author: per curiam :

text:
    Rosario Pedraza Rivera, demandante y recurrida, v. Jenaro Collazo Collazo, demandado y peticionario.

      Número: O-78-303

      Resuelto: 15 de enero de 1979

      José Ramón Pérez Hernández, abogado del peticionario; Pedro Baiges Chapel, abogado de la recurrida.
   per curiam :

La demandante, empleada permanente en el servicio público ocupando el cargo de Técnico de Servicios Sociales III en la Unidad de Control de Calidad del Programa de Cupones de Alimentos del Departamento de Servicios So-ciales, trabaja en las oficinas de la región de Trujillo Alto— su domicilio. Acudió en primera instancia al Tribunal Superior, Sala de San Juan, en acción civil de Sentencia Declara-toria e Injunction, al amparo este último de la Ley Núm. 12 del 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. see. 3524). En su demanda alegó que la determinación administrativa que or-denó su traslado a oficinas de nueva creación en la región del vecino municipio de Carolina violaba sus derechos constitu-cionales al debido procedimiento, a la igual protección de las leyes y “otros derechos constitucionales y civiles.” En sínte-sis, alegó que su traslado contravenía las Sees. 8.2 (3f), 8.2 (3g) y 8.2 (3a) del Reglamento de Personal y que la orden de tras-lado era arbitraria, abusiva y constitutiva de una medida dis-ciplinaria y de una conducta de “persecución maliciosa con visos de discrimen por razones de ideas políticas.” Alegó no tener otro remedio en la ley y solicitó la cantidad de $25,000 por concepto de daños y perjuicios.

El demandado solicitó la desestimación de la demanda y la sala sentenciadora emitió resolución negándose a desestimar la misma. En su resolución, amparóse en la doctrina del caso Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978), admitiendo la competencia del tribunal para resolver esta contro-versia en primera instancia. En su solicitud de certiorari el demandado peticionario sostiene que la jurisdicción primaria para la dilucidación de la presente controversia corresponde por ley a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administra-ción de Personal. Señala, además, que la doctrina de ago-tamiento de remedios administrativos, según expresada en el caso E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506 (1964), impide en el caso de autos el acceso al foro judicial en primera instancia.

Reiteramos la doctrina sentada por este Tribunal sobre la aplicación de las normas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administrativos en casos donde se alega que una actuación administrativa infringe los derechos constitucionales de una parte. Véase: Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 838 (1978) (en reconsideración).

El punto de partida para guiar la aplicabilidad o no de estas normas en tales circunstancias se halla en el propósito que anima la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974, antes citada.

Motivó esta ley el deseo de proveer un remedio local para violaciones de derechos constitucionales, remedio hasta entonces disponible tan solo en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, lo que necesariamente forzaba al litigante a acudir en estos casos únicamente a tal foro. Cf. Naveira de Rodón, Inter-Relación entre el Foro Local, El Foro Federal y la Reforma Judicial, 36 Rev. C. Abo. P.R. 951, 984-85 (1975). De lo anterior se desprende que para tener efectividad el remedio local tiene que ser consustancial con el federal. La clara intención de nuestro estatuto fue crear remedios paralelos.

Aunque existe jurisprudencia en contrario, la opinión más generalizada es que no se requiere agotar remedios administrativos estatales antes de acudir al foro judicial federal bajo la Ley Federal de Derechos Civiles. N. Dorsen, P. Bender 4 B. Newborne, Emerson, Haber & Dorsen’s Political and Civil Rights in the United States, 4a ed. 1976, vol. 1, pág. 1585; Note, Exhaustion of State Administrative Remedies Under the Civil Rights Act, 8 Ind. L. Rev. 565 (1975); Comment, Exhaustion of State Administrative Remedies in Section 1983 Cases, 41 U. Chi. L. Rev. 537 (1974); McNeese v. Board of Education, 373 U.S. 668, 672 (1963).

Por otro lado, la jurisprudencia federal establece firmemente que existe jurisdicción bajo 42 U.S.C. see. 1983 a me-nos que el planteamiento constitucional carezca obviamente de sustancia, Hagans v. Lavine, 415 U.S. 528, 543 (1974), o sea patentemente inmeritorio, Bell v. Hood, 327 U.S. 678, 683 (1946).

La naturaleza y propósito de la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 exigen en consecuencia el reconocimiento de que el remedio que la misma provee es independiente y suple-mentario a cualquier otro disponible a la parte agraviada. Tal remedio no está sujeto, como regla general, a las normas de jurisdicción primaria y agotamiento de remedios administra-tivos cuando el planteamiento constitucional no carece obvia-mente de sustancia ni es patentemente inmeritorio.

Los hechos del presente caso no justifican que prescindamos de aplicar las normas generales sobre la jurisdicción primaria y el agotamiento de los remedios administrativos. Es claramente inmeritorio el planteamiento constitucional. La demandante se queja de que se ha ordenado su traslado a unas oficinas de Carolina, un municipio colindante, accesible por unas vías de carretera adecuadas. No estamos ante un caso de rebaja de sueldo ni mucho menos de una cesantía, circunstancias éstas que podrían conllevar un impacto económico inmediato. Tampoco se trata de una reclasificación del empleado, en violación de un derecho de propiedad adquirido. Ni están presentes aquellos hechos que, según hemos resuelto en ocasión anterior, originan una válida presunción de discrimen por motivos de ideas políticas. Se trata simple y llanamente del traslado de la demandante a un pueblo vecino donde se ha dispuesto la creación de nuevas oficinas del programa de Cupones de Alimentos. Este hecho escueto no delata un agravio de patente intensidad al derecho del individuo, que reclama urgente reparación.

Se expide en consecuencia el auto solicitado y se revocará la resolución emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Ortiz, J., en él caso de Pedraza v. Collazo, Civil Núm. P.E. 78-1006 (906), que declaró sin lugar la moción de deses-timación, y se dictará otra declarándola con lugar.

       Esta ley en lo pertinente dispone:
      “3. . . . [E]l Tribunal podrá dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de Procedimiento Civil:
      (1) ..
      (2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la auto-ridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o Leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

        Disponiéndose además; que al dictar dicha orden el Tribunal debe con-siderar el interés público envuelto y concluir que la parte peticionaria tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos de su petición. Dicha orden sólo tendrá vigor en el caso específico ante el Tribunal y entre las partes.”

       Véase Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, Art. 7.14 (3 L.P.R.A. sec. 1394).

       Véase Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Ne-grón García.

license: Public Domain

text:
    Alicia Borges Vda. de Galindo, demandante y peticionaria, v. Rafael J. Cano y Desiree Originals, Inc., demandados y recurridos.

      Número: O-78-285

      Resuelto: 15 de enero de 1979

      Max Ramírez de Arellano, abogado de la peticionaria; Edwin R. Bonilla Vélez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Doña Alicia Borges viuda de Galindo, por sí, y en repre-sentación de otros dos condueños, cedió en arrendamiento a don Rafael Cano un solar y edificio radicado en el Mu-nicipio de Caguas, los cuales, según sostiene la arrendadora, fueron subarrendados a la corporación Desiree, Inc. Estando vigente el arrendamiento, el edificio fue destruido por dos in-cendios ocurridos en días sucesivos. La parte arrendadora en demanda instada en 23 de septiembre de 1977 alega que los incendios se debieron a la culpa o negligencia del arrendatario y del subarrendatario, razón por la que reclama de éstos com-pensación por los daños y perjuicios sufridos por la pérdida del edificio. En esa misma fecha solicitó, en aseguramiento de sentencia, el embargo de bienes pertenecientes a la parte de-mandada suficientes para resarcir sus daños que estimó en noventa mil dólares, más diez mil dólares para intereses, cos-tas y desembolsos del pleito, incluyendo honorarios de abo-gado.

El mismo día el tribunal (Villares, Juez) ordenó el embargo de bienes de la parte demandada en cantidad suficiente para responder por la suma de cien mil dólares, fijando a la parte demandante una fianza de cinco mil dólares. Dicha orden de embargo incluía el pago del producto de cualquier póliza de seguros, con el resultado que la aseguradora CNA Casualty of Puerto Rico consignó la suma de $100,000 que constituía parte del seguro correspondiente a la demandada Desiree Originals, Inc. Insatisfecha la parte demandada con la suma exigida para afianzar el embargo solicitó del tribunal, en 29 de marzo de 1978, que dejara sin efecto la orden dictada y fijara una nueva fianza no menor de cien mil dólares. Al opo-nerse la demandante al aumento de la fianza el tribunal (Mo-reda, Juez), sin celebrar vista al efecto, declaró sin lugar la petición de aumento en 11 de abril de 1978. En una vista en reconsideración celebrada el 2 de junio de 1978 la sala de instancia (Santiago Matos, Juez) dejó en pie la denegatoria de aumento. No obstante, ese mismo día actuando a instancia propia, el tribunal, sin oír a la demandante, autorizó a la parte demandada a levantar el embargo que ascendía a cien mil dólares en efectivo (producto de una póliza de seguros) mediante la prestación de fianza por la parte demandada de sólo cinco mil dólares. El fundamento del tribunal según se expresa en la minuta de esa fecha es al efecto de que “el tribunal sua sponte rectifica su determinación anterior, ya que el demandado está dispuesto a prestar fianza de $5,000.00 para levantar el embargo.” De esa medida que el tribunal to-mara a instancia propia acude ante nos la demandante.

Como vemos, los hechos de este caso nos llevan a expresar nuestro criterio en torno a interesantes aspectos del meca-nismo para el aseguramiento de sentencias que rige en el país. En particular nos permiten determinar qué criterios deben tomar en consideración los jueces de instancia cuando deter-minan la cuantía a que debe ascender la fianza que se exige a un demandante que embarga bienes del demandado para asegurar la efectividad de una futura sentencia a su favor, así como la que exigirán a un-demandado que intenta levan-tar dicho embargo.

Mediante el embargo preventivo se afecta un cierto bien a un proceso judicial y queda ligado o trabado de tal modo que no podrá desvincularse de las resultas del mismo. Así se proporcionan al juez los medios necesarios para llevar a normal término una ejecución procesal, que de otra suerte podía quedar frustrada. Guasp, J., Derecho Procesal Civil, pág. 432 et seq., 2da. ed., Madrid, 1961. Queda pues manifiesta la utilidad social que tiene el embargo preventivo, tan estrechamente ligado con la efectividad de la gestión judicial sobre asuntos de carácter patrimonial, toda vez que tiene el efecto de evitar que el demandado distraiga u oculte sus bienes o la cosa que se demanda, con el objeto de burlar los derechos y reclamaciones de su acreedor. Rev. Gen. Legis. y Juris., Ley de Enjuiciamiento Civil, Tomo III, pág. 507 et seq., 2da. ed., Madrid, 1909.

