author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Richard B. Sterzinger, demandante y recurrido, v. Madeline V. Candelario de Efrón, demandada y peticionaria.

      Números: CE-93-543
    CE-93-573

      Resueltos: 17 de diciembre de 1993

      Graciany Miranda Marchand, abogado de la peticionaria; Maritza González Ortiz, abogada del recurrido.
   SENTENCIA

I

El Tribunal ha evaluado los señalamientos de la peticio-naria Madeline V. Candelario de Efrón en la Moción de reconsideración presentada contra la Sentencia de 30 de agosto de 1993 del Tribunal de Apelaciones, Sección Norte. La acoge como un certiorari. Por versar sobre las mismas controversias, lo consolida con el CE-93-573 y expide am-bos recursos.

II

En las circunstancias particulares del presente caso, concluimos que el Juez del Tribunal de Apelaciones, Hon. Rafael Ortiz Carrión, no debió intervenir en su decisión.

Aclarado este extremo y evaluados los otros plantea-mientos de la peticionaria Candelario de Efrón, y vistos los fundamentos de la Resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. José E. Broco Oliveras, Juez), de 30 de abril de 1990, se revoca la Sentencia del Tribunal de Ape-laciones de 30 de agosto de 1993.

Se devolverán a instancia los autos originales para la continuación de los procedimientos.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió con el resultado mediante opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Como surge de la Sentencia que, al amparo de la Regla 50 de nuestro Reglamento (4 L.RR.A. Ap. I-A), emite el Tribunal en el presente recurso, este Foro concluye que “el Juez del Tribunal de Apelaciones, Hon. Rafael Ortiz Ca-rrión, no debió [de] intervenir” en el Panel del extinto Tribunal de Apelaciones que consideró y resolvió, a dicho ni-vel, el caso de autos; situación que, unida a “los otros planteamientos de la peticionaria Candelaria de Efrón”, hace mandatoria —conforme el Tribunal— la revocación de la sentencia emitida en el caso por el referido Tribunal de Apelaciones. Sentencia, págs. 1 y 2.

No tenemos duda alguna de que dicho conciso decreto implica, o parte de la premisa de, que la actuación del re-ferido magistrado fue una imprudente e impropia o, cuando menos, totalmente improcedente a la luz de las dis-posiciones de los Cánones del Código de Ética Judicial; ello así ya que, en opinión del Tribunal, dicha intervención, prácticamente por sí sola, constituye suficiente fundamento para revocar la sentencia que emitiera el referido Tribunal de Apelaciones.

Somos del criterio, sin embargo, que la determinación que hoy toma el Tribunal es una que no debe pasar desa-percibida para la profesión por cuanto la misma es una que establece un claro precedente sobre conducta judicial en nuestra jurisdicción o, cuando menos, aclara el alcance de las disposiciones de varios Cánones de Ética Judicial.

I

La cabal comprensión de lo resuelto por el Tribunal, me-diante la Sentencia que emite, hace necesario que hagamos un breve resumen de los hechos originales que dan lugar al recurso que hoy resolvemos. Estando ventilándose el Caso Civil Núm. RF-84-4810, Sterzinger v. Candelario de Efrón, ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan/) surgió un incidente —de inhibición— entre uno (1) de los abogados del demandante Sterzinger y el magistrado que presidía el mismo/) Ello desembocó en la radicación ante este Tribunal de una querella, o querellas, que por orden de este Foro tuvo que investigar en el año de 1987 el entonces Procura-dor General de Puerto Rico, Ledo. Rafael Ortiz Carrión.

El mencionado funcionario, luego de realizar la investi-gación que le hubiéramos encomendado, rindió el corres-pondiente Informe ante este Tribunal; lo cual, por necesi-dad, requirió que Éste se compenetrara con todo lo que, hasta esa fecha, había ocurrido a nivel de instancia en dicho proceso judicial.() En lo pertinente, y en relación con unas imputaciones que la demandada Candelario de Efrón alegadamente le había hecho a la abogada de Sterzinger y a uno (1) de los miembros de este Tribunal/) el licenciado Ortiz Carrión concluyó que la referida demandada, quien es abogada de profesión, efectivamente había utilizado "ar-gumentos personalistas para fundamentar sus escritos, y hace ataques contra la dignidad personal y profesional de ambas personas mencionadas”, conducta que, en opinión del licenciado Ortiz Carrión, era “contrari[a] a las guías de conducta profesional establecidas en los Cánones 9, 29, 30 y 35”. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Informe, pág. 6.

Aún más significativo y pertinente, al asunto hoy ante nuestra consideración, el licenciado Ortiz Carrión —al con-testar señalamientos de la demandada Candelario de Efrón, sobre posible prejuicio en su contra de parte de la Oficina del Procurador General, por razón de que dos (2) abogados de dicha Oficina eran clientes, en dos (2) casos de divorcio, de la abogada del demandante Sterzinger— le im-putó a la demandada Candelario de Efrón, en el mencio-nado Informe, que ésta hacía “imputaciones falsas que pre-tendían menoscabar la imagen de respeto que se merece y se ha ganado la Oficina del Procurador General”. Moción de 2 de mayo de 1989, pág. 1.

Finalmente, y en lo pertinente, el licenciado Ortiz Ca-rrión concluyó, en el Informe que rindiera, que este Tribunal podía exigirle responsabilidad profesional a la deman-dada Candelario de Efrón a base del hecho que ella había participado en el caso como parte y como abogada.

Devuelto el caso al tribunal de instancia, y habiéndose inhibido el magistrado que había hasta entonces presidido los procedimientos, el caso le fue referido a otro magistrado. Como consecuencia de una llamada telefónica que este magistrado le hiciera a un juez de la Corte de Distrito para el Condado de Dade, Estado de Florida, () la demandada Candelario de Efrón solicitó la inhibición de este segundo magistrado. Asignada la dilucidación de la moción de inhibición ante otro magistrado (Hon. José Broco Oliveras, Juez) en cumplimiento de las disposiciones de la Regla 63.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, éste determinó —sin poner en duda la imparcialidad del juez cuya recusación se solicitaba y “a los fines de una pronta solución del caso y para eliminar el mecanismo de falta de confianza en el sistema”— que el caso debía ser “reasignado a otro juez”. Apéndice, Anejo 1, pág. 1.

No estando de acuerdo el demandante Sterzinger, éste radicó recurso de certiorari ante este Tribunal impután-dole, como único error, al Juez Broco Oliveras haber errado al “recusar” al magistrado que tenía el caso asignado. Re-ferimos el recurso a la Sección Norte del extinto Tribunal de Apelaciones. Un panel de tres (3) jueces de dicho foro judicial/) dictó sentencia revocatoria de la resolución emi-tida por el Juez Broco Oliveras; siendo el “juez ponente” de dicha sentencia el Juez Rafael Ortiz Carrión.

Inconforme, naturalmente, la demandada Candelario de Efrón acudió en revisión de dicha Sentencia ante este Tribunal cuestionando no sólo la corrección de la misma sino la intervención en el caso del Juez Ortiz Carrión.

H-i l-H

El norte, u objetivo, que persiguen los Cánones de Ética Judicial lo es, ciertamente, la fe de la ciudadanía puerto-rriqueña en el sistema judicial de Puerto Rico y, por ende, en la justicia que se dispensa en nuestra tierra. Dicho en otra forma, mediante la observancia de los Cánones de Etica Judicial, por parte de los miembros de la judicatura, se pretende fomentar —y preservar— el respeto y la con-fianza de los ciudadanos en los integrantes de la Rama Judicial; institución fundamental para todo pueblo democrático. A esos efectos, las disposiciones del Canon I del Código de Ética Judicial establecen “la norma” de con-ducta judicial a seguir, al disponer que:

La fe de un pueblo en la justicia, como valor esencial de la democracia, debe ser mantenida por los tribunales a los más altos niveles de la responsabilidad pública.
En el ejercicio de su delicada función, aquellos llamados a impartir justicia, conscientes de la posición que ocupan en la sociedad y de la trascendencia de su misión, deben velar porque sus actuaciones respondan a normas de conducta que honren la integridad e independencia de su ministerio y estimule el res-peto y la confianza en la judicatura. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

El respeto y confianza en la judicatura que tenga la ciu-dadanía depende, de manera principalísima, de la con-ducta que observen los jueces; los cuales en el desempeño de sus funciones deben ser laboriosos, prudentes, y, sobre todo, imparciales.

En cuanto a este último requisito, no puede enfatizarse lo suficiente el hecho de que el juez no sólo tiene que ser imparcial sino que debe evitar hasta la apariencia de parcialidad.

Esa exigencia —de evitar toda apariencia de parciali-dad— la encontramos en varios de los Cánones de Ética Judicial. A manera de ejemplo, podemos señalar que el Canon XI de Ética Judicial establece, en lo pertinente, que:

El Juez no solamente ha de ser imparcial, sino que su con-ducta ha de excluir toda posible apariencia de que es susceptible de actuar a base de influencias de personas, grupos o partidos, o de ser influido por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias. Ha de tener siempre presente que su único empeño debe ser el de impartir justicia de conformidad con el derecho aplicable, con absoluta ecuanimidad, y sin preocuparle el reconocimiento que pueda darse a su labor, ni la crítica injusta. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

Debido, precisamente, a esa exigencia es que el juez no debe celebrar entrevistas privadas con algunas de las par-tes, o sus abogados, ni permitir comunicaciones de éstos en ausencia de representación de los otros intereses que pue-dan ser afectados, excepto en casos no contenciosos en los que deberá ser muy cauteloso. Véase Canon XV de Etica Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

Por otro lado, el juez debe evitar toda actuación o con-ducta que pueda dar base. a la creencia de que ejerce, o pretende ejercer, influencia en el ánimo de un compañero de labores que tiene asignado un caso, como tampoco el juez debe dar la impresión de que otros puedan tener al-guna influencia sobre él. Véase Canon XXIII de Etica Judicial, 4 L.P.R.A. Ap. IV-A.

Finalmente, en cuanto a este aspecto, debe mantenerse presente que la Regla 63.1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III) establece, en lo perti-nente, que:

A iniciativa propia, o a recusación de parte, un juez deberá inhibirse de actuar en un pleito o procedimiento en cualquiera de los casos siguientes:
a)Por estar interesado en su resultado o tener prejuicio o par-cialidad personal hacia cualquiera de las partes o sus abogados.

e)Por cualquier otra causa que pueda razonablemente arrojar dudas sobre su parcialidad para adjudicar o que tienda a minar la confianza pública en el sistema de justicia. (Énfasis suplido.)

H-4 H-í h — i

A la luz de todo lo anteriormente expuesto, no tenemos duda alguna sobre el hecho de que la decisión del Juez Ortiz Carrión de intervenir, y participar como juez ponente, en el recurso de certiorari que se ventilara ante el extinto Tribunal de Apelaciones fue innecesaria, y sorprendente-mente imprudente, que demuestra una notable ausencia de buen juicio de parte de este magistrado.()

Si bien es correcto que no podemos concluir que su ac-tuación es demostrativa del “prejuicio personal” que re-quiere la citada Regla 63.1 de Procedimiento Civil,() no es menos cierto que el contacto y participación anterior que él tuvo con el caso en su carácter de Procurador General —participación que ciertamente no puede ser caracterizada como de naturaleza “judicial o adjudicativa” y sí de carác-ter “investigativo y acusatorio”— y las expresiones y con-clusiones que entonces hizo sobre la demandada Candela-rio de Efrón razonablemente arrojan duda sobre su imparcialidad en este asunto y, ciertamente, tienden a mi-nar la confianza pública en el sistema de justicia.

