author: El Juez Asociado Se. Hernández,

text:
    Jiménez v. Olmedo.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de San Juan.
    No. 151.
    Resuelto en diciembre 13, 1907.
    Apelación- — Transcripción de Autos — Copia de l'a Sentencia. — Si el apelante no hubiere incluido en la transcripción de autos una copia de la sentencia apelada, y sólo hubiera acompañado copia de la decisión de la corte inferior, la apelación deberá desestimarse.

      Los lie dios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Torres Monge.

    La parte apelada no compareció.
   El Juez Asociado Se. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En treinta de diciembre de 1905, Heraclio Jiménez Matos entabló demanda ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de San Juan, contra José Olmedo, Gonzalo Torres, Daniel Sosa, acting marshal, y Eugenio Malpica, pidiendo se decla-rara la nulidad del embargo y remate de' una finca rústica de su propiedad, según se describe en dicha demanda, embargo y remate realizados en un juicio seguido ante el juzgado municipal de Río Grande, en que no fué parte el demandante, y se ordenara la cancelación en el. registro de la propiedad de las anotaciones é inscripciones que se hubieran hecho por conse-cuencia del mencionado remate, condenando, además, á los 'demandados á que solidaria ó mancomunadamente pagaran á Jiménez Matos la suma de quinientos dollars en concepto de indemnización de los perjucios que le habían causado ó la cantidad que el tribunal estimara procedente, con las costas.

Celebrado el juicio, la corte formuló opinión escrita, y con-forme con ella pronunció la siguiente decisión:

“Habiendo sido llamado este pleito para juicio por su orden de calendario, y comparecido el demandante y el demandado Eugenio Malpica por sus abogados, anunciando estar listos para el mismo, sin que lo hayan verificado los otros demandados, cuya rebeldía está' notada. Propuestas, admitidas y practicadas las pruebas que presen-taron, argumentaron los abogados el caso, que quedó pendiente de decisión. Y la corte, tomando en consideración las alegaciones, las pruebas y las argumentaciones, de acuerdo con lá precedente opinión— Decide": Que los hechos y la ley están en contra del demandante Hera-clio Jiménez Matos y á favor de todos sus demandados, quienes tienen derecho á una sentencia que declaré sin lugar la demanda, con las costas al demandante, contra cuyos bienes por las mismas se librará orden de ejecución. Y el secretario anotará un fallo de acuerdo con esa decisión. — San Juan, Puerto Rico, abril 24 de 1907. — Pedro do Al drey, Juez de la sección Ia. — Certifico: A. Marín Marión, Secretario Auxiliar. ’ ’

Aparece en el récord copia de nn escrito de feclia 5 de mayo de 1907, en que el abogado del demandante interpuso recurso de apelación de la sentencia pronunciada por la corte para ante este Tribunal Supremo.

Entendemos que dicho recurso debe ser desestimado sin discutirse en el fondo, pues falta en el récord copia del fallo ó sentencia que debió anotarse por el secretario de la corte inferior en el libro destinado al efecto, cumpliéndose así lo or-denado por el juez en su decisión ya transcrita de 24 de abril de 1907. Y es de presumirse que así se hiciera dentro de las veinte y cuatro horas después de haberse dictado aquella de-cisión, en armonía con el precepto del artículo 227 del Código de"Enjuiciamiento Civil; pero como el artículo 299 de dicho Código exige que en caso de apelación contra una sentencia definitiva, el apelante presente á la corte de apelación, entre otros documentos, una copia del legajo de la sentencia, de cuyo legajo forma parte la copia de la misma sentencia, según el artículo 233, se está en el caso de dar cumplimiento al ar-tículo 303,- preceptivo de que se desestime la apelación cuando dejen de presentarse los documentos requeridos.

Deploramos que por inobservancia de las reglas de procedi-miento tengamos con frecuencia que desestimar, como en el presente caso, recursos de apelación, sin discutirlos ni resol-verlos en sus motivos ó fundamentos legales; pero aquella inobservancia tiene su sanción marcada en el artículo 303 ya citado, del Código de Enjuiciamiento Civil, y nuestro deber es darle aplicación.

