author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Dávila. Juez Presidente, Señor Trías Monge,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. René Arrillaga Beléndez, Juez, demandado; Santiago Quidgley Rodríguez, interventor.

      Número: O-75-216

      Resuelto: 5 de febrero de 1976

      Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General; Ruth Tentori, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticionario; Dora Nevarez Muñoz y Benigno Alicea Alicea, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La cláusula sobre doble exposición en la Enmienda Quinta de la Constitución tiene el propósito, en palabras del Juez Douglas, de “equilibrar la posición del gobierno y el individuo, y desalentar el exceso abusivo del temible poder de la sociedad.” Se rompe ese equilibrio cuando un juez absuelve apartándose de los méritos de la prueba y descansando su fallo exclusivamente en errónea estimación de un planteamiento técnico declinatorio de su jurisdicción.

La minuta revela que después de presentada toda la prueba en el caso de autos la defensa solicitó la absolución del acusado por haberse prestado tardíamente la declaración jurada exigida por 9 L.P.R.A. see. 1044 del agente que interviene con el detenido por el delito de conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. La resolución de la sala de instancia rehusando considerar la prueba por la tardía prestación de la declaración jurada tiene el efecto y resultado de una orden declinando jurisdicción atribuyendo carácter de condición precedente jurisdiccional a un trámite procesal carente de tal trascendencia. Aún pasando por alto que ésta era una defensa disponible antes del juicio por lo que en ausencia de causa justificada debió tenerse como renunciada bajo la Regla 63 de Procedimiento Criminal, el tribunal erró al estimarla como una excepción a su jurisdicción. La ley no señala plazo para prestar dicha declaración y en ineludible reconocimiento de la abrumadora presión de trabajo sobre los funcionarios de justi-cia y orden público, el legislador se limita a indicar en la citada See. 1044 del Título 9, según enmendada por Ley Núm. 58 de 30 de mayo de 1973, que dicho trámite se cumpla “a la mayor brevedad posible.”

El fin primordial de la declaración jurada en el procedimiento criminal es asegurar para el juicio el más claro y confiable relato de lo ocurrido, captado y vertido a escrito cuando más frescas se hallan las impresiones- recogidas por el testigo; proteger el testimonio de la inevitable erosión del recuerdo que produce el tiempo, que no es necesariamente igual en todos los casos ni en todos los individuos. Luego, la demora en suplir la declaración jurada no paraliza el procedimiento judicial ni afecta la facultad del tribunal para juzgar. Simplemente concede mayor latitud a la defensa para destruir o al menos desacreditar como falto de confiabilidad el testimonio que puede o no haberse tornado incierto o borroso, derivando en cuestión de apreciación por el juez al pasar sobre la credibilidad de la prueba. Lo ocurrido en este caso fue una mera desviación del procedimiento que no enerva el proceso. Pueblo v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 392 (1962); Pueblo v. Luccioni Medina, 86 D.P.R. 551 (1962). Definitivamente no quedó afectada la jurisdicción del tribunal.

El fallo absolutorio predicado exclusivamente en la errónea decisión de la cuestión de derecho, no impide su revisión por certiorari y la devolución a instancia para continua-ción del juicio. Pueblo v. Tribunal de Distrito y Colón, Int., 74 D.P.R. 838, 859 y ss. (1953). La etapa en que se halle el pro-ceso cuando se produce la orden de sobreseimiento no tiene gran significado. En Simpson v. United States, 229 F. 940, cert. den. 241 U.S. 668, la defensa esperó a que se presentara toda la prueba y se cerraran los informes al jurado para plantear la insuficiencia de la acusación. Su moción prosperó pero no la libró de un segundo juicio con acusación enmendada por considerarse que no hubo absolución sobre los méritos. De otro modo se hubiese “derrotado el propósito de la justicia” como dictaminó el Supremo Federal en el caso normativo de United States v. Pérez, 9 Wheat 579; 6 L.Ed. 165, seguido en Wade v. Hunter, 336 U.S. 684 (1949); Brock v. North Carolina, 344 U.S. 424 (1953); y Gori v. United States, supra.

El acusado no estará expuesto por segunda vez ya que la devolución a primera instancia es la continuación del único y el mismo proceso seguídole, especialmente cuando ninguna prueba adicional a la ya recibida ha de presentarse en su contra. La situación de doble exposición depende en gran medida de cuán arraigada y fundada en los méritos esté la sentencia o resolución apelada via certiorari por el gobierno y qué habrá de ocurrir en primera instancia al serle revocada su decisión y devuelto el caso. Si la apelación por el gobierno no obliga al acusado a someterse a un segundo juicio, pudiendo corregirse el error sin necesidad de ulterior proceso, no se vulnera la garantía constitucional contra el riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. Art. II, Sec. 11, Constitución de Puerto Rico; United States v. Wilson, 420 U.S. 332 (1975) en que el recurso del Estado iba dirigido a dejar sin efecto una orden anulando un veredicto de culpabilidad por jurado y en su lugar simplemente restablecer la vigencia de dicho veredicto. A un resultado contrario se llegó en United States v. Jenkins, 420 U.S. 358 (1975) porque, a diferencia del caso que ahora resolvemos, en aquél el juez basó su dictamen desestimatorio en determinaciones de hecho que consignó por escrito pero imprecisas, lo que llevó a la Corte Suprema Federal a declarar: “Aquí hubo una sentencia absol-viendo al acusado, aunque no podemos decir con certeza si fue o no una decisión de las cuestiones factuales adversa al go-bierno. Pero basta a los fines de la cláusula de doble exposición . .. que de revocar y devolver se requerirían ulteriores proce-dimientos de algún tipo encaminados a resolver cuestiones de hecho relativas a los elementos del delito imputado.” Ibid, pág. 370.

No es tiempo de retornar al rito y a la liturgia procesal que antaño franqueaban una misteriosa puerta trasera a la justicia.

Se anulará la resolución recurrida y se devolverá el caso a primera instancia para continuación del juicio a tenor de las normas aquí enunciadas.

El Juez Presidente Señor Trías Monge emitió opinión disidente a la que se unió el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Dávila emitirá opinión con-currente.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Dávila.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de febrero de 1976

Aunque concurro en todos sus extremos con la opinión del Tribunal, inclusive con el criterio de que en el presente caso no hay impedimento legal para que el juicio continúe en el tribunal de instancia, sostengo que es improcedente considerar la cuestión de exposición anterior, ya que es en aquel foro donde procede levantar esa defensa. En la opinión disidente se cita una serie de casos federales donde se discute previa-mente la cuestión de doble exposición, pero esto es así porque en la jurisdicción federal, las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema están obligadas a considerar esta cuestión antes de entrar a conocer del recurso, porque su jurisdicción misma depende, de acuerdo con la ley que autoriza las apelaciones por parte del Gobierno, de que no se vulnere la garantía de no ser expuesto dos veces por el mismo delito. United States v. Jenkins, 490 F.2d 868, 888 (2d Cir. 1973). Esa no es la situación en nuestra jurisdicción. La jurisdicción de este Tribunal para revisar por certiorari resoluciones del Tribunal Superior en casos criminales, no depende de una determina-ción previa sobre si la cláusula constitucional que prohíbe la doble exposición es aplicable al caso.

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge,

a la que se une el Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 5 de febrero de 1976

Un agente del orden público detuvo el 16 de noviembre de 1974 al interventor por conducir alegadamente un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes. Tras el debido requerimiento, el interventor se negó a someterse al análisis químico de su aliento o su sangre. Conforme a la Ley de Vehículos y Tránsito, Ley Núm. 141 de 20 de julio de 1960, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 1044, el agente condujo entonces al detenido ante un magistrado, procediendo el mismo día a radicar la correspondiente denuncia. Oportuna-mente se interpuso acusación contra el interventor por alegada violación de la Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 1041.

Se celebró el juicio el 3 de marzo de 1975 ante tribunal de derecho. Presentada la prueba de cargo, el abogado del acu-sado argumentó que la declaración jurada que debe prestar el agente de orden público en estos casos, 9 L.P.R.A. see. 1044, se había prestado tardíamente, el 30 de enero de 1975, dos meses y medio después de los hechos. El Tribunal Superior declaró con lugar el planteamiento y, según la minuta, expresó que “absuelve libremente al acusado en base a que pasó un tiempo irrazonable desde la fecha de los hechos y la fecha en que se prestó la declaración jurada... .” El Pueblo de Puerto Rico ha recurrido ante nos en solicitud de certiorari para revi-sar esta determinación. Contra esta solicitud el interventor invoca la protección de la cláusula constitucional que expresa que “Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.” Art. II, Sec. 11, Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Esta garantía constitucional tiene antiguas raíces en el derecho de Occidente. Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244 (1970); Friedland, Double Jeopardy, Oxford University Press, 1969, págs. 5-16; Sigler, Double Jeopardy; The Development of a Legal and Social Policy, Cornell University Press, 1969, págs. 122-125. Se reconoció este derecho expresa-mente en las Siete Partidas de 1263, Partida VII, Título I, Ley 12, aunque no en las constituciones decimonónicas espa-ñolas que se aplicaron por trechos en Puerto Rico.

La fuente de nuestro actual derecho en este campo es el Derecho Común. En el informe a la Convención Constituyente de la Comisión sobre la Carta de Derechos se afirmó sobre la totalidad de la Sec. 11 del Art. II: en las interpretaciones judiciales.” 4 Diario de Sesiones 2568-2569. La fórmula escogida era equivalente al Art. 2 de la segunda Ley Orgánica, 39 Stat. 951 (1917), la que a su vez se basaba en la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.

“Esta sección contiene las garantías que protegen al acu-sado en el derecho común. Se expresan en la forma tradicional para incorporar así el significado jurídico que han adquirido

El derecho angloamericano es, por tanto, particularmente relevante para la interpretación de la cláusula que nos ocupa. Si bien no determina la extensión total de este derecho en nuestra sociedad, al menos ayuda a precisar su ámbito mínimo.

Se han descrito así los objetivos de al garantía bajo aná-lisis:

“La idea fundamental, una que está profundamente arraigada por lo menos dentro del sistema Anglo-Americano de jurisprudencia, es que no se le debe permitir al Estado, con todos sus recursos y poderes, intentar repetidas veces de condenar a un individuo por un delito, exponiéndolo así a una situación embarazosa, a gastos y a una prueba rigurosa, y obligándolo a vivir en un continuo estado de ansiedad e inseguridad, y aumentando la posibilidad de que pueda ser declarado culpable a pesar de ser inocente.” Plard Fagundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 444, 448 (1973), citando a Green v. United States, 355 U.S. 184, 187 (1957).

