author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Julio Álamo Álamo, acusado y apelante.

      Número: CR-84-16

      Resuelto: 25 de noviembre de 1985

      Federico Torres Jiménez, abogado del apelante; Roberto Schmidt Monge, Procurador General y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

La figura del agente encubierto ha sido objeto de atención en diversas ocasiones por parte de este Tribunal, en especial, en lo referente a la utilización de dicho personal policiaco en casos relacionados con el tráfico ilegal de narcóticos y casos al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 220 de 15 de mayo de 1948, conocida como la “Ley de la Bolita”. Véanse, entre otros, Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719 (1961); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961); Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966); Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967); Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973); Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974); Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979), y Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983).

En Pueblo v. Almodóvar, ante, () no obstante reafirmar una vez más la necesidad y razón de ser de dicha práctica in-vestigativa por parte de la Policía de Puerto Rico, realizamos un comprensivo y detallado historial de nuestra jurispruden-cia, demostrativo el mismo de nuestra continua preocupación por minimizar —a través del establecimiento de normas y guías— la posibilidad de que un inocente pueda perder su li-bertad y reputación a base de la declaración falsa de un agente encubierto inescrupuloso. Reiteramos que en casos de esta na-turaleza “la convicción no puede fundarse en el testimonio único del agente encubierto cuando la declaración se limita a relatar los particulares mínimos para establecer la infrac-ción” y que dicho testimonio “debe rodearse en estos casos de los detalles imprescindibles que nuestra jurisprudencia señala para impartirle el grado óptimo de credibilidad”. (Énfasis suplido.) Instamos, por último, al Legislador y al Ejecutivo a aprobar legislación —en relación con la Ley de la Bolita— exigiendo “mayor control de las actividades en este campo del agente encubierto, tal como se hizo parcialmente en el caso de la Ley de Sustancias Controladas”. Id., págs. 123-126.

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Las Ramas Legislativa y Ejecutiva, en acción obviamente motivada por nuestra decisión en el citado caso de Pueblo v. Almodóvar, ante, prontamente aprobaron la Ley Núm, 54 de 27 de mayo de 1980. Dicha ley, en lo pertinente, dispone:

Toda persona que intervenga o participe como agente en-cubierto en cualquier transacción o venta de material rela-cionado con los juegos generalmente conocidos como “Boli-ta”, “Bolipool”, combinaciones clandestinas relacionadas con los Pools o bancas de los hipódromos de Puerto Rico y lote-rías clandestinas; o que sorprendiere a cualquier persona portando o conduciendo o que tuviere en su poder en cual-quier concepto, cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de números o letras, boletos o implementos que pudie-ren usarse en dichos juegos ilegales bajo las disposiciones de las sees. 1247 a 1257 de este título, deberá prestar ante un fiscal, dentro de un término no mayor de 120 horas siguien-tes a haberse consumado dicha transacción o venta o cual-quiera de las acciones delictivas antes mencionadas, una de-claración jurada sobre su participación en la misma y los hechos pertinentes a ésta, incluyendo el término durante el cual se extendió la investigación, el área cubierta, los resul-tados obtenidos y las causas presentadas contra otros infrac-tores atrapados en la redada, así como la identidad de otras personas que realizaron transacciones con el acusado obser-vadas por dicho agente encubierto. El término de 120 horas aquí establecido será de estricto cumplimiento, excepto que se demuestre justa causa para una demora en someter la de-claración jurada dentro del término antes indicado.
Cuando el Tribunal determinare en la vista preliminar que dicha declaración jurada no fue prestada, o que habién-dose prestado fuera del término de 120 horas no hubo justa causa para la dilación, ni dicha declaración jurada ni el tes-timonio del agente encubierto podrán ser presentados en evidencia.
En la determinación de justa causa se tomará en conside-ración, entre otros factores, el que la investigación no hu-biere concluido dentro del término antes indicado. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. sec. 1250a.

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En el presente caso el Ministerio Público radicó una acu-sación contra el aquí apelante Julio Álamo Álamo por una ale-gada infracción a la Ley de la Bolita consistente la misma en que supuestamente le vendió al agente encubierto Gabriel A. Medina López un número por una determinada cantidad de dinero, número que se puede utilizar y/o está conectado con el juego de la bolita y/o “bolipul”.

Habiendo comenzado a declarar el referido agente encu-bierto en el juicio que a esos efectos se le celebrara al apelante ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, la representación legal de éste planteó que “de conformidad con el texto de la declaración jurada que en ese acto le había su-ministrado el Fiscal, la misma no reunía los requisitos de la Ley Número 5/ de 27 de mayo de 1980, que enmienda la Ley de Bolita, toda vez que de la referida declaración jurada surge que el agente encubierto alega que observó a otras personas llevar a cabo transacciones con el acusado en su presencia, mas no señala la identidad de dichas personas en la declara-ción jurada, lo que tiene el efecto legal de que su testimonio no sea admisible en evidencia”. (Énfasis suplido.)

Declarada preliminarmente sin lugar la cuestión planteada por el juez que presidía la vista en su fondo del caso, () la de-fensa reprodujo el planteamiento al finalizar de declarar el encubierto, toda vez que el mismo en “su testimonio oral se-ñaló que no conoce a dichas personas, ni recuerda ninguna de ellas por apodos o por nombre”.

El referido magistrado declaró sin lugar el planteamiento de la defensa por entender “que la declaración jurada cumple sustancialmente con lo que establece la Ley”. Habiendo sido el Sr. Julio Álamo Álamo declarado culpable y convicto en relación con la infracción a la Ley de Bolita que se le impu-tara, acudió ante este Tribunal mediante la radicación en tiempo del correspondiente recurso de apelación. En el mismo se le imputa al tribunal de instancia la supuesta comisión de tres errores, los cuales se pueden sintetizar en dos, () a saber: el haber errado al no suprimir la declaración jurada, y el tes-timonio prestado en corte abierta, del agente encubierto por cuanto de los mismos no surge “dato alguno en torno a la iden-tidad de. las personas que supuestamente realizaron dichas transacciones con el acusado” y el haber declarado culpable al apelante por cuanto la “evidencia desfilada no reúne los re-quisitos jurisprudenciales establecidos” por este Tribunal en casos de esta índole.

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Un examen de la declaración jurada que el agente encubierto prestara en el presente caso en cumplimiento de lo prescrito por la citada Ley Núm. 54 y de la exposición narra-tiva de la prueba que obra en autos efectivamente demuestra que el agente no ofreció dato alguno sobre la identidad de las personas con quien el apelante alegadamente, y en la inme-diata presencia del agente, realizó transacciones relacionadas con el juego ilegal de la bolita. ¿Significa ello, como reclama el apelante, que la omisión de esa “información” —o de cual-quiera otra a la que hace alusión la referida Ley Núm. 54— tiene el efecto de hacer inadmisible ipso facto la declaración y el testimonio del agente encubierto? Resolvemos en la nega-tiva.

Es cierto, como hemos visto, que la Ley Núm. 54 dis-pone que en la declaración jurada que preste el agente se deberán especificar “los hechos pertinentes” relativos a la acción delictiva “incluyendo el término durante el cual se extendió la investigación, el área cubierta, los resultados obtenidos y las causas presentadas contra otros infractores atrapados en la redada, así como la identidad de otras personas que realizaron transacciones con el acusado observadas por dicho agente encubierto”. (Énfasis suplido.)

Resolver, sin embargo, que la información que enumera la citada Ley Núm. 54 es “mandatoria o de cumplimiento es-tricto”, esto es, que de no ofrecerse la misma procede ipso facto la supresión de la declaración del agente encubierto, nos conduciría con toda probabilidad a la situación inaceptable que precisamente hemos querido evitar y, en segundo lugar, abriría la puerta a que personas culpables de violar la citada Ley Núm. 220 puedan escapar impunemente. Ello es así por cuanto si exigimos que en todos los casos se brinde la misma información estaríamos enmarcando el testimonio de los en-cubiertos dentro de una “camisa de fuerza” que nos llevaría nuevamente al testimonio estereotipado que hemos rechazado en el pasado. Por otro lado, debemos estar conscientes de que habrá casos en que, por sus hechos particulares, el encubierto estará imposibilitado de brindar alguna de la información enumerada en la Ley Núm. 54 de 27 de mayo de 1980.

El propósito obvio del legislador al aprobar la referida Ley Núm. 54 —así como el que igualmente ha motivado nues-tras innumerables decisiones al respecto— es el de lograr que los agentes encubiertos brinden la mayor información posible sobre los hechos y circunstancias que rodearon la transacción delictiva que ellos afirman se llevó a cabo.

