author: (.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Juez Asociado Señor Hernández Denton, Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón, a la que se une el Juez Presidente Señor Andréu García.

text:
    Iris M. Iglesias por y para Santiago Rodríguez Iglesias, demandante y peticionaria, v. Hon. Zoraida M. Buxó, demandante y recurrida.

      Número: CE-94-712

      Resuelto: 22 de noviembre de 1994

      Gustavo A. Quiñones Pinto, abogado el peticionario; Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Grisel Hernández Es-teces, Procuradora General Auxiliar, abogados del Depar-tamento de Corrección y Rehabilitación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   SENTENCIA

Santiago Rodríguez Iglesias nos solicitó que revoquemos la decisión del Tribunal Superior que denegó su petición de excarcelación por encontrarse en una prisión preventiva por más de seis (6) meses, en violación de la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1.

Mediante una resolución, le concedimos un término al Procurador General para que se expresara sobre el recurso. Examinado el escrito del Procurador General en cumplimiento de esta resolución, revocamos el dictamen recurrido sin ulteriores procedimientos.

HH

El peticionario Santiago Rodríguez Iglesias se encuen-tra detenido preventivamente desde el 22 de enero de 1994. El tribunal ordenó su detención al amparo del Art. 20 de-la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2220, el cual permite la detención de menores antes de una vista adjudicativa.

Posteriormente, el 6 de junio de 1994, el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores, ordenó el traslado del caso a la Sala de lo Civil del Tribunal Superior para que fuera juzgado como adulto. En su orden se le fijó una fianza por cada uno de los delitos imputados. Debido a que el menor no prestó la fianza, fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón el 14 de julio de 1994.

El 21 de septiembre de 1994, Rodríguez sometió un re-curso de habeas corpus ante el Tribunal Superior en el cual planteó que su detención preventiva violaba las disposicio-nes de la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, supra, que prohíbe el que una persona esté recluida preventivamente por más de seis (6) meses. El Tribunal Superior denegó la solicitud del peticionario quien, a su vez, recurrió a este Foro.

II

La Sec. 11 del Art. II de la Carta de Derechos de nuestra Constitución dispone que “[l]a detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses”. Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 308. El término de seis (6) meses “es tan y tan perentorio que si llegan los seis meses y el acusado no ha sido sometido ajuicio, la corte tiene que ponerlo en la calle por un hábeas corpus, inmediatamente que hayan pasado los seis meses”. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1595 (1952), expresiones del Delegado, señor Alvarado. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 462.

El precepto constitucional sobre la detención preventiva constituye una limitación al poder de custodia del Estado. “[C]on él se tendió a garantizar al ciudadano contra posi-bles excesos de autoridad, evitando que la restricción efec-tiva de la libertad —cuando ha mediado causa probable para arresto— se convierta, de hecho, en castigo anticipado por un delito no juzgado”. Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 854 (1955), opinión del Juez Asociado Señor Negrón Fernández, con la cual concurrieron el Juez Presidente Se-ñor Snyder y el Juez Asociado Señor Sifre.

La importancia de la limitación a la detención preven-tiva, consagrado en nuestra Constitución, fue explicada hace casi cuatro (4) décadas en la citada opinión del Juez Asociado Señor Negrón Fernández. A esos efectos, allí se señaló lo siguiente:

La Convención [Constituyente] obviamente estimó que un pe-ríodo mayor de detención en espera del juicio, en defecto de fianza, constituía un gravamen sobre el ciudadano que, presu-miéndose inocente hasta el momento de recaer convicción, era restringido por el Estado —en el ejercicio de su poder de custo-dia— en el disfrute de su libertad personal, con el solo propósito de hacerle comparecer a juicio en su día. Consideró preferible rendir la custodia de un acusado después de ese período, antes que hacer vulnerable la integridad de su derecho a la presun-ción de inocencia —que también consagraba en la propia Cons-titución— si dejaba ilimitado el ejercicio de ese poder de custo-dia por la mera utilidad de que el Estado le tuviera disponible para llevarle al tribunal. (Escolio omitido y énfasis suplido.) Sánchez v. González, supra, págs. 856-857, opinión del Juez Asociado Señor Negrón Fernández.

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En el caso de autos el menor estuvo detenido preventi-vamente desde el 22 de enero de 1994. Inicialmente fue detenido en el Hogar Juvenil de Humacao y, posterior-mente, cuando el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores, renunció su jurisdicción sobre el peticionario, él fue encarcelado en la Cárcel Regional de Bayamón. Durante ese período de tiempo el Estado no pudo iniciar el procesamiento criminal del imputado. Tampoco ha podido explicar ante nos las razones por las cuales no se ha podido iniciar el juicio correspondiente.

Consideradas las circunstancias peculiares bajo las cua-les se ha mantenido al menor en detención preventiva por un período de diez (10) meses y el hecho de que el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores, renunció la jurisdic-ción sobre el menor y que ahora se le está juzgando como adulto, procede su inmediata excarcelación.

Por los fundamentos antes esbozados, se expide el auto, se revoca la resolución recurrida y se ordena la excarcela-ción inmediata del peticionario Santiago Rodríguez Iglesias. Además, se devuelve el caso al foro de instancia para que, a la mayor brevedad posible, continúe con los procedimientos correspondientes.

Así lo pronunció y manda el Tribunal, y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López. La Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Mediante recurso de hábeas corpus comparece ante nos el peticionario Santiago Rodríguez Iglesias (en adelante Rodríguez Iglesias) y solicita que revoquemos la resolución del Tribunal Superior, Sala de Humacao, que deniega su solicitud de excarcelación, solicitud que se fundamenta en el hecho de que lleva más de seis (6) meses detenido pre-ventivamente en contravención al Art. II, Sec. 11 de nues-tra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1. Por considerar que no existe razón válida en derecho para que se les niegue a los menores de edad que son encausados bajo la Ley de Meno-res de Puerto Rico el reconocimiento del derecho a quedar en libertad a los seis (6) meses de estar detenidos preven-tivamente, concurrimos con la sentencia emitida por esta Curia que revoca el dictamen recurrido.

I

El peticionario Rodríguez Iglesias se encuentra detenido preventivamente desde el 22 de enero de 1994. Los prime-ros cuatro y medio (4 1/2) meses estuvo recluido en el Ho-gar Juvenil de Humacao. Sin embargo, el 6 de junio de 1994 se celebró una vista de renuncia de jurisdicción y, como resultado, fue transferido a la Cárcel Regional de Bayamón.

El 21 de septiembre de 1994 Rodríguez Iglesias sometió mi recurso de hábeas corpus ante el Tribunal Superior en el cual planteó que su detención preventiva violaba las dis-posiciones del Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado, supra, que prohíben que una persona esté recluida preventivamente por más de seis (6) meses. El Tribunal Superior denegó la solicitud del peticionario, quien, a su vez, recurrió a este Foro.

II

A los procedimientos de menores siempre les ha cobijado un ordenamiento jurídico “predicado en el principio de que nadie será privado de su libertad y propiedad sin un debido proceso de ley”. Pueblo en interés menor M.A.F.L., 126 D.P.R. 238, 247 (1990), opinión disidente. Es por ello que, si bien la Ley de Menores de Puerto Rico fue en un princi-pio redactada con el fin primordial de crear un ambiente informal para la resolución de asuntos juveniles, ello no ha servido de impedimento para que, como intérprete máximo de nuestra Constitución, este Tribunal haya optado por re-conocerle cada vez mayores garantías constitucionales a los menores procesados bajo dicha ley. Informe del Comité de Justicia Juvenil de la Conferencia Judicial, Secreta-riado de la Conferencia Judicial, octubre de 1980, pág. 15 (en adelante el Informe).

En los últimos años ha habido una marcada tendencia hacia una merma en las diferencias entre los procedimien-tos de menores y los de adultos, en lo concerniente a la aplicación de las garantías constitucionales. De hecho, ya para 1976, el Informe sometido al Consejo sobre la Re-forma de la Justicia en Puerto Rico por la Comisión de Menores y Relaciones de Familia expresó que

la calificación del proceso juvenil como uno ‘civil’ no ... ha de privar al menor de los derechos inherentes de un proceso criminal, ya que ‘reclusión’ es privación de libertad, encarcela-miento en contra de la voluntad de la persona, ya se catalogue el proceso como uno de índole ‘criminal’ o ‘civil’.” íd., págs. 160-161, citado en Informe, pág. 17.

La Exposición de Motivos de la nueva Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, Leyes de Puerto Rico, pág. 285, refleja esta tendencia hacia una reducción en las diferencias entre los procedimientos de adultos y menores. Esta describe el enfoque de dicha ley como “ecléctico”, pues si bien busca rehabilitar al menor, le exige una mayor responsabilidad por sus actos. Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993).

Al tener ocasión de interpretar dicha ley por primera vez en Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989), dispusimos que “[s]i bien el procedimiento continúa siendo sui géneris, al limitarse así su alcance ha adquirido matices de naturaleza punitiva que van más allá del pro-pósito meramente rehabilitador y paternalista de la anti-gua ley”. íd., pág. 460.

Consustancial a este nuevo enfoque punitivo ha sido el reconocimiento de aún más derechos constitucionales a los menores procesados bajo esta ley. Así, por ejemplo, recien-temente hemos reconocido el derecho de los menores a un juicio rápido; el derecho contra la autoincriminación; el derecho de un menor a rebatir la prueba del Estado, y el derecho de un menor a tener una representación legal adecuada.

Unicamente los derechos a fianza y juicio por jurado han permanecido fuera del ámbito de estos procedimientos. Así lo dispone expresamente la Ley de Me-nores de Puerto Rico. Véanse: Art. 8 y 10 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sees. 2208 y 2210. Ello se hizo con el propósito de mantener la informalidad de los procedimientos y salvaguardar su confidencialidad, y obe-deció esencialmente a dos (2) consideraciones:

... primero, que la alternativa de dejar al menor bajo la custodia de sus padres sería utilizada con prioridad a la detención en todo caso tra[í]do ante el Tribunal; [y] segundo, que en los casos donde fuera ordenada la detención, el interés comunal de velar por el bienestar y seguridad del menor sería patente. Informe, pág. 41.

Para contrarrestar la onerosidad de una detención pre-ventiva sin derecho a fianza, la Ley de Menores de Puerto Rico establece mecanismos alternos que garantizan la rá-pida comparecencia de los menores ante un juez. Véase la opinión disidente del Juez Asociado Señor Hernández Den-ton en Pueblo en interés menor M.A.F.L., supra, pág. 246. Así, por ejemplo, la Regla 2.9(d) de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, requiere la cele-bración de una vista de determinación de causa probable dentro de los tres (3) días siguientes a la detención preven-tiva del menor.

