author: PER CURIAM:

text:
    Juan R. Garriga Gordils, demandante y peticionario, v. Miguel A. Maldonado Colón, demandado y recurrido.

      Número: O-79-453

      Resuelto: 23 de mayo de 1980

      Ferraiuoli & González Gierbolini y Fernando González Gierbolini, abogados del recurrente; Julio Eduardo Torres, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

Se trata de una acción civil sobre nulidad de contrato interpuesta por el peticionario el 26 de enero de 1978 ante la Sala de Aibonito del Tribunal Superior. Sin que se ventilara el juicio, fue archivada y sobreseída por el Tribunal Superior por entender que carecía de interés el demandante. Se negó luego a acceder a relevar a éste de la sentencia, al amparo de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil. Resolvemos que procede el relevo de sentencia solicitado y por tanto debe ser revocada la negatoria del Tribunal Superior a concederlo. Pasemos detalladamente sobre los pormenores de la contro-versia.

Contestada oportunamente la demanda se inició el período de descubrimiento de prueba, cruzándose entre las partes sendos interrogatorios. El 14 de agosto de 1978 el deman-dante, aquí peticionario, solicitó señalamiento de la conferen-cia con antelación al juicio, la que fue fijada para el 2 de octubre siguiente.

Así las cosas el 29 de septiembre, o sea, tres días antes de la vista con antelación al juicio, el entonces abogado del deman-dado recurrido, solicitó ser relevado de su representación, solicitando, además, la posposición de dicha vista para así brindarle a su representado un término razonable para contratar nueva representación profesional. Ambas solici-tudes fueron declaradas con lugar el 1 de octubre. El aquí peticionario solicitó entonces que se le fijara al recurrido un término específico para contratar nueva representación. El tribunal fijó un plazo de 15 días para esos propósitos, compareciendo finalmente en autos en 27 de octubre el Ledo. Julio Eduardo Torres, asumiendo la representación del recu-rrido. Inmediatamente y por segunda ocasión, el peticionario solicitó el señalamiento de la conferencia con antelación al juicio, fijándose ésta para el día 11 de diciembre.

En esa etapa de los procedimientos, el recurrido solicitó permiso del tribunal para reabrir el descubrimiento de prueba y tomar deposición al peticionario y a la madre de éste. El tribunal sentenciador accedió a lo solicitado mediante orden del 6 de noviembre, resultando por tanto tardía la oposición del peticionario, cuya moción de fecha del 10 de noviembre fue por ello denegada. El recurrido citó entonces al peticionario y a la madre dé éste para la toma de sus deposiciones para el día 7 de diciembre.

El peticionario resolvió contratar un abogado adicional para que se uniera a la tramitación de su caso dirigiéndose para ello al Ledo. Luis F. Camacho. () El Ledo. Arquímides Gierbolini, quien hasta entonces ostentaba la representación del peticionario, decidió retirarse del caso, () razón por la cual el 6 de diciembre de 1978 solicitó del tribunal autorización para renunciar la representación del peticionario. Asimismo solicitó del tribunal que, en vista de las circunstancias, suspendiera la conferencia con antelación al juicio que estaba señalada para el 11 de diciembre. El siguiente día — 7 de diciembre — el tribunal declaró la moción sin lugar. ()

Llegado el 11 de diciembre no comparecieron a la confe-rencia con antelación al juicio ni el peticionario ni ninguno de sus abogados. Es entonces cuando el tribunal dictó sentencia decretando el archivo y sobreseimiento del caso por falta de interés del peticionario. () Se notificó la referida sentencia en 28 de diciembre.

El 5 de enero de 1979, el Ledo. Gierbolini solicitó del tribunal que dejara sin efecto su sentencia de archivo apuntán-dole que su falta de comparecencia obedecía a los trámites que progresaban con respecto al cambio de representación profesional del demandante. Señaló también dicho abogado que recibió la orden del tribunal que disponía de su solicitud de suspensión el mismo día de la vista; y consignó enfática-mente que el demandante sí conservaba interés en su causa. Ante esta solicitud la providencia del tribunal que no es del todo clara dispuso:

“Toda vez que el compañero no se considera abogado de la parte demandante, no ha lugar.” ()

Es evidente que al así disponer, el demandante quedó en desamparo. Al no aceptar la renuncia del abogado, y consig-nar que éste debió comparecer a la vista anterior al juicio; y a la vez no reconocerle capacidad para solicitar a nombre del demandante el relevo de la sentencia que por los actos de su abogado se le había impuesto, parece negarle alivio al demandante en lo que podía favorecerle la representación de su abogado, y consentir en lo que le perjudicaba.

Así transcurrió el tiempo hasta que el demandante, aquí peticionario, pudo finalmente conseguir efectiva representa-ción profesional, () quien solicitó relevo de sentencia bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil en 24 de abril, la que fue denegada sin celebración de vista () el 31 de mayo, por entender el tribunal que no fue presentada en término razonable. Inconforme, el demandante peticionario acudió ante nos y en atención a las circunstancias que hemos consignado precedentemente dictamos resolución conce-diendo a la parte demandada un plazo para que mostrara causa por la cual no debía dejarse sin efecto la sentencia recurrida. Vencido el término fijado compareció el recurrido. Hemos considerado los argumentos expuestos sin que haya-mos sido persuadidos a variar la actitud que previamente intimáramos. () Varias razones militan en pro del relevo del peticionario de la sentencia recurrida.

Conviene señalar primeramente que si la sentencia de archivo se impuso al demandante peticionario como medida de sanción por no comparecer a la conferencia anterior al juicio, debemos dejarla sin efecto por ser excesiva. El interés del peticionario en su causa de acción era evidente. Un examen del expediente revela una celosa diligencia en la tramitación de su causa. Procedió en tiempo al descubrimiento de prueba; solicitó prontamente el señalamiento de la conferencia con antelación al juicio; cuando el demandado decidió obtener nueva representación profesional, solicitó que se le fijara para ello un plazo específico; se opuso prontamente a las pretensiones del demandado recurrido de reabrir el descubrimiento de prueba; y, finalmente, solicitó por segunda vez el señalamiento para conferencia con antelación al juicio, que había sido originalmente suspendida a instancia de la otra parte. Observamos además que una vez recaída sentencia de archivo en su contra, actuó con prontitud para solicitar se dejara sin efecto.

Hemos establecido con claridad que la privación a un litigante de su día en corte es medida procedente sólo en casos extremos en que “no haya duda de la irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se toman las medidas drásticas”. Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974). Véanse también Arce v. Club Gallistico de San Juan, 105 D.P.R. 305 (1976); Ortiz Rivera v. Agostini, 92 D.P.R. 187 (1965); Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823 (1962). No hemos encontrado en las actuaciones del peticionario o su abogado las circunstancias extremas que señalamos en nuestra jurisprudencia. Por otro lado, el litigante diligente no debe ser sometido a la frustración ingente que se suscita cuando la justicia le cierra sus puertas a sus reclamos.

Mas, aun si aceptáramos indiscriminadamente que la no comparecencia del demandante a una vista anterior al juicio es razón suficiente para sobreseer su causa sin atender a las circunstancias presentes en cada caso en particular, estaríamos dando la espalda al principio sentado en el sentido de que “la desestimación de la demanda o la vista celebrada ex parte no tienen carácter de final. El tribunal tiene siempre la facultad para dejarlas sin efecto por causa justificada y bajo las condiciones que considere justas. La Regla 49.2 de Procedimiento Civil reconoce esta facultad de los tribunales para relevar a una parte de una sentencia por error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable, entre otras causas.” (Bastardillas nuestras.) Fine Art Wallpaper v. Wolff, 102 D.P.R. 451, 457 (1974).

Vistas las circunstancias específicas en que se desenvolvió este caso ante el tribunal de instancia, no albergamos duda de que el demandante y peticionario invocó en tiempo la protección de la Regla 49.2 de Procedimiento Civil.

I — ( h-H

La Regla 49.2 dispone en su parte final:

“La moción se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia u orden o haberse llevado a cabo el procedimiento. . . .”

Determinar si una solicitud de relevo de sentencia ha sido presentada dentro de un término razonable, requiere el ejercicio de discreción por parte del tribunal. 7 Moore’s Federal Practice, sec. 60.19. Tal discreción es necesaria para la determinación de lo que constituye un término razonable dentro de los hechos particulares de cada caso. Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, T. 11, sec. 2866, pág. 228. El ejercicio de esa discreción ha de ser “imparcial, guiada por principios legales ‘a ser ejercitados de conformi-dad con el espíritu de la ley, y de manera que adelante, y no obstruya o atrase, los fines déla justicia’ Southern Construction Co. v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 903, 906 (1963); 7 Moore’s Federal Practice, sec. 60.19, págs. 228-231. Por ello debe sopesarse el posible perjuicio que a la parte contraria le pueda ocasionar la tardanza del promovente, ante las razones que éste pueda tener para no haber acudido tras el remedio con mayor prontitud. Wright & Miller, Federal Practice and Procedure, T. 11, sec. 2866, pág. 228. Lo importante es lograr un balance correcto entre el principio de la finalidad de las sentencias y el postulado fundamental que exige que se provean los mecanismos adecuados para corregir aquéllas que sean erróneas e injustas. 7 Moore’s Federal Practice, sec. 60.27(1), pág. 340.

En el caso ante nos, la balanza se inclina marcadamente hacia la postura del peticionario. Éste condujo el trámite del litigio con consistente diligencia, por lo que la demora habida en la adquisición de una adecuada representación, dentro dél confuso estado de indefensión en que quedó una vez inmerso, no puede ser considerada irrazonable. En cuanto al perjuicio a que pueda estar sujeto el recurrido al reabrir este caso, solamente lo podemos percibir en la reapertura per se. ()

Por lo fundamentos expuestos, se expedirá el auto de certiorari, se revocará la resolución emitida por el Tribunal Superior el 31 de mayo de 1979, y al amparo de la Regla J+9.2 de Procedimiento Civil, se dejará sin efecto la sentencia dictada el 26 de diciembre de 1978. Continuarán los procedi-mientos en forma consistente con lo expuesto.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre con el resultado sin opinión.

      (1) De los autos no surge con certeza que el contrato con el Ledo. Camacho llegara a cristalizarse plenamente. Todo parece indicar que éste hizo alguna gestión para el demandante pero, no obstante, nunca compareció en autos.

      (2) Le comunicó al peticionario que prefería entregarle el asunto al Lie. Camacho.

      (3) Adviértase, que esa negativa del tribunal no guarda proporción con la forma en que se habían aplicado las Reglas de Procedimiento Civil a la parte demandada. Tal como hemos reseñado, surge con relieve de los autos que en una ocasión anterior, a instancia de la parte demandada, el tribunal había accedido a posponer la celebración de la conferencia con antelación al juicio a pesar de que la solicitud se hizo tres días antes de la fecha señalada. Más aún, también hemos visto que el tribunal accedió de inmediato a una petición del demandado para reabrir el descubrimiento de prueba, a pesar de que ya se había señalado la conferencia con antelación al juicio y sin escuchar a la parte demandante cuya pronta oposición resultó tardía.
      Debemos señalar al respecto que si bien es cierto que los señores magistrados del tribunal de primera instancia tienen discreción para aplicar rigurosamente las reglas de procedimiento civil cuando ello sea necesario para el bien de la justicia, es cierto también que carecen de discreción para imponer a una parte un rigor distinto del que le imponen a la otra; porque tal desigualdad sólo redundaría en la injusticia, en el desasosiego y en la absoluta desconfianza de los ciudadanos en nuestro sistema judicial. Srio. del Trabajo v. Mayagüez O. M. Club, 105 D.P.R. 279, 283 (1976).

