author: Juez Asociado Señor Rebollo López,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante, v. Rolando Vega Troncoso y Faustino Texidor Ramírez, demandados.

      Número: O-83-548

      Resuelto: 29 de diciembre de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peticionario; Erick J. Ramírez Nazario, abogado de los recu-rridos.
   SENTENCIA

Los recurridos; Rolando Vega Troncoso y Faustino Texi-dor Ramírez fueron acusados de violar la See. 4 de la Ley de Bolita, 33 L.P.R.A. see. 1250. La acusación se basó en que se les ocupó material relacionado con dicho juego ilegal durante un allanamiento realizado mediante orden expedida al efecto. La orden se basó en una declaración jurada del agente investigador Carlos Vega prestada el 20 de septiem-bre de 1982, en que expuso que había recibido la enco-mienda de investigar cierta información de que en la plaza del mercado de Cabo Rojo se vendían números de bolita y que posteriormente se “cuadraban” en una casa que estaba localizada detrás de la plaza. Fue a la plaza y allí observó a los acusados haciendo transacciones de bolitá y luego los observó que salieron y se fueron a una casa localizada detrás de la plaza, a la que entraban y salían personas que estaban relacionadas con el juego de la bolita.

Se celebró juicio en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. El juez declaró sin lugar una moción de supresión de evidencia y los halló culpables. Dictó sentencia, pero la dejó sin efecto y le concedió 15 días a la defensa para que sometiera una moción de reconsideración. Vista la moción, los declaró culpables y les impuso multas de $500 a cada uno.

Una semana más tarde los recurridos presentaron una "Moción Solicitando [sic\ Desestimación” en la que argumen-taron que el tribunal debía archivar los cargos, porque el agente que intervino en el caso no prestó la declaración ju-rada dentro de las 120 horas como requiere la Sec. 4A de la Ley de Bolita, 33 L.P.R.A. sec. 1250a. El juez celebró una vista y estimó que el requisito de prestar la declaración ju-rada dentro de las 120 horas era de aplicación a los hechos del caso. En consecuencia, suprimió la evidencia y absolvió a ambos acusados.

El Procurador General recurrió ante nos y plantea que el requisito de prestar declaración jurada ante un fiscal dentro de las 120 horas siguientes a una transacción delictiva no es aplicable a los hechos de este caso, porque no hubo partici-pación de un agente encubierto. El 15 de septiembre, emiti-mos orden a los recurridos para que mostraran causa por la que no debía expedirse el auto y revocar la resolución recu-rrida. Los recurridos han comparecido, pero no nos per-suaden.

La Sec. 4A de la Ley de Bolita, supra, establece que todo agente encubierto que intervenga o participe en cualquier transacción delictiva relacionada con el juego ilegal de la bolita, o que sorprenda a cualquier persona que porte o con-duzca material relacionado con dicho juego ilegal- deberá prestar ante un fiscal, dentro de un término no mayor de 120 horas siguientes a haberse consumado los hechos delictivos, una declaración jurada sobre su participación en el referido incidente, que mencione detalles tales como el término durante el cual se extendió la investigación, el área cubierta, los resultados obtenidos, etc. Si la declaración no se presta dentro de ese término sin que haya justa causa para la de-mora, ni la declaración jurada ni el testimonio del agente podrán ser presentados en evidencia.

Los recurridos argumentan en su escrito para mostrar causa que el incumplimiento con el requisito de prestar de-claración jurada en el término de 120 horas impide que la declaración del agente sea utilizada para obtener una orden de allanamiento. No tienen razón.

La utilización del llamado agente encubierto, que se infil-tra en la subcultura del crimen, puede ser un medio útil y eficaz para combatir el crimen, pero puede ser también, en manos inescrupulosas, un medio que viole los fundamentales principios de juego limpio y del debido proceso de ley. Las salvaguardas de la Sec. 4A responden a esa preocupación del legislador, que a su vez habíamos expresado jurispruden-cialmente y recogimos en Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117, 125 (1979). Pero es cuando el agente encubierto infil-trado en ese bajo mundo participa en una transacción delic-tiva o la presencia, y a base de ello se procesa al imputado, que se impone su obligación de prestar prontamente —en el término de 120 horas— la declaración a que se refiere dicha disposición legal.

Los hechos del caso ante nos no presentan la figura del encubierto participante en los hechos que dan margen a la acusación. El agente Vega observó unos hechos y a base de ellos no se acusó a los recurridos. A base de ellos prestó a los seis días una declaración jurada para obtener una orden de allanamiento que se diligenció al día siguiente. Es a base de los hallazgos del allanamiento que se acusó a los recurridos. Y, en cuanto a este particular, la declaración jurada fue prestada oportunamente. En Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19, 32 (1964), señalamos que “[e]s generalmente acep-tado que un período de veinte días es razonable, y que en exceso de veinte días, hasta treinta, puede justificarse de acuerdo con las circunstancias presentes en cada caso”.

Se expide el auto, se revoca la resolución recurrida, y se devuelve el caso a instancia para ulteriores procedimientos.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente a la que se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García.

En Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117, 126 (1979), al revocar una convicción por una supuesta infracción a la Ley de Bolita en vista de que la declaración del agente encu-bierto en que se basó la misma no cumplía con los requisitos de nuestra jurisprudencia, este Tribunal se preguntó el por qué “no se le exige al agente encubierto que preste una de-claración jurada ante un fiscal dentro de pocas horas de rea-lizar una transacción de bolita, tal como ocurre en los casos de sustancias controladas”.

La Asamblea Legislativa de Puerto Rico, en obvia respuesta a nuestra llamada, aprobó la Ley Núm. 54 de mayo 27 de 1980. La referida ley, en lo pertinente, dispuso:

Toda persona que intervenga o participe como agente encu-bierto en cualquier transacción o venta de material relacionado con los juegos generalmente conocidos como “Bolita”, “Boli-pool”, combinaciones clandestinas relacionadas con los Pools o bancas de los hipódromos de Puerto Rico y loterías clandesti-nas; o que sorprendiere a cualquier persona portando [sic] o conduciendo [sic] o que tuviere en su poder en cualquier con-cepto, cualquier papeleta, billete, ticket, libreta, lista de nú-meros o letras, boletos o implementos que pudieren usarse en dichos juegos ilegales bajo las disposiciones de las sees. 1247 a 1257 de este título, deberá prestar ante un fiscal, dentro de un término no mayor de 120 horas siguientes a haberse con-sumado dicha transacción o venta o cualquiera de las acciones delictivas antes mencionadas, una declaración jurada sobre su participación en la misma y los hechos pertinentes a ésta, incluyendo el término durante el cual se extendió la investí-gación, el área cubierta, los resultados obtenidos y las causas presentadas contra otros infractores atrapados en la redada, así como la identidad de otras personas que realizaron tran-sacciones con el acusado observadas por dicho agente encu-bierto. El término de 120 horas aquí establecido será de estricto cumplimiento, excepto que se demuestre justa causa para una demora en someter la declaración jurada dentro del término antes indicado.
Cuando el Tribunal determinare en la vista preliminar que dicha declaración jurada no fue prestada, o que habiéndose prestado fuera del término de 120 horas no hubo justa causa para la dilación, ni dicha declaración jurada ni el testimonio del agente encubierto podrán ser presentados en evidencia.
En la determinación de justa causa se tomará en conside-ración, entre otros factores, el que la investigación no hubiere concluido dentro del término antes indicado. (Énfasis supli-do.()

Obsérvese que el legislador fue “más allá de lo requerido” por este Tribunal en Pueblo v. Almodóvar, ante. No sólo requirió la prestación de la declaración jurada en casos en que un agente de la Policía de Puerto Rico, en función de “encubierto”, interviniera o participara como tal en una transacción en violación de la Ley de Bolita, sino que exigió que se prestara la declaración aun en casos en que agentes “regulares” de lá Policía' sorprendieren a personas que porten o conduzcan material relacionado con dicho juego ilegal.

La intención del legislador al aprobar dicha ley fue obvia: garantizar al máximo los derechos de la ciudadanía contra la actuación inescrupulosa de agentes de la Policía de Puerto Rico.

Ahora bien, específicamente en cuanto a la intervención o participación de un agente encubierto, procede que nos pre-guntemos: ¿quién, y qué, es un agente encubierto?

Como es sabido, de ordinario, un agente encubierto es un miembro bona fide de la Policía que al ocultar su identidad como tal se “infiltra” p'or un período dentro de un segmento de nuestra sociedad o determinada “organización”, y se gana la confianza de sus ciudadanos, con el propósito de acumular evidencia que pueda ser luego presentada en los tribunales de justicia en contra de esos ciudadanos.() Hemos expre-sado, en adición, que “el agente encubierto es un arma de identificación que es necesario utilizar en ciertos delitos, que por su característica esencial de clandestinidad, permanece-rían impunes si no se contara con este método”. Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719, 730 (1961).

Ese período durante el cual ese miembro de la Policía desempeña su función de “encubierto” es uno que, por obli-gación, es indeterminado. En otras palabras la labor del agente encubierto, dependiendo de las circunstancias, puede durar días, semanas, meses y hasta años.

Con ello en mente, examinemos la declaración jurada que ante un magistrado prestara el “agente investigador” Carlos Vega Castro el 20 de septiembre de 1982, que dio base a la orden de allanamiento que se expidiera en esa misma fecha por el magistrado en cuestión, según surge la misma de la referida orden. En lo pertinente, se expresa:

ORDEN DE REGISTRO O ALLANAMIENTO
EL PUEBLO DE PUERTO RICO, A agentes orden público, en el Distrito de Mayaguez.
Habiéndose en este día presentado prueba por medio.de De-claración Jurada firmada por Agte. Carlos Vega Castro 9-4010, quien fue examinado por mí de que, trabaja para la Po-licía de Puerto Rico, adscrito al N.A.C. de Mayaguez en calidad de Agente Investigador de la Sección Control del Vicio en donde se le ha encomendado realizar investigaciones confi- denciales relacionadas con el juego ilegal dse [sic] la bolita y¡o bolipool y otros delitos.
Que el día 7 de Septiembre de 1982 mientras se encontraba realizndo [sic] investigaciones confidenciales en la plaza del mercado de Cabo Rojo ya que tenía información de que la misma era visitada por un señor C/P Arcángel Rodríguez y este se dedicaba a vender números de bolita y luego se ni-ba [sic] a una casa detrás de la referida plaza a ver cuaarar [sic] dichos números. El agente lo encontró hablando con un señor grueso, barrigón de pelo canoso y este le estaba mostrando una hoja de pepl [sic] en la cual habían números de bolita escritos, y el señor grueso le hizo entrega de un dinero. Luego Arcángel entró en varios puestos de la referida plaza cobrando dinero. Luego salió de la plaza por la parte de atrás y entró a la casa #20 de la calle Hostos. El agente se quedó vigilando y observó cuando llegó a la referida residencia Sr. Faustino Texidor. Luego llegó también el Sr. Emeterio Caceres.
Que el día U de Septiembre de 1982 resgresó [sic] nueva-mente al pueblo de Cabo Rojo a prestarle otra vigilancia a la casa #20 de la Calle Hostos. Una vez allí cerca de la plaza observó cuando llegaron juntos el Sr. Arcángel Rodríguez y Faustino Texidor y entraron a la referida casa. Luego llegó [sic] también los hermanos Jacinto Vargas Troche y Walter Vargas Troche y entraron a la casa.
Que la referida casa se describe como sigue; Casa de madera y cemento techada de zinc pintada de blanco y balcón en cemento localizada en la calle Hostos #20 de Cabo Rojo. De frente tiene balcón en cemento con una ventana triple de crsstal [sic] y puerta de entrada en madera y colinda con la calle Hostos. Por el lado izquierdo colinda con el Col. Torres. Por el lado derecho colinda con la casa #18. (Énfasis supli-do.) ()

I

De una lectura de dicha declaración resaltan varios hechos: en la misma el agente de la Policía que interviene en la operación es convenientemente denominado “agente inves-tigador”; no obstante ese hecho, la labor que le fuera enco-mendada fue la de “realizar investigaciones confidenciales relacionadas con el juego ilegal dse [sic] la bolita”, el 7 de septiembre de 1982 es que dicho agente observa la comisión de supuestos actos delictivos por parte de las personas poste-riormente acusadas; el agente pudo “observar”, en una hoja de papel que estaba en manos de uno de los aquí recurridos, “números de bolita escritos”; que para haber podido obser-var lo que relata, necesariamente tuvo que estar bien cerca de dicha persona, por lo que resulta lógica la inferencia a los efectos de que el agente se había ganado la confianza de esas personas; y que ninguno de los hechos que observó el lf de septiembre de 1982 constituye delito público alguno.

