text:
    Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, demandante y recurrida, v. Hampton Development Corp., demandada y peticionaria.

      Número: O-80-721

      Resuelto: 28 de enero de 1982

      Telesforo Rosa Resto y Ronald L. Rosenbaum, de Woods & Woods, abogados de la peticionaria; Pedro Miranda Corrada, de Rodríguez Padilla y Fortuno, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Evaluamos el dictamen del tribunal de instancia que autoriza, en una impugnación de un laudo, la toma de la deposición de uno de los árbitros. Este incidente tiene el siguiente trasfondo fáctico y procesal:

El 22 de diciembre de 1970 la Corporación de Reno-vación Urbana y Vivienda (C.R.U.V.) y Hampton Development Corp. of Puerto Rico (Hampton) suscribieron un contrato para la construcción del proyecto identificado VBC-61, Residencial las Orquídeas. Como resultado de serias discrepancias sobre la calidad y resistencia sísmica de los edificios —y sobre quién recaía contractualmente la responsabilidad de satisfacer los costos para cumplir con ciertos requisitos de la Junta de Planificación y otras divergencias— surgieron varios litigios. Tras años de debates forenses ambas acordaron someter a arbitraje sus disputas. -A tal efecto el 5 de diciembre de 1977 otor-garon un convenio {Arbitration Agreement), que en lo per-tinente estipuló una junta compuesta por tres árbitros —uno seleccionado por cada parte y el tercero por mutuo acuerdo. La C.R.U.V. nombró al Ing. Antulio Pietri, Hampton al abogado norteamericano David A. Cobin y como tercero escogieron al Ledo. Fausto Ramos Quirós, ex juez superior. Se dispuso, además, que el laudo sería final, firme e inapelable.

Previas vistas al efecto, luego de un análisis de la evi-dencia, el 21 de enero de 1980, por unanimidad, los árbi-tros emitieron su laudo favorable a Hampton, ascen-dente a $13,949,687.18.

Así las cosas el 4 de junio de 1980, Hampton presentó moción para confirmar judicialmente el laudo. El 11 de abril de 1980 la C.R.U.V. lo impugnó aduciendo para ello, las siguientes razones: (a) que por lo menos üno de los árbi-tros se reunió en varias ocasiones con Hampton para dis-cutir el caso; (b) que hubo corrupción o parcialidad de parte de los árbitros ya que emitieron un laudo totalmente opuesto a toda la evidencia pericial presentada; (c) que por lo menos uno de ellos se ha expresado por escrito de tal manera que “no deja lugar a dudas en cuanto a su con-fusión [sic]” pues dijo que su determinación se basó en tes-timonio pericial cuando la realidad es que ello fue en forma completamente contraria; y (d) que el árbitro Antulio Pietri tenía un “serio conflicto de intereses como consecuencia de formar parte o tener interés en una corporación que le estaba haciendo reclamaciones económicas a [C.R.U.V. . . .] que eventualmente fueron a los tribunales y culminaron recientemente en una sentencia de más de $100,000.00.”

Posteriormente la C.R.U.V. notificó la toma de una deposición al Ing. Pietri a lo cual se opuso Hampton. El tribunal de instancia accedió y acordamos examinar su procedencia mediante el trámite de mostración de causa.

I

La Ley de Arbitraje de Puerto Rico, Núm. 376 de 8 de mayo de 1951, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3201 et seq., constituye el andamiaje legal que gobierna la solución del caso. A su amparo, todo convenio de arbitraje “será válido, exigible e irrevocable salvo por los fundamentos que existieran en derecho para la revocación”. Y como únicos motivos de revocación de un laudo reconoce los siguientes: (a) si se obtuvo mediante corrupción, fraude u otro medio indebido; (b) si hubo parcialidad o corrupción evidente de los árbitros o cualquiera de ellos; (c) si actuaron erróneamente al rehusar posponer la vista luego de mostrarse causa justificada para ello, o al rehusar oír evidencia pertinente a la controversia, o cuando incurrieren en cualquier error que perjudique los derechos de cualquiera de las partes; (d) si se extendieren en sus funciones o el laudo emitido no resolviera de manera final y defini-tiva la controversia; y (e) si no hubo sumisión o convenio de arbitraje válido y el procedimiento se inició sin diligenciar la notificación de intención de arbitrar.

La impugnación de la C.R.U.V. intenta enmarcarse en las causales (a), (b) y (c). Bajo esas premisas obtuvo autori-zación judicial para tomar la deposición. Ante nos reitera su procedencia adelantando la tesis de que, en síntesis, de haberse hecho alegaciones específicas de corrupción y con-ducta impropia en cuanto a uno de los árbitros —pro-veyendo la ley tales causales para invalidarlo— es lógico que para probar la existencia de las mismas, se provean los medios sobre descubrimiento de prueba, inclusive el uso de deposiciones.

Por su parte, Hampton se opone argumentando que la norma jurisprudencial prevaleciente impide tal trámite para evitar expediciones de pesca por un litigante perdi-doso. Aunque reconoce que se ha permitido tal descubri-miento cuando “existe evidencia objetiva de conducta impropia” por el árbitro, expone que en el caso de autos tal prueba no está disponible para el proceso decisorio en esta etapa apelativa pues las contestaciones a interrogatorios suplidas por C.R.U.V., con posterioridad a haberse perfec-cionado ese certiorari, es materia que no puede ser tomada en consideración. Finalmente enfatizan en el carácter final, firme e inapelable del laudo.

En Autoridad Sobre Hogares v. Tribl. Superior, 82 D.P.R. 344, 355 (1961), establecimos la doctrina de que los principios relativos al alcance y límites de la revisión judicial de un laudo arbitral son los que rigen bajo la ley de arbitraje federal y en algunas jurisdicciones estaduales. Siguiendo dicha orientación allí resolvimos que la doctrina jurisprudencial admite —en la dimensión procesal— que los árbitros no están compelidos a formular determinaciones de hecho o conclusiones de derecho, Autoridad Sobre Hogares, supra, pág. 361; tampoco expresan “las razones de su fallo, ni vienen obligados a sustanciar la prueba bajo juramento, ni a tomar la misma por escrito y hacer un récord”, Autoridad Sobre Hogares, supra, págs. 361, 362. De igual modo, no vienen obligados a emitir sus laudos conforme a derecho, salvo pacto expreso en contrario —Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604, 609 (1979). Respecto los parámetros de la revisión judicial, decidimos que no es revisable en su fondo el error de los árbitros en la apreciación de los hechos o en las normas de un derecho independientemente del sentir concurrente o disidente del foro judicial, Autoridad Sobre Hogares, supra, págs. 358-359; no son revisables tampoco señala-mientos de errores que conllevan considerar en sus méritos cuestiones de hecho sobre la interpretación de un contrato y la prueba recibida por los árbitros —Autoridad Sobre Hogares, supra, pág. 363.

