text:
    Ramón Morán Simó, demandante y recurrido, v. Flor Gracia Cristóbal, demandado y recurrente.
    Número: R-72-152

      Resuelto: 14 de septiembre de 1977

      Rafael A. Escudero Bonilla, Dennis Martínez Irizarry y Celes-tino Matta Méndez, abogados del recurrente; José M. Biaggi Junquera y Ramón Morán Loubriel, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso comenzó en el 1968 con una acción de desahucio que se convirtió luego en una acción civil ordinaria al impug-nar el recurrente Flor Gracia Cristóbal el título del recu-rrido Ramón Morán Simó sobre el inmueble en controversia, alegando que la causa aducida en la escritura de venta otor-gada entre ellos era simulada por constituir el verdadero propósito del traspaso el garantizar la deuda que Flor Gracia tenía con Morán. Luego de un prolongado-trámite el tribunal de instancia limitó la controversia a determinar si la venta y el contrato de arrendamiento subsiguiente entre las partes eran auténticos o simulados. Finalmente, al no darle crédito al testimonio del recurrente Flor Gracia, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de desahucio y, en conse-cuencia, declaró válido tanto el contrato de compraventa me-diante el cual Gracia traspasó la propiedad a Morán como el contrato subsiguiente de arrendamiento entre ambos.

En un extenso y elaborado alegato Gracia Cristóbal im-pugna las conclusiones de hecho del tribunal de instancia ata-cando la apreciación de la prueba efectuada por el tribunal de instancia.

La prueba sobre los hechos pertinentes a la alegada simu-lación consistió únicamente del testimonio del recurrente, de su testigo Juan Ferrá Morell y del recurrido Morán Simó. Los hechos esenciales no están en disputa pero las partes deri-van de los mismos diversos efectos y consecuencias, especial-mente con respecto al verdadero propósito del traspaso de la finca.

Por largos años Morán y Antonio Gracia Rosario, cau-sante del recurrente, mantuvieron buenas relaciones de amis-tad y de negocios. Morán refaccionaba a Gracia Rosario quien cultivaba café y tabaco en la finca objeto del pleito. Al morir Gracia Rosario en febrero de 1959 su deuda re-faccionaria con Morán ascendió a $26,000 y el caudal relicto a su óbito estaba compuesto de la finca aquí en cuestión, otras dos fincas y una casa en Barrio Obrero.

La sucesión de Gracia Rosario la componían el recurrente y sus cinco hermanos. En mayo de 1959 la sucesión garantizó parte de la deuda con un pagaré al portador por la cantidad de $15,000. Dicho pagaré tenía la garantía de una hipoteca voluntaria constituida sobre la finca del pleito. El recurrente señala en su alegato que no hay prueba sobre las circunstan-cias en que se otorgó la hipoteca. Pero lo cierto es que él ad-mite que la misma se otorgó para garantizar el pagaré al portador, que estaba en poder de Morán.

El recurrente Gracia Cristóbal fue adquiriendo la partici-pación de sus hermanos en la finca pagándole a la mayor parte de ellos con fondos adelantados por Morán y que le eran cargados a su cuenta de refacción que tenía con éste.

Finalmente, en mayo de 1961, se otorgó la escritura de compraventa mediante la cual la sucesión vendió la finca a Morán por la cantidad de $19,000, de los cuales Morán acre-ditó a la cuenta de la sucesión la suma de $13,035, quedando así liquidada, y, además, acreditó a la cuenta del recurrente la suma de $5,966.44. En la escritura de compraventa se hizo figurar la venta por la cantidad de $4,000 pero tanto de los libros de Morán como del informe del propio perito del re-currente, y del testimonio de dicho perito, Rafael Caamaño Pabón, surge que el precio de venta fue de $19,000. No hay explicación en la prueba de por qué aparece en dicha escri-tura la sucesión traspasando la propiedad a Morán cuando ya el recurrente Gracia Cristóbal había comprado las parti-cipaciones de sus hermanos, y, en consecuencia, era el único dueño de la propiedad. ()

El recurrente continuó cultivando la finca después de la venta y en julio de 1962 él y Morán otorgaron un contrato de arrendamiento por el término de cinco años y un canon anual de $800.00. Poco antes de vencerse el arrendamiento, el re-currente dejó de cultivar la finca y se fue a trabajar con la Autoridad de Carreteras. No obstante, continuó ocupando la vivienda y otras estructuras, razón por la cual Morán instó la acción de desahucio.

La contención del recurrente en el juicio y en su recurso de revisión es que tanto la escritura de venta a Morán como el contrato de arrendamiento entre ambos son simulados. El tribunal resolvió la controversia dirimiendo los conflictos y adjudicando la credibilidad en forma adversa a la conten-ción del recurrente.

Hemos examinado la voluminosa prueba documental y oral presentada en el juicio. Es cierto que la prueba del re-currido Morán incurrió en inconsistencias y contradicciones. Pero no es menos cierto que la prueba del recurrente adolece también de contradicciones e inconsistencias, que con toda probabilidad indujeron al tribunal de instancia a no darle crédito al testimonio del recurrente. Basta anotar las siguien-tes para ilustrar el punto:

1. La alegación original del recurrente en la contestación a la demanda es que la propiedad pertenecía a la sucesión, a pesar de que él había adquirido la participación de sus hermanos y, por tanto, él era el único dueño del inmueble. La alegación se en-mendó en la conferencia con antelación al juicio para confor-marla a la prueba documental.
2. El recurrente alega que el precio de venta a Morán es inadecuado, sin embargo, adquirió la participación de sus her-manos a base del mismo precio, sin que lo considerara entonces inadecuado.
3. El recurrente pide en su contestación a la demanda que se abone a la deuda los cánones de arrendamiento pagados por él a Morán, a sabiendas de que no pagó un solo canon.
4. En el examen directo afirmó que el balance de la deuda a la muerte del causante era de $26,000. No obstante en el confer ainterrogatorio dijo no recordar la cantidad contestando la pregunta con evasivas.
5. La explicación de cómo y por qué vendió la finca a Morán es tan confusa, que su mismo abogado se vio obligado a decirle que no lo había entendido. ()
6. En el contrainterrogatorio negó que hubiese firmado el pagaré al portador de $15,000 para verse obligado a reconocer su propia firma al mostrársele el documento. (1 T.E. págs. 56-57)
7. Atestó que el canon de arrendamiento de $800.00 era solo para abonar a la deuda existente, lo cual hubiera tomado cerca de 30 años para liquidarla.
8. Su explicación de que se puso la finca a nombre de Morán porque él no sabía que podía adquirirla directamente de sus her-manos es de dudosa validez pues la prueba demuestra que él ha-bía adquirido directamente la participación de varios de sus hermanos.
9. Su afirmación de que cuando visitó a Morán acompañado de Ferrá llevaban $13,000 en efectivo quedó controvertida por la propia declaración de Ferrá quien atestó que le tomó cerca de dos meses conseguir esa cantidad. (2 T.E. pág. 14)
10. Atestó que hizo varias gestiones para la venta de la finca con diversas personas que estaban dispuestas a comprarla pero no presentó a ninguno de ellos como testigos.

En cuanto a Morán estamos de acuerdo que su conducta no se ajusta a la de un hombre de negocios. Se presta a sus-picacia el que haya adquirido la finca, y sin embargo, pa-gara las contribuciones sobre la propiedad a nombre de Flor haciéndole el cargo correspondiente a la cuenta de éste. () También es significativo que no cobrara los cánones de arren-damiento ni que tampoco los. cargara al recurrente en su cuenta refaccionaria, dizque porque él sabía que el recurrente no tenía recursos para pagarlos y si los cargaba a la cuenta aparecería como un ingreso a los fines de la contribución sobre ingresos. No es convincente tal explicación.

El récord escrito nos deja dudas tanto de la prueba de Flor Gracia como la de Morán. En ambas encontramos serios interrogantes que dejan nuestro ánimo insatisfecho de cualquiera que hubiese sido el resultado. El tribunal de instancia, sin embargo, dirimió los conflictos de la prueba y apreció el valor probatorio de los testimonios que desfilaron ante sí. Las dudas que pudiéramos tener sobre los hechos fueron debida-mente resueltas y el récord no justifica que intervengamos con la discreción así ejercitada.

Por otro lado, Morán tiene un título a su favor que la ley presume válido, por lo que, al impugnarlo, incumbe al recurrente el peso de probar lo contrario. Art. 464 Código de Enjuiciamiento Civil, Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. see. 1887 (19). Pero ya vimos que no pudo preponderar en su contención al negársele crédito a su testimonio.

Quizá, sea éste el caso en que cobra mayor virtualidad la regla de inhibición al efecto de que este Tribunal no dejará sin efecto una sentencia cuyas conclusiones encuentren apoyo en la prueba desfilada, excepto cuando se demuestre pasión, prejuicio y parcialidad. Ello debe ser así aunque no estuviéramos del todo de acuerdo con algunas de las conclusiones de hecho y aun cuando de haber sido nuestra la facultad de adjudicar los hechos en primera instancia hubiésemos podido llegar a un resultado distinto. De otra manera, estaríamos usurpando las funciones de adjudicación del tribunal de instancia y desnaturalizando el propósito y alcance de la revisión judicial.

No es necesario discutir el error relacionado con la inter-pretación del Art. 1410 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3915, porque no se trata en este caso de una venta con pacto de retro, la cual en ciertas situaciones se presume que cons-tituye un préstamo con garantía hipotecaria. La escritura de traspaso en el caso de autos sólo reconoce a Gracia Cristó-bal un derecho de prelación para en caso que Morán ven-diera la finca él pudiera adquirirla preferentemente en igual-dad de precios y condiciones. La jurisprudencia que cita el recurrente en su alegato no es pues de aplicación al caso de autos.

Se dictará sentencia confirmando la aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibe. El Juez Aso-ciado Señor Rigau no intervino.

        (1) Relacionado con este aspecto está el hecho de que en la contestación a la demanda de Gracia Cristóbal alega que la finca pertenecía a la suce-sión, hecho que posteriormente modifica en la conferencia con antelación al juicio, para alegar título exclusivo al inmueble.

      (2)En 1 T. E. pág. 13, el recurrente da la siguiente explicación a pre-guntas de su abogado:
      “P. ¿Tiene la bondad de explicar qué ocurrió, si algo, con respecto a la finca objeto del pleito?
      “R. De este pleito, que el señor Morán me llamó a mí, cuando mis dos hermanos que no habían cogido su herencia, me llamó, que necesitaba un dinero yo, entonces, yo fui donde él que era la casa que yo llevaba re-facción y le expliqué, y él entonces, como yo no podía comprar directamente, porque como era él quien me refaccionaba, tenía que coger a través de una segunda persona, el señor Morán me dijo que hiciera la escritura a nombre de él y después arreglábamos, cuando la escritura estuviera y se registrara y que me hiciera un contrato de arrendamiento garantizando que yo ten-dría la propiedad hasta tanto se inscribiera la escritura.”
      En la pág. 18 Id. su abogado le preguntó de nuevo porque no había entendido claramente la explicación:
      “Ledo. Escudero:
      “Testigo, hace un momento, cuando usted explicaba las razones que le dio don Ramón para que usted hiciera ese traspaso de la propiedad, no entendimos claramente qué razones le dio él para que usted llevara a cabo ese otorgamiento a favor de él.
      “R. Para garantizar lo que debíamos.”