Hace muchos años que en nuestra jurisdicción tenemos claras normas para regir el embargo preventivo. Ya el Título .XIX de la Ley de Enjuiciamiento Civil para Cuba y Puerto Rico de 1865 contenía una elaborada estructura a los efectos. Posteriormente, la Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias de 1902, parte de la cual permanece aún vigente dentro del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 1069 et seq., cubrió el campo. Hoy, sin embargo, es la Regla 56.3 de Procedimiento Civil la que, de manera concisa, recoge los preceptos pertinentes quedando las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil sólo como complemento de la misma.

La Regla 56.3 expresa:

“Se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza, si apareciere de documentos públicos o privados firma-dos ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legalmente exigible, o si se gestionara el re-medio después de sentencia. En todos los demás casos, el tribunal exigirá la prestación de una fianza suficiente para responder por todos los daños y perjuicios que se causen al demandado como consecuencia del aseguramiento. Un demandado o querellado po-drá, sin embargo, retener la posesión de bienes muebles embar-gados por un demandante o reclamante, prestando una fianza por tal suma que el tribunal estime suficiente para responder por el valor de dicha propiedad. El afianzamiento por el demandado de la suma embargada, dejará sin efecto el embargo.” (Énfasis su-plido.) 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 56.3.

La disposición citada contempla dos situaciones: (1) la solicitud de embargo por el demandante y (2) el levantamiento del embargo por el demandado. La primera situación requiere que el demandante embargante preste una fianza suficiente para enjugar los daños y perjuicios que pueda sufrir el demandado como consecuencia del embargo. Al fijar la fianza para el embargo, el tribunal debe ponderar una serie de factores, entre los cuales pueden sugerirse los siguientes: cuán fundamental es la utilidad que el bien a embargarse sirve al demandado; la solidez de los fundamentos que prima facie sostienen la reclamación del demandante; y si el aseguramiento solicitado es el menos oneroso para garantizar la efectividad de la sentencia que pueda recaer. Todo esto atendiendo el mandato de la Regla 56.3 de estimar los posibles daños que se causarían al demandado y a la exigencia de la Regla 56.1 en cuanto prescribe que se dé consideración a los intereses de todas las partes según lo requiera la justicia sustancial. Mantenemos así un principio antiguo en esta jurisdicción, cual es, que se garanticen los derechos del reclamante de la manera menos gravosa para el demandado. Paz v. Bonet, 31 D.P.R. 68 (1922); véase Ley de 1ro. de marzo de 1902, 32 L.P.R.A. sec. 1072.

Ahora bien, ya ordenado el embargo, luego de atender los criterios expuestos, la Regla 56.3 provee una medida distinta para la fijación de fianza para el levantamiento del embargo trabado. La intervención del juzgador queda esta vez limitada a estimar la fianza ofrecida por el demandado y determinar si es suficiente para responder por el valor de los bienes que se intentan liberar. Esto es así porque la fianza que presta el demandado sólo tiene el efecto de sustituir los bienes embargados y no el de menoscabar la garantía para responder de la efectividad de la sentencia que pueda recaer a favor del demandante. Es evidente entonces que ninguna relación han de guardar, por cuanto obedecen a distintos propósitos, la fianza que una vez prestó el demandante y la que luego, para liberar el embargo ha de prestar el demandado.

A tenor con la doctrina expuesta, forzoso es concluir que cometió error la sala de instancia cuando, sin escuchar al de-mandante, permitió que el demandado levantara el embargo trabádole, requiriéndole exclusivamente la prestación de una fianza igual a la que se le exigió al demandante. Su actuación equivale a reducir a $5,000 el embargo de $100,000 que fuera debidamente afianzado por el demandante. Al así actuar, el tribunal recurrido se excedió de las facultades que le concede la Regla 56.

Se expedirá el auto solicitado, se revocará la resolución re-currida y se procederá a tenor con los principios expuestos.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión con-currente y disidente.

—O—

Opinión concurrente y disidente del

Juez Asociado Señor Ne-grón García.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de enero de 1979

No cuestiono los pronunciamientos esbozados por el Tribunal en torno a la mecánica y criterios vigentes para la im-posición de fianza bajo la Regla 56.3 de Procedimiento Civil.

Sin embargo, no cabe en mi conciencia judicial sostener como razonable el embargo de $100,000.00 con una simple fianza de $5,000.00 y negar su levantamiento con igual can-tidad. La desproporción es evidente y carece de todo balance.

El espíritu y criterio rector que informa la Regla 56 de las de Procedimiento Civil vigentes — sea en la fijación inicial de fianza para garantizar la efectividad de una sentencia, como aquella para levantar un embargo trabado — es el de con-siderar los “intereses de todas las partes ... según lo requiera la justicia sustancial.” La diversidad de posibles situaciones exige flexibilidad, por ello el monto de las cuantías no son sus-ceptibles de reducirse a unas fórmulas matemáticas prefija-das. Su adecuacidad dependerá de la naturaleza de la causa de acción, carácter del objeto embargado, su valor, frutos que genera, y otros extremos relevantes imposibles de enumerar exhaustivamente.

En Pedrosa v. Corte, 55 D.P.R. 777, 780 (1939), rechaza-mos la tesis de que el levantamiento de un embargo preven-tivo, conlleva el pago, consignación o el afianzamiento de las sumas reclamadas por un demandante, concluyendo que sería una solución “injusta y absurda” el que para levantar un embargo de bienes por valor de $5,400.00 hubiera que pagar, de-positar o afianzar $30,000.00, “. . . o sea una suma más de cinco veces mayor que la embargada.” A mi juicio, la esencia del ratio decidendi de dicho caso subsiste y rige al de autos en que mediante la prestación de una fianza en metálico limitada a $5,000.00 se obtiene la consignación ante el tribunal de $100,000.00 producto del importe de una póliza. Advertimos que la naturaleza de la suma prestada básicamente es idén-tica al valor embargado.

Ante estas circunstancias particulares, no puedo suscri-bir la teoría de que la fianza de $5,000.00 exigídale a los de-mandados recurridos para levantar el embargo de los $100,000 era insuficiente cuando ellos originalmente lograron dicho embargo con igual cantidad.

       La parte demandada no acudió en alzada ante este Tribunal para la revisión de esa determinación.

       Puede la afección ser meramente ideal, como en la anotación pre-ventiva de un inmueble, o puede ser material como en el apoderamiento o aprehensión de un mueble que se ocupa físicamente.

      En su remoto origen, el embargo preventivo trataba de prevenir contra la insolvencia del deudor sospechoso de fuga o extranjero. Gómez Orbaneja, E. y Herece Quemada, V., Derecho Procesal Civil, Vol. II pág. 233, Madrid, 1975.

       Editada oficialmente por la Imprenta Nacional de Madrid en 1866.

       Varias son las modalidades que puede adoptar el aseguramiento. Según hemos señalado anteriormente un tribunal tiene flexibilidad para dic-tar las medidas que estime convenientes, según la circunstancia del caso, para asegurar la efectividad de una sentencia futura. F. D. Rich Co. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 158 (1970).

       Ya en Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 425 (1974), expresamos nuestro criterio en tomo a las interrogantes que con relación a la constitucionalidad de nuestra R. 56.3 hayan podido levan-tar las decisiones del Tribunal Supremo estadounidense en Fuentes v. Shevin, 407 U.S. 67 (1972) y su secuela.

      La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1865 que rigió en Puerto Rico, permitía que se decretara el embargo de bienes previo a la radicación de demanda siempre y cuando se radicara la misma dentro de 20 días de decretarse dicho embargo. Art. 939. Todavía hoy la Ley de Enjuiciamiento Civil española contiene en su Art. 1,411, similar disposición siempre que el embargo no exceda de 50,000 pesetas y la demanda se radique dentro de 20 días. Nuestra Ley, sin embargo, no permite se declare embargo alguno sin la previa radicación de una demanda. Ley para Asegurar la Efectividad de Sentencias, Art. 3, 32 L.P.R.A. sec. 1071.

       Atendido el principio general de que “el tribunal considerará los intereses de todas las partes” según requiera la justicia sustancial, cabe señalar que si durante el transcurso del procedimiento el demandado puede demostrar que las probabilidades de prevalecer el demandante no son las que se perfilaban inicialmente puede siempre solicitar del tribunal que, previa audiencia del demandante, se aumente la fianza prestada por el demandante o que se reduzca la cuantía del embargo. West India Oil Co. v. Soto, Juez, 44 D.P.R. 533, 537 (1933).


author: PER CURIAM:

text:
    María Luisa Santiago, recurrida, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, peticionaria.

      Número: O-78-416

      Resuelto: 17 de enero de 1979

      Eliud Rodriguez Santana, Ignacio Villamarzo García y Claudio Ballester Arocho, abogados de la peticionaria; Jorge Marín Báez, abogado de la recurrida.
   PER CURIAM:

El 15 de julio de 1977 la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.) adjudicó al menor M. A. González Malavé, como beneficiario a la muerte de su padre, la suma de $15,000.00, pagaderos a razón de $25.00 semanales. Semanas después el tribunal nom-bró tutora del menor a la señora María Luisa Santiago, su abuela paterna.

En el procedimiento que culminó en el nombramiento de la tutora, el Tribunal Superior dispuso mediante resolución de 23 de setiembre de 1977 que la indemnización de $15,000.00 concedida al menor debía ser depositada en su totalidad en la secretaría de la corte. Ordenó también el tribunal que se le pusiese en condiciones para fijar los honorarios del abogado del menor, los cuales serían pagados de la indemnización co-rrespondiente a este.

La agencia administrativa solicitó la reconsideración de tal dictamen por dos fundamentos. Argumentó en primer lugar que la determinación de la forma de pago de la indem-nización y la designación de tutores para recibir la misma le competen en primera instancia. En segundo término señaló la A.C.A.A. que la fijación de honorarios le correspondía a ella, ya que la acción judicial se encaminó a obtener el nom-bramiento de la tutora y no a revisar la determinación ad-ministrativa. El tribunal denegó la moción de reconsidera-ción.

Acudió en alzada a este foro la agencia administrativa y el 16 de noviembre de 1978 expedimos orden para mostrar causa por la cual no debe revocarse la resolución recurrida. Hemos examinado la comparecencia realizada en virtud de esta orden y estimamos que procede la revocación, aunque también es de justicia que se tome la providencia que más ade-lante dictamos.

La Ley de Protección Social por Accidentes de Automó-viles, Ley Núm. 138 de 26 de junio de 1968, dispone en su Art. 6(1) (b) y (c), 9 L.P.R.A. see. 2055(1) (b) y (c) :

“ (b) Los beneficios por muerte se pagarán a razón del equi-valente de $50 semanales por unidad familiar. La Administra-ción determinará mediante reglamento qué es una unidad familiar y cómo se pagará el beneficio cuando no exista ésta.
(c) La Administración podrá autorizar pagos mayores del equivalente de $50 semanales o la liquidación del beneficio en una sola suma, cuando se demuestre que ello resultará en beneficio de la víctima o de sus beneficiarios.”

