author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Francisco Castro Muñiz, acusado y apelante.

      Número: CR-85-68

      Resuelto: 1ro de abril de 1987

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para Asisten-cia Legal, abogada del apelante; Rafael Ortiz Carrion, Pro-curador General y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La menor F.L.C.C. tenía un año cuando su madre se casó con el acusado-apelante, Francisco Castro Muñiz. Siguió vi-viendo con su madre, su padrastro y tres hijos del nuevo ma-trimonio en el Residencial Luis Lloréns Torres.

El 22 de marzo de 1985, cerca de las 4:00 A.M., cuando F.L.C.C. tenía once años de edad, mientras dormía sola en su cuarto, su padrastro abrió la puerta y entró. En ese momento el acusado le bajó los pantalones y los panties y cometió los actos impúdicos y lascivos por los cuales fue convicto. La madre entró al cuarto de su hija y sorprendió allí a su marido con su hija, F.L.C.C. Al oír la discusión que se originó, la abuela y la tía de la menor, que vivían en el mismo edificio, subieron al apartamento y atendieron la situación. Al otro día la abuela materna de la menor acudió al Cuartel de la Policía a denunciar al apelante.

La perjudicada atestó que su padrastro le venía haciendo eso desde que tenía cinco años. No se había quejado porque él la amedrentaba. Según su testimonio esa palabra quiere decir que si ella decía algo le daba y la castigaba.

Celebrado el juicio ante un jurado, éste rindió su veredicto unánime de culpabilidad. Después de aceptar el veredicto, el tribunal ordenó el ingreso inmediato del acusado, “. . . toda vez que este delito no tiene probatoria”. El 24 de octubre de 1985 el tribunal condenó al apelante a cumplir una pena de diez (10) años de presidio.

En el Escrito de Apelación, presentado por derecho pro-pio, se señalaron los siguientes errores:

a) No desfiló prueba Agravante.

b) Hubieron [sic] una serie de contradicciones.

En el alegato presentado en apoyo del recurso únicamente se imputa que el tribunal erró “en el ejercicio de su discreción, al condenar al apelante a una pena agravada de diez años por el delito imputado”.

M

Aunque no se plantea, la prueba desfilada sostiene fuera de toda duda razonable, la convicción del apelante. La misma es robusta, contundente, convincente y está ausente de cualquier contradicción sobre los hechos esenciales. No hay base alguna para alterar el veredicto unánime del jurado.

hH b — I

Con esos antecedentes pasamos a considerar el error seña-lado. La minuta del acto de dictar sentencia de 24 de octubre de 1985, refleja lo siguiente:

Llamado el caso de epígrafe en el día de hoy para el Pro-nunciamiento de Sentencia, comparece el Ministerio Público representado de su fiscal, Hon. Lizabeth Lipsett Campagne. El acusado (preso) está presente, asistido de la Leda. Virginia Zequeira.
La Defensa solicita del Tribunal que se tome como prueba atenuante, el que el convicto era el única [sic] proveedor del hogar durante diez años. Que tiene tres hijas en el matri-monio. Que la perjudicada, a base de la prueba desfilada, tuvo una serie de contradicciones en su testimonio, sobre si era la primera vez o no que cometía el delito.
El Ministerio Público solicita que se tome como prueba agravant[e], el hecho de que el delito se cometió contra una menor de catorce años. Que fue s[u] hijastra, la cual crió desde los dos [sic] años de edad. Que el tipo de delito y las circunstancias en que se cometió, atentan contra la niñez y la institución de la familia. Que ese delito tiene unos designios criminales.
La defensa entiende que no hay circunstancias agravantes, a base de lo que ha dicho la Fiscal. Que el delito de por s[í], es ya un castigo, ya que no tiene probatoria.
Las partes argumentan sobre el particular.
Sometida la cuestión y no habiendo impedimento legal al-guno, por el cual no deba dictarse sentencia en el día de hoy, el Tribunal procede a dictar la misma y condena al acusado en el caso G85-1890 por Actos Lascivos e Impúdicos a cum-plir una pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRESIDIO.
La defensa solicita la reconsideración de la sentencia, ya que no existen circunstancias agravantes.
El Tribunal entiende que la pena se justifica con circuns-tancias agravantes.
Se dispone que en este caso, tratándose de una familia donde hay otras niñas menores de edad, dado los problemas habidos en ese hogar, se ordena al Departamento de Servi-cios Sociales que haga una evaluación de este caso y si ya la hizo, que visite nuevamente este hogar y le provean los ser-vicios necesarios. Notifíquese con copia de la Minuta a la Leda. Carmen Sonia Zayas, Secretaria de Servicios Sociales.

El delito de actos lascivos o impúdicos, Art. 105 del Có-digo Penal, 33 L.P.R.A. see. 4067, dispone:

Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal co-metiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra, será san-cionada con pena de reclusión según más adelante se dispone si concurrieran cualesquiera de las siguientes modalidades:
(a) Si la víctima fuere menor de 14 años.
(b) Si la víctima ha sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza física irresistible o amenaza de grave e inmediato daño corporal, acompañada de la aparente aptitud para realizarlo, o anulando o disminuyendo sustancialmente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o estimulantes o sustancias o medios similares.
(c) Si la víctima, por enfermedad o defecto mental tem-porero o permanente estuviere incapacitada para consentir legalmente.
(d) Si la víctima fuere compelida al acto mediante el em-pleo de medios engañosos que anulen o disminuyan sustan-cialmente, sin su conocimiento, su capacidad' de resistencia.
La pena de reclusión a imponerse por este delito será de un término fijo de seis (6) años, excepto cuando se trate de la modalidad del delito contenida en el inciso (a) de esta sec-ción. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija esta-blecida podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser redu-cida hasta un mínimo de cuatro (4) años.
En la modalidad del delito a que se refiere el inciso (a) de esta sección, la pena de reclusión será por un término fijo de ocho (8) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.
El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adi-ción a la pena de reclusión establecida en cualquiera de las modalidades anteriormente señaladas.

Los actos constitutivos de este delito y sus efectos sobre la sociedad han sido motivo de honda preocupación. Ejemplo vivo de lo anterior es la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 160 (1979 Leyes de Puerto Rico 431). Allí se señaló que:

El aumento desmedido de los ataques y abusos sexuales en perjuicio de menores de catorce años ha necesitado de una respuesta más vigorosa del Estado para la protección de los más débiles. A estos efectos se ha enmendado el Artículo 105 de la Ley 115 de 22 de julio de 1974, conocida como Código Penal de Puerto Rico, con el fin de aumentar la penalidad cuando los actos lascivos e impúdicos sean cometidos en per-juicio de menores de catorce años.
La naturaleza de estos actos repugna a la sociedad y para complementar la medida anterior, esta ley tiene el propósito de excluir de los beneficios de la sentencia suspendida o li-bertad a prueba los casos de actos lascivos o impúdicos cuan-do la víctima fuere menor de catorce años. Si bien la Ley de Sentencias Suspendidas tiene un fin rehabilitador, también tiene el propósito de proteger a la sociedad contra las per-sonas convictas de delito que representen un peligro para la comunidad. Las personas que cometen actos lascivos e impú-dicos contra menores de 14 años constituyen un riesgo para la tranquilidad y bienestar de nuestra juventud. Esta ley va encaminada a evitar ese riesgo.

Ese mismo día, 20 de julio de 1979, se aprobó la Ley Núm. 161 que añadió al final del párrafo introductorio una pena mayor para el caso de la modalidad (a). La Ley Núm. 57 de 3 de junio de 1983 aumentó los términos de las penas en las modalidades (b) y (c) y en la (a) la pena fija se aumentó de seis a ocho años, la pena agravada permaneció en diez años, pero la pena atenuada se aumentó de cuatro a seis años. D. Ne-vares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 189.

Del anterior historial se desprende que la política pública del Estado es que los convictos de este delito deben ser tratados con mano fuerte y firme, ya que se considera como uno de los actos delictivos que más problemas causan a la so-ciedad y a la ciudadanía. Claro está, ello no quiere decir, ni remotamente lo insinuamos que en todos los casos bajo la presente modalidad se debe imponer la pena agravada. Tam-poco resolvemos que bajo ninguna circunstancia proceda la pena atenuada. Por el contrario, al ejercer su discreción los magistrados deben usarla en forma sabia y prudente. Al fijar la pena deben seguir los criterios establecidos en la Regla 171 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, a tenor con los hechos y circunstancias de cada caso en particular y la situación individual de cada convicto.

Veamos si en este caso el tribunal abusó de su discreción al imponer la pena agravada.

La Regla 171 dispone:

El tribunal, a propia instancia o a instancia del acusado o del fiscal, con notificación a las partes o la parte contraria, podrá oír, en el más breve plazo posible, prueba de circuns-tancias atenuantes o agravantes a los fines de la imposición de la pena.
Se podrán considerar como circunstancias atenuantes, en-tre otras, las siguientes:
(A) Hechos relacionados con la comisión del delito, in-cluyendo entre otros:
(a) el acusado fue un participante pasivo durante la comisión del delito
(b) la víctima provocó el incidente
(c) el delito fue cometido bajo circunstancias poco usuales
(d) el acusado participó en la comisión del delito bajo coacción o su conducta es parcialmente excusable por alguna otra razón que no constituye una defensa de las alegadas afirmativamente
(e) el acusado no sentía ninguna predisposición, sino que fue inducido por otros a participar en la comisión del delito
(f) el acusado trató de evitar el daño criminal causado a la persona o a la propiedad, o la cantidad apropiada fue mí-nima o se le hicieron amenazas
(g) el acusado creyó que tenía un derecho o una recla-mación sobre la propiedad objeto del delito, o debido a otras razones equivocadas creyó que su conducta era legal
(h) el acusado fue motivado por el deseo de proveer las necesidades básicas a su familia o a sí mismo
(i) el resultado delictuoso fue producido por negligen-cia del acusado.
(B) Hechos relacionados con la persona del acusado, in-cluyendo entre otros:
(a) el acusado no tiene antecedentes
(b) edad y condiciones físicas del acusado
(c) el acusado adolecía de una condición mental o física que significativamente reducía su culpabilidad
(d) el acusado aceptó su responsabilidad en las etapas preliminares del proceso criminal
(e) el acusado no cualificaba para una sentencia sus-pendida
(f) el acusado restituyó a la víctima por el daño cau-sado
(g) la conducta y reputación del acusado en su comuni-dad es satisfactoria.
Se podrán considerar como circunstancias agravantes, en-tre otras las siguientes:
(A) Hechos relacionados con la comisión del delito y con la persona del acusado, incluyendo entre otros:
(a) el delito fue de violencia, se causó grave daño corporal, o amenaza de causarlo y se evidenciaron hechos que revelan una gran crueldad, ningún respeto humano y un re-chazo a las normas de la decencia
(b) el acusado utilizó un arma en la comisión del delito
(c) la víctima era particularmente vulnerable ya fuese por minoridad o incapacidad mental o física
(d) el delito envolvió más de una víctima
(e) el acusado indujo a otros a participar en la comi-sión del delito u ocupó una posición de líder o dominante en-tre los demás participantes
(f) el acusado utilizó a un menor como coparticipante
(g) el acusado amenazó a los testigos, ilegalmente evitó que los testigos asistieran a las vistas o los indujo a cometer perjurio o en cualquier otro modo obstaculizó el proceso judicial
(h) el acusado es miembro de un grupo, organización o empresa criminal organizada
(i) el delito evidencia unos designios criminales plani-ficados
(j) el acusado recibió pago por la comisión del delito
(k) el acusado mintió durante el juicio estando bajo juramento cuando no se le ha procesado por perjurio
(l) el delito envuelve la apropiación de una gran canti-dad de dinero
(m) el acusado tiene un historial delictivo.
No obstante, en todo caso se considerará como circuns-tancia agravante que la persona haya cometido el delito mien-tras disfrutaba de los beneficios de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, o libertad provisional bajo fianza o condicionada. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 171.