En fin, su actuación infringe el mandato ético a los efec-tos de que los jueces deben evitar hasta la apariencia de parcialidad. Dicho en forma más sencilla, la actuación del Juez Ortiz Carrión en nada contribuye al fortalecimiento de la confianza y respeto de nuestra ciudadanía en la judi-catura puertorriqueña.

Por los fundamentos antes expuestos, concurrimos con la Sentencia que, al amparo de la Regla 50 de nuestro Re-glamento, ante, emite una mayoría de los integrantes de este Tribunal en el recurso de epígrafe.

      (1) En dicho caso, el demandante Sterzinger reclamaba el establecimiento, por el foro judicial de Puerto Rico, de relaciones patemo-filiales en relación con una hija procreada durante su matrimonio con la demandada, Candelario de Efrón.

      (2) Esto es; entre el Juez Ángel D. Ramírez y la Leda. Sarah Torres Peralta.

      (3) Así se desprende del Informe que el entonces Procurador General Ortiz Ca-rrión le rindiera a este Tribunal.

      (4) Hon. Federico Hernández Denton, Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico, y la Leda. Sarah Torres Peralta.

      (5) La licenciada Candelario de Efrón, quien se había mudado al Estado de la Florida, había acudido a dicho tribunal con el propósito, entre otros, de que se reco-nociera la validez del divorcio, entre ella y Sterzinger, decretado en Alemania y las relaciones patemo-filiales originalmente impuestas.

      (6) Panel integrado por los Jueces Rossy García, Rodríguez de Oronoz y Ortiz Carrión.

      (7) Resulta procedente señalar que, mediante escrito de fecha 16 de noviembre de 1993, el Juez Rafael Ortiz Carrión compareció ante este Tribunal; “comparecencia especial” en la cual expresó, en síntesis y en lo pertinente, que:
      “8)Cuando examiné dicho caso [como miembro del Tribunal de Apelaciones] re-cordaba que había intervenido en el Informe sobre una queja presentada por el Juez Angel Ramírez contra la Leda. Sarah Torres Peralta, en el cual se planteaba la incompatibilidad entre su comparecencia como abogada en una serie de casos en los cuales el Hon. Angel Ramírez se desempeñaba como juez y su comparecencia como abogada en un caso contra el Hon. Angel Ramírez en su carácter personal. También recordaba que la queja fue presentada ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de custodia entre la Sra. Candelario de Efrón y el Sr. Sterzinger, y que el Tribunal Supremo la había referido a la Oficina del Procurador General para su investigación e informe correspondiente. Sin embargo, consideré que tal Informe so-bre la conducta profesional de una abogada y un juez no me impedía intervenir judicialmente en los méritos de una controversia en el caso del título.

      “9)En ese momento, y en ningún otro momento durante el trámite y decisión del caso del título, tuve memoria sobre los detalles que hoy se traen a la consideración de este Honorable Tribunal, entre otros, que la Oficina del Procurador General consolidó la queja del Hon. Angel Ramírez con otra que presentó la Sra. Efrón contra la Leda. Torres Peralta por su conducta en el trámite del caso entre la Sra. Efrón y el Sr. Sterzinger. Tampoco recordaba que después que el Procurador General le sometió al Tribunal Supremo un informe sobre esas quejas y otros asuntos relacionados, la Sra. Efrón cuestionó la imparcialidad de su Oficina en la conducción de esa investigación y que el Procurador General le había planteado al Tribunal Supremo que la Sra. Efrón había utilizado lenguaje impropio en la exposición de sus alegaciones.” (Énfa-sis suplido.) Comparecencia especial, págs. 3-4.

      (8) Hemos resuelto —en Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897 (1969)— que ... tal prejuicio o parcialidad debe ser personal y no judicial, Prejuicio personal debe ser una actitud extra-judicial en su origen y el hecho de que el juez ha interve-nido en casos anteriores distintos, en contra de los mismos acusados o en contra de uno de ellos, no es suficiente para demostrar ese prejuicio personal. (Énfasis suprimido.)


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García.

license: Public Domain

text:
    Hilda A. Ramos Robles, Sixto Escobales Aponte y otros, demandantes y recurridos, v. Dr. José A. García Vicario y Dr. Raúl González Nápoles, demandados y recurrentes.

      Número: RE-90-38

      Resuelto: 20 de diciembre de 1993

      Miguel Limeres Grau, de Parra, del Valle, Frau & Limeres, abogado de los recurrentes; Serafín Rosado Santiago y Jaime L. Pérez, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante recurso de revisión acuden ante nos el Dr. José García Vicario y el Dr. Raúl González Nápoles para solicitar que revoquemos la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, que resolvió que ambos médi-cos habían cometido impericia médica al practicar una epi-siotomía en la línea media con el propósito de ampliar el área para el alumbramiento de la demandante Hilda A. Ramos Robles, causándole una laceración de tercer grado en el área perineal lo que trajo como consecuencia que la demandante sufriera de incontinencia fecal.

I

El 6 de octubre de 1986 la señora Ramos Robles, su esposo Sixto Escóbales Aponte por sí, y en representación de la sociedad legal de gananciales constituida por ambos, presentaron una demanda por impericia médica contra los doctores García Vicario y González Nápoles. Además, de-mandaron a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente.() En la demanda alegaron que “a los fines de facilitar el parto a [la demandante], los médicos demanda-dos le practicaron una operación denominada episiotomía, cuya finalidad es ampliar el área para el alumbramiento de la criatura”. Añadieron que “la mencionada operación practicada a la demandante se hizo de una manera anor-mal y descuidada, de manera negligente e inexperta, oca-sionando que se le lesionaran a la demandante músculos y órganos de su sistema excretorio [y que] como resultado de ello la demandante ha padecido desde aquella fecha un problema de incontinencia o falta de control sobre su sis-tema excretorio”. Demanda, pág. 2.

Los hechos que dieron lugar a la presentación de la de-manda, son los siguientes.

El 22 de junio de 1985 Ramos Robles acudió a la oficina de los demandados porque se encontraba en estado de embarazo. Durante el período de embarazo, la mayoría de las ocasiones en que visitó la oficina fue atendida por el doctor García Vicario, aunque también fue atendida por el doctor González Nápoles. El 3 de febrero de 1986 Ramos Robles fue ingresada en el Hospital San Lucas de Ponce a cargo del doctor González Nápoles porque presentaba con-tracciones desde tempranas horas de la mañana. Momen-tos antes del alumbramiento, el doctor González Nápoles entendió que era necesario hacer una episiotomía en la lí-nea media del área perineal de Ramos Robles.() Al nacer el niño, el doctor González Nápoles se percató que la paciente había sufrido una laceración de tercer grado en dicha área. Procedió a suturar la herida. Ramos Robles permaneció en el hospital hasta el 5 de febrero de 1986 cuando fue dada de alta por el doctor García Vicario.

El 13 de febrero de 1986 Ramos Robles regresó a la ofi-cina de los demandados y fue atendida por el doctor García Vicario, quien le indicó que por la condición que presentaba era necesario referirla a unos cirujanos proctólogos. La pa-ciente fue referida al doctor Sánchez Gaetán. Este le reco-mendó operarla, ya que tenía que corregir el esfínter anal, músculo encargado de controlar la salida de heces fecales. Ramos Robles presentaba una fuerte infección en esa área, por lo que tuvieron que esperar un tiempo para operarla de una esfinteroplastía (operación para reparar el esfínter). Mientras tanto, la paciente continuó padeciendo de incon-tinencia fecal y gases. El 26 de abril de 1986 fue operada. El 2 de junio fue su última visita con el doctor Sánchez Gaetán por, según ésta, haber tenido discrepancias con él. El 3 de enero de 1987 fue atendida por el Dr. Filiberto Colón, quien la refirió al Dr. Ignacio Echenique, cirujano de colon y recto. Ramos Robles tuvo que ser operada el 13 de marzo de 1987 (para la reconstrucción del esfínter) por dicho médico. Ya para esta fecha Ramos Robles había presen-tado su demanda.

En su contestación a la demanda, los médicos coincidie-ron en que el tratamiento brindado a la demandada fue el adecuado dentro de la mejor práctica de la medicina para la obstetricia y ginecología. Además argumentaron que los daños alegados por la demandante son complicaciones in-herentes a la condición en que se encontraba la paciente al momento del alumbramiento. Luego de varios incidentes procesales, se celebró la vista en su fondo y el tribunal de instancia dictó sentencia declarando con lugar la demanda y concluyó que todos los daños causados a la demandante fueron ocasionados por la impericia médica de los demandados.() En sus determinaciones de hecho señaló que “[c]onforme la mejor práctica de la medicina la episio-tomía medial no era la más recomendable en este caso y fue la que ocasionó la laceración de tercer grado y los daños posteriores sufridos por la demandante”. Relación del Caso, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Dere-cho y Sentencia, pág. 5. En síntesis, en su sentencia el tribunal señaló otros actos negligentes que utilizó para la determinación de responsabilidad torticera: (1) que se es-peró a última hora para realizar la episiotomía; (2) que debido a la posición del bebé hacia abajo (vertex) y un área perineal corta debió practicarse la episiotomía medio lateral, en vez de la episiotomía en la línea media, toda vez que en la medio lateral no hay ningún riesgo de lacerar el es-fínter anal; (3) que el doctor González Nápoles omitió hacer anotaciones en el expediente médico del hospital sobre la laceración sufrida y las partes que sufrieron daño; (4) que debió haberse recetado un antibiótico para evitar infeccio-nes; (5) que la reparación de la laceración de tercer grado fue negligente; (6) que la demandante no fue orientada adecuadamente de las consecuencias de la laceración y el cuidado postnatal y fue dada de alta por el doctor García Vicario con tan solo una crema llamada dermoplast.

Por último concluyó que, a consecuencia de estos actos negligentes, Ramos Robles ha padecido desde aquel enton-ces de una condición de incontinencia fecal por lo que ha tenido que ser operada en dos (2) ocasiones. Su vida matrimonial y social se ha afectado grandemente por esta situación. Al estimar los daños sufridos, condenó a ambos médicos al pago de una compensación total de seiscientos mil dólares ($600,000) por angustias y sufrimientos men-tales, mil seiscientos ocho dólares ($1,608) por ingresos de-jados de percibir, más quince mil dólares ($15,000) de ho-norarios de abogado.

Ambos médicos no están de acuerdo y acuden ante este Foro para que revisemos. Señalan cuatro (4) errores que entienden el tribunal de instancia cometió al adjudicar esta controversia:

[1.] Incurrió en error manifiesto el Tribunal de Primera Instancia al aquilatar la prueba en forma arbitraria, lo que no representa el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la prueba presentada.
[2.] Incurrió en error manifiesto el Tribunal de Primera Instancia en las sumas que concedió por vía de compensación.
[3.] Incurrió en error manifiesto el Tribunal de Primera Instancia al no admitir los originales de los récords médicos de la demandante en la oficina del Dr. García Vicario.
[4.] Incurrió en error el Tribunal de Primera Instancia al no permitirnos presentar prueba a tenor con la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil vigente, que tiene que ver con la credibilidad del Dr. Juan José Hernández Cibes. Petición de revisión, pág. 5.