No surge del expediente ante nos que la recurrida haya solicitado la aplicación a este caso del inciso (c) citado. No procedía en consecuencia ordenar la liquidación del beneficio en una suma, acción motivada a todas luces por la difícil situación económica por la que atraviesan el menor y su abuela. Al actuar así el Tribunal Superior invadió la jurisdicción primaria de la agencia. A.C.A.A. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 915, 916-17 (1971). Véase E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 (1964). Debe advertirse también que la Ley Núm. 180 de 23 de julio de 1974, 9 L.P.R.A. sec. 2054, facultó a la A.C.A.A. a designar administrativamente tutores especiales a los fines exclusivamente del pago de las indemnizaciones concedidas.

En lo que respecta a las gestiones del abogado del menor para obtener la indemnización que a este le corresponde, su labor se limitó, como hemos indicado, a actuaciones de índole administrativa. No se recurrió al foro judicial en revisión de las determinaciones de la agencia. En tales circunstancias es claramente a la A.C.A.A. a la que corresponde en primera instancia fijar los honorarios que puedan proceder. Véanse: 9 L.P.R.A. see. 2055(4) y Regla 7(H) del Reglamento aprobado en virtud de la citada Ley Núm. 138.

Queda por aclarar un aspecto importante. Hemos señalado que la adjudicación administrativa de los beneficios correspondientes en este caso ocurrió el 15 de julio de 1977. Hacia inicios de setiembre de ese año estaba en condiciones la agencia de efectuar a la tutora los pagos concedidos al menor. La A.C.A.A., no obstante, no ha realizado hasta la fecha pago alguno en este caso. Ello es contrario al propósito central de la legislación vigente. La A.C.A.A. debe determinar y pagar los beneficios que a su entender procedan, o consignarlos en las secretarías de las cortes, con la debida celeridad, sin per-juicio de que litigue cuestiones relativas a la suma final adeu-dada u otras que permitan tal desembolso sin afectar los planteamientos jurídicos de la agencia. Debemos señalar tam-bién que el nombramiento del tutor en estos casos debe ocu-rrir con la máxima prontitud.

En consecuencia se expide el auto y se revoca la resolución recurrida, más se ordena el pago englobado por la agencia re-currente a la tutora, señora María Luisa Santiago, de las sumas adeudadas, a razón de $25.00 semanales, desde el 15 de julio de 1977 hasta la fecha de notificación de esta sentencia. De ahí en adelante continuarán los pagos semanales corres-pondientes, a menos que la agencia determine en cualquier momento que procede otra forma de pago bajo el inciso (c) del Art. 6(1) antes citado.

      La razón por la cual la suma semanal se redujo a $25.00 en este caso es que a tenor con el inciso (b) antes citado la A.C.A.A. determinó que en casos en que no exista una unidad familiar, como en el presente, ya que está envuelto un solo beneficiario, la suma máxima pagadera semanalmente será de $25.00. Regla 12.1 del Reglamento de la A.C.A.A., 9 R.&R.P.R. see. 2055-151.

      En el caso presente no existe disputa entre las partes sobre la iden-tidad del tutor en sí, ya que tres semanas antes de nombrarse judicialmente tutora a la abuela paterna del menor una oficial de la A.C.A.A. había reco-mendado su designación administrativa. La A.C.A.A. ha manifestado que se propone hacer los pagos a la referida señora, de tener éxito este recurso.

      Esta última provee que los honorarios no serán mayores de un 10% de la compensación adjudicada, hasta un máximo de $400.00.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Industrial Equipment Corporation, demandante y recurrente, v. Builders Insurance Company y Contreras y Méndez Construction Corporation, demandados y recurridos.

      Número: R-78-68

      Resuelto: 19 de enero de 1979

      Ramón Torres Braschi, abogado de la recurrente; Cando, Nadal & Rivera e Hilda D. Rodríguez, abogados de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, desestimó de-manda instada por una firma proveedora de materiales para un proyecto de construcción, contra una compañía fiadora que garantizaba el pago de materiales y mano de obra suplidos para dicho proyecto. Concluyó en su sentencia que requeri-mientos extrajudiciales hechos a la fiadora no tuvieron el efecto de interrumpir el plazo de un año consignado en la fian-za para instar acción por tratarse, a juicio del tribunal sen-tenciador, de un plazo de caducidad. La firma demandante ha recurrido, y por resolución de 13 de abril de 1978 requeri-mos de la otra parte que mostrara causa por la cual no deba-mos revocar. La recurrida ha comparecido pero no nos persuade. Resolvemos que no aplican a los hechos de este caso las reglas sobre caducidad de las acciones.

Se trata de una fianza de las comúnmente conocidas como 'payment and performance bond, o fianza de pago y cumpli-miento, otorgada por Builders Insurance Company, como fia-dora, en relación con un proyecto denominado Playa Santa del Caribe, sito en Guánica, a cargo de la constructora contra-tista Contreras y Méndez Construction Corp. El mismo día que se expidió la fianza se le adicionó un aditamento {rider) que dispone, en lo aquí pertinente:

“No right of action shall accrue on this bond to or for the use or benefit of any person or corporation other than the Owner and Lender herein named; and no suit, action or proceeding shall be had or maintained against a Surety on this bond unless the same be brought or instituted within one (1) year after date or [sic] which principal last performed work on the project in accordance with the Contract, or one (1) year after the date of any default by principal in the performance of the contract whichever shall first occur.”

Los negocios no le fueron bien a la contratista, y ésta cesó de trabajar en el proyecto el 29 de abril de 1975. En esa fecha cedió todos sus derechos y acciones sobre el proyecto a la fia-dora Builders, que se hizo cargo de continuar el proyecto. Días antes — el 18 de abril — Industrial Equipment Corporation se dirigió por correo certificado a Builders y le reclamó el pago de $47,068.81 que alegó le eran adeudados por Contreras y Méndez por concepto de materiales y equipo suplidos para el proyecto. Builders refirió la carta a su abogado que con fecha de 22 de mayo de 1975 contestó acusando recibo de la misma, e informando que una vez dilucidaran determinados “pormenores de carácter legal” darían “curso normal a sus reclamaciones”. Industrial Equipment reiteró su reclamación posteriormente y como no recibiera más respuesta, demandó a Builders y a Contreras y Méndez en cobro de lo reclamado. La demanda se presentó el 18 de mayo de 1976, diecinueve días en exceso del año establecido en el rider.

No negamos que independientemente de la ley, un plazo de caducidad puede establecerse por convenio. Sin embargo, estamos ante un contrato en que el beneficiario es un tercero que no participa en su redacción ni otorgamiento, ni hay base para presumir que conozca su existencia y mucho menos sus cláusulas y condiciones. A pesar de que en el rider a que nos referimos se especifica que “[no] right of action shall accrue on this bond to or for the use or benefit of any person or corporation other than the Oivner and Lender herein named;” bajo lenguaje similar reconocimos en Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234 (1961), respecto a obras públicas y en A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104 (1964), respecto a obras privadas, que el su-plidor de materiales es un beneficiario que tiene derecho a re-clamar directamente a la fiadora el pago de los materiales su-plidos. Negarle ese derecho equivaldría a negar eficacia a la estipulación en favor de tercero.

La distinción entre caducidad y prescripción no ha susci-tado problemas en cuanto a su aplicación y efecto una vez se ha identificado el plazo como de caducidad o de prescripción. Es la determinación de cuál de las dos instituciones está pre-sente o aplica lo que ha hecho algo incierto su desarrollo. Véase Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562, 566-576 (1966). La determinación sobre la califica-ción que ha de darse a un plazo no puede hacerse depender de palabras más o menos sacramentales. Para ejemplos, se con-sidera de caducidad el término para el ejercicio de la acción para el reconocimiento de hijos nacidos fuera de matrimonio (Art. 126 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 505); Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, supra. Por otro lado, compárese el plazo de seis meses para el ejercicio de las acciones del comprador derivados de la pérdida o deterioro de la cosa ven-dida por motivo de vicios ocultos. Arts. 1374 a 1378 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3842 a 3846, respectivamente. Dice el Art. 1379, 31 L.P.R.A. sec. 3847: “Las acciones que emanan de lo dispuesto en las cinco secciones precedentes se extinguirán a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa vendida.” (Énfasis suplido.) Ante fraseología tan clara y terminante, resolvimos en Casa Jaime Corp. v. Castro, 89 D.P.R. 702, 704 (1963), siguiendo la interpretación del Tribunal Supremo de España, que dicho plazo de seis meses es prescriptivo y se cuenta “desde el día en que se interrumpieron las gestiones de inteligencia entre las partes.” Véase, al mismo efecto, Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246, 255-256 (1971).

La determinación sobre la naturaleza de un plazo— prescripción o caducidad — depende de algo más importante que las meras frases que se utilicen. Hay conceptos más fun-damentales que aplicar al hacerse la distinción. Valga seña-lar, entre otros, los ejemplos de plazos de caducidad recono-cidos por la doctrina que a diferencia de la prescripción, apli-can a derechos potestativos, a diferencia de los llamados dere-chos patrimoniales. El propio caso de Ortiz Rivera, supra, re-conoce como ejemplos típicos de plazos de caducidad y no de prescripción (citando a Pérez González y Alguer, De Buen y Castán), pág. 570, “los referentes a las acciones de nulidad del matrimonio (art. 102, ap. 3), de impugnación de la legiti-midad (art. 114), de reclamación de la legitimidad (art. 118), de impugnación del reconocimiento por el menor reconocido (art. 137)”. (Los artículos a que se refiere la cita co-rresponden al Código Civil Español.)

Se advierte de los citados ejemplos que ninguna de las acciones a que se refieren tienen por fin directo la reclama-ción o conservación de bienes patrimoniales. Es significativo que en oposición a ello, cuando el Código Civil se refiere a la prescripción no la asocia a acciones sobre el estado civil, pa-ternidad, filiación, etc. Por el contrario, sienta como principio cardinal de la institución de la prescripción que: “Son suscep-tibles de prescripción todas las cosas que están en el comercio de los hombres.” (Énfasis suplido.) Art. 1836, 31 L.P.R.A. 5247. De ahí pasa el Código a reglar la prescripción para el dominio y demás derechos reales (Arts. 1840 a 1860, 31 L.P.R.A. sees. 5261 a 5281); y, en cuanto a las acciones, sola-mente regula como prescribibles, las acciones reales sobre bienes inmuebles, que prescriben a los 30 años (Art. 1863, 31 L.P.R.A. sec. 5293); la acción hipotecaria, que prescribe a los 20 años (Art. 1864, 31 L.P.R.A. sec. 5294); las acciones para exigir el pago de pensiones alimenticias, satisfacer el precio de los arriendos, y los de cualquier pago que deba hacerse por años o en plazos más breves, que prescriben a los 5 años (Art. 1866, 31 L.P.R.A. see. 5296); las acciones para el pago de honorarios y derechos a determinados funcionarios y a pro-fesionales, para el pago de jornales, y para el pago por de-terminados géneros o mercaderías, que prescriben a los 3 años (Art. 1867, 31 L.P.R.A. see. 5297); y las acciones para re-cobrar o retener la posesión y para exigir responsabilidad por las obligaciones derivadas de culpa o negligencia, que prescri-ben al año (Art. 1868, 31 L.P.R.A. see. 5298).

