text:
    Juan Berríos Arroyo y su esposa Nydia Rivera Alvarado, etc., demandantes y recurrentes, v. Tito Zambrana Auto, Inc., etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-87-210

      Resuelto: 13 de febrero de 1989

      Luis E. Maldonado Guzmán, abogado de los recurrentes; José V. Gorbea Varona, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opi-nión del Tribunal.

La importancia que reviste el sistema de ventas a crédito en Puerto Rico, los derechos de los consumidores y de aque-llas entidades que se dedican al negocio de adquirir con-tratos de ventas a plazos nos mueve a revisar la controversia, suscitada en este recurso, relativa al alcance del Art. 209(a)(3) de la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Fi-nanciamiento, Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. sec. 749(a)(3). Revocamos la senten-cia parcial dictada por el Tribunal Superior, Sala de Baya-món.

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El pleito está aún en las etapas iniciales. Surge de ,las alegaciones que los demandantes recurrentes Juan Berrios Arroyo y su esposa Nydia Rivera Alvarado convinieron con el demandado recurrido Tito Zambrana Auto, Inc. la com-praventa de un vehículo de motor “nuevo”. A estos fines, el matrimonio utilizó la figura de una persona interpuesta o “testaferro” quien, sin ignorarlo el enajenante y aun con su anuencia, según se alega, compareció como sujeto del acto y adquirió el mencionado automóvil. Se afirma que el esquema simulatorio se ideó “sin intención de defraudar la ley o a un tercero”.

El precio de contado del vehículo fue de $22,000, me-diando pago en efectivo por la suma de $6,000. Para que el recurrido Chase Manhattan Bank (en adelante Chase) finan-ciara el balance adeudado mediante préstamo a los compra-dores, éstos sometieron a dicha institución en la misma fecha (18 de septiembre de 1984) una “solicitud de crédito” y un documento denominado “Orden de Compra”. Este último contenía, en letras pequeñas al final del pliego, el aviso si-guiente: “Esta Orden no es Válida sin la Firma del Gerente y además la Aprobación por la Entidad Financiera De la Cual se solicite el Crédito para el Financiamiento del Balance Adeudado.” (Énfasis suplido.) Anexo 3, pág. 16. El mismo día, el Contrato de venta al por menor a plazos (Con-trato de venta condicional) fue cedido al Chase. Anexo 1, pág. 13.

Con el tiempo el automóvil comenzó a presentar serios defectos que atentaban contra los elementos básicos de su estructura. Posteriormente, como resultado de unas averi-guaciones y evaluaciones técnicas, la parte demandante des-cubrió que el referido vehículo había sido propiedad de otra persona, quien lo chocó violentamente al punto de ser decla-rado “pérdida total” por la compañía aseguradora. Apéndice 2, pág. 8. Luego de reconstruido, fue vendido a Tito Zam-brana Auto, Inc., quien a su vez lo vendió a los demandantes como nuevo.

Después de presentada la correspondiente acción por el comprador, éste alegó que el demandado Tito Zambrana Auto, Inc. actuó de forma dolosa ya que, a sabiendas “y con el propósito deliberado de engañar” (apéndice 2, pág. 8), ocultó a los compradores lo anteriormente reseñado. Se de-mandó conjuntamente al cesionario del contrato y se solicitó, en síntesis, la resolución del contrato entre Tito Zambrana Auto, Inc. y la parte demandante, así como el contrato de cesión entre la vendedora y el Chase “por falta [o defecto] de causa”. Anexo 4, pág. 19.

La vendedora contestó la demanda y negó los hechos bá-sicos en los que se fundamenta la causa de acción. Lo mismo hizo el Chase cuando alegó que los daños reclamados eran de la exclusiva responsabilidad de la vendedora y cedente Tito Zambrana Auto, Inc. A estos efectos le notificó demanda contra coparte.

Luego de varios incidentes, el Chase presentó una mo-ción de desestimación en la que alegó fundamentalmente que la parte demandante no le había notificado los alegados de-fectos del vehículo en el tiempo y en la forma que establece la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, por lo que carecía de causa de acción en su contra. El tribunal a quo acogió el planteamiento y desestimó parcial-mente la demanda sin perjuicio de que los demandantes con-tinuaran su reclamación en contra del vendedor.

A solicitud de la parte démandante recurrente decidimos revisar. La adecuada adjudicación del recurso requiere que examinemos la figura contractual que sirve de fundamento al negocio en este caso: el contrato de venta condicional y su conexión con la estructura del crédito y del financiamiento; el instituto de la cesión de contratos, en particular la cesión del “contrato de venta al por menor a plazos” y, por último, es necesario llevar a cabo una breve exégesis de la disposi-ción de la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financia-miento objeto de la controversia.

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El crédito en los tiempos actuales constituye uno de los fundamentos sobre los cuales se asienta el desarrollo socioeconómico del país. La extensión de crédito al consumidor en las comunidades contemporáneas se ha convertido en un factor importante en el desarrollo de la economía porque facilita el acceso a numerosos productos de consumo. Véanse, en general: D. Caplovitz, Consumers in Trouble: A Study of Debtors in Default, Nueva York, The Free Pres, 1974; R. Bercovitz, Las ventas a plazos de bienes muebles, XIX An. Der. Civ. 117 (1966); D. Caplovitz, The Poor Pay More; Consumer Practices of Low-income Families , Nueva York, The Free Press, 1967; G.A. Stiglitz, Protección jurídica del consumidor, Buenos Aires, Ed. Depalma, 1986; S. Litvinoff, Las ventas a plazos en el Derecho puertorriqueño, Orford, Equity Pub. Corp., 1965; Informe Económico al Gobernador 1985-1986, San Juan, Junta de Planificación de Puerto Rico, 1987, pág. I — 11.

El fenómeno tomó forma destacada en la figura de la venta a plazos y ésta, a su vez, junto al desarrollo de otros principios de técnica bancaria y comercial, adquirió fuerza con el auge en la venta de automóviles y la producción en serie. Como bien señala De Cossío Corral, “[e]n la evolución legislativa del Derecho comparado se distinguen claramente tres etapas: la primera, de protección del comprador; la se-gunda, de regulación de las actividades de las empresas fi-nancieras interpuestas; y la tercera se deriva de la necesidad de distinguir en cuanto a financiación y modalidad de crédito, entre los bienes de producción y los bienes de consumo”. F. De Cossío Corral, La Ley de Ventas a Plazos, 38 Rev. Crít. Der. Inmob. 1125-1126 (1965).

El contrato de venta condicional es una modalidad particular de la compraventa y más específicamente de la denominada venta a plazos. Está reglamentada en Puerto Rico —de acuerdo con el modelo anglosajón— por la Ley Núm. 61 de 1916, según enmendada, 10 L.P.R.A. secs. 31-41. Se trata de un ordenamiento especial que cubre aspectos importantes de la venta: el negocio en sí, la garantía, la forma de ejecución, la inscripción de los actos, etc.

En los ordenamientos jurídicos que siguen la tradición civilista han evolucionado fórmulas afines o compraventas de cosas muebles con pacto de reserva de dominio. En otras palabras, no estamos ante un fenómeno aislado. Por el contrario, la expansión del crédito ha originado diversas formas de compraventas con pago diferido, ajustadas a las distintas modalidades locales y ordenamientos jurídicos. Véanse: R. Bercovitz y Rodríguez-Cano, Comentarios a la Ley de Ventas a Plazos de Bienes Muebles, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977; Bercovitz, supra; V. Baldo, El registro de ventas a plazos de bienes muebles y sus principios informadores, 53 Rev. Crít. Der. Inmob. 9-26 (1977); E. Lalaguna, Perspectiva actual de la hipoteca mobiliaria y la prenda sin desplazamiento en relación con la venta a plazos de bienes muebles, 43 Rev. Crít. Der. Inmob. 677-718 (1967).

De acuerdo con un destacado estudioso del tema:

La compraventa a plazos es, según hemos visto, una solu-ción económica a problemas económicos; pero, a su vez, es fuente de problemas jurídicos. En efecto, el campo de. la eco-nomía está dominado por el choque de intereses, y de esta característica general no se salva la compraventa a plazos. Carnelutti dice que “el fin del Derecho consiste en reducir la economía a la ética”. El ordenamiento jurídico tiene que ar-monizar esos intereses económicos en todos y cada uno de los casos en que aparezcan contrapuestos. Por eso, la aparición de nuevas operaciones y situaciones económicas plantea al Dere-cho la necesidad de regular los nuevos intereses en juego de acuerdo con los criterios de la Justicia. Esto es lo que ocurre con la compraventa a plazos, en la que hay que compaginar los intereses del vendedor, comprador, financiador y terceros, junto con el interés de la comunidad. . . . (Escolio omitido.) Bercovitz, supra, pág. 119.

En Puerto Rico hemos resuelto que un contrato de venta condicional, si bien no es un instrumento negociable, puede ser cedido a un tercero. Universal Credit v. Tribl. Superior, 77 D.P.R. 574 (1954). También hemos dicho que:

En la situación creada por una venta hecha de acuerdo con esta ley, el comprador es un verdadero dueño de los bienes comprados, pero en un dominio sujeto a desaparición por me-dio de la resolución, o sea por el acaecimiento del suceso que constituye la condición del contrato.
Como un aspecto práctico de las ventas condicionales y sus efectos, es de conveniencia recordar que en las ventas condi-cionales de automóviles en Puerto Rico, el comprador condi-cional paga los gastos y primas del seguro, la licencia y la contribución del automóvil. Se halla, por tanto, en el caso de cumplir todos los deberes del dueño o propietario del carro. Y es que, legal y prácticamente, es el dueño, con el riesgo de que su dominio se extinga si no cumple la condición de pagar lo convenido. Montalvo v. Valdivieso, 38 D.P.R. 545, 552-555 (1928).

Salvo raras excepciones, el crédito que el comprador necesita para adquirir el bien pagadero a plazos es facilitado por entidades financieras, debido principalmente a que las personas o compañías dedicadas al negocio de ventas al por menor carecen del capital necesario para financiar estas operaciones. Es por ello que el financiamiento y la oferta de crédito han quedado a cargo de compañías que se especializan en este género de negocios. L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de derecho civil, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1980, Vol. II, pág. 359; Litvinoff, op. cih, págs. 34-35.

En teoría, una vez perfeccionada la compraventa a plazos, el vendedor recurre a una entidad financiera cediéndole su posición frente al comprador, a cambio del pago inmediato del precio pendiente. No obstante, por la naturaleza dinámica del financiamiento de consumo, ambas operaciones ocurren simultáneamente. Por. supuesto, generalmente existe un previo acuerdo genérico entre el vendedor y la empresa que brinda el crédito a través del cual ésta se compromete a financiar las ventas a plazos que el vendedor vaya realizando en el ámbito de su actividad comercial. El interés del cesionario, por otro lado, no consiste en vender, sino en extraer de su capital un rendimiento financiero. Bercovitz y Rodríguez-Cano, op. cih, pág. 132.

