text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Juan Sánchez Álvarez, acusado y recurrido.

      Número: O-82-78

      Resuelto: 17 de noviembre de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peticionario; Efraín Meléndez, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Mediante trámite de mostrar causa examinamos la petición de certiorari del Procurador General, que cuestiona la resolución del Tribunal Superior, Sala de Caguas, en que se dejan sin efecto los veredictos de culpabilidad en los casos de robo e infracción al Art. 8 de la Ley de Armas y se ordena un nuevo juicio por el fundamento de que no debió permitir la prueba de identificación en corte abierta de los cinco testigos impugnados por la defensa.

Ordenamos y tenemos el beneficio de la transcripción de evidencia y comparecencia de las partes. El análisis de la cuestión nos mueve a concluir que erró la sala de instancia.

I

Una sinopsis de los hechos refleja incontrovertidamente que el 29 de julio de 1980 dos individuos asaltaron la Joyería Damar en Caguas. Estuvieron allí alrededor de 15 minutos. Fueron observados ampliamente por varios testi-gos. Al otro día de los hechos todos estos testigos fueron llevados a una rueda de detenidos en la cual se encontraba el acusado Juan Sánchez Álvarez. Sólo uno de ellos, Willie Rosario Malavé, identificó al acusado. Otros dos, Pablo Aro-cho y José W. Arocho, expresaron que creían que el acusado era uno de los asaltantes, pero que había otro que se le pa-recía. Por último, Edwin Arocho, María Iris Galarza y Nereida Arocho no pudieron identificar a ninguna de las personas en la rueda de detenidos.

No obstante, en el acto del juicio los seis testigos identifi-caron al acusado como uno de los autores del robo. Los que no lo identificaron en la rueda de detenidos explicaron que no pudieron hacerlo pues se encontraban muy nerviosos, particularmente porque la rueda de detenidos se llevó a cabo sin la protección de un cristal donde no pudieran ser vistos por las personas que formaban parte de la rueda.

La prueba de la defensa intentó establecer una coartada a través de varios testigos. El jurado la aquilató y declaró culpable al acusado.

Posteriormente es que solicita nuevo juicio a tenor con la Regla 188 de Procedimiento Criminal, invocando como razones: (1) que un miembro del jurado ya antes había sido objeto de un asalto y no lo manifestó al tribunal; (2) que los miembros del jurado se habían separado durante la delibe-ración; y (3) que la identificación en corte por los testigos que antes no habían podido identificarlo, le perjudicó y le privó de un juicio justo e imparcial.

Como expusimos, el tribunal declaró con lugar esta moción y concedió nuevo juicio por el tercer fundamento.

Nuestra doctrina reconoce que una identificación en corte abierta es válida siempre que sea confiable. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980). La identificación durante la vista en este caso fue confiable. Los testigos tuvieron amplia oportunidad de observar a los asaltantes, hicieron una descripción detallada de éstos y la identifi-cación judicial ocurrió poco más de un año después de acae-cidos los hechos. La circunstancia de que algunos de los tes-tigos no hubieran podido identificarlo en la rueda de detenidos no vicia fatalmente la identificación. Ello afecta la credibilidad pero no desnaturaliza el valor probatorio integral de la prueba. El jurado la aquilató y dio crédito a la misma. Determinó que no había duda razonable de que el acusado era uno de los asaltantes. Un testigo lo identificó en todo momento, con reiteración. Tenía la capacidad y tuvo la oportunidad. No debió la sala de instancia intervenir con esa evaluación.

Se expide el auto y se dicta sentencia con la que se re-voca la resolución del Tribunal Superior, Sala de Caguas, fechada el 19 de enero de 1982.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria General. El Juez Asociado Señor Dávila concurre en el resultado con voto separado.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

—O—

Voto separado del Juez Asociado Señor Dávila.

Concurro en el resultado. Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980), no es autoridad para sostener, en la actual sentencia, que “[njuestra doctrina reconoce que una identificación en corte abierta es válida siempre que sea confiable”. Allí precisamente consignamos que “su identifi-cación por Luis Díaz Mercado, joven de quince años que precisamente mantenía una actitud vigilante por enco-miendas de su padre, que ya tenía sospechas de los ocu-pantes del automóvil que merodeaba el establecimiento, y quien pudo observar al recurrido [Rey Marrero] durante dos o tres minutos, en un sitio totalmente iluminado, y no bajo el efecto alarmante de un asalto y de un asesinato, sino antes de que esos hechos ocurrieran, es enteramente confia-ble, nada contiene de sugestividad, y en ninguna forma pudo ser manchada por la detención ilegal y ulterior proce-dimiento identificatorio de la policía”.

La identificación de un acusado no puede depender de llevarla a cabo el día del juicio en la corte abierta. En Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249, 253-254 (1969), expresamos:

... No se debe depender de la identificación que pueda hacer en corte el día del juicio. La identificación en el juicio estaría maculada por los vicios de que adoleció la llevada a cabo en la etapa investigativa. Ver People v. Caruso, supra; IV Wigmore, On Evidence, Sec. 1130 (ed. 1940). Los testigos ya habían determinado que el acusado era el responsable. La identificación durante el juicio resulta una mera formalidad. Como se expresó en el artículo escrito por Williams and Hammelmann, supra, y que se cita en Wade a la pág. 229: “La experiencia ha demostrado que una vez que un testigo señala al acusado en la confrontación, no es de esperarse que se retracte más tarde, de tal manera que en la práctica la controversia de la identificación puede (en la ausencia de otra evidencia relevante) para todos los propósitos prácticos ser determinada en ese momento, antes del juicio . ...”

Concurro en el resultado porque en el presente caso un testigo identificó al acusado sin lugar a duda alguna en la rueda de detenidos. Creída su versión por el tribunal es suficiente para sostener el veredicto.

       La testigo María Iris Galarza, empleada del establecimiento, declaró que observó a los asaltantes por cerca de 15 minutos (T.E., pág. 71). También testifi-caron Willie Rosario Malavé, que los observó por 5 minutos (T.E., pág. 104), y Nereida Arocho Vera, de 15 a 20 minutos (T.E., pág. 31). José William Arocho Vera declaró que vio a los asaltantes durante 2 minutos (T.E., pág. 124). Por último, Edwin Arocho Vera testificó haberlos observado por espacio de 4 a 5 minutos (T.E., pág. 160). Todos estos testigos, a distintos intervalos y distancias, observaron a los asaltantes.


source: Caselaw Access Project

author:
(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General
     Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

license: Public Domain

text:
    Excelsior Construction, Inc. y Constructora Mero, Inc., demandantes y recurrentes, v. Costa Este Development Corporation y Caguas Federal Savings and Loan Association, demandadas, y recurrida la última.

      Número: R-80-473

      Resuelto: 18 de noviembre de 1982

      A. J. Amadeo Murga, abogado de la parte recurrente; José Guevara Fuertes, abogado de la recurrida.
   SENTENCIA

Hemos examinado cuidadosamente las Mociones de Reconsideración que radicaron tanto la parte demandante recurrente, Excelsior Construction, Inc. y Constructora Mero, Inc., y la parte codemandada recurrida, Caguas Federal Savings and Loan Association, mediante las cuales solicitan la reconsideración de la sentencia que emitimos el día 9 de diciembre de 1980, a los efectos de que —en lo que respecta a la primera parte— se condene al Caguas Federal al pago de intereses sobre la cantidad adeudada por dicha institución bancaria “desde el 21 de febrero de 1978, fecha en que se reclamó la totalidad de lo adeudado mediante carta al Caguas Federal”, y a los efectos de que —en lo que respecta a la segunda parte— se reconsidere en su totalidad la sentencia dictada, por ésta ser errónea y contraria a la prueba desfilada. 110 D.P.R. 462 (1980).

En cuanto a la partida de $36,818.36 por concepto de “certificaciones, facturas y change orders”, nos ratificamos en el criterio expresado a los efectos de que: “[E]l contrato celebrado entre Caguas Federal, Excelsior Inc. y Costa Este Development Corp. el 31 de diciembre de 1976 tuvo el efecto de variar los términos del contrato de financiamiento en cuanto al uso que se le iba a dar al retenido y sobrantes en manos de Caguas Federal. Mediante dicho contrato Caguas Federal, poseedora de la garantía que representaba el retenido, consintió a que se destinara su importe al pago de la acreencia de Excelsior por trabajo hecho en el proyecto. Desde ese momento el retenido dejó de ser una garantía para la terminación del proyecto y se designó para el pago de lo debido a Excelsior como condición para que Excelsior continuara trabajando en el proyecto ...

No así en cuanto a la cantidad de $34,510, cuya obli-gación de pago surgía al concretarse la venta de 66 uni-dades de la urbanización en controversia, condición que nunca se dio y/o sobre lo cual no se presentó prueba ante el tribunal de instancia.

No habiendo hecho el tribunal de instancia una deter-minación específica de intereses por razón de temeridad, es de aplicación a la suma hoy concedida por este Tribunal en reconsideración de $36,818.36 las disposiciones del inciso (a) de la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, a los efectos de que los intereses a que tiene derecho la parte demandante, al tipo legal, serán computados . . desde la fecha en que se dictó la sentencia y hasta que ésta sea satisfecha, sin incluir costas y honorarios de abogado”.

