author: El Juez Asociado SR. HeRNÁndez,

text:
    Hecht v. Hecht et al.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 60.
    Resuelto en abril 5, 1907.
    ApelaciÓN — Escrito de Apelación — Notificación.—Si en las constancias de ' autos apai’eeiere que el escrito de apelación fué presentado en tiempo, y la notificación del mismo, á la parte contraria, fué practicada también en tiempo, y esas constancias no aparecieren desvirtuadas por prueba alguna en contra-rio, no debe desestimarse el recurso por haberse interpuesto fuera de término.
    Citación — Comparecencia de la Parte — Jurisdicción.—La comparecencia volun-taria de una parte es equivalente á su citación personal y entrega de la copia de la demanda, y desde ese momento la corte adquiere jurisdicción sobre las qiartes, quedando sometido á ella todo procedimiento subsiguiente.

      Herederos — Partición de la Herencia — Bienes de la Herencia Situados en País Extranjero — Jurisdicción.—Sometidos los demandados en este caso, á la jurisdicción de la Corte de Distrito de San Juan, su condición, por lo que respecta al procedimiento, queda equiparada á la de los herederos de un ciudadano puertorriqueño fallecido en país extranjero, dejando bienes muebles é inmuebles radicados en esta Isla y en el extranjero; y en estas circunstancias no puede impugnarse la jurisdicción de la corte de distrito para ordenar la liquidación y partición de todos los tienes que constituyen el as hereditario del causante pues los derechos de un heredero no pueden definirse y determinarse teniendo en cuenta únicamente los bienes existentes en Puerto Bico, con exclusión de los que existan en el extranjero, dividiendo así la continencia del negocio, con perjuicio de sus derechos.
    Id.' — Operaciones Testamentarias — Leves del País en que Radiquen Parte de los Bienes. — Es aceptable el criterio de la corte inferior al decretar que existiendo bienes inmuebles de la herencia en país extranjero, en todo lo que sea necesario se aplique, para la práctica de las operaciones testamentarias, las leyes del país en donde dichos bienes están situados, y si tales leyes prohibiesen la adquisición por un extranjero de bienes raíces allí situados ó limitaran la extensión de la adquisición, deben ser respetadas, pues la juris-dicción de los tribunales de un Estado no puede afectar los bienes raíces situados en otro Estado.
    Id. — El principio á que se refiere el párrafo anterior no implica falta de jurisdic-ción en la corte.inferior para ordenar que en la fijación de los derechos de una de las herederas se tenga en cuenta la masa- total de bienes que dejara el causante, pues al proceder así no se dispone que determinados bienes raíces se adjudiquen á la demandante, y no se extiende, por tanto, la acción de tal corte, de un modo concreto, á los bienes situados en el país extranjero, pues la fijación de derechos hereditarios no envuelve necesariamente la pose-sión ó propiedad de determinados bienes, sino la distribución del as heredi-tario del causante, que comprende el conjunto ó universalidad de todos los bienes,relictos por el mismo.
    Id. — Procedimientos de los Tribunales Extranjeros. — Teniendo los Tribunales del país extranjero en que estén situados parte de los bienes de la herencia, jurisdicción propia sobre los mismos, los efectos legales de los procedimientos que ante ellos se sigan, han de ser respectados, no pudiendo los tribunales de Puerto Bico ir contra ellos, siendo en todo caso las partes interesadas las que deben recurrir contra los mismos, ejercitando los derechos que tuvieran en la vía y forma correspondiente.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogados de los apelantes: Sres. Acuña y Méndez.

    Abogado del apelado: Sr. López Landrón.

   El Juez Asociado SR. HeRNÁndez,

emitió la opinión del tribunal. -

Los esposos Don Felipe Hecht, natural de San Juan de Puerto Rico y Doña Elisa Racine, natural del Cantón de Neufchatel, en la República de Suiza, otorgaron testamentos mancomunados en la referida ciudad de San Juan, en los días 25 de agosto de 1860, 22 dé mayo de 1863 y 16 de mayo de 1885, conteniendo el último testamento cláusula derogatoria de los dos anteriores.

En el testamento de 16 de mayo de 1885 declararon los otorgantes -que eran vecinos de la ciudad de Ginebra en la mencionada república y estaban casados, habiendo procreado cuatro hijos, nombrados Teresa, Juan, María y Enriqueta, á quienes instituían por sus únicos y universales herederos; reconoció el Don Felipe como hija natural suya á Doña Margarita Hecht, dejándola por vía de legado de alimentos una pensión de $15 mensualesconfesó á favor de su consorte una aportación matrimonial de 40,0000 francos, procedentes de bienes que heredara de sus difuntos padres; y manifestaron ambos que á la esposa pertenecía una casa situada en la calle de la Fortaleza en esta ciudad, al esposo dos casas, una en la la calle de San Justo y la otra en la ciudad de Ginebra, y á entrambos todos los' demás bienes muebles y créditos que pudieran existir á su fallecimiento.

Don Felipe Hecht falleció en 14 de octubre de 1904 en la ciudad de Ginebra, bajo el testamento otorgado en esta ciudad de San Juan el 16 de mayo de 1885.

Con fecha 22 de marzo de 1905 Doña Margarita Hecht, bajo la dirección de los letrados Don Rafael López Landrón y Don Ricardo Lacosta, presentó ante la Corte de Distrito de San Juan demanda jurada, en la que, además de relatar los hechos expuestos, alegó que los tres testamentos de que se deja hecho mérito, la privaban de la legítima forzosa que le correspondía como hija natural reconocida de Don Felipe Hecht, equiparada por la ley á los herederos legítimos; que dichos testamentos declaraban aportaciones matrimoniales de Doña Elisa Racine absolutamente injustificadas; y que la viuda é hijos legítimos de Don Felipe Hecht, desde la fecha del fallecimiento de éste, se estaban aprovechando de los pro-ductos de los bienes hereditarios, sin darle participación en ellos, ni rendirle cuentas; por lo que se veía en la precisión de-demandarlos judicialmente y suplicaba se dictara sentencia bajo los siguientes pronunciamientos:

Primero. Declaratoria de nulidad de los tres testamentos ya expresados y de cuantas operaciones se hubiesen practi-cado en ejecución de los mismos.

Segundo. Entrega á la demandante de la legítima forzosa establecida en los artículos 904, 905 y 906 del Código Civil vi-gente en 14 de octubre de 1904, en que falleció Don Felipe Heclit.

Tercero. Rendición de cuenta justificada de todos los bienes dejados por Don Felipe Hecht y de sus frutos á partir de la fecha de su muerte.

Cuarto. Liquidación y partición de todos los bienes mue-bles é inmuebles hereditarios, radicados en Suiza y en esta Isla, mediante venta en pública subasta para su más cómoda división.

Quinto. Indemnización á la .demandante de daños y per-juicios y de los gastos y costas causadas.

Los demandados presentaron contestación jurada por sus abogados Acuña y Méndez, alegando que Don Felipe Hecht había otorgado los tres testamentos ya mencionados con todas las formalidades que exigían las leyes vigentes en la fecha de su otorgamiento; que Don Felipe Hecht había fallecido cier-tamente en Ginebra en 14 de octubre de 1904; que la aporta-ción matrimonial de 40,000 francos por Doña Elisa Racine era cierta; y que Don Francisco de Paula Acuña, como apode-rado de los demandados, había celebrado distintas conferen-cias con Don José Julián Ahedo, esposo de la demandante, y en esas conferencias le había manifestado por modo claro y terminante el propósito de los demandados de reconocer á la demandante los derechos legitimarios que como hija natural de Don Felipe Hecht, le concede el actual Código Civil revi-sado, en sustitución de la cuota alimenticia que su padre le señaló en el último testamento.

Como materia de reconvención agregaron los demandados que á Doña Elisa Racine debían serle reconocidos y regulados sus derechos hereditarios con relación á su esposo, de acuerdo con los preceptos del Código Civil revisado, al igual que por los demandados se reconocen á la demandante sus derechos legitimarios, con absoluta abstracción del último testamento y en armonía con la legislación vigente en esta Isla.

En consideración á las alegaciones hechas suplicaron los demandados:

Primero. Que se declare no haber lugar á la nulidad del testamento otorgado por Don Felipe Hecht en 16 de mayo de 1885, derogatorio ele los anteriores, sin perjuicio ele que, al practicarse la partición de sus bienes, se reconozcan á la de-mandante, en su condición de hija natural, los derechos de sucesión legítima, de acuerdo con el Código Civil vigente, en sustitución de la pensión alimenticia señalada en dicho tes-tamento.

Segundo. Que se declare válida y eficaz la aportación matrimonial de 40,000 francos, que en dicho testamento se consigna como hecha por la demandada Doña Teresa Hacine.

Tercero. Que se ordene la rendición de cuentas y entrega de productos con arreglo al haber que corresponda á la de-mandante, pues en ello están conformes los demandados.

Cuarto. Que se proceda á la partición de los bienes que constituyen la herencia, bajo el procedimiento establecido en la Ley de Procedimientos Especiales, aprobada en 9 de marzo del año 1905.

Quinto. Que se ordene que el haber correspondiente á la viuda Doña Elisa Hacine, se fije y liquide con.arreglo al Có-digo Civil vigente.

Sexto. Que se imponga á la demandante las costas del juicio.

Doña Margarita Hecht impugnó la contestación de la de-manda y contestó la reconvención, oponiendo que la firma Acuña y Méndez carecía de instrucciones oportunas para con-fesar, negar ó adicionar, en nombre de los demandados,, los hechos articuladas en la demanda; que los testamentos no habían sido otorgados con arreglo al derecho sustantivo; que siendo nulos los testamentos, Doña Elisa Racine no tiene más dereclios hereditarios que los correspondientes á la sucesión intestada; y que la aportación matrimonial de 40,000 francos por Doña Elisa Racine no era cierta, y había sido hecha con la mira de perjudicar la hija natural reconocida, Doña Margarita Hecht.

Por las razones expuestas, solicitó la demandante fuera desestimado el escrito de contestación á la demanda, como también la reconvención, dictándose sentencia eii los términos solicitados en la demanda.

Los demandados, invocando los artículos 139 y 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, presentaron escrito enmen-dando la contestación á la demanda y la reconvención formu-lada, en el sentido de que lá contestación y la reconvención se limitaran única y exclusivamente en cuanto á sus efectos, á los bienes existentes en Puerto Rico, por carecer de juris-dicción la Corte de San Juan sobre los que radican en Gine-bra ; y como consecuencia de tal enmienda, solicitaron también se entendiera modificada la súplica de la contestación en el sentido de que la participación con que estaban conformes debía contraerse á los bienes existentes en Puerto Rico.

La demandante Doña Margarita Hecht impugnó la anterior enmienda por el fundamento de que los demandados, al contestar la demanda, se habían sometido libre y voluntaria-mente y sin reserva á la jurisdicción dé la Corte de San Juan para el conocimiento y resolución del litigio, en el cual se ventilan la manera y forma de liquidar, la unidad del caudal hereditario de Don Felipe-Hecht, cuya continencia no puede dividirse bajo pretexto de cambio de jurisdicción ya aceptada por ambas partes, sin perjuicio de las cortesías internacio-nales que en su caso deben guardarse; agregando, además, que Don Felipe Hecht, natural de Puerto Rico, no renunció su ciudadanía, que sus hijos todos, también nacidos en esta Isla, la conservan, y que las nupcias, cuyas aportaciones son objeto de liquidación en el pleito fueron celebradas" en Puerto Rico con sujeción á las leyes del país.