Se han elaborado diversas reglas para el logro de estos objetivos y el establecimiento del debido balance entre los intereses de la comunidad y la ciudadanía. Distintas situacio-nes exigen la aplicación de normas diferentes. Examine-mos las operantes en las circunstancias específicas del caso de autos, mas limitando el análisis a la definición del alcance mínimo de la garantía en el derecho estadounidense.

El primer paso consiste en determinar cuándo se activa la cláusula. En el caso de juicios por jurado, la cláusula entra en juego cuando se insacula y juramenta el jurado. Downum v. United States, 372 U.S. 734 (1963). En los juicios por tribunal de derecho, el momento determinante es cuando co-mienza a desfilar la prueba. McCarthy v. Zerbst, 85 F.2d 640 (10th Cir. 1936); Serfass v. United States, 420 U.S. 377 (1975). La activación de la cláusula representa tan solo, no obstante, el inicio de la investigación de si se está colocando al acusado en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. United States v. Jorn, 400 U.S. 470 (1971). Puede haberse comenzado un juicio, por ejemplo, y aún darse cir-cunstancias, no presentes aquí, en que no pueda invocarse la cláusula. Illinois v. Somerville, 410 U.S. 458 (1973); United States v. Wilson, 420 U.S. 332 (1975). De no activarse la garantía siquiera, no existe usualmente impedimento para una solicitud de revisión por el Ministerio Público de una reso-lución adversa. Serfass, supra, pág. 274.

El segundo paso estriba en precisar si efectivamente se está poniendo al acusado en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. Hasta hace pocos meses, privaba la teoría de que la cláusula contra la doble exposición evita revisar una “absolución”. United States v. Ball, 163 U.S. 662, 671 (1896); United States v. Sisson, 399 U.S. 267, 289 (1970). El foco del análisis lo constituía la determinación de si lo que había ocurrido originalmente montaba a una absolución, a una desestimación o a una declaración de nulidad del juicio. Comment, Government Appeals of “Dismissals” in Criminal Cases, 87 Harv. L. Rev. 1822 (1974). En United States v. Wilson, 420 U.S. 332 (1975) y en United States v. Jenkins, 420 U.S. 358 (1975) se varía fundamentalmente el enfoque y se instituye como criterio determinante la cuestión de si se requieren o no procedimientos adicionales de alguna índole, de revocarse la sentencia o devolverse el caso, para resolver cues-tiones de hecho esenciales para el establecimiento de elementos del delito imputado. The Supreme Court—1974, Term, 89 Harv. L. Rev. 1, 53-54 (1975).

Jenkins es de especial interés por su similaridad al caso de autos. En Jenkins se le envió al querellado una notificación de reclutamiento. El querellado obtuvo el modelo necesario para que se le clasificase como objetor por razones de conciencia, pero no se pospuso su reclutamiento para fines de radicar el modelo. El querellado no se presentó entonces al centro de reclutamiento y se procedió entonces a radicar la acusación correspondiente. El caso se vio por tribunal de derecho y al terminar el desfile de la prueba el tribunal decretó la desesti-mación de la acusación y ordenó la libertad del acusado. El tribunal de instancia señaló que, bajo Ehlert v. United States, 402 U.S. 99 (1971), la Junta de Servicio Selectivo tenía razón en rehusar posponer el reclutamiento en tales circunstancias, pero que Ehlert se había decidido después de los hechos del caso. El Ministerio Público apeló en base a que el tribunal había cometido error de derecho al no aplicar a Ehlert retro-activamente. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos, por voz del Juez Rehnquist, rechazó la apelación por estimar que se estaba colocando al querellado en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. El Tribunal rehusó expresamente aceptar la teoría del gobierno de que, en casos vistos por tribunal de derecho, el gobierno debe poder apelar si al desfilar la prueba del Estado el juez decide el caso sobre una base errónea de derecho. Rechazó también la teoría que, de declararse con lugar la apelación, la reapertura del caso para admitir prueba adicional simplemente representaría la conti-nuación del juicio, sin que pudiese invocarse la cláusula refe-rente a la exposición anterior. Tampoco consideró importante analizar si se trataba de una desestimación o una absolución. Estimó suficiente señalar que no se trataba claramente de un caso de anulación del juicio (mistrial); que se había libe-rado al acusado, aunque no se sabía a ciencia cierta si la deci-sión del tribunal de instancia resolvió las cuestiones de hecho en contra del gobierno ; y que bastaba de todos modos para los fines de la cláusula sobre la doble exposición que fuesen nece-sarios procedimientos ulteriores de alguna índole encaminados a resolver cuestiones de hechos relativos a los elementos consti-tutivos del delito. Aun si el tribunal de instancia, apuntó Rehnquist, no tuviese que recibir evidencia adicional, todavía sería necesario que hiciese determinaciones suplementarias de hechos. Se había expuesto por tanto al acusado al riesgo que se le castigase. En el caso de autos es claro que tendría que recibirse evidencia adicional y efectuar determinaciones sobre cuestiones esenciales de hechos, por lo que ha ocurrido una ex-posición anterior.

Jenkins no coloca al Ministerio Público en posición de in-defensión. La aplicación de una regla comparable a la de Jenkins puede evitarse, además, parcial y aun totalmente, mediante el uso de diversos mecanismos disponibles a los fiscales. Puede redactarse la acusación en tal forma que el acusado se encuentre en la obligación de formular sus obje-ciones de derecho antes del juicio, so pena de su renuncia bajo la Regla 63 de nuestras Reglas de Procedimiento Criminal. En tal caso no entra en juego generalmente la cláusula sobre la doble exposición. Puede también solicitarse la dilucidación en la conferencia anterior al juicio de cuestiones que luego podrían crear dificultades. A lo que debe conducir Jenkins es precisamente al uso diligente e intenso por los fiscales de la nueva Regía 95.1, Ley Núm. 88 de 26 de junio de 1974.

Por los fundamentos expuestos, confirmaría la decisión del tribunal de instancia.

        Gori v. United States, 367 U.S. 364, 372.

      La declaración jurada se prestó el 30 de enero de 1975 y el juicio tuvo lugar un mes después, el 3 de marzo. Si el acusado estimaba que la tardanza era una defensa legítima tuvo plena oportunidad de suscitarla antes de juicio pues con una simple moción hubiera obtenido copia de la declaración si es que no se le había entregado ya como ordena la propia See. 1044, Tít. 9. No se trata de un hecho al que se confronta el acusado por primera vez en el juicio, sino de un dato conocido o fácilmente conocible si hubiera ejercitado una razonable diligencia, por lo que el caso es típico de defensa renunciada.

       Siguiendo estos principios la Asamblea Legislativa al exigir decla-ración jurada del agente encubierto en casos de mayor gravedad como los de drogas, en plazo de 120 horas, dejó a salvo la admisibilidad de una declaración tardía si “. . . se demuestr[a] justa causa para una demora en someterla dentro del término antes indicado.” Art. 523 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. see. 2523). (Énfasis suplido.)

      Dispone así el estatuto federal:
      “In a criminal case an appeal by the United States shall lie to a court of appeals from a decision, judgment, or order of a district court dismissing an indictment or information as to any one or more counts, except that no appeal shall lie where the double jeopardy clause of the United States Constitution prohibits further prosecution.. . .
      “The provisions of this section shall be liberally construed to effectuate its purposes.” 18 U.S.C.A. sec. 3781.

      OQLa cláusula sobre exposición anterior de la Quinta Enmienda se aplica a los estados miembros de la Unión Americana, Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969). No es necesario expresarse aquí sobre cuestión federal alguna, sin embargo, en vista del resultado a que puede llegarse mediante la interpretación de la cláusula análoga que contiene la Constitución de Puerto Rico.

      Las reglas desarrolladas sobre los complicados problemas que suscita la doble exposición están sujetas a gran variedad de excepciones. De ahí que deba tenerse extremo cuidado en particularizar. Las propias generalizaciones que hacemos aquí representan tan solo un esfuerzo de sim-plificar una situación concreta. No aludimos a las excepciones reconocidas en otras instancias a las reglas reseñadas, para evitar la prolijidad.

      No es necesario emitir juicio alguno sobre el caso en que la resolu-ción del tribunal de instancia se funde en evidencia que constituya una defensa en los méritos.

      La doctrina que prohíbe la apelación por el Estado por razón de haberse cometido error de derecho es antigua. Kepner v. United States, 195 U.S. 100, 129-130 (1904). Véase también: Pueblo v. Cabrera, 47 D.P.R. 185 (1934).

      Es interesante observar que hace cuarenta años este Tribunal anti-cipó los resultados de Jenkins y Wilson en El Pueblo v. Rivera, 46 D.P.R. 113 (1934) y Pueblo v. Noonan, 46 D.P.R. 724 (1934). Véase también: Pueblo v. Cabrera, 47 D.P.R. 185 (1934).


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Pedro Baigés Chapel.

      Número: 2475

      Resuelto: 9 de febrero de 1976

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías; Pedro Baigés Chapel compareció por su propio derecho.
   per curiam:

El Ledo. Pedro Baigés Chapel fue admitido al ejercicio del notariado el 17 de noviembre de 1964. Sus protocolos y su registro de afidávits no pudieron ser examinados por el Inspector de Protocolos hasta mediados del año pasado. Dos Inspectores — el Ledo. José R. Seda y el Ledo. Rafael Calor Mota — trataron en varias ocasiones de obtener del notario Baigés Chapel que pusiera a su disposición su obra notarial para inspección. Unas veces porque dicho notario cambiaba de dirección sin notificar de ello al Secretario de este Tribunal en violación de los claros preceptos del Art. 2 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1002, y otras veces porque ignoró o hizo caso omiso de requerimientos personales y por escrito, y de citas concertadas para el examen de sus protoco-los y afidávits, no fue hasta que expedimos orden para que mostrara causa por la que no debía ser suspendido de la prác-tica de la notaría que pudo lograrse la inspección que manda dicha Ley en su Art. 88, 4 L.P.R.A. see. 1038.

Realizada la inspección, se hallaron deficiencias en dos de las escrituras autorizadas por el notario Baigés Chapel y per-tenecientes a su protocolo de 1970. Por resolución de 17 de octubre de 1975 concedimos a dicho notario treinta días para subsanarlas. El 5 de diciembre le concedimos un plazo adicio-nal a vencer el 22 de dicho mes. Hasta el día de hoy no hemos tenido noticias de que se hayan subsanado dichas deficiencias.

Ya en enero de 1973 nos habíamos visto forzados a multar en $25 al notario Baigés Chapel por no haber cumplido con otra disposición de la Ley notarial — el Art. 3, 4 L.P.R.A. see. 922 — que obliga a todo notario a notificar al Secretario de este Tribunal, en el plazo de 72 horas, sobre el otorgamiento de una escritura de protocolización de poder. En aquella ocasión el notario Baigés Chapel desatendió la oportunidad que pre-viamente le dimos para dar explicaciones sobre su incumpli-miento de la Ley.