El 8 de febrero de 1990 expedimos el auto de revisión y ordenamos que se elevaran los autos, la transcripción de evidencia y la prueba documental. Las partes han comparecido. No habiendo trámite ulterior, procede resolver la controversia planteada.

r — i HH

Al delinear los contornos de la responsabilidad de un médico en el desempeño de sus funciones profesionales, hemos establecido la norma de cuidado médico exigible al amparo del Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5141. Se espera que el médico ofrezca aquella atención médica que a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza, y conforme al estado de conoci-miento de la ciencia y la práctica prevaleciente de la medi-cina, satisfacen las exigencias generalmente reconocidas por la profesión. Rodríguez Crespo v. Hernández, 121 D.P.R. 639 (1988); Medina Santiago v. Vélez, 120 D.P.R. 380 (1980); Ríos Ruiz v. Mark, 119 D.P.R. 816, 820 (1987); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197 (1978); Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375 (1978); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973).

Dentro del ámbito de sus funciones se le reconoce al médico una latitud amplia en su discreción al momento de formular su juicio profesional en cuanto al diagnóstico y tratamiento médico. Hemos rechazado imponer responsabilidad cuando el médico ha utilizado su buen juicio profesional y el mismo es cónsono con lo razonablemente aceptado por muchos sectores de la profesión médica. Reyes v. Phoenix Assurance Co., 100 D.P.R. 871, 876 (1972); Pérez v. E.L.A., 95 D.P.R. 745 (1965); Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188, 194 (1974); Lozada v. E.L.A., 116 D.P.R. 202 (1985). Un error de juicio honesto y razonable fundamentado en un desacuerdo latente entre las autoridades médicas sobre el diagnóstico o tratamiento recomendable no constituye un acto negligente que sujete a responsabilidad torticera. Ríos Ruiz v. Mark, supra, pág. 821.

Al evaluar la actuación de un médico no podemos olvidar que a éste lo acompaña una presunción al efecto de que ha ejercido un grado razonable de cuidado y el trata-miento fue adecuado. El hecho de que un paciente haya sufrido un daño o que el tratamiento no haya tenido éxito no crea ninguna presunción de negligencia por parte del médico. La parte demandante no podrá descansar para re-batir esta presunción en una mera posibilidad de que el daño se debió al incumplimiento de parte del médico de su obligación profesional. Ello requiere que la relación de cau-salidad no se establezca a base de una mera especulación o conjetura. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 650; Sáez v. Municipio de Ponce, 84 D.P.R. 535 (1962); Ramos Orengo v. La Capital, 88 D.P.R. 315 (1963). Una vez desfi-lada la prueba, si la evidencia señala la existencia de múl-tiples causas no puede imponérsele responsabilidad al mé-dico a menos que del conjunto de la evidencia surja que con mayor probabilidad la actuación negligente fue la causa del daño. Reyes v. Phoenix Assurance Co., supra, pág. 876; Rivera v. E.L.A., 99 D.P.R. 890 (1971); Sáez v. Municipio de Ponce, supra.

Por último, cuando se trata de evaluar las determinaciones sobre impericia médica que están fundamentadas en la prueba pericial y documental ofrecida, este Tribunal está en igual posición para evaluarlas y hacer sus propias conclusiones. Ríos Ruiz v. Mark, supra, pág. 820; Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719 (1983); Velázquez v. Ponce Asphalt, 113 D.P.R. 39 (1982).

Partiendo de las normas jurisprudenciales anteriores, examinemos la conducta de los médicos García Vicario y González Nápoles y veamos si el primer error se cometió.

HH HH HH

De la transcripción de evidencia se desprende que el 3 de febrero de 1986 la demandante fue hospitalizada en el Hospital San Lucas de Ponce. A eso de las 6:15 a.m. se no-tificó la admisión y condición de la paciente al doctor Gon-zález Nápoles, quien ese día estaba a cargo de los pacientes de la oficina que compartía con el doctor García Vicario. Este impartió algunas instrucciones. A las 7:10 a.m. se le conectó a la demandante un monitor fetal externo. Surge de las notas de la enfermera que la demandante se encon-traba bastante intranquila. El doctor González Nápoles vi-sitó a la paciente a las 7:55 a.m. y le hizo un examen vaginal. Posteriormente, la demandante fue trasladada a la sala de parto y fue examinada por el doctor González Nápoles a las 8:10 a.m. Surge del expediente médico que el demandado aplicó anestesia local y practicó una episioto-mía por la línea media.

En el caso de autos se le imputó negligencia a los médi-cos demandados por practicár una episiotomía en la línea media. Según la prueba documental ofrecida y el testimo-nio pericial, una episiotomía es un procedimiento quirúr-gico que se hace mediante una incisión en el área perineal, esto es, en el espacio que existe entre el ano y el órgano sexual femenino con el propósito de ampliar el área para así acelerar el parto vaginal y proteger el perineo. Buxton and Muram, Clinical Obstetrics, Vol. 2, Cap. 69, pág. 1 {Exhibit Núm. 1(d) de la parte demandada).

La razón para utilizar la episiotomía en la obstetricia ha sido que este procedimiento (1) protege los tejidos blandos de la madre de la sobredistensión y de la avulsión, y de esta manera se evita que ocurra una relajación pélvica sin-tomática en el futuro; (2) protege la cabeza del feto de pre-siones excesivas o prolongadas ocasionadas por el tejido de la madre, y (3) provee una incisión quirúrgica controlada en lugar de la herida traumática potencialmente irregular y anatómicamente menos precisa que suele ser más difícil de reparar. Buxton and Muram, op. cit., pág. 1 (.Exhibit Núm. 1(d) de la parte demandada). Existen tres (3) tipos de episiotomía: en la línea media, la mediolateral y la lateral.

La episiotomía en la línea media se efectúa a lo largo del rafe del perineo desde el principio hacia abajo, pero sin incluir el músculo esfínter del ano. Este tipo de incisión es la más sencilla y anatómicamente atraviesa la adherencia fibrosa de los músculos y no las fibras del músculo. Véase Buxton and Muram, op. cit., pág. 2 (.Exhibit Núm. 1(d) de la parte demandada).

Por otro lado, la mediolateral es una incisión que co-mienza desde la comisura del área perineal hacia abajo, pero a diferencia de la episiotomía en la línea media ésta no sigue en línea recta sino que se aleja hacia uno de los lados.

Al comparar ambas episiotomías, las autoridades médi-cas coinciden en que la episiotomía en la línea media es más fácil de reparar, cicatriza bien, es menos dolorosa, en raras ocasiones ocurre dispareunia, los resultados anató-micos finales son casi siempre excelentes y la extensión a través del esfínter anal hacia el recto es más común. Por el contrario, la episiotomía mediolateral es más difícil de re-parar, más difícil de sanar, un dolor por varios días en un tercio de los casos, la dispareunia suele ser frecuente, los resultados anatómicos suelen ser más o menos imperfectos en un diez por ciento (10%) de los casos y la extensión a través del esfínter es menos común, pero puede ocurrir. Véase Conduct of Normal Labor and Delivery, Cap. 17, pág. 429. (.Exhibit Núm. 1(a) de la parte demandada); Bux-ton and Muram, op. cit., pág. 2 (.Exhibit Núm. 1(d) de la parte demandada).

La episiotomía en la línea media está contra indicada cuando el área perineal sea muy pequeña y cuando el ta-maño del bebé sea grande, debido a que existe el riesgo de lacerar el esfínter. La episiotomía mediolateral se utiliza cuando se necesita más espacio y cuando el perineo es corto. El problema con ésta es que invade los músculos y los planos faciales alterando estos tejidos en mayor grado que la episiotomía en la línea media. También se corre el riesgo de lacerar el esfínter. Véase Buxton and Muram, op. cit., págs. 2-3.

Según el testimonio del demandado y el examen manual practicado por éste momentos antes de realizar la episioto-mía, en ese momento la paciente presentaba un cuerpo pe-rinéal de un ancho normal, el bebé venía en una posición vertex y era un bebé de tamaño normal. Véase Transcrip-ción de evidencia, pág. 260. Del expediente médico del hospital surge que transcurrieron quince (15) minutos desde que se practicó la episiotomía medial hasta el alumbramiento. El demandado también declaró que al mo-mento del parto la demandante no siguió sus instrucciones y pujó descontrolada e irregularmente lo que produjo la laceración al esfínter. Este testimonio no le mereció credi-bilidad al tribunal de instancia que, por el contrario, des-cansó en la opinión del perito de la parte demandante.

El perito de la parte demandante indicó que la deman-dante tenía un área perineal pequeña y estrecha por lo que era contraindicado practicar una episiotomía en la línea media. Además, señaló que la posición que presentaba el bebé al momento del alumbramiento era una posterior de-recha lo que creaba mucha tirantez a los músculos de esa área perineal por lo que “se prefiere hacer una episiotomía medio lateral, para evitar laceraciones o roturas o cortad[u]ras accidentales de la vagina o del esfínter del ano como ocurrió en [e]ste caso”. T.E., pág. 165. Sin embargo, a preguntas del abogado de la parte demandada, este perito tuvo que aceptar que al momento de examinar el cuerpo perineal de la paciente y determinar que era pequeño, ya para ese entonces la demandante había sufrido dos (2) ope-raciones en dicha área. Definitivamente el área perineal no era la misma que existía al momento del alumbramiento.

Por otro lado, el tribunal de instancia concluyó que el expediente que se levantó en la sala de obstetricia contenía serias omisiones sobre la laceración de tercer grado que había sufrido la demandante, ya que esto representaba una complicación quirúrgica. Las laceraciones de tercer grado se definen como aquellas que se extienden a través de la piel, de la membrana mucosa y de la masa perineal hasta el esfínter anal. No es infrecuente que estas lacera-ciones de tercer grado se extiendan también cierta distan-cia hacia adentro hasta la pared anterior del recto. Véase Conduct of Normal Labor and Delivery, Cap. 17, pág. 429 (Exhibit Núm. 1(a) de la parte demandada). Señala el tribunal de instancia que “[c]omo tal debe anotarse y docu-mentarse en el r[é]cord de la paciente, describiendo las es-tructuras afectadas, el grado de afectación, si el esfínter anal y la mucosa rectal se afectaron y hasta qué grado. En el r[é]cord [sic] de la co-demandante nada aparece”. (Enfa-sis suplido.) Relación del Caso, Determinaciones de He-chos, Conclusiones de Derecho y Sentencia, págs. 15-16.

Es norma imperante en nuestra jurisdicción que los expedientes médicos tienen que llenarse de forma adecuada, de suerte que a la hora de examinar las actuaciones médicas podamos conocer mejor la situación del paciente a través de todo el tratamiento. Claro, las omisiones no necesariamente constituyen negligencia per se. Sin embargo, dicha omisión puede ser un factor a considerarse en la credibilidad del médico en cuanto al tratamiento brindado por éste. Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 661; Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984).