      (4) Téngase presente, por cuanto en adelante discutiremos, que en el segundo párrafo de su sentencia el tribunal determinó: “El Tribunal llama la atención hacia el hecho de que la moción de renuncia de representación legal radicada por el Ledo. Arquímides Gierbolini fue declarada Sin Lugar por lo que debía haber comparecido a dicha vista él o la parte demandante personalmente a exponer la situación imperante en aquel momento.”

      (5) Se dictó la resolución en 9 de enero de 1979.

      (6) Obtuvo los servicios del bufete Ferraiuoli y González Gierbolini.

      (7) Hemos resuelto que siempre que se invoquen razones válidas al solicitar remedio bajo la Regla 49.2, que requieran la presentación de evidencia para sustanciarlas, la celebración de vista será mandatoria. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445 (1977); Pérez Rodríguez v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 182 (1971); Constructora del Oeste v. Tribl. Superior, 97 D.P.R. 785 (1969); E.L.A. v. Tribunal Superior, 86 D.P.R. 692 (1962); Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 358 (1961).

      (8) Habiendo alegado ante nos el demandado, la parte demandante y peticionaria presentó réplica.

      (9) Alega el recurrido que “reabrir en este momento el proceso le causaría daños sustanciales al retornar al estado de incertidumbre que se encontraba su negocio antes de dictarse sentencia.” Es natural que cualquier pleito que amenace con alterar el statu quo de una de las partes represente incertidumbre.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Benito Muñoz, Inc., demandante y recurrida, v. Productora Puertorriqueña de Alimentos, Inc., demandada y peticionaria.

      Número: O-80-104

      Resuelto: 28 de mayo de 1980

      Laffitte & Domínguez y María Isabel García Vázquez, abogados de la peticionaria; Antonio Arana Torros, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

¿Autoriza nuestro ordenamiento jurídico la comparecencia, representación y defensa de los intereses de una corporación — como demandante o demandada ante los tribunales de justicia — a través de un oficial que no es abogado? () ¿Que efectos ello tiene?

Los hechos que suscitan estas interrogantes se originan cuando George Otero, Presidente y único accionista de la entidad corporativa Productora Puertorriqueña de Ali-mentos, Inc., después de la renuncia de su abogado, la representó en ciertos trámites finales en el Tribunal de Distrito en pleito donde fuera demandada para que resti-tuyera al vendedor Benito Muñoz, Inc., unos artículos compra-dos bajo contrato de venta condicional. Medió un decreto de reposesión, y fueron declaradas sin lugar unas mociones sobre relevo de sentencia en dos ocasiones y una reconsidera-ción. Otero apeló al Tribunal Superior, cuyo foro, aun cuando llegó a conclusiones favorables a dicha corporación, desestimó el recurso por el fundamento de que él no era abogado. La corporación recurre e impugna ante nos dicho fallo, esta vez debidamente asistida por abogados.

I

La cuestión, aparte de ser novel, requiere para su resolu-ción el ejercicio de nuestra jurisdicción judicial apelativa en unión a la prerrogativa inherente de regular la admisión a la práctica de la profesión de abogado en Puerto Rico, así como el examen de una importante disposición complementaria a dicha facultad promulgada por la Asamblea Legislativa. A tal efecto, es esencial interpretar el alcance de la See. 7 de la Ley Núm. 17 de 10 de junio de 1939, según enmendada, que dispone:

“Ninguna persona que no sea abogado autorizado por la Corte Suprema de Puerto Rico podrá dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado, ni anunciarse como tal, ni como agente judicial, ni gestionar, con excepción de sus propios asuntos, ningún asunto judicial o cuasijudicial ante cualquier tribunal judicial. . . (Bastardillas nuestras.) 4 L.P.R.A. see. 740.

Su texto tipifica el delito de ejercitar ilegalmente la profesión de abogado. Se observa, sin embargo, que el mismo se refiere y contempla personas naturales pues solamente éstas pueden ser autorizadas a ejercer la profesión por este Tribunal. Esta apreciación se robustece al admitirse y permitirse, por vía de excepción, que una persona represente ante los tribunales “sus asuntos propios”; lógicamente dicha salvedad no puede aplicarse a quien no es una persona natural, quedando así excluidas las criaturas jurídicas corporativas.

Otra disposición pertinente es la Regla 9 de las de Procedimiento Civil. () Su lectura refleja que ésta sólo regula previsoramente la situación en que una persona natural comparece ante los tribunales por derecho propio, estableciendo lo relativo al requisito de la firma de sus escritos. La regla no intenta variar la limitación corporativa señalada, aunque el concepto “parte” teóricamente incluye una corporación. Ahora bien, no es fuente legal para otorgar el poder representativo discutido. Distinta reflexión se impondría si la regla, expresa o implícitamente, autorizara la comparecencia pro se en los tribunales de las corporaciones a través de sus oficiales disponiendo la manera en que suscribirán sus escritos, e.g., estampando el sello corporativo y la firma del oficial o acompañando una resolución corpora-tiva. Finalmente, las Reglas 69 y 243 de las de Procedimiento Criminal vigentes establecen la comparecencia de una cor-poración, para fines de alegación y su presencia durante el proceso, por conducto de abogado.

¿Que justificación tiene esta limitación en la capacidad representativa corporativa? En Pueblo v. Santaella, 91 D.P.R. 350 (1964) — acusado un oficial de una corporación del ejerci-cio ilegal de la profesión de abogado sin que fuera necesario resolver si su conducta constituía delito, en vista de que la corporación había estado representada por abogado — ade-lantamos que “[l]os estatutos que castigan el ejercicio no autorizado de la profesión se justifican como un ejercicio del poder de razón de estado (police power) para la protección del público de personas no cualificadas o no diestras, pero no como un medio para eliminar la competencia en la profesión legal”. () Págs. 355-356.

Hoy, movidos por iguales y sólidas consideraciones de política pública que han encontrado eco en otras jurisdicciones de experiencia similar () adoptamos la norma que veda a los entes corporativos de comparecer por derecho propio ante los tribunales de justicia. Desde su génesis, su raison d’etre ha experimentado cambios. Originalmente fue esbozada con el mero decir que las corporaciones no eran entes corpóreos sino criaturas de ley o que no tenían alma. Después, reconociéndose que éstas no podían actuar sino representadas por agentes, se adujo que éstos deberían ser abogados. Finalmente se percibió como fundamento medular, uno basado en la sana política pública de que la corporación sólo actuara por medio de agentes sujetos al control de los tribunales — de buena moral y reputación — según se les exige a quienes son admitidos a practicar la profesión jurídica. Con buen juicio se razona que, gozando las corporaciones de tantos privilegios y poderes, sería peligroso concederles también que pudieran ser representadas por sus oficiales, quienes podrían carecer de escrúpulos suficientes y pensar solamente en el beneficio corporativo. Incluso se ha dicho, que ello podría prestarse a subterfugios para que personas legas o aun individuos desaforados practicasen la profesión sin autori-zación. ()

En resumen, opinamos que sólo a través de abogados autorizados y el comportamiento ético que a ellos se les impone, podemos lograr cierta estabilidad en la responsa-bilidad social del ente corporativo. () El Departamento de Estado de Puerto Rico tiene registradas 46,148 corporaciones domésticas, 5,843 foráneas con fines de lucro, y 11,146 sin fines pecuniarios, de las cuales se estiman activas 25,000. No es difícil entender el número sustancial de litigios rutinarios que las actividades de estas entidades anualmente generan en los tribunales, y visualizar el peligro que entrañaría para el control y desarrollo de una eficiente administración de justicia el que sus miles de funcionarios corporativos estu-vieran autorizados a postular, aunque limitado a sus asun-tos. () Debemos tener presente que nadie viene obligado a incorporarse. Ello es una determinación voluntaria que genera varios beneficios entre los que figuran prominente-mente aquellos de índole contributiva y el de responsabilidad personal limitada. Como resultado, no puede estimarse gravoso la exigencia de requerirles a quienes optan por conducir sus negocios y asuntos a través de un ente artificial que comparezcan ante los tribunales a través de abogado.

Réstanos resolver las consecuencias de la corporación recurrente haber comparecido sin estar asistida por un agente abogado. La norma prevaleciente promulga la nulidad de toda actuación, inclusive cualquier sentencia que haya obtenido la corporación cuando ésta es demandante y la continuación de los procedimientos en rebeldía cuando es demandada como en este caso. Sin embargo, no podemos pasar por alto que estamos pautando un derecho por vez primera. Así, no actuaríamos justicieramente si simplemente confirmamos la sentencia del Tribunal Superior. Debemos darle efecto prospectivo.

Aparece de los autos que el pleito fue llevado, en cierto modo satisfactoriamente por el oficial Otero, sin que éste incurriera en conducta lesiva alguna hacia las partes o transgrediera intereses importantes del tribunal o la sociedad en general. En las circunstancias peculiares apuntadas, nos parece la solución más justa dejar sin efecto la sentencia recurrida y conceder a la corporación la oportunidad de consignar y figurar para récord la comparecencia de un abogado y que el Tribunal Superior emita la sentencia en los méritos que hubiera dictado de no haber resuelto que la ausencia de un abogado corporativo se lo impedía.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia según lo expuesto.

      (1) El Art. 202 de la Ley General de Corporaciones, según enmendada — Núm. 3 de 9 de enero de 1956 — confiere a toda corporación la “facultad para... [d]emandar y ser demandada en cualquier tribunal”. 14 L.P.R.A. see. 1202(2). Por lo demás, guarda silencio en cuanto a cómo han de comparecer ejercitando esa facultad.

      (2) Reza: “... Una parte que no esté representada por abogado firmará su escrito y expresará su dirección y teléfono, si lo tuviere ....” (Bastardillas nuestras.)

      (3) Sin expresar criterio definitivo, allí aludimos, además, a la interesante cuestión que al presente nos ocupa y a otros problemas relacionados. Señalamos también la importancia de no confundir el problema de si una corporación podía comparecer ante los tribunales por derecho propio, con la prohibición de que las corporaciones ejerzan la profesión a través de abogados empleados para tal fin, haciendo referencia a lo resuelto en Rasa Eng. Corp. v. Daubón, 86 D.P.R. 193 (1962).

