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author: per curiam:

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text:
    Juan Ramón de León Velázquez y su Esposa Rafaela Román Marrero, demandantes y recurridos, v. Frito Lay’s, Inc.; Juan del Pueblo; Hiram Colón, John Doe y Richard Doe, demandados y recurrentes.

      Número: R-77-455

      Resuelto: 21 de marzo de 1978

      José G. Rolón Rivera, abogado de los recurrentes; Hugo Rubén Félix, abogado de los recurridos.
   per curiam:

El 14 de octubre de 1975, en horas de la tarde, la Sra. Rafaela Román Marrero llegó a terrenos de un centro comercial conduciendo un automóvil. Al estacionarlo lo hizo en un lugar contiguo a un área de rodaje. No empece haber observado por el espejo retrovisor del automóvil que se acercaba por dicha área otro vehículo de motor, abrió la puerta para desmontarse, dejando poco espacio para pasar al vehículo que se acercaba. El conductor de este vehículo vio el de la Sra. Román Marrero y continuó su marcha sin antici-par que la señora abriría la puerta en la forma en que lo hizo. Así se produjo un choque del vehículo de la parte deman-dada con la puerta del de doña Rafaela. El impacto produjo un golpe en el abdomen a dicha señora, que se encontraba em-barazada, lo cual le causó que sangrara vaginalmente, temor de perder la criatura, y se vio obligada a guardar cama y mantenerse en absoluto reposo bajo atención médica.

El tribunal de instancia determinó que el accidente fue causado por la negligencia concurrente de ambos conductores, y que el conductor del vehículo de la demandada incurrió en un 75% de dicha negligencia. Estimó en $6,000 el valor de los sufrimientos físicos y mentales de doña Rafaela y en $1,000 los de su esposo codemandante, para un total de $7,000, y condenó a la demandada a pagarles la cantidad de $5,250 menos $1,000 deducibles bajo la See. 9 de la Ley de Protec-ción Social por Accidentes de Automóviles, 9 L.P.R.A. see. 2058. La condenó, además, al pago de las costas y $200 de honorarios de abogado. No conforme, la demandada ha recu-rrido.

Por resolución de 4 de enero de 1978 concedimos plazo a los recurridos para mostrar causa por la cual no debamos expedir el auto solicitado y modificar dicha sentencia a los fines de fijar en 75% la negligencia de la demandante Ra-faela Román Marrero y en un 25% la del conductor del ve-hículo de la demandada recurrente, y eliminar la partida de honorarios. Los recurridos han comparecido mediante escrito en que (1) impugnan nuestra jurisdicción por entender que el recurso fue instado tardíamente ante nos, y (2) en su de-fecto, sostienen que no debemos alterar los por cientos de negligencia concurrente.

En cuanto a la falta de jurisdicción, surge del expediente ante nos que la sentencia del tribunal de instancia fue dic-tada el 30 de junio de 1977 y que el 1 de julio de 1977 se ar-chivó en autos copia de su notificación. La parte demandada solicitó oportunamente la reconsideración y el tribunal señaló dicha moción para vista para el 13 de septiembre de 1977. En esa fecha comparecieron las partes y argumentaron sus contenciones. El 26 de octubre de 1977 el tribunal dictó re-solución en que modificó su sentencia a los fines de ordenar la deducción ordenada por la citada Ley de Protección Social, cosa que había omitido. El día siguiente, 27 de octubre, se notificó a las partes por correo con copia de dicha resolución. Pero no se hizo constar en la notificación la fecha del archivo en autos de copia de la resolución, lo cual se hizo el 25 de noviembre de 1977 luego de una moción al efecto presentada por la parte demandada. Esta presentó ante nos su petición de revisión el 15 de diciembre de 1977.

Sostiene la parte recurrida que el plazo de 30 días para recurrir contra la sentencia debe contarse desde la notificación de la resolución el 27 de octubre. Señala en apoyo de su contención que la costumbre seguida en estos trámites judiciales es notificar las resoluciones con una nota al calce, sin acompañarlas de la forma regular de notificación de las sentencias, es decir, sin informar a las partes del archivo en autos de copia de la resolución. Si esa ha sido práctica seguida, debe descontinuarse. La Regla 47 de las de Procedimiento Civil es clara. Dice así:

“La parte agraviada por la sentencia o por una resolución podrá, dentro del término de 15 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de la sentencia, o dentro del término de 5 días desde la fecha del archivo en los autos de una copia de la notificación de haberse dictado la resolución, pre-sentar una moción de reconsideración de la sentencia o de la resolución. El tribunal, dentro de los 5 días de haberse presen-tado dicha moción, deberá rechazarla de plano o señalar vista para oír a las partes. Si la rechazare de plano, el término para apelar se considerará como que nunca fue interrumpido. Si seña-lare vista para oír a las partes, el término para apelar empezará a contarse desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo defini-tivamente la moción. Si el tribunal dejare de tomar alguna ac-ción con relación a la moción de reconsideración dentro de los 5 días de haber sido presentada, se entenderá que la misma ha sido rechazada de plano.”

Como puede verse, el término de 30 días para presentar la petición de revisión de una sentencia en que ha mediado una solicitud de reconsideración oportunamente presentada y que ha sido objeto de consideración por el tribunal, comienza a contar “desde la fecha en que se archiva en los autos una copia de la notificación de la resolución del tribunal resolviendo definitivamente la moción.” Se refiere la regla, por supuesto, a la moción de reconsideración. Así lo habíamos resuelto antes de la adopción de las Reglas de Procedimiento Civil actualmente vigentes. Véanse González v. Lugo & Cía., 75 D.P.R. 502 (1953) y Marcano v. Marcano, 60 D.P.R. 351 (1942). El lenguaje de la Regla 47, antes transcrita, no ha variado tal norma. Habiéndose presentado la solicitud de revisión el 15 de diciembre, no había vencido el término de 30 días, que comenzó a contar desde el 25 de noviembre, fecha en que se archivó en autos copia de la resolución que resolvió la moción de reconsideración.

En cuanto a los méritos del recurso, la parte recurrida no nos persuade de que variemos el resultado intimado en nues-tra orden para mostrar causa. Se expedirá el auto solicitado y se modificará la sentencia de acuerdo con los términos de esta opinión.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Rigau no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    José R. Seda, Inspector de Protocolos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, peticionario v. Manuel H. Dubón, Notario Público, recurrido.

      Número: O-77-475

      Resuelto: 27 de marzo de 1978

      José R. Seda, Inspector de Protocolos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pro se; Luis E. Bubón, Jr., abogado del recu-rrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Las operaciones de liquidación, partición y división de la herencia de Hostos M. Gallardo Herrero se consignaron en documento privado de fecha 26 de junio, 1974 autenticado por el notario Lie. Jorge Luis Suárez bajo afidávit Núm. 75.434 suscrito por los herederos e interesados en la herencia, en el que se fijó al caudal!) repartido un valor de $7,066,347.06; y por contarse entre los herederos menores de edad representados por defensor judicial y haberse adjudi-cado bienes en pago de deudas,!) la partición contractual fue sometida para aprobación al Tribunal Superior, Sala de Bayamón, que dictó resolución aprobatoria el 26 junio 1974 por la que ordenó a su Secretario que desglosara del expe-diente el original del documento privado de partición y lo entregara al notario recurrido Lie. Manuel H. Dubón para su protocolización, quien al efecto autorizó un documento público que transcrito dice:

“ — NUMERO DIEZ Y SEIS
- ACTA DE PROTOCOLIZACION DE LAS OPERACIONES
- DE LIQUIDACION, PARTICION Y DIVISION DE LA
- HERENCIA DE DON HOSTOS M. GALLARDO HERRERO —En la ciudad de Bayamón, Puerto Rico, a los veintiséis días del mes de junio de mil novecientos setenta y cuatro.
—MANUEL H. DUBON — ABOGADO—NOTARIO

en ejercicio en esta Isla, con oficina abierta en el Decimoquinto Piso del Edificio Banco de Ponce, en el Barrio de Hato Rey, de la ciudad de San Juan, Puerto Rico, y con vecindad y residencia en Guaynabo, Puerto Rico.

—COMPARECE:

—DE UNA SOLA PARTE: — DON MOISES COTTO VILLA-NUEVA, mayor de edad, casado, empleado y vecino de Bayamón, Puerto Rico.quien concurre en este acto en su carácter de Secretario Interino de la Sala de Bayamón del Tribunal Superior de Puerto Rico, en cumplimiento de la Resolución dictada por dicho Tribunal en esta misma fecha, en el expediente Civil Número Setenta y Dos guión Trescientos Veinticuatro (72-324) seguido por Roberto Martín Maldonado, Peticionario Ex-parte, sobre Solicitud de Cartas Testamentarias. —Yo, el Notario, doy fe de conocer personalmente al compare-ciente, y por sus dichos, de su edad, estado, profesión, vecindad y carácter en que comparece, asegurándome tener, y a mi juicio tiene, la capacidad legal necesaria para el presente otorgamiento, sin que nada me conste en contrario, y en su virtud libremente,

—EXPONE:

—PRIMERO:—Que con fecha veintiséis de junio de mil nove-cientos setenta y cuatro, y por documento suscrito ante el No-tario Don Jorge Luis Suárez.. Affidavit Número Setenta y Cinco Mil Cuatrocientos Treinta y Cuatro (75,434).. el Licenciado Roberto Martín Maldonado, en su carácter de Albacea Testamentario y Contador Partidor de los bienes de la herencia de Don Hostos M. Gallardo Herrero, en su carácter de Tutor Testamentario de Wallace Miguel y Jorge Alberto González Gallardo, y en su carácter de Fi-duciario del Fideicomiso Testamentario constituido en su testa-mento por el mencionado Don Hostos M. Gallardo Herrero, en unión a Doña Herminia Ronda Viuda de Gallardo, cónyuge su-pérstite del citado don Hostos M. Gallardo Herrero, y de todos los demás herederos, legatarios y demás interesados en la heren-cia de dicho finado, formalizaron las Operaciones de Liquidación, Partición y División de su herencia, las cuales fueron sometidas a la aprobación de la Sala de Bayamón del Tribunal Superior de Puerto Rico, a tenor con las disposiciones contenidas en el Ar-tículo Seiscientos Cinco del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 2626), cuyo Tribunal, por Resolución de esta misma fecha impartió su aprobación a las referidas Operaciones Particionales, uniéndose a, y haciéndose formar parte de este documento, copia certificada de la referida Resolución.

—SEGUNDO:—Que por la misma citada Resolución, se dispuso la protocolización de las referidas Operaciones de Liquidación, Partición y División de la herencia de dicho Don Hostos M. Ga-llardo Herrero, en la Notaría del Licenciado Manuel H. Dubón, en cumplimiento de cuya orden el compareciente me requiere como Notario, para que proceda a dicha protocolización, hacién-dome entrega en este acto del documento original que contiene dichas Operaciones Particionales.

—TERCERO:—En su virtud, dando por recibido el documento original de referencia que contiene dichas Operaciones Parti-cionales, yo el Notario, procedo a protocolizarlo uniéndolo a con-tinuación de esta Acta luego de rubricar y estampar con mi sello Notarial cada página de dicho documento, y lo inserto en mi Pro-tocolo de Instrumentos Públicos correspondiente al presente año y bajo el número de este acto, para que quede formando parte del mismo, y se inserten en las copias que de la presente escri-tura libre en su día.

—ACEPTACION

—Tal es la escritura que acepta el compareciente ratificándola en todas sus partes por hallarla redactada conforme a sus ins-trucciones y deseos, procediendo yo, el Notario, a hacerle las advertencias pertinentes de ley.

—OTORGAMIENTO

—Así lo dice y otorga el compareciente por ante mí, luego de haber renunciado al derecho que le hice saber tenía para re-querir la presencia de testigos instrumentales.

