galton v. The College of Pharmaceutical Sciences, Columbia University, 332 N.Y. Supp.2d 902 (1972), donde se dijo:

“Defendants argue that plaintiffs have no standing to sue and that the Court is powerless to act because only the Board of Regents has power to alter, suspend or revoke the charter of the College and to dissolve it (Educational Law Page 219). There is no merit to the contention that the students have no standing. Students presently-attending the College should not be peremptorily cast out of the College, and their education interrupted for an indefinite time, perhaps forever, if such action is arbitrary. Students are entitled to consideration from educational institutions who invite them to pursue their education in the halls of learning institutions. Upon admission of a student to a college there is some obligation upon the part of the college to permit the student to continue his studies to graduation if willing and eligible to continue (Carr v. St. John’s University, supra; Ryan v. Hofstra University, supra). Of course, if circumstances beyond the control of the College, such as lack of finances, prevent the College from continuing, the issue is concluded. But there must be an opportunity to inquire into the basis of the determination. The Court must provide it. This does not appear to be the function of the Board of Regents.” (Educational Law, Sec. 219.)

Anteriormente dictamos sentencia en este caso en que determinamos que procedía la sentencia sumaria. Atendidas la solicitud de reconsideración de los recurridos y demás escritos presentados por las partes, y por los fundamentos aquí consignados, reconsideramos y dejamos sin efecto la referida sentencia, se anula el auto expedido y se confirma la resolución recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió con opinión a la que se une el Juez Asociado Señor Rigau. El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

-O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 25 de marzo de 1980

Atendemos a moción de reconsideración de sentencia dictada por este Tribunal el 19 de octubre de 1977.

Los demandantes aceptaron la oferta en el catálogo de la Universidad Interamericana de un curso de doctorado en educación, programa a desarrollarse en cooperación con la Universidad de Lehigh toda vez que la primera carecía del personal diestro para encauzar los estudios. La disponi-bilidad de Lehigh era elemento esencial en la realización del programa. Se trataba de una iniciativa auspiciada por Lehigh para organizar programas externos conducentes al doctorado que se proponía abrir una nueva avenida de educación superior en el Caribe. (Carta del Decano Stoops a Crescioni, 29 abril, 1974.) Como en todo programa educativo, quedó libre la autoridad académica de ambos centros de estudio para guiar su realización.

La experiencia con Lehigh en el desarrollo del programa no fue satisfactoria, lo que condujo a su cancelación por decisión académica administrativa tomada por el Presidente de la Universidad, informada en su carta de 29 mayo, 1974 al Presidente Lewis, de Lehigh: “Al cabo de dos años de experiencia en el programa doctoral conjunto entre la Univer-sidad de Lehigh y la Universidad Interamericana, incluyendo recientes esfuerzos para clarificación de las perspectivas y términos bajo los cuales podría continuarse el programa, con gran pesar he llegado a la conclusión de que la única salida es terminar este esfuerzo cooperativo.” El Presidente de la Interamericana, Sr. Descartes, ratificó ese criterio al deponer: “Pues ese programa doctoral se suspendió como una decisión de carácter académico, administrativa, pero con base acadé-mica porque la Universidad Interamericana no estaba satis-fecha del grado de progreso que se estaba haciendo para alcanzar el tiempo en que la Universidad podría conceder directamente ese grado, de acuerdo con las aspiraciones de calidad que tenemos en esta institución.” (Transcripción de la Deposición del 29 de enero, 1975, pág. 25.)

No es función de los tribunales revisar la sabiduría o corrección de las decisiones académicas de los colegios. Quien contrata con una universidad para la obtención de un grado académico sabe de antemano que el convenio estará regulado por la finalidad de las decisiones internas que tome el centro docente en cuanto a calificaciones, asignaturas, facultad, bibliografía, métodos y todo cuanto concierne a las normas académicas de la institución. La bilateralidad contractual en un programa de estudios se aparta un poco del rigor que la impone en una orden para entrega de mercancía en el tráfico ortodoxo del comercio.

No confrontamos en este caso una conducta caprichosa o arbitraria de la Universidad, una grosera despreocupación por las aspiraciones de sus estudiantes, situación única en que se justifica la invasión del campus por el poder judicial. Connelly v. University of Vermont and State Agr. Col., 244 F. Supp. 156 (1965); Goldberg v. Regents of University of California, 57 Cal. Rptr. 463 (1967). La razón que llevó a la Universidad a la suspensión de este curso de estudios es de superior valía en términos de docencia a la de estrechez económica que acepta como buena Galton v. The College of Pharmaceutical Sciences, Columbia University, 332 N.Y. Supp.2d 902 (1972), única autoridad citada en la ponencia de reconsideración.

La Universidad ha provisto remedio para los estudiantes acreedores a continuar el programa de doctorado, como explica la declaración jurada de su vicepresidenta-deman-dada Crescioni, que citamos:

“7. Que a pesar de entender que no tenía obligación de así hacerlo, la Universidad Interamericana ha ofrecido cooperar y ha cooperado con todos los estudiantes que han solicitado el continuar con sus estudios de Doctorado en Educación con la suma de $ 175.00, para gastos de viaje y una ayuda adicional de $2,000.00 una vez sean admitidos por la Universidad de Lehigh como candidatos al grado de Doctorado en Educación.”

