text:
    Inocencia Figueroa Vda. de Delgado et al., demandantes y recurrentes, v. Boston Insurance Company, demandada y recurrida.

      Número: R-68-234

      Resuelto: 10 de septiembre de 1973

      Amadeo, Benet & Oliveras, abogados de los recurrentes; Castro & Castro, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Este es el epílogo de la decisión emitida en el presente caso e informada a las páginas 714 y sigs. del tomo 99 de las Decisiones de Puerto Rico. Nos toca resolver si un hombre que muere víctima del acto u omisión negligente de otro, trans-mite a sus herederos la causa de acción que no ejercitó, para recobrar indemnización adecuada al sufrimiento físico y moral que precedió a su deceso. Los demandantes-recurrentes ya obtuvieron compensación por sus propios y personales sufrimientos y dolor moral generados por la muerte de su causante. Su demanda contiene una reclamación adicional fundada en la causa de acción que correspondía a su causante por la tortura moral y física sufrida durante los tres días entre la ocurrencia del accidente y su muerte. No hay contención en cuanto a la dolorosa agonía de la víctima inicial Ramón Delgado: sufrió graves quemaduras en % partes de su cuerpo como resultado de una explosión de gases al operar un taladro .eléctrico en los tanques de gasolina de la lancha de su patrono recurrido, se mantuvo en conocimiento, no toleraba la ropa, su condición física general era lastimosa, “sufriendo demasiado”; le encomendaba a su esposa que velara por sus hijos y preguntaba por los demás familiares (T.E. págs. 16 y 17), y en esa terrible prueba sucumbió calcinado al tercer día. En la primera decisión de este pleito que lleva fecha de 11 de marzo de 1971 de determinó que la explosión letal tuvo su causa en la imprevisión y descuido del recurrido dueño de la lancha al no tomar las precauciones usuales para perforar tanques de gasolina y operar un taladro eléctrico en un sitio saturado de gases inflamables.

Los Arts. 1802 y sigs. del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 5141 y sigs.) en su dilatado ámbito reparador del daño constituyen la fuente de las acciones torticeras deri-vadas de muerte ilegal que en nuestro derecho son dos: una, la acción personal de la víctima inicial del accidente por los daños que ella misma sufrió; y otra, la' acción que corresponde exclusivamente y por derecho propio a los parientes próximos del occiso por los daños que a ellos causa la muerte del causante. Cáez v. U.S. Casualty Co., 80 D.P.R. 754, 762, (1958). Cuando como en este caso ambas causas de acción se ejercitan por los sucesores de la víctima original podríamos diferenciarlas llamando a una la acción heredada o patrimonial y a la otra la acción directa o personal.

La razón principal que se ha venido oponiendo como muro de contención a la franca tendencia contemporánea hacia la transmisibilidad por herencia de esta causa de acción tiene su raíz en una subconciente atadura intelectual al viejo aforismo de que la acción personal muere con la persona (actio personalis moritur cum persona), doctrina sin fe de bautismo que escaló subrepticiamente los niveles de expresión del derecho común y que además de anacrónica es incompatible con nuestro sistema de derecho civil en su premisa fundamental de ser el heredero continuación de la personalidad jurídica del finado. Máxima bárbara la llamó el comentarista Pollock; de oscuro origen, descartada hace 200 años según Harris v. Nashville Trust Co., 162 S.W. (Tenn.) 584, citado con aprobación en Porto Rico R. L. & P. Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 340, 349 (1928) (cf. Pérez v. Sucrs, de M. Pérez & Co., 41 D.P.R. 852 (1931)). De desacreditada y extraña a nuestra institución sueesoral la tildó este Tribunal en Sosa v. Sucn. Morales, 58 D.P.R. 360, 363, (1941), y en Silva v. Doe, 75 D.P.R. 209, 216 (1953).

En Puerto Rico' si bien se ha dicho que “la causa de acción por muerte no es parte del patrimonio hereditario del causante” el dictum es de limitada periferia a los hechos del caso, pues sucediendo una hija natural a la víctima del acci-dente, el padre de éste queda excluido de su herencia, y la acción ejercitada en el caso en particular fue la directa a que tienen derecho los que sufrieron el perjuicio por la muerte, fueren o no herederos. Travieso v. Del Toro y Travieso, 74 D.P.R. 1009, 1015 (1953). Más tarde, en Correa v. Autoridad Fuentes Fluviales, 83 D.P.R. 144, 151-152 (1961), se citó el dictum de Travieso, en una glosa escolástica irrelevante también a la cuestión factual allí adjudicada que consistió en reconocer el derecho a compensación de la concubina por muerte de su compañero. En ambas ocasiones rehusó este , Tribunal adentrarse en la doctrina de Porto Rico R. L. & P. Co. v. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 340, 347 (1928), en el cual, admitiendo la continuación por sus herederos de un pleito de daños y perjuicios incoado originalmente por la víc-tima inicial del accidente, se dijo:

“Por el artículo 1803 del Código Civil se establece que el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Y por el 1804 que tal obligación es exigible no sólo por los actos u opiniones propios, sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder.
De acuerdo con esos preceptos legales Rosa Sánchez demandó a la Porto Rico Railway Light & Power Company. La deman-dada contestó. El juicio fue señalado y suspendido varias veces. Si los hechos alegados son ciertos, la obligación de indemnizar por parte de la demandada es evidente. La demandada tenía una deuda contraída para con la demandante que ésta le pidió por la vía judicial que le pagara. Si se hubiera dictado sentencia favorable a la demandante y se hubiera ejecutado, la demandante hubiera recibido cierta suma de dinero constitutiva de un bien material que hubiera podido disfrutar plenamente en vida y que en caso de no haberse consumido hubiera pasado a sus herederos.
Sucesión es la trasmisión de los derechos y obligaciones del difunto a sus herederos, según el artículo 644a del Código Civil Revisado. La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte, prescribe el artículo 667 del propio Código, y se trasmite según el 665 del mismo desde el momento de la muerte. El fallecido continúa viviendo en la persona de sus herederos en cuanto la ficción es posible, o en la herencia yacente cuando los herederos no existen. Como dice la Corte Suprema de los Estados Unidos por medio del Juez Sr. Holmes en el caso de Blackstone v. Miller, 188 U.S. 189, 204, ‘La sucesión universal es la continuación artificial de la persona de un fallecido por un albacea, heredero, u otro seme-jante, en tanto en cuanto a la sucesión de derechos y obligaciones concierne.’
... [a la demandante] se le debía algo tan susceptible de cobro como si se tratara del producto de su trabajo personal o de daños causados a su propiedad.
Siendo ello así ¿puede sostenerse que la acción muera con el reclamante?'Repetimos que no, porque no se trata de algo que sea personalísimo que necesite de la vida natural de la persona para continuar ejercitándose.
La obligación de la demandada surgió desde el momento de la ocurrencia del accidente. Fue exigible desde entonces y a su debido tiempo fue exigida. Cabe perfectamente dictar la senten-cia reconociéndola a favor de los continuadores de la personali-dad del primitivo reclamante como en el caso de cualquiera otra reclamación. Si a otra conclusión se llegara, el heredero del demandante, el que recibiría el beneficio que debió recibir el demandante, no serían sus descendientes, ascendientes o parien-tes colaterales, sino la propia persona que le causó el daño.”

Sin embargo, fue tímido e inconcluso el pronunciamiento de Puerto Rico R. L. & P. Co., citado, pues hizo descansar el derecho o causa de acción en el hecho de haber la finada per-sonalmente iniciado la acción mediante radicación de demanda, y en su angosto criterio enfatiza más el trámite procesal de sustitución de parte que el aspecto de transmisi-bilidad del derecho reclamado. El derecho de los sucesores no depende de ningún trámite procesal iniciado por su causante; arranca del acto torticero mismo, del valor económico determinable en el patrimonio de la víctima que se trasmite a sus herederos no importa la etapa de su trámite procesal y aún cuando no se hubiera iniciado la reclamación judicial. Lo que se trasmite del causante a su heredero es un derecho, no un expediente.

El Art. 608 del Código Civil patrio (31 L.P.R.A. see. 2090) declara que la herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte; y el Art. 610 (31 L.P.R.A. see. 2092) precep-túa que los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su muerte en todos sus derechos y obligaciones. No obstante ser estos dos artículos reproducciones literales de los Arts. 659 y 661 del Código Civil Español, dentro de cuyo marco se contiene la cuestión litigiosa del momento, no son de gran ayuda los comentaristas ya que no abordan la cuestión frontal-mente limitándose a coincidir en cuanto a que la regla general favorece la mayor transmisibilidad hereditaria y que las obligaciones tanto en su lado activo como pasivo, son objeto de sucesión hereditaria, excluyendo de ella solamente las que debido a su carácter personalísimo se extinguen por la muerte del acreedor o del deudor. Señalan como derechos personalísi-mos que por disposición del Código Civil se extinguen con la persona los de usufructo, uso, habitación, renta vitalicia, patria potestad, alimentos, tutelas, servidumbres personales, ciertos contratos de obras y servicios, la acción de impugna-ción de la legitimidad del hijo y la concedida al donante por causa de ingratitud y aquellos derechos y obligaciones que por pacto se extinguen al morir el contratante, como se estipula frecuentemente en el contrato de sociedad, mandato, como-dato, etc. Castán, Derecho Civil, Tomo 6, Vol. I, pág. 93, ed. 1969; Bonet Ramón, Código Civil Comentado, pág. 512, ed. 1964; Manresa, Comentarios al Código Civil, Tomo V, pags. 300 y sigs.; Scaevola, Código Civil, Tomo 12, págs. 51 y sigs., ed. 1950.

La causa de acción civil reparadora del daño inferido al difunto ni está en la lista de derechos personálísimos que mueren con la persona ni queda afectada por las razones de exclusión que Castán sintetiza de este modo:

“La regla general es que los derechos que no pertenecen al patrimonio (como los derechos públicos, los derechos de la per-sonalidad casi siempre, los de estado civil, los de la familia) no pasan, en lo fundamental, al heredero. En cambio, los derechos patrimoniales son fundamentalmente transmisibles por sucesión hereditaria; pero algunos de ellos están excluidos de esta trans-misibilidad, ya por razón de la naturaleza del negocio jurídico que les sirve de base o ya a virtud de una disposición legal motivada, ordinariamente, por consideraciones económicas.
La sentencia de 11 de octubre de 1943 establece que aunque el Código no contenga un concepto genérico que sirva de guía en la determinación de los derechos transmisibles e intransmi-sibles mortis causa, ‘cabe llégar a una determinación enunciativa de los derechos exceptuados de la transmisión por causa de muerte, como suele formularla la doctrina científica, compren-diendo como intransmisibles, en principio y con ciertas salve-dades, los derechos de carácter público; los personálísimos o de tal suerte ligados a determinada persona por sus cualidades, pa-rentesco, confianza, etc., que tienen su razón de ser preponderante y a veces exclusiva en elementos o circunstancias que sólo se dan en titular — ossibus inhaerent — y, por último, algunos derechos patrimoniales de duración limitada, legal o convencionalmente, a la vida de una persona.’ ” Castán, ob. cit.

