text:
    Sociedad de Gananciales compuesta por Guillermo Manzanares, etc., demandantes y recurridos, v. Ana Suárez Janer, etc., demandados y recurrentes.

      Número: RE-87-123

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Mario M. Oronoz, abogado de los recurrentes José Luis Vadiz Colón, etc.; Tadeo Negrón Medero, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El Condominio Condado Center fue sometido al Régimen de Propiedad Horizontal mediante la Escritura Núm. 4 otor-gada el 15 de febrero de 1978 ante el notario Marvin Díaz Ferrer. En dicha escritura la propietaria del edificio, Multiple Enterprises & Investment Corp., hizo una reserva de de-recho sobre el techo del área comercial de dicho Condominio,() la cual lee como sigue:

El techo del edificio CONDADO COMERCIAL CENTER queda individualizado y será susceptible de adquisición y uso privado en el futuro sin que se afecte su función de techo para los locales comerciales del segundo piso. Podrá ser adquirido este derecho de superficie con la condición de que cualquier edificación que sea constru[i]da sobre el techo quedará sujeta al régimen de la propiedad horizontal a que ha sido sometido el edificio, a las demás cláusulas de esta escritura que le sean aplicables y a los reglamentos adoptados que se hacen formar parte de esta escritura y a aquellos que en el futuro puedan ser adoptados por las respectivas Juntas de Titulares. Asi-mismo, el dueño eventual de este derecho de superficie, una vez levantada cualquier edificación sobre el techo, la cual de-berá estar a tono con el diseño, forma y tamaño del resto del edificio, siguiendo la norma establecida por ley, será responsa-ble por los gastos de conservación y mantenimiento de las áreas comunes en proporción al área de construcción de dicha edificación, de conformidad con la ley vigente. Será responsa-bilidad del dueño del derecho de superficie informar a la Junta de Titulares por escrito de su intención de comenzar las obras de construcción, indicando la fecha cuando comenzarán las mismas y el área de construcción que se propone edificar. Igualmente será su obligación acompañar con dicha comuni-cación copia del plano o diseño de la obra que se propone reali-zar. La edificación que construya el adquirente de dicho derecho de superficie no podrá mermar[. . .] o afectar en forma alguna los derechos ya adquiridos por los dueños de los locales comerciales ya existentes. Este derecho de superficie cubre un área total sobre el techo de tres mil trescientos ochenta y dos pies cuadrados (3,302 p/c) [sic], equivalentes a trescientos catorce punto treinta y siete metros cuadrados (314.37 m/c). Exhibit 8, págs. 8-9.

El 18 de septiembre de 1978 el aquí recurrente Sr. José L. Vadiz Colón compró el derecho de superficie sobre el local comercial Núm. 9. Varios días después adquirió mediante compraventa el apartamento 2-A del referido condominio, apartamento que colinda con el techo del local comercial Núm. 9. Posteriormente, el señor Vadiz Colón construyó una estructura cerrada en el techo del local comercial, la cual utiliza como sala o antesala de su apartamento.

Los propietarios del apartamento 3-A sometieron una querella en D.A.C.O. contra la Junta de Directores y su Pre-sidenta, la Sra. Ana Suárez Janer, por éstos permitir la cons-trucción de la mencionada estructura. El 2 de julio de 1984 la agencia resolvió a favor de los querellantes y ordenó a la Junta de Directores a tomar las medidas necesarias para cumplir con la Ley de la Propiedad Horizontal y reivindicar los derechos de los condominos.

El señor Vadiz Colón recurrió de la decisión administra-tiva ante el Tribunal Superior, aun cuando él no fue parte en ese procedimiento, ya que dicha decisión le afectaba directa-mente. El tribunal no expidió el auto de revisión por enten-der que lo resuelto en el foro administrativo no podía aplicarse contra el demandado por no haber sido éste parte en el proceso.()

El 16 de enero de 1985 los querellantes, propietarios del apartamento 3-A, presentaron demanda de injunction ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra el Sr. José L. Vadiz Colón, titular del apartamento 2-A, y Ana Suárez Ja-ner en su carácter personal y como Presidenta de la Junta de Directores del Condominio Condado Center.

El 3 de febrero de 1987 el tribunal dictó sentencia parcial en que declaraba con lugar la demanda de injunction y orde-naba a los codemandados, Vadiz Colón y su esposa, a elimi-nar la estructura construida en el techo del local comercial. De dicha sentencia acuden ante nos. En apoyo de su recurso plantean la comisión de los errores siguientes:

[(1)] Erró el Tribunal de Instancia al concluir que la Ley de Propiedad Horizontal y la Jurisprudencia interpretativa proh[í]ben que la comunidad de titulares, con consentimiento unánime, disponga del derecho de sobre[e]levación a favor de uno o varios titulares y al concluir que el aprovechamiento del derecho de sobre[e]levación sólo se permite si es para uso co-mún.
[(2)] Erró el Tribunal de Instancia al fundamentar su dicta-men en una determinación de hechos que se produjo en un proceso administrativo del cual el aquí recurrente no fue parte, en especial cuan[d]o tal proceso administrativo fue re-visado judicialmente, determinándose que su dictamen sólo puede imponerse sobre los que fueron parte en ese proceso. (Énfasis en el original.) Solicitud de revisión, pág. 4.

Expedimos el auto de revisión solicitado.

El Art. 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291i, dispone que:

Se consideran elementos comunes generales del inmueble: (a) El terreno, el vuelo y toda área destinada a actividades recreativas.
(b) Los cimientos, paredes maestras, techos, galerías, ves-tíbulos, escaleras y vías de entrada y salida o de comunicación.
(c) Los sótanos, azoteas, patios y jardines, salvo disposición o estipulación en contrario.
(d) Los locales destinados a alojamiento de porteros o en-cargados, salvo disposición o estipulación en contrario.
(e) Los locales o instalaciones de servicios centrales, como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cis-ternas, tanques y bombas de agua, y demás similares.
(f) Los ascensores, incineradores de residuos y, en general todos los artefactos o instalaciones existentes para beneficio común.
(g) Toda área destinada a estacionamiento, salvo disposi-ción o estipulación en contrario.
(h) Todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del inmueble o necesario para su existencia, conservación, se-guridad y adecuado uso y disfrute. (Énfasis suplido.)

El Art. 12 de la misma ley, 31 L.P.R.A. sec. 1291j, dispone a su vez que:

También serán considerados elementos comunes, pero con carácter limitado, siempre que así se acuerde expresamente por la totalidad de los titulares del inmueble, aquellos que se destinen al servicio de cierto número de apartamientos con exclusión de los demás, tales como pasillos, escaleras y ascen-sores especiales, servicios sanitarios comunes a los aparta-mientos de un mismo piso y otros análogos.

El recurrente Vadiz Colón sostiene que la reserva hecha por Multiple Enterprises & Investment Corp., al individuali-zar el techo del edificio comercial Condado Comercial Center, constituyó una reserva del uso de la azotea de dicho edificio como elemento común limitado a su apartamento, acto legítimo autorizado por el Art. 12 de la Ley de la Propie-dad Horizontal, supra.

A su vez sostiene que, a tenor con el Art. 18() de dicha ley, 31 L.P.R.A. sec. 1291p, podía, mediante el consenti-miento unánime de los titulares del edificio, hacer uso del vuelo del edificio y del derecho de sobreelevación del mismo, y construir la estructura objeto de la presente controversia.

No le asiste la razón. En primer lugar, la individualización del techo del edificio comercial hecha por Multiple Enterprises & Investment Corp. en la escritura matriz constituyó una reserva del uso del vuelo y del derecho de sobreelevación hecha por el propietario del edificio a favor de un apartamento en particular, acto prohibido por el Art. 11 de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra, y el caso de Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861 (1980). En dicho caso resolvimos que por ser el vuelo un elemento común general no susceptible de apropiación particular, la reserva del mismo y del derecho de sobreelevación hecha por la propietaria del edificio, Costa Linda Inc., a favor de un apartamento en particular era impermisible bajo el Art. 11(a) de la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291i(a).

Así, sostuvimos que:

Hacer reserva del derecho de sobreelevación a favor de un apartamiento es tanto como reservarle a éste un “solar” sobre el techo para edificar. Ese derecho se lo reserva la ley a los condómin[o]s, prohibiéndoles disponer de él a no ser por acuerdo unánime de ellos. Costa Linda, lnc. v. Registrador, supra, pág. 870.

Resolvemos que era nula la cláusula de reserva hecha por Multiple Enterprises & Investment Corp. en la escritura matriz.

En segundo lugar, la contención del recurrente de que sólo adquirió el uso de la azotea como elemento común limitado no puede sostenerse. Lo que adquirió el recurrente fue el uso del vuelo y del derecho de sobreelevación sobre el techo de los locales comerciales.

En Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 583 (1973), dijimos que:

La interacción y equivalencia funcional de ambos conceptos las sintetiza Borja Martínez, a la pág. 171 de su obra “La Pro-piedad de Pisos o Departamentos en el Derecho Mexicano” al decir que techo es “la parte inferior y superior de un edificio que lo cubre y cierra; y azotea es la cubierta llana de un edifi-cio dispuesta para poder andar por ella de donde se deduce según su configuración física un techo puede o no ser al mismo tiempo azotea”.

En este caso, el área individualizada fue la parte superior del edificio comercial, área no dispuesta para andar sobre ella y hacia la cual no existía acceso alguno a través de los apartamentos residenciales. Dicha área era un techo no susceptible de utilizarse como azotea.

El techo, a diferencia de la azotea, constituye un ele-mento común general no susceptible de apropiación particular. A tenor con el Art. 13 de la ley, 31 L.P.R.A. sec. 1291k,() el techo, como todo elemento común, ha de permanecer en indivisión forzosa, siendo todo pacto en contrario nulo. El aquí recurrente no podía erigir la estructura aquí en contro-versia, ya que el área que ocupa dicha estructura, o sea, el techo y el vuelo del edificio comercial, son elementos co-munes generales necesarios cuya naturaleza no puede ser variada por ley. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225 (1978).

Por último, el lenguaje del Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal, supra, no puede tener el efecto de permitir lo que la ley prohíbe en su Art. 11, supra. Esto es, no puede uno de los titulares del condominio, mediante el consentimiento unánime de los demás titulares, construir una estructura cerrada sobre un elemento común general, convirtiéndolo en un elemento privativo, en clara violación a las disposiciones de la Ley de la Propiedad Horizontal y a nuestra jurisprudencia, que prohíben que ciertos elementos comunes generales, como lo son el techo y el vuelo de un edificio, se conviertan en elementos comunes limitados o en elementos privativos.

Se ha reconocido que mediante el consentimiento unánime de los titulares se pueda disponer del derecho de utilizar el vuelo para elevar la edificación, () No obstante, dicha elevación ha de ser para beneficio de toda la comunidad, ya que al ser el vuelo un elemento común general y el derecho a sobreelevación un derecho comunal reservado a la comunidad de condominos, la utilización de los mismos no puede tener el efecto de variar su naturaleza común, ya que todo pacto contrario a su naturaleza común será nulo. Costa Linda, Inc. v. Registrador, supra.

h — I I — I

El segundo señalamiento de error versa sobre la negativa del tribunal a relitigar un asunto ya adjudicado en el foro administrativo. Resolvió el tribunal de instancia que, por ha-berse establecido como hecho probado en la vista ante D.A.C.O. la no existencia de acuerdo unánime de los titulares para permitir la sobreelevación, dicho asunto no podía liti-garse nuevamente.

