text:
    Commoloco of Caguas, Inc., demandante y peticionaria, v. Ramiro Benítez Díaz, demandado; Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, interventores y recurridos.

      Números: RE-86-470
    CE-87-9
    CE-86-759
    CE-86-583
    CE-86-694
    CE-86-722
    CE-86-448

      Resueltos: 13 de junio de 1990

      Carmelo Nieves Figueroa, José Julián Álvarez González y Cándido F. Monteserrín, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantari-llados, peticionaria; José E. Vilá Barnes, abogado de Commoloco de Sabana Grande, Inc., recurrida; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz Segarra y Anabelle Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, en Informe; Patrick D. O’Neill, Lucé Vela Gutiérrez y Lawrence Odell, de Martínez, Odell Calabria & Sierra, y Carlos F. López, abogados de la Asociación Puertorriqueña de Financieras del Consumidor, amicus curiae.

    Petición de Certiorari (CE-86-759) para revisar una Resolución de Delia Lugo Bougal, J. (Ponce), que confirma una resolución anterior que ordenaba el embargo de sueldo de un empleado de cierta corporación pública. Se expide el auto y se revoca la resolución recurrida en el Caso Núm. CS-86-1909.

      Richard V. Pereira y José Julián Álvarez González, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, peticionaria; Oreste Ramos, abogado de Metro Finance Co., recurrida; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz Segarra y Anabelle Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, en Informe; Patrick D. O’Neill, Luce Vela Gutiérrez y Lawrence Odell, de Martínez, Odell Calabria & Sierra, y Carlos F. López, abogados de la Asociación Puertorriqueña de Financieras del Consumidor, amicus curiae.

    Petición de Certiorari (CE-86-583) para revisar una Resolución de Enrique Rivera Santana, J. (Bayamón), que declara no ha lugar una petición de certiorari para revisar una resolución que ordenaba el embargo de sueldo de un empleado de cierta corporación pública. Se expide el auto y se revoca la resolución recurrida en el Caso Núm. CS-86-3080.

      Gilberto Rodríguez Zayas, Carmelo Nieves Figueroa y José Julián Álvarez González, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, peticionaria; Oreste Ramos, abogado de Metro Finance Co., recurrida; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz Segarra y Anabelle Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, en Informe; Patrick D. O’Neill, Lucé Vela Gutiérrez y Lawrence Odell, de Martínez, Odell Calabria & Sierra, y Carlos F. López, abogados de la Asociación Puertorriqueña de Financieras del Consumidor, amicus curiae.

    Sentencia (RE-86-470) de Ángel G. Hermida, J. (San Juan), que revoca una sentencia anterior que ordenaba el embargo de sueldo de un empleado de cierta corporación pública. Confirmada la sentencia del Caso Núm. PE-86-805.

      Luis A. Arrufat Pimentel, abogado de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Cataño, recurrente; Moraima Arbona, Cándido F. Monteserrín y José Julián Alvarez González, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, recurrida; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz'Segarra y Anabelle Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, en Informe; Patrick D. O’Neill, Lucé Vela Gutiérrez y Lawrence Odell, de Martínez, Odell Calabria & Sierra, y Carlos F. López, abogados de la Asociación Puertorriqueña de Financieras del Consumidor, amicus curiae.

    Petición de Certiorari (CE-86-448) para revisar una Sentencia de Angel G. Hermida, J. (San Juan), que revoca una sentencia anterior que ordenaba el embargo de sueldo de .un empleado de cierta corporación pública. Se expide el auto y se confirma la sentencia recurrida en el Caso Núm. PE-86-562.

      José M. Casanova Edelmann, abogado de Island Finance Corporation of Santurce, peticionaria; Gilberto Rodríguez Zayas, Ernesto Le-brón González, Moraima Arbona y Cándido F. Monteserrín, abo-gados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, recurrida; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz Segarra y Anabelle Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, en Informe; Patrick D. O’Neill, Lucé Vela Gutiérrez y Lawrence Odell, de Martínez, Odell Calabria & Sierra, y Carlos F. López, abogados de la Asociación Puertorriqueña de Financieras del Consumidor, amicus curiae.

    Petición de Certiorari (CE-86-722) para revisar una Resolución de Carlos de Jesús Rivera Marrero, J. (Humacao), que revoca una resolución anterior que ordenaba el embargo de sueldo de un empleado de cierta corporación pública. Se expide el auto y se confirma la resolución recurrida en el Caso Núm. CS-86-732.

      Jimmy Soto Ledesma, abogado de Best Finance Corporation, peticio-naria; Carmelo Nieves Figueroa, José Julián Álvarez González y Cándido F. Monteserrín, abogados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, recurrida; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz Segarra y Anabelle Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, en Informe; Patrick D. O’Neill, Lucé Vela Gutiérrez y Lawrence Odell, de Martínez, Odell Calabria & Sierra, y Carlos F. López, abogados de la Asociación Puertorriqueña de Financieras del Consumidor, amicus curiae.

    Petición de Certiorari (CE-86-694) para revisar una Resolución de Enrique A. Jordán Musa, J. (Caguas), que revoca una resolución anterior que ordenaba el embargo de sueldo de un empleado de cierta corporación pública. Se expide el auto y se revoca la resolu-ción recurrida en el caso Núm. CS-86-1071.

      José E. Vilá Barnes, abogado de Commoloco of Caguas, Inc., peticiona-ria; Héctor M. Torres Cartagena, abogado de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, recurrida; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, Blanca Díaz Segarra y Anabelle Rodríguez, Procuradoras Generales Auxiliares, en Informe; Patrick D. O’Neill, Lucé Vela Gutiérrez y Lawrence Odell, de Martínez, Odell Calabria & Sierra, y Carlos F. López, abogados de la Asociación Puertorriqueña de Financieras del Consumidor, amicus curiae.

   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Desde principios de siglo se ha presentado ante este Tribunal, bajo distintas variantes, la interrogante de si los sueldos de los empleados públicos están o no sujetos a embargo. Consistentemente hemos negado el uso de este mecanismo procesal para estos propósitos. La política ha “sido eximir los sueldos de los funcionarios y empleados del Gobierno no con el fin de favorecer a los deudores sino para asegurar un servicio eficiente y continuo al [GJobierno mismo”. Blanco v. Carballeira, Juez, 41 D.P.R. 533 (1930).

“La regla en esta jurisdicción, así como en los Estados Unidos, es al efecto de que los sueldos de los empleados públicos están exentos de embargo. Esta regla está basada en una razón de orden público, cual es, que de permitirse tal embargo, se perjudicaría grandemente el gobierno que deba recibir los servicios de ese empleado, pues se presume que el empleado así privado de su sueldo no prestará sus servicios con la misma eficiencia que lo haría teniendo el estímulo de recibir a su debido tiempo la compensación de su trabajo.” Padrón Rivera v. Cordovés, Juez, 59 D.P.R. 255, 258 (1941). Además, “las actividades gubernamentales no deben estar sujetas a las inconveniencias de estos procedimientos que interfieren con el descargo de funciones públicas en detrimento del bien común. . .”. Stump Corp. v. Tribunal Supe rior, 99 D.P.R. 179, 181 (1970). “Ello tiene el efecto de convertir al Estado en un agente cobrador del demandante contra su volun-tad.” Torres Santa v. Benítez Roldán, 115 D.P.R. 85, 87 (1984).

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El caso ante nos plantea la interrogante de si los principios antes expuestos aplican cuando se trata del embargo de los sueldos de empleados de una corporación pública. A continuación exponemos los hechos que suscitan el planteamiento.

Dentro de un período de tiempo relativamente corto fueron presentados ante este Tribunal siete (7) recursos donde básica-mente se plantean idénticas cuestiones de hecho y derecho. Ante tal situación los consolidamos. En cada uno de estos casos el demandante en cobro de dinero fue una compañía de préstamos personales pequeños (en adelante financiera) y el demandado un empleado de una corporación pública. Específicamente seis (6) de éstos laboran en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (en adelante A.A.A.) y uno (1) en la Autoridad de Carreteras.

En cada uno de los casos el tribunal de instancia dictó sentencias favorables a la parte demandante. En virtud de ello, y a tales fines, las partes que prevalecieron en los pleitos solicitaron y obtuvieron de los respectivos tribunales, órdenes de embargo de salarios dirigidas a las corporaciones públicas para las cuales trabajaban los demandados. Ante tales circunstancias, las referi-das corporaciones públicas obtuvieron autorización para interve-nir en los procedimientos con el propósito de presentar argumen-tos en favor de que se dejaran sin efecto las órdenes de embargo.

El planteamiento medular de las antes mencionadas corpora-ciones fue básicamente que sus empleados deben ser considerados empleados públicos y que, como tales, sus sueldos no pueden ser embargados conforme a la doctrina enunciada y antes expuesta por este Tribunal.

Los tribunales de instancia acogieron el planteamiento en cuatro (4) de los siete (7) casos consolidados, mientras que en los restantes tres (3) determinaron que a las corporaciones públicas no les son aplicables los principios que fundamentan la prohibición de embargo de los sueldos de los empleados públicos. Por existir opiniones conflictivas en los tribunales de instancia, decidimos revisar y expedimos los autos de certiorari.

