author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

text:
    Orlando Torres Rosario, apelante, v. Alcaide del Centro de Detección de Bayamón, apelado.

      Número: AC-90-339

      Resuelto: 24 de junio de 1993

      Zinia I. Acevedo Sánchez, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del apelante; Jorge E Pérez Díaz, Procurador General, y Aida Ileana Oquendo, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver por primera vez si bajo el debido pro-ceso de ley es válido que se revoque judicialmente la liber-tad a prueba antes concedida a un acusado y se dicte sen-tencia en su contra, sin haber éste comparecido a la vista correspondiente una vez se ha establecido la voluntariedad de su ausencia.

I

El 26 de enero de 1985 el apelante Orlando Torres Rosario, c/p Landi, fue denunciado por el delito de escala-miento agravado. Habiéndose determinado causa probable, fue arrestado y acusado de dicho delito. El apelante hizo alegación de culpabilidad y, en virtud de lo dispuesto en la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el tribunal de instancia ordenó la paralización de los procedimientos sin dictar sentencia y concedió al apelante un período de 2 años de libertad a prueba sujeto a ciertas condiciones, entre las cuales figuraba participar en el Pro-grama T.A.S.C. (Treatment Alternatives to Street Crime) para adictos a drogas. Posteriormente, representantes de dicho programa solicitaron al tribunal la extensión del pe-ríodo probatorio por 10 meses adicionales debido a que el apelante no había tenido un buen ajuste en el tratamiento. El tribunal concedió dicha solicitud y extendió el período probatorio por 18 meses adicionales. Así las cosas, el 13 de mayo de 1987 los representantes del programa T.A.S.C. informaron al tribunal que el apelante había abandonado el centro de tratamiento el 5 de mayo de 1987 sin aparente causa justificada. El 19 de mayo el foro a quo ordenó el arresto de Torres Rosario y señaló una vista para la revo-cación de la libertad a prueba, la cual finalmente se celebró el 11 de septiembre de 1987.

A dicha vista compareció el Ministerio Público, el Coor-dinador del Programa T.A.S.C. y la Sociedad de Asistencia Legal en representación del apelante, quien no compareció. El tribunal de instancia declaró con lugar una moción pre-sentada por el Ministerio Público en la que se solicitaba la revocación de la libertad a prueba, dictó sentencia contra el apelante imponiéndole una pena de 15 años de reclusión y ordenó su arresto e ingreso a una institución penal.

El 8 de septiembre de 1989, casi 2 años más tarde, se logró el arresto del apelante y se le ingresó en el Centro de Detención de Bayamón.

El 28 de septiembre de 1989 el apelante solicitó me-diante moción una oportunidad para ser oído, y en la vista correspondiente celebrada el 20 de octubre de 1989 su re-presentación legal cuestionó la validez de la revocación de la libertad a prueba otorgada a Torres Rosario, alegando que éste no había sido debidamente citado para la vista de revocación. El tribunal de instancia denegó la solicitud del apelante, aduciendo que era improcedente entrar a consi-derar las actuaciones de un juez de igual jerarquía. Incon-forme con dicha determinación, el 18 de diciembre de 1989 el apelante acudió mediante certiorari ante nos alegando que el tribunal de instancia había errado al resolver que no estaba facultado para conceder el remedio solicitado al am-paro de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Eventualmente declaramos no ha lugar tanto la petición original de certiorari, así como la reconsi-deración posteriormente presentada.

El 26 de enero de 1990 el apelante presentó una petición de hábeas corpus ante el Tribunal Superior, Sala de Baya-món, en la que solicitaba su excarcelación por alegada-mente estar detenido de forma ilegal en virtud de un man-damiento de reclusión defectuoso. El 2 de febrero de 1990 se trasladó el recurso a la Sala de Guayama y el 12 de febrero se celebró una vista sobre dicha petición. Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de ins-tancia se reservó el fallo y manifestó que emitiría su dicta-men por escrito. Luego de varios incidentes procesales, el 20 de marzo de 1990 el tribunal de instancia denegó final-mente la petición.

Inconforme con dicha determinación, Torres Rosario acudió , ante nos el 30 de abril de 1990 mediante un escrito de apelación. Poco tiempo después, el 9 de mayo de 1990, acudió nuevamente ante nos mediante una moción al am-paro de la Regla 50 del Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. Ap. I-A, que en la que nos soli-citó que se prescindiera del trámite relativo a la prepara-ción, aprobación y certificación de la exposición narrativa de la prueba y se permitiera a las partes someter sus res-pectivos alegatos. El 25 de mayo de 1990 emitimos una resolución al efecto en la que ordenamos que se elevaran los autos del caso y que las partes sometieran sus alegatos.

Ambas partes comparecieron y presentaron sus respec-tivos alegatos. Con el beneficio de éstos, pasamos a resolver.

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En su alegato el apelante señala la comisión de los si-guientes errores:

1. “Err[ó] el Honorable Tribunal de instancia al considerar que el apelante no se encuentra ilegalmente detenido me-diante un mandamiento de reclusi[ó]n defectuoso y, por con-siguiente, al declarar no ha lugar el recurso de Habeas Corpus y la solicitud de reconsideraci[ó]n.”
2.' “Err[ó] el Honorable Tribunal de instancia al negarse a expedir el auto Habeas Corpus solicitado y al no ordenar la inmediata excarcelación del Sr. Orlando Torres Rosario, quien se encuentra ilegalmente detenido en violación al de-bido proceso de ley.” Alegato, pág. 5.

En esencia, el apelante alega que está detenido ilegal-mente porque la revocación de su probatoria y la sentencia dictada por el tribunal de instancia fueron hechas en vio-lación al debido proceso de ley por dos razones distintas, a saber: (1) que no se siguió el proceso requerido para la revocación de la libertad a prueba, y (2) que la revocación se hizo en su ausencia sin que se realizaran gestiones su-ficientes para procurar su comparecencia a la vista de lec-tura de sentencia.

Resolvemos que el apelante no tiene razón en ninguno de sus dos planteamientos. Veamos.

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Procedimiento para revocación

En nuestra jurisdicción, así como en la federal, se ha establecido un procedimiento para la revocación de las sentencias suspendidas o en probatoria, en reconocimiento de que el debido proceso de ley exige unas garantías mínimas al momento de privar a una persona de su libertad, aun cuando ésta sea condicionada. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985); Brewer v. Raines, 670 F.2d 117 (9no Cir. 1982); Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973); Morrissey v. Brewer, 408 U.S. 471 (1972).

En Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, resolvimos que la cláusula del debido proceso de ley de nuestra Constitución requiere la celebración de una vista inicial y, de ser necesario,' una segunda vista final.

La Ley de Sentencia Suspendida, según enmendada a la luz de los pronunciamientos hechos en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, establece el procedimiento que ha de seguirse en los casos de revocación de sentencias suspendidas. 34 L.P.R.A. sec. 1026-1029. Ese procedimiento es aplicable a los casos de revocación de libertad a prueba conferida bajo la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra.

La ley aludida establece que si el Ministerio Fiscal interesa obtener una revocación sumaria de la probatoria y, por ende, el arresto y la encarcelación inmediatos, el probando es acreedor de una vista sumaria inicial para evaluar si existe causa probable para creer que ha violado las condiciones de su probatoria. 34 L.P.R.A. sec. 1029(1). En dicha vista, el probando tendrá la oportunidad de ser oído y de presentar evidencia a su favor. Podrá confrontar al oficial sociopenal promo vente, a testigos adversos y a estar asistido de abogado. 34 L.P.R.A. sec. 1029(2).

Luego de esta vista, si es necesario, el probando tendrá derecho a la celebración de una insta final. Esta segunda vista tiene como propósito dilucidar la revocación defini-tiva de la sentencia suspendida o en probatoria. 34 L.P.R.A. sec. 1029.

En el presente caso, el representante del Programa T.A.S.C. y el Ministerio Fiscal interpusieron mociones se-paradas en las que informaban al tribunal sobre las viola-ciones cometidas por el apelante durante su período proba-torio y solicitaron que el tribunal hiciera los pronunciamientos correspondientes en ley. Ambas mocio-nes fueron notificadas a la representación legal del apelante. A los ocho días de recibida la moción presentada por el Programa T.A.S.C., el tribunal ordenó la detención inmediata del. probando y fijó una vista para considerarla en sus méritos, todo lo cual fue notificado a las partes con suficiente antelación. La resolución fue diligenciada al ape-lante infructuosamente, como veremos más adelante. En dicha resolución se especificó que se discutirían las alega-ciones de la moción informativa del Programa T.A.S.C. no-tificadas previamente a las partes.

Es cierto que el tribunal no siguió el procedimiento de las dos vistas (sumaria inicial y final) para decretar la revocación de la libertad a prueba del apelado. Pero ello no constituyó un error que vicie la revocación. En primer lugar, la celebración de dos vistas no es requerido siempre, como ya hemos señalado. La propia Ley de Sentencia Suspendida dispone que sólo se celebre una cuando no es necesario celebrar ambas.!) Más aún, en este caso el tribunal procuró discutir las alegaciones contra el apelante en una vista. Llegado el día de la vista, se comprobó que el apelante estaba desaparecido y que no había posibilidad de localizarlo. El solo hecho de que Torres Rosario no se en-contrara en el centro de tratamiento T.A.S.C. establecía causa probable para creer que el apelante había violado las condiciones de su libertad a prueba. No había necesidad de celebrar una vista preliminar para determinar si existía o no causa probable. Owens v. Risley, 702 P.2d 1 (Mont. 1985); Chilembwe v. Wyrick, 574 F.2d 985 (8vo Cir. 1978); State v. Bly, 586 P.2d 971 (Ariz. 1978). Era razonable de-ducir que si esa era la condición del apelante, su compare-cencia tampoco se produciría en una vista posterior, por lo que el tribunal procedió a hacer su dictamen a tenor con la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra, revocó la probatoria y dictó sentencia por el delito imputado.

Ante la situación de hechos que confrontó el tribunal, resultaba claro que era innecesaria la celebración de dos vistas, puesto que en una u otra se hubiera ordenado la revocación.'En nuestra jurisprudencia, con base en la federal, ya habíamos anticipado que cuando el probando tuvo el beneficio de una vista definitiva, aunque no la prelimi-nar, ello no es un error perjudicial. Se parte de la premisa que aun habiéndose celebrado la vista preliminar, de todos modos hubiera culminado en la revocación de la probatoria y, por lo tanto, no hay nada que proveer por vía de revisión judicial. El trámite posterior subsana el error procesal. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 733 esc. 9; Collins v. Turner, 599 F.2d 657, 658 (5to Cir. 1979); Lambur v. Chew, 356 F. Supp. 751, 752-753 (E.D. Va. 1973); State v. Morales, 293 A.2d 672, 675 (1972). En el caso de autos hubo la providencia de una vista definitiva en la que se evaluaron las violaciones a la probatoria, las cuales con-llevaban necesariamente la revocación. También hubo vistas posteriores al arresto y encarcelamiento en las que se cuestionó la validez de la detención del apelante. Se cum-plió, pues, con el debido proceso sustancialmente.

IV

La cuestión de la ausencia

Ni la Ley de Sentencia Suspendida ni nuestra jurisprudencia sobre el particular proveen normas específicas para situaciones de revocación de probatoria cuando el probando está ausente, distinto a lo que sucede en la generalidad de las jurisdicciones norteamericanas en las cuales la revocación en ausencia se admite porque el derecho a estar presente se considera renunciable.() Sin embargo, la Regla 243(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone que puede celebrarse juicio y dictarse sentencia en ausencia del acusado luego de que se determine que su incomparecencia es voluntaria. Siendo así en un procedimiento criminal ordinario en el cual el rigor constitucional es mayor, no vemos impedimento alguno para que se revoque una probatoria y se dicte sentencia en ausencia del probando si se determina que su ausencia constituye una renuncia voluntaria a estar presente en ese momento. Debe tenerse presente que el trámite de revocación de una sentencia suspendida o en probatoria no puede equipararse al procedimiento criminal presentencia; se trata aquí de un procedimiento más flexible en el cual el ámbito de garantías constitucionales es más limitado aunque no ajeno a las normas básicas contitucionales que protegen derechos fun-(laméntales como la libertad. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, pág. 724.

