text:
    Boiler Construction and Repair Company, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, Hon. Raúl Torres González, Juez, demandado; Leopoldo Belén de Jesús y Juana Melesio, interventores.
    Número: O-71-149
    Resuelto: 31 de mayo de 1972

      Beverley, Rodríguez, Estrella & Pesquera y Gerónimo Lluberas Kells, abogados de la peticionaria; Rafael S. Rivera y Salo-món Levis, abogados de los interventores.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

En 18 de enero de 1971, Leopoldo Belén de Jesús, y Juana Melesio instaron demanda ante la Sala de Caguas del Tribunal Superior contra Boiler Construction and Repair Co., Inc., Ramón Ríos, Jr., Evans Ford y Consolidated Insurance Agency, Inc., en reclamación de daños y perjuicios provenien-tes de un accidente de automóviles ocurrido el día 18 de enero de 1970.

En dicha demanda alegaron, en lo que resulta pertinente a la cuestión a resolver, lo siguiente:

“1) Que allá para el día 18 de enero de 1970, como a las cinco y cuarenta de la tarde, el codemandante Leopoldo Belén de Je-sús, viajaba en una guagua Marca Ford Pick Up, Modelo 1969, Tablilla 165-849, propiedad dicho vehículo de Evans Ford de Arecibo, teniéndolo alquilado para la fecha de los hechos a Boiler Construction and Repair Co., firma para la cual trabajaba el co-demandante Leopoldo Beléndez [sic] de Jesús, siendo dicho vehículo conducido por el co-demandado, Ramón Ríos, Jr.
2. Que mientras transitaba por la Carretera Número 181 de San Lorenzo a Gurabo y al llegar al kilómetro 3 de la carretera, al ir a tomar una curva dicho vehículo patinó al conductor del mismo hacer uso de los frenos repentinamente, chocando contra otro vehículo y luego. virándose el vehículo Ford antes men-cionado.
3. Que dicho accidente ocurrió única y exclusivamente por la negligencia crasa y temeraria del conductor Ramón Ríos, Jr., al conducir dicho vehículo a mayor velocidad sin tomar en con-sideración las condiciones de la carretera, ni el ancho de la misma. y de Boiler Construction & Repair Co. por haber autorizado, al co-demandado, Ramón Ríos, Jr., a conducir dicho vehículo y ac-tuando éste como agente de la referida compañía ya bien sea ex-presa o tácita, y a Evans Ford, propietaria de dicho vehículo marca Ford y la Employers Assurance Liability Co. por ser la compañía aseguradora del vehículo objeto de este accidente pro-veyendo dicha póliza cubierta para las cantidades reclamadas en esta demanda.”

La codemandada Boiler Construction and Repair Co., Inc., radicó una solicitud de sentencia sumaria en la que alegó que entre dicha codemandada y el codemandante Leopoldo Belén de Jesús, y el codemandado Ramón Ríos existía la rela-ción de patrono y empleados; siendo ella un patrono asegu-rado con el Fondo del Seguro del Estado y lo era para la fecha del accidente; que por tal razón sus obreros y empleados no tienen otro remedio en ley que su reclamación contra el Fondo del Seguro del Estado; que en 1 de marzo de 1971 el Administrador del Fondo del Seguro otorgó una compensa-ción al codemandante Leopoldo Belén de Jesús por la suma de $1,280.10; que dicho Administrador no ha ejercido su derecho a subrogarse en los derechos del obrero según lo requiere la ley, siendo por tanto prematura la demanda ya que ésta fue interpuesta cuando el codemandante sabía que estaba bajo tratamiento y supervisión del Fondo del Seguro del Estado.

Esta solicitud de sentencia sumaria fue acompañada de una fotocopia de la decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado emitida en marzo 1 de 1971 y de una de-claración jurada del presidente de la Boiler Construction Repair Co., Inc., Sr. Earl B. Rice, en la que éste asevera lo siguiente:

“Que como presidente de Boiler Construction and Repair Co., Inc., consigno en esta Declaración Jurada que el codemandante, Leopoldo Belén de Jesús, así como también Ramón Ríos, Jr., eran empleados de la empresa al momento de ocurrir un ale-gado accidente en la carretera de Gurabo a San Lorenzo.
Que como presidente de Boiler Construction and Repair Co., Inc., hago constar que mantenemos en fuerza y vigor una póliza bajo el Fondo del Seguro del Estado número 42,010 en la cual se cubren a todos los empleados que estén en nuestra nómina en los trimestres correspondientes.” (Exhibit F.)

El codemandante se opuso a la solicitud de sentencia su-maria alegando ciertos hechos que no sustanció con documen-tos o declaraciones juradas.

Luego de discutida la moción, el tribunal dictó en 25 de mayo de 1971 una resolución declarando sin lugar la solicitud de sentencia sumaria, fundándose en que existe una genuina controversia de hecho respecto a si se trata de dos accidentes distintos.

Expedimos un auto de certiorari para revisar la referida resolución.

La peticionaria señala que el tribunal a quo cometió error, 1) “al no tomar en consideración el hecho que se des-prende de la propia faz de la demanda, que se trata de una reclamación de un obrero en contra de su patrono asegurado por el Fondo del Seguro del Estado”; 2) al no determinar que el único remedio que tiene un obrero en contra del patrono asegurado es el provisto por el Título 11 Leyes de Puerto Rico Anotadas, Sec. 21, 3) al no determinar que se radicó la acción prematuramente, 4) al no resolver que procedía la sentencia sumaria, 5) al denegarla con un mero escrito de oposición del abogado de la parte contraria sin estar dicha oposición soste-nida por contra-declaraciones juradas.

Si mientras un obrero trabaja para un patrono asegurado, sufre un accidente de los comprendidos en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, el derecho establecido en esta ley para obtener compensación, es el único remedio en contra del patrono. Art. 20 de la Ley (11 L.P.R.A. sec. 21); Onna v. The Texas Co., 64 D.P.R. 520 (1945); De Jesús v. Osorio, 65 D.P.R. 640 (1946); Báez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67 (1963); Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1968). Corresponde por tanto, resolver si por las alegaciones y los documentos acompañados a la solicitud de sentencia sumaria, la codemandada Boiler Construction and Repair Co., Inc., estableció, sin que fuera controvertido, el hecho de que el accidente alegado en la demanda es uno cu-bierto por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo y por el cual ya el demandante fue compensado por el Fondo del Seguro del Estado, en cuyo caso procede, como cues-tión de derecho, la sentencia sumaria a su favor.

Reiteradamente hemos dicho que cuando solicitada sentencia sumaria basada en declaraciones juradas o en documentos admisibles en evidencia, la contraparte no puede cruzarse de brazos y descansar en las alegaciones si desea derrotar la moción de sentencia sumaria; pero también hemos dicho que el que solicita se dicte sentencia sumaria está en la obligación de demostrar que no hay controversia en cuanto a ningún hecho material y que procede se dicte sentencia como cuestión de derecho. Cortés Piñeiro v. Sucn. A. Cortés, 83 D.P.R. 685 (1961). El codemandante descansó en las alegaciones de la demanda y en las de su oposición, no jurada, a la moción sobre sentencia sumaria. Sin embargo, debemos examinar las alegaciones, así como el documento y la declaración jurada presentada por la Boiler Construction and Repair Co., Inc., para determinar si ésta demostró que no hay controversia en cuanto a ningún hecho material y que la sentencia procede cómo cuestión de derecho.

En la demanda se alega que el 18 de enero de 1970 como a las 5:40 P.M. el codemandante Leopoldo Belén de Jesús via-jaba en un vehículo de motor propiedad de Evans Ford de Arecibo, “teniéndolo alquilado para la fecha de los hechos a Boiler Construction and Repair Co., firma para la cual traba-jaba él co-demandante Leopoldo Belén de Jesús, . . . .” (Bas-tardillas nuestras.) Esta alegación no establece el hecho de que el accidente sufrido por el codemandante sea uno com-prendido dentro de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Lo que significa dicha alegación es que para la fecha del accidente el codemandante era un empleado de la pe-ticionaria Boiler Construction and Repair Co., Inc.

Para que sea compensable por el Fondo del Seguro del Estado un accidente que sufre un obrero o empleado, es necesario que el accidente provenga de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurra en el curso de éste y como consecuencia del mismo. Art. 2 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo; Cardona v. Comisión Industrial, 56 D.P.R. 847 (1940); Montaner, Admor. v. Comisión Industrial, 53 D.P.R. 197 (1938). Ninguno de estos tres requisitos han sido alegados en la demanda. Tampoco puede inferirse de la demanda que el codemandante, viajaba en gestiones para beneficio de su patrono. A lo sumo podría inferirse que viajaba de regreso del trabajo a su hogar pero sabido es que las lesiones sufridas en accidentes ocurridos mientras se va o viene del trabajo, no son de ordinario compensables. Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 72 D.P.R. 417 (1951).

Ya hemos copiado el contenido de la declaración jurada del Presidente de Boiler Construction and Repair Co., Inc. En ella el deponente se limitó a consignar que al momento dé ocu-rrir un alegado accidente en la carretera de Gurabo a San Lorenzo, tanto Leopoldo Belén de Jesús como Ramón Ríos, Jr., eran empleados de la empresa que él preside así como que dicha empresa mantiene en vigor una póliza con el Fondo del Seguro del Estado que cubre a todos sus empleados.

Tampoco puede concluirse que en dicha declaración jurada queda establecido y probado el hecho de que el accidente ocurriera mientras el codemandante realizaba un acto o función inherente a su empleo, en el curso de éste y como consecuencia del mismo.

En verdad, lo que se prueba con la referida declaración jurada, es lo mismo que ya se había alegado en la demanda.

Examinemos por último la resolución del Fondo del Seguro del Estado. Se describe el sitio del accidente como San Lorenzo, P.R., y en el encasillado para la descripción del accidente se dice: “Alega que se hirió el dedo anular derecho con un cepillo de alambre.” En cuanto a la lesión sufrida se describe así: “Contusión hombro izqdo. Reí. Fractura por avulsión de la tuberosidad mayor del húmero izquierdo.” Se hace figurar como fecha del accidente el 6/18/70.

Aunque el sitio del accidente compensado por el Fondo coincide con lo alegado en la demanda, no ocurre lo mismo con la descripción de dicho accidente ni con la fecha de su ocurren-cia. De suerte que aún quedan hechos materiales en controver-sia que deben dilucidarse en un juicio plenario. Uno de esos hechos fundamentales es el de si el accidente descrito en la de-manda, ya ocurriera en una u otra de las fechas alegadas por las partes, es uno comprendido dentro de la Ley de Compensa-ciones por Accidentes del Trabajo. La determinación de este hecho requiere prueba adicional a la presentada con la solici-tud de sentencia sumaria por lo que el tribunal de instancia no incidió al declararla sin lugar.

Se anulará él auto expedido y se devolverá el caso para ul-teriores procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

license: Public Domain

text:
    Francisco Claudio Camacho por sí y en Representación de su hija menor Blanca Iris Claudio, demandantes y recurridos, v. Juan Casillas Mojica y Carmen Casillas Mojica, demandados y recurrentes.

      Número: R-65-260

      Resuelto: 31 de mayo de 1972

      Correa Suárez & González Correa, abogados de la recurrente Carmen Casillas Mojica; Peñagarícano & Lluberas, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Francisco Claudio Camacho por sí y en representación de su hija menor Blanca Iris Claudio interpuso demanda contra Juan Casillas Mojica, en reclamación de daños y perjuicios que alegan sufrieron con motivo de un accidente ocurrídole a la menor al ceder y romperse una tabla podrida del piso de la residencia que ocupaban como arrendatarios.

