text:
    Ana María Amaro González et als., demandantes y recurridos, v. First Federal Savings Bank, demandado y peticionario.

      Número: CE-90-232

      Resuelto: 30 de marzo de 1993

      Carlos G. Látimer, abogado del peticionario; José Orlando Grau y Juan Carlos Grau, de Grau & Grau, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El 26 de abril de 1990 expedimos el auto de certiorari radicado por el peticionario First Federal Savings Bank en revisión de la determinación del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, negándose a desestimar el pleito radicado en su contra al amparo de lo resuelto en Hartman v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 124 (1969), y de la negativa del referido foro de instancia a dictar sentencia sumaria a su favor a la luz de lo resuelto en Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, 111 D.P.R. 708 (1981).() Resolvemos.

I

El 30 de agosto de 1985 alrededor de doscientos (200) residentes y propietarios del proyecto urbanístico Ciudad Cristiana de Humacao (Ciudad Cristiana) radicaron acción civil ante el mencionado tribunal de instancia contra el First Federal Savings Bank (First Federal), entidad finan-ciera que les había otorgado los préstamos hipotecarios para adquirir sus viviendas. Alegaron, en síntesis, que el First Federal conocía o debió haber conocido que existía en esos terrenos una contaminación que convertía en inhabi-tables sus residencias() Le imputaron responsabilidad so-lidaria con las personas que “promovieron, gestaron, pro-dujeron y vendieron” las casas cuyas hipotecas fueron ejecutadas. Reclamaron daños individuales de no menos de $10,000. Como parte del descubrimiento de prueba, el 23 de diciembre de 1985, el First Federal sometió a la parte demandante un pliego de interrogatorio a ser contestado, por separado y bajo juramento, por cada uno de los demandantes()

El 14 de febrero de 1986 el First Federal, mediante mo-ción, solicitó del foro de instancia que ordenara a la parte demandante contestar el interrogatorio. El juez accedió a lo solicitado y ordenó a la parte demandante que contes-tara dicho interrogatorio apercibiéndole que, de lo contra-rio, procedería a tomar sanciones drásticas. El abogado de los demandantes le indicó al tribunal que se proponía faci-litarle al demandado una contestación modelo para cada una de las preguntas debido a la magnitud del descubri-miento de prueba en los casos relacionados con Ciudad Cristiana^) Posteriormente, en reunión llevada a cabo en-tre los abogados de las partes, el representante legal de los demandantes acordó notificarle al demandado “ ‘suficientes contestaciones representativas de los hechos en que se funda[ban] sus alegaciones para que ésta pu[diera] traba-jar en su estrategia litigiosa’ Petición de certiorari, pág. 4. Dicho letrado incumplió con su compromiso.

El 3 de noviembre de 1986 el First Federal solicitó del tribunal que le impusiera a la parte demandante un plazo para contestar el referido interrogatorio. El foro de instan-cia ordenó a la parte recurrida a que dentro de un plazo perentorio de diez (10) días contestara el aludido interro-gatorio so pena de imponer las sanciones que en derecho procedieran. Mediante moción, la parte demandante excusó su incumplimiento al expresar que tenía un planteamiento sobre descubrimiento de prueba ante este Foro en el caso paralelo de Vellón v. Squibb Mfg., Inc.,( ) caso que aún no se había resuelto y que entendía gobernaba el pre-sente trámite. No obstante ello, señaló que había enviado al demandado la contestación individual del interrogatorio correspondiente al líder de la comunidad Ciudad Cristiana, José Sepúlveda Rivas, contestación que represen-taba, en todo lo que tuviesen en común, lo que dirían los demás demandantes. Indicó que remitiría las contestacio-nes individualizadas a la mayor brevedad.

El 13 de agosto de 1987 el First Federal radicó moción de desestimación; indicó que sólo se había contestado par-cialmente el interrogatorio en cuanto a uno de los deman-dantes y que tal contestación era inadecuada. Solicitó del tribunal que ordenara a los demandantes a contestar debi-damente en el plazo de quince (15) días bajo apercibi-miento de desestimar el caso en cuanto a todo aquel que no contestase. El tribunal emitió orden conforme a lo solicitado. Luego de una serie de mociones y órdenes rela-cionadas con las contestaciones a dicho interrogatorio, el tribunal fijó una vista para la discusión de las mismas.()

Un día antes de la vista señalada, el First Federal soli-citó la desestimación del pleito en cuanto a aquellos de-mandantes que no habían contestado el interrogatorio y la imposición de sanciones con respecto al codemandante Se-púlveda Rivas en vista de la tardanza extrema en contestar y de que las contestaciones estaban incompletas. La parte demandante replicó. El tribunal a quo denegó la desestima-ción solicitada.

Luego de una serie de mociones/) y órdenes relaciona-das con las contestaciones al interrogatorio, el 29 de no-viembre de 1989 los abogados de las partes llegaron a un acuerdo mediante el cual la parte demandante acordó que para el 28 de enero de 1990 habría de:

(a) Contestar adecuadamente las preguntas: 1, 2, 3, 4, 9(a), (b), y (c), y 11, 12, 13, 14, 17, 19 y 20.
(b) En cuanto a las preguntas No. 5(b) y 6(b) describirá los documentos en vez de proveerlos.
(c) En cuanto a la pregunta No. 6(a) contestará adecuada-mente lo referente a las alegaciones 2, 7, 9, 10 y 12 de la demanda.
(d) En cuanto a la pregunta No. 18 indicará lo que declararán los testigos, en particular el Lie. Vázquez y Angel Gregorio Gó-mez o cualquier otra persona que los sustituya. (Enfasis en el original.) Petición de certiorari, pág. 7.

En el referido plazo, la parte demandante le remitió al First Federal las contestaciones al interrogatorio; contes-taciones que, según su criterio, satisfacían lo acordado. In-conforme con las mismas, el 21 de febrero de 1990, el banco demandado solicitó la desestimación de la acción de epí-grafe en vista de la alegada negativa intencional de los demandantes a contestar el aludido interrogatorio. El tribunal de instancia, mediante resolución de fecha 1ro de marzo de 1990, denegó la moción de desestimación del banco demandado.

Acude ante nos el First Federal. Sostiene, en primer término, que procede revocar el dictamen del tribunal de instancia y eliminar las alegaciones de la demanda y de-sestimar la acción de los demandantes debido a la negativa contumaz de dicha parte a descubrir. Invoca a su favor la doctrina pautada en Hartman v. Tribunal Superior, ante; esboza que la conducta aquí observada es más grave que la allí acaecida. Procedemos a examinar, de entrada, este primer señalamiento de error.

I — I

En Hartman v. Tribunal Superior, supra, el demandante peticionario solicitó de este Foro que le impusiera a la parte interventora las sanciones que al amparo de la Regia 34 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, pro-cedieran, dado que ésta no había contestado cierto interro-gatorio que le fuera enviado hacía casi un año y medio antes. Este Tribunal, luego de hacer una exégesis de la referida regla y de su jurisprudencia interpretativa, consi-deró procedente, como sanción, impedirle a la parte inter-ventora presentar cierta prueba relacionada con la compo-sición química de un producto, sobre la cual se había negado a descubrir prueba. Le impusimos, además, gastos y honorarios y, al remitir el caso al tribunal de instancia, fijamos un plazo improrrogable para que contestara el in-terrogatorio bajo apercibimiento de que su incumplimiento acarrearía la imposición de sanciones adicionales.

La disposición reglamentaria específicamente invocada y analizada en Hartman v. Tribunal Superior, supra, lo fue la Regla 34.4 de Procedimiento Civil de 1958.() Esta regla, así como su casuística,() permitían la drástica sanción de la desestimación del pleito ante la negativa intencional de una parte a descubrir. Dicha regla procesal, equivalente a la Regla 37(d) de Procedimiento Civil federal de 1943, facultaba a los tribunales, en su discreción, a desestimar una acción si la parte actora intencionalmente, entre otras, se negaba a contestar los interrogatorios notificados por la parte adversa. Se entendía que la actuación de una parte en no descubrir prueba era intencional cuando que-daba demostrado que ésta había procedido en forma dila-toria o contumaz al negarse a contestar los interrogatorios o los había contestado en forma evasiva. Hartman v. Tribunal Superior, supra, pág. 133; Peña v. Sucn. Blondet, 72 D.P.R. 9, 12-13 (1951).

Con la enmienda a las Reglas de Procedimiento Civil de 1979, la citada Regla 34.4 sufrió cambios, a saber: se eli-minó el requisito de la intención de su texto y se añadió la excepción sobre órdenes protectoras al eximente de la sanción. Al presente, esta regla, en su parte pertinente, lee así:

34.4 Falta de comparecencia o de presentación de contestaciones a interrogatorios o a inspección solicitada
Si una parte, o un funcionario o agente administrador de una parte o una persona designada para testificar a su nombre se-gún disponen las Reglas 27.5 ó 28, dejare de ... (2) presentar contestaciones u objeciones a los interrogatorios sometidos de acuerdo con la Regla 30 después de habérsele notificado debi-damente los mismos; o ... a solicitud de parte, podrá dictar, con relación al incumplimiento, aquellas órdenes que fueren justas, entre ellas podrá tomar cualquier acción de las autorizadas en los incisos (1), (2) y (3) del apartado (b) de la Regla 34.2. En lugar de cualesquiera de las anteriores órdenes o en adición a las mismas, el tribunal impondrá a la parte que incumpliere o al abogado que la aconsejó, o a ambos, el pago del importe de los gastos razonables ocasionados por la negativa, incluyendo honorarios de abogado, a menos que el tribunal determine que existía una justificación válida para el incumplimiento o, que dentro de las circunstancias, el pago de los gastos resultaría injusto.
No será excusable la falta de cumplimiento a que se refiere esta regla, por el fundamento de que lo solicitado es objetable, a menos que la parte que incumpla haya obtenido una orden pro-tectora de acuerdo con la Regla 23.2.() 32 L.RR.A. Ap. Ill, R. 34.4.

