author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Mariano Canales Delgado, demandante y recurrente, v. Pan American World Airways, Inc., demandada y recurrida.

      Números: R-81-12, R-80-318

      Resueltos: 18 de marzo de 1982

      Herman W. Colberg, de Reichard & Colberg y Ángel L. Calero, de Canales Law Offices, abogados del demandante recu-rrente; Rafael Pérez Bachs, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz-Suria, abogado de la demandada recu-rrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El señor Mariano Canales Delgado contrató con Pan American World Airways, Inc. el transporte aéreo de cuatro maletas. Las maletas, que contenían efectos perso-nales, se transportarían el 20 de enero de 1977 desde Buenos Aires a San Juan, con escala de un día en Caracas. No se solicitó seguro alguno de la carga, aunque en el conocimiento de embarque se proveía oportunidad para pedirlo.

Las maletas llegaron a Puerto Rico el 30 de enero de 1977. Cuando fueron embarcadas pesaban ochenta y dos kilogramos. A su arribo habían sufrido una merma de treinta kilogramos. Los artículos que faltaban valían $5,500.

El señor Canales demandó a Pan American por los daños sufridos, alegando que la pérdida de referencia “se debió a la negligencia exclusiva de la demandada”. Tras juicio en su fondo, el Tribunal Superior condenó a Pan American a pagarle al demandante la suma de $5,500, más las costas y $1,000 para honorarios de abogado. Pan American solicitó revisión. Expedimos el auto (recurso R-80-318).

Mientras se perfeccionaba el recurso, tras la corres-pondiente autorización de este foro, el Tribunal Superior dictó una resolución para reducir su sentencia en la suma de $2,250. El señor Canales había recibido esta cantidad por concepto de los mismos daños, bajo una póliza general de seguros en vigor desde hacía considerable tiempo. El señor Canales solicitó que revisáramos esta resolución (R-81-12). Expedimos el auto y consolidamos ambos recursos.

1. La caracterización del problema.

El problema central que presenta este caso pertenece al campo del Derecho Internacional Público. El Tratado de Varsovia de 1929, 49 Stat. 3000 et seq., TS 876 (49 U.S.C.A. 1502 et seq.) rige los hechos expuestos. Tanto el país de embarque como el de destino de los bienes transportados son signatarios o se adhirieron al Convenio. Estados Unidos efectuó su adhesión al Tratado en 1934. El acuerdo obligó automáticamente a la Isla al no excluir Estados Unidos a ésta bajo las disposiciones del Art. 40. El historial del establecimiento del Estado Libre Asociado no contiene indicación alguna de que se quiso afectar la continuada vigencia de tratados localmente aplicables para el 25 de julio de 1952. Véase: Greig v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 345 (1962). Aunque la aplicación del convenio al país de escala carece de pertinencia —véase el Art. 1(2) del acuerdo— Venezuela es signataria del Tratado de Varso-via.

El Tratado de Varsovia fue modificado por el Protocolo de La Haya de 28 de setiembre de 1955 y otros acuerdos. Estados Unidos no es parte de estos otros convenios, sin embargo, a excepción del Acuerdo de Montreal, Agreement CAB 18900 (49 U.S.C.A. 1502, págs. 437-438), el cual no afecta controversias como la que nos ocupa. El tratado multilateral a interpretarse en este pleito es exclusiva-mente, por tanto, el Tratado de Varsovia. La existencia de este tratado naturalmente suplanta las reglas de Derecho Internacional Privado que de otro modo habría que determinar.

2. Las disposiciones aplicables del tratado.

Los artículos más importantes del tratado son, para nuestros fines, el 19, el 20(1), el 22(2) y el 25.

El Art. 19 provee:

El porteador es responsable del daño ocasionado por retrasos en el transporte aéreo de viajeros, mercancías o equipajes.

El Art. 20(1) reza:

El porteador no será responsable si prueba que él y sus comisionados han tomado todas las medidas necesarias para evitar el daño o que les fue imposible tomarlas.

El Art. 22(2) limita la responsabilidad del transportista del modo siguiente:

En el transporte de equipajes facturados y de mercancías, la responsabilidad del porteador se limitará a la suma de doscientos cincuenta francos por kilogramo, salvo declara-ción especial de interés en el envío hecho por el expedidor en el momento de la entrega de la mercancía al porteador y mediante el pago de una tasa suplementaria eventual. En este caso, el porteador estará obligado a pagar hasta el importe de la suma declarada, a menos que pruebe que es superior al interés real del expedidor en la entrega.

Los francos a que se refiere este artículo son francos Poincaré, integrados por 65 miligramos y medio de oro de novecientas milésimas de fino, lo que equivale hoy a veinte dólares por kilogramo.

El Art. 25 expone las circunstancias en que el porte-ador no podrá prevalerse de las disposiciones del convenio limitativas de su responsabilidad:

(1) El porteador no tendrá derecho a prevalerse de las disposiciones del presente Convenio que excluyen o limitan su responsabilidad si el daño proviene por su dolo o de faltas que, con arreglo a la Ley del Tribunal que entiende en el asunto, se consideren como equivalentes a dolo.
(2) Les será igualmente rehusado este derecho si el daño ha sido causado en las mismas condiciones por uno de sus agentes obrando en el ejercicio de sus funciones.

Pan American sostiene en este caso que el señor Canales sólo puede recobrar la suma a que se refiere el Art. 22(2). El señor Canales alega que tiene derecho, bajo el Art. 25(1) especialmente, a que se le resarza la totalidad del daño. Este pleito gira principalmente, en consecuencia, sobre el significado de la frase “dolo o de faltas que, con arreglo a la Ley del Tribunal que entiende en el asunto, se conside-ren como equivalentes a dolo”.

El problema no es sencillo. El texto oficial del Tratado de Varsovia está escrito en francés. El Senado de Estados Unidos confirmó el texto francés y una traducción al inglés, donde el término “dolo” se transcribe como “wilful misconduct”. El Tratado de Varsovia se refiere, además, a “dolo o de faltas que, con arreglo a la Ley del Tribunal que entiende en el asunto, se consideren como equivalentes a dolo” (énfasis nuestro). ¿Cómo debe interpretarse esta frase clave del tratado? ¿Conforme el Derecho francés, el anglo-americano (la frase “wilful misconduct” se originó en Inglaterra, como veremos), el español, en su versión local, o en qué otra forma?

3. El método de interpretación.

La práctica usual por largos años en Derecho Inter-nacional Público era intentar reducir a unas pocas reglas sencillas, no exentas de la consiguiente rigidez, las normas para la interpretación de acuerdos internacionales. La práctica no ha desaparecido del todo, pero la tendencia moderna es a reconocer la complejidad del proceso e identificar más bien la multiplicidad de factores, de peso variable, que pueden servir de guía para precisar el significado de un convenio.

Una antigua regla decreta que el significado de las voces empleadas en un tratado se determina mediante referencia al lenguaje en que se redactó. G. Schwarzen-berger, International Law, 3ra ed., Stevens & Sons, 1957, Vol. I, págs. 503-504. Esta norma conserva su respetabili-dad, mas no limita al intérprete a indagar tan solo el significado literal de los términos, sin cruzar la frontera del texto. Hoy se presta atención también, entre otros factores, a las circunstancias en que se negoció el tratado, a su historial, a expresiones de signatarios sobre su entendido del convenio antes de su vigencia y a la práctica subsiguiente de las partes. Restatement of the Law Second, Foreign Relations Law of the United States, St. Paul, Am. Law Institute, 1965, Sec. 147; Simon Maugnie v. Compagnie Nationale Air France, 549 F.2d 1256, 1261, cert. den. 431 U.S. 974 (1977). La importancia de los trabajos prepara-torios, las minutas y los diversos borradores considerados se viene reconociendo desde hace tiempo. L. Oppenheim, International Law, (por H. Lauterpacht), 8va ed., Londres, Longmans, Green & Co., 1955, Vol. I, pág. 957; G. Balladore Palliere, Diritto Internazionale Pubblico, 8va ed., Milán, Ed. Giuffré, 1962, págs. 306-307.

Algunos tribunales estadounidenses han resuelto que el Tratado de Varsovia debe interpretarse conforme el signi-ficado de sus palabras en francés. Burnett v. Trans World Airlines, Inc., 368 F.Supp. 1152 (1973); Ricotta v. Iberia Líneas Aéreas de España, 482 F.Supp. 497 (1979); Block v. Compagnie Nationale Air France, 386 F.2d 323, 330 (5th Cir. 1967), cert. den. 392 U.S. 905 (1968).

Otros tribunales en Estados Unidos, así como las cortes inglesas, no se limitan al análisis del texto en francés y en especial exploran el significado del término “wilful misconduct” o toman en consideración otras normas interpre-tativas. Benjamins v. British European Airways, 572 F.2d 913 (2nd Cir. 1978), cert. den. 439 U.S. 1114 (1979); Reed v. Wiser, 555 F.2d 1079 (2nd Cir. 1977), cert. den. 434 U.S. 922 (1977); Froman v. Pan American Airways, 135 N.Y.S.2d 619 (1954), cert. den. 349 U.S. 947 (1955); Royal Dutch Airline v. Tuller, 292 F.2d 775, cert. den. 368 U.S. 921 (1961); Rosman v. Trans World Airlines, Inc., 358 N.Y.S.2d 97 (1974); Grey v. American Airlines, 227 F.2d 282 (2nd Cir. 1955), cert. den. 350 U.S. 989 (1956); Pekelis v. Transcontinental & Western Air, Inc., 187 F.2d 122 (2nd Cir. 1951); Horabin v. British Overseas Airways Corporation, [1952] 2 All E.R. 1016; Ulen v. American Airlines, 7 F.R.D. 371 (1947).

Adoptamos la norma de interpretación de tratados más lata y flexible. No nos ceñiremos exclusivamente al análisis literal del texto en francés. Atenderemos también otros factores que puedan arrojar luz sobre la intención de las partes contratantes. No estamos interpretando una pieza legislativa ordinaria. Estamos interpretando un tratado, que aspira al logro de un sentido uniforme entre países con sistemas jurídicos diversos.