Como resultado de las normas expuestas, aflora un principio rector: está fuera del ámbito del descubrimiento de prueba el inquirir sobre el proceso deliberativo mental y decisorio del árbitro. La cuestión es de importancia cardinal y reviste de gran seriedad a la articulación de una política judicial encaminada a promover estabilidad, destreza y finalidad de los procedimientos y laudos de arbitraje como medios “de resolver las controversias rápidamente, sin los costos y demoras del proceso judicial”. Rivera, supra, pág. 609.

Como corolario, son evidentes las razones que apoyan la regla general imperante de que el testimonio escrito o verbal de un árbitro, salvo la expresión disidente o explicativa en ocasión de emitirse el laudo, no es admisible para fines de impugnación de un laudo y, como consecuencia, está vedada la toma de deposiciones. Se considera que debe protegerse a los árbitros de una expedición de pesca del litigante perdidoso y también del capricho del propio árbitro quien con cambiar su parecer daría comienzo, no finalidad, a la litigación. Fukaya Trading Company, S. A. v. Eastern Marine Corp., 322 F.Supp. 278 (1971); Matter of Martin Weiner Co., 155 N.Y.S.2d 802 (1956); De Frayne v. Miller Brewing Co., 444 F.Supp. 130 (1978); Gramling v. Food Machinery and Chemical Corp., 151 F.Supp. 853 (1957); Admissibility of Affidavit or Testimony of Arbitrator to Impeach or Explain Award, 80 A.L.R.3rd 155 (1977). Únicamente por vía de excepción y con carácter limitado ante alegaciones sobre conflicto de intereses o conducta impropia y la existencia de suficiente evidencia objetiva que permita al foro judicial evaluar pre-liminarmente los méritos potenciales de tales alegaciones, se ha intimado que se acepte la toma de deposiciones. Fukaya Trading Company, supra.

II

Al confrontar los principios antes expuestos con las ale-gaciones y posiciones de las partes, opinamos que no se jus-tifica la deposición autorizada en el caso de autos. Nos explicamos. Primeramente se trata de un laudo en que las partes pactaron en dos ocasiones su carácter final, firme e irrevocable. El convenio no exigió que se transcribieran los procesos como tampoco que se formularan determinaciones de hecho o conclusiones de derecho; tampoco que éste fuera acorde a derecho. Hemos visto que existe un interés legislativo, rubricado por el poder judicial, de abstenerse a entrar a dilucidar en su fondo los méritos sobre errores en la apreciación de la prueba e interpretación de los hechos. La tendencia jurisprudencial mayoritaria es contraria a permitir este tipo de investigaciones —deposiciones— salvo que su necesidad quede ampliamente demostrada y ello sea la sola avenida disponible. Hasta el presente en el caso que nos ocupa, excepto las alegaciones sobre conflicto de interés basados en que Pietri pertenecía a una entidad corporativa (A & P General Contractors, Inc.) que demandó y obtuvo una sentencia contra la C.R.U.V. en el caso civil Núm. 79-1810, ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, las otras alegaciones o razones aludidas para anular el laudo no han sido sustanciadas. Esa relación o situación, por sí sola, no podría caracterizarse como corrupta o indi-cativa de parcialidad en el voto del árbitro Pietri, ni sería suficiente para apartarnos de la doctrina contra el uso de deposiciones. Tiene todos los indicios de una expedición de pesca. Ante esa realidad se imponen otras alternativas a la toma de la deposición. La C.R.U.V. puede solicitar y el tribunal respaldar la toma de deposiciones a otras perso-nas integrantes de la A & P General Contractors, Inc. También puede presentar prueba de carácter documental al efecto.

Finalmente, pesa en nuestro ánimo que el panel de árbitros quedó constituido a base de que cada parte selec-cionó uno y el tercero por ambas. Esta mecánica les brindó la oportunidad de, individualmente, escoger aquella persona que a su juicio era la más competente e idónea para juzgar su causa, siendo realmente un factor importante en el proceso decisorio el tercer árbitro optado por ambas partes. Advertimos que, en el caso de autos, el árbitro Pie-tri fue seleccionado precisamente por la parte que ahora lo impugna, la C.R.U.V. Ésta no cuestiona persuasivamente la integridad y razón de decidir de los dos árbitros restantes.

Por los fundamentos expuestos se dictará sentencia que expida el auto y deje sin efecto la deposición autorizada. Se ordenará la continuación de los procedimientos en el tribunal de instancia compatibles con lo resuelto.

      0) Como partes interesadas en los casos figuran la National Insurance Company —fiadora de la C.R.U.V.— y la Insurance Company of North America.

       Durante el período de las vistas nuevamente las partes reiteraron por escrito el carácter final, firme e inapelable del laudo.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Ulises Lind Rodríguez y Otra, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Corporación Insular de Seguros, demandados, recurrente el primero y recurrida la segunda.

      Números: R-81-281, R-81-257

      Resueltos: 2 de febrero de 1982

      José Luis Feliú Pesquera, abogado de los demandantes y recurrentes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrido Estado Libre Asociado de Puerto Rico; las demás partes no comparecieron.
   PER CURIAM:

El tribunal de instancia desestimó por sentencia sumaria parcial la demanda incoada por los aquí demandantes-recurrentes contra un médico y su asegu-radora, por la muerte del niño Eric Lind Cartagena alegadamente causada por la impericia profesional del médico Juan Miranda, quien a la sazón era empleado del Estado y, en adición, ejercía privadamente la medicina.

No incidió el tribunal de instancia al así resolver. El Art. 41.080 del Código de Seguros exime de responsabi-lidad no sólo a los médicos que trabajan exclusivamente para el Estado, sino también a los que, como en este caso, en adición ejercen práctica privada, mientras actúen en el cumplimiento de su deber como empleados del Estado. 26 L.P.R.A. sec. 4108.

En Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19 (1979), validamos dicha disposición frente a un ataque fundado en la garantía sobre la igual protección de las leyes, por no tratarse de una clasificación sospechosa que requiere un escrutinio acucioso para determinar su procedencia, sino, por el contrario, de una clasificación razonable que obedece al principalísimo propósito estatal de afrontar los serios problemas que ponen en riesgo la salud pública. En el caso de autos los demandantes aquí recurrentes impugnan la constitucional idad del mencionado Art. 41.080 por el mismo fundamento de violación a la garantía sobre la igual protección de las leyes, sin haber planteado la cuestión ante el tribunal de instancia y sin que éste la considerara en su sentencia sumaria parcial. Aunque tal omisión sería suficiente para no considerar la cuestión, hemos examinado los argumentos en que se apoyan los recurrentes y no nos persuaden a variar lo resuelto en Vázquez Negrón, supra.

El Estado, también recurrente, señala como error que el tribunal de instancia incidió al desestimar la acción contra la compañía aseguradora del médico. Alega que la causa de acción contra la aseguradora es independiente de la del asegurado, según los Arts. 20.010 y 20.030 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. sees. 2001 y 2003, y que la defensa de inmunidad de éste es personal. No tiene razón.

No se trata aquí de una defensa personal del médico ante reclamaciones en su contra, sino de inexistencia de causa de acción. Como ya vimos, el mencionado Art. 41.080 establece inmunidad absoluta a favor de los médicos que trabajan para el Estado, por los actos torticeros que realicen durante tales gestiones. No es el caso de la defensa personal —como lo sería, por ejemplo, la falta de notificación al Estado Libre Asociado— en la que existe la posibilidad de llevar una acción contra el asegurador. Cortés Román v. E.L.A., 106 D.P.R. 504 (1977); García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245 (1965); Trigo v. The Travelers Ins. Co., 91 D.P.R. 868 (1965). No existiendo causa de acción contra el asegurado, no responde su aseguradora. Admor. F.S.E. v. Flores Hnos. Cement Prods., 107 D.P.R. 789 (1978).

Finalmente, no es atendible el otro señalamiento de los demandantes-recurrentes en el sentido de que al médico no negar en la contestación a la demanda enmendada que la póliza de seguros respondía de los daños alegados en dicha demanda, éstos renunciaron a plantear su inmunidad posteriormente. Resuelto ya que la inmunidad no es una defensa personal, sino inexistencia de causa de acción, a la misma no se renuncia y puede plantearse en cualquier momento. Reglas 10.2(5) y 10.8(b) de las de Procedimiento Civil de 1979.

Se confirma la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García concurren con el resultado sin opinión.

       El Art. 41.080 provee en parte:
      “Ningún profesional en el cuidado de salud podrá ser incluido como parte demandada en una demanda de daños por culpa o negligencia que causa en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional en el cuidado de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y muni-cipios.”

      E1 Art. 20.010 lee:
      “El asegurador que expidiere una póliza asegurando a una persona contra dafíos o perjuicios, por causa de responsabilidad legal por lesiones corporales, muerte o daños a la propiedad de una tercera persona, será absolutamente responsable cuando ocurriere una pérdida cubierta por dicha póliza, y el pago de dicha pérdida por el asegurador hasta el grado de su responsabilidad por la misma, con arreglo a la póliza, no dependerá del pago que efectúe el asegurado en virtud de sentencia firme dictada contra él con motivo del suceso, ni dependerá de dicha sentencia.”
      El Art. 20.030 reza:
      “(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el asegurador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente. La acción directa contra el asegurador se podrá ejercer solamente en Puerto Rico. La responsabilidad del asegurador no excederá de aquella dispuesta en la póliza, y el tribunal deberá determinar no solamente la responsabilidad del asegurador, si que también la cuantía de la pérdida. Cualquier acción incoada conforme a esta sección estará sujeta a las condiciones de la póliza o contrato y a las defensas que pudieran alegarse por el asegurador en acción directa instada por el asegurado.
      “(2) Si el perjudicado entablara demanda contra el asegurado solamente, no se estimará por ello que se le prive, subrogándose en los derechos del asegurado con arreglo a la póliza, del derecho de sostener acción contra el asegurador y cobrarle luego de obtener sentencia firme contra el asegurado.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Banco de Ahorro del Oeste, demandante-peticionario, v. Víctor Santos Cintrón y su esposa, Myrna Loubriel, demandados-recurridos.

      Número: O-81-242

      Resuelto: 2 de febrero de 1982

      Ferrer & Alcaraz, abogados de los peticionarios; Hugo Arana Torrós, abogado de la recurrida Myrna Loubriel. El recurrido Víctor Santos Cintrón no compareció.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 29 de noviembre de 1977 los entonces esposos, Víctor Santos Cintrón y Myrna Loubriel, suscribieron un pagaré no hipotecario a favor del Banco de Ahorro del Oeste (“el Banco”) para garantizar un préstamo de $2,280.

El 5 de enero de 1978 el señor Santos Cintrón suscribió un segundo pagáré por la suma de $6,000, esta vez sin el consentimiento de la esposa.

El 12 de febrero de 1979 el señor Santos Cintrón tomó un tercer préstamo del Banco por la suma de $2,280. El Banco no le requirió tampoco esta vez al prestatario la firma de la señora Loubriel, de quien el señor Santos estaba separado para entonces y se divorciaría luego. El prestatario utilizó $906.13 de esta suma para saldar el primer préstamo y retuvo el balance.

A las pocas semanas de contraer esta última deuda el señor Santos cesó de efectuar abono alguno a los préstamos pendientes y el Banco declaró vencidos los pagarés. El Banco demandó tanto al señor Santos como a la señora Loubriel, ya divorciada.

La señora Loubriel señaló en su contestación que los pagarés representativos de la deuda, los últimos dos, se otorgaron sin su consentimiento; que ella no se benefició de ese dinero; y que entre las razones de su divorcio se contó la alegada realización de actos fraudulentos por su ex-esposo en perjuicio de ella.

El Tribunal de Distrito resolvió que la señora Loubriel respondía solidariamente tan solo por la suma de $906.13 y que el señor Santos debía satisfacer al Banco la suma de $7,426.55 de sus propios bienes. El Banco apeló al Tribunal Superior sobre la base de que los actos unilaterales del señor Santos obligaron a su entonces esposa. El Tribunal Superior confirmó la sentencia del Tribunal de Distrito. El Banco acudió en alzada ante nosotros. Expedimos auto de certiorari.

