author: Juez Asociado Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. Juez Presidente Señor Pons Núñez.

text:
    His Excellency Vicente Cuesnongle, O.P., et al., demandante, v. Héctor R. Ramos, Secretary of the Department of Consumer Affairs of the Commonwealth of Puerto Rico, demandado.

      Número.: CE-85-468

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Luis R. Dávila Colón, abogado del apelante.
   SENTENCIA

Evaluada la solicitud de certificación de la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito y los alegatos de las partes, el Tribunal declina contestar las preguntas certificadas. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780 (1982).

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión concurrente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Ortiz y Alonso Alonso. El Juez Presidente Señor Pons Núñez emitió voto concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, quien además emitió opinión particular. Todos los Jueces intervienen por regla de necesidad.

Se ordena a la División de Traducciones de este Tribunal que proceda preferentemente a traducir la presente Sentencia y las opiniones emitidas para oportunamente ser certificadas al referido foro federal.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General

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Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1987.

De acuerdo con el procedimiento de certificación interjurisdiccional, el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito nos ha sometido dos preguntas sobre interpretación de legislación local aplicable al litigio entre el Departamento .de Asuntos del Consumidor y la Universidad Central de Bayamón. Por los fundamentos que expresamos a continuación, entendemos que este Tribunal está impedido de contestar las preguntas certificadas.

W

Durante el inicio del primer semestre del año académico de 1980-81, la Universidad Central de Bayamón (Univer-sidad)() fue escenario de una disputa laboral entre los empleados no docentes y los administradores. En solidari-dad y apoyo a la posición de los trabajadores, algunos estudiantes se unieron a la huelga. Esta situación afectó el orden institucional y ocasionó que el comienzo de clases en la Universidad fuera pospuesto en dos ocasiones. Final-mente, el 25 de agosto comenzaron las clases, aunque el programa de estudios tuvo que ser modificado, y algunos cursos fueron suspendidos. Cuatro estudiantes objetaron la decisión de la Universidad que cancelaba los cursos en los cuales se habían matriculado y presentaron querellas ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) por alegada violación de contrato, y solicitaron la devolución del dinero pagado por concepto de matrícula para el referido semestre académico.

D.A.C.O. declaró sin lugar las querellas de tres de los estudiantes por concluir que no existía una causa de acción que justificara la concesión de un remedio. No obstante, la reclamación del estudiante Monfant Seijó fue declarada con lugar() por lo que se le ordenó a la Universidad devolverle lo pagado en concepto de matrícula, y se le advirtió que de incumplir la orden se le impondría una multa adminis-trativa.()

El 9 de diciembre de 1981, la Universidad presentó ante el Tribunal de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico una acción de sentencia declaratoria e injunction contra el Ledo. Héctor Ramos, Secretario de D.A.C.O. En la misma se alegaba que la actuación de la agencia constituía una intervención indebida con una universidad religiosa en violación de la Constitución de Estados Unidos y del Estado Libre Asociado.

Dicho Tribunal de Distrito declaró con lugar una moción de sentencia sumaria de la Universidad demandante y determinó que la orden de D.A.C.O. era contraria a la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y prohibió permanentemente que la misma fuera puesta en vigor.

Contra dicha determinación, la parte demandada presentó apelación ante el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito. Éste, mediante opinión de 10 de agosto de 1983,() revocó al Tribunal de Distrito por entender que el reclamo de violación a la libertad de culto era inmeritorio. Advirtió, sin embargo, sobre la posibilidad de que pudiera existir una violación de su derecho a la libertad de expresión, por lo que devolvió el caso al Tribunal de Distrito para que los demandantes tuvieran la oportunidad de enmendar sus alegaciones e incluir esa nueva causa de acción.

El 27 de septiembre de 1983, la Universidad enmendó su demanda y alegó que la actuación de D.A.C.O. constituía una intervención inconstitucional con la autonomía universitaria. El Tribunal de Distrito determinó que D.A.C.O. tenía jurisdicción para la atención de dicho asunto() por lo que denegó la solicitud de sentencia declaratoria e injunction y concluyó que:

Bajo las circunstancias de este caso, la resolución adminis-trativa objetada se queda corta de invadir el área de libertad académica. No se ha demostrado que haya ocurrido una intromisión con su autonomía o una intrusión con las prerrogativas y derechos de la UCB de determinar sus normas internas. (Traducción nuestra.) Exhibit 49, págs. 422, 445.

Expresó, además, que aunque la determinación de D.A.C.O. fuera equivocada en términos de derecho contractual, eso no la convertía en una actuación inconsti-tucional. Sobre la alegación de los demandantes de que el Consejo de Educación Superior tenía la jurisdicción exclusiva sobre dicho asunto, el tribunal concluyó que la jurisdicción de dicho organismo es a los efectos de acreditar a las universidades y expedirles o cancelarles licencias; la ley no le concede autoridad para entender en reclamaciones de estudiantes por incumplimiento de contrato.

La Universidad apeló la referida sentencia. Conforme a la Regla 27 del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A y la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito nos somete el presente recurso de certificación. Las preguntas cuya contestación se solicita son las siguientes:

a. ¿Aplica la Ley Orgánica de ... D.A.C.O.,... sin condiciones o restricciones, a los colegios y universidades privadas fundamentalmente no sectarios, que operan sin fines de lucro?
b. En caso de que la ley no aplicara de forma general a esos colegios y universidades, ¿tiene D.A.C.O. jurisdicción para ordenar, bajo penalidades de multa por su incumpli-miento, el reembolso... de la matrícula de un estudiante porque la Universidad le canceló dos de sus cursos por motivo de una huelga en el recinto? (Traducción nuestra.) Petición de certificación de 3 de julio de 1985, pág. 2.

I — < I — I

Cuando las partes sometidas a la jurisdicción de un tribunal federal le plantean controversias que versan prin-cipalmente sobre interpretación de derecho estatal, la corte tiene a su disposición, como alternativa a la abstención judicial, el procedimiento de certificación. A instancias del tribunal federal, las partes comparecen al foro estatal de mayor jerarquía a dilucidar cuestiones de derecho local y así obtener su interpretación. Las contestaciones les obligan en cualquier procedimiento judicial ulterior entre ellos, bajo la doctrina de cosa juzgada:

La certificación es el medio más directo, rápido y económico para que la Corte federal obtenga una interpretación autorizada sobre el derecho estatal. En virtud de este procedimiento las cuestiones dudosas o no resueltas en el derecho estatal son transferidas directamente al foro de mayor jerarquía del estado mediante la certificación por la Corte federal de preguntas específicas para una cuestión definitiva que obligue a las partes. De otra manera, al abstenerse la Corte federal los litigantes tendrían que iniciar un nuevo pleito en los tribunales estatales siguiendo todo el trámite judicial, usualmente lento y costoso, hasta obtener una interpretación final y firme sobre el derecho estatal. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 785 (1982). Nota, Inter-Jurisdictional Certification: Beyond Abstention and Toward Cooperative Judicial Federalism, 111 U. Pa. L. Rev. 344 (1963).

En Puerto Rico la certificación interjurisdiccional se reconoce expresamente en la Regla 53.1 de Procedimiento Civil, supra, y la Regla 27 del Reglamento de este Tribunal, supra. Al amparo de estas reglas, hemos establecido que la facultad de este Tribunal para conocer los asuntos que le son certificados por una corte federal es de carácter discrecional y no mandatorio. Regla 27 del Reglamento del Tribunal Supremo, supra; Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra; Dapena Thompson v. Colberg Ramírez, 115 D.P.R. 650 (1984); In re Elliot, 446 P.2d 347 (Wash. 1968).

Ambas reglas exigen que para que proceda una certificación (1) la controversia tiene que involucrar cuestiones de derecho puertorriqueño; (2) dichas cuestiones pueden determinar o definir el resultado del caso; (3) no existen precedentes claros en la jurisprudencia de este Tribunal, y (4) que se haga una relación de todos los hechos relevantes a dichas interrogantes que demuestre clara-mente la naturaleza de la controversia de la cual surgen las preguntas. Las partes, además, pueden someter alegatos y solicitar vista oral. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, pág. 788.

Las preguntas certificadas tienen que ser enmarcadas en un contexto de hechos detallados y específicos y la contestación del Tribunal debe ser obligatoria para las partes. La controversia jurídica que suscita la certificación tiene que originarse en un caso o controversia real entre las partes. E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552 (1958); AETNA Life Ins. Co. v. Haworth, 300 U.S. 227, 240 (1937). De lo contrario, podría inducirse a una opinión consultiva que afecta la legitimidad y efectividad del dictamen adjudicativo. Véanse: McHenry v. Alford, 168 U.S. 651, 659 (1898); United States v. Union Pacific Railway, 168 U.S. 505, 513 (1897); Labor Board v. White Swan Co., 313 U.S. 23, 27 (1941); Atlas Ins. Co. v. Southern, Inc., 306 U.S. 563, 573 (1939). Además, se reconoce que el tribunal federal ha de impartir entera fe y crédito a la determinación del foro estatal conforme lo dispuesto en el Art. IV, Sec. 1 de la Constitución de Estados Unidos, 28 U.S.C. sec. 1738; Hopkins v. Lockheed Aircraft Corp., 394 F.2d 656 (5to Cir. 1968); J. L. De Weerdt, Inter-Jurisdictional Certification and Full Faith and Credit in Federal Courts, 45 Wash. L. Rev. 167 (1970); R. Lillich y R. Mundy, Federal Court Certification of Doubtful State Law Questions, 18 UCLA L. Rev. 888 (1971).