      (4) En general, Henn, The Law of Corporations, (1978), sec. 80, pág. 112; Fletcher, Cyclopedia of the Law of Private Corporations, (rev. perm. ed. 1976), sec. 4463.
      En cuanto a la norma en los tribunales federales, consúltese, 28 U.S.C. 1654 y los siguientes casos: Osborn v. Bank of the United States, 22 U.S. 738(1824); Comm. and R. & R. Bank v. Slocomb, 39 U.S. 60 (1840); Mullin-Johnson Co. v.Penn. Mut. Life Ins. Co., 9 F.Supp. 175 (1934); Heiskell v. Mozie, 82 F.2d 861 (1936); Brandstein v. White Lamps, 20 F.Supp. 369 (1937); Acme Poultry Corporation v. United States, 146 F.2d 738 (1944); MacNeil v. Hearst Corporation, 160 F.Supp. 157 (1958); Flora Construction Co. v. Fireman’s Fund Insurance Co., 307 F.2d 413 (1962); Simbraw, Inc. v. United States, 367 F.2d 373 (1966); Shapiro v. Continental Records, 386 F.2d 426 (1967); Strong Del. Min. Ass'n v. Board of App. of Cook County, 543 F.2d 32 (1976); In Re Victor Publishers, Inc., 545 F.2d 285 (1976); James v. Daley & Lewis, 406 F.Supp. 645 (1976); Matter of Holliday’s Tax Services, Inc., 417 F.Supp. 182 (1976); Schreibman v. Walter E. Heller & Co., Etc., 446 F.Supp. 141 (1978); Merco Const. Eng., Inc. v. Municipal Court, 581 P.2d 636 (1978); State Ex Rel. Western Parks v. Bartholomew Cty., 383 N.E.2d 290 (1978); Metal Ltd. v. Kona Const. Co., 590 P.2d 570 (1979); Johnson v. Pistake Highlands Community Ass’n, 390 N.E.2d 640 (1979).
      En las jurisdicciones estatales: Mortgage Comm’n v. Great Neck, 295 N.Y.S. 107 (1937); Paradise v. Nowlin, 195 P.2d 867 (1948); Nicholson Supply Co., Inc. v. First

        Federal, 184 So.2d 438 (1966); Remole Soil Service, Inc. v. Benson, 215 N.E.2d 678 (1966); Ramada Inns, Inc. v. Lane & Bird Advertising, Inc., 426 P.2d 395 (1967); Globe Leasing, Inc. v. Engine Supply, 437 S.W.2d 43(1969); Greer v. Ludwick, 241 N.E.2d 4 (1968); Union Sav, Ass’n v. Home Owners Aid, Inc., 262 N.E.2d 558 (1970); In Re Highley, 459 F.2d 554 (1972), Ambulance v. Davis, 306 N.E.2d 368 (1974); Jack Wood Const. Co., Inc. v. Ford, 522 S.W.2d 408 (1975); Vann v. Shilleh, 126 Cal. Rptr. 401 (1975); Lefkowitz v. Therapeutic Hipnosis, Inc., 383 N.Y.S.2d 868 (1976); Austrian, Lance & Stewart v. Hastings Prop., Inc., 385 N.Y.S.2d 466 (1976); City of De Kalb v. Nehring Elec. Works, Inc., 353 N.E.2d 150 (1976); Land Management Inc. v. E.P., 545 S.W.2d 49 (1977); Woodruff v. McDonald’s Restaurants, 142 Cal. Rptr. 367 (1977); Natl. Bank v. Natl. Bank, 368 N.E.2d 119 (1977); Tom Thumb v. Han, 144 Cal. Rptr. 30 (1978).

      (5) Para una excelente argumentación en torno a la norma y su recorrido jurisprudencial y el de los comentaristas, examínese, Note: Appearance of Corporations Without Attorney, 7 Brooklyn L. Rev. 371 (1938); Note: Right to Appear in Proper Person in the Federal Courts, 38 N.Y.U. L. Rev. 753 (1963); Cotner, May a Corporation Act as its Own Attorney? 16 Clev. Mar. L. Rev. 173 (1967).

      (6) “. . . debemos recordar que, como un elemento fundamental en nuestra sociedad, la corporación ocupa un sitial único. Tiene una personalidad que puede ser alabada o criticada; pero diferente al individuo, ésta tiene un margen de error pequeño porque no tiene valor inherente. Una corporación vale sólo en la medida en que sirve al pueblo. ... Si comete un error, y más aún si lo repite, algo ocurrirá finalmente para asegurar que no volverá a cometerlo. Se levantarán presiones para que se le regule más apretadamente, se le impongan nuevos reglamentos, para restringirlas de nuevas maneras, algunas veces hasta para castigarla. Las respuestas vendrán a través de las cortes, legislaturas, uniones laborales, y consumidores....
      “Entre las presiones levantadas y las respuestas inevitables se encuentra el abogado de corporaciones. Su trabajo es contribuir creativa y constructivamente a mantenerlas en su sitio, para reducir las presiones... y prever reacciones.... No es un partidario. Tiene un interés vital en el crecimiento de la corporación y su sobrevivencia, pero no puede darse el lujo de pararse en la plataforma de ‘Mi compañía[:] esté bien o esté mal’.” W. T. Gossett, The Corporation Lawyer’s Social Responsibilities, ABA Journal, 1974, Vol. 60, págs. 1517,1518.

      (7) A manera de ejemplo, las corporaciones dedicadas a conceder préstamos pequeños o hipotecarios reclamando deudas impagadas.


author: PER curiam:

text:
      In re Johnny Pagani Rodríguez, notario público.

      Número: 3014

      Resuelto: 5 de junio de 1980

      Johnny Pagani Rodríguez, pro se; Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, compareció por escrito.
   PER curiam:

El 17 de marzo de 1980 suspendimos al Notario Johnny Pagani Rodríguez del ejercicio de la notaría por no haber satisfecho la prima de la fianza notarial que, a favor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, requiere la Ley Notarial para responder del buen desempeño de las funciones de su cargo y de los daños y perjuicios que, por acción u omisión, cause en el ejercicio de su ministerio. 4 L.P.R.A. see. 1002.

En vista de la solicitud de reconsideración presentada por el referido notario el 20 de marzo de 1980, en la que informa haber satisfecho el importe de la fianza, ascen-dente a $20.00, y ofrece —además— la excusa de no haber recibido el aviso de 7 de noviembre de 1979 cursado por el Secretario del Tribunal, mediante el cual se le concedía hasta el 8 de enero de 1980 para la renovación de la fianza, dictamos resolución con copia al Colegio de Abogados y al Director de Inspección de Notarías para que informaran lo que fuere menester con respecto a la petición del Notario Pagani.

Un examen del expediente personal del abogado Pagani y del informe del Director de Inspección de Notarías revela lo siguiente:

1. El 24 de septiembre de 1973 dictamos resolución respecto a un error en violación de la Ley Notarial, previniéndole de ulteriores inobservancias de dicha ley.

2. El 15 de mayo de 1975 el Secretario le concedió 60 días de término para satisfacer la prima sobre la fianza notarial vencida desde el 4 de enero anterior.

3. El año siguiente, el 4 de enero de 1976, volvió a incumplir el Notario Pagani el pago de la prima de la fianza, por lo que el Secretario le concedió 60 días para pagarla.

4. El Notario Pagani incumplió con la Regla 12(d) del Reglamento de este Tribunal al dejar de enviar, no más tarde del mes de enero de 1979, el informe estadístico anual de todos los documentos notariales autorizados durante el año. No fue hasta el 28 de agosto de 1979 que así lo hizo, a requerimiento del Director de Inspección de Notarías.

5. El 4 de enero de 1979 volvió a delinquir dicho Notario en el pago de la fianza, lo que obligó al Secretario, el 7 de noviembre de 1979, a requerirle el pago, el cual hizo el 20 de marzo de 1980, luego de transcurrir el plazo concedídole y habérsele suspendido del ejercicio de la notaría. Conforme lo expresa la comunicación recibida del Colegio de Abogados, la prima pagada corresponde al período comprendido entre el 4 de enero de 1979 y el 4'de enero de 1980. Luego, hemos de presumir que a la fecha en que fuera suspendido el Notario Pagani —17 de marzo de 1980— éste adeudaba también la prima correspondiente al año en curso.

6. El Notario Pagani dejó de notificar al Secretario de este Tribunal el cambio de su oficina notarial al Condominio Olimpo Plaza 208, Avenida Muñoz Rivera 1002, Río Piedras, P.R. 00927. Omitió, también, notificar el cambio de su residencia, en o alrededor del mes de septiembre de 1979. Es en la solicitud de reconsideración, radicada el 20 de marzo, que por primera vez lo menciona.

Las circunstancias antes señaladas, especialmente el reiterado incumplimiento con el mantenimiento de su fianza notarial según lo exige la Ley Notarial, acusan una indiferencia del Notario Pagani respecto a sus obligaciones como notario que le colocan en el umbral de la incapacidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio. Su proceder nos obliga a tomar medidas disciplinarias.

Por ello continuará en todo su vigor la suspensión del Notario Pagani, conforme nuestra resolución de 17 de marzo de 1980, la cual se extenderá hasta cumplir seis meses de castigo desde su suspensión inicial, esto es, hasta el 17 de septiembre de 1980. Si no hubiese entregado sus protocolos notariales y registros de afidávit al Director de Inspección de Notarías a la fecha de recibo de esta opinión conforme lo requería nuestra resolución de 17 de marzo de 1980, deberá hacerlo dentro de los próximos diez (10) días.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Coca-Cola Bottling Company of Puerto Rico, Inc., demandante y recurrente, v. Unión de Tronquistas de Puerto Rico, Local 901, y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-80-68

      Resuelto: 11 de junio de 1980

      McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria y Aníbal Irizarry, abogados de la recurrente; P. Pagan Colón, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 31 de octubre de 1978 fue emitido un laudo por el Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. La controversia sometida por las partes (“Coca-Cola” y “la Unión”) fue: “Determinar cuál prevalece en caso de conflicto entre una cláusula de antigüedad negociada en un convenio colectivo y la Ley 80 de 30 de mayo de 1976”. ()

Del acuerdo de sumisión no surge cuál cláusula de antigüedad, de las muchas que contiene el convenio, () ocasionó la disputa. El laudo revela, no obstante, que la cláusula VII, 4 sobre superantigüedad () parece ser la pertinente. Esta cláusula es la que discute con especial atención el laudo y la que motiva su conclusión de que “No se considera una violación a las disposiciones de la Ley 80 la cláusula de superantigüedad a los delegados para retención y reempleo”, si bien a continuación se anuncia en términos generales que “En caso de conflicto prevalecen las cláusulas de antigüedad negociadas en el convenio colectivo vigente entre las partes sobre las disposiciones de la Ley 80 de 30 de mayo de 1976”.

Inconforme con el laudo, Coca-Cola dedujo demanda ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para anular la decisión del árbitro, por estimarla contraria a derecho. ()

La decisión emitida por el tribunal de instancia disipa cualquier posible ambigüedad que pueda imputársele al laudo sobre la naturaleza de la disputa. El Hon. Abner Limardo definió así la controversia en su sentencia:

“Este caso plantea la impugnación de la demandante Coca Coca Bottling Co. of Puerto Rico, Inc. al laudo que emitiera el árbitro, Ledo. Juan M. Davis, el 31 de octubre de 1978 sobre la controversia para determinar cual prevalece en caso de conflicto entre una cláusula de antigüedad negociada en un convenio colectivo —el reconocimiento de superantigüedad a los delegados y representantes de la unión— y la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 1976.”

A continuación el tribunal convino con el árbitro en que el derecho de los delegados a la superantigüedad no conflige con la referida Ley Núm. 80 (29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.) y ordenó el cumplimiento del laudo. La sentencia se limita a resolver la compatibilidad de la disposición del convenio referente a la superantigüedad, antes transcrita, con la mencionada ley. El tribunal rehusó expresamente discutir otras cláusulas del convenio concernientes a la antigüedad, por entender que fueron planteadas “bajo la especulación de posible protesta por éstos [los trabajadores] sobre lo dispuesto en las mismas”, por lo que “el remedio solicitado al respecto cobra carácter de una opinión consultiva . . . que carecemos de autoridad legal para emitir”.

En alzada ante nosotros, Coca-Cola sostiene que es errónea la sentencia, que no está planteada la validez de la cláusula de superantigüedad, sino de los derechos de antigüedad de los otros empleados que forman parte de la unidad contratante frente a la Ley Núm. 80. La recurrente no nos ilustra sobre los hechos que han dado margen a la controversia, para demostrar así su naturaleza práctica, y no académica, e intentar refutar la conclusión del tribunal de instancia de que la única cuestión realmente en disputa es la relación entre la cláusula de superantigüedad y la Ley Núm. 80.