La corte ele San Juan, después de celebrado el juicio, pro-nunció sentencia en 31 de marzo de 1906, la que, copiada á la letra dice así:

“Sentencia. — El día diez y ocbo de diciembre de mil novecientos cinco y en corte abierta, se llamó este pleito parala vista por su orden de señalamiento, y comparecieron ambas partes y anunciaron que se encontraban listas para juicio.
‘ ‘ Acto seguido, demandante y demandado hicieron sus alegaciones, y por el mismo orden propusieron y practicaron sus pruebas é infor-maron oralmente.
“Y la corte, oídas las alegaciones, las pruébas y los informes, dictó sentencia con los siguientes pronunciamientos: »
“Primero. No haber lugar á declarar la nulidad de los testamentos otorgados por Felipe Heeht en veinte y. cinco de agosto de 1860 y veinte y dos de mayo de 1863 ante los Notarios Camuñas y Giménez, respectivamente, por ser absolutamente innecesaria tal declaración, dado que el mismo testador las revocó y anuló expresamente por su otro testamento de diez y seis de mayo de 1885, otorgado ante el No-tario Guerra.
“Segundo. No haber lugar de igual modo á declarar la nulidad del dicho testamento de diez y seis de mayo de 1885, otorgado ante el Notario Guerra, dado que la corte ha podido apreciar, á virtud de la prueba practicada, la certeza de la aportación matrimonial de cuarenta mil francos, hecha por la consorte del testador Felipe Iiecht. Y tal testamento deberá cumplirse, armonizando sus cláusulas con el derecho vigente á la muerte del testador, ó sea allá por el día catorce de octubre de mil novecientos cuatro, y
“Tercero. Haber lugar á condenar, como condena, á los deman-dados, ó sea Elisa Racine y Teresa, Juana, María y Enriqueta Heeht y Racine, á que, reconociendo el carácter de heredera forzosa que ostenta la demandante, como hija natural reconocida, de acuerdo con la Ley Civil vigente en 14 de octubre de 1904, que se aplicará también para todos los demás coherederos, y previo inventario, avalúo, parti-ción y adjudicación de todos los bienes de la herencia, le entregue la parte que le corresponda, debiendo, además, rendirle cuenta detallada y comprobada del movimiento del caudal hereditario á partir de la fe-cha de la muerte del testador hasta la fecha en que quede terminado el caso, con entrega de la parte proporcional de frutos que le correspon-dan. Y como en el presente caso existen bienes inmuebles pertenecien-tes á la herencia radicada en el país extranjero, en todo lo que sea nece-sario, se aplicarán las leyes del país en donde dichos bienes están sites.
“Y como gran parte de lo pedido en la demanda se niega- en la sentencia, y como á lo concedido en la sentencia en cierto modo se ha allanado la parte demandada, la corte resuelve que cada parte pague1 sus propias costas en este caso.
“Y líbrese ejecución para cumplir esta sentencia, que se regis-trará en el libro de sentencias de esta corte.
“Pronunciada en corte abierta hoy treinta de marzo de mil nove-cientos seis.
‘ ‘ Registrada hoy treinta y uno de marzo de mil novecientos seis. ’ ’’

La representación .de los demandados interesó la celebra-ción de un nuevo juicio, bajo moción fundada en que la sen-tencia definitiva pronunciada es contraria á la ley, y después de discutida dicha moción, fué declarada sin lugar por orden de 31 de mayo de 1906.

Contra esa orden interpuso apelación la representación de los demandados, sin que contra la sentencia interpusiera igual recurso, siendo de notar que la representación de la parte ape-lante en su alegato escrito ante esta corte, solicita se declare con lugar el recurso, anulando la sentencia apelada en cuanto al particular de la misma que la extiende á los bienes radicados en Ginebra, y declarándola limitada en sus efectos solamente á los bienes sitos en esta Isla, mientras que la pai'te apelada interesa se rechace de plano la apelación por no haber venido en forma, y en su defecto, se confirme en todas sus partes la sentencia apelada.

Ante todo debemos traer á consideración la cuestión pre-via propuesta por la representación de ja parte apelada, al solicitar en primer término que se rechace de plano la apela-ción por no haber venido en forma, á cuyo fin alega que el recurso de apelación interpuesto por los demandados contra la resolución de 31 de mayo de mil novecientos seis, denega-toria de nuevo juicio, no se ejercitó dentro del término de diez días señalados por el caso tercero del artículo 295 del Código cíe Enjuiciamiento Civil, pues dicho recurso no se notificó á la parte demandante hasta el día quince de junio siguiente, cuando ya aquel término había transcurrido, y ade-más, ha sido abandonado, toda vez que en el alegato estable-ciendo los fundamentos de la apelación, el abogado de los demandados nada arguye contra la providencia denegatoria de nuevo juicio, sino contra la sentencia final pronunciada.

5 Del récord aparece que el escrito interponiendo recurso de apelación contra la resolución de treinta y uno de mayo de mil novecientos seis, fué registrado en la secretaría de la corte de San Juan el día 9 de junio siguiente, y contra la manifestación hecha por la parte apelada de no haber sido notificada del recurso hasta el 15 de junio citado, obra tam-bién en el récord la declaración jurada del letrado de la parte apelante Don Eduardo Acuña, expresiva de que en el propio día, 9 de junio, envió al letrado Don Rafael López Landrón copia del escrito de apelación por medio de un mensajero, habiendo éste entregado la referida copia á una señora, con encargo de que la hiciera llegar á manos del destinatario, por encontrarse, á la sazón, ausente en Gfuayama y no estar en su despacho el. escribiente auxiliar del mismo, García de Que-veclo, á quien en el mismo día informó de lo ocurrido, supli-cándole recogiera la copia expresada y suscribiese en el original presentado ya en secretaría la constancia de su re-cibo, lo que ofreció hacer García de Queveclo, no obstante, lo cual reiteró copia del escrito el día 15 del repetido junio al Sr. López Landrón, por haber recibido aviso telefónico de no encontrarse en su oficina la copia de referencia.

En vista de esa declaración jurada, no desvirtuada por prueba alguna en contrario, y de que el escrito de apelación fué registrado en secretaría el día 9 de junio de mil novecien-tos seis, somos de opinión que no cabe desestimar el recurso por haberse* interpuesto fuera de término. Tampoco cabe estimarlo abandonado, según pretende la parte apelada, pues si bien las razones consignadas en el alegato, van encaminadas á obtener la revocación de la sentencia final, contra la que no se interpuso recurso de apelación, esas mismas razones fueron expuestas en apoyo de la solicitud de la celebración de nuevo juicio, y la sentencia habría de ser forzosamente revocada, si por esta corte se accediera á dicha solicitud.

La representación de los demandados, hoy apelantes, soli-citó la celebración de un nuevo juicio, por estimar contrario á derecho el tercer pronunciamiento de la sentencia en la parte relativa á que los demandados, previo inventario, ava-lúo, partición y adjudicación de todos los bienes de la herencia de Don Felipe Hecht, entreguen á la demandante la porción que le corresponda como heredera foi'zosa del finado, por entender que formando parte de dicha herencia bienes, tanto muebles como inmuebles, radicados en país extranjero, y es-tando sujeta parte de dichos bienes á un expediente sobre venta judicial, del que conoce con jurisdicción propia un tribunal civil de Ginebra, la corte de San Juan ha incurrido en error de derecho al atribuirse jurisdicción sobre tales bienes, cuya jurisdicción, según se alega, le fue negada específica-mente por la parte demandada, y tampoco podía ser adquirida por sumisión expresa ó tácita.

Ignoramos, pues no consta en el récord, la forma en que se verificó la citación de los demandados para el juicio; pero la comparecencia voluntaria de los mismos, por medio de los abogados Acuña y Méndez, es equivalente á la diligencia de su situación personal y entrega de la copia de la demanda, y desde ese momento la corte de San Juan adquirió jurisdicción sobre las partes y quedó sometido á dicha corte todo procedi-miento subsiguiente, según el artículo 98 del Código de Enjui-ciamiento Civil, que textualmente dice así:

“Artículo 98. — Desde la, entrega de la citación y de la copia de la demanda en un pleito civil en los casos en que se requiera la entrega de una copia de la demanda, ó desde que hubiere expirado el término de la publicación, cuando se ordenare la citación por publicación, se considerará que la corte ha adquirido jurisdicción sobre las partes y que ha quedado sometido á dicha corte todo procedimiento subsi-guiente.
“La comparecencia voluntaria de un demandado es equivalente á la diligencia de su citación personal y entrega de la copia de la demanda. ’ ’

Sometidos los demandados á la jurisdicción de la corte de San Juan, sn condición en el orden del procedimiento debe equipararse á la de los herederos de un ciudadano puertorri-queño, que como Don Felipe Hecht hubiera fallecido en país extranjero, dejando bienes muebles é inmuebles radicados en esta Isla y en el extranjero, y por esa analogía de condición parécenos que la cuestión propuesta en el escrito de enmienda á la contestación de la demanda y en la moción de nuevo juicio, alegando falta de jurisdicción en la corte de San Juan para extender los efectos legales de su sentencia á bienes radicados en Suiza, debe' resolverse como si se tratara de la participa-ción de herencia de un puertorriqueño fallecido eñ país extranjero con bienes allí y en esta Isla; y así como no podría sostenerse que la acción de partición de herencia contra los herederos de un ciudadano puertorriqueño, es improcedente cuando éste ha dejado bienes en el país y en el extranjero, tampoco cabe afirmar que dicha acción en el caso presente no es viable, por haber dejado Don Felipe Hecht bienes en Suiza y en Puerto Rico.

El haber hereditario, sean cuales fueren los elementos que lo integren, constituye una sola masa, y no puede liqui-darse y partirse, incluyendo en esas operaciones unos bienes y excluyendo otros. Los derechos que sobre esa masa asistan á la demandante Doña Margarita Hecht no pueden definirse y determinarse, teniendo en cuenta únicamente los bienes hereditarios existentes en Puerto Rico, con exclusión de los que existan en el extranjero, pues se dividiría así la continen-cia del negocio con perjuicio de sus derechos.

No se ha. traído al juicio prueba alguna sobre la legislación vigente en Suiza, sobre la transmisión por herencia á extran-jeros de bienes allí existentes, ni de los procedimientos que allí se siguen ó deben seguirse sobre dichos bienes en casos como el presente; pero esa omisión, sea cual fuere su trascen-dencia, no puede perjudicar la integridad de los derechos que asistan á Doña Margarita Hecht sobre los bienes de su difunto padre.

Nos parece aceptable el temperamento que ya la Corte de Distrito ele San Juan lia indicado en sil sentencia de que exis-tiendo bienes inmuebles, pertenecientes á la herencia radica-dos en país extranjero, en todo lo que sea1 necesario se aplique para la práctica de las operaciones testamentarias las leyes del país en donde dichos bienes están situados. Si las Leyes de Suiza proliiben la adquisición por un extranjero de bienes raíces allí' situados, ó limita la extensión ele la adquisición, hablamos en mera hipótesis, tales leyes deben ser respetadas, por ser principio general de derecho internacional privado1, basado^ en el concepto de soberanía de un estado, sea cual fuere éste, que la jurisdicción de los tribunales de otro Esta-do no puede afectar los bienes raíces en aquél situados. 'Em-pero, ese principio no arguye falta de jurisdicción en la corte sentenciadora para ordenar que en la fijación de los derechos hereditarios de Doña Margarita Hecht se tenga en cuenta la masa total de bienes que dejara su difunto padre, pues al pro-ceder así no dispone que determinados bienes raíces se adjudi-quen -á la demandante, y no extiende, por tanto, su acción de un modo concreto á bienes situados en país extranjero. En el presente caso no se trata de la posesión ó propiedad de bienes raíces ó inmuebles, sino de la distribución del as hereditario de Don Felipe Hecht, que comprende el conjunto ó universa-lidad de todos los bienes relictos por el mismo.