Finalmente, la certificación provee ventajas tanto a los litigantes como al sistema judicial, economiza tiempo y recursos, trae uniformidad en la interpretación estatutaria, protege los derechos federales de las partes, delimita adecuadamente las controversias y armoniza las relaciones entre el foro federal y el estatal. J. Scanelli, The Case for Certification, 12 Wm. y Mary L. Rev. 627 (1971).

Contrario a la mayor parte de los casos certificados ante este Tribunal, no nos encontramos frente a un pleito donde el foro judicial federal asume jurisdicción por diversidad de ciudadanía. La controversia se origina en una petición de injunction y solicitud de sentencia declaratoria al amparo de la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. sec. 1983, presentada contra un miembro del Gobierno de Puerto Rico —el Secretario del Departamento de Asuntos del Consumi-dor.

Para poder contestar las preguntas certificadas tendríamos que necesariamente analizar si este tipo de intervención estatal viola las cláusulas constitucionales de Puerto Rico que protegen la libertad de expresión y establecen la separación de Iglesia y Estado, Art. II, Secs. 1, 3, 4 y 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 257, 262, 265 y 275. No podemos resolver el alcance de la jurisdicción de D.A.C.O. en este caso relacionado con una universidad afiliada a una iglesia, sin necesariamente examinar si el ejercicio del poder delegado a la agencia de adjudicar querellas, violó las disposiciones constitucionales sobre libertad de expresión y libertad de culto. Estas garantías de nuestra Constitución son análogas a las consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Estamos pues ante una situación similar a la de Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra. Nos confrontamos con una controversia sobre la validez constitucional de una ley estatal bajo una disposición de la Constitución de Puerto Rico que es similar a una disposición de la Constitución federal. “[L]a cuestión es una cuestión mixta de Derecho federal y estatal que debe ser resuelta por la Corte federal, puesto que la validez del estatuto bajo la Constitución federal necesariamente dispone de la cuestión bajo la ley estatal”. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, pág. 794. Nuestra decisión sería pura-mente consultiva. Aunque reconocemos que en el pasado la Corte de Apelaciones del Primer Circuito ha tenido mucha deferencia a nuestros dictámenes, en el contexto de este caso podría resolverse la misma cuestión según criterios federales distintos a los nuestros.

Desde Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., supra, establecimos que la certificación procede sólo cuando la validez de un estatuto se impugna bajo una disposición constitucional estatal que no tiene equivalencia en la Constitución federal. Ibid.; Reetz v. Bozanich, 397 U.S. 82 (1970); White v. Edgar, 320 A.2d 668, 677 (Me. 1974); Abrams v. West Va. Racing Commission, 263 S.E.2d 103 (W. Va. 1980).

Por las razones explicadas anteriormente, nos encontra-mos con una solicitud de certificación que nos vemos impedidos de contestar.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Como consecuencia del procedimiento de certificación interjurisdiccional sometido ante nuestra consideración por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito debemos contestar:

¿Le concede la ley orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) facultad o poder (jurisdicción) a dicho organismo administrativo para entender y resolver una querella —fundada en alegada violación de contrato— presentada por un estudiante en solicitud de devolución de dinero pagado por él en concepto de matrícula contra la institución universitaria en que éste estudia, institución que es una privada, coeducacional y organizada sin fines de lucro?( )

Somos del criterio que este Tribunal, sin realizar mucho esfuerzo, debe poder contestar la referida interrogante. Una mayoría de los señores jueces que componen el Tribunal, amparándose en tecnicismos y en unos fundamentos de derecho erróneos, se niega a hacerlo. Es por ello que disentimos.

Como es sabido, el procedimiento de certificación interjurisdiccional se ha desarrollado en Estados Unidos como complemento o mecanismo alterno a la doctrina de abstención en el ámbito federal, la cual contempla la decisión de un tribunal de dicho sistema de no intervenir en un caso en particular, a pesar de tener jurisdicción, cuando el hacerlo conlleva resolver cuestiones de derecho estatal que no son claras o no han sido resueltas anteriormente por el foro judicial estatal. Railroad Commission of Texas v. Pullman Co., 312 U.S. 496 (1941). Estudiosos de la materia han expresado que la certificación interjurisdiccional no sólo cumple con los objetivos de la doctrina de abstención federal sino que representa “a more perfect attempt at cooperative judicial federalism, since concern for state sovereignty is implemented through a more efficient and simpler proceeding”. (Énfasis suplido.) Nota, Interjurisdictional Certification: Beyond Abstention toward Cooperative Judicial Federalism, 111 U. Pa. L. Rev. 344, 350 (1963).

En Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., 112 D.P.R. 780, 788 (1982) señalamos que si bien es cierto que la “facultad de este Tribunal para conocer de asuntos que le son certificados por la Corte federal es de carácter discrecional”, expresamente reconocimos que dicho meca-nismo procesal —al proveer un medio “directo, rápido y económico para que la Corte federal obtenga una inter-pretación autorizada sobre el derecho estatal”— tiene la ventaja fundamental de evitar que los litigantes incurran en gastos innecesarios y la de aliviar “las tensiones in-herentes al sistema federalista”. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, en la más reciente oportunidad que ha tenido de expresarse sobre la materia, ha dicho que:

The certification procedure is useful in reducing the substantial burdens of cost and delay that abstention places on litigants. Where there is an uncertain question of state law that would affect the resolution of the federal claim, and where delay and expense are the chief drawbacks to abstention, the availability of certification becomes an important factor in deciding whether to abstain. Houston v. Hill, 55 L.W. 4829 (1987).

Dicha materia está regulada expresamente en nuestra jurisdicción por la Regla 53.1(c) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) y por la Regla 27 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A. En el citado caso de Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., ante, pág. 788, señalamos que dichas disposiciones requieren para la procedencia de la certificación que: “(1) estén envueltas cuestiones de Derecho puertorriqueño; (2) dichas cuestiones puedan determinar o determinen el resultado del caso; (3) no existan precedentes claros en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico; (4) se haga una relación de todos los hechos relevantes a dichas interrogantes que demuestre claramente la naturaleza de la controversia de la cual surgen las preguntas”. (Énfasis suplido.) Resulta necesario enfatizar que, en relación con el segundo de los requisitos antes enumerados, en el referido caso de Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., ante, pág. 789, hicimos la observación de que si la “cuestión es determinante o no habrá de depender de la interpretación que finalmente le imparta” el foro federal; por lo que “[bjasta, entonces, para el cumplimiento de este requisito, que una de las posibles contestaciones de este Tribunal a la pregunta certificada pueda determinar el resultado del caso”. (Énfasis suplido.)

HH H — I

En el presente caso, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito nos certificó las siguientes dos preguntas:

a. Does the Department of Consumer Affairs (DACO) Organic Act, Apr. 23, 1973, No. 5, 3 L.P.R.A. Secs. 341a-341v, apply without qualification or restriction to private, primarily non-sectarian, non-profit colleges and universities in Puerto Rico?
b. If said Act does not so apply generally to such college[s] and universities, does it nevertheless apply to the DACO ruling in this case that a student, who because of a campus strike suffered the cancellation of two of his classes, was entitled to a refund of his registration fees of $217, under penalty of fine for non-compliance? (Énfasis suplido.) Petición de certificación de 3 de julio de 1985, pág. 2.

Dicho foro judicial cumplió totalmente con lo exigido en el inciso (c) de la citada Regla 27 del Reglamento de este Tribunal, supra; esto es, incluyó —en adición a las preguntas de derecho cuya contestación se solicita— “(2) una relación de todos los hechos relevantes a las preguntas, que demuestre claramente la naturaleza de la controversia de la cual surgen las preguntas, y (3) un apéndice en que se incluirán los originales o copias certificadas de aquella parte del expediente que, en la opinión del tribunal solicitante, sea necesario o conveniente remitir a este Tribunal para contestar las preguntas”.

Resulta importante señalar, en adición, que en la solicitud de certificación que nos hiciera, expresó el mencionado tribunal:

We are conscious of the already lengthy history of this litigation and reluctant to prolong it further, but at the same time we are even more reluctant to subject this statute to constitutional scrutiny without a definitive interpretation from the Supreme Court of Puerto Rico. The teaching of the Supreme Court of the United States in Fornaris v. Ridge Tool Co., 400 U.S. 41 (1970), would seem to be pertinent here. If we may paraphrase,
“Whether the Supreme Court of Puerto Rico would give the same broad sweep to [‘consumers’ and ‘services’] as did the [district court] is something we do not know. It is conceivable that [DACO\ might be judicially confined to a more narrow ambit which would avoid all constitutional questions.” Id. at 44.
See also Ashwander v. Tennessee Valley Authority, 297 U.S. at 288, 347 (1936) (Brandeis, J., concurring: “[I]f a case can be decided on either of two grounds, one involving a constitutional question, the other a question of statutory construction or general law, the Court will decide only the latter.”) (Énfasis suplido.) Petición de certificación, supra, págs. 4-5.