Las circunstancias agravantes en este caso, entre otras, son las siguientes:

(a) El acusado crió a la perjudicada como si fuera su hija desde que ella tenía un año de edad.

(b) Él estaba casado con la madre de la menor y es el padre de sus tres hermanitas.

(c) La conducta delictiva del acusado se prolongó por va-rios años.

(d) La menor estaba impedida de evitar los avances de su padrastro por su edad, la situación familiar y por las conti-nuas amenazas de éste.

(e) La prueba fue robusta y convincente.

Por otro lado, las circunstancias que pueden considerarse como atenuantes son mínimas.

Véase que las anteriores circunstancias están directamente contempladas en los subincisos (a), (c) e (i) del párrafo ter-cero de la Regla 171 de Procedimiento Criminal.

Por no haberlo solicitado las partes, y en vista de que en este caso no existió alguna controversia real sobre un hecho material que requería la presentación de prueba, no había necesidad de celebrar la vista previa a la sentencia que per-mite la Regla 162.4 de Procedimiento Criminal adicionada por la See. 2 de la Ley Núm. 103 de 4 de junio de 1980.

Ante ese cuadro resolvemos que el tribunal no abusó de su discreción al imponer la pena agravada. La sentencia resulta ser justa.

HH

Como parte de su alegación de que la pena agravada re-sulta ser excesiva, el apelante argumenta que:

Del expediente del caso y la exposición narrativa de la prueba certificada y aprobada, no surgen las razones que tuvo el Tribunal para imposición de tal pena (Regla 162 de Procedimiento Criminal). No explicó qué motivos la inclinaron a ejercer su discreción desviándose de la pena fija de ocho (8) años que señala el estatuto.

Antes que nada, lo que solicita el apelante es que reduzca-mos la pena. No sostiene que las circunstancias ameritan que se devuelva el caso para que se dicte una nueva sentencia. Pero independientemente de ello, y atendiendo la posición asumida en la opinión disidente, consideraremos el planteamiento.

La Sec. 1 de la Ley Núm. 103 de 4 de junio de 1980, añadió el siguiente párrafo a la Regla 162 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II:

El tribunal al tiempo de imponer sentencia deberá expli-car verbalmente o por escrito las razones para la imposición de la sentencia.

En primer lugar, de los autos no se desprende que la repre-sentación legal del apelante le exigiera o solicitara a la magis-trado de instancia que cumpliera estrictamente con dicha directriz.

Al dictarse la sentencia, la defensa solicitó su reconsidera-ción por el único fundamento de que no existían circunstan-cias agravantes. No se le advirtió al tribunal que no había ex-plicado las razones para la imposición de la sentencia. Tam-poco se invocó la Regla 162 de Procedimiento Criminal cuando el tribunal explicó que entendía que la pena se justificaba con circunstancias agravantes.

Bajo esas circunstancias, el planteamiento resulta tardío. El juicio criminal, al igual que todo proceso judicial, no es un juego o contienda en el cual los participantes se guardan sus mejores cartas o posiciones para una etapa posterior y luego de perder el juego, sorpresivamente protestar el resultado. Resulta claramente injusto con los jueces de instancia, el plantear por primera vez en apelación que una omisión permitida o consentida, da lugar a la revocación de la sentencia.

De todas maneras no amerita devolver el caso a instan-cia. Estamos en condiciones idóneas de resolver, como lo hemos hecho, que el tribunal no abusó de su discreción al dictar la sentencia apelada. De haberse cometido el error, el mismo no resulta perjudicial.

> 1 — (

A pesar de que el acusado-apelante no lo plantea, en la opinión disidente se propone que erró el foro de instancia al sentenciar al acusado sin contar con el informe presentencia a que hace referencia el Art. 59 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3283. Este artículo, que entró en vigor el 22 de septiembre de 1984, Ley Núm. 26 de 25 de septiembre de 1983 (33 L.P.R.A. see. 4628), dispone que:

La imposición de la pena requerirá un informe pre-sentencia, el cual será mandatorio en los delitos graves y a discreción del tribunal en los delitos menos graves. Estos informes estarán a disposición de las partes.
No se impondrá ninguna limitación a la naturaleza de la información concerniente al historial completo, carácter y conducta de la persona convicta que el tribunal pueda con-siderar a los efectos de imponer sentencia.

Por otro lado la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que está en vigor desde el 3 de mayo de 1981, Ley Núm. 103 de 4 de junio de 1980, fija el siguiente procedimiento:

El tribunal, antes de dictar sentencia en los siguientes casos, deberá tener ante sí un informe que le haya sido rendido, después de haberse practicado una investigación minuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona convicta, que le permita emitir una decisión racional de sentencia:
(1) En todos los delitos graves, excepto asesinato en primer grado.
Este Informe Pre-Sentencia será preparado por el Pro-grama de Libertad a Prueba y Libertad bajo Palabra de la Administración de Corrección.
(2) En los delitos menos graves.
El tribunal utilizará en los delitos menos graves como informe pre-sentencia el “Formulario Corto de Informa-ción” requerido por la Regla 162.2 excepto cuando las cir-cunstancias particulares del caso ameriten información más amplia, en que podrá solicitarse, si a juicio del tribunal es necesaria, alguna evaluación adicional a la Administración de Corrección.
Los informes pre-sentencia se tramitarán en el plazo más breve posible y de no estar disponible el informe dentro de los términos que establece la Regla 162, el tribunal pos-pondrá el acto de dictar sentencia a fin de recibir dicho informe.
Nada de lo dispuesto en esta regla se entenderá que limita la facultad del tribunal para enmendar su sentencia conforme a lo dispuesto en estas reglas.
El tribunal dará acceso a los informes pre-sentencia a los acusados o peticionarios, a sus abogados y al ministerio fiscal, a los fines de que éstos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba.
Sólo se mantendrá como confidencial aquella informa-ción que hubiere sido prestada por personas particulares a quienes se les hubiere ofrecido dicha garantía.

Estas disposiciones están complementadas por las Reglas 162, 162.3, 162.4 y 162.5 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

En Pueblo v. Bou Nevárez, 111 D.P.R. 179, 183-184 (1981), señalamos que:

¿Qué significa esta curiosa situación? ¿Significa que cada vez que no se emendó a tiempo la legislación correspon-diente para posponer su vigencia, creándose el inevitable lapso, toda persona sentenciada durante su término tiene derecho a que se revoque’ su condena y se le sentencie nueva-mente? A nuestro juicio no. No podemos imputarle a la Asamblea Legislativa, conforme el historial de las dos dis-posiciones discutidas, el brutum fulmen de posponer la vi-gencia del Art. 59 del Código Penal, lo que tiene el efecto de no hacer disponible el informe presentencia, y a la par ordenar lo contrario. Cuando existen leyes directamente con-trapuestas es nuestro deber examinar las circunstancias que rodean su aprobación para determinar el verdadero propó-sito legislativo. A veces es posible armonizarlas; en otras ocasiones no. La repetida posposición de la vigencia de tanto el Art. 59 como la de la Regla 162.1 demuestra la intención de no poner en vigor el principio que ambas disposiciones encarnan hasta tanto se cumplan ciertas condiciones pre-vias que a juicio de la Asamblea Legislativa deben mediar. Esta conclusión se refuerza por la nueva posposición que sufre en 1980 la Regla 162.1 después del último hiato ocu-rrido. Las circunstancias en que se producen éste y otros lapsos claramente apuntan a que su creación se debió más a la inadvertencia y el descuido que a la intención deliberada de poner en vigor los principios representados por las dis-posiciones objeto de análisis. Tales hiatos no ofrecen funda-mento suficientemente sólido para reclamar que todos los individuos sentenciados en Puerto Rico durante esos inter-valos sean resentenciados.

En el escolio 6 de dicha opinión, señalamos que:

No nos estamos pronunciando en este caso sobre la situa-ción de derecho existente después de la vigencia del sistema de sentencia determinada. íd., pág. 188.

Por las razones que expondremos más adelante, tampoco tenemos que expresarnos sobre si el requisito de que se someta el informe presentencia es mandatorio y automático, después de la vigencia del sistema de sentencia determinada. O de serlo, si el mismo es extensivo a los casos, como el presente, en que el uso del privilegio de la sentencia suspendida está prohibido.

La razón para abstenernos de pronunciarnos es evidente. En primer lugar, no se plantea en este recurso. Aunque ello no resulta ser un impedimento absoluto, resolvemos que el acusado-apelante renunció al mismo al no plantearlo en ninguna de las etapas del juicio. Veamos.

Al recibirse el veredicto y fijarse la fecha para dictar la sentencia, no se le requirió al tribunal que ordenara el estudio y preparación del informe. Tampoco se hizo solicitud por es-crito antes de la vista de pronunciamiento de sentencia. Más aún en la vista sobre sentencia la defensa argumentó que pro-cedía dictar una pena atenuada. Para sostener su posición no solicitó que se pospusiera el acto hasta que se rindiera el in-forme presentencia. Tampoco lo hizo al pedir la reconsidera-ción. En ningún momento le advirtió al tribunal que no había cumplido con la obligación impuesta por el Art. 59 y la Regla 162.1. Desconocemos las razones para esta actitud. No podría-mos precisarlas sin entrar en el campo de la especulación. La más fácil de rechazar es que su abogada desconocía que dicho procedimiento estaba vigente. Es más plausible entender que no se hizo el planteamiento por tener la abogada el criterio jurídico de que los informes presentencia no son necesarios o mandatorios en los casos en que el delito no está cubierto por la ley de sentencias suspendidas. También es probable que entendiera que el informe presentencia, en lugar de benefi-ciarlo, lo iba a perjudicar y no quiso darle más armas y muni-ciones al Ministerio Público. En adición, la renuncia en estos casos puede responder al deseo de evitar el atraso que ocasionaría a los procedimientos esperar por el informe pre-sentencia en todos los casos de delito grave.

En resumen resolvemos que el apelante renunció a su derecho estatutario a solicitar que se rindiera un Informe Presentencia; Pueblo v. Meléndez Maldonado, 109 D.P.R. 109 (1979) (Derecho Constitucional a dirigirse oralmente al jurado o al juez al terminar la prueba de cargo es renunciable). Por otro lado, de los autos no surge qué perjuicios, si alguno, se le causaron al apelante por esta omisión. Pueblo v. Burgos Hernández, 113 D.P.R. 834 (1983) (omisión de efectuar la alocución que dispone la Regla 166 de Procedimiento Criminal).

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre en el resultado sin opinión escrita. El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión disidente.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Disentimos, no porque entendamos que la prueba presen-tada no sea suficiente en derecho para sostener la convicción decretada; no porque seamos del criterio que el delito come-tido por el apelante no sea, en palabras de la opinión mayori-taria, “motivo de honda preocupación” para la sociedad en que convivimos; no porque no compartamos la opinión de una mayoría de los integrantes de este Tribunal de que “la política pública del Estado es que los convictos de este delito deben ser tratados con mano fuerte y firme”; no porque creamos que el apelante en el presente caso no amerita una pena de reclu-sión de diez años de presidio.