Posteriormente los demandantes radicaron una demanda enmendada adicionando como parte demandada a Carmen Casillas Mojica, aquí recurrente, como dueña o condueña de la casa arrendada a los demandantes. Esta demanda enmen-dada se notificó al abogado del codemandado Juan Casillas Mojica. La nueva demandada Carmen Casillas Mojica no fue emplazada.

La vista del caso en su fondo se celebró el día 6 de octubre de 1964. El demandado Juan Casillas compareció por medio de su abogado Félix Torres Santiago. Éste hizo constar que no representaba a la codemandada Carmen Casillas. Los deman-dantes presentaron prueba testifical y documental y solici-taron que como la codemandada Carmen Casillas estaba pre-sente en el salón de la corte y no había contestado la demanda, se anotara su rebeldía. El Tribunal pospuso la decisión sobre este planteamiento para una fecha posterior en que se conti-nuaría la vista del caso para oír el testimonio del Dr. Lebrón, último testigo de los demandantes. Por su parte el codeman-dado Juan Casillas presentó en esa ocasión, como única prueba, copia certificada de una escritura de compraventa.

En 14 de enero de 1965 se celebró la continuación de la vista del caso, sin la comparecencia de la parte demandada. El tribunal, aceptando como correcto el planteamiento de los demandantes al efecto de que de conformidad con lo dispuesto en Regla 4.8 de Procedimiento Civil, la presencia en corte de la codemandada Carmen Casillas en la primera vista equivalía a su citación y emplazamiento, ordenó se anotara su rebeldía y procedió a escuchar el testimonio del Dr. Lebrón, quedando el caso sometido.

En 20 de enero de 1965 el tribunal dictó sentencia conde-nando a los demandados Juan Casillas Mojica y Carmen Casillas Mojica a pagar a los demandantes la suma de $3,162.50, más las costas y $350.00 para honorarios de abogado.

En marzo 30 de 1965, la codemandada Carmen Casillas radicó una moción bajo la Regla 49.2 de Procedimiento Civil solicitando se le relevara de los efectos de la sentencia, ale-gando para ello, falta de jurisdicción sobre su persona e ignorancia, inadvertencia y negligencia excusable. La moción, suscrita por los abogados Correa Suárez, González Correa y Santos Correa, expresaba en su penúltimo párrafo:

“Esta demandada entiende por todo lo arriba expuesto y por razón de ignorancia, inadvertencia y negligencia excusable se hace necesario que se haga justicia integral, que se le releve por el Honorable Juez, en el ejercicio de su sana discreción judicial, de la sentencia dictada en este caso con fecha 20 de enero de 1965, y que al dejarse sin efecto la misma en cuanto a ella con-cierne, se le dé una oportunidad razonable para confrontarse a la prueba en su contra y ofrecer prueba de defensa que tiene en abundancia para contrarrestar las alegaciones de la demanda enmendada.”

En la vista señalada para la discusión de esta moción, el abogado de los demandantes se allanó a que se relevara a la demandada Carmen Casillas de la sentencia y se reabriera el caso para darle oportunidad de presentar prueba en su defensa. De conformidad con este allanamiento el tribunal dictó una resolución que dispone:

“Visto el allanamiento de la parte demandante el Tribunal declara con lugar la Moción bajo la Regla 49.2 de la codeman-dada Carmen Casillas Mojica y en su virtud le releva de los efectos de la sentencia dictada en su contra y le concede la oportunidad de contestar la demanda enmendada dentro del término de diez (10) días a partir de la fecha de esta Resolución. Una vez contestada la demanda el Tribunal procederá a señalar fecha para oir a la codemandada Carmen Casillas Mojica en defensa de sus derechos.”

La referida codemandada contestó la demanda enmendada negando todos sus hechos esenciales y alegando la defensa especial de falta de exposición de una causa de acción en su contra.

Después de varios incidentes procesales, inmateriales a los fines de la cuestión a resolver, se señaló la vista del caso para el día 3 de noviembre de 1965. Sin embargo, tanto el abogado de los demandantes como , el juez que presidía entendieron que el caso se había abierto con el fin limitado de que la demandada pudiera demostrar con nueva prueba, que el tribunal había dictado la sentencia basándose en prueba fraudulenta, esto es, que el accidente sufrido por la menor había ocurrido en otro sitio distinto y no en la casa donde residían. Así se desprende del récord. Veamos algunos inci-dentes ocurridos durante la vista:

“Hon. Juez:
Yo creía era que el accidente no había sido como relataron los padres, pero no que íbamos a ver el caso de nuevo.
Lie. Peñagarícano:
Cuando este caso, cuando el compañero Joaquín Correa Suárez radicó una moción para dejar sin efecto la sentencia en cuanto a Carmen Casillas hubo una reunión previa donde, se discutió que el compañero tenía prueba que la lesión no había ocurrido en la casa de los demandantes.
Hon. Juez:
Yo creía que era a eso y nosotros debemos circunscribirnos a eso. Yo no voy a abrir el caso para verlo de nuevo. Si la deman-dada no está de acuerdo con la opinión tenía su oportunidad de llevar el caso ante un Tribunal Superior, si no lo hizo, ahora no le voy a permitir que abra el caso para presentarnos la misma prueba. Así que yo quiero que diga que el accidente no ocurrió tal como ellos lo relataron.
Lie. Correa Suárez:
Entendíamos que eso era parte de su prueba.
Hon. Juez:
No, estamos entrando otra vez en ei caso en su fondo y yo tendría que ... los litigios no se terminarían nunca.
Lie. Correa Suárez:
Nada más con la testigo.
Hon. Juez:
Puede retirarse. [Transcripción de la vista celebrada en 3' de noviembre de 1965, págs. 12 y 13.]
Lie. Peñagarícano:
Nos oponemos a esa prueba por los mismos términos de Vustro \_sic] Honor en el sentido de que para hoy se había citado, el caso exclusivamente para oír una alegada prueba de fraude, que el accidente no había ocurrido en la casa de Carmen Casillas y sí en otro sitio.
Hon. Juez:
Vamos a ver si aquí aparece la fecha en que fue tomada del mismo récord, si aparece.
Lie. Correa Suárez:
Yo quiero saber cómo podría establecer una situación de esa naturaleza, si no es atando todos los cabos.
Lie. Peñagarícano:
Con la Venia del Tribunal, con el gran respeto que le tengo al compañero Correa Suárez, cuando fuimos ante Vuestro Honor solicitando la reapertura del caso para dejar sin efecto la sentencia del caso, el compañero Correa Suárez me mostró una declaración jurada de nombre Ramírez, también la vió Vuestro Honor, en el sentido que el accidente había ocurrido en otro sitio y cuando se enteró que había, había un posible fraude, el primero que se allanó fue este abogado.
Hon. Juez:
Pero no discutamos eso, lo que queremos saber si el accidente no ocurrió como lo demostró la prueba anterior, que se nos demuestre con nueva prueba donde ocurrió el accidente. Ahora, no hay duda ninguna que del récord tiene que aparecer que hubo una inspección ocular y emitieron una orden al demandado de Estabilización Económica que tiene fecha 16 de enero de 1964, debe aparecer del récord.
Lie. Correa Suárez:
Esa fue, precisamente nosotros entendemos que si había, el piso estaba tan roto que amenazaba, debió habérsele notificado a los anteriores dueños, al dueño, previamente a la fecha en que ocurrió el accidente. Aquí se notifica seis meses después.
Hon. Juez:
Eso es otra vez volver sobre la misma prueba. Yo quiero prueba nueva evidenciándose que este accidente no ocurrió como se probó aquí. Puede retirarse, señor, muchas gracias. [T.E. págs. 22 a 24, Nov. 3,1965.]
P Usted reparó las tablas ?
R Fue después del accidente porque la Opa lo mandó.
P Usted le dice a su hermano. ... No se ponga nerviosa, usted me avisa cuando pueda hablar. La pregunta es sencilla, si usted le dijo a su hermano, Juan Casillas, que reparara las tablas podridas en la casa que ocupaba Francisco Claudio?
K Si, llegó una carta de la Opa. Me puede dejar explicar? Nunca he estado en Corte y tengo que ir muy suave porque no sé de letras.
Mire, llegó una carta de la Opa donde decía ...
Hon. Juez:
Ya el Tribunal pasó sobre eso. Yo quería la prueba que el accidente no había ocurrido como rezaba la parte demandante. Lie. Peñagarícano:
Eso es todo y no hay más preguntas para la testigo.
Hon. Juez:
Puede retirarse.
Lie. Correa Suárez:
Los otros testigos serían de la misma naturaleza. En este caso nosotros estamos tratando de establecer todos los hechos poste-riores que revelan que esta cuestión de dar cuenta a la Opa y demás se radican posteriores al hecho de la demanda y que ella reparara inmediatamente, reparara la casa después de la Opa notificarle.
Hon. Juez:
La moción del compañero donde establece ...
Lie. Peñagarícano:
Sí, Vuestro Honor, es de fecha 30 de marzo, Señor Juez, la moción del compañero Correa Suárez.
Hon. Juez:
Bueno, donde se expresa que quiere reabrir el caso para pre-sentar prueba.
Lie. Peñagarícano:
Sí, como no, es de 30 de marzo de 1965, Señor Juez, jurada por Carmen Casillas Mójica. En lo único que se basa es en la rebeldía y que no estuvo debidamente representada por un abogado.
Hon. Juez:
Y que permitiera desfilar su prueba.
Lie. Peñagarícano:
Eso lo ha hecho.
Hon. Juez:
Yo creía que se iba a traer prueba demostrando que los hechos que se produjeron ante el Tribunal no eran ciertos y que el Tribunal había dictado una sentencia a base de un fraude come-tido por testigos de la parte demandante y como eso era así yo abrí el caso porque, de lo contrario, le estaba dando al deman-dante [sic] una oportunidad pasado el término para apelación que ella había perdido.
Lie. Peñagarícano:
Así lo entendemos respetuosamente, Vuestro Honor, y mi recuerdo más aún, Honorable Juez, es que cuando hice mi oposi-ción, como aquí nos demuestra en esta moción del compañero Correa Suárez de 30 de marzo de 1965, alega algo de fraude y que el accidente había ocurrido distinto al que decía la parte demandante, este abogado se opuso y cuando se percató que los testigos habían mentido al Honorable Juez y se había fabricado un caso, este abogado, a iniciativa propia, acudió a Vuestro Honor y al compañero Correa Suárez con el propósito que Carmen Casillas mostrara que era cierto que el accidente había ocurrido en otro sitio, que no era en la casa, que mis clientes habían mentido y que era un fraude contra ella y este abogado se allanó.
Hon. Juez:
Eso yo creía que se me iba a mostrar en el día de hoy.
Lie. Correa Suárez:
Fíjese, Vuestro Honor, ahora mismo vamos a mostrar, Vues-tro Honor, conclusión en ese sentido.
Hon. Juez:
A eso es a lo que voy. Si mi sentencia era errónea, ella podía apelar ante el Tribunal Supremo. Yo lo que quiero decir es que yo no abrí el caso para volverlo a ver de nuevo. Yo no voy a entrar en los méritos del caso, una vez pasé sobre ellos. Abrí el caso para que ella demostrara que el Tribunal había dictado una sentencia a base de una prueba que era fraudulenta. Que el acci-dente no había acaecido tal como rezaban los demandantes, sino en otro sitio y el compañero me dijo que tenía prueba para demostrar que no había acaecido el accidente así y yo abrí el caso para darle una oportunidad a ella.
Lie. Correa Suárez:
Aparentemente, por equivocación, por enfoque, concluyen que, al gritar la nena, la madre corrió — que ha declarado — allí y al verla botando sangre, con un hueso que se le salía, la envolvió en una toalla. Esa madre ha venido y ha dicho a preguntas . . . Hon. Juez:
Sí, compañero, esa fue la prueba que se produjo en esa fecha. Si no estaba conforme con esa prueba, pues, entonces, podía llevar el caso en apelación ante el Tribunal Supremo y ahí revi-saban si esa determinación que yo he hecho ahí se ajustaba a la prueba practicada y hubieran dicho: ‘No se ajusta, que abra el caso de nuevo’, pero no abrirlo de nuevo . . .
Lie. Peñagarícano:
No no puedo quedarme callado, porque tengo que defender a Vuestro Honor. El Tribunal concluyó que este testigo le dijo al Tribunal que él había visto a su hijita con los huesos por fuera, botando sangre, que no fue ella.
Hon. Juez:
De la prueba que desfiló aquí, de los hechos, de las notas, fue que se llegó a esa determinación porque yo no me las inventé y de ahí surge.. El quiere decir que cuando está ahí es que alguien lo dijo aquí. Ahora, si no había evidencia suficiente para eso el Tribunal lo diría. Ella tenía que apelar, pero ella no apeló y viene con una moción diciendo que se había cometido fraude y la prueba que tenía ante sí no era cierta y abrí el caso y el- único testigo que viene a declarar en contra de esa prueba, que viene a declarar, que dice que ella se cayó en una ventana para afuera, pero fue la primera vez, no la segunda vez.
Lie. Correa Suárez:
Estamos de acuerdo, pero nosotros queremos traer el informe clínico para demostrar que no había tal sangre.
Hon. Juez:
Pero vamos a suponer que no la había habido, el hecho cierto fue que la niña se cayó por el hoyo de una tabla y sufrió en un brazo una fractura y fue llevada a la clínica y que había notificación a la Opa y se le había notificado al hermano, se le había notificado anteriormente y le habían escrito una carta, de lo que me recuerdo.
Lie. Peñagarícano:
Ella lo admitió, Vuestro Honor, Carmen Casillas.
Lie. Correa Suárez:
Dijo que no se le había notificado nada.
Lie. Peñagarícano:
Al hermano.
Lie. Correa Suárez:
A ella no, compañero.
Hon. Juez:
Lo siento, es ésta toda la prueba que tiene el compañero ?
Lie. Correa Suárez:
Es la única prueba que podía haber presentado.
Lie. Peñagarícano:
Sometido, Vuestro Honor.
Hon. Juez:
La Corte resolverá.” (T.E. de Nov. 3, 1965, págs. 37 a 43.)

