author: El Juez Asociado Señor Dávila Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ángel Luis Carrión Rivera, acusado-apelante.

      Número: CR-80-40

      Resuelto: 30 de diciembre de 1981

      Carmen Ana Rodriguez Maldonado, de la División de Apelacio-nes de la Sociedad para Asistencia Legal, abogado del ape-lante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Se acusó al apelante de asesinar al dueño de un negocio que se alega asaltó junto con dos menores. El único testigo presencial de los hechos fue uno de los menores, a quien se le concedió inmunidad. La defensa del apelante fue al efecto de que el perpetrador del asalto y del asesinato lo fue el menor que lo incriminó. Adujo que el motivo que tuvo el menor para involucrarlo fue el de rencillas perso-nales que tuvieron su origen en la mala voluntad que le tiene el menor al acusado, pues en una ocasión aquél se dirigió impropiamente a su esposa y éste tuvo que lla-marle la atención e incluso le infligió castigo corporal. Por esta razón el agredido manifestó que se desquitaría. Para establecer como defensa esos hechos, el apelante presentó al testigo Reinaldo Martínez Sánchez, quien había presen-ciado el incidente antes relatado. A eso se limitó la decla-ración de Martínez Sánchez en el interrogatorio. En el contrainterrogatorio el fiscal le preguntó sobre el carácter del acusado. El testigo respondió que efectivamente co-nocía su buen carácter. Entonces el fiscal le preguntó que si conocía el hecho de que el apelante había sido acusado anteriormente por un delito similar y el acusado objetó. El tribunal sostuvo la objeción y ordenó la disolución del jurado. Suspendió los efectos de su dictamen para permitir que el Procurador General pudiera recurrir ante nosotros. En su recurso de certiorari (0-80-264), el Procurador apuntó que “el juez de instancia [erró] al resolver que no existía motivo alguno para traer a conocimiento del jurado la existencia de otros delitos alegadamente cometidos por el acusado”.

Al resolver el recurso expresamos que “[e]n juicio ante jurado por Asesinato en Primer Grado, Tentativa de Robo e Infracción a los Artículos 6 y 8 de la Ley de Armas, un testigo de defensa, quien no era un testigo de reputación declaró en el contrainterrogatorio que hacía dos años que conocía al acusado, que sabía que era una persona honrada, que le gusta trabajar, que siempre que se da tragos se los da socialmente, que es tranquilo y que él no pudo haber sido el que cometió el asesinato. El fiscal le pregunta entonces al testigo si no se había enterado de que el acusado había sido denunciado anteriormente por delito de robo, conspiración e infracción a la Ley de Armas. La defensa objetó; el testigo se limitó a contestar que no tenía conocimiento de eso. ... Si el tribunal cree que era improcedente el contrainterrogatorio del fiscal, sobre lo cual no estamos pasando juicio ahora, puede dar instrucciones al jurado para corregir el error. A su vez, si la defensa considera que el error no es subsanable mediante instrucciones al jurado, podría incluirlo en el señalamiento de errores en el correspondiente recurso de apelación, en caso de resultar convicto el acusado”.

Devuelto el caso al tribunal de instancia se continuó la celebración del juicio. El juez, visto los términos de nues-tra sentencia, admitió en evidencia las acusaciones y sen-tencias dictadas contra el acusado instruyendo al .jurado que la admitía para “impugnar al testigo de defensa Reinaldo Sánchez y no con ningún otro propósito”.

Las acusaciones y sentencias admitidas no podían usarse para impugnar al testigo pues éste una y otra vez reiteró que para la fecha de las acusaciones no conocía al acusado y el fiscal no presentó prueba para demostrar que sí lo conocía. El único propósito de esa evidencia era llevar a conocimiento del jurado que el acusado había cometido antes un delito similar y las instrucciones que transmitió el juez en nada impedían que el jurado las considerara. Ya en Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29, 34 (1961), hicimos referencia a un estudio llevado a cabo por el Cole-gio de Derecho de la Universidad de Chicago que llegó a la conclusión de “que las instrucciones sólo sirven para que el jurado tenga más en cuenta la prueba que se le indica no debe considerar. Nota 24 U. Chi. L. Rev. 710 (1957)”.

No puede sostenerse la convicción a base de que el acusado no objetó el contrainterrogatorio del fiscal. Ciertamente no se requería que la defensa objetara la primera parte del contrainterrogatorio ya que el mismo era beneficioso para el acusado. Por otro lado si se oponía el jurado podía razonablemente deducir que la contestación del testigo le perjudicaría. Y en cuanto a la segunda parte, aquella referente a si el testigo tenía conocimiento de acusaciones anteriores, ya hemos visto que la objetó. Pero es que, además, la Regla 6 de las de Evidencia establece que “[n]ada de lo dispuesto en las Reglas 5 y 6 impedirá que un tribunal apelativo considere errores crasos y perjudiciales de admisión o exclusión de evidencia, a pesar de no haber mediado oportuna objeción, cuando el no corregir dichos errores resulte en un fracaso de la justicia”. Pueblo v. Oquendo, 83 D.P.R. 234 (1961). ¿Puede haber fracaso más grande de la justicia que se condene a una persona por hechos distintos de aquellos por los que se le está juzgando? En Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966), ratificamos la norma de que no procede pasar al jurado la alegación de reincidencia si el acusado acepta la comisión de los delitos anteriores. A ese efecto expresamos a la pág. 152:

Desde Pueblo v. Beltrán, 73 D.P.R. 509, 517 (1952), hemos estado sosteniendo que no es propio en ley el que pasen al jurado las alegaciones de la comisión de otros delitos conte-nidas en la acusación para demostrar reincidencia, cuando, por haberse aceptado el hecho, no hay controversia alguna ante el jurado sobre el particular. Véanse: Pueblo v. González, 80 D.P.R. 208, 210 (1958); Pueblo v. Colón, 81 D.P.R. 331, 334 (1959); Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511, 517 (1961). Ya habíamos dicho en Pueblo v. Cando, 53 D.P.R. 547, 549 (1938), que el calificativo de subsiguiente antepuesto a la denominación de un delito no varía ni altera en manera alguna los elementos constitutivos del mismo. No se trata de un delito distinto en sus elementos, sino cometido después de ser convicto de otro, circunstancia que sólo se alega y se toma en consideración a los efectos de la impo-sición de la pena. Pueblo v. Conroig, 60 D.P.R. 168 (1942); Pueblo v. Almodóvar, 61 D.P.R. 685 (1943).
La norma de evitar que pase al jurado una acusación con la alegación de haberse cometido otros delitos cuando ésta se ha aceptado tiene su profunda razón de ser, más que en la mera inobservancia de un precepto estatutario, Art. 285 del Código de Enjuiciamiento Criminal según se ha interpre-tado, en el hecho básico de que no debe juzgarse a una persona sino por el delito específico que se le imputa y, excepto en los casos permisibles por vía de excepción para determi-nados fines y propósitos, permitir que el jurado se informe de la comisión de otros delitos que no están siendo juzgados puede producir un veredicto que no sea el producto entera-mente de un juicio justo e imparcial.

No hay duda de que el propósito del fiscal al presentar prueba de carácter del acusado era demostrar que ante los hechos imputados en el presente caso, el acusado se com-portó de conformidad con tal carácter, i.e., que si al acu-sado se le imputó un delito similar en una ocasión anterior lo más probable es que el que se le impute ahora sea cierto.

La Regla 20 de Evidencia expone la norma general de que la evidencia del carácter de una persona no es admisible cuando se ofrece para probar que en una ocasión específica la persona actuó de conformidad con tal carácter. Entre las excepciones que la propia regla señala se encuentran dos que, a nuestro juicio, gobiernan la presente situación. La primera es la que reconoce el derecho absoluto del acusado de presentar evidencia de su carácter para probar que ante los hechos del caso por los que se le juzga, él actuó de conformidad con tal carácter. La segunda excepción permite al fiscal presentar prueba del mal carácter del acusado únicamente si el acusado ha presentado previamente prueba de su buen carácter. Al fiscal le está vedado presentar la prueba del mal carácter del acusado hasta tanto éste haya presentado su prueba de buen carácter. Ver Michelson v. United States, 335 U.S. 469 (1948).

De modo que el fiscal puede presentar prueba para refutar el buen carácter del acusado únicamente cuando el acusado haya presentado un testigo de reputación para que declare sobre su buen carácter. No obstante, como afirma Weinstein, un testigo de defensa que conoce el carácter del acusado pero que no ha sido presentado como testigo de reputación no se puede convertir en testigo de reputación al antojo del fiscal hasta tanto el acusado no haya abierto el asunto a discusión mediante la presentación de prueba de su buen carácter. Weinstein, Evidence, Sec. 404[05]. Permitirle al fiscal que pregunte a un testigo de defensa acerca del carácter del acusado sin que éste haya presentado prueba de esa naturaleza, vulneraría el derecho constitucional del acusado a un juicio justo e imparcial. Art. II, Sec. 11, de nuestra Constitución. El acusado tiene derecho tanto de presentar como de no presentar prueba. Si presenta prueba, ese derecho cobija la facultad de decidir cuál prueba presenta y cuál no. Si decide no presentar prueba de su carácter, el fiscal debe respetar el ejercicio de esa opción y abstenerse de introducir prueba claramente inadmisible, pues si algo resulta evidente de nuestras decisiones en Pueblo v. Padilla Arroyo, 104 D.P.R. 103 (1975), Pueblo v. Hernández Pérez, 93 D.P.R. 182 (1966), y Pueblo v. Archeval, 74 D.P.R. 512 (1953), es que si el acusado no “abre la puerta” el fiscal no puede forzarla. El acusado que se abstiene de presentar prueba de su carácter debe estar libre de la preocupación que supone la posibilidad de que el fiscal aduzca prueba de carácter en el contrainterrogatorio, ya que todo acusado tiene derecho a que se le juzgue únicamente por los hechos que dan margen a la acusación y no por otros.

Como en el presente caso el acusado no presentó prueba de su carácter era inadmisible la prueba objetada por el acusado. Procede la revocación de la sentencia y la cele-bración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García.

Un jurado trajo veredictos de culpabilidad contra el apelante en delitos de asesinato en primer grado, tentativa de robo e infracción del Art. 8 Ley de Armas, originados en el asalto a un negocio durante el cual el acusado dio muerte al dueño. La Sociedad para Asistencia Legal en su alegato de apelación hace un solo señalamiento de error genérico, consistente en que el juicio no fue objetivo ni imparcial y que se desvió del debido proceso. El veredicto de jurado descansa en evidencia directa, el testimonio de un coautor del asalto que declaró hallarse junto al acusado cuando éste disparó contra don Fernando, el dueño del negocio. La defensa del acusado se centró en los testimo-nios de un cuñado (hermano de la esposa de aquél), y un vecino suyo en el Caserío Ramos Antonini tendentes a desacreditar por falso y prejuiciado el testimonio del tes-tigo de cargo de quien dijeron que había sido abofeteado por el acusado y que había jurado desquitarse. No se ofreció coartada.

El argumento de la Sociedad para Asistencia Legal se concreta en lo que llama indebida admisión en evidencia de prueba de carácter del acusado que llegó al jurado mediante contestaciones del testigo Reinaldo Martínez Sánchez al contrainterrogatorio del fiscal y la introducción de acusación y sentencia dictadas contra el mismo acusado en casos previos por robo, Arts. 8 y 6 Ley de Armas y cons-piración. Según la Regla 20 de Evidencia esta prueba de carácter es admisible por excepción si la ofrece el acusado para probar su conducta; puede presentarse mediante tes-timonio de reputación o en la forma de opinión, y el fiscal podrá inquirir en el contrainterrogatorio sobre conducta específica pertinente. En este caso dicha prueba servía también el propósito de impugnar el testigo Martínez Sánchez quien se convirtió en testigo de reputación al con-testar al fiscal, sin objeción de la Defensa:

Exacto, en mi opinión yo entendía que él no era culpable de lo que había sucedido. (Énfasis nuestro.) T. E., pág. 21.