Por las razones expuestas, procede la desestimación del re-curso, con las costas del mismo también á cargo de la parte apelante.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente, Quiñones y Aso-ciados, Figueras, MacLeary y Wolf.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Sr. MacLeary,

license: Public Domain

text:
    El Pueblo v. Robles.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Humacao.
    No. 120.
    Resuelto en diciembre 13, 1907.
    Nuevo Juicio — Insuficiencia de la Prueba para Justificar el Veredicto.— En los casos en que el único motivo de impugnación contra el fallo de convic-ción consista en la insuficiencia de la prueba para justificarlo, la mejor prác-tica es la de solicitar un nuevo juicio ante la corte inferior.
    Pruebas — Cómplices—Corroboración de su Declaración. — Un testigo que haya sido procesado juntamente con el acusado, y convicto del mismo delito que á éste se le imputa, tiene el concepto de cómplice, á los efectos del artículo 253 del Código de Enjuiciamiento, y como tal, su declaración tiene que estar corro-borada con alguna otra prueba que por si mismo tienda á relacionar al acusado con la comisión del delito, sin que esa prueba corroborante sea suficiente cuando tienda á establecer simplemente la existencia del corpus delicti.

    Id. — Prueba Circunstancial. — No es necesario" que la prueba corroborante sea directa, pues bien puede ser circunstancial, siempre que demuestre la cul-pabilidad del acusado, ó sea suficiente para relacionarlo con la comisión del delito.

    Id. — Si la prueba corroborante tiende solamente á levantar una sospecha en contra de la inocencia del acusado, dicha prueba no es suficiente para justificar su convicción.
    Apelación — Pruebas—Veredicto—Nuevo Juicio. — Si las pruebas practicadas en el juicio no fueren suficientes para justificar el veredicto de culpabilidad, la sentencia apelada debe revocarse y decretarse la celebración de un nuevo juicio.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelado: Sr. Rossy, Fiscal.

    La parte apelante no compareció.
   El Juez Asociado Sr. MacLeary,

emitió la opinión del tribunal.

El presente proceso fué instituido contra Candelario Robles, Antonio Bivera y Ensebio Vicente, por el delito de escalamiento en primer grado. En la acusación se alega que en la noche de junio 4 de 1907, en el pueblo de Juncos, los tres individuos mencionados entraron forzosamente en la tienda de Quiteño López, y le robaron dinero y otros efectos. Los acusados Bobles y Bivera, fueron juzgados separadamente. Parece que Vicente se baila todavía en libertad, como pró-fugo ele la justicia. Rivera, que había sido anteriormente pro-cesado y declarado culpable, declaró como testigo de cargo contra Robles, en el juicio. El jurado pronunció su veredicto el 6 de agosto último, declarando culpable al acusado, de acuerdo con la acusación. El día 8 del mismo mes, la corte dictó sentencia condenando al acusado Robles, á sufrir diez años de presidio, con trabajos forzados, y al pago de las costas, del proceso. El 15 de agosto último pasado, se inter-puso apelación para ante este tribunal, contra la sentencia condenatoria, y el acusado pide la revocación de la sentencia, y que se le conceda un nuevo juicio.

En la corte inferior no se presentó moción alguna, pidiendo nuevo juicio; si se hubiese pedido, es probable que se hubiera concedido. Esta es sierftpre la mejor práctica en casos cri-minales, cuando la insuficiencia de la prueba para justificar un veredicto de culpabilidad, es la única materia de que se queja.

La única cuestión que surge en este recurso, es la suficien-cia de la corroboración ofrecida á la declaración de Antonio Rivera, el testigo principal de cargo. El artículo 253 del Có-digo de Enjuiciamiento Criminal, á la letra, dice lo siguiente:

“No procede la convicción por declaración de un cómplice, á no ser que ésta sea confirmada por alguna otra prueba que, por si misma y sin la ayuda del testimonio del cómplice, tienda á demostrar la rela-ción del acusado con la comisión del delito; no siendo suficiente dicha corroboración si solo prueba la perpetración del delito ó las circuns-tancias del mismo. ’ ’

No cabe duda de que el testigo Rivera queda comprendido dentro de la categoría de nn cómplice, según las disposiciones de la ley de evidencia.