Disentimos, llana y sencillamente, porque somos del cri-terio que la sentencia dictada en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, es nula e ilegal por razón de que la ley vigente en nuestra jurisdicción exige, como requisito sine qua non para que los tribunales de instan-cia puedan dictar sentencia, que dichos foros tengan ante sí un informe presentenciaantes de proceder a la imposición de la misma en todo caso de delito grave.

La referida legislación no representa la “concesión de un derecho” como tal al convicto de delito grave, sino que es un “deber u obligación” que nuestro legislador entendió proce-dente imponerle a los tribunales de instancia, cuya vigencia y obligatoriedad es responsabilidad de este Tribunal reconocer, sin que sea necesario “expresar —porque no nos atañe— opi-nión sobre la sabiduría o conveniencia del estatuto”. Cervece ría Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, 97 D.P.R. 44, 53 (1969); Pueblo v. Saldaña, 69 D.P.R. 711 (1949).

I

El apelante fue declarado culpable y convicto — mediante veredicto unánime rendido por el jurado que intervino en el proceso que se le celebrara— del delito de “acto [s] lascivo [s] o impúdico [s] ”, cometido en la persona de una niña de once (11) años de edad, la cual era su hijastra.

El día del acto de la imposición de la sentencia, ocurrió lo siguiente:

Llamado el caso de epígrafe en el día de hoy para el Pro-nunciamiento de Sentencia, comparece el Ministerio Público representado de su fiscal, Hon. Lizabeth Lipsett Campagne.
El acusado (preso) está presente, asistido de la Leda. Virginia Zequeira.
La Defensa solicita del Tribunal que se tome como prueba atenuante, el que el convicto era el únic[o] proveedor del hogar durante diez años. Que tiene tres hijas en el matri-monio. Que la perjudicada, a base de la prueba desfilada, tuvo una serie de contradicciones en su testimonio, sobre si era la primera vez o no que cometía el delito.
El Ministerio Público solicita que se tome como prueba agravant[e], el hecho de que el delito se cometió contra una menor de catorce años. Que fue s[u\ hijastra, la cual crió desde los dos [sie] años de edad. Que el tipo de delito y las circunstancias en que se cometió, atenían contra la niñez y la institución de la familia. Que ese delito tiene unos designios criminales.
La defensa entiende que no hay circunstancias agravantes, a base de lo que ha dicho la Fiscal. Que el delito de por sí, es ya un castigo, ya que no tiene probatoria.
Las partes argumentan sobre el particular.
Sometida la cuestión y no habiendo impedimento legal alguno, por el cual no deba dictarse sentencia en el día de hoy, el Tribunal procede a dictar la misma y condena al acusado en el caso G85-1890 por Actos Lascivos e Impú-dicos a cumplir una pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRE-SIDIO.
La defensa solicita la reconsideración de la sentencia, ya que no existen circunstancias agravantes.
El Tribunal entiende que la pena se justifica con circuns-tancias agravantes. (Énfasis suplido.)

En apelación —como único señalamiento de error— se le imputa al Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, lo siguiente:

Erró la Honorable Sala Sentenciadora en el ejercicio de su discreción al condenar al apelante a una pena de 10 años por el delito imputado.

Dejaríamos sin efecto la sentencia apelada y devolveríamos el caso al foro de instancia para que el apelante sea resenten-ciado. Veamos por qué.

1 — 1 1 — 1

Nos enfrentamos nuevamente a la problemática referente a la fecha de vigencia de las disposiciones del Art. 59 del Có-digo Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3283, y las de la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, la cual situación ha sido objeto de atención específica por este Tribunal en los casos de Pueblo v. Bou Nevárez, 111 D.P.R. 179 (1981) y Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982).

El citado Art. 59 dispone:

La imposición de la pena requerirá un informe pre-sentencia, el cual será mandatorio en los delitos graves y a discreción del tribunal en los delitos menos graves. Estos informes estarán a disposición de las partes.
No se impondrá ninguna limitación a la naturaleza de la información concerniente al historial completo, carácter y conducta de la persona convicta que el tribunal pueda con-siderar a los efectos de imponer sentencia. (Énfasis suplido.)

Por su parte, la referida Regla 162.1 establece:

REGLA 162.1. INFORME PRE-SENTENCIA
El tribunal, antes de dictar sentencia en los siguientes ca-sos, deberá tener ante sí un informe que le haya sido ren-dido, después de haberse practicado una investigación mi-nuciosa de los antecedentes de familia e historial social de la persona convicta, que le permita emitir una decisión ra-cional de sentencia:
(1) En todos los delitos graves, excepto asesinato en primer grado.
Este informe pre-sentencia será preparado por el Pro-grama de Libertad a Prueba y Libertad bajo Palabra de la Administración de Corrección.
(2) En los delitos menos graves.
El Tribunal utilizará en los delitos menos graves como informe pre-sentencia el “Formulario Corto de Informa-ción” requerido por la Regla 162.2 excepto cuando las cir-cunstancias particulares del caso ameriten información más amplia, en que podrá solicitarse, si a juicio del tribunal es necesaria, alguna evaluación adicional a la Administración de Corrección.
Los informes pre-sentencia se tramitarán en el plazo más breve posible y de no estar disponible el informe dentro de los términos que establece la Regla 162, el tribunal pos-pondrá el acto de dictar sentencia a fin de recibir dicho in-forme.
Nada de lo dispuesto en esta regla se entenderá que limita la facultad del tribunal para enmendar su sentencia conforme a lo dispuesto en estas reglas.
El tribunal dará acceso a los informes pre-sentencia a los acusados o peticionarios, a sus abogados y al ministerio fiscal, a los fines de que éstos puedan ser controvertidos mediante la presentación de prueba.
Sólo se mantendrá como confidencial aquella información que hubiere sido prestada por personas particulares a quie-nes se les hubiere ofrecido dicha garantía. 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.1.

No obstante dichas disposiciones legales estar íntimamente relacionadas entre sí, la fecha de vigencia de las mismas fue-ron objeto —en forma no uniforme— de innumerables exten-siones por parte de nuestra Asamblea Legislativa, lo que ha causado una enorme confusión y desasosiego en su aplicación. La vigencia de la Regla 162.1 fue 'pospuesta en cuatro ocasio-nes: Ley Núm. 3 de 17 de diciembre de 1974; Ley Núm. 7 de 15 de julio de 1975; Ley Núm. 16 de 21 de julio de 1977 y Ley Núm. 103 de 4 de junio de 1980. El Art. 59 (33 L.P.R.A. see. 3283) por otro lado, fue pospuesto en seis ocasiones: Ley Núm. 146 de 3 de junio de 1975; Ley Núm. 17 de 21 de julio de 1977; Ley Núm. 76 de 18 de junio de 1979; Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980; Ley Núm. 8 de 9 de junio de 1981 y Ley Núm. 26 de 25 de septiembre de 1983.

Al enfrentamos a esta situación por primera ocasión, en Pueblo v. Bou Nevárez, ante, expresamos que la adición, de la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal —realizada un día después de aprobarse el Código Penal de 1974— había tenido el propósito “a todas luces [de] complementar lo dispuesto por el Art. 59 del Código”. No obstante reconocer que la “fecha de vigencia del Art. 59 no marcha enteramente a compás con las de la Regla 162.1”, y que, por jo tanto, se habían producido ocasiones en que una había estado vigente y la otra no, resol-vimos que ello no significaba que toda persona sentenciada durante “esos períodos de tiempo” en que ello así había suce-dido tenía derecho a que se revocara su condena y se le sen-tenciara nuevamente. Expusimos que la “repetida posposición de la vigencia de tanto el Art. 59 como la de la Regla 162.1 demuestra la intención de no poner en vigor el principio que ambas disposiciones encarnan hasta tanto se cumplan ciertas condiciones previas que a juicio de la Asamblea Legislativa deben mediar”. (Énfasis suplido.)

En el caso de Pueblo v. Torres Estrada, ante, nos encon-tramos ante la situación en que a la fecha que fue sentenciado el allí apelante estaba vigente la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal pero no el Art. 59 del Código Penal. Expresamos que en vista de ello era “nuestra obligación armonizar, si posible, la aparente contradicción. Nos parece que ello es factible si consideramos que el Art. 59 se refiere específicamente al in-forme antes de que se pronuncie la sentencia contra el acu-sado, haciéndolo mandatorio para delitos graves y discrecional para delitos menos graves, mientras que la Regla, 162.1, por su relación con otras disposiciones, puede interpretarse que aplica al informe que es requerido del Oficial Probatorio para la determinación sobre si se concede al acusado el beneficio de suspender los efectos de la sentencia impuesta”. (Énfasis suplido.)

En otras palabras, no obstante resolver que las dos men-cionadas disposiciones reglamentan “situaciones diferentes”, desde ese momento reconocimos que el Art. 59 —en la fecha que entrara en vigor— tendría la consecuencia inescapable de obligar a los tribunales de instancia a tener ante sí, para poder proceder a dictar sentencia en casos de delitos graves, un informe presentencia.

A la fecha en que el aquí apelante fue sentenciado —24 de octubre de 1985— estaban vigentes ambas disposiciones le-gales: la Regla 162.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, desde el 3 de mayo de 1981 y el Art. 59 del Código Penal desde el 22 de septiembre de 1984. Ello es indicativo de que nuestra Asamblea Legislativa finalmente entendió que ya llegó el momento en que se d,ebe “poner en vigor el principio que ambas disposiciones encarnan”. Pueblo v. Bou Nevárez, ante, pag. 183. Ciertamente no nos corresponde a nosotros pasar juicio sobre la sabiduría de dicha decisión. Cervecería Corona, Inc. v. Srio. Obras Públicas, ante. Por otro lado, el poder ejecutivo ha tenido aviso y tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias para poderle dar cumplimiento a este mandato.

Mediante la decisión que hoy emite una mayoría del Tribunal, sin embargo, se resuelve que no existe necesidad de que este Tribunal se exprese “sobre si el requisito de que se someta el informe presentencia es mandatario y automático” por ra-zón de que la cuestión “no se plantea en este recurso”, y que aun cuando “ello no resulta ser impedimiento absoluto, resol-vemos que el acusado-apelante renunció al mismo al no plan-tearlo en ninguna de las etapas del juicio”. (Énfasis suplido.) En otras palabras —y aun cuando así específicamente no se expresa— la opinión mayoritaria considera que el Art. 59 lo que establece es un “derecho”, y que como “derecho estatuta-rio”, el mismo se entiende renunciado al no ser reclamado afir-mativamente por el acusado. Véase Morales Narváez v. Gobernador, 112 D.P.R. 761 (1982).

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¿Es ello correcto? ¿Se trata realmente de un “derecho” que, como “derecho” al fin, siempre es renunciable? Creemos que no; veamos por qué:

A. Los informes rendidos por la Comisión de lo Jurídico de ambas Cámaras Legislativas relativos al proyecto de ley que en el año de 1974 finalmente se convirtió en el vigente Código Penal de Puerto Rico, demuestra que el “producto final” fue el resultado de largos años de estudio, análisis y esfuerzos; proceso que comenzó en el año de 1967. Se expresa en dichos informes que la “Parte General” del referido cuerpo legal incluye “las normas básicas y rectoras de todo el ordena-miento penal”. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 3001.

