text:
    Gloria M. Cartagena De Jesús, demandante y peticionaria, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandado y recurrido.
    Número: O-84-834

      Resuelto: 29 de marzo de 1985

      María I. Cartagena, abogada de la peticionaria; Américo Serra, Procurador General Interino, Lirio Bernal, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

La recurrente Gloria M. Cartagena De Jesús, de 60 años de edad, era beneficiaría del Programa de Asistencia Nutri-cional (PAN). Recibía $59. En el mes de junio de 1983 acu-dió a la entrevista para recertificación. Informó que con ella vivían dos nietas durante la semana y que los sábados y do-mingos estaban con la madre. Ésta le proveía $80 mensuales para alimentos. A base de dicha información y núcleo familiar, se le computaron los $80 como parte del ingreso y aumen-taron a $159 los beneficios. Durante cinco (5) meses recibió esa cantidad. Posteriormente, para octubre, el Departamento de Servicios Sociales le notificó que desde noviembre recibiría sólo $56 mensuales. A fines de noviembre, Servicios Sociales, le notifica que le habían pagado indebidamente $546 durante el período de julio a noviembre de 1983, debido a “que se ha-bían incluido a dos niñas en unidad familiar cuando éstas de-pendían de su mamá”. Fue citada para el 9 de diciembre, reiterándosele la norma del departamento de no separar me-nores de sus padres. Se le requirió devolver los $546 siendo notificada de su derecho a apelar. Por su situación de indigen-cia, se resolvió descontar $10 de sus mensualidades para acreditarlos a lo recibido en exceso. Inconforme la recurrente apeló a la Junta de Apelaciones del Departamento de Serví-dos Sociales. Dicha agencia confirmó a base de la Sec. 301C del reglamento que define el concepto de menores bajo unidad familiar. Concluyó que en esta situación los menores no esta-ban bajo la tutela o custodia de miembros de la unidad familiar de la recurrente. Habiendo sido evaluados erróneamente, debían incluirse en la unidad familiar de los padres. El Tribunal Superior confirió deferencia a la decisión de la agencia y confirmó a base del reglamento, See. 301.( )

A solicitud de la señora Cartagena revisamos. Ante nos, cuestiona la interpretación del reglamento y que se le obligue a devolver la cantidad pagada, por ser un error atribuible a la agencia. Alega impedimento por actos propios. Finalmente, aduce que se infringió el debido proceso de ley, al no habérsele realizado una investigación previa a la decisión. Emitimos orden para mostrar causa.

II

La comparecencia del Procurador General despeja toda duda en cuanto a la observancia cabal del debido proceso de ley. Fue satisfecho. No hubo infracción al efecto.

Respecto al planteamiento sobre el error de derecho —como impedimento a la devolución de lo indebidamente pa-gado— notamos que el Procurador General no cuestiona su configuración en el caso de autos. Su argumentación va diri-gida a sostener que el principio de devolución no es aplicable en virtud de la interpretación dada por el Departamento de Servicios Sociales y la Junta de Apelaciones al reglamento especial, y por estar estos beneficios revestidos de interés público. Aunque apreciamos el valor de su posición, no nos convence.

La inclusión de las dos nietas en el núcleo familiar de doña Gloria fue claramente contraria al reglamento. Ello no se discute. Siendo así, no cabe otra solución que concluir que ello constituyó una interpretación errónea de la ley que configuró un error de derecho. Nótese que la información que proveyó doña Gloria fue veraz y legítima. La agencia a través de su oficina local la evaluó. Consideró que las nietas formaban parte de su núcleo familiar. No estamos, pues, ante un error de trámite. Más bien, repetimos, ante un error de derecho. Por ende, no procede la devolución de lo indebidamente pagado. Sucn. Choisne v. Municipio, 100 D.P.R. 501, 503-504 (1972); Quiñones v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 447 (1942); Silva v. Sucn. Caratini, 51 D.P.R. 778 (1937).

Se dictará la sentencia correspondiente.

      (1)Reza, en sus disposiciones pertinentes:
      “301 — CONCEPTO DE UNIDAD FAMILIAR
      “Unidad Familiar se define como una persona que reside sola o el con-junto de personas que residen en una vivienda.
      “Al determinar qué personas forman parte de la unidad familiar se tomarán en consideración los siguientes factores que pueden afectar la com-posición de ésta:
      “A— Relación de padres e hijos.
      “Los padres e hijos que residen juntos se considerarán como una sola unidad familiar independientemente de la edad de los hijos.
      “B— Relación de Cónyuges.
      “Los cónyuges no pueden separarse dentro de la unidad familiar ni se les considerará unidades familiares por separado.
      “C— Menores.
      “Los menores que estén bajo la tutela de miembros de una unidad familiar no se consideran unidades familiares por separado.
      “Estos menores se incluirán en la unidad familiar de los padres o en la de la persona que tiene su tutela o custodia.
      “D— Otros miembros de la unidad familiar.
      “Las siguientes personas se considerarán miembros de la unidad familiar aun cuando no residan con ésta la mayor parte del tiempo por las razones que se indican a continuación.
      “Estas personas se certifican con sus unidades familiares y no se Ies considerará unidades familiares separadas.
      “. personas que residen fuera del hogar por motivos de trabajo.
      “. personas recluidas en hospitales, casas de salud, etc., por motivo de enfermedad siempre y cuando la ausencia del hogar no exceda de 30 días.
      “. estudiantes (según lo define la Agencia) que residen fuera de sus hogares por razones de estudio y dependan económicamente de sus padres o encargados.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

license: Public Domain

text:
    Rosa Colón Jorge, demandante y peticionaria, v. Orlando Ramos Ríos, demandado y recurrido.

      Número: O-85-107

      Resuelto: 29 de marzo de 1985

      Heriberto Quiñones Echevarría, abogado de la peticionaria; la parte recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Rosa Colón Jorge instó acción de divorcio por trato cruel contra Orlando Ramos Ríos. Alegó haber procreado durante el matrimonio cinco (5) hijos y solicitó una pensión alimenti-cia de $200. Por desconocerse el paradero de Ramos Ríos, fue emplazado mediante edicto. No formuló contestación. Se le anotó rebeldía. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, cele-brada la vista decretó el divorcio. No obstante, denegó la pen-sión alimenticia “[p]or desconocerse el paradero del deman-dado ..A solicitud de la demandante revisamos.

HH HH

Erro el foro de instancia. Originalmente, el Art. 107 del Código Civil disponía, en lo pertinente, que “[a]l dictar la sentencia de divorcio el juez proveerá lo que fuere pertinente con respecto a los alimentos de los hijos menores de edad”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 383. Fue enmendado en el 1976. Inexplicablemente, se excluyó ese lenguaje de la nueva redacción. ¿Significa que en divorcios en rebeldía no pueden disponerse remedios en cuanto al deber de alimenta-ción entre cónyuges o hijos menores? La respuesta es nega-tiva.

Primero, aun en ausencia de mandato expreso, los tribunales en su función de parens patriae, tienen facultad inherente para conceder y formular remedios compatibles y resultantes del derecho a la alimentación. Véase Martínez v. Rivera Hernández, 116 D.P.R. 164 (1985).

Segundo, el Código Civil contiene un esquema equilibrado y armonioso de preceptos sobre alimentos, que leídos en conjunto, sirven de base para sostener la facultad de un tribunal para concederlos al cónyuge inocente y sus hijos, cuando son solicitados en ocasión de un divorcio. Un dictamen en rebeldía no afecta su procedencia. Arts. 143 y 153 del Código Civil. () Cf. Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983).

Tercero, de la exposición de motivos de la Ley Núm. 100 —que recoge fielmente el informe de la comisión que estudió el asunto— se desprende que el legislador sólo pretendió enmendar el Art. 107 para dar discreción al tribunal de adjudicar la custodia y la patria potestad a base de los mejores intereses y bienestar del menor, independientemente del cónyuge que fuera culpable del divorcio. No aparece intención alguna de trastocar el área de derechos y la adjudicación de alimentos.

Finalmente, una interpretación en contrario conduciría al absurdo de dejar desamparados a los menores de edad. Premiaría al cónyuge en rebeldía, () inclusive aquellos que se ocultan o esconden en un intento de evadir las consecuencias y responsabilidades económicas de un divorcio. Martínez v. Rivera Hernández, supra; Díaz v. Rivera Soto, 95 D.P.R. 386, 390 (1967); Fernández v. Davison, 80 D.P.R. 253, 256 (1958).

Se dictará la sentencia correspondiente.

      (1) El Art. 143 dispone:
      “Están obligados recíprocamente a darse alimentos, en toda la exten-sión que señala la sección precedente:
      “1. Los cónyuges.
      “2. Los ascendientes y descendientes legítimos.

        “3. Los padres y los hijos legitimados y los descendientes legítimos; naturales e ilegítimos de éstos.
      “4. Los padres y los hijos ilegítimos y los descendientes legítimos, na-turales e ilegítimos de éstos.
      “5. El adoptante y el adoptado.
      “Los hermanos deben también a sus hermanos legítimos, aunque sólo sean uterinos o consanguíneos, los auxilios necesarios para la vida, cuando por un defecto físico o moral, o por cualquiera otra causa que no sea imputable al alimentista, no puede éste procurarse su subsistencia. En estos auxilios están, en su caso, comprendidos los gastos indispensables para costear la instrucción elemental y la enseñanza de una profesión, arte u oficio.” 31 L.P.R.A. see. 662.
      El Art. 153 reza:
      “El padre y la madre tienen, respecto de sus hijos no emancipados:
      “1. El deber de alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e ins-truirlos con arreglo a su fortuna, y representarlos en el ejercicio de todas las acciones que puedan redundar en su provecho.
      “2. La facultad de corregirlos y castigarlos moderadamente o de una manera razonable.” 31 L.P.R.A. see. 601.

      (2) Según resuelto en Continental Ins. Co. v. Isleta Marina, 106 D.P.R. 809 (1978), la rebeldía conlleva que se estimen aceptadas las materias bien alegadas.
      Nuestros pronunciamientos respecto a que en ocasiones ciertas alega-ciones sobre materias indeterminadas precisan de cuantificaciones mediante prueba al efecto, no operan contra la decisión de hoy. En aquellas situa-ciones en que los tribunales de instancia tengan dudas fundadas y justi-ficadas sobre la cuantía alimenticia, bastará requerir de la parte promo-vente que desfile evidencia sobre ese extremo. No requerirla significa que la conciencia judicial ha quedado satisfecha a base de las alegaciones.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    Carlos Eduardo Key Nieves, demandante y recurrido, v. Isabel Milagros Oyola Nieves, demandada y peticionaria.

