text:
    Roig Commercial Bank, demandante y recurrido, v. Daniel Rosario Cirino, demandado; Antonia Rosario Romero, etc., interventores y recurrentes.

      Número: RE-86-597

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Francisco Guzmán Rivera y Reinaldo Pérez Ramírez, abogados de los recurrentes; Máximo Molina Fragosa, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 19 de agosto de 1983 Roig Commercial Bank (el Banco) presentó en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, demanda de cobro de dinero y ejecución de hipoteca contra Daniel Rosario Cirino. Alegó, en síntesis, que el demandado obtuvo un préstamo personal y suscribió un pagaré a la orden del Banco por la suma de $30,000 cuya obligación principal garantizó mediante la en-trega, en carácter de prenda, de un pagaré al portador por la cantidad de $100,000. Este pagaré estaba garantizado, a su vez, con una hipoteca constituida mediante la Escritura Núm. 17 otorgada en San Juan el 29 de noviembre de 1982 ante el notario Rafael Rodríguez Álvarez, que gravaba el inmueble siguiente:

“RUSTICA”: Compuesta de cinco (5) cuerdas y cinco sextas (5/6) partes de otra. Radicada en el sitio conocido por “Los Frailes” del Barrio de Torrecillas de la Municipalidad de Lo[í]za. Colindante por el Norte con la zona marítima, por el Sur con Luis Castro, antes Doña Romana Vizcarrondo, por el Oeste con [Brígido] Rosario París y al Este, con [Felicita] Rosario París. Exhibit 3-A, Apéndice 23.

[INSCRITA] al Folio n[ú]mero 36, del Tomo 154 de Loíza, [F]inca número 8,109 en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, Sección Séptima (7ma) de San Juan. Exhibit II, Apéndice 14.

El Banco alegó, además, que Rosario Cirino no había satisfe-cho la deuda, la cual estaba vencida, era líquida y exigible.

Rosario Cirino no compareció. El 13 de febrero de 1985 el tribunal de instancia dictó sentencia en rebeldía a favor del Banco. Así las cosas, el 10 de abril de 1985, Antonia, Cándida, Marcolina y José —de apellidos Rosario Romero— solicitaron intervención. Alegaron ser los únicos y universales herederos de su padre Brígido Rosario París, quien había fallecido el 22 de enero de 1956. Adujeron que su padre era el dueño del inmueble hipotecado y que el demandado Rosario Cirino no pudo haberlo adquirido legalmente como expresaba la Escritura Núm. 2 de 12 de marzo de 1982, pues a esa fecha hacía veintiséis (26) años que su padre había fallecido.() Reclamaron la nulidad del contrato de compra-venta y de la hipoteca. Solicitaron, además, que se anularan las inscripciones regístrales resultantes; se dejara sin efecto la Sentencia de 13 de febrero de 1985; se les reconociera como los propietarios de la finca en cuestión, y se ordenara la inscripción registral a su favor. El Banco se opuso y alegó ser tercero registral.

El 28 de agosto de 1985, después de permitir la intervención, el tribunal ordenó la paralización de la ejecución de la sentencia. Más adelante ordenó la anotación de la demanda de intervención en el Registro de la Propiedad y la denegación de cualquier solicitud de inscripción relacionada con la propiedad hasta tanto se dispusiera de otra manera.

A solicitud de los interventores Rosario Romero et al., y sin oposición del Banco, el 21 de abril de 1986 el tribunal (Hon. Roberto Bird Hoffmann, Juez) dictó “Sentencia sumaria parcial sobre titularidad” en la que declaró nulo el contrato de compra-venta; ordenó al Registrador de la Propiedad que anulara su inscripción y que inscribiera la propiedad en cuestión a nombre de Antonia Rosario Romero, Cándida Rosario Romero, Marcolina Rosario Romero y José Rosario Romero en común pro indiviso. Señaló, además, que quedaba pendiente de resolverse todo lo relacionado con la deuda de $30,000, la procedencia o no de la ejecución de hipoteca y la sentencia; la impugnación de los interventores en cuanto a la hipoteca y la sentencia, y otros aspectos.

El 12 de mayo de 1986 el Banco solicitó enmienda, determi-naciones de hecho y conclusiones de derecho adicionales y reconsideración. Los interventores objetaron. Alegaron que la oposición era tardía y acomodaticia y que la sentencia, en el inciso (6) de su parte dispositiva, dejaba pendiente resolver la alegada condición de tercero registral del Banco.

Cinco (5) meses después, el tribunal de instancia, sin proce-dimiento previo alguno, reconsideró y dictó lo que llamó Sentencia Sumaria en Reconsideración sobre Titularidad y Tercero Registral. Ratificó la nulidad del contrato de compraventa y, entre otras determinaciones, dispuso que el Banco era tercero registral.

Inconformes, los interventores recurrentes Rosario Romero, et al. señalan ante nos varios errores que pueden resumirse en la violación al debido proceso de ley al dictar sentencia sumaria en reconsideración sin tener jurisdicción (por haber transcurrido el término para ello) y negarle la oportunidad de impugnar la Sentencia de 13 de febrero de 1985 y la alegada condición de tercero registral del Banco.

En auxilio de nuestra jurisdicción ordenamos la paralización de los procedimientos de ejecución de la sentencia y concedimos al demandante recurrido y al demandado Rosario Cirino término para que mostraran causa por la cual no debíamos modificar o dejar sin efecto la sentencia recurrida y ordenar que se celebrara una vista plenaria en la que los interventores recurrentes tuvieran amplia oportunidad de presentar prueba sobre si el Banco es un tercero registral conforme a las disposiciones de la Ley Hipóte-caria y sobre las imputaciones de fraude() levantadas por estos, así como cualesquiera otros extremos relevantes a los asuntos planteados ante nos. Frevia comparecencia del Banco, resolve-mos.

II

Tal y como determinó el tribunal de instancia, el contrato de compraventa es nulo. Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 591 (1990); Sánchez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172, 178 (1985). For lo tanto, Rosario Cirino nunca adquirió válidamente el dominio de la finca que es objeto de la ejecución de hipoteca. Este hecho crucial, alegado por los interventores recurrentes y acep-tado por el Banco, dio fundamento para que se dictara sentencia sumaria parcial sobre la titularidad del inmueble sin disponer de la totalidad del pleito, lo que está permitido por la Regla 43.5 de Frocedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Esa determinación de derecho fue reiterada en la sentencia sumaria que más adelante dispuso del pleito.

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Es doctrina reconocida que el propósito cardinal de la regla que permite dictar sentencia sumaria es promover una solución justa, rápida y económica de la litigación cuando no existe una genuina controversia de hechos. Camaleglo v. Dorado Wings, Inc., 118 D.P.R. 20 (1986); Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986); Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263 (1971); Roth v. Lugo, 87 D.P.R. 386 (1963). El sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de “su día en corte”, principio elemental del debido procedimiento de ley. Es por esta razón que el tribunal debe cerciorarse de la total inexistencia de controver-sias de hecho y que el residuo sea la aplicación del derecho. Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83 (1987).

En el caso que nos ocupa, tienen razón los interventores recurrentes al argumentar la improcedencia de la sentencia sumaria sobre la condición de tercero registral del Banco.()

De las alegaciones de las partes se deduce que existen legítimas controversias de hecho que ameritan un juicio en su fondo para dirimirlas. No puede pasar por alto que el Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2355, exige que se pruebe la concurrencia de varios requisitos para obtener la protección registral, entre ellos, la buena fe del adquirente del derecho real. Y si bien es cierto que se presume la buena fe “[c]omo presunción legal inris tantum, el [que la impugna] tiene la carga de probar la mala fe del adquirente”. Este aspecto es una cuestión de hecho que debe apreciar el tribunal de instancia. Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra. Una vez fue impugnada la presunción de buena fe del Banco, los interventores recurrentes tenían derecho a presentar prueba para derrotarla. De otra manera, se convertiría en una presunción incontrovertible, característica que rechaza nuestro ordenamiento evidenciario y constitucional. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, págs. 39-42; E.L. Chiesa, Sobre la validez constitucional de las presunciones, XIV Rev. Jur. U.I.A. 727 (1980).

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto y se dictará sentencia modificatoria del dictamen sumario en cuanto a la tercería registral. Así modificado, será confirmado. Se remitirán al foro de instancia los autos originales para la continuación de los procedimientos compatibles según resuelto e intimado en nuestra orden para mostrar causa.

El Juez Presidente Señor Pons Núñez no intervino.