Aun más, como en el juicio se ha justificado que por con-ducto del Sr. Consul de Alemania en esta ciudad, fueron reci-bidos dos pliegos para citar á Don Julián Ahedo, en represen-tación de su esposa la demandante, á fin de que compareciera ante el tribunal civil de Ginebra en expediente sobre venta de bienes pertenecientes al finado Don Felipe Hecht, opinamos que, teniendo como tiene dicho tribunal jurisdicción propia, que no puede ser entorpecida ó limitada por acción de tribu-nales extranjeros, los efectos legales de los procedimientos que haya seguido ó esté siguiendo sobre bienes inmuebles ó muebles de Don Felipe Hecht, deben ser respetados, y, por tanto, los tribunales de Puerto Bico no pueden ir contra ellos, siendo Doña Margarita Heclit la que si se creyere agraviada podrá ejercitar en forma adecuada ante tribunal competente los derechos de que se crea asistida.-

Y no se entienda que con- semejante doctrina se cercenan los derechos hereditarios de Doña Margarita Hecht,'pues los demandados por el tercer' pronunciamiento de la sentencia, que en esa parte, no ha sido impugnado, están-obligados á ren-dirle cuenta detallada y comprobada del-movimiento del caudal hereditario y, en su consecuencia, de los bienes sujetos á procedimientos seguidos ante el tribunal.civil de Ginebra.

Por las razones expuestás, entendemos'que procede lá con-firmación del auto apelado y, en su consecuencia, debe quedar subsistente la sentencia pronunciada en el juicio, con la adi-ción de que las resoluciones dictadas ó que se dicten en proce-dimientos judiciales seguidos én el Cantón de Ginebra sobre bienes muebles ó inmuebles de Don Felipe 'Hecht allí exis-tentes, no pueden ser afectados por dicha sentencia, sin per-juicio del derecho que asista á las partes interesadas para impugnarlas ante jurisdicción competente, con las costas en la forma ordinaria. s

Resvelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez PrestdeNte Su. Quiñones,

license: Public Domain

text:
    Sosa v. The American Railroad Co. of Porto Rico.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Aguadilla.
    No. 68.
    Resuelto en abril 8, 1907.
    Apelación — Providencias 6 Resoluciones de Carácter Interlocutcrio — Ex-cepción. — Aunque, según el artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Civil, en la apelación contra una sentenc-a, la corte de apelación puede revisar, además de la resolución apelada, cualquiera otra providencia ó resolución in-terlocutoria que íeuna las condiciones que el mismo artículo exige, esto se entiende, cuando se ha tomado excepción contra la resolución impugnada, pues en caso contrario quedará consentida la resolución y no podrá ser materia de la apelación.'
    Accidentes del Trabajo — Daños y Perjuicios' — Incumplimiento de Contra-to. — Las disposiciones del artículo 6 de la ley relativa á la responsabilidad de los patronos por accidentes que sufran sus empleados, son aplicables, á los. casos en que ia acción ejercitada tiene por objeto exigir al patrono la res-ponsabilidad que le impone la ley por lesiones ó por muerte del empleado, pero no es de aplicación cuando la responsabilidad exigida procede de otra causa distinta, como el incumplimiento de un contrato celebrado con el patrón.
    Id. — Causa de Acción. — En el caso de autos el demandante funda su acción en el incumplimiento, por parte del patrón, de un contrato que celebrara con éste,, por el que el último se comprometió á conservar al primero en su servicio, siempre que no le reclamara la indemnización que la ley establece por acci-dentes que sufriera el demandante. Se resolvió que las disposiciones de la Sección 6 de la ley sobre accidentes del trabajo no tienen aplicación á este caso, y que su falta de cumplimiento no puede dar lugar á la excepción de falta de causa de acción.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Vázquez (Lino).

    La parte apelada no compareció.
   El Juez PrestdeNte Su. Quiñones,

emitió la opinión del tribunal.

En 24 de marzo de 1906, Juan- R. Sosa, en representación de sn hijo, menor de edad, Miguel Elias Sosa y Cajigas, y por conducto de su abogado Don Lino Vázquez, dedujo demanda ante el Tribunal de Distrito del Distrito Judicial de Águadilla contra la Compañía Americana de Ferrocarriles de Puerto Rico, sobre indemnización de daños y perjuicios, por falta de cumplimiento de un contrato; fundando la demanda en los siguientes hechos:

“Io. El día primero de octubre de 1905 el sub-direetor de dicha compañía, Don Jorge Servajean, que es también el encargado de los trabajos que se realizan entre aquella ciudad y Camuy, como repre-sentante de dicha compañía, convino con el demandante y su señor padre, en consideración á que no se interpusiera demanda por daños y perjuicios contra la compañía, ahora demandada, por la pérdida de tres dedos que sufrió de su mano izquierda, trabajando al servicio de dicha compañía, en que el demandante sería empleado de la compañía mientras quisiera, según aquel contrato verbal.
“2o. El día Io. de octubre de 1905, dicho demandante entró al servicio de la compañía demandada, bajo dicho contrato; y siempre, hasta el 15 de febrero, ha estado en su servicio, y siempre dispuesto á continuar en él.
“3o. Que el día 15 de febrero de 1906, la compañía demandada, por medio de dicho Servajean, sin motivo, quitó del trabajo al deman-dante y rehuzó que siguiera á su servicio en la forma convenida, á pesar del ofrecimiento del demandante para seguir prestando tales servicios; y aquel acto ha causado perjuicios al demandante, por la suma de 1,000 dollars.
“Por cuyos fundamentos concluyó suplicando á la corte que, te-niendo por presentada esta demanda, se sirviera dar traslado de ella á Don A. Duval, de San Juan, P. R., director de la misma, emplazán-dole por veinte días para su contestación y en su día dictar un fallo favorable al demandante, condenando á la compañía demandada al pago de los mil dollars Como indemnización de los daños y perjuicios que se le habían ocasionado, y en compensación de sus sufrimientos físicos y morales, y el pago de las costas.'’

En 27 de marzo del mismo año fué notificada de la de-manda la compañía demandada, en la persona de su director, el Sr. A. Duval, como representante de dicha compañía, en su oficina, situada en esta ciudad de San Juan, con copia de la demanda y de la cédula de emplazamiento, que contenía la advertencia de que, no compareciendo á contestar dicha de-manda dentro del término de 20 días, el demandante podría obtener un fallo favorable por la cantidad de 1,000 dollars, de acuerdo con la súplica de la demanda.

En 17 del siguiente mes de abril, como no hubiera con-testado la demanda la compañía demandada, solicitó el de-mandante por escrito dirigido al secretario del tribunal, se registrara la rebeldía de dicha compañía demandanda, y así Jo verificó el secretário el mismo día 17 de abril.

En 20 del mismo mes presentó la compañía demandada su escrito de contestación, negando el hecho primero fundamental de la demanda, en cuanto en él se expone que el subdirector de dicha compañía, Mr. J. Servajean, convino con el deman-dante en darle trabajo mientras quisiera, en' consideración á que el expresado demandante no interpusiera demanda contra la compañía, por haber sufrido la pérdida de tres dedos, tra-bajando al servicio de la misma; que si el demandante sufrió la pérdida de tres dedos, recibió dicha lesión fuera del servi-cio de la compañía y por la propia temeridad y negligencia del demandante y que éste salió del servicio de la compañía, porque el. demandante no respondía al objeto del servicio á que se le había destinado, por lo que suplicaba á la corte decla-rara sin lugar la demanda con las costas al demandante; y como el secretario se negara á admitir dicho escrito, por es-:tar ya anotada la rebeldía, presentó entonces la compañía demandada una moción'á la Corte para'que se dejara sin .efecto la rebeldía y se le admitiera la contestación por el fun-damento de que, habiendo. presentado la compañía deman-dada, durante el período del emplazamiento, una petición solicitando el traslado del pleito á la corte de los Estados Uni-dos en Puerto Rico, la cual no había sido sometida á discusión ni á la decisión de la corté, había desistido de ella, y presen-tado su escrito de contéstación estando en tiempo, toda vez due aún no se había discutido ni resuelto la petición de tras-lado, y porque aún se estaba dentro del período del emplaza-üiiento, descontando los días feriados; que esto, no obstante, el secretario no había admitido dicha contestación, porque no había sido presentada en tiempo, anotando en cambio la re-beldía del demandado; y que en bien de la justicia y de acuerdo con el .artículo 140 del Código de Enjuiciamiento Civil, se sirviera la corte dejar sin efecto la rebeldía anotada por el secretario, ordenándole recibir la contestación que le había sido presentada y de la cual había recibido la correspon-diente copia la parte demandante, á cuya moción dictó la corte la resolución siguiente:

“Después de haber oído la moción de la parte demandada, en soli-citud de que se deje sin efecto la rebeldía anotada por el secretario y que se admita la contestación á la demanda, después de haber oído en oposición á la parte demandante. Después de examinar todos les ante-cedentes de este caso, y la petición que hizo el Abogado Dexter á nom-bre de The American Railroad Co. of Porto Rico, para gestionar el traslado á otra corte de dicbo asunto, petición que hizo dentro del término del emplazamiento y que no se discutió, porque no se hizo en forma legal, en corte abierta, por moción ú otra forma, con noti-ficación de las partes. Después de apreciar en su discreción la corte, que debe ser oída en defensa The American Railroad Co. of Porto Rico. Ordena: que se deje sin efecto la rebeldía anotada por el secre-tario y sea admitida la contestación á la demanda, mientras otra cosa se orclene por la corte, á virtud de orden posterior, debiendo pagar las costas las dos partes por mitad, ó sea entre demandante y deman-dado.” ' 1

Enmendada la demanda con autorización de la corte y con-formidad de la otra parte, en el sentido de que el verdadero nombre del demandante era Miguel Elias Sosa y Cajigas, y no Miguel Amelio Sosa y Cajigas, como aparece en la de-manda, se celebró el juicio y se recibieron las pruebas, y en este estado se presentó por el abogado de la compañía -deman-dada Sr. Franco Soto, en 4 de junio, la siguiente moción:

“La compañía, por su abogado respetuosamente expone: que la demanda no aduce hechos suficientes para determinar una causa de acción. Esta excepción se funda en que no se ha cumplido por id demandante con la sección 6a. de la ley relativa á la responsabilidad de los patronos por accidentes que en- sus servicios sufran sus emplea-dos, aprobada en 1°. de marzo de 1901. Por tanto, suplico á la corte, se sirva desestimar la demanda con las costas al demandante.”

A esta moción dictó la corte en 5 de junio la resolución siguiente:

“Resolviendo la moción presentada por el Sr. Franco Soto, en el día de ayer, la corte dicta la siguiente orden: Después de haber oído la moción por escrito presentada por ‘The American Railroad Co. of Porto Rico,’ una vez terminada toda la prueba en el juicio; los argumentos-aducidos y en oposición á la parte demandante. Después de leer el alegato de la demanda y el de la contestación. La corte es de opinión, que la ley y los hechos están con la parte demandada, y, en su consecuencia, declara con lugar la excepción aducida, con las costas á Miguel Elias Sosa y que el abogado extienda la orden.”

Extendida ésta en el mismo sentido, ó sea declarada con lngar la excepción aducida, y desestimando la demanda con las costas al demandante, tomó excepción contra ella el abo-gado de la parte demandante.