Resulta, en nuestra opinión, significativo que el citado Art. 59 se encuentra precisamente en esa “parte general” y que el legislador consideró necesario incluirlo en el Código Penal pro-piamente y no como una disposición adicional en el cuerpo de reglas que rige el procedimiento criminal.

Por otro lado, resulta igualmente procedente enfatizar que el 'principio de que la pena a ser impuesta a un convicto de delito debe hacerse “sobre bases individuales” y que se debe facultar “a los tribunales y las instituciones del estado con-cernidas para que así puedan hacerlo . . .” permea todo el vi-gente Código Penal; lo cual, a su vez, constituye la razón de ser del informe presentencia que mandatoriamente requiere el referido Art. 59 en todo caso de delito grave. Véase Informes de las Comisiones sobre el Anteproyecto de Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3001.

B. Como es sabido, la regla de interpretación contenida en el Art. Id- del Código Civil de Puerto Rico —a los efectos de que ante el lenguaje claro, explícito y libre de toda ambigüe-dad o duda de un estatuto, no cabe -menospreciar la letra de la ley bajo el pretexto de cumplir su espíritu, máxime cuando el espíritu o intención del estatuto y su letra son la misma cosa— es de aplicación lo mismo a las leyes penales que civiles. Véanse: Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966). Debe mantenerse presente, en adición, que el texto claro de una ley es la expresión por excelencia de la in-tención legislativa. Rodríguez Rodríguez v. Gobernador, 91 D.P.R. 101 (1964); López v. Muñoz, Gobernador, 81 D.P.R. 337 (1959).

C. Dispone el citado Art. 59 del Código Penal, en lo perti-nente, que: “La imposición de la pena requerirá un informe pre-sentencia, el cual será mandatorio en los delitos graves y a discreción del tribunal en los delitos menos graves.” (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 3283.

D. El término “mandatorio” procede de la palabra “man-dar”, la cual según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 864, significa, entre otros, “imponer un pre-cepto . . . , manifestar uno la voluntad de que se haga una cosa”. (Énfasis suplido.) La palabra “discreción” por otro lado, según la misma fuente, significa, entre otros, “. . . [a] 1 arbitrio o buen juicio de uno”. (Énfasis suplido.) Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, op. cit., Yol. I, pág. 505.

E. Debido a lo anteriormente reseñado es que hemos ex-presado, sin ambages de clase alguna, que cuando la ley or-dena que mandatoriamente se siga un procedimiento en particular, así tiene “el juez que ordenarlo”. Pueblo v. González de Demora, 92 D.P.R. 75, 81 (1965).

F. Como hemos visto, el citado Art. 59 requiere mandato-riamente un informe presentencia en todo caso de delito grave. Procede que nos cuestionemos, ¿a quién va dirigido el requeri-miento? La contestación es palpablemente sencilla: al que im-pone la pena. ¿Quién impone la pena? La respuesta es obvia: el tribunal.

¿Se trata meramente de un “derecho” que se le concede al convicto o, por el contrario, de una obligación con la cual tiene el tribunal que cumplir? Somos del criterio que nos encontra-mos ante un “deber” que se le impone al tribunal, el cual éste tiene que mandatoriamente realizar. Esto es, el estatuto cla-ramente exige del tribunal que —como condición previa o requisito sine qua non— tenga ante sí un informe presenten-cia antes de proceder a dictar la misma en todo caso de delito grave; el cual informe le permitirá a dicho foro “individuali-zar” la pena a ser impuesta. Dicho “deber” es uno “minis-ferial” que el legislador entendió procedente imponerle al juez, el cual no admite discreción en su ejercicio, y que resulta man-datorio e imperativo. Cf. Pagan v. Towner, 35 D.P.R. 1, 3 (1926); Lutz v. Post Gobernador de Puerto Rico, 14 D.P.R. 860, 875 (1908).

¿Puede un acusado-convicto “renunciar” a un deber u obli-gación que la ley mandatoriamente le impone al tribunal? ¿Se debe entender que el tribunal queda excusado de cumplir con un claro mandato legislativo que le requiere y exige hacer algo como condición para dictar sentencia meramente porque el convicto no le reclamó afirmativamente que cumpliera con ese deber aue el legislador específicamente le impuso? La posición que asume una mayoría de los integrantes de este Tribunal en el presente caso —a los efectos de que no obstante el estatuto requerir el informe en forma mandatoria, por tratarse de un “derecho”, éste puede ser “renunciado” por el convicto— nos puede llevar, inclusive, al absurdo. Como es sabido, y a ma-nera de ejemplo, la Ley Núm. 106 de 4 de junio de 1980 en-mendó la Regla 180 de Procedimiento Criminal a los efectos, según ello surge de su exposición de motivos, de establecer “como mandatoria la imposición de una sentencia consecutiva cuando una persona que está acusada por la comisión de un delito grave y que se encuentre en libertad bajo fianza, comete un delito nuevamente”. (Énfasis suplido.) 1980 Leyes de Puerto Rico 367. Al amparo de la teoría que sustenta una mayoría del Tribunal, el juez de instancia que tenga que sen-tenciar bajo estas circunstancias a un convicto de delito po-dría no tener que cumplir con el deber u obligación que man-datoriamente le impone la mencionada Ley Núm. 106 si el convicto, en palabras de la opinión mayoritaria, renuncia “al mismo al no plantearlo en ninguna de las etapas del juicio”.

Somos de la opinión, insistimos, que los términos inequívo-cos en que está concebido el citado Art. 59 constituyen un claro mandato legislativo, los cuales no permiten ni otra in-terpretación ni otra solución en el presente caso.

Definitivamente la Asamblea Legislativa ha entendido pro-cedente —la sabiduría de la cual, repetimos, no nos corres-ponde cuestionar— exigir que en todo caso de delito grave se realice una investigación y se le someta al tribunal un informe que le permita a dicho foro “individualizar” la pena. Entende-mos que ese “deber” que se le ha impuesto a los tribunales de instancia representa una obligación que se ha autoimpuesto el Estado a los fines de que se lleve a efecto y se implante la “filo-sofía penal” que permea el Código Penal de 1974; situación que resulta en beneficio de la sociedad puesto que tendrá el resultado deseado de que a cada convicto de delito grave le será impuesta la pena que se merece.

En vista de todo lo antes expresado, somos de la opinión que la sentencia dictada en el presente caso, sin que el tribunal sentenciador haya contado con un informe presentencia, es nula e ilegal; teniendo este Tribunal en esta etapa de los pro-cedimientos no sólo el deber de así reconocerlo, sino la facultad y el poder de ordenar, inclusive sua sponte, que el apelante sea resentenciado. Véanse: Pueblo v. González de Demora, ante; González De Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 31 (1964); Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834 (1963).

I — f <3

Procede que nos expresemos, en adición, sobre si el tribunal de instancia, al momento de dictar sentencia, cumplió o no con las disposiciones de la Regla 162 de Procedimiento Criminal, según ésta ha sido enmendada. Consideramos necesario expresarnos sobre la materia por cuanto ello puede evitar que nuestros tribunales de instancia cometan errores en el futuro inmediato.

Como es sabido, nuestra Asamblea Legislativa tuvo a bien establecer en el año de 1980 el sistema de sentencia determi-nada, Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980. Se estableció que:

Cuando el tribunal condenare a pena de reclusión dictará una sentencia determinada que tendrá término específico de duración. En los casos de delito grave se impondrá el tér-mino fijo establecido por ley para el delito. De existir cir-cunstancias agravantes o atenuantes, deberá aumentar o disminuir la pena fija dentro de los límites establecidos en la ley para el delito. En estos casos el término de reclusión a imponerse también será fijo. (Énfasis suplido.) 33 L.P.R.A. see. 3282. '

En la Exposición de Motivos de la referida Ley Núm. 100 se expresó que el anterior sistema de sentencia indeterminada era uno que propiciaba la disparidad en las sentencias. Se entendió que con el nuevo sistema se lograría un mayor grado de certeza en las penas impuestas, lo cual se espera opere “como factor disuasivo de futura conducta criminal por parte de los delincuentes potenciales y propicie uniformidad de ma-nera que cada delito se castigue de acuerdo con su grave-dad”.

La aprobación de la mencionada Ley Núm. 100 requirió enmiendas al Código Penal de Puerto Rico, a la Ley Or-gánica de la Administración de Corrección, y a las Reglas de Procedimiento Criminal. En cuanto a estas últimas —en específico y en lo pertinente— se enmendó la mencionada Regla 162, la cual lee ahora como sigue:

REGLA 162. SENTENCIA; DEFINICI[Ó]N; CU[Á]NDO DEBER [Á] DICTARSE
El termino “sentencia”, significa el pronunciamiento hecho por el tribunal en cuanto a la pena que se le impone al acusado.
El tribunal al tiempo de imponer sentencia deberá ex-plicar verbalmente o por escrito las razones para la imposi-ción de la sentencia.
Cuando se pronunciare un fallo condenatorio en casos de delitos graves (felonies) el tribunal señalará una fecha para dictar sentencia que será, por lo menos, tres días después de dicho fallo. En casos de delitos menos graves (misdemeanors) el tribunal deberá dictar sentencia no más tarde del día siguiente al del fallo. En ningún caso se dictará sentencia antes de haber sido resuelta cualquier moción de nuevo juicio o moción para que no se dicte sentencia o antes de dar debida consideración al informe pre-sentencia que se requiere de acuerdo a la Regla 162.1.
Las reglas de evidencia no se aplicarán en la fase de sen-tencia, excepto lo concerniente a privilegios, según lo con-tenido en las Reglas 23 a 35 de las Reglas de Evidencia de Puerto Rico, Apéndice IV del Título 32. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 162.

Como podemos notar, la transcrita regla exige que el tribunal “explique” las razones por las cuales impone una pena en particular. Ello, naturalmente, tiene relación directa con la determinación que haga el tribunal sobre la existencia o no de circunstancias agravantes o atenuantes, las que, como sabemos, facultan al tribunal para imponer una pena fija mayor o menor, según sea el caso. 33 L.P.R.A. see. 3282. Por otro lado se entendió —según ello surge de la Exposición de Motivos de la citada Ley Núm. 100— que el exigirle a los jueces de ins-tancia esta “explicación” tendrá el efecto de evitar la “arbi-trariedad” en la imposición de las penas. En adición a lo antes expresado, debe mantenerse presente que el hecho de que los tribunales de instancia vengan obligados a pormenorizar las razones que hayan tenido para apartarse de la pena “ordina-ria” prefijada por el estatuto facilita la función revisora de este Tribunal ante la impugnación de la misma, como “arbi-traria y abusiva”, por parte de los convictos-apelantes. Debe enfatizarse, por último, que esta “exigencia” complementa las disposiciones del antes citado Art. 59 del Código Penal.

