author: El Juez Asociado Señor Negrón García del Juez Asociado Señor Díaz Cruz al que se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Camila Canales Velázquez, demandante y recurrida, v. Miguel A. Rosario Quiles, demandado y recurrente.

      Número: R-77-201

      Resuelto: 16 de octubre de 1978

      Ludwig Ortiz Belaval y Samuel D. Pagan Ayala, abogados del recurrente; Santiago Polanco Abren, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Mientras la Sra. Camila Canales Velázquez discurría por el carril izquierdo de la Avenida Baldorioty de Castro en San-turce, le estalló una de las gomas traseras de su vehículo; de inmediato hizo señales y obtuvo permiso de paso de los con-ductores que transitaban por el carril del centro para alcan-zar el derecho y allí cambiar la llanta; e inmediatamente se dirigió diagonalmente al carril derecho — por el cual no discu-rría ningún auto — y mientras enderezaba su vehículo oyó un chillido de gomas y pudo observar por su espejo retrovisor que del carril del centro había salido un automóvil en direc-ción a la trocha que ella estaba ocupando, el cual, conducido por su dueño el Sr. Miguel A. Rosario Quiles la impactó por la parte derecha trasera. Los autos no sufrieron grandes daños y al parecer, tampoco sus ocupantes.

No obstante, al otro día la señora Canales Velázquez fue llevada al Hospital Presbiteriano quejándose de fuertes dolo-res en la región del cuello. En dicha institución recibió tra-tamiento ambulatorio debido a que las radiografías que le tomaron de la región cervical no mostraban nada anormal. Sin embargo, por persistirle los dolores en el área, acudió a la Administración de Compensaciones por Accidentes de Auto-móviles (A.C.A.A.) siendo referida al ortopeda Dr. Ma-rino Rodríguez, quien la evaluó y remitió al neurólogo Dr. Gerry Anderson, quien comenzó su tratamiento. Ante ambos galenos la señora Canales se quejaba de dolores de espalda hacia la región cervical y lumbosacral, sensaciones de ador-mecimiento y debilidad en el lado izquierdo del cuerpo. El examen del Dr. Anderson reveló espasmos musculares agudos, limitación de movimiento en las regiones cervicales y lumbo-sacrales e inflamación en los músculos pectorales izquierdos. Por dicho cuadro le prescribió una serie de medicamentos, y la refirió a la fisiatra Dra. Mercedes Stefani, quien la sometió a un riguroso programa de terapias y le recomendó el uso de un collar cervical.

Así las cosas y ante el hecho de que no mejoraba la con-dición de la paciente, se le practicaron nuevos estudios que revelaron qúe uno de los nervios estaba pinchado a uno de los discos intervertebrales. () Para corregir tal condición, la señora Canales fue referida al neurocirujano Dr. Nathan Rifkinson, quien la sometió a una intervención quirúrgica. Luego de tal operación, se reanudó el tratamiento y la terapia de la paciente, ya que los padecimientos aunque en grado menor han persistido especialmente en la región cervical, pro-vocando que ésta no pueda doblarse, levantar peso, ni estar mucho de pie, ni sentada como tampoco caminar mucho.

Concurrente con el tratamiento, la señora Canales Veláz-quez radicó demanda en daños contra Rosario Quiles impu-tándole negligencia y haber sufrido como consecuencia del accidente, dolorosas lesiones, consistentes éstas en una torce-dura () cervical!) (cervical sprain or whiplash) y una tor-cedura lumbosacral (lumbosacral sprain) () de las cuales ha estado recibiendo intensos tratamientos desde el otro día del suceso que la mantuvieron imposibilitada de trabajar por un período de dos meses. Reclamó $30,000.00 por las lesiones físi-cas, $15,000.00 por los sufrimientos y angustias mentales, $200.00 para la reparación de su automóvil y $10,000.00 de honorarios de abogado. El demandado Rosario Quiles con-testó aceptando la ocurrencia del accidente y negando que el mismo se debiera a su culpa o negligencia. Alegó que la de-mandante, sin hacer las señales requeridas por la ley, negli-gentemente había invadido el carril por donde él discurría. Reconvino por la suma de $35.00 para reparar su auto y $50.00 por pérdida de uso del mismo.

Previa vista en su fondo el tribunal de instancia dictó sen-tencia declarando con lughr la demanda y condenando al de-mandado a satisfacer la cantidad de $20,000.00 por los daños físicos y angustias mentales;!) intereses sobre esa suma, costas y gastos del pleito y $400.00 por concepto de honorarios de abogado. La reconvención fue desestimada.

A solicitud del demandado y en consideración a los si-guientes errores, expedimos auto de revisión:

PRIMERO: “Cometió error el Tribunal Sentenciador al con-cluir y resolver que era admisible evidencia sobre daños que ale-gadamente sufriera la parte demandante, daños que no fueron expresamente alegados en la demanda y que en ninguna otra forma fueron informados al demandado recurrente.”
SEGUNDO: “Cometió error el Tribunal al no imponer nin-gún grado de negligencia a la recurrida al no aplicar la doctrina de negligencia comparada.”
TERCERO: “Erró la Sala Sentenciadora al estimar los daños y al establecer que había una relación causal entre los mismos y el accidente, según apreció la prueba.”
CUARTO: “Erró el Tribunal de Primera Instancia al apre-ciar la prueba relacionada con la forma en que ocurrió el acci-dente.”
QUINTO: “Erró el Tribunal Sentenciador al condenar al re-currente al pago de costas, gastos, $400.00 en concepto de hono-rarios de abogado e intereses sobre la sentencia de $20,000.00 desde el momento de la radicación de la demanda.”
SEXTO: “Cometió error el Tribunal al estimar los daños re-cibidos por la demandante en $20,000.00.”

I

Mediante el primer error el recurrente cuestiona la admisibilidad de prueba sobre daños no alegados expresamente en la demanda ni informádosle de otro modo. Se refiere a las lesiones relativas a los nervios cervicales, la de los discos que conllevó una operación, los espasmos musculares y uso del collar cervical. Nuestro análisis refleja que efectivamente la sala sentenciadora admitió prueba de tales lesiones bajo la teoría de que estaban eslabonadas y eran consecuencia de los daños alegados en la demanda;!) al emitir su dictamen las consideró para fines de la compensación.

El error no fue cometido. Primeramente, el recurrente conocía desde enero de 1975 el ámbito y seriedad de las lesio-nes por la información consignada en la respuesta número 23 del interrogatorio que cursara a la reclamante. En la res-puesta se brinda un cuadro global de las múltiples dolencias, tratamientos, médicos que intervinieron, incluyendo data so-bre la operación quirúrgica con carácter correctivo planeada para dicho mes, acompañándose los documentos corrobora-tivos de estos extremos. Ante este conocimiento, no puede que-jarse de sorpresa alguna.

Y en segundo lugar, la evidencia cuestionada ante nos surgió del testimonio de la propia demandante, quien descri-bió en detalle todos los padecimientos que había venido su-friendo con motivo del accidente (T.E. págs. 25-33). Tocaba a la parte demandada en dicha etapa objetar su admisibili-dad; al no hacerlo, () brindó implícitamente su consenti-miento y permitió se estimaran enmendadas las alegaciones según lo dispuesto en la Regla 13.2 de las de Procedimiento Civil. Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585 (1962); Doyle v. Polypane Packaging Co., 80 D.P.R. 224 (1958); Betancourt v. U.S. Fidelity and Guaranty Co., 78 D.P.R. 650 (1955); Arvelo v. Román, 65 D.P.R. 743 (1946). Tampoco eran procedentes las objeciones en torno a la declaración de la Dra. Mercedes Stefani, en cuanto a la hospitalización de la demandante y las lesiones. En el momento de las mismas, según expuesto, las alegaciones habían sido enmendadas por prueba no objetada.

HH

El segundo señalamiento versa sobre la aplicabilidad o no de la doctrina de negligencia comparada en virtud de los si-guientes hechos sobre los cuales no hay controversia: (1) ex-plosión de la llanta del automóvil con la necesaria maniobra de cambio de carriles; y (2) que la demandante no usaba los cinturones de seguridad disponibles al momento del accidente.

Atendamos primeramente el apuntamiento relacionado con la explosión de la llanta y sus efectos. A juicio del demandado recurrente se le debe imponer responsabilidad a la parte de-mandante por mantener las ruedas de goma de su automóvil sumamente gastadas, () ya que en Puerto Rico se exige que los dueños y conductores de vehículos de motor los mantengan en buenas condiciones.!) Aunque sin decirlo, taxativamente el argumento presupone que la explosión fue causada por el estado de deterioro de la llanta y no otra causa.

Ante el hecho básico e irrefutable de que el neumático que estalló estaba desgastado, podemos inferir y concluir como correcta la premisa antes expuesta. Ante esta realidad opinamos que la demandante fue negligente por tal actuación, máxime habiendo ella aceptado tener conocimiento de la condición precaria de dicho neumático. () El deterioro del neumático y su explosión fue la causa inicial de una serie de eventos que finalizaron en la ocurrencia del accidente, y su relevancia en el presente cuadro de hechos fue decisiva. Exigió de la demandante la inmediata maniobra de emergencia relativa a los cambios de dos carriles en una vía principal transitada por otros vehículos; debió prever que mantener una goma en ese estado podía producir o contribuir a un accidente. Pérez Rivera v. Olazagasti Fiol, 90 D.P.R. 779 (1964) y Quiñones v. Hertz Rent A Car, 106 D.P.R. 533 (1977). Estimamos que tal actuación debe reducir su compensación en un veinticinco por ciento (25%). Según dijimos en Rivera v. Rivera Rodríguez, 98 D.P.R. 940, 943 (1970) y reafirmamos en la presente :

“El dueño y operador de un vehículo de motor tiene el deber de ejercer cuidado ordinario para que el vehículo esté en condi-ciones de razonable seguridad mecánica y adecuadamente equi-pado, según sostiene correctamente la parte recurrente. Entre esos deberes está el de ejercer cuidado razonable en la inspección del vehículo para descubrir defectos o averías que impidan su operación normal, dentro de un marco de razonable seguridad. De ahí que se le impute el conocimiento de defectos latentes o defectos que una inspección razonable hubiese descubierto.”

El segundo aspecto es novel y nos permite pautar una norma sobre el uso de los cinturones de seguridad en nuestro país. Ello exige una breve exégesis en torno al impacto jurí-dico que ha tenido y tiene tal medida de seguridad en otras jurisdicciones y en Puerto Rico.

Hasta hace unas décadas el énfasis en la industria auto-motriz era concentrar sus mejores esfuerzos en el diseño, estilo, velocidad y otros lujos — algunos necesarios y otros no —al manufacturar vehículos de motor. La potencia alcan-zada en los motores, la multiplicación de conductores y ve-hículos, unidos al desarrollo de vías y expresos de gran veloci-dad, tuvo como consecuencia un aumento en personas muertas e incapacitadas, víctimas de accidentes. González v. Seatrain Lines of P.R., 106 D.P.R. 494 (1977). Las estadísticas anua-les de estos casos incrementaron notablemente, hasta que se desarrolló una clara conciencia de que en cierto grado algunas de estas fatalidades o lesiones graves podían evitarse o miti-garse. La atención se enfocó sobre ciertas medidas de seguri-dad básicas, sencillas y económicas entre las cuales se des-tacó el cinturón de seguridad. Con el advenimiento de este aditamento — como medio efectivo de evitar y disminuir al-gunas lesiones físicas ocasionadas por accidentes vehiculares —en la década de los años 60 comenzó en los Estados Unidos un movimiento por parte de las legislaturas estatales que cul-minó con la aprobación de múltiples leyes requiriendo que los vehículos viniesen equipados con los mismos.