Al haber resuelto el tribunal de instancia que la edifica-ción realizada por el demandado, mediante la cual anexó a su apartamento el área del techo de los locales comerciales, viola las disposiciones de la Ley de la Propiedad Horizontal, independientemente de la existencia o no de un consenti-miento unánime, dicho error, de haberse cometido, es incon-secuente.

Por las razones antes expuestas, se confirmará la senten-cia parcial recurrida. ()

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) Este edificio consta de una sección residencial de siete (7) plantas de alto denominada “Condado Center” y de una sección comercial de una primera planta denominada “Condado Comercial Center”.

      (2) Por su brevedad, la citamos en su totalidad.
      “Estudiado nuevamente el expediente completo, resolvemos que no se justi-fica expedir el auto solicitado por la parte recurrente, por motivo de que la deci-sión de DACO objeto de este recurso no adjudica en forma definitiva los derechos de dicho recurrente, quien según admiten todas las partes no fue realmente con-siderado como parte dentro del proceso administrativo, y quien tendrá en su día una oportunidad de hacer valer sus derechos al defenderse de cualquier procedi-miento que pudiese ser iniciado en su contra por el Consejo de Titulares del Condominio.” (Cita omitida.) Apéndice, pág. 27.

      (3) El Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal dispone que:
      “Ningún titular podrá, sin el consentimiento unánime de los otros, construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones, o realizar obras que afecten a la segu-ridad, solidez y conservación del edificio.” 31 L.P.R.A. sec. 1291p.

      (4) El Art. 13 dispone que:
      “Los elementos comunes, generales y limitados, se mantendrán en indivi-sión forzosa y no podrán ser objeto de la acción de división de la comunidad. Cualquier pacto en contrario será nulo.” 31 L.P.R.A. see. 1291k.

      (6) En Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861, 869 (1980), dijimos que:
      “Al impedir el Art. 11 que se haga reserva del vuelo en perjuicio de su carác-ter comunal, no impide que la comunidad lo aproveche mediante el ejercicio de su derecho de sobreelevación en virtud del Art. 18. Ambas disposiciones, lejos de contradecirse, se complementan.”

      (6) Se devuelve el caso al tribunal de instancia para que se adjudique la demanda contra tercero incoada por Vadiz Colón contra la antigua propietaria, Multiple Enterprises & Investment Corp.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Antonio Pacheco, Jr. et al., demandantes y recurridos, v. National Western Life Insurance Company, demandada y peticionaria.

      Número: CE-86-586

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Jay A. García Gregory y José E. González Borgos, de Fiddler, González & Rodríguez, abogados de la peticionaria; Riña Biaggi García y Federico Lora López, abogados de los recu-rridos.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, a tenor con lo dispuesto en la Regla 53.1 de Procedi-miento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III), nos certificó la pregunta siguiente:

¿Qué disposiciones sobre interrupción son las aplicables a reclamaciones instadas al amparo de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, Ley sobre Contratos de Dis-tribución, 10 L.P.R.A. see. 278 et seq.: el Art. 941 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1903, o el Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303?

I

Hechos

Los hechos que sirven de fundamento a la pregunta certi-ficada son los siguientes. El 20 de noviembre de 1979 National Western Life Insurance Company (National Western), una corporación con oficinas principales en Tejas, dio por termi-nada la relación contractual con su representante en Puerto Rico, el demandante Antonio Pacheco. Al ser notificado de la terminación, el señor Pacheco inició reclamos extrajudiciales con National Western sobre beneficios y dinero que alegaba la aseguradora le adeudaba.() El 9 de septiembre de 1983 presentó demanda en el Tribunal Superior de Puerto Rico en la que reclamaba daños al amparo de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 278 et seq., que reglamenta la terminación de contratos de distribu-ción. El 6 de octubre de 1983 el demandado National Western trasladó la acción al Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico y el 24 de febrero de 1986 presentó moción de desestimación alegando prescripción a tenor con lo dispuesto en el Art. 941 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1903. El demandante se opuso. Alegó que eran de aplicación las disposiciones sobre interrupción del tér-mino prescriptivo por reclamaciones extrajudiciales del Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303, y que, por lo tanto, la acción no estaba prescrita. Luego de varios trámites procesales, el Tribunal de Distrito federal certificó la pre-gunta que hoy nos ocupa.

I — i I — I

Contrato de distribución

El contrato de distribución es “una modalidad contractual nueva, atípica . . . . [S]e trata de un contrato de naturaleza mercantil, rigiéndose, por consiguiente, por las normas [del] Código [de Comercio], por los usos de comercio observados generalmente en cada plaza —muy importante a los efectos que ahora interesan, por ser contrato gestado en la práctica comercial— y, finalmente, por las reglas del Dere-cho común”. J. Latour Brotons, Contrato y Subcontrato de Distribución, 55 Rev. Der. Priv. 715 (1971). El contrato de distribución es mercantil por la naturaleza del mismo y por las partes involucradas.

En Córdova & Simonpietri v. Crown American, 112 D.P.R. 797, 803 (1982), consideramos como comprendida dentro de un contrato de distribución “la actividad mercantil del agente de seguros, en tanto en cuanto promueve y concluye contratos de seguro . . .”. Interpretamos que la Ley Núm. 75, supra, cubre la relación entre un agente de seguros y su aseguradora al describir la misma como una actividad mercantil. Indicamos, además, que esta actividad la “constituye la prestación de un servicio mediante concesión o franquicia en el mercado de Puerto Rico bajo la Ley de Contratos de Distribución, supra”. íd.()

H-{ I — I I — I

Actos de comercio

Pasemos ahora a considerar la naturaleza de los actos que regula la Ley Núm. 75, supra. El Art. 2 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1002, dispone que “[l]os actos de comercio, sean o no comerciantes los que los ejecuten, y estén o no especificados en este Código [de Comercio], se regirán por las disposiciones contenidas en ... [y que s]erán reputados actos de comercio los comprendidos en este Código [de Comercio], y cualesquiera otros de naturaleza análoga”.

La definición de lo que constituye un acto de comercio no ha sido tarea fácil para los comentaristas y tratadistas. Se han desarrollado teorías objetivas y subjetivas. El primero de estos enfoques gira alrededor del acto propiamente para determinar si éste es mercantil. El segundo clasifica el acto como mercantil o no tomando en consideración a las personas que lo llevan a cabo. J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Aguirre, 1976, Yol. I, págs. 138-139. Ninguna de estas teorías ha resultado idónea para agrupar todas las posibles categorías de actos de comercio que existen. La serie de factores que conforman la actividad mercantil va más allá de las personas y el acto en sí. “La imposibilidad de arbitrar una fórmula única que, al abarcar todos los actos de comercio, permita diferenciarlos de los actos civiles y encerrarlos en los moldes de una defini-ción, salta a la vista sólo con advertir que los factores que concurren a la formación de la comercialidad no son, exclu-sivamente, la calidad de la persona y el objeto del acto.” (Énfasis en el original.) A. Bérgamo Llabrés, Instituciones de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Reus, 1951, T. I, págs. 43-44. De otra parte, Garrigues nos advierte que “[e]s impo-sible abarcar en una enumeración la variedad incontenible de las relaciones económicas mercantiles. La lista de actos mercantiles [cerraría] ... el paso a los Tribunales para la calificación mercantil de los nuevos hechos económicos que irrumpen a diario en el campo del tráfico comercial”. Garri-gues, op. cit, págs. 144-145.

Reconociendo la necesidad de ampliar el concepto, los comentaristas también atribuyen carácter mercantil a los llamados actos de comercio por relación. Éstos son aquellos que, si son considerados aisladamente, resultan ser de naturaleza civil, “pero que al ponerse en contacto con un acto de comercio propio adquieren la naturaleza jurídica de éste; y es esta atracción venida de fuera, es esta relación la que determina su mercantibilidad. ... Y THALLER . . . formula [esta ‘teoría del accesorio’] en los siguientes términos: ‘Todos los actos efectuados por un comerciante y relacionados con su explotación mercantil, participan de la comercialidad de los actos principales de la misma’”. Bérgamo Llabrés, op. cit, págs. 55-56.

La Ley Núm. 75, supra, fue creada con el propósito de reglamentar la terminación de las relaciones entre princi-pales y distribuidores de productos y servicios en el mercado de Puerto Rico; una actividad relacionada con un acto de na-turaleza típicamente mercantil: la explotación de un negocio mediante un contrato de distribución. 18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, T. 4, pág. 1724 (1964); Marina Ind., Inc. v. Brown Boveri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983). Aun-que el acto en sí que regula la Ley Núm. 75, supra, no está contenido en el Código de Comercio, no cabe duda que éste es de naturaleza análoga a los allí regulados y, ciertamente, accesorio a la explotación mercantil del distribuidor.

IV

La interrupción del término prescriptivo de la Ley de Con-tratos de Distribución

La Ley sobre Contratos de Distribución establece que las acciones que se insten al amparo de la misma prescribirán a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de terminación del contrato de distribución. () No reglamenta, sin embargo, la manera en que se puede interrumpir este término prescriptivo. Ante esta laguna, procede determinar qué preceptos relativos a la interrupción de la prescripción, a manera supletoria, son los aplicables. Sobre este particular encontramos que el Código Civil admite la interrupción de la prescripción por medio de una reclamación extrajudicial efectiva.() Vetilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., Ill D.P.R. 585 (1981); Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980). De otra parte, el Código de Comercio, al ser más restrictivo en cuanto a la manera de interrumpir los tér-minos prescriptivos, no reconoce la reclamación extrajudicial de la acción como método para interrumpir la prescripción.()

Recientemente, en Mortensen & Lange v. S.J. Mercantile Corp., 119 D.P.R. 345, 351 (1987), tuvimos la oportunidad de examinar la prescripción mercantil. Allí reconocimos que los preceptos del Código de Comercio que integran las disposiciones sobre prescripción “señalan plazos más cortos que los correlativos del Derecho Civil, [y que] ‘no constituyen un conjunto sistemático y completo de normas que pueda considerarse como una doctrina general sobre prescripción mercantil, sino que son tan sólo normas aisladas [reguladoras] de supuestos especiales’. J. Garrigues, Dictámenes de Derecho Mercantil, Madrid, [Imp.] Aguirre, 1976, Vol. II, pág. 841”. Véase J.M. Martínez Val, Derecho Mercantil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, pág. 448. También indicamos que “[e]n materia de prescripción mercantil, por ser estas normas de carácter preciso e imperativo [en ausencia de reglamentación específica], no se admite la formación de usos de comercio observados generalmente en cada plaza, según lo dispuesto en el Art. 2 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1002, con preferencia a las disposiciones del Código Civil sobre esta materia”. Mortensen & Lange v. S. J. Mercantile Corp., supra, pág. 351.