      (1) Para inscribir el derecho de propiedad de Don Brígido Rosario París se efectuó un trámite de información Ad, Perpetuam Rei Memoriam de la Escritura Núm. 133 otorgada en San Juan el 1ro de septiembre de 1928 ante el notario Adrián Agosto Abadía (Civil Núm. 82-2600). En este procedimiento, Daniel Rosario Cirino compareció como peticionario en el Tribunal Superior, Sala de Carolina (Hon. Juez Roberto Bird Hoffmann, Juez).

      (2) El asunto fue referido al Procurador General para investigación. El 2 de noviembre de 1987 rindió un informe que se halla ante nuestra consideración.

      (3) En Calo Rivera v. Reyes, 115 D.P.R. 123, 127-128 (1984), determinamos que no procedía dictar sentencia sumaria en una acción civil en cobro de pagaré hipotecario porque existía controversia respecto a si el tenedor demandante era litigante de buena fe o testaferro.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Hernández Denton,

license: Public Domain

text:
    Víctor R. Fajardo, demandante y peticionario, v. Departamento de Instrucción Pública, demandado y recurrido.

      Número: CE-88-178

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Héctor Urgell Cuevas, abogado del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Nilda P. Fuentes Ortiz, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Adjudicamos el derecho, si alguno, que tiene Víctor R. Fajardo —maestro transitorio-elegible del Departamento de Instrucción Pública (D.I.E)— a una plaza de categoría similar a la que en tal carácter ocupó una vez demostró su capacidad para descargar ese puesto y aprobó el período probatorio de dos años.() Veamos.

I — I

Víctor R. Fajardo, empleado de carrera del D.I.E, ocupo en propiedad una plaza de Superintendente Auxiliar III en el Distrito Escolar de Bayamón hasta el 19 de octubre de 1981. En esta fecha fue nombrado, con carácter de transitorio-elegible, a la plaza Núm. 0098 de Superintendente Escolar IV del Distrito Escolar IV del Municipio de Bayamón. Esta designación se efectuó mediante el procedimiento de selección y reclutamiento de personal docente vigente en aquel momento, el cual requería que los candidatos se sometieran a una cualificación en cuanto a idoneidad y capacidad. ()

En vista de que para el 31 de marzo de 1985 surgiría una vacante en la plaza Núm. 0095 de Superintendente Escolar IV en esa municipalidad, el 25 de marzo Fajardo se comunicó con la entonces Secretaria Awilda Aponte Roque y le solicitó que le asignara permanentemente a esa plaza. En su escrito señaló que había ocupado el puesto de Superintendente, como sustituto, por más de dos años, que la plaza que habría de quedar vacante era de igual categoría a la que ocupaba y que era el Superintendente de Escuelas con mayor antigüedad en dicha categoría sin permanen-cia en ese municipio.

El 30 de mayo de 1985 el Secretario Interino Ramón Ramos Alvarado denegó esa solicitud. Le informó a Fajardo que la adjudicación de la plaza Núm. 0095 —en virtud de la interpreta-ción que el D.I.E daba a la decisión del Tribunal Superior, Sala de San Juan, en el caso de Edilberto Rodríguez v. Departamento de Instrucción Pública, PE-77-850— le correspondía en primera instancia al incumbente sustituto de dicha plaza.() En la alterna-tiva, le indicó que de aplicar lo dispuesto en la See. 7.4 del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instruc-ción Pública, procedería una certificación de candidatos elegibles para cubrir la vacante, por lo que la solicitud era improcedente.

El 12 de junio de 1985, Fajardo fue notificado de su remoción del puesto de Superintendente de Escuelas IV ante el retorno de Ángeles Tirado, a quien pertenecía dicha plaza en propiedad. Por tal razón, efectivo el 1 de julio de 1985, fue reasignado a la plaza que ocupaba anteriormente de Superintendente Auxiliar III.

Posteriormente, el 10 de julio de 1986, mientras Fajardo se encontraba bajo licencia especial sin sueldo desempeñándose como Sub Director del Programa de Desarrollo Comercial del Municipio de Bayamón, nuevamente solicitó a la Secretaria Aponte Roque que se le asignara otra plaza de Superintendente de Escuelas IV que habría de quedar vacante en ese municipio. En esta ocasión, su petición versó sobre la plaza Núm. 0098 —ocupada originalmente por Fajardo de forma consecutiva desde el 19 de octubre de 1981 hasta el 30 de junio de 1985 en el Distrito Escolar IV de Bayamón— que quedaría vacante el 8 de agosto de 1986, debido a la jubilación de su incumbente en propiedad.

La Secretaria Auxiliar de Personal, Zayda M. Robles de Delgado, le informó que esa plaza habría de cubrirse mediante el procedimiento de certificación de elegibles. Ello a pesar de que esta notificación estaba fechada el 3 de septiembre de 1986, y con anterioridad —29 de julio de 1986— esta misma persona, Robles de Delgado, había solicitado y autorizado la reclasificación de dicha plaza (Núm. 0098) a una posición de Superintendente de Escuelas III. Esta reclasificación fue aprobada finalmente el 1 de agosto de 1986 por Rubén Rojas Marrero, Director de la División de Clasificación y Retribución del D.I.E

Así las cosas, el 1ro de julio de 1985 Fajardo apeló a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P). Impugnó la negativa del D.I.P a que se le nombrase con carácter permanente en una plaza de Superintendente Esco-lar IV en el Distrito Escolar de Bayamón. En esencia, alegó que ello le privaba de su derecho —como empleado de carrera— a ascender dentro del sistema del D.I.P

Luego de diversos trámites, el Oficial Examinador rindió a J.A.S.A.P el informe correspondiente. Recomendó que se recono-ciese el derecho de Fajardo a un puesto de Superintendente Escolar IV J.A.S.A.E rechazó el mismo y declaró sin lugar la apelación. Inconforme, Fajardo recurrió al Tribunal Superior, Sala de Bayamón (Hon. Bárbara M. Sanfiorenzo, Juez), el cual opor-tunamente declaró no ha lugar el recurso.

A solicitud de Fajardo, acordamos revisar y examinar los señalamientos siguientes:

1. Erró la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal ya que teniendo ante s[í] el reclamo de un maestro sustituto, en vez de aplicar a la controversia la [L]ey de Permanen-cia determinó, erróneamente, que éstos son empleados transitorios sin derecho a la permanencia a pesar que desde 1938 estos maestros sustitutos poseen legítimo derecho a la permanencia. El Honorable Tribunal incidió gravemente al rehusar expedir auto para enjuiciar la juri[dici]dad de la decisión.
2. Erró el Honorable Organismo recurrido al no exponer ni adjudicar la conducta ambigua y contradictoria de la agencia que, ante una misma situación, confiere derechos de permanencia a un empleado como maestro sustituto pero los niega al recurrido aduciendo que entonces cumple con el Principio d[e] Mérito cuando el recurrente había ya aprobado su período probatorio y tenía la mayor antig[ü]edad, lo cual, de acuerdo a las normas vigentes configuró su derecho.
La negativa del Honorable Tribunal de instancia a revisar este atropello constituyó un fracaso de la justicia.

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La controversia que plantean ambos señalamientos se reduce a determinar si, a la luz de las disposiciones de la Ley de Permanencia de los Maestros y del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública, Fajardo tenía derecho a que se le otorgase —con carácter permanente— una plaza vacante de Superintendente Auxiliar IV en el Municipio de Bayamón.() Acometamos esa tarea.

La Ley de Permanencia de los maestros fue aprobada para establecer la selección de maestros de escuelas “sobre una base científica, imparcial y [para] conseguir personal de alta capacidad, asegurándoles un empleo permanente”. González v. Gallardo, Comisionado, 62 D.P.R. 275, 284 (1943). “Fué la intención, inter alia, proteger a los buenos maestros ... de [tener que] someterse compulsoriamente a las influencias políticas de aquéllos que tienen el poder de otorgar o retirarles el nombramiento; y de asegurarles empleo a tales maestros, después de un largo período de servicios satisfactorios. . ., prescindiendo de los vaivenes de la política o las preferencias de aquéllos que tienen en sus manos la administración de asuntos escolares.” Andrews v. Union Parish School Board, 184 So. 574, 578 (La. 1938), citado en González v. Gallardo, Comisionado, supra, pág. 288. Por tal razón, sus disposiciones, junto con las del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública, deben interpretarse liberalmente en favor de aquellos para cuya protec-ción fue aprobada y para salvaguardar los intereses públicos perseguidos.