Este esquema —venta a plazos y financiamiento si-multáneo— ha creado una relación tripartita entre el com-prador, el vendedor y la compañía financiera en la que la ce-sión del contrato de venta condicional está prevista desde el mismo momento en que se perfecciona la compraventa original. La segunda actividad, que en realidad es un préstamo al comprador, transforma la operación para el vendedor prácti-camente en una venta al contado y lo que deja subsistente es la obligación de pago en los plazos convenidos al quedar el comprador deudor de la entidad financiera cesionaria.

Con relación al pago del precio, en algunos casos el vendedor permanece vinculado a la operación; en otros casos desaparece totalmente. Cuando la transferencia se hace por “endoso simple”, el vendedor se convierte en responsable del saldo en caso de defecto de pago por el comprador. Por el contrario, si la transferencia o reventa asume la modalidad de “endoso sin responsabilidad” (non recourse plan) o “sin recurso”, el vínculo del vendedor desaparece desde el momento en que el documento es transferido al financiador. E. Mestre Martínez, La Venta a Plazos, Madrid, Ed. Santillana, 1963, pág. 117; Litvinoff, op. cit., pág. 39.

La finalidad propia de la cesión es la transmisión de la titularidad del contrato de venta condicional del cedente al cesionario. En el ámbito discutido, el vendedor cede su posición en el contrato de venta condicional con sus derechos y obligaciones. Universal Credit v. Tribl. Superior, supra, pág. 580. Nótese que lo que se transmite en realidad es el derecho de crédito del vendedor y sus correspondientes obligaciones hasta que el comprador pague todo el precio.

Según la doctrina civilista, la cesión de contrato origina para el cedente un efecto liberatorio frente al deudor. “De ello se deduce, por una parte, que el cedido ya no tiene frente al cedente derecho ni obligación alguna (salvo el pacto accidental de garantía por el cumplimiento); por otra parte, que el cedido tiene frente al cesionario todos los derechos y obligaciones constitutivos de la relación contractual. . . . En cambio, la posición que nace para el cesionario viene determinada por el hecho de quedar convertido en parte del contrato que se cede y, por lo mismo, en titular de los créditos y deudas que, nacidos de aquél, existen todavía.” M. García Amigo, La cesión de contratos en el Derecho español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, pág. 379.

Ahora bien, en la cesión de un contrato de “venta al por menor a plazos” (venta condicional), el cedente no queda liberado, porque en virtud de la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento el legislador expresamente dispuso que el vendedor retuviera su responsabilidad frente al comprador. Art. 209(f) de la Ley Núm. 68, supra, 10 L.P.R.A. sec. 749(f). Las obligaciones principales del vendedor en la compraventa son la entrega y saneamiento de la cosa vendida. Art. 1350 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3801. Considerando estas características particulares, la figura creada por el legislador realmente constituye una cesión de contratos atípica o sui géneris. Véase, también, el Art. 202(5) de la misma ley, 10 L.P.R.A. see. 742(5).

Aclarado brevemente el complejo ámbito de la cesión en este caso, fruto de la expansión del crédito y la creación de formas especiales de financiamiento, examinemos el alcance y el significado del Art. 209(a)(3) de la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra.

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En 1964 el legislador aprobó la Ley Núm. 68, Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, 10 L.P.R.A. see. 781 et seq., estatuto general sobre ventas a plazos que no derogó la Ley de Ventas Condicionales ni la Ley Hipotecaria de la Propiedad Mueble, Ley Núm. 19 de 3 de junio de 1927 (30 L.P.R.A. see. 1871 et seq.). Por el contrario, su propósito fue regular de forma más amplia todo el campo del crédito en Puerto Rico, particularmente en lo que a la intervención de un tercer cesionario se refiere.

La medida se originó en el P. de la C. 828 con la intención de proteger a los consumidores y comerciantes puertorriqueños de gastos excesivos de financiamiento. 18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, T. 3, págs. 1677-1678 (1964). Luego de su creación ha sido objeto de varias enmiendas, entre ellas las originadas por el Sustitutivo del P. de la C. 1388 con el fin de “proveer protección eficaz a la clase consumidora”. Informe de la Cámara de Representantes, Comisiones de Gobierno, Planificación, Comercio e Industria y de Asuntos del Consumidor, marzo de 1972, pág. 4.

Una de las disposiciones objeto de enmienda fue el Art. 209(a)(3) de la Ley Núm. 68, supra. En efecto, la Ley Núm. 78 de 31 de mayo de 1972 (1972 Leyes de Puerto Rico 177) enmendó este inciso en términos generales. Hasta ese mo-mento, el Art. 209(a) señalaba, en lo pertinente:

Ningún contrato [de venta al por menor a plazos] contendrá disposiciones en virtud de las cuales:
(a). El comprador convenga en no interponer contra un ce-sionario cualquier reclamación o defensa que surja de la venta, mas podrá contener tal disposición respecto de un ce-sionario que adquiera el contrato o un pagaré relacionado con éste, de buena fe y por valor y siempre que dicho cesiona-rio no haya tenido conocimiento de los hechos de los cuales surja la reclamación o defensa dentro de los 10 días siguien-tes a la fecha en que hubiera enviado al comprador, por co-rreo, a la dirección de éste que conste en el contrato, un aviso de tal cesión.... (Énfasis suplido.) 1964 Leyes de Puerto Rico 201, 207.

En otras palabras, dicha cláusula incorporaba, en el área de las ventas a crédito en Puerto Rico, la figura del “tenedor de buena fe” o el llamado “holder in due course” del derecho anglosajón. Informe de la Cámara de Representantes, supra, pág. 12. En el contexto señalado se refiere al principio que ampara al cesionario, adquirente de “buena fe” y por valor de un contrato de ventas a plazos, si el comprador no le pone en conocimiento de alguna reclamación relacionada con la cosa vendida dentro de determinado plazo a partir de la fecha de recibo del aviso de cesión.

En Estados Unidos los tribunales frecuentemente se mostraron renuentes a aplicar la norma de forma automática por entender que colocaba a los consumidores en estado de indefensión frente a vendedores y entidades financieras. Vé-anse: Unico v. Owen, 232 A.2d 405 (1967); E.M. Farnsworth y J. Honnold, Commercial Law: Cases and Materials, 4ta ed., Nueva York, The Foundation Press, 1976, pág. 96 et seq. De hecho, la regla recibió críticas vehementes. D. J. Benson y A.M. Squillante, The Role of the Holder in Due Course Doctrine in Consumer Credit Transactions, 26 Hastings L.J. 427 (1974); V. Countryman, The Holder in Due Course and Other Anachronisms in Consumer Credit, 52 Tex. L. Rev. 1 (1973); M. Hansford, The Holder in Due Course — An Endangered Species?, 37 Ala. Lawyer 540 (1976); E.J. Murphy, Another “Assault Upon the Citadel”: Limiting the Use of Negotiable Notes and Waiver-of-Defense Clauses in Consumer Sales, 29 Ohio St. L.J. 667 (1968); R.J. Rohner, Holder in Due Course in Consumer Transactions: Requiem, Revival, or Reformation?, 60 Cornell L. Rev. 503 (1975); A.J. Rosenthal, Negotiability — Who Needs It?, 71 Colum. L. Rev. 375 (1971); Panel Discussion, Holder in Due Course: Does the Consumer Pay ?, 32 Bus. Law. 591 (1977); Nota, A Case Study of the Impact of Consumer Legislation: The Elimination of Negotiability and the Cooling-Off Period, 78 Yale L.J. 618 (1969).

Por espacio de una veintena de años, y preferentemente por vía legislativa, la doctrina ha sido derogada en las dis-tintas jurisdicciones. Un ejemplo es el del estado de Nueva York, de donde procede nuestro estatuto de ventas a plazos. Véanse: Nassau Trust Co. v. Wes Carman’s Marina, 461 N.Y.S.2d 155 (1983); Hempstead Bank v. Babcock, 453 N.Y.S.2d 557 (1982); Gramatan Home Investors Corp. v. Lopez, 386 N.E.2d 1328 (1979).

En Puerto Rico recibimos las corrientes de los nuevos enfoques. Ya en 1970 el Informe del Consejo Asesor del Go-bernador para el Desarrollo de Programas Gubernamen-tales, 16 de diciembre, recomendaba la eliminación de la doc-trina del “tenedor de buena fe” de nuestra Ley de Ventas a Plazos.

El principio básico fundamental de esta recomendación— que las compañías financieras o bancos que compran un con-trato deben estar en los zapatos del comerciante ante la ley— ya fue adoptado como política pública al redactar la Ley 68, pero esta ley ha sido inefectiva en poner el principio en vigor. Bajo la ley común, los bancos y compañías financieras siem-pre tienen recurso contra el comerciante, y esto, creemos no- sotros, les da adecuada protección contra las prácticas de co-merciantes inescrupulosos. Si fuera necesario, sin embargo, dicho recurso puede ser reforzado por estipulaciones especí-ficas en los acuerdos entre comerciantes e instituciones fi-nancieras. (Énfasis suplido.) Informe del Consejo Asesor, supra, pág. 17.

El P. de la C. 1388 recoge varias de las más importantes recomendaciones formuladas por el mencionado Consejo Asesor con el fin de fortalecer la posición del consumidor. Entre las innovaciones más destacadas figura la creación de un inciso (5) al Art. 202 de la Ley Núm. 68, supra, según el cual todo contrato de venta condicional o cualquier acuerdo para pagar el precio de venta al por menor a plazos deberá incluir al cesionario el aviso siguiente:

El cesionario que reciba o adquiera el presente contrato al por menor a plazos o un pagaré relacionado con éste, quedará sujeto en igualdad de condiciones a cualquier reclamación o defensa que el comprador pueda interponer en contra del vendedor. El cesionario del contrato tendrá derecho a presen-tar contra el vendedor todas las reclamaciones y defensas que el comprador pueda levantar contra el vendedor de los ar-tículos o servicios. (Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. see. 742(5).

Se eliminó igualmente la figura del “tenedor de buena fe” en su forma clásica tal y como surgía del antiguo Art. 209(a) de la Ley Núm. 68, supra. Por último, para establecer un balance entre las obligaciones y deberes del cesionario y las del comprador, se enmendó este Art. 209(a)(3) para imponerle al comprador la obligación de notificar al cesionario las causas de acción o defensas que surgieran de la venta. El texto de la disposición enmendada quedó en los términos siguientes:

“3. Si el vendedor no hubiere cumplido todas sus obligacio-nes para con usted, usted deberá notificarlo al cesionario, por escrito, mediante correo certificado con acuse de recibo, a la dirección indicada en este aviso, dentro de los 20 días siguien-tes a la fecha en que tenga conocimiento de algún hecho que pueda dar lugar a una causa de acción o defensa que surja de la venta y que pudiera usted tener en contra del vendedor.” 10 L.P.R.A. sec. 749(a)(3).

La redacción del Art. 209(a)(3) de la Ley Núm. 68, supra, es el fruto del equilibrio al que se llegó en la Legislatura entre los que pretendían derogar radicalmente la doctrina y los que pretendían ampliarla en favor de vendedores y compañías financieras. La intención fue proteger al cesionario de. un contrato de ventas a plazos de aquellas reclamaciones por acciones de saneamiento por evicción o vicios ocultos, de no notificar el comprador al financiador en los términos expresados.