Por otro lado, la extensión del derecho a un juicio rápido a los procedimientos de menores ha servido como un meca-nismo adicional para garantizar que dichos procedimientos se lleven a cabo con la premura necesaria. De hecho, al analizar recientemente el derecho del menor a un juicio rápido, dispusimos que “aunque el Estado tiene un interés legítimo en la detención provisional, esto no significa que un menor pueda estar recluido por [un] tiempo excesivo”. Pueblo en interés menor M.A.F.L., supra, pág. 248, opinión disidente. En otras palabras, expresamos que el hecho de que no se aplique el derecho a fianza a los procedimientos de menores no es razón para cometer abusos en lo que respecta a la detención preventiva; por ello la necesidad de extender el derecho a un juicio rápido a dichos procedimientos.

La disposición constitucional que consagra el derecho a un juicio rápido tiene una estrecha relación con la limita-ción constitucional a la detención preventiva. Ambas tie-nen el propósito común de “impedifr] la encarcelación pro-longada de quien no ha podido prestar fianza”. O.E. Resumil, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Equity, 1993, T. II, Sec. 25.4, pág. 249.

Al igual que el derecho a juicio rápido, la disposición sobre la detención preventiva tuvo el propósito fundamental de obligar al Ministerio Público a ser diligente al iniciar la celebración del juicio. Resumil, op. cit, 1990, T. 1, See. 6.23, pág. 149. Los forjadores de nuestra Constitución vie-ron en esta disposición “una garantía al ciudadano contra posibles excesos de autoridad” y una manera de evitar “que la restricción efectiva de libertad ... se [convirtiera] en cas-tigo anticipado por un delito no juzgado”. íd. Como expresamos en Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955), la Convención Constituyente “[consideró] preferible rendir la custodia de un acusado después de [los seis (6) meses] antes de hacer vulnerable la integridad de su derecho a la presunción de inocencia”. Id., pág. 857.

Ante la innegable realidad de que al detener a un menor en un hogar juvenil se le priva de su libertad en contra de su voluntad, y la estrecha relación que existe entre el de-recho a un juicio rápido y la disposición constitucional so-bre la detención preventiva, consideramos prudente extender este último derecho a los procedimientos de menores. Así impartimos continuidad a la hasta ahora tendencia muy marcada hacia la concesión de mayores garantías constitucionales a los procedimientos de menores.

No debemos olvidar nuestras palabras en el caso re-ciente Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., supra. Entonces dispusimos que el reclamo de rehabilitación y protección del menor debe analizarse dentro de un ade-cuado balance entre los intereses involucrados. Hay veces cuando el interés en proteger al menor puede confligir con otros intereses individuales no menos importantes y legítimos. Ante la jerarquía de estos otros intereses, el pri-mero siempre debe ceder. Id. En el caso de marras, el de-recho constitucional a quedar en libertad a los seis (6) me-ses de la detención preventiva es sin duda alguna de mayor jerarquía que el reclamo de rehabilitación y protección del Estado.

Por todo lo anterior, concurrimos con la revocación de la resolución recurrida.

Opinión disidente emitida por la

Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón, a la que se une el Juez Presidente Señor Andréu García.

En este recurso se plantea si aplica a los menores dete-nidos al amparo de la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. see. 2201 et seq.), la protección establecida en la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, que dispone que la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis (6) meses.

r-H

El menor peticionario Santiago Rodríguez Iglesias está acusado de participar, junto a un adulto, en la comisión de un robo ocurrido en Fajardo, el 10 de noviembre de 1993. Durante ese robo, un hombre fue asesinado.

La vista de aprehensión se llevó a cabo el 20 de enero de 1994. El menor fue detenido e ingresado al Hogar Juvenil de Humacao, el 22 de enero de 1994, por orden del Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Menores. El tribunal or-denó su detención al amparo del .Art. 20 de la Ley de Me-nores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2220, el cual permite la detención del menor antes de la vista adjudicativa si, entre otras cosas, es necesario para la seguridad del me-nor, éste representa un riesgo para la comunidad o no exis-ten personas responsables dispuestas a custodiar al menor y garantizar su comparecencia a los procedimientos subsiguientes.

Luego de determinarse causa probable contra el menor, el 17 de febrero de 1994, se presentaron unas querellas por infracciones al Art. 83 del Código Penal (asesinato estatu-tario), 33 L.P.R.A. see. 4002, al Art. 73 del Código Penal (robo), 33 L.P.R.A. see. 3374, y a los Art. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418. El 23 de febrero de 1994, la Procuradora de Menores solicitó la re-nuncia de jurisdicción del menor.

La vista de renuncia de jurisdicción fue pautada para el 16 de marzo de 1994, posponiéndose para el 3 de mayo de 1994 por anuencia de las partes, ya que los peritos no ha-bían concluido la evaluación del menor. Luego de analizar la prueba, el Tribunal Superior, Sala de Asuntos de Meno-res, ordenó el traslado del caso a la Sala de lo Criminal del Tribunal Superior, para que fuera juzgado como adulto. En su orden, el juez de instancia le fijó al menor una fianza de cincuenta mil dólares ($50,000) por el asesinato en primer grado, veinte mil dólares ($20,000) por el delito de robo, cinco mil dólares ($5,000) por infracción al Art. 6 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra, y cinco mil dólares ($5,000) por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra.

El 14 de junio de 1994 el Ministerio Público presentó las acusaciones. La lectura de acusación, en el Tribunal Superior, se llevó a cabo el 22 de junio de 1994. Debido a que el menor no prestó la fianza, fue ingresado en la Cárcel Regional de Bayamón el 14 de julio de 1994.

El 21 de septiembre de 1994, la representación legal del imputado solicitó su excarcelación o, en la alternativa, la rebaja de la fianza impuesta. Fundamentó su solicitud en que el acusado llevaba más de seis (6) meses en prisión preventiva, lo que violaba la Sec. 11 del Art. II de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, que dispone que la detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses.

El 30 de septiembre de 1994 se celebró una vista para dilucidar lo planteado, luego de la cual el tribunal de ins-tancia denegó la petición de excarcelación.

Inconforme, acudió ante nos el peticionario mediante re-curso de hábeas corpus en el cual plantea el error si-guiente:

¿Procede la excarcelación del peticionario, por haber éste es-tado en detención preventiva, antes de celebrársele juicio, en exceso de los seis meses que establece la Sección 11, del Artí-culo II, de nuestra Constitución, contando con el tiempo en de-tención preventiva como menor, unido al tiempo en detención como adulto?

Mediante Resolución de 7 de octubre de 1994, le conce-dimos al Procurador General un término para que se ex-presara sobre el recurso. El Procurador General ha comparecido. Procedemos a resolver.

p-H i — i

La Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, ed. 1982, pág. 308, dis-pone, en lo pertinente, que:

Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses.

Esta cláusula constitucional establece la prestación de fianza y la detención preventiva por un máximo de seis (6) meses como consecuencias alternas de una determinación positiva de causa probable para el arresto. O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Ed. Equity, 1990, T. 1, Sec. 6.14, pág. 135. Si el acusado no presta la fianza impuesta, permanecerá recluido en una institución penitenciaria. Esta detención preventiva, por disposición constitucional, tiene un límite máximo de seis (6) meses, período que transcurre contra el Ministerio Pú-blico el cual tiene la obligación de iniciar con diligencia la celebración del juicio. íd., pág. 149.

En el Informe de la Comisión de la Carta de Derechos de la Convención Constituyente de Puerto Rico se señala lo siguiente sobre esta cláusula:

... La disposición limitando a seis meses la detención preven-tiva es nueva en nuestra jurisdicción. Tiene el propósito de im-pedir que se pueda encarcelar a una persona por más de seis meses sin celebrarse juicio. 4 Diario de Sesiones de la Conven-ción Constituyente 2571 (1951).

Surge de lo anterior que, como regla general, transcu-rrido el término de seis (6) meses sin que se celebre el juicio, la detención es ilegal, aunque ello no es óbice para que continúe el proceso. Es decir, el acusado no quedará exonerado del delito porque haya transcurrido dicho tér-mino; el juicio se celebrará con el acusado en libertad. Pueblo v. Cruz Román, 84 D.P.R. 451, 455 (1962). Tampoco constituye un error que justifique la revocación de una sentencia. Pueblo v. Ortiz, 76 D.P.R. 247, 249 (1954). El único efecto que tiene sobre el acusado el transcurso del mencionado término es que se puede lograr su excarcela-ción mediante la presentación de un recurso de hábeas corpus fundamentado en la ilegalidad de la detención. Id. Pero como ya señaláramos, ello no es impedimento para que el proceso continúe. Pueblo v. Monge Sánchez, 122 D.P.R. 590, 595 (1988). Véase Resumil de Sanfilippo, op. cit., págs. 135-151. El precepto constitucional sobre la de-tención preventiva constituye una limitación al poder de custodia del Estado. Mediante éste se le garantiza al ciu-dadano que no será sometido a posibles excesos de autori-dad y se evita así que la restricción efectiva de la libertad —cuando ha medidado causa probable para arresto— se convierta, de hecho, en un castigo anticipado por un delito no juzgado. La Convención Constituyente consideró razo-nable el término de seis (6) meses para que el Estado lle-vara a cabo su responsabilidad de someter a juicio a aque-llos acusados que, por no háber podido prestar fianza para su libertad provisional, permanecían detenidos en espera de la celebración del juicio. Véase la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón Fernández en Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849, 850-858 (1955).

HH HH

En el caso de autos, nos corresponde determinar si esta protección constitucional se extiende a los menores de edad detenidos al amparo del Art. 20 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra. La derogada Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955 (34 L.P.R.A. ants. sees. 2001 — 2015), establecía la norma de separación entre los procedimientos relativos a menores y los procesos pe-nales aplicables a adultos, al señalar que los procedimien-tos de menores gozaban de una naturaleza sui géneris. Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497 (1983); R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974). En Pueblo ex rel. J.L.D.R., supra, pág. 503, expresamos que dicha norma de separación “fue la razón de ser de la doctrina a los efectos de que las garantías constitucionales que pued[a] reclamar un menor en estos procedimientos se de-terminan de los requisitos del debido procedimiento y trato justo, y no de la aplicación directa de las diversas cláusulas constitucionales que garantizan tales derechos en procedi-mientos criminales ordinarios”. En Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443, 456 (1989), resuelto al amparo de la nueva Ley de Menores de Puerto Rico, ratificamos lo allí expresado. La anterior Ley de Menores de Puerto Rico de 1955 eliminó la naturaleza criminal de los procedimientos de menores y sustituyó las medidas penales existentes hasta ese momento por unas de tutela, las cuales están impregnadas de una filosofía proteccionista y rehabilitadora.

La nueva Ley de Menores de Puerto Rico y las decisio-nes del Tribunal Supremo federal, en los casos Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966), e In re Gault, 387 U.S. 1 (1967), dieron un gran impulso a los propulsores de mayo-res derechos para los menores. Nuestra jurisprudencia ha extendido a los procedimientos de menores ciertas garan-tías que protegen a los acusados en el proceso criminal.