Veremos que las minutas de las sesiones en que se discuten los borradores del Tratado de Varsovia son de particular interés.

4. Las minutas del Tratado de Varsovia.

La versión preliminar del Tratado de Varsovia, con-forme el borrador de mayo de 1928, no empleaba la palabra “dolo”, sino la frase “acto intencional ilícito”. Minutes, Second International Conference on Private Aeronautical Law (trad, de R.C. Horner y D. Legrez), N.J., F.B. Rothman & Co., 1975, pág. 265 (se designa esta obra en adelante como las “Minutas”). El delegado inglés (Estados Unidos no participó en las deliberaciones) pro-testó el uso de tal frase. Afirmó:

It is very difficult for us to understand these words “intentional illicit act”. It is very difficult for us to know what the word “illicit” accompanied by “intentional” means ...
We have at home the expression “wilful misconduct”; I believe that it covers what you mean; it covers not only deliberate acts but also careless acts done without regard for the consequences. Minutas, págs. 59-60.

El delegado alemán propuso la utilización del término “faute lourde” (culpa grave). Minutas, págs. 58-59. El delegado por Luxemburgo explicó que se había recurrido a la frase “acto intencional ilícito” como equivalente del francés “dol” (dolo) para facilitar su traducción al inglés, pero que en vista de la dificultad apuntada debía emple-arse el concepto de dolo, de fácil comprensión en los países de tradición civilista. Minutas, pág. 60.

Georges Ripert, el notable civilista francés, concurrió con la propuesta, pero combatió toda posibilidad de que se utilizase “faute lourde” en sustitución de “dol” o como su equivalente en significado. El uso del concepto de “culpa grave”, señaló, era extremadamente peligroso porque podía inducir a los tribunales a decretar la responsabilidad del porteador cada vez que se cometiese un error serio, en vez de la falta intencional requerida por el dolo. Sugirió Ripert que el asunto se refiriese a un comité para la estructu-ración de una fórmula general que permitiese la necesaria unidad en la interpretación. Minutas, págs. 60-61.

Así se hizo y tal es la razón de la frase adoptada finalmente como parte del Art. 25. El texto en francés de la frase, según aprobado en Varsovia y luego en Estados Unidos, 49 Stat. 3006, dispone:

Le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui, d’apres la loi du tribunal saisi, est considerée comme equivalent au dol. (Énfasis nuestro.)

La traducción al inglés, según aprobada por el Senado de Estados Unidos, 49 Stat. 3020, es la siguiente:

The carrier shall not be entitled to avail himself of the provisions of this convention which exclude or limit his liability, if the damage is caused by his wilful misconduct or by such default on his part as, in accordance with the law of the court to which the case is submitted, is considered to be equivalent to wilful misconduct. (Énfasis nuestro.)

El examen del historial del Tratado de Varsovia lleva en consecuencia a las siguientes conclusiones:

1ra El Art. 25 del Tratado de Varsovia le impone responsabilidad al porteador tan solo en caso de dolo.

2da El dolo entraña mayor culpa que la culpa grave. Los términos no son equivalentes.

3ra Los sistemas jurídicos que desconozcan el concepto del dolo utilizarán su equivalente. El equivalente cumplirá una misión unificadora. La intención de los países que negociaron el tratado no fue dejar en libertad a los países no civilistas para establecer criterios de responsabilidad totalmente disímiles. La función de los tribunales en estos últimos países es aplicar el principio más análogo en su sistema jurídico a la noción del dolo.

Estas conclusiones exigen que examinemos el concepto del dolo en el Derecho francés y, conforme el mandato del Art. 25, si necesario, en el nuestro.

5. El dolo en el Derecho francés.

Existen dos tipos de dolo en los países de tradición civilista: el dolo en la formación del contrato, que vicia el consentimiento, y el dolo en el cumplimiento de las obligaciones. Tratamos aquí exclusivamente del segundo tipo de dolo.

El dolo contiene, al menos en el uso del término en el Tratado de Varsovia, un elemento de intención o voluntad de hacer daño. J. Hémard, Les Contrats Commerciaux, París, Sirey, 1955, pág. 841. Ello lo distingue de la negligencia, aunque ésta alcance el grado de culpa grave o, de ser admisible el término en el Derecho civil o el común angloamericano, de la negligencia crasa. El adagio “culpa lata dolo aequiparatur” (el dolo se equipara a la culpa grave) no tiene vigencia en el Derecho francés sobre el transporte aéreo. G. Marty y P. Raynaud, Droit Civil, París, Sirey, 1962, T. II, Vol. 1, págs. 404-408. La historia de la negociación del tratado refuerza, como hemos visto, la distinción entre dol y faute lourde. Minutas, see. 4. El entendido francés del dolo, dentro del contexto del Tratado de Varsovia, representa “un concepto bien restrictivo, favorable a los porteadores”, explica el propio Georges Ripert, delegado francés a Varsovia y participante destacado, como pudimos constatar, en las negociaciones. G. Ripert, Droit Commercial, 4ta ed., París, Ed. Pichón y Durand-Auzias, 1960, pág. 239. Véanse, sobre la noción general del dolo, G. Ripert y J. Boulanger, Traité de Droit Civil, París, Ed. Pichón y Durand-Auzias, 1957, T. II, pág. 294 et seq.; J. Carbonnier, Droit Civil, 1979, Presses Universitaires de France, T. 4, pág. 259 et seq.; A. Weill y F. Terré, Droit Civil — Les Obligations, 12ma ed., Dalloz, 1975, pág. 445; B. Starck, Droit Civil — Obligations, París, Librairies Techniques, 1972, pág. 426 et seq.; Mazeaud y Mazeaud, Lemons de Droit Civil, París, Montchrestien, 1956, T. 12, pág. 370 et seq.

Para probar el dolo hay que demostrar la falta intencio-nal o mala fe de la persona a quien se le imputa, ya que la buena fe se presume. Weill y Terré, loe. cit.; Starck, supra, pág. 428.

Como cuestión de Derecho interno francés, más que como interpretación de alcance necesariamente interna-cional, debe señalarse que por ley de 2 de marzo de 1957 se dispuso que el Art. 25 del Tratado de Varsovia significa, al referirse a las “faltas . . . equivalentes a dolo”, a la “culpa inexcusable”. La culpa inexcusable constituye una falta de gravedad mayor que la culpa lata (faute lourde). La grave-dad debe ser excepcional e incluye la falta deliberada que implique conciencia de la probabilidad del daño y su aceptación temeraria sin razón válida para ello. Marty y Raynaud, op. cit., pág. 405, n. 3; S. de 24 de junio de 1968 (Corte de Casación de Francia), 1968 R. Dalloz Sirey 569; S. de 11 de mayo de 1970 (Rouen), 1971 R. Dalloz Sirey, Somm. 114; S. de 28 de febrero de 1973 (Civ. Iré), 1973 R. Dalloz Sirey, Inf. Rap. 96; M. de Juglart y B. Ippolito, Droit Commercial, París, Montchrestien, 1974, pág. 560 et seq.

6. El dolo en nuestro derecho.

a) La vertiente civilista.

El concepto del dolo en nuestro Derecho civil está naturalmente influido por la teoría francesa, vía su recepción en España. El dolo en el cumplimiento de las obligaciones se equipara con la mala fe y se compone de dos elementos, según ha apuntado Vázquez Bote, “el intelectual (o conciencia de una actuación inconforme) y el volitivo (o voluntad de actuar de dicho modo inconforme)”. E. Vázquez Bote, Derecho Civil de Puerto Rico, San Juan, Ed. Jurídicas, T. Ill, Vol. 1, págs. 241-242.

El dolo entraña malicia, “la intención de causar un mal a la persona o a la propiedad ajena. En esto se diferencia fundamentalmente el dolo de la negligencia y de la morosidad. . . .” Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1957, T. XIX, págs. 617-618. El dolo en el cumplimiento de las obligaciones es la omisión consciente y voluntaria del obligado de cumplir con su obligación, a sabiendas de que realiza un acto injusto. F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, 1974, T. IV, Vol. 1, pág. 280; J. Castán Tobeñas, El Derecho Civil Español, Común y Foral, Madrid, Ed. Reus, 1974, T. 3, pág. 195; J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. I, Vol. 2, págs. 504-505. Véanse: Soto v. Lucchetti, 58 D.P.R. 713, 720 (1941); Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179, 182 (1979). El concepto del dolo (en el cumplimiento de las obligaciones) en el Derecho civil español y el puertorriqueño no se diferencia perceptiblemente del francés, excepto que no existe legislación aplicable en Puerto Rico para crear la figura de la “culpa inexcusable”. La carga de la prueba recae sobre quien reclama la existencia de dolo. E. Mapelli, El Contrato de Transporte Aéreo Internacional, Madrid, Ed. Tecnos, pág. 236.

b) La vertiente del Derecho común.

En vista que el Tratado de Varsovia nos remite al concepto de “dolo o de faltas que, con arreglo a la Ley del Tribunal que entiende en el asunto, se consideren como equivalentes al dolo”, todo indica que la noción civilista del dolo es la aplicable en este caso, ya que en Puerto Rico, contrario a la casi totalidad de los estados norteamerica-nos, es innecesario buscar un equivalente de esa figura jurídica.

Podría argüirse, no obstante, que el concepto aplicable en Estados Unidos es el de wilful misconduct y que Puerto Rico es parte de Estados Unidos en el sentido internacional, si no el doméstico, para los fines de un tratado, salvo reserva en contrario. No es necesario expresarnos sobre la solidez o endeblez de este argumento, ya que el resultado a que se llega en este pleito es idéntico, así se emplee el concepto de dolo o el de wilful misconduct.