La conducta del Ledo. Pedro Baigés Chapel, informada en la reseña que dejamos hecha, le hace indigno de seguir ostentando la fe pública de que goza un notario. Los notarios deben tener presente que los instrumentos que autorizan no son de su propiedad. Pertenecen al Estado, que ha delegado en ellos su custodia. Como depositarios de la confianza pública, los notarios tienen la obligación de cumplir estrictamente y sin evasivas de clase alguna con todas las disposiciones de la Ley que regula el ejercicio del notariado. Aparte de una simple razón de cortesía, hay razones de moral profesional y de responsabilidad legal para que un notario sea atento y diligente ante los requerimientos de los funcionarios encargados de supervisar la observancia de la Ley Notarial.

El Ledo. Pedro Baigés Chapel será suspendido del ejercicio del notariado, y quede apercibido que como abogado debe en-cauzar sus pasos para no incurrir en la irresponsabilidad y falta de ética profesional con que lamentablemente ha man-chado su práctica como notario, inseparable por su naturaleza del ejercicio de la abogacía.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Gregorio Rodríguez Soto, etc., et al., demandantes y recurrentes, v. Feliciano Adorno, etc., et. al., demandados y recurridos; Gregorio Rodríguez Soto, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Feliciano Adorno, etc., et al., demandados y recurrentes.

      Números: R-75-192
    R-75-200

      Resuelto: 10 de febrero de 1976

      Arnaldo Sánchez Recio, F. Ariel Avilés Rodríguez y Angel L. Tapia Flores, abogados de los demandantes y recurrentes; Frank Garbo, abogado de la Sucesión de José A. Baiz Miró, demandada y recurrente.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión a resolver se contrae a la responsabilidad de un acreedor que embarga un vehículo de motor en asegura-miento de sentencia, y del depositario designado por el tribunal, como consecuencia de los daños resultantes de un acci-dente ocasionado negligentemente por un tercero que se encon-traba en posesión del vehículo con autorización del depositario.

El vehículo había sido objeto de un procedimiento de embargo y se hallaba, por designación del tribunal y a solicitud del acreedor embargante Sr. Feliciano Adorno, aquí codeman-dado, bajo la custodia judicial (custodia legis) en poder del depositario, también codemandado, Sr. José A. Lugo, quien lo había prestado al tercero señor Baiz. El Sr. Gregorio Rodrí-guez Soto y sus tres hijos menores incoaron acción contra la Sucesión de Baiz Miró, contra el acreedor embargante Sr. Adorno, el depositario Sr. Lugo y Aristides Lebrón García por los daños sufridos por la muerte de la esposa y madre de los demandantes y por las lesiones recibidas por su hijo menor David.

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictó sentencia imponiendo responsabilidad a la Sucesión de Baiz Miró por la negligencia del causante Baiz en la conducción del automóvil, y desestimó en cuanto a los demás codemandados, por el fundamento de no ser éstos dueños del vehículo ni encontrarse el conductor en gestiones del embargante o del depositario. Concluyó que, dado el carácter excepcional de la responsabili-dad vicaria, no podía imponerles la misma, en ausencia de disposición legal al efecto.

I

La solución jurídica del caso exige que analicemos los artículos de nuestro Código Civil referentes a la figura del depósito, las disposiciones procesales aplicables y nuestra jurisprudencia.

El Art. 1658 del Código dispone:

“Se constituye el depósito desde que uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.” (31 L.P.R.A. see. 4621.)

La peculiaridad principal de esta figura es la de la entrega de un objeto, basada en el elemento de confianza, con el único propósito de conservarlo hasta que se exija su devolución. Se define como “aquel contrato por cuya virtud una persona entrega a otra de su confianza una cosa, con la sola finalidad de custodiarla hasta que aquella se lo reclame.” Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Tomo IV, Vol. II, a la pág. 419, ed. de 1951. Espín destaca que “Se dirige por tanto el depósito a la custodia y, por tanto se basa en la confianza que inspira el depositario al depositante.” Derecho Civil Español, Vol. 3, págs. 615-616, 2da. ed. (1961). Véanse Castán, Derecho Civil Español, Tomo 4, págs. 606-607, 7ma. ed. (1952); Borrell y Soler, Derecho Civil Español, Tomo III, pág. 500, ed. de 1955.

La preeminencia de estas características de custodia y conservación del objeto queda evidenciada al disponer el Código que “El depositario no puede servirse de la cosa depo-sitada sin permiso expreso del depositante.”, y en caso contra-rio “. . . responderá de los daños y perjuicios.” Art. 1667 (31 L.P.R.A. see. 4662). Puig Brutau, al referirse a los artículos del Código Civil Español equivalentes a nuestros artículos 1667 y 1668 observa:

“Es un contrato que no confiere facultades de uso, disfrute ni de disposición a favor del depositario, pues la recepción de la cosa por parte de éste sólo tiene el sentido de permitirle cumplir su obligación principal de custodia.” Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. II, pág. 449 (ed. 1956).

En lo concerniente al depósito de bienes embargados, depósito judicial o secuestro, nuestro Código Civil, siguiendo la tradición española incorpora textualmente cinco artículos que por su brevedad copiamos:

Art. 1685: “El depósito judicial o secuestro tiene lugar cuando se decreta el embargo o el aseguramiento de bienes liti-giosos.”

Art. 1686: “El secuestro puede tener por objeto así los bienes muebles como los inmuebles.”

Art. 1687: “El depositario de los bienes u objetos secuestra-dos no puede quedar libre de su cargo hasta que se termine la controversia que la motivó, a no ser que el tribunal o juez lo ordenare por consentir en ello todos los interesados o por otra cansa legítima.”

Art. 1688: “El depositario de bienes secuestrados está obli-gado a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones de un buen padre de familia.”

Art. 1689: “En lo que no se hallaré dispuesto en este código, el secuestro judicial se regirá por las disposiciones de la ley de enjuiciamiento civil.”

Estos preceptos establecen concisamente: la naturaleza especial del depósito judicial; las cosas que pueden ser objeto del mismo, su duración; las funciones del depositario judicial y finalmente una disposición sobre el derecho supletorio. Ya desde principios de siglo habíamos resuelto que los depositarios judiciales ostentan la posesión legal, judicial y real de los bienes embargados que han sido entregados a su salvaguardia y custodia, y están bajo la obligación de cumplir con los debe-res que las leyes les imponen. Caloca v. Vilaseca et al, 6 D.P.R. 113 (1904).

Sobre la responsabilidad del depositario, Manresa, al comentar el artículo del Código Civil Español equivalente a nuestro Art. 1688 expone:

“Correspóndenos ahora tratar de la responsabilidad del depo-sitario judicial. Con frase precisa sintetiza el Código todas las obligaciones del depositario de bienes secuestrados al decir que tiene respecto de ellas las de un buen padre de familia. La omisión de esta diligencia será la medida de su responsabilidad. Surge aquí una diferencia en la modalidad de la culpa que en ciertos casos se exige al simple depositario, y la que expresamente consigna para el judicial este artículo del Código. La culpa ‘q. en suis rebus’ es el tipo de medida, y aquí se gradúa por la ordinaria del padre •de familia en la custodia de la cosa embargada. Si a esto se agrega el derecho a una remuneración que en la generalidad de los casos tiene, parece como si se tendiera con ello a la agravación de la responsabilidad. No creemos que pueda imponérsele la culpa leve. Cierto que, como dice Simoncelli en su eruditísima monografía sobre ‘La responsabilidad de los depositarios’, el desenvolvi-miento histórico de estas formas de las diligencias en el Derecho romano (1), parecía señalar la interpretación, no de un grado, sino de un modo de culpa menor al de la culpa leve, pero el pre-cepto del Código, al exigir la diligencia del buen padre de familia, no deja lugar a dudas.” Manresa, Código Civil Español, Vol. XI, pág. 1020, 6ta. ed. (1972). (Énfasis suplido.)

En cuanto al concepto de “buen padre de familia”, tanto en P.R. & American Ins. Co. v. Durán Manzanal, 92 D.P.R. 289 (1965) y American Sec. Ins. Co. v. Ocasio, 102 D.P.R. 166 (1974), lo analizamos y dijimos: “Así vemos que el Código al emplear el concepto ‘diligencia de un buen padre de familia’ tuvo el propósito de dejar a los tribunales que en cada caso particular determinen cual es la diligencia procedente, que generalmente debe ser la que hubiere tomado ‘el tipo medio o normal de persona diligente.’ ”

Finalmente, el Art. 1689 antes transcrito “. . . viene a definir lo que pudiéramos llamar el derecho supletorio del Código en materia de secuestros, ordenando que lo que no se hallase dispuesto en la ley sustantiva, se rija por los preceptos de la adjetiva.” Manresa, op. cit. supra, pág. 1016. Se deja a la ley procesal la determinación de “los casos en que podrá tener lugar y los requisitos y el procedimiento para [reali-zar] ” el embargo y el aseguramiento de los bienes litigiosos. Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, Vol. 6, pág. 277, 7ma. ed. (1957).

Aplicados los principios jurídicos expuestos, resulta inescapable la conclusión de que el depositario judicial Sr. Lugo, al incumplir el mandato de ley, es responsable, no sólo al depositante, o sea, al acreedor embargante, sino al dueño del automóvil, y además a terceros por los daños causádosles. La responsabilidad del depositario consiste en su proceder culposo al no cumplir con la exigencia que le impone la ley de cuidar la cosa como un buen padre de familia, y al atribuirse la facultad de permitir el uso del automóvil por un tercero. Vease: Societé Anonyme, etc., v. Vallés, 46 D.P.R. 652, 655 (1934).

Valga repetir para beneficio de las personas que aceptan nombramientos de depositario judicial ante los tribunales del país que:

“Se confiere el depósito para su guarda y custodia, no para el uso a condición de restituirlo. Síguese de esto, como muy acerta-damente dice Pothier, que quien usa del depósito confiado a sus cuidados comete una verdadera estafa. La ley dice que en el caso de contravenir el depositario a esta prescripción, responde de los daños y perjuicios. Esta es la responsabilidad civil, responsabili-dad agravada considerablemente si la cosa pereciera durante el uso ilícito de la misma, porque demostrado queda en el comen-tario del artículo anterior cómo entonces responde hasta del caso fortuito.” Manresa, Código Civil Español, op. cit. supra, pág. 937.