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Hasta mediados del año 1919 el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, Art. 249(7), contenía una disposición expresa que prohibía el embargo de salarios de los funcionarios o emplea-dos públicos. La Ley Núm. 32 de 3 de junio de 1919 (32 L.P.R.A. sec. 1130) eliminó la distinción entre los empleados públicos y los de la empresa privada. Dispuso una protección limitada a las tres cuartas partes del sueldo del empleado, siempre y cuando éste pudiera probar que dicha partida era necesaria para el sosteni-miento de su familia. No hay discusión alguna en el historial legislativo sobre la razón para eliminar la disposición específica que prohibía el embargo del sueldo del empleado público.

Ante la ausencia de disposición en ley sobre la protección contra embargo del sueldo del empleado público, nace por vía jurisprudencial en Blanco v. Carballeira, Juez, supra, la norma que hoy nos ocupa. En dicho caso el Juez Asociado Señor Wolf resolvió que los sueldos de los empleados públicos no eran embargables/) Su principal fundamento fue que de la elimina-ción de la disposición expresa que prohibía el embargo del sueldo de los empleados públicos “no podría inferirse la intención de hacer que tales sueldos [estuviesen] sujetos a embargo, a menos que fueren generalmente embargables a virtud de alguna dispo-sición específica de la ley”. íd., pág. 534. Después de todo, no había disposición específica de ley que impusiera a algún funcionario el deber de retener el sueldo embargado.

A partir de este pronunciamiento, la doctrina sólo ha ido añadiendo argumentos en favor de mantener la prohibición de embargo de los sueldos de los empleados públicos. Véanse: Padrón Rivera v. Cordovés, Juez, supra; E.L.A. v. Tribunal Superior, supra; Stump Corp. v. Tribunal Superior, supra; Torres Santa v. Benítez Roldán, supra. Sin embargo, en ninguno de estos casos estaba implicado el embargo de sueldos de empleados de una corporación pública. Los que más se asemejan al problema ante nuestra consideración son los casos Rodríguez v. Fontes y Am. R.R. Co., Int., 51 D.P.R. 670, 672, 678 (1937), y Arraiza v. Reyes; León, Interventor, 70 D.P.R. 614 (1949). En el primero, la American Railroad presentó una moción de interven-ción en la que alegó que un embargo de sueldo ordenado por el tribunal de instancia en relación a un empleado suyo “interrumpía el buen funcionamiento de su oficina y afectaba el servicio que prestaba como compañía de servicio público que era”. Rodríguez v. Fontes y Am. R.R. Co., Int., supra, pág. 672. El tribunal de instancia expresó en su resolución que a “‘[u]na corporación privada, aunque explote una empresa de servicio público, no se encuentra en la misma posición de privilegio que es inherente a los organismos y dependencias oficiales del gobierno y las prerro-gativas propias de estos organismos no las disfrutan en modo alguno las entidades privadas’”. Rodríguez v. Fontes y Am. R.R. Co., Int., supra, pág. 675. En esa ocasión, al revocar al tribunal de instancia, indicamos que la American Railroad no venía obligada a cumplir la orden de embargo, en cuanto a “sueldos no devengados a la fecha de la misma se refiere”/) Nada dijimos en cuanto al efecto de que se estuviese frente a una corporación privada, no pública.

Por su parte, en Arraiza v. Reyes; León, Interventor, supra, se intentó embargar un crédito que un deudor por sentencia tenía contra la A.A.A. A través de una moción de intervención, un tercero solicitó la anulación de embargo alegando que dicho crédito no podía ser embargado por derivarse de la construcción de una obra pública y hallarse la cantidad embargada en poder de la A.AA, una corporación pública.() La petición fue desestimada.

Se determinó, conforme a las disposiciones expresas de la ley habilitadora de la A.A.A., Ley Núm. 40 de 1ro de mayo de 1945 (22 L.P.R.A. sec. 144), y lo resuelto en F.H.A. v. Burr, 309 U.S. 242 (1940), que la Legislatura había concedido suficientes poderes operacionales a la A.A.A. como para considerarla “tan sujeta a procedimientos judiciales como en circunstancias análogas lo estaría cualquier empresa privada, siempre que no se interfi[ri]e-ra con la ejecución de sus funciones ejecutivas”. Arraiza v. Reyes; León, Interventor, supra, pág. 618. Este caso es claramente distinguible del de autos. En primer lugar, en Arraiza v. Reyes; León, Interventor, supra, el crédito embargable no pertenecía a un empleado regular de la corporación. Se trataba de un contra-tista independiente. En segundo término, aun frente a ese hecho, se condicionó el permiso de embargo a que no se interfiriera con la labor de las funciones ejecutivas de la Corporación.

El caso ante nos no versa sobre un incidente aislado relacio-nado con un contratante independiente a cuyo favor la corpora-ción pública posee un crédito aún no pagado. Por el contrario, los embargos pretendidos incluirían potencialmente todos los sueldos de los empleados regulares con que opera cualquiera de las corporaciones públicas.

Aclarado lo anterior, en vista de que la prohibición de embargo de sueldo ha sido aplicada en aquellos casos en que se trata de empleados públicos adscritos al sistema central de gobierno, nos resta determinar si esta doctrina debe extenderse a los empleados de las corporaciones públicas.

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Las corporaciones públicas, tal y como operan en la actualidad, surgieron como respuesta al deseo de agilizar y promover la efectividad de la obra pública ante la complejidad de funciones que confrontaron los gobiernos a partir de la Primera Guerra Mundial. Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982).()

Conforme a su configuración funcional, a las corporaciones públicas se les define como “una institución que ofrece un servicio económico o social en nombre del gobierno, pero como una entidad jurídica independiente; conduce sus operaciones con gran autonomía, aun cuando es responsable ante el público, a través del gobierno y del parlamento, y sujet[a] a alguna directriz de parte del gobierno; equipada, por otro lado, con sus propios fondos independientes y separados, y con los atributos jurídicos y comerciales de una empresa comercial. Estos atributos colocarían a la corporación pública en algún lugar intermedio entre una autoridad pública pura y una compañía comercial de derecho privado”. (Traducción nuestra.) W Friedman, The Public Corporation: A Comparative Symposium, Toronto, Carswell Co., 1954, pág. 541.()

Lo que impulsa a la adopción estratégica de este ente independiente es la realidad de que “la corporación es intrínsecamente más hábil para triunfar en ciertos campos, que el departamento ordinario de la administración”. A.R. Brewer Carias, Las empresas públicas en el derecho comparado, Caracas, U. Central de Venezuela, Vol. XXXVII, 1967, pág. 86.

No obstante, a pesar de la autonomía que caracteriza a las corporaciones públicas, éstas no pierden su cualidad de instrumentalidad gubernamental, creada para responder a propósitos de utilidad pública. Véanse: York County Fair Assn. v. South Carolina Tax Commn., 154 S.E.2d 361 (1967); Sharon Realty Company v. Westlake, 188 N.E.2d 318 (1961).() Por tal razón, en la medida que llevan a cabo este tipo de función, tanto el Ejecutivo como la Legislatura ejercen, conforme a la ley y a la costumbre, diferentes grados de control sobre sus funciones. Friedman, op. cit., págs. 557-558.

Las corporaciones públicas reciben mediante su estatuto habilitador cierto grado de independencia económica en cuanto a su presupuesto operacional. Se persigue por ese medio que, aparte de las asignaciones presupuestarias que puedan recibir del Estado, éstas procuren en todo o en parte generar su propio capital, ya sea mediante la emisión de obligaciones, préstamos o por medio de los ingresos que reciban de los bienes y servicios que ofrezcan. Hay que aclarar, sin embargo, que esta autonomía financiera recibe mayor o menor fiscalización por parte del Estado conforme el enfoque o política pública que a tales fines adopte el país bajo el cual opera la corporación pública.()

En Puerto Rico, el control gubernamental sobre las corporaciones públicas se plasma mediante las propias leyes habilitadoras de la corporación pública de que se trate y leyes que directa o indirectamente inciden sobre ésta.

Además, el Art. Ill, Sec. 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.ER.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 347, dispone que:

Habrá un Contralor que será nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara. El Contralor reunirá los requisitos que se prescriban por ley; desempeñará su cargo por un término de diez años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. El Contralor fiscalizará todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios, para determinar si se han hecho de acuerdo con la ley. Rendirá informes anuales y todos aquellos informes especiales que le sean requeridos por la Asamblea Legislativa o el Gobernador. (Énfasis suplido.)

Con el fin de darle vigencia a la citada disposición constitucional se aprobó la Ley Núm. 9 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 2 L.ER.A. see. 72 y ss. Ésta creó la Oficina del Contralor. Mediante este estatuto se elaboraron los mecanismos a través de los cuales el Contralor lleva a cabo la labor fiscalizadora. Estas funciones “las ejercerá tanto con respecto a las cuentas, los fondos, los ingresos, los desembolsos y las propiedades del Gobierno como a los que se tuvieren en fideicomiso”. 2 L.RR.A. see. 73. Las funciones fiscalizadoras del Contralor abarcan las operaciones de las corporaciones públicas.