Ante esas circunstancias procede que nos preguntemos, ¿si el agente Carlos Vega Castro estaba o no en funciones de agente encubierto? Este Tribunal, en la Sentencia que se emite, entiende que no. Nosotros sostenemos que sí. ()

Es correcto que, en muchas ocasiones, a través de nues-tra jurisprudencia hemos considerado al agente encubierto como aquel que participa activamente en el acto delictivo ya sea comprando números de bolita o cantidades de drogas narcóticas. Véanse: Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983); Pueblo v. Acosta Acosta, 107 D.P.R. 68 (1978); Pueblo v. Rivera Burgos, 106 D.P.R. 528 (1977); Pueblo v. Vega Cruz, 105 D.P.R. 1 (1976); Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454 (1975); Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973).

No es menos cierto, sin embargo, que en otras ocasiones hemos visto al agente encubierto como un individuo pasivo que, como en el caso de autos, presencia una actividad ilegal de compraventa de números de bolita o drogas narcóticas realizada por terceros en un lugar público a plena vista. Así, por ejemplo, tenemos el caso de Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350, 355-356 (1967), en donde expresamos, en lo per-tinente, que:

En el juicio de la causa la única prueba de cargo consistió en el testimonio del agente encubierto Ramón Calderón, quien declaró que había sido destacado en el sector de Villa Palme-ras para conseguir prueba por infracciones a la Ley de Bolita desde hacía cerca de dos meses y medio, y que para facilitar su labor, se hacía pasar como mecánico en un garage de los hermanos Sanjurjo, situado a una distancia de cuatro casas de la residencia del coacusado Palacio; que el miércoles 6 de mayo, alrededor de las seis de la tarde se encontraba frente a la residencia de Palacio y observó cuando llegó Soto en un automóvil Buick y se detuvo al frente de la casa; que se encon-traba como a dos o tres pies del automóvil, pegado a la verja de la casa; que Palacio bajó de su casa y se montó en el auto-móvil al lado de Soto, en la parte derecha delantera, y estu-vieron hablando por espacio de cinco minutos, y al rato Soto sacó un paquete que tenía sobre el asiento y se lo entregó a Palacio; que al abrir Palacio el paquete pudo observar que eran números de tres cifras con espacio a la derecha y otras canti-dades:, que luego Palacio se desmontó y entró a su casa; que a los pocos minutos Soto también entró en la casa en donde permaneció por espacio de quince minutos; que no recuerda los números. (Énfasis suplido.) ()

El agente en el caso de autos, al igual que el agente del caso de Soto Zaragoza, ante, precisamente gracias a la ocul-tación de su condición de policía logró acceso al lugar especí-fico en donde, según las confidencias recibidas, se realizaban transacciones delictivas. Su apariencia de un ciudadano común y corriente en la plaza de mercado del pueblo de Cabo Rojo fue el recurso que le permitió observar las men-cionadas transacciones que obviamente jamás se hubieran efectuado en su presencia de haberse conocido su verdadera identidad.

Este no es el caso del agente de la Policía de Puerto Rico que vestido de civil observa, por casualidad, unos hechos delictivos que ocurren en su presencia. () Este es el caso en que la Policía de Puerto Rico recibe unas confidencias sobre supuestas transacciones ilegales que están ocurriendo en un lugar específico entre determinadas personas y que, en vista de ello, se envía un agente a bregar confidencialmente con la situación.

Este Tribunal tiene la responsabilidad de evitar que los propósitos de la citada Ley Núm. 54 de 27 de mayo de 1980 sean burlados mediante el uso, por la Policía de Puerto Rico, del simple mote de “agente investigador”. Como expresára-mos anteriormente, la intención del legislador fue la de ga-rantizar al máximo los derechos de la ciudadanía contra actuaciones inescrupulosas de agentes de la Policía de Puerto Rico. El propósito de la ley fue el regular “determi-nado patrón de conducta” de los agentes de la Policía, inde-pendientemente de que se llamen agentes encubiertos o agentes investigadores o agentes regulares.

H-1 ►-H

Rechazamos igualmente, por último, el argumento de que la convicción de los aquí recurridos no fue a base de la declaración jurada prestada por el agente y sí “a base de los hallazgos del allanamiento”.

En nuestra opinión, la adopción de dicha teoría consti-tuye un paso de retroceso en nuestra jurisprudencia, por cuanto entrañaría el permitir el acceso a los tribunales de una evidencia que es el fruto de un testimonio que por man-dato de ley es inadmisible. Véanse: Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963); Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920); Pueblo v. Lastra Sáez, 93 D.P.R. 876 (1967) y Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456 (1964).

r — í I — I

Habiendo actuado el agente Carlos Vega Castro, en nues-tra opinión, como un agente encubierto el día 7 de septiem-bre de 1982 () venía obligado, a tenor con las disposiciones de la Sec. 1250a del Título 33 de L.P.R.A., a prestar una declaración jurada dentro de las 120 horas de haber ocu-rrido los hechos. Puesto que no se demostró justa causa por la cual ello no se hizo, su testimonio no era admisible en un tribunal de justicia, por lo que no podía tampoco servir de base para la expedición de una orden de allanamiento.

Por las razones expresadas, confirmaría la resolución dictada por el tribunal de instancia.

      (1)33 L.P.R.A. sec. 1250a.

      (2) En Black’s Law Dictionary, 5ta ed., St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1979, pág. 1368, se define el agente encubierto como: “A person who works as an agent without disclosing his role as an agent. In police work, one who makes contact with suspected criminals without disclosing his role as an agent of the police. He gathers evidence of criminal activity which may later be used at trial of the criminals....”

      (3) Como surge de la Sentencia que se emite en el presente caso, el tribunal de instancia “finalmente desestimó los cargos” que por violación a la Ley de Bolita el Pueblo de Pueblo de Puerto Rico había radicado contra los aquí recurridos al resolver que eran aplicables a los mismos las disposiciones de la antes citada See. 1250a del Título 33 de L.P.R.A. Recurre de dicha determinación el honorable Pro-curador General de Puerto Rico.

      (4) Respecto a este punto, el honorable Procurador General de Puerto Rico se limita a exponer que el agente en controversia era un policía regular que estaba en gestiones confidenciales, lo cual no lo convierte en agente encubierto.

      (5) Véanse, en adición: Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974); Pueblo v. Palacios Amador, 96 D.P.R. 695 (1968); Laureano Maldonado v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 381 (1965); Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961).

      (6)En cuya situación el agente obviamente no actúa como agente encubierto.

      (7) Obsérvese, en relación con el día 14 de septiembre de 1982, que el agente de la Policía no observa hecho alguno que tienda a demostrar la posible comisión de un delito público.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Lic. Franco T. Sánchez Ferreri, querellado.

      Número: O-83-322

      Resuelto: 3 de enero de 1984

      Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Baltasar Quiñones Elias, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

En virtud del informe del Colegio de Abo-gados de Puerto Rico sobre la conducta profesional del abo-gado Franco T. Sánchez Ferreri, el Hon. Carlos J. Irizarry Yunqué determinó causa probable y, en consecuencia, sometimos el expediente al Procurador General para formu-lación de querella. Dicha querella contiene el siguiente cargo:

El Lie. Franco T. Sánchez Ferreri incurrió en conducta altamente ilegal, inmoral, impropia y en contravención de los principios éticos más elementales que rigen a la profesión legal puertorriqueña en relación al Sr. Carmelo Quiñones, al apropiarse adjudicarse y utilizar para sí, estando vigente la relación abogado-cliente, —sin conocimiento ni autorización del cliente— un automóvil objeto de litigio en el caso que repre-sentaba a su cliente. Dicha conducta viola el Cánon 23 de los de Etica Profesional y las disposiciones legales: 4 L.P.R.A., see 742 y 31 L.P.R.A., see. 3773. Véase Cornier v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 253 (1968) e In Re, Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975).

El Comisionado Especial, Lie. Ramón Pérez de Jesús, designado para oír y recibir prueba, nos sometió su informe, del cual aparecen las siguientes conclusiones de hechos:

1. El querellado Francisco Sánchez Ferreri fue admitido a la práctica de la abogacía el día 9 de junio de 1936 y, por lo tanto, lleva 47 años en la práctica de la profesión legal. Por admisión propia, de tal alegación hecha en la querella, ha sido disciplinado en dos ocasiones anteriores por este Honorable Tribunal. La última medida disciplinaria fue cumplida en abril de 1960 —hace 23 años— cuando ya rehabilitado fue reinstalado como miembro del foro.
2. En septiembre de 1970 el querellado comenzó a repre-sentar a Carmelo Quiñones Figueroa, como demandante, en el caso de daños y perjuicios Núm. CS 70-1917 del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla. En este caso se dictó sentencia a favor del cliente del querellado adjudicándosele compensación de $1,060.00. El contrato de honorarios de abogado fue de naturaleza “contingente”, a. base de una tercera parte de la cuantía que, en su día, se obtuviese.
3. Para satisfacer el importe de la sentencia dictada a favor de su cliente, Carmelo Quiñones Figueroa, el querellado tramitó un procedimiento de ejecución de sentencia proce-diendo a embargar un vehículo de motor marca Chevrolet, Modelo de 1972. Este vehículo resultó haber sido adquirido por una tercera parte cuya relación con el caso de daños y perjuicios no quedó clara en la prueba presentada. Este ve-hículo estaba afecto a un gravamen de venta condicional y el comprador adeudaba la suma de $1,491.66 a la General Motors Acceptance Corporation. El comprador tenía varios pagos vencidos y pendientes de pago.
4. Carmelo Quiñones Figueroa, cliente del querellado, par-ticipó en la incautación del vehículo embargado acompañan-do [sic] al alguacil y, aunque el depositario judicial era otra persona, el automóvil quedó estacionado en el patio de la residen-cia del querellado. El vehículo estaba en vías de ser reposeído por la General Motors Acceptance Corporation debido a los pagos adeudados. Al momento del embargo, el vehículo tenía defectos serios: le faltaba la tablilla, el cristal delantero principal, no tenía batería y una llanta estaba inservible. De hecho, no estaba utilizable y se hizo necesario usar un camión-grúa para trasladarlo al lugar de depósito.
5. Para poner el vehículo en condiciones de venta era nece-saria una inversión económica en reparaciones. Con el pro-ducto de la venta el querellado cobraría sus honorarios y el cliente recibiría su participación, pero este último no contaba con recursos económicos para financiar el costo de la repa-ración. En esta etapa de las relaciones de abogado y cliente, a base de la conducta de las dos partes y a lo declarado por ambas al respecto, inferimos que, bien expresa o implícita-mente, el querellado fue autorizado por su cliente a financiar las reparaciones del vehículo y, una vez consumada la venta, cada cual obtendría su correspondiente participación del pro-ducto de ésta.
6. Hecha la reparación del vehículo, el querellado comenzó a usarlo, según él, para mostrarlo y tratar de acelerar su venta. Mientras esto ocurría, el cliente —Don Carmelo Qui-ñones Figueroa— se enteró de la deuda que afectaba al vehículo y los pagos atrasados. Solicitó del querellado que hiciera gestio-nes con la firma financiadora para obtener un plan de pago, pero este plan no pudo conseguirse debido a que el acreedor exigía el pago total de la deuda y de ésto no hacerse daría curso a la reposesión del automóvil. Don Carmelo Quiñones Figueroa no contaba con medios económicos para el pago de la deuda en su totalidad y, ante esa situación, el querellado, sin que así fuera la realidad, entendió que tenía autorización tácita del cliente y tramitó el pago de la deuda, quedando el vehículo traspasado a su nombre.
7. Más adelante, inscrito el vehículo a nombre del quere-llado en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, él utilizó el automóvil como parte del pronto pago (trade-in) para adquirir otro a nombre suyo. El cliente Carmelo Qui-ñones Figueroa no participó en forma alguna en esta transac-ción. No hubo aquí autorización expresa del cliente ni la prue-ba establece en forma irrefutable que hubo tal autorización en forma tácita, según alega el querellado.
8. No hubo prueba al efecto de que el cliente Don Carmelo Quiñones Figueroa recibiera cantidad alguna de dinero ni otros beneficios por razón del embargo, adjudicación y venta del vehículo en controversia. Esta propiedad sustituía, hasta donde alcanzare, el importe de la sentencia por la suma de $1,060.00 que se obtuvo a su favor en el caso de daños y perjui-cios, Civil Núm. CS 70-1917 del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla. (Informe del Comisionado Especial, págs. 3-5.)