La Regla 243(a) de Procedimiento Criminal, supra, permite que los procedimientos en ausencia del acusado se extiendan hasta el pronunciamiento de sentencia, luego de que se determine la voluntariedad de la ausencia del acusado. La determinación que así requiere la mencionada Regla 243 puede cumplirse una vez el tribunal queda enterado de las gestiones realizadas para localizar al acusado en la jurisdicción. Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34, 37 (1969). En Pueblo v. Lourido Pérez, 115 D.P.R. 798 (1984), examinamos desde el punto de vista constitucional lo relativo al derecho de todo acusado a estar presente en todas las etapas del juicio. Citando a Taylor v. United States, 414 U.S. 17 (1973), a Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979), y a Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977), resolvimos que tal derecho a estar presente puede ser objeto de renuncia, indicando además que la renuncia del acusado puede manifestarse por la ausencia voluntaria del acusado y que la renuncia es voluntaria cuando el acusado es consciente de su derecho y obligación de estar presente, y carece de razón válida para ausentarse. Taylor v. United States, supra, págs. 19-20 esc. 3; Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458 (1938). Si puede renunciarse el derecho de estar presente durante el juicio y durante el acto de dictar sentencia de un procedimiento criminal ordinario en el cual el rigor constitucional es mayor, puede ser igualmente renunciable el derecho del probando a estar presente al momento de revocarse su probatoria cuando ya éste se ha declarado culpable del delito imputado y su renuncia es voluntaria. Véase E.L. Chiesa, Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1992, Vol. II, págs. 247-249 y 260-264.

En el caso ante nos, no cabe dudas de que la ausencia del apelado constituyó una renuncia voluntaria de su dere-cho a estar presente en la vista de revocación. Veamos por qué es ello así.

La libertad a prueba que disfrutaba el apelante fue conferida en virtud de las disposiciones de la Regla 247.1 de Procedimiento Criminal, supra. Dicha regla, en lo pertinente, dispone lo siguiente:

El tribunal, luego del acusado hacer una alegación de culpa-bilidad y sin hacer pronunciamiento de culpabilidad cuando el Secretario de Justicia o el fiscal lo solicitare y presentare evi-dencia de que el acusado ha suscrito un convenio para some-terse a tratamiento y rehabilitación en un programa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o privado, supervisado y licen-ciado por una agencia del Estado Libre Asociado, así como una copia del convenio, podrá suspender todo procedimiento y some-ter a dicha persona a libertad a prueba bajo los términos y condiciones razonables que tenga a bien requerir, y por el tér-mino dispuesto en el convenio para la rehabilitación del acu-sado el cual no excederá de cinco (5) años.
En el caso de incumplimiento de una condición de la libertad a prueba, el tribunal podrá dejar sin efecto la libertad a prueba y proceder a dictar sentencia siguiendo lo dispuesto en las sees. 1026 et seq. de este título.

Al acogerse a los beneficios del Programa T.A.S.C. en virtud de la citada Regla 247.1, el acusado apelante suscri-bió un convenio conjuntamente con su abogado, el Ministe-rio Fiscal y el Coordinador del Programa en el que se obligó a cumplir con los términos y las condiciones estipulados, so pena de revocársele la libertad a prueba y dictarse senten-cia en su contra por el delito imputado.

Mediante dicho convenio, el acusado se comprometió a ingresar en el programa de tratamiento y permanecer en el lugar que se le designara hasta su total rehabilitación; se obligó a cumplir con todas las normas y reglamentos del programa bajo apercibimiento de que cuando su conducta evidenciara que no estaba cooperando para su rehabilita-ción, podría interpretarse que estaba incumpliendo el convenio. En la sentencia que disponía la libertad a prueba se estableció, además, que cualquier cambio en el pro-grama que fuera necesario para la rehabilitación del pro-bando debía autorizarse expresamente por el tribunal a petición del funcionario de T.A.S.C.; que el probando per-manecería dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal Superior, Sala de Guayama, y que en el momento en que decidiera trasladar su residencia, debía solicitar permiso del Programa T.A.S.C. El probando firmó la sentencia com-prometiéndose a cumplir con todas y cada una de las condiciones. Expresamente dicha sentencia decía que cual-quier violación de ley o de las condiciones impuestas, con-llevaría la revocación de la sentencia en probatoria y se procedería a dictar sentencia por el delito imputado.

Aunque el período probatorio estipulado originalmente fue de 24 meses (2 años), el Programa T.A.S.C. solicitó que tal periodo se extendiera por 10 meses adicionales en vista de que el apelante no demostraba progreso en su rehabilitación.() El tribunal determinó extenderlo por 18 meses adicionales.

Antes de que se cumpliera el término original de proba-toria de 2 años concedido, el apelante abandonó el centro de tratamiento luego de que representantes de dicho cen-tro le advirtieran sobre las consecuencias legales que ello conllevaba. Al abandonar el centro, el apelante no informó su nueva dirección, desprendiéndose así de todo posible contacto con el programa y con el tribunal.

Al intentar notificársele, mediante diligenciamiento personal, de la vista que se celebraría para ventilar las alegadas violaciones a la probatoria, el apelante no pudo ser localizado a pesar de que se hicieron las gestiones ne-cesarias al efecto.()

No hay duda de que las actuaciones del apelante cons-tituyen graves violaciones a las condiciones de la libertad a prueba y que eran, según acordado en el convenio y lo dis-puesto en la Regla 247.1, supra, causa suficiente para re-vocar la probatoria. El apelante tenía conocimiento de ello, no sólo porque lo decía el convenio que firmó luego de en-trevistarse con el juez, su abogado y el coordinador de T.A.S.C., sino porque fue advertido de las posibles conse-cuencias legales de su actuación al momento de abandonar el centro de tratamiento. El apelante abandonó dicho cen-tro sin causa justificada antes de extinguir su probatoria. La representación legal del apelante nunca ha alegado que éste tuviese autorización del tribunal o de los representan-tes del Programa T.A.S.C. para ausentarse del centro de tratamiento. Más importante aún, nunca se han refutado las alegaciones del Estado a los efectos de que el apelante había violado la libertad a prueba y que éste, al desapare-cerse sin dejar dirección alguna, hizo imposible la notifica-ción de los procedimientos en su contra. Su silencio y omi-sión de informar al tribunal y al programa cualquier cambio de domicilio, reflejan claramente su intención de evadirse y de evitar ser localizado. Prueba de ello es tam-bién la imposibilidad de efectuar su arresto sino hasta dos años después de emitida la orden. Ahora pretende el ape-lante levantar como defensa que no se le notificó de los procedimientos en su contra cuando él mismo evadió la custodia del tribunal con pleno conocimiento de las posi-bles consecuencias legales. Las actuaciones del apelante son prueba clara y suficiente de que su ausencia en los procedimientos ulteriores de su caso era voluntaria, cons-ciente y sin razón válida alguna. Equivale, además, a una renuncia a estar presente en ellos. Al abandonar el pro-grama y evadir su posible localización, el apelante se con-virtió en un prófugo de la justicia, renunciando así a las garantías y salvaguardas que le ofrece el sistema de justi-cia criminal. Véase Pueblo v. Rivera Rivera, 110 D.P.R. 544 (1980), y casos allí citados. No puede permitírsele ahora, como pretende, tomar ventaja y burlar la justicia diciendo que no se le notificó de los procesos en su contra. La impo-sibilidad de notificarle se debió no a la falta de diligencia del tribunal ni del Estado, sino a sus propios actos cons-cientes y voluntarios.