Todos éstos son hechos que con claridad surgen de los documentos tomados en consideración al resolver sobre la procedencia de la sentencia sumaria y que privan de todo carácter de controversia justiciable la reclamación de daños por “frustración y desilusión” ascendente a $400,000 ($50,000 para cada uno de los 8 demandantes) más $100,000 de costas y honorarios que redondean el medio millón. ()

El error del tribunal a quo al denegar la sentencia sumaria pedida por la Universidad radica en concentrar la determinación de controversia justiciable exclusivamente en la conducta de Lehigh; en la premisa de que si ésta se inclinaba a continuar el programa conjunto, Interamericana sería responsable de la cancelación. Tal orden de razona-miento niega a Interamericana todo vestigio de autonomía para decidir sobre la marcha y en la consecución de los estudios si el programa satisfacía las normas de excelencia académica a que se refirió su presidente, y coloca al juez en el predicamento de hacer las delicadas evaluaciones y conclu-siones académicas que nuestra estructura social y jurídica tiene encomendadas a los educadores.

En el normal desenvolvimiento de la actividad docente universitaria muchos programas alcanzarán concreción y plenitud; otros languidecerán y aun otros habrá que reformar-los o abandonarlos si su desarrollo no satisface los planes y perspectivas originales y si no encajan en el sistema integral de enseñanza de una universidad de altas normas. No son anticipables todos los factores en el complejo mundo de la educación universitaria. La oferta en el catálogo universitario de un curso de educación avanzada tiene urdimbre de intangibles y contingencias que la diferencian de la obligación de entregar un cargamento de atún o un embarque de arroz.

Hay que abordar con cautela cualquier criterio que inciden-talmente contribuya a la erosión de la autonomía y diversidad de los colegios y universidades. Berrios v. Inter Am. University, 535 F.2d 1330 (1976).

El ejercicio de esa fundamental autonomía y la decisión tomada con “gran pesar” por el presidente, son los hechos presentes en la solicitud de sentencia sumaria y los documentos que la complementan, elemento básico que ni la demanda impugna ni la oposición de los demandantes ha podido superar. No aparece por ninguna parte que la decisión interna de la Universidad esté matizada de arbitrariedad o ilegalidad que justifique la intervención judicial para reparar agravios. Connelly y Goldberg, supra. Como ha dictaminado el 20 febrero, 1980 el Tribunal Supremo de los Estados Unidos negando a maestros de escuelas privadas la protección de leyes laborales, “el ‘negocio’ de la universidad es educación y su vitalidad dependerá finalmente de las directrices acadé-micas que son formuladas en gran medida y generalmente implementadas por decisiones administrativas de la facul-tad”. National Labor Relations Board v. Yeshiva University, 444 U.S. 672, 688 (1980).

En ausencia de controversia genuina, procede la sentencia sumaria que dictamos hace 2-1/3 años, y su reconsideración debe ser denegada.

      (1) Compárese con el costo de matrícula de $60 el crédito.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque r — t

text:
    Juan Ramón Zambrana y Digna Cruz, demandantes y recurrentes, v. Hospital Santo Asilo de Damas, demandado y recurrido.

      Número: R-78-97

      Resuelto: 26 de marzo de 1980

      César A. Hernández Colón, José Enrique Ayoroa Santaliz y Fernando Barnes Vélez, abogados de los recurrentes; Vivas & Martínez-Texidor, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Juan Ramón Zambrana y Digna Cruz instaron demanda por daños y perjuicios contra el Hospital Santo Asilo de Damas de Ponce, responsabilizándolo por la muerte de su hijo recién nacido Ramón Luis. Alegaron que la muerte fue causada por una infección generalizada o sepsis provocada al administrársele al bebé, por una enfermera empleada de dicho Hospital, sin autorización médica, un suero que estaba contaminado. El Hospital negó negligencia. Los esposos Zambrana Cruz recurren ante nos contra sentencia que desestimó su demanda. Señalan, como único error, que el tribunal a quo concluyera que la prueba por ellos presentada no estableció la contaminación del suero y que éste provocara la muerte del bebé. Un cuidadoso análisis de la prueba, que es eminentemente de orden pericial, nos mueve a revocar.

El bebé Ramón Luis Zambrana Cruz, de diez y siete días de nacido, fue ingresado en el Hospital Santo Asilo de Damas el 11 de octubre de 1974 bajo el cuidado de su médico particular y especialista en pediatría, Dr. Luis H. Rodríguez. Su diagnóstico de gastroenteritis causada por la bacteria Escherichia coli fue confirmado mediante los correspon-dientes análisis de laboratorio. Le prescribió como trata-miento dieta, un antibiótico y un suero intravenoso de 10 c.c. de glucosa en agua al 5% y 25 c.c. de solución normal salina.

El tratamiento fue efectivo. Ya el día 12 se notaba mejor y se ordenó darle líquidos claros. El 13 lo vio el Dr. Miguel López Rodríguez, pediatra que sustituía al Dr. Rodríguez García los fines de semana, y dispuso que se le comenzara a dar leche a base de la fórmula Isomil, la cual toleró. El 14 lo vio el Dr. Rodríguez por la mañana y ya no tenía diarrea, sus deposiciones eran color normal, no eran verdosas como al principio. El bebé estaba activo. Ordenó descontinuar los sueros. Lo volvió a ver esa tarde y lo halló “lo más bien”, sin diarrea, sin el suero, que se le había quitado a eso de las 10:30 de la mañana. El niño toleraba la alimentación oral que se le daba.

En la mañana del día 15, entre 7:30 y 8:00, el Dr. Ro-dríguez García volvió a visitar al niño y lo examinó. No tenía diarrea, no vomitaba, estaba hidratado, toleraba la leche, no tenía fiebre ni distensión abdominal, estaba activo, su bazo y su hígado no eran palpables, sus pulmones estaban claros y su corazón estaba bien. Lo halló curado y dispuso darlo de alta, lo que anotó en las órdenes médicas (Discharge y appointment to Dr. Paravisini office in two weeks). No obstante, la madre del niño le indicó que había evacuado y para tranquilizarla le dijo que se quedara en el hospital hasta la tarde, cuando viniera su esposo. No dispuso más medicación, excepto un antidiárreico si fuese necesario.

