author: PER CURIAM:

text:
    Osvaldo Molina, peticionario recurrente, v. Gerineldo Barreto Pérez, recurrido, y Partido Popular Democrático y Samuel Cepeda, recurrente.

      Número: O-80-718

      Resuelto: 24 de diciembre de 1980

      Pedro Ortiz Álvarez, José Andreu Garda, Héctor Luis Acevedo, Guillermo Mojica Maldonado, José Ariel Nazario Álvarez, Carlos R. Ríos y Eudaldo Báez Galib, abogados del Partido Popular Democrático y de Samuel Cepeda; Héctor Ramos, Héctor Lafifitte, Nelson Pagan Rodríguez, Héctor Reichard, Jr., Luis E. López Correa, Carlos Santos Correa, Alex Gon-zález, Benny F. Cerezo y Antonio Montalvo Nazario, aboga-dos de Osvaldo Molina; Miguel A. Pagan, Eunice Sein Llom-part, José A. Cario, abogados de Gerineldo Barreto Pérez, Administrador General de Elecciones.
   PER CURIAM:

En el día de ayer emitimos la siguiente Reso-lución :

El recurso plantea si actuó correctamente la Junta Revisora Electoral al negarse a desestimar y asumir jurisdicción original en el caso Núm. JR-80-279, Osvaldo Molina Vázquez v. Barreto Pérez, consolidado con el JR-80-281, Partido Popular Demo-crático y Cepeda v. Barreto Pérez. Esencialmente dichos recursos intentan revisar la adjudicación efectuada por la Comisión Electoral de papeletas recusadas, que conteniendo una contradeclara-ción del elector fueron ya adjudicadas por unanimidad en el foro primario de la Comisión a base de unos acuerdos previamente establecidos, adoptados como parte del proceso de escrutinio general papeleta por papeleta realizado en torno al Distrito Representativo Núm. 35. Se alega que la intervención de la Junta conlleva que ésta sustituya a la Comisión como organismo facultado en ley para recibir evidencia oral y documental ex-trínseca a la papeleta y documentos electorales, entrando en determinaciones y dirimiendo la veracidad de las declaraciones sobre papeletas recusadas, asunto que compete en primera ins-tancia a la Comisión Electoral. Art. 6.003. Se aduce que al así ac-tuar sin facultad en ley, la Junta Revisora consolida y mezcla acciones de diferentes naturalezas, y con ello posterga y demora la decisión de las apelaciones interpuestas oportunamente contra Cepeda en los casos JR-274, JR-275, JR-276, JR-277, JR-278, JR-280, JR-282, JR-283 y JR-284 sobre corrección de errores y rectificación de contabilidad, los cuales debe conocer con la pron-titud que permita un cómputo final correcto por la Comisión y la certificación del candidato electo, dejando a salvo para el candi-dato perdidoso, cuando proceda, la acción de impugnación pro-vista en el Art. 6.015 de la Ley Electoral que en el orden procesal es posterior, y no anterior, a la certificación por la Comisión del candidato que obtuvo el mayor número de votos.

En consideración a lo antes expuesto, se concede a los recu-rridos [sie] Osvaldo Molina, Samuel Cepeda y Partido Popular Democrático y al Administrador General de Elecciones un plazo hasta las 12:00 M. del miércoles 24 de diciembre de 1980 para mostrar causa por la que no deba desestimarse por falta de jurisdicción y prematuridad las acciones por ellos promovidas ante la Junta Revisora Electoral (JR-80-279 y JR-80-281) y ordenar a dicho organismo que en o antes del viernes 26 de diciembre de 1980 dilucide y resuelva, con máxima diligencia, la validez de las papeletas envueltas en las apelaciones de Samuel Cepeda (JR-80-274, 275, 276, 277, 278, 280, 282, 283 y 284) que no fueron adjudicadas por unanimidad por la Comisión Electoral.

En auxilio de nuestra jurisdicción este Tribunal paraliza los procedimientos en los recursos de Osvaldo Molina y Samuel Cepeda ante la Junta Revisora (JR-80-279 y JR-80-281) por el tiempo que dure la decisión de este recurso. Se ordena que dicha Junta y la Comisión se abstengan de certificar candidato alguno por el Distrito Representativo Núm. 35 hasta que recaiga deci-sión final y firme en los recursos JR-80-274, JR-80-275, JR-80-276, JR-80-277, JR-80-278, JR-80-280, JR-80-282, JR-80-283 y JR-80-284.

Oportunamente compareció el recurrido Molina.

No habiéndose producido certificación por la Comisión Electoral sobre elección de candidato del Distrito Representa-tivo Num. 35, prima facie, la Junta Revisora carecería de ju-risdicción para entender en las acciones de Osvaldo Molina y Samuel Cepeda (JR-80-279 y JR-80-281) incoadas ante dicho foro. Nos explicamos.

En el esquema dispuesto por la Ley Electoral, los Arts. 5.034 y 6.003 regulan todo lo concerniente al proceso de recusación de papeletas y remiten su adjudicación a la Comisión Estatal de Elecciones. El primero de esos artículos establece el procedimiento a seguirse el día de las elecciones y el segundo preceptúa las reglas para la posterior adjudicación de las papeletas así recusadas. De su lectura e interacción con las demás disposiciones de la ley relativas a la adjudicación de toda papeleta, percibimos que, como regla general, el concepto de “adjudicación” significa el examen de la papeleta, la constatación de los candidatos en ella votados y la contabilización del voto así emitido a favor de dichos candidatos. En contraste, en el caso de una papeleta recusada, el término adquiere una distinta significación. Así, una papeleta recusada constituye un ataque a la legalidad del voto, y su validez —total o parcial— dependerá entonces de la comprobación de la certeza de los fundamentos invocados para tal recusación. Es ineludible concluir, pues, que en cuanto a éstas, debe distinguirse entre la adjudicación del voto desde el punto de vista puramente formal o de contabilidad —a favor de quién fue votada la papeleta— y el punto de vista sustantivo o de fondo, esto es, si fue o no votada ilegalmente la papeleta porno reunir el elector todos los requisitos que le hubiesen habilitado como tal.

En virtud de esa diferencia y conceptualización advertimos que la adjudicación sustantiva o en su fondo de una papeleta recusada es un proceso por naturaleza distinto al trámite ordinario y normal seguido durante el escrutinio eleccionario. Exige la existencia de una mecánica de adjudicación plenaria que trasciende la faz de la papeleta, de índole adversativa, rodeada de las garantías mínimas del debido pro-ceso de ley tales como notificación al elector, citación de testi-gos y desfile y apreciación de prueba, ante la Comisión Electoral o su examinador. Tal proceso ni esquema fue estable-cido por dicha Comisión que, como hemos visto, era el foro primario administrativo con jurisdicción, según la ley, para dilucidar en su fondo tales papeletas.

Lo expuesto no dispone del recurso. Como custodios y guar-dianes máximos de “los derechos garantizados por la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, P.P.D. v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 376 (1980), no podemos abstraer-nos de la difícil situación que plantea la presente controversia. Como allí dijimos, “[e]l país está atravesando momentos de gran dificultad y tensión. En estas trabajosas circunstancias, es imprescindible que se actúe con serenidad y sensatez. Lo vital es que triunfe el pueblo entero de Puerto Rico; que no se reduzca la calidad de su democracia ni se mancille la limpieza de sus procesos electorales; que se respeten escrupulosamente nuestra Constitución y nuestras leyes. Hacemos un llamado al país para mantener en toda ocasión la máxima tranquilidad y mesura”. Pág. 387.