Por wilful misconduct se entiende generalmente en Estados Unidos una falta cometida intencionalmente o con menosprecio temerario de sus consecuencias. Véanse: Pekelis, Ulen y la larga lista de casos citados junto a ellos, ante, See. 3. Como se desprende de las minutas del Tratado de Varsovia, la traducción de “dolo” contiene un elemento de deliberación. Se buscaba un criterio más restrictivo que el de la negligencia o aun de la culpa grave. De ahí que en Estados Unidos se hable de falta intencional o menosprecio temerario de las consecuencias. Ni la negligencia más crasa satisface el criterio del menosprecio temerario. Froman v. Pan American Airways, 135 N.Y.S.2d 619 (1954), cert. den. 349 U.S. 947 (1955). El actor tiene que haber intentado el resultado o actuado con conocimiento de ía consecuencia probable de sus actos, mas con temerario menosprecio de ello. Adviértase que este criterio alternativo contiene también elementos de intención y deliberación. Véase: Note, Aviation Law: Attempts to Circumvent the Limitations of Liability Imposed on Injured Passengers by the Warsaw Convention, 54 Chi.-Kent L. Rev. 851, 861 et seq. (1978); Berner v. British Commonwealth Pacific Airlines, Ltd., 346 F.2d 532 (2nd Cir. 1965); Grey v. American Airlines, 227 F.2d 282 (2nd Cir. 1955), cert. den. 350 U.S. 989 (1956).

“Wilful misconduct”, así como “dolo”, según lo demues-tran las minutas del Tratado, representan un criterio restrictivo. Este dato, junto a otras consideraciones, causó la adopción de una nueva redacción del Art. 25 del Convenio de Varsovia en el Protocolo de La Haya de 28 de setiembre de 1955, el cual elimina la referencia al dolo o las faltas equivalentes a él. Ya indicamos, sin embargo, que Estados Unidos no ha efectuado su adhesión a este Protocolo, por lo que no puede considerarse para los fines de este caso. También es de notar que, contrario al caso francés, no existe legislación doméstica que interprete la expresión “dolo” o “wilful misconduct” en el contexto del Tratado de Varsovia.

A la luz de lo anterior, no es de extrañar que sean contadísimos los casos en Estados Unidos en que se ha invocado con éxito el Art. 25 del Convenio para imponerle responsabilidad ilimitada al porteador de mercancías o equipaje. Cohen v. Varig Airlines, 15 Av. 17,112 (S.Ct. App. Div., 1978); Kupferman v. Pakistan International Airlines, 438 N.Y.S.2d 189 (1981); Compañía de Aviación Faucett v. Mulford, 386 So.2d 300 (D.C. App. Fla. 1980). Para algunos de los casos en que se limita la responsabilidad, véanse: International Mining Corporation v. Aerovías Nacionales de Columbia, 15 Av. 17,511 (N.Y.S. Ct., App. Div. 1978); Olshin v. El Al Israel Airlines, 15 Av. 17,463 (E.D.N.Y. 1979); Rymanowski v. Pan Am. World Airways, Inc., 416 N.Y.S.2d 1018 (1979), confirmado: 427 N.Y.S.2d 795 (1980); Eve Boutique Imports, Inc. v. Seaboard World Airlines, Inc., 10 Av. 17,703 (N.Y.S. Ct. 1968); Danziger v. Compagnie Nationale Air France, 16 Av. 17,261 (S.D.N.Y. 1979).

7. La aplicación de los criterios expuestos al caso de autos.

Los preceptos descritos exigen valoración independiente en cada caso concreto. Las circunstancias y naturaleza del daño, junto a otros factores, pueden afectar el análisis a realizarse. En este caso específico, referente a la morosidad en la entrega de bienes muebles y a la sustracción en ruta de parte de ellos, el récord está carente de prueba indicativa de conducta dolosa por parte del porteador. Cabe, a lo sumo, una inferencia de actuación negligente, que es lo que permite la imposición de responsabilidad hasta el límite dispuesto por el Art. 22(2), mas no existe base para determinar que ocurrió dolo o wilful misconduct dentro del contexto del Art. 25 del Tratado de Varsovia. Falta al menos el elemento volitivo, la culpa intencional, la conciencia de que se estaba actuando indebidamente, a riesgo considerable para el expedidor, acompañada del menosprecio temerario de lo que probablemente podría ocurrir. Contrástese este caso con el de Cohen y el de Rymanowski, supra. En el estado actual del vetusto Tratado de Varsovia no es posible, en estricta juridicidad, imponerle responsabilidad ilimitada al porteador en las circunstancias de este recurso (R-80-318).

8. El recurso R-81-12. La improcedencia de la doble indemnización.

El expedidor se queja de que el Tribunal Superior haya deducido de su sentencia original las sumas cobradas por él de su compañía de seguros. No tiene razón. Se trata aquí de un seguro contra pérdida de cosa. No se admite generalmente la acumulación de beneficios en tales circunstancias. Futurama Import Corp. v. Trans Caribbean, 104 D.P.R. 609 (1976).

En conclusión, por las razones expresadas, se confir-mará la resolución recurrida en el recurso R-81-12 y se modificará la sentencia dictada en el recurso R-80-318 para reducir la cuantía concedida a la cantidad máxima recobrable bajo el Art. 22(2) y (U) del Tratado de Varsovia.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.

      E1 Art. 40(1) del Tratado de Varsovia dispone:
      “Las Altas Partes Contratantes podrán, en el momento de la firma del depósito de las ratificaciones o de su adhesión, declarar que la aceptación por ellas prestada ... no se aplicará a todas o parte de sus colonias, protectorados . . . o a cualquier otro territorio bajo su jurisdicción.”

       Véase, para la versión española, E. Mapelli, El Contrato de Transporte Aéreo Internacional, 1968, Madrid, Ed. Tecnos, págs. 309-319.

      E1 Protocolo de La Haya modifica el Art. 25 del Tratado de Varsovia, pero huelga discutirlo aquí en vista de su inaplicabilidad en Estados Unidos y en Puerto Rico.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Jack’s Beach Resort, Inc., demandante y recurrida, v. Compañía de Turismo de Puerto Rico (Puerto Rico Tourist Development Company), demandada y recurrente.

      Número: R-81-501

      Resuelto: 18 de marzo de 1982

      José A. Fernández Paoli, de Martínez Alvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogado de la demandante y recurrida; Luis E. López Correa y Carlos Santos Correa, abogados de la demandada y recurrente.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante escritura Núm. 62 otorgada en San Juan el 19 septiembre, 1977 ante el notario Lie. Alfredo Martínez Álvarez, la corporación Jack’s Beach Resort (en adelante “Jack’s”) vendió a la Compañía de Turismo de Puerto Rico el edificio multipisos que operaba como Hotel Flamboyán en la Avenida Las Nereidas, hoy Ashford, del Condado, por precio de $3,200,000 aplazado en su totalidad para pa-garse en término de 20 años a partir del 1 enero, 1979 en 240 plazos mensuales, y representado por tres pagarés: el Núm. 1 por la cantidad principal de un millón setecientos mil dólares; Núm. 2, por un millón de dólares; y Núm. 3, por medio millón. En la misma escritura y en garantía de un principal total de $3,200,000 de estos pagarés, la compradora Turismo constituyó hipoteca a favor de su vendedora Jack’s sobre el inmueble vendido. Los pagarés tienen como fecha común de vencimiento la de 1 diciem-bre, 1997 y se estipuló un interés de 4% anual para el caso de que las autoridades fiscales lo declarasen exento, y 8% anual si estuviesen los intereses sujetos al pago de contri-bución sobre ingresos. Quedaron aseguradas con la hipo-teca partidas de costas, gastos y honorarios de abogado para un total de $320,000. La escritura tiene cláusula de aceleración que faculta al acreedor a dar por vencida la hipoteca y proceder a su ejecución en su totalidad en defecto de pago de un plazo mensual que transcribimos:

Si los deudores no pagaren el principal e interés de cualquier plazo mensual quince (15) días después de notifi-cados de la deficiencia por el acreedor, por correo certificado o personalmente, se tendrá por vencido el término de este préstamo y facultado el acreedor para iniciar acción judicial en cobro del importe total del principal e intereses de la hipoteca más los que se devenguen hasta el pago total; y para el caso de defecto de pago por el deudor de la hipoteca aquí constituida o incumplimiento de sus condiciones estipu-ladas en esta escritura, el deudor conviene en devolver al vendedor el inmueble descrito con todas sus mejoras, acceso-rios y equipos de negocio, libre de cargas y gravámenes, para beneficio del vendedor, disponiéndose, sin embargo, que en caso de incumplimiento por el deudor que no sea falta de pago de capital e interés, tendrá éste treinta (30) días siguientes al aviso por correo certificado, antes de que pueda el acreedor dar por vencida la obligación y declarado el deudor en incumplimiento total.

En observancia del método acordado de requerimiento de pago por el acreedor cada mes, la deudora hipotecaria pagó 32 plazos, hasta que llegado el mes de septiembre de 1980 y requerida de pago el día 2, para efectuarlo en 15 días, Compañía de Turismo se excedió en 9 días al remitir el cheque correspondiente por $26,766.08 el 26 septiembre, 1980, y el 1 octubre de 1980 envió también a su acreedora el importe de ese mes. La acreedora recurrida no aceptó el pago, dio por vencida la hipoteca en su totalidad e inició la acción civil para su ejecución en que reclama un balance impagado de principal de $3,006,930.13, intereses al 8% anual desde 1 septiembre, 1980, y la suma de $320,000 de honorarios de abogado. Ya para el 4 septiembre, 1980 el Departamento de Hacienda había emitido opinión adminis-trativa, dejando sin efecto una anterior, y en la cual declara exentos de contribución sobre ingresos los intereses de hipoteca que Turismo hasta el momento había pagado al tipo del 8% anual, por lo que la reducción al 4% según pactado en la escritura de constitución del crédito repre-sentaba para la acreedora un cobro de intereses en exceso montante a $332,741.68 que debía devolver o acreditar a su deudora Compañía de Turismo. Al contestar la demanda ésta opuso como defensa la de compensación y reconvino reclamando dicho exceso de intereses indebidos. Ya poco antes había radicado demanda de consignación en cuyo procedimiento ha venido depositando el importe de los plazos en orden de vencimiento. El pleito llegó a juicio y en su día la sala de instancia estimó la demanda en todas sus partes, concediendo el importe total reclamado por principal de la hipoteca, así como los créditos accesorios de honorarios de abogado e intereses, y ordenó la venta del inmueble en subasta pública. Desestimó la reconvención de Turismo por el exceso de interés por no ser recobrable el pago de lo indebido por error de derecho, según deter-minado por jurisprudencia interpretativa del Art. 1795 (31 L.P.R.A. see. 5121).