Así las cosas, entra en el cuadro la enfermera Adelaida Boothby, empleada del Hospital, quien a la sazón hacía 45 días que se había graduado de enfermería. Nunca había intervenido con el niño. A las 8:30, es decir, alrededor de media hora después que el niño fue visto y hallado curado por el Dr. Rodríguez, esta enfermera dictaminó que se hallaba deshidratado. Sus notas al respecto aparecen apretujadas al final de la quinta página del récord o informe de enfermera, en contraste con las demás en dicho récord, que son claras, escritas en su mayoría a doble espacio (Exhibit A, parte Demandante). Decidió la enfermera Boothby que había que volver a ponerle el suero al niño. El suero había permanecido en su habitación desde la mañana del día anterior, expuesto al ambiente con sus tubos y la aguja hipodérmica que se habían usado. La madre protestó que el bebé había sido dado de alta. La enfermera contestó que ella sabía lo que hacía. Sin consultar al médico del niño ni a ningún otro médico, quitó los tubos y aguja al viejo suero, le puso tubos y aguja nueva, y lo inyectó en la vena al bebé ese día entre 10:30 y 11:00 de la mañana.

A las 12:30 — escasamente dos horas más tarde — la condi-ción del niñito era crítica. Fue necesario ponerlo en cámara de oxígeno debido a que estaba cianótico. Se llamó al Dr. Rodríguez. Cuando éste lo vio poco después de las 2:00 de la tarde, el niño presentaba el siguiente cuadro: estaba cianótico, tenía taquicardia y diarreas sanguinolentas, respiraba rápida-mente, estaba severamente deshidratado, su bazo y su hígado se podían palpar, y estaba hipoactivo. Era un cuadro nuevo, no visto antes. Intervino el Dr. López, pediatra que en unión al Dr. Rodríguez había estado atendiendo al niño. Convinieron que era un cuadro de septicemia. Se llamó a consulta a un neurólogo, Dr. Winston Ortiz, quien también tuvo impresión de un posible caso de septicemia y dispuso rule out dicha posibilidad. La condición de taquicardia aconsejó consultar a un cardiólogo pediátrico, Dr. Francisco Torres Aybar. Así se hizo. También determinó este facultativo la probabilidad de sepsis. El estado del bebé continuó en rápido deterioro. Falleció a las 2:00 de la mañana del 16 de octubre, quince horas después de la intervención de la enfermera Boothby reinyectándole el suero.

En muy raras ocasiones es posible determinar un hecho con certeza o exactitud matemática. Exigir ese tipo de prueba a un litigante equivaldría prácticamente a requerirle un imposible. Por ello, la ley y la jurisprudencia se limitan a requerir que los casos se prueben por preponderancia de prueba, que es tanto como establecer como hechos probados aquellos que con mayores probabilidades ocurrieron. Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890, 898-899 (1971). No es necesario probar un hecho con exactitud matemática. Castro v. Payco, Inc., 75 D.P.R. 63, 75 (1953); Colón v. Shell Co. (P.R.) Ltd., 55 D.P.R. 592, 620 (1939). El demandante en una acción civil no está obligado a probar un caso más allá de duda razonable. Tampoco se le exige, en casos de responsabilidad por culpa o negligencia, excluir toda otra posible causa de daño. Prieto v. Maryland Casualty Co., 98 D.P.R. 594, 627 (1970); Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411, 427 (1965).

Señalamos en Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 228 (1973), que en cuanto a hospitales y clínicas se refiere el grado de cuidado que se requiere es aquél que deba ejercer una persona prudente y razonable. Véanse, además, los casos allí citados. No deberá exigirse en estos casos más calidad o quantum de prueba que el requerido en cualquier caso ordinario en que se reclame por daños y perjuicios causados por culpa o negligencia.

La prueba en el caso ante nuestra consideración consistió esencialmente en testimonio pericial, que es lo que ocurre las más de las veces en casos de responsabilidad de médicos y de hospitales e instituciones dedicadas al cuidado y tratamiento de enfermos. Ante este tipo de prueba consideramos que estamos en iguales condiciones que el tribunal de instancia y en libertad de adoptar nuestro propio criterio. García v. A.F.F., 103 D.P.R. 356, 366 (1975). Dijimos en Prieto v. Maryland Casualty Co., supra, pág. 623:

“Consistentemente hemos resuelto que ningún tribunal está obligado a seguir indefectiblemente la opinión, juicio, conclusión o determinación de un perito o facultativo, sobre todo cuando está en conflicto con testimonios de otros peritos y que todo tribunal está en plena libertad de adoptar su criterio propio en la apreciación o evaluación de la prueba pericial y hasta descartar la misma aunque resulte ser técnicamente correcta.”

Además de los casos citados en Prieto, véanse Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 712, 714-715 (1975); Rodríguez Retamar v. Maldonado, 100 D.P.R. 662, 665 (1972); Valldejuli Rodríguez v. A.A.A., 99 D.P.R. 917, 921 (1971).

Examinemos la cadena de causalidad necesaria para responsabilizar al hospital demandado, y la prueba presenta-da a fin de establecerla. Era necesario probar:

I.Que el suero estaba contaminado

II.Que el suero contaminado le causó sepsis al bebé

III.Que la sepsis le causó la muerte.

r — t

La contaminación del suero.