Véanse, también, de forma ilustrativa en cuanto al control gubernamental, entre otras: Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974 (3 L.ER.A. see. 283 y ss.); Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman), Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, enmendada por la Ley Núm. 6 de 16 de marzo de 1987 (2 L.ER.A. secs. 701-726).()

La intervención gubernamental en el desenvolvimiento de las corporaciones públicas obedece primordialmente a que, a pesar de la combinación de características públicas y privadas que hemos señalado, los fondos con que opera la entidad se consideran como públicos independientemente de que éstos no pasen a formar parte del presupuesto del Estado. Ante esto, hemos expresado que los fondos mediante los cuales se paga a los empleados de las corporaciones públicas provienen de fuentes gubernamentales y constituyen fondos públicos. Municipio de Mayagüez v. Rivera, 113 D.P.R. 467 (1982).

El Estado escoge la figura de la corporación pública como herramienta para implantar una política pública en particular cuando determina que por ese medio es el que con más alta probabilidad de eficiencia puede llevar a cabo un programa o servicio. Cabe señalar que gran parte de éstos están clasificados como servicios esenciales. Quiere esto decir que aunque las corporaciones públicas se erigen sobre ciertas bases de autonomía operacional, no por ello dejan de estar investidas de un alto interés gubernamental en que su funcionamiento sea de la calidad y eficiencia más alta posible y, por ende, que su funcionamiento esté protegido de toda interferencia innecesaria.

En cuanto a la interrogante de si los empleados de dichas corporaciones son o no empleados públicos, recientemente en Pueblo v. Hernández Torres y Barreda, 125 D.P.R. 560 (1989), expresamos en relación con los empleados de la Fuerto Rico Telephone Co., una corporación público-privada:

. . . [E]l hecho de que éstos no son parte del sistema central de personal, no altera su condición de empleados públicos. La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico[, 31 L.P.R.A. sec. 1301 y ss.,] expresamente excluye de la aplicación de la ley a todos los empleados de corporaciones públicas. Sin embargo, ésto no significa que sean empleados privados. Por el contrario, del lenguaje de la referida disposición lo que se desprende es que aunque éstos se consideran empleados públicos, por razones de política pública se decidió no someterlos a la aplicación detallada de la ley, aunque sí a los principios de mérito.

Así mismo, en nada se desmerece esta cualidad por el hecho de que en virtud del Art. II, Sec. 17 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.ER.A., Tomo 1, se les haya reconocido el derecho a la negociación colectiva.

Aunque en algunos países no se les considera como empleados públicos, en Puerto Rico toda la legislación que directa o incidentalmente alude a los empleados de las corporaciones públicas ha sido consistente en cuanto a su consideración como empleados públicos. Véanse, de modo ilustrativo: la ley que crea el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus Instrumentalidades, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, 3 L.ER.A. sees. 761-788; el Art. 7(16) del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.ER.A. see. 3022(16); la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm.. 12 de 24 de julio de 1985 (3 L.ER.A. see. 1801 y ss.).

El Informe Económico al- Gobernador de 1984 y los datos preliminares del Informe de 1986 reflejan un alarmante aumento en la tasa de crecimiento de la deuda de los consumidores. Los datos relativos a esa materia según el último informe publicado para el período 1986-1987 señalan que “[a]l finalizar el año fiscal 1987, la deuda de los consumidores ascendió a $7,779.9 millones, cifra que representó un crecimiento de $1,534.8 millones ó 24.6 por ciento sobre la deuda de $6,245.0 millones del año fiscal 1986. Este crecimiento es superior al mostrado en el año fiscal 1986, que fue de $1,129.8 millones, ó 22.1 por ciento al comparar dicha deuda con la registrada en el año fiscal 1985”.() Informe Económico al Gobernador de 1986-1987, Junta de Planificación de Puerto Rico, Parte VIII, pág. 18.

Consecuencia lógica de este comportamiento de consumo es que un número proporcional de empleados de corporaciones públicas estará comprendido dentro del universo de deudores puertorriqueños cuyos sueldos estarían sujetos a embargo de permitirse el uso de este mecanismo procesal. Si a esto le añadimos el hecho de que los empleados de la A.A.A. ya se encuentran sujetos a una serie de descuentos() que incluyen aquellos provenientes de préstamos obtenidos dentro del ámbito laboral adquiridos usualmente a intereses más bajos que los del mercado regular, podemos deducir que esto los convierte, en múltiples ocasiones, en deudores de alto riesgo para las empresas privadas conocidas como financieras. Estas circunstancias aumen-tan la probabñidad del uso del mecanismo de embargo de sueldo, con el consecuente efecto detrimental y nocivo para la corporation pública.

Concorde a todo lo anterior, extendemos la protección contra el uso del mecanismo procesal de embargo —según acogido por nuestra jurisprudencia en cuanto a los sueldos de los empleados del sistema central de gobierno— a' los sueldos devengados por los empleados de las corporaciones' pújblicas. Resolver en contrario sería agregar funciones extrañas y ajenas a las tareas de los funcionarios de las corporaciones públicas, ya que éstos tendrían que llevar a cabo todas las gestiones relacionadas con el proceso de descuentos. Los gastos incurridos se pagarían con fondos públicos en beneficio del interés exclusivo de una empresa privada y el tiempo invertido por los funcionarios se le restaría a la gestión pública. Indiscutiblemente, esto, aparte de ser contrario a los intereses del Estado, causa una interferencia injustificada e indebida en la ejecución de las tareas de la agencia y un desvío impermisible de fondos públicos. “[L]as actividades gubernamentales no deben estar sujetas a la inconveniencia de estos procedimientos que interfieren con el descargo de funciones públicas en detrimento del bien común.” Stump Corp. v. Tribunal Superior, supra, pág. 181. Este procedimiento también tiene el efecto de mermar la motivación y entusiasmo con que deben servir a nuestro pueblo estos empleados. Padrón Rivera v. Cordovés, Juez, supra.

Les corresponde a las entidades financieras privadas tomar las medidas necesarias para garantizar la idoneidad de sus deudores, minimizando así la posible delincuencia en el pago de los préstamos.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia que revoque las dictadas por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, en los casos CS-86-208Jp y CS-86-1909 y por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, en el caso CS-86-3080, y que confirme las emitidas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en los casos PE-86-805 y PE-86-562, por el Tribunal Superior, Sala de Humacao, en el caso CS-86-732 y por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, en el caso CS-86-1071.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez hace constar que aun cuando disintió de la mayoría en Pueblo v. Hernández Torres y Barreda, 125 D.P.R. 560 (1989), por las razones expresadas en su disenso, las cuales reafirma, vota conforme con la opinión del Tribunal en este caso por ser la misma consecuencia lógica de la determinación mayoritaria del Tribunal en dicho caso. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. El Juez Asociado Señor Hernández Denton se inhibió.

      (1) Esta cuestión había sido planteada pero no resuelta en Torres v. Corte Municipal, 35 D.P.R. 378 (1926).

      (2) Para la definición de qué son salarios “no devengados”, refiérase a Diego Agueros & Co. v. Heres, 50 D.P.R. 533 (1936). Específicamente, en cuanto a los sueldos de los empleados públicos, éstos no están sujetos a embargos aunque hayan sido devengados mientras no hayan sido pagados. Así lo resolvimos en Torres Santa v. Benítez Roldán, 115 D.P.R. 85, 87 (1984): “Llámese embargo, secuestro, o como sea, lo cierto es que la orden dictada tiene el efecto de obligar al Estado a descontar de cada pago quincenal del demandado una cantidad de dinero y pagarla a un tercero. Ello tiene el efecto de convertir al Estado en un agente cobrador del demandante, contra su voluntad. Fácil es imaginar el efecto adverso que esta práctica tendría sobre el trámite del Departamento de Hacienda para pagar a los empleados del Estado, de generalizarse la misma.” La prohibición de embargo de sueldos de los empleados públicos es aplicable tanto a sueldos aún sin devengar como a los ya devengados, en tanto éstos se hallen en poder del Estado.

      (3) En una nota al calce el Tribunal aclara que desconoce el interés del interventor, pero presume que alguno tenía.

      (4) “Debe señalarse ante todo que es un fenómeno de vigencia universal, el de la progresiva y cada vez más rápida ampliación de las tareas de las entidades estatales, en vista de la satisfacción de necesidades de interés general.” A.R. Brewer Carias, Las empresas públicas en el derecho comparado, Caracas, U. Central de Venezuela, 1967, Vol. XXXVII, pág. 22.

      (5) Precisamente, en virtud de los factores consignados en esta definición, el Presidente Roosevelt se refirió a las corporaciones públicas como unas investidas con el poder del Gobierno, pero poseedoras de la flexibilidad de una empresa privada. W Friedman, The Public Corporation: A Comparative Symposium, Toronto, Carswell Co., 1954, pág. 541.

      (6) “[T]he very nature of the public enterprise, in all its major forms, implies some degree of governmental supervision, both on the administrative and on the financial plane.” W. Friedman, International Encyclopedia of Comparative Law, Vol. XIII, Cap. 13, pág. 53.