Aunque originalmente se debatió su efectividad, al presente no existe polémica sustancial al respecto. Se acepta que los cinturones de seguridad evitan o reducen los daños ocasionados por el “segundo accidente”, que es aquel que ocurre cuando el cuerpo del ocupante viene en contacto con el interior del vehículo luego de recibir el impacto inicial del “primer accidente”. () Seat Belt Negligence in Automobile Accidents, 1967 Wis. L. Rev. 288, 292; The Seat Belt Defense —The Sophist’s Escape, 41 Temp. L.Q. 126, 131 (1967); Kircher, The Seat Belt Defense — State of the Law, 53 Marq. L. Rev. 172, 183 (1970); Bowman, Practical Defense Problems — The Trial Lawyer’s View, 53 Marq. L. Rev. 191, 195 (1970); McCann, The Seat Belt Defense in Canada, 42 Sask. L. Rev. 75, 88 (1977).

Se pone en práctica un principio elemental aceptado en la disciplina de la Ciencia Física. Se amortigua la acción gene-rada por una colisión entre dos cuerpos — automóviles y otros objetos — mediante un mecanismo, cinturón de seguridad, que interrumpe y regula — cambiando, modificando o disminu-yendo — el contacto, choque y desplazamiento natural e incon-trolable de un cuerpo humano con los interiores de un ve-hículo, producido por la intensidad de la referida fuerza inicial.

Sin embargo, su existencia dio pie a que surgieran una serie de controversias respecto a cómo quedarían afectadas las personas en sus reclamaciones judiciales por daños físicos a causa de un accidente vehicular, al demostrarse que al mo-mento del suceso no usaban tales cinturones. Torts: Negligence in Failure to Use Seat Belts, 52 Minn. L. Rev. 918, 923 (1968); The Emerging Seat Belt Defense: Two Views, 5 Akron L. Rev. 129, 142 (1972); Self-Protective Safety Devices: An Economic Analysis, 40 U. Chi. L. Rev. 421, 435, n. 51 (1973).

Varios estados — Iowa, Maine, Minnesota, Tennessee y Virginia () — reaccionaron aprobando legislación que expre-samente declaraba inadmisible en una acción por daños, prueba sobre la no utilización de los cinturones de seguridad del vehículo, o que de admitirse no se estimaría como eviden-cia indicativa de negligencia. The Emerging Seat Belt Defense: Two Views, supra. En otros estados los foros judiciales, debido a la falta de directrices legislativas, asumieron dife-rentes posturas. Algunos consideraron que el no uso de los cinturones era constitutivo de negligencia per se, otros lo estimaron como negligencia contribuyente y por último, algunos entendieron que ello impedía al afectado recobrar los daños que su uso hubiese evitado, o sea, aplicaron una dimen-sión de la doctrina de mitigación de daños. Kircher, The Seat Belt Defense — State of Law, supra, pág. 173; Mitigation of Damages — Use of Seatbelt, 80 A.L.R.3d 1033; Spier v. Baker—Negligence—Seat Belts — Mitigation of Damages, 3 Hofs-tra L. Rev. 883, 887 (1975); Automobile Occupant’s Failure to Use Seat Belt as Contributory Negligence, 15 A.L.R.3d 1428; Note, Seat Belt and Contributory Negligence, 12 S.D. L. Rev. 130 (1967). Con respecto a la primera postura, es menester indicar que la mayoría de los tribunales se negaron a aplicarla debido a la ausencia de estatutos que dispusieron el uso compulsorio de los cinturones de seguridad; y que los que lo hicieron fue vía la doctrina del “hombre prudente y razonable”. Kircher, The Seat Belt Defense — State of Law, supra, pág. 174; Fischer, The Medical and Legal Problems Arising From the Failure to Wear Seat Belts, 27 U. Miami L. Rev. 130, 141 (1972); Spier v. Baker — Negligence—Seat Belts — Mitigation of Damages, supra, pág. 887. Un ejemplo de ello lo constituye el caso de Bentzler v. Braun, 149 N.W.2d 626 (1967), en el cual el Tribunal Supremo de Wisconsin, en ausencia de ley sobre el asunto, decidió que constituía negli-gencia el no uso de los cinturones, ya que un hombre prudente y razonable podía prever que para su debido cuidado debía ajustarse los mismos.

En nuestro país no fue hasta el año 1973 que se aprobó una directriz legislativa respecto al uso de los cinturones. En virtud de las Leyes Núms. 55 y 56 de 30 de mayo de 1973 — que adicionaron las Secs. 5-1123 y 6-306, respectivamente, a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, con vigencia al 1 de enero de 1974 — se hizo compulsorio su uso, () y se indicó qué clase de vehículos deberían estar equipados con los mismos. ()

Apenas pasado un año, la Legislatura derogó tales medi-das mediante la Ley Núm. 176 de 23 de julio de 1974 y en sustitución promulgó las Secs. 5-1401-5-1404 del Art. XIV de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico. Respecto a la obligatoriedad, en lo pertinente estatuyó:

“(a) Toda persona que conduzca o viaje como 'pasajero por las vías públicas en un vehículo de motor que deba estar equipado con cinturones de seguridad de acuerdo a la Sección 5-1401 de esta ley cuyos cinturones estén disponibles y en condiciones para su uso, vendrá obligada a ajustarse alrededor del cuerpo y a abrocharse dichos cinturones mientras el vehículo se está condu-ciendo por las vías públicas.” (Bastardillas nuestras.) 9 L.P.R.A. see. 1212.

Esta versión añadió una nueva excepción a la regla que exige el uso compulsorio de los cinturones y es de notar que la penalidad por su infracción fue eliminada. Al presente un precepto aparte dispone que ello conllevará una falta adminis-trativa. (9 L.P.R.A. see. 1214.)

El cuadro comparativo reseñado refleja que en nuestro país, distinto a lo ocurrido en otras jurisdicciones, la Asam-blea Legislativa se ha expresado sobre esta medida de seguri-dad dándole un decisivo respaldo a la misma, hasta el punto de hacer su uso, como regla general, compulsorio.!) Debe comprenderse que tal exigencia guarda correspondencia con un diseño legislativo de más alcance y sabiduría, encarnando una dualidad de propósitos: (1) la protección e integridad personal de los ocupantes de un vehículo; y (2) protección indirecta contra desembolsos excesivos en virtud de indemni-zaciones al amparo de la “Ley de Protección Social por Acci-dentes de Automóviles” (A.C.A.A.), Núm. 138 de 26 de junio de 1968 (9 L.P.R.A. see. 2051 et seq.).

Tal pronunciamiento plasmó y adelantó legislativamente un concepto que, según hemos visto, había encontrado eco en la lógica y razonamiento de algunos tribunales de otras jurisdicciones a través del concepto de “hombre prudente y razonable”. No sólo por el respeto y deferencia que dicho mandato tiene sobre este foro, sino por las virtudes intrínsecas y efectividad del uso de los cinturones de seguridad, resolvemos que constituye negligencia la no utilización de los mismos — a menos que exista una de las excepciones estatuidas para su no uso, u otra circunstancia extraordinaria análoga a las contempladas en la ley — en la medida en que la parte demandada demuestre, en los hechos particulares del caso y mediante prueba competente, la existencia o no de rela-ción causal entre tal omisión y el daño sufrido: Usera v. González, 74 D.P.R. 487 (1953); Pueblo v. Pereira, 49 D.P.R. 891 (1936).

En el caso de autos no está en disputa que el automóvil de la demandante estaba equipado con los cinturones de segu-ridad y ella no los usaba al momento del accidente. No obs-tante lo expuesto, no podemos concurrir con la súplica del re-currente de que le imputemos a la reclamante negligencia comparada. El accidente ocurrió el 18 de febrero de 1973, antes de que en nuestro país se aprobaran las leyes respal-dando esta medida de seguridad. Hasta dicha fecha, su uso era solamente voluntario y no existía una clara conciencia entre la ciudadanía de las virtudes del cinturón de seguridad. Es con la aprobación de la ley que el Estado comienza una campaña pública masiva para promoverlo, abarcando los me-dios de comunicación y la policía. Ante esta circunstancia, no es de justicia aplicar la norma al caso de autos.

KH HH HH

Discutamos en conjunto el tercero, cuarto y sexto señala-mientos del demandado. En síntesis, básicamente se imputa como errores la aquilatación de la prueba respecto a la ocu-rrencia del accidente, la determinación sobre conexión causal entre las actuaciones del recurrente y el accidente y la estima-ción de daños en la suma de $20,000.00. En parte basa su contención en que el presente caso resulta similar al de Lleras v. Tió, 102 D.P.R. 180 (1974) y que allí se resolvió que no procedían daños por lesiones físicas.

No tiene razón. Hemos revisado toda la prueba y las cir-cunstancias fácticas consideradas probadas por la ilustrada sala sentenciadora y encuentra apoyo la conclusión sobre re-lación causal y daños. No encontramos base que amerite nues-tra intervención: más bien estamos frente a un caso donde de-bemos dar fiel cumplimiento a la norma de abstención judicial.

Lo resuelto en el caso de Lleras v. Tió, supra, no es de aplicación al de autos. Allí la demandante sólo descansó en el testimonio de peritos que la atendieron dos años después del accidente para probar la conexión causal entre sus daños y el suceso, y no presentó prueba de tratamientos y exámenes mé-dicos realizados durante el mencionado período. Ante tal si-tuación, expresamos en lo pertinente:

“Hubiese sido de mayor peso y de más cercana relación entre el accidente y sus consecuencias si las demandantes hubiesen traído prueba de exámenes y de tratamientos realizados a raíz o poco después del accidente. Eso hubiese permitido al tribunal formar un juicio más probablemente correcto y más justo en relación con la alegada responsabilidad de los codemandados.” 187.

En el que nos ocupa, por el contrario, la demandante en su testimonio describió los extensos exámenes y tratamientos a que fue sometida desde el otro día de ocurrido el accidente. Presentó prueba de una doctora especialista en fisioterapia, que tanto en el directo como en la repregunta demostró un conocimiento cabal de las lesiones y tratamiento de la recurrida, producto obviamente del estudio previo del récord de la paciente, al serle referida según la práctica común y ordinaria del ejercicio de la medicina. El hecho de que no hubiese producido los otros facultativos que la atendieron, no puede tener el efecto, como pretende el recurrente, de crear una presunción de que los otros médicos hubiesen aportado evidencia que perjudicaría su reclamación. Máxime cuando dichos peritos nunca acudieron al tribunal como testigos, ni fueron ofrecidos formalmente como tales. Viera v. Arizmendi, 74 D.P.R. 38 (1952). No podemos sancionar una norma que exija indefectiblemente en todo caso el desfile interminable de galenos que de una forma u otra hayan intervenido con un paciente, cuando del testimonio de éste, unido al de uno de los facultativos principales, se reproduce ante el tribunal el cua-dro clínico completo. No estamos ante un caso de mala prác-tica profesional (malpractice) en que los detalles sobre deter-minado tratamiento cobran una perspectiva de mayor rele-vancia y dimensión.

Excepto por la aplicación de la negligencia comparada, consideramos que no debemos alterar la cuantía de $20,000.00 adjudicada por los daños sufridos por la demandante. Enten-demos que tal suma es adecuada a la luz de la prueba sobre daños presentada, no existiendo en este caso circunstancia que nos lleven a modificarla. Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643, 647-648 (1975).

También resulta improcedente el error sobre costas, gas-tos y $400.00 de honorarios de abogado e intereses sobre la sentencia de $20,000.00 desde el momento de la radicación. La parte demandada recurrente negó responsabilidad total en un caso en que prima facie era responsable en una proporción mayor.

Finalmente, la imposición de negligencia comparada exige que aclaremos la forma en que será computada judicialmente la exención de $1,000.00 provista en la See. 9 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A., 9 L.P.R.A. see. 2058(2) (a)). El apuntamiento no es acadé-mico, ya que dependiendo de la fórmula que rija, acrecenterá o disminuirá la cuantía de una sentencia.