En el presente caso, el apelante fue declarado culpable de infringir el Art. 105 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4067. Dispone dicho artículo:

Actos lascivos o impúdicos
Toda persona que sin intentar consumar acceso carnal co-metiere cualquier acto impúdico o lascivo con otra, será sancionada con pena de reclusión según más adelante se dis-pone si concurriera cualesquiera de las siguientes modali-dades :
(a) Si la víctima fuere menor de 1U años.
(b) Si la víctima ha sido compelida al acto mediante el empleo de fuerza física irresistible o amenaza de grave e inmediato daño corporal, acompañada de la aparente apti-tud para realizarlo, o anulando o disminuyendo sustancial-mente, sin su conocimiento, su capacidad de resistencia a través de medios hipnóticos, narcóticos, deprimentes o esti-mulantes o sustancias o medios similares.
(c) Si la víctima, por enfermedad o defecto mental tem-porero o permanente, estuviere incapacitada para consentir legalmente.
La pena de reclusión a imponerse por este delito será de un término fijo de seis (6) años, excepto cuando se trate de la modalidad del delito contenida en el inciso (a) de esta sección. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de ocho (8) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de cuatro (4) años.
En la modalidad del delito a que se refiere el inciso (a) de esta sección, la pena de reclusión será por un término fijo de ocho (8) años. De mediar circunstancias agravantes, la pe'im fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de diez (10) años; de mediar circunstancias atenuantes, po-drá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.
El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adi-ción a la pena de reclusión establecida en cualquiera de las modalidades anteriormente señaladas o ambas penas. (Én-fasis suplido.)

El foro de instancia ofreció —según ello surge de la “mi-nuta” transcrita al comienzo de la ponencia— como única explicación para imponerle al aquí apelante la pena máxima de diez (10) años de prisión que “[e]l Tribunal entiende que la pena se justifica con circunstancias agravantes”. Ello ni cumple con el mandato legislativo ni pone en condiciones a este Tribunal para poder resolver, 'en apelación, si dicho tribunal abusó o no de su discreción al así actuar. Podría argu-mentarse que el tribunal de instancia adoptó implícitamente los “agravantes” a que hizo referencia el representante del Ministerio Público; esto es, que el delito se cometió contra una menor de 14 años, que dicha menor era la hijastra del ape-lante, y que el delito atenta contra la niñez. Debe observarse, sin embargo, que el propio Art. 105 del Código Penal contem-pla esta situación y “agrava” la pena a imponerse cuando se trata de una menor de catorce años.

Los tribunales de instancia al apartarse de la pena fija contemplada por el estatuto —ya sea reduciéndola, en caso de circunstancias atenuantes, o aumentándola, en casos de circunstancias agravantes— deben expresar para récord, en forma clara y precisa, el porqué de su proceder.

V

Han resultado proféticas las palabras que expresáramos hace escasamente unos días, al disentir de la decisión emitida en Torres, Ex parte, 118 D.P.R. 469 (1987), a los efectos de que:

Hoy, so pretexto de que resulta conveniente para los hijos de padres divorciados, se interviene con la letra expresa de un estatuto y se interpreta el mismo de forma acomodaticia a unas creencias personales. Mañana se puede intentar vio- lentar el mandato expreso de otras leyes con consecuencias mucho más graves para nuestros conciudadanos. Es por ello que disentimos. (Énfasis suplido.)

Dejaríamos sin efecto la sentencia apelada y devolvería-mos el caso al tribunal de instancia para que el apelante sea resentenciado.

       Aunque descritos por la menor y su madre en otra forma, en esencia se trató de acercamiento bucal al área de la vagina de la niña. También hubo prueba de que él, en ocasiones anteriores, le acariciaba los pechitos.

       A raíz de estos hechos la madre de la menor se divorció del apelante.

       Minuta de 17 de octubre de 1985 (Autos, pág. 32). La Ley Núm. 160 de 20 de julio de 1979, incluyó el delito de actos lascivos e impúdicos contra menores de catorce años, dentro de los que están excluidos del beneficio de suspensión de sentencia y libertad a prueba; 34 L.P.R.A. see. 1027. Siendo ello así, el tribunal venía obligado a ordenar la encarcelación hasta que se dictara la sentencia. Regla 165 de Procedimiento Criminal.

       Su abogada, Lie. Virginia Zequeira renunció a la representación por diferencias irreconciliables con el acusado.

      La única aparente discrepancia en el testimonio de la menor perju-dicada, es si los actos del apelante comenzaron cuando ella tenía cinco o nueve años.

      E1 inciso (d) fue añadido por la Ley Núm. 76 de 9 de julio de 1986.

      En la misma obra se nos señala que:
      “Obsérvese que en los casos de las víctimas que tienen protección del ordenamiento jurídico por razón de su inmadurez mental, fuera por razón de tener catorce años o por defecto o incapacidad mental, el tipo no requiere que se emplee fuerza física ni que la persona no consienta al acto. Se trata de sujetos pasivos que el Estado tiene que proteger de actos impúdicos rea-lizados por personas con el pleno dominio de sus facultades y capacidades físicas. No obstante, en esos casos, al igual que en el delito de violación, el acusado podría presentar una defensa de error de hecho. La misma estaría dirigida a demostrar que no hubo intención delictiva por cuanto creyó que el consentimiento que prestó la víctima era válido.” D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Pico, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, págs. 190-191.

       Especialmente el estigma imborrable que acarrea para las víctimas, y los daños físicos y mentales que los actos sexuales y el proceso en sí le causan a éstas. Véase Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715, 736 (1980).

      E1 último párrafo fue incorporado por la Ley Núm. 23 de 12 de mayo de 1986. Esta regla debe verse en armonía con el Art. 60 del Código Penal que establece lo siguiente:
      “Los objetivos generales que informan la imposición de la pena son los siguientes:
      “(a) La protección de la sociedad y la prevención de la delincuencia, “(b) El castigo justo al autor del delito.
      “(c) La rehabilitación moral y social del autor dentro de los recursos disponibles del Estado.
      “(d) El logro de la uniformidad en la imposición de la pena.
      “(e) La consideración de la naturaleza disuasiva de la pena.
      “Dentro de los límites establecidos por la ley, las penas se fijarán de acuerdo a la mayor o menor gravedad del hecho cometido y tomando en con-sideración, entre otras, las siguientes circunstancias:
      “ (a) La naturaleza de la acción u omisión delictuosa.
      “ (b) Los medios empleados.
      “ (c) La importancia de los deberes transgredidos.
      “(d) La extensión del daño [o] del peligro causado.
      “(e) La edad, educación, historial social y reputación del autor.
      “ (f) La conducta relacionada con el delito antes, durante y después de la comisión del mismo.
      “ (g) La calidad de los móviles del hecho.
      “(h) La conducta de la víctima relacionada con la transacción delic-tuosa.
      “Las relaciones, circunstancias y cualidades personales que aumenten o disminuyan la pena, afectará solamente a la persona a quien correspondan.” 33 L.P.R.A. see. 3284.

      Las Reglas 162.3, 162.4 y 162.5 de Procedimiento Criminal leen así:
      “REGLA 162.3. NOTIFICACIÓN, OBJECIONES
      “Una vez rendidos los informes pre-sentencia, el tribunal notificará prontamente ese hecho a las partes quienes podrán objetarlos dentro del término de diez días, a contar desde su notificación.
      “Se especificará qué partes del informe se pretende controvertir me-diante la presentación de prueba. Si los informes fueren objetados, el tribunal celebrará una vista.
      “REGLA 162.4. SENTENCIA; PRUEBA SOBRE CIRCUNSTAN-CIAS ATENUANTES O AGRAVANTES
      “Tanto el acusado como el fiscal podrán solicitar del tribunal que es-cuche prueba de circunstancias atenuantes o agravantes a los fines de la im-posición de la pena. Si de las alegaciones sometidas surgiere que existe con-troversia real sobre un hecho material que requiriere la presentación de prueba, entonces el tribunal celebrará una vista en el más breve plazo posi-ble, en la cual:
      “(a) El fiscal podrá presentar prueba de circunstancias agravantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia rigurosa o el que no se deban suspender los efectos de la sentencia o, en caso contrario, que se im-pongan condiciones estrictas.
      “(b) El acusado podrá presentar prueba de circunstancias atenuantes que a su juicio justifiquen que se dicte una sentencia benigna o que se sus-pendan los efectos de la misma.
      “REGLA 162.5. INFORMES PRE-SENTENCIA, CIRCUNSTAN-CIAS ATENUANTES O AGRAVANTES; CONSOLIDACIÓN DE VISTA
      “Si una parte presentare una moción bajo la Regla 162.1 y ella o la otra parte presentare otra moción bajo la Regla 162.4 o en la misma mo-ción acumulare reclamos bajo ambas reglas, el tribunal, a menos que no fuere factible, considerará ambos asuntos en una misma vista.” 34 L.P.R.A. Ap. II.
      Leídas en conjunto, concluimos que la solicitud sobre prueba de circuns-tancias agravantes o atenuantes puede considerarse antes o después de reci-birse, en los casos apropiados, el informe presentencia.

       Estos informes pueden perjudicar a los acusados que van a solicitar una pena atenuada o fianza en apelación. Notamos que las Reglas 165 y 198 de Procedimiento Criminal aparentan ser incompatibles. El convicto de un delito en que no puedan suspenderse los efectos de la sentencia, se le cancela la fianza tan pronto se rinde el fallo condenatorio, Regla 165 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Sin embargo, después que se le dicta la sentencia y apela tiene derecho a solicitar que se le fije fianza en apelación. En el primer caso el tribunal no tiene discreción alguna, en el segundo la tiene.

       Posibilidad recogida en el Informe del Comité sobre Normas y Ob-jetivos para Acelerar el Trámite de Casos en el Tribunal de Primera Instan-cia, 1984, Vol. I, págs. 205-206.

       Por vía de dictum en Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982), señalamos que el informe bajo el Art. 59 es mandatorio. Ello no quiere decir que el derecho es absoluto e irrenunciable. Contrario a lo resuel-to en Pueblo v. Rivera Rodríguez, 112 D.P.R. 149 (1982) (se anuló sentencia que concede probatoria sin tener el informe del Oficial Probatorio), aquí la omisión no afectó la legalidad de la sentencia. Véase opinión disidente del Juez Asociado Señor Irizarry Yunque en Pueblo v. Rivera Rodríguez, supra, pág. 153.

       Art. 105 del Código Penal de Puerto Rico, S3 L.P.R.A. see. 4067.

       Minuta del día 24 de octubre de 1985.

       Aprobado por la Ley Núm. 115 de 22 de julio de 1974.

       Adicionada mediante la Ley Núm. 172 de 23 de julio de 1974.

         Pueblo v. Bou Nevárez, 111 D.P.R. 179, 181 (1981).

        Pueblo v. Bou Nevárez, ante, págs. 183-184.

        Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307, 311 (1982).

      No hay duda de que se puede argumentar que el informe presenten-cia que requiere el Art. 59 se “justificaba más” bajo el antiguo sistema de sentencia indeterminada por cuanto bajo el mismo las penas a imponerse podían variar considerablemente.

        Debemos mantener presente, sin embargo, que aun bajo el sistema actual de sentencia determinada el tribunal tiene tres (8) alternativas u op-ciones al sentenciar a una persona por la comisión de todo delito grave, ex-cepto en el caso de asesinato en primer grado.
      En adición, es importante recordar que el legislador, al aprobar el sistema de sentencia determinada en el 1980, no derogó el Art. 59; por el contrario, lo que hizo fue posponer su vigencia. Ello, a nuestro juicio, es un claro indicador de su intención y deseo de que dicha disposición legal forme parte de nuestro ordenamiento jurídico.

       Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 100 de 4 de junio de 1980.

      Ley Núm. 101 de 4 de junio de 1980.

       Ley Núm. 102 de 4 de junio de 1980.

      Ley Núm. 103 de 4 de junio de 1980.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
      In re Ángel M. Ciordia, querellado.

