text:
    Justo Pastor Lozada, demandante y recurrido, v. César S. Canals, demandado y recurrente.
    Número: R-73-314

      Resuelto: 4 de febrero de 1974

      América Lameiro de Irizarry, José M. Pizarro Zayas, Ángel G. Canales Robledo, Carmen J. Fébres Claudio, Jaime A. Betan-court Lebrón, Fidel A. Sevillano del Río y Marina Soto de Carrión, abogados del recurrente; Lorenzo O. Cabán Arocho, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

En 26 de abril de 1972, el entonces Director Ejecutivo de lá Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, César S. Canals, despidió de su empleo, efectivo a 31 de mayo de aquel año, a Justo Pastor Lozada, el aquí demandante recurrido. Al momento de su despido el recurrido ocupaba un puesto de supervisor en dicha Autoridad.

El recurrido presentó demanda, que tituló de mandamus, en el Tribunal Superior en la cual solicitó que el tribunal declarase ilegal su despido y que ordenase que se le repusiese en su puesto. En ese sentido resolvió el Tribunal Superior.

En 5 de diciembre de 1973, examinados los autos, inclu-yendo la demanda y la contestación a ésta, la opinión y senten-cia del tribunal recurrido, la solicitud de revisión y el memorando presentado en su apoyo, los reglamentos y la ley de la Autoridad de los Puertos y el memorando en oposición a la solicitud de revisión presentado por el recurrido, expedi-mos una Orden Para Mostrar Causa en la cual, luego de señalar las disposiciones pertinentes de ley y del reglamento de la Autoridad de los Puertos, le concedimos al recurrido un término de 15 días para que mostrase causas, si las hubiere, por las cuales no debía revocarse la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior. Concedimos igual término al recurrente para presentar cualquier escrito adicional que desease presentar.

Pasado el término expresado en la anterior Orden, el recurrido no compareció a mostrar causa. El recurrente com-pareció presentando un memorando de autoridades ampliando su memorando anterior en apoyo de la solicitud de revisión.

De los propios términos de nuestra Orden Para Mostrar Causa podía colegirse que el recurrido no tiene razón. Cree él que tenía derecho a notificación y audiencia antes de ser despedido. En el mismo error incurrió el tribunal de instancia. Se cita a López, Alcalde v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 304 .(1964). Dicho caso no es aplicable a las circunstancias pre-sentes. Allí el funcionario destituido sin previa audiencia tenía por mandato expreso de ley un.término fijo de incum-bencia de cuatro, años. Resolvimos en aquel caso que para separarlo de su cargo antes de que hubiese expirado dicho término era necesario formularle cargos, y celebrarle vista. L.a separación debía ser por justa causa., Las leyes normal-mente disponen término fijo de incumbencia por determinado número de años en los casos de funcionarios que tienen debe-res cuasi judiciales,, como por ejemplo, los miembros de la Junta de Relaciones del Trabajo, los de la Junta de Personal y los de la Junta de Libertad Bajo Palabra, pues así se les asegura su independencia de criterio.

En otras palabras, para que el funcionario o empleado tenga derecho a notificación y vista y a ser destituido por justa causa tienen que concurrir alguna de las siguientes circunstancias: que la ley que rige su cargo o empleo así lo establezca expresamente, o que la ley establezca para su cargo o empleo un término fijo de incumbencia, o, que sin estable-cerlo, la ley exija causa o justa causa para su remoción. También, si a un organismo público lo rigen reglamentos que exijan la notificación y vista y justa causa para separar em-pleados y funcionarios de sus cargos, entonces también dicho organismo viene obligado a cumplir con dichos reglamentos, si estos son válidos en ley.

La situación del caso de autos es distinta a la del de López, Alcalde v. Tribunal Superior, supra. En ningún momento nos ha demostrado el recurrido que su cargo tenía por ley, o por reglamento válido, un término fijo de duración, ni que para ser despedido la ley o los reglamentos requiriesen justa causa.

Parece conveniente que para beneficio de nuestro tribunal de primera instancia, que tiene que pasar frecuentemente sobre estos asuntos, expresemos lo que sigue.

En ausencia de ley específica posterior al 12 de mayo de 1947, fecha de aprobación de la Ley de Personal de Puerto Rico, para cualquier departamento, oficina u organismo pú-blico del Gobierno de Puerto Rico la ley rectora sobre asuntos de personal es la Ley de Personal de Puerto Rico, Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, 3 L.P.R.A. sees. 641 y ss. Nuestra Ley de Personal, un logro legislativo-ejecutivo de primer orden, que culminó un proceso de 40 años de aprendizaje en Puerto Rico, estableció el Servicio Estadual e incluyó en él todos aquellos cargos y puestos del Estado Libre Asociado y lo dividió en los siguientes tres grupos o divisiones: (1) Servicio Exento, (2) Servicio sin Oposición y (3) Servicio por Oposición. 3 L.P.R.A. see. 642(4).

Excepto que por ley, o por reglamentos autorizados por ley, se especifique otra cosa, la situación sobre nombramientos y despidos en esos tres servicios es la siguiente. Como indica su nombre, el Servicio Exento está exento de la reglamenta-ción de la ley y de sus reglamentos. En dicho Servicio la autoridad nominadora tiene completa libertad para nombrar y despedir personal. Puede nombrar sin sujeción a exámenes previos, a ternas o a requisito alguno y también puede despe-dir en el momento que crea que deba hacerlo, sin sujeción a formulación de cargos, a notificación previa, a vista y a con-sideraciones de justa causa. La misma libertad que tiene para nombrar la tiene para despedir.

En el Servicio sin Oposición la autoridad nominadora tiene considerable libertad para escoger y nombrar, excepto que (1) el candidato escogido tiene que llenar los requisitos del cargo o puesto de que se trate, cuyos requisitos están especificados en el Plan de Clasificación de la Oficina de Personal y (2) el sueldo de la plaza está prefijado en la escala de retribución del Gobierno. En otras palabras, en este Servicio los puestos están clasificados y también están reglamentados los sueldos. No así en el Servicio Exento.

En los servicios Sin Oposición y Por Oposición los puestos o cargos están clasificados, esto es, están descritos conforme a sus funciones y deberes, en un Plan de Clasificación de puestos. Paralelamente, dichas plazas están incluidas en un Plan de Retribución y sus correspondientes sueldos están allí especificados. Por estar así clasificados, es que los servicios Sin Oposición y Por Oposición se conocen también como el servicio clasificado. Anteriormente se le llamaba servicio civil o servicio civil clasificado. “Servicio civil” por ser servicio gubernamental o público, pero no militar, y “clasifi-cado” por estar clasificado, como hemos dicho.

En el Servicio por Oposición la libertad de nombrar de la autoridad nominadora está limitada. Debe nombrar de una lista de cinco personas, llamada “quinta,” de candidatos elegibles para el puesto, lista que a su petición le certificará el Director de Personal. Los sueldos y los puestos en el Servicio por Oposición están clasificados. Esto opera de la siguiente forma: Los candidatos que eventualmente serán incluidos en las quintas han competido previamente y se clasifican por orden de notas. Estos candidatos se incluyen por la Oficina de Personal en el registro de elegibles para los distintos puestos de que se trate. Cuando una autoridad nominadora solicita una quinta de la Oficina de Personal para hacer un nombra-miento, la Oficina de Personal certifica los candidatos que estén en turno de certificación. A la vez, la Oficina de Personal le notifica a cada uno de los cinco candidatos incluidos en la quinta que están siendo certificados para el puesto en cuestión. De esa manera la Oficina de Personal le garantiza a los can-didatos que han competido y que han sido certificados un juego limpio.

También está limitada la libertad de despedir de la autoridad nominadora en el Servicio por Oposición, pues sólo podrán ser destituidos los funcionarios y empleados regulares comprendidos en dicho Servicio por justa causa y previa formulación de cargos. La Ley de Personal dispone el procedimiento para ello. 3 L.P.R.A. see. 671..

Cada uno de dichos tres servicios — el Servicio Exento, el Servicio sin Oposición y el Servicio por Oposición — tiene sus ventajas y sus desventajas. El funcionario o empleado que entra en ellos los acepta con las ventajas y las desventajas que cada uno conlleva. Por ejemplo, el Servicio Exento tiene la ventaja para el incumbente que no tiene que aprobar exáme-nes previos, no tiene que ser certificado por el Director de Personal, su sueldo no está limitado por los planes de retri-bución y toma vacaciones cuando las solicita y su superior se las aprueba.

Algunos de estos cargos del Servicio Exento también con-llevan otros atractivos y a la vez conllevan otros riesgos. Por ejemplo, los jefes de departamentos, los jefes de algunas oficinas exentas, y los ayudantes y asesores del Gobernador son personas generalmente comprendidas dentro del Servicio Exento. Sus cargos generalmente están bien remunerados y los incumbentes tienen la satisfacción íntima de participar en la formulación y en la ejecución de la política pública del Gobierno. En estos cargos la vida oficial del incumbente es sumamente interesante, recibe grandes satisfacciones espiri-' tuales, pero también es peligrosa pues se le puede pedir la renuncia para ser efectiva en el acto y sin necesidad de expli-carla.

De manera que no hay Dada ilegal cuando una autoridad nominadora ejerce, dentro de sus facultades de ley su autoridad en el despido de un funcionario o empleado comprendido en el Servicio Exento. Esa es la situación de ley en ese Servicio. La misma situación se da en cuanto a despidos en el Servicio sin Oposición.

Es en el Servicio por Oposición, como dijimos, que la ley exige justa causa y formulación de cargos en cuanto a los empleados regulares comprendidos en dicho servicio. De manera que en el Servicio por Oposición existe la ventaja de la seguridad en el empleo, excepto si el empleado incurre en conducta que constituya justa causa para su despido, pero, por otro lado, su cargo y su salario están clasificados.

La Ley de Personal, en su Sec. 8(a), 3 L.P.R.A. see. 648(a), dispone taxativamente los cargos que están en el Servicio Exento. Dicha disposición contiene 40 apartados de manera que sería prolijo copiarla aquí. Basta con decir que están exentos los jefes de departamentos y de las corpora-ciones públicas y los funcionarios y empleados de la Asamblea Legislativa. El propósito de eximir de la reglamentación de la Ley de Personal y sus reglamentos a las corporaciones públicas fue el de capacitar a dichas corporaciones y organis-mos para actuar con la flexibilidad y rapidez que sus obliga-ciones y necesidades requieren, debido a la naturaleza de su trabajo.

En su interés de extender el sistema de mérito que informa la Ley de Personal a todos aquellos organismos públicos o parte de ellos, en que dicho sistema pueda operar en beneficio del interés público, la Ley de Personal permite que cualquier agencia, corporación pública o subdivisión política compren-dida en el Servicio Exento pueda, a solicitud propia y con la aprobación del Director de Personal, ser incluida en el Servi-cio por Oposición o en el Servicio sin Oposición, según fuere el caso. También la ley permite que, con la aprobación del Director de Personal, cualquier autoridad nominadora pueda utilizar los servicios de la Oficina de Personal para la formu-lación de planes de clasificación y de remuneración y para el reclutamiento y demás servicios de personal para su respectiva oficina. Como puede verse, esas disposiciones no son obli-gatorias. Permiten a dichos organismos públicos a incorpo-rarse, en la medida en que lo pacten, al sistema de mérito o a utilizar el asesoramiento de la Oficina de Personal del Gobierno de Puerto Rico.