Realmente no se necesita ser muy perspicaz para poder colegir, de lo antes transcrito, que el Tribunal de Apela-ciones de Estados Unidos para el Primer Circuito, en cumplimiento de la norma jurisprudencial por todos conocida, tiene la intención de evitar resolver la controversia constitucional que tiene ante su consideración, de ello ser posible. En otras palabras, dicho tribunal entiende que una de las contestaciones que este Tribunal podría emitir en el presente caso —esto es, la de que la ley que creó a D.A.C.O. no faculta a dicha agencia a entender en la controversia que resolvió— puede disponer definitivamente del caso sin necesidad de ellos tener que entrar a resolver si dicha ley orgánica, en ese aspecto, viola la Constitución federal.

De manera, pues, que la certificación interjurisdiccional que nos somete el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito cumple con todos y cada uno de los cuatro requisitos que señaláramos en el caso de Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., ante. Ciertamente están envueltas cuestiones de Derecho puertorriqueño, en relación con las cuales no existen decisiones de este Tribunal; contamos con una relación de todos los hechos relevantes a la interrogante sometida que demuestra claramente la naturaleza de la controversia de la cual surge la interrogante, y, definitivamente, una de las posibles contestaciones de este Tribunal a dicha interro-gante puede determinar el resultado del caso.

HH 1 — I H — I

Ante esta situación, la opinión concurrente que sirve de base a la sentencia que emite el Tribunal expresa que:

Para poder contestar las preguntas certificadas tendríamos que necesariamente analizar si este tipo de intervención estatal viola las cláusulas constitucionales de Puerto Rico que protegen la libertad de expresión y establecen la separación de Iglesia y Estado, Art. II, Secs. 1, 3, 4 y 7, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, págs. 257, 262, 265 y 275. No podemos resolver el alcance de la jurisdicción de D.A.C.O. en este caso relacionado con una universidad afiliada a una iglesia, sin necesariamente examinar si el ejercicio del poder de adjudicar querellas delegado a la agencia violó las disposiciones constitucionales sobre libertad de expresión y libertad de culto. Estas garantías de nuestra Constitución son análogas a las consagradas en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. (Énfasis suplido.) Opinión del Tribunal, pág. 465.

Ello no es enteramente correcto. La interrogante que se nos plantea tiene dos posibles soluciones o contestaciones. Bajo una de ellas, no hay que necesariamente entrar en un análisis constitucional sobre las cláusulas de libertad de expresión y la de separación de Iglesia y Estado. No hay nada que nos impida decidir, a base de una interpretación estrictamente estatutaria, si la ley orgánica de D.A.C.O. le concede a dicha agencia administrativa facultad (jurisdic-ción) para resolver una controversia surgida entre un estudiante y una universidad privada, independientemente de que se trate de una institución docente que no sólo es privada sino que es “controlada” por una organización religiosa. Ello lo logramos decidiendo, en primer término, si un estudiante de una universidad privada cualifica como un “consumidor” en virtud de la ley orgánica de D.A.C.O., y en segundo término, si los servicios docentes que presta una universidad son los “servicios” a que se refiere el Art. 6 de la referida ley, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 341e.()

Si la contestación es en la negativa, ello tendría el efecto de ponerle fin al pleito ante el foro federal. Sólo en la alternativa de que contestáramos en la afirmativa, esto es, que la ley orgánica del D.A.C.O. le concede esa facultad, es que, entonces, el tribunal federal entraría a examinar la constitucionalidad de ello a la luz de las disposiciones pertinentes de la Constitución de Estados Unidos en vista de que se trata de una institución docente universitaria que no sólo es privada, sino que es controlada por una organización religiosa. Cualquiera de las dos posibles contestaciones a la interrogante ante nuestra consideración cumple cabalmente con lo requerido en esta clase de situaciones a los efectos de que lo que finalmente adjudique el Tribunal —esto es, si la ley orgánica de D.A.C.O. le concede o no a esta agencia jurisdicción sobre esta clase de controversia— será mandatorio para las partes, obligán-doles en cualquier procedimiento judicial entre ellas bajo la doctrina de cosa juzgada. Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., ante.

En síntesis, podemos disponer del asunto planteado, vía la certificación, meramente a base de una interpretación estrictamente estatutaria sobre una ley estatal. Realmente no existe planteamiento constitucional alguno ante este Tribunal. El tribunal federal no nos ha solicitado opinión alguna sobre —en la alternativa de que nuestra posición fuera que D.A.C.O. tiene jurisdicción— si ello viola la Constitución local o federal. Dicho planteamiento lo trae por su cuenta la opinión concurrente que da base a la sentencia que se emite. Es norma trillada que este Tribunal no entrará a considerar la constitucionalidad de una ley a menos que dicha cuestión le sea traída a su atención por alguna de las partes. Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179 (1979). Conforme a dicha norma, en innumerables ocasiones en el pasado, hemos resuelto diferentes situaciones surgidas a la luz de distintos estatutos sin pasar juicio sobre la constitucionalidad de los mismos, cuestión que poste-riormente resolvimos al ser ésta planteada. A manera de ejemplo, recordamos la ley que establece el límite sobre la suma de dinero a recobrarse en casos de reclamaciones contra el Estado, 32 L.P.R.A. sec. 3077, y la ley que establecía el límite de dos (2) años para instar demandas por impericia médica. 26 L.P.R.A. sec. 4109(1).

I — ( <1

En conclusión, la decisión que hoy emite este Tribunal no sólo resulta ser errónea en derecho sino que, desafortuna-damente, equivale a señalarle injustificadamente al Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Primer Circuito que ha abusado de su discreción por cuanto, en lugar de asumir jurisdicción sobre el caso, ha debido de abstenerse. Ello, lamentablemente, se aparta de la actitud de deferencia y cortesía hacia otros tribunales que tradicionalmente ha caracterizado y distinguido a este Tribunal, situación que ciertamente no ayuda a aliviar “las tensiones inherentes al sistema federalista”, Pan Ame. Comp. Corp. v. Data Gen. Corp., ante, pág. 785, sistema dentro del cual nuestro Puerto Rico se desenvuelve.

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Opinión particular de la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Desde que la mayoría de los señores jueces que componen este Tribunal decidieron que no podemos contestar las preguntas certificadas, estimo que cualquier pronuncia-miento sobre la jurisdicción del Departamento de Asuntos del Consumidor en relación con este asunto sería a lo sumo una opinión consultiva. Entiendo que el Tribunal debió contestarle al Tribunal federal de Apelaciones para el Primer Circuito la pregunta de si el Departamento de Asuntos del Consumidor tiene o no jurisdicción sobre controversias que involucren las relaciones contractuales entre estudiantes y colegios y universidades privadas en Puerto Rico. Por ello, me uno y estoy conforme con la opinión disidente del Juez Asociado Señor Rebollo López, en tanto y en cuanto resuelve que esta pregunta debió contestarse.

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Voto concurrente y disidente del

Juez Presidente Señor Pons Núñez.

Concurro en cuanto la sentencia dispone que no puede contestarse la primera pregunta certificada. Disiento en cuanto no contesta la segunda pregunta por opinar que el estatuto constitutivo le confiere jurisdicción al Departa-mento de Asuntos del Consumidor para entender en el asunto objeto de la controversia planteada y que bajo los hechos particulares y específicos de este caso, el ejercicio de esa jurisdicción no infringe las disposiciones constitucio-nales sobre libertad de expresión y separación de Iglesia y Estado. La acción del Departamento de Asuntos del Consumidor ha sido una puramente adjudicativa de derechos contractuales y no participa de la naturaleza de acción cuasi legislativa o reglamentaria. No se encuentra planteada la corrección de dicha adjudicación bajo el derecho que rige los contratos. No creo que la libertad de expresión o la separación de Iglesia y Estado exigen o justifican en este caso la confiscación de los dineros de la educación del estudiante, inocente espectador y víctima de los problemas institucionales.

      (1) Esta es una universidad católica de artes liberales, privada, coeducacional, organizada como corporación sin fines de lucro y administrada por la orden de los Padres Dominicos.

      (2) A pesar de que en la querella se hicieron varias alegaciones por incumplimiento de contrato, D.A.C.O. sólo adjudicó la de cancelación de cursos.

      (3) Debemos señalar que la jurisdicción de este caso fue asumida por D.A.C.O. como parte de su función adjudicativa y no en su función reguladora de un sector particular. Sobre la función de D.A.C.O. como foro adjudicativo, véanse: Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980); P.R. Amer. Ins. Co. v. P.R. Park. System, 108 D.P.R. 106 (1978); Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834 (1978); Hernández Denton v. Quiñones Disdier, 102 D.P.R. 218 (1974). En este caso, al amparo del poder de adjudicar querellas de consumidores, según expresamente delegado por la Asamblea Legislativa, 3 L.P.R.A. secs. 341e(c), 341h y 341m, D.A.C.O. resolvió una controversia estrictamente contractual en el caso particular ante su consideración. No se trata de un reglamento de la agencia de aplicación general a todas las universidades no sectarias. Tampoco estamos ante una investigación general de los colegios y universidades privadas no sectarias que operan sin fines de lucro.

        (4) Cuesnongle v. Ramos, 713 F.2d 881 (1er Cir. 1983).

      (5) Entendió el tribunal que con relación a la posible jurisdicción de D.A.C.O. en otros asuntos que involucren la relación estudiante-universidad la misma habría que determinarla caso a caso.

      (1) los términos específicos utilizados por la Corte federal para la formulación de las preguntas no limitan en forma alguna nuestra facultad para exponer la controversia conforme nuestro mejor entendimiento del récord ni restringe el ámbito de nuestra función interpretativa”. Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797, 799 (1982).