Nos parece sorprendente y arbitraria la manera en que el tribunal de instancia llega a esta conclusión de derecho. De una simple lectura del expediente médico, notamos que en la página titulada Obstetrical record aparece escrito por el médico demandado lo siguiente: Third — Degree Laceration Repaired Adequately. En otra página de dicho expe-diente médico titulada Physician’s Progress Notes, con fe-cha de 3 de febrero de 1986, el médico anotó lo siguiente:

Post Partum Progress. — Under sterile and controlled condition with the patient in the lithotomy and satisfactory local anesthesia with a median episiotomy was delivered vaginally a single living a term baby male in VX ROP Apgn 8-9 wt 7.10 pr lenght 21. Patient had a third-degree laceration that was sutured adequately, the laceration of the anal sphinter was sutured with 3 interrupted stitches of chromic catgut 0, the vaginal mucosa with a continuos suture of chromic catgut 00, the fascia and wound of the perineon with 4 interrupted stitches of chromic 00 and the superficial fascia and area with a conti-nous suture of chromic 00, subcuticular.

No nos cabe duda que el demandado cumplió con su res-ponsabilidad de anotar en el expediente médico la complica-ción quirúrgica habida en el área perineal déla demandante. Surge claramente que González Nápoles identificó la lacera-ción y procedió a reparar adecuadamente.() No existen omi-siones serias en el expediente médico que revelen que el de-mandado incumplió con el deber de anotar información médica sobre el tratamiento y diagnóstico ofrecido.

Ahora bien, una vez finalizada la reparación de la lace-ración, Ramos Robles quedó recluida en el hospital por los próximos dos (2) días. Surge del expediente médico del hospital estipulado por las partes, como del propio testimonio de la demandante, que durante su estadía en el hospital nunca informó ni se quejó al doctor García Vicario ni a las enfermeras que sufría de incontinencia fecal. T.E., pág. 57. Sólo se lo dijo a su esposo, quien tampoco se lo informó al médico. En cuanto a las evacuaciones, surge del mismo expediente que el 5 de febrero la paciente evacuó por pri-mera vez desde la reparación del área perineal. Sin embargo, no existe anotación que Ramos Robles informara que esta evacuación fue por incontinencia fecal.

Fue precisamente el 5 de febrero que la paciente fue dada de alta por el doctor García Vicario. El tribunal de instancia concluyó que fue dada de alta “sin recomendacio-nes específicas, aparte de ordenarle una crema ‘dermo-plast’ ”. Relación del Caso, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y Sentencia, pág. 7. El propio tes-timonio de Ramos Robles no es compatible con dicha determinación. La demandante dijo que además de pres-cribirle dicha crema, él doctor García Vicario le indicó que se pusiera una lámpara de cinco a diez minutos cada día en el área afectada. T.E., pág. 14. El uso de esta lámpara está reconocido por las autoridades médicas para el cuidado de la episiotomía, específicamente para mantener el área seca. Véase Buxton and Muram, op. cit., pág. 9; Williams on Obstetrics Gynecology, 16ta ed., pág. 432 (Exhibit Núms. 1(a) y (d) de la parte demandada). Por otra parte, a preguntas del abogado de la parte demandada sobre si le habían dado instrucciones sobre el aseo que debía darse después del parto, Ramos Robles contestó que sí, que le habían dado esas instrucciones. T.E., págs. 69 y 70.

También le mereció credibilidad al tribunal de instancia el testimonio pericial de la parte demandante respecto al uso de antibióticos como medida para prevenir complica-ciones luego de realizar la episiotomía. Este perito indicó que debieron recetarle antibióticos a la demandante para evitar infecciones en el área perineal reparada.

Al examinar la transcripción de evidencia y la prueba documental, nos percatamos de que esta conclusión peri-cial no está sustentada por las autoridades médicas en el campo de la obstetricia y la ginecología. No obstante, cuando este perito fue confrontado por la parte demandada sobre el por qué era necesario el uso de antibióticos, él se limitó a decir que los tratadistas sólo son utilizados por hospitales para establecer un método de tratamiento. Más adelante le dijo al abogado de la parte demandada que “[l]os tratadistas que usted me ha enseñado hasta ahora deberían volver a leer sus tratados, para que hagan las cosas bien”. Véase T.E., págs. 225 y 231.

Somos del criterio que ante esta situación no se le puede imputar negligencia a la parte demandada, toda vez que se trata de una duda fundamentada y razonable sobre el uso de antibióticos como medida profiláctica luego de practicar una episiotomía. Oliveros v. Abréu, supra, pág. 228; Rodríguez Crespo v. Hernández, supra, pág. 649. Véase Williams on Obstetrics and Gynecology, op. cit. (.Exhibit Num. 1(a) de la parte demandada).

El tribunal de instancia determinó que fue a los dos (2) días después de haber sido dada de alta que Ramos Robles acudió a la oficina de los médicos y, luego de ser atendida por el doctor García Vicario, éste le indicó que ya no podía hacer nada y que la referiría a un grupo de proctólogos en la ciudad de Ponce. No le mereció credibilidad al tribunal la versión del doctor García Vicario a los efectos de haberse comunicado personalmente con el proctólogo Sánchez Gae-tán para explicarle la condición de la paciente. Por el con-trario, el tribunal concluyó que García Vicario le dio un simple referido por escrito() y le mereció credibilidad la versión de la demandante quien, según el tribunal, había negado que esta conversación telefónica se había llevado a cabo. Sentencia, pág. 8.

Al examinar la transcripción de evidencia nos percata-mos que esta determinación es errónea. La propia deman-dante admitió que frente a ella el doctor García Vicario había llamado al doctor Sánchez Gaetán por teléfono para indicarle que iba a referirle una paciente. T.E., pág. 67. La demandante dijo que ese mismo día fue a ver al doctor Sánchez Gaetán.

Además, cometió error el tribunal de instancia al con-cluir que fue a los dos (2) días de haber regresado del hospital que Ramos Robles fue a ver al doctor García Vicario y al doctor González Nápoles. Del propio referido que le dio el doctor García Vicario y que fue estipulado por las partes, surge que fue el 13 de febrero de 1986 que la demandante visitó a este médico, esto es, ocho (8) días luego de haber sido dado de alta. Esto queda comprobado por el expe-diente médico de la paciente hecho por el doctor Sánchez Gaetán en el que se verifica la fecha de la primera visita. Este expediente médico también fue estipulado por las partes. Exhibit Núm. 2. Del mismo expediente surge que la paciente sufría en ese momento de una seria infección, por lo que no podía ser intervenida quirúrgicamente hasta que esta condición mej orara. ()

Después de una evaluación cuidadosa de la prueba do-cumental y la prueba pericial presentada, concluimos que el tribunal de instancia cometió graves errores en la apre-ciación de la prueba y sus conclusiones de derecho.() En un análisis sereno de la prueba, forzoso es concluir que la parte demandante no presentó evidencia que demostrara que el tratamiento y el cuidado médico que le ofrecieron los demandados, unidos a los alegados actos negligentes, fue-ron los factores que con mayor probabilidad causaron el daño. Pérez Cruz v. Hospital de la Concepción, supra; Ríos v. Mark, supra.

Al momento del alumbramiento no existía ninguna con-traindicación que impidiera al doctor García Vicario utili-zar su juicio profesional para escoger como mejor trata-miento para Ramos Robles la episiotomía en la línea media. En cuanto al tratamiento médico ofrecido, el tribunal de instancia concluyó que “conforme a la mejor práctica de la medicina el episiotomía [en la línea media] no era la más recomendable en este caso y fue la que ocasionó la laceración de tercer grado y los daños posteriores”. Rela-ción del Caso, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Derecho y Sentencia, pág. 5. Añade que “[l]a más reco-mendable era la medio lateral por la posición en que venía el bebé y el área perineal estrecha de la demandante. Con la episiotomía medio-lateral no hay el riesgo de interferir con el esfínter del ano”. (Énfasis suplido.) Relación del Caso, Determinaciones de Hechos, Conclusiones de Dere-cho y Sentencia, pág. 4.

El demandado, al decidir cuál episiotomía era la más recomendable, utilizó su juicio profesional y experiencia al escoger la episiotomía en la línea media. No estamos de acuerdo con el tribunal de instancia que categóricamente aseveró que debió practicarle la espisiotomía mediolateral, ya que con ésta no existía el riesgo de interferir con el esfínter. Tanto la prueba pericial de ambas partes como la documental no sustentan dicha afirmación.

No se puede concluir, a la luz de la prueba presentada, que al utilizar la episiotomía mediolateral no se hubiera lacerado accidentalmente el esfínter como sucedió en este caso cuando se practicó la episiotomía en la línea media. Aun cuando el riesgo es menor, en la episiotomía mediola-teral se puede lacerar también el esfínter. La prueba de-mostró que el bebé era de tamaño normal y que pesó siete (7) libras y diez (10) onzas. Este era un bebé más pequeño que el primero que la demandante tuvo y que había pesado siete (7) libras y catorce (14) onzas. En su primer parto también se le practicó una episiotomía en la línea media.

Por los fundamentos que anteceden, concluimos que el tratamiento médico ofrecido por el demandado no está re-ñido con los estándares del cuidado médico que a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza, y con-forme al estado de conocimiento de la ciencia y la práctica prevaleciente en la ginecología y la obstetricia, satisfacen las exigencias reconocidas en la profesión médica. Dada la conclusión a que llegamos, es innecesario discutir los de-más errores alegados.

Se revoca la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opi-nión disidente.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

r — i

No podemos suscribir la opinión mayoritaria. Cierta-mente un error de juicio sobre el diagnóstico o tratamiento es una defensa válida “cuando las autoridades médicas es-tán en desacuerdo sobre cuál es el diagnóstico o trata-miento adecuado”. Cruz v. Centro Médico de P.R., 113 D.P.R. 719, 731 (1983). Ese enfoque, simplemente reconoce la amplia discreción del médico cuando enfrenta una situa-ción en la que cabe duda fundamentada y razonable sobre cuál curso seguir, Lozada v. E.L.A., 116 D.P.R. 202, 217 (1985); Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721, 737 (1984); López v. Hosp. Presbiteriano, Inc., 107 D.P.R. 197, 208 (1978); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 228 (1973).

Sin embargo, esa no es la situación de autos; no estamos ante una diferencia de criterios en cuanto al tratamiento a seguirse. De entrada aclaramos que una episiotomía es una incisión en los tejidos de la vulva para facilitar el pro-ceso de alumbramiento vaginal y proteger el perineo. Bux-ton and Muram, Episiotomy, en Sciarra: Obstetric and Gynecology, Vol. 2, Cap. 69, pág. 1. La episiotomía en la línea media se practica a lo largo del perineo desde el introito hasta, pero sin incluir, el músculo externo del esfínter del ano. Buxton and Muram, op. cit., pág. 2. La mediolateral comienza en la horquilla posterior hacia abajo en un án-gulo aproximadamente de cuarenta y cinco (45) grados con el eje del introito. Buxton and Muram, op. cit., pág. 3. Y, como veremos, el momento en que se practica es crucial. Los beneficios e inconveniencias de ambas episiotomías de-muestran que no estamos ante un error de juicio honesto y razonable. La de línea media, usada por el Dr. Raúl Gon-zález Nápoles: (1) es más fácil de reparar; (2) cicatriza me-jor; (3) resulta menos dolorosa; (4) en raras ocasiones causa dispareunia; (5) los resultados anatómicos son casi siempre excelentes; (6) la pérdida de sangre es menor; (7) la exten-sión a través del esfínter anal hasta el recto es más común. Por el contrario, la mediolateral: (1) es más complicada de reparar; (2) más difícil de sanar; (3) conlleva mayor dolor, incluso en días posteriores; (4) la dispareunia suele ser más frecuente; (5) los resultados anatómicos resultan im-perfectos en un diez por ciento (10%) de los casos; (6) con-lleva mayor pérdida de sangre, pero (7) la extensión a tra-vés del esfínter rara vez ocurre. Williams on Obstetrics and Gynecology, 16ta ed., pág. 431.