Al recurso de Turismo, el 30 diciembre, 1981 expedi-mos la siguiente orden:

La parte demandante y recurrida tendrá de término hasta el 22 enero, 1982 para mostrar causa por la cual no deba revocarse la sentencia de instancia considerando entre las razones de improcedencia de la ejecución, la imprecisión documental relativa al vencimiento de los plazos; la razona-bilidad o ausencia de ella en una cláusula de aceleración restringida a deficiencia de pago de una sola mensualidad; la esencial naturaleza de penalidad que reviste dicha cláu-sula de vencimiento acelerado que la sujeta a moderación por el Tribunal; y todos los demás aspectos relacionados con la exigibilidad de la obligación hipotecaria conducente a su ejecución.

El memorando de la recurrida Jack’s y su escrito contestación a la citada orden, nos permite decidir a tenor de la Regla 50 del Reglamento.

La cláusula de aceleración que ha dado lugar a la sentencia es por su naturaleza una cláusula penal de función coercitiva o de garantía adicional para el acreedor, pues hace más gravoso y de creciente onerosidad para el deudor el incumplimiento de la obligación. A pesar de que el Art. 1106 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3131, declara que en las obligaciones con cláusula penal la pena substituirá la indemnización de daños y el abono de intereses en caso de falta de cumplimiento, no siempre su fin es la liquidación anticipada de los daños. Tiene una función punitiva de violación del deber jurídico que da a la cláusula su otro nombre de “pena convencional” y que, rebasando el motivo de lucro en la obligación ordinaria, introduce un elemento de coerción y amenaza que apremia al deud-or al cumplimiento. Es el efecto final de la cláusula penal lo que regula su existencia, y no el uso de deter-minado lenguaje en el texto del contrato. R. C. Leasing Corp. v. Williams Int. Ltd., 103 D.P.R. 163, 169 (1974). “. . . Si bien para pactar una cláusula penal es necesario, naturalmente, una manifestación de voluntad, no exige que ésta sea necesariamente expresa, sino que puede resultar implícita e incluso tácita si por la función de lo pactado se descubre una auténtica finalidad penal. En lógica corres-pondencia con lo dicho, resulta igualmente, que la exis-tencia de una cláusula penal no dependerá de la califica-ción de las partes contratantes, sino de la auténtica función que el pacto entrañe. Y así podrá constituir una cláusula penal el pacto que las partes no califiquen de tal, y no serlo la cláusula que, a pesar de darle los contratantes tal denominación, no entrañe una función penal.” (Énfasis en el original.) J. M. Lobato, La Cláusula Penal en el Derecho Español, Pamplona, 1974, pág. 140. Consistente con este criterio de juzgar la cláusula por su finalidad, el Tribunal Supremo de España ha considerado que los intereses enormes e inicuos tienen el fin de conminar y apremiar al deudor para obligarle a cumplir (S. de 9 febrero, 1906); y que es también pena sujeta a moderación la sanción impuesta en contrato por violar la obligación contraída de no aceptar empleo, cooperación directa o indirecta, ni colaboración de ningún género en fábrica o empresa competidora. (S. de 21 marzo, 1950.)

Como remedio en equidad contra el rigor o la excesiva onerosidad de la cláusula penal, el Código Civil provee la modificación de la pena en el siguiente texto de su Art. 1108:

El tribunal o juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. 31 L.P.R.A. see. 3133.

Es éste uno de los raros casos en que el Código incorpora la equidad al derecho positivo y ordena que se pondere en la aplicación de la norma al punto en que la resolución del tribunal pueda descansar de manera exclusiva en ella, principio que ha alcanzado afirmación legislativa en el nuevo Título Preliminar del Código Civil Español. No quiere esto decir que la equidad suplante el Derecho porque aquélla es principio directivo abstracto en busca de justicia para el caso concreto, y se aplica con prudencia, sin violación de la certeza del Derecho y sin que padezca la seguridad jurídica, cuya uniformidad es eje de la ley. La facultad judicial de moderación debe usarse sólo con gran cautela y notoria justificación. (S. de 13 junio, 1944.) Al resultado de frenar el predominio absoluto de la autonomía de la voluntad, bien moderando los efectos de los contratos, ya limitando su obligatoriedad según normas de buena fe, ha de llegarse únicamente en circunstancias extraordinarias, como medio de templar su excesiva onerosidad para el obligado, o la desorbitada desproporción. Bonet Ramón, Código Civil Comentado, 2da ed., 1964, pág. 959.

La equidad representa para Pound una infusión de moral en el sistema legal, un recurso de alivio bajo circunstancias de extrema dureza; su concepto está ligado a la materia que la ley no define con precisión y deja a la discreción de un hombre bueno; a la corrección de defi-ciencias inevitables en la Ley por su universalidad, mas recuerda la advertencia de Blackstone de que no debe incurrirse en exceso de la libertad para ponderar todo caso a la luz de la equidad porque se corre el riesgo de abolir la Ley y dejar la decisión de todo asunto al corazón del juzgador. Pound, Jurisprudence, T. 2, pág. 361 y ss.

En el caso del Art. 1108, cuando el propio legislador se remite a ella, la equidad tiene función de complementar el derecho positivo y dar flexibilidad a la norma. En tal caso la modificación de la pena es norma de derecho imperativo impuesta a los tribunales por el Art. 1.154 (1108 P.R.); es deber y no facultad. (S. 18 enero, 1945); conclusión que llevó en una ocasión al Tribunal Supremo de España a declarar que la moderación cuando proceda, aunque no haya sido pedida por las partes, deberá decretarse de oficio. Sin embargo, en su sentencia de 20 noviembre, 1970 desvirtuó dicha jurisprudencia que impone la modificación equitativa de la pena como actuación ex officio y retorna al principio de que el remedio en equidad ha de ser rogado. Cf. C. M. & Finance Corp. v. Cooley, 103 D.P.R. 6 (1974). Mas el solo hecho de objetar la ejecución basta para activar la intervención equitativa del tribunal.

Las condiciones de opresión, desproporción en la pena y sus consecuencias injustas en grado extremo están presentes en la ejecución de esta hipoteca por la acreedora Jack’s. Por efecto de la cláusula de aceleración ha logrado resolver en tres años un contrato con veinte años de término, se libra de la restricción impuesta a su capital por un pacto de intereses detrimental al comparar-lo con el tipo prevaleciente en la actualidad, retiene el importe de 32 plazos pagados por su compradora Turismo y aun los $332,741.68 de intereses indebidamente pagados por error de derecho antes del reconocimiento de exención contributiva por Hacienda y activa la sanción adicional de $320,000 para honorarios de abogado, todo ello como castigo a una demora de nueve días por la deudora hipotecaria en el pago de un plazo. La reducción de la pena por el juez se hace con arreglo a las circunstancias concurrentes en el caso concreto, singularmente el grado de culpa y la intensidad del perjuicio ocasionado. (S. de 8 enero, 1945.) La desproporción entre la infracción del contrato y la pena convencional en el presente caso es evidente. Tratándose de una obligación a plazos, la más adecuada forma de llevar a cabo la moderación de la pena es la concesión de un plazo al deudor para ponerse al corriente de sus obligaciones de pago. A propósito de la relación de la cláusula penal con la facultad resolutiva tácita de las obligaciones recíprocas, señala la sentencia de 26 octubre, 1934 que no puede darse infracción del Art. 1.124 (1077 P.R.) cuando se trata de aplicar el Art. 1.154 (1108 P.R.) basado en la equidad y que constituye un mandato para el juez.

En lo que respecta a los honorarios pactados en $320,000 que es también por su naturaleza parte del diseño punitivo para apremiar al deudor y conminarlo a cumplir bajo pena de grave perjuicio económico, la moderación de ésta no debe llevarse al punto de la fijación quantum meruit porque ya entonces sería no la modificación, sino la abolición, de lo convenido. Debe dirigirse a una adecuación que sin eliminar el carácter penal de la cláusula, reduzca la pena a una más justa proporción al grado de culpa y la dimensión del perjuicio ocasionado. En las peculiares circunstancias del caso que nos ocupa, la penalidad en su aspecto de honorarios de abogado debe reducirse equita-tivamente a diez mil dólares ($10,000).

Con estos antecedentes y fundamentos, se expedirá el auto, y se revocará la sentencia recurrida disponiéndose un plazo de 30 días dentro del cual la demandada Compañía de Turismo deberá ponerse al día en su obligación de pago; y pagar además a su acreedora Jack’s Beach Resort, Inc., una penalidad de $10,000 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.

       Jurisprudencia de España resumida en Lobato, op. cit., págs. 139 y 185. “No es preciso expresar terminantemente que determinada condición se estable-ce con objeto penal, si por sus términos y alcance reviste realmente dicho carácter.” (S. de 24 marzo, 1909.)

       Pintó Ruiz, Sentido de la Equidad en el Titulo Preliminar del Código Civil, Colegio de Abogados de Barcelona, Ciclo de Conferencias sobre el nuevo Título Preliminar del Código Civil, año 1975, págs. 153-203.

      Ss. de 30 enero, 1932, 10 diciembre, 1932, 19 junio, 1941, 21 junio, 1950 y 1 diciembre, 1965; citadas en Lobato, op. cit., págs. 170-171. Llegó a resolverse por el Supremo español (S. 5 nov. 1956) que aun en casos de incumplimiento total, compete moderar la pena cuando resulten desorbitados sus efectos en determinados casos, decisión que rebasa el texto del Art. 1108 que exige cumplimiento en parte, o irregular, por el deudor, pero que tiene un posible fundamento en el arbitrio de equidad, aunque no con expresa remisión a la equidad, que permite el elemento de buena fe presente en el Art. 1210 al disponer: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.” 31 L.P.R.A. sec. 3375.

       Albaladejo, Derecho Civil, 1975, T. 2, V.l, págs. 219-220.