Contra esta resolución apeló la representación del deman-dante, y presentado el récord en esta superioridad, con una exposición del caso, aprobada por el juez con las enmiendas propuestas por la parte apelada y presentado el alegato del apelante se señaló día para la vista, la que se celebró con asis-tencia sólo del abogado de la misma parte apelante.

Solicita ésta en. su alegato, en primer término, que se revoque la resolución dictada por la Corte de Distrito de Aguadilla en 22 de abril del. año próximo pasado, por la que se dejó sin efecto la rebeldía de la compañía demandada, y se le admitió el escrito de contestación á la demanda, presen-tado días después de acusada la rebeldía, y de haberla regis-trado el secretario de dicha corte de distrito. Empero, sobre este particular, nada puede hacer esta Corte Suprema, porque si bien el artículo 305 del Código de Enjuiciamiento Civil, per-mite que en la apelación de una sentencia, la Corte de apela-ción pueda revisar la resolución apelada, y cualquiera otra providencia ó resolución interlocutoria, que reúna las condi-ciones que el mismo artículo requiere; esto se entiende, cuan-do se ha tomado excepción contra la resolución impugnada, como lo exige el mismo artículo que acabamos de citar, y en el presente caso no hay en el récord la más mínima constan-cia de que por el apelante se hubiera tomado excepción contra aquella resolución de la corte, por lo que quedó ésta consen-tida y, por consiguiente, no puede ser materia de la presente apelación.

No sucede así respecto de la otra resolución de 5 de junio del mismo año, que es la apelada, y cuya revocación interesa también la parte apelante en su alegato.

Por esta resolución,' declaró la Corte de Distrito de Agua-dilla con lugar la excepción propuesta por la compañía deman-dada, de que la demanda no aducía hechos suficientes para determinar tina causa de acción, por no haber cumplido el demandante lo prevenido por la sección sexta de la ley apro-bada en marzo 1 de 1901,, sobre responsabilidad de los pa-tronos para con sus empleados ú operarios por accidentes del trabajo en los casos qne dicha ley determina.

Contra esta resolución de 5 de junio, tomó excepción el abogado de la parte apelante, en el acto mismo en que fue publicada por el juez de la corte de distrito, y está por con-siguiente en perfecta actitud para combatirla.

Ciertamente que la ley de que hace mérito la resolución apelada, dispone en su sección 6a. “que ningún recurso de in-demnización por lesión corporal, ó por muerte,.acaecida en los casos que previene la sección Ia. de dicha ley podrá sostenerse si no se da aviso al patrono, del momento, lugar y causa de la lesión, dentro de los 30 días á cofitar desde la fecha en que acaeció, ó si el recurso no se establece dentro de -los seis meses posteriores á dicho lesión”; pero esto se extiende, cuando la acción deducida en la demanda tiene por objeto exigir al pa-trono la responsabilidad que le impone la ley, por las lesio-nes, ó por la muerte del empleado ocurrida con motivo de cualquiera de los. accidentes del trabajo á que la misma ley se refiere; pero no cuando la responsabilidad que se le exige pro-cede de otra causa distinta, como sucede en el presente caso, en el que de lo que se trata es de la indemnización de perjui-cios por la falta de cumplimiento de un contrato celebrado con el patrono, y según el cual se había obligado éste á continuar ocupando en sus servicios á un operario que había quedado inútil de una mano á consecuencia de un accidente fortuito que le ocurrió en el trabajo á que estaba destinado, siempre que el operario no le reclamara la indemnización que la ley esta-blece por el daño sufrido, y á cuya obligación se dice que faltó el patrono, despidiendo de su servicio al operario, sin razón ni motivo que lo justificara, y de cuya falta de cumplimiento se alega por el demandante que se le han ocasionado perjuicios que estima en la suma de 1,000 dollars.

En este caso, parece claro qne el precepto qne contiene la ■sección 6a. de la ley en qne se fnnda la resolución de' la Corte de Distrito de Aguadilla, no es aplicable, y, por consiguiente, qne su falta de cumplimiento no puede servir de motivo para fundar la excepción previa de no haberse aducido en la deman-da hechos suficientes para determinar una causa de acción que el juez de la corte de Aguadilla por su resolución de 5 de junio, ha estimado pertinente en el presente caso.

Entendemos, pues,' que esta resolución, que como digimos antes, fué excepcionada oportunamente por la parte apelante y que constituye el objeto de la presente apelación, debe ser revocada, y que en este estado, de acuerdo con lo determinado por la sección 2a. de lá Ley de la Asamblea Legislativa de esta Isla, de marzo 8 de 1906, enmendando los artículos 43 y 306 del Código de Enjuiciamiento Civil, correspondería que esta corte procediera á pronunciar la sentencia que debió haber dictado el tribunal inferior; pero como por otra parte, esa misma sección de la ley citada, exceptúa los casos en que fuere necesario aclarar determinados' puntos de hecho, ó que la indemnización que hubiera de fijarse, ó materia sobre la cual hubiera que decretarse, fuere dudosa, en cualquiera de los cuales deberá devolverse la causa para su revisión al tribunal inferior; encontrándose precisamente comprendido én algunos de esos casos el que nos ocupa, por no haberse traído al juicio los elementos de prueba necesarios para apreciar la cuantía de la indemnización de perjuicios que se reclama en la demanda, para el caso de que ésta pudiera ser estimada con lugar en de-finitiva, por todas estas consideraciones, esta Corte entiende, que debe revocarse la resolución- apelada de 5 de junio último, y devolverse la causa al tribunal inferior para su revisión, en el sentido que estime más procedente con arreglo á derecho.

■Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Higueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Hernández

text:
    Caneja v. El Pueblo
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Jnan.
    No. 42.
    Resuelto en abril 10, 1907.
    Contribuciones — Tasación de la Propiedad — Decisión de la Junta de Revi-sión é Igualamiento. — Las disposiciones del artículo 310 del Codigo Po-lítico, estableciendo que las decisiones de la Junta de Revisión é Igualamiento, creada por disposición del artículo 308 del mismo Código, en todos los asun-tos que le iueren presentados á su consideración y resolución, serán firmes, no han sido derogados por la Ley de marzo 10, 1904, que enmendó1 el artículo 314 de dieno Código, pues las enmiendas introducidas por dicha ley no envuelven la concesión de recurso alguno para ante la jurisdicción ordinaria contra los acuerdos de la junta de revisión.
    Id. — Errores Manifiestos en las Planillas — Error de Tasación. — Contra los errores manifiestos que ocurran en las planillas puede que quepa algún recur-so, cuando el Tesorero se niegue á hacer la debida corrección, pero tales erro-res pueden cometerse en el nombre del propietario de la finca, en la cabida de ésta, término en que esté situada y aún en el mismo valor que se le haya dado, y pueden resultar de las planillas mismas ó de su examen en relación con los documentos concernientes á la finca de que se trate, como las declaraciones de los propietarios, las valoraciones del tasador y el acuerdo de la Junta de Revi-s;ón, pero no pueden estimarse errores manifiestos los que exigen comproba-ción, como error por parte de la junta al fijar la valoración.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Morera.

    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. Hernández

emitió la opinión del tribunal.

Siendo dueño Don Marcos Tomás Caneja de una estancia compuesta de 497 cnerdas en el barrio de Pueblo Viejo del término municipal de Bayamón, fné valorada con algunos inmuebles que comprendía por perito tasador del Departa-mento de Tesorería, en la suma de veinte mil setecientos dollars para los efectos de la contribución en el año económico de mil novecientos cuatro á mil novecientos cinco; pero la Junta de Bevisión y Nivelación á la que recurrió Cáneja en apelación contra la valoración ante dicha, en sesión corres-: pondiente al expresado año fiscal, rebajó la valoración en la forma siguiente: cien cnerdas de malojillo, en ocho mil dollars; setenta cuerdas de pasto, en dos mil quinientos dollars; treinta cuerdas más de pasto, en seiscientos dollars; doscientas cuarenta y siete cuerdas de monte en trescientos dollars; cincuenta cuerdas de terreno de primera y segunda clase, propio para caña, en tres mil dollars; una casa en mil quinientos dollars; otra casa, en mil dollars; otra casa, en cien dollars; y un pozo en trescientos dollars, cuyas partidas dan el total de diez y siete mil trescientos dollars.

No conforme el recurrente con la antedicha rebaja, pre-sentó demanda ante la Corte de Distrito de San Juan en 26 de septiembre de 1904 contra el Pueblo de Puerto Pico, y des-pués de hacer varias alegaciones tendentes á demostrar que' la valoración era excesiva por estar viciada de error en la apreciación de la calidad de los terrenos, concluyó con la súpli-ca de que en su día se revocara por sentencia el acuerdo de la Junta de Eevisión, declarando que la finca de que se trata con sus anexos solo vale Nuco mil seiscientos noventa y seis pesos cincuenta y cuatro centavos, y condenando al demanda-do á devolver las cantidades que hubiere cobrado de más sobre la valoración indicada, con los intereses legales corres-pondientes y las costas.

El fiscal de la referida corte en representación del Pueblo de Puerto Eico alegó en su contestación que era válida y justa la valoración de la Junta de Eevisión y solicitó fuera .declarada sin lugar la demanda con .las costas á la parte ac-tora.

Celebrado el .juicio, la corte inferior, en vista de las ale-gaciones, pruebas é informes de las partes, estimó que los hechos y la ley están en favor del demandado, y en su virtud por sentencia de 5 de febrero de 1906 declaró sin lugar la demanda con las costas al demandante.

Esa sentencia fué apelada por la representación de Don Marcos Tomás Caneja que sostuvo el recurso por error en la apreciación de las pruebas, mientras que la representación del Pueblo de Puerto Eico lo impugnó, alegando entre otras razones atinentes al fondo de la cuestión debatida, la de que la Corte de.Distrito de San Juan carecía de jurisdicción para conocer del caso.

Consideremos esa excepción, que debe calificarse de pre-via, y al efecto traigamos á examen los preceptos legales que guardan relación con ella, ó sean los artículos 308, 310 y 314 del Código Político de Puerto Eico, enmendado el 314 por la Ley de la Asamblea Legislativa aprobada en 10 de marzo de 1904, titulada £ ‘ Ley para enmendar el título noveno del Código Político y para otros fines.”

Por el primero de dichos artículos se creó una Junta Per-manente de Eevisión é Igualamiento que se compondría del Tesorero de Puerto Eico, el Secretario, el Comisionado del Interior y otras dos personas, ciudadanos de Puerto Eico, versadas en asuntos relativos al valor de la propiedad en Puerto Eico, cuya junta habría de resolver todas las reclama-ciones que presentaran los contribuyentes con referencia á la tasación de sus propiedades.

El artículo 310, entre otros particulares concernientes á las funciones de dicha junta, establece.que su decisión en todo asunto que le sea presentado será firme, y que para cumplir sus deberes puede aquélla examinar, bajo juramento ó afirma-ción á cualquier persona ó personas que puedan tener cono-cimiento ó informes respecto del valor de la propiedad su-jeta á tasación.

El artículo 314, tal como ha sido enmendado por la ley ya citada de. 10 de marzo de 1904, dispone que las planillas que contienen las tasaciones, cuando hayan sido debidamente exa-minadas, comprobadas, corregidas y revisadas de acuerdo con la ley, y encuadernadas por el Tesorero se presumirán definitivamente válidas por todas las cortes’y,tribunales, no alterándose ni desestimándose, excepto por vía de • corrección de errores manifiestos.