El Art. 1308 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3661, según enmendado por la Ley Núm. 51 de 21 de mayo de 1976, dispone:

Serán de cargo de la sociedad de gananciales:
1. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges.
6. Los préstamos personales en que incurra cualquiera de los cónyuges.

El Art. 1313 (31 L.P.R.A. see 3672), según enmendado por la referida Ley Núm. 51, ordena en parte:

No obstante lo dispuesto en la sec. 284 de este título, ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes muebles e immuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.
Todo acto de disposición o administración que sobre dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges en contravención a esta sección, y los demás dispuestos en este título, no perjudicará [s-ic] al otro cónyuge ni a sus herederos.

No existe ahora, como no existía antes de la Ley Núm. 51, contradicción entre los Arts. 1308 y 1313. El primero trata básicamente de actos de obligación; el segundo, de actos de disposición. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1967, T. IV, Vol. 1, pág. 689 y ss. Cualquiera de los cónyuges puede, como regla general, efectuar en Puerto Rico actos de obligación con cargo a la sociedad de gananciales sin el consentimiento del otro. El nuevo inciso 6 del Art. 1308 aclara que entre esos actos de obligación se cuentan los préstamos personales.

No sólo el claro texto del Art. 1308 abona esa conclu-sión, sino también el historial legislativo de la Ley Núm. 51. En su segundo informe, de 6 de mayo de 1975, la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara afirmó:

La medida a su vez faculta a ambos cónyuges a coger préstamos personales sin el consentimiento del otro, obli-gando dicho préstamo a la sociedad legal.

Este concepto se repite en el curso del debate ante la Cámara. Véase el pasaje reproducido en el escolio 5 de Padró Collado v. Espada, 111 D.P.R. 56 (1981).

Lo anterior no significa que todos los préstamos personales en que incurra un cónyuge obligan a la sociedad de gananciales. Estamos interpretando un código y no una ley ^.islada. El Art. 1308 es tan solo parte de un vasto cuerpo jurídico, armónicamente dispuesto. La norma que enuncia está sujeta a la masa doctrinal de ese cuerpo. De ahí que. en España el marido puede generalmente tomar a préstamo sin el consentimiento de la esposa, pero no puede obligar a la sociedad de gananciales con ánimo de perjudicar a la mujer. La mujer siempre tiene la facultad de dejar sin efecto no sólo los actos fraudulentos del marido, sino los realizados con el ánimo de perjudicarla. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1969, T. IX, pág. 785 y ss.

Numerosos comentaristas comparten la opinión de Manresa. Castán, por ejemplo, señala que la generalidad del Art. 1408 del Código Civil español, equivalente en esencia a la versión original del 1308 nuestro, queda limitada por el principio de que solo obligan a la sociedad de gananciales las deudas contraídas en interés de la familia. J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, 9na ed., Madrid, Ed. Reus, 1976, T. V, Vol. 1, pág, 375. Véanse, además, F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed., Madrid, Ed. Pirámide, 1976, T. V, págs. 162-163; E. Vaz Ferreira, Tratado de la Sociedad Conyugal, 2da ed., Montevideo, 1963, T. 2, págs. 19-22; J. A. Doral, El fraude y la defensa del interés familiar en el Código Civil, 58 Rev. Der. Priv. 555 (1974); J. Lacruz Berdejo y F. de A. Sancho Rebullida, Derecho de Familia, 3ra ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. 1, pág. 238 y ss. El principio enunciado es de antigua estirpe. En la Ley V, Tit. IV, Libro X de la Novísima Recopilación, que se hacía eco del Fuero Real y de las Leyes del Estilo sobre los extremos que cubre, luego de reconocer la facultad del marido de enajenar los bienes consorciales sin el consen-timiento de la mujer, se afirmaba que “el contrato de enagenamiento vala, salvo si fuere probado que se hizo cautelosamente por defraudar ó damnificar á la muger”.

En varios otros países civilistas se reconoce también la doctrina del provecho común o la de la ausencia de fraude como limitación al carácter ganancial de una deuda. J. Fernandes Rodrigues, Direito da Familia, 1977, T. II, pág. 101 y ss.; G. Cornu, Les Regimes Matrimoniaux, 2da ed., París, Presses Universitaires de France, 1977, pág. 346; G. Pescatore y C. Ruperto, Codice Civile, 7ma ed., 1978, Arts. 189, 192, págs. 143-144; Leyes y Códigos de México: Código Civil, 9na ed., Méjico, Ed. Porrúa, 1963, Arts. 175 y 194, págs. 78, 81.

La norma de que la sociedad de gananciales no responde de las deudas contraídas por el marido con el fin de perjudicar a la mujer rige desde hace muchas décadas en Puerto Rico. Al interpretar el entonces Art. 1323 del Código Civil, equivalente al actual 1308 en su versión anterior a la Ley Núm. 51, afirmamos en Vivaldi v. Mariani et al., 10 D.P.R. 444, 448 (1906):

Desde luego, que cuando de la prueba resultase que el marido ha pretendido hacer uso de las facultades que se le confieren sobre los bienes de la sociedad de gananciales, y de sus obligaciones para con ellos prescritas en la sección 1323 del Código Civil con el objeto de perjudicar ó exponer á algún riesgo los derechos de la esposa, la corte deberá intervenir, impidiendo la perpetración de tal fraude, y hará caso omiso y abrogará toda obligación así contraída por el marido en fraude de los derechos de la esposa, como también en cualquiera otro contrato ó traspaso fraudulento.

La Ley Núm. 51 no ha alterado esta doctrina. Su propósito, según se expresa en el segundo informe de la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara, es “equiparar jurídica-mente a la mujer respecto del hombre en las relaciones económicas dentro de la institución del matrimonio”. La Ley Núm. 51 no despoja a la mujer de la protección tradicional que gozaba contra actos administrativos, obligacionales o dispositivos realizados con ánimo de per-judicarla. Por el contrario, al sustituirse el antiguo sistema de administración unitaria marital por uno de adminis-tración dual o diárquica, se extiende por fuerza esa protección a ambos cónyuges. En Aguilú v. Sociedad de Gananciales, 106 D.P.R. 652, 656 (1977), expresamos así nuestra continuada preocupación por actos de dilapidación del capital ganancial:

Mal se llevaría a cabo la filosofía moderna de igualdad si so color de llamarse acto de administración se dejara a cualquiera de los cónyuges adquirir bienes inmuebles para la sociedad a riesgo de dilapidar el capital ganancial.