En consecuencia de lo anteriormente expresado, se modifica la sentencia que emitimos con fecha del 9 de diciembre de 1980.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

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Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se une el Juez Presidente Señor Trías Monge.

La reconsideración parcial y trunca lesiona el derecho de la financiera Caguas Federal que surge claro tanto de los documentos contractuales, como de las determinaciones del tribunal de instancia, que no han sido impugnadas. La par-tida de $36,818.36 por concepto de “retenido” —que se ordena ahora entregar por Caguas Federal a Excelsior— no era cuantía líquida al tiempo de acordarse la cesión y su entrega a Excelsior quedó específicamente sujeta a la misma condición suspensiva del contrato original de finan-ciamiento con la constructora Costa Este, a saber: no habría liquidación hasta que no se entregaran las casas, termina-das y con permiso de uso. La cesión de sobrantes se efectuó entre Costa Este y Excelsior; el banco simplemente se dio por enterado; no hubo variación, ni mucho menos novación del contrato. Simple y llanamente Excelsior se subrogó por Costa Este a los fines del derecho que pudiera tener ésta al retenido.

La realidad contractual está recogida en las determina-ciones de la sala de instancia:

13. El convenio de financiamiento entre “Caguas Federal” y “Costa Este” disponía que el retenido del 10% no era líquido ni exigible hasta tanto “Costa Este” obtuviera los permisos de uso de las viviendas construidas.
14. “Caguas Federal” firmó el documento de fecha 31 de diciembre de 1976 dándose por notificado y para hacer cum-plir lo dispuesto en cuanto a la cesión a “Excelsior” del sobrante y el retenido y a entregar a “Excelsior” aquello que resultara líquido y exigible una vez se finalizaran las obras de construcción, se obtuvieran los permisos de uso y se firmen las escrituras de venta de las propiedades.
21. “Caguas Federal” no es responsable por las sumas adeudadas por “Costa Este” a “Excelsior” ya que al incumplir “Costa Este” con el contrato de financiamiento con “Caguas Federal” y no producir los permisos de usos ni firmarse las escrituras de venta de las propiedades, el retenido de “Costa Este” en poder de “Caguas Federal” si alguno, no se convirtió en líquido ni exigible siendo éste utilizado para el pago de los guardias de seguridad en protección del proyecto hasta que el “Caguas Federal” ejecutó el mismo.

La realización de las casas fue siempre condición previa a la liquidación de sobrantes o retenidos, y como tal con-dición, elemento esencial de la voluntad de las partes en orden a la efectividad del contrato. Henna et al. v. Saurí y Subirá, 22 D.P.R. 836, 845-846 (1915).

Al estimar en parte la moción de reconsideración de la recurrida Caguas Federal Savings, insiste la mayoría en el error original de considerar variación o novación de con-trato el hecho simple de darse dicha financiera por notifi-cada de un acuerdo entre la dueña y deudora hipotecaria Costa Este Development y su contratista Excelsior Construction en la que aquélla cede a éste sobrantes ilíquidos retenidos por el Caguas Federal a Costa Este según los términos del contrato de financiamiento, y en el cual se ratifica el pacto original de que no habría desembolsos de dicho retenido hasta llegado el momento de cierre y venta progresiva de las unidades de vivienda. Excelsior se adhiere y somete expresamente a esta condición en el texto mismo del citado convenio sobre cesión a su favor por Costa Este. Basta con leer el documento, según lo destacamos en nuestra opinión disidente en Excelsior Constr. v. Costa Este Develop., 110 D.P.R. 462, 466 (1980). La letra del convenio no autoriza a romper la integridad de lo acordado y liberar la partida de $36,818.36 de la condición suspensiva de venta y cierre. Y aun cuando faltara la expresa sumisión a la con-dición suspensiva de cierre y entrega de casas, elevar la conformidad del acreedor con la cesión de pagos, a novación de contrato es contrario a la norma jurídica ordenada en el Art. 1158 C.C.: “[p]ara que una obligación quede extinguida por otra que la substituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.”

La reconsideración debe ser completa y confirmarse la sentencia recurrida.


author:
(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General
     Juez Asociado Señor Díaz Cruz. (.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Rolando Granda Llorella, peticionario.

      Número: O-82-512

      Ki'xiti'lto. 18 de noviembre de 1982

      Manuel Martínez Umpierre, abogado del peticionario; Miguel Pagán, Procurador General Interino, y Eliadís Orsini Zagas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

Se deja sin efecto nuestra resolución del pasado 7 de octubre y se declara no ha lugar a la moción de reconside-ración.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión concurrente. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

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Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

He escrito esta concurrencia con la lacónica decisión de negación de certiorari, porque el caso envuelve aspectos de procedimiento criminal de frecuente presencia sobre los que estaría en orden alguna expresión orientadora.

Conjuntamente con acusación por asesinato en primer grado, el Fiscal de Distrito de Arecibo radicó contra el peti-cionario, acusación por infracción del Art. 8 Ley de Armas en que se le imputa que el 27 mayo, 1982, “portaba, con-ducía y transportaba una pistola cargada, sin tener una licencia al efecto expedida para Portar Arma . . El acu-sado peticionario es un comerciante en telas y otros artícu-los de mercancía seca que para la fecha de los hechos dis-frutaba una licencia, fundada en el Art. 20, inciso (b) 5 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 430 (b) 5, que autoriza a portar, conducir y transportar legalmente un revólver o pis-tola a los conductores de fondos privados mientras los tuvieren bajo su guarda, previa licencia del Tribunal Superior.

Contra la acusación por el Art. 8 Ley de Armas, formuló el acusado una moción que titula “Bajo Regla 64 P” en que impugna la previa determinación de causa probable como contraria a derecho, por no haber tomado en cuenta que a la fecha de los delitos imputados él tenía licencia expedida por el Tribunal Superior para portar el arma sobre su persona. Desestimada su moción, el acusado recurre ante nos en certiorari'y en su alegato extiende su planteamiento con ataque a la suficiencia de la acusación en los siguientes señalamientos de error: (I) Haber el tribunal denegado la moción de Regla 64(p) sin vista; y (II) no haber desestimado la acusación una vez establecido el hecho de que el acusado tenía licencia para portar el arma “sin res-tricción de clase alguna”.

I

La posición del recurrente es equivocada desde su incep-ción, estructurada sobre la premisa de licencia absoluta a un conductor de fondos privados. No incidió la sala de instancia, porque no puede haber licencia irrestricta para proteger fondos. El propio recurrente en su petición admite que la portación de la pistola tuvo lugar en ocasión que el recurrente perseguía por vías públicas a un individuo que sustrajo dos pantalones de su tienda y quien finalmente resultó muerto de un disparo hecho por el acusado. No se cuestiona la determinación de causa probable en el cargo de asesinato. La portación del arma en estas circunstancias es base más que suficiente para determinar causa. La eviden-cia producida ante el juez instructor de causa es del grado que lleva a su ánimo la creencia fundada, resultado de prue-ba conducente a la razonable probabilidad de que se ha cometido un delito y que el acusado lo cometió. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974). La licencia del recurrente no es incondicional y absoluta, pues no lo tolera la Ley, aun cuando su texto incumpla con el requisito de ley de expresar el lugar, tiempo y circunstancias en que podrá portarse el arma y los motivos en que se funda la concesión, 25 L.P.R.A. see. 431, apartados (b) y (d).JEl_priyilegio de la licencia nace de la Ley, inmune a deformación por reso-luciones defectuosas. Si el arma se usó en la persecución y muerte del perseguido, una licencia para portarla mientras se tengan fondos privados bajo custodia, 25 L.P.R.A. see. 430(b)5, no puede excluir la fundada creencia y razonable probabilidad —evidencia que no tiene que alcanzar el grado de prima facie— de que el arma fue portada y transportada ilegalmente. Si la portación bajo esas circunstancias está en alguna forma vinculada a la tenencia de fondos bajo guarda, es cuestión de hecho que deberá promover la defensa en el juicio. Mas no podrá descansar en el delusorio texto de la licencia y reclamar un privilegio absoluto e incondicional a llevar la pistola sobre su persona. Pueblo v. Quiñones, 65 D.P.R. 581 (1946), confirmado per curiam en Pueblo v. Rodríguez Polanco, 106 D.P.R. 228 (1977), donde dijimos: “No cabe duda de que las licencias sólo autorizan a portar un arma legalmente en el lugar, tiempo y circuns-tancias expresados en ella. Para que la portación sea válida, en recta interpretación del Art. 8 citado, debe con-tarse con una licencia debidamente expedida y portarse el arma conforme a sus términos.” (Págs. 230-231.)

La moción para desestimar a tenor de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal sólo procede en ausencia total de prueba que demuestre la existencia de causa probable. Establecida en forma indubitable la existencia de prueba determinante de causa probable, el tribunal no venía obli-gado a señalar vista para oír argumento. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 459 (1975). Aun el prestigioso recurso de hábeas corpus se rechaza de plano si del tenor de sus alegaciones y las constancias en el expediente, resulta inmeritorio. Solo las controversias justiciables de legítimo conflicto deben tomar el tiempo del tribunal.