Atendida la organización de la Junta de Revisión é Iguala-miento en la forma dispuesta por el artículo 308, sus resolu-ciones en materia concerniente á la valoración de la propiedad,, han de ofrecer más garantías de acierto que las de un tribunal de derecho,-unipersonal ó colegiado, cuyos miembros no nece-sitan estar versados en asuntos relativos al valor de la pro-piedad de Puerto Rico, como sucede con dos de los que han de componer dicha Junta.

Además, la Junta de Revisión oye á los agraviados y ad-mite' pruebas para el mejor desempeño de sus funciones, y esas pruebas con las ilustraciones que puedan dar á la junta sus dos miembros versados en asuntos relativos al valor de la propiedad son desconocidas por el juez ó tribunal de dere-cho ante quien se recurra contra resolución de la junta, resolu-ción que podría ser revocada, en virtud de pruebas distintas y aun contrarias á la que le sirvieron de fundamento, pues no es lógico suponer que la parte recurrente utilizara, ante el tribunal de derecho, pruebas que le fueron adversas ante la Junta de Revisión, máxime si se atiende á la facilidad de en-contrar las pruebas que se deseen en materia tan sujeta á apreciaciones diversas, como lo es la valoración de la pro-piedad.

Sin duda, por las razones expuestas y otras que no se es-caparían á la sabia penetración del legislador, dispone el ■ artículo 310 que la decisión de la junta en todo asunto que le sea presentado será firme; y ante precepto tan absoluto y terminante huelga toda discusión. Dura lex, sed lex.

Ese precepto no ha sido derogado por la Ley de la Asam-blea Legislativa de 10 de marzo de 1904, que enmendó el artículo 314 del Código Político, pues si la legislatura hubiera tenido tal intención, hubiera establecido el recurso procedente contra las" decisiones de la Junta de Revisión y determinado ante quien debe ejercitarse; y si bien ordena que las planillas que contienen las tasaciones después de examinadas, compro-badas, corregidas, revisadas y encuadernadas, se presumirán definitivamente válidas por todas las cortes y tribunales, no alterándose ni desestimándose, sino por vía de corrección de errores manifiestos, semejante enmienda no envuelve la con-cesión de recurso alguno para ante la jurisdicción ordinaria contra los acuerdos de la Junta de Revisión, y á lo sumo, po-dría darse un recurso, que no discutimos cual sea, para la corrección de errores manifiestos en las planillas, en el caso de que el Tesorero se negase á hacer la corrección debida y procediera al cobro de una contribución fundada en errores manifiestos.

Cabe en lo posible que se cometan errores manifiestos en las planillas, equivocando el nombre del propietario de una finca, la cabida de ésta, el término municipal en que está situada y aún el mismo valor que se le haya dado; esos errores pueden aparecer de las mismas planillas en sí mismas ó de su examen en relación con los documentos concernientes á la finca de que se trate, cuales son las declaraciones presentadas por los propietarios, las valoraciones del tasador y el acuerdo de la Junta de Revisión; pero no pueden llamarse errores manifiestos los que lejos de aparecer á la simple vista necesi-tan comprobación por medio de testigos, como sucede en el presente caso, en que solo se ha alegado como fundamento para la revocación del acuerdo de la Junta de Revisión, error sufrido por ésta en la valoración de la finca de Don Marcos Tomás Caneja.

Caso análogo al presente, ha sido ya resuelto por esta Corte Suprema en el día de hoy, cuyo caso es el de Mercedes A: Guitián y otros contra el Gobierno de Puerto Rico, en el que ha redactado la opinión del tribunal el Juez Sr. Mac-Leary, opinión que damos aquí por reproducida como aplica-ble á la cuestión que se debate.

En mérito de lo expuesto, procede que por falta de juris-dicción de la Corte de Distrito de San Juan para conocer del juicio promovido por Don Marcos Tomás' Caneja, se confirme la sentencia apelada con las costas del recurso también á cargo de la parte apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. MacLeary

text:
    Guitian et al. v. El Gobierno de Puerto Rico.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de Sañ Juan.
    No. 70.
    Resuelto en abril 10, 1907.
    Contribuciones — Tasación de la Propriedad: — Decisiones de la Junta de Revisión é Igualamiento — Errores Manifiestos en las Planillas. — La disposición contenida en el artículo 314 del Código Político, enmendado por la Ley de marzo 10, 1904, no puede interpretarse en el sentido de dar jurisdic-ción á las cortes de distrito |>ara revisar ó corregir errores cometidos por la Junta de Revisión é Igualamiento, pues al disponer dicho artículo que las 1 planillas se estimarán definitivamente válidas por las cortes y tribunales y no se alterarán ó anularán, sino con el fin de corregir errores manifiestos, se refiere á los casos en que dichas planillas se presentaren en juicio para probar algún hecho en un procedimiento colateral; entonces debe la corte estimarlas válidas, pero si se notare algún error manifiesto, puede corregirse.
    Id. — Las disposiciones del artículo 310 del Código Político, al establecer que las decisiones de la Junta de Revisión é Igualamiento, en todos los asuntos que sean sometidos á su consideración, serán definitivas, impiden que tales deci-siones puedan'ser revisadas ante los tribunales ordinarios por medio de apela-ción, certiorari ú otros recursos, ya que á dichos tribunales no se-les ha con-ferido jurisdicción alguna sobre esta materia.
    Los liecíios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr: Cuevillas.

    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sr. MacLeary

emitió la opinión del tribunal.

Esta demanda fné entablada contra el Gobierno de Puerto Eicó por un gran número de personas que manifiestan ser los propietarios de ciertas fincas urbanas radicadas en la ciu-dad de San Juan, y miembros' de la “Liga de Propietarios de fincas urbanas de San Juan”; y dichas personas se quejan de que la Tesorería Insular fia ordenado la revisión total de las tasaciones de las casas de San Juan, que antes eran bastante elevadas, aumentándolas desde un cincuenta basta un ciento por ciento, sin tener facultad legal para ello, y causándose á los propietarios perjuicios considerables con tal proceder. Que la “Liga,” asociación incorporada en debida forma, de acuerdo con las disposiciones de su Reglamento, procedió in-mediatamente á tomar medidas para evitar dicho aumento de las tasaciones, obligando á la Tesorería al cumplimiento de leyes vigentes, que aparecían infringidas. Estos esfuerzos resultaron inútiles. El Honorable Tesorero invitó á la Comi-sión de la “Liga” á que presentase á la Junta de Revisióh é Igualamiento, el precio que, á su juicio, debía asignarse al metro cuadrado de solares, y á la parte edificada; y la “Liga de Propietarios,” correspondiendo á dicha invitación, y, des-pués de un detenido estudio del asunto, presentó á esa junta un informe razonado y cuadro de los precios que, á su juicio, debían asignarse á los solares y á las construcciones de San Juan. Que los propietarios lesionados presentaron sus que-jas á la expresada Junta de Revisión é Igualamiento, y que ésta las resolvió de tal manera que les obliga á interponer esta demanda contra el Gobierno de Puerto Rico, para conse-guir las resoluciones general é individuales que, en su opor-tunidad, se determinarán. Que la Jrinta de Revisión é Iguala-miento adoptó, en lo general, los precios propuestos por la “Liga” para el metro cuadrado de edificación, pero no adoptó ios precios propuestos para el metro cuadrado de solares. Que la Tesorería no consignó, en las nuevas tasaciones revisadas, el número de metros cuadrados de solar, precio de cada metro cuadrado y el total valor del solar, ni el número de metros cuadrados edificados, precio de cada metro cuadrado y el valor total de la construcción. Que las tasaciones fijadas por la Junta de-Revisión é Igualamiento á los reclamantes, no se ciñen á los valores actuales, ó sea los del mercado, y se incurre en ellas en errores manifiestos, causándose á dichos propietarios perjuicios de alta consideración. Que los verdaderos valores de las propiedades, construcciones y solares son los que se deter-minan en el cuadro presentado por la liga. Que es un hecho constante que aquí en San Juan, al verificarse los contratos de compra-venta de casas, no se ha hecho separación entre so-lares y construcciones, sino que los precios se han fijado, con-siderando todo el valor de la finca. Que es un hecho incontestable también, que aquí en San Juan, el precio actual ó valor del mercado de las casas, se ha fijado siempre por vendedores y compradores, determinando su renta bruta, y descontando después un tanto por ciento para contribuciones, luz en los zaguanes, agua del acueducto, gastos de administración y con-servación de la finca, pérdidas de rentas por mudanzas y falli-dos, cuyo tanto asciende á lo menos á un cuarenta por ciento, cuando se trata de casas llamadas de vecindad, y un véinte y cinco por ciento, cuando se trata de otra clase de fincas. Que hecho eso, se capitaliza la renta líquida que resulte al nueve por ciento anual, que es un término medio entre los intereses corrientes, y que la cantidad resultante es el verdadero precio total de la finca, valor actual ó precio del mercado. Que ese capital, que es el único que puede hacerse soportar el peso de las contribuciones, representa el precio del solar y el precio de la construcción. Que deducido el valor del solar, lo demás representa el de la construcción. Que es un hecho ver-dadero que los valores de los solares de San Juan, no pueden ser otros que los que se fijan en el cuadro presentado por la “Liga.” Que los propietarios reclamantes han pagado ya á la Tesorería sus respectivas cuotas, pero bajo la protesta de estar y pasar solamente por el resultado de esta demanda.

, Procede entonces' la demanda á suplicar al tribunal que haga las siguientes declaraciones, á saber:

Primero : Que la Tesorería no tuvo facultad legal para or-denar y realizar una retasación, ni para revisar la tasación anterior de la propiedad urbana en la ciudad de San Juan; y que al hacerlo así, ha infringido lo dispuesto por la sección 7a. de la Ley de 10 de marzo de 1904.

Segundo. Que las actuales tasaciones deben quedar sin efecto en cuanto a los reclamantes, porque aún siendo inco-rrectas y elevadas, en lo general', las del año económico de 1904 á 1905, ningún propietario pidió su reforma, ni ha habido motivo razonable para alterarlas; y que, por consiguiente, deben declararse vigentes las tasaciones del año último.

Tercero. Que si no acepta ese extremo, se reduzcan los precios de las tasaciones de los reclamantes, á lo que se con-signa en la casilla Número IY del cuadro suministrado por los mismos propietarios.

» Cuarto. Que el Gobierno de Puerto Eico debe devolver á los propietarios reclamantes el exceso que resulte satisfecho por ellos, teniendo en cuenta lo que hayan debido pagar.

Quinto. Que el Gobierno de Puerto Eico debe indemnizar á los reclamantes de todos los desembolsos hechos por los mis-mos, con motivo de este asunto.

. , A esta demanda opuso el demandado oportunamente una ■excepción previa.

El primer punto alegado en la excepción previa, era que la corte de distrito no tenía jurisdicción por razón de la ma-teria de la acción,” en cuanto se relacione con la revisión de la tasación de la propiedad, ni tenía dicho tribunal facultad para declarar que la Tesorería no tuvo razón para ordenar la realización de una retasación ó revisión general de la tasa-■ción de la propiedad urbana de esta Capital, y tampoco para declarar sin efecto las tasaciones'actuales, y á reducir los precios de las tasaciones por la razón que de la misma de-manda se desprende, que todo esto ha sido cosa adjudicada por razón de la tasación final, completa y terminante de la Junta de Eevisión é Igualamiento.

Además de 'éste, se plantearon otros puntos en la citada •excepción previa; pero como la cuestión de jurisdicción es nna cuestión fundamental, y como tal es naturalmente y lógi-camente la primera que ha de determinarse en todo litigio, el tribunal inferior basó su fallo solamente en este punto, aunque sostuvo la excepción previa por todos los fundamentos alega-dos, y, encontrándose sin jurisdicción, el tribunal sentenciador declaró sin lugar la demanda, con las costas á los demandan-tes. Contra la sentencia dictada contra ellos, los demandantes interpusieron recurso de apelación para ante este tribunal, fundándolo en varios motivos.