Al presente, la Ley de Permanencia, en su Sec. 1, establece:

Todo maestro en servicio activo en las escuelas públicas, mediante nombramiento hecho de conformidad con la Ley Escolar, los reglamentos del Departamento de Instrucción Pública y los regla-mentos de la Junta Estatal de Instrucción Vocacional, Técnica y de Altas Destrezas, y que haya ejercido como tal en cualquier categoría de escuela durante el período probatorio que se especifica más adelante, tendrá derecho a ser contratado con carácter permanente en la categoría correspondiente en que esté ejerciendo al expirar dicho período probatorio sin otras pruebas de calificación o capaci-dad profesional que la posesión de una licencia regular de la misma categoría del puesto que ocupa el maestro y haber realizado, ajuicio del Departamento de Instrucción Pública, labor satisfactoria. Para los efectos de las sees. 214 a 218 de este título, no se tomará en consideración el tiempo que los maestros ejerzan en calidad de provisionales. Tales maestros tendrán derecho a ser contratados con carácter permanente en el municipio en que están ejerciendo al expirar el período probatorio. El tiempo trabajado por los maestros con certificado regular en calidad de sustituto y que hayan realizado labor satisfactoria en puestos de la misma categoría se convalidará como período probatorio. La equivalencia de los dos (2) años de período probatorio comprenderá el trabajo realizado con contrato sustituto o probatorio durante dos (2) años consecutivos. Tales maestros tendrán derecho a ser contratados con carácter probatorio o permanente en el municipio donde estén trabajando cuando les corresponda una plaza en propiedad. 18 L.PR.A. see. 214.

El propósito claro de este estatuto es “establecer que el maestro que sea contratado como sustituto [(transitorio-elegible)] se le convalidará el período trabajado como tal para los efectos de concederle la permanencia si surge una plaza regular en el distrito escolar en que esté trabajando y si le correspondiese la misma”. Alcance de la Medida, Ley Núm. 77 de 30 de mayo de 1970, enmendatoria de la Ley de Permanencia, 24 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), Parte 1, pág. 1386 (1970). Esta medida diáfanamente reconoce “que el tiempo trabajado por los maestros con certificado regular en calidad de sustituto o provisional se convalidará como un período probatorio, siempre y cuando haya ejercido como tal durante dos (2) años consecutivos”. (Énfasis suplido.) Alcance de la Medida, Ley Núm. 7 de 19 de marzo de 1971, enmendatoria de la Ley de Permanencia, 25 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), Parte 1, pág. 429 (1971).

Sin embargo, cabe dejar sentado que el maestro sustituto —que ha cumplido por lo menos dos años consecutivos de labor satisfactoria en el puesto— no adquiere automáticamente un derecho a permanencia en la categoría de puesto objeto de la sustitución ni aun una expectativa de retención en la misma plaza que ocupa. Como maestro sustituto, su derecho está supeditado a que surja una vacante en el mismo municipio en que presta servicios y a que le corresponda esa plaza.

Para determinar si una plaza vacante corresponde a un maestro sustituto es necesario recurrir a las disposiciones del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública, específicamente al Art. 7 relativo al reclutamiento y selección de personal directivo, técnico y de supervisión. La selección de personal para cubrir vacantes en las plazas de Superintendente de Escuelas debe ajustarse a los criterios y procedimientos establecidos en el artículo citado. Veamos.

Todo aspirante a un puesto directivo, técnico y de supervisión en el D.I.P competirá para las plazas disponibles, sujeto a los principios del sistema de mérito. El citado reglamento dispone que se habrá de asignar una lista de turnos para cada plaza de acuerdo con la puntuación obtenida por el aspirante al valorizar una serie de criterios. Como criterios, la See. 7.2 del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública consigna: preparación e índice académico, años de servicio, pun-tuación en examen escrito y calidad de la labor realizada por el aspirante. Posteriormente, de esa certificación de elegibles —contentiva de los nombres de los diez candidatos con la puntua-ción más alta— será seleccionado el candidato para cubrir la vacante. Sólo en situaciones excepcionales podrá prescindirse de este procedimiento.

Una lectura detenida de la See. 7.4 del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública —relativa a la selección de candidatos— refleja las dos situaciones en que la plaza vacante podrá ser llenada a través de un procedimiento distinto al de certificación de elegibles. La primera, cuando la plaza vacante requiere de cualificaeiones especiales. En esta situación, puede utilizarse el procedimiento especial de reclutamiento y selección autorizado en la See. 7.4(9) de dicho reglamento. Este procedimiento especial atenderá los requisitos mínimos establecidos para la plaza en cuestión con el propósito de asegurar la selección del candidato idóneo y capacitado.

La segunda situación visualizada —también a manera de excepción— se presenta cuando se ha agotado la lista de los candidatos elegibles para la plaza. En estas circunstancias podrá autorizarse “la certificación de candidatos transitorios, cualifica-dos, quienes, al ser ascendidos, desempeñarán sus plazas sola-mente por el período restante del año escolar en que haya surgido la vacante”. (Énfasis suplido.) See. 7.4(4) del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública. Alternativamente, puede recurrirse al procedimiento especial de reclutamiento y selección conforme a la See. 7.4(9) de este reglamento.

Para entender cabalmente la dinámica que proyectan estas disposiciones reglamentarias, es necesario destacar que el candidato transitorio a que se refiere la See. 7.4(4) del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública no es el conocido como transitorio-elegible o sustituto. Esta sección trata sobre el maestro tmnsitorio-provisional, que no posee certificado regular de maestro para la plaza vacante en cuestión. La distinción, más que de nomenclatura, es sustantiva. El candidato que posee certificado regular de maestro para la categoría correspondiente se le califica como transitorio-elegible y está capacitado para ocupar la plaza vacante en cuestión. Como tal, es acreedor a figurar en el registro de candidatos elegibles y, por ende, le aplica el proceso de selección competitivo antes detallado.()

La capacidad y preparación del maestro transitorio elegible fue claramente reconocida por la Legislatura cuando al enmendar en 1970 la Ley de Permanencia de los maestros recalcó que:

La distinción entre un maestro probatorio y un sustituto o [transitorio-]provisional no estriba en su preparación académica ni en su experiencia. Depende de que la plaza que ocupe el maestro sustituto o [transitorio-jprovisional en su distrito escolar o munici-pio esté o no gravada con un derecho de permanencia de otro maestro. (Enfasis suplido.) Alcance de la Medida, Ley Núm. 77 de 30 de mayo de 1970, supra.

Lo expuesto nos permite esbozar preliminarmente una importante conclusión. Cuando surge una vacante en un distrito escolar y hay candidatos elegibles para ocuparla, al candidato seleccionado se le denominará “maestro probatorio” o “maestro transitorio-elegible”, dependiendo del hecho de si la plaza vacante pertenece o no a otro en propiedad. Si no pertenece en propiedad a otro maestro, el aspirante pasa a ser maestro probatorio y adquiere el derecho a ocupar esa plaza con carácter permanente una vez se desempeñe satisfactoriamente en ésta durante el período probatorio de dos años consecutivos.

En cambio, de pertenecer en propiedad la plaza vacante a otra persona, al maestro se le denominará como maestro transitorio-elegible. Una vez la ocupe de manera satisfactoria por un término mínimo de dos años consecutivos, adquiere el derecho a ocupar oportunamente una plaza —de la misma categoría y nivel— cuando surja una vacante en el municipio en que labora. Esta plaza vacante podrá pertenecer en propiedad a otra persona, en cuya situación la ocupará como transitorio-elegible. De no estar gravada, entonces se le concederá con carácter permanente.

Ante este trasfondo legislativo y reglamentario, no podemos refrendar la tesis del Departamento de Instrucción Pública expositiva de que “[l]o que permite este articulado es el que se le acredite el tiempo trabajado en una plaza [ocupada con status] transitorio-elegible o sustituto, como período probatorio siempre que haya sido evaluado satisfactoriamente”. Informe del Procu-rador, pág. 7.

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La normativa y dinámica legal reglamentaria en torno a los derechos y prerrogativas de los maestros transitorios-elegibles no dispone del recurso. Queda por resolver si efectivamente se violó el derecho de Fajardo a ocupar la plaza reclamada. Para ello, es menester examinar el rango de los derechos de los maestros transitorios-elegibles una vez aprueban el período probatorio.

Ni la Ley de Permanencia de los maestros, como tampoco el Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instruc-ción Pública proveen nada sobre el particular.

Sin embargo, ese silencio estatutario y reglamentario no es óbice para llenar el vacío a base del principio cardinal de mérito representado por el factor de antigüedad. Al así resolverlo, simplemente aplicamos por analogía un proceso evaluativo existente en el Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública para la solución de controversias similares a la presente. A tal efecto, la Sec. 10.4(d) de este reglamento dispone un orden de prelación mediante el cual se decretarán las cesantías de personal. Las mismas se harán conforme a los criterios siguientes: (1) primero, los empleados menos eficientes; (2) en caso de igualdad de eficiencia, quedará cesante el que lleve menos tiempo en el servicio, y (3) en ausencia de información que permita juzgar los empleados en cuanto a su eficiencia, el factor a considerar será la antigüedad del empleado, quedando cesante la persona de nombramiento más reciente.