      (3) Aparece de la prueba documental que en el año 1965 el recurrente pagó las contribuciones directamente.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Aguirre Corporation of Puerto Rico, demandante y recurrida, v. Secretario de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-77-279

      Resuelto: 14 de septiembre de 1977

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Maggie Correa Aviles, Procuradora General Auxiliar, abogados del recu-rrente ; Héctor Martínez Muñoz, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Estipulados los hechos de este pleito y conocida la posición de las partes por sus planteamientos ante este Tribunal, procedemos a la simultánea expedición del auto y decisión del caso, a tenor de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Por Ley Núm. 1 de 6 de diciembre de 1966, enmendada por la Núm. 109 de 24 de junio de 1971 (5 L.P.R.A. sees. 420 a 420g), se instituyó por el Gobierno de Puerto Rico un Pro-grama de Rehabilitación de la Industria Azucarera. La recu-rrida Aguirre Corporation, al amparo de dicha legislación, solicitó un subsidio que le fue aprobado para la adquisición de 7 cortadoras y 5 llenadoras (loaders) de caña. El subsidio consistía en el reembolso por el Programa a la Central Aguirre de $197,096.07 que representa el 50% del precio del referido equipo. La recurrida usó las referidas máquinas en una sola zafra y faltando para cumplirse un año de su adqui-sición notificó al Secretario de Agricultura su intención de descontinuar las operaciones de molienda de caña, como así lo resolvió el 20 de julio de 1970. En septiembre siguiente el Gobierno expropió la Central.

En 1974 la recurrida presentó solicitud de mandamus contra el Secretario de Agricultura para que se ordenara a éste pagarle el subsidio aprobado y así lo ordenó el tribunal de instancia en sentencia parcial limitada al equipo de meca-nización.

En su recurso de revisión el Secretario de Agricultura plantea como error único la conclusión del Tribunal Superior al efecto de que la recurrida Aguirre cumplió con el requisito de continuidad en el uso del citado equipo.

Ordena la Ley Núm. 1 de 1966, supra (5 L.P.R.A. see. 420d) : “Se confiere al Secretario de Agricultura los poderes y facultades para promulgar las normas y reglamentos que crea necesarios para establecer los términos y condiciones para la concesión de los beneficios en las distintas fases del programa. . . .”; y en el Apartado 7 de la misma sección dis-pone: “. . . La aportación del Gobierno será no mayor que la mitad del costo de la instalación o mejora. Dentro de los límites de aportaciones referidos se procurará que la aporta-ción se otorgue de suerte que las centrales de menor capaci-dad económica puedan tener una aportación mayor, y se considerarán las perspectivas de continuidad en la opera-ción.”

En concordancia, el Art. 6, inciso 5(d) del Reglamento (5 R.&R.P.R. sec. 420d-23 y ss.) dispone que los solicitantes de subsidio se comprometerán “ [a que] el equipo adquirido mediante incentivos bajo este programa no podrá ser vendido, cedido o enajenado en el término de dos años [] a partir de su adquisición, sin la previa autorización del Secretario.”

De la lectura de la Ley y el Reglamento y conocida la im-portancia del factor tiempo en cualquier programa de reha-bilitación de la industria agrícola, la prohibición de venta o enajenación de los equipos fue el medio de asegurar el uso de los mismos por término mínimo de 2 años, condición de con-tinuidad sin la cual no habrá subsidio.

La corporación usó el equipo únicamente en la zafra de 1970, y ya para el 20 de julio de 1970 resolvió cesar las operaciones de molienda de cañas. Todavía no se había cum-plido un año de haberlo adquirido. Sus actos equivalen a una renuncia al subsidio pues no había cumplido el requisito mí-nimo de operación por dos años correlativo del propósito e in-terés público de continuidad. No podemos concurrir en la con-clusión de instancia al efecto de que la subsiguiente operación del equipo por el Gobierno que hubo de recurrir a la expropia-ción porque Aguirre cerraba, completó los dos años de opera-ción para beneficio de Aguirre. Acordado el cierre de Aguirre por su junta de directores el 20 de julio de 1970, el Gobierno hubo de recurrir a la expropiación para mantener la prác-tica de continuidad de operaciones agrícolas, esencial al Pro-grama de Rehabilitación. En lo que respecta a la recurrida hubo necesidad de abandonar el método de subsidio por el más costoso de expropiación y operación directa por el Go-bierno. No podemos aceptar que en este desarrollo del Pro-grama pueda aprovechar a la corporación que cesó operacio-nes, el uso por el Gobierno de los equipos de mecanización para completar los dos años de condición para pago del subsidio.

Los subsidios con fondos públicos se pagan para alentar la producción bajo los términos y condiciones que el Gobierno estime adecuados para el fomento de la particular industria, los cuales son de estricta observancia. Estos estí-mulos están dirigidos al mejoramiento social, meta del interés público, y no al provecho particular del empresario. Al solici-tar el subsidio, la Aguirre Corporation quedó obligada a ope-rar las máquinas por un período mínimo de dos años. Su acción abandonando las operaciones de molienda cuando no había transcurrido un año de la adquisición por ella del equipo de mecanización la desligó por completo de los propó-sitos del incentivo y tiene el mismo efecto de un desistimiento de su solicitud de subsidio.

Se expide el auto. La sentencia parcial dictada él 17 de junio de 1977 por él Tribunal Superior de San Juan, será revocada.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Dávila no intervi-nieron.

      (1) Plazo del Reglamento de 1968 aumentado a 5 años por enmienda posterior que no aplica a este caso.


text:
    Rafael Matos Gámbaro, etc., demandantes y recurridos, v. Flamboyán Gardens, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-74-16

      Resuelto: 15 de septiembre de 1977

      O’Neill & Borges, Raúl E. González Díaz y A. J. Benazar Ze-queira, abogados de la recurrente; Juan R. Bravo Bravo y Juan A. Lugo Méndez, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante Matos Gámbaro es un puertorriqueño edu-cado hasta escuela superior en New York. Se fue del país a la edad de 12 años y regresó 20 años después, empleándose como croupier del Hotel Dorado Hilton. Dijo conocer mejor el idioma inglés que el español (T.E. pág. 20). () Firmó un documento titulado “Contrato Uniforme de Opción” para comprar una casa de la recurrente Flamboyán Gardens por precio de $23,277.00 del que debía anticipar un pronto pago de $1,377.00 y al que sólo abonó $200 al firmar y $300 más tarde para un total de $500.00. Construida la casa y citado el comprador tres veces por telegrama para que acudiera a firmar escrituras y completar el balance de pronto pago, en todas las ocasiones se dirigió a inspeccionar la obra antes de ir al Notario y encontró defectos menores de construcción, que la vendedora recurrida corrigió en parte pero no al punto de satisfacer al comprador. Finalmente el 18 de mayo de 1971 Flamboyán Gardens le escribió informándole que había procedido “a cancelar su contrato de compraventa.” Ese mismo día la constructora vendió la casa separada por el de-mandante a un tercero llamado Normando Rodríguez Ojeda por $23,777.00, quinientos dólares más que el precio acordado con el recurrido. Este recibió la carta el 19 de mayo de 1971 y al día siguiente se personó en las oficinas de Flamboyán Gardens donde fue atendido por el presidente de la corporación y en cuya ocasión firmó la siguiente carta:

“Date May 20,1971
Flamboyan Gardens, Inc.
Box 1998
Bayamón, Puerto Rico 00619
RE: Block 00 Lot 1 P Alturas de Flamboyan Bayamón, P.R.
Gentlemen:
I hereby cancell [sic] purchase of Lot 1 P Block 00 Alturas de Flamboyan and release any claim whatsoever on said Lot. I request my downpayment [sic] be returned to me in accordance with my contract.
[(Fdo.)] Rafael Matos Gámbaro
(signature)
(signature)
Approved by: -
As per Mr. Perle’s instruction do not hold money.”
“$500.00 OK refund”

Poco después de firmar este documento, la recurrente le envió por correo el reembolso de $500. El recurrido demandó reclamando daños y perjuicios por los siguientes conceptos: que dejó de ganar $3,000 de aumento (en valor de la casa); que tendrá pérdida de $1,000 equivalente al alquiler de casa que ha de pagar por no menos de 1-1/2 años que le tomará adquirir otra casa propia; más $10,000 que para la familia representa verse privada por 1 año de las “ventajas y como-didades que un hogar propio ofrece.” El pleito sobrevivió una moción de sentencia sobre las alegaciones, y visto en sus méritos recayó sentencia concediendo al demandante indem-nización de $5,023.00 que representa la diferencia entre el precio de venta acordado en el contrato y el valor en el mer-cado de dicha propiedad un año después, término que el juez de instancia estimó “razonable para la construcción de una casa similar.” Se condenó, además, a Flamboyán Gardens al pago de $850 de honorarios de abogado, las costas e intereses “a partir de la radicación de la demanda.”

De los seis errores señalados por la recurrente nos deten-dremos en el primero y el cuarto que, a nuestro juicio, fueron cometidos, y que se exponen así:

I — “Erró el Honorable Tribunal sentenciador al determinar que la Demandada-recurrente canceló el contrato de compra-venta unilateral e injustificadamente y al apreciar la evidencia sobre este extremo.
IV — Erró el Tribunal sentenciador al no resolver que el docu-mento de relevo firmado por el co-demandante recurrido Rafael Matos Gámbaro, el día 20 de mayo de 1971, constituye un relevo válido y eficaz en derecho; que en virtud del mismo los deman-dantes-recurridos efectivamente renunciaron a cualquier recla-mación que tuviesen contra la demandada recurrida [sic] con motivo de la cancelación del contrato de compraventa; y al apre-ciar la prueba al respecto.”

Aun en el supuesto de que la constructora fallara en com-placer el criterio final del comprador respecto a la corrección de lo que él señalaba como vicios de construcción no está libre de culpa el recurrido toda vez que no satisfizo el pronto pago de $1,377.00 por lo que su reclamación está excluida por dis-posición de los Arts. 1389 y 1077 del Código Civil. () El requisito de cumplimiento por parte del comprador es de especial exigencia, considerando que por haber rehusado comprar la casa y no habiendo vivido en ella, no pudo ejerci-tar la acción decenal reservada por el Art. 1483. ()

Mas la actuación que definitivamente enerva la reclamación de “lucro cesante” del comprador fue la firma por éste de la sencilla y clarísima carta de relevo redactada en su idioma de adopción. Durante el juicio que tuvo lugar los días 14 y 15 de noviembre de 1973 el demandante repudió el relevo declarando que lo firmó “con coraje” y que no lo leyó creyendo que se trataba de un recibo por los $500 de pronto pago parcial que le devolvía la constructora, y que si lo hubiera leído, no lo firma. () Lo que él dice que confundió con un recibo empieza con la cortante expresión: “I hereby can-cell [sic] purchase ...Tiene mucho más peso y valor proba-torio la declaración jurada prestada por el propio demandante el 20 de enero de 1972 () donde dice: “... yo leí el recibo, que era una carta en inglés, le pedí que me explicaran qué enten-dían ellos por lo que la carta decía. El Sr. Perle me explicó que la carta era una constancia de que me entregaban el dinero y que ya yo no podía comprar esa casa.” No están pre-sentes aquí las circunstancias de invalidez, ignorancia e im-previsión que dieron lugar a nuestra doctrina sobre relevos en Cruz v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 76 D.P.R. 312 (1954) y Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 D.P.R. 659 (1970). La agilidad mental de un croupier como lo es el demandante y su dominio del idioma inglés inclinan toda la fuerza de credibilidad hacia la conclusión de que él firmó la carta de relevo con plena conciencia de sus actos, después de leerla, de entenderla, y hasta de confrontar su criterio respecto a sus consecuencias con el Presidente de la recurrente en cuya oficina se preparó dicho documento en presencia del propio demandante. Es éste uno de los raros casos de apreciación tan alejada de la realidad táctica, que nos obliga a intervenir con las conclusiones del juzgador de hechos.