A diferencia de la situación en que el agente encubierto meramente brinda los “particulares mínimos para establecer la infracción”, la información adicional que se intenta que el agente ofrezca le permite a la defensa el poder cuestionar con mayor facilidad la credibilidad de éste y el poder demostrar, si es que así lo entiende procedente y necesario, mediante la presentación de prueba, que el agente miente. Ello, a su vez, sitúa al tribunal en una mejor posición para determinar sobre la inocencia o culpabilidad del acusado. ()

Debemos tener presente, por último, que el principal objetivo que se persigue es que el testimonio del agente encubierto no sea —como lo calificamos en Pueblo v. Ayala Ruiz, ante, págs. 708-709— uno “flaco y descarnado” y que el mismo, por el contrario, sea uno completo, convincente y veraz. La responsabilidad de que ello así sea descansa principalmente en la propia Policía de Puerto Rico. A dicha institución le corresponde tomar los pasos necesarios para lograr dicho objetivo, como, por ejemplo, proveyendo un entrenamiento adecuado y eficaz a sus encubiertos y mediante la estrecha y estricta supervisión de la labor de los mismos. ()

Los tribunales de justicia, por nuestra parte, continua-remos evaluando la labor que estos agentes prestan a la luz de los hechos específicos de cada caso, teniendo siempre por meta el hacer la mejor justicia de que nosotros los seres humanos somos capaces.

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En el descargo de esa responsabilidad procedemos a exa-minar los hechos particulares del caso ante nuestra considera-ción. Se repite en el presente caso una situación que hemos rechazado expresamente en el pasado. En Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809 (1974), revocamos una convicción bajo la Ley de Sustancias Controladas al confrontarnos con que la descripción que del acusado había ofrecido el agente encubierto en el “informe confidencial” que le había rendido a sus supervisores no concordaba con éste. Expresamos, en síntesis, que aceptábamos que una persona pudiera equivo-carse al calcular la edad, peso y estatura de otro, pero que los tribunales de justicia teníamos la obligación de ser bien exi-gentes en el caso de un agente encubierto por cuanto se supo-nía que éste había sido “entrenado especialmente para hacer esos cálculos y presentar informes exactos de lo que obser-vara”. Id., págs. 812-813. A igual resultado llegamos, y en términos similares nos expresamos, en Pueblo v. Sanabria Pérez, ante.

La descripción física que del aquí apelante brindara el agente encubierto, en la declaración jurada que prestara en cumplimiento de la citada Ley Núm. 54, no se ajusta a la realidad. () Si a ello le añadimos el hecho de que el testimonio del agente encubierto —según surge de la exposición narrativa de la prueba certificada como correcta por el foro de ins-tancia— no es lo completo y convincente que exige nuestra jurisprudencia, Pueblo v. Ayala Ruiz, ante, forzosa es la conclusión de que procede la revocación de la sentencia apelada.

El Juez Presidente Interino Señor Irizarry Yunqué no in-tervino y el Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Coincidimos con la conclusión del Tribunal en cuanto al alcance jurídico y admisibilidad de la declaración jurada pres-tada por el agente encubierto Gabriel A. Medina López. La misma cumple sustancialmente con la información requerida por la Asamblea Legislativa mediante la Ley Núm. 54 de 25 de mayo de 1980.

No obstante, disentimos en cuanto a que la evidencia des-filada —según aquilatada y dirimida por el tribunal senten-ciador— no demostró más allá de duda razonable la culpabili-dad del apelante Julio Álamo Álamo. La Exposición Narra-tiva de la Prueba revela que la incongruencia entre la apre-ciación del agente Medina López respecto al peso y estatura del apelante Álamo Álamo fue explicada satisfactoriamente. (E.N.P. págs. 7-8.) Una vez superada esta incongruencia, en los extremos esenciales de descripción, edad, presencia y de-más detalles, la prueba fue suficiente.

Por su contacto directo con los protagonistas y testigos, como regla general, debemos respetar la función estimativa de las salas de instancia. En ello se afianza nuestro sistema de administrar justicia. Se entiende. Después de todo, la diná-mica de la psicogénesis judicial es compleja. Recordemos que “[c]ada una de las operaciones intelectuales que sirve para formar el fallo desempeña un papel más o menos claro o im-portante, según la etapa del proceso. Para el planteamiento de la cuestión, es principalmente el análisis y la clasificación de las ideas. Para la comprobación de los hechos, la observación, la intuición, el examen analítico y crítico. Para la aplicación del derecho, la interpretación, la deducción y la comparación. Para la decisión, la determinación, la apreciación, la síntesis y la voluntad”. F. Gorphe, Las Resoluciones Judiciales, Bue-nos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1953, págs. 68-69.

      (1) Caso por infracción a la Ley de Bolita.

      (2)Hon. Jorge Busigó Cifre, Juez.

      (3)Los primeros dos señalamientos de error versan básicamente sobre la misma cuestión.

      (4)La ausencia o no de la información enumerada en la Ley Núm. 54 será un elemento más a considerar por el tribunal en relación con la deci-sión que deberá hacer sobre si la declaración del agente encubierto en el caso ante su consideración le merece o no credibilidad.

      (5)En Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983), expresamos que la Policía de Puerto Rico debe, hasta donde las circunstancias lo permi-tan, hacer un esfuerzo por corroborar al máximo la labor del encubierto mediante la utilización efectiva del agente supervisor de éste.

      (6)E1 encubierto describió al apelante, en lo pertinente, como una persona de cinco pies dos pulgadas de estatura y de ciento setenta libras de peso; en otras palabras, una persona extremadamente obesa para su baja estatura.
      El apelante, aun cuando escasamente alcanza los cinco pies de esta-tura, pesa ciento veintinueve libras; o sea, una persona pequeña y delgada.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Joel Cubero Colón, peticionario.

      Número: CE-85-560

      Resuelto: 26 de noviembre de 1985

      Carmen Ana Rodríguez Colón y Antonio Colón Montes, aboga-dos del peticionario; Héctor Rivera Cruz, Secretario de Jus-

      ticia y Dora T. Peñagarícano Soler, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   K — i

per curiam:

El 6 de julio de 1984, Joel Cubero Colón fue sentenciado a ocho (8) años de cárcel tras hacer alegación de culpabilidad por el delito de robo. Según la minuta, en el acto de sentencia el tribunal se reservó jurisdicción para desviar al convicto a un programa que le fuera conveniente luego de que su abogado hiciera las gestiones pertinentes. El 18 de julio de 1985 Cubero Colón solicitó la reconsideración de la sentencia y tras varios trámites procesales, el tribunal resolvió que “la suspensión de una sentencia o la concesión de probatoria no constituye la ‘corrección’ o ‘reducción’ de la sentencia que con-templa la Regla 185”.

Mediante el trámite de mostrar causa revisamos. En un fundamentado escrito la Oficina del Procurador General acep-ta que el tribunal de instancia tenía jurisdicción para con-siderar y resolver la petición del acusado y no objeta que el caso le sea devuelto para que, en el ejercicio de su discreción, conceda o deniegue la probatoria.

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La tesis del peticionario es que el tribunal tenía autoridad para intervenir con su solicitud. Concluimos que en las cir-cunstancias de autos, el tribunal sentenciador tenía autoridad al amparo de la Regla 185 de Procedimiento Criminal para “reducir” la sentencia impuesta al peticionario —aun cuando la hubiera comenzado a extinguir— para evaluar y conceder, si lo estimaba apropiado, su cumplimiento bajo probatoria.

En el pasado resolvimos que una suspensión de sentencia bajo la Ley de Sentencias Probatorias tenía que decretarse al momento de su imposición. Pueblo v. Marrero, 68 D.P.R. 924, 926 (1948); Alcalá v. Corte, 66 D.P.R. 430, 432 (1946); Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617 (1953). Sin embargo, en época más reciente hemos reconocido que sentencias válidas pueden ser alteradas después de comenzar a extin-guirse si se beneficia al confinado. Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 841 (1963); cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 650 (1976). Por autorización legislativa explícita o implícita, los tribunales pueden alterar una sentencia válida para reducirla aun cuando se haya comenzado a extinguir. Pueblo v. Orozco Rivera, 115 D.P.R. 659 (1984).