No hay controversia en cuanto a que el suero que se le inyectó al recién nacido el 15 de octubre por la mañana no había sido prescrito por médico alguno en esa ocasión, y que fue el mismo suero que se administró el 13 de octubre a las 7:00 de la mañana, se descontinuó el 14 a las 10:39 A.M., y se mantuvo en la habitación hasta su nuevo uso el 15 de octubre.

Para establecer la contaminación del suero se utilizaron los testimonios de los doctores Luis H. Rodríguez y Miguel López Rodríguez. El Dr. Rodríguez declaró que no es una buena práctica médica el que se le apliquen medicamentos a un paciente sin que el doctor los ordene, y que él no ordenó que se le administrara suero al bebé el 15 de octubre por la mañana. Declaró que una vez se expone un suero como el del caso de autos al medio ambiente, insertando una aguja () por su tapa, hay que administrarlo al paciente inmediatamente. Estos sueros tienen preservativos que duran dos o tres horas. Si se deja expuesto al ambiente, perforado con la aguja metida, tiene muchas probabilidades de contaminarse.

El Dr. Miguel López Rodríguez declaró que no era buena práctica volver a administrar un suero que ha permanecido expuesto como el de autos; ni tampoco es buena práctica administrar un suero sin orden médica. Su opinión es que ese suero podía contaminarse.

Para controvertir estos testimonios la parte demandada presentó el testimonio del Dr. Jaime Rivera Dueño. Además, señaló que no se había realizado examen alguno de la botella ni del suero para establecer su contaminación. Opinó el Dr. Rivera Dueño que, por la forma en que los sueros están hechos hoy en día, no se pueden contaminar a menos que directa y maliciosamente se le inyecte algo.

Estudios recientes contradicen la opinión del Dr. Rivera Dueño y revelan la existencia de la contaminación de sueros y el nexo causal entre esa contaminación y la sepsis o septicemia contraída por pacientes hospitalizados. Véanse Duma, Warner, y Dalton, Septicemia from Intravenous Infusions, New England Journal of Medicine 284, 257-260 (1971); y Felts, Schaffner, Melly y Koenig, Sepsis Caused by Contaminated Intravenous Fluids, Annals of Internal Medicine, 77,881-890 (1972). () Señalan que la infección puede ser causada por el catéter o sonda intravenosa que permanece en la vena (■indwelling intravenous catheters); por contaminación de la tapita de la botella que contiene el suero (bottle screw cap)) por contaminación intrínseca del fluido intravenoso y de la botella; o contaminarse al ser manipulado y administrado el suero (in contamination). Señalan estos estudios que la contaminación guarda una relación directa con el tiempo durante el cual se usan los sueros — a mayor tiempo que están en uso, mayor probabilidad de contaminación — y que una vez está en uso todo el aparato intravenoso, la contaminación es fácil.

Más aún, estudios recientes en Estados Unidos revelan que definitivamente no es poco probable ni especulativa la contaminación de suero en hospitales y, como consecuencia, la infección de pacientes. Las infecciones entre pacientes hospi-talizados han aumentado considerablemente desde 1935. En 1958, se diagnosticó sepsis en 0.8 por 1,000 admisiones en hospitales. Diez años más tarde, en el 1968, había aumentado esta proporción a 8.0 por 1,000, y recientemente se calculó en 10 por cada 1,000 admisiones en hospitales. Harrison, Principles of Internal Medicine, 7ma ed., 1974, pág. 734. Esta tendencia ha cobrado ímpetu debido a los siguientes factores: el hecho de que los pacientes tienen enfermedades que, de por sí, los debilitan; el amplio uso de antibióticos y otras medicinas; y el uso del catéter intravenoso y otro equipo de hospital. Harrison, supra. Señala Harrison, págs. 730 y 732:

“A nosocomial infection is an infection occurring during hospitalization, usually in a patient with a defect in host resistance.
... The hospital patient is subjected to a variety of diagnostic and therapeutic procedures which predispose to infection. These include insertion of intravenous catheters and urethral catheterization, particularly if an indwelling catheter is left in place.
Invasion of the bloodstream can occur in any nosocomial infection. . . . However, the indwelling venous catheter is fast becoming the most common source of bacteremia in hospitalized patients. .. .
A number of cases of bacteremia emanating from intravenous infusion sets have been reported. Usually contamination occurs after the set has been placed into use, and the screw cap appears to be the most vulnerable site for introducing exogenous bacteria.... In the most instances, contamination could be traced to faulty technique involved in changing bottles, adding medications, adjusting air filters, etc., and attention to the details of handling these materials by all hospital personnel is essential if this complication is to be prevented.” (Énfasis suplidos por el autor.)

El testimonio del Dr. Rivera Dueño no refutó lo declarado por los doctores Rodríguez y López sobre la administración de suero a un paciente sin orden médica a tales efectos. Su contestación sobre el particular fue evasiva e imprecisa.

Argumentan los recurridos que no se probó la contaminación porque no se hizo cultivo del suero ni de su envase. Aceptar este razonamiento conduciría al absurdo de que únicamente por prueba directa se puede establecer un caso de contaminación. Nuestra jurisprudencia no exige examen científico para que se establezca la contaminación de un producto y, por ende, la causalidad entre dicha contaminación y los daños sufridos por un demandante. Castro v. Payco, Inc., supra, pág. 75. Esta norma no es de aplicación exclusiva a casos de productos de consumo. Se basa en el principio, ya señalado, que la ley no exige que un hecho se pruebe con certeza matemática, y que la evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa. Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380, 383 (1966).

