author: El Juez Asociado Señor Hernández Dentón

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Raúl Hernández Mercado, apelante.

      Números: CR-87-115
    CR-87-98

      Resueltos: 21 de mayo de 1990

      Víctor M. Agrait Defilló, abogado del apelante; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Awilda Irizarry Pardo, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Dentón

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente, en un caso revestido de interés público, nos corresponde dirimir el conflicto entre el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial y el derecho de la prensa a informar lo que ocurre en el proceso investigativo y judicial por unos aconte-cimientos que conmovieron al país.

Mediante apelación, el joven Raúl Hernández Mercado im-pugna el fallo —condenatorio por unanimidad— de un Jurado por los delitos de asesinato en primer grado, tentativa de robo, robo e infracción a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.PR.A. sees. 416 y 418. Ante nos sostiene, entre otros, que las reseñas de los periódicos sobre la acusación y el juicio por la muerte de Natalio Bayonet Tartak le privaron de su derecho a un juicio justo e imparcial. También sostiene que se cometieron errores en su identificación y en la admisibilidad de su confesión. Examinada cuidadosamente la extensa transcripción de la eviden-cia y los excelentes alegatos de las partes, confirmamos la sentencia apelada.

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El Ministerio Publico presentó contra Raúl Hernández Mercado —de dieciséis (16) años— acusaciones por los delitos de asesinato en primer grado, robo, tentativa de robo y violación a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, supra. Se le imputó dar muerte al adolescente Natalio Bayonet Tartak utili-zando un arma de fuego que portaba ilegalmente mientras intentaba cometer el delito de robo. Además se le inculpó la comisión del delito de robo al apropiarse ilegalmente del automó-vil de los jóvenes Juan Ramón Pérez Pérez y Carmen Milagros Lucca, mediante el uso de violencia e intimidación.

Por estos hechos el Tribunal de Menores renunció a su jurisdicción y el apelante fue juzgado en el tribunal ordinario para adultos. Pueblo en interés menor R.H.M., 126 D.P.R. 404 (1990).

La prueba evaluada por el Jurado consistió en que durante la Semana Santa, el 14 de abril de 1987, a eso de las 8:15 p.m., el joven Natalio Bayonet Tartak y su señora madre, Doña Norma Tartak de Bayonet, fueron a buscar unas películas religiosas a un club de video ubicado en la marginal del expreso Baldorioty de Castro en Isla Verde. Una vez en el lugar, Bayonet Tartak estacionó su vehículo SAAB y junto a su madre fue a la caseta de autoservicio de la tienda. Al no conseguir las películas que buscaban, Bayonet Tartak se retiró hacia su automóvil, quedán-dose la señora Tartak de Bayonet hablando con unos empleados del negocio. T.E., págs. 914-947.

De regreso a su automóvil se le acercó de frente un “joven delgado, de pelo claro, lacio y bajito” y comenzó a hablar con él. Minutos después se escuchó una detonación y Bayonet Tartak cayó al suelo herido. El “joven delgado” salió corriendo en dirección a un vehículo donde se encontraba el testigo Efraín López Leván, para luego internarse en unos árboles cercanos al lugar. T.E., págs. 954-956.

Detrás del referido negocio se encontraban Juan Ramón Pérez Pérez (sentado en la acera) y su novia Carmen Milagros Lucca (dentro de su automóvil) conversando. Pérez Pérez había oído la detonación, pero pensó que se trataba de unos “petardos”. Acto seguido observó a una persona corriendo hacia ellos, que describió como rubio, bajito y flaquito con la nariz achatada y portando un revólver en su mano izquierda. Esa persona se acercó y amenazó a ambos testigos: “bájate del carro o te voy a pegar otro tiro a ti, como a él” T.E., pág. 1080. Pérez Pérez se retiró del automóvil hacia atrás como unos cinco (5) pies. Enton-ces, el asaltante ordenó a Carmen Milagros Lucca que se bajara del automóvil y le entregara las llaves. Luego de observar al asaltante y verificar que portaba un arma en su mano izquierda, ella se bajó del vehículo y le entregó las llaves. Inmediatamente el agresor entró al vehículo y huyó del lugar.

Acto seguido Pérez Pérez, que vive en el lugar donde ocurrió este incidente, buscó su arma, para la cual tiene autorización, su automóvil y emprendió una peligrosa persecución tras él. Durante la persecución, que se extendió por toda la Avenida Baldorioty de Castro hasta el Túnel de Minillas en Santurce, el testigo disparó y chocó en varias ocasiones el automóvil conducido por el asal-tante. Como consecuencia de esos impactos el asaltante perdió el control del carro que conducía al internarse en el Túnel de Minillas. A pesar de eso, pudo escapar saliendo del túnel y tomando la carretera que conduce al Expreso Las Américas. Pérez Pérez continuó siguiéndolo y, cerca del puente que hay en la mencionada carretera, volvió a impactarlo. El asaltante perdió definitivamente el control del carro. Inmediatamente, con la ayuda de más personas que aparecieron en el lugar, procedió a arrestarlo civilmente. El arrestado resultó ser el apelante Raúl Hernández Mercado. T.E., págs. 1022-1107.

Mientras todo esto transcurría, Bayonet Tartak fue trasla-dado en ambulancia al Hospital Pavía en Santurce. Allí fue atendido por varios médicos, incluyendo a su padre el Dr. Natalio Bayonet. Finalmente murió como consecuencia de la herida de bala recibida.

Así las cosas, el 17 de abril de 1987 la agente Laura Príncipe recogió al apelante en el Hogar Juvenil de Humacao para conducirlo al Centro de Investigaciones en Hato Rey, donde se le sometió una querella por la falta de asesinato en primer grado. La agente obtuvo la dirección de los padres del apelante y buscó a su madrastra, la Sra. Leonilda Ortiz, y al hermano mayor para que la acompañaran al mencionado Centro. Después de hacerle las advertencias legales correspondientes, Hernández Mercado in-formó que lo que tenía que decir lo diría “con abogado o sin abogado, en cualquier lugar y que sólo quería volver a Humacao”. T.E., págs. 882-883. Inmediatamente procedió a relatar su confesión de los hechos según antes expuestos.

Celebrado el juicio por jurado, éste rindió veredicto de culpabilidad en todos los cargos imputados. Luego de celebrada una vista de agravantes, el tribunal (Hon. Crisanta Rodríguez, Juez) sentenció al apelante a cumplir consecutivamente ciento cuarenta y cuatro (144) años de prisión. ()

De esta sentencia apela Hernández Mercado. Le imputa al tribunal de instancia la comisión de varios errores que, en síntesis, se refieren al impacto de la publicidad excesiva que tuvo el caso en la etapa del voir dire, errores en la identificación del apelante y la admisibilidad de una confesión hecha por éste.() No le asiste la razón.

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En su primer señalamiento, Hernández Mercado sostiene que debido a la publicidad excesiva en la etapa del voir dire no tuvo un juicio imparcial.() El apelante presentó verbalmente una moción de suspensión de juicio, alegando que habían sido publicados una serie de artículos periodísticos que prejuzgaban al acusado e influenciaban negativamente a los candidatos a jurados. La ilus-trada juez del foro de instancia celebró una vista sobre el particular en la cual admitió en evidencia los recortes periodísti-cos presentados por la defensa.

Después de examinar estas reseñas de la prensa y de escuchar a las partes, el tribunal concluyó que tenía los instrumentos necesarios para garantizar un juicio imparcial mediante una combinación de un extenso voir dire, el aislamiento del Jurado y unas instrucciones específicas.

Como sabemos, “el procedimiento de desinsaculación del jurado es una de las etapas más críticas e importantes de un juicio criminal por cuanto el mismo es uno de los mecanismos mediante los cuales se pretende garantizar que el jurado que intervendrá en el proceso como juzgador supremo de los hechos será uno imparcial, capacitado y libre de prejuicios”. Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 D.P.R. 632, 635 (1985). Con el propósito de garantizar que el Jurado seleccionado no haya prejuzgado al acusado, se le reconoce al magistrado que preside el proceso y a los abogados de las partes facultad para interrogar a los candidatos al Jurado para determinar “su capacidad para actuar” con completa imparcialidad. Regla 119(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. 11.() En esta etapa del caso corresponde al tribunal tomar las medidas necesarias para evitar que la publicidad anterior al juicio y durante el mismo impida un proceso deliberativo fundado únicamente en la prueba vertida en el juicio. Véase, a modo de ejemplo, Sheppard v. Maxwell, 384 U.S. 333, 363 (1966).

Nuestra doctrina parte de la premisa que la publicación de noticias sobre los procedimientos criminales mantiene al público informado sobre asuntos de su interés y que existe un derecho fundamental de la prensa a publicar lo ocurrido en el sistema de justicia criminal. R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. ER., 1986, Vol. II, págs. 1577-1578; L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 856-861. Nuestros anteriores pronunciamientos reconocen que la divulgación de noticias sobre un caso de interés para todo el país “no violenta per se el derecho constitucional de un acusado, sobre quien recae el peso de la prueba para demostrar afirmativa y satisfactoriamente que las mismas fueron de tal naturaleza, impacto y exposición que le han privado de un juicio ante jurado imparcial”. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81, 86 (1982). Véanse, además: Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897, 908 (1969); J.R. Cintrón Rodríguez, Los derechos del acusado y la libertad de prensa, 56 Rev. Jur. U.P.R. 416 (1987).

No olvidemos que la prensa tiene la responsabilidad de informar al pueblo sobre lo que ocurre en las tres (3) ramas del Gobierno para que el país esté mejor informado del trabajo realizado por todos los servidores públicos, particularmente en lo referente a las investigaciones y al procesamiento de acusados por delitos ocurridos. J. Trías Monge, Sociedad, Derecho y Justicia, Río Fiedras, Ed. U.ER., 1986, págs. 320-339. En momentos en que la criminalidad afecta la paz y tranquilidad de todos los puertorriqueños, la prensa cumple una función eminentemente social al divulgar información sobre los casos judiciales. Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10, 14 (1976); E.E. Younger, Some Thoughts on the Defense of Publicity Cases, 29 Stan. L. Rev. 591 (1977). Sin embargo, el desempeño de esta función conlleva también ciertas responsabilidades en determinadas circunstancias. En lo referente a los casos criminales, los diversos medios de comunicación deben tener presente los derechos constitucionales de los acusados, particularmente la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo e imparcial. La publicidad excesiva sobre un caso que sea perjudicial al acusado hace más difícil la selección de un Jurado imparcial y la celebración de un juicio justo.