En 8 de noviembre de 1965, el Tribunal dictó una resolu-ción declarando sin lugar la moción de la codemandada Carmen Casillas Mojica para que se le relevara de los efectos de la sentencia y dejó ésta en toda su fuerza y vigor.

La sentencia original dictada por el tribunal de instancia era nula en cuanto a la codemandada recurrente y lo sigue siendo porque (1) se dictó sin jurisdicción sobre la codemandada Carmen Casillas Mojica, y (2) la reapertura del caso, a los fines limitados de oír únicamente la prueba de dicha codemandada, limitada también a la controversia sobre el lugar donde había ocurrido el accidente, le negó su derecho a enfrentarse a la prueba de los demandantes que anteriormente había sido presentada en su ausencia, cuando aún no había comparecido en los autos ni el tribunal había adquirido jurisdicción sobre su persona y le negó también su derecho a presentar toda la prueba que pudiera ofrecer en su defensa, constituyendo todo ello una privación del debido procedimiento de ley.

La expedición de un emplazamiento, y su diligenciamiento conjuntamente a la demanda, así como el cumplimiento con los requisitos exigidos para que se autorice el emplazamiento por edictos, son trámites necesarios para que un tribunal adquiera jurisdicción sobre la persona del demandado cuando se trata de traerlo a la jurisdicción del tribunal por las causas que la ley establece para ello, Los autos en el presente caso revelan que no se diligenció emplazamiento alguno en la persona de la codemandada Carmen Casillas. Sin embargo el tribunal puede adquirir jurisdicción sobre un demandado que no ha sido emplazado o que no conste en los autos prueba del diligenciamiento del emplazamiento servídole porque la admisión o renuncia bajo juramento por el demandado o su comparecencia hace innecesaria la prueba del diligenciamiento del emplazamiento. Regla 4.8 de Procedimiento Civil.

En el presente caso no medió admisión o renuncia bajo juramento de la susodicha demandada. El tribunal de instancia resolvió que ella compareció y que en su consecuencia adquirió jurisdicción sobre su persona. La indicada comparecencia consiste en que dicha codemandada estuvo presente en corte el día señalado para el juicio. Su presencia allí se debió, según lo revela el récord, a que había sido citada por el otro codemandado para que produjera un documento.

Esa presencia de la codemandada en el salón del tribunal no es una “comparecencia” a los fines señalados en la Regla 4.8 de Procedimiento Civil. La anterior Regla de Procedimiento Civil de 1943 disponía que la admisión o renuncia bajo juramento por el demandado hacía innecesaria la prueba del diligenciamiento del emplazamiento. No incluía, como lo hace la Regla 4.8, su comparecencia. Sin embargo, dijimos en el caso de Franco v. Corte, supra, a la página 689, que es innecesaria la prueba del diligenciamiento del emplaza-miento, para que la corte adquiera jurisdicción sobre el demandado, cuando éste se persona voluntariamente en autos.

Lo que dijimos en el caso de Franco es el significado correcto del vocablo “comparecencia” usado en la Regla 4.8. Para que la “comparecencia” de un demandado confiera jurisdicción al tribunal es necesario algo más que su presencia personal en el salón de la Corte, especialmente cuando tal presencia es accidental. Debe el demandado realizar algún acto sustancial que le constituya en una parte en el pleito. Véanse, 6 C.J.S.—Appearance 1, 12 y 13; Andrews v. Andrews & Andrews, 4 F.Supp. 5; Thornhill v. Hargreaves, 107 N.W. 847; Smith v. Hamahua Mills Co., 12 Haw. 245; Aycock v. Miller, 18 So.2d 335; 3A Words & Phrases, pág. 341.

Ahora bien, siendo nula por falta de jurisdicción la sentencia dictada contra la codemandada Carmen Casillas Mojica, ésta tenía derecho, al personarse en autos a contestar la demanda, a confrontarse con la prueba de .los demandantes y a presentar en.su defensa toda la prueba pertinente que tuviere, o sea, que en cuanto a ella respecta debió celebrarse un juicio plenario. Sin embargo, el tribunal de instancia entendió que como había adquirido jurisdicción sobre la susodicha codemandada por su presencia personal en corte, podía relevarla de los efectos de la sentencia pero sujeto a las condiciones que ya conocemos. Esa resolución es errónea y debe revocarse, al igual que la sentencia.

Por los motivos expuestos se revocará tanto la ameritada resolución como la sentencia en cuanto a la codemandada Carmen Casillas Mojica y se devolverá el caso para la conti-nuación de los procedimientos compatibles con esta decisión.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervinieron.

         Franco v. Corte, 71 D.P.R. 686 (1950).


author: Juez Presidente Señor Negrón Fernández

text:
    Andrés Pizarro Ortega, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Miguel A. Montalvo, Juez, demandado; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.

      Número: O-71-5

      Resuelto: 7 de septiembre de 1972

      Fernando Gallardo Díaz, abogado del peticionario; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor.
   SENTENCIA

Se anula el auto expedido. El Juez Asociado Señor Ramírez Bages, con quien concurre el Juez Asociado Señor Pérez Pimentel, concluye que en vista del historial de rela-ciones enojosas entre el Juez Superior Gil Rivera y el letrado F. Gallardo Díaz, en consonancia con lo que dijimos en Rivera v. Corte, 71 D.P.R. 953, 962, 963 (1950), hemos debido sugerir al referido magistrado que hiciera arreglos para que otro juez entendiera en el caso G-70-2831.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secretario. El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, emitió voto de inhibición. Los Jueces Asociados Señores Hernández Matos y Martín, sustentan el criterio y que ha debido dictarse sentencia revocando la resolución recurrida y ordenando la inhibición del Juez Señor Gil Rivera.

(Fdo.) José L. Carrasquillo

Secretario

—0—

Voto de Inhibición del

Juez Presidente Señor Negrón Fernández

San Juan, Puerto Rico, a 31 de mayo de 1972

En este recurso se ha producido un empate en la siguiente forma:

A favor de que se confirme la resolución recurrida, del Juez Miguel A. Montalvo, que declaró sin lugar la moción en la que el Ledo. Fernando Gallardo Díaz pedía la inhibición del Juez Guillermo A. Gil Rivera para conocer de la causa criminal número G-70-2831 de la Sala de San Juan del Tribunal Superior, 4 votos: Los Jueces Asociados Señores Rigau, Dávila, Torres Rigual y Martínez Muñoz.

A favor de la ponencia circulada por el Juez Asociado Señor Ramírez Bages, que propone que se confirme la resolu-ción recurrida, pero que sugiere al Juez Gil Rivera — fundán-dose en el caso de Rivera v. Corte, 71 D.P.R. 953, 962, 963 (1950) — que haga arreglos para que otro juez entienda en el referido caso; o, en la alternativa, para que se revoque dicha resolución, 2 votos: Los Jueces Asociados Señores Pérez Pimentel y Ramírez Bages.

A favor de que se revoque la resolución recurrida, 2 votos: Los Jueces Asociados Señores Hernández Matos y Martín.

Se me pasó el expediente en vista del empate surgido.

Razones de índole privilegiada que tienen su origen en el mismo proceso disciplinario seguido ante este Tribunal contra el entonces Juez Fernando Gallardo Díaz — hoy el abogado que representa al acusado en la causa criminal G-70-2831 — y en el que actuó como fiscal el hoy Juez del Tribunal Superior, Guillermo A. Gil Rivera, contra quien dirige su moción de inhibición el letrado Gallardo Díaz (invocando, entre otros fundamentos para ello, según el párrafo 3 de la referida moción, la actuación del entonces fiscal Gil Rivera en dicho proceso) existen también para la inhibición del Juez Presidente en este incidente, ya que es el único Juez, entre los actuales miembros de este Tribunal, que emitió un voto contrario al entonces Juez Gallardo en el procesó disciplinario de referencia.

En tales circunstancias, se produce un estado de inhibición moral en el Juez Presidente para conocer del incidente de inhibición contra el Juez Gil en el presente recurso, y parti-cipar en su decisión. Fundado en ello, el Juez Presidente se inhibe, sua sponte de intervenir en este recurso.

Contra los estados de inhibición moral no puede imperar la regla de la necesidad.

(Fdo.) Luis Negrón Fernández

Juez Presidente


author: PER CURIAM:

text:
    Guillermo Rivera Rivera et al., demandantes y recurrentes, v. Lucas Trinidad y El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandados y recurridos.

      Número: R-70-336

      Resuelto: 13 de septiembre de 1972

      José N. Dapena Laguna, abogado de los recurrentes; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Bienvenido Vélez Coello, Procurador General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   PER CURIAM:

Se trata de una demanda de daños y per-juicios radicada por los recurrentes por sí y en representación de su hijo menor, Fernando Rivera Rivera, y por una her-mana mayor de doble vínculo de éste, contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Sargento de la Policía Lucas Trinidad por hechos ocurridos la noche del 14 de febrero de 1969 en Aibonito. Se alega en la demanda que mientras el Sargento Trinidad prestaba servicios detuvo ilegalmente a dicho menor y procedió en forma brusca, mediante el uso de la fuerza y la violencia, a introducirlo en la parte posterior de un coche celular, “[e]n cuyo acto, y con el revólver de regla-mento que portaba, le hizo un disparo que penetró por la espalda, en el cuerpo de dicho menor, teniendo orificio de salida de bala por la parte superior del hombro derecho de este codemandante.”