Cabe señalar que el principio de supletoriedad del derecho común, que en relación con los actos de comercio establece el Art. 2 del Código de Comercio, supra, significa que “antes de acudir al Código Civil, o en general a la legislación civil, deben agotarse las fuentes del derecho mercantil, o sea, la ley en primer lugar, su interpretación extensiva y analógica en segundo ... y ello es así, porque de existir una norma derivada de cualquiera de estas fuentes, se trataría de una disposición especial que debe prevalecer sobre la general”. (Escolio omitido.) J. Barrera Graf, Tratado de Derecho Mercantil, Méjico, Ed. Porrúa, 1957, Vol. I, pág. 15.

Al enfocar el problema de la interrupción de las acciones instadas al amparo de la Ley Núm. 75, supra, hay que tener presente que la extensión del concepto “acto mercantil” y lo que éste significa no se limita a definir el acto en sí, sino que también incluye las consecuencias jurídicas que se derivan del mismo. A estos efectos, Garrigues expresa que:

Acto ilícito es toda conducta de una persona que injusta-mente lesione la esfera jurídica de otra. La esfera jurídica ajena se lesiona tanto por quien estando ligado a otra en una obligación contractual no la cumple (hecho ilícito contractual), como por quien, fuera de todo vínculo obligatorio, viole el pre-cepto general que prohíbe dañar a otro (hecho ilícito extracon-tractual).
Cuando se trata de un hecho ilícito contractual, no hay duda que si era mercantil la obligación precedente, mercan-til será la obligación (resarcimiento del daño) derivada de su violación. La obligación contractual primitiva no se extingue, sino que se perpetúa, cambiando solamente su objeto; antes era la prestación, ahora es el resarcimiento. (Énfasis suplido.) Garrigues, op. cit., pág. 146.

Cuando se incumple una obligación mercantil, como es la que emana de un contrato de distribución, el efecto jurídico creado por el incumplimiento, en el caso de autos el derecho a indemnización, continúa siendo mercantil por ser accesorio a un acto de comercio principal. “En cuanto a los actos que lesionan injustamente la esfera jurídica de otra persona (actos ilícitos), la moderna doctrina de la responsabilidad contractual entiende que cuando una obligación queda incumplida, lejos de extinguirse, se perpetúa, con una simple mutación del objeto: el resarcimiento sustituye a la prestación. De ahí que cuando la obligación violada sea mercantil, este carácter debe pervivir en la obligación de resarcimiento nacida de la violación.” (Énfasis suplido.) Bérgamo Llabrés, op. cit., pág. 53. En consecuencia, al ser de carácter mercantil el cumplimiento del contrato de distribución, también lo es el deber de indemnizar a la parte perjudicada por la terminación sin justa causa del mismo. Ley Núm. 75, supra.

Las lagunas de la Ley Núm. 75, supra, sobre la interrupción del término prescriptivo que allí se establece deben ser subsanadas aplicando el Código de Comercio, una ley in pari materia que guarda gran coherencia con la naturaleza de la materia regulada por esta ley especial. E. Lalaguna Domínguez, Aplicación del Código Civil como derecho supletorio de otras leyes, 60 Rev. Der. Priv. 621 (1976). El Código de Comercio establece plazos prescriptivos cortos y una forma rigurosa de interrumpirlos. Al así hacerlo fomenta la diligencia y rapidez de las relaciones comerciales y logra agilizar el tráfico mercantil. Sólo permite la interrumpción mediante la interposición de demanda judicial, el reconocimiento de la deuda por parte del deudor y la renovación del documento en que esté fundado el derecho del acreedor. Art. 941 del Código de Comercio, supra.

Tomando en consideración todo lo anteriormente expuesto, resolvemos que por ser la Ley Núm. 75, supra, de carácter mercantil, que regula la terminación o menoscabo del contrato de distribución entre los principales y sus distribuidores, la acción indemnizatoria resultante es también de la misma naturaleza y, de forma supletoria, le son aplicables las disposiciones del Código de Comercio relativas a la interrupción de la prescripción. Las reclamaciones ex-trajudiciales no interrumpen el término prescriptivo de tres (S) años del Art. 5 de la Ley Núm. 75, supra, 10 L.P.R.A. sec. 278d.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expre-sado.

El Juez Asociado Señor Ortiz disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Alegato de la parte demandante.

      (2) Al hablar sobre el contrato de seguros y su naturaleza, Uría nos dice que:
      “La naturaleza del contrato de seguro es la misma en el campo civil que en el mercantil. Lo que varía y distingue a un seguro de otro es el aspecto técnico de la operación. Mientras el seguro civil (hoy prácticamente inexistente) produce ope-raciones aisladas y esporádicas sin conexión entre sí, el seguro mercantil tiene como base económica inexcusable la reunión de un gran número de operaciones de la misma especie para poder llegar a neutralizar el riesgo, repartiéndolo sobre una masa de operaciones uniformes. Se ha dicho, con razón, que el seguro mer-cantil es cobertura mutua de múltiples economías individuales afectadas por los mismos riesgos, y que el asegurador se limita a enlazar esas economías, formando con la contribución de todas un fondo común de bienes que le permite hacer frente a cuantos siniestros se produzcan. Sólo montado sobre bases rigurosa-mente técnicas es capaz de ofrecer seguridad el seguro. Pero la base técnica re-quiere, a su vez, que el asegurador sea un empresario organizado para crear esa mutualidad de riesgos en que el seguro descansa. La industria aseguradora sólo puede ser realizada con garantía de éxito por empresarios especializados, aptos para organizar la explotación industrial conforme a un plan racional con el auxilio de métodos estadísticos y de finísimos cálculos matemáticos. La ciencia actuarial, nacida al calor de la institución aseguradora, es el mejor exponente de la base racional y matemática del seguro mercantil.
      “Cuando nuestro artículo 380 dice que ‘será mercantil el contrato de seguro si fuere comerciante el asegurador, y el contrato a prima fija; o sea cuando el asegurado satisfaga una cuota única o constante como precio o retribución del seguro’, en el fondo de esa declaración late ya, con más o menos fuerza, la concep-ción del seguro como contrato de empresa, porque en la práctica sólo puede asu-mir el seguro a prima fija un asegurador organizado en esa forma; pero, además, otra serie de preceptos en los que nuestro Código habla de la ‘compañía asegura-dora’ como titular de los derechos y obligaciones del contrato (arts. 421,427,431) son claro exponente de que nuestro legislador no pensaba en un seguro que pu-diera existir en operaciones aisladas, realizadas esporádicamente, sino en el trá-fico duradero y continuado propio de los empresarios aseguradores. R. Uría, Derecho Mercantil, lima ed., Madrid, Ed. Aguirre, 1976, págs. 659-660. Véase, también, J.M. Martínez Val, Derecho Mercantil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, págs. 529-532.

      (3) Art. 5 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec 278d):

        “Prescripción de la acción

      “Toda acción derivada de este Capítulo prescribirá a los tres años a contar de la fecha de la terminación definitiva del contrato de distribución, o de la reali-zación de los actos de menoscabo, según sea el caso.”'

      (4) Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5303:

        “Interrupción de la prescripción

      “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reco-nocimiento de la deuda por el deudor.”

      (5) Art. 941 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1903:

        "Interrupción de la prescripción

      “La prescripción se interrumpirá por la demanda u otro cualquier género de interpelación judicial hecho al deudor; por el reconocimiento de las obligaciones, o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor.
      “Se considera la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiere de ella, o caducar la instancia, o fuese desestimada su demanda.
      “Empezará a contarse nuevamente el término de la prescripción en caso de reconocimiento de las obligaciones, desde el día en que se haga; en el de su reno-vación, desde la fecha del nuevo título, y si en él se hubiere prorrogado el plazo del cumplimiento de la obligación, desde que éste hubiere vencido.”


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis A. Fradera Olmo, acusado y apelante.

      Número: CR-85-17

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      Jorge A. Marín Rodríguez, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Miguel Santana Bagur y Josefa Román García, Procuradores Generales Auxiliares, abo-gados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El apelante Luis Ángel Fradera Olmo (“Guigua”) fue de-clarado culpable en juicio por jurado celebrado en el Tribunal Superior, Sala de Utuado, por los delitos de robo y asesinato en primer grado y sentenciado a cumplir doce (12) años de prisión y cadena perpetua, respectivamente. Poste-riormente, la sentencia en el caso de asesinato en primer grado fue modificada a la pena de noventa y nueve (99) años de prisión.

No conforme, en apelación plantea la comisión de once (11) errores. El primero, segundo y noveno sobre la admisión en evidencia de la confesión que el acusado le hiciera a su hermano. Alegó, en síntesis, que no hubo prueba de corrobo-ración independiente suficiente. El resto de los errores están relacionados con la admisión en evidencia de prueba sobre la reputación del acusado.

De la exposición narrativa de la prueba se desprende que la investigación sobre la muerte a golpes de Don Inocencio Rivera Andújar comenzó a esclarecerse cuando el agente Gilberto Muñoz fue al Barrio Mameyes, donde “todo el mundo le decía que ésto tenía que ver con los hermanos Pra-dera”. En su declaración, el agente Muñoz mencionó que en-tre las personas que entrevistó fue a Héctor Medina, conocido por “Junior”, quien dijo no saber nada de este caso. La defensa en el contrainterrogatorio preguntó quién era Héctor Medina, a lo que el testigo contestó, “es un menor del Barrio Mameyes, que e[n u]na ocasión anterior participó con Angel Luis Fradera Olmo [el acusado] en un robo a un ciuda-dano que falleció. . . . [e]se caso se archivó por falta de in-terés del anciano”. E.N.P., pág. 2.

El agente Muñoz continuó atestiguando que, después de entrevistar al Sr. Héctor Medina (“Junior”), se entrevistó con el Sr. Áxel Pradera Olmo, hermano del acusado. Esto lo hizo “porque tenía confidencias que [antes] ellos le habían hurtado un revólver y $1,100.00” a la víctima, Don Inocencio Rivera Andújar. Áxel Fradera admitió que fue él quien atracó a la víctima Inocencio Rivera y que eso fue para el 27 de febrero de 1983, en que le robaron $1,100 y un revólver en su residencia. “[S]e negó a cooperar” en cuanto a los delitos del caso de autos.