      (2) A esos efectos, conviene “repasar” la exposición de motivos de la Ley Núm. 5 de 23 de abril de 1973, ley orgánica de D.A.C.O. Expone la misma:
      “El creciente desarrollo comercial, industrial y tecnológico en el cual se ha visto envuelto Puerto Rico estos últimos años, así como la impersonalización que traen consigo los estilos altamente sofisticados de la producción, propaganda, mercadeo y venta de la diversidad de artículos y servicios en el mercado, unido a la falta de organización efectiva por parte de los consumidores, han creado un marcado desequilibrio de recursos entre los productores y los consumidores.

        “Puerto Rico ha entrado de lleno en ‘la sociedad del consumo’; a donde el interés del consumidor se identifica con el interés público. Sin embargo, a pesar de la posición de importancia que ocupa el consumidor, frecuentemente se ignoran sus problemas o pasan inadvertidos o las soluciones y remedios son tardíos.
      “El continuo aumento en el costo de vida y el ritmo acelerado de dicho aumento requiere la implementación de una política de precios a través de mecanismos efectivos de control a todos los niveles, y no meramente al nivel del consumidor. La política de precios hasta ahora implementada no ha conseguido los resultados de estabilización deseados. Los precios, sin embargo, son solo una parte del cuadro.

      “La complejidad del mercado de bienes y servicios, unido al sinnúmero de prácticas indeseables que algunos comerciantes y manufactureros llevan a cabo, requieren la creación de un organismo efectivo capaz de sacar al consumidor del estado de indefensión y desvalimiento en el cual se encuentra. Este organismo deberá ventilar y adjudicar las querellas traídas por los consumidores, fiscalizar el cumplimiento de las leyes cuyo objetivo es proteger al consumidor, educar al consumidor y ponerle al consumidor representación adecuada en la defensa de todos sus derechos.
      ‘.‘Aunque en Puerto Rico existe mucha legislación protectora del consumidor, desde las disposiciones de nuestro Código Civil de 1889 hasta la Ley 148 del 27 de junio de 1968, que creó la Administración de Servicios al Consumidor, ni las disposiciones sustantivas del ordenamiento jurídico vigente, ni las estructuras administrativas creadas por diversas leyes especiales han conseguido implementar o vindicar adecuadamente los derechos del consumidor, y mientras existen Departamentos del Gobierno, a nivel de gabinete, ejerciendo funciones en beneficio de otros sectores de nuestro pueblo, no existe tal Departamento en beneficio del sector consumidor, que es el mayoritario.

        “Es por ello necesario e imperativo crear una estructura, de la más alta jerarquía, a nivel de gabinete, con el objeto de garantizar al consumidor la debida atención a sus problemas y para efectuar una mejor coordinación de los recursos disponibles al gobierno en el desarrollo e implementación de una política pública.
      “Es menester crear una nueva estructura de la más alta jerarquía, a nivel de gabinete, con el objeto de garantizar que toda la estructura gubernamental va prestar la debida atención a estos problemas y para efectuar una mejor coordinación interagencial en el desarrollo de la política pública en este campo, y su implementación.

        “El nuevo Departamento de Asuntos del Consumidor será una agencia especializada con personal profesional y técnico altamente competente, para poder vindicar los derechos del consumidor en una forma agresiva y firme; para hacerle frente a las tendencias inflacionarias de nuestro mercado y para fiscalizar prácticas de mercadeo indeseable, muchas de las cuales son consecuencia directa de las estructuras monopolísticas de nuestro mercado.

      “Este nuevo Departamento tendrá amplios poderes para investigar los problemas que afectan al consumidor y podrá requerir toda la información que sea pertinente, para cumplir con los propósitos de esta ley.” (Énfasis suplido.) 1973 Leyes de Puerto Rico 16-18.


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license: Public Domain

text:
      In re José R. Jiménez Del Valle.

      Número: 3879

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Alberto Picó Santiago, abogado del querellado; Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante.
   SENTENCIA

El 28 de mayo de 1987 dictamos sentencia que decreta la suspensión del Lie. José R. Jiménez Del Valle del ejercicio del notariado. A los fines de evaluar la moción de reconsideración de dicho notario, le concedimos un término al Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, para expresarse al efecto. Así se ha hecho.

De los escritos presentados surge que el notario prontamente corrigió las deficiencias señaladas. Si bien es correcto que las deficiencias de no adherir los sellos requeridos por ley no se debe a error de cómputos, no es menos cierto que tan pronto fue apercibido se hicieron las gestiones correspondientes para unir dichos sellos.

Debemos considerar que el licenciado Jiménez Del Valle ha ejercido la notaría desde el 1972 sin tacha o reprobación alguna.

Vistas las circunstancias particulares de este caso, se deja sin efecto la sentencia de 28 de mayo de 1987 y en su lugar se dicta sentencia que reinstala al Lie. José R. Jimé-nez Del Valle al ejercicio de la notaría, se le amonesta por haber violado las disposiciones que rigen la profesión del notariado y se le apercibe de que cualquier inobservancia futura o conducta reñida con los cánones éticos será estrictamente sancionada.

Se ordena al Secretario General publicar esta sentencia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton no intervienen.

(.Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


text:
      In re Lic. Saúl Duprey Maese.

      Número: 4507

      Resuelto: 20 de agosto de 1987

      Govén D. Martínez Suris, Director Inspección de Notarías, querellante; Saúl Duprey Maese, no compareció.
    Sala integrada por su Presidente el Juez Asociado Señor Negrón García y los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton.
   RESOLUCIÓN

Mediante resolución de 9 de noviembre de 1984 suspendimos al Lie. Saúl Duprey Maese del ejercicio de la abogacía y el notariado por no haber pagado su cuota anual y fianza notarial hasta que satisficiera ambas sumas o acordara un plan de pago con el Colegio de Abogados. En una moción informativa, el 20 de julio de 1987 el Colegio de Abogados nos notificó que la deuda institucional por concepto de cuotas de colegiación y fianza notarial asciende al presente a $940 y que no existe un plan de pago con el licenciado Duprey Maese.

El Lie. Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, mediante comunicación de 11 de agosto nos informa que el licenciado Duprey Maese continúa en el ejercicio de la notaría a pesar de no haber prestado la fianza notarial y estar suspendido conforme a nuestra Resolución de 9 de noviembre de 1984. Nos acompaña con esa comunicación los índices notariales que ha rendido el licenciado Duprey Maese desde esta fecha hasta el presente.

Estas circunstancias, ipso jure, reflejan que el licenciado Duprey Maese se encuentra fuera del ejercicio de la abogacía y el notariado. Proceda el Alguacil del Tribunal a incautarse inmediatamente de su obra notarial para ser entregada al Director de Inspección de Notarías.

Publíquese y remítase copia al Secretario de Justicia para la acción que estime correspondiente. 4 L.P.R.A. see. 740.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo

Secretario General


author: per curiam:

text:
      In re Aníbal Flores Betancourt.

      Número: 2409

      Resuelto: 11 de septiembre de 1987

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Eliadís Orsini Zagas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Aníbal Flores Betancourt, pro se.

   per curiam:

El abogado Aníbal Flores Betancourt fue admitido a la práctica de la abogacía por este Tribunal el 29 de octubre de 1964. Además, fue autorizado a ejercer el notariado el 16 de noviembre de 1964. De este último fue separado mediante opinión per curiam, In re Flores Betancourt, 117 D.P.R. 150 (1986).

El 12 de septiembre de 1986 el Procurador General de Puerto Rico presentó una querella (caso CE-86-591) sobre conducta profesional contra el abogado Plores Betancourt. Este Tribunal designó al Ledo. José M. Aponte Jiménez, Comisionado Especial para entender en la querella. El 25 de marzo de 1987 el Procurador General presentó también un informe de conducta profesional en el caso MC-87-19. Mediante resolución de 7 de mayo de 1987 pospusimos su consideración hasta que el Comisionado Especial designado para atender la querella en el caso CE-86-591, presentara su informe. Dicho informe fue sometido y la Oficina del Procurador General radicó ante nos sus comentarios sobre el particular.

Estando pendiente ante este Tribunal de resolución en sus méritos el caso CE-86-591 y de consideración el informe presentado en el caso MC-87-19, la Secretaria General del Tribunal Superior, Sala de Carolina, nos ha remitido copia certificada de la sentencia dictada en el caso Pueblo de Puerto Rico v. Aníbal Flores Betancourt, Criminal Núm. G-86-1156. Dicha sentencia recayó el 21 de agosto de 1987 ante la acusación y convicción del abogado Aníbal Flores Betancourt por un delito grave de infracción al Art. 271 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4591, relativo a falsificación de documentos. Flores Betancourt fue condenado a sufrir una pena de nueve (9) años de reclusión, bajo los términos de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1026 et seq., sobre sentencias suspendidas.

Habiendo resultado convicto de delito que implica depravación moral, el abogado querellado está inhabilitado para ser miembro de la profesión legal. Procede que este Tribunal decrete su separación permanente e inmediata de la abogacía. In re Zamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

En virtud de lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735) y de nuestra facultad inherente, se decreta la separación inmediata del abogado Aníbal Flores Betancourt del ejercicio de la abogacía. Se ordena que su nombre sea borrado del registro de abogados autorizados para ejercer la profesión en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El Tribunal ha creído necesario actuar en este asunto, aun cuando se encuentra en receso pues entiende que, por la naturaleza de la condena, permitirle al abogado Flores Betancourt continuar postulando ante los tribunales del país resulta desmoralizante para los componentes de la Rama Judicial y mal ejemplo para los que con ella se relacionan.