—LECTURA

—Leída en alta voz esta escritura al otorgante por mí, el feda-tario, y también leída personalmente por él, en la misma se rati-fica, fija sus iniciales en todos y cada uno de los folios de este documento, y firma en un solo acto, por ante mí, el Notario, que de todo lo anteriormente consignado en el presente documento público, DOY FE.

—Entrelineas: ‘Interino’ — Vale. REPITO LA FE.”

En el curso de una inspección del protocolo del notario recurrido el Inspector Lie. José R. Seda, peticionario, encon-tró que la escritura transcrita no tenía sellos de rentas inter-nas ni estampilla del Colegio de Abogados adheridos y can-celados, manteniendo el Inspector de Protocolos el criterio de que por envolver el documento un caudal neto distribuido de $7,066,347.06, debió el notario cancelar sellos por valor de $3,534.00 devengados por disposición de la See. 2(e) de la Ley de Arancel Notarial Núm. 101 de 12 de mayo, 1943 (4 L.P.R.A. sec. 851(e)), y $1.00 de impuesto notarial del Colegio. A la exigencia del Inspector opuso el notario su cri-terio de que el transcrito documento de protocolización está exento del pago de todo derecho por ser su único otorgante el Secretario del Tribunal Superior (Bayamón), funcionario público que actuó en el curso de asuntos oficiales (13 L.P.R.A. see. 1928(1)); y que en la alternativa dicho documento tiene carácter de acta sin valor sobre el cual computar los derechos de Arancel, por lo que pagaría $1.00 a tenor de 4 L.P.R.A. see. 852. La divergencia de criterios fue planteada por el Inspector de Protocolos mediante petición al Tribunal Superior, Sala de San Juan, a tenor del Art. 38 () de la Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 1038).

Oyó el tribunal de instancia al Inspector y al Notario, y el 7 noviembre, 1977 dictó Resolución en la que descartó la aplicación de 13 L.P.R.A. see. 1928 (1) y concluyó que el docu-mento de protocolización es un acta, diferenciable de una es-critura, que sólo devenga $1.00 a tenor de la See. 3 de la Ley Núm. 101 de 12 mayo, 1943 (Arancel Notarial), 4 L.P.R.A. see. 852, que en lo pertinente dispone:

“Los poderes, actas y demás documentos de cualquier clase hechos ante notario público, en que no se fija cuantía, pagarán por su original un (1) dólar cada uno y por cada copia cincuenta (50) centavos cada uno

Al recurrir el inspector en certiorari, expedimos el 4 de enero, 1978 la siguiente orden sobre mostración de causa:

“Tenga el Notario Sr. Manuel H. Dubón plazo hasta el 31 de enero de 1978 para comparecer a mostrar causa por la que no deba expedirse el auto y anular la Resolución dictada el 7 de noviembre de 1977 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, (Rosa-Resto, J.) declarando que el documento mediante el cual se protocolizaron las operaciones particionales del caudal relicto por Hostos M. Gallardo con un valor de $7,066,347.06 no está sujeto al arancel de derechos para instrumentos públicos orde-nado por 4 L.P.R.A. see. 851, sino al pago de $1.00 que a las actas impone 4 L.P.R.A. see. 852; y en su lugar dictarse senten-cia sujetando el referido documento de protocolización a la can-celación de sellos de rentas internas por valor de $3,534.00 (4 L.P.R.A. see. 851) y $1.00 de impuesto notarial del Colegio de Abogados.”

Ha comparecido el notario recurrido, reiterando los plan-teamientos ante instancia, y acordamos revocar.

I

La contención del notario recurrido reclamando exención total de derechos para la escritura de protocolización por ser documento otorgado por funcionario en el curso de asuntos oficiales, carece de base estatutaria.

La antigua Ley de Arbitrios de 9 marzo, 1905 enmen-dada en 1907 y 1912, disponía en su Sec. 31 (13 L.P.R.A. see. 1928):

“Impuesto sobre autenticación o inscripción de documentos
Se impondrá, cobrará y pagará:
(1) Sobre cada instrumento o documento original autorizado por notario público o inscrito por un registrador ... un dólar; Disponiéndose, que en los documentos que se otorgaren por fun-cionarios en el curso de asuntos oficiales no se impondrá, cobrará o pagará ningún impuesto.
(2) Sobre cada copia de dichos instrumentos o documentos originales ... cincuenta centavos.
(3) Por cada registro o inscripción de dichos instrumentos o documentos o de sus copias . . . cincuenta centavos.
(4) Por cada afidávit o declaración de autenticidad otorgado ante notario público, juez de paz, u otro funcionario, pero sin incluir a los funcionarios del Servicio de Rentas Internas cuando tomaren declaraciones, afidávits y juramentos en materias refe-rentes a la tasación de la propiedad, y a infracciones de las leyes de rentas internas . . . veinticinco centavos; Disponiéndose, que no se impondrá el impuesto en los instrumentos que se otorgaren ante los jueces de paz, u otros funcionarios judiciales, referente-mente a los asuntos en procedimientos judiciales de que ellos conocieren.
Los impuestos que por la presente se disponen se pagarán fijando al documento, instrumento, afidávit o declaración de autenticidad, un sello de rentas internas de la debida denomina-ción, el cual será cancelado por el funcionario ante el cual se otorgare el documento o instrumento, escribiendo en el mismo sus iniciales y la fecha en que se fija.
Toda persona que autorizare o inscribiere, o haga que se autorice o inscriba, cualquier instrumento o documento o su copia, sin que antes se haya pagado el impuesto prescrito en esta sección, convicta que fuere será castigada con multa de cien (100) dólares.”

Los números (1), (2) y (4) de esta Ley fueron sustitui-dos por la Ley de Arancel Notarial, Núm. 31 de 30 de noviem-bre, 1917 (II), cuestión que ahora resolvemos, pero que ya antes asumimos en dictum de Meléndez v. Registrador, 63 D.P.R. 1023, 1030 (1944). Dicha Ley de 1917 fue a su vez sustituida por la Ley Núm. 101 de 12 mayo, 1943 (4 L.P.R.A. see. 851) sobre cobro de derechos para instrumentos públicos, que es el Arancel Notarial vigente. Quedó así eliminada la exención que la Ley de 1905 establecía para documentos pú-blicos notariales otorgados por funcionarios en el curso de asuntos oficiales, a pesar de que dicha Ley de Arancel Núm. 101 de 1943 eximió de sus disposiciones la escritura cuyo único objeto sea el reconocimiento de hijos naturales (See. 3); el “duplicado de la copia” de los contratos de refacción agrí-cola y molienda de cañas (See. 5) y otros numerosos docu-mentos enlistados en la See. 6 de la Ley. ()

No podemos aceptar el argumento del recurrido de que admitido el carácter oficial de la comparecencia del Secretario del Tribunal Superior como único otorgante del acta de protocolización, exigirle a éste el pago de derechos de arancel resultaría en situación en que el Gobierno se impone una contribución a sí mismo. Aparte de que la exención provista en la Sec. 31, inciso Io de la Ley de 9 marzo, 1905 se tornó inoperante por la legislación posterior que antes hemos glosado, el Secretario no es parte interesada en la partición. Sólo a aque-llos otorgantes que son parte() interesada en el objeto del documento público corresponde pagar por los sellos. “La can-celación de ciertos sellos de rentas internas en toda escritura notarial es, en su esencia, una manera que El Pueblo de Puerto Rico tiene para recaudar ingresos y el deber de cum-plir con tal requisito, a nuestro juicio, recae primordialmente sobre los notarios de esta Isla. Con ello las partes no quedan relevadas de la responsabilidad de suministrar los sellos al notario.” Lázaro v. Sucn. Toro Cabañas, 53 D.P.R. 201, 205 (1938).

II

La referencia en la See. 3 de la Ley de Arancel Notarial Núm. 101 de 12 mayo, 1943 (4 L.P.R.A. see. 852) de documentos en que no se fija cuantía comprende en esta clasificación única y exclusivamente aquéllos que por su naturaleza se limitan a impartir autenticidad y publicidad a un acto, contrato o procedimiento en el que no aparezca cuantía alguna, expresa o determinable. A los efectos del Arancel Notarial no hay separación o individuación entre el acta o escritura de protocolización y el documento protocolizado. Ambos componen un todo o unidad al punto en que para cumplir el requisito de protocolización las dos piezas se mantienen juntas en el protocolo del notario autorizante. () Luego, no puede decirse que falta noción de cuantía sobre la que pueda computarse el Arancel. Sí, hay una cuantía fija y reconocible, sin necesidad de ulterior determinación matemática, cual es el valor del caudal hereditario objeto de las operaciones par-tieionales aprobadas por el Tribunal Superior.

Siguiendo a Azpeitia ha sostenido este Tribunal que a pesar de la distinción, consolidada dentro de la técnica española, de escrituras matrices por un lado y actas notariales por otro, la palabra escritura matriz tiene una acepción lata, dentro de la cual se comprenden también las actas notariales, instrumentos públicos, porque, en efecto, las actas tienen una exteriorización primaria que es el original, siempre matriz, y que también es esencialmente escritura. Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215, 221 (1963). La Ley de Arancel Notarial es de naturaleza tributaria. Desde sus orígenes en la Ley de 9 marzo, 1905, pág. 255 tenía el propósito de allegar rentas para el Fisco mediante la imposición de un arbitrio sobre autenticación de documentos. En su efecto impositivo no distingue entre escritura y actas. Aquel estatuto de 1905 hacía gravitar su impuesto “sobre cada instrumento o documento original autorizado por notario” (Inciso 1); y “sobre cada copia de dichos instrumentos o documentos originales” (Inciso 2). Hoy la vigente Ley de Arancel Notarial Núm. 101 de 12 mayo, 1943 ordena en su See. 2 (4 L.P.R.A. see. 851):

“En cada documento e instrumento original, autorizado por notario público, que haya de ser protocolizado, y sus copias, se fijarán y cancelarán sellos de rentas internas de los siguientes valores o denominaciones: ....”

Lo que hace asequible el documento a la imposición del derecho o arbitrio no es su contextura de documento pú-blico (escritura) por el que se exterioriza un acto jurídico que comprende una declaración de voluntad, a diferencia del acta cuya materia propia es simplemente la narración de un hecho jurídico, () toda vez que ambas, tanto escritura como acta están clasificadas como “documentos” que ingresan al protocolo del notario. El factor diferenciante a los fines de estos derechos notariales, es la cuantía. De hecho el Arancel establece una escala progresiva de tributación empezando por documentos cuya cuantía “no exceda de $250”, hasta aquéllos en que “la cuantía exceda de $5,000”. Cuando se enfrenta a la alternativa de documentos sin cuantía fija, tampoco hace la ley distinción entre escrituras y actas al generalizar en su See. 3 (4 L.P.R.A. sec. 852):

“Los poderes, actas y demás documentos de cualquier clase hechos ante notario público en que no se fija cuantía, pagarán por su original un (1) dólar cada uno .. . .” (Énfasis suplido.)