•El artículo de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal antes citado, es lo mismo que el lili del Código Penal de California, habiendo sido reproducido de dicho Código, y, por supuesto, nosotros podemos buscar interpretaciones da-das á dicto artículo por el Tribunal Supremo del referido Estado, y seguirlas como temos tecto frecuentemente en tales casos.

En uno de los casos de California, el juez sentenciador dió las siguientes instrucciones al jurado, á saber:

‘ ‘ Cuando varios individuos han cometido un delito, si uno de ellos se presta para servir como testigo de cargo, y declara respecto á las cir-cunstancias, bajo las cuales se cometiera el supuesto delito, no puede declararse culpable á ninguno de los que hayan tomado parte en la comisión del mismo, por virtud de la declaración del cómplice, á menos que existan otras pruebas además de su declaración, que tiendan á re-lacionar al acusado con la comisión del delito, y dicha relación no es suficiente si no hace más que demostrar el delito ó las circunstancias del mismo.
‘ ‘ Siempre que el fiscal presente prueba que tienda á relacionar al acusado con la comisión de un delito dado, entonces el jurado puede, y debe tomar en consideración el testimonio del cómplice, con el fin de determinar si el acusado es ó no culpable de dicho delito; pero esta prueba, si tiende á demostrar la relación del acusado con la comisión del supuesto delito, debe ser prueba que verse sobre materias distintas de aquellas que demuestren el hecho mismo de la comisión del delito, y las circunstancias lo rodean.”

El Tribunal Supremo de California dice lo siguiente:

“Pero el artículo lili del Código Penal, no requiere que la prueba corroborativa sea tal que demuestre que el cómplice haya dicho la ver-dad ; tampoco declara que ha de presumirse que ha jurado falsamente, cuya presunción quedará destruida solamente en el caso de que las otras pruebas demuestren que ha dicho la verdad. Además de su de-claración, por digna que sea de creencia, para justificar un veredicto de culpabilidad, requiere simplemente que exista prueba tendente á re-lacionar al acusado con la comisión del delito. Por supuesto, prueba solamente del corpus delicti no es tal prueba.”

People v. Clough, 73 Cal., 349, 350, 351 y 352.

También podremos baeer referencia á los siguientes casos:

People v. Main, 114 Cal., 632.

People v. Smith, 98 Cal., 218.

People v. Cleveland, 49 Cal., 577.

People v. Ames, 39 Cal., 403.

People v. Garret, 29 Cal., 642.

Somos de opinión que las resoluciones de California expli-can la ley correctamente, y debían seguirse en la interpreta-ción de esta ley.

No se encuentra en los autos ninguna declaración directa que relacione al apelante con la comisión del delito, excep-ción hecha de la de Rivera. La prueba corroborativa es pura-mente circunstancial. No es necesario que la declaración de un testigo cómplice sea corroborada por un testigo que haya presenciado la comisión del delito. La prueba circunstancial puede servir como corroboración, si demuestra la culpabilidad del acusado, ó si es suficiente para demostrar la' relación del acusado con la comisión del delito. Respecto á testimonio corroborativo, podemos decir lo mismo que dijo el juez sen-tenciador al informar al jurado á petición del abogado del de-mandado :

“Si esa prueba no hace más que crear sospechas, es prueba insufi-ciente para corroborar la declaración sola del cómplice. La declara-ción sola del cómplice no es suficiente; no es necesario que se corrobore cada dicho, cada hecho testificado por el cómplice, pero si la prueba corroborativa tiende á relacionar al acusado con la comisión del delito, es suficiente; si no hace más que crear sospechas respecto al acusado, no es suficiente.”

Estas instrucciones fueron dadas al jurado en cumpli-miento de la petición del abogado defensor, para que el juez diera instrucciones al jurado, respecto á los requisitos que debe teuer la prueba circunstancial para que se pueda tomar en consideración, al prenunciar un veredicto. Aunque es muy condensada, es sustancialmente correcta.