      Número: O-84-685

      Resuelto: 1ro de abril de 1985

      Mario A. Rodríguez Torres, abogado de la peticionaria; Emilio A. Soler, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Las partes se divorciaron mediante sentencia de fecha 25 de junio de 1980 emitida por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan. A esa fecha, dos de los varios hijos habidos en el matrimonio eran menores de edad y se econtra-ban estudiando a nivel universitario.() En la sentencia de divorcio dictada, y en relación con dichos menores de edad, el tribunal de instancia le ordenó al aquí recurrido Dr. Carlos Key Nieves el satisfacer por concepto de pensión alimenticia la suma de “$2,200.00 por adelantado para sus hijos ... en giro postal o bancario a nombre de la parte demandada . . .”, (énfasis suplido) la aquí recurrente Dra. Isabel Oyóla Nieves.

El 17 de mayo de 1984 el recurrido, mediante moción al efecto, solicitó del tribunal de instancia que lo eximiera de la obligación legal antes mencionada por razón de que los dos hijos ya eran mayores de edad y habían terminado sus estu-dios de bachillerato. La referida ex esposa se opuso a lo así solicitado alegando que los hijos en controversia todavía vi-vían en su compañía y que ambos se proponían comenzar es-tudios de odontología en una universidad localizada en los Estados Unidos de América, por lo que todavía existía una necesidad imperiosa de la pensión alimenticia.

El tribunal de instancia,() mediante resolución al efecto de fecha 5 de septiembre de 1984, relevó al recurrido del pago de la pensión alimenticia, efectivo ello el día 31 de julio de 1984. Resolvió que no eran de aplicación al caso las disposi-ciones del Art. 142 del Código Civil de Puerto Rico() por razón de que dichos hijos “están emancipados por mayoridad y no están sujetos a patria potestad”. Expresó, adicional-mente, el tribunal de instancia que “si dichos hijos tienen necesidad de alimentos ... ya tienen también la capacidad legal para solicitarlos judicialmente . ...”. Enfatizó el foro de instancia, por último, el hecho de que los hijos en cuestión ha-bían tomado un tiempo irrazonablemente largo para terminar sus estudios de bachillerato. ()

Inconforme con la resolución emitida, la doctora Oyóla Nieves acudió ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de certiorari imputándole error al tribunal de instancia al eliminar la pensión alimenticia para beneficio de los hijos por razón, principalmente, “de que éstos continúan estudiando una carrera que comenzaron siendo me-nores de edad, tener necesidad de dichos alimentos y el deman-dante-recurrido tener la capacidad para sufragarlos”.

Con el propósito de “evitar el trámite más complicado y largo de expedir” el auto de certiorari solicitado, () le con-cedimos término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual este Tribunal no debía revocar la resolución emitida por el foro de instancia. Dicha parte ha comparecido; estando en condiciones de resolver el recurso procedemos a así hacerlo.

I

Acorde con los hechos particulares del presente caso y con lo resuelto por este Tribunal en Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983), el deber, si alguno, del aquí recurrido doctor Key Nieves de proveerle “alimentos” o asistencia económica a sus hijos Rosa María y José Luis Key Oyóla emana de las disposiciones de los Arts. 142 a 151, inclusive, del Código Civil de Puerto Rico, () cual es el articulado que regula lo concerniente a “alimentos entre parientes”.

En el mencionado caso de Guadalupe Viera v. Morell, supra, pág. 14, al tratar el concepto de alimentos, según lo define el citado Art. 142 del Código Civil, () expresamos en lo pertinente que dicho concepto:

. . . incluye todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Comprende, además, la educación del alimentista, cuando es menor de edad. Esta enumeración que hace el Código cubre todas las necesidades básicas de un ser humano, tanto físicas como intelectuales. En el aspecto de educación e instrucción la duración de la obligación se ha li-mitado a la minoridad del alimentista, pero los tratadistas están de acuerdo en que los términos del Código no pueden entenderse en sentido tan absoluto y restringido de modo que si éste se ha iniciado en un oficio o carrera durante la mi-noridad, tiene derecho a exigir que el alimentante le provea los medios para terminarlo, aun después de haber llegado a la mayoridad. (Énfasis nuestro.) J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1956, T. I, pág. 791; F. Puig Peña, Compendio de Derecho Civil Español, 3ra ed. rev., Madrid, Eds. Pirámide, 1976, T. V, pág. 501.

Somos del criterio que el deber legal de todo padre o madre de proveer los medios económicos necesarios para la educación de un hijo —proporcional siempre “a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe . . .” () — no puede cesar “ipso facto” meramente por el hecho de que el hijo ha alcanzado su mayoría de edad.

Resolver lo contrario representaría darle la espalda, cuando menos, a una realidad escolar particular de nuestra vida puertorriqueña y a una que es válida y aplicable mundialmente. Tomamos conocimiento judicial del hecho que el Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico ha establecido como “requisito de admi-sión” la edad cronológica de seis (6) años para ingresar a primer grado de escuela elemental, aplicable ello tanto a escuelas públicas como privadas. () Teniendo generalmente que com-pletar un niño doce años de estudios escolares antes de alcan-zar su diploma de cuarto año de escuela superior, ello signi-fica y tiene la consecuencia de que, como regla general, todo estudiante que interese completar cuatro (4) años de estudios universitarios no podrá así hacerlo antes de rebasar la edad de veintiún (21) años. Por otro lado, en el mundo en que vi-vimos hoy día, donde el éxito que se pueda obtener guarda re-lación directa con la preparación académica que poseamos y donde la competencia es la orden del día, la percepción de que los estudios universitarios constituyen un “lujo” es cosa del pasado; dichos estudios se han convertido en una necesidad. Véanse: Middlebury College v. Chandler, 42 Am. Dec. 537 (Vt. 1844); Childers v. Childers, 575 P.2d 201 (1978); Payette v. Payette, 85 N.H. 297, 157 A. 531 (1931); Lund v. Lund, 74 A.2d 557 (1950).

Reafirmamos —al menos en cuanto a los estudios de bachillerato— en el día de hoy lo expresado en el citado caso de Guadalupe Viera v. Morell, supra, pág. 14, a los efectos de que, bajo circunstancias normales, ( ) cuando un hijo “se ha iniciado en un oficio o carrera durante la minoridad, tiene derecho a exigir que el alimentante le provea los medios para terminarlo, aun después de haber llegado a la mayoridad”. (Énfasis suplido.)

La situación particular que representan los estudios post-graduados, como maestrías o doctorados, y el estudio de aque-lias profesiones () que requieren en exceso de los cuatro años de bachillerato amerita una consideración especial y separada que, como regla general, tendrá que ser resuelta de acuerdo a los hechos particulares de cada caso.

No hay duda que la ilusión y meta de todo padre respon-sable es la de brindarle a todos y cada uno de sus hijos la mejor preparación posible para que éstos puedan enfrentarse a la dura realidad de la vida que les espera y que con ese pro-pósito en mente no escatimarán esfuerzo por que sus hijos así lo logren.

Ello no significa, sin embargo, que un padre venga “obligado” en todo caso a sufragar la totalidad de los gastos requeridos para que sus hijos obtengan el objetivo deseado. En primer lugar, siempre deberá tenerse presente el mandato del citado Art. 146 del Código Civil a los efectos de que los alimentos a concederse serán proporcionales a los recursos del que los da y a las necesidades del que los recibe; teniendo prioridad sobre los recursos disponibles las “necesidades” de aquellos hijos que todavía se encuentran en su minoría de edad cursando estudios primarios o a nivel de bachillerato.

En segundo lugar, el hijo que solicite “alimentos” o asistencia económica para estudios “postgraduados” deberá demostrar afirmativamente que es acreedor de tal asistencia económica mediante la actitud demostrada por los esfuerzos realizados, () la aptitud manifestada para los estudios que desea proseguir a base de los resultados académicos obtenidos, y la razonabilidad del objetivo deseado. Véase Childers v. Childers, supra. Únicamente luego de que todas las anteriores circunstancias o criterios hayan sido acreditados a satisfacción del tribunal es que dicho foro podrá fijar aquella suma de dinero que por concepto de “alimentos” entienda procedente y razonable y, si necesario, utilizar su poder coercitivo para obligar al alimentante a cumplir con los mismos. ()

HH HH

El tribunal de instancia determinó que habiendo cumplido los hijos aquí en controversia la mayoría de edad, era de la absoluta incumbencia de éstos —de necesitar “alimentos”— el solicitar judicialmente los mismos en procedimiento dis-tinto y separado al caso que dio lugar al divorcio de sus padres ; pleito dentro del cual, como hemos visto, el tribunal ori-ginalmente le había fijado al recurrido el pago de una pen-sión alimenticia para beneficio de sus hijos, ello al amparo de las disposiciones del citado Art. 142 del Código Civil de Puerto Rico.

Como es sabido, la Regla 1 de las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 dispone, en lo pertinente, que las mismas se “in-terpretarán de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. (Énfasis.suplido.) Somos del criterio que nada impide que dicha asistencia eco-nómica o “alimentos” sean reclamados dentro del referido pleito principal u original; la economía procesal así lo exige. Cf. Ortiz Serrano v. Ortiz Díaz, 106 D.P.R. 445 (1977).

Ahora bien, siendo los hijos ya mayores de edad, tratándose de estudios postgraduados, y teniendo los referidos hijos —conforme lo anteriormente resuelto— la obligación de acreditar a satisfacción del tribunal una serie de circunstancias, es de rigor que sean los propios hijos los que originen dicha petición.

Por los fundamentos arriba expresados, se expide el auto y se dictará sentencia revocatoria de la resolución de fecha 5 de septiembre de 198U emitida en el presente caso por él tribunal de instancia, devolviéndose el caso al referido foro para pro-cedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado sin opinión.

      (1) José Luis y Rosa María, de apellido Key Oyóla, quienes contaban la edad de veinte (20) y dieciocho (18) años respectivamente.

      (2) Hon. Lolita Miranda, Juez.

      (3)31 L.P.R.A. see. 561.