Nuestro análisis de la prueba pericial, las autoridades médicas consultadas y las circunstancias particulares a los hechos ante nos, nos conducen a la inferencia de que el suero que la enfermera Boothby administró al bebé el 15 de octubre estaba contaminado. ()

II

La septicemia y el suero.

Pasemos a examinar si, según la prueba presentada, el recién nacido se enfermó de septicemia el 15 de octubre y si ésta fue causada por el suero.

La septicemia es un término inexacto, y significa la circulación en la sangre de bacterias y sus productos, llamados endotoxinas o exotoxinas. Puede causar la muerte. Conn y Conn, Current Diagnosis, 1971, pág. 168. “Es una condición en la que micro-organismos y sus productos metabólicos están presentes en la sangre en grandes cantidades y, como los organismos se reproducen en la sangre, se produce una infección de la corriente sanguínea. La infección puede ser el resultado de una contaminación abrumadora de la sangre, que se origina de otro foco primario de infección, o que puede ser causada por un fracaso de los mecanismos de defensa usuales contra semejante invasión”. Stowens, Pediatric Pathology, 2da ed., 1966, pág. 538. Requiere un foco de infección y comunicación con la corriente sanguínea o con las glándulas linfáticas. Cantor, Traumatic Medicine and Surgery for the Attorney, 1963, Vol. 9, pág. 223. Su mortalidad es significativa, () particularmente entre los recién nacidos. Cantor, supra, pág. 221; Harrison, supra, pág. 739; Nelson, Textbook of Pediatrics, 10ma ed., 1975, pág. 398.

El recién nacido en el caso de autos había sido hospitalizado por gastroenteritis. No surge de la prueba que antes de serle administrado el suero por la enfermera Boothby el 15 de octubre tuviera otra enfermedad. Lo que se desarrolló luego de la administración de ese suero fue un cuadro clínico nuevo. ¿Era septicemia?

Para establecer que sí lo era los demandantes presentaron el testimonio de los cuatro doctores que intervinieron directa-mente con el bebé y su tratamiento: el Dr. Luis H. Rodríguez García; el Dr. Miguel López Rodríguez; el Dr. Francisco Torres Aybar; y el Dr. Winston R. Ortiz. El demandado presentó los testimonios del Dr. Jaime Rivera Dueño y de la enfermera Adelaida Boothby para establecer que el niño no llegó a curarse de la gastroenteritis, y que lo que sufrió el 15 de octubre fue una agravación de la misma.

Aunque la observación personal del paciente por el perito médico no es un factor decisivo en todos los casos para determinar su valor persuasivo, es significativo que en este caso cuatro facultativos que testificaron por los demandantes vieron y trataron al niñito durante la crisis, mientras que el Dr. Rivera Dueño jamás lo vio, ni vivo ni muerto. Los doctores Rodríguez García y López Rodríguez son ambos especialistas en pediatría. El primero era el médico a cargo precisamente de los casos de diarrea en la Sección de Pediatría del Hospital de Distrito de Ponce. Ambos trataban al bebé Zambrana Cruz y le visitaron y examinaron durante su enfermedad, antes y después de la crisis surgida luego de la administración del suero el 15 de octubre. El Dr. Ortiz, neurólogo, examinó al niño en consulta luego de surgir dicha crisis. Todos coincidieron en que se trataba de un caso de septicemia. En cuanto al testimonio de la enfermera Boothby, la propia juez de instancia señaló que no le mereció crédito.

Impresionó al tribunal a quo que el Dr. Rodríguez no ordenó cultivo de la excreta ni otra prueba de laboratorio para determinar que el niñito estaba curado. Notamos la errónea tendencia a exigir un grado de prueba que, si deseable, no puede ser exigido. No puede excluirse toda posibilidad de error. Prieto v. Maryland Casualty Co., supra, y Murcelo v. H. I. Hettinger & Co., supra.

La determinación del tribunal a quo sobre la condición del recién nacido antes de administrársele el suero el 15 de octubre no representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba. Sanabria v. Sucn. González, 82 D.P.R. 885, 997 (1961). La declaración de la enfermera Boothby contrasta con las observaciones de las otras enfermeras que atendieron al bebé con anterioridad. (Informe de Enfermeras, Exhibit 2 de los demandantes.) Surge del Informe de Enfermeras que antes del 15 de octubre por la mañana, y a medida que progresaba el tratamiento, las evacuaciones del bebé pasaron de diarréicas, blandas y verdosas a semiblandas, pastosas y de color marrón oscuro. Las evacuaciones fueron disminuyendo en frecuencia. El bebé recibía alimentación oral y la toleraba. Ninguna otra enfermera había anotado que la piel del bebé estuviera descolorada. Su última evacuación antes del turno de la Srta. Boothby no había sido diarréica. Además, la Srta. Boothby hizo su observación la primera vez que entró a cuidar al bebé. Sólo contaba con 45 días de graduada.

Estos factores nos convencen de que la apreciación más acertada de la condición del bebé fue hecha por el Dr. Rodríguez, pediatra que lo atendió desde su ingreso al Hospital. La mejoría observada por el Dr. Rodríguez halla apoyo en el testimonio del Dr. López, quien también atendió al bebé. Declaró que para el 13 de octubre su estado no revelaba deshidratación, su excreta estaba bien y no era diarréica. Las notas de las enfermeras también indican la mejoría del pacientito.

El hecho de que el Dr. Rodríguez hubiera decidido dejar al recién nacido en el hospital hasta la tarde no contradice su determinación de que estuviese curado. Explicó que la evacuación indicada por la mamá del bebé era normal; que ordenó el Donagel por contingencia, por si le daba diarrea, y que dejó al niño hasta la tarde para tranquilizar a su mamá.