En sus sentencias de 20 de diciembre de 1930 y 17 de febrero de 1956 el Tribunal Supremo de España cuya juris-prudencia sobre este asunto es sugerente pero confusa, se acercó a la afirmación de transmisibilidad que ahora adopta-mos, al resolver que la muerte instantánea del atropellado impidió que éste poseyera ni por un momento el derecho a ser indemnizado, que se supone trasmitió a sus descendientes. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo V, Vol. 1, págs. 55 y sigs., ed. 1961. Puig Brutau es el único de los comentaristas que toma una posición clara en el debate jurí-dico al declarar que y citamos: “El derecho del causante a obtener indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado durante su vida se transmite, naturalmente, a sus herederos, pues, en definitiva, es una derecho de crédito perfectamente transmisible al amparo de las reglas generales que regulan la transmisibilidad de los derechos.” Obra y volumen citados, pág. 55.

En el análisis del demorado reconocimiento de esta causa de acción civil hereditaria percibimos un rezago de conciencia quijotesca, un escrúpulo residual de una época pasada cuando el estilo regidor de nuestra idiosincracia latina no permitía reconciliar y mucho menos equilibrar el concepto de sufri-miento y angustia con el de compensación pecuniaria; la arraigada noción ética de que ninguna suma de dinero podría recibirse en pago de un agravio sin conllevar un sentido d‘e claudicación mercantilista y cierta desaprobación de la opinión pública. En ,1a civilizada evolución de criterios y valores eventualmente, la acción civil reparadora suplanta la acción personal de represalia y las cortes vinieron a ocupar el lugar del campo de justas a caballo y con lanza.

Habiendo tomado carta de naturaleza en nuestro ordena-miento civil el precepto y la práctica de convertir a indemni-zación pecuniaria adecuada el dolor y sufrimiento humano originado por el - acto negligente, se le impartió carácter patrimonial al derecho a reclamarla, y representando ese derecho o causa de acción un bien valorable en dinero con normas de estimación o valoración que han ganado la aproba-ción ética de la sociedad contemporánea, no hay razón legal ni moral para excluirlo del acervo o caudal relicto trans-mitido por el causante a sus herederos. La reparación del daño causado al destruir una vida, hasta donde pueda con-cebirse la indemnización pecuniaria como justo valor de esa pérdida, es una de las sanciones que el cuerpo social impone al ofensor que bien por acto criminoso o por negligencia es responsable de la muerte de uno de sus integrantes. Consti-tuiría un sarcasmo y un quebrantamiento de la justicia pre-miar al autor del acto culposo con inmunidad parcial, pues no otra cosa lleva consigo negar a los herederos el derecho a exigir la justa indemnización por el dolor y tortura de la víctima.

Una sociedad civilizada no puede tolerar que la muerte de la víctima haga las veces de recibo y carta de pago, por una cantidad que en determinadas ocasiones resultaría considerable, avalado no con la firma, sino con el postrer latido de un corazón torturado. La muerte ilegal y la causada por negligencia adquirirían, sin duda, una condición privilegiada que estremece la consciencia educada en el respeto de los altos valores humanos; bajarían al sepulcro no solo un cuerpo, sino también un derecho y el doblar de las campanas en su triste queja tendría una adicional resonancia de duelo.

Se llama patrimonio al conjunto de derechos y obligaciones pertenecientes a una persona, apreciable en dinero (Planiol, Tratado Elemental de Derecho Civil, Tomo III, pág. 13); y Kojina Villegas lo define como un conjunto de obligaciones y derechos susceptible de una valoración pecuniaria, en su obra Compendio de Derecho Civil, Tomo II, pág. 7, ed. 1966. Asentada en nuestra conciencia legal y ética la noción de que el dolor y el sufrimiento humano tienen un equivalente estimable en dinero, ocurrido el deceso de la víctima no existe razón atendible para que ese activo quede excluido del patri-monio hereditario, como tampoco se excluyen del caudal relicto el haber sujeto a liquidación del causante en una sociedad o corporación o el balance de un crédito hipotecario constituido a su favor. Así lo demanda el principio universal de igual pro-tección de las leyes, pues si invertida la situación de hechos hubiese sido el difunto el autor del acto negligente y dañoso, sus herederos tendrían su patrimonio afectado por el pasivo que representa su responsabilidad heredada, derivada de la culpa paterna.

El derecho de Ramón Delgado, víctima inicial y causante de los recurrentes, a reclamar por sus graves daños contra la parte recurrida es un bien patrimonial, transmitido por su muerte a sus herederos y reclamable por éstos como parte que es de su herencia legítima por lo que los recurrentes tienen un incuestionable interés jurídico y económico en la acción plan-teada.

El causante sufrió extensas quemaduras que le mantu-vieron en condición crítica, angustiosa y desesperada por tres días sufriendo a plena conciencia el terrible e inexorable des-censo hacia la extinción de su vida. Valoramos sus sufrimien-tos físicos y morales en la cantidad de $15,000.00.

Se revocará la sentencia revisada y en su lugar se dictará otra condenando a los demandados-recurridos al pago de $15,000.00 a los demandantes herederos de Ramón Delgado, más costas, con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Contribu-ción sobre Herencias y Donaciones que es la Núm. 303 de 12 de abril de 194.6 (13 L.P.R.A. secs. 881 y sigs.).

El Juez Presidente, Señor Pérez Pimentel, al igual que los Jueces Asociados, Señores Martínez Muñoz y Martín, no interviene. El Juez Asociado, Señor Dávila, dio su conformi-dad a esta opinión en voto separado.

—O—

Voto separado del Juez Asociado Señor Dávila

San Juan, Puerto Rico, a 10 de septiembre de 1973

Al resolver la primera parte de este litigio se dejó pen-diente, por estar igualmente dividido el Tribunal, la cuestión de la transmisibilidad de la acción de la persona, que sufrió el daño. En aquel entonces sostenía un criterio contrario al que se expone en la opinión' del Tribunal emitida con fecha de hoy. La consideración ulterior del asunto ha modificado la posición que antes sostuviera. Por eso concurro.

       Art. 1802 (31 L.P.R.A. see. 5141).
      “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. La imprudencia concurrente del perjudicado no exime de responsabilidad, pero conlleva la reducción de la indemnización.”

       En las jurisdicciones estatales de los Estados Unidos donde rige el- derecho común se han aprobado los llamados estatutos de muerte ilegal y de sobrevivencia (wrongful death and survival statutes) instrumentando esta causa de acción heredada. Frente a la potencialidad generadora de remedio del Art. 1802 del Código Civil, resultan aditamentos innecesarios los Arts. 60 y 61 del Código de Enjuiciamiento Civil (82 L.P.R.A. sees. 310 y 811), versión transplantada a nuestro ordenamiento civil de estos llama-dos death statutes.

       Nos complace la posibilidad de que esta opinión contribuya a la clarificación en el acervo jurídico de la Madre Patria de esta cuestión de transmisibilidad de la acción en daños que pudo ejercitar el causante de haber vivido, de cuyo deceso fluyen dos causas de acción separadas pero eoexistentes: la propia de los sucesores o familiares dependientes y la here-dada del de cujus. Y esto a modo de reciprocidad por la histórica fre-cuencia con que la brillantez del pensamiento jurídico de España alumbró con notable valor de precedente la jurisprudencia patria.

        . . según indica su concepto, no se compreden en el patrimonio todos los derechos y las obligaciones que puede tener una persona, sino únicamente los que pueden ser valuados en dinero. . . .” Enciclopedia Universal Espasa-Calpe, Tomo 42, pág. 855.

       Alfonso L. García Martínez, Reconocimiento de la Acción Hereditaria por Muerte Ilegal, 27 Rev. C. Abo. P.R., 463 y sigs. (1966-67).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Criíz

license: Public Domain

text:
    Wilfredo Cátala, etc., demandante y recurrente, v. Coca Cola Bottling Co. de Puerto Rico, demandada y recurrida.

      Número: R-71-71

      Resuelto: 10 de septiembre de 1973

      Antonio Bauza Torres, abogado de la recurrente; Vivas, Martínez-Texidor & Limeres, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Criíz

emitió la opinión del Tribunal.

Plantea este caso la transmisibilidad por herencia de la acción de daños y perjuicios sufridos por la causante, cuestión resuelta hoy en Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co. en el cual la muerte fue consecuencia del acto negligente del demandado. No altera el criterio allí expresado el hecho diferencial de que en el presente caso la víctima inicial que sufrió los daños murió de causa ajena al accidente torticero. La obligación de reparar el daño nacido del Art. .1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5141) crea en la parte perjudicada un correlativo derecho a recibir indemnización, en sí un bien valorable y transmisible a sus herederos por mandato del Art. 1065 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3029), al efecto de que todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario; y bajo las reglas de sucesión universal encarnadas en los Arts. 608 y 610 del Código Civil . Así lo reconoció la Sala de Caguas del Tribunal Superior pero desestimó la demanda por entender que la causa de acción había prescrito, y este aspecto de prescripción es el objeto de la presente opinión. :

Los demandantes son los padres de la niña Vilma Luisa, una menor de edad que resultó lesionada en la rodilla izquierda al explotar una botella de refresco tipo gaseosa. Fallecida dicha menor por causa no vinculada al referido accidente ocurrido el 16 de agosto de 1964, sus padres radi-caron el 1 de diciembre de 1967 la demanda en que reclaman para sí como únicos y universales herederos de Vilma Luisa, la indemnización que a ésta correspondía por los daños físicos y morales derivados del explosivo refresco. Erró el juez de instancia al contar el año de prescripción que para las acciones de daños y perjuicios señala el Art. 1868-2 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5298-2), desde la fecha de causación del daño en 16 de agosto de 1964, en abierta contravención a la clara expresión estatutaria contenida en el Art. 41 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 255) que en lo pertinente dispone: “Si una persona con derecho a ejer-citar una acción muriese antes de terminar el período de pres-cripción requerido para deducir aquélla, y la causa de acción subsistiera, los representantes de tal persona podrán ejercitar dicha acción después de la terminación de aquel período y dentro de un año de la defunción....”

Al morir la niña siendo todavía menor de edad, su causa de acción, su derecho a reclamar por los daños sufridos, estaba vivo y latente, amparado por disposición expresa del Art. 40 del Código de Enjuiciamiento Civil (32'L.P.R.A. see. 254) cuyo texto relevante ordena que si la persona con derecho a ejercitar una acción, que no sea la reivindicatoría de propiedad inmueble, fuese al tiempo de nacer la causa de acción menor de edad, el tiempo que dure tal incapacidad no se considerará parte del tiempo fijado para empezar a ejercitar la acción. Resulta meridianamente claro que no es hasta ocurrida la muerte de su hija que advienen los padres demandantes por título hereditario, partes propias y con genuino interés en la reclamación que podían iniciar, como la iniciaron, dentro del año de la defunción que señala el Art. 41 del Enjui-ciamiento Civil. No hay base para restringir la acción de este Art. 41 como lo hizo la sala de instancia, a la eventualidad de que la menor muriera dentro del año de ocurrido el accidente y que la demanda de sus padres herederos se incoara dentro de ese mismo término de un año. Esa interpretación choca contra la norma de especialidad en los estatutos de prescrip-ción que los hace de aplicación específica a la situación factual que regulan, y no a otra; y subvierte el principio de la mayor transmisibilidad en la sucesión hereditaria. Cf. Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., supra.) Bajo ningún orden de razonamiento podría declararse prescrita la acción, antes de que los padres advinieran a la herencia, pues aun cuando no haya disposición especial (y el Art. 41 del Enjuiciamiento Civil la tiene para un año siguiente a la defunción), el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. Art. 1869 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5299). Repetimos que el término prescrip-tivo de la acción de los padres se rige por la disposición especial del Art. 41 del Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 255), y no por la general del Art. 1868 inciso 2 del Código Civil. Sostener otra cosa sería enmendar judicialmente una disposición expresa de ley; sustituir nuestro criterio en lugar de la norma legislada. (Cf. Márquez v. Tribunal Superior, 85 D.P.R. 559, 564 (1962).) La correcta inteligencia del citado art. 41 conduce a la ampliación más bien que a la limi-tación del término prescriptivo cuando las partes mueren antes de que expire el término. Rovira v. Oliver, 70 D.P.R. 113, 116 (1949).