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Resta que examinemos el ámbito de responsabilidad del acreedor embargante Sr. Adorno. Nuestra doctrina jurispru-dencial reconoce que el nombramiento de depositario judicial es una facultad exclusiva que recae sobre el tribunal que decreta el embargo. Fresh-O-Baking v. Molinos de Puerto Rico, 103 D.P.R. 509 (1975); Cruz v. Corte, 70 D.P.R. 324 (1949); Cooperativa Central v. Flores, 68 D.P.R. 726 (1948); Dávila v. Rosa, 61 D.P.R. 608 (1943); Balaguer v. Cordovés, 59 D.P.R. 648 (1942). En este último caso, tomando como base la experiencia, con pragmatismo judicial, indicamos: “No obstante la facultad que el estatuto confiere al juez que decreta el embargo, los tribunales insulares, teniendo sin duda en cuenta que el demandante que solicita el embargo se obliga con los fiadores a responder de los daños y perjuicios que pueda sufrir el demandado, han seguido la práctica, que consideramos aconsejable, de nombrar depositario a la persona que designe o recomiende el demandante.” Balaguer, supra, a laspágs. 651-652. (Énfasis suplido.)

En virtud de la obligación de indemnizar los daños que se irroguen en diligencias de embargos, bajo el Art. 1802 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5141), y en armonía con los Arts. 4 y 10 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. sees. 1072 y 1076) hemos resuelto innumerables casos en los que se impone responsabilidad al acreedor embargante por los perjuicios causados a un demandado, Fresh-O-Baking, supra; o por daños causados a un tercero privado indebidamente de su propiedad mediante el embargo de bienes no pertenecientes al deudor demandado. García v. Cacho & Co., 45 D.P.R. 281 (1933); Verdejo v. Sucrs. de Oliva & Co., 18 D.P.R. 103 (1912).

También hemos impuesto deber de indemnizar a un embar-gante por las actuaciones indebidas e ilegales de su deposita-rio. A tal efecto, en Aviles v. Hijos de Rafael Toro, S. en C., et al., 27 D.P.R. 671 (1919), concluimos que el acreedor em-bargante y sus fiadores venían obligados a compensar al dueño y propietario de un cinematógrafo en el pueblo de Lajas por el uso y deterioro de los bienes embargados y confiados a la custodia del depositario surgidos como consecuencia de las actuaciones de este último al operar y dar funciones regulares en dicho cine cobrando por la admisión del público asistente, todo ello sin autorización del tribunal. Y en el caso de Societé Anonyme, etc., supra, se impuso responsabilidad a un primer acreedor embargante cuando el depositario judicial se des-prendió ilegalmente de los bienes bajo su custodia entregán-dolos al demandado en el pleito original no obstante tener conocimiento el depositario de un segundo embargo por otro acreedor.

Los casos reseñados ejemplifican la vigencia y aplicabilidad de la norma general de que un acreedor embargante responde por las actuaciones culposas e ilegales del depositario judicial, pues resulta innegable que en la mayoría de los casos éste es seleccionado y recomendado por el primero, y la designación por el tribunal es, de ordinario, rutinaria.

Como apuntáramos en Nolla v. Joa Co. of Florida, 102 D.P.R. 428 (1974):

“No es determinante a los fines de responsabilidad por el uso del edificio, el grado o tipo de posesión, si alguno, imputable al embargante sobre los bienes en custodia legis. De los complicados desdoblamientos de dicha posesión surge ineuestionada la reali-dad de que fue la acreedora Joa quien movió el brazo de la ley y propuso el depositario para protección y resguardo de su reclama-ción mediante el embargo preventivo.”

Ahora bien, esta responsabilidad del acreedor embargante procede cuando las actuaciones y conducta del depositario judicial son consecuencia de las gestiones relacionadas con la tramitación, implementation y subsistencia del embargo y depósito judicial; o cuando el acreedor embargante tiene cono-cimiento del uso ilegal por el depositario de la cosa en custodia legis, y no toma ni gestiona ante tribunal competente medidas correspondientes conducentes a evitar tales actos.

En el caso de autos, no existe prueba de que el embargante, Sr. Adorno conociese del uso o préstamos que hizo el depositario Sr. Lugo del vehículo en cuestión. El único uso imputable al embargante era aquel necesario e incidental con respecto al traslado del vehículo desde el lugar en que se realizó el embargo hasta el sitio en que sería conservado (detenido) en depósito. El accidente, como correctamente consignó la ilustrada sala sentenciadora, ocurrió un domingo en la carretera que conduce de El Yunque hacia el Barrio Mameyes en ocasión de que su conductor Sr. Baiz, un tercero, realizara gestiones puramente personales sin el conocimiento ni la autorización del embargante. La reclamación contra el acreedor embargante no está comprendida en el ámbito de responsabilidad antes enunciado, por ser remota y no cumplir con el requisito de causalidad o causa próxima necesario en casos de embargo. Véanse: Sierra v. Santiago, 48 D.P.R. 687 (1935); Lowande v. Otero & Co., 15 D.P.R. 194 (1909).

Se dictará Sentencia expidiendo los autos solicitados a los únicos fines de modificar la Sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 2 de mayo de 1975 para imponer respon-sabilidad solidaria al depositario Sr. José A. Lugo, conjunta-mente con la ya impuesta a la Sucesión del tercero José A. Baiz Miró. Así modificada, se confirma.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado.

      E1 tribunal de instancia concluyó que Aristides Lebrón García no había sido nombrado despositario y por tanto desestimó la acción en su contra ; dictamen que consideramos correcto.

       En la sentencia se adjudicó, como causa de acción independiente, que tanto el acreedor embargante Sr. Adorno, como el depositario Sr. Lugo ve-nían obligados a satisfacer al dueño del vehículo, Sociedad Legal de Ganan-ciales compuesta por Luciano Claudio Tirado e Iris Morales Báez el interés que tenía en el mismo. En los recursos de epígrafe expedimos órdenes de mostrar causa limitadas al planteamiento sobre la responsabilidad del em-bargante, Sr. Adorno y de los depositarios, señores Lugo y Lebrón García.

      Lee así:
      “Cuando el depositario tiene permiso para servirse o usar de la cosa depositada, el contrato pierde el concepto de depósito y se convierte en prés-tamo o comodato.
      El permiso no se presume, debiendo probarse su existencia.” (31 L.P.R.A. see. 4663.)

      31 L.P.R.A. sees. 4711-4715.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Rigau. Juez Asociado Señor Martín Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Hon. Edwin Meléndez Grillasca, Juez, demandado; Israel Rivera Pérez, interventor.

      Número: O-75-296

      Resuelto: 18 de febrero de 1976

      Miriam, Naveira de Rodón, Procuradora General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del peticiona-rio; Benigno Alicea Alicea, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

■El interventor adicto Israel Rivera fue convicto de dos cargos de posesión y transportación de heroína bajo la anterior Ley de Narcóticos, y sentenciado el 4 de agosto de 1970 a penas de presidio de 8 a 12 años en un caso y de 8 a 10 en el otro, a cumplirse consecutivamente. La sentencia le fue sus-pendida bajo el régimen probatorio dispuesto en 34 L.P.R.A. see. 1026 y ss. Subsiguientemente se libró del vicio, estudió contabilidad, contrajo matrimonio y al presente es un ciuda-dano ejemplar. En 2 de diciembre de 1974 solicitó de la sala de instancia modificación de la sentencia por hallarse comple-tamente rehabilitado y el juez declaró nula la sentencia por considerar sus términos excesivos y señaló fecha para resen-tenciar a tenor de la vigente Ley de Sustancias Controladas (24 L.P.R.A. see. 2101 y ss.). Al certiorari de El Pueblo aduciendo falta de jurisdicción en el tribunal de instancia para rebajar la sentencia por haber transcurrido el término de 90 días desde que fue dictada (Regla 185 de Procedimiento Criminal), libramos orden requiriendo del acusado interventor que muestre causa por la que no deba anularse la resolución de instancia, mas una ulterior consideración del caso nos inclina a sostener al juez recurrido.

Este Tribunal no ha de detenerse ante una interpreta-ción literal de reglas para corregir un castigo a todas luces desproporcionado y exagerado. La individuación de la pena y la expresada tendencia legislativa a considerar al adicto como enfermo curable no toleran este castigo que excede el impuesto a reos cuya deformación y tipo de con-ducta antisocial los excluyen de los beneficios de la liber-tad a prueba.

Si nuestro sistema de libertad a prueba (34 L.P.R.A. see. 1026 y ss.) faculta al tribunal para “suspender los efectos de la sentencia” y a la vez dispone que el convicto “quedará bajo la custodia legal del tribunal”, siendo el más relevante efecto de la sentencia la duración del término de reclusión impuesto, no vemos impedimento para que en un caso adecuado como el presente pueda el juez en su amplia supervisión de la libertad del probando, modificar el término original de la sentencia cuando a su juicio resultare ser condición impropia e innecesaria a los fines de rehabilitación que es el propósito central del sistema. Es la compensación de la facultad que autoriza al mismo tribunal a encarcelar al convicto si infringe los términos y condiciones de su probatoria.

La Ley de Sustancias Controladas de 1971 (24 L.P.R.A. sec. 2101 y ss.) implantó una política pública para enfren-tar la adicción a drogas narcóticas enfilada hacia el rescate del adicto como opción preferente a su encarcelamiento. Refleja el nuevo estatuto la conciencia social y científica de que el presidio no cura la adicción a drogas, como en el pasado tampoco sirvió para curar la adicción alcohólica. En armonía con la corriente rehabilitadora este Tribunal en Martínez Reyes v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 470 (1975), eliminó las convicciones bajo la anterior Ley de Narcó-ticos como impedimento descalificante para una suspensión de sentencia en subsiguiente convicción por infringir la Ley de Sustancias Controladas.

Bajo el propósito legislativo de reformar al adicto, el término de prisión, pena suspendida cuando se pone al convicto bajo un régimen de libertad a prueba, pierde su virtualidad de castigo por reclusión y se convierte en una condición del régimen. Como tal condición estará vinculada a la conducta del probando. Los hechos de este caso demues-tran que una pena desusadamente larga, especialmente las impuestas bajo la anterior ley, puede exceder en mucho el término necesario para la rehabilitación del convicto y en tal caso resulta inútil mantenerla hasta su extinción, El principio de individuación de la pena se cumple en tales casos modificando la original y resentenciando al probando a una pena que se ajuste a la vital realidad de su reforma y a la política pública que encarna la Ley de Sustancias Controladas de 1971 (24 L.P.R.A. see. 2101 y ss.).

La Regla 185 de Procedimiento Criminal interpretada en Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 (1964), no impide la modificación de la sentencia en este caso. Su empuje está principalmente dirigido a situaciones en que la reclusión del convicto en un establecimiento de corrección es recurso imperativo de defensa social. En lo que respecta al tratamiento judicial de la adicción a drogas la rebaja de sentencia en probatoria no ha de considerarse como intervención con el criterio original del juez que la impuso, sino como reajuste y adaptación al propósito legislativo vigente en el nuevo estatuto; como la modificación de cualquier otra condición impuesta al probando según evoluciona su conducta bajo las normas de libertad a prueba.