Luego, con intervención de la Defensa que hizo suya y se solidarizó con la evidencia de opinión en torno al carác-ter del acusado, dicho testigo vierte ante el jurado el siguiente testimonio oral:

P: Que él no era culpable. Oiga, pero usted le dijo aquí al Tribunal que la primera vez, usted está hablando hasta las seis de la tarde de ese día. O sea, que usted está relatando unos incidentes que ocurrieron primero en el Arco Iris, des-pués del Arco Iris, frente a la casa de Barreto unos inci-dentes que habían ocurrido antes, pero usted de lo que pasó en el Bar de Don Fernando, usted no sabe nada.
R: No, señor.
P: ¿Y cómo usted puede concluir de que él no es culpable si usted no sabe, si es que usted después lo que hizo Ba-rreto usted no lo sabe?
R: No.
P: Y ya usted concluyó de que Barreto no era culpable. ¿Cómo es eso? Explíquele al Tribunal y a las Damas y Caballeros del Jurado, cómo es que usted llega a esa conclusión.
LICDA. LÓPEZ: Hay objeción a la pregunta en la forma de hacerla, puede ser “misleading.”
HON. JUEZ:
Se permite la pregunta, compañera.
LICDA. LÓPEZ:
Es que el compañero está pidiendo una opinión.
HON. FISCAL:
Pero es que le ha dado la opinión.
HON. JUEZ:
Ese es el tipo de opinión que puede dar un testigo.
LICDA. LÓPEZ:
No, pero es que me refiero [a] una conclusión, es distinto a una opinión.
HON. JUEZ:
Vamos a ver.
HON. FISCAL:
Opinión o conclusión, usted dice que Barreto no era culpable de estos hechos que se le imputan. Yo le pregunto, ¿como usted puede llegar a esta opinión o conclusión de que Barreto no es culpable de estos hechos, si usted no sabe lo que pasó después que Barreto se fue a las seis de la tarde?
R: Bueno, yo verdaderamente en los dos años que lo conozco a él, yo sé que él es una persona honrada, yo sé que es una persona que le gusta trabajar. También entiendo que él es una persona que nunca se ha metido con nadie. ...
P: Oiga, ¿usted. .. ?
LIC. FLORES:
Que lo deje contestar, compañero, perdone. (Énfasis nues-tro.)
HON. JUEZ:
Permita que conteste.
HON. FISCAL:
Que es una persona honrada. Vamos a ver.
R: Una persona honrada.
P: ¿Perdón, me permite tomar nota?
HON. JUEZ:
Que le gusta trabajar, dijo él.
HON. FISCAL:
P: ¿Qué más? Es una persona honrada y le gusta trabajar. ¿Qué más?
R: Bueno, hasta donde yo lo conozco, ¿ve?, pues él siempre que se da sus tragos, siempre se los da socialmente, tran-quilo. Nosotros, no era la primera vez que nosotros nos dábamos una cerveza, porque él entraba a casa, él bebía en casa conmigo, nos pasábamos al frente de casa y yo entiendo de que no, él no pudo haber sido el que cometió el asesinato.
P: O sea, que usted considera que es un muchacho bueno, un muchacho honrado.
R: Más o menos.
P: ¿Oiga y usted, le pregunto si usted, por esa amistad íntima que usted tenía con Barreto, si usted no se enteró nunca de que él tenía problemas con la justicia anterior-mente a este caso?
R: Cuando yo lo conocía no.
P: Específicamente, le pregunto si usted no sabe que [a] él en Caguas también se le imputó en una ocasión otros casos?
LIC. FLORES:
Vamos a objetar la pregunta, Vuestro Honor. Si ya él con-testó que no.
HON. FISCAL:
Bueno, no, es que él ha dicho que es bueno y honrado.
LIC. FLORES:
No, y dijo que no, que no conocía de que se había visto in-volucrado en ese . . .
HON. JUEZ:
Vamos a ver si ahora se le refresca la memoria, si es que eso es lo que persigue el señor Fiscal. Adelante.
HON. FISCAL:
O sea, usted, nunca llegó a su conocimiento de que Ba-rreto había sido acusado en Caguas de un asalto. ¿Nunca tuvo conocimiento de eso?
R: No, señor.
P: Ni por infracción a la Ley de Armas, ni por una Cons-piración, o sea, que usted nunca tuvo conocimiento de eso.
R: No. (T.E., págs. 21-25.)

Como se ve, la Defensa aprovechó al máximo dicho tes-timonio de opinión y buena conducta al punto en que interviene para que el fiscal no interrumpa la parte pre-cisa en que el testigo describe al acusado ante el jurado como persona honrada, trabajador, “que nunca se ha metido con nadie”. La Defensa pudo haberse opuesto o al menos negar su cooperación a este interrogatorio, por no haber sido la reputación y carácter del acusado objeto del directo, si quería impedir la producción de las conviccio-nes previas. Regla 43(F) de Evidencia. Prefirió unirse a esta línea de interrogatorio porque le beneficiaba y debe aceptar las consecuencias legales de su táctica.

Así convertido el testigo de Defensa en un testigo de reputación, fueron correctamente admitidas en evidencia las convicciones previas para tachar tanto la credibilidad del testigo como la buena reputación por él atribuida al acusado. Era este el recurso apropiado del fiscal para des-virtuar lo que había oído el jurado sobre la buena fama y carácter del apelante. Cf. Pueblo v. Iturrino de Jesús, 90 D.P.R. 706, 711 (1964).

La intervención efectiva de la Defensa en el contrain-terrogatorio del fiscal allanó el camino para que la prueba de carácter llegara al jurado. Tal conducta fue lo que puso en contención la fama y carácter del acusado, con tanta eficacia y consecuencia como si lo hubiera hecho en el interrogatorio directo. Además, la prueba del Pueblo, no contradicha por el acusado, fue de tal modo directa y abrumadora, que no puede atribuirse influencia decisiva en el veredicto a la evidencia de buen carácter introducida por el testigo de Defensa y refutada por el fiscal. En el proceso normal de adjudicación de culpabilidad, lo que inclinó al jurado fue el colapso de la Defensa: un hombre señalado por la prueba como autor directo de la muerte de un comerciante en el curso de un robo no niega, ni mucho menos explica, su presencia en el negocio. En tales circuns-tancias el veredicto no solo es justo, sino inevitable, y no ha debido despertar un fervor formalista en pugna con la norma de este Tribunal al conocer de recursos apelativos:

En todo recurso de apelación la función de este Tribunal se cumple revisando el legajo de la sentencia guiado por los señalamientos de error o planteamientos de derecho del ape-lante hasta quedar satisfecho de que el acusado tuvo un jui-cio imparcial y objetivo. Hay que recordar que todo acusado tiene derecho a un juicio justo, que no significa necesaria-mente un juicio perfecto. Este Tribunal intervendrá con el veredicto del jurado o el fallo del juez de derecho única-mente cuando esté enervado por error que hiere derechos fundamentales de la persona y que en su proyección y con-secuencia estremezca el sentido básico de justicia. El énfasis insistente en recursos técnicos de procedimiento criminal muy poco adelanta la causa si no plantea la vindicación de un derecho. El procedimiento ha adquirido una exuberancia que a veces nos oculta el tronco, el diseño fundamental de “juicio rápido y público” que en sencilla depuración de la prueba sirva tanto al derecho del ofensor como al de la sociedad agraviada. Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140, 143 (1978).

El veredicto no vulneró derecho fundamental alguno, y es esencialmente justo, por lo que considero que la sentencia debe ser confirmada.

       Se trata de los incisos (A)(1) y (A)(2), los cuales resumen la llamada doc-trina de “abrir la puerta”. E. Chiesa, Evidencia de carácter y de conducta especí-fica bajo las Reglas de Evidencia de 1979, XV Rev. Jur. U.I.A. 45, 51 (1980).


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author: per CURIAM:

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text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-80-463

      Resuelto: 4 de enero de 1982

      Luis B. Osorio Díaz, César A. Vélez Miranda, Juan Antonio Navarro e Irma Rodríguez Justiniano, abogados de la peticio-naria; Sarah Torres Peralta, José F. Irizarry González y José R. Cobián Tormos, abogados de la demandada.
   per CURIAM:

Este caso plantea una fase del impor-tante problema de la arbitrabilidad procesal.

El señor Rubén Darío Peña, miembro de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, reclamó el pago de dietas por razón de traslado. La sumisión a arbi-traje dispuso:

Que el árbitro determine si la querella del señor Rubén Darío Peña es arbitrable o no. De determinar que es arbi-trable resolverá si el querellante tiene derecho al pago de dietas durante el período comprendido entre el 31 de octu-bre de 1976 y el 17 de diciembre de 1976, de conformidad con los Artículos IX y XXXV del convenio colectivo vigente.

El árbitro declaró sin lugar los planteamientos sobre arbitrabilidad efectuados por la Autoridad y resolvió que “El planteamiento que hace la Unión en este caso de que la querella debe adjudicarse a su favor por cuanto la Autoridad no cumplió con los límites de tiempo estableci-dos en la Sección 5B del Artículo XXXIX se declaran [sfc] con lugar. La Autoridad deberá pagar al querellante Rubén Darío Peña las dietas que reclama en esta querella”.

La Autoridad incumplió el laudo y la Junta de Relacio-nes del Trabajo nos ha solicitado que lo pongamos en vigor. La Autoridad se opone a esta solicitud sobre la base de que el árbitro se excedió en su jurisdicción. Alega la Autoridad que de la sumisión acordada por las partes no surge como cuestión a resolver por el árbitro, si la Auto-ridad cumplió con los términos de tiempo para contestar las querellas. La Autoridad acepta que no contestó a tiempo, en el segundo nivel de responsabilidad, la querella en este caso, pero argumenta que la cláusula del convenio que fija esta responsabilidad “es nula y contraria al orden público, ya que hay ausencia de una sumisión, de un laudo de arbitraje y de consideración por el árbitro de los méri-tos de las quejas en su fondo”.

La Sec. 5B del Art. XXXIX del conyenio entre las partes provee, en parte, que “el Jefe o Jefe Auxiliar de la División, según sea el caso, deberá emitir su decisión por escrito dentro de los próximos cinco (5) días laborables a partir de la terminación de la vista. . .”. El convenio espe-cifica la consecuencia de incumplir, como ocurrió aquí, esta disposición. La propia sección citada ordena:

El Jefe o Jefe Auxiliar de la División, según sea el caso, emitirá su decisión por escrito dentro del término estable-cido y de no hacerlo, la querella se considerará resuelta a favor del trabajador.

¿Contraría el orden público esta cláusula, según alega la Autoridad? Resolvemos que no. Las partes están libres para acordar un procedimiento ordenado para la solución de las controversias que puedan surgir entre ellas. El convenio no ofende el orden público al requerir la observancia estricta de tal procedimiento como condición previa a la emisión de un laudo. La doctrina y la jurisprudencia generalmente reconocen la eficacia de este género de solución automática de disputas. F. y E. A. Elkouri, How Arbitration Works, 3ra ed., Washington, The Bureau of National Affairs, 1973, págs. 154, 159-162.