       Ss. de 19 mayo, 1958, 5 febrero, 1914, 3 julio, 1915. Lobato, op. cit., págs. 187-188.


author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Martín. Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
      In re José Mariano Ríos.

      Número: O-79-147

      Resuelto: 30 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zagas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José Raúl Cando y Gilberto Mayo Aguayo, abogados del querellado.
   PER CURIAM:

Por sintetizar adecuadamente la naturaleza de los cargos y trámites de la querella sobre conducta profesional formulada contra el abogado-notario José Mariano Ríos, reproducimos la introducción del Informe del Comisionado Especial (Juez Superior) Domingo Raffucci:

Tres son los cargos imputados por el Hon. Procurador General al querellado, licenciado José Mariano Ríos mediante querella de 3 de abril de 1979, según resultó enmendada por su escrito de 23 de enero de 1980, a saber: (1) haber instigado a una serie de personas a perjurio al presentarles una serie de declaraciones juradas y autenticadas ante él, conteniendo testimonios distintos a los que esas personas habían prestado previamente ante un funcionario de la Oficina del Contralor, exponiendo hechos que no eran verdad y haciendo imputaciones viciosas contra ese funcionario; (2) haber ofrecido la declaración jurada del testigo Pedro Rivera Rivera, prestada ante el querellado y en la cual el primero legitima una gestión que realizó el querellado en compañía del declarante; y como éste, Rivera Rivera, era para la época en que realiza las gestiones, Ayudante Especial del querellado y empleado del Senado de Puerto Rico, cuyo sueldo se paga con fondos públicos, los servicios así prestados por el querellado en su carácter de abogado, acusan una violación del Artículo 201 del Código Penal (32 LPRA, Sección 4352) y (3) que el abogado querellado por ser también Senador, incurrió en conducta impropia e inmoral por representar al Alcalde del Municipio de Cidra ya que la Oficina del Contralor es un brazo del Poder Legislativo, existe una comisión conjunta legislativa, presidida por un Senador en la cual se examinan y evalúan los Informes del Contralor.
Después de diversos incidentes procesales y la celebración de la conferencia con antelación al juicio celebrada el día 17 de marzo de 1980, se celebró la vista en su fondo en los días 17 y 18 de marzo de 1980. [Escolio omitido.]
Ambas partes tuvieron la oportunidad de presentar y contrainterrogar testigos y de presentar la evidencia docu-mental en apoyo a sus respectivas posiciones.
La Oficina del Procurador General presentó evidencia directa en relación con el primer cargo y sometió el segundo y el tercero sobre la base de la prueba total presentada, incluyendo el testimonio del querellado y de los testigos presentados por éste.

En virtud de la prueba testifical y documental, el Comisionado formuló las siguientes determinaciones de hecho:

1— El querellado José Mariano Ríos, es abogado y notario habiendo sido admitido al ejercicio de dichas profesiones el día 4 de diciembre de 1959 y 11 de mayo de 1960, respectivamente.
2— El querellado es Senador por el Distrito Senatorial de Guayama y lo era para la fecha de los hechos relacionados con el caso.
3— En su carácter de abogado del señor Tomás Rodríguez, Alcalde del Municipio de Cidra, el querellado, junto a otras personas, preparó una réplica al informe preliminar del Contralor, Informe de Investigación Número M-77-15, que comprende el período de 13 de octubre de 1971 al 2 de septiembre de 1975. El querellado, junto a las mismas personas realizó una investigación y estudio habiendo toma-do declaraciones juradas a diversas personas, a saber: Pablo Emilio Berrios, José Antonio Flores Garced y Abelardo Hernández Figueroa. Estas personas habían prestado decla-ración ante el funcionario de la Oficina del Contralor, señor Natividad Vázquez. El querellado tomó otra declaración jurada al señor Pedro Rivera Rivera. Preparó además una declaración a ser jurada por el señor William Ramos Vicente la cual no fué suscrita por éste. El querellado cobró al Alcalde Rodríguez por sus servicios profesionales.
4— Al preparar las declaraciones juradas, el querellado tomó notas en una libreta de apuntes, utilizando éstas para dictarle las declaraciones a la señora Nannette López Ortiz, Secretaria del Municipio, quien prestó sus servicios fuera de horas laborables y recibió compensación pagada de su propio peculio por el Alcalde Rodríguez.
5— Al tomarle juramento a las personas que prestaron las declaraciones, el querellado les dió a leer o les leyó las mismas.
6— De la prueba presentada y admitida, no surge actua-ción alguna del querellado para conseguir que los declarantes cambiaran la declaración que habían prestado ante el funcionario del Contralor, Natividad Vázquez, cuando reali-zaba la intervención de cuentas del Municipio de Cidra. Tampoco se desprende actuación que demuestre que el querellado instó a perjurio a ninguno de los declarantes, aún cuando las declaraciones prestadas ante éste varían en algunos extremos las prestadas ante el funcionario de la Oficina del Contralor. El querellado no conoció el contenido de las declaraciones prestadas al funcionario de la Oficina del Contralor hasta que las mismas fueron obtenidas por sus abogados después del comienzo del presente procedimiento.
7— Al concluir en la forma en que lo hacemos, no damos crédito a los testimonios de los señores Berrios y Flores Garced por la forma y contenido de sus declaraciones ante el suscribiente, la inconsistencia y contradicción de sus testi-monios y por sus admisiones en sus declaraciones ante el querellado y los fiscales del Departamento de Justicia. Su testimonio fué vacilante, monosilábico y en el caso del testigo Flores Garced claramente interesado.
8— En lo relativo a las declaraciones juradas diversas y contradictorias prestadas por el señor [Abelardo] Hernández Figueroa ante el funcionario de la Oficina del Contralor,, el querellado, los fiscales, la Comisión de Querellas Munici-pales, es forzoso concluir que en ocasión de la vista del presente caso Hernández Figueroa declaró en forma idéntica a la forma en que lo hizo al declarar ante el querellado. Admitió que en la primera conversación con el querellado el día 5 de junio de 1973 le dió información sobre cierto equipo de su propiedad, ofreciéndole inclusive datos sobre modelos y números de serie, los cuales ofreció al querellado con vista a sus archivos, informándole además que había hecho negocios en el 1971 con la cantera de Don Tomás Rodríguez cuando éste no era Alcalde de Cidra; que hacía tales transacciones con Doña Manuela Navarro, esposa de Rodríguez; que éste le prestaba equipo al Municipio de Cidra gratuitamente; que en ocasión de la investigación del Contralor, el funcionario de esa oficina le habló de que tendría que devolver el importe de los pagos que había recibido del Municipio de Cidra; que podía ir a la cárcel y que todo eso lo tenía nervioso y tenso. Al comparar la declaración del señor Hernández Figueroa durante la vista del caso con la declaración que prestó ante el querellado es necesario concluir que el querellado se ajustó en la redacción de la declaración a los datos que el señor Hernández Figueroa le había suministrado. Hemos tomado en consideración el testimonio del señor Raúl Colón Rodríguez, quien fuera empleado de la Oficina del Contralor por quince (15) años, en la División de Municipios, llegando a ser Supervisor de Auditores, y que a la fecha de los hechos del presente caso, era asesor en materia de finanzas de varios municipios, entre ellos el Municipio de Cidra. El día domingo 5 de junio de 1977, Colón Rodríguez acompañó al querellado a visitar a Abelardo Hernández Figueroa. Este testigo tomó notas o apuntes de las manifestaciones e información ofrecida por Hernández Figueroa. (Exhibit “B” del Querellado.) Al examinar los apuntes originales nos percatamos de que los mismos son sustancialmente iguales a la declaración que juró Hernández Figueroa ante el querellado. Hernández Figueroa firmó la declaración el día 11 de junio de 1977 en horas de la madrugada en ocasión de la visita que le hiciera el querellado a Hernández Figueroa, acompañado de Colón Rodríguez y Noel Cedeño Muñoz, quienes llegaron a su residencia en horas de la noche extendiéndose la visita hasta las primeras horas del día 11 de junio. Noel Cedeño Muñoz, a la fecha de los hechos del presente caso y al momento de su comparecencia ante nosotros era profesor de instrucción pública en Santa Isabel y poseía una maestría en Admi-nistración Escolar.
9— En relación con las alegaciones del cargo número dos (2) determinamos que la prueba ha establecido que el señor Pedro Rivera Rivera era Ayudante Especial del querellado, siendo empleado del Senado de Puerto Rico; que acompañó al querellado a visitar a algunas de las personas que prestaron declaraciones juradas ante el querellado y que a su vez prestó una declaración jurada ante él en relación con un incidente con el señor William Ramos Vicente. La prueba también demuestra que las diligencias hechas por el señor Rivera Rivera, lo fueron fuera de horas laborables, unas veces por la tarde y otras en días libres; nada hay en la prueba que demuestre que el señor Rivera Rivera trabajare para el querellado en su calidad de abogado durante horas laborables. Tampoco hubo prueba de cuáles son las horas laborales en el Senado de Puerto Rico, donde es sabido que, por la forma y clase de trabajo, ordinariamente el horario es flexible.
10— En relación con el cargo número tres (3) quedó esta-blecido por la prueba, como ya antes se ha dicho, que el querellado es Senador por el Distrito de Guayama, y que rindió servicios profesionales prestados y pagados por el señor Tomás Rodríguez, quedando de igual modo establecido que el Alcalde pagó los servicios con su propio y particular dinero. Los servicios no fueron rendidos al Alcalde en su carácter oficial ni fueron compensados por el Municipio de Cidra.
11— La Oficina del Contralor rinde a la Asamblea Legis-lativa copia de sus informes de intervención, los cuales se someten a una comisión conjunta, presidida por un Senador. Los informes así rendidos son aquellos que resulten finales. El querellado, al rendir sus servicios profesionales lo que tuvo ante sí fué el informe preliminar que prepara la Oficina del Contralor y somete a la consideración del Alcalde para su información y comentarios. No hay prueba de que el querellado, en su carácter de Senador, tuviera acceso a información alguna de la Oficina del Contralor que hubiera sido sometida a la consideración del Senado.

