author: Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José L. Padilla Soto, acusado y apelante.

      Número: CR-93-150

      Resuelto: 21 de abril de 1995

      Giovanni Irrizarry Sierra y Wanda T Castro Alemán, de la Sociedad para la Asistencia Legal, abogados del apelante; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abo-gados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El Ministerio Público presentó acusación contra el ape-lante José A. Padilla Soto por violación al Art. 188A del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4306a (Fraude en la Ejecu-ción de Obras de Construcción). Celebrado el juicio ante Jurado, fue encontrado culpable y sentenciado a cumplir un (1) año de prisión y a restituir al peijudicado la suma de cuatrocientos dólares ($400). Inconforme, acudió ante nos mediante recurso de apelación. Actualmente se encuentra bajo fianza en apelación. Luego de analizar la Exposición Narrativa de la Prueba (en adelante E.N.P.), concluimos que el apelante no tuvo la intención específica de defraudar que requiere el delito por el cual fue hallado culpable. Pro-cede, por lo tanto, revocar la sentencia recurrida. Veamos.

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El Sr. José L. Padilla Soto fue contratado por el Sr. Pedro Emilio Claudio Berenguer para que le construyera unos gabinetes de cocina y baño. Ambos se conocían desde jóvenes, cuando compartían jugando ajedrez todos los días en la plaza de Guánica. Según expuso el señor Claudio Berenguer, el apelante era su amigo. E.N.P., pág. 5. El ape-lante se había dedicado a la ebanistería durante los últi-mos veintitrés (23) años. E.N.P., pág. 10. Tenía un taller que fue visitado por la Sra. Marta Maribel Montalvo del Valle, esposa del señor Claudio Berenguer.

Éstos pactaron el precio en tres mil quinientos treinta dólares ($3,530) y se le entregaron al apelante alrededor de dos mil doscientos dólares ($2,200) por adelantado. E.N.P., pág. 3. El término para completar la obra era hasta jubo de 1992. E.N.P., págs. 4 y 12.

El apelante compró los materiales y comenzó a trabajar en la obra inmediatamente después de recibir el dinero. Al ver que el apelante trabajaba en ello constantemente, la señora Montalvo del Valle le entregó la llave de la casa para que “no tuviera que estar detrás de [ella] buscándo[la] por todo el pueblo para abrir.” E.N.P., pág. 8.

Las partes acordaron luego una modificación al con-trato, cambiando el tope por uno de cerámica. El 8 de julio de 1992 la señora Montalvo del Valle y el apelante fueron a la ferretería para comprar los materiales. Una semana más tarde, el apelante le informó que la cerámica se había despegado y ella visitó el taller, confirmando la situación alegada. E.N.P., pág. 7. La testigo manifestó que durante las dos primeras semanas de julio vio que la obra “iba bien” pero que luego vino el contratiempo de la cerámica. E.N.P., pág. 8. De aquí en adelante lo que ocurrió no está claro. Según la señora Montalvo del Valle, el apelante le pidió tiempo adicional para corregir el trabajo y ella se lo concedió. E.N.P., pág. 7. Conforme al testimonio del señor Claudio Berenguer, cuando se encontró con el apelante ha-blaron de hacer ajustes en el contrato, pero no acordaron nada pues se pelearon. E.N.P., pág. 4. Éste señaló, además, que durante el mes de agosto buscó al apelante infructuo-samente y que en septiembre de 1992 tuvo que salir de Puerto Rico por motivo de una enfermedad de su hija, sin poderle avisar antes al apelante, regresando el 24 de octu-bre de 1992.

El apelante, por su parte, testificó que el 23 de julio de 1992, en horas de la noche, acordó con el matrimonio Claudio-Montalvo que el tope de los gabinetes se terminaría en plástico laminado según lo acordado originalmente. E.N.P., pág. 13. Posteriormente fue a llevar los gabinetes, pero una vecina del matrimonio le informó que éstos se habían marchado a Estados Unidos, razón por la cual optó por rio dejarlos. De todas formas, los gabinetes no podían ser ins-talados debido a que la casa no contaba con energía eléctrica. Desconociendo las circunstancias del viaje, el apelante utilizó parte de los gabinetes para otro cliente que contrató durante la ausencia del señor Claudio Berenguer. E.N.P., págs. 13-14. Cuando este último regresó de Esta-dos Unidos exigió la instalación inmediata de los gabinetes. El apelante instaló el gabinete del fregadero, otro en forma de “L” y el del baño. Según el apelante, luego volvió para terminar, pero el señor Claudio Berenguer no le permitió entrar. E.N.P., pág. 15.