Preservando para el tribunal de instancia facultad continua para reducir los términos de la sentencia exclusivamente en casos en los que la Ley de Sustancias Controladas concede la alternativa de libertad bajo régimen probatorio, nos guiamos por el propósito legislativo delineado en su Art. 522 (24 L.P.R.A. see. 2522) que una vez certificado el adicto como rehabilitado por la agencia correspondiente, lo declara elegible para libertad bajo palabra dispensándolo del usual requisito de haber cumplido el mínimo de la sentencia; el Art. 516 que faculta al Secretario a relevar cualquier convicto rehabilitado de la prohibición allí impuesta relativa a licencia de conducir y de posesión o portación de armas de fuego por término de cinco años a partir de la extinción de la sentencia o de haber sido declarado adicto; el Art. 404 (24 L.P.R.A. see. 2404) que extiende al convicto de posesión la libertad a prueba por término que no exceda de cinco años, suspendiéndose el pro-cedimiento sin hacer pronunciamiento de culpabilidad, dis-poniendo exoneración y sobreseimiento sin declaración de culpabilidad si el probando cumple las condiciones del régimen; el Art. 602 (24 L.P.R.A. see. 2602) que manda aplicar las penas menores del nuevo estatuto a casos simi-lares surgidos bajo la ley anterior; y las disposiciones transitorias de dicha Ley de Sustancias Controladas (Núm. 4 de 23 de junio de 1971) que proveen para toda persona con-victa de posesión la suspensión de procedimiento criminal y las penalidades menores de los incisos (b) y (a) respectiva-mente del Art. 404 (24 L.P.R.A. see. 2404) “aun cuando la acusación, en su caso, hubiese sido radicada al amparo de legislación anterior.” Responde todo este esquema legislado a la naturaleza de la infracción en que incurre el adicto a drogas cuya aflicción no tiene carácter intrínsecamente criminoso y en que la carga del agravio se concentra principal-mente en el individuo afectado. El tratamiento especial que los casos de posesión de drogas reciben en la Ley, demanda un método correctivo apropiado en armonía con el propósito de la ley, diferenciable del seguido con otros delitos.

No estamos preconizando la rebaja automática e indis-tinta de sentencias suspendidas bajo régimen probatorio en casos bajo la Ley de Sustancias Controladas. La discreción del juez ha de moverse con- criterios selectivos en circuns-tancias que apelen a su sentido básico de justicia ante los méritos del caso, y a la luz de los principios de individua-ción de la pena y reforma del adicto aquí enunciados.

Por ser el término de una sentencia su principal efecto y condición sujeto a suspensión bajo la Ley de Libertad a Prueba (34 L.P.R.A. see. 1026 y ss.) y hallándose el probando bajo la custodia legal del tribunal, éste tiene poder en cualquier tiempo para modificar la duración de dicho término atemperándolo al grado o etapa de rehabilitación del sentenciado, como lo tiene para modificar cualquier otra condición de la libertad en probatoria.

No ha lugar al certiorari del Estado para revisar la resolución recurrida. Confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió con opinión sepa-rada. El Juez Asociado Señor Martín emitió opinión disidente en la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué radicará una expresión particular.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 1976

Este asunto de las drogas prohibidas me ha preocupado por varios años y ha ido creciendo en mí la insatisfacción con la forma en que en nuestra sociedad hemos venido tratando el mismo. De más está decir que por ser éste un problema tan complejo y de tan difícil trato hay que acercarse a él con suma humildad y con total honradez intelectual.

Digo trato y no solución pues solución total y definitiva para un problema de esta naturaleza es, por lo menos por ahora, sólo un sueño. Sin embargo, creo que el problema puede reducirse a proporciones manejables y tolerables. Expongo las ideas que siguen con la esperanza de que puedan ser útiles— aún para ser rechazadas y sustituidas por otras mejores— cuando se haga una reforma de nuestro Derecho sobre el particular.

El caso de autos es un ejemplo de lo inadecuado que es el tratamiento que venimos dando por varios años y durante dis-tintas Administraciones a este problema de las drogas prohibi-das. Israel Rivera, el antes acusado y aquí interventor, es descrito hoy día como un ciudadano ejemplar, marido modelo y persona que da de su tiempo y de sus energías a causas cívicas y humanitarias. Sin embargo, por haber sido adicto pesan sobre su vida dos sentencias para ser cumplidas consecutivamente, una de 8 a 12 años de presidio y otra de 8 a 10, lo que signi-fica que ambas constituyen una sentencia de 16 a 22 años de presidio.

La principal dificultad que existe hoy día para tratar este asunto de las drogas, no consiste en sus problemas técni-cos, médicos y económicos, sino que consiste en la actitud que frente a él predomina. Me refiero a que se ha hecho del proble-ma un asunto moral. No se admite así, explícitamente, pero creo que se piensa que es inmoral usar marihuana y drogas, y naturalmente, como lo inmoral indigna, tan pronto se toca el tema surge la indignación. Al ésta invadir el campo queda anulada, o reducida a un mínimo ineficiente, la función racio-nal e intelectual.

Si logramos que, aunque sea temporeramente en lo que dis-cutimos el problema, se deje a un lado la indignación, entonces creo que podremos desatar este nudo gordiano sin la espada. Máxime cuando la experiencia ha demostrado que la espada no ha tenido éxito, pues como las entrañas de Prometeo, el nudo se ha vuelto a formar apenas dado el tajo — si se me permite utili-zar un símil dentro de otro.

Un distinguido filósofo norteamericano, cuya preocupación intelectual mayor fue la Etica y la teoría de los valores, es-cribió lo siguiente:

“Felizmente, el que el hombre deba su dignidad a la posesión de la libertad es cosa que apenas requiere argumentación. Su dignidad puede ser poca, mucha o ninguna; pero cualquiera que tenga o que pudiera tener reside en la capacidad del individuo para decidir por sí mismo.”

Es en ese espíritu, el de la honesta libertad de pensa-miento, en el que me dirijo al lector y en el cual lo invito a considerar lo que aquí se dice.

En primer lugar voy a exponer sucintamente las razones por las cuales estimo que la actual legislación sobre drogas prohibidas debe ser sustituida por otra. Después propondré un sistema o trato que creo que debemos considerar y quizás ensayar.

1, La primera razón y la de más importancia práctica consiste en que la legislación actual sobre drogas prohibidas causa males peores que el mal que trata de curar. Incrementa el peso de esta primera razón el hecho de que la legislación actual, como la experiencia ha demostrado, a pesar de los males que causa, ni siquiera cura aquel contra el cual va dirigida. Veamos por qué digo que esa legislación causa males peores que el que trata de erradicar.

Al prohibir absolutamente la venta y uso de las drogas en la forma en que lo hace la ley, se obliga a sus consumidores a comprarla en el mercado negro y se crea así, como consecuen-cia de la ley, un precio artificialmente alto, altísimo, a esos productos.

Se estima que hoy día un deck de heroína vale $10 o más. También se estima que un adicto necesita $100 o más diarios para mantener su vicio. (El precio no es estable y a unos les cuesta más que a otros.) Eso hace que los adictos no puedan sufragar sus necesidades de esa clase con sus ingresos norma-les, o con los de su familia, y como el vicio crea una compul-sión irresistible los adictos se ven obligados a recurrir a formas ilegales para proveerse los medios para la compra de la droga. Como se sabe, dichas formas ilegales son generalmente el escalamiento de hogares y negocios, el hurto y el robo.

Muchas veces al cometer esos crímenes' — a veces sin pro-ponérselo — ocurren delitos de sangre y hasta muertes cuando los adictos son sorprendidos al cometerlos.

Aún limitándonos a los delitos contra la propiedad — es-calamientos, hurtos, robos — la Policía de Puerto Rico infor-ma que en el año 1974 se cometieron 66,864 delitos contra la propiedad. Esto, informa la Policía, equivale a un delito de esa naturaleza cada ocho minutos. Estima un alto funcionario de la Policía que el 60% de los delitos que se cometen en Puerto Rico tienen su causa directa o indirecta en este proble-ma de las drogas prohibidas.

Esa incidencia tan elevada en escalamientos, hurtos y robos ha producido en la población no sólo una sensación sino una realidad de inseguridad en sus personas, en sus hogares y en sus negocios. Hay que vivir y trabajar tras rejas, cerrojos y candados. A pesar de todas esas precauciones y de la ingente labor de la Policía sigue cometiéndose un delito de esa clase cada ocho minutos.

No tengo los datos precisos, pues los que hay son meros estimados. Algunos estiman que puede fluctuar entre el 1 % y el 2 % de la población el número de adictos. Personalmente creo que aún el 1 % es un estimado muy alto. Una legislación que le crea al 99 o al 98% de la población inocente, que no usa drogas, los graves daños que le hace sufrir — puñaladas, escalamiento en los hogares, etc. — con el solo propósito de meter a presidio al restante 1 ó 2% porque insiste en utilizar las drogas, no es una buena legislación.

Se informa que en Inglaterra, en donde el adicto puede obtener legalmente su dosis de droga para uso personal a pre-cio razonable, prácticamente no se cometen delitos causados por este problema de las drogas.

Si no fuese porque este asunto, como señalamos antes, se considera emocionalmente, esa legislación, que existe en ale-gado beneficio del 1 ó el 2% de la población pero que perjudica gravemente al 99 ó al 98 % de la misma, no podría subsistir en una democracia, pues es inconcebible que la gran mayoría esté dispuesta a pagar conscientemente tan alto precio por tan pe-queño y tan dudoso bien.

Añádase a lo anterior el que es muy cuestionable que aún dicha legislación beneficie a los adictos contra quienes va dirigida. Dudamos que una sentencia de presidio sea menos perjudicial para un ser humano que el uso controlado, privado y pacífico de la droga, aunque ésta también le hace daño. Tam-bién añádase que la población que sufre en su propia carne, en la santidad de sus hogares y en sus propiedades, los crímenes antes mencionados es la parte de la población que es inocente a los ojos de la ley de drogas porque no las utiliza.

Lo más increíble de todo ésto es que habiéndose cometido antes un error casi idéntico, lo estamos repitiendo apenas medio siglo después. Me refiero a la prohibición del licor, conocida popularmente como “la prohibición.”

Durante el primer tercio de este siglo y obedeciendo a un sentir religioso y moral, en los Estados Unidos se prohibió el licor. Una “moral” mayoritaria protestante le impuso esa medida en aquél país a una minoría católica que no participaba de ese punto de vista. Digo esto sin ninguna clase de animus y meramente como un dato histórico innegable. Hasta se en-mendó la Constitución de los Estados Unidos para ese fin. Como se sabe, el experimento resultó en un fracaso. Hubo que volver a enmendar la Constitución para, mediante la enmienda 21, derogar la número 18.