Sin embargo, como ya señaláramos, la protección cons-titucional contra detención preventiva no mayor de seis (6) meses no ha sido objeto de pronunciamiento por este Tribunal en cuanto a su aplicabilidad en los casos de menores detenidos conforme a la Ley de Menores de Puerto Rico.

Un análisis de este asunto precisa que tomemos en cuenta que el propósito de la Convención Constituyente al incorporar la cláusula fue limitar la detención del acusado previo al juicio, mientras que la detención del menor impu-tado obedece a otros propósitos. Veamos.

El propósito de fijarle una fianza a todo acusado adulto antes de mediar el fallo condenatorio, según lo dispuesto en la misma Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Es-tado Libre Asociado de Puerto Rico, supra, es asegurar la presencia del acusado en las diversas etapas del juicio. Pueblo v. Negrón Vázquez, 109 D.P.R. 265, 266-267 (1979). De no prestarse la fianza impuesta procede, entonces, or-denar la detención preventiva del acusado, la cual no exce-derá los seis (6) meses.

No obstante, en el caso de los menores la detención tiene, además, otros fines más apremiantes. El Estado, al ejercer su capacidad de “parens patriae”, puede tomar medidas tutelares encaminadas a proteger al menor, a custodiarlo y a supervisarlo. Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990).

El Art. 20 de la Ley de Menores de Puerto Rico, supra, y la Regla 2.13 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, establecen, en lo pertinente, cuáles son las situaciones en que puede ordenarse la detención del menor antes de la vista adjudicativa:

(1) [cuando s]ea necesaria para la seguridad del menor o por-que éste representa un riesgo para la comunidad;
(2) que el menor se niegue a, o esté mental o físicamente incapacitado de dar su nombre, el de sus padres o encargado y la dirección del lugar donde reside;
(3) cuando no existan personas responsables dispuestas a custodiar al menor y garantizar su comparecencia a procedi-mientos subsiguientes;
(4) que el menor esté evadido o tenga historial conocido de incomparecencias;
(5) que por habérsele antes encontrado incurso en faltas que, cometidas por un adulto, constituyeren delito grave y habérsele encontrado causa probable en la nueva falta que se le imputa, pueda razonablemente pensarse que amenaza el orden público seriamente!, o]
(6) que habiéndose citado al menor para la vista de determi-nación de causa probable, él no comparezca y se determine causa probable en su ausencia. 34 L.P.R.A. see. 2220.

Como vemos, consideraciones adicionales a la compare-cencia del menor a la vista permiten que se le prive de su libertad después de determinarse causa probable. Más aún, la Regla 2.9 de Procedimiento para Asuntos de Meno-res, supra, concede al juez la discreción para determinar si el menor va a permanecer bajo la custodia de sus padres o encargados hasta la vista de determinación de causa probable para la presentación de la querella, o si ordenará su detención provisional conforme a lo dispuesto en la Ley de Menores de Puerto Rico, aún sin celebrarse la vista de de-terminación de causa probable. El poder del Estado para detener al menor antes de la vista adjudicativa es tan pa-tente, que las disposiciones con relación a la fianza no apli-can a los menores puestos bajo detención o custodia. Art. 10 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. see. 2210.

El menor peticionario fundamenta su solicitud de excar-celación en que, al determinar la totalidad del tiempo que ha estado recluido, debe contarse el período de tiempo que estuvo en el Hogar Juvenil de Humacao junto al que lleva en la Cárcel Regional de Bayamón. Opinamos que no le asiste la razón.

La Sec. 19 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 332, establece que la enumeración de dere-chos en la Carta no se entenderá como “restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo”. De ahí surge el poder de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico para aprobar legislación que regule la detención pre-ventiva con base en otras consideraciones que no sean la de asegurar la comparecencia del menor a todas las etapas del proceso. El interés del Estado en el caso de los menores está predicado en consideraciones adicionales, tales como la seguridad y el control. Estas consideraciones están plas-madas, como ya hemos visto, en la Ley de Menores de Puerto Rico.

En el caso de autos, de la resolución del tribunal de instancia, en la vista de renuncia de jurisdicción, surge lo siguiente:

Santiago Rodríguez Iglesias es un joven que tenía 17 años y 7 meses a la fecha en que se le imputan los hechos, llene apro-bado el noveno grado. Es desertor escolar, referido por primera vez al Tribunal como ofensor. Sus ejecutorias en la escuela in-termedia se caracterizaron por una de constantes problemas de disciplina, involucrado en peleas con sus compañeros y suspensiones. Es descrito como un joven violento, agresivo, temperamental y controversial. Para otros es visto como un joven necesitado de mayor cariño y atención que la que recibió de sus padres, así como víctima de la situación familiar que le ha to-cado vivir.
Su historial familiar, especialmente la conducta exhibida por su madre, le ha hecho estar en contacto con un clima de violen-cia, malos ejemplos y pobre supervisión. Su madre ha estado involucrada en uniones y separaciones frecuentes de maridos, relaciones extramaritales, personas que presentan conductas delictivas y visitan el hogar, actos de violencia y asesinato en la comunidad. Tanto la madre como dos de sus hermanas y el joven se relacionan con personas involucradas en asesinatos y robos en la comunidad. A Santiago en específico se le asocia, aunque nunca se le ha sometido cargo, con uno de los puntos de drogas del lugar donde reside, robos a negocios y personas en los alrededores de la comunidad. Un clima de temor es perci-bido en torno a la figura del joven y la posibilidad de represa-lias por parte de conocidos y amigos de éste. (Enfasis suplido.)

- Como podemos observar, aunque el menor estaba dete-nido, esta detención no fue con el propósito único de garan-tizar su comparecencia sino, además, para protegerlo ya que nadie podía, responsablemente, hacerse cargo de él. La Ley de Menores de Puerto Rico permite y dispone este tipo de detención. Esa detención mientras estuvo bajo la juris-dicción del Tribunal de Menores no puede considerarse como una reclusión.

Por las razones antes expuestas, opinamos que mien-tras estuvo bajo la jurisdicción del Tribunal de Menores, Santiago Rodríguez Iglesias no estaba recluido para los efectos de la cláusula contra la detención preventiva mayor de seis (6) meses. Su verdadera reclusión comenzó el 14 de julio de 1994, cuando fue trasladado a la Cárcel Regional de Bayamón en espera de ser juzgado como adulto.

Por consiguiente, confirmaríamos la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

       El peticionario alega que el tiempo que estuvo recluido como menor debe tomarse en cuenta al hacer el cómputo de los seis (6) meses.

       El peticionario alega que el tiempo que estuvo recluido como menor debe tomarse en cuenta al hacer el cómputo de los seis (6) meses.

        Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989).

        Pueblo en interés menor 126 D.P.R. 404 (1990).

       íd.

        Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993).

       Esta protección no tiene equivalencia en la Constitución de Estados Unidos de América.

       Durante los debates de la Convención Constituyente el Delegado Sr. Arcilio Alvarado señaló que dicho término “es tan y tan perentorio que si llegan los seis meses y el acusado no ha sido sometido a juicio, la corte tiene que ponerlo en la calle por un hábeas corpus, inmediatamente que hayan parado los seis meses”. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1595 (1952). Posteriormente, el Delegado Sr. Jaime Benitez aclaró que “[é]sto lo que quiere decir es que en los casos donde no ha mediado juicio, una persona no puede estar detenida en la cárcel por más de seis meses. Llega el día del último mes de los seis meses y entonces lo ponen en la calle y eso no impide que se celebre juicio; pero se le celebra juicio ahora estando como si estuviera bajo fianza, sin estarlo”. íd., pág. 1597. Véase, además, el diálogo entre los Delegados Sr. Antonio Reyes Delgado y Sr. Arcilio Alvarado, íd., págs. 1594 — 1597.

       Sobre la renunciabilidad de este derecho no existe una norma establecida por este Tribunal. En Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955), se planteó este asunto, pero se resolvió mediante sentencia sin opinión. El Juez Asociado Señor Negrón Fernández emitió una opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Snyder y el Juez Asociado Señor Sifre. Allí se señaló que las solicitudes de suspensión del juicio, por parte del acusado, no equivalen a una renuncia al derecho a que la detención preventiva no exceda de seis (6) meses. Se señaló, además, que la solicitud de la defensa de posponer el juicio interrumpe el término para celebrar el juicio, a partir de la acusación, con el resultado de excluir la consecuencia jurídica del sobreseimiento del proceso. Por consiguiente, hay una renuncia implícita al de-recho a un juicio rápido, pero no en cuanto a la detención preventiva en exceso de seis (6) meses. Id., págs. 857-858. No obstante, también se expresó en esta opinión concurrente que este derecho a un término máximo de seis (6) meses no es absoluto, ya que el acusado no puede mediante ilegalidades o fraude producir la^incapacidad del Estado para someterlo ajuicio dentro del término de seis (6) meses. íd., pág. 858. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, págs. 461-464.

        En Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989), se les reconoció el derecho a juicio rápido. En Pueblo en interés menores A.L.R.G. y F.R.G., 132 D.P.R. 990 (1993), se resolvió que un menor a quien se le imputa y se le procesa por una falta tiene derecho constitucional a examinar el expediente social en que se apoya el juez para imponerle una medida dispositiva. El acceso al expediente es corolario del derecho del menor a tener una adecuada representación. En Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 (1990), se reiteró que a los menores les protege en todo momento la garantía constitucional contra la autoincriminación, y en Pueblo en interés menor N.O.R., 136 D.P.R. 949 (1994), se extendió a los menores de edad la regla de exclusión de evidencia ilegalmente obtenida, plasmada en la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1.
      De otra parte, en Rodríguez Rodríguez v. E.L.A., 130 D.P.R. 662 (1992), se es-tableció que un menor de dieciséis (16) años no tiene un derecho fundamental exigi-ble bajo el debido proceso de ley sustantivo a sólo ser procesado criminalmente como menor y no como adulto.

       “La Convención [Constituyente] obviamente estimó que un período mayor de detención en espera del juicio, en defecto de fianza, constituía un gravamen sobre el ciudadano que, presumiéndose inocente hasta el momento de recaer convicción, era restringido por el Estado —en el ejercicio de su poder de custodia— en el disfrute de su libertad personal, con el solo propósito de hacerle comparecer a juicio en su día. Consideró preferible rendir la custodia de un acusado después de ese período, antes que hacer vulnerable la integridad de su derecho a la presunción de inocencia —que también conságraba en la propia Constitución— si dejaba ilimitado el ejercicio de ese poder de custodia por la mera utilidad de que el Estado le tuviera disponible para llevarle al tribunal.” Sánchez v. González, supra, págs. 856-857, opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón Fernández.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

license: Public Domain

text:
    Pressure Vessels of Puerto Rico, Inc. et al., demandantes y recurrentes, v. Empire Gas de Puerto Rico, Progasco Inc., Tropigas de Puerto Rico, Inc. y Liquilux Gas Corporation et al., demandandos y recurridos.