La anterior determinación hace innecesario considerar los casos pendientes bajo los Núms. CE-86-591 y MC-87-19. No obstante, se ordena que los documentos relacionados con los referidos casos se incorporen al expediente personal del abogado Aníbal Flores Betancourt a los fines legales que en el futuro sea pertinente.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García, Rebollo López y Alonso Alonso no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Andrés De Jesús Colón, acusado y apelante.

      Número: CR-86-13

      Resuelto: 2 de octubre de 1987

      Wilfredo Padilla Soto, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General y Anabele Rodríguez, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Andrés De Jesús Colón, el acusado en el caso de epígrafe, apela de la sentencia dictada en su contra por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, donde se le encontró culpable del delito de mutilación el 10 de febrero de 1986 y se le impuso una pena de cuatro años en probatoria y pena de restitución de cinco mil dólares ($5,000).

Los hechos que motivan esta convicción se desarrollaron en la Carr. Núm. 30 del Municipio de Juncos, el 23 de noviembre de 1984 a las 6:00 A.M., mientras el apelante, Sr. Andrés De Jesús Colón se dirigía a su trabajo. El apelante transitaba por el carril izquierdo de dos para discurrir en la misma y al percatarse que había un automóvil que bloqueaba su carril, cambió al carril derecho y allí impactó por la parte de atrás el auto marca Champ que era empujado por la parte trasera por el Sr. Enrique Rabell Cortés, quien quedó atrapado entre ambos autos. El apelante y el Sr. Mario Diadone Gómez sacaron al señor Rabell de entre el auto del apelante y del auto Champ que pertenecía al señor Diadone. El señor Rabell fue llevado al Hospital Regional de Caguas y de allí se le transfirió al Centro Médico de Río Piedras donde, debido a la severidad de las heridas sufridas en las piernas, las mismas tuvieron que ser amputadas.

El auto que obstaculizaba el carril izquierdo de la carretera pertenecía al señor Rabell, quien se había visto involucrado en un accidente con el auto del señor Diadone, momentos antes de que fuera impactado por el apelante.

Plantea como cuestión de derecho el apelante que: “Incidió el Honorable Tribunal de Instancia al evaluar la suficiencia de la prueba, dictar un fallo de culpabilidad y aplicar el derecho.” Solicitud de Apelación, pág. 2.

El apelante fue convicto por el delito de mutilación, el cual está tipificado en el Art. 96 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4033, como sigue:

Toda persona que ilegal y maliciosamente privara a otra de un miembro de su cuerpo, o lo mutilare, desfigurare o inutilizare, o le cortare o mutilare la lengua, sacare un ojo, sacare [sic\ la nariz, oreja o labio, desfigurare su rostro o alterare permanentemente la apariencia de su rostro o inutilizare permanentemente su capacidad para oír, ver o hablar, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de doce (12) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de ocho (8) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión establecida, o ambas penas. (Énfasis nuestro.)

El delito de mutilación según tipificado en nuestro Código Penal requiere los elementos de ilegalidad y malicia para que se consuma el mismo. El término malicia según definido en el propio Código Penal en el Art. 7 inciso (19), 33 L.P.R.A. séc. 3022(19), significa “la comisión de un acto dañoso, intencionalmente, sin justa causa o excusa y la consciente naturaleza del mismo”. “Es pues, una forma de intención que requiere ausencia de justa causa y consciencia de la naturaleza delictiva del acto. La misma es elemento constitutivo de algunos delitos, e. g. asesinato (Art. 82), mutilación (Art. 96), difamación (Art. 118).” D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, San Juan, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 162. “La malicia, que constituye elemento del delito de mutilación en todas las modalidades, puede probarse mediante una intención específica de mutilar o una intención general a ser inferida de la naturaleza de las lesiones resultantes de los actos intencionales del acusado. Pueblo v. Castañón Pérez, 114 D.P.R. 532, 540 (1983).” D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Revisado y comentado, San Juan, Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 171.

En Pueblo v. Cordero, 82 D.P.R. 379 (1961), se planteó el problema del elemento de la malicia utilizado en el delito de mutilación y allí se dijo que la malicia premeditada no era un elemento esencial del delito y no se requiere prueba de premeditación o deliberación, al citar los casos de People v. Wright 29 P. 240 (Cal. 1892) y Boulding v. State 177 P.2d 152 (Okla. 1947). Dispone Pueblo v. Cordero, supra, pág. 382, además, que “la malicia puede deducirse de la conducta del acusado y las circunstancias que rodean la comisión del delito, ya que para éstos filies malicia es sinónimo del propósito o designio de causar daño. ... Uno de los objetivos del legislador al definir este delito fue evitar la brutalidad alarmante en los encuentras y ataques personales, y de ahí que se presuma la malicia de la atrocidad del acto en sí, que entre otros casos se deduce de la naturaleza del instrumento o medio utilizado para la agresión”. (Escolios omitidos y énfasis nuestro.)

En el voto separado del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué en Pueblo v. Castañón Pérez, supra, pág. 545, se menciona el grado de malicia requerido en el delito de mutilación y compara con la imprudencia crasa o temeraria establecida en el Art. 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4006,() y señala que:

Como puede verse de la lectura de ambos textos, causar la muerte de una persona al conducir un vehículo de motor, mediando “imprudencia crasa o temeraria”, y privar a una persona de un miembro de su cuerpo de manera “ilegal y maliciosamente” son ambos delitos graves, pero el legislador concibe que el segundo es más grave que el primero pues, mientras establece una pena de tres años de prisión para el primero, señala una pena tres veces mayor —nueve años de prisión— para el segundo. Nadie concebiría que, tomado en abstracto, privar a una persona de un miembro de su cuerpo sea más grave desde el punto de vista del Código Penal que privarla de la vida. El derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución. Carta de Derechos, Art. II, Sec. 7.

La única explicación que le encuentra el Juez Irizarry Yunqué a la diferencia en las penas establecidas en estos delitos es que “[obviamente ‘imprudencia crasa o temeraria’ y ‘malicia’ no son sinónimos. Así, quien lance un vehículo de motor contra un grupo de personas ‘ilegal y maliciosa-mente’ y con dicho acto cause la muerte de una de dichas personas comete el delito de asesinato tipificado en el Art. 82 (33 L.P.R.A. see. 4001). Si con dicho acto priva a una de dichas personas de un miembro de su cuerpo, comete mutilación”. (Escolios omitidos y énfasis nuestro.) Pueblo v. Castañón Pérez, supra, pág. 545.

Los tratadistas LaFave y Scott ilustran con unas situa-ciones de hecho el estado mental que se requiere para imputarle a una persona la comisión del delito de mutilación.() Entre las situaciones de hechos que discuten, está una muy parecida al caso ante nuestra consideración.

(d) The mental element required for mayhem can not be quite so exactly stated. (1) Of course, one who (without justification) intends a specific injury of the mayhem type, and who accomplishes that exact injury, is guilty, as where .A with a knife intentionally cuts of B’s left ear. However, (2) one may intend one sort of mayhem-injury and achieve another sort, as where A, swinging his axe at B’s right hand with intent to sever it, misses that hand but cuts off B’s left hand or leg or puts out an eye. Or (3) one may intend bodily injury but not have in mind any mayhem type of injury; thus A intentionally knocks down B who, to A’s surprise, falls against a root and loses an ear. Progressing further down the road leading from greater fault to lesser fault, one encounters the situations of the person who (4) recklessly or negligently or (5) in the commission (or attempted commission) of an unlawful act causes another to suffer an unintended injury of the mayhem type — as where A, by reckless driving, or by driving on the wrong side of the road in violation of statute or ordinance, runs his car against motorist B, inflicting injuries so severe that B requires the amputation of his leg or suffers the loss of his eyesight.
The answer in these situations depends to a great extent upon the wording of the mayhem statute. If the statute punishes one who “unlawfully” or “maliciously” dismembers or disfigures, then one is guilty in situation (3) above, i.e., where he intentionally injures another, thereby unintentionally causing an injury of the mayhem type. On the other hand, a statute of the modern type punishing one who,, “with intent to disáble or disfigure another,” successfully disables or disfigures him is not violated by one with such an indefinite state of mind; this statute would require the mental element involved in situation (2) above — i.e., an intent to maim, though not necessarily to cause the specific maiming injury actually inflicted. As to the states of mind referred to in situations (U) and (5) above— involving reckless or unlawful conduct by the defendant— it seems quite clear that mayhem is not committed under these circumstances, in the absence of some special wording in the mayhem statute. (Escolios omitidos y énfasis nuestro.) W. R. LaFave y A. W. Scott, Substantive Criminal Law, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Vol. II, Sec. 7.17(d), págs. 322-324.

Como podemos observar en las situaciones de hecho cuatro (4) y cinco (5), donde inclusive el ejemplo prevé una situación donde se guía imprudentemente, elemento que no está presente en el caso ante nos, los tratadistas sostienen que bajo un estatuto como el nuestro, no se configura el delito de mutilación.

En Pueblo v. Castañón Pérez, supra, decidimos que la intención que requiere el Art. 96 del Código Penal en el delito de mutilación es la general definida en el Art. 15 inciso (b) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062(b). Dicho artículo dispone:

(b) Cuando el resultado sin ser querido ha sido previsto o pudo ser previsto por la persona como consecuencia natural o probable de su acción u omisión.