Con esa perspectiva presente, la correcta determinación de cuál fue el candidato debidamente electo para ocupar el es-caño correspondiente al Distrito Representativo Núm. 35 de-viene como clara e incuestionable exigencia del derecho al voto de cada uno de los integrantes del cuerpo electoral de dicho distrito. Art. II, Sec. 2, Constitución del Estado Libre Asociado; Art. 2.001, inciso 2, de la Ley Electoral. Por otro lado, advertimos que el debido funcionamiento de la Rama Legislativa se verá cuando menos empañado y posiblemente detenido, mientras dure la incertidumbre en cuanto al resul-tado final y válido de la elección. En vista de lo anterior, así como de no haber provisto la Comisión los mecanismos ade-cuados para la adjudicación en su fondo de papeletas recu-sadas —como era su deber bajo las disposiciones del Art. 6.003 de la Ley Electoral y la Regla 62 del Reglamento de Elecciones Generales de 1980— viéndose en consecuencia obli-gada la Junta Revisora a entrar a dilucidar la cuestión en lo que al Distrito Representativo Núra. 35 respecta, encontrán-dose, además, apreciablemente adelantados los procesos a esos fines iniciados, ante la manifiesta necesidad de proteger ade-cuadamente los derechos constitucionales de los electores, así como de viabilizar la pronta resolución de la situación sur-gida, el único remedio eficaz en las particulares circunstan-cias del presente caso lo constituye, a juicio nuestro, el reco-nocerle a la Junta Revisora, al amparo del inciso 1 del Art. 1.002 de la Ley Electoral, autoridad para finalizar la adju-dicación en su fondo ya comenzada de las papeletas recusadas en el referido Distrito Representativo Núm. 35.

Se dictará sentencia conforme lo expuesto.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García por el Juez Asociado Señor Rigau. Díaz Cruz. San Juan, Puerto Rico, a 24 de diciembre de 1980

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Martín Caro González, acusado y recurrente.

      Número: O-80-126

      Resuelto: 24 de diciembre de 1980

      José Raúl Méndez Marrero, abogado del recurrente; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lirio Bemol de González, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Contestamos el enigma jurídico pospuesto hace casi medio siglo en Pueblo v. Matos, 43 D.P.R. 411 (1982), a saber, si a un policía se le puede alterar la paz, según lo dispuesto por el Art. 260 del Código Penal en su inciso (a).

Esta interrogante se plantea con respecto a los policías Manuel Morales y José A. Vega. Éstos se personaron a la residencia del apelante, Martín Caro González, durante horas de la noche del 30 de mayo de 1979, ubicada en la Urbaniza-ción Isabel la Católica, Aguada, P.R., respondiendo a una querella de la esposa de Caro debida a desavenencias conyu-gales.

Al arribar al lugar de los hechos, el agente Morales miró por una de las ventanas del hogar en cuestión percibiendo al apelante Caro, quien se encontraba escuchando un componente en alta voz. Infructuosamente lo llamó en dos ocasiones. Los agentes optaron por requerir la presencia del Sargento Rol-dán. Volvieron a tocar la puerta, esta vez fuertemente. Al acusado darse cuenta de la presencia de la Policía dijo, entre otras cosas: “La policía que se vaya al c ... jo, ustedes son unos p .... jos. Suban arriba, que les voy a entrar a palos”. Coetáneamente daba cantazos con el palo de una escoba.

Las palabras expuestas “ofendieron” al agente Morales, quien, en diez y nueve (19) años en la Policía, nunca había sido objeto de tal insulto. No hubo contacto físico con los policías; éstos no lograron entrar a la residencia, ni el ape-lante salió de la misma.

El peticionario, Caro González, fue acusado, encontrado culpable y sentenciado en el Tribunal de Distrito, Sala de Aguada, con una multa de $100.00. El Tribunal Superior con-firmó dicho dictamen.

I

Los hechos así delimitados por el crisol de los procedi-mientos en alzada, nos colocan en la particular perspectiva de la utilización de lenguaje abusivo o insultante por parte de una persona hacia otra, o sea, en la relación básica entre dos individuos en el esquema social.

En última instancia se trata de determinar si el lenguaje proferido y la conducta' desplegada por el acusado son casti-gables bajo dicho artículo, sin importar que hayan sido diri-gidos contra un oficial del orden público. Requiere examinar, en primer lugar, si tal lenguaje y conducta del acusado sería castigable de dirigirse hacia cualquier otro ciudadano, pues de no serlo, ello dispondría del caso.

En Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334, 335 (1921), el pre-cepto antecesor del Art. 260 fue disectado en tres formas básicas de alterar la paz, que hoy constituyen los incisos (a), (b) y (c). A su vez, fueron especificados varios modos por los que se puede incurrir en la comisión de la modalidad que nos ocupa. Dijimos que ésta consistía “en perturbar la paz o tranquilidad de algún vecindario o individuo con: a. Fuertes o.inusitados gritos; b. Conducta tumultuosa [u] ofensiva . ..; c. Amenazas; d. Vituperios; e. Riñas; /. Desafíos; o g. Pro-vocaciones”.

El término ofensivo fue definido en ese caso como “cual-quier cosa que causa disgusto, que produce dolor, u origina sensaciones desagradables”. Pág. 337. “Vituperios” se con-ceptuó de la siguiente forma:

“Falsear, presentar o exponer a calumnia o ridículo; difa-mar; calumniar; vilipendiar.”
. . exponer injustamente a desprecio o vergüenza . . . .”.
. . Baldón u oprobio que se dice a uno-. Acción o circuns-tancia que causa afrenta o deshonra” . . .
“decir mal de una persona o cosa, notándola de viciosa o indigna.” Pág. 338.

La actuación del acusado, bien puede entenderse que es la que se intenta prohibir en el estatuto como “vituperios” o conducta tumultuosa u ofensiva. Ninguna otra considera-ción de hermenéutica obsta a que se pueda interpretar que el estatuto prohíbe precisamente el tipo de lenguaje utilizado. Nos explicamos.

En ninguna de esas modalidades se requiere la presencia del elemento de alteración de la paz del público para que proceda una convicción. El hecho de que las palabras hayan sido pronunciadas por una persona hacia otra sin que aparezca que afectaron a algún sector de la comunidad, no hace que el acto deje de ser punible. Ello quedó aclarado con la decisión de este Tribunal en Vizcarra Castellón v. El Pueblo, 92 D.P.R. 156 (1965).

En Vizcarra Castellón resaltamos la decisión en Ramos v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 417 (1952), como muestra de que no se requería que se afectara segmento alguno del pú-blico. Alertamos allí contra el uso indiscriminado de deci-siones bajo otros estatutos con requisitos diversos a los del nuestro. Estimamos que, en contraposición al de Nueva York, el nuestro se asemejaba más al de Connecticut, al no requerir que se tratara de conducta que tuviera la intención de alterar la paz o que ocasionara tal alteración.

El nuestro, se interpretó, “en su modalidad relativa a conducta ofensiva y vituperios no exige, ni que el acto sea visto o las palabras oídas por una o más personas en adición a las que fueron directamente afectadas o que dé lugar a tal conmoción y desorden que afecten la tranquilidad general de una parte sustancial de la comunidad”. Pág. 167.

Tal análisis deja al desnudo la realidad de que la sola conducta del acusado para con el policía al dirigirle “vituperios” que le ofendieron es punible bajo el estatuto cuando se trata de un ciudadano común, sin que haya que entrar en consideraciones de si en efecto provocó con ello violencia o se alteró el orden o la paz pública o de si la conducta conllevaba esas probabilidades. Un cambio en el énfasis de los intereses envueltos corrobora lo antes dicho. Principios de fundamental jerarquía, raigambre constitucional que se dirigen a pro-teger al ciudadano individual contra toda afrenta a su honra, reputación, dignidad e integridad, han venido a predominar sobre los que animaban el estatuto; se destacaba el interés en preservar el orden, la paz y tranquilidad del público en general. Hay que reconocer, de todos modos, que el mayor énfasis en aquellos intereses individuales no anula del todo este último, si se considera que al protegerse el interés individual se protege también el del público, pues las actuacio-nes individuales pueden tener la consecuencia de una altera-ción de la paz del público. Sin embargo, todavía el estatuto nos confronta con la problemática de que a la luz de su redac-ción y el desarrollo jurisprudencial, no existen criterios dis-cernibles para determinar en qué medida la conducta o len-guaje ofensivo o insultante utilizado por una persona contra otra debe hacer inminente o acercar el acaecimiento de un evento que, en efecto, altere la paz y el orden público. Más bien el estado de derecho que refleja nuestra jurisdicción, tal y como antes expuesto, excluye entrar en ese tipo de consideracio-nes.