Dicho informe fue notificado al Procurador General y al querellado para que expresara sus comentarios y objeciones. El Procurador General nos ha manifestado que coincide ple-namente con las anteriores conclusiones del Comisionado Especial. El querellado no ha comparecido a expresar obje-ciones.

La conducta del querellado constituye una violación crasa al Canon 23 de Ética Profesional que prohíbe al abo-gado adquirir interés o participación alguna en el asunto de litigio que le haya sido encomendado. Dicho Canon también preceptúa que: “La naturaleza fiduciaria de las relaciones entre abogado y cliente exige que éstas estén fundadas en la honradez absoluta. En particular, debe darse pronta cuenta del dinero u otros bienes del cliente que vengan a su posesión y no debe mezclarlos con sus propios bienes ni permitir que se mezclen.”

En vista de lo anterior se dicta sentencia en que se separa indefinidamente al querellado Franco T. Sánchez Ferreri de la práctica de la profesión de abogado.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Negrón García no intervienen. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué se inhibió.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Banco de Santander de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Tercera, recurrido.

      Número: O-83-689

      Resuelto: 9 de enero de 1984

      Ernesto A. Meléndez Pérez, de Meléndez Pérez & Rodríguez Bigas, abogado del recurrente; el Registrador recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinón del Tribunal.

Atendemos a un conflicto en la aplicación del Arancel del Registro de la Propiedad a hipotecas que afectan locales comerciales sometidos al régimen de propiedad horizontal. El recurrente Banco de Santander (P.R.) es acreedor y poseedor de un pagaré con principal de $160,000 garanti-zado por hipoteca sobre edificio en condominio, compuesto por seis locales comerciales ninguno de los cuales ha sido individualizado ni inscrito como finca separada. En la escritura de constitución de hipoteca la responsabilidad por el principal fue distribuida entre los seis locales (fincas o apartamentos) y al presentarse al Registro se acompañaron comprobantes de Arancel por $426, más presentación e impuesto de Código Político, 13 L.P.R.A. see. 1928(3), to-mándose como base de cómputo la responsabilidad individual de cada apartamento. El Registrador denegó la inscripción por entender que el gravamen total pesa sobre cada uno de los locales y que la aplicación del Arancel Número Dos resulta en cargos de $590 por el principal, por lo que hay deficiencia de $164.

Ante nos, el Registrador aduce como fundamentos de su calificación que el Art. 170 de la Ley Hipotecaria que hace compulsoria la distribución del gravamen no afecta la imposición del Arancel en la forma global o total que él entiende; y que la distribución también ordenada por el Art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal no autoriza la inscrip-ción de la hipoteca sobre un apartamento que no ha sido individualizado e inscrito como finca independiente. Un examen de la variada legislación que regula esta operación de Registro le quita razón al recurrido. El Art. 148.1 del Reglamento, Ley Hipotecaria, que prohíbe registrar hipo-teca ... a menos que los bienes “consten previamente inscri-tos y sean enajenables” no impide la constitución de hipoteca sobre apartamentos sometidos al régimen de propiedad horizontal a cuyos fines esta ley, con patente propósito de fomentar al máximo la adquisición de viviendas y locales mediante ventas a crédito, declara en su Art. 4 (31 L.P.R.A. sec. 1291b) que los apartamentos podrán transmitirse y gra-varse () individualmente con independencia total del resto del inmueble; autoriza la transmisión o gravamen de un apartamento en construcción (Art. 6 Ley, 31 L.P.R.A. see. 129 Id) y aun el de uno “proyectado y no comenzado a fabricar” (Art. 5 Ley, 31 L.P.R.A. sec. 1291c).

El Art. 9 de la Ley de Propiedad Horizontal también provee con particularidad para la distribución de la responsabilidad hipotecaria según requisito de los Art. 174 y 170 de la Ley Hipotecaria (hoy Sees. 2570 y 2566 del Título 30 L.P.R.A.), () que hace extensiva, correlativamente, a créditos hipotecarios constituidos antes y después de organizarse el inmueble en régimen de ley, y a apartamentos meramente proyectados o en vías de construcción.

El Art. 170 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2566, ordena que cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, se determinará la cantidad o parte del gravamen de que cada una deba responder. Y su concordante Art. 157.1 del Reglamento, 30 L.P.R.A. see. 2003-157.1, prohíbe la inscripción de la hipoteca en tal circunstancia, si no se determina previamente la cantidad de que cada finca, porción o derecho deba responder. () Esta dispo-sición, que es parte del principio de especialidad del sistema registral articula el propósito de “que cada finca responda sólo de una cantidad determinada, . . . que la carga real no se extienda] más que a la cifra que importfa] el préstamo, e imp[ide] las inmoderadas pretensiones de los acreedores que no contentos con garantías firmes, exigen otras innecesarias, perjudicando en gran manera el crédito territorial”. Galindo, citado en El Crédito y Ahorro Ponceño v. El Reg. de San Juan, 30 D.P.R. 137, 138-139 (1922). ()

El hipotecante cumplió con la exigencia de Ley y el Reglamento al distribuir la carga hipotecaria entre aparta-mentos o locales existentes y el título constitutivo del crédito es inscribible por lo que no debe sufrir la imposición de un arancel como si fuera global e irrestricta la responsabilidad de cada apartamento por el importe total del gravamen. Tal aplicación del Arancel contraviene el espíritu de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Propiedad Horizontal, aumenta el costo del crédito para el comprador de vivienda, infringe la política pública sobre hogares y disminuye el beneficio que para el deudor representa la distribución del gravamen.

Distribuida la responsabilidad hipotecaria por el principal entre los seis locales comerciales, () considerando que la norma Octava del Arancel del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 1767b, ordena que las hipotecas pagarán derechos sólo por la cantidad principal garantizada; que a tenor del Arancel Número Dos éste se computa y devenga “respecto a cada derecho en una finca” (énfasis nuestro), Correa Sánchez v. Registrador, 113 D.P.R. 581 (1982); y que a pesar de que ninguno de los seis locales ha sido individualizado e inscrito como finca separada y autónoma, sí tiene cada uno de ellos la identidad propia que le hacía cosa y objeto de gravamen voluntario desde que era simple proyecto del que no se había levantado una varilla, Art. 5, Ley de Propiedad Horizontal, supra, debe reconocerse como , el principal, base del cómputo de Arancel en cada finca el fraccionado o repartido, o sea aquella parte de la carga total asignada a cada local en la distribución. Así lo exige la correlatividad y la interacción armónica entre los preceptos de ley que gobiernan la escena registral: la Ley de la Propiedad Horizontal que insufla vida jurídica al apartamento en condominio aun antes de su existencia física; la Ley Hipotecaria que bajo el principio de especialidad compele a la distribución de la responsabilidad “cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito” disposición ésta a cuya observancia remite el Art. 9 citado, de la Ley de Propiedad Horizontal; y el Arancel del Registro. Tal es el ordenamiento previsto en el Art. 158 (12mo)() de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2554(12mo), al declarar hi-potecables los apartamentos integrantes de un edificio constituido en propiedad horizontal o condominio, sujetán-dose la hipoteca a las disposiciones de la legislación vigente sobre propiedad horizontal. De este modo la propia Ley Hipotecaria concede primacía a la de Propiedad Horizontal respecto a la accesibilidad al Registro de hipotecas consti-tuidas bajo dicho régimen especial. Dicho Art. 158(12mo) de la Ley Hipotecaria provee un criterio de distinción de R. Mix Concrete v. R. de Arellano & Co., 110 D.P.R. 868 (1981) donde el gravamen no era la hipoteca voluntaria expresa-mente autorizada por la legislación que hemos acotado. Dicho Arancel Número Dos impuesto a cada derecho en una finca, 30 L.P.R.A. sec. 1767a, debe en el presente caso com-putarse sobre aquella parte del principal de $160,000 por la que responde cada local.

Con estos antecedentes y fundamentos, se revocará la calificación y se ordenará la inscripción de la hipoteca.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (1) Art. 4 — Efecto de someterse al régimen de propiedad horizontal

      “Una vez se haya constituido el inmueble en régimen de propiedad horizontal, los apartamientos expresados en la sec. 1291a de este título podrán individualmente transmitirse y gravarse y ser objeto de dominio o posesión, y de toda clase de actos jurídicos intervivos o mortis causa, con independencia total del resto del inmueble de que formen parte, y los títulos correspondientes serán inscribibles en el Registro de la Propiedad de acuerdo con lo dispuesto en este Capítulo y en la Ley Hipoteca-ria.” 31 L.P.R.A. sec. 1291b.
      Art. 5 — Efecto de transmisión o gravamen y subrogación de derechos — Apar-tamiento proyectado y no comenzado

      “En los casos de transmisión o gravamen de un apartamiento proyectado y no comenzado a fabricar, se entenderá adquirida por el nuevo propietario, o gravada la participación que corresponde al transmitente, o en su caso, al deudor, en los elementos comunes del inmueble en proyecto y el derecho que tenga a que se le construya el apartamiento entendiéndose subrogado el adquirente en el lugar y grado de aquél, a todos los efectos legales.” 31 L.P.R.A. sec. 1291c.
      Art. 6 — Apartamiento en construcción

      “Si la transmisión o gravamen se refiriese al apartamiento que ya hubiese comenzado a construirse, se entenderán adquiridas o gravadas las participaciones a que se contrae la sec. 1291c de este título, y de modo privativo lo que ya esté fabri-cado del apartamiento en cuestión, entendiéndose también subrogado el adquirente en el lugar y grado del transmitente, a todos los efectos legales.” 31 L.P.R.A. see. 1291d.