La señora presidenta y la señora asesora de la Comisión de lo Jurídico Civil de la Cámara para el tiempo de la adopción de la Ley Núm. 51 han analizado así la intención legislativa sobre este extremo:

... la intención legislativa va primordialmente encaminada a proteger a uno de los cónyuges de la mala administración y la dilapidación del caudal conyugal por parte del otro y por ende, evitar el fraude y el intento deliverado [sic] de sustraer bienes pertenencientes [sic] al caudal ganancial. O. Cruz Jiménez de Nigaglioni y M. Hosta de Guzmán, La nueva legislación que rige la sociedad legal de gananciales, 37 Rev. C. Abo. P.R. 701, 705 (1976).

Resolvemos en consecuencia que serán de cargo de la sociedad de gananciales los préstamos personales incurridos durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, mas no los tomados para el propio beneficio del prestatario, los no encaminados a servir el interés de la familia o los efectuados con el ánimo de perjudicar o defraudar al otro cónyuge. La carga de la prueba reposa inicialmente en el cónyuge que niega su responsabilidad o la de la sociedad de gananciales. Manresa, op. cit, T. IX, pág. 740. La carga puede invertirse con facilidad. Si la porción correspondiente de los bienes consorciales del cónyuge objetor, por ejemplo, queda afectada o si tal cónyuge demuestra prima facie no haber recibido beneficio alguno de la obligación contraída, entre otros casos, se invierte la prueba.

En el pleito presente la señora Loubriel alegó que no se benefició de los préstamos objetados. Con toda posibilidad se desfiló prueba sobre éste y otros extremos análogos, mas no se hicieron determinaciones de hecho sobre el particular. Debe devolverse el caso a instancia a tales fines.

Los valores en conflicto en este caso son básicamente el interés en igualar al hombre y la mujer en los aspectos concernidos y el interés en la seguridad y facilidad del tráfico comercial. En la práctica, ya el segundo interés le ha cedido la primacía al primero, sin trastornos. Como regla general, se requiere la firma de ambos cónyuges en los préstamos personales. J. Ramos de Sánchez Vilella, La mujer y la nueva legislación sobre derechos de familia, Comisión para el Mejoramiento de los Derechos de la Mujer, San Juan, 1977, págs. 28-29. Tal es también la situación en España e Italia. Puig Brutau, op. cit., T. IV, Vol. 1, pág. 698; A. y M. Finocchiaro, Riforma del Diritto di Famiglia, Milán, Ed. Giuffré, 1979, Vol. III, n. 25, págs. 537-538. Las normas reafirmadas en este caso le hacen justicia a la mujer, conforme al mandato constitucional y legislativo, sin lesionar usos de otra índole.

Se devolverá el caso a instancia para procedimientos ulteriores conformes con esta opinión.

       El Art. 1308 proveía originalmente:
      “Serán de cargo de la sociedad de gananciales:
      “1. Todas las deudas y obligaciones contraídas durante el matrimonio por el marido, y también las que contrajere la mujer en los casos en que pueda legalmente obligar a la sociedad.”
      El Art. 1308 no contenía anteriormente el actual inciso 6.

      (2)La See. 284 a que se hace referencia corresponde al Art. 91 del Código Civil, también enmendado por la Ley Núm. 51, el cual expone:
      “Ambos cónyuges serán los administradores de los bienes de la sociedad conyugal, salvo estipulación en contrario, en cuyo caso uno de los cónyuges otorgará mandato para que el otro actúe como administrador de la sociedad.
      “Las compras que con dichos bienes haga cualquiera de los cónyuges serán válidas cuando se refieran a cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social y económica de ésta. Disponiéndose que cualquiera de los cónyuges podrá efectuar dichas compras en efectivo o a crédito.
      “Los bienes inmuebles de la sociedad conyugal no podrán ser enajenados o gravados, bajo pena de nulidad, sino mediante el consentimiento escrito de ambos cónyuges. Nada de lo antes dispuesto se interpretará a ¡os efectos de limitar la libertad de los futuros cónyuges de otorgar capitulaciones ma-trimoniales.”

      (3) El texto anterior del Art. 1313 afirmaba:
      “Sin embargo de las facultades que tiene el marido como administrador, no podrá donar, enajenar y obligar a título oneroso, los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento expreso de la mujer.
      “Toda enajenación o convenio que sobre dichos bienes haga el marido en contravención a esta sección, y las demás dispuestas en este titulo o en fraude de la mujer, será nulo y no perjudicará a ésta ni a sus herederos.”

      En este caso no se discuten las reglas pertinentes a los actos de administración a que se refiere el Art. 91 del Código Civil.

      Se habrá advertido que el nuevo Art. 1313 del Código Civil eliminó la frase “en fraude de la mujer”. El efecto de esta eliminación, si alguno, no tiene que analizarse aquí, ya que lo que estamos interpretando son los actos obligacionales de que trata el Art. 1308.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis Lamberty González, acusado y apelante.

      Número: CR-81-10

      Resuelto: 2 de febrero de 1982

      Luis A. Amorós, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Pro-curadora General Auxiliar, abogados del El Pueblo.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El letrado apelante, luego de haber sido citado per-sonalmente, no compareció al acto de pronunciamiento de sentencia contra su representado. El juez imputó al apelante la comisión de un desacato criminal y le concedió oportunidad de ser oído, conforme las disposiciones de la Regla 242(b) de Procedimiento Criminal. En la vista del caso el imputado solicitó la inhibición del juez por haber sido el mismo magistrado que había hecho la determi-nación de causa probable para su arresto y fijado la fianza. El juez rehusó inhibirse, condenó al acusado por desacato y le impuso una multa de veinticinco dólares. Al denegar la reconsideración el juez se refirió al historial negro en su sala respecto a comparecencias de su amigo, el licenciado Lamberty, a quien le había perdonado antes muchas violaciones a órdenes análogas. El apelante plantea fun-damentalmente que erró el juzgador al no inhibirse.