Según hemos señalado ya, el apelante conocía que el tribunal podía dictar sentencia en su contra si violaba las condiciones de la probatoria. Sin embargo, en su escrito alega que no tenía conocimiento de que se podía revocar la probatoria y dictar sentencia en su ausencia porque no consta en la minuta de 16 de junio de 1985 que fuera apercibido de esa posibilidad. Este argumento es inmeritorio.. Por disposición de la Regla 58(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, el tribunal, en el acto de la lectura de acusación, apercibe al acusado de que de no comparecer, podrán continuar los procedimientos en su contra incluso el pronunciamiento de sentencia, y de su incomparecencia ser voluntaria equivaldrá a una renuncia a estar presente. El argumento escueto de que dicha advertencia no aparece en la minuta no constituye prueba suficiente para derrotar la presunción de corrección de los procedimientos judiciales. Véanse: Acosta v. Pagán, 19 D.P.R. 459 (1913); Ex parte Le Hardy, 17 D.P.R. 1024 (1911); Aramburu v. Córdova, Juez de Distrito, 17 D.P.R. 948 (1911); Río v. La Corte Municipal, 16 D.P.R. 813 (1910). Cabe destacar que el juez de instancia interrogó al acusado individualmente antes de hacer su pronunciamiento de sentencia, que el apelante estuvo representado en todo momento por un abogado, y que en la vista de revocación de probatoria, la representación legal del apelante no objetó los procedimientos ni la imposición de sentencia en ese momento. No había razón por la cual el tribunal no pudiese revocar la probatoria y dictar sentencia en ausencia, cuando se demostró una renuncia voluntaria y consciente a su derecho de estar presente. El sistema de justicia criminal brindó al apelante la oportunidad de rehabilitarse de su condición adictiva, acogiéndose a un programa sufra-gado con fondos públicos. Asimismo, le dio las garantías mínimas requeridas para hacer valer sus derechos. El ape-lante no quiso honrar su compromiso con el sistema y con la sociedad y prefirió actuar al margen de la ley. No puede ahora utilizar los mecanismos judiciales y legales para jus-tificar sus propios actos contrarios a la ley y reclamar un derecho al que claramente renunció.

Bajo las circúnstancias particulares de este caso, no se violó el debido proceso de ley en la revocación de la proba-toria y la sentencia dictada contra el apelante. Cualquier defecto en el procedimiento de notificación o revocación quedó subsanado por las vistas celebradas luego del arresto en las que Torres Rosario tuvo oportunidad de cuestionar la validez del proceso de revocación de libertad y su detención.

Por las razones expuestas, se confirma la sentencia del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

La ponencia mayóritaria concluye que la ausencia vo-luntaria de un probando a la vista para revocar su proba-toria puede interpretarse como una renuncia a su derecho a estar presente. Estamos contestes con dicha norma, al menos en un caso como el de marras en que el probando se acogió a los beneficios de la libertad a prueba luego de ha-cer una alegación de culpabilidad. No obstante, por enten-der que al revocar la libertad a prueba de Orlando Torres Rosario, el foro de instancia claramente desatendió las sal-vaguardas procesales reseñadas en nuestra decisión en Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985), y no tuvo ante sí prueba suficiente como para tener certeza moral de que el probando no pudo ser citado para la vista, disentimos.

I

Para poder privar a un- probando de su derecho limitado de libertad, hay que brindarle un debido procedimiento de ley con todas las garantías constitucionales aplicables a la etapa postsentencia. Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. A tono con los principios más elementales de justi-cia, el probando tiene derecho a que se le notifique de los hechos imputados que constituyen una causal de revoca-ción de la probatoria. Tiene, además, derecho a prepararse para confrontar la prueba de cargo y presentar la propia. Finalmente, tiene derecho a que se le dé la oportunidad de estar presente en todos los procedimientos, representado por abogado si así lo desea. Román v. Delgado, 82 D.P.R. 598, 605-606 (1961).()

La decisión de esta Curia en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra,() añadió a las garantías básicas reseñadas unas garantías procesales más específicas. Conformó así el procedimiento local para la revocación de la probatoria, con las exigencias mínimas de la Constitución federal. Esta exige que el tribunal celebre una vista preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el probando ha violado las condiciones de su probatoria, y una vista final antes de la decisión definitiva que revoque la probatoria. La primera vista, sin embargo, no es necesa-ria si no se arresta ni encarcela al probando. Íd., pág. 725.

Bajo nuestra Constitución, Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, dispuso que la revocación sumaria de la pro-batoria requiere una vista sumaria inicial para determinar si existe causa probable para creer que el probando violó las condiciones de su probatoria. El magistrado tendrá dis-creción para citar o arrestar al probando para su compare-cencia a la vista sumaria inicial. Después de esta vista, y de ser necesario, se celebrará una vista final. Ambas vistas podrán consolidarse en varias circunstancias, una de las cuales es cuando no se logre obtener el arresto del probando. En ese caso, además, se le citará con no menos de treinta (30) días de anticipación a la vista final.

Finalmente, Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, ad-vierte que la notificación de la vista debe informar al pro-bando de los hechos que se le imputan y que constituyen la violación a las condiciones de su probatoria'. La decisión del foro de instancia deberá ser por escrito y reflejar las deter-minaciones de hecho básicas, la evidencia en que se basó y las razones para revocar la probatoria. Íd., págs. 727-729.

Según admite el propio Ministerio Público, el foro de instancia no siguió rigurosamente el procedimiento de las dos vistas. Celebró sólo una vista, en la cual no estuvo presente el probando y a partir de la cual decretó la revo-cación de la probatoria. De acuerdo con Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra, sin embargo, el foro de instancia debió suspender la primera vista y citar al acusado para una vista consolidada de carácter final o celebrar la primera vista en ausencia para luego celebrar otra de carácter final, no más de treinta (30) días luego de citado el probando.

Ahora bien, si el foro de instancia pretendía dar carác-ter final a la primera vista celebrada en ausencia del pro-bando, y prescindir de la segunda vista, la primera vista debió cuando menos ceñirse a los requisitos procesales mí-nimos que señalamos en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. En el caso de marras, el foro de instancia hizo caso omiso de dichas salvaguardas.