No obstante el nuevo lenguaje de la vigente Regla 34.4 que elimina el requisito de intencionalidad del texto, se ha entendido que la jurisprudencia anterior sigue vigente en nuestro ordenamiento civil procesal en tanto y en cuanto éste reconoce la aplicación —en determinadas instancias— de sanciones drásticas como lo son la eliminación de las alegaciones, la desestimación de la acción y la anotación de rebeldía. A esos efectos, el profesor Cuevas Segarra señala que:

El nuevo texto, que elimina el requisito de intencionalidad y añade la excepción de las medidas protectoras al eximente de la sanción, parece sugerir que basta con que se deje de actuar según requerido para que proceda la sanción que dispone la regla, pues ciertamente la negligencia, aunque no sea conducta intencional, es tan censurable como la contumacia. Lo que su-cede es que obviamente en un caso de omisión por negligencia el tribunal no debe recurrir al remedio drástico de la desestima-ción que es, después de todo, la última sanción a la que el tribunal debe recurrir en todo caso. Las sanciones económicas, aunque modestas, pueden cumplir el propósito de desalentar la negligencia y hasta el olvido. Visto de este modo, la citada ju-risprudencia es perfectamente armonizable con la nueva regla. (Énfasis suplido.) J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puer-torriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, Cap. V, pág. 175. Véanse, además: Guías propuestas para dirigir la fase del descubrimiento de prueba en casos com-plejos, Secretariado de la Conferencia Judicial, mayo de 1988, Anejo I, págs. 15-16; Nuevos enfoques en la administración judicial, Secretariado de la Conferencia Judicial, octubre de 1982, pág. 131 y ss.

Cónsono con lo expresado y en el contexto más amplio de la imposición de sanciones drásticas, este Tribunal, preocupado por que una parte fuera penalizada por las actuaciones displicentes de su representación legal sin que ésta tuviera conocimiento de las mismas, en Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 498 (1982), pautó como norma a regir lo siguiente:

Planteada ante un tribunal una situación que, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia aplicables, amerita la imposición de sanciones, éste debe, en primer término, imponer las mismas al abogado de la parte. Si dicha acción disciplinaria no produce frutos positivos, procederá la imposición de la severa sanción de la desestimación de la demanda o la eliminación de las alega-ciones, tan solo después que la parte haya sido debidamente informada y lo apercibida de la situación y de las consecuencias que puede tener el que la misma no sea corregida. La experien-cia señala que en la gran mayoría de los casos que presentan esta clase de dificultades —el presente caso es un ejemplo de ello— las partes no están enteradas de la actuación negligente de sus abogados y, al advenir en conocimiento de ello, la situa-ción es corregida de inmediato. Una parte que haya sido infor-mada y apercibida de esta clase de situación y no tome acción correctiva, nunca se podrá querellar, ante ningún foro, de que se le despojó injustificadamente de su causa de acción y/o defensas. (Énfasis suplido y escolio omitido.)()

Subsiste, pues, en nuestro ordenamiento procesal civil la imposición de sanciones severas para aquellos casos extremos en que no exista duda alguna de la “irresponsabilidad o contumacia de la parte contra quien se toman las medidas drásticas” (énfasis suplido), Acevedo v. Companía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787, 791 (1974), y donde ha quedado al descubierto “el desinterés y abandono de la parte de su caso” (énfasis suplido), Arce v. Club Gallístico de San Juan, 105 D.P.R. 305, 307 (1976). Véanse, además: Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986); Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 814-819 (1986); Echevarría Jiménez v. Sucn. Pérez Meri, 123 D.P.R. 664, 673 (1989).

De igual manera, y en armonía con lo expresado, la tendencia jurisprudencial ha sido la de imponer sanciones económicas, en primera instancia, contra aquella parte que observa una conducta censurable bajo nuestro ordenamiento civil procesal. Esta “suavización” de la sanción así como el postergar la imposición de sanciones drásticas y severas como último recurso al cual se deba acudir, responde a la política judicial imperante, por un lado, de que los casos se ventilen en sus méritos y, por otro lado, de que éstos se resuelvan de forma justa, rápida y económica. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Nuevos enfoques en la administración judicial, supra, págs. 124-125; Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., supra, pág. 818 y casos allí citados. En el pasado, la imposición de sanciones de índole económica contra una parte ha sido utilizada con efectividad por nuestros tribunales en el área del descubrimiento de prueba, Ramos Carrillo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 756 (1974); Girard Industries Corp. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 680 (1975), para motivarla a agilizar esta etapa procesal. Esta práctica, por parte de nuestros tribunales de instancia, ha ido ganando terreno en nuestro ordenamiento y constituye, al presente, un sabio método para aligerar los procesos judiciales.

HH H-I

La solicitud del First Federal de que, en esta etapa de los procedimientos, apliquemos la severa sanción de la de-sestimación en el caso de epígrafe es improcedente. La na-turaleza del presente litigio, el hecho de que el abogado de los demandantes les representara al mismo tiempo en dos (2) casos germanos relacionados con Ciudad Cristiana, y dado el caso de que la parte demandante lo constituyen familias humildes, nos llevan a concluir que el descubrimiento de prueba referente al interrogatorio de marras ha estado práctica y exclusivamente en manos del representante legal de los demandantes. En vista de ello, y no obs-tante las innumerables solicitudes del demandado y las admoniciones del tribunal de instancia de desestimar la acción, la realidad es que la parte demandante nunca fue apercibida de los incumplimientos de su abogado con res-pecto al descubrimiento de prueba en cuestión. El tribunal nunca les alertó en ánimo de que tomaran acción correc-tiva a esos efectos. Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, supra. Si bien es cierto que la conducta observada es una digna de sanciones, un examen del expediente revela que el tribunal de instancia se limitó a apercibir a la parte demandante, por conducto de su abogado, de que su incumplimiento conllevaría la drástica sanción de la desestimación. En momento alguno impuso al abogado/) y/o a la parte litigante sanciones de índole económica en aras de agilizar el descubrimiento de prueba. Ramos Carrillo v. Tribunal Superior, supra; Girard Industries Corp. v. Tribunal Superior, supra. Por lo que, a nuestro juicio, recurrir a la desestimación del pleito, en primera instan-cia, como castigo por la conducta procesal observada re-sulta improcedente en estos momentos.

El caso ante nuestra consideración es un ejemplo vivo de lo que no debe de ocurrir ante nuestros tribunales de instancia. Una vez iniciado el descubrimiento de prueba, mediante el envío del aludido interrogatorio, el caso entró en un limbo procesal del cual aún no ha salido. Las reite-radas mociones del demandado para que la parte deman-dante contestara adecuadamente el interrogatorio, a lo sumo, movieron al tribunal a emitir órdenes admonitorias de actuar según lo solicitado; órdenes que no dejaron de ser meros apercibimientos huecos.

Se observa que el esquema adoptado por las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 dejó en manos de los abogados el trámite del descubrimiento de prueba en ánimo de promover una mayor flexibilidad y cooperación entre éstos en una etapa tan crucial del proceso judicial y con el propósito de minimizar la intervención judicial en tal etapa.i( ) No obstante ello, en Lluch v. España Service Sta., supra, págs. 743 — 744, hicimos la salvedad que esto no significaba que el tribunal tuviera que quedarse cruzado de brazos en espera de que una o ambas partes acudieran ante él para entonces intervenir y encausar los trámites Expresamente indicamos que “[e]l hecho de que las reglas le [hubiesen] impuesto a los abogados de las partes mayor responsabilidad con el uso de los mecanismos de descubrimiento de prueba no releva[ba\ al tribunal de su deber de velar por que los procedimientos garantizaren] la solución justa, rápida y económica de los casos”. (Enfasis suplido.) Id., pág. 744.

Un examen del expediente del caso ante nuestra consi-deración nos lleva a concluir que el foro de instancia no observó las directrices que pautáramos en Lluch v. España Service Sta., supra.() El tribunal a quo asumió una actitud sumisa con relación al rol que debía ejercer y no tomó control del caso de epígrafe en una etapa temprana de los procedimientos. Lo acaecido cobra mayor énfasis en un caso como el presente, en vista de que podemos decir que se trata de un pleito complejo.()

En Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra, pág. 847, adverti-mos a nuestros tribunales de instancia que éstos tenían que enfrentarse a este tipo de litigio “de forma decidida e imaginativa, adaptando los mecanismos, procesales exis-tentes y haciendo uso activo de todos los recursos que t[enían] a su disposición” y estructurando “los mecanismos procesales necesarios para adjudicar pronta y adecuada-mente este nuevo tipo de controversias”. Allí expresamos que el éxito del trámite fluido de un pleito de esta natura-leza dependía “en gran medida de la participación activa e imaginativa del juez, complementada por una conducta profesional y cooperadora por parte de los abogados”.() Id. Desafortunadamente, las palabras expresadas en Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra, no encontraron eco en los prota-gonistas del caso de epígrafe.