Las fuentes del poder para castigar por desacato son múltiples. La Regla 242(a) de Procedimiento Criminal nos habla del desacato criminal directo. La Regla 242(b) se refiere al desacato criminal indirecto. La Regla 40.9 de Procedimiento Civil provee para el desacato civil. Se reconoce en Puerto Rico, además, el poder inherente de los tribunales para castigar por desacato. Pueblo v. García Rivera, 103 D.P.R. 547 (1975). También nos hemos ex-presado en ocasiones sobre el desacato sui géneris. In re Marín Báez, 81 D.P.R. 274 (1959); Dubón v. Casanova, 65 D.P.R. 835 (1946). Esto último no significa que es inexistente la diferencia entre el desacato civil y el criminal, sino que se dan ocasiones en que se aplican al desacato ciertas reglas especiales. D. Dobbs, Contempt of Court: A Survey, 56 Cornell L. Rev. 183, 231 (1971).

La verdadera distinción entre el desacato criminal y el civil estriba en la naturaleza y propósito del remedio. Si la intención es reparadora, inducir a alguien a cumplir con una obligación, el desacato es de naturaleza civil. Shillitani v. United States, 384 U.S. 364 (1966). Si el objetivo es vindicar la autoridad del tribunal, el desacato es de orden penal. United States v. Mine Workers, 330 U.S. 258 (1947). En lo que toca a la diferencia entre desacatos directos o indirectos, los primeros son los cometidos en presencia del tribunal. Pueblo v. Ortiz Padilla, 102 D.P.R. 736 (1974). Algunos tribunales consideran directos aun los que no se cometan en presencia de la corte, pero tan cercanamente que montan a una obstrucción de la justicia. Esto no es posible bajo la Regla 42(a) de Procedimiento Criminal federal, equivalente a la Regla 242(a) nuestra. 3 Wright, Federal Practice and Procedure: Criminal 2d, see. 703, pág. 819. La naturaleza del procedimiento, penal o civil, no dicta la naturaleza del desacato. Se puede cometer un desacato civil dentro de un procedimiento penal y viceversa. Dobbs, op. cit., pág. 237. La naturaleza del desacato es vital para la determinación del procedi-miento a seguir en su castigo.

A la luz de lo anterior, clasifiquemos el caso presente. Bajo el Art. 29 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 163, hemos denominado desacato civil la desobediencia a una citación, aunque hemos exigido que se siga un procedimiento análogo al fijado para el desacato criminal. Pueblo v. Pérez Díaz, 99 D.P.R. 788 (1971). En tales situaciones, como se hizo en el caso presente, el tribunal tiene la opción, a nuestro entender preferible, de tratar el desacato como un desacato de índole criminal, dado el propósito del remedio, y utilizar el mecanismo dispuesto por la Regla 242(b). Se trata en este caso, por lo tanto, de un desacato criminal indirecto, correctamente encuadrado dentro del marco de la Regla 242(b) de Procedimiento Criminal. Veamos ahora el problema de la inhibición.

La Regla 242(b) dispone:

Salvo lo provisto en el apartado (a) de esta Regla, en todo caso de desacato criminal se le dará al acusado previo aviso la oportunidad de ser oído. El aviso expondrá el sitio, hora y fecha de la vista, concederá al acusado un tiempo razonable para preparar su defensa, hará saber al acusado que se le imputa un desacato criminal y expondrá los hechos esen-ciales constitutivos del mismo. Él acusado tendrá derecho a su libertad provisional bajo fianza de acuerdo con las disposiciones de estas reglas. Si el desacato se fundara en actos o conducta irrespetuosa hacia un juez, éste no podrá conocer de la causa excepto con el consentimiento del acusado.

Cuando se trata de un desacato criminal directo no existe dificultad alguna, por lo general, en que el propio juez en cuya presencia se cometió el desacato proceda a su castigo sumario. La inhibición del juez minaría la eficacia del remedio. Si el desacato, no obstante, es a la propia persona del juez y no median circunstancias que exijan indefec-tiblemente que no se posponga la acción judicial, no debe emplearse entonces la Regla 242(a) y debe procederse en vez bajo la Regla 242(b). Offutt v. United States, 348 U.S. 11 (1954); 3 Wright, op. cit., sec. 713, págs. 861-864.

Bajo la Regla 242(b), según se expresa en su texto, si el desacato se funda en actos o conducta irrespetuosa hacia el juez, procede la inhibición, mas esto depende del grado en que esté involucrada la persona del juez. Debe existir normalmente un elemento de ataque, ofensa o crítica personal al juez o de interés del juez, o el juez puede haber participado de modo tan activo en una fase anterior del caso que su imparcialidad puede haber quedado comprometida. R. Sedler, The Summary Contempt Power and the Constitution: The View from Without and Within, 51 N.Y.U. 34, 45 y ss. (1976). Los hechos de cada caso deben examinarse separadamente. Note, Procedure: Contempt Proceedings: Disqualification of Judge for Bias, 44 Cal. L. Rev. 425 (1956). En Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492, 494 (1962), expusimos que en cada caso debe considerarse “la índole del procedimiento seguido . . . para entonces determinar el grado de relación que tuvo el juez con la prueba y los probables efectos de esa relación sobre su desinterés e imparcialidad”.

El apelante alega, en primer término, que la inhibición procede aquí por razón de la norma sentada en In re Murchison, 349 U.S. 133 (1955). Los hechos en Murchison son totalmente distintos al caso presente. En Murchison se trataba de un procedimiento de desacato contra unos testigos por conducta cometida durante unas vistas secretas ante un juez autorizado a investigar delitos, a llamar testigos y a actuar de hecho como un gran jurado compuesto de una sola persona. El Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió que el debido proceso de ley impide esta conjunción de funciones de fiscal y juez, que un juez que ha actuado como un gran jurado contra personas acusadas como resultado de su investigación y contra quienes tendría que declarar como esencial testigo de cargo no debe juzgar esa misma causa.

Los singulares hechos de Murchison no se dan en el caso de autos. No estamos aquí ante un cuadro de circunstancias que ponga en entredicho con el necesario relieve la imparcialidad de un juez. Tampoco se trata aquí de aplicar el principio que sentamos en Toro Goyco al efecto de que el juez que investiga personalmente una querella criminal y ordena que se presente la denuncia no puede presidir la vista del caso en su fondo. En Pueblo v. Quiles, 83 D.P.R. 63 (1961), y Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 285 (1961), también distinguimos a Murchison y resolvimos que no procedía la inhibición del juez por el mero hecho de ser igualmente la persona que determinó la existencia de causa probable.