Se revocará la sentencia revisada y en su lugar se dictará otra disponiendo la remisión del expediente a la sala de origen para la continuación de los procedimientos consistentes con esta opinión.

El Juez Presidente, Señor Pimentel, al igual que el Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervino.

       Art. 608 (31 L.P.R.A. see. 2090).
      “La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, que no se extingan por su muerte.” Art. 610 (31 L.P.R.A. see. 2092).
      “Los herederos suceden al difunto por el hecho solo de su- muerte, en todos sus derechos y obligaciones.”

       Así se deduce de las alegaciones.

       Art. 1838 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5249).
      “Las disposiciones de la presente Parte ... se entienden sin perjuicio de lo que en este título o en leyes especiales se establezca respecto a determinados casos de prescripción.”
      Véase comentario a su equivalente Art. 1938 del Código Civil Español en Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 12, págs. 805 y sigs., ed. 1951.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    José Ortega Cabrera et al., peticionarios, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Erik Kolthoff, Juez, demandado; Guillermo Campos, en su carácter personal y como Alcalde del Municipio de Bayamón, interventor.

      Número: O-72-41

      Resuelto: 11 de septiembre de 1973

      Arturo Aponte Pares y Olaguibet López Pacheco, abogados de los peticionarios; Angel Luis Rodríguez Ramos, abogado del in-terventor; y, Faustino R. Aponte, Faustino Aponte Paris, William J. Riefkohl, Iván García Kuenzli y. René F. Boto-mayor, abogados de los amici curiae.

   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil dis-pone que no podrá dictarse un acto de injunction contra un organismo o funcionario público para impedir la aplicación de una ley o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley. 32 L.P.R.A. see. 3524. ¿Prohíbe esta disposición expedir un auto de injunction contra un alcalde para paralizar la construcción de un vertedero cuando se alegan hechos suficientes para demostrar que dicho vertedero puede consti-tuir un estorbo?

Resolvemos que no lo prohíbe. Veamos primero el historial del caso para luego exponer los fundamentos de nuestra deci-sión.

Varios vecinos de los barrios Buena Vista y Ortiz de Toa Alta instaron una demanda de injunction contra el Municipio de Bayamón y el entonces alcalde de ese municipio, señor Guillermo Campos, para impedirles la construcción y opera-ción de un vertedero. Alegaron que en el lugar donde se estaba construyendo el vertedero existían pozos y manantiales de aguas puras desde hacía 50 años los cuales se usan por los de-mandantes y otros vecinos de los mencionados barrios; que el vertedero afectaría la pureza de las aguas y secaría los ma-nantiales y pozos; que no tienen un remedio rápido y eficaz para proteger sus derechos y que los daños que han sufrido y que están sufriendo son irreparables. Posteriormente el peti-cionario José Ortega Cabrera solicitó al tribunal de instancia como remedio provisional una orden de entredicho para para-lizar la inauguración del vertedero que había sido anunciada públicamente por el alcalde. En la solicitud alegó que “sufrirá daños irreparables ya que las aguas que usan estarían conta-minadas por los desperdicios y basuras del vertedero; y en su consecuencia se contaminaría el Río La Plata donde desem-boca el riachuelo que nace en el vertedero.” Se opuso el alcalde a la solicitud bajo el fundamento de que el injunction solici-tado no procedía en derecho por prohibirlo específicamente el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3524.

El tribunal de instancia denegó el remedio provisional con-cluyendo que “la actuación del demandado municipio de Baya-món y su alcalde el Hon. Guillermo Campos, está comprendida dentro de las actuaciones que el Legislador quiso proteger al prohibir que se expidiera un injunction por el tribunal a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable, que dicha Ley o actuaciones autori-zadas bajo la misma, resultan inválidas e inconstitucionales.”

Aunque la resolución denegatoria se refiere a la orden de entredicho provisional es evidente que también tuvo el efecto de denegar el auto de injunction. El fundamento utilizado por el tribunal para denegar la orden de entredicho, si fuera co-rrecto, también sería de forzoza aplicación para denegar la expedición del auto y desestimar, por ende, la demanda. Ello es así porque el impedimento estatuido en el mencionado Art. 678 se refiere tanto al entredicho provisional como al auto de injunction. Podemos considerar pues, que la resolución recurrida tuvo también como efecto la desestimación de la demanda.

El Art. 678 prescribe en lo aquí pertinente que:

“No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entre-dicho:
1. . . . . . . .
2. .
3. Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley de la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corpora-ción pública o de una agencia pública ... a menos que se hubiere determinado por sentencia final, firme, inapelable e irrevisable, que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitucional o inválida.” 32 L.P.R.A. see. 3524.

A primera vista es evidente que el Legislador quiso alentar con este artículo una administración pública ordenada, pro-hibiendo el uso del auto de injunction para impedir el des-cargo de funciones de ley por funcionarios y organismos públicos. Es buena norma de administración pública que los funcionarios responsables de poner en vigor las leyes no deben ser entorpecidos en tan importante función de' beneficio público salvo cuando se hubiera determinado previamente por sentencia final y firme la inconstjtucionalidad de la ley o de la actuación de un funcionario al amparo de la misma. El precepto así estatuido viene a complementar la norma de prudencia judicial de que las leyes se presumen constitu-cionales.

Consideramos, sin embargo, que la prohibición del Art. 678 no es de aplicación al presente caso. No se impugna aquí la constitucionalidad de una ley o de una actuación autorizada por ley. Tampoco se ataca la facultad del Municipio de Bayamón para construir vertederos. Los peticionarios invocan la protección del injunction para impedir la construcción de un vertedero que, de acuerdo con las alegaciones, podría constituir un estorbo. Alegan la perturbación de un derecho de aprovechamiento de aguas que encuentra apoyo en los Arts. 346 y 348 del Código Civil, y en el Art. 8 de la Ley de Aguas. 31 L.P.R.A. sees. 1351 y 1354, 12 L.P.R.A. see. 525. Estas disposiciones reglamentan el aprovechamiento de las aguas, disponiendo para la adquisición del derecho al uso permanente cuando las aguas se hubieren utilizado sin interrupción por tiempo de 20 años. Todas estas alegaciones, por supuesto, deberán ser sustanciadas por la prueba.

La causa de acción ejercitada por los peticionarios se funda en las disposiciones del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual provee:

“Todo lo que fuere perjudicial a la salud, indecente u ofensivo a los sentidos, o que interrumpa el libre uso de la propiedad, de modo que impida el cómodo goce de la vida o de los bienes, cons-tituye una perturbación que da lugar a una acción. Dicha acción podrá ser promovida por cualquiera persona cúyos bienes hubie-ren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menos-cabado por dicha perturbación; y la sentencia podrá ordenar que cese aquélla así como decretar el resarcimiento de los perjuicios. —Código Enj. Civil, 1933, art. 277.”

Dicha causa de acción tiene un propósito dual: el cese del estorbo mediante el injunction y la reparación de los daños ocasionados por el estorbo. Cualquier persona cuyos bienes hubieren sido perjudicados o cuyo bienestar personal resulte menoscabado por el estorbo puede promover esta causa de acción. Se trata de salvaguardar el derecho de propiedad, la seguridad y la salud de los ciudadanos. Derechos tan funda-mentales que sólo deben ser interferidos por una razón mayor de estado, y, aun en estos casos, debe observarse el debido procedimiento de ley. Cf. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973); Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969); E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966).

Es por eso que se ha reconocido la facultad de los tribunales para dictar autos de injunction contra el Estado o sus instrumentalidades con el propósito de remover estorbos. Carreras v. Municipio, 56 D.P.R. 95 (1940); Wilson v. City of Portland, 58 P.2d 257; McQuillin, XVII The Law of Municipal Corporations, secs. 4951 a 4955 (3ra. ed. 1958). Véanse además, Anno: Public Dump As Nuisance, 52 A.L.R. 2d 1136, Anno: Sewage Disposal Plant As a Nuisance, 40 A.L.R.2d 1177.

Al igual que cualquier ciudadano los municipios quedan sujetos a la-jurisdicción del tribunal para dictar autos de injunction cuando sus actos constituyen o puedan constituir un estorbo. El Art. 277 no hace excepción. Exceptuarlos de esta facultad judicial por el hecho de que sus actos estén autorizados por ley podría constituir una privación de la pro-piedad sin el debido proceso de ley y podría dar margen a graves injusticias contra los ciudadanos.

Debe tenerse presente que el auto de injunction es el brazo enérgico de la justicia para la protección de los ciudadanos contra los desmanes de los funcionarios públicos que actuando so color de autoridad les causan daño irreparable. La convivencia social se torna cada día más azarosa y compleja como resultado del desarrollo económico y del creciente urbanismo. La salud, la seguridad y el bienestar personal y colectivo se ven constantemente amenazados por estorbos de diversos grados; algunos continuos otros esporádicos; unos y otros de mayor o menor justificación social; todo lo cual requiere flexibilidad en el remedio judicial para la adecuada protección de los intereses individuales y del desarrollo gradual de la sociedad. Por eso, al considerar la expedición del auto el tribunal debe ponderar la naturaleza de los derechos individuales afectados frente al valor y utilidad social de la obra pública en cuestión.

La Ley Municipal confiere amplios poderes a los munici-pios para el desarrollo y construcción de obras públicas. Art. 7, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, 21 L.P.R.A. see. 1107. () No tenemos duda de que estos poderes son nece-sarios para la promoción del bien común, pero no por eso deben ejercitarse en detrimento de los derechos individuales y, menos aún, cuando esos derechos son especialmente prote-gidos por la ley, como lo son en este caso por el Art. 277, supra. Nada dice la Ley Municipal sobre cómo, dónde y cuándo deberán llevarse a cabo las obras públicas que auto-riza. Estos son los detalles que generalmente el legislador delega al buen juicio de los funcionarios públicos. Es claro que la autorización legislativa puede cumplirse sin necesidad de constituir un estorbo en perjuicio de los derechos individuales. Es propio asumir que la Asamblea Legislativa quiso que su autorización se cumpliera en conformidad con esos derechos. De otra manera el Art. 277 resultaría letra muerta.

Por otro lado, hemos resuelto que la prohibición del Art. 678 requiere que el funcionario público al poner en vigor el estatuto no actúe contrario a la ley, o en exceso de la facultad conferídale por la ley y que utilice los medios autorizados por ley. Véanse Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 67 D.P.R. 45 (1947) y White Star Bus Line, Inc. v. Sánchez, 59 D.P.R. 748 (1942).