Un examen de la técnica utilizada por el legislador demuestra que la disposición citada no es otra cosa que un rezago de la doctrina del “tenedor de buena fe”, un mecanismo destinado a limitar, en determinadas situaciones, la capacidad tanto activa como defensiva del consumidor frente al cesionario de un contrato de venta condicional de precio aplazado. Véanse: L.M. Hudak y R. Carter, The Erosion of the Holder in Due Course Doctrine: Historical Perspective and Development — Part II, 9 U.C.C. L.J. 235 (1977); W.H. Lawrence y J.M. Minan, The Effect of Abrogating the Holder-In-Due-Course Doctrine on the Commercialization of Innovative Consumer Products, 64 B.U.L. Rev. 325, 328 (1984).

A la luz de este trasfondo doctrinal, resta examinar el planteamiento central del pleito: que la ausencia de la notifi-cación prevista en el Art. 209(a)(3) de la Ley Núm. 68, supra, impide al comprador accionar contra el recurrido Chase.

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Una mera lectura de las alegaciones demuestra que la causa de acción ejercitada por los demandantes recurrentes no es en modo alguno la acción de saneamiento por evicción o vicios ocultos prevista por el legislador en el Art. 209(a)(3) de la Ley Núm. 68, supra, sino la de nulidad por error sustancial o engaño doloso que vician el consentimiento en su origen y afectan la perfección misma del contrato. “La causa de acción del demandante, por tanto, surge no del hecho objetivo del defecto en el objeto del contrato que es lo que da vida a una acción de saneamiento, sino de una circunstancia subjetiva provocada por la actuación dolosa del demandado que redundó en unos daños que van más allá del defecto en el objeto del contrato y por tanto están fuera del marco de la figura del saneamiento.” Márquez v. Torres Campos, 111 D.P.R. 854, 870-871 (1982).

Dada la estrecha conexión funcional que existe entre el contrato de venta y el de financiación —aunque mantienen su independencia formal— es fácil advertir que bajo la situación jurídica creada la nulidad de pleno derecho del contrato original lleva consigo la inexistencia del negocio de cesión de contrato, ya que carece de objeto. Los negocios están unidos de tal modo “que la falta o ineficacia de alguno hace desaparecer la razón de existir del otro”. J.A. Torres Lana, Notas criticas a la Ley de Ventas de Bienes Muebles a Plazos, 1975 Rev. Der. Priv. 601, 626 (1975). Constituiría una ficción inaceptable interpretar la disposición en controversia de forma tal que el financiad or pudiese mantenerse ajeno a la nulidad del contrato fundamental y a las acciones o defensas que esta situación origina.

Por diversas avenidas se llega al mismo punto aun bajo la doctrina del “tenedor de buena fe”. El estrecho nexo (close-connectedness) entre ambos contratos —venta condi-cional y préstamo— impide considerar al Chase “tenedor de buena fe” al amparo de la figura invocada. Cuando la entidad financiera mantiene una relación estrecha con el cedente o con la transacción misma, se le niega el status de tercero. Véase Universal Credit v. Tribl. Superior, supra, pág. 587. Con más razón si, como en el presente caso, tiene la última palabra no sólo sobre la otorgación del crédito, sino sobre la perfección del contrato de venta en sí. En palabras de un civilista, “la sombra de la venta aletea sobre la vida del prés-tamo”. Torres Lana, supra, pág. 627. Véanse, además: 4 Hawkland & Lawrence, U.C.C. Series, See. 3-302:03 (Art. 3); N.O. Littlefield, Preservation of Consumer Defenses in Interlocking Loans and Credit Card Transactions — Recent Statutes, Policies, and a Proposal, 1973 Wis. L. Rev. 471; Comentario, The Close-Connectedness Doctrine: Preserving Consumer Rights in Credit Transactions, 33 Ark. L. Rev. 490 (1979); M.L. Erickson, Demise of Holder in Due Course, Waiver of Defense, and Interlocking Loan Lender Defenses in Consumer Transactions, 15 S. Tex. L.J. 236, 240-242 (1974).

Si bien resolvemos que en casos como el presente el consumidor-deudor debe tener disponible contra la firma financiera las defensas relativas a la “inexistencia o nulidad del negocio constitutivo de la obligación”, L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1972, Vol. 1, pág. 796, de la misma forma “debe mantenerse la responsabilidad del cedente en todo caso para asegurar el patrimonio del cesionario, ya que éste nada tuvo que ver con las imperfecciones del contrato base”. García Amigo, op. cit., pág. 369. Según nuestro esquema de derecho civil, la empresa que financia no queda desprotegida. Por el con-trario, en la cesión de contratos, como en la cesión de cré-ditos, el cedente le responde al cesionario de la existencia y legitimidad del crédito. Véanse: Art. 1419 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3944; J. Puig Brutau, Fundamentos de De-recho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. 1, págs. 268-269.

En sus vertientes procesales, no hay impedimento para que la responsabilidad del vendedor se ventile a plenitud en el trámite procesal pendiente ante el foro de instancia. Ambos, tanto cedente como cesionario, son partes en el pleito. De recaer sentencia en contra del Chase, no será ne-cesario tan siquiera citar en evicción al cedente (Arts. 1369-1370 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sees. 3837-3838), quien a la postre le responderá vía el mecanismo de la demanda contra coparte idóneamente utilizado por el Chase.

Para efectos de crear el “litisconsoreio pasivo necesario”, hizo bien la parte demandante recurrente en demandar tanto a vendedor como a cesionario. “La acción ha de dirigirse contra todas las personas que hubiesen sido parte en el contrato impugnado o que derivaren del mismo derechos u obligaciones. ” (Énfasis suplido.) Puig Brutau, op. cit, pág. 323.

Por supuesto, esta situación en nada impide que el cesionario establezca las cláusulas y garantías que crea necesarias para asegurarse que en situaciones como la presente obtendrá adecuado remedio ante reclamaciones de los compradores. Dicha protección, que la misma ley provee, 10 L.P.R.A. see. 742(5) in fine, deberá pactarse en el negocio decesión de contrato.

Por no ser de aplicación a los hechos del presente caso el Art. 209(a)(3) de la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento, supra, procede revocar la sentencia parcial dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bay amén, y en su lugar devolvemos el caso para la continuación de los proce-dimientos.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opi-nión escrita.

       Así surge del contrato de venta condicional que el recurrido Chase Manhattan Bank (en adelante Chase) acompañó con su recurso.

       No está planteado en esta etapa del pleito la eficacia o ineficacia de este acuerdo simulatorio. Tampoco tenemos un récord adecuado para concluir que hay elementos de ilicitud o fraude involucrados en el acto. Dicho aspecto de la contro-versia deberá ser analizado cuidadosamente por el foro primario a la luz de la prueba que en su día surja.

       Además, es interesante señalar qne en el caso de las ventas condicionales de vehículos de motor, aunque las mismas se inscriben en un registro especial en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Sec. 1-123 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960 (9 L.P.R.A. see. 323), que es posterior a la Ley de Ventas Condicionales, Ley Núm. 61 de 13 de abril de 1916 (10 L.P.R.A. sec. 31 et seq.), crea una presunción de que el titular en el registro de vehículos del Departamento de Transportación y Obras Públicas es el dueño del vehículo de motor. Muñoz Melendez v. Farmer, 104 D.P.R. 297 (1975). La misma ley le impone responsabilidad a dicho dueño en casos de accidentes de tránsito cuando permite que otras personas conduzcan su vehículo. Sec. 13-101 (9 L.P.R.A. see. 1751). De su texto claramente se desprende que la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico no considera propietario del automóvil al vendedor condicional.

       Cuando la reventa se hace con recurso al cedente se convierte en la prác-tica en fiador del deudor cedido. L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1972, Vol. 1, pág. 795. Esta modalidad de en-doso nunca fue favorecida por los vendedores “puesto que la acumulación de cierto número de operaciones creaba para ellos el riesgo de la ruina total, en caso de tener que afrontar la necesidad de responder por el incumplimiento de un número importante de compradores”. S. Litvinoff, Las ventas a plazos en el De-recho puertorriqueño, Orford, Equity Pub. Corp., 1965, pág. 38.

       Véanse, también: D.W. Garner y D.W. Dunham, FTC Rule 133 and the Uniform Commercial Code: An Analysis of Current Lender Status, 43 Mo. L. Rev. 199 (1978); J. Neeley, Assault II — Attack on the Holder in Due Course Doctrine, Waiver of Defense Clauses and Direct Loan Immunity, 83 Com. L.J. 319 (1978); Nota, Consumer Credit: Abolition of the Holder in Due Course Doctrine, 10 J. Marshall J. Prac. Proc. 587 (1977); Comentario, FTC Holder in Due Course Rule Neither Creditor Ruination Nor Consumer Salvation, 31 Sw. L.J. 1097 (1977); Comentario, FTC’s Holder-in-Due-Course Rule: An Ineffective Means of Achieving Optimality in the Consumer Credit Market, 25 UCLA L. Rev. 821 (1978); Nota, Let the Holder Beware: A Problematic Analysis of the FTC Holder in Due Course Rule, 27 (Núm. 4) Case W. Res. L. Rev. 977 (1977).

       Compárese nuestro estatuto con el “Retail Installment Sales Act”, McKinney’s Consolidated Laws of New York Annotated, Book 40, Personal Property Law, Sec. 403(2)(a)(3), y la “Motor Vehicle Retail Installment Sales Act”, McKinney’s Consolidated Laws of New York Annotated, supra, Sec. 302(9)(3).

       Los demandantes reclaman en instancia la restitución de toda suma abo-nada en virtud del negocio impugnado, así como los gastos del contrato y gastos de finaneiamiento. Alegan igualmente que tanto Tito Zambrana Auto, Inc. como el Chase responden solidariamente por los “daños y perjuicios y angustias mentales” ocasionadas por las actuaciones dolosas del vendedor. Por no haberse depurado en instancia los hechos en controversia, declinamos resolver en esta etapa el asunto del alcance de las respectivas responsabilidades de los codeman-dados.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Roberto Ramírez Anglada, demandante y recurrido, v. Club Cala de Palmas, demandado y peticionario.

      Número: CE-88-217

      Resuelto: 21 de febrero de 1989

      Jorge Calero Blanco, de Ledesma, Palou & Miranda, abogado del peticionario; Efraín Aponte Berdecía, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud del Club Cala de Palmas (Club Cala) exami-namos la juridicidad de la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Ángel G. Hermida, Juez), que revocó una resolución del Departamento de Asuntos del Consumi-dor (D.A.C.O.) desestimatoria de una querella presentada por Roberto L. Ramírez Anglada. Expongamos los hechos.

í — I

El 7 de marzo de 1982 Ramírez Anglada suscribió con Club Cala un contrato —en inglés denominado Guaranteed Vacation Membership Agreement— mediante el cual se le aseguraba la ocupación de una villa (Two Bedroom-Den Villa) durante una semana específica, por un período de veinti-cinco (25) años. El precio convenido fue de $6,200, el cual originalmente Ramírez Anglada pagaría mediante un plan de pagos diferidos, pero que posteriormente decidió satisfa-cer en dos plazos, uno de $1,600 y el otro de $4,600. Según la Cláusula iy se comprometió a pagar una cuota anual (annual club dues) de $200 por los primeros dos (2) años, cifra que podría aumentarse o reducirse posteriormente, según fuere necesario, para cubrir los costos de operación de las facilidades del club y los gastos necesarios para proveer ser-vicios incidentales por el uso de las mismas.