El demandante optó por no comprar la casa al no satisfacerle la que según la constructora estaba “lista para entrega”; y recuperó los $500 que representan su única inversión en el negocio. Sus molestias e inconvenientes, así calificados por el juez de instancia, no alcanzan la dimensión de sufrimiento moral y pérdida económica que en Géigel v. Mariam, 85 D.P.R. 46 (1962), Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967), y su progenie justificaron la sanción civil de una condena en daños. No estamos convencidos de que en este caso deba inaugurarse una nueva doctrina extendiendo al que no compra la protección debida al que adquiere la casa, se instala en ella y sufre no simples molestias, sino la pérdida y la angustia que generan aquellos vicios de construcción que exceden la medida de imperfección, aliada perenne de la obra del hombre. Pereira, supra.

Con dichos antecedentes y fundamentos, la sentencia dic-tada el 11 de diciembre de 1973 por el Tribunal Superior (Bayamón) será revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge se inhibió. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Dato comprobado por este incidente en el curso de su declaración en el juicio:
      “P. Debo entender que usted estudió su escuela primaria, secundaria en Nueva York?
      R. Sí, señor.
      P. Y cuándo regresó a Puerto Rico ?
      R. En el ’61.
      P. En el 19 . ..
      R. Sesentiuno, setentiuno . . .
      P. Que conste que lo dijo en Inglés.

        Hon. Juez:
      Aquí tiene que hablar Español, no estamos en Nueva York.
      R. Cuando llego a los sesentiuno o setentiuno ahí yo me confundo, así que perdone.
      P. Yo no tengo nada contra del Inglés, pero no se puede hablar Inglés aquí.” (T.E. pág. 21.)

      (2) Art. 1389 (31 L.P.E.A. see. 3871)
      “El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el contrato.
      “Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de la cosa vendida.”
      Art. 1077 (31 L.P.R.A. see. 3052)
      “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.”

        “ [L] a tendencia natural a proteger el interés de todo contratante a base de condicionar cada acto de cumplimiento con el que incumbe a la otra parte, se abrió paso con bastante rapidez. En la época clásica ya se había impuesto la llamada ‘exceptio non adimpleti contractus’, con una eficacia parecida al derecho a denegar la propia prestación.” Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo II, Vol. 1, págs. 157-158 (Ed. 1954).

      (3) Art. 1483 (31 L.P.R.A. see. 4124)
      “El contratista de un edificio que se arruinase por vicios de la cons-trucción, responde de los daños y perjuicios si la ruina tuviere lugar dentro de diez años, contados desde que concluyó la construcción; igual responsa-bilidad, y por el mismo tiempo, tendrá el arquitecto que la dirigiere, si se debe la ruina a vicios del suelo o de la dirección.
      “Si la causa fuere la falta del contratista a las condiciones del contrato, la acción de indemnización durará quince años.”

      (C “P. La pregunta es si usted le preguntó al señor Perle sobre la naturaleza, sobre el contenido de ese documento ?
      R. No, porque fue todo tan rápido que ellos estaban insistiendo que firmara eso porque ellos querían salir de eso y fue una cosa rápido [sic].
      ‘Toma firma ahí’, y nada más.
      P. Usted no pidió explicación ?
      R. Es que cuando uno tiene coraje la mente se le va y cuando uno quiere reaccionar . . .
      P. Usted firmó algún documento?
      R. Sí, para coger mis chavos porque estaba cansado.
      P. Usted firmó para coger sus chavos ?
      R. Yo quería mis chavos.
      P. Usted firmó sin leer?
      R. Ellos me daban un recibo de quinientos pesos.
      P. Eso del recibo usted cree que era un recibo o se lo dijeron ?

        R. Para mí yo creía que era un recibo.
      P. Debo creer que el señor Perle no le explicó nada con relación al propósito de ese documento, al contenido de ese documento, nada sobre eso ?
      R. Sí, señor.
      P. Eso que usted llama recibo estaba en inglés o español ?
      R. Inglés.
      P. Cómo usted sabe que estaba en inglés si no lo leyó ?
      R. Porque después yo recibí la copia, cuando llegué a casa leí la ‘de‘so’ yo me quedé con la copia y al llegar a casa la leí y entonces vi lo que había escrito y fue que ...
      P. Fue qué?
      R. Entendí lo que era.
      P. Entonces lo entendió?
      R. No en el tiempo ese.
      P. Si lo hubiese leído en el día que le fue entregado . . .
      R. No lo hubiese firmado.
      P. Porque entendía lo que decía ?
      R. Sí, señor; pero en el tiempo que me dieron el papel no entendía.” T.E. págs. 62-63.

      (5)La carta de relevo se firmó el 20 de mayo de 1971, por lo que esta declaración jurada está en tiempo de recoger con mayor fidelidad el re-cuerdo de lo ocurrido que el testimonio prestado en juicio, cerca de dos años después del incidente.


text:
    José Ríos Mártir, demandante y recurrido, v. Municipio de San Sebastián, demandado y recurrente.

      Número: R-74-165

      Resuelto: 15 de septiembre de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Subprocurador General, y Maggie Correa Aviles, Procura-dora General Auxiliar, abogados del recurrente; Héctor Reichard, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En un acto de cooperación con la administración municipal, el demandante recurrido cedió al Municipio de San Se-bastián dos cuerdas de su finca de 92.5 cuerdas para verte-dero y subsiguientemente el Municipio le expropió 5.00 cuer-das en el mismo sitio para el mismo fin. Por más de nueve años el remanente de la finca principal del recurrido se vio afectado por una intensa contaminación ambiental generada por la peste, el humo, los roedores e insectos, y los fuegos provenientes del citado crematorio donde el Municipio depo-sitaba desperdicios tanto sólidos como orgánicos dejándolos al descubierto. Finalmente, después de reiteradas súplicas a la administración, instó el demandante Ríos Mártir acción de injunction y daños encaminada a dar fin a su martiro-logio. El Tribunal Superior de Aguadilla falló a su favor ordenando el cierre y reubicación del vertedero y condenando al Municipio al pago de una indemnización de $40,000.00.

El Procurador General funda su argumento para negar al demandante recurrido derecho a recobrar daños en un supuesto consentimiento del demandante para que las cinco cuerdas expropiadas se usaran como vertedero de desperdicios y cita la transcripción de evidencia, págs. 86-87. () El consentimiento limitado a dos años no fue licencia para que durante diez años el Municipio inutilizara el resto de la finca con un vertedero de insufribles condiciones higiénicas y ambientales. La prueba dejó establecida la buena voluntad del recurrido para “cooperar con la comunidad” en lo que el Municipio “conseguía un sitio más adecuado”, (T.E. ibid.) y su sentido de responsabilidad social no opera como renuncia de su derecho a abatir un estorbo y a ser resarcido por los daños que éste le ha ocasionado. Los daños en este caso se ex-tendieron por un período de diez años y se originaron en el “carácter continuo o progresivo” de la indiferencia del muni-cipio demandado que “renueva constantemente la acción da-ñosa” como expresamos en Arcelay v. Sánchez, 77 D.P.R. 824 (1955). La tolerancia inicial del estorbo por el demandante en bien del mejor interés de la comunidad, no derrota su derecho a poner fin a aquél y a ser compensado por daños. Sus manos están limpias. Fuentes v. Gulf Petroleum, 91 D.P.R. 559, 566 (1964).

Toda vez que la sentencia de Aguadilla dictada el 19 de abril de 1974, además de conceder indemnización, ordenó al Municipio eliminar el vertedero de la finca del demandante y trasladarlo a otro sitio en término de 120 días, y habiéndo-senos sometido el caso para decisión en mayo último, trans-curridos tres años de la sentencia y orden del Tribunal Superior, nos enfrentamos a la posibilidad de que un cambio en las circunstancias ofensivas hubiese quitado vitalidad y con-temporaneidad al injunction. Al efecto ordenamos al Tribunal Superior la celebración de una vista para actualizar el estado de hechos y luego de oír a las partes y hacer un recono-cimiento judicial en Resolución de 6 de julio de 1977 el juez sentenciador Sr. Veray Torregrosa nos informa que “de la inspección ocular realizada se pudo observar que el verte-dero municipal y la situación actual es que dicho vertedero está en condición óptima y no presenta ningún riesgo para la salud ni produce contaminación ambiental.”

A la cantidad de $40,000 de indemnización llegó el juez de instancia tomando en cuenta la producción interrumpida de caña, más de nueve años antes del juicio, por los fuegos originados en el crematorio, así como ocho solares cuya venta hubo de rescindirse por no ser aceptable para el Departa-mento de Salud la condición ambiental. Hemos examinado a fondo la transcripción de evidencia y no encontramos en la misma aquella certeza en los elementos de pérdida que justi-fique la cantidad acordada. La prueba, supeditada a que la finca hubiese mantenido la misma producción de caña que teñía cuando el demandante dejó de sembrar() y que el precio de la caña se mantendría estable, tampoco contiene suficiente desglose de partidas de ganancias en las ventas de solares rescindidas, por lo que hay una vasta penumbra que nos inclina a reducir la indemnización a $20,000.00.

Con estos antecedentes se modifica la sentencia revisada al efecto de eliminar aquella parte de la misma que com-prende el injunction y orden de eliminación y reubicación del vertedero y se reduce a $20,000.00 la condena en daños y perjuicios. Así modificada, será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) P. Usted no le había dado al Municipio permiso para poner el Vertedero Municipal?
      R. A eso de permiso yo le había dicho al Alcalde, al otro, no a éste que está aquí, el otro tenía un problema con el crematorio ese que tenía acá y entonces fue una comisión de muchos señores donde mí o allá a la finca y me dijeron que si yo en alguna forma le arrendaba allí cuatro o cinco cuerdas para hacer un crematorio y yo le dije al Alcalde, que yo se lo arrendaba por dos años en lo que ellos conseguían un sitio más adecuado y tuve esas palabras allí y como al mes más o menos me llegaron los papeles de despropiación [sic]. Yo le llamé la atención y le dije que, qué era lo que había habido y entonces él me dijo que había sido la Asamblea Municipal, que había dicho que era mejor despropiar [sic] y no arrendar. Eso fue lo que hubo.
      P. Entonces usted no le dio permiso nunca al Alcalde, para hacer un crematorio allí ? Esa es la posición suya ?
      R. Bueno, al principio, cómo se llama? Cuando él me solicitó yo le dije que le arrendaba por dos años.
      P. Por cuánto tiempo usted arrendó eso allí ?
      R. Yo no lo arrendé nunca.
      P. Usted no dice que lo arrendaba?
      R. No fui yo, él me habló de arriendo y yo le dije que para cooperar con la comunidad yo le arrendaba por dos años, a lo último, donde pudieran ir a botar la basura perentoriamente en lo que ellos conseguían otro sitio.”