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El planteamiento central en el caso gira precisamente en torno al tipo de conducta que es necesario probar más allá de duda razonable para sostener una acusación por el delito de Fraude en la Ejecución de Obras de Construcción y el grado de prueba requerido para ello. Este delito fue incorporado en el Código Penal mediante la Ley Núm. 63 de 5 de julio de 1988, con el objetivo “de penalizar ... los actos de los contratistas, empresarios, ingenieros y arqui-tectos de obras, que después de recibir el dinero para la ejecución de una obra no usan el dinero para ese propósito y no realizan ni completan el trabajo contratado”. Exposi-ción de Motivos de la Ley Núm. 63, supra, 1988 Leyes de Puerto Rico 306. Así, dicho delito quedó tipificado en el Art. 188A del Código Penal, supra, de la manera siguiente:

Todo empresario, ingeniero, contratista o arquitecto de obras, y todo aquel que fuere contratado o se comprometiere a ejecutar una obra y que, luego de recibir dinero como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado, con la intención de defrau-dar incumpliere o contraviniere la obligación de ejecutar o com-pletar la obra según pactada será sancionado con pena de re-clusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discre-ción del tribunal, si el valor de la obra pactada y no ejecutada fuere menor de doscientos (200) dólares.
Si el valor de la obra pactada y no ejecutada fuere de doscien-tos (200) dólares o más será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuan-tes podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.
En el caso de las personas jurídicas, cuando el valor llegare o excediere de doscientos (200) dólares, el tribunal impondrá una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares. Además impondrá la pena de suspensión.
En todos los casos, independientemente del importe del dinero recibido como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado, el tribunal ordenará además que la persona con-victa resarza a la parte perjudicada por el doble del importe del dinero recibido como pago parcial o total para ejecutar el tra-bajo contratado. (Enfasis suplido.)

Surge de lo anterior que nuestra Asamblea Legislativa, al tipificar este delito, no tuvo el objetivo de penalizar cual-quier incumplimiento de un contrato de obra de construcción. En particular, el incumplimiento que se inte-resa penalizar es aquel que se realiza con la intención es-pecífica de defraudar a quien pagó para que se ejecutara la obra.

El delito que se establece en la disposición legal que nos ocupa sólo puede cometerse por personas que han sido con-tratadas para ejecutar una obra de construcción. Se confi-gura el delito a base de los elementos siguientes: (1) Una definición de cuál es la obra de construcción y los términos y condiciones pactados para ejecutarla; (2) la persona con-tratada debe haber recibido dinero como pago total o par-cial para ejecutar la obra; (3) el incumplimiento por parte de dicha persona con los términos y condiciones para eje-cutar la obra, y (4) la intención o propósito específico de la persona de defraudar a aquéllas con las que se obligó. Pueblo v. Sierra Rodríguez, 137 D.P.R. 903 (1995).

Se trata de un delito de intención específica que re-quiere para su configuración, además de la intención general dispuesta en el Art. 15 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3062, que el imputado haya actuado con la intención específica de defraudar. Los delitos de intención específica son aquéllos cuyo resultado delictivo ha sido previsto y querido por la persona como consecuencia de su conducta. Art. 15(a) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062(a). Se trata de aquellas situaciones en que la persona tiene un deseo expreso de efectuar el acto y quiere la producción del resultado, el cual ratifica con su actuación. Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80, 90 (1988); Pueblo v. Robles González, 132 D.P.R. 554 (1993). Véanse sobre “intención general”: Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 D.P.R. 365 (1990); Pueblo v. Castañón Pérez, 114 D.P.R. 532, 539 (1983). Debido a esto, el grado de prueba requerido al Ministerio Pú-blico exige que se demuestre que el imputado incumplió con los términos y las condiciones de un contrato de obra de construcción y que lo hizo con el propósito definido y específico de defraudar a aquellas personas con las que se obligó. Nuestro ordenamiento penal define la conducta fraudulenta como aquélla “cometidfa] mediante ardid, si-mulación, trama, treta o mediante cualquier forma de engaño”. Art. 7(15) del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022(15).

Al considerar el requisito de intención de defraudar a otra persona, para fines de sostener una acusación por el delito de falsificación de documentos, Art. 271 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4591, señalamos en Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867, 877 (1989), que “[defraudar quiere decir privar a una persona de un bien, derecho o interés con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias”. Indicamos, además, que “la inten-ción de defraudar implica un propósito de obtener una ven-taja material sobre [otra persona], o de inducirla a des-prenderse de algún valor, derecho, privilegio u obligación ...”. Pueblo v. Flores Betancourt, supra, pág. 877.