      Número: RE-90-78

      Resuelto: 23 de noviembre de 1994

      Agustín F. Fortuno y Rafael Morán Loubriel, abogados de los recurrentes; Ivonne Palerm, de Brown, Newsom & Cor-dova, abogada de los recurridos Progasco, Inc. y Patrick J. Holland; Manuel Fernández Mejias y Fernando Pérez Co-lón, abogados de la recurrida Empire Gas de Puerto Rico y Ramón González Cordero; Susana Cortina de Cárdenas,
      de Lasa, Escalera & Reichard, abogada de la recurrida Tropigas de Puerto Rico, Inc.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde examinar si una moción para desesti-mar una demanda por el fundamento de que lo alegado no justifica la concesión de un remedio, debe ser analizada de manera diferente cuando se alegan violaciones a las leyes antimonopolísticas. Concluimos en la negativa. Ante dicha moción, se aplican los mismos criterios generales que se usarían con cualquier otra causa de acción. En este caso en particular, resolvemos que erró el tribunal de instancia al desestimar la demanda instada por los recurrentes.

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Los hechos del presente caso, según surgen de las alega-ciones de los demandantes, son los siguientes. Pressure Vessels of Puerto Rico Inc. (en adelante PV) —una corpo-ración que se dedicaba a la manufactura y reparación de cilindros para envasar gas propano— y algunos de sus ac-cionistas, directores y oficiales, instaron una demanda contra ciertas corporaciones dedicadas a la importación y venta de cilindros para gas propano, así como a la venta de gas propano, amparados en el Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y en la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 257 y ss.).

Específicamente, fueron demandadas cuatro (4) corpo-raciones que se han dedicado a la venta y distribución de gas propano —desde el 1985 hasta el presente— así como a la importación, transportación, uso y venta de cilindros para gas propano: Empire Gas de Puerto Rico (Empire Gas), Tropigas de Puerto Rico, Inc. (Tropigas), Progasco Inc. (Progasco) y Liquilux Gas Corporation (Liquilux). También fueron demandados Ramón González, William Rosado, J.P. Holland, Farid Chehab y Antonio R. Hernán-dez, quienes son directores, oficiales, síndicos y adminis-tradores de dichas corporaciones.

Según se alega en la demanda, el 3 de diciembre de 1982 Empire Gas suscribió un contrato con Puerto Rico Fuels, división de Martin Gas Sales Inc. (Martin Gas), por el cual Empire Gas se comprometió a comprarle todo el gas que necesitara a Puerto Rico Fuels. A cambio, Puerto Rico Fuels se comprometió a no venderle gas licuado (liquified pretroleum gas o L.P.G.) a ninguna otra entidad en Puerto Rico, a menos que tuviera el consentimiento previo de Ramón González, dueño y presidente de Empire Gas. Puerto Rico Fuels también se obligó a pagarle al señor González una regalía de centavo y medio (1.5$) por cada galón de gas que le vendiese a Empire Gas o a cualquier otra compañía en Puerto Rico. Además, Puerto Rico Fuels acordó cobrarle a Empire Gas el precio más bajo de entre los establecidos por otros tres (3) suplidores de gas: Gulf, Tropigas y Coreo.

Más aún, mediante este acuerdo, Puerto Rico Fuels ac-cedió a que si no fuera viable económicamente (profitable) cobrar ese precio, entonces, por el tiempo que no lo fuera, Empire Gas no estaría obligado a comprarle el gas a Puerto Rico Fuels y éste, a su vez, podría venderlo a cual-quiera de una lista taxativa de compradores: Petrolane, Protane Gas, Liquilux e Imperial. Se aclaró expresamente en el contrato que aun bajo este supuesto, en el que Puerto Rico Fuels le vendería el gas a cualquiera de esas cuatro (4) compañías, Ramón González cobraría centavo y medio (1.50) por cada galón así vendido.

Las alegaciones de los demandantes también establecen que el 27 de febrero de 1986 otra de las corporaciones de-mandadas, Liquilux, suscribió un contrato con Puerto Rico Fuels. Mediante este contrato, se acordó que Puerto Rico Fuels no podría venderle su producto a ningún cliente en Puerto Rico que no fuera Empire Gas, Liqxiilux, Tropigas o Progasco. Además, Puerto Rico Fuels se comprometió frente a Liquilux a cobrarle el gas a Empire Gas y a la propia Liquilux a por lo menos dos centavos (.20) por galón más barato que a Tropigas y Progasco. Es decir, mediante este contrato se estableció una preferencia en precio a favor de Empire Gas y Liquilux, quienes podrían comprar el gas a Puerto Rico Fuels más barato que Progasco y Tropi-gas; estableciéndose, además, que Puerto Rico Fuels no po-dría vender su producto a nadie más en Puerto Rico.

Además, se alega en la demanda que los demandados, en la realización de sus actividades comerciales, infringían ciertas leyes y reglamentos federales y estatales, relativos al manejo de materiales peligrosos (hazardous materials). Los demandantes sostienen que esta conducta, por su na-turaleza e ilegalidad, viola nuestras leyes antimonopolísti-cas, además de generar responsabilidad bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. Específicamente, se alega que los demandados importaban de países extranjeros cilindros para gas propano que no cumplían con los requisitos lega-les pertinentes; que importaban de Estados Unidos cilin-dros que tampoco cumplían con dichos requisitos; que re-paraban cilindros sin estar autorizados a ello u ordenaban la reparación de cilindros por personas no autorizadas para ello; que reparaban cilindros de modo incompatible con la reglamentación federal pertinente; que transporta-ban, llenaban o vendían cilindros que no cumplían con los requisitos federales pertinentes; que no solicitaban regis-tro, permiso o licencia para operar, manufacturar, reparar, reconstruir, llenar, transportar o vender cilindros, como era y es exigido por el ordenamiento federal así como local, y, finalmente, que no sometieron sus facilidades a una ins-pección inicial y periódica por parte del Departamento de Transportación federal conforme lo exigía la reglamenta-ción federal.

Los demandantes solicitan que revisemos la sentencia del tribunal de instancia que desestimó su demanda por dejar de exponer una reclamación que justificara la conce-sión de un remedio. Expresó dicho foro que desestimaba la demanda “porque las alegaciones no aducen hechos que justifiquen una causa de acción bajo la Ley de Monopolios ni bajo el Art. 1802 del Código Civil”. Solicitud de revisión, Exhibit 2, pág. 23.

r — l

Corresponde inicialmente examinar los criterios aplicables para evaluar una moción de desestimación como la de autos. La Regla 10.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, permite al demandado solicitar del tribunal que se desestime la demanda en su contra cuando ésta no exponga “una reclamación que justifique la concesión de un remedio”. En torno a esta disposición hemos resuelto que, a los fines de disponer de una moción de desestima-ción, estamos obligados a dar por ciertas y buenas todas las alegaciones fácticas de la demanda presentada. Para pre-valecer, el promovente de la moción tiene que demostrar que, aun así, la demanda no expone una reclamación que justifique la concesión de un remedio. Esta doctrina se aplica solamente a los hechos bien alegados y expresados de manera clara y concluyente, que de su faz no den margen a dudas. Ramos v. Orientalist Rattan Furnt., Inc., 130 D.P.R. 712, 728-729 esc. 11 (1992); Unisys v. Ramallo Brothers, 128 D.P.R. 842 (1991); Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991); Granados v. Rodríguez Estrada I, 124 D.P.R. 1 (1989); Ramos v. Marrero, 116 D.P.R. 357, 369 (1985); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432 (1983).

Frente a una moción para desestimarla, la demanda debe ser interpretada lo más liberalmente posible a favor de la parte demandante, y sus alegaciones se examinarán de la manera más favorable a ésta. La demanda no deberá ser desestimada a menos que se desprenda con toda certeza que el demandante no tiene derecho a remedio alguno bajo cualquier estado de hechos que puedan ser probados en apoyo de su reclamación. Nuestro deber es considerar si a la luz de la situación más favorable al demandante, y resolviendo toda duda a favor de éste, la demanda es suficiente para constituir una reclamación válida. Unisys v. Ramallo Brothers, supra; Romero Arroyo v. E.L.A., supra; González Camacho v. Santos Cruz, 124 D.P.R. 396 (1989); Granados v. Rodríguez Estrada I, supra; Candal v. CT Radiology Office, Inc., 112 D.P.R. 227, 230-231 (1982); Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305, 309-310 (1970); Colón v. San Patricio Corporation, 81 D.P.R. 242, 266-267 (1959).

Este análisis debe hacerse tomando en cuenta que en el procedimiento civil moderno se acepta que las alegaciones sólo tienen una misión: notificar a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones y defensas de las partes. Para precisar con exactitud cuáles son las verdaderas cuestiones en controversia y aclarar cuáles son los hechos que debe-rán probarse en el juicio, es imprescindible recurrir a los procedimientos para descubrir prueba. Bco. Central Corp. v. Capitol Plaza, Inc., 135 D.P.R. 760 (1994); Mercado Cintron v. Zeta Com., Inc., 135 D.P.R. 737 (1994); Sierra v. Tribunal, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). Como ha señalado el Tribunal Supremo federal:

... [T]he Federal Rules of Civil Procedure do not require a claimant to set out in detail the facts upon which he bases his claim. To the contrary, all the Rules require is “a short and plain statement of the claim” that will give the defendant fair notice of what the plaintiffs claim is and the grounds upon which it rests.... Such simplified “notice pleading” is made possible by the liberal opportunity for discovery and the other pretrial procedures established by the Rules to disclose more precisely the basis of both claim and defense and to define more narrowly the disputed facts and issues. (Escolios omitidos.) Conley v. Gibson, 355 U.S. 41, 47-48, (1957).

De igual modo, en casos en los cuales se alegan violacio-nes a las leyes antimonopolísticas, se ha resuelto reitera-damente que el criterio para determinar si la demanda debe desestimarse por no exponer una causa de acción que justifique la concesión de un remedio es el mismo que en todos los demás casos. Por tal razón, solamente en casos muy excepcionales procede desestimar la demanda por dicha razón. El demandado siempre tiene disponibles varias alternativas en las Reglas de Procedimiento Civil para ali-gerar los procedimientos, tales como la solicitud de senten-cia sumaria (32 L.P.R.A. Ap. Ill, R. 36), conferencias con antelación a juicio (32 L.P.R.A. Ap. III, R. 37), descubri-miento de prueba (32 L.P.R.A. Ap. III, Rs. 23-34) y deses-timación contra la prueba (32 L.P.R.A. Ap. III, R. 39.2(c)). Hospital Bldg. Co. v. Rex Hospital Trustees, 425 U.S. 738, 746 (1976); Radovich v. Nat. Football League, 352 U.S. 445, 449 y 453-454 (1957); Conley v. Gibson, supra, págs. 45-48; U.S. v. Employing Plasterers Assn., 347 U.S. 186, 189 (1954); U.S. v. Employing Lathers, 347 U.S. 198, 199-200 (1954); Nagler v. Admiral Corporation, 248 F.2d 319, 322-323 y 326 (2do Cir. 1957); Package Closure Corporation v. Sealright Co., 141 F.2d 972, 978-979 (2do Cir. 1944); Quality Foods v. Latin Am. Agribusiness Devel., 711 F.2d 989, 995 y 998 (limo Cir. 1983) (“the threshold of sufficiency that a complaint must meet to survive a motion to dismiss for failure to state a claim is exceedingly low .... the alleged facts need not be spelled out with exactitude, nor must recovery appear imminent.”).