Nuestra jurisprudencia informa el carácter absoluto y automático de la exención de $1,000.00 por sufrimientos físicos y mentales, la cual favorece tanto al causante del accidente como a su asegurador: Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972). Ello lo apoya el texto de la ley que sobre el particular es claro y terminante: “ [s] e eximirá de la apli-cación del principio de responsabilidad a base de negligencia a toda persona que sea responsable, en virtud de un acto ne-gligente de su parte, por daños o lesiones . . . [hasta] la cantidad de $1,000 . . . (9 L.P.R.A. see. 2058(2) (a).) Por otro lado, esta sección provee en su inciso (e) que las re-ducciones .. se restarán de la sentencia total a pagarse” (Bastardillas nuestras.) Siendo así, forzoso es concluir que el cómputo a seguirse en casos de negligencia comparada es el de aplicar y calcular matemáticamente el por ciento de negli-gencia de la suma adjudicada en concepto de daños físicos y mentales, sin deducir en ese instante la exención de la ley que nos ocupa. Una vez obtenido ese resultado, procede entonces restar la deducción de $1,000.00. (j

En virtud de lo expuesto, se dictará sentencia reduciendo la indemnización por daños físicos y morales de la deman-dante recurrida Camila Canales Velazquez a la suma de $14,000.00. Se confirmará en sus restantes extremos.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

—O—

Voto disidente

del Juez Asociado Señor Díaz Cruz al que se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 16 de octubre de 1978

Disiento porque no hay relación causal entre la falta de cinturón y el tipo de lesión (latigazo) sufrida por la deman-dante, que no se origina con la propulsión del cuerpo hacia el frente y los lados, sino por la reacción contraria que obedece a la ley de física: a toda acción sigue una igual y opuesta reacción.

Tampoco hay vínculo de causa y efecto entre el estallido (blowout) y la colisión, toda vez que según relata la opinión de mayoría cuando sobrevino el impacto, el vehículo de la demandante se hallaba ya en un carril libre de tránsito.

Los daños sufridos por la demandante fueron graves y grave también la negligencia de quien abandonó su carril para impactarla. La opinión mayoritaria le imputa 25% de culpa a la demandante por viajar con gomas desgastadas y para ello habría que inferir que fue ésa la causa del estallido {blowout). Aun así infiriendo, ya el estallido quedaba rele-gado a incidente remoto cuando el demandado chocó la parte posterior del vehículo de la demandante. Se había roto el hilo de causalidad por lo que el estallido no fue causa contribu-yente del daño, ni próxima, ni eficiente, ni inmediata. No debe ella, por tanto, sufrir por tal concepto disminución al-guna en la indemnización concedida que es modesta, conside-rando las consecuencias de impedimento físico y sufrimiento que conturba su existencia.

      (1)En términos médicos el concepto “disco intervertebral” representa el fibrocartílago entre los cuerpos de las vértebras. Diccionario Terminoló-gico de Ciencias Médicas, Octava Edición, Salvat, (1963).

      (2) Torcedura, o esguince se define como “. . . distensión violenta de una articulación, sin luxación, que puede llegar a la rotura de algún ligamento o de fibras musculares próximas. Se caracteriza por dolor, tumefacción rá-pida e incapacidad para los movimientos.” Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas, Capdevila, 4ta. edición, 1952, Ed. Salvat. “Sin luxación” significa que no hay “dislocación permanente de una parte, especialmente de las superficies articulares de los huesos”. Id.

      (3)Por torcedura cervical se entiende “un tipo de lesión resultado de la sacudida del cuello (whiplash mechanism). . . . Inmediatamente después del accidente no se siente nada, o solamente un leve dolor y limitación de movimiento. No obstante, después de 6 a 48 horas se desarrolla dolor y defi-nitivamente se limita la capacidad de movimiento, .... En algunos pa-cientes puede necesitarse cirugía de haber surgido una dislocación (extrusion) del disco cervical, .... La persistencia de los síntomas puede causar ansiedad y depresión.” Schmidt’s Attorneys’ Dictionary of Medicine, Vol. 1, 1977. Matthew Bender. (Traducción nuestra.)

      (4) Torcedura lumbosacral comprende “la dislocación entre la quinta vértebra lumbar y el sacro. La causa usual es haber realizado fuerza con la parte baja de la espalda. Se revela por dolor (especialmente al moverse), sensibilidad, espasmos musculares y limitación de movimientos. Tiene ten-dencia a recurrir.” Id. (Traducción nuestra.)

      (5)Tal suma se reduciría en $1,000.00 por la aplicación de la See. 9 de la Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles. 9 L.P.R.A. see. 2058,

      (8) En el campo de la medicina se reconoce que las lesiones a los ner-vios cervicales, así como las de los discos y los espasmos musculares, pueden surgir como consecuencia de una torcedura cervical o lumbosacral. Ello lo corrobora la propia definición de tales conceptos (véanse notas S y 4) y el testimonio del perito de la parte demandante, la Dra. Mercedes Stefani, quien en parte expuso lo siguiente: “Ella recibió un impacto que causa que la parte interior del cuerpo lumbosacral vaya al frente. La cabeza está sobre una base fina, comparado al resto del cuerpo, y es completamente movible, y se va hacia atrás en hipertensión y vuelve hacia el frente. Durante ese proceso se lastiman todos los nervios que salen del cordón espinal. Hay lesión del ligamento muscular, tendones, edemas y hematomas internos. Eso mismo pasa en la lumbosacral. Afecta al lumbar que se va al frente y luego atrás." (E.N.P., 4.)

      (7)La única objeción que consta en récord, sostenida por el tribunal, presentada por la representación legal de la parte demandada recurrente fue cuando la demandante recurrida atestó que como resultado de los estu-dios del Dr. Mercado, éste . . encontró que tenía un . . . los nervios me estaban pinchando los discos.” T.E., pág. 28.

      (8)La demandante aceptó este hecho (T.E. págs. 44-45).

      (9) La Ley de Vehículos y Tránsito dispone:
      “Todo vehículo de motor que transite por las vías públicas deberá llevar el equipo que por este Capítulo se requiere, en buenas condiciones de funcionamiento y de ajuste y dicho vehículo deberá estar en condiciones mecánicas tales que el mismo no constituya una amenaza para la seguridad pública.” 9 L.P.R.A. see. 1191. (Bastardillas nuestras.)

      (10)Véanse: Blashfield, Automobile Law and Practice, Sec. 107.22; Liability of Motor Vehicle Owner or Operator for Accident Occasioned by Blowout or Other Failure of Tire, 24 A.L.R.2d 161, 177.

      (1:1)La ilustrada sala sentenciadora describe este fenómeno físico al concluir: “Al ser impactado el vehículo Volkswagen de la demandante, por el vehículo del demandado, el cuerpo de la demandante se le sacudió dos veces hacia el frente y una vez hacia atrás.” (Bastardillas nuestras.)

      (12) Iowa Code Ann. 321, 445 (1965); Maine Ann. Stat. 29, Sec. 1368-A (1965) ; Minnesota Stat. Ann. 169, 685 (Snpp. 1971); Tennessee Code Ann. 59-930 (1963); y Virginia Code Ann. 46.1, 309.1 (Supp. 1970).

      (13)En los siguientes países también es compulsoria la utilización de esta medida de seguridad por los ocupantes de vehículos de motor: Australia, Canadá (Provincias de Ontario, Nova Scotia y Saskatchewan), Nueva Zelandia, Francia, España, Israel, Checoslovakia, Bélgica, Holanda, Suiza, Suecia, Malawi, Dinamarca, Finlandia, Alemania y la Unión Sovié-tica. Wakeling, Seat Belt Legislation: An End to Cruel and Unusual Punishment, 42 Sask. L.Rev. 105 (1977).

      (14)La disposición central de la referida ley de 1973 rezaba:
      “(a) Toda persona que conduzca un vehículo, de motor por las vías públicas, el cual deba estar equipado con cinturones de seguridad de acuerdo a la Sección 6-306 de esta ley, vendrá obligada a ajustarse alrededor del cuerpo y a abrocharse dichos cinturones.
      “(b) Toda persona que viaje como pasajero en un vehículo de motor el cual deba estar equipado con cinturones de seguridad de acuerdo a la Sección 6-306 de esta ley y cuyos cinturones estén disponibles para su uso, vendrá igualmente obligada a ajustarse alrededor del cuerpo y a abrocharse dichos cinturones mientras el vehículo se está conduciendo por las vías públicas.
      “(c) Esta sección no aplicará:
      “(1) a conductores o pasajeros que estén impedidos del uso de cinturones de seguridad, por razones médicas o físicas y que posean una certificación médica que así lo certifique.
      “(2) a conductores por razones ocupacionales.

        “ (3) a niños en que el uso del cinturón constituiría un riesgo a su persona.
      "(4) a un conductor que esté frecuentemente deteniendo el ve-hículo y desmontándose o entregando o recibiendo propiedad en el vehículo siempre y cuando que la velocidad del vehículo entre las paradas no exceda de 15 millas por hora.
      “(5) cuando el uso del cinturón que se ajusta sobre el hombro interfiera con la operación del vehículo.
      “El Secretario establecerá, mediante reglamentación que adopte al efecto, aquel los requisitos necesarios para que un conductor pueda acogerse a las exclusiones que este inciso establece.
      “(d) Toda persona que infringiere lo dispuesto en esta sección incu-rrirá en delito menos grave y convicta que fuere será castigada al pago de una multa que no será menor de diez (10) dólares ni mayor de veinticinco (25) dólares.
      “Artículo 2. — Esta ley empezará a regir el 1ro. de enero de 1974.” 9 L.P.R.A. see, 1155 (derogada).

      (15) Al año 1972 en los Estados Unidos sólo tres jurisdicciones esta-duales requerían por ley el uso de los cinturones de seguridad compulsoria-mente, y ello en limitadas situaciones. En California al conductor y ocu-pante de un vehículo que se utilize para enseñar a manejar, Cal. Veh. Code, Sec. 27804 (Supp. 1970); en Minnesota a los conductores de autobuses es-colares, Minn. Stat. See. 169.44(9) (Supp. 1970); por último, en Rhode Island a todos los conductores de autobuses y de vehículos de emergencia, R.I. Gen. Laws Ann. Sec. 81-83-41 (1948). Fischer, The Medical and Legal Problems Arising From, the Failure to Wear Seat Belts, supra, pág. 131.

      (is)Por vía ilustrativa, la operación matemática al caso de autos de la norma trazada es la siguiente:


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Gilberto Marrero Bermúdez, lesionado, Puerto Rico Lighterage, patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada, Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente.

      Número: O-78-172

      Resuelto: 17 de octubre de 1978

      Yolanda Morales de Rodríguez, Antonio Acevedo Torres, Francisco Falú Lebrón y Jorge Márquez Gómez, abogados del Fondo del Seguro del Estado; Marcelino García Benitez, abo-gado del lesionado.
   PER CURIAM:

A moción de reconsideración del recu-rrente Fondo del Seguro del Estado destacando el hecho de que su moción de reconsideración a la Comisión Industrial presentada el 11° día de notificada la decisión del caso, estaba en tiempo toda vez que el término de 10 días a tales fines pro-visto por el Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Acci-dentes del Trabajo (11 L.P.R.A. sec. 11, párr. 2°) se cuenta a partir de “la fecha en que el interesado reciba la notifica-ción de la decisión de la Comisión”, dejamos sin efecto nues-tra resolución declinatoria de jurisdicción de 12 de septiem-bre próximo pasado, y aceptamos el recurso, en el que ya desde el 15 junio último habíamos expedido la siguiente orden para mostrar causa:

“El lesionado recurrido tendrá un término hasta el 7 de julio de 1978 para comparecer a mostrar causa por la que no deba de-volverse el caso a la Comisión Industrial para que con audiencia del patrono resuelva no solo las cuestiones de incapacidad y muti-lación, sino también la de doble compensación.”