La Autoridad alega que estas cláusulas de género automático desnaturalizan el procedimiento de arbitraje, que resulta indispensable que en alguna etapa la controversia se considere en sus méritos, a menos que por acuerdo de las partes se pueda resolver informalmente entre ellas. Del otro lado, contribuye a la paz laboral que el procedimiento libremente adoptado por las partes se observe cuidadosamente, excepto en circunstancias singulares que no se dan aquí. En Puerto Rico no hemos vacilado en señalar que no puede hacerse impunemente caso omiso del procedimiento de arbitraje prescrito en el convenio. Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624, 631-633 (1967). Cf. J.R.T. v. A.C.A.A., 107 D.P.R. 84 (1978); San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86 (1975).

¿Tenía autoridad el árbitro, no obstante, para expresar juicio sobre la aplicación y el efecto en este caso de la cláusula automática? Para examinar esta cuestión hay que escudriñar el ámbito de la cláusula de arbitraje acordada por las partes.

La Sec. 1 del Art. XXXIX del convenio expone:

Todas las controversias, quejas y querellas basadas en las disposiciones de este convenio serán de la competencia de los organismos creados en este Artículo y de los organismos creados por ley.

El Art. XXXIX del convenio, como hemos visto, es el que establece el mecanismo de arbitraje. En Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118, 129 (1963), citamos con aprobación lo dicho en Steelworkers v. Warrior & Gulf Co., 363 U.S. 574, 581 (1960):

. . . excepto los asuntos que las partes específicamente excluyen del procedimiento de querellas y arbitraje pactado en el convenio colectivo, todas las controversias entre ellas caen dentro de dicho procedimiento. Ese procedimiento es, en otras palabras, parte y continuación de la negociación colectiva.

La cláusula de arbitraje citada es abarcadora. Las partes no excluyeron- de su alcance la cuestión referente a la arbitrabilidad procesal. El árbitro no excedió su jurisdicción al determinar la aplicación o no, en este caso, de la cláusula automática.

En Estados Unidos se ha señalado la inconveniencia e indeseabilidad de reservar los asuntos “procesales” para las cortes y los “sustantivos” para los árbitros. Los dos conceptos están entrelazados demasiado íntimamente. Si la fase sustantiva de una disputa es arbitrable, la regla general es que las cuestiones procesales relacionadas con ella se resuelvan también por el árbitro. John Wiley & Sons v. Livingston, 376 U.S 543, 557-559 (1964). Aun en situaciones en que la disputa ha surgido después de la expiración de un convenio, se ha ordenado utilizar el mecanismo de arbitraje extinto por causa de la amplitud de la antigua cláusula. Nolde Bros., Inc. v. Bakery Workers, 430 U.S. 243 (1977).

Dadas las conclusiones a que hemos llegado sobre las cuestiones discutidas, es innecesario que nos expresemos sobre otros planteamientos efectuados en este caso. Por las razones expuestas se expedirá el auto y se ordenará que se ponga en vigor el laudo emitido.


author: PER CURIAM:

text:
    Warner Lambert Industrial Development Corp., patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico., recurrida; Fondo del Seguro del Estado, asegurado recurrente.

      Número: O-80-569

      Resuelto: 4 de enero de 1982

      Francisco Falú Lebrón, Antonio Acevedo Torres y Jorge Márquez Gómez, abogados del recurrente; Rafael Santos del Valle, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

Warner Lambert Industrial Development Corp. (“el patrono”), por conducto de Fringe Benefits Consulting Services, Inc. (“la corporación representante”), solicitó del Fondo del Seguro del Estado, entre otra información, las razones por las cuales se había clasificado la nómina de ciertos empleados bajo determinada clave. Argumentaba la corporación representante que la clave correcta era otra y que durante cinco años se le habían cobrado primas al patrono bajo una clave equivocada.

Al no recibir del Fondo por más de un mes contesta-ción a su solicitud, el patrono, por conducto de la corpora-ción representante, acudió a la Comisión Industrial bajo el Art. 7 de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935 (11 L.P.R.A. see. 9). El Fondo planteó ante la Comisión dos cuestiones. Argumentó que el patrono no podía utilizar el referido Art. 7 para acudir a la Comisión, sino el 24, camino que ya estaba cerrado por prescripción, y señaló, en segundo término, que la corporación representante, por no ser abogado, no podía postular ante la Comisión Industrial. La Comisión rechazó ambos planteamientos y el Fondo ha venido en alzada ante este foro.

El Art. 7 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 9, dispone en parte que:

En el caso de que el Administrador del Fondo del Estado demorare por más de un mes, sin causa justificada, la deci-sión de un caso completo sometido a su consideración, el obrero o el patrono que sean partes necesarias en dicho caso, o cualquier parte interesada podrá recurrir en queja ante la Comisión Industrial y obtener una orden de dicha Comisión compeliendo al Administrador para que decida el caso; y si fuere necesario, la Comisión podrá también ordenar al Administrador que remita el expediente del caso a dicha Comisión con el objeto de asumir jurisdicción sobre el mismo y decidirlo; pero, antes de asumir jurisdicción en un caso y decidirlo, la Comisión dará al Administrador una oportunidad razonable para cerrar y decidir dicho caso.

El Art. 24 de la misma ley, 11 L.P.R.A. see. 25, provee:

Las decisiones del Administrador fijando y regulando las primas para cada grupo de oficios o industrias y clasifi-cación de primas para regir cada grupo o industria en particular, o cualquier orden aumentando las primas a deter-minado patrono según se dispone en la sección anterior, podrá ser revisado por la Comisión Industrial de Puerto Rico de la manera siguiente:
(1) El patrono regular o permanente, perjudicado podrá radicar en la Comisión Industrial de Puerto Rico dentro del término de treinta (30) días después de promulgados los nuevos tipos, o el patrono eventual o temporero dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la obtención de su póliza, una petición para que por la Comisión Industrial de Puerto Rico se proceda a la revisión de las decisiones del Adminis-trador con relación a los tipos o primas para uno o más ofi-cios o industrias, dando los motivos por qué dichos tipos o primas deban enmendarse; y se requerirá que el Adminis-trador comparezca y conteste dicha petición dentro del término de quince (15) días. La Comisión le dará preferen-cia al caso sobre los demás casos del calendario, y procederá a dictar su decisión final de acuerdo con las reglas que dicha Comisión haya promulgado.
(2) La revisión a que se hace referencia en el párrafo anterior no suspenderá en modo alguno el cobro de primas ni los efectos de ninguna otra disposición de este Capítulo; ni tampoco expedirán las cortes autos de injunction prohi-biendo el cobro de dichas primas o contribuciones mientras se esté revisando el caso.
(3) En caso que la Comisión resuelva en el sentido de rebajar la prima que el Administrador haya fijado para cualquier clase de oficio o industria, no se ordenará en ningún caso ni al Administrador del Fondo del Estado, ni al Secretario de Hacienda, que devuelvan el exceso que se haya pagado en primas o contribuciones sino que dicho exceso, se descontará de las primas o contribuciones que hayan de recaudarse en el futuro a los patronos que hayan radicado las peticiones.
(4) En el caso que se modifique una clasificación por orden o decreto de la Comisión según se dispone en la pre-sente, el Administrador calculará nuevos tipos, primas o contribuciones en la forma que determine la Comisión para aquellos patronos que tengan obreros o empleados compren-didos en la clasificación o clasificaciones objetadas; Dispo-niéndose, que dichos tipos, primas o contribuciones regirán hasta que termine el año económico a que pertenecía dicha clasificación o clasificaciones.
Para poder llevar a cabo las disposiciones de esta sección, el Administrador del Fondo del Estado celebrará vistas públicas, antes del primero de junio de cada año, en distin-tas poblaciones del Estado Libre Asociado, notificándolo a todos los patronos asegurados de manera que ellos puedan comparecer y alegar lo que deseen respecto a su derecho en conexión con dichas agrupaciones de oficios o industrias. Esta notificación deberá publicarse en dos periódicos de los de mayor circulación en el Estado Libre Asociado.
El Administrador del Fondo del Seguro del Estado de igual modo tendrá derecho a cobrar individualmente a cada patrono en la misma clasificación de oficios o industrias, el porcentaje de primas que a su juicio sea más justo, conce-diendo una rebaja del tipo básico de la clasificación, o impo-niendo un recargo sobre dicho tipo básico, de acuerdo con la experiencia individual del patrono determinada según lo provisto en este Capítulo y los reglamentos que de tiempo en tiempo adoptare el Administrador, los cuales una vez pro-mulgados por el Gobernador, tendrán fuerza de ley; Dispo-niéndose, además, que el Administrador notificará a cada patrono con anterioridad a la imposición de las primas el por ciento de bonificación o recargo que le corresponda para el año de póliza. Será deber del Administrador suministrar a cualquier patrono que lo solicitare, toda la información disponible sobre los factores que componen la experiencia individual y que sirvieron de base al Administrador para fijar el recargo o la bonificación a ser pagada o recibida por el patrono solicitante. En caso de inconformidad, el patrono podrá apelar ante la Comisión Industrial dentro de los treinta (30) días subsiguientes a la fecha en que fuera notifi-cado de la imposición del recargo o bonificación. (Énfasis suplido.)

El argumento del Fondo es improcedente. El Art. 24 se refiere a la revisión de las decisiones del Administrador para fijar y regular las primas por cada grupo de oficios o industrias y la clasificación de primas por cada grupo o industria. Montaner, Admor. v. Comisión Indus trial, 54 D.P.R. 55, 60-61 (1939). De lo que se trata es de algo muy distinto: la reclasifieación de la nómina de un solo patrono con el fin de corregir un alegado error. La petición en este caso entraña un trámite administrativo rutinario, de carácter diferente al que motiva el Art. 24. De ocurrir demora en tal trámite, el patrono tiene derecho a utilizar el procedimiento que le brinda el Art. 7. La interpretación del Fondo haría prácticamente irrevisables los errores que pudiesen cometerse en la clasificación de nóminas aisladas.

La Comisión Industrial cometió error manifiesto, sin embargo, al resolver que una corporación o persona alguna no autorizada por este Tribunal para ejercer la abogacía en Puerto Rico puede abogar por otro ante ella. El poder inherente para admitir letrados a postular ante los tribunales y órganos cuasijudiciales del Estado Libre Asociado le corresponde exclusivamente a este foro. Ex parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939); In re Bosch, 65 D.P.R. 248 (1945). La cuestión específica aquí planteada se resolvió en contra de la posición de la Comisión Industrial en Guerrero v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 241 (1942).

Se expedirá el auto, se modificará la resolución de 19 de septiembre de 1980 de la Comisión Industrial a los únicos efectos de revocar sus pronunciamientos sobre la capacidad para comparecer ante ella para abogar por otros de perso-nas o entidades no autorizadas por este Tribunal y se devolverá el caso para trámites ulteriores consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    César A. Alicea Álvarez y Carmen Rosario, demandantes y recurridos, v. Valle Rello, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-81-385

      Resuelto: 15 de enero de 1982

      Antonio Rosselló Rentas y José F. Menéndez, abogados de la recurrente; Augusto Palmer, Jesús E. Palmer, Santiago R.