La Regla 185 de Procedimiento Criminal autoriza a un tribunal “por causa justificada y en bien de la justicia” a rebajar una sentencia dentro de los noventa días de haber sido dictada. Pueblo v. Mojica Cruz, 115 D.P.R. 569 (1984). Bajo los fundamentos de justa causa y en bien de la justicia, no ve-mos razón alguna por la cual —si un tribunal conserva u ob-tiene jurisdicción— en virtud de una solicitud de reconsidera-ción dentro de los noventa (90) días, como la hecha en este caso, no puede alterar el modo en que habrá de cumplirse. La alternativa de suspensión, como remedio judicial, está accesi-ble si todavía existe jurisdicción. Como acertadamente señala el Procurador General: “tomando en consideración el que el legislador tuvo un propósito rehabilitador al aprobar esta ley, no debe, por tanto, excluirse del ámbito discrecional de dicho magistrado el que en el momento de reconsiderar su sentencia, se encuentre imposibilitado de conceder una probatoria a una persona, si con ello se logra su rehabilitación, y por ende, re-surge éste como un ciudadano útil a la comunidad”, ( )

En virtud de lo expuesto, procede revocar la resolución del tribunal de instancia y devolver el caso para que dilucide si procede o no, en el ejercicio de su discreción, el privilegio de suspender la sentencia al peticionario Cubero Colón.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) Aparte de lo anteriormente expuesto, el tribunal de instancia debe considerar que el acusado era menor de edad a la fecha en que se cometió el delito y como tal acreedor a ser considerado para una sentencia suspen-dida. Ley Núm. 103 del 29 de junio de 1955, según enmendada. 34 L.P.R.A. sec. 1042.


author: per curiam :

text:
      In re Héctor Segarra Irizarry, notario.

      Número: 2876

      Resuelto: 26 de noviembre de 1985

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Héctor Segarra Irizarry, pro se.

   I

per curiam :

En atención a una comunicación de la Oficina de Inspección de Notarías, concedimos término al notario Héctor Segarra Irizarry para que compareciera ante este foro a exponer las razones por las cuales “en vista de que el 21 de fe-brero de 1985 le advertimos que tenía que dar estricto cum-plimiento a los requisitos establecidos por la Ley . . . Notarial de Puerto Rico so pena de sanciones, no debamos en esta oca-sión suspenderlo de la notaría”. Simultáneamente ordenamos que cumpliera con dicha obligación y remitiera a la referida oficina los índices notariales correspondientes al período com-prendido desde el 5 de mayo hasta el presente.

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En su comparecencia el Lie. Hector Segarra Irizarry in-formó que durante el período antes referido no autorizó es-critura alguna, pero que hizo un afidávit. Aduce que su omi-sión se debió a que tuvo que dedicarse “a otros menesteres para poder subsistir” y solicitó de este Tribunal que se le per-mitiera renunciar al ejercicio del notariado. También nos in-forma que sometió los índices correspondientes, así cumplió con nuestra resolución y hay constancia en la Oficina de Ins-pección de Notarías de que se recibieron el 1ro de octubre de 1985.

El expediente personal del notario Héctor Segarra Iri-zarry refleja que no es ésta la primera ocasión en que no re-mite los índices notariales. Esto motivó que el 17 de enero de 1985 ordenáramos que subsanara esa pasada deficiencia y que el 21 de febrero de 1985 le previniéramos de medidas disci-plinarias más rigurosas por incumplimiento futuro. También se desprende que el 4 de agosto de 1983 fue suspendido por no haber prestado la fianza requerida por las leyes para el ejer-cicio del notariado. Fue reinstalado el 1ro de septiembre de 1988 y le apercibimos en esa ocasión de que en el futuro tenía que cumplir estrictamente con las disposiciones de la Ley Notarial.

Surge además que desde que se inició en 1966 en el ejer-cicio de la notaría, sus protocolos han cumplido con las normas pautadas para el notariado.

En las circunstancias expuestas, procede que limitemos las sanciones disciplinarias a una suspensión de tres (S) meses del ejercicio de la notaría computados a partir del día si-guiente en que el licenciado Segarra Irizarry sea notificado de la presente resolución. Tan pronto cumpla con esta sanción disciplinaria se le aceptará su renuncia del ejercicio del nota-riado.

El Juez Presidente Interino Señor Irizarry Yunqué no in-tervino.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Efraín de León y Otros, demandantes y recurridos, v. María Socorro Lacot, etc., demandada y peticionarios.

      Número: CE-85-549

      Resuelto: 26 de noviembre de 1985

      Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Georgina Candal y Rafael Cordero, abogados de los re-curridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Los aquí recurridos instaron acción de injunction contra la Secretaria de Instrucción y otros funcionarios para que éstos cumplieran con los deberes y obligaciones impuestos por la Ley del Programa de Educación Especial, 18 L.P.R.A. see. 1331 y la Ley Federal Núm. 94-142 (20 U.S.C. see. 1401). Celebrada la vista evidenciaría, el 10 de febrero de 1984 el tribunal declaró con lugar la acción ordenándoles a los deman-dados realizar una serie de actos, entre ellos, reembolsarles a los padres de los menores demandantes los gastos de transpor-tación incurridos y proceder a enmendar el Reglamento 2388 del Programa de Educación Especial. Por no haber cumplido la totalidad de la orden, los demandantes se vieron obligados a radicar una moción de desacato, fechada el 21 de noviem-bre de 1984. Para la fecha de la vista del 12 de abril de 1985, los demandados todavía no habían cumplido lo ordenado. Por dicha razón el tribunal declaró con lugar la moción de desa-cato y condenó a los demandados a pagar la suma de $500 de honorarios de abogado de los demandantes, como restitución por los gastos y gestiones que éstos llevaron a cabo para ob-tener el cumplimiento de la orden del tribunal. El 28 de mayo de 1985 el tribunal ordenó el pago de los honorarios fijados. El 19 de agosto de 1985 se radicó este recurso. Habiéndose opuesto los recurridos, procedemos a resolver sin trámite ulterior.

La contención del Procurador General es que el Estado y sus funcionarios no están sujetos al pago de honorarios de abogado. Invoca la norma invariable de este Tribunal de que bajo la Regla 44.3 (b) de Procedimiento Civil y la Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado, 32 L.P.R.A. sees. 3077-3084, el Estado no puede ser condenado por honorarios de abogado. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Acevedo v. E.L.A., 91 D.P.R. 796 (1965). También señalan que ni la ley local ni la federal sobre educación especial autorizan la condena del pago de honorarios de abogado.

No hay duda de que esa es la doctrina general. Así lo aceptan los recurridos. Pero en este caso los honorarios impuestos fueron por haber sido los funcionarios declarados incursos en desacato y no como parte de la sentencia. ¿Procede bajo esta situación la condena de honorarios de abogado contra el Estado? Resolvemos en la afirmativa.

Los peticionarios no nos orientan sobre este punto especí-fico. Se limitan a invocar la norma general aplicable a las sen-tencias. Los recurridos se amparan en el poder inherente de los tribunales para proteger, por vía del desacato, el cumplí-miento de las órdenes judiciales, especialmente en los casos de injunction; Art. 687 del Código de Enjuiciamiento Civil, 82 L.P.R.A. see. 3533; U.P.R. v. Alejandro Rivera, 111 D.P.R. 682 (1981); U.P.R. v. Merced Rosa, 102 D.P.R. 512 (1974); Gandía v. Marín, 63 D.P.R. 517 (1944).

Resolvemos que como una alternativa menos drástica que la de ordenar la encarcelación o el pago de una multa por los funcionarios públicos que desacatan una orden de injunction, los tribunales tienen la facultad para imponerle al Estado el pago de honorarios de abogado. Resolver lo contrario afectaría adversamente el poder de los tribunales para hacer cumplir sus órdenes de injunction. Véase Cabrera v. Municipality of Bayamón, 622 F.2d 4 (1er Cir. 1980).

El hecho de que la ley local y la federal de educación especial no autoricen expresamente el pago de honorarios() de abogado, no altera el resultado. Repetimos, que la condena no es parte integrante de la orden de injunction. Estamos ante una sanción por desacatar dicha orden. En esta situación no son aplicables las exenciones que cobijan al Estado Libre Asociado. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, supra, pág. 841.

Por no haber la parte recurrente cuestionado la determi-nación de que fue correctamente declarada incursa en desa-cato, procede confirmar la orden en todas sus partes.

      (1)Smith v. Robinson, 468 U.S. 992, 82 L. Ed.2d 746 (1984).


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. Bienvenido Hernández Vargas, querellado.