Es de justicia que a los maestros transitorios-elegibles que han aprobado el período probatorio se les aplique el criterio de antigüedad en virtud del tiempo en que se han desempeñado como tales en la plaza en cuestión. Mediante esta decisión, damos vigencia a la premisa inmersa en la ley —que considera a unos tan eficientes como los otros— por haber aprobado satisfactoriamente el término probatorio mínimo. Este resultado también está a tono con los preceptos de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1301 et seq.), a los cuales ha de ajustarse el Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública. Esta ley “estimula la utilización de criterios de antigüedad y experiencia en los traslados y ascensos de empleados y faculta al administrador de cada agencia para aplicar estos criterios en determinados puestos”. Laboy v. E.L.A., 115 D.P.R. 190, 194 (1984). La Carta Circular Núm. 36-76-77 del D.I.P de 17 de junio de 1977 confirma este enfoque al disponer que “[l]os candidatos a traslados o descensos competirán para los puestos permanentes con aquellos incumbentes que ocupan plazas de igual categoría y clasificación con carácter sustituto en el distrito, región o área en que ocurre la vacante a base de antigüedad en el cargo”. (Énfasis suplido.)

En resumen, en atención a los principios cardinales del sistema de mérito, concluimos que es de aplicación el factor de antigüedad en la adjudicación de las plazas que advengan vacantes en los respectivos municipios, ante reclamos de maestros transitorios-elegibles que han aprobado en el mismo el período probatorio. Primero en tiempo, primero en derecho. Una vez un maestro ha adquirido ese derecho, se le reconocerá dando prefe-rencia al rango por antigüedad. Aclaramos, no obstante, que nuestros pronunciamientos no prejuzgan aquellas instancias en que el maestro transitorio-elegible —que aún no ha cumplido con el período probatorio— compita junto con nuevos candidatos seleccionados de la lista de elegibles para una plaza que está vacante permanentemente o es de nueva creación.

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Trazadas así las coordenadas del derecho estatutario, regla-mentario y administrativo aplicable, analicemos la situación del peticionario Fajardo. Los hechos estipulados por las partes nos presenta un caso claro de violación a sus derechos.

El 19 de octubre de 1981 Fajardo fue nombrado como maestro sustituto o transitorio-elegible en la plaza Núm. 0098 de Super-intendente de Escuelas IV del Distrito Escolar IV del Municipio de Bayamón. En esa ocasión se sometió a un proceso competitivo de reclutamiento y selección, y cumplió con todos los requisitos sustantivos y procesales que se le requirió.() Como resultado, vino a ocupar legítimamente tal puesto. Su capacidad e idoneidad no está en controversia. De hecho, se desempeñó en esa plaza por cerca de cuatro (4) años consecutivos. Como tal, se convirtió en el maestro transitorio-elegible de mayor antigüedad en una plaza de Superintendente IV en Bayamón.

Resolvemos que Fajardo, por ser el empleado transitorio-elegible de mayor antigüedad que ocupaba la plaza de Superin-tendente Escolar TV en el Municipio de Bayamón, tenía derecho a ocupar permanentemente la plaza Núm. 0095 que quedó vacante el 31 de marzo de 1985, por razón de más antigüedad sobre la maestra Rubero Rivera.

La pretensión del D.I.E de que Fajardo tenía que someterse nuevamente a los rigurosos procedimientos competitivos de re-clutamiento y selección es insostenible. Daría al traste con toda la intención legislativa. De prevalecer esa contención, la totalidad de la experiencia adquirida por un maestro —así como la validez del proceso objetivo mediante el cual obtuvo el carácter de transito-rio-elegible para un puesto de la categoría de Superintendente Escolar IV— sería fútil y carecería de importancia y significación práctica. No es posible sostener que el cumplimiento por un maestro de todos los requisitos de ley y reglamentos son elemen-tos carentes de valor a la hora de decidir la permanencia en el municipio donde se ha desempeñado. Menos concluir que el D.I.E pueda libremente disponer de los puestos vacantes, sin considerar los derechos de los maestros transitorios-elegibles cualificados para desempeñarse en esas plazas.

Nos hacemos eco del razonamiento del Oficial Investigador de J.A.S.A.E que en su informe consignó que, “de prevalecer dicha alegación, la totalidad de la experiencia adquirida por el em-pleado, así como la validez del proceso mediante el cual obtuvo el carácter de empleado transitorio[-]elegible para puestos com-prendidos en la clase de Superintendente de Escuelas IV queda-ría no sólo en entredicho, sino como una actuación oficial fútil e inoficiosa”. Exhibit I, pág. 5. A esas expresiones debemos añadir que la postura del D.I.E se prestaría a que en el procedimiento de reclutamiento y selección de personal docente se usaran criterios ajenos a la idoneidad y capacidad de los aspirantes.

Si aspiramos a mejorar la calidad de la enseñanza pública, debemos darle plena virtualidad a la Ley de Eermanencia de los maestros. Ésta confiere a los maestros transitorios-elegi-bles —que hayan cumplido con el período probatorio— el derecho a ocupar una plaza de igual categoría que quede vacante en el municipio en que se desempeñan. Por su contemporaneidad, merece que reproduzcamos el pronunciamiento siguiente:

“. . . [L]a ley de permanencia jamás interviene con la facultad de seleccionar ni aún con la de nombrar. El Comisionado [(Secretario)] establece reglas para la selección de los maestros. Los nombra. Los pone a prueba. Juzga su labor. Determina si tales maestros así seleccionados y nombrados y juzgados realizan o no una labor satisfactoria. Hasta aquí no interviene para nada la Ley de Perma-nencia. Es cuando después de realizar todas estas cosas y llegar el [Secretario] a la conclusión de que tales maestros han pasado por el período probatorio de dos años con absoluto éxito que comienza a funcionar la Ley de Permanencia, no para intervenir con la autoridad del [Secretario], sino para garantizar al pueblo los servicios de maestros competentes y evitar que puedan ser elimi-nados caprichosamente con traslados o mediante otras formas”. (Énfasis suplido.) González v. Gallardo, Comisionado, supra, págs. 285-286.

Por los fundamentos antes expuestos, se dictará sentencia revocatoria. En consecuencia, se ordenará al D.I.P.: (1) reconocer la permanencia de Víctor R. Fajardo en un puesto de Superin-tendente Escolar IV en el Municipio de Bayamón retroactivo al 1 de julio de 1985, ya sea la plaza Núm. 0095 u otra de igual categoría y nivel; (2) concederle una suma de dinero equivalente a la diferencia entre el sueldo que hubiese devengado de habérsele reconocido tal derecho, y el devengado en efecto durante el tiempo que haya trabajado en el D.I.P., y (8) cualesquiera otros derechos que por razón de esta decisión sea acreedor.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente, a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Por entender que el principio de antigüedad no es de aplica-ción en la otorgación de permanencias a maestros transitorios-elegibles al amparo de la Ley de Permanencia de maestros, disiento de la opinión suscrita por el Tribunal. Contrario a la decisión mayoritaria, entendemos que el peticionario no tenía derecho a un nombramiento permanente en una plaza de Supe-rintendente Escolar IV que ocupaba la maestra transitoria-elegible Rubero Rivera desde noviembre de 1981. Aunque a primera vista la posición suscrita por el Tribunal pretende darle “plena virtualidad” a la Ley de Permanencia de maestros, su efecto real sería perjudicial al magisterio puertorriqueño. Esta decisión creará gran incertidumbre sobre todos los maestros que por años han ocupado transitoriamente una plaza, esperando algún día obtener la permanencia en la aula donde se han ganado el respeto y la confianza de toda la comunidad escolar.

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Los hechos estipulados por las partes en la vista celebrada por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.E) revelan que el peticionario, el Sr. Víctor R. Fajardo, ocupa una plaza de Superintendente Auxiliar III en el Distrito Escolar de Bayamón III. El 8 de octubre de 1981 fue nombrado como empleado transitorio-elegible a la plaza de Su-perintendente Escolar IV (Plaza Núm. 0098) para sustituir a la persona que tenía un nombramiento permanente en esa posición administrativa. El peticionario desempeñó su cargo hasta que la incumbente en propiedad fue reinstalada a la posición el 1ro de julio de 1985. En esa fecha regresó a su posición original de Superintendente Auxiliar III. Sin embargo, al poco tiempo Fajardo fue nombrado Sub Director del Programa de Desarrollo Comercial del Municipio de Bayamón y desde entonces tiene una licencia sin sueldo del Departamento de Instrucción Pública.