Un detenido examen de las contestaciones suplidas por la parte demandante en el presente caso nos llevan a con-cluir que éstas no han sido contestadas de forma completa y/o adecuada y de que algunas no son responsivas. Se ob-serva que en la resolución de la cual se recurre, el tribunal, en un intento de finalizar en primer lugar el descubri-miento de prueba sobre el aspecto de responsabilidad, or-denó a la parte demandante informar la prueba que tu-viere para probar su teoría del caso de modo que el demandado pudiera “señalar luego aquellos aspectos de su gestión descubridora dirigidos a tal específico fin”. Anejo de la Petición de certiorari, pág. 1. La parte demandante ra-dicó moción a esos efectos. El tribunal se dio por enterado. Un examen de la referida moción nos lleva a concluir, de igual manera, que ésta es del todo general; carece de espe-cificidad y, a nuestro juicio, no cumplió con lo solicitado.

Al remitir el presente caso al foro de instancia hacemos el señalamiento específico de que el magistrado deberá, de inmediato, concertar una o varias vistas con los abogados de las partes para auscultar —en primer lugar— cuáles de estas preguntas específicamente atañen la controversia de responsabilidad y de qué modo la parte demandante deberá contestar las mismas para que se entiendan contestadas.() Una vez esclarecido esto, el tribunal dará a la parte demandante un plazo improrrogable bajo apercibi-miento de las sanciones que estime pertinentes para que ésta cumpla con lo acordado. Advertimos al abogado de los demandantes que en el cumplimiento con las contestacio-nes al interrogatorio tenga bien presente que atrás hemos dejado “la deportiva teoría de justicia que tanto mina la fe de nuestro pueblo en el sistema judicial”. Lluch v. España Service Sta., supra, pág. 743 y casos allí citados. General Electric v. Concessionaires, Inc., 118 D.P.R. 32, 38 (1986); Aponte v. Sears Roebuck de RR., Inc., 129 D.P.R. 1042 (1992). Invitamos a los letrados de ambas partes a que, en un gesto de cooperación, hagan un esfuerzo máximo para dar por finalizado el descubrimiento de prueba en el caso de epígrafe a la mayor brevedad.

Estimada la conducta procesal observada por el abogado de los demandantes, consideramos procedente imponerle a éste una sanción de $500, pagadera al Estado, apercibién-dole de que en el futuro deberá ser más diligente en el trámite procesal del caso.

IV

Atendemos el segundo señalamiento de error. Como parte del descubrimiento de prueba, el 14 de febrero de 1986, el First Federal envió a la parte demandante un Re-querimiento de Admisiones e Interrogatorio dirigido a dar por admitidos los siguientes hechos: que los demandantes visitaron la propiedad y terrenos previo a firmar la escri-tura de compraventa de sus viviendas; que éstos carecen de conocimiento de que el First Federal haya operado o tenga industria o establecimiento alguno en el Parque Industrial de Humacao; que no tienen conocimiento de que el First Federal haya contaminado la Quebrada Frontera de Humacao; que desconocen que el Banco demandado haya participado como constructor o empresario en el desarrollo de Ciudad Cristiana o que haya intervenido en la promo-ción de ventas de dicho proyecto, y que hasta donde tienen conocimiento la intervención del banco se limitó a conce-derle el financiamiento permanente para la compra de cier-tas viviendas ubicadas en tal proyecto y a actos relaciona-dos con la concesión de tal financiamiento. Los demandantes contestaron dicho requerimiento, aceptando el mismo.

Luego de varios incidentes procesales, el 21 de febrero de 1990 el First Federal solicitó sentencia sumaria a su favor aduciendo que, conforme a los hechos admitidos y a la luz de la doctrina pautada en Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, supra, procedía relevársele de responsa-bilidad en el caso de epígrafe. A esos efectos indicó que sus actuaciones con respecto a los demandantes, limitadas a la concesión del financiamiento permanente y a actos relacio-nados con el mismo, se ciñeron a la función usual que una entidad financiera provee en este género de financiamiento y en el que ésta no. recibe más lucro que el correspondiente al préstamo que se efectúa.()

En su réplica, la parte demandante refutó la contención del First Federal al indicar que “la controversia no versa sobre lo que se hizo bajo los términos y condiciones preva-lecientes en el mercado de hipotecas sino [que se trató de una] transacción especial, en virtud de una ley tutelar dirigida a facilitar la adquisición de viviendas decentes, se-guras y sanitarias”. Réplica a moción de reconsideración del demandado recurrente, págs. 2-3. Expresó que en vir-tud de esta ley tutelar() el First Federal, “en concierto con una instrumentalidad corporativa delincuente del Estado Libre Asociado (la Compañía de Desarrollo Cooperativo), invirtió y prestó, sin riesgo alguno, en hipotecas garantiza-das por el Banco de la Vivienda”. Id., págs. 3-4. Adujo que al acogerse a los beneficios de esta ley de seguro hipotéca-rio, el First Federal "se unió a las agencias públicas en la implantación de la política pública del Estado Libre Aso-ciado con las obligaciones inherentes y accesorias a dicha política pública”. íd. Esbozó que el First Federal, al aco-gerse a ese sistema especial, y debido a que no podía per-der, no le prestó atención a las obligaciones que asumió al cobrarle a los demandantes por un estudio de título, tasa-ción e inspección de sus viviendas, estudios que, de haberse realizado con la diligencia de un buen padre de familia le hubieran percatado, entre otras, de: la inexistencia de la cooperativa; la intervención engañosa de la Compañía de Desarrollo Cooperativo; que la urbanización estaba en la parte baja de un parque industrial y situada próxima al Caño Frontera y que éste estaba irreversiblemente contami-nado’, que se predecía que las personas que fueran a vivir a Ciudad Cristiana estarían expuestas a venenos; que la ur-banización estaba asentada sobre un pantano; que agen-cias regulatorias del Estado Libre Asociado habían expre-sado dudas sobre la habitabilidad del lugar; que las casas, calles y aceras adolecían de deficiencias y que no se había solucionado la construcción de las facilidades comunales. Expresó que el First Federal era responsable contractual-mente debido a la falta de diligencia al efectuar el estudio de título, la tasación y la inspección que le cobró “y que se concertaron para verificar que las viviendas cuya compra se le financiaría a los demandantes eran seguras, sanita-rias y decentes, verificación que no se hizo como se com-probó por los resultados posteriores”. Id. Adujo, además, que el banco demandado era responsable extracontractual-mente por “la conducta torticera y práctica ilícita banca-ria... [ostentada] al unirse a una instrumentalidad delin-cuente para obtener un beneficio económico al amparo de una ley de interés social con total olvido de la seguridad, la salud y la vida de las personas para cuya protección el legislador actuó”. () Id.

El 1ro de marzo de 1990 el tribunal de instancia emitió resolución denegatoria de la solicitud sumaria del First Federal. En lo aquí pertinente dispuso:

No desestimaremos sumariamente la demanda en su contra, como pide, pues si se prueba que tuvo conocimiento de la ale-gada contaminación de los terrenos y de las deficiencias, igual-mente alegadas, que harían derrotar todo el proyecto urbanís-tico, actuando confiada en que nunca sufriría perjuicio su crédito por la forma que negoció sus créditos, sería responsable. Todo ello supone determinaciones de hecho esenciales a la ac-ción, lo que nos impide resolver sumariamente. Ya lo habíamos resuelto el 27 de septiembre de 1989.() Anejo de la Petición de certiorari, pág. 1.

De este dictamen acude ante nos el demandado. Expone que procedía dictar sentencia sumaria a su favor en virtud de los hechos admitidos y de la doctrina pautada por el caso de Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, supra.

En el citado caso de Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, diversos compradores de un proyecto urbanístico instaron querellas ante D.A.Co. contra la constructora y varios bancos que habían participado en el financiamiento del proyecto, entre ellos el Chase Manhattan Bank, por los vicios ocultos de sus viviendas. El banco peticionario inter-vino únicamente en el financiamiento interino de la obra. D.A.Co. ordenó a los querellados a reparar los vicios ocul-tos surgidos;() en revisión, el tribunal de instancia confirmó.

Al revocar a dicho foro, y en lo que respecta al banco peticionario, este Tribunal dispuso que la responsabilidad decenal, la cuantiminosa o la redhibitoria no se extendía a una institución financiera que se había ceñido a su función usual y cuya única intervención había sido la de proveer el financiamiento interino de la obra sin promover o participar en la construcción o en la venta de las casas. No obstante lo expresado, se hizo la salvedad de que: “Ello no significa[ba] que dentro de otras circunstancias no pu[diera] imponérsele a un banco o a una financiera que rebas[ara] sus funciones usuales la responsabilidad decenal, la cuantiminosa, la redhibitoria, la cuasi delictual u otras derivables de nuestro ordenamiento jurídico.” Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, supra, pág. 713.

Mediante el requerimiento de admisiones en controver-sia en el caso de epígrafe el banco demandado nos lleva a concluir y dar por admitidos: (1) que éste, mediante sus actuaciones, no contaminó ni directa ni indirectamente las residencias en cuestión, y (2) que éste no responde como institución financiera en una situación como la presente en vista de que no trascendió sus funciones usuales en tal carácter. No cuestionamos esta admisión de hechos. Sin embargo, aun cuando diéramos por aceptados los mismos, éstos no versan sobre lo alegado en la demanda. En vista de ello, entendemos que la analogía que pretende trabar el First Federal entre la doctrina que sentáramos en Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, supra, y el caso de epí-grafe es improcedente.