II

La situación expuesta exige tomemos en cuenta otro dere-cho de igual majestuosidad como lo es el de la libre expresión. Puerto Rico se encuentra, así, desvinculado del fluir de los tiempos, en cuanto a incorporar a nuestro estatuto los principios doctrinales que se han venido elaborando reciente-mente en torno a la Primera Enmienda de la Constitución norteamericana, para garantizar que no se penalice expre-sión protegida. Veamos la evolución habida.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos estableció desde época temprana los límites de la expresión que constitucionalmente podía estar sujeta a sanción penal. Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942). La decisión establece que se podrá intervenir con la expresión o lenguaje del ciudadano, cuando legítimamente exista un interés o propósito de salvaguardar el orden público. Ese interés adquiere predominio, cuando se trata de palabras de riña {fighting words). Éstas fueron definidas como las que por el simple hecho de ser proferidas infligen daño o tienden a causar una inmediata alteración de la paz. Para determinar si se trata o no de ese tipo de palabras, hay que atender a las que un hombre de inteligencia común entendería que pueden causar el que una persona promedio o de sensibilidad ordinaria reaccione violentamente en respuesta a habérselas proferido.

Subsiguientemente a Chaplinsky, y sobre la base de la norma en ese caso sentada, todavía el más alto tribunal federal tuvo la oportunidad de invalidar estatutos estatales por estimarlos demasiado amplios, y susceptibles, por tanto, de ser aplicados indebidamente a expresión protegida. Cohen v. California, 403 U.S. 15 (1971), y Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518 (1972).

Luego devolvió a los tribunales de origen tres casos que envolvían el uso del lenguaje ofensivo o insultante para ser considerados a la luz de esas decisiones. Al regresar el caso de Lewis, el Tribunal Supremo no estuvo convencido del esfuerzo realizado por el foro estatal tendente a limitar el alcance de la ordenanza envuelta, en cuanto a que esencial-mente proscribía el uso de lenguaje ofensivo u oprobioso “hacia o con referencia a cualquier miembro de la policía de la ciudad mientras se desempeña en su deber”. Se dio particular importancia a la amplitud del término oprobioso que ya había sido explorada con relación al uso del mismo término en el estatuto envuelto en Gooding.

III

El análisis que antecede nos permite contestar el enigma a que aludimos al inicio de esta opinión.

El problema de si puede cometerse una alteración de la paz cuando el lenguaje ofensivo se dirige a un policía es igual, ya sea bajo un estatuto interpretado como que se requiere que se trate de palabras que pueden tener la consecuencia in-mediata de una respuesta violenta, o bajo uno que permita que se castigue el lenguaje que no llegue a ese extremo. Las razones para asumir que la paz de un policía puede ser alterada al igual que la de cualquier otro ciudadano o que ello no debe permitirse, son variadas. El poco debate que ha provocado la cuestión no añade mucho a las dos posibles pro-posiciones. En apoyo de la segunda, se dice que el policía es el encargado de la preservación de la paz como su función primordial, y que por ello no puede esperarse razonablemente que se inclinen a alterarla. Además, que está especialmente entrenado para entender y solventar situaciones difíciles, lo que presupone el ejercicio en sus actuaciones de un mayor grado de autorrestricción. Se apunta el riesgo de que la Policía pueda imputar el delito de alteración de la paz por actos contra su persona, lo cual puede prestarse a abusos y arbitrarie-dades, aparte de que le otorga un pretexto para arrestar cuando no tuviera ningún otro motivo válido para hacerlo, en especial a personas que le parecen objetables o sospechosas. Sobre este último peligro se ha dicho que se acentúa, si el policía cuenta con un estatuto considerablemente amplio. En apoyo de la proposición de que la paz del policía puede ser alterada está la premisa y el convencimiento de que el policía es acreedor a la misma protección que el resto de los ciuda-danos contra interferencias indebidas con su paz y tranquili-dad, por el simple hecho de su condición como ser humano. Ahora bien, por esa misma realidad se le considera falible y capaz de fallar a su deber bajo la presión del abuso y la afrenta y, por ende, reaccionar o responder violentamente.

Otros van más lejos al añadir que en el policía aumenta la protección de esos intereses individuales por la naturaleza inherente de su trabajo y las restricciones que sobre éste se imponen, lo que lo condena a no poder responder violenta-mente. De lo contrario, se le expondría a la tentación de que viole la ley.

Ciertamente se puede argumentar con persuasión cuales-quiera de ambas posiciones extremas.

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Desde el otro extremo, cierto es que los policías tienen la especialísima función de preservar el orden y que durante el curso de su entrenamiento deben ser preparados para ejerci-tar un mayor grado de autorrestricción. Es anticipable que al intervenir con ciertos ciudadanos en determinadas situacio-nes, surjan roces y fricciones.

Ante el dilema, resolvemos que la aplicación de la modalidad (aj del Art. 260 del Código Penal, tal y como ha sido interpretada, no está totalmente excluida cuando el sujeto es un policía. Sin embargo, entre todas las circunstancias a ser consideradas para la crucial determinación de si las palabras resultan ser “de riña”, siempre ha de atenderse al hecho de que en la relación de un policía debe esperarse un mayor grado de control de sus emociones, demostrando un alto grado de tolerancia ante las posibles afrentas de que pueda ser objeto en fluidas situaciones.

V

Aplicado al caso de autos el derecho expuesto, nos inclinamos a fallar que debe penalizarse la conducta y len-guaje del acusado Caro González hacia el policía Morales. Las palabras proferidas, dentro del significado que le atri-buye la idiosincracia general de nuestro pueblo, por su propia naturaleza, más que de carácter de molestia, resultan ofen-sivas, hirientes e irritantes, capaces de provocar una res-puesta violenta (de riña) y, por consiguiente, una alteración de la paz. Únicamente el autocontrol del agente policiaco evitó que tales epítetos culminaran en violencia.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió sin opinión y los Jueces Asociados Señores Rigau y Díaz Cruz emitieron opiniones concurrentes.

—O—

Opinión concurrente emitida

por el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 24 de diciembre de 1980

Se plantea en este recurso el sencillo problema de si a un policía se le puede alterar la paz, a la luz del Art. 260(a) del Código Penal.

En lo pertinente, dicho artículo dispone que será san-cionada con pena de reclusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de $500 ó ambas penas a discreción del tribunal, toda persona que voluntariamente realizare el siguiente acto:

(a) Perturbare la paz o tranquilidad de algún individuo o vecindario, con fuertes e inusitados gritos, conducta tumultuosa u ofensiva o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provoca-ciones.

De los hechos surge que los policías Manuel Morales y José A. Vega se personaron en la residencia del apelante en la noche del 30 de mayo de 1979, respondiendo a una querella de la esposa del apelante debida a desavenencias conyugales.

Al llegar a la casa del apelante, el policía Morales miró hacia adentro por una de las ventanas. Al acusado percatarse de la presencia de la Policía, entre otras, profirió las siguien-tes palabras: “La policía que se vaya al carajo, ustedes son unos pendejos. Suban arriba que les voy a entrar a palos”. Mientras eso decía, daba cantazos con un palo de escoba.

El apelante fue acusado, encontrado culpable y senten-ciado por el Tribunal de Distrito, Sala de Aguada, con una multa de $100. El Tribunal Superior confirmó dicha senten-cia.

Se ha argumentado en apoyo de una solicitud de revoca-ción de sentencia, que un policía viene obligado a tolerar un grado de insultos y de provocaciones que no vienen obligados a tolerar los ciudadanos que no son policías. Se argumenta que el policía está entrenado para afrontar esas situaciones y que es su deber sobrellevarlas.

Eso es así hasta cierto punto, pero llega un momento en que deja de serlo. Si bien es cierto que un policía está entre-nado —o debe estarlo— para afrontar situaciones difíciles, eso no quiere decir que viene obligado a soportar toda clase de insultos, faltas de respeto, improperios y provocaciones. Por ejemplo, el cirujano está entrenado para no desmayarse cuando ve sangre. Eso no nos autoriza a cortar a los cirujanos impunemente. El policía es también un ser humano. No deja de serlo al ponerse el uniforme. Si viola la ley, se le aplican las sanciones penales igualmente que a cualquier otro ciuda-dano. De la misma forma, tiene el derecho a la protección de su persona, honra, honor y bienes, que por virtud de la Cons-titución, del Código Penal y otras leyes tienen los demás ciudadanos.