Más aún, el Tribunal Supremo federal ha expresado, por unanimidad, en este contexto de demandas bajo las leyes antimonopolísticas federales, que:

... “a complaint should not be dismissed for failure to state a claim unless it appears beyond doubt that the plaintiff can prove no set of facts in support of his claim which would entitle him to relief.” And in antitrust cases, where “the proof is largely in the hands of the alleged conspirators,” dismissals prior to giving the plaintiff ample opportunity for discovery should be granted very sparingly. (Citas omitidas.) Hospital Bldg. Co. v. Rex Hospital Trustees, supra, pág. 746.

Concluimos, pues, que un tribunal, al evaluar una moción para desestimar una demanda —amparada en nuestra ley antimonopolística— por ésta no aducir hechos que justifiquen la concesión de un remedio, debe aplicar el mismo criterio que usaría en cualquier otro procedimiento o reclamación.

f — I hH

Para poder determinar si se justificaba la desestimación de la demanda por no justificar la concesión de un remedio, es necesario examinar los elementos que configuran las respectivas causas de acción bajo nuestro ordenamiento antimonopolístico y bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra.

Los demandantes apoyan su reclamación en los Arts. 2, 4 y 7 de la Ley Núm. 77, supra, 10 L.P.R.A. secs. 258, 260 y 263. En términos generales, dichas disposiciones están relacionadas, respectivamente, a la prohibición de restricciones irrazonables a los negocios o al comercio en Puerto Rico, de prácticas monopolísticas y de ciertos tipos de prácticas indeseables de fijación de precios. Los demandantes también descansan en los Arts. 9 y 12 de la Ley Núm. 77, supra, 10 L.P.R.A. secs. 265 y 268, cada uno de los cuales, respectivamente, (a) responsabiliza personalmente a los funcionarios de una corporación a quienes se pueda atribuir los actos ilegales de dicha corporación, y (b) otorga una causa de acción, por el triple de los daños sufridos, a toda persona perjudicada por razón de algún acto prohibido por la Ley Núm. 77, supra.

Al examinar los requisitos de cada una de las causas de acción invocadas, nos remitiremos al texto de la Ley Núm. 77, supra, así como a los principios ilustrativos que se pue-dan hallar en la jurisprudencia federal interpretativa de los estatutos federales análogos, ello debido a que nunca hemos abordado este tema sistemáticamente. Al interpre-tar el estatuto tenemos presente que el historial legislativo de la Ley Núm. 77, supra, demuestra la intención de la Asamblea Legislativa de que dicho estatuto se interprete conforme a nuestra particular realidad económica y social. Como uno de los cuatro (4) objetivos fundamentales de la ley, se cita el siguiente:

... Proveer una base flexible para la propia ejecución de la ley, basada en una norma de razonabilidad que permita a nuestros tribunales tomar en cuenta las características propias y las ne-cesidades de nuestra economía, así como los planes guberna-mentales y la acción privada para fomentarla; es decir, queda abierta la función creadora en la aplicación de la ley, tanto en la rama ejecutiva como en la judicial en sentido favorable a nues-tro desarrollo económico, aún en el caso de disposiciones con precedentes en la legislación de los Estados Unidos. Informe conjunto de las Comisiones de lo Jurídico, de Hacienda y de Comercio e Industria de la Cámara sobre el P. de la C. 909 (18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1425 (1964)).

A. Art. 2 de Ley Núm. 77

El Art. 2 de la Ley Núm. 77, supra, proviene de la Sec. 1 de la Ley Sherman, 15 U.S.C. sec. 1. Dicho artículo dispone lo siguiente:

Todo contrato, combinación ... o conspiración para restringir irrazonablemente los negocios o el comercio en ... Puerto Rico o en cualquier sector de éste, por la presente se declaran ilegales y toda persona que haga tales contratos o se comprometa en tales combinaciones o conspiraciones incurrirá en delito menos grave. 10 L.P.R.A. see. 258.

El propósito cardinal de este estatuto es proteger la li-bre competencia. El Tribunal Supremo federal lo ha expre-sado del modo siguiente:

The Sherman Act was designed to be a comprehensive charter of economic liberty aimed at preserving free and unfettered competition as the rule of trade. It rests on the premise that the unrestrained interaction of competitive forces will yield the best allocation of our economic resources, the lowest prices, the highest quality and the greatest material progress, while at the same time providing an environment conducive to the preservation of our democratic political and social institutions. But even were that premise open to question, the policy unequivocally laid down by the Act is competition. Northern Pac. R. Co. v. United, States, 356 U.S. 1, 4 (1958).

Tanto el texto de nuestro artículo como la doctrina federal coinciden en que son tres (3) los requisitos que se tienen que establecer para demostrar una infracción a esta disposición: “(1) deberá existir algún contrato, combinación o conspiración entre dos o más entidades separadas (2) el cual restringe irrazonablemente los negocios o el comercio (3) en Puerto Rico o en cualquier sector de éste”. ABA Antitrust Section, Antitrust Law Developments Cap. I, pág. 3 (2da ed. 1984).

La doctrina federal ha reconocido que, bajo esta dispo-sición, algunas prácticas son consideradas irrazonables per se; otras, sólo puede determinarse que son irrazonables luego de un estudio de los hechos particulares relacionados con el negocio del que se trate, el historial de la restricción y las razones para su existencia. National Soc. of Professional Engineers v. U.S., 435 U.S. 679, 692, (1978); ABA Antitrust Developments, supra, pág. 14.

... there are certain agreements or practices which because of their pernicious effect on competition and lack of any redeeming virtue are conclusively presumed to be unreasonable and therefore illegal without elaborate inquiry as to the precise harm they have caused or the business excuse for their use. Northern Pac. R. Co. v. United States, supra, pág. 5.

Las prácticas que son obviamente anticompetitivas por su efecto y naturaleza, se consideran irrazonables per se y no se requiere un estudio elaborado de la industria en cuestión para concluir que son ilegales. Una vez se incurre en una de esas prácticas, se viola automáticamente la Sec. 1 de la Ley Sherman, supra, sin que haga falta un análisis del daño que dicha práctica causa ni de la excusa ofrecida para justificarla. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 22; Northern Pac. R. Co. v. United States, supra, pág. 5; White Motor v. United States, 372 U.S. 253, 263 (1963); Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania Inc., 433 U.S. 36, 50 (1977); Seagood Trading Corp. v. Jerrico, Inc., 924 F.2d 1555, 1567 (limo Cir. 1991). El Tribunal Supremo federal lo ha puesto del modo siguiente:

Este criterio ha sido explicado recientemente:

The per se rule is a method of determining whether 87 1 of the Sherman Act has been violated .... Per se and rule-of-reason analysis are ... two methods of determining whether a restraint is “unreasonable”, i.e., whether its anticompetitive effects outweigh its procompetitive effects. The per se rule is a presumption of unreasonableness based on “business certainty and litigation efficiency”. It represents a “longstanding judgment that the prohibited practices by their nature have ‘a substantial potential for impact on competition.’ ” ... “Once experience with a particular kind of restraint enables the Court to predict with confidence that the rule of reason will condemn it, it has applied a conclusive presumption that the restraint is unreasonable.” (Citas y escolios omitidos.) Atlantic Richfield Co. v. USA Petroleum Co., 495 U.S. 328, 341-342 (1990).

Estas expresiones fueron reiteradas en FTC v. Superior Court Trial Lawyers Assn., 493 U.S. 411, 430 y 432-433 (1990), citando a National Soc. of Professional Engineers v. U.S., supra, y a Northern Pac. R. Co. v. United States, supra. Véase, también, Business Electronics v. Sharp Electronics, 485 U.S. 717, 723-724 (1988).

Por otro lado, los criterios para determinar si una res-tricción, que no es irrazonable per se, está sin embargo prohibida por el estatuto no están claramente establecidos. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 15. Véanse, además: Chicago Board of Trade v. U.S., 246 U.S. 231, 238 (1918); National Soc. of Professional Engineers v. U.S., supra; Continental T.V., Inc. v. GTE Sylvania Inc., supra. No obstante, en términos generales, está claro que deberán examinarse diversos factores para determinar el impacto de la práctica impugnada sobre la competencia. ABA Antitrust Developments, supra, págs. 15-16. De la magnitud y naturaleza de dicho impacto dependerá si la práctica es irrazonable o no. Se ha determinado que el impacto es irra-zonable cuando “el efecto sobre la competencia en el mercado sea sustancialmente adverso”. U.S. v. Arnold, 388 U.S. 365, 375 (1967); ABA Antitrust Developments, supra, págs. 17-18; National Soc. of Professional Engineers v. U.S., supra, págs. 692-693. Una de las expresiones más conocidas sobre este tema se encuentra en Chicago Board of Trade v. U.S., supra, pág. 238 (Juez Brandéis):

The true test of legality is whether the restraint imposed is such as merely regulates and perhaps thereby promotes competition or whether it is such as may suppress or even destroy competition. To determine that question the court must ordinarily consider the facts peculiar to the business to which the restraint is applied; its condition before and after the restraint was imposed; the nature of the restraint and its effect, actual or probable. The history of the restraint, the evil believed to exist, the reason for adopting the particular remedy, the purpose or end sought to be attained, are all relevant facts.

B. Art. 4 de la Ley Núm. 77

El artículo cuarto de nuestro estatuto antimonopolístico es equivalente a la See. 2 de la Ley Sherman, 15 U.S.C. see. 2. Dispone como sigue:

Toda persona que monopolice o intente monopolizar o que se combine o conspire con cualquier otra persona o cualesquiera otras personas con el objeto de monopolizar cualquier parte de los negocios o el comercio en ... Puerto Rico, o en cualquier sector de éste, será considerada culpable de un delito menos grave. 10 L.P.R.A. see. 260.

Es menester apuntar que, aunque el Art. 2 de la Ley Núm. 77, supra, sólo prohíbe los contratos, las conspiracio-nes o las combinaciones entre dos (2) o más entidades, el Art. 4, supra, prohíbe la monopolización unilateral y la tentativa unilateral de monopolización, así como la monopolización por combinación o conspiración. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 109.