El mantenimiento de un estorbo no sólo es contrario a las disposiciones del Art. 277 del Código de Enjuiciamiento Civil sino también puede constituir un delito bajo los Arts. 329 y 330 del Código Penal. 33 L.P.R.A. sees. 1365 y 1366. Estos artículos definen como delito el mantener un estorbo público y establecen la penalidad.

No estamos resolviendo aquí si procede o no el injunction contra el Municipio de Bayamón. Esto dependerá de la prueba que en su día se presente ante el tribunal de instancia y de la ponderada consideración de las normas que reglamentan la expedición del auto. Sólo resolvemos que la prohibición esta-tuida en el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil, supra, no priva de jurisdicción al tribunal de instancia para expedir autos de injunction contra instrumentalidades públi-cas en casos de estorbos.

Conviene puntualizar que la expedición del auto nunca debe extenderse más allá de lo necesario para la remoción del estorbo. Cf. Figueroa Velazquez v. A.A.A., 99 D.P.R. 105 (1970).

Se dictará sentencia revocando la resolución recurrida y se devolverá el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos consistentes con lo aquí expuesto.

       Los Arts. 346 y 347 del Código Civil proveen:
      “El dueño de un predio en que nace un manantial o arroyo, continuo o discontinuo, puede aprovechar sus aguas mientras discurran por él, pero las sobrantes entran en la condición de públicas, y su aprovechamiento se rige por la Ley especial de Aguas, sees. 501 et seq. del Título 12. — Código Civil, 1930, art. 346.”
      “El dominio privado de los álveos de aguas pluviales no autoriza para hacer labores u obras que varíen su curso en perjuicio de tercero, ni tampoco aquéllas cuya destrucción por la fuerza de las avenidas, pueda causarlo. — Código Civil, 1930, art. 347.”
      El Art. 8 de la Ley de Aguas dispone:
      “El derecho a aprovechar indefinidamente las aguas de manantiales y arroyos se adquiere por los dueños de terrenos inferiores, y en su caso de los colindantes cuando los hubieren utilizado sin interrupción por tiempo de veinte años. — Ley de Aguas, art. 8; Marzo 12, 1903, p. 151. . . .”

       El Art. 7 de la Ley Municipal dispone:
      En el ejercicio de estos poderes tendrán además, amplias facultades para, entre otras cosas, adquirir, construir, mejorar y reconstruir obras públicas, de todos los tipos y de cualquier naturaleza, y tendrán además amplias facultades legislativas y administrativas en todos los asuntos de beneficio general para el municipio incluyendo, pero sin limitar, la facultad de adquirir, construir, mejorar y reconstruir obras públicas de todos los tipos, incluyendo, pero sin limitarse a facilidades ... de saneamiento. . . .” 21 L.P.R.A. see. 1107.


author: El Juez Asociado ¡Señor Irizarry Yunqué

text:
    Víctor Rosario Cartagena, etc., demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-72-23

      Resuelto: 11 de septiembre de 1973

      A. Rivera Valdivieso, abogado del recurrente; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo Negrón Cruz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado ¡Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Un día del año 1961 un perro pastor alemán atacó y causó serias lesiones físicas a una niñita. Sus padres demandaron a Víctor Rosario Cartagena, dueño del perro, y a United Benefit Fire Insurance Company, a quien en adelante nos referiremos como United Benefit, su compañía aseguradora, en reclamación de daños y perjuicios. Obtuvieron sentencia a su favor en septiembre de 1965 que condenó a dichos deman-dados a indemnizarles en la cantidad de $9,500. La sentencia se convirtió en final y firme y al tratar de cobrarla contra la compañía aseguradora, cuya póliza respondía por el dueño del perro hasta un máximo de $10,000, encontraron los deman-dantes que la compañía estaba en liquidación por quiebra por el Departamento de Seguros del estado de Nebraska, bajo cuyas leyes se había organizado. Procedieron entonces a ejecu-tar la sentencia contra el asegurado y dueño del animal, Rosario Cartagena, mediante el embargo de su residencia.

Posteriormente y a instancias de Rosario Cartagena, la Asamblea. Legislativa de Puerto Rico aprobó su resolución conjunta número 20 de 8 de abril de 1971 autorizándole a demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en daños y perjuicios. Dicha resolución conjunta lee como sigue;

“Para autorizar al señor Víctor Rosario Cartagena a deman-dar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños y perjui-cios; y para otros fines.

Exposición de Motivos

Considerando que en el año -1961 el señor Víctor Rosario Car-tagena era dueño de un perro pastor alemán y había tomado un seguro de $10,000 con la Compañía United Benefit Fire Insurance Company de Omaha Nebraska, que estaba autorizada a hacer negocios en Puerto Rico para cubrir los daños que dicho perro pudiera ocasionar a terceros.

Considerando que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico le permitió a dicha compañía aseguradora el mantener su reserva en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska.

Considerando que en enero 31,1961 el perro del señor Rosario Cartagena atropelló a la niña Carmencita Acosta produciéndole daños de consideración.

Considerando que los padres de la niña perjudicada demanda-ron a la compañía aseguradora y dueño del perro en daños y perjuicios y obtuvieron; [sie] sentencia por nueve mil quinientos dólares, en el caso civil núm. 62-373, del Tribunal Superior de San Juan, Puerto Rico.

Considerando que cuando fue firme la sentencia los deman-dantes trataron de cobrar a la compañía aseguradora, ya que dicha sentencia quedaba dentro de los límites de la póliza, y encontraron que dicha compañía estaba en proceso de liquidación dentro de un procedimiento de quiebra en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska.

Considerando que los demandantes, procedieron a embargar la residencia del señor Rosario Cartagena para cobrarse dicha sentencia.

Considerando que el Comisionado de Seguro [sic] hizo mal uso de su discreción el permitir que dicha compañía aseguradora mantuviera su reserva fuera de Puerto Rico y al así hacerlo, produjo daños al señor Víctor Rosario Cartagena.

Considerando que la ley que autoriza demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico excluye específicamente los casos en que hubiera mal uso de discreción por parte de un funcionario público y por ello hace falta legislación que permita al señor Víctor Rosario Cartagena, demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por los daños sufridos.

Considerando que por haber transcurrido más de un año desde que se dictó sentencia se hace necesaria legislación para autorizar al señor Victor Rosario Cartagena a ■ demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Resuélvese por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Sección 1. — Autorizar al señor Víctor Rosario Cartagena a demandar en los tribunales estatales al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en daños y perjuicios.

Sección 2. — Esta resolución comenzará a regir inmediata-mente después de su aprobación”.

En virtud de la autorización conferídale, Rosario Carta-gena radicó demanda contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, alegando .como razón de pedir: “10. Que el Comisionado de Seguros hizo mal uso de su discreción al permitir que la com-pañía aseguradora mantuviera su reserva fuera del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y al así hacerlo produjo daños a la parte demandante que no pueden ser compensados ade-cuadamente por una suma menor de $150,000.00.” (Párrafo 10 de la demanda.)

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico solicitó la deses-timación de la demanda por los siguientes fundamentos: (1) “no aduce hechos constitutivos de causa de acción que amerite la concesión de remedio legal alguno a favor de la parte demandante y en contra de la parte compareciente;” (2) pres-cripción de la acción; y, (3) falta de jurisdicción “por no haber la parte demandante cumplido con los requisitos de la Ley 104 de 1955.”

El tribunal a quo, luego de oír a los abogados de las partes el 8 de octubre de 1971, concedió término para que radicaran memorandos simultáneos. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico radicó el suyo. El abogado del demandante no radicó memorando ni compareció en ninguna de las fechas poste-riores señaladas para la continuación de la vista sobre la moción de desestimación. En la vista celebrada el 8 de octubre el tribunal admitió, a ofrecimiento del demandante, copia de la resolución conjunta número 20 que nos ocupa. Con su memorando escrito el Estado radicó una serie de docu-mentos expositivos de todo el'trámite seguido por el Comisio-nado de Seguros de Puerto Rico para autorizar a United Benefit a vender seguros en Puerto Rico. El demandante no objetó la admisión de dichos documentos. Con vista de todo ello el tribunal a quo dictó sentencia desestimando la demanda. No conforme, el demandante Rosario Cartagena recurrió ante nos. Expedimos auto de revisión.

La sentencia del tribunal recurrido no expone en cuál de los fundamentos aducidos en la moción de desestimación se basó para desestimar la demanda. El demandante-recurrente asume que pudo basarse en uno o en cualquiera de ellos y argumenta su caso considerando las tres proposiciones. Señala que en cualquiera que se basara la sentencia, sería errónea. Para resolver este recurso, nos basta determinar si a base de alguno de los razonamientos presentados por el Estado procedía que se desestimara la demanda. Hemos llegado a la conclusión de que por el primero de dichos fundamentos así procedía y que fue correcta la decisión del tribunal a quo. Se basa dicho fundamento en la carencia de causai de acción.

Aunque la redacción de la demanda es imprecisa en cuanto a la rázón de pedir, su génesis tendría que descansar en' el hecho de que un funcionario del Estado Libre Asociado de Puerto Rico — el Comisionado de Seguros — actuara culposa o negligentemente.. Tendría que basarse la reclamación en los Arts. 1802 y 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 5141 y 5142, respectivamente. El primero impone sobre el que por su culpa o negligencia causa daño a otro, la obligación de reparar el daño. El segundo hace exigible dicha obligación contra el Estado, al que hace “responsable en este concepto en las mis-mas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular.” Esta responsabilidad subsidiaria del Estado está protegida y limitada por la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A. sees. 3077 a 3084. La See. 3081, en lo aquí pertinente, lee así:

“Nada en las sees. 3077 a 3084 de este título ni en la see. 5142 del Título 31 autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado:
(a) en el cumplimiento de una ley o reglamento, aun cuando éstos resultaren ser nulos;
(b) en el desempeño de una función de carácter discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción;
(c).
(f).”

La resolución conjunta número 20 puede considerarse un buen modelo de legislación. Su parte dispositiva se limita a dos secciones. La primera autoriza al señor Víctor Rosario Cartagena a demandar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sin más. La segunda dispone que la resolución tendrá vigencia inmediata. Es en su exposición de motivos donde encontramos cuál fue el alcance que la Legislatura le quiso dar a la autorización que confirió al demandante-recurrente. Sabido es que la exposición de motivos o preámbulo no forma parte esencial de la ley y por tanto no puede ampliar o conferir poderes. Molini v. Registrador, 52 D.P.R. 360, 362, (1937). No obstante, aun dándole vigencia al preámbulo de la resolución conjunta como si fuera parte dispositiva de la misma, es inescapable la conclusión de que la demanda no podía prevalecer.

Al leer el preámbulo de la resolución conjunta número 20 encontramos que el legislador, para hacer viable la reclama-ción contra el Estado, privó a éste de la defensa de que el Comisionado de Seguros actuara en el desempeño de una función discrecional, y de la defensa de prescripción. Véanse los últimos considerandos de la resolución antes transcrita. Pero partió el legislador, como veremos, de una base factual equivocada cuando expresó lo siguiente en el antepenúltimo considerando :•

“Considerando que el Comisionado de Seguros hizo mal uso de su discreción al permitir que dicha compañía aseguradora mantuviera su reserva fuera de Puerto Rico y al así hacerlo, pro-dujo daños al señor Víctor Rosario Cartagena.”