Señala Castán, op. cit. supra, pág. 851: “La prescripción se aplica a los derechos subjetivos en general, cuando menos a los patrimoniales; la caducidad se refiere a derechos determinados — por lo común, los llamados derechos potestativos — que, no sólo en razón del interés general, sino también su atención al interés de sujetos particulares, quiere la ley que se ejerciten en un término breve.” Véase, en igual sentido, AIbaladejo, Instituciones, Tomo I, núm. 206, pág. 482.

El profesor Guaroa Velázquez resume en las siguientes palabras la distinción entre estas dos figuras jurídicas:

“La prescripción exige necesariamente una relación jurídica establecida entre un acreedor y un deudor: supone dos patrimo-nios en presencia; de aquí que la prescripción siempre extingue una obligación. Ahora bien, no hay prescripción sino caducidad en todas las hipótesis en que la ley prefija un plazo para realizar cierto acto — que no implique una relación jurídica de índole cre-ditoria — , el cual deba ser efectuado dentro del plazo establecido, de suerte que en caso de retardo el interesado pierde su preten-sión, no pudiendo ya verificar útilmente el acto del cual dependía la conservación de su derecho o la protección de su interés. Gua-roa Velázquez, Las Obligaciones Según el Derecho Puertorri-queño, ed. Equity 1964, pág. 256. (Énfasis nuestro.)

La acción ejercitada por Industrial Equipment es típicamente crediticia, de naturaleza patrimonial. Se trata de un cobro de dinero.

Un fundamento adicional de importancia al determinar si un plazo es de caducidad o de prescripción es el propósito que anima a los sistemas procesales modernos de que se haga justicia, rápida y económicamente. Se trata, además, de fomentar la armonía y la paz entre los ciudadanos, desalentando a su vez los litigios. En el caso ante nos, surge de los autos que la corporación contratista se fue hundiendo en dificultades económicas que la obligaron a cesar en el trabajo el 29 de abril de 1975, fecha en que a su vez cedió por escrito a su fiadora Builders Insurance Company “todos sus derechos, beneficios y acciones que tenga o pueda tener en este proyecto, incluyendo equipo y materiales de construcción ... .” (Véase el documento de “cesión de derechos y acciones” suscrito y autenticado mediante afidávit Núm. 10,535 ante el notario Olin P. Goble.) En el mismo documento Builders aceptó “hacerse cargo de la obra”. Así las cosas, Industrial Equipment reclamó a Builders extrajudicialmente lo que alega se le adeuda y, en vista de la contestación de Builders Insurance Co. de que se le daría “curso normal a sus reclamaciones”, esperó pacientemente, aunque no dejó de reiterar su reclamación una vez más. Bajo tales hechos, desestimar su demanda porque no la instó dentro del año, no empece sus reclamaciones extrajudiciales y la esperanza que le dio Builders, sería castigarla por preferir la vía amistosa a los costos y molestias de un pleito. Equivaldría, además, a premiar a Builders Insurance Co. por una actitud que es contraria, cuando menos, al principio de economía procesal.

El fiador dejó de ser un favorito del Derecho al transformarse, en la negociación de nuestros días, en corporación con fines pecuniarios que cobra una prima y se lucra con la venta de garantías. Dijimos en Cristy & Sánchez v. E.L.A., supra, pág. 244:

“La interpretación restrictiva tuvo su auge en el tiempo en que los fiadores personales, por un mero acto de liberalidad, afian-zaban el contrato de obra pública, pero perdió su popularidad con el advenimiento de las compañías fiadoras que se dedican al nego-cio de prestar fianza mediante el pago de primas.”

En A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., supra, enfatizamos una vez más la norma de interpretar liberalmente los contratos de fianza. Resolver ahora que el plazo de un año que aquí consideramos es un plazo de caducidad, y que de nada valieron las oportunas reclamaciones extrajudiciales hechas por el materialista y atendidas por la compañía fiadora equivaldría a dar un paso hacia atrás en la tendencia liberalizadora comenzada en Cristy & Sánchez y seguida en A. L. Arsuaga, Inc., y más recientemente en Olazábal v. U. S. Fidelity, Etc., 103 D.P.R. 448 (1975).

En Olazábal, el dueño de la obra de construcción, a cuyo favor se había hecho la fianza, incumplió ciertas condiciones del contrato de construcción, el cual se había hecho for-mar parte del de fianza. Posteriormente reclamó a la fiadora, y ésta se negó a responder. Planteó ante este Tribunal que quedó liberada de las obligaciones de la fianza por el incumplimiento de las condiciones pactadas. Resolvimos que el incumplimiento de un contrato de fianza por parte del acreedor libera a la fiadora si dicho incumplimiento le causó perjuicio sustancial a ésta. Entendimos que esto había sucedido en dicho caso, y que por tanto la fiadora quedó exonerada de responsabilidad. Nos basamos en la norma de interpretación liberal de las fianzas, y en la doctrina, de origen civilista, de que un incumplimiento del contrato por parte del acreedor libera a la fiadora si el mismo le causa perjuicio. Dijimos, pág. 454:

“Como regia general, la fiadora quedará liberada de responsa-bilidad frente al acreedor únicamente hasta el grado en que las actuaciones de éste hayan perjudicado los intereses o derechos de aquélla. Ya no rige la antigua doctrina elaborada en los tiem-pos de fiadores gratuitos al efecto de que la menor violación del contrato por parte del dueño relevaba a la fiadora de responsa-bilidad in toto. Por ello hemos sostenido que: ‘El principio de que un fiador es un favorito del derecho no es de aplicación propia-mente en el caso de una compañía organizada con el propósito expreso de actuar como fiadora mediante compensación.’ . . .
Conscientes como estamos de que de ordinario las fianzas ya no se prestan por mera liberalidad sino mediante paga, hemos abandonado la doctrina de interpretación restrictiva de las fian-zas de construcción y en su lugar hemos adoptado una interpre-tación liberal.”

No vemos qué perjuicio pueda haber sufrido Builders porque la demanda instada en su contra por Industrial Equipment se presentara 19 días después de vencido el año de haber cesado el fiado en el trabajo del proyecto, cuando ya tenía conocimiento, desde antes de empezar a dis-currir el plazo del año, y atendió, durante el transcurso de dicho plazo, la reclamación de Industrial Equipment. Bajo la doctrina del perjuicio sustancial que reconocimos en Olazábal no puede quedar liberada de su obligación la compañía fia-dora Builders.

La jurisprudencia norteamericana se expresa en igual sentido sobre la teoría del perjuicio sustancial. Una serie de casos ha decidido que el incumplimiento del requisito de notificación de una reclamación a la fiadora, por sí solo, no libera a la fiadora de responsabilidad si dicho incumplimiento no le ha causado daño o perjuicio económico. Si la notificación de la reclamación se hace a la fiadora tardíamente, o en forma diferente a la pactada, se considera un cumplimiento sustancial de la condición pactada y no libera a la fiadora a menos que ésta se haya perjudicado económicamente. Carnival Cruise Lines v. Financial Indem. Co. (Florida), 347 So.2d 825 (1977); Winston Corp. v. Continental Casualty Co., 508 F.2d 1298 (1975) (caso de Georgia ante el tribunal federal por diversidad de ciudadanía); Bayer & Mingolla Const. Co. v. Deschenes (Massachusetts), 205 N.E.2d 208 (1965); American Surety Co. v. Broadway Imp. & Inv. Co. (Wyoming), 271 Pac. 19 (1928); School Dist. No. 1 v. Massachusetts Bonding & Ins. Co. (Kansas), 142 Pac. 1077 (1914) ; Bross v. McNicholas (Oregon), 133 Pac. 782 (1913). La misma doctrina se ha aplicado cuando ha sido un tercero bene-ficiado por el contrato de fianza quien no ha cumplido con el requisito de notificación a la fiadora en la forma en que fue pactado. Maule Industries Inc. v. Gaines Construction Co. (Florida), 157 So.2d 835 (1963).

Todos los casos discutidos en el párrafo precedente se han basado en el principio de que una compañía fiadora no es un favorito del Derecho. Consideran que si ésta se lucra por pres-tar fianzas, dichos contratos deben ser interpretados en una forma liberal.

En Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 101 D.P.R. 458 (1973), se presentó una situación de hechos parecida a la de autos, en cuanto envolvía el incumplimiento por parte de un tercero beneficiado del requisito de notificación pactado en la fianza. Este Tribunal determinó que la fiadora no respondía porque no se le notificó según pactado.

A pesar de esta semejanza en cuanto a hechos, el caso de Caribe Lumber no milita contra la solución que ahora adoptamos. En el contrato de fianza en Caribe Lumber, supra, Inter-American era la obligada principal, a su vez subcontra-tista; Southern Builders era la contratista; y American Surety era la fiadora. El lenguaje de la fianza la hacía exten-siva a quienes suplieran materiales y mano de obra.

El contrato de fianza contenía la siguiente cláusula:

“(3) No podrá persona alguna iniciar pleito o acción bajo la presente:
(a) A menos que previamente haya notificado por escrito a cualesquiera dos de las siguientes:
A la principal (Inter-American Builders Inc.); a la acree-dora (Southern Builders, Inc.); o a la fiadora (American Surety Company of New York); dentro de los noventa (90) días si-guientes a la fecha en que el reclamante realizó el último trabajo o suplió los últimos materiales objeto de su reclamación.”

La Caribe Lumber suplió materiales y mano de obra. Antes de iniciar acción judicial notificó a la Inter-American (la principal acreedora) dentro del plazo pactado para ello. Nunca notificó a la Southern Builders. Notificó su reclama-ción a la fiadora nueve días después de vencido el plazo pac-tado.