Se formulan entonces otras alegaciones sobre negligencia y daños y termina la demanda con la siguiente alegación.

“Se alega expresamente para cada uno y todas las causas de acción, que el codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibió notificación de estos hechos el día siguiente de ocurridos a través de su Secretario de Justicia; Departamento de la Policía Estatal, en Aibonito, y Hato Rey, P.R.; y por la Fiscalía de Distrito de Guayama, P.R.; y que fue asimismo notificado de la acción en reclamación de Daños y Perjuicios contra él, dentro de los noventa (90) días de la fecha en que surgiera el derecho a tal acción, por carta certificada de agosto 8 de 1969, enviada en Ponce, P.R., bajo recibo número 288520 y recibida por el Departamento de Justicia de P.R. en representa-ción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en agosto 11 de 1969.”

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico compareció en autos en moción de desestimación. Alegó allí que la demanda no aduce hechos constitutivos de una causa de acción en contra del E.L.A. Se basó en que el tribunal carecía de juris-dicción por dos fundamentos, a saber:

1. De la propia faz de la demanda surgía que la parte demandante no había cumplido, dentro del término prescrito, con el requisito de notificación que exige la ley autorizando reclamaciones contra el E.L.A.

2. El E.L.A. no ha brindado su autorización para ser accionado por los actos de sus funcionarios, agentes o em-pleados, según se relatan en la propia demanda.

El tribunal celebró una vista, con la asistencia de las partes, para la discusión de la moción. Más tarde la resolvió declarándola con lugar y dictó sentencia desestimando la demanda contra el E.L.A.

Sostuvo el tribunal que la comunicación del 8 de agosto de 1969 cursada al Secretario de Justicia fue hecha fuera del término de noventa (90) días que fija la ley, siendo este requisito una condición previa de cumplimiento estricto para poder demandar.

En apoyo de la desestimación añadió el tribunal, como fundamento adicional, que las acciones, como la de los recu-rrentes, no estaban autorizadas contra el E.L.A.

Acordamos revisar. La ley que autoriza pleitos contra el Estado por daños y perjuicios a la persona o a la propiedad establece en su Art. 2A, 32 L.P.R.A. sec. 3077a, que no podrá iniciarse acción judicial de clase alguna por daños causados por la culpa o negligencia del Estado si no se hubiese efectuado una notificación escrita al Secretario de Justicia dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que el reclamante tuvo conocimiento de los daños que reclama haciendo constar, en forma clara y concisa, la fecha, sitio, causa, naturaleza general del daño y otros datos que allí se especifican. La ley requiere que la notificación se remita al Secretario de Justicia por correo certificado, per-sonalmente o en cualquier otra forma fehaciente.

De las cinco notificaciones que se alega en la demanda fueron hechas por los recurrentes, sólo la fechada 8 de agosto de 1969, es decir, 85 días en exceso de los 90 requeri-dos, fue considerada por el tribunal, concluyéndose que la misma era tardía. El tribunal no pasó sobre la suficiencia de ninguna de las otras cuatro entre las cuales se encuentra la siguiente alegación referente a la notificación:

“Se alega expresamente para cada uno y todas las causas de acción, que el codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibió notificación de estos hechos el día siguiente de ocurridos, a través de su Secretario de Justicia....”

A los fines de resolver la moción de desestimación, era preciso que el juez considerara como cierta dicha alegación. Cervecería Corona, Inc. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 698, 701 (1971). La alegación está redactada en lenguaje sencillo, conciso y directo al efecto de que el Secretario de Justicia recibió notificación de los hechos al día siguiente de ocurridos. Esto es lo que se requiere, pues como es sabido en el procedimiento civil moderno se acepta que las alegaciones sólo persiguen el propósito de notificar a grandes rasgos cuáles son las reclamaciones y defensas de las partes. Regla 6.5(a) de Procedimiento Civil; Sierra v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 554, 560 (1959). Esta alegación es suficiente y cumple con la regla que exige que el cumplimiento con el requisito de notificación debe ser alegado como un elemento esencial de la reclamación del demandante, aunque no es ello un requisito estrictamente jurisdiccional y la omisión de alegarlo y probarlo debe ser levantada como cualquier otra defensa no privilegiada. Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179-180 (1968).

Pero es que aun cuando concebiblemente pudiera el juez estar justificado en sostener que la notificación única que consideró y que sostuvo era tardía — la del 8 de agosto de 1969 — la demanda, en sus alegaciones, era susceptible de enmienda, ya que conforme a la ley autorizando pleitos contra el Estado el requisito de notificación puede dispensarse de mediar justa causa para su incumplimiento, dispensa ésta que reconoce que el cumplimiento de dicho requisito presupone una persona hábil para hacerla y que la gravedad de las lesiones sufridas, en determinadas circunstancias, puede ser factor relevante de si le impidió o no al perjudicado verificar la notificación. Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491, 495-496 (1963). Sólo procede la desestimación de una demanda cuando el tribunal, al estudiar las alega-ciones, queda plenamente convencido que no procede bajo supuesto alguno y, por lo tanto, la misma no es susceptible de ser enmendada. Figueroa v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 122, 124 (1963).

El segundo motivo para la desestimación de la demanda radica en que los hechos alegados, aceptando los mismos como ciertos, son constitutivos de acometimiento y agresión u otro delito contra la persona y la acción por los mismos contra el Estado no está autorizada por éste. El juez senten-ciador se refiere a la sección de la ley que, al establecer una excepción a la renuncia del Estado a su inmunidad, dispuso que no autorizaba las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado “(d) constitutivo de acometimiento, agresión u otro delito contra la persona. . . .” Ley Núm. 104, 29 de junio de 1955, Art. 6, inciso (d); 32 L.P;R.A. sec. 3081(d).

En efecto, hemos resuelto en Báez Vega v. E.L.A., 87 D.P.R. 67, 72-73 (1963) que bajo este inciso la renuncia de inmunidad del Estado queda preservada de provenir el daño — “ [d] e actos negligentes de un empleado que no consti-tuyan determinados delitos en que la intención es un elemento esencial”. Véase, además, Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199, 205-208 (1963).

El juez sentenciador tenía ante sí un problema de suficiencia de alegaciones para resolver. No era ésta la etapa para hacer adjudicaciones anticipadas en sus méritos sobre si los actos del funcionario al disparar el arma son constitutivos o no del delito de acometimiento o agresión u otro delito contra la persona del menor recurrente. Nos parece arriesgado en esta etapa considerar que meras alegaciones, al efecto de que el funcionario procedió en forma “brusca” y mediante el uso de la “fuerza” y la “violencia” introdujo al menor re-currente en el coche celular y le hizo un disparo, caen de lleno dentro de la excepción a la renuncia de inmunidad contem-plada en el artículo mencionado. La solución no debe, en justicia, descansar en meras alegaciones, sino en base a la prueba que pueda aportarse en un juicio en sus méritos en torno a distintos factores tales como la gravedad de la actuación y los móviles del policía. Fue evidentemente por esto que el juez sentenciador en su sentencia se expresó:

“En cuanto a este fundamento, sin embargo, sería más con-veniente escuchar la prueba para determinar si hubo o no intención criminal.”

Estamos de acuerdo con estas expresiones del juez. El perímetro de las alegaciones es, en este caso específico, un marco muy estrecho para juzgar los méritos de la reclama-ción de los recurrentes. La demanda no debió desestimarse. No está muy claro para nosostros que, en definitiva, luego de un juicio en sus méritos, la misma no procediese bajo supuesto alguno de hecho y de derecho concebible.

La sentencia objeto de este recurso será revocada y se devolverá el caso a la sala de instancia para que allí conti-núen los procedimientos consistentes con lo antes expuesto.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       El párrafo (e) del Art. 2A de dicha ley preceptúa (32 L.P.R.A. sec. 3077a(e)):
      “No podrá iniciarse acción judicial de clase alguna contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por daños causados por la culpa o negli-gencia de aquél, si no se hubiese efectuado la notificación escrita en la forma y manera y dentro de los plazos prescritos en esta Sección, a menos que no haya mediado justa causa para ello.” (Énfasis nuestro.)


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Hernán Santiago Padilla, acusado y apelante.

      Número: CR-70-155

      Resuelto: 13 de septiembre de 1972

      Santos P. Amadeo y Ángel Valencia Valle, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Jorge Ríos Torres, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

Contra el acusado se radicaron cinco acusaciones. Tres de ellas, fueron por ataque para cometer asesinato, otra por infracción al Art. 8 de la Ley de Armas en grado subsiguiente y la quinta por infracción al Art. 6 de dicha ley.

En uno de los casos por ataque para cometer asesinato fue encontrado culpable de ataque para cometer homicidio y se le impuso una pena de 4 a 10 años de presidio, en grado subsi-guiente. En los otros dos fue encontrado culpable de acome-timiento y agresión grave, imponiéndosele una pena de un (1) año de cárcel en cada caso.

Por la infracción al Art. 8 de la Ley de Armas en grado subsiguiente fue sentenciado a cumplir de 3 a 7 años de presidio, y por la infracción al Art. 6 se le impuso una pena de un (1) año de cárcel.

Estas sentencias fueron impuestas para ser cumplidas concurrentemente.

Los cinco casos se vieron conjuntamente. Los tres casos de ataque para cometer asesinato y el de infracción al Art. 8 de la Ley de Armas, ante jurado y el de infracción al Art. 6 de dicha ley, por tribunal de derecho. El veredicto en los cuatro casos fue por mayoría de 9 a 3 de los jurados.

El primer error señalado consiste en atacar la validez de las sentencias en los cuatro casos vistos ante jurado porque el veredicto de culpabilidad no fue rendido por unanimidad, cuestión ésta que ya ha sido resuelta por este Tribunal adversamente al apelante. Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 (1971). No se cometió el primer error.

En su segundo señalamiento de error, el apelante alega que son nulas las sentencias indeterminadas impuéstales en dos de los casos como delincuente subsiguiente porque el Art. 56, inciso 2 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 131 (2), en el cual se basan, viola la doctrina de la separación de poderes al privarle al juez sentenciador de la discreción para graduar la pena. Como única autoridad cita en su apoyo el caso de People v. Tenorio, 473 P.2d 993 (1970).

En el caso de Tenorio, el acusado fue convicto del delito de posesión de marihuana. El acusado admitió haber sido convicto ocho años antes por el mismo delito. La ley infrin-gida contenía una disposición que impedía a los tribunales eliminar la alegación del delito anterior a menos que mediara una moción del fiscal. El Tribunal Supremo de California anuló dicha disposición.

Sostuvo dicho tribunal que a la luz de la doctrina de sepa-ración de poderes, el poder conferídole al fiscal, en efecto, privaba al poder judicial de ejercer su discreción en la impo-sición de la pena, prerrogativa ésta que fundamentalmente reside en el poder judicial.

Convenimos con el Procurador General que lo allí resuelto nada tiene que ver con las disposiciones del Art. 56 del Código Penal.

El Art. 56 provee para la forma de sentenciar a los con-victos de delito en grado subsiguiente. Dispone en el inciso 2, que es la modalidad aquí envuelta, que si el subsiguiente delito aparejare en primera convicción pena de presidio por un término de 5 años o menos, el delito subsiguiente se casti-gará con pena de presidio por un término máximo de 10 años.