Antes de concluir su término en la plaza de Superintendente Escolar iy el peticionario solicitó que se le nombrara con carácter permanente a la plaza Núm. 0095 de igual categoría que iba a estar vacante en otro distrito escolar. Esa plaza era ocupada transitoriamente desde noviembre de 1981 por la profesora Rubero Rivera. En virtud de una decisión del Tribunal Superior en otro caso,() y considerando que la maestra había cumplido satisfactoriamente con el período probatorio, el Departamento de Instrucción Pública denegó la solicitud de Fajardo y otorgó permanencia a la profesora Rubero Rivera.

No conforme con esta decisión, el peticionario apeló a J.A.S.A.E No obstante, mientras se consideraba la apelación, el peticionario solicitó el 10 de julio de 1986 que le otorgaran permanencia en la plaza Núm. 0098 que él había ocupado transi-toriamente entre 1981 y 1985, y que quedaría vacante el 8 de agosto de 1986. Oportunamente, el Departamento de Instrucción Pública denegó su petición y le informó que la vacante se cubriría mediante certificación de elegibles. El peticionario no solicitó una reconsideración de esta decisión ni apeló a J.A.S.A.P.

Después de celebrar vistas públicas, J.A.S.A.P emitió la resolución correspondiente mediante la cual denegó la única apelación pendiente del peticionario, referente a la permanencia otorgada a la profesora Rubero Rivera en la plaza Núm. 0095. De esta resolución el peticionario recurrió al Tribunal Superior. Dicho foro se negó a expedir el auto solicitado y, oportunamente, el peticionario acudió ante esta Curia aduciendo que el Departa-mento de Instrucción Pública cometió error al no aplicar el principio de antigüedad en la otorgación de permanencia para la plaza Núm. 0095 de Superintendente Escolar IV

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La controversia principal del recurso se limita al determinar si el peticionario Fajardo tenía derecho a permanencia en la plaza Núm. 0095. Su solicitud requiere que examinemos la validez del nombramiento de la profesora Rubero Rivera a la luz de las disposiciones de la Ley de Permanencia de maestros, Ley Núm. 312 de 15 de mayo de 1938 (18 L.ER.A. sees. 214-218), y del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instruc-ción Pública aprobado el 27 de enero de 1984.

La Ley de Permanencia concede al maestro() en servicio activo, que se ha desempeñado como tal durante el período probatorio, el derecho a ser contratado con carácter permanente en la categoría correspondiente en que esté ejerciendo al expirar dicho período probatorio. No se requerirá “otras pruebas de calificación o capacidad profesional que la posesión de una licencia regular de la misma categoría del puesto que ocupa y haber realizado, a juicio del Departamento de Instrucción Pública, labor satisfactoria”. 18 L.P.R.A. sec. 214. El estatuto y la reglamenta-ción extienden su protección tanto al personal docente en período probatorio como a los sustitutos o transitorios-elegibles.

Aunque la ley tiene el propósito de “establecer la selección de maestros de escuelas sobre una base científica, imparcial, y conseguir personal de alta capacidad ... la selección final, según lo dispone el Acta Orgánica, siempre permanece en las manos del [Secretario] de Instrucción”. González v. Gallardo, Comisionado, 62 D.P.R. 275, 283-284 (1943). La ley reserva al Secretario de Instrucción la facultad de otorgar permanencia a los profesores que “a juicio del Departamento” hayan realizado una labor satisfactoria. 18 L.P.R.A. sec. 214.

En el caso de un maestro con un nombramiento probatorio en una plaza de carrera, el Reglamento de Fersonal Docente del Departamento de Instrucción Pública dispone que “pasará a ocupar una plaza con carácter regular” una vez apruebe satisfac-toriamente el período de prueba. En vista de que su nombra-miento es en una plaza que no tiene un incumbente en propiedad, el maestro probatorio es acreedor a la permanencia de esa plaza.

Sin embargo, en el caso de los maestros con carácter transi-torio, su nombramiento es por un año escolar o fracción del mismo en aquella plaza ocupada en propiedad por otro instructor que provisionalmente se encuentra realizando otras funciones. Aun-que se le convalida el tiempo servido satisfactoriamente, por la naturaleza de su nombramiento, el maestro transitorio-elegible no tiene la misma expectativa de una permanencia que el probatorio. Para ser acreedor a una plaza tiene que surgir una vacante en la plaza que ocupa o en otra análoga en el mismo municipio. Por esta razón, en general cuando el incumbente regresa a la plaza, el transitorio tiene que reintegrarse a su posición original.

Sin embargo, en algunas ocasiones, como en el caso de autos, surge una vacante en una plaza que por más de dos años ha ocupado un maestro transitorio-elegible. En estos casos, y a tenor con la decisión del Tribunal Superior descrita anteriormente,() el Departamento de Instrucción Pública ha reconocido que el maestro transitorio-elegible es acreedor a la permanencia en la plaza que ha ocupado provisionalmente.

En vista de que cada escuela tiene unas características peculiares y un estudiantado con distintas necesidades, este método de otorgar permanencia asegura la selección del candi-dato más idóneo para cada uno de los colegios del sistema. De lo contrario, se derrotarían los objetivos del estatuto. Ha sido precisamente en esa plaza que la evaluación correspondiente ha demostrado que el maestro ha cumplido con eficiencia y dedica-ción sus responsabilidades magisteriales. Corresponde al Depar-tamento de Instrucción Pública reconocer su trabajo en esa posición mediante el otorgamiento de permanencia equiparándolo al maestro probatorio. No olvidemos que el ordenamiento dispone que al maestro probatorio se le otorgue la permanencia en la plaza en que ha demostrado su eficacia y no en otra análoga en alguna otra escuela del sistema.

Debido a la naturaleza de las labores del magisterio, la costumbre siempre ha sido evaluar las competencias del maestro a la luz de los requisitos y necesidades de la plaza. Aunque la ley no dispone sobre estos extremos, ante el vacío estatutario y reglamentario la doctrina civilista nos impone la obligación de resolver conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural, en conformidad con los principios gene-rales del derecho y los usos y las costumbres aceptadas. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 7; Collazo Cartagena v. Hernández Colón, 103 D.P.R. 870, 874 (1975); Dalmau v. Hernández Saldaña, 103 D.P.R. 487, 489 (1975). Aunque en situaciones de vacío estatutario hemos utilizado el principio de interpretación por analogía, Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740, 743-744 (1981), no es menos cierto que la costumbre es una fuente de derecho, enmarcada dentro del principio de equidad y la cual ha sido ampliamente utilizada en estas situaciones. La costumbre requiere que sea continua, uni-forme, racional, estimada y vivida como norma obligatoria. M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Jaén, Ed. Rev. Der. Privado, T. I, págs. 48-51. Por último, los peticionarios, que invocan la costumbre como fuente de derecho aplicable por equidad, tienen que acreditarla. Raval, Inc. v. Maryland Casualty Co., 89 D.P.R. 854, 863 (1964); Pueblo v. Central Cambalache, 62 D.P.R. 553, 558 (1943); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, págs. 425-435.

Sin conocimiento de las necesidades del Departamento de Instrucción Pública ni las consecuencias de esta decisión para el complejo sistema educativo, por virtud de un nuevo decreto educativo dictado por esta Curia, hoy se revoca la norma seguida por los educadores durante los pasados doce años. Como resul-tado de la decisión, un maestro transitorio-elegible que haya desempeñado eficientemente sus tareas por más de dos años no será acreedor a la permanencia en esa plaza si hay otra persona elegible que tenga más antigüedad.

Conscientes del impacto de esta decisión sobre el sistema de instrucción pública, y a pesar de la oposición del Departamento de Instrucción Pública a que se deje sin efecto su práctica por los pasados doce años, la opinión del Tribunal revoca la decisión del Secretario y le concede al peticionario su permanencia “ya sea en la plaza Núm. 0095 u otra de igual categoría y nivel”. Así remite al Departamento de Instrucción Pública la difícil tarea de tomar la decisión de remover de su puesto a la profesora Rubero Rivera o a cualquier otra persona que ocupe una posición de “igual categoría y nivel” para conseguir la plaza que necesitan para el peticionario.

Por entender que la decisión es realmente injusta a una maestra que ha ocupado una plaza desde 1981, incompatible con los propósitos y el espíritu de la Ley de Permanencia y contraria a los mejores intereses de la educación puertorriqueña, disiento.