Tradicionalmente se ha definido la monopolización ilegal como la posesión de poder monopolístico (el poder para controlar precios o excluir la competencia) acompañado de un elemento de deliberación, esto es, una intención general o propósito de adquirir, usar, mantener o preservar este poder. United States v. Grinnell, 384 U.S. 563, 570-571 (1966); United States v. du Pont & Co., 351 U.S. 377, 391 (1956); United States v. Griffith, 334 U.S. 100, 107 (1948); American Tobacco v. U.S., 328 U.S. 781, 811 (1946); Rural Telephone Service v. Feist Publications, 957 F.2d 765, 767 (l0mo Cir. 1992); ABA Antitrust Developments, supra, págs. 109 y 121-123. Por ende, se han de-rivado dos (2) elementos necesarios para configurar una práctica monopolística ilegal bajo la See. 2 de la Ley Sherman, supra: “(1) la posesión de poder monopolístico en el mercado pertinente y (2) la voluntaria adquisición o man-tenimiento de dicho poder, distinto al crecimiento o desa-rrollo del negocio como consecuencia de un producto superior, mejores prácticas comerciales, o de algún accidente histórico”. United States v. Grinnell, supra, págs. 570-571.

Además de prohibir, bajo ciertas circunstancias, los monopolios, el Art. 4 de la Ley Núm. 77, supra, también prohíbe los intentos de monopolización. Esto es, aun cuando el poder de una empresa en determinado mercado no alcance los niveles monopolísticos, ciertas prácticas ex-clusionarias o conducta predatoria pueden constituir una tentativa ilegal de monopolización. Generalmente se ha exigido prueba de que, primero, la empresa tenía una intención específica de monopolizar (controlando precios o destruyendo la competencia), ya sea unilateralmente o en combinación; segundo, que se incurra en conducta anticompetitiva o predatoria dirigida hacia tal propósito, y tercero, se exige que haya un mínimo de probabilidades de que dicha tentativa tenga éxito. Spectrum Sports, Inc. v. McQuillan, 506 U.S. 447 (1993); ABA Antitrust Developments, supra, pág. 139. Véanse, además: Swift and Company v. United States, 196 U.S. 375, 396 (1905); American Tobacco v. U.S., supra, pág. 785; Thurman Industries v. Pay’n Pak Stores, Inc., 709 F.Supp. 985, 991 (W.D. Wash. 1987).

C. Art. 7 de la Ley Núm. 77

Por otro lado, el Art. 7 de la Ley Núm. 77, supra, pro-híbe diversas prácticas relacionadas a la política de precios de una empresa. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 219. Este artículo corresponde a algunos incisos de la See. 2 de la Ley Clayton, según enmendada por la Sec. 1 de la Ley Antidiscriminatoria de Robinson-Patman, 15 U.S.C. sec. 13, aunque no incorpora ciertas disposiciones de dicho estatuto. 15 U.S.C. secs. 13-13b y 21(a). Por tal razón, es menester exponer en términos generales lo que prohíbe nuestra ley y señalar a qué parte de la Ley Antidiscrimi-natoria de Robinson-Patman corresponde.

1. Art. 7(a)

El inciso (a) de nuestro Art. 7 (10 L.P.R.A. sec. 263(a)) prohíbe el discrimen en precio; este inciso equivale a la primera cláusula de la Sec. 2(a) de la Ley Antidiscrimina-toria de Robinson-Patman, 15 U.S.C. sec. 13(a), y dispone lo siguiente:

(a) Será ilegal el que cualquiera persona, directa o indirecta-mente, discrimine en precio entre distintos compradores de co-sas objeto de comercio del mismo grado y calidad, cuando dichas cosas sean vendidas para uso, consumo o reventa en Puerto Rico, y cuando el efecto de tal discrimen pueda ser el de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio en cualquier línea de comercio en Puerto Rico o afec-tar, destruir o evitar la competencia con cualquier persona que hubiese concedido o a sabiendas hubiese recibido el beneficio de tal discriminación, o con cualquier cliente de uno de éstos. 10 L.P.R.A. sec. 263(a).

Esta disposición prohíbe que, en ciertas circunstancias, un vendedor discrimine en precio entre distintos compradores. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 219. Este artículo prohíbe (1) una discriminación en precio (2) entre dos compradores del mismo vendedor (3) de objetos de comercio (4) del mismo grado y calidad (5) cuando el efecto de tal discrimen pueda ser el de reducir sustancialmente la competencia o tender a crear un monopolio en cualquier línea de comercio, o afectar, destruir o evitar la competencia con cualquier persona que conceda o reciba el beneficio de dicha discriminación o con algún cliente de ésta. ABA Antitrust Developments, supra, págs. 222 y 230; Trade Comm’n v. Morton Salt Co., 334 U.S. 37 y 50-51 (1948).

Constituye un discrimen en precio cualquier diferencia en el precio neto que pagan dos (2) compradores al mismo vendedor. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 219; F.T.C. v. Anheuser-Busch, Inc., 363 U.S. 536, 549 (1960). Tiene que haber dos (2) ventas realizadas o por lo menos dos (2) contratos válidos de venta; no basta con (i) una venta y una oferta, o (ii) una venta y una negativa a vender. ABA Antitrust Developments, supra, págs. 223-224.

2. Art. 7(b) y (c)

Los incisos (b) y (c) del Art. 7 (10 L.P.R.A. secs. 263(b) y (c)) prohíben los pagos o servicios por un vendedor a un comprador como contraprestación por, o en conexión con, actividades de éste relacionadas a la distribución o reventa de los productos vendidos, a menos que dichos pagos o ser-vicios estén disponibles, en términos proporcionalmente iguales, a todos los que compitan con el comprador en la distribución de dichos productos. Estos incisos son idénti-cos, respectivamente, a las sec. 2(d) y 2(e) de la Ley Anti-discriminatoria de Robinson-Patman, 15 U.S.C. sec. 13(d) y (e), y disponen como sigue:

(b) Será ilegal el que cualquier persona pague, o se obligue a pagar, o a contribuir al pago, de algo de valor a, o en beneficio de un cliente suyo, como compensación o como contraprestación por cualesquiera servicios o facilidades suplidos por o a través de ese cliente en relación con el procesamiento, manejo, venta u oferta de venta de cualquier cosa objeto de comercio, fabricada, vendida.u ofrecida en venta por esa persona a menos que el pago o contraprestación esté disponible, en términos proporcio-nalmente iguales, a todos los clientes que compitan en la dis-tribución de tales cosas objeto de comercio en Puerto Rico.
(c) Será ilegal el que cualquier persona supla, se obligue a suplir, o contribuya a suplir, cualquier servicio o ayuda a, o para beneficio de un cliente suyo en conexión con el procesa-miento, manejo, venta u oferta de venta de cualquier cosa ob-jeto de comercio, fabricada, vendida, u ofrecida en venta por esa persona a menos que tal servicio o ayuda esté disponible en términos proporcionalmente iguales a todos los clientes que compitan en la distribución de tales cosas objeto de comercio en Puerto Rico. 10 L.P.R.A. sec. 263(b) y (c).

Estos incisos le prohíben a un vendedor proveer o pagar por el manejo o promoción de un producto a menos que los mismos beneficios, o unos equivalentes, se ofrezcan a todos los compradores que compiten entre sí por el producto. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 219. Estas disposiciones prohíben a un vendedor el conceder descuentos o servicios a sus compradores, relacionados con la publicidad, propaganda o promoción del producto, ello sujeto a la mencionada excepción. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 261. Estos artículos solamente se ocupan de descuentos o servicios relacionados con la promoción o publicidad del producto, en conexión con la reventa de dicho producto por su comprador. ABA Antitrust Developments, supra, pág. 262.

3. Art. 7(f)

El Art. 7(f) de la Ley Núm. 77, supra, 10 L.P.R.A. sec. 263(f), dispone que será ilegal establecer precios predatorios. Dicho inciso es análogo a una porción de la See. 3 de la Ley Antidiscriminatoria de Robinson-Patman, 15 U.S.C. sec. 13a, y dispone lo siguiente:

(f) Será ilegal vender u otorgar cualquier contrato para la venta de mercancías a precios irrazonablemente bajos, con el propósito de destruir la competencia o eliminar a un competidor. 10 L.RR.A. sec. 263(f).

Como se desprende de su texto, este inciso prohíbe que se venda un producto a un precio “irrazonablemente bajo” cuando se haga con el “propósito de destruir la competen-cia o eliminar a un competidor”. 10 L.P.R.A. sec. 263(f).

4. Art. 7(d) y (e)

Estas dos (2) disposiciones no crean causas de acción nuevas, sino que meramente extienden la responsabi-lidad no sólo a la parte actora sino a la parte pasiva invo-lucrada en el acuerdo ilegal y establecen ciertas defensas disponibles al acusado de violar el Art. 7 de la Ley Núm. 77, supra.

El Art. 7(d), 10 L.P.R.A. sec. 263(d), corresponde a la Sec. 2(f) de la Ley Antidiscriminatoria de Robinson-Pat-man, 15 U.S.C. sec. 13(f), y dispone lo siguiente:

(d) Será ilegal el que cualquier persona solicite, o a sabien-das induzca la concesión de o reciba un precio discriminatorio prohibido por el apartado (a), o un pago prohibido por el apar-tado (b), o un servicio o beneficio prohibido por el apartado (c), precedentes.

El inciso (e) del Art. 7 de la Ley Núm. 77, supra, 10 L.P.R.A. sec. 263(e), establece ciertas defensas disponibles al que se le acuse de infringir los cuatro (4) incisos previos. Este inciso corresponde a algunas partes de la sec. 2(a) y (b) de la Ley Antidiscriminatoria Robinson-Patman, 15 U.S.C. sec. 13(a) y (b), y dispone lo siguiente:

(e) En cualquier acción por violación a los apartados (a), (b), (c) o (d) precedentes podrá interponerse, como defensa, prueba de que los diferenciales concedidos por la persona acusada son concesiones por la diferencia en costo de manufactura, venta o entrega como resultado de los métodos o cantidades en que las cosas objeto de comercio son vendidas o entregadas. Nada de lo dispuesto en los incisos (a), (b) y (c) impedirá el que un vende-dor pueda interponer como defensa el hecho de que el precio más bajo ofrecido por él o los servicios o facilidades que ha suplido a cualquier comprador, responden a un precio igual-mente bajo de un competidor o a los servicios o facilidades ofre-cidos por un competidor, siempre que el Tribunal concluya afir-mativamente que ha mediado buena fe en las transacciones así efectuadas por el vendedor y que las mismas no están encami-nadas a, ni facilitan, la violación o evasión de esta sección. 10 L.P.R.A. sec. 263(e).

D. Art. 12 de la Ley Núm. 77

Finalmente, es importante reseñar que los demandan-tes acuden al tribunal amparados en el Art. 12 de la Ley Núm. 77, supra, el cual es equivalente en términos gene-rales a la See. 4 de la Ley Clayton, 15 U.S.C. sec. 15. Dicho artículo provee una causa de acción privada, por el triple de los daños sufridos, al que se perjudique por razón de algún acto en violación a nuestra ley:

(a) Cualquier persona que sea perjudicada en sus negocios o propiedades por otra persona, por razón de actos, o intentos de actos, prohibidos o declarados ilegales por [esta Ley], salvo las sees. 259 y 261, puede demandar a causa de dichos actos ante el Tribunal Superior y tendrá derecho a recobrar tres veces el importe de los daños y perjuicios que haya sufrido, más las costas del procedimiento y una suma razonable para honorarios de abogado. 10 L.P.R.A. sec. 268(a).