      (2)E1 demandante declaró que la finca “dio una sola siembra de caña.” T.E. pág. 32, L 15.


text:
    Arturo Aponte Parés, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Humacao, recurrido.

      Número: O-77-295

      Resuelto: 15 de septiembre de 1977

      Arturo Aponte Parés, por su propio derecho; el Registrador re-currido, compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En ejecución de sentencia por $44,000 originada en pleito sobre honorarios de abogado, el recurrente Aponte Parés em-bargó y llevó a subasta una finca de 30.25 cuerdas radicada en el Municipio de Las Piedras que estaba previamente gra-vada con tres hipotecas, dos a favor del tenedor de pagaré y la otra a favor de “Economic Development Administration” para un total de $1,558,500.00. El recurrente fue el único licitador en la subasta en la que se le concedió la buena pro por su oferta de $1,000.00 Al presentar la escritura de venta judicial en el Registro acompañó un comprobante de $1.00, computando los derechos de arancel sobre el precio en su-basta. El Registrador devolvió el documento con nota en que señala una deficiencia de $3,093.00 en derechos que dice así:

“Se deniega el asiento de presentación de este documento debido a que falta un comprobante de $3,093.00' para conípletar derechos de inscripción. La finca tiene hipotecas que suman $1,558,500.00. El presentante fue notificado de dicho defecto.
(Fdo.) Oscar Ortiz Martínez Registrador.”

El recurrente hace depender su caso de una cita in-conclusa() de Vilella v. Registrador, 38 D.P.R. 987, 988 (1928), que al leerse completa le da la razón al recurrido en su parte omitida que dice: “La intención de la ley fue que el comprador pagara derechos sobre el valor real de la tierra, representado por la cantidad de dinero que pasaba de manos, más el montante de hipoteca o hipotecas existentes sobre la propiedad, y esto fue en realidad lo que se hizo en este caso.”

En Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976), donde no quedaba gravamen subsistente por ser primera hipoteca la ejecutada en subasta, se tomó como valor del inmueble y base para cómputo de derechos de arancel, el principal de $7,000,000 de la hipoteca ejecutada en vez del precio de $150,000 importe de la licitación que obtuvo la buena pro en la subasta. Dijimos entonces que dicho método para determinar el valor sujeto a arancel acerca la operación de Registro “a la realidad del verdadero valor del inmueble” y excluye la ficción que representan los valores irrisorios.

Aquí no está presente el vínculo relativo de valoración entre principal de hipoteca y el valor del inmueble ejecutado. No se ejecuta una hipoteca sino una obligación personal por honorarios profesionales. La sentencia de $44,000 obtenida por el ejecutante no es índice alguno del valor de la finca rematada, como tampoco lo es la oferta de $1,000 por la que se adjudicó la subasta.

La finca ejecutada por el recurrente está gravada por tres hipotecas anteriores y preferentes a su crédito por hono-rarios, para un total de $1,558,500.00. A diferencia de Empire Life Insurance, supra, estas cargas o gravámenes ante-riores al crédito del actor continuarán subsistentes, enten-diéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extin-ción el precio del remate. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo 4, Vol. 2, págs. 1013 y 1053, Sexta Ed. (1968); Trautmann v. P.R. Ore Co., 46 D.P.R. 775 (1934).

En la venta, voluntaria o forzosa de finca hipotecada, si subsisten gravámenes anteriores y preferentes, los dere-chos de Registro se gradúan conforme al Art. 2, Norma Duo-décima de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970 (30 L.P.R.A. sec. 1767b) que ordena:

“En caso de enajenación, cesión o compraventa de fincas gravadas con hipotecas según el Registro de la Propiedad, de no constar del documento la inclusión de dichas hipotecas en el precio de venta, se tomará como base el precio de la enajenación, cesión o compraventa o la suma total de las hipotecas, lo que resulte mayor a los efectos de la cancelación de los correspon-dientes derechos de inscripción.”

La citada norma responde al propósito legislativo de que el Arancel se aplique sobre la base que mejor refleja el valor en el mercado de la propiedad transmitida. Somohano v. Registrador, 39 D.P.R. 774, 775 (1929); Vilella, supra.

La nota denegatoria del Registrador será confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Práctica vedada en Rundle v. Fraticelli, 60 D.P.R. 255, 258 (1942).


author: per CURIAM:

text:
    Francisco Ponsa Feliú, demandante y recurrido, v. Universidad de Puerto Rico, demandada y recurrente.

      Número: R-76-129

      Resuelto: 19 de septiembre de 1977

      Héctor Martínez Muñoz, Ernesto A. Meléndez Pérez y Ramón A. Cando Sifre, abogados de la recurrente; Francisco Ponsa Feliú, por derecho propio, Francisco Ponsa Flores y Elmer Toro Lucchetti, abogados del recurrido.
   per CURIAM:

El demandante recibe una pensión del Sis-tema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (en ade-lante “el Sistema”) por servicios rendidos en la Facultad de Derecho a base de jornada parcial desde septiembre de 1937 hasta febrero de 1974. Durante todo el tiempo trabajado el demandante hizo las aportaciones correspondientes al Sis-tema habiéndosele acreditado el tiempo máximo acreditable de 35 años.

Mientras trabajó en la Universidad de Puerto Rico, ocupó simultáneamente una plaza en el Gobierno Federal por casi once años a base de jornada completa. Los servicios prestados por el demandante al Gobierno Federal no le fueron ni le han sido acreditados en el Sistema, ni en ningún otro sistema de retiro federal o de Puerto Rico. Por tanto el demandante no hizo ni le fue requerida aportación alguna al Sistema por concepto de los servicios prestados al Gobierno Federal.

El demandante, estando recibiendo la pensión del Sistema, acudió al Tribunal Superior, luego de haber hecho gestiones infructuosas ante la Junta de Retiro y del Consejo de Educa-ción Superior, para solicitar que se le ordene al Sistema la recomputación retroactiva de la pensión que viene recibiendo tomando en cuenta los servicios que simultáneamente prestó al Gobierno Federal mientras rendía servicios a la Universi-dad de Puerto Rico. Alega tener derecho a recibir crédito por el servicio federal rendido y ofrece hacer el pago de la aporta-ción e intereses que correspondan conforme a las Reglas y Reglamentos del Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (en adelante “Reglamento del Sistema”).

Comoquiera que el demandante ya tiene acreditado al Sis-tema el tiempo máximo acreditable de 35 años no interesa que se le considere como tiempo adicional los servicios ren-didos al Gobierno Federal. Lo que propone es que se consi-dere, a los fines del cómputo de la pensión, el ingreso prome-dio de aquellos 36 meses en que sirvió simultáneamente al Gobierno Federal en los que la compensación anual era más alta que la recibida durante todo el tiempo en que prestó ser-vicios a la Universidad de Puerto Rico. De ser acreditable tal ingreso promedio la pensión resultante sería mayor. In-voca éste en apoyo del derecho alegado las disposiciones del Reglamento del Sistema que autorizan el cómputo de la pen-sión () a base de la compensación promedio más alta recibida durante cualquier período de 36 meses. ()

El tribunal de instancia resolvió que el demandante tiene derecho a que se le acredite por el Sistema, a los fines del cómputo de la “compensación promedio” pero no en cuanto al cómputo del tiempo de servicio, la compensación promedio más alta recibida durante cualquier período de treinta y seis meses en que la compensación federal fue más alta que la de la Universidad de Puerto Rico.

El tribunal sentenciador entendió que su determinación encontraba apoyo en lo dispuesto por el Art. Ill, Sec. 3, inciso (d) del Reglamento del Sistema, que expresa lo siguiente:

“Cualquier miembro a quien se le hayan acreditado no menos de diez (10) años de servicio recibirá crédito por cualquier ser-vicio anterior prestado sobre la base de jornada completa a cual-quier agencia federal en Puerto Rico, por cuyo servicio no hu-biese recibido crédito bajo cualquier sistema de retiro federal o de gobierno, siempre y cuando [dicho miembro] haga una aportación al Sistema a base de su compensación durante tal servicio al tipo combinado de la contribución entonces vigente para miembro y patrono. A menos que comience a efectuar los pagos requeridos dentro del año después de la fecha en que haya obtenido diez (10) años de servicios acreditables o en Io de julio de 1969, si ésta fuere posterior, le serán cargados intereses regulares desde dicha fecha hasta la fecha en que comenzaren sus pagos.” (Traducción del texto inglés.) ()

Un análisis del texto de la disposición transcrita revela que los servicios prestados por un miembro del Sistema al Gobierno Federal pueden ser acreditados al Sistema sola-mente si están presentes todas las circunstancias siguientes:

(1) El miembro debe tener acreditado en el Sistema no menos de diez (10) años de servicio.

(2) El servicio federal a acreditarse debe haber sido prestado con anterioridad al período de diez (10) años a que se refiere el número (1) precedente.

(3) El miembro debe hacer una aportación al Sistema a base de su compensación durante tal servicio federal al tipo de la contribución entonces vigente para miembro y patrono conjuntamente.

(4) El servicio federal requerido es sobre la base de tarea completa.

(5) Se cobrarán intereses si la aportación de los servicios federales se hiciere pasado un año de la fecha en que se hu-bieren obtenido diez (10) años de servicios acreditables.

Surge de la disposición precedentemente transcrita que la acreditación de servicios federales es por vía de excepción y para ello deben estar presentes todos los requisitos señalados. Nótese que el miembro del Sistema debe tener acreditado no menos de diez (10) años de servicio antes de que puedan acreditársele servicios rendidos al Gobierno Federal. Y, solamente si éstos son anteriores a los prestados al Sistema. Para que existan servicios anteriores a los ya acreditados al Sistema es de suponer que los servicios en una y otra esfera gubernamental han de prestarse en períodos alternos y no simultáneos. No hemos podido encontrar disposición alguna en la Ley ni el Reglamento del Sistema que autorice la acreditación de servicios coetáneos prestados por el miembro fuera del Sistema. Aún más, un examen detenido de la Ley del Sistema revela que no fue la intención integrar el Sistema de Retiro de la Universidad de Puerto Rico al del Gobierno Federal ni a sistema otro alguno. El Sistema es separado y distinto de cualquier otro. De haber sido la intención el reconocer la concurrencia de servicios en y fuera del Sistema, así se hubiera dispuesto. Ello envolvería una disposición al efecto de que en caso de servicios prestados concurrentemente ha-bría de reconocerse la compensación recibida de fuentes ex-ternas si ella fuere mayor. El efecto de reconocer la compen-sación más alta en casos de servicios simultáneos tiene nece-sariamente un efecto adverso en los cómputos actuariales del plan de pensiones. Por eso debe surgir expresamente esa con-sideración en la Ley o en el Reglamento. Un plan actuarial no puede ser modificado por implicación pues una alteración necesariamente afecta a los demás participantes.