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De la prueba presentada por el Ministerio Público surge que el apelante fue contratado por el señor Claudio Beren-guer para construir unos gabinetes de cocina y de baño. Para ello se le entregó un pronto de dos mil doscientos dólares ($2,200). Sobre estos puntos no existió controversia. Lo que sí se debatió fue el elemento de la intención específica de defraudar.

La presunción de inocencia es el principio cardinal en nuestro ordenamiento jurídico penal. Es en virtud de este principio que se le impone al Estado el peso de la prueba para demostrar la culpabilidad de un acusado. Por su tras-cendencia goza de rango constitucional y es uno de los de-rechos más fundamentales del acusado. Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

Conforme con este principio, la Regla 110 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece el quantum de prueba necesario para derrotar esta presunción, como aquella que demuestre la culpabilidad más allá de duda razonable. Indica, además, que en caso de que exista duda razonable, en cuanto a la culpabilidad del acusado deberá absolvérsele.

La duda razonable es la que surge luego de una. serena, justa e imparcial consideración de toda la evidencia del caso o de la falta de suficiente prueba en apoyo de la acusación. Pueblo v. Malavé Sánchez, 95 D.P.R. 395, 399 (1967). Reiteradamente hemos expresado que merece gran deferencia la aquilatación de la evidencia por el juzgador de los hechos. No obstante, dicho principio de respeto y consideración no ha impedido que revoquemos la convic-ción de un acusado cuando, luego de evaluar la prueba des-filada, hemos determinado que no se estableció la culpabi-lidad del acusado más allá de duda razonable. Véanse: Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Álamo Álamo, 116 D.P.R. 673 (1985); Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608 (1981); Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809 (1974); Pueblo v. Rivera Arroyo, 100 D.P.R. 46 (1971); Pueblo v. Ayala Ortiz, 97 D.P.R. 168 (1969); Pueblo v. Malavé Sánchez, supra; Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967); Pueblo v. Luciano Arroyo, 83 D.P.R. 573 (1961). Según dijimos en Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 551-552 (1974):

Hasta tanto se disponga de un método infalible para averi-guar sin lugar a dudas dónde está la verdad, su determinación tendrá que ser una cuestión de conciencia. Ese deber de con-ciencia no para en el fallo del tribunal sentenciador. Nosotros también tenemos derecho a tenerla tranquila.

La determinación de si se ha probado la culpabilidad más allá de duda razonable es, pues, revisable como cues-tión de derecho. Pueblo v. Miranda Ortiz, supra; Pueblo v. Pagán Díaz, supra; Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966).

En el caso de autos, el análisis de la E.N.P. nos lleva a concluir que el apelante no tuvo la intención específica de defraudar que requiere el Art. 188A, supra. Surge, con me-ridiana claridad, que los gabinetes de cocina fueron termi-nados en un momento dado, lo cual revela que el apelante contrató de buena fe la obra en cuestión. Posteriormente, por surgir el defecto en la pega y por el viaje imprevisto del matrimonio Claudio Montalvo, no pudieron ser entregados en su totalidad. El apelante desconocía cuándo regresaría el matrimonio y por ello utilizó, lo que pudo haber sido un acto impropio, parte de los gabinetes para otra obra. Esta situación de hechos es litigable propiamente en el área civil bajo las doctrinas aplicables de derecho contractual. El Procedimiento Criminal no debe convertirse en sustituto de una acción civil por incumplimiento de contrato. Pueblo v. Mattei Santiago, 132 D.P.R. 18 (1992).

Por tal razón, entendemos que en el caso ante nos se aplicó erróneamente el Art. 188A, supra, el cual sólo debe ser utilizado en casos en que quede claramente establecido el propósito de cometer fraude. El simple hecho de no ter-minar una obra bajo contrato, o hacerlo defectuosamente, no puede interpretarse como equivalente a la intención es-pecífica de defraudar que constituye un elemento del delito imputado.

Por todo lo antes expuesto, se dicta sentencia revocando la emitida por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, el 22 de noviembre de 1993.

Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Fuster Berlin-geri emitió un voto disidente, al cual se unieron los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri,

al cual se unen los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton.

No estoy de acuerdo con la determinación de la mayoría del Tribunal, formulada en la sentencia dictada en este caso, en cuanto a que el apelante no tuvo la intención es-pecífica de defraudar a sus clientes que requiere el delito tipificado en el Art. 188A del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 4306a. Me parece que la apreciación de los hechos del caso realizada por la mayoría ha estado muy matizada por su creencia, reiterada en la sentencia alu-dida, de que “el Procedimiento Criminal no debe conver-tirse en sustituto de una acción civil por incumplimiento de contrato”. Sentencia, pág. 351. Por ello, la mayoría llega a una conclusión que es contraria al mandato legislativo in-corporado en el referido artículo del Código Penal, lo que me obliga a disentir. Veamos.