En el caso de autos no puede afirmarse que la relación que tuvo el juez con la prueba fue tan íntima que probablemente afectó su imparcialidad. La relación que hubo fue la usual en casos de incomparecencia a corte. El tribunal actuó con entera corrección. Sus expresiones en el curso de los procedimientos no revelan indicio alguno de animosidad o prejuicio. Todo desacato a la orden de un juez tiene un elemento intrínseco de afrenta personal, mas esto de por sí no obliga a la inhibición. R. Kuhrs, The Summary Contempt Power: A Critique and a New Perspective, 88 Yale L.J. 39, 62 y ss. (1978).

Según se afirmó en Ungar v. Sarafite, 376 U.S. 575, 584 (1964), donde contrario al caso de autos hubo fuertes críticas a las actuaciones del juez y repetidas violaciones a sus órdenes:

... no estamos dispuestos a basar una norma constitucional de inhibición tan solo sobre tal desobediencia a las órdenes del Tribunal y a la crítica de sus fallos durante el curso del juicio.

Hemos examinado también el argumento del apelante al efecto de que su incomparecencia se debió a un olvido involuntario, que él no tuvo la intención de desacatar. No hallamos base en el récord para intervenir con la apreciación de la prueba por el tribunal de instancia. No se dan aquí las circunstancias que se dieron en casos como Pueblo v. Escalera, 95 D.P.R. 148 (1967); Pueblo v. Concepción Fonseca, 101 D.P.R. 357 (1973) y Pueblo v. Arraiza, 103 D.P.R. 243 (1975).

Por las razones expuestas se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión.

       Para la situación anterior a las nuevas Reglas de Procedimiento Civil en cuanto a las fuentes del desacato, véase: Pueblo v. Pérez Díaz, 99 D.P.R. 788, 796-798 (1971).

       El Art. 29 del Código de Enjuiciamiento Civil dispone que:
      “Para el ejercicio efectivo de las facultades conferidas por la precedente sección a un funcionario judicial, puede éste castigar por desacato en los casos dispuestos en este Código.” Este artículo tiene tan solo vigencia transitoria.

       Algunos estados consideran que la incomparecencia o aun la tardanza en comparecer en corte tras haber sido debidamente citado constituye un desacato directo, punible sumariamente. Véase: Anno., Attorney’s failure to attend court, or tardiness, as contempt, 97 A.L.R.2d 431, 457 y ss. (1963). En Puerto Rico, según hemos indicado, la naturaleza de la fuente de nuestra Regla 242 cierra este camino.

      (4) El apartado (a) de la Regla 242 provee:
      “(a) Procedimiento sumario. El desacato criminal podrá castigarse en forma sumaria siempre que el juez certifique que vió u oyó la conducta constitutiva de desacato, y que se cometió en presencia del tribunal. La orden condenando por desacato expondrá los hechos y será firmada por el juez, dejándose constancia de ella en las minutas del tribunal.”


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Sucesión Dr. Manuel Meléndez, etc., demandantes y recurrentes, v. Hon. Carmen T. Pesquera de Busquets, en su carácter de Secretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, recurrida; Octavio Alvarado, h.n.c. Bayamón Highway Motors, interventora.

      Número: O-80-302

      Resuelto: 2 de febrero de 1982

      Jorge Benitez Gautier, abogado de los peticionarios; Guillermo Bauza, abogado del interventor. La parte recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente Sucesión del Dr. Manuel Meléndez Martínez dio en arrendamiento al interventor recurrido Octavio Alvarado un solar de 1,217.76 m/c de uso comer-cial en el Km. 11.7 de la carretera estatal Núm. 2, jurisdicción de Bayamón por canon de $400 mensuales, y término de un año partiendo del 1o enero, 1973, prorro-gable por subsiguientes períodos de un año “mediante previo acuerdo al efecto de ambas partes”, contrato que fue formalizado en la escritura Núm. 4 otorgada en Bayamón el 23 enero, 1973 ante el notario Sr. Francisco A. Colón Cruz. Por unos cuatro años el arrendatario cumplió lo pactado pagando el canon de $400 por mes, mas luego al surgir divergencias entre las partes y la posibilidad de un desahucio, el inquilino acudió al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) con solicitud para fijación de alquiler máximo, y por su cuenta, sobre la protesta de la sucesión arrendadora, redujo los pagos mensuales a $150 que luego rebajó aún más a $23.02 mensuales cuando DACO fijó en esta última cantidad el alquiler máximo prospectivo del solar, según resolución de 13 febrero, 1979. Poco después, en abril siguiente, el arrendatario instó acción civil sobre rembolso de sobreprecio y triple daño en que pide se condene a la sucesión arrendadora a pagarle una suma en exceso de $77,000.

El pleito se ha desarrollado en dos vertientes: la demanda civil de rembolso y daños en la que la Sala de Bayamón denegó la moción de sentencia sumaria de la demandada basada en falta de jurisdicción en DACO para intervenir con el canon libremente pactado por las partes, certiorari denegado por este Tribunal (0-79-576); y la revisión en la vía administrativa de la acción de DACO que asumió jurisdicción y por la citada resolución rebajó un canon acordado en contrato de $400 a $7.69 por mes retroactivo y $23.02 prospectivo. El Tribunal Superior despachó con no ha lugar la petición de revisión, y desde 29 mayo, 1980 en que se presentó escrito de oposición por el inquilino interventor se halla pendiente ante nos para proveer, la petición de certiorari de la arrendadora recu-rrente. La presencia en autos de escritos de ambas partes en que formulan sus respectivas posiciones nos permite resolver el caso por vía de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

No procede la excepción de cosa juzgada opuesta por la recurrida. La resolución del Tribunal Superior denegatoria de la moción de sentencia sumaria basada en la falta de jurisdicción de DACO no adjudicó esta cuestión con finalidad y sí sólo la remitió para decisión en juicio. El issue de jurisdicción de la agencia administrativa se hallaba pendiente ante la propia agencia en proceso paralelo a la acción civil y aparecía envuelto con cuestiones de hecho como el historial arrendaticio del solar que se retrotrae a una renta de $150 mensuales en fecha anterior a 1973 y falta de afirmación en precepto de ley o jurisprudencia en cuanto a si la situación factual específica que confrontaba la sala de instancia sacaba el solar del control de DACO. “El Tribunal”, dicen Wright y Miller, “no puede juzgar cuestiones de hecho en moción bajo la Regla 56 [Regla 36 de P.R.] y su autoridad se circunscribe a determinar si hay cuestiones que deben ventilarse en juicio . . . simplemente precisar si existe cuestión justicia-ble más bien que resolver la misma ...