Para concluir que la fiadora quedaba liberada, este Tribunal empleó el examen del perjuicio que el incumplimiento del contrato por parte del reclamante le había causado. Determi-namos que al no notificar a tiempo se impidió que la fiadora tomase medidas para su protección, por lo cual resultó per-judicada y por tanto, liberada de responsabilidad hacia el reclamante. Expresamos:

“No notificó [la demandante] a la Southern Builders, Inc., la contratista principal, que era la que podía tomar las medidas ra-zonables para remediar la situación, y que, como se expresa en Arzuaga & Santana, Inc. v. Ramos, 100 D.P.R. 123 (1971), conociendo con tiempo lo adeudado por el subcontratista, podía re-tener de lo que todavía le adeudare por el trabajo realizado, lo suficiente para pagar al materialista, ya que la fiadora, por ser solidaria su responsabilidad, podía reclamarle a dicho contratista principal (Southern Builders, Inc.) lo pagado por la fiadora, con-forme a lo dispuesto en el párrafo segundo del Art. 1721 del Có-digo Civil de Puerto Rico, ed. 1930 (ed. Equity, 1962) (31 L.P.R.A. sec. 4871); en concordancia y armonía con lo dispuesto en el Art. 1090 del Código Civil de Puerto Rico (31 L.P.R.A. sec. 3101).
Y vino a notificarle a la fiadora cuando había transcurrido, por nueve (9) días, el término de noventa (90) días fijados en el contrato de fianza para efectuar dicha notificación. Era muy im-portante en este caso notificarle a la fiadora, dentro de dicho tér-mino, ya que no se le notificó al contratista principal, de que el fiado no estaba pagando sus cuentas pues es a través de esa noti-ficación que el fiador llega a tener conocimiento de ese hecho; de manera que pudiera tomarse aquellas medidas oportunas y necesarias para protegerse a tiempo de la morosidad del fiado, antes de que su situación económica se deteriore y se convierta en insolvente utilizando los remedios que le conceden los Arts. 1737 y 1742 del Código Civil de Puerto Rico, ed. 1930 (ed. Equity, 1962) (31 L.P.R.A. sees. 4911 y 4916).” (Págs. 473-474.)

La fiadora en el caso de autos no se vió en la posición des-ventajosa en que se halló la fiadora en Caribe Lumber, supra. Fue notificada de la deuda que tenía su fiado con la recla-mante desde el 18 de abril de 1975. Tuvo amplia oportunidad para tomar las medidas necesarias para su protección.

Para concluir, es oportuno señalar que Builders no es en este caso un mero fiador, obligado a pagar por Contreras & Méndez lo que esta firma adeuda al suplidor de materiales. Recuérdese que Contreras & Méndez, deudor principal, no queda liberado frente a su acreedor materialista por el hecho de que exista una fianza. Y aquí Contreras & Méndez cedió sus derechos y acciones en el proyecto a Builders, “incluyendo equipo y materiales de construcción.” En otras palabras, Builders adquirió, o pudo haber adquirido, en virtud de la ce-sión, el equipo y los materiales que Industrial Equipment había suplido al proyecto. Permitir que Builders los retenga sin pagar por ellos operaría un enriquecimiento injusto a su favor, en perjuicio del patrimonio de Industrial Equipment.

Por los razonamientos aquí expuestos, se expedirá el auto de revisión solicitado, se revocará la sentencia parcial re-currida, y se dispondrá que se continúen ante el Tribunal a quo los trámites iniciados por la demandante recurrente para él cobro de la cantidad que le fuere adeudada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en opinión a la que se une el Juez Asociado Señor Rigau.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

a la que se une el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de enero de 1979

La recurrente Industrial Equipment Corp. suplió mate-riales de construcción para la obra Playa Santa del Caribe que realizaba Contreras & Méndez Construction Company. La contratista obtuvo una fianza de ejecución y pago expe-dida por la demandada recurrida Builders Insurance Co. que aseguraba el pago de jornales y materiales, de la cual forma parte una ditamento (rider) que en lo concerniente a este caso dice:

“. . . no suit, action or proceeding shall be had or maintained against Surety on this bond unless the same be brought or instituted within one (1) year after the date or [sic] which principal last performed work on the project in accordance with the Contract, or one (1) year after the date of any default by principal in the performance of the contract, whichever shall first occur.”

Contreras & Méndez, contratista y a la vez principal en la fianza, cesó de trabajar en el proyecto el 29 de abril de 1975. La recurrente Industrial Equipment reclamó de la fiadora y cesionaria Builders Insurance el pago de un balance de $32,285.36 por concepto de equipo y material entregado e ins-talado en el proyecto, mas no presentó demanda iniciando la acción judicial hasta el 18 de mayo de 1976. Fundada en que ya había transcurrido el plazo de un año estipulado en la fianza y que por ser éste término de caducidad que no admite causa de interrupción por reclamación extrajudicial, la Sala de San Juan dictó sentencia sumaria parcial desestimando la demanda en lo que respecta a la fiadora Builders Insurance Co.

Notamos la breve tardanza de 19 días en el inicio de la ac-ción civil y al recurso de revisión de la suplidora recurrente, dictamos la siguiente Resolución:

“Habiendo constancia en autos de la interrupción del término de un año por reclamaciones extrajudiciales de la recurrente su-plidora de materiales, lo que sitúa su acción civil en tiempo de no atribuirse a dicho término calidad de caducidad, tenga la parte demandada y recurrida plazo hasta el 7 de abril, 1978 para mos-trar causa por la que no deba revocarse la sentencia sumaria par-cial dictada el 17 de enero, 1978 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y ordenar la continuación de procedimientos compatibles.”

La comparecencia de la recurrida, ahora representada por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos como re-sultado de los procedimientos de liquidación por el Comisio-nado de Seguros (Ley Núm. 134 de 23 de julio de 1974 (26 L.P.R.A. see. 3801 y ss.)), nos convence de la corrección de la sentencia sumaria recurrida, excepto en su determinación de temeridad.

En su solicitud de revisión la recurrente señala como erro-res del tribunal de instancia los siguientes:

1° que el aditamento {rider) de la fianza no obliga a los reclamantes de salarios y materiales impagados, teoría insos-tenible porque la fianza es un todo compuesto por la declara-ción principal que consigna la prestación y todos los demás anejos, suplementos y riders donde constan condiciones espe-ciales del contrato. Tanto la fianza Núm. 72-1545 como el rider en que se adiciona como beneficiario a la entidad finan-ciadora de la obra y se introduce el plazo de un año para pro-mover la acción civil, aparecen otorgados con simultanei-dad.

2o que la sala de instancia calificó el plazo para radicar la acción como uno de caducidad y no de prescripción.

Ya en asunto de mayor trascendencia como lo es la acción civil filiatoria este Tribunal destacó con singular relieve el concepto de ejercicio de la acción en el estatuto o contrato, como elemento que identifica la caducidad. En Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562, 571, 599 (1966), sostuvimos la caducidad de tal acción descansando en el len-guaje del Art. 126 del Código Civil: “Las acciones para el reconocimiento de hijos naturales, sólo 'podrán ejercitarse en vida de los difuntos padres o un año después de su muerte.” La cláusula de plazo en la fianza, aquí transcrita, usa similar lenguaje, pues se traduce: “ningún pleito, acción o pro-cedimiento podrá ejercitarse o sostenerse contra la fiadora en esta fianza a menos que los mismos sean incoados o presen-tados dentro de un (1) año a partir de la fecha en que el principal trabajó por última vez en el proyecto a tenor del contrato, o un (1) año después de la fecha de incumplimiento del contrato por el principal, cualesquiera de estos eventos que primero ocurra.” “[E]n la caducidad pura se atiende sólo al hecho objetivo de la falta de ejercicio dentro del término prefijado”, dice Castán, y citando a Coviello dice que la finalidad de la decadencia o caducidad es fijar de antemano el tiempo durante el cual pueda un derecho ser ejercitado útilmente. La caducidad no es susceptible de interrupción y para evitarla, hay que ejercitar, en el plazo concedido, la ac-ción correspondiente, cuya extinción se produce de modo auto-mático, sin que tenga que ser impetrada por aquéllos a quienes beneficia.

Cuando por ley o por voluntad de las partes se establece que un determinado acto, que representa la actuación de un derecho, sea ejercitado dentro de un tiempo dado, este término es el punto de partida de la extinción del derecho por caduci-dad. Cuando se otorga un tiempo determinado para el ejer-cicio del derecho, se está en presencia de un plazo de caduci-dad, pasado el cual el derecho deja de existir. Ortiz Rivera v. Sucn. González, supra, Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89, 93 (1962). La finalidad de la prescripción es dar por extinguido un derecho que, por no haber sido ejercitado, se puede suponer abandonado por el titular; la de la decadencia es fijar de ante-mano el tiempo durante el cual puede un derecho ser ejerci-tado eficazmente.

Las reclamaciones extrajudiciales de la recurrente ni sus-pendieron ni interrumpieron el término de caducidad de un año dispuesto en la fianza, porque el efecto extintivo del plazo es radical y automático. No es factor discriminante la natu-raleza pública o privada de la obra, pues mientras la prescrip-ción tiene siempre su origen en la Ley, la caducidad puede proceder de la convención de las partes o de la ley. Ya en Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 101 D.P.R. 458, 460, 476 (1973), identificamos un plazo de caducidad de origen convencional en la notificación previa exigida por el texto de una fianza de pago.

El suplidor de materiales que se despreocupa por infor-marse en cuanto a hallarse o no su crédito protegido y cu-bierto por los términos de la fianza de ejecución y pago, simplemente asume el riesgo que conlleva la falta de garantía. En el campo de los negocios, la garantía como la fianza, la hipoteca, la póliza de seguro, la firma de un solidario y otras, es exigencia de la iniciativa del acreedor a quien compete cer-ciorarse de su prestación y eficacia. Los tribunales no pueden mejorar la garantía que aceptó el acreedor, y cuando se trata de fianzas y pólizas de seguro la firme doctrina liberal que preconiza una interpretación favorable al beneficiario no puede extenderse al punto de reescribir la póliza o la fianza imponiendo obligaciones que nunca asumió el fiador o alte-rando condiciones básicas insertas en el texto del documento.

3° que erró la sala de instancia al estimar que la parte de-mandante y recurrente incurrió en temeridad por lo que le impuso el pago de $500 de honorarios a la parte demandante. Considerando que esta institución de la caducidad trae un desarrollo incierto aún desde el Tribunal Supremo de Es-paña; que Santamaría reconoce que en determinados casos es difícil establecer una distinción neta entre caducidad y prescripción; que Ennecceyus a su vez ha dicho: en puridad, la técnica imprecisa de nuestro Código Civil, y aún de nuestra doctrina científica no permiten trazar con seguridad el des-linde entre los casos de prescripción y los de caducidad; y que Bassari reitera que el criterio diferencial entre caducidad y prescripción “no resulta muy claro” ; que esta cuestión de fianza fue resuelta en lo que concierne a la Ley de Contratos de Obras Públicas (22 L.P.R.A. sec. 55) en Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207, 211 (1965), donde dijimos que “ [e] n ausencia de esa disposición [de ley] tal vez tendría mérito el planteamiento .. . pero de nada vale argumentar contra la letra expresa de la ley” sin que nos pro-nunciáramos respecto a la presencia de la caducidad en la contratación privada por no ser entonces cuestión a decidir; y finalmente, que el pleito tuvo un breve curso procesal, ter-minando por sentencia sumaria, estimamos que debe liberarse a la parte demandante de la sanción reservada para litigantes temerarios.