Si efectivamente la episiotomía en la línea media con-lleva todos estos beneficios, ¿por qué la mediolateral, con todas sus posibles desventajas, sigue considerándose una alternativa? La contestación es sencilla: ambas están vi-sualizadas para circunstancias distintas, siendo el factor determinante la probabilidad de daños al esfínter ante el cuadro peculiar que la paciente presente. Aquí la episioto-mía mediolateral debió usarse con la paciente Hilda A. Ramos Robles. Nos explicamos.

r — t h-1

Primero, la señora Ramos Robles tenía un área perineal pequeña. Aparte del testimonio a estos efectos de su perito, Dr. Juan J. Hernández Cibes, la propia prueba documental presentada por los demandados Dres. José A. García Vica-rio y Raúl González Nápoles señala que el tamaño del área perineal está relacionado con la probabilidad de que una laceración de tercer grado tenga lugar; mientras menor el tamaño, mayor la probabilidad. Williams on Obstetrics and Gynecology, op. cit.i( ) En el caso de autos, la señora Ramos Robles sufrió una laceración de tercer grado al practicár-sele la episiotomía, lo cual nos sirve para demostrar el ta-maño del área perineal, reconociendo, claro está, que ello necesariamente no tiene que ser la única causa por la cual ocurrió, pero tiende a corroborar lo declarado por el doctor Hernández Cibes.

Segundo, conforme el récord médico, el bebé venía en posición vertex, occipitoposterior derecha (ROP). Ante esa circunstancia, el proceso dejó de ser un nacimiento por ex-tensión y resultó uno por flexión, poniendo mayor tirantez a los músculos que forman el peine. Ello significa que no debió hacerse la episiotomía en la línea media porque se prestaba y aumentaba la probabilidad de un desgarre o rotura, como efectivamente ocurrió. El uso de la episioto-mía mediolateral para nacimientos en que se presenta el occipucio en posición posterior es reconocido como el adecuado. Williams on Obstetrics and Gynecology, op. cit.

Y tercero, en el primer parto de la señora Ramos Robles se le practicó una episiotomía en la línea media. Ese hecho, en lugar de llevarnos a pensar que era el procedimiento más apropiado para un segundo alumbramiento, denota la existencia de una cicatriz susceptible a desgarrarse hasta el área del esfínter. Así lo reconocieron los peritos de ambas partes. T.E., págs. 170 y 343. Tal y como aconteció en Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, supra, pág. 737, “[e]l daño causado ‘pudo razonablemente haberse previsto y evitado’ ... los síntomas no eran obscuros {obscure symptoms) en que se puede caer, sin responsabilidad, por un error de diagnóstico. ... Aquí no se observó un grado razonable de cuidado al realizar un examen completo del paciente ... ni ‘esfuerzo concienzudo’ ”.

Es normal que la episiotomía en la línea media, por las ventajas que conlleva, tienda a practicarse con mayor frecuencia. Sin embargo, no es permisible convertirla en una rutina, ignorándose las condiciones peculiares de cada embarazo.

III

Asumiendo como correcta la conclusión mayoritaria de que la decisión médica de realizar la episiotomía en la lí-nea media pudiese catalogarse como error de juicio honesto y razonable, aún así subsistiría responsabilidad por la ma-nera en que se practicó.

Según indicado, el momento de la episiotomía es crucial para el resultado que se espera; la técnica es una incisión en el perineo para evitar estiramiento excesivo de los teji-dos en el proceso de alumbramiento a causa de un trauma incontrolado; ese momento es cuando el bebé está por na-cer dentro de las siguientes tres (3) o cuatro (4) contracciones. Buxton and Muram, op. cit., pág. 2. De ha-cerse muy tarde (una vez coronada la cabeza del bebé), los músculos del perineo habrán estirado excesivamente de-rrotándose los objetivos de la operación. Williams on Obstetrics and Gynecology, op. cit., pág. 430. Así ocurrió en este caso: como resultado de la episiotomía tardía hubo un parto abrupto que incluyó laceraciones de tercer grado. Buxton and Muram, op. cit., págs. 3-4, exponen, entre los factores iatrogénicos asociados con las laceraciones, el ma-nejo de los fórceps, tardanza al practicar la episiotomía o el uso de una episiotomía inadecuada, alumbramientos descontrolados.

La demora en practicarla en la línea media, unido a la falta de atención por parte del doctor González Nápoles al no tomar en cuenta las posibles complicaciones anticipa-bles que pudieron prevenirse en el proceso de alumbra-miento, configuran negligencia. Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762, 787 (1987). No se le brindó a la paciente el grado de atención que a la luz de los modernos medios de comunicación y enseñanza satisfacen las exigen-cias reconocidas por la propia profesión médica. Riley v. Rodríguez de Pacheco, supra, págs. 797-798; Negrón v. Municipio de San Juan, 107 D.P.R. 375, 377 (1978); González v. E.L.A., 104 D.P.R. 55, 59-60 (1975); Morales v. Hosp. Matilde Brenes, 102 D.P.R. 188, 194 (1974); Oliveros v. Abréu, 101 D.P.R. 209, 226 (1973).

Finalmente no hay prueba que demuestre que a la se-ñora Ramos Robles se le explicó la laceración que sufrió, ni las complicaciones de infecciones, incontinencia, etc., a que estaría expuesta. Curiosamente el referido dirigido a la ofi-cina del proctólogo Dr. Felipe Sánchez Gaetán en ningún lugar indica la laceración ocurrida.()

En conclusión, la negligencia del doctor González Nápo-les fue practicar tardíamente la episiotomía en la línea media; la del doctor García Vicario, en darla de alta sin expli-carie las complicaciones que podían surgir como consecuencia de la laceración de tercer grado sufrida.

      (1) Mediante Sentencia parcial de 18 de noviembre de 1986, el tribunal de ins-tancia desestimó la demanda contra la Administración del Pondo de Compensación al Paciente porque, al momento de los hechos, no existía cubierta ni póliza a favor ni en beneficio de los doctores García Vicario y González Nápoles por éstos no haber hecho aportación alguna a la administración.

      (2) El área perineal se define como el espacio que media entre el ano y los órganos sexuales.

      (3) La parte demandante ofreció el testimonio pericial del Dr. Juan J. Hernán-dez Cibes, mientras que los demandados presentaron al Dr. Raúl Mari Rodríguez y otra prueba documental. Ambas partes estipularon varios expedientes médicos.

      (4) La parte demandante no pudo demostrar que la reparación efectuada no fue la correcta. El perito de la parte demandada señaló que la técnica y los materiales utilizados fueron los correctos. T.E., pág. 347.

      (5) El referido hecho en una hoja del recetario de los demandados fue incluido como parte de la prueba estipulada. Exhibit 2. El mismo dispone como sigue:
      “Nombre. — Hilda Ramos. Edad_Dirección_Fecha 2.13.86
      To Dr. Armstrong
      To Dr. Castillo
      Dr. Serriol or Gaetán
      26 y/o year/o Female patient who had recent delivery on 2/3/86, present fecal incontinence. Please evaluate.
      Thanks, Dr. García Vicario.” (Fdo.)

      (6) El perito de la parte demandada explicó que una infección en dicha área podría causar que se aflojen o se rompan las suturas y el tejido se ponga edematoso. T.E., pág. 353.

      (7) Es evidente que el tribunal de instancia acogió un proyecto de determinacio-nes de hecho y de Derecho. En reiteradas ocasiones hemos dicho que los jueces deben tener mucho cuidado al aceptar y firmar estos proyectos de sentencia. Entendemos la carga de trabajo y la utilidad que estos proyectos de sentencia representan, pero no podemos olvidar que la función del juez al hacer un fino balance en la búsqueda de la verdad es insustituible. Malavé v. Hospital de la Concepción, 100 D.P.R. 55, 56 (1971); Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 508 (1982); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35, 42 (1986).

      (1) Dicha autoridad expone:
      “Con una adecuada selección de casos, es posible asegurar las ventajas de la episiotomía en la línea media y a la misma vez reducir a un mínimo su única des-ventaja: el riesgo mayor de que ocurra una extensión de tercer grado. El tamaño de la masa perineal está relacionada con la posibilidad de que ocurra una laceración de tercer grado, puesto que el accidente está más propenso a ocurrir si la masa perineal es corta. La posibilidad de que ocurra extensión de la episiotomía en la línea media hacia el esfínter rectal es también mucho mayor cuando el feto es grande, cuando la presentación es de tipo occipitoposterior, en partos que requieren la aplicación de fórceps medios y en presentaciones de nalgas. Generalmente constituye una buena práctica utilizar la episiotomía mediolateral en las circunstancias mencionadas y utilizar la incisión en la línea media en otras circunstancias.” (Énfasis y traducción nuestros.)

      (2) Dispone:
      “Nombre. — Hilda Ramos. Edad_Dirección_Pecha 2.13.86
      To Dr. Armstrong
      To Dr. Castillo
      Dr. Serriol or Gaetán
      26 y/o year/o Female patient who had recent delivery on 2/3/86, present fecal incontinence. Please evaluate.
      Thanks, Dr. García Vicario.” (Fdo.)


text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor J.A.S.

      Número: AC-92-527

      Número: 20 de diciembre de 1993

      Adalberto Ramos Ortega, abogado del menor apelante; Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, y Laura Ydrach Vivoni, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca delimitar cuales son los pasos precisos a seguir por un tribunal de primera instancia cuando va a determi-nar causa probable para la presentación de la querella por una falta contra un menor en ausencia de éste y sus padres o encargados.

I

El 14 de mayo de 1992 se presentó una querella por la falta de agresión contra el menor J.A.S. En la misma se le imputó que el 28 de abril de 1992 agredió a José M. Cari-des Rodríguez. El menor fue citado para que compareciera ante la División de Ayuda Juvenil de Aguadilla el 1ro de mayo de 1992. Luego de la correspondiente entrevista ese día, el menor fue citado para que el 14 de mayo compare-ciera ante el Tribunal Superior, Asuntos de Menores, Sala de Aguadilla, para la celebración de la vista preliminar que proveen las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores. Para citar al menor, así como a su abuela, Ana Cordero Vélez, la División de Ayuda Juvenil de Aguadilla utilizó el formulario P.R.R. 61 (Citación Especial de Me-nor), que firmó el Agente Heriberto Torres.

El 14 de mayo de 1992 el menor no compareció a la vista para determinar causa, por lo que el tribunal procedió, de inmediato, a determinar causa en ausencia y fijar fecha para la vista adjudicativa, ordenando citar al menor para esta vista. Luego de varias suspensiones, la vista adjudica-tiva se señaló para el 19 de agosto de 1992.