Los improperios proferidos en el caso de autos contra el policía van más allá de lo permisible. No se le puede pedir a un hombre que deje de respetarse a sí mismo y de darse a respetar y que tolere y dé por bueno insultos y provoca-ciones de esa naturaleza. Persona de tan endeble contextura moral no serviría ni para policía ni para militar, y como hombre tampoco se le podría situar en los mejores escalafones. Desde luego, no estoy abogando porque la Policía, ni nadie, tome la justicia por su propia mano. En el caso de autos, el policía hizo lo que tenía que hacer: formular una denuncia.

La conducta del apelante cae dentro del significado de conducta ofensiva, vituperios, desafíos o provocaciones que contempla el Código Penal y que igualmente contemplaba su antecedente, el Art. 368 del anterior Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1439. El Pueblo v. Ways, 29 D.P.R. 334 (1921).

El delito de alteración de la paz comprende dos modali-dades : la alteración de la paz pública y la alteración de la paz o tranquilidad de un individuo en particular. Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 418 (1974). También en otras jurisdicciones, estimo que, con buen sentido humano y justi-ciero, se ha resuelto que el policía es acreedor a la misma pro-tección que los demás ciudadanos contra violaciones indebidas a su paz y tranquilidad. Davis v. Burgess, 20 N.W. 540 (1884); Elmore v. State, 83 S.E. 799 (1914); People v. Fenton, 168 N.Y.S. 725 (1917); Whitten v. Mayor and Aldermen of Savannah, 106 S.E. 302 (1921); Pavish v. Meyers, 34 A.L.R. 561 (1924); Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942); Jones v. Commonwealth, 210 S.W.2d 956 (1948); City of Saint Paul v. Morris, 104 N.W.2d 902 (1960) cert. denied 81 S.Ct. 692, y Meyers v. State, 484 S.W.2d 334 (1972).

El Juez Superior Hon. José L. Capella Capella se mani-festó acertadamente al expresarse como sigue:

Estamos de acuerdo con el apelante en el sentido que no todo lenguaje empleado contra un policía puede constituir alteración a la paz, ya que es menester esperar que el mismo tenga un grado mayor de tolerancia que la de un ciudadano común y corriente ante una conducta desordenada. Pero, lo anterior no puede convertir a la policía en un .recipiente gratuito de cuanta escoria verbal se profiera en su contra.

La Constitución y las leyes de Puerto Rico le exigen al policía una conducta civilizada, pero también le protegen a él de la conducta incivil de las demás personas. Por eso con-vengo en la confirmación de la sentencia apelada.

—O—

Voto concurrente en el resultado del

Juez Asociado Señor

No puedo concurrir nada más que en el resultado frente a la fluidez de los fundamentos de decisión.

La universalidad de la dignidad humana, es como la liber-tad, valoración primordial de la sociedad democrática, y se reafirma en nuestra Constitución mediante una prohibición expresa contra la discriminación en el disfrute de los derechos fundamentales sobre la base de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas.

Proclama el Art. 1 de la Declaración Universal de Dere-chos del Hombre adoptada por las Naciones Unidas el 10 diciembre, 1948:

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

En respeto a esta declaración que enaltece la civilización no podría unir mi voto a una opinión que aísle al policía de la humanidad y condicione su dignidad a la intensidad de agra-vio del delincuente.

Todos los hombres son iguales bajo la ley y en Puerto Rico, por expresión afirmativa de nuestra Constitución, la dig-nidad de todo ser humano es inviolable. Art. II, Sec. 1. Esta disposición recoge un fundamental principio de moral que ni se afecta ni se diluye porque la persona, hombre o mujer, pertenezca a la Policía. El Derecho penal rige y se aplica con absoluta universalidad, sin licencia para el infractor pre-dicada en la condición social, naturaleza del trabajo, y demás conceptos en que se funda la abolición del discrimen en nues-tro régimen de derecho.

Recientemente la Asamblea Legislativa derogó la pena indeterminada y optó por sentencias fijas (Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980) para corregir la desigualdad e injusticia que representa la imposición de penas radicalmente dispares por el mismo delito en las distintas salas de justicia, situa-ción que introdujo un predominante arbitrio del juzgador que desplazó la uniformidad y el esencial propósito correctivo le-gislado en la aplicación del estatuto. Ante esta reforma, in-corporada como alto relieve al proyecto de Código Penal federal pendiente en el Congreso, sería de todo punto regre-siva la recomendación de dejar al arbitrio de cada uno de nuestros jueces la medición de la potencialidad de reacción de cada policía, y la comparativa intensidad de agravio en la conducta del ofensor, para concluir si ha habido o no una per-turbación de la paz. No vemos cómo podría llegarse a una determinación por el juez sin la ayuda de un panel de siquia-tras.

El Derecho penal no debe sufrir estos alambicamientos en nuestro medio que depende de los tribunales para el forta-lecimiento y protección de las instituciones y los recursos de vida civilizada, asediados por la explosión de violencia e in-cultura. Si los policías están muriendo por la seguridad de nuestro pueblo, ¿cómo degradar su respetabilidad y su propio decoro con virtiéndolos en amables objetos de insulto y provo-cación porque no habrá delito en ello si el grado de suscepti-bilidad del policía conjugado con el de intensidad del agravio no satisface el criterio de un juez que no tiene a su alcance los medios de análisis sicosomático para hacer una determina-ción informada?

Más que Chaplinsky v. New Hampshire, 315 U.S. 568 (1942), y Gooding v. Wilson, 405 U.S. 518 (1972), pronun-ciamientos dirigidos a la protección de la libertad de palabra, y no del insulto, que se producen en un medio de convivencia distinto al nuestro, debe guiarnos el singular mandato de dig-nidad humana en nuestra Constitución. El propio Tribunal Supremo federal invita a la diversidad en la aplicación del Derecho penal cuando dice: “No es realista, ni constitucional-mente correcto leer la Primera Enmienda como exigiendo que la gente de Maine o de Mississippi acepte la noción de con-ducta tolerable en Las Vegas o en la ciudad de New York.” Miller v. California, 413 U.S. 15, 32 (1973).

Hay que seguir la conciencia puertorriqueña que percibió el Prof. Miró Cardona en su carta de 30 de julio, 1968 al Presidente de la Comisión de lo Jurídico Penal del Senado acompañando el proyecto de Código. “Nosotros hemos consi-derado que un Código debe ser efecto de un precipitado histó-rico. Puerto Rico es de raíz española. Por cuatro centurias recibió la savia de la nación descubridora; y por más de medio siglo, por evidentes razones geopolíticas, viene experimen-tando la influencia norteamericana. Pero, a través del lento decursar del tiempo ha cuajado una clara, definida y potente conciencia puertorriqueña, que reclama con imperio ser re-gida por sus propias normas.

La afirmación anterior no implica aislacionismo ni des-conocimiento del acervo jurídico penal foráneo, algunas de cuyas experiencias se recogen en el Borrador; pero creemos que no se da satisfacción al anhelo puertorriqueño importando instituciones jurídicas por perfectas que se consideren en el país de origen.” “. . . En efecto; nada es más escabroso que la sustitución repentina de las instituciones que han permeado profundamente la conciencia jurídica .de la comunidad; y siempre es peligroso importar instituciones por perfectas que se consideren en su país de origen. ‘Frente a un texto literal-mente idéntico’, ha dicho Battaglini, ‘la doctrina y la juris-prudencia de dos países distintos, pueden no decir la propia cosa’. Detrás de la letra se encuentra el diverso espíritu del pueblo formado por un complejo de ‘tradiciones indestructi-bles’ y ‘de necesidades actuales’ de orden moral, económico, social y político, del todo particulares e inconfundibles. En ese complejo de lo ‘tradicional’ y de lo ‘actual’ se concretan, según Max Ernst Mayer, las normas de cultura de una comunidad cuya contradicción configura la conducta antijurídica.” J. Miró Cardona, Borrador para un Proyecto de Código Penal Puertorriqueño, 41 Revista Jurídica de U.P.R. 401, 405, 410 (1972).