      (7) “The objective sought through establishing public corporations was not freedom from all governmental controls, but freedom from governmental restrictions unsuited to a business operation which stifle efficient operations.” E Teeguarden y D. Thomas, A Public Corporation Model for Federal Forest Land Management, 1985, Vol. 25, Núm. 2, págs. 373 y 379.

      (8) Distinto a las corporaciones públicas en Inglaterra u otros países europeos, el Estados Unidos mediante el Government Corporation Control Act de 1945, según enmendado, 31 U.S.C. see. 9101 y ss., se provee un mecanismo para auditar y controlar el funcionamiento financiero de sus corporaciones públicas. Véase Brewer Carias, op. cit., See. 55, págs. 86-90 y 166.

      (9) Este Informe Económico al gobernador de 1986-1987 revela el uso desmedido de las fuentes de crédito por parte del consumidor puertorriqueño y, por ende, la inminente necesidad de que los organismos concernidos elaboren un plan de acción para crear conciencia sobre los efectos del uso indiscriminado de las fuentes de crédito.

      (10) Entre ellos se encuentran Seguro Social, Contribuciones sobre Ingresos, Retiro, A.E.G., Ahorros, Préstamos A.E.G., Seguro de Vida, Cuotas de Unión, Seguro de Cáncer, Préstamo de Retiro, Préstamo Unión, Acción Cooperativa A.A.A., Depósitos Cooperativa A.A.A., Préstamo Cooperativa A.A.A., Seguro de Vida Cabali, Seguro Médico, Asoc. Empleados (viajes), Préstamo Banco Vivienda y otros.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociada Señora Naveira De Rodón.

license: Public Domain

text:
    Universidad del Turabo, Fundación Educativa Ana G. Méndez y el atleta Brian Whitehead, etc., demandantes y recurridos, v. Liga Atlética Interuniversitaria (L.A.I.), su Presidente, Dr. José L. Martínez Picó, etc., demandados y recurrentes.

      Número: RE-88-267

      Resuelto: 14 de junio de 1990

      José J. Velazquez y Guillermo Figueroa Prieto, abogados de los recurrentes; Andrés E. Salas Soler, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

Luego de una serie de trámites procesales, que incluye un recurso de certiorari ante este Tribunal, el foro de instancia, el 2 de junio de 1988, dictó injunction permanente mediante el cual prohibió a la Liga Atlética Interuniversitaria (L.A.I.), a su presi-dente Dr. José L. Martínez Picó y a la Comisionada de Deportes, Sra. Criselia Ríos de Vázquez, impedir que Brian Whitehead, estudiante de la Universidad del' Turabo —de éste ser académi-camente elegible— compitiera en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (Justas L.A.I.) de 1989. Además, concedió mil dólares ($1,000) en honorarios de abogado.

La controversia giró alrededor de la determinación de elegi-bilidad del estudiante Whitehead. Éste compitió por la Universi-dad del Turabo en las Justas L.A.I. de 1987 pero en 1988 su elegibilidad fue impugnada por la Universidad Interamericana (U.I.A.). Ésta alegó que dicho estudiante ya había participado durante cuatro (4) años en torneos atléticos universitarios en o fuera de Puerto Rico, lo cual lo hacía inelegible.

Whitehead fue declarado inelegible. La prueba documental presentada ante la Comisionada de Deportes y la Comisión de Elegibilidad de la L.A.I. fue conflictiva.

No conforme con la determinación de no elegibilidad, la Universidad del Turabo presentó una petición de injunction provisional, preliminar y permanente ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas, a pesar de que el Reglamento General de la L.A.I. establecía un procedimiento de revisión ante la Junta Adminis-trativa y la Junta de Gobierno de la L.AJ. Así las cosas, y mientras se tramitaba el caso, en abril de 1988 se celebraron las Justas Intercolegiales sin la participación de Whitehead.

El 2 de junio de 1988 el tribunal decretó injunction perma-nente con efecto prospectivo para las Justas L.A.I. de 1989.

La parte demandada recurrió ante este Tribunal para alegar que no procedía el injunction por ser éste académico, especula-tivo y contrario a la doctrina y que no existían circunstancias que ameritaran intervenir con la decisión de una organización privada. Decidimos revisar y expedimos el auto.

Conforme los principios que rigen la expedición del recurso extraordinario del injunction permanente bajo las circunstancias antes reseñadas, éste no procedía. Los demandantes no probaron que hubo un daño irreparable y la ausencia de un remedio adecuado en ley. Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 D.P.R. 725 (1912); Franco v. Oppenheimer, 40 D.P.R. 153 (1929); A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903 (1975). “La regla general es al efecto de que un [injunction] debe concederse o denegarse a base de los hechos y circunstancias existentes a la fecha de la vista del recurso.” Trigo Hnos. v. Sobrino De Izguierdo, 72 D.P.R.449, 465 (1951). Es “‘el estado de cosas existente al momento del pleito, más bien que el existente al tiempo de iniciársele, lo que es pertinente y lo que sirve de base al remedio solicitado’”. Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 57 D.P.R. 522, 524 (1940). Véanse, además: Trigo Hnos. v. Sobrino De Izguierdo, supra; Torruella v. Sucn. J. Serrallés, 57 D.P.R. 280 (1940).

Se dicta sentencia que revoca la dictada por el Tribunal Superior, Sala de Caguas, el 2 de junio de 1988 y se desestima la petición de “injunction” permanente.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió voto particular y de conformidad.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

—O—

Voto particular y de conformidad emitido por la

Juez Asociada Señora Naveira De Rodón.

Hoy nos toca resolver si procede o no dictar una orden de injunction contra una asociación privada cuando los afiliados-peticionarios aún no han agotado los procedimientos internos provistos por dicha entidad para dilucidar la controversia de que se trata.

I — I

Los hechos

El 2 de junio de 1988 el Tribunal Superior, Sala de Caguas, dictó injunction permanente mediante el cual prohibió a la Liga Atlética Interuniversitaria (L.A.I)/) a su presidente Dr. José L. Martínez Picó y a la Comisionada de Deportes, Sra. Criselia Ríos de Vázquez (Comisionada de Deportes), impedir que el estudiante de la Universidad del Turabo, Brian Whitehead —de éste ser académicamente elegible— participara en las Justas de la Liga Atlética Interuniversitaria (Justas LAJ.) de 1989. También con-denó a los demandados al pago de mil dólares ($1,000) en honorarios de abogado. No conforme, éstos presentaron recurso de revisión.

Con anterioridad a esta sentencia —el 13 de abril de 1988— la Comisión de Elegibilidad de la L.A.I., con votación de uno a favor, uno en contra y uno que no emitió su voto, confirmó la determi-nación de inelegibilidad del estudiante de la Universidad del Turabo, Brian Whitehead, hecha por la Comisionada de Deportes. Los hechos que culminaron en esta decisión comenzaron cuando en 1986 Whitehead se matriculó como estudiante en la Universi-dad del Turabo.

Whitehead inició su vida universitaria en 1980 en Ball State University (Ball State), Muncie, Indiana. Durante el año acadé-mico 1980-1981 participó como miembro del equipo de pista y campo de dicha universidad en las Justas Universitarias de la Mid-American Conference. En la temporada de 1981-1982, por ser académicamente inelegible, compitió como independiente (unattached).() En 1982-1983 pudo competir nuevamente para Ball State.

Una vez matriculado en la Universidad del Turabo, compitió en las Justas L.A.I. de 1987. Para las Justas L.A.I. de 1988, la Universidad Interamericana (U.I.A.) impugnó la elegibilidad del atleta ante la Comisionada de Deportes. La U.I.A. alegó que Whitehead había participado durante cuatro (4) años en torneos atléticos universitarios en o fuera de Puerto Rico y que, por lo tanto, no era elegible. ()

La prueba presentada ante la Comisionada de Deportes y la Comisión de Elegibilidad de la L.A.I. fue conflictiva. Algunos de los documentos suscritos por funcionarios de la MidAmerican Conference y la Ball State señalaban que Whitehead había competido por tres (3) años consecutivos representando a la Universidad, mientras otros aclaraban que una de sus participa-ciones la había efectuado de forma independiente. Ante esa situación se declaró inelegible a Whitehead.

No conforme con esta determinación, la Universidad del Türabo, en vez de acudir ante la Junta Administrativa y la Junta de Gobierno de la L.A.I., según los procedimientos establecidos en el Reglamento General de la L.A.I., presentó una petición de injunction provisional, preliminar y permanente ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas.() El tribunal de instancia acogió los planteamientos de la parte demandante y el 14 de abril de 1988 dictó entredicho provisional mediante el cual se ordenó la inclu-sión de Whitehead en la lista de los atletas que participarían en las Justas L.A.I. de ese año. Esta orden la revocamos mediante Sentencia de 15 de abril de 1988.() El caso fue devuelto al tribunal de instancia para que continuaran los procedimientos de forma compatible con la sentencia emitida. Las Justas L.A.I. se celebraron durante los días 15 y 16 de abril de 1988 sin la participación de Whitehead.