Como se puede observar de su simple lectura, el texto de esta disposición establece tres (3) requisitos para que una persona se pueda valer de ella para ser indemnizada: (1) que la persona sea perjudicada en sus negocios o propiedades (2) por razón de (3) actos o intentos de actos prohibidos por nuestra ley (a menos que se trate de conducta violatoria de su tercer o quinto artículo). Véase ABA Antitrust Developments, supra, págs. 386 y 393.

En las últimas dos (2) décadas, el segundo requisito que según el texto de la disposición sólo requiere un nexo causal fáctico entre los daños que se prueben y las actuaciones ilegales, ha sido objeto de complejas y novedosas interpre-taciones en el ámbito federal. Bajo la See. 4 de la Ley Clayton, supra, equivalente a nuestro Art. 12, supra, la juris-prudencia federal ha concluido que es necesario, para valerse de esta sección, que un demandante pruebe daño antimonopolístico (antitrust injury) así como legitimación activa antimonopolística (antitrust standing). Esta doc-trina no se ha aplicado de un modo consistente, uniforme y coherente. Kansas v. Utilicorp United Inc., 497 U.S. 199 (1990); Atlantic Richfield Co. v. USA Petroleum Co., supra; Associated General Contractors v. Carpenters, 459 U.S. 519 (1983); Blue Shield of Virginia v. McCready, 457 U.S. 465 (1982); Reiter v. Sonotone Corp., 442 U.S. 330, 337-338 (1979); Pfizer Inc. v. India, 434 U.S. 308, 313-314 (1978); Brunswick Corp. v. Pueblo Bowl-o-Mat, Inc., 429 U.S. 477 (1977); Hawaii v. Standard Oil Co., 405 U.S. 251 (1972); Zenith Corp. v. Hazeltine, 395 U.S. 100, 114 esc. 9 (1969); ABA Antitrust Developments, supra, págs. 394 y 399-402. Véase, también, J.F. Hart, Standing Doctrine in Antitrust Damage Suits, 1890-1975: Statutory Exegesis, Innovation, and the Influence of Doctrinal History, 59 Tenn. L. Rev. 191 (1992).

Al aprobarse nuestra ley en 1964, el estado de estas doctrinas bajo el derecho federal era ambiguo dado que el Tribunal Supremo federal no se había expresado tajante-mente al respecto y las expresiones de los tribunales infe-riores eran conflictivas. Hart, supra, págs. 192-197 y 229-259. No obstante, el Tribunal Supremo federal sí ha-bía hecho pronunciamientos que respaldaban una teoría liberal de legitimación bajo la See. 4 de la Ley Clayton. Radiant Burners v. Peoples Gas Co., 364 U.S. 656, 659-660 (1961); Radovich v. Nat. Football League, supra, págs. 453-454; Mandeville Farms v. Sugar Co., 334 U.S. 219, 236 (1948). Véase Hart, supra, págs. 249-254. Encontra-mos persuasivos los siguientes pronunciamientos del Tribunal Supremo federal:

In sum, in the absence of some articulable consideration of statutory policy suggesting a contrary conclusion in a particular factual setting, [87 4 of the Clayton Act should be applied] in accordance with its plain language and its broad remedial and deterrent objectives. Blue Shield of Virginia v. McCready, supra, pág. 473. Véase Hart, supra, pág. 257. ... the relative strength of the parties, the proportionáte volume of commerce involved in relation to the total volume of commerce in the relevant market area, and the probable immediate and future effects which pre-emption of that share of the market might have on effective competition therein. Tampa Electric Co. v. Nashville Co., supra, pág. 329. Véanse, además: Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell Corp., supra, págs. 236-237; Tampa Electric Co. v. Nashville Co., supra, págs. 329 y 333-334. Sobre estos contratos y su validez bajo la Ley Sherman, véanse: Tampa Electric Co., supra, págs. 327-329; Twin City Sportservice v. Charles O. Finley & Co., 676 F.2d 1291, 1303-1304 (9no Cir.), cert. denegado, 459 U.S. 1009 (1982); Coastal Transfer Co. v. Toyota Motor Sales, U.S.A., 833 F.2d 208, 211-212 (9no Cir. 1987); Westman Com’n Co. v. Hobart Intern., Inc., 796 F.2d 1216, 1223-1227 y 1229 (10mo Cir. 1986); Seagood v. Jerrico, Inc., supra, pág. 1569; Taggart v. Rutledge, 657 F.Supp. 1420, 1443-1445 (1987).

Resolvemos que no es necesario, para satisfacer el re-quisito de "por razón de”, que la parte demandante pruebe algo más que una relación causal fáctica entre el daño su-frido y la violación de la ley; es decir, basta que, como con-secuencia de la infracción a la ley, el demandante haya sufrido daño.

En este sentido, conforme a nuestra doctrina civilista, el daño es “ ‘todo menoscabo material o moral causado contraviniendo una norma jurídica, que sufre una persona y del cual ha de responder otra’ J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. III, pág. 179 (citando a J. Santos Briz, Derecho de Daños, Madrid, 1963, pág. 107). Por ende, se incluye en el concepto tanto el daño emergente como el lucro cesante; tanto el daño patrimonial como el moral. Puig Brutau, op. cit., págs. 181-189.

IV

Antes de resolver si procedía la desestimación de la pre-sente demanda por ésta no exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, reiteramos que da-mos por ciertas todas las alegaciones fácticas de dicha demanda. Sin perder de vista este principio fundamental, emprendemos la tarea de evaluar la corrección de la actua-ción del foro de instancia al desestimar en su totalidad la demanda instada en el caso de marras.

Al examinar las alegaciones de la demanda junto a los elementos de las causas de acción incoadas, concluimos que erró el tribunal de instancia al desestimar la demanda bajo el fundamento de que no se justificaba la concesión de un remedio. De las alegaciones ser probadas, estos hechos, junto a la evidencia que se pueda presentar para apoyar las conclusiones de derecho correspondientes, serían sufi-cientes para que se pudiera concluir que se han configu-rado violaciones a los Arts. 2, 4 y 7(a) de la Ley Núm. 77, supra, así como al Art. 1802 del Código Civil, supra.

El contrato de 3 de diciembre de 1982 podría constituir una restricción irrazonable a los negocios en Puerto Rico en violación al Art. 2 de la Ley Núm. 77, supra. Dicho con-trato impedía que los competidores de Puerto Rico Fuels intentaran vender su producto a Empire Gas, a menos que a Puerto Rico Fuels no le fuera viable económicamente vender al precio más bajo de entre ciertos competidores de Puerto Rico Fuels. También impedía que los competidores de Empire Gas pudieran comprar el gas de Puerto Rico Fuels sin el consentimiento previo de Ramón González.

Estos acuerdos representan lo que se conoce como requirements contracts, un tipo de entre los llamados exclusive dealing agreements. Aunque no se han considerado irrazonables per se bajo la Sec. 1 de la Ley Sherman, supra, sí están sujetos al análisis de todas las circunstancias (llamado por la jurisprudencia federal el rule of reason) para determinar si son restricciones “irrazonables”. Tampa Electric Co. v. Nashville Co., 365 U.S. 320, 333 (1961); Barry Wright Corp. v. ITT Grinnell Corp., 724 F.2d 227, 236-238 (1er Cir. 1983). De acuerdo con ese análisis, el demandante tiene que demostrar que el impacto anticompetitivo del acuerdo es al menos sustancial; es decir, que las oportunidades de otros vendedores de permanecer o entrar en el mercado pertinente se verán limitadas significativamente. Esto requiere acudir a datos económicos apropiados sobre el mercado en cuestión. Se tomará en cuenta

Conforme a lo discutido, es imperativo que el deman-dante defina con precisión cuál es el mercado pertinente en el cual se está restringiendo irrazonablemente el comercio y pruebe cómo es que se está afectando la competencia en dicho mercado: “Proof that a defendant’s activities had an impact upon competition in a relevant product market is an absolutely essential element of a rule of reason case.” Thurman Industries v. Pay’n Pak Stores, supra, pág. 992; Taggart v. Rutledge, supra, págs. 1443-1445; L.A. Sullivan, Handbook of the Law of Antitrust, Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1977, págs. 186-192; 1 Areeda & Turner, Antitrust Law Sec. 9.

De hecho, debido a sus características favorables a la libre competencia, estos acuerdos son generalmente considerados válidos. ABA Antitrust Developments, supra, págs. 65-67. y 95; Tampa Electric Co. v. Nashville Co., supra, pág. 334; Standard Oil Co. v. United States, 337 U.S. 293, 306-307 (1949); City of Chanute, Kan. v. Williams Natural Gas Co., 955 F.2d 641, 651-652 (lOmo Cir. 1992); Westman Com’n Co. v. Hobart Intern., Inc., supra, págs. 1226-1227. Por ejemplo, el Tribunal Supremo federal ha expresado que estos acuerdos

... may well be of economic advantage to buyers as well as to sellers, and thus indirectly of advantage to the consuming public. In the case of the buyer, they may assure supply, afford protection against rises in price, enable long-term planning on the basis of known costs, and obviate the expense and risk of storage in the quantity necessary for a commodity having a fluctuating demand. From the seller’s point of view, require-mentes contracts may make possible the substantial reduction of selling expenses, give protection against price fluctuations, and —of particular advantage to a newcomer to the field to whom it is important to know what capital expenditures are justified— offer the possibility of a predictable market. (Escolio omitido.) Standard Oil Co. v. United States, supra, págs. 306-307.

No obstante, se le debe conceder a los demandantes la oportunidad de traer prueba que pueda demostrar la irrazonabilidad de los contratos a la luz de su efecto sustancialmente adverso sobre la libre competencia. En cierta medida, esta evidencia sólo puede obtenerse mediante los mecanismos de descubrimiento de prueba. Debido a la complejidad inherente a este tipo de reclamaciones, no es aconsejable, de ordinario, desestimarlas sin proveer una oportunidad al demandante de probar su caso o, al menos, pasar por el procedimiento de descubrimiento de prueba.

Además, la regalía de centavo y medio (1.50) para Ra-món González, fijada en el contrato, por cada galón de gas que Puerto Rico Fuels vendiera en Puerto Rico, no tiene otro propósito que provocar que Puerto Rico Fuels vendiera su producto más caro a los competidores de Empire Gas, inflando el precio artificialmente. Este tipo de práctica también podría constituir una restricción irrazonable a los negocios en Puerto Rico, además de un discrimen en precio prohibido por el Art. 7(a) de la Ley Núm. 77, supra.