Una sentencia sumaria, por constituir una decisión en los méritos, es precedente de cosa juzgada cuando se opone entre partes debidamente relacionadas. La denegación de una moción de sentencia sumaria, sin embargo, no va más allá de establecer la ley del caso para una ulterior moción basada precisamente en los mismos fundamentos. Wright y Miller, Federal Practice & Procedure: Civil, Vol. 10, pág. 668. No tiene más valor de finalidad adjudicativa de la cuestión de jurisdicción, la resolución de instancia que denegó la moción de sentencia sumaria del demandado-recurrente, y el certiorari denegado (O-79-576) por este Tribunal no revistió la decisión de instancia de virtualidad de cosa juzgada que nunca ha tenido. Sucn. Andrades v. Sosa, 45 D.P.R. 732 (1933).

Sostiene la Administración —y el interventor— que la exención parcial de reglamentación se aplica a estructuras mas no a solares y sobre dicha premisa apoya su reclamo de jurisdicción para imponer un canon distinto al conve-nido. Ordena el Art. 4(b)(4) de la Ley de Alquileres Razonables, 17 L.P.R.A. sec. 184(b)(4):

(b) No se aplicarán las disposiciones [de las secs. 181 a 214a] de este título a las siguientes propiedades:
(4) A toda unidad de alquiler con una renta de $200.00 o más por mes cuando la misma se usa para vivienda y con una renta de $400.00 ó más por mes cuando se usa para fines de negocios, industria, oficinas profesionales, o para fines sociales y recreativos.

En su Art. 22 (17 L.P.R.A. see. 212) dicho estatuto comprende las siguientes definiciones:

(f) “Propiedad de alquiler” incluye edificio, habitación, apartamiento o cualquier parte de los mismos irrespectivo de su uso, solares dedicados a cualquier fin. . . . [Énfasis nuestro.]
(m) “Unidad de Alquiler” se refiere e incluye cada una de las viviendas o cada uno de los locales alquilados separa-damente en el mismo edificio. (Énfasis nuestro.)

La integración analógica de estas disposiciones a la luz de la Exposición de Motivos de la Ley que incluye los solares entre los bienes objeto de reglamentación, y el Art. 18 del Código Civil normativo en cuanto a que las disposiciones de ley deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras “por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro”, inevitablemente lleva a la conclusión de que incluidos los solares en la reglamentación estatutaria como propiedad de alquiler (apartado (f), Art. 22, supra) están también comprendidos en el concepto “unidad de alquiler” del apartado (m) y se extiende a ellos, al igual que a las estructuras, la norma de exención a base de canon, arriba transcrita, que significativamente agrupa tanto edificaciones como solares en su introducción de inciso (b) bajo el término genérico de “propiedades”. Un solar es, por tanto, unidad de alquiler cuyo canon puede determinar la exención e inaplicación de disposiciones regulatorias ordenadas en el transcrito Art. 4(b)(4). Cf. Pons v. Dir. Adm. S. Consumidor, 99 D.P.R. 551, 553 (1971).

Esta exención opera de pleno derecho, sin que sea necesario el visto bueno de la agencia que administra el control de alquileres. Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244 (1975); B. Fortaleza Corp. v. Bouzá, 101 D.P.R. 270 (1973). Una vez que en el mercado de alquileres y mediante libre contratación entre arrendador y arrendatario la unidad arrendaticia alcanza el canon límite fijado en el Art. 4(b)(4) la eficacia de pleno derecho de esa exención no necesita el auxilio de evaluación por DACO y dicha agencia pierde toda jurisdicción para reglamentarlo. Si fuese irrestricto el poder de DACO para intervenir con cánones de alquiler acordados mediante contratación privada en consideración a factores y fluctuaciones económicas que en última instancia determinan la productividad y rentabilidad del inmueble, tal facultad estaría teñida de matiz confiscatorio, con mayor razón si su ejercicio es capaz, como en el presente caso, de rebajar de $400 a $7.69 por mes el canon contractual, y de paso generar cuantiosa indemnización para el infractor del contrato; y en tal extremo suscitaría problemas de contravención del derecho de propiedad que amparan la Constitución y el Código Civil. Cf. Rivera v. R. Cobián Chinea & Co., 181 F.2d 974 (1950); Art. 282 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 1113.

Sólo podrá limitarse ese derecho en aras de un predominante interés del Estado en proteger la vivienda y el pequeño negocio de las clases más desvalidas frente al poder económico del casero, cuyo nivel de protección regulatoria corresponde fijarlo a la Asamblea Legislativa dentro de normas de razonabilidad, como así lo ha hecho al excluir de control las rentas de $200 en viviendas, y $400 en locales comerciales y otros de fines no residenciares. La firma del arrendatario en el contrato con canon en exceso de dichos límites, es acto válido de su autonomía contractual y renuncia expresa a la protección que brinda la Ley de Alquileres, pues le niega toda jurisdicción a la agencia reguladora del precio. En el caso que nos ocupa, el arrendatario recurrido no sólo firmó la escritura en que se estipula un canon mensual de $400, sino que obtuvo prórrogas anuales del contrato y pagó el canon por casi cuatro años. Su acción renegando de lo pactado y su solicitud a DACO para que reajustara el canon es gesto ineficaz que no abre para él las puertas de la agencia que previamente cerró al contratar fuera de los límites de control gubernamental de alquileres.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expedirá el auto, se anularán la resolución recurrida y todos los demás procedimientos efectuados por el Departamento de Asuntos del Consumidor sin jurisdicción para ello y se mantendrá la legalidad del canon estipulado en el contrato de arren-damiento.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión.

        Federal Practice & Procedure: Civil, Vol. 10, págs. 379-381.

        Estados Unidos de América v. Registrador, 53 D.P.R. 944 (1938); A. Roig, Sucrs. v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 342 (1954).

      Así reconocida desde Vda. de Hernández v. Pérez Colón, Admor., 94 D.P.R. 807 (1967); Blanco Rojo v. A.E.E., 96 D.P.R. 231 (1968).