Después de varias suspensiones a solicitud de las partes, se señaló vista en su fondo para el 2 de mayo de 1988. En esa ocasión la parte demandante presentó su prueba, mientras que la parte demandada pidió se pospusiera la presentación de la suya argu-yendo que las partes tratarían de llegar a una transacción que dispusiera del caso. Se fijó fecha para la vista. En esa ocasión, las partes informaron al tribunal que no habían podido llegar a un acuerdo. La parte demandada se negó a presentar su prueba. Alegó que mientras se encontraban reunidos en cámara, el Juez Superior designado, Hon. Luis V Castro, les informó que ya tenía escrita la parte dispositiva de la sentencia. Más tarde, en Sala, el Juez leyó para récord la parte de la sentencia que tenía escrita. () Ante esta situación, los demandados solicitaron que se notificara la sentencia lo antes posible para así poder recurrir en revisión ante este Tribunal.

La sentencia declaró con lugar el injunction permanente con efecto prospectivo para las Justas de 1989, “de manera que se asegure la participación del estudiante-atleta, Brian Whitehead, si es académicamente elegible”. Solicitud de revisión, Anejo B, pág. 16. En ella también se expresó que “[e]l Tribunal [entendía] que el Reglamento de la LAI [era] un documento amplio, eficaz y autónomo. La Junta de Gobierno deb[ía] tener el poder final de elegibilidad cuando no se hayan observado las reglas provistas de manera que no se afecten los derechos de estudiantes-atletas ante la inescrupulosidad de personas llamadas a respetar dicho regla-mento”. íd.

Inconforme, la parte demandada presentó recurso de revisión. Alegó que no procedía expedir el injunction porque éste resul-taba académico, especulativo y contrario a la doctrina y que no existían circunstancias que ameritaran intervenir con la decisión de una organización privada. ()

Por estar íntimamente relacionados, discutiremos los errores señalados conjuntamente.

I — I I — I

Recurso de injunction —Principios Generales

Reiteradamente hemos resuelto que el injunction, por su naturaleza de recurso extraordinario, se expide con carácter discrecional y en ausencia de otro remedio más eficaz para vindicar el derecho que se persigue proteger. En cuanto a sus modalidades de entredicho provisional e injunction preliminar, hemos expresado que este recurso, “que desde su temprana etapa de entredicho está concediendo un remedio que en el procedi-miento usual ordinario no se alcanza hasta vencer en juicio, debe expedirse con sobriedad y sólo ante una demostración de clara e intensa violación de un derecho”. A.P.P.R. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 903, 906 (1975).

Acorde con la naturaleza del recurso, hemos adoptado crite-rios que sirven de guía a los tribunales de instancia en su tarea de decidir si conceden el remedio en las primeras dos (2) etapas. Entre los factores que se deben ponderar se encuentran: “la naturaleza de los daños que pueden ocasionárseles a las partes de concederse o denegarse el injunction-, su irreparabilidad o la existencia de un remedio adecuado en ley; la probabilidad de que la parte promovente prevalezca eventualmente al resolverse el litigio en su fondo; la probabilidad de que la causa se torne en académica de no concederse el injunction y, sobre todo, el posible impacto sobre el interés público del remedio que se solicita”. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 200, 202 (1975). Véase, además, Cobos Liccia v. DeJean Packing Co., Inc., 124 D.P.R. 896 (1989).

El principio medular que rige la concesión de este remedio extraordinario, que está inexorablemente atado a la equidad, es la existencia de una amenaza real de sufrir algún daño para el cual no se tiene un remedio adecuado en ley. 11 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Civil 2d See. 2942 (1983). For eso, mientras exista algún remedio eficaz, completo y adecuado en ley, no se considera el daño como irreparable. Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., 18 D.P.R. 725 (1912); Franco v. Oppenheimer, 40 D.P.R. 153 (1929); A.P.P.R. v. Tribunal Superior, supra. Es decir, que la determinación de la irreparabilidad del daño se ha de evaluar en gran medida a la luz de si existe un remedio adecuado en ley. Véase Cruz v. Ortiz, 74 D.P.R. 321, 328 (1953), y casos allí citados. No obstante, la determinación de lo que constituye un remedio apropiado en ley y, por ende, daño irreparable, va a depender de los hechos y las circunstancias de cada caso en particular. Véanse: Martínez v. P.R. Ry. Light & Power Co., supra; Loíza Sugar Company v. Hernaiz y Albandoz, 32 D.P.R. 903 (1924); Chardón v. Laffaye, 43 D.P.R. 650 (1932); A.P.P.R. v. Tribunal Superior, supra; Smith v. Western Elec. Co., 643 S.W.2d 10 (1982). Véase, además, D. Rivé Rivera, El Injunction en Puerto Rico, 53 (Núms. 2-3) Rev. Jur. U.P.R. 341, 346-347 (1984).

De otra parte, además de los requisitos señalados, antes de emitir-urna orden de injunction permanente los tribunales tam-bién tienen que tomar en consideración cualquier cambio entre las circunstancias presentes cuando se hizo la solicitud y aquellas que prevalezcan al momento en que se va a dictar la orden. “La regla general es al efecto de que un [injunction] debe concederse o denegarse a base de los hechos y circunstancias existentes a la fecha de la vista del recurso.” Trigo Hnos. v. Sobrino De Izquierdo, 72 D.P.R. 449, 465 (1951). “‘[E]l estado de cosas existente al momento del pleito, más bien que el existente al tiempo de iniciársele, [es] lo que es pertinente y lo que sirve de base al remedio solicitado.’” Las Monjas Racing Corp. v. Comisión Hípica, 57 D.P.R. 522, 524 (1940). Véanse, además: Trigo Hnos. v. Sobrino De Izquierdo, supra; Torruella v. Sucn. J. Serrallés, 57 D.P.R. 280 (1940). For tal razón, los tribunales tienen que estar atentos a1 que su intervención no se convierta en inmeritoria en la eventualidad de que surja un remedio que el promovente antes no tenía o no le era del todo eficaz y adecuado.

Se ha dicho que en aquellos casos en que un tribunal haya emitido el recurso cuando las circunstancias o estado de derecho que dieron lugar a su expedición varían, el recurso no puede sobrevivir tales cambios. “El remedio no se perpetúa más allá de su razón genésica. Los tribunales nunca deben ignorar cambios de relieve en la ley o en las circunstancias que sostienen el injunction a riesgo de que éste se convierta en ‘instrumento de injusticia’.” A.P.P.R. v. Tribunal Superior, supra, pág. 909. “[E]l injunction es un remedio dinámico sobre el cual los tribunales siempre conservan jurisdicción para dejarlo sin efecto o modifi-carlo a favor o en contra del que resulta obligado.” Noriega v. Gobernador, 122 D.P.R. 650, 688 (1988).

Conforme a todo lo anterior los tribunales, al expedir un auto de injunction, tienen que determinar que no existe un remedio adecuado en ley tanto al momento en que se solicita el remedio como cuando se celebra la vista en su fondo. Según hemos apuntado, hay que prestar particular atención a cualquier cambio en los hechos o circunstancias ocurrido durante el período trans-currido desde que se solicita la orden hasta que se expide, y aun después de expedido. Véase Noriega v. Gobernador, supra.

Los factores que se deben tomar en consideración para emitir el recurso de injunction permanente son: si el demandante ha prevalecido en un juicio en sus méritos; si el demandante posee algún remedio adecuado en ley; el interés público envuelto y el balance de equidades. State Ex. Rel. Guste v. Lee, 635 F. Supp. 1107, 1125 (1986). Al igual que en las etapas anteriores, “[e]l requisito esencial en un injunction permanente es la ausencia de remedio adecuado en ley”. (Traducción nuestra.)() Lewis v. S.S. Baune, 534 F.2d 1115, 1124 (5to Cir. 1976), cita con aprobación a Wright and Miller, supra, Vol. 11, Sec. 2944, pág. 401 (1973).

Por lo tanto, aun después de un juicio en sus méritos, los tribunales deben tomar en consideración la existencia o la ausen-cia de algún otro remedio adecuado en ley que evite el uso del injunction permanente antes de conceder el recurso solicitado.

i — i I — i H-1

Las asociaciones u organizaciones privadas, la doctrina de agotar remedios y el recurso de “injunction”

Como corolario al carácter de recurso extraordinario y a los requisitos de ausencia de remedio adecuado en ley y daño irreparable a que hemos hecho mención, el estado de derecho vigente exige que —salvo la existencia de un agravio de patente intensidad que reclame urgente reparación— se agoten los reme-dios existentes en el cauce administrativo antes de que proceda su utilización. Dentro del campo administrativo priva la norma de que los tribunales han de mantener una actitud de deferencia al cauce que provea la agencia para la solución de las controversias que se le presenten. Ante la ausencia de una clara demostración de daño irreparable y la ausencia de remedio adecuado, deben prevalecer las doctrinas de jurisdicción primaria y el agotamiento de recursos administrativos. García Gabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977); Mari v. Vicéns, 67 D.P.R. 473 (1947).