Contrario a lo que los partidarios de la prohibición vaticinaban, cuando ésta se abolió no se vino abajo el país. La mayoría de la población usa el licor socialmente y siempre, ahora como antes, hay un pequeño porcentaje de adictos llama-dos alcohólicos que ahora reconocemos que son enfermos y no criminales.

No se logró con la prohibición erradicar el uso del licor pero en cambio se causó mucha violencia, mucha tragedia y mucho sufrimiento. Además — igual que ahora con la prohibi-ción de la droga — se creó el gansterismo, el contrabando de la bebida y una ola de criminalidad como jamás la habían cono-cido los Estados Unidos. En Puerto Rico podemos decir igual: la prohibición absoluta de las drogas ha producido el más numeroso bajo mundo y la mayor incidencia de criminali-dad que jamás se habían conocido en este país.

2. La segunda razón la acabamos de mencionar. La 'prohi-bición total de la droga creó el bajo mundo que opera dicha industria y además la subsidia al mantener, sin proponérselo, un precio irrazonablemente alto para dicho producto. En adi-ción, al hacer en esa forma tan lucrativo dicho negocio, creó también los pushers quienes se dedican a inducir a los niños de escuela a usar la droga para luego tenerlos de clientes cautivos. Más adelante explico cómo se podrían hacer desapare-cer de nuestro medio ese bajo mundo y también los pushers, sin disparar un tiro, sin efectuar un arresto, sin un largo y costoso proceso judicial y sin mantener a nadie en el presi-dio.

3. Se explica que se castiga al adicto porque la droga le hace daño. Como hemos antes mencionado, es rara esta forma de “proteger” a una persona de algo que le hace daño: infli-giéndole un castigo peor — el presidio. De todas maneras, examinemos el problema con un poco de más detenimiento. El tabaco y el alcohol también hacen daño. ¿Por qué no metemos en la cárcel a los que fuman tabaco y a los que toman alcohol? Hoy día, meramente con formular la pregunta se ve lo absurdo de la cuestión. Estoy seguro de que en el futuro se conside-rará casi increíble lo que hoy hacemos con esto de la droga.

4. El costo social y moral del presente sistema es incalculable. Nos inquieta la conciencia el que para “proteger” a un pequeño número de adictos no solamente les infligimos condenas de presidio sino que a la vez estamos llevando la tragedia a sus hogares. Hay allí madres, padres, hermanos, esposos, hijos, a quienes el Estado les lleva incalculables sufrimientos porque un miembro de la familia tiene el vicio de la droga. Me explico.

Como hemos señalado, cuando el adicto tiene que incurrir en los delitos de escalamiento, robo y hurto para poder com-prar la droga a precios artificialmente elevados es que se convierte realmente en un criminal. De manera que una familia que tiene la desgracia de tener en su seno a un adicto, como si eso no bastase, el Estado, al hacerle imposible a aquél conseguir legalmente su dosis de droga, lo obliga a delinquir —dada la compulsión que el vicio crea — y entonces lo mete en la cárcel. ¿Han visto ustedes a una madre o a una esposa cuando eso ocurre? Es devastador.

5. El costo económico del presente sistema también es inmenso. No creo que hay datos precisos sobre lo que cuesta todo el esfuerzo del Estado para perseguir y castigar el 60% de los crímenes cometidos en Puerto Rico contra la propiedad, porcentaje que se le atribuye directa e indirectamente a la prohibición de las drogas. Baste con recordar el trabajo de policías, fiscales, agentes encubiertos, confidentes, jueces, mantenimiento en cárceles', etc.

¿Qué hacer? Desde luego, criticar cualquier sistema es fácil. Lo difícil es proponer alternativas. Siempre he creído que la crítica responsable es la que ofrece alternativas o maneras sustituías de aquellas que se critican. Voy a proponer una forma en que creo que debíamos atender este problema de las drogas. No soy un experto en el asunto ni pretendo serlo. Tampoco pretendo que mi propuesta sea ni la única ni la mejor. Solamente puedo esperar que se considere, pero si se encuentra una forma superior de atender este problema yo sería el pri-mero en alegrarme.

También quiero decir que no estamos obligados a sostener perpetuamente ninguna forma que se ensaye si ésta no resulta. De todas maneras, el sistema actual no es satisfactorio'. Nada se pierde con tratar otras maneras, recordando que siempre podemos desecharlas si no resultan adecuadas.

Como se sabe, nuestra ley es una adaptación de la ley federal. Hablamos mucho de crear nuestro propio Derecho. Creo que este asunto nos ofrece una brillante oportunidad para ello. Nos vienen a la memoria las palabras de Pericles, cuando en su oración en honor de los atenienses caídos en la Guerra del Peloponeso dijo “Nuestra forma de gobierno no emula las leyes de las ciudades vecinas; antes es modelo y no copia de las demás.”

Estimo que se podría sustituir la ley actual y se podría abrir, digamos, en el Departamento de Salud, un Registro de Adictos. Salud sería un departamento apropiado tanto por la afinidad del tema como porque tiene oficinas o dependencias en prácticamente toda la isla. Claro, podría ser en cualquier otro Departamento que tenga oficinas por la isla.

La ley autorizaría a los médicos a dar la orden escrita para que las farmacias vendiesen a los adictos la dosis para consumo estrictamente personal. Si se quiere obviar ese paso se podría autorizar a las farmacias a despachar dosis por adicto, previamente calculadas y establecidas en un Regla-mento. Mediante ese control el adicto podría comprar el pro-ducto a un precio razonable, posiblemente fijado por el Estado, el cual podría ser quizás $1.00 en vez de $10 o mayor, como lo es en el mercado de contrabando.

Esas pequeñas cantidades serían para el uso personal del adicto y evitarían el tráfico ilegal. El que poseyese cantidades grandes, obviamente para fines de venta, sería reo de delito grave. Pudiendo el adicto adquirir a un precio bajo la dosis que necesita para su uso personal no veo el incentivo para que corra el riesgo del presidio comprando a precios más altos cantidades mayores. También los médicos o farmacéuticos que violasen la ley estarían sujetos a sanción.

Con un plan así, o parecido, creo que se conseguirían los siguientes objetivos : (a) Se reducirían a un mínimo los escala-mientos de hogares y negocios, los robos y los hurtos. ¡Se redu-cirían en aproximadamente 60% los delitos contra la propie-dad en Puerto Rico! (b) Al no tener razón para existir se desvanecería el bajo mundo que opera hoy la industria de la droga en Puerto Rico. La reducción en los asesinatos sería sorprendente, (c) Se desaparecería el pusher que induce a los niños de escuela a usar la droga.

El plan que propongo tiene alguna semejanza con lo que se ha hecho en Inglaterra y en otros sitios. Presumo que se dirá que esto no ha resuelto el problema ni en Inglaterra ni en otros lugares. Lo primero que hay que reconocer, como dijimos antes, es que el problema no se va a resolver totalmente. Pero se puede reducir a proporciones en que deje de ser un problema cuantitativamente importante. Eso es a lo más que creo podemos aspirar, pero si se logra ya sería bastante. Sobre todo si recordamos que el sistema actual no ha hecho ni una cosa ni la otra.

Bien vale la pena tratar otras maneras que no le impongan al 99% de la población que no utiliza la droga las graves pena-lidades que indirectamente la legislación actual le impone y que a la vez le permita a esa pequeña minoría compuesta de los adictos a vivir sin convertirse en criminales, hasta que la ciencia produzca, si es que lo produce, una cura a ese hábito. Porque existen alcohólicos no le imponemos a los no alcohólicos dichas graves consecuencias, ni tampoco le imponemos a los alcohólicos penalidades de presidio. Creo que hacer lo propio en el caso de los adictos es lo sensato, lo práctico, lo compasivo y lo cristiano.

Sobre este tema hay abundantísima literatura. Me he abstenido de citarla con prolijidad porque creo que lo primordial es aprehender el problema en su más íntima sustancia. Una vez hecho esto se pueden dar las directrices para la crea-ción de la legislación y del aparato administrativo necesario, el cual debe ser el más sencillo> y económico posible. Con proble-mas más difíciles el hombre se ha confrontado con éxito. No veo por qué no podemos hacerlo en este caso, una vez que sus-tituyéramos la emoción con la razón. O mejor dicho, una vez que lleguemos a las decisiones mediante la razón, entonces necesitaremos la fuerza de la emoción para llevarlas a cabo.

Repito que la idea que he sugerido es solamente una entre posiblemente varias alternativas. Requeriría ley y un regla-mento. De imposible no tiene nada.

Comprendo que por razones prácticas sería deseable que esta reforma fuese bipartita. No deseo subestimar la capaci-dad de nuestros distinguidos legisladores y administradores para laborar por el bien común. Creo que puede hacerse.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 1976

La Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico no con-tiene disposición alguna que permita resentenciar a un reo convicto bajo la anterior Ley de Drogas luego de expirado el término de 90 días para la reducción de sentencias que esta-blece la Regla 185 de las de Procedimiento Criminal de 1963, aun tratándose de un adicto a drogas cuya sentencia fuera suspendida a tenor con lo dispuesto en la Ley sobre Sentencias Suspendidas. 34 L.P.R.A. see. 1027.

El aquí interventor, Israel Rivera Pérez, era adicto a la heroína. En 1965 fue ingresado en un hospital en Nueva York donde permaneció recluido por espacio de quince meses, some-tido a un tratamiento de rehabilitación. Luego fue paciente ambulatorio por nueve meses más. No fue curado de su adic-ción.

En julio de 1969 el Ministerio Público radicó contra el interventor tres acusaciones por violaciones de la referida Ley de Narcóticos. En 4 de agosto de 1970 Rivera Pérez hizo ale-gación de culpabilidad en cuanto a dos de los cargos, consis-tentes ambos en posesión, transportación y ocultación de heroína, siéndole archivado el tercero. El tribunal le sentenció a cumplir de 8 a 12 años de presidio en un caso y de 8 a 10 en el otro, a ser cumplidos dichos términos consecutivamente. En el acta de sentencia, copia de la cual obra en autos, aparece la siguiente resolución que en el mismo momento dictó el tribunal:

“Se ordena la suspensión de la sentencia a tenor con lo dis-puesto en la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, sobre Sentencias Suspendidas [34 L.P.R.A. see. 1027], según ha sido enmendada, quedando el acusado bajo la custodia legal del Tribunal hasta la expiración del período máximo de su sentencia, bajo las siguien-tes condiciones: (Énfasis suplido.)

“El Acusado

1. Respetará los derechos ajenos.

2. Satisfará cualquier reclamación justa que se le haga.

3. No tratará de encubrir sus actividades no ocultándolas al Oficial Probatorio, ni mintiendo acerca de las mismas, ni entorpe-ciendo cualquier investigación que el Supervisor de la División de Servicios Sociales o el Oficial Probatorio tuvieran a bien hacer acerca de ello.