      Número: O-84-626

      Resuelto: 27 de noviembre de 1985

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Rosa María Ne-gron de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, querellan-tes; R. Elfrén Bernier, de Bernier & Cuevas Segarra, abo-gado del querellado.
   PER CURIAM:

En cumplimiento de la Resolución del 23 de agosto de 1984 de este Tribunal, el Procurador General for-muló los siguientes cargos contra el Lie. Bienvenido Hernán-dez Vargas :

PRIMER CARGO — El Lie. Bienvenido Hernández Vargas incurrió en conducta impropia y ant[ié]tica al redactar, suscribir y remitir por correo, en un sobre oficial con el membrete del Tribunal General de Justicia, al señor Ernesto Báez Miranda, una demanda en cobro de dinero, y notifica-ción bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, sin que previa-mente hubiese iniciado trámite alguno ante el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras. Posteriormente le remitió la . sentencia.
La conducta del querellado descrita en el cargo anterior es antiética, censurable y contraria al Preámbulo del Código de Etica Profesional que rige la conducta de los miembros de la profesión legal de Puerto Rico.
SEGUNDO CARGO — El Lie. Bienvenido Hernández Vargas, incurrió en conducta impropia y ant[ié]tica al re-dactar, suscribir y remitir por correo, en su sobre oficial con el membrete del Tribunal General de Justicia, al señor Pablo Delpín Colón, una demanda en cobro de dinero y noti-ficación, bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, sin que previamente hubiese iniciado trámite alguno ante el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras. Bienvenido Hernández Vargas vs. Pablo Delpín Colón, Honorarios de Abogado, Civil Número 83-5008.
La conducta del querellado descrita en el cargo anterior es antiética, censurable y contraria al Preámbulo del Código de Etica Profesional que rige la conducta de los miembros de la profesión legal de Puerto Rico.
TERCER CARGO — El Lie. Bienvenido Hernández Vargas, incurrió en conducta impropia y ant[ié]tica al redactar, suscribir y remitir por correo, en un sobre oficial con el mem-brete del Tribuna] General de Justicia, al señor Manuel de Jesús Vélez y su esposa Encarnita Rivera Munich, una de-manda en cobro de dinero y notificación bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, sin que previamente hubiese iniciado trámite alguno ante el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras.
La conducta del querellado descrita en el cargo anterior es ant[ié]tica, censurable y contraria al Preámbulo del Có-digo de Etica Profesional que rige la conducta de los miem-bros de la profesión legal de Puerto Rico.
CUARTO CARGO — El Lie. Bienvenido Hernández Vargas, incurrió en conducta impropia y ant[ié]tica al redac-tar, suscribir y remitir por correo, en un sobre oficial con el membrete del Tribunal General de Justicia, al Rev. Miguel A. Rivera, una demanda en cobro de dinero y notificación bajo la Regla 60 de Procedimiento Civil, sin que previa-mente hubiese iniciado trámite alguno ante el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras. Carmelo Deliz y Carlis Art. Type Setting vs. Reverendo Miguel A. Rivera, Civil Número 83-5007.
La conducta del querellado descrita en el cargo anterior es antiética, censurable y contraria al Preámbulo del Código de Etica Profesional que rige la conducta de los miembros de la Profesión legal de Puerto Rico. (Escolio omitido.) Querella, págs. 1-3.

El querellado compareció representado por abogado y aceptó todos los hechos que se alegan en la querella. Admite que es innegable que los hechos que se le imputan, y que sin vacilación aceptó, no pueden ser desatendidos como algo trivial y que procedió en forma impropia.

No hay duda de que la conducta del querellado Hernández Vargas es antiética y censurable. El hecho de que no hubiera intención de defraudar o de que las deudas fueran legítimas no excusan su mala conducta profesional. Salas Cohen v. Otero Calero, 115 D.P.R. 355 (1984).

Las circunstancias de este caso, que durante el curso de treinta años de ejercicio profesional el querellado, Lie. Bien-venido Hernández Vargas, nunca ha recibido reprimenda, prevención, castigo o amonestación de este Tribunal, justifi-can que no sea separado permanentemente de la abogacía. Sin embargo, la gravedad de los cargos probados amerita una separación por un término de un año, efectivo en la fecha en que sea notificado de la presente.


text:
      In re Juan Luis Boscio Monllor, Luis Carbone Rosario, Raymond Catalá Fonfrías, Wilson F. Colberg Pérez, Juan R. Cotto Vives, Pedro M. González Sánchez, Manuel Parrilla Márquez, José F. Quiles Cardona.

      Números: CE-85-748, CE-85-580, CE-85-544, CE-85-646, CE-85-383, O-85-382, CE-85-755, O-85-61

      Resueltos: 2 de diciembre de 1985

      Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Américo Serva, Procurador General In-terino, Rosa Negrón, Procuradora General Auxiliar, Eliadís Orsini Zagas, Procuradora General Auxiliar, Ricardo E. Ale-gría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del Pueblo; Luis Muñoz Rivera, abogado del querellado Juan R. Cotto Vives; Manuel E. Moraza Choisne, abogado del quere-llado José F. Quiles Cardona.
   per curiam:

El abogado Juan Luis Boscio Monllor fue admitido al ejercicio de la profesión legal el 14 de enero de 1970, el abogado Luis Carbone Rosario el 13 de diciembre de 1968, el abogado Raymond Catalá Fonfrías el 3 de enero de 1974, el abogado Wilson F. Colberg Pérez el 21 de noviembre de 1957, el abogado Juan R. Cotto Vives el 5 de junio del 1974, el abogado Pedro M. González Sánchez el 29 de diciembre de 1976, el abogado Manuel Parrilla Márquez el 13 de mayo de 1980, y el abogado José F. Quiles Cardona el 3 de enero de 1974. Éstos también fueron autorizados para ejercer como notarios. ()

Durante el transcurso de este año, 1985, todos estos aboga-dos resultaron convictos por el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico por delitos graves o menos graves que implican depravación moral. Contra todos ellos el Procurador General ha presentado querella() para que, a tenor con lo dispuesto en la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) y en virtud de la facultad inhe-rente de este Tribunal para regular la profesión de abogado, sean separados permanentemente de la profesión legal. Con todas estas querellas se acompañó copia certificada de la sen-tencia dictada por el tribunal federal.

De las copias certificadas de las sentencias que se hicieron formar parte de las querellas se desprende que: el abogado Quiles Cardona fue sentenciado el 11 de enero de 1985 por establecer un esquema para pagar a un representante de una organización laboral dinero perteneciente a un plan de beneficio de los empleados, Sec. 186(a) (1) del Tít. 29 del Código de Estados Unidos; el abogado González Sánchez fue sentenciado el 3 de mayo de 1985 por conspirar para defrau-dar y encubrir y ayudar a cometer un fraude en relación con el correo, Secs. 371 () y 1341 del Tít. 18 del Código de Esta-dos Unidos; el abogado Catalá Fonfrías el 2 de agosto por en-cubrir y ayudar a conspirar contra los derechos civiles de un ciudadano de Estados Unidos, Sees. 2, 241 y 242 del Tít. 18 del Código de Estados Unidos; el abogado Carbone Rosario el 16 de agosto por conspirar para poseer con intención de distri-buir cocaína, Sees. 846 y 841 (a) (1) () del Tít. 21 del Código de Estados Unidos, See. 2 del Tít. 18 del mismo Código; el abogado Colberg Pérez el 30 de agosto por conspirar para im-portar a Estados Unidos marihuana y ayudar y encubrir la importación de marihuana a Estados Unidos, Sees. 952, 960 y 963 del Tít. 21 del Código de Estados Unidos y la See. 2 del Tít. 18 del mismo Código; el abogado Boscio Monllor el 31 de octubre por ayudar y encubrir con el propósito de llevar a cabo un esquema para defraudar y transferir dinero en el comercio interestatal, Sees. 1343 y 2 del Tít. 18 del Código de Estados Unidos;() el abogado Cotto Vives el 15 de marzo por llevar a cabo un esquema para desfalcar y apropiarse de dinero per-teneciente a una organización laboral, See. 501 (c) del Tít. 29 del Código de Estados Unidos, y el abogado Parrilla Márquez el 8 de noviembre por conspirar para cometer una ofensa o de-fraudar a Estados Unidos, Sec. 871 del Tít. 18 del Código de Estados Unidos.

Es doctrina firmemente establecida en nuestra jurisdicción que la causa de desaforo o suspensión del ejercicio de la profesión de abogado no tiene necesariamente que surgir con motivo de la actividad profesional, basta con que afecte las condiciones morales del querellado. In re Rivera Cintrón, 114 D.P.R. 481, 491 (1983); Colegio de Abogados v. Barney, 109 D.P.R. 845, 848 (1980); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255-256 (1961). La conducta de los querellados, que culminó en las antes referidas convicciones, es una que afecta sus condiciones morales e implica depravación moral, lo cual es incompatible con la práctica de la profesión legal y más aún es causa grave que les descualifica automáticamente para continuar en el ejercicio de la abogacía. In re Varona Pacheco, 71 D.P.R. 411 (1950); In Re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922); In re Rivera Cintrón, supra. Las funciones que le competen a los abogados como oficiales del tribunal, hacen que un abogado convicto de delito grave o menos grave que implique depravación moral esté incapacitado para desempeñar éticamente los deberes y obligaciones que como abogado le corresponden. In Re Tormes, supra; In re Núñez López, 115 D.P.R. 702 (1984).