No obstante, corresponde a la Rama Judicial hacer el delicado balance de interés entre la libertad de la prensa y los derechos de los acusados. Véase también, a modo ilustrativo, Nebraska Press Assn. v. Stuart, 427 U.S. 539, 547-551 (1976). En Pueblo v. Fournier, 77 D.P.R. 222, 297 (1954), reconocimos las dificultades inherentes de esta delicada función judicial:

No existen soluciones fáciles en la tarea de proteger tanto la libertad de prensa como el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial. Los dos intereses que en alguna forma deben balan-cearse han sido descritos por el Juez Frankfurter en su opinión en Maryland v. Baltimore Radio Show, Inc., et al., supra, como sigue a la pág. 920: “Una de las exigencias de una sociedad democrática es que el público sepa lo que ocurre en los tribunales mediante información de la prensa de lo que allí ocurre, a ñn de que el público pueda juzgar si nuestro sistema de derecho penal es justo y correcto. Por otro lado, nuestra sociedad ha separado la corte y el jurado como el tribunal para determinar la culpabilidad o la inocencia a base de evidencia presentada en corte, hasta donde sea humanamente posible.” (Enfasis en el original.)

Aunque la tarea no es fácil, corresponde a los magistrados tomar las medidas necesarias para garantizarle al acusado un juicio justo mediante la selección de las personas que puedan “actuar con entera imparcialidad y rectitud en el asunto que a ella[s] haya de someterse”. (Énfasis suplido.) Regla 121(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.ER.A. Ap. II. Como se espera que el Jurado rinda un veredicto a base de la prueba sometida en el juicio, la publicidad adversa anterior al juicio tiene particular relevancia, pues puede afectar la objetividad de los jurados. Los tribunales tienen los poderes y los instrumentos necesarios para seleccionar los candidatos idóneos y minimizar los efectos adversos de la publicidad anterior al juicio. Chandler v. Florida, 449 U.S. 560 (1981); Murphy v. Florida, 421 U.S. 794 (1975); United States v. Faul, 748 F.2d 1204 (8vo Cir. 1984). Véase, también, Report of the Committee on the Operation of the Jury System on the “Free Press-Fair Trial” Issue, 38 Rev. Jur. U.P.R. 385 (1968).

Entre estas medidas, los magistrados pueden llevar a cabo un voir dire extenso y riguroso que le permita indagar sobre la exposición que han tenido los candidatos a información periodística y la naturaleza de los datos obtenidos a través de las noticias. Esto permite a los jueces examinar cuidadosamente el efecto de la publicidad sobre cada uno de los candidatos al Jurado y recusar a los que advienen con una opinión formada.

En estos casos de notoriedad el tribunal también tiene el poder inherente de otorgar recusaciones perentorias adicionales a las provistas en la Regla 123 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Véase, como ejemplo, United States v. Capo, 595 F.2d 1086 (5to Cir. 1979).

Una vez se selecciona el Jurado, el tribunal también puede aislarlo o “secuestrarlo” para evitar su exposición a la publicidad adversa u otro tipo de presiones que causen un perjuicio sustancial al acusado. Véanse: Gannett Co. v. DePasquale, 443 U.S. 368, 379 (1979); United States v. Greer, 806 F.2d 556, 557-558 (5to Cir. 1986); United States v. Kimberlin, 805 F.2d 210, 224 (7mo Cir. 1986). El tribunal tiene amplio poder discrecional para aplicar esta medida en casos extremos y así garantizar el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial. Debido a que esta es una medida que conlleva sacrificio individual directo sobre los miembros del Jurado y que, además, incidentalmente tiene unas consecuencias fiscales sobre el sistema judicial, estamos ante una decisión de carácter extraordinario.

Por último, en estos casos es aconsejable que los jueces impartan instrucciones cuidadosas y exhaustivas sobre la responsabilidad de rendir un veredicto fundado en la prueba vertida durante el juicio sin tomar en consideración la información obtenida de otras fuentes, particularmente de la publicidad adversa al acusado. Véanse: F.C. Sullivan, Criminal Trial Procedure, 43 La. L. Rev. 375, 396-400 (1982); D.R. Fretz, Courts and the News Media, Nacional College of the State Judiciary, University of Nevada, 1977, pág. 30.

En casos extremos en los cuales no sea posible utilizar efectivamente estos instrumentos para garantizar un juicio justo, el tribunal puede suspender los procedimientos al amparo de la Regla 109 de Procedimiento Criminal, 34 L.PR.A. Ap. II, o puede ordenar el traslado a otra Sala. Véanse: Sheppard v. Maxwell, supra; Estes v. Texas, 381 U.S. 532 (1965); Irvin v. Dowd, 366 U.S. 717 (1961).

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Expuesta la normativa, analicemos inicialmente si los artícu-los periodísticos admitidos en evidencia contienen publicidad nociva al acusado. El apelante presentó en evidencia ocho (8) artículos noticiosos publicados entre las fechas de 6 de septiembre a 16 de septiembre de 1987. Para una comprensión de estos artículos examinemos objetivamente su contenido.

Domingo 6 de septiembre de 1987 — El Nuevo Día. “Otra vez tras las rejas” Esta reseña contiene una foto del apelante y describe básicamente las alegadas imputaciones sobre la comisión de unos delitos mientras se encontraba en libertad condicional.

Lunes 7 de septiembre de 1987 — El Vocero de Puerto Rico. “Matador Confeso de ‘Talito’Bayonet asalta colmado cerca de su casa.” Esta reseña contiene una foto del apelante y habla sobre la confesión prestada por éste, las alegadas imputaciones de delitos, así como los hechos que fueron objeto de la prueba presentada por el Ministerio Público durante el juicio. También señala que al apelante se le renunció a su jurisdicción.

Miércoles 9 de septiembre de 1987 El Vocero de Puerto Rico. “Al matador de ‘Tatito’ Bayonet, acusado de nuevo por robo armado.” Contiene una foto del apelante y una reseña de una alegada determinación de causa probable contra el apelante por el delito de robo, posterior a los hechos de este caso. Esta noticia en particular utiliza los calificativos “peligroso asesino confeso” y “criminal empedernido” alusivos al apelante.

Jueves 10 de septiembre de 1987 — El Nuevo Día. “A juicio el matador de ‘Talito’.” Contiene foto del apelante y reseña sobre la vinculación de éste con unos robos, asesinatos y la confesión prestada por él, los hechos del caso y su adicción a la cocaína.

Viernes 11 de septiembre de 1987 — The San Juan Star. “Selection of Jury begins in teen’s trial for murder.” Aparte de describir el inicio del voir dire, el resto de la noticia sólo expone los hechos del caso y la supuesta vinculación del apelante con otros hechos delictivos.

Viernes 11 de septiembre de 1987 — El Nuevo Día. “Escogen al jurado en el caso de Bayonet Tartak.” Contiene la foto del apelante y básicamente reseña incidentes relacionados al voir dire.

Miércoles 16 de septiembre de 1987 — El Vocero de Puerto Rico. “Juicio caso Bayonet Tartak, Inician prueba cargo al asesino.” Contiene la foto del apelante solicitando la supresión de su confesión. También incluye el,calificativo de “asesino confeso” y la supuesta vinculación del apelante con una ganga de asaltantes de Bayamón. Por último, contiene información sobre el inicio de la prueba de cargo por parte del Fiscal.

Miércoles 16 de septiembre de 1987 — El Nuevo Día. “Eligen el jurado en el juicio contra el matador de ‘Talito’ Bayonet.” Contiene la foto del apelante y describe el tiempo que duró el voir dire. Incluye información sobre la vinculación del apelante con la muerte de otro hombre y con robos en el área de Guaynabo.

Al examinar los referidos escritos encontramos que éstos presentan unas características particulares tanto en sus titulares como en su contenido. Algunas reseñas contienen información divulgada con anterioridad al juicio y relacionada con la confesión prestada por el apelante y su adicción a la cocaína. Otros reseñan unos alegados delitos cometidos por el apelante mientras se encontraba en libertad condicional. Por otro lado, algunas de las noticias incluyen información sobre el procedimiento judicial y hacen referencia a los hechos que resultaron ser la prueba que prestó el Ministerio Público. A nivel del titular o la presentación de la noticia, la mayoría utilizó la foto del apelante con algunos calificativos para describirlo.

De los ocho (8) artículos sometidos, cuatro (4) describen incidentes ocurridos durante el juicio, entre el 10 y el 16 de septiembre, relacionados con la selección del Jurado y la prueba de cargo presentada. Los otros artículos se refieren a incidentes anteriores al juicio relacionados con otras acusaciones contra Hernández Mercado por hechos acaecidos en un asalto a un colmado. Aunque tres (3) de las reseñas contienen titulares y calificativos de corte sensacionalista (El Vocero de Puerto Rico, 7 y 9 de septiembre de 1987; El Nuevo Día, 10 de septiembre de 1987) alusivos a su vinculación con la muerte de Bayonet Tartak, el apelante no ha demostrado satisfactoriamente que los mismos afectaron la imparcialidad del Jurado.

De la transcripción de la evidencia surge que durante la selección se utilizaron cuatro (4) paneles y que el tribunal tomó todas las medidas correspondientes para garantizar que el Jurado no hubiese prejuzgado al acusado. Con este propósito, y según acordado con las partes, el tribunal celebró un voir dire riguroso a cada uno de los candidatos (T.E., pág. 5) y los interrogó extensamente para determinar si tenían una opinión formada a base de la publicidad del caso. A manera de ejemplo, a cada miembro la juez le hizo la pregunta siguiente:

HON. JUEZ:

Bien. Don Luis, el viernes cuando yo les di las instrucciones, no perdón, antes de eso cuando yo les leí las acusaciones, yo les pregunté a usted y a sus compañeros de panel si tenían algún conocimiento sobre los hechos de este caso, usted fue una de las personas que levantó su mano, lo que quisiéramos es que usted nos dijera ¿qué le viene a su recuerdo, qué le viene a su mente que usted sepa sobre este caso, sobre el señor acusado, porque lo haya leído en la prensa, lo haya escuchado en las noticias, o lo haya escuchado de alguna otra persona? T.E., pág. 609.

Por su parte, el abogado de la defensa también tuvo amplia oportunidad para interrogar a todos los candidatos e indagar sobre el conocimiento previo que tenían del caso y el efecto de la publicidad sobre su capacidad para juzgar impareialmente:

LCDO. AGRAIT:

P— Usted dice que ha leído algunas cosas sobre este caso. Y yo le pregunto, una de las cosas que usted le señalaba a la Honorable Juez, es que, que esto había sucedido en Isla Verde ¿Usted recuerda que usted lo dijo?