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El Art. 188A del Código Penal de Puerto Rico, supra, fue incluido en nuestro ordenamiento jurídico en fecha re-ciente, el 5 de julio de 1988, con el propósito de darle pro-tección efectiva al consumidor puertorriqueño frente a lo que el legislador consideraba que era una práctica abusiva, que ocurría impunemente muy a menudo en el país. Según los autores de la medida, los consumidores de Puerto Rico, particularmente los de clase media y clase media baja, su-fren con frecuencia a causa de personas que han sido con-tratadas para realizar algún trabajo en la residencia del contratante, toman dinero de éste y luego intencional-mente no completan el trabajo contratado, defraudando impunemente a quien se lo había encomendado. El legisla-dor decidió que era necesario penalizar tal conducta porque los remedios civiles, que tenía hasta entonces el consumidor a su disposición para protegerse contra la misma, no eran adecuados. La intención legislativa fue precisamente crear una medida penal que tuviese la efectividad que carecía la acción civil.

El incuestionable fin legislativo surge de la exposición de motivos de la ley que estableció el delito en cuestión, en la que se expresó lo siguiente:

Como es de conocimiento general, en Puerto Rico se registran casos de personas inescrupulosas que celebran contratos, mu-chas veces orales, para construir obras o reconstruir estructu-ras y, luego de recibir el dinero para ejecutarlas, desaparecen o las abandonan sin realizarlas o completarlas de acuerdo a los términos pactados con los clientes.
Aun cuando los perjudicados pueden instar una acción civil por incumplimiento de contrato o iniciar aquellas acciones que le proveen otras leyes especiales, estos remedios resultan lentos o costosos.
A fin de evitar y desalentar esta clase de conducta y de pro-veer un mecanismo más ágil y efectivo, para sancionar esta práctica, es necesario e imperioso tipificar y penalizar como de-lito los actos de los contratistas, empresarios, ingenieros y ar-quitectos de obras que después de recibir el dinero para la eje-cución de una obra no usan el dinero para ese propósito y no realizan ni completan el trabajo contratado.
Debido a la gravedad de la situación la persona que incurra en esta actuación será sancionada del mismo modo que los Ar-tículos 165 y 166 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico penalizan a las personas convictas por apropiación ilegal y por apropiación ilegal agravada. A estos efectos se gra-dúa la pena a tenor con el importe del dinero recibido como pago total o parcial para ejecutar el trabajo contratado.
Además se dispone que en todos los casos el tribunal orde-nará a la persona convicta del delito a resarcir a la parte per-judicada por el doble del importe del dinero recibido. Ello no afecta la responsabilidad civil de las personas que incurran en la comisión del delito. (Énfasis suplido.) Exposición de Motivos de la Ley Núm. 63 de 5 de julio de 1988, Leyes de Puerto Rico 307.

El fin legislativo aludido surge claramente también de las expresiones de algunos legisladores en el hemiciclo, como los siguientes:

Senador SILVA ... “Sin embargo, este proyecto tiene una justi-ficación, y una justificación social... aunque sí, existe el proce-dimiento civil, del mecanismo civil para resarcir a estas perso-nas, la realidad del asunto es que la cantidad envuelta que [sic] siempre es tan poca que se queda (sic) con la suya y hay una conducta consuetudinaria que las personas se dedican a esto a cogerle depósitos a las viejitas para hacerle una obra ya sea arreglarle un techo o una marquesina una reja y luego, no lo cumplen y sabiendo que le es más costoso el reclamo que, [sic] y el problema y el trabajo y la, [sic] y todo lo que conlleva ese reclamo en la corte, en el Tribunal Superior Civil que lo que vale el reembolso en realidad.”
Senador MIRANDA CONDE ... “Señor Presidente, yo viví ese drama ya hace unos cuantos años atrás. Hay algo que estamos pasando por alto cuando estamos hablando de esta medida, y es el hecho factual [sic], de que en Puerto Rico el mercado más grande no es de construir casas. El mercado más grande que hay aquí en Puerto Rico es de las mejoras de casas, y todas son residenciales. Y usualmente son de una sola planta. Usual-mente son terreras y usualmente son en lugares de clase media baja y clase media.
Yo aprecio las delicadezas en cuanto a que si el castigo es inusitado, que si es cruel, que si el Jurado le va a coger pena, todo eso yo lo aprecio y lo respeto.... Pero aquí estamos obliga-dos a pensar no solamente en las protecciones individuales constitucionales y en los sistemas procesales, criminales y to-das esas cosas, sino pensar también [sic] la ciudadanía, que es donde estos “chiveros” hacen sus mayores estragos. Diario de Sesiones de 21 de abril de 1988, págs. 1156, 1159.