      Palmer y Rafael Arsuaga Casellas, abogados de los re-curridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Esta es la tercera gestión ante este Tribunal, de la sociedad de gananciales constituida por César A. Alicea Álvarez, y su esposa Carmen Rosario para anular la sen-tencia dictada por la Sala de Bayamón del Tribunal Superior el 6 marzo, 1979 por la que se les ordenó desa-lojar un área de 2,100 m/c propiedad de la demandante, aquí recurrente, Valle Bello, Inc. y entregar a ésta las edi-ficaciones en concreto que de mala fe habían allí levantado y ocupado como depósito de chatarra. La sentencia, dic-tada en rebeldía, descansa en prueba documental que nunca ha impugnado la parte demandada y ahora recu-rrida. La sala de instancia denegó una moción de Regla 49.2 del demandado Alicea en la que compareció a nombre de “la parte demandada” en que solicitó relevo de la sen-tencia y reapertura del caso, fundada en que nunca había sido emplazado, luego de establecerse en audiencia con-vocada la falsedad de dicha alegación. Recurrió a este Tribunal Supremo y denegamos certiorari el Io noviem-bre, 1979 (0-79-329), y asimismo una moción de reconside-ración el 21 del mismo mes y año. El 5 diciembre, 1979 los cónyuges Alicea y Rosario presentaron demanda sobre nuli-dad de sentencia predicada en que la esposa no fue emplazada en la pasada acción civil, resultando ello en negación de su derecho a ser oída en pleito que afecta la sociedad de ganan-cíales. El Tribunal Superior (Rodríguez Ossorio, J.) acogió el fundamento de nulidad aducida, a pesar de que la acción civil impugnada estaba dirigida por la demandante Valle Bello, Inc. contra “César A. Alicea Álvarez, por sí y como Administrador de la Sociedad de Gananciales consti-tuida entre él y su esposa Carmen Rosario” y por sentencia de 26 agosto, 1981 estimó la acción independiente que autoriza la Regla 49.2 y decretó la nulidad total de la sen-tencia dictada el 6 marzo, 1979 por la misma Sala (Ríos Martínez, J.). Al recurso de revisión de la ahora deman-dada en nulidad Valle Bello, Inc., el 22 octubre, 1981 expedimos la siguiente resolución:

La parte recurrida tendrá de término hasta el 13 noviem-bre, 1981 para mostrar causa por la que no deba revocarse la sentencia considerando 1) que hubo sumisión; y 2) que la proponente de nulidad de sentencia ninguna defensa merito-ria anunció contra la reclamación del demandante.

La parte recurrida sometió su escrito contestación el 2 diciembre, 1981 y ahora resolvemos.

En L. Dershowitz & Co., Inc. v. Registrador, 105 D.P.R. 267 (1976), el Tribunal Superior anuló por resolución judicial ex parte una escritura de compraventa otorgada a favor de los cónyuges Gonzalo Jusino y Ana Jusino, nin-guno de los cuales figuraba como demandado en el pleito ni mucho menos tuvieron notificación previa de la moción en que se interesaba anular su título de dominio regis-trado. Hicimos valer el derecho de la viuda Ana Jusino a ser oída, por sobre la crasa violación del debido proceso de ley. Y en Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974), anulamos una sentencia en rebeldía dictada en pleito sobre división de comunidad instado por una con-cubina contra el marido de otra mujer por producirse en una acción en que aquél por cuenta propia y su sola com-parecencia no podía obligar la sociedad de gananciales y con ello el interés de su esposa, ni aun bajo la entonces vigente disposición del Art. 1312 que le confería la admi-nistración exclusiva, pues se había colocado en insuperable situación de conflicto de intereses; y porque hubo un abandono total por el marido de la defensa de la socie-dad de gananciales constituida con su cónyuge, frente a una reclamación que requería depuración en la vía con-tenciosa, dada la imprecisión de derechos dimanantes de la relación extramarital en su choque con los intereses de la sociedad legal de gananciales en que participaba la esposa preterida.

Por el contrario, en el presente caso el marido coadministrador de la sociedad según el Art. 91 del Código (enmendado por Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976) compartía plenamente con su cónyuge la representación de la sociedad conyugal bajo la preceptiva del Art. 93 (31 L.P.R.A. see. 286) de que “[cjualquier acto de administración unilateral de uno de los cónyuges obligará a la sociedad legal de gananciales y se presumirá válido a todos los efectos. . .”. No vemos cómo pueda cuestionarse que el demandado (aquí recurrido con su esposa Carmen Rosario), emplazado en una acción claramente dirigida contra él “(César A. Alicea Álvarez) por sí y como Admi-nistrador de la Sociedad de Gananciales constituida por él y su esposa Carmen Rosario” dejó fuera de sus compare-cencias en el pleito el interés de su mujer, especialmente si el afectado es precisamente la participación de ésta en la sociedad conyugal pues el inmueble en litigio lo califican como bien ganancial. Claro que esta representación de la sociedad en pleito, por uno solo de los cónyuges, perdería todo crédito y validez de darse la situación de Carrero Suárez, ante, en el que se percibía la impropiedad de dicha representación; y por la ausencia de formalización de la obligación reclamada, una inevitable lesión de los derechos de la mujer omitida como parte en la demanda. Mas en el presente caso la defensa del interés social por el marido fue militante: a pesar de la terminante conclusión de instancia que rechazó su alegación de que no fue emplazado, acudió a este Tribunal en certiorari que le fue denegado (0-79-329 — Io nov., 1979) y que limitó al plan-teamiento de abuso de discreción de instancia al negar reapertura de la rebeldía, y de falta de jurisdicción por defecto de emplazamiento. Hay que inferir que con tal disposición contenciosa, no hubiera prescindido, como lo hizo, de una defensa meritoria en su moción de Regla 49.2 contra las alegaciones probadas de la demanda que lo señalaron como usurpador de 2,100 m/c de su colindante, con estructuras para depósito de chatarra. (S. 6 marzo, 1979). Ahora en el pleito independiente bajo la misma Regla 49.2 tampoco anuncia su esposa Carmen Rosario que tenga alguna defensa meritoria que oponer pues no niega el hecho esencial de la invasión y disfrute de terreno ajeno, limitándose a cuestionar la adecuación de $10,000 de daños y perjuicios y la imposición de $2,000 de honora-rios de abogado cuestiones que no movieron la discreción de este Tribunal al denegar el certiorari. Tampoco alega ella, codemandante con su marido en la actual acción civil independiente que éste haya de algún modo abdicado o rendido la defensa del interés de la mujer dentro de la sociedad de gananciales. En estas circunstancias, y re-cuérdese que el debido proceso de ley es circunstancial y pragmático (Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974)), la falta de notificación de un emplazamiento a la esposa personalmente no suscita lesión de derecho con potencialidad de inquietar lo juzgado. A análoga conclusión llegamos frente al planteamiento crítico de falta de inclusión de menores de edad como deudores demandados en ejecutivo sumario hipotecario. Valiente v. Carrasquillo, 56 D.P.R. 471, 473 (1940). A pesar de que no se suscitó la cuestión de defensa efectiva del interés de los menores, este Tribunal se anticipó a la actual Regla 50 de Procedimiento Civil al resolver que “se trata de una mera cuestión de forma que no afecta ni pudo afectar los dere-chos sustanciales de estos demandantes. . .”. (Énfasis nuestro.)

La falta de mención de la mujer de modo específico como parte demandada, de llevar a un máximo teórico el rigor de las enmiendas por Ley Núm. 51 de 1976 al Código en materia de administración y representación compartidas, considerados los hechos del presente caso, no tendría más repercusión en la legalidad de lo actuado por el tribunal que la del error no perjudicial al que la Regla 50 de Procedimiento Civil niega consecuencia de dejar sin efecto, modificar, o de otro modo alterar una sentencia u orden a menos que resulte incompatible con la justicia sustancial. Con gran claridad, instruye dicha Regla 50 al final: “Durante el curso del procedimiento el tribunal deberá hacer caso omiso de cualquier error o defecto en el mismo que no afecte los derechos sustanciales de las partes.” La reserva de derecho configurada en la acción independiente de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil está predicada en la justicia fundamental de la reclamación que aquí ni se alega ni se percibe y que deja en descu-bierto el proscrito efecto de perturbar la finalidad de lo ya adjudicado. Cf. Figueroa v. Banco de San Juan, 108 D.P.R. 680, 687-688 (1979).

El presente caso no acusa el estado de indefensión de la mujer por abandono de su interés por el marido en su representación de la sociedad conyugal demandada, por lo que no muestra aquel valor de justicia y la necesidad de su vindicación que movió nuestra consciencia judicial a des-cartar por ineficaz y espuria la representación de la socie-dad por su administrador único en Carrero Suárez, supra, y con mayor razón en la total exclusión de la sociedad en procedimientos de nulidad de su derecho dominical inscrito, causa del pronunciamiento de falta de jurisdicción sobre la esposa afectada en L. Dershowitz & Co., Inc., ante.

El bien argumentado escrito de los recurridos evade los hechos donde radica la esencial distinción y que imponen la inaplicación de las decisiones invocadas en Carrero Suárez y L. Dershowitz & Co., Inc. El debido procedimiento de ley es recurso de excelencia para atender a una apreciable vulneración de derechos básicos, mas no es refugio de supuestos intangibles y abstractos. De ahí la necesidad de que el pleito independiente, aún en mayor grado que la moción de relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 proyecte una virtualidad de derechos suprimidos e interés desamparado que no encontramos en el examen a fondo de esta cuestión litigiosa, que hemos realizado sin depender del equívoco curso de litigación de la sociedad de gananciales.

El resultado a que aquí llegamos no enerva la necesidad de incluir ambos cónyuges como partes y servirles emplazamientos individuales en acciones que afectan el patrimonio de la sociedad de gananciales obviando el riesgo de nulidad, ante la posibilidad de que la defensa del interés social por uno solo no se ejercite con la debida eficiencia, o la existencia de incompatibilidad entre los cónyuges respecto a la defensa de su interés dentro de una sociedad que ambos gobiernan con igual autoridad.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expedirá el auto y la sentencia recurrida será revocada.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado sin opinión. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibieron.

       “(a) Escritura número cuarenta y dos (42) otorgada en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, ante el Notario Público Edilberto Berrios Dávila, de fecha 30 de diciembre de 1974.
      “(b) Plano de Segregación del solar WF-1A de la Urbanización Santa Juanita de Bayamón, P.R.
      “(c) El ‘Plot Plan’ que ilustra donde la casa del demandado debió haberse construido.
      “(d) Retratos de diferentes ángulos de la propiedad objeto de esta contro-versia.”

      No hay explicación para su tardío reclamo post sentencia final y firme, cuando pudo intervenir desde un principio y al menos desde que su marido formuló la moción de Regla 49.2 alegando que hasta entonces no se había ente-rado de la pendencia del pleito.

       Citamos de Carrero Suárez: “Era aún más urgente e imperativo darle a ella participación en el caso en vista de que entre la presentación de la demanda y el juicio en rebeldía transcurrieron más de dos años sin que el marido defen-diera al menos el derecho de la esposa. Hay en el marco de estos hechos la prete-rición de una parte que no ha tenido su día en corte y aun así sufre perjuicio en su derecho de propiedad. La acción civil de la concubina promoviendo la liqui-dación de una comunidad de bienes con un hombre legalmente casado aun cuando incluya al marido como única parte demandada, necesariamente afecta y somete el interés de la esposa en la sociedad de gananciales cuando según ocurre en este caso la comunidad y la sociedad conyugal han coexistido en apreciable contemporaneidad. El derecho de la esposa arranca del régimen ganancial y cla-ramente no depende de la elección de la concubina designándola o no deman-dada.” A las págs. 80-81.

       Art. 93 — Representante de la sociedad conyugal
      “Salvo lo dispuesto en el Artículo 91 [capitulaciones, compras de ambigua latitud, y enajenación de inmuebles], cualquiera de los cónyuges podrá repre-sentar legalmente a la sociedad conyugal.”

