text:
    Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida.

      Número: O-79-238

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Laffitte & Domínguez, abogados del recurrente; Federico Díaz Ortiz, César A. Vélez y Gladys J. Ramos Rosario, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso fue originalmente consolidado con F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 505 (1981), opinión del día de hoy en la cual resolvimos que la Ley Núm. 103 de 28 de junio de 1969 (11 L.P.R.A. see. 8 y ss.) confirió jurisdicción a la Junta de Relaciones del Trabajo sobre el Fondo del Seguro del Estado, tanto para los procedimientos de prácticas ilícitas del trabajo como para la certificación de la unidad apropiada a los fines de la negociación colectiva. Aquí se plantea la misma cuestión jurisdiccional allí resuelta más otro error relacionado con hechos distintos que ameritan ser considerados en opinión aparte porque, como consecuencia de la distinción fáctica, la disposición final de recurso resulta también diferente.

En septiembre de 1975 el recurrente Fondo del Seguro del Estado emitió una convocatoria para cubrir el Puesto 356 de Oficial de Investigación y Seguros IV en la Oficina Regional de Mayagüez. Los requisitos de admisión para ocupar esta plaza consistían en que el aspirante debía estar ocupando un puesto de Oficial de Investigación y Seguros III u Oficial de Compensaciones y Seguros II, con doce meses de experiencia en la clase. La Certificación de Elegibles incluyó al querellado Áureo Sánchez Pérez, quien a la sazón ocupaba el puesto de Oficial de Investi-gación y Seguros II en Aguadilla, con 6 años de servicio en el Fondo, y al señor Edwin A. Hernández, quien desem-peñaba un puesto de mayor jerarquía y salario como Fun-cionario Ejecutivo III, Jefe de la Sección de Formalización de Póliza en Mayagüez y con más de 19 de servicio en el Fondo. Un tercer aspirante, el señor Eddie Pérez Vaz-queztell, se eliminó voluntariamente por no tener interés en la plaza. Según surge de la transcripción de la prueba, se seleccionó al señor Hernández en consideración a sus cualificaciones a la luz de los criterios de antigüedad, efi-ciencia y experiencia establecidos en el Convenio:

P . . . ¿Usted como entrevistador, y supongo evaluador de esas tres personas en sí, a primer nivel, le pregunto, por quién usted se decidió y por quién, por qué?
R. Yo me decidí por Edwin Hernández, en primer lugar tomando en consideración el factor “antigüedad”, ese fue el primer factor que utilicé para hacer mi selección. Además de eso, en base a lo que establece el convenio colectivo de respon-sabilidad del individuo, cómo [el individuo] se desempeña o se ha desempeñado en su puesto anterior, en la cooperación del individuo, y, además, que el individuo estaba en ese momento desempeñando un puesto de alta responsabilidad.... (Énfasis nuestro.)

Al enterarse de la designación del señor Hernández, el señor Áureo Sánchez solicitó al Presidente de la Herman-dad su cooperación, a los fines de someter una querella ante el Comité de Querellas creado en el Convenio, expre-sándole que interesaba la plaza en cuestión, porque pen-saba retirarse en los próximos meses y necesitaba un mayor sueldo para mejorar la pensión. La Hermandad rehusó tramitar la querella y le informó que estaba de acuerdo con la designación del señor Hernández. No con-forme, Sánchez presentó una querella ante el Comité de Querellas, la cual fue desestimada al declararse el Comité sin jurisdicción por el fundamento de que el Convenio sólo permite al empleado presentar querella a través de la Hermandad. Acudió entonces Sánchez a la Junta de Rela-ciones del Trabajo, la que expidió sendas querellas contra el Fondo y la Hermandad, imputándoles una violación del Art. XII del Convenio Colectivo. Finalmente la Junta expidió la Decisión y Orden objeto de esta revisión en los siguientes términos:

1) Cesar y desistir de violar los términos del convenio colectivo que tengan negociado o que negocien especial-mente en su Artículo XII.
2) Tomar la siguiente acción afirmativa que consideramos efectúa los propósitos de la Ley:
a) Conceder a Áureo Sánchez Pérez todos los beneficios correspondientes a la Plaza Núm. 356, retroactivo a la fecha y nombramiento del señor Edwin Hernández entendiéndose que el patrono debe responder en un 50% y la Unión en un 50%.
b) Fijar en sitios conspicuos del negocio y mantenerlos fijados por un período no menor de treinta (30) días conse-cutivos desde la fecha en que hayan sido fijados copias del aviso que se une.

Adviértase que la Junta ordenó que se concediera al querellante Sánchez todos los beneficios correspondientes a la Plaza 356 retroactivos a la fecha del nombramiento del señor Hernández, pero no ordenó que se designara al querellante para cubrir dicha plaza, porque éste se acogió al retiro efectivo el 31 de diciembre de 1977, según había anunciado cuando hizo las gestiones para obtener el nombramiento.

La Junta rechazó la alegada violación del Art. VII del Convenio expresando:

También se alega que la Hermandad violó el Artículo VII del convenio colectivo. No estamos de acuerdo.
El Artículo VII, en su fase administrativa, (segundo paso) dispone que las “querellas” se continuarían procesando siempre y cuando que el presidente de la Hermandad determine que éstas eran meritorias. No podemos concluir que se violó este artículo por el hecho de que el presidente concluyera que la queja de Áureo Sánchez no era meritoria.
Ciertamente la Hermandad no tenía la obligación de elevar todas las querellas más allá del segundo paso. Si hemos concluido que la situación aquí constituye una excep-ción a la norma de abstención administrativa es porque con-sideramos que el mecanismo interno resulta perjudicial para el trabajador. Independientemente de como use su dis-creción, el Presidente de la Hermandad no debe ejercer una función dual.

El Fondo interpuso el presente recurso apuntando cua-tro errores, tres de los cuales se refieren a la jurisdicción de la Junta y que fueron resueltos afirmativamente en la opinión emitida en el día de hoy en el caso 0-79-237. El cuarto, que es el que aquí consideramos, impugna la con-clusión de la Junta al determinar que, bajo los hechos del caso, las partes violaron el Convenio Colectivo.

La Junta fundó su decisión en el último párrafo del Art. XII del Convenio, que aquí transcribimos:

Los ascensos en el Fondo para empleados cubiertos por la unidad apropiada se harán tomando en consideración la antigüedad, la eficiencia, puntualidad, experiencia, prepa-ración académica y habilidad del empleado; dándole prefe- renda en igualdad de condiciones al empleado más antiguo en la agencia que reúna los requisitos antes mencionados. La experiencia y eficiencia sustituirán la preparación acadé-mica para los efectos de este artículo, con excepción de aquellos puestos que requieran una licencia expedida por el gobierno para poder ejercer la profesión u oficio.
Para cubrir plazas vacantes en el Fondo la agencia circu-lará una convocatoria interna entre todos los empleados, enviando copia a la Hermandad dentro del término de vein-ticuatro (24) horas de haberse expedido la misma. Los empleados interesados en cubrir las vacantes llenarán y radicarán la correspondiente solicitud según se dispone en este convenio.
Cuando surja una oportunidad de ascenso las partes darán la oportunidad en primer término a los empleados que ocupen puestos inmediatamente inferiores o similares de acuerdo con las normas que las partes acuerden. (Énfasis nuestro.)

Entiende la Junta que este último párrafo controla la determinación sobre el ascenso. Su razonamiento es al efecto de que como el señor Hernández ocupaba un puesto de mayor jerarquía, no cualificaba para el “ascenso” a la Plaza 356, mientras que el señor Sánchez cualificaba porque ocupaba el puesto inmediatamente anterior. No estamos de acuerdo.

La Junta incurre en el error de otorgar un valor absoluto al último párrafo del Art. XII, haciendo caso omiso de los criterios de antigüedad, eficiencia, puntualidad, experiencia, habilidad y preparación académica establecidos en el mismo articulado y reconocidos, además, en el Art. V del Convenio en lo relativo a ascensos, traslados, reasignaciones de puestos, labores internas y cesantía. Al igual que en la interpretación de un estatuto, los términos de un convenio deben leerse en conjunto y armo-nizarse con el fin de determinar la intención de las partes. Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp. 90 D.P.R. 739, 744 (1964); Caballero v. Kogan, 73 D.P.R. 666, 674 (1952). La Junta, por el contrario, aplicó literalmente la disposición que favorece a los empleados que ocupan puestos inmedia-tamente inferiores a la plaza vacante, sin tomar en con-sideración el resto del articulado. Ya en Álvarez & Pascual, Inc. v. Srio. Hacienda, 84 D.P.R. 482, 492 (1962), habíamos rechazado la metodología de hermenéutica legal de interpretar los casos en forma irreal, frase a frase, haciendo caso omiso de su sustancia. Es un principio fundamental que toda parte del convenio debe ser conside-rada para determinar el significado de cada una de sus partes. Ver en general, R. Elfren Bernier, Aprobación e Interpretación de las Leyes de Puerto Rico, México, 1963, págs. 187-188.

Los criterios de selección establecidos en el Convenio tienen un propósito dual: garantizar tanto el interés del patrono en cubrir las vacantes con el personal más idóneo como el interés de los empleados en la promoción en el empleo. La observación rigurosa de estos criterios de selección para el ascenso contribuye a evitar que entre en juego el favoritismo, el capricho del jefe, la presión externa e influencias extrañas en la buena administración de personal bajo el Convenio. Por supuesto, la antigüedad por sí sola, ni ninguno de los otros criterios considerados aisladamente puede garantizar la idoneidad. Este objetivo puede lograrse razonablemente cuando se consideran todos los criterios en conjunto y en su debida proporción.

El hecho de que aquí se tratara de un ascenso y que la convocatoria fuera redactada en esos términos, no podía constituir un barrera infranqueable a la selección del señor Hernández para cubrir la vacante en la Plaza 356, si en la ponderación de los criterios de selección resultaba éste ser el más idóneo. Eliminarlo como candidato por el hecho de ocupar él una posición de mayor rango resguardaría, sin duda alguna, el interés de los empleados que ocupan puestos inmediatamente inferiores en ser ascendidos, pero quebrantaría el interés legítimo del patrono —reconocido en el mismo articulado— de cubrir los puestos con el personal más idóneo.

Es este un caso poco común, pues usualmente los empleados no tienen interés en disminuir su rango en el sistema de personal, sino, por el contrario, en adelantarlo. El ascenso alienta este interés legítimo del empleado, así como el propósito de retener en el empleo a aquellos empleados más idóneos que ingresen por los grados inferio-res. El descenso constituye propiamente una sanción dis-ciplinaria, salvo en situaciones como la del caso de autos, en que es el propio empleado el que voluntariamente renuncia a una posición de rango superior y, por conside-ración de conveniencia personal, solicita ser designado en una plaza de inferior rango.

En adición, no hay constancia en los autos de que el Fondo o la Hermandad actuaran caprichosa, arbitraria o discriminatoriamente al cubrir la vacante de la Plaza 356. En consecuencia, la designación del señor Hernández para ocupar dicha vacante no constituye una práctica ilícita del trabajo, por lo que incidió la Junta de Relaciones del Tra-bajo al concluir lo contrario.