Explicada ya en términos generales la situación de los tres grupos o servicios en los cuales están divididos los puestos o cargos del Gobierno de Puerto Rico, corresponde ahora que examinemos la situación de la Autoridad de los Puertos.

La Ley de Personal expresamente sitúa a “Todos los fun-cionarios y empleados de la Autoridad de Transporte de Puerto Rico” en el Servicio Exento. 3 L.P.R.A. sec. 648(a) (5). Donde dicha ley dice “Autoridad de Transporte” debe entenderse Autoridad de los Puertos, pues ese es el nuevo nombre de dicho organismo. La Autoridad de los Puertos es a todos los efectos la sucesora de la primera. Ley Núm. 17 de 19 abril 1955, 23 L.P.R.A. see. 333.

La Ley de la Autoridad de los Puertos, Ley Núm. 125 de 7 mayo 1942, según enmendada, 23 L.P.R.A. sees. 331 y ss., dispone, entre otras cosas, que los nombramientos y ceses de los funcionarios y empleados de la Autoridad se harán con-forme a las normas y reglamentos que prescribe el Adminis-trador de Fomento Económico en consulta con la Oficina de Personal de Puerto Rico, “conducente” dicha consulta a un plan general análogo al de la Oficina de Personal del Gobierno de Puerto Rico, “en tanto” el Administrador de Fomento Económico lo estime compatible con los intereses de la Autori-dad de los Puertos, los de los empleados y los del servicio público.

Como puede verse, la ley dispone que el Administrador de Fomento Económico prescriba las normas y reglamentos sobre la administración de personal de la Autoridad. Eso es manda-torio. Además, la ley da la directriz en el sentido de que dichas normas y reglamentos “conducirán” a un plan general “aná-logo” (no exacto) de administración de personal al que existe para el Gobierno de Puerto Rico; esto es, el que administra la Oficina de Personal del Gobierno de Puerto Rico. Esto último es directivo, es exhortativo. Puede apreciarse que la Asamblea Legislativa deseaba respaldar y fomentar una administración de personal ordenada y científica, pero a la vez no quiso imponerle obligatoriamente a la Autoridad de los Puertos la letra de la ley y de los reglamentos de la Oficina de Personal del Gobierno, en atención a la antes mencionada necesidad de dicha Autoridad de operar con la flexibilidad y rapidez que sus responsabilidades requieren.

A§í por ejemplo, el legislador • dispuso expresamente que las disposiciones de la Ley. de la Administración de Fomento Económico relativas a personal,, presupuesto, equipo, desem-bolso de fondos, depósito de fondos y sistema de contabilidad no son aplicables a la Autoridad de los Puertos. 23 L.P.R.A. see. 241.

Las normas y reglamentos de la Autoridad de los Puertos sobre las antes mencionadas materias están comprendidas en una serie de resoluciones y órdenes dictadas por el Administrador de Fomento Económico, conforme a la antes mencionada disposición de ley sobre el particular. La Resolución Núm. 842 aprobada por el Administrador’ de Fomento Económico en 28 de mayo de 1968 contiene el Reglamento Revisado de dicha Autoridad. Dicho Reglamento dispone que el Director Ejecutivo será nombrado por el Administrador de Fomento Económico; que dicho Director Ejecutivo será el jefe de la Autoridad; que tendrá la responsabilidad de la dirección de la misma y que es responsable del trabajo de sus diversas divisiones y oficinas. Dispone también dicho Reglamento que el Director Ejecutivo nombrará y despedirá a los funcionarios y empleados de la Autoridad. La Autoridad tiene un Plan de Clasificación de puestos y un Plan de Retribución. Como señalamos antes, ni hemos encontrado nosotros ni el recurrido nos lo ha demostrado, que la ley o los reglamentos de la Autoridad de los Puertos exija justa causa para su remoción del puesto de supervisor que ocupaba. Estando el puesto del recurrido en el Servicio Exento por disposición expresa de la Ley de Personal, y no existiendo disposición en la Ley de la Autoridad de los Puertos ni en sus reglamentos que exijan lo contrario, la remoción del recurrido de su puesto podía hacerse como se hizo, mediante carta y sin necesidad de formularle cargos.

Los despidos sumarios que se hacen a funcionarios y empleados comprendidos en el Servicio Exento y en el Servicio sin Oposición, sin que medie formulación y prueba de cargos, no incapacitan para ocupar cargos o empleos públicos. En esos dos servicios la facultad de despedir reside en la autoridad nominadora y puede ejercerse con o sin explicaciones. Los puestos y cargos en el Servicio Exento y en el Servicio sin Oposición son de libre despido porque son de confianza o porque son de tipo normativo. Sec. 8(b) (2) de la Ley de Personal,. 3 L.P.R.A. sec. 648(b)(2); Arcelay Rivera v. Superintendente Policía, 95 D.P.R. 211, 218 (1967). Por esa misma razón su destitución sumaria no conlleva mancha alguna ni incapacita para ocupar puesto o cargo público, no importa si en la carta de despido se explica o no el mismo. Distinta es la situación en los casos en que se formulan y se prueban cargos. Lo dicho en sentido contrario sobre este particular en Arcelay Rivera v. Superintendente, supra, se deja sin efecto.

En vista de nuestra antes mencionada Orden Para Mos-trar Causa y de las consideraciones anteriores, se expide el auto solicitado y se revocará la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 2 de octubre de 1973.

El Señor Juez Presidente concurre en el resultado.

      Para un recuento histórico del desarrollo de nuestra legislación de servicio civil, véase Irma García de Serrano, La Selección de Personal en el Servicio Público de Puerto Rico, editorial Universidad de Puerto Rico (1969), págs. 5 y ss. De la misma autora “El Desarrollo del Servicio Pú-blico en Puerto Rico,” en III Revista de Administración Pública, de la Es-cuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico, pág.,19 (1966). En términos generales, véase Wells, La Modernización de Puerto Rico (1972), págs. 199 y ss. Versión inglesa: The Modernization of Puerto Rico, Harvard Univ. Press (1969), págs. 193 y ss. Para una excelente dis-cusión sobre el sistema de mérito para el servicio público, véase Muñoz Amato, Introducción a la Administración Pública, Tomo II, págs. 88 y ss. (1957). En una ocasión futura esperamos volver sobre este tema con más detenimiento, pero ahora debemos proseguir con el caso de autos.

      En los organismos públicos que están en el Servicio Exento y para los cuales la ley permite negociación colectiva, generalmente se provee algo en el convenio colectivo sobre esto.

       La disposición de ley antes mencionada no la hemos copiado verbatim; su texto exacto se encuentra en la sec. 8(e) de la Ley de Personal, 3 L.P.K.A. sec. 648(e).

      Hace esta referencia al Administrador de Fomento Económico la ley porque mediante el Plan de Reorganización Núm. 10, sometido a la Asamblea Legislativa por el Gobernador en 17 febrero 1950 y el cual entró en vigor el 1ro. de julio de 1950, dicho Administrador sustituyó a la Junta de Directores de la Autoridad de Transporte y tiene Jas funciones que antes tenía dicha Junta.


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author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    José C. Padilla Figueroa, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Antonio Rivera Brenes, Juez, demandado.

      Número: O-73-426

      Resuelto: 8 de febrero de 1974

      José C. Padilla Figueroa, por su propio derecho; Myriam Na-veira de Rodón, Procuradora General, y Cándita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogadas del demandado.
   PER CURIAM:

José C. Padilla Figueroa compareció ante nos por su propio derecho mediante un escrito titulado “Mo-ción de Revisión de Sentencia al Amparo de la Regla 192.1”. Alega que actualmente se encuentra recluido en la Peniten-ciaría Estatal cumpliendo una sentencia de 5 a 7 años de presidio por los delitos de posesión, transportación y oculta-ción de la droga narcótica conocida por heroína en violación de la Ley de Drogas y Narcóticos de 1959, 24 L.P.R.A. see. 974. Sigue alegando que las sentencias le fueron impuestas el 8 de julio de 1971, ya vigente el Art. 404 de la Ley de Substancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2404, y solicita que “se le brinden los beneficios del Artículo 404.” Una solicitud similar fue radicada por él ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, casos G71-378 y G71-379 la cual fue declarada sin lugar mediante orden de 25 de octubre de 1973 (Hon. Antonio Rivera Brenes, Juez) “por razón de [que] las sentencias fueron dictadas con anterioridad a la vigencia del Artículo 602 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971”. Vista la discrepancia entre lo alegado por el peticiona-rio y lo expuesto en dicha orden requerimos del Procurador General que se manifestara sobre el particular. Nos informa y confirma el Procurador General mediante copia certificada de la sentencia dictada por el tribunal de instancia que esta fue pronunciada el 8 de junio de 1971.

Si bien el Art. 404 de la Ley de Substancias Controladas, 24 L.P.R.A. see. 2404, comenzó a regir el 23 de junio de 1971, a esa fecha no era firme la sentencia dictada contra el peticionario por cuanto no había transcurrido el término de 20 días para apelar consignado en la Regla 194 de Procedi-miento Criminal. La Ley de Substancias Controladas dispone en su Art. 602, 24 L.P.R.A. see. 2602, en su inciso (a) lo siguiente:

“(a) Las acusaciones pendientes por cualquier violación a las leyes o partes de leyes derogadas por este Capítulo, que ocu-rra con anterioridad a la fecha de vigencia del mismo se seguirá tramitando bajo la ley vigente al momento de haberse cometido la susodicha violación. Si la violación por la cual se ha acusado es similar a las que se incluyen en este Capítulo, se aplicarán las penalidades dispuestas por este Capítulo, si éstas son menores que las penalidades bajo la legislación anterior.” (Énfasis nues-tro.)

Siendo las penalidades prescritas por el Art. 404 de dicha Ley, 24 L.P.R.A. see. 2404, más benignas que las de la ley anterior para el caso de posesión de alguna substancia con-trolada y visto el propósito rehabilitador de dicha ley, consi-deramos que el peticionario es acreedor a sus beneficios en esta etapa de su caso. Cf. Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859 (1974) y Pueblo v. Nieves Vargas, 101 D.P.R. 263 (1973).

Considerado su escrito como una solicitud de certiorari, se expedirá el auto solicitado, se dejará sin efecto la orden del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictada el 25 de octubre de 1973 y se ordenará la devolución de este caso a dicha Sala para que proceda a resentenciar al peticionario, de conformidad con el Art. U0k de la Ley de Substancias Contro-ladas, 2U L.P.R.A. sec. 2k0k.


author: per CURIAM:

text:
      In re Héctor Dávila Román, querellado.

      Número: O-73-326

      Resuelto: 12 de febrero de 1974

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Héctor Dávila Román, por su propio derecho.
   per CURIAM:

El Hon. Procuradora General de Puerto Rico formuló querella contra el abogado Héctor Dávila Román consistente de los siguientes cargos:

1. Allá para los años 1963, 1967, 1968, 1969, 1970 y 1971 el querellado observó una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogado y notario al no adherir y cancelar los eorrespon-dientes sellos de rentas internas y del Colegio de Abogados en las escrituras [sic] número 12 de su Protocolo de 1963; en 123 escrituras de su Protocolo del 1967; en 116 escrituras de su Pro-tocolo de 1968; en 121 escrituras de su Protocolo de 1969; en 38 escrituras de su Protocolo de 1970 y en 65 escrituras de su Pro-tocolo de 1971, en contravención de la sección 6 de la Ley Notarial. (4 L.P.R.A. 1006)

2. “Allá para el año 1969 el querellado observó una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogado al remover su Proto-colo del edificio donde se hallaba, sin previa autorización judicial y sin notificarlo al Secretario del Honorable Tribunal Supremo ni al Secretario de la Sala correspondiente del Tribunal Superior, ni a la Dirección de Inspección de Protocolos, en violación de la Regla 9 del Reglamento de este Honorable Tribunal. (4 L.P.R.A. Ap. I)

3. “El querellado observó una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogado al no encuadernar debidamente sus pro-tocolos de los años 1967. a 1970, en violación a la Sección 31 de la ■Ley Notarial, 4 L.P.R.A. 1031.