      Número: CE-86-814

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados del querellante; Je-sús M. Palmer, abogado del querellado.
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 3 de abril de 1987

En noviembre de 1985 el Sr. Rogelio Arroyo Ramos pre-sentó en la Secretaría del Tribunal Supremo, a tenor con lo dispuesto en la Regla 13(b) del Reglamento del Tribunal Supremo, una queja debidamente juramentada contra el Lie. Ángel Manuel Ciordia. Luego de habérsele dado oportunidad al licenciado Ciordia para expresarse, el 13 de febrero de 1986 ordenamos al Procurador General realizar una investigación y rendir un informe sobre la misma. El 23 de mayo de 1986 el Procurador General presentó el informe y el 5 de junio el Tribunal le devolvió el expediente y ordenó ampliar el informe indicándole específicamente que entrevistara “a varios de los demandantes en el pleito llevado contra Chas F. Smith, Inc., así como a las señoras Catalina Sánchez e Isabel Alers, que fueron representadas por el querellado”. Exhibit K, Anejo VI, pág. 88. El 6 de octubre de 1986 el Procurador General pre-sentó un informe suplementario y el 24 de octubre le ordena-mos radicar querella contra el licenciado Ciordia. En relación con esta resolución el licenciado Ciordia solicitó reconsidera-ción, la cual fue denegada el 13 de noviembre de 1986.

El 12 de diciembre de 1986 se presentó la querella, la cual fue contestada el 29 del mismo mes. El 23 de enero de 1987 designamos al Hon. Vicente López Pérez, Juez Especial, para que actuara como Comisionado Especial en este caso. El 11 de febrero se celebró una conferencia con antelación a la vista en la cual la Procuradora General Auxiliar, Eliadís Orsini Za-yas, informó que “había ciertos aspectos que [ameritaban] ser evaluados”. El Comisionado concedió un término para rendir un informe sobre “la teoría de las partes y la prueba docu-mental y testifical”.

Así las cosas, el 4 de marzo de 1987 el Procurador General presentó una escueta moción en la cual, sin explicar ni funda-mentar, informó a este Tribunal que la Oficina del Procurador General había retirado los cargos contra el Lie. Ángel Manuel Ciordia.

Un vez este Tribunal ordena al Procurador General realizar una gestión relacionada con algún procedimiento disciplinario, el Procurador no puede, motu prop rio, dejar de cumplir con la misma. Comenzado el procedimiento disciplinario mediante la presentación de querella, es al Tribunal al que le corresponde determinar si ordena que se retiren los cargos, que se archive la querella o que se impongan sanciones disciplinarias. De estimar el Procurador General, por alguna razón o causa, que se deben retirar los cargos o de alguna forma variar o modificar la orden del Tribunal, deberá solici-tar permiso mediante moción bien fundamentada.

Por todo lo antes expuesto, se ordena al Procurador General, que dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de esta resolución, comparezca a ex-plicar y fundamentar debidamente su solicitud para que se le permita retirar los cargos contra el licenciado Ciordia.

Se ordena la publicación de esta resolución.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

(Fdo.) Bruno Cortés Trigo Secretario General


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Aida L. Vega Arriaga, etc., demandantes, J. C. Penney Company, Inc., etc., demandadas, v. Pepsi-Cola Bottling Co., demandada y recurrente, Cooperativa de Transporte de Carga General de los Vaqueros, tercera demandante y recurrente, The Royal Insurance Co. of Puerto Rico, Inc., tercera demandada y recurrida.

      Número: RE-86-483

      Resuelto: 7 de abril de 1987

      Luis R. Dávila Colón y C. A. Chavier Stevenson, abogados de las recurrentes; Amando Arias Guardiola, de Arias Cestero & Arias Guardiola, abogado de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud de la Cooperativa de Transporte de Carga General los Vaqueros (la Cooperativa) y la Pepsi-Cola Bottling Co. (Pepsi-Cola), mediante trámite de mostrar causa revisamos la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictada en un pleito de daños y perjuicios. El tribunal a quo se negó a ordenarle a la aseguradora de la Cooperativa que le reembolsara los gastos en que ésta incurrió al defen-derse de las reclamaciones instadas en su contra. La contro-versia gira exclusivamente en torno a cuál es el alcance de la obligación que tiene una aseguradora de asumir la represen-tación legal de su asegurado.

A la luz de un examen de la póliza de seguros y de las alegaciones en la demanda original, confirmamos la sentencia del tribunal de instancia.

I

La demandante Aida L. Vega Arriaga, et al., presentó acción en daños y perjuicios contra varias codemandadas por la muerte de su esposo, Sr. José Tirado Serrano, en un trá-gico suceso ocurrido cuando un camión de la Cooperativa, con-tratado por Pepsi-Cola, derribó unos cables telefónicos de la Autoridad de Comunicaciones. Según los hechos que funda-mentan la causa de acción y que fueron probados en el juicio, el señor Tirado Serrano murió al ser impactado por un cable tensor que se desprendió cuando un segundo camión —con-ducido por un empleado de J. C. Penney— partió el poste que sostenía el cable.

La Pepsi-Cola, una de las codemandadas, instó demanda contra tercero y trajo al pleito a la Cooperativa. Alegó que ésta se obligó contractualmente a obtener una póliza de segu-ros para proteger a Pepsi-Cola de cualquier reclamación por daños o muerte que surgiera de las operaciones llevadas a cabo bajo el contrato de acarreo que existía entre las partes. La Cooperativa, a su vez, exigió cubierta a The Royal Insurance Co. of Puerto Rico, Inc. (Royal Insurance), y a estos efectos presentó una demanda contra tercero. Alegó que Royal Insurance tenía en vigor al momento del accidente la póliza GA-09765 con todos sus anejos y endosos. Mediante la misma se obligaba a defender e indemnizar a todos los dueños de ca-miones afiliados a la Cooperativa en caso de demanda por daños y perjuicios ocurridos en la operación de dichos vehícu-los. Solicitó en síntesis que el tribunal dictara sentencia en contra de Royal Insurance y le ordenase el reembolso e indem-nización de todas las costas y gastos de honorarios de aboga-do en que la Cooperativa había tenido que incurrir en el caso de epígrafe y en el Caso Civil Núm. 88-0998, pendiente ante la Corte de Distrito Federal de Estados Unidos.

Resuelto el pleito de daños, tanto Pepsi-Cola como la Cooperativa fueron exoneradas de toda responsabilidad en re-lación con el accidente que provocó la demanda. El tribunal de instancia desestimó las demandas contra terceros sin especial consideración de las mismas. Inconformes recurren ante nos y aducen que, como resultado de la negativa de Royal Insurance de brindarles cubierta, tanto la Cooperativa como Pepsi-Cola han incurrido en gastos de honorarios, costas y deposi-ciones para su defensa, en una cantidad que sobrepasa los $30,785.95. Mediante una orden de mostrar causa, Royal Insurance compareció y estamos en posición de resolver sin ul-teriores procedimientos.

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En su contestación, la compañía de seguros expone que tanto las alegaciones como los hechos probados colocan los daños ocurridos fuera de la cubierta de la póliza. Señala que la póliza de seguros expedida a la Cooperativa no incluía a Pepsi-Cola como asegurada adicional y que tampoco cubría la responsabilidad contractual contraída por la empresa de ca-miones, en virtud de una cláusula de exclusión contenida en dicha póliza. Finalmente, sostiene que el accidente que motivó la demanda de tercero estaba fuera del ámbito de la cubierta del seguro porque el camión envuelto había sido excluido de la póliza a solicitud de la propia Cooperativa un mes antes del accidente. Un examen cuidadoso de todos los documentos sometidos por ambas partes nos convence que tiene razón la compañía de seguros.

HH HH HH

En nuestra jurisdicción prevalece la norma de que cuando un asegurador ha incumplido su obligación de representar legalmente al asegurado, la concesión de costas y honorarios de abogado en la litigación por el asegurado es remedio adecuado. La procedencia del reembolso depende de si el asegurador ha rehusado cumplir con sus deberes bajo la póliza. Mun. of San Juan v. Great Ame. Ins. Co., 117 D.P.R. 632 (1986).

De otra parte, nuestra jurisprudencia ha prevenido que “ [c] uando las alegaciones del demandante establecen hechos que sitúan el daño dentro de la cubierta de la póliza por ‘accidente’ o involuntariedad, la aseguradora no puede negar asistencia legal a su asegurado, independientemente de cuál sea la adjudicación final por sentencia del tribunal competente”. Morales Garay v. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701, 708 (1981).

Aunque el deber del asegurador es “defender” al asegurado de acciones bajo las cubiertas del contrato, y esta obligación es, por los propios términos de la póliza en controversia, coextensiva con la de “indemnizar”, su deber se mide “en primer término, por las alegaciones del demandante”. Fernández v. Royal Indemnity Co., 87 D.P.R. 859, 863 (1963). Las alegaciones tienen que establecer hechos que coloquen el daño dentro de la cubierta de la póliza. En otras palabras, la obligación de asumir la representación legal surge cuando de una interpretación liberal de las alegaciones existe una posibilidad de que el asegurado esté protegido por la pó-liza expedida. El deber de proveer representación existe inde-pendientemente del resultado del caso y de cuál sea la adju-dicación final. 14 Couch on Insurance 2d Sec. 51:42, págs. 452-454 (1982); Nota, The Insurer’s Duty to Defend and the Results of its Breach, 30 S.D.L. Rev. 125 (1984); E. Bader, California Liability Insurer’s Duty to Defend: How Far Does it Extend?, 52 Ins. Couns. J. 252 (1985); 7C Apple-man, Insurance Law and Practice Sec. 4682 (1979); Comen-tario, The Insurer’s Duty to Defend Under a Liability Insurance Policy, 114 U. Pa. L. Rev. 734 (1966); Nota, Insurance Company’s Dilemma: Defending Actions Against the Assured, 2 Stan. L. Rev. 383 (1950); L. Roos, The Obligation to Defend and Some Related Problems, 13 Hastings L.J. 206 (1961).

Las afirmaciones pertinentes están contenidas en la alega-ción Núm. 10 de la Demanda en el Caso Civil Núm. 83-3056 del Tribunal Superior, Sala de San Juan.

10. Allá para el 2 de septiembre de 1982 la codemandada American International Insurance Company, tenía expedida y en pleno efecto y vigor una póliza de automóvil cubriendo la responsabilidad pública de su asegurado Pepsi [-] Cola Bottling Company, Inc. cubriendo daños como los aquí recla-mados, motivo por el cual, dicha codemandada responde con-juntamente con su asegurado, de los daños antes descritos y reclamados en la presente acción civil.

Los hechos expuestos en esta alegación no vinculan a la Cooperativa con la ocurrencia del accidente. Por el contrario, lo que establecen es que Pepsi-Cola tiene una póliza con una compañía de seguros que responde por cualquier sentencia en contra de su asegurado.

Por otro lado, el pedido formulado por Pepsi-Cola me-diante demanda contra tercero para que la Cooperativa asu-miera la defensa de la empresa de refrescos estuvo basado en un contrato suscrito entre la Cooperativa y Pepsi-Cola. En el acuerdo la Cooperativa se comprometió a obtener un seguro que cubriera a Pepsi-Cola. No lo hizo. Por esta razón, Pepsi-Cola no era una asegurada de Royal Insurance.