Hemos resuelto en otras ocasiones que el fin de las dispo-siciones del Art. 56 y otros similares de nuestro Código Penal es el de imponer una pena más severa al reincidente, Sánchez v. Angelí, 80 D.P.R. 154 (1957); y que el calificativo de “subsiguiente” sólo afecta la discreción del juez sentenciador al imponerle la pena al acusado una vez que éste ha sido convicto. Pueblo v. Cabán Rosa, 92 D.P.R. 866 (1965).

El referido artículo le permite al juez sentenciador un margen de fluctuación entre el mínimo y el máximo de la pena dentro del cual puede ejercer su discreción, Sánchez v. Angelí, supra, siempre conservando su tradicional potestad de recibir prueba de las circunstancias atenuantes o agra-vantes a los fines de la imposición de la pena. Regla 171 de Procedimiento Criminal.

La facultad de crear delitos y fijar las penas ha sido siempre prerrogativa del Poder Legislativo. Art. 5, Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 5. El apelante no ha demostrado ni vemos nosotros conflicto alguno entre la fijación de la pena para los convictos de delitos en grado subsiguiente provista en el Art. 56 y la disposición constitucional sobre separación de poderes.

El último señalamiento de error es un ataque a la senten-cia de 4 a 10 años de presidio impuéstale por el juez por el delito de ataque para cometer homicidio, en grado subsi-guiente.

La acusación radicada contra el apelante le imputaba el delito de Ataque Para Cometer Asesinato. Art. 218 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 732. Este delito no se carac-teriza en dicho artículo, pero por definición es un delito grave pues apareja una pena de presidio. Art. 14, Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 35.

En dicha acusación se alegó, y el apelante admitió, con-vicciones anteriores en tres casos por los delitos de Ataque Para Cometer Asesinato. El jurado lo declaró culpable de Ataque Para Cometer Homicidio. El juez sentenciador le impuso una pena de 4 a 10 años de presidio con trabajos forzados en grado subsiguiente.

Sostiene el apelante que el juez sentenciador, actuando bajo las disposiciones dél Art. 223 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 762, le impuso una pena de presidio (delito grave) en vez de condenarle a una pena de cárcel o multa (menos grave) como lo autoriza dicho artículo; que dicho artículo es inconstitucional porque: (1) “[e]l poder legisla-tivo no puede delegar en la rama judicial la facultad de determinar si un delito es grave o menos grave, ya que esta función compete exclusivamente al poder legislativo”; y (2) aun reconociendo dicha facultad, el poder legislativo vendría obligado a establecer las normas para la clasificación de los delitos, de conformidad con la doctrina de la delegación y separación de poderes.

El Art. 223 dispone lo siguiente:

“Toda persona que fuere culpable de asalto o agresión con intento de cometer algún delito grave, excepción hecha de asesinato, y cuya pena no estuviera prescrita en la anterior sección, incurrirá en la de presidio por un término máximo de cinco años, o de cárcel por el máximo de un año, o multa que no excederá de quinientos (500) dólares, o ambas penas, a dis-creción del tribunal.”

Desde principios de siglo, reconocimos en Pueblo v. Llauger, 14 D.P.R. 548 (1908), la existencia del delito de Ataque Para Cometer Homicidio bajo nuestros estatutos penales. Resolvimos allí que siendo el homicidio un delito grave (felony) y “ [n] o hallándose comprendida en el Artículo 222 del Código Penal, una agresión con intención de cometer dicho delito grave, o sea homicidio, es claramente castigable con arreglo al Artículo 223 del dicho Código”. Pueblo v. Llauger, supra, pág. 554. Y en Pueblo v. Dumas, 14 D.P.R. 397, 404 (1908), resolvimos que el delito de ataque para cometer homicidio está comprendido en el ataque o agresión para cometer asesinato.

Con arreglo al Art. 223 la pena señalada que puede imponerse por agresión con intención de cometer un delito grave, como el homicidio, es de presidio por un término máximo de cinco años, o de cárcel por el máximo de un año, o multa que no excederá de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.

Nuestro Código Penal, al igual que el Código Penal de California, contiene disposiciones que como las del Art. 223 fijan en la alternativa penas de presidio o de cárcel y multa, en un número de delitos sin calificarlos expresamente como graves o menos graves. Para caracterizarlos es necesario referirse a la distinción general hecha en el Art. 14 del Código, 33 L.P.R.A. see. 35:

“Delito grave es un crimen castigado con la pena de muerte o de presidio. Delito menos grave comprende todos los demás delitos. Cuando un delito castigable con pena de presidio, apareja también la de multa o cárcel, a discreción del tribunal, se considerará menos grave, para todos los efectos, después de dictada sentencia imponiendo una pena que no fuere de presidio.”

Son varios los casos de California que bajo una disposición similar a la de nuestro Art. 14 han sostenido que un delito que apareje una u otra pena — presidio o cárcel — se considera delito grave para todos los efectos hasta que se dicte la sentencia. People v. Walker, 76 Cal. Rptr. 924 (1969); People v. Johnson, 330 P.2d 894 (1958). En Puerto Rico hemos decidido que cuando un delito calificado como grave castigable con pena de presidio, apareja también la de multá o cárcel, a discreción del tribunal, se considerará menos grave para todos los efectos después de dictada sentencia imponiendo una pena que no fuere de presidio. Pueblo v. Moura, 5 D.P.R. 21 (1903).

El apelante alega que el Art. 223 le confiere al juez, en efecto, la facultad de determinar si un delito es grave o menos grave, función ésta que le corresponde al Poder Legislativo y que éste no puede delegar. Cita el apelante el Art. I, Sec. 2, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que lee como sigue:

“El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.”

El Art. 223 del Código Penal no envuelve una indebida delegación de poderes legislativos a la Rama Judicial. Por la voluntad expresa de la Asamblea Legislativa, el Art. 223 estableció el delito de asalto o agresión con intención de cometer un delito grave, excepción hecha de asesinato y otros delitos señalados. Corresponde al tribunal o al juez dentro del proceso judicial investigar y determinar si el acusado ha cometido o no los actos imputádoles y, cuando proceda, el grado del delito cuya comisión ha sido prohibida por el estatuto. En Puerto Rico los delitos son de origen estatutario. Corretjer v. Tribunal, 72 D.P.R. 754, 760 (1961). La Rama Judicial no tiene poder inherente, ni el Art. 223 le confiere facultad inicial alguna de crear el delito por el cual el acusado fue juzgado. El Art. 223, como hemos visto, señala cuáles habrán de ser las penas a imponerse asignándole al juez la facultad de dictar la sentencia y fijar la pena que corresponda en el ejercicio de una sana discreción velando que la penalidad quede dentro de los límites legislativamente fijados en el estatuto. El ejercicio de esta facultad de los jueces en esta importantísima etapa del proceso judicial está reconocida por varias disposiciones del Código Penal, además del Art. 14 de dicho cuerpo legal. Así los Arts. 27 y 28 (33 L.P.R.A. sees. 48 y 49) preceptúan:

“Las diversas secciones de este Código que señalan penas a ciertos delitos, asignan al tribunal autorizado para sentenciar, la obligación de determinar e imponer la pena prescrita.
“Siempre que en este Código la pena señalada a algún delito quedare indeterminada entre ciertos límites, el tribunal autori-zado para pronunciar sentencia deberá determinar la pena que hubiere de imponerse en un caso especial, dentro de los límites prescritos por este Código.”

Son legión los casos nuestros que reconocen el principio de discreción que tienen los jueces en la fijación de la pena. Torres Martínez v. Jefe Penitenciaría, 93 D.P.R. 391 (1966); Angleró Texidor v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 434 (1965); Pueblo v. Jaimán Torres, 86 D.P.R. 700 (1962); Pueblo v. Monzón, 72 D.P.R. 72 (1951); Pueblo v. Liceaga, 36 D.P.R. 443, 446 (1927). Como cuestión de hecho nuestro sistema de derecho penal necesariamente deja en el juez un gran margen de discreción en la imposición de la pena. Y es razonable que así sea pues le permite al juez distinguir entre los distintos delincuentes y aplicar la solución que amerite cada caso individualmente.

El hecho que la Asamblea Legislativa haya determinado que un delito castigable con pena de presidio y que apareje también la de multa o cárcel, se considere delito grave a menos que el tribunal, al dictar sentencia, imponga una pena que no fuere de presidio (Art. 14) no revela una preferencia legislativa hacia la imposición de sentencias de presidio. In re Anderson, 73 Cal. Rptr. 21, 447 P.2d 117, 126 (1968).

El apelante no ha citado ni hemos encontrado autoridad alguna que sirva de apoyo a su ataque al Art. 223 del Código Penal. Por el contrario, son varios los casos de California y otros estados que sostienen la validez de disposiciones similares a la nuestra contra el argumento de que violan el debido procedimiento, la igual protección de las leyes y el principio constitucional de separación de poderes. In re Anderson, supra, a la pág. 126; State v. Logan, 403 P.2d 279, 280 (Ariz. 1965); People v. Reid, 72 N.E.2d 812, cert. den. 332 U.S. 776 (Ill. 1947); People v. Pryor, 61 P.2d 773 (Cal. 1936); Ex Parte O’Shea, 105 Pac. 776 (Cal. 1909).

El apelante fue acusado del delito grave de ataque para cometer asesinato. Admitió la convicción en tres casos anteriores por ese delito. Fue convicto del delito de ataque para cometer homicidio en grado subsiguiente. La sentencia de 4 a 10 años de presidio se ajusta al margen permitido por ley.

Se confirmarán las sentencias objeto del presente recurso.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Rigau, no intervi-nieron.

       Como ejemplos tomados de una rápida ojeada al Código Penal, véase los Arts. 109, 109%, 113, 140, 178, 188, 216, 226, 227, 260 y 264.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José A. de Jesús Santana, acusado y apelante.

      Número: CR-71-110

      Resuelto: 13 de septiembre de 1972

      Nicolás Torres Marrero y Manuel García Marrero, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Bienve-

      nido Vélez Coello, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante José Antonio de Jesús Santana fue acusado conjuntamente con su hermano Roberto de Jesús Santana por el delito de asesinato en primer grado por haber dado muerte al ser humano Sixto Torres Declet, y por infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas. Roberto fue absuelto perentoriamente. El apelante fue encontrado culpable del delito de homicidio voluntario por tribunal de derecho y por las citadas infracciones a la Ley de Armas. Fue sentenciado a cumplir de 2 a 8 años por el delito de homicidio voluntario, y concurrentemente con dicha pena: de 1 a 3 años por la infrac-ción al Art. 8 de la Ley de Armas y 6 meses por la infrac-ción al Art. 6 de dicha ley. No conforme con el fallo y senten-cia dictada en el caso de homicidio voluntario, el acusado ha interpuesto recurso de apelación ante nos.

Se señala como único error que incidió el tribunal senten-ciador al declarar culpable de homicidio voluntario al ape-lante en ausencia de prueba suficiente que justifique el fallo emitido. Como parte del error se señala que la defensa probó un caso de defensa propia.

Para la disposición de este señalamiento es indispensable que hagamos un recuento de la prueba ofrecida.