Allí se le quería imputar al banco responsabilidad dece-nal al amparo del Art. 1483 del Código Civil() al tildar al Chase Manhattan Bank como “urbanizador” con la conse-cuencia inescapable, de que éste transcendió su función usual como institución bancaria que proveyó el financia-miento interino de la obra. En el caso ante nos no se le imputa al banco demandado el haber rebasado o transcen-dido sus funciones financieras usuales en la prestación del financiamiento, en este caso, permanente. Las alegaciones de la demanda van dirigidas a imputarle responsabilidad al First Federal por la negligencia desplegada en el desem-peño de sus funciones bancarias, toda vez que éste tuvo conocimiento o debió haber tenido conocimiento —ya fuera de las negociaciones que llevó a cabo o de haber realizado la inspección, tasación y el estudio de título de Ciudad Cristiana con un mínimo de diligencia— de la contamina-ción del proyecto urbanístico y que, no obstante ello, pro-cedió a financiar los préstamos hipotecarios de los deman-dantes confiado en que su inversión no correría riesgo alguno porque estaba respaldada por el seguro de garantía de hipotecas provisto por la referida Ley Núm. 87.()

Conforme a lo arriba expuesto, coincidimos con la reso-lución emitida por el tribunal de instancia, pues, aun cuando diéramos por admitido el requerimiento de admi-siones, todavía quedan sin resolver los hechos relacionados con la teoría de responsabilidad de los demandantes. Es con relación a ésta que el descubrimiento de prueba aún no ha finalizado. En vista de ello, y de la improcedencia de la solicitud sumaria del First Federal a la luz del derecho invocado, procede dictar sentencia confirmatoria de las re-soluciones emitidas por el tribunal de instancia y devolver el caso de epígrafe al referido foro para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí expuesto.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernán-dez Denton se inhibieron.

      (1) En el recurso de certiorari radicado, la parte peticionaria plantea:
      “l.-Si a tenor con lo resuelto en Hartman v. Tribunal, 98 D.P.R. 124 (1969) procede revocar al Tribunal Superior al no imponer las sanciones solicitadas por negativa a descubrir en un caso donde la contumacia es infinitamente más grave que en Hartman.”

      “2-Si procede que se dicte una sentencia sumaria desestimando el caso cuando los hechos, incontrovertiblemente establecidos, demuestran que la única participa-ción de la Recurrente en Ciudad Cristiana fue la de proveer financiamiento perma-nente, individual, (no el interino para la construcción) a cada uno de los Recurridos para la adquisición de su residencia, habiendo quedado establecidos además, incon-trovertiblemente, los siguientes hechos: Que los Recurridos solicitaron dicho finan-eiamiento a la Recurrente; que la Recurrente les concedió a cada uno de ellos dicho financiamiento; que antes de firmar las escrituras, cada uno de los Recurridos había visitado la propiedad que iba a adquirir y los terrenos donde ubicaba; que la Recu-rrente no operó en forma alguna o tuvo establecimiento alguno en el Parque Industrial que supuestamente contaminó los terrenos de Ciudad Cristiana; que la Recu-rrente no contaminó la Quebrada Frontera que, supuestamente, contaminó los terrenos de Ciudad Cristiana; y que la Recurrente no participó como constructor o empresario en el desarrollo de Ciudad Cristiana ni intervino en la promoción de las ventas, todo ello a tenor con lo resuelto en el caso de Chase Manhattan v. Emmanue-lli Bauzá, 111 D.P.R. 708.” Petición de certiorari, pág. 2.

      () Ello en virtud de las negociaciones realizadas con el Banco de la Vivienda, la Compañía de Desarrollo Cooperativo y los constructores, o de haber realizado, con un mínimo de diligencia, las inspecciones, tasaciones y estudios de título que efectuó con respecto a las residencias de dicho proyecto y por los cuales les cobró.

      () Cabe señalar que el abogado de los demandantes nunca objetó el interroga-torio cursado.
      El azaroso cuadro suscitado a raíz del envío de dicho interrogatorio es objeto del primer señalamiento de error de la petición de certiorari ahora ante nos.

      (4) Coetáneamente con el caso de epígrafe se estaban ventilando los casos de Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986), y el de Cintran Ortiz et al v. Compañía de Desarrollo Cooperativo et al, todos relacionados con Ciudad Cristiana de Humacao. El Ledo. José Orlando Grau ostentaba la representación legal de los demandantes en cada uno de ellos.

      (5) 117 D.P.R. 838 (1986), opinión de 2 de diciembre de 1986.

      (6) En el ínterin, el 3 de noviembre de 1987, la parte demandante solicitó al tribunal que tomara medidas especiales para fraccionar el caso y dirimir, en primera instancia, la controversia de responsabilidad y, posteriormente, el aspecto de daños. El tribunal permaneció silente con respecto a esta solicitud.

      (7) El First Federal Savings Bank (First Federal) radicó varias solicitudes de desestimación en que alegaba que las contestaciones provistas por la parte deman-dante eran deficientes e incompletas. Los demandantes, por su parte, replicaron en todo momento tales solicitudes y fueron contestando y remitiendo esporádicamente documentos relacionados al interrogatorio en cuestión.

      (8) Esta regla leía así:
      “Si una parte, o un funcionario o agente administrador de una parte, dejare intencionalmente de comparecer ante el funcionario que ha de tomar su deposición después de haber sido debidamente notificado; o dejare de presentar y notificar con-testaciones a los interrogatorios sometidos de acuerdo con la Regla 30 después de habérsele notificado debidamente los mismos; el tribunal, mediante moción y notifi-cación, podrá eliminar total o parcialmente cualquier alegación de esa parte, o de-sestimar el pleito o procedimiento o alguna parte del mismo, o dictar sentencia en rebeldía contra dicha parte.” (Énfasis suplido.) 32 L.RR.A. Ap. II (ed. 1982).

      (9) Pepín v. Ready-Mix Concrete, 70 D.RR. 758, 760-761 (1950); Peña v. Sucn: Blondet, 72 D.P.R. 9,12 (1951); Reyes v. Mayagüez Transport, 86 D.P.R. 273, 277-278 (1962); Díaz v. Marshak Auto Dist., Inc., 95'D.P.R. 690, 697-698 (1968).

      (10) La Regla 34.2(b)(1), (2) y (3), por su parte, faculta al tribunal a emitir:
      (1) Una orden al efecto de que las materias comprendidas en las órdenes antes mencionadas o cualesquiera otros hechos designados por el tribunal, sean conside-rados como probados a los efectos del pleito, de conformidad con la reclamación de la parte que obtuvo la orden.
      (2) Una orden negándose a permitir a la parte que incumpliere, sostener u oponerse a determinadas reclamaciones o defensas, o prohibiéndole la presentación de determinada materia en evidencia.
      (3) Una orden eliminando alegaciones o parte de las mismas, o suspendiendo todos los procedimientos posteriores hasta que la orden sea acatada, o desestimando el pleito o procedimiento o cualquier parte de los mismos, o dictando una sentencia en rebeldía contra la parte que incumpliere. 32 L.RR.A. Ap. III.

      (11) Véase, en adición, Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823 (1962). En dicho caso ya este Foro había expresado su preocupación al respecto al indicar que “[l]a desestimación de un pleito sin ir a sus méritos como un medio de sanción, debe ser de los últimos recursos a utilizarse después que otras sanciones hayan probado ser ineficaces en el orden de administrar justicia y, en todo, caso, no debería procederse a ella sin un previo apercibimiento”. (Enfasis suplido.) Id., págs. 829-830.

      (12) Llueh v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729 (1986).

        (13) Lluch v. España Service Sta., supra, págs. 743-744; Aponte v. Sears Roebuck de P.R., Inc., 129 D.P.R. 1042 (1992).

      (14) Esto, en parte, pudo deberse a que en el decurso de cuatro años por lo menos cinco (5) magistrados intervinieron en el caso de epígrafe.

      (15) En Vellón v. Squibb Mfg., Inc., supra, pág. 847, definimos un caso complejo como aquel que envuelve multiplicidad de partes, donde existe un monto de cuantías reclamadas, hay un extenso y complicado descubrimiento de prueba y hay controversias de hechos o de derecho complejas y técnicas. Véase Ortiz Rivera v. E.L.A., National Ins. Co., 125 D.P.R. 65, 69 (1989).

      (16) No existe un formato estándar para todos los casos complejos. El descubri-miento de prueba, por ende, deberá ser delineado según las circunstancias particulares de cada caso: una ardua tarea que dependerá del esfuerzo conjunto y creativo del juez y de los abogados. El plan de descubrimiento de prueba deberá ser evaluado y revisado periódicamente según las circunstancias del caso así lo requieran. Manual for Complex Litigation, 2da ed., Nueva York, Clark Boardman Co., 1986, Sec. 21.41, pág. 43.

      (17) Entendemos que alguna de esta información podría estar en manos ajenas a la parte demandante por lo que le sería imposible proveerla. Existe otra prueba que le es más accesible al demandado que a los demandantes, por lo que se auscultará la posibilidad de relevarles de proveer la misma. Existe, por otro lado, documentación consignada en el tribunal que bien podría contestar varias de las preguntas y que no le sería oneroso a los demandantes sustraerla y así proveérsela al banco demandado.