De igual manera, el contrato de 27 de febrero de 1986 también podría constituir una restricción ilegal a los nego-cios en Puerto Rico, así como una violación del Art. 7(a) de la Ley Núm. 77, supra, relativo a precios discriminatorios.. Mediante dicho contrato dos (2) de los demandados, Liqui-lux y Empire Gas, se aseguran de obtener un precio reba-jado de parte de Puerto Rico Fuels, por el gas que les com-pren, en comparación con el precio que tendrían que cobrarles a los únicos otros dos (2) compradores a quienes, bajo el acuerdo, Puerto Rico Fuels les podría vender.

Por otra parte, los contratos mediante los cuales los de-mandados compraban cilindros que alegadamente no cum-plían con los requisitos legales de seguridad y mediante los cuales mandaban a reparar cilindros por personas no au-torizadas, también podrían constituir una restricción irra-zonable a los negocios en Puerto Rico, en violación del Art. 2 de la Ley Núm. 77, supra. Esto es así, ya que ello cons-tituye una práctica que ilegítimamente impide que la com-pañía demandante haga negocios, en detrimento de la com-petencia que se quiere proteger. Legalmente, los demandados no tenían la opción de comprar cilindros que no cumplían ciertos requisitos legales ni podían encargar-les a personas no autorizadas dichos cilindros. No obs-tante, al ejercitar de todos modos dicha opción, natural-mente se pone en desventaja en la práctica de sus negocios a la empresa demandante, la cual sí cumplía con los requi-sitos legales pertinentes para vender y reparar cilindros para envasar gas propano.

Todos los prácticas, contratos y actuaciones menciona-das también pueden ser evidencia de un intento (tentativa) de los demandados de monopolizar el mercado de venta de gas propano. La causa de acción bajo el Art. 4 de la Ley Núm. 77, supra, tampoco debe desestimarse; los deman-dantes tendrán la oportunidad de descubrir prueba que de-muestre los elementos constitutivos de las causas de acción contenidas en dicha disposición. Será importante que los demandantes definan con exactitud cuál es el mercado mo-nopolizado, tanto en términos del producto como de la re-gión geográfica involucrada. Thurman Industries v. Pay’n Pak Stores Inc., supra, pág. 990; M.A.P. Oil Co. v. Texaco Inc., 691 F.2d 1303, 1306 (9no Cir. 1982).

Por otro lado, no se han alegado hechos suficientes para inferir una posible causa de acción bajo el Art. 7(b), (c) y (f) de la Ley Núm. 77, supra. Confirmamos al tribunal de ins-tancia, en cuanto desestimó las reclamaciones fundadas en estos incisos, sobre la base de que la demanda no aducía hechos que justificaran la concesión de un remedio. Los demandantes no alegan hecho alguno que remotamente pueda ser ilegal bajo estas disposiciones; no alegaron que el demandado reciba pagos o servicios de parte de Puerto Rico Fuels en conexión a la reventa del gas propano que le compraban ni tampoco exponen hecho concreto alguno que pueda dar paso a una inferencia de que los demandados vendían el gas a precios irrazonablemente bajos o predato-rios (bajo el costo).

Finalmente, resolvemos que no procedía desestimarse la demanda por no justificarse la concesión de un remedio bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra. Se es responsable civilmente bajo dicha disposición si el demandante esta-blece que ha sufrido un daño causado por la conducta ne-gligente o culposa del demandado. En este caso particular, se podría inferir de los hechos alegados que el demandado incurrió en conducta culposa que pudo causar daños a los demandantes. La alegada conducta consistió en la viola-ción de diversos requisitos legales en relación con el ma-nejo, la reparación y la venta de cilindros para envasar gas propano. Esta conducta ilegal pudo poner al demandante en una condición de desventaja, al no poder competir en el mercado de manejo, venta y reparación de estos cilindros, ello debido a que al cumplir con toda la reglamentación vigente, incurrían en costos más altos que el demandado.

Resolvemos, además, que no procede desestimar esta demanda por motivo de que de las alegaciones surja la im-posibilidad de que la parte demandante establezca el nexo causal fáctico necesario entre la conducta supuestamente ilegal de los demandados y el daño sufrido por aquél, nexo requerido por el Art. 12 de la Ley Núm. 77, supra. Habién-dose alegado con suficiente claridad que dicho nexo causal existe y sin surgir de las alegaciones que, como cuestión de derecho, este vínculo no pueda ser establecido, este es un asunto que propiamente deberá ventilarse en juicio. Esta conclusión no releva a la parte actora de tener que demos-trar la existencia del daño según lo requiere el texto del artículo, así como el nexo causal, real y no especulativo entre la violación de ley y el daño alegado. Tiene que apor-tarse una prueba concreta que demuestre cómo es que el daño es atribuible, de manera al menos sustancial, a la actuación ilegal de los demandados. Meras alegaciones, conjeturas y especulaciones sobre dicho nexo causal no bastan para configurar la prueba requerida.

Es menester repetir y enfatizar que nuestra decisión de hoy no significa que los demandantes puedan prevalecer en su reclamo antimonopolístico con solamente probar la exis-tencia de los contratos que se describen en la demanda. Es necesario que aporten prueba para establecer los elemen-tos constitutivos de las causas de acción que incoan. Diver-sos mecanismos ya mencionados, tales como la moción que solicita exposición más definida, la moción que solicita sen-tencia sumaria, la celebración de conferencias con antela-ción a juicio, el descubrimiento de prueba y la moción para solicitar una desestimación contra la prueba, están a la disposición del demandado y disponibles al foro de instan-cia para que éste mantenga un control razonable del caso.

Por los fundamentos antes expuestos, procede que se re-voque la sentencia recurrida en cuanto desestimó la de-manda por no aducir hechos que justificaran la concesión de un remedio bajo los Arts. 2, 4 y 7(a) de la Ley Núm. 77, supra, y bajo el Art. 1802 del Código Civil, supra, y confir-marse en cuanto desestimó la demanda por ésta no aducir hechos que justificaran la concesión de un remedio bajo las demás disposiciones de la Ley Núm. 77, supra, específica-mente invocadas por los demandados. Se devuelve el caso para procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón se inhibió.

       Como más adelante se señala, a los fines de disponer de una moción de desestimación como la instada en el presente caso, estamos obligados a considerar como ciertas todas las alegaciones de la demanda.

       Pressure Vessels of Puerto Rico Inc. (en adelante PV) pretendió comenzar este negocio en 1985. También demandaron Rafael J. Reboredo Pérez, Laureano Carus Abarca y Nilsa González de Carus, quienes eran accionistas, oficiales, direc-tores de dicha corporación e invirtieron dinero, tiempo y esfuerzo en la gestión de negocios de PV.

       Martin Gas Sales Inc. (en adelante Martin Gas) garantizó el cumplimiento del acuerdo por Puerto Rico Fuels. Dicho contrato fue firmado por Ramón González, “dueño” y presidente de Empire Gas de Puerto Rico (en adelante Empire Gas). Se acompañó copia del acuerdo como Exhibit I de la demanda.

       En cuanto al centavo y medio (1.5(2) de regalía, el contrato disponía, entre otras cosas, lo siguiente:
      “1. Puerto Rico Fuels ... will pay Mr. Ramón González, Jr.,' ... one and a half cent... per gallon for all liquified petroleum gas (L.P.G.) terminalled or transferred by it from vessel to any location within the Commonwealth of Puerto Rico. Said payment must be liquidated and made on the first... day of each month ....
      “2. Empire Gas ... agrees to purchase its liquified petroleum gas (L.P.G.) requirement from Puerto Rico Fuels, as available, up to 100%, provided however, that Empire Gas ... will be entitled to purchase from any other source or supplier all amounts of L.P.G. not inmediately available at Puerto Rico Fuels terminal. All L.P.G. volumes above the 100% requirements of Empire Gas ... that must be moved from the terminal will not be the responsibility of Empire Gas ... nor Ramón González, Jr. and said volumes of L.P.G. will be sold jointly by Ramón González, Jr. and Puerto Rico Fuels with Ramón González, Jr. ... retaining the aforementioned royalty of $0.0150 per gallon.

       El Tribunal Supremo federal ha determinado que cuatro (4) tipos de con-ducta son irrazonables per se: (1) fijación de precios, (2) ciertos concerted refusals to deal, (3) división horizontal del mercado, y (4) tying arrangements. Sewell Plastics, Inc. v. Coca-Cola Co., 720 F.Supp. 1186, 1190 (1988). No se alega que alguna de estas prácticas esté implicada en el presente caso.

       La Sec. 2(f), 15 U.S.C. sec. 13(f), es más limitada ya que solamente se limita a prohibir el inducir o recibir un precio discriminatorio.

       La primera oración corresponde a la segunda cláusula de la Sec. 2(a) de la Ley Antidiscriminatoria de Robinson-Patman, 15 U.S.C. sec. 13(a). Según este esta-tuto, la defensa sólo está disponible al que acusan de infringir dicha sección, mien-tras que en Puerto Rico tal defensa parecería también estar disponible al que se acusa de infringir el Art. 7(b), (c) y (d) de nuestra Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 263(b), (c) y (d)), equivalente a la Sec. 2(d), (e) y (f) del estatuto federal, 15 U.S.C. sec. 13(a), (e) y (f).
      La segunda oración del Art. 7(e), 10 L.P.R.A. sec. 263(e), corresponde a la se-gunda cláusula de la Sec. 2(b) de la Ley Antidiscriminatoria de Robinson-Patman, 15 U.S.C. sec. 13(b).

       Estos contratos se han definido como aquellos mediante los cuales “the buyer will purchase, and ... the seller will supply, the buyer’s requirements of particular goods at a specified price for a definite period of time.” W.E. Stockhausen, The Commercial and Anti-Trust Aspects of Term Requirements Contracts, 23 N.Y.U. L.Q. Rev. 412 (1948).

       “There are several reasons why it is procompetitive to permit a manufacturer to limit the number of outlets that distribute its products. A few are readily apparent. First, when a manufacturer limits the number of its distributors, it may reduce its distribution costs by allowing each distributor to achieve economies of scale and to spread out fixed costs over a large amount of products. Second, refusals to deal may facilitate the entry of new manufacturers into the market. The prospect of limited intrabrand competetion that results from restricted distribution may encourage distributors to make the investment necessary to carry a new manufacturer’s product. Third, limiting the number of outlets that distribute a product may encourage distributors to provide promotional activities, consumer information, and product service. These activities may in turn lead to increased inter-brand competition. When a manufacturer limits the number of retail outlets for its products, it ensures that competing sellers of its products will not get a free ride, or benefit from the promotions or service provided by other distributors. Finally, restricting distribution can reduce transaction costs by permitting a manufacturer to deal only with distributors with whom it believes it can develop an efficent working relationship.” (Citas omitidas.) Westman Com’n Co. v. Hobart Intern., Inc., 796 F.2d 1216, 1227 (10mo Cir. 1986).