      (2) Art. 9 — Créditos hipotecarios constituidos antes y después de someterse al régimen; consentimiento de condueños

      “Los créditos hipotecarios constituidos antes de ser sometido el inmueble al régimen de propiedad horizontal, estarán sujetos a lo dispuesto en la see. 219 del Título 30, pero el acreedor, al iniciarse el procedimiento para su cobro, deberá dirigir la acción, simultáneamente, por la totalidad de la suma garantizada contra todos los titulares de los apartamientos que estén gravados. Si se constituyeren dichos créditos después de organizarse el inmueble en régimen de propiedad horizontal, se hará la distribución de aquéllos, en la forma a que se refiere la see. 215 del Título 30, entre los apartamientos gravados que estuvieren ya construidos; y si se tratare de apartamientos meramente proyectados o en vía de construcción, la distribución del crédito deberá hacerse entre las participaciones o derechos inscri-tos, a tenor de las secs. 1291c y 1291d de este título.
      “La hipoteca de los elementos comunes de un inmueble constituido en régimen de propiedad horizontal sólo podrá verificarse mediante acuerdo unánime de todos los titulares.” 31 L.P.R.A. sec. 1291g.

      (3) Art. 157.1 Hipoteca sobre varias fincas o porciones de las mismas; requi-sitos

      “No se inscribirá ninguna hipoteca sobre varias fincas, derechos reales o por-ciones ideales de unas y otros, afectos a una misma obligación, sin que por convenio entre las partes, o por mandato judicial, en su caso, se determine previamente la cantidad de que cada finca, porción o derecho deba responder. Los interesados podrán acordar la distribución en el mismo título inscribible o en otro documento público. La misma norma se aplicará a las inscripciones de censos o anticresis.
      Lo dispuesto anteriormente no será aplicable a las anotaciones preventivas.” Ley Hipotecaria, pág. 249.

        El convenio entre partes para distribuir la responsabilidad no es requisito de ley en la etapa constitutiva del crédito del Art. 170 que nos ocupa. Lo es en el caso de división de la finca previamente hipotecada. Art. 174, Ley Hipotecaria. El Reglamento no puede exigir más que la Ley. Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634, 642 (1967). La aceptación de la garantía por el acreedor es evidencia de su conformidad con la distribución de responsabilidad hecha unilate-ralmente por el deudor en la escritura de constitución de hipoteca. Cf. Fuster Fusten v. Registrador, 88 D.P.R. 475, 479 (1963).

      (4) Morell, citado a la pág. 140 de esta decisión, coincide al expresar que si todas las fincas hipotecadas quedan sujetas a una carga real por el importe total de lo debido resulta que “el deudor ve frecuentemente minorado su crédito territorial mucho más de lo que en realidad han desmerecido su riqueza y la garantía que aún ofrécen los bienes inmuebles que posee, rebajadas las obligaciones y cargas a que se hallan afectos; resulta también que así vienen a ser protegidas indirectamente por la ley las inmoderadas exigencias de los prestamistas que no contentos con garan-tías firmes y de éxito seguro, multiplican sin utilidad suya, y con perjuicio del crédito territorial, las dificultades del préstamo sobre hipotecas”.

      (5) Así:
      Local A: $39,840
      Local B: 59,360
      Local C: 20,160
      Local D: 13,600
      Local E: 20,320
      Local F: 6,720

      (6) Art. 158 — Otros bienes y derechos hipotecables

      “Son también hipotecables:

        “12mo. Los apartamientos integrantes de un edificio declarado en propiedad horizontal o condominio, sujetándose la hipoteca constituida a las disposiciones de la legislación vigente sobre propiedad horizontal.”


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Gilda Rojas de Colón, demandante y recurrente, v. Méndez & Co., Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-83-308

      Resuelto: 9 de enero de 1984

      David Rivé Rivera, de Calderón, Rosa Silva & Vargas, abogado de la recurrente; Juan C. Pérez Otero, de Fiddler, González & Rodriguez, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, siguiendo al pie de la letra lo dispuesto en la Ley de Beneficios por Incapacidad de 1968, () resolvió que la recu-rrente —una empleada en la empresa privada que se inca-pacitó temporalmente debido a enfermedad o accidente no relacionado con su empleo— tenía el término de seis meses para solicitar de su patrono la reinstalación a su empleo, contado dicho término a partir de la fecha de comienzo de su incapacidad.

Dicho de otra manera, que de acuerdo con las disposi-ciones de la citada ley, un patrono viene en la obligación de reservar el puesto del empleado incapacitado por el término de seis meses, contado dicho término a partir del día en que dicho empleado quedó incapacitado.

No conforme, la empleada-recurrente acudió ante este Tribunal mediante el correspondiente recurso de revisión, con la alegación de que el referido término de seis meses debe empezar a contarse a partir de la fecha en que el empleado efectivamente comienza a recibir los beneficios por incapa-cidad que provee la citada ley. Por ser ésta una cuestión nueva y revestida de interés general, expedimos el auto soli-citado. Por las razones que a continuación expondremos, procede la confirmación de la sentencia dictada por el tribunal de instancia.

I — 1

La sección de la citada Ley de Beneficios por Incapa-cidad pertinente al asunto en controversia lo es la Sec. 3(q), la cual dispone: ()

(q) Reinstalación después de la incapacidad
En los casos de incapacidad para el trabajo de acuerdo con las disposiciones de este Capítulo, el patrono vendrá obligado a reservar el empleo que desempeña el trabajador al momento de comenzar la incapacidad y a reinstalarlo en el mismo, sujeto a las siguientes condiciones:
(1) que el trabajador requiera al patrono que lo reponga en su empleo dentro del término de quince (15) días, contados a partir de la fecha en que fuere dado de alta, y siempre y cuando que dicho requerimiento no se haga después de trans-curridos seis (6) meses desde la fecha de comienzo de la incapacidad;
(2) que el trabajador esté mental y físicamente capaci-tado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono dicha reposición; y
(3) que dicho empleo subsista al momento en que el trabajador solicite su reposición. Se entenderá que el empleo subsiste cuando el mismo esté vacante o lo ocupe otro trabaja-dor. Se presumirá que el empleo estaba vacante cuando el mismo fuere cubierto por otro trabajador dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha en que se hizo el requerimiento de reposición. (Énfasis suplido.)

Es correcto que la Sec. 1 de la citada ley () establece que la misma debe ser “liberalmente interpretadla] para cumplir su propósito de indemnizar a los trabajadores por la pérdida de salarios resultante de incapacidad debid[o] a enfermedad o accidente no relacionados con el empleo”. (Énfasis suplido.)

No es menos cierto, sin embargo, que cuando “la ley es clara [y] libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. () Irizarry v. Registrador, 61 D.P.R. 74 (1942); Quevedo v. Am. Trading Co. et al., 18 D.P.R. 955 (1912); Caguas Bus Line v. Sierra, Comisionado, 73 D.P.R. 743 (1952); Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101 (1964); Rodríguez v. Fidelity Bond Mortg. Corp., 108 D.P.R. 156 (1978).

El propósito que persigue la citada Ley de Beneficio por Incapacidad es loable por demás. El legislador le quiso garantizar al obrero que se incapacita temporalmente debido a enfermedad o accidente no ocupacional, no sólo tranquilidad de espíritu y el sustento de él y de su familia por un tiempo determinado, sino el derecho a ser reinstalado en su empleo.

Consciente nuestro legislador, sin embargo, de la carga y el perjuicio en que ello podría resultar para el patro-no —quien se ve obligado a reservar el empleo al obrero-estableció, mediante lenguaje claro y preciso, unos requisitos y unos períodos de tiempo para el ejercicio del derecho a la reinstalación.

El texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la intención legislativa. Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, ante. Como expusimos en Rivera Coll v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 325, 331 (1975), “[e]n aras de la liberalidad no podemos ir más allá de la ley”.

Resolvemos, en su consecuencia, que para que un empleado que se ha incapacitado temporalmente por razón de enfermedad o accidente no ocupacional tenga derecho a ser reinstalado en su antiguo empleo viene obligado, en adición a cumplir con los demás requisitos que exige la Ley de Beneficios por Incapacidad, a requerir su reinstalación en o antes de que transcurra el término de seis meses desde la fecha en que se incapacitó.

r — i hH

En el caso de autos, la empleada-recurrente se incapacitó para trabajar el 19 de enero de 1976, según ello surge de la solicitud de beneficios por incapacidad que ella misma sus-cribiera al solicitar acogerse a los beneficios de la citada Ley Núm. 139 de 1968. () El tribunal de instancia determinó que el requerimiento verbal de reinstalación que hiciera la recu-rrente a su patrono fue hecho con posterioridad a que expi-rara el término de seis meses, contado el mismo a partir del 19 de enero de 1976. ()

Siendo ello así y por las razones antes expresadas, se con-firma la sentencia dictada en el presente caso por el tribunal de instancia.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      (1) Ley Núm. 139 del 26 de junio de 1968, conocida por “Sinot”.

      (2)11 L.P.R.A. sec. 203(q).

      (3) 11 L.P.R.A. see. 201.

      (4) Art. 14, Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14.

      (5) Los beneficios de la Ley fueron concedidos a la recurrente a partir del 24 de febrero de 1976, debido a que hasta esa fecha la recurrente había estado disfru-tando de licencia por enfermedad. La Ley Núm'. 139 no permite la concesión de beneficios mientras el empleado esté recibiendo otros emolumentos tales como sala-rios.

      (6) En adición a lo anteriormente expresado, con fecha de 16 de agosto de 1976, la recurrente solicitó ante el Departamento del Trabajo de Puerto Rico una exten-sión de los beneficios por incapacidad bajo Sinot en donde hizo constar que conti-nuaba incapacitada en esa fecha y que la fecha de su posible recuperación sería el 16 de octubre de 1976. Ello causa incumplimiento con el Apartado (2) del Inciso (q) de la Sec. 203 de 11 L.P.R.A. que, como vimos, exige que “el trabajador esté mental y físicamente capacitado para ocupar dicho empleo en el momento en que solicite del patrono dicha reposición”.


author: per curiam:

text:
    Pablo Ortiz González, demandante y recurrido, v. Secretario de Justicia, demandado y peticionario.

      Número: O-83-583

      Resuelto: 17 de enero de 1984

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Rose Mary Cor-chado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peticionario; Manuel Cruz Soto, abogado del recurrido.
   per curiam:

El 26 de agosto de 1982 el señor Ortiz Gon-zález demandó al Secretario de Justicia para impugnar la con-fiscación de un vehículo de motor. El mismo día presentó una moción sobre consignación y devolución de propiedad incau-tada. Se certificó en la moción el envío de copia de ella al Secretario de Justicia. Nunca se emplazó al Secretario, quien no compareció al pleito.

El demandante solicitó sentencia sumaria a su favor, la cual le fue concedida. El Secretario de Justicia compareció entonces para que se dejase sin efecto la sentencia por no haberse adquirido nunca jurisdicción sobre su persona. El tribunal de instancia sostuvo su sentencia y el Secretario acudió a este foro.

La Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones, Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960 (34 L.P.R.A. sec. 1722(a)) dispone en parte que:

Los dueños, encargados o interesados en los bienes ocupados podrán impugnar la confiscación dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación, mediante demanda contra el funcionario bajo cuya autoridad se haya efectuado la confiscación, a quien se notificará .... Las cuestiones que se susciten deberán resolverse, y los demás procedimientos tra-mitarse de la misma manera que si se tratase de una acción civil ordinaria.

La cuestión que plantea este caso es si la notificación que se hace al funcionario bajo cuya autoridad se efectúa la confis-cación entraña su emplazamiento. En otras palabras, ¿basta para adquirir jurisdicción sobre tal funcionario la simple notificación de mociones en el pleito, o aun de la propia demanda, sin que medie emplazamiento?