      (18) No empece a que el First Federal no acompañó declaración jurada o docu-mento en apoyo de su solicitud sumaria, hay constancia en autos (a las págs. 221-223) de copia de una declaración jurada suscrita por el Primer Vice Presidente del First Federal para el periodo comprendido entre 1975-1980 en la que indica al pá-rrafo nueve (9) lo siguiente:
      “9. The association accepted the collateral for the Ciudad Cristiana permanent financing loans in good faith, relying on the representations made in the commitment applications and in the individual loan applications. First Federal acted merely as a lending institution. It did not take part in the promotion or sale of the housing units in the Ciudad Cristiana project, nor did it make any representations to buyers as to the housing units for said project. As a lending institution, it relied on the representation of the borrowers to approve the loans and the collateral therefor.”

      (19) Ley Núm. 87 de 25 de junio de 1965, según enmendada, 7 L.P.R.A. see. 261 y ss.

      (20) Acompañó dicha oposición con: (1) copia de la carta del Presidente del First Federal, el Sr. Mariano Mier, dirigida a la Senadora González de Modesti indicativa de que el 9 de mayo de 1979 el Presidente de la Compañía de Desarrollo Corporativo, Sr. Félix Aldarondo Galván, le sometió al banco el caso de Ciudad Cristiana; de que ante la crisis creada por la imposibilidad de FHA de garantizar el financiamiento permanente del proyecto, el Banco de la Vivienda intervino y lo apoyó ofreciendo un subsidio a los intereses bajo la Ley Núm. 10 de 5 de julio de 1973, según enmendada, 17 L.P.R.A. see. 651 y ss., y un seguro hipotecario bajo la Ley Núm. 87 y que ante tal solicitud y los documentos que le acompañaran (a los cuales aludiremos más ade-lante) éste procedió a conceder el financiamiento permanente (Autos a las págs. 667-670); (2) copia de parte de lo que se alega es un voluminoso documento titulado “Work Plan for the Remedial Investigation/Feasibility Study of the Frontera Creek Site” de la EPA de septiembre de 1986 del cual se desprende, entre otras, una cro-nología de los sucesos relacionados con la contaminación del área previo a mayo de 1979 (Autos a las págs. 655-664), y (3) copia de la solicitud sumaria previamente radicada por los demandantes y denegada por el tribunal a quo (la cual menciona-remos más adelante) (Autos a las págs. 635-654). Todos estos documentos indicati-vos de las múltiples advertencias sobre la inhabitabilidad de Ciudad Cristiana dis-ponibles al First Federal previo a que éste concediera el financiamiento y, consecuentemente, imputándole tal conocimiento.

      (21) Esta Resolución previa respondió a una moción de sentencia sumaria del demandante (Autos a las págs. 198-215) en la que solicitó se condenara al deman-dado a indemnizarle por “la negligencia contractual y delictuosa” desplegada porque éste conocía o debió haber conocido (en base a las ya aludidas gestiones) los factores de inhabitabilidad que aquejaban a la urbanización. Acompañó en apoyo de su soli-citud: (1) copia de una carta de la FHA de 9 de febrero de 1979 al Presidente de la Compañía de Desarrollo Cooperativo indicando que no consideraría determinados bloques de Ciudad Cristiana hasta tanto se resolviera el problema de la contamina ción de la Quebrada Frontera; (2) la aludida carta del Sr. Mier a la Senadora Gon-zález de Modesti; (3) dos (2) consultas ante la Junta de Planificación donde se de-niega la ubicación de la urbanización; (4) copia del Prólogo del Informe de la Comi-sión Especial de Ciudad Cristiana y del Informe del Comité Asesor al Secretario de Salud indicando la cronología de eventos relativos a la contaminación de Ciudad Cristiana; (5) copia de un documento titulado “Indice Documentos Ciudad Cristiana Relevantes al Análisis Ambiental del Caso” del cual se desprende una entrada que señala que el 29 de noviembre de 1978 el Director Regional de la FHA le cursó una carta al Presidente de la Compañía de Desarrollo Cooperativo para que le informara cómo eliminarían el problema de los contaminantes del Caño Frontera; (6) el aludido “Work Plan y (7) copia de cierto “Report on the Water Quality of Quebrada Frontera” de agosto de 1978 de la Junta de Calidad Ambiental indicando los conta-minantes hallados en la quebrada y sus porcientos, entre otros, (Autos a las págs. 167-197 y 453-476), todo ello en aras de demostrar la notoriedad de la contamina-ción previo a la intervención del First Federal e imputarle tal conocimiento.
      En su oposición, el demandado tildó de inmeritoria e improcedente la solicitud sumaria de los demandantes; expresó que no debía considerarse en esa etapa de los procedimientos y que lo que procedía era desestimar la demanda. Indicó que el co-nocimiento que pretendía imputársele era improbable e ilógico y que la solicitud sumaria no incluía documento o declaración jurada alguna de la cual pudiera deri-varse el mismo. El First Federal acompañó copias: de las declaraciones juradas de dos (2) de sus funcionarios, de la garantía de construcción sometida por la Compañía de Desarrollo Cooperativo como dueña del proyecto y del certificado de inspección que firmaban los adquirentes (Autos a las págs. 217-223) para establecer que su intervención fue la de una mera institución financiera, de que descansó en la garan-tía del préstamo, en las representaciones hechas por los solicitantes de los préstamos individuales y en la evidencia que le fue ofrecida de la aprobación del proyecto por las agencias gubernamentales. (No acompañó copia de estos últimos documentos). A base de ello, invocó la doctrina de Chase Manhattan v. Emmanuelli Bauzá, 111 D.P.R. 708 (1981), e indicó que aunque eso, de por sí, le liberaba de responsabilidad, éste rechazaba la contención de que los referidos terrenos estuvieran contaminados. Alegó que este punto se dilucidó en la corte federal de forma adversa a los demandantes. A esos efectos, posteriormente acompañó copia de la Opinión del Primer Circuito en el caso USI Properties Corp. v. M.D. Construction Inc. y Corporación de Desarrollo Cooperativo (Autos a las págs. 249-269) y, además, acompañó copia de un documento titulado “Superíund Update” publicado por la Epa de febrero de 1989 en el que se concluye que no había evidencia de concentraciones de mercurio en la superficie, subsuperficie o en el agua de Ciudad Cristiana que representara una amenaza de salud a los residentes de ese proyecto. (Autos a las págs. 372-381).
      En esa ocasión, el tribunal, al denegar la solicitud sumaria de los demandantes y las mociones del demandado, indicó que:
      “Exist[ían] hechos fundamentales en controversia, como lo [eran] el conoci-miento cierto o imputado que tuvo el demandado de la alegada contaminación de los terrenos y del desperfecto de las residencias, sobre el que basa el demandante su teoría de la responsabilidad.” (Autos a la pág. 497).

      (22) D.A.Co. sostenía que el Chase Manhattan Bank era un “urbanizador” bajo las disposiciones del Art. 2 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. see. 502).

      (23) 31 L.P.R.A. see. 4124.

      (24) El proyecto urbanístico, además, gozaba de los beneficios de la Ley Núm. 10 de 5 de julio de 1973, según enmendada, 17 L.P.R.A. see. 651 y ss. En virtud de esta ley, el Secretario de Vivienda creó un programa para subvencionar el costo de interés del mercado de hipotecas a las familias de ingresos moderados para ayudar a que éstas puedan adquirir o arrendar una vivienda de nueva construcción. Dicha ley dispone que cualquier entidad pública o privada podrá construir viviendas bajo los términos y las condiciones dispuestos por la misma y su reglamento. Las familias a quienes les vendan tales viviendas podrán acogerse al subsidio provisto por esta ley y las viviendas que así se desarrollen podrán ser financiadas mediante cualquier método de financiamiento disponible en el mercado o podrán ser financiadas de acuerdo con el programa de viviendas a bajo costo dispuesto por la Ley Núm. 82 de 26 de junio de 1964, según enmendada, 17 L.P.R.A. see. 86 y ss., y la Ley Núm. 18 de 7 de mayo de 1964, según enmendada, 17 L.P.R.A. sec. 45a. Véase 17 L.P.R.A. see. 652.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Juan Oyóla Rodríguez, acusado y peticionario.

      Número: CE-91-853

      Resuelto: 1ro de abril de 1993

      Elias González Mathews, abogado del peticionario; Reina Co-lón de Rodríguez, Subprocuradora General, y Jaime L. Vázquez Bernier, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario Juan Oyóla Rodríguez fue acusado por infracción a los delitos de mutilación, amenazas y apropia-ción ilegal, Arts. 96, 153 y 165, respectivamente, del Có-digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sees. 4033, 4194 y 4271.

Luego de celebrado el juicio y sometido el caso, el juez de instancia procedió a impartir las instrucciones al Jurado. Las partes no solicitaron instrucciones especiales, por lo que el juez ofreció las explicaciones de rigor conforme a derecho y al Manual de Instrucciones al Jurado sobre los elementos de los delitos imputados. También instruyó a los miembros del Jurado que podían rendir un veredicto de agresión agravada, el cual es un delito menor incluido en el delito de mutilación, si la prueba así lo justificaba.