Tomando como base las anteriores determinaciones tácticas formuló las siguientes recomendaciones:

1— Se estima no probado el cargo número uno.
2— Se estima no probado el cargo número dos.
3— Se estima que el cargo número tres constituye una conclusión normativa de ética y de derecho a nuestro juicio resuelta y pautada por el Hon. Tribunal Supremo en el caso In Re Rodríguez Torres, 106 DPR 698 (1978).
4— Se recomienda en consecuencia el archivo de la que-rella de epígrafe y la exoneración del querellado.

I — I

Previa transcripción de la evidencia documental conce-dimos término a las partes para exponer sus comentarios al referido informe y éstas oportunamente lo hicieron.

El Procurador General, en síntesis, argumenta que . . de los testimonios vertidos por los testigos ofrecidos por la parte querellada, señalamos en general que nada apor-taron a su favor: algunos por demasiado interés en relación con el querellado o con el alcalde y otros simplemente por lo inocuo de sus testimonios”; que erró el Comisionado al no darle crédito a sus testigos; y que la conducta del querellado Mariano Ríos . . en su carácter de repre-sentante legal del alcalde del Municipio intervenido, Cidra, quien a su vez es parte integrante del Poder Legislativo por ser Senador, realizó gestiones en beneficio de aquél en su capacidad dual como abogado-Senador y como cono-cedor del Derecho. Dada la naturaleza del caso, dicha conducta inmoral, apunta una práctica indeseable y an-tiética”, que resulta incompatible con sus funciones de Senador de evaluar en su oportunidad los informes y la labor del Contralor de Puerto Rico.

Por su parte, el querellado Mariano Ríos aduce que el Comisionado aquilató correctamente la credibilidad de los testigos y que la prueba del Procurador resultó insufi-ciente. Sobre el cargo número tres señala que “el Procu-rador General no presentó prueba específica alguna, some-tido sobre la base de toda la prueba, incluyendo la presentada por el Querellado, imputa que el abogado querellado, por ser también Senador, incurrió en conducta impropia e inmoral por representar al Alcalde del Munici-pio de Cidra y ser la oficina del Contralor un brazo del Poder Legislativo y existir una Comisión Conjunta Legis-lativa presidida por un Senador en la cual se examinan y evalúan los informes del Contralor. Sobre este cargo deseamos comentar que no hay ninguna regla de ética profesional ni de ética legislativa que prohíba la actuación del Querellado. Esto es, no se prohibe que un abogado que es Senador represente, en su carácter personal y particular a un Alcalde o algún otro funcionario público. Obsérvese además que la prueba practicada no demuestra que el Querellado haya obtenido información alguna en su carác-ter de Senador ni dentro ni fuera del Senado que le facilitare el representar al Alcalde. Véase In Re: Rodríguez Torres, 106 DPR 698 (1978)”. (Énfasis suplido.)

II

El examen integral de la evidencia documental y testifical nos mueve a sostener las determinaciones de hecho del Comisionado con referencia a los dos primeros cargos, a saber, haber instigado a perjurio a varios testigos y violado la fe notarial. Correspondía al Comisionado dirimir la credibilidad de los testigos y ponderar el alcance de las declaraciones y circunstancias en que las mismas fueron obtenidas. No habremos de intervenir con dicha posición al no habérsenos persuadido de que se cometiera error manifiesto o se incurriera en prejuicio, pasión o parcialidad.

Ahora bien, distinto resultado se impone en cuanto a la impropiedad del querellado Mariano Ríos de que siendo senador, actuara como abogado del Alcalde del Municipio de Cidra para impugnar y cuestionar las labores investi-gativas del Contralor de Puerto Rico. Nos explicamos.

El Art. Ill, Sec. 22 de la Constitución del Estado Libre Asociado crea el puesto de Contralor a ser nombrado por el Gobernador con el consejo y consentimiento de la mayoría del número total de los miembros que componen cada Cámara con la encomienda de fiscalizar y determinar la legalidad de todos los ingresos, cuentas y desembolsos del Estado, de sus agencias e instrumentalidades y de los municipios y rendir anualmente los informes, inclusive los especiales que le sean requeridos por la Legislatura o el Gobernador. Se le faculta expresamente con “amplios poderes para que realice sin entorpecimientos las investi-gaciones que crea necesarias”. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente, 1961, pág. 2588.

En virtud de esta concepción y mandato constitucional, es evidente concluir que la Oficina del Contralor es el instrumento del Poder Legislativo responsable de fiscalizar y comprobar que los fondos públicos sean desembolsados según la ley y reglamentos vigentes y los princi-píos de una sana administración pública fiscal. La ley habilitadora de la Oficina del Contralor —Núm. 9 de 25 de julio de 1952— en su Art. 12 reafirma estos principios al disponer:

El Contralor rendirá informes especiales a la Asamblea Legislativa y al Gobernador sobre las cuentas, los desem-bolsos y los ingresos de las agencias, instrumentalidades y subdivisiones políticas en relación con los cuales se descu-bran irregularidades o violaciones de ley. 2 L.P.R.A. see. 82.

Tomamos conocimiento judicial de que la Asamblea Legislativa ha establecido una Comisión Conjunta con la misión de evaluar los informes del Contralor, formular recomendaciones, y si es menester, aprobar legislación tendente a remediar los males y abusos detectados por el Contralor en el uso de fondos públicos. No podemos, por tanto, refrendar como norma ética saludable que un legislador, que es también abogado, intervenga y actúe representando intereses en pugna o conflicto con investi-gaciones oficiales e informes —preliminares o finales— del carácter que nos ocupa. Ello tiende a debilitar el desem-peño fiel de ambos funcionarios —contralor y legislador— y a desmerecer la seriedad y sana administración pública que informa tan altas encomiendas.

Al legislador que también es abogado le aplican unas limitaciones y dimensiones éticas adicionales distintas a quienes no poseen o ejercen aquella profesión. Como abogados que “se sientan en la Legislatura, son también funcionarios de est[e Tribunal]”. Claudio v. Ortiz, 29 D.P.R. 435, 443 (1921). Como tales, están obligados por las normas éticas que este Tribunal —fundado en el poder inherente de reglamentar la profesión— viene obligado a exponer. Aunque el mandato electivo no es irreconciliable per se con el ejercicio de la abogacía, hay instancias como la presente en que existe una incompatibilidad entre ese ejercicio y el desempeño de la función legislativa.

A tal efecto, el Canon Núm. 6 reza:

Canon 6. — Conducta Ante Agencias Gubernamentales
Al prestar sus servicios profesionales ante organismos legislativos o administrativos el abogado debe observar los mismos principios de ética profesional que exige su compor-tamiento ante los tribunales. Es impropio de un abogado ocultar su gestión profesional ante dichas agencias guber-namentales mediante el empleo de terceros o de medios indirectos para promover determinada acción gubernamen-tal en interés de su cliente. Un abogado que ejerza su profesión y que además ocupe un cargo legislativo o guber-namental debe anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renun-ciar la representación del cliente.

El potencial conflicto de interés que sirve de premisa para esta decisión está contemplado en el espíritu del citado Canon 6, que in fine exige la inmediata renuncia de un abogado-legislador por ser su deber “anteponer el interés público al de su cliente”. Código de Ética Profesional, 99 D.P.R. 1002, 1006 (1970).

En consecuencia, resolvemos que existe incompatibilidad ética para un abogado, que es también legislador, al intervenir, defender, actuar y prestar sus servicios como abogado, sean o no remunerados, en los trámites, asuntos y casos en que un funcionario público es objeto de investigación —preliminar o final— por la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Al aplicar estos principios al caso de autos, resolvemos que la gestión del querellado José Mariano Ríos como abogado en favor del Alcalde, frente al Contralor —siendo legislador— representó un choque de deberes y responsabilidades en ambas capaci-dades. Mediante tal conducta incurrió en la falta de ética antes expuesta. Procede, pues, nuestra censura por tal actuación.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Martín está conforme y emitió voto separado. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente. El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

-0-

Voto separado del

Juez Asociado Señor Martín.

En In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698 (1978), expresé que el Tribunal debió haber adoptado allí la norma ética que hiciere incompatible el ejercer la profe-sión de abogado a cualquier abogado que fuere miembro de la Asamblea Legislativa, cuyo ejercicio incluiría la postulación ante los tribunales de justicia, los organismos cuasi judiciales y las distintas agencias y corporaciones públicas. El Tribunal, sin embargo, rechazó allí la norma que propuse. Ni entonces ni ahora existe norma alguna que prohíba a un legislador que es abogado ejercer esta profesión. Creo, sin embargo, que se impone la redacción de un canon de ética que prohíba tal práctica.

El único canon de los de Ética Profesional que se dirige en cierto modo a la relación del legislador-abogado es el Núm. 6, que reza así:

Canon 6. — Conducta Ante Agencias Gubernamentales
Al prestar sus servicios profesionales ante organismos legislativos o administrativos el abogado debe observar los mismos principios de ética profesional que exige su compor-tamiento ante los tribunales. Es impropio de un abogado ocultar su gestión profesional ante dichas agencias guber-namentales mediante el empleo de terceros o de medios indirectos para promover determinada acción guberna-mental en interés de su cliente. Un abogado que ejerza su profesión y que además ocupe un cargo legislativo o guber-namental debe anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renun-ciar la representación del cliente.

El citado canon 6 está comprendido dentro de la sección relativa a los deberes del abogado para con la sociedad, que requiere de todo abogado que “como ciudadano y en su capacidad profesional, ya sea como juez, fiscal, abogado postulante, asesor o en cualquier otro carácter, actúe siempre de acuerdo al ideal expresado en el preámbulo de estos cánones”.

Los propios términos del canon 6, en su última oración, reconocen que un abogado que ocupe un cargo legislativo puede ejercer su profesión de abogado, pero le imponen la limitación ética de que “debe anteponer el interés público al de su cliente cuando ambos vengan en conflicto e inmediatamente renunciar la representación del cliente”.