La mayoría no ha sabido percibir la distinción entre las instituciones de Derecho Civil que son la prescripción y cadu-cidad. Con hechos menos definidos que los que presenta la cláusula en el contrato de fianza la mayoría dio su voto al Juez Presidente en Rivera v. Las Vegas Dev. Co., Inc., 107 D.P.R. 384 (1978), clasificando como de caducidad el término en la acción decenal y acaban de confirmar tal criterio votando la sentencia en Báez Pinedo v. Vega, (R-78-183—27 de diciembre de 1978) y la opinión en Antonio Carro, Inc. v. Jura Const, Inc., 107 D.P.R. 808 (1978). Es el mismo criterio jurídico sostenido por este Tribunal desde Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (Rigau—1965).

Inesperadamente la mayoría adopta un curso de revocación de Las Vegas Development (Trías Monge), Jiménez y Salellas (Rigau), Báez Pinedo, y Carro, Inc. v. Jura Construction, Inc. (Dávila), supra. Todos son precedentes jurí-dicamente fundados que debemos mantener como doctrina del Tribunal. La estabilidad y certeza de la jurisprudencia en su aspiración a ser fuente de derecho, guía de la comunidad jurídica y de los contratantes, inevitablemente sufre con este flujo y reflujo de la marea decisional.

Ratificaría nuestra jurisprudencia y confirmaría la sen-tencia recurrida.

         Decía en su carta:
      “Hemos sido informados que esa compañía aseguradora se ha hecho cargo de estos proyectos, por lo cual les estamos informando sobre el particular y solicitando que nos envíen su remesa para cubrir este balance que se encuentra vencido hace mucho tiempo.”

      Dice, al efecto, Castán: “En puridad, la técnica imprecisa de nues-tro Código civil, y aun de nuestra doctrina científica (todavía poco elabo-rada en este punto), no permiten trazar con seguridad el deslinde entre los casos de prescripción y los de caducidad.” Derecho Civil Español, Común y Foral, ed. 1971, Tomo 1, Vol. II, pág. 853.

       Estas condiciones no se referían a un plazo para notificar reclama-ciones, sino a la forma y cantidad de pagos periódicos al contratista por parte del dueño de la obra.

       Esta doctrina surge del Art. 1751 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4956) el cual dispone lo siguiente:

        “Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.”

      El proyecto ha tendió un desarrollo azaroso. El contratista no pudo terminarlo y la fiadora que se hizo cargo, se halla actualmente bajo liquidación por el Comisionado de Seguros. (26 L.P.R.A. see. 4007 y ss.)

       El 8 de septiembre de 1972.

       Revocando en parte sub silentio a Fuentes v. Tribunal de Distrito, 73 D.P.R. 959, 978 (1952). Terminología análoga aparece en otros precep-tos del Código Civil cuyos plazos se identifican como de caducidad, y no de prescripción: el Art. 117 ordena que “[l]a acción para impugnar la legiti-midad del hijo deberá ejercitarse dentro de los tres meses. . . .”; el Art. 1385 dispone que “[l]a acción redhibitoria que se funda en los vicios o de-fectos de los animales, deberá interponerse dentro de cuarenta días . . . .”; el Art. 1388 provee al comprador de tales animales la opción entre desistir del contrato o reducir el precio, “. . . pero deberá usar de ella dentro del mismo término” señalado para el ejercicio de la acción redhibitoria. (Énfasis nuestro.) Espín Cánovas, Derecho Civil Español, Vol. 1, págs. 491-492, 6ta. ed. (1977).

        Derecho Civil Español, Tomo 1, Vol. 2, pág. 851, lOma ed. (1963).
      El Diccionario de Derecho Privado (Apéndice), pág. 178 y ss., ed. de 1960, ofrece la siguiente definición de caducidad por Castán Tobeñas: “una institución jurídica por la que, la ley o la voluntad de los particulares seña-lan un término fijo para la duración de un derecho, de tal modo que trans-currido ese término no puede ya ejercitarse.”

       Sentencias del Tribunal Supremo de España de 22 mayo, 1965; 10 de enero de 1946; y 27 de mayo y 5 de julio de 1967, citadas por Puig Peña, Compendio de Derecho Civil, Tomo 1, pág. 693, 3ra. ed. (1976).

        Ortiz Rivera, supra, a la pág. 573, citando de Coviello y Castán. En Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 856 (1965) consideramos de caducidad el plazo para reclamar salarios establecido en el Art. 32 de la Ley de Salario Mínimo (29 L.P.R.A. sec. 246d) que usando lenguaje menos indicativo de caducidad que la cláusula de autos, ordena que “[p]or el transcurso de tres años prescribirá la acción . . . .” (énfasis nuestro) lo que motivó la enmienda introducida por Ley Núm. 106 de 6 de junio de 1967 (29 L.P.R.A. sec. 246d) declarando el plazo asequible a interrupción por gestión extrajudicial.

      No se trata de un suplidor que hizo negocios en tinieblas. El párrafo 2° de la declaración jurada de su Presidente, en oposición a la moción de sentencia sumaria, dice:
      “2. Que las relaciones comerciales que llevó con Contreras y Méndez Construction Corp. se basaron en las relaciones de amistad y en las fianzas de Pago y Ejecución que ésta le mostró, que habían sido expedidas por la demandada.”

       Castán, Derecho Civil Español, Tomo Io, Vol. 2°, pág. 854, lOma. ed. (1963).

       Estas autorizadas opiniones están recogidas en el documentado estudio del Juez Belaval en Ortiz Rivera v. Sucn. González Martínez, 93 D.P.R. 562, 570-71 (1966). Garcerán de Valí califica la caducidad como “una de las cuestiones más arduas y obscuras del derecho”, y De Diego escribe que “las fronteras entre la caducidad y la prescripción son sumamente borrosas.” Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207, 212-13 (1965).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Waco Export Company, Inc. y Boston Old Colony Ins. Co., demandantes y recurridas, v. Expreso Meteoro, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-78-190

      Resuelto: 22 de enero de 1979

      Jorge J. De La Torre, abogado de la recurrente; Jiménez & Fusté y Paul E. Calvesbert Borgos, abogados de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Waco Export Co., Inc. contrató con Expreso Meteoro, Inc. — porteador público dedicado al transporte de mercancía por vía terrestre — que levantara del muelle y entregara a varios consignatarios en la Isla un cargamento de noventa y dos (92) cartones de juguetes. El viernes 27 de julio de 1973, un empleado de Meteoro recogió la mercancía en uno de sus camiones, pero por ser dicho viernes medio día laborable, y no trabajarse el sábado y el domingo, lo trasladó a los terrenos del local de Meteoro para realizar la entrega el lunes en que se reanudarían las labores. Ese lunes se percataron del hurto del camión que contenía el cargamento de juguetes y de inme-diato lo comunicaron a la policía. El local de Meteoro carecía de vigilancia, alarmas o portones que lo protegiesen. Contra-rio a otras ocasiones en que la carga que no podía ser entre-gada era guardada en un almacén que hay en el local, no se tomó providencia de seguridad alguna.

Por estos hechos Waco demandó a Meteoro reclamando el valor de la mercancía ascendente a $5,379.65, imputándole ne-gligencia. Mediante enmienda compareció como demandante la Boston Old Colony Insurance Co., aseguradora de aquélla, subrogándose en sus derechos al satisfacerle tal importe. Me-teoro contestó negando que la mercancía hubiese sido hurtada de su local y como defensas afirmativas alegó que no existía contrato de carga entre las partes y solo uno de uso de equipo y personal, y que la demandante había convenido asumir el riesgo del transporte por tener amplias pólizas de seguro. Oportunamente se dictó sentencia declarando con lugar la de-manda. El foro de instancia estimó que la demandada Me-teoro no había ejercido el debido cuidado y diligencia para evitar la pérdida de la mercancía; y que el cargador, al con-tratar el transporte, no había aceptado los riesgos a que pu-diera estar sujeta la misma por la negligencia del porteador. Citó con aprobación Vidal & Cía., S. en C. v. Am. R.R. Co., 28 D.P.R. 204, 215 (1920), al efecto de que cuando en una carta de expedición se expone que la remisión de la mercancía se hará a “riesgo del dueño”, con el propósito de reducir el costo de las tarifas, ello se refiere en cuanto a pérdidas o ave-rías, pero exceptuando cuando éstas ocurran por negligencia de la compañía.

A solicitud de Meteoro, acordamos revisar. Su contención principal es que no es de aplicación lo resuelto en Vidal, supra, ya que aunque es un porteador público, actuó en el caso de autos como porteador por contrato según lo define la Ley Núm. 109 de 28 de junio de 1962 denominada Ley de Servicio Público de Puerto Rico, según enmendada (27 L.P.R.A. see. 1002 (m)). Esta tesis, aunque no la elabora satisfactoriamente, supone que un porteador por contrato puede pactar para exonerarse de toda responsabilidad que pudiera tener como transportador terrestre bajo las disposiciones del Código de Comercio de Puerto Rico. (Véase, 10 L.P.R.A. sees. 1771 a 1801.)

No tiene razón. Se trata de un contrato mercantil de transporte terrestre, independientemente de que haya sido pactado por Meteoro en su carácter de porteador público o privado por contrato de acuerdo a las definiciones contenidas en la Ley de Servicio Público. Son de aplicación los preceptos del Código de Comercio respecto a la pérdida de mercadería en la transportación terrestre y lo resuelto en Vidal, supra, reafirmado en Morales Mejías v. Met. Pack. & Ware. Co., 86 D.P.R. 3 (1962). Desde antaño se formuló la regla de .res-ponsabilidad absoluta de los porteadores hasta el punto de de-cirse en ocasiones que el porteador era un asegurador de los bienes que se le confiaban. Nuestro Código de Comercio, de entronque civilista, recoge en parte ese sentir y expone la siguiente norma condensada en Morales Mejías, supra:

“. . . el remitente o cargador sólo asume el riesgo cuando se trata de caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas, y aún en estos casos el porteador será responsable si la pérdida o avería ocurrió por haber dejado éste de tomar las precauciones que adoptaría una persona diligente o debido a otra forma de negligencia de su parte. 10 L.P.R.A. see. 1784. Además, cuando se trata de caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio de las cosas, es al porteador y no al cargador a quien in-cumbe la prueba en esos casos.” (10 L.P.R.A. see. 1783.) Págs. 8-9. (Énfasis nuestro.)

En el caso de autos ocurrió una pérdida total de los objetos porteados, al ser hurtados del camión de la demandada Meteoro donde los mantuvo sin protección alguna desde que los recogió en el muelle. No podemos considerar como fuerza mayor el hurto aquí ocurrido, pues según lo estimó probado el tribunal de instancia, no se tomaron ni las más mínimas pre-cauciones para evitar tal pérdida.