II

En su moción el recurrente solicitó de la Sala de Arecibo que tomara conocimiento de su propia resolución de licencia para portar arma y que desestimara la acusación. En tal extremo su alegación tiene el carácter de speaking motion, equivalente a la moción de sentencia sumaria en el proce-dimiento civil, y su ataque va dirigido no a la suficiencia de la acusación sino a la veracidad de sus imputaciones, cues-tión que obviamente es provincia del juicio en su fondo. No hay contención sobre la suficiencia intrínseca de la acu-sación.

La moción de sentencia sumaria anticipada al juicio, no existe en el procedimiento criminal, ni aun en la jurisdic-ción federal cuya Regla 47 autoriza en términos generales el uso de affidavit para sostener tal moción. No obstante esa expresa autorización en la jurisdicción federal, no procede la ventilación antes del juicio de la moción para desestimar si la acusación de su faz es suficiente para imputar delito. La certeza de los hechos es para adjudicarse en juicio en los méritos ante Jurado o tribunal de Derecho, según el caso, y no en moción preliminar apoyada en documentos, affidavit y contraaffidavit. Nuestra Regla 63 de Procedimiento Criminal expresamente limita a la susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo, la defensa u objeción que ha de promoverse mediante moción. Al efecto dice el Prof. Wright en 1 Federal Practice & Procedure: Criminal 2d, 1982, Sec. 194, pág. 714:

Si el ataque de la moción se dirige a la suficiencia de la acusación sus alegaciones deben tomarse como ciertas. Aun cuando la Regla 47 [federal] permite declaraciones juradas'en apoyo de mociones en general, ni ésta ni la Regla 12 [63 de P.R.] tuvieron el propósito de proveer “speaking motions" (moción de sentencia sumaria). Si la regla fuera lo contrario, la veracidad de las alegaciones podría cuestionarse con affidavit y la moción de anterioridad al juicio se convertiría en juicio en los méritos.

Establecidas tanto la existencia de causa probable como la suficiencia de la acusación por Art. 8 Ley de Armas, es al acusado a quien corresponde probar en el juicio que su licencia le permitía portar un arma de fuego en el lugar, tiempo y circunstancia en que se le acusa de portación ile-gal. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 349 (1976). La incidencia de ataque de este tipo a la acusación desapa-recerá si en vez de utilizar el formulario usual de acusación para casos de Art. 8 Ley de Armas el fiscal alega afirmati-vamente que el acusado tenía licencia para portar arma pero la portó en lugar, tiempo y circunstancias no cubiertos por dicho permiso.

Debe denegarse el certiorari.

—O—

SENTENCIA

(Regla 50)

San Juan, Puerto Rico, a 13 de enero de 1983

Examinada la moción sobre reconsideración que radi-cara el apelante-peticionario Rolando Granda Llorella, se declara con lugar la misma y en consecuencia se expide el auto a los solos efectos de ordenarle al Ministerio Fiscal que proceda a enmendar —en el caso criminal núm. G-82-504 pendiente ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo— la acusación que radicó por una supuesta infrac-ción al Art. 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. see. 418, a tenor con lo señalado en el párrafo final de la opinión concurrente emitida en el recurso de epígrafe por el Juez Asociado Hon. Jorge Díaz Cruz a los efectos de que: “La incidencia de ataque de este tipo a la acusación desaparecerá si en vez de utilizar el formulario usual de acusación para caso de Art. 8 Ley de Armas el fiscal alega afirmativamente que el acusado tenía licencia para portar arma pero la portó en lugar, tiempo y circunstancias no cubiertos por dicho permiso”, correspondiéndole al acusado plantear en el juicio que su licencia le permitía portar un arma de fuego en el lugar, tiempo y circunstancias en que se le acusa de portación ilegal.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

      En su solicitud alegó que “para realizar las compras y transacciones comerciales, transporta fuertes sumas de dinero por toda la Isla, de día y de noche”. No hubo otra base o razón para otorgar la licencia.

       La Regla 64(p) de Procedimiento Criminal según enmendada en 1967 dis-pone:
      “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      “(p) que se ha presentado contra el acusado una acusación o denuncia, o algún cargo de las mismas, sin que se hubiere determinado causa probable por un ma-gistrado u ordenado su detención para responder del delito, con arreglo a la ley y a derecho.”

       Los abogados, quienes usualmente redactan los proyectos de licencia, deben cuidarse de insertar estos particulares, para que el concesionario no se llame a error en la creencia de que puede portar el arma sin restricción, de día y de noche y en todo Puerto Rico. El tribunal no puede i'r más allá del estatuto al definir el ámbito y latitud de la licencia. La aquí concedida, más que escudo es hoja de parra en su escueto pronunciamiento: “Se autoriza a Rolando Granda Llorella a portar sobre su persona por toda la Isla de Puerto Rico de día y de noche, pistola marca Brownly...”.

       Regla 47 federal:
      “An application to the court for an order shall be by motion. A motion other than one made during a trial or hearing shall be in writing unless the court permits it to be made orally. It shall state the grounds upon which it is made and shall set forth the relief or order sought. It may be supported by affidavit.”
      Nuestra Regla 65 sobre forma, contenido y resolución de mociones antes del juicio, cuyo texto es análogo al de la Regla 47 federal, prescindió del uso de affidavit. Dispone:
      “Cualquier moción que se hiciere antes del juicio deberá presentarse por escrito y firmarse por el acusado o por su abogado, pero el tribunal por causa justificada podrá permitir que se formule oralmente. Deberá exponer los funda-mentos de las defensas u objeciones a la acusación. El tribunal la considerará antes del juicio a no ser que ordenare su posposición para ser considerada en el juicio del caso en su fondo. Todas las cuestiones de hecho o de derecho que surjan de dicha moción deberán ser juzgadas por el tribunal.”

       Regla 63— “Excepto las defensas de falta de jurisdicción del tribunal y la de que no se imputa delito, las cuales podrán presentarse en cualquier momento, cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá promover mediante moción presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar ...”.


author: PER CURIAM:

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, demandada.

      Número: O-82-498

      Resuelto: 30 de noviembre de 1982

      José R. Cobián Tormos, abogado de la recurrente; Leticia Rodrí-guez García, abogada de la recurrida.
   PER CURIAM:

El 2 de agosto de 1982 la Junta de Rela-ciones del Trabajo de Puerto Rico nos solicitó que pusiéra-mos en vigor un laudo de arbitraje dictado a favor de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico. El laudo fue emitido el 7 de abril de 1981 por el árbitro Fernando Hernández Benitez del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

El asunto que el árbitro debía resolver era si el Sr. Héctor M. Torres Urdaz tiene o no derecho al aumento de sueldo por años de servicio en la Autoridad. El señor Torres Urdaz fue reubicado por razón de incapacidad, de una plaza de Encargado de Pintura que corresponde al Grupo IV en la escala salarial a una plaza de Oficinista Mensajero que corresponde al Grupo II. Al ser reubicado conservó el salario que tenía en la primera plaza. Al cum-plir 20 años de servicio la Autoridad le negó el aumento por años de servicio, señaló que su salario era superior al que correspondía a un empleado con 20 años de servicio en la plaza que él ocupaba.

El árbitro resolvió que el señor Torres Urdaz tiene dere-cho al aumento de sueldo por años de servicio. Su decisión estuvo basada en una decisión anterior de otro árbitro, en un caso similar a éste de otro empleado de la Autoridad.

El 19 de agosto de 1982 concedimos a la Autoridad de Energía Eléctrica la oportunidad de mostrar causa por la cual no debía ponerse en vigor el laudo. En su comparecen-cia la Autoridad plantea tres fundamentos por los cuales el laudo no debe ser puesto en vigor:

(1) El árbitro carecía de jurisdicción para entender en la querella, pues ésta fue presentada y promovida luego de transcurrido el término de caducidad de seis meses que dispone el Art. XXXIX del convenio colectivo.
(2) La parte promovente, así como la Junta de Rela-ciones del Trabajo, han incurrido en incuria al per-mitir que haya transcurrido un término irrazonable entre la fecha en que se emitió el laudo (7 de abril de 1981) y la interposición del recurso ante este Tribunal.
(3) El árbitro se excedió de la facultad que le impone el convenio colectivo aplicable.

Antes de considerar los planteamientos de la Autoridad debemos reiterar la norma que hemos adoptado de autorrestricción judicial, y que se anulará un laudo solamente si está presente alguna de las siguientes causales: fraude, conducta impropia, falta de debido procedimiento de ley, violación de la política pública, falta de jurisdicción, o que el laudo no resuelva todas las cuestiones en controversia. Junta Relaciones del Trabajo v. N. Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782 (1949); J.R.T. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 195 (1976).

La Autoridad basa su planteamiento de falta de jurisdicción del árbitro en que la reclamación había caducado por haber transcurrido más de seis meses desde que el señor Torres Urdaz cumplió los 20 años en el empleo. Este fundamento carece de méritos por tratarse de una recla-mación de carácter continuo. Cada vez que la Autoridad paga el salario sin incluir el aumento por años de servicio, surge nuevamente la causa de acción. El único efecto de la tardanza en hacer la reclamación es que la decisión podría retrotraerse únicamente hasta seis meses antes de la recla-mación, por así disponerlo la See. 3 del Art. XXXIX del convenio colectivo.