El testigo José Colón Rivera testificó, en lo que es perti-nente, que era el dueño del negocio donde ocurrieron los hechos; que el día 4 de diciembre de 1967 alrededor de las 12:30 del mediodía se encontraban varias personas almor-zando en su negocio situado en una zona rural, mientras otras que ya habían almorzado jugaban billar; que vio a don Vive, padre del apelante, en la parte de afuera del negocio; que oyó un “escarceo” fuera del negocio y observó al padre del apelante, a través de la puerta que da al frente del negocio, moviéndose de un lado para otro; que simultánea-mente se escucharon tres detonaciones que provenían del exterior del negocio; que acto seguido vio, desde el interior del negocio, a la víctima Sixto Torres entrar corriendo por la puerta izquierda del negocio y luego salir por la puerta derecha, volviendo a entrar por la izquierda, y desplomándose entonces en el piso a la entrada de dicha puerta izquierda; que detrás de la víctima, mientras ésta corría, iba el apelante con “una cosa negra” como de cuatro pulgadas y cuarto; que no pudo determinar si era un revólver; que varias personas recogieron a la víctima y la llevaron al hospital en un auto-móvil; que al irse el herido encontró una cuchilla manchada de sangre en el fondo de una silla que estaba cerca de donde pasó la víctima corriendo dentro del establecimiento; que luego pudo recordar que dicha cuchilla era de la víctima ya que lo había visto en una ocasión anterior mondando una china; y que con posterioridad al incidente narrado vio que Don Vive tenía una herida en la parte derecha del cuello y otra en la cabeza y que brotaba sangre de dichas heridas.

El testigo Adelaido Vázquez testificó, en lo que es perti-nente, que la tarde de los hechos, como a las doce y quince estaba jugando en una mesa de billar cuando sonaron como cuatro disparos; que todo el mundo corrió y él no sabía qué hacer; que vio cuando la víctima entró corriendo al estableci-miento; que éste arrastró las sillas y la mesa donde había gente comiendo; que salió por la otra puerta, y que al entrar de nuevo por la puerta izquierda se desplomó; que al desplo-marse la víctima se le acercó, le alzó la camisa y vio un plomo que le salía del estómago; y que en ese momento vio al apelante con una pistola en la mano tratando de meterle o sacarle un clip de balas.

El policía Roberto Feliciano declaró en lo que es perti-nente: que conocía a los acusados desde que eran niños; que el día de los hechos vio a los acusados en su casa, que éstos vinieron a procurar al padre de Feliciano quien estaba ausente; que allí notó que el padre de los acusados tenía una herida en el cuello pero que no se fijó bien cómo era y que no botaba mucha sangre; que luego salió con los hermanos acusados y al pasar frente al negocio de José Colón vieron a un grupo de personas, contándole entonces el apelante lo que había sucedido; que los llevó al cuartel y regresó con el juez al lugar de los hechos en donde encontró unos casquillos que entregó al juez; y que allí observó que el padre de los acusados mostraba algo en la cabeza como un rayacito o un pequeño chichón.

El Dr. José Antonio Caro declaró haber practicado la autopsia al occiso. Expresó que en su opinión la muerte fue producida por una hemorragia causada por dos heridas de proyectil — una en el abdomen y otra en el brazo. Identificó un proyectil calibre 22 que extrajo del estómago del occiso.

Ángel de Jesús, conocido por Don Vive, padre de los acu-sados declaró, en lo que es pertinente: que el día de los hechos cuando ya se iba del negocio de José Colón se encontró con la víctima; que hablaron en relación con un incidente ocurrido la noche anterior en que el testigo había intervenido en una discusión entre la víctima y una persona llamada Luis Sánchez; que acto seguido la víctima insultó de palabras al testigo y le atacó con una cuchilla tirándole “unos cuantos tajos”, que se sintió herido y escuchó unos disparos; que fue herido en el cuello y en la cabeza, con motivo de lo cual le cogieron dos puntos. Identificó la cuchilla presentada en evidencia como la que tenía la víctima en la mano y con la cual le agredió. Dijo además no saber quién hizo los disparos.

El propio apelante José Antonio de Jesús Santana decla-ró : que el día de los hechos se encontraba fuera del negocio de José Colón hablando con unos amigos; que conocía a la víctima por ser ambos vecinos del mismo barrio; que vio a la víctima llegar al negocio y oyó cuando su padre le dijo a la víctima que el incidente de la noche anterior no tenía ningún sentido. Declaró además que la víctima le dijo unas palabras a su padre y le tiró con una cuchilla unas ocho o diez veces; que al ver a su padre herido y siendo la víctima un hombre peligrosísimo le disparó; que sabía de su peligro-sidad porque había mutilado en una ocasión a un veterano, A preguntas del juez declaró no recordar el tiempo que hacía que tenía la pistola, ni cómo llegó a sus manos. Dijo, sin embargo, que ese día la tenía encima porque venía de la finca a donde la llevaba siempre.

En adición a la prueba testifical antes reseñada, el fiscal presentó una deposición tomada ante el juez al hermano de la víctima en la cual el deponente, quien se encontraba en Estados Unidos a la fecha del juicio, señala que el co-acusado Roberto de Jesús había disparado con otra pistola. El juez sentenciador no dio crédito a la misma por ser contradictoria e increíble y así lo expresó en corte abierta al absolver a dicho co-acusado Roberto de Jesús. Un examen de dicha deposición nos confirma que la apreciación del juez de instancia es correcta.

El apelante aceptó en su testimonio que él hizo los disparos que causaron la muerte a la víctima. La única cuestión sustancial pues que plantea el recurso ante nos es si el apelante al matar a la víctima actuó en defensa de un seme-jante. De haber sido así el homicidio puede ser justificable conforme a lo dispuesto en el Art. 209 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 641), y más específicamente si al así actuar estuvo justificado en matar al agresor de su padre en evita-ción de que aquél le causara grave daño corporal a éste.

Se ha sostenido que una persona puede utilizar violencia en defensa de un semejante sólo cuando la persona en peligro hubiese estado justificada en usarla en su propia defensa. Pueblo v. Knight, 72 D.P.R. 111, 116 (1951). Asimismo la justificación de un homicidio en defensa de un tercero depende de las mismas condiciones que excusarían al tercero bajo una alegación de defensa propia. 1 Wharton Criminal Law and Procedure, sec. 219; State v. Hennessy, 90 Pac. 221; White v. Commonwealth, 333 S.W.2d 521; People v. Forte, 110 N.E. 47. Por tal razón los principios de defensa propia son igualmente aplicables a los casos de homicidio en defensa de un semejante. People v. Roe, 189 Cal. 548; People v. Ortiz, 63 Cal. App. 662; véase Fricke and Alarcon, California Criminal Law, 10th Ed. pág. 180.

Para que un acusado pueda alegar con éxito la teoría de defensa propia deberá demostrar que tenía motivos fundados para creer que estaba en inminente peligro de perder la vida o de recibir grave daño corporal y que no infligió más daño que el necesario para la defensa de su vida. Pueblo v. Ríos Rivera, 88 D.P.R. 165 (1963); Pueblo v. Lozada, 37 D.P.R. 927 (1928). El que mata, sin embargo, debe haber empleado todos los medios a su alcance, consistentes con su propia seguridad, para evitar que se le ocasionen daños o tener que privar de la vida a otra persona al defenderse. Pueblo v. Román Marrero, 96 D.P.R. 796, 802 (1968).

Es imprescindible, además, que las circunstancias que concurran para justificar la defensa propia deben ser suficientes para excitar el temor de una persona razonable. Pueblo v. Morales, 45 D.P.R. 191 (1933); Pueblo v. Ríos Rivera, supra. Es por ello que cobra importancia la función del juzgador en estos casos en la determinación de si una persona razonable en la posición del acusado, sabiendo lo que sabía y viendo lo que vio, crea necesario el ultimar al agresor para evitar el daño. People v. Head, 288 Pac. 106. Más aún, es regla de la defensa propia el que no es necesario que el agredido venga obligado a retroceder hasta colocarse en una posición de indefensión (retreat to the wall) antes de atacar a su agresor conforme se sostenía en el antiguo derecho común. Pueblo v. Iturrino de Jesús, 90 D.P.R. 706 (1964); Pueblo v. Díaz Alicea, 91 D.P.R. 786 (1965). Inclusive, el agredido, además de lograr su defensa, puede perseguir al atacante si ese curso de acción es indispensable para salvar su vida. People v. Rinowacki, 39 Cal. App.2d 376; People v. Campanella, 39 Cal. App.2d 384; People v. Hatchett, 56 Cal. App.2d 20.

En California, donde las disposiciones del Código Penal sobre defensa propia son similares a las nuestras se ha resuelto que puede darse muerte a un atacante si el atacado es colocado en una situación en que una persona razonable pudiere sentirse en peligro inminente de que otro habrá de causarle grave daño corporal. People v. Mercer, 210 Cal. App.2d 153; People v. Ranson, 119 Cal. App.2d 380. Cuando el peligro es repentino, y sobre todo inminente, y la necesidad de acción es inmediata, si bien la conducta del acusado ha de ser la de una persona razonable, dicha conducta no puede ser pesada en balanzas muy sofisticadas (too nice scales), People v. Mercer, supra; People v. Collins, 189 Cal. App.2d 575; People v. Hecker, 109 Cal. 451, 42 Pac. 307. Naturalmente, si el peligro cesa, la agresión no se justifica, Pueblo v. Ríos Rivera, supra; Pueblo v. Lozada, supra; empero mientras el peligro subsista el agredido puede atacar al agresor con el fin de lograr su seguridad. People v. Rinowacki, supra; People v. Campanella, supra.

Con estas normas como base veamos las circunstancias del caso que nos ocupa. Estamos frente a una situación singular en que sólo los testigos de defensa, a saber, el acu-sado y su padre, pueden dar una versión exacta de lo acon-tecido fuera del negocio. Los otros testigos que declararon sobre el incidente estaban dentro del negocio, y su observa-ción de lo que en efecto ocurrió fuera del establecimiento fue limitada en extremo. La versión que surge de la prueba de defensa fue al efecto de que la víctima, quien alegada-mente era un hombre peligroso, atacó al padre del acusado con una navaja, hiriéndolo en la cabeza y en el cuello. Al ver a su padre herido, y mientras la víctima continuaba agre-diendo a aquél con una navaja, el acusado le disparó tres o cuatro veces en forma rápida y sucesiva. No hay evidencia alguna de que los disparos ocurrieran mientras la víctima estuviere huyendo, y por el contrario, la prueba es al efecto de que el apelante no disparó durante la huida de aquél.

La versión del apelante no es ilógica, ni contradictoria, ni fue refutada en ningún aspecto. Más aún, de la propia prueba de El Pueblo surgen elementos que corroboran en parte la misma. El “escarceo” que el dueño del negocio escuchó momentos antes de los disparos fuera del negocio y el haber visto desde el interior del negocio (desde donde su campo visual estaba limitado a lo que podía ver a través de dos puer-tas exteriores del establecimiento) al padre'del acusado mo-viéndose de un lado a otro, y el haber observado unos instan-tes después de los hechos al padre del acusado con unas heri-das, y el haber encontrado la navaja de la víctima ensangren-tada sobre una silla que estaba en el trayecto por donde pasó corriendo la víctima, no obstante el no haber visto a éste atacar al padre del acusado, son circunstancias que de-bió considerar el tribunal al dilucidar la prueba y las que ciertamente corroboran los testimonios de la defensa.

La prueba de la defensa, que no fue impugnada ni con-trovertida por la del Pueblo, revela la forma en que se desa-rrollaron los acontecimientos y nos da pie para concluir que el apelante actuó movido por el temor de una persona ra-zonable que se enfrenta al peligro inminente que su padre co-rría al ser sometido a un ataque súbito, peligroso y constante con un arma cortante que iba evidentemente dirigida hacia el cuello y la cabeza y que como cuestión de hecho fue al-canzado y herido por el agresor. Lógicamente tal situación hizo temer al apelante que la agresión ininterrumpida de parte de la víctima pudiere privar de la vida a su padre sin que mediara tiempo para evitarlo. Agravaba aún más la aprehensión del apelante el conocimiento que él tenía del mal carácter y peligrosidad de la víctima. En tales circunstan-cias y sucediéndose la acción en tan cortos instantes en que un titubeo podía resultar en una desgracia, puede encon-trarse justificación en la actuación defensiva de un hijo, que al presenciar los hechos y sentirse incapaz de acudir efecti-vamente a otros medios, venga obligado a utilizar el último recurso que le estaba entonces disponible para poner fin a una peligrosa situación.