      (4) Siete (7) años a José Luis y seis (6) años a Rosa María.

        (5)Pueblo v. Ruis Negrón, 113 D.P.R. 17 (1982).

      (6)31 L.P.R.A. secs. 561 a 570.

      (7)“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sus-tento, habitación, vestido y asistencia médica, según la posición sociál de la familia.
      “Los alimentos comprenden también la educación e instrucción del ali-mentista, cuando es menor de edad.” Art. 142 del Código Civil de Puerto Rico.

      (8) Art. 146 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 565.

      (9) Véanse cartas circulares número 26-76-77 de 14 de abril de 1977 y número 9-84-85 del 20 de diciembre de 1984 suscritas por el Secretario del Departamento de Instrucción Pública de Puerto Rico.

      (10) Sujeto a los resultados, diligencia y continuidad observada en los estudios.

      (11) Tales como la carrera de Medicina, Odontología, Derecho, etc.

      (12)Lo cual comprende la seriedad, perseverancia y diligencia obser-vada en sus estudios y la continuidad de los mismos.

      (13) Sobre la obligación de colacionar las sumas de dinero invertidas en los estudios postgraduados de los hijos, quaere. Véase E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Imprenta Ramallo Bros., 1983, Vol. I, pág. 389.


author: per CURIAM:

text:
    Estados Unidos de América, Farmers’ Home Administration, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Mayagüez, recurrido.

      Número: O-84-774

      Resuelto: 2 de abril de 1985

      E. Alcaraz Casablanca, abogado de la parte recurrente; el Regis-trador recurrido compareció por escrito.
   per CURIAM:

Estados Unidos, por conducto de la Adminis-tración de Hogares para Agricultores, vendió determinada propiedad inmueble a don Justiniano Vélez y a su señora es-posa. La correspondiente escritura de compraventa fue pre-sentada al Registro. Se denegó su inscripción por el funda-mento de no haberse depositado los comprobantes acreditati-vos del pago de los gastos de sellos notariales e inscripción requeridos por ley. Los compradores recurren de esta deter-minación y alegan que procede la inscripción libre del pago de derechos.

Para la resolución de este recurso gubernativo basta con señalar que en la cláusula sexta de la escritura de compra-venta se acordó:

Los gastos de esta escritura, su copia certificada y los de su inscripción en el Registro de la Propiedad correspon-diente, serán por cuenta de los compradores, quienes tam-bién vienen obligados a pagar los sellos del original y los de su copia certificada.

Esta disposición obliga a los compradores a satisfacer los gas-tos en disputa, lo que de por sí exige la confirmación de la nota recurrida, mas la importancia de aclarar los conflictos que en ocasiones surgen en situaciones como la de autos nos mueven a examinar la contención de la parte recurrente.

Los recurrentes argumentan en efecto que no solamente Estados Unidos está exento de la obligación que nos concierne, sino que su excepción cobija también a sus compradores, aun cuando exista, como aquí, pacto en contrario. Se apoyan en las disposiciones de la Ley Núm. 81 de 22 de junio de 1954 (32 L.P.R.A. see. 1492 y ss.). Los dos primeros artículos de esta ley proveen:

Art. i.
Todo documento público o privado otorgado para los efec-tos de contratar y garantizar préstamos hipotecarios, de re-facción agrícola o de cualquier otra naturaleza, por el Go-bierno de los Estados Unidos de América o por cualquiera de sus agencias o instrumentalidades, así como todo otro documento público o privado otorgado para comprobar la entrega del importe del préstamo; o el pago de dicho prés-tamo en todo o en parte; así como la cancelación total o par-cial de las garantías correspondientes; y todo otro docu-mento público o privado que sea necesario otorgarse en re-lación con dichos préstamos y garantías correspondientes serán autenticados por cualquier notario de Puerto Rico o funcionario público en su caso, libre de los derechos pres-critos por las leyes.
Art. 2.
Las escrituras y otros documentos a que se refiere la see. 1492 de este título serán inscritos en los registros de la pro-piedad de Puerto Rico libres de derechos, contribuciones, o impuestos de cualquier naturaleza prescritos por las leyes para las operaciones de esos registros. Los procedimientos judiciales que fuere necesario o indispensable tramitar por el Gobierno de los Estados Unidos o por sus agencias o ins-trumentalidades en relación con los procedimientos seña-lados en la see. 1492 de este título, estarán exentos del pago de todos los derechos arancelarios que las leyes exijan.

Se advertirá que el Art. 1 expresa que los documentos exentos serán los otorgados “para los efectos de contratar y garan-tizar préstamos hipotecarios, de refacción agrícola o de cual-quier otra naturaleza, por el Gobierno de los Estados Unidos de América”. No trata este caso de transacción alguna rela-cionada en la Ley Núm. 81.

La parte recurrente alega, no obstante, que el Art. 1 de la Ley Núm. 81 habla también de “todo otro documento público o privado que sea necesario otorgarse en relación con dichos préstamos y garantías”. A tal fin señala que en este caso el precio de la compraventa fue representado por un pagaré garantizado con hipoteca, la que se constituyó el mismo día por escritura aparte, y que la escritura de compraventa era un documento necesario para la otorgación del préstamo hipo-tecario.

El argumento carece de fundamento adecuado. El historial legislativo del P. de la C. 1159, fuente de la Ley Núm. 81, si bien indica que la legislación beneficia a las personas que se acojan a los planes de refacción agrícola e hipotecaria, está huérfano de expresión alguna indicativa de la latitud que desea impartirle la parte recurrente a su articulado. P. de la C. 1159, 4 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa 1605 (1954). Cuando la Asamblea Legislativa ha querido eximir del pago de derechos de inscripción a agencias estatales, federales o a cualquier persona o entidad particular lo ha hecho en forma expresa. León y Rivas v. Registrador, 47 D.P.R. 890 (1935); The R.F.C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235 (1942); y Autoridad Sobre Hogares v. Registrador, 64 D.P.R. 896 (1945).

La Ley Núm. 81 se aplica claramente a la autenticación e inscripción de la escritura de hipoteca, a su cancelación, y a la comprobación de la entrega del importe del préstamo. La frase “y todo otro documento público o privado que sea necesario otorgarse en relación con dichos préstamos y garantías” se refiere a aquellos documentos que tienen una íntima relación con el préstamo, tales como un acta aclaratoria, una escritura de modificación de hipoteca, o una de subordinación. Una escritura de compraventa es importante a los únicos efectos de la traslación del dominio. La transac-ción que contempla es independiente del método de su finan-ciamiento. Una escritura de compraventa hace fe por sí sola; lleva en sí misma, sin necesidad de ningún otro documento, el sello de su autenticidad; no es instrumento accesorio de otro.

Aunque la parte recurrente no apoya su argumento en las disposiciones de la Ley Núm. 43 de 9 de junio de 1956, según enmendada por la Ley Núm. 93 de 2 de junio de 1967 (30 L.P.R.A. sec. 1770a), a señalamiento del señor Registrador debemos considerar por último, si ellas se aplican o no a la situación de autos. La legislación citada provee:

Se exime a los Estados Unidos de América y a sus agen-cias e instrumentalidades, incluyendo The Federal Land Bank of Baltimore, The Federal Intermediate Credit Bank of Baltimore, The Baltimore Bank for Cooperatives, The Federal Land Bank Association of San Juan y The Puerto Rico Production Credit Association, del pago de toda clase de impuestos, contribuciones o derechos prescritos por las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para la au-tenticación de documentos ante notario o ante cualquier fun-cionario público y para la inscripción de documentos y de-más operaciones en los Registros de la Propiedad.

El historial legislativo de esta disposición no arroja luz sobre su alcance. Tampoco existe jurisprudencia interpretativa de ella. En tal circunstancia es propio constatar el significado adscrito a una disposición análoga, la Ley Núm. 30 de 13 de junio de 1958, según enmendada, 30 L.P.R.A. sec. 1770c, la cual exime al Estado Libre Asociado y a sus agencias del pago de toda clase de derechos prescritos para la inscripción de documentos y demás operaciones en los registros. La ley decreta:

Se exime al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias, instrumentalidades, organismos, dependencias y subdivisiones políticas, así como a las autoridades y cor-poraciones públicas, incluyendo todos los Sistemas de Re-tiro establecidos por dichas entidades, del pago de toda clase de derechos prescritos para la inscripción de documentos y demás operaciones en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico; Disponiéndose, además, que la exención provista en esta sección se hará extensiva a la Asociación, Fondo de Ahorro y Préstamo de los Empleados del Gobierno Esta-dal.

El Secretario de Justicia ha opinado respecto a esta ley, posi-ción que sancionamos, que la exención reconocida en ella sólo es aplicable en caso de que sea al Estado a quien le correspon-diere pagar los derechos requeridos. Opinión Núm. 1963-32 en Opiniones Srio. Justicia P.R. 175-179 (1963); Opinión Núm. 1969-42 en Opiniones Srio. de Justicia P.R. 173-175 (1969).

Cuando el propósito de dos leyes es idéntico, los tribunales deben impartir la misma interpretación a sus dispo-siciones correlativas. Lebrón Pérez v. Alcaide, Cárcel de Distrito, 91 D.P.R. 567 (1964). Resolvemos que la exención con-cedida por la Ley Núm. 43 de 9 de junio de 1956, según enmendada por la Ley Núm. 93 de 2 de junio de 1967, sólo al-canza operaciones regístrales a favor de Estados Unidos y sus agencias. Cuando la Asamblea Legislativa ha querido en-sanchar el marco de la exención y eximir del pago de dere-chos de operaciones regístrales a favor de ciudadanos particulares lo ha hecho expresamente. The R.F.C. Mortgage Co. v. Registrador, supra; Irizarry v. Registrador, 61 D.P.R. 74 (1942); Autoridad Sobre Hogares v. Registrador, supra, y Estados Unidos de América v. Registrador, 65 D.P.R. 487 (1945).

Se confirmará la nota recurrida.


text:
    Rubén D. Reyes, demandante y recurrente, v. Juan Jusino Díaz y su esposa, Luz C. Negrón, demandados y recurridos.