El planteamiento de incuria que hace la Autoridad tampoco tiene mérito. El laudo fue notificado a las partes el 7 de abril de 1981 y la solicitud para que se ponga en vigor se hizo a la Junta el 21 de enero de 1982. La tardanza fue de nueve meses y medio. En Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624 (1967), reiterado en J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., 107 D.P.R. 76 (1978), resolvimos que la demora de más de un año en acudir a la Junta se aparta de la norma de razonabilidad. En el caso de autos la demora fue de nueve meses y medio y durante ese término se suscitó un conflicto obrero-patronal que culminó en una huelga que duró del 20 de agosto al 10 de noviembre de 1981. Ello alteró el curso normal de los trabajos diarios para dar paso a asuntos más urgentes de la matrícula de la Unión. La Junta, a su vez, tardó aproximadamente seis meses y medio en acudir a este foro para que pusiéramos en vigor el laudo. En Hilton Int’l Co. v. J.R.T., 112 D.P.R. 689, 692 (1982), resolvimos que la doctrina de incuria, según expuesta en J.R.T. v. P.R. Telephone Co., Inc., supra, es de aplicación a la petición de la Junta ante este Tribunal para solicitar que se ponga en vigor un laudo de arbitraje. Dijimos que la determinación de si una parte ha incurrido o no en incuria depende de las circunstancias específicas del caso, lo que supone una evaluación de la justificación de la tardanza, el perjuicio que ésta acarrea y el efecto sobre los intereses privados o públicos involucrados. La Junta alega que la tardanza de seis meses y medio no es irrazonable, pues antes de traer la petición ante este Tribunal debe realizar una investigación de los hechos con el patrono y la unión y tratar de reunir a las partes para lograr el cumplimiento del laudo. De otra parte, la Autoridad no nos ha señalado qué perjuicio le ha ocasionado esta demora ni qué intereses privados o públicos han sido afectados, si alguno.

Por último, la Autoridad plantea que el árbitro se excedió de las facultades que le concede el convenio colectivo y redactó nuevamente una disposición contractual. No tiene razón. El árbitro lo que hizo fue interpretar el convenio colectivo tomando en consideración sus cláusulas y el propósito del aumento de sueldo por años de servicio.

Por las razones expuestas, se declarará con lugar la petición para que se ponga en vigor el laudo emitido y se ordenará a la Autoridad de Energía Eléctrica dar cumpli-miento al mismo sin más dilación.


text:
      In re Lcda. María C. Arroyo Villamil.

      Número: MC-82-36

      Resuelto: 30 de noviembre de 1982

      Manuel Martínez Umpierre, abogado de la querellada.
   PER CURIAM:

En virtud de resolución de la Comisión Industrial de Puerto Rico de 18 de agosto de 1982 nos fue remitido el expediente de dicho organismo núm. 72-7-6600, que se refiere a la reclamación del Sr. Rogelio Fuentes Ci-rilo contra el Fondo del Seguro del Estado. Motivó dicha resolución un incidente ocurrido durante la celebración de una vista ante un Oficial Examinador de la Comisión Industrial, en que tomó parte la Leda. María del Carmen Arroyo Villamil. Se nos refiere el expediente para que este Tribunal “determine la acción disciplinaria que estime”, según reza la resolución. Oportunamente la licenciada Arroyo Villamil compareció representada por el Ledo. Manuel Martínez Umpierre y expuso su posición. Estamos en condiciones de resolver y lo hacemos sin más trámite, conforme lo autoriza la Regla 50 de nuestro Reglamento.

Resumimos a continuación el incidente, según se des-prende del récord taquigráfico que forma parte del expe-diente ante nos. El Sr. Rogelio Fuentes Cirilo desarrolló una “dermatitis por contacto” en el año 1971 mientras tra-bajaba para el Departamento de Justicia. Su caso se llamó a vista pública el 20 de abril de 1982 ante el Oficial Exami-nador de la Comisión Industrial, Sr. Rafael Sánchez Her-nández. El Sr. Rogelio Fuentes Cirilo estaba presente y representado por la abogada Arroyo Villamil.

Al iniciarse la vista surgió una discrepancia entre la licenciada Arroyo Villamil y el abogado del Fondo, Ledo. Jorge Márquez Gómez, en cuanto al propósito de la vista. Argumentaba la licenciada Arroyo Villamil que en reso-lución del Administrador del Fondo de 20 de septiembre de 1972 se aceptó relación causal entre la condición de dermatitis por contacto y el trabajo que realizaba su cliente; que una condición de tinea pedis se le desarrolló por agravación, según informe de 8 de septiembre de 1978, y que lo que debía hacerse era referirlo para más tratamiento. El abo-gado del Fondo argumentaba, por su parte, que cierta-mente se aceptó relación en 1972 por la dermatitis por con-tacto, pero que en vista pública celebrada el 25 de agosto de 1980 se alegó una condición de venas varicosas y la Comisión, por resolución de 22 de septiembre de 1980, con-firmó al Fondo y denegó relación causal por dicha con-dición, refiriendo el caso al Fondo “para evaluación por condición dermatológica”, se hizo la evaluación y se deter-minó que la condición actual no guarda relación con los hechos del 1971.

Luego de oír argumentos de ambos abogados y expre-siones de la Dra. Isabel Banuchi, dermatóloga consultora de la Comisión, decidió el señor Oficial Examinador oír al re-clamante para entonces decidir si se trataba de un caso de mayor tratamiento o incapacidad, o de relación causal. A ello se opuso vehementemente la abogada Arroyo Villamil. Se le tomó juramento al reclamante, y el Oficial Examina-dor expresó:

Compañera . . . aparentemente el “ruling” no fue claro. Se lo voy a repetir. Vamos a entrar en el aspecto de relación causal al solo efecto del punto del compañero. De yo entender que el caso no es de relación causal y sí de mayor tratamiento pues así lo dispondré. O sea, el “ruling” no es uno definitivo de que el caso es de relación causal, vamos a entrar en ambos aspectos para evitar luego otra dilación u otra vista pública para determinar si es una relación causal o no. Debo entender que su interrogatorio es a fines de ambos, relación causal y tratamiento.

No obstante esta clara expresión del Oficial Examina-dor, la licenciada Arroyo Villamil quiso limitar el examen del reclamante al aspecto de mayor incapacidad y trata-miento. Como insistiera el Oficial Examinador en su decisión, la licenciada Arroyo Villamil decidió retirarse de la vista y llevarse a su cliente. El Oficial Examinador insistía en que no se suspendiera la vista y ella en que se iría y se llevaría al cliente. El incidente terminó en la siguiente forma, según aparece de la transcripción, págs. 13-14:

Oficial Examinador:
Bueno licenciada, lo que pasa es que quien entiende aquí qué es [en] lo que se va a entrar o no, no es usted, soy yo. Ahora, ya vuelvo y le digo y no voy a seguir con esta dis-cusión, de usted decidir irse usted se va, punto. Y usted se atiene a las consecuencias de haberse retirado.
Lie. Arroyo Villamil:
Entonces estamos equivocados.
Sí, Su Señoría, cómo no, nosotros nos retiramos. Solicita-mos un récord, una copia del récord taquigráfico completo, Su Señoría. Con su permiso, por favor Don Rogelio, si es tan amable...
Oficial Examinador:
Don Rogelio, siéntese ahí. ..
Lie. Arroyo Villamil:
No, Su Señoría, eso usted no lo puede hacer. Ese es mi cliente y si mi cliente decide levantarse en el momento en que yo me levanto usted no le puede indicar que no, Su Señoría. Eso es una relación que usted no puede violentar, perdóneme. Oficial Examinador:
Licenciada, aquí el que decide si una persona se retira o no se retira no es con permiso suyo...
Lie. Arroyo Villamil:
Yo tengo una responsabilidad. Entiendo muy bien mi responsabilidad como profesional. Si este lesionado se levan-ta, y me había indicado que se quiere retirar de Sala, se puede retirar de Sala, Su Señoría, me parece que usted no lo puede coaccionar.
Oficial Examinador:
Nadie está coaccionando a nadie.
Lie. Arroyo Villamil:
Perdone, yo tendría que decir distinto sobre eso. . .
Oficial Examinador:
Bueno, yo no voy a seguir discutiendo con usted, si usted ha hecho esa prerrogativa, ya mi “ruling” hasta este punto ha sido específico también. Ya, aparentemente usted ha hecho todo lo que ha querido hacer en la tarde de hoy, continúe con sus actuaciones tal y como ha hecho hasta ahora. Si usted se decide a irse y decide llevarse de aquí al lesionado también si lo va a hacer lo haga. No tengo nada que decir.
Lie. Arroyo Villamil:
Nosotros hemos sido claros en cuanto a nuestro, a nuestra responsabilidad. Buenas tardes.