No es por tanto correcto afirmar que las actas notariales reciben un tratamiento especial en la legislación arancelaria. Los derechos notariales se pagan al Gobierno a cambio de la seguridad y protección que el Estado a través del Notario ofrece para preservación de la integridad del documento una vez unido al protocolo cuya custodia está cuidadosamente regulada,!) así como por la dispensa de fe pública notarial que imparte al documento autenticidad y calidad oponible a tercero. () Fue tras ese valor de autentici-dad, publicidad y garantía de preservación que los contratan-tes en las operaciones particionales de bienes relictos al óbito de Hostos M. Gallardo eligieron e interesaron la protocoliza-ción del documento privado de partición una vez dictado auto aprobatorio por el Tribunal Superior. Fue una elección libre porque la resolución del tribunal incorporando las diligencias judiciales constituía en sí documento público irrecusable, que hace fe por sí solo, por disposición de la Ley de Procedimien-tos Especiales (32 L.P.R.A. see. 2625),() concordante del Art. 2 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 2) el cual da acceso registral a las resoluciones judiciales o administrati-vas!) consideradas como títulos traslativos o declarativos del dominio; y del Art. 3 (30 L.P.R.A. see. 3) que al reglar la forma de los documentos impone como requisito para que puedan ser inscritos los títulos el que estén “consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico, expedido por Autoridad Judicial, o por el Gobierno o sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos.” () “Nada dispone la ley con referencia a que en el caso de verificarse privada-mente la partición haya necesidad de hacerlo por documento otorgado ante notario, y nada dispone tampoco con respecto a la protocolización de las particiones. No exigiendo la ley dichos requisitos, nos parece que en el actual estado de derecho es bastante que los interesados puestos de acuerdo lleven a efecto la partición y la consignen en un documento bien sea público o ya privado que someterán a la aprobación de la corte de distrito. Y aprobada que sea por la corte, en la forma que dispone la ley, podrá inscribirse en el registro por medio de copia certificada de la divisoria, y del auto aprobándola, siem-pre que contenga todos los requisitos necesarios para ello. El expediente original quedará archivado en la corte de distrito.” Rovira v. Registrador, 21 D.P.R. 415, 419 (1914).

El propio recurrente reconoce, citando de Vda. de Giol v. Giol García, 98 D.P.R. 227, 235 (1969), que la copia certificada del auto definitivo de la divisoria constituye un documento de títulos inscribibles que hace innecesario el otorgamiento subsiguientemente de una escritura de partición. Sin embargo, no puede haber escapado al recurrido los beneficios prácticos que de la protocolización se derivan, aun cuando se limitaran como él sostiene a viabilizar la expedición de copias. Una vez ingresado el documento como parte del protocolo de instrumentos públicos y amparado por la autenticidad, publicidad y protección que para el caso provee la Ley Notarial, el acta de protocolización está sujeta al pago de arancel computado sobre el valor neto del caudal repartido.

La cuantía base para computar los derechos de arancel de un documento público notarial, sea escritura, acta o de cualquier otra índole, de no aparecer del propio documento, deberá tomarse de las constancias, diligencias y anejos que se unen al original permaneciendo en el protocolo y que refle-jen el valor envuelto en el acto o negocio jurídico objeto del otorgamiento. Cf. Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976).

Se dictará sentencia de conformidad. Revocada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) El caudal objeto de partición no incluía inmuebles ni derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad.

      (2)Ordena el Art. 605 del Código de Enjuiciamiento Civil (82 L.P.R.A. see. 2626):
      “Siempre que se verificase una partición de herencia, en la cual hu-biere interesados menores de edad, o incapaces, si se adjudicaren bienes de la herencia en pago de deudas, a herederos, o extraños, deberá someterse a la aprobación de la sala competente del Tribunal Superior y si ésta, con audiencia del fiscal, quedare satisfecha de la certeza de la deuda y de que la adjudicación en pago de la misma es razonable y justa, podrá aprobar dicha adjudicación en pago, sin necesidad de la subasta pública.”

      (3)Este Art. 38 ordena el siguiente procedimiento:
      “Si durante el curso del examen surgiera cualquier divergencia de cri-terio entre el inspector de protocolos y el notario, en relación con la forma y manera de llevar éste sus protocolos y registros de afidávits, o con res-pecto al cumplimiento de cualquiera de las otras disposiciones de este Capí-tulo o de cualquiera otra ley de Puerto Rico, incluyendo las de arancel notarial, el inspector deberá hacerlo constar en su informe haciendo una breve exposición de los hechos y de las razones en que se funda la contro-versia, y dicho informe será remitido a la sala del Tribunal Superior del lugar en que ejerza el notario para que oyendo al inspector y al notario resuelva la controversia, pudiendo su resolución revisarse por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari interpuesto dentro de diez (10) días después de notificado.”

      (4)Esta See. 6 de la Ley Núm. 101 de 1943 (4 L.P.R.A. see. 855) fue enmendada por la Ley Núm. 3 de 24 mayo, 1960 y por la Ley Núm. 122 de 2 junio, 1976 y tiene en la actualidad el siguiente texto:
      “Tampoco serán aplicables las disposiciones de las sees. 851 a 858 de este título a pólizas de seguro; conocimientos de embarque y de transporta-ción terrestres y otros documentos similares relativos a la transportación de carga (exceptuando contratos de transportación); fianzas judiciales; cartas de pago y recibos de cantidades no consignadas en documentos pú-blicos, siempre que la cuantía sea menor de $500, facturas comerciales; tickets o boletos de pasaje; pagarés, giros; cheques, letras de cambio y otros documentos negociables, de acuerdo con las disposiciones del Código de Comercio, ni a contratos de refacción agrícola en que el préstamo no exceda de $2,500, en los cuales sea una parte o intervenga directa o indirec-tamente cualquier corporación, asociación, o agencia creada en virtud de leyes del Congreso de los Estados Unidos de América, o asociaciones coope-rativas para fines no pecuniarios organizadas de acuerdo con las leyes de Puerto Rico para dar facilidades de crédito a los agricultores. Tampoco serán aplicables las disposiciones de dichas secciones a las escrituras de constitución, modificación y cancelación de hipotecas en garantía de présta-mos concedidos por los sistemas de retiro del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, la Autoridad de las Fuentes Fluviales, la Asociación de Maestros, o cualquier sistema de retiro estable-cido por cualquier agencia, instrumentalidad, autoridad o corporación pú-blica del Estado Libre Asociado. Disponiéndose además, que tampoco serán aplicables las disposiciones de dichas secciones, a las escrituras donde el Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico, según el mismo ha sido creado y es operado bajo la escritura número 5 de 23 de enero de 1970, ante el Notario Luis F. Sánchez Vilella, adquiera, traspase, grave o enajene bienes que se relacionen con los fines para los cuales dicho Fideicomiso fue creado y organizado.”

      (5) Tampoco en una escritura de venta judicial en que el Alguacil es “otorgante” con carácter representativo del vendedor, viene dicho funcio-nario obligado a pagar por los sellos, a pesar de que el Art. 1344 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3751) dispone que los gastos de otorga-miento de escritura serán de cuenta del vendedor, y los de la primera copia serán de cuenta del comprador.

      (6)La inseparabilidad del acta y de la Resolución o ejecutoria se des-taca en el texto de la propia escritura Núm. 16 que nos concierne, cuyo párrafo tercero dice:
      “ — TERCERO:—En su virtud, dando por recibido el documento original de referencia que contiene dichas Operaciones Partieionales, yo el Notario, procedo a protocolizarlo uniéndolo a continuación de esta Acta luego de rubricar y estampar con mi sello notarial cada página de dicho documento, y lo inserto en mi Protocolo de Instrumentos Públicos correspondiente al presente año y bajo el número de este acto, para que quede formando parte del mismo, y se inserten en las copias que de la presente escritura libre en su día.”

        (7)Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215, 220-221 (1963).

      (8)Los protocolos pertenecen al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero los notarios los conservarán como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad (4 L.P.R.A. see. 1034); el protocolo no podrá ser ex-traído del edificio en que se custodie a no ser por decreto judicial o por disposición de ley (4 L.P.R.A. see. 1033); deberá encuadernarse anual-mente, con índice (4 L.P.R.A. see. 1031); en caso de muerte o incapacidad del notario y cuando cese voluntaria o forzosamente en la práctica del no-tariado, los protocolos se entregarán al archivero general del correspon-diente distrito (4 L.P.R.A. see. 1035).

      (9)Art. 1181 Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3282).
      “La fecha de un documento privado no se contará respecto de ter-ceros, sino desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio.
      “La misma disposición se aplicará respecto al mandante, con relación a los contratos efectuados por mandatarios, en los casos a que se refieren y salvo las excepciones que consignan las sees. 3453 y 4487 de este título, en sus últimos respectivos párrafos.”

      (10)Art. 604 Código Enjuiciamiento Civil.
      “Aprobadas definitivamente las particiones, cada una de las partes interesadas tendrá derecho a una copia certificada del auto definitivo de la divisoria, que deberá contener todos los requisitos necesarios para la ins-cripción en el registro de la propiedad, declarando tales documentos títulos inscribibles.”

      (11)Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo 2, págs. 643, 646, Sexta Edición (1968).

      (12)A1 mismo efecto, Art. 51 del Reglamento Hipotecario (30 L.P.R.A. see. 881), Sucn. Trías v. Registrador, 62 D.P.R. 234 (1943); Rivera v.
        Registrador, 74 D.P.R. 127 (1952); Bermúdez v. Registrador, 74 D.P.R. 151 (1952).


text:
    Gómez Hermanos, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-78-11

      Resuelto: 28 de marzo de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Otero Suro & Otero Suro y Rodrigo Otero Bigles, abogados de la recurrida.
   per curiam:

La cuestión planteada en este recurso es si están exentos de tributación sobre la propiedad mueble todos los automóviles nuevos sobre los cuales una importadora ven-dedora pagó los derechos de licencia (tablillas).

En la tasación de la propiedad mueble de la recurrida, Gómez Hermanos, Inc., para el año 1972-73 el Secretario de Hacienda incluyó como parte del inventario automóviles nue-vos provistos de tablillas. La compañía distribuidora se que-relló ante el Tribunal Superior de esta y otras actuaciones del Secretario recurrente. El tribunal de instancia resolvió, entre otros asuntos, que están exentos del tributo concernido los vehículos nuevos sobre los cuales la distribuidora pagó los derechos de licencia. Recurrió el Secretario de esta parte de la sentencia.

El 2 de febrero de 1978 expedimos orden para que la recurrida mostrase causa por la cual no debíamos expedir el auto y revocar la porción impugnada de la sentencia. Exami-nados los argumentos de las partes, concluimos que el fallo de que se recurre está fundado en una apreciación incorrecta del estado de derecho.

El Art. 290 del Código Político, 13 L.P.R.A. see. 443, dis-pone: “Toda propiedad no exenta expresamente del pago de contribuciones será tasada como imponible . . . .” El Art. 291 (n) del mismo Código, 13 L.P.R.A. see. 551 (n), expresa que no estarán sujetos al tributo sobre la propiedad mueble “Los vehículos de motor sujetos al pago de los derechos de licencias (tablillas) provistos por la Ley de Automóviles y Tránsito, sees. 171 a 196 del Título 9, excepto aquellos que tengan en existencia las personas naturales o jurídicas que sean traficantes en vehículos de motor.” Un traficante en ve-hículos de motor no puede eximir de tributo su inventario de vehículos nuevos mediante el simple recurso de adelan-tarse a pagar las tablillas antes de venderlos. El texto citado no da margen a tal acción. De su historial tampoco surge base para interpretarlo así.

El texto actual del Art. 291 (n) del Código Político pro-viene de la Ley Núm. 151 de 30 de abril de 1952, que en-mendó la Núm. 109 de 26 de abril de 1949. Esta última ley eximió del pago de la contribución sobre la propiedad a los vehículos de motor. Su lenguaje era algo confuso y el Depar-tamento de Justicia, en contraste al de Hacienda, opinó que la exención abarcaba los vehículos de motor que tuviesen en existencia los distribuidores al 1 de enero de cada año. Para aclarar esta situación fue que se aprobó la Ley Núm. 151. En su memorial explicativo sobre esta medida el Secretario de Hacienda señaló que al auspiciar la Ley Núm. 109 su de-partamento “nunca tuvo en mente eximir del pago de contri-bución sobre la propiedad a los vehículos de motor que el día 1 de enero tuvieran en existencia los traficantes en dichos vehículos.” Se cita el texto de este memorial en Caribe Motors Corp. v. Srio. de Hacienda, 99 D.P.R. 883, 886-887, n. 1 (1971). Añadió el Secretario, loe. cit., en explicación del pro-pósito de la ley vigente:

“El Departamento de Hacienda considera que no existe razón alguna para justificar el que los traficantes en vehículos de motor no paguen contribución sobre la propiedad sobre los vehículos de motor que tengan en existencia el día 1 de enero de cada año. Resulta a todas luces injusto que los demás comerciantes tengan que pagar contribuciones sobre la totalidad de sus existencias en adición a los derechos de licencias y patentes que también tienen que pagar y que los traficantes de vehículos de motor solo paguen por una parte de sus existencias.”