La Regla 61 de Procedimiento Civil provee:

Todos los procedimientos legales especiales, los recursos extraordinarios y cualesquiera otros procedimientos de natu-raleza especial no incluidos en las Reglas 55, 56, 57, 58, 59 y 60 se tramitarán en la forma prescrita en el estatuto correspon-diente. En todo aquello que no resulte incompatible ni esté en conflicto con las disposiciones de dichos estatutos se aplicarán las disposiciones de estas reglas.

No se nos ha demostrado que el requisito del emplazamiento (Regla 4) esté reñido con los términos y propósitos de la Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones al hablar de “notificación”. Por el contrario aunque la cuestión precisa planteada aquí es novel, hemos aplicado las Reglas aun cuando la referida Ley Uniforme aparentaba estar reñida con ellas y otros aspectos de nuestro ordenamiento jurídico. Gómez Hnos., Inc v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 625, 628 (1972). Véanse, además, Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45, 48-49 (1964); Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554 (1959); y Feliciano v. Quiñones, 58 D.P.R. 842, 847 (1941). La sentencia en este caso se dictó sin jurisdicción. Según se expresa en la Regla 1, las Reglas de Procedimiento Civil regirán “todos los procedimientos de naturaleza civil ante el Tribunal General de Justicia”, excepto en casos de evidente incompatibilidad con leyes especiales.

Se expedirá el auto, se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para que se le brinde oportu-nidad al demandante de emplazar al Secretario de Justicia.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


text:
    Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico, demandante, Builders Insurance Co., etc., demandados, v. Builders Insurance Co., etc., terceros demandantes peticionarios, Miguel A. Hernández Torres y Marta Rivera de Hernández, terceros demandados recurridos.

      Número: O-83-780

      Resuelto: 17 de enero de 1984

      Pablo Carrasquillo, abogado del Comisionado de Seguros como Administrador Liquidador de Builders Insurance Company, peticionaria; Héctor R. Cuprill, abogado de los terceros deman-dados recurridos; Ramón A. Hernández, abogado de la Auto-ridad de Acueductos y Alcantarillados; Arturo Díaz, abogado de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos.
   PER CURIAM:

La Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados (“la Autoridad”) celebró un contrato con Mimalú, Inc. (“Mimalú”) para la construcción por ésta de una troncal sanitaria. Builders Insurance Company (“Builders”) ga-rantizó la construcción de la obra y el pago a los suplidores. Mimalú, su presidente el señor Hernández y su secretaria la señora Rivera de Hernández, estos últimos en su carácter personal, se comprometieron a indemnizar a Builders de cualquier pago que tuviese que satisfacer como fiadora de Mimalú.

Mimalú incumplió los términos de su obligación y la Autoridad la demandó a ella y a su fiadora Builders. Builders entró en proceso de liquidación, pasando a ser representada por la Asociación de Garantía de Seguros (“la Asociación”) y convirtiéndose el Comisionado de Seguros (“el Comisionado”) en su administrador liquidador. La Asocia-ción trajo al pleito a los señores Hernández como terceros demandados bajo el contrato de indemnización entre ellos y Builders.

Builders le satisfizo a la Autoridad $57,763 en pago de su obligación bajo la fianza. En consideración a ello, la Auto-ridad desistió con perjuicio de su acción. El tribunal de instancia dictó sentencia en que dio a la Autoridad por retirada del pleito. Antes de la sentencia el Comisionado hizo constar que preservaba su derecho de subrogación contra los indemnizadores y terceros demandados, señores Hernández.

Eliminada la Autoridad del pleito, el Comisionado de Seguros solicitó sentencia sumaria para que se ordenase a los terceros demandados indemnizarle por el pago de $57,763 efectuado por la demandada Builders a la Auto-ridad demandante. Se opusieron los señores Hernández basados en que, al desistirse de la acción principal, dejó de existir la causa del tercero demandante. Consideran los terceros demandados que, de estimar el tercero demandante que tiene alguna causa de acción contra ellos, la única vía procesal abierta es entablar una acción independiente. Los terceros demandados cuestionaron también la capacidad legal del Comisionado para solicitar indemnización a nom-bre de Builders. No se suscitó controversia alguna sobre los hechos expuestos.

El tribunal de instancia se negó a dictar sentencia suma-ria. El Comisionado ha acudido a este foro.

Cuando un demandante desiste con perjuicio de su acción contra un demandado, ello no acarrea en todo caso el derrumbe de una acción por éste contra un tercero demandado. La Regla 12.1 de Procedimiento Civil persigue precisamente el propósito de reducir la multiplicidad de pleitos. 6 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil Sec. 1441 (1971). La determinación de si sobrevive una demanda contra tercero en estas circunstancias no es un ejercicio de lógica abstracta, sino de análisis práctico de los hechos. Es claro que si A demanda a By éste a C para que lo indemnice por lo que tenga que pagarle a A, se cae la demanda contra tercero si A desiste con perjuicio y graciosamente de su acción contra B. En tal caso, B no ha tenido que pagar nada y no hay nada que C tenga que reembolsar, a menos que sean los gastos y honorarios del pleito si así se ha convenido. En varias situaciones, no obstante, sobrevive la demanda contra tercero. McClane v. Sun Oil Co., 634 F.2d 855 (5th Cir. 1981); Hill v. Rolleri, 615 F.2d 886 (9th Cir. 1980); Dery v. Wyer, 265 F.2d 804 (2nd Cir. 1959). La Regla 43.5 reconoce la facultad de dictar sentencia entre las partes principales y proseguir una reclamación contra tercero.

En el caso actual es evidente que el desistimiento de la Autoridad no afecta la acción contra los terceros demandados. Se desistió porque la parte demandada transó su pleito con la demandante. La parte demandada tiene derecho a reclamar que sus indemnizadores le reembolsen lo pagado por ella a la demandante. Al respecto valga apuntar que el noveno párrafo del contrato de indemnización entre Builders y los terceros demandados autoriza expresamente a Builders a transar cualquier reclamación contra ellos, a la par que renunciar a que se les releve de responsabilidad por tal.

El argumento referente a la alegada falta de capacidad legal del Comisionado es igualmente inmeritorio. El Código de Seguros dispone, 26 L.P.R.A. see. 4008, que en su calidad de administrador de un asegurador en liquidación el Comisionado estará investido del dominio de los contratos, derechos de acción y otra propiedad del asegurador. La función básica de la Asociación de Garantía es pagar las reclamaciones que surjan de las pólizas y contratos de seguros emitidos por el asegurador en liquidación. 26 L.P.R.A. secs. 3802, 3809, 4012a.

Se expedirá el auto, se revocará la orden recurrida y se dictará sentencia sumaria para decretar el pago por los terceros demandados al Comisionado de Seguros de la suma de $57,763, más costas.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rioual

text:
    Francisco Delgado Cruz, demandante y recurrente, v. Agustín Girau Bernal, demandado y recurrido.

      Número: R-83-239

      Resuelto: 17 de enero de 1984

      Antonio Reyes Delgado, abogado de la parte recurrente; Frank Rodríguez García, abogado de la parte recurrida. .
   El Juez Asociado Señor Torres Rioual

emitió la opinión del Tribunal.

Don Osvaldo Alfonso Bauzá y doña Inés María Soler, casados entre sí, eran dueños de tres solares radicados entre la Calle Dr. Adrián Cueto Rodríguez (antes calle Comerío) por el frente y el Río Viví por atrás, del término municipal de Utuado, Puerto Rico. Estos tres solares colindaban entre sí y en cada uno había una casa edificada por los esposos (casa A, casa B y casa C). Los solares con sus casas consta-ban inscritos en el Registro de la Propiedad.

El 6 de mayo de 1927 comparecieron don Osvaldo y su esposa mediante escritura en que manifestaron haber des-truido, en parte, dichas tres casas y luego haberlas recons-truido. Entonces procedieron a la descripción de los solares (solar A, solar B y solar C) y sus respectivas edificaciones, describiendo en esta ocasión tres casas (casa A, casa B y casa C) y otro solar (solar AB), sin edificación, entre las dos primeras casas (casa A y casa B).

En la misma escritura el referido solar AB fue vendido por los esposos Alfonso Soler a su hijo Gabriel Alfonso Soler, en cuya posesión se encontraba el solar hacía algún tiempo. Éste hizo constar que había hecho edificar, junto a su esposa (Virginia Mattei), una casa (casa AB) con las mismas colin-dancias descritas para el solar.

En escritura posterior del 24 de enero de 1928 los mis-mos comparecientes dejaron sin efecto la escritura ante-riormente otorgada procediendo a una nueva agrupación, segregación y venta sobre los mismos solares y casas. Des-cribieron los solares A, B, C, las casas A, B, C, y el solar AB al igual que antes, y vendieron el último a su hijo Gabriel y esposa. Éste estableció que había construido una casa (casa AB) en el solar AB, indicando en su descripción que tenía ventanas de madera entre otras facilidades.

El título del solar y de la casa (solar AB y casa AB) pro-piedad de don Gabriel Alfonso y doña Virginia Mattei fue transmitido hasta ser adquirido en 1962 por el aquí deman-dante recurrente Francisco Delgado Cruz y su esposa Esther Martínez.

El título sobre el solar y la casa A fue transmitido en varias ocasiones hasta que en 1974 lo adquirió el demandado recurrido Agustín Girau Bernal. La casa A había sido des-truida y el nuevo titular comenzó a construir un edificio para fines comerciales. Una de las paredes del edificio se levantaba paralela a una de las paredes de la casa AB, donde había una ventana, quedando una distancia de 12 a 13 pul-gadas entre ambas estructuras. El recurrido tenía permiso de la Junta de Planificación para la construcción.

El 27 de abril de 1976 el demandante recurrente pre-sentó una demanda de interdicto para paralizar la construc-ción alegando la existencia de una servidumbre de luces y vistas sobre el predio del damandado edificante, solar A, a favor de su predio, solar AB. El tribunal declaró con lugar una solicitud de interdicto preliminar y paralizó las obras de construcción. Posteriormente el tribunal de instancia dictó sentencia y declaró sin lugar la demanda.

Por tal motivo el recurrente nos pide en revisión la revo-cación de la sentencia señalando como único error la deter-minación del tribunal al efecto de que no existe una servi-dumbre de luces y vistas sobre el predio del demandado y a favor del predio del demandante.

Debemos resolver qué derechos, si alguno, asisten al demandante recurrente, dueño de la casa AB, cuya pared izquierda queda contigua a la colindancia del solar del demandado recurrido, donde este último desea construir un edificio comercial, levantando una pared a una distancia de 12" a 13" de la pared izquierda de la casa AB, donde, a su vez, hay una ventana, puesto que el recurrente alega que existe una servidumbre de luces y vistas que recae sobre el predio del demandado a favor de su predio. Arguye que la servidumbre de luces y vistas ha existido por disposición expresa y consentimiento del primer o anterior dueño, o por prescripción de más de 20 años.

Dispone el Art. 473 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1651, que las servidumbres continuas () y aparentes () se adquieren por título o por la prescripción de 20 años.

La servidumbre de luces y vistas es continua y aparente, por lo que bien puede adquirirse por título o por prescripción de 20 años; Ríos v. Mercado, 73 D.P.R. 840 (1952); Iglesia Católica, Etc. v. Combate Tobacco Corp., 42 D.P.R. 376 (1931); Díaz v. Guerra, 18 D.P.R. 819 (1912).

No surge de las escrituras de compraventa ni de ningún otro contrato en autos que se pactara la servidumbre de luces y vistas que reclama el recurrente, por lo que debemos determinar si se ha adquirido por prescripción.

Dispone el Art. 474 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1652, que en las servidumbres negativas () el término para adquirir por prescripción comienza desde el día en que el dueño del predio dominante hubiere prohibido por un acto formal al del predio sirviente la ejecución de un hecho que sería lícito sin la servidumbre.