En el caso de autos no estamos frente a una agencia adminis-trativa. La L.A.I. es una organización de carácter privado. Sin embargo ésta, al igual que las organizaciones de carácter público, posee un reglamento de funcionamiento interno que establece un procedimiento para cuestionar las decisiones institucionales que afectan a los afiliados. En Hernández v. Asoc. Hosp. Del Maestro, 106 D.P.R. 72, 80 (1977), expresamos que en relación con una institución privada, en esa ocasión un hospital, la parte deman-dante tenía también que agotar los remedios internos a su disposición antes de recurrir a los tribunales. Las decisiones institucionales de entidades privadas también merecen deferencia por parte de los tribunales, especialmente aquellas que por su naturaleza tienen un peritaje (expertise) sobre la materia objeto de la controversia.

En términos generales, en lo que se refiere a disputas internas entre los miembros de determinada organización, ya sea ésta incorporada o no, en ausencia de una demostración de que se han agotado los procedimientos internos de la organización o de que existe un agravio de naturaleza tal que requiera urgente reparación, no procede la intervención judicial mediante el re-curso extraordinario del injunction. “La regla general es que aun cuando un miembro de una asociación puede recurrir a los tribunales para corregir una acción ilegal de la asociación en cuestión, debe quedar claro que antes de acudir a los tribunales dicho miembro agotó todos los remedios disponibles dentro de la asociación.” (Traducción nuestra.) Costa v. La Luna Servante et. al., 49 So. 2d 672, 673 (1950); Rodyk v. Ukrainian Autocephalic Orthodox Church, 296 N.Y. S.2d 496 (1968); Wilson v. McCune, Fla., 222 So. 2d 230 (1969); Swital v. Real Estate Com’r, 254 P.2d 587 (1953); State Ex Rel. W.V.A. Second Sch. Act. Com’n, v. Oakley, 164 S.E.2d 775 (1968); J.C. Weistart y C.H. Lowell, The Law of Sports, Nueva York, The Bobbs-Merrill Co. Inc., 1979, See. 2.19, pág. 168.

La relación entre una organización voluntaria privada y sus miembros es contractual y, al unirse a ella, éstos acuerdan someterse y regirse por sus reglas y reglamentos y asumen las obligaciones incidentales a esa membresía. Arts. 1206 y 1210 del Código Civil, 31 L.ER.A. sees. 3371 y 3375;() Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339 (1989);() Selosse v. Fund. Educ. Ana G. Méndez, 122 D.P.R. 534 (1988). Véase, además, Jorgesen Realty, Inc. v. Box, 701 P.2d 1256, 1257 (Colo. App. 1985), y casos allí citados. Los tribunales consistentemente han resuelto que no intervendrán con las determinaciones de una asociación privada en ausencia de alegaciones de fraude, arbitrariedad, irrazonabili-dad, discrimen o corrupción —Selosse v. Fund. Educ. Ana G. Méndez, supra; State v. Judges of Court of Common Pleas, 181 N.E.2d 261 (1962); Lough v. Varsity Bowl, Inc., 243 N.E.2d 61 (1968); Tennessee Secondary Sch. Athletic Ass’n v. Cox, 425 S.W.2d 597 (1968); Robinson v. Illinois High School Association, 195 N.E.2d 38 (1963), Sanders v. Louisiana High School Athletic Ass’n, 242 So. 2d 19 (1970); Scott v. Kilpatrick, 237 So. 2d 652 (1970)— y que harán cumplir los contratos a tenor con los términos de lo acordado. Art. 1044 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2994.() Véanse, además: Cervecería Corona v. Commonwealth Ins. Co., 115 D.P.R. 345 (1984); Rivera v. Samaritano & Co., Inc., 108 D.P.R. 604 (1979); Olazábal v. U.S. Fidelity, Etc., 103 D.P.R. 448 (1975). Si la decisión está en armonía con los fines y propósitos que persigue la institución, los tribunales deben res-petar su criterio y darle deferencia a la decisión tomada. Sin embargo, se justifica la intervención judicial cuando la entidad privada impone controles que carecen de fundamento adecuado con los fines legítimos de la organización. R. Waicukauski, Law and Amateur Sports, Bloomington, Indiana U. Fress, 1982, págs. 226-229. Véanse, además: Justice v. National Collegiate Athletic Ass’n, 577 F. Supp. 356 (1983); English v. Nat. Collegiate Ath. Ass’n, 439 So. 2d 1218 (1983); Butts v. Nat. Collegiate Athletic Ass’n, 751 F.2d 609 (1984); Ala. High School Athletic Ass’n v. Medders, 456 So. 2d 284 (1984); Snow v. New Hampshire Interscholastic, Etc., 449 A.2d 1223 (1982).

IV

Análisis de los hechos de acuerdo con las normas de derecho aplicables

Conforme los principios antes reseñados, el injunction solici-tado no procedía. Los demandantes no agotaron todos los reme-dios que la L.A.I. tenía disponibles para que sus afiliados cuestio-naran las decisiones adversas sobre la elegibilidad de un estudiante para participar en las Justas L.A.I. Esta era una decisión dispuesta dentro del peritaje especial de dicha entidad para la organización de actividades atléticas. Ante esas circuns-tancias, éstos no adujeron prueba sobre la existencia de un agravio de patente intensidad que requiriera una urgente repa-ración y que justificara obviar el agotamiento del trámite institucional interno. Además, no demostraron que hubo daño irreparable y ausencia de recurso adecuado en ley al momento de celebrarse la vista en su fondo.

El foro de instancia no podía ignorar que, a la fecha de la vista, las Justas L.A.I. ya se habían celebrado. La inminencia del alegado daño irreparable, de haber existido en algún momento, ya había desaparecido. Esto hacía aún más apropiado que fuera la L.A.I., a través de sus procedimientos internos, quien dilucidara los planteamientos de los demandantes. El estado de hechos existente al momento de la vista había variado sustancialmente del que prevalecía cuando se presentó la petición de injunction. Al momento de la vista en su fondo, la demandante tenía tiempo suficiente para dilucidar ante la L.A.I. sus alegaciones. El propio tribunal de instancia reconoció en su sentencia que la L.A.I. poseía un reglamento eficaz y que la Junta Administrativa era la que debía tener el poder final sobre el asunto de elegibilidad. La intervención judicial mediante el recurso extraordinario de injunction obviamente no se justificaba.

En virtud de todo lo antes expuesto, revocaría la sentencia emitida por el foro de instancia el 2 de junio de 1988.

      (1) La Liga Atlética Interuniversitaria (L.A.I.) es una entidad privada, sin fines de lucro, cuya función y propósito es disponer y organizar actividades deportivas entre centros docentes de estudios postsecundarios del país. Esta organización, fundada en 1929, agrupa hoy diez (10) instituciones educativas post secundarias: Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, Universidad Interamerieana, Pontificia Universidad Católica, Colegio Universitario de Cayey, Universidad del Turabo, Colegio Universitario de Humacao, Universidad del Sagrado Corazón, Colegio Universitario Tecnológico de Bayamón y Colegio Tecnológico de Arecibo.

      (2) Sobre este hecho surgió evidencia conflictiva al presentarse el caso ante la Comisionada de Deportes y la Comisión de Elegibilidad de la L.A.I.

      (3) El Cap. VIII, See. 3 del Reglamento General de la L.A.I. —Reglamento Técnico de la L.A.I.— dispone: “podrán participar en competiciones atléticas auspiciadas por la LAI aquellos estudiantes-atletas que reúnan los siguientes requisitos:
      “See. 3. Que su participación no exceda de un máximo de cuatro (4) años en torneos atléticos universitarios en o fuera de E R.”

      (4) El Cap. V del Reglamento General de la L.AI. dispone:
      “Art. 31, Sec. 1: Será el cuerpo de legislación inicial que recomendará la implementación [sie] de los principios y propósitos de la LAI a la J.G.
      “See. 9. ‘Será el recurso de última instancia de la LAI.’”

      (5) La orden se revocó por haberse incumplido con las disposiciones de la Regla 57.2 de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. Ill (Certiorari Núm. CE-88-203).

      (6) Para todos los fines prácticos, la parte leída disponía del recurso.

      (7) También planteó que la conducta del juez constituyó una violación al debido proceso de ley. Por la conclusión a que llegamos, no es necesario discutir este error. Sin embargo, quisiéramos señalar que resulta contrario a la mejor práctica y a las disposicio-nes estatutarias relativas a estos procedimientos el que el juez de instancia haya adjudicado la controversia antes de oir la prueba de los demandados. 11 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure-. Civil 2d See. 2941 (1983); Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.
      El debido proceso de ley es de naturaleza circunstancial y pragmática. Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315 (1976). Su apreciación debe hacerse de acuerdo con los hechos de cada caso en particular. En relación con el derecho a ser oído, debe considerarse que éste incluye, en casos como el de autos, una oportunidad de presentar evidencia. Pagán v. Registrador, 62 D.P.R. 594 (1943).

      (8) “[N]o injunction, not even one sought after a full scale trial, is to be granted unless the legal remedy is shown to be inadequate.” D.B. Dobbs, Handbook on the Law of Remedies, Minnesota, West Publishing Co., 1973, pág. 108.