La doctora Nevares-Mufiiz en su obra de Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., pág. 158, señala que:

El concepto de intención general del ordenamiento puertorriqueño no requiere prueba específica respecto a la intención, como en los casos de intención específica, sino que el comportamiento sea tal que demuestre una intención general de cometer el acto tipificado como delito. Tal intención se determinará de las circunstancias generales que rodean la conducta. El criterio determinante es si el resultado delictivo fue una consecuencia natural o probable de los actos del acusado. La persona se responsabiliza por el resultado de su conducta, aunque no lo haya querido, siempre que aquél sea previsible. El criterio de previsión a utilizar será el del hombre/mujer prudente y razonable, sin importar lo que el sujeto particular previó.()

Sobre la intención general la posición en el common law en materia criminal es la siguiente: “that a person is ‘presumed to intend the natural and probable consequences of his acts’ ... the so-called presumption of intent does not impose upon the accused any duty to produce evidence. Rather, it merely means that the fact-finder may (but need not) conclude under those circumstances that A intended to kill B. Thus the matter is reduced to an inference (or ‘permissive presumption’) rather than a true presumption of the mandatory sort”. (Énfasis nuestro.) LaFave y Scott, op. cit. Vol. I, pág. 316.

“A tales efectos, la jurisprudencia indica que la intención maliciosa y criminal se infiere de la manera con que se intenta cometer un acto ilegal con el propósito de perjudicar a otro. Dicha intención se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el delito. La ley supone que toda persona intenta las consecuencias naturales de sus actos, por lo que cuando el daño corporal es resultado de la conducta ilegal de una persona, se presupone su intención a menos que ésta demuestre lo contrario. Pueblo v. Astacio, 23 D.P.R. 842 (1916); Pueblo v. De León 102 D.P.R. 446 (1974).” Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, op. cit., pág. 158.

Resolvemos que configurar el delito de mutilación mientras se conduce un vehículo de motor tiene que alegarse y probarse que el acto fue intencional. Si la prueba demuestra que el acto fue negligente() no procede una convicción por el delito de mutilación.

Según las normas establecidas en cuanto a la intención requerida en el delito de mutilación y cómo se puede inferir la misma al diferenciar los hechos del caso de autos de los hechos que motivaron la decisión del caso de Pueblo v. Castañón Pérez, supra, es inescapable concluir que el apelante no tuvo la intención que se requiere para cometer el delito de mutilación.

En Pueblo v. Castañón Pérez, supra, pág. 541, concluimos que se cometió el delito de mutilación, ya que se podía inferir claramente de las circunstancias particulares de ese caso la intención del Art. 15(b) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062(b), ya que:

La prueba presentada por el Estado en el caso de autos señala al recurrido conductor de la lancha operándola a marcha veloz en una playa concurrida por bañistas, en zona llana de baño, de s[ójlo 6 pies de hondura. Ocurrido el encuentro de lancha y bañista que tuvo como consecuencia la pérdida por cercenamiento del brazo izquierdo de Kaufer Medina, surge la figura prima facie de delito intencional de mutilación que define el Art. 15(b) del Código Penal: un resultado que sin ser querido pudo ser previsto por el recurrido piloto como consecuencia natural y probable de su acción. La previsibilidad del grave daño al bañista inducida por la consciencia del riesgo que conlleva navegar a 50 m.p.h. en zona de sólo 6 pies de profundidad donde había numerosas personas en el agua, en nuestro medio debe ser además preocupación constante de los deportistas de lancha por las frecuentes protestas públicas de bañistas contra la pene-tración de embarcaciones al agua llana que es propiamente zona de baño y natación. La forma y lugar en que el recurrido conducía su lancha, según las determinaciones del juzgador, constituía no s\o\lo base de previsibilidad del accidente catastrófico, y sí además, conducta de alta peligrosidad, notoria y repudiada en nuestros balnearios. (Énfasis nuestro.)

De las circunstancias del caso de Pueblo v. Castañón Pérez, supra, se podía prever que se le ocasionaría daño a algún bañista. No así del caso de autos. La intención requerida en el delito de mutilación no se podía determinar de las circunstancias generales que rodearon la conducta del apelante. El Sr. Andrés De Jesús Colón tomó las debidas precauciones ante el estado de la carretera por donde transitaba, ya que había neblina y la visión era pobre; mientras se dirigía hacia su trabajo se vio involucrado en un lamentable accidente, el cual no pudo evitar. Se trata aquí de un ciudadano que se dirigía a su trabajo y al encontrarse que el carril por donde transitaba estaba obstruido, su reacción fue cambiar de carril para no chocar, con la mala suerte de que el otro carril también lo estaba y se produjo el accidente. El apelante, según la prueba presentada, no iba ni al máximo de velocidad permitida por ley en ese tipo de carretera. Aun si se presume, según los hechos de este caso, que el apelante fuera negligente, no surge que tuviera la intención requerida por el Art. 15(b) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062(b), ya que el resultado no pudo ser previsto como consecuencia natural o probable de su acción y, sobre todo, no se puede inferir el elemento de la malicia que está tipificado en el delito de mutilación.

No se nos escapa la realidad de que la norma aquí seguida afecta negativamente el derecho del Estado a procesar por la vía penal a aquellos conductores que por su imprudencia y negligencia causen serias lesiones corporales a víctimas inocentes. Pero, precisamente, por ser un proceso penal tenemos que atenernos al principio de legalidad. Corresponde a la Legislatura y al Ejecutivo tomar las medidas pertinentes en protección de las víctimas.

Se revocará la sentencia y se absolverá al acusado.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión escrita.

      (1) “Cuando en la muerte ocasionada por una persona al conducir un vehículo de motor mediare imprudencia crasa o temeraria, se impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
      “La imprudencia crasa o temeraria es aquella de tal naturaleza que demuestre un absoluto menosprecio de la seguridad de los demás bajo circunstancias que probablemente produzcan daños a éstos y no significa una mera falta de cuidado.” 33 L.P.R.A. see. 4006.

      (2) W. R. LaFave y A. W. Scott, Substantive Criminal Law, Minnesota, West Pub. Co., 1986, Vol. II, Sec. 7.17(d), págs. 322-324.

        (3) Pueblo v. Castañón Pérez, 114 D.P.R. 532, 547 (1983); G. J. Brau, A Dog Much Confused: The Definition of Intention and Art. 5(B) of the Penal Code of Puerto Rico, 54 Rev. Jur. U.P.R. 55-56 (1985).

      (4) La negligencia que daría lugar a una convicción por homicidio involuntario, cuando la víctima fallece.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Héctor Malavé Ortiz, querellado.

      Número: CE-87-618

      Resuelto: 21 de octubre de 1987

      Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Héctor Malavé Ortiz fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982 y autorizado a ejercer la notaría el 24 de enero de 1983.

Mediante querella presentada por el Procurador General de 21 de septiembre de 1987, éste nos solicita su desaforo fundado en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) y en nuestra facultad inherente para reglamentar la profesión de abogado. Aduce que Malavé Ortiz fue declarado convicto el 6 de marzo de 1987 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 22 casos de falsificación de documentos y apropiación ilegal agravada. Nos acompaña copia certificada de dichas sentencias.

Considerada la naturaleza de dichas convicciones, procede su separación inmediata del ejercicio de la abogacía y del notariado y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer en esta jurisdicción. In re Zamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985).

Copia de la querella y de la presente serán notificadas al querellado Héctor Malavé Ortiz.

El Alguacil General de este Tribunal se incautará de los protocolos y registros de afidávit y los entregará al Director de Inspección de Notarías para que sean examinados y oportunamente nos informe el resultado de dicha gestión.

Se dictará la correspondiente sentencia.


author: per CURIAM:

text:
      In re Juan E. Serrallés III, Luis A. Micheli Pagán, Manuel H. Cuervo Sánchez, José M. Negrón Crespo, Ramón Torres Catalán y Héctor Rodríguez Moreno.

      Números: 1838 2346 2840 6336 7028 7544

      Resueltos: 26 de octubre de 1987
   HH

per CURIAM:

La consolidación y disposición de estas querellas obedece a que todas presentan los siguientes denominadores comunes: (1) se originan mediante petición jurada del Colegio de Abogados de P.R.; (2) están basadas en que los abogados de epígrafe no han satisfecho sus cuotas anuales; (3) emitimos órdenes de mostrar causa, y (4) las notificaciones por correo certificado de esas órdenes y el diligenciamiento personal han resultado infructuosos. De un lado, el sistema de correos nos ha devuelto dicha correspondencia, y del otro, todo diligenciamiento personal ha sido imposible. Surge que nuestras órdenes fueron dirigidas a las direcciones postales suministradas en sus expedientes personales obrantes en Secretaría.

II

En In re Rigau, Jr., 118 D.P.R. 89, 92 (1986), expusimos lo siguiente:

El deber de todo abogado y notario, de notificar cualquier cambio de residencia o de oficina notarial —también impuesto en la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 1002— y el de rendir un informe anual, ambos conforme la Regla 12(a) de nuestro Reglamento, son medidas necesarias adoptadas por este foro en su función rectora constitucional de regular el ejercicio de la abogacía investida de carácter público. Tienen como propósito proveer un mecanismo simple y económico de comunicación ante el aumento en espiral que ha experimen-tado en los últimos años la profesión de abogado.