Se dictará sentencia que revoque la Decisión y Orden de la Junta en este caso.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Negrón García no intervinieron.

      El Art. V, inciso 4, lee:
      “Tanto el principio de mérito, la eficiencia y la antigüedad serán reconoci-dos en lo relativo a ascensos, traslados, reasignaciones de puestos, labores inter-nas y cesantías.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

license: Public Domain

text:
    Asociación Auténtica de Empleados Municipales Área Norte de Puerto Rico, Capítulo de Bayamón, demandante y recurrida, v. Municipio de Bayamón, Hon. Ramón Luis Rivera, Alcalde, demandado y recurrente.

      Número: R-81-14

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Emilia M. Román Nevárez, abogada del recurrente; Neftalí Hernández González, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El 9 de febrero de 1981 requerimos de la demandante-recurrida mostrar causa por la cual no debía expedirse el auto solicitado y disponer la revocación de la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón. Su comparecencia no nos persuade.

Se trata de una demanda de sentencia declaratoria incoada por la Asociación Auténtica de Empleados Muni-cipales de Bayamón contra el Municipio de Bayamón en que reclama el pago de $15.00 por asociado, que alega tener derecho a recibir en virtud de la Ley Núm. 98 del 25 de junio de 1962 (3 L.P.R.A. see. 756) y la Ley Núm. 95 del 29 de junio de 1963 (3 L.P.R.A. secs. 729a a 729¿).

La Asociación Auténtica es una agrupación bona fide de servidores públicos organizada por empleados del Municipio de Bayamón, debidamente certificada como tal por el Secretario del Trabajo de Puerto Rico de confor-midad con el Art. 1 de la Ley Núm. 139 de 30 de junio de 1961 (3 L.P.R.A. sec. 755(a)). Tiene derecho, por tanto, a los beneficios dispuestos en el Art. 1 de la Ley Núm. 98 de 25 de junio de 1962 (3 L.P.R.A. sec. 756(a)), que dispone:

(a) Se autoriza a las asambleas municipales a incluir en sus presupuestos anuales una partida para el pago del cin-cuenta por ciento (50%), de las primas individuales corres-pondientes a los planes de servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización a que estén acogidos cualesquiera de los empleados del municipio en cuestión, en su calidad de miembros de una agrupación bonafide de servidores públi-cos tal como las define el inciso (a) de la see. 755 de este título. Las aportaciones de los gobiernos municipales por concepto de tales primas no podrán exceder en ningún caso las aportaciones correspondientes a ser pagadas por el Gobierno Estadual y los gobiernos municipales en cuanto a cualesquiera de sus empleados respectivos en virtud del con-trato que celebre el Comisionado de Seguros a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 466, aprobada en 25 de abril de 1946, enmendada.

Desde el 24 de enero de 1978 al 1 de noviembre de 1978 el Municipio de Bayamón aportó la cantidad de $15.00 mensuales por empleado asociado, independientemente de las cantidades que el asociado autorizaba a que se le des-contaran de su sueldo para el plan médico. A partir del 1 de noviembre de 1978 el municipio redujo su aportación de quince dólares mensuales y la graduó al 50% de las primas individuales correspondientes a los planes de los miembros asociados, basándose en Opinión del Secretario de Justicia de 5 de octubre de 1978.

La Asociación demandó al municipio. Alegó, en síntesis, que el Municipio de Bayamón viene obligado a aportar a los planes médico-quirúrgicos y de hospitalización el máximo permisible bajo la Ley Núm. 98 de 1962, y que se le había dado una interpretación muy restrictiva a dicha ley, ya que los otros municipios le habían pagado el máximo permisible bajo la ley, sin tomar como base lo aportado por el empleado al plan.

El juez de instancia, sin celebrar vista, y a base de documentos y alegatos presentados,'dictó sentencia a favor de la parte demandante. Concluyó que tanto la Ley Núm. 95 de 1963 como la Núm. 98 de 1962 eran aplicables a empleados municipales y que sería una injusticia el per-mitir “que al empleado municipal que disfruta de servicios médico-quirúrgicos y de hospitalización bajo la Ley 93, [sic se] le reconozca una aportación patronal de $25.00 y al empleado municipal miembro de una agrupación bona-fide bajo Ley 98 [sic se] le reconozca solamente la mitad de la cuota que por servicios médicos le cobra la parte demandante a sus asociados”. Al así hacerlo erró.

Habiéndose decidido el caso a base de documentos y siendo la controversia una de Derecho, estamos en iguales condiciones que el tribunal de instancia para apreciar la prueba. Díaz de Diana v. A.J.A.S. Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980); Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947 (1975).

Mediante legislación se ha creado una distinción entre planes municipales de servicios médico-quirúrgicos de agrupaciones bona fide de servidores públicos y aquellos planes de beneficios médico-quirúrgicos autorizados por el Secretario de Hacienda, con el asesoramiento del Comisionado de Seguros, mediante contratos y sobre bases voluntarias. El primero se rige por las sees. 755 a 756a y el segundo por las sees. 729a a 729¿, del título 3 L.P.R.A.

La única tangencia entre estas dos leyes es lo dispuesto en la see. 756, que prohíbe que las aportaciones del gobierno municipal a las agrupaciones bona fide excedan las aportaciones pagadas por el Estado bajo los contratos de servicios médico-quirúrgicos desarrollados bajo la Ley Núm. 95 de 1963. Nótese que la Ley no prohíbe que se aporte menos, sólo que se aporte más de lo que el Estado aporte bajo el otro plan.

Surge del texto de la Ley que la intención legislativa no fue que los municipios tuvieran que pagar el máximo permitido ni que tuvieran que pagar lo mismo que pague el Estado bajo otros planes. Solamente establece un máximo de lo que puede aportar el municipio, tomando como base el límite aportado por el Estado bajo la Ley Núm. 95, supra.

Habiendo el Municipio de Bayamón graduado su apor-tación a un 50% de las primas individuales de los miem-bros asociados, estaba actuando conforme a la ley. Si la Asociación necesitaba más dinero tenía que incrementar la aportación de su miembros para que el municipio contri-buyera más, siempre tomando en cuenta el límite estable-cido por ley.

El juez de instancia también erró al adoptar como con-clusión de hecho: “Resulta muy persuasivo, que todos los municipios que reconocen a la parte demandante como agrupación bona-fide en representación de sus empleados y que están cubiertas por la misma Ley 98 [sic] que hemos discutido, hayan estado pagando, sin objeción de clase alguna la cantidad de $15.00 hasta el 31 de diciembre de 1978 y $25.00 desde el lero. de enero de 1979 en adelante.”

El récord está desprovisto de prueba que sostenga dicha afirmación. Esto no fue incluido en el “Informe Conjunto De Estipulación Sobre Hechos Indisputados” suscrito por las partes el 10 de octubre de 1980. En su comparecencia la demandante-recurrida argumenta que por haber estado incluida esa aseveración en su teoría del caso, la parte demandada venía obligada a traer prueba para desmentir la alegación. Al así hacerlo hace caso omiso de la Regla 10(B) de Evidencia la cual dispone: “La obligación de presentar evidencia primeramente recae sobre la parte que sostiene la afirmativa en la cuestión en controversia.”

Meras alegaciones o teorías no constituyen prueba. La parte demandada no tenía necesidad de rebatir dichas alegaciones desprovistas de prueba que las sostuvieran. El tribunal de instancia tampoco las debió tomar en consideración.

Por los fundamentos expresados, se expedirá el auto de revisión y se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

       En ese período los $15.00 eran el máximo que aportaba el gobierno bajo la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, conocida como la Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos. Actualmente asciende a $25.00.

       Para esa fecha era $9.00 mensuales.

      Al dictar sentencia, bajo la interpretación dada por la Asociación, el municipio le debía $131,000.


author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor H.L.V.D.J., apelante.

      Número: O-80-27

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Doris López González, de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Pro-curador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

Se confirma la resolución apelada por estar el Tribunal igualmente dividido.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión con-currente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Dávila y Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García. El Juez Asociado Señor Martín disintió sin opinión.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario

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Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Rigau, Dávila y Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1981

Considerando el largo historial del joven apelante de 17 años, y el fracaso de los medios correctivos que provee la Ley de Menores, el tribunal confrontado con querellas de asesinato, dos de robo y cuatro por infracción de la Ley de Armas convocó a vista para renunciar la jurisdicción y lo remitió a juicio como adulto según autoriza 34 L.P.R.A. see. 2004. La Corporación de Servicios Legales alega error en su recurso porque se privó a su defendido de audiencia y asistencia legal. El planteamiento es totalmente infun-dado.

Un examen del expediente revela que la renuncia de jurisdicción se ajustó al debido proceso. El juez hubo de comenzar la vista en ausencia del encausado, por hallarse éste evadido del Hogar Juvenil. La abogada de Servicios Legales y la madre del menor se presentaron tarde al tribunal, y a pesar de ello el juez continuó la vista en cámara, oyó argumento, y los testimonios de alguaciles, y de la Trabajadora Social Celeste Colón, ofrecido por la defensa. De hecho, el querellado tuvo una audiencia mucho más amplia que la exigida por Kent v. United States, 383 U.S. 541, 561 (1966): “an opportunity for a hearing which may be informal.” Llegó a extremos el juez, que bien pudo proceder desde luego a la renuncia de jurisdicción considerando la ausencia tanto del evadido como de su abogada a la hora de abrir sala para la vista a la que habían sido debidamente convocados. En efecto, esta persona ha tenido más oportunidad de ser oída que la conferida por la Regla 243 de Procedimiento Criminal al acusado por delito grave que no comparece a juicio. Según la última enmienda de Ley Núm. 94 de 3 de junio, 1980 se continúa el proceso hasta dictar sentencia que puede ser de reclusión por vida. El fugitivo renuncia al ordenado esque-ma de derechos provisto en el enjuiciamiento. Cf. Pueblo v. Rivera Rivera, 110 D.P.R. 544 (1980). Los procedimientos en instancia se ajustaron a derecho y constituyen el medio adecuado de proteger la sociedad de este individuo, al pre-sente prófugo, con libertad de continuar su inclinación según la muestra el siguiente historial:

Antes de los 12 años se inició con un escalamiento en segundo grado. Lo dejaron bajo la custodia de la madre. Luego le siguió un robo. Quedó bajo la custodia de la abue-la, quien vive en Canóvanas. Le siguieron varias querellas por infracciones a la Ley de Armas. Pendientes las mis-mas asaltó a un jogger que resultó ser juez en el Centro Judicial y le arrebató unas cadenas de oro. Por estos hechos le fueron radicadas querellas por Robo y Ley de Armas. Declarada con lugar una moción de Supresión de Evidencia fueron archivadas las querellas primeras por Ley de Armas y devuelta su custodia a la madre.