Así las cosas, al tercer año, Club Cala le requirió a Ramí-rez Anglada, al amparo de esa cláusula y mediante carta de 23 de agosto de 1984, el pago de $350 por concepto de su cuota anual. Observamos que esa suma representa casi el doble de la fijada inicialmente en el acuerdo para los pri-meros dos (2) años. El 11 de septiembre de 1984 Club Cala le envió otra comunicación a Ramírez Anglada indicándole que, a tenor con lo dispuesto en la Cláusula IX del contrato, se encontraba en mora (default). Le señaló, además, que de no pagar su cuota en un período de treinta (30) días, procedería a dar por terminado el contrato (terminated) y a retener todo lo pagado por él anteriormente. Contestó ambas cartas el licenciado Aponte Berdecía, representante legal de Ramírez Anglada. En esencia, éste expresó que su cliente entendía que el aumento decretado era irrazonable. Indicó que para poder asesorarle adecuadamente necesitaba exami-nar varios documentos; entre ellos, los estados financieros anuales, los costos operacionales y cualquier otra informa-ción que Club Cala estimara pertinente.

En su contestación, Club Cala informó que era dema-siado oneroso producir todos los documentos requeridos, y que algunos de ellos contenían información confidencial. No obstante, indicó que estaba disponible para reunirse y pro-veer cualquier información no confidencial sobre dicho asunto. Ante tal invitación, el licenciado Aponte Berdecía de-signó a Melton Díaz como la persona que realizaría tal ges-tión. Club Cala reiteró entonces su disponibilidad para reu-nirse, siempre y cuando no fuera para requerir lo anterior-mente denegado. Posteriormente, Díaz informó que visitaría las oficinas de Club Cala el 21 de noviembre de 1985 a las 10:30 A.M. Así lo hizo. Sin embargo, el día señalado, sin con-cederle entrevista, le informaron que no le podían suminis-trar información de clase alguna.

Como resultado de esta controversia, Ramírez Anglada no pudo disfrutar de su plan vacacional, puesto que el Club Cala no le permitió el uso de tales facilidades.

Ramírez Anglada presentó ante D.A.C.O. una querella contra Club Cala. En ella impugnó la legalidad del contrato y la razonabilidad de los cargos anuales. Previa vista, D.A.C.O. desestimó la querella. Concluyó, como cuestión de derecho, que Club Cala había cumplido todas sus obligaciones y el cargo anual de $350 era razonable y conforme con el con-trato.

Inconforme, Ramírez Anglada acudió ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Oportunamente dicho foro re-vocó. En su sentencia ordenó al Club Cala devolverle la suma de $5,704 —equivalente al % del pago original de $6,200— con intereses legales desde la fecha en que se canceló el con-trato, aparte de la suma de $750 por honorarios de abo-gado. La ilustrada sala de instancia fundamentó su deci-sión en que Club Cala incumplió con sus obligaciones con-tractuales al negarse a dar información que justificara el au-mento de la cuota anual. Por lo tanto, concluyó que procedía la devolución del dinero anteriormente pagado por los años en que Ramírez Anglada no había disfrutado de la villa. Al reafirmarse en reconsideración expresó que, aunque el con-trato no lo disponía expresamente, la obligación de suminis-trar información era una consecuencia necesaria de la cláu-sula contractual. Ésta permitía el aumento de la cuota anual según fuera necesario para cubrir el verdadero costo de ope-ración del Club Cala. Concluyó el Tribunal Superior que la negativa a suministrar la información requerida fue arbitra-ria e irrazonable.

A solicitud de Club Cala, mediante certiorari, revi-samos.

El Art. 1210 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375, dispone que los contratos, una vez perfeccionados,' obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza estén conformes con la buena fe, el uso y la ley. Más allá de su literalidad, este precepto se proyecta “no sólo como complemento de lo eonvenido[,] sino como reguladores de los efectos que, durante la vigencia del pacto, puedan y deban producir determinados acaecimientos y a la reacción de los propios contratantes; y por su carácter subjetivo y espiritual, el más destacado de tales factores, cuya presencia ya exige la ley en el mismo acto de la prestación del consenti-miento so pena de que el contrato adolezca de algún vicio capaz de invalidarle, es el de la ‘buena fe’”. (Énfasis suplido.) J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 439-440.

El requisito de buena fe es elemental y, como tal, se extiende a la totalidad de nuestro ordenamiento jurídico. “‘El contenido de eticidad de cada acto deberá examinarse a la luz de sus circunstancias particulares, pero el comportamiento conforme a la buena fe es precepto general que abarca toda actividad jurídica.’” (Énfasis suprimido.) Catalytic Ind. Maint. Co. v. F.S.E., 121 D.P.R. 98, 113 (1988); Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585, 587-588 (1981).

Bajo este prisma, coincidimos con el foro de instancia en que Club Cala tenía la obligación de suministrar información adecuada —no ilimitada— sino razonable. Ello era conse-cuencia necesaria de la cláusula contractual dispositiva de que la cuota anual estaría apuntalada y reflejaría verdadera-mente el costo de sus operaciones. Resolvemos que, con-forme con el principio de buena fe, Club Cala venía obligado a suministrar sus costos operacionales y a describir e infor-mar a Ramírez Anglada el método utilizado para calcularlos, fijarlos y distribuirlos.

Su obstinada actitud, de no suministrar cualquier información, constituyó una clara violación del espíritu del contrato. Decir lo contrario implicaría sancionar la posible fijación de una cuota anual arbitraria que no guardará proporción alguna con el verdadero costo operacional. Sería, además, obligar a la otra parte contratante al pago de la misma sin permitirle verificar su razonabilidad o justifica-ción. Reiteramos una vez más la máxima de que los contratos obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su natura-leza, estén conformes con la buena fe.

La negativa de Club Cala a suministrar cualquier infor-mación hace innecesario determinar la razonabilidad de los documentos originalmente requeridos por Ramírez Anglada. Independientemente de lo solicitado, Club Cala muy bien pudo haberle suministrado, sin mayores inconvenientes, la información pertinente a Ramírez Anglada. Ello se hizo evi-dente en la vista administrativa ante D.A.C.O. Allí su conta-dor presentó evidencia documental demostrativa de cuánto costaba operar cada uno de los renglones de gastos opera-cionales y de cómo éstos se calculaban. El Club Cala admitió, sin dar explicación, que esta información no se enviaba a los socios. T.E., pág. 56.

No erró, pues, la ilustrada sala sentenciadora al concluir que fue Club Cala y no Ramírez Anglada quien inicialmente incumplió con el contrato. Aclarado este extremo, exami-nemos los efectos de tal incumplimiento.

I — I I — I I — I

Como regla general, cuando uno de los obligados no cumple, el Código Civil le concede al perjudicado la facultad de escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. Art. 1077 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3052. Esta facultad de resolver las obligaciones se considera implícita en las recíprocas. Sin embargo, debemos distinguir que no todo incumplimiento de una obligación recíproca conlleva efectos resolutorios. Para que así sea, es menester que la obligación incumplida sea esencial o que su cumplimiento constituya el motivo del contrato para la otra parte.

Por el contrario, el incumplimiento de obligaciones acce-sorias o complementarias —que no constituyen el verda-dero motivo para celebrar el contrato y que se incorporan al mismo para completar o aclarar las estipulaciones de los con-tratantes— puede dar lugar a una acción de daños y perjui-cios o a cualquiera otra que justifique las circunstancias de cada caso, pero nunca a la acción resolutoria aludida. Del Toro v. Blasini, 96 D.P.R. 676 (1968); Vélez v. Ríos, 76 D.P.R. 860 (1954); Municipio v. Vidal, 65 D.P.R. 370 (1945); L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1983, Vol. I, pág. 860; J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, 13ra ed., Madrid, Ed. Reus, 1983, T. III, págs. 134-135.

La exigencia de que la obligación incumplida sea la principal responde a un interés superior, acorde con el principio de buena fe, de evitar el abuso en el ejercicio de las acciones resolutorias, de promover el cumplimiento de los contratos y de impedir que, a través de una infracción menor, una de las partes trate de liberarse del vínculo porque ya no le conviene o no le interesa. Diez-Picazo, op. cit., pág. 859.

Al confrontar esta doctrina con la naturaleza de la cláu-sula contractual en controversia nos percatamos de que la obligación original incumplida por Club Cala era de índole accesoria. El no haber provisto la información justificativa del aumento, aunque importante, no iba a la esencia ni cons-tituía el verdadero motivo del contrato. Sin embargo, su ac-ción de no permitir a Ramírez Anglada usar las facilidades afectó el objeto principal del contrato. Tal incumplimiento versó sobre su esencia y confirió a Ramírez Anglada la facul-tad de exigir su cumplimiento o resolverlo con el resarci-miento en daños, más los intereses correspondientes. Ramí-rez Anglada optó por lo segundo, al solicitarle a D.A.C.O., básicamente, que reivindicara sus derechos como consumi-dor con “el reembolso de lo pagado”.

Esta situación avala la conclusión del tribunal sentencia-dor de que Club Cala dio por terminado el contrato. Su carta de 11 de septiembre de 1984 refleja que Club Cala no sólo se limitó a notificarle que se encontraba en mora (notice of default), sino que de no pagar en un plazo de treinta días (30) el contrato se daría por terminado. No era menester nada más. Como cuestión de realidad, por los últimos cuatro (4) años se ha visto impedido de utilizar las facilidades del Club Cala.

El tribunal no erró al ordenar la devolución de “la suma de $5,704.00 equivalente a 2%5 del pago original de $6,200.00, con sus intereses legales desde la fecha en que Club Cala canceló el contrato entre las partes”. Apéndice, pág. 63.

> HH

Finalmente, examinamos la condena relacionada con la imposición de honorarios de abogado e intereses. Club Cala aduce que no incurrió en temeridad. No tiene razón.

La determinación sobre si una parte ha procedido con temeridad o no descansa en la sana discreción del tribunal. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987); Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464 (1983). El concepto es dinámico. “[L]a acción que amerita la condena de honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo .evitar . . . que lo prolongue innecesariamente ... o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables.” (Citas omi-tidas.) Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., supra, págs. 718-719. El mero hecho de que una cuestión sea deba-tible no exonera a una parte del pago de honorarios de abo-gado si la ley que rige la cuestión es tan clara que basta apli-carla a los hechos para poder decidirlo sin dificultad. Muñiz v. Vda. de Suárez, 52 D.P.R. 563 (1938).

La partida de honorarios de abogado concedida no se variará en apelación, a menos que la misma sea excesiva, exigua o constituya un abuso de discreción. Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973); Serrano Vda. de Cartagena v. Lugo Ramírez, 83 D.P.R. 300 (1961); Bauzá v. Colón Medina, 38 D.P.R. 413 (1928); Preston v. Vázquez, 31 D.P.R. 889 (1923).