Éste pronunciamiento es pertinente a la presente decisión. La Regla 8(j) de nuestro Reglamento, in fine, impone a todo abogado la obligación de notificar cualquier cambio en su dirección postal. Así lo exigen la naturaleza y confianza pública que conlleva la abogacía y su reglamentación por este foro. Cuando en incidentes de quejas y querellas, la omisión del abogado de mantener al día su dirección obstaculiza sustancialmente una adecuada canalización del ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria o su labor investigativa, ello de por sí, podría justificar, como medida auxiliadora, una suspensión temporal. Si a ello añadimos el no haberse satisfecho las cuotas del Colegio de Abogados, es evidente la procedencia de una sentencia que ordene la separación inmediata y permanente del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico.

A tono con lo expuesto, se dictará la correspondiente sentencia.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón no intervino.


text:
      In re Luis A. González González.

      Número: MC-87-30

      Resuelto: 27 de octubre de 1987

      Harry N. Padilla Martínez, abogado del querellado; Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   ) — I

PER CURIAM:

Luis A. González González fue admitido al ejercicio de la abogacía el 30 de noviembre de 1982. Juró como notario público el 16 de marzo de 1983.()

El 5 de abril de 1983 se personó a su residencia su amigo de infancia Juan A. Vega González, quien le solicitó que le juramentara el traspaso del Oldsmobile, modelo 1980, tablilla 88A381. En el documento de licencia figuraba el nombre y firma de Orlando Cruz como vendedor. Vega González le indicó y reiteró al notario González González que dicha firma correspondía a Cruz y no existía problema alguno. A su requerimiento, y por responder a reclamos de amistad, el notario procedió a autenticar el traspaso y lo anotó en el Libro de Afidávit con el número uno (1).

En una investigación criminal, González González — entonces Fiscal Auxiliar— prestó declaración jurada ante el fiscal Luis A. Román y relató la forma y manera del otorgamiento del referido afidávit. La investigación culminó en una acusación contra Juan A. Vega González (Cr. G-84-32) ante el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, por haber registrado y reclamado falsamente el hurto de dicho vehículo con el propósito de defraudar a la aseguradora Nationwide Insurance Co. Esa causa terminó en una sentencia de archivo por transacción.

Por estos hechos, el Procurador General nos sometió un informe sobre violación al Canon 35 de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX —no ajustarse a la sinceridad de los hechos al redactar afidávit— e infracción al principio de fe notarial de la entonces vigente Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sec. 1001 y ss. Dentro del término concedido ha comparecido el abogado González González a exponer las razones por las cuales no debe ser disciplinado.

II

De entrada, no está en controversia la violación al Canon 35 y a la Ley Notarial. En su comparecencia, González González lo admite y nos invita a que, en justicia y equidad, limitemos nuestra/sanción a una amonestación e inclusión en su expediente/profesional.

En su apoyo nos relaciona las circunstancias familiares y de estrechez económica en que cursó sus estudios; que goza de excelente reputación profesional y personal; pertenece y colabora con un sinnúmero de asociaciones cívicas y recreativas; es miembro del Programa Pro Bono del Colegio de Abogados y del Programa Práctica Legal Compensada de la Corporación de Servicios Legales para personas de escasos recursos económicos; que su acción fue producto de su inexperiencia movido por la amistad hacia Vega González; no medió intención de fraude, depravación moral o colusión; al ser requerido aceptó su responsabilidad y cooperó en la investigación criminal; y que el tiempo transcurrido sin solucionarse el asunto constituye suficiente castigo. Acompaña varias declaraciones de jueces y abogados expositivas de su solvencia moral y profesional.

HH HH

No podemos acceder a su pedido y limitar la sanción a una simple amonestación. La fe pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad documental. Cuando se quiebra, todo el sistema se afecta. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269 (1986). La responsabilidad del notario es personal, indivisible e indelegable. In re Laboy, 113 D.P.R. 476, 481 (1982); In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770 (1976).

En lo que atañe a la infracción ante nos, “[repetidamente hemos advertido a los notarios de su obligación de cumplir estrictamente con lo preceptuado en la Ley Notarial. Deben ser exigentes y abstenerse de dar fe notarial de declaración jurada si la persona que va a otorgar el documento o la declaración jurada no ha comparecido personalmente”. In re Sánchez Ruiz, 105 D.P.R. 848, 849 (1977).

En los últimos años han aumentado notablemente los miembros de la profesión de abogado. Igual ha sucedido con el ejercicio de la notaría. Sin que profundicemos en las razones, ello ha conllevado un incremento natural en los casos disciplinarios, incluso los de infracción a la Ley Notarial.

Reafirmamos nuestro compromiso de velar por y lograr la máxima excelencia en la profesión y función notarial. In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987); In re Pedraza González, 118 D.P.R. 87 (1986); In re Aponte Arche, 117 D.P.R. 837 (1986); In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Ante esta realidad, redoblamos nuestros esfuerzos. Luego de tomar como atenuantes las circunstancias invocadas por el notario González González circunscribimos nuestra sanción a una suspensión de un (1) año del ejercicio de la notaría.

Se dictará la correspondiente sentencia.

      (1) A raíz de su nombramiento como Fiscal Auxiliar del Tribunal de Distrito, cesó voluntariamente en la notaría el 6 de septiembre de 1983. Fue readmitido a dicha práctica el 21 de agosto de 1985. Al momento de ser admitido nuevamente, este foro desconocía los hechos aquí expuestos. Su expediente no los reflejaba. Tampoco se había presentado el informe que nos ocupa.


text:
      In re Ramón Rodríguez Bonhomme, querellado.

      Número: O-85-305

      Resuelto: 29 de octubre de 1987

      Juan T. Peñagarícano, abogado del querellado; Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; Quintín Morales Ramírez, Comisionado Especial.
   per CURIAM:

Habiéndose querellado ante el Procurador General de Puerto Rico la Sra. Basilisa Martón Martín de la conducta observada por el abogado Ramón Rodríguez Bonhomme en un caso de daños y perjuicios que le había sido confiado a éste, dicho funcionario —luego de la correspondiente investigación— radicó un informe ánte este Tribunal. Después de evaluar el mismo, instruimos al Procurador General para que radicara querella contra dicho letrado. En la misma se le imputaron dos cargos, a saber:

-CARGO N[Ü\M. I—
El abogado-notario Ramón Rodríguez Bonhomme incurrió en conducta ilegal y ant[ié]tiea allá para el 26 de octubre de 1983, al disponer impropiamente del dinero de su diente María Mercedes Rodríguez Mart[ó]n, para su uso personal, que fuera pagado por la Federal Insurance Company me-diante el cheque número SH-2359953 fechado el 25 de octubre de 1983 por la cantidad de $6,500.00.
Dicha conducta viola el Canon 23 del Código de Ética Profesional.
—CARGO N[Ü]M. II—
El Lie. Ramón Rodríguez Bonhomme incurrió en conducta ilegal e impropia al radicar una Moción de Desistimiento en el Caso Civil Núm. 83-3439 (506), Basilisa Mart[ó]n et al[.] vs. Carlos Maldonado Fontán, Tribunal Superior, Sala de Bayamón, alegando que la parte demandante desistía con perjuicio de todas las causas de acción contenidas en la demanda, y que la codemandante Esperanza Rodríguez Mart[ó]n, quien era menor de edad, fue emancipada por sus padres. Con la referida moción el querellado acompañó copia de la Escritura número 18, sobre Emancipación, supuesta-mente otorgada por los padres de la menor el día 24 de octubre de 1983 ante él como notario.
En el índice notarial del querellado de la semana del 2U al 30 de octubre de 1983, no aparece informada la escritura número 18 de Emancipación pero, en el índice notarial correspondiente a la semana del 21 al 27 de noviembre de 1983 hizo constar que la escritura número 18 es sobre Compraventa de Propiedad hipotecada por José Batista Peña y su esposa Sharon Dyckman.
Dicha conducta constituye un fraude al Tribunal al suministrarle un documento que era falso[,\ con el propósito de transigir el caso civil número 83-3439 ante la consideración del Tribunal Superior. (Énfasis suplido.) Querella Núm. 0-85-305, págs. 1-2.

Representado por abogado,() el letrado radicó su contestación a la querella. En la misma alegó, en lo pertinente, que:

1. Se niega el cargo número 1 por no ser cierto. Por el contrario se alega que la cantidad correspondiente a María Mercedes Rodríguez Martón le fue entregada por conducto de su señora madre, doña Basilisa Martón que fue la persona que contrató los servicios del Ledo. Ramón Rodríguez Bonhomme para representarlas en este caso. La situación fue que la Sra. Basilisa Martón visitó las oficinas del Ledo. Rodríguez, quien había sido abogado de la familia en. numerosas ocasiones y le encomendó el caso del accidente que habían tenid[o] sus dos (2) hijas, de las cuales, una de ellas, Esperanza Rodríguez Martón era menor de edad.
El caso fue transigido y en cuanto a Esperanza fue necesario otorgar Escritura de Emancipación. Contrario a lo indicado en el cargo número 1, el dinero correspondiente a María Mercedes le fue entregado a través de su señora madre.
2. En cuanto al cargo número 2 el querellado no incurrió en conducta impropia al radicar la Moción de Desistimiento. La Escritura de Emancipación fue otorgada.
3. El Querellado acepta haber incurrido en la falta de no haber incluido la Escritura número 18 sobre Emancipación en el [í]ndice Notarial de la semana que terminó el 30 de octubre de 1983. Esta fue una omisión, un error y una falta, lo cual se acepta pero todas las demás alegaciones se niegan.
4. El Querellado lleva más de veinte (20) años en el ejercicio de la profesión y siempre ha cumplido con todas las normas relativas a la misma, incluyendo el Notariado. Contestación a la querella, pág. 1.