      (1) El Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública Núm. 3083, en su Art. 18, inciso (34), define “maestro transitorio elegible” como “aquél nombrado por un término fijo en una plaza para la cual posee certificado regular de maestro para la categoría correspondiente”. Antes de su aprobación, el empleado con nombramiento “transitorio-elegible” era denominado “sustituto”. Utilizamos ambos tér-minos indistintamente.

      (2) Estos criterios de evaluación, contenidos en el Art. IV del Reglamento sobre Ascensos a Puestos Directivos Locales, Técnicos de Curríeulo y de Supervisión en el Sistema de Instrucción Pública entonces vigente, son similares a los establecidos en la See. 7.2 del Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública, vigente en la actualidad.

      (3) En aquel momento María L. Rubero Rivera ocupaba la plaza Núm. 0095 con carácter transitorio-elegible. Posteriormente, ésta fue otorgada con carácter permanente a Rubero Rivera.

      (4) A pesar de que Fajardo fue ascendido con carácter de sustituto a la plaza de Superintendente Escolar IV bajo la vigencia del antiguo Reglamento sobre Ascensos a Puestos Directivos Locales, Técnicos de Curríeulo y de Supervisión en el Sistema de Instrucción Pública, para nuestra decisión —dada la similitud de ambos cuerpos regla-mentarios en lo relativo al procedimiento de selección de candidatos— tomamos como referencia las disposiciones que componen el Art. 7 del reglamento vigente.

      (5) La Sec. 7.4(4) citada es una versión enmendada de la See. 2 del Art. V del antiguo Reglamento sobre Ascensos a Puestos Directivos Locales, Técnicos de Curríeulo y de Supervisión. Esta, en lo pertinente, establecía lo siguiente:
      “De agotarse los candidatos con certificado válido para determinada categoría y clasificación de puestos se autorizará la certificación de candidatos con certificado provisional quienes, en caso de ser motivo de ascenso, desempeñarán sus puestos solamente por el período restante del año escolar en que haya surgido la vacante.”

      (6) A través de su largo recorrido apelativo, en todo momento Fajardo ha sostenido que dentro del procedimiento en que fue seleccionado como maestro transitorio-elegible estuvo sujeto a requisitos tales como: “(a) Poseer estudios requeridos, en su caso Maestría de Administración y Supervisión Escolar; (b) Experiencia previa de 2 años o más en posiciones de administración y supervisión escolar; (c) Poseer el certificado correspon-diente a superintendente expedido por el Secretario de Instrucción; (d) Tomar el examen competitivo ofrecido periódicamente a todos los interesados y cualificados para las plazas de Superintendentes que surjan, bien en carácter de permanente o sustituto; (e) Ser inclu[i]do en el registro de elegibles correspondientes; (f) Ser certificado dentro de un número de candidatos para una plaza disponible, según el turno que le correspondiese en el registro de elegibles; (g) Acudir junto con los otros candidatos y someterse para entrevista y evaluación; (h) Ser recomendado para ocupar la plaza por los entrevistadores y evaluadores!, y en último término] (i) Ser nombrado por la autoridad nominadora, el Secretario de Instrucción Pública.” Petición de certiorari, pág. 2.
      En su exposición de los hechos ante J.A.S.A.E y el Tribunal Superior, el D.I.E admitió que Fajardo cumplió con todos los requisitos para ser nombrado como maestro transitorio-elegible a la plaza Núm. 0098.

      (1) Edilberto Rodríguez Battisini v. Departamento de Instrucción Pública, FE-77-850.

      (2) La ley incluye en esta categoría a los “maestros de escuela elemental, maestros de escuela superior, directores de escuela elemental, directores de escuela superior, superintendentes auxiliares de escuelas, superintendentes de escuelas, supervisores generales de instrucción, maestros de agricultura, maestros de artes industriales, maestros de trabajo manual, maestros de ciencias domésticas, maestros de inglés, maestros de asignaturas comerciales y maestros especiales”. 18 L.P.R.A. sec. 211.

      (3) Véase esc. 1.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Ab Intestato de Víctor Manuel Saldaña Candelario, también conocido como Víctor Saldaña Candelario; Basilisa Morales Bonilla, Ex parte, peticionaria.

      Número: CE-89-719

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Santiago Mari Roca, de Biaggi Busquéis & Mari Roca, abogado de la peticionaria.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

1 — 1

Basilisa Morales Bonilla contrajo matrimonio con Victor M. Saldaña Candelario el 14 de mayo de 1988. Antes de formalizarlo, comparecieron ante el notario Santiago Mari Roca y otorgaron una escritura de Capitulaciones Matrimoniales para regir sus relaciones económicas durante la vigencia del matrimonio. Esti-pularon que no estaría sujeto al régimen de la sociedad legal de gananciales y que interesaban mantener por separado la propie-dad y administración de todos sus respectivos bienes presentes y futuros. Nada se pactó en cuanto al derecho viudal a la cuota usufructuaria.

El 19 de mayo de 1989 falleció Saldaña Candelario. Su viuda, Basilisa Morales, presentó una petición de declaratoria de here-deros en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez. Alegó que ella y cuatro (4) hijas procreadas por el causante eran las únicas herederas. El 21 de septiembre de 1989 dicho foro (Hon. Manuel A. Acevedo Hernández, Juez) dictaminó motu propio que “[p]or estar casada bajo el régimen de capitulaciones matrimoniales, la viuda no tiene derecho a la cuota viudal”. Exhibit II, pág. 3. Le concedió diez (10) días a la peticionaria Morales Bonilla para enmendar sus alegaciones. A solicitud de ella, acordamos revisar.

H-i I — I

Como hace más de cuatro (4) décadas expresó el fenecido jurista Félix Ochoteco, Jr., la solución de esta controversia novel nos obliga “a penetrar en un campo jurídico que permanece inexplorado por nuestro Tribunal Supremo y aún por nuestros propios civilistas, razón por la cual el problema que vamos a considerar invita a mayores especulaciones e inquietudes”. F. Ochoteco, La viudez ante la herencia y la herencia ante las capitulaciones matrimoniales, 12 Rev. Der. Leg. Jur. C. Abo. de ER. 77, 82 (1949). Acometamos la tarea.

La fuente del derecho a la cuota viudal usufructuaria es el Art. 761 del Código Civil, 31 L.p.R.A. seC. 2411, expositivo de que “[e]l viudo o viuda que al morir su consorte no se hallare divorciado, o lo estuviere por culpa del cónyuge difunto, tendrá derecho a una cuota, en usufructo, igual a la que por legítima corresponda a cada uno de sus hijos o descendientes legítimos no mejorados”. (Énfasis suplido.) El Código Civil no distingue a aquellos cónyuges supérstites cuyo régimen económico matrimonial estuvo regido por capitulaciones de aquellos cónyuges supérstites sujetos a las disposiciones de la sociedad legal de gananciales. Ante ese silencio legislativo, resolvemos que debe aplicarse el principio de que “cuando la ley no distingue, tampoco nos incumbe distinguir”. Ochoteco, supra, págs. 84-85.

Sobre este particular, Manresa sostiene que “[e]l régimen de la sociedad conyugal, aceptado por los contrayentes respecto a los bienes, aun cuando sea el de la separación, tampoco influye en la concesión del derecho al viudo”. J.M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1973, T. VI, Vol. 1, pág. 895. Por otro lado, Puig Brutau, al glosar el tema de la legítima del cónyuge supérstite con lógica nos dice que “[u]n derecho propia-mente sucesorio a favor del cónyuge supérstite, será tanto más necesario cuando, por haber vivido el matrimonio bajo un régimen matrimonial de absoluta separación de bienes, no exista un derecho de participar en las ganancias obtenidas en vida por el pre-muerto”. (Énfasis suplido.) J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. V, Vol. III, pág. 107.

Aun cuando las capitulaciones matrimoniales constituyen un contrato sujeto al régimen de libertad que impera en nuestro sistema de contratación, la autonomía de la voluntad de las partes no es absoluta. Umpierre v. Torres Díaz, 114 D.P.R. 449, 459 (1983). Los otorgantes de capitulaciones matrimoniales no podrán estipular nada que sea contrario a las leyes o a las buenas costumbres ni depresivo de la autoridad que respectivamente corresponda en la familia a los futuros cónyuges. Art. 1268 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3552; Art. 1207 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3372.() Esa restricción contractual, en armonía con el Art. 1223 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 3421,() prohíbe generalmente la contratación sobre la herencia futura. Es razonable concluir, pues, que los cónyuges que optan por regular su relación patrimonial mediante un régimen de separación no pueden renunciar en forma expresa o tácita al derecho de usufructo viudal. Ochoteco, supra, pág. 86. Al respecto, Manresa indica que “la renuncia o transacción sobre la legítima que debe corresponder a alguno de los desposados, la condición de haber de aportarse al matrimonio . . . constituyen otra serie de actos prohibidos en general por la ley, y no admisibles, por tanto, en las capitulaciones matrimoniales”. Manresa, op. cit, 1969, T. IX, pág. 144. Esta conclusión está en armonía y encuentra apoyo en nuestra jurisprudencia, la cual ha reconocido que el cónyuge viudo es un heredero forzoso. Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 D.P.R. 850, 858 (1983); Art. 736 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2362.