      Su moción de Regla 49.2 de 2 abril, 1979 fundada exclusivamente en ale-gación de que nunca fue notificado de la demanda provocó una vista evidenciaría y la Resolución de la Sala de Bayamón de Io junio, 1979, que dice:
      “A la vista de la moción bajo la Regla 49.2 comparecieron las partes por conducto de sus respectivos abogados de récord. Escuchada la evidencia apor-tada por ambas partes, no tenemos duda alguna, en lo absoluto, de que el demandado fue emplazado personalmente en este caso. En virtud de ello, se de-clara sin lugar dicha moción.”


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Carlos A. Márquez, Jr., demandante y recurrido, v. Aurelio Torres Campos, demandado y recurrente.

      Número: R-79-101

      Resuelto: 18 de enero de 1982

      Aurelio Torres Campos, recurrente, pro se; Marcos A. Ramírez Lavandero, de Ramírez & Rivera, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El demandado Aurelio Torres Campos poseía un hato de reses que mantenía en parte de una finca que tenía arrendada en Canóvanas. En 11 de abril de 1975, dichas reses fueron puestas en cuarentena, previa inspección, por autoridades estatales y federales, al hallarse presente el germen de tuberculosis en algunas de dichas reses. La notificación de la cuarentena ordenaba lo siguiente:

Se le prohíbe a usted mover ganado alguno de sus terre-nos bajo cuarentena a menos que sea autorizado por escrito por un veterinario del Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos.

Con posterioridad al 11 de abril de 1975 y hasta el 23 de septiembre siguiente, la finca del demandado fue objeto de varias inspecciones llevadas a cabo por veterinarios de las agencias federales y estatales concernidas, obtenién-dose resultados positivos del germen de la tuberculosis en todas las inspecciones. Como consecuencia de ello, varias novillas del demandado fueron sacrificadas por los funcio-narios gubernamentales. El demandado estuvo presente en todas las inspecciones y sacrificios.

No obstante tener conocimiento de la anterior prohi-bición desde el 11 de abril de 1975, el demandado autorizó a los Sres. Juan Saldaña y Zenén Domínguez, quienes tra-bajaban para él, en algún momento entre el 11 de abril y el 26 de agosto de 1975, a trasladar parte de su hato de la referida finca en Canóvanas a una finca nombrada “Martín González” que el Sr. Saldaña tenía arrendada en Carolina, todo ello sin haber obtenido la autorización gubernamental que era imprescindible. También autorizó a Domínguez a gestionar la venta de dicho ganado.

Posteriormente Domínguez se comunicó con el deman-dante Márquez, quien tenía un negocio pequeño de crianza de ganado e interesaba aumentar la escala de su negocio, y le ofreció en venta unas cabezas de ganado. El mediador Domínguez y el prospecto comprador —el demandante en este caso— visitaron la finca “Martín González”. Puesto que llovía fuertemente al llegar a la finca, no pudieron desmontarse, pero desde la guagua del demandante, pudieron observar como 30 cabezas de ganado pasearse de un lado a otro. Domínguez y el comprador Márquez acor-daron que éste compraría veinticinco (25) novillos de ocho a nueve arrobas de peso cada uno, a razón de $29.00 la arroba. Convinieron reunirse el 23 de septiembre de 1975 (la cuarentena regía desde abril 11) en la romana de Ferdinand Morales en Río Grande para pesar el ganado y perfeccionar la transacción.

El tribunal de instancia determinó que dicho día 23 el demandante se dirigió directamente a Río Grande y allí se encontró con el demandado Torres Campos y sus acom-pañantes. Luego de realizar el pesaje y calcularse el precio a pagar, el demandante Márquez entregó al de-mandado un cheque por la cantidad establecida ($5,234) perfeccionándose y consumándose el contrato de compra-venta de 25 novillos. El tribunal de instancia también con-cluyó que en ningún momento el demandado Torres Campos advirtió al comprador demandante —personalmente o a través de otros— que el ganado provenía de un hato que estaba en cuarentena por tuberculosis. Tampoco el de-mandado tramitó la autorización requerida de las autori-dades gubernamentales para el movimiento de ganado vendido. Igualmente concluyó el tribunal que a pesar de que el demandante había venido dedicándose a la crianza de ganado en pequeña escala por cerca de 5 años, nunca se había enfrentado a, ni estaba relacionado con el procedi-miento de cuarentena.

El demandante trasladó el ganado adquirido del de-mandado a una finca llamada “La Yeyesa” en Salinas, finca que aquél había comprado en ese mismo año de 1975 conforme a su propósito de incrementar su negocio de crianza. Al momento de llevar allí el ganado, Márquez tenía en la finca más de un centenar de cabros que compró tan pronto adquirió la finca.

Posteriormente el demandante Márquez compró ochenta (80) novillos importados de la Florida por los cuales pagó $20,800. Estos novillos habían sido inspeccionados por los veterinarios del gobierno federal antes de salir de Florida y encontrados libres de tuberculosis. Antes de octubre de 1975 el demandante llevó los novillos a la finca “La Yeyesa”, donde estaban los otros veinticinco (25) que había comprado del demandado.

A mediados de octubre de 1975, mes siguiente al de la compra, el demandante fue informado de que había tuberculosis en el ganado adquirido del demandado. Inmedia-tamente se comunicó por teléfono con la División de Vete-rinaria del Departamento de Agricultura local para in-quirir sobre ello, y habló con el Dr. Negrón Ramos quien le confirmó que el ganado del demandado provenía de una finca que estaba en cuarentena y que, por tanto, todo el ganado que tenía el demandante en “La Yeyesa” debía ser inspeccionado a la mayor brevedad.

Del 4 al 7 de noviembre se llevó a cabo la primera inspección por autoridades federales y locales encontrán-dose una cabeza contagiada. Esta tenía una pantalla de identificación indicativa de que provenía de la finca del demandado y que en una inspección anterior había sido encontrada sana. El animal fue sacrificado. Pudieron identificar además otras cinco (5) reses provenientes de la finca del demandado a través de sus respectivas pantallas de identificación. En una segunda inspección realizada del 1 al 5 de marzo de 1976 se encontraron dieciséis (16) cabe-zas contagiadas. Otras cuatro (4) fueron halladas en una tercera inspección llevada a cabo del 11 al 14 de mayo de 1976. Todas fueron sacrificadas, teniendo Márquez que incurrir en gastos por la cantidad de $1,160. Transcurrido algún tiempo durante el cual se estuvo debatiendo y gestio-nando el asunto entre el demandante y el Departamento de Agricultura, el gobierno pagó a Márquez $7,984 por los animales sacrificados.

Desde la primera inspección de la finca del deman-dante entre el 4 y 7 de noviembre, quedó puesta en cua-rentena por haber allí ganado proveniente de la finca del demandado que ya estaba en cuarentena. En consecuencia, se le prohibió al demandante mover ganado o cualquier otro animal de su finca “La Yeyesa”.

En agosto de 1976, diez meses después del hallazgo de la tuberculosis en su finca, Márquez obtuvo autorización para despoblarla. Vendió setenta y siete (77) cabezas por $13,620 y recibió además del gobierno cien (100) dólares de compensación por cabeza para un total de $21,320. Expertos tasadores (dos del Gobierno y uno del deman-dante) estimaron que el valor de esas cabezas era de $28,728. Durante ese tiempo murieron o desaparecieron otras siete (7) cabezas. Los cabros que tenía en la finca tuvieron que ser vendidos en $1,800 y unas gallinas que allí había fueron sacrificadas.

Por orden del gobierno la finca se mantuvo despoblada por tres meses. Al levantarse la cuarentena en enero de 1977 y con el propósito de evitar un nuevo brote de tuberculosis la finca quedó sujeta a regulaciones e inspecciones periódicas por el término de ocho (8) años.

No fue hasta cerca de agosto de 1976, más o menos al comenzar la controversia con el gobierno respecto al dere-cho a compensación por los animales sacrificados y trans-curridos diez meses desde que se descubrió en su finca el germen de la tuberculosis, que el demandante se comunicó con el demandado para informarle sobre los problemas que estaba teniendo respecto al ganado que le había com-prado. Finalmente, el 30 de agosto de 1976 el demandante Márquez instó una demanda contra Torres Campos en la que alegó que la actuación dolosa —o en la alternativa, negligente— del demandado al venderle ganado contami-nado con tuberculosis, le había causado daños consistentes en (1) la pérdida del valor de sus reses, cabros y gallinas, (2) ganancias dejadas de devengar al no poder dedicar la finca a la actividad productiva que se proponía, (3) daños mentales y otros.

En 16 de diciembre de 1976 el demandado presentó una moción de desestimación en la que invocaba la pres-cripción de la acción del demandante por constituir una reclamación por saneamiento, que debía instarse dentro de los 40 días después de la terminación de la compraventa, o, por lo menos, desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento de la “alegada” cuarentena. En la alternativa alegó que la acción apropiada hubiera sido la de rescisión, y que en última instancia la acción por vicios ocultos tam-bién estaba prescrita por el transcurso de seis meses. La moción de desestimación fue denegada. Celebrada la vista en su fondo los díás 9, 10 y 11 de octubre de 1978, se dictó la sentencia objeto de este recurso el 12 de enero de 1979 que declaró con lugar la demanda, condenó al demandado a pagar $34,525 por daños, más costas y honorarios, y declaró sin lugar la reconvención por embargo ilegal que había incoado éste. El demandado solicitó determinaciones adicionales de hecho y reconsideración de la sentencia. Ambas peticiones fueron declaradas sin lugar.

El demandado presentó oportunamente Recurso de Revisión ante nos, el cual declaramos sin lugar. Luego decidimos acoger una Moción de Reconsideración y expe-dimos el auto para revisar. Un examen detenido y cuida-doso de los autos en instancia, de los documentos que obran en autos y de los alegatos de las partes, a la luz de las disposiciones de ley aplicables y la doctrina que pasa-mos a analizar, nos ha dejado convencidos de que debe confirmarse la sentencia recurrida.

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La alegación esencial del demandado recurrente es que la acción de saneamiento por vicios ocultos en animales que debe entablarse dentro de los 40 días de la transacción de compraventa es exclusiva e impide al comprador enta-blar una acción de carácter general como la acción de daños por dolo contractual. Examinada la cuestión dete-nidamente hemos concluido que la acción de saneamiento por vicios ocultos no excluye de por sí otras acciones que puedan ser procedentes bajo las circunstancias especiales del caso, en particular la acción por dolo cuyos propósitos y efectos son distintos de los de la acción de saneamiento. Ha pesado en nuestro ánimo la circunstancia de que la cua-rentena era conocida por el vendedor pero no por el com-prador. Antes de entrar de lleno en la discusión del pro-blema resumamos los principios básicos relativos a cada figura.

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La acción de saneamiento es una acción especial propia de los contratos de compraventa que refleja la obligación del vendedor de garantizar al comprador el uso y disfrute de la cosa objeto del contrato. Presenta dos modalidades: el saneamiento por evicción y el sanea-miento por vicios ocultos en la cosa. Esta última que es la que nos concierne, tiene dos vertientes por las que el comprador puede optar: la acción redhibitoria y la estima-toria o quantiminoris. Mediante la redhibitoria el compra-dor elige la rescisión del contrato que consiste en devolver el objeto y recibir el precio pagado, y en adición puede obtener indemnización de daños si el vendedor conocía el vicio. Mediante la estimatoria elige recibir una rebaja del precio en atención a la disminución de valor ocasio-nada por el defecto.

Pero, además de regular la acción de saneamiento por vicios en general, el Código se dirige al caso particular de los vicios ocultos en animales. El término para ejercer la acción general es de seis (6) meses; en la de ani-males es de cuarenta (40) días. Véanse, Boyd v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 651 (1973); Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971).