Señala, pues, el canon 6 que el abogado que ocupa un cargo legislativo debe abstenerse de representar a un cliente ante la existencia de conflicto de intereses entre su representado y el interés público. Evidentemente el legis-lador querellado, al asumir la representación del Alcalde en un asunto de vital interés público que envolvía unas irregularidades señaladas por el Contralor de Puerto Rico, no ejerció la prudencia que aconseja la ética judicial. Por ello debe ser censurado, y apercibido de futuras violaciones a los preceptos del Código de Ética Profesional.

Aprovecho la situación que origina este caso para insistir en mi posición sobre la norma ética de incompati-bilidad que propuse en In re Rodríguez Torres, supra, pues entiendo hoy más que nunca que este Tribunal, conforme a su poder inherente de reglamentar la conducta ética de los abogados, debe, sin más dilación, regla-mentar también la conducta de abogados que a su vez son legisladores, en relación con el ejercicio de la profesión de abogado.

Me permito reiterar algunas de las expresiones conteni-das en mi disidencia en el referido caso, por entender que cobran vigencia ante los hechos expuestos en la querella de este caso.

El abogado que es a la vez legislador es depositario de la confianza de los ciudadanos en su dedicación para servir al interés público. Y, para conservar esa imagen, el abogado debe conducirse en tal forma que no haya duda que sus ejecutorias respondan a los más altos ideales y dentro de la mejor tradición de la profesión legal.
El abogado es parte esencialísima de la rama legislativa. En el pasado, y al presente, esa rama se ha nutrido de muchos abogados que han dejado su huella de honor, integridad y competencia en sus ejecutorias. Es necesario que continúe la ingerencia benéfica de abogados en la difícil y delicada tarea de ir dando forma al desarrollo de los programas sociales, económicos, de educación, de salud y de recreo y el mejoramiento de la calidad de la vida puertorri-queña. Solamente aquellos que sienten un compromiso con su pueblo y sus congéneres deben ser los atraídos a esa función ciudadana. Los sacrificios personales envueltos están más que compensados por la satisfacción derivada de servir a sus conciudadanos. Por ello es mi firme creencia que una norma de ética como la que propongo para los abogados legisladores no alejará a los abogados de talento, integridad y dedicación de la encomiable y envidiable misión de servir.
Su misión como legislador es promover la legislación que redunde en el mayor beneficio para el pueblo. En su función como legislador interviene en la formulación de política pública y por ello merece el respeto de sus conciudadanos. Por otro lado, casi por definición, está abanderizado a un partido político. El poder que ejerce como político y como hombre público en ocasiones es ominoso. Su influencia se deja sentir en todos los órdenes, voluntaria en algunos casos e involuntaria en otros. Su mera presencia en cualquier actividad oficial es imponente. De esa realidad no podemos apartarnos.
La intervención de un abogado ante un tribunal de justicia o ante un organismo administrativo o cuasi judicial en representación de una de las partes lo aleja de su misión de legislador y lo envuelve en la lucha cotidiana de los ciudadanos por la defensa de sus pequeños o grandes intereses privados. Los intereses exclusivos de cada ciuda-dano particular muchas veces vienen en conflicto con los intereses públicos que el abogado viene obligado a defender en su delicada función de legislador y de hombre público. Su intervención necesariamente se hace sentir ante el funciona-rio de la rama judicial o de la rama ejecutiva cuyos nombramientos pueden haber sido objeto de su consideración en el pasado o pueden, a la expiración de sus cargos, volver a su consideración. Los presupuestos de los departamentos y agencias, así como las leyes que afectan favorablemente o desfavorablemente la gestión de los funcionarios públicos aludidos también son considerados por los abogados legisla-dores. Dadas esas circunstancias el abogado legislador no debe colocar a los funcionarios ejecutivos y judiciales en la posición en que deban decidir asuntos en que el abogado tiene un interés pecuniario, ya que al asumir la represen-tación del cuidadano privado las más de las veces el abogado recibe algún tipo de compensación.
La preocupación por la intervención del abogado legisla-dor en las disputas entre ciudadanos, pero en defensa de una de las partes, quiebra la confianza que en el proceso democrático tiene la parte adversa ya que de creer que su posición es la correcta, nadie puede convencerle, si es derrotado, que la mera presencia del abogado legislador no inclinó la balanza en su contra. Nada más intranquilizante para un litigante y para su abogado que el tener frente a sí como representante legal del adversario a un abogado legislador. Esa preocupación inevitable debe ser suficiente para que el abogado legislador se inhiba de participar contribuyendo así a que imperen en los procedimientos un clima de sosiego y de esperanza en la justicia que no se logra con su presencia. No creo necesario tener que abundar en este tema que ha sido objeto de amplios y constantes comentarios públicos a través de los años.
Más aún, el abogado legislador en la defensa de intereses privados no puede colocarse en la posición de tener que servir de orientador al tribunal en cuanto a la intención legislativa al aprobar tal o cual legislación, siendo ése muchas veces factor esencial para la resolución de la controversia. Ni tampoco debe estar ofreciendo a un tribunal, en beneficio de un ciudadano particular, su versión de cómo se debe interpretar una ley en particular. Su labor de hacedor de las leyes puede colocarle en una posición de ventaja aparente sin que necesariamente esté en lo correcto al hacer afirmaciones al respecto.
En la función de oficiales del tribunal, de la cual no están excluidos los abogados por el hecho de ser legisladores, este Tribunal viene obligado a velar por que la imagen del abogado refleje las mejores tradiciones de la profesión legal. Uno de los más altos ideales, bajo nuestro sistema democrá-tico, consiste en que la ley debe dispensar igual justicia a todos los hombres, ricos o pobres, influyentes o no influyen-tes, humildes o grandes. Esto es, preservar derechos iguales para todos sin que haya privilegios especiales para algunos. Acepto que esos ideales se tornan muchas veces en quiméricos, pero son ideales a los que debemos aspirar, aunque las complejidades e imperfecciones de la sociedad no siempre permitan que se realicen. Págs. 738-742.

Mi posición no llega al extremo de convertir al Tribunal en árbitro moral de la conducta de los legisladores en el desempeño de sus funciones legislativas. Mi preocupa-ción está limitada a la conducta de los abogados que, bajo el manto protector de ser a la vez legisladores, puedan atentar contra la fe de un pueblo en la justicia.

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Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Disiento de la expresión de censura contra el abogado-senador. Desde el año 1978 este Tribunal al revocar por mayoría una norma de incompatibilidad ética similar a la que ahora se propone, eligió un curso de abstención en la regulación de aquella práctica profesional que de algún modo interviniese con la inmunidad y libertad de acción del legislador. In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698 (1978). El querellado tiene la libertad de inhibirse si el caso llegase a la consideración del Senado. Él debe asumir la responsabilidad en cuanto a si su función pública de legislador se perjudica por su defensa de funcionarios investigados por el Contralor.

       No se escapa el argumento de que el legislador-abogado podría salvar esta incompatibilidad inhibiéndose de intervenir o votar en el asunto respecto al que representó. La dificultad de ello radica en que la primera lealtad de él es con la Rama Legislativa, y segundo —dado al gran número de informes que rinde el Contralor— la difusión y generalización de esta práctica podría afectar seriamente las labores legislativas de evaluación.

        Coll v. Leake, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 857 (1911); In Re Tormes, 30 D.P.R. 267 (1922); In Re Casablanca, 30 D.P.R. 399 (1922); Boneta Ex Parte, 39 D.P.R. 154 (1929); Ex Parte Urrutia, 43 D.P.R. 168 (1932); Ex Parte Jiménez, 55 D.P.R. 54 (1939); Guerrero v. Tribunal de Apelación, 60 D.P.R. 241 (1942); In Re Bosch, 65 D.P.R. 248 (1945); In Re González Blanes, 65 D.P.R. 381 (1945); In Re Abella, 67 D.P.R. 229 (1947); In Re Pagán, 71 D.P.R. 761 (1950); In re Liceaga, 82 D.P.R. 252 (1961).

       Véase N.C. Freed Co., Inc. v. Board of Governors of Fed. Res. Sys., 473 F.2d 1210, 1217, escolio 23 (1973).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Edwin Olivero Rodríguez, acusado peticionario.

      Número: O-81-455

      Resuelto: 30 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Alejandro Torres Rivera, abogado del acusado y peticionario.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario Edwin Olivero Rodríguez fue denun-ciado, declarado culpable y sentenciado por el Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, del delito de difamación estatuido en el Art. 118 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4101, consistente en que “. . . allá en o para el día 10 de marzo de 1980, en Hato Rey, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente a través de una carta escrita a maquinilla desacreditó e impugnó la integridad y buena fama de la Sra. Idida Morales Burgos, de 42 años de edad, a quien el aquí imputado, le dijo que ella estaba planeando o cuajando un plan terrorista de derecha para atentar contra su vida y que dicha perjudi-cada habló con un mafioso para el supuesto plan. Además, le dijo a la Sra. Idida Morales Burgos, que ella le tumbaba la cabeza a sus adversarios políticos, haciendo pública-mente el imputado, la referida carta”. (Énfasis suplido.)

No conforme apeló al Tribunal Superior, el cual opor-tunamente dictó la siguiente sentencia confirmatoria:

No hay duda de que la hoja suelta publicada por el imputado contiene imputaciones difamatorias hacia la de-nunciante.
La cuestión se reduce, pues, a determinar si dicha publicación es privilegiada. Para que exista el privilegio, conforme a lo dispuesto en el artículo 119 del Código Penal, precisa que se pruebe la verdad del hecho imputado. La prueba al respecto, consistente en el testimonio de la Sra. Lourdes Cintrón, no mereció crédito al Ilustrado Juez de Instancia y no habremos de alterar su apreciación de la prueba. Por otro lado, no consideramos que la prueba aportada justifique concluir que el denunciante sea una ‘figura pública”. La libertad de expresión no puede ser fundamento para justificar el ataque abusivo a la honra, reputación y a la vida privada que se hace de la denun-ciante. Pueblo v. Rodríguez Hernández, 86 D.P.R. 660, 674. (Énfasis suplido.)