El Oficial Examinador emitió su informe y la Comisión Industrial, en resolución de 4 de agosto de 1982, ordenó a la licenciada Arroyo Villamil a escribir cartas, ofreciendo dis-culpas, al Oficial Examinador, licenciado Sánchez Her-nández, al abogado del Fondo, licenciado Márquez Gómez, a la doctora Banuchi y a los alguaciles y a la taquígrafa pre-sentes en la mencionada vista pública. Dispuso, además, referir el caso a este Tribunal para “la acción disciplinaria correspondiente”. El Comisionado Asociado señor Alda-hondo Delgado disintió de la primera parte de dicha reso-lución. Estuvo de acuerdo en referir el asunto a este Tribunal. Los comisionados señor Gayá Sifre y señora Bonet de Verges disintieron de la totalidad de la parte dispositiva de la resolución. Señalaron que “por ser ésta la primera vez que incurre la Leda. Arroyo Villamil en situación como la aquí expuesta, entendemos que una reprimenda con una advertencia de que no vuelva a repetirse dicha acción sería de suficiente intensidad como para tratar de subsanar la falta cometida por dicha abogada”. El Comisionado señor Verdiales Morales concurrió en lo dispuesto por la Comisión y señaló que consideraría la conducta de la abogada Arroyo Villamil como un desacato y le impondría sanción por ello.

En su comparecencia, la licenciada Arroyo Villamil sos-tiene que ella fue respetuosa, que planteaba ante el Oficial Examinador una cuestión de derecho en que tenía razón y que lo que hubo fue diferencia de criterio. Entiende que la resolución trata de humillarla al ordenarle escribir las car-tas de disculpa, y concluye que su conducta no fue antiética. Discrepamos.

Si se suspende o no una vista ya iniciada es atributo del funcionario que la preside y no de un abogado que ante él postule. Un abogado no tiene derecho de ausentarse de la vista, y provocar con ello su suspensión, sin permiso del funcionario que preside. Tampoco puede atribuirse el derecho a decidir si otra persona, aun su cliente, puede retirarse sin el consentimiento de quien presida. Así es ante los tribunales de justicia y así tiene que ser ante los organismos administrativos cuasijudiciales. Si se permitiese a los abogados apartarse de estas normas se propiciaría la anarquía y se subvertiría el orden que debe prevalecer en los procedimientos. Los abogados tienen la obligación de ser primera línea de defensa de ese orden.

La Leda. María del Carmen Arroyo Villamil fue admi-tida a ejercer la abogacía el 12 de marzo de 1968. No sabe-mos cuál ha sido la intensidad de su práctica profesional durante los catorce años que desde entonces han transcu-rrido. Consignamos, no obstante, que su expediente de abo-gada no revela que hasta aquí haya habido que intervenir con ella por razones de ética profesional. Ello, y las expre-siones de los señores comisionados Gayá Sifre y Bonet de Verges, antes citados, nos mueven a limitar nuestra sanción a una reprimenda de que se tomará constancia en el expe-diente de la abogada Arroyo Villamil, previniéndole contra ulteriores faltas en el ejercicio de la abogacía.

Réstanos señalar que, independientemente de la autoridad que tienen los funcionarios y organismos admi-nistrativos para castigar por desacato —Ley de 1 de marzo de 1902 (33 L.P.R.A. see. 517); Art. 279, Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4623)— tienen además la obligación de mantener orden y disciplina en los procedimientos y llamar la atención para ello a abogados y demás personas que ante ellos comparezcan. Ese poder disciplinario es, sin embargo, limitado y debe ejercitarse con discreción.

Se dictará resolución de conformidad con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

      E1 Código de Ética Profesional prescribe en su Canon 6, en su primera oración:
      “Al prestar sus servicios profesionales ante organismos legislativos o adminis-trativos el abogado debe observar los mismos principios de ética profesional que exige su comportamiento ante los tribunales.”


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Jaime Calderón Laureano, acusado y recurrido.

      Número: O-82-715

      Resuelto: 30 de noviembre de 1982

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Se le imputó a Jaime Calderón Laureano haber dado muerte a Guillermo Hernández. Intentaba un robo junto a otros tres individuos, acto punible como asesinato en primer grado (estatutario) por el Art. 83 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4002. La prueba de cargo demostró, sin embargo, que la muerte de Hernández fue ocasionada por un disparo hecho por los policías estatales. Éstos, según intentó establecer la prueba de cargo, acudieron ál lugar del crimen y se batieron con los asaltadores con el propósito de repeler su ataque y evitar que escaparan del arresto. Dado que ni el acusado ni ninguno de sus cómplices hizo el disparo fatal, el Tribunal Superior concluyó que no trataba el caso de hechos sancionados por el Art. 83 del Código Penal. Declaró con lugar una moción de absolución peren-toria. Solicitan que revisemos esa determinación.

Detuvimos los procedimientos en auxilio de nuestra jurisdicción. Concedimos plazo al recurrido para que com-pareciera a mostrar causa por la cual no debíamos revocar la decisión de instancia. Compareció. Sus planteamientos no nos persuaden.

La aplicación de la regla de asesinato estatutario a casos en que la muerte que motiva la acusación es causada por actos que no surgieron directamente del delincuente, ha sido objeto de profundas divisiones en la jurisprudencia. Anotación, Criminal Liability Where Act of Killing Is Done by One Resisting Felony or Other Unlawful Act Committed by Defendant, 56 A.L.R.3d 239, 252-261 (1974). Ha sido también causa de debates y críticas en la doctrina. Véanse, por ejemplo: N. Morris, The Felon’s Responsibility for the Lethal Acts of Others, 105 U. Pa. L. Rev. 50 (1956); F. C. Moeseh Jr., A Survey of Felony Murder, 28 Temp. L.Q. 453, 460 y ss. (1955); W. H. Hitchler, The Killer and His Victim in Felony-Murder Cases, 53 Dick. L. Rev. 3 (1948); C. L. Crum, Causal Relations and The Felony-Murder Rule: In Search of a Viable Doctrine, 1952 Wash. U.L.Q. 191. Véanse también, entre muchos otros, las notas y los comentarios publicados en 9 U. Balt. L. Rev. 508 (1980); 23 Cath. Law. 133 (1978); 9 J. Mar. J. Prac. & Proc. 517 (1976); 7 Loy. U. Chi. L.J. 529 (1976); 52 Chi.[-]Kent L. Rev. 184 (1975); 48 Calif. L. Rev. 847 (1960).

El problema se suscita en circunstancias muy diversas. Un caso donde la aplicación del asesinato estatutario ha sido rechazada muchas veces-, es aquel en que se acusa a un coautor por la muerte de un cómplice a manos de la Policía o de la víctima. Véanse, por ejemplo: Campbell v. State, 444 A.2d 1034 (1982); People v. Antick, 539 P.2d 43 (1975); Commonwealth v. Redline, 137 A.2d 472 (1958); State v. Canola, 374 A.2d 20 (1977); Jackson v. State, 589 P.2d 1052 (1979); Weick v. State, 420 A.2d 159 (1980); Wooden v. Com., 284 S.E.2d 811 (1981); pero véase, no obstante, State v. Wright, 379 So. 2d 96 (1980). Otro tipo de casos, donde la aplicación ha sido más favorecida es aquel en que el acu-sado, perpetrando uno de los delitos incluidos en el asesinato estatutario, utiliza al occiso como escudo para escapar o protegerse. Véanse, Johnson v. State, 482 S.W.2d 600 (1972); State v. Kress, 253 A.2d 481 (1969); Campbell, ante, pág. 1041, nota 3.

Los hechos del presente caso limitan nuestro objetivo. De acuerdo con ellos, dirigimos nuestro análisis solamente a casos en que la muerte de un tercero inocente es causada por actuaciones dirigidas a repeler la agresión de los delincuentes o a detener su fuga. La raíz de las discrepancias sobre el tema que tratamos ha estado fundamentalmente predicada sobre la naturaleza jurídica del asesinato estatutario. El punto de referencia debe ser, desde luego, el estatuto particular de que se trate. Estatutos como el nuestro y hasta un mismo estatuto en distintos tiempos, han recibido interpretaciones distintas. Véanse People v. Washington, 402 P.2d 130 (1965), y Hornbeck v. State, 77 So. 2d 876 (1955); compárese State v. Majors, 237 S.W. 486 (1922), y State v. Glenn, 429 S.W.2d 225 (1968), con State v. Moore, 580 S.W. 747 (1979). De una parte, un nutrido grupo de jurisdicciones sostiene que la legislación sobre asesinato estatutario, como las normas de common law de donde proviene, no intenta establecer un criterio de causalidad. Sostienen que el asesinato estatutario representa sólo una determinación legislativa sobre mens rea que permite prescindir de la búsqueda de alevosía, deliberación y premeditación en el acto que produjo la muerte. Concluyen que sólo una muerte causada directamente por el acusado o por un cómplice que pueda considerarse su agente, puede ser susceptible de tratamiento bajo las disposiciones del asesinato estatutario. Se conoce a esta postura como la “teoría de la agencia” en el asesinato estatutario y es la teoría que, en casos como el de autos, anima las decisiones de estados como los de New Jersey, en Canola, ante, pág. 30; Massachusetts, en Commonwealth v. Balliro, 209 N.E.2d 308 (1965); Pennsylvania, en Commonwealth ex rel. Smith v. Myers, 261 A.2d 550-558 (1970); Maryland, en Jackson v. State, 408 A.2d 711 (1979); California, en Pizano v. Superior Court of Tulare Cty., 577 P.2d 659 (1978); Washington, ante, pág. 130; y de Colorado, en Alvarez v. District Ct. In & For City & Cty. of Denver, 525 P.2d 1131 (1974). Claro está, no se trata en estas jurisdicciones de librar el acto de toda responsabilidad penal, sino solo de punirlo al margen de las disposiciones del asesinato estatutario. Véanse, Washington, ante, pág. 134; People v. Gilbert, 408 P.2d 365, 373-374 (1966). Véase también Blansett v. State, 556 S.W.2d 322, 325-326 (1977).