La discusión de los errores antes señalados y el análisis de los autos nos convencen de la temeridad de Club Cala al negarse a presentar, cuando pudo, la información que ade-cuadamente permitiera a Ramírez Anglada comprobar la ra-zonabilidad del aumento en la cuota anual. Obligó a Ramírez Anglada a contratar unos servicios legales profesionales, re-alizar gestiones innecesarias y acudir ante los foros adminis-trativos y judiciales.

Se dictará sentencia confirmatoria.

       En su totalidad dispone:
      “IV. ANNUAL CLUB DUES
      “a) Member shall pay Annual Club Dues in U.S. Funds to Palmas or its designee.
      “b) The Annual Club Dues shall cover the actual cost of operations of the accomodations plus all costs required to provide services incidental to the use of the accommodations; including, but not limited to the following: Taxes — hotel occupancy tax, real property tax, if any, and all other taxes applicable to the accomodations, land lease, insurance and general assessments; electricity, water and sewerage, telephone and television charges; fees and assessments; recreational facilities; building maintenance and security personnel; weekly maid service; linen, towels, flatwear and kitchen wear; repair and replacement of furniture and appliances; repainting and refurbishing of the accommodations as required; accounting and other professional fees; Palmas Homeowners Association assessments and Harbourside Condominium Regime Fees; and Management of the Club Cala equal to no more than 10% of the annual dues.
      “c) Members shall pay the Annual Club Dues in advance, as set forth herein on or before April 30th of each year during the term of this Agreement. Annual Club Dues not paid on or before the expiration of thirty (30) days from the specified due date shall be increased by the maximum interest rate permitted by law or ten (10%) percent, whichever is higher.
      “d) The Annual Club Dues may be increased or decreased as might he required due to changes in the cost of operations and provision of services incidental to the use of the accommodations.

      “e) Annual Club Dues are due and payable during this term of the Agreement irrespective of usage of the accommodation by the Member.” (Énfasis su-plido.) Apéndice, pág. 2.

       Esta cláusula lee como sigue:
      “IX. DEFAULT
      “In the event the Member becomes delinquent for thirty (30) days in the payment of any sum due under this Agreement to Palmas, its designee or any lending institution financing this Agreement the Member shall be in default. No Member in default may use his Guaranteed Vacation Membership. If the Member fails to bring his account current within thirty (30) days after notice of default, Palmas, or its designee mil have the right to pursue such remedies as it deems appropriate to collect the amounts due and/or to terminate the Agreement. So long as default continues, the right to terminate and the right to pursue other remedies may be exercised at any time after the 30th day following the giving of notice of default. In the event of termination, Palmas or its designee will have the right to retain all sums paid hereunder as liquidated and agreed damages and to resell the Member’s Guaranteed Vacation Membership without any reimbursement to the Member in addition to pursuing any other rights or remedy it may have in law or equity.” (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 2.

       Específicamente solicitó examinar: (1) los estados financieros anuales; (2) los costos de operación; (3) la lista de empleados y salarios pagados; (4) la lista de miembros y sus respectivas cuotas, y (5) cualquier otra información que estimara pertinente.

       Resulta interesante destacar los vaivenes en las posiciones asumidas por el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.C.O.) respecto de su propia resolución.
      En su primera comparecencia ante el tribunal, D.A.C.O. solicitó la revoca-ción de su resolución. Alegó, entre otros fundamentos, que Club Cala incumplió con el contrato al negarse a detallar, describir e informar a Ramírez Anglada cómo se fijaban y distribuían los costos. Adujo, además, que no fue hasta el día de la vista cuando sometió cierta prueba.
      Posteriormente, en su segunda comparecencia, D.A.C.O. procedió a dar marcha atrás. Alegó que el abogado que presentó el escrito no entendió adecua-damente las instrucciones que se le dieron, que no apoyaba la revocación de su propia resolución y mucho menos la resolución del contrato.
      Finalmente, el 1ro de diciembre de 1987, informó al tribunal que “la revoca-ción de la Resolución y Orden del [D.A.C.O.] en este caso no es cosa que nos quite el sueño. Lo importante es que se haga justicia”. Apéndice, pág. 75.

       Planteó lo siguiente:
      “a. Determinación de si, bajo el contrato entre las partes, la peticionaria venía obligada a justificar el aumento en las cuotas anuales y suministrar infor-mación detallada sobre los costos.
      “b. Determinación de si Club Cala de Palmas venía obligada a proveer la documentación específica requerida por la recurrida.
      “e. Determinación de si el tribunal recurrido incurrió o no en error al orde-nar la devolución a la recurrida de la suma de $5,704.00, con sus intereses legales desde la fecha ‘en que Club Cala canceló el contrato entre las partes’.
      “d. Determinación de si la compareciente ha sido o no temeraria en este caso, de forma que se justifique la condena por intereses legales y honorarios de abogado.” Petición de Certiorari, pág. 5.

       Dispone:
      “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde en-tonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 31 L.P.R.A. see. 3375.

       En lo pertinente dicha comunicación expresaba:
      “... we hereby give you notice of default under Clause IX of the Agreement ... and unless all monies due us are paid within 30 days of the date hereof, your Agreement will be terminated and you will lose all membership rights, in Club Cala. Additionally, if the Agreement is so terminated we will retain all monies you have paid to date as liquidated and agreed damages as permitted by Clause IX of Agreement.” Apéndice, pág. 4.


text:
    María Santos Bermúdez et al., demandantes y recurrentes, v. Texaco Puerto Rico, Inc., demandada y recurrida.

      Números: RE-88-206
    RE-88-225
    RE-88-257

      Resueltos: 22 de febrero de 1989

      José Davison Lampón, del Bufete Meléndez & Davison, abogado de la Corporación Insular de Seguros, Agustín López Sánchez h/n/c Alosan Distributors, San Juan Brokerage Co., Inc., Vegetables Products Exchange, Inc. y San Juan Produce Co., recu-rrentes; Rafael Carrasquillo Martínez, del Bufete Vélez, Ca-

      rrasquillo & Colón, abogado de la Compañía de Desarrollo Co-mercial de Puerto Rico, recurrente; Luis R. Mena Ramos y José Luis Ubarri, del Bufete Benjamín Acosta, Jr., abogados de la Alliance Assurance Company, Ltd., CNA Casualty of Puerto Rico y Puerto-Rican American Insurance Company, re-currentes; Rafael Toro Cubergé, abogado de María Santos Ber-múdez, recurrente; Carlos Martínez Texidor, del Bufete Mar-tínez, Iguina, Fuster, Goyco & Ocasio, abogado de Texaco Puerto Rico, Inc., recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 5 de marzo de 1980, aproximadamente a las 6:30 P.M., ocurrió un accidente automovilístico en la avenida principal de la Zona Portuaria en Puerto Nuevo entre un vehículo marca “Mazda”, conducido por María Santos Bermúdez, y un camión tanque cargado con 5,000 galones de gasolina pro-piedad de Texaco Puerto Rico, Inc. (Texaco), manejado por Roberto Romero Montijo.

Luego de la colisión entre los referidos vehículos, y como consecuencia de ésta, el camión tanque se estrelló contra la pared de un almacén propiedad de la Compañía de Desarro-llo Comercial de Puerto Rico. Ello ocasionó un fuego de grandes proporciones, incendiándose tanto el camión como parte sustancial del contenido del almacén. Dicho almacén estaba ocupado por Vegetables Products Exchange, Inc. en calidad de arrendataria. La gasolina se dispersó y el fuego se propagó, además, a otros almacenes cercanos pertenecientes también a la Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico. Los mismos estaban arrendados a San Juan Brokerage Co., Inc., a San Juan Produce Co. y a Agustín López Sán-chez, quien hacía negocios bajo el nombre de “Alosan Distributors”.

Como resultado de estos hechos, el conductor del camión, Romero Montijo, falleció posteriormente.

A raíz de tales sucesos, se presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, nueve (9) reclamaciones contra Texaco. Dicho foro, luego de evaluar abundante prueba testifical, pericial, científica y documental —y merecerle en-tero crédito al testimonio del único testigo ocular— relevó a la Texaco totalmente de responsabilidad mediante Sentencia Parcial de 14 de marzo de 1988. En su dictamen, condenó a todos los demandantes a pagar solidariamente la suma de $20,000 por concepto de honorarios de abogado.

Mediante trámite de mostrar causa y a solicitud de los codemandantes Corporación Insular de Seguros, Agustín López Sánchez h/n/c Alosan Distributors, San Juan Brokerage Co., Inc., Vegetables Products Exchange, Inc. San Juan Produce Co., Compañía de Desarrollo Comercial de Puerto Rico, Alliance Assurance Company, Ltd., CNA Casualty of Puerto Rico y Puerto-Rican American Insurance Company, acordamos examinar, consolidados los casos, la cuestión de imposición de los honorarios de abogado.

II

La naturaleza y complejidad del caso de autos, el carác-ter peculiar de varias de sus cuestiones litigiosas, unido a las complicaciones inherentes como pleito que involucra multi-plicidad de partes y reclamaciones —y la ausencia de ac-ciones que impliquen temeridad o frivolidad— nos mueven a decretar su improcedencia.

En su esencia, el concepto temeridad, implica una “[a]ctitud de quien afirma hechos o se conduce sin fundamento o motivo, con conciencia de la propia sinrazón”. (Énfasis suplido.) E.J. Couture, Vocabulario Jurídico, Buenos Aires, Eds. Depalma, 1976, págs. 556-557. Esa característica de “conciencia de la propia sinrazón” sirve de fundamento para un postulado fundamental de nuestro sistema de administrar justicia: no puede penalizarse a un litigante que utiliza las vías judiciales para vindicar un derecho por el simple hecho de no haber prevalecido en su acción. Así, la norma general imperante en nuestro ordenamiento procesal civil establece que la parte victoriosa siempre tiene derecho a recobrar las costas, pero los honorarios de abogado sólo proceden cuando el tribunal determina que la parte perdidosa actuó con temeridad. El interés gubernamental de mantener los tribunales abiertos al público es una característica vital recogida tanto en las reglas procesales como en nuestra jurisprudencia. En ausencia de pacto, los conceptos de “temeridad” o “frivolidad” constituyen los elementos distintivos e indispensables de la condena de honorarios de abogado.

La Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) es clara. Cuando la parte ha sido temeraria o frívola, el tribunal deberá imponerle en su sentencia una suma razonable por concepto de honorarios de abogado. Raoca Plumbing v. Trans World, 114 D.P.R. 464, 468 (1983); Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38, 40 (1962).

Bajo este prisma, “la acción que amerita la condena de honorarios de abogado es cualquiera que haga necesario un pleito que se pudo evitar ... que lo prolongue innecesariamente ... o que produzca la necesidad de que otra parte incurra en gestiones evitables”. (Citas omitidas.) Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718-719 (1987). El principal objetivo de esta norma es castigar a aquel litigante perdidoso que, por su terquedad, obstinación, frivolidad o insistencia —en actitud desprovista de funda-mentos— obliga a la parte contraria a asumir innecesaria-mente las molestias, gastos e inconvenientes de un pleito. Con este mecanismo los tribunales protegen a los litigantes honestos de imposiciones, dilaciones y gastos innecesarios. R.E. Bernier, El derecho de accesión en Puerto Rico, Barcelona, Imp. Vda. de Daniel Cochs, 1970, pág. 31.