[JURADO:]

R— Yo lo que me acuerdo que yo leí. . .
P— Ajá.
R— Eso es lo que más yo me acuerdo con . . .
P— [¿] Usted recuerda en qué lugar en Isla Verde dicen los periódicos que había ocurrido?
R— En, yo creo que fue, sí me estoy, porque me acuerdo que fue en la marginal de . . .
P— Y entonces usted le señaló al Tribunal que leyó que una persona había matado a otra persona. [¿]Usted recuerda si en esa información que usted leyó, decía cómo habían matado a esa persona?
R— Bien especifico, este, no.
P— Y de lo poco específico, [¿]qué recuerda, que lo habían matado, o no recuerda ningún otro detalle[?]
R— Que, cuando la persecución que hubo, nada más.
P— De lo más que se acuerde de lo que decía en la persecución.
P— ¿Y qué pensó usted después que leyó de la persecución?
R— Eso es una cosa que uno lo lee y más bien no piensa en nada. Mucha gente, una persona puede hacer con otro, ese tipo a lo mejor andaba con algo, son muchas las preguntas que uno se puede hacer. (Énfasis suplido.) T.E., pág. 535.

En distintos momentos del voir dire el tribunal impartió instrucciones sobre el hecho de que los jurados no podían tener prejuicio contra el acusado por la publicidad recibida. T.E., pág. 623. No obstante, una vez seleccionado el Jurado, el tribunal instruyó a sus miembros de que no podían “considerar ni dejarse influir por ninguna información, comentario u opinión” que escu-charan o que hubieran escuchado “en relación a la prueba y a los hechos de este caso, ni tampoco de ninguna información” que hubiera sido difundida “por los distintos medios” noticiosos del país. T.E., págs. 874-875.

Para proveer mayores garantías al acusado, a petición de la defensa, el tribunal ordenó el secuestro del Jurado para asegurar que no tuviera acceso a la información publicada en los periódicos (relacionada con los incidentes del caso) ni pudiera “oír ningún tipo de noticia, televisada ni por radio” ni recibir correspondencia que no fuera previamente inspeccionada por los alguaciles. T.E., págs. 983-984. También requirió a los alguaciles que supervisaran cuidadosamente todas las comunicaciones de otras personas con los miembros del Jurado, incluso las conversaciones telefónicas. T.E., págs. 984-985.

Por último, en sus instrucciones finales al Jurado, el tribunal recalcó su deber de rendir un veredicto fundado únicamente en la prueba dirimida en el juicio y les recordó que no podían conside-rar las informaciones publicadas sobre el arresto y encausamiento de Hernández Mercado:

Ustedes deberán descartar totalmente y no considerar cualquier informe de prensa, televisión o radio que puedan haber leído, visto o escuchado. Tales informes no constituyen evidencia y por lo tanto ustedes no pueden considerar ni dejarse influenciar en manera alguna por tal[es] publicaciones. Ello resulta altamente impropio, por lo que les instruyo a que se abstengan de cualquier discusión ulterior sobre el particular. Es irrazonable considerar tales infor-mes por la misma circunstancia de que no constituya prueba, toda vez que no ha habido oportunidad de constatar o comprobar su certeza o de alguna manera explicarlo. (Enfasis suplido.) T.E., pág. 1238.

Este conjunto de medidas cautelares adoptadas por el tribunal fueron altamente confiables. La defensa tuvo una extensa participación en el proceso de selección del Jurado y a través del juicio el tribunal tomó todas las medidas necesarias para garan-tizar un juicio justo sin menoscabar los derechos de la prensa. En estas circunstancias, no era necesario suspender los procedimien-tos o tomar medidas extremas para proteger los derechos del acusado.

IV

En los señalamientos de error siguientes el apelante argu-menta que su confesión no fue libre y voluntaria y que el Ministerio Público no presentó prueba independiente de corrobo-ración. Tampoco se cometieron estos errores.

La agente Laura Príncipe declaró, en síntesis, que para el viernes 17 de abril de 1987 era agente de la división de Ayuda Juvenil del Cuerpo de Investigaciones Criminales. En esa fecha se le ordenó buscar al acusado en el Hogar Juvenil de Humacao y traerlo a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Hato Rey.

Una vez allí, el Procurador para Asuntos de Menores le solicitó a la agente que se dirigiera a la barriada Vietnam, en Cataño, para buscar a los padres del menor. Se personó al lugar y condujo a la madrastra y al hermano del menor a la Sala de Investigaciones. T.E., pág. 880. El menor se comunicó con su madrastra, hablaron unos minutos y luego la agente procedió a hacerle las advertencias legales que consistieron en que tenía derecho a “no declarar” y a guardar silencio, que tenía “derecho a un abogado” y del deber de “conseguirle uno libre de costos”. T.E., págs. 881-882.

Se refleja claramente, a la luz de este testimonio, que las advertencias fueron explicadas detallada y detenidamente y que no hubo intimidación. La agente le preguntó al menor si entendía las advertencias y éste contestó que “lo que tengo que decir, lo digo aquí o donde quiera”. T.E., pág. 882. Tanto el menor como su madrastra firmaron el documento que refleja que se les hicieron las advertencias. T.E., pág. 881.

A los menores les protege en todo momento la garantía constitucional contra la autoincriminación. R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270, 273 (1974). Para determinar si un acusado renunció libremente a su derecho a no incriminarse, hemos señalado reiteradamente que la renuncia tiene que ser libre y voluntaria a la luz de la totalidad de las circunstancias. Pueblo v. Ramos y Álvarez, 122 D.P.R. 287 (1988); Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988). En el caso particular de los menores, la voluntariedad se define no sólo en el sentido de que el menor no haya sido coaccionado o sugestionado, sino a base de que la renuncia no sea el resultado de la ignorancia de sus derechos o de la fantasía, el pavor o el desaliento del adolescente. Pueblo en interés menor J.A.B.C., 123 D.P.R. 551 (1989).

A la luz de la totalidad de las circunstancias particulares de este caso concluimos, al igual que concluyó la juez de instancia, que el menor renunció libre y voluntariamente a su derecho a no incriminarse. Se le explicó clara y detenidamente los derechos que tenía, se buscó a sus familiares y se le permitió reunirse con ellos. El ambiente no era de coacción física ni sicológica. T.E., págs. 880, 883, 899, 996 y 1127-1130. Finalmente, el menor y su madrastra firmaron el documento que contiene las advertencias legales. Este procedimiento no sólo cumplió con las garantías constitucionales sino, además, con las disposiciones de la Ley de Menores de Puerto Rico.()

Sobre la necesidad de prueba de corroboración independiente a una confesión, la doctrina prevaleciente hasta ahora es la del corpus delicti . Su propósito es evitar que el acusado sea juzgado a base de confesiones o admisiones que pudieran resultar falsas. Véase Pueblo v. Fradera Olmo, 122 D.P.R. 67 (1988). Al amparo de esta normativa se requiere que las confesiones o admisiones hechas por el acusado sean corroboradas con prueba aliunde e independiente que tienda a establecer el corpus delicti. Hemos definido esa prueba como aquella que demuestre que se ha sufrido una pérdida o daño específico y que dicho daño o pérdida específica fue ocasionada por un agente criminal. Pueblo v. Hernández, 75 D.P.R. 907, 915 (1954); Pueblo v. Fradera Olmo, supra.

En cuanto a los elementos esenciales admitidos por el acusado, éstos pueden ser corroborados con prueba circunstancial de tal forma que se pueda justificar la veracidad otorgada a esa prueba por un Jurado. Pueblo v. Campos Suárez, 86 D.P.R. 310, 316 (1962); Pueblo v. Fradera Olmo, supra.

La prueba independiente en este caso consistió en que vieron al acusado hablando con Bayonet Tartak y luego éste caer al suelo herido. Testimonio de Efraín López Leván, T.E., págs. 954-956. La testigo Norma Tartak de Bayonet, madre del occiso, testificó que oyó un “estruendo bien grande” y luego vio a su hijo en cuclillas y herido de bala en el hombro. T.E., págs. 913-947. El testigo Natalio Bayonet, padre del occiso, testificó sobre el estado físico de su hijo, así como la identificación de su cadáver poste-riormente. T.E., págs. 1007-1021.

Los testimonios de Juan Ramón Pérez Pérez y de Carmen Milagros Lucca Colón son importantes, ya que establecen que al momento de ser víctimas del robo de su auto el apelante les dijo: “bájate del carro o te voy a pegar otro tiro a t[i], como a él.” T.E., pág. 1080. También testificaron que vieron al apelante con un arma en su mano y que oyeron una detonación. T.E. págs. 1022-1107.

Nótese que a la luz de los criterios de la doctrina del corpus delicti hay prueba independiente conducente a establecer la muerte de Bayonet Tartak y que ésta se produjo mientras el apelante se acercaba a robarle. El Jurado, con esa prueba circunstancial, pudo inferir razonablemente que si los testigos hubiesen mostrado resistencia al robo del vehículo, como la mostró Bayonet Tartak/) habrían recibido un balazo. También hay suficiente prueba circunstancial independiente que el Jurado aquilató y consideró sustancial para establecer el daño ocasionado y que el mismo fue producto de una agencia criminal. Además, toda la prueba ofrecida, a su vez, era admisible y fue debidamente admitida. Cumplidos todos los requisitos y evaluada la totalidad de las circunstancias, concluimos que hay suficiente prueba extrínseca para sostener las convicciones. Como hemos manifestado anteriormente, un tribunal apelativo no debe revocar una convicción a base de un planteamiento de insuficiencia de prueba que se reduce a la credibilidad de testigos, en ausencia de indicios de prejuicio, parcialidad o error manifiesto. El juzgador de instancia está en mejor posición al respecto. Pueblo v. Acabá Raíces, 118 D.P.R. 369 (1987).

V

Como último señalamiento de error, el apelante plantea que erró el tribunal a quo al admitir en evidencia el testimonio del Sr. Juan Pérez Pérez, () Sostiene la defensa que ese testimonio era de poco valor probatorio en comparación con el potencial perjuicio que le causaría al acusado.

El testimonio objetado consistía en una descripción del robo de que fueron víctimas tanto el testigo como su novia, momentos después del asesinato de Bayonet Tartak. En el relato, el testigo también habló sobre la persecución que le hizo al apelante posteriormente. La juez de instancia celebró una vista, en ausen-cia del Jurado, y determinó que por existir elementos de la identificación del apelante ameritaba que los señores del Jurado escucharan el testimonio.