El lesionado contestó nuestra orden en escrito de 7 de julio de 1978, mas no ha logrado superar la falta de debido proceso de ley, substantivo y adjetivo, en los procedimientos seguidos ante la Comisión Industrial.

Para el 10 de enero de 1972 el lesionado, un joven de 16 años, fue empleado por la Puerto Rico Lighterage para tra-bajo de emergencia en los muelles descargando abono, y en el momento en que se dirigía a tomar agua fue golpeado por el cangilón (bucket) de una grúa sufriendo contusiones en la cabeza, hombro izquierdo y espalda. La evaluación neuroló>-gica reveló un síndrome post traumático relacionado y con-moción cerebral; y la prueba médica señaló la presencia de una cicatriz “muy discreta, queloide como de 1-1/2 pulgada en forma irregular en la ventrícula [síc] a nivel de la articu-lación del hombro en su parte anterior [que] se encuentra lo-calizada en el tercio superior del brazo izquierdo.” ( — In-forme del Oficial Examinador de 13 marzo, 1978, pág. 2 — ) lesiones que eventualmente obtuvieron de la Comisión Industrial, determinaciones de incapacidad de 15 % de las funciones fisiológicas generales, más 5 % por desfiguración por abrasión en el tercio superior del brazo. ()

La Comisión Industrial hubo de asumir jurisdicción sobre este caso por demora en el Fondo del Seguro, procedimiento dispuesto en el Art. 7 de la Ley (11 L.P.R.A. see. 9) y como hemos visto, la Comisión resolvió únicamente sobre la compensación regular sin entrar al aspecto de compensación adicional ordenada para trabajadores lesionados menores de 18 años en el Art. 3 de la Ley (11 L.P.R.A. see. 3) que en su acápite “Derechos de los Menores” dispone:

“En caso de obreros menores de diez y ocho (18) años em-pleados en contravención a las leyes vigentes a la fecha del em-pleo, que sufrieren lesiones o enfermedades ocupacionales de acuerdo con los términos de este Capítulo, la compensación que les corresponda en caso de incapacidad, o a sus beneficiarios en casos de muerte, será el doble del importe correspondiente a un obrero de diez y ocho (18) años empleado legalmente; Disponién-dose, que el patrono pagará la compensación adicional aquí pro-vista, el montante de la cual constituirá un gravamen (lien) sobre toda la propiedad del patrono y se hará efectiva en la forma prevista en este Capítulo para el cobro de la compensación en casos de patronos no asegurados y disponiéndose, también que el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, antes de pro-ceder al cobro de dicha compensación adicional al patrono, dará traslado del expediente a la Comisión Industrial, para que ésta dé, tanto al patrono como al obrero, oportunidad de ser oídos y defenderse.”

La posición del recurrido para que se mantenga la adjudicación parcial del caso por la Comisión y que se remita al Fondo del Seguro del Estado para decisión sobre compensación adicional relacionada con minoridad, es insostenible pues una vez que la Comisión asume jurisdicción a tenor del Art. 7, acción justificada ampliamente en este caso que tiene un historial de más de seis años, dicho organismo superior debe tomar el caso para decisión en su integridad y no fragmentariamente. La solución en esta etapa de revisión se limitaría a ordenar a la Comisión que complete la adjudicación de cues-tiones pendientes, de no existir el defecto de falta de debido proceso en lo actuado por dicho organismo cuasijudicial. La compensación adicional que por vía de penalidad impone el citado Art. 3 de la Ley al patrono, que aun cuando esté ase-gurado, emplea a un menor en contravención a las leyes, se de-termina por el importe de la compensación sencilla acordada, que en este caso fue de 15% de las funciones fisiológicas gene-rales y 5% por desfiguración. El debido proceso de ley se cumple, por tanto, dando audiencia al patrono para que pueda defenderse de una decisión que por disposición del estatuto habrá de constituir un gravamen {lien) sobre toda su propie-dad y que le expondrá a una ejecución sumaria. La propia Ley instruye que se dé al patrono oportunidad de ser oído y de-fenderse. La decisión parcial de la Comisión, tiene el efecto de privación de propiedad del patrono P.R. Lighterage sin el debido proceso de ley.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expide el auto, se anulan las Resoluciones recurridas, y se devuelve él caso a la Comisión Industrial para que con audiencia plena del trabajador lesionado y de su patrono, y en ejercicio de la ju-risdicción correctamente asumidla, proceda a ventilar y adju-dicar este caso en todos sus aspectos.

      (1)Como el caso ha de volver a la Comisión para nueva audiencia lla-mamos su atención hacia lo declarado por el obrero al Oficial Examinador: que al presente trabaja en Torre de la Reina como encargado de manteni-miento; que en los muelles trabajó un solo día, reclutado mientras jugaba baloncesto, para labor de emergencia; que ahora gana $74.00 semanales, no tiene que estar en contacto con el público, no está expuesto al sol que le provoca dolor de cabeza; que no ha tenido dificultad en conseguir trabajo, para que pase nuevamente sobre la eompensabilidad como desfiguración de la citada cicatriz discreta en el hombro, no visible pues la cubre la ropa y que no ha afectado ni disminuido la capacidad del lesionado para obtener trabajo. Véase Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 741, 744 y ss. (1974).


text:
    Lydia Orza Rentas Vda. de Costas, demandante y recurrente, v. Puerto Rico Olefins et als., demandadas y recurridas, Catalytic Industrial Maintenance Co., Inc., tercera demandada; José Alberto Costas Cortés y Miguel Angel Costas Cortés, demandantes y recurrentes, v. Puerto Rico Olefins, P.P.G. Industries y Otros, demandados y recurridos, Catalytic Industrial Maintenance Co., Inc., tercera demandada.

      Número: R-78-104

      Resuelto: 20 de octubre de 1978

      Mora & Cangiano, abogados de José Alberto y Miguel A. Costas Cortés, recurrentes; Godofredo Torres Costas, abogado de la recurrente Lydia Orza Rentas Vda. de Costas; Vivas & Martí-nez Texidor, abogados de las recurridas.
   PER CURIAM:

Puerto Rico Olefins Co. contrató el mante-nimiento de su planta con Catalytic Industrial Maintenance Co., Inc. Ambas compañías tenían a sus respectivos obreros asegurados con el Fondo del Seguro del Estado. Tres em-pleados de Catalytic murieron al realizar labores de manteni-miento en Olefins. Los familiares de los obreros fenecidos, después de recibir compensación del Fondo del Seguro del Es-tado, presentaron demanda contra Puerto Rico Olefins Co., y contra sus propietarios, reclamando daños basados en negli-gencia.

A instancia de los demandados, el Tribunal Superior dictó sentencia sumaria declarando sin lugar la demanda por en-tender que el caso Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861 (1977), es idéntico al de autos y excluye dicha acción. Lugo Sánchez interpreta el Art. 19 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 20, en el sentido de que impide una acción de daños por obreros del patrono asegurado contra el “patrono estatutario”.

Los demandantes-recurrentes entienden que la sentencia sumaria fue improcedente porque hay controversia sobre los siguientes hechos: (1) si los demandados son o no patronos estatutarios y (2) si estos renunciaron contractualmente a la inmunidad que tienen como tales patronos estatutarios. Sos-tienen, además, que el caso Lugo Sánchez, supra, es distin-guible porque en el presente caso los demandados (Olefins y sus dueños) se obligaron contractualmente a ofrecer condi-ciones de trabajo “seguras” a los obreros de Catalytic. Sobre estos nos expresamos más adelante.

Aunque la determinación de si el demandado es o no patrono estatutario puede plantear cuestiones de hecho o cuestiones de derecho o ambas, en el presente caso no se da, contrario a como sostienen los demandantes, cuestión de hecho alguna que afecte esa determinación.

La determinación de si un demandado es o no patrono es-tatutario depende de las relaciones contractuales entre dicho demandado y el patrono real de los obreros. Los demandados probaron esas relaciones contractuales mediante copia del con-trato suscrito entre ellos y Catalytic, presentado en apoyo de la solicitud de sentencia sumaria. Los demandantes no impug-naron el contenido de ese documento. No existe controversia alguna de hechos relacionada con el status de patrono esta-tutario de los demandados.

Aunque los demandantes no lo plantean, tampoco existe controversia alguna de derecho sobre el status de patrono estatutario de los demandados. Dicho término ha venido a significar dueños de obras y principales a quienes la ley impone la obligación de asegurar a los empleados de los contratistas o subcontratistas que aquéllos contraten para la ejecución de obras y servicios, cuando éstos no los tengan asegurados. El propósito de esa obligación es que dichos empleados estén asegurados, no importando que el seguro lo pague el contratista o subcontratista, o en la alternativa, el dueño de la obra o el principal. El pago de ese seguro por el contratista, el subcontratista, el principal, o el dueño de la obra, inmuniza a todos los patronos contra acciones de daños por los empleados o por el Fondo. Lugo Sánchez v. A.F.F., supra y Colón Santiago v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 208 (1969).

Los demandados en este caso son patronos estatutarios ya que los empleados de Catalytic son o eran empleados que tra-bajaban “bajo un contratista o subcontratista independiente empleado o contratado por dicho patrono.” 11 L.P.R.A. see. 20. Además, al igual que en el caso Lugo Sánchez, supra, son o eran empleados de un contratista independiente que prestaba servicios de mantenimiento en la planta del patrono estatu-tario. Su patrono real, Catalytic, estaba asegurado.

La alegación de si los demandados renunciaron o no contractualmente a la inmunidad patronal no envuelve real-mente una controversia sobre hechos esenciales que ameriten la revocación de la sentencia impugnada porque, estando el contrato sometido y aceptado en evidencia, es del propio con-trato que puede derivarse esa determinación. Los demandan-tes sostienen que dicha renuncia surge del inciso (d) del Art. VIII del contrato. Nada encontramos en dicho inciso que exprese o implique tal renuncia de inmunidad patronal. Dicho inciso se limita a establecer que cuando Catalytic vaya a rea-lizar trabajos en alguna unidad de Olefins las demandadas harán que la unidad se cierre y que quede libre de gas cuando sea necesario y que Catalytic, al trabajar en dicha unidad, comprobará que existen condiciones seguras en relación con el trabajo a realizarse en la misma.

El caso Vélez v. Halco Sales, Inc., 97 D.P.R. 438 (1969), en que apoyan los demandantes su contención de renuncia de inmunidad es distinto. La controversia allí no giraba en torno a la renuncia de inmunidad del patrono estatutario a favor de los obreros de un contratista, sino a la renuncia de inmunidad del patrono verdadero a favor del arrendador del equipo que los empleados de ese patrono usaban en su trabajo. El patrono y el arrendador habían pactado en el contrato que el arrenda-tario (el patrono) se hacía responsable de toda reclamación que surgiere del uso del equipo y que liberaba al arrendador de esas reclamaciones. Un obrero lesionado presentó acción contra el arrendador, quien no era su patrono verdadero, ni su patrono estatutario, reclamando daños alegadamente cau-sados por defectos del equipo. La cuestión a resolver era si el arrendador podía traer como tercero demandado al pa-trono del obrero. Se sostuvo que podía traerlo porque el pa-trono había renunciado contractualmente a su inmunidad patronal.

En el contrato del caso de autos, por el contrario, hay una cláusula mediante la cual el patrono verdadero se obliga a indemnizar y a liberar al patrono estatutario de toda recla-mación que surja de la ejecución del contrato, excepto en la medida en que haya negligencia del patrono estatutario o de sus empleados propios. El alcance de esa excepción es liberar de responsabilidad al patrono verdadero de la negligencia en que pueda incurrir el patrono estatutario. La cláusula discu-tida no tiene el efecto ni el alcance de una renuncia de inmu-nidad patronal por parte de ninguno de los patronos.

El último planteamiento de los demandantes es al efecto de que el caso Lugo Sánchez es distinguible del presente por-que allí la acción fue ex delicto y aquí la acción es ex con-tractu, debido a que los demandados se obligaron contractual-mente a mantener condiciones seguras de trabajo y libre de gases, e incumplieron esa obligación.