III

Examinemos ahora la figura de dolo contractual, que rebasa las figuras del saneamiento por evicción y del saneamiento por vicios ocultos, y que es la que estimamos determinante dentro de los hechos de este caso. Tiene dos aplicaciones fundamentales reguladas por nuestro Código Civil. Su primera aplicación causa la anulabilidad del contrato por vicio en el consentimiento, en el origen del contrato, cuando éste se obtiene a través de maquinaciones insidiosas. Código Civil, 1930, Arts. 1217, 1221 y 1222 (31 L.P.R.A. sees. 3404, 3408 y 3409). Incluye el engaño, el fraude, la falsa representación, la indebida influencia, etc. Cruz v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 76 D.P.R. 312, 319-320 (1954).

Su otra aplicación consiste en el dolo contractual que ocurre en el curso de la consumación del contrato o sea en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, regida por los Arts. 1054 y 1055 (31 L.P.R.A. sees. 3018 y 3019). Respecto al primer artículo —el 1054— (Código español, Art. 1.101) dice Manresa:

Expresión tan amplia comprende como origen de respon-sabilidad cualquier hecho no lícito que pueda, causando per-juicio, alterar el cumplimiento fiel, estricto y normal de las obligaciones, cualquier medio o forma de incumplimiento de éstas, y en tal sentido es precepto, éste que comentamos, que suple el silencio del Código en otros lugares, y permite invocarle en todos los en que pueda haber ocasión de respon-sabilidad, . . . siempre que sea posible la necesidad de la indemnización, y su procedencia no tenga, a más de este apoyo general, una declaración general [sic] y expresa, como la que consigna el Código en ciertas ocasiones. .. .

Al comentar el siguiente Art. 1055, que se refiere específicamente al dolo, señala Manresa que “consiste en el propósito consciente, intencionado, de eludir el cumplimiento normal de las obligaciones”, y observa que la definición no se encuentra en esta parte del Código, y que la que se da en el Art. 1221, supra (1.269 español) no es enteramente aplicable a esta figura de responsabilidad contractual (al dolo) porque “hecha como está para una hipótesis distinta de ésta, se refiere a un aspecto y especie de dolo, al que concurre en el origen de las obligaciones y puede ser causa de nulidad (aunque también de indemnización), y no puede abarcar el total concepto de aquél, ni esta otra manifestación, con la cual aparece en la ejecución de obligaciones ya existentes y es motivo de responsabilidades”. Más adelante añade Manresa que no son sin embargo “entidades completamente independientes”, sino que el concepto jurídico es, “en cierto modo, único”. En síntesis lo caracteriza como la infracción voluntaria y cons-ciente de un deber jurídico que ocasiona al otro contra-tante un perjuicio del que debe responder.

El caso bajo nuestra consideración, según adelantára-mos antes, está predicado en este segundo aspecto del dolo. Por tratarse la alegada actuación dolosa de la ocultación por el demandado de una circunstancia que pudiese cons-tituir un defecto oculto en el objeto vendido y entregado, se presenta el problema de la concurrencia entre las acciones.

Esta cuestión planteada por el recurso es novel en esta jurisdicción. Contrario a lo que sugiere el demandado recurrente, la decisión de este Tribunal en Alonso Hermanos v. Matos, 46 D.P.R. 470 (1934), no obliga a resolver que pasados los 40 días para entablar la acción de saneamiento por vicios en animales el comprador de éstos no tiene ninguna otra causa de acción. En dicho caso el demandante solicitó que se declarara nulo e inexistente un contrato mediante el cual había adquirido ganado, que al momento de la compraventa estaba contagiado con tuberculosis. Ante una alegación del demandado de que la causa de acción estaba prescrita por haber transcurrido el término de cuarenta (40) días, este Tribunal resolvió que en efecto lo estaba porque el Art. 1397 del Código Civil de 1902 —Art. 1383 del Código Civil de 1930 (31 L.P.R.A. see. 3851)— que declara nulos los contratos de venta que tengan por objeto animales que padezcan enfermedades contagiosas, no establece una acción de nulidad absoluta ni una de anulabilidad, sino una instancia de acción redhibitoria a la cual aplica el término de cuarenta días a que están sujetas todas las acciones redhibitorias sobre animales. Fue en ese contexto que expresamos la intención legislativa de sujetar estas acciones a un término limitado, lo cual no indica la intención de impedir otras acciones que procedan.

En posteriores ocasiones este Tribunal ha señalado en términos generales que las acciones de saneamiento no son exclusivas. En González v. Centex Const., Co., etc., 103 D.P.R. 82, 85-86 (1974), dijimos que las reclamaciones por ventas defectuosas no tienen que enmarcarse necesariamente dentro de la acción redhibitoria o la estimatoria. Así expresamos:

Los compradores tienen en estos casos una serie de causas a su disposición, cada cual con sus propios preceptos y prin-cipios. Dependiendo de las circunstancias, puede acudirse, entre otras, a la acción decenal a que alude al [sic] Art. 1483 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4124; a la que fluye de la culpa aquiliana; a la rescisoria por error, dolo o lesión; y a las que deriven de la violación de obligaciones contrac-tuales. El análisis de cada caso depende naturalmente de las figuras jurídicas en juego.

En consecuencia concluimos allí que la prueba y la demanda no establecían una acción estimatoria sino una contractual bajo la garantía que la compañía demandada dio a los compradores de corregir los defectos, y a base de esta figura analizamos los errores alegados, y modificamos la cuantía de daños concedida por el juzgador.

En Ferrer v. General Motors Corp., supra, señalamos que, en casos de vehículos defectuosos, además de las accio-nes de saneamiento por vicios ocultos contra el vendedor —la redhibitoria y la estimatoria— existe la garantía escrita del fabricante del vehículo, que forma parte del contrato de venta. Aunque el caso se resolvió primordial-mente a base de las normas de saneamiento, también se tomó en consideración la existencia de la garantía contractual.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España también se ha inclinado a aceptar que la acción de sanea-miento no excluye otras acciones apropiadas como (1) una acción de daños y perjuicios por incumplimiento de las obligaciones, incuria o negligencia al amparo del Art. 1.101 español (equivalente al 1054 nuestro), sentencia de 6 de mayo de 1911; (2) acción de indemnización por dolo incidental, sentencia de 19 de abril de 1928; (3) acción resolutoria del contrato por no conformarse la cosa entre-gada a lo pactado, sentencia de Io de julio de 1947; (4) inexistencia del contrato por error y dolo al no servir la cosa para los fines a que los compradores querían desti-narla, sentencia de 6 de junio de 1953; (5) acción para obtener reparaciones derivadas del defectuoso cumpli-miento de la obligación contractual, sentencia de 23 de junio de 1965.

En la sentencia de 13 de marzo de 1929 el Tribunal Supremo Español mencionó directrices para diferenciar cuándo la acción ejercitada era propiamente una de saneamiento y no una acción general, al decir que “forzoso se hace distinguir entre aquello que se pide en la demanda que realmente tiene carácter de saneamiento por vicios ocultos de la cosa vendida aun cuando se halle desfigurado para huir de la prescripción especial [de seis meses] y aquello que no lo tiene, toda vez que aun cuando todo proceda de un mismo hecho [,] distintas, aunque compatibles según la sentencia [de 6 de mayo de 1911] antes ci-tada hay que conceptuar las acciones concedidas para su efectividad...”.

Aunque la doctrina española no es uniforme, prevalece la postura de que la acción de saneamiento no excluye de por sí a otras acciones de carácter general. Véanse, Badenes Gasset, El Contrato de Compraventa, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, T. 1, págs. 705, 717-718; Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, T. 4, pág. 130; Manresa, op. cit, T. 10, Vol. 1, págs. 344-345; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. I, pág. 105; J. Santamaría, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1958, T. 2, págs. 523-524; Scaevola, op. cit., págs. 222-224.

La discusión más completa del problema la hace Diego Espín en Concurrencia de la acción de saneamiento por vicios ocultos en la compraventa y de las acciones generales de nulidad, resolución o daños contractuales, 222 Rev. Gen. de Leg. y Jur. 909 (1967). Luego de exponer diversas posi-ciones doctrinales y señalar que la doctrina española “no ha dedicado demasiada atención al tema . . .”, pág. 929, discute jurisprudencia del Tribunal Supremo Español anticipando que “en los no muy numerosos casos en que ha tenido que pronunciarse sobre la concurrencia de acciones de saneamiento por defectos ocultos y otras acciones gene-rales, muestra una orientación favorable a la admisibi-lidad de las acciones generales, siempre que no exista opo-sición con preceptos concretos del saneamiento”, pág. 931. Luego de resumir las sentencias a que nos hemos referido anteriormente Espín expone que hay tres tipos de concu-rrencia de acciones:

(a) Entre la acción de saneamiento por vicios ocultos y la de nulidad por error sustancial o engaño doloso que vicien el consentimiento. Respecto a estos casos la juris-prudencia ha resuelto que no hay incompatibilidad.

(b) Entre la acción de saneamiento por vicios y la acción de daños en relación a la cual la jurisprudencia ha declarado que hay incompatibilidad en la medida que sean incompatibles las respectivas disposiciones, pero no la hay si no existe oposición.

(c) Entre la acción de saneamiento y la acción resoluto-ria a causa de incumplimiento por falta de identidad entre la cosa vendida y la entregada. Entre estas acciones la juris-prudencia ha señalado que no hay incompatibilidad. Págs. 938-939.

Concluye el distinguido autor que el Tribunal Supremo ha actuado con prudencia al mostrar flexibilidad deci-diendo en cada caso particular si la norma especial debe aplicarse excluyendo a la norma general cuando ésta se le oponga, id., pág. 940.

Considerando el análisis que hemos expuesto podemos concluir que: (1) de los hechos de un caso en que se ha vendido un objeto con defectos puede surgir la posibilidad de que se ejercite la acción especial de saneamiento por vicios ocultos y/o una o varias acciones de carácter general las cuales no son incompatibles de por sí; (2) el comprador afectado puede optar por ejercer la acción que estime más apropiada para proteger sus derechos siempre y cuando no haga uso de la acción general para soslayar preceptos relativos a la acción especial que sean aplicables y que sean incompatibles con las disposiciones de la acción general; (3) al dilucidarse cuál entre dos disposiciones incompatibles es la aplicable, deben examinarse las circunstancias particulares del caso y los derechos reclamados por el comprador afectado para determinar si la norma especial es la que aplica y excluye a la general.

El análisis correspondiente de las circunstancias del presente caso demuestra que la acción ejercitada por el demandante no fue la de saneamiento sino la de daños por dolo o negligencia contractual, que ésta era la acción apropiada, y que, por tanto, no aplica el término prescrip-tivo de 40 días que rige las acciones de saneamiento en casos de animales.

<J

Es conveniente reiterar lo expresado anteriormente en el sentido de que el derecho de saneamiento le presenta al comprador dos opciones: la acción redhibitoria para rescisión del contrato y devolución recíproca de las prestaciones objeto del contrato, y en adición, indemni-zación por daños si el vendedor conocía los defectos; y la acción estimatoria para obtener compensación por la dis-minución de valor que el defecto ocasiona en la cosa. Nin-guna de las dos opciones resultaba razonable ni apropiada en el presente caso. Veamos.