4. Comparecerá ante el Oficial Probatorio del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, el día y a la hora que le sea indicado. Si razones ajenas a su voluntad le impidieran hacerlo, se comuni-cará con el Oficial Probatorio inmediatamente por escrito ex-poniéndole los motivos que se lo impidieron y comparecerá en persona en la fecha más cercana a ésta que le fuera posible.

5. Permanecerá constantemente y sin interrupción dentro de la jurisdicción territorial del Tribunal Superior, Sala de Baya-món. Siempre que tenga necesidad de trasladarse fuera de este límite solicitará el permiso para ello del Oficial Probatorio. Esta jurisdicción incluye los siguientes pueblos de la Isla: Bayamón, Catafio, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta y Vega Baja. (Énfasis suplido.)

6. Mantendrá al Oficial Probatorio al corriente de toda in-formación que le facilite a él ponerse en contacto con usted lo más rápidamente posible y contestará inmediatamente cualquier informe que reciba del Oficial Probatorio o del Supervisor de la División de Servicios Sociales.

7. Evitará su presencia en bares, sitios donde se lleven a cabo juegos de azar y centros de dudosa reputación.

8. Se le prohíbe terminantemente el uso de bebidas alcohóli-cas, drogas y otros estupefacientes.

9. Deberá mantenerse empleado y notificará al Oficial Proba-torio de todo cambio de empleo o cese en el mismo.

10. Cualquier violación de las leyes vigentes en Puerto Rico conllevará la revocación de esta orden y deberá usted cumplir la sentencia impuesta de acuerdo con la Ley.

11. Por cualquier violación de las condiciones que por la pre-sente se le imponen o de las que de tiempo en tiempo se le impu-sieren dentro del régimen a prueba a que se le somete, la orden de suspensión de los efectos de la sentencia será anulada y el liberado será recluido en prisión donde cumplirá la totalidad de la sentencia impuesta de acuerdo con la Ley. (Énfasis suplido.)

12. Cualquier conducta antisocial o reñida con la moral será suficiente para cancelarle los efectos de suspensión de la sentencia aunque tales actuaciones comprendidas aquí no constituyan vio-lación de una de las leyes vigentes en Puerto Rico.

13. Usted deberá someterse a exámenes médicos, clínicos, psiquiátricos y/o de naturaleza similar que le sean requeridos por el Oficial Probatorio bajo los términos y condiciones que dicho Oficial le indique.”

A partir de dicha sentencia, Rivera Pérez cambió radical-mente su forma de vida. Se liberó de su adicción a drogas. Trabajó por siete meses con el programa Teen Challenge y luego en un programa de rehabilitación de adolescentes cono-cido como “Alcance Juvenil”. Luego estudió contabilidad en el Metropolitan Junior College de Bayamón. Además de ello, en 1971 ingresó como seminarista en la Iglesia Pentecostal Mission Board, y luego de contraer nupcias continuó pertene-ciendo a la congregación junto a su esposa. El Pastor lo consi-dera un feligrés ejemplar, y su esposa lo describe como un marido modelo. También predica el evangelio, participa en “cruzadas evangélicas” y se desempeña como maestro escolar dominical. Además de sus labores en la iglesia el interventor actualmente trabaja en una fábrica de gabinetes de cocina. Su conducta es la de un buen ciudadano. Continuaba, por supues-to, hasta el momento de dictarse la resolución objeto del pre-sente recurso, bajo la jurisdicción del tribunal.

El 2 de diciembre de 1974 el interventor radicó ante la Sala que le sentenció una moción que tituló “Sobre Nulidad de Sentencia”. Además de lo ya relatado, alegó que encontrán-dose completamente rehabilitado considera que “los fines de la justicia” se ha logrado por lo que procede: (1) declarar nulas las sentencias antes aludidas” y (2) “dictar sentencia con-forme a las circunstancias de los hechos imputados y a la con-dición del acusado.”

En 16 de enero de 1975 el tribunal recurrido emitió una resolución en la que declaró la nulidad de los términos de las sentencias vigentes por considerarlos excesivos, y señaló fecha para resentenciar al interventor a tenor con las disposiciones de la actual Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971,24 L.P.R.A. see. 2101 et seq.

El fiscal se opuso a que se resentenciara al interventor alegando en apoyo de su contención que las sentencias habían sido impuestas conforme a la Ley de Narcóticos de 1959, en-tonces vigente, que las mismas son finales y firmes, que había expirado en exceso el término de 90 días para solicitar la re-ducción de las sentencias que establece la Regla 185 de las de Procedimiento Criminal de 1963, y que el Art. 4 del nuevo Código Penal de 1974 no es aplicable a la situación de autos conforme lo dispone su Art. 282. En vista de ello, el ministerio fiscal sostuvo que el tribunal de instancia carecía de jurisdic-ción para resentenciar al interventor.

No obstante la oposición del fiscal el tribunal dictó una resolución en la que afirma tener jurisdicción para resenten-ciar al interventor bajo las disposiciones del Art. 404 de la actual Ley de Sustancias Controladas, y concedió 30 días al fiscal para que tomara la acción revisoria que estimare menes-ter. El fiscal recurre ante nos por certiorari e imputa al tribunal de instancia la comisión de dos errores: (1) al resolver que los términos de las sentencias dictadas en 1970 eran nulos por ser excesivos, y (2) al determinar que tiene jurisdicción para resentenciar al convicto bajo la vigente Ley de Sustancias Controladas, aprobada en 1971.

Dictamos una resolución dirigida al acusado Israel Rivera Pérez para que mostrara causa por la cual no debía revocarse la resolución del tribunal de instancia de 16 de enero de 1975 que decretó la nulidad de la sentencia y anunció que resenten-ciaría al acusado bajo la nueva Ley de Sustancias Controladas de 1971. Sus argumentos no nos persuaden.

Examinemos antes el segundo señalamiento de error ya que éste plantea la cuestión jurisdiccional. El propio interventor conviene con la Procuradora General que la resentencia debe regirse por la anterior Ley de Drogas y añade que

“La legislación vigente sobre sustancias controladas y la juris-prudencia interpretativa de la misma no nos permiten afirmar, fundamentadamente, que el acto de resentencia deba regirse por las disposiciones del artículo 404 [de la ley actualmente vi-gente] .... Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859 (1974).”

La anterior Ley de Drogas no contiene ninguna disposi-ción que autorice al tribunal sentenciador a resentenciar a reos ya sentenciados. Podría argüirse que bajo una interpre-tación liberal del Art. 404 de la Ley de Sustancias Controla-das el tribunal mantiene jurisdicción para modificar o dejar sin efecto las sentencias suspendidas en aquellos casos en que se demostrare la rehabilitación del reo. 24 L.P.R.A. see. 2404. Pero dicha ley no se aplica a los reos convictos por violaciones a la anterior Ley de Drogas, en cuya situación se encuentra el interventor, excepto en los casos en que la acusación estu-viere pendiente, o en trámites apelativos, a la fecha en que entró en vigor la Ley de Sustancias Controladas en cuyo caso se aplicarán las penalidades de esta nueva ley. 24 L.P.R.A. see. 2602(a), Padilla Figueroa v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 923 (1974); Figueroa Méndez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 859 (1974).

Creo firmemente que debía existir un procedimiento en ley que permitiera la evaluación de aquellos que sufren el mal de la adicción a drogas y que se encuentren cumpliendo senten-cias suspendidas, a los fines de que los tribunales pudieren modificar o dejar las sentencias sin efecto, en aquellos casos en que los justifique su progreso o curación. Pero, el legislador no ha autorizado a los tribunales a así hacerlo, y especialmente a aquellos convictos por la anterior Ley de Drogas. Si yo fuera legislador estaría de acuerdo con ello, pero siendo una cuestión de política pública incumbe a la Legislatura el sentar la norma al respecto.

Es fácil concluir que el tribunal de instancia carecía de facultad para resentenciar bajo la vigente Ley de Sustancias Controladas a un reo sentenciado bajo la anterior Ley de Drogas. El error fue cometido.

Veamos ahora el primer señalamiento. El interventor se declaró culpable en 1970 de dos infracciones al Art. 29 de la Ley de Narcóticos de 1959 entonces vigente, consistentes en posesión, transportación y ocultación de heroína. El Art. 33 de dicho estatuto establecía para dichas infracciones penas de re-clusión no menores de cinco' (5) años ni mayores de veinte (20). El interventor fue condenado en la sentencia original a cumplir de 8 a 12 y de 10 a 12 años, en cada uno de los cargos, siendo dichas penas válidas dentro de los límites estatutarios aplicables al momento de dictarse las referidas sentencias. Pueblo v. Hoffman Pérez, 100 D.P.R. 556 (1972); Pueblo v. Mills, 96 D.P.R. 637 (1968). El interventor hizo alegación de culpabilidad y por tanto no apeló de las sentencias dictadas, ni tampoco instó procedimiento alguno de impugnación ni de re-ducción de las penas conforme lo autoriza la Regla 185 de las de Procedimiento Criminal. El interventor comenzó a cumplir su pena bajo el régimen de sentencias suspendidas que auto-riza el Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 1946, según ha sido éste posteriormente enmendado. 34 L.P.R.A. see. 1027.

Reiteradamente nos hemos expresado sobre el alcance de las penas válidamente impuestas. En Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539 (1964) dijimos:

“[U]na vez que el reo ha comenzado a cumplir una sentencia válida, ésta no puede ser modificada en forma alguna. .. . [Esta] regla cumple bien un fin práctico deseable y no la vamos a alterar. ... Si el caso de autos tiene méritos, puede solicitarse la clemen-cia ejecutiva.” Id., en págs. 541, 542 y 544.

Nada hay en el texto del precitado Art. 2 de la ley que establece la sentencia probatoria que impida al tribunal sen-tenciador enmendar de tiempo en tiempo las condiciones de la libertad a prueba del interventor para atemperarlas a la reali-dad de su comportamiento como ciudadano y su grado de rehabilitación, pero carece el tribunal de instancia de facultad para resentenciar al convicto. El estatuto en cuestión establece con claridad manifiesta que el reo continúa bajo la custodia del tribunal en los casos en que se encuentra cumpliendo su sen-tencia en probatoria, por lo que en su discreción y conforme lo ameriten las circunstancias de buen comportamiento del convicto puede el tribunal revisar las condiciones contenidas en la sentencia cuyos efectos fueren suspendidos. Esta situa-ción es distinta a la del reo que se encuentra extinguiendo una condena en una institución penal bajo la custodia del Poder Ejecutivo. Pueblo v. Tribunal Superior, supra, en págs. 542-3.