      Número: R-84-248

      Resuelto: 3 de abril de 1985

      Ángel L. Tapia Flores, de Tapia & Avilés, abogado de la parte recurrente; Jesús M. Rivera Arvelo, abogado de la parte re-currida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A modo de prólogo en la solución de este recurso, cabe re-producir el siguiente pasaje que data de hace aproximada-mente medio siglo:

No deben alentarse las simulaciones. La verdad es el ca-mino. La experiencia demuestra cuán caros se pagan los des-víos de esa ruta central que facilita y afianza todas las transacciones, pero muchas veces de buena fe, por una mal entendida bondad hacia familiares y amigos, por el deseo de poner a salvo intereses de personas débiles o por otros mo-tivos más o menos explicables dentro de un campo de acción compatible en cierto modo con la honradez y la verdad úl-tima, se realizan actos simulados que no debe permitirse que tengan luego consecuencias tales que resulten opresivas. Puig v. Sotomayor, 55 D.P.R. 250, 260-261 (1939).

El drama forense tiene su génesis por la confrontación emergente de dos contratos existentes sobre el elemento del precio en una compraventa: uno público y otro privado. La sentencia recurrida dispuso de las controversias con todas las limitaciones inherentes que representaron las variadas posi-ciones dimanantes de uno u otro documento. Tal vez ello ex-plica que no se siguiera una metodología clara de adjudica-ción. Ello ha dificultado desentrañar la verdad, esencia y pro-pósito de nuestro sistema de justicia. Aún así, tras una larga y ardua jornada investigativa y reflexiva, hemos logrado su-perar sustancialmente algunas de sus complejidades. Expon-gamos el trasfondo fáctico así depurado en esta etapa ape-lativa.

I

Mediante escritura pública núm. 21, denominada Compra-venta, Reconocimiento de Hipoteca y Constitución de Hipo-teca, otorgada ante la notario Gladys Iglesias Strong el 15 de mayo de 1975, Rubén D. Reyes y su esposa Gladys Aponte vendieron a los esposos, Juan Jusino Díaz y Luz C. Negrón, un inmueble y sus anejos situado en Río Piedras. Como precio de compraventa se hizo constar la cantidad de $61,000, a ser satisfechos mediante $14,000 entregados en el acto y el balance en virtud de un pagaré hipotecario al portador de $30,000. (Afidávit 7345.) Los vendedores extendieron otro pagaré por $17,000 a favor de los compradores para saldar en su día una hipoteca preexistente. (Afidávit 7346.) A modo de paréntesis, adviértase que el pago de estos $17,000 se acre-ditaron al comprador, a pesar de la incongruencia que arroja la extensión del pagaré a su favor.() Sin embargo, ahí no terminó la transacción. Subsiguientemente, por documento denominado Contrato Privado (afidávit 7349) y sin compa-recer la Sra. Gladys Aponte de Reyes, se consignó que “las partes desean aclarar que el precio verdadero de compra-venta es noventa y cinco mil dólares ($95,000.00)”. A tal efecto, los esposos Jusino-Negrón firmaron un pagaré (afi-dávit 7347) por $51,000 a favor de Reyes exclusivamente.

La firma de estos múltiples documentos configuró el si-guiente negocio: Precio real de compraventa $95,000. Dedu-cido el pronto págo de $14,000, su balance fue $81,000. Ello queda explicado y evidenciado en virtud de la existencia de dos pagarés, uno por $51,000 y otro por $30,000. Sumados, coinciden matemáticamente con el remanente de $81,000. Se acordó que su pago sería a base de 234 mensualidades si-guiendo una tabla de amortización, cuyo balance final, una vez acreditada una finca cedida por Jusino Díaz (valorada en $3,800) e incorporado el interés pactado de 8.5% anual, fue de $77,200. Dicha tabla de pagos desglosaba cada plazo mensual mediante la aplicación de una cuantía específica al principal —que lógicamente siempre será más baja— que la otra atribuida a los intereses. Todos estos documentos fueron simultáneamente autenticados ante la notario Iglesias Strong en la misma fecha.

Durante el período comprendido entre los años 1976 al 1978, sobrevinieron complicaciones contributivas relativas a una deuda de Reyes sobre dicho inmueble. El comprador Ju-sino Díaz se vio obligado a cumplir un plan de pago que Reyes había convenido con Hacienda. Así, pagó contribuciones adeu-dadas por Reyes para solucionar y evitar un trámite de apre-mio por Hacienda.

Posteriormente, Jusino Díaz incumplió algunos pagos de las mensualidades para amortiguar la deuda de compraventa acordada en el documento privado. Reyes lo demandó, recla-mándole la suma de $14,115 como balance impagado del pa-garé de $51,000. Jusino Díaz contestó y negó todas las alega-ciones. Reconvino. Aunque admitió como precio de compra-venta verdadero los $95,000 consignados en el documento pri-vado, esgrimió la escritura pública de compraventa en apoyo de su reclamo al reembolso de las contribuciones mencionadas. Además, alegó poseer el pagaré vencido de $17,000 firmado a su favor por el demandante Reyes. Finalmente, reclamó $15,000 en daños y perjuicios por el “vicio” del inmueble con-sistente en la ocultación por el vendedor de la deuda contri-butiva y los inconvenientes que le ocasionó con el Departa-mento de Hacienda. Así las cosas, Reyes enmendó la deman-da. Invocó la- escritura pública y reclamó más de $25,000. También solicitó la' ejecución de la hipoteca respecto al pa-garé de $30,000. Jusino Díaz negó tales alegaciones. ()

Previa vista al efecto, el tribunal de instancia dictó sen-tencia. En esencia, decretó la nulidad del documento privado bajo la tesis de que fue hecho en fraude al Estado, específica-mente al Departamento de Hacienda, por haberse hecho con el propósito de figurar un precio distinto y mayor al de la es-critura pública y así evitar pagar más impuestos. Concluyó que el demandante Reyes fue quien provocó la nulidad. En virtud de ese análisis, estimó satisfecha y pagada en su tota-lidad la deuda de $61,000 que en su origen contrajo Jusino Díaz en la escritura pública. Se expresó así: “Dicha suma se concede como un pago de equidad y se reconoce como único acuerdo verdadero la escritura número 21, del 15 de mayo de 1975, que manifiesta el precio original de $61,000.00. El de-mandado ha pagado un total de $77,903.93, por lo que ha pa-gado en exceso al demandante la suma de $16,903.93. . . .” Como consecuencia, declaró con lugar la demanda y la recon-vención interpuesta. Esto es, la demanda prevaleció en su re-clamo hasta la suma de $61,000 consignada en escritura pú-blica. Dedujo el tribunal la suma de $16,903.93 “pagada en exceso” por el comprador Jusino Díaz a base del monto de $77,903.93 pagado hasta esa fecha. En resumen, negó todo re-medio al demandante Reyes y lo condenó a pagar a Jusino Díaz $16,903.93, las costas, más $2,000 de honorarios de abogado.

II

Recientemente nos pronunciamos sobre una situación que implicó, en su dimensión contractual, serias violaciones de ley, que lesionaron la moral y el interés público. Sánchez Rodriguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985). Resolvimos que la causa, como elemento indispensable en todo contrato, según el Art. 1227 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3432, no puede oponerse a las leyes o a la moral, y que su enfoque no puede limitarse a la vertiente objetiva que vi-sualiza sólo el contenido de las contraprestaciones objeto del contrato. Esto es, los motivos o móviles que indujeron a las partes a contratar son elementos extrajurídicos que en prin-cipio pueden ponderarse en la consideración de la ilicitud de la causa, “si lo aconsejan razones poderosas”. Es menester advertir, sin embargo, que la modalidad jurídica que proyecta el trasfondo fáctico de autos está predicada en que “ [1] a ex-presión de una causa falsa en los contratos dará lugar a la nulidad, si no se probase que estaban fundados en otra verdadera y lícita”. (Énfasis suplido.) Art. 1228 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3433. Ello, como consecuencia, entre-laza el contrato simulado con expresión de causa falsa con la causa ilícita, toda vez que la ocultación de la que deriva la simulación no puede responder en su contenido intrínseco a un propósito de violar o burlar la ley, o atentar contra la moral.

La simulación, sugiere la idea de ocultamiento o engaño (ingannare = burlar, ocultar). F. De Castro y Bravo, El Negocio Jurídico, Madrid, Ed. Inst. Nac. Est. Jur., 1967, See. 116, pág. 338. Esto es, “[e]n el lenguaje común, simular significa hacer aparecer lo que no es, y disimular significa esconder lo que es. En el lenguaje jurídico, igualmente, simular significa fingir una realidad, y disimular significa lo contrario; en uno y otro concepto se halla ínsita la idea de un consciente operar con ficción u ocultación. Simulación en el negocio jurídico, en particular, se tiene cuando las partes, de acuerdo, realizan deliberadamente declaraciones distintas de la voluntad interna, con el fin de engañar a los terceros”. L. Cariota Ferrara, El Negocio Jurídico (M. Albaladejo, traductor), Madrid, Ed. Aguilar, 1956, págs. 440-441. De donde se desprende, que en los contratos simulados los contratantes están completamente de acuerdo en producir una apariencia frente a terceros. Existe un acuerdo o propósito común para simular. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1978, T. II, Vol. 1, pág. 486.

Estamos, pues, en el ámbito de la simulación relativa contractual. “Contrario a lo que ocurre en el supuesto de simulación absoluta, en que se pretende la configuración aparente de un acto ficticio o inexistente, en la modalidad relativa el negocio aparente encubre otro real que los contratantes desean sustraer a la curiosidad e indiscreción de terceros. De ahí que el negocio fingido o disimulado precise la existencia de una causa lícita.” (Escolio omitido.) Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 18 (1962). Cuando la causa del contrato simulado es ilícita, éste es inexistente y no produce efectos jurídicos. Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra; Hernández Usera v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 18 n. 5. Véanse las siguientes Sentencias del T. S. de España: 20 de octubre de 1961, núm. 3607, Aranzadi, XXVIII Repertorio de Jurisprudencia 2353; 9 de diciembre de 1959, núm. 4492, Aranzadi, XXVI Repertorio de Jurisprudencia 2739; 7 de octubre de 1958, núm. 3406, Aranzadi, XXV Repertorio de Jurisprudencia 2233.