Otro significativo grupo de jurisdicciones rechaza la teoría de la agencia en casos como el presente. Adoptan una más inclusiva, llamada de “causa próxima”, que reconoce en el asesinato estatutario un intento de punir con el rigor máximo de la ley penal a aquellos participantes que aun absteniéndose de matar por mano propia, ponen en marcha, al cometer uno de los delitos comprendidos en la ley, una sucesión de eventos que, previsiblemente, conducen a la muerte de un ser humano. Véase W. R. LaFave y A. W. Scott, Jr., Handbook on Criminal Law, St. Paul, Minnesota, West Publishing Co., 1972, págs. 549-553. Esas jurisdicciones determinan que casos como el de autos deben regirse por la regla del asesinato estatutario. Forman un grupo no menos numeroso que incluye entre otros a Oklahoma, Johnson v. State, 386 P.2d 336, 339-340 (1963); Texas, Miers v. State, 251 S.W.2d 404 (1952); cf. State v. Wright, 379 So. 2d 96 (1979); Michigan, People v. Podolski, 52 N.W.2d 201, 204-205, cert. denegado, 344 U.S. 845, 888 (1952); Illinois, People v. Hickman, 319 N.E.2d 511, 513, cert. denegado, 421 U.S. 913 (1975), y Missouri, State v. Moore, ante, pág. 752; State v. Baker, 607 S.W.2d 153, 156 (1980).

Nos parece este enfoque el más razonable. Todo aquel que inicie un acto criminal debe responder de todas las consecuencias que ese acto ocasione. Véanse Pueblo v. González Ruiz, 90 D.P.R. 580 (1964); Art. 15(b) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 3062(b). Además, como expresamos recientemente por voz del Señor Juez Presidente en Pueblo v. Batista Montañez, 113 D.P.R. 307, 313 (1982), “[t]odo texto debe interpretarse a la luz de las realidades específi-cas de la sociedad en que opera”. Y según otra expresión del citado caso, “[e]stimamos que la norma que mejor cumple las necesidades del Puerto Rico de hoy” es la que propugna que en situaciones como las que presenta este caso, el acu-sado, si se establece lo alegado por el fiscal, está incurso en el asesinato estatutario que regula el Art. 83 del Código Penal. De hecho ya en Puerto Rico hemos reconocido que el asesinato estatutario incluye no solo una determinación legislativa de mens rea si que, también, un criterio sobre causalidad. Es decir, que el Art. 83 de nuestro Código Penal obedece a la noción de que un robo, por ejemplo, genera fácilmente riesgos para la vida de inocentes, que ocurran como consecuencia del mismo. Tan reciente como en Pueblo v. Lucret Quiñones, 111 D.P.R. 716 (1981), advertimos en opinión unánime la razonabilidad de concluir que el fun-damento que movió a la Asamblea Legislativa a mantener el asesinato estatutario en el Código Penal vigente puede recogerse en las siguientes expresiones del Juez Holmes en The Common Law, Boston, Little, Brown & Co., 1881, pág. 59:

... if experience shows, or is deemed by the law-maker to show, that somehow or other deaths which the evidence makes accidental happen disproportionately often in connection with other felonies, or with resistance to officers, or if on any other ground of policy it is deemed desirable to make special efforts for the prevention of such deaths, the lawmaker may consistently treat acts which, under the known circumstances, are felonious, or constitute resistance to officers, as having a sufficiently dangerous tendency to be put under a special ban. The law may, therefore, throw on the actor the peril, not only of the consequences foreseen by him, but also of consequences which, although not predicted by common experience, the legislator apprehends. Citado en Lucret Quinones, ante, pág. 737.

Más adelante, refiriéndonos específicamente al robo, indicamos:

Siendo el delito de robo uno de tipo grave y extremada-mente peligroso para la vida humana, la Legislatura válida-mente puede incluirlo bajo la doctrina del asesinato estatuta-rio. El sentido común nos dice que al efectuarse un robo, en que de ordinario los asaltantes utilizan armas de fuego o letales para producir la intimidación, es de esperarse que debido a lo desprevenido de las víctimas y fluidez situacional éstas puedan resultar lastimadas. Si por el contrario se hace uso de la fuerza física para consumarlo, la situación empeora. No es necesario mucho esfuerzo mental para comprender que al efectuarse un robo —debido al interés natural de la víctima de proteger su persona y bienes— el asaltante razonable-mente ha previsto o puede prever que la consecuencia natural o probable de su acción puede desembocar en la muerte de alguna persona. Págs. 739-740.

Así, pues, el Art. 83 del Código Penal, según interpretado por nuestra jurisprudencia, nos une definitivamente a las jurisdicciones que aplican el rigor del asesinato estatutario a muertes sobrevenidas como consecuencia del acto delictivo, aunque éstas no hayan sido causadas por vía directa y particular del delincuente. Hoy reafirmamos esa interpretación no sólo con ánimo de mantener certeza y dirección en nuestra jurisprudencia, sino porque, en verdad, no nos corresponde alterar el juicio legislativo dirigido, como hemos visto, a la disuación de delitos que, como el robo, rebasan de ordinario su acrecentado contenido perjudicial y degeneran en la irreparable pérdida de vidas inocentes.

Se expedirá el auto y se revocará la resolución recurrida.

       Dispone así el Art. 83:
      “Todo asesinato perpetrado por medio de veneno, acecho o tortura, y toda clase de muerte alevosa, deliberada y premeditada, o cometida al perpetrarse o intentarse algún incendio de morada, violación, sodomía, robo, escalamiento, secuestro, estragos, mutilación o fuga constituye asesinato en primer grado, siendo de segundo grado todos los demás.”

      Que la prueba a esos efectos fue testifical y no real, es asunto que, contrario a lo sostenido con énfasis por el recurrido, servirá a lo más como elemento de evaluación en su día para el juzgador. Véase la Regla 10 de Evidencia.

       Así lo hacemos, porque esa es la prueba que intenta establecer el Ministerio Fiscal. Véase el escolio 2.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Obdulio Correa Sánchez y su esposa Ana Hilda Velázquez Rivera, recurrentes, v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Tercera, Jorge Meaux Dávila, recurrido.

      Número: O-82-504

      Resuelto: 30 de noviembre de 1982

      Rafael Hernández Matos, abogado de los recurrentes; el Registra-dor recurrido compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso ilustra la imperiosa necesidad de una verdadera reforma en la Ley de Arancel del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. secs. 1767a-1767e, según enmendada, que promulgue y provea normas uniformes que estén libres de ambigüedades y sean de fácil aplicación.

I

Los recurrentes esposos Correa Velázquez cuestionan la calificación del Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Tercera, que les exige $1,495 de arancel como requisito para la inscripción de un aviso de estar pendiente (pendente lite) una demanda expositiva de tres causas de acción que, en lo pertinente, solicita la reivindicación de cuatro (4) fincas inscritas, identificadas con los números 18,323, 3,129, 18,320 y 7,657. Ellos valoraron las primeras tres en $360,000 y la restante en $400,000. La presentación de lis pendens se hizo conforme el primer párrafo de la Regla 56.7 de Procedimiento Civil —sucesora del Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil— el 21 de diciembre de 1981. A esa fecha aún no habíamos decidido Rocafort v. Álvarez, 112 D.P.R. 563 (1982), en que con carácter prospec-tivo dejamos sin efecto la forma de pedir anotación de lis pendens y remitimos el asunto para regirse por las disposi-ciones concernientes a la anotación preventiva de demanda según los Arts. 112 y 113 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sees. 2401 y 2402.

Con su instancia los demandantes recurrentes acom-pañaron sendos aranceles por la suma de dos ($2) dólares. El Registrador denegó su anotación al estimar una defi-ciencia de $1,493 en los derechos a cobrar, basada en la valoración de las fincas. Reiteró su criterio en el escrito de recalificación.

La controversia entre las partes se circunscribe a que determinemos cuál de los dos incisos invocados —el c o el d— de la Ley de Arancel del Registro de la Propiedad —Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970— gobierna. Los recurrentes alegan que es el inciso d; el Registrador insiste en que es el c.