En determinadas circunstancias cabe el recurso de la sentencia declaratoria para dilucidar controversias sobre la interpretación de un convenio. Asoc. de Guardianes v. Bull Line, 78 D.P.R. 714 (1955). El empleo de la sentencia declaratoria está limitado tradicionalmente por varios requisitos. Entre otros, la controversia debe ser real, de índole práctica y no académica o teórica, y determinante del asunto en discusión. Textile Workers Union v. Williamsport Textile Corp., 136 F.Supp. 407 (D.C. Pa. 1955). Véanse: E. Borchard, Declaratory Judg- merits, 2da ed., Cleveland, 1941, pág. 29 et seq.; I. Zamir, The Declaratory Judgment, Londres, Stevens, 1962, pág. 50; A. H. Hudson, Declaratory Judgments in Theoretical Cases: The Reality of the Dispute, 3 Dalhousie L.J. 706 (1977). Si una disputa no está firmemente anclada en hechos específicos, adquiere un matiz teórico que generalmente la excluye del ámbito legítimo de la sentencia declaratoria. I. Zamir, loe. cit.

He ahí el problema de este caso. La sentencia de la que se recurre resuelve exclusivamente que la cláusula de superantigüedad antes citada no infringe el propósito de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976. Este aspecto del fallo es incuestionablemente correcto. La protección que entraña tal cláusula es enteramente compatible con la negociación colectiva. Vide: Hospital Service Plan, 94 L.R.R.M. 1381 (1976); D’Amico v. N.L.R.B., 99 L.R.R.M. 2350, 582 F.2d 820 (3d Cir. 1978). El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos enmendó, en 1977, sus propias Guías para la Interpretación y Aplicación de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 para reconocer que las cláusulas de superantigüedad obligan al patrono, contrario a lo expresado en la Ley Núm. 80, a retener y reemplear a los delegados de la unión con preferencia a cualquier otro empleado, dentro de sus clasificaciones ocupacionales, independientemente de su antigüedad. Opinión del Procurador del Trabajo, Núm. 10361. El reconocimiento de esta preferencia beneficia tanto a los empleados como al patrono. La Ley Núm. 80 no impide que se garantice, en lo posible, la continuidad en el empleo de los delegados de la unión.

El ataque a la negativa del tribunal de instancia a resolver in abstracto que la Ley Núm. 80 prevalece sobre todas las cláusulas de antigüedad, carece de validez. Ni al tribunal de instancia ni a este Tribunal se le ha demostrado adecuadamente, con referencia a hechos concretos, que existe una controversia real y justiciable sobre este particular.

Se expide el auto y se confirmará la sentencia recurrida.

      (1) La disposición pertinente es el Art. 3 (29 L.P.R.A. sec. 185c) el cual dispone:
      “En cualquier caso en que se despidiesen empleados por las razones indicadas en los incisos (d), (e), y (f) de la sección anterior, el patrono estará obligado a retener con preferencia en el empleo a los empleados de más antigüedad siempre que subsistan puestos vacantes u ocupados por empleados de menos antigüedad en el empleo dentro de su clasificación ocupacional que puedan ser desempeñados por ellos entendiéndose que se dará preferencia a los empleados despedidos en caso de que dentro de los seis meses siguientes a su cesantía tuviere necesidad de emplear a una persona en labores iguales o similares a las que desempeñaban dichos empleados al momento de su despido y dentro de su clasificación ocupacional siguiéndose también el orden de antigüedad en la reposición excepto, y en ambas situaciones, en aquellos casos en que haya una diferencia clara e inconcursa [sic] en favor de la eficiencia o capacidad de trabajadores comparados, en cuyo caso prevalecerá la capacidad.”

      (2) El convenio estaría en vigor desde el 13 de diciembre de 1976 hasta el 12 de diciembre de 1979. Véanse, entre otras cláusulas de antigüedad, las disposiciones del Art. XVI y las del Art. VII, 4 del convenio.

      (3) Esta cláusula dispone:
      “Los delegados y sustitutos tendrán superantigüedad para fines de reducción de personal y reempleo independientemente de la fecha en que comenzaron a trabajar.”

      (4) La See. 8 del Art. XIV dispone:
      “El árbitro no tendrá jurisdicción para enmendar el presente convenio y resolverá la controversia a tenor con el acuerdo de sumisión de las partes, el presente convenio y las doctrinas laborales y las leyes vigentes.”


text:
    Juan M. Martínez, recurrente y recurrido, v. Junta de Planificación, recurrida y peticionaria.

      Número: O-80-233

      Resuelto: 13 de junio de 1980

      Benjamín Soto Maldonado, Emilio Vidal Pérez Rosado y Efrén B. Lugo Pérez, abogados de la Junta de Planificación; Andrés E. Salas Soler, abogado del recurrido; Ángel M. Bonnet Rosario, abogado de cierta interventora.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Resolvemos en este recurso que el término de treinta (30) días para solicitar reconsideración ante la Junta de Planificación establecido en el Art. 32(a) de su Ley Orgánica () es de carácter jurisdiccional e improrrogable.

Su texto lee:

“. . . [cjualquier parte afectada por una actuación, decisión o resolución de la Junta de Planificación de Puerto Rico en su función adjudicativa en relación con la cual una petición de reconsideración hubiera sido formulada ante la Junta de Planificación dentro de los primeros treinta (SO) días del depósito en el correo de la notificación de tal actuación o decisión y denegada por ésta, podrá entablar recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan o la Sala cuya jurisdicción comprenda el lugar donde está ubicado el proyecto, dentro del término de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración.” (Bastardillas nuestras.) 23 L.P.R.A. sec. 63d(a).

Lo primero que observamos es que el lenguaje utilizado es análogo a aquel () que establecía la antigua ley de la Junta de Planificación — Núm. 213 del 12 de mayo de 1942 — en su Art. 26 en lo referente a la especificación de término para solicitar reconsideración antes de acudir en revisión al tribunal. Así, en Sucn. García v. Junta Planificación, 70 D.P.R. 726 (1949), resolvimos que era requisito indispensable solicitar recon-sideración ante la Junta dentro del término allí establecido para que dicho organismo pudiera lícitamente entender en la misma. La identidad de lenguaje tiene fuerza persuasiva en la tarea de hermenéutica estatutaria, pues se presume que la Asamblea Legislativa conoce la interpretación del foro judicial y la estima correcta.

Lo segundo que llama la atención es el texto claro y preciso utilizado para computar el término dispuesto, a saber, “dentro de los primeros treinta (30) días del depósito en el correo de la notificación. . .”. (Bastardillas nuestras.) La palabra clave “primeros” adicionada a la nueva ley — en contraste con la derogada — tiende a rebus-tecer el propósito legislativo de estimar el período envuelto de carácter mandatorio.

La ilustrada sala sentenciadora apoyó su dictamen en el razonamiento de que Sucn. García, supra, fue revocado “subsilencio [sic] por jurisprudencia posterior”. A tal efecto citó pronunciamientos emitidos en Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717 (1961); Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672 (1978); y Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210 (1979), los cuales son claramente distinguibles e inaplicables. Martínez reconoció la facultad de los organismos administrativos de corregir los errores de forma y los de inadvertencia; Sucn. Bravo decidió que una agencia administrativa tenía potestad para reconsiderar un acuerdo, aun cuando el estatuto no proveía autoridad para tal reconsideración; y Junta de Planificación estableció que la Junta de Apela-ciones podía conceder, a nivel apelativo, variaciones reglamentarias. ()

En el caso de autos, no estamos ante una solicitud remedial por errores de forma, o ante un estatuto que no contenga disposición sobre la facultad de reconsiderar. En el ámbito administrativo, al igual que en el foro judicial, no existe discreción para asumir jurisdicción donde no la hay. Maldonado v. Pichardo, 104 D.P.R. 778 (1976).

Recapitulando, resolvemos que es requisito indispensable radicar reconsideración ante la Junta dentro del término de treinta (30) días a partir de la notificación. No habiéndose efectuado así en el caso de autos, no agotó Martínez el remedio administrativo dispuesto en ley, y, por ende, carece el foro judicial de jurisdicción para entender en el recurso instado.

Se dictará sentencia al efecto.

      (1) Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada. 23 L.P.R.A. see. 62 et seq.

      (2) Leía en aquella época, según enmendada por la Ley Núm. 429 de 23 de abril de 1946:
      “Cualquier parte directamente interesada en las actuaciones, acuerdos, aprobaciones, denegaciones y desaprobaciones de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico sobre casos o planos de lotificación, contra la cual una petición de reconsideración haya sido solicitada dentro de un término de quince (15) días a la Junta de Planificación y sobre la misma haya rendido o tomado acuerdo y resolución la Junta de Planificación, podrá presentar dentro del término de quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de tal resolución o acuerdo de la Junta de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, para su revisión ante la Corte Suprema de Puerto Rico; Disponiéndose, que dicha revisión ante la Corte Suprema, la que tiene jurisdicción exclusiva para revisar tales actuaciones o decisiones, podrá concederse y se limitará exclusivamente a cuestiones de derecho.”

      (3) El foro de instancia cita los casos de García Colón v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 779 (1971); Vda. de Rivera v. Pueblo Supermarkets, 102 D.P.R. 134 (1974); Batiz v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 41 (1975) y Montero Saldaña v. Amer. Motors Corp., 107 D.P.R. 452 (1978), para sostener una tendencia jurisprudencial de rechazar los tecnicismos y conceder flexibilidad en el ámbito administrativo, lo que, a su juicio, permite inferir que se ha dejado sin efecto la doctrina de Sucn. García. Basta señalar que en ninguno de éstos estaba envuelta la controversia en torno a término alguno de carácter jurisdiccional.


text:
    Lucía Morales, etc., demandantes y recurridos, v. Luis Méndez Más, etc., demandados y peticionarios.

      Número: O-80-141

      Resuelto: 16 de junio de 1980

      José T. Marrero Rivera, abogado de los peticionarios; Alma Delgado Vda. de Torres, abogada de los recurridos.
   PER CURIAM:

Los peticionarios apelaron el 14 de mayo de 1979 al Tribunal Superior de una sentencia emitida el 3 de mayo por el Tribunal de Distrito. La copia del escrito de apelación nunca fue presentada, dentro o fuera del término que especifica la Regla 53.1(a) de Procedimiento Civil, () en la secretaría del tribunal de apelación.

El Tribunal Superior desestimó el recurso por estimar que la radicación en su secretaría del escrito de apelación era un requisito jurisdiccional. El 10 de abril de 1980 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe aplicarse a este caso el principio expuesto en Pueblo v. Fragoso Sierra, 109 D.P.R. 536 (1980).

La Regla 53.1(a) de Procedimiento Civil y la enmienda a la Regla 194 de Procedimiento Criminal () envuelta en Fragoso Sierra fueron iniciadas por este Tribunal. Sobre la segunda expresamos en Fragoso Sierra:

“La razón de esta medida era a todas luces permitirle al tribunal tomar las medidas necesarias para acelerar debidamente el trámite apelativo, el cual se dilataba a veces, por ausencia de control, de modo tal que podían derrotarse los fines de la justicia. La ley no obedecía al propósito de erigir otra barrera jurisdiccional más. El objetivo era establecer una norma de riguroso cumplimiento para vitalizar la función supervisora de los tribunales de apelación. . . .” Pág. 538.

El informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre la propuesta Regla 53.1(a) de Procedimiento Civil expone:

“El propósito de la medida es agilizar el procedimiento de apelación de modo que los Tribunales de Apelación queden enterados de la existencia del recurso y puedan asumir su función supervisora inmediatamente.” ()

El mismo concepto se expone en nuestra carta de 14 de marzo de 1978 al señor Presidente del Senado, citada en Fragoso Sierra. Esta carta es la que transmite a la Asamblea Legislativa tanto la enmienda a la Regla 194 de Procedimiento Criminal como la enmienda a la Regla 53.1(a) de Procedimiento Civil. Los motivos que expresa este Tribunal para la aprobación de ambas medidas son idénticos. No hay constancia indicativa en el historial legislativo de la Regla 53.1(a), de que fue el propósito de este cuerpo establecer como requisito jurisdiccional la presentación en secretaría del escrito de apelación.

Resolvemos, en consecuencia, que el plazo que requiere la Regla 53.1(a) para la radicación de la copia del recurso en la secretaría del tribunal de apelación, no es de naturaleza jurisdiccional, aunque sí, según afirmamos en Fragoso Sierra, de estricto cumplimiento. No permitiremos presentaciones tardías de copia de ningún recurso en la secretaría del tribunal de apelación, a menos que la demora ocurrida se justifique detalladamente y a cabalidad.

En el caso de autos no sólo hubo demora injustificada, sino total incumplimiento con la Regla. Se expide, por tanto, el auto y se confirmará la sentencia de la que se recurre.

      (1) La Regla 53.1(a) disponía lo siguiente:
      “(a) La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la secretaría de la sección del tribunal que entendió en el caso, y copia del mismo en la secretaría del tribunal de apelación, dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia.”
      La nueva Regla 53.1(a) no enmendó la disposición citada.

      (2) La Regla 194 provee en parte:
      “El apelante deberá radicar en o remitir por correo certificado copia del escrito de apelación a la secretaría del Tribunal de Apelación dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la radicación del escrito en el tribunal sentenciador y deberá notificar al fiscal la presentación del escrito de apelación dentro del término para apelar. La notificación al fiscal se hará en la forma provista en estas reglas, salvo lo que se dispone en la regla siguiente.”

      (3) Informe de la Comisión de 24 de mayo de 1978 sobre el P. de la C. 793, que se convirtió en la Ley Núm. 23 de 10 de junio de 1978.


author: El Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. Lcdo. Reginald J. Barney, querellado.

      Número: O-80-199

      Resuelto: 17 de junio de 1980

      Ángel L. Tapia Flores, Presidente del Colegio de Abogados de Puerto Rico, abogado del querellante; el querellado no compareció.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El Colegio de Abogados de Puerto Rico ha acudido ante nos en cumplimiento de su deber de velar por que los abogados desempeñen “su alto ministerio con la mayor y más excelsa competencia, responsabilidad e integridad” —Preámbulo, Cánones de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX — conforme a los Cánones de Ética Profesional, que fueron adoptados por el propio Colegio, con la aprobación de este Tribunal, según lo dispone la ley que crea el Colegio de Abogados, 4 L.P.R.A. see. 773. Solicita el Colegio que se impongan medidas disciplinarias al Ledo. Reginald J. Barney por no cumplir la promesa que éste hiciera al Comité de Ética del Colegio, de pagar al arrendador de su oficina los cánones de arrendamiento vencidos que correspondían a dos meses. Véase Regla 13, Reglamento del Tribunal Supremo. Resolvemos que no proceden las sanciones solicitadas. Veamos.

Este Tribunal ha demostrado, en los últimos años especialmente, su preocupación por la observancia, de parte de los abogados, de los cánones mencionados, y ha tomado la acción disciplinaria que ha creído apropiada respecto a abogados que han incumplido las normas de conducta por ellos requeridas. Al así actuar hemos respondido a nuestra ineludible responsabilidad de “insti-tuir y mantener un orden jurídico íntegro y eficaz, que goce de la completa confianza y apoyo de la ciudadanía”.

La queja presentada por el Colegio de Abogados contra el abogado Reginald J. Barney titulada “Querella sobre la Suspensión del Ejercicio de la Profesión Legal”, está centrada en la falta de pago de dos meses de arrendamiento sobre el local en el que radica su oficina profesional. Surge de los términos de la querella que, al comparecer el abogado ante la Comisión de Ética del Colegio, se comprometió a resolver el asunto que motivaba la queja del ciudadano. No habiendo el abogado cumplido con el pago de los cánones de arrendamiento adeudados, la Comisión de Ética refirió la cuestión a la Junta de Gobierno del Colegio y ésta recomendó la iniciación del procedimiento para disciplinar al querellado.

La ley que reglamenta el ejercicio de la abogacía —4 L.P.R.A. sees. 721-742— dispone, en lo que es aquí pertinente sobre suspensión o destitución de un abogado, lo siguiente:

“El abogado que fuere culpable de engaño, conducta inmoral (malpractice), delito grave (felony) o delito menos grave (misdemeanor), en conexión con el ejercicio de su profesión o que fuere culpable de cualquier delito que implicare depravación moral, podrá ser suspendido o destituido de su profesión por la Corte Suprema de Puerto Rico. La persona que siendo abogado fuere convicta de un delito grave cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará convicta que fuere, de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. A la presentación de una copia certificada de la sentencia dictada a la Corte Suprema, el nombre de la persona convicta será borrado, por orden de la Corte, del registro de abogados.” See. 735, ibid. (Énfasis último suplido por nosotros.)

No obstante la disposición legal transcrita, hemos resuelto reiteradamente que la separación del ejercicio de la abogacía, al igual que la admisión a ese ejercicio, es facultad inherente a este Tribunal. In re Liceaga, 82 D.P.R. 252, 255 (1961); In re Pagán, 71 D.P.R. 761, 763 (1950); In re Abella, 67 D.P.R. 229, 238 (1947); In re González Blanes, 65 D.P.R. 381, 390-391 (1945). Siendo inherente tal facultad, podemos ordenar la separación de un abogado por motivos distintos de aquellos que para el desaforo ha decretado la Asamblea Legislativa. La causa no tiene que ser necesariamente de origen legislativo. In re Liceaga, supra, a la pág. 255; In re González Blanes, supra, a la pág. 391; In re Tormes, 30 D.P.R. 267, 268-269 (1922). Hemos suspendido y disciplinado, en múltiples ocasiones, a abogados que incumplen los Cánones de Ética que rigen la profesión de abogado. In re Vargas Soto, 108 D.P.R. 490 (1979); In re Clavell Ruiz, 108 D.P.R. 259 (1978); In re Cardona Vázquez, 108 D.P.R. 6 (1978); In re Rojas Flores, 107 D.P.R. 564 (1978); In re Pagán Hernández, 105 D.P.R. 796 (1977); In re Cortés Ostolaza, 103 D.P.R. 72 (1974); In re Segarra, 102 D.P.R. 590 (1974); In re Coll Pujols, 102 D.P.R. 313 (1974); In re Guzmán, 82 D.P.R. 235 (1961); In re Cruz Disdier, 70 D.P.R. 453 (1949).

Aún más, hemos resuelto que si se demuestra que la conducta del abogado no le hace digno de ser un miembro de este foro, podemos ejercer nuestra facultad de desaforo aunque las actuaciones del abogado hayan surgido por causas no relacionadas con el ejercicio de su profesión, pues basta que tales actuaciones afecten las condiciones morales del querellado. In re Liceaga, supra, a las págs. 255-256; In re Abella, supra, a la pág. 238; In re Tormes, supra, a la pág. 270.

Se desprende de los hechos expuestos en la querella que la queja contra el abogado Barney se refiere a una deuda surgida del arrendamiento del local donde ubica su oficina profesional. Esto, sin más, no constituye la conducta inmoral (malpractice) a que se refiere la ley, los cánones de ética profesional y las normas que hemos establecido en el pasado. La actuación del abogado, aunque reprochable, puede repararse, como la de cualquier otro profesional o ciudadano, mediante Ips procedimientos establecidos por ley, esto es, vía desahucio o acción en cobro de dinero. No debe moverse la maquinaria del Colegio de Abogados ni la de este Tribunal para el cobro de una cuenta. Ni este Tribunal ni el Colegio de Abogados ejercen tutela sobre todas las actuaciones personales de los abogados, ya que no toda conducta impropia de un abogado lo sujeta a sanciones disciplinarias, sino solamente aquella prevista en ley, en los cánones de ética o reglada por este Tribunal.

El Colegio apoya su contención de conducta “inmoral, ilegal e impropia” en lo resuelto por el Tribunal en In re Díaz García, 104 D.P.R. 604 (1976). Allí separamos al abogado del ejercicio de la abogacía por un patrón de conducta “inmoral, ilegal e impropia” contraria a los principios expuestos en el Código de Ética Profesional, consistente en haber retenido indebidamente tres pagarés hipotecarios al portador pertenecientes a un cliente; haber cambiado un cheque sin autorización de su cliente; haber desobedecido una orden judicial relativa a la entrega o pago de dicho cheque; haber omitido inscribir una escritura en el Registro de la Propiedad no obstante haber cobrado el importe correspondiente a los sellos de rentas internas; haber hecho caso omiso de la querella notificádale sin que contestara los cargos a pesar de habérsele notificado la querella seis meses antes; y haberse negado a pagar el canon de arrendamiento de su oficina profesional durante dos años. Nótese que esta negativa al pago de cánones de arrendamiento fue solamente un eslabón en la cadena de actuaciones que motivó la presentación de la querella y que condujo a nuestra medida disciplinaria.

Por otro lado, incumplir una promesa hecha a la Comisión de Ética del Colegio no puede conducir a un proceso disciplinario, si la materia a que se refiere la promesa no versa sobre la conducta profesional que nos toca regular. De lo contrario, este Tribunal se convertiría en el organismo ejecutor de cualquier compromiso entre los abogados y el Colegio, no obstante que la materia a que se refiera dicho compromiso no guarde relación con la conducta profesional del abogado.

En mérito de lo expuesto debe dictarse resolución decretando el archivo de la querella instada.

El Juez Asociado Señor Negrón García suscribió opinión disidente a la que se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 17 de junio de 1980

Con el archivo de esta querella se socava y debilita el papel asumido por primera vez por el Colegio de Abogados de Puerto Rico en el descargo de su encomienda legislativa de “recibir e investigar las quejas que se formulen respecto a la conducta de los miembros en ejercicio de la profesión . . . [e] instituir . . . procedimiento de desaforo”, () y, además, se reduce a escombros el valor y contenido deontológico de la promesa de pago de deuda hecha por un abogado a un ciudadano ante su Comisión de Ética durante el trámite investigativo.

Los hechos no contradichos en esta etapa del proceso () son: “1) Que el Sr. Miguel A. Yélez radicó querella ante la Comisión de Ética el 27 de abril de 1979 contra el Ledo. Reginald J. Barney. (Exhibit I)[;] 2) Que la querella presentada se fundamenta en la negativa del querellado a pagar dos meses del Canon de Arrendamiento acordado para local de su oficina, sita en la Calle O’Neill #189, Pda. 20. (Exhibit II)[;] 3) Que el procedimiento administrativo ante la Comisión de Ética fue debidamente cumplimentado habiendo finalizado éste al concurrir las partes envueltas a vista el 2 de octubre de 1979[;] 4) Que durante la vista se le advirtió al querellado que la conducta demostrada era impropia y antiética dándosele oportunidad para que resolviera el asunto llegando a un acuerdo con el querellante. El querellado se comprometió a resolverlo [y;] 5) Que el 3 de enero de 1980 nos comunicamos con el Señor Vélez, para que nos informara si el Licenciado Barney había cumplido con su compromiso de resolver el asunto planteado ante la Comisión. El querellante, Sr. Miguel A. Vélez, nos informó en carta fechada 4 de enero de 1980 que hasta ese momento el Licenciado Barney no había satisfecho la deuda. (Exhibit III).” (Énfasis nuestro.)