En primer lugar, no fueron los demandados, sino Catalytic quien contractualmente se obligó a verificar que exis-tiesen condiciones seguras de trabajo. La obligación contractual de los demandados se limitó a cerrar las unidades a ser trabajadas por Catalytic y, cuando fuese necesario, a libe-rarlas de gases.

El propósito evidente de esas obligaciones recíprocas fue establecer los actos que cada una de las partes venía obligada a realizar al darse mantenimiento a la planta. Parece tam-bién evidente, que si una de las partes incumple sus obliga-ciones, la otra puede exigirle daños. Así, por ejemplo, si Catalytic no verifica que puede trabajar con seguridad y, como consecuencia, causa daños a la planta, debe compensarlos.

La teoría de los demandantes es que mediante esas obliga-ciones los demandados se obligaron también a compensar los daños que sufrieran los empleados de Catalytic. Vimos, al dis-cutir el segundo señalamiento, que esas obligaciones no envol-vían una renuncia de inmunidad patronal. La teoría de que los demandados se obligaron a compensar a los obreros, equi-vale igualmente a sostener que renunciaron a su inmunidad patronal.

Es inverosímil que los demandados hayan exigido contrac-tualmente a Catalytic que asegurara a sus obreros y que simultáneamente hayan contractualmente renunciado a la in-munidad patronal que ese seguro les otorga. Toda vez que Catalytic se obligó a comprobar que existiesen condiciones se-guras de trabajo es igualmente inverosímil que ésta, recípro-camente con los demandados, haya pactado la renuncia de su inmunidad patronal. Encontrar esas renuncias en el contrato sólo puede hacerse violentando sus expresiones.

Cabe observar que si bien fue Catalytic y no los demanda-dos quien se obligó contractualmente a comprobar que exis-tiesen condiciones seguras de trabajo, tanto una como los otros tienen obligación legal en ese sentido bajo la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, 29 L.P.R.A. secs. 361-361bb. Véase Sec. 361e.

El incumplimiento de esa obligación legal no autoriza causa de acción alguna a favor de los obreros, aun cuando sufran lesiones y tampoco afecta la inmunidad que el patrono tiene bajo el Art. 20 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 21. Si se resolviera que un patrono que contractualmente se obliga a mantener condiciones seguras de trabajo viene obligado a resarcir a obreros lesionados, igual remedio existiría cuando la obligación surge por mandato de ley. El efecto de ello sería anular por completo la inmunidad patronal que concede el citado Art. 20 de la ley.

No habiéndose cometido los errores señalados, debemos confirmar la sentencia sumaria dictada en este caso y desesti-mar la demanda.

Los Jueces Asociados Señores Dávila, Irizarry Yunque y Negrón García disienten conforme al criterio expresado en la opinión disidente emitida en Lugo Sánchez v. A.F.F., 105 D.P.R. 861, 867 (1977).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, Ex Rel. Serafín Rodríguez Romero, demandantes, v. Flores Hermanos Cement Products, Inc., etc., y Otros, demandados; Picheto Flores Construction Corp., y CNA Insurance Company, terceras demandantes y peticionarias, v. Great American Insurance Company, tercera demandada y recurrida.

      Número: O-78-158

      Resuelto: 24 de octubre de 1978

      Cando & Cando, abogados de las peticionarias; Calderón, Rosa Silva & Vargas y Harry Anduze Montano, abogados de Great American Insurance Co.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso plantea la siguiente interrogante: ¿puede la aseguradora de un patrono cubierto por el Fondo del Seguro del Estado levantar exitosamente como defensa la inmunidad de éste contra acciones consagrada en el Art. 20 de la Ley C) cuando es traída como tercera demandada por quien el obrero lesionado le ha reclamado responsabilidad? Su contestación exige una breve referencia a los hechos no contradichos.

Mientras Serafín Rodríguez Romero iba de pasajero en un vehículo conducido por otra persona, propiedad del Muni-cipio de Mayagüez — asegurado por la Great American Insurance Co. — ocurrió una colisión con otro vehículo pertene-ciente a Picheto Flores Construction Corp., asegurado por CNA Ins. Co. Por tratarse de un accidente del trabajo, y estar el Municipio asegurado con el Fondo, Rodríguez Romero recibió tratamiento. Subsiguientemente el Administrador del Fondo del Seguro del Estado formuló demanda de subroga-ción y además acción en representación del obrero contra Pi-cheto y la CNA Ins. Co. A su vez, éstos radicaron demanda de tercero contra la Great American Insurance Co. solicitando resarcimiento de la indemnización parcial o total que en su día vinieran obligados a satisfacer al Fondo y al obrero.

Great American Insurance Co. solicitó la desestimación de esta acción aduciendo que la póliza expedida no cubría la re-clamación por ser el Municipio un patrono asegurado inmune a la misma. La ilustrada sala sentenciadora acogió el plantea-miento y dictó sentencia parcial desestimatoria. Acordamos examinar dicho dictamen.

H-4

Bajo el estado actual del derecho vigente no existe duda de que la exclusividad de remedio establecida en el Art. 20, supra, es una de carácter absoluto que crea una inmunidad legal en favor de un patrono asegurado contra el ejercicio de cualquier otra acción; en otras palabras, no existe causa de acción alguna. Cruz Rodríguez v. A.A.A., 101 D.P.R. 269, 270 (1973); B.C.R. Co., Inc. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 754, 758 (1972); Vda. de Andino v. A.F.F., 93 D.P.R. 170, 181 (1966); Cortijo Walker v. A.F.F., 91 D.P.R. 574, 578 (1964); Montes v. F.S.E., 87 D.P.R. 199, 208 (1963); Báez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67, 76 (1963); y De Jesús v. Osorio, 65 D.P.R. 640, 642 (1946).

Como corolario de esta doctrina, es evidente que el Municipio de Mayagüez no podía ser directamente demandado por el obrero lesionado, ello irrespective de que el chófer municipal pudiera haber incurrido en negligencia en ocasión del accidente. Además de esta premisa, cabe mencionar que tampoco podía indirectamente reclamarse al Municipio — a través de la demanda de tercero — si la causa de acción nació precisamente de la alegada negligencia del conductor del patrono asegurado. A tal efecto, en Cortijo Walker, supra, advertimos un “. . . definitivo criterio del Legislador de no conceder ac-ción general de daños por concepto alguno contra el patrono cualquiera que fueren sus actuaciones en la esfera aquiliana y el grado de culpa o negligencia....” (Pág. 580.) A tal solu-ción llegamos independientemente de que en dicho caso se in-vocaron las teorías de contribución o indemnización.

Sin embargo, la parte recurrente nos argumenta la inaplieabilidad de la anterior doctrina sosteniendo la procedencia de su causa de acción bajo las disposiciones del Código de Seguros que permiten una acción directa (Arts. 20.010 y 20.030). Nos señalan que no se trata de imponer responsabilidad alguna al Municipio, sino a su compañía aseguradora, la cual está impedida de levantar la “defensa personal” de patrono asegurado que le corresponde a dicha municipalidad.

El argumento y los casos citados en su apoyo no nos con-vencen. Veamos. Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868 (1965), reconoce el alcance de las disposiciones del Código de Seguros antes mencionado — instauradoras de una causa de acción sustantiva y directa contra el asegurador — y decide que no estaba prescrita la acción contra la aseguradora por haber sido interrumpido el término mediante requerimientos extra judiciales. De inmediato se manifiestan las siguientes diferencias: (1) la situación de aquel caso es distinta al que nos ocupa en el cual a priori y de manera absoluta estatutoria-mente se ha decretado que no existe causa de acción alguna contra un patrono asegurado; y (2) tanto en Trigo, supra, como en García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965) — falta de notificación a un municipio dentro del tér-mino de 90 días — existían en potencia unas causas de accio-nes válidas que podían incoarse directamente contra los ase-gurados causantes de los daños. Nuestra decisión en López Rodríguez v. Delama, 102 D.P.R. 254 (1974) — estableciendo que la inmunidad de una entidad corporativa (patrono ase-gurado) bajo el Art. 20 no se extiende a los directores, ofi-ciales, accionistas, administradores o co-empleados, ni a las compañías aseguradoras de éstos — tampoco robustece la tesis de los recurrentes pues como variante fundamental, en el de autos se demanda al asegurador de un patrono que goza de una absoluta inmunidad y ha sufragado los gastos del Fondo.

Para resumir, incorporamos a la presente el siguiente ra-zonamiento de la ilustrada sala de instancia:

“No se trata en el caso ante nuestra consideración de una defensa que pudiera levantar el asegurado y que, por consi-guiente, esté impedida de derivar beneficio de ella la compañía aseguradora. Se trata, por el contrario, en el presente caso de la inexistencia de una causa de acción contra el Municipio asegu-rado. Por imperativo del arte de razonar correctamente — lógica —debemos concluir que no existiendo una causa de acción ejer-citable contra el Municipio, no puede venir a responder una ase-guradora por lo que en derecho es inexistente. El contrato de seguros no se puede extender para cubrir una responsabilidad que no tiene el asegurado.” (Bastardillas nuestras.)

No nos persuaden las proposiciones de los recurrentes en el sentido de que la solución apuntada implicaría un enrique-cimiento injusto favorable a la compañía aseguradora — que no contribuye nada al Fondo — a expensas del perjudicado; y de que no “sería razonable, ante tal situación de negligen-cia concurrente, que uno solo de los co-causantes y su asegura-dora tuvieran que asumir el ciento por ciento de la pérdida bajo la doctrina de responsabilidad solidaria . . .Primera-mente, debemos recordar que el .. Legislador hizo su selec-ción entre factores de conveniencia y aplicó un sistema social integrado de responsabilidad objetiva”, que en última instan-cia beneficia al obrero proveyéndole gratuitamente trata-miento y servicios médicos y compensación pecuniaria en casos de accidentes, sin que entren en juego conceptos de culpa o negligencia de su parte. En segundo lugar, se trata de una ley especial que se rige por reglas particulares. Una decisión en contra de los recurrentes sólo les obligaría a satisfacer una indemnización proporcional a su negligencia conforme el si-guiente pronunciamiento:

“No podía ser aquí el patrono un codemandado directo, ni res-pondería de manera indirecta como un tercero demandado, ni podría la demandada resarcirse luego del patrono como un colabo-rador con ella del daño. La inmunidad contra responsabilidad en daños de un patrono asegurado, por su culpa, es absoluta bajo el plan integral de funcionamiento de la ley que provee compensa-ción por el accidente del trabajo.
En consecuencia a lo expuesto, rigiéndose este caso por ley especial en ese aspecto, a la demandada debe imponérsele la obli-gación de resarcir el daño solo en proporción a su propia culpa y al grado en que colaboró a producirlo.” (Bastardillas nuestras.) —Vda. de Andino, supra, 181, seguido en Rosario Crespo v. A.F.F., 94 D.P.R. 834, 849 (1967).

Finalmente, estamos conscientes de que las pólizas de se-guros de automóviles se expiden a base de unas primas que pagan los asegurados fijadas sobre estudios fundados en la experiencia actual de riesgos y pérdidas habidas. La aplica-ción de una cubierta () en virtud de una decisión en contra-rio afectará adversamente a patronos asegurados y plantea-ría serias interrogantes. Desconocido este impacto, como diji-mos en Cortijo Walker, supra, “[n]o vamos a abrirle una grieta al sistema compensatorio mediante una ‘excepción ju-risprudencial’ y en todo caso preferiblemente que se mani-fieste el Legislador.” 584.

HH HH

Tienen razón los recurrentes en cuanto a que no procedía en las circunstancias del caso la imposición de $500.00 de honorarios de abogado. La demanda de tercero fue iniciada a base de un fundamento jurídico razonable, no pautado previamente en nuestra jurisdicción. Este hecho, unido a que el asunto fue resuelto sin ventilarse el caso en sus méritos, justifica que dejemos sin efecto tal condena. ()

Se dictará la correspondiente sentencia.