La notificación que se intentara diligenciar a Torres Rosario no le informaba al probando de los hechos constituti-vos de la causal de revocación de la probatoria. Se titulaba meramente “Citación del acusado para el acto de discutir moción”. Tampoco el juez de instancia formuló por escrito su decisión, con las respectivas determinaciones de hecho básicas, una reseña de la evidencia en que se basó y las razones para revocar la probatoria que requirió Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. Ambas actuaciones clara-mente evidencian que el foro que celebró la primera vista en ausencia no consideró que fuera a prescindirse de una segunda vista en que se garantizaran al probando las sal-vaguardas mínimas de Martínez Torres, supra.

Tampoco satisface nuestra consciencia la prueba en que el magistrado se basó para dispensar de la presencia del probando en lo que sería la vista final para revocar su li-bertad a prueba. Descansó su decisión en el testimonio de un alguacil sobre lo que otro alguacil le dijo que fueron sus gestiones para localizar al probando. Las alegadas gestio-nes se limitaron a buscarlo en el residencial donde vivía y preguntar por el paradero del probando a vecinos del lugar y en la oficina que administraba el residencial. Allí alega-damente averiguó que el probando se había mudado. Estas gestiones constaban en un documento firmado por el algua-cil que las realizó, pero cuya firma ni siquiera aparece cer-tificada bajo juramento o afirmación, ni contiene otra ga-rantía de veracidad.

El foro de instancia, cuando menos, debió interrogar bajo juramento al alguacil que personalmente intentó dili-genciar la citación, antes de determinar que las gestiones hechas para localizar al probando fueron suficientes como para dispensar de su presencia en la vista. Además, tam-poco se advirtió previamente al acusado que, como conse-cuencia de su incomparecencia voluntaria, su probatoria podría revocarse en su ausencia. Por eso no puede decirse con certeza que su renuncia a su derecho constitucional a estar presente fuera voluntaria y consciente.

No debemos desatender la advertencia de Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444, 447 (1979):

El hecho de que reconozcamos [el derecho a renunciar al de-recho a estar presente] no debe interpretarse como que debe fomentarse esta práctica. Es preferible la presencia del acusado durante todas las etapas del proceso y solamente debe dispen-sarse de ella en casos en que se demuestre que resultaría extre-madamente gravosa su comparecencia, que el Estado no la re-quiera para establecer su caso y que su ausencia no demorará los procedimientos. (Énfasis suplido.)

No vemos justificación alguna para que, en el caso de marras, no se haya celebrado una segunda vista con todas las salvaguardas procesales establecidas en Martínez Torres v. Amaro Pérez, supra. Como dicha vista nunca se ce-lebró en un principio, no vemos impedimento para que ésta se hubiese celebrado eventualmente en presencia del pro-bando, una vez se le arrestó. Al no requerir dicha vista, una mayoría de este Tribunal modifica sub silentio nues-tros pronunciamientos en Martínez Torres, supra, y conva-lida de esta manera una crasa violación del derecho del apelante a que no se le prive de su libertad sin el debido proceso de ley.

Por cuanto antecede, disentimos del resultado de este caso.

      (1) La Ley de Sentencia Suspendida dispone que el tribunal podrá consolidar ambas vistas si la primera se suspendiese a petición o por causas atribuibles al probando, a solicitud de su abogado o cuando el Ministerio Fiscal no solicite o no logre obtener el arresto y encarcelamiento del probando. En esta última circunstan-cia, la vista final de revocación definitiva se señalará mediante notificación y cele-bración al probando con no menos de treinta días de antelación. 34 L.P.R.A. sec. 1029(3)(c).

      (2) Contrario a la situación vigente en Puerto Rico, gran parte de los estados de la Unión Americana ha adoptado reglas o estatutos especiales para regir los proce-dimientos de revocación de probatoria en ausencia por estimarse que el derecho del probando a estar presente en tales procedimientos puede ser renunciado. También existe amplia jurisprudencia sobre el tema. Véanse, por ejemplo: State v. Canady, 606 P.2d 815 (Ariz. 1980); State v. Nungesser, 269 N.W.2d 449 (1978); People v. Hall, 480 N.E.2d 1387 (1985); State v. Bly, 586 P.2d 971 (1978); People v. Liming, 539 N.E.2d 871 (1989); State v. Alegre, 585 P.2d 1235 (Ariz. 1978); People v. New York State Div. of Parole, 435 N.Y.S.2d 589 (1981).

      (3) En varias ocasiones anteriores el apelante había abandonado el centro de tratamiento, demostraba una conducta hostil y poco propicia para su rehabilitación.

      (4) El alguacil que realizó el diligenciamiento declaró lo siguiente:
      “Me personé al Edificio B, Apartamento 123 del Residencial Jardines de Mon-tellano en Cayey y descubrí que allí no existe esa dirección. Seguí entrevistando personas residentes en el Residencial y me informaron que Orlando Torres residía en el Edificio A, Apartamento 122. Me personé a esa dirección y hablé con la Sra. Vilma E. Cartagena, que es la nueva residente allí. Me comuniqué con la oficina del Resi-dencial y me informaron que Orlando entregó ese apartamento el d[í]a 15 de mayo de 1987. También me dijeron que era posible que se haya ido para los Estados Unidos.” Alegato, Exhibit XXI.

      (1) Como todo derecho constitucional, el derecho a estar presente en la vista para revocar la probatoria es renunciable. La renuncia debe ser voluntaria y consciente. Tal es el caso cuando el probando desaparece sin informar al tribunal —que retiene jurisdicción sobre su persona— su nueva dirección. Pueblo v. López Rodríguez, 118 D.P.R. 515, 533 (1987); Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34, 37-38 (1969).

      (2) El procedimiento para la revocación de la probatoria surge del Art. 4 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1029. Pero el artículo vigente no es igual al que regía al momento en que ocurrieron los hechos de este caso. Se enmendó dicho artículo mediante la Ley Núm. 31 de 29 de mayo de 1986 (34 L.P.R.A. secs. 1027a y 1029) para incorporar los pronunciamientos de Mar

        tínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1986), caso que rige la materia ante nos.


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text:
    Margarita Carrero Quiles, demandante y recurrente, v. Manuel Santiago Feliciano, demandado y recurrido,

      Número: RE-92-349

      Resuelto: 25 de junio de 1993

      José Ramón Méndez Purcell, de Servicios Legales de Puerto Rico, abogado de la recurrente; Rolando Emmanuelli Se-púlveda y Rolando Emmanuelli Jiménez, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

Nos toca resolver por primera vez si los fondos de un empleado en un plan patronal de compensación diferida tienen carácter de bien ganancial o si, por el contrario, se trata de bienes de carácter privativo.