En In re Snyder, 86 L. Ed.2d 504, 513 (1985), el Tribunal Supremo de Estados Unidos se expresó sobre las funciones de un abogado como sigue:

As an officer of the court, a member of the bar enjoys singular powers that others do not possess; by virtue of admission, members of the bar share a kind of monopoly granted only to lawyers. Admission creates a license not only to advise and counsel clients but to appear in court and try cases; as an officer of the court, a lawyer can cause persons to drop their private affairs and be called as witnesses in court, and for depositions and other pretrial processes that, while subject to the ultimate control of the court, may be conducted outside courtrooms. The license granted by the court requires members of the bar to conduct themselves in a manner compatible with the role of courts in the administration of justice. (Énfasis suplido.)

En In re Sánchez Gómez, 115 D.P.R. 74, 75 (1984), dijimos que la conducta de un abogado al incitar y ayudar a distribuir cocaína y la distribución de ésta que dio lugar a convicciones bajo la Ley Federal de Sustancias Controladas “implica depravación moral” y acarrea la separación inmediata del ejercicio de la abogacía.

Recordemos que “[l]a misión de los abogados en la sociedad es altamente noble, pues están llamados a auxiliar a la recta administración de justicia. En ellos confían, no sólo las partes interesadas en los pleitos, sino las cortes mismas”. In re Díaz, 16 D.P.R. 82, 92 (1910). Este Tribunal constantemente ha reiterado que la misión del abogado “como tal no se limita meramente a representar intereses privados ... sino a ser un instrumento leal y eficaz de la administración de la justicia y del orden en nuestra sociedad”. Martínez Rivera v. Sears, Roebuck, 98 D.P.R. 641, 652 (1970); Colegio de Abogados de P.R. v. Schneider, 112 D.P.R. 540, 559 (1982), opinión concurrente.

Hemos resuelto que “[l]a depravación moral, tratándose de abogados, consiste ... en hacer algo contrario a la justicia, la honradez, los buenos principios o la moral. ... En general la consideramos como un estado o condición del individuo, compuesto por una deficiencia inherente de su sentido de la moral y la rectitud; en que la persona ha dejado de preocuparse por el respeto y la seguridad de la vida humana y todo lo que hace es esencialmente malo, doloso, fraudulento, inmoral, vil en su naturaleza y dañino en sus consecuencias”. Morales Merced v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 423, 430 (1966); In re Rivera Cintron, supra, pág. 491. En casos como los de autos, en que el abogado ha incurrido en conducta de la naturaleza antes descrita que implica depravación moral y la ley reguladora del ejercicio de la abogacía dispone que la persona así convicta cesará “de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión [y a] la presentación de una copia certificada de la sentencia” este Tribunal ordenará que se borre su nombre del registro de abogados. Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735). ()

Habiéndose presentado copia certificada de las sentencias dictadas por el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico y en virtud de lo dispuesto en la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra, y de nuestra facultad inhe-rente, se decreta la separación inmediata de los abogados Juan Luis Boscio Monllor, Luis Carbone Rosario, Raymond Catalá Fonfrias, Wilson F. Colberg Pérez, Juan R. Coito Vives, Pedro M. Gonzalez Sánchez, Manuel Parrilla Marquez y José F. Quiles Cardona del ejercicio de la abogacía y el notariado en Puerto Rico. Se ordena que sus nombres sean borrados del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en esta jurisdicción, independientemente de que hubieren inter-puesto recurso de apelación en relación con las antes mencio-nadas convicciones.

      (1) El abogado Boscio Monllor fue autorizado para ejercer como notario el 10 de febrero de 1970, el abogado Carbone Rosario el 5 de septiembre de 1974, el abogado Catalá Fonfrías el 1ro de febrero de 1974, el abogado Col-berg Pérez el 10 de mayo de 1962, el abogado Cotto Vives el 9 de julio de 1974, el abogado González Sánchez el 14 de febrero de 1977, el abogado Pa-rrilla Márquez el 11 de noviembre de 1980 y el abogado Quiles Cardona el 3 de enero de 1974.

      (2)Por entrañar estas querellas cuestiones comunes de derecho las hemos consolidado.
      Las querellas contra los abogados Cotto Vives y González Sánchez se presentaron el 14 de junio de 1985. La querella contra el abogado Quiles Cardona se presentó el 5 de febrero, contra el abogado Catalá Fonfrías el 16 de agosto, contra el abogado Carbone Rosario el 6 de septiembre, contra el abogado Colberg Pérez el 1ro de octubre, contra el abogado Boscio Mon-llor el 18 de noviembre, y contra el abogado Parrilla Márquez el 20 de no-viembre de 1985.
      Contra el abogado Raymond Catalá Fonfrías también se encuentra pendiente otra querella presentada por el Procurador General el 15 de abril de 1985, In re Raymond Catalá, O-85-227, en la cual se le imputa haber vio-lado el “Canon 24 de Ética de la Profesión legal al adoptar una excesiva liberalidad al interpretar en los recibos de pago el concepto por el cual los querellantes ... le consignaban el dinero”.

      (3)En In re Varona Pacheco, 71 D.P.R. 411 (1950), dijimos que una convicción por infringir la See. 371 del Tít. 18 del Código de Estados Unidos implica depravación moral y lleva consigo la separación inmediata de la pro-fesión de la abogacía de conformidad con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735).

      (4)En In re Núñez López, 115 D.P.R. 702 (1984), determinamos que la convicción por infringir la Sec. 841(a) (1) del Tít. 21 del Código de Estados Unidos también implica depravación y lleva consigo la separación inmediata de la profesión de la abogacía de conformidad con la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909, supra.

      (5)E1 26 de septiembre de 1985 el Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico al amparo de la Regla local federal 211.1(A), emi-tió una orden que suspendía indefinidamente de la profesión legal en dicho foro a los abogados Juan Luis Boscio Monllor, Luis Carbone Rosario, Raymond Catalá Fonfrías, Wilson F. Colberg Pérez, Pedro M. González Sánchez y José F. Quiles Cardona.

      (6)4 L.P.R.A. see. 735:

        “Desaforo o suspensión temporal — Engaño, conducta inmoral, convic-ción criminal

      “El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en co-nexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier de-lito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por la Corte Suprema de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la prác-tica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada a la Corte Suprema, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden de la Corte, del registro de abogados. Al ser revocada dicha sentencia, o mediante el perdón del Presidente de los Estados Unidos o del Gobernador de Puerto Rico, la Corte Suprema estará facultada para dejar sin efecto o modificar la orden de suspensión.”
      Cabe señalar que en los procedimientos judiciales la presunción es siem-pre a favor de su regularidad a menos que se demuestre lo contrario. Acosta v. Pagán, 19 D.P.R. 459 (1913); Ex Parte Le Hardy, 17 D.P.R. 1024 (1911); Aramburu v. Córdova, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 948 (1911); Río v. La Corte Municipal, 16 D.P.R. 813 (1910), y toda presunción es a favor de la legalidad de una sentencia dictada por un tribunal competente. Rodríguez v. Banco Popular, 66 D.P.R. 781 (1946); Moral & Co. v. Diez et al., 16 D.P.R. 332 (1910).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Domingo Ortalaza García, demandante y recurrente, v. Fondo del Seguro del Estado y Enrique Jacobo Doer, demandados y recurridos.

      Número: RE-85-426

      Resuelto: 3 de diciembre de 1985

      Alejandro López Núñez, abogado del recurrente; E. Delgado Ro-que, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — <

El 30 de octubre de 1984 Domingo Ortalaza García instó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, demanda en daños contra el Fondo del Seguro del Estado y el Dr. Enrique Jacobo Doer. Se expidieron los emplazamientos. Transcurri-dos sesenta y cinco (65) días y motivado por la falta de dili-genciamiento en los emplazamientos, el magistrado asignado al caso emitió una orden para que en el término de diez (10) días el demandante Ortalaza expresara si mantenía interés en el mismo. Lo apercibió de que su ineomparecencia se interpre-taría como una falta de interés y de que el caso sería archi-vado. Su abogado, Lie. Alejandro López Núñez no recibió dicha orden pues no había informado al tribunal el cambio de dirección postal. Incumplido ese mandato, el 1ro de febrero de 1985 el tribunal archivó el caso con perjuicio.