El 12 de agosto de 1992 el menor presentó a la conside-ración del tribunal de instancia una moción al amparo de la Regla 6.2(2)(d) de Procedimiento para Asuntos de Meno-res, 34 L.P.R.A. Ap. I-A mediante la cual solicitó la deses-timación de la querella a base de que la determinación de causa no se había hecho conforme a derecho. Se adujo que conforme a las Reglas 2.8 y 2.14 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, si un menor no comparece a la vista de determinación de causa, el tribunal debe ordenar su aprehensión y que si, luego de hacer las gestiones razonables para aprehender al menor, no se da con su paradero, y todo ello surge así de la prueba en una vista posterior, entonces y sólo entonces el tribunal puede proceder a hacer la correspondiente determinación de causa en ausencia. Se alegó, además, que éste no había sido el proceder del tribunal de instancia. La moción fue señalada para discusión el 19 de agosto de 1992, fecha en que también se celebró la vista adjudicativa. En ese día, luego de discutirse la misma, el foro de instancia la denegó por entender que no había que hacer las gestiones alega-das y que el menor había sido debidamente citado. Luego de otros incidentes procesales ese día, se celebró la vista adjudicativa y el tribunal encontró al menor incurso en la falta imputada, dejándolo bajo la custodia de su abuela y la supervisión del tribunal por un término de seis meses.

Inconforme con esta determinación, el menor presentó un escrito de apelación ante el Tribunal Superior el 8 de septiembre de 1992. Luego de varios trámites procesales, y de haberse concedido prórrogas tanto al apelante como al Procurador General para presentar sus respectivos alegato e informe, el recurso quedó sometido el 28 de junio de 1993.

h-1 I — l

El apelante alega, inter alia, que la determinación de causa probable en su contra, estando él asi como sus padres ausentes, no fue conforme a derecho. Aduce que el tribunal no siguió de forma apropiada el procedimiento aplicable a situaciones como la de marras, según lo dis-puesto en las Reglas 2.8 y 2.14 de Procedimiento para Asuntos de Menores, supra. Tiene razón.

Un examen del claro lenguaje de las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores pertinentes re-vela que cuando se presenta una queja que vincula a un menor con la comisión de una falta, los funcionarios judiciales autorizados o del orden público tienen dos opciones para tramitar la comparecencia del menor a la vista de determinación de causa probable para la presentación de una querella. El juez o funcionario del orden público puede expedir una orden de aprehensión con propósitos investigativos en contra del menor. Reglas 2.1-2.7 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Como alternativa, el juez o funcionario del orden público puede expedir una citación si existen motivos para creer que con sólo citársele el menor habrá de comparecer a la vista de determinación de causa probable. Regla 2.8 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

Una vez se escoge la alternativa de la citación, si el menor no comparece a la vista, el tribunal debe entonces ordenar la detención provisional del menor. Regla 2.8(c) de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A. Si luego de hacerse las gestiones razona-blemente necesarias para efectuar esta detención, aun así no se logra obtener que el menor comparezca, entonces el tribunal puede determinar causa probable en ausencia, una vez verifique que se hicieron, sin éxito, gestiones razo-nables para lograr la comparecencia del menor. Regla 2.14

Este elaborado procedimiento para que pueda hacerse una determinación de causa probable en ausencia en casos de menores responde a la clara intención que tuvo el legislador, cuando se aprobaron las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, de extender a éstos los derechos y las salvaguardas procesales fundamentales que se le han reconocido a los adultos o que los adultos disfrutan por mandato constitucional. Véase Informe de la Comisión de lo Jurídico del Senado sobre el P. del S. 1269 de 1 de mayo de 1987. Nuestro ordenamiento jurídico tiene amplias garantías procesales que rigen en situaciones de ausencia de un acusado adulto a alguna etapa del procedimiento criminal (Torres Rosario v. Alcaide, 133 D.P.R. 707 (1993)), y en casos como el de marras el legislador ha querido extender al menor garantías comparables (Pueblo en interés menor F.R.F., 133 D.P.R. 172 (1993). Ello es comprensible sobre todo en vista de la especial importancia que tiene la vista para determinar causa para querella en casos de menores, en la cual el juez ante quien se celebra la vista tiene el deber de advertirle al menor “sobre su derecho a no incriminarse, a permanecer en silencio con relación a los hechos imputados, a comunicarse con un abogado y ... sobre los derechos constitucionales que le cobijan”. Regla 2.10(b) de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

El Ministerio Público en su informe en este caso acepta que el apelante tiene razón y se allana a que resolvamos conforme sea procedente en derecho. Correctamente señala el Procurador General que en este caso, ante la incompa-recencia del menor y sus padres a la vista preliminar, el tribunal de instancia no expidió una orden de detención provisional, según lo requiere el inciso (c) de la citada Re-gla 2.8.() Tampoco cumplió el foro a quo con lo establecido en la mencionada Regla 2.14,() que autoriza la determina-ción de causa probable en ausencia sólo luego de que se presente ante el tribunal prueba de que se hicieron, sin éxito, gestiones razonables para lograr la comparecencia del menor y de sus padres o encargados.

Frente al claro tenor de las reglas aludidas, y habiéndose allanado el Ministerio Público al planteamiento del apelante, es menester resolver que la determinación de causa probable fue contraria a derecho. Tratándose de garantías procesales, que aunque estatutarias tienen tangencia con el debido proceso de ley (.Pueblo en interés menor F.R.F., supra; Pueblo v. Méndez Pérez, 120 D.P.R. 137, 145 (1987); Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497 (1983)), debemos dejar sin efecto la determinación de causa en ausencia del Tribunal Superior de 14 de mayo de 1992 y, en consecuencia, su dictamen posterior que se apoya en esa determinación de causa. En vista de lo que resolvemos, no es necesario entrar a examinar el otro señalamiento de error del apelante.()

Por los fundamentos expuestos, se- dictará sentencia re-vocando las resoluciones del Tribunal Superior de 14 de mayo y 19 de agosto de 1992, y desestimando la querella contra el menor.

      (1) La Regla 2:8(c) de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, sobre Citación; forma y requisitos, en su parte pertinente, dispone:
      “(e)La citación se expedirá por escrito y con la firma del funcionario público o del juez, según sea el caso. El menor y sus padres o encargados deberán firmar la citación. La misma requerirá que el menor comparezca ante el tribunal acompañado de sus padres o encargados con expresión del día, hora y sitio, e informará al menor que, de no comparecer, se expedirá una orden de detención provisional y que, de no poder ser localizado, se podrá determinar causa probable en ausencia y que el tribunal en los casos apropiados podrá renunciar en su ausencia a la jurisdicción. Además explicará al menor, sus padres o encargados del deber de mantener al tribunal in-formado de cualquier cambio en dirección residencial o postal. Los defectos de forma de una orden de aprehensión o citación no afectarán su validez.” (Énfasis suplido.)

      (2) “Regla 2.14. Determinación de causa probable en ausencia .

      “Cuando se presente ante el juez prueba de que se hicieron gestiones razo-nables para lograr la comparecencia del menor y de sus padres o encargados a la vista de determinación de causa probable y que ello no fue posible, el juez, oída la prueba, podrá determinar causa probable en ausencia y procederá a expedir una orden de detención. En tal caso, el juez consignará en los autos los funda-mentos que existen para determinar causa probable en ausencia.” (Énfasis suplido.)

      (3) Señalamientos de Error:
      “2. Erró el Honorable Tribunal al declarar Sin Lugar la Moción Para Desesti-mar presentada en Corte y determinar como cuestión de Derecho que la citación expedida por el Agente Heriberto Torres, era una efectiva en Derecho.” Alegato del apelante, pág. 4.


author: per curiam:

text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante, v. John Bello Hernández, querellado.

      Número: 4329

      Resuelto: 21 de diciembre de 1993

      Mady Pacheco García de la Noceda, Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados de Puerto Rico, querellante.
   per curiam:

El 13 de julio de 1993' emitimos la resolución siguiente:

Vista la Moción Informativa presentada por el Colegio de Abogados de Puerto Rico solicitando la terminación de la fianza notarial presentada el 21 de enero de 1974 por el Lie. John Bello Hernández y en vista de que, según dicha moción, el no-tario tiene la prima de su fianza notarial al descubierto, se le concede a éste un término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta Resolución, para mostrar causa por la cual no deba ser suspendido del ejercicio de la notaría. Se aper-cibe al notario que el incumplimiento con los términos de esta Resolución conllevará la suspensión automática del ejercicio de la notaría y podrá dar lugar a sanciones disciplinarias adicio-nales conforme lo dispuesto en In Re: Pagán Ayala, 115 DPR 814 (1984).

Se notificó esta resolución mediante correo certificado con acuse de recibo a la dirección siguiente: Box E, Oficina 1 Edificio Darlington, Ponce, Puerto Rico, 00731. Este Tribunal no ha recibido evidencia de que el querellado haya sido efectivamente notificado.

En vista de que el querellado no compareció, emitimos el 22 de octubre de 1993 una resolución en la cual le con-cedimos un término final e improrrogable de diez (10) días para cumplir la orden. Se le apercibió nuevamente de que su incumplimiento conllevaría su suspensión del ejercicio de la abogacía. Se ordenó, por último, que se le notificara personalmente a través de la Oficina del Alguacil General.

El 8 de noviembre de 1993 el Alguacil Auxiliar Rubén D. Zayas Rivera presentó ante este Tribunal un Diligencia-miento Negativo, explicando que no encontró al querellado. Sus diligencias incluyeron visitas a las tres (3) direcciones que constan en el expediente del licenciado Bello, al Centro Judicial de Bayamón y a la Comandancia de la Policía de Puerto Rico, Precinto de Bayamón. También intentó in-fructuosamente localizarlo por vía telefónica.

Evidentemente el querellado incumplió su deber de notificar al Secretario de este Tribunal cualquier cambio en su dirección postal. Este deber surge de la Regla 8(j) del Reglamento del Tribunal Supremo. Además, el Art. 7 de la Ley Notarial de Puerto Rico de 1987 dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Luego de aprobada la fianza y de prestar el juramento de su cargo, el notario deberá registrar su firma, signo, sello y rúbrica en el Departamento de Estado, según se provee en la see. 2012 de este título, y además en un Registro que con ese objeto se llevará en la oficina del Secretario del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el cual Registro se hará constar también su residencia y la localización de su oficina notarial, debiendo no-tificar cualquier cambio de residencia o de oficina notarial al mismo funcionario, dentro de los cinco (5) días siguientes de ocurrido. (Enfasis suplido.) 4 L.P.R.A. see. 2011.

Anteriormente hemos expresado que tal incumplimiento menoscaba la facultad de este Tribunal para velar porque los abogados cumplan fielmente los compromisos asumidos con la sociedad y es causa suficiente para decretar su separación indefinida del ejercicio de la abogacía. In re Figueroa Abreu, 130 D.P.R. 504 (1992); In re Díaz Ayala, 130 D.P.R. 161 (1992); In re Aponte Sierra, 128 D.P.R. 177 (1991); In re Berrios Pagán, 126 D.P.R. 458 (1990); In re Kiefer, 117 D.P.R. 767 (1986).

Además, surge del expediente personal del querellado que en múltiples ocasiones se retrasó en el pago de la prima de su fianza notarial, obligando con ello al Colegio de Abogados a recurrir ante nos.() El 2 de abril de 1980 emitimos la siguiente resolución que dejó sin efecto una suspensión:

Vista la certificación presentada por la Directora Ejecutiva del Colegio de Abogados de Puerto Rico el 31 de marzo de 1980, se deja sin efecto nuestra resolución de 17 de marzo de 1980.
Se apercibe al notario de que en lo sucesivo, el no satisfacer a tiempo el importe de su fianza notarial podría implicar la sus-pensión del ejercicio de la notaría como una medida disciplina-ria, independientemente de que el pago se efectúe posteriormente.