4. “El querellado observó una conducta ilegal, inmoral e im-propia al no rendir semanalmente al Tribunal Superior los índices semanales de escrituras y affidavits otorgados en su nota-ría, en violación de la Ley Notarial, Sección 26, 4 L.P.R.A. 1026.

5. “Allá para los años de 1970 y 1971 el querellado observó una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogado, al inten-cionalmente evadir las instrucciones de los inspectores de proto-colos para que les suministrara los mismos a los efectos de ser examinados, en contravención del Artículo 38 de la Ley Notarial. (4 L.P.R.A. 1038)

6. “Allá para el mes de mayo de 1972 el querellado observó una conducta ilegal, inmoral e impropia como abogado al igno-rar una orden del Honorable Tribunal Supremo emitida el 24 de mayo de 1972 para que mostrara causa por la cual no debía ser disciplinado por sus violaciones a la Ley Notarial.”

El abogado querellado en su contestación a la querella acepta todos y cada uno de los cargos contenidos en la anterior querella.

La conducta del querellado es ilegal e impropia de un abo-gado y demuestra una total y absoluta falta de responsabili-dad profesional y de respeto a este Tribunal y a las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, constituyendo su proceder la conducta profesional reprensible sancionada por las Sees. 735 y 736 del Título 4 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.

En virtud de lo expuesto se separa al abogado querellado Héctor Dávüa Román del ejercicio de la profesión de abogado en el Estado Libre Asociado y se ordena que su nombre sea eliminado de los registros de abogados.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Marcano Romero, acusado y apelante.
    Número: CR-72-139

      Resuelto: 12 de febrero de 1974

      Fermín B. Arraiza Miranda y Graciany Miranda Marchand, abo-gados del apelante; Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Au-xiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Un juez expidió orden de arresto contra el apelante por infracción de los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, motín y conspiración. El apelante resistió el arresto y en el forcejeo con los agentes cuando lo introducían en el vehículo oficial, el maletín que portaba cayó al piso del automóvil. Uno de los agentes lo abrió y encontró un revólver Smith & Wesson, tipo “magnum”, calibre 38 cargado y 17 balas adicio-nales del mismo calibre. Se impugna por irrazonable el regis-tro del maletín y se pide la supresión de la evidencia allí ocupada, que al ser admitida en juicio dio lugar a la convic-ción del acusado por infracción del Art. 6 de la Ley de Armas que es objeto del presente recurso.

Dispone la Regla 19 de Procedimiento Criminal:

“Cualquier persona que realizare un arresto podrá quitar al individuo arrestado todas las armas que llevare encima y deberá entregarlas al magistrado ante quien se condujere al arrestado. En el caso de que el arresto se realizare por una persona particular y ésta entregare la persona arrestada a un funcionario del orden público según lo dispuesto en la Regla 22(a), dicha persona particular deberá entregar al funcionario las armas que ocupare, y éste a su vez deberá entregarlas al magistrado ante quien condujere a la persona arrestada.”

El concepto “llevar encima” no se limita al cuerpo del intervenido sino que se extiende a cualquier maletín, bolso, funda, cartera, maleta, caja, u objeto de uso y naturaleza similar a éstos en que pueda ocultarse evidencia delictiva y que el individuo figurativamente “lleva encima” porque se mueve con él y seguirá tan unido a su persona como un bolsillo de su pantalón o una vaqueta, manteniendo el arma allí oculta a la inmediata disposición de su portador. El hecho de que el individuo se desprenda voluntariamente del maletín o de que en un forcejeo se separe físicamente del mismo no lo convierte de súbito en cáliz intocable, como tampoco abstraería del registro la vaqueta o el arnés que rueda por el suelo. Los casos de Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964) y Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971), en ninguno de los cuales medió orden judicial de arresto, regulan situaciones distintas fuera del ámbito de la transcrita Regla 19 cuyo principio satisface normas de constitucionalidad. Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206, 210-212 (1954).

Sin embargo, habiendo uno de los agentes recibido información previa de que el apelante estaba armado, ante la resistencia de éste al arresto incluyendo su llamada a una turba que atacó con piedras a los policías en un intento por impedir la detención, viéndose éstos obligados a retirarse pre-«piladamente con el' acusado ,en el automóvil oficial, razón válida que explica la dilatada contemporaneidad entre la detención y el.registro del maletín, hay en este caso elementos y circunstancias que hubiesen justificado el registro incidental al arresto, aun cuando los oficiales no tuvieren orden de arresto librada por magistrado, bajo las normas limitativas de razonabilidad expuestas en Pueblo v. Sosa Díaz, supra; Pueblo v. Polanco Marcial, 95 D.P.R. 470 (1967); Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967); Rolón v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 662 (1968); y Pueblo v. de Jesús Robles, 92 D.P.R. 345, 359 (1965).

No estamos abandonando la regla de razonabilidad del registro mantenida en Sosa Díaz, supra. Lo irrazonable sería conservar inviolado el maletín recogido del suelo y sin pérdida de tiempo entregarlo al acusado como si en el forcejeo se le hubiera caído un reloj o un lápiz, porque si no ha de regis-trarlo la policía, no puede retenerlo. Es evidente que un male-tín en las circunstancias relatadas aumenta considerable-mente el peligro para el agente de orden público en su con-frontación con el acusado al cumplimentar la orden de arresto. Es de público y notorio saber que hoy día junto a papeles y escritos, y aun sin este fruto intelectual, el maletín es el medio predilecto de muchas personas para tener un arma de fuego. Su amplio.espacio y versatilidad permiten llevar en el mismo artefactos y materiales explosivos, armas cortas y una gama de instrumentos ofensivos.

Bajo cualquier criterio de razonabilidad el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución que proscribe las incautaciones, registros y allanamientos irrazonables, no impide la ocupación de cuanto “lleva encima” un individuo arrestado por orden de magistrado.

En el presente caso la policía tenía orden de arresto contra el apelante por delito grave relacionado con una conducta violenta (infracción Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas, motín y conspiración). Estaba plenamente justificado el registro incidental de su persona y pertenencias inmediatas por autoridad que emana de la orden judicial de arresto. Mediando orden de arresto, el registro incidental del acusado y en situación extrema aun de su hogar, sin orden de allana-miento está plenamente justificado. Pueblo v. Albizu, 77 D.P.R. 896, 906 (1955); Pueblo v. Soto, supra; Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 132, 134 (1956).

Procede añadir que el concepto de razonabüidad al practicar un arresto ha sido considerablemente expandido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos al resolver que aun sin orden judicial, una vez puesta la persona bajo custodia física del agente en virtud de un arresto legal, éste podrá registrarla.

“El arresto de un sospechoso basado en causa probable es una intrusión razonable bajo la Enmienda IV; siendo legal la intru-sión, el registro incidental al arresto no requiere más justifica-ción. Es el hecho mismo del arresto legal lo que establece la autoridad para registrar, y resolvemos que un completo registro de la persona no sólo es una excepción al requisito de orden de la Enmienda IV, sino que también es un registro ‘razonable’ bajo dicha Enmienda.” United States v. Robinson, (94 S.Ct. 467 (1978—38 L.Ed.2d 427).

Establecida la razonabüidad del registro, no erró el tribunal a quo al admitir el revólver y demás evidencia ocupada al apelante.

Se modificará la sentencia dictada el 7 de diciembre de 1970 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, reduciendo a 6 meses de cárcel la pena impuesta a tenor de la Ley Núm. 9 aprobada en 7 de julio de 1971 {Sk L.P.R.A. see. 1712 (a)), y así modificada se confirmará.

      “Este derecho al registro contemporáneo y a la ocupación de armas y evidencia no solamente cubre a la persona que está siendo legalmente arrestada, sino también se extiende a los lugares (premises) y cosas que están bajo su control inmediato.” (Citas.) Pueblo v. Riscard, supra. (Énfasis suplido.)


author: El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

text:
    Municipio de Carolina, demandante y recurrido, v. Caribbean Atlantic Airlines, Inc., demandante y recurrente.

      Número: R-70-134

      Resuelto: 12 de febrero de 1974

      Francisco Ponsa Feliu, Wilson F. Colberg y Miguel A. Valdejulli, abogados de la recurrente; Tomás Sandoval Cruz, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

emitió la opinión del Tribunal.

La Caribbean Atlantic Airlines, Inc. (Caribair) impugna el cobro por el Municipio de Carolina de un cargo un patente municipal montante a $5,125.50 para el año fiscal 1967-68, basado en su volumen de negocio durante el año natural 1966.

Los referidos derechos de patente le fueron fijados a la línea aérea por el Municipio de Carolina haciendo uso de las facultades que le confería la Ley de Patentes entonces vigente de imponerlas a toda persona, firma, asociación, sociedad, cor-poración u otra forma cualquiera de organización comercial o industrial dedicada a cualquiera de los negocios o industrias que se mencionan en dicha ley. Al determinar cuales son los ingresos municipales, la ley establece que, entre otros, están los obtenidos por concepto de patentes comerciales e indus-triales, según la Ley Núm. 26 aprobada el 28 de marzo de 1914, según enmendada, Sees. 621 a 639 de este Título 21. Esa misma See. 1479 (d) del referido Título 21 hace constar ex-presamente que el poder de los municipios para imponer patentes no está limitado a los negocios o industrias que se especifican bajo los grupos “A”, “B” y “C” en la See. 623 del Título 21 de L.P.R.A., sino que dichas patentes pueden también imponerse . . sobre los demás establecimientos comerciales e industriales que proveyere la Asamblea Municipal.”

El 12. de junio de 1971, se aprobó una nueva Ley de Patentes (la Núm. 27 de ese año), 21 L.P.R.A. 641 et seq. (Sup. Acum., 1973, Equity, pág. 351), que derogó la ley anterior; y bajo el grupo “C”, dejó intacta la autoridad de los municipios para imponer patentes a las líneas aéreas, al dis-poner que “además de los comercios, negocios o industrias enumerados en esta sección, la asamblea municipal queda autorizada para incluir y clasificar dentro de los grupos A, B y C, mediante ordenanza o resolución, cualesquiera otros comercios, negocios o industria no enumerados. . . .”

La patente municipal se impuso en este caso basándose en la Sec. 641b del Título 21 de L.P.R.A., “. . . sobre la base del volúmen de los negocios efectuados durante el año inme-diatamente anterior_”

Existiendo una diferencia de criterio entre el Municipio y Caribair, ya que la-segunda consideraba que no procedía el cobro de la suma fijada en la patente, por estar exenta del pago de dicha patente bajo las disposiciones de la exención contributiva dispuesta en la- Ley Núm. 135 de 9 de mayo dé 1945, según fue enmendada por la Ley Núm. 77 de 20 de junio de 1966, 13 L.P.R.A. see. 194 (Sup. Acum.), por ser la patente una forma de contribución; y el Municipio considerar que la letra de la Ley Núm. 135, según enmendada, es clara. y que la exención contributiva se limita a contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble; y no cubre las patentes municipales; comparecieron ambas partes ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior de Puerto Rico con una solicitud o demanda sobre Sentencia Declaratoria, donde, luego de plantearle dicha divergencia de criterios en relación con la interpretación de dicha Ley de Exención Contributiva y esti-pular los hechos expuestos, pidieron a dicho tribunal que dic-tara una declaración de los “. .. derechos, estado u otras rela-ciones jurídicas que de aquellos se deriven y cualquier orden que estime procedente con relación a la determinación de si procede cobrársele a Caribair por el Municipio de Carolina la patente municipal bajo la situación que en adelante se describe.”