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El 23 de abril de 1991 mediante sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, se decretó la disolución del matrimonio() existente entre Margarita Carrero Qui-les y Manuel Santiago Feliciano por la causal de trato cruel. Se le otorgó a la señora Carrero la patria potestad y la custodia de los tres hijos de 17, 14 y 13 años de edad habidos en el matrimonio y se dispuso que Santiago Feli-ciano pagaría una pensión alimentaria de $200.00 quince-nales para el sustento de los menores.

Meses más tarde, al Santiago Feliciano no haber cum-plido con el pago de la pensión alimentaria, el foro de ins-tancia ordenó que de los fondos relativos a este caso, que el Banco Popular había consignado en el tribunal, se retirase la cantidad que Santiago Feliciano adeudaba por alimen-tos y que el remanente pasara a formar parte de la división pendiente de bienes gananciales. Los fondos en cuestión eran unos que Santiago Feliciano poseía al momento de renunciar como empleado del Banco Popular el 29 de marzo de 1991, y consistían de dos partidas distintas, a saber: (1) las aportaciones de Santiago Feliciano a un plan de pensión del Banco Popular, con sus intereses; (2) la can-tidad acumulada en un plan de beneficios que tenía el Banco Popular para sus empleados conocido como “Plan De Compensación Diferida”.

El 30 de enero de 1992 Santiago Feliciano presentó una moción de sentencia sumaria en la que solicitó que el tribunal declarase que los fondos en el plan de compensación diferida, que sumaban $38,989.82, eran de carácter privativo. Con el beneficio de la comparecencia en oposi-ción de la señora Carrero Quiles, el 26 de mayo de 1992 el Tribunal Superior declaró con lugar la moción de sentencia sumaria. Entendió el foro a quo que, conforme a la juris-prudencia de Puerto Rico, “[e]l pago global del beneficio de un plan de retiro es privativo por constituir la liquidación total del derecho a la pensión”. Anejo I, pág. 2. Sobre esa base, determinó que los fondos en cuestión pertenecían al haber privativo del demandado Santiago Feliciano.

De dicha sentencia acudió a nos la demandante Carrero Quiles negando, en esencia, el carácter privativo de los fon-dos aludidos. El 9 de octubre de 1992 expedimos el recurso de revisión solicitado. Pasamos a resolver.

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En síntesis, la recurrente sostiene que las aportaciones del Banco Popular al plan de compensación diferida de Santiago Feliciano eran en realidad parte del salario de éste, por lo cual los fondos acumulados tienen carácter ganancial.

Para poder evaluar la controversia ante nos, es menes-ter precisar los rasgos principales del plan de beneficios en cuestión. Conforme al folleto del Banco Popular que describe el referido plan, titulado “Plan De Compensación Diferida”, el cual forma parte de los autos de este caso y que el foro sentenciador tuvo ante sí, el plan aludido tiene las características siguientes:

1. El plan es un “incentivo de trabajo” que ofrece el Banco a todos sus empleados regulares activos, luego de completár un año de servicios.

2. El plan consiste de aportaciones anuales que hace el Banco a través de un fideicomiso a una cuenta a nombre del empleado y esas aportaciones se determinan a base del salario del empleado, fluctuando entre un 0% y un 25% de este salario.

3. La cantidad que aporta el Banco depende del rendi-miento neto de los activos y del capital del Banco, por lo que el plan se considera como uno de participación en ga-nancias (Profit-Sharing Plan).

4. Si el empleado termina su empleo con el Banco antes de jubilarse y ha estado durante siete años o más en el plan, tiene derecho a recibir el valor total que haya acumu-lado su cuenta al momento de terminar el empleo. Si ha estado menos de siete años, tiene derecho a una parte de ese valor, dependiendo de los años de servicio (80% del valor si tiene 6 años de servicio; 60% si tiene 5 años; 40% si tiene 4 años, etc.).

5. El empleado tiene derecho a retirar hasta 50% de la cantidad, que tenga acumulada en su cuenta, en cualquier momento cuando sufra dificultades económicas serias tales como enfermedad, incapacidad, gastos médicos elevados, pérdida súbita de ingresos u otras que creen necesidades financieras urgentes.

6. Al momento de jubilarse, el empleado tiene derecho a retirar todos los fondos acumulados en un solo pago o puede recibir el total acumulado en plazos regulares du-rante un período de tiempo que no exceda de diez años.

7. Todo retiro de fondos es tributable para efectos de la Contribución sobre Ingresos durante el año en que el em-pleado reciba la cantidad retirada.

Es evidente, de acuerdo con la descripción anterior de los rasgos principales del plan, que éste es esencialmente una compensación adicional especial que el Banco paga a sus empleados por servicios prestados, a modo de beneficio marginal. Su rasgo más particular es que dicha compensa-ción es diferida; es decir, sólo se cobra de ordinario al mo-mento de la terminación del empleo, ya sea ésta volunta-ria, por incapacidad o por jubilación; o excepcionalmente, en caso de seria dificultad económica. Evidentemente se trata de un plan de un patrono de participación en ganan-cias para beneficio de sus empleados, organizado fiscal-mente como un fideicomiso de empleados, conforme a lo dispuesto por el Art. 165 de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 (13 L.P.R.A. sec. 3165).

¿Tiene, esta compensación especial para el empleado, carácter privativo o es un bien ganancial como cualquier otro emolumento salarial, conforme a lo dispuesto en él Art. 1301 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3641, según lo hemos interpretado en nuestra jurisprudencia?()