Convenimos con De Castro y Bravo, op. cit., pág. 350, en que “ [1] a figura misma de la simulación relativa, depende de la respuesta que se haya de dar a la cuestión previa de si el negocio disimulado es indigno de protección jurídica”. Se invocan varias razones:

... La simulación, como el dolo y el fraude, “nomina rea-tus”, son artificios para defraudar la ley o los terceros, y por ello —se dice— en ningún caso merece protección jurídica. 2.a Los que simulan, son responsables de la simulación, por la que han de quedar vinculados por su propia mentira, y no les está permitido alegar entre sí la simulación, “ne propria detegatur turpitudo” (Graciano). 3.a Que, por el contrario, la simulación es lícita por sí misma, pues el “derecho de disi-mular así la verdadera situación no es más que la consecuen-cia del derecho reconocido de hacer actos secretos”. 4.a Que la simulación, por sí misma, no califica peyorativamente a lo simulado, pero se considera sospechoso el procedimiento, por lo que se suprime en su respecto la presunción de existencia y licitud de causa (sistema del Código civil, art. 1.276). (Escolios omitidos.) De Castro y Bravo, op. cit., pág. 350.

Nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo la tradición española, ha optado por la vertiente de tolerar limitadamente los contratos simulados que disimulan una causa verdadera y lícita. Probada la simulación, el contrato simulado queda eliminado, para dar vigencia y efecto al verdadero y disimulado. Puig Brutau, op. cit., págs. 490-491. Conviene precisar a tales efectos el alcance de la simulación cuando se expresa una causa falsa en los contratos. Primero, la simulación por sí misma no hace ilícito o nulo el negocio. Segundo, no obstante, se cierne sobre el negocio una mácula de sospecha. Tercero, una vez descubierta la simulación pierde vigencia la presunción de que la misma es lícita, y ya no recae sobre el deudor la carga de probar su existencia. Cuarto, se ha creado una presunción de simulación absoluta contra el negocio disimulado que compete al gestor rebatir mediante la existencia de una causa verdadera y lícita. De Castro y Bravo, op. cit., pág. 352.

Para prevenirse contra este resultado, surgió a la vida social y económica, un instrumento de importación francesa, del que las partes contratantes se servían en la protección de sus intereses frente ál contrato simulado. Como medio de prueba fehaciente y eficaz se introdujo la modalidad del contre-lettres, contradocumento o contradeclaración. A. Rodríguez Adrados, Escrituras, Contraescrituras y Terceros, XXII Anales de la Academia Matritense del Notariado 229 et seq. (1978). En Francia, se denominó así en razón de que en su derecho antiguo el acto se llamaba lettre, por lo que en su acepción conceptual el primero alude al acto que contra-dice al otro acto. Así se incorporó esta figura al derecho civil con el nombre apuntado y se le subsumió como medio de prueba en el capítulo que regula la prueba de las obligaciones. “Los documentos privados hechos para alterar lo pactado en escritura pública, no producen efecto contra tercero.” Art. 1184 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3285; L. Rodríguez-Arias, En torno al negocio indirecto y figuras jurídicas afines, 185 Rev. Gen. Leg. Jur. 276, 285 (1949); Puig Brutau, op. cit., págs. 493-494; Q. M. Scaevola, Código Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Reus, 1958, T. XX, págs. 424-427; De Castro y Bravo, op. cit., págs. 366-368; J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 149-152; F. Ferrara, La Simulación de los Negocios Jurídicos (R. Atard y J. A. De la Puente, traductores), Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1953, pág. 368 y ss.

La doctrina también discute la dificultad que entraña la simulación cuando recae sobre uno de los elementos del negocio, a saber, fecha, precio o identidad de los sujetos. De Castro y Bravo, op. cit., pág. 441; F. Ferrara, op. cit, pág. 247 y ss.

HH 1 — 4 H-4

El caso que nos ocupa se refiere específicamente al precio falso o cuyo monto real se oculta. En la compraventa uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada y el otro a pagar por ella un precio cierto en dinero o signo que lo represente. Art. 1334 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3741. Precio verdadero quiere decir precio existente, precio real y efectivo. Por ello, el precio es el elemento más característico de la compraventa. Esta exigencia responde a la necesidad de que el precio ineludiblemente exista, de lo contrario la venta sería simulada. J. M. Manresa, op. cit., 1969, T. X, Vol. 1, pág. 77 y ss.; Puig Brutau, op. cit., 1956, T. II, Vol. 2, pág. 145; Scaevola, op. cit., 1970, T. XXIII, Vol. 1, pág. 487 y ss.; J. Castán Tobeñas, Derecho civil español común y foral, 11ra ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1981, T. IV, pág. 87 y ss.; L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 3ra ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1982, Vol. II, pág. 323 y ss.; J. Santos Briz, Derecho Civil Teoría y Práctica, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1973, T. IV, pág. 57 y ss.

Confrontado con dicho problema, la tendencia jurispru-dencial española, apunta hacia la convalidación del negocio que recoge el contradocumento donde se expresa el precio ver-dadero. Ese enfoque no ha pasado por alto que la pretensión de las partes en muchas instancias se dirige a evadir el pago de contribuciones al Estado. El nivel de “tolerancia” en Es-paña a este tipo de práctica ha llevado al Tribunal Supremo a referir al Ministerio de Hacienda para la corrección contribu-tiva correspondiente y sanciones legales a las partes. Se des-taca así como motivo preeminente que inspira la simulación, el fin de engañar a la ley civil o tributaria; se trata de evadir el pago de elevados derechos de registro mediante esta prác-tica de la contradeclaración. Preocupa a la doctrina el nivel moral que trasluce este tipo de negocio. La línea divisoria que separa los contratos simulados cuyo efecto es engañar al fisco, de la llamada “simulación fraudulenta” es tenue por demás. Aún así, se estima que no deben quedar comprendidos los pri-meros en dicho grupo. Ello, motivado por la pena severa que conlleva el negocio en fraude a la ley y que hace inexistente el negocio jurídico. F. Cordón Moreno, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1981, T. XVI, Vol. 2, págs. 201-202; Manresa, op. cit., 1967, T. VIII, Vol. 2, págs. 149-152; H., L. Mazeaud y J. Mazeaud, Lecciones de Derecho Civil (L. Alcalá-Zamora, traductor), Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1960, Vol. I, pág. 319 y ss.; F. Ferrara, op. cit, pág. 443 y ss.; Cariota Ferrara, op. cit, págs. 442-443; Scaevola, op. cit, pág. 425; R. Badenes Gasset, El Contrato de Compraventa, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, T. I, págs. 178-179; R. Luzzatto, La Compraventa (F. Bonet Ramón, traductor), Madrid, Ed. Reus, 1953, pág. 70 y ss.; Rodríguez Arias, op. cit., pág. 284. Véanse también: Sentencias del T. S. Español de 11 de mayo de 1965, núm. 2534, Aranzadi, XXXII Repertorio de Juris-prudencia 1537; de 2 de diciembre de 1941, núm. 1402, Aran-zadi, VIII Repertorio de Jurisprudencia 847, y la de 21 de junio de 1927, núm. 168,175 Juris. Civil 866.

De otra parte, nótese que los actos efectuados en contravención de la ley son nulos. Art. 4 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4; Rubio Sacarello v. Roig, 84 D.P.R. 344, 350-353 (1962); Guzmán v. Guzmán, 78 D.P.R. 673, 677-678 (1955); Corporación Azucarera v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 397, 409-410 (1954); Sánchez v. Coll, 69 D.P.R. 925, 928-929 (1949). Debemos insistir, no obstante, en que la doctrina se muestra receptiva y comprensiva ante la motivación que inspira este tipo de conducta.

Gran profundidad reviste el pensamiento de F. Ferrara, op. cit., pág. 248, quien con mayor amplitud ha estudiado el problema:

En éste, como en otros casos, en que se disfraza la natura-leza del contrato para defraudar a la Administración en sus derechos fiscales, existe ciertamente una simulación contra legem; pero no por ello debe creerse que el contrato haya de ser nulo. Tuvimos ya ocasión de decir que, al quitar su dis-fraz al negocio, debe aplicarse a éste la sanción, cualquiera que sea, que hubiera debido aplicársele si se hubiera cele-brado manifiestamente. Es sabido que no tod[a]s las leyes prohibitivas tienen el mismo alcance, pues mientras unas se inspiran en un interés muy general, otras protegen un inte-rés más limitado, y otras finalmente, obedecen a meras fi-nalidades de disciplina, financieras o de policía; y así, según la importancia de la prohibición, las sanciones serán unas u otras. La transgresión de las leyes de orden público produce la nulidad total del acto; la de las leyes de la segunda clase, una mera anulabilidad, y la de las últimas, una pena para el autor. En el tercer grupo figuran precisamente las leyes fi-nancieras, que establecen el pago de un impuesto a favor del Estado, según la naturaleza del acto, y al eludir sus normas se comete una contravención castigada con una simple multa.

En igual sentido Cariota Ferrara, op. cit., pág. 443, co-menta :

... Se quiere hablar, para los últimos supuestos de hecho, en los que el engaño se dirige a los acreedores, al fisco o a la ley, de simulación fraudulenta: el concepto es impropio, pues la simulación solamente es simulación y no se deja cali-ficar, y el fraude puede ser sólo el fin concreto que induce a simular y que se encuentra fuera de la simulación. Por lo demás, el negocio simulado, en cuanto no es querido en su contenido ni en su resultado, no puede realizar el fraude, sino sólo servir de instrumento con el que crear aquella si-tuación aparente que, engañando a los terceros, lo hace prác-ticamente posible.

Frente a esta postura, Rodríguez Arias, op. cit, pág. 285, encara el problema con mayor severidad:

. . . Dicho acto puede emplearse como medio para defraudar a los terceros o eludir las exigencias del fisco, mientras otras veces, según queda ya indicado, se entra dentro del marco de la licitud, cuando a los contratantes no les mueve otro de-seo que el de no poner al público al corriente de negocios privados evitando así indiscreciones.