Como puede observarse, no cabe duda alguna de que el legislador quiso establecer una medida penal, que fuese más efectiva que la acción civil por incumplimiento de con-trato, para desalentar así la práctica de aquellos que inten-cionalmente tomaban dinero de un consumidor para reali-zar una obra y luego no la completaban.

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Examinemos la prueba desfilada en el presente caso para decidir si el juzgador de los hechos tuvo base sufi-ciente, para encontrar al acusado culpable del delito en cuestión.

Según surge del Informe del Procurador General, que a su vez cita de la exposición narrativa de la prueba, el acu-sado se comprometió contractualmente a entregar los ga-binetes de baño y cocina en cuestión el 15 de julio de 1992, pero no lo hizo, porque supuestamente la cerámica de dichos gabinetes se había despegado. El acusado entonces solicitó una prórroga de dos semanas para completar el trabajo.

Pasadas las dos semanas adicionales, el acusado no en-tregó los gabinetes. Más aún, transcurrió todo el mes de agosto sin que éste cumpliese con su obligación. Durante ese tiempo Pedro Claudio, quien había contratado al acu-sado para que hiciera los gabinetes, intentó comunicarse con éste para saber del trabajo, pero nunca lo encontró en su taller. La esposa de Claudio sí logró hablar con el acu-sado en una ocasión durante ese mes y éste le indicó que no le había llevado los gabinetes porque no tenía transportación. La señora Claudio le ofreció entonces su guagua para ello y el acusado aceptó, pero aim así no en-tregó los gabinetes.

Durante el siguiente mes de septiembre el acusado tam-poco entregó los gabinetes y Claudio intentó comunicarse con el acusado, sin éxito.

El 25 de septiembre de ese año Claudio y su esposa tu-vieron que ausentarse de Puerto Rico a causa de la enfer-medad de una hija. Claudio regresó a Puerto Rico el 24 de octubre de 1992 y al llegar a su residencia encontró que el acusado continuaba sin instalar los gabinetes, a pesar de que había tenido una llave de la casa de los señores Claudio para poder entregar dichos gabinetes, aunque los Claudio no estuviesen presentes.

El 27 de octubre Claudio presentó una querella en el Cuartel de la Policía de Guánica contra el acusado, por su constante incumplimiento con su obligación de entregar los gabinetes, por los cuales ya había recibido $2,300. Ello dio lugar a que el 30 de octubre un fiscal de la Fiscalía de Ponce se entrevistara con el acusado y le ordenara termi-nar los gabinetes dentro de un plazo de 25 días laborables.

El acusado no cumplió con las instrucciones que le im-partió el Fiscal. A fines de noviembre entregó algunos ga-binetes y a fines de diciembre les llevó otros, pero nunca entregó la obra completa que se le había encomendado. Por ello, el 26 de enero de 1993, Claudio volvió a querellarse contra el acusado en el Cuartel de la Policía de Guánica. La policía no logró encontrar al acusado debido a que éste se había mudado de donde residía antes. Se consultó a Fis-calía sobre el particular, lo que dio lugar a que el asunto se sometiese ante el Tribunal de Distrito de Yauco.

El acusado nunca completó el trabajo.

I — I ► — I J — I

Como puede apreciarse de un análisis imparcial y obje-tivo de la prueba, aunque el apelante obtuvo una cantidad significativa de dinero del querellante, reiteradamente le dio largas al asunto de realizar el trabajo encomendado, valiéndose de tretas dilatorias para ello. Abusó de la con-fianza que Claudio había puesto en él y no cumplió con la obligación contraída. Su conducta no sólo apareja una clara intención de defraudar, según lo hemos definido en Pueblo v. Flores Betancourt, 124 D.P.R. 867 (1989), sino que además constituye precisamente el tipo de actuación que el legislador pretendió penalizar. Como bien señala el Procurador General en su informe, el caso de autos trata de la actuación de una persona que obtiene dinero de un ciudadano y después, intencionalmente, mediante diversas estrategias, no realiza el trabajo conforme lo acordado, re-tiene el dinero y vence al cliente con la fuerza del pasar del tiempo. Eso fue exactamente lo que el legislador prohibió mediante el Art. 188A del Código Penal, supra, según re-señado antes.