Es conveniente señalar que en los 35 años en que el recu-rrido hizo aportaciones al Sistema nunca hubo interrupción en los servicios prestados a la Universidad de Puerto Rico. Es por tanto entendióle que el recurrido nunca intentara el alegar derecho alguno sobre sus servicios al Gobierno Federal. Tampoco intentó hacerlo al momento de acogerse a los beneficios del retiro. Evidentemente no procedía hacerlo.

En mérito de lo anterior resolvemos que los servicios federales prestados por el recurrido en períodos simultáneos al servicio prestado a la Universidad de Puerto Rico no son acreditables al Sistema de Retiro de dicha institución.

Se revocará la sentencia sumaria dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 26 de febrero de 1976, en el caso civil número 75-1549E, Franscico Ponsa Feliú v. Uni-versidad de Puerto Rico.

Los Jueces Asociados Señores Rigau, Dávila y Díaz Cruz no intervinieron.

      (1) El cómputo de la pensión a recibir se explica en el Reglamento del Sistema como sigue:
      “Si [el miembro] tiene más de 30 años de servicio acreditado el l.° de julio de 1973, excluyendo cualquier servicio acreditado después de dicha fecha, 75% ó 65% de su salario promedio de acuerdo con los párrafos (a) y (c) anteriores, por los primeros 30 años de servicio acreditado, más dos por ciento (2%) de dicho promedio multiplicado por el número de años de servicio en exceso de 30, pero no mayor del 85% de dicho promedio. El servicio acreditado en exceso de 30 años, alcanzado después del l.° de julio de 1973, solamente será acreditado con el propósito de computar su salario promedio.” Art. Ill, Sec. 3(a)(1)(c), Reglamento del Sistema. (Traduc-ción del inglés.)

      (2)La “compensación promedio” se define en el Reglamento del Sis-tema como sigue:
      “La compensación promedio mensual pagada o acreditada a un miem-bro durante los 36 meses de servicio para los cuales dicho promedio es más alto, o en el caso de un miembro con menos de 36 meses de servicio, durante su período completo de servicio.” Art. I, Reglamento del Sistema. (Traduc-ción del inglés.)

      (3)Rules and Regulations of the University of Puerto Rico Retirement System, según enmendado a l.° de julio de 1973, Art. II, Sec. 3(d), cuyo texto original en el idioma inglés es el siguiente:
      “Any member who has credit for at least ten (10) years of service shall receive credit for any previous service rendered on a full-time basis to any Federal Agency in Puerto Rico for which he does not have credit under any Federal or government Retirement System, provided he makes a contribution to the System on the basis of his compensation during such service and at the combined rate of member and employer contributions then in effect. Unless he begins to make the required payments within one year after the date on which he acquired ten (10) years of service credit or July 1, 1969, if later, he shall be charged regular interest from such date to the date on which his payments begin.”


text:
    Asociación de Condóminos Condominio Centro I y II, demandante y recurrente, v. Centro I, Inc., Centro II, Inc., Banco de Ahorro Mutualista, demandados y recurridos.

      Número: R-77-150

      Resuelto: 19 de septiembre de 1977

      Figueroa & Céspedes, abogados de la recurrente y Miranda Cár-denas & De Corral y Luis F. Montijo, abogados del Banco de Ahorro Mutualista.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Las corporaciones recurridas Condominio El Centro I, Inc. y Condominio El Centro II, Inc., son dueñas de 29 apar-tamentos con sus respectivas áreas de aparcar en los edificios llamados Centro I y Centro II, sujetos al régimen de propie-dad horizontal, los cuales están dados en arrendamiento a distintos inquilinos. El 30 de septiembre de 1974 dichas cor-poraciones refinanciaron un préstamo que les había facilitado el demandado Banco de Ahorro Mutualista de Puerto Rico, resultando de la operación un principal de $465,000 a pagarse en 80 años, devengando intereses al 10 1/2% anual, que las deudoras garantizaron con hipoteca, con todas las acciones emitidas por dichas corporaciones Centro I y Centro II, dadas al Banco en prenda y la garantía personal de Enrique H. y Ariel E. Gutiérrez. Como cuarta garantía del préstamo, en igual fecha las deudoras titulares de apartamentos arren-dados cedieron al Banco acreedor las rentas de los mismos por los 30 años de vida del crédito hipotecario. A la fecha de esta cesión de cánones todos los inquilinos estaban al día en el pago de la renta y las corporaciones arrendadoras también lo estaban en su obligación con el consorcio de titulares por las cuotas de gastos comunes de mantenimiento. Desde que el Banco percibe la renta la ha venido aplicando como abono a su acreencia y se descontinuó el pago de dichas expensas comunes que para el 31 de agosto de 1976 alcanzaban un balance impagado de $59,475.57. La Asociación de Condomi-nos que administra los inmuebles Centro I y Centro II pre-sentó demanda en abril de 1975 cobrando dichas partidas de expensas comunes tanto a las corporaciones arrendadoras como al Banco cesionario de los cánones de arrendamiento y el tribunal absolvió al Banco resolviendo que según el Art. 39 de la Ley de la Propiedad Horizontal (31 L.P.R.A. see. 1293c) la acción procede sólo contra las dueñas titulares de los departamentos. Recurrió la Asociación de Condominos y decidimos revisar.

Por regla general el canon de arrendamiento de un apartamento bajo el régimen de propiedad horizontal incluye las cuotas o expensas por gastos comunales, toda vez que el no pago de éstas da lugar a una acción contra el dueño arrendador y a otra contra su inquilino en la que “el Tribunal podrá ordenar al arrendatario que consigne judicialmente a favor del Consejo de Titulares la cantidad total por concepto de cánones de arrendamiento, según éstos vayan venciendo, hasta que se cubra totalmente la deuda del titular.” ■Art. 39 según enmendado por Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976 (31 L.P.R.A. sec. 1293c). Esta es una opción práctica derivada de la prevención original en el Art. 39 de que “nin-gún titular podrá librarse de contribuir [proporcionalmente a los gastos para la administración, conservación y repara-ción de los elementos comunes del edificio] por renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del apartamiento que le pertenezca.” Dentro de la realidad de la estructura económica del inmueble en condominio, no se con-cibe el arrendamiento de un departamento sin incluir en el canon exigido del arrendatario aquella suma correspondiente al pago de gastos comunales, pues de otro modo el arrendador vendría irremisiblemente obligado a pagarlos aun cuando no se beneficiase o disfrutare el uso de su apartamiento. Fernán-dez Martín-Granizio, La Propiedad Horizontal en el Derecho Español, pág. 434, Primera Ed. (1962) y págs. 608-9, Se-gunda Edición. La citada disposición de Ley de que ningún titular podrá librarse de contribuir a los referidos gastos es suficiente advertencia para todo el que contrate sobre un apartamiento en condominio de que las cuotas de manteni-miento del mismo son elemento contractual indispensable para la validez y eficacia del pacto, inseparables de la causa del contrato. Para el recurrido Banco de Ahorro Mutualista era inescapable que la estabilidad y administración de su convenio sobre cesión de rentas con las arrendadoras Centro I, Ine. y Centro II, Inc., dependía en alto grado del pago pun-tual de las cuotas de mantenimiento() de los departamentos arrendados.

Así enterado y advertido el banco acreedor de la interacción económica entre rentas y expensas comunes, pro-cede resolver si la relación contractual peculiar en que voluntariamente entró con las corporaciones dueñas de los apartamentos arrendados lo colocó en la posición de un “adquirente” y por tanto responsable solidariamente con las titulares dueñas por las cuotas adeudadas.

Ordena el Art. 41 de la Ley de la Propiedad Horizontal (31 L.P.R.A. sec. 1293e) en su texto original de 1958: ()

“El adquirente de un apartamiento será solidariamente res-ponsable con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor con la sec. 1293c de este título, hasta el momento de la transmisión, sin perjuicio del derecho del adquirente a re-petir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario.”

¿Fue el interés adquirido en dichos apartamentos por el ce-sionario de los cánones de una intensidad y relieve que pueda equipararse a un derecho propietario o de dominio compar-tido? () Analicemos el contrato. Por el extendido término de 30 años las titulares de los apartamentos arrendados ceden al Banco todos los cánones que éstos produzcan y lo facultan para prorrogar los contratos de arrendamiento o ejecutar nuevos contratos con inquilinos que el Banco escoja sin más limitación que la exigencia de una renta mínima de $4.10 anual por pie cuadrado de superficie; para percibir todas las rentas y dar recibo y cartas de relevo a los inquilinos; para proseguir toda acción y procedimiento para el cobro de cá-nones corrientes y atrasados, desahuciar los inquilinos moro-sos y recuperar la posesión del apartamento y para aplicar dichas rentas hasta donde alcancen, al pago de contribuciones sobre la propiedad, principal e intereses de tres hipotecas, primas de seguro y cuotas de expensas comunes asignadas a los departamentos. No quedaba ningún interés por ceder en la cosa para constituir al Banco en titular de la clase de propiedad que el Art. 281 () del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 1112) en su inciso 2o tipifica como “el derecho de usarla o disfrutarla, o ambas cosas a la vez” aun sin poder enaje-narla. Este contrato sobre cesión de cánones que además faculta al Banco cesionario por su duración de 30 años para ejercer actos por ley reservados al dueño titular, tiene un singular efecto de “desmembración de la propiedad” () como lo llaman Colin y Capitant, Derecho Civil, Tomo 2, Vol. 2, pág. 112, Cuarta Ed. (1961), cf. De la Haba v. Trib. Contribuciones, 76 D.P.R. 923, 936 (1954).

El concepto “adquirente” de apartamiento presente en el Art. 41, supra, no está necesariamente vinculado al “inmediato dominio” de la cosa a que alude el Art. 283 () del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 1114), ni se identifica con el de “plena y entera propiedad” que define el Art. 281 () del Código Civil en su inciso Io. Basta obtener suficiente control del apartamiento, el derecho a usarlo o disfrutar su renta, que es una de las clases de propiedad (Art. 281, inciso 2o), para que surja la figura del “adquirente” y su vinculación en responsabilidad solidaria con el titular transmitente.

En virtud del contrato sobre cesión de cánones entre las corporaciones y el Banco este acreedor recurrido ha suplan-tado a las titulares dueñas de los 29 apartamentos, por el largo período de 30 años, en el gobierno y explotación econó-mica de dichos inmuebles incluyendo la exigencia de un canon que cubra, además de los réditos de la hipoteca, las cuotas de mantenimiento. Ha habido suficiente difusión de la propie-dad por los términos del contrato para convertir dicho acree-dor en un “adquirente” de dichos apartamentos sometido por su libérrima voluntad a la obligación de solidaridad impuesta por el citado Art. 41 de la Ley. Cf. Asoc. de Condominos v. Naveira, 106 D.P.R. 88 (1977).