      (1)Reza:
      “Cuando el patrono asegure sus obreros y empleados de acuerdo con el presente Capítulo, el derecho aquí establecido para obtener compensación será el único remedio en contra del patrono . . . .” (11 L.P.R.A. sec. 21.) (Bastardillas nuestras.)

      (2)No hemos considerado, por no ser evidencia admitida en autos, la alegación de que la póliza expedida por la recurrida excluye accidentes compensables bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

      (3)La propia expedición del auto de certiora/n por este foro robustece esta conclusión.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Efraín Vélez Sánchez, patrono no-asegurado recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; Juan E. Morales Rodríguez, obrero lesionado.

      Número: O-78-104

      Resuelto: 26 de octubre de 1978
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El 7 de junio de 1973 el obrero recurrido Juan E. Morales Rodríguez viajaba como auxiliar (peón) en un camión International cargado de sal en Ponce con destino a Mayagüez, conducido por su dueño Moisés Valentín, y en jurisdicción de San Germán la rotura de la varilla del guía fue causa de que el conductor perdiera el control del vehículo que se volcó en un puente y cayó al río con su chófer, mas no así el peón recla-mante quien se lanzó a la carretera sufriendo graves lesiones que requirieron varias intervenciones quirúrgicas.

Dicho obrero lesionado se personó al Fondo del Seguro del Estado para tratamiento cinco meses después del acci-dente e informó como su patrono al recurrente Efraín Vélez Sánchez, a quien el Fondo declaró patrono no asegurado el 27 de junio de 1975. En agosto de 1974 y según lo autoriza el Art. 15, párr. 2° de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. sec. 16), () el obrero había presen-tado en la Sala de Mayagüez del Tribunal Superior demanda de daños y perjuicios contra su alegado patrono Vélez Sán-chez, predicada en el Art. 1802 del Código Civil, pleito en el cual recayó sentencia el 1° de diciembre de 1975 absolviendo al demandado sobre determinaciones de hecho al efecto de que el lesionado no era empleado de Vélez Sánchez para el día del accidente, y que su patrono era Augusto Valentín (contratista de carga) y/o (sic) Moisés Valentín, chófer del camión.!) Dicha sentencia advino final y firme por no haber el lesionado demandante instado recurso para su revisión. En abril de 1976 el obrero presentó una petición de compensación ante la Comisión Industrial alegando los mismos hechos adjudicados en su contra en la acción civil, y el demandado opuso la excep-ción de cosa juzgada la cual fue rechazada por la Comisión aduciendo como fundamento que los remedios provistos por el citado Art. 15 de la Ley no están disponibles hasta no haber una previa determinación, final y firme, por el Fondo del Se-guro del Estado de la condición o status de patrono no ase-gurado, y que por tanto el Tribunal Superior actuó sin juris-dicción.

Al recurso de revisión del demandado expedimos el auto el 13 de abril, 1978 quedando el caso del recurrente sometido por los argumentos de su petición, y sin que el obrero recu-rrido haya sometido alegato alguno.

El Art. 15 de la Ley (11 L.P.R.A. sec. 16) es explícito en su institución de una dualidad de remedios para el obrero lesionado en accidente laboral mientras trabajare para un patrono no asegurado, que el estatuto define así: “una petición para compensación ante la Comisión Industrial, y, además [puede] ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si este Capítulo no fuera aplicable.” La determinación de la condición de patrono no asegurado por el Fondo del Seguro del Estado es una fase inicial del procedimiento administrativo que habrá de continuarse ante la Comisión, pero no es requisito previo ni mucho menos jurisdiccional para la adjudicación de la cuestión litigiosa en el ámbito judicial. Dicha condición de patrono no asegurado es susceptible de determinación sin gran dificultad por los tribunales y no hay razón para detener la marcha eficiente del procedimiento civil en espera de un trá-mite administrativo, que en ley no precede sino que coexiste como opción, con la acción civil.

El citado párrafo 2° del Art. 15 (11 L.P.R.A. sec. 16) termina disponiendo: “Si como resultado de tal acción por daños y perjuicios recayere un fallo contra el patrono, en ex-ceso de la compensación fijada por este Capítulo, la compensación fijada, si fuere pagada o si fuere garantizada con garantía aprobada por el tribunal, se deducirá del fallo.” El propósito legislado es que el Fondo del Seguro del Estado pueda en los casos apropiados recuperar la compensación y gastos incurridos en la atención del caso mas ese propósito no se asegura en el estatuto con la eficacia que lo hace el procedimiento de subrogación!) en acción contra tercero causante del daño ordenado en el Art. 31 para casos de patronos asegurados, el cual detiene la iniciativa del lesionado o sus beneficiarios en caso de muerte hasta transcurridos 90 días de la fecha en que la decisión del Administrador fuere firme y ejecutoria. Como consecuencia, el obrero recurrido corría el riesgo de que su acción de daños y perjuicios prescribiera. Tropigas de P.R. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 630, 637, (1974); cf. El Día, Inc. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 149, 151 (1975).

El estado actual de la Ley deja la recuperación de los dineros desembolsados por el Fondo del Seguro del Estado por gastos de tratamiento y compensación del obrero en los casos de patrono no asegurado, a la eventualidad de que el Adminis-trador se entere indirectamente de que se ha iniciado la ac-ción civil de daños y perjuicios. La protección de este interés del asegurador queda servida con simplemente añadir al pá-rrafo 2° del Art. 15 de la Ley el requisito de que al tiempo de iniciar la acción civil de daños y perjuicios, el obrero o em-pleado perjudicado o sus beneficiarios deberán remitir copia de su demanda, por correo certificado, al Administrador del Fondo del Seguro del Estado, y de faltar dicha notificación se desestimará el pleito.

Esta acción judicial tiene vida e integración propia, independiente por completo del procedimiento administrativo. El obrero recurrido hizo una libre elección de remedio al ejercitar la acción civil, a tenor del Art. 1802 y su caso fue visto y adjudicado en sus méritos. Convertida en firme, la sentencia del Tribunal Superior es oponible como cosa juzgada a la petición para compensación posteriormente radicada ante la Comisión Industrial.

Se dictará sentencia de conformidad. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Dávila concurre en el resultado sin opi-nión.

      (1)Art. 15. — Patronos no asegurados

      “Si cualquier patrono de los comprendidos en este Capítulo dejare de asegurar el pago de compensaciones por accidentes del trabajo de acuerdo con este Capítulo, cualquier obrero o empleado perjudicado o sus benefi-ciarios pueden proceder contra tal patrono radicando una petición para compensación ante la Comisión Industrial, y, además, pueden ejercitar una acción contra el patrono por daños y perjuicios, lo mismo que si este Capí-tulo no fuera aplicable, y tendrán derecho en tal acción, sin prestar fianza, a embargar la propiedad del patrono por el monto que determinare el Tribunal para asegurar el pago de la decisión que recayere, siempre que el Tribunal estime que hay una justa causa de acción después del examen de la demanda, la cual deberá ser jurada. Tal embargo incluirá honorarios de abogado, que serán fijados por el Tribunal, y el embargo se mantendrá hasta que el caso haya sido fallado y satisfecho el importe de la sentencia. Si como resultado de tal acción por daños y perjuicios recayere un fallo contra el patrono, en exceso de la compensación fijada por este Capítulo, la compensación fijada, si fuere pagada o si fuere garantizada con garantía aprobada por el Tribunal, se deducirá del fallo.”

      (2)E1 juez estimó probado que el recurrente no tuvo más relación con este caso que la de haber sido un dueño anterior del camión accidentado, el cual compró por $800 a Juan Arcelay, sin que se notificara el traspaso a Transportación y Obras Públicas, desprendiéndose del vehículo el 2 de mayo de 1978, fecha en que lo vendió por $900 a Moisés Valentín, a quien extendió un recibo admitido en evidencia.
      En lo que concierne a la relación de patrono y empleado, cuestión central del pleito, el juez sentenciador llegó a las siguientes conclusiones:
      “El camión se constituyó [sic] en pérdida así como su carga, la cual fue pagada a su dueño — La Central Igualdad — por el Sr. Augusto Valentin — padre del conductor — que era la persona a nombre de quien estaba el contrato con la Central Igualdad para el acarreo de la carga de sal.
      “A pesar de las alegaciones en contrario hechas por el demandante Juan E. Morales Rodríguez, la prueba a juicio de este Tribunal, fue abru-madora en cuanto a que el dueño del camión accidentado a la fecha del accidente lo era Moisés Valentín; que el contrato para el acarreo de la sal estaba a nombre de Augusto Valentín y que al momento del accidente el demandante servía como peón en la transportación de la carga para Au-gusto Valentín y/o Moisés Valentín y no para el demandado Efraín Vélez Sánchez. A estos efectos el testimonio de Zoilo Martínez, empleado de la Central Igualdad, como agente de compras y única persona con facultad en la Central para contratar el acarreo de sal, es a nuestro juicio orientador en la problemática de la cuestión fundamental en la controversia planteada —la relación obrero patronal entre demandante y demandado al momento del accidente — . Este testigo aseguró que no tiene ni ha tenido relación co-mercial o de parentesco con el demandado; que compra para la Central Igualdad sal para la planta de filtración a la Ponce Salt Industries; que nunca Efraín Vélez Sánchez ha acarreado sal para la Central; que conoce a Moisés Valentín y que la Central Igualdad ha contratado siempre este servicio con el padre Augusto Valentín; que el contrato de acarreo era verbal y Moisés era el que traía el cargamento; que se le pagaba a razón de treinta centavos el quintal y no le exigían nóminas ni ningún tipo de seguro. La Central no participaba en la contratación de los peones de Moisés.
      “En adición, a través del testimonio del Sr. Vega, Contador del deman-dado, se presentó en evidencia las nóminas de empleo y de seguro social, así como la planilla de contribución sobre ingresos radicada por el demandado en el curso de su negocio de estación de gasolina y a pesar de que otros empleados aparecen en dichos documentos, no así el demandante, sin que exista justificación o motivo para que de haber sido efectivamente un em-pleado dejare de aparecer en dichos documentos como efectivamente apare-cen los demás empleados del demandado.
      “Que toda la documentación del camión se perdió en el accidente, sin embargo no hay duda alguna de que aparece inscrito a nombre de Juan Ar-celay en el Departamento de Obras Públicas.
      “El demandado Efraín Vélez Sánchez no se dedicaba a la fecha del accidente al acarreo de sal ni de mercancía y/o mercadería de clase alguna. Se dedicaba a operar, como dueño, una estación de gasolina Mobil en Añasco, Puerto Rico.
      “Los desperfectos del camión que provocaron el accidente no son de responsabilidad del demandado toda vez que éste no hizo arreglos ni inter-vino en forma alguna con la fase mecánica o eléctrica del camión, no siendo por ello de aplicación el Artículo 1802 del Código Civil vigente.
      “José E. Morales Rodríguez a la fecha del accidente no era empleado del demandado.
      “Que a la fecha del accidente no existió relación contractual alguna entre el demandado y la Central Igualdad, ni con Moisés Valentín ni Au-gusto Valentín.”

      O3) El Art. 15 provee para la subrogación no por el Administrador, sino por el patrono, en su párrafo final que dice:
      “En los casos declarados no asegurados, en que el accidente surja de-bido a la negligencia de tercero, el patrono no asegurado que haya satis-fecho al Fondo del Seguro del Estado el monto de la liquidación del caso, o haya asegurado su pago mediante el depósito de una fianza a satisfacción del Administrador, podrá subrogarse en los derechos del obrero para re-sarcirse de los gastos incurridos como consecuencia del accidente. El obrero o empleado o sus beneficiarios serán parte en el procedimiento que se esta-bleciere con el fin de ejercitar la causa de acción que tengan contra el ter-cero o contra el patrono no asegurado, según sea el caso y cualquier suma que se recobrare en exceso de la suma satisfecha al Fondo del Estado por el patrono no asegurado para cubrir la liquidación del caso, se hará efec-tiva al lesionado, o a sus beneficiarios en caso de muerte, sin el consenti-miento de los cuales ninguna transacción extrajudicial tendrá validez.”