La prueba desfilada refleja claramente la intención de defraudar del apelante que requiere el delito en cuestión. Si la mayoría de este Tribunal no lo entiende así, es porque erradamente insiste en pensar que el incumplimiento contractual no debe ser materia del Derecho Penal. Tal, sin embargo, no es el juicio del legislador, quien tiene la facul-tad de definir delitos en nuestro sistema de gobierno. Po-demos diferir respecto a la sabiduría del legislador cuando éste aprueba leyes como las que tenemos ante nos ahora, pero, salvo defectos constitucionales, tenemos el deber de aplicar aun las que no consideramos adecuadas. Como la mayoría en la sentencia ante nos sigue un curso distinto al que creo procedente, DISIENTO.


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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Raúl Alberti Santiago, recurrente.

      Número: CE-94-397

      Resuelto: 24 de abril de 1995

      Joaquín Martínez García, abogado del recurrente; Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Delmarie Vega Lugo, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

La controversia que debemos resolver es si incumplir con el requisito de cumplimentar y devolver diligenciada una orden de allanamiento dentro de los diez (10) días de la fecha de su libramiento, según dispone la Regla 232 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, vicia un regis-tro realizado conforme a una orden de registro y allana-miento válida.

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Hechos

Contra el peticionario Raúl Alberti Santiago se deter-minó causa probable por el delito de posesión con la inten-ción de distribuir la sustancia controlada conocida como “marihuana”. Dicha determinación de causa fue motivada por el allanamiento realizado en virtud de una orden li-brada por el tribunal el 1ro de noviembre de 1993, la cual no consta en el expediente del tribunal de instancia por no haber sido devuelta diligenciada. Presentada una moción solicitando la supresión de la evidencia y celebrada la vista a tales efectos, surgió en ésta que el agente que diligenció la orden no efectuó el inventario conforme dispone la Regla 232 de Procedimiento Criminal, supra. Tampoco surgió del expediente que se hubiese cumplido con el requisito de cumplimentar y devolver diligenciada la orden de allana-miento dentro del período establecido por las Reglas de Procedimiento Criminal. El tribunal de instancia concedió término al Ministerio Público para someter el diligencia-miento del inventario.

Posteriormente compareció el Ministerio Público adu-ciendo que no obraba en los archivos de la División de Dro-gas y Narcóticos de Yauco copia del inventarió, pero que, no obstante, dicha omisión no invalidaba el allanamiento efec-tuado conforme a lo resuelto en Pueblo v. Rodríguez, 73 D.P.R. 323 (1952). No se pronunció con respecto a la omi-sión de devolver la orden de allanamiento diligenciada. Fi-nalmente el tribunal de instancia emitió la resolución de la cual se recurre denegando la moción de supresión. Deter-minó que aun cuando el Ministerio Público no se había pronunciado con respecto a la omisión de devolver la orden de allanamiento diligenciada, los fundamentos expuestos en Pueblo v. Rodríguez, supra, con relación a que el no haber realizado el inventario no invalida el procedimiento, son aplicables, además, a dicho requisito. De acuerdo con el tribunal de instancia, el único propósito del diligencia-miento es precisamente hacer acopio del inventario, por lo que aplicó la misma jurisprudencia para validar el proce-dimiento efectuado y denegar la moción de supresión presentada.

Inconforme, acude ante nos el peticionario aduciendo que erró el tribunal de instancia al denegar la Moción So-licitándose Supresión de Evidencia, ya que no se realizó el inventario, ni se devolvió la orden de allanamiento diligen-ciada según lo dispone la Regla 232 de Procedimiento Criminal, supra.

Ordenamos al Procurador General que mostrara causa por la cual no deberíamos expedir el recurso “y tomando en consideración que no se diligenció la orden de allana-miento, revocar la resolución emitida por el foro de instan-cia mediante la cual se denegó la moción de supresión de evidencia”.

El Procurador General compareció y el peticionario replicó. Estando en posición de decidir, así procedemos a hacerlo, sin ulteriores procedimientos.

hH I — i

Las disposiciones aplicables a la controversia de autos son la Regia 232 de Procedimiento Criminal, supra, y la Regia 233 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Según la Regia 232, supra, el procedimiento para el diligenciamiento de una orden de allanamiento o registro será el siguiente:

1. El funcionario que cumplimenta la orden debe dar a co-nocer la autoridad de que va revestido y el objeto de su visita.
2. Se hará entrega a la persona a quien se le ocupe la pro-piedad o en cuya posesión se encuentre, de copia de la orden y un recibo de la propiedad ocupada; o dejará dicha copia o recibo en el lugar en que se ocupó la propiedad.
3. El diligenciamiento irá acompañado de un inventario es-crito de la propiedad ocupada.
4. El inventario se hará en presencia de la persona que so-licitó la orden y de la persona a quien se le ocupó o en cuya casa o local se ocupó. De no estar presentes dichas personas, el in-ventario se hará en presencia de alguna otra que le fuere digna de crédito al diligenciante.
5. El inventario será jurado por el diligenciante.
6. Copias del inventario serán entregadas por el magistrado previa solicitud de la persona que solicitó la orden o a la persona a quien le fuera ocupada la propiedad. O.E. Resumil de San Filippo, Derecho Procesal Penal, New Hampshire, Equity Publishing Corp., 1990, T. I, Cap. 11, Sec. 11.17, págs. 299-300.