El Comisionado de Seguros no ejerció discreción' alguna al no requerir de la corporación United Benefit que mantu-viera una reserva o depósito en Puerto Rico. Meramente cum-plió con un mandato expreso de la ley. El Art. 3.130 del Código de Seguros de Puerto Rico (26 L.P.R.A. sec. 313) dispone como sigue:

“(1) Ningún asegurador extranjero organizado de acuerdo con las leyes de un estado de Estados Unidos podrá ser autori-zado a concertar seguros en Puerto Rico a menos que deposite y mantenga en depósito activo por un valor no menor que el monto del capital pagado, en caso de un asegurador por acciones, o de los fondos excedentes, en caso de un asegurador mutualista, recíproco o del plan del Lloyd, según se requiere que se mantenga para tal clase o clases de seguros a otorgarse en Puerto Rico, no obstante la disposición contenida en la see. 304, párr. (2).
(2) El depósito, entre otros propósitos razonables de protec-ción de asegurados y acreedores, será para la protección de todos los tenedores de pólizas del asegurador o para todos los tenedores de pólizas y acreedores en Puerto Rico.
(3) El depósito deberá hacerse fiduciariamente ante el Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por conducto de la oficina del Comisionado, excepto que éste, con sujeción a las disposiciones de la see. 335 (disposición sobré reciprocidad) aceptará, en lugar de un depósito o parte del mismo, en Puerto Rico, con la aprobación, en cuanto a formali-dades, de dicho certificado por el Secretario de Justicia, el certi-ficado del funcionario público que tenga la superintendencia de seguros en un estado, demostrativo de que dicho asegurador mantiene un depósito fiduciario o parte igual del mismo en dicho estado para los fines declarados en el párrafo (2), si el total de lo depositado en Puerto Rico y lo evidenciado por dicho certificado o certificados asciende a una suma no menor que la requerida bajo el párrafo (1).
(4) El activo que se deposite en Puerto Rico será adminis-trado según se dispone en el capítulo 8 de este título.” (Énfasis nuestro.)

Bajo el Art. 3.160 de dicho Código (26 L.P.R.A. see. 316) se prohíbe a un asegurador extranjero a contratar seguros en Puerto Rico a menos que tuviere y mantuviere invertida determinada suma de dinero en valores del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de sus municipios, u otros bonos u obligaciones de entidades puertorriqueñas declaradas elegi-bles por el Gobernador. La prueba documental obrante en los autos originales de este caso demuestra que se cumplieron a cabalidad los requisitos de los Arts. 3.130 y 3.160 del Código de Seguros. Por tanto, el Comisionado no tuvo alter-nativa y acató la Ley.

Dicha prueba es elocuente demostración del celo y dili-gencia desplegados por el Comisionado de Seguros en el descargo de su responsabilidad. Investigó la condición econó-mica de United Benefit para asegurarse de que su depósito en su estado de origen' cumplía los requisitos del inciso (1) del Art. 3.130 del Código de Seguros, y de que, según lo exigen el inciso (3) de dicho artículo y el Art. 3.160, tenía y man-tenía invertida en valores del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades una suma no menor de la cuarta parte del capital requerido bajo el citado inciso (1). En consecuencia de ello y en cumplimiento del inciso (3) mencionado aceptó originalmente, y para la renovación de la autorización dada a United Benefit cada año, certificados del Director de Segu-ros del estado de Nebraska como el que a continuación se relaciona y que en lo pertinente lee: “Yo, John H. Binning, Director de Seguros, certificó por la presente que la United Benefit Fire Insurance Company, organizada bajo las leyes de Nebraska y autorizada a hacer transacciones en. el nego-cio de seguros en este estado, tiene la cantidad de $630,000 invertida y depositada en el Departamento de Seguros del Estado de Nebraska para la protección de sus asegurados y acreedores en los Estados Unidos, incluyendo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como sigue: . . . . (Traducción nuestra, énfasis suplido.)

En un despliegue adicional de celo en el cumplimiento de su deber de proteger los derechos de los asegurados y acree-dores de compañías de seguros organizadas en los Estados Unidos que solicitasen hacer negocios en Puerto Rico, y obvia-mente preocupado por el riesgo que necesariamente implica conceder licencia a un asegurador que mantiene su reserva fuera de Puerto Rico, el Comisionado consultó al Secretario de Justicia respecto de sus prerrogativas bajo el Código de Seguros. En una extensa opinión fechada el 10 de septiembre de 1963, luego de analizar los alcances del tantas veces citado Art. 3.130, concluye el Secretario de Justicia señalándole al Comisionado que: “[En] los casos que exista reciprocidad con otros estados y el asegurador mantiene un depósito en el estado, que protege en todo o en parte, a los tenedores de pólizas o acreedores en Puerto Rico, y así se hace constar en certificación del funcionario público encargado de los seguros del estado en cuestión, el Secretario de Hacienda, según los términos del inciso (3), está obligado a aceptar el certificado, y no tiene discreción para exigir el depósito en Puerto Rico si el asegurador cumple con los demás requisitos de ley. De otra manera se desvirtuaría la intención del artículo, que es, a nuestro juicio, ofrecer al asegurador extranjero, a cambio de beneficios similares a los aseguradores del país que operen en los Estados Unidos, las mismas facilidades.” Termina la opinión del Secretario de Justicia diciendo: “Es evidente que el Comisionado de Seguros tiene amplios poderes para administrar el negocio de seguros en Puerto Rico, pero el lenguaje y los propósitos que persigue el inciso (3) no dan margen a otra interpretación que no sea la que hemos expuesto.”

El Art. 6 de la Ley Núm. 104, 32 L.P.R.A. see. 3081, citado supra, expresamente niega autorización para demandar al Estado por daños y perjuicios por acto u omisión de un funcionario “en el cumplimiento de una ley o reglamento, aun cuando éstos resultaren nulos.” La resolución conjunta número 20 no dejó sin efecto, para el caso particular del señor Rosario Cartagena, esa disposición.

Pasamos a considerar si la resolución conjunta número 20 puede tener el efecto de.una renuncia por parte del Estado Libre Asociado a todas las posibles defensas a que tendría derecho bajo la Ley Núm. 104 de 1955, y si lo expresado en su exposición de motivos respecto de que el Comisionado de Seguros “hizo mal uso de su discreción” constituye una admi-sión fatal en su contra.

La resolución conjunta número 20 es legislación de privi-legio, en beneficio de un ciudadano en particular. Este tipo de ley está en desuso. De hecho, se ha cuestionado seriamente su validez constitucional frente al principio de igual protección de las leyes de la enmienda catorce de la Constitución federal, consagrado en el Art. II, sec. 7 de nuestra Constitución. Véanse Cooley On Constitutional Limitations, Vol. 2 (8va. ed.) 809, y los casos de Alton V. Phillips Co. v. State, 396 P.2d 537, 65 Wash.2d 199 (1964); Garrett v. State, 141 A.2d 249, 20 Conn. Sup. 496 (1958); Altschul v. State, 144 Pac. 124, 72 Or. 591 (1914).

Estatutos de esta naturaleza son de interpretación restrictiva en favor del Estado. Jiménez v. Pueblo, 83 D.P.R. 201, 205 (1961); Santiago v. Pueblo, 74 D.P.R. 211 (1952) ; Méndez v. Jiménez, Comisionado, 72 D.P.R. 335, 339 (1951). La concesión por ley de ciertas facultades sin mencionar otras de la misma categoría es fuerte indicio de la intención legislativa de no incluir nada más que lo expresado, conforme al principio de noscitur a soeiis. Santos v. Ramos Cobián, 87 D.P.R. 472, 478 (1963); Salgado v. Comisión Hípica Insular, 49 D.P.R. 464, 466 (1936). No podríamos, sin vulnerar esos principios, conceder que el propósito anunciado en el preámbulo de la resolución conjunta de permitir la demanda contra el Estado aunque el funcionario actuara en el desempeño de una función discrecional tuviera el efecto de limitar al Estado en cuanto a cualquier otro planteamiento al amparo del estatuto general que autoriza a que se le demande (Ley Núm. 104 de 1955). “Una ley autorizando a instruir un. pleito contra el Estado no impone a éste ninguna obligación que de lo contrario no tenga. Su efecto es meramente conceder' un remedio, siempre que de acuerdo con los principios aplicables exista responsabilidad sustantiva.” Jiménez v. Pueblo, supra; Ocasio v. Pueblo, 79 D.P.R. 28 (1956) y M. Grau e Hijos v. Pueblo, 51 D.P.R. 13 (1937).

Concedemos que la afirmación que se hace en el susodicho preámbulo de que el Comisionado de Seguros “hizo mal uso de su discreción” participa de la naturaleza de una admisión. Pero es una admisión irreal, como sacada de la manga en arte de prestidigitación. La doctrina de la separación de poderes no exige a los tribunales de justicia a dar por correcto aquello que es obviamente erróneo. Permitirlo sería desnaturalizar la función de juzgar, función que compete por excelencia a la rama judicial. Al informar sobre una resolución conjunta con propósitos similares a la que nos ocupa, así lo reconoció la Comisión de lo Jurídico del Senado, al decir: “La Comisión, al hacer esta recomendación, es consecuente con la norma general que se ha trazado de .que sea el Poder Judicial el que pase sobre los méritos de la reclamación que tiene el ciudadano contra el Estado.”

Si ha de hacerse justicia en los méritos de un caso no puede permitirse que prevalezca lo irreal sobre lo real ni el error sobre la verdad. Es en la verdad donde radica la fortaleza de la justicia. La afirmación de que el Comisionado de Seguros hizo mal uso de su discreción es contraria a la realidad de que éste no ejerció función discrecional alguna. Es además con-traria a derecho por cuanto dicho funcionario tenía por ley el deber de actuar como actuó. Si aceptásemos que tenemos que convalidar, no solamente los errores de hecho sino también los de derecho cometidos en un estatuto de privilegio como lo es la resolución conjunta número 20, ello en aras de la separa-ción de poderes, y no empece ser manifiesto el error, estaría-mos renunciando a descargar nuestra función de hacer justicia. No podemos concebir que la Asamblea Legislativa tuviera el propósito, mediante esta resolución conjunta, de asignar a los tribunales, en este caso, el encargo exclusivo de determinar el monto de los daños sufridos por Rosario Carta-gena.

El Procurador General reconoció que la resolución con-junta número 20 que nos ocupa, no era una mera orden de pago a la que sólo le faltaba la inserción de la cantidad a pagarse. La resolución en cuestión no pasaba de ser una auto-rización para demandar al Estado, un tanto peculiar, en que se hizo renuncia de algunas defensas. La ley que creó el cargo de Procurador General — Núm. 7 de 15 de mayo de 1959, 3 L.P.R.A. sees. 84a y sigtes. — le señala como el representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ante los tribunales. En el cabal cumplimiento de su responsabilidad como tal era de esperarse que el Procurador General planteara .todas aquellas defensas que no fueron renunciadas, máxime tratán-dose de un estatuto de restrictiva interpretación. Al así hacerlo, el Procurador General actuó acorde al más riguroso cumplimiento del deber como defensor de los intereses del Estado, que son los intereses de todo el pueblo.

Se confirmará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso 71-SS69, que desestimó la demanda interpuesta por Víctor Rosario Cartagena contra el Estado Ubre Asociado de Puerto Rico.

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, concurre con el resul-tado.

       De los autos ante nos no surge si se completó el trámite de ejecución mediante la venta en subasta de la propiedad, o si Rosario Cartagena hizo efectivo el importe de la sentencia.