Surge de autos que a los pocos días del archivo “la pro-pia madre del menor está solicitando detención debido a grado de deterioro de éste, peligro a la comunidad por su conducta y peligro para la propia vida de él. En la última balacera en que estuvo envuelto, contrarios al menor lo persiguieron y al refugiarse él en la casa, dispararon contra ésta. Se está envolviendo en nuevas faltas”. Autos, pág. 42. El augurio se cumplió y antes del mes se le acusó de asaltar una tienda de licores y matar a su dueño. Se ordenó su ingreso al Hogar Juvenil. Luego de entrevistas e investigación el trabajador social de la institución, Tulio Larrinaga Rey, informa que “En entrevistas hechas al menor el suscribiente percibe una actitud de falta de arrepentimiento, aunque temeroso de las consecuencias de sus actos, ve las alternativas ofrecidas para su rehabili-tación como un medio para salir bien parado de su situa-ción. Al mencionar los hechos de la agresión de que fue objeto al recibir una herida de bala en el pie derecho, el menor ofrece una versión distinta a los recuentos hechos por su madre. Al confrontarle con la versión de la madre, el menor admite haber mentido al suscribiente. Admite uso de substancias controladas a nivel exploratorio. En entrevista hecha a la madre del menor se percibe a ésta como una persona de carácter libertino, despreocupado y falta de valores y controles adecuados que ofrecerle a su hijo. Al profundizar en la supervisión de ésta al menor se le percibe sobre-protectora y permisiva ante su hijo”. El tribunal ordenó evaluación sicológica y siquiátrica. Al siquiatra el joven le admitió que empezó oliendo thinner y luego pasó a la marihuana, la heroína y las pastillas.

Cumplido el debido proceso y ante la conducta inco-rregible del joven que tan grave peligro representa para la sociedad, no puede haber solución más apropiada que la renuncia de jurisdicción. La resolución apelada debe confirmarse.

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1981

En Kent v. United States, 383 U.S. 541, 560 (1966), se expresó de la siguiente manera el Tribunal Supremo federal:

Es nuestra opinión que la interpretación de la Corte de Apelaciones sobre la cuestión básica y los valores que le sirven de fundamento en este caso fue equivocada. Sí advirtió, como lo hiciera varios meses después en Black y Watkins otra sala de la misma corte, que la determinación de trasladar a un niño de la estructura estatutaria del Tribunal de Menores a los procesos criminales de la Corte de Distrito es “de una importancia crítica”. Sostenemos que ciertamente es un procedimiento “de una importancia crí-tica”. La Ley del Tribunal de Menores le confiere al niño el deiecho a beneficiarse de la jurisdicción “exclusiva” de dicho tribunal. Como dijera la Corte de Apelaciones, “[E]stá implícito en el esquema [del Tribunal de Menores] que la norma ha de ser el tratamiento no-criminal, y que el trata-miento criminal como adulto ha de ser la excepción, la cual deberá regirse por los elementos particulares de cada caso”.

Más adelante en la pág. 561, dijo dicho Tribunal:

De acuerdo con esto, concluimos que el niño debe tener la oportunidad de que se celebre una vista, la cual puede ser informal antes de que se dicte la orden de renuncia [de jurisdicción]. Bajo Black, el niño tiene derecho a represen-tación de abogado en procedimientos de renuncia, y bajo Watkins el abogado tiene derecho a examinar el expediente social del niño. Estos derechos no significan nada —son un engaño, una burla— si al abogado no se le da la oportunidad de funcionar.
El derecho a tener representación legal no es una forma-lidad. No es un gesto hecho a regañadientes frente a un requisito ritualista. Es esencial a la justicia. Designar a un abogado y no darle la oportunidad de una vista sobre una decisión “de una importancia crítica” es equivalente a ne-garle al menor la representación de abogado.

Ni más ni menos, las cuestiones a que se refieren las preinsertas citas de Kent v. United States, son las que se plantean en el caso ante nos. A mi juicio la opinión con-currente se desvía del issue en que se centra este caso. No se trata de justificar que la División de Asuntos de Menores renuncie a su jurisdicción sobre el apelante para que sea juzgado como adulto. Ese no es el issue. Se trata de un aspecto puramente procesal, a saber, si hubo en este caso todas las garantías de una vista y del derecho a asis-tencia efectiva de abogado en una etapa crítica —critically important la denomina el Supremo federal— en el proce-dimiento como en la vida misma del apelante.

Los hechos ante nuestra consideración son los siguientes: el menor aquí apelante, de dieciséis años de edad, fue objeto de varias querellas de naturaleza grave, instadas conforme al procedimiento establecido por la Ley de Menores. Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955 (34 L.P.R.A. sees. 2001 a 2015). Señalado el 29 de octubre de 1979 para la ventilación de los casos, compareció el menor personal-mente, acompañado de su señora madre, y asistido de una abogada. El tribunal decidió motu proprio celebrar una vista para decidir si debía renunciar a su jurisdicción, y señaló para ello el 6 de diciembre de 1979.

El 6 de diciembre la abogada del apelante llegó al tribunal a las 9:05 de la mañana, acompañada de una tra-bajadora social que habría de declarar sobre un estudio social del caso, realizado por ella. Un alguacil les informó que no habían llegado el menor, su madre ni los testigos. Decidieron esperar. A las 9:45 llegó la madre del menor. Fue entonces que se informó a la abogada que el tribunal había celebrado la vista a las 9:00 de la mañana y había decidido renunciar a su jurisdicción luego de interrogar a un siquiatra y a un sicólogo que habían comparecido.

No empece las protestas de la abogada, el tribunal se negó a permitirle contrainterrogar a los mencionados peri-tos, limitando la actuación de la abogada a “darle la opor-tunidad a la defensa de establecer su posición para el récord”, luego de lo cual se reafirmó el tribunal en su decisión de renunciar a su jurisdicción.

Dos disposiciones específicas, una de ley y otra de reglamento, tratan sobre el procedimiento para la renun-cia de jurisdicción. La primera es el Art. 4 de la Ley, 34 L.P.R.A. see. 2004, que dice:

Cuando se impute a una persona mayor de 16 años de edad y menor de 18 años de edad la infracción de una ley estatal, el juez, después de investigar el caso y concluir que entender en dicho asunto bajo las disposiciones de las sees. 2001 a 2015 de este título sería contrario al bienestar del menor o de la comunidad, podrá renunciar la jurisdicción del tribunal y darle traslado para que se tramite el caso como si se tratara de un adulto, ante la Sala correspondiente del Tribunal de Primera Instancia. Ninguna resolución u orden dictada por el tribunal, o evidencia aducida en contra del menor ante este tribunal, podrá ser ofrecida ni admitida como medio de prueba en ningún otro caso civil o criminal, o en cualquier otro procedimiento judicial establecido con cualquier fin contra dicho menor.

La otra disposición es la Núm. 13.2 de las Reglas de Procedimiento para los Asuntos Cubiertos por la Ley Núm. 97 de 23 de junio de 1955 (Menores), 34 L.P.R.A., Ap. I, que expresa:

13.2 Renuncia para entender de un caso
En todos los casos en que se impute a un menor que haya cumplido dieciséis (16) años de edad y no sea mayor de die-ciocho (18) años de edad la comisión u omisión de un acto que constituiría delito grave de incurrir en el mismo un adulto, según lo provisto en el art. 4 de la Ley [34 L.P.R.A. see. 2004], el juez, después de investigar el caso y antes de dictar una orden renunciando a entender en el mismo, cele-brará una vista con citación, en tiempo razonable, del menor y sus padres, tutor, persona encargada o bajo cuya custodia se encuentre dicho menor y del oficial probatorio juvenil. En la orden que dicte dando traslado del caso para que se tra-mite como si se tratara de un adulto, el juez consignará los fundamentos por los cuales sería contrario al bienestar del menor o de la comunidad entender en dicho asunto bajo las disposiciones de la Ley. Con la orden dando traslado del asunto se acompañarán las declaraciones, evidencia, docu-mentos y demás información en poder del juez, excepto aquellas que de acuerdo con estas reglas sean de carácter confidencial. (Énfasis nuestro.)

Se desprende de estos textos que solamente podrá renunciarse a la jurisdicción para entender en un caso bajo la Ley de Menores, (1) si se trata de un menor que haya cumplido dieciséis, pero no sea mayor de dieciocho años de edad, y, (2) si se celebra una vista con citación, en tiempo razonable, del menor y sus padres, tutor, persona encargada o bajo cuya custodia se encuentre dicho menor, y del oficial probatorio juvenil. Esa vista, sin embargo, no es pro forma. Persigue investigar y decidir sobre lo más conveniente desde el punto de vista del bienestar del menor y el de la comunidad. Y debe revestirse de aquellas salvaguardas del debido proceso de ley que garanticen los derechos fundamentales del menor.

En Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 124-125 (1980), expresamos que “en estos procedimientos el ‘niño’ puede reclamar aquellas garantías constitucionales que le aseguren ‘un trato justo’ y un debido proceso de ley”. Este principio había sido reconocido en ELA en Interés R.M.R., 83 D.P.R. 242, 247 (1961). La Constitución del Estado Libre Asociado reconoce como uno de los derechos funda-mentales del ser humano, el derecho a la libertad, y dis-pone que “[njinguna persona será privada de su libertad . . . sin debido proceso de ley. . .”. Art. II, Sec. 7. Si bien el procedimiento bajo la Ley de Menores no es de naturaleza criminal, su implementación desemboca en muchas oca-siones en la privación efectiva de la libertad del menor. Las garantías de “trato justo” y “debido proceso de ley” a que nos referimos en los citados casos de L.V.C. y R.M.R. van dirigidos a darle eficacia al pronunciamiento constitu-cional aludido. Ese “trato justo” y “debido proceso de ley” no existirían si el menor sometido al procedimiento tutelar de la Ley de Menores , no gozase de ciertos derechos fun-damentales de que gozan los imputados de delito en los procedimientos criminales, recogidos en el Art. II, Sec. 11 de la Constitución. Véase Pueblo ex rel. L.V.C. ya citado, y la jurisprudencia a que allí nos referimos, en su parte III B.

La decisión sobre si un menor ha de ser juzgado con-forme a la Ley de Menores o como adulto bajo el procedi-miento criminal ordinario plantea, según vimos en la cita de Kent v. United States, supra, una cuestión de “impor-tancia crítica” en el procedimiento, y no debe soslayarse porque el menor no se presente o porque su abogado llegue tarde. Un menor no deja de serlo porque se halle evadido del lugar en que ha sido colocado. La tardanza de la abo-gada, si bien es censurable, no debió militar contra el dere-cho de este menor a cuestionar efectivamente la medida que el tribunal se disponía a adoptar. El menor tenía derecho a estar representado por abogado en las etapas conducentes a la renuncia de jurisdicción y, por medio de su abogado, oír los testimonios de los peritos interrogados por el tribunal, repreguntarles, y ofrecer los testimonios que tuviere en apoyo de su contención de que debía ser juzgado y tratado conforme al procedimiento especial de menores. El derecho a confrontarse con y a contrainte-rrogar a los peritos examinados por el tribunal de instancia se vulneró en este caso en esta etapa crítica del procedi-miento, violándose con ello las salvaguardas constitucio-nales de un debido proceso de ley.