Admitimos que, de ordinario, el cobro de una deuda personal de un abogado es materia que compete adjudicar a los tribunales y no a los foros disciplinarios profesionales. Sin embargo, esta regla no es inflexible — In re Díaz García, 104 D.P.R. 604 (1976) — y como veremos, de aplicación al caso de autos por un fundamento procesal y otro sustantivo.

Primeramente, no alcanzamos a comprender cómo puede sostenerse la interpretación restrictiva de que la falta de pago del canon del local de la oficina de un abogado, “no tiene relación con su conducta profesional”. Podrá argüirse por otras razones que es un asunto que no debe ser objeto de investigación por el Colegio de Abogados y este Tribunal, pero resulta innegable y claro el vínculo racional, lógico y real que toda oficina tiene con el ejercicio de una profesión.

En segundo lugar, en las circunstancias de autos, es irrelevante la caracterización que se haga sobre la cuestión que originó la queja, pues una vez iniciada y seguida la ruta del Colegio como foro disciplinario sin objeción del abogado Barney, ¿puede afirmarse válidamente que la aceptación y promesa de pago de tal deuda carece de sentido ético y eficacia legal? No lo creemos. Lo determinante es el compromiso.

“Los campos profesionales se caracterizan además por la existencia de criterios ideales de superación, de objetivos que jamás se alcanzan en su totalidad, pero cuya incitación mantiene en forma a la clase profesional. Si esos criterios valorativos se descartan y si desaparecen las instancias ejemplares, se pierde la visión del debe ser y queda desmoralizada e invertebrada la profesión.” () (Énfasis nuestro.)

En virtud de lo expuesto, disentimos. Concederíamos al abogado Barney término para que compareciera a exponer razones por las cuales no deberíamos imponerle medidas disciplinarias por incumplir el compromiso contraído ante la Comisión de Ética del Colegio de Abogados respecto al pago de los cánones de arrendamiento.

      (1) Ley Núm. 43 de 14 de mayo de 1932, según enmendada, 4 L.P.R.A. see. 772(g).

      (2) El archivo se funda en que la querella no justifica acción disciplinaria. Hemos de tomar como ciertos los hechos a los fines de evaluarla, pues la situación es análoga al enfoque que se brinda a una moción de desestimación.

      (3) J. Benitez, La Función Social del Abogado, 17 Rev. C. Abo. P.R. 233 (1957).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Consuelo Estremera Colón y Raúl Ralat Estremera, demandantes y recurridos, v. Inmobiliaria Rac, Inc., CNA Casualty of Puerto Rico, demandados y recurrentes.

      Número: R-80-154

      Resuelto: 17 de junio de 1980

      Dubón, González & Vázquez y Mario Arroyo Dávila, abogados de los recurrentes; Frankie Jiménez Santoni, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Israel Ralat Fernández estaba empleado como mensa-jero de Benjamín Acosta, Inc., una firma de ajustadores de seguros con oficinas en la segunda planta de un edificio de tres pisos en el Núm. 329 de la calle Recinto Sur de San Juan. La demandada recurrente, Inmobiliaria Rac, Inc., era la dueña y administradora del citado edificio y había dado en arrendamiento a Benjamín Acosta, Inc., su local de oficina, siendo obligación de la arrendadora el man-tenimiento del edificio y, como parte de éste, el alumbrado de la escalera consistente en dos bombillas. El 21 mayo, 1975, la Autoridad de Fuentes Fluviales desconectó, por falta de pago, la línea que suplía luz a la escalera, y Acosta, en dos ocasiones, requirió a su arrendadora que corrigiera la situación que la sala de instancia describe como deficiente, aun cuando no de total oscuridad durante las horas del día en que la primera sección de la escalera que conducía de la entrada, por la calle, al segundo piso, recibía alguna luz natural de dicha puerta de entrada.

El 30 mayo, 1975, a las 10:20 a.m., el mensajero Ralat regresaba del banco a la oficina con la nómina de $4,000, cuando fue acuchillado y robado del dinero por un asaltante que escapó en automóvil, falleciendo la víctima ese mismo día como consecuencia de herida punzante que laceró su corazón y provocó un hemotórax bilateral masivo.

Los familiares de la víctima demandaron a la arrenda-dora Rac y a su aseguradora en daños y perjuicios, y la sala de instancia, al concluir que aquélla había facilitado el asalto y muerte del empleado al dejar la escalera sin bombillas por nueve días, estimó la demanda y las condenó a pagar indemnización de $75,611.80, $5,000 de honorarios, más costas e intereses. Encontró el ilustrado juzgador una avenida de causación entre las sombras de la escalera y la muerte del mensajero, y concluyó de mayor probabilidad que el crimen no se hubiera cometido en la escalera, de haber habido alumbrado eléctrico.

Al recurso de la demandadas, el 24 abril, 1980, expedimos orden para que los demandantes recurridos muestren' causa por la cual no deba moderarse la responsabilidad por negligencia de la recurrente, dueña del edificio, y reducir proporcionalmente las partidas de daños adjudicadas; o revocar de un todo la sentencia.

En su escrito de contestación los recurridos hacen un loable esfuerzo por sostener la corrección de la sentencia aportando el nuevo argumento de que la garantía de habitabilidad del edificio, () que es prestación obligada del arrendador, incluía en este caso la disuasión de asaltantes, manteniendo las bombillas encendidas. Esa teoría se ha sostenido en New Jersey () por falta del arrendador de instalar una cerradura en la puerta de entrada en un caso, y por cerradura defectuosa en otro, cuando el edificio radica en zona de alta criminalidad y se ha cometido anteriormente en los predios delito de robo, situación que no se da en el presente caso.

El incremento de la violencia, el reto del criminal a la paz y sosiego del pueblo y la creciente probabilidad de que una persona sea víctima de un atentado contra su vida, su libertad o su propiedad, es una enfermedad del medio ambiente en que las personas nacen, se educan, trabajan o simplemente existen. Es condición o circunstancia de la atmósfera general en que se desarrolla la gestión vital de cada miembro de la sociedad; y es, primordialmente, problema de seguridad pública y responsabilidad del Estado, la única entidad con los recursos y la fuerza necesarios para mantener la paz y la majestad de la Ley. Si tal es el ámbito en que se vive y se contrata, y tal la indefensión del pueblo contra ese tercero violento, los contratantes no pueden ser responsa-bles de la irrupción del crimen en el campo de sus negocios, a menos que éstos sean de los que, por su naturaleza esencial, vengan obligados a ofrecer un grado de protección y seguridad independiente del que puedan proveer las agencias de seguridad pública. Así, el hotel, () que básicamente duplica el hogar, el hospital y la escuela, sin agotar la lista, vienen obligados a mantener unas medidas razonables de seguridad en protección de sus huéspedes, pacientes y estudiantes, que no tienen que suplir otros contratantes y empresarios, cuya actividad no absorbe necesariamente, en el ámbito de ejecución del contrato, la protección de partes y terceros contra ataques criminales. El Código Civil tiene provista la norma de responsabilidad relativa, conjugada con la clase de activi-dad, en su Art. 1057 (31 L.P.R.A. see. 3021) que ordena: “[L]a culpa o negligencia del deudor consiste en la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. .. .”

El deber de indemnizar presupone nexo causal entre el daño y el hecho que lo origina, pues sólo se han de indemnizar los daños que constituyen una consecuencia del hecho que obliga a la indemnización. () La causalidad está necesariamente limitada por el ámbito de la obligación, pues es infinita la serie de daños que, en interminable encadenamiento, pueden derivarse del incumplimiento de una obligación. Falta nexo causal entre la tardanza de la arrendadora recurrente en reponer la bombilla que alumbraba la escalera y el asesinato del mensajero de la compañía ajustadora de seguros. Dicha omisión no consti-tuye conducta afirmativa que aumente considerablemente el riesgo de daño al demandante por el acto criminal de un tercero, en cuyo caso podría imponerse responsabilidad al demandado.

La ausencia de causación en la conducta general de la arrendadora demandada es evidente. Ella no creó ni agravó la situación sobre la cual actuó el tercero para producir el daño. Dicha situación es producto de la prevaleciente falta de seguridad pública ante la insuficiencia de los medios del Estado para controlar la violencia y el crimen. El arrendador que contrató bajo un régimen de derecho civil, en circunstancias de personas, tiempo y lugar que no acusan como riesgo normal del contrato un atentado a la vida de los usuarios del edificio arrendado, no viene obligado a prevenir ese tipo de daños. ()

La falta de luz en la escalera, si bien es negligencia imputable a la arrendadora, lo es en relación con el riesgo usual previsible de tal condición peligrosa, como una caída, un resbalón, un tropezón con un objeto en el piso. Aun cuando el demandado haya creado la situación de peligro sobre la cual actúa una tercera fuerza interventora que produce el resultado dañoso, la responsabilidad de aquél por negligencia no se extiende a intervenciones ajenas al tipo de riesgo creado. Prosser explica la regla, diciendo: “Normalmente hay mucha menos razón para anticipar actos de un tercero que son maliciosos e intencionalmente dañinos, que los de mera negligencia; y esto es más cierto todavía, si, como usualmente ocurre, tales actos son de naturaleza criminal. Bajo todas las circunstancias ordinarias y normales, faltando razón para esperar lo contrario, la persona puede razonablemente proceder bajo la presunción de que los demás obedecerán la ley penal. Bajo semejantes circunstancias ordinarias, no es razonable esperar que alguien arranque una vía de ferrocarril, haga volar un polvorín, falsifique un cheque, empuje a otro hombre dentro de una excavación, ataque a un pasajero en el tren, o asalte una bolera y mate a un cliente. A pesar de que estas cosas ocurren, como lo sabe cualquiera que lea los periódicos, todavía son tan improba-bles en cada instancia en particular, que el peso de mantener precauciones continuas contra ellas excede el riesgo aparente.” () The Law of Torts, 4ta ed. (1971), págs. 173-174.

Necesariamente ha de haber un límite a la responsabilidad del demandado, opuesto a la infinidad de causas independientes capaces de intervenir para cambiar la situación original de riesgo creada por su negligencia. Se pregunta Enneccerus: “¿Acaso el sastre que retrasa la entrega de un abrigo de viaje que se le había encargado tendrá que responder realmente si sobreviniera a su cliente un accidente ferroviario a virtud de haber aplazado el viaje por ese motivo?” () El límite jurídico, y práctico, al interminable encadenamiento de causas por las que pueda responsabilizarse al demandado lo señalan aquellas causas interventoras comprendidas en el ámbito de riesgo previsible o que al menos tienen alguna razonable co-nexión con el mismo. El acto criminal que segó la vida del mensajero causante de los demandantes recurridos es riesgo extraño, no comprendido ni conectado con la negligencia de la arrendadora en no reinstalar el alum-brado eléctrico.

La dificultad de precisar cuándo se da la relación de causalidad y cuáles son sus límites; cuándo deba estimarse que el hecho productor del daño es causa jurídica que según su naturaleza general aparezca como adecuada para engendrar ese daño, lleva a Castán Tobeñas a concluir: “Tales teorías tienen sólo un valor relativo. En realidad, como dice el propio Enneccerus, ‘la difícil cuestión de hasta dónde llega el nexo causal no podría resolverse nunca de una manera plenamente satisfactoria mediante reglas abstractas, sino que en los casos de duda ha de resolverse por el juez según su libre convicción, pon-derando todas las circunstancias’.” Castán Tobeñas, op. cit., pág. 195.