Pero nosotros, procediendo en la misma forma que lo hizo el tribunal sentenciador, examinaremos primero la cuestión de jurisdicción, puesto que si el tribunal inferior resolvió correc-tamente esa proposición, es inútil proseguir la discusión de este caso.

El juez sentenciador, al emitir su opinión en el preseiíte caso, con respecto á la cuestión de jurisdicción, muy propia-mente Rizo referencia á los artículos 308, 310 y 314 del Código Político de Puerto Rico, tal como ha sido enmendado por la Ley de la Asamblea Legislativa, intitulada “Ley para enmen-dar el Título IX del Código Político, y para otros fines” que fue aprobada en 10 de marzo de 1904. Para comprender bien este asunto, conviene reproducir los diferentes artículos cita-dos, tales como lian sido enmendados. Dichos artículos dicen lo siguiente.:

“Artículo 308. — Con el propósito de revisar la tasación y retasa-ción de -la propiedad inmueble y mueble, según por este título se dis-pone, y con el fin de resolver todas las reclamaciones que presenten los contribuyentes con referencia á la tasación de sus propiedades, habrá una Junta permanente de revisión é igualamiento, que se com-pondrá: del Tesorero de Puerto Rico, el Secretario, el Comisionado del Interior, y otras dos personas, ciudadanos de Puerto Rico, versadas en asuntos relativos al valor de la propiedad en Puerto Rico. Dichas otras dos personas serán nombradas por el Gobernador, con y me-diante el consentiipiento del Consejo Ejecutivo, á más tardar en pri-mero de mayo de cada año; ejercerán sus cargos por un año, ó mien-tras se nombren y habiliten sus sucesores, y recibirán la remunera-ción que les señale el Gobernador, pero que no excederá de diez dollars por cada día de asistencia á las sesiones de la junta, más el costo pre-ciso de viajes que por necesidad haya habido que hacer. Cada uno de los miembros de la referida junta deberá prestar juramento de que sus decisiones, acerca de los asuntos que ante ellos se presenten,. serán justas é impar cíales, de acuerdo con la ley. Cualesquiera cuatro de ellos constituirán quorum. — El Tesorero será Presidente nato de dieba Junta.”
Estatutos Revisados de Puerto Rico, pp. 440-441.
Leyes de la sesión de 1904, p. 160.
“Artículo 310. — La citada Junta de Revisión é Igualamiento oirá la apelación y resolverá de nuevo cualquiera cuestión que se presen-tare ante la junta, y que se relacione con la mayor ó menor cantidad en que puede tasarse la finca para imponerle las contribuciones, ó con el importe de ésta; y al hacer constar dicha resolución, corregirá los libros de tasaciones ó las planillas, de acuerdo con lo que se haya decidido, ó dispondrá que se haga la corrección de referencia por el Tesorero, si los citados libros ó planillas se hallaren en poder de éste. La referida junta tendrá poder para suprimir, disminuir ó aumentar las valuaciones hechas en cualquier planilla que le haya sido enviada, háyase presentado ó no queja alguna con relación á la misma; y para decidir toda otra queja con respecto á la imposición de contribuciones, y para corregir todos los errores que haya, á medida que se le indi-quen; disponiéndose, no obstante, que no se hará aumento en la valuación de la propiedad de ninguna persona, á no ser que á ésta se le haya dado aviso, con cinco días por lo menos de antelación, y en la forma dispuesta en el artículo 302 de este título, de que se intenta practicar semejante aumento. La decisión de la junta en todo asunto que le sea presentado, será firme. Al cumplir con los deberes que este título impone, la citada junta puede examinar, bajo juramento ó afirmación, á cualquier persona ó personas, que puede ó puedan tener conocimiento ó informes respecto del valor de la propiedad sujeta á tasación; y cualquier miembro de dicha Junta puede tomar el jura-mento ó afirmación.”
Estatutos Revisados de Puerto Rico, pp. 442-443.
“Artículo 314. — Cuando las planillas que contienen las tasaciones, hayan sido debidamente examinadas, comprobadas, corregidas y re-visadas, según en este título antes se ha dispuesto, el Tesorero hará que las referidas planillas sean firmemente encuadernadas en forma de libro, con títulos é índices apropiados, si fuesen necesarios. Nin-gún libro contendrá planillas de más de un distrito de tasación, y después que haya sido endosado y firmado por el Tesorero, como presidente de dicha junta, dichas planillas encuadernadas constitui-rán el libro de tasaciones del distrito á que éste se refiera, y de acuerdo con este libro, se impondrá y recaudará la contribución que señala la ley; y se presumirán definitivamente válidos por todas las cortes y tribunales, no alterándose ni desestimándose exceptó por vía de' correc-ción de errores manifiestos; disponiéndose que el Tesorero, como presi-dente de L, junta de Revisión é Igualamiento, consignará y firmará en cada libro de tasación, corregido de acuerdo con las decisiones de dicha junta, una declaración, haciendo constar que el citado libro es el de ta-sación para el diatrito á que se refiere, cod lo cual constituirá éste la tasación de la propiedad para los efectos de la tributación correspon-diente al año económico que empieza en primero de julio.”
Estatutos Revisados de Puerto Rico, p. 444.
Leyes de la sesión de 1904; p. 161.

En Nueva York, la ley de tasaciones es nn tanto análoga á la que tenemos en Puerto Pico. Por esta razón, el juez senten-ciador, al fallar este asunto, se dirigió, naturalmente, á dicko estado, en busca de autoridades. Diclio juez hace referencia á los dictámenes emitidos en dos causas surgidas bajo las leyes de Nueva York, una de las cuales fué fallada por el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, y la otra, por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Reproduciremos un pasaje de cada uno de dichos dictámenes.

En el primero de dichos casos, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York dice lo siguiente:

“La facultad de los tribunales para intervenir en las tasaciones he-chas con el fin de hacer mejoras locales én la ciudad de Nueva York, ha sido siempre muy limitada. La razón para esto es muy obvia, pues-to que las diferentes cartas constitucionales (de dicha ciudad) contie-nen una disposición por la cual se constituye un tribunal local para ■ese objeto, compuesto del contador, el abogado del ayuntamiento, y el presidente de la junta de mejoras públicas. Esa junta se hallaba re-vestida de ámplias facultades judiciales para revisar, corregir ó con-firmar todas las tasaciones de esta clase, y para, en los casos en que lo juzgaba necesario, remitir el libro de tasaciones á los tasadores con instrucciones de hacer una nueva tasación'. Pero cuando dicha junta había terminado sus funciones, la facultad de los tribunales para re-visar la tasación, estaba limitada á pocas y determinadas cuestiones. Los dueños de bienes (ó propiedades) tienen el derecho de ser oídos ante la junta y ante hs tasadores; pero después de haberse celebrado cidra audiencia, y haberse confirmado la tasación, no tienen ningún derecho de atacarla en los tribunales, excepto en la forma espeeifica-damente prescrita por la Ley. ’ ’

Asunto de Munn, 165 N. Y., 153.

En el dictamen emitido por el juez, Señor Field, en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, dicho juez se expresa en los siguientes términos:

“En casi todos los Estados, y probablemente en todos ellos, se han establecido disposiciones legales para la corrección de los errores é irregularidades en que hayan incurrido los tasadores en la tasa-ción de la propiedad para los fines de la contribución. Tal corrección se efectúa generalmente por las Juntas de Revisión é Igualamiento, co-mo se las suele llamar por lo general; existiendo á veces el derecho (á favor de los propietarios) de apelar contra sus decisiones para ante los tribunales de justicia . Dichas juntas se han establecido para lle-var á cabo la regla general de igualdad y uniformidad en la imposición de contribuciones, con arreglo á las disposiciones constitucionales ó estatutorias. Una igualdad y uniformidad absolutas existen raras ve-ces, si es que se las puede lograr jamás. La diversidad de las opinio-nes humanas y la ineertidumbre que acompaña á todo testimonio hu-mano, hacen imposible el logro de tal igualdad y uniformidad. Hombres inteligentes tienen opiniones distintas con respecto al valor aún de los objetos más comunes que tienen á la vista, tales como animales, ca-sas y terrenos, que son de uso diario., Lo más que puede esperarse de una legislación sabia, es una aproximación á ese deseable fin; y se ha llenado el requisito de igualdad y uniformidad que se encuentra en las Constituciones d'e algunos Estados (al tratarse de la imposición de contribuciones), cuando se ha evitado todo quebrantamiento intencio-nal y manifiesto de dicha regla.
“Á estas Juntas de Revisión, cualquiera que sea el nombre que se les dé, debe dirigirse el ciudadano en busca de auxilio ó protección contra una imposición excesiva é irregular de contribuciones, en los ca-sos en que los funcionarios encargados de la tasación, tuvieron juris-dicción, para tasar la propiedad. Sus resoluciones son de carácter judicial. Ellos dictan resoluciones con respecto al valor de la propiedad después de un examen personal, y después de haber practicado la prueba con respecto á la misma. Siendo judiciales sus procedimien-tos, no pueden ser atacadas sus resoluciones mediante un procedimien-to indirecto, en los casos en que dichas resoluciones hayan sido dicta-das con respecto á asuntos que se hallan comprendidos dentro de su competencia. Si no se las corrige por alguno de los medios indicados por la ley, entonces son concluyentes, cualesquiera que sean los errores en que se baya incurrido en la imposición de contribuciones. Como se lia dicho en uno de los casos citados, el dinero recaudado en virtud de tal imposición de contribuciones, no puede recobrarse mediante de-manda, como tampoco se podría recobrar el dinero cobrado, en virtud de una sentencia errónea, dictada por un tribunal competente, antes de la revocación de dicha sentencia. ’ ’

Stanley v. Supervisors of Albany, 121 U. S. 550.