A petición de la defensa, se confeccionó una boleta de veredicto adicional por el cargo de agresión agravada. Art. 95 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4032.0) Así, pues, se entregaron al Jurado cuatro (4) boletas correspondientes a los tres (3) delitos imputados y al delito subsumido de agresión agravada.()

Luego de deliberar, unánimemente el Jurado encontró no culpable al acusado de los delitos de amenazas y apro-piación ilegal. En cuanto al delito de mutilación, fue encon-trado culpable por mayoría de nueve (9) a tres (3). Sin embargo, la cuarta boleta, referente al delito menor incluido de agresión agravada, fue devuelta en blanco, esto es, no constaba veredicto, ni la proporción numérica de la vota-ción; tampoco constaba la firma del presidente del Jurado. Ante esta situáción, y por entender que el veredicto había sido irregular, el juez ordenó al panel de jurados regresar al salón de deliberaciones a fin de que expresaran en la boleta en blanco la información sobre el particular.()

Al regresar por segunda vez el Jurado a Sala, éste en-tregó al juez un veredicto de culpabilidad por el delito de agresión agravada por mayoría de nueve (9) a tres (3). El juez pidió a las partes que se acercasen al estrado. Luego les comunicó que tenía ante sí dos (2) veredictos de culpa-bilidad contra el acusado con relación a dos (2) delitos: uno por mutilación y el otro por agresión agravada. El Minis-terio Fiscal preguntó si esa era la confusión que tenía el juez. A petición de la defensa, el juez procedió a impartir nuevamente instrucciones al Jurado sobre el delito de mu-tilación imputado y el delito menor incluido. A solicitud de la Fiscal, el juez les entregó una boleta nueva en blanco para que el Jurado hiciera la determinación final y dio ins-trucciones de que debían llegar a un veredicto por uno solo de los dos (2) delitos. Por tercera vez, el tribunal envió al Jurado a deliberar.

Finalmente, los miembros del Jurado rindieron un vere-dicto de culpabilidad por el delito menor de agresión agra-vada, en proporción de nueve (9) a tres (3). El tribunal hizo constar que aceptaba el mismo. A preguntas del juez en cuanto a si era esa su voluntad y deseo en términos del fallo final del proceso y si la proporción de votos era la correcta, todos los caballeros y damas del Jurado contesta-ron en la afirmativa. Antes de concluir el proceso esa tarde, el juez citó a las partes para la lectura de la sentencia.

Cuatro (4) días después de aceptados los veredictos de absolución en dos (2) de los cargos y de culpabilidad por el delito de agresión agravada, el Ministerio Fiscal presentó una moción para solicitar la reinstalación del primer vere-dicto del Jurado, esto es, por el delito de mutilación. Alegó que aunque el tribunal erró y confundió al Jurado al exi-girle llenar la boleta en blanco, la segunda comparecencia del Jurado a Sala, en la cual declaraba culpable de agre-sión agravada al acusado, no invalidó la determinación ini-cial de culpabilidad por el delito de mutilación. Al solicitar la reinstalación de este primer veredicto, el Ministerio Fiscal alegó que lo actuado posteriormente era nulo.

Transcurridas seis (6) semanas desde que se presentó la moción de la Fiscal, el tribunal de instancia celebró una vista para discutir dicha solicitud. Durante la misma, el juez indicó que fue su error haber enviado al Jurado a lle-nar la boleta en blanco ya que el primer veredicto sobre mutilación había sido conforme a derecho.() Manifestó el juez que el no haber escrito nada en la boleta correspon-diente al delito menor incluido de agresión agravada no anulaba el veredicto de mutilación. Reconoció que no existe caso alguno en Puerto Rico que resuelva una situación como ésta. Concluyó que el primer veredicto fue exacto y pidió a las partes que argumentaran sobre el particular.

La Fiscal reiteró su solicitud para la reinstalación del veredicto inicial. La defensa, por su parte, señaló que lo resumido por la Fiscal y lo interpretado por el juez era contrario a lo que surgía de la minuta. Argumentó que dicha minuta goza de la presunción de corrección y no fue impugnada por ninguna de las partes. Aún más, discutió que las objeciones presentadas por el Ministerio Fiscal en su moción eran tardías porque no fueron planteadas cuando el juez envió al Jurado a deliberar por segunda y tercera vez. El abogado defensor solicitó que, en vista del error que el juez admitió haber cometido, se le concediese nuevo juicio a su defendido a fin de garantizarle un debido proceso de ley, “porque aquí no estamos para que los acu-sados paguen por los errores de los abogados o los jueces”. T.E.P., pág. 80. Finalmente, la defensa concluyó que el ve-redicto de agresión agravada fue traído mientras el Jurado estaba válidamente constituido en el salón de deliberacio-nes y fue aceptado como válido después de haber sido co-rroborado por el propio juez como la voluntad final y abso-luta de los miembros del Jurado en proporción de nueve (9) a tres (3). Solicitó que se mantuviese el veredicto por agre-sión agravada o, en la alternativa, se concediera nuevo juicio.

Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el tribunal de instancia dejó sin efecto la aceptación del vere-dicto por agresión agravada y, en su lugar, aceptó y reins-taló el veredicto inicial de infracción al citado Art. 96 del Código Penal (mutilación). A renglón seguido, señaló la fe-cha para el acto de lectura de sentencia y ordenó el encar-celamiento del acusado mientras se refería el caso al Ofi-cial Probatorio.

Es de esta Resolución de 6 de diciembre de 1991, dic-tada en corte abierta por el Honorable Juez Félix Ortiz Juan, del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que el pe-ticionario recurre ante nos.

Resolvemos mediante el mecanismo procesal de mostra-ción de causa.

El peticionario hace el señalamiento de error siguiente:

1. El tribunal erró al dejar sin efecto el veredicto por él delito de agresión agravada traído por el jurado.
2. El tribunal erró al no ordenar un nuevo juicio.

Le asiste la razón al peticionario en cuanto al primer error señalado.

rH

Se ha definido que el veredicto ‘es el consenso del jurado respecto a la inocencia o culpabilidad del acusado. El mismo se presentará por escrito por el Presidente del Jurado, y deberá constituir la expresión libre y verdadera de la opinión de los miembros del jurado”. D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 149. Véase también la Regla 145 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

En el ámbito federal se ha explicado la diferencia entre lo que constituye el veredicto que trae el Jurado en un sobre sellado y el veredicto final del Jurado que es leído en corte abierta y es aceptado por el juez.

The jury’s verdict is that which the jury announces to the court, in open court, and is received and recorded as the jury’s finding. A sealed verdict is an agreement in writing, reached by the jurors, and does not become the jury’s verdict until, as just stated, it is announced to and received by the court. (Escolio omitido.) 5A Moore’s Federal Practice Sec. 49.07, pág. 49-67.

Existen varios posibles veredictos. El Jurado podrá declarar al acusado, con respecto al delito imputado en el pliego acusatorio, “no culpable” o “culpable”. También puede emitir un veredicto de “no culpable por razón de locura”. La Regla 146 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, permite emitir un veredicto con respecto a un delito menor incluido en el delito imputado sobre el cual haya desfilado prueba en el juicio.()

En repetidas ocasiones hemos explicado que, para con-siderar un delito menor subsumido en otro delito,

el delito menor debe estar comprendido en el mayor por el cual se le acusa y que los hechos expuestos para describir la comi-sión del delito mayor deben contener las alegaciones que son esenciales para constituir una imputación por el menor. Si el delito mayor incluye todos los elementos de hecho y los reque-ridos por la Ley en relación con el menor, el mayor incluye al menor; pero si el delito menor requiere algún otro elemento indispensable que no es parte del delito mayor entonces el me-nor no está comprendido en el mayor. La prueba para determinar si un delito está incluido en otro es determinar si no se puede cometer el primer delito sin que necesariamente se cometa el segundo. Pueblo v. Concepción Sánchez, 101 D.P.R. 17, 19 (1973). Véase, además, Pueblo v. Ramos López, 85 D.P.R. 576, 580 (1962).

El peticionario Juan Oyóla Rodríguez fue acusado de infringir el Art. 96 del Código Penal, supra, esto es, por mutilación.!) El juez de instancia instruyó al Jurado con respecto a este delito y al delito menor incluido, que es agresión agravada.

En este caso el juez envió tres (3) veces a deliberar al Jurado. La primera vez el Jurado trajo un veredicto absolutorio en los casos de amenazas y apropiación ilegal, veredicto de culpabilidad en el caso de mutilación y dejó en blanco la cuarta boleta que se le había suministrado correspondiente al delito de agresión agravada, la cual también tenía el epígrafe de mutilación. La cuarta boleta había sido preparada a petición de la defensa y el juez había dado las instrucciones pertinentes con respecto a los elementos del delito de mutilación y del delito menor incluido de agresión agravada.!) Recordemos que la Regla 147 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que el acusado podrá ser declarado culpable de la comisión de cualquier delito inferior necesariamente comprendido en el delito que se le imputa.

Después de recibir y examinar los veredictos, el juez consideró que el Jurado debía llenar la boleta que había sido dejada en blanco. Dio instrucciones al alguacil para que la entregara nuevamente al presidente del Jurado, a fin de que el Jurado volviera al salón de deliberaciones. El propio juez de instancia reconoció que el tribunal pudo ha-ber resuelto este asunto, pero quiso que las damas y los caballeros del Jurado ratificaran. Véase Minuta de 21 de octubre de 1991, pág. 2.