Los términos del contrato son clara constancia de la intención de los contratantes de que por su duración la acreedora hipotecaria cesionaria de los cánones de arrendamiento, estuviese investida de cuanta facultad corresponde a un dueño arrendador en la administración del contrato, inclusive significativamente las de desahuciar los inquilinos morosos y modificar el canon de arrendamiento. El control económico sobre los departamentos a que advino el acreedor en cuanto concierne al arrendamiento, no es menos que el de las corporaciones dueñas, por lo que es inevitable concluir que el acreedor recurrido es un “adquirente” según conceptuada esa figura en el Art. 41 de la Ley. Al interpretar un contrato no deben perderse de vista las consecuencias prácticas y el resultado final de la eficaz operación de sus prestaciones. Franceschi v. Texaco P.R., Inc., 103 D.P.R. 759, 763 (1975).

La propiedad horizontal es una exclusiva sobre los diferentes pisos o apartamentos, bajo un régimen necesario de aprovechamiento conjunto en los elementos comunes, los cuales para viabilizarlos permanecen en estado de indivisión forzosa. () Por ser las cuotas de mantenimiento de estos elementos comunes parte integrada permanentemente a la utilidad y valor económico de cada departamento, así dispuesto por la Ley especial que regula este tipo de propiedad, no pueden ser ignoradas én la contratación respecto a dichas unidades ni pueden los contratantes acordar términos con efecto último de evadir las responsabilidades económicas que son vida y esencia del régimen instituido y reglado por dicha Ley de la Propiedad Horizontal. La propiedad, como la libertad, aun cuando inmunes a la destrucción bajo la Constitución, no lo están de la reglamentación esencial para el bien común. Corresponde a cada generación elaborar por sí misma el grado de regulación. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, pág. 87. Hernández v. Méndez & Assoc. Dev. Corp., 105 D.P.R. 149 (1976). Al pesar intereses en conflicto, debe propiciarse la victoria de aquel interés fundado en la razón y más digno de protección. Gmelin, El Método Sociológico, 9 Modern Legal Philosophy Series, pág. 131.

No puede el propietario separar los elementos que integran el derecho de propiedad horizontal. La transmisión del derecho no afecta en nada a las obligaciones derivadas de este régimen de propiedad. (Castán, ibid., pág. 362.) La cesión de cánones de arrendamiento aquí convenida no puede operar una separación aun de orden económico entre el departamento en sí y el derecho de su titular a aprovecharse de los elementos comunes que por disposición del Art. 13 de la Ley (31 L.P.R.A. sec. 1291k) se mantendrán en indivisión forzosa, toda vez que dichos elementos comunes son parte del valor básico del inmueble. (Art. 20 de la Ley, 31 L.P.R.A. see. 129 Ir.)

La responsabilidad del acreedor cesionario de las rentas está además acorde con el principio declarado en el Art. 290 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 1143) de que quien percibe los frutos () tiene la obligación de abonar los gastos hechos por un tercero para su conservación. Este precepto determina la contrapartida por la percepción de los frutos. Puede inferirse que en el curso ordinario de los negocios al fijar el canon de arrendamiento las corporaciones dueñas de los departamentos incluyeron en el mismo el costo de las expensas comunes por las que ellas, y no sus arrendatarios, son principalmente responsables. La parte del canon así reservada no debe destinarse al pago de otras obligaciones de las arrendadoras, en detrimento de la estabilidad econó-mica del edificio bajo régimen de propiedad horizontal. En este aspecto la cesión de cánones representa una desviación de los fondos destinados al pago de cuotas de mantenimiento, () hacia la amortización de gravámenes hipotecarios, que por constituir una seguridad adicional a la garantía real hipote-caria, a costa de la administración del inmueble, no se justi-fica invocando la prelación de créditos establecidos por el Art. 40 de la Ley (31 L.P.R.A. sec. 1293d), toda vez que dicho orden de prioridades se concreta llegado el momento de ejecución o realización del crédito preferente que en tal caso excluye “a todos los demás por su importe hasta donde al-cance el valor del inmueble.” (Art. 1827, Código Civil — 31 L.P.R.A. see. 5212.) El contrato de cesión de cánones sin hacer reserva para los gastos comunales introduce una fundamental variación en el concepto económico general de la propiedad horizontal, otorga a un acreedor preferente asegu-rado con hipoteca una garantía por añadidura, y en tal punto subvierte el orden económico trazado por el legislador para esta clase de propiedad y atenta contra la subsistencia misma del régimen. Es por tanto ineficaz y contraria a derecho la cesión por el titular arrendador de un apartamento sujeto al régimen de propiedad horizontal, de aquella parte del canon necesaria para cubrir las cuotas de mantenimiento o expensas comunales del departamento. Asoc. de Condominos v. Seguros Arana, Inc., 106 D.P.R. 133 (1977).

Se dictará sentencia condenando al recurrido Banco de Ahorro Mutualista, como responsable solidario con las corpo-raciones arrendadoras demandadas, a pagar a la recurrente Asociación de Condominos Condominios Centro I y II todas las cuotas de elementos comunes de los departamentos afec-tados y que se hallen impagadas, a partir del 30 de septiem-bre de 1974, sin perjuicio del derecho a repetir reservado por el Art. 41 de la Ley de la Propiedad Horizontal. Revocada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)Ese conocimiento alcanzó expresión en la cláusula 3(b) del con-trato, donde dice:
      (b) “ASSIGNEE will apply the amounts received as established hereinabove as to the extent that they may be sufficient therefor to the payment of: (i) ... (ii) . . . (iii) Insurance and maintenance charges and expenses payable by and/or assessed to the Units.”
      No obstante, la letra del pacto resultó hueca porque los pagos de amortiza-ción de hipoteca absorbieron las rentas sin dejar sobrante para las cuotas de mantenimiento.

      (2)A1 ser enmendado por Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, la responsabilidad solidaria del adquirente fue reafirmada en el siguiente nuevo texto:
      Art. 41- — '“La obligación del titular de un apartamiento por su parte proporcional de los gastos comunes constituirá un gravamen sobre dicho apartamiento. Por lo tanto, el adquirente voluntario de un apartamiento será solidariamente responsable con el transmitente del pago de las sumas que éste adeude, a tenor con el Artículo 39, hasta el momento de la trans-misión, sin perjuicio del derecho del adquirente a repetir contra el otro otorgante, por las cantidades que hubiese pagado como deudor solidario.
      “La referida obligación será exigible a quien quiera que sea titular de la propiedad que comprende el apartamiento, aun cuando el mismo no haya sido segregado e inscrito como finca filial en el Registro de la Propiedad, o enajenado a favor de persona alguna.”

      (3) Se da el caso en la concurrencia de propietarios con derecho a pro-ductos diferentes de una misma finca. Colin y Capitant, Derecho Civil, Tomo 2, Vol. 2, pág. 319 y ss., Cuarta Edición (1961), cf. Ortiz Roberts v. Ortiz Roberts, 103 D.P.R. 628, 631-632 (1975).

      (4) Art. 281, Código Civil—
      “El derecho de propiedad sobre las cosas puede ser de diferentes clases:
      1. La plena y entera propiedad, o sea el derecho de usar, disfrutar o enajenar las cosas.
      2. El derecho de usarlas o disfrutarlas, o ambas cosas a la vez.
      3. El derecho a ciertas servidumbres constituidas sobre los bienes inmuebles.”
      Este Artículo, adquirido de Louisiana, se aparta del rigor científico de nuestro derecho civil común, pero en cierto modo refleja la diversificación de regímenes jurídicos de la propiedad.

      (5)“Es, en efecto, indudable que la propiedad, en el mundo actual, dista mucho de estar estructurada de modo unitario por el Derecho. La propiedad en sí misma, es decir, en su consideración general y unitaria, tiene cada vez perfiles menos acusados. El concepto de la propiedad va dejando el paso al de las diversas propiedades, ya que según sea la natura-leza del objeto y la del negocio jurídico que haya dado origen a la propie-dad, tiene ésta en cada caso contenido muy diferente. La propiedad in-mobiliaria ofrece hoy normas y problemas distintos a los de la propiedad mobiliaria, como también son muy diferentes, dentro de la primera, los que afectan a la propiedad rural o agraria y a la propiedad urbana, sin contar que no es idéntico el régimen del subsuelo, del suelo, de la super-ficie, del aire, de las aguas, de los montes ni es siempre él mismo el régi-men de los edificios, el de sus pisos o departamentos y el de los solares.” (Subrayado del autor.) Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 2, Vol. 1, págs. 105-106, Ed. 10» (1971).

      (6) Artículo 283, Código Civil — “La propiedad de una cosa reside siem-pre en el que tiene sobre ella el inmediato dominio y no en cualquiera otra persona, no obstante que use y disfrute de alguna manera de la cosa ajena.”

      (7)Artículo 281, Código Civil — “El derecho de propiedad sobre las cosas puede ser de diferentes clases: 1. La plena y entera propiedad, o sea el derecho de usar, disfrutar o enajenar las cosas.”

      (8) Bugeda, La Propiedad Horizontal, pág. 30 y ss. (La Habana, 1954), citado por Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 2, 1», págs. 351-352, Ed. 10a (1971).

      (9)E1 Art. 289 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 1142) declara frutos civiles “el alquiler de los edificios.”

      (10) El destino de cánones para cubrir gastos de elementos comunes es corolario del principio declarado en el Art. 39 de la Ley (31 L.P.K.A. sec. 1293c) de que ningún titular podrá librarse de contribuir a tales gastos por renuncia al uso o disfrute de los elementos comunes, ni por abandono del apartamento que le pertenezca, para cuya implementación práctica expresamente dispone la enmienda introducida por Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, que “en aquellos casos en que el titular moroso hu-biere arrendado el apartamiento, el Tribunal podrá ordenar al arrenda-tario que consigne judicialmente a favor del Consejo de Titulares la canti-dad total por concepto de cánones de arrendamiento, según éstos vayan venciendo hasta que se cubra totalmente la deuda del titular.”


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Moisés Arcelay Rivera y Otros, demandantes y apelantes, v. Dr. José Alvarez de Choudens, demandado y apelado.

      Número: O-76-518

      Resuelto: 20 de septiembre de 1977

      Santos P. Amadeo, Angel F. Vélez Pozo y José Enrique Amadeo, abogados de los apelantes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, Maribel Pérez Mora, abogada del Departamento de Justicia, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Se impugna en este recurso la validez de los Arts. 4 y 6, incisos (a) y (c) del reglamento promulgado por el Secreta-rio de Salud para regular la operación de establecimientos dedicados a la manufactura, producción, distribución y venta de productos farmacéuticos. Reglamento Núm. 39 de 20 de octubre de 1975.

El tribunal de instancia sostuvo la validez del reglamento y, en consecuencia, desestimó la demanda interpuesta por un grupo de auxiliares de farmacia. En apelación, éstos insisten en la nulidad de las mencionadas disposiciones reglamenta-rias señalando en apoyo de la revocación que las mismas son irrazonables y contrarias a las disposiciones de la Ley de Farmacia. Ley Núm. 282 de 15 de mayo de 1945; 20 L.P.R.A. sees. 381 a 404.