La distribuidora recurrida invoca en su apoyo nuestra de-cisión en Caribe Motors Corp. v. Srio. de Hacienda, supra. En Caribe Motors resolvimos que no procede el cobro de la con-tribución sobre la propiedad cuando el vehículo es para el propio uso de la distribuidora o cuando se dedica al negocio de alquiler o cuando se trata de vehículos usados adquiridos por el traficante. En estas tres situaciones se habían pagado por necesidad los derechos de licencia. Tal no es el caso pre-sente. Según se desprende de autos, la distribuidora pagó vo-luntariamente las tablillas como incentivo para aumentar sus ventas. La norma de Caribe Motors se limita estrictamente a las tres situaciones que motivaron su formulación. No es extendible, en ausencia de mandato legislativo, a los hechos de este caso. No cabe añadir otra excepción por la vía jurispru-dencial a la clara letra de la ley.

En consideración a lo expuesto se expide el auto solicitado y se revoca la parte de la sentencia recurrida que resolvió que la distribuidora está exenta del pago de contribución sobre la propiedad mueble correspondiente a los vehículos nuevos so-bre los cuales pagó los derechos de licencia.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Rigau no inter-vinieron.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Guillermo Acosta Acosta, acusado y apelante.

      Número: CR-76-302

      Resuelto: 28 de marzo de 1978

      Arcadio Toro Goyco, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Pro-curador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

Acusado y convicto de infringir la Ley de la Bolita, fue sentenciado el apelante a pagar $500 de multa. En su recurso de apelación apunta que la prueba es insufi-ciente. Sostiene, además, que el tribunal sentenciador incurrió en error al apreciar la prueba de coartada ya que ésta no fue controvertida.

El único testigo de cargo lo fue el agente encubierto que intervino con el apelante. Su declaración es precisa y detallada. No adolece de las deficiencias apuntadas en Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 705 (1966) y cumple sustancialmente con los requisitos enumerados en Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974). Declaró con lujo de detalles cómo y dónde conoció al apelante, las veces en que habló con él, así como el lugar preciso donde se celebró la transacción el 9 de marzo de 1976 en horas de la mañana.

En cuanto a la cuestión levantada en relación con la defensa de coartada al efecto de que no habiendo presentado el fiscal prueba para refutarla, procedía darle crédito a la presentada por la defensa, no tiene razón el apelante. La expresión que aparece en Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133 (1973), en el sentido de que “[e]l deber del acusado de notificar al fiscal su intención de valerse de la defensa de coartada, de suministrar los nombres y direcciones de los testigos y el lugar, fecha y hora en que se alega se encontraba al momento de la comisión del delito conlleva recíprocamente la obligación del Ministerio Público de informarle al acusado él nombre y dirección de los testigos que se propone utilizar para refutar la defensa de coartada en el acto del juicio. Este deber recíproco preserva el balance que garantiza las exigencias del debido procedimiento de ley y del juicio justo”, (énfasis suplido), no tiene el alcance que le da el ape-lante. Solamente requiere que si el fiscal pretende presentar testigos para refutar los presentados por la defensa tiene que notificarlo con anterioridad al juicio si la defensa lo requiere. Pero no está obligado a refutar la prueba presentada por la defensa si entiende que no se justifica hacerlo.

Veamos lo ocurrido en el presente caso. La defensa pre-senta dos testigos — parientes del apelante — para establecer que el acusado estaba en Coamo en el momento que la prueba del fiscal lo sitúa en Cabo Rojo haciendo la transacción que dio base a la acusación por infringir la Ley Núm. 220 de 1948. Uno de los testigos de la defensa para establecer la coartada — sobrina del acusado — al repreguntarla el fiscal por qué se acordaba de la fecha precisa, 9 de marzo de 1976, explicó, según la exposición narrativa: “cuando regresamos de dos a dos y media, que no estoy segura, reposamos y nos sentamos en la marquesina de la casa mía y a las tres y media más o menos el señor Nelson Pabón se sentó frente a mi casa y en eso el señor lo empujó. Se le preguntó a quien empujó y contestó a Nelson Pabón, que estaba estacionado al frente de mi casa hablando con otro y le empujó como para el frente de la marquesina y yo me levanté y cuando yo sentí el revolú de gente me levanté y se levantó el señor Guillermo Acosta y el señor Carlos Zapata le dijo: Cuando repitió el señor Carlos Zapata, el Honorable Fiscal hizo objeción y alegó que era prueba de referencia. La defensa le preguntó si oyó lo que le dijo el Teniente Zapata y contestó que sí. Dijo que se levan-taron y fueron al portón y el Teniente Carlos Zapata, diri-giéndose al señor Guillermo Acosta, le dijo: ‘abre el portón de la marquesina’, o sea, él abrió el portón de la marquesina, entonces le metió la mano al bolsillo. El Teniente Zapata le dijo al acusado: ‘Usted está arrestado’. El acusado le pre-guntó ‘¿Por qué?’ y Zapata le contestó: ‘El Juez le dirá por-qué’. Testificó que cuando el Teniente Zapata le metió la mano al bolsillo al acusado, le cogió $298.00 [del Seguro Social de la esposa]. La defensa le pregunta si eso es lo que motiva que la testigo recuerde y contesta, ‘exactamente, ese día no lo olvido’. A preguntas del Honorable Juez contestó que lo del Teniente Zapata fue como a las tres de la tarde.”

El fiscal presentó entonces al Teniente Zapata y éste de-claró que el 9 de marzo de 1976 en horas de la tarde fueron a la residencia del acusado y allí lo arrestó junto a otras per-sonas porque estaban bregando frente a la casa del acusado con bolita, o sea, con dinero y una lista frente a la entrada de la marquesina de la casa y que estos casos fueron archi-vados a petición de los fiscales.

Como no se requiere que el fiscal controvierta la prueba de coartada, el Estado sometió el caso para que el tribunal dirimiera el conflicto entre la prueba de una y otra parte.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.


author: per curiam

text:
    Emilia Maldonado Cruz, recurrente v. El Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección Primera, recurrido.

      Número: O-78-47

      Resuelto: 30 de marzo de 1978

      Rafael Humberto Marchand, June I. Ortiz, Armando Cardona Acaba, Orlando Collado Medina, Rubén Auger Marchand y Aida Juarbe de Meléndez, abogados de la recurrente; El Re-gistrador recurrido compareció por escrito.
   per curiam

: El Registrador de la Propiedad de Bayamón, Sección I, denegó la anotación de pleito pendiente (lis pen-dens) bajo el Art. 91 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 455) porque la promovente Corporación de Ser-vicios Legales que representa a la parte demandante en la ac-ción civil titulada “in rem verso” no acompañó un compro-bante de pago por $13.00 importe de derechos determinado por aplicación de la Ley de Arancel que es la Núm. 91 de 30 de mayo, 1970 (30 L.P.R.A. sec. 1767a y ss.). En el recurso gubernativo plantea la Corporación que su cliente está exenta de pago de Arancel por así disponerlo la Ley Núm. 122 de 9 de junio, 1967 (32 L.P.R.A. see. 1500), i ) pero notamos que el planteamiento es académico porque la demanda no es anotable como “acción que afecte al título o al derecho de po-sesión de una propiedad inmueble”, objeto del citado Art. 91.

Se alega en la demanda cuya anotación interesa la recu-rrente :

“Comparece la parte demandante representada por los abo-gados que suscriben y muy respetuosamente EXPONE, ALEGA y SOLICITA:
1. Que la demandante, Doña Emilia Maldonado Cruz es la madre de crianza de Arsilio Meléndez Jiménez.
2. Que Arsilio Meléndez Jiménez falleció el 25 de junio de 1976, en Río Piedras, Puerto Rico.
3. Que Arsilio Meléndez Jiménez nació el 26 de agosto de 1919.
4. Que Arsilio Meléndez estuvo bajo la custodia de la deman-dante desde que aquél tenía la edad de diez (10) años.
5. Que junto con su esposo, la demandante, alimentó y educó a Arsilio Meléndez Jiménez.
6. Que el esposo de la demandante falleció y ésta continuó brindándole custodia, alimento y protección a Arsilio Meléndez Jiménez.
7. Que éste, estando bajo la custodia, protección y cuidado de la demandante, logró ahorrar suficiente dinero para poder aquel pagar el pronto de una casa sita:
URBANA: Solar radicado en la Urbanización de Bayamón Gardens, localizada en el Barrio Pájaros de la municipalidad de Bayamón, Puerto Rico, que se describe en el plano de inscripción de dicha urbanización con el número, área y colindancia que se describe a continuación:
Número del solar: Cuatro (4) del Bloque H. Area del solar: Trescientos Diecisiete metros cuadrados con veinte centímetros de otro (317.2 me).
En lindes: Por el NORTE con la Avenida Main, distancia de trece (13) metros y cuarenta y un (41) centímetros por el SUR con el solar número cuarenta y cuatro (44) distancia de catorce (14) metros y veinte centímetros: por el ESTE, con el solar número cinco (5) distancia de veintitrés (23) metros y por el ESTE, con el solar número tres (3) distancia de veintitrés (23) metros. Enclava en dicho solar una casa de concreto reforzada y bloques de concreto diseñada para una sola familia.
8. Que por cuanto el causante anteriormente mencionado falleció víctima de un accidente de automóvil, la demandante recibe por virtud de ser dependiente en los momentos del acci-dente la cantidad de $10,000.00 pagaderos a razón de $50.00 se-manales por la ACAA.
9. Que al amparo y el cuidado de la demandante el causante de la sucesión demandada tiene una serie de cuentas bancarias que no se sabe en estos momentos a cuánto asciende.
10. Que la demandante contribuyó al contenido cuantitativo del patrimonio del causante.
11. Que la demandante es acreedora del patrimonio dejado por el causante en virtud de la doctrina de que nadie puede enri-quecerse sin causa o a expensas de otro.
12. Que los demandados se enriquecerían injustamente si todo el patrimonio dejado por el causante quedara bajo la titula-ridad de dicha comunidad.
POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente solicitamos que, previos los trámites de ley correspondientes este Hon. Tribunal le dé contenido monetario de $15,000.00 al derecho que tiene la demandante sobre el patrimonio del causante arriba mencionado en base a la doctrina de enriquecimiento injusto.”

En esfuerzo de leer la demanda en la forma más favorable a la demandante para identificar alguna causa de acción, encontramos que la ejercitada es una acción personal en cobro de dinero que se limita a pedir un remedio monetario, así propiamente llamado en la súplica. Las acciones personales tienen acceso al Registro mediante anotación de lis pendens sólo cuando produzcan un claro impacto o consecuencia sobre el título o derecho de posesión de un bien inmueble. Las demandas en cobro de dinero que se limitan a pedir lo que el Juez Hutchinson llamó “sentencia monetaria” no tienen la calidad exigida por el Art. 91. Atiles Moréu v. Regis- trador, 51 D.P.R. 651, 652 y 654 (1937); Escalera v. Lokpez, 63 D.P.R. 227 (1944), confirmados expresamente en su doctrina por Martínez v. Registrador, 101 D.P.R. 308 (1973), donde resolvimos que [es improcedente el aviso de demanda] si se tratare de acciones personales que no tienen una reper-cusión directa sobre algún bien inmueble como en el caso de una reclamación de daños y perjuicios o de una reclamación en cobro de dinero en la que sólo se pide una sentencia mone-taria.” Ibid. pág. 314.