Nuestro ordenamiento jurídico ya se enfrentó, aunque li-mitadamente, con ese problema jurídico. Por su importancia en la resolución de este caso, reproducimos a continuación nuestra expresión judicial:

La regla general, indudablemente, es que un contrato otorgado en violación de la ley es una nulidad y que los con-tratantes no pueden exigir el cumplimiento del mismo. Artículo 4, Código Civil, ed. 1930; Embry v. Jemison, 181 U.S. 336, 33 L. ed. 172, 177. Empero, si bien es cierto que en este caso la prueba demuestra que se hizo constar en la escritura una suma menor que aquélla que en realidad servía de causa al contrato, no puede decirse por ese solo hecho que dicha causa fuera ilegal y, por ende, que el contrato sea nulo, Latorre v. Cruz, 67 D.P.R. 743; Ríos v. Amorós, et al., 27 D.P.R. 804. Cf. González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556. Al fijarse una suma menor como causa, el propósito fué tratar de lograr que la propiedad se tasara más tarde por el Tesorero de Puerto Rico en una suma que diera derecho a los adquirentes a disfrutar de la exención provista por el artícúlo 291 del Código Político, según el mismo fué enmen-dado por la Ley núm. 27 de 12 de abril de 1941 (pág. 457). (Al tasar propiedades el Tesorero hace naturalmente su propia valoración de las mismas y el precio estipulado por las partes en una escritura no es, en manera alguna, obliga-torio ni decisivo para dicho funcionario.) Al así procederse se violó también la sección 2 de la Ley núm. 101 de 12 de mayo de 1943 (pág. 279), que especifica los sellos de rentas internas a ser cancelados en los originales y copias. (Énfasis suplido.) Sánchez v. Coll, supra, pág. 928. Véanse Quiñones Quiñones v. Quiñones Irizarry, 91 D.P.R. 225, 299 (1964) ; Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, supra.

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Bajo el crisol de este marco doctrinario, resolvemos que el Contrato Privado, como contraescritura, no es nulo. Éste es el único significado y solución que podemos alcanzar a tono con el texto y espíritu del Art. 1184 del Código Civil, sobre el alcance de documentos privados que pretenden desvirtuar lo pactado en escrituras públicas. En lo concerniente a Rubén Reyes y los esposos Jusino-Negrón es válido. Por ende, como precio real y cierto de la compraventa, la suma de $95,000 convenida debe prevalecer. Entre la colisión dimanante del precio figurado en la escritura pública y el del referido documento privado, la diferencia refiere sólo a su cuantía. No detectamos que esa disimilitud desnaturalice el hecho cierto y no contradicho de que medió una causa válida entre las partes. En ese sentido erró el foro de instancia al decretar la nulidad del documento privado para dar vigencia únicamente al precio en la escritura pública.

Como corolario decisorio, tiene razón el recurrente Reyes en su argumentación de los errores tercero, cuarto y quinto, en torno a las cuantías.

Según el foro de instancia, la partida de $77,903.93 fue resultado del siguiente desglose. La suma de $14,000 en efec-tivo pagados en el acto de otorgamiento de la escritura, que incluye además, con apoyo en la prueba testifical, una finca valorada en $3,800 que Jusino Díaz cedió en abono a la deuda. A base de los recibos de pago presentados en evidencia por el comprador, el tribunal estimó que éste pagó $24,550 en men-sualidades. A su vez, éste consignó judicialmente $6,910 en pago de mensualidades atrasadas. Concluyó que el comprador Jusino Díaz además satisfizo una deuda de $21,079.93 pre-existente a la compraventa y que gravaba el inmueble en cuestión. Finalmente, le acreditó el pago de $7,564, en con-cepto de contribuciones debidas por el demandante Reyes al Departamento de Hacienda. Ello totalizó la suma global acre-ditada de $77,903.93, deducida literal y estrictamente por dicho foro del precio real de venta, a saber, $95,000 bajo la hipótesis de que el documento privado hubiese prevalecido.

Es errónea esta determinación del tribunal. Parte de la premisa equivocada de negarle efectividad al documento pri-vado entre las partes.

La ausencia de una relación específica y explicada de las cuantías y sumas en controversia ha contribuido y plagado el récord de dudas en cuanto a la corrección del cómputo final. Han sido infructuosos nuestros esfuerzos para superar este escollo en esta etapa apelativa. Nos obliga a que sea inconcluso nuestro dictamen y a devolverlo para la precisión y corrección de las partidas enumeradas, a base de las guías aquí esbozadas. () En la compartida e indivisible encomienda de lograr la verdad y administrar cumplida justicia, confia-mos en la máxima colaboración de los abogados de las partes, como funcionarios auxiliares del tribunal. Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985).

V

Al arribar a las anteriores conclusiones, no se nos escapa la presunción arrojada por las circunstancias en que fue re-dactado el Contrato Privado. Todos los indicadores apuntan hacia la conclusión de que se hizo así con el propósito de mini-mizar el pago de obligaciones fiscales en varias dimensiones. Primero, conllevaba un impacto reductor contributivo para fines del cómputo de ingreso neto en la determinación del monto y reconocimiento de ganancias o pérdidas por la venta u otra disposición de propiedad inmueble acorde la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada, 13 L.P.R.A. sees. 3111-3114. También a través del precio simulado, se lograban bajar las cuantías a pagarse por sellos de Rentas Internas, no sólo en el acto de la escritura sino en los dere-chos de presentación en el Registro de la Propiedad.

Estas posibles infracciones al erario público no deben quedar al descubierto. Eácil es concebir como tercero al Estado Libre Asociado y sus dependencias afectadas en sus funciones rectoras de velar por el fiel cumplimiento de las leyes tributarias en todas sus dimensiones. El remedio es remitir el asunto al Departamento de Hacienda para el trámite que estime procedente. Véanse: Pérez Cruz v. Hosp. La Concepción, 115 D.P.R. 721 (1984); Quintana Tirado v. Longoria, 112 D.P.R. 276, 286 n. 8 (1982); Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456, 460 (1981).

Para ultimar, no podemos, pasar por alto la posible le-sión que ha habido a las normas de excelencia que conlleva la práctica de la notaría, por las actuaciones de la notario Gladys Iglesias Strong. In re Vélez, 103 D.P.R. 590 (1975). En esta etapa no corresponde pronunciarnos específicamente. En nuestra indelegable función de contribuir al máximo enal-tecimiento de la gestión notarial, debemos ordenar que copia de la presente decisión sea también remitida a la Oficina del Procurador General de Puerto Rico para la acción correspon-diente.()

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia que revoque la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, fechada U de abril de 1981. Se decreta válido, inter partes, el Con- trato Privado. Se devolverá el caso al tribunal de instancia para la continuación de los procedimientos compatibles con lo resuelto.

      (1) Esta deuda preexistente de $17,000, sobre la cual se extendió dicho pagaré por el vendedor al comprador, quedó explicada por la prueba. Ju-sino Díaz no tenía suficiente dinero para satisfacerla en ese momento. Se acordó que el vendedor Reyes la asumiría, reflejándose dicha cuantía en el precio total de venta de $95,000. En otras palabras, los $17,000 de la deuda preexistente serían cobrados por el vendedor en el precio total de venta.

      (2)Durante; el proceso sobrevino a discusión la capacidad de Reyes para cobrar el pagaré hipotecario al 'portador de $30,000. Se suscitó, en vista - de que su posesión la tenía, en calidad de prenda, su hermano Wilfredo Reyes, como garantía de pago a un préstamo de $15,000 que le hi-ciera. Durante la vista Wilfredo Reyes atestó no tener objeción al reclamo de su hermano contra Jusino Díaz. Después éste falleció.
      Estimamos correcta la determinación del tribunal de instancia al re-querir a Rubén Reyes que acreditara la tenencia del pagaré, lo cual no hizo. La mera comparecencia de su hermano Wilfredo Reyes y su aparente auto-rización a que procediera al cobro del mismo, cuando éste nunca fue parte en el pleito y retuvo dicho pagaré, es insuficiente para convalidar tal prác-tica. La protección del deudor contra ejecuciones posteriores por el tenedor del documento exige mayor cautela y menos informalidad. El requisito de tenencia, indispensable para el ejercicio y acción de cobro por la vía de apremio, no puede ser soslayado. Arts. 404, 426 y 427 del Código de Comercio de 1932, 19 L.P.R.A. secs. 91, 134 y 135. Véanse: B. Santiago Romero, Tratado de Instrumentos Negociables, 2da ed. rev., Río Piedras, Ed. Universitaria, 1981, págs. 95 y ss., 252 y ss.; Caguas Co., Inc. v. Mombille, 58 D.P.R. 300 (1941); The National City Bank v. Sucn. Echevarría, 50 D.P.R. 865 (1937).
      La palabra castellana “prenda” se deriva del verbo latino prehendere, significa prender, asir, agarrar una cosa. Ramos Mimoso v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 551, 555 (1966). Mediante dicho contrato —de constitu-ción formal— se transmite materialmente la cosa pignorada al acreedor, privándose el deudor de la posesión de la misma. J. M. Manresa, Comenta-rios al Código Civil Español, 6ta ed. rev., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 583-584. Es cierto que en virtud del Art. 1768 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5027, “[mjientras no llegue el caso de ser expropiado de la cosa dada en prenda, el deudor sigue siendo dueño de ella”. (Énfasis su-plido.) Pero ello no significa que un pagaré hipotecario al portador dado en prenda no tenga unos efectos jurídicos. Art. 383 de la Ley de Instrumentos Negociables, 19 L.P.R.A. sec. 61. Como dijimos en Vendrell v. Torres Aguiló, 85 D.P.R. 873, 876-877 (1962), “[técnicamente de acuerdo con las dis-posiciones del Art. 1768, el dueño del pagaré lo era el que lo expidió, pero su mera ¡entrega para garantizar una deuda lo había puesto en circulación, y había surgido a la vida del derecho un documento negociable con valor. 51 no fuera así no tendría valor alguno para el que lo recibía en garantía y serían inútiles las disposiciones de ley que autorizan la expedición de pa-garés al portador. ... El contrato de dación en prenda de un pagaré hipote-cario constituye un negocio jurídico, por la naturaleza del cual el acreedor prendario adquiere un interés especial en el pagaré”. Cf. Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773, 780 (1981). Debe, pues, el recurrente Reyes para hacer efectivo su crédito adicionar como parte del pleito a los miembros de la sucesión del acreedor prendario, voluntaria o involun-tariamente, promover algún acuerdo que le permita readquirir el pagaré o saldar la deuda que grava el pagaré.

      (3) Primeramente, con sujeción a que el recurrente Reyes corrija la deficiencia anteriormente apuntada, basada en la falta de posesión del pa-garé de $30,000, y satisfechas las interrogantes de unos pagos efectuados por Jusino Díaz, debe partirse del balance aplazado de $77,200 y la tabla de pagos.
      Así, el tribunal, atendiendo la fecha y número de cada pago, adjudi-cará cuánto corresponde al principal y a los intereses. Este examen se im-pone, pues la cuantía que determinó como pagada en plazos mensuales, a saber, $24,660 es errónea en tanto no distingue la suma atribuible al principal de las de los intereses. Tampoco los intereses por mora, si algunos.