El agente Muñoz expresó, además, que procedió en-tonces a entrevistar al Sr. Carmelo Rodríguez Solís, quien le dijo que tenía información sobre la muerte de Don Inocencio Rivera Andújar. Declaró, además, que en una conversación que tuvo con Áxel éste le indicó que “había llamado a su her-mano Guigua, desde Hato Rey a Bayamón y éste [el acusado] le dijo que le había dado unos golpes a Inocencio y que se le había ido la mano”. Esta información hizo que se citara a los señores Áxel Fradera Olmo y Carmelo Rodríguez Solís a Fiscalía. Luego de habérsele hecho las advertencias legales, Áxel Fradera Olmo ofreció una declaración jurada sobre la confesión de su hermano en relación con la muerte de Don Inocencio Rivera Andújar. La declaración jurada de Áxel Pradera Olmo, en lo pertinente, lee así:

Fiscal (F): ¿Testigo, conoció usted al Sr. Inocencio Rivera Andújar?
Testigo (T): Sí, lo conocí.
F: ¿Dónde vivía este señor?
T: Bo. Mameyes.
F: ¿Este señor era una persona de edad o era una persona joven?
T: Era una persona de edad.
F: ¿Tiene usted conocimiento de que Don Inocencio ■ apareció muerto en el Bo. Mameyes de Utuado?
T: Sí.
F: ¿Relacionado con la muerte de Don Inocencio le informó usted algo al joven Carmelo Rodríguez Solís?
T: Sí, le informé.
F: ¿Tenga la bondad de informarme todo lo que us-ted sepa relacionado con la muerte de Don Ino-cencio Rivera Andújar?
T: Que un domingo después que Don Inocencio apa-reció muerto yo estaba en el negocio de Junior Bernacet en el Bo. Mameyes y del grupo que está-bamos allí uno me dijo: “a tu hermano Guigua lo vieron por allí” y ya nosotros habíamos hablado de que a Don Inocencio lo habían encontrado muerto y descompuesto. Yo me quedé callado y no le dije nada, pero me quedé pensando y un día de la próxima semana cuando yo estaba en Río Pie-dras porque yo trabajaba por allá, lo llamé por teléfono pues yo le dije que si él se había enterado de lo que había pasado en el Barrio en relación con la muerte de Don Inocencio y él me dijo que sí que lo había sabido y yo le dije, que si él tenía que ver algo con eso porque a mí me habían dicho que a él lo habían visto por allí. Entonces Guigua me dijo, “que él había ido allá abajo y que lo había agolpeado [sic] y después que le buscó los bolsi- líos se fue, y que se le había ido la mano y que Sendo [sic] se había quedado allí donde cayó.” (Énfasis nuestro.)

En el juicio, Áxel negó que el contenido de la declaración fuera cierto y que le hubiera comentado algo sobre esto a Carmelo Rodríguez. Alegó que había prestado la declaración bajo coacción. No obstante, la declaración jurada fue admi-tida en evidencia como una declaración anterior de un testigo bajo la Regla 63 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Áxel de-claró que tenía una amistad estrecha con Carmelo Rodrí-guez, quien era compañero de trabajo y de viaje.( ) De otra parte, Carmelo Rodríguez testificó que Áxel le informó que “había llamado a Guigua a Bayamón y le preguntó sobre la muerte de don Inocencio contestándole éste que le había dado un golpe, le quitó el dinero y lo dejó allí, que se le había ido la mano”. E.N.P., pág. 6. Esto se lo comunicó Áxel en Río Piedras sin que él se lo hubiera preguntado.

También se presentó evidencia de que “[e]l cadáver de la víctima se encontró a unos 20 pies de un camino vecinal, pero que los árboles y la yerba alta no permitían verlo. La sangre alrededor del cuerpo y la cabeza aparentaba que lo habían matado allí. No había traza alguna de que lo hubieran traído hasta allí”. Los pantalones de la víctima estaban al lado del cadáver con los bolsillos al revés y tenía un reloj en una tra-billa. A unos treinta (30) pies del cadáver se encontraron los espejuelos que usaba la víctima. La patóloga Dra. Ofelia Vera declaró que la causa de la muerte fue trauma corporal en la cabeza y en el tórax, el cual tuvo que haber sido causado por un objeto contundente que le produjo fracturas en ambos lados de la cara, del esternón y costillas del lado derecho e izquierdo.

Pasemos ahora a discutir los errores relacionados con la admisión en evidencia de la confesión del acusado.

En nuestra jurisprudencia está firmemente establecida la llamada doctrina de corroboración del corpus delicti. Ésta requiere que las confesiones o admisiones en casos criminales sean corroboradas con prueba independiente. El propósito de la doctrina es proteger al acusado de confesiones o admisiones falsas. Pueblo v. Campos Suárez, 86 D.P.R. 810, 318, 315 (1962), opinión concurrente del Juez Asociado Señor Dávila; Smith v. United States, 348 U.S. 147 (1954). La doctrina de corroboración requiere que la confesión de un acusado sea corroborada con prueba aliundei( ) que tienda a establecer el corpus delicti. Pueblo v. Hernández, 75 D.P.R. 907, 915 (1954); Pueblo v. Rivera, 67 D.P.R. 297 (1947); Pueblo v. Declet, 65 D.P.R. 23 (1945); Pueblo v. Acosta, 57 D.P.R. 757 (1940); Pueblo v. Almodóvar, 46 D.P.R. 99 (1934); Pueblo v. Méndez, 41 D.P.R. 275 (1930); El Pueblo v. Rodríguez, 28 D.P.R. 501 (1920); El Pueblo v. Rosado, 17 D.P.R. 441 (1911).

En Pueblo v. Hernández, supra, pág. 916, definimos la prueba del corpus delicti como aquella que demuestre: “(1) que se ha sufrido una pérdida o daño específico, y (2) que dicha pérdida o daño específico fué ocasionada por un agente criminal”.

Posteriormente, fuimos más explícitos en cuanto a la implantación de la doctrina de corroboración del corpus delicti en las confesiones. En Pueblo v. Campos Suárez, supra, pág. 311, señalamos que “‘[l]a evidencia de corroboración no tiene que ser suficiente, independientemente de las admi-siones o manifestaciones para establecer el corpus delicti; es suficiente si la evidencia de corroboración tiende a sostener los elementos esenciales admitidos por el acusado en forma tal que justifique la determinación de su veracidad por un jurado’”. (Énfasis nuestro.) Citando a Martínez v. United States, 295 F.2d 426 (10mo Cir. 1961).

Luego en Pueblo v. Pérez Hernández, 95 D.P.R. 919 (1968), reiteramos lo establecido en Pueblo v. Campos Suárez, supra, y añadimos que “[l]o que se requiere es que El Pueblo traiga evidencia sustancial independiente que tienda a establecer la veracidad de las admisiones”. (Énfasis nuestro.) Pueblo v. Pérez Hernández, supra, pág. 922. También hicimos constar que no era necesario que la evidencia corroborativa estableciera la culpabilidad del acusado fuera de toda duda razonable, que evidencia circunstancial podría ser suficiente corroboración y que, cuando hay alguna evidencia aliunde tendiente a establecer el corpus delicti, la admisión podría ser considerada en relación con esa evidencia para establecer el corpus delicti. Después de los casos Pueblo v. Campos Suárez, supra, y Pueblo v. Pérez Hernández, supra, se ha discutido la doctrina de corroboración en los casos Pueblo v. Santiago Sánchez, 111 D.P.R. 379 (1981), Sentencia, y Pueblo v. Hernández Osorio, 112 D.P.R. 182 (1982), (Sentencia) opinión concurrente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz, sin poderse lograr que una mayoría de este Tribunal se ponga de acuerdo en cuanto a los criterios específicos para la implantación de dicha doctrina a delitos graves.()

En el caso de autos, la prueba de corroboración presen-tada consistió en que los bolsillos del pantalón del occiso es-taban al revés, que la víctima murió debido a golpes causados con un objeto contundente, que había sangre alrededor del cuerpo y que el occiso fue encontrado a unos veinte (20) pies de un camino vecinal. Ciertamente esta prueba tiende a co-rroborar o sostener elementos esenciales admitidos por el acusado en la confesión, tales como que éste “había ido allá abajo y que ... había agolpeado [sic] [a la víctima] y después que le buscó los bolsillos se fue y que se le había ido la mano y que Sencio [sic] [la víctima] se había quedado allí donde cayó”. A la luz de la prueba de corroboración presentada, podemos inferir la veracidad de la confesión que el acusado apelante le hizo a su hermano Áxel. Pueblo v. Pérez Hernández, supra.

En el caso de autos el Jurado evaluó la prueba independiente presentada y entendió que ésta cumplía con el requisito de corroboración del corpus delicti. Reiteradamente hemos señalado que los jurados son quienes normalmente están en mejores condiciones para aquilatar la prueba y, por ende, la apreciación que ellos hagan merece gran respeto. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Pagán Diaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981); Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 466 (1962).

hH H-I

Los otros señalamientos de error del apelante giran alre-dedor de la presentación de prueba sobre una acusación an terior contra el apelante relacionada con hechos similares al caso de autos. Esta prueba se presentó en tres (3) ocasiones diferentes durante el transcurso del juicio. El acusado alega que la prueba lo afectó perjudicialmente ante el Jurado. El error no se cometió.

Como regla general, evidencia del carácter de una persona o de un rasgo de su carácter no es admisible cuando se ofrece para probar que en una ocasión específica la persona actuó de conformidad con tal carácter. Véase Regla 20(A) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Una excepción a esa regla se presenta cuando el acusado “abre la puerta” de su carácter al Ministerio Público. Conforme a esta doctrina, cuando la defensa presenta prueba de cierto carácter del acusado para probar conducta específica de conformidad con la ocasión anterior —actuación que le está permitida por la Regla 20(A)(1) de Evidencia, supra— abre la puerta de su carácter al fiscal. Éste puede, entonces, refutar la evidencia de carácter presentada por la defensa y podrá contrainterrogarlo sobre conducta específica pertinente. Véanse: Regla 20(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Archeval, 74 D.P.R. 512, 516 (1953); Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103, 113 (1975); Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182, 185 (1966); Pueblo v. Carrión Rivera, 111 D.P.R. 825, 830-831 (1981); E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1984, Cap. IV págs. 68-73; E.L. Chiesa, Evidencia de carácter y de conducta específica bajo las Reglas de Evidencia de 1979, XV Rev. Jur. U.I.A. 45, 51 (1980).

En el caso que nos ocupa, el Ministerio Público sentó a declarar como primer testigo de cargo al agente Gilberto Muñoz, quien investigó los hechos que se le imputan al acu-sado. En el contrainterrogatorio la representación legal del acusado apelante le preguntó quién era Héctor Medina (“Junior”). A esta pregunta de la defensa el agente contestó que era un menor del Barrio Mameyes que en una ocasión anterior participó con el acusado en un robo a un ciudadano, el Sr. Gregorio Meléndez, que falleció pues tenía más de cien (100) años. Explicó que el caso fue archivado por falta de interés del anciano. E.N.P., pág. 2.

Por lo tanto, fue a preguntas de la propia defensa que surgió esa prueba que objeta ahora el apelante. No surge de la exposición narrativa de la prueba que el representante legal del acusado hubiera objetado esa prueba o intentara detener al testigo. Regla 4 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, op. cit, Cap. 1, págs. 4-7. No surge que solicitara instrucciones en ese momento y éstas le fueran denegadas, o que no hubie-ran sido impartidas antes del Jurado retirarse a deliberar. En el expediente de apelación no consta una transcripción de las instrucciones que se impartieron al Jurado. Correspon-día al apelante demostrar que el tribunal de instancia no ac-tuó correctamente. Pueblo v. Najul B[a]ez, 111 D.P.R. 417, 423 (1981).

La segunda vez que se trajo prueba del acto específico anterior del acusado fue durante el contrainterrogatorio del testigo de reputación, Sr. Alberto Bernacet, presentado por la defensa. Específicamente declaró el señor Bernacet que conocía al acusado por veintisiete (27) años, que para él era una buena persona y su reputación era buena, y que no sabía que hubiera sido acusado de delito alguno. E.N.P., pág. 11. Así abrió el acusado la puerta para que el Ministerio Público pudiera preguntar sobre su carácter. Éste entonces podía re-futar la evidencia de carácter presentada por la defensa. Las preguntas sobre la acusación anterior formuladas a ese tes-tigo, que ahora objeta el apelante, iban dirigidas a desvirtuar lo dicho en el interrogatorio.() Regla 20(A)(2) de Evidencia, supra; Pueblo v. Archeval, supra; Pueblo v. Padilla Arroyo, supra. En Pueblo v. Iturrino de Jesús, 90 D.P.R. 706, 711 (1964), se cuestionó el permitir que se preguntara a un tes-tigo de reputación del acusado sobre acusaciones que se ha-bían presentado contra el acusado, pero de cuyos delitos salió absuelto o los casos fueron archivados. Allí expresamos que las preguntas eran admisibles, pues iban dirigidas a adu-cir prueba sobre delitos anteriores para desvirtuar lo dicho en el interrogatorio directo en relación con la buena rep-utación del apelante.