Una orden de allanamiento “se expide contra el lugar o la cosa y la protección constitucional recae sobre el interés individual en la intimidad sobre el lugar y/o objetos contra intervención injustificada del Estado”. (Enfasis suprimido.) Resumil de San Filippo, op. cit., Sec. 11.5, pág. 280. Por esta razón, la Regla 232, supra, así como la Regla 233, supra, bosquejan los requisitos ministeriales necesarios para ejecutar debidamente una orden de registro y allanamiento, de manera que se le garantice al acusado la protección constitucional que disfruta sobre el lugar o cosa. Las disposiciones equivalentes a las Reglas 232 y 233, supra, en la jurisdicción federal son los incisos (d) y (f) de la Regla 41 de Procedimiento Criminal federal, 18 U.S.C. Ap., respectivamente. La regla federal ha sido interpretada jurisprudencialmente en numerosas ocasiones, así como también lo han sido sus contrapartes en las diversas jurisdicciones estatales. En general, los tribunales han resuelto que los requisitos contenidos en la Regla 41(d) y (f) de Procedimiento Criminal federal, supra, de realizar el inventario de la propiedad incautada y devolver la orden de regis-tro diligenciada son deberes ministeriales que no han servido como fundamento para invalidar la ejecución de una orden de registro válida o suprimir la evidencia obte-nida mediante la misma. State v. Moretti, NOS. 73 AP-440, 73 AP-441, 73 AP-442 Court of Appeals of Ohio, Tenth’Appellate District, April 9, 1974; United States v. Dudek, 530 F.2d 684 (6to Cir. 1976); People v. Kirk, 99 Cal.App.3d 89 (1979); State v. White, 707 P.2d 271 (Alaska 1985); United States v. Wyder, 674 F.2d 224 (4to Cir. 1982); United States v. Harrington, 504 F.2d 130 (7mo Cir. 1974); U.S. v. Motz, 936 F.2d 1021 (9no Cir. 1991).

Un deber ministerial es un deber impuesto por ley sobre un oficial público que envuelve meramente la ejecución de una tarea específica la cual nace de unos hechos específicos. Por lo tanto, los deberes ministeriales son mandatories cuando es requisito su ejecución. State v. Moretti, supra; West v. Com., 432 S.E.2d 730 (1993). Los deberes ministeriales impuestos por la Regla 41(d) y (b), supra, a personas autorizadas a ejecutar una orden de registro y allanamiento son deberes que emanan de un requisito estatutario, vis-á-vis de aquellos que emanan de un requisito constitucional, y en ese sentido la regla de-exclusión constitucional no se extiende a violaciones a este tipo de deberes. West v. Com., supra. Una violación de los deberes ministeriales dispuestos en las mencionadas reglas federales no viola derechos fundamentales del acusado. A lo sumo, podría dar lugar a que se hicieran planteamientos sobre la admisibilidad de la evidencia en cuanto a la identidad de una pieza de evidencia, si es que surgiera alguna controversia en cuanto a su identificación. United States v. Dudek, supra.

A pesar de lo antes expuesto, debemos tener bien presente el hecho de que el requisito de devolver diligenciada la orden de registro es parte importante del proceso de ejecutarla. Este requisito: (1) protege la propiedad del invidividuo que ha sido incautada; (2) le provee al acusado un conocimiento del material incautado; (3) le requiere a las autoridades informar, sin' demoras, del material en su poder, y (4) provee para que un juez imparcial pueda pasar juicio sobre la extensión del registro. People v. Kirk, supra.

Ahora bien, el examen que un tribunal debe efectuar para determinar si la omisión de algún requisito de los enumerados en la Regla 41(d) y (f) federal, supra, provocarían la inadmisibilidad de la evidencia obtenida es que el acusado demuestre que dicha omisión le causó perjuicio. U.S. v. Kelly, 14 F.3d 1169 (7mo Cir. 1994); U.S. v. Motz, supra; United States v. Wyder, supra. Claro está, la norma expuesta supone que la orden de registro mediante la cual se incautó el material fue expedida válidamente y su legalidad no está en controversia.