La falta de precisión y sobrextensión de la norma pro-puesta para el delito de alterar la paz de un policía, la colocan en el centro mismo de conflicto con la doctrina constitucional que gobierna la definición del delito. No son los tribunales, sino la Asamblea Legislativa, quien realmente declara el de-lito. Pueblo v. Santiago Vázquez, 95 D.P.R. 593, 595 (1967); Winters v. New York, 333 U.S. 507 (1948); Connally v. General Const. Co., 269 U.S. 385 (1925).

El delito de alterar la paz (Art. 260(a), Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4521 (a)) en su modalidad de lenguaje ofen-sivo e insultante se configura con el significado de los vo-cabios, independientemente de la reacción del ofendido al agravio, que puede ser de prudente silencio con o sin llanto, de contestación en similar lenguaje o de arrebato violento contra el ofensor. Por tanto, sea el agraviado un ministro de Dios, un militar, un policía, o una bailarina, su particular susceptibilidad no es elemento integrante del delito. Un re-quisito esencial de la definición de todo delito es que con-tenga elementos que de su simple lectura hagan conocible con substancial precisión la línea que separa la conducta lícita de la delictiva. Se borraría y perdería esa frontera si, en este delito de alterar la paz, se incorporara como elemento con-figurante la impredecible reacción de la parte agraviada. Esa fue razón subyacente en las decisiones de este Tribunal san-cionando como alteración de la paz la simple invasión de la vida íntima como rondar una casa y retratar con lente teles-cópico las personas que allí se encuentran (Pueblo v. Figueroa Navarro, 104 D.P.R. 721 (1976)); o atisbar (Ramos v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 417 (1952)).

Mucho antes de que la igualdad en la dignidad humana alcanzara la estirpe de precepto constitucional, este Tribunal proveyó la solución correcta al caso que ahora nos ocupa sos-teniendo que era delito punible como alteración de la paz bajo el Art. 368 del Código Penal la conducta del acusado que per-turbó y molestó con sus palabras a los presos reunidos en la cárcel municipal, que son el vecindario de la cárcel, porque al así actuar “molestó con conducta grosera el orden y solemni-dad de los presos reunidos en la cárcel...”. Pueblo v. Delgado, 35 D.P.R. 176 (1926).

       En lo pertinente reza:
      “Será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del Tribunal toda persona que voluntariamente realizare cua-lesquiera de los siguientes actos:
      “ (a) Perturbare la paz o tranquilidad de algún individuo o vecindario, con fuertes e inusitados gritos, conducta tumultuosa u ofensiva o amenazas, vituperios, riñas, desafíos o provocaciones....”

       Aunque surge de los autos la presencia de la esposa del acusado al momento de ocurrir dichos incidentes, así como testimonio de cargo tendente a demostrar que el ruido de la música no dejaba dormir a algunos vecinos, la teoría principal ha sido que el lenguaje utilizado ofendió al agente Morales.

       Art. 368 (33 L.P.R.A. see. 1439).

       Notamos cierta imbricación entre esas modalidades, aparte de que en un curso de conducta pueden concurrir varias. En Ways, se estimó que el lenguaje allí utilizado (“lambeojo”, “fariseo” y “Judas”) podía ser calificado de conducta ofensiva por estar incluido en ese término el uso de lenguaje abusivo en público. Se entendió que también podía calificarse el lenguaje bajo “vituperios” por ser imputaciones públicas. La excesiva im-bricación en los estatutos contemporáneos de alteración de la paz ha sido señalada. R. Force, Decriminalization of Breach of the Peace Statutes: A Nonpenal Approach to Order Maintenance, 46 Tul. L. Rev. 365, 384 (1972).

        Ways parecía intimar lo contrario, aunque el caso reconoció que podía perturbarse la paz de un vecindario o de un individuo, lo que fue reafirmado recientemente en Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974). Otras decisiones nuestras tendieron a reflejar que, aunque se tratara de alterar la paz individual, siempre era necesario que hubiese algún grado de publicidad. Véase El Pueblo v. Ruiz, 29 D.P.R. 74 (1921); Pueblo v. Pérez, 43 D.P.R. 447 (1932) y Pueblo v. Castro, 61 D.P.R. 97 (1942). En alguna medida esa tendencia se desviaba del razonamiento de que el delito de alteración se encuentra entre aquellos que se dan contra la paz pública. El Pueblo v. Vaz, 28 D.P.R. 926 (1920).

      La conducta envuelta fue “atisbar” por la ventana del dormitorio del matrimonio perjudicado, cuando éstos se disponían a dormir.

      Se señaló que bajo el estatuto de Nueva York no era delito “el proferir palabras obscenas ... en ausencia de alegación y . . . prueba de los elementos indicados. . . ”. Pág. 166.

       Curiosamente, los requerimientos del estatuto de Nueva York han hecho girar la cuestión de si se puede cometer el delito de conducta desordenada por proferir lenguaje abusivo o insultante, sobre el que haya o no otras personas presentes. No se considera cometida la ofensa por no haber ese elemento de publicidad o prueba del mismo en People v. Lukowsky, 159 N.Y.S. 599 (1916); People v. Sternberg, 254 N.Y.S. 488 (1931); People v. Cuvelier, 167 N.Y.S.2d 871 (1957); People v. La Sister, 170 N.Y.S.2d 702 (1958); People v. Suits, 195 N.Y.S.2d 464 (1960). Se ha considerado cometida la ofensa, siendo el policía el objeto y cuando ha habido el ele-mento público, en: People v. Sadowsky, 267 N.Y.S. 762 (1933); People v. Lavoy, 124 N.Y.S.2d 639 (1953); Lippert v. State, 139 N.Y.S.2d 751 (1955); People v. Jones, 63 N.Y.S.2d 399 (1946); People v. Santora, 209 N.Y.S.2d 499 (1961); People v. Todaro, 310 N.Y.S.2d 303 (1970).
      En Puerto Rico, cuando el lenguaje abusivo u ofensivo ha sido dirigido contra un policía en público, se ha estimado alterada la paz del “pueblo” o de otras personas presentes. Véanse Pueblo v. Rivera, 48 D.P.R. 570 (1935); Pueblo v. Massó, 18 D.P.R. 530 (1912). La sola prueba de la pronunciación de la frase “esos policías y esta detective son unos abusa-dores y unos charlatanes” en un tono alto, que se oía, estando el imputado un poco exitado, algo violento, no fue suficiente en las circunstancias para que se considerara cometido el delito de alterar la paz. Pueblo v. Kortright, 70 D.P.R. 399, 401 (1949). Estos casos no nos sirven para resolver la cues-tión que nos ocupa.

       Ilustrativos en este desarrollo de nuestra jurisprudencia resultan el propio caso de Vizcarra Castellón, supra, y luego el de Pueblo v. Figueroa Navarro, 104 D.P.R. 721 (1976). El primero cita a State v. Boyer, 198 A.2d 222 (Conn. 1963): “Cada individuo tiene derecho a la seguridad de su persona, a estar libre de ser molestado injustificadamente por otros, y a ser protegido por la ley contra la intrusión injustificada de su tranquilidad. Sobre estas bases descansa la existencia de una sociedad ordenada y civilizada”. El segundo aludió expresamente al Art. II, Sec. 8 de la Cons-titución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

       E. Force, op. cit., págs. 384-85.

      R. B. Watts, Disorderly Conduct Statutes in Our Changing Society, 9 Wm. & Mary L. Rev. 849-50 (1967-68).

      En Cohen, tratábase de un individuo que durante una manifesta-ción usó por los pasillos de un tribunal una chaqueta (jacket) con las palabras “F . . k the Draft”. El precepto invalidado fue la See. 415 del Código Penal de California, antecesor del Art. 868 de nuestro Código Penal derogado. Gooding versaba sobre lenguaje abusivo e insultante dirigido a dos policías que intervenían con un grupo de manifestantes. Se invalidó igualmente por penalizar expresión en exceso de la medida constitucional. En ambas decisiones el estatuto fue declarado inconstitucional, sin con-siderar si la conducta o expresión envuelta eran palabras de riña (fighting words) que, en efecto, pudiera ser penada bajo un estatuto más estrecho.

         Rosenfeld v. New Jersey, 408 U.S. 901—902 (1972); Lewis v. City of New Orleans, 408 U.S. 913 (1972); Brown v. Oklahoma, 408 U.S. 914 (1972).