La póliza vigente añadió mediante endoso especial a nu-merosas aseguradas adicionales para las cuales la Cooperativa transportaba carga en furgones. Cuando la póliza se expidió originalmente, dichas entidades fueron incluidas como ase-guradas adicionales a solicitud de la Cooperativa. Es claro que las mismas tenían interés en estar protegidas directamente bajo la póliza del dueño del camión frente a reclamaciones de terceros. Sin embargo, por razones que desconocemos, la Coope-rativa no tramitó dicho endoso a favor de Pepsi-Cola. El efecto del mismo hubiera sido el de conferirle un status pleno de ase-gurada.

Por otra parte, la póliza expedida por Royal Insurance claramente estipula-en su primera exclusión que aquélla “no aplica a la responsabilidad asumida por el asegurado bajo cualquier contrato o acuerdo”. (Traducción nuestra.) {“This insurance does not apply to liability assumed by the insured under any contract or agreement.”)

Esta cláusula, que no es ambigua, responde plenamente a la naturaleza de las cubiertas denominadas comprehensive. El propósito de la exclusión es claro. Se limita el contenido de la cubierta de la póliza al campo de la responsabilidad extra-contractual del asegurado y se excluyen aquellas obligaciones asumidas por el asegurado en el ámbito contractual. Véase 12 Couch on Insurance 2d Sec. 44A:36, pág. 57 y ss. (1981).

IV

Con respecto a la demanda de tercero radicada contra la Cooperativa en el tribunal federal por J. C. Penney, Royal Insurance estuvo justificada en no asumir voluntariamente la defensa de su asegurada. Cuando un asegurador se niega a asumir la representación de su asegurado basado en que la actuación que motiva la demanda no está protegida, y de las alegaciones de la demanda no se desprende otra cosa, la deci-sión del asegurador no constituye un incumplimiento contractual. La demanda de tercero establece que el accidente que motivó la misma estaba fuera del ámbito de la cubierta. A la fecha de su presentación, Royal Insurance sabía que dicho ac-cidente envolvía un camión expresamente excluido de la cu-bierta por instrucciones de la asegurada. Véase 14 Couch on Insurance 2d Sec. 51:55, pág. 510 (1982).

De los documentos sometidos por la parte recurrida en su comparecencia se desprende que para la fecha del accidente el camión Kenwork, del socio Vargas Rosario, estaba desprovisto de protección. El 2 de agosto de 1982, un mes antes del acci-dente, a petición de la Cooperativa, Royal Insurance eliminó al camión de la lista de vehículos asegurados. No fue hasta el endoso Núm. 24, emitido en enero de 1983, que volvió a in-cluirse el camión bajo la cubierta del seguro.

La póliza expedida por Royal Insurance cubre los autos de los asegurados según aparecen descritos en el listado (schedule) de la póliza y en el endoso A105. La póliza también cubre vehículos alquilados (hired automobiles) siempre y cuando se incluya el pago de la prima correspondiente.

Durante la vigencia de la póliza numerosos camiones fue-ron incluidos y excluidos. Según se desprende de los documen-tos sometidos, en todas estas ocasiones se emitió el endoso correspondiente. Es obvio que resulta pertinente al riesgo asu-mido por la aseguradora no tan sólo el número sino la iden-tificación de los camiones. Por ello, es requisito que aparezcan en el listado (schedule). Esta es la costumbre en la industria de seguros y así lo pactaron las partes.

Por las razones expuestas anteriormente, Royal Insurance no tenía la obligación de proveer representación legal a la Cooperativa. No estamos ante una reclamación que estuviese potencialmente cubierta por la póliza. Por lo tanto, se expedirá el auto y se confirmará la sentencia del tribunal a quo.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el re-sultado sin opinión escrita.

       Véase el lenguaje utilizado en la cubierta D de la póliza en contro-versia: “The company will pay on behalf of the insured all sums which the insured shall become legally obligated to pay as damages because of
      c. bodily injury or
      d. property damage

        to which this insurance applies, caused by an ocurrence and arising out of the ownership, maintenance or use, including loading and unloading, of any automobile, and the company shall have the right and duty to defend any suit against the insured seeking damages on account of such bodily injury or property damage, even if any of the allegations of the suit are groundless, false or fraudulent. .. .” (Énfasis suplido.)

      En vista de esta conclusión, no es necesario examinar si se cometió el otro error cuestionado por los recurrentes.


text:
    Asociación Médica de Puerto Rico, Distrito Este, etc., demandantes y recurridos, v. Cruz Azul de Puerto Rico, José Julián Álvarez, Presidente, demandados; Secretario de Justicia de P. R., Comisionado de Seguros de P. R., Colegio de Cirujanos Dentistas de P. R. y Otros, interventores y recurrente el tercero.

      Número: RE-86-208

      Resuelto: 10 de abril de 1987

      Francisco Hernández Oquendo, abogado del interventor recu-rrente Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico; Héctor R. Cuprill, abogado del interventor-recurrente Delta Dental Plan of Puerto Rico, Inc.; Jesús G. Rodríguez, hijo, abogado de la recurrida Asociación Médica de Puerto Rico, Distrito Este; Iraelia Pernas Dávila, abogada de la recurrida Cruz Azul de Puerto Rico; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General. Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General

      Auxiliar, abogados de los interventores Secretario de Justicia y el Comisionado de Seguros de Puerto Rico.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En este caso debemos resolver si los dentistas que pres-tan servicios a los suscriptores de una asociación con fines no pecuniarios (en adelante Asociación), establecida al amparo de la Ley Núm. 152 de 9 de mayo de 1942, según enmendada, 6 L.P.R.A. sec. 41 et seq., para prestar servicios de hospitali-zación y/o médico-quirúrgicos pueden pertenecer a la Junta de Directores de dicha asociación conforme lo dispuesto en la See. 3 de la citada ley. El tribunal de instancia concluyó que la Ley Núm. 152, supra, según enmendada, no le confiere a los dentistas derecho a pertenecer a la Junta de Directores de estas asociaciones. Resolvemos que el tribunal erró en su inter-pretación.

W

La controversia en este caso surge como resultado de una asociación, la Cruz Azul, haber anunciado que en su Asam-blea Anual de 9 de mayo de 1985 se seleccionarían los nuevos miembros de la Junta de Directores, con la participación de los miembros del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, conforme lo dispuesto en la See. 3 de la ley que regla-menta las asociaciones, 6 L.P.R.A. see. 43, según interpretada por el Secretario de Justicia en su opinión de 4 de junio de 1984. En respuesta al anuncio, la Asociación Médica de Puerto Rico, Distrito Este y dos de sus directores presentaron una petición de injunction contra la Cruz Azul y sus directo-res, para que el tribunal prohibiera la participación de los cirujanos dentistas en la Junta de Directores de los demanda-dos. Alegaron que la práctica de la Cruz Azul de permitir dicha participación y la citada opinión del Secretario de Jus-ticia eran “contrarias a la letra y espíritu ... [y] orden pú-blico enunciado en la [Ley Núm. 152 de 9 de mayo de 1942, según enmendada]”. La Cruz Azul contestó la demanda y alegó que “no acepta [ba] la conclusión de derecho” alegada. Luego de varios trámites procesales el tribunal concedió in-tervención al Secretario de Justicia, al Comisionado de Segu-ros, al Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, a la Delta Dental Plan of P.R., Inc. (en adelante Dental Plan) y a la Simonpietri Hemisférica, S.A., Inc. (en adelante Simon-pietri).

El Secretario de Justicia compareció por sí y en represen-tación del Comisionado de Seguros y expresó que “conside-ra [ndo] la reiterada práctica de la Asamblea Legislativa de diferenciar a los dentistas de los médicos . . . [era de la opi-nión] que a pesar del carácter remedial o reparador que per-mea la exposición de motivos de la citada Ley Núm. 109 [de 21 de junio de 1968, que enmendó la Ley Núm. 152 de 9 de mayo de 1942], de haber sido la intención del legislador in-cluir a los dentistas dentro del ámbito de la citada Ley Núm. 152 lo hubiese manifestado expresamente”. Opinión Srio. Justicia P.R. de 14 de octubre de 1985. El tribunal, luego de hacer un recuento de las leyes que distinguen entre médicos y dentistas, dictó sentencia en la cual declaró y decretó “que los dentistas en Puerto Rico que prestan servicios a los suscrip-tores de la Cruz Azul, a tenor con el estado actual de la ley, no tienen derecho a estar representados en la Junta de Direc-tores de dicha entidad”. De esta sentencia recurre ante este Tribunal el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico. Alega, en síntesis, que el espíritu e intención de la Ley Núm. 152, supra, según enmendada, no fue el de excluir a los dentistas de las Juntas de Directores de las asociaciones, y que, aunque no es pertinente la distinción que en ocasiones ha realizado el legislador entre médicos y dentistas cabe señalar que la Asamblea Legislativa y este Tribunal, también en innu-merables ocasiones han dado tratamiento igual a los médicos y a los dentistas.

El 14 de mayo de 1986 expedimos el recurso de revisión solicitado. En auxilio de nuestra jurisdicción “se le orden [ó] a la parte demandada que torn [ara] las medidas cautelares necesarias y pertinentes para que en la Asamblea Ordina-ria [de] 1986 de la Cruz Azul de Puerto Rico ... permit [iera] a los médicos y dentistas asociados al plan, que particip [aran] en dicha Asamblea y aspirarían] y [fueran] nominados a la Junta de Directores de la Cruz Azul de Puerto Rico”.

h-f

La Ley Num. 109 de 21 de junio de 1968 (6 L.P.R.A. sec. 41 et seq.) que enmendó la Ley Núm. 152, supra, expresa claramente y sin ambigüedad en su exposición de motivos el propósito del legislador al aprobar ambas leyes. En dicha ex-posición se señaló lo siguiente:

En el año 1942, cuando se aprobó la Ley 152 . . . , no había ninguna institución con o sin fines pecuniarios que estuviera interesada en ofrecer a la comunidad un plan de servicios médico-hospitalarios bajo un sistema de servicios prepaga-dos. Como no se tenía experiencia en las operaciones de estos planes, se aprobó la Ley 152 en donde se le deban ciertos po-deres al entonces Superintendente de Seguros.
Después de haber estado funciona [n] do con éxito por más de diez años [la Cruz Azul] la única Asociación organizada bajo esta ley, surgieron varias compañías con fines pecunia-rios que se organizaron al amparo del Código de Seguros para ofrecer servicios médico-hospitalarios a la comunidad.
Debido a que la Ley 152 impone a las Asociaciones que se organicen bajo esta ley restricciones que no impone el Código de Seguros a las compañías que se organicen con fines pecu-niarios, dichas Asociaciones con fines no pecuniarios operan con desventaja en relación con las compañías con fines pecu-niarios organizados bajo el Código de Seguros.
Con el fin de corregir esta situación, se aprueba esta ley de manera, que las organizaciones con fines no 'pecuniarios estén en igualdad de condiciones, con las que operan con fines pecuniarios. (Énfasis suplido.) 1968 Leyes de Puerto Rico 228-229.

La Ley Núm. 152, supra, sólo disponía para que estas aso-ciaciones brindaran servicios hospitalarios. Mediante la en-mienda de 1968, Ley Núm. 109, supra, se facultó a las mismas para que también pudieran brindar servicios médico-quirúrgi-cos. De esta manera se estableció el esquema de ley que le per-mite al Comisionado de Seguros aprobar asociaciones que pue-den competir en igualdad de condiciones con las que operan con fines pecuniarios en el área de planes de cuidado de la salud.