Al amparo de tal mecanismo hemos resuelto que no existe temeridad cuando se trata de planteamientos complejos y novedosos no resueltos en nuestra jurisdicción. García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120 (1986); M. Quilichini Sucrs., Inc. v. Villa Inv. Corp., 112 D.P.R. 322, 328 (1982); Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Caloca v. C.I.A.A., 108 D.P.R. 164, 173 (1978); United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 197 (1963). Tampoco existe temeridad cuando un litigante actúa a base de una apreciación errónea de una cuestión de derecho, y no hay precedentes que arrojen luz sobre la cuestión, Cabanillas v. Gelpí, 65 D.P.R. 945, 949 (1946), o cuando existe una discrepancia honesta en cuanto a quién pertenece el derecho aplicable a los hechos del caso. Santaella Negrón v. Licari, 83 D.P.R. 887, 903-904 (1961). Tampoco, bajo ciertas circunstancias procesales, hay temeridad en acciones de daños y perjuicios. Así ocurre cuando el demandado perdidoso controvierte únicamente la reclamación en cuanto a la suma solicitada en concepto de daños y la misma es exagerada. Soto v. Lugo, 76 D.P.R. 444, 447-448 (1954).

Por otro lado, “[a]l fijar la cuantía de honorarios de abogado, [el tribunal] tomar[á] en consideración [factores tales como: (1)] el grado de temeridad que ha existido[; (2)] la naturaleza del procedimiento^ (3)] los esfuerzos y actividad profesional que haya tenido que desplegarse[, y (4)] la habili-dad y reputación de los abogados”. Bernier, op. cit., pág. 33. Es decir, “[s]u cuantificación no tiene que coincidir matemá-ticamente con el valor real de los servicios prestados o pa-gados, sino con aquella suma que en consideración al grado de temeridad y demás circunstancias el tribunal concluye que representa razonablemente el valor de esos servicios”. Asociación de Condominos v. Trelles Reyes, 120 D.P.R. 574, 579 (1988).

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En su comparecencia, Texaco nos argumenta —como fun-damento justificativo para la imposición de la condena de ho-norarios— que todos los recurrentes unieron fuerzas para sólo “inculpar[l]a... por la ocurrencia del accidente”. Solici-tud de aclaración y moción para mostrar causa de 3 de agosto de 1988, pág. 3. Señala que, en concierto y común acuerdo, presentaron toda la prueba con María Santos y que los honorarios profesionales del perito que presentaron fue-ron satisfechos por todos los demandantes. Finalmente nos indica que adelantaron una teoría común sin distinción de personas o partes, que insistieron en demandar a la persona equivocada y que la demanda era frívola. No nos persuade.

Primeramente, la identidad en la presentación de prue-ba, causa común y unión de recursos necesariamente no im-plica temeridad. Simplemente representa la máxima utiliza-ción de los recursos probatorios y forenses en una situación en que todos los recurrentes resultaron perjudicados por un mismo evento circunstancial: la colisión y el incendio.

Segundo, en lo sustantivo, no albergamos duda que desde sus inicios existió en el caso de autos una controversia fáctica real y bonafide en cuanto a si el accidente se debió a la negli-gencia total o parcial del conductor Romero Montijo, imputable a Texaco. Ello movió al foro de instancia a rechazar dos (2) solicitudes de sentencia sumaria. Una promovida por los codemandantes y otra por la demandada Texaco. No fue hasta después de un cuidadoso estudio y análisis de la prue-ba testifical y documental desfilada —pericial y científica— que el tribunal eximió de toda responsabilidad a Texaco. En vista de ello, si echamos una mirada retrospectiva, no era irrazonable pensar que había una buena posibilidad de que ambos conductores —Santos Bermúdez y Romero Montijo— fueran cocausantes de los daños resultantes del accidente y, por lo tanto, codeudores solidarios. Latente esta posibilidad, Texaco estaba sujeta a responder por la totalidad de los daños.

Tercero, notamos que los codemandantes recurrentes fueron las partes pasivas que sufrieron más daños. Frente a unos probables codeudores solidarios, no resulta irrazonable que algunos optaran por reclamar a Texaco la totalidad de sus daños. Por otro lado, cabe señalar que Texaco, aun cuan-do en esas instancias fue únicamente la parte demandada, tuvo disponibles los vehículos procesales de la reconvención y de la demanda contra coparte. Distinto de algunos de los perjudicados, muy bien pudo haber incoado una reclamación contra Santos Bermúdez para que le respondiera total o par-cialmente. No lo hizo. No puede entonces quejarse ahora.

En resumen, en estas circunstancias no podemos conde-nar a los aquí recurrentes al pago de honorarios de abogado por el mero hecho de no haber prevalecido en la acción. En tal eventualidad, la Regla 44.1 de Procedimiento Civil, supra, sólo provee la concesión de costas. Los recurrentes no incurrieron en frivolidad o temeridad.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia modificatoria para eliminar la suma de $20,000 concedida por concepto de honorarios de abogado. Así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

       En tres (3) de ellas también se incluyó como demandada a la señora Santos Bermúdez.

       Además, les impuso el pago solidario de las costas y gastos necesarios del pleito. A tales efectos, Texaco Puerto Rico, Inc., presentó un Memorando de Costas y Gastos de 25 de marzo de 1988, en que reclamaba la suma de $225,060.45. Varias partidas de las costas fueron objetadas. La cuestión está pen-diente de resolución en el tribunal de instancia.
      También el pleito continuará respecto a las reclamaciones contra la señora Santos Bermúdez incoadas por varios de los recurrentes.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Luis Felipe Santiago Martínez, querellado.

      Número: 6742

      Resuelto: 27 de febrero de 1989
   PER CURIAM:

Luis Felipe Santiago Martínez fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 13 de mayo de 1980 y prestó juramento de notario el 30 de mayo de 1980.

El 6 de febrero de 1989 recibimos copia certificada de una sentencia de la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, mediante la cual el licenciado Santiago Martínez fue declarado culpable por el delito de de-fraudar al Gobierno de Estados Unidos.

Considerada la naturaleza de dicha convicción, en virtud de la See. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. see. 735) y de nuestra facultad inherente de reglamentar la profe-sión de abogado, se decreta su separación inmediata del ejercicio de la abogacía y del notariado, y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer en esta jurisdicción. In re Dalmau Gómez, 122 D.P.R. 360 (1988); In re Malavé Ortiz, 119 D.P.R. 492 (1987); In re Zamot Pérez, 119 D.P.R. 58 (1987); In re Torres López, 119 D.P.R. 55 (1987); In re Boscio Monllor, 116 D.P.R. 692 (1985). Copia de la sentencia será notificada al Sr. Luis Felipe Santiago Martínez.

El Alguacil General de este Tribunal se incautará de los protocolos y registros de afidávit y los entregará al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para que sean exa-minados y, oportunamente, nos informe el resultado de dicha gestión.

Se dictará la sentencia correspondiente.


text:
    Enrique Nassar Rizek, demandante y recurrido, v. Salvador Oscar Hernández, etc., demandados y recurrentes.

      Número: RE-87-209

      Resuelto: 7 de marzo de 1989

      Michel J. Godreau, Manuel E. Moraza Choisne y Petra Mercedes Rodríguez Torres, abogados de los recurrentes; Neftalí Cruz Pérez, de Rivera, Tulla & Ferrer, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El siguiente pensamiento refleja los delicados valores a ser adjudicados en el presente recurso.

Derecho y Moral no pueden vivir en un desconocimiento disgregante; ambos atienden a la valoración de las acciones humanas no sólo en su relación de alteridad sino sopesando, a la vez, ese fuego íntimo que las alienta, consciencia y vo-luntariedad, y que yace en las articulaciones psíquicas de cada decisión del hombre. Sólo una preponderancia estima-tiva les diferencia, al cargar uno y otra el acento en la afección social del obrar humano o en su proyección hacia el postrer destino del autor que lo genera. El Derecho ha de hundir sus raíces en el vasto campo de la Moral, fertilizadora y alum- bradora de todas sus realizaciones, en evitación de que se torne árido e infructífero, o lo que es peor, que, partiendo de sus esquemas conceptuales y merced a una hábil desfigura-ción defines, se le envilezca en sus proyecciones prácticas. El Derecho puro, desconectado en su concepción y en su plasma-ción de los sempiternos principios de la moral, queda, por des-humanizado, reducido a un esquema de lógica formal falto del pálpito vital que le justifica y enaltece. F. Soto Nieto, Compro-miso de Justicia, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 197.

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En febrero de 1978, la Sra. Elba Vega contrató los servi-cios del Lie. Rubén O. Figueroa, a la sazón socio del abogado Enrique Nassar Rizek (Figueroa & Nassar). Dicha repre-sentación legal consistió primordialmente en encomendarle intervenir y defender los derechos que ella entendía, como viuda del Sr. Edward J. Sánchez, le correspondían en la de-claratoria de herederos de dicho causante ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan (CS-78-856). En esa acción, la primera esposa del difunto reclamaba ser la única y legítima viuda. Según los términos verbales acordados entre la Se-ñora Vega y el licenciado Figueroa, los honorarios por servi-cios profesionales serían a razón de $40 por hora, pagaderos treinta (30) días después de su facturación. La señora Vega aceptó sin objeción dichos términos. En esa etapa, Salvador Oscar Hernández, actual esposo de la señora Vega, no fue parte de dicho acuerdo ni tuvo relación alguna con el mencio-nado pleito.

Como resultado de ese litigio, los honorarios adeudados por la señora Vega fueron acumulándose. Figueroa & Nas-sar gestionó cobrar, en varias ocasiones y por escrito, dicha suma. En la alternativa, le ofreció un plan de pago a la se-ñora Vega. Estas gestiones, que fueron muchas, resultaron infructuosas. Ello motivó eventualmente a que el licenciado Nassar Rizek —quien había cesado de ejercer la profesión en sociedad con el licenciado Figueroa— notificara por carta el 1ro de noviembre de 1983 a la señora Vega de sus inten-ciones de renunciar a la representación profesional de ésta.

Ante esa posibilidad, ella y su actual esposo Oscar Her-nández se reunieron con el licenciado Nassar Rizek para lle-gar a un acuerdo favorable a todos. Con vista a una posible renuncia del abogado, los esposos Hernández-Vega trajeron a colación y le ofrecieron como garantía de pago de las canti-dades adeudadas por servicios profesionales prestados un solar propiedad privativa de Hernández. A tal efecto, el 18 de noviembre suscribieron un pagaré al portador garanti-zado con hipoteca por escritura pública sobre dicha propie-dad por la suma de $10,654, a vencer al año, más intereses a razón del nueve por ciento (9%) anual y $1,065 en concepto de honorarios y gastos judiciales en caso de ejecución. El tiempo de vencimiento sería prorrogado por seis (6) meses, de satisfacerse antes del año la mitad de lo adeudado. Coetá-neamente suscribieron un “Acuerdo de Pago”, donde recono-cían adeudarle al licenciado Nassar Rizek dicha suma y tam-bién se obligaban a pagarle según los términos del pagaré. Además, pactaron que los honorarios futuros —a ser factu-rados los días 20 de cada mes— serían satisfechos dentro de los treinta (30) días subsiguientes. Estos documentos que an-teceden los firmaron los esposos Hernández-Vega, según el foro de instancia, voluntariamente, libres de coacción y con pleno conocimiento de sus términos.