El 9 de abril de 1970, la Sala de San Juan del Tribunal Superior dictó sentencia en la cual dictaminó que Caribair venía obligada a pagar los derechos de patente municipal referidos.

La Caribair acude ante nos alegando, en síntesis, que la interpretación de la Ley Núm. 135 de 1945 hecha por el Tribunal Superior es literalista, inconsistente con la totalidad de la ley y con el propósito que inspira la exención contribu-tiva.

La Ley Núm. 135 de 9 de mayo de 1945, según enmen-dada, 13 L.P.R.A. see. 194 (Sup. Acum., pág. 171) en su parte pertinente, dispone lo siguiente:

“§ 194. Transporte aéreo
(a) Toda persona natural o jurídica que se dedique como porteador público a servicios de transporte aéreo queda exenta, en cuanto a tales servicios, del pago de toda contribución estatal, local y municipal, de cualquier nombre o naturaleza que ésta sea, sobre todas sus propiedades muebles o inmuebles que actual-mente posea o adquiera en lo sucesivo, incluyendo todos los im-puestos o arbitrios sobre equipo o materiales, pero sin incluir arbitrios sobre combustibles ni el derecho que la Ley 82, de 26 de junio de 1959, autorizó a la Autoridad de los Puertos a im-poner sobre toda gasolina de aviación, todo producto combustible para uso o consumo en la propulsión de vehículos de transporta-ción aérea y toda mezcla de gasolina con cualquier producto combustible para uso o consumo en la propulsión de vehículos de transportación aérea, destinados a consumirse en viajes por aire dentro de los límites territoriales de Puerto Rico.
Asimismo estarán exentos de contribución sobre la pro-piedad mueble los aviones y equipo relacionado con éstos, arren-dados y poseídos por un porteador público dedicado al servicio de transporte aéreo siempre que se establezca a satisfacción del Se-cretario de Hacienda que tal propiedad está siendo utilizada para tal fin.
(b) Las exenciones provistas en el inciso (a) de esta sección en ningún caso se interpretarán en el sentido de comprender o cubrir contribución sobre ingresos o cuotas pagaderas por virtud de la Ley sobre Indemnizaciones a Obreros por Acci-dentes del Trabajo, secs. 1 a 42 del Título 11.
(c) . . . ”

De entrada diremos que cuando el Legislador ha querido eximir de las patentes municipales a entidades o negocios exentos del pago de las contribuciones sobre su propiedad mueble o inmueble, así lo ha determinado expresamente. To-memos, por ejemplo, las disposiciones de la Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1963 (13 L.P.R.A. see. 252, inciso (c), Sup. Acum. 1973, pág. 196) que dispone lo siguiente:

“§ 252. Exenciones
'(a) ..i......
(b).
(c) Negocios exentos no estarán sujetos a las patentes, arbi-trios y otras contribuciones municipales impuestas por cualquier municipalidad, por los períodos que se relacionan a continua-ción. . . .” (Bastardillas nuestras.)

Y también lo dispuesto en el inciso (b) de la See. 252 del Título 13 de L.P.R.A. (Sup. Acum. 1973, pág. 195); y en el inciso (b) de la See. 241 dél Título 13, supra, a la pág. 183, en igual sentido.

A 'contrarius census, si no existiera la exención del inciso (c), los negocios exentos del pago de contribuciones sobre su propiedad mueble o inmueble, tendrían que pagar las patentes, arbitrios y otras contribuciones impuestas por cualquier mu-nicipalidad.

Sostenemos que una patente municipal, a nuestro juicio, no es una contribución; pero aceptando, a los fines de resolver la cuestión envuelta en este caso, que una patente municipal es una contribución, nos enfrentamos al problema que la patente aquí cuestionada se impuso a base del volumen del negocio para lo cual están autorizados los municipios por la Ley de Patentes, y no sobre las propiedades muebles o in-muebles de Caribair. La letra de la Ley es clara y precisa. La exención del pago de toda clase de contribuciones, estatales, locales y municipales, de cualquier nombre o naturaleza que sean es . . sobre todas sus propiedades muebles o inmuebles que actualmente posea o adquiera en lo sucesivo, ...” (Bas-tardillas nuestras.)

No creemos que exista ningún error en la sintáxis de la disposición, ni que se crea ambigüedad alguna al incluir la referida frase sobre que la exención se concede sobre las pro-piedades muebles o inmuebles. No hay tal “interpretación literalista,, como alega Caribair. Cuando la letra de la ley es clara y libre de toda ambigüedad, no debe ser menospre-ciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu. Código Civil, 1930, Art. 14; 31 L.P.R.A. sec. 14. No existe ambigüedad ninguna en la disposición de la ley, al establecer diáfanamente que la exención es en relación con los bienes muebles o inmue-bles del porteador.

La'disposición (b) de la See. 194, supra, aclara que en la exención no está incluida la contribución sobre ingreso ni las cuotas a pagarse por concepto de la Ley sobre Indemniza-ción a Obreros. Es natural que así se aclarara, para que no se entendiera que el porteador estaba exento del pago de esas contribuciones, porque, en primer lugar: (1) la contribución sobre ingresos se impone sobre el ingreso neto,de todo indi-viduo, corporación o sociedad. (13 L.P.R.A. sees. 3011 y 3012; Sup. Acum., 1973, págs. 11 y 12.)

“Ingreso” es el caudal que entra en poder de uno; e “ingresar” significa entrar ■ una cosa y especialmente dinero. (Bastardillas nuestras.)

Como la contribución se impone sobre el ingreso neto que se recibe durante el año; y ese dinero es-una propiedad mueble del contribuyente, el Legislador consideró necesario excluir esa contribución de la exención; y (2) en cuanto a la cuota por indemnización a obreros, ocurre sustancialmente lo mismo. Las cuotas que se cobran para sostener el fondo estatal para cubrir accidentes industriales, se ha sostenido que constituyen “contribuciones” (taxes).

En el caso de State Industrial Acci. Commission v. Aebi, 177 Or. 361, 162 P.2d 513; 161 A.L.R. 211 se sostiene que una cuota impuesta por la Ley de Indemnizaciones a Obreros sobre los patronos no deja de ser una contribución porque se aplique a aquellos patronos dedicados a ocupaciones que la Ley declara peligrosas.

En dicho caso de Aebi, supra, se cita con aprobación, la definición del término “contribución” (tax) dada por el emi-nente Juez Presidente que fue del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, señor Hughes, cuando era Juez Asociado, como aplicable a las contribuciones requeridas de los patronos bajo la Ley de Desempleo de Wisconsin, cuya definición reza así:

“Una contribución (tax) es una impuesta para sufragar los gastos públicos. Se fija sobre alguna regla de prorrateo (apportionment) de acuerdo con la cual las personas o propiedad gra-vadas comparten la carga pública, y, ya sea que la tasación opere sobre todos dentro del Estado, o sobre aquellas pertenecientes a una clase o localidad específica, su naturaleza esencial es la misma. (Traducción nuestra.)

La contribución que se impone al patrono se basa en el importe en dólares y centavos de la nómina corriente de los salarios pagados a todos sus obreros y empleados. 11 L.P.R.A. sec. 20. Ese dinero, importe de la nómina, es de la naturaleza de un bien mueble; y siendo una contribución sobre bienes muebles del patrono, hubo la necesidad, de parte del Legisla-dor, de. expresar claramente que la exención contributiva concedida a Caribair no incluía esa contribución.

El Legislador excluyó de la exención, específicamente: (1) a los arbitrios sobre combustible; y (2) el impuesto de dos (2) centavos por galón de gasolina que la Ley de 26 de junio de 1959 autorizó a la Legislatura a imponer sobre gasolina de aviación. A nuestro juicio, esas dos exenciones carecen de importancia, para sostener el criterio de que Caribair está exenta del pago de la patente municipal impugnada. Veamos:

La Ley Núm. 135 aprobada en 9 de mayo de 1945 (Leyes de ese año, pág. 457) dispone lo siguiente:

“Sección 1. Toda persona, natural o jurídica, que se dedi-que como porteador público a servicios internacionales de trans-porte aéreo, queda exenta, en cuanto a tales servicios, del pago de toda contribución insular, local y municipal, de cualquier nombre o naturaleza que ésta sea, sobre todas sus propiedades muebles o inmuebles que actualmente posea o adquiera en lo sucesivo, in-cluyendo todos los impuestos o arbitrios sobre combustibles, lubricantes, equipo o materiales. [Bastardillas nuestras.]
Sección 2. Las exenciones provistas en la Sección 1 en nin-gún momento se interpretarán en el sentido de comprender o cu-brir contribuciones sobre ingresos o cuotas pagaderas por virtud de la Ley sobre Indemnizaciones a Obreros por Accidentes del Trabajo/’

Esta Ley originalmente incluía expresamente como pro-piedad mueble exenta también, los combustibles, lubricantes, equipos o materiales de la porteadora aérea.

Esta Ley fue enmendada, y su texto vigente, en su-parte pertinente, es el que aparece a las págs. 945 y 946 de esta opinion (13 L.P.R.A. see. 194, Sup. Aeum., pág. 171); y con-trario a la versión original de 1945, supra, que incluía expre-samente en la exención a todos los impuestos o arbitrios sobre combustibles, lubricantes, equipos o materiales, esta nueva ley no incluye en la exención los “.. . arbitrios sobre combustibles ni el derecho que la Ley 82, de 26 de junio de 1959, autorizó a la Autoridad de los Puertos a imponer sobre toda gasolina de aviación, todo producto combustible para uso o consumo en la propulsión de vehículos de transportación aérea y toda mezcla de gasolina con cualquier producto combustible para uso o consumo en la propulsión de vehículos de transportación aérea, destinados a consumirse en viajes por aire entre Puerto Rico y otros lugares,, o en viajes por aire dentro de los límites territoriales de Puerto Rico.”

Los arbitrios sobre combustibles se establecieron en virtud de las disposiciones de la Ley Núm. 21, aprobada en 20 de enero de 1956 (Ley de Impuestos sobre Artículos de Uso y Consumo de Puerto Rico, 13 L.P.R.A. see. 4030). Tales arbitrios constituían una contribución impuesta sobre los combustibles, que tenían y tienen la naturaleza de una pro-piedad mueble. Pero esa contribución se suspendió por las disposiciones del Art. 1, de la Ley Núm. 82, aprobada el 26 de junio de 1959 (Leyes de ese año, pág. 229; 13 L.P.R.A. see. 4030 (nota en Historial)),“... siempre que la Autoridad de los Puertos imponga un derecho de dos centavos por cada galón o fracción de galón sobre dichos productos en lugar de dicha contribución y lo cobre a los suplidores del mismo que operen en los aeropuertos de Puerto Rico. (Bastardillas nuestras.) El término “suplidor”,' según se define en la propia Ley, significa cualquier persona natural o jurídica que se dedique al negocio de suplir los mencionados productos, como también significa los consumidores de los mismos en el caso de que éstos los importen directamente.