Recientemente, en Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216 (1989), analizamos el alcance de la Regla 19 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV() y concluimos que constituye una regla que excluye prueba de poco valor probatorio. También afirmamos que el “perjuicio indebido” como causal de exclusión de evidencia pertinente se refería a prueba que podía conducir a un resultado erróneo, apelando a los sentimientos y a la emoción. Pueblo v. Ortiz Pérez, supra. Especialmente se trata de prueba grotesca e inflamatoria que exalta el ánimo y las emociones de un Jurado. E.W. Cleary, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Publishing Co., 1984, Sec. 185, pág. 439.

De un examen de la narración hecha por el testigo, no encontramos que la prueba aportada sea aquella que deba ser excluida por el juzgador por causar perjuicio indebido. No erró el tribunal a quo al admitir esa prueba y ordenar que pasara a ser evaluada por los miembros del Jurado.

Por todos los fundamentos antes expuestos, se confirman las sentencias apeladas.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) La distribución de las penas por los delitos que fue convicto el acusado es la siguiente: cinco (5) años de cárcel por la violación al Art. 6 y diez (10) años por la violación al Art. 8, ambos de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.E R.A. sees. 416 y 418; veinte (20) años por el delito de robo, diez (10) años por el delito de tentativa de robo y noventa y nueve (99) años por el delito de asesinato.

      (2) El apelante plantea, además, la comisión de varios errores relacionados con la imposición de agravantes en la sentencia, así como el cumplimiento de las penas en forma consecutiva. De un examen de la transcripción de evidencia entendemos que el foro de instancia actuó correctamente en la imposición de agravantes en conformidad con la Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.E R.A. Ap. II. Los hechos de este caso, según probados, se ajustan por lo menos a los incisos (a), (b), (e) y (d) de la referida regla.
      Sobre la imposición de condenas a ser cumplidas consecutivamente, hemos sostenido que descansa en la sana discreción del tribunal. Pueblo v. González, 97 D.P.R. 541 (1969); Regla 179 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Ello no constituye un castigo cruel e inusitado si el juzgador tomó en consideración la naturaleza de los delitos y el hecho de que las penas decretadas caigan dentro de los límites fijados por un estatuto. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983). Concluimos que el tribunal no abusó de su discreción.

      (3) El apelante alega, también, que erró el tribunal a quo al limitarle las preguntas en el voir dire y no permitirle indagar sobre la presunción de inocencia. Este señalamiento es inmeritorio. La transcripción de evidencia refleja que el tribunal a quo impartió las instrucciones correspondientes sobre el concepto de presunción de inocencia y otros aspectos jurídicos pertinentes. T.E., págs. 35-37, 80, 228-229, 428-431, 623, 639-640, 649-651 y 824-826.

      (4) “(b) El tribunal examinará y formulará al jurado las preguntas pertinentes a su capacidad para actuar. El tribunal permitirá a las partes efectuar un examen adicional a los jurados potenciales.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 119(b).

      (6) El Art. 11 de la Ley de Menores de Puerto Rico, Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986, dispone:

        “Renuncia de derechos

      “No se admitirá la renuncia del menor a cualquier derecho constitucional que le cobije si no están presentes sus padres o encargados y su abogado y sin una determinación del Juez que ésta es libre, inteligente y que el menor conoce las consecuencias de la renuncia. No obstante, la presencia del abogado no será requerida para renunciar al derecho de asistencia de abogado.” 34 L.P.R.A. sec. 2211.

      (7) El apelante señaló en su confesión que se acercó a la víctima y le dijo “esto es un asalto”. Procedió la víctima a darle una patada en la mano izquierda y en el pecho. En esos momentos el apelante le disparó con el revólver. T.E. pág. 884.

      (8) También señala como error la negativa del ilustrado foro de instancia para suprimir la identificación hecha por la testigo Carmen Milagros Lucca en una rueda de detenidos. Alega que el procedimiento fue altamente sugestivo debido a que el apelante era el único miembro en la rueda que vestía ropas claras. Este señalamiento es totalmente inmeritorio. Encontramos que en la rueda de detenidos había más testigos con ropas claras (T.E., pág. 1105), además, en su comparecencia ante nos el propio apelante admite que la similitud en la vestimenta no es mandatoria en una rueda de detenidos. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 822-823 (1983).

      (9) “Regla 19. Evidencia pertinente excluida

      “Evidencia pertinente puede ser excluida cuando su valor probatorio es de poca significación en relación a cualesquiera de estos factores:
      “(a) Peligro de causar perjuicio indebido
      “(b) probabilidad de confusión
      “(c) desorientación del jurado
      “(d) dilación de los procedimientos
      “(e) innecesaria presentación de prueba acumulativa.” 32 L.ER.A. Ap. IV


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
      In re Alberto Cruz Cruz, querellado.

      Número: CE-87-236

      Resuelto: 31 de mayo de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eliadís Orisini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Alberto Cruz Cruz, pro se, y Jesús L. Maldonado, abogado del querellado; José M. Aponte Jiménez, Comisionado Especial.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

[E]n Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831, 837 (1979), indicamos que el “mecanismo para lograr correspondencia real y legítima entre persona y firma, es exigiendo la ley la comparecencia y conocimiento por el notario. En otras palabras, la fe de conocimiento persigue evitar la suplantación de las partes en el otorgamiento”. . . .

Significado del concepto

Ante todo es esencial dejar sentado que la “afirmación de la identidad de los otorgantes es llamada en el lenguaje notarial fe de [cjonocimiento”. H. García García, Introducción a la técnica de la redacción de instrumentos públicos, 1-2 Rev. Der. Notarial 257,273 (Julio-Diciembre 1953). Pero el concepto trasciende su literalidad. En el ámbito notarial, “[l]a idea de compareciente va inexorable-mente unida al hecho material de la presencia física ante notario”. R. Núñez Lago, Los esquemas conceptuales del instrumento público, 1-2 Rev. Der. Notarial 49, 78 (Julio-Diciembre 1953). Esa comparecencia, como hecho físico y coetáneo al otorgamiento, implica su narración en la forma documental (instrumento) me-diante la dación de fe de conocimiento de identidad. (Énfasis suplido en el original.) In re Olmo Olmo, 113 D.P.R. 441, 451-452 (1982).

1 — I

El Procurador General formuló querella contra el Ledo. Alberto Cruz Cruz en la cual le imputó haber violado “los Cánones de [É]tica Profesional y la Fe Pública Notarial al autorizar traspasos de vehículos de motor, sin que la persona vendedora ni el comprador comparecieran personalmente ante él a suscribir en su presencia el citado documento de traspaso”. (Enfasis suplido.) Querella de 8 de abril de 1987, pág. 1.

Una vez notificado, Cruz Cruz inicialmente negó el cargo. Designamos Comisionado Especial al ex Juez Superior Ledo. José M. Aponte Jiménez para que recibiera la prueba y rindiera oportunamente un informe. Previo los trámites de rigor, con apoyo en la prueba testifical y documental, el Comisionado Especial formuló en su informe las determinaciones de hecho siguientes:

1.- El querellado, Lie. Alberto Cruz Cruz, abogado en la práctica privada de la profesión, fue admitido al ejercicio del notariado en 29 de mayo de 1975.
2.- No hay controversia, por haberlo aceptado el querellado, Lie. Alberto Cruz Cruz, en cuanto a que éste, actuando en su capacidad de notario, autenticó la firma y juramento del vendedor, Miguel A. Cruz Quiland y el comprador, Ray Rodríguez Román, al éstos formalizar el traspaso de un vehículo de motor marca Toyota al dorso de la licencia del referido vehículo según lo requiere la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico en su sección 2-501 (9 L.ER.A. 511), sin haber tenido ante sí a dichas personas.
3.- Tampoco hay controversia, por las mismas consideraciones antes expresadas, en cuanto a que el querellado, Lie. Alberto Cruz Cruz, para autenticar las referidas firmas y juramento, autorizó el [afidávit] número 4264 de fecha 19 de enero de 1985 haciendo constar que los otorgantes del traspaso en cuestión suscribían y juraban el mismo ante su presencia sin haber ocurrido ello así.
Durante la vista celebrada desfiló prueba, presentada por el Procurador General, sobre el sistema supletorio utilizado por los traficantes de vehículos de motor (dealers) para inscribir el traspaso en el Departamento de Transportación y Obras Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de los vehículos usados tomados (trade-in) a cambio de sus unidades. Dicha práctica consiste en utilizar unos impresos donde el traficante certifica bajo juramento ante notario primeramente, la adquisición del vehículo y luego la venta del mismo a otra persona, en lugar de formalizar y autenticar la transacción del traspaso al dorso de la licencia del vehículo, ante notario u oficial competente. Procesados dichos formularios en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, se expide la licencia del vehículo a favor del comprador del vehículo usado.
Por entender, salvo mejor criterio, que estos extremos no son relevantes al cargo imputado en la presente querella, consideramos innecesario abundar sobre lo antes reseñado.
Por último, es de rigor apuntar que encontramos apoyo en el récord a través del testimonio de don [AJngel Egozcue Martínez, Director Ejecutivo de la Asociación de Distribuidores de Automó-viles de Puerto Rico, para producirnos la fuerte impresión de que, por razones de conveniencia en el tráfico normal de compra y venta de automóviles usados es práctica, generalizada por los traficantes de vehículos de motor en Puerto Rico al formalizar cambios en la titularidad de los automóviles, acudir ante un notario de su con-fianza para autenticar la firma y juramento formalizado al dorso de la licencia del automóvil. Al autenticarse la firma y juramento del vendedor y comprador de la unidad usada, éstos no acuden ante la presencia del notario. Mediante dicho procedimiento, tanto la firma del vendedor como la del comprador al dorso de la licencia se verifica ante la presencia única del traficante (dealer) o su repre-sentante autorizado. En el caso de autos, la actuación del notario Alberto Cruz Cruz, obedeció a esa práctica. (Enfasis suplido.) Informe del Comisionado Especial con determinaciones de hecho, pág. 3.

1 — 1 I — I

Innumerables pronunciamientos nuestros recogen la visión del notario como un funcionario público y profesional del Derecho. En virtud de estas dos (2) facetas es que en la esfera de los hechos da fe de lo que ve, oye y percibe por sus sentidos, y como jurista, autentica y formula un juicio de certeza que nutre de fuerza probatoria las declaraciones de voluntad de las partes en instrumentos y documentos públicos redactados conforme las leyes. In re Feliciano, 115 D.P.R. 172 (1984); In re Maldonado Rivera, 103 D.P.R. 523 (1975); P. Malavet Vega, Manual de Derecho Notarial Puertorriqueño, Santo Domingo, Ed. Corripio, 1988, pág. 22. Esta visión sirvió de marco conceptual y quedó claramente cristalizada en el Art. 2 de la nueva Ley Notarial de Fuerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. sec. 2002).