En el caso de autos la persecución de la víctima por el apelante luego de los disparos realmente no tuvo consecuen-cias, ya que surge de la prueba que el apelante no hizo dis-paros adicionales mientras perseguía a la víctima.

Nuestra Regla 157 de Procedimiento Criminal dispone que el acusado tiene la obligación de probar las circunstancias mediatorias que excusen o justifiquen el hecho de la muerte, una vez se prueba que él causó la muerte. Sin embargo, dicha Regla no puede afectar la presunción de inocencia del acusado aun probada la muerte ilegal, por lo que no impone ésta la obligación de establecer con prueba preponderante los elementos justificantes o eximentes del delito. La única prueba requerida del acusado es aquella que levante una duda razonable de su culpabilidad. Tal interpretación está permeada por la disposición constitucional que establece la presunción de inocencia cuya presunción acompaña al acusado a través de todo el proceso criminal. Constitución de Puerto Rico, Art. II, sec. 11.

En Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39, 53 (1961), aunque se trataba de un caso de asesinato en el que no se alegaba la justificación del mismo tuvimos la oportunidad de inter-pretar el Art. 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal, hoy Regla 157 de Procedimiento Criminal, con relación al grado de prueba que debe presentar él acusado para probar que han mediado circunstancias atenuantes o que excusen o justifiquen el hecho de la muerte. Resolvimos allí que: “. . . al acusado le acompaña la presunción de inocencia en cuanto a todo elemento esencial del delito y no cambia el peso de la prueba en etapa alguna del proceso.” En su consecuencia dijimos que el acusado “Sólo vendría obligado a producir aquella prueba que establezca una duda razonable sobre su culpabilidad.”

En el caso ante nos, si bien es cierto que han quedado algunas circunstancias oscuras en cuanto a la justificación, entendemos que la prueba de defensa estableció una duda razonable en cuanto a la existencia de elementos justificantes del delito. La versión de los hechos presentada por la defensa, que no fue refutada por la prueba de El Pueblo, sino por el contrario fue corroborada en parte por ésta, unida a que sólo los testigos de defensa pudieron dar una versión lógica de lo acontecido, nos mueve a concluir que existe una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado en cuanto al homicidio. Dicha duda debe ser resuelta a su favor.

Se revocará la sentencia apelada en este caso por el de-lito de homicidio voluntario.

El Señor Juez Presidente, Luis Negrón Fernández, no intervino. El Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, disintió.

       La defensa presentó en evidencia los expedientes de dos convic-ciones contra la víctima por una infracción al Art. 4 de la Ley de Armas y por el delito de mutilación, respectivamente.

      (2) El Art. 209 dispone:
      “Podrá también justificarse el homicidio cuando lo cometiere alguna persona en cualquiera de los casos siguientes:
      “1. En el acto de resistir o impedir la tentativa de asesinar o de inferir grave daño corporal a alguna persona, o de cometer algún delito grave.
      “2. Cuando se comete al defender una morada, propiedad o persona contra alguno que manifiestamente intente o procure, por medio de violen-cia o sorpresa, cometer cualquier delito grave o que violenta, desordenada y tumultuosamente intente o procure penetrar en la morada de otro con el propósito de agredir a alguna persona que se hallare en ella.
      “3. Cuando se comete en legítima defensa de dicha persona, o de la esposa o esposo, padre o madre, hijo, amo, o sirviente de tal persona, siem-pre que hubiere motivos fundados para sospechar que existe el propósito de cometer un delito grave, o de inferir grave daño corporal, e inminente riesgo de que tal propósito se realice; pero dicha persona, o la persona cuya defensa se intentare, si fuere el agresor, o estuviere empeñada en lucha mortal, deberá tratar de desistir de ella, antes de cometerse el homicidio.
      “4. Cuando hubiere necesidad de cometerlo, al intentar por medios legítimos, la prisión de algún reo de delito grave, o al procurar legalmente mantener el orden público.”

       La prueba en cuanto al mal carácter y peligrosidad de la víctima es admisible en un caso en que se alega defensa propia tanto para estable-cer la razonabilidad del temor surgídole al apelante en el momento del homicidio, como para corroborar la prueba sobre la conducta de la víctima que motivó el homicidio. Morales Torres v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 459 (1970).


text:
    Sociedad de Gananciales de Eulogio Jiménez, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Banco Popular de Puerto Rico, Inc., Sucursal de Ramey Air Force Base, demandada y recurrente.

      Número: R-70-334

      Resuelto: 19 de septiembre de 1972

      Parra, Del Valle & Frau, abogados del recurrente; la parte re-currida no compareció.
   PER CURIAM:

Se trata de una acción de daños y perjuicios para recobrar compensación por daños al crédito de la deman-dante y por las angustias mentales sufridas por ella. En la demanda se alega que el banco aquí demandado devolvió a la demandante por falta de fondos nn cheque por $100,00 y que por motivo de ese incumplimiento con los términos del con-trato existente entre la demandante y el banco la demandante sufrió daños que estimó en $10,000.00, El tribunal de instan-cia declaró la demanda con lugar y concedió $3,000.00 por daños y $600.00 de honorarios de abogado. Acordamos revi-sar.

La evidencia desfilada en el juicio establece que el 26 de marzo de 1968, la demandante cambió en la Cooperativa de Consumo de Isabela un cheque personal suyo por $100.00 en efectivo. El cheque tenía fecha de 26 de marzo de 1968, pero la demandante dijo a la persona que se lo cambió que no lo depositara hasta el día 28 ó el 29. El día 28 de marzo la demandante depositó $100.00 en su cuenta de cheques. En el momento en que ella hacía el depósito, alrededor de las 11:30 A.M., el cajero le sugirió que abonara el pago mensual de $52.00 que ella debía al banco de un préstamo personal, lo cual hizo la demandante mediante un cheque suyo contra su cuenta corriente. El cajero también informó a la demandante que esa misma mañana se le había acreditado a su cuenta de cheques un depósito de $166.67. Este depósito había sido hecho por las autoridades de la Base Ramey, en virtud de un acuerdo mediante el cual dichas autoridades depositaban los cheques de los sueldos de sus empleados civiles en las respectivas cuentas de estos empleados. Las partes estipula-ron que el sueldo de la demandante,' en efecto, fue depositado durante la mañana del 28 de marzo.

El depósito de $166.67 no se acreditó el día 28 sino el día 29. Por otro lado, el cheque que la demandante entregó a la Cooperativa fue presentado al cobro en o antes del día 28. Como ese día no había fondos suficientes acreditados a la cuenta de la demandante para cubrir los dos cheques que ella había expedido, el banco no pagó el cheque de la Cooperativa y notificó a la demandante que le estaba debitando de su cuenta $5.00 por el cargo de devolver el cheque sin fondos. No obstante, dicho cheque de $100.00 fue pagado por el banco el día 29, luego de acreditar a la cuenta de la demandante el depósito de su sueldo.

La semana siguiente la demandante visitó el banco y se entrevistó con el gerente con el propósito de que el cargo de $5.00 antes mencionado fuese eliminado de su cuenta. El gerente no accedió a la petición y la demandante le pidió sus papeles y le dijo que se olvidara del asunto. Declaró la de-mandante que en ese momento el gerente, en forma que ella consideró brusca e irrespetuosa, le dijo que se fuese a otro banco si no le convenía; que aprendiera a llevar sus talo-narios; que ya él estaba cansado de devolverle cheques sin fondos y que no podía perder el tiempo con ella.

No obstante no haberse acreditado en la cuenta el depósi-to de $166.67 el día 28, sino el día 29 de marzo, el tribunal concluyó que el día 28 la cuenta tenía fondos suficientes para el pago de los dos cheques presentados para el cobro. El tribunal llegó a esta conclusión a base de que el cheque de $166.67, fue depositado el día 28.

Convenimos con el recurrente en que no hubo prueba de la fecha en que el cheque de $100.00 fue devuelto a la Coopera-tiva. Creemos que la prueba no establece que dicho cheque fuese realmente devuelto a la Cooperativa en fecha alguna. T.E. pags. 34-38. La única afirmación en ese sentido es una que hizo la demandante con sólo un movimiento de su cabeza (T.E. pág. 35) la cual, además de ser prueba de referen-cia, conflige con el resto de su declaración (T.E. pág. 36).

No se probó y resulta muy improbable que el cheque fuese rechazado por el banco el día 28, que fuese devuelto a través del procedimiento usual y que fuese cobrado el día 29 por la Cooperativa. Lo que puede deducirse de la evidencia es que el banco, aunque hizo el débito de $5.00, nunca llegó a devolver el cheque aunque lo identificó como partida a ser devuelta, sino que lo retuvo de un día para otro y lo pagó el día 29 cuando la cuenta ya tenía fondos suficientes acredi-tados.

A la luz de los hechos no puede decirse que el crédito de la demandante con la Cooperativa sufriera merma alguna. Todo indica que la Cooperativa nunca recibió el cheque de-vuelto. En adición, la demandante había advertido a la Coope-rativa que su cuenta no tendría fondos hasta el día 28 ó el 29 de marzo y el incidente fue creado por la propia actua-ción de la Cooperativa al depositar el cheque antes de la fecha convenida.

En cuanto a la reclamación por angustias mentales la prueba demostró que era cierto que la demandante había expedido contra esa cuenta una serie de cheques sin fondos. Surge de los estados de cuenta que a la demandante entre octubre de 1966 y agosto de 1968 se le devolvieron 18 cheques por insuficiencia de fondos. En el juicio la demandante admitió que varios de sus cheques habían sido devueltos aun-que dijo que no sabía la razón por la cual se los devolvían.

A la luz de lo anterior concluimos que no habiéndose pro-bado la devolución del cheque no se lastimó indebidamente el crédito de la demandante y que las circunstancias del caso no justifican conceder daños por angustias mentales.

Por lo anterior, se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, en k de octubre de 1970 en este caso, y se declarará sin lugar la demanda en todas sus partes.


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Santos Rodríguez Martínez, acusado y apelante.

      Número: CR-70-125

      Resuelto: 19 de septiembre de 1972

      Rosa Nilda Ponce Cancel, abogada del apelante; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Juan E. Brunet, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto por un tribunal de derecho de asesinato en primer grado y condenado a reclusión perpetua. En apelación señala que el tribunal de instancia erró (1) al admitir en evidencia las manifestaciones extra judiciales del apelante y la confesión posterior hecha al fiscal y (2) al de-clarar culpable al apelante de asesinato en primer grado.

Los hechos pueden resumirse como sigue: El 18 de agosto de 1969 por la tarde, desapareció de su casa en el Barrio Al-mácigo Bajo de Yauco la niña Angelita Pacheco Vélez, de 5 años de edad. No surge de la prueba qué gestiones se hicie-ron ese día en su busca. El día siguiente Santiago Guardiola, Director Local de la Defensa Civil en Yauco, informó el suceso a su jefe inmediato, Ramón Valentín Cruz, Subdirector Regional de la Defensa Civil en Mayagüez.