       No dio explicaciones para no radicar su memorando ni para su incompareeencia, excepto para la primera de dichas fechas en que se excusó por teléfono porque estaba en Cabo Rojo. Es menester señalar que los abogados, como funcionarios del tribunal, deben dar ejemplo de respeto, consideración y cortesía. Constituye, práctica indeseable desatender el deber de radicar un memorando que le ba sido solicitado, sin ofrecer excusas para ello. La incomparecencia a una vista, sin aviso previo, es igualmente desconsiderado para con el tribunal y para con la parte adversa y su representación profesional, y merece nuestra reprobación. Cf. Disdier Pacheco v. Garcia, 101 D.P.R. 541 (1973).

       En la vista del 8 de octubre de 1971 el Estado desistió del fundamento de prescripción como base de su moción de desestimación, por ser evidente que por la resolución conjunta número 20 se renunció a dicha defensa. El fundamento 'basado en el incumplimiento del requisito de notificación de la Ley Núm. 104 de 1955 es por demás frívolo.

       Dicho artículo lee:
      “(1) Ningún asegurador extranjero será autorizado a contratar seguros en Puerto Rico a menos que tuviere y mantuviere invertida en los valores designados en el apartado (2) de esta sección una suma no menor de la cuarta parte del capital requerido, en el caso de un asegurador por acciones, o del excedente, en el caso de un asegurador mutualista, recíproco o del plan del Lloyd, según se indica en la see. 309 para la clase o clases de seguros a otorgarse en Puerto Rico.
      “(2) Para los fines de esta sección, sólo los siguientes valores serán inversiones elegibles:
      (a) Bonos del Pueblo de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus municipios, para el pago de los cuales se hubiere empeñado la buena fe y el crédito del Pueblo de Puerto Rico o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      (b) Bonos u otras obligaciones de entidades puertorriqueñas, públicas o privadas, que el Gobernador de Puerto Rico, en sus. regla-mentos, declarare elegibles como garantía colateral para fondos públicos.
      “A solicitud del asegurador el Comisionado podrá, sin embargo, dejar sin efecto el requisito de esta sección, en cuanto a dicha inversión o parte de la misma, durante el período que el Comisionado no considere razonable-mente factible para que el asegurador haga dicha inversión, debido a la carencia de valores de la clase aquí requerida.
      “(3) El Comisionado proveerá a los aseguradores de los formularios requeridos para evidenciar dicha inversión.”

       A continuación de “como sigue” se detallan todos los valores depositados, ascendentes a $630,000, de cuyos valores la suma de $230,000 aparece invertida en bonos del Estado Libre Asociado y de la Autoridad de las Fuentes Fluviales de Puerto Rico. Esta cantidad, como en todos los certificados, siempre excedió del mínimo requerido por el Art. 3.160, 26 L.P.R.A. 316.

       En el citado caso de Garrett v. State, supra, se dijo: “El estatuto en el presente caso no pretende ser de aplicación general. Independiente-mente de cuántas personas puedan haber sufrido lesiones en forma negli-gente similar a la del demandante, este estatuto se propone permitir que el demandante, y solamente el demandante, pueda reclamar reparación. ‘Nin-guna legislación creadora de un privilegio puede resistir un ataque consti-tucional si el propósito de la Legislatura es conceder una ganancia o ventaja personal a un individuo.’ State ex rel., Higgins v. Civil Service Commission, 139 Conn. 106, 90 A.2d 864.” (Traducción nuestra.)

        Diario de Sesiones, vol. VI, tomo I (1966), a la pág. 337, conside-rando lá resolución conjunta que autorizó a Ana María Jiménez- viuda de Ortiz a demandar al Estado por la muerte de su esposo a manos de un policía. Con base en dicha resolución se entabló el pleito que culminó en Jiménez v. Pueblo, supra.


author: PER CURIAM;

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Herminio Gotay Cátala, acusado y apelante.

      Número: CR-72-166

      Resuelto: 12 de septiembre de 1973

      José Rafael Gelpí y Sergio A. Peña Clós, abogados del apelante; Peter Ortiz, Procurador General Interino, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM;

El apelante, reo convicto de violar por la fuerza una estudiante de' Escuela Superior de 17 años, que regresaba por la tarde a su hogar a pie bajo la lluvia por un camino vecinal que arranca desde el punto donde la dejó la guagua, señala como único error la insuficiencia de la prueba de corroboración exigida por la Regla 154 de Procedimiento Criminal que textualmente dispone en lo pertinente: “En un proceso . . . por el delito de violación o tentativa de cometerlo, no podrá declararse convicto al acusado por la sola declara-ción de la mujer agraviada, a menos que tal declaración se corrobore con alguna otra prueba que por sí misma, y sin tomar en consideración la declaración de la mujer agraviada, tienda a establecer la relación del acusado con la comisión del delito. Esta corroboración no será suficiente si sólo probare la perpetración del delito o las circunstancias del mismo.”

No vemos necesidad de adentrarnos en el análisis exte-nuante de los detalles de su infortunio transmitido verbal-mente por la ofendida a su hermano que acudió a sus gritos y quien fue la primera persona a quien pudo hacer un relato de lo ocurrido.

Los elementos integrantes de la evidencia de corrobora-ción, a saber, la perpetración del delito y la vinculación del acusado con el mismo, quedaron establecidos en juicio no sólo por el relato que espontáneamente hizo la joven a su hermano, sino por el cuadro general de hechos probados independiente-mente. Al efecto revela la transcripción de la evidencia oral que el apelante, un hombre corpulento persiguió a la estu-diante, la derribó en el camino mojado por la lluvia y ven-ciendo su resistencia se le echó encima y gozó su virginidad en un lecho de fango; que a los gritos de la ofendida llegó su hermano de 18 años a tiempo para ver al apelante ya incorporado junto a la víctima llorosa, que con su presencia el acusado se alejó hacia el automóvil que había dejado en la carretera y que el hermano oída la queja de la joven lo persi-guió hasta lanzarle una pedrada cuando el apelante huía en su coche. Que la misma tarde del crimen tanto la ofendida como su hermano captaron los rasgos fisonómicos del apelante con razonable confiabilidad que les permitió identificarlo sin dificultad en un grupo de 10 ó 12 hombres a tales fines ali-neados en el Cuartel de la Policía. Una doctora en medicina confirmó la desfloración.

La prueba aquí resumida en compacta síntesis satisface la exigencia de corroboración del testimonio de la mujer agra-viada inserta en la transcrita Regla 154 de Procedimiento Criminal. Ajustados a la ley y a los hechos están tanto el rechazo del juez de instancia a la moción para desestimar la acusación como el veredicto rendido por el jurado.

Se confirmará la sentencia de 10 a 15 años de presidio dictada el 19 de mayo de 1972 por la Sala de Guayama del Tribunal Superior.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Ana Lilliam Cintrón García et al., demandantes y recurridos, v. Hon. Raymond J. González, en su carácter de Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-72-131

      Resuelto: 18 de septiembre de 1973

      J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Héctor R. Orlandi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Raúl Matos, Raúl E. Matos, Leopoldo J. Cabassa Saurí, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

Se plantea en este recurso el efecto que pueda tener en la determinación de la participación hereditaria tributable bajo la vieja Ley de Contribuciones Sobre Herencias y Donaciones (Ley Núm. 303 de 12 de abril de 1946,13 L.P.R.A. sees. 881-905) las donaciones inter vivos que el causante haya hecho en vida al donatario. La controversia contributiva surge de los hechos que brevemente se reseñan a continuación.

En los años 1963 y 1964, por escritura otorgada ante el Notario Sergio León Lugo, doña Herminia García Mercado y su esposo, don Arturo Cintrón, donaron a su hija, doña Ana Lilliam Cintrón García, un solar de 251.546 metros cuadrados y casa, y solar de 339.35 metros cuadrados y dos casas de concreto tasadas en $8,430 y $16,371, respectiva-mente, lo que asciende a $24,801.00 el valor de lo recibido en concepto de donación de sus padres por Ana Lilliam Cintrón García. Se le impuso una contribución sobre donación de $200.10 y $1,105.65, respectivamente, que fue pagada al Departamento de Hacienda.

Doña Herminia García Mercado falleció intestada el 15 de abril de 1964. Tramitada la correspondiente declaratoria de herederos el 22 de mayo de 1964, el Tribunal Superior, Sala de Ponce, declaró como sus únicos herederos a sus hijos Ana Lilliam, Arturo Juan, Juan Herminio y Miguel Ángel, de apellidos Cintrón García, y a su cónyuge supérstite don Arturo Cintrón, en lo que concierne a la cuota viudal usufruc-tuaria.

El 15 de junio de 1964, Arturo Juan Cintrón García tra-mitó la correspondiente notificación de defunción ante el Secretario de Hacienda. En el encasillado “D” de dicha planilla aparece Ana Lilliam Cintrón García como hija de la causante, correspondiéndole una cuarta parte de la herencia dejada por doña Herminia García Mercado.

El 8 de agosto de 1967 el Secretario de Hacienda le notificó a Arturo Cintrón García la liquidación preliminar sobre la valoración de los bienes y la contribución total sobre herencia. El valor de los bienes a distribuir ascendió a $28,505.91, así como la contribución total sobre herencia a $2,399.69. La cuota viudal usufructuaria fue calculada en $924.69 y la diferencia, $22,581.22, la distribuyó por partes iguales entre los cuatro herederos de la causante, eorrespondiéndole a Ana Lilliam Cintrón García $5,641.31. A esta cantidad el Secre-tario de Hacienda le acumuló las donaciones que ella había recibido en vida de su madre, o sea, $8,430 y $16^371, para un total de $30,561.58. Después de deducirle la exención personal de $5,000 que permite la ley, se determinó que la contri-bución suya era $3,561.58 a la cual se le restaron las contribu-ciones ya pagadas de $200.10 y $1,105.65 por concepto de las donaciones recibidas, imponiéndole a dicha heredera una con-tribución de $2,555.83, más el 2% de dicha contribución como penalidad por la radicación tardía de la planilla.

No conforme con la determinación del Secretario de Hacienda, la sucesión de doña Herminia García Mercado soli-citó su reconsideración. Alegaba la sucesión que la distribu-ción debió hacerse de acuerdo con el Código Civil de Puerto Rico y que, de acuerdo con dichas disposiciones, a Ana Lilliam Cintrón no le correspondía nada de la herencia ya que en este caso procedía la colación de las donaciones. Celebrada la vista administrativa, el Secretario de Hacienda sostuvo su deter-minación y así lo notificó a la sucesión el 5 de marzo de 1971.

El 31 de marzo de 1971 la representación legal de la suce-sión de doña Herminia le notificó al Secretario de Hacienda que iniciarían acción judicial y acompañó un cheque por la cantidad de la contribución con la cual estaban conformes. Al día siguiente se radicó demanda de “Reliquidación de una Contribución de Herencia’’ contra el Secretario de Hacienda en el Tribunal Superior, Sala de Ponce. En dicha demanda se alega, por primera vez, que la citada Ana Lilliam Cintrón Garda, con el consentimiento de su esposo, repudió la herencia de doña Herminia García Mercado, por lo cual sostiene no tener participación alguna en la misma,

La demanda fue declarada con lugar mediante sentencia eximiendo de toda contribución sobre herencia a la deman-dante Ana Lilliam Cintrón García en base de que ésta o había repudiado la herencia o no tenía derecho a participar en la misma porque las donaciones colacionables que recibió eran mayores que su posible participación hereditaria. En cuanto a los demás demandantes, Arturo Juan, Juan Herminio y Miguel Angel Cintrón García, dio como satisfecha la obliga-ción del pago de contribuciones en la misma cantidad ya pa-gada al Secretario de Hacienda el 31 de marzo de 1971.