Finalmente, aun aceptando la alegación de Meteoro en el sentido de que Waco pactó asumir el riesgo total de la transportación, tampoco quedaría exenta de responsabilidad por su negligencia, ya que tal pacto de liberación absoluta contravendría el orden público y el Código de Comercio. Langle Rubio, al comentar cláusulas de exoneración en contratos de transporte terrestre expone:

“. . . En los transportes, es frecuente que aparezca un pacto por virtud del cual el porteador no será responsable de los even-tuales daños que sufran las cosas, ni estarán, por tanto, obliga-dos a indemnizar. ¿Qué significado y valor puede tener esto?
Los riesgos de todo transporte de mercancías recaen, por minis-terio de ley, sobre el expedidor (salvo pacto expreso, art. 361). Luego el transportista se encuentra ya a cubierto de la fuerza mayor, del caso fortuito y del vicio propio de aquéllas. Con que el contrato guarde silencio sobre ello, es bastante. ¿ Qué se pretende, entonces? En realidad, una exención de responsabilidad, tanto por los daños que se produzcan a causa del riesgo ordinario y normalmente anejo a toda explotación, o que sean previsibles y evitables, como incluso por los que se deriven de dolo, culpa o negligencia. Además, poner obstáculos al deje de cuenta. Y nada de esto es admisible, jurídicamente. Algunas leyes extranjeras lo han prohibido explícitamente (ej. en Francia, la ley Rabier de 17 de marzo 1905, sobre transporte terrestre).
Puede reconocerse en términos generales la validez de las con-venciones de exoneración, ya que existe la libertad de pactos y ya que las limitaciones de responsabilidad en las actividades comer-ciales son doctrina corriente. Mas con un tope: con la excepción, sobre todo, de los casos en que el daño sea imputable de algún modo al porteador. Jurídicamente, no es dado reconocerles al-cance absoluto. Tampoco puede olvidarse que las empresas po-derosas o con monopolio las imponen a sus clientes . . . aunque después las invocan como aceptadas con plena libertad por ellos. Si en ocasiones no representan una clara imposición, al menos suelen deslizar hábilmente esas cláusulas en el texto impreso de la carta, sin que aquéllos se den cuenta siquiera de que existen. Asegurada así la irresponsabilidad de los porteadores, éstos no se cuidan de evitar negligencias dañosas, a pesar de que la ley les obliga a ‘tomar las precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes’ (art. 362); efecto práctico nocivo, que re-viste un interés social indudable. Todos hemos contemplado, a veces, la manera desconsiderada de tratar las mercancías en su carga, colocación o descarga, aun llevando rótulo de ‘frágil’. Y la empresa tiene que responder de sus empleados u obreros.
La ley debe salir al paso de toda coacción o conducta mal in-tencionada o culposa y de efectos perjudiciales, sentando normas que, como un mínimum de justicia, sean inderogables. Esto es lo que, a nuestro juicio, persiguen las disposiciones del Co. sobre el transporte, aunque no contengan una disposición expresa sobre la nulidad de ciertas cláusulas. Rectamente interpretadas, no cabe cohonestar esa práctica, tan extendida y cómoda, de las cláusulas de irresponsabilidad para supuestos de responsabilidad legal.
Pensamos que, conforme a nuestro Dro. positivo, en el trans-porte terrestre ordinario (único de que tratamos ahora) los pac-tos excluyentes de responsabilidad del porteador por averías que deben ir a su cargo, carecen de validez; porque se oponen a la ley, cuyos preceptos adoptan forma imperativa (arts. 362 a 368 y 377). Lo corrobora la doctrina general del Ce. (arts. 1.102 y 1.255). En este sentido se pronunciaban Alvarez del Manzano, Bonilla y Miñana. Cita Garrigues la opinión de Asquini (coin-cidente con la de dichos autores nacionales) y entiende que ‘en Dro. español, la nulidad de tales cláusulas parece imponerse en términos generales por analogía de lo dispuesto para el trans-porte marítimo en el artículo 620’ (que el capitán del buque será responsable ‘siempre, sin que valga pacto en contrario’ de los daños ‘que se ocasionen por sus propias faltas’)Op. cit., págs. 487-489 (Énfasis nuestro.)

En adición y al mismo efecto: Garrigues, Op. cit., págs. 227-228; Sánchez Gamborino, Modificación Convencional de la Responsabilidad del Porteador en el Contrato de Transporte Terrestre, Rev. Gen. Legis. y Juris., Vol. 189, págs. 707, 709 (1951).

En resumen, en circunstancias como las de autos, son nulas e ineficaces las cláusulas de absoluto relevo de respon-sabilidad por negligencia, por contravenir las mismas el in-terés público plasmado en el Código de Comercio. Expreso Meteoro, Inc. responde por su negligencia. Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado por entender que el porteador responde por las pérdidas ocu-rridas por su negligencia conforme lo dispone el Art. 280 del Código de Comercio de Puerto Rico.

       El acuerdo era uno mercantil a la luz del Art. 267 del Código de Comercio:
      “El contrato de transporte por vías terrestres o fluviales de todo gé-nero, se reputará mercantil:
      “(1) Cuando tenga por objeto mercaderías o cualesquiera efectos del comercio.
      “(2) Cuando, siendo cualquiera su objeto, sea comerciante el porteador o se dedique habitualmente a verificar transportes para el público.” (10 L.P.R.A. sec. 1771.)
      Este acuerdo no fue reducido a escrito en “carta de porte”, que es el documento representativo del título legal sobre contrato de transporte te-rrestre. (10 L.P.R.A. sec. 1772.) Ninguna de las partes impugnó la existen-cia y obligatoriedad del acuerdo verbal de utilización de personal y equipo de la demandada para el transporte de la mercancía. Véanse los Arts. 271 y 82 del Código de Comercio (10 L.P.R.A. secs. 1775 y 1302). En el caso de autos el documento que evidencia el transporte terrestre efectuado es un “Cart Check” Núm. A-2105 que constituye un recibo que firmó el empleado de Expreso Meteoro al recibir la mercancía en el muelle.

      Para comentarios sobre este contrato mercantil véanse: Langle Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Tomo III, págs. 467-491 (1959); González de Echávarri, Comentarios al Código de Comercio y Ju-risprudencia Española, 3ra. ed., Tomo III, págs. 468-528 (1945); Gay de Montellá, Código de Comercio Español Comentado, 2da. ed., Tomo III, Vol. I, págs. 260-271 (1948); Uría, Derecho Mercantil, lOma. ed., págs. 514-527 (1975); Sánchez Calero, Instituciones de Derecho Mercantil, 5ta. ed., págs. 434-442 (1976); Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, 6ta. ed., Tomo II, págs. 197-229 (1974).

       En parte dispone tal estatuto en la referida materia:
      “Las mercaderías se transportarán a riesgo y ventura del cargador, si expresamente no se hubiere convenido lo contrario.
      “En su consecuencia, serán de cuenta y riesgo del cargador todos los daños y menoscabos que experimenten los géneros durante el transporte, por caso fortuito, fuerza mayor o naturaleza y vicio propio de las cosas.
      “La prueba de estos accidentes incumbe al porteador. [10 L.P.R.A. see. 1783].
      “El porteador, sin embargo, será responsable de las pérdidas y averías que procedan de las causas expresadas en la sección anterior, si se probare en su contra que ocurrieron por su negligencia o por haber dejado de tomar

        las precauciones que el uso tiene adoptadas entre personas diligentes, a no ser que el cargador hubiese cometido engaño en la carta de porte, suponién-dolas de género o calidad diferentes de los que realmente tuvieren.
      “Si a pesar de las precauciones a que se refiere esta sección, los efectos transportados corrieran riesgo de perderse, por su naturaleza o por acci-dente inevitable, sin que hubiese tiempo para que sus dueños dispusieran de ellos, el porteador podrá proceder a su venta, poniéndolos con este objeto a disposición de la autoridad judicial o de los funcionarios que determinen disposiciones especiales. [10 L.P.R.A. see. 1784, énfasis nuestro.]
      “Fuera de los casos prescritos en el párrafo segundo de la see. 1783 de este título, el porteador estará obligado a entregar los efectos cargados en el mismo estado en que, según la carta de porte, se hallaban al tiempo de recibirlos, sin detrimento ni menoscabo alguno, y no haciéndolo, a pagar el valor que tuvieren los no entregados, en el punto donde debieran serlo y en la época en que correspondía hacer su entrega.

      “Si ésta fuere de una parte de los efectos transportados, el consignata-rio podrá rehusar el hacerse cargo de éstos, cuando justifique que no puede utilizarlos con independencia de los otros.” (10 L.P.R.A. see. 1785.) (Én-fasis nuestro.)

       Estando adecuadamente regulada la cuestión en nuestro derecho positivo estimamos innecesario adentrarnos a las soluciones y enfoques de otras jurisdicciones ajenas a nuestra tradición civilista.


text:
    Georgina Herrera Ramos, lesionada, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, Inc., demandada y recurrida, Fondo del Seguro del Estado, asegurador y recurrente; Tropic Wear, Inc., patrono.
    Número: O-78-427

      Resuelto: 22 de enero de 1979

      Francisco Falú Lebrón, Antonio Acevedo Torres y Jorge Már-quez Gómez, abogados de la Administradora del Fondo del Seguro del Estado; Joaquín Peña Peña, abogado de la lesio-nada.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

En apelación instada por la lesionada Georgina Herrera Ramos contra una negativa del Fondo del Seguro del Estado a reconocerle compensación, el 10 de marzo de 1977 la Comi-sión Industrial revocó dicha decisión y ordenó se le brindara la íntegra protección de ley. Los honorarios de abogado fueron fijados en un quince por ciento (15%) a ser satisfechos “con-forme con la Ley”.

A tono con dicho mandato el Fondo le proveyó tratamiento médico, y el 17 de enero de 1978 la dio de alta reconociéndole un setenta por ciento (70%) de incapacidad por pérdida de las funciones fisiológicas generales, que traducida en térmi-nos económicos representó una compensación ascendente a $10,000.00. A su abogado se le concedió la suma de $1,000.00 de honorarios. Esta determinación y cómputo fue reducido a escrito y notificado en un documento denominado “Orden In-terna de Pago de la Compensación por Incapacidad Parcial Permanente Adjudicada”, haciéndose constar como nota en su parte inferior lo siguiente: “El expediente de este caso deberá ser referido al Comité de Factores Socio Económicos de la Región correspondiente para evaluación y recomendación final” (Énfasis nuestro.) No contiene apercibimiento del de-recho de apelación ante la Comisión Industrial.