La servidumbre de luces y vistas es negativa donde el término prescriptivo comienza a partir del acto obstativo. Balzac v. Torres, 68 D.P.R. 983 (1948); Ramos v. Viejo, 66 D.P.R. 642 (1946); Ríos, supra, pág. 846; Delgado v. Rodríguez, 71 D.P.R. 445 (1950); Figueroa v. Guerra, 69 D.P.R. 607 (1949); Polanco v. Ruiz, 55 D.P.R. 785 (1939); García v. García, 25 D.P.R. 128 (1917).

El tribunal de instancia determinó que el acto obstativo en autos lo constituyó la presentación de esta demanda, que no hubo un acto obstativo anterior y que, por lo tanto, no se había adquirido por prescripción la servidumbre de luces y vistas reclamada.

La servidumbre de luces y vistas no se adquiere por el hecho de abrirse las ventanas de una pared de cierta casa de modo que invadan el espacio y se proyecten hacia el terreno de otra finca, mas por el transcurso del término prescriptivo. Tal invasión al terreno no constituye el acto obstativo requerido por ley, sino un acto de mera tolerancia. Figueroa, supra, pág. 613; García v. García, supra, págs. 137-138; Díaz v. Pérez, 56 D.P.R. 727 (1940); J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1972, T. IV, págs. 969-970.

Como no se ha adquirido por título ni por prescripción la servidumbre de luces y vistas, debemos resolver si tal servi-dumbre de luces y vistas fue establecida por el dueño original de ambas fincas antes de segregarías.

Al respecto dispone el Art. 477 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1655, que un signo aparente de servidumbre entre dos fincas establecido por el propietario de ambas se considerará, si se enajenare una, como título para que la servidumbre continúe activa y pasivamente, a no ser que, al tiempo de separarse la propiedad de las dos fincas, se exprese lo contrario en el título de enajenación de cualquiera de ellas, o se haga desaparecer aquel signo antes del otorgamiento de la escritura.

El signo aparente tuvo que haberse establecido o conservado por el propietario de la finca original (antes de la segregación o venta). Goenaga v. O’Neill de Milán, 85 D.P.R. 170 (1962); González v. Fernández, 49 D.P.R. 29 (1935); García v. Olano, 59 D.P.R. 45 (1941); Claudio v. Cruz Águila, 84 D.P.R. 435 (1962); Logia Caballeros del Sur v. Cordero, 74 D.P.R. 444 (1953); Manas v. González, 51 D.P.R. 803 (1937); Muñoz v. Viejo, 35 D.P.R. 864 (1926). Ese signo aparente debe ser permanente, no variable ni accidental. Goenaga, supra, pág. 216; González, supra, pág. 31; Logia Caballeros del Sur, supra, pág. 448. Las ventanas y huecos construidos por el mismo propietario en casas distintas, en un mismo solar, podrían constituir signo aparente cuando se segregue el solar, para ubicar cada casa en una finca diferente. Muñoz, supra, pág. 867.

De los hechos en autos surge que el Sr. Osvaldo Alfonso Bauzá y su esposa, anteriores propietarios del solar original, posteriormente por ellos segregado, construyeron en dicho solar tres casas, inclusive la casa A. Ellos no construyeron la casa AB en el solar AB, sino su hijo Gabriel, quien se encontraba en posesión del referido solar AB y a quien posteriormente se le vendió el mismo. Así, aunque las ventanas de madera de la casa AB pudieran constituir un signo aparente de servidumbre de luces y vistas para los efectos del Art. 477 del Código Civil —determinación que no tenemos que hacer en autos— dicha casa no fue construida por el dueño, sino por su hijo. El hecho de que el padre permitiera al hijo construir su casa con ventanas de madera en terrenos de aquél no puede implicar en manera alguna que el dueño conviniera en imponer a su otro solar y casa (casa A), luego de la segregación, una servidumbre de luces y vistas en favor del hijo. Díaz v. Guerra, supra, pág. 827; Logia Caballeros del Sur, supra, págs. 448-449; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común y foral, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. II, Vol. II, pág. 112. Sentencias de 27 de mayo de 1899, núm. 64, 87 Jurisprudencia Civil 303; 10 de octubre de 1957, núm. 83, 62 Rev. Gen. Leg. Jur. 950; 21 de junio de 1971, núm. 3258, Aranzadi, XXXVIII Repertorio de Jurisprudencia 2352; Manresa, op. cit, T. IV, págs. 777-778; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1973, T. Ill, Vol. II, págs. 414-417.

Tampoco nos encontramos ante la situación de una finca, que anteriormente constaba de varias y en las cuales exis-tían signos aparentes de servidumbre de luces y vistas esta-blecidos por sus respectivos propietarios anteriores, adqui-rida por un nuevo dueño que conserve y mantenga dichos signos, y luego proceda a segregar o a vender individual-mente las fincas. Illanas, supra, pág. 812; Manresa, op. cit., T. IV, págs. 776-778.

En vista de los anteriores razonamientos concluimos que las ventanas abiertas en la pared izquierda de la casa AB ubicada en el solar AB son contrarias a la ley, y no ha trans-currido el término prescriptivo a partir del acto obstativo que nos permita concluir que ha surgido una servidumbre de luces y vistas a favor del solar AB.

Se dictará sentencia en la que se expida el auto y se con-firme la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz y Negrón García concurren en el resultado sin opinión. Los Jueces Asociados Señores Dávila e Irizarry Yunqué se inhibieron.

      (1)31 L.P.R.A. see. 1634.

      (2)ld.

      (3) 31 L.P.R.A. sec. 1635.


text:
      In re Lic. Frank Valentín González.

      Número: MC-83-49

      Resuelto: 23 de enero de 1984

      Arturo Negrón García, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogado del querellante; Frank Valentín Gon-zález, pro se.

   PER CURIAM:

Con fecha de 20 de octubre de 1983 el Cole-gio de Abogados de Puerto Rico presentó ante nos un informe sobre conducta profesional del Ledo. Frank Valentín González, que concluyó con la solicitud de que se tome acción disciplinaria contra dicho abogado. En resolución de 10 de noviembre requerimos del licenciado Valentín González que expusiera su posición al respecto y expresara las razones por las cuales no debía ser disciplinado. Ha comparecido y esta-mos en condiciones de resolver.

La actuación del Colegio de Abogados respondió a una queja de la Presidenta de la Comisión Industrial, Leda. Jeannette Tomasini, en que informa sobre cartas cursadas por el licenciado Valentín González a diferentes personas para ofrecerles sus servicios profesionales en relación con su derecho a compensación por accidentes del trabajo. Notifi-cado de la queja y la posible violación de los cánones 34 y 36 de Ética Profesional, éste contestó, se dio audiencia a las partes ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados y finalmente se formularon por dicha Comisión las siguientes determinaciones de hecho:

No existe conflicto en la prueba. El Ledo. Frank Valentín González admitió que acostumbra enviar correspondencia a personas que no conoce personalmente pero que, por haber sufrido un accidente del trabajo, son potenciales clientes a ser representados ante la Comisión Industrial. El nombre de estos potenciales clientes le es informado por clientes suyos, por amigos de sus clientes y por abogados que no postulan ante la Comisión Industrial. Un empleado de una oficina de cupones cercana a su antiguo bufete en Guaynabo también le infor-maba los nombres de clientes potenciales. Una de dichas car-tas, evidentemente, de tipo formulario, reza como sigue:
“Estimado señor Pérez:
Mi oficina de Servicios Legales está a su disposición. Nos especializamos en casos del Fondo del Seguro del Estado y Seguro Social, entre otros. En estas materias, los servicios profesionales míos son gratis, ya que el gobierno se encarga de pagar tanto en la agencia gubernamental local, como en la federal.
Su caso fue referido a mi oficina y es por eso que le escribo esta carta. Si usted tiene ya contratada representación legal con otro abogado FAVOR DE HACER CASO OMISO DE ESTA CARTA, ya que no pueden haber dos abogados,repre-sentándolo en un mismo caso.
Si usted desea que yo lo represente, favor de contestar mi carta en los próximos diez (10) días para concertar una cita, y entrevistarlo. Si tiene alguna duda, favor de escribirme inme-diatamente a mi oficina. Mucho le he de agradecer se comu-nique conmigo lo antes posible.
De no ser este su deseo, le damos las gracias por su atención a esta carta, y nos reiteramos a sus órdenes para cualquier gestión que tenga a bien solicitar nuestros servicios nueva-mente.
Atentamente,
(Fdo.), Frank Valentín González
FVG/lcv
P.D. Recuerde que tiene sólo 30 días para apelar las decisiones del Fondo del Seguro del Estado, y 60 días para apelar las denegatorias del Seguro Social, a partir de la fecha de notifi-cación.
F.V.G.”
De su faz surge que este tipo de carta puede haber sido envia-da a personas que ya habían contratado un abogado para representarlos ante la Comisión Industrial.
La otra carta reza así:
“Estimado señor Calo:
Por la presente le invito a que pase por mi oficina a la mayor brevedad posible, ya que me he enterado por un cliente de la oficina que sufrió un accidente del trabajo y necesita orientación sobre este particular.
Mi oficina está localizada en la Calle Brumbaugh #1334, segundo piso, en los altos del Colmado Los Diablos, Río Pie-dras, Puerto Rico, junto al Ledo. Suárez Lazú, con quien com-parto oficinas. Tel. 765-6156.
Estaré en mi oficina el viernes 19 de febrero de 1982, de 2:00 P.M. en adelante.
Cordialmente,
(Fdo.) Frank Valentín González”
El colegiado también acostumbra tener un agente en las inmediaciones de la Comisión Industrial repartiendo sus tarje-tas publicitarias a obreros lesionados que acuden a las oficinas de la Comisión en busca de orientación.

Concluyó la Comisión de Ética, como cuestión de Derecho, que la conducta del querellado está reñida con el Criterio General y los cánones 34 y 36 de Ética Profesional. () En su comparecencia ante nos se limita el querellado a cuestionar que su conducta fuera interpretada como violación de los mencionados cánones. Aunque admite haber enviado las cartas a que se alude en el informe, señala que no debe ser disciplinado por ello. Expresa que en su práctica profesional se ha preocupado por no infringir los cánones de ética y que ha ejercido la abogacía con sacrificio, mante-niendo un récord limpio y la confianza de su familia y de la comunidad.

No podemos aceptar las candorosas explicaciones del querellado. Convenimos con la Comisión de Ética en que al enviar dichas cartas se violaron los mencionados cánones 34 y 36. El querellado señala que cuando ha tenido dudas sobre la eticidad de alguna actuación profesional suya ha consultado al Colegio de Abogados y a “personas allegadas a la actividad que quiero desempeñar”. No nos dice si lo hizo en relación con el tipo de actuación que aquí nos ocupa. Valga señalar que las dudas sobre cuestiones de ética profesional debe resolverlas el abogado con rigurosidad contra sí mismo.

En la práctica del comercio es aceptable que la mercancía se exhiba en vitrinas y escaparates. En la práctica de la abogacía la mercancía de que se dispone es el talento, el conocimiento del Derecho y las destrezas del abogado, mercancía que se anuncia por sí sola a través de la reputación bien ganada. Recurrir a las tácticas del anuncio y la solicitación del tipo comercial en nada contribuye al buen nombre del abogado que así actúa y en mucho contribuye a desmerecer a la profesión en general en el concepto que de ella se tenga.