Acordamos revisar. Las donaciones y el fallecimiento de la causante en el caso de autos, ocurrieron en los años 1963 y 1964; por tanto, la ley aplicable al caso es la Ley Núm. 303 de 12 de abril de 1946, 13 L.P.R.A. sees. 881-905, conocida por el nombre de Ley de Contribuciones sobre Herencias y Dona-ciones. Esta ley nos dice que el término “donación” in-cluye la donación puramente graciosa, la onerosa y la remu-neratoria, según definidas en el Código Civil de Puerto Rico, pero también define como donación toda transferencia que se haga por herencia por testamento o abintestato. 13 L.P.R.A. sec. 881(a). En la Sec. 1(b) nos dice que el término “dona-tario” significa la persona que recibe una donación, según ésta se define en la subdivisión (a), incluyendo herederos, le-gatarios y causahabientes. 13 L.P.R.A. see. 881 (b)

¿Cómo se computa la contribución sobre herencia? La See. 2 de la Ley Núm. 303, 13 L.P.R.A. see. 883, prescribe:

“Se impondrá y cobrará al donatario de cada donación tributable, y éste pagará, una contribución a los tipos que se ex-presan en la see. 884 de este título. Para computar dicha contri-bución se seguirá el siguiente procedimiento:
(a) En la primera donación que recibe el donatario (1) se aplicarán los tipos que se expresan en la see. 884 de este título al montante de dicha donación; (2) de la suma que resulte se de-ducirán los créditos contributivos que se disponen en la see. 887 de este título; y la diferencia que resulte será la contribución que se cobrará y pagará de acuerdo con la sees. 881 a 905 de este título.
(b) En la segunda y subsiguientes donaciones recibidas por el donatario (1) se aplicarán los tipos que se expresan en la see. 884 de este título al total de las donaciones acumuladas inclu-yendo la donación sobre la cual se va a determinar la contribu-ción; (2) del montante que resulte se deducirá una cantidad igual a la contribución computada a los tipos que se expresan en la see. 884 de este título sobre el total de las donaciones acumu-ladas, sin incluir en éstas la donación sobre la cual se va a de-terminar la contribución; (3) de la diferencia en ambas cifras se deducirán los créditos contributivos que se disponen en la see. 887 de este título; y la diferencia que resulte será la contri-bución que se cobrará y pagará de acuerdo con las sees. 881 a 905 de este título.”

En Rivera Torres v. Srio. de Hacienda, 91 D.P.R. 215, 217-218 (1964), nos expresamos así en relación con la Ley Núm. 303:

“Nuestro estatuto . . . constituye un plan de tributación in-tegrado y funciona a base de las donaciones recibidas por una persona a partir de la aprobación de la Ley Núm. 308. No es un estatuto que toma cada donación como un evento tributable se-parado y aisladamente de otras donaciones. De ahí el que se in-cluyera el término ‘donaciones acumuladas’ definido como el montante de las donaciones tributables recibidas por determina-do donatario desde la fecha de la vigencia de la ley, constituyen-do una ‘donación tributable’ el importe de la donación menos el monto de las exenciones concedidas por la See. 4. Be ahí las Sees. 2 y 3 contengan una imposición contributiva integrada en tal manera que gira en torno de la primera donación y de la se-gunda y siguientes donaciones, y se establece el mecanismo para determinar la contribución de un determinado acto tomándose en cuenta la acumulación de donaciones anteriores. También las disposiciones de la Sec. 5(b) relativas a la donación de bienes que ya han estado sujetos total o parcialmente a la contribución sobre herencia o sobre donación dentro de los 20 años anteriores a la fecha de la donación envuelta, a los efectos de la concesión de ciertos créditos.”

Véanse también: Maristany v. Srio de Hacienda, 94 D.P.R. 291, 312 (1967); Manautou v. Srio. de Hacienda, 87 D.P.R. 185, 189 (1963); Freeman v. Srio. de Hacienda, 82 D.P.R. 307, 310-312 (1961).

La Ley Núm. 303 entremezcla entre sus disposiciones las transferencias por donaciones inter vivos con las transferencias por herencia. Usa el término “donación” para incluir ambos eventos y el término “donatario” para incluir tanto el qué recibe una donación inter vivos, como el que recibe herencia.

Meléndez Carrucini explica el funcionamiento del sis-tema integral que establece la Ley Núm. 303 y dice:

“Bajo la ley vieja, todas las donaciones inter vivos que el causante haya hecho en vida al donatario, se suman a la herencia que reciba dicho donatario al fallecimiento de aquél, para de-terminar la participación hereditaria tributable en el caudal de su causante. Naturalmente, la contribución pagada por el dona-tario sobre las donaciones recibidas en vida se acreditan a la contribución sobre herencia que .resulta sobre el total acumulado de donaciones más herencia, pero dicho crédito como puede verse, nunca permite recobrar totalmente la contribución sobre donación pagada porque la acumulación somete el valor de las donaciones a tipos contributivos más altos que los pagados al hacerse la donación. Este procedimiento de acumulación es lo que se conoce por ‘sistema integral’, que tiene el efecto de con-vertir la contribución sobre donación en prácticamente un-ade-lanto de la contribución de herencia.”

El método que dispone la Ley Núm. 303 no es el de la contribución sobre el derecho a transferir la totalidad de la masa hereditaria, sino el de la tributación sobre el derecho o privilegio de recibir su participación líquida e individual cada heredero, legatario o beneficiario de la herencia. Silva v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 332, 341-343 (1962). El procedimiento utilizado por el Secretario de Hacienda en el caso de autos cumple con la See. 883 (13 L.P.R.A. see. 883). Tal como lo establece la Ley Núm. 303 este sistema no impone una doble tributación y sí un sistema integral que impone una contribución progresiva sobre las donaciones acumuladas, proveyendo un crédito por las contribuciones ya pagadas por el donatario.

Alega la recurrida que la participación hereditaria tributable debe hacerse de acuerdo con las disposiciones del Có-digo Civil de Puerto Rico referentes a la colación de bienes. Art. 989, 31 L.P.R.A. see. 2841. De acuerdo con esta disposi-ción a Ana Lilliam Cintrón no le correspondía nada en la herencia, según alega, porque las donaciones colacionables que recibió eran mayores que su posible participación hereditaria.

La Ley Núm. 303 requiere que en la Notificación de De-función o Donación todo Administrador informe, tan exacta-mente como sea posible, el montante, valor, descripción y situa-ción de los bienes del difunto; los nombres y grados de paren-tesco de los herederos, mandatarios y legatarios, y la parte proporcional y descripción de los bienes que a cada uno corres-ponda. 13 L.P.R.A. see. 893. En la planilla aparece Ana Lilliam Cintrón García como hija de la causante correspon-diéndole una cuarta parte de la herencia dejada por doña Herminia García Mercado. La planilla aparece jurada por el Administrador haciéndose constar que la declaración con-tiene una relación exacta y verdadera del monto, distribución y localización de los bienes objeto de esta herencia a la fecha de la muerte, así como los nombres de los herederos, fecha de nacimiento de los mismos y la parte proporcional que a cada uno de estos corresponde.

Lo provisto en el Código Civil sobre la colación de bienes se invoca, por primera vez, en la reconsideración de la notificación preliminar del Secretario de Hacienda. Estamos frente a una medida fiscal. La cuestión no es si Ana Lilliam Cintrón García podía o no colacionar. El que exista la obligación de colacionar no garantiza el que se exija, ni el que se realice la colación. Los interesados en una herencia pueden convenir en que la cantidad recibida por un hijo en concepto de legítima anticipada se considere como una deuda a favor del caudal común y no sea colacionada y descontada de su porción hereditaria. Irizarry v. Registrador de San Germán, 22 D.P.R. 94, 101 (1915).

Bonet Ramón dice que el fundamento de la colación es subjetivo, “ya que depende de la voluntad del causante de dispensar de ella, presumiéndose que cuando no lo ha hecho ex-presamente es porque desea se aplique igual trato a los legitimarios,, a los que hizo en vida las donaciones con el carácter de anticipo de su cuota hereditaria. La voluntad no es, pues, absoluta, y la ley no impone en todo caso la igualdad de tratamiento, que puede ser excluida por el donante, y evitada por el donatario, repudiando la herencia.”

Ahora bien, si los interesados en una herencia pueden convenir no colacionar y no descontar lo recibido por un hijo en concepto de legítima adelantada, y considerarlo como una deuda a favor del caudal común; ¿no podrían los interesados en una herencia convenir en no colacionar lo donado a un hijo por su madre? Entre los herederos pueden llegar a cualquier acuerdo mientras todos estén conformes. Pero, para los efectos del fisco, tiene que informarse la participación de cada uno y cada heredero debe pagar la contribución que le corresponde. No es la existencia del derecho o de la obligación de colacionar razón por sí sola suficiente para considerar la colación como hecha a los fines de la imposición contributiva. Las contribuciones no pueden determinarse sobre la existencia del derecho a la colación, sino sobre la colación efectiva y real, si es que se ha colacionado. “[P]or tratarse la Ley de Contribución Sobre Herencias y Donaciones de una medida de carácter puramente fiscal nó siempre coinciden' los conceptos del Derecho Civil Común y el Derecho Tributario. Específicamente, el caudal neto sujeto a distribución entre los herederos conforme a los preceptos del derecho sucesorio no es necesariamente el que está sujeto a la imposición contributiva por la transferencia operada en virtud de la muerte del testador o causante.” Reus García v. Srio. de Hacienda, 97 D.P.R. 220, 223 (1969). Ver Rexach v. Srio. de Hacienda, 96 D.P.R. 913 (1969); Semanaz v. Srio. de Hacienda, 76 D.P.R. 411; 416 (1954).

Los autos carecen de base para una determinación de que Ana Lilliam Cintrón García verificó la colación, efectiva y realmente, igualando a los demás. Art. 1001, 1002 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2853-2854. A los fines de la imposición' contributiva el derecho referente a la colación de bienes, considerado aisladamente, en nada le ayuda a la con-tribuyente recurrida, sobre quien recaía la obligación de de-mostrar que efectivamente había colacionado las donaciones recibidas. De otra manera se podría evitar la responsabilidad mayor contributiva exigiendo del Secretario de Hacienda que imponga la contribución como si se hubiera colacionado. La Ley no favorece donaciones ficticias que puedan tenerse como hechas con el fin o propósito de evitar el pago de una mayor contribución. Cf. Serrallés Galiano v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 11 (1961).

El otro fundamento de exención radica en la determina-ción de que la recurrida Ana Lilliam Cintrón García repudió1 la herencia. Ya hemos señalado que la escritura de repudia-ción de herencia fue otorgada por la contribuyente el 29 de marzo de 1971, tres días antes de radicar la acción judicial impugnando la determinación final del Secretario de Hacienda y veinticuatro días después de notificada la determinación final a la contribuyente.