       En general, M. Pearlstein, Note: Constitutional Law — The “Fighting Words Doctrine” is Applied to Abusive Language Toward Policemen, 22 De Paul L. Rev. 725 (1973).
      Alguna jurisprudencia que utiliza la definición de fighting words: City of St. Louis v. Tinker, 542 S.W.2d 512 (Mo. 1976); State v. Saunders, 339 So.2d 641 (Fla. 1976); Skelton v. City of Birmingham, 342 So.2d 933; 342 So.2d 938 (1976); Matter of Welfare of S.L.J., 263 N.W. 412 (Minn. 1978); Leavers v. Standridge, 242 S.E.2d 331 (Ga. 1978); Brown v. State, 358 So.2d 16 (Fla. 1978); State v. Nuthelet, 38 S.A.2d 642 (R.I. 1978); State v. Hoffman, 387 N.E.2d 239 (Ohio 1979).

       En Matter of Welfare of S.L.J., supra, se determinó que no eran palabras de riña / . . k you pigs dirigidas a un policía desde una distancia considerable a la vez que la chica que las profería se alejaba más de aquél. No se consideró si era relevante que se tratara de un policía. Es especula-tivo el razonar que si eran palabras de riña, quizás ello no hubiera im-portado. Al mismo efecto: Clanton v. State, 357 So.2d 455 (Fla. 1978). En Hammond v. State, 498 S.W.2d 652 (Ark. 1973), se encontró que el lenguaje allí utilizado contra un policía era de riña, tomando "conocimiento judicial” de ello. A distinta solución se llegó en Garvey v. State, 537 S.W.2d 709 (Tenn. 1975), al gritarle sooey a un agente desde un carro en marcha.

       Véanse: S. H. Asch, Police Authority and the Bights of the Individual, New York, Ed. Arco, 1967, Cap. 2, pág. 18; Police, National Advisory Commission on Criminal Justice Standards and Goals, 1973, págs. 13-14.

        People v. Lukowsky, supra; Village of Salem v. Coffey, 88 S.W. 772 (Mo. 1905). Note, 84 U. Penn. L. Rev. 101 (1935); R. Force, op cit, pág. 384.

         Pavish v. Meyers, 225 P. 633 (1924); Davis v. Burgess, 20 N.W. 540 (Mich. 1884); City of De Soto v. Hunter, 122 S.W. 1092 (Mo. 1909), que revocó a Salem, en el escolio anterior. Elmore v. State, 83 S.E. 799 (Ga. 1914). Note: A Breach of the Peace by the Spoken Word, 33 Conn. B.J. 114, 120 et seq. (1959).

      En justo reconocimiento y por recoger en parte correctamente la norma aplicable al caso de autos, reproducimos el razonamiento de la ilustrada sala de instancia:
      “Entendemos que la epidermis sentimental y emocional de un policía no debe ser tan sensitiva que se irrite al menor ataque verbal que le infrinj'a [sic] un ciudadano. Por otro lado, no podemos permitir, ni aceptar que dicha epidermis sea lo irrazonablemente insensible para sentir la ofensa moral y el atropello emocional y sentimental que cierto ataque verbal, de índole amenazante, insultante y denigrante, pueda causar en su ánimo. Ninguna de estas circunstancias extremas o polares pueden justificarse en derecho. En otras palabras, existen agresiones verbales que pueden y deben ser toleradas por el agente del orden público, pero existen otras que no, las cuales exigen indefectiblemente, la acción punitiva y penal del estado en protección de unos bienes o valores jurídicos.

      “Estamos de acuerdo con el apelante en el sentido que no todo lenguaj'e empleado contra un policía puede constituir alteración a la paz, ya que es menester esperar que el mismo tenga un grado mayor de tolerancia que la de un ciudadano común y corriente ante una conducta desordenada. Pero, lo anterior no puede convertir a la policía en un recipiente gratuito de cuanta escoria verbal se profiera en su contra.” (Bastardillas nuestras.)

       Véase opinión concurrente del Juez Powell en Lewis v. City of New Orleans, supra, págs. 913-914, que cita la posición adoptada por el Código Penal Modelo. Además: Pearlstein, Note, supra, págs. 734-35. Allí el Tribunal Supremo no entró a considerar si al policía podía provocársele a ofrecer una respuesta violenta por el uso en su contra de palabra dañinas.

      Adviértase que los hechos no están en controversia. Aunque las palabras fueron proferidas desde el interior del hogar del acusado, cuando aparentemente estaba ebrio y tenía las puertas y ventanas cerradas, ama-gaba con un palo e invitaba a los policías a subir amenazándolos con gol-pearlos si lo hacían. Por otro lado, su conducta negaba tal hecho, pues no estaba dispuesto a dejarlos entrar y cumplir con sus amenazas.

       Considerada el más prestigioso y mejor logrado esfuerzo por definir los derechos esenciales del hombre. La Nueva Constitución de Puerto Rico, Informes a la Convención Constituyente por la Escuela de Administración Pública U.P.R., 1954, pág. 218.

       Difícilmente podrá existir el imperio de la ley si puede obtenerse una convicción contra una persona por haber violado un estatuto que pro-híbe u ordena un acto en términos tan vagos que hombres de inteligencia común tengan que adivinar su significado y diferir sobre su aplicación.

      E1 Art. 6 del Código Penal, 38 L.P.R.A. see. 3021, conmina a interpretar las palabras y frases “según el contexto y el significado san-cionado por el uso común y corriente”.

      E1 Art. 8 del Código, 33 L.P.R.A. see. 3031, remite el principio de legalidad a la prohibición de acción penal por un hecho que no esté “ex-presamente definido por la ley como delito . . .”.


author: PER curiam:

text:
    Partido Socialista Puertorriqueño, recurrente, v. Comisión Estatal de Elecciones y Administrador General de Elecciones, recurridos; Partido Popular Democrá tico, recurrente, v. Comisión Estatal de Elecciones y Administrador General de Elecciones, recurridos; Partido Socialista Puertorriqueño, interventor-recu rrente, Partido Nuevo Progresista, recurrido, v. Comisión Estatal de Elecciones y Administrador General de Elecciones; Partido Popular Democrático, inter ventor-recurrente, v. Comisión Estatal de Elecciones y Administrador General de Elecciones; Partido Popular Democrático, interventor-recurrente, Luis A. Ferré, Oreste Ramos y Otros, recurridos, v. Comisión Estatal de Elecciones y Administrador General de Elecciones; Partido Socialista Puertorriqueño, interventor-recurrente, Luis A. Ferré, Oreste Ramos y Otros, recurridos, v. Comisión Estatal de Elecciones y Administrador General de Elecciones.

      Números: O-80-635, O-80-646, O-80-645, O-80-647, 0-80-658, O-80-664

      Resueltos: 26 de diciembre de 1980

      Ludmilia Rivera Burgos, Juan Mari Bros, Carlos Gallisá y Raúl Olmo, abogados del Partido Socialista Puertorriqueño; Miguel A. Pagan, Eunice Sein Llompart y José A. Cario, abogados del Administrador General de Elecciones; Héctor Reichard, Jr., Oreste Ramos, Virgilio Ramos, Benny F. Cerezo y Héctor Laffitte, abogados del Partido Nuevo Progresista; Guillermo Mojica Maldonado, Pedro Ortiz Álvarez, José A. Andreu Gar-cía, Miguel E. Andreu García y Miguel D. Lausell, abogados del Partido Popular Democrático.
   PER curiam:

El 2 diciembre de 1980 este Tribunal, al interpretar ciertas disposiciones de la Ley Electoral de Puerto Rico, cuestión enteramente de ley local en el sentido de reco-nocer la libre manifestación de voluntad de cada elector, ordenó a la Comisión Estatal de Elecciones que cuente como votos correctamente emitidos . . cualesquiera otras [pape-letas] en que la intención del elector pueda ser derivada de una marca válida colocada sobre la insignia de dicho partido, aun cuando quede completamente fuera de la línea que cir-cunscribe las candidaturas en la papeleta”. 110 D.P.R. 400, 403 (1980).