Los derechos reconocidos en Kent v. United States, antes citado, son obligatorios como parte del debido proceso de ley exigido por la Constitución federal. Véase In re Gault, 387 U.S. 1 (1967). En palabras del Tribunal Supremo federal, “neither the Fourteenth Amendment nor the Bill of Rights is for adults alone”. (Énfasis nuestro.) In re Gault, pág. 13. Se dijo en Kent que la vista puede ser informal. Pero una vista informal no es una vista pro forma.

Por las razones expresadas, revocaría la resolución recurrida y dispondría que el tribunal de instancia celebre una vista, previa oportuna citación del apelante, en que pueda éste, por medio de su abogada, escuchar y repre-guntar a los testigos examinados por 'el tribunal y pre-sentar pruebas contra la pretensión de renunciar a la jurisdicción bajo la Ley de Menores, antes de resolver si conviene a los intereses del menor y de la comunidad que éste sea juzgado como adulto.

       La Resolución apelada relata así estos procedimientos:
      “Para tener una perspectiva completa de lo sucedido en la vista del caso sobre Posible Renuncia de Jurisdicción, parece útil copiar la minuta existente en autos a los efectos:
      A la vista de las querellas en epígrafe no compareció el menor ni familiar alguno de éste.
      El Tribunal, en base a la información suministrada por el Alguacil de Sala, Sr. Carlos De Jesús, de que el menor se encuentra evadido y luego de examinar el expediente y escuchar los testimonios ofrecidos por los Peritos que llevaron a cabo las evaluaciones, Dr. José Delgado García y Dr. Jaime Acevedo Maldonado, Sicólogo y Siquiatra, dispone resolver el caso en cámara.
      Posteriormente compareció la madre del menor y en representación de éste, la Leda. Doris López de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico, Centro de Menores, Hato Rey.
      Escuchadas las manifestaciones de la abogada de la defensa y escuchados los testimonios ofrecidos por los Alguaciles, Sr. Carlos De Jesús y Sr. Rafael Rodríguez Angulo y de la Sra. Celeste Colón, Trabajadora Social de la Corpo-ración de Servicios Legales de Puerto Rico, el Tribunal se mantiene en lo dis-puesto en la mañana.
      El historial del menor según aparece del expediente y haciendo una relación cronológica, es como sigue:
      Tanto el Sicólogo, Dr. José Delgado García, como el Siquiatra, Dr. Jaime Acevedo, que comparecieron a vista y fueron interrogados bajo juramento, coin-cidieron en que han evaluado al menor y éste resulta ser una persona carente de un estado de tolerancia adecuada ante situaciones que él considera frustrantes. Tiene una auto-estima sólida, gusta de las fiestas y le molesta estar sin dinero y recibir órdenes. Se concluyó que posee destrezas intelectuales que le ubican den-tro de una clasificación sobre promedio. No evidencia patología mental que justi-fique la intervención de peritos.

        El evaluado podría actuar en forma agresiva frente a una situación que él considere indeseable. [Énfasis en el original.]
      El Siquiatra, Dr. Jaime Acevedo Maldonado, testificó básicamente que ‘estamos ante un adolescente que tiene una estructura de personalidad endeble en el segmento de super-ego con pocos controles internos. Sus mecanismos de fuerza para bregar en un medio ambiente amenazante es la hostilidad y agresividad’.”

       Se le imputó robo, asesinato y varias infracciones de la Ley de Armas.

       Así se señala en el Alegato del Apelante, pág. 4, no refutado por el Pro-curador General.

       Del texto de esta Regla 13.2 se desprende que uno de los requisitos para renunciar a la jurisdicción sobre un menor es la comisión u omisión de un acto que constituiría delito grave de incurrir en el mismo un adulto.
      No obstante, la See. 2004 de la Ley de Menores fue enmendada en 1964 para eliminar dicho requisito. Aparentemente por error en dicha ocasión se omitió enmendar la Regla 13.2 que implementa la renuncia de jurisdicción. Debe pre-valecer, sin embargo, la intención de la Ley según enmendada en 1964, lo cual incluiría la posibilidad de renunciar a la jurisdicción en casos de delitos menos graves.

      Art. II, Ley de Menores, 34 L.P.R.A. see. 2011; Pueblo ex rel. L.V.C., supra; R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974).

      Dice así:
      “En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.
      En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.
      Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silen-cio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.
      Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.
      Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.
      La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fian-zas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.”


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Catalina, Iris Delia, Ana Luisa, Josefina, Juanita, Carmen Luisa y Ángel Luis Morales Santiago, por derecho propio; y Doña Carmen Santiago de por sí, y en representación de sus hijos menores de edad, Orquidalia, Carmen Milagros, Marianita, Sylvia y Juan Ángel Morales Santiago, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Municipio de Bayamón, demandados y recurrentes.

      Número: R-80-521

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Pedro Toledo González, de Géigel, Silva, Irizarry & Toledo, abo-gado de los recurrentes; Ángel Lacomba Morales, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

Ángel Luis Morales Santiago manejaba un vehículo jeep por un abrupto y estrecho camino municipal de un barrio de Bayamón. Le acompañaban cuatro personas. Al bajar una cuesta demasiado empinada, el jeep se quedó sin frenos. Desarrolló una mayor velocidad. La cuesta termi-naba en una curva e inmediatamente comenzaba un trecho recto y llano con barrancos a cada lado.

El conductor pudo maniobrar hábilmente en la cuesta, pero al tomar la curva se aproximó demasiado a su mar-gen izquierdo y el terreno cedió. El jeep se precipitó por el barranco. Uno de los pasajeros murió en el acto.

La viuda y herederos del causante, entre los cuales se hallaba el propio conductor del jeep accidentado, deman-daron al Municipio de Bayamón y a su compañía asegura-dora. Visto el caso en sus méritos, el tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y condenó a los demandados a satisfacer a los demandantes la suma total de $62,400 por los daños y perjuicios sufridos. A la aseguradora codemandada la condenó a pagar $1,500 para honorarios de abogado, más las costas e intereses.

Accedimos a revisar.

Los recurrentes impugnan la determinación del tribunal de instancia en cuanto a cuál fue la causa próxima del accidente que dio margen a la acción radicada. Estamos convencidos de que, efectivamente, el tribunal de instancia se equivocó.

El accidente ocurrió en un camino vecinal que a la fecha de los hechos era de tierra y piedra en las alturas de Bayamón. Es uno de tantos caminos de nuestra ruralía que se internan por los lugares más escarpados y difíciles. Jamás fueron pensados para el tránsito vehicular y sí para la marcha a pie y a caballo. Es un camino tortuoso, de difí-ciles pendientes y escoltado en grandes trechos por ba-rrancos de mucha profundidad. No tiene rótulos de pre-caución ni vallas protectoras. No se trata de una carretera en la acepción común y corriente que dicho término tiene en Puerto Rico. Se trata más bien de caminos que dan acceso a los vecinos de cierta área y no a vías principales de comunicación.

El perito presentado por los demandantes, que para la fecha del accidente era el Director del Departamento de Obras Públicas del Municipio de Bayamón, expresó que el municipio le daba mantenimiento al camino con una bri-gada asignada a esa área. En ocasiones se rellenaban los hoyos con tierra y piedra. A pesar de que el camino era sumamente estrecho (tres metros), no podía ser ampliado porque la condición natural de ese camino en particular no lo permite, pues no hay espacio a ninguno de los lados.

El tribunal de instancia determinó que el accidente ocurrió luego de que el jeep hubiera salido de la cuesta y comenzara a transitar por el llano. El testimonio del conductor-demandante fue que el accidente ocurrió a los cuatro o cinco pies de la curva. La curva está al finalizar la cuesta y comenzar el llano. Es en ese lugar que el jeep se vuelca. Concluyó el tribunal que el accidente se debió a que una faja de terreno de aproximadamente treinta pul-gadas de ancho y seis pies de largo cedió “bajo el peso de la goma izquierda delantera del jeep”. El tribunal excluyó el defecto en los frenos del jeep como la causa inmediata del accidente y, por el contrario, expresó lo siguiente:

La causa próxima del accidente fue el desprendimiento del borde del camino. El conductor del jeep demostró una pericia extraordinaria en el manejo del mismo y no hubiese ocurrido el accidente de no haberse desprendido el terreno. El Tribunal concluye que la pericia demostrada por el conductor manejando el jeep por la cuesta, sin frenos, era de tal naturaleza que lo capacitaba a manejar dicho jeep por el camino recto, sin que ocurriera en este sitio accidente de clase alguno [sic], excepto por el desprendimiento del terreno.

La prueba que tuvo ante sí el tribunal sentenciador no sostiene esa determinación. La evidencia establece que al bajar una cuesta sumamente empinada el vehículo ocu-pado por cinco personas se queda sin frenos, desarrollando como es natural una gran velocidad. El accidente ocurrió según declaró el conductor, que es demandante, a cuatro o cinco pies de la curva y la curva está donde finaliza la cuesta y comienza el llano. Es conveniente apuntar que en su testimonio el conductor, a la pregunta de su abogado, manifiesta:

Lie. Lacomba: En este sitio en particular donde usted se fue es estrecho o recto?
Testigo: Sí, pero como vengo descontrolado es difícil tirar de un lado hacia otro, pero yo tenía el vehículo casi controlado.

No hay duda de que al quedarse sin frenos, el jeep desarrolló tal velocidad que hizo que el conductor perdiera el total dominio del volante y que, en consecuencia, se arrimara de tal forma a la orilla que el terreno cediera y el jeep se precipitara por el barranco.

Es norma reiterada que para poder imponer responsa-bilidad civil por daños y perjuicios es necesario que exista un nexo causal entre el evento culposo y el daño sufrido. Valle v. Amer. Inter. Ins. Co., 108 D.P.R. 692, 698 (1979). Como dijimos en Valle “la relación causal puede inte-rrumpirse (causa interveniens) por la irrupción de un tercero interviniente, pero en tal caso la inmisión de su acto debe ser consciente, intencional o antijurídica”.

El desprendimiento del terreno no puede considerarse como causa interventora. La causa eficiente del daño fue la conducción de un vehículo sin freno por un lugar empi-nado y estrecho como lo es el lugar en que ocurrió el acci-dente. Hemos resuelto que el dueño y operador de un ve-hículo de motor responde de los daños que ocasione por el estado defectuoso de los frenos, Jarabo v. Ramírez de Arellano, 93 D.P.R. 709 (1966), u otros defectos mecánicos, Rivera v. Rivera Rodríguez, 98 D.P.R. 940 (1970) (sistema de dirección servoguía), y Pérez v. Santiago, 56 D.P.R. 763 (1940) (falta de iluminación suficiente). Véase, también, J. Santos Briz, La Responsabilidad Civil-Derecho Sustantivo y Derecho Procesal, Madrid, Ed. Montecorvo, 1977, pág. 463 (el fallo de la dirección o de los frenos no puede con-siderarse fuerza mayor).