Dicha ley notarial también reafirmó los principios atinentes a la facultad tradicional de los notarios para autenticar firmas (afidávit). Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110, 118-121 (1986). En el descargo de esa importante gestión, les impuso el deber de dar fe del conocimiento personal de los firmantes o del testigo de conocimiento, o hacer constar que ha identificado a los otorgantes mediante los medios supletorios que dispone la propia ley. 4 L.P.R.A. sec. 2092.

Es evidente, pues, que la Ley Notarial derogada así como la actual considera un asunto medular la comparecencia personal y el conocimiento de los firmantes. Su inobservancia siempre ha constituido una falta seria sujeta a medidas disciplinarias. In re Echevarría González, 116 D.P.R. 423, 424 (1985); In re Félix, 104 D.P.R. 379 (1975). Así, en el pasado hemos sancionado rigurosamente violaciones de ese tipo en las declaraciones juradas de traspaso de vehículos de motor. In re Nieves Rivera, 124 D.P.R. 803 (1989); In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987). Aparentemente nuestros pronunciamientos no han tenido el efecto aleccionador y disuasivo deseado.

Reiteramos pues, una vez más, la importancia suprema e ineludible de que los notarios observen escrupulosa y cuidadosamente el mandato de ley sobre comparecencia y conocimiento de los otorgantes. Como expone José M. Sanahuja y Soler en su Tratado de Derecho Notarial, Barcelona, Ed. Bosch, 1945, T. 1, pág. 457, “en principio es necesario que el notario garantice la identidad de las personas que intervienen en un negocio jurídico, porque la ilación entre unas situaciones y otras exige, para dar certidumbre a las relaciones jurídicas, que se fundamente bajo la fe notarial el punto de unión o de conexión, que es precisamente la persona que ostentando un derecho lo transmite a favor de otra”. (Énfasis suplido.)

I — i I — I I — I

Durante el trámite de esta querella desfiló abundante prueba sobre la práctica prevaleciente en el negocio de compra y venta de vehículos de motor. Es común que al adquirir un vehículo de motor usado, los traficantes (dealers) o distribuidores le requieran a sus dueños que firmen la licencia, esto es, el certificado expedido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ese acto y firma no se efectúa ante un notario. Así firmada, cuando el traficante o distribuidor vende la unidad, acude ante un notario y suscribe un documento denominado Juramento del traficante comprador del vehículo de motor. En él se consignan las carac-terísticas físicas del vehículo: clase, marca, modelo, número de motor, color, número de chasis, número y diámetro de cilindros, y capacidad en caballos de fuerza. En lo pertinente, dicho docu-mento expone la afirmación siguiente: “Acompañamos (acompa-ño) la licencia de este vehículo de motor debidamente firmada y endosada a dicho comprador por el suscribiente. Solicitamos (solicito) del Hon. Secretario de Obras Públicas de Puerto Rico se sirva efectuar el traspaso del vehículo a nombre de dicho compra-dor expidiendo una nueva licencia a su nombre. Juramos (juro) que el traspaso de este vehículo se hace con el consentimiento expreso y voluntario del mencionado comprador y hacemos (hago) constar que la venta se ha efectuado.” (Enfasis suplido.) Exhibit 6-A.

La evidencia revela, además, que desde hace varios años el Departamento de Transportación y Obras Públicas ha aceptado este trámite en los traspasos oficiales. Esta práctica se desarrolló para atender las necesidades y agilizar las transacciones en este tipo de negocio. No existía legislación que proveyera otros mecanismos u otra manera que pudiera utilizarse sin que se trastocaran seriamente las compraventas vehiculares.()

No obstante, con posterioridad, la Asamblea Legislativa —advertida de esta práctica y situación— enmendó la Sec. 2-501 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.ER.A. see. 511, que regula el procedimiento para formalizar traspasos. A tal efecto, la Ley Núm. 105 de 15 de julio de 1988, en lo pertinente, dispuso:

(c) El traspaso y aceptación deberá hacerse bajo juramento o afirmación ante notario, colector de rentas internas o empleado en que por escrito expresamente éste delegue, o funcionario expresa-mente autorizado por el Secretario para ese fin.
En los casos en que un traficante o vendedor de vehículo de motor tome unidades usadas como parte del pronto pago del precio de otros vehículos de motor, el traspaso podrá efectuarse mediante declaración jurada suscrita por el traficante o vendedor, siempre y cuando el dueño del vehículo haya expresado previamente su voluntad de cederlo o traspasarlo a éste estampando su firma al dorso de la licencia y del certificado de título del vehículo ante un funcionario autorizado para tomar juramentos.
En tales casos la declaración jurada del traficante o vendedor deberá especificar la fecha en que le fue cedida o entregada la unidad de que se trate, el nombre y dirección del dueño del mismo que lo cedió como pronto pago, al igual que el medio usado para la adecuada identificación de dicha persona. También deberá incluir una descripción detallada del vehículo con especificación de marca, año, color, modelo o tipo, número de tablilla, número de registro de motor, tipo de motor, caballos de fuerza de uso efectivo, número de marbete, número de puertas y cualesquiera otros números o marcas de identificación de la unidad o de sus piezas.
Si por alguna razón de ley, se solicitare el traspaso, pero fuere imposible seguir los procedimientos antes señalados, el Secretario procederá con el mismo, siempre y cuando que quede autorizado en documento fehaciente. (Énfasis suplido.)

Además de este texto legal, el Informe de la Comisión de Transportación y Obras Públicas, E del S. 1340 de 19 de mayo de 1989, y la Exposición de Motivos de la ley reflejan indubitadamente que este trámite especial, que facultó a los traficantes o vendedores a realizar el traspaso, no alteró tres (3) requisitos preexistentes, a saber: (1) la autorización mediante la firma o marca del dueño del vehículo; (2) su formalización al dorso de la licencia, y (3) efectuarla bajo juramento o afirmación ante notario, colector de rentas internas u otro delegado o funcionario autorizado por el Secretario de Transportación y Obras Públicas.

Resulta claro que, aun después de las recientes enmiendas, el trámite especial para el traspaso de unidades usadas tomadas como pronto pago (trade in) por un traficante o vendedor sólo es permisible y válido “siempre y cuando el dueño del vehículo haya expresado previamente su voluntad de cederle o traspasarlo a éste [traficante o vendedor] estampando su firma al dorso de la licencia y certificado de título del vehículo ante un funcionario autorizado para tomar juramento”. (Enfasis supli-do.) 9 L.ER.A. sec. 511(c).

En conclusión, bajo la Ley de Vehículos y Tránsito —antes y después de su enmienda— es y ha sido requerido que el traspaso del vehículo se haga por el dueño ante un notario u otro funcionario autorizado.

IV

Aclarados el significado y el alcance de las disposiciones estatutarias, es evidente que el querellado Cruz Cruz infringió la ley notarial cuando el 19 de enero de 1985 autorizó el Afidávit Núm. 4264 sin que comparecieran y firmaran ante él el vendedor Miguel A. Cruz Quiland y el comprador Ray Rodríguez Román. No excusa su proceder la práctica prevaleciente. Sin embargo, abona a su haber su historial limpio como abogado y notario, que la actuación no tuvo el propósito de perpetrar un fraude y la inexistencia de evidencia de que se perjudicaran terceros.

En estas circunstancias, circunscribimos la sanción disciplinaria a una suspensión de seis (6) meses del ejercicio de la notaría. Sirva la presente como una admonición general a los notarios sobre la importancia de-observar las disposiciones de la ley notarial, incluso en gestiones tan sencillas como la de traspasos de automóviles.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) A autos se unió una consulta legal —de 12 de julio de 1978— evaluada por el asesor legal del Departamento de Transportación y Obras Públicas y dirigida al Director de Área de Vehículos de Motor. La misma concluyó sólo que el procedimiento de traspaso fundado únicamente en la declaración del adquirente (traficante) era autorizado por excepción ante situaciones extremas. La consulta se apuntaló en la Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1966-13 de 11 de febrero de 1966.


author: per curiam:

text:
      In re Ángel T. Berríos Pagán.

      Número: AB-89-27

      Resuelto: 1ro de junio de 1990

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y José Roberto Vega Díaz, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El 2 de noviembre de 1989 este Tribunal emitió una resolución en el asunto de epígrafe en la cual, en lo pertinente, expresamos:

El Ledo. Ángel Thomas Berríos no ha podido ser localizado por la Oficina del Alguacil General de este Tribunal para ser notificado de las Resoluciones que se han emitido en relación con la queja presentada por la Sra. Paulina Esteva Cancel. Se instruye a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico para que investigue y levante expediente relativo a dicha queja. De ser la misma una meritoria, el Procurador General de Puerto Rico procederá a radicar la correspon-diente querella contra el licenciado Berríos ante este Tribunal. (Énfasis suplido.)

Mediante escrito de 10 de mayo de 1990 la Oficina del Procurador General de Puerto Rico nos informa que, a pesar de las múltiples gestiones realizadas a esos efectos, a “los investiga-dores” de su oficina le ha sido imposible dar con el paradero del abogado Ángel T. Berríos Pagán.

En In re Kiefer, 117 D.P.R. 767 (1986), señalamos qne la Regla 8(j) del Reglamento de este Tribunal, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, establece la obligación de todo abogado de notificar al Secretario General del Tribunal Supremo de Puerto Rico de cualquier cambio en su dirección postal. Luego de citar con aprobación lo resuelto en In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11, 13-14 (1986),() resolvimos en el caso In re Kiefer, supra, que el incumplimiento con las disposiciones de la referida Regla 8(j) de nuestro Reglamento era causa suficiente para decretar —conforme el poder inherente que tiene este Tribunal para reglamentar la profesión legal— la separación indefinida del ejercicio de la profesión de un abogado que así actuara. Igual resultado se impone en el presente caso.

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) En el caso de In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11, 13-14 (1986), expresamos que: “el querellado ... no sólo no ha contestado en el término reglamentario la querella que radicara el Procurador General, sino que ha abandonado la jurisdicción sin dejar dirección futura con el aparente propósito de impedir que los procedimientos disciplinarios comenzados puedan llegar a su fin. Ello no sólo es una conducta reñida con los Cánones de Etica en general, sino que constituye un intento de menoscabar la facultad de este Tribunal para velar por que la clase togada cumpla fielmente con los compromisos contraídos con nuestra sociedad; conducta que no estamos dispuestos a tolerar y que es causa suficiente para que le consideremos indigno de seguir ostentando el título de abogado”. (Escolio omitido.)


author: Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Doris E. Cuevas Marrero, por sí y en representación de sus hijos menores de edad, etc., demandantes y recurridos, v. Municipio de San Juan, demandado y peticionario; Royal Insurance Company of Puerto Rico, Inc., tercero demandado.