El querellado deberá desistir inmediatamente de enviar comunicaciones como las que aquí nos ocupan, y deberá ceñirse al cumplimiento de los cánones de Ética Profesional de manera estricta. No consideramos de rigor, por ahora, imponerle otra medida disciplinaria que la censura y nues- tra amonestación por la conducta observada. Quede aperci-bido que cualquier reincidencia de su parte en la práctica que aquí censuramos, o en cualquier otra desviación de la ética profesional, podrá merecer nuestra más severa sanción.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino y el Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

      (1) Dicen como sigue:
      “Canon 34. Instigación o Gestión de Pleitos

      “Actúa contrario a los altos postulados de la profesión el abogado que, con propósito de lucro y sin ser requerido para que ofrezca su consejo o asesoramiento legal, aliente o estimule, en alguna forma, a clientes potenciales para que inicien reclamaciones judiciales o de cualquier otra índole. Es también contrario a la sana práctica de la profesión el que un abogado, sin ser requerido, bien lo haga perso-nalmente o a través de personas, investigue o rebusque defectos en títulos u otras posibles fuentes o causas de reclamaciones a los fines de beneficiarse en alguna forma mediante la prestación de sus servicios profesionales.
      “Empaña la integridad y el prestigio de la profesión y es altamente reprobable el que un abogado, actuando directamente o a través de intermediarios o agentes, haga gestiones para proporcionarse casos o reclamaciones en que intervenir o para proporcionarlos a otros abogados. Incurre en igual falta el abogado que dé u ofrezca beneficios, favores o compensación de clase alguna a empleados públicos, ajustadores de seguros u otras terceras personas con el fin de ganarse su favor para el referimiento de asuntos que puedan dar base a reclamaciones o casos y, por ende, proporcionarle al abogado aumento en su clientela.
      “Por tratarse de una conducta desdorosa, tanto con respecto a la profesión legal como con la justicia en general, todo abogado está obligado a informar a los orga-nismos competentes sobre cualquier caso en que se incurra en dicha práctica impropia y reprensible inmediatamente después de tener conocimiento de ello.”
      “Canon 36. Publicidad o Anuncios del Abogado

      “(A) El mejor anuncio del abogado es la reputación de idoneidad e integridad ganada en el ejercicio de su profesión.
      “(B) Al anunciarse en los medios de comunicación el abogado deberá evitar cualquier tipo de propaganda que tienda a promover pleitos innecesarios, que siembre expectativas irrazonables sobre el éxito de sus gestiones, o que pueda afec-tar la dignidad de la relación entre abogado y cliente. En general, es impropio todo tipo de anuncio que no se justifique como un medio razonable y profesionalmente aceptable de dar a conocer al público la disponibilidad de servicios legales. En particular, es impropio cualquier tipo de anuncio que incluya:
      “(1) gráficas, dibujos, retratos o cualquier otro tipo de ilustración gráfica, o
      “(2) expresiones autoelogiosas del abogado o referencia a la calidad de los servicios legales que presta, o
      “(3) reclamo del abogado como especialista o perito en determinada área del derecho, o
      “(4) expresiones o informaciones falsas, fraudulentas o engañosas, incluyendo lo siguiente:
      “(a) representación ambigua de una situación de hechos.
      “(b) dejar de consignar cualquier hecho pertinente que sea necesario para la cabal comprensión del asunto al que se refiere la parte correspondiente del anuncio.
      “(c) expresiones que puedan producir la impresión de que el abogado está en posición de influir indebidamente sobre un tribunal o un funcionario público.
      “(d) referencia a honorarios en forma imprecisa o con relación a ser-vicios cuyo valor total no pueda anticiparse al aceptar la representación.
      “(C) Para facilitar el proceso de selección de representación legal por parte de clientes potenciales, el abogado podrá publicar, en la prensa, radio o televisión, siempre y cuando no se haga en violación a lo dispuesto en el apartado (B) de este canon, información relativa a los servicios legales por él prestados, incluyendo lo siguiente:
      “(1) nombre del abogado con su dirección profesional y teléfono,
      “(2) información sobre cuáles áreas del derecho están comprendidas en su práctica de la profesión, incluyendo la aseveración de que dicha práctica está li-mitada a una o más disciplinas,
      “(3) información relativa a los honorarios por servicios legales rutinarios, tales como: divorcio no contencioso, adopción, licencia y renovación de licencia para portar armas, declaratoria de herederos y cambio de nombre,
      “(4) información relativa al modo de pagar los honorarios, incluyendo si hay facilidades de pago o si se aceptan determinadas tarjetas de crédito.
      “(D) No es ética la práctica de pagar o compensar en cualquier forma a miembros de la prensa, radio, televisión o cualquier otro medio de publicidad para que estos medios destaquen el nombre o la labor de un abogado en su gestión profe-sional.
      “(E) La publicación de una breve reseña profesional en un directorio legal es permisible como uno de los medios aceptables para dar a conocer la disponibilidad de un abogado para prestar servicios legales.
      (P) Cualquier duda que surja en la mente de un abogado sobre la corrección y propiedad de un recurso publicitario debe ser consultada al organismo del Colegio de Abogados designado para emitir opinión al respecto.
      (G) Nada de lo dispuesto en este canon debe interpretarse como permitiendo la solicitación personal —directa o indirecta— de clientes, con fines pecuniarios.”


text:
      In re Ramón A. Sánchez Gómez, querellado.

      Número: O-83-768

      Resuelto: 24 de enero de 1984

      Miguel Pagan, Subprocurador General, y Rosa Negrón, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El abogado Ramón A. Sánchez Gómez fue admitido por este Tribunal al ejercicio de la abogacía en Puerto Rico el 20 de mayo de 1975 y autorizado a ejercer como notario el 17 de junio de ese mismo año.

El Procurador Generar de Puerto Rico ha presentado una querella en la cual solicita la separación permanente del referido abogado tanto del ejercicio de la abogacía como del notariado.

Se fundamenta la querella en que el abogado Sánchez Gómez fue acusado y convicto en la Corte de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico() por dos infracciones a las leyes federales () —delito grave— consistentes las mismas en ayudar e incitar a la distribución de la sustancia controlada conocida como cocaína y en distribuir la misma, habiendo sido sentenciado a cumplir la pena de seis años de prisión en cada uno de los cargos. ()

Estimamos que la conducta observada por el querellado, la cual dio lugar a las condenas antes mencionadas, implica depravación moral. Véase: In re Hernández Vallé, 79 D.P.R. 34 (1956); In re Varona Pacheco, 71 D.P.R. 411 (1950); In Re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922).

En su consecuencia —y en virtud de las disposiciones de la See. 735 del Tít. 4 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas y del poder inherente de este Tribunal para reglamentar el ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, In Re Pagán, 71 D.P.R. 761 (1950); In re Abella, 67 D.P.R. 229 (1947); In re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945)— se decreta la separación del querellado Ramón A. Sánchez Gómez del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en esta jurisdicción.( ).

Notifíquese con copia de la presente al interesado y a las salas correspondientes del tribunal de primera instancia.

      (1) Causa criminal núm. 83-00201(2).

      (2)18 U.S.C. see. 2; 21 U.S.C. see. 841.

      (3) Consta en el expediente copia certificada de dicha sentencia.

      (4) Mediante resolución de fecha 25 de noviembre de 1983 este Tribunal, en vista de la renuncia voluntaria al ejercicio de la notaría del abogado en controver-sia y en vista de que sus protocolos y registros de afidávit habían sido debidamente examinados y entregados al Archivero General de Protocolos del Distrito de San Juan, dio por terminada la fianza prestada a favor de éste por el Colegio de Aboga-dos de Puerto Rico.


text:
    Arecibo Building Corporation, demandante y recurrente, v. Municipio de Arecibo, demandado y recurrido.

      Número: R-83-488

      Resuelto: 7 de febrero de 1984
   per curiam:

El 23 de noviembre de 1983 emitimos una orden a la parte recurrida en los siguientes términos:

Considerando que en virtud de sentencia sumaria dictada por el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, el 28 de septiembre de 1983, se declaró sin lugar demanda instada por la aquí recurrente contra el Municipio de Arecibo, en cuya demanda se impugnó la imposición y cobro a la recurrente de $1,514.21 por concepto de patentes municipales;
Considerando que la base estatutaria para la actuación del Municipio demandado es la Ley de Patentes Municipales, específicamente su [sección] 3, 21 L.P.R.A. sec. 651b, que auto-riza dicha imposición “a toda persona dedicada a la prestación de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero y/o cualquier industria o negocio”;
Considerando que la patente municipal impuesta a la recu-rrente se refiere al alquiler por ésta de varios locales comer-cíales de su propiedad, sitos en Arecibo;
Considerando que esa actividad no parece estar compren-dida en la definición que de los conceptos prestación de servi-cios, ventas, y negocio financiero da la citada Ley de Patentes Municipales en su [see.] 2, 21 L.P.R.A. sec. 651a, y visto lo resuelto en Cervecería India v. Municipio, 77 D.P.R. 100 (1954), seguido en Zerbe Penn v. Gob. de la Capital, 86 D.P.R. 618 (1962);
Muestre causa la parte recurrida en o antes del 12 de diciembre de 1983 por la cual no deba expedirse el auto solici-tado y revocarse la sentencia mencionada.

La parte recurrida ha comparecido y nos persuade de que debemos confirmar la sentencia apelada. Lo resuelto en los casos de Cervecería India v. Municipio, y Zerbe Penn v. Gob. de la Capital, supra, dejó de tener vigencia al derogarse la Ley de Patentes de 1914 —por la Ley de Patentes de 1971. A partir de esa ley la facultad impositiva de los municipios se ha ampliado sustancialmente. En Molinos de P. R. v. Municipio de Guaynabo, 105 D.P.R. 470, 473-474 (1976), hicimos un resumen de esta evolución. Señalamos que, “[l]a Ley de Patentes de 1914 contenía una enumeración taxativa; la Ley de Patentes de 1971 contenía una enumeración no taxativa y facultaba a los municipios a clasificar e incluir otros comercios, negocios e industrias no enumerados; la vigente Ley de Patentes de 1974 eliminó la enumeración y concedió una facultad general a los municipios para imponer y cobrar patentes a los tipos que dicha ley prescribe o al tanto por ciento uniforme de dichos tipos que las Asambleas Municipales determinen”.

También dijimos, citando de Texas Co. (P.R.), Inc. v. Municipio, 81 D.P.R. 499, 508 (1959), que “no estamos justi-ficados en adoptar normas restrictivas ‘en contra del poder contributivo de los municipios, a la luz de las claras e inequívocas expresiones que de tiempo en tiempo ha venido haciendo la Asamblea Legislativa con el fin de fortalecer, antes de debilitar, la facultad contributiva de los gobiernos municipales concedida en la Ley de Patentes’”. Molinos de P.R., supra, pág. 474.

La See. 3 de la Ley de Patentes de 1974 (21 L.P.R.A. sec. 651b) autoriza a las Asambleas Municipales de todos los municipios a imponer y a cobrar patentes “a toda persona dedicada a la prestación de cualquier servicio, o a la venta de cualquier bien, negocio financiero y/o cualquier industria o negocio . . .”. Del texto de la ley se desprende que la autoridad concedida a los municipios es amplia. La utilización de las palabras “toda persona”, “cualquier servicio”, “cualquier industria o negocio” no permiten que se le dé una interpretación restrictiva como pretende la recurrente.

La Ley de Patentes no define la palabra negocio, por lo que debemos atender a su significado ordinario. El Diccionario General Ilustrado (Vox) de la Lengua Española, 3ra ed., 1973, la define como “[cjualquier ocupación en la que se emplea trabajo, atención o tiempo, especialmente la hecha por lucro o interés”. Resulta claro que el alquiler de locales en un centro comercial es una actividad que enmarca dentro del significado ordinario de la palabra negocio. Actuó correctamente el tribunal recurrido al declarar sin lugar la demanda.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se confirmará la sentencia recurrida.


text:
    José E. Janer Vilá, recurrente, v. Registrador de la Propiedad de Caguas, Sección I, recurrido.