      (9) Los Arts. 1206 y 1210 del Código Civil disponen, respectivamente:
      “El contrato existe desde que una o valias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras, a dar alguna cosa, o prestar algún servicio.” 31 L.P.R.A. sec. 3371.
      “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuen-cias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 31 L.P.R.A. sec. 3375.

      (10) En relación eon el Art. 1210 del Código Civil, supra, en Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 345-346 (1989):
      “El Art. 1210 de nuestro Código Civil, 31 L.ER.A. see. 3375, dispone que los contratos, una vez perfeccionados, obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza estén conformes con la buena fe, al uso y a la ley. Más allá de su literalidad, este precepto se proyecta ‘no sólo como complemento de lo convenido[,] sino como reguladores de los efectos que, durante la vigencia del pacto, puedan y deban producir determinados acaecimientos y a la reacción de los propios contratantes; y por su carácter subjetivo y espiritual, el más destacado de tales factores, cuya presencia ya exige la ley en el mismo acto de la prestación del consentimiento so pena de que el contrato adolezca de algún vicio capaz de invalidarle, es el de la “buena fe’”. . . . J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 439-440.”

      (11) El Art. 1044 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 2994, dispone:
      “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.”


author: Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Banco Comercial de Mayagüez, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, Sección Primera, recurrido.

      Número: CE-86-434

      Resuelto: 15 de junio de 1990

      Luis Mojica Sandoz, Registrador de la Propiedad recurrido; Ángel L. Alicea Pares, abogado del recurrente; Emilio Vidal Pérez Rosado, abogado de la Junta de Planificación de Puerto Rico, interventora.
   RESOLUCIÓN

A la anterior Moción de Reconsideración, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Rebollo López.

{Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz

Secretario General Interino

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Rebollo López.

(En reconsideración)

A petición del Registrador de la Propiedad (el Registrador), reconsideraríamos la decisión del 30 de abril de 1988 (Banco Comercial v. Registrador, 118 D.P.R. 773 (1987)).

Distinto a cuando resolvimos originalmente, en esta etapa tenemos el beneficio adicional, en calidad de interventora, de la Junta de Planificación de Puerto Rico. Concluimos que la Admi-nistración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) debe evaluar el arrendamiento que el Registrador se negó a inscribir para determinar si procede el permiso o es una lotificación exenta de acuerdo con el Art. 78 del Reglamento de Lotificación (Reglamen-to Núm. 3 de la Junta de Planificación).

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Taco Burguer Corporation, propietaria de una finca() en Caguas, se propuso construir el Centro Comercial Cagüitas Malí, compuesto de un edificio principal y cuatro estructuras indepen-dientes (free standing units). Como parte de estas gestiones, el 30 de enero de 1986 celebró contrato de arrendamiento con el Banco Comercial de Mayagüez (el banco). Estipularon que el Banco (la arrendataria) ocuparía una porción de la finca, parcela de terreno de entre tres mil (3,000) y tres mil doscientos (3,200) pies cuadrados donde construiría una estructura. Terminado el arren-damiento, la edificación pasaría a ser propiedad de Taco Burger, Corp. (la arrendadora).

El 11 de febrero de 1986 fue presentado para su inscripción el título del mencionado arrendamiento contenido en la Escritura Núm. 17 otorgada ante el notario Ángel L. Alicea Parés. El entonces Registrador de la Propiedad, Ledo. Luis Mojica Sandoz, notificó como requisito para la inscripción la presentación de la autorización de A.R.Pe.() El 2 de abril de 1986 el Registrador notificó nuevamente el defecto. Añadió que posteriormente se había presentado una hipoteca que gravaba la finca. Obviamente, el Registrador le advertía la posibilidad de que la hipoteca tuviera un rango superior que el arrendamiento si no se subsanaban los defectos en el término dispuesto por ley.

El 1ro de mayo de 1986, el Banco sometió copia de la solicitud del permiso de urbanización y la solicitud del permiso de cons-trucción del edificio aprobada por A.R.Pe. El 9 de mayo de 1986, el Registrador señaló:

Los documentos presentados por usted en nada corrigen los defectos apuntados. Es preciso un permiso o plano de inscripción final de ARP[e] para que pueda crearse derecho alguno sobre una parcela de terreno que resulta ser una segregación. Tampoco puede concederse derecho sobre edificación que no se ha inmatriculado como dispone el Art. 198.2 del Reglamento Hipotecario. (Énfasis suplido.) Anejo 7 a Alegato del recurrente.

Inconforme con la calificación, el Banco acudió ante nos cuestionando que el Registrador considerara el arrendamiento como una segregación que requiriera el correspondiente permiso de A.R.Pe. Ante esos hechos, revocamos. Nos fundamentamos en el razonamiento siguiente:

En el presente caso el Banco Comercial recurrente presentó, para su inscripción en el Registro de la Propiedad, una escritura pública de contrato de arrendamiento de una parcela de terreno que forma parte de una finca destinada a funcionar como centro comercial. En el contrato se establece que el recurrente Banco Comercial será responsable de construir la edificación a ser utili-zada por ellos y que ésta, luego de terminado el arrendamiento, pasaría a ser propiedad del centro comercial. De lo anterior se desprende que no estamos ante una segregación de una parcela de terreno y sí ante uno de los casos de excepción que permite el Art. 78 del Reglamento de Lotificación, supra. Para que estemos ante una segregación es necesario que se separe parte de una finca para formar una finca nueva. R. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. II, pág. 519. En los casos en que se efectúe una segregación, la modificación lleva consigo la corres-pondiente minoración o eliminación de la finca registral correspon-diente. Roca Sastre, op. cit., pág. 495. Ninguna de estas cosas ocurre en el presente caso. La finca principal no sufrió reducción en cabida ni se formó una finca nueva, sino que meramente se arrendó una parcela de terreno, la cual, al finalizar el término del contrato de arrendamiento, pasaría de nuevo a manos del arrendador, inclu-yendo la edificación que se haya construido en la misma. El contrato de arrendamiento en el presente caso describe detalladamente la organización del Centro Comercial Cagüitas Mall; la misma consiste en alquilar varias parcelas de terreno pertene-cientes a la finca principal. En éstas los arrendatarios son responsables de construir las edificaciones comerciales donde ubicarán sus respectivos nego-cios. Los edificios a construirse en el predio de terreno estarán todos dedicados a un mismo fin principal, el comercio, por lo que es de aplicación la excepción del Art. 78 del Reglamento de Lotificación, supra, ya que ésta facilita la construcción de este tipo de proyecto.
En consecuencia, al no tratarse de fina segregación estamos ante un arrendamiento, comprendido dentro de la definición de lotificación que da la ley de A.R.P[e]., supra, que cae bajo las excepciones establecidas por el Reglamento de Planificación, supra. Por esto no era necesario presentar el correspondiente permiso de A.R.P[e], como requisito previo para la inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad. (Énfasis en el original.) Banco Comercial v. Registrador, págs. 780-781.

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El concepto “lotificación” se incorporó a nuestro ordena-miento jurídico mediante el Art. 2 de la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, Ley Núm. 213 de 1942. Se definió como “la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes para la venta o para una nueva construcción, e incluye urbanización como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto Rico”.() Rivera v. Registrador, 64 D.P.R. 461, 463 (1945); Sepúlveda v. Registrador, 64 D.P.R. 449 (1945). Véanse, además: R.R. Fuertes, La lotificación rural y su procedimiento, 10 Rev. C. Abo. P.R. 182 (1947); A. García Martínez, Algunos aspectos de la lotificación y zonificación en Puerto Rico, 23 Rev. Jur. U.PR. 337 (1954); R. Picó, Los primeros años de la planificación en Puerto Rico, VIII Plerus 25, 39-41 (1974); R. Alonso Alonso, La nueva Ley de Planificación de Puerto Rico, IX Plerus 1, 36-37, (1975).

Esa escueta definición suscitó varias controversias que ameritaron su enmienda. Véanse: Martínez v. Registrador, 73 D.P.R. 210 (1952); Enríquez v. Registrador, 65 D.P.R. 407 (1945); Fortunet v. Junta de Planificación, 67 D.P.R. 265 (1947); Picó v. Corte, 66 D.P.R. 159 (1946). La Ley Núm. 388 de 11 de mayo de 1950 amplió el concepto:

“Lotificación” significa la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes para la venta, traspaso, cesión, arrendamiento, donación, usufructo, uso, censo, fideicomiso, o para cualquier otra transacción así como para un nuevo edificio e incluye también, urbanización como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto Rico; y además una mera segregación. 1950 Leyes de Puerto Rico 905, 907.

En Martínez v. Registrador, supra, págs. 214-215, ya vigente la nueva definición, indicamos que “[s]i bien la hipoteca, como puede verse, no se menciona por su nombre en el texto arriba transcrito, no puede haber dudas de que está incluida en la frase ‘o para cualquier otra transacción’, pues este concepto general se aplica, en vista del propósito del estatuto, a todo acto mediante el cual se someta o exponga una finca, predio o parcela a ser dividida materialmente, esto es, a que se formen dos o más partes de lo. que antes constituía una sola. Tal es el propósito claro de la ley. De no requerirse la autorización previa de la Junta para formar la nueva porción —tanto en los casos en que el acto o transacción en sí conlleve la formación inmediata de una nueva finca como en los que se deslinda o delimita materialmente sin formación inmediata de finca independiente— la ley resultaría ineficaz para cumplir elfin público que persigue, pues fácil sería recurrir a la ejecución de una hipoteca para obtener a través de ese medio, lo que quizá no podría obtenerse si se intentara de otro modo”. (Enfasis suplido.)