      Número: CE-90-376

      Resuelto: 1ro de junio de 1990

      Norma Acosta de Santiago y Manuel E. Andreu García, abogados de los recurrridos.
   RESOLUCIÓN

Expida el Secretario Mandamiento de certiorari dirigido al Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Amneris Martínez de Cuevas, para que a la brevedad posible remita a la Secretaría de este Tribunal los autos originales o una copia certificada de los mismos en el Caso Núm. KDP-87-3138 (804), Doris E. Cuevas Marrero v. Municipio de San Juan, a que se refiere la petición presentada en este caso, a fin de revisar los procedimientos habidos en el tribunal de instancia, en particular la Resolución de 24 de abril de 1990, y acordar lo que proceda en derecho.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió voto concurrente.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Voto concurrente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

En relación con una demanda de daños y perjuicios que la parte demandante recurrida radicara en su contra ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, relativa la misma a la muerte de uno de los conductores de los tranvías (trolleys) que operan en la Ciudad de San Juan, Puerto Rico, el Municipio de la Ciudad Capital de Puerto Rico radicó una moción de sentencia sumaria. Sostuvo, en síntesis, que en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, conocida como la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.ER.A. sec. 1 et seq., y de cierta jurisprudencia de este Tribunal interpretativa de la misma, el referido municipio gozaba de la inmunidad patronal “conocida por la figura del patrono estatutario. . .”. Dicha solicitud de sentencia sumaria fue decla-rada sin lugar por el tribunal de instancia mediante resolución a esos efectos de fecha 24 de abril de 1990. Inconforme, el Municipio de la Ciudad Capital acudió ante este Tribunal e imputó error al así actuar al foro de instancia. En el caso de autos, una mayoría de los integrantes del Tribunal ha considerado necesario expedir el recurso de certiorari radicado por el Municipio.

I — I

Al disentir de la reciente decisión que este Tribunal emitiera el 21 de marzo de 1990 en el caso de Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1 (1990), expresamos, en lo pertinente, que lo hacíamos por razón de que dicha decisión resultaba “‘ser una fútil e inoperante por cuanto la misma no acierta en articular unas guías claras de derecho que le permitan a los tribunales, ni a los funcionarios administrativos concernidos, resolver los casos que sobre esta materia lleguen ante su consideración (Enfasis suplido.)

La acción del Tribunal al expedir el recurso radicado con el propósito de revisar la resolución recurrida constituye la mejor prueba de la corrección de lo expresado por nosotros en el citado caso de Santiago Hodge v. Parke Davis Co. La decisión emitida en el mencionado caso no fue de ninguna ayuda para el foro de instancia. Cuando se enfrentó a la situación de hechos del presente caso, así como tampoco, en nuestra opinión, ayudará a resolver casos que en el futuro presenten controversias similares.

La razón para lo expresado anteriormente resulta ser obvia: llana y sencillamente nadie sabe qué fue lo que resolvió este Tribunal en el citado caso de Santiago Hodge v. Parke Davis Co. De hecho, el Municipio de la Ciudad Capital, en el bien razonado recurso de certiorari que radicara ante este Tribunal, le dedica al mencionado caso de Santiago Hodge v. Parke Davis Co. exactamente tres líneas.()

Ello debe servir de lección a los integrantes de este Tribunal. En primer lugar, no se deben publicar ponencias como opiniones cuando éstas no aportan nada a nuestra jurisprudencia anterior. Por otro lado, y aún más importante, las decisiones nuestras deben ser pragmáticas e ilustrativas. No debe haber lugar en nuestra jurisprudencia para la publicación de ponencias que lo que contienen son generalidades y que tienen el formato y contenido de un trabajo (paper) de seminario a nivel de Escuela de Derecho.

Esperamos que en esta ocasión el Tribunal sea capaz de articular una ponencia mayoritaria que establezca unas “ ‘guías claras de derecho que le permitan a los tribunales, y a los funcionarios administrativos concernidos, resolver los casos que sobre esta materia lleguen ante su consideración’ ”. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., supra, pág. 17.

Es por ello que concurrimos con la decisión de que se expida el recurso de certiorari radicado.

      (1) Luego de discutir extensamente toda la jurisprudencia anterior al caso de Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1 (1990), en las págs. 11 y 20 del recurso radicado expresa:
      “Finalmente, es de rigor dejar consignado que conforme hemos sostenido el caso de Santiago Hodge v. Parke Davis, 99 J.T.S. 42, no alteró esta situación de derecho.”


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
      In re Queja presentada contra el Secretario de Justicia, Lic. Héctor Rivera Cruz.

      Número: AB-87-45

      Resuelto: 7 de junio de 1990

      Hon. José Antonio Fusté, peticionario; Héctor Rivera Cruz, pro se.

   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El 16 de noviembre de 1987 el Subsecretario del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico nos remitió copia certificada de una resolución de esa misma fecha emitida por el Juez de Distrito federal, Hon. José A. Fusté, bajo el epígrafe In re: Secretario de Justicia. En dicha resolución el Hon. Juez Fusté imputó al Secretario de Justicia, Hon. Héctor Rivera Cruz, violaciones a los cánones del Código de Etica Profesional Núm. 8 (criterio general), Núm. 9 (conducta de los abogados ante los tribunales) y Núm. 14 (publicidad sobre pleitos pendientes). 4 L.ER.A. Ap. IX, Cs. 8, 9 y 14.()

La queja tiene su génesis en unas expresiones emitidas el 4 de noviembre de 1987 por el Secretario de Justicia, Hon. Héctor Rivera Cruz, mientras actuaba como Gobernador interino. Estas expresiones se referían a las actuaciones del Honorable Juez Fusté en el caso Cordero v. De Jesús Méndez, 867 F.2d 1 (1er Cir. 1989), que se estaba ventilando en el tribunal federal.

Las expresiones del Secretario de Justicia, Hon. Héctor Rivera Cruz, que sirven de base a la queja fueron las siguientes:

Bueno, sencillamente, esto, a nuestro juicio, ha sido un atropello por parte del tribunal federal, específicamente del juez que ordenó el encarcelamiento del alcalde y a nuestro juicio es un abuso de poder de la jurisdicción federal[;] de lo que se trata es de un alcalde que tiene un caso muy meritorio que fue visto en un tribunal federal y que está en apelación en el Circuito de Boston —po[rq]ue hay mérito en el caso. En el entretanto el juez desea y ordena al alcalde que pague alrededor de $200,000 a unos empleados que fueron cesanteados que ya el juez sí logró reponerlos. . . .() (Escolio omitido y énfasis suplido.) Resolución de 16 de noviembre de 1987, págs. 3-4.

En su resolución, el Honorable Juez Fusté analiza las expre-siones vertidas por el Secretario de Justicia y concluye que éstas “constituyen un ataque injustificado contra la sana administración de la justicia[; n]o se trata de expresiones constitucionalmente protegidas por cuanto el interés social de mantener la integridad y la confianza pública en los tribunales y en los jueces es mayor que el derecho de expresarse injuriosamente contra los tribunales en los cuales el abogado participa”. (Énfasis suplido.) Resolución de 16 de noviembre de 1987, pág. 5.

Siguiendo el trámite que normalmente se le da a las quejas presentadas ante este Tribunal, el Secretario del Tribunal la remitió al Secretario de Justicia para que éste informara “sus comentarios y reacciones en torno” a la misma. El 15 de enero de 1988 el Secretario de Justicia compareció e informó que “[l]as manifestaciones. . . a que se refiere la queja constituyen un fragmento aislado de toda la amplia información que juzgué necesario dar a la ciudadanía, en mi carácter de gobernador interino de Puerto Rico, sobre el encarcelamiento por desacato civil del Alcalde de Moca, Sr. Juan [D]e Jesús Méndez, como resultado de órdenes dictadas por el Honorable Juez Fusté en el caso civil Núm. 85-0815 ante la Corte de Distrito Federal”; que no está admitido a postular en el foro federal y que sólo como una formalidad es que se incluye su nombre en los casos que allí se ventilan y en los que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico es parte, y que los cánones “no son aplicables a la conducta de abogados ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico”, ya que esta conducta se rige “por las reglas de responsabilidad profesional adoptadas por la Corte de Distrito Federal”. También adujo que aunque aplicaran los cánones, sus expresiones no los violaron, ya que éstos “deben ser interpretados restrictivamente para proteger el derecho fundamental de expre-sión garantizado por la See. 4 del Art. II de la Constitución [del Estado Libre Asociado] de Puerto Rico[, L.PR.A., Tomo 1,] y por la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos[, L.PR.A., Tomo 1, y que la] libertad de expresión existe precisa-mente para mantener un clima abierto para la discusión franca y vigorosa de asuntos de interés público y de la conducta de todos los funcionarios públicos”.

La queja presentada por el Honorable Juez Fusté requiere que analicemos el alcance de nuestra jurisdicción disciplinaria en el contexto de la separación de poderes.

Los cánones del Código de Ética Profesional aplican por igual a los abogados que ejercen su profesión en la práctica privada y a los que ocupan cargos públicos. In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R. 827 (1987); In re Ríos, 112 D.P.R. 353 (1982). Sin embargo, el ejercicio de nuestra jurisdicción disciplinaria, cuando el abogado es también un funcionario de la Rama Ejecutiva o de la Rama Legislativa, entraña necesariamente conside-, raciones constitucionales por tocar muy de cerca el delicado balance de poderes que garantiza nuestra Constitución.

Recientemente, en Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45, 57 (1986), expresamos que:

La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada un[o] acepte y respete la autoridad de l[o]s otr[os] y entienda la interrelación de sus funcio-nes. Su perdurabilidad requiere que cuando haya conflicto sobre el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ell[o]s, los tribunales intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferen-cias. (Enfasis suplido.) Véanse, también: Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601, 621 (1983); Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 759-760 (1977).