Al suspender la contribución impuesta sobre los combustibles, que constituyen propiedad mueble, por el derecho de dos centavos que la Legislatura autorizó a la Autoridad de los Puertos a imponer por cada galón o fracción de galón de dichos productos, indudablemente que la Legislatura consi-deró necesario hacer constar expresamente que ese derecho substituto de dos centavos no fuera a- considerarse como otra contribución, cuando no lo era, y sí un “derecho” para proveer a la Autoridad de los Puertos recursos propios independientes del poder contributivo del Estado para el financiamiento de mejoras capitales. La Legislatura no tuvo el beneficio de la interpretación judicial que le dió este Tribunal a la referida Ley en el caso de Esso Standard Oil v. A.P.P.R., 95 D.P.R. 772 ( Ramírez Bages) (1968), donde expresamos que con el propósito de proveer recursos a la Autoridad fue que se le autorizó la imposición de un derecho así caracterizado para distinguirla de la contribución que suspendía; ya que las con-tribuciones se imponen con el propósito exclusivo de generar rentas, y en ese caso, el derecho no va dirigido a ese fin, sino a producir ingresos a una instrumentalidad pública para el necesario y adecuado financiamiento de sus fines y propósitos. De que había la posibilidad de que se alegara que el “derecho” referido fuera una contribución, lo demuestra dicho caso de Esso, supra; ya que en él se sostuvo que era una contribución, igual a la substituida; y que, por lo tanto, como sostuvo allí la interventora Caribbéan Atlantic Airlines, Inc., que la exen-ción que se le había concedido incluía el “derecho” en cuestión; diciendo este Tribunal en dicho caso:

“Resumiendo, de lo expuesto resulta evidente que el derecho que la Asamblea Legislativa autorizó a la recurrida a cobrar es, en efecto un derecho (fee) por servicio o uso de facilidades y no una contribución como aquella a la cual sustituyó, . . . .” (Esso, supra.)

Por eso, entendemos que la Legislatura quiso evitar dudas, y expresó que en la exención concedida a Caribair no se incluía el referido derecho de dos centavos.

Hemos resuelto repetidas veces que las exenciones contri-butivas son derogaciones del poder soberano y que no deben entenderse más allá de los términos expresos y exactos del estatuto que los otorga y que toda duda debe resolverse en contra de la existencia de la exención. (Texas Co. (P.R.) Inc. v. Trib. de Contribuciones, 82 D.P.R. 134, 160 (1961). Cf. American Nat Bldg. v. City of Baltimore, 224 A.2d 883 (Md. 1966).)

Y los términos expresos, específicos y exactos del estatuto que concede la exención, aquí envueltos, con meridiana clari-dad, expresan que la exención que se concede es sobre la pro-piedad mueble o'inmueble de la porteadora; y la patente im-pugnada no es una contribución sobre propiedad mueble o inmueble de la porteadora, como hemos expuesto arriba.

Por las razones expuestas, se dicta sentencia confirmando la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 9 de abril de 1970. .

El Juez Asociado, Señor Torres Rigual, concurre con el resultado; y los Jueces Asociados, Señores Rigau, Dávila y Díaz Cruz, disintieron.

Voto disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz en el cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila

San Juan, Puerto Rico, a 12 de febrero de 1974

Una línea aérea del país (Caribair) recurre contra sen-tencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, en la que se dictamina que no le exime del pago de patentes municipales al municipio de Carolina la letra de la Ley Núm. 135 de 9 de mayo de 1945, enmendada (13 L.P.R.A. see. 194) que en lo pertinente copiamos:

“See. Í94. Transporte aéreo.
(a) Toda persona natural o jurídica que se dedique como porteador público a servicios de transporte aéreo queda exenta, en cuanto a tales servicios, del pago de toda contribución estatal, local y municipal, de cualquier nombre o naturaleza que ésta sea, sobre todas sus propiedades muebles o inmuebles que actual-mente posea o adquiera en lo sucesivo, incluyendo todos los im-puestos o arbitrios sobre equipo o materiales,

La opinión de la mayoría confirma la sentencia apelada en base a que la exención “se concede . . . sobre la propiedad mueble o inmueble de la porteadora; y la patente impugnada no es una contribución sobre propiedad mueble o inmueble de la porteadora.” Llega a esta conclusión diciendo que la patente gravita sobre el “volumen de los negocios” (21 L.P.R.A. see. 641b — Supto. 1973), concepto que no puede clasificarse como propiedad mueble o inmueble. ¿Podrá haber volumen de nego-cios si no hay propiedad mueble o inmueble invertida en el tráfico comercial y en el desarrollo industrial? El volumen de negocios no se extrae como el hidrógeno del aire. No es más que el producto o fruto del bien introducido en el comercio y es por tanto figura inseparable de la propiedad que lo genera. La interpretación literalista derrota el propósito conocido de la legislación instrumentando el programa de Fo-mento Económico en nuestra patria. Si la exención contribu-tiva es quizás el mayor incentivo designado para el desarrollo del país, ¿cómo aplicar normas estrechas de interpretación que estuvieron bien en una época donde se consideraba más importante cobrar contribuciones que crear empleos y fomen-tar riqueza mediante el estímulo a la empresa privada?

El “volumen de negocios” no es figura desligada de la operación exenta; representa ingresos obtenidos por la utili-zación de capital (bienes) en la actividad industrial. La exen-ción contributiva va dirigida a fomentar y crear no tan solo nuevas y adicionales fuentes de empleo en operaciones indus-triales sino a mantenerlas en operación para así reducir hasta ir eliminando el desempleo. El propósito de la exención en cuestión es la realización de un fin social y económico de gran necesidad y bienestar para la comunidad. Si el ingreso se deriva de las actividades que en el curso normal y corriente de los negocios propenden a la realización del propósito legis-lativo y que constituyen las funciones propias y adecuadas para lograrlo, y que se previeron como se puede razonable-mente determinar de las disposiciones del estatuto bajo con-sideración, dicho ingreso cae dentro del ámbito de la exención. Proctor Mfg. Corp. v. Srio. de Hacienda, 91 D.P.R. 829, 838, Ramírez Bages, J. (1965).

“Teniendo en mente lo anterior será fácil ver que las exenciones industriales de contribuciones que concede el Gobierno de Puerto Rico no deben interpretarse como las antiguas exen-ciones contributivas las cuales eran privilegios, por cuya razón era beneficioso al interés público interpretarlos restrictivamente. Por el contrario, las exenciones industriales de contribuciones deben interpretarse en forma consonante con su propósito crea-dor. Sólo así se cumple la intención legislativa y además esa interpretación fiel y razonable es la interpretación beneficiosa al interés público. La exención industrial de contribuciones no es una gracia, en el viejo sentido de la frase, que el Gobierno de Puerto Rico confiere sino que es un instrumento que utiliza Puerto Rico para fomentar la industria y la inversión produc-tiva, todo con el alto objetivo final de hacer posible una vida civilizada, material y espiritual, para los habitantes del país. Dichas exenciones son un instrumento realista y eficaz en el esfuerzo del país por eliminar las condiciones ‘sub-humanas’ que en algunos sectores todavía existen.” Textile Dye Works, Inc. v. Srio. de Hacienda, 95 D.P.R. 708, 713, Rigau, J. (1968).

Al aceptar sólo a los fines del argumento que una patente municipal es una contribución, la opinión ignora que como tal contribución la calificó el legislador en la Ley Municipal al disponer lo siguiente:

“Sec. 1178. Atribuciones
Entre las atribuciones de la asamblea municipal estarán especialmente las siguientes, con sujeción a las demás disposi-ciones de este Subtítulo:
(6) La imposición de contribuciones razonables dentro de los límites jurisdiccionales del municipio; Disponiéndose, que a los efectos de la aplicación de la Ley de Patentes de Industria y Comercio decretada por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el 28 de marzo de 1914, según ha sido enmendada, sees. 621 a 639 de este título, la asamblea municipal queda por la presente autorizada para incluir, mediante ordenanza o resolución, cuales-quiera establecimientos o agencias de industrias y comercio que no se hubieren enumerado en la expresada ley.” (21 L.P.R.A. see. 1173, inciso 6.) (Énfasis suplido.)

La patente impuesta por Carolina afecta y grava la pro-piedad mueble e inmueble de la recurrente y reduce la exen-ción concedida por acto de la Asamblea Legislativa. La acción del Municipio no puede prevalecer.

La sentencia debe ser revocada reconociendo la exención de ley.

      Véanse las sees. 621 y 622 del Título 21 de L.P.R.A.

      21 L.P.R.A. sec. 1479(d).

      Los hechos y las disposiciones legales que arriba hemos expuesto.

      Véase también el incisos (])(1), (j) (2) y (j) (3) de dicha See. 252, supra.

       Vox: Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española-; Ed. Bibiograph, S.A., Barcelona, 1970.

       “Contributions exacted for the support of a state industrial accident fund have been held to constitute taxes.” (Bastardillas nuestras.) 58 Am.'Jur. sec. 553, pág. 921; cita precisa a la pág. 922.

      “. . . an exaction imposed by the workmen’s compensation statute upon employers is nonetheless a tax because it applies to such employers as are engaged in occupations declared by the statute to be hazardous.” (Ver caso Aebi, supra.)

       “A tax is an enforced contribution for the payment of public expenses. It is laid by some rule of apportionment according to which the persons or property taxed share the public burden, and whether taxation operates upon all within the state, or upon those of a given class or locality, its essential nature is the same.” (Mr. Justice Hughes in Houck v. Little River Drainage District, 239 U.S. 254, 36 S.Ct. 58, In Re Oshkosh Foundry Co., 28 F.Supp. 412, 414; y también por el Sr. Juez Federal de Distrito en el caso Aebi, supra.)

      Los tribunales no deben seguir la ya desacreditada práctica de frustrar el propósito de los estatutos al darle indebido peso a los cánones de interpretación de los mismos. Alvarez y Pascual v. Srio. de Hacienda, 84 D.P.R. 482, 491, Rigau, J. (1962).


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Gamalier Pérez Aldarondo, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, Hon. José A. Bianchi, Juez, demandado.
    Número: O-73-123
    Resuelto: 20 de febrero de 1974

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del pe-ticionario ; Peter Ortiz, Procurador General Interino, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Gamalier Pérez Aldarondo, aquí peticionario, fue convicto en juicio por jurado celebrado ante el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, de tres cargos por infracción a la Ley de Narcóticos de Puerto Rico, Núm. 48 de 18 de junio de 1959, 24 L.P.R.A. secs. 973-976m. Los cargos consistieron en (1) posesión, (2) transportación y (3) venta de la droga narcótica conocida por marihuana. Fue sentenciado a cumplir de diez a quince años de presidio en cada cargo, con trabajos forzosos, a cumplirse concurrentemente entre sí. No conforme, apeló para ante nos y al mismo tiempo solicitó del tribunal sentenciador que le fijara fianza en apelación. Dicha solicitud le fue denegada el 3 de noviembre de 1971 y mediante moción ante nos de fecha 11 de noviembre de 1971, caso M-71-150, reiteró la misma solicitud. Oído el Procurador General dicta-mos resolución denegando de plano dicha moción.