Para resumir, concluimos a base de la prueba directa y pericial presentada por los demandantes, que el recién nacido estaba en las condiciones descritas por el Dr. Rodríguez el 15 de octubre por la mañana. Estaba bien antes de que la Srta. Boothby le administrara el suero contaminado. Al volverlo a ver a las 2:30 de la tarde, después del suero, el estado del niño era crítico. El Dr. Rodríguez diagnosticó sepsis. Consultó con el Dr. Winston Ortiz, neurólogo, quien sugirió rule out sepsis neonatorum como primera prioridad. Por rule out se entiende una indicación de que se explore una posibilidad para determinar si se descarta.

La existencia de septicemia en un recién nacido es indicada por cianosis, problemas respiratorios, letargía o hipoactividad, tachypnea,o respiración anormalmente rápi-da; () diarreas y vómitos; () hemorragia (bleeding); hepato-megalia (crecimiento anormal del hígado) () y esplenomegalia (crecimiento anormal del bazo). () Nelson, Textbook of Pediatrics, 10ma ed., 1975, tabla 7-26, pág. 398. Luego de serle administrado el suero contaminado, el recién nacido mostró todos esos síntomas. Como indicamos en páginas anteriores, la septicemia es una infección seria, y sigue un curso fulminante en los recién nacidos, con alta mortalidad. Nelson, supra, pág. 398. Se distingue por la ausencia de señales o síntomas específicos en sus primeras etapas. Nelson, supra, pág. 399. El hecho de que el recién nacido en el caso de autos haya tenido la temperatura normal no indica la ausencia de infección. A este efecto nos merece crédito la siguiente explicación dada por el Dr. Rodríguez (pág. 15 de la transcrip-ción de su testimonio):

“Estos casos de sepsis, estos niños o cualquier persona que tenga una condición tan grave como una septicemia, al decir septicemia yo quiero decir infección bacterial generalizada, es una infección que le coge a uno todos sus órganos no un lado nada más, y le afecta el cerebro. En el cerebro nosotros tenemos los centros de termoregu-lación y una persona puede tener una sepsis brutal y puede tener o la temperatura bien alta o puede tener la temperatura normal o puede tener la temperatura baja porque ese centro de termoregulación no está funcionando; está funcionando a lo loco, esto es, una máquina que está funcionando sin uno saber a qué lado va a tirar.”

Esta explicación del Dr. Rodríguez no fue contradicha. Por otro lado, halla apoyo en la citada obra de Nelson, págs. 351 y 399, en que se señala que frecuentemente la tempera-tura de un recién nacido no sube cuando hay infección.

En la diarrea, los vómitos no son un síntoma constante. Nelson, supra, pág. 403. El bebé en el caso de autos tuvo sus primeros vómitos luego de que se le pusiera el suero contami-nado. La sangre generalmente no es perceptible o conspicua macroscópicamente en la diarrea, Nelson, supra, pág. 402. El bebé en el caso de autos sufrió de diarreas con sangre, vomitó sangre y sufrió de hemorragia por la nariz, boca y recto luego de que se le administrara el mencionado suero. Véanse el testimonio del Dr. Rodríguez, pág. 12; y el Informe de las Enfermeras, Exhibit 2 de los demandantes. La diarrea no causa esplenomegalia, y en el caso de autos el Dr. Rodríguez halló el bazo palpable, por ende, recrecido. Nelson, supra, pág. 1161.

El testimonio del Dr. Rivera Dueño señaló que la diarrea puede provocar deshidratación y desbalance electrolítico. El recién nacido estaba deshidratado el 15 de octubre luego de administrarle el suero. El desbalance electrolítico señalado por el Dr. Rivera Dueño nunca se probó. No llegó a ser más que una posibilidad. De todo el récord médico, lo único que señala la posibilidad de problemas en los electrolitos es la interpretación del electrocardiograma. Lo aquí señalado no debilita la conclusión de que el recién nacido sufrió de septicemia. El electrocardiograma mostró “un posible cambio en la onda T”. Los electrocardiogramas de pacientes con septicemia generalmente muestran una inversión de las ondas T. Harrison, Principles of Internal Medicine, 7ma ed., 1974, pág. 736. La septicemia también provoca disturbios electrolíticos, y la consecuente deshidratación, pues puede causar acidosis, () hiponatremia ()ehipocloremia. () Nelson, supra, pág. 400;Harrison, supra, págs. 735, 736. La deshidratación frecuentemente acompaña la acidosis. () Asimismo, un fenómeno concomitante de la acidosis es la pérdida de potasio. () El cloro, el sodio y el potasio son electrolitos. Testimonio del Dr. Rivera Dueño, pág. 3. Por tanto, de ser aceptada la tesis del Dr. Rivera Dueño sobre la pérdida de potasio, el desbalance en los electrolitos, y la deshidratación, no se excluye la septicemia. A esto hay que añadir que al recién nacido se le suplió potasio por la vía oral, mediante la fórmula lactante Isomil. ()

Señala el tribunal a quo que el hematocrito del paciente indicaba una severa deshidratación, tanto cuando fue ingre-sado como el día 15 de octubre, pues en el primero fue de 53 y el segundo de 51. El hematocrito, explica el tribunal, determi-na la proporción de células rojas y plasma en la sangre. (Sentencia, pág. 18.) El hecho de que sea alto no excluye la presencia de septicemia, porque en ella es generalmente elevado el volumen de células rojas aglutinadas. Harrison, supra, pág. 736. Por otro lado, la conclusión del tribunal a los efectos de que el hematocrito era alto e indicativo de severa deshidratación es inusitada. El hematocrito en los infantes de dos semanas de nacidos fluctúa entre 42 y 66, y la media (mean) es 50. Nelson, supra, tabla 14-3, pág. 1110. De ser el hematocrito de 51 una condición anómala, no caería dentro del campo de valores hematológicos normales. ■