En In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 723-724 (1978), al dejar sin efecto la regla de incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía ante los tribunales y el pertenecer a una comisión del Senado que tenga a su cargo la consideración de nombramientos de jueces o fiscales, expresamos lo siguiente:

. . .[NJuestros poderes también conocen fronteras. La propia vas-tedad de los poderes confiados a la Rama Judicial exige moderación y cautela en su ejercicio. Existe considerable peligro en utilizar el poder de revisión judicial más allá de lo estrictamente necesario. Cuando se trata del ejercicio de un poder inherente hay motivos para redoblar las precauciones.
Nada de lo expresado significa que un tribunal puede o debe rehuir o achicar sus funciones de principal intérprete y custodio de la Constitución. Lo que significa es que dentro de nuestro sistema de separación de poderes, donde la relación entre éstos es necesa-riamente de orden dinámico, las tres ramas que integran el gobierno viven en posición de continuo conflicto potencial que s[ó]lo puede evitarse, por el bien común, mediante el empleo por cada cual de extrema circunspección y cuidado en el ejercicio de sus atribu-ciones. (Citas omitidas.)

El abogado que se desempeña en un cargo público debe lealtad a la agencia en la cual trabaja sin olvidar, desde luego, las normas éticas:()

In a system of checks and balances it is not [the] responsibility of an agency attorney to represent the interests of Congress or the Court. Those departments have their own “constitutional means and personal motives” to protect their prerogatives. As a result, the constitutional system presumes —indeed, depends upon— the institutional loyalty of its lawyers. Congress has manifold opportunities —including powers of purse, oversight, investigation, and impeachment— to punish presidents or cabinet officers who do not administer the law to its liking. It does not need the allegiance of agency attorneys to fulfill its constitutional functions. The Court, for its part, has the power to issue judgments in controversies that come before it, and, in appropriate cases, to order the executive branch to take or refrain from taking specifications. The Court’s opinions are backed by substantial political capital and institutional prestige, such that the executive branch would inevitably suffer political costs ■ — not to mention a loss of credibility in the Court itself— if it acted contrary to prior opinions. (Escolio omitido.) G.P. Miller, Government Lawyers’ Ethics in a System of Checks and Balances, 54 (Núm. 4) U. Chi. L. Rev. 1293, 1296-1297 (1987).

En In re Secretario de Justicia, supra, pág. 850, señalamos que nos abstendremos de ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en quejas contra el Secretario de Justicia cuando, “de su faz: (1) el promovente no justifique satisfactoriamente un interés legítimo ético y perjuicio real directo; (2) el asunto, aunque de carácter ético, sea prematuro; (3) los hechos no estén debidamente documentados o sustanciados, o (4) no [se trata de] materia ético-adjudicable por corresponder ... al debate del Poder Legislativo o Ejecutivo, o pertenecer a la arena de la política partidista”. (Enfasis en el original.)

Reconocimos también la compleja labor del Secretario de Justicia y sus múltiples funciones: “También tenemos presente que algunas de las funciones adicionales del Secretario de Justicia [apuntadas] —integrante del Gabinete, segundo en sucesión al Gobernador y miembro de varias juntas y organismos— pueden, directa o indirectamente, involucrarlo, o moverlo a involucrarse, en las polémicas de asuntos públicos polarizados, impregnados o no de contenido político-partidista, que trascienden la visión tradicional del papel de principal abogado-asesor gubernamental. La línea es tenue, y por ende, a veces difícil de separar el pronunciamiento a título clásico de Secretario de Justicia (abogado-asesor), y de aquel que irradia como miembro del Gabinete, o una junta, o Gobernador interino.” (Énfasis suplido.) In re Secretario de Justicia, supra, págs. 847-848.

Analicemos las expresiones del Honorable Rivera Cruz en su justa perspectiva, desde su posición como Gobernador interino y dentro del marco de la separación de poderes.

Las declaraciones del Secretario de Justicia se producen mientras se desempeñaba como Gobernador interino. Las mismas no fueron hechas como abogado de las partes en el caso ante el Tribunal de Distrito federal. El propio Honorable Juez Fusté reconoce que el Secretario de Justicia, Honorable Rivera Cruz, no está admitido a postular en dicho foro y su comparecencia se limita a incluir su nombre en los documentos suscritos por abogados autorizados a ejercer en el tribunal federal.!)

Ahora bien, de ejercer nuestra jurisdicción disciplinaria en este caso estaríamos disciplinando no al Secretario de Justicia, sino al Gobernador interino, al Primer Ejecutivo de Puerto Rico. Entendemos que las expresiones vertidas no justifican esta clase de intervención con la Rama Ejecutiva. Especialmente si consi-deramos que las mismas fueron hechas en torno a un asunto de gran interés público en ese momento que goza, pues, de protec-ción constitucional. Connick v. Myers, 461 U.S. 138, 142, 148 (1983). Aun cuando discrepásemos del criterio del Secretario de Justicia, el poder compartido en nuestra democracia es una llamada al consenso y no una invitación a que una rama de gobierno le imponga a otra su criterio. Hernández Agosto v. López Nieves, supra. Reiteramos lo expuesto en Silva v. Hernández Agosto, supra:

La relación entre los poderes del Gobierno debe ser dinámica y armoniosa. Su éxito depende de que cada un[o] acepte y respete la autoridad de l[o]s otr[os] y entienda la interrelación de sus funcio-nes. Su perdurabilidad requiere que cuando haya conflicto sobre el alcance de los poderes constitucionales de cualquiera de ellos, los tribunales intervengan con prudencia y deferencia para aclarar los contornos de la Constitución y facilitar la resolución de las diferen-cias.

En vista de todo lo expuesto, ordenamos el archivo de la queja presentada por el Honorable Juez Fusté contra el Secretario de Justicia, Hon. Héctor Rivera Cruz.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

h-H

Otra vez rechazamos la posición del licenciado Rivera Cruz de que “para fines éticos debemos fraccionar su persona y establecer el binomio abogado-Secretario de Justicia .... En último aná-lisis su condición de abogado es inseparable del cargo de Secre-tario de Justicia y constituye la cualidad esencial e inherente que le permite ser el abogado-asesor principal del Estado. Como tal, la misión del abogado y sus obligaciones deontológicas no se agotan al jurar como Secretario de Justicia”. (Escolio omitido.) In re Secretario de Justicia, 119 D.P.R. 363, 396-398 (1987). Y, lógicamente, tampoco se crea un vacío y desaparecen sus deberes éticos, por que breve e incidentalmente se desempeñe interinamente como Primer Ejecutivo.

Reconocemos que en las funciones adicionales de su cargo, la “línea es tenue, y por ende, a veces difícil de separar el pronun-ciamiento a título clásico de Secretario de Justicia (abogado-asesor), y de aquel que irradia como miembro del Gabinete, o una junta, o Gobernador interino”. In re Secretario de Justicia, 118 D.P.R. 827, 848 (1987).

Sin embargo, los antecedentes en este asunto y el texto íntegro de sus manifestaciones nos impiden compartir la tesis de que las mismas —por haberse producido mientras era Goberna-dor interino— inhiben per se el ejercicio original de nuestra jurisdicción disciplinaria. En las presentes circunstancias, la doctrina de separación de poderes no anula automáticamente —como sugiere la opinión Per Curiam— nuestra facultad en el ámbito ético. In re Ríos, 112 D.P.R. 353 (1982).

Tampoco es persuasivo el argumento del licenciado Rivera Cruz en el sentido de que la queja es improcedente, porque no es un abogado admitido a postular en el foro federal y sólo figurar su nombre en los escritos judiciales del Estado como una simple “formalidad”.

No albergamos duda de que sus manifestaciones fueron vertidas mientras era abogado de récord, aunque fuese nominal, en la acción civil contra el Alcalde de Moca, Sr. Juan De Jesús Méndez. Tomamos conocimiento judicial de que el licenciado Rivera Cruz solicitó permiso para comparecer oficialmente en pleitos ante dicho foro y que en ese carácter formal fue autorizado únicamente a incluir su nombre en los documentos suscritos por otros abogados allí admitidos, por razón del mandato de ley que ostenta de representar al Estado (3 L.P.R.A. see. 72) —Feliciano v. Barceló, 605 E Supp. 967, 969 (1985)— y “en deferencia al cargo que ocupa en la jerarquía constitucional ejecutiva del [Gjobierno . . .”. Resolución de 16 de noviembre de 1987, pág. 3.

1 — 1

Aclarados estos extremos, un análisis concienzudo y desapa-sionado de las expresiones del licenciado Rivera Cruz refleja —como característica esencial— una nota de protesta y crítica limitada a la decisión del Juez federal, Hon. José A. Fusté. Según su percepción, el encarcelamiento del Alcalde De Jesús Méndez por desacato civil constituyó “un atropello” y “abuso de poder” del órgano judicial.!)

La propia naturaleza de este lenguaje, más que el cargo de su interlocutor que fungía accidental y efímeramente como Gober-nador interino es, a juicio nuestro, el verdadero ratio decidendi para archivar la queja conforme la doctrina sentada en In re Cardona Álvarez, 116 D.P.R. 895, 904 (1986). Allí, en lo atinente decidimos que “el respeto hacia los tribunales, y su exaltación como uno de los postulados deontológicos más hermosos, no implica el establecimiento de una censura previa. Tampoco el que no reconozcamos la más amplia y dilatada libertad de defensa al abogado en el ejercicio de su profesión. Incuestionablemente la crítica judicial sana y oportuna es un instrumento necesario y efectivo para mantener a los jueces alertos y atentos al estricto cumplimiento de sus funciones. Tal crítica es un interés legítimo constitucional que debemos proteger. Es un vehículo apropiado para producir cambios favorables en el sistema de administración de justicia. Nuestro deber es escuchar esa crítica sin infundada sensiblería”. (Enfasis suplido y escolio omitido.)

H 1 — 1 I — }

Aunque para algunos, por su rudeza, para algunos, las mani-festaciones del licenciado Rivera Cruz sean susceptibles de esti-marse como carentes de estilo forense y, por ende, poco ejemplar-izantes —o como señala el propio Juez, Hon. José A. Fusté, “[mjentes razonables pueden interpretar las expresiones del Secretario como una violación a los cánones de ética profesional” (Resolución, supra, pág. 6)— ciertamente no rebasan el ámbito legítimo de su derecho de expresión —consustancial con la libertad de pensamiento— protegido por el Art. II, Sec. 4 de nuestra Constitución, L.RR.A., Tomo 1, y la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, L.ER.A., Tomo l.()

      (1) Los cánones del Código de Ética Profesional Núm. 8, Núm. 9 y Núm. 14 disponen lo siguiente:

        “Canon 8. Actos impropios de los clientes

        “Criterio general

      “La buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad ineludible de todo miembro de la profesión legal. Le corresponde a todo abogado procurar que prevalezca siempre en los tribunales un ambiente de decoro y solemnidad laborando por mejorar la calidad de la justicia que en éstos se imparte. Para lograr el más adecuado desenvolvi-miento y desarrollo del proceso judicial, el miembro de la profesión jurídica debe realizar todas las gestiones propias y legales que estén a su alcance, observando especialmente los cánones siguientes, que señalan algunos deberes particulares que surgen de este criterio general.