        A su vez, la cantidad que estimó pagada en contribuciones directa-mente por el comprador Jusino Díaz a Hacienda —que debieron pagarse por el vendedor Reyes— adolece de otras fallas. Tiene el tribunal que pre-cisar si la totalidad de los $7,654 pertenecen a una deuda contributiva anterior a la compraventa del 15 de mayo de 1975. Notamos que se incluyen contribuciones con fecha posterior a la compraventa que, si bien podrían corresponder a la deuda aplazada anterior, también podrían ser atribuibles al comprador desde que adquirió el título del inmueble. La cantidad co-rrecta, pagada por Jusino Díaz a Hacienda, incluyendo sus intereses, debe descontarse netamente del balance del principal existente.
      Por otro lado, si indubitadamente Jusino Díaz pagó los $21,079.93 en el pleito de ejecución de hipoteca que por la suma original de $17,000 Reyes le extendió un pagaré, entonces procedería también descontarlos netamente del balance del principal existente a la fecha en que realizó ese pago.
      Con relación a los $6,910 consignados por Jusino Díaz en el tribunal en concepto de pago de mensualidades atrasadas, debe dicho foro verificar cuánto el demandante Reyes pudo legítimamente retirar y si esa totalidad consignada incluyó algún cheque que hubiese sido anteriormente sumado en la partida de contribuciones o en el balance de pagos mensuales.

        El examen y ‘precisión de estos pagos conllevará una modificación de la tabla de amortización acordada. En otras palabras, los pagos de Jusino Díaz a ser acreditados en las fechas correspondientes, reducirán el principal netamente y los intereses generados, y por ende, la distribución original-mente contemplada.
      En cuanto al destino y resultancia de la reconvención en daños y per-juicios, desconocemos qué remedios fueron concedidos, si algunos, y qué cuantía, si alguna, pudo haberse otorgado finalmente. También si procede o no una reformulación al respecto. Otra vez corresponderá al tribunal de instancia esclarecerlo.

      (4) Desconocemos si la notario Iglesias Strong al remitir copia de la escritura núm. 21 al Secretario de Hacienda, conforme lo requiere la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1006, acompañó también copia del contrato privado que según las partes y su autenticación era el que consignaba el precio real y verdadero.


text:
    Sixta Hernández Centeno y Otros, demandantes y recurrentes, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: R-84-473

      Resuelto: 8 de abril de 1985

      Ignacio Santos Sierra, abogado de los recurrentes; Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Marjorie Rivera Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

En Negrón v. Orozco Rivera, 113 D.P.R. 712 (1983), re-solvimos que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico res-ponde civilmente por la muerte de un ciudadano acaecida en un cuartel de la Policía, producto la misma del acto inten-cional criminal de un miembro de la uniformada con quien el occiso había tenido minutos antes una violenta y acalorada discusión, por cuanto la acción del referido agente era pre-visible y la omisión del oficial a cargo de no tomar las medidas cautelares pertinentes() constituyó negligencia suficiente, separada y distinta de la agresión perpetrada, por la cual el Estado debe responder.

Hoy resolvemos que la omisión del Superintendente de la Policía de Puerto Rico al no actuar con la debida diligencia con el propósito de que se despojara de su arma de reglamento a un miembro de la fuerza policiaca —que se encontraba bajo tratamiento psiquiátrico y en relación con el cual el psiquiatra de la Policía había específicamente recomendado al Superintendente que tomara dicha acción y respecto al cual el propio Superintendente había dado los pasos iniciales para lograr su retiro por incapacidad del servicio público— constituye base igualmente suficiente para imponerle responsabilidad civil al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en relación con los daños y perjuicios sufridos por un tercero inocente que resulta herido como consecuencia de un incidente en que dicho agente hace uso de su arma de reglamento.

I

En relación con una condición emocional consecuencia de un incidente acaecido mientras prestaba servicio el día 17 de junio de 1979, el policía codemandado Luis Merced Acevedo fue referido al Fondo del Seguro del Estado donde se le brin-dó tratamiento psiquiátrico hasta el día 6 de diciembre de 1979, fecha en que fue dado de alta en remisión parcial de síntomas; se recomendó, sin embargo, que aun cuando el pro-nóstico laboral en términos generales era satisfactorio, el mencionado agente debía ser evaluado en el trabajo donde se desenvolvía en específico.

El psiquiatra de la Policía, mediante carta de fecha 6 de febrero de 1980 dirigida al Director Médico del Fondo, reco-mendó que se le brindara al agente tratamiento adicional ya que, en su opinión, su condición de ansiedad no le permitía ejercer sus funciones apropiadamente. El referido psiquiatra, mediante memorando de fecha 18 de septiembre de 1980, le informó al Superintendente de la Policía que entendía que al policía Merced Acevedo no se le debía permitir el uso de su arma de reglamento. Con fecha de 31 de marzo de 1981 el Superintendente de la Policía le notificó al policía Merced Acevedo que estaba sometiendo su caso a la consideración del Sistema de Retiro por cuanto los médicos de la Policía opina-ban que su condición física no le permitía desempeñar nor-malmente las funciones de su cargo. A pesar de lo anterior-mente expresado, el Superintendente de la Policía no tomó ac-ción alguna respecto a la utilización del arma de fuego por parte del referido agente. El 12 de octubre de 1981, en horas de la noche, el policía Merced Acevedo en medio de una discu-sión, y forcejeo, con su esposa —suscitada la misma como con-secuencia del intento de ella de detenerlo luego de que el agente súbitamente expresara que “iba para la calle a matar a dos o tres”— hace un disparo con su arma de reglamento el cual alcanza a su suegra, la codemandante Sixta Hernández Centeno.

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas, () luego de que la parte demandante desfilara su prueba y some-tiera su caso, dictó sentencia desestimatoria de la demanda en cuanto al codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico, producto la misma de una moción al amparo de la Regla 39.2 de las de Procedimiento Civil de 1979 planteada por los abogados del Estado. () Inconforme con la referida actua-ción, la parte demandante acudió ante este Tribunal; le con-cedimos término al Estado para que mostrara causa por la cual no se debía revocar la sentencia desestimatoria dictada. Ha comparecido. () Resolvemos.

HH i — i

Como surge de los hechos antes reseñados, el Superintendente de la Policía de Puerto Rico no sólo tenía pleno conocimiento del estado emocional en que se encontraba el policía Merced Acevedo sino que había sido advertido, y le fue recomendado, por sus propios peritos médicos que la referida condición mental del agente hacía aconsejable que se le despojara de su arma de reglamento. Como es sabido, el Superintendente es el jefe máximo de la referida agencia gubernamental. Tiene el poder para ordenar, en casos como el presente, que un miembro de la fuerza sea despojado de su arma de reglamento. () Así no lo hizo. Somos del criterio que la conducta del referido funcionario al no tomar acción al-guna al respecto constituyó la omisión de un acto exigible que cabe esperar del “ser humano medio”, el buen paterfamilias. Cf. Jiménez v. Pelegrina Espinet, 112 D.P.R. 700, 704 (1982).

Ello es así por cuanto consideramos que era enteramente previsible que el policía Merced Acevedo, dada su condición mental, hiciera —intencional o negligentemente— mal uso de su arma de reglamento. Cf. Negrón v. Orozco Rivera, supra. Es cierto que no está claro si el acto del policía Merced Acevedo de disparar su arma fue un acto criminal intencional () o el mismo fue producto de negligencia en el manejo de la misma. Dicha interrogante, dado los hechos particulares del presente caso, no tiene mayor relevancia. Entendemos que la omisión del Superintendente al no ordenar que el agente fuera despojado del arma no sólo constituyó negligencia suficiente, separada y distinta del acto llevado a cabo por el agente sino que la referida omisión es de tal magnitud que supera, o tiene preeminencia, sobre cualquier posible grado de responsabilidad criminal presente en el acto realizado por el agente, () por lo que procede la imposición de responsabilidad al codemandado Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Negrón v. Orozco Rivera, supra.

Por los fundamentos expresados, se expide el auto y se dicta sentencia revocatoria de la dictada por el Tribunal Sur perior de Puerto Rico, Sala de Caguas, y se devuelve el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

      (1) Consistentes las mismas en no despojar al agente de su arma de reglamento y de no mantenerlos separados.

      (2)Hon. Julio Berrios Jiménez, Juez.

      (3)E1 foro de instancia declaró con lugar la demanda radicada en cuanto al codemandado Luis Merced Acevedo.

      (4)La Oficina del Procurador General de Puerto Rico, en representa-ción del E.L.A., en un laudable gesto se ha allanado a lo intimado en la orden de mostrar causa expedida.

      (5) Véase Orden General Número 70-16 de fecha 1ro de noviembre de 1970 suscrita por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, orden vigente a la fecha de los hechos aquí en controversia, la cual fue sustituida por la Orden General Núm. 83-1 (Rev. 1) de fecha 15 de febrero de 1983.

      (6) Como es sabido el Estado, de ordinario, no responde por actos criminales intencionales de sus funcionarios, por cuanto los mismos no fomentan ni sirven a sus intereses. Jiménez v. El Pueblo, 83 D.P.R. 201 (1961).

      (7)Lo cual hace que el presente caso sea distinguible del caso de Rodríguez v. Colón Colón, 103 D.P.R. 493 (1975).


text:
    Carlos Manuel Santana Medrano, demandante y peticionario, v. Sonia Acevedo Osorio, demandada y recurrida.

      Número: O-85-17

      Resuelto: 9 de abril de 1985

      Manuel Doria Duque, abogado de la parte recurrente; Beatriz Vázquez de Acarón, abogada de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, mediante sentencia de fecha 3 de agosto de 1984, declaró roto y disuelto, por la causal de separación, el vínculo matrimonial que unía al demandante recurrente Carlos Santana Medrano y a la demandada recurrida Sonia Acevedo Osorio.