Examinemos primero el texto de las disposiciones de la Ley de Farmacia y el de las disposiciones reglamentarias ale-gadamente en conflicto para luego considerar los señalamien-tos de los apelantes:

El inciso (B) de la Sec. 21 de dicha ley (20 L.P.R.A. see. 400) provee:

“Un auxiliar de farmacia sólo podrá desempeñar bajo la inmediata supervisión de un farmacéutico, los trabajos del ramo que éste le asigne y podrá además por un período de no más de 6 horas durante las horas laborables de una farmacia en el día, ni más de 30 horas en una semana, sustituir al farmacéutico en-cargado de la misma, no pudiendo mientras dure la ausencia del farmacéutico preparar recetas médicas.” (Bastardillas nuestras.)

La See. 23 de la Ley de Farmacia (20 L.P.R.A. see. 402) en lo pertinente provee:

“Todo establecimiento que se dedique a la preparación, venta o distribución de medicinas . . . tales como farmacias . . . estará personalmente atendido por un farmacéutico debidamente auto-rizado . . . quien será responsable de la fidelidad en el despacho o preparación de las recetas ....
En ningún momento el farmacéutico podrá ausentarse del establecimiento . . . excepto en sus ausencias temporeras que no excederán de seis horas durante un día laborable ni más de 30 horas en cada semana natural, en las cuales será sustituido por un auxiliar de farmacia según especificado en el apartado (B) de la see. 400 de este título .... Disponiéndose, que en caso de que el farmacéutico ... se ausentare . . . por más de 6 horas en un día o más de SO horas en una semana natural, tendrá que ser sustituido por otro farmacéutico, o en su defecto cerrar el esta-blecimiento a su cargo hasta su regreso . . . (Bastardillas nuestras.)

Las disposiciones reglamentarias impugnadas proveen en lo pertinente:

“Artículo 4
(a) Las ausencias temporeras de un farmacéutico regente estarán sujetas a que obedezcan a un propósito urgente y espo-rádico y a que no se prolongue ni se repita más allá del tiempo razonablemente indispensable para atender la necesidad que la motiva.
(c) Si el farmacéutico regente no es sustituido por otro farmacéutico durante su ausencia temporera, el establecimiento quedará a cargo del auxiliar de farmacia; Disponiéndose, que en dicha ausencia temporera no se despacharán prescripciones facultivas ....
Artículo 6
(a) Será ilegal preparar o despachar, . . . una receta o pres-cripción facultativa por una persona que no sea un farmacéutico autorizado: Disponiéndose, que un auxiliar de farmacia . . . podrá despachar y preparar recetas bajo la inmediata super-visión de un farmacéutico autorizado. Entendiéndose por super-visión inmediata la presencia física del farmacéutico en el ám-bito del recetario y el cotejo de la labor realizada.”

La contención de los apelantes es que las anteriores dispo-siciones de los Arts. 4 y 6 del Reglamento van más allá de la See. 23 de la Ley de Farmacia ya que el inciso (a) del Art. 4 condiciona las ausencias temporeras del farmacéutico a situa-ciones de urgencia y las limita al tiempo razonablemente ne-cesario; mientras que el Art. 23 no impone tal limitación. También señalan los apelantes que el Art. 21(B) de la Ley de Farmacia, supra, sólo prohíbe al auxiliar de farmacia preparar recetas mientras que el Reglamento le prohíbe pre-parar y despachar recetas, lo que a su juicio resulta irrazona-ble porque tiene el efecto práctico de cerrar la farmacia y eliminar las funciones del auxiliar de farmacia.

No está clara la capacidad jurídica de los apelantes para cuestionar una disposición reglamentaria que no les afecta— cf. Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518 (1972) — ya que el Art. 4(a) se refiere exclusivamente a las ausencias temporeras del farmacéutico regente y no se aduce perjuicio para los auxiliares de farmacia en virtud de las limitaciones contenidas en el mismo. No obstante, como este planteamiento está íntimamente ligado con el siguiente, lo abordamos y hemos concluido que no hay conflicto entre el Art. 4(a) y la Ley de Farmacia, supra.

La Ley de Farmacia fija en el farmacéutico la responsa-bilidad en el despacho de recetas, siendo él la única persona autorizada para prepararlas y despacharlas. Sees. 3 y 23 de la Ley de Farmacia. Es el farmacéutico el que supervisa al auxiliar de farmacia y el que garantiza con sus conocimien-tos especializados y su competencia profesional la fidelidad en el despacho de recetas.

La ley requiere la presencia del farmacéutico en el esta-blecimiento mientras éste permanezca abierto, disponiendo la See. 23 en forma tajante que “En ningún momento el farma-céutico podrá ausentarse del establecimiento . . . .,” siendo por excepción que se permiten ausencias temporeras de no más de seis horas en un día laborable y de 30 horas en cada semana natural. Más aún, si la ausencia es de más de 6 horas o de 30 horas a la semana, el farmacéutico deberá ser susti-tuido por otro o en su defecto deberá cerrar el estableci-miento.

El tenor de la ley, como vemos, es limitar al mínimo necesario las ausencias temporeras del farmacéutico. La ex-cepción no constituye una autorización en blanco para que éste se ausente del establecimiento por cualquier motivo, ya que en ese caso las farmacias podrían estar abiertas al público más de la mitad del tiempo sin un farmacéutico a cargo, derrotándose así el propósito fundamental de la Ley de Farmacia de promover la salud pública mediante la presencia del profesional competente en el despacho de recetas.

Al condicionar las ausencias temporeras del farmacéutico a motivos de urgencia y en forma esporádicas, y, limitarlas al tiempo razonablemente necesario, el Reglamento Núm. 39 cumple a cabalidad con el propósito y alcance de la Ley de Farmacia.

El segundo planteamiento de los apelantes tampoco tiene mérito pues se funda en una parte aislada de la See. 21(B) sin tomar en cuenta el texto completo de la Ley de Farmacia. El significado y alcance de un estatuto se deter-mina, como es sabido, leyéndolo en su totalidad y considerán-dolo en todo su conjunto pero no tomando aisladamente una de sus disposiciones. A.C.A.A. v. Yantín, 103 D.P.R. 59 (1974).

Los apelantes arguyen que la Sec. 21(B) de la Ley de Farmacia, supra, sólo prohíbe a los auxiliares de farmacia el preparar recetas, mientras que el inciso (c) del Art. 4 y el (a) del Art. 6 del Reglamento les prohíbe tanto la preparación como el despacho de recetas. El argumento hace caso omiso de la See. 3 de la Ley, que específicamente requiere que las recetas o prescripciones facultativas sean confeccionadas y despachadas por un farmacéutico registrado; y, de la See. 23 que hace al farmacéutico responsable de la fidelidad en el despacho o preparación de recetas conforme las especificaciones de los médicos. Es decir, la Ley de Farmacia prohíbe al auxiliar de farmacia tanto el preparar como el despachar, por lo que no hay conflicto entre el Reglamento Núm. 39 y dicha ley.

Los apelantes pretenden distinguir entre los términos despachar y preparar en orden a la definición del diccionario sin percatarse de que se trata de términos técnicos que se interpretan de acuerdo al significado y acepción que tengan admitidas por los peritos o maestros en la ciencia, arte o profesión a la cual se refieren. Art. 16 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 16. La prueba pericial presentada por la apelada revela que los términos despachar, dispensar y preparar son sinónimos y se usan para indicar el “proceso que incluye desde el momento en que el farmacéutico toma una prescripción para ser despachada, la lee, interpreta, trae los ingredientes, los combina si hay que combinarlos o si son sustancias como cápsulas o tabletas para contarlas y finalmente las rotula.” Testimonio de la perito Justina Pérez, Catedrática del Colegio de Farmacia de la Universidad de Puerto Rico. (T.E. págs. 27-28.)

Un aspecto importante en el proceso de despachar recetas es el de asesorar al cliente sobre los riesgos, frecuentemente fatales de interacción de drogas, si éste está usando otros medicamentos. El farmacéutico es el profesional especial-mente cualificado por sus conocimientos de la farmacología, química farmacéutica y farmacognosia para llevar a cabo este asesoramiento y advertir al cliente sobre las diversas reacciones y efectos del uso de una droga con otra. Gant: Drug Interaction, 103 Canadian Pharmaceutical Journal, 296, 297. Esta importante función de asesoramiento rebasa los limitados conocimientos del auxiliar de farmacia.

No es correcto que el Reglamento Núm. 39 tenga el efecto práctico de eliminar la función del auxiliar de farmacia. Este siempre puede despachar recetas bajo la supervisión inme-diata y directa del farmacéutico y llevar a cabo otras labores auxiliares.

Concluimos que el Reglamento Núm. 39 es razonable y que éste está en armonía con las disposiciones de la Ley de Farmacia, supra.

Se dictará sentencia confirmando la aquí recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Pueblo International, Inc. h/n/c Pueblo Supermarkets, Inc., apelante.

      Número: CR-77-28

      Resuelto: 20 de septiembre de 1977

      Eduardo Morales Coll, abogado de Pueblo Supermarkets, Inc.; Miguel Giménez Muñoz, Secretario de Justicia, Ralph T. Shelly González, Secretario Auxiliar de Justicia y Pedro Lugo Frank, Fiscal Especial, Oficina de Asuntos Monopolísticos, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante Pueblo International, Inc., en unión a otras dos entidades corporativas, fue acusado de haber conspirado desde febrero de 1970 hasta mayo de 1973 para mantener y fijar irrazonablemente los precios al detal de arroz en el mer-cado puertorriqueño en contravención al Art. 2 de la Ley de Monopolios de 1964 (10 L.P.R.A. see. 258). Hizo alegación de “nolo contendere” y fue condenado inicialmente a satis-facer una multa de $40,000.00. Formuló una moción de re-consideración bajo la Regla 185 de Procedimiento Criminal solicitando la reducción de la sentencia. Tras varios inciden-tes y vista, presentó memorando sobre atenuantes conjunta-mente con una declaración jurada alegando, entre otros fundamentos, que la sanción impuesta sobrepasaba el límite permitido por la ley vigente al momento de ocurrir los hechos. En su réplica, el Ministerio Público aceptó que la multa ex-cedía el máximo de $25,000.00 autorizado en la ley aplicable. No conforme, radicó “Moción Bajo la Regla 168” argumen-tando la defensa de prescripción bajo el nuevo Código Penal (Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974; 33 L.P.R.A. see. 3001 et seq.), en vigor desde el día 22 de enero de 1975. () En la fecha fijada para la discusión de las mociones pendientes las mismas no fueron ventiladas ya que el juez que había dictado sentencia no estaba disponible en sala, concediendo el magis-trado suplente plazo para que las partes radicasen alegatos adicionales en apoyo de sus respectivas contenciones. Antes de transcurrido el término, el tribunal dictó sentencia reba-jando la pena de multa a la suma de $20,000.00.

Entabló el presente recurso discutiendo los siguientes dos apuntamientos:

“Erró el Tribunal de Instancia por voz del Honorable Juez Fernando Grajales Rodríguez al dictar la sentencia reconside-rada el idía 28 de diciembre de 1976 sin antes haber resuelto la moción para que no se dicte sentencia radicada por la aquí ape-lante el día 13 de noviembre de 1975, ello en violación a lo dis-puesto por la Regla 162 de las de Procedimiento Criminal (34 L.P.R.A. Ap. II 162).”
“Erró el Tribunal de Instancia por voz del Honorable Juez Fernando Grajales Rodríguez al dictar la sentencia reconside-rada el día 28 de diciembre de 1976 antes de vencerse el término de la aquí apelante para radicar su alegato en apoyo de su Mo-ción Para Que No Se Dicte Sentencia, todo ello en violación a la estipulación acordada por las partes y aprobada por el Tribunal y en violación al derecho de la aquí apelante a demostrar que existe causa para que no se dicte sentencia, cuyo derecho le es concedido por la Regla 168 de las de Procedimiento Criminal (34 L.P.R.A. Ap. II168).”