I — i HH

Citando a Borrell y Soler, ya hemos determinado que son bienes gananciales “todas las formas de retribuir la actividad productora” de cualquiera de los cónyuges. García v. Montero Saldaña, 107 D.P.R. 319, 330 (1978). Sin embargo, antes, en Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370 (1972), habíamos anticipado una ex-cepción a ese principio general del Derecho Civil. En Maldonado v. Tribunal Superior, supra, examinamos por primera vez el carácter de una pensión gubernamental por retiro, y aunque reconocimos que con arreglo al tenor literal del Art. 1301 del Código Civil, supra, dicha pensión tenía un aparente carácter ganancial, Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 375, terminamos concluyendo que la pensión aludida debía considerarse privativa para no desvirtuar la finalidad de la pensión y su naturaleza personalísima. Este criterio lo reiteramos posteriormente en Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89 (1981), en Delucca Román v. Colón Nieves, 119 D.P.R. 720 (1987), y en Benítez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302 (1990). En todos estos casos destacamos el carácter especialísimo de la pensión por retiro señalando que ésta “constituye un seguro de dignidad” para que la persona que dedicó al tra-bajo productivo sus años fecundos, no tenga que “encon-trarse en la etapa final de su vida en el desamparo o con-vertido en carga de parientes o del Estado”. Rosa Resto v. Rodríguez Solís, supra, pág. 92. Hicimos hincapié en que la pensión por retiro consistía de “cantidades módicas para la subsistencia de los jubilados durante los años de mayor desvalimiento económico”. De esta finalidad de la pensión por retiro derivamos su naturaleza personalísima. Ade-más, en Maldonado v. Tribunal Superior, supra, nos hici-mos eco de las expresiones de comentaristas como Planiol y Ripert, Colín y Capitant, y LaCruz Berdejo quienes habían apuntado ya la incongruencia de que al momento del divor-cio el titular de la eventual pensión presuntamente ganan-cial tuviese que dividir los plazos indeterminados y contin-gentes de su futuro retiro con un ex cónyuge que no iba a compartir con él las incertidumbres de la vejez. Por estas razones, y a modo de excepción, resolvimos que la pensión por retiro es un bien privativo, no obstante haberse adqui-rido a costa del caudal común de los esposos mediante las aportaciones salariales de uno de ellos.

Como dato que también resalta el carácter excepcional de nuestra determinación sobre la pensión por re-tiro, debemos señalar que también hemos resuelto que aunque dicha pensión en sí es un bien privativo, las mensualidades que se reciben de dicha pensión deben considerarse como gananciales si el jubilado las percibe estando casado, Maldonado v. Tribunal Superior, supra, pág. 377; y que las aportaciones que un cónyuge pensionista hace a su plan de retiro son también de naturaleza ganancial, por lo que la sociedad de gananciales tiene derecho a un crédito por el importe total de dichas aportaciones al momento de su disolución, Rosa Resto v. Rodríguez, supra, pág. 93.

IV

A la luz de lo ya señalado, surge claramente que son de carácter ganancial los fondos que tenía acumulados el de-mandado Santiago Feliciano en el plan de compensación diferida que'tenemos ante nuestra consideración. Dicho plan de compensación diferida no era propiamente un plan de retiro ni exhibía las características especiales que, en el caso de la pensión por retiro, nos llevaron a hacer una ex-cepción al principio normativo general, conforme al cual toda forma de retribución de la actividad productiva de un cónyuge tiene carácter ganancial.

Distinto a lo ocurrido en Benitez Guzmán v. García, supra, no tenemos aquí una situación donde un empleado que ya había cumplido 65 años de edad y 30 años de servicio en una empresa era acreedor a la pensión por re-tiro instituida por dicha empresa. En el caso de marras, el empleado aportaba a un plan de pensión del Banco y, además, participaba también en otro plan distinto de compensación diferida que el Banco tenía para sus empleados. Los fondos en el plan de compensación diferida no eran primor-dialmente un “seguro de dignidad” para la subsistencia del empleado “en la etapa final de su vida”, sino que era dinero que podía ser retirado por el empleado antes de su jubila-ción si éste encaraba dificultades económicas serias o si dejaba su empleo en el Banco. Dichos fondos tampoco eran aportaciones que el empleado había hecho, junto a otras patronales, a un caudal actuarial para la jubilación, como de ordinario sucede en los planes de retiro. Los fondos, más bien, eran una retribución por servicios cuyo pago el pa-trono postergaba porque fiscalmente era conveniente tanto al patrono como al empleado. En efecto, el sentido real del plan de compensación diferida surge de su naturaleza como un esquema contributivo que le permitía al patrono establecer un fideicomiso de empleados que no era tributa-ble y que le ofrecía ventajas significativas tanto al patrono como al empleado en relación con sus respectivas contribu-ciones sobre ingresos. Sobre este particular, véanse: F. Castillo y M.A. Rivera, Tax Aspects of Keogh and Profit Sharing Plans, 2 Puerto Rico Tax Reports Sec. 250-025 (1988); Deferred Compensation, 1 Puerto Rico Tax Reports Sec. 11-400 et seq. (1989); 2 Puerto Rico Taxes Sec. 12,381 et seq. (1993). Y en el propio reglamento del Departamento de Hacienda sobre estos planes se hace una clara distinción, al menos para fines contributivos, entre un “plan de pensio-nes” y un “plan de participación en ganancias”. Fideicomisos de Empleados, 2 Puerto Rico Tax Reports Sec. 301-375 (Sec. 3165-1 (1992)).

Al ponderar las razones para no extender a los fondos del plan de compensación diferida ante nos la particular excepción que hemos establecido en casos de pensión por retiro, hemos tenido en cuenta que esos fondos no se origi-naron de modo alguno en el caudal propio del demandado. Por el contrario, los fondos en cuestión se acumularon en el plan bancario precisamente durante los años que Santiago Feliciano y la señora Carrero Quiles estuvieron casados, como productos del trabajo de uno de los cónyuges. Su ori-gen consorcial es, pues, indisputable, como lo es también el inexorable mandato del Código Civil de que al disolverse el matrimonio, el marido y la mujer harán suyos por mitad los beneficios obtenidos por cualquiera de ellos durante el mismo matrimonio. 31 L.P.R.A. sec. 3621. Haríamos grave violencia al patente entramado de nuestro Derecho Civil si resolviésemos que tales fondos son privativos. Haríamos grave violencia además a la fuerte política constitucional que existe en Puerto Rico “de lograr la igualdad entre los esposos y proteger a la mujer, por tantos siglos marginada, contra una posible manipulación de las normas”. (Enfasis suplido.) Toppel v. Toppel, 114 D.P.R. 775, 791 (1983). Ello es así porque, a fin de cuentas, la cuestión real en el fondo de este caso es si a la señora Carrero Quiles le corresponde la mitad de los beneficios resultantes del trabajo de Santiago Feliciano mientras ellos estuvieron casados. Resolver que los fondos en disputa son de carácter privativo, por el solo hecho de ser parte de un plan patronal de compensa-ción diferida, constituiría permitir una manipulación de las normas fiscales y patronales para desposeer a una es-posa de lo que de otra forma hubiese sido suyo. No hay razón ni en derecho ni en justicia para hacernos parte de tal manipulación.

Por las razones expuestas, se dictará sentencia que re-voque la dictada por el tribunal de instancia el 26 de mayo de 1992.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton disintió con opinión escrita.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton.