Cuatro meses más tarde —y por conducto de su nueva representación legal()— solicitó permiso de este Tribunal para radicar una contestación enmendada a la querella, el cual le fue concedido. En la misma alegó, en lo pertinente, que:

1. Se niega el cargo número 1 y se alega afirmativamente que el querellado y la Sra. Basilisa Martón celebraron un contrato de préstamo por un término aproximado de un año y que la señora Martón requirió el pago al querellado de la cantidad prestada y al éste no pagarla, no estando aún vencido el plazo de préstamo, radicó esta querella, pero se alega afirmativamente además que el querellado pagó a la señora Basilisa Martón el principal adeudado, más los intereses convenidos, aceptando por escrito la señora Martón el pago del principal e intereses del querellado y en adición suscribió documento que equivale a recibo de pago.
2. Referente al cargo número 2 incluido en la Querella de fecha 9 de mayo de 1985, se le informa a este Honorable Tribunal que la escritura de emancipación mencionada en dicho cargo nunca fue otorgada y por lo tanto no podía ser incluida en índice notarial alguno.
3. Lo que sucedió fue que se firmaron documentos ese día, incluyendo cheque que fue entregado a los clientes del querellado, y por equivocación incluyó copia simple de la escritura al Tribunal Superior de Bayamón, creyéndose de buena fe por el querellado de que la escritura fue otorgada, pero se percató de que la misma no fue otorgada y así se lo informa a este Honorable Tribunal.
4. La conducta del querellado fue para beneficio de sus clientes, quien[es] sin duda alguna se han beneficiado ampliamente de los servicios profesionales del querellado y además la Sra. Basilisa Martón cobró intereses por dinero prestado al querellado. Contestación enmendada, pág. 1.

Designamos un comisionado especial en el caso() con la encomienda de que recibiera la prueba y rindiera sobre la misma un informe ante este Tribunal. En la vista celebrada desfiló tanto prueba testifical() como documental. El Comisionado Especial Morales Ramírez ha rendido su informe. Resolvemos.

I — H

De la prueba presentada ante el Comisionado Especial Morales Ramírez surge que la Sra. Basilisa Martón Martín —quien había sido dienta de la oficina legal del querellado en relación con un caso de divorcio— acudió donde éste con el propósito de encomendarle un caso de daños y perjuicios, referente a un accidente de automóviles, donde habían resultado perjudicadas sus dos hijas, las Srtas. María Mercedes y Esperanza Rodríguez Martón. A la fecha del accidente, la joven María Mercedes era mayor de edad y Esperanza contaba con la edad de diez y ocho (18) años.

El querellado Rodríguez Bonhomme radicó demanda de daños y perjuicios contra el otro conductor envuelto en el accidente en controversia y su compañía de seguros ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón (Caso Civil Núm. 83-3439). El querellado logró llegar a una transacción con la compañía aseguradora. De acuerdo con los términos de la misma, la referida compañía de seguros le pagaría a María Mercedes la suma de $6,500 y a Esperanza la cantidad de $8,500 por concepto de los daños y perjuicios sufridos por ellas.

El 24 de octubre de 1983, el querellado radicó ante el tribunal de instancia una moción de desistimiento con perjuicio en relación con todas las causas de acción contenidas en la demanda por él radicada. Respecto a Esperanza —la cual era menor de edad— acompañó a dicha moción de desistimiento una copia simple de la Escritura de Emancipación Núm. 18 supuestamente otorgada por los padres de Esperanza el día 24 de octubre de 1983 ante el notario querellado Ramón Rodríguez Bonhomme.()

Con fecha de 25 de octubre de 1983, la compañía de seguros expidió dos cheques: uno, por la suma de $6,500 pagadero a María Mercedes Rodríguez Martón, y el segundo, por la cantidad de $8,500, pagadero a Esperanza Rodríguez Martón. Este segundo cheque tiene una nota que hace referencia a la escritura de emancipación antes mencionada radicada en el Caso Civil Núm. 83-3439.

El abogado querellado citó a sus oficinas tanto a la Srá. Basilisa Martón Martín como a sus hijas María Mercedes y Esperanza. Allí les informó únicamente sobre el cheque de $8,500 a nombre de Esperanza. Les informó que sus honorarios ascendían, en relación al mismo, a la suma de $3,500. Todos fueron a una institución bancaria a cambiar el cheque de $8,500, el cual fue endosado —por ser Esperanza menor de edad— tanto por ésta como por su señora madre. Se le satisfizo al querellado Rodríguez Bonhomme la suma de $3,500 mediante un cheque que expidió la Srta. María Mercedes Rodríguez Martón.

Finalmente habiéndose percatado de que había “algo raro” en lo ocurrido, la Sra. Basilisa Martón Martín acudió a las oficinas de la compañía de seguros donde le informaron que se había expedido un segundo cheque a nombre de María Mercedes por la suma de $6,500. Se le mostró el cheque supuestamente endosado por María Mercedes. Acudió la señora Martón Martín ante el querellado Rodríguez Bonhomme quien negó haber recibido dicho cheque.

Procede que se señalen, por último, los siguientes hechos incontrovertidos. Los padres de la menor Esperanza Rodríguez Martón nunca otorgaron la escritura de emancipación ante el querellado Rodríguez Bonhomme. La joven María Mercedes Rodríguez Martón no fue la persona que endosó el cheque por la suma de $6,500 que expidiera a su nombre la compañía de seguros. Dicho cheque fue endosado por una persona allegada al querellado Rodríguez Bonhomme y depositado en la cuenta de banco de éste. A la fecha de la vista celebrada ante el comisionado especial, el querellado Rodríguez Bonhomme había pagado a la Sra. Basilisa Martón Martín el dinero —con intereses— que había retenido para su uso personal. La • versión del querellado Rodríguez Bonhomme es a los efectos de que él así lo hizo por razón de que la Sra. Basilisa Martón Martín y él acordaron que retuviera dicho dinero en concepto de préstamo, lo cual niega enfáticamente la señora Martón Martín. Admite el querellado que la Srta. María Mercedes Rodríguez Martón no fue informada de dicho acuerdo ni fue requerida por él para que endosara el cheque expedido a su nombre.

I — < 1 — 1

La conducta en que incurrió el querellado Ramón Rodríguez Bonhomme ciertamente atenta contra el prestigio y la dignidad pública que deben caracterizar a todo abogado. La misma envuelve lesiones éticas graves que implican fraude, ilegalidad, falsificación y apropiación indebida de fondos ajenos. La prueba presentada demuestra sin lugar a dudas la comisión por parte del letrado de los cargos que le fueron imputados por el Procurador General en la querella radicada. La conducta en que incurrió el querellado Rodríguez Bonhomme justifica su separación de la profesión de abogado y la eliminación de su nombre .del Registro de Abogados de este Tribunal. Véanse: In re Ávila, Jr., 109 D.P.R. 440 (1980); In re Díaz García, 104 D.P.R. 604 (1976); In re Segarra, 102 D.P.R. 590 (1974).

Como expresáramos en In re Diaz Garcia, ante, pág. 608, conducta como la antes reseñada “afecta adversamente la ■ reputación de la noble profesión de abogado que debemos mantener ante la sociedad, poniendo en entredicho las valiosas ejecutorias y beneficios mayores a los cuales ha contribuido históricamente”.

La versión que de los hechos nos brinda el querellado, dados los hechos incontrovertidos presentes en el caso, resulta insatisfactoria e inaceptable.()

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) Ledo. José T. Silva Cuétara.

      (2)Lcdo. Juan T. Peñagarícano, Jr.

      (3)Ledo. Quintín Morales Ramírez.

      (4) Por la parte querellante testificó la Sra. Basilisa Martón Martín y su hija, la Srta. María M. Mercedes Rodríguez Martón.'Por la parte querellada, testificó el propio querellado.

      (5) En virtud de dicha moción de desistimiento, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, dictó sentencia el 31 de octubre de 1983 ordenando el archivo con perjuicio de la acción radicada.

      (6) La teoría del querellado es a los efectos de que él retuvo el dinero en virtud de un préstamo acordado con la señora Martón Martín. La misma no es creíble en vista de su propio testimonio y la conducta que observara. El querellado, como hemos visto, acepta que la Srta. María Mercedes Rodríguez Martón —quien era mayor de edad y a nombre de quien estaba el cheque— no fue consultada respecto al alegado préstamo; tampoco le fue requerido que endosara el cheque. Como abogado que era, el querellado obviamente debía de saber que se requería el consentimiento de ésta para llevar a cabo el préstamo. Igualmente tenía que saber que constituía un delito grave el falsificar la firma de esta joven en el cheque expedido a nombre de ella por la compañía de seguros.
      Por otro lado, la conducta observada por el querellado ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón —al radicar la moción de desistimiento con una copia de una escritura de emancipación inexistente— no sólo constituye fraude al tribunal, sino que constituye evidencia indiscutible del plan urdido por él para apropiarse ilegalmente de esos fondos.