En Pueblo v. Rodríguez, supra, págs: 325-326, tuvimos la oportunidad de expresamos sobre el requisito de realizar un inventario del material ocupado. Allí indicamos que los requisitos relacionados con la preparación y entrega de un inventario al diligenciarse una orden de arresto eran puramente ministeriales y que no invalidaban en forma alguna el procedimiento. En el mismo caso añadimos que si un acusado interesa que se prepare un inventario del material incautado, puede así solicitarlo. Pueblo v. Rodríguez, supra, pág. 326; Regla 232, supra. Véase, también, Pueblo v. Albizu, 77 D.P.R. 896, 905 (1955). Sin embargo, aún no habíamos tenido la. oportunidad de pronunciarnos sobre el requisito de devolver la orden de allanamiento diligenciada. El presente caso nos permite pronunciarnos sobre el particular y adoptar, por considerarla acertada, la norma federal expuesta en cuanto a la omisión de cumplir con el requisito de devolver la orden de allanamiento diligenciada. Concluimos que dicho requisito es un deber ministerial que no invalida un registro efectuado mediante una orden válida expedida a esos efectos. Procedemos a aplicar el análisis que antecede a los hechos particulares que nos ocupan.

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En el caso ante nos, la orden de registro y allanamiento mediante la cual se ocupó el material fue expedida válida-mente y su legalidad no ha sido atacada. El acusado úni-camente levantó omisiones estatutarias en su ejecución; específicamente planteó que no se había realizado ni había devuelto el inventario ni se devolvió la orden diligenciada. Debemos, pues, analizar el posible perjuicio que esta omi-sión le pudo haber causado al recurrente.

De los documentos que obran en el expediente surge, con meridiana claridad, que la orden de allanamiento fue ejecutada correctamente, esto es, según lo especificado en la misma. Consta en autos la declaración jurada del agente Vázquez San Antonio, oficial que participó en el allana-miento, en la cual éste expresa que la orden fue ejecutada según lo especificado en la misma. En la declaración ju-rada del agente Vázquez Santiago, éste detalla la manera en que la orden se llevó a cabo y el material que se incautó. También obra en el récord copia de la orden de allana-miento, la cual está firmada por el propio acusado dando constancia de su recibo. Ambos documentos establecen la legalidad de la orden y dan certeza en cuanto a la identi-dad y procedencia del material incautado. El acusado no ha demostrado que la omisión imputada de no diligenciar la orden de allanamiento le causara un perjuicio tal que justifique la supresión de la evidencia. Por lo tanto, el tribunal de instancia actuó correctamente al denegar la su-presión solicitada y fundamentada en la omisión de devol-ver la orden de allanamiento diligenciada. Este es un requisito impuesto estatutariamente que constituye un de-ber ministerial y no invalida un procedimiento. No existe una regla de exclusión de naturaleza constitucional ni es-tatutaria que requiera la exclusión de evidencia legal-mente obtenida mediante una orden de allanamiento vá-lida, debido a que un funcionario no haya cumplido con un deber. Judicialmente no vamos a imponer una regla de ex-clusión de esta naturaleza.

Por los fundamentos antes expuestos, se expide el auto de certiorari solicitado y se dictará sentencia confirmando la resolución recurrida y se devuelve el caso para procedi-mientos ulteriores consistentes con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López disintieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

       Regla 232 de Procedimiento Criminal:
      “La orden de allanamiento o registro sólo podrá ser cumplimentada y devuelta diligenciada dentro de los diez (10) días de la fecha de su libramiento. El funcionario que la cumplimente dará a la persona a quien se le ocupe la propiedad, o en cuya posesión se encuentre, copia de la orden y recibo de la propiedad ocupada, o dejará dicha copia y recibo en el sitio donde se ocupare la propiedad. El diligenciamiento irá acompañado de un inventario escrito de la propiedad ocupada, hecho en presencia de la persona que solicitó la orden, y de la persona a quien se le ocupó o en cuya casa o local se ocupó la propiedad, de estar dichas personas presentes, y si alguna de ellas no lo estuviere, en presencia de alguna otra persona que fuere digna de crédito. El inventario será jurado por el diligenciante. A requerimiento de la persona que solicitó el allanamiento o registro, o de la persona a quien le fuere ocupada la propiedad, el magistrado entregará a éstas copia del inventario.” 34 L.P.R.A. Ap. II.
      Regla 233 de Procedimiento Criminal:
      “El magistrado a quien se devolviere diligenciada una orden de allanamiento o registro unirá a la misma copia del diligenciamiento, el inventario, las declaraciones juradas y cualesquiera otros documentos que hubiere en relación con la misma, y la propiedad ocupada, remitiéndolo todo inmediatamente al tribunal que conociere o hubiere de conocer del delito en relación con el cual se expidió la orden de allana-miento o registro.’^ 34 L.P.R.A. Ap. II.