Por último, la tercera vez que se pasó prueba sobre actos específicos anteriores del acusado fue cuando el Ministerio Público presentó al testigo de reputación, José Rivera Ríos. Este testigo declaró que como agente de la Policía investigó la acusación anterior.() En este caso el tribunal no debió haber admitido esta prueba, pues no se dan las circunstancias que la hacen admisible bajo la Regla 20(C) de Evidencia, supra. Sin embargo, el error no fue perjudicial. La Regla 4 de Evidencia, supra, señala que no se revocará una sentencia por motivo de admisión errónea de evidencia, a menos que el tribunal entienda que ésta fue factor decisivo o sustancial en la sentencia cuya revocación se solicita. En el caso de autos se trata de prueba acumulativa. No se trata de prueba nueva que desconociera el Jurado. Desde el comienzo del procedimiento judicial la propia defensa, en su contrainterrogatorio, presentó prueba sobre el mismo incidente. A tenor con lo anterior, no podemos concluir que la presentación del testimonio del agente Rivera Ríos fue un factor deci-sivo o sustancial en la sentencia de instancia. Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256, 261 (1983); Pueblo v. Mangual Hernández, 111 D.P.R. 136, 145 (1981). Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691 (1981); Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, op. cit, Cap. 1, págs. 8-9.

En el caso de autos el Jurado sopesó la prueba y quedó convencido de la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Ciertamente tuvo ante sí prueba suficiente para poder determinar la culpabilidad del apelante. En vista de que no surge constancia alguna que dé lugar a inferir error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pasión, no se debe alterar la apreciación de la prueba por el Jurado. Pueblo v. Suárez Fernández, 116 D.P.R. 842 (1986); Pueblo v. Mendoza Lozada, 120 D.P.R. 815 (1988); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817 (1983). Tampoco intervendremos con la apreciación y adjudicación de la credibilidad de los testigos, a menos que “un análisis integral de dicha prueba cause en nuestro ánimo una insatisfacción o intranquilidad de conciencia tal que se estremezca nuestro sentido básico de justicia . . .”. Pueblo v. Cabán Torres, supra, pág. 648.

Por todas las razones antes expuestas, se dictará senten-cia que confírme la aquí apelada.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García, Rebollo López y Hernández Denton concurren sin opinión escrita.

      (1) Ambos viajaban juntos los fines de semana de Utuado a San Juan donde trabajaban.

      (2) Evidencia aliunde se define como aquella que proviene de otra fuente externa. Black’s Law Dictionary, 5ta ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1979, pág. 68.

      (3) La doctrina de corroboración proviene del derecho común anglosajón y se introdujo en nuestro derecho por vía de jurisprudencia. Para una amplia discu-sión del tema, refiérase a Comentario, California’s Corpus Delicti Rule: The

        ease for Review and Clarification, 20 U.C.L.A. L. Rev. 1054 (1973); VII Wigmore on Evidence Sec. 2070 (Chadbourn rev. 1978); Nota, Confession Corroboration in New York: A Replacement for the Corpus Delicti Rule, 46 Fordham L. Rev. 1205 (1978); Nota, Developments in the Law — Confessions, 79 Harv. L. Rev. 935 (1966); Nota, Proof of the Corpus Delicti Aliunde the Defendant’s Confession, 103 U. Pa. L. Rev. 638 (1955).

      (4) En la repregunta el testigo declaró, contrario a lo señalado por el ape-lante en su alegato, que se oyó decir que acusaron al apelante por asaltar a don Gregorio. E.N.P., pág. 11.

      (5) El agente Ríos declaró que investigó una querella de robo por el Sr. Gregorio Meléndez, que el acusado fue denunciado y que se vio la vista preliminar y hubo causa probable. La prueba presentada en cuanto a la razón por la cual ar-chivó dicho caso es contradictoria. El agente Ríos señaló que se archivó el caso porque la víctima murió. Por otro lado, el agente Muñoz declaró, a preguntas de la defensa, que el caso se archivó por falta de interés de la víctima.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Esteban Narváez Narváez, acusado y apelante.

      Número: CR-86-46

      Resuelto: 30 de junio de 1988

      José A. Vargas y Bautista De la Cruz Sierra, abogados del ape-lante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Reina Co-lón de Rodríguez, Subprocuradora General Interina y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abo-gadas de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

El presente recurso nos brinda la oportunidad de exami-nar el alcance del Art. 247(c) del Código Penal de 1974() que acrimina el intento de influir en un jurado.

El 16 de mayo de 1986, el acusado apelante fue declarado culpable por un Jurado por infracción al Art. 247(c) del Có-digo Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4443(c), intento de influir en un jurado. El tribunal le impuso una sentencia fija de seis (6) años de presidio que suspendió a tenor con lo dispuesto en la Ley sobre Sentencias Suspendidas, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada.()

No conforme, apeló planteando la comisión de los errores siguientes: (1) insuficiencia de la acusación para imputar de-lito; (2) error en la apreciación de la prueba que llevó al tribunal a denegar una moción de absolución perentoria, al ha-ber dejado la decisión en manos del Jurado,(s) y () habérsele condenado a seis (6) años de reclusión en vez de cuatro (4) años, que es la pena mínima.

HH

Los hechos

Los hechos que dieron lugar a la convicción son los si-guientes. La Sra. Elizabeth Meléndez Faría, testigo del Mi-nisterio Público, declaró que hacía seis (6) años trabajaba como oficinista en el Centro de Envejecientes del Municipio de Vega Baja. Era compañera de trabajo del acusado ape-lante Narváez Narváez y lo conocía de vista desde hacía bas-tante tiempo, pues cuando ella era estudiante él era chofer de autobús escolar. El 22 de agosto de 1984, el acusado ape-lante se presentó a la oficina donde ella trabajaba y le pre-guntó si su esposo era Juan Burgos Rosado, y si éste estaba actuando como jurado. Ella contestó que sí, que Burgos Ro-sado era su esposo. Inquirió sobre cómo se había enterado que él era jurado en un proceso criminal. El acusado ape-lante le informó que había estado en la sala del tribunal cuando habían entrevistado a Burgos Rosado para un panel de jurado en un caso que se estaba ventilando contra un pa-riente suyo. Continuó diciéndole que en ese caso estaba invo-lucrado un policía, que era quien había hurtado la mercancía; su pariente sólo la había comprado y ahora querían echarle la culpa. Ella le indicó que no podía hacer nada por él; que su esposo no hablaba de lo que ocurría en el tribunal. A ésto el acusado le dijo “que él anteriormente había actuado como jurado y que él sabía como eran lás cosas”.() Después de decir esto, se fue y la testigo no volvió a verlo hasta el día del juicio.

Luego del incidente antes relatado, la señora Meléndez Faría se sintió tranquila y trabajó todo el día. Al regresar a su hogar contó lo ocurrido a su esposo. Éste le dijo que había prestado un juramento al tribunal y que, por lo tanto, iba a tener que informar sobre esto.

El testigo Burgos Rosado corroboró sustancialmente la versión de su esposa. Expresó, además, que informó sobre el asunto al tribunal y que entendía que el acusado había ha-blado con su esposa para que él “tuviera conocimiento de eso, para que viera si era verdad la versión que contaron en el juicio para ver si era verdad”. E.N.P., pág. 4.()

I — I 1 — i

La institución del Jurado

A pesar de que hace más de doscientos (200) años Sir William Blackston describió el juicio por jurado como el pri-vilegio más trascendental que una persona puede disfrutar o desear, no fue hasta principio de este siglo que en Puerto Rico se estableció el juicio por jurado en casos criminales. Esta institución, ajena a nuestra tradición civilista, proviene del sistema de derecho común anglosajón y nos llega a través de Estados Unidos. Su historia se ha trazado a la Inglaterra del siglo XI. En aquella época, el Jurado lo componía un grupo de vecinos del demandado o acusado que se le permi-tía a éste traer al tribunal para que actuaran como testigos y juzgadores de los hechos. 4 Blackston Commentaries Cap. 27, pág. 342 (1966); R.J. Simon, The Jury: Its Role in American Society, Massachusetts, Ed. Lexington Books, 1980, pág. 5; C.R. Noriega, El derecho a juicio por jurado en Puerto Rico, 11 (Núm. 1) Rev. Jur. U.I.A. 15 (1976).

Las funciones del Jurado fueron gradualmente evolucionando hasta convertirlo en. el juzgador de los hechos bajo las guías del tribunal. Los colonizadores ingleses transplantaron esta institución a Estados Unidos adaptándola a sus necesidades. Entendieron que era indispensable para proteger y preservar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. J.E. Rooks, Sources of Trial by Jury in America, 19 (Núm. 9) Trial 46 (1983); P.D. Carrington y B.A. Babcock, Civil Procedure: Cases and Comments on the Process of Adjudication, 2da ed., Boston, Ed. Little Brown and Co., 1977, Cap. I, págs. 1-21. En palabras de Tomás Jefferson: “I consider trial by jury as the only anchor ever yet imagined by man by which a government can be held to the principles of the Constitution.” L. Pressler, The Right to Trial by Jury: “The Best Appendage of Freedom”, 19 (Núm. 9) Trial 56 (1983). En Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510, 515 (1967), reconocimos, sin embargo, que “[d]istinto a la tradición imperante en los Estados Unidos ... en nuestro medio el juicio por jurado, si bien actualmente es un derecho garantizado constitucionalmente, no es un ingrediente esencial en nuestro procedimiento”.

Ahora bien, en nuestro sistema de derecho es principio fundamental que la culpabilidad de un imputado de delito tiene que ser probada más allá de duda razonable. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); Pueblo v. Carrasquilla Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454 (1988). La culpabilidad la tiene que determinar el juzgador de los hechos a base de la eviden-cia presentada en el juicio. Esta evidencia tiene que ser, además de suficiente, satisfactoria y producir certeza o con-vicción moral en una conciencia exenta de preocupación o en “un ánimo no prevenido”. Pueblo v. Carrasquillo Carrasqui-lla, supra, pág. 552. Es, pues, ingrediente esencial de la insti-tución del Jurado como juzgador de los hechos que los miembros que lo componen tengan “un ánimo no prevenido”, de forma tal que sean capaces de juzgar la culpabilidad o inocencia del imputado exclusivamente a base de la evidencia que se presente en el juicio. Cualquier intento de traer a la atención de un jurado hechos fuera del proceso criminal o de cualquier otra forma tratar de influenciar su actuación para así favorecer a una de las partes, desvirtúa la naturaleza del proceso, menoscaba los fines de la institución del Jurado y mina la fe pública en el sistema de justicia criminal. El Art. 247 del Código Penal de 1974, supra, va dirigido precisa-mente a proteger la institución del Jurado contra el efecto corrosivo de este tipo de actuación. Este artículo dispone que:

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de seis (6) años, toda persona que intentare influir sobre al-gún juez, jurado o persona citada o sorteada como tal, o ele-gida o nombrada como árbitro, o persona autorizada por ley para oír y resolver úna cuestión o controversia, por lo que respecta a su veredicto a [síc] decisión en cualquier causa o procedimiento que se hallare pendiente ante ella o que fuere a ser sometida a su resolución, valiéndose al efecto de algunos de los siguientes medios:
(a) Cualquier comunicación, oral o escrita, tenida con dicha persona, excepto en el curso ordinario de los procedi-mientos.
(b) Cualquier libro, papel o documento mostrádole fuera del curso regular de los procedimientos.
(c) Cualquier amenaza, intimidación, persuasión o sú-plica.
En cualquiera de las circunstancias anteriores, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar cir-cunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 4443.