El 28 de julio de 1972 el peticionario presentó una nueva moción ante el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, solici-tando nuevamente que se le fijara fianza en apelación. Se celebró una vista y como transcurriera tiempo sin que reca-yera resolución, recurrió a este Tribunal con una “Solicitud de Mandamus o Moción Solicitando Fianza en Apelación”, que presentó el 3 de abril de 1973. Nos pidió que ordenáramos al juez sentenciador que resolviera sobre los méritos de su moción o que, en la alternativa, tomáramos su moción como una solicitando fianza en apelación. La solicitud de mandamus se hizo académica cuando el día 12 de dicho mes y año el Tribunal Superior dictó resolución declarando sin lugar la moción. Así las cosas el peticionario volvió a insistir ante nos en su solicitud de fianza en apelación.

El 2 de mayo de 1973 resolvimos “no ha lugar” a dicha moción. El peticionario solicitó reconsideración, que denega-mos por resolución de 26 de junio de 1973.

En ninguna de nuestras resoluciones declarando sin lugar la moción de fianza en apelación — ni en el caso M-71-150 ni en éste — creimos necesario exponer las razones para ello. Está ante nos ahora un escrito del peticionario en que nos solicita que expliquemos dichas razones. Hace descansar su solicitud en United States ex rel. Keating v. Bensinger, 322 F.Supp. 784 (N.D. Ill. 1971), una decisión de una Corte de Distrito federal con sede en el estado de Illinois.

Antes de entrar en la consideración de dicha decisión conviene determinar el alcance de la Regla Núm. 198 de las Reglas de Procedimiento Criminal, base del derecho a fianza mientras penda una apelación para ante este Tribunal. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con-sagra en su Art. II, Sec. 11, el derecho de todo acusado a “quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo con-denatorio.” Guarda silencio en cuanto a la concesión de ese derecho después de convicto el acusado. De ahí que ese dere-cho tenga su fuente, no en una disposición constitucional, y sí en un ordenamiento procesal promulgado por este Tribunal, cuya Regla 198 lee de la manera siguiente:

“Después de convicto un acusado de un delito que no apareje pena de reclusión perpetua, si el acusado entablare recurso de apelación o de certiorari para ante el Tribunal Supremo, se ad-mitirá fianza:
(a) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una senten-cia imponiendo solamente el pago de multa.
(b) Como cuestión de derecho, cuando se apele de una sen-tencia imponiendo cárcel en delitos menos graves (misdemeanors) .
(c) A discreción del tribunal sentenciador, o del Tribunal Supremo, o de uno de sus jueces, en todos los demás casos. No se admitirá fianza en estos últimos casos cuando el recurso enta-blado no plantee una cuestión sustancial o cuando la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado acon-sejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso. No se admitirá fianza alguna en estos casos sin antes dar al fiscal de la sala correspondiente oportunidad de ser oído. Salvo situaciones de verdadera urgencia o cuando ello resultare impracticable, la solicitud de fianza deberá someterse en primer término al tribunal sentenciador y si éste la negare podrá presentarse al Tribunal Supremo o a uno de sus jueces, acompañada de copias certificadas de la solicitud hecha al tribunal sentenciador y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere pre-sentado alguna, y de un breve informe exponiendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución.”

Esta regla recoge la expresión de este Tribunal en Pueblo v. Toro, 81 D.P.R. 472 (1959), cuando a la pág. 476 reconocimos el propósito legislativo de “establecer un único sistema mediante el cual se reconozca la fianza como cuestión de derecho en todos los delitos menos graves (misdemeanor) y como cuestión discrecional en todos los delitos graves (felony), excepto en los que se impone pena de reclusión perpetua.” Ni el primer aspecto — fianza como cuestión de derecho luego de convicción por delito menos grave — ni la prohibición absoluta para conceder fianza en apelación luego de convicción por delito que apareja prisión perpetua, han sido motivo de con-troversia. Es sobre la fianza discrecional que se centran a diario las contiendas, basadas en la interpretación de los conceptos “cuestión sustancial”, “naturaleza del delito”, “carácter y antecedentes penales del acusado”, y “protección de la sociedad”, cuyos conceptos tiene que considerar el tribunal para el ejercicio de su discreción al conceder o negar la fianza en apelación.

No podrían establecerse reglas que definieran y redujesen cada uno de dichos conceptos a una mínima expresión. Tampoco podría señalarse la decisión en un determinado caso como precedente obligatorio puesto que la decisión en cada caso tiene necesariamente que depender de sus particulares hechos. Baste decir que esos conceptos, que hemos recogido del apartado (c) de la Regla 198 que comentamos, señalan en términos generales hacia dos fundamentales consideraciones a tenerse presentes cuando se solicita fianza en una causa apelada para ante este Tribunal. La primera se refiere a la sustancialidad de la cuestión planteada en el recurso. La segunda se refiere a la persona del acusado. En la primera han de examinarse los planteamientos en que se basa el ataque que en apelación habrá de hacerse al fallo del tribunal sentenciador y las probabilidades de éxito de ese ataque. En la segunda han de considerarse la naturaleza del delito y la peligrosidad del acusado para el orden social.

Al considerar ambas cuestiones debe tenerse en mente que el apartado (c) de la Regla 198 no ordena que en determi-nados casos se admita fianza en apelación. Por el contrario, luego de señalar que el tribunal tiene discreción para ello, prohíbe el ejercicio de esa discreción “cuando el recurso enta-blado no plantee una cuestión sustancial o cuando la natura-leza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado aconsejen, a juicio del tribunal y para la protección de la sociedad, la reclusión del convicto mientras se ventile el recurso.” Ante cualquiera de esas situaciones, la Regla 198 prohíbe la concesión de fianza. Así, no se admitirá fianza si el recurso no plantea una cuestión sustancial, independiente-mente de cuál sea la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes del acusado. Tampoco se admitirá fianza si la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado mueven al tribunal a concluir que el acusado consti-tuye un peligro para la sociedad, independientemente de que el recurso pueda plantear una cuestión sustancial.

La Regla 198, en su apartado (c), confiere una doble facultad al Tribunal Supremo o a uno de sus jueces. Permite que pueda presentarse la solicitud de fianza ante este Tribunal en primera instancia, y da derecho al acusado a recurrir ante nosotros contra una decisión del tribunal sentenciador negándose a concederle fianza cuando la solicitud se hubiere presentado ante dicho tribunal en primer término. Nuestra jurisdicción original está limitada por la propia Regla a “situaciones de verdadera urgencia” o cuando “resultare impracticable” presentar la solicitud al tribunal sentenciador. Ese lenguaje limitativo constriñe nuestra jurisdicción en casos ordinarios a la función revisora. Así lo entendemos.

Para poner a este Tribunal en condiciones de pasar sobre el dictamen del tribunal sentenciador, la Regla 198 requiere que la solicitud ante nos venga “acompañada de copias certificadas de la solicitud hecha al tribunal sentencia-dor y de su dictamen, de una transcripción de la prueba, si se hubiere presentado alguna, y de un breve informe expo-niendo las razones por las cuales se considera errónea la resolución.” Siendo éstos los requisitos establecidos taxativa-mente para ejercer este Tribunal su jurisdicción, habrán de cumplirse estrictamente. Pueblo v. Rubio, 44 D.P.R. 889 (1933); Gotay, Ex Parte, y El Pueblo, 37 D.P.R. 472 (1927); Pueblo v. Dones, 18 D.P.R. 277 (1912); cf. Pueblo v. Vázquez, 72 D.P.R. 824 (1951); Pueblo v. Díaz, 60 D.P.R. 844 (1942); Pueblo v. Buscaglia, 58 D.P.R. 921 (1941); Pueblo v. Martínez, 53 D.P.R. 578 (1938); Pueblo v. Bayrón, 40 D.P.R. 818 (1930).

Para que el tribunal sentenciador pueda estar en condiciones de pasar sobre la sustancialidad del recurso de apelación será necesario que los fundamentos en que se basa se expongan en la moción en solicitud de fianza. Está implícito además en la última oración de la Regla 198 que el tribunal sentenciador viene obligado a celebrar una vista para conocer sobre los méritos de la solicitud. El fiscal de la Sala en que se hubiere celebrado el juicio tendrá derecho a intervenir en dicha vista, en la que podrá presentarse prueba, especialmente sobre el aspecto de “la naturaleza del delito o el carácter y antecedentes penales del acusado.”

Una vez concluida la vista el tribunal sentenciador deberá resolver por escrito sin dilación innecesaria. Su' dicta-men denegando la solicitud de fianza, deberá ser explícito en su exposición, haciendo las determinaciones de hechos que la prueba desfilada durante la vista ameritaren y exponiendo los fundamentos por los cuales, a su juicio, la apelación carece de sustancialidad o la protección de la sociedad impide que el acusado permanezca en el seno de la comunidad, según fuere el caso. El dictamen deberá ser notificado prontamente al acusado y al fiscal. La Regla 198 no establece un término máximo dentro del cual el acusado podrá solicitar revisión a este Tribunal. No obstante, deberá hacerlo dentro de un término razonable considerando las circunstancias del caso.

En el caso ante nos las resoluciones del tribunal senten-ciador son lacónicas. La primera se limitó a señalar que dene-gaba la solicitud de fianza “ya que la misma no plantea una cuestión sustancial de derecho y por la naturaleza del delito.” La segunda, un poco menos parca, señala que: “Habiendo resultado convicto el acusado por tres infracciones a la Ley de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico, siendo uno de los cargos el de venta, entendemos que la naturaleza de dicho delito, según la prueba desfilada, aconsejan no fijar fianza en apelación para la protección de la sociedad.” (Énfasis nuestro.) Distan mucho ambas resoluciones de cum-plir con los requisitos de un dictamen, según los hemos seña-lado. Por supuesto, no podemos culpar al tribunal sentenciador por no aplicar una norma que ahora establecemos.

Pasemos ahora a considerar la decisión de United States ex rel. Keating v. Bensinger, antes citado, que resolvió que la negativa de una corte del estado de Illinois a conceder fianza en apelación a un prisionero estatal, sin exponer fundamentos para tal negativa, constituyó una arbitrariedad en violación de las Enmiendas VIII y XIV de la Constitución de los Estados Unidos. La Corte de Distrito, por su juez Señor Will, se expresó así (322 F.Supp. a la pág. 787) :

“Explícitamente queremos señalar que no estamos resolviendo que no pueda existir una razón que justifique negar fianza al peticionario. Solamente concluimos que la decisión de la corte estatal negándose a conceder fianza sin exponer razones para ello crea una presunción de arbitrariedad. No estamos soste-niendo que un joven de 18 años de edad convicto de vender marihuana, que fue sentenciado a prisión por un término de diez a veinte años, y que no ha sido previamente convicto de delito grave tiene un derecho absoluto a fianza pendiente su apelación. Meramente concluimos que cuando una corte estatal niega la fianza autorizada por la legislatura del estado sin dar razones para sostener su negativa, el hecho de no indicar las razones que motivaron su negativa a conceder la fianza es de suyo una actua-ción arbitraria que viola las enmiendas VIII y XIV. Cualquier otra regla anularía en efecto la protección de esas enmiendas.” (Énfasis nuestro.)