El 24 de diciembre de 1980, la Córte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico dictó una orden en el caso Civil Núm. 80-2420, P.N.P. et al. v. Gerineldo Barreto Pérez, y P.P.D. (interventor), que, en esencia, cons-tituye un intento de revocación del dictamen de este Tribunal.

La posición histórica del Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sido de máxima deferencia a las decisiones de este foro sobre asuntos de ley local. Villanueva v. Villanueva, 239 U.S. 293, 299 (1915); Benítez v. Lugo, 261 U.S. 102 (1923), Holmes; Rubert Hermanos, Inc. v. People of Puerto Rico, 314 U.S. 641 (1942); Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505 (1939); De Castro v. Board of Comm’s., 322 U.S. 451 (1944). La aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado reforzó y amplió esta doctrina. Hoy no se discute que el Tribunal Supremo de Puerto Rico es el máximo intérprete de la Constitución y las leyes de Puerto Rico, en tanto en cuanto no estén en conflicto con la Constitución de los Estados Uni-dos, al igual que lo son en sus respectivas jurisdicciones los tribunales de última instancia de los estados miembros de la Unión. Tampoco se discute la esfera básica de acción de los tribunales federales. Tanto este Tribunal como los tribunales federales nos hemos esforzado en décadas recientes por respe-tar la jurisdicción correspondiente a cada foro y evitar las fricciones que macularon antiguamente la relación entre ambos.

La corte federal de Puerto Rico, un tribunal de primera instancia; no está facultado, sin embargo, para revocar las decisiones que le corresponden al Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Rooker v. Fidelity Trust Co., 263 U.S. 413, 415-16 (1923). La propia corte federal de Puerto Rico ha rechazado antes todo intento de convertirla en un tribunal de apelaciones, aun en casos de derechos civiles. Clavell Ruiz v. Trías Monge, Civ. Núm. 78-22, decisión no publicada del Juez Torruella, de 28 de febrero de 1978. Rivera v. Monge, 448 F.Supp. 48 (D.C.P.R. 1978), confirmado en Martínez Rivera v. Trías Monge, 587 F.2d 539 (1st Cir. 1978).

El empleo en este caso por la referida Corte de Distrito de la ley federal de derechos civiles, 42 U.S.C. 1983, es clara-mente improcedente. Su orden no garantiza los derechos civi-les de unos electores, sino que priva más bien de la franquicia electoral a aquellos votantes a quienes se les reconoció por este

Tribunal el derecho a que su voto fuese contado. En apoyo de su decisión, la Corte de Distrito invoca a Griffin v. Burns, 570 F.2d 1065 (1st Cir. 1978). Su simple lectura revela patente-mente su inaplicabilidad a los hechos de este caso.

Este Tribunal Supremo no puede abdicar sus funciones constitucionales ante actuaciones carentes de toda base jurídica a la luz de la propia jurisprudencia federal aplicable. En consecuencia, en cuanto a las mociones de las partes presentadas el 24 y 26 de diciembre de 1980, relacionadas con el alcance de nuestra opinión, a la luz de lo resuelto por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, el Tribunal ratifica su decisión de 2 de diciembre de 1980. Cualquier certificación de candidatos o procedimiento que se desvíe de lo allí ordenado carecerá de toda eficacia y será nulo a todo efecto legal.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
    Pedro Peña Valentín et al., demandantes y recurridos, v. Miguel Vázquez Báez et al., demandados y recurridos; Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, peticionaria.

      Número: O-80-239

      Resuelto: 29 de diciembre de 1980

      Iván Garau Díaz, Alberto Balzac Colón, Ignacio Villamarzo García, René Silva Benoy y Darío Bonet Cedo, abogados de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Au-tomóviles; Ramón Edwin Colón Pratts, abogado de la parte demandante y recurrida; Reichard, Reichard, Jr. & Martínez, abogados de la parte demandada y recurrida.
   PER CURIAM:

La niña M. Peña resultó herida en un acci-dente de tránsito. Se demandó al alegado causante de los daños.

Las partes interesan transar el pleito. El tribunal de ins-tancia estima que no debe autorizar la transacción propuesta sin el beneficio de una evaluación médica de los daños sufri-dos. A tal fin ordenó la evaluación, con cargo a la Adminis-tración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles.

La A.C.A.A. no es parte en este pleito. La A.C.A.A. brindó a la menor los beneficios médico-hospitalarios requeri-dos por su condición durante los dos años después del acci-dente. See. 5 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 2054(5). La lesionada no ha solicitado, conforme a tal disposición, beneficios médicos adi-cionales a los rendidos durante los primeros dos años.

La A.C.A.A. ha acudido a este Tribunal en revisión de la orden emitida para que ella asuma el costo del peritaje a rea-lizarse. Hemos paralizado los procedimientos en instancia y emitido orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la providencia de que se recurre.

La Ley de Protección Social por Accidentes de Automó-viles no impone a la A.C.A.A. la obligación de costear los peritos que el tribunal o las partes exijan para la dilucidación de un pleito privado en el cual no es partícipe esta agencia. Tan solo puede exigirse la disponibilidad, por los procedi-mientos correspondientes, de las evaluaciones y exámenes realizados por la A.C.A.A. en el curso de los beneficios médico-hospitalarios ofrecidos.

Si bien procede en consecuencia la revocación de la orden dictada, el Tribunal Superior continúa con jurisdicción en este caso. Contrario al argumento de la A.C.A.A., no está envuelta aquí cuestión alguna relativa a la alegada jurisdic-ción primaria de la agencia. El caso presente es por entero distinto a A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 915 (1971); A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 518 (1973); Mercado Santini v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 523 (1973), y Santiago v. A.C.A.A., 108 D.P.R. 285 (1979). En estos litigios se intentó ventilar directamente en el foro judicial reclamaciones contra la A.C.A.A. En el caso de autos, la A.C.A.A. no es parte ni se le reclama beneficio alguno que la ley otorgue.

En tales circunstancias, el tribunal de instancia resolverá, conforme lo expuesto, si basta con las evaluaciones efectuadas anteriormente por la agencia, las cuales pueden ser ya obso-letas, o si es más aconsejable ordenar, bajo las Reglas 32.1 y 23.1(c), (3) y (4) de Procedimiento Civil, el reexamen de la condición de la menor.

Se expide el auto, se revoca la orden recurrida y se de-vuelve el caso a instancia para ulteriores procedimientos com sistentes con esta opinión.

       El primer párrafo de esta sección dispone:
      “La víctima tendrá derecho a recibir los servicios médicos, de hos-pitalización, casas de convalecencia, rehabilitación y medicinas que su condición, razonablemente, requiera durante el término de dos años sub-siguientes al accidente. En los casos de paraplégicos y cuadraplégicos y en los casos de trauma severo y/o de fracturas múltiples con complicaciones de tal naturaleza que requiera atención médica prolongada, se podrán prestar dichos servicios por un término mayor a dos años según lo dis-ponga la Junta mediante reglamento.”


author: PER CURIAM: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Andrés Rivera Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-80-5

      Resuelto: 31 de diciembre de 1980

      Heyda Vigil McClin, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El acusado fue hallado culpable, tras juicio por jurado, de los delitos de violación y tentativa de sodomía y, por tribunal de derecho, de infringir el Art. 4 de la Ley de Armas. Se le impusieron penas consecutivas de quince a cuarenta y cinco años de prisión por el primer delito, de uno a cinco años por el segundo y de seis meses por el tercero.

La representación legal del apelante argumenta que el tribunal de instancia cometió varios errores. Es innecesario discutirlos, pues procede la desestimación del caso por dos razones. En primer término, el apelante no ha cumplido con la Regla 194 de Procedimiento Criminal, la cual ordena que todo apelante “deberá radicar en o remitir por correo certi-ficado copia del escrito de apelación a la secretaría del Tribunal de Apelación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la radicación del escrito en el tribunal senten-ciador . . .”. La apelación se efectuó el 8 de marzo de 1979. Nunca se remitió copia del escrito a la secretaría de este Tribunal. En Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536 (1980), resolvimos que el citado término no es jurisdiccional, pero sí de cumplimiento estricto. Señalamos en Fragoso Sierra que “[n]o se permitirá desviación alguna del plazo de 48 horas, so pena de desestimación del recurso, a menos que la tardanza ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad. De otro modo se imposibilitaría por entero la labor supervisora de este Tribunal y quedaría en pía exhortación el mandato del segundo párrafo de la Regla 194 de Procedimiento Criminal”. No se ha justificado en este caso la dilación habida.