Ramón Valentín Cruz fue al Barrio Almácigo Bajo el viernes 22 — todavía no había apárecido la niña — y algunas personas en aquel lugar le indicaron que posiblemente el culpable sería Santos Rodríguez Martínez, el apelante. Como a las 6 de la tarde Valentín Cruz, Santiago Guardiola y un detective fueron en un automóvil hasta cerca de la casa del apelante. Todos se bajaron del automóvil, Guardiola vio al apelante con el cual entabló conversación y le presentó a Ramón Valentín Cruz como un funcionario de la Defensa Civil. No había policías presente en esa conversación; sola-mente los dos funcionarios de la Defensa Civil y el apelante. Guardiola le dijo al apelante que todo el mundo decía que él era el más sospechoso y le pidió que le relatase lo que había ocurrido. El apelante le dijo a Guardiola y a Valentín Cruz que él había enterrado a la niña y se ofreció voluntaria-mente a ayudar a encontrarla. Nadie intimidó ni amenazó ni utilizó violencia para con el apelante.

El apelante dirigió a los funcionarios de la Defensa Civil a un cañaveral cercano al hogar de la niña y les señaló un área donde supuestamente la había enterrado. La búsqueda resultó infructuosa. El apelante fue llevado al cuartel de la Policía pero no surge de la evidencia si estuvo o no bajo custodia preventiva esa noche del día 22. Al día siguiente, sábado 23 de agosto, se continuó la búsqueda. El apelante fue llevado al lugar de la búsqueda en un automóvil de la Policía y allí fue retenido. El carro fue estacionado en un camino cerca del hogar de la niña y custodiado por policías para impedir que nadie se le acercara al apelante. Había alrededor de 50 personas buscando a la niña en el área que el apelante dijo que la había enterrado. Entre esas personas se encontraba Rafael Hernández Ramos, agricultor que por más de 20 años había conocido al apelante. Hernández Ramos solicitó permiso de la Policía para acercarse al apelante y preguntarle dónde había enterrado a la niña. Dijo que hacía eso porque “se hacía tarde” y porque pensó que como el apelante había sido su amigo por toda la vida era posible que él le dijese el sitio exacto en donde tenía a la niña enterrada. Le dieron a Hernández Ramos el permiso solicitado y éste luego de saludar al apelante le dijo:

“Mira, Santos, fíjate esta impaciencia, esta inquietud que hay, ya hace seis días que la madre de esa niña no duerme ni come, este, vamos a terminar con ésto, ¿.por qué tú no acabas de decir adonde tienes enterrada esa niña?” T.E. pág. 190.

El apelante le contestó que no sabía el sitio exacto por-que él había estado borracho y no se acordaba adonde era. Mientras el apelante conversaba con Hernández Ramos no había nadie más cerca de ellos. Poco después Binario Fran-ceschini, maestro de obras del Municipio de Yauco y quién se encontraba allí con motivo de haber suplido picos y palas que la Policía había solicitado, previo consentimiento de la Poli-cía, se acercó al apelante y le dio un cigarrillo que éste había pedido. Conversaron. El apelante le relató que él había estado en un estado que ni se acordaba, que había cogido la nena y la nena gritó, que cuando gritó le dio para que no gritara. Le dijo que cuando la nena gritó él le dio un golpe por el lado de la cara, que cuando vio que la nena cayó trató de cavar para enterrarla pero cuando vio que la nena se movió cogió miedo y la dejó y se fue. Franceschini le dijo que podía ser que la nena estuviese viva todavía que tratara de recordar y le señalara el sitio de los hechos. En la conversación el ape-lante señaló hacia determinado lugar. Le dijo a Franceschini que “por Dios mirara a ver si tenían la suerte y la encontra-ban, que esa era su única salvación.” Franceschini llamó a la gente y empezaron a buscar por- el área hacia la cual el ape-lante había señalado. Como a la hora y media encontraron a la niña. Estaba sin vida, en el suelo y vestida, incluso con su ropa interior. No hay evidencia de que la niña fue sexual-mente atacada.

Se determinó que la causa de la muerte de la niña fue la ruptura de la médula espinal, debido a la ruptura de las pri-meras dos vértebras cervicales que unen con el cráneo. Esta lesión fue causada por un golpe.

Al ser descubierto el cadáver el apelante fue llevado a la oficina del Fiscal Felipe Pérez Cruz en Ponce. El fiscal declaró que le tomó al apelante los datos personales, la edad, su estado civil y que entonces el apelante le manifestó que quería confesar. Declaró el fiscal que le hizo las adverten-cias constitucionales, que tenía derecho a estar asistido de un abogado, que si confesaba eso podía utilizarse en su contra, que si no tenía dinero se le llamaría un abogado por cuenta del Estado, que tenía derecho a llamar por teléfono a un familiar y que si declaraba su declaración sería volunta-ria. Como el apelante insistió en su deseo de declarar, enton-ces, continuó declarando el fiscal, él trató de localizar abo-gados por teléfono, que era sábado después del mediodía y que consiguió al Ledo. Clavell. El apelante y el fiscal fueron a la oficina del Ledo. Clavell. El fiscal le explicó al Ledo. Cla-vell el propósito de su visita y éste aceptó e hizo pasar al ape-lante a su oficina. Mientras conversaban el fiscal y la Policía esperaron afuera de la oficina. El fiscal declara que el ape-lante y el Ledo. Clavell conferenciaron en privado por más de quince minutos. Luego de esa entrevista el apelante y el Ledo. Clavell salieron de su oficina y el apelante volvió a expresar al fiscal su deseo de declarar.

En el camino de regreso a la oficina del fiscal, el apelante y el fiscal se encontraron con el Ledo. Iván Ayala. El fiscal lo detuvo, Ayala se bajó de su automóvil, el fiscal le explicó de lo que se trataba y puso a conversar al apelante con el Ledo. Ayala. Oyó que Ayala le hizo al apelante las advertencias legales. Ayala y el apelante conferenciaron como por cinco minutos. El apelante se reiteró en su deseo de declarar. Regresaron a la oficina del fiscal y allí éste tomó la declara-ción jurada del apelante.

En su declaración jurada el apelante expresa que se acercó por la parte de atrás de la casa de la nena y que le hizo señas para que ésta viniera hacia él. El apelante llevaba unos dulces. La niña fue donde el apelante, ambos caminaron por la orilla de una quebrada y al llegar a un cañaveral le dio los dulces a la niña. Luego la acostó y pasó su miembro por encima de los panties de la niña, los cuales cubrían los órganos genitales de ella. La niña se puso a llorar y el ape-lante le dio un puño. Al verla inconsciente la dejó y se fue. Luego de declarar cuando el fiscal le preguntó si deseaba aña-dir algo más el apelante expresó: “Bueno, que ahora me siento mucho más tranquilo.”

La declaración del fiscal y la declaración del apelante son al efecto de que el apelante en ningún momento fue objeto de intimidación o de violencia. El apelante declaró que cuando él se entrevistó con el Ledo. Clavell éste le explicó sobre su derecho a no declarar y le preguntó si le habían pegado o si lo habían amenazado, a lo cual el apelante le contestó que no, que se habían portado bien y que él “tenía que decir ésto para sentirme tranquilo.” No se practicó prueba de defensa.

Como indicamos antes, en apelación el apelante señala los dos errores antes mencionados. En cuanto al primero, mediante el cual impugna la admisión en evidencia de las manifestaciones extra judiciales del apelante y la confesión ante el fiscal, el apelante alega que fue víctima de una pre-sión sicológica y física que hacen que sus manifestaciones a los funcionarios de la Defensa Civil no fuesen voluntarias, y que la confesión prestada ante el fiscal, aunque cumple con las formalidades constitucionales requeridas, fue producto de las anteriores manifestaciones incriminatorias hechas a los funcionarios de la Defensa Civil y que por lo tanto debió haber sido excluida.

Nada encontramos en la prueba que justifique concluir que las manifestaciones del apelante a los funcionarios de la Defensa Civil fueron inducidas por intimidación de clase alguna. El apelante hizo dichas manifestaciones en forma voluntaria, según se las hizo también a su antiguo amigo el testigo Hernández Ramos. Las manifestaciones voluntarias hechas a parientes, amigos o conocidos no tienen que estar precedidas de advertencias legales algunas. Véanse casos en 31 A.L.R.3rd 565, 671-672.

La confesión prestada ante el Fiscal Peréz Cruz se hizo previo el cumplimiento del requisito de hacerle al apelante las advertencias legales requeridas y no hay nada que de-muestre que no fue una confesión voluntaria o que fuese producto de golpes, amenaza o engaño.

En Boulder v. Holman, 394 U.S. 478, 479 (1969), se dijo que la cuestión de si una confesión fue voluntaria o no de-pende de la totalidad de las circunstancias y en ese caso se concluyó que había sido voluntaria. En Beecher v. Alabama, 389 U.S. 35, 38 (1967), la confesión extrajudicial fue obte-nida por la policía en circunstancias que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos llamó coerción crasa. Ya herido el acusado, la policía le ordenó a declarar a punta de pistola. Luego, mientras estaba en el hospital bajo la influencia de sedativos, se le ordenó decir a los investigadores “lo que ellos querían saber.” En esas circunstancias, la confesión no pudo prevalecer. En Darwin v. Connecticut, 391 U.S. 346 (1968), también la situación fue muy distinta al caso de autos. Allí se mantuvo al apelante incomunicado y se le denegaron sus repetidas solicitudes de comunicarse con otras personas. Su abogado hizo sin éxito, durante tres días consecutivos, 25 llamadas telefónicas a la policía para que lo comunicaran con el acusado. En esas circunstancias la policía le extrajo una confesión al acusado la cual, desde luego, resultó inad-misible.

En el caso de autos las circunstancias son muy distintas. El fiscal fue solícito en extremo. Le hizo las advertencias legales, le consiguió un abogado un sábado por la tarde y ante la insistencia del apelante de confesar le procuró una conferencia con un segundo abogado. Estos abogados informaron al apelante de sus derechos y así informado el apelante insistió en declarar.

Los que redactaron las constituciones de Puerto Rico y de los Estados Unidos, ciertamente tuvieron en mente pro-hibir que nadie fuese obligado a incriminarse mediante su propio testimonio, pero no se propusieron prohibir que un delincuente confesase libre y voluntariamente su crimen ha-ciendo así las paces con su conciencia y con la sociedad. Esas dos constituciones tienen como uno de sus objetivos prote-ger la libertad de la conciencia de los seres humanos, no encadenarlas al mal. Dichas constituciones no exigen que una persona que ha llegado a ser delincuente está además obligada a ser mentiroso o perjuro toda su vida. Lo ético es decir la verdad aunque eso resulte amargo. La constitución no está reñida con la ética. Entendemos que el primer error señalado no se cometió.

Mediante el segundo señalamiento se sostiene que el tribunal de instancia erró al declarar culpable al apelante de asesinato, en primer grado. Este error se cometió. No hay duda de que se trata de un asesinato pero la prueba no demuestra que el mismo se llevase a cabo deliberada y premeditadamente. La prueba sí demuestra (llevar los dulces, ir a buscar a la niña a su casa, etc.) que hubo premeditación y deliberación para cometer una violación al Art. 260 del Có-digo Penal, 33 L.P.R.A. see. 966, el cual consiste en cometer actos lascivos con un menor de 14 años. La muerte ocurrió debido al golpe que le dio el .apelante a la niña cuando ésta se puso a llorar, probablemente por miedo. Cuando la niña, ya inconsciente en el suelo, se movió el apelante cogió miedo y huyó. Si hubiese tenido la intención deliberada de matarla allí lo hubiese hecho en vez de huir y dejarla allí, posible-mente con vida.

En vista de la conclusión a que hemos llegado sobre este segundo error, la sentencia dictada en este caso deberá modi-ficarse en el sentido de declarar al apelante culpable de ase-sinato en segundo grado y de imponerle una penalidad de presidio de 12 a 20 años, y así modificada deberá confir-marse.