Los remedios provisionales en auxilio de eficacia para la sentencia que en su día se dicte, restrictivos del derecho de propiedad del demandado, han superado ataques a su constitueionalidad porque la intervención del juez desde su principio considerando los intereses de todas las partes y la provisión de vista para impugnar la orden, garantizan y resguardan el derecho del deudor. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 427 (1974). En el aviso de lis pendens la calificación del Registrador pone a prueba la legalidad y procedencia de la anotación solicitada, que naturalmente pueden promoverse ante el tribunal. Por ser el aviso de demanda un remedio de aseguramiento de efectividad de sentencia que disminuye el ius disponendi de la parte demandada sin exigencia de fianza para responder a ésta de daños y perjuicios y a tal punto notable excepción a los remedios provisionales que concede la Regla 56 de Procedimiento •Civil, la demanda que reclame entrada al registro por esta vía privilegiada debe satisfacer los requisitos que en el Art. 91 tipifican la causa de acción anotable. La demanda de la recurrente carece de ellos. Desestimado.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      O See. 1500. Exención a la Corporación de Servicios Legales

      “Por la presente se dispone [que] en todo lo que fuere pertinente al desempeño de sus funciones y logro de sus objetivos o necesario para el trámite de los casos o asuntos en que estuvieran interviniendo a beneficio de las personas a quienes esté prestando servicios legales gratuitos, la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico quedará exenta del pago de toda clase de derechos, aranceles, contribuciones o impuestos de cual-quier naturaleza dispuestos por las leyes vigentes para la tramitación de procedimientos judiciales y la expedición de certificaciones en los Centros del Gobierno Estatal, excluyéndose el sello forense y los impuestos nota-riales.”


text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria v. Puerto Rico Telephone Co., Inc., demandada.

      Número: O-77-463

      Resuelto: 30 de marzo de 1978

      José Velaz Ortiz, abogado de la peticionaria; Laffitte & Dominguez, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La demandada Puerto Rico Telephone Co. y la Unión In-dependiente de Empleados Telefónicos sometieron al Arbitro F. Hernández Benitez del Negociado de Conciliación y Arbi-traje del Departamento del Trabajo la siguiente controversia;

“Determinar si el despido del Sr. Frederick Natal Ocasio es-tuvo o no justificado.”

El 3 mayo, 1976, notificado el día 10 siguiente, el árbitro emitió el siguiente laudo:

“DECISION []
El despido del Sr. Frederick Natal Ocasio no estuvo justifi-cado. Sin embargo, cometió una falta que amerita cierto grado de disciplina fuerte. Ordenamos, pues, la reposición del Sr. Frederick Natal Ocasio en su empleo, efectivo al día siguiente del recibo de esta decisión, sin derecho a paga atrasada.”

Recibido el laudo, la querellada Puerto Rico Telephone Co. no llamó al querellante a su empleo. El 3 junio, 1976 su Director de Relaciones de Empleados remitió al querellante Natal Ocasio carta que expresaba :

“Deseamos informarle que la Compañía esperó hasta el 25 de mayo de 1976 a que usted se presentara a trabajar. En vista de ello, y de que usted ni siquiera se comunicó con la Compañía para informar que tenía intención de regresar a su puesto, la Com-pañía procedió a llenar su plaza con otra persona.”

El 4 enero, 1977 el empleado Natal presentó en el Nego-ciado de Conciliación y Arbitraje un escrito titulado “Moción de Reconsideración o solicitud para que se Enmiende Laudo de Arbitraje y de Vista” en lo que concierne al castigo de suspensión que conlleva la eliminación ordenada de salarios atrasados. Dicha moción fue desestimada por el árbitro por carecer de autoridad para proveer y al recurrir el querellante en certiorari ante este Tribunal, denegamos el auto por falta de jurisdicción el 19 mayo, 1977 (Núm. 0-77-175).

El 12 diciembre, 1977 presentó la Junta de Relaciones del Trabajo la petición para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje a tenor del Art. 9(2) (c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico que dispone:

“(c) A los fines de promover la negociación colectiva, la Junta podrá, en el ejercicio de su discreción, ayudar a poner en vigor laudos de arbitraje emitidos por organismos competentes de arbitraje, bien designados de acuerdo con cualquier convenio colectivo firmado por un patrono y una organización obrera, o en virtud de cualquier acuerdo firmado por una organización obrera y un patrono. Después de emitido un laudo de arbitraje, la Junta, a solicitud de cualquiera de las partes en el procedi-miento de arbitraje, podrá dar su consejo o podrá, si fuere re-querida para ello, a nombre de la parte que lo solicite, entablar acción legal adecuada ante la Corte Suprema de Puerto Rico para que se ponga en vigor el laudo de arbitraje.” 29 L.P.R.A. see. 70(2) (c).

Emitimos el 4 enero, 1978 orden requiriendo de la Puerto Rico Telephone Co., Inc., que mostrara causa por la que no deba ponerse en vigor el laudo y ambas partes han sometido alegatos, sosteniendo posiciones absolutas en favor la Junta y en contra del laudo la querellada.

La contención principal de la Telefónica es que el laudo ha perdido virtualidad y eficacia por incuria (laches) del empleado querellante responsable de una tardanza de más de un año (18 meses) en acudir a la Junta el 13 junio, 1977 para que se pusiera en vigor, desde que fue notificado el 10 mayo, 1976.

No hay término señalado en ley para pedir intervención de la Junta de Relaciones del Trabajo, ni para ésta traer la solicitud para poner en vigor el laudo. En Junta Rel. del Trabajo v. Long. Const. Co., 78 D.P.R. 252, 259 (1952), atendimos a esta cuestión de la siguiente manera:

“La defensa de laches tampoco procede porque esa defensa no debe prosperar cuando en derecho se fija un término prescriptivo para ejercitar la acción. F. Rodríguez Hnos. & Co. v. Aboy, 66 D.P.R. 525, 540; Vidal v. Monagos, 66 D.P.R. 622, 641. Rendidos laudos favorables a los obreros, al no darse cumplimiento a los mismos éstos tenían derecho a entablar individual o colectiva-mente acción en cobro de dinero contra la demandada en recla-mación de los jornales que se les adeudaran. El término prescriptive) para esta clase de acciones es el de 15 años. Artículo 1864 del Código Civil, Ed. 1930. A tenor de lo provisto por la Ley Núm. 130, supra, al acudir ante este Tribunal en solicitud de que se pongan los laudos en vigor, la Junta no ha hecho otra cosa que comparecer en representación de los obreros y para bene-ficio de ellos. Si éstos tenían un término de 15 años para entablar su acción personal, dada la forma en que se entabla la acción el término tiene que ser el mismo. Los recursos en ambos casos fueron presentados antes de la expiración del período prescrip-tivo.”

No fue correcta la calificación del recurso de la Junta al amparo del Art. 9 de la Ley como ejercicio de una causa de acción. Si era necesario establecer un paralelo pro-cesal entre el arbitraje y el procedimiento civil, debió recono-cerse que una vez adjudicada la cuestión en sus méritos por el árbitro, la acción de la Junta para poner en vigor el laudo es un trámite subordinado o auxiliar comparable con la ejecu-ción de sentencia. Careciendo esta solicitud de la Junta de similaridad con el ejercicio () de una causa de acción, porque ya ésta se había deducido, ventilado y resuelto ante el árbitro, no le son aplicables los términos de prescripción de acciones de que tratan los Arts. 1861 al 1875 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 5291-5305). ()

El remedio concedido por el Art. 9(2) (c) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (29 L.P.R.A. see. 70 (2) (c)) para acudir con el laudo de arbitraje a la Junta de Relaciones del Trabajo en busca de ayuda para ponerlo en vigor, es de naturaleza procesal o adjetiva y se asemeja en su propósito al trámite para ejecución de sentencia. (Regla 51 de Procedimiento Civil.) () Si para ejecutar una sentencia que impone soluciones en el campo de relaciones privadas de la jurisdicción civil contenciosa, las Reglas conceden un tér-mino de 5 años dentro del principio de orden público que pro-mueve la terminación de los pleitos, resalta la inadecuación del término de 15 años para poner en vigor un laudo en el campo mucho más dinámico, integrado alrededor de la más pronta solución y fin de las controversias como lo es el derecho laboral.

(5-6] La impropiedad de la provisión de un término tan largo como el de 15 años para poner en vigor un laudo se muestra en alto relieve con sólo tener presente el cambio que en dicho período puede ocurrir en salarios, personal, condi-ciones de trabajo, convenio colectivo, unidad contratante, plazas de empleo, y hasta en la estabilidad y existencia misma de la entidad patronal, todos los cuales crean adicionales difi-cultades y conflictos con la ejecución tardía del laudo. Long, por tanto, está en pugna desde su incepción con la deseabili-dad fundada en política pública, de que las controversias la-borales tengan rápida adjudicación y pronto fin. La doctrina de Long, supra, fue considerablemente enervada cuando al de-cidir que en ausencia de término específico en el convenio colectivo para someter asuntos al comité de quejas y agravios, dicho término ha de ser uno razonable, resolvimos que no lo era el de seis (6) meses porque “[n]o conduce a la paz industrial — uno de los objetivos de la Ley de Relaciones del Tra-bajo ... el que las controversias entre los obreros y los pa-tronos queden pendientes . . . por períodos largos e indefini-dos.” Buena Vista Dairy, Inc. v. J.R.T., 94 D.P.R. 624, 629, 630 (1967). Si la celeridad en la temprana etapa de ventila-ción de una controversia obrero-patronal es premisa básica para la preservación de la paz industrial, ¿cómo reconocer un término de quince (15) años al trámite auxiliar ejecutivo del laudo arbitral?

La regla de prescripción de Long, supra, debe dar paso al criterio mejor fundado de “término razonable” enunciado en Buena Vista Dairy, supra. La razonabilidad la determinará la facultad estimativa de hechos y circunstancias del caso. En el que resolvemos, la demora de más de un año del querellante en ir a la Junta en reclamo de cumplimiento del laudo, elide esa norma de razonabilidad.

No se justifica esta tardanza de 13 meses. () El recurso ante la Junta para hacer cumplir el laudo de arbitraje es un trámite de común conocimiento en la práctica del derecho laboral en Puerto Rico, que además de haber recibido amplia difusión entre trabajadores y patronos, está al alcance de toda persona interesada con sólo inquirir en cualquier oficina del Departamento del Trabajo. Es todavía menos excusable la incuria del querellante en este caso porque él tuvo asesoramiento y asistencia de abogado durante la vista de arbitraje y aun cuando solicitó reconsideración del árbitro. La Junta no cuestiona el argumento de la querellada Puerto Rico Telephone Co. de que esos once meses fueron derrochados por el querellante en mociones y recursos de patente frivoli-dad tratando de obtener la modificación de un laudo que él no aceptó. La incuria derrota el derecho. Puede plantearse cuando no hay plazo señalado en el estatuto para solicitar re-medio, situación que se produce con la ahora acordada revoca-ción de la regla de prescripción de Junta de Reí. del Trabajo v. Long Const. Co., ante, pág. 259. Están presentes los ele-mentos de dilación injustificada y de lesión a otras personas así como perjuicio a intereses privados y sociales envueltos, porque desde el 25 mayo, 1976 hay otro empleado ocupando el puesto del querellante devengando salarios que éste tam-bién reclama. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904, 912 (1960); J.R.T. v. Marex Const. Co., Inc., 103 D.P.R. 135, 142 (1974); Jiménez v. Junta de Retiro, 61 D.P.R. 171, 180 (1942); Alonso v. Tribl. Examinador de Médicos, 74 D.P.R. 158, 165 (1952); cf. Saavedra v. Central Coloso, Inc., 85 D.P.R. 421 (1962) y Piovanetti Doumont v. Martínez, 99 D.P.R. 663, 666-7 (1971); Hull Dobbs Co. v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 77, 79-80 (1961).

La querellada Puerto Rico Telephone Company acepta que no tomó la medida afirmativa de llamar al querellante a su empleo () cuando se le notificó el laudo del árbitro, según exige J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498, 504 (1963), por lo que no estaba autorizada para substituirlo con otro empleado. Esta falta de iniciativa del patrono en la reposición del querellante milita contra la concesión a aquél de alivio total contra la incuria de su empleado.