A base de la discusión precedente, procede concluir que el bebé se vió afectado por septicemia luego de que el Dr. Rodríguez lo dio de alta. Así lo indica la evidencia pericial presentada. La totalidad de la prueba, analizada tomando como base el criterio de las mayores probabilidades, establece cumplidamente la relación causal entre la administración del suero por la enfermera Boothby sin autorización alguna, y el desarrollo de la septicemia. A estos efectos, los testimonios de los peritos de los demandantes son más confiables y de mayor peso. Nos remitimos, además, a lo discutido en páginas anteriores en cuanto al nexo causal entre la administración de suero contaminado y la septicemia entre pacientes hospitalizados.

HH H-i HH

La causa de la muerte.

La parte demandante presentó prueba a los efectos de que el recién nacido murió a causa de la septicemia provocada por el suero contaminado. Ésta consistió en el testimonio del Dr. Rodríguez, unida a toda la cadena de evidencia presentada para probar la existencia de la septicemia.

El demandado presentó los testimonios de los doctores Rivera Dueño, Vallejo y Criado, para establecer que el niño murió a consecuencia de la gastroenteritis que le aquejaba, complicada con una deshidratación severa. Declaró el Dr. Rivera Dueño que se ignoraba cuál era la verdadera condición del bebé, debido a las deficiencias en el tratamiento que antes había señalado. Como consecuencia, concluyó que su diarrea nunca fue curada y que su condición culminó en un desbalance electrolítico y deshidratación, causándole la muerte. Acep-tando la teoría del Dr. Rivera Dueño, ¿qué fue lo que produjo tal gravedad súbita? Es un hecho innegable que se le inyectó un suero no prescrito y entonces se produjo el cuadro critico. Si el suero no estaba contaminado, y el niño se agravó y deshidrató de momento, el suero debió hacerle bien, y no mal. ¿Por qué entonces ese súbito cambio hacia lo peor una vez se le administró el suero el 15 de octubre? Como bien señaló el Dr. Rivera Dueño mientras era contrainterrogado, no se puede decir cómo estaban los electrolitos ni el estado de la sangre del recién nacido en lo que a bases y ácidos se refiere, porque estos factores nunca fueron examinados. Sus expresiones no se basan en la apreciación directa de la condición del paciente, porque nunca lo examinó ni vivo ni muerto. Ni tan siquiera se basa su conclusión sobre el desbalance electrolítico en los récords médicos, pues éstos carecen de información alguna al respecto.

El 17 de octubre de 1974, el Dr. José M. Vallejo, patólogo forense, practicó la autopsia del recién nacido. Observó que el cadáver presentaba un estado de deshidratación y que estaba desnutrido. En el estómago, intestino delgado e intestino grueso había una marcada congestión de su mucosa, recubier-ta en algunas áreas con material mucoide. El informe de la autopsia obra en autos como evidencia ofrecida y no admitida y surge de él que los pulmones estaban congestionados y con edema. El patólogo diagnosticó que el bebé murió a causa de una gastroenteritis aguda severa y deshidratación severa. ¿Es esto incompatible con la existencia de una infección generalizada en el organismo del bebé?

El Dr. Rafael Criado, patólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Puerto Rico, estudió el récord clínico del bebé e hizo un estudio y análisis de muestras de órganos del cadáver tomadas durante la autopsia.

Halló que los tejidos de los riñones eran normales, al igual que los del bazo. No mostraban señales de sepsis. Los tejidos de los intestinos estaban muy inflamados, pero no tenían petequias. Un examen microscópico revelaba numerosos moldes de glóbulos rojos. Explicó que todos estos exámenes microscópicos demostraban que al morir el bebé padecía de gastroenteritis severa y de deshidratación severa. Repetimos ahora, ¿es esto incompatible con la existencia de una infección generalizada?

El tribunal sentenciador determinó que:

“En relación a la autopsia practicada al infante en este caso, la causa de la muerte no quedó diáfanamente establecida como frecuentemente ocurre en autopsias hechas a bebés en su primer mes o período neo-natal.
El bien logrado e inteligente contrainterrogatorio' hecho al patólogo doctor Criado por el abogado de los demandantes estableció el que prácticamente casi todos los hallazgos en la autopsia, tanto microscópicos como macroscópicos, eran compatibles con Sepsis_” (Sentencia, pág. 28.)

La autopsia no es más que un diagnóstico final basado en los cambios patológicos' observados durante aquélla y los resultados de los estudios subsiguientes de laboratorio. () La determinación de la causa de la muerte es subjetiva, y no es un juicio absoluto e inatacable. () Los hallazgos de autopsias en casos de sepsis son escasos y poco específicos, y tienden a reflejar la infección primaria. Harrison, swpra, pág. 735. La autopsia en el caso de autos reveló inflamación de los tejidos de los intestinos, y la presencia de una marcada congestión de la mucosa de estos órganos. A base de esto no podía concluirse que padecía de diarrea y que por ello murió, ignorando la existencia de septicemia. Se dice en la obra del Dr. Stowens, Pediatric Pathology, 2da ed., 1966, pág. 318:

“The pathology of epidemic diarrhea of the newborn is peculiar in that its morphologic expression is exactly the opposite to what one would expect, for not only is there complete absence of signs of inflammation either in the bowel or elsewhere, but there appears to be a depression of the lymph nodes.”