En primer lugar, en el mundo contemporáneo de amplia y exhaustiva reglamentación gubernamental que vivimos, el tráfico de ganado enfermo se ha salido del ámbito del Derecho privado regulado por el Código para convertirse en materia de innegable interés público deta-lladamente reglamentado por los Departamentos de Agri-cultura federal y local. En vista de ello, actuó correcta-mente el demandante Márquez cuando al enterarse de que el ganado comprado al demandado Torres Campos pro-venía de una finca que había sido puesta en cuarentena por las mencionadas agencias, procedió a comunicarse con una de éstas y a someterse al procedimiento indicado por las referidas agencias gubernamentales en estos casos. Estimamos que actuó responsablemente al procurar la intervención de las agencias mencionadas antes de dirigirse al vendedor demandado. Asimismo actuó razona-blemente cuando al percatarse de que por la vía del Dere-cho público no habría de obtener una reparación adecuada de los daños que estaba encarando, decidió entablar la re-clamación privada contra el responsable de los daños.

Tales daños se iniciaron en el momento en que el demandante Márquez llevó a su finca las reses contagia-das con el germen de la tuberculosis, cuya circunstancia ignoraba por habérselo ocultado el demandado. La causa de acción del demandante, por tanto, surge no del hecho objetivo del defecto en el objeto del contrato que es lo que da vida a una acción de saneamiento, sino de una circuns-tancia subjetiva provocada por la actuación dolosa del demandado que redundó en unos daños que van más allá del defecto en el objeto del contrato y por tanto están fuera del marco de la figura del saneamiento. Como cuestión de hecho el problema no surgió propiamente del defecto de que adolecían las reses vendidas, que presumiblemente no estaban todas enfermas al momento de la venta, sino que se originó como consecuencia de la presencia del germen contagioso en el hato del cual provenían.

La demanda revela adecuadamente que la causa de acción ejercitada por el demandante no fue la de saneamiento sino la de indemnización por dolo contractual. La prueba sostiene la conclusión del Tribunal inferior sobre su procedencia. Debido a que el perfeccionamiento y la consumación del contrato ocurrieron virtualmente a la vez, la actuación dolosa del demandado, consistente en callar voluntaria y conscientemente respecto a la condición de contagio del ganado afectó ambos momentos del contrato. En otras palabras, el dolo surgió tanto al procurar el consentimiento del comprador como al cumplir con la obligación contractual de entregar el objeto de la compraventa al demandante. El comprador, pues, tiene derecho a recobrar del vendedor los daños que su conducta antijurídica le ocasionó.

V

La conclusión a que hemos llegado nos obliga a exa-minar el planteamiento del demandado recurrente en torno a la mitigación de daños y examinar si las partidas de daños concedidas son recobrables bajo la causa de acción ejercitada.

El tribunal a quo rechazó la alegación de mitigación de daños al sostener que el demandante hizo todo lo que razonablemente podía hacer para enfrentar la situación dañosa provocada por la entrega de ganado proveniente de una finca contagiada. No incurrió en error el tribunal sen-tenciador. Ya hemos dicho que el demandante actuó co-rrectamente al acudir a las autoridades gubernamentales y seguir al pie de la letra los procedimientos establecidos por éstas. Aun cuando hubiera podido separar las reses enfermas de los demás animales, actuación que el tribunal inferior determinó no hubiera variado el efecto de la cua-rentena, sería especulativo señalar que hubiera mini-mizado significativamente los daños pues como ya sub-rayamos éstos empezaron a surgir desde que el comprador Márquez llevó las reses contagiadas a su finca con la con-siguiente introducción del germen. Para el momento en que se enteró de la existencia del germen de tuberculosis, ya poco, si algo, podía hacer para evitar las consecuencias: la cuarentena de su finca, el sacrificio de los animales con-tagiados y la despoblación.

El tribunal sentenciador concedió las siguientes parti-das de daños:

1. gastos en que incurrió el demandante por motivo de las inspecciones: $1,160;

2. pérdida de $3,690 en la venta de los cabros;

3. pérdida de $220 en el sacrificio de las gallinas;

4. ganancia dejada de percibir en el negocio de los cabros: $4,000;

5. ingresos dejados de devengar en el negocio de carne: $22,955;

6. $2,500 por las angustias mentales ocasionadas al demandante al imponerle la cuarentena a la finca, cuyos daños eran previsibles por el demandado.

Todos los daños enumerados están claramente com-prendidos dentro de la responsabilidad por dolo contractual y no se nos ha persuadido de que debamos modi-ficarlos.

La sentencia debe ser confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge, y el Juez Aso-ciado Señor Dávila no intervinieron.

       Rechazó el tribunal los testimonios ofrecidos por testigos del demandado en el sentido de que el demandante se encontró con ellos en Carolina y habían ido juntos a Río Grande, por estimarlos inconsistentes y faltos de credibilidad.

       Código Civil, 1930, Art. 1350 (31 L.P.R.A. see. 3801):
      “El vendedor está obligado a la entrega y saneamiento de la cosa objeto de la venta.”
      Art. 1363 (31 L.P.R.A. see. 3831):
      “En virtud del saneamiento a que se refiere [el Art. 1350], el vendedor responderá al comprador:
      “1. De la posesión legal y pacífica de la cosa vendida.
      “2. De los vicios o defectos ocultos que tuviere.”

      El saneamiento por evicción está regulado en los Arts. 1364 a 1372 (31 L.P.R.A. sees. 3832 a 3840).

      El Art. 1373 (31 L.P.R.A. see. 3841), califica los defectos que dan lugar al saneamiento. Además de no estar a la vista deben afectar el uso a que se destina la cosa.

       Art. 1375 (31 L.P.R.A. see. 3843):
      “En los casos de . . . [saneamiento por vicios ocultos], el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó, o rebajar una cantidad proporcional del precio, ajuicio de peritos.
      “Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indem-nizará de los daños y perjuicios, si optare por la rescisión.”

       Arts. 1380, 1382-1388 (31 L.P.R.A. sees. 3848, 3850-3856). Aunque el Código usa el término de "acción redhibitoria” únicamente en estos artículos relativos a los vicios en animales, el término aplica igualmente a la acción de rescisión en los casos generales. Véase Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1970, T. 23, pág. 186.

       Art. 1379 (31 L.P.R.A. see. 3847) y Art. 1385 (31 L.P.R.A. see. 3853).

       Art. 1217:
      “Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo.”
      Art. 1221:
      “Hay dolo cuando con palabras o maquinaciones insidiosas de parte de uno de los contratantes, es inducido el otro a celebrar un contrato que, sin ellas, no hubiera hecho.”
      Art. 1222:
      “Para que el dolo produzca la nulidad de los contratos, deberá ser grave y no haber sido empleado por las dos partes contratantes.
      “El dolo incidental sólo obliga al que lo empleó, a indemnizar daños y perjuicios.”

       Art. 1054:
      “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados, los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.”
      Art. 1055:
      “La responsabilidad procedente del dolo es exigible en todas las obligacio-nes. La renuncia de la acción para hacerla efectiva, es nula.”

       Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. 8, Vol. 1, pág. 172.

        ld., pág. 209.

         Id., págs. 209-210 (énfasis en el original).

        Id., pág. 211.

        id., pág. 212.

      En la primera edición de esta misma obra, a las págs. 181-132, Puig Brutau concluía su discusión de la cuestión apuntando que no se debía discutir y resolver el problema a base de expresiones legislativas confusas, sino a base de un balance de conveniencia social respecto a si el perjudicado debe estar sujeto a un período de prescripción de seis meses o el de cuatro años de las acciones de nulidad a las que se refería.

       La principal discrepancia entre los tratadistas y comentaristas no es en torno a la admisibilidad de las acciones generales sino en cuanto a cuáles de éstas son excluidas por la acción de saneamiento y cuáles no.

       Véase la nota 5 y el texto a que se refiere.

      La doctrina acepta que el callar sobre una circunstancia tan importante como la aquí presente, constituye dolo. Manresa por ejemplo, al discutir la posi-ble concurrencia de la acción de saneamiento con la de dolo dice que “si el ven-dedor conocía los defectos y no los manifestó al comprador, se puede decir que procedió con verdadero dolo . . .”, op. cit., T. 10, Vol. 1, pág. 344. Véase también, Puig Brutau, op. cit., págs. 97-98.

       Aunque el dolo no se presume, no tiene que probarse directamente y puede inferirse de evidencia circunstancial como cualquier otro hecho. Véase García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383 (1974). Hay suficiente evidencia para inferir que el demandado ocultó todo el asunto de la cuarentena intencional y no accidentalmente.

      El tribunal hizo el siguiente cálculo: Las 105 cabezas de ganado que tenía el demandante en su finca costaron $26,034. Al sacrificar unas y vender otras recibió $29,254 para una ganancia de $3,220. Según lo estipulado por las partes, de haber podido criar el ganado y venderlo posteriormente como era el propósito del Sr. Márquez, hubiese tenido un ingreso de $26,175 por lo que habiendo obtenido sólo $3,220, dejó de devengar $22,995.

       Véase: Art. 1059 (31 L.P.R.A. see. 3023):
      “La indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en las secciones siguientes.”
      Art. 1060 (31 L.P.R.A. see. 3024), segundo párrafo:
      “En caso de dolo responderá el deudor de todos los [daños y perjuicios] que conocidamente se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación.”
      Sobre la procedencia de daños morales en reclamaciones de carácter contractual, véase Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967).


text:
    Belén Fidalgo Colón, recurrida, v. Administración del Derecho al Trabajo, peticionaria.

      Número: O-79-521

      Resuelto: 19 de enero de 1982

      José Ramón Pérez Hernández, abogado de la peticionaria; Rafael Adolfo de Castro, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso plantea un aspecto de la transición entre la Ley de Personal de 1947, Ley Núm. 345 de 12 de mayo, y la nueva Ley de Personal, la Núm. 5 de 14 de octubre de 1975: si un empleado regular de una agencia totalmente comprendida dentro del Servicio Exento bajo la Ley de 1947 que fue ascendido como empleado regular a un puesto en el cual prestaba servicios directamente al jefe de la agencia, tiene derecho, al entrar en vigor la nueva Ley de 1975 y convertirse el puesto que tenía en uno de confianza, a ser reubicado en un puesto de carrera reteniendo el sueldo del puesto anterior.

El 13 de junio de 1973 la recurrida Belén Fidalgo Colón comenzó a trabajar en la Administración del Derecho al Trabajo (A.D.T.) como Técnico de Planificación V. Con-forme la ley especial que creó la A.D.T., Ley Núm. 115 de 21 de junio de 1968, todo el personal de dicha agencia per-tenecía al Servicio Exento comprendido bajo la Ley de Personal de 1947, pero estaba protegido por los principios del sistema de mérito.

Estando devengando un sueldo de $940 mensuales como empleada regular, el 16 de septiembre de 1975 la recu-rrida fue seleccionada para ocupar, mediante ascenso sin oposición, el puesto de Ayudante Especial I con un sueldo de $1,250. Como incumbente de este puesto debía asesorar y prestar servicios directamente a la Administradora de A.D.T. Varias semanas después, en 14 de octubre, se aprobó la nueva Ley de Personal de 1975, la que entró en vigor en 14 de octubre de 1976, Sec. 10.7. El Art. 9 de dicha ley convirtió el puesto de Ayudante Especial I que ocupaba la recurrida en uno de confianza bajo el nuevo sis-tema de clasificación de personal. Surge de las determi-naciones de hecho del Oficial Examinador designado por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P.) que, transcurrido el año de período probatorio, se cambió el nombramiento de la recurrida como Ayudante Especial I de “exento-probatorio” a “exento-regular”. A pesar de que el año se cumplió en 15 de sep-tiembre de 1976, la fecha de cambio que aparece en el Informe de dicho Oficial Examinador es la de 15 de diciembre de 1976. El 29 de diciembre de 1976 a solicitud de la propia recurrida se le reubicó como Especialista en Planificación, un puesto de carrera con un sueldo de $1,281. El 31 de octubre de 1977 la nueva Administradora de A.D.T. anuló esta reubicación al puesto de Especialista en Planificación, por haberse hecho en violación de la prohibición contra transacciones de personal en los perío-dos pre y post-eleccionarios dispuesta por la See. 4.7 de la Ley de Personal de 1975. En consecuencia se ordenó la reinstalación de la recurrida a un puesto de carrera como Técnico de Planificación con un sueldo de $998, puesto como el que ocupaba la recurrida antes de ser ascendida a Ayudante .Especial I.