        “Canon 9. Conducta del abogado ante los tribunales

      “El abogado debe observar para con los tribunales una conducta que se caracterice por el mayor respeto. Ello incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustifi-cados o atentados ilícitos contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia en los tribunales. En casos donde ocurrieren tales ataques o atentados, el abogado debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la buena marcha de los procedimientos judiciales.

        “El deber de respeto propio para con los tribunales incluye también la obligación de tomar las medidas que procedan en ley contra funcionarios judiciales que abusan de sus prerrogativas o desempeñan impropiamente sus funciones y que no observen una actitud cortés y respetuosa.

        “Canon H. Publicidad sobre otros pleitos pendientes

      “El abogado debe abstenerse de publicar o de cualquier manera facilitar la publica-ción en periódicos o a través de otros medios informativos, detalles u opiniones sobre pleitos pendientes o que señalen la probabilidad de litigios futuros, pues tales publicaciones pueden obstaculizar la celebración de un juicio imparcial y perjudicar la debida adminis-tración de la justicia. En caso de que las circunstancias extremas de un pleito específico justifiquen ofrecer una información al público, será impropio el hacerlo anónimamente. Una referencia unilateral o ex paHe a los hechos de un caso debe limitarse a citas tomadas de los récords y documentos archivados en los tribunales; pero aun en estos casos extremos, es preferible abstenerse de ofrecer tales declaraciones.” 4 L.ER.A. Ap. IX.

      (2) En apelación, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito desestimó la apelación en cuanto al desacato por académico (moot). Cordero v. De Jesús-Méndez, 867 F.2d 1, 21-22 (1er Cir. 1989).

      (3) La Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, conocida como Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado, 3 L.P.R.A. sec. 1801 et seq., establece un código de ética aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva. E. Orsini Zayas, Sobre conflicto de intereses: guías para su identificación, diciembre de 1987, págs. 2-3 (trabajo inédito).

      (4) Si se considerara que el Secretario de Justicia, Honorable Rivera Cruz, es abogado de récord en el tribunal federal, estaríamos ante una situación en que dicho tribunal podría apropiadamente salvaguardar la debida administración de la justicia en su foro frente a lo que considera expresiones que afectan un caso que se encuentra pendiente en dicha jurisdicción, o una crítica que entiende rebasa el derecho a la libertad de expresión y afecta la dignidad del tribunal.

        La Regla 211.4 de las Reglas Locales para el Tribunal de Distrito Federal establece el procedimiento disciplinario para los abogados que ejercen en dicho foro. En In re Sánchez-Ferreri, 620 F. Supp. 961, 952 (1985), se dijo lo siguiente:
      “It is the general rule that discipline in the federal courts does not automatically follow from discipline in the state courts since the state and federal judicial systems are autonomous. By the same token, a federal court has no power to review a disciplinary decision rendered by a state court.
      “Indeed, it is recognized that, an attorney must strictly comport himself in a professional and ethical manner in order to maintain good standing in any federal bar; he must exhibit fair, private and professional conduct. Anything less is adequate reason to revoke his right to continue as a member in good standing of the bar.” (Citas omitidas y énfasis suplido.)

      (1) En lo pertinente, las expresiones fueron las siguientes:
      “Bueno, sencillamente, esto, a nuestro juicio, ha sido un atropello por parte del tribunal federal, específicamente del juez que ordenó el encarcelamiento del alcalde y a nuestro juicio es un abuso de poder de la jurisdicción federal; de lo que se trata es de un alcalde que tiene un caso muy meritorio que fue visto en un tribunal federal y que está en apelación en el Circuito de Boston —porque hay mérito en el caso. En el entretanto el juez desea y ordena al alcalde que pague alrededor de $200,000 a unos empleados que fueron cesanteados que ya el juez sí logr[ó] reponerlos . . . .” (Escolio omitido y énfasis suplido.) Resolución de 16 de noviembre de 1987, págs. 3-4.

      (2) Sobre los tres enfoques judiciales seguidos en las jurisdicciones estatales norteamericanas, consúltese a WE Hoye, Silencing the Advocates or Policing the Profession? Ethical Limitations on the First Amendment Rights of Attorneys, Drake L. R„ Vol. 38, No. 1, 1988-1989, págs. 31-57.


text:
      In re Ángel R. Concepción Velázquez.

      Número: 7241

      Resuelto: 8 de junio de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, querellante; Ángel R. Concepción Velazquez, pro se.

   per curiam:

El 8 de febrero de 1990, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias, le concedimos término de treinta (30) días al abogado notario Ángel R. Concepción Velázquez para que corrigiera unas deficiencias en su obra notarial, las cuales le había señalado el Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Expirado dicho término sin que el notario Concepción Velázquez hubiera cumplido con nuestra resolución a esos efectos, el referido notario hizo caso omiso de unas comunicaciones que al respecto le dirigiera el mencionado Director de la Oficina de Inspección de Notarías. Finalmente, sin embargo, el notario Concepción Velázquez compareció personalmente a dicha oficina, expresó que se proponía dar cumplimiento a nuestra Resolución de 8 de febrero de 1990 y brindó una dirección donde se podían comunicar con él.

Pasado el tiempo sin que cumpliera con su promesa de corregir las deficiencias, funcionarios de la referida oficina inten-taron comunicarse con dicho notario en la dirección suministrada por él. Para su sorpresa, en dicha dirección quien reside es un hermano del referido notario, persona que manifesto no conocer del paradero del notario Concepción Velázquez. Ante esta situa-ción, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías consideró apropiado informarnos lo anteriormente señalado, ello mediante Memorando de 22 de mayo de 1990. Surge del mismo que, en adición a las deficiencias anteriormente señaladas, el notario Concepción Velázquez no rinde índices notariales desde septiem-bre de 1989 y tampoco ha rendido el informe estadístico anual que requiere la Regla 12(d) del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1ro de septiembre de 1975 (4 L.ER.A. Ap. I-A).

i — I

Lo anteriormente expuesto es motivo suficiente para decretar la separación indefinida del abogado Angel Concepción Velázquez del ejercicio del notariado en Puerto Rico. Ello a la luz del poder inherente de este Tribunal para reglamentar la profesión legal en Puerto Rico y lo resuelto en In re Kiefer, 117 D.P.R. 767 (1986); en In re Freytes Mont, 117 D.P.R. 11 (1986), y en In re Berríos Pagán, 126 D.P.R. 458 (1990).()

Se dictará sentencia de conformidad.()

      (1) Mediante resolución de esta misma fecha le estamos concediendo el término de veinte (20) días al abogado Ángel Concepción Velázquez para que muestre causa por la cual este Tribunal no deba decretar su separación del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico, resolución que deberá ser diligenciada por la Oficina del Alguacil General de este Tribunal.

      (2) El Alguacil General de este Tribunal deberá, de inmediato y si es que no se ha hecho anteriormente, proceder a incautarse de la obra notarial del referido abogado y entregarla al Director de la Oficina de Inspección de Notarías para examen e informe a este Tribunal.


text:
      In re Miguel A. Sánchez Pérez.

      Número: 5362

      Resuelto: 13 de junio de 1990

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías-, Miguel A. Sánchez Pérez, pro se.

   per curiam:

El lro de agosto de 1989 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías (en adelante Director) informó que el 15 de marzo de 1989 se inspeccionó el protocolo de 1988 del abogado-notario Miguel A. Sánchez Pérez y se le señalaron una serie de deficiencias.

El 26 de abril de 1989 se reinspeccionó dicho protocolo y se encontró que todavía existían las deficiencias, especialmente aquellas relacionadas con la falta de sellos de rentas internas y notariales.()

Continuó informando el Director que el 18 de mayo se le envió una comunicación al licenciado Sánchez Pérez en la que se le concedió quince (15) días para que se expresara sobre las defi-ciencias. El notario hizo caso omiso de esta comunicación. El 7 de agosto, mediante resolución, concedimos término al licenciado Sánchez Pérez para que se expresase sobre la comunicación del Director. El 8 de septiembre de 1989 compareció el licenciado Sánchez Pérez indicando que para esa fecha todas y cada una de las deficiencias notificadas habían sido corregidas y que su protocolo de 1989 estaba listo para inspección. Expresó, además, que no pudo cumplir con su obligación debido a “problemas personales”, sin especificar en qué consistían éstos y que la omisión había sido una no intencional. Pidió excusas y aseveró que no volvería a incurrir en deficiencias similares.

Le pedimos al Director que se expresara sobre el escrito presentado. El 30 de octubre el Director nos informó que las deficiencias señaladas al licenciado Sánchez Pérez estaban corre-gidas.

Reafirmamos una vez más la importancia de que los notarios cancelen los sellos de rentas internas y notariales. In re Quidgley Viera, 119 D.P.R. 72 (1987); In re Ralat Pérez, 124 D.P.R. 745 (1989); In re Flores Torres, 125 D.P.R. 159 (1990); In re Rodríguez Rodríguez, 124 D.P.R. 885 (1989).

Sin embargo, tomando en consideración que es la primera vez que se trae a nuestra atención una queja relacionada con el ejercicio del notariado del licenciado Sánchez Pérez, la pronta atención de éste a nuestra resolución que le ordena corregir las deficiencias y al hecho de que no se le ha causado daños a terceros, limitaremos en esta ocasión la sanción disciplinaria a una de tres (3)meses de suspensión del ejercicio de la notaría. Se le apercibe, además, que en el futuro deberá dar fiel cumplimiento a su deber de adherir y cancelar los sellos de rentas internas y notariales correspondientes y a todas las disposiciones de ley pertinentes.

Se dictará sentencia en conformidad con lo antes expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García hace constar que impondría una sanción mayor. El Juez Asociado Señor Rebollo López hace constar que, no obstante entender que en vista de la conducta en que ha incurrido el notario querellado efectivamente resulta procedente la suspensión de éste del ejercicio del nota-riado en Puerto Rico, sostiene que el Tribunal, al imponerle a dicho notario una sanción de solamente tres (3) meses de suspen-sión, incurre en una grave inconsistencia e injusticia, ya que en situaciones en el pasado que envolvían violaciones similares a la Ley Notarial de Puerto Rico por parte de otros notarios, el Tribunal impuso sanciones disciplinarias mucho más severas; esto es, o se está siendo muy condescendiente en el día de hoy con el notario aquí en controversia o se fue muy severo e injusto con los notarios anteriormente disciplinados.

      (1) Faltaban $940.50 en sellos de rentas internas y $32 en sellos notariales.