Ninguna de las Reglas de Procedimiento Criminal con-sidera una situación como la surgida en el caso ante nos, esto es, si viene obligado el Jurado a firmar y expresarse en torno a una boleta en blanco correspondiente a un delito menor comprendido; por el cual no se había radicado acu-sación alguna. Resolvemos en la negativa. Un análisis integral de las Reglas de Procedimiento Criminal nos per-mite concluir que el juez de instancia erró al enviar al Jurado por segunda vez a deliberar, tal como el propio juez lo aceptó en su Resolución de 6 de diciembre de 1991. Vea-mos por qué.

Cuando se le ordenó al Jurado que regresara al salón de deliberaciones para que llenase la boleta en blanco, ya éste había emitido un veredicto de culpabilidad por el delito de mutilación, el cual rindió conforme a derecho, por lo que no procedía la aplicación de la Regla 148 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Esta regla se invoca cuando el Jurado se equivoca en la aplicación de la ley,() es decir, emite un veredicto erróneo o contrario a la ley. Tampoco se trataba de un veredicto defectuoso, el cual no permite al tribunal determinar la intención del Jurado, por lo que no era de aplicación la Regla 149 de Procedi-miento Criminal.() En resumen, no se trataba de un vere-dicto erróneo ni de un veredicto defectuoso.

Si el juez tuvo alguna duda en cuanto al veredicto del Jurado, por razón de no haberse llenado la boleta corres-pondiente al delito subsumido, en lugar de enviar nueva-mente al Jurado a deliberar, el juez pudo utilizar su facul-tad de examinar individualmente a los miembros del Jurado (polling) para corroborar que el veredicto de culpa-bilidad por mutilación era, efectivamente, el veredicto emitido.!) Véase Regla 151 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. De esta manera quedaba eliminada la bo-leta dejada en blanco, la cual se entregó en caso de que el Jurado considerase que, a base de la prueba, sólo se había cometido el delito de agresión agravada.!) Sin embargo, el juez no previo que el Jurado trajese dos veredictos de cul-pabilidad en lugar de uno cuando los envió por segunda vez a deliberar.!)

AI regresar el Jurado con el veredicto de culpabilidad por el delito menor incluido de agresión agravada sin haber modificado el veredicto inicial de culpabilidad por mutilación, el juez se percató que tenía ante él dos (2) veredictos excluyentes entre sí. Esta situación irregular fue propiciada por el error inicial del juez cuando envió a deliberar por segunda vez al Jurado sin asegurarse de recordarle a sus miembros que tenían que traer sólo un veredicto, tal y como les había instruido originalmente.()

En el momento en que el Jurado trajo los dos (2) vere-dictos, ya no era posible para el tribunal determinar cuál era la verdadera intención del Jurado, porque el juez viene obligado a aceptar sólo un veredicto. Por una parte, podía interpretarse que el Jurado ratificaba la culpabilidad por el delito de mutilación al declarar al acusado culpable por agresión agravada por cuanto éste es un delito menor in-cluido; es decir, el que es culpable de mutilación necesaria-mente ha cometido una agresión. Por otro lado, también era plausible interpretar que el Jurado había reconside-rado y cambiado su veredicto a uno de agresión agravada, como de hecho ocurrió cuando se le entregó una nueva y única boleta en blanco para que deliberase por tercera vez.

Al darse cuenta que, en lugar de uno, tenía ante sí dos (2) veredictos de culpabilidad correspondientes a una sola acusación, el juez trató de enmendar su error e instruyó nuevamente al Jurado con respecto a ambos delitos. A pe-sar de que envió al Jurado a deliberar por tercera vez, ya el error inicial había sido cometido. Aun cuando el panel de jurados estaba válidamente constituido cuando regresó tras la tercera deliberación, conforme a Pueblo v. Piazza, 60 D.P.R. 575, 584 (1942), y que el juez verificó uno por uno que ellos encontraron culpable al acusado por el delito de agresión agravada, Regla 151 de Procedimiento Criminal, supra, el error inicial del juez al enviar a deliberar al Ju-rado por segunda vez había creado suficiente confusión para generar duda en cuanto a la verdadera intención del Jurado. Por causa de ello, semanas más tarde (después de haber aceptado el veredicto de agresión agravada), el tribunal lo dejó sin efecto a raíz de una moción del Ministerio Fiscal; en su lugar, el tribunal aceptó y reinstaló el vere-dicto inicial de mutilación.

Tiene razón el peticionario al señalar que fueron tardías las objeciones de la Fiscal mediante moción interpuesta cuatro (4) días después de finalizado el juicio. Se perjudi-caron los derechos del acusado cuando, mediante la Reso-lución de 6 de diciembre de 1991, el tribunal anuló el ve-redicto final del Jurado por el delito subsumido de agresión agravada —el único que aceptó el juez de instancia— y se reinstaló el veredicto rendido originalmente por el delito imputado de mutilación.

En Pueblo v. Hernández Olmo, 105 D.P.R. 237, 241 (1976), explicamos que la actuación de un juez al recibir un veredicto (cuando luego procede a enterarse del mismo, lo pasa a la secretaria de Sala para su lectura y dicta fallo condenatorio y de convicción), crea un estado de derecho irreversible, porque de ese modo termina el juicio.

Antes de que el veredicto sea aceptado, el juez puede ordenar al Jurado que reconsidere, por ejemplo, un veredicto erróneo o defectuoso. Reglas 148 y 149 de Procedimiento Criminal, supra. Una vez se acepta el veredicto, esta aceptación constituye el “punto final a la intervención del jurado en el proceso, y cierre de la función deliberativa”. (Escolio omitido.) Pueblo v. Hernández Olmo, supra, pág. 242. Véase Pueblo v. Sabater Mangual, 95 D.P.R: 597, 601 (1967).

En Pueblo v. Hernández Olmo, supra, pág. 242, discuti-mos las implicaciones constitucionales que tiene la acepta-ción del veredicto por parte del tribunal:

Se concreta con esa aceptación del veredicto la exposición del acusado a castigo, y excluye ulterior riesgo. Art. II, Sec. 11, Constitución del Estado Libre Asociado. Por tanto, el segundo veredicto contra el recurrente por infracción al Art. 87 del Có-digo Penal [en este caso] es nulo.

El profesor Chiesa Aponte comenta sobre el particular que “[p]ara poder determinar cuándo se activa la cláusula de doble exposición por razón de veredicto absolutorio del jurado, hay que tener en cuenta que un veredicto no es final hasta que haya sido aceptado por el Tribunal y leído en corte abierta”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, pág. 369 esc. 49.

En Pueblo v. Hernández Olmo, supra, el juez de instan-cia aceptó el veredicto de culpabilidad por el delito de ho-micidio involuntario, delito menor incluido dentro del de-lito imputado de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor. Art. 86 y 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 4005 y 4006. Luego de pasar el vere-dicto a la secretaria de Sala para su lectura, el juez dictó fallo en el que declaró al acusado culpable y convicto de homicidio involuntario. Al percatarse que había cometido un error por razón de haber denegado dar al Jurado las instrucciones del delito subsumido solicitadas por la de-fensa, envió al Jurado a deliberar nuevamente y se produjo un segundo veredicto por el delito de imprudencia crasa. El juez aceptó también este segundo veredicto y procedió a dictar nuevo fallo de convicción. En virtud de lo dispuesto en nuestra Constitución, anulamos este segundo fallo; da-das las circunstancias particulares de ese caso, reestable-cimos el primer veredicto aceptado por el tribunal de instancia.

A diferencia de lo que ocurrió en Pueblo v. Hernández Olmo, supra, en el caso ante nos el tribunal sólo aceptó uno de los veredictos: el de culpabilidad por el delito de agresión agravada. El juez nunca aceptó el veredicto por mutilación antes de finalizar el juicio. Desde el momento en que el juez aceptó el veredicto final y dictó fallo condenatorio, no era posible reinstalar el veredicto por el delito de mutilación. Así, pues, mediante resolución posterior a la aceptación del veredicto que dio fin al juicio, el tribunal no podía anular la convicción por agresión agravada. Sólo un tribunal apelativo tiene facultad para anular un veredicto aceptado por el juez, revocar el fallo y reinstalar otro en su lugar. Pueblo v. Alvarado, 49 D.P.R. 423 (1936).

1 — I HH

Luego de la anulación del veredicto por agresión agra-vada y la errónea reinstalación del veredicto por mutila-ción, veredicto que nunca fue aceptado durante el juicio por el foro de instancia, de ordinario concederíamos la celebra-ción de un nuevo juicio. No obstante, por razón de haberse dictado sentencia, concluimos que no hay necesidad de or-denar un nuevo juicio por cuanto el peticionario fue sen-tenciado por el delito de agresión agravada (grave).() Esta sentencia restituye y reconoce el-veredicto del Jurado acep-tado por el juez durante el juicio. De esta manera se sub-sanó el error cometido por el tribunal de instancia en su resolución al anular el veredicto de agresión agravada.

De un examen de la sentencia que obra en autos se des-prende que Juan Oyóla Rodríguez fue sentenciado por ha-ber infringido el Art. 96 del Código Penal, supra (mutila-ción) rebajado al delito de agresión agravada (grave). La restitución en la sentencia del fallo condenatorio por agre-sión agravada dejó sin efecto práctico la reinstalación del veredicto por mutilación. Quedaron así resguardados todos los derechos del peticionario. Al presente, el peticionario se encuentra disfrutando los beneficios de una sentencia suspendida.