En segundo lugar, aun suponiendo que existiese justa causa para el incumplimiento con la Regla 194, surge de autos que el apelante se fugó de la cárcel después de su convicción y condena y que es hoy un prófugo de la justicia. Consideramos que en tales circunstancias procede la desestimación de la causa. Los fugitivos, al menos mientras continúe su condición de tales, renuncian su derecho a que una corte de apelación considere sus planteamientos sobre la base de una justicia que ellos han decidido burlar.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos adoptó este prin-cipio desde hace más de cien años. En Smith v. United States, 94 U.S. 97 (1876), el Tribunal rehusó, en el uso de su poder inherente, resolver el caso de un prófugo. La corte señaló:

Si confirmamos la sentencia, no es probable que el fugitivo comparezca voluntariamente a cumplir la pena. Si la revocamos y ordenamos un nuevo juicio, podría comparecer o no, según estime lo que le convenga más. En tales circunstancias no nos inclinamos a decidir lo que puede convertirse en un caso aca-démico.

El Tribunal ordenó que se eliminara el caso de sus calenda-rios, a menos que el prófugo se sometiese a su jurisdicción al comenzar el próximo período de sesiones. Véanse: Bonahan v. Nebraska, 125 U.S. 692 (1887); Allen v. Georgia, 166 U.S. 138 (1897).

En Alien, el Tribunal Supremo de Georgia había deses-timado el recurso, sin posponer su acción por tiempo alguno, y luego el evasor fue capturado. El prisionero alegó que la desestimación violaba la cláusula del debido proceso de ley. El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó la desesti-mación. Véanse, además: Estelle v. Dorrough, 420 U.S. 534 (1975); Molinaro v. New Jersey, 396 U.S. 365 (1970); Eisler v. United States, 338 U.S. 189 (1949). La jurisprudencia estatal es al mismo efecto. Note, 18 Geo. Wash. L. Rev. 427, 428 et seq. (1950). En Puerto Rico hemos citado con aproba-ción a Molinaro. Pagán Hernández v. Alcaide, 102 D.P.R. 101 (1974).

Por las razones expuestas, se desestima el recurso por abandono, con perjuicio.

El Juez Presidente Señor Trías Monge

y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurren en el resultado por el primer fundamento, a saber, el incumplimiento con la Regla 194 de Procedimiento Criminal. Estiman que es innecesario hacer expresión alguna en este momento, por no haberse planteado, sobre el alcance de la desestimación del recurso por la fuga del apelante.


author: Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Manuel Díaz Collazo, peticionario, v. Cristino Bernazard, Secretario de la Cámara de Representantes, Eddie Padilla, Partido Nuevo Progresista y Lic. Gerineldo Barreto Pérez, Administrador General de Elecciones.

      Número: MC-80-75

      Resuelto: 31 de diciembre de 1980

      Pedro E. Ortiz Álvarez, José A. Andreu García, Guillermo Mojica Maldonado y José A. Nazario Álvarez, abogados del peti-cionario.
   RESOLUCIÓN

Vistos los escritos radicados por el peticionario, el Tribunal, en auxilio de su jurisdicción, suspende los efectos de la certificación expedida por la Comisión Estatal de Elecciones para el Distrito Representativo Núm. 12, hasta que la reso-lución de la Junta- Revisora Electoral en el caso de impugna-ción sea final y firme.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario. El Juez Asociado Señor Martín emitió voto disidente. Los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García no in-tervinieron. Los demás jueces se reservan el derecho de expre-sarse.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto disidente enmendado del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de diciembre de 1980

Un examen de la disposición legal pertinente de la Ley Electoral de Puerto Rico revela que no es procedente expedir ningún remedio en auxilio de la jurisdicción del Tribunal en el caso de una impugnación por un candidato a representante a la Cámara de Representantes respecto a otro candidato que ha sido debidamente certificado como electo por la Comisión Estatal de Elecciones, por el mero hecho de haber radicado ante la Junta Revisora Electoral una acción de impugnación del resultado de la elección para el mismo puesto. Art. 6.015 de la Ley Electoral de Puerto Rico de 20 de diciembre de 1977 (16 L.P.R.A. see. 3275).

La mencionada disposición legal preceptúa que la radica-ción ante la Junta de una acción de impugnación del resul-tado de una elección, no tendrá el efecto de impedir que la persona sea certificada como electa y tome posesión del cargo y desempeñe el mismo. Pero, en el caso de senadores y repre-sentantes, de haberse presentado a tiempo algún escrito de impugnación, el mismo precepto legal expresa que no se cer-tificará la elección del candidato impugnado hasta que la Junta resuelva dicha impugnación, lo cual se hará no más tarde del día 1 de enero siguiente a una elección general.

Nótese que la Ley Electoral hace una distinción entre la impugnación de la elección de un representante o senador y la de una persona electa para cualquier otro cargo. En el segundo de los casos, la ley no fija límite para la resolución de la impugnación por la Junta Revisora. Más aún, provee que si la Junta no pudiera decidir cuál candidato fue electo, or-denará una nueva elección en el precinto afectado, la cual se celebraría de acuerdo con las normas reglamentarias que a tales efectos se prescriban.

Sin embargo, con respecto al cargo de representante o senador, prescribe que la impugnación deberá resolverse no más tarde del día 1 de enero siguiente a una elección general. Esto es así porque el término del cargo de legislador, por dis-posición constitucional, comienza el día dos de enero inmedia-tamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual haya sido electo. Constitución del E.L.A. de Puerto Rico, Art. Ill, Sec. 8.

Es significativo que el artículo de la Ley Electoral que sigue al que fija la fecha límite para impugnar la elección reafirma la disposición constitucional que regula la impugna-ción de la elección de los miembros de la Asamblea Legislativa, al designar a la Cámara de Representantes como el único juez de la capacidad legal de sus miembros, de la validez de las actas y del escrutinio de su elección. Ley Electoral, Art. 6.016 (16 L.P.R.A. see. 3276). Art. Ill, Sec. 9, Constitución del E.L.A. de Puerto Rico. A los fines de que la Cámara pueda entender en el proceso de impugnación, la Ley requiere a la Comisión Estatal de Elecciones poner a disposición de la Cámara todos los documentos y papeles relacionados con el distrito en controversia. Ibid.

Es evidente que habiéndose radicado la impugnación hace cuatro días, y teniendo el candidato impugnado hasta el día de mañana jueves 1 de enero para presentar su contestación al escrito del impugnador, resulta imposible que la Junta Re-visora pueda ventilar la impugnación antes de la fecha límite de ley, o sea el 1 de enero de 1981.

Ya este Tribunal se pronunció en un caso reciente de im-pugnación de la elección de un miembro del Senado de Puerto Rico, en el sentido de que ese cuerpo legislativo goza de poder para ordenar el recuento de los votos emitidos en favor de los candidatos en pugna para determinar la elección del uno o del otro; que en el descargo de dicha función puede aprobar las reglas correspondientes, sujeto a las limitaciones y garantías que imponen la Constitución y las leyes del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico; y que, hasta tanto se determine final-mente quién obtuvo la mayoría de votos, el legislador tiene derecho a disfrutar de todas las prerrogativas de su cargo. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1977).

Ante la clara y expresa intención legislativa que requiere que la impugnación del resultado de una elección de un miem-bro de la Legislatura sea resuelta no más tarde del día 1 de enero siguiente a una elección general, y considerando que en las circunstancias de este caso resulta imposible resolverlo dentro del término de ley, y considerando, además, que la ley y la Constitución remiten tales controversias a la Rama Legis-lativa en cuestión, sería improcedente dictar orden alguna que tenga el efecto de suspender la certificación de elección ya expedida por la Comisión Estatal de Elecciones al candi-dato Eddie Padilla. Por ello denegaría el recurso en auxilio de nuestra jurisdicción.

Este voto disidente enmendado deja sin efecto mi voto disi-dente anterior de esta misma fecha y lo sustituye nunc pro tune.