De otro lado, el querellante repuesto no acató la decisión del árbitro que al negarle paga atrasada como medida disciplinaria convalidaba su suspensión de empleo por los once meses transcurridos entre el despido y la notificación del laudo. Su inconformidad lo colocó en una línea de conducta incompatible con su disponibilidad para regresar al empleo bajos los términos del laudo, siendo sus esfuerzos para modifi-carlo causa directa de la demora de más de 1-1/2 año en la radicación por la Junta de la solicitud para ponerlo en vigor. No debe beneficiarse de los salarios por dicho período.

Se dictará sentencia de conformidad, 'poniendo en vigor el lando de arbitraje y restituyendo el querellante a su empleo, sin derecho a paga atrasada ni acumulada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió sin opi-nión. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1)E1 árbitro concluyó que durante un estado huelgario en la Tele-fónica, el 12 de junio de 1975 el empleado querellante obstruyó e impidió los servicios de reparación de teléfonos por supervisores en las cercanías de su casa mediante insultos y denuestos que motivaron se le denunciara por alterar la paz, hechos por los que pagó multa el 4 agosto, 1975.
      El 8 agosto, 1975 la compañía lo despidió, efectivo el 12 de junio, 1975.

      ()En torno al concepto “ejercicio” ordena el Art. 1869 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 6299).
      “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.”

      (3) En Long, supra, el laudo se limitó a ordenar el pago de salarios equivalentes a cuatro horas de labor a los albañiles que habían perdido un día de trabajo por falta de cemento. La decisión comprende dos recursos: en uno transcurrieron 15 meses y en el otro 10 meses desde el laudo hasta la radicación de la petición por la Junta. No se enfrentó el Tribunal a la acumulación progresiva de salarios inherente a los casos de despido.

      (4) Ordena en lo pertinente la Regla 51 que “la parte a cuyo favor se dicte sentencia, podrá ejecutarla ... en cualquier tiempo dentro de 5 años de ser firme la misma.”

      (5) Transcurrió un año desde la notificación del laudo el 10 mayo, 1976 hasta el 13 junio, 1977 en que Natal acudió a la Junta de Relaciones del Trabajo en solicitud para poner en vigor el laudo. La Junta instó soli-citud al Supremo en 12 diciembre, 1977 transcurrido I-V2 año.
      “ ‘No hay regla alguna artificial o absoluta respecto al período de tiempo o a las circunstancias que justifiquen la aplicación de la doctrina de demora {laches). La cuestión debe ser resuelta tomando en consideración todos los hechos y circunstancias del caso en controversia. La demora es una cuestión de hecho que debe ser resuelta por la prueba y cada caso generalmente debe determinarse por sí solo. En otras palabras, la cuestión es tal que descansa en la sana discreción de la corte.’ ” Román v. Sucn. Domich, 38 D.P.R. 406, 412-13 (1928).

      (6)E1 patrono no queda relevado de la obligación de reponer al em-pleado en acatamiento del laudo, por el hecho de que éste no se presentó al trabajo. La obligación de reponer al empleado es una de carácter posi-tivo que nace del mandato del árbitro, y es de la incumbencia del patrono dar los pasos iniciales hacia la reposición. J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, supra, a las págs. 504-505.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, demandada.

      Número: O-77-450

      Resuelto: 30 de marzo de 1978

      José Velaz Ortiz, abogado de la peticionaria; Laffitte & Domín-guez y José A. Añeses Peña, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico nos solicita que pongamos en vigor una orden que dictara el 20 de julio de 1977 contra la demandada Administración de Com-pensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.).()

Expongamos una síntesis de los hechos relevantes no contradichos. El 26 de marzo de 1973, la señora Sonia Her-nández Campos fue contratada por la demandada como Ofici-nista I para prestar servicios temporales durante un período de tres meses, esto es, hasta el 25 de junio. Al vencimiento de este contrato, continuó desempeñándose en las mismas fun-ciones a base de contratos temporáneos renovados mensual-mente hasta octubre, mes en que los empleados de la agencia decretaron un paro huelgario. La huelga terminó el 19 de diciembre de 1973, y como consecuencia de la misma la deman-dada suscribió en dicha fecha un convenio colectivo con la Unión que agrupaba a los empleados en huelga. El día 26 de ese mes la señora Hernández fue de nuevo temporalmente contratada. Tal contrato le fue renovado mensualmente hasta que en 22 de abril de 1974 advino en conocimiento () del memorando del día 18 en que A.C.A.A. le notificaba que su contrato — vencedero el 25 de abril — no le sería extendido. Como miembro de la Unión que representaba a los empleados de la agencia, y estando cubierta por las disposiciones del con-venio() colectivo vigente, notificó lo sucedido a la presidenta de la Unión quien le informó que tan pronto supo de la deci-sión se comunicó con el Director de Personal de la demandada para discutir su caso — y el de otra empleada en igual situa-ción — y que éste había quedado en realizar gestiones al res-pecto, las cuales le informaría en futura ocasión. Cabe men-cionar que a pesar de que el convenio colectivo vigente desde el mes de diciembre de 1973, contenía un mecanismo especial para la dilucidación de querellas entre las partes, el mismo no fue utilizado durante los primeros meses ya que las dis-putas se resolvían de manera informal en discusiones que sostenían miembros de la Unión y representantes del patrono.

En reunión celebrada días después, el Director de Personal informó a la Presidenta y a la señora Hernández que estaba tratando de conseguir una plaza temporera; ésta de in-mediato manifestó su inconformidad de aceptarla. Con el transcurso de los días, las gestiones del Director de Personal no se concretaron en oferta formal de un puesto de carácter temporal o permanente; sin embargo se le extendieron nom-bramientos regulares a varios empleados temporales de menor antigüedad en la agencia que la señora Hernández.

Fundándose en los anteriores hechos, el día 12 de diciem-bre de 1974, aproximadamente ocho meses después, la señora Hernández radicó ante la peticionaria un cargo de práctica ilícita de trabajo imputándole a la demandada haber violado el Art. VI del Convenio Colectivo vigente. () Luego de la investigación de rigor, la peticionaria expidió querella contra la A.C.A.A., haciéndose eco del señalamiento de la querellante al efecto de que la demandada había violado el convenio colec-tivo y por ende cometió una práctica ilícita de trabajo vedada por nuestra legislación laboral. En la vista, la agencia, co-mo única defensa afirmativa, alegó que debido a que la quere-llante no había agotado los remedios provistos en el convenio colectivo para la ventilación de querellas, la Junta carecía de jurisdicción para entender en la misma. La Oficial Examina-dor que presidía acogió tal planteamiento y en su Informe re-comendó a la Junta que se declarara sin jurisdicción. La pe-ticionaria no coincidió con tal recomendación, y luego de ana-lizar el caso, emitió una Decisión y Orden declarando con lugar la querella. () No habiéndose cumplido, la Junta acude ante nos para que le demos virtualidad a su mandato.

En su comparecencia la demandada opone el mismo fun-damento original ante la Junta de que ésta carece de juris-dicción, y en la alternativa aduce, que del expediente no surge evidenca alguna demostrativa de la alegada violación al con-venio colectivo.

Discutiremos el primer planteamiento. La jurisdicción de la Junta para entender en casos que envuelvan prácticas ilícitas de trabajo es exclusiva, () y le ha sido expresamente conferida por el Art. 7(a) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 68(a), que dispone lo siguiente:

“La Junta tendrá facultad, según se dispone más adelante en la presente, para evitar que cualquier persona se dedique a cua-lesquiera de las prácticas ilícitas de trabajo que se enumeran en el artículo 8. Esta facultad será exclusiva, y no la afectará nin-gún otro medio de ajuste o 'prevención.” ( ) (Bastardillas nues-tras.)

Con tal lenguaje el Poder Legislativo quiso resaltar el hecho de que la jurisdicción primaria y exclusiva sobre estas controversias, pertenece a dicho foro y no será afectada por ningún otro medio de ajuste o prevención.

’ A pesar de la existencia de esa norma, la propia Junta en aras de que sus funciones se ajusten a los propósitos cardinales de la Ley de Relaciones del Trabajo — paz industrial mediante el fomento de prácticas y procedimientos de negociación colectiva — ha adoptado la doctrina de agotamien-to de los remedios contractuales. La misma consiste en ne-garse a entender e intervenir en casos de violación de con-venios cuando las partes no han extinguido los remedios que han provisto en tal documento, para la solución de sus proble-mas. El fundamento para este proceder lo expuso adecuada-mente dicho foro en su decisión de Simmons Int. Ltd., D-92, 2 D.J.R.T. 238, confirmado en 78 D.P.R. 375 (1955), del siguiente modo:

“La política pública expresada por la Legislatura de Puerto Rico en nuestra Ley subraya la necesidad de promover la nego-ciación colectiva como un instrumento eficaz hacia la consecución de la paz industrial. Consideramos que la solución de mutuo acuerdo por las partes, de disputas que puedan surgir como con-secuencia de la aplicación de un convenio colectivo, es algo alta-mente deseable. Tales medidas pueden concebirse como la culmi-nación del proceso de la negociación colectiva. Su adopción y aplicación elimina fricciones y conflictos que generalmente suelen afectar las relaciones de las partes y, por ende, la paz industrial. Alentar tales prácticas es en la realidad estimular la negociación colectiva. Debe considerarse, además, que cuando las partes in-corporan medidas de esta naturaleza en un convenio, han selec-cionado el método que en su criterio resulta más apropiado para resolver las controversias que puedan surgir a la luz del con-trato. Tales acuerdos deben ser respetados. Por tales razones, esta Junta, cumpliendo con el propósito legislativo, generalmente no entiende en casos de violación de convenio cuando las partes no han agotado los remedios que el mismo ofrece para la solu-ción de tales problemas ....”

No obstante su adopción, siguiendo el pronunciamiento antes transcrito, la Junta no lo ha aplicado inflexiblemente, y en circunstancias extraordinarias, por vía de excepción, ha asumido jurisdicción en casos en que no se han agotado los mecanismos de agravio dispuestos en un convenio. Entre dichas circunstancias — que merecen nuestra aprobación — se encuentran las siguientes: a) cuando el propio convenio colectivo deja a la discreción de las partes la opción de utilizar o no los remedios que se preveen en el mismo para la ventilación de las querellas: José Ramón Quiñones, h.n.c. Radioemisora Wapa, D-105, 2 D.J.R.T. 430 (1954); b) cuando una parte querellada no ha alegado, levantado ni probado en la vista que el querellante no ha agotado los remedios contemplados en el convenio para la dilucidación de querellas: Hermanos Marqués, D-151, 3 D.J.R.T. 38 (1956); Simmons International Ltd., supra, razonamiento aceptado por este Tribunal en J.R.T. v. Simmons International, 78 D.P.R. 375 (1955); c) cuando una Unión como protesta a una violación del con-venio colectivo por parte del patrono, lo infringe a su vez con actuaciones prohibidas por el mismo (decretando huelga ilegal): Unión de Trabajadores de la Santurce Soda Water, D-245, 4 D.J.R.T. 239 (1961); d) cuando una de las partes ha hecho caso omiso a los requerimientos de la otra de que se sometan las disputas al Comité de Quejas y Agravios: Sociedad Celia Ferrari, D-240, 4 D.J.R.T. 182 (1961); P.R. Stamping Co., Inc., D-219, 3 D.J.R.T. 1054 (1960); The Teamsters, D-263, 4 D.J.R.T. 468 (1962); e) cuando luego de surgir una controversia por la violación del convenio por parte del patrono, la misma es sometida al comité de quejas y agravios compuesto por 4 miembros, 2 representantes de cada parte y surge un impasse respecto a la solución de la controversia y en cuanto al nombramiento de un quinto miembro: J.R.T. v. McConnie, D-383, 94 D.P.R. 484 (1967).