En relación con las dos (2) hijas menores de edad habidas durante el matrimonio de las referidas partes el foro de ins-tancia, declarando con lugar la solicitud que a esos efectos se le hiciera en la demanda radicada, otorgó la patria potestad y la custodia de las mismas al demandante Santana Medrano; resulta procedente señalar que en la contestación a la de-manda aceptando los hechos que la demandada Acevedo Oso-rio radicara —por propio derecho y jurada ante notario pú-blico— se hizo constar expresamente que dicha parte presta “su consentimiento para que el Tribunal acceda a lo solicitado por el demandante en relación a mis hijas menores de edad y consiento a que la patria potestad y custodia sobre dichas menores sea retenida por el padre”. ()

Así las cosas, mediante escrito intitulado “moción infor-mativa” radicado con fecha de 30 de noviembre de 1984, la demandada Acevedo Osorio solicitó del tribunal de instancia que se le otorgara la custodia provisional de las referidas niñas por el fundamento de que, alegadamente, tres días des-pués de disuelto el vínculo matrimonial ella había regresado al “hogar conyugal” con el propósito de cuidar de las menores. Dicha petición, radicada por propio derecho, no fue notificada a la parte demandante.

El tribunal de instancia, () mediante resolución de fecha 4 de enero de 1985, sin darle audiencia ni oportunidad alguna a la parte contraria para expresarse y teniendo como base únicamente la anteriormente mencionada “moción informa-tiva” concedió la custodia provisional de las menores a la de-mandada Acevedo Osorio. Al así hacerlo ordenó, “a los fines de dictaminar finalmente la custodia permanente de dichas menores” que “se realice un Informe Social en el plazo de cuarenta (40) días”, transcurrido el cual “señalará vista para adjudicar finalmente la custodia”.

Inconforme, la parte demandante acudió ante este Tribunal mediante la radicación del correspondiente recurso de certiorari. Le concedimos término a la parte demandada-recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos dejar sin efecto la mencionada resolución. La parte recurrida ha comparecido debidamente representada por abogado. () Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

I

No hay duda de que una de las más difíciles, delicadas, juiciosas y trascendentales decisiones que tiene que hacer un tribunal en un procedimiento que culmina en una sentencia de divorcio es aquélla respecto a la otorgación de patria potestad y custodia de los hijos menores de edad habidos durante el matrimonio de las partes. Hay que mantener presente que el bienestar de un menor, que ha pasado por el trauma de ver desmembrada su familia inmediata, de ordi-nario requiere un ambiente familiar constante, continuo y estable. J. Goldstein, Beyond the Best Interests of the Child, New York, The Free Press, 1979.

Dicha decisión es una a la que el tribunal debe llegar después de realizar un análisis objetivo, sereno y cuidadoso de todas las circunstancias presentes en el caso en ese momento ante la consideración del tribunal, teniendo como único y principal objetivo el bienestar de los menores. Marrero Reyes v. García Ramírez, 105 D.P.R. 90 (1976); Nudelman v. Ferrer Bolívar, 107 D.P.R. 495, 508 (1978); Perron v. Corretjer, 113 D.P.R. 593, 606 (1982). Véase, en adición, el Art. 107 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 383. Dicho objetivo precisamente es lo que le faculta al amparo del poder de parens patriae para, inclusive, rechazar un acuerdo de las partes respecto a patria potestad y custodia si es que se convence de que el mismo no es conveniente a los mejores intereses de los menores. Ex parte Maldonado, 42 D.P.R. 867 (1931). A esos efectos, y antes de emitir una decisión al respecto, tiene a su alcance el ordenar la comparecencia de cuanta persona entienda pueda ayudarle en el descargo de su delicada misión y puede, asimismo, ordenar aquellas investigaciones de índole social que entienda procedentes y convenientes. Nudelman v. Ferrer Bolívar, supra; Fernández v. Martínez, 59 D.P.R. 548 (1941).

Aun cuando un decreto emitido en un pleito de divorcio concediendo la patria potestad y custodia de un menor a uno de sus padres no constituye cosa juzgada, una vez el tribunal, debidamente informado, ejercita esa discreción y otorga la patria potestad y custodia de los hijos a una de las partes, dicha decisión crea un “estado de derecho” que no debe —salvo circunstancias extraordinarias — () ser alterado sumariamente. Bermúdez v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 825 (1969) (). Resolvemos, en su consecuencia, que siempre que ello sea factible el tribunal no debe dejar sin efecto una decisión que sobre el aspecto de patria potestad y custodia hubiere emitido anteriormente sin tener el beneficio de la po-sición de ambas partes; una decisión de esa naturaleza no puede ser el producto del capricho y la improvisación.

I — i HH

En el presente caso la parte demandante-recurrente específicamente solicitó en la demanda que radicara que se le otorgara la patria potestad y la custodia de las dos hijas habidas en el matrimonio. La parte demandada, como hemos visto, consintió expresamente a que el tribunal así lo decretara. El tribunal de instancia en aquel momento, repetimos, no estaba en la obligación de aceptar lo así acordado; tenía la facultad para indagar respecto a qué era lo más conveniente para las dos menores. Tenemos que presumir que actuó informadamente al resolver entonces otorgarle la patria potestad y custodia de las niñas al demandante. No se nos ha demostrado que existieran, o existan, circunstancias extraordinarias que justifiquen la acción del foro de instancia de despojar al demandante de la custodia de sus hijas en forma sumaria y sin escucharle. Bermúdez v. Tribunal Superior, supra. Ciertamente las razones aducidas por la demandante en la “moción informativa” que radicara no constituyen base suficiente para dicha acción.

Sin emitir juicio sobre los méritos, si algunos, de lo ale-gado por la parte recurrida en su comparecencia para mos-trar causa respecto a una supuesta “violación del derecho de la compareciente a un debido proceso de ley en el curso del procedimiento que culminó en la emisión de la sentencia de 3 de agosto de 1984,” () somos del criterio que dicha cuestión es una para ser planteada y diluciadada a nivel de instancia, si es que dicho planteamiento procede al amparo de las dispo-siciones de la Regla 49.2 de las de Procedimiento Civil de 1979.

Por los fundamentos antes expresados, se expide el auto, y se dieta sentencia revocatoria de la resolución de fecha k de enero de 1985 emitida por el tribunal de instancia. El de-mandante recurrente tendrá el derecho a la custodia inme-diata de las dos hijas menores de edad habidas durante el matrimonio de las partes. Se devuelve el caso al foro de ins-tancia para que, previa vista con audiencia de ambas partes y previo los estudios de índole social necesarios, el referido foro pase juicio sobre la petición de custodia solicitada por la demandante recurrida en su moción de fecha 30 de noviem-bre de 1984.

        (1) Surge de la sentencia de divorcio dictada por el tribunal de instan-cia en el presente caso que la única parte que compareció a la vista del mismo lo fue la parte demandante.

      (2)Hon. Ángel D. Ramírez Ramírez, Juez.

      (3) Suscriben la comparecencia para mostrar causa dos distinguidas letradas: las Ledas. Sarah Torres Peralta y Beatriz Vázquez de Acarón.

      (4) Véase el Art. 31 de la Ley Núm. 75 de 28 de mayo de 1980, 8 L.P.R.A. see. 431.

      (5) El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha expresado que la rela-ción patemo-filial está protegida constitucionalmente por el derecho a la libertad garantizado por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución Federal. Véase Santosky v. Kramer, 455 U.S. 745, 754-755 (1982).

      (6) Relativo a que, alegadamente, la firma por la recurrida Acevedo Osorio de la contestación a la demanda que ella suscribiera fue realizada sin asesoramiento legal.


author: PER curiam:

text:
      In re Carlos Colón de Zengotita.

      Número: 5437

      Resuelto: 11 de abril de 1985

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, querellante; Carlos Colón de Zengotita, pro se.

   PER curiam:

La Ley Notarial requiere en su See. 26 (4 L.P.R.A. see. 1026), que los notarios remitan, “no más tarde del lunes de cada semana a la Oficina del Director de Inspección de Protocolos de Puerto Rico, notificación de no haber otorgado escrituras o afidávits, o los índices de las escrituras matrices y afidávits otorgados por [sic] () ellos en la precedente semana, expresando los números de orden de éstos en los protocolos, y respecto de cada instrumento, los nombres de los otorgantes, la fecha de otorgamiento y el objeto del acto o contrato, y cuando por este Capítulo se requiera o permita su presencia, el nombre de los testigos. Los inspectores de protocolos velarán por el cumplimiento de las disposiciones de este párrafo”.

Esta disposición y las demás exigencias de la Ley Notarial son de cumplimiento estricto. In re Anglade, 73 D.P.R. 1000 (1952). Como señaláramos en In re Pagani Rodríguez, 109 D.P.R. 831, 833 (1980), el reiterado incumpli-miento con las exigencias de dicha ley acusa una indiferencia de parte del notario que le coloca “en el umbral de la incapa-cidad para actuar en tan delicado y puntilloso ministerio”.

Con inusitada frecuencia hemos estado recibiendo informes del Director de Inspección de Notarías sobre fallas de numerosos notarios en someter sus índices notariales. Aparte de constituir ello una desviación de la práctica requerida por ley, la omisión de enviar los índices a tiempo podría prestarse para actuaciones de naturaleza grave lesivas a la fe pública de que están investidos los notarios.

El notario Carlos Colón de Zengotita dejó de rendir ín-dices notariales desde el 18 de marzo de 1984 hasta el 20 de febrero de 1985 en que lo hizo al serle así requerido por reso-lución de este Tribunal de 24 de enero de 1985. A nuestra so-licitud de que mostrara causa por la cual no debía ser disci-plinado expresó con candidez que no tiene “excusa válida y aceptable”, que “prácticamente había cesado” en sus “opera-ciones” y que desconocía “que dichos informes podían ren-dirse en manuscrito”. Señala, además, que “no hubo un mo-vimiento mayor de documentos” y que su inobservancia de la ley no ha causado perjuicio a terceras personas.

Partiendo de esos supuestos, limitaremos nuestra sanción en este caso a la suspensión del ejercicio del notariado por parte del Ledo. Carlos Colón de Zengotita por un período de un año a partir del 1ro de mayo de 1985 y hasta que por reso-lución de este Tribunal se le reinstale como notario. Quede advertida la profesión de que vamos a ser rigurosos en la aplicación de sanciones disciplinarias motivas por el incum-plimiento de las disposiciones de la Ley Notarial.

      (1) Debería decir “otorgados ante ellos” y no “por ellos”, pues quien otorga no es el notario. El notario es autorizante de los instrumentos que ante él se otorgan.