Posteriormente, los demandados fueron emplazados en el término de seis (6) meses, dos (2) días. Al conocer el representante legal de Ortalaza la sentencia, pidió su relevo al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Adujo desconocimiento por razón del cambio de su dirección postal. El tribunal se negó. Mediante orden de mostrar causa revi-samos. La comparecencia de los demandados, Fondo del Seguro del Estado y Dr. Enrique Jacobo Doer, no nos persuade.

r-H > — I

La Regia 4.3(b) de Procedimiento Civil gobierna la solución del caso. Reza:

(b) El emplazamiento será diligenciado en el término de seis (6) meses de haber sido expedido. Dicho término solo podrá ser prorrogado por un término razonable a discreción del tribunal si el demandante demuestra justa causa para la concesión de la prórroga y solicita la misma dentro del tér-mino original. Transcurrido el término original o su pró-rroga sin que el emplazamiento hubiere sido diligenciado, se tendrá a la parte actora por desistida, con perjuicio. (Énfa-sis suplido.)

Su texto refleja que los tribunales están facultados discre-cionalmente para prorrogar el término de seis (6) meses pres-crito para diligenciar un emplazamiento. La premisa inarti-culada en que se apuntala esta norma es que de ordinario el período de seis (6) meses es razonablemente suficiente para que el promovente de una acción civil pueda diligenciar los em-plazamientos expedidos. Transcurrido el mismo, o la prórroga concedida, sobre éste recae “justificar con referencia a los hechos y circunstancias la razón o motivo para su inacción”. Lugo v. Municipio de Bayamón, 111 D.P.R. 679 (1981); Banco Metropolitano v. Berríos, 110 D.P.R. 721 (1981).

¿Puede ser acortado este término mediante órdenes judiciales encaminadas a acelerar los trámites de causas civiles? Al examinar esta incógnita, advertimos la facultad general de los tribunales, bajo la Regla 68.2 de Procedimiento Civil, de discreeionalmente también, y por justa causa, ampliar o reducir un plazo. Dispone:

Cuando por estas reglas o por una notificación dada en virtud de sus disposiciones, o por una orden del tribunal se requiera o permita la realización de un acto en o dentro de un plazo especificado, el tribunal podrá, por justa causa, en cualquier momento, y en el ejercicio de su discreción, (1) previa moción o notificación o sin ellas, ordenar que se pro-rrogue o acorte el término si así se solicitare antes de expi-rar el término originalmente prescrito o según prorrogado por orden anterior; o (2) a virtud de moción presentada después de haber expirado el plazo especificado, permitir que el acto se realice si la omisión se debió a negligencia excusable ; pero no podrá prorrogar o reducir el plazo para ac-tuar bajo las disposiciones de las Reglas 43.3, 44.1, 47, 48.2, 48.4, 49.2, 53.1, 53.2, 53.3 y 53.7, salvo lo dispuesto en las mismas bajo las condiciones en ellas prescritas. (Énfasis suplido.)

Sin embargo, al evaluar integralmente la dinámica y efec-tos de ambas reglas, nos inclinamos a resolver —en considera-ción a la drástica sanción de desistimiento con perjuicio con-templada en la Regla 4.3(b)— como norma general y en casos ordinarios() como el presente, que dicho término no puede ser disminuido. Nótese que expresamente la regla visua-liza una ampliación del plazo. Esa ruta orientadora, en recta hermenéutica, robustece esa conclusión.

hH HH

Lo expuesto adjudica el aspecto técnico procesal del re-curso. No obstante, nuestra tarea estaría inconclusa sin la siguiente observación.

Según antes relacionado, es evidente que todo este incidente pudo evitarse o quedar diáfanamente esclarecido en instancia, si el abogado López Núñez hubiese cumplido con el mandato de la Regla 9 de Procedimiento Civil preceptivo de que “el abogado o la parte deberá notificar inmediatamente al tribunal, bajo el epígrafe del caso, cualquier cambio en dicha dirección o teléfono”. Es menester crear conciencia de lo necesario e imprescindible que resulta para el buen funcionamiento de la Rama Judicial la observancia de esa sencilla gestión. El presente recurso, su atención por este foro, los gastos forenses y costos judiciales que su omisión ha generado, es ejemplarizante del valor que representa para toda nuestra clase togada el cumplimiento de ese deber. Debemos estimular su observancia.

En estas circunstancias, al amparo de la Regla 44.2 de Procedimiento Civil, procede que impongamos al abogado Ló-pez Núñez una sanción económica de $100 a favor del Estado Libre Asociado por su “falta de diligencia en perjuicio de la eficiente administración de justicia”. Deberá satisfacerla ante el foro de instancia en o antes de transcurridos diez (10) dias de la remisión de nuestro mandato.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia para dejar sin efecto la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de fecha 25 de febrero de 1985 sujeto ál cumplimiento de la sanción impuesta. Este dictamen será sin menoscabo de que los de-mandados reproduzcan cualquier defensa ante el foro de ins-tancia.

      En su comparecencia los demandados recurridos, Pondo del Seguro del Estado y Dr. Enrique Jacobo Doer, nos argumentan que el demandante emplazó a los 182 días; que no notificó al Fondo dentro del término de no-venta (90) días, según la ley que regula las Demandas y Reclamaciones contra el Estado, 32 L.P.R.A. see. 3077 et seq., y que el recurso de revisión fue interpuesto transcurridos treinta (30) días desde la sentencia original. En cuanto al apuntamiento sobre notificación al Estado, no nos corresponde en esta etapa apelativa pasar juicio sobre los méritos de dicha defensa la cual debe ser reproducida y objeto de dictamen por el foro de instancia. Res-pecto al término apelativo, observamos que aunque denominado revisión, propiamente es un recurso de certiorari —y así lo acogemos— pues cuestiona la negativa del tribunal de instancia a conceder una moción de relevo de sentencia.

      (2) Claro está, la norma no aplica a procedimientos extraordinarios (injunctions, mandamus y otros), casos de desahucios, reclamaciones en ali-mentos y aquellas otras causas que por la naturaleza de sus alegaciones o urgencia del remedio sean (o puedan considerarse) de carácter sumario o cuando el Tribunal estime, en bien de la justicia, que los procedimientos deben acelerarse.


text:
    Ángel S. Bonilla Rodríguez y su esposa Gloria I. Pérez Colón y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, demandantes y recurridos, v. Citibank, N.A., Ronald Zeetel, Vice Presidente y Oficial Corporativo y Luis Tomassini, Gerente, Sucursal de Mayagüez Playa, Citibank, N.A., demandados y recurrentes, v. Joaquín Nieves y Carmen Vélez y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, terceros demandados.

      Número: R-85-286

      Resuelto: 17 de diciembre de 1985

      Alexie Rivera Cordero, abogado del recurrente ; Hermes Acevedo Lebrón y Nicanor Laguillo Rodríguez, abogados de los recu-rridos.
   per curiam:

Recurre el Citibank, N.A. de una sentencia del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, emitida en los casos consolidados CS-81-644 y TD-81-1303. En el primero el Juez Ángel S. Bonilla, su esposa, Gloria I. Pérez Colón y la socie-dad legal de gananciales compuesta por ambos, aquí recurri-dos, demandaron en cobro de dinero y daños y perjuicios al Citibank. En el caso núm. TD-81-1303, el Citibank demandó al Juez Bonilla y su esposa en cobro de dinero, producto de un préstamo personal.

El tribunal de instancia declaró con lugar ambas deman-das. Ordenó al Citibank a devolver el balance que resultara luego de descontar de la suma de $15,408 pagada por el Juez Bonilla, la cantidad adeudada al banco por concepto del prés-tamo personal. También condenó al Citibank a pagar las cos-tas de ambos casos y $1,000 por concepto de honorarios de abogado para ambos casos.

El Citibank recurrió de la sentencia y el 11 de julio de 1985 emitimos la siguiente resolución:

Considerando que el pago hecho por el demandante recu-rrido Sr. Bonilla al demandado recurrente se hizo con cono-cimiento del deudor Sr. Nieves, y fue aceptado de buena fe por el Banco recurrente; visto lo dispuesto en el art. 1112 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3162, muestre causa el de-mandante recurrido, en plazo a vencer el 29 de julio de 1985, por la cual no deba este Tribunal expedir el auto solicitado, revocar la sentencia objeto de este recurso, y declarar sin lugar la demanda a que dicha sentencia se refiere.

La parte recurrida ha comparecido y aduce que el pago efectuado no puede considerarse hecho en beneficio de tercero, porque fue obligado, bajo engaño, a saldar la hipoteca a sa-biendas de que los documentos de cancelación no habían sido aceptados por el Registrador de la Propiedad.