Por las razones expuestas expediría el auto solicitado y revocaría la resolución del tribunal recurrido que anula las sentencias impuestas al interventor Israel Rivera Pérez en 5 de octubre de 1970; lo que dejaría dichas sentencias originales en toda su fuerza y vigor, sin perjuicio de que el tribunal de instancia pudiere revisar de tiempo en tiempo, en su discre-ción las condiciones impuestas al interventor, según lo ameri-taren las circunstancias.

Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 1976

Suscribo en todas sus partes la opinión mayoritaria, a la cual uno mi voto, por considerar que, apartándose de la rigi-dez interpretativa, encauza el propósito rehabilitador de la Ley de Sustancias Controladas por un sendero práctico, recto y sin meandros.

Salvando tecnicismos impide la injusticia que significaría para el interventor continuar bajo el peso de sentencias conse-cutivas mínimas de ocho años de prisión cada una, estando ya totalmente rehabilitado. Logrado ya el propósito rehabilitador de la Ley, también se logró el propósito de la sentencia, y man-tener su vigencia como fue originalmente impuesta constituye un castigo cruel e inusitado contrario al Art. II, Sec. 12 de la Constitución.

Me mueve, sin embargo, a consignar este voto particular, la ponencia franca y orientadora del hermano Juez Rigau, con la que concurriría de no estar concebida como un voto disi-dente. No creo que el análisis del problema de la adicción a drogas y las medidas correctivas que sugiere el Juez Rigau conflijan con los principios de esencial justicia de la opinión mayoritaria, enmarcados en la situación actual de la ley. Creo como el Juez Rigau que la actual Ley de Sustancias Controla-das es inadecuada para conjurar el mal que trata de corregir, y que sus efectos indirectos se han traducido en más graves problemas de criminalidad. No estoy preparado para endosar las medidas que sugiere el Juez Rigau, pero bien vale la pena que sean consideradas por las otras ramas de gobierno.

       Al reconocer en los tribunales esta facultad estimativa, base para modificación de la pena en cualquier tiempo para atemperarla al progreso de la rehabilitación del convicto en probatoria, sólo seguimos la pauta marcada por el legislador que faculta a la Administración de Corrección creada por Ley Núm. 116 de 22 de julio de 1974 para participar en toda decisión en cuanto a recomendaciones para dar por terminado el confina-miento, el período de libertad bajo palabra o el término de libertad a prueba o para modificar las condiciones o términos de ésta. Título III, Art. 7(f) (3) ley citada.

       Regla 185 de Procedimiento Criminal
      “. . . El Tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento. Asimismo podrá por causa justificada y en bien de la justicia, rebajar una sentencia dentro de los noventa días de haber sido dictada, siempre que la misma no estuviere pendiente en apelación, o dentro de los sesenta días después de haberse recibido el mandato confir-mando la sentencia o desestimando la apelación o de haberse recibido una orden denegando una solicitud de certiorari.”

       Ralph Barton Perry. Fue profesor de Filosofía de la Universidad de Harvard. Escribió Present Conflict of Ideals (1918); General Theory of Value (1926) y Approach to Philosophy (1906), entre otras obras. El párrafo citado aparece en The Meaning of the Humanities, Princeton Univ. Press (1940), pág. 8.

       Entrevista de la Leda. Ina Aponte de Aviles con el Coronel Héctor M. Lugo, Director de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico, celebrada en 26 de febrero de 1975.

      Schur, Crimes Without Victims (1965), pág. 138. Igual ocurre en España en donde la Dirección General de Sanidad lleva un registro de toxicómanos. A éstos se les permite acudir a un médico que les recete la droga. Alvira Martin, Las Drogas en España, Revista Arbor, Enero 1975, Madrid.

       Swisher, American Constitutional Development (1948) pág. 704, ab initio.


author: per curiam :

text:
    Juan José Torres Figueroa, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Otros, demandados y peticionarios.

      Número: O-75-514

      Resuelto: 20 de febrero de 1976

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Lirio Bernal de González, Procuradora General Auxiliar, abogadas de los peticionarios; María E. Gorbea de Méndez, abogada del re-currido.
   per curiam :

Juan José Torres Figueroa demandó al Estado Libre Asociado porque, según alega en la demanda, mientras conducía un automóvil por una carretera pública se cayó un árbol, causándole daños al vehículo.

El Estado presentó moción de sentencia sumaria basán-dose en falta de jurisdicción ya que el demandante no cumplió con el requisito de notificación previa al Secretario de Justicia, a tenor con la Ley Núm. 121 de 24 de junio de 1966, según enmendada; 32 L.P.R.A. sec. 3077a. El tribunal declaró con lugar la sentencia sumaria y desestimó la demanda por la razón antes dicha pero posteriormente, en reconsideración, se revocó y declaró sin lugar dicha moción de sentencia sumaria. Ordenó al Estado a contestar la demanda.

Recurrió ante nos el Estado mediante petición de certio-rari y en 11 de diciembre de 1975 expedimos Orden Para Mos-trar Causa concediendo un término a los recurridos para que mostraran causas por las cuales no debía revocarse la resolu-ción recurrida y dictarse sentencia declarando con lugar la solicitud de sentencia sumaria del peticionario.

Los recurridos han comparecido a mostrar causa pero no nos han persuadido. Admite el demandante recurrido que no cumplió con el requisito de notificación que exige la antes citada Ley Núm. 121 por entender que el Estado se enteró del accidente por el periódico y por unos camineros que son em-pleados del demandado. También argumenta que el Estado se enteró mediante la presentación de dos demandas en otros casos que se presentaron por los mismos hechos.

Es claro que las formas antes mencionadas no constituyen la manera de notificar al Estado de reclamaciones o pleitos por daños en su contra. Como hemos tenido ocasión de reiterar anteriormente, la ley exige notificación al Secretario de Justicia mediante correo certificado, o por diligenciamiento personal, o en otra forma fehaciente reconocida en derecho. 32 L.P.R.A. sec. 3077a (b). En este caso la demanda se presentó ya pasado el término de noventa días que dispone la ley para hacer dicha notificación, sin que la misma se hiciese. La notificación al Secretario de Justicia, en las formas antes dichas, es requisito de estricto cumplimiento. E.L.A. v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 160 (1975); Ruiz Millán v. Maryland Cas. Co., 101 D.P.R. 249, 250 (1973); García v. Northern Assurance Co., 92 D.P.R. 245, 248 (1965); Mangual v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 491 (1963).

Se revocará la resolución dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 15 de agosto de 1975; se declarará con lugar la moción de sentencia sumaria y se desestimará la demanda.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Cooperativa de Crédito de Empleados I.T.T., demandante y peticionaria, v. La Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por los esposos Artelio Ortiz y Fermina Sevilla, demandada y recurrida.

      Número: O-76-3

      Resuelto: 5 de marzo de 1976

      Juan E. Santana Suárez, abogado de la peticionaria; César A. Melesio, abogado de Artemio Ortiz Rodríguez y Fermina Sevilla Ríos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Ante la Sala de Toa Alta del Tribunal de Distrito presentó la Cooperativa de Crédito peticionaria, demanda en cobro de $711.51 balance impagado de préstamo hecho a la socia Fermina Sevilla Ríos por el que ésta firmó y entregó un pagaré el 26 de marzo de 1974. En el título de la demanda se designa a la parte demandada como “La Soc. de Bienes Gananciales de Artelio Ortiz y Fermina Sevilla Ríos” pero la diligencia de emplazamiento por el alguacil acredita que la deudora Fermina fue personalmente emplazada el 11 de febrero de 1975 y en autos aparece que ella personal e individualmente compareció en el pleito, asistida de abogado, mas no planteó defensa de pago y sí formuló moción de sentencia sumaria aduciendo que no existe parte demandada porque la sociedad de gananciales entre ella y Artelio había sido disuelta por sentencia de 4 de junio de 1969, cinco años antes. El tribunal de instancia identificó el planteamiento como cuestión jurisdiccional inducido por el Art. 105 del Código Civil y desestimó la demanda sumariamente en cuanto a ambos ex-cónyuges demandados. Apeló la Cooperativa pero el Tribunal Superior (Bayamón) desestimó el recurso por faltar la rela-ción del caso, función que la Regla 54.11 (b) de las de Procedi-miento Civil asigna al juez de instancia y no al apelante.

Al acudir ante nos la Cooperativa en certiorari, expedimos orden para mostrar causa por la que no deba modificarse la sentencia sumaria de Toa Alta “al solo efecto de excluir de sus términos a la deudora Fermina Sevilla Ríos, contra quien deberá proseguir el pleito como única demandada.” La deu-dora Sevilla Ríos ha intervenido con escrito sosteniendo la sentencia, pero entendemos que ésta no debe prevalecer.

En Corporación Azucarera v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 214 (1975), instamos a los jueces para que en beneficio de la “solución justa, rápida y económica” de los pleitos se tomen la iniciativa de usar los recursos de Reglas, aun cuando las partes no los promuevan. Y en Sucn. Carderaros v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 721 (1975), dijimos que las Reglas no han de causar preocupación hipnótica. El cobro de dinero es quizás la más sencilla de las reclamaciones y ésta ha tenido que recorrer todo los niveles judiciales abortada por un espejismo técnico que hizo desdoblar en dos personas distintas a Fermina Sevilla, ex-cónyuge en una sociedad de gananciales disuelta y Fermina Sevilla la que tomó $1,636.00 a préstamo de su Cooperativa de crédito, nublando la verdad fundamental de que hay una sola obligada verdadera.

Si la que tomó el préstamo y se benefició del dinero de sus compañeros de Cooperativa fue personalmente emplazada y se sometió a juicio, ¿qué dificultad presentaba una enmienda al título para que figure ella como única parte deman-dada? Ese es un camino más práctico que desestimar y obligar a la acreedora a iniciar nuevo pleito contra la parte realmente interesada. La Regla 17.2 de Procedimiento Civil instruye que el tribunal “podrá dictar las órdenes que crea oportunas para evitar dificultades, dilación o gastos a una parte debido a la inclusión de otra contra quien nada reclama y quien nada reclama contra ella y podrá ordenar juicios por separado o dictar cualquiera otra providencia para evitar dilación o per-juicio y podrá dictar sentencia sobre una reclamación de o contra una o más partes de acuerdo con lo dispuesto por la Regla 44.2.” Y la Regla 18 condena la desestimación por de-fecto o indebida acumulación de partes.

Se expedirá el auto y se revocará la sentencia dictada el 3 de junio de 1975 por él Tribunal de Distrito (Toa Alta) en cuanto respecta a la deudora Fermina Sevilla Ríos contra quien deberá proseguir el pleito como única parte demandada, subsistiendo los términos de la sentencia recurrida en lo que concierne a Artelio Ortiz quien fue correctamente excluido del litigio.

       Art. 106, Código Civil (31 L.P.R.A. see. 381)
      “El divorcio lleva consigo la ruptura completa del vínculo matrimonial y la separación de propiedad y bienes de todas clases entre los cón-yuges.”