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Máximo Rodríguez, acusado y apelante.

      Número: CR-77-117

      Resuelto: 31 de octubre de 1978

      Heyda Vigil McClin, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Varios agentes del Departamento de Hacienda entraron al negocio del apelante y ocuparon once latas de cerveza y dos botellas de ron. El día anterior a la incautación de las bebidas alcohólicas uno de los agentes había comprado dos cervezas y había visto a otras personas comprando. El acusado no apa-rece con licencia registrada en los archivos del Departa-mento de Hacienda y no le mostró a los agentes que intervi-nieron en su negocio licencia alguna autorizándolo a expender bebidas alcohólicas. Uno de los agentes que intervino declaró que se identificaron como agentes de Rentas Internas; que al principio el acusado trató de impedir la entrada, pero le con-vencieron y les permitió entrar e inspeccionar con el resultado arriba expuesto.

El apelante fue acusado de infringir el Art. 107(a) de la Ley de Bebidas, Ley Núm. 143 de 30 de junio de 1969 (13 L.P.R.A. see. 6107 (a)) que establece como delito menos grave el expender bebidas alcohólicas sin obtener una licencia. Convicto, se le impuso una multa de $150. Apeló.

Sostiene que el tribunal sentenciador erró al admitir la evidencia sometida (las bebidas incautadas) por ser la misma producto de un registro ilegal e irrazonable.

Tradicionalmente el negocio de destilar, almacenar y vender bebidas alcohólicas ha sido objeto de reglamentación. Para dedicarse a las distintas fases de ese negocio se requiere la obtención de una licencia del Secretario de Hacienda. Específicamente los Arts. 12 y 75 de la Ley de Bebidas!) — 13 L.P.R.A. sees. 6012 y 6075 — reglamentan la obtención de una licencia para traficante al detalle en bebidas alcohólicas.

El Art. 101 de la citada ley — 13 L.P.R.A. see. 6101 — fa-culta al Secretario de Hacienda a “entrar en cualquier desti-lería, fábrica, planta, establecimiento comercial o almacén sujeto a las disposiciones de esta ley para realizar investiga-ciones relacionadas con esta ley.”

La facultad concedida al Secretario para inspeccionar los establecimientos comerciales no está limitada a aquellos que ya han obtenido licencia para expender bebidas alcohólicas sino que se extiende a todo negocio “sujeto a las disposiciones de esta ley”. Si la facultad sólo se limitara a los que hubieran obtenido licencia, los negocios que no la hubieran obtenido gozarían de un privilegio no justificado. La facultad concedida al Secretario está predicada en la naturaleza del negocio, no en el hecho de que haya obtenido o no la licencia requerida por esa ley.

Estando así reglamentado el negocio de vender bebidas alcohólicas la persona o entidad que se dedique al mismo implícitamente reconoce la autoridad del Secretario de Hacienda para inspeccionarlo y determinar si ha cumplido con la ley y los reglamentos que la implementaron. Colonnade Catering Corp. v. United States, 397 U.S. 72 (1970). Se en-tiende que la disposición estatutaria que autoriza al Secreta-rio “a entrar en cualquier . . . establecimiento comercial” equivale a una orden de allanamiento. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos en un caso relacionado con el negocio de armas de fuego, que al igual que el negocio de bebidas al-cohólicas está permeado de gran interés público, expone: “Sin mayor dificultad concluimos que cuando como en este caso las inspecciones reglamentarias promueven la protección impera-tiva de los intereses federales y el riesgo o amenaza de que la privacidad quede sujeta al abuso no opera en grado o exten-sión significativos, procede la inspección sin orden de allana-miento cuando el estatuto específicamente lo autoriza.” United States v. Biswell, 406 U.S. 311, 317 (1972). Y en G.M. Leasing Corp. v. United States, 429 U.S. 338-353 (1977), ratificando a United States v. Biswell, supra y Colonnade Catering Corp. v. United States, supra, expuso: “El Tribunal, por su-puesto, ha reconocido que determinado negocio debido a su naturaleza especial y al hecho de que opera voluntariamente, podría quedar sujeto a intrusiones que resultarían impermisi-bles de tener lugar éstas dentro de un contexto puramente privado.” Ver además a Almeida-Sánchez v. United States, 413 U.S. 266-271 (1973); United States ex rel. Terraciano v. Montanye, 493 F.2d 682 (2d Cir. 1974); United States v. Petrucci, 486 F.2d 329-332 (9th Cir. 1973); Daley v. Berzanskis, 269 N.E.2d 716 (Ill. 1971); Nota: 23 S.D. L. Rev. 261 (1978); Rothstein & Rothstein, Administrative Searches and Seizures: What Happened to Camara and See?, 50 Wash. L. Rev. 341-358 (1975); Nota: Inspections by Administrative Agencies: Clarification of the Warrant Requirement, 49 Notre Dame Law. 879-886 (1974). Pero véase: Nota: The Constitution and Privilege Holders: Conditioning the Issuance of a Liquor License Upon Consent to a Warrantless Search, 48 Ind. L.J. 117 (1972). Ahora bien, esa facultad con-cedida al Secretario por el estatuto no es una ilimitada e irres-tricta. Si el dueño o su representante objetan, no procede ha-cer uso de la fuerza para llevar a cabo la inspección. Lo que procede entonces es formular denuncia contra el dueño o su representante por violación al Art. 114 de la Ley de Bebidas, 13 L.P.R.A. see. 6114, que dispone que “[t]oda persona que impida u obstruya la inspección por parte del Secretario de establecimientos comerciales . . . incurrirá en delito menos grave . . . .” Colonnade Catering Corp. v. United States, supra y United States v. Biswell, supra.

Habiendo actuado los agentes de Rentas Internas con-forme a la facultad concedida al Secretario de Hacienda por la Ley de Bebidas, se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

      (^El Art. 12 estableció los derechos de licencia a pagar y el Art. 75 dispone: “Cualquier persona que interese se le expida una licencia de trafi-cante al detalle radicará con el Secretario la correspondiente petición y cumplirá con los requisitos que dicho funcionario le exija. Las licencias de traficantes al detalle se expedirán anualmente y se obtendrán para cada negocio, sitio o establecimiento comercial. Por cada licencia se pagarán los derechos que se especifican en el Artículo 12 de esta ley.”


text:
    Antonio Carro, Inc., demandante y recurrente, v. Jura Construction, Inc., Fidelity & Casualty Co. of New York y Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, demandadas y recurrida la segunda.

      Número: R-78-137
    Resuelto: 31 de octubre de 1978

      F. Castro Amy y Jorge E. Castro, abogados de la recurrente; Vicente Santori Coll y Jaime Sifre Rodríguez, abogados de la recurrida The Fidelity Casualty Co. of N.Y.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

La Autoridad de Carreteras de Puerto Rico contrató con Jura Construction, Inc., la construcción de una carretera. La Fidelity Casualty Co. of N.Y. emitió dos fianzas, una para garantizar el cumplimiento del contrato de obra y otra para garantizar el pago a todas las personas supliendo equipo y mano de obra.

Antonio Carro, Inc., arrendó a la constructora equipo adeudándole Jura los cánones correspondientes a mayo de 1969 hasta agosto de 1970, ascendentes a la cantidad de $24,218.33.

El 11 de febrero de 1971 Jura Construction advino insol-vente y la fiadora asumió la continuación de la obra termi-nándola a un costo de $189,000.00. Se le notificó a la Autori-dad que le traspasara a la fiadora cualquier dinero que ésta le adeudara al contratista. La obra fue terminada el 7 de mayo de 1971 y aceptada y dedicada al uso público el 25 de mayo de 1971.

El 28 de marzo de 1973 Antonio Carro, Inc., radicó acción contra la fiadora en reclamación de los cánones de arrenda-miento adeudados por Jura Construction. Solicitó sentencia sumaria a su favor. La fiadora se opuso. También solicitó sen-tencia sumaria. Fundó su pedido en que la acción había cadu-cado de acuerdo a lo resuelto en Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965). El Tribunal Superior, Sala de San Juan, Nellie Ortiz, Juez, dictó sentencia su-maria a favor de la demandada, declarando prescrita la ac-ción.

Inconforme con esta determinación, Antonio Carro, Inc., requiere que interpretemos cuándo efectivamente ha sido aceptada finalmente una obra pública a los efectos de com-putar el período de caducidad de 6 meses para que el provee-dor de mano de obra y materiales reclame contra la fianza del contratista.

La Ley Núm. 388 aprobada el 9 de mayo de 1951 establece en su Art. 9,22 L.P.R. A. see. 55, que:

“La causa de acción autorizada bajo las sees. 47 a 58 de este Título contra la fianza y los fiadores del contratista se entenderá prescrita a los seis meses de aceptada finalmente la obra por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

Esta legislación fue aprobada con miras a proteger la aporta-ción de obreros y materialistas a las obras públicas. Se le con-fiere. a suplidores y obreros una causa de acción contra la fianza para hacer valer su crédito, la cual caduca a los 6 meses de ser aceptada finalmente la obra. Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Casualty Co., supra.

Este recurso requiere que determinemos cuándo es que una obra pública es aceptada finalmente por el gobierno: si cuando es puesta al servicio del público luego de ser aceptada por los ingenieros o cuando se liquida finalmente el contrato haciéndole el último pago al contratista.

En P.R. Gases Corp. v. Pagán Const, Inc., 99 D.P.R. 347, 350 (1970), expresamos que “la fecha determinante para que comience a correr el plazo de seis meses del artículo antes citado [Art. 9, Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. see. 55] no es la fecha en que la obra fue terminada sino la fecha en que la obra fue aceptada finalmente por el Estado Libre Asociado” pero no determinamos qué constituía aceptación final. Procede ahora determinarlo.

En el Reglamento promulgado por el Secretario de Obras Públicas a tenor con lo dispuesto en el Art. 1 de la Ley Núm. 198 de 15 de mayo de 1943, 22 L.P.R.A. see. 59, se estableció en la Sec. 46-308 que:

“Cuando la inspección final haya sido hecha por el ingeniero a quien se hubiere encomendado y se haya recomendado la liqui-dación final al Secretario de Obras Públicas, a tenor de lo dis-puesto en la sec. 46-211 de este título y la liquidación final haya sido examinada y aprobada por el Secretario conforme lo exigen las leyes de Puerto Rico, se considerará que el contrato ha sido cumplido y la obra aceptada y se hará el pago final al contra-tista ....”

Y en el propio contrato de construcción celebrado entre Jura Construction y la Autoridad de Carreteras se estipuló en la cláusula 8.9:

“8.9. Terminación de la responsabilidad del contratista
El contrato se considerará cumplido cuando toda la obra esti-pulada en el mismo haya sido cabalmente ejecutada por parte del Contratista, todas las partes de dicha obra hayan sido apro-badas por el Ingeniero, se haya hecho la inspección final, el Director haya examinado y aprobado la liquidación final y se haya hecho el pago final y lo haya aceptado el Contratista. La fecha de este pago final será aquella en que se hagan la terminación y li-quidación finales, y el Contratista quedará entonces exento de ulterior obligación a menos que se comprobare la comisión de un error o según esté estipulado en las fianzas de ejecución y pago/’í)

El hecho de que la carretera sea abierta al uso del público no es determinante en cuanto a lo que constituye aceptación final. Así lo disponen el contrato y el reglamento. En el pri-mero se aclara que el abrir al público la carretera “no consti-tuye la aceptación final de la obra, ni de ninguna parte de ella . . . .” (Sec. 7.12) y en el segundo se expresa “[c]uando haya sido terminada a satisfacción cualquier porción o ele-mento considerable de la obra en proyecto, podrá ser abierta al tránsito previo permiso por escrito del Secretario de Obras Públicas. La concesión de tal permiso no constituirá acepta-ción final de la obra ....” (22 R.&R.P.R. see. 46-227.)