La empleada recurrida instó apelación ante la Junta de Apelaciones la que determinó que la recurrida tenía dere-cho a recibir un sueldo igual al que recibía como Ayudante Especial I por haber estado ocupando dicho puesto como empleada regular bajo la Ley de 1947. Determinó, además, que tenía derecho a recibir el diferencial correspondiente entre el sueldo de Ayudante Especial I y el de Técnico de Planificación. A.D.T. acudió en revisión ante el Tribunal Superior el cual confirmó la decisión de la Junta de Apela-ciones. A.D.T. recurre ante nos.

La contención principal de la agencia peticionaria es que bajo las disposiciones de la Ley de 1947 y de la ley que creó a A.D.T., 29 L.P.R.A. see. 1108, ante, el puesto de Ayudante Especial I que ocupaba la recurrida antes de la reubicación anulada no podía ser clasificado como regular porque siendo de aplicación los principios del sistema de mérito y tratándose de un puesto en que se prestaban ser-vicios directamente al jefe de la agencia, la autoridad nominadora debía tener entera libertad para nombrar y remover al incumbente, y que, por lo tanto, la recurrida no tiene derecho a retener el sueldo que ganaba en dicho puesto de Ayudante Especial I. Por fundamentos distintos a los invocados por la agencia peticionaria estimamos que la recurrida no debe prevalecer.

Según se ha explicado precedentemente, antes de entrar en vigor la nueva Ley de Personal, la recurrida ocupaba un puesto en el Servicio Exento estando sus derechos regi-dos por el reglamento de A.D.T. entonces vigente, Regla-mentó de Personal Exento de la Administración del Dere-cho al Trabajo. Dicho reglamento definía el concepto de nombramiento regular en los siguientes términos:

3) Clases de Nombramiento

A) Nombramiento Regular

Se extenderá a empleados probatorios debidamente califi-cados que hayan aprobado el período probatorio. Este nom-bramiento sigue en vigor mientras el empleado rinda una labor satisfactoria y mientras sean necesarios sus servicios. Art. V, Sec. 5, pág. 13.

Debemos distinguir entre el concepto de empleado con nombramiento regular adoptado en el reglamento de A.D.T. bajo la anterior ley, y el de empleado de carrera creado por la nueva Ley de Personal de 1975. Tales empleados regulares de la agencia peticionaria no se con-virtieron automáticamente en empleados de carrera bajo la nueva ley. Los empleados regulares de la A.D.T. pasaron a ser empleados de carrera unos y de confianza otros al aprobarse la nueva ley.

En consecuencia, la clasificación de la recurrida como empleada regular en el puesto de Ayudante Especial I no le daba derechos de permanencia equivalentes a los que la Ley de Personal de 1975 concedió a los empleados de ca-rrera, y dicho nombramiento no violentó los principios del sistema de mérito.

En vista de que el nombramiento como empleada regular en el puesto de Ayudante Especial I no le daba a la recurrida derecho, a continuar en el puesto como si fuera una empleada de carrera al entrar en vigor la nueva Ley de Personal de 1975, debemos examinar qué expectativas legales tenía la recurrida sobre su empleo, puesto y sueldo.

Cuando la recurrida comenzó a trabajar en la Adminis-tración del Derecho al Trabajo como Técnico de Planifi-cación V en 1973, adquirió una expectativa de permanen-cia como empleada de A.D.T. al amparo del Reglamento de Personal de la agencia y el sistema de mérito que en él se expone. Aunque el puesto de Ayudante Especial I al que fue luego ascendida conllevaba responder y asesorar directamente al jefe de la agencia por lo que de acuerdo al sistema de mérito la autoridad nominadora tenía entera libertad para seleccionar y remover a los incumbentes de dicho puesto, la recurrida no perdió sus expectativas de permanencia cuando aceptó el ascenso. Ni en la Ley de Personal de 1947 entonces vigente, ni en el Reglamento de A.D.T. se establecía o se advertía que la aceptación del cargo de Ayudante Especial I conllevaba renunciar a los derechos de permanencia que la recurrida había adquirido en su puesto de Técnico de Planificación V.

Al convertirse el puesto de Ayudante Especial I en uno de confianza bajo la nueva Ley de Personal, la recurrida mantuvo sus derechos de permanencia. El Art. 9 de dicha ley, 3 L.P.R.A. see. 1421, dispone:

(9) Los empleados que a la vigencia de esta ley estén pres-tando servicios en el Gobierno Estatal en puestos compren-didos en el Servicio por Oposición, el Servicio sin Oposición o el Servicio Exento, conforme a las disposiciones de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, o de leyes especiales, o en los Gobiernos Municipales, conservarán todos los derechos adquiridos, conforme a las leyes, normas y reglamentos que les sean aplicables siempre que los mismos no sean incompatibles con las disposiciones de este Capítulo, y estarán sujetos a los mismos deberes y obligaciones. (Énfa-sis suplido.)

Por otro lado el Reglamento de Personal: Áreas Esen-ciales del Principio de Mérito, señala en su See. 5.5 que “[s]i a un empleado de carrera con status regular se le nombra en un puesto de confianza, del cual sea removido posteriormente, tendrá derecho a ser reinstalado en un puesto igual o similar al que ocupaba en el servicio de ca-rrera al momento en que pasó a ocupar el de confianza, preferiblemente en la misma agencia. . Aunque la ci-tada disposición no le es de aplicación por ser su vigencia posterior al momento en que la recurrida pasó a ocupar el puesto de Ayudante Especial I, por lo menos es indicativa de que la aplicación del sistema de mérito no implica que al aceptar el puesto de Ayudante Especial I, la recurrida perdiera sus expectativas de permanencia como empleada de A.D.T., sino que por el contrario dicho sistema de mérito es compatible con el derecho de la recurrida a retornar a un puesto igual o similar al de Técnico de Pla-nificación V al removérsele del puesto de Ayudante Especial I.

Sin embargo, al pasar a ocupar dicho puesto de Ayu-dante Especial I y adquirir posteriormente status regular, no adquirió expectativa legal alguna sobre ese puesto particular. Como ya hemos señalado, aun antes de ser clasifi-cado como un puesto de confianza por la nueva Ley de Personal de 1975, como el puesto conllevaba asesorar y prestar servicios directamente al jefe de la agencia, estaba sujeta a libre remoción conforme a los principios del sis-tema de mérito. Por lo tanto, el Art. 9(9) de la Ley de Personal de 1975, ante, que solo garantiza a todos los empleados públicos los derechos adquiridos bajo el anterior estado de derecho, no opera para garantizarle a la recurrida el derecho a permanecer en dicho puesto y a mantener el sueldo que a él corresponde.

Cuando el puesto de Ayudante Especial I que ocupaba la recurrida se convirtió en uno de confianza, ésta tenía derecho a ser reubicada en un puesto de carrera similar al que ocupaba originalmente, pero dicha reubicación no podía hacerse en el período de moratoria. Así lo reconoció la Administradora de la agencia peticionaria cuando al anular la reubicación ilegal ordenó su reinstalación en un puesto de Técnico de Planificación. Pero no tenía derecho la recurrida a permanecer en el puesto de Ayudante Especial I, ni a retornar a dicho puesto una vez se anuló la reubicación ilegal. En consecuencia, resolvemos que la recurrida no tenía expectativa legal sobre el sueldo co-rrespondiente al puesto de Ayudante Especial I, y al proceder la reinstalación a un puesto similar al que ocu-paba originalmente, una vez anulada la reubicación ilegal, no tiene derecho a seguir devengando el sueldo de Ayu-dante Especial I.

En vista de los fundamentos expuestos, se revocará la sentencia recurrida, que confirmó la decisión de la Junta de Apelaciones que determinó el derecho de la empleada recurrida a recibir un sueldo igual al que recibía como Ayudante Especial I, y en su lugar se reconoce su derecho a recibir el sueldo de $998 que corresponde actualmente al puesto de Técnico de Planificación que ocupaba como empleada regular antes de ser designada Ayudante Especial I.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       29 L.P.R.A. see. 1108:
      “La Administración tendrá ... todos los derechos y poderes ... necesarios ... incluyendo, aunque sin limitación, los siguientes:
      “(d) Nombrar y emplear personal, y contratar trabajadores, oficiales, agentes, empleados ... o técnicos y compensar esos servicios y fijar y pagar cua-lesquiera otros emolumentos. A excepción de lo dispuesto en la see. 1152 de este título [sobre empleados transferidos de otras agencias], todo el personal de la Administración estará clasificado en el Servicio Exento bajo la Ley de Personal. La Administración adoptará un reglamento interno de personal el cual deberá estar basado en los principios básicos del sistema de mérito.” (Énfasis suplido.)

       El Art. 9 de la Ley de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1421) dice:
      “(6) Los empleados que a la vigencia de esta ley estuvieren ocupando puestos en agencias, o subdivisiones de éstas que en su totalidad están comprendidas en el Servicio Exento a virtud de las disposiciones de la Ley núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, o de leyes especiales, las cuales pasen a ser Administra-dores Individuales a virtud de las disposiciones de la see. 1343 de este título [See. 5.3 de la Ley], serán empleados de carrera o de confianza conforme a los criterios establecidos en las sees. 1350, 1351 y 1352 de este título [Secs. 5.10, 5.11 y 5.12 de la Ley].”
      La referida See. 5.3 de la ley convierte a la A.D.T. en administrador individual por ser una agencia que por ley especial estaba hasta entonces totalmente comprendida en el Servicio Exento.
      Según la Sec. 5.10 son empleados de confianza aquellos “que intervienen o colaboran sustancialmente en la formulación de la política pública, que asesoran directamente o que prestan servicios directos al jefe de la agencia..
      Véase, además, la See. 5.2 del Reglamento de Personal en las áreas esenciales al principio de mérito de la Administración del Derecho al Trabajo.

       3 L.P.R.A. see. 1337:
      “A los fines de asegurar la fiel aplicación [del principio] de mérito en el ser-vicio público durante períodos pre y post eleccionarios, las autoridades deberán abstenerse de efectuar cualquier transacción de personal que envuelva las áreas esenciales al principio de mérito, tales como nombramientos, ascensos, descensos, traslados y cambios de categoría de empleados.
      “Esta prohibición comprenderá el período de dos meses antes y dos meses después de la celebración de las Elecciones Generales en Puerto Rico. En el caso de los municipios se entenderá que la prohibición se extiende hasta el segundo lunes del mes de enero siguiente a dichas Elecciones Generales.
      “Se podrá hacer excepción de esta prohibición por necesidades urgentes del servicio, previa la aprobación del Director, conforme a las normas que se esta-blezcan mediante reglamento.”
      No está en controversia que la reubicación violó esta prohibición y que procedía la anulación.

       Las otras clases de nombramiento que definía el reglamento son: el tem-porero, de emergencia, por contrato, y por “servicio de trabajadores”.

       Art. 9 de la Ley de Personal, ante, escolio 2.

       Véanse específicamente la definición de empleado regular citada prece-dentemente y las disposiciones sobre cesantía y destitución en el Art. VI de dicho Reglamento.

       Manual de Reglamento de Personal, pág. 22.

       Véase Pierson Muller II v. Feijoó, 108 D.P.R. 261 (1978).