I — I hH 1 — 1

La acusación

En el primer señalamiento el acusado apelante alega que la acusación de intento de influir en un jurado no imputa de-lito, porque no se utilizaron expresamente las palabras “per-suasión o súplica”. El señalamiento no tiene mérito. Veamos. La acusación lee como sigue:

El referido acusado, Esteban Narváez Narváez, allá en o para el 22 de agosto de 1984, y en Vega Baja, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, P.R., allí y entonces, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, a sabiendas, habló con la Señora Elizabeth Meléndez Faria, -para que ésta hablara con su esposo, Juan Burgos Rosado, qui[e]n había sido seleccionado para servir como jurado, en el Tribunal Superior de P.R. Sala de Baya-món, P.R.[,] para que ésta influyera con el mismo a los fines de que tratara de resolver a favor una cuestión o controversia por lo que respecta a su veredicto o decisión en una causa o procedimiento que fuere a ser sometida a su Resolución, va-liéndose dicho imputado de una comunicación oral tenida con la referida señora fuera del curso ordinario de las opera-ciones. (Énfasis suplido.) Alegato del apelante, págs. 4-5.

El pliego de acusación tiene el propósito de informar al acusado del delito por el cual se le procesa. Éste deberá contener “[u]na exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común”. Regla 35(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Reiteradamente hemos expresado que la “exposición no tendrá que emplear estrictamente las palabras usadas en la ley y podrá emplear otras que ten-gan el mismo significado.'. . . [N]o es para ello necesario se-guir ningún lenguaje estereotipado o técnico o talismánico”. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 693-694 (1981); Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663, 666-667 (1978); Pueblo v. Meléndez Cartagena, 106 D.P.R. 338, 341 (1977).

En el caso de autos la acusación es suficiente en derecho. El acusado quedó debidamente notificado de los hechos y del delito que se le imputaba. Quedó informado de que trató de influenciar al jurado Burgos Rosado en relación con el vere-dicto que éste debía rendir en un proceso criminal que se seguía contra un pariente del acusado apelante. Esta gestión la llevó a cabo a través de la señora Meléndez Faría, esposa del jurado. Estos hechos ciertamente configuran una viola-ción al Art. 247(c) del Código Penal de 1974, supra.

IV

La malicia y el delito de intento de influenciar a un jurado

El acusado apelante también alega que el tribunal erró al apreciar la prueba y al no absolverlo perentoriamente. Su contención básica es que el acercarse a la señora Meléndez Faría fue un acto carente de malicia o intención criminal; que más bien respondió al sentimiento de afecto hacia un pa-riente, sin ánimo de desviar la justicia; que su propósito fue suplir una información para ayudar a hacer justicia.

El Art. 247 del Código Penal de 1974, supra, incorporó las disposiciones del derogado Art. 108 del Código Penal de 1937 (33 L.P.R.A. see. 365),() que a su vez tiene su génesis en el Art. 95 del Código Penal de California, incorpo-rado a nuestro ordenamiento penal a través del Art. 108 del Código Penal de 1902. Este artículo que, al igual que la insti-tución del Jurado, proviene del derecho común anglosajón,() según expresamos anteriormente, tiene como propósito im-pedir que se trate de obstruir la función judicial subvirtiendo la naturaleza de la institución del Jurado mediante el intento de influenciar las actuaciones de uno de sus integrantes.() Una de las modalidades de este delito es el llevar a cabo dicho intento de influenciar mediante la utilización de “persua-sión o súplica”. Esta gestión puede ser realizada directa-mente con el jurado o a través de terceras personas o me-dios.

El Art. 14 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3061) dispone que la intención se manifiesta por las circunstancias relacionadas con el delito, la capacidad mental y las manifestaciones y conducta de la persona. El Art. 15,() a su vez, establece que el delito es intencional “[c]uando el resultado ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su acción u omisión ...”. Sobre este particular la Prof. Dora Nevares-Muñiz, en su análisis editorial a este artículo, nos indica que “[s]e trata de aquella situación en que la persona tiene un deseo expreso de efectuar el acto y quiere la producción del resultado, el cual ratifica con su actuación”.()

La conducta acriminada en el Art. 247(c) del Código Penal de 1974, supra, no exige malicia. El delito se co-mete cuando se intenta llevar a cabo el acto prohibido: ejercer influencia sobre un jurado. La intención constituye una cuestión de hecho a ser evaluada por el juzgador de los hechos, Jurado o juez. En el caso de autos, de un análisis de las circunstancias concomitentes, se puede razonablemente inferir que era la intención del acusado apelante ejercer, a través de la señora Meléndez Faría, influencias sobre el ju-rado Burgos Rosado para que éste actuara de forma favorable a un pariente suyo que estaba siendo enjuiciado. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, Sec. 5.6.3, págs. 164-165; E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña, Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, Cap. Ill; Murcelo v. H.I. Hettinger & Co., 92 D.P.R. 411 (1965).() La “consecuencia natural o lógica” de la conversa-ción que el acusado apelante sostuvo con la testigo Meléndez Faría era que ésta relatara lo acontecido a su esposo. Así pretendía el acusado apelante lograr que la información que favorecía a su pariente llegara a oídos de un jurado del caso criminal que se seguía contra éste. El juzgador de los hechos tuvo ante sí prueba suficiente para concluir que las actua-ciones llevadas a cabo por el acusado apelante fueron reali-zadas con la intención de influir sobre un jurado mediante “persuasión o súplica”. Reiteradamente hemos resuelto que, en ausencia de error manifiesto, prejuicio, parcialidad o pa-sión, no intervendremos con las determinaciones que haga el juzgador de los hechos. Pueblo v. Cabán Torres, supra; Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983); Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977). No hay indicio de ello en el presente caso.

En el caso de autos el delito se configuró al darse los he-chos siguientes: (1) el acusado solicitó a una persona, en este caso la esposa de un jurado; (2) que hablara con un jurado, su esposo, en relación con el proceso criminal en que éste ac-tuaba; (3) para que dicho jurado conociera de unos hechos que favorecían a la persona que estaba siendo enjuiciada en dicho proceso.

Ahora bien, aun suponiendo que el propósito del apelante al conversar con la testigo Meléndez Faría fuese el ayudar a que se hiciera justicia, ésto no coloca su conducta fuera del alcance del Art. 247(c) del Código Penal de 1974, supra. El que una persona estime que lo que está haciendo es correcto o ayuda a hacer justicia no constituye una defensa. Cualquier información relacionada con un proceso criminal que un ciudadano estima importante para el bien de la justicia deberá traerla a la atención de las autoridades apropiadas correspondientes, en este caso el fiscal o el abogado de la defensa, para que éstas, de entenderlo procedente, la traigan a la atención del tribunal. Permitir lo que el acusado apelante pretende daría al traste con las normas más básicas y elementales del debido proceso de ley consagrado en la Carta de Derechos. Art. II, Sec. 7 de la Carta de Derechos, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1.

V

Circunstancias atenuantes

Por último, plantea el acusado apelante que erró el foro de instancia al no considerar las circunstancias del delito en sí y el informe sociopenal presentencia como atenuantes, y al fijar la pena fija de seis (6) años de presidio en vez de cuatro (4) años. El planteamiento es frívolo. El Art. 247 del Código Penal de 1974, supra, ordena la imposición de una sentencia fija de seis (6) años permitiendo que el tribunal, en el ejercicio de su discreción y de existir circunstan- • cías atenuantes, pueda reducirla hasta un mínimo de cuatro (4) años. No se ha demostrado que el tribunal abusara de su discreción al imponer la pena fija de seis (6) años de reclusión en presidio y al suspender la sentencia. En ausencia de tal demostración, no intervendremos con la discreción del tribunal. Pueblo v. Pérez Zayas, 116 D.P.R. 197 (1985); Pueblo v. Rivera Torres, 121 D.P.R. 128 (1988), opinión disidente del Juez Asociado Señor Negrón García.

Se dictará sentencia que confirme la aquí apelada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita.

      (1) Código Penal de 1974, según enmendado por la Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980 (33 L.P.R.A. sec. 4443(c)).

      (2) 34 L.P.R.A. see. 1027.

      (3) por realmente plantear el mismo error, hemos resumido los señala-mientos de error números dos (2) y tres (3) en uno solo.

      (4) T.E., pág. 6.

      (5) Por ser la narración más favorable al acusado apelante, hemos citado de la exposición narrativa de la prueba sometida por el acusado. Tanto el acusado como el fiscal sometieron exposiciones narrativas de la prueba. El tribunal no las aprobó ni certificó. Luego de escuchar a las partes, el tribunal determinó que los conflictos que surgían entre ambas no eran “otra cosa que el producto de la ma-nera en que se expresan algunos detalles y el lugar en la narración donde se ubican dichas expresiones”, —resolución y orden de 8 de mayo de 1987— y or-denó transcripción del testimonio de la testigo Elizabeth Meléndez Faría. Nada dispuso sobre el testimonio del testigo Juan Burgos Rosado.

      (6) El Art. 108 del Código Penal de 1937 leía:
      “Incurrirá en una multa máxima de cinco mil dólares, o pena de presidio por un término máximo de cinco años, toda persona que intentare sobornar a algún jurado o persona citada o sorteada como tal, o elegida o nombrada como árbitro, por lo que respecta a su veredicto o decisión en cualquiera causa o procedimiento que se hallare pendiente ante ella o se sometiere a su resolución, valiéndose al efecto de alguno de los siguientes medios:
      1. Cualquiera comunicación, oral, o escrita, tenida con dicha persona, ex-cepto en el curso ordinario de los procedimientos.
      2. Cualquier libro, papel o documento traído a la vista, no siendo durante el curso regular de los procedimientos.
      3. Cualquiera amenaza, intimidación, persua[s]ión o súplica; o
      4. Cualquiera promesa o seguridad de algún beneficio pecuniario o de otra índole.” Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Negociado de Materiales, Im-prenta y Transporte, 1937, pág. 65.