A pesar de lo anterior, nuevamente el querellado incumplió su obligación respecto a las primas de 1992 y 1993. Este historial de incumplimiento acusa una indiferencia del notario Bello respecto a sus obligaciones como notario y le colocan en el umbral de la incapacidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio. Su proceder nos obliga a tomar medidas disciplinarias. In re Pagani Rodríguez, 109 D.P.R. 831 (1980).

Por todo lo anterior, se suspende indefinidamente del ejercicio de la abogacía al licenciado Bello Hernández hasta tanto acredite su disposición de cumplir rigurosa-mente con las disposiciones aquí citadas y el Tribunal dis-ponga lo que proceda en Derecho.

      (1) Ocurrió respecto a las primas de 1976, 1977, 1978, 1979, 1992 y 1993.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Roberto Hatton, Hospital and Surgical Systems, Inc., demandantes y recurridos, v. Municipio de Ponce, demandado y recurrente.

      Número: RE-91-37

      Resuelto: 12 de enero de 1994

      Juan Rafael González Muñoz y Alberto Omar Jiménez Santiago, de Bauzá y Dávila, abogados del recurrente; José Angel Cangiano, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

Trazar correctamente las coordenadas decisorias del presente recurso exige la más escrupulosa exposición del trasfondo fáctico.

A comienzos de febrero de 1983, mientras el entonces Al-calde de Ponce, José G. Tormos Vega, se encontraba en el estado de la Florida, el Director Municipal de Finanzas Santiago Diou se comunicó telefónicamente con Roberto Hatton para concertar una cita. Como resultado, esa misma tarde se reunieron en la oficina de Hatton en Salinas. Diou le in-formó a Hatton la necesidad de obtener equipo y materiales médico-quirúrgicos para el Centro de Diagnóstico y Trata-miento, Valentín Tricoche. Le manifestó que el Municipio de Ponce (en adelante Municipio) atravesaba por una crisis eco-nómica y no contaba con los fondos para sufragar los gastos, pero que tan pronto mejorara la situación financiera recibi-ría el pago. Además, Diou citó a Hatton para que compare-ciera a una reunión en dicho centro con su Director Médico, Dr. Julio Arango. En esta segunda reunión Diou ordenó la fabricación de un equipo de almacenamiento, despacho y control de medicinas a ser utilizados en la remodelación de la farmacia de “Tricoche” a un cqsto —según la prueba— de $667,103.27.() Hatton le indicó a Diou que los equipos tar-darían varios meses debido a que gran parte tenía que ser diseñada y construida de acuerdo con las especificaciones que surgirían de un plano del área de la farmacia que era necesario preparar, para cuya confección era inminente con-tratar personal especializado de Estados Unidos que efec-tuaría los correspondientes estudios de estructura, metalur-gia y proceso de flujo. A pesar de esta realidad, el Municipio no efectuó subasta y trató el asunto como una supuesta com-pra “de emergencia”.

El plano del área de la farmacia fue entregado al Muni-cipio el 22 de julio de 1983, casi seis (6) meses más tarde, a través del Ledo. Roberto Conde. Tres (3) meses después, en octubre, Hatton estuvo en condición de entregar los equipos. Para esa fecha el Alcalde era José Dapena Thompson y no Tormos Vega. La hueva administración municipal se negó a recibirlos, por lo que desde entonces se encuen-tran almacenados y bajo el control de Hatton.

Debido a la renuencia del Municipio a recibir el equipo, Hatton gestionó una reunión con el nuevo Alcalde Dapena Thompson. Luego de celebrada y efectuar otras gestiones, se acordó suscribir un contrato de arrendamiento para le-galizar la situación y así viabilizar el recibo del equipo. Sin embargo, el contrato redactado no fue suscrito, toda vez que el Alcalde Dapena Thompson le indicó a Hatton que por ser año eleccionario no podía suscribir contratos de arrendamiento por un plazo mayor de doce (12) meses.()

Después de las elecciones generales de 1984, Hatton realizó múltiples e infructuosas gestiones para entregar el equipo y cobrar su dinero. El 3 de enero de 1983, Hatton, por sí y haciendo negocios como Hospital and Surgical Systems, Inc., demandó al Municipio por incumplimiento de contrato en el Tribunal Superior, Sala de Ponce. El Muni-cipio negó responsabilidad y adujo que la venta o contrato se efectuó sin subasta pública; que no había presupuesto para estos fines, y que Hatton realizó el negocio con perso-nas no autorizadas.

Oportunamente el tribunal (Hon. Felipe Ortiz Ortiz, Juez), dictó sentencia a favor de Hatton y condenó al Mu-nicipio a pagar $667,103.27. El ilustrado foro reconoció la necesidad de que los municipios efectúen subasta pública cuando vayan a adquirir bienes o servicios en exceso de $10,000, pero entendió que existía un “estado de emergen-cia” al amparo del Art. 7.04 de la entonces vigente Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, 21 L.P.R.A. see. 3204 (Sup. 1986). Aplicó, además, la doctrina de enriqueci-miento injusto. A solicitud del Municipio, revisamos.()

r — I h-C

De entrada reiteramos que los preceptos legales que rigen las relaciones económicas entre entidades privadas y los municipios están revestidos de un gran interés público y aspiran promover una sana y recta administración pública. A fin de cuentas, “[l]a buena administración de un gobierno es una virtud de democracia, y parte de una buena administración implica llevar a cabo sus funciones como comprador con eficacia, honestidad y corrección para proteger los intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa”. Mar-Mol Co., Inc. v. Adm. Servicios Gens., 126 D.P.R. 864, 871 (1990). Es, pues, necesario evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia, el descuido y los riesgos de incumplimiento. Por tal razón, estas normas no pueden descartarse, aun en situaciones meritorias que exigen cierta flexibilidad, tales como la adquisición de bienes y servicios en casos de emergencia y otras situaciones excepcionales. Art. 8.02 (21 L.P.R.A. sec. 3252 (Sup. 1986)). En esas instancias se dispensa al Municipio del requisito de subasta pública, pero se requiere una escrupulosa adhe-sión a los procedimientos especiales diseñados para pro-veer flexibilidad, a la par que prevenir el despilfarro, la corrupción y el amiguismo. Los tribunales debemos estar vigilantes y evitar que se utilicen estos procedimientos para burlar las disposiciones legales dirigidas a asegurar la más sana administración pública. Examinemos, pues, las normas atinentes en la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico, Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980 (21 L.P.R.A. see. 2001 et seq.).( )

Para la compra de materiales, equipo, medicinas y comestibles de naturaleza igual o similares, cuyo valor exceda de diez mil (10,000) dólares, los Municipios deberán celebrar subasta pública. Art. 8.01 (21 L.P.R.A. see. 3251). Es menester comprobar que existe la partida presupuestaria válidamente disponible. Art. 7.03(c) (21 L.P.R.A. see. 3203); Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, 121 D.P.R. 37 (1988), y Morales v. Municipio de Toa Baja, 119 D.P.R. 682 (1987). Además, la Ley Núm. 18 de 30 de octubre de 1975 (2 L.P.R.A. sees. 97-98) impone a los municipios la obligación, sin excepción alguna, de mantener un registro de todos los contratos que otorguen —incluyendo sus enmiendas— y remitir copias a la Oficina del Contralor dentro de los quince (15) días siguientes. El interés legislativo que late en este importante precepto va dirigido a evitar los pagos y las reclamaciones fraudulentas o ilegales, mediante la creación de un mecanismo de cotejo que preserva cronológicamente las circunstancias de estos contratos a través de los requisitos de que se reduzcan a escrito, mantenga un registro (que permite establecer la existencia prima facie del contrato), se remita copia a la Oficina del Contralor y se acredite el momento en que se otorgó. Oca- sio Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, págs. 53-54.

La aplicación de estos preceptos a los hechos del caso re-vela que los acuerdos entre Hatton y los entonces funciona-rios del Municipio fueron ilegales. No se celebró subasta pú-blica ni había partida presupuestaria para estos fines, según surge del testimonio no controvertido del Director de Presu-puesto municipal. La propia ley pauta el efecto jurídico del incumplimiento con estas normas: “[tjodo contrato ejecutado en contravención de lo aquí dispuesto será nulo y quedará sin efecto.” (Énfasis suplido.) 21 L.P.R.A. sec. 3451(a) (Sup.1986). Incidió el reputado tribunal sentenciador.

hH

Lo anterior no dispone del recurso. Hatton invoca un supuesto “estado de emergencia” que a su juicio justificaba apartarse de todas las normas aludidas. El tribunal de ins-tancia acogió esa tesis. También erró. Nos explicamos.

En casos de emergencia la situación debe ser legítima y debe requerir “la entrega inmediata de materiales, equipo o ejecución de servicios”. A esos efectos, “el Alcalde o su representante autorizado deberá dejar constancia de los hechos o circunstancias que justifican el que no se lleve a cabo mediante procedimiento de subasta”. (Enfasis suplido.) Art. 8.02 (21 L.P.R.A. sec. 3252(c) (Sup. 1986)).

Este mecanismo no es sustituto de una buena planifica-ción ni remedio para la rutinaria improvisación. No toda emergencia está a su alcance; sólo cuando ocurra “un su-ceso o combinación .ocasional de circunstancias que exija inmediata acción”. Art. 7.03 (21 L.P.R.A. sec. 3203(d) (Sup. 1986)).() Además, la autorización al funcionario a cargo de las finanzas para incurrir en estos gastos u obligaciones será “por escrito, haciendo constar los hechos que motivan la emergencia”() y esto, sólo “hasta una cantidad equiva-lente al cinco (5) por ciento de la suma total de presupuesto de gastos de funcionamiento íd. Además, informará a la Asamblea Municipal de tal determinación. Asimismo, el monto de estas deudas “será incluido con carácter prefe-rente en el próximo presupuesto del Municipio”. íd. Por su parte, la Asamblea Municipal habrá de ratificar y convali-dar las actuaciones y los gastos resultantes del ejercicio del Alcalde en su facultad para declarar un estado de emergencia. Art. 4.18 (21 L.P.R.A. see. 3068(15) (Sup. 1986)).

Es evidente que todas estas salvaguardas encarnan el propósito legislativo de evitar que los estados de emergencia —bien reales o ficticios— sean mal utilizados por funcionarios municipales y terceras personas. Estos propósitos sólo se logran observando y siguiendo el sistema diseñado que requiere la adecuada documentación de los hechos que justifican la declaración por escrito, la ratificación por la Asamblea Municipal y el límite de dinero susceptible de ser utilizado así.

Aclarado el alcance de estas disposiciones, la valoración del reclamo sobre una situación de “emergencia” hemos de hacerla con cautela: “[s]olamente así puede quedar plena-mente satisfecho el sentir legislativo y la conciencia judicial adjudicativa sobre desembolso de fondos públicos.” Ocasio v. Alcalde Mun. de Maunabo, supra, pág. 54. Acometamos la tarea.