No es necesario analizar en sus méritos los errores seña-lados ya que ante la alegación de “nolo contendere”, el ve-hículo apelativo adecuado era el recurso de certiorari a ser presentado en nuestra secretaría y no el de apelación.

La alegación de “nolo contendere”, () cuyos orígenes se remontan al derecho consuetudinario inglés del siglo XIV, en su peregrinaje histórico pasó a formar parte del derecho común en los Estados Unidos y con el tiempo objeto de reco-nocimiento legislativo en diversos estados; en el ámbito federal las Reglas de Procedimiento Criminal vigentes la con-signan como alegación permisible. Note, 33 Neb. L. Rev. 428 (1954). En nuestro ordenamiento procesal penal, la misma tuvo una génesis limitada y modesta al ser incorporada en la Ley de Monopolios a través de la Núm. 61 de 31 de mayo de 1972 (10 L.P.R.A. see. 276). El Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes refleja el trasfondo, concepción y alcance de la medida:

“El P. de la C. 1339 permite que cualquier persona acusada por el Estado por razón de actos o intentos prohibidos por los Artículos 2, 4, 7 (f) y 8, de la Ley núm. 77 de 25 de junio de 1964, Según enmendada, que prohíbe los monopolios en Puerto Rico, pueda interponer la alegación de ‘nolo contendere’ en el Tribunal Superior de Puerto Rico.
El Artículo 502 (Criminal Law 21 Am. Jur. 2nd — ) define la alegación de ‘nolo contendere’ de la siguiente manera:
‘La diferencia entre una alegación de ‘nolo contendere’ y una de culpabilidad es que una alegación de culpabilidad puede utilizarse en otros procedimientos o acciones contra el acusado, mientras que una alegación de ‘nolo contendere’ solamente puede esgrimirse contra el acusado en el mismo caso en que este haga dicha alegación. La acción de ‘nolo contendere’ no podrá utilizarse como admisión de culpabilidad en cualquier acción civil o criminal que surja de los mismos hechos que die-ron lugar a la acusación.’ (Traducción nuestra.)
Actualmente, tal y como están redactadas las Reglas de Pro-cedimiento Criminal de 1963 y la Ley núm. 77 de 25 de junio de 1964, no se permite la interposición de una alegación de ‘nolo contendere’. No obstante, en la jurisdicción federal esta alega-ción está permitida por las Reglas 11 y 12 de las Reglas Fede-rales de Procedimiento Criminal.
Siendo la alegación de ‘nolo contendere’ la más utilizada en las acciones criminales basadas en la legislación monopolística federal, consideramos que resultaría provechoso obtener el bene-ficio de la misma para las gestiones litigiosas de esta naturaleza radicadas por el Departamento de Justicia a tenor con las dispo-siciones criminales de nuestra Ley núm. 77. De este modo, podría conseguirse una más eficaz implementación de dicha ley, logrando así la más equitativa y efectiva administración de la política económica competitiva de nuestro gobierno.” 26 Diario de Sesiones, 318 (1972).

El texto finalmente aprobado reza:

“Toda persona acusada por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por razón de actos e intentos de actos prohibidos por los Artículos 2, 4, 7 (f) y 8 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964, que es la Ley Antimonopolística de Puerto Rico, sees. 258, 260, 263 (f) y 264 de este título podrá interponer la alegación de Nolo Contendere en el Tribunal Superior de Puerto Rico. Dicha alegación no podrá utilizarse como evidencia prima facie en acciones de triple daño basadas en los incisos (a) y (b) de la sección 268 de este título. Estas acciones se regirán en todos sus demás aspectos por las Reglas de Procedimiento Criminal." (Subrayado nuestro.)

Del historial legislativo y de los términos de la ley vigente, podemos concluir: la alegación de “nolo contendere” fue ad-mitida por excepción a nuestro procedimiento criminal en casos de monopolio; comparada con una alegación de culpabi-lidad la única diferencia que se contempló fue que la alega-ción de “nolo contendere” no sería admisible en cualquier ac-ción civil o criminal ulterior basada en los mismos hechos que motivaron la acusación; las reglas federales sirvieron como modelo y; se dispuso taxativamente que los restantes aspectos de las causas criminales por infracción a la Ley de Monopo-lios fueran solventadas al amparo de nuestras Reglas de Pro-cedimiento Criminal existentes.

Esta concepción legislativa sobre la característica esencial de una alegación de “nolo contendere”, en contraposición a una de culpabilidad, encuentra apoyo casi unánime en los tratadistas y decisiones judiciales. Se considera que equivale a una admisión tácita de culpabilidad para fines del caso en particular: Qureshi v. Immigration & N.S., Dept. of J. of United States, 519 F.2d 1174 (1975); United States v. Gallagher, 94 F.Supp. 640 (1950); United Brotherhood of Carpenters & Joiners v. United States, 330 U.S. 395 (1947). Orfield, en su reputada obra Criminal Procedure Under the Federal Rules, la distingue de la alegación de culpabilidad destacando que su propósito primordial es evitar sanciones civiles y responsabilidades que de otra forma pudieren surgir como resultado de tal alegación de culpabilidad. (Vol. 2, pág. 76.) Otro autor de igual renombre, concluye que mediante dicha alegación un acusado renuncia a todas las defensas no jurisdiccionales. Moore, Federal Practice, Rules of Criminal Procedure, Vol. 8, pág. 11-33 y ss.

El trasfondo expuesto unido a la norma de que ante una alegación de culpabilidad solamente procede el recurso de certiorari, a ser librado discrecionalmente por este Tribunal () — a los fines limitados de examinar las defensas dirigidas a atacar la suficiencia de la acusación y la jurisdicción del tribunal — nos lleva a resolver: (1) salvo la inadmisibi-lidad de la alegación de “nolo contendere” en procesos ulte-riores, no existe diferencia sustantiva() con la alegación de culpabilidad; y (2) el caso llegó ante nos mediante el recurso impermisible de apelación pues solamente procedía una solici-tud de certiorari.

Apreciados en esta última perspectiva los errores señalados, los estimamos carentes de méritos. Debe recordarse que a través de una alegación de culpabilidad y por analogía de “nolo contendere”, se renuncian todas las defensas excepto aquellas jurisdiccionales; la prescripción no es una de carácter jurisdiccional, y por ende no es susceptible!) de ser levantada por certiorari. El no estar conforme con la multa de $20,000.00 impuesta no es motivo suficiente para que intervengamos discrecionalmente con el discernimiento de la ilustrada sala sentenciadora. El apelante con su acción concertada contribuyó a una crisis real del arroz en el mercado puertorriqueño. Las constancias en autos demuestran que el tribunal de origen tenía bases suficientes para emitir la sentencia dictada el 28 de diciembre de 1976 y que los escritos previamente radicados por las partes contenían todas las cuestiones necesarias. No se causó perjuicio alguno.

Se dictará Sentencia desestimando por falta de jurisdic-ción la apelación interpuesta. Considerado el recurso como un certiorari, no ha lugar por inmeritorio.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)Las disposiciones invocadas fueron las siguientes:
      “Régimen de las leyes penales especiales
      “Las disposiciones de este Subtítulo se aplicarán también a los hechos previstos por las leyes penales especiales.
      “Si la misma materia fuera prevista por una ley o disposición especial y por una ley o disposición de carácter general, se aplicará la ley especial en cuanto no se establezca lo contrario.” (33 L.P.R.A. see. 3005.)
      “Prescripción
      “La acción penal prescribirá:
      (a) .......
      (b) Al año en los delitos menos graves, salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y a la see. 4365 de este título sobre Omisión en el cumplimiento del Deber y la see. 4366 sobre Negligencia en el cum-plimiento del Deber que prescribirán a los cuatro años.” (33 L.P.R.A. see. 3412.)

      (2)Para una excelente exposición de la materia y su posible amplia-ción a nuestras reglas, consúltese: Informe de la Comisión para el Estudio de la Fiscalía y Representación Legal del Estado sometido en 9 de octubre de 1974 al Consejo sobre la Reforma de la Justicia en Puerto Rico, págs. 403-419.

      (3)La Regla 193 dispone: “Las sentencias finales dictadas en casos criminales originados en el Tribunal Superior y en juicios de novo ante el Tribunal Superior, podrán ser apeladas por el acusado en la forma prescrita por estas reglas. En estos casos el acusado podrá establecer una apelación para ante el Tribunal Supremo, excepto en los casos de convicción por alegación de culpabilidad, en los cuales procederá únicamente un re-curso de certiorari, a ser librado por el Tribunal Supremo a su discreción. La solicitud de certiorari deberá presentarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que la sentencia fue dictada.” (Subrayado nues-tro.)

      (4)Se señalan también las siguientes distinciones: “evitar un juicio largo y costoso y una publicidad adversa en caso de convicción, o para pro-teger al ciudadano respetable que puede verse envuelto en una violación técnica de alguna ley.” Informe de la Comisión para el Estudio de la Fiscalía y Representación Legal del Estado, supra, 406.

      (5)Moore, Rules of Criminal Procedure, op. cit., pág. 11-33 y ss. United States v. Doyle, 398 F.2d 715 (1965); cert. den., 382 U.S. 843.


text:
      In re Israel Arana Arana.

      Número:

      Resuelto: 21 de septiembre de 1977
    En este caso no comparecieron abogados.
   per CURIAM:

Aparece del expediente de la querella en este caso que el 20 de abril de 1976 el Secretario de este Tribunal refirió al abogado Israel Arana una comunicación del señor Stanley P. Salzman de la ciudad de Nueva York en la que éste se quejaba de que el abogado Arana había retenido in-debidamente fondos de un cliente. En su comunicación, el Secretario llamó la atención al abogado Arana de la dificul-tad en conseguir su dirección actual y de su incumplimiento de la Regla 8 (j) del Reglamento de este Tribunal al no noti-ficar cambio de dirección.

Ocho meses más tarde, el 18 de enero de 1977, el abogado Arana contestó la comunicación del Secretario solicitando un término de 90 días para rendirle un informe sobre la mencionada queja. En vista del tiempo transcurrido el Secre-tario volvió a comunicarse con el abogado Arana advirtién-dole que de no enviar su informe antes del 20 de marzo de 1977 procedería a llevar la queja del señor Salzman a la consideración del Tribunal en Pleno.

El abogado Arana no sometió su informe dentro del tér-mino concedido por el Secretario y el 28 de julio pasado le concedimos quince (15) días para que compareciera a mos-trar causa por la cual no debía ser disciplinado.

Habiendo transcurrido en exceso el término concedido al abogado Israel Arana y no habiendo respondido a nuestra orden sobre mostración de causa, se dictará sentencia sepa-rándolo del ejercicio de la abogacía y del notariado, y, elimi-nando su nombre del registro de abogados de este Tribunal.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.