Respecto a la estructura de la Junta de Directores de estas asociaciones, la See. 3 de la Ley Núm. 109, supra, según en-mendada, dispone en su parte pertinente:

La Junta de Directores de una asociación organizada con fines no pecuniarios para establecer, mantener y operar un plan de servicio de hospitalización y/o médico-quirúrgico estará formada por grupos de las siguientes personas.
1. Cuando la Asociación se organice bajo esta ley y opere un plan de servicios de hospitalización y médico-quirúrgicos:
(a) Representantes de los hospitales asociados, selec-cionados en la Asamblea Anual de la Asociación, por los ad-ministradores, directores, síndicos o representantes de los hospitales que hubieren contratado con la asociación para rendir servicios a sus suscriptores y asistan a la Asamblea Anual de la Asociación en calidad de delegados de dichos hos-pitales.
(b) Médicos asociados, que no estén incluidos en el grupo (a) y en número igual al que compongan el grupo (a), seleccionados en Asamblea Anual de la Asociación por y en-tre los médicos que hubieren contratado con la asociación para rendir servicios a sus suscriptores que asistan a dicha Asamblea en calidad de delegados de los médicos asociados.
(c) Representantes de los Suscriptores, en número igual a la suma de los grupos (a) y (b) arriba enumerados, que no podrán ser médicos, ni administradores, síndicos, represen-tantes o empleados de los hospitales asociados que participen en el plan, seleccionados por los suscriptores que asistan a la Asamblea en calidad de delegados de los suscriptores. (Énfasis suplido.) 1968 Leyes de Puerto Rico 230-231.

La enmienda de 1968 añadió el servicio médico-quirúrgico a las actividades que podían llevar a cabo las asociaciones y específicamente dispuso que formarían parte de la Junta de Directores los médicos asociados que cualificaran y fueran se-leccionados en la Asamblea Anual de la Asociación. Sin embargo, no definió los términos servicios médico-quirúrgicos ni médico asociado. La Ley Núm. 152, supra, según enmendada, no es clara ni está libre de ambigüedad. Debemos interpre-tarla de la forma que más se ajuste a la intención de la Asam-blea Legislativa. Art. 19, Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 19; Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986); Passalacqua v. Mun. de San Juan, 116 D.P.R. 618 (1985); R. E. Bernier, Aprobación e Interpretación de las Leyes en Puerto Rico, San Juan, Ed. Cultura, 1963, Cap. XII, pág. 147.

La intención del legislador al enmendar la Ley Núm. 152, supra, fue establecer que “las organizaciones con fines no pecuniarios estén en igualdad de condiciones, con las que operan con fines pecuniarios”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 109, supra. La ley que reglamenta el funcionamiento de las organizaciones con fines pecuniarios que prestan servicios de salud, es la Ley de Organizaciones de Servicios de Salud, Ley Núm. 113 de 2 de junio de 1976, Cap. 19 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. see. 1901 et seq. Ésta, por ser una legislación análoga, nos ayuda a interpretar la intención del legislador. Art. 18 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 18. United Hotels of P.R. v. Willig, 89 D.P.R. 188, 195 (1963); R. E. Bernier, op. cit., págs. 296-299. Cf. Álvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236, 238 (1974). La Ley de Organizaciones de Servicios de Salud reglamenta precisamente a las organizaciones con las que el legislador, mediante la enmienda de 1968, intentó equiparar a las Asociaciones. Esta ley define Servicios de Cuidado de la Salud (los servicios que se les brinda a los suscriptores), como cualquier servicio incluido para proveerle a cualquier individuo “cuidado médico o dental u hospitalización o servicios incidentales a la prestación de dicho cuidado u hospitalización”. (Énfasis suplido.) Art. 19.020(5), 26 L.P.R.A. see. 1902(5). En su Art. 19.060 (26 L.P.R.A. see. 1906) dispone sobre la forma en que se compondrá la Junta de Directores: “(1) La Junta de Directores de cualquier organización de servicios de salud, debe incluir a los proveedores, personas particulares o ambos.” (Énfasis su-plido.) El término “proveedores” a su vez, se define como . . cualquier médico, hospital o cualquier otra persona auto-rizada en Puerto Rico para proveer servicios de cuidado de salud”. Art. 19.020(7), 26 L.P.R.A. see. 1902(7). (Énfasis nuestro.)

Tomadas en conjunto, la Ley Núm. 152, supra, según enmendada, y la Ley de Organizaciones de Servicios de Salud, al interpretarlas, “el criterio judicial [se debe inclinar] hacia aquella solución que mejor capte el impacto del estatuto en términos de bienestar general y que mejor perciba la intención legislativa al adoptar la norma como enfilada a propiciar el interés público . . .”. Díaz Marin v. Mun. de San Juan, supra, págs. 344-345. Por ello, concluimos que la intención de la Asamblea Legislativa al enmendar la Ley Núm. 152, supra, fue permitir que los dentistas asociados pudieran formar parte de la Junta de Directores de las asociaciones, al igual que lo pueden hacer en las organizaciones con fines pecuniarios.

Además, el propio Comisionado de Seguros, que es el funcionario de gobierno que fiscaliza tanto a las organizaciones de servicios de salud y a las asociaciones, en virtud de los poderes que le concede la Ley Núm. 152, supra, según enmendada, autorizó a la Dental Plan, una asociación que brinda servicios dentales exclusivamente, a operar como una asociación. Al así hacerlo, interpretó los términos “servicios médicoquirúrgicos” y “médico asociado”, introducidos en la Ley Núm. 152, supra, por la enmienda de 1968, como unos que incluían a los servicios dentales y a los dentistas. Esta interpretación administrativa de la Ley Núm. 152 por el funcionario encargado de ponerla “en vigor y velar porque sus fines se cumplan [nos merece] gran peso y deferencia”. Tormos & D.A.C.O. v. F. R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985).

Por todo lo antes expuesto, resolvemos que los términos “servicios médico-quirúrgicos” y “médicos asociados”, según éstos son utilizados en la Ley Núm. 152, supra, según enmendada, incluyen los servicios dentales y a los dentistas; en consecuencia, estos profesionales tienen derecho a participar y estar representados en la Junta de Directores de las Asociaciones.

Por todo lo anterior, se dictará sentencia en la cual se revoque la del Tribunal Superior de SI de marzo de 1986.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton concurren en el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      Esta opinión del Secretario de Justicia revocó una anterior de 26 de marzo de 1984 en la cual se sostenía que la Ley Núm. 152 de 9 de mayo de 1942, según enmendada, 6 L.P.R.A. see. 41 et seg., no contemplaba la par-ticipación de los dentistas asociados en la Junta de Directores de las asocia-ciones.

       Dental Plan es una asociación con fines no pecuniarios organizada con la autorización del Comisionado de Seguros y conforme las disposiciones de la Ley Núm. 152, supra, según enmendada. Simonpietri es la administra-dora de Dental Plan.

      La Cruz Azul entonces cambió su posición y se unió a lo expresado por el Secretario de Justicia y la controversia finalmente quedó trabada en-tre los demandantes, la demandada Cruz Azul y los interventores Comisio-nado de Seguros y el Secretario de Justicia, de un lado, y los demás inter-ventores del otro.

       El tribunal impuso las costas del procedimiento por partes iguales a los interventores, sin distinguir entre ellos. No impuso honorarios de abo-gados.

       Posición similar adoptaron en sus comparecencias los interventores Dental Plan y Simonpietri.

      La See. 3 de la Ley Núm. 152, antes de la enmienda de 1968 dispo-nía:
      “Sección 3. — (Directores.)—La Junta de Directores de una asociación organizada con fines no pecuniarios para establecer, mantener y operar un plan de servicio de hospitalización estará formada, por grupos iguales, de las siguientes personas:
      “1. Administradores, directores o síndicos de hospitales que hubieren contratado con dicha asociación para rendir servicios de hospitalización a sus suscriptores;
      “2. Doctores en el ejercicio de la medicina y cirugía que no estén in-cluidos en el grupo 1;
      “3. Personas del público que fueren subscriptores de dicho servicio de hospitalización.” 1942 Leyes de Puerto Rico 831.

      E1 Art. 19 del Código Civil dispone:
      “El medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y es-píritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dic-tarla.” 81 L.P.R.A. sec. 19.

      Para apoyar su contención de que la interpretación correcta de la Ley Núm. 152, supra, según enmendada, es que ésta no autoriza a los den-tistas asociados a la Cruz Azul a formar parte de la Junta de Directores de una asociación los recurridos citan varias leyes relacionadas de alguna forma con los profesionales de servicios de salud. Pretenden de esta ma-nera establecer que la Asamblea Legislativa ha tratado de forma distinta a los médicos y a los dentistas y que cuando los ha querido tratar igual, lo ha hecho de forma expresa. Ninguna de las leyes citadas versa sobre la forma en que las asociaciones, con fines pecuniarios o sin ellos, deben organizarse para brindar planes de servicios médicos y hospitalarios. Tampoco ayudan a determinar la intención del legislador al establecer lo concerniente a la composición de las Juntas de Directores de las asociaciones.
      Entre las leyes citadas están: el Art. 177 del Código Político* 3 L.P.R.A. see. 551, según ha sido enmendada por las Leyes Núms. 126 de 26 de junio de 1969 y 137 de 3 de junio de 1976 (este artículo exime a los médicos y dentistas, entre otros, de la prohibición de que funcionarios del Gobierno es-tatal no podrán recibir paga adicional); Ley Núm. 57 de 8 de agosto de 1925, según enmendada, que crea la Junta Dental Examinadora, 20 L.P.R.A. see. 81 y ss.; Ley Núm. 162 de 13 de mayo de 1941, según enmendada, que crea el Colegio de Cirujanos Dentistas, 20 L.P.R.A. sec. Ill y ss.; Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según enmendada, conocida como la Ley de la Universi-dad de Puerto Rico, 18 L.P.R.A. see. 601 y ss., dispone para instituciones se-paradas para el estudio de medicina y odontología; Ley Núm. 17 de 5 de junio de 1948 (18 L.P.R.A. see. 896 y ss.) asignación de fondos para becas, y Ley Núm. 126 de 13 de julio de 1960, conocida como Ley de Barbitúricos y Otras Drogas Peligrosas, 24 L.P.R.A. see. 930 et seq.

      Esta ley define organizaciones de servicios de salud como “cual-quier persona que se obligue a proveer o hacer arreglos para proveer uno o más planes de cuidado de salud”. Art. 19.020(6), 26 L.P.R.A. see. 1902(6).

      E1 Art. 18 del Código Civil dispone:
      “Las leyes que se refieren a la misma materia o cuyo objeto sea el mismo, deben ser interpretadas refiriendo las unas a las otras, por cuanto lo que es claro en uno de sus preceptos pueda ser tomado para explicar lo que resulte dudoso en otro.” 31 L.P.R.A. sec. 18.

      La recurrida Cruz Azul nos trae a la atención el P. de la C. 928 de 14 de mayo de 1986. Este proyecto, “con el propósito de cumplir con la in-tención y fines de la Ley 152, [dispone que] se establezca claramente el de-recho de los dentistas a estar representados en las juntas directivas de las asociaciones con fines no pecuniarios que ofrecen servicios dentales a los sus-criptores de sus planes”. (Énfasis suplido.) Exposición de motivos, P. de la C. 928 de 14 de mayo de 1986.
      El resultado que anunciamos en esta opinión y la interpretación que hacemos de la Ley Núm. 152, supra, según enmendada, son cónsonos con la enmienda propuesta y en nada limita la facultad del legislador de regla-mentar adecuadamente dichas asociaciones.