A manera de paréntesis, el carácter interino de la orden y el referimiento del caso al Comité de Factores Socio-Económicos — integrado por un grupo de profesionales — representa la estructura y mecánica administrativa que el Fondo desarrolló hace algún tiempo para implementar nuestra doctrina establecida en Arzola Maldonado v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 549 (1965) y Rodríguez Ortiz v. Comisión Industrial, 90 D.P.R. 764 (1964), en el sentido de que en la determinación de si un obrero tiene o no incapacidad total es menester evaluar los siguientes extremos: a) el carácter del impedimento físico del trabajador y su extensión, medido y expresado desde el punto de vista médico en términos de pérdida de la función fisiológica general, y b) el efecto de ese impedimento físico sobre la habilidad del obrero o trabajador para realizar un empleo remunerativo. El Comité interviene, por encomienda del Administrador, cuando a un obrero se le reconoce una incapacidad de un sesenta por ciento (60 %) o un setenta por ciento (70%) de las funciones fisiológicas generales; estudia, examina y evalúa, en adición a la incapacidad desde el punto de vista médico, factores tales como la edad, profesión, escolaridad, oportunidades de empleo en el área donde reside el obrero y otros; y oportunamente rinde un informe determinando si el lesionado puede realizar aque-llos aspectos sustanciales y básicos de su trabajo, o si sus servicios son tan limitados que no hay mercado o demanda para los mismos. En resumen, el Comité es un cuerpo auxi-liar permanente del Administrador para evaluar en ciertos casos, el conjunto de factores médicos y socio-económicos re-veladores de “la habilidad que posea [un obrero] después de la lesión o accidente para dedicarse a un trabajo que le pro-duzca ingreso en forma ordinaria y de manera estable”; Rodríguez Ortiz, supra, 775. Su función rectora es asesorar al Administrador y proveerle elementos de juicio fundados para que éste llegue a una decisión informada y razonable respecto al potencial de trabajo remunerativo de un lesionado.

Así las cosas y por conducto de su abogado, la lesionada Herrera, en 7 de febrero de 1978 apela ante la Comisión Industrial la Orden Interna de Pago. Sin embargo, el 31 de marzo de 1978, a la luz de un informe favorable del Comité de Factores Socio-Económicos, el Fondo otorga a la obrera una incapacidad total y permanente. Esta decisión es notificada formalmente a la obrera y su abogado. Este, mediante mo-ción solicita de la Comisión Industrial la fijación de honora-rios adicionales por el aumento de incapacidad decretado de un setenta por ciento (70%) hasta una incapacidad total y permanente. La Comisión, el 7 de agosto de 1978, concedió dichos honorarios. Una reconsideración presentada por el Fondo fue declarada sin lugar por falta de jurisdicción al haberse interpuesto después de transcurridos diez (10) días de recibida la decisión.

A solicitud del Fondo, expedimos orden de mostrar causa.

I

La orden interna del Administrador fijando interinamente en setenta por ciento (70%) de incapacidad y refiriendo el caso al Comité de Factores Socio-Económicos, por propia naturaleza, no es apelable ante la Comisión Industrial. Constituye una determinación inicial rápida sujeta a ser mejorada ulteriormente que únicamente beneficia inmediatamente al obrero. De hacerse depender tal decisión del examen final conjugando los factores socio-económicos — ante el cúmulo de casos pendientes — la solución se toma mayor tiempo en detrimento del lesionado. Como corolario de esta conclusión, la Comisión Industrial no adquirió jurisdicción por razón del escrito de apelación interpuesto prematuramente en 7 de febrero de 1978 por el abogado de la lesionada Herrera Ramos. Careciendo de dicha jurisdicción, no podía a su vez dicho foro apelativo oponer el argumento jurisdiccional para denegar la solicitud y oposición del Fondo respecto a la concesión de honorarios de abogado.

rH h-4

En las circunstancias de autos, no procede aumento alguno de honorarios de abogado. Hemos visto que luego del Adminis-trador haber denegado compensación, la Comisión revocó dicho dictamen y ordenó se confiera la íntegra protección de ley. El Fondo, después de proveer tratamiento médico, reco-noce provisionalmente una incapacidad ascendente a setenta por ciento (70%) y mediante Orden Interna de Pago, refiere el caso al Comité de Factores Socio-Económicos. Como el má-ximo de honorarios por gestión asciende a mil ($1,000.00) dólares, satisface esta cantidad al abogado de la obrera. Se radica apelación de esta Orden Interna ante la Comisión Industrial. Subsiguientemente, el Fondo en un término razona-ble, en virtud de las recomendaciones del Comité de Factores Socio-Económicos emite decisión otorgándole una incapacidad total y permanente. La representación legal radica moción sobre fijación de honorarios de abogado adicionales y la Comi-sión accede. Cometió error.

Mediante la Ley Núm. 69 de 23 de junio de 1965 (11 L.P.R.A. see. 36, párrafo segundo) se enmendó el Art. 35 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo estableciéndose que el por ciento que la Comisión Industrial reconociese como honorarios de abogado sería fijado con cargo al Fondo y no a la compensación concedida. En Rodríguez v. Comisión Industrial, 97 D.P.R. 432 (1969), sostuvimos que esta enmienda era aplicable a todo caso en trámite independientemente de que hubiese surgido con anterioridad a su vigencia. Y conforme Wiscovitch v. Comisión Industrial, 99 D.P.R. 651, 656 (1971), dijimos que este artículo tiene como fin:

“. . . proveer servicios gratuitos de abogado a los obreros re-clamantes colocándolos en una mejorada posición de hacer valer sus derechos frente a un sinnúmero de cuestiones altamente téc-nicas y complicadas tanto en su aspecto legal como médico que suelen surgir en el trámite de estos casos. Si a esto se le añade la posición de marcada ventaja que disfruta el Administrador, con la asistencia legal y técnica de personal especializado que tiene a su alcance en estos asuntos, en su capacidad dual de hacer labor investigativa de las reclamaciones que se entablan contra el Fondo y, adjudicativa, en lo que respecta al pago de compensacio-nes y liquidación de los casos de obreros, se comprenderá la razón de un sistema llamado a fomentar, no desalentar, el asesora-miento y ayuda legal a los obreros lesionados o sus beneficiarios en la tramitación de sus reclamaciones.”

Al examinar la reglamentación vigente sobre el particular, advertimos los siguientes extremos: casos de in-capacidad (parcial) permanente y casos de incapacidad total o muerte. La primera clasificación se desglosa en consideración al nivel en que fueron rendidos los servicios de abogado: ante el Administrador o la Comisión Industrial. Así, por servicios prestados ante el Administrador, se concederá en concepto de honorarios de abogado una suma que no excederá de 5 por ciento del total de la compensación otorgada y por los pres-tados ante la Comisión una suma que no excederá de 15 por ciento sobre el aumento obtenido con motivo de la apelación. La segunda clasificación que cubre casos de incapacidad total y muerte, establece igual dicotomía — servicios prestados ante el Administrador o la Comisión Industrial — pautándose que: (a) por servicios prestados ante el Administrador se conce-derá, por concepto de honorarios de abogado, una suma que no excederá de 5 por ciento del total de la compensación que se otorgue al obrero o a los beneficiarios que utilicen al abo-gado, calculado a base de la compensación pensional que ha-brá de recibir el beneficiario o el obrero en 10 años; (b) por servicios prestados ante la Comisión se concederá una suma que no excederá del 15 por ciento del aumento obtenido con motivo de la apelación. (Se aclara que en los casos surgidos a partir del día 1 de julio de 1960, el por ciento se computará tomando como base el monto de los pagos pensiónales que co-rrespondan a los beneficiarios o al obrero durante un término de 10 años); y (c) que en ningún caso se pagarán honorarios de abogado en exceso de la cantidad de $1,000.00. Finalmente, como tercera clasificación se dispone que por servicios pres-tados ante los tribunales, éstos fijarán los honorarios según lo dispone la ley.

Advertimos que ante la Comisión Industrial los honorarios se fijan a base del criterio de aumento en compensación o beneficio decretado y recibido por el obrero como consecuencia de la gestión profesional realizada por su abogado y que según Wiscovitch, supra, la expresión “en ningún caso” referente a servicios prestados ante la Comisión, significa “en ningún caso de servicios prestados ante la Comisión se pagarán honorarios en exceso de $1,000.00.”

Al confrontar estas normas al caso de autos, es errónea la validez de la determinación de la Comisión adjudicando honorarios por una apelación prematura improcedente. Hemos examinado los récords administrativos y no existe fundamento que justifique una segunda fijación de honorarios de abogado. La incapacidad fue aumentada de un setenta por ciento (70%) a una total y permanente en virtud de la evaluación interna realizada por el Comité de Factores Socio-Económicos y no por gestión profesional alguna llevada de la representación jurídica de la lesionada. La intervención de la Comisión Industrial ante la apelación de la Orden de Pago y referi-miento al Comité fue inoperante. De conformidad a la regla-mentación existente, sólo procedía el pago del máximo per-mitido por ley: $1,000.00 por la apelación original. La frag-mentación de gestiones de esta índole no sólo va en detrimento del estatuto sino contra la necesaria solvencia del Fondo.

Se expedirá el auto solicitado y se dictará la correspon-diente sentencia.

      Se trata de un simple documento titulado “Escrito de Apelación” que contiene tres escuetas alegaciones, entre ellas, no estar conforme con la decisión, suplicando se revoque la misma.

      Aclaramos que no estamos ante una situación fáctica, que fuere de aplicación lo preceptuado en el Art. 7 de la ley sobre demora en la reso-lución de casos por el Administrador.

      E1 Reglamento Interno y Reglas de Procedimiento de la Comisión Industrial, en lo relativo a honorarios de abogado provee:

        “La Comisión Industrial autorizará el pago de los siguientes honora-rios . . .:
      “ (1) En los casos de incapacidad permanente:
      “(A) Por servicios prestados ante el Administrador, una suma que no excederá de 5 por ciento del total de la compensación otorgada.

      “(B) Por servicios prestados ante la Comisión, una suma que no excederá de 15 por ciento sobre el aumento obtenido con motivo de la apela-ción.

        “ (2) En los casos de incapacidad total o muerte:
      “(A) Por servicios prestados ante el Administrador una suma que no excederá de 5 por ciento del total de la compensación que se otorgue a los beneficiarios o al obrero que utilicen el abogado, calculado a base de la com-pensación pensional que habrá de recibir el beneficiario o el obrero en 10 años.
      “(B) Por servicios prestados ante la Comisión, una suma que no ex-cederá de 15 por ciento del aumento obtenido con motivo de la apelación. Disponiéndose que en los casos surgidos a partir del día primero de julio de 1960, el por ciento se computará tomando como base el monto de los pagos pensiónales que correspondan a los beneficiarios o al obrero durante un término de 10 años. Disponiéndose, además, que en ningún caso se pagarán honorarios de abogado en exceso de la cantidad de $1,000.

      “(3) Por servicios prestados ante las cortes, la corte donde se presten los servicios fijará los honorarios según dispone la ley.
      “(4) Al determinar el por ciento que como máximo habrá de conce-derse por servicios prestados ante el Administrador, la Comisión podrá re-querir del abogado que radique una declaración jurada explicando en de-talle los servicios prestados, la naturaleza de los mismos, y cualquiera otra información pertinente.
      “(5).
      “(6) . . . .” (11 R.&R.P.R. see. 8-7.) (Énfasis nuestro.)