En la diarrea causada por la Escherichia coli, es notable la ausencia de inflamación o ulceración abundante en la mucosa intestinal. Silverman, Roy y Cozzetto, Pediatric Clinical Gastroenterology, 1971, pág. 135.

En casos de septicemia, los pulmones están entre los órganos más susceptibles a las endotoxinas, y generalmente desarrollan congestión y edema. Harrison, supra, pág. 736. Los pulmones del recién nacido en el caso de autos estaban en iguales condiciones, según surge de la autopsia. Ello apoya la conclusión de que sufrió la septicemia, no la contraría a los efectos de que sufrió diarrea que le causó la muerte.

También resulta incorrecto descartar la septicemia por la deshidratación observada, y por el nivel de los hematocritos y de moldes de glóbulos rojos. Como señalamos en páginas anteriores, la septicemia provoca desbalance en los electroli-tos, acidosis, y como consecuencia, deshidratación. También hemos señalado que en la septicemia, el volumen de células rojas aglutinadas es alto.

Como hemos señalado, el tribunal recurrido concluyó que “la causa de la muerte no quedó diáfanamente establecida” por la autopsia, y que “prácticamente casi todos los hallazgos en la autopsia, tanto microscópicos como macroscópicos, eran compatibles con sepsis”. Señalan los recurrentes, sin que hayan sido contradichos, que el médico que practicó la autopsia declaró que al hacerla “no tenía la totalidad del récord médico del bebé”; que admitió que entendía errónea-mente que el desarrollo del bebé había sido de continuo deterioro desde su admisión al hospital; que no ordenó realizar cultivos de líquidos del cuerpo a pesar de que éstos hubiesen reflejado la existencia de una sepsis y a pesar de que los hallazgos macroscópicos eran compatibles con sepsis; y, finalmente que dicho médico admitió que no hizo los cultivos que hubieran revelado la presencia de septicemia, según sus palabras, “porque yo no estaba buscando sepsis”.

Ante este cuadro, no puede concluirse que no hubiera sepsis y que ésta fuera la causa de la muerte. El organismo del bebé, aunque mejorado de la condición que lo llevó al hospital, tuvo que debilitarse debido a su enfermedad y debía estar debilitado cuando se le inyectó el suero. Aun si para el 15 de octubre el bebé no hubiese estado totalmente curado, es obvio que su mejoría era notable. Negar este hecho sería contrario a los testimonios de los pediatras que atendían al bebé y a las anotaciones hechas por las enfermeras del hospital. La explica-ción más razonable y la más convincente es que el suero le provocó el súbito deterioro que sufrió su condición y que le produjo la muerte en pocas horas, no obstante los esfuerzos de cuatro facultativos, cada uno especialista en su ramo, por salvarle la vida.

La prueba reseñada y en análisis que de ella hemos hecho a la luz de los criterios valorativos ya expresados nos mueven a concluir que erró el tribunal de instancia al declarar sin lugar la demanda, se revocará la sentencia recurrida, se declarará con lugar la\demanda, y se devolverán: los autos a la sala de instancia para que se determine, previos los trámites pertinentes, el monto de los daños que haya derecho a recobrar.

      (1) La aguja se conoce como piercing pin. Exhibit VII del demandado.

      (2) Ambos artículos aparecen sometidos al tribunal a quo en fotocopia.

      (3) En la vista oral celebrada ante este Tribunal se planteó, por primera vez, el hecho de que el padre del recién nacido, al saber la suerte de su hijo, se llevó la botella de suero del hospital. La misma fue presentada en evidencia y admitida ain objeción como Exhibit 5 de la parte demandante. (Minuta de 5 de noviembre de 1976.) No vemos qué repercusión pueda tener la actuación del padre a la luz de que la botella fue presentada y admitida en evidencia. Obviamente no fue un caso de ocultación de evidencia. No hubo controversia alguna en cuanto a la botella usada, según surge de una lectura de la sentencia recurrida. Tampoco sufrió perjuicio la demandada, evidenciado por su falta de objeción a la admisión de la botella y por la total ausencia de señalamiento al respecto, tanto en el tribunal a quo como en sus alegatos ante este Tribunal.

      (4) La mortalidad del shock séptico es de 50%, Harrison, supra, pág. 739.

      (5) Schmidt, Attorney’s Dictionary of Medicine, 1962, Vol. 3.

      (6) Surge del Informe de Enfermeras que al entrar el bebé en crisis, sufrió de vómitos de sangre.

      (7) Schmidt, supra, Vol. 2.

      (8) Schmidt, supra, Vol. 3.

      (9) La acidosis es un desarreglo de la química del cuerpo humano, en el que el contenido del ácido en la sangre es muy alto, o el contenido de bicarbonato es muy bajo. Schmidt, Attorney’s Dictionary of Medicine, 1962, Vol. 1.

      (10) La hiponatremia es una deficiencia de sodio en la sangre. Maly, Medicals Dictionary of Lawyers, 3ra ed., 1960.

      (11) La hipocloremia es una condición en la que la sangre contiene una cantidad de cloruro menor que la normal. Schmidt, supra, Vol. 2 (1962).

      (12) El Manual de Merck de Diagnóstico y Terapéutica, Merck & Co., 8va ed., pág. 270.

      (13) Id., a la pág. 272.

      (14) Nelson, supra, tabla 3-12, pág. 174.

      (15) Proede, The Medicolegal Investigation: Evolution of Cases with Potential Medical Litigation, Legal Medicine Annual, 1977, pág. 3.

      (16) Id., pág. 13.