Se revoca la sentencia recurrida.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió voto disidente al cual se une el Juez Asociado Señor Rigau.

—0-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

al cual se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1981

Convengo con la ponencia circulada que no está exento de responsabilidad en este caso el conductor del jeep. Pero es evidente que el vehículo no se hubiera volcado si, además, el terreno no hubiese cedido. El municipio demandado tenía la obligación de mantener en buen estado el camino, que no por ser vecinal deja de ser una vía pública. Acepto que muchos caminos en lugares escarpados de nuestra “ruralía” no se intentaran para tránsito vehicular y sí para marcha a pie y a caballo. Pero no podemos ignorar que vivimos en una época motorizada, siendo Puerto Rico uno de los países del mundo de más densidad vehicular, y que hoy día el jeep ha venido a sustituir al caballo como medio de transporte en nuestros campos. Este hecho no puede ser ignorado por los municipios.

Modificaría la sentencia recurrida a base de reconocer un cincuenta por ciento de responsabilidad a cada parte, es decir, al conductor del jeep y al municipio demandado.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Fernando J. Tonos Florenzán, demandante y apelante, v. Cristino Bernazard, demandado y apelado.

      Número: O-81-335

      Resuelto: 10 de septiembre de 1981

      Francisco Aponte Pérez, abogado del apelante; Héctor Urgell Cuevas, abogado del apelado.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Fernando J. Tonos Florenzán gestionó y obtuvo de la Comisión Estatal de Elecciones certificación para figurar como candidato a Representante por Acumulación por el Partido Popular Democrático en las pasadas elecciones del 4 de noviembre de 1980. Impugnada su candidatura, la Junta Revisora Electoral declaró nula su nominación por razón de no poseer el requisito de edad constitucional de 25 años. Dicho organismo concluyó que los cumpliría el 22 de febrero de 1981. Ese dictamen fue revocado por este Tribunal mediante sentencia de 31 de octubre de 1980 en la causa 0-80-603, Nogueras v. Tonos Florenzán, 110 D.P.R. 356 (1980), fundada exclusivamente en la apli-cación de la defensa de incuria, sin evaluar los méritos sustantivos sobre el aspecto de edad.

En los comicios celebrados cuatro días después, Tonos Florenzán resultó electo y fue certificado por la Comisión Estatal de Elecciones el 31 de diciembre de 1980.

Así las cosas, ni el 2 de enero como tampoco el 12 de enero de 1981 &emdash;fecha en que se inició la Novena Asam-blea Legislativa&emdash; pudo jurar su cargo. Sostenía que cum-pliría el requisito constitucional de edad el 22 de febrero y entonces podría hacerlo. El 19 de febrero la Cámara de Representantes, con 26 votos afirmativos, aprobó la Reso-lución Núm. 35 creando una Comisión Especial con la encomienda de investigar y pasar juicio “sobre la validez legal de la radicación de la candidatura y la veracidad de la información en ella suministrada, de la validez del acta de elección, de la certificación, de la capacidad legal y de la calificación e integridad moral del Sr. Fernando José Tonos Florenzán para ocupar [su] cargo”, instruyendo al Secretario de la Cámara que se abstuviera de tomarle jura-mento hasta que su calificación y validez fueran decididas por el pleno de ese cuerpo. Por tal razón tampoco pudo jurar.

Subsiguientemente esa Comisión, integrada por cuatro miembros de cada uno de los dos partidos políticos allí representados —con la presencia y participación en el proceso de Tonos Florenzán y sus abogados— celebró vistas públicas y recibió prueba oral y documental. La Comisión no pudo adoptar un acuerdo mayoritario acla-rando y precisando la fecha de nacimiento en controversia y cada una de las delegaciones partidistas rindieron un informe por separado exponiendo su criterio particular. La representación del Partido Popular Democrático sos-tuvo que Tonos Florenzán cumplía con todos los requisitos constitucionales para ocupar el escaño, y la del Partido Nuevo Progresista lo contrario, aduciendo que estaba “imposibilitada de afirmar con certeza ... la fecha de nacimiento . . . [por estimar] la evidencia en torno a este asunto . . . conflictiva . . .”. El debate posterior en el hemi-ciclo culminó con una Resolución decretando vacante el escaño en cuestión a base del fundamento de la incerti-dumbre en la fecha de nacimiento aludida en el segundo informe.

Tonos Florenzán acudió al Tribunal Superior impug-nando la actuación y resolución de la Cámara. Oportuna-mente el foro judicial —en una documentada opinión que abarca y analiza su jurisdicción sobre la materia, el carác-ter justiciable de la controversia y los poderes, actuaciones y limitaciones de la Cámara— declaró sin lugar la demanda y sostuvo la “. . . validez de la exclusión del demandante, Fernando José Tonos Florenzán, por razón de que para el 2 de enero de 1981, fecha en que comenzó el término para el cual fue electo, no tenía la edad de 25 años que requiere la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para poder ser miembro de la Cámara de Representantes”. Tonos Florenzán apeló.

1 — l » — I

Ante nos plantea como errores el haber el tribunal de instancia: (a) resuelto que la prueba era insuficiente para sostener su exclusión, rehusar resolver la cuestión plan-teada y conceder el remedio solicitado; (b) usurpado las funciones adjudicativas de la Cámara al celebrarle un nuevo juicio de exclusión sin las garantías del debido proceso de ley; y (c) abusado de discreción y abdicado su función judicial al aplicar la doctrina de deferencia judicial.

La existencia de normas claras, precisas y sencillas de linaje constitucional que rigen la solución del caso derro-tan los planteamientos del apelante e imperativamente excluyen del ámbito de discusión toda otra consideración. Veamos.

Nuestra Constitución, como estatuto supremo, en su Art. Ill, Sec. 5, fija expresamente como condiciones esen-ciales mínimas para ser miembro de la Cámara de Repre-sentantes: aptitud para leer y escribir, ciudadanía, residen-cia y haber “cumplido veinticinco años de edad”. Con este último requisito la Convención Constituyente aspiró a “establecer los balances que se desean lograr en la organi-zación legislativa mediante dos cámaras”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 1961, T.4, pág. 2598. íntimamente vinculado con la dinámica operacional de la edad, la See. 8 del mismo Art. Ill preceptúa que el “término del cargo de los Senadores y Representantes comenzará el día dos de enero inmediatamente siguiente a la fecha en que se celebre la elección general en la cual hayan sido electos”. (Énfasis nuestro.) Otras disposicio-nes del Código Político complementan este diseño constitu-cional y establecen que en esa fecha se procederá al jura-mento del cargo. Arts. 21, 22 y 20 (2 L.P.R.A. sees. 2, 3 y 4).

El acoplamiento y consecuencias lógicas de los artículos mencionados nos mueve a concluir que la edad necesaria para ser legislador es una condición indispensable que no puede estar sujeta al arbitrio de determinado candidato, partido político o de la Asamblea Legislativa. “[N]i podrán ser miembros de la Cámara de Representantes las [personas] que no hayan cumplido veinticinco años de edad”, reza la Constitución, lo que conlleva una prohibición y exclusión ex proprio vigore que de manera absoluta y automática descualifica aquellos que no poseen esa edad mínima al momento en que constitucionalmente tienen que jurar y ocupar el cargo, a saber, el 2 de enero. Esta fecha predeterminada y exacta es en la que también por mandato constitucional, comienza el término del cuatrienio para los legisladores así electos. Cualquier otra interpretación infringiría la Constitución en los siguientes aspectos y dimensiones: (a) sería contraria y menoscabaría su texto; (b) afectaría la pronta ordenación y desarrollo normal de las labores de los cuerpos legislativos; (c) vulneraría y debilitaría el principio cardinal de adecuada representación en que descansa nuestra democracia; (d) dejaría al arbitrio de cada candidato o partido político, la determinación de si procede o no una nominación y, por ende, la decisión de cuándo se habrá de eventualmente ocupar un cargo legislativo, creando así incertidumbre en la estabilidad y composición final del Poder Legislativo; (e) relajaría los requisitos constitucionales; y (f) expondría a que en épocas de crudo partidismo político la simple voluntad de una mayoría parlamentaria impusiera distintas exigencias sobre la capacidad de sus miembros, lo cual propiciaría un potencial abuso y privación de derechos.

Lo expuesto dispone del recurso. El apelante Tonos Florenzán acepta que al 2 de enero de 1981 no había cum-plido los 25 años. Esa fecha es requisito constitucional para ser acreedor al escaño legislativo. No puede argu-mentarse válidamente que habiéndolos cumplido el 22 de febrero o en otra fecha posterior tendría derecho entonces a ocuparlo. El mero transcurso de tiempo no es suficiente para remediar y validar la carencia del requisito de edad mínima vital en el momento crucial y determinante en que constitucionalmente debe jurar: 2 de enero.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

       El comienzo del término del cargo tiene varios efectos, entre ellos, permite que el Primer Ejecutivo pueda, a partir de ese momento, convocar a la Asam-blea Legislativa para ésta considerar aquellos asuntos que ameriten pronta intervención.

      Bajo esta óptica es perfectamente compatible y debe entenderse la remisión que a la Cámara de Representantes este Tribunal hizo en Nogueras v. Tonos Florenzán, supra, sobre la facultad investigativa de la edad del apelante como “único juez de la calificación de sus miembros”. Págs. 357-358. Obvia-mente el examen de la cuestión fue y pudo circunscribirse al 2 de enero de 1981. Que la Cámara estimara ampliar la búsqueda más allá de esa fecha o procediera a examinar otros extremos no desvirtúa la vigencia y aplicabilidad de la exigen-cia constitucional de edad ni afecta o anula la vacante decretada por ese Cuerpo.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Juan Corujo Collazo, demandante y recurrido, v. Ángel Viera Martínez, Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Cristino Bernazard, Secretario de la Cámara de Representantes y Otros, peticionarios.

      Número: O-81-462

      Resuelto: 5 de octubre de 1981

      Héctor Urgell Cuebas, abogado de los peticionarios; Pedro E. Ortiz Alvarez, Guillermo Mojica Maldonado y Carlos Acevedo Lazarini, abogados del recurrido.
   PER CURIAM:

Se nos pide que dejemos sin efecto una orden de interdicto preliminar mediante la cual el Tribunal Superior dispuso que los peticionarios se abstuvieran de interferir con las funciones legislativas del deman-dante, Sr. Juan Corujo Collazo, como Representante a la Cámara por el Distrito Representativo Núm. 31. En su dictamen el tribunal ordenó, además, que se incluyera al Representante Corujo Collazo en la nómina del Cuerpo desde que juramentara su cargo, y decretó la nulidad de la actuación del Presidente de la Cámara al encomendar a la Comisión de Gobierno de dicho Cuerpo que investigara la elección del señor Corujo Collazo sin que mediara previa-mente un mandato del Cuerpo a esos fines.