Evidentemente siguiendo estos principios se dijo en Joseph J. Hock, Inc. v. Baltimore Contractors, Inc., 249 A.2d 135-140 (Ct. App. Md. 1969), que “no puede haber acepta-ción hasta que se complete la obra, y no se considera comple-tada dicha obra mientras una porción del precio del contrato sea retenida para asegurar la completa ejecución del mis-mo .. . .” Más adelante el Tribunal expresó que el término aceptación final “. . . se refiere al momento cuando la respon-sabilidad del contratista hacia la ciudad (excepto por la res-ponsabilidad de la fiadora exigida por el contrato) y la res-ponsabilidad de la ciudad para con el contratista termina.” Ver, además, Baldwin-Lima-Hamilton Corp. v. Aetna Cas. & Sur. Co., 307 A.2d 169 (Conn. 1972); Anotación, Public Contractor’s Bonds — Time for Action, 119 A.L.R. 255-283 (1939).

Es razonable que el término de seis meses que concede la ley para reclamar de la fiadora no empiece a correr hasta que se liquide finalmente el contrato. Mientras no se lleve a cabo la liquidación, los suplidores de materiales pueden reclamar del dueño de la obra, que en virtud de lo dispuesto en el Art. 1489 del Código Civil tienen acción contra el “dueño de [la obra] ... hasta la cantidad que éste adeude [al contratista] cuando se hace la reclamación.” Mientras no se liquide el contrato no se sabe la cantidad de dinero que el dueño le adeuda al contratista y si esta cantidad es suficiente para pagar las acreencias de los materialistas y obreros. Si la cantidad adeudada no es suficiente entonces procede reclamar de la fiadora.

En vista de lo anteriormente expuesto procede revocar la sentencia que declaró prescrita la acción ejercitada y devolver el caso al tribunal de instancia para que determine la fecha de la liquidación final y proceda entonces a resolver si la ac-ción ejercitada por la demandante había caducado o no.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

      (1) “8.9. Termination of Contractor’s Responsibility — The contract shall be considered complete when all work covered by the same shall have been completely performed on the part of the Contractor, all parts of said work have been approved by the Engineer, the final inspection made, the final liquidation examined and approved by the Director, and the final payment made and accepted by the Contractor, The date of final payment shall be the date of final completion and settlement, and the Contractor will then be released from further obligation except upon proof of error, or as set forth in the performance and payment bonds.”


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Víctor M. Chévere, acusado y apelante.

      Número: CR-77-87

      Resuelto: 31 de octubre de 1978

      Ramón A. Sánchez Gómez, abogado del apelante; Héctor A. Co-lón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Supuestamente motivado por una conducta reprochable atribuida a Rubén Maldonado delante de la esposa y los hi-jos de Jaime Torres, éste solicitó de José A. Sánchez que lo-calizara a Maldonado.

Maldonado fue ultimado de un balazo en la cabeza con orificio de entrada por detrás y salida por la frente. El tiro fatal lo disparó Edilberto Jurado, amigo de Torres. Fueron acusados de asesinato en primer grado Torres, Jurado y Ché-vere un individuo que estuvo presente en la ejecución pero que no tuvo participación activa en la misma. Sánchez fue el único testigo de los hechos presentado por el fiscal en el caso contra Chévere. Torres y Jurado se declararon culpables.

Para revisar el veredicto del jurado que declaró a Chévere culpable de asesinato en segundo grado, apunta el apelante “que dicho veredicto es contrario a derecho y a la prueba” y que el tribunal erró “al negarse a impartir instrucciones es-peciales solicitadas . . . sobre la figura jurídica del co-autor siendo las mismas de especial importancia por la base de la prueba presentada y el estado de derecho actual de acuerdo a la jurisprudencia establecida” y erró asimismo “al no ins-truir a los miembros del jurado sobre el efecto de la embria-guez y la responsabilidad criminal.”

Con motivo de la conducta atribuida a Maldonado frente a la esposa e hijos de Torres, éste le pide a Sánchez que lo localice. Sánchez lo consigue y lo lleva a donde Torres, quien estaba con sus amigos Edilberto Jurado y el apelante Ché-vere. Todos los personajes que participaron en este crimen eran pacientes de la clínica de metadona. Luego de tomar varias cervezas en distintos sitios y con la excusa de ir a bus-car unas llantas de automóvil, todos se dirijen a Guavate: Sánchez, Torres, Jurado, Chévere y Maldonado. Descienden de los vehículos y entran en el monte. Torres le pasa un arma de fuego a Jurado. Delante van Maldonado, Sánchez y Ché-vere. Al instante se oyeron dos detonaciones. Regresaron a sus vehículos. Cuando salen a la carretera Torres le dice a Jurado “que qué lo mataste, lo tumbaste [y Jurado contesta] olvídate, eso es lo mío.” Maldonado fue encontrado en el monte de Guavate tiempo después, en proceso de descomposición. Presentaba una herida de bala en la cabeza con orificio de entrada por la parte posterior.

Sánchez declaró que el apelante no participó en forma alguna en los actos delictivos, y que estuvo al lado de él en todo el tiempo.

La prueba de la defensa explica la presencia del apelante en la escena del crimen. Esta se debió a que había pedido pon hasta su casa y siguió con ellos. Alega, además, que estaba en un estado físico (embriaguez) que no se daba cuenta de lo que ocurría a su lado.

Consideremos conjuntamente los dos primeros errores, se-gún los discute el apelante.

1. “Erró el Tribunal al aceptar el veredicto condenando al acusado-apelante por el delito de asesinato en segundo grado ya que dicho veredicto es contrario a derecho y a la prueba.”

2. “Erró el Honorable Tribunal al negarse a impartir ins-trucciones especiales solicitadas por la defensa sobre la figura jurídica del co-autor siendo las mismas de especial importancia por la base de la prueba presentada y el estado de derecho actual de acuerdo a la jurisprudencia establecida por esta honorable su-perioridad.”

La prueba presentada conecta a Chévere con el delito im-putado. Acompañó al grupo antes y después del crimen. El juez al instruir al jurado les hizo claro que: “[s]i se les de-muestra a ustedes, Damas y Caballeros del Jurado fuera de duda razonable que estos acusados mencionados en la acusa-ción se unieron para realizar o ejecutar el acto que se le im-puta al acusado y que todos contribuyeron a la comisión del delito, aun cuando uno solo produjera el resultado o sea, pro-dujera la muerte en este caso, ante la ley todos son responsa-bles del mismo delito. Pero si la unión de todos los acusados en la realización o ejecución del acto no se demostrare, en-tonces la responsabilidad habrá de recaer sobre aquellos que actuaron conjuntamente, o aquél que lo realizó por sí solo.”

Esta instrucción adecuadamente protegía la posición del apelante. En manos del jurado quedaba el determinar si la conducta de Chévere lo convertía en un co-autor o si por el contrario le daba crédito a la prueba que establecía que él no estaba consciente de lo que estaba pasando a su lado.

El jurado dirimió el conflicto y declaró culpable al ape-lante. No estamos justificados en alterar esa determinación.

3. “Erró el Hon. Tribunal al no instruir a los miembros del jurado sobre el efecto de la embriaguez y la responsabilidad criminal del acusado.”

El apelante fue acusado de asesinato en primer grado y el jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado. Aunque el juez no instruyó al jurado sobre su condición, como el jurado lo declaró culpable de asesinato en segundo grado, la omisión carece de trascendencia. A ese efecto expresamos en Pueblo v. Belmonte Colón, 106 D.P.R. 82 (1977): “Coinci-dimos con el criterio de los dictámenes que sostienen que la in-capacidad mental que puede producir el uso de drogas y be-bidas alcohólicas para cambiar un designio criminal solo tiene el efecto de reducir el grado del delito, de asesinato en primer grado a asesinato en segundo grado.” Precisamente eso.fue lo que hizo el jurado.

Se confirma la sentencia apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Se-cretario. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque emitió voto disidente.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

—O—

Voto disidente

del Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 31 de octubre de 1978

He leído con detenimiento la exposición narrativa de la prueba y no me parece satisfactoria en Derecho para sos-tener la convicción del apelante. La prueba de cargo no esta-bleció que el apelante se uniera a los que proyectaban asesinar a la víctima con conocimiento de su propósito, ni que adqui-riera tal conocimiento luego de estar con ellos y consintiera voluntariamente en participar. Falta la prueba del “concierto y común acuerdo” que se le imputó en la acusación.

No puede pasarse por alto que la prueba de defensa ex-plicó la presencia del apelante en la vecindad del lugar de los hechos. El testimonio del testigo Jaime Torres fue a este res-pecto convincente, prolijo en detalles que fortalecen su vera-cidad, y que no pudieron ser desvirtuados pese al hábil con-trainterrogatorio del experimentado fiscal Sr. Rossner. Ese testimonio no fue contradicho, no es inverosímil ni improbable, y debió merecer peso.

Es de notar que la única prueba que relaciona al apelante con la comisión del delito es el testimonio de un cómplice que, si bien no tiene que ser corroborado, debe tomarse con des-confianza. Regla 156 de Procedimiento Criminal, Instruc-ciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, pág. 47 (1976). A este cómplice, que sí tenía conocimiento del plan y fue quien buscó a la víctima por encargo del autor intelectual del crimen y la puso a su disposición, se le ofreció inmunidad y se le hizo testigo de cargo para poder enjuiciar al apelante. Aun así su testimonio, aparte de ser débil, ten-dió más bien a exculparle. Ello surge de la propia relación que se hace en la sentencia. Al examinarse la exposición de la prueba, esto se hace más patente.

Se dirá que el jurado dirimió los conflictos en la prueba y que no debemos intervenir en su apreciación de la misma. Pueblo v. Rosario Cintrón, 102 D.P.R. 82 (1974); Pueblo v. Villalongo Torres, 102 D.P.R. 574 (1974). Creo en esta norma. Pero no es absoluta. No nos está vedado examinar la prueba y aquilatar su valor probatorio en Derecho. Pueblo v. Carrasquilla Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551 (1974). No podemos ignorar la realidad de que los jurados, como huma-nos, se equivocan, y a veces sus fallos no responden necesaria-mente al valor probatorio de los testimonios vertidos ante ellos. Otras cosas pueden influir en ellos. Y aquí hay muchas. Por ejemplo, ¿qué valor probatorio tenía mostrar al jurado la calavera del occiso y su caja de dientes? Identificado el cadáver debidamente y establecida pericialmente la causa de la muerte, ¿a qué fin legítimo, que no fuera impresionar al jurado, conducía mostrarle tales cosas macabras? Además, consciente el jurado de que Jaime Torres, autor intelectual del crimen, y Edilberto Jurado, la persona que hizo el disparo, ambos confesaron su culpabilidad y fueron convictos, y de que el otro participante — José A. Sánchez — persona que llevó a la víctima para ser ejecutada fue hecho testigo del fiscal, pre-cisamente para poder enjuiciar al aquí apelante, ¿no es de esperarse que esas circunstancias pesaran en la mente del jurado?

Por último, el apelante no declaró en el juicio. Tenía de-recho a ello y así lo instruyó el juez. ¿Es de esperarse que seamos tan cándidos como para creer que esa circunstan-cia no pesa en el ánimo del jurado? La pregunta que siempre queda latente es, ¿por qué, si él mejor que nadie sabe que es inocente, no declara?

No señalo que todas estas circunstancias deben en todos los casos movernos a revocar sentencias condenatorias. Creo, sin embargo, que como personas de experiencia y con conoci-miento de la naturaleza humana no podemos pasarlas por alto frente a una prueba floja, débil, e indigna de confianza como la aportada en este caso para sostener un fallo de ase-sinato.

Revocaría la sentencia.