      Número: O-83-542

      Resuelto: 13 de febrero de 1984

      Jorge Benitez Gautier, abogado del recurrente; El Registrador recurrido compareció por escrito.
   PER CURIAM:

El señor Janer Vilá posee un edificio de concreto armado de cuatro plantas. Uno de los locales que integran el primer piso fue arrendado al Dr. A. M. Guzmán Ortega. El señor Janer Vilá consintió a la inscripción del contrato de arrendamiento en el Registro.

Al presentarse la escritura en el Registro, el Registrador señaló que ésta adolece de las faltas siguientes:

Es preciso Acta Notarial sobre la construcción del edificio (Artículo 198.1 Reglamento Hipotecario). El arrendamiento de parte de finca está definido como segregación por la Ley de Arpe, es preciso acreditar la autorización de esta agencia tanto para la construcción como para el arrendamiento.
Falta un comprobante de $36.00.

Confirmada la calificación original y denegada la inscripción, el recurso gubernativo instado exige que nos pronunciemos sobre la naturaleza de la inscripción de obra nueva y el impacto, si alguno, de la Ley de la Adminis-tración de Reglamentos y Permisos (ARPE), Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 y ss.), sobre la situación de autos.

La inscripción de obra nueva

Según ha expresado Roca Sastre, —R. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, págs. 534, 538-540- la obra nueva, en cuanto interese al Registrador de la Propiedad, no atañe a la realidad jurídica, sino a la material o física de las fincas inmatriculadas. La inscripción de la obra nueva no es obligatoria; es meramente conveniente, aunque la fe pública registral no la abarca. El principio de la fe pública registral sólo opera en cuanto a los elementos jurídi-cos en sí. E. Vázquez Bote, Elementos de Derecho Hipoteca-rio Puertorriqueño, París, Ed. Lex, 1973, págs. 360-361; J. Sabater, Práctica Civil, s. 1., Tip. El Eco de Yauco, 1945, T. II, pág. 371, esc. 283; H. Brau del Toro, Apuntes para un curso sobre el estado del Derecho Inmobiliario Registral puer-torriqueño, bajo la Ley Hipotecaria de 1893, 48 Rev. Jur. U.P.R. 113, 185-186 (1979); V. Ribelles Ortiz, Declaraciones de obra nueva y su inscripción en el Registro, 19 Rev. C. Der. Inmob. 1, 3-5 (1946).

La Ley Hipotecaria de 1893 no disponía nada sobre el particular que nos ocupa, mas la jurisprudencia y la doctrina se han expresado repetidamente sobre el asunto. Muñoz v. Reg. de San Juan, Sec. Primera, 23 D.P.R. 651, 652-654 (1916). Ya en Sánchez & Ca. v. El Registrador de la Propiedad, 16 D.P.R. 441 (1910), habíamos resuelto que la inscripción de obra nueva sobre solar inscrito no es necesaria porque el edificio es cosa accesoria del suelo, e inscrito éste debe considerarse inscrito el edificio. La inscripción de obra nueva en solar propio es puramente potestativa, señalamos, y tampoco puede prohibirse, si es que el titular desea beneficiarse de la presunción de que el Registro revela el verdadero estado de la finca. Al mismo efecto: Martin et al. v. Regis. de Arecibo, 22 D.P.R. 149 (1915); Rodríguez v. Reg. de San Juan, Sección Primera, 28 D.P.R. 772 (1920). Sobre el procedimiento para inscribir edificaciones y plantaciones, si es que se desea ejercer la potestad para hacerlo, trátese de obra sobre suelo propio o ajeno, véase: Esso Standard Oil Co. v. Registrador, 88 D.P.R. 306 (1963) () Véase también:Olive ras v. Registrador, 37 D.P.R. 470, 471 (1927); Suárez v. Registrador, 36 D.P.R. 195 (1927).

El Art. 208 de la Ley Hipotecaria española de 1944 y el Art. 308 de su Reglamento() regulan las dos formas de inscripción a que aludimos en Esso. Nuestra Ley Hipotecaria de 1979 no contiene disposiciones similares de orden general. El Art. 198.1 del nuevo Reglamento Hipotecario, en el que se funda el Registrador para requerir el acta de edificación en este caso, dispone:

En casos de propiedad horizontal y en cualquier caso en que se solicite la constancia de una edificación sobre finca inma-triculada, será necesario, en adición a los requisitos que las leyes especiales exijan, acta notarial en la que el notario dé fe de la existencia del edificio y haga constar su descripción general, la que podrá referirse a un plano levantado por inge-niero o arquitecto autorizado siempre que se inscriba simultá-neamente en el Registro de Planos. La fe notarial a tal efecto podrá consignarse en instrumento notarial contentivo de cual-quier contrato celebrado por el titular de la finca.
La constancia de obra nueva a que se refiere el párrafo anterior deberá ser solicitado por todos los que sean titulares de la finca los que señalarán el valor monetario del edificio. Podrá registrarse más de una edificación en una misma finca.
Si la existencia de una edificación apareciera del documento a inscribirse como dato adicional en la descripción de la finca, podrá hacerse constar como aparezca del documento, sin ningún otro requisito. Pero en este caso no podrá inscribirse contrato alguno que tenga por objeto sólo la edificación o parte de ella excepto que se inmatricule el edificio con sujeción a lo dispuesto en el primer párrafo de esta sección.

Este artículo cumple varios fines. Se hace obligatoria, en primer término, la inscripción de nueva obra en casos de propiedad horizontal. En segundo término, se reconocen legislativamente las dos formas de inscripción de obra nueva admitidas hasta entonces en nuestra jurisprudencia. Cuando se dice en la primera oración del artículo: “En casos de pro-piedad horizontal y en cualquier caso en que se solicite la cons-tancia de una edificación sobre finca inmatriculada, será necesario . . (énfasis suplido), no se está imponiendo obli-gación alguna de inscribir la edificación en casos que no sean de propiedad horizontal o contrato reducido al edificio. La obligación que a continuación se expresa en el artículo nace sólo cuando se determine solicitar tal constancia. De igual forma debe entenderse que el último párrafo del ar-tículo se refiere únicamente a los casos de propiedad horizontal y a la inscripción de contratos que tengan por objeto la edificación exclusivamente, o parte de la misma.

No es de suponer que cambio de tal magnitud, como sería la adopción de una regla de obligatoriedad de inscripción de obra nueva, se efectuase sin constancia en el historial legis-lativo de tal intención. La ausencia de indicio alguno de tal intención en el historial de la nueva legislación hipotecaria, y el propio texto del Art. 198.1 contrastan con la precisión de la Ley de la Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada por la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. sees. 1291, 1292c, 1292d y 1292f), la cual requiere explícitamente la inmatriculación del edificio que va a someterse a ese régimen.

Aun si se presume, para fines de argumentación, la apli-cación del Art. 198.1 a situaciones como la presente, del his-torial registral de la finca en cuestión se desprende que el edificio del señor Janer Vilá está inmatriculado en el Regis-tro. En la primera inscripción, practicada en 1891, se acreditó la posesión del señor Polanco y Delgado de una finca urbana descrita como una casa de altos de madera y bajos de mampostería. En la tercera inscripción se señala que la casa estaba ubicada en un solar propiedad del Muni-cipio de Caguas. En la decimosexta inscripción, practicada en 1962 en virtud de unas hipotecas constituidas por el señor Janer Vilá sobre la finca, se expone que la casa fue reparada y ampliada, lo que produjo un edificio de concreto armado de cuatro plantas. En la decimoctava inscripción se describe nuevamente el edificio y se señala que el municipio segregó el solar en el cual está ubicado el edificio y se lo vendió a Janer Vilá. Adviértase que la finca inmatriculada en este caso originalmente fue la casa en sí. Estamos hablando, además, a partir de la decimoctava inscripción, de edifi-cación radicada en solar propio. Bajo la doctrina de Esso quedó efectuada la inscripción de la obra.

En resumen, la negativa en este caso a inscribir el con-trato de arrendamiento por faltar el acta de edificación a que se refiere el Art. 198.1 del Reglamento es improcedente. El Art. 198.1 es inaplicable.

La Ley de ARPE

El segundo defecto señalado por el Registrador fue la falta de acreditación por ARPE de que la supuesta segre-gación ocurrida al arrendar el local había sido autorizada. Luego se refirió el Registrador a la ausencia del permiso de uso.

El arrendamiento de un local no costituye una lotificación o segregación a los fines de la legislación vigente. Art. 3(h) de la Ley de ARPE, 23 L.P.R.A. sec. 71b(h). El Registrador no ha insistido en este señalamiento en su escrito ante este foro.

Le asiste entera razón al Registrador, no obstante, en lo que atañe al permiso de uso. Las disposiciones del Art. 16 de la citada ley, 23 L.P.R.A. sec. 71o, son terminantes. Su primer párrafo expresa:

A partir de la vigencia de los reglamentos que para desa-rrollo y uso de terrenos, así como para la construcción y uso de edificios, hayan sido adoptados, o que se adopten, conforme a ley, no podrá usarse ningún terreno o edificio, ni ninguna parte de éstos, a menos que el uso sea de conformidad con dichos reglamentos y de acuerdo con el permiso que se con-ceda por la Administración, según se disponga en dichos reglamentos, en este Capítulo o en cualquier otra ley aplicable, o para el mismo fin para el cual se usaban y hasta donde se usaban cuando entraron en vigor dichos reglamentos.

El recurrente se allana a la presentación del referido permiso y a la entrega del comprobante de pago exigido.

Se revocará la recalificación del Registrador en cuanto al requerimiento de un acta de edificación, mas se confirmará la exigencia de presentar el correspondiente permiso de uso de ARPE y el comprobante de pago requerido por el Registrador.

      (1) En Esso, pág. 312, expresamos que las edificaciones en suelo propio e inscrito pueden inscribirse de una de dos formas. La primera consiste en lograr la registración de la obra nueva aprovechando la ocasión de que se inscriba un título constitutivo, declarativo, reconocitivo, modificativo o translativo del dominio o de un derecho real, en el cual se haga constar la obra nueva. La segunda forma seña-lada en la opinión tiene lugar cuando se pretende registrar la obra nueva, no con-juntamente con la inscripción de un acto registrable, sino aisladamente, mediante la formalización de un documento dirigido únicamente a ese fin. El Tribunal expresó además que cuando la edificación se construye en suelo ajeno sólo procede la segunda forma de inscripción, es decir, la inscripción específica.

      (2) El Art. 208 de la Ley Hipotecaria española de 1944 dispone:
      “Las nuevas plantaciones, así como la construcción de edificios o mejoras de una finca urbana podrán inscribirse en el Registro por su descripción en los títulos referentes al inmueble. También podrán inscribirse mediante escritura pública, en la que el contratista de la obra manifieste estar reintegrado de su importe por el propietario, o en la que éste describa la edificación, acompañando certificado del Arquitecto Director de la obra o del Arquitecto municipal.”
      El Art. 308 del Reglamento dispone:
      “Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 208 de la Ley, la inscripción de las nuevas plantaciones, así como la construcción de edificios o mejoras de las fincas urbanas, podrá efectuarse:
      “Primero. Mediante su descripción en los títulos referentes al inmueble por los que se declare, reconozca, transfiera, modifique o grave el dominio y demás dere-chos reales, o se haga constar solamente la plantación, edificación o mejora.
      “Segundo. Mediante escritura pública descriptiva de la obra nueva, en la que el contratista manifieste que ha sido reintegrado del importe de la misma o a la que se acompañe certificado del Arquitecto director de la obra o del Arquitecto municipal, acreditativo de que la construcción está comenzada o concluida.”