Para enmarcar adecuadamente nuestra decisión expone-mos los hechos pertinentes:

El recurrido, Juez Ángel S. Bonilla, y el Sr. Joaquín Nieves otorgaron un contrato de opción de compraventa me-diante el cual el señor Nieves se obligaba a venderle una casa. Entre las condiciones del contrato de opción el señor Nieves se obligó a cancelar la segunda y tercera hipoteca que grava-ban la propiedad. La segunda hipoteca estaba constituida a favor del Citibank en garantía de un pagaré al portador por la cantidad de $20,000.

Entre los contratantes surgieron algunas diferencias rela-cionadas con vicios ocultos y con la cancelación de las hipo-tecas. El 27 de marzo de 1979 el recurrido Bonilla envió una carta () al señor Nieves en la que le propuso la siguiente solu-ción:

... Yo saldo la deuda de Uds. con el Citibank. De lo que so-bra para entregarle a Uds., se depositan $1,900.00 en el Federal en una acción de saneamiento y que la justicia de-cida sobre si Uds. o nosotros tenemos el derecho. Esto es previa cancelación por Ud. del pagar [é] que Ud. alega tener en su poder y enviarme copia de los documentos para prepa-rar la escritura de compraventa....

El 21 de mayo de 1979 el Ledo. Mario Oronoz, represen-tante legal del señor Nieves le contestó al recurrido Bonilla que el señor Nieves estaba de acuerdo con la solución sugerida por él y le indicó que la deuda con el Citibank consistía en la suma de $8,916.94 y una suma adicional de $6,000, más $374.02 de intereses hasta el 31 de mayo de 1979.

El recurrido Bonilla entregó al Citibank el 17 de agosto de 1979 la suma de $15,408 para pagar la deuda contraída por el Sr. Joaquín Nieves.

El Art. 1112 del Código Civil () reconoce el pago hecho por tercero.

Una vez realizado el pago, queda extinguida la relación original (acreedor-deudor) y surge un nuevo lazo entre el tercero (nuevo acreedor) y el deudor. El pago se verificó y éste surte todos los efectos legales de cumplimiento de la obli-gación.

La situación de autos, donde se resolvió el contrato original que era el motivo para el pago, no encuentra excepción a los preceptos del pago por tercero, pues la razón para el pago es irrelevante. “[E]n general puede verificar el pago cualquier persona no incapaz, sea cual fuere su interés en la obligación, y aun cuando en ella no tenga absolutamente ninguno, ni relación anterior al pago con los obligados.” J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 1, pág. 599. Además, P. Schlessinger, El Pago al Tercero (A. De la Esperanza Martínez-Radio, traductor), Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1971.

A la parte que paga por otro, la doctrina le reconoce una única acción de reembolso contra el deudor a través de la figura de la subrogación. Indica Espín Cánovas, “ [e] 1 efecto propio del pago es, como sabemos, la extinción de la obligación y consiguiente liberación del deudor; pero así como cuando el pago lo realiza el propio deudor no se producen más efectos, en cambio, cuando el pago se hace por un tercero, es natural que éste pueda reclamarle al deudor lo pagado por él”. D. Espín, Manual de Derecho Civil Español, 5ta ed. rev., Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1978, Vol. III, pág. 129; Valldejuly v. Secretario de Hacienda, 83 D.P.R. 141 (1961). Esta reclamación de pago al deudor es la acción adecuada a solicitarse. ()

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se dic-tará sentencia en los siguientes términos: se desestima la de-manda en el caso núm. CS-81-6UU y se declara con lugar la demanda en el caso núm. TD-81-1303, y se condena a la parte demandada en dicho caso a pagar al Citibank, N.A. la canti-dad de $Jf,895.Jp7, sus intereses correspondientes, las costas de ambos litigios y la cantidad de $1,000 para honorarios de abogado. Así modificada, se confirmará la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton no intervinieron.

      (1) Esta carta y la contestación a ella constan en el apéndice del caso núm. R-81-302, pág. 43, Joaquín Nieves y otros v. Ángel S. Bonilla y otros, sobre cumplimento específico de contrato del que tomamos conocimiento judicial conforme a la Regla 11 de Evidencia.

      (2) “Puede hacer el pago cualquiera persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
      “El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
      “En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago.” 31 L.P.R.A. see. 3162.

      (3) Notamos que el demandante recurrido Sr. Ángel S. Bonilla, que se desempeña como juez en el Tribunal de Distrito, asumió su propia repre-sentación durante el trámite de este litigio ante el tribunal de instancia. Debemos consignar nuestra insatisfacción por tal proceder. No alcanzamos a ver justificación para que no se hiciera representar por un abogado de su selección, como lo ha hecho ante nos. Los jueces debemos ser cautelosos cuando nos vemos obligados a ser parte en un pleito, especialmente de parte de quienes puedan interpretar que estamos tomando ventaja de nuestra po-sición.


author: per CURIAM:

text:
      In re Lic. Luis Miranda Cruz, peticionario.

      Número: MC-83-21

      Resuelto: 17 de diciembre de 1985

      Francisco Guzmán Rivera, abogado del peticionario; Luis Miranda Cruz, pro se; Patricio Martínez Lorenzo, abogado del Co-legio de Abogados de Puerto Rico; Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo.
   per CURIAM:

Atendiendo a una solicitud del Lie. Luis Miranda Cruz para que se le aceptara su renuncia como abogado y notario, y que se le declarara total y permanentemente in-capacitado para ello, decretamos su suspensión provisional del ejercicio de la abogacía y el notariado. Se informó sobre la petición al Colegio de Abogados de Puerto Rico para que desig-nara uno o más abogados que investigaran la condición del pe-ticionario, asumieran su representación profesional e infor-maran lo que fuera procedente. El abogado designado, Lie. Francisco Guzmán Rivera, solicitó que a tono con la Regla 13.1 del Reglamento de este Tribunal se nombrara un Comi-sionado Especial para que éste recibiera prueba sobre la capa-cidad mental y/o emocional del peticionario. El 15 de marzo de 1984 designamos Comisionado Especial al Lie. Agustín Mangual Hernández.

Conforme al procedimiento establecido en la Regla 13.1 (c), el Comisionado Especial nombró un panel de tres médicos psi-quiatras. Éstos procedieron a examinar extensamente al peti-cionario, rindieron informes fundamentados y explícitos, y comparecieron a la vista celebrada ante el Comisionado Especial.

En su informe, el Comisionado Especial hace las siguien-tes conclusiones y recomendaciones:

Los mencionados peritos psiquiatras coinciden en su testi-monio de que el peticionario Luis Miranda Cruz no está men-talmente capacitado para asumir competente y adecuada-mente la representación legal de sus clientes o para ejercer la profesión de abogado en esta jurisdicción.
Así surge también de las conclusiones de sus informes ad-mitidos en evidencia.
POR TODO LO CUAL, el Comisionado Especial suscri-biente, salvo el mejor criterio de este Hon. Tribunal, reco-mienda que el Lie. Luis Miranda Cruz sea suspendido indefi-nidamente del ejercicio de la práctica de la abogacía y del notariado.

El abogado del peticionario no presentó objeciones a dicho informe. Hemos examinado el expediente del caso, así como el informe del Comisionado Especial y los informes de los tres psiquiatras y concluimos que el peticionario padece de una condición mental, diagnosticada como personalidad esquizoide y psicasténica, esquizofrenia tipo paranoide, que le impide ejercer competente y adecuadamente la abogacía y la notaría, así como mantener el patrón de conducta que debe observar todo abogado. Como reflejo o resultado de esta condición, el peticionario abandonó totalmente la práctica de la profesión desde antes de su petición de renuncia en abril de 1983. En los últimos años se ha desempeñado como sembrador, término usado por él, () de frutas y vegetales, y a escribir una obra titulada El verdadero cuento de Juan Bobo, el primario. ()

En mérito de lo expuesto, se dictará sentencia que separe indefinidamente al peticionario del ejercicio de la profesión de abogado, retroactiva al 28 de abril de 1983, por razón de incapacidad mental, según lo dispuesto en la Regla 13.1 del Reglamento de este Tribunal, considerando esta separación como una medida especial de protección social y no como un desaforo.

En caso de que cesare la incapacidad del peticionario, podrá solicitar su reinstalación conforme lo dispone el inciso (h) de la Regla 13.1 de nuestro Reglamento.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) En el informe del doctor Fernández Cuevas se apunta que el peti-cionario “[e]stablece diferencia entre ‘sembrador’ y ‘agricultor’ ya que éste último destroza o corta la tierra para sobrevivir y el primero siembra el fruto que es permanente. Las ideas de él giran preponderantemente ‘sobre qué somos y sobre el dios del bien y el mal.’ ‘El del bien construye y el del mal destruye.’ ”
      El doctor Santiago en su informe expone sobre este aspecto lo si-guiente: “Recuerde doctor, que soy sembrador, no agricultor. Siembro cora-zones, mangó, pomarosas, chinas, maíz y calabaza; los árboles se regalan porque nadie quiere comprarlos.
      “Prefieren sembrar plásticos, latas, y botellas en sus parcelas, en vez de sembrar la raíz de la vida.”