En una demanda entablada contra funcionarios del Estado, para impedir que certificasen con respecto á una contribución que ellos alegan haber sido impuesta por autoridad de la ley, pero que el demandante afirma no estar autorizada legalmente, y cuya demanda fué' entablada ante la Corte de Apelaciones del sexto Circuito, el Juez Taft, al emitir el dictamen del tribunal, dice lo siguiente:

“No encontramos nada en estas causas que deba cambiar nuestra opinión ya expresada con respecto al efecto del caso de Cummings. Ellas simplemente acentúan el punto de que la equidad no concederá remedio alguno contra una imposición de contribuciones, meramente por el hecho casual de que dicha imposición de contribuciones se ha efectuado á un tipo de precios ó valores más elevado que el que sirvió de base para las contribuciones impuestas á otras propiedades; que tales desigualdades, que son debidas á errores, á la falibilidad de los juñ eios humanos, ó á otras causas accidentales, deben soportarse por la razón de que 'es imposible lograr una uniformidad absoluta; ó, en otras palabras, que lo que pudiera llamarse cases aislados de distinción (ó sean casos de imposición de contribuciones, en los cuales no ha habido la igualdad y uniformidad de proceder por parte de los tasadores, que exige la ley), no puede ser remediado por el Presidente del Tribunal de Equidad. El puede solamente intervenir cuando se haya demostrado claramente que, con respecto á cierta especie de propiedad, existen avaluaciones demasiado bajas para la imposición de contribuciones, y que dichas avaluaciones se han hecho por los funcionarios encargados de la tasación, de una manera sistemática; intencional é ilegal, lo cual constituye necesariamente u-na distinción injusta en contra de la espe-cie de propiedad-de la cual el demandante es el dueño. La razón para la distinción (que se hace entre el primer y el segundo ca-so), es evidente. Las distinciones ocasionales y accidentales son in-evitables, en toda imposición de contribuciones, y es probable que continúen por no ser el resultado de un propósito ilegal por parte de nadie. Si én tales casos, se pudiera invocar la inter-vención de los Tribunales de Equidad, los obstáculos para la re-caudación de las contribuciones, serían tan frecuentes que serían insoportables. Es más, una demanda entablada con el fin de obtener del tribunal un interdicto prohibitorio ó “injunction”, prohibiendo la recaudación de una contribución, es un ataque indirecto contra la decisión de un tribunal de carácter casi judicial y no puede j nstificar-se, sino en el caso de que dicha demanda haya sido entablada con moti-vo de una evidente infracción de ley, ó á causa de un proceder (por parte de los tasadores), que constituya un fraude. No ha lugar á tal demanda en los casos en que los perjuicios de los cuales se queja el de-mandante, provienen solamente de la decisión errónea pero honrada de un Tribunal de Contribuciones legalmente constituido. La inter-vención por parte del Presidente del Tribunal de Equidad, en el pre-sente caso, así como en el de Cummings, está basada en algo que equi-vale á un fraude por parte del tribunal que impuso la contribución. Las diferentes juntas, cuyas decisiones están, en su conjunto, destina-das por la Ley, á efectuar una imposición uniforme de contribuciones sobre toda clase de propiedades, deben considerarse como un solo tribunal ; y todo el reparto de contribuciones sobre toda clase de propie-dades, debe considerarse como un solo acto. Si cualquiera Junta qué forma una parte esencial del sistema de reparto de contribuciones, in-teneionalmente, y, por lo tanto, fraudulentamente, infringe la Ley, tasando uniformemente en menos de su valor, á ciertas clases de pro-piedad, la imposición de contribuciones hecha por otras juntas sobre otras clases de propiedad, con arreglo al valor verdadero y completo de dichas propiedades — á pesar de ser una ejecución literal de la ley — ■ convierte todo el reparto de contribuciones, considerado como un solo acto, en un fraude en contra de la propiedad debidamente tasada. Y esto es cierto, aunque la junta que haya impuesto las contribuciones sobre la propiedad del demandante, haya sido del todo libre de falta ó fraude ó distinción intencional. Por lo tanto, se podría expedir el interdicto prohibitorio ó injunction contra la imposición de contribu-ciones hecha sobre la propiedad debidamente tasada, como completa-mente nula y sin ningún valor, hasta que se pudiera hacer una impo-sición nueva y uniforme de contribuciones sobré toda la propiedad, de acuerdo con la ley. Y esa es la regla en algunos tribunales. (Weecks v. Milwaukee, 10 Wis. 263; Hersey v. Board, 16 Wis. 192; Smith v. Smith, 19 Wis. 619). Pero la injusticia de permitir que el contribu-yente escape enteramente, y, la inconveniencia intolerable que resulta para el público de la demora causada por tal proceder, inducen al Tribunal de Equidad, á formular su orden de tal manera que solo per mi te cumplir aquella parte de la decisión ó resolución fraudulenta contra el demandante, que pueda cumplirse sin que resulte en perjuicio de es-te último ninguna desigualdad en la imposición de las contribuciones. Llegamos, por lo tanto, á la conclusión de que la Corte de Circuito tuvo razón al expedir el injunction contra la imposición injusta, des-igual y (en el sentido ya explicado), fraudulenta de contribuciones hecha en perjuicio del demandante; pero nosotros creemos que en dicha orden debía haberse exigido, como condición para la expedición del injunction, que el demandante pagase á los funcionarios á quienes corresponda, una contribución sobre la base de un 75% de la tasación hecha por los demandados. Las pruebas consideradas en relación con las afirmaciones contenidas en la demanda, no demuestran que la diferencia que resulta de la distinción hecha en eontra de la propiedad del demandante, realmente exceda de eso. La condición impuesta por la Corte de Circuito, era el pago de las contribuciones con arreglo á la tasación de 1897, por la Junta de Tasadores é Igualadores del Estado. Dicha tasación, como hemos visto, fue anulada por la ley de 1897. La orden del tribunal es que se modifique el .“injunction,” según se ha indicado anteriormente, y que después de haberse hecho dicha mo-dificación, se confirme el “injunction,”con las costas á los apelantes.”

Taylor v. Louisville & N. R. Co., 88 Fed. Rep., 373-374.

Parece que el tribunal inferior ha formado el concepto de que la expresión usada en la ley (es decir, en el artículo 314, tal como lia sido enmendado), “excepto por vía de correc-ción de errores manifiestos,” daría al tribunal de distrito ju-risdicción para revisar y corregir los errores en que baya incu-rrido la Junta de Revisión é Igualamiento; pe.ro en cuanto á esto, creemos, con arreglo á la debida interpretación de la ley, que dicho tribunal se encuentra en un error. La ley, al decir que las planillas constituirán el libro de tasaciones, etc., y se presumirán definitivamente válidas por todas las cortes y tribunales, no alterándose ni desestimándose, excepto, por vía de corrección de errores manifiestos, se refiere á dichas plani-llas cuando éstas se presentan como pruebas para probar al-gain hecho en nn procedimiento colateral, por ejemplo, en nn caso de desalmcio, etc. Entonces el tribunal las recibe como válidas, á menos que aparezca nn error manifiesto en el contenido ó texto de las mismas, en cnyo caso se pnede corregir dicho error.

Pero el-artículo 310 dice claramente qne la decisión de la Junta en todo asunto qne le sea presentado, será firme. Nos-otros creemos qne esto impide completamente el qne se apele ó revise, mediante certiorari, ó en otra forma ante los tribu-nales ordinarios, las decisiones dictadas por la Jnnta de Revi-sión é Igualamiento. Tales asuntos corresponden al ramo ó departamento ejecutivo del G-obierno, y éste ha constituido una junta, la cual, como se ha dicho en las decisiones de los tribunales de -Nueva York, tiene poderes judiciales en todo aquello que se halla comprendido dentro del limitado círculo de un jurisdicción; y no ha habido la intención de convertir ios tribunales ordinarios de la Isla, que han sido constituidos para juzgar y decidir las controversias entre partes, en árbi-tros ó inspectores de las listas de contribuciones formadas en la oficina del Tesorero, y corregidas por la junta nombrada para ese fin. El tribunal inferior dice con mucha razón, que no se hace mención de tribunales para ante los cuales se pueda apelar, y tampoco se menciona ningún tribunal que deba hacer la corrección de errores; y esto es cierto por la manifiesta razón de que no hubo la intención de conferir mediante los citados artículos de la Ley de Rentas, jurisdicción á las «ortes de distrito, ni á otras cortes cualesquiera, sobre los asuntos de que se trata en dichas leyes. Si acaso existiera tal inten-ción, sería un método del todo inusitado para conferir juris-dicción á los tribunales.

Cuando el Tesorero de la Isla, al hacer el reparto de las contribuciones ó al cambiar el reparto ya hecho, en los casos en que tal cambio sea necesario, haya procedido en su carácter oficial, y el asunto haya sido llevado ante la Junta de Revisión é Igualamiento, y dicha junta haya oído las partes que alegan haber sido perjudicadas, y haya resuelto el asunto, tal resolu-ción es firme; y ningún tribunal tiene .autoridad ordinaria-mente, para intervenir en dicho asunto. Por supuesto, pu-diera darse el caso de que surgiesen circunstancias extraor-dinarias, en cuyo caso los tribunales podrían intervenir por medio de un injunction ú otro auto extraordinario, para evitar fraude ú opresión; pero no se pretende que el presente caso sea de tal naturaleza.

Puesto que éste es el concepto que hemos formado de esta cuestión de jurisdicción, no es necesario entrar en discusión sobre las demás cuestiones presentadas en la .excepción previa del demandado; y puesto que la primera excepción, alegando la falta de jurisdicción, ha sido correctamente pre-sentada por el demandado, y debidamente admitida por el tribunal inferior, debe confirmarse la sentencia de dicho tribunal, sin hacer referencia á los demás puntos presentados en el presente caso.

De acuerdo con estas ideas, debe confirmarse la sentencia dictada por el tribunal inferior, con las costas á los apelantes.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente. Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Pigueras y Wolf.


author: El Juez Asociado Se. Wole

text:
    Landrón et al. v. Navedo.
    ApelaoiÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 102.
    Resuelto en abril 12, 1907.
    Testamento por Comisario — Término para Otorgarlo. — El término que para hacer testamento señala al comisario la Ley 33 de Toro, ha de computarse desde la muerte del mandante 6 testador, pues mientras ésta no ocurre el comisario no adquiere derecho alguno por virtud del poder para testar.
    Id. — Eficacia del Poder Como Testamento. — En los casos en que el poder para testar no pudiera surtir efecto como tal poder, puede, no obtante, ser efieas como testamento, en todo aquello que constituya una expresión de la voluntad del testador, como ocurre en el caso de autos, en que el testador, instituye en el poder, á su. esposa, como heredera universal, á falta de ascendientes. Esta institución es válida, aun en el caso de que el poder fuera nulo como tal.
    Id. — Poderes Otorgados Bajo el Régimen de la Antigua Legislación. — Los poderes para testar, otorgados, bajo el régimen de la antigua legislación, tienen fuerza y validez por virtud de la regla segunda de las disposiciones transitorias del Código Civil.
    Los Lechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Texidor.

    Abogado del apelado: Sr. Alvarez Nava.

   El Juez Asociado Se. Wole

emitió la opinión del tribunal.

El presente es un recurso de apelación interpuesto contra sentencia de la Corte de Distrito de San Juan. Los hechos están expresados ampliamente en la resolución de la corte inferior, que es como sigue:

‘ ‘ Este pleito fue llamado para vista en corte por su orden de calen-dario, comparecieron los abogados de las partes, proponiendo prueba documental que fué admitida y argumentado oralmente el caso.
“ En la opinión de esta corte que sirvió de fundamento para su deci-sión sobre la excepción opuesta á la demanda por no aducir hechos bas-tantes para determinar una causa de acción, se expuso que la excepción no procedía, porque en la demanda no había alegación alguna respecto á que la demandada tuviera concedido un término tan largo como hasta 1894 para otorgar el testamento por comisario que le confirió su espo-so en 1866. Pero ahora llegamos al juicio; hay defensas de la deman-dada y está la prueba para el examen en la corte.
“De las alegaciones y pruebas resulta que en 1866 Don Manuel Ná-ter Marrero y su esposa la demandada Doña Inés Navedo y Dávila otorgaron ante notario público poder por el que se facultaban recípro-camente para que el que de ellos sobreviviese, formalizase dentro ó fue-ra del término legal testamento por el otro, haciendo los legados que le pareciese; que el sobreviviente se nombrase albacea con facultades para ejercer el cargo de contador partidor y elegir persona de su confianza que lo represente. Instituyeron por sus únicos y universales herede-ros á sus respectivas madres, instituyéndose en defecto de ellas y en segundo lugar como herederos universales.
“En virtud de tal poder y habiendo muerto Don Manuel Náter Marrero en 16 de abril de 1894, en mayo del mismo año, otorgó por él su testamento en que se instituyó por heredera y se nombró albacea contadora partidora é hizo varios legados, pidiéndose hoy la nulidad de todo y que se abra la sucesión entre los hermanos y sobrinos de Don Manuel Náter, toda vez que le había premuerto la madre, y carecía d e descendientes y ascendientes.
“Las leyes de Toro, vigentes cuando el poder se otorgó, habían fi-jado los términos de 4, 6, y 12 meses para que el comisario otorgase el testamento de su mandante, y entiende la corte que ese término ha de empezar á contarse desde que el poder se confirió; pero como esos tér-minos fueron establecidos única y exclusivamente en beneficio de los mandantes, según sentencia de 19 de setiembre de 1863 del Tribunal Supremo, es claro que éstos pueden denunciarlos y conceder á los comi-sarios todo el tiempo que les parezca conveniente. Y del poder para testar de Don Manuel Náter resulta, que no sólo quiso que fuese otor-gado después de su muerte, por lo que implícitamente renunciaba á los términos de ley, sino que expresamente confirió á su esposa todo el tiempo que ella creyese conveniente, ya que le decía que otorgara el testamento dentro ó fuera del término legal. Así,, pues, el haber otor-gado el dicho testamento después del año de otorgado el poder, no le hace nulo ni ineficaz, porque para ello estaba facultada Doña Inés Na-vedo.
“Por otra parte y aún en el supuesto inexacto de que fuera nulo,, siempre habría que tener como testamento la voluntad expresada por Don Manuel Náter sobre institución de heredera única á favor de su esposa en defecto de ascendiente.
“Y no importa que la muerte del Señor Náter ocurriese y el testa-mento por poder se otorgase en 1894, cuando ya regía el Código Civil que suprimió esa manera de testar, porque la disposición segunda transitoria reconoció valor á los testamentos mancomunados, poderes para testar y á las memorias testamentarias otorgados ó escritos antes de regir el Código, con la sola condición de que la revocación de esos ac-tos ó de cualquiera de sus cláusulas no podrán verificarse, sino testan-do, con arreglo al Código. Por consiguiente, otorgado el poder de Don Manuel Náter antes de regir el Código y no modificado áquél tenían valor legal y, en consecuencia, podía Doña Inés Navedo autorizar el testamento que era consecuencia del reconocimiento de validez al poder.'
“Por las razones expuestas, la corte decide que los hechos y el derecho están en favor de la parte demandada, quien tiene dere-cho á una sentencia que declare sin lugar todas las pretensiones de .los demandantes á quienes se imponen las costas, librándose para el co-bro de éstas, orden de ejecución al marshal y el secretario anotará en sus libros un fallo de acuerdo con esta decisión.
“Pronunciada en corte abierta el 30 de Noviembre de 1906.
“Pedro de Aldrey, Juez de la sección la.
“Registrada lioy día lo. de diciembre de 1906. — Certifico.—José E. Figueras, Secretario”.

La Ley 33 de Toro, á la cual se lia Lecho referencia es como signe:

“El comisario, para hacer testamento ó mandas, ó para declarar por virtud del poder que tiene lo que ha de facer de los bienes del tes-tador, no tenga más término de cuatro meses, si estaba al tiempo que se le dió el poder en la ciudad ó villa ó lugar donde se le dio el poder, y si al dicho tiempo estaba ausente, pero-dentro de-estos nuestros reinos, no tenga ni dure su poder más de seis meses, é si estu-viera fuera de los dichos reinos al tiempo tenga término de un .año é no más. É pasados los dichos términos no pueda más hacer 'que si el poder no le fuere dado. Pero lo que el testador le mandó señalada é determinadamente señalando la persona del heredero, ó señalando cierta cosa que había de hacer el tal comisario, mandamos que en tal caso el comisario sea obligado á lo facer; y si pasado dicho término no lo ficiere, que sea habido como si el tal comisario lo ficiese ó declarase. ’ ’

Como puede verse, la corte inferior fue de opinión de que el tiempo en que el comisario había de otorgar el testamento con arreglo á las Leyes de Toro, debía computarse desde la época en que el poder se confirió. No participamos de esa opinión. Parece evidente que no hay derecho alguno de parte del comisario para cumplir lo dispuesto en el poder .hasta que el otorgante del mismo haya muerto. A este objeto pare-cen hacer referencia las opiniones de varios comentaristas, de las Leyes de Toro; á saber, Don Pedro Nolasco de Llano,. Sr. González y Serrano, Don Benito Gutiérrez Fernández, y probablemente otros. Y el hecho de que la Corte Suprema, de España haya considerado varios casos de Poderes comm el presente, en los que el testamento se hizo después de la. muerte del otorgante sin que se haya discutido la validez de los testamentos así hechos, merece especial consideración. El mismo'texto de la Ley dé Toro al hablar de lo que debe ha-cerse con los bienes del testador, indica que el legislador pensó' en una época posterior á la del fallecimiento del otorgante; en otras palabras, de lo que baria el.comisario entonces con los bienes, siendo dicbo comisario la única persona autorizada para disponer de los mismos. El concepto de testador gene-ralmente se refiere á nna persona qne ba muerto. De igual modo las limitaciones de 4, 6 y 12 meses, respectivamente, cuando el comisario se encuentra en la ciudad, en el territorio ó fuera de él, muestran que el legislador tuvo presente un accidente imprevisto como la muerte, más bien que el especifi-cado por medio del otorgamiento del poder. Además, la Ley 38 de Toro prescribe

“Cuando el testador dejare dos ó más comisarios, si alguno ó algu-nos de ellos requeridos no quisieren ó no pudieren usar del dicho poder ó se muriesen, el poder quede por entero al otro, ó otros que quisieren ó pudieren usar del' dicho poder. ’ ’

La palabra “dejare” en el original implica que el testa-dor deja comisarios y puede dejarlos únicamente después de su muerte. De una lectura general de la ley se ve claramente que el tiempo debe empezar á correr desde la muerte del tes-tador. Siendo ésta la opinión de la corte, es innecesario el considerar si el testador pudo prorrogar el término dentro del cual babía de ejercer sus funciones el comisario.

Estamos de acuerdo con la corte inferior con respecto.á que en el caso de que el poder fuera ineficaz como tal poder, sin embargo, dicbo poder prevalecería como testamento, puesto que en el mismo se instituye á la esposa como heredera universal si no hubiera ascendientes. De igual modo convenimos con la corte inferior en que la disposición transitoria segunda del Código Civil deja en vigor el poder otorgado con arreglo á la legislación antigua.

Por las razones expresadas debe confirmarse la sentencia apelada.

n n ,7 Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sr. Figueras

text:
    Ex Parte Delgado.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 84.
    Resuelto en abril 25, 1907.
    Habeas Corpus — Juramento.—La solicitud de habeas corpus debe jurarse por el mismo interesado siempre que sea posible, y si no lo hiciere, deberá expresarse la razón ó motivo que le impidiera hacerlo, y en todo caso debe especificarse en el juramento qué hechos de la solicitud se juran por propio conocimiento y cuáles por información.
    Id. — Apelación.—IJna resolución de la corte inferior rechazando de plano una solicitud de habeas corpus, sin que se expidiera el mandamiento, no tiene el carácter de definitiva y no es apelable.
    Los Pedios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Figueras

emitió la opinión del tribunal.

El apelante en este caso, por conducto de sn abogado Don Domingo Sepulveda, solicitó en 30 de marzo del año actual, un auto de habeas corpus de la Corte de Distrito de Ponce, alegando que se baila ilegalmente restringido en su libertad en la cárcel del distrito de Ponce, en virtud de sentencia dic-tada en 5 de diciembre de 1906, por el juez municipal de Coamo, Don Rafael Guillermety, porque 'habiendo. sido con-victo del delito definido en el artículo 470 del Código Penal y condenándosele á la pena de doscientos dollars ■ de multa y costas ó en defecto de pago de la misma, á un año de cárcel, lleva cumplidos más de noventa días y no debe sufrir más tiempo de prisión, porque á esto se opone el artículo 54 del Código de Enjuiciamiento Criminal, que dice así:

‘ ‘ Cuando se dicte sentencia contra el acusado, imponiéndosele muí-ta y pago de las costas del juicio, si dejare de hacerlas efectivas inme-diatamente, el juez ordenará que se le detenga en prisión á razón de un día por cada cincuenta centavos de multa y costas que dejare de pagar, siempre que la totalidad de dicha prisión no excediere de no-venta días.”

La Corte de Distrito de Ponce declaró “que vista la peti-ción en este caso, la declaraba sin lugar.” '

De esta resolución se interpuso recurso de apelación para ante esta Corte Suprema.

No compareció el apelante, pero el fiscal, en 'el acto de la vista se allanó á-la pretensión, sosteniendo que procedía la inmediata libertad del peticionario.

Aquí no tenemos á la vista más que la solicitud original, el escrito apelando y la resolución del juez.

Del texto de la resolución apelada, parece deducirse que se rechazó de plano la solicitud por un defecto de forma y supo-nemos que éste se refiera al juramento, que dice así:

“Jurado ante mí por Don Domingo Sepulveda, boy 30 de marzo de 1907. — Gustavo Rodríguez, Notario. — Lugar del sello.”

Indudablemente que ese juramento es deficiente.

Nosotros fiemos dicfio en otra ocasión que la buena prác-tica, es que el interesado jure la solicitud cuando se pueda, por más que no se fia rechazado ningún juramento, porque lo haya hecho, como en este caso, solamente el abogado.

Pero kun aceptando esta manera particular, siempre debe expresarse la razón ó el motivo, porqué el interesado no -lo hace y jurar también los hechos de la solicitud, ya sea por pro-pio conocimiento ó ya por referencia.

Pero de todos modos, parece claro que los autos que tene-mos á la vista, que el auto de habeas corpus no llegó á diligen-ciarse y, por consiguiente, la resolución rechazando de plano la solicitud no es definitiva y por esa-razón no cabe contra ella el recurso de apelación.

Es terminante la sección primera de la “Ley disponiendo apelaciones en los procedimientos de habeas corpus,” leyes de 1903, páginas 104, 105. Dice así:

“Podrá interponer recurso de apelación, para ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, contra la providencia definitiva de un Tribunal ó juez al devolverse diligenciado el auto de habeas corpus, eual-(yiera de las partes que resultare agraviada.”

Las' causas de Satiriche y la de Luis Felipe Dessús, falla-das por este tribunal, respectivamente, en 13 y 9 de octubre de 1905, en sus elementos esenciales son iguales á la presente y procedentes de la misma corte de Ponce.

Por tanto, esta Corte Suprema carece de jurisdicción para considerar esta apelación, y debe desestimarse.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, MacLeary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Wole

text:
    El Pueblo v. Ramírez.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 64.
    Resuelto en abril 29, 1907.
    Apelación — Pliego de Excepciones — Relación de Hechos — Errores Manifies-tos. — No habiendo pliego de excepciones ni relación de hechos, y no apare-ciendo de los autos que se hubiera cometido algún error que justifique la revo-cación de la sentencia apelada, ésta debe ser confirmada.
    Los hechos están expresados' en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. Wole

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Humacao, Marcelino Ramírez fué acusado de asesinato en primer grado. Celebrado el juicio ante un jurado, el acusado fué declarado culpable de asesinato en segundo grado, y condenado por la corte á la pena de reclu-sión perpetua con trabajos forzados en el presidio, y al pago ele las costas. Contra esta sentencia el demandado interpuso apelación para ante esta corte, pero no ha presentado pliego de excepciones, y no se pronunció ningún argumento oral, ni se presentó alegato escrito á su favor. Hemos examinado el récord ciudadosamente y no encontramos ningún error; por cuyos motivos debe confirmarse la sentencia dictada por la Corte de ífistrito de Humacao en este caso.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones, y Asocia-dos, Figueras y MacLeary.

El Juez Asociado, Sr. Hernández, no intervino en la reso-lución de este caso.