La causante falleció el 15 de agosto de 1964. A la fecha del otorgamiento de la. escritura de repudiación habían transcu-rrido más de seis años y medio. La alegación de Ana Lilliam Cintrón García de haber repudiado la herencia se hizo por primera vez en la demanda impugnando la contribución. Esta fue radicada el 1 de abril de 1971 y diligenciada seis días des-pués en la persona del Secretario de Hacienda.

Concurrimos con el recurrente que mucho tiempo antes del otorgamiento de la escritura de repudiación Ana Lilliam Cin-trón García realizó una serie de actos ante el Secretario de Hacienda que revelan su intención de haber aceptado la heren-cia. La notificación de defunción fue tramitada el 15 de junio de 1964 por medio del Administrador quien la juramentó. En dicho escrito aparece Ana Lilliam Cintrón García como hija de la causante y heredera de ésta correspondiéndole una cuarta parte de la herencia. El 8 de agosto de 1967 el Secre-tario de Hacienda le notificó al Administrador la liquidación preliminar sobre la valoración de los bienes y la contribución total sobre herencia. Solicitada la reconsideración y vista ad-ministrativa, ésta tuvo lugar el 4 de diciembre de 1967. Se alegó entonces que a Ana Lilliam Cintrón no le correspondía nada de la herencia ya que en este caso procedía la colación de las donaciones.

En ningún momento negó Ana Lilliam Cintrón su condi-ción de heredera ni alegó haber repudiado la herencia. Por el contrario, ella sostuvo ante el Secretario de Hacienda, con-juntamente con los demás herederos, el derecho y obligación de colacionar. Esta acción de su parte constituye una acepta-ción tácita de la herencia, conforme al Art. 953 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2781 que dispone inter alia:

“La aceptación pura y simple puede ser expresa o tácita.
Tácita es la que se hace por actos que suponen necesaria-mente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecu-tar sino con la cualidad de heredera.

Ana Lilliam Cintrón optó, un año y cuatro meses antes de otorgar la escritura de repudiación, solicitar y defender ante el Secretario de Hacienda la colación de los bienes a los fines de la verificación final de los cómputos contributivos, reclamación ésta que solo le corresponde a los herederos forzosos que previamente hayan aceptado la herencia. Art. 989, 31

L.P.R.A. see. 2841. Guaroa Velázquez, Teoría del Derecho Sucesorio Puertorriqueño, Cap. IV, págs. 105 y ss., Ed. 1961. La aceptación de la herencia se presupone siempre como con-secuencia de la sucesión. Una vez aceptada en forma expresa o tácita, por actos que suponen la voluntad de aceptar la mis-ma, es irrevocable. Art. 951, 31 L.P.R.A. see. 2779. La no aceptación es una excepción que favorece a los herederos para que se les exima del cumplimiento de las obligaciones que suce-den al difunto. Rodríguez v. Ubides Vda. de Font, 58 D.P.R. 252 (1941). Si la voluntad de la contribuyente era repudiar la herencia, debió.haberla acreditado dentro del trámite admi-nistrativo que se siguió para la fijación de los cómputos con-tributivos, y no después de concluido dicho trámite. No lo hizo. Prefirió invocar allí el derecho referente a la colación de los bienes, asumiendo tácitamente la posición de haber acep-tado la herencia. La repudiación manifestada luego es ir contra sus propios pasos en un esfuerzo de última hora de aliviar el peso contributivo mayor. Ello es inaceptable.

En virtud de lo expuesto, se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, y se dictará otra en su lugar declarando sin lugar la demanda presentada.

Los Jueces Asociados, Señores Martín, Díaz Cruz e Iri-zarry Yunqué, no intervinieron.

       El documento de repudiación de herencia consta de la Escritura Núm. 37 otorgada ante el Notario Antonio Fernández Rodríguez el día 29 de marzo de 1971, transcurridos veinticuatro días de la fecha de la deter-minación final del Secretario de Hacienda.

      Esta Ley fue sustituida por la Ley Núm. 167 de 30 de junio de 1968, Ley de Contribuciones sobre Caudales Relictos y Donaciones de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. sees. 5001 — 5532, que entró en vigor el 1 de enero de 1969. Dispone la Ley Núm. 167 en su See. 530 (13 L.P.R.A. see. 5530) que en los casos de causantes fallecidos o donaciones realizadas antes de la vigencia de la nueva ley, se continuarán aplicando las leyes anteriores que imponen contribución sobre herencias y donaciones.

       Meléndez Carrueini, Manual de Contribuciones sobre Caudales y Donaciones, 1969, pág. 34. '

       La instrucción Núm. 5 que aparece en la primera página de la planilla dice: “Las partes aplicables de la Notificación de Defunción o Do-nación deben ser cuidadosa y totalmente cumplimentadas. Es requisito de ley el que se consigne, tan exactamente como sea posible el valor, descrip-ción y localización de los bienes. . . .; los nombres y grado de parentesco de los herederos, legatarios o donatarios y la parte proporcional del caudal que a cada uno de ellos corresponda. (Énfasis suplido.)

       Bonet Ramón, Compendio de Derecho Civil (1965), pág. 851.

       Art. 1001 — “El donatario tomará de menos en la masa hereditaria tanto como ya hubiese recibido, percibiendo sus coherederos el equivalente, .en cuanto sea posible, en bienes de la misma naturaleza, especie y éalidad.”
      Art. 1002 — -“No pudiendo verificarse lo prescrito en ía sección anterior, si los bienes donados fueren inmuebles, los coherederos tendrán de-recho a ser igualados en metálico o valores mobiliarios al tipo de cotiza-eión; y no habiendo dinero ni valores cotizables en la herencia, se ven-derán otros bienes en pública subasta en la cantidad necesaria.
      Cuando los bienes donados fueren muebles, los coherederos sólo ten-drán derecho a ser igualados .en otros muebles de la herencia, por él justo precio, a su libre elección.”

      De ser así, los demás herederos forzosos resultarían perjudicados al tener que pagar como si recibiesen una mayor participación de la heren-cia, y aun cuando el donatario les pagara la diferencia, éste estaría pa-gando las contribuciones computadas sobre tipos más bajos, obviando los propósitos de la ley.


author: per curiam:

text:
    Rafael Burgos Orellano, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Antonio Rivera Brenes, Juez, demandado; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.

      Número: O-73-202

      Resuelto: 20 de septiembre de 1973

      Salomón Legis y Aníbal Flores, abogados del peticionario; Miriam Naveira de Rolón, Procurador General, y Héctor R. Or-landi Gómez, Procurador General Auxiliar, abogados del in-terventor.
   per curiam:

El peticionario fue declarado padre de un niño en juicio por abandono de menores (33 L.P.R.A. see. 991) seguido en su contra ante el Tribunal de Distrito. Sala de Canóvanas. Se le ordenó pagar una pensión alimenticia de $100 mensuales. No conforme, apeló para ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Al llamarse el caso para juicio de novo ante dicha Sala, fue desestimada la apelación por en-tender el tribunal a quo que no tenía jurisdicción habida cuen-ta de que el apelante, aquí peticionario, no consignó pendente lite en la secretaría del Tribunal Superior el importe de las pensiones. El apelante, por equivocación, había estado con-signando dichas pensiones en la secretaría del Tribunal de Distrito, Sala en que fue sentenciado. Otro juez de la Hon. Sala recurrida (Tribunal Superior) había determinado pre-viamente que mediante la consignación de las pensiones en el Tribunal de Distrito el apelante había cumplido sustancial-mente con el requisito de ley.

En 27 de junio de 1973 dictamos resolución concediendo al tribunal recurrido y al Procurador General un término de 10 días para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y, una vez expedido éste, dejar sin efecto la resolución que desestimó la apelación. El Procurador General oportunamente radicó un informe. Por inadvertencia emiti-mos una nueva resolución el 8 de agosto de 1973 concediendo nuevamente un término para mostrar causa, que por ser aca-démica ahora dejamos sin efecto.

El Art. 263 del Código Penal, tal como fue enmendado por la Ley Núm. 10 de 16 de mayo de 1966, y por la Núm. 83 de 31 de mayo de 1972, 33 L.P.R.A. see. 991, dispone en su in-ciso (e):

“(e) La apelación para ante el Tribunal Superior de cual-quier sentencia u orden dictada bajo esta sección, no suspenderá los efectos de la resolución ordenando el pago de alimentos; Dis-poniéndose, que en tal caso de apelación el acusado vendrá obli-gado a . depositar en la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior para ante el cual se haya apelado las cuantías por con-cepto de alimentos. A solicitud de parte interesada, el Tribunal, luego de escuchar el testimonio de ambas partes, podrá autori-zar al Secretario dei Tribunal Superior a que disponga a favor del alimentista de las cuantías consignadas, hasta que recaiga el fallo en dicha Sala. En los casos en que el fallo dictado sea en favor del acusado, el alimentista vendrá obligado a devolver las cuantías que el acusado hubiere consignado para beneficio de aquél. Disponiéndose, que en los casos en que el fallo dictado con-firme la sentencia del tribunal apelado pero disminuya la cuan-tía por concepto de alimentos, la diferencia en dicha cuantía le será acreditada al acusado en los pagos futuros que éste deba de-positar para beneficio del alimentista. Si el acusado dejare de cumplir con la consignación dispuesta, el Tribunal desestimará la apelación.” (Énfasis nuestro.)

La intención del Legislador fue proteger tanto al alimen-tista, para en caso de confirmarse el fallo del Tribunal de Dis-trito, como al alimentante, para el caso de que se resuelva que éste no es padre de aquél. Ello es evidente de la lectura del in-forme de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Repre-sentantes (Servicio Legislativo de Puerto Rico, 1966, pág. 107), en que no se hace distinción en cuanto a la Sala de cuál Tribunal debe consignarse pendente lite el importe de la pen-sión. El fragmento del debate sobre el P. del S. que se convir-tió en la Ley Núm. 10 del 1966, que cita el Procurador General, abunda en cuanto al propósito esencial de que la apela-ción no suspenda los efectos de la sentencia, y que quede garantizado el alimentista de que de prevalecer esta, el impor-te total de las pensiones consignadas estará disponible para él inmediatamente. El haber consignado las pensiones en este caso en la secretaría del Tribunal de Distrito y no en la del Superior constituye un error que podía ser fácilmente sub-sanado y que en nada perjudicó al menor alimentista. Ese error no debe derrotar el derecho del acusado a que se ventile en su fondo dentro del juicio de novo el importante asunto de la paternidad. Aparte del interés que naturalmente tienen el niño y el alegado padre, sabido es que en estos casos también el Estado tiene un interés especial. Cf. Garzot v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 359 (1964) y Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961).

Se expide el auto de certiorari solicitado, se deja sin efecto la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictada el 21 de mayo de 1973 en el caso número JN72-118 que deses-timó el recurso interpuesto por el aquí peticionario Rafael Burgos Orellano, y se ordena la continuación de los procedi-mientos ante dicha Sala. La Sala recurrida deberá requerir del Tribunal de Distrito, Sala de Canóvanas, que le remita para su consignación en la secretaría del Tribunal Superior todos los dineros depositados por el peticionario Burgos Ore-llano en la secretaría de aquella Sala por concepto de pensión alimenticia pendente lite. El peticionario continuará consig-nando la pensión en la secretaría del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

       El fallo del Tribunal de Distrito se produjo el 11 de julio de 1972, ya vigente la enmienda de 1972.