Por entender que el pago global de los fondos deposita-dos a nombre del empleado a tenor con el Plan de Compen-sación Diferida del Banco Popular pertenece privativa-mente al empleado que lo recibe, disentimos.

En vista de los propósitos que lo animan, de los benefi-cios que confiere al empleado y de los requisitos que éste tiene que reunir para hacerse acreedor de ellos, es inevitable concluir que el Plan de Compensación Diferida goza de características que lo convierten en un privilegio persona-lísimo del empleado, y como tal debe recibir el mismo trato-jurídico que confiere nuestro ordenamiento a la pensión de retiro. Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370, 377 (1972).()

Surge del folleto informativo publicado por el Banco Popular (en adelante el Banco), que el Plan de Compensación Diferida (en adelante el Plan) tiene como objetivo proveer al empleado un incentivo de trabajo en pro de los objetivos del Banco y una seguridad al momento de la jubilación. Plan de Compensación Diferida, Resumen del Plan (Anejo XI).() A esos fines, el Plan confiere a los empleados “unos beneficios extraordinarios a la edad de pensión” y “adquie-re su verdadero significado en el momento de la jubilación”. Anejo XI, pág. 36.

El Plan se estructura como un fideicomiso de empleados al amparo de la Ley de Contribuciones, de modo que tanto el banco como el empleado reciben beneficios contributivos; así, ni el Banco tendrá que pagar contribuciones sobre los fondos depositados en el fideicomiso, ni el empleado tendrá que tributar por los fondos consignados a su nombre hasta que los retire. El folleto informa que, “[a]l igual que cual-quier otro retiro, todo pago de beneficio es tributable para efectos de Contribución Sobre Ingresos en el año en que [reciban el pago]”. Anejo XI, pág. 38.

No se exige a los empleados que hagan aportación al-guna de su sueldo. Su contribución es “el esfuerzo que [debe] poner día a día para el éxito de los objetivos del Banco”. Anejo XI, pág. 33. Para adquirir el derecho a par-ticipar en el Plan, el empleado deberá cuando menos com-pletar ün año de servicio. Íd. A partir de entonces, el Banco hace aportaciones anuales a través de un fideicomiso, a una cuenta a nombre del empleado. El monto de la aporta-ción se determina según el salario del empleado y depende del rendimiento neto de los activos y el capital del banco, Íd., págs. 33-34. Esto último es lo que le da el carácter de un plan de participación en ganancias, o Profit Sharing Plan.

Si el empleado termina sus servicios antes de haber cumplido tres (3) años en el empleo, no habrá adquirido derecho alguno a recibir el pago de los fondos a su nombre. A partir de los tres (3) años de servicio, se hará progresi-vamente acreedor de un por ciento de esos fondos, comen-zando con veinte por ciento (20%) a los tres (3) años y ter-minando con cien por ciento (100%) a los siete (7) años. Anejo XI, pág. 35. No obstante, en cualquier momento puede retirar hasta un cincuenta por ciento (50%) de éstos en caso de tener una necesidad económica seria. Íd., pág. 5. Al jubilarse, puede optar entre retirar el total de los fondos o recibirlos mediante pagos periódicos por no más de diez (10) años. Íd., pág. 36.

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El esquema anterior demuestra que, en lo que atañe al empleado, el Plan reviste numerosas características de un plan de pensión. Primero, y al igual que la pensión, el Plan está dirigido a proteger económicamente al empleado en el momento de la jubilación. Véase, e.g., Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 92 (1981). Segundo, el empleado tiene que trabajar un número de años determinado antes de ser acreedor de estos beneficios. Además, el monto de los pagos varía dependiendo del número de años de servicio y del salario del empleado. Maldonado v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 370, 373-374 (1972). Lo mismo sucede con la pensión. Tercero, el empleado no tiene que tributar nada hasta que retire los fondos. Tampoco tiene que tributar nada sobre sus derechos acumulados en el plan de pensión hasta tanto se le pague ésta. Cuarto, al igual que el plan de pensión visto en Benitez Guzmán v. García Merced, 126 D.P.R. 302 (1990), el empleado nada aporta al Plan.()

Hay también razones de índole práctica que aconsejan que reconozcamos el carácter privativo del pago global de los fondos del Plan. Por ejemplo, un ex cónyuge no debe poder exigirle al otro que retire los fondos del plan de com-pensación diferida antes de su jubilación, para así compu-tarlos como parte de la masa común en un pleito para li-quidar la sociedad de gananciales.() Por eso, la división de la masa común nunca estaría completa hasta el momento en que el empleado se retirara, lo cual podría suceder años después del divorcio. Además, luego de haber recibido los fondos, habría que prorratear su pertenencia según los años de matrimonio con el ex cónyuge, y el valor del plan de compensación diferida devengado durante éste.

Las complicaciones inherentes a la norma sentada por este Tribunal hoy son evidentes. Más práctica, sabia y ju-rídicamente sólida es la norma que reconoce el carácter ganancial de los pagos periódicos percibidos durante el ma-trimonio, pero que preserva el carácter privativo del dere-cho a la anualidad conferido por el Plan, y de su liquida-ción mediante pago total.

Por las razones que anteceden, disentimos.

      (1) El matrimonio se contrajo el 15 de julio de 1972, según se desprende de la sentencia de divorcio.

      (2) Hemos resuelto expresamente que el salario de cualquiera de los cónyuges es ganancial. Valiente & Cía. v. Corte, 68 D.P.R. 529 (1948); Fernández v. Condado Beach Hotel, 72 D.P.R. 941 (1951); Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 93 (1981).

      (1) En efecto, la propia recurrente, en sus alegatos ante este Foro, implícita-mente reconoce que la anterior es la conclusión inevitable que se desprende de nues-tra jurisprudencia. Alegato de la recurrente, págs. 7-10. Toda su argumentación se dirige a los efectos de que establezcamos una excepción a la norma. No obstante, la recurrente en este caso tiene otros medios para proteger el derecho de sus hijos a que su padre les provea alimentos, sin que sea necesario trastocar la normativa vigente.

      (2) Refiérase al Apéndice de la Petición de Revisión, Anejo XII, pág. 30 et seq.

      (3) Entendemos que tampoco pueden imputarse a la sociedad de gananciales las ganancias del Banco que, después de todo, son las que determinan el monto de los fondos depositados a nombre del empleado bajo el plan de compensación diferida.

      (4) Nuestra jurisprudencia parecería impedir ese resultado. Véase Rosa Resto v. Rodríguez Solis, 111 D.P.R. 89, 95 (1981).