      (7) En Estados Unidos este delito se conoce como embracery y proviene del antiguo derecho común. Se define de la manera siguiente:
      “[T]he offense of attempting to corrupt, influence, or instruct a jury or juror or of inducing them in any way, such as by promises, persuasions, entreaties, money, entertainment, etc., except by the strength of evidence and the arguments of counsel in open court, to be more favorable to one side of a case than to the other.” (Escolios omitidos.) E.g., 26 Am. Jur. 2d Elections Sec. 1, pág. 619 (1966).
      El Art. 95 del Código Penal de California dispone que:
      “Every person who corruptly attempts to influence a juror, or any person summoned or drawn as a juror, or chosen as an arbitrator, or umpire, or appointed a referee, in respect to his verdict in, or decision of any cause, or proceeding, pending, or about to be brought before him, either:
      One - By means of any communication, oral or written, had with him except in the regular course of proceedings;
      Two - By means of any book, paper, or instrument exhibited, otherwise than in the regular course of proceedings;
      Three - By means of any threat, intimidation, persuasion, or entreaty; or,
      Four - By means of any promise, or assurance of any pecuniary or other advantage;
      —is punishable by fine not exceeding ten thousand dollars ($10,000), or by imprisonment in the state prison.” Pen. C.A., sec. 95.
      Del Art. 247 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 4443) se eliminó el requisito de que para incurrir en la conducta delictiva allí prohibida, hubiera que probar que medió “cualquier promesa o seguridad de algún beneficio pecuniario o de otra índol[e,] ya que esta modalidad queda comprendida en el delito de so-borno”. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 412.

      (8) Para interpretar estatutos similares, véanse: United States v. Ogle, 613 F.2d 233 (10mo Cir. 1979); Osborn v. United States, 385 U.S. 323 (1966); State v. Porter, 242 P.2d 984 (1952).

      (9) Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3062(a)).

      (10) Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 28.

      (11) También, véase opinión disidente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón en Díaz v. E.L.A., 118 D.P.R. 395 (1987).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Julio A. Márquez Díaz y Esteban Bermúdez Berríos, apelantes.

      Números: CR-86-82
    CR-86-83

      Resueltos: 30 de junio de 1988

      Francisco M. López Romo, José Hernández Sosa y Max Pérez Preston, abogados de los apelantes; Norma Cotti Cruz, Sub-procuradora General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opi-nión del Tribunal.

Hoy nos toca nuevamente considerar un caso que refleja penosamente el deterioro de valores en el desempeño de la función pública. Por la naturaleza de los actos delictivos que hoy examinamos creemos que es importante pronunciarnos mediante opinión. Una mayor divulgación servirá como ele-mento aleccionador e instrumento de disuasión. Este tipo de conducta antisocial mina la fe del Pueblo en el Gobierno y sus efectos nocivos permean los intersticios de la madeja social, resquebrajando el delicado equilibrio que debe existir entre los intereses del individuo y los mecanismos de coexis-tencia y convivencia comunitaria.

Este caso surge como resultado de una investigación rea-lizada por la Unidad para Combatir la Corrupción del De-partamento de Justicia, sobre la cancelación de ciertas deudas contributivas. Los apelantes Julio A. Márquez Díaz y Esteban Bermúdez Berrios fueron acusados por el delito de oferta de soborno, Art. 212 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4363). Juzgados por tribunal de derecho resul-taron convictos y el 17 de octubre de 1986 fueron senten-ciados a cumplir ocho (8) años de presidio. Se les concedió los beneficios de la Ley de Sentencias Suspendidas. No con-formes apelaron ante este Tribunal. Plantearon, en síntesis, que el tribunal de instancia erró al admitir en evidencia la identificación de los apelantes y, al encontrarlos culpables, sin que se hubiera probado la culpabilidad más allá de duda razonable.

I

Los testigos de cargo fueron Ramón Román, Francisco Rojas Calderón, Octavio Jiménez y Víctor M. Rivera.

El Sr. Ramón Román declaró que es parte de la sucesión Pilar Villegas y que ésta adeuda cinco mil ciento cincuenta y siete dólares con cincuenta y cinco centavos ($5,157.55) al Departamento de Hacienda por concepto de contribuciones sobre propiedad inmueble. Los miembros de la sucesión le entregaron el dinero, mayormente en efectivo, para pagar las contribuciones. El 24 de noviembre de 1982 llamó al acu-sado apelante Bermúdez Berrios, le entregó el dinero y soli-citó que le hiciera el favor de llevarlo a la colecturía. Bermúdez Berrios también pertenece a la sucesión y había aportado dinero para el pago de las contribuciones. Esa misma tarde Bermúdez Berrios le trajo los recibos de pago. Él los guardó.

En el contrainterrogatorio atestó que conocía al acusado apelante Bermúdez Berrios desde que nació. Además de ser vecinos, éste era primo de su esposa. También indicó que su decisión de solicitarle que llevara el dinero a la colecturía fue hecha de momento. La misma no pudo haber sido anticipada por el acusado apelante Bermúdez Berrios.

Al próximo testigo, Francisco Rojas Calderón, el Depar-tamento de Justicia le concedió inmunidad. Declaró que fue empleado del Departamento de Hacienda de 1979 a 1984. Para la época en que ocurrieron los hechos era supervisor de la Sección de Cheques Devueltos. Antes del 23 de noviembre de 1982 no conocía a los acusados apelantes Márquez Díaz y Bermúdez Berrios. Ese día recibió una llamada del acusado apelante Márquez Díaz invitándolo a reunirse a las 7:00 P.M. en el centro comercial que queda frente a la fábrica Grana en Guaynabo. El acusado apelante Márquez Díaz le explicó que el propósito de la reunión era para pedirle que sustrajera un cheque que por insuficiencia de fondos iba a recibir en su sección. Asistió a la reunión y allí conoció al acusado apelante Márquez Díaz quien estaba acompañado del coacusado ape-lante Bermúdez Berrios. Márquez Díaz le entregó una tar-jeta de presentación que tenía impreso lo siguiente: Julio A. Márquez, Director de Presupuesto, Municipio de Guaynabo; una dirección postal, dos (2) teléfonos y un escudo.() El arreglo que le propusieron fue que sustrajera el cheque y luego lo entregara al acusado apelante Márquez Díaz. Por ésto recibiría mil dólares ($1,000). Le dieron un papel con el nombre de Julio A. Márquez y la cantidad del cheque, cinco mil ciento cincuenta y siete dólares con cincuenta y cinco centavos ($5,157.55). No lo conservó; lo rompió. Dos (2) o tres (3) semanas más tarde recibió el cheque. Procedió a lla-mar al acusado apelante Márquez Díaz. Luego le entregó el cheque y recibió ochocientos dólares ($800). Quedaron a de-berle doscientos dólares ($200). También en esta ocasión el coacusado apelante Bermúdez Berrios acompañó a Márquez Díaz. Continuó declarando Rojas Calderón que al sustraer el cheque la deuda de la sucesión Pilar Villegas aparecía en el Departamento de Hacienda como saldada.

En el contrainterrogatorio declaró que vio a los acusados apelantes en esas dos (2) ocasiones y que sólo los volvió a ver cuando se sometieron los casos tres (3) años más tarde, en noviembre de 1985. No hubo identificación por fotografías ni rueda de confrontación. Vio a los acusados apelantes por unos quince (15) minutos en la primera ocasión y unos diez (10) minutos en la segunda. Tanto en la declaración jurada prestada el 9 de octubre de 1985, como en su testimonio en corte, manifestó que el coacusado apelante Bermúdez Be-rrios era bajito, “por lo menos, dos o tres pulgadas” menos que él. Al parársele al lado comprobó que ambos medían igual.

Continuó atestando que al ver al acusado apelante Már-quez Díaz y éste darle la tarjeta con su nombre se dio cuenta, por el parecido, que era hermano de un compañero suyo de trabajo en la Colecturía de Guaynabo de nombre José A. Márquez Díaz. Añadió que ni José mencionó a su hermano Julio ni éste a José. Conoce a José A. Márquez Díaz por el señor Guadalupe, una de las personas con quien había hecho transacciones para sacar cheques del Departamento de Hacienda. El señor Guadalupe fue testigo en su contra en rela-ción con unas acusaciones. Declaró que es propietario de una tienda de equipo de música, Home Electronic, establecida en Carolina con el dinero obtenido de transacciones ilícitas rela-cionadas con la sustracción de cheques del Departamento de Hacienda.. El Sr. José A. Márquez Díaz fue cliente de su tienda.

El Sr. Octavio Jiménez testificó que en 1982 era Auxiliar de Cobrador en la Colecturía de Guaynabo. Fue la persona que preparó los recibos de pago de contribuciones pagadas con el cheque sustraído. Identificó sus iniciales en los re-cibos. Expresó que el cheque se pagó por correo o por la oficina, no por la ventanilla. Después que preparó los recibos los entregó al Sr. José A. Márquez, compañero de trabajo y amigo. Luego “[lljegaron a Colecturía los co-acusados Julio Márquez [Díaz] y Esteban Bermúdez [Berrios]; y José les entreg[ó] los recibos”. Eso fue el 24 de noviembre del 1982.

En el contrainterrogatorio atestiguó que conoce al señor Guadalupe. Este es compañero de trabajo en la colecturía. Recibió el cheque el 23 de noviembre de 1982 e hizo los re-cibos el 24 de noviembre. El cheque se lo entregó a la señora Eliza o a la señora Raquel. Continuó declarando que existe un libro en la colecturía donde se dan entrada a los cheques recibidos en orden cronológico.

Con respecto al testigo Víctor M. Rivera, Agente Especial del Negociado de Investigaciones Especiales del Depar-tamento de Justicia, se estipuló que su declaración consistiría en lo contenido en el memorando al expediente que éste preparó en relación con la investigación del caso. En síntesis, en dicho memorando se expresa que el acusado apelante Bermúdez Berrios le informó que había pagado los cinco mil ciento cincuenta y siete dólares con cincuenta y cinco centavos ($5,157.55) en contribuciones relacionadas con la sucesión Pilar Villegas. El pago lo hizo principalmente con dinero en efectivo en la ventanilla de la Colecturía de Guaynabo. Allí le entregaron los recibos correspondientes. También informó que desconocía la procedencia del cheque Núm. 208 del Sr. Julio A. Márquez Díaz, a nombre del Secre-tario de Hacienda, por la misma cantidad.

La defensa presentó como testigos a la Sra. Carmen M. Eliza, al agente Víctor Rivera, al Sr. José Márquez Díaz y al coacusado apelante Julio A. Márquez Díaz.()

La señora Eliza testificó que es Administradora del Área de San Juan del Departamento de Hacienda y que para no-viembre de 1982 se desempeñaba como Colector de Rentas Internas XI en Guaynabo. Manifestó que no conocía y nunca había visto a los acusados apelantes Márquez Díaz y Bermú-dez Berrios. Declaró que el libro de registro de cheques lo llevaba la Sra. Sonia Greytes. Se enteró que ésta “había pa-sado páginas de ese registro cuando al . . . faltar[,] otras personas hacían [las] anotaciones”. Como supervisora, al en-terarse “le dijo que no lo hiciera más”. No recordó haberle dicho al agente Rivera que el cheque Núm. 208 se recibió por ventanilla.

Por su parte, el agente Rivera testificó que la señora Eliza durante una de las entrevistas le informó que el cheque se recibió por ventanilla. También expresó que la señora Freytes había admitido que había destruido el Registro de Cheque de 23 y 24 de noviembre de 1982 y lo había sustituido con otro. Según ella, esto lo hizo porque “ella era meticulosa y quería tener ese Registro siempre limpio”, pero que el do-cumento original y el sustituido eran idénticos.