Respetamos el criterio expresado en el citado caso de Bensinger, pero no nos obliga, como no nos obligan las deci-siones de ninguna corte federal, excepción hecha del Tribunal Supremo en casos apropiados. Pueblo v. Pérez, 59 D.P.R. 453, 455 (1941). Los tribunales de última instancia en los esta-dos federados no han vacilado en rechazar la obligatoriedad para ellos de la jurisprudencia de las cortes federales, excep-ción hecha del Tribunal Supremo. Véanse City of Chicago v. Loitz, 295 N.E.2d 478, 482 (Ill.) (1973); Kraus v. Board of Education of City of Jennings, 492 S.W.2d 783, 784 (Mo.) (1973); General Electric Co. v. State ex rel. Dept. of Public Works, 32 Cal. App.3d 918, 108 Cal. Rptr. 543, 547 (1973). Este principio ha sido reconocido por las propias cortes fede-rales. United States ex rel. Lawrence v. Woods, 432 F.2d 1072, 1076 (7th Cir. 1970), certiorari denegado 402 U.S. 983, 91 S.Ct. 1658, 29 L.Ed.2d 148.

Aun en los casos en que por razón de la dualidad juris-diccional que impone el federalismo concurren los sistemas de cortes estatales y federales en la responsabilidad de proteger derechos garantizados por la Constitución federal, se han desarrollado doctrinas jurisprudenciales que limitan la inter-vención de las cortes federales en asuntos bajo consideración por las cortes estatales o en que se reconoce que éstas deben tener la primera oportunidad de intervenir. Tales doctrinas podrían resumirse en la conocida norma de abstención, desa-rrollada por el Tribunal Supremo federal en Railroad Commission of Texas v. Pullman, 312 U.S. 496 (1941), limitada luego en Dombrowski v. Pfister, 380 U.S. 479 (1965), y que ha vuelto a cobrar vigencia en las más recientes decisiones. Younger v. Harris, 401 U.S. 37 (1971); Samuels v. Mackell, 401 U.S. 66 (1971); Boyle v. Landry, 401 U.S. 77 (1971); Pérez v. Ledesma, 401 U.S. 82 (1971); Dayson v. Stein, 401 U.S. 200 (1971), y Byrne v. Karalexis, 401 U.S. 216 (1971), conocidos como “el sexteto Younger”; Mitchum v. Foster, 407 U.S. 225, 243 (1972); O’Shea v. Littleton, 94 S.Ct. 669 (1974), 42 U.S.L.W. 4139 (15 de enero de 1974). Tiene por base la doctrina la promoción del federalismo limitando en lo posible las fricciones entre ambos sistemas, que han sido motivo de seria preocupación.

Si válidas fueron las razones en que nos basamos en Pueblo v. Pérez, supra, en 1941, para rechazar como precedentes obligatorios los dictámenes de cortes federales, y válidas son las razones de los estados para hacer igual rechazo, y válidos los fundamentos en que descansa la norma de abstención sentada por el Tribunal Supremo federal, mucho más fuerza cobran dichas razones cuando se consideran a la luz de la actual relación entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Por un lado, la historia de las relaciones entre los estados y el gobierno federal revela una paulatina pero constante rendición de atributos de soberanía por parte de los estados a favor del gobierno federal. Por otra parte, la historia de las relaciones de Puerto Rico con los Estados Unidos revela una corriente opuesta. Adquirido por los Estados Unidos como una mera posesión, por cesión al terminar la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico ha evolucionado desde entonces hasta lograr una condición política de su propia hechura, concebida en virtud de un pacto libremente adoptado por nuestro pueblo, y basada en el principio de auto-determinación. Su condición política garantiza su autonomía local, y sus relaciones con los Estados Unidos están enmar-cadas en el respecto mutuo, en el reconocimiento de nuestra dignidad de pueblo, y en el afecto fraternal ínsito en la común ciudadanía que nos une.

Desde antes de aprobarse la Constitución del Estado Libre Asociado se habían hecho pronunciamientos por el Tribunal Supremo federal que señalaban pautas de gran significación en cuanto a las relaciones de los poderes legislativo y judicial de Estados Unidos respecto de Puerto Rico. Se dijo en Bonet v. Yabucoa Sugar Co., 306 U.S. 505, 510 (1938), citado en García Mercado v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 293, 305 (1970) :

“Se sirve bien al desarrollo ordenado del Gobierno de Puerto Rico mediante una cuidadosa y consistente deferencia legislativa y judicial hacia los procedimientos y los tribunales de dicha Isla.”

Esta norma, seguida en Bonet v. Texas Co., 308 U.S. 463, 470-471 (1939), tiene mayor vigencia hoy ante la nueva relación surgida en virtud de la Ley Pública 600, 81er. Congreso, 64 Stat. 319, de 3 de julio de 1950. Cf. Fornaris v. Ridge Tool Co., 400 U.S. 41 (1970); District of Columbia v. Carter, 409 U.S. 418, 424, escolio 11 (1972). Véase Fournier v. González, 80 D.P.R. 262, 269 (1958), donde dijimos:

“El propósito de la Ley 600 fue precisamente ampliar y no restringir los poderes y la autonomía de Puerto Rico sobre sus asuntos internos.”

Para mayor abundamiento, bástenos reproducir el acopio de datos que recogimos en García Mercado v. Tribunal Superior, supra, a las págs. 301-303:

“El Congreso, el Tribunal Supremo, la Presidencia y los au-tores han reconocido la relación especial que desde el 1952, en virtud del pacto y de la Constitución de Puerto Rico, existe entre este país y los Estados Unidos. Los ejemplos de esto son numerosos pero nos limitaremos a mencionar sólo algunos que son representativos y eminentes:
1. Ley Pública 600 del 81er. Congreso, aprobada en 3 de julio de 1950, 64 Stat. 819, mediante la cual el Congreso con la aprobación del Presidente expresó que ‘reconociendo amplia-mente el principio del gobierno por consentimiento de los gober-nados, se aprueba esta Ley, con el carácter de un convenio, de manera, que el pueblo de Puerto Rico pueda organizar un go-bierno basado en una constitución adoptada por él mismo.’
2. Ley Pública 447 del 82do. Congreso, aprobada en 3 de julio de 1952, 66 Stat. 327, en la cual se expresa que la Ley 600 ‘fue adoptada por el Congreso como un convenio con el pueblo de Puerto Rico.’
3. (a) Memorando del Gobierno de los Estados Unidos, (b) carta del Representante de los Estados Unidos en las Naciones Unidas al Secretario General de dicho cuerpo de 21 de marzo de 1953, (c) carta del Gobernador de Puerto Rico al Presidente de 17 de enero de 1953 y otros documentos relacionados, 28 Dept. State Bull. (E.U.) 584.
4. Memorando del Presidente de los Estados Unidos sobre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dirigido a los jefes de los departamentos ejecutivos del Gobierno de los Estados Unidos, 26 Federal Register 6695 (1961), en el cual se dice lo siguiente: ‘Debido a la importancia y significado de Puerto Rico en las relaciones de los Estados Unidos con la América Latina y con otras naciones, es esencial que los departamentos ejecutivos estén plenamente conscientes de la posición especial del Estado Libre Asociado y que las decisiones, los actos, los informes y toda otra actividad que afecte al Estado Libre Asociado debe ser con-sistente con su estructura y sus principios básicos.’
5. Reconocimiento judicial de ‘la relación especial (unique) que existe entre el Congreso y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.’ Katzenbach v. Morgan, 384 U.S. 641, 658. En Granville-Smith v. Granville-Smith, 349 U.S. 1, 6, el Tribunal distin-guió la situación actual de Puerto Rico de la anterior. Allí se refirió a la situación anterior al 1952 como ‘pre-Commonwealtb Puerto Rico.’
6. Ejemplos de aplicación local a Puerto Rico de leyes fede-rales previo el consentimiento expreso de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico: (a) Ley Pública Núm. 859 del 85to. Congreso y la Ley Núm. 3 de 6 de mayo de 1959, Leyes de Puerto Rico, Tercera Sesión Ordinaria, 1959, pág. 15, mediante la cual la Asamblea Legislativa de Puerto Rico dio su consentimiento para la aplicación en Puerto Rico de la Sec. 5314 del Código Federal de Rentas Internas de 1954, según enmendado por la Ley Pública 859 del Congreso; (b) la Resolución Conjunta Núm. 97 de 22 de junio de 1956 (R. C., 1956, pág. 245) dando consen-timiento para la aplicación en Puerto Rico de un tributo sobre elaboración de azúcar refinada impuesto por la Ley de Azúcar de 1948, Ley Pública 545 del Congreso, de 29 de mayo de 1956; (c) Resolución Conjunta Núm. 1 de 25 de julio de 1956 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (R. C., 1956, pág. 335) dando consentimiento para que las Secs. 4701 a 4707 y 4771 a 4776 del Código Federal de Rentas Internas de 1954, según enmendado, se apliquen a Puerto Rico a partir de la fecha de vigencia de la Ley Pública 728 del 84to. Congreso.
7. McGruder, [sic] The Commonwealth Status of Puerto Rico, 15 U. Pitt. L. Rev. 1 (1953); Friedrich, Puerto Rico: Middel [sic] Road to Freedom (1959); Wells, The Modernization of Puerto Rico, Harvard University Press (1969), págs. 220-241; Cancio, Chief Judge, U.S. Dist. Ct. for P.R., The Power of the Congress to Enter into a Compact with the People of Puerto Rico: The Legal Status of the Compact, 22 Rev. C. Abo. P.R. 341 (1962). Para una relación mayor de libros, documentos oficiales y artículos sobre el Estado Libre Asociado de Puerto Rico véase el Apéndice del caso E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 408 (1966).

La See. 9 de la Ley de Relaciones Federales entre los Estados Unidos y Puerto Rico dispone que:

‘Las leyes estatutarias de los Estados Unidos que no sean localmente inaplicables, salvo lo que en contrario se dispusiere en la presente, tendrán el mismo efecto y validez en Puerto Rico que en los Estados Unidos. . . .’ (Énfasis nuestro.)

Y en lo que respecta a cuestiones marítimas en particular, el Congreso dispuso en la See. 8 de dicha Ley de Relaciones Fede-rales que:

‘Todas las leyes de los Estados Unidos para la protección y mejoramiento de las aguas navegables de los Estados Unidos y para la conservación de los intereses de la navegación y del co-mercio, serán aplicables a dicha isla y aguas y a sus islas y aguas adyacentes, excepto en aquéllo en que las mismas sean local-mente inaplicables; . . . .’ (Énfasis nuestro.) 48 U.S.C. See. 749.”

Aparte de que, como hemos señalado, no estamos obligados por lo resuelto en United States ex rel. Keating v. Bensinger, supra, la presunción que allí se pretende crear es inaceptable para nosotros. Las presunciones, a diferencia de las inferencias, son mandatos de ley. Art. 98 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sec. 1883; 1 Jones On Evidence sec. 9 (1958); 1 Wharton’s Criminal Evidence sec. 90 (1972); IX Wigmore On Evidence sec. 2490 (1940). Entre las presunciones más importantes en nuestro sistema de Derecho están la de regularidad en el cumplimiento de un cargo y la de que la ley ha sido acatada. Art. 102 de la Ley de Evidencia, incisos 15 y 32, 32 L.P.R.A. sec. 1887. Si aplicables a la conducta de los individuos, con mucha más razón son válidas estas presunciones cuando se trata de actuaciones judiciales. Véanse Pueblo v. González Rivera, 88 D.P.R. 205, 207 (1963); Escalera v. Armenteros, 74 D.P.R. 11 (1952); Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 468; 82 L.Ed. 1461, 1468; Re Cuddy, 131 U.S. 280, 33 L.Ed. 154; 1 Wharton’s Criminal Evidence, sec. 129. Se desmoronaría la fe en la justicia si llegase el momento en que las cortes se vieran obligadas a probar que actúan con rectitud, con sentido de responsabilidad, y en aca-tamiento de la ley. Es sabia la presunción que protege la legalidad, colocando el peso de la prueba en quien alegue arbi-trariedad en la actuación de un tribunal de justicia. Cierta-mente no hay base factual alguna en Puerto Rico en que hacer descansar la insólita presunción de arbitrariedad establecida en Bensinger. Adoptarla o aplicarla aquí sería ofender la tradición de limpieza y honestidad moral e intelectual de que justificadamente se enorgullece la judicatura puertorriqueña.