El Art. 1 dispone en su número dos:

Por la inscripción, anotación, cancelación, liberación, res-pecto a cada derecho en una finca, se pagarán los siguientes derechos:
(a) Si la finca o derecho vale mil (1,000) dólares o menos, se pagará un (1) dólar.
(b) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de mil (1,000) dólares se pagará un (1) dólar por cada mil dólares o fracción de mil dólares del valor nominal de la finca hasta un valor máximo de veinticinco mil dólares.
(c) Cuando el valor de la finca o derecho exceda de veinti-cinco mil dólares se pagarán veinticinco (25) dólares por los primeros veinticinco mil dólares y dos (2) dólares por cada mil dólares o' fracción de mil dólares adicio-nales.
(d) Por las notas marginales que no envuelvan cuantía se pagará dos (2) dólares por cada una. (30 L.P.R.A. see. 1767a.)

Las partes coinciden en que la anotación de lis pendens se hace mediante nota marginal, criterio correctamente fundado en nuestra decisión de Velázquez v. El Registrador, 27 D.P.R. 268 (1919). Discrepan en cuanto a si un aviso de pleito pendiente envuelve cuantía o no.

Los recurrentes afirman que esa anotación no involucra cuantía, pues sólo tiene el efecto de avisar a terceros que la propiedad afectada por dicha nota marginal está en litigio y que la Regla 56.7 no exige que el aviso exprese cantidad o valor alguno. Invocan también la práctica registral y que se trata de un pleito de reivindicación.

Por su parte el Registrador recurrido señala en su ale-gato que tal aviso “posee todas las características y conlleva todos los efectos de una anotación preventiva”, que es un asiento principal, cuya finalidad es asegurar la rectificación del Registro, puesto que de serle favorable a los deman-dantes la sentencia que pueda recaer en el pleito implicaría la eliminación registral del derecho inscrito a favor de los demandados.

La fiel solución de la presente controversia no puede depender de la mecánica o modo empleado por el Registrador al hacer constar el lis pendens en los libros del Registro pues, como hemos dicho, el mismo se puede efectuar mediante simple nota marginal, Velázquez, supra, o por excepción en virtud de una anotación en el asiento principal. (Véase el escolio 2, ante.) Depende más bien de la calificación final registral fundada en un análisis de la verda-dera naturaleza de la demanda incoada, Banco Central y Economías v. Registrador, 111 D.P.R. 773 (1981); Kermit Const. Corp. v. Registrador, 103 D.P.R. 583, 588-589 (1975), y del objeto y efectos de la nota o anotación que habrá de realizarse. Esa agenda cubre una breve referencia a los fac-tores que condicionan nuestra decisión, a saber, ciertos principios elementales sobre los atributos científicos de la nota marginal, la trayectoria y el destino jurisprudencial del lis pendens en nuestro sistema inmobiliario registral, la práctica cotidiana observada por los registradores en cuanto al arancel y la intención legislativa al respecto.

Su nombre [nota marginal] expresa su característica formal más notable: el practicarse en lugar distinto del cuerpo del folio registral. . . . Jurídicamente, lo que caracteriza de modo más general a las notas marginales es cierta relación de dependencia con el asiento a cuyo margen se practican.... Se comprende, por consiguiente, la imposibilidad de dar una definición suficientemente comprensiva de la nota marginal. . . . J. L. Lacruz Berdejo y F. de A. Sancho Rebullida, Derecho Inmobiliario Registral, Barcelona, Ed. Bosch, 1968, pág. 282.

Roca Sastre “es el primer hipotecarista que da una defi-nición completa y no formalista”. Ramón de la Rica y Mari-torena, La Nota Marginal, 49 Rev. Crítica de Derecho Inmobiliario 1086, 1090 (1973). La define como “un asiento registral, en general accesorio, definitivo y positivo que se extiende al margen de otros asientos, y cuyo objeto es con-signar un hecho que modifica un derecho registrado o hacer las veces de una inscripción, anotación preventiva o cance-lación, o facilitar la mecánica de la oficina del Registro”. (Énfasis en el original.) Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, pág. 914. De esta definición, esbozada esencialmente en lo que José M. Chico y Ortiz llama “por acumulación de esas finalidades” en Teoría, Práctica y Fórmula de la Calificación Registral, Madrid, Ed. Marcial Pons, 1977, pág. 448; esto es, atendiendo al criterio de su objetivo o propósito, Roca Sastre analiza y divide en tres las notas marginales: de oficina, de modifi-cación jurídica y la sucedánea. Aunque se señala lo difícil que es deslindar el campo entre las diversas clases, se intenta sistematizarlas con arreglo a los siguientes criterios: asientos a que se refiere; según los textos legales; por su naturaleza; su origen; su duración; y su extensión. R. de la Rica, op. cit., págs. 1095-1097. A base de las peculiaridades que entraña, inequívocamente puede concluirse que la nota marginal correspondiente al lis pendens no es susceptible de clasificarse como una “de oficina”, cuya misión es “pura-mente mecánica o material: relacionar entre sí los asientos que guardan cierta conexión”. Máxime cuando “son asientos o notas de efectuación obligada o de oficio, o sea, que su práctica no es rogada, ya que los extiende al Registrador por imposición reglamentaria”. Roca Sastre, op. cit., pág. 915. Tampoco podría catalogarse bajo las denominadas notas marginales “de modificación jurídica”, ya que no con-signa de modo permanente “hechos o circunstancias que alteran la situación jurídica registrada”. Aunque la figura proyecta ciertos perfiles parecidos a una “nota marginal sucedánea”, preciso es admitir que no acopla en ninguna de éstas por su origen extra-hipotecario y naturaleza sui géneris producto de su génesis procesal angloamericana. Cruz La Corte v. Registrador, 109 D.P.R. 354, 356 (1980).

En el aspecto histórico y estatutario arancelario toda nota marginal devengaba derechos uniformes sin referencia a distinción de cuantía alguna. Es comprensible, pues, que habiendo resuelto este Tribunal en Velázquez, ante, que la mejor práctica de darle al lis pendens acceso al Registro era mediante simple nota marginal, prevaleciera la costumbre de exigir el arancel concernido sin atender el valor real o estimado de la finca sobre la cual se anotaba. Tal situación es entendible solamente bajo la legislación arancelaria anterior que no distinguía cuantías a base de valor del derecho implicado en la nota marginal. No obstante, la legislación de 1970 vigente, con rúbrica de reforma, alteró significativamente ese esquema de tributación registral al inyectar un elemento valorativo y disponer taxativamente que sólo las notas marginales que no envolviesen cuantía se aprovecharían del insignificante arancel de dos dólares. Diario de Sesiones, Vol. 24, Parte III, pág. 1182 (1970). Al así hacerlo la Asamblea Legislativa ejerció la prerrogativa de establecer el costo por los servicios, garantías y protec-ciones que brinda el Registro, nada de lo cual es odioso ni ofende preceptos constitucionales. Si se observa el vertigi-noso ascenso del crédito hipotecario para facilitar la adqui-sición de viviendas y locales de comercio en lustros recientes, fácil es advertir el ingente incremento en los plei-tos de ejecución y también de aquellos concomitantes al tráfico inmobiliario con consecuencia registral. Así pues, no podemos concurrir con la tesis de los recurrentes de que la enmienda de 1970 al inciso d fue inconsecuente en cuanto al modo de computar el arancel.

Sin embargo, cabe notar que esa legislación no dispuso expresamente qué tratamiento arancelario se le brindaría a una anotación bajo el entonces Art. 91, luego Regla 56.7, de génesis distinta. El resultado ha sido'una desarticulación en la implementación de la ley en que subsisten diversas inter-pretaciones como si rigiesen varios estatutos. A tal efecto, los argumentos de las partes reconocen que la práctica varía de sección en sección, aun dentro de un mismo Regis-tro de determinada demarcación territorial. En algunos basta el arancel de dos dólares; en otros se le aplica si la demanda es de reivindicación y no menciona valor del inmueble (después de prevalecer el anotante es que se cobra); y en otros —como el que nos ocupa— se exige en la primera oportunidad, a base del valor de la finca a la luz del documento de demanda que acompaña el aviso.

A pesar de las diferencias que habíamos reconocido entre la anotación de lis pendens provista en el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil —hoy Regla 56.7 de Procedimiento Civil— y la anotación preventiva de demanda del antiguo Art. 42 —hoy Art. 112— de la Ley Hipotecaria —Martínez v. Registrador, 101 D.P.R. 308, 311 (1973), y Padilla v. Registrador, 39 D.P.R. 532, 539 (1929)— es innegable que ambos mecanismos, a través de la publicidad, convergen en el propósito común de sujetar la propiedad en cuestión a la suerte que corra el pleito entablado, colocando a cualquiera que adquiera el dominio o cualquier derecho real sobre la finca en litigio en la posición de un adquirente pendente lite. Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 452, 453 (1947). Subsiste aún como diferencia esencial, que el lis pendens no puede convertirse en asiento definitivo de inscripción. Martínez, supra, pág. 312; Padilla, supra, pág. 541. Esta disimilitud, ¿afecta y es determinante? Concluimos que no. El propósito legislativo es que el arancel se cobre por la seguridad y los beneficios a terceros que ofrece el Registro de la Propiedad. Aunque no se ha logrado, también aspira a la uniformidad.