IV

Primero, los equipos en controversias no son, por su na-turaleza, susceptibles de ser adquiridos mediante el pro-ceso de emergencia, diseñado sólo para la adquisición y entrega inmediata de bienes y servicios. La prueba refleja que el propio Hatton le comunicó a Diou que le tomaría varios meses “diseñarlos y construirlos de acuerdo a las especificaciones que surgirían de un plano del área de la farmacia que era necesario preparar para cuya confección era inminente la contratación de personal especializado de los Estados Unidos que efectuaría los correspondientes es-tudios de estructura, metalurgia y proceso de flujo”. Apén-dice, pág. 8.

Si los equipos tardarían varios meses en estar listos, ¿era mucho esperar diez (10) días para efectuar la subasta? La contestación negativa es evidente.

Segundo, no concurrieron los requisitos legales para configurar un “estado de emergencia”. Ni el Alcalde ni su representante autorizado declararon dicho estado de emergencia. No hay constancia alguna de los hechos o cir-cunstancias que justificaban prescindir de la subasta. De hecho, la prueba desfilada establece que estos equipos no fueron ordenados por el Alcalde ni su representante auto-rizado; no hay constancia escrita de tal autorización al fun-cionario a cargo de las finanzas para incurrir en estos gastos. Tampoco se comunicó a la Asamblea Municipal, ni los gastos fueron incluidos con carácter preferente ni de otro modo en el presupuesto siguiente. Por último, no existe prueba indicativa de que la Asamblea Municipal de Ponce hubiese convalidado las actuaciones y gastos efec-tuados al amparo de las facultades especiales existentes durante un estado de emergencia.

V

Finalmente, réstanos examinar la aplicabilidad de la doctrina de enriquecimiento injusto.

Para ello, deben estar presentes los requisitos siguientes: “ ‘1) [e]xistencia de un enriquecimiento!;] 2)[u]n correlativo empobrecimiento!;] 3)[l]a conexión entre empobrecimiento y enriquecimiento!;] 4)tf]alta de causa que justifique el enriquecimiento!;] y 5)ti]nexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación del enriquecimiento sin causa.’ ” Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817, 823 (1988), citando a J. Santos Briz en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Edersa, 1984, T. XXIV, págs. 27-28.

Al definir sus contornos hemos aclarado que no se apli-cará cuando resulte contrario a una clara política pública, plasmada en un estatuto o en la Constitución.() De ese modo, simplemente ha reconocido los principios rectores en materia de contratación consagrados en los Arts. 4, 1207 y 1227 (31 L.P.R.A. sees. 4, 3372 3432). Véase Morales v. Municipio de Toa Baja, supra, págs. 684-685.

Este sucinto trasfondo doctrinario pone de manifiesto su inaplicabilidad al caso de autos. Como señaláramos, los acuerdos entre Hatton y los funcionarios del Municipio se efectuaron en abierta violación de todas las normas del or-den público atinentes a la contratación entre gobiernos y entidades privadas.

Aparte de lo expuesto, los autos reflejan otras circuns-tancias que justifican nuestra negativa a aplicar la susodi-cha doctrina. Al igual que en Morales v. Municipio de Toa Baja, supra, pág. 697, el demandante Hatton “conocía o debía conocer los requisitos de ley. Había contratado antes con el municipio. Las normas estatutarias aplicables per-siguen proteger el interés público y no a las partes contratantes. El contratista demandante no era neófito en asuntos de contratos de obras públicas con municipios. Sólo a él es imputable su empobrecimiento”.

En una declaración jurada, Hatton aseveró que “duran-te más de diez años he tenido relaciones comerciales con el Municipio de Ponce supliéndole medicinas, material médi-co-quirúrgico y equipo médico”. Incluso, en su Contestación a Sentencia Sumaria de 6 de octubre de 1987, argumentó que por años participó, en conjunto con empleados del mu-nicipio, en un esquema diseñado para burlar la ley y no tener que efectuar subasta pública. Consistía en dividir las órdenes de compra y correspondientes facturas de manera que ninguna sobrepasara los $10,000, aunque la mercancía fuera idéntica o de naturaleza similar, y en realidad fuese ordenada y entregada de una sola vez.()

Indudablemente, no importa la cuantía involucrada —procedimientos normales o excepcionales— el manejo prudente de fondos públicos está saturado de intereses de orden público. Merece recordar que “es importante; lo se-ría, por pequeña que fuera, cualquier suma, cuando se trata de los bienes, del dinero de una comunidad municipal. Los intereses de esas comunidades son los del pueblo, los de los contribuyentes; y su empleo o inversión requieren un gran cuidado que se traduce en las exigencias legales”. (Énfasis suplido.) Vázquez v. Municipio, 40 D.P.R. 509, 512 (1930).

En definitiva, nos negamos a elevar a rango de prece-dente judicial actos efectuados contra las leyes que encar-nan principios fundamentales de política pública y sana administración de fondos públicos. De la manera más enér-gica rechazamos esa pretensión.

Por estos fundamentos, se dictará sentencia revocatoria y se declarará sin lugar la demanda.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurrió con el resultado sin opinión escrita.

      (1) De un. minucioso estudio de los autos y del expediente del caso no se des-prende exactamente qué equipo fue entregado al Municipio de Ponce (en adelante Municipio) y cuál permanece en los almacenes del demandante Hatton.

      (2) La disposición legal invocada por el Alcalde para justificar su negativa —aceptada como buena por el demandante Hatton, Art. 7.08(b) de la Ley Orgánica de los Municipios de Puerto Rico— sólo hubiera avalado el contrato “en aquellos casos o situaciones en que se vean amenazados de interrupción o se interrumpan servicios esenciales a la comunidad”. En lo pertinente expone:
      “(b)Durante este mismo periodo, el municipio no podrá comprometerse en con-tratos de arrendamiento o servicios excepto en aquellos casos o situaciones en que se vean amenazados de interrupción o se interrumpan servicios esenciales a la comunidad.” 21 L.P.R.A. see. 3208 (Sup. 1986). Véase, además, el Exhibit XII de la parte demandante.

      (3) El Municipio hace los señalamientos siguientes:

        “A. Si en virtud de los requisitos establecidos por la Ley Orgánica de los Mu-nicipios el Municipio de Ponce está obligado a adquirir y pagar $667,103.27 al de-mandante recurrido por unos muebles que éste fabricó para el Municipio, sólo por instrucciones del Director de Finanzas Municipales sin que se hubiera celebrado la correspondiente subasta pública, sin que el Alcalde Interino hubiera decretado un estado de emergencia según lo requiere la ley para eximir el requisito de subasta, sin contrato y orden de compra formal y sin que hubiera fondos públicos presupuestados.
      “B. Si erró el tribunal al atribuirse la facultad que la Ley Orgánica de los Municipios confiere exclusivamente a los alcaldes para decretar un estado de emer-gencia; y aún en el caso contrario a nuestra contención el tribunal tuviera autoridad para hacerlo, éste incurrió en error al concluir que el procedimiento de emergencia establecido por la ley podía ser utilizado para ordenar la fabricación de unos muebles para remodelar la farmacia municipal, gestión que por su naturaleza no era susceptible de acción inmediata.
      “C. Si los requisitos para la compra de equipo y la obligación de fondos públi-cos municipales preceptuados en la Ley Orgánica de los Municipios, con el propósito de promover la sana administración pública y de evitar prevaricación, constituyen tales requisitos de orden público cuya falta de cumplimiento impide que en ausencia de contrato válido el demandante recurrido pueda invocar las doctrinas de equidad como el enriquecimiento injusto para exigir del Municipio de Ponce la aceptación de los muebles y el pago de $667,103.27.” Solicitud de revisión, págs. 6-7.

      (4) Fue derogada por la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991, Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, 21 L.P.R.A. see. 4001 et seq. No obstante, las normas relacionadas con esta área perma-necieron inalteradas. Véanse: Arts. 3.009, 8.004, 8.005, 8.016, 11.001 y 11.002 de la nueva ley, 21 L.P.R.A. sees. 4109, 4354, 4355, 4366, 4501 y 4502, respectivamente.

      (5) Notamos que en la ley se vislumbran dos (2) situaciones de emergencia. El Art. 3.02 autoriza al Alcalde a promulgar un “estado de emergencia ... cuando por razón de desastre mayor provocado por fenómenos naturales o de cualquier otra situación que por razón de su ocurrencia y magnitud ponga en inminente peligro la vida, seguridad, tranquilidad y bienestar de la ciudadanía e interrumpa en forma notable los servicios esenciales de la comunidad”. 21 L.P.R.A. see. 3002 (Sup. 1986). Por otro lado, el Art. 8.02 (21 L.P.R.A. sec. 2252 (Sup. 1986)) exime del requisito de subasta pública, al adquirir materiales o servicios para el municipio, en casos de emergencia según esta queda definida en el Art. 7.03. Este artículo dispone que el “término ‘emergencia’ se entenderá [como] un suceso o combinación ocasional de circunstancias que exija inmediata acción”. 21 L.P.R.A. see. 3203 (Sup. 1986). La segunda definición es la que aplica en este caso.

      (6) En lo pertinente, el Art. 7.03, supra, expone:
      “(d)No obstante lo antes expresado, el Alcalde en casos de emergencia podrá autorizar por escrito, haciendo constar los hechos que motivan la emergencia, al fun-cionario a cargo de las finanzas a incurrir en gastos u obligaciones en exceso de los créditos asignados hasta una cantidad equivalente al cinco (5) por ciento de la suma total del presupuesto de gastos de funcionamiento. La Asamblea será informada de tal determinación. El monto de las deudas equivalentes al citado cinco (5) por ciento será incluido con carácter preferente en el próximo presupuesto del municipio. Para propósito de este inciso (d) el término “emergencia” se entenderá un suceso o combi-nación ocasional de circunstancias que exija inmediata acción. Disponiéndose, que lo aquí dispuesto no será de aplicación durante el término que se establece en la see. 3208(a) de este título.” (Énfasis suplido.)

      (7) En Plan Bienestar Salud v. Alcalde de Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983), señalamos así los límites de la doctrina:
      “la La doctrina del enriquecimiento injusto es aplicable, dentro de determina-das situaciones, a los órganos administrativos.
      “2a La aplicación de la doctrina dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. El Código Civil no agota las situaciones a las que la doctrina se extiende.
      “3a La doctrina del enriquecimiento injusto no es invocable cuando su efecto es vulnerar un principio importante de orden público encarnado en la Constitución o las leyes del país.

      “4. La doctrina es invocable, entre otras circunstancias, cuando no se han ob-servado ciertas formalidades de ley fácilmente subsanables o susceptibles de haber sido ejecutadas con el asesoramiento debido.” (Énfasis suplido.)

      (8) Literalmente señaló:
      “El Municipio de Ponce desde el año 1983, ordenaba y recibía mercancía que sobrepasaba los $10,000.00 (cuya cantidad por ley exige se celebre subasta). Una vez recibía la mercancía procedía a dividir los precios de las distintas entregas para reflejar órdenes de compra cuyos totales no sobrepasaran el requisito de la orden de compra. Si se examinan los documentos cuidadosamente, de ellos surge que en nues-tro caso en varias ocasiones hicimos entregas de mercancía cuyo valor sobrepasa los $10,000.00. Sin embargo el Municipio de Ponce procedió a dividir en varias órdenes de compra los totales para hacer una falsa representación del valor real de la mer-cancía recibida.” (Enfasis suplido.)