      (2) Manuscrito de 273 páginas que obra en autos y que fue examinado y analizado por el panel médico.


author:
      {Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Norberto Román Román, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandado y recurrente.

      Número: R-85-269

      Resuelto: 17 de diciembre de 1985

      Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia, Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo, recurrente; Víctor A. Vélez Cardona, abogado del re-currido.
   SENTENCIA

En la demanda radicada en el Tribunal Superior, Sala de Utuado, el demandante reclamó compensación por daños su-fridos en un accidente descrito en la siguiente forma:

1. Que el día 1 de octubre de 1983, mientras el deman-dante discurría por la Carretera 128, km. 59.1 de Lares, Puerto Rico resbaló en una parte de la carretera donde ha-bía [s¿e] caído unos mapenes conocidos como “panas”, lo que provocó que el vehículo del demandante, Marca Honda, modelo 1981 se fuera por el barranco que había en dicha ca-rretera y la cual estaba desprovista de la [sic] correspon-dientes vallas protectoras.

En su contestación el Estado levantó, entre otras, las de-fensas de que el accidente se debió a la culpa y negligencia, total o parcial, del demandante o a un acto fortuito o de fuerza mayor. Celebrada la vista, el tribunal de instancia dictó sen-tencia donde declara con lugar la demanda y condena al Es-tado Libre Asociado a pagar al demandante la suma de $6,930 por el valor de su vehículo, $6,500 por los daños físicos y ma-teriales, más la cantidad de $1,000 para costas, gastos y hono-rarios de abogado. Declarada sin lugar la moción de determi-naciones de hechos adicionales, el Estado instó este recurso. El 3 de julio de 1985 le requerimos al demandante-recurrido mos-trar causa por la cual no debíamos modificar la sentencia por los siguientes motivos;

Condenar al Estado Libre Asociado al pago de costas y honorarios de abogado.
Conceder la suma de $6,930 por la pérdida del vehículo sin tomar en consideración el valor en el mercado al mo-mento del accidente. Torres v. González, 68 D.P.R. 47 (1948) ; Ortiz v. Aetna Life Ins. Co., 89 D.P.R. 640 (1963) ; Díaz v. Marshak Auto Dist., Inc., 95 D.P.R. 690 (1968).
No haber considerado la negligencia del demandante y, en consecuencia, no aplicar la doctrina de negligencia com-parada.

El demandante ha comparecido y sostiene la corrección de la sentencia en cuanto a la determinación de responsabilidad y la valorización de los daños al vehículo. Nada dice en cuanto a la imposición de los honorarios de abogado.

No hay duda de que el Estado incumplió con su deber de ofrecer protección suficiente en la vía de comunicación donde ocurrió el accidente. Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 422; Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1977); Rivera v. Pueblo, 76 D.P.R. 404 (1954). Obviamente la falta de barreras protectoras nada tiene que ver con la violencia de los elementos u otro caso fortuito. Resto v. P.R. Telephone Co., 97 D.P.R. 313 (1969). El tribunal determinó que fue precisa-mente por la ausencia de las vallas protectoras que ocurrió el accidente y que después del accidente el Estado colocó vallas en dicho lugar. Si bien es cierto que podríamos inferir que el resbalón inicial pudo haberse atribuido, en parte, a la falta de cuidado del demandante, el juzgador de los hechos determinó que el vehículo resbaló por estar húmeda la carretera donde, además, habían caído unas panas. El recurrente no nos ha puesto en condiciones de alterar dicha determinación. Resol-vemos que los daños sufridos se debieron única y exclusiva-mente a la negligencia del Estado. Si hubiera habido vallas protectoras, según lo exigido por el Art. 404, ante, no se ha-brían ocasionado los daños independientemente de la causa inicial del resbalón.

El tribunal de instancia erró al compensar los daños por la pérdida total del vehículo a base de la inversión que hiciera el dueño. Dicha pérdida no puede exceder del valor del ve-hículo en el mercado a la fecha de ocurrir los daños menos el valor residual del mismo. Díaz v. Marshak Auto Dist., Inc., 95 D.P.R. 690 (1968); Ortiz Rivera v. Aetna Life Ins. Co., 89 D.P.R. 640 (1963); Torres v. González, 68 D.P.R. 47 (1947). Aquí el demandante se limitó a presentar prueba de la inversión hecha.

Incidió el tribunal al condenar al Estado Libre Asociado al pago de honorarios de abogado. Colondres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 833 (1983); Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434 (1959).

Se dicta sentencia que elimina las partidas de $6,930 por el valor del vehículo y de $1,000 para costas, gastos y honora-rios de abogado y así modificada se confirma la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Utuado, en el caso civil número CS-84-253.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario General Interino. El Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita.

{Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

La acción de Norberto Román Román, instada al amparo del Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 422, bajo la premisa de que el accidente se debió a la falta de vallas ade-cuadas en el borde de dicha carretera, no debió prosperar.

Incontrovertidamente, el foro de instancia encontró pro-bado que a “eso de las 2:30 p.m. al llegar al kilómetro 39.1 y en una curva la cual estaba húmeda y en adición habían caído unas ‘panas’, resbaló el vehículo [marca Honda] del demandante yéndose por un barranco que había al lado dere-cho de dicha carretera y la cual estaba desprovista de las co-rrespondientes vallas protectoras. A la fecha del accidente y al lado derecho de la carretera donde ocurrió el accidente, no había vallas protectoras, ni muros que protegiera a los cho-feres de irse por el barranco. Fue 'precisamente por la ausen-cia de esas vallas protectoras que ocurrió el accidente. Estas vallas fueron puestas con posterioridad a los hechos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través del Departa-mento de Transportación y Obras Públicas". (Énfasis suplido.)

Ante este trasfondo fáctico resulta innegable que el acci-dente fue causado por la pérdida de control del vehículo de-bido a la humedad de la carretera y a la presencia de unas panas. ¿Cómo entonces responsabilizar al Estado? ¿No exigi-mos responsabilidad absoluta? Nos resulta difícil comprender cómo exigirle al Estado un deber imposible de realizar —evi-tar la humedad debido a las condiciones climatológicas— o eliminar todos los árboles frutales cercanos a la carretera. Adviértase que la ausencia de vallas nada tuvo que ver con la pérdida del control del auto. Las mismas no hubieran evitado el accidente. Lo único que tal vez hubieran logrado, era variar sus consecuencias, pero incuestionablemente siempre se hu-biera producido un impacto contra éstas. Sobre los daños re-sultantes de la colisión contra esa valla, en términos de agra-var o aminorar los mismos, resulta altamente especulativa una conclusión en un sentido u otro. En esta forma la razón de decidir del foro de instancia es errónea, pues le atribuye a los daños el elemento de causalidad per se.

En materia de relación causal, nos regimos por la teoría de la causalidad adecuada o la teoría de la adecuacidad. Véanse Soc. de Gananciales v. Jerónimo Corp., 103 D.P.R. 127 (1974) y Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700 (1982). A su amparo, la cuestión se reduce a determinar si: (1) la conducta de un individuo es generalmente apropiada para producir un resultado de la clase dada; y (2) la concu-rrencia del daño era de esperar en la esfera del curso normal de los acontecimientos o si, por el contrario, queda fuera de este posible cálculo. J. Santos Briz, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado 1984, T. XXIV, pág. 267.

En el caso de autos se responsabilizó al Estado por la omi-sión de brindar protección respecto a las vallas. Hemos visto que ello es erróneo. El accidente fue causado al haber pati-nado el conductor Román Román en una curva donde la carre-tera estaba húmeda y había unas panas. No se alegó ni probó defecto en la zona de rodaje. Es elemental el principio de que la “velocidad de un vehículo deberá regularse con el debido cuidado, teniendo en cuenta el ancho, tránsito, uso y condi-ciones de la vía pública. Nadie deberá guiar a una velocidad mayor de la que le permita ejercer el debido dominio del ve-hículo y reducir la velocidad o parar cuando sea necesario para evitar un accidente”. 9 L.P.R.A. see. 841 (a). En el caso de autos, Román Román violó ese principio básico. Véase Vda. de Vila v. Guerra Mondragón, 107 D.P.R. 418, 424 (1978).