Cabe nuevamente reproducir el análisis de Ochoteco:

Al determinar dicho Código quiénes pueden suceder con testa-mento y quiénes son incapaces para ello (artículos 675 y 676), no incluye entre los últimos al viudo o viuda de los que fallezcan bajo capitulaciones matrimoniales, como tampoco excluye a aqu[é]llos en su artículo 642 entre las personas que deben ser citadas en los procedimientos de protocolización de los testamentos ológrafos.
Y es lógico que así sea, ya que las capitulaciones matrimoniales sólo dan vida a un régimen económico que no tiene, ni puede tener pacto alguno con la muerte y en cuanto a los derechos sucesorios se refiere, con las solas excepciones dispuestas por la ley.
Por disposición terminante del artículo 603 de dicho cuerpo legal, la muerte y sólo la muerte engendra la trasmisión de los derechos de sucesión de un finado, que por ficción de ley, continúa viviendo en la persona de sus herederos; Porto Rico R. L. & P. Co. vs. Corte de Distrito, 38 D.P.R. 340. No alcanzamos a comprender, cómo el óbito de un cónyuge puede arrastrar hasta la tumba la personalidad que como tal cónyuge ha conservado el supérstite durante la convivencia matrimonial, y no obstante la existencia y sus efectos únicamente económicos, reiteramos, de las capitulaciones matrimoniales, al igual que sucede con la propia sociedad de gananciales. (Cita omitida.) Ochoteco, supra, pág. 85.

Al arribar a esta decisión, no pasamos por alto que el usufructo viudal —a diferencia del derecho de otros herederos forzosos— tiene un fin esencialmente económico, sujeto a la imposición de gravámenes() y susceptible de transformación mediante equivalencia compensatoria. Art. 765 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 2415; Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, 121 D.P.R. 1 (1988); E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. I, pág. 94. For ende, se argumenta que no está impedida su renuncia en capitulaciones matrimoniales. Véase Alfonso de Cossio, Los derechos sucesorios del cónyuge sobreviviente, XLI Rev. Der. Friv. 129,138 (1957). Sin embargo, rechazamos esa postura que desnaturaliza el carácter permanente y la función social de la cuota usufructuaria. Repeti-mos, “[e]xisten razones en favor y en contra de tipo socio-económico que deben ser conciliados estatutariamente”. Ripoll Alzuru v. Rosa Pagán, supra.

For los fundamentos expuestos, se dictará sentencia revocatoria.

      (1) Dispone que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condicio-nes que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral ni al orden público.

      (2) El Art. 1223 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 3421, dispone:
      “Pueden ser objeto de contrato todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aun las futuras.
      “Sobre la herencia futura no se podrá, sin embargo, celebrar otros contratos que aquellos cuyo objeto sea practicar entre vivos la división de un caudal conforme a la see. 2875 de este título.
      “Pueden ser igualmente objeto de contrato todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres.”

      (3) Art. 741 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 2367; Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.ER.A see. 2355.


text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, demandante y peticionaria, v. José Luis Velázquez, h.n.c. Finca Segundo Distrito Aguada (Central Coloso), demandados y recurridos.

      Número: JR-89-650

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Luis B. Osorio Díaz, abogado de la peticionaria; Federico Rodríguez Pagan, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Para arribar a una correcta y justa decisión en torno a si en la mesa de negociaciones una de las partes ha actuado o no de mala fe, la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (la Junta) viene obligada a examinar todo el cuadro emergente, en particular lo que de ordinario constituye uno de los aspectos más cruciales: las propuestas y contrapropuestas económicas. Expongamos los antecedentes procesales pertinentes.

H — I

El 25 de agosto de 1987, la Junta emitió una Decisión y Orden en la que concluyó que José Luis Velázquez, h.n.c. Finca Segundo Distrito Aguada, Central Coloso (Patrono), había violado el Art. 8(l)(a) y (d) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 69, al negarse a reunir con el Sindicato Puerto-rriqueño de Trabajadores (Unión), a los fines de negociar un convenio colectivo que reemplazara el que expirara en 1985. Como remedio a dicha infracción, en esta primera decisión ordenó al Patrono a negociar y a conferirle efecto retroactivo a enero de 1986 al convenio colectivo, si alguno, que se negocie. Exhibit A, pág. 1.

Posteriormente, el 10 de agosto de 1989, la Junta adoptó un Informe de 23 de junio de 1989 de otro Oficial Examinador que concluyó que el Patrono no había cumplido con esa Decisión y Orden. A tenor con la recomendación del Oficial Examinador, la Junta acudió a este Foro a solicitar que la pusiéramos en vigor. Ello origina nuestra intervención mediante Orden de Mostrar Causa.

En su comparecencia, el Patrono cuestiona con vehemencia la suficiencia en derecho de la prueba en que la Junta fundamentó la determinación del incumplimiento de su obligación de negociar de buena fe con la Unión. Plantea, además, como infracciones al debido procedimiento de ley, la inclusión en el récord de ciertas comunicaciones ex parte enviadas por la Unión a la Junta quejándose de su conducta durante las negociaciones. Cabe puntualizar que la corrección de la Decisión y Orden en la que se le encontró incurso en negativa a negociar no fue cuestionada por el Patrono. Por ende, no está en disputa en esta instancia.

I — [ I — I

De entrada, un análisis del expediente administrativo nos permite concluir que, al presente, las diferencias entre las partes que han impedido un acuerdo feliz se centran en las cláusulas de “Taller” o membresía en la Unión y las relativas al Fondo de Beneficencia y Pensiones, y al Fondo de Orientación y Seguro de Vida. La conclusión del Oficial Examinador de la Junta de que el patrono está negociando de mala fe se funda en su negativa a acceder, “sin fundamento económico o de otra índole”, a renovar dichas cláusulas tal y como aparecen en el convenio colectivo expirado. (Enfasis suplido.)

Dirimir justamente el planteamiento en revisión sobre sufi-ciencia de la prueba exige una sinopsis del estado de la negocia-ción a la fecha de la vista que sirvió de fundamento al informe. Veamos.

De dicho informe surge que durante 1981 a 1985 existió un convenio colectivo entre la Unión y el Patrono —sucesor de la Corporación Azucarera— en el que éste se obligó a contribuir $0.35 al Fondo de Beneficencia y Pensiones de la Unión y $0.20 al Fondo de Orientación y Seguro de Vida por cada tonelada de caña que se cortase en la finca y se convirtiese en azúcar durante la vigencia del convenio^) Al expirar el convenio en diciembre de 1985, el Patrono se negó a negociar con la Unión, acción que dio lugar a la antes aludida Decisión y Orden de 25 de agosto de 1987. Subsiguientemente, desde 1987 a 1988, las partes se reunie-ron en varias ocasiones sin lograr un acuerdo.() Desde el inicio de las negociaciones, el patrono se ha mantenido firme en su propuesta de sólo aportar $0.20 al Fondo de Beneficiencia por cada tonelada de caña y de reducir de $0.10 a $0.05 su aportación al Fondo de Orientación. Por su parte, la Unión ha sostenido su posición de que el convenio se renueve en todos sus términos y, por ende, mantener inalterada la aportación patronal.