Igual criterio ha expresado el Tribunal Supremo de España ante la serie casi infinita de daños en cadena que puedan derivarse del incumplimiento de una obligación, al declarar, en su sentencia de 25 enero, 1933: “ ‘la Juris-prudencia no puede tomar parte en la discusión filosófica que agrupa de un lado a los partidarios de la causa eficiente y de otro a los que más bien se apoyan en el principio de razón suficiente, ni adoptar una posición intermedia a favor de la conditio sine qua non, o del factor predominante, o de la circunstancia principal o de cual-quier otro momento causal propugnado por técnicas ex-tranjeras, y acaso bastaría para orientar a los Tribunales de justicia en la resolución de los problemas concretos, llamar su atención hacia el pensamiento compensador de la ley cuando trata de remediar la lesión sobrevenida en las facultades o patrimonio de una persona a consecuencia de la acción u omisión ajena con la indemnización exigible al autor de ésta; o todavía con menor compromiso, sería suficiente encaminar su actuación hacia la valoración de las condiciones o circunstancias que el buen sentido señalara en cada caso como índices de responsabilidad dentro del infinito encadenamiento de causas y efectos’.”

Tampoco puede vincularse la deficiencia de alumbrado en la escalera al acto criminal de asesinato y robo. Que el crimen se hubiese producido con o sin alumbrado como acto independiente de la conducta de la arrendadora, es premisa innegable del diario vivir que nos muestra ataques similares perpetrados en plena vía pública a la luz del día, así como en los profusamente alumbrados estable-cimientos de comercio. El malhechor de nuestros días, de acentuado desprecio por la ley, hace tiempo prescindió de la oscuridad y las sombras como aliados.

La señalada ausencia de causación entre el incumpli-miento por la demandada de su deber contractual y la conducta criminosa del tercero interventor, hace innece-sario penetrar en el campo de posibilidades, saturado de especulación, y determinar si, de haber luz, el occiso hubiese podido defenderse o evadir el ataque, o si una bombilla encendida hubiese disuadido al agresor, y aun si el atentado no hubiese terminado la vida de este trabajador.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expedirá el auto, y la sentencia recurrida será revocada.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García no intervinieron.

      (1) Cf. Pérez v. Gandía, 32 D.P.R. 562 (1923); Miranda v. Méndez, 50 D.P.R. 850, 853 (1937).

      (2) Trentacost v. Brussel, 412 A.2d 436 (1980); Braitman v. Overlook Terrace Corp., 346 A.2d 76 (1975).

      (3) Pabón Escabí v. Axtmayer, 90 D.P.R. 20, 27 (1964).

        (4) Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma ed., 1967, T. 3, pág. 193; López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197 (1978).

      (5) Prosser considera causa anulativa de responsabilidad el acto intencional o criminal contra el cual ningún estándar razonable de cuidado exigía que el demandado se mantuviera alerta y en guardia, como un imprevisible atentado personal contra el demandante y actos vandálicos contra la propiedad. The Law of Torts, 4ta ed. (1971), págs. 282-283.

      (6) Se dan, no obstante, otras situaciones en las que recae sobre el demandado una responsabilidad especial por la protección del demandante, o en las que una tentación u oportunidad especial de conducta criminal propiciadas por el demandado, le imponen la obligación de tomar precauciones contra ellas. La responsabilidad por protección puede surgir de un contrato mediante el cual el demandado se ha obligado a proveerla; o puede fundarse en alguna relación entre las partes, como porteador y pasajero, hotelero y huésped, invitante y visitante en negocios, escuela y discípulo, patrono y empleado, arrendador y arrendatario, y sin duda, otros más. En todas estas situaciones, sin embargo, habrá responsabilidad sólo si el demandado es negligente en no tomar precauciones contra el posible criminal; esto es, si el riesgo previsible es de dimensión irrazonable comparado con el peso de tomarlas. Así, una prisión no viene obligada a extremar su vigilancia de un falsificador, sin récord de violencia, para protección del demandante; una ventana sin asegurar la cerradura no da lugar a riesgo indebido de escalamiento; y a un porteador no se le exigirá especial precaución en una zona aparentemente segura. Prosser, op. cit, págs. 174-176.

      (7) Enneecerus-Ludwig, Tratado de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II, Vol. I, pág. 66.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Costa Linda, Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de la Sección Octava de San Juan, recurrido.

      Número: O-78-472

      Resuelto: 17 de junio de 1980

      Alberto Ferrer, abogado de la recurrente; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso plantea si puede el propietario de un edificio, al someterlo al régimen de propiedad horizontal, hacer reserva del derecho de sobreelevación para uno de los apartamientos. Resolvemos que ello sería contrario al Art. 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. sec. 1291i, que establece que el vuelo es un elemento común general no susceptible de disposición o estipulación en contrario.

La recurrente, Costa Linda, Inc., dueña de un edificio de diez y seis pisos subdivididos en apartamientos residenciales, otorgó escritura pública el 22 de diciembre de 1977, en virtud de la cual sometió el inmueble al régimen de propiedad horizontal, con el nombre de Condominio Las Gaviotas. Se dispuso en la cláusula undécima, letra (a), de la escritura lo siguiente:

“UNDÉCIMO: ELEMENTOS COMUNES GENERALES:
Son elementos comunes generales del CONDOMINIO LAS GAVIOTAS, los siguientes:
(a) El terreno en que se asienta el edificio, descrito en el párrafo Tercero que precede, y sujeto a la reserva de derechos que más adelante se expresa en el párrafo Duodécimo, el vuelo ”
La cláusula duodécima dice, en lo aquí pertinente:
“DUODÉCIMO: ELEMENTO COMÚN LIMITADO Y RE-SERVA DE DERECHO RESPECTO DEL MISMO:
La azotea se considerará un elemento común limitado al servicio exclusivo de los apartamentos designados Penthouse Uno y Penthouse Dos. En el uso y disfrute de dicha azotea, el titular del Penthouse Uno estará limitado exclusivamente al uso del área que queda directamente sobre el techo de dicho apartamento.
Por la presente se le reserva al titular del apartamento denominado Penthouse Uno, en relación con aquella parte de la azotea cuyo uso y disfrute exclusivo aquí se concede, el derecho de sobre-elevación hasta una altura no mayor de veinte pies, sin ninguna otra restricción, en el ejercicio de tal derecho, que la de no impedir, entorpecer, o afectar el acceso a, o el debido funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones y equipo de propiedad común que ubican en la referida azotea.
En caso de que dicho titular ejercite el referido derecho de elevación, la Junta de Directores representada por su Presidente, otorgará una escritura pública reajustando los porcientos establecidos en el párrafo Décimo precedente, mediante la adición del área de construcción envuelta en la sobre-elevación a la superficie total de las unidades de propiedad exclusiva, y describiendo dicha construcción.

Presentada dicha escritura al Registro de la Propiedad, se inscribió el inmueble constituido en régimen de propie-dad horizontal, pero se denegaron las cláusulas once y doce, en cuanto a los aspectos que hemos transcrito, tomándose la correspondiente anotación preventiva. Se adujo en la nota denegatoria que la reserva del derecho de sobreelevación a favor del Penthouse Uno es contrario a lo establecido en el Art. 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 1291i, por constituir una limitación del vuelo, () que es un elemento común general del inmueble. Se objetó, además, que “la cláusula undécima no permite conocer el alcance, extensión, limitación y circunstancias del derecho real de sobreelevación que se pretende inscribir”, en conflicto con los Arts. 9 y 63 de la Ley Hipotecaria y su Reglamento, respectivamente. Por último, se señaló que la cláusula duodécima conflige con “el espíritu” de la Ley de Propiedad Horizontal porque delega en la Junta de Directores del Condominio Las Gaviotas “el derecho de aprobar y fijar las nuevas cuotas o porcentajes de participación en la futura o futuras plantas que puedan añadirse, así como de modificar o reajustar las cuotas fijadas para todos los apartamentos o locales ya existentes, sin intervención de los respectivos titulares o Consejo de Titulares resultante a dicha fecha”. Costa Linda, Inc., inconforme con dicha denegatoria, ha recurrido ante nos.

No es menester considerar los últimos dos motivos aducidos por la Registradora. Coincidimos con ella en que la reserva del derecho de sobreelevación hecha en dicha escritura es impermisible bajo el citado Art. 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, según quedó enmendado por la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, vigente cuando se otorgó la escritura y en la fecha de su presentación en el Registro de la Propiedad. No siendo inscribible dicha reserva del derecho de sobreelevación, es innecesario pasar juicio sobre si las referidas cláusulas violan el principio de especialidad de la Ley Hipotecaria y las disposiciones relativas a los poderes de la Junta de Directores para reajustar las cuotas o porcentajes de participación de los apartamientos.

En su bien elaborado alegato, la recurrente, Costa Linda, Inc., hace abundante acopio de citas de los comentaristas españoles M. Fernández Martín-Granizo, La ley de propie-dad horizontal en el Derecho español, 2da ed., 1973, y Juan V. Fuentes Lojo, Suma de la propiedad por apartamentos, Barcelona, 1969, para sostener que se puede pactar sobre el derecho al vuelo de un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal y hacerse reserva del derecho de sobreelevación a favor de un determinado apartamiento. Como veremos, la posición de esos comentaristas está basada en la ley española. La nuestra no se adoptó siguiendo a la española. Tuvo por modelo la Ley Decreto Núm. 47 de Cuba, de 16 de septiembre de 1952. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225 (1978). Y cuando se enmendó en 1976 para incluir el vuelo entre los elementos comunes generales, no se incluyó dicho elemento entre aquellos susceptibles de apropiación particular. Así se desprende claramente del historial legislativo de la citada ley enmendatoria.

Antes de la enmienda del 1976, el Art. 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. sec. 1291i) disponía:

“See. 1291i. Elementos generales del inmueble
Se consideran elementos comunes generales del inmueble:
(a) El terreno en que se asiente el edificio.
(b) Los cimientos, paredes maestras, techos, galerías, vestí-bulos, escaleras, y vías de entrada y salida o de comunicación.
(c) Los sótanos, azoteas, patios y jardines, salvo disposición o estipulación en contrario.
(d) Los locales destinados a alojamiento de porteros o encargados del edificio, salvo disposición o estipulación en contrario.
(e) Los locales o instalaciones de servicios centrales, como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua, y demás similares.
(f) Los ascensores, incineradores de residuos y, en general, todos los artefactos o instalaciones existentes para beneficio común.
(g) Todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del edificio o necesario para su existencia, conservación y seguri-dad.” ()

La Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 enmendó dicho artículo para añadir el vuelo y las áreas destinadas a actividades recreativas en el inciso (a), sustituir el inciso (g) para incluir entre los elementos comunes, “salvo disposición o estipulación en contrario”, a las áreas de estacionamiento, y para redesignar como inciso (h) el anterior inciso (g), añadiéndole, entre los criterios generales determinantes de los elementos comunes, aquellos referentes al “adecuado uso y disfrute” común del inmueble. Dice así dicho artículo, luego de la enmienda del 1976:

“Se consideran elementos comunes generales del inmueble:
(a) El terreno, el vuelo y toda área destinada a actividades recreativas.
(b) Los cimientos, paredes maestras, techos, galerías, vestí-bulos, escaleras y vías de entrada y salida o de comunicación.
(c) Los sótanos, azoteas, patios y jardines, salvo disposición o estipulación en contrario.
(d) Los locales destinados a alojamiento de porteros o encargados, salvo disposición o estipulación en contrario.
(e) Los locales o instalaciones de servicios centrales, como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cis-ternas, tanques y bombas de agua, y demás similares.
(f) Los ascensores, incineradores de residuos y, en general todos los artefactos o instalaciones existentes para beneficio común.
(g) Toda área destinada a estacionamiento, salvo disposición o estipulación en contrario.
(h) Todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del inmueble o necesario para su existencia, conservación, seguridad y adecuado uso y disfrute.”