La protección de un lis pendens se materializa desde el momento en que se anote, aunque sus efectos sustantivos permanentes, modificativos del asiento principal, se alcan-zan solamente cuando cesa de ser provisional y el anotante recibe la completa protección dimanante del Registro al emerger victorioso, final y firme, de la causa judicial que lo motiva. Como medida cautelar de aseguramiento de senten-cia, reduce el ius disponendi de los demandados. Maldonado Cruz v. Registrador, 107 D.P.R. 71, 75 (1978). En este sentido se asemeja a la caución registral que produce el embargo de inmuebles con la sola diferencia de que este remedio exige de ordinario prestación de fianza y no requiere relación alguna entre la causa de acción ejercitada y la propiedad objeto del embargo. Velazquez, supra. Así, el que embarga bienes raíces, además de prestar fianza para obtener el mandamiento, tiene que satisfacer el arancel del Registro a base del importe del embargo, pues ésta es la medida o el valor del derecho que se inscribe y asegura. Rosario v. Registrador, 57 D.P.R. 604 (1940). Igualmente, quien obtiene mandamiento judicial de anotación preven-tiva de demanda que reclame la propiedad del inmueble en juicio, antes Art. 42(1), hoy Art. 112(1) de la Ley Hipoteca-ria, tiene que cancelar los aranceles según la escala del esta-tuto en cuestión.

La anotación preventiva de demanda apercibe a terceros de que el título del inmueble afectado está adscrito a la con-tingencia de un pleito en desarrollo. El anotante recibe, pues, la protección del Registro en cuanto a la totalidad de la finca, pues de prevalecer en el pleito, dicha anotación preventiva puede convertirse, sujeta a ciertos requisitos, en asiento definitivo de inscripción a su favor. Es como si el demandante tuviese “embargada” la totalidad de la finca. No afecta la cuestión que el aviso de lis pendens no pueda convertirse en asiento definitivo. La protección pro tempore que ofrece se extiende a toda la finca, por lo que, de preva-lecer el demandante en pleito, podría privar a cualquier adquirente posterior de su derecho inscrito.

HH

A la luz de las características de una anotación de aviso de pleito, tanto a nivel conceptual como en la protección y efectos que genera, no existe impedimento para que demos virtualidad al propósito legislativo de que la tributación sea a base del valor del inmueble, aunque dicha anotación se realice mediante nota marginal. Desde que se aprobó la Ley de Arancel de 1963, el legislador hizo claro que al estimar el arancel aplicable “[n]o se le dará impor-tancia al trabajo mecánico de hacer un asiento de mayor o menor extensión, sino que se cobrarán los derechos por la garantía que, en beneficio de terceros, brinda esta operación en el Registro de la Propiedad”. Citado en Díaz v. Registrador, 107 D.P.R. 233, 238 (1978). Nada hay de irrazonable en imponer el pago de derechos a base del valor de la finca objeto de la anotación de lis pendens, ya que, aunque provi-sionalmente, el anotante recibe la completa protección dimanante del Registro mientras pende la causa judicial que la motiva. Siguiendo ese razonamiento, la calidad de la garantía registral en uno y otro caso es única; las conse-cuencias básicamente son las mismas. A tal efecto, no hay diferencia sustancial en cuanto a la protección temporal que al anotante brinda el Registro en cualesquiera de los casos.

El lenguaje crucial legislativo en la redacción del esta-tuto está estructurado sobre la base de imponer y cobrar, como regla general, un arancel sobre “el valor de la finca o derecho”. Esa premisa se extiende a las notas marginales. Es por excepción que a éstas aplica la exigua cantidad de $2 cuando no hay cuantía envuelta. Aquí la hay.

La demanda de reivindicación de un inmueble, autori-zada en el Art. 280 del Código Civil, que in fine reza, “[e]l propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla”, 31 L.P.R.A. sec. lili, “persigue: l.°, que sea declarado el derecho de propiedad de quien la interpone; 2°, que, en consecuencia, le sea restituida la cosa sobre que aquél recae”. M. Albaladejo, Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1976, T. Ill, Vol. 1, pág. 345. Puig Brutau destaca “que sólo procede para reclamar una cosa señalada, concreta y determinada, y precisamente de quien la tenga en su poder, y que no permite pedir otra de la misma especie y calidad”. Fundamentos de Derecho Civil, 2da ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1971, T. Ill, Vol. I, pág. 211. Como es natural, cuando el objeto de la litis es un inmueble, éste posee intrínsecamente un valor en el mercado, que por su grado de utilidad, cualidades y significado puede preci-sarse en función de factores tales como su ubicación, clasifi-cación gubernamental, facilidades y grado de desarrollo, tipo de terreno, accesibilidad y otros. Ese inmueble, deno-minado finca, en unión a la persona y al derecho, represen-tan los tres elementos auténticos constitutivos de la relación jurídica inmobiliaria. Y el “Registro de la Propiedad se llevará tomando la finca como unidad registral y desti-nando a cada inmueble un folio particular.. ..” Art. 32 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2152.

Nuestra decisión no puede, pues, ignorar los principios fundamentales apuntados, como tampoco puede hacerse depender ésta de que un demandante en reivindicación mencione o no en la demanda o en el aviso el valor de la finca que reclama. La fragilidad del argumento es. evidente: la sola circunstancia de la fácil evasión. Más bien debe responder “al propósito [moderno e irreversible] que infiltra el arancel de aproximar en lo posible la base impositiva al valor real del derecho objeto de la operación registral”. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136, 140 (1976), seguido en Aponte Parés v. Registrador, 106 D.P.R. 176 (1977), y Lincoln American Corp. v. Registrador, 106 D.P.R. 781 (1978). Bajo esta hipótesis, lo determinante es identificar el derecho en cuestión y si puede ser valorado independientemente de la voluntad de las partes o del ano-tante.

En la consecución e implementación de ese fin ecuable, resolvemos que cuando la nota marginal tenga por objeto un derecho o interés estimable, susceptible de así ser justipreciado —al momento de su presentación o cancelación— estamos ante una nota marginal que realmente “envuelve cuantía”. En tal caso, no tiene importancia el que las partes lo hayan valorado o no, o que el pleito sea de reivindicación. La obligación del Registrador es exigir el pago de arancel correspondiente, siguiendo las normas aplicables en la ley.

Finalmente, además de los fundamentos jurídicos esbozados, razones prácticas y de justicia abonan a la conclusión de que el arancel en notas marginales pendente lite, y aquellas análogas, es exigible al tiempo de presentarse la solicitud. Repetimos, es a partir de ese momento y de manera inmediata que tiene efectos regístrales publicitarios frente a terceros. Posponer su imposición a los resultados del pleito —de ser negativo al anotante— implicará razonablemente: (a) que éste perdió en esa etapa su interés, lo cual dificultará que espontáneamente o de buen grado satisfaga el arancel; (b) que recaerá sobre el demandado victorioso dueño de la finca inscrita el diligenciar su cancelación; y (c) que es posible que en esa gestión el anotante tenga que satisfacer el arancel y demás gastos, y sufrir inmerecidamente su impacto fiscal.

Se dictará sentencia que confirme la calificación del Registrador.

El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

      La Ley Núm. 3 de 12 de agosto de 1982 la enmendó duplicando el monto de estos aranceles. Leyes de Puerto Rico, 1982, pág. 206.

      En Zapata v. Registrador, 40 D.P.R. 564, 565 (1930), reconocimos que tam-bién puede practicarse en el mismo lugar de las demás inscripciones por vía de excepción y “curso alternativo cuando no sea factible la nota marginal”. (Por ejemplo, cuando no conste inscrita la propiedad.)

      Roea Sastre describe la “nota marginal sucedánea” como aquella “con fun-ción semejante o equivalente a la de los asientos de inscripción, anotación preven-tiva o cancelación. Son verdaderas inscripciones, anotaciones o cancelaciones que, por disposición de preceptos hasta cierto punto excepcionales y por razones de sim-plificación de las operaciones de registro, han de adoptar la forma de nota marginal.
      “Dada su equivalencia a tales asientos principales, tienen naturalmente el valor y características de surtir los efectos que son propios de tales asientos de inscripción, anotación preventiva o cancelación.” (Énfasis suplido). Derecho Hipote-cario, 1979, T. II, pág. 917.

      La determinación del valor que debe servir de base para el arancel de la anotación preventiva de demanda será el que el Registrador en cada instancia determine en el ejercicio de su función calificadora, la cual es inherente al ejerci-cio de su cargo. El Registrador hará la determinación cuantitativa del arancel a base de las normas dispuestas en el Art. 2 de la Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970, según enmendada, 30 L.P.R.A. sec. 1767(b), y nuestras decisiones en Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976); Aponte Pares v. Registrador, 106 D.P.R. 176 (1977); y Lincoln American Corp. v. Registrador, 106 D.P.R. 781 (1978). Esta jurisprudencia no deja al azar ni a la voluntad de las partes la valo-ración del derecho objeto de inscripción.

      Nos abstendremos de discutir, por no ser pertinentes al recurso, los argu-mentos de los recurrentes en cuanto a los efectos jurídicos y frente a terceros de una escritura constitutiva de hipoteca sobre los cuatro solares en litigio —en garantía de pagarés al portador— suscrita por los codemandados José R. Four-nier y su esposa Ercilia Torres, el 1 de marzo de 1982 y presentada al Registro el 2 de marzo.