Resulta oportuno aclarar que nuestra reciente decisión en San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86 (1975), no opera en contra de lo anteriormente expuesto, ya que el lenguaje utilizado)) más bien describe lo que al presente continúa siendo una sabia norma de política pública que debe ser observada por la Junta. No tiene el efecto de privarle de su jurisdicción primaria sobre empresas no sujetas a la Ley Nacional federal para prevenir y remediar las prácticas ilícitas de trabajo enumeradas en el Art. 8 de la ley, máxime ante el texto claro de que su jurisdicción no será afectada por cualesquiera otros medios de ajuste o prevención.

Teniendo en mente esta perspectiva, pasemos a analizar si en el caso de autos existían circunstancias que ameritasen que la Junta se apartara de la doctrina de agotamiento de remedios contractuales.

Surge que la demandada es una instrumentalidad gubernamental, cuyos empleados decretaron una huelga, y como consecuencia se firmó un convenio colectivo, que entre sus cláusulas proveía remedios compulsorios para la solución de controversias. Así las cosas, escasamente al comienzo de su vigencia nace la disputa que hemos descrito. En ese momento ninguna de las dos partes realiza esfuerzo por darle virtualidad a los remedios para dirimir agravios contemplados en el convenio, sino que por el contrario, siguiendo la costumbre de antes, trataron el asunto de manera informal. () Ante esta situación el único camino rápido y efectivo para la Junta vindicar los derechos de la empleada sobre la conducta de la Unión y el patrono era a través de su intervención directa. Concluir lo contrario, sería debilitar la seriedad, eficacia y utilidad de dicho foro y el convenio recientemente suscrito, vulnerándose dualmente y en grado mayor el mismo. Resulta frágil y tardía la posición de la A.C.A.A. tratando de obviar la jurisdicción de la Junta, bajo pretexto de revertir y agotar los trámites de un arbitraje que no invocó cuando pudo haberlo hecho. No estamos en este caso frente a circunstancias extraordinarias que ameritasen abstención discrecional de la Junta. El ejercicio de su jurisdicción en ley era la única alternativa compatible con el descargo de su encomienda.

Finalmente, el examen del expediente administrativo y la evidencia desfilada no contradicha refleja fehacientemente que la demandada violentó los términos del Convenio extendiendo nombramientos regulares a varios empleados temporales de menor antigüedad en la agencia que la señora Hernández.

Se dictará Sentencia poniendo en vigor la orden de la Junta fechada 20 de julio de 1977.

Los Jueces Asociados Señores Martín y Díaz Cruz con-curren en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Nuestra jurisdicción para entender en tal petición emana del Art. 9(2) (a) de la Le® de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. (29 L.P.R.A. see. 70(2) (a).)

      (2)Por haber estado hospitalizada desde el día 10 de abril de 1974 al día 22.

      (3) La violación de los términos de un convenio colectivo constituye una práctica ilícita de trabajo bajo las disposiciones de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico. (29 L.P.R.A. see. 69(1) (f).)

      (4) Estuvo en vigor desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 19 de diciembre de 1976. En lo pertinente el Art. VI disponía las siguientes cláu-sulas en las cuales la empleada basó su cargo:
      “Sección 5. Empleados temporeros son aquellos que se emplean para realizar labores durante un período que no excederá de noventa (90) días laborables en un puesto determinado. La Administración tiene derecho a ordenar la cesantía de estos empleados dentro del término de su nombra-miento sin que tal acción de lugar a querella alguna ante los organismos establecidos por este Convenio Colectivo para la solución de controversias.
      “Sección 8. Los empleados temporeros se mantendrán en una lista de elegibles por antigüedad. Cuando surjan plazas de nueva creación se cu-brirán mediante el ascenso de las personas cualificadas. Luego de cubiertas todas las oportunidades de ascensos, la vacante que se cree y que no afecte ascenso alguno será cubierta por los empleados temporeros cualificados por orden de antigüedad.
      “Si la Administración decide no llenar alguna vacante que surja dentro de la unidad apropiada deberá notificar las razones para ello a la Unión den-tro de los 10 días calendarios siguientes a su decisión. Si la Unión no está de acuerdo con la decisión, someterá el asunto directamente al procedi-miento de arbitraje.”

      (s)La orden de la Junta dispone lo siguiente:
      “1. — Cesar y desistir de:
      “a) En manera alguna violar los términos del convenio colectivo que suscribió con la Unión de Empleados de la Administración de Compensa-ciones por Accidentes de Automóviles cuya vigencia se extiende desde el 19 de diciembre de 1973 hasta el 19 de diciembre de 1976.
      “2. — Tomar la siguiente acción afirmativa que consideramos efectúa los propósitos de la Ley:
      “a) Otorgar a la querellante el puesto de Oficinista I o uno sustan-cialmente igual con carácter permanente.
      “b) Compensar a la querellante por la paga dejada de percibir desde la fecha del despido hasta la de su reposición deduciéndole los ingresos obtenidos en otros empleos durante dicho período, pero abonándole los in-tereses legales correspondientes.
      “c) Fijar y mantener fijados por un período no menor de treinta (30) días consecutivos en sitios conspicuos de su negocio copia del Aviso a Todos Nuestros Empleados que se une a y se hace formar parte de esta Decisión y Orden.
      “d) Notificar al Presidente de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico dentro de diez (10) días siguientes a la fecha de esta Orden qué providencias ha tomado la querellada para cumplir con lo aquí orde-nado.”

        (6)J.R.T. v. Línea Suprema, Inc., 89 D.P.R. 840, 846 (1964); U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512 (1970); Fernández, Demetrio, “La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y el Sector Público", 43 Rev. Jur. U.P.R. 295, 407-414.

      (7) La Ley Nacional de Relaciones Obrero-Patronales (Ley Taft-Hartley) contiene un precepto análogo en su Art. 10(a). (29 U.S.C.A. see. 160(a).) Bajo tal disposición la Junta Nacional ha decidido que la existen-cia de un procedimiento de arbitraje en un convenio colectivo, no la priva de jurisdicción para entender en un caso de práctica ilícita de trabajo, a pesar de que la parte que acuda ante ella no haya utilizado tal procedi-miento. Flasco Mfg. Co., 162 N.L.R.B. 611, escolio 13, 64 L.R.R.M. 1077 (1967); Woodlawn Farm Dairy Co., 162 N.L.R.B. 48, 63 L.R.R.M. 1495 (1966); Great Dane Trailers, Inc., 150 N.L.R.B. 438, 439, 58 L.R.R.M. 1097 (1964); Cloverleaf Division of Adams Dairy Co., 147 N.L.R.B. 1410, 1415-16, 56 L.R.E.M. 1821 (1964). Esta posición ha sido sostenida por los tribunales federales. N.L.R.B. v. Strong, 393 U.S. 357 (1969); N.L.R.B. v. C and C Plywood Corp., 385 U.S. 421 (1967); Carey v. Westinghouse Electric Corp., 375 U.S. 261 (1964); Smith v. Evening News Assn., 371 U.S. 195, 197-198 (1962); Teamsters Local 174 v. Lucas Flour Co., 369 U.S. 95 (1962); N.L.R.B. v. Brotherhood of Railway, Airline and Steam. Cl., 498 F.2d 1105, 1109 (1974); N.L.R.B. v. Chase Manufacturing Company, 492 F.2d 1302 (1974); Office and Professional Emp. Int. U., Local 425 v. N.L.R.B., 419 F.2d 314; Lodge 743, Int. Ass’n, of Mach. v. United Aircraft Corp., 337 F.2d 5 (1964); N.L.R.B. v. Hershey Chocolate Corp., 297 F.2d 286 (1961).
      No obstante, es significativo señalar que bajo dicha ley federal — dis-tinto a Puerto Rico — la violación de un convenio colectivo no es una prác-tica ilícita de trabajo, por lo que una parte no puede acudir a la Junta Nacional para vindicar sus derechos en caso de una violación. En el ámbito federal, la infracción de convenio constituye una mera violación de con-trato sujeta a la jurisdicción de los tribunales de acuerdo a lo dispuesto en la See. 301 de la mencionada Ley Taft-Hartley (29 U.S.C.A. see. 185). Republic Steel Corp. v. Maddox, 379 U.S. 650 (1965); Charles Dowd Box Co. v. Courtney, 368 U.S. 502 (1962); Textile Workers v. Lincoln Mills, 353 U.S. 448 (1957); Volkswagen, Inc. v. Puerto Rico Labor Relations Board, 454 F.2d 38 (1972). En este contexto es que los tribunales y no la Junta Nacional, aplican con rigurosidad la doctrina de agotamiento de remedios contractuales. Republic Steel Corp., supra.

      (8)La allí querellada era una entidad envuelta en el comercio interes-tatal, y tanto la Junta como este Tribunal, venían obligados a aplicar las normas de derecho sustantivo federal.

      (9)El Art. VII, inciso (B9) dispone:
      “La Administración, los representantes de la Unión, el Comité de Que-jas y Agravios y el Arbitro no tendrán autoridad para renunciar, modifi-car o enmendar las disposiciones de este convenio colectivo.”


author: per curiam :

text:
    C. H. Vehicle Leasing Corp., demandante y apelante, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y apelado.

      Número: O-77-311

      Resuelto: 31 de marzo de 1978

      José A. Cabrera Rivera y Eduardo Ortiz Quiñonez, abogados de la apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Maggie Correa Avilés, Procuradora General Auxiliar, aboga-dos del apelado.
   per curiam :

La apelante, C. H. Vehicle Leasing Corporation, es una empresa dedicada al arrendamiento de vehículos de motor. El Negociado de Seguro Social para .Chóferes le requirió el pago de $2,601 por concepto de contribuciones adeudadas al Seguro Social Choferil por el período de noviem-bre de 1973 a diciembre de 1974. JPára esté momento regía la Ley Núm. 48 de 21 de junio de 1971, cuyo Art. 9 (b) dis-ponía :

“. . . Cuando el patrono es el dueño, explotador o administra-dor de uno o más vehículos de motor cedidos en arrendamiento sin chófer con propósitos comerciales o de servicio de transporte a cualquier persona natural o jurídica, excluyéndose el arren-damiento a turistas, el de vehículos privados para conducirlos el arrendatario, y aquellos que arrienda la administración de Ser-vicios Agrícolas para propósitos agrícolas, tal patrono sólo pa-gará al Fondo para el Seguro Social de los Chóferes y Otros Em-pleados una cotización de treinta (30) centavos por cada semana o fracción de ésta de duración del arrendamiento de cada vehí-culo de motor. La persona natural o jurídica que tome en arren-damiento cada vehículo de motor sin chófer sólo pagará al fondo la cotización de cincuenta (50) centavos impuesta por el inciso (a) de este artículo a cada chófer o empleado que tenga traba-jando en su empleo durante cada semana o fracción de ésta.”

La empresa interpuso en el Tribunal Superior una acción de sentencia declaratoria solicitando que se decretase que no estaba obligada a pagar la contribución requerida. Las par-tes estipularon que la empresa no arrienda vehículos de mo tor con chófer ni contrata chóferes a nombre de los arrendatarios de sus vehículos.

El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda y ordenó el pago de la contribución adeudada. La apelante sos-tiene ante nos que la interpretación del estatuto efectuada por la corte viola el debido procedimiento de ley porque no existe nexo suficiente entre el poder de imposición de contri-buciones por el Estado y las actividades de la apelante.

Para el análisis de este planteamiento debemos examinar inicialmente el esquema contributivo. El seguro choferil se creó en virtud de la Ley Núm. 428 de 15 de mayo de 1950. Este estatuto no contemplaba la figura del arrendamiento de vehículos de motor. Su Art. 1(b) definía el término “patrono” como “[t]oda persona natural o jurídica que sea dueña, po-sea o administre uno o más vehículos . . . dedicados a la transportación de personas, animales o cosas mediante retri-bución y el cual sea conducido por un chofer a quien el dueño, poseedor o administrador del vehículo retribuya por tal ser-vicio ya sea mediante salario, mediante por ciento ... o de cualquier otra forma.”