La prueba testifical del Patrono, no controvertida, refleja que su oferta económica a base del tonelaje de caña cortada equivale a unas cantidades comparables o superiores a lo pactado por la Unión con otros patronos por conceptos similares. A manera de ejemplo, en 1988 su aportación sería de $1,200 para el Fondo de Beneficiencia, más $400 para el Fondo de Orientación, lo que es superior a la suma global de $1,200 aportados a la Unión por otro colono que opera en el área circundante. Dichas propuestas, argumenta el Patrono, son razonables a la luz de lo anterior y de los beneficios obtenidos por éste durante el período 1985 a 1987, a saber, $10.00 en 1985, $7,801.00 en 1986 y $11,034.00 en 1987.()

En cuanto a la cláusula de taller unionado, cabe señalar que el convenio expirado les requería a todos los obreros ser o hacerse miembros de la Unión al comenzar a trabajar. Como variante, el Patrono ahora propone que los obreros existentes vengan obliga-dos a continuar siendo miembros de la Unión, pero los nuevos tendrían la opción de no ingresar, no empece a que sí vendrían obligados a pagar cuotas a la Unión.()

i — i H-4

Lo expuesto refleja indubitadamente que por un período de tiempo extenso ha existido y todavía subsiste un estancamiento (impasse) en las negociaciones en lo que respecta a ambos asuntos. Ello no significa necesariamente que una de las partes esté negociando de mala fe. Negociar de buena fe es conducta que obliga a las partes a considerar y sopesar las propuestas razonables y, generalmente, a estar dispuestos a ceder o modificar las ya sometidas a la luz de las contrapropuestas, con miras a lograr un acuerdo. La nota característica es la reciprocidad.

El factor tiempo ha tornado muy compleja la situación del caso de autos. Es evidente que tanto la Unión como el Patrono se han mantenido firmes e inflexibles en sus respectivas posiciones desde septiembre de 1987 a diciembre de 1988, sin presentar propuestas alternas. La Unión insiste en que el Patrono acepte mantener inalteradas las tres cláusulas, y éste reitera una y otra vez su única propuesta.

Y es que debemos reconocer que la dinámica obreropatronal en esta área es muy fluida. En ocasiones —sea por razones económicas o para aprovechar alguna debilidad de la otra parte en términos del poder de regateo— será legítimo que el patrono o la organización obrera busque concesiones de la otra parte. Ello, por sí solo, no constituye negociación de mala fe. Rescar, Inc., 274 N.L.R.B. 1, 118 L.R.R.M. 1371 (1985); Atlanta Hilton & Tower, 271 N.L.R.B. 1600 (1984). Asimismo, en ausencia de evidencia de actos de discrimen gremial o de actos del Patrono dirigidos a socavar el respaldo de los empleados hacia la Unión, un tranque en las negociaciones necesariamente no significa que se esté negociando de mala fe. Si bien el rechazo de las propuestas de la otra parte, así como su naturaleza y razonabilidad, son elementos a considerar al evaluar la totalidad de la conducta de una parte que alegadamente no está negociando de buena fe, como regla general tal negativa no es suficiente por sí sola para establecer la comisión de una práctica ilícita de trabajo de no negociar de buena fe. Reichhold Chemicals, Inc., 288 N.L.R.B. 69 (1988).

En cuanto al extremo de las aportaciones al fondo unional en el caso de autos, las razones económicas aducidas por el Patrono para justificar sus propuestas para un convenio de tres años que habrá de ser retroactivo a enero de 1986 no son arbitrarias de su faz. Tampoco parecen ser meros pretextos, al punto que podamos inferir que fueron hechas con miras a frustrar la negociación. Máxime si recordamos que la Unión no presentó prueba para refutar las razones económicas aducidas por el Patrono para buscar modificaciones a las cláusulas originalmente negociadas por su predecesora, la Corporación Azucarera. Sobre el particular, la ausencia de contrapropuestas de la Unión ciertamente dificulta evaluar, más allá del récord ante nos, las verdaderas intenciones del Patrono. N.L.R.B. v. Mar-Len Cabinets, Inc. 659 F.2d 995, 999 (1981); Seattle-First Nat. Bank v. N.L.R.B., 638 F.2d 1221 (1981).

Ahora bien, la situación en cuanto a la conducta del patrono en torno a la cláusula de taller —en este caso de taller cerrado— es distinta. Del récord no surgen las razones por las cuales éste ha insistido en cambiarla desde 1987. Tampoco que le haya ofrecido a la Unión explicación alguna para querer variar una cláusula tan antigua en el convenio. Definitivamente este asunto es vital para la Unión en términos de matrícula y, por ende, de capacidad para actuar en forma efectiva, solidaria y organizada frente a los retos que se le presenten. La intransigencia del Patrono durante todo ese tiempo en cuanto a la cláusula de Taller —que no le representa erogación económica significativa— y sin razón aparente o explicación alguna, es factor decisivo en la determinación de si se ha estado negociando de buena fe.

La propuesta eliminación de esa cláusula implicaría que aquellos empleados nuevos, o que comenzaron a trabajar en 1986, tendrían que pagar cuotas a la Unión pero no vendrían obligados a hacerse miembros y, como consecuencia, a cumplir con sus reglas y reglamentos. Esa propuesta evidentemente pretende evitar que la Unión crezca y debilitar así su posición ante sus miembros. Esta conclusión es compatible con su negativa inicial en 1986 a reconocer la Unión, cuando alegaba que ésta ya no representaba a la mayoría de los empleados. Tal contención nunca la probó. Esa actitud prevaleció hasta septiembre de 1987. La seriedad y los efectos de esa conducta es obvia: durante todo este tiempo los empleados han estado, y aún continúan, sin un convenio colectivo formal.

El vacío —creado por el Patrono— de por sí es suficiente para socavar la posición de la Unión. El impasse resultante por su postura de modificar la cláusula de taller ha sido uno de los ingredientes más significativos.

En resumen, la totalidad de la prueba sometida es suficiente en derecho para sostener que José Luis Velázquez, h.n.c. Finca Segundo Distrito de Aguada, se ha negado a negociar de buena fe con la Unión conforme la Decisión y Orden de la Junta fechada el 25 de agosto de 1987.

En estas circunstancias, acceder a la petición de la Junta —ante el fracaso de las partes en llegar a un acuerdo tras la expiración hace cuatro años del convenio, y donde la corrección de la decisión emitida en 1987 es clara e incuestionable— es el único camino compatible con el espíritu del interés público inmerso en la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

Finalmente, el debido procedimiento de ley no requiere que la Junta, en todos los casos, celebre una vista posterior para determinar si se ha cumplido o no con determinada Decisión y Orden como paso previo a solicitarnos que se ponga en vigor. El error planteado, pues, no se cometió.

En consecuencia, se dictará sentencia que acceda a ponerla en vigor. ()

El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Hernández Denton disintieron sin opiniones escritas. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En su testimonio ante la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (la Junta), el Administrador del Patrono declaró que estas aportaciones se redujeron a $0.17 y $0.10, respectivamente, en el Convenio negociado en 1984 y que venció el 31 de diciembre de 1985.
      El Oficial Examinador no hizo conclusión de hecho al respecto. En su análisis, al contrastar la propuesta del Patrono con la cláusula que aparece en el convenio, la compara con los $0.35 y $0.20 respectivamente antes aludidos.
      De hecho, la posición de la Unión —al insistir en que se mantenga la cláusula antes mencionada como estuvo en los últimos años— parece referirse a los $0.35 y $0.20, y no a las cantidades de $0.17 y $0.10 a que aparentemente se habían reducido las aportaciones. Para propósitos decisorios y por las razones expuestas más adelante, no es necesario resolver este conflicto entre la prueba y las conclusiones del Oficial Examinador.

      (2) Surge del expediente que también se reunieron en 1989, esto es, con posteriori-dad a la vista celebrada en la Junta en diciembre de 1988, sin resultado alguno.

      (3) A la fecha de la vista no había cifras precisas para 1988.

      (4) Con posterioridad a la vista, el Patrono modificó su posición de tal forma que la diferencia entre las partes se limita, en esencia, al requerimiento del Patrono a que la Unión acepte resarcirle por cualquier reclamación de cualquier empleado despedido a petición de ésta por no estar al día en el pago de sus cuotas.

        Nuestra decisión, claro está, tiene que fundarse en los hechos al momento de la vista.

      (5) El planteamiento procesal del Patrono no tiene mérito. Es cierto que la Unión escribió en varias ocasiones a la Junta alegando que él no estaba cumpliendo con su decisión sin enviarle copia. Sin embargo, la determinación de la Junta se tomó tras la celebración de una vista en la que el Patrono tuvo la oportunidad de presentar evidencia a su favor y refutar el contenido de dichas comunicaciones. Asimismo, pudo examinar y refutar ante nos lo expuesto en una carta enviada por la Unión luego de finalizada la vista, la cual fue referida al Oficial Examinador mediante moción del abogado de la Junta.
      Sobre ésta no aparece del Informe del Oficial Examinador que hubiese sido tomada en consideración. La comparación hecha en el informe entre ciertas cláusulas del convenio expirado y la propuesta del Patrono no recoge los asertos de la Unión en cuanto a unas alegadas nuevas propuestas del Patrono. Al contrario, las propuestas reseñadas en el informe son las hechas por el Patrono antes de la vista celebrada el 1ro de diciembre de 1988.