El Sr. José A. Márquez Díaz declaró que es hermano del acusado apelante Julio A. Márquez Díaz. Conocía al señor Guadalupe y al señor Rojas Calderón, pero no al coacusado apelante Bermúdez Berrios. Corroboró que compró por ochocientos dólares ($800) en efectivo un equipo de música al señor Rojas Calderón. Para el mes de noviembre de 1982 ganaba un sueldo bruto de alrededor de quinientos setenta y cinco dólares ($575) mensuales. Se negó “a contestar pre-gunta alguna sobre negocios que pudo tener con el Sr. Francisco Rojas [Calderón]”.

En su testimonio, el acusado apelante Márquez Díaz ase-veró que por primera vez conoció al señor Rojas Calderón en noviembre del 1985. Al coacusado apelante Bermúdez Be-rrios, para noviembre de 1982, lo conocía de vista, pero no había hablado o socializado con él. Expresó que todo lo decla-rado por el señor Rojas Calderón era falso; que nunca se reunió con él. Respecto al cheque Núm. 208 por cinco mil ciento cincuenta y siete dólares con cincuenta y cinco centavos ($5,157.55) indicó que era suyo, pero que no eran ni su letra ni su firma() y que él no autorizó su expedición. Tam-bién declaró que acostumbraba dejar la chequera en su bulto, en la oficina o en el carro. Continuó atestiguando que al recibir el estado de cuenta mensual de su banco “se dio cuenta de que había un cheque girado por la cantidad de $5,157.55, el cual no fue honrado por el Banco y pensó que había sido un error del Banco y no hizo más ninguna ges-tión”. Sobre las tarjetas de presentación manifestó que fue-ron preparadas sin su consentimiento, que los números de teléfono no eran los suyos y que por esa razón no las usó. Las guardó en su escritorio. No conoce al testigo Octavio Jimé-nez; lo vió por primera vez el día que se sometió el caso.

Entre los documentos admitidos en evidencia se encuen-tran dieciocho (18) recibos de pago de contribuciones modelo 904,() ocho (8) recibos de pago de contribuciones modelo 848 preparados por el testigo Octavio Jiménez,() la declaración jurada de éste de 15 de octubre de 1985() y la del testigo Francisco Rojas Calderón de 9 de octubre de 1985,() ambas prestadas ante el fiscal José Alcover García.

En la Minuta de 4 de agosto de 1986 se hizo constar que, amparándose en la Regla 242 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el apelante Márquez Díaz solicitó, por estar viciada, la supresión de la identificación que de él hizo el tes-tigo Rojas Calderón. Alegó que transcurrieron aproximada-mente tres (3) años desde que ocurrieron los hechos, hasta que el testigo volvió a ver a los apelantes el día que se some-tió el caso.()

HH I — I

Los acusados apelantes Márquez Díaz y Bermúdez Be-rrios plantean como error que la identificación que hiciera el testigo Rojas Calderón, único testigo que los conecta direc-tamente con la comisión de los hechos, está viciada y debió suprimirse. Señalan que no le mostraron fotografías ni lleva-ron a cabo una rueda de detenidos y que Rojas Calderón sólo observó a los apelantes, a quienes no conocía previamente, durante un corto lapso de tiempo, tres (3) años antes. En cuanto al apelante Bermúdez Berrios, también adujeron que Rojas Calderón lo describió erróneamente en la declaración jurada. Además, plantearon que incidió el tribunal al encon-trarlos culpables, ya que no se probó la culpabilidad más allá de duda razonable. No les asiste la razón.

La norma vigente en relación con la confiabilidad de una identificación es que la misma depende de la totalidad de las circunstancias. Entre los “factores principales que deben guiar la posibilidad de un error de identificación [están] la oportunidad que tuvo el testigo de observar al ofensor al tiempo en que cometía el crimen, el grado de atención del testigo, la corrección de la descripción previa del criminal por el testigo, el nivel de certeza demostrado por el testigo en la confrontación, y el tiempo transcurrido entre el crimen y la confrontación”. Pueblo v. Peterson Pietersz, 107 D.P.R. 172, 183 (1978); Pueblo v. Rodríguez Maysonet, 119 D.P.R. 302 (1987).

Analicemos la prueba para determinar si de la totalidad de las circunstancias surge que la identificación fue confia-ble. El testigo Rojas Calderón estuvo con los apelantes en dos (2) ocasiones. La primera por espacio de aproximada-mente quince (15) minutos, como a las 7:30 de la noche, en un sitio “alumbrado ... bien claro” en el estacionamiento de un centro comercial “frente [a] un Burguer [sic] King [que] es-taba abierto y alumbrado”.() La segunda reunión se llevó a cabo a las 4:00 P.M. en una tarde “bien clar[a]”() y duró aproximadamente diez (10) minutos.

En relación con el apelante Bermúdez Berrios, la discre-pancia que hubo en la descripción gira alrededor de la esta-tura de éste. En la declaración jurada Rojas Calderón lo describió como más “bajito” que él (“dos o tres pulgadas más bajito”), y resultó ser de su mismo tamaño (cinco pies once pulgadas (5'H")). Esto, por sí solo, no vicia la identificación de tal forma que la haga no confiable. El apelante no hace referencia al resto de la descripción hecha por el testigo, por lo que presumimos que es correcta. Indicó que la persona que estaba con el coacusado Márquez Díaz era “trigueña, con un pelo con mucha vuelta[,] bajito, como un ‘[curly]’, y como de unos 35 años”. Añadió que lo podía identificar. Exhibit A.

También hay que tomar en consideración que las acusa-ciones en este caso no son el producto de un incidente ais-lado. Culminan una investigación sobre corrupción de empleados públicos realizada por la Unidad para Combatir la Corrupción del Departamento de Justicia. Cabe señalar, además, que no fue la única prueba que los conectó con la actuación delictiva. Veamos.

El testigo Ramón Román declaró que conoce al apelante Bermúdez Berrios desde que éste nació. Además de ser su vecino, éste es primo de su esposa. Román le entregó a Ber-múdez Berrios el dinero, mayormente en efectivo, para pa-gar las contribuciones. Este dinero fue instrumento esencial; el eje central del delito cometido. Bermúdez Berrios luego le entregó los recibos que supuestamente evidenciaban el pago de la contribución. El testigo Octavio Jiménez, por su parte, atestiguó que el 24 de noviembre de 1982 los apelantes fue-ron a la colecturía y el hermano del apelante Márquez Díaz le pidió que adelantara el proceso de preparar los recibos con-tributivos. Él los preparó y entregó al hermano del apelante Márquez Díaz. Observó cuando éste los entregó a los acu-sados apelantes. Los recibos fueron admitidos en evidencia. Con éstos se estableció el pago de la contribución con el che-que Núm. 208. Respecto a este cheque, el apelante Márquez Díaz indicó que era suyo, pero que no era ni su letra ni su firma. Sin embargo, en su estado de cuenta bancaria mensual aparecía un cheque por la misma cantidad no honrado por el banco. Su única explicación de este hecho fue que creyó que era un error del banco. De manera poco usual, no hizo ges-tión alguna para inquirir sobre este asunto.

Luego de dirimida la credibilidad, de la totalidad de las circunstancias surge que a los apelantes se les conectó plena-mente con el delito de oferta de soborno y que la identifica-ción fue confiable. El primer error no se cometió.

b-A HH

El Art. 212 del Código Penal de 1974, supra, oferta de soborno, dispone:

Toda persona que directamente o por persona intermedia diere o prometiere a un funcionario o empleado público, o ju-rado, o árbitro, o cualquier otra persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, o a un testigo, dinero o cualquier beneficio, con el fin previsto en las sees. 4360 a 4362 de este título, será sancionada con la pena de re-clusión fijada en la sección correspondiente.

Recientemente, en Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 756 (1985), tuvimos la oportunidad de examinar los contornos del “delito de oferta de soborno en su modalidad de darle o prometerle a un funcionario o empleado público, directamente o a través de un intermediario, dinero o cualquier beneficio para que realizara un acto regular de su cargo o función . . .”. Expresamos que los elementos esen-cíales de este delito son: “1. dar u ofrecer dinero o cualquier beneficio; 2. que la dación u ofrecimiento se haga a un funcio-nario o empleado público, ya sea directamente a él o a través de un intermediario, y 3. que la dación u ofrecimiento se haga con el propósito de que dicho empleado o funcionario realice un acto regular de su cargo o función.” (Escolios omi-tidos.) íd., págs. 757-758.

De un balance racional y justiciero de la totalidad de la prueba presentada, tanto directa como circunstancial, aun sin tomar en consideración la identificación efectuada por el testigo Rojas Calderón, se puede razonablemente inferir que los apelantes llevaron a cabo el plan para defraudar al erario. Prometieron y le dieron a un empleado público dinero para lograr este fin. El plan consistía en pagar las contribuciones con un cheque sin fondos, obtener los recibos que acredita-ban el pago y, una vez devuelto el cheque al Departamento de Hacienda, sustraerlo. De esta ingeniosa manera la deuda contributiva aparecía como saldada en el Departamento de Hacienda sin que se hubiese efectuado el pago. Para que este plan pudiese tener éxito era indispensable que se emitiesen los recibos de pago oficiales y que un empleado del Departa-mento de Hacienda sustrajese el cheque al ser éste devuelto por el banco por falta de fondos. El plan se llevó a cabo so-bornando precisamente al Supervisor de la Sección de Che-ques Devueltos, Rojas Calderón. No cabe duda que los he-chos probados configuran plenamente el delito de oferta de soborno.

Ante el tribunal desfiló prueba suficiente que, de ser creída como lo fue, conectó a los apelantes con los hechos y estableció todos los elementos del delito de oferta de soborno. La culpabilidad quedó probada mas allá de duda razonable. El tribunal dirimió credibilidad y, en ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad, no intervendremos con las determinaciones que hizo el juzgador de los hechos. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Borrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584 (1977).

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que con-firme la aquí apelada.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opi-nión escrita.

      (1) Esta tarjeta fue-sometida en evidencia como exhibit 7 del Ministerio Pú-blico.

      (2) Los acusados apelantes también presentaron como testigos de buena re-putación al Sr. José H. Piñero, Director de Personal del Municipio de Guaynabo, al Hon. Alejandro Cruz Ortiz, Alcalde de Guaynabo, al Ledo. Alfonso Miranda Cárdenas y al Hon. Salomón Rondón, Representante a la Cámara.

      (3) Se estipuló el informe del perito de documentos y calígrafo, Sr. Evaristo Álvarez, el cual indica “que no pudo llegar a una conclusión definitiva en cuanto a la identificación de la persona que hizo el cheque debido a que la reproducción (fotocopia del cheque) contenía limitaciones en la calidad de líneas y definición gráfica en general”.

      (4) Exhibit 5 del Pueblo.

      (5) Exhibit 6 del Pueblo.

      (6) Exhibit 1A del apelante.

      (7) Exhibit A de ambas partes.

      (8) De los autos originales del caso no aparece que el coacusado apelante Bermúdez Berrios hubiese hecho un planteamiento similar.

      (9) Exhibit A de ambas partes, declaración jurada prestada por el testigo Rojas Calderón el 9 de octubre de 1985.

      (10) íd.