Los antecedentes de la presente controversia están expresados en nuestra opinión en P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8 (1981). Con motivo de la muerte del Repre-sentante electo por el Partido Popular Democrático por el Distrito Representativo Núm. 31 se suscitó una contro-versia en cuanto al modo de cubrir dicha vacante, que resolvimos mediante una interpretación estatutaria de los Arts. 5.006 y 5.007 de la Ley Electoral vigente. 16 L.P.R.A. sees. 3206 y 3207. Reconocimos que uno de los modos de cubrirla es que, si el partido al cual pertenecía el legislador del escaño vacante presenta a la Comisión Esta-tal de Elecciones, dentro del período de sesenta días de surgir la vacante, una candidatura que se limita a un solo candidato, éste deberá ser certificado por el Administra-dor General de Elecciones como la persona con derecho a ocuparlo.

Allí accedimos a suspender los efectos de este dictamen para que la parte perdidosa pudiese hacer las gestiones de rigor en el Tribunal Supremo de Estados Unidos tendente a paralizar la ejecución de nuestra sentencia. Posterior-mente el Tribunal Supremo de Estados Unidos en pleno denegó la paralización de los procedimientos, Rodríguez v. Popular Democratic Party, 453 U.S. 907 (1981), y nuestra sentencia devino ejecutable.

Devuelto el mandato, el Partido Popular Democrático presentó oportunamente una candidatura a la Comisión Estatal de Elecciones compuesta por un solo candidato, a saber, el señor Juan Corujo Collazo. Actuando de confor-midad con nuestro dictamen en P.P.D. v. Gobernador, supra, el Administrador General de Elecciones lo certificó como la persona con derecho a ocupar el escaño vacante por el Distrito Representativo Núm. 31.

En virtud de tal certificación, el 6 de julio de 1981 el Secretario de la Cámara de Representantes juramentó al señor Corujo Collazo como Representante a la Cámara. Dos días después, el Presidente del Cuerpo, Hon. Ángel Viera Martínez, a petición de cinco representantes ordenó a la Comisión de Gobierno de la Cámara que investigara el juramento y toma de posesión del Representante Corujo Collazo. Ordenó igualmente al Jefe de la Oficina de Personal que se abstuviera de incluirlo en la nómina del Cuerpo y al Jefe de Presupuesto y Finanzas que se abstu-viera de pagarle el sueldo, asignarle teléfono y sellos, pagar dietas o hacer cualquier otro desembolso producido por el señor Corujo. Al Secretario del Cuerpo le ordenó que se abstuviera de llevar a cabo cualquier acto adicional relacionado con el señor Corujo Collazo posterior al jura-mento de éste. Todas estas actuaciones del Presidente de la Cámara, así como la de los funcionarios mencionados, son las que anulan el interdicto preliminar decretado por el tribunal de instancia.

H-1

El primer señalamiento de error se circunscribe a un tecnicismo procesal relativo al diligenciamiento de la orden que expidió el tribunal de instancia para que los demandados comparecieran en determinada fecha y hora a una vista para que mostraran causa por la cual el tribunal no debía acceder a lo solicitado por el demandante en su petición de injunction preliminar.

De los autos surge que una vez los demandados fueron notificados personalmente de la referida orden compare-cieron a la vísta señalada e impugnaron la jurisdicción del tribunal para conocer del asunto, a base de que la orden no le fue igualmente notificada al Secretario de Justicia tal y como manda la Regla 4.4(g) de Procedimiento Civil. El tribunal rechazó el planteamiento y resolvió que los demandados “no son los funcionarios . . . que con-templa la Regla 4.4(g)”.

El procedimiento a seguir en los casos de injunction es el que dispone la Regla 57 de Procedimiento Civil. Las demás reglas solo aplican de modo supletorio siempre y cuando no desvirtúen el carácter sumario del recurso. Cf. Disdier Pacheco v. García, 101 D.P.R. 541 (1973). Como la Regla 57.1(a) requiere solamente que el auto de injunction preliminar se notifique a la parte adversa y no señala el modo de hacer su diligenciamiento, debemos remitirnos a la Regla 4.4, que regula el modo de diligenciar el emplazamiento en las acciones civiles ordinarias, pues en este caso en particular lo exigido en dicha regla no es incompatible con el carácter sumario del recurso.

Los peticionarios aducen que en este caso el diligenciamiento se rige por el inciso g de la Regla 4.4 que es el aplicable cuando se trata de funcionarios del Estado. Este inciso dispone la entrega personal de la demanda y el emplazamiento tanto al funcionario demandado como al Secretario de Justicia. Sin embargo, a nuestro juicio, el hecho de que el demandado sea funcionario del Estado no produce automáticamente la aplicación del requisito de notificación al Secretario. Para que éste aplique es necesario que la ley sustantiva, no las reglas procesales, le impongan afirmativamente al Secretario de Justicia la obligación de representar al funcionario demandado.

El Secretario de Justicia (antes Procurador General) viene obligado por ley a representar al Estado Libre Asociado en todas las demandas y procesos civiles o criminales en que fuere parte el Estado, conforme lo dis-pone el Código Político desde 1902. 3 L.P.R.A. see. 72. La referida disposición del Código Político de 1902 originalmente concedía al Procurador General (hoy Secretario de Justicia) la facultad exclusiva para representar en las causas civiles tanto al Pueblo de Puerto Rico como a todo funcionario, empleado o agente del Gobierno Insular que demandare o fuere demandado en su carácter oficial. Estatutos Revisados y Códigos de Puerto Rico, 1902, Código Político, Art. 64, pág. 349. Pero en 1906 la facultad del Procurador General fue limitada a la representación exclusiva del Estado, y se transfirió al Gobernador y a los jefes de departamento en su caso, la facultad de decidir cuándo el Procurador General debía asumir la representación de los funcionarios. Ley de 8 de marzo de 1906, Sec. 1. En otras palabras, el Gobernador en su discreción podía requerir al Procurador General que representara a cualquier funcionario del Pueblo de Puerto Rico, y cualquier jefe de departamento podía hacer lo propio respecto a cualquier funcionario del departamento que le corres-pondía.

El texto de la citada Ley de 1906 se ha mantenido igual hasta el presente, con la facultad discrecional del Gober-nador de solicitar al Secretario de Justicia la represen-tación de funcionarios, excepto que durante el período que rigió la Carta Orgánica de 1917, o sea hasta que entró en vigor la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en 1952, la facultad del Procurador General (hoy Secretario de Justicia) quedó ampliada para intervenir en representación de un funcionario debidamente constituido del Pueblo de Puerto Rico “si a su juicio los intereses públicos lo requieren”. Ley del Congreso, de 2 de marzo del 1917, Cap. 145, 39 Stat. 951; Carta Orgánica de 1917, Sec. 14. Pero la discreción concedida por la Carta Orgá-nica al Procurador General para representar funcionarios si los intereses públicos lo requerían fue eliminada al aprobarse la Constitución en 1952, quedando únicamente en pie lo dispuesto por el Código Político.

Mientras regía la Carta Orgánica de 1917, que con-cedía facultad al Procurador General para intervenir, respecto a funcionarios gubernamentales “si a su juicio los intereses públicos lo requieren”, se aprobaron las Reglas de Procedimiento Civil en 1943, que sólo exigían que las demandas contra funcionarios debían notificárseles junto al emplazamiento. No se incorporó el requisito de notificar al Procurador General. Regla 4(d)(6) de las de Procedi-miento Civil de 1943. Esto es, a pesar de la posibilidad de que el Procurador General pudiera intervenir, conforme la situación especial contemplada por la Carta Orgánica, las reglas de procedimiento no exigían se le notificara.

La Constitución de Puerto Rico, como señalamos antes, eliminó la discreción que concedía la Carta Orgánica al Secretario de Justicia para representar funcionarios guber-namentales cuando los intereses, públicos lo requirieren. Quedó, pues, en vigor el Código Político, que le concedía esa facultad discrecional al Gobernador y no al Secretario de Justicia. No fue hasta el año 1958 que las nuevas reglas de procedimiento incorporaron por primera vez el requi-sito de que el Secretario de Justicia sea notificado de cual-quier demanda contra un funcionario gubernamental. Tal requisito se mantuvo en las vigentes Reglas de 1979.

Comoquiera que las reglas sobre diligenciamiento personal fueron adoptadas de la Regla 4(d) federal, hemos acudido a dicha jurisdicción en búsqueda de algún funda-mento para notificar al Secretario de Justicia. Allí encon-tramos que en el caso de un funcionario gubernamental debe notificarse a los Estados Unidos y al funcionario, con copia de la demanda y del emplazamiento. 28 U.S.C.A. Regla 4(d)(5). Ello quiere decir que debe notificarse al Fiscal del distrito en que se insta la acción, y al Attorney General de los Estados Unidos. Regla 4(d)(4). La razón para ello es que la ley sustantiva federal dispone que el trámite de todo litigio en que los Estados Unidos, una agencia o un funcionario gubernamental sean parte o estén interesados, así como la obtención de evidencia co-rrespondiente, están reservados a los funcionarios del Departamento de Justicia, bajo la dirección del Attorney General. 28 U.S.C.A. see. 516; Richter v. United States, 190 F.Supp. 159 (1960), confirmada 296 F.2d 509, cert. denegado 369 U.S. 828 (1962).

En nuestra jurisdicción el Secretario de Justicia, por el contrario, no tiene facultad para representar a un funcionario gubernamental a menos que sea requerido para ello por el Gobernador, conforme lo exige el Art. 64 del Código Político, o a menos que tal facultad se le conceda por ley. Presumiendo, sin aceptarlo, que el Presidente de la Cámara de Representantes y los otros funcionarios de dicho Cuerpo, fueren los funcionarios gubernamentales que menciona la Regla 4.4(g) de las de Procedimiento Civil para los fines de que cualquier demanda contra ellos sea notificada al Secretario de Justicia, consideramos que tal notificación es superflua por no tener el Secretario de Jus-ticia facultad para representar a dicho funcionario a menos que sea requerido para ello por el Gobernador. El requisito de notificación en la jurisdicción federal responde a una exigencia de ley sustantiva por ser el Attorney General el funcionario responsable de entender en todos los litigios del gobierno federal, que incluyen específicamente las acciones contra funcionarios gubernamentales. La dis-posición sustantiva equivalente en nuestra jurisdicción no confiere al Secretario de Justicia la facultad de repre-sentar a los funcionarios de gobierno, sino que confiere al Gobernador la facultad discrecional de hacer tal decisión. La falta de notificación al Secretario de Justicia, pues, no priva al Tribunal Superior de jurisdicción para entender en esta causa. La situación hubiera sido distinta si el Estado hubiera sido parte.