Este Tribunal no está obligado a dar en todos los casos las razones que explican sus dictámenes. Lo hace en aquellos casos que lo ameritan. No tiene obligación de hacerlo y no lo hará en aquellos asuntos que por su propia frivolidad y por su carencia de méritos no justifican el empleo de tiempo y esfuerzo que bien puede dedicar a aquellas cuestiones fundamentales y de importancia normativa que demandan toda su energía creadora.

Reexaminado el caso de autos a la luz de los conceptos aquí vertidos, vista la transcripción del incidente sobre fianza en apelación ante el tribunal sentenciador, que revela suficientes bases factuales y legales para sostener su decisión, y vistos los escritos del acusado aquí peticionario y los informes del Procurador General concluimos que no debemos intervenir con la discreción ejercida ni alterar el dictamen del tribunal sentenciador. Tampoco tenemos que abundar en más razones para explicar nuestra decisión.

Considerada la moción del peticionario como una segunda moción de reconsideración se dictará resolución decretando no ha lugar a la misma y ratificando la resolución de 2 de mayo de 1973 por virtud de la cual se declaró sin lugar la Solicitud de Mandamus o Moción Solicitando Fianza en Apelación.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre con el resultado y emitirá un voto separado.

       Derogada posteriormente por la vigente Ley de Sustancias Contro-ladas, Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. secs. 2101-2607.

      La Regla 198 es prácticamente idéntica al 374 del Código de Enjuiciamiento Criminal de 1935, 34 L.P.R.A. sec. 1215, hasta la parte que requiere que se oiga al fiscal antes de admitir fianza en apelación. El Art. 374 no contemplaba la revisión del dictamen del tribunal sentenciador, cuyo procedimiento ha sido adicionado por la última oración de la Regla 198. La Regla contempla, además, la concesión de fianza si el acusado entablare recurso de certiorari ante el Tribunal Supremo.

       Distinto al procedimiento de revisión en casos civiles, en que se exige que la petición exponga los fundamentos en que se apoya el recurso, Regla 53.3 de Procedimiento Civil y Reglas 15 y 15.1 de nuestro Regla-mento, la apelación en casos criminales se inicia mediante la presentación de un lacónico escrito que “especificará el nombre o nombres de los acusados apelantes; designará la sentencia de la cual se apela; y especificará que la apelación se establece para ante el Tribunal Supremo.” Regla 196 de Pro-cedimiento Criminal.

       Resolución de 3 de noviembre de 1971, tomada del caso M-71-150 de este Tribunal.

       Resolución de 12 de abril de 1973.

       Cuando en Pérez, supra, no excluimos de la obligatoriedad de la jurisprudencia federal a la Corte de Apelaciones Para el Primer Circuito, lo hicimos en base a que entonces nuestras decisiones eran apelables, bajo determinadas circunstancias, para ante dicha Corte. 28 U.S.C. secs. 1293 y 1294. Dichas secciones fueron derogadas por la Ley Pública 87-189 del Congreso de fecha 30 de agosto de 1961, que a su vez adicionó la Sec. 1258 del título 28 del Código de Estados Unidos. La citada Sec. 1258 lee de la manera siguiente, adoptando la traducción de Equity Publishing Corporation, según aparece en la anotación que sigue a 4 L.P.R.A. sec. 31:
      “ ‘Las sentencias o resoluciones finales dictadas por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrán ser revisadas por el Tribunal Supremo como sigue:
      ‘(1) Por apelación, cuando sea cuestionada la validez de un tratado o estatuto de los Estados Unidos y la decisión sea en contra de su validez.
      ‘(2) Por apelación, cuando sea cuestionada la validez de un esta-tuto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre la base de ser opuesto a la Constitución, tratados o leyes de los Estados Unidos, y la decisión sea en favor de su validez.
      ‘(3) Por certiorari, cuando la validez de un tratado o estatuto de los Estados Unidos sea cuestionada o cuando la validez de un estatuto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sea cuestionada sobre la base de ser opuesto a la Constitución, tratados o leyes de los Estados Unidos, o cuando cualquier título, derecho, privilegio o inmunidad sea especialmente suscitado o reclamado bajo la Constitución, tratados o estatutos de, o prerrogativa asumida o autoridad ejercitada bajo, los Estados Unidos.’ ”

       E1 Juez Presidente Warren, dirigiéndose al American Law Institute en 1958 expresó su preocupación sobre lo que llamó “el adecuado balance jurisdiccional entre los sistemas de cortes federales y estatales.” Dyer, State Trial Courts from a Federal Viewpoint, 54 Judicature 372, 374 (1971). La misma preocupación ha sido expresada por el Juez Presi-dente Burger, quien en 1970 comentó: “La fricción en las relaciones entre las cortes estatales y federales presenta serios problemas tanto respecto de peticiones de confinados estatales como en otros casos.” Dyer, citado supra. Véase Gaynor, Federal Injunctions and State Criminal Prosecutions: Vestiges of “Our Federalism,” 21 Clev.-St. L. Rev. (1), 165, 167 (1972).
      Son numerosas las monografías y escritos en revistas jurídicas comen-tando la doctrina de abstención. Para mencionar algunas, véanse Maraist, Federal Intervention in State Criminal Proceedings: Dombrowski, Younger and Beyond, 50 Texas L. Rev. 1324 (1972); Comentario: Federal Court Interference with State Criminal Proceedings — Some Recent Developments, 24 U. Fla. L. Rev. 564 (1972); Comentario: Federal Injunctive Relief Against State Court Criminal Proceedings: From Young to Younger, 32 La. L. Rev. 601 (1972); Comentario: I Used to Love You but It’s All Over Now: Abstention and the Federal Courts’ Retreat from Their Role as Primary Guardians of First Amendment Freedoms, 45 So. Cal. L. Rev. 847 (1972); Sedler, Dombrowski in the Wake of Younger: The View from Without and Within, Vol. 1972 Wis. L. Rev., pág. 1; conferencia de la Juez de la Corte de Apelaciones para el Noveno Circuito, Hon. Shirley M. Hufstedler titulada Comity and the Constitution: The Changing Role of the Federal Judiciary, 47 N.Y.U. L. Rev. 841 (1972); Comentario, The Abstention Doctrine: Some Recent Developments, 46 Tul. L. Rev. 762 (1971); Schoenfeld, American Federalism and the Abstention Doctrine in the Supreme Court, 73 Dick. L. Rev. 605 (1969); Bell (Juez de la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito), State Courts and The Federal System, 21 Vand. L. Rev. 949 (1968).

       Es interesante notar que cinco meses después de la decisión del caso Bensinger, se resolvió por la misma corte el caso de Davis v. Supreme Court of the State of Illinois, Núm. 71 c 925 (D.C.N.D. Ill., 15 de junio de 1971), en que bajo una situación factual similar se negó dicha corte a aplicar la doctrina de Bensinger.

       Esta no es la primera expresión que emana de este Tribunal sobre este particular. En un voto concurrente en Pueblo v. Cortés Burgos, 100 D.P.R. 933, 934 (1972), se expresó así el entonces Juez Asociado Señor Martínez Muñoz acerca de la norma establecida en Bensinger:
      “Esta norma es lesiva a la dignidad de los tribunales estatales. No será ésta la única ni la más importante ocasión en que la ley sanciona el que un tribunal haga ciertas determinaciones sin expresar razones; considé-rese, por ejemplo, que los tribunales apelativos pueden negarse a expedir autos como el de revisión o certiorari sin expresar razones ni celebrar vista y que los tribunales (o jurados) normalmente no expresan conclusiones de hecho [sic] o de derecho cuando declaran culpable a un acusado.”


text:
    Rubén Conde del Valle y su Esposa Cecilia I. Hernández, peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Daniel E. López Pritchard, Juez, demandado; Turner Laboratories, Inc., e Insurance Company of North America, interventores.
    Número: O-73-372
    Resuelto: 21 de febrero de 1974

      Rafael Angulo Rivera y Máximo R. Ruidíaz, abogados de los peti-cionarios; Jaime A. García Blanco, abogado de los interven-tores.
   PER CURIAM:

A una solicitud de sentencia sumaria por la parte demandante el tribunal de instancia resolvió que:

“Estando las partes listas y habiendo expresado la parte de-mandada tener objeción, la parte demandante informa al Tribunal que no habrá de ofrecer prueba adicional alguna, descan-sando exclusivamente en las alegaciones de su moción. No se ofrece en evidencia el interrogatorio a que se refiere la alegación tercera de la moción solicitando sentencia sumaria parcial, igual-mente no se ofrece, ni se admite en evidencia el requerimiento de admisiones a que se refiere la alegación cuarta de dicha moción de sentencia sumaria parcial y el Tribunal, visto lo resuelto por el Honorable Tribunal Supremo en los casos de Ramos vs. Autoridad de Fuentes Fluviales, 86 DPR 603 y Bonano vs. Estarellas Pagani, 96 DPR 557, que establece que los interrogatorios no son prueba si no son ofrecidos y admitidos en evidencia, igual dis-posición le es aplicable al requerimiento de admisiones. No ha-biendo sido estos ofrecidos ni admitidos en evidencia, considera el Tribunal que su contenido no puede ser tomado en considera-ción al resolver la moción a que hemos hecho referencia.”

Al negarse el tribunal de instancia a considerar los inte-rrogatorios obrantes en autos, la demandante solicitó revisá-ramos esa determinación. A tal solicitud dictamos la siguiente resolución:

“Visto lo resuelto en Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 268-264 (1971) al efecto de que ‘. . . los tribunales de instancia no están constreñidos a considerar únicamente los hechos o documentos evidenciarios que se aduzcan en la solicitud de sentencia suma-ria. Pueden y deben considerar todos los documentos en autos, sean o no parte de la solicitud de sentencia sumaria, de los cuales surjan admisiones hechas por las partes’, se conceden diez días a la parte recurrida a partir de la notificación de esta resolución para mostrar causa por la cual no deba expedirse el auto de certiorari y una vez expedido dejarse sin efecto la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan en el caso 71-3101 — Ramón A. Rivera Rivera v. Turner Laboratories, Inc., negándose a considerar la solicitud de sentencia sumaria por no haber sido ofrecidos en evidencia los documentos en que ésta se funda.”

Vista la comparecencia de la interventora y la orden de mostrar causa donde expresamente consignamos que ex-presara las razones por qué no debe dejarse sin efecto la resolución “. . . negándose a considerar la solicitud de sentencia sumaria por no haber sido ofrecidos en evidencia los documentos en que ésta se funda”, visto el caso de Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259, 263-264 (1971) y apareciendo además que en la moción de sentencia sumaria expresamente se hace referencia a aquella parte de la contestación del interrogatorio y del Requerimiento de Admisiones que sirven de fundamento para la petición de que se dicte sentencia sumaria, se expedirá el auto solicitado, se revocará la resolución recurrida con instrucciones al tribunal de instancia que al considerar la moción de sentencia sumaria tome en cuenta todos los documentos obrantes en autos aunque no hubiesen sido formalmente ofrecidos en evidencia.