Argumenta la recurrente que la inclusión del vuelo entre los elementos comunes se hizo siguiendo la ley española. Es posible que el hecho de que se enmendara la ley española en 1960 para incluir el vuelo diera base a su inclusión también en la nuestra. Pero las redacciones de la ley española y de la nuestra en cuanto al derecho sobre el vuelo, al incluirse en cada una, son muy diferentes. El Art. 396 del Código Civil de España, luego de su enmienda por la Ley Núm. 49 de 21 de julio de 1960, quedó redactado de la manera siguiente, en lo que aquí nos concierne:

“Los diferentes pisos o locales de un edificio o las partes de ellos susceptibles de aprovechamiento independiente por tener salida propia a un elemento común de aquél o a la vía pública, podrán ser objeto de propiedad separada, que llevará inherente un derecho de copropiedad sobre los demás elementos del edificio necesarios para su adecuado uso y disfrute, tales como el suelo, vuelo, cimentaciones, pasos, muros, fosos, patios, pozos, escaleras, porterías, ascensores, corredores, cubiertas, canaliza-ciones y servidumbres. . . (Énfasis nuestro.) Propiedad horizontal, Ministerio de Justicia, Boletín oficial del Estado, Madrid, 1977, pág. 23.

Nótese que este artículo no distingue entre los elementos comunes a base de que se admita estipulación en contra de su propiedad en común. El legislador puertorriqueño, sin embargo, tuvo buen cuidado de no incluir el vuelo entre aquellos elementos comunes relacionados en los incisos (c), (d), y (g), que se consideran comunes “salvo disposición o estipulación en contrario”. Los relacionados en los otros incisos no están sujetos a esa salvedad.

Señalamos en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., antes citado, que el Art. 11 enumera elementos comunes generales voluntarios y elementos comunes generales necesarios. En los primeros se admiten disposiciones y pactos contrarios a su naturaleza común; en los segundos no se permiten. El vuelo ha sido incluido entre estos últimos en virtud de la citada Ley Núm. 157 de 1976.

Aparte de lo claro que así resulta de la lectura del Art. 11, según enmendado, el historial legislativo de la citada ley enmendatoria, Ley Núm. 157 de 1976, demuestra que no fue por inadvertencia que se incluyó el vuelo entre los elementos comunes no susceptibles de propiedad separada. El proyecto original para enmendar la Ley de Propiedad Horizontal vigente desde 1958 fue presentado en el Senado por el señor Cancel Ríos el 5 de marzo de 1973. Era el P. del S. 195. () En dicho proyecto se enmendaba el Art. 11 para incluir el vuelo en el inciso (c), de manera que dispusiese:

“Art. 11. Se considerarán elementos comunes generales del inmueble:
(a) .
(b).
(c) El vuelo, los sótanos, azoteas, patios y jardines, salvo disposición o estipulación en contrario.

De haberse convertido en ley dicho proyecto no habría duda que el vuelo, al igual que lo reconocimos en cuanto a la azotea en Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579 (1973), podría ser objeto de reserva en favor de uno o más apartamientos. Pero ese proyecto “no prosperó”, al decir de la recurrente en su alegato. Prosperó un proyecto sustitutivo, el P. de la C. 1862, que se convirtió en la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, que sacó el vuelo del inciso (c) y lo colocó en el inciso (a) del Art. 11, precisamente donde, como elemento común, no puede ser objeto de disposición o estipulación en contrario. No podía Costa Linda, Inc., al someter el inmueble al régimen de propiedad horizontal, disponer reserva sobre el vuelo. El vuelo ha de ser un elemento común por mandato de la ley. Cualquier disposición en contrario sería ilegal. Dice al efecto el comentarista A. Ventura-Traveset y González, Derecho de propiedad horizontal, 3ra ed., Barcelona, 1976, pág. 194:

“Basta pues que un pacto o acuerdo, esté prohibido por la Ley o que le sea contrario o que esté en contradicción con ella o que la ley no lo permita para que la autonomía de la voluntad se vea limitada.”

Lo que aquí resolvemos no está reñido con el Art. 18 de nuestra Ley, 31 L.P.R.A. sec. 1291p, que dice:

“Ningún titular podrá, sin el consentimiento unánime de los otros, construir nuevos pisos, hacer sótanos o excavaciones, o realizar obras que afecten a la seguridad, solidez y conservación del edificio.”

Al impedir el Art. 11 que se haga reserva del vuelo en perjuicio de su carácter comunal, no impide que la comunidad lo aproveche mediante el ejercicio de su derecho de sobreelevación en virtud del Art. 18. Ambas disposiciones, lejos de contradecirse, se complementan.

El vuelo y derecho de sobreelevación no son una y la misma cosa. El vuelo es un elemento del edificio, como lo son las escaleras, los vestíbulos, las paredes, las azoteas, las áreas de estacionamiento de vehículos, etc. Estos elementos son propiedad comunal; algunos susceptibles de reserva o disposición para uso particular, otros no. El vuelo está entre estos últimos por disposición del Art. 11(a). El derecho de sobreelevación es, como dijimos en Consejo de Titulares v. Vargas, supra, en la pág. 585, el derecho de utilizar el vuelo para elevar la edificación. Y ese derecho también lo reserva nuestra Ley de Propiedad Horizontal a los condómines, como un derecho comunal, del cual pueden ellos disponer solamente por acuerdo unánime conforme al Art. 18. No podría concebirse el derecho de sobreelevación separado del derecho al vuelo. Sería absurdo interpretar que el derecho al vuelo es elemento común, no susceptible de reserva a favor de determinado apartamiento, y que por el contrario pueda disponerse en el título constitutivo que el derecho de sobreelevación sí puede reservarse a favor de un apartamiento en particular.

El concepto de vuelo como elemento común parte del Art. 284 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1115. Batlle Vázquez, La propiedad de casas por pisos, 7ma ed., 1973, pág. 103; Ventura-Traveset, Derecho de propiedad horizontal, 3ra ed., 1976, pág. 91. Dicho artículo, equivalente al 350 del Código Civil español, dispone:

“El propietario de un terreno es dueño de su superficie y de lo que está debajo de ella y puede hacer en él las obras, plantaciones y excavaciones que le convengan, salvo las servidumbres legalmente establecidas.”

Diríase que el vuelo es una proyección vertical de la superficie, que comienza desde el techo del edificio. Es un elemento ideal, intangible, pero tan importante como cualquier otro y más importante que muchos. Hacer reserva del derecho de sobreelevación a favor de un apartamiento es tanto como reservarle a éste un “solar” sobre el techo para edificar. Ese derecho se lo reserva la ley a los condómines, prohibiéndoles disponer de él a no ser por acuerdo unánime de ellos.

La razón de esto la hallamos en la exposición de motivos de la Ley Núm. 157 de 1976, inspirada en la experiencia de casi veinte años de vigencia de la Ley de Propiedad Horizontal, aprobada en 1958.

El informe del Departamento de Asuntos del Consumi-dor, sometido mientras se consideraba el proyecto que se convirtió en la Ley Núm. 157, señaló que éste responde “al reclamo de miles de ciudadanos que han adquirido aparta-mientos en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal. Alegan estos ciudadanos — continúa dicho in-forme — que la Ley 104 de 25 de junio de 1958, según enmendada, bajo cuyo régimen se organiza y funciona la llamada propiedad horizontal en Puerto Rico, favorece los intereses del constructor-vendedor de los apartamientos, cuando permite y autoriza que éste imponga a su antojo y conveniencia en acto unilateral, todas las condiciones y requisitos en la venta, y mantenga todavía después de vendidos los apartamientos, pleno control y disfrute de las facilidades, servicios y pertenencias del inmueble, y además su administración . ..”. (Énfasis nuestro.)

De la exposición de motivos de la citada ley, son significativos los siguientes párrafos:

“La experiencia que se ha ido acumulando al amparo de la citada ley permite concluir que, a pesar de los beneficios alcanzados a través del concepto de propiedad horizontal, se hace inminente una revisión de varios aspectos del estatuto que dificultan la vida en comunidad y afectan adversamente a los adquirentes de apartamientos en inmuebles sometidos a este régimen. ”
“Existen intereses de índole pública que el Gobierno está obligado a atender con preferente consideración. Así deben prevenirse posibles abusos contra futuros adquirentes de aparta-mientos residenciales, que dificulten el logro de la política pública sobre utilización de terrenos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se dirige a estimular que las familias puertorriqueñas residan en proyectos multi-familiares. Es necesario brindar igual protección a los ya titulares de apartamientos residenciales a fin de evitar que se perpetúen los abusos cometidos contra éstos en el pasado.” Leyes de Puerto Rico, 1976, págs. 485 y 486. (Énfasis nuestro.)

En resumen, al enmendar la Ley de Propiedad Horizontal quiso el legislador impedir que el titular de un edificio que lo sujeta al régimen de dicha ley se reservase derechos que pugnarían con los intereses de los condómines, en desventaja para éstos del uso y disfrute de sus apartamientos y los elementos comunes del edificio que les son accesorios. En el caso específico del vuelo, quiso el legislador impedir precisamente lo que Costa Linda, Inc., ha pretendido. Ésta no podía hacer reserva del derecho de sobreelevación que, como parte inseparable del derecho al vuelo, pertenece a los condómines. Son éstos quienes únicamente tienen la facultad de disponer de ese derecho, y en ese caso, mediante acuerdo unánime.

La nota de la Registradora recurrida será confirmada.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín no intervinieron.

      (1) En Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 585 (1973), definimos los términos “vuelo” y “sobreelevación” así: “Se entiende por vuelo la parte ideal del edificio susceptible de ser construida, no un elemento material y tangible, sino el espacio aéreo en la parte superior de la cubierta o techo en el que puede ser elevada la edificación. Llámase sobreelevación al acto de utilizar ese derecho.”

      (2) El Art. 11 de la Ley Decreto Núm. 47 de Cuba, de 16 de septiembre de 1952, correspondiente al nuestro, decía así:
      “Se considerarán elementos comunes generales del inmueble:
      a) el terreno en que se asiente el edificio.
      b) los cimientos, paredes maestras, techos, galerías, vestíbulos, escaleras y vías de entrada y salida o de comunicación.
      c) los sótanos, azotea, patios y jardines, salvo disposición o estipulación en contrario.

      d) los locales destinados a alojamiento de porteros o encargados del edificio, salvo disposición o estipulación en contrario.

      e) los locales o instalaciones de servicios centrales, como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua y demás similares.
      f) los ascensores, incineradores de residuos y, en general, todos los artefactos o instalaciones existentes para beneficio común.
      g) todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del edificio o necesario para su existencia, conservación y seguridad.” (Énfasis suplido.)
      Orlando Gómez Gil, La propiedad horizontal en Cuba, La Habana, 1954, pág. 155.

      (3) Nos dice la recurrente en un escolio de su alegato que dicho proyecto, que “no prosperó”, fue preparado precisamente por el abogado que aquí la representa, “quien entendió deseable incluir ‘el vuelo’, como tal elemento común, influido directamente por la doctrina y la experiencia españolas”.