II

Tampoco se cometieron los errores referentes al alcance de la acción tomada. Aunque se nos argumenta lo contrario, es indudable que las actuaciones del Presidente de la Cámara tienen el efecto de excluir de dicho Cuerpo a un representante debidamente certificado como tal por el organismo en el que la ley delega tal función. La prerrogativa de excluir, así como la de expulsar a uno de sus miembros, corresponde a la Cámara de Representantes como Cuerpo, no a su presidente, mediante el voto afirmativo y directo de sus miembros en la proporción que determinan la Constitución y nuestra jurisprudencia para uno y otro caso. Art. III, Sec. 9, y Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 763 (1977). No existe constitu-cionalmente una concesión de poder al Presidente del Cuerpo para exclusión de un legislador, ni puede la Cámara delegar su facultad constitucional. Ello explica por qué el estatuto que invoca el peticionario no puede concederle aquellas facultades que la Constitución confiere con exclusividad a la Cámara como Cuerpo. Por ello la Constitución impide al Presidente de la Cámara el desig-nar un Comité para investigar la capacidad legal de uno de sus miembros o la validez de las actas o del escrutinio de su elección. Ello, repetimos, requiere cumplimiento estricto del trámite constitucional mediante la actuación de la Cámara de Representantes.

Sobre este extremo, aun si hubiese mediado un acuerdo previo tomado por la mayoría de los miembros de la Cámara reunida en sesión en el ejercicio de la prerrogativa que la propia Constitución le reconoce de ser el único juez de la elección de sus miembros, el señor Juan Corujo Collazo tendría derecho a ocupar su escaño hasta tanto se investigara todo lo relacionado con su juramentación y toma de posesión. Santa Aponte, supra, págs. 765-766. En el caso de autos, el Administrador General de Elecciones Interino, actuando de conformidad con nuestro dictamen en P.P.D. v. Gobernador, supra, certificó al señor Corujo Collazo como Representante a la Cámara. Tal certi-ficación está rodeada de la presunción que establece la Regla 16(14) de Evidencia a los fines de que “una persona en posesión de un cargo público, fue elegida o nombrada para dicho cargo, en debida forma”. En Santa Aponte expresamos que las presunciones legales “están formula-das y revestidas de un claro interés público pues brindan eficacia a dos postulados constitucionales, a saber: la ade-cuada representación de electores del Distrito [Senatorial o Representativo en cuestión] y la composición y estabi-lidad inicial de la Rama Legislativa”. Pág. 766.

La exclusión del Representante Corujo Collazo orde-nada por el Presidente de la Cámara tiene el efecto de obtener por ese medio lo que la parte perdidosa en P.P.D. v. Gobernador, supra, no logró del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, i.e., la suspensión de los efectos de la sentencia dictada en dicho caso. Tal exclusión vulneraría derechos fundamentales de los habitantes del Distrito Representativo Núm. 31, ampliándose aún más el período de tiempo (ahora en exceso de nueve meses) en que éstos carecerían de adecuada representación.

Los fundamentos expuestos nos llevan a concluir que no procede la expedición del auto solicitado. Se dictará reso-lución a ese efecto. Habiendo sido presentada simultánea-mente con la petición de certiorari una moción en auxilio de jurisdicción, se tendrán por suspendidos los efectos de la orden dictada por el tribunal de instancia desde entonces hasta la fecha en que sea notificada la resolución.

El Juez Asociado Señor Martín concurrió con el resul-tado en opinión separada. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió con opinión.

-0-

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1981

Concurro con el resultado a que llega la opinión del Tribunal en la parte I en el sentido de que no es necesario notificar al Secretario de Justicia con copia de una demanda de injunction y de un emplazamiento dirigido contra el Presidente de la Cámara de Representantes y contra otros funcionarios de dicho Cuerpo Legislativo, ya que la representación legal de dichos funcionarios no puede ser asumida por el Secretario de Justicia a menos que le sea requerido por el Gobernador. Art. 64 del Código Político de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 72. Sólo en los casos en que el Estado sea parte demandada debe notificarse al Secretario de Justicia. Regla 4.4(g) de las de. Procedi-miento Civil. La actuación del Presidente de la Cámara en las circunstancias presentes en este caso no tiene el alcance de una función gubernamental que pueda dar margen a concluir que el pleito va dirigido esencialmente contra el Estado. Tal actuación debe ser analizada a la luz de las disposiciones constitucionales a que me refiero más adelante.

Concurro, además, con el resultado arribado en la parte II por entender que la facultad para excluir o expulsar a un miembro de la Cámara de Representantes debidamente certificado como electo reside exclusivamente en dicho Cuerpo por disposición constitucional. Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Art. Ill, Sec. 9. Cualquier actuación tendente a cuestionar la capacidad legal de sus miembros, la validez de las actas y del escru-tinio de su elección que no sea adoptada por la Cámara de Representantes debidamente reunida carece de validez.

-O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de octubre de 1981

Por su omisión en notificar su demanda al Secretario de Justicia el apelado Juan Corujo Collazo ha erigido, y no ha podido hasta el presente superar, un serio obstáculo jurisdiccional. Como consecuencia, anularíamos el inter-dicto decretado y remitiríamos el caso al tribunal de instancia para que previa notificación a dicho funcionario, ese foro prontamente - — en atención a la importancia pública del asunto— modificara o reiterara su dictamen.

No obstante la opinión mayoritaria reconocer que por interacción de la Regla 61 de las de Procedimiento Civil éstas son supletoriamente aplicables al procedimiento especial de injunction —en cuanto al ámbito de notifi-cación y citación por no resultar incompatibles con el carácter sumario de la acción interdictal— rechaza la necesidad de citar al Secretario de Justicia aun cuando la Regla 4.4(g) expresamente lo exige. El razonamiento expuesto parte de la premisa de que no es parte del pre-sente litigio el Estado Libre Asociado y que la regla sólo es extensiva a causas contra el Poder Ejecutivo. Respetuo-samente creemos errónea esa interpretación.

Primero. No existe constancia alguna en el trámite e historial de su redacción y aprobación indicativo de que ello fuera así visualizado. En segundo lugar, el texto de la Regla 4.4(g) no conceptualiza ni apoya tal conclusión. Reza:

4.4. Diligenciamiento personal
El emplazamiento en [y] la demanda se diligenciará[n] conjuntamente. El demandante proporcionará a la persona que haga el diligenciamiento las copias necesarias. Dicha persona, al entregar la copia del emplazamiento, hará cons-tar al dorso de aquélla sobre su firma, la fecha y el lugar de dicha entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la misma. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente:
(g) A un funcionario o a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la de-manda a dicho funcionario o al jefe ejecutivo de dicha instrumentalidad y al Secretario de Justicia o a una persona designada por éste. Si la instrumentalidad fuere una corpo-ración pública, entregando las copias a tenor con lo dis-puesto en la Regla 4.4(e). (Énfasis nuestro.)

Sin dificultad alguna su lectura refleja varias observa-ciones. Primeramente, aplica a todo funcionario e instru-mentalidad del E.L.A. Segundo, sólo excluye las corporacio-nes públicas. Tercero, no establece ninguna distinción o excepción en cuanto a funcionarios u otras instrumentali-dades, sino qué cubre a todos los que se encuentran en esa categoría. Cuarto, por deducción lógica su cobertura se extiende y refiere a acciones contra funcionarios por actos oficiales y no personales. Quinto, en los casos comprendi-dos —funcionarios o instrumentalidades del E.L.A.— con-juntamente siempre hay que notificar al Secretario de Justicia. Y sexto, el incumplimiento de este último trámite priva al foro judicial de jurisdicción sobre cualesquiera que fuere la parte demandada, independientemente de que se hubiese notificado al funcionario o la instrumentalidad. Cf. Negrón v. Depto. Servicios Sociales, 105 D.P.R. 873 (1977).

En el presente caso, los autos originales palmariamente demuestran que los demandados —el Presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Hon. Ángel Viera Martínez, y los señores Cristino Bernazard, Francisco Cestero y Carlos J. Febo, Secretario, Jefe de la Ofi-cina de Personal y Director de la Oficina de Presupuesto y Finanzas, respectivamente— son funcionarios que pertene-cen a una de las instrumentalidades constitucionales del E.L.A. Tal condición es innegable y no precisa mucha ela-boración. Basta recordar que la propia Constitución, al crear un gobierno de tipo republicano dividido en tres poderes —Legislativo, Ejecutivo y Judicial — , clasifica la posición de los legisladores como un cargo, expresión que, en su acepción literal y contenido sustantivo, denota e implica la realización de unas funciones oficiales que pre-cisamente nacen de la Rama Legislativa como instrumenta- lidad de gobierno encomendada de ejercitar y administrar parte de los poderes soberanos y públicos del Estado. La propia Convención Constituyente refrendó a “la Asamblea Legislativa como el instrumento que ha de ejercer el poder legislativo”. (Énfasis nuestro.) Diario de Sesiones, 1961, T. 4, pág. 2579. Choca al sentido común y difícilmente puede sostenerse lo contrario.

Por ello no alcanzamos a comprender la diferenciación que se hace sobre la base de que la Regla 4.4(g) sólo se refiere a pleitos que sean en esencia acciones contra el Estado Libre Asociado y circunscrita a la Rama Ejecu-tiva. Tampoco vemos cómo puede afirmarse que el pre-sente caso no es contra el Estado.

Las partes, alegaciones y el procedimiento habido en la causa derrota esa conclusión. Precisamente estamos ante una acción que busca remedios contra la actuación de unos funcionarios de una instrumentalidad del Estado: la Cá-mara. Adviértase que el demandante apelado Corujo Co-llazo ha demandado al Presidente, Secretario, Jefe de Personal y Director de Presupuesto y Finanzas y no a unas personas pertenecientes a una entidad privada o corpo-ración pública. La demanda y el remedio están predicados y dirigidos contra ellos como funcionarios en su capacidad oficial y no personal. Nadie, ni siquiera las partes, han sugerido lo contrario o adelantado tal proposición. La oportuna ejecución del interdicto, de prevalecer, con-llevará que al apelado Corujo se le reconozcan unos dere-chos y prerrogativas a implementarse exclusivamente con fondos, facilidades y personal públicos, dentro y fuera de la Cámara de Representantes, que pertenecen al Estado Libre Asociado. ¿Ante este cuadro fáctico, cómo puede concluirse que la acción no es esencialmente contra el Estado y que éste no es parte? ¿Cómo tramitarse sin la citación del Secretario de Justicia para que éste pueda decidir, según lo admite la mayoría, asumir o rechazar la representación legal? “Pretender lo contrario sería un sofisma increíble. El Estado, como una corporación, es una figura jurídica que se compone de personas, bienes, dere-chos y deberes [. . . y que] por necesidad tiene que actuar, y actúa, a través de personas...". García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779, 783 (1971).

No proponemos una superabundancia forense ni el cumplimiento riguroso y cabal de todas las disposiciones de la Regla 4.4 de las de Procedimiento Civil. Cierta-mente, en cuanto a la forma, contenido y constancias de citación, no es de estricta aplicación. Nuestro disenso no se nutre de ese enfoque, sino de haberse omitido la simple, pero imperiosa gestión de notificación, conjuntamente con los funcionarios de la Cámara y su Presidente, al Secreta-rio de Justicia como abogado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Únicamente de ese modo podría viabilizarse que este último adviniera en conocimiento de la acción, la examinara y determinara si viene obligado o, por enco-mienda del Gobernador, si discrecionalmente debe compa-recer en defensa de los intereses del Estado. La decisión de hoy consagra una arriesgada e imprecisa doctrina que requerirá en el futuro, en injunctions contra funcionarios del E.L.A., de la determinación a priori sobre si la acción “es esencialmente contra el Estado”, y por tal razón debe citarse o no al Secretario de Justicia. ¿Puede entonces ca-racterizarse tal trámite como superfluo?