No obstante, al examinar el texto de la sentencia dic-tada contra el peticionario nos percatamos que la pena im-puesta por el foro de instancia es mayor que aquella que legalmente corresponde al delito de agresión agravada (grave), delito por el cual fue condenado. Al peticionario se le impuso erróneamente una pena de reclusión de doce (12) años en lugar de imponérsele la pena que dispone el Art. 95 del Código Penal, supra, para el delito de agresión agravada (grave), es decir, tres (3) años.() Ello constituye un error que amerita la devolución del caso para que se resen-tencie al peticionario por el delito de agresión agravada (grave), a fin de que se reduzca la pena conforme a lo dis-puesto en el citado Art. 95 del Código Penal.

Bajo estas circunstancias, aunque revocamos la resolu-ción recurrida, se devuelve el caso para que el foro de ins-tancia resentencie al peticionario por el delito de agresión agravada (grave), imponiéndole la pena que corresponda conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

Por los fundamentos antes expresados, se dicta senten-cia revocando la Resolución de 6 de diciembre de 1991 emi-tida por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, y devol-viendo el caso para que el foro de instancia resentencie al peticionario Juan Oyóla Rodríguez por el delito de agresión agravada (grave) y le imponga la pena que corresponda conforme a lo dispuesto en el Código Penal.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      í) Ante la solicitud de la defensa de confeccionar un blanco adicional para el delito de agresión agravada, el juez de instancia previo que la boleta adicional por el delito menor incluido podría “traer confusión” a los miembros del Jurado, pero acce-dió diciendo que no había problema en prepararla. T.E.P., pág. 26.

      () Conforme a la T.E.P., pág. 31, el juez expresó:
      “Llevarán también como yo le di alternativa de Mutilación, de Agresión Agra-vada, eso es discrecional, ustedes son los que determinan. Llevarán un veredicto, si el veredicto fuere Agresión Agravada entonces llenarán este blanco. Si fuese no culpable pues pondrán no culpable. El caso de Mutilación está como Mutilación. Si ustedes entienden que no hubo Mutilación le pondrán no culpable.”

      (3) En la Transcripción de Evidencia Parcial de 21 de octubre de 1991 se registra la siguiente instrucción del juez de instancia:
      “En el [veredicto] que es válido para ustedes que emitieron, pues lo dejarán, en el segundo, pues harán lo que entiendan sobre el particular ... yo pude haberlo resuelto así, pero quería que ustedes ratificaran.” T.E.P., pág. 38.

      (4) “Tengo que admitir y aceptar que fue una equivocación y un error del Juez el haber remitido los boletos segundos, puesto que ya había un veredicto formal y con-forme a derecho en Mutilación. Quizás en un más amplio sentido de la justicia me hizo remitirlo para si ese jurado había entendido. No me percataba de que si había entendido o no había entendido y se aceptaron los veredictos. El único veredicto que vino sin problema fue el delito de Mutilación que era el delito imputado que se hacía. Pue un error de mi parte el haber remitido sucesivamente los veredictos de Agresión Agravada puesto que había uno que vino completo en cumplimiento fiel y exacto a la ley cuando por primera vez y vuelven a sala ellos después de habérsele dado y habérsele ofrecido los veredictos para que actuaran.” T.E.P., págs. 68-69.

      (5) “Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un delito con distintos grados o a un delito con otros delitos inferiores necesariamente comprendidos en el delito mayor, el veredicto rendido especificará el grado o el delito menor por el cual se hubiere encontrado culpable al acusado.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 146.

      (6) La declaración jurada del testigo Rafael Rivera Ortiz, la cual fue aceptada como Exhibit por ambas partes, resume los hechos. La víctima de las heridas, Ramón Febus, fue con el testigo y con Ray Agosto a lavar un automóvil al Car Wash de Van Scoy en el barrio Buena Vista de Bayamón. El peticionario y otra persona apodada Chito se encontraban allí lavando una guagua. El testigo lavó las alfombras y las tendió en unos alambres que habían en el Car Wash. Cuando el testigo fue a buscarlas, vio cuando el peticionario y Chito montaron las alfombras en la guagua. El testigo se lo informó a Ramón y a Rey, y los tres (3) se dirigieron a la casa del peticionario, pero antes lo encontraron en camino hacia allá en el Colmado Sabana de Buena Vista.
      “Entonces vino Ramón y le dijo que le devolviera las alfombras a lo que Juan contestó ‘que tú quieres que te pegue cuatro tiros’ entonces le dijo que ni él ni la alfombra valían na [sic]. Entonces cojió [sic] una botella de Malta y se la rompió en la cabeza, entonces cojió [sic] Ray y lo llevó al Dispensario de Buena Vista en el ocho. ... Deseo aclarar, que luego de haberle roto la botella en la cabeza, le cortó la-cara y la espalda con la botella rota, y en la mano y el dedo de la mano izquierda.”

      (7) Este es el texto de la acusación presentada contra el peticionario por el delito de infracción al Art. 96:
      “Allá en o para el día 24 de septiembre de 1990, en Bayamón, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, sala de Bayamón, Puerto Rico, el referido acusado JUAN OYOLA RODRIGUEZ, ilegal, voluntaria, maliciosa y crimi-nalmente, e intencionalmente, desfiguró y alteró permanentemente la apariencia del rostro del ser humano RAMON FEBUS ORTIZ, ya que con una botella le infirió heridas en el lado izquierdo del rostro, donde le tomaron treinta y seis puntos de sutura al referido peijudicado.”

      (8) “Si al rendirse un veredicto de culpabilidad el tribunal considerare que el jurado se ha equivocado en la aplicación de la ley, el juez que lo presida podrá explicar al jurado sus razones y ordenarle que vuelva a considerar el veredicto. Si después de esto se rindiere el mismo veredicto, éste será aceptado por el tribunal. Nada de lo aquí dispuesto será aplicable a un veredicto absolutorio el cual deberá ser aceptado siempre por el tribunal.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 148.

        (9) “Si el veredicto fuere tan defectuoso que el tribunal no pudiere determinar la intención del jurado de absolver o condenar al acusado por el delito bajo el cual el acusado pudiera ser convicto de acuerdo con la acusación, o no pudiere determinar en qué cargo o cargos el jurado quiso absolver o condenar al acusado, el tribunal podrá instruir al jurado para que reconsidere dicho veredicto y exprese claramente su intención. Pero si el jurado persistiere en rendir el veredicto defectuoso, tal vere-dicto será aceptado, y el tribunal dictará un fallo absolutorio.” 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 149.

      (10) E.L. Chiesa Aponte, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Columbia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, págs. 344-345. Aunque el juez puede com-probar el veredicto del Jurado conforme a la Regla 151 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, no puede, sin embargo, preguntarle a cada miembro del Jurado cuál fue su voto en particular, porque éste es secreto. Pueblo v. Ruiz Torres, 99 D.P.R. 830, 832 (1971).

      (11) En el caso contrario, cuando la boleta dejada en blanco sea la correspon-diente al delito mayor imputado, el juez podrá también examinar al Jurado según la Regla 151 de Procedimiento Criminal, supra, para asegurarse que el Jurado rindió el veredicto correspondiente al delito menor incluido.

      (12) La doctrina tampoco considera que el Jurado pueda emitir a la misma vez dos (2) veredictos de culpabilidad, uno por el delito imputado y otro por el delito subsumido:
      “La intención del jurado debe surgir claramente del veredicto. De manera, que en casos en que se haya impartido instrucciones al jurado por delitos menores inclui-dos en la acusación, un veredicto de culpable podría ser defectuoso en tanto no esta-ría claro si la convicción es por el delito imputado en la acusación o por uno menor incluido. En ese caso será necesario instruir nuevamente al jurado y enviarlo a deliberar.” D. Nevares-Muñiz, Sumario de Derecho Procesal Penal Puertorriqueño, 3ra ed. rev., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, pág. 150.

      (13) “... los tribunales de instancia tienen la ineludible responsabilidad de velar porque sus instrucciones sean correctas, claras, precisas, y lógicas.” Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 150 (1985). El examen de la Transcripción de Evidencia Parcial con respecto a las instrucciones ofrecidas al Jurado antes de ir a deliberar por primera vez revela que éstas fueron hechas conforme a derecho. Con respecto al delito imputado de mutilación, el juez los instruyó a rendir un veredicto: “Llevarán un veredicto, si el veredicto fuere Agresión Agravada entonces llenarán ese blanco. Si fuese no culpable pues pondrán no culpable.” T.E.P., pág. 31.

      (14) “Habiendo sido el acusado Juan Oyóla Rodríguez juzgado debidamente y declarado convicto de un delito de Agresión Agravada Grave el día 21 de octubre de 1991, el Tribunal lo condena a la pena de doce (12) años a cumplir consecutivamente con cualquier pena que esté cumpliendo.” Sentencia de 23 de diciembre de 1991. No consta en autos que la defensa sé opusiera a que se efectuara el acto de lectura de sentencia.

      (15) El Art. 95 del Código Penal, en lo pertinente, dispone:
      “Se considerará la agresión agravada como delito grave aparejando pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años:
      “(b) Cuando se infiere grave daño corporal a la persona agredida.
      “De mediar circunstancias agravantes la pena fija establecida podrá ser aumen-tada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de dos (2) años.
      “El Tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de re-clusión establecida o ambas penas.” 33 L.P.R.A. see. 4032.