La Ley Núm. 85 de 14 de junio de 1960 amplió los bene-ficios provistos por la legislación anterior e incluyó como pa-tronos a los arrendadores de vehículos, i ) El Art. 1(b) defi-nió así la palabra “patrono”:

“Art. 1 (b) Patrono. Toda persona natural o jurídica que sea dueña, posea, explote o administre uno o más vehículos de motor dedicados a la transportación de personas, animales o cosas, con ánimo de lucro o sin él, y el cual sea conducido por un chófer. Queda incluido dentro de esta definición el dueño de un vehículo de motor cedido en arrendamiento al chófer que lo opera.” (Bas-tardillas nuestras.)

Véase también el Art. 9 (b) de esta pieza legislativa. El Art. 1(a) expandió a su vez el concepto de chófer para incluir a toda persona “autorizada . . . para conducir vehículos de motor ... dedicados a la transportación de personas, animales o cosas mediante retribución ... o mediante la operación de un vehículo arrendado, y que conduzca dichos vehículos... por vías públicas, caminos y propiedades privados como parte de su ocupación o modo de ganarse su sustento . . . .” (Bastar-dillas nuestras.)

Hasta aquí cubría la ley tres categorías de chófer: al que operaba su propio vehículo de motor, al que era em~ pleado del dueño del vehículo y al chófer que tomaba en arrendamiento el vehículo de motor que conducía. Faltaba por proteger al chófer que era empleado de quien había to-mado en arrendamiento el vehículo de motor. Esto se efectuó por la Ley Núm. Ill de 21 de junio de 1968. La fraseología empleada en ocasiones no fue del todo feliz.

El Art. 1 (b) de la Ley Núm. 111 enmendó así la defini-ción de patrono:

“ (b) Patrono. Toda persona natural o jurídica que sea dueña, posea, explote, tome en arrendamiento o administre uno o más vehículos de motor dedicados a la transportación de personas, animales o cosas, con ánimo de lucro o sin él, y el cual sea con-ducido por un chófer. Queda incluido dentro de esta definición el dueño de un vehículo de motor cedido en arrendamiento al chófer que lo opera o a cualquier otra persona natural o jurí-dica,” (Bastardillas nuestras.)

Tomada aisladamente, esta disposición parecía permitir la interrogante, ¿quién es el patrono, el dueño que arrienda el vehículo de motor o aquél que lo toma en arrendamiento? El Art. 9 de la Ley Núm. 111 aclaró el esquema contributivo. Su inciso (b) dispuso:

“. . . Cuando el patrono es el dueño, explotador o administra-dor de uno o más vehículos de motor cedidos en arrendamiento sin chófer con propósitos comerciales o de servicio de transporte a cualquier persona natural o jurídica, excluyéndose el arrenda-miento a turistas, el de vehículos privados para conducirlos el arrendatario, y aquellos que arrienda la Administración de Ser-vicios Agrícolas para propósitos agrícolas, tal patrono sólo pagará al Fondo para el Seguro Social de los Chóferes una coti-zación de treinta (30) centavos por cada semana o fracción de ésta de duración del arrendamiento de cada vehículo de motor. La persona natural o jurídica que tome en arrendamiento cada vehículo de motor sin chófer sólo pagará al Fondo para el Se-guro Social de los Chóferes la cotización de cincuenta (50) centavos impuesta por el inciso (a) de este Artículo a cada chófer que tenga trabajando en su empleo durante cada semana o frac-ción de ésta.”

El segundo párrafo del inciso (c) del Art. 9 expresó:

“Toda persona natural o jurídica que ceda en arriendo uno o más vehículos de motor con propósitos comerciales o de servicio a otra persona natural o jurídica que no lo opera como chófer, deberá notificarlo dentro de los cinco (5) días del inicio del arrendamiento al Director dando los números de las licencias de los vehículos de motor y los nombres y direcciones de los arrenda-tarios y además deberá pagar dentro de los cinco (5) días del inicio del arrendamiento al Fondo para el Seguro Social de los Chóferes que establece esta ley una cotización de treinta (30) centavos por cada vehículo de motor cedido a cada arrendatario por cada semana o fracción de ésta por el período de arrenda-miento, aumentándose dicha cotización a ochenta (80) centavos por semana o fracción de ésta cuando el vehículo de motor se arrienda con chófer para operarlo. En tal caso el arrendador deberá retener del salario de cada chófer que tenga en su empleo durante cada semana o fracción de ésta la cotización de cincuen-ta (50) centavos impuesta a cada chófer empleado por el inciso (a) y pagar dicha cantidad según se dispone por el inciso (c) de este mismo Artículo.”

El inciso (a) del Art. 9 especificaba la cotización a satisfa-cerse por los chóferes.

En el memorial explicativo de la ley el Secretario del Tra-bajo aclaró el propósito de la misma y el patrón diseñado para cumplirlo. Señaló que se deseaba “incluir bajo la ley los que poseen o administran vehículos de motor para cederlos en arrendamiento con propósitos comerciales o de servicio para mayor claridad en la interpretación de la ley .. ..” Res-pecto al Art. 1 expresó que “La enmienda del inciso (b) es para cubrir con claridad bajo la definición de ‘Patrono’ a las entidades que se están dedicando a arrendar o tomar en arrendamiento vehículos de motor que serán operados por un chófer para que los cubra la ley y estos quedan protegidos por el plan. Hay muchos padres de familia que trabajan en estas condiciones y sus patronos no creen estar obligados a pagar su cotización al Seguro de Chóferes.” En torno al Art. 9 señaló:

“Se enmienda el inciso (b) para aclarar, según lo recomienda el Actuario Consultor, que el patrono pagará su cotización de 30 centavos semanales por cada chófer que tenga trabajando o por cada vehículo cedido en arrendamiento. También se enmienda para incluir bajo la ley como patrono a quien se dedique a ceder en arrendamiento vehículos de motor con propósitos comerciales o de servicio pagando únicamente 30 centavos por cada semana o fracción de ésta de duración del arrendamiento de cada vehí-culo de motor. También incluye a la persona que toma el vehí-culo de motor en arrendamiento, pero éste solo pagará la coti-zación de 50 centavos por cada semana o fracción impuesta al chófer en el inciso (a)

Explicó también que:

“. . . Se adiciona un párrafo al inciso (c) para disponer que todo el que arrienda uno o más vehículos de motor notifique al Director dentro de los cinco (5) días siguientes y pague una cotización de 30 centavos por cada semana o fracción por cada vehículo de motor cedido a cada arrendatario y de 80 centavos por cada semana o fracción por cada vehículo de motor cedido a cada arrendatario con chófer para que lo opere, esto es, 50 centavos que retiene del salario del chófer y 30 centavos que aporta como patrono. La enmienda requiere de todo arrendatario de vehículos de motor que emplee chóferes para operarlos que cum-pla con lo dispuesto en los incisos (a), (b) y (c) de este artículo 9 en lo que respecta a los chóferes empleados . . . .”

Resulta absolutamente claro que esta ley, cuyos términos rigen la controversia presente, ya que la Ley Núm. 48 de 21 de junio de 1971 no enmendó las disposiciones que nos ocupan, les impuso a los arrendadores de vehículos de motor con propósitos comerciales la responsabilidad contributiva que el Secretario de Hacienda le ha requerido satisfacer a la apelante. Queda por resolver si tenía poder el Estado para efectuar lo que hizo.

La ley vigente a la fecha de los hechos de este pleito fue enmendada por la Ley Núm. 146 de 3 de junio de 1976. La ley actual traslada la responsabilidad contributiva de los arrendadores de vehículos de motor sin chófer a los arrenda-tarios que contratan chóferes para explotar tales vehículos. Al así hacerlo critica con dureza la legislación anterior. De lo que se trata aquí, sin embargo, no es de precisar la sabiduría del esquema sustituido, sino de expresarnos sobre su consti-tucionalidad.

Es inmeritorio el ataque de la apelante a la constitucionalidad del estatuto en disputa. En Libby, McNeill etc. v. Srio. Hacienda, 82 D.P.R. 389, 397-398 (1961), expresamos:

“Todo cuanto se requiere para cumplir con los requisitos del debido procedimiento de ley es que exista un nexo suficiente entre el poder de imposición de contribución del estado y las activi-dades o sucesos sujetos a contribución, y que se satisface deter-minando meramente si el estado ha ofrecido u otorgado bene-ficios, protección o ventajas ....”

En Buscaglia, Tes. v. Trib. de Contribuciones, 68 D.P.R. 345, 361 (1948), suscribimos la norma de que para que una ley contributiva sea inconstitucional bajo la cláusula del debido procedimiento de ley la misma debe ser tan arbitraria que re-sulte en una confiscación o en una crasa y patente iniquidad e injusticia. Véase: South Porto Rico Sugar Co. v. Buscaglia, 154 F.2d 96, 100 (1st Cir. 1946). La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene ancha discreción para establecer gran variedad de clasificaciones dentro de su cuadro contributivo. Basta que se pueda concebir cualquier interés público posible para que la clasificación prevalezca. Rodríguez Fernández v. Srio. de Hacienda, 83 D.P.R. 643, 648-649 (1961). Cuando la clasificación no es arbitraria y descansa sobre una base razonable no existe discrimen por el hecho de que se imponga la contribución a una clase y se exonere a otra. Miranda v. Sec. de Hacienda, 77 D.P.R. 171, 179 (1954); P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 D.P.R. 982, 1004 (1960); Barceló & Cía. v. Buscaglia, Tes., 67 D.P.R. 108, 120-121 (1947), confirmado: 169 F.2d 82 (1st Cir. 1948). Para de-terminar si una contribución contraviene derechos constitu-cionalmente garantizados, no es la forma de la misma ni su definición lo que viene al caso sino su efecto práctico como cuestión de realidad, en su aplicación y funcionamiento. Maristany v. Srio. de Hacienda, 94 D.P.R. 291, 300 (1967). El peso de la prueba en este y otros sentidos expresados corres-ponde a la parte que ataca la constitucionalidad de la ley. Buscaglia v. Tribunal de Contribuciones, 68 D.P.R. 345, 361-362 (1948); Walker v. Tribl. de Contribuciones y Tesorero, 72 D.P.R. 698, 704 (1951).

La legislación cuestionada no es irrazonable o arbitraria. La imposición del tributo a las empresas arrendadoras respondió a todas luces a las ventajas administrativas que este método conllevaba para su cobro. Véase el informe de 13 de enero de 1967 del actuario consultor, señor Robert J. Myers. Nada impedía que estas empresas trasladasen la carga contributiva mediante ajustes a los cánones de arrendamiento. Las arrendadoras para fines comerciales de vehículos de motor sin chófer estaban derivando ingresos, además, a costa de chóferes que, por carecer de recursos económicos para comprar sus propios vehículos, se veían obligados a arrendarlos o a convertirse en empleados de quienes los habían arrendado. Recuérdese, como hemos advertido, que no se imponía contribución alguna por el arrendamiento de vehículos sin chófer para conducirlos el propio arrendador para fines no comerciales. Existía un interés público sustancial en establecer la clasificación escogida y un nexo enteramente discernible entre el negocio sujeto a tributo y los beneficiarios del mismo. No ha probado la apelante que la contribución impuesta es de orden confiscatorio o que representa una crasa y patente injusticia.

Se confirma la sentencia apelada.

El Juez Asociado Señor Rigau no participó.

      PIPara el historial legislativo de este estatuto, véanse: Diario de Sesiones, Vol. 13, Tomos 3, 4, 5, págs. 1128, 1287, 1291, 1337, 1385 a 1389, 1434, 1435, 1446, 1712, 1735 y 2104; Informe de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Representantes, de 6 de mayo de 1960; Informe de la Comi-sión de Hacienda del Senado, de 18 de mayo de 1960; Informe de la Comi-sión de Trabajo del Senado, de 19 de mayo de 1960.