Expedimos certiorari para examinar la juridicidad de tales dictãmenes. En sthtesis, el peticionario nos argumen-ta: (1) que lEa "perjudicada", como persona que ocupa la posiciOn de Presidente de distrito con jurisdicción y relación estrecha sobre 16 Consejos de Residentes -in-tegrados por consejos que representan residenciales pübli-cos y comunidades adscritas a la CorporaciOn de Renova-don Urbana y Vivienda (CRUV) entre los cuales está el de Manuel A. Perez, cuyo presidente es el peticionario- y como activista del Partido Nuevo Progresista (PNP), es una "figura" püblica y como tal, correspondIa al Ministerio Fiscal probar afirmativamente su culpabilidad; (2) que no se probO malicia real; (3) que no se demostró que actuara con "conocimiento de lEa falsedad del hecho o con craso y temerario menosprecio de lEa verdad"; se dirimió erróne-amente la prueba; y se aplicO equivocadamente el derecho.

I

A los fines de evaluar estos seflalamientos resumiremos la prueba desfilada. La del Ministerio Fiscal ---consistente de los testimonios de la perjudicada Idida Morales Burgos, Juan Rivera Perez y Humberto Aponte Gonzalez, y como prueba documental, la comunicación- demostró la posi-ciOn de Presidente de distrito de [a CRUV de [a Sra. Morales, su condición de miembro activo del PNP; que no residía en Manuel A. Pérez; que en febrero de 1980 se celebró una asamblea de residentes conducente a que la comunidad eligiera un nuevo Consejo de Residentes; que a la sazón, el peticionario Olivero Rodríguez era el Presi-dente de ese Consejo de Residentes y nuevamente candi-dato; que ella asistió a dicha asamblea y allí se produjo un choque de concepciones con el “peticionario”; que mantiene cierta relación con los presidentes de los distintos consejos; que nunca se reunió con el peticionario; que una vez éste la invitó a su casa; que nunca más ha hablado ni ha tenido problemas con él; que tuvo conocimiento de la carta y de su contenido que es falso; que la misma fue circulada; que le ha afectado su reputación; que una empleada de la CRUV le llevó una copia; que desconocía conceptos tales como “terrorismo de derecha”, “fascismo”, “comunismo”, “socialismo”, a pesar de haber estudiado a nivel universi-tario; y que no discriminaba.

Por su parte el peticionario presentó el testimonio de la Srta. Lourdes Cintrón, Técnico Legal de la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y amiga suya, quien atestó que lo asesoró; que conoce a la perjudicada; que para febrero de 1980 en una residencia de Río Piedras escuchó cuando la señora Morales habló con “Papo” y le dijo que necesitaba un “trabajo, que había que tumbarle la cabeza a un hijo de puta que la estaba jodiendo mucho en el Consejo de Residentes de Manuel A. Pérez”; que dicho sujeto asintió y ella le avisó al peticionario.

Con esta prueba se produjo la convicción. Ninguno de los foros de instancia creyó el testimonio de la Defensa. El Tribunal de Distrito estaba en mejor posición para dirimir la credibilidad: vio y oyó a los testigos deponer, observó sus expresiones, comportamiento, énfasis, ademanes y otros elementos. Al igual que el Tribunal Superior hemos de respetar esas conclusiones.

La evidencia creída, antes relacionada, demuestra más allá de toda duda razonable la comisión del delito de difamación del Art. 118. Según apuntáramos, al foro de instancia no le mereció crédito la declaración de la testigo presentada por el peticionario sobre la veracidad del incidente de la conversación. Concurren los elementos esenciales: una intención ulterior real y dañosa indicativa de la falsedad del hecho y el menosprecio de la verdad (“malicia” animus injuriandi) que se manifiesta a través de un medio directo de difusión pública (carta circulada personalmente), que comunica información tendente a denigrar la valía personal. No estamos ante un caso marginal cuyo contenido sea la sutil ironía, expresión de mal gusto o grosera, simple impertinencia u otras expre-siones análogas, sino aquellas de naturaleza ofensiva, de carácter inequívoco acusatorias del delito de conspiración (plan terrorista de “atentar contra su vida [y] habló con un mafioso”). Esa carga y contenido infamante se extiende para socavar la honradez, integridad y virtud atribuyén-dole a las gestiones de la señora Morales “chanchullos” en el Consejo Estatal, palabra que en su lenguaje general y corriente desvalora la honra y dignidad personal y cierta-mente expone al menosprecio público por significar “ma-nejo ilícito para conseguir un fin, y especialmente para lucrarse”. Diccionario de la Lengua Española, 1970, pág. 405. Adviértase que no hay evidencia de que la perjudi-cada fuera una persona propensa, a actuar violenta o ilegalmente, ni que estuviera asociada con individuos de dudosa reputación, ni que tuviera un historial relacionado con la solución de asuntos de manera turbia. Tampoco de que el peticionario hiciera un ésfuerzo mínimo para constatar la veracidad de la información .a base de identificar o tratar de averiguar el carácter o propensión criminoso del personaje aludido como “Papo”. No hay prueba de que en el desarrollo previo de las labores del Consejo de Manuel A. Pérez —u otros consejos de resi-dentes— existiera la práctica de recurrir a algún tipo de violencia como medio para dirimir y solventar discrepan-cias o influenciar el resultado de las elecciones de las asambleas.

Ante estas circunstancias concluimos que no se come-tieron los errores referentes al grado y apreciación de la prueba.

II

El peticionario sostiene que la señora Morales era una “figura pública” según la doctrina prevaleciente, con relación a las comunidades en que se desempeñaba. Tampoco tiene razón.

El concepto “figura pública” ha sido examinado por este Tribunal en García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978), y Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415 (1977). En ambos reconocimos su evolución doctrinaria, dinámica y los elementos integrantes pecu-liares que deben concurrir para rubricar tal condición, a saber:

... 1) especial prominencia en los asuntos de la sociedad, 2) capacidad para ejercer influencia y persuasión en la discu-sión de asuntos de interés público y 3) participación activa en la discusión de controversias públicas específicas con el propósito de inclinar la balanza en la resolución de las cuestiones envueltas. Time, Inc. v. Firestone, supra a la pág. 443; Gertz v. Robert Welch, Inc., supra a las págs. 342, 345 y 351; Curtis Publishing Co. v. Butts, supra a las págs. 145-164.
Gertz define la figura pública en los siguientes términos:
“En su mayor parte aquellos que alcanzan este status han asumido roles de especial prominencia en los asuntos de la sociedad. Algunos ocupan posiciones de tal poder e influen-cias que se consideran figura pública para todo propósito. Mas comúnmente, aquellos clasificados como figura pública se han lanzado a la palestra de una controversia pública en particular para influir en las soluciones de las cuestiones envueltas.” Gertz, a la pág. 345. Torres Silva, supra, pág. 422.

A tono con ese enfoque los candidatos a cargos públicos han sido equiparados a funcionarios públicos independien-temente del resultado de la elección. García Cruz, supra, pág. 179.

Vemos, pues, que la noción de figura pública está estrechamente vinculada —por razón de la posición oficial, poder o envolvimiento en los asuntos públicos— a la adquisición de relieve, prominencia, fama o notoriedad especial o general en la comunidad que, como corolario, de modo significativo le permite de ordinario a una persona cierto acceso a los medios efectivos de comunicación para exponer, adelantar y debatir sus puntos de vista ante la opinión pública, y como resultado corre el riesgo de estar más expuesta al escrutinio, atención e interés público en contraste con un ciudadano privado. Aunque el concepto tiende a excluir los límites estrechos de un sector exiguo de la comunidad —en el caso de autos, en que el único trasfondo es el residencial Manuel A. Pérez— su vigencia es materia de evaluación casuística, cualitativa y cuanti-tativamente en función de los factores antes esbozados.

En virtud de lo expuesto coincidimos con las salas de origen en que la señora Morales —aunque presuntamente conocida en el residencial Manuel A. Pérez— no reúne los requisitos de figura pública enunciados.

Se confirmará la sentencia.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual concurre en el resultado sin opinión y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resultado por los fundamentos expuestos en su opinión concurrente en Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 D.P.R. 415, 428 (1977). El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió sin opinión.

       Fue condenado a satisfacer una multa de $100 y dos meses de cárcel a ser cumplidos bajo el régimen de sentencia suspendida.

       Reza:
      “Toda persona que maliciosamente a través de cualquier medio, o de cualquier modo, públicamente deshonrare, o desacreditare, o imputare la comisión de hecho constitutivo de delito o impugnare la honradez, integridad, virtud o buena fama de cualquier persona natural o jurídica, o denigrare la memoria de un difunto, será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.” 33 L.P.R.A. see. 4101.

       Así, en Torres Silva, supra, pág. 423, dijimos:
      “¿Puede afirmarse que el recurrente Torres Silva es una figura pública conforme los criterios que hemos reseñado? Torres Silva es un Director de Orquesta conocido y, sin duda, respetado y admirado en el mundo de la farándula. Más aún, su nombre puede ser familiar en algunos sectores de la comunidad, pero no tiene, sin embargo, tal notoriedad y prominencia en la vida puertorriqueña, en los asuntos de nuestra sociedad, que lo convierta en una figura pública. Tampoco se ha lanzado a la palestra pública en una controversia sobre el problema de las drogas que es el asunto al que se refiere la información difamatoria que dio motivo a este pleito.” (Énfasis suplido.)
      Ese enfoque es el que ha prevalecido en el Tribunal Supremo federal. A tal efecto, en Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111 (1978), se resolvió que un científico, especialista en el área de la conducta emocional, recipiente de un subsidio federal y que había publicado varios escritos profesionales sobre sus estudios, no había entrado a la arena de la discusión pública y por tanto no era figura pública. De igual modo, en Time, Inc. v. Firestone, 424 U.S. 448 (1976), se decidió que una dama divorciada de uno de los miembros de una familia prominente de industriales acaudalados de los Estados Unidos —conocida ella en los diversos sectores de la sociedad y clase deportiva de Palm Beach, Florida— no era figura pública, aun cuando se había sometido a unas conferencias de prensa durante el proceso de divorcio. Idéntica solución prevaleció en Gertz, supra, con referencia a un abogado de Chicago asociado con un caso prominente, autor de varios libros y artículos jurídicos, activo y conocido en los asuntos comunitarios.