Como puede observarse, el término “lotificación” experimentó modificaciones y ampliaciones legislativas sustanciales que fueron recogidas en nuestra jurisprudencia() para adaptarlo a las reali-dades cambiantes del desarrollo de Puerto Rico, de una sociedad agrícola a una industrial. El propósito básico es evitar que urbanizadores, proponentes y ciudadanos que acuden a los orga-nismos planificadores obvien o burlen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables y, mediante subterfugios, ganen acceso al Registro con una lotificación ilegal no considerada por A.R.Pe. Preciosas V. del Lago v. Registrador, 110 D.P.R. 802, 811 (1981).

En consonancia con esa trayectoria, el Art. 3(k) de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, creadora de la Junta de Planificación, 23 L.P.R.A. sec. 62b(k), define “lotificación” así:

. . . [E]s la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes, para la venta, traspaso, cesión, arrendamiento, donación, usufructo, uso, censo, fideicomiso, división de herencia o comunidad, o para cualquier otra transacción; la constitución de una comunidad de bienes sobre un solar, predio o parcela de terreno, donde se le asignen lotes específicos a los comuneros; así como para la construcción de uno o más edificios; e incluye también urbanización, como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto Rico, y, además, una mera segregación.

“La misma definición de ‘lotificación’ se repite [ad pédem lítterae] en el Art. 3 (h) de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos que es la Núm. 76 de 24 de junio, 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71b(h)).” Preciosas V. del Lago v. Registrador, supra, pág. 804.

Por otra parte, “segregación no es más que la separación de una parte de una finca de su matriz para constituir una finca distinta”. Mattei v. Registrador, 94 D.P.R. 467, 471 (1967).

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Como puede deducirse de las definiciones anteriores, el término lotificación es hiperónimo del término segregación, lo que no establece una absoluta equivalencia entre ambos, ya que el primero (lotificación) tiene una más amplia categoría semántica y puede, por lo tanto, aplicarse a un mayor número de situaciones. Véase Boletín de Divulgación Núm. 8 de la Junta de Planificación de Puerto Rico, citado por García Martínez, op. cit, pág. 338 esc. 3. El término segregación, por otra parte, posee unos atributos específicos que lo limitan y particularizan dentro de las lotificaciones. No hay, por lo expresado, una correspondencia exacta e invariable entre los términos en discusión.

En el sentido técnico jurídico, la segregación, siendo una lotificación, posee un significado distintivo que la separa de otros tipos de lotificaciones. Sin embargo, como bien nos advierte la Junta de Planificación' en su alegato, si bien nuestro sistfema de planificación utiliza el término “lotificación” y no propiamente “segregación”, la costumbre ha sido que tanto los técnicos de los organismos oficiales como los urbanizadores y otro público, los hayan utilizado indistintamente.

Al considerar esta precisión de significado, no hay duda de que el Registrador no utilizó el vocablo apropiado: debió indicar al Banco que el arrendamiento constituía una lotificación y no una segregación, como lo hizo. Es necesario considerar, aun así, que lo anterior no implica que el Registrador no tuvo razón al dictaminar que era necesario el permiso de A.R.PE. para inscribir el arren-damiento. Un error de carácter nominal no altera el hecho sustancial de que el Registrador opinaba correctamente, pues la inexactitud en el acto de denominar no cambia la esencia de la razón sustantiva.

Vistas las diferencias conceptuales y semánticas, prestemos atención al ratio decidendi de nuestra opinión anterior. Allí acogimos la tesis del Banco, apuntalada en la supuesta exención del permiso de A.R.Pe. por aplicarle a su situación el Art. 78 del Reglamento de Lotificación (Reglamento Núm. 3 de la Junta de Planificación de 1954).() La Junta de Planificación considera incorrecta dicha determinación. Arguye que distinto a lo resuelto por este foro, las excepciones a la disposición reglamentaria aludida se refieren a cementerios y lotificaciones de carácter rural. Aduce, además, que estas excepciones no operan por sus propios términos (ex proprio vigoré). Tiene razón.

Ciertamente no correspondía a este Tribunal, como hizo, pasar juicio sobre la aplicabilidad del Art. 78 del Reglamento de Lotificación, supra, al arrendamiento presentado para inscripción en el Registro. Era necesario que la agencia facultada evaluara si la lotificación propuesta se ajustaba a los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos. Por ende, no podía el Banco fundamentarse en el lenguaje amplio del Art. 78 del Reglamento de Lotificación, supra, para atribuirse automáticamente el derecho de exención establecido por el citado precepto. Era imperativo solicitar a A.R.Pe., agencia con la pericia necesaria y autoridad en ley, la evaluación de su caso y determinar si procedía el permiso o su dispensa. Sólo después de este trámite puede actuar el Registra-dor en observancia de la norma de que no puede hacerse ni inscribirse ninguna lotificación si no ha sido previamente apro-bada o dispensada por la Junta (ahora A.R.Pe).() Fernández v. Registrador, 82 D.P.R. 539 (1961).

“La Ley no concede al registrador discreción alguna en cuanto a eximir de las obligaciones impuestas por la ley o los reglamen-tos. Su deber es rechazar el documento del cual se solicita inscripción si no se presenta el correspondiente plano aprobado por la Junta [A.R.PE.] o la certificación de la correspondiente dispensa otorgada también por la Junta [A.R.Pe.]. Como en este caso no se presentó ni una ni otra cosa, actuó correctamente el registrador al denegar la inscripción del documento.” Rivera v. Registrador, supra, pág. 466. Véanse, además: Alicea v. Registrador, 71 D.P.R. 592, 599 (1950); Ramos v. Registrador, 69 D.P.R. 708 (1949).

Por los fundamentos antes expuestos, reconsideraríamos y confirmaríamos la nota del Registrador. El contrato de arrenda-miento no debería inscribirse hasta tanto la lotificación fuera aprobada o dispensada por A.R.Pe. y así se acreditara con los documentos complementarios correspondientes.

      (1) “URBANA: Parcela A - Parcela de terreno en el barrio Bairoa de Caguas, compuesta de Tres punto dos cero cuatro dos cuerdas (3.2042 edas.), equivalentes a Doce mil Quinientos noventitrés metros cuadrados con siete mil novecientas treintitrés diez milésimas de otro (12593.7933) y en lindes, por el Norte, con la Sucesión de Rosa Molina Casanova y parcela vendida a la Eastern Auto Sales, Inc.; por el Sur, con el río Cag[ü]itas; por el Este, con una parcela a dedicarse a calle marginal de la carretera estatal número uno que transcurre de San Juan a Ponce; y por el Oeste, con Blanca Longo de Agudo.” Anejo 1 a Alegato del recurrente, pág. 20.

      (2) “No puede arrendarse la parcela de terreno descrito sin autorización de ARP[e], Si la edificación está en proyecto quizás se podría inscribir el derecho a construir, es decir, el derecho de superficie, pero tal como está expresado el propósito, no tiene entrada al Registro.” Anejo 2 a Alegato del recurrente.

      (3) Las Leyes Núm. 69 de 3 de agosto de 1925 y Núm. 11 de 11 de abril de 1931 utilizaban el término “urbanización de terrenos”.

      (4) En Janer Vilá v. Registrador, 115 D.P.R. 79, 84 (1984), resolvimos que el arrendamiento de un local no constituye una lotificación o segregación.

      (5) “Artículo 78. — Casos de Varios Edificios en un Solo Predio. — En los casos de instituciones u otras organizaciones o entidades cívicas, docentes, religiosas, caritativas, de recreo, industriales, u otras, en que hayan de construirse varios edificios que, aunque físicamente independientes, han de estar funcionalmente relacionados al mismo fin principal, la Junta podrá guiarse por la conveniencia de aceptar su establecimiento en un solo predio de terreno.
      “En tales casos se someterá a la Junta un anteproyecto que incluya la ubicación délas edificaciones y cualesquiera vías a construirse, acompañándose, además, una descripción del proyecto y la relación del uso a dársele a las nuevas edificaciones.
      “Si cualesquiera parte o partes de tal organización o entidad fuera más tarde cambiada a un uso principal independiente, la parte interesada vendrá obligada a cumplir cabalmente con las disposiciones del presente Reglamento.” Art. 78 del Reglamento de Lotificación (Reglamento de Planificación Núm. 3 de la Junta de Planificación de 1954).

      (6) La Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos de 1975 le asignó a A.R.Pe. las funciones operacionales que hasta ese momento desempeñaba la Junta de Planificación. Véanse: The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23 (1978); Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326 (1985); Junta de Planificación v. J.A.C.L., 109 D.P.R. 210 (1979).