El 18 de noviembre de 1984 venció el plazo para el cum-plimiento de esta obligación. El 23 de agosto de 1985, el li-cenciado Nassar Rizek, a petición de los esposos Hernández-Vega, renunció a su representación profesional y les entregó voluntariamente el expediente del caso. A dicha fecha, los esposos Hernández-Vega habían efectuado ya algunos pagos y la cantidad principal estaba reducida a $8,526.38.

Finalizada la relación profesional, el licenciado Nassar Rizek reclamó sin éxito el pago de ese balance extrajudicial-mente. El 20 de diciembre de 1985, optó por demandarlos en ejecución de hipoteca por la vía ordinaria ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Los esposos Hernández-Vega contestaron. Admitieron el otorgamiento del pagaré y escri-tura, pero negaron la existencia de la deuda. Como defensas afirmativas, adujeron que los acuerdos efectuados eran nulos por ser contrarios al orden público y estar reñidos con los cánones de ética profesional. Expusieron que la propiedad hipotecada rebasaba en valor actual los honorarios adeu-dados. Formularon reconvención —subsiguientemente en-mendada— apuntalada en una supuesta impericia profesio-nal forense y reclamaron un total de $20,000 por pagos inde-bidos y angustias mentales. El licenciado Nassar Rizek negó toda responsabilidad.

Trabada así la controversia, las partes presentaron ante el tribunal sendas mociones de sentencia sumaria. Oportuna-mente el ilustrado foro dictó sentencia sumaria parcial en favor del demandante Nassar Rizek y ordenó la venta en pú-blica subasta del inmueble que garantizaba con hipoteca el pagaré al portador. Pospuso toda adjudicación en cuanto a la reconvención.

Inconformes, los esposos Hernández-Vega acudieron ante nos. Sus señalamientos pueden compendiarse como un ataque a la procedencia de la sentencia sumaria, a la validez del convenio de pago para garantizar los honorarios acordados hasta ese momento, una vez iniciada la relación profesional, y a la ejecución inmediata de la sentencia antes de dilucidarse la reconvención en los méritos.

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En rigor jurídico-científico, el contrato de asistencia profesional de abogado no es más que una variante del contrato de arrendamiento de servicios plasmado en el Art. 1434 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4013. Según la perspectiva clásica, los tratadistas lo incluyen particularmente dentro de los contratos de prestación de servicios propios de las profesiones y de las artes liberales. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil español, común y foral, Madrid, Ed. Reus, 1985, T. 4, pág. 466; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1982, T. II, Vol. 2, pág. 430; M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. XX, Vol. 2, pág. 1 et seq.; M. Albaladejo, Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1983, T. II, Vol. 1, pág. 281. De acuerdo con esta visión, el arrendamiento de servicios de una profesión liberal es aquel donde un profesional pone a disposición de la persona una actividad intelectual o técnica retribuida. Su característica principal es la forma autónoma e independiente en que el profesional, poseedor del título habilitante, la ejerce. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, op. cit., pág. 27.

Ahora bien, dicho contrato de servicios profesionales de abogado se distingue marcadamente de cualquier otro convenio de arrendamiento de servicios. Este se considera de naturaleza sui géneris. La relación entre abogado y cliente responde en gran medida a las inexorables exigencias éticas, muy particulares de esta profesión. López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265, 268 (1982). El contrato se en-cuentra inmerso en normas deontológicas. Éstas impregnan la relación contractual en abono de un interés público superior que puede trascender el interés exclusivo de las partes. Como observa acertadamente Adolfo E. Parry, las leyes re-glamentarias de la profesión de abogado “participan del ca-rácter de las de orden público, desde que reposan en concep-ciones consideradas por el Legislador como esenciales a la existencia de la sociedad: garantizar ... la competencia y probidad de un servicio público auxiliar de la administración de la justicia”. Ética de la Abogacía, Buenos Aires, Ed. Jurí-dica Argentina, 1940, T. 1, pág. 16.

Estos valores éticos, atados irremisiblemente a la relación profesional del abogado y por ende a la configuración del contrato, operan como elementos limitantes a la voluntad de los contratantes. En este sentido, queda cualificado el principio de libertad y autonomía de las partes consagrado en el Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3372, respecto de que éstas puedan realizar cualquier convenio siempre y cuando sea conforme a la ley, a la moral y al orden público.

En el contexto de la relación abogado-cliente, el aspecto moral que restringe la libertad de contratación es un poco más sensitivo y abarcador. Ello se debe primordialmente a que el ejercicio de la profesión forense supone “una serie de comportamientos inspirados en el cálido sentido de humanidad, de comprensión, de solidaridad social, que comprende todos los valores del espíritu”. C. Lega, Deontología de la Profesión de Abogado, Madrid, Ed. Civitas, 1976, pág. 37.

Esta serie de comportamientos particulares exis-te en cualquier etapa de la relación abogado-cliente y por su naturaleza se extiende a la fijación de los honorarios. El Canon 24 del Código de Ética Profesional, en lo pertinente, dis-pone:

La fijación de honorarios profesionales debe regirse siem-pre por el principio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio confines de lucro. Al fijar el valor de los honorarios, deben considerarse los siguientes factores: (1) el tiempo y tra-bajo requeridos, la novedad y dificultad de las cuestiones en-vueltas y la habilidad que requiere conducir propiamente el caso; (2) si el aceptar la representación del caso en cuestión ha de impedir al abogado que se haga cargo de otros casos que probablemente han de surgir del mismo asunto, y en los cuales existe una razonable expectativa de que de lo contrario sus servicios serán solicitados o que tal representación impli-que la pérdida de otros asuntos extraños al caso en cuestión o el antagonismo con otros clientes; (3) los honorarios que acos-tumbradamente se cobran en el distrito judicial por servicios similares; (4) la cuantía envuelta en el litigio y los beneficios que ha de derivar el cliente de los servicios del abogado; (5) la contingencia o certeza de la compensación; y (6) la naturaleza de la gestión profesional, si es puramente casual o para un cliente constante.
Es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios a ser cobrados por el abogado al inicio de la relación profe-sional y que dicho acuerdo sea reducido a escrito. 4 L.P.R.A. Ap. IX.

El texto de este canon no es enigmático. Aspira, inter alia, mediante la estipulación por escrito sobre los honorarios que percibirá el abogado al comienzo de la relación profesional, a reducir las probabilidades de “malas interpretaciones que luego caus[en] fricci[ones] entre abogado y cliente”. In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450, 455 (1977). Requiere del letrado una escrupulosa cautela en la redacción del documento. Los términos y cláusulas del contrato deben ser lo más claro y preciso posible. Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772, 774 (1981).

A pesar de que el Canon 24 del Código de Ética Profesional, supra, se apuntala sobre el concepto de deseabilidad respecto de que el pacto se realice por escrito —Ramírez, Segal & Látimer v. Rojo Rigual, 123 D.P.R. 161 (1989)— el acuerdo verbal también es válido, Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2994. No existe disposición alguna en nuestro ordenamiento jurídico que requiera la forma escrita en el contrato de servicios profesionales de abogado como prerequisito para su validez.

Sin embargo, al respecto, cabe reproducir las atinadas reflexiones de Francisco Lucas Fernández:

... [L]a tendencia cada vez más generalizada a la exigencia de responsabilidades a los profesionales por consecu[en]cias derivadas de su actuación (u omisión), el cost[o] aparente-mente elevado de los honorarios y la crisis económica y moral ha hecho qu[e m]uchos profesionales tomen sus precauciones documentales probatorias para defenderse de un futuro posi-ble ataque por el cliente. No siempre se contempla el aspecto económico, con ser importante. Las más de las veces se trata de poner a salvo el prestigio profesional. Y es por eso que ante las consecuencias perjudiciales previsibles que puede aca-rrear el acto o la actuación profesional, primero se le advierte de ello al cliente, y ante su insistencia de seguir adelante no obstante el posible riesgo, se condiciona la continuación o el comienzo de la actividad a la previa firma por el cliente o por su representante del oportuno documento generalmente pri-vado en donde se deja constancia de tales advertencias, del requerimiento del cliente, y de la exención de responsabilidad.
Otras veces, las menos, se mira al aseguramiento de la re-tribución ante la eventual posición del cliente que en tiempo ulterior niega haber dado su consentimiento a la prestación del servicio profesional. O aun sin ello no cumplen con su deber de pagar, de lo que tienen amarga experiencia la mayor parte de los profesionales. Con el objeto de facilitar la prueba del contrato se acude a la formalización escrita al menos de la petición de prestación del servicio. Y cuando la índole de este o el modo de realizarse lo permita, se le exige o el pago anticipado (como ocurre en ciertas consultas médicas) o una provisión de fondos para ir atendiendo al pago no sólo de los honorarios, sino de los gastos que la prestación del servicio origina, como ocurre en ciertos bufetes de abogados. (Énfasis suplido.) Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compila-ciones f orales, op. cit., págs. 40-41.

Lo expuesto tiene como contraparte el derecho del abogado a recibir como profesional una compensación razonable por sus servicios. Canon 25 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Como corolario, el abogado está facultado a entablar aquellas reclamaciones judiciales necesarias para el cobro de sus honorarios, aunque cautelarmente, el mismo canon señala que “deben evitarse”, a no ser que se presenten únicamente para impedir injusticias, imposiciones o fraude. Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., supra, pág. 774; In re Santos Vías, 122 D.P.R. 881 (1988).

En resumen, según nuestro estado de derecho vigente no existe limitación alguna en relación con la especie del contrato que las partes acuerden como método para cobrar los honorarios por servicios justamente rendidos. La única salvedad existente es en torno de la prohibición de adquirir interés o participación alguna en el asunto en litigio encomendádole. Canon 23 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX; In re Sánchez Ferreri, 115 D.P.R. 40 (1984); Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., supra; In re Cepeda Parrilla, 108 D.P.R. 353 (1979).

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En buena metodología adjudicativa y en obediencia a nuestra tradición civilista debemos auscultar si el acuerdo entre los esposos Hernández-Vega y el abogado Nassar Ri-zek cumple con los tres (3) elementos cardinales configura-tivos de un contrato: consentimiento, objeto y causa. Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3391. Ello sin olvidar el carácter e interés público que reviste la profesión de abo-gado. La tarea, aunque difícil, se facilita aquí por la acepta-ción de ambas partes, quienes no cuestionan la existencia de los últimos dos (2) requisitos. Por ende, nos limitaremos a examinar los factores determinantes en torno del apercibi-miento por parte del abogado Nassar Rizek de cesar su re-presentación profesional durante el transcurso del pleito y si éste demostró mediante la solicitud de sentencia sumaria un consentimiento válido de los recurrentes, Hernández-Vega, al otorgar el pagaré.

En Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232, 234 (1984), en argumentos escorados por Cario Lega, señalamos:

“La relación entre abogado y cliente puede considerarse desde varios puntos de vista. Ante todo desde el jurídico, res-pecto de los derechos y obligaciones que derivan para las partes del contrato de prestación de obra intelectual. . . . [SJalta a los ojos el carácter personal de la relación profesio-nal, a causa del contacto humano que tiene lugar entre las partes y a causa de la naturaleza del objeto del contrato de que se trata. Sabido es que la relación que se establece entre abogado y cliente viene acotada por un carácter personal y fiduciario, así como por el hecho de que el cliente se confía a su patrocinador, debido sobre todo a la consideración que el pri-mero tiene de las dotes de capacidad de trabajo (técnicas y morales) del segundo.... Está claro que de los dos sujetos de la relación profesional el abogado es el que tiene las redes en la mano y quien está destinado a desempeñar una función de arrastre en esta relación inter subjetiva, encontrándose el mismo, al menos en teoría, en posición de relativa superiori-dad respecto al cliente que, desconocedor de las reglas jurí-dicas, no conoce el ambiente forense y judicial y sufre por lo general el trauma psíquico del litigio en el que se ve envuelto como actor, como demandado o como acusado. ” (Énfasis su-plido.)

Este enfoque pone de manifiesto la fuerza permanente que de ordinario genera el abogado frente a su cliente. Los principios éticos de decoro, dignidad e integridad profesional del abogado prohíben que éste se aproveche de esa posición. Por razón de la misma, ante disputas de índole contractual con los clientes, los tribunales están llamados a revisar cuidadosamente el acuerdo y las circunstancias, y así satisfacer la conciencia judicial y lograr la mayor aproximación a la verdad y a la justicia. Como consecuencia, aquel contrato que realmente se materialice dentro de un estado de temor —producto de una amenaza de un mal inmi-nente— será considerado nulo en determinadas circunstan-cias, por ser producto de una intimidación que invalida el consentimiento. Después de todo, con rigor conceptual, la in-timidación propiamente dicha es una coacción moral. Calderón v. Vallecillo, 77 D.P.R. 859, 867 (1955).

Sin embargo, para que esta coacción vicie el consentimiento y anule el acto volitivo, deberán satisfacerse los requisitos del Art. 1219 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3406. Manresa divide en tres (3) los elementos fundamentales que configuran la intimidación:

a) Que se emplee contra uno de los contratantes la amenaza de un mal inminente y grave, susceptible por ende, de ejercer seria influencia sobre su ánimo.
b) Que esta amenaza determine la declaración de voluntad, o lo que es igual, que exista un nexo causal entre la intimida-ción y el consentimiento.
c) Que la repetida amenaza y el influjo que pueda ejercer sobre la voluntad revistan un matiz antijurídico, por cuanto no quepa reputarlos ilícitos como consecuencia de una co-rrecta y no abusiva utilización de los derechos. (Énfasis su-plido.) J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, pág. 575.

De acuerdo con dicha configuración, rehusamos a priori establecer —a título de presunción— la regla de que el apercibimiento o amenaza de un abogado de renunciar a una representación por no habérsele satisfecho los honorarios adeudados constituye per se una actuación intimidatoria. Lo contrario implicaría dejar a los abogados a merced de sus representados y a tener que prestar sus servicios sin ninguna remuneración. Después de todo, la amenaza de ejercitar un derecho no es sinónimo de intimidación —Rodríguez v. M. Joglar & Co., S. en C., 46 D.P.R. 350, 353 (1934)— ni anula la obligación. Art. 1220 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3407. Dependerá de las circunstancias peculiares de cada caso. Rivera v. Banco Industrial, Etc. y García, Int., 49 D.P.R. 709, 723 (1936). Ello no excluye la posibilidad, en la relación abogado-cliente, de que en una etapa crítica de un litigio tal acción pueda dejar de ser legítima y, en atención a las circunstancias concurrentes, constituya una verdadera amenaza o coacción que vicie el consentimiento. La cuestión exige ponderar todos los factores pertinentes, sobre todo el estado de ánimo del intimidado, pues “[l]a persona amena-zada, es por su carácter, sexo, condición, edad o profesión capaz de resistir la amenaza, venga de quien viniere, en otras, estas mismas circunstancias al recaer sobre personas débiles, incultas, inexpertas o desamparadas hacen presu-mible la coacción, máxime si quienes la ejercen aparecen, en su calidad y condiciones, en situación de llevarla a cabo con ventaja, por lo cual la apreciación de esta modalidad de fuerza intimativa no puede constituirse a modo de criterio general, sino de específica consideración de cada supuesto”. (Énfasis suplido.) Manresa, op. cit., pág. 577.

Rechazamos, pues, el planteamiento de los recurrentes de que “el contrato partiendo del cual se otorgaron el pagaré y la escritura de constitución de hipoteca que se pretende ejercitar a través de la demanda radicada es nulo por ser contrario al Orden Público”. Véase Solicitud de revisión del recurrente, pág. 17 et seq.

IV

De acuerdo con este orden doctrinario, no erró el ilus-trado tribunal de instancia al concluir sumariamente la vali-dez del pagaré garantizado con hipoteca.

Un análisis integral de la deposición tomada a Oscar Hernández, en que se fundamentó principalmente dicho decreto, refleja incuestionablemente que éste admitió que había leído y firmado voluntariamente tales documentos. También, que prestó su consentimiento al otorgarlos libre y espontáneamente. Su decisión no fue impensada ni irrefle-xiva. Fue con pleno conocimiento de causa, después de las múltiples gestiones previas entre los abogados de cobrar vá-lidamente sus honorarios. Todas las circunstancias ex-puestas hacían viable la concesión de una sentencia sumaria. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383, 386-387 (1982); Padin v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971). Como re-cientemente indicáramos en Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986), este mecanismo “tiene como propósito aligerar la tramitación de un caso per-mitiendo que se dicte sentencia sin necesidad de que se tenga que celebrar la vista en los méritos, cuando de los do-cumentos no controvertidos que se acompañan con la solici-tud surge que ‘no existe una legítima disputa de hecho a ser dirimida, [. . .] sólo resta aplicar el derecho”'. Procesal-mente, la cuestión no ameritaba dilucidarla en un juicio ple-nario.

V

Ahora bien, aunque el foro de instancia actuó correcta-mente en cuanto de la validez de la deuda y pagaré hipoteca-rio, incidió al ordenar su inmediata ejecución.

Nassar Rizek no es un tercero tenedor del pagaré al portador. Por el contrario, es el abogado a quien le fue expedida dicha obligación en consideración de sus servicios profesionales. Como tenedor original, le aplican todas las defensas que los deudores Oscar Hernández et al. puedan levantar, incluso la configurada en la reconvención sobre ale-gada “impericia profesional”. Esta causa de acción está inex-tricablemente unida a la acción en ejecución hipotecaria, cuya génesis no es otra cosa que el cobro de los honorarios. Esta sola razón, aparte de consideraciones procesales y de justicia, es suficiente para paralizar, en este respecto, la eje-cución. La misma deberá suspenderse hasta que se haya ven-tilado y resuelto la reconvención.

Se dictará la correspondiente sentencia modificatoria.

El Juez Asociado Señor Ortiz no intervino. La Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurren con el resultado sin opinión escrita.

       El señalamiento de los recurrentes de que el otorgamiento del pagaré garantizado con hipoteca no es más que una variante del derecho de retención o gravamen del abogado (attorney’s lien) es improcedente.
      Reafirmamos que en nuestra jurisdicción no existe derecho alguno de abo-gado de retención de “los documentos y papeles del cliente, como tampoco existe un gravamen .. •. sobre el producto de una sentencia obtenida, Cornier v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 253, 255 (1968), aun cuando medien controversias res-pecto a determinados honorarios”. In re Vélez, 103 D.P.R. 590, 599 (1975). En el contexto notarial, véase In re Feliciano, 115 D.P.R. 172,175 (1984). Sin embargo, en el caso de autos, el licenciado Nassar Rizek no retuvo documento o bienes producto de algún decreto judicial. Según lo indicado, al renunciar a la represen-tación profesional procedió inmediatamente a entregarle a los esposos Hernán-dez-Vega el expediente del caso.

       Entre las decisiones relacionadas más importantes de la jurisprudencia norteamericana, véanse: Greenbaum & Browne, LTD. v. Braun, 410 N.E.2d 303 (1980); Slater v. Jacobs, 371 N.E.2d 1054 (1977); Neville v. Davinroy, 355 N.E.2d 86 (1976); State v. Nelson, 279 N.W.2d 1 (1979); In re Estate of Bort, 221 N.E.2d 24 (1966); Singleton v. Collins, 161 S.E.2d 246 (1968); Sullivan v. Fawver, 206 N.E.2d 492 (1965).

       En Barceló v. Díaz, 29 D.P.R. 170,180 (1921), afirmamos “que ‘a menos que un acto de un abogado no sea ilegal o criminal puede él por lo general cobrar por prestar cualesquiera servicios que se le haya pedido que preste’”.

       Por otro lado tenemos que el Art. 156 de la Ley Hipotecaria y del Regis-tro de la Propiedad dispone que “[l]a hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal del deudor que establece el artículo 1811 del Código Civil vigente.” 1979 Leyes de Puerto Rico 672.

       De esta visión se hace eco la jurisprudencia norteamericana. Sólo exige que el sistema de cobro utilizado sea válido en derecho, moralmente ético y reali-zado de forma honesta. En suma, que sea de buena fe y justo. Frank v. Bloom, 634 F.2d 1245 (10mo Cir. 1980); Bluestein v. State Bar of California, 529 P.2d 599 (1975); Hunt v. Picklesimer, 162 S.W.2d 27 (1942); Laspy v. Anderson, 361 S.W.2d 680 (1962).
      Ahora bien, cuando el contrato original otorgado se modifica, o se pacta un nuevo acuerdo durante la litigación del pleito, la percepción cambia significativa-mente. Existen tres (3) corrientes doctrinarias distintas en la jurisdicción nortea-mericana: (A) La primera presume el contrato así alterado como uno inválido per se. Este rigor responde al propósito de evitar el fraude. (B) La segunda, más leniente, deja la validez del pacto al solo arbitrio del cliente. Este enfoque parte de la premisa de que la opción de ratificar el acuerdo pendiente brinda al cliente la oportunidad de rechazar el acuerdo fraudulento o aquel que lesione sus intere-ses. (C) La tercera considera válido el convenio en el supuesto de que éste sea justo, ecuánime y hecho voluntariamente por el cliente con pleno conocimiento de todos los hechos pertinentes al caso. Véase Anotación, Validity and Effect of Contract for Attorney’s Compensation Made after Inception of Attorney-Client Relationship, 13 A.L.R.3rd 701 (1967).
      Entre los diversos factores que pueden afectar la voluntariedad del pacto, se ha entendido que contratos suscritos bajo amenaza de abandono del caso por el abogado en una etapa crucial del litigio son nulos. Se considera que ello repre-senta una “influencia indebida” (undue influence) por la condición de indefensión relativa del cliente frente a determinadas circunstancias que vician su consenti-miento. Anotación, supra, pág. 743.