Recapitulando, la aplicabilidad del requisito de citación al Secretario de Justicia se impone en el caso de autos por varias vertientes: (1) por razón de ser los demandados fun-cionarios del Estado; (2) por razón de ser una causa por acciones oficiales, no personales; (3) por razón de ser la Cámara —aunque parte de un Poder Autónomo— una instrumentalidad del E.L.A. que ejerce uno de sus poderes soberanos; (4) por razón de ser una acción en que el Estado es parte, pues en última instancia será obligatoria y ejecutada contra empleados y sobre bienes del E.L.A.; y (5) por razón de que bajo la norma objetiva consignada en la Regla 61, no es incompatible con el trámite de injunction —en casos como el que nos ocupa, en que se demandan a funcionarios de la Rama Legislativa o Judicial en su capa-cidad oficial— la observancia de la simple y sencilla ges-tión de notificar y citar al Secretario de Justicia.

Por estas circunstancias opinamos que no hay jurisdic-ción para sostener el injunction en esta etapa.

       Dispone así la Regla:
      “Regla 4.4. Diligenciamiento personal

      “El emplazamiento en [y] la demanda se diligeneiará[n] conjuntamente. El demandante proporcionará a la persona que haga el diligenciamiento las copias necesarias. Dicha persona, al entregar la copia del emplazamiento, hará constar al dorso de aquélla sobre su firma, la fecha y el lugar de dicha entrega y el nombre de la persona a quien se hizo la misma. El diligenciamiento se hará de la manera siguiente:
      “(g) A un funcionario o a una instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que no fuere una corporación pública, entregando copia del emplazamiento y de la demanda a dicho funcionario o al jefe ejecutivo de dicha instrumentalidad y al Secretario de Justicia o a una persona designada por éste. Si la instrumentalidad fuere una corporación pública, entregando las copias a tenor con lo dispuesto en la Regla 4.4(e).”

      Ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico la facultad del Procurador General para representar funcionarios era exclusiva bajo la Carta Orgánica de 1917, no obstante lo que disponía el Código Político.

       Nótese, sin embargo, que las disposiciones de ley referentes a las recla-maciones y acciones contra el Estado —32 L.P.R.A. see. 3077 et seq.— específi-camente establecen como requisito de estricto cumplimiento la notificación al Secretario de Justicia antes de iniciar acción judicial, sec. 3077a, y sujetan el trámite a las Reglas de Procedimiento Civil, see. 3080.

      El peticionario se refiere al Art. 3 de la Ley Núm. 97 de 19 de junio de 1968 (2 L.P.R.A. sec. 30), que en su primer párrafo dispone:
      “Cuando el Senado o la Cámara de Representantes no estuvieren reunidos en sesión ordinaria o extraordinaria, o cuando no hubiere sesión alguna de las Cámaras cualquier Comisión podrá reunirse con la aprobación previa del Presi-dente de la Cámara concernida, o de ambas si la Comisión fuere conjunta, siem-pre que mediare una encomienda expresa para que la Comisión estudie o inves-tigue un asunto o que surgiere un asunto de extraordinaria importancia que requiera atención inmediata a juicio del Presidente de la Cámara correspon-diente. El Secretario del Senado o de la Cámara de Representantes, o ambos, según fuere el caso, serán notificados de la citación de toda reunión así convocada.”

       Art. I, Sec. 2.

       Art. III, Sec. 8.

      “[N]o se puede prescindir en ningún caso del requisito del emplazamiento ya que este requisito, puntal del debido proceso de ley, es aplicable al injunction. El considerarse el injunction como una acción civil, como cualquier otro pleito, según la Regla 2 de las de Procedimiento de 1979, hay que cumplir con el requi-sito de la Regla relativo al emplazamiento.” H. A. Colón Cruz, Notas Sobre Recursos Extraordinarios, 42 Rev. C. Abo. P.R., 466 (1981). (Énfasis nuestro.)


author: PER CURIAM:

text:
    Manuel J. Colón Vargas y su esposa, Nilda Méndez, demandante, v. Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, tercero demandante recurrente; Corporación Insular de Seguros, tercera demandada recurrida.

      Número: R-81-122

      Resuelto: 20 de octubre de 1981

      César A. Hernández Colón y Fernando Barnés Vélez, abogados de los recurrentes; Gonzalo J. Barreras Varona de Miranda Cárdenas, De Corral & Rodríguez, abogado de la tercera demandada recurrida.
   PER CURIAM:

El señor Colón Vargas y su señora esposa demandaron, como resultado de un choque, al conductor del otro vehículo y a la compañía aseguradora de éste (“la Cooperativa”). Tan solo contestó la Cooperativa alegando en esencia que el accidente se debió a la negligencia exclusiva de la parte demandante. No se interpuso recon-vención. La Cooperativa dedujo a la vez demanda contra la Corporación Insular de Seguros y South Continental Insurance Co. (“las terceras demandadas”). La Cooperativa alegó en su demanda contra tercero que una de las terce-ras demandadas, o ambas, habían expedido una póliza que cubría los daños sufridos por los demandantes y que, en tal virtud, las terceras demandadas le eran responsables a ella, la tercera demandante, en todo o en parte, de los daños reclamados. Solicitó en consecuencia que se conde-nara a las terceras demandadas a resarcir a la tercera demandante cualesquiera sumas de dinero que ésta tuviese que pagar a la parte demandante.

La tercera demandada, Corporación Insular de Segu-ros, requirió la desestimación de la demanda contra tercero, “ya que no se reclama nada a favor del deman-dante original que es nuestro asegurado y a quien ya se le satisfizo su pérdida”. Continuó señalando la promovente de esta moción que “lo que aquí procede es una reconvención en contra del demandante original de forma que éste y la aquí compareciente estén litigando conjuntamente y del mismo lado en contra del demandado-demandante contra tercero”. Añadió la promovente que el tribunal podría ordenar que se presentase una reconvención o, en la alter-nativa, considerar la demanda contra tercero como una reconvención, en cuyo caso la tercera demandada presen-taría la réplica correspondiente. El tribunal desestimó la demanda contra tercero, explicando que “Toda vez que la acción contra la aseguradora [la tercera demandada] solo nace de un contrato de seguro convenido para proteger al asegurado [la parte demandante] . . . solo tienen causa de acción contra la aseguradora, el asegurado ... y quienes contra él reclamen” Dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia parcial dictada.

La Regla 12.1 de Procedimiento Civil provee, en parte:

En cualquier momento después de comenzado el pleito el demandado podrá, como demandante contra tercero, noti-ficar un emplazamiento y demanda a una persona que no sea parte en el pleito y (1) que le sea o pueda serle respon-sable al demandado por toda o parte de la reclamación del demandante, o (2) que sea o pueda serle responsable exclu-sivamente al demandante.

El texto proviene de la Regla 14(a) de las Reglas Fede-rales de Procedimiento Civil, según redactadas antes de 1946, fecha en que se enmienda la Regla para eliminar su segundo apartado. Nuestras Reglas de Procedimiento Civil de 1979, sin embargo, contienen dicho apartado.

La tercera demandante fundó claramente su reclamación en el primer apartado de la Regla, ya que alegó que las terceras demandadas le eran responsables a ella, en todo o en parte, por los daños reclamados por los demandantes. El propósito de las Reglas de Procedimiento Civil es “simplificar y aligerar los procedimientos para poder dispensar una justicia más rápida y menos costosa al alcance de todas las personas”. Parrilla García v. Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 168, 176 (1965). El propósito especifico de la Regla 12.1 es establecer un mecanismo para facilitar la resolución pronta y económica de pleitos múltiples que puedan surgir de unos mismos hechos. 6 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, sec. 1442, págs. 202-203. La Regla no crea, extiende o limita derechos sustantivos. Lo que hace es acelerar su dilucidación. 3 Moore’s Federal Practice, sec. 14.03, pág. 14-18. La Regla debe ser interpretada liberalmente, Stiber v. United States, 60 F.R.D. 668 (1973), pero debe advertirse que su primer apartado está disponible solo contra aquellas personas que son o puedan serle responsables al demandado de parte o toda la reclamación del demandante. La Regla no puede utilizarse para combinar en una acción todas las controversias, por dispares que sean, que posean alguna relación común. 6 Wright & Miller, op. cit, sec. 1442, pág. 206. Existen otras limitaciones que es innecesario discutir en la situación presente.

La póliza expedida no obra en autos. Tampoco hay constancia fehaciente de que se presentó ante la consideración del tribunal de instancia. El espíritu de las Reglas exige que antes de rechazar la demanda contra tercero en este tipo de situación se debe ventilar en la vista corres-pondiente la posible responsabilidad de las terceras de-mandadas para con la tercera demandante bajo los térmi-nos de la póliza. Únicamente tras el examen de la póliza es que podrá determinarse con certeza si la tercera deman-dada le es responsable a la tercera demandante bajo el primer apartado de la Regla 12.1 por toda o parte de la reclamación de los demandantes. De resultar que le es responsable procede la demanda contra tercero, sin que sea indispensable la existencia de una reconvención.

Aun de determinarse que la tercera demandante no puede invocar el primer apartado de la Regla 12.1, habría que recordar que la demanda contra tercero en este caso puede entrañar una causa de acción bajo el apartado segundo de la referida Regla. El examen de la póliza es igualmente imprescindible para tal propósito. ¿Le es responsable la tercera demandada exclusivamente a los demandantes por los daños alegados? En tal caso la demanda contra tercero sería admisible. Adviértase que debe permitirse una demanda contra tercero si ésta expone una reclamación que podría interponerse contra el tercero demandado de haberse hecho a éste parte demandada. Crim v. Lumbermens Mut. Casualty Co., 26 F.Supp. 715 (1939).

Se expide el auto, se revoca la sentencia parcial recu-rrida y se devuelve el caso a instancia para procedimientos ulteriores consistentes con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.

       Véase, no obstante, el artículo 20.030 del Código de Seguros, Ley Núm. 21 de 26 de mayo de 1966, 26 L.P.R.A. see. 2003, el cual dispone en parte:
      “(1) La persona que sufriere los daños y perjuicios tendrá, a su opción, una acción directa contra el aseguarador conforme a los términos y limitaciones de la póliza, acción que podrá ejercitar contra el asegurador solamente o contra éste y el asegurado conjuntamente....”

       Para el historial de nuestra Regla 12.1, véanse: Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial de las Reglas de Procedimiento Civil, 52; Picó Santiago, “Odisea de unas reglas ...”, 42 Rev. C. Abo. P.R. 81 (1981).