Esta proposición está expresada en el sumario de una de las resoluciones de California, en la siguiente forma:

“La prueba corroborativa necesaria para demostrar la culpabili-dad de un acusado, además de la declaración de un cómplice, no es su-ficiente si tiende solamente á producir sospechas respecto á la culpabi-lidad del acusado..’ ’

People v. Thompson, 50 Cal., 480; People v. Koenig, 99 Cal., 574; People v. Ames, 39 Cal., 403.

Este sumario es sustancialmente lo mismo que la instruc-ción ciada por el juez sentenciador, en el caso de autos, á peti-ción del acusado, que en este recurso es el apelante. En las instrucciones dadas al jurado, no existe falta suficiente para justificar la revocación de la sentencia dictada en contra del acusado. •

Ahora examinemos la prueba presentada en el juicio. Al .examinar la exposición de los hechos, erróneamente designada en el alegato del apelante,' “relación del caso,” encontramos que las únicas circunstancias corroborativas de la declaración de Rivera, son las que relacionan los testigos de cargo, como sigue:

“ Quiteño López, amo de la tienda que fué objeto del escalamien-to dice: que como á las dos ó las tres de la mañana del 4 de junio últi-mo, fué avisado por la policía de que le habían escalado la tienda del declarante en Juncos; y fué allí, y encontró los dependientes, y observó que le habían llevado el baúl y le faltaba una cantidad de $165 á $170 que tenía en dinero; que fué al cuartel de la policía, y allí encontró uñ caballo en el que montó y salió fuera del pueblo en busca de los que le habían escalado; y, cuando regresaba, encontró á Antonio Rivera, que tenía una chaqueta del declarante y lo cogió, encontrándole $35.70.
‘ ‘ Que el declarante estuvo en la tienda como á las dos, fué á la Marina á dar una vuelta y al volver el guardia, le dijo que le habían esca-lado la tienda; que no sabe á qué hora se forzó la puerta para penetrar los ladrones en su tienda; que la última vez que vió el baúl el decla-rante, fué cuando cerró y se fué para la calle á las diez de la noche; que la tienda quedó cerrada, y cuando el que declara regresó, en-contró que le habían escalado y habían abierto la puerta de atrás, -y ha-bían salido por la de adelante, con el baúl. Que el baúl lo tenía ya en su poder, que le ha sido entregado por el Sr. Juez.-”
“José Arzuaga, Juez de Paz, dice:
“Que es vecino de Juncos, en donde ejerce el cargo de Juez de Paz; que conoce á Candelario Robles desde muchacho; que él declarante hi-zo la investigación por el escalamiento de esta causa; que se constituyó' en el juzgado el primer día á investigar la causa y entre los testigos que llamó fué Candelario Robles uno de ellos y declaró que no conocía á los individuos Antonio Rivera y Eusebio Vicente, y que no los había visto nunca; que el declarante siguió la investigación y al otro día, Candelario lo mandó llamar, diciendo que quería declarar la vérdad; qué entonces el declarante lo mandó traer al juzgado, y allí le dijo al declarante, que efectivamente ellos habían venido el día anterior por la tarde con una carta para Quiteño López, y que él enseñó la carta; que el declarante no acostumbraba prometer algo á los que tienen que declarar, para que lo hagan, y no le prometió nada para ello.
“Que Candelario Robles le dijo que habían traído una carta para Quiteño López, y que querían que él le enseñara la carta y él se la enseñó.
“Que también le manifestó que se había acostado á las diez.”

Preguntado por el abogado defensor declaró:

“Que la ampliación de la declaración de Candelario Robles se re-dujo á decir que se había acostado á las diez de la noche, y que conocía á esos individuos; que esta manifestación la hizo el acusado sin ser lla-mado por el declarante; esto es, esplícitamente, y le dijo que quería de-clarar la verdad.
“Victor Maldonado dice:
‘ ‘ Que es vecino de San Lorenzo, viviendo en la actualidad en Juncos, y que está de lector en la Fábrica de Fariña, en Juncos, pero que todos los sábados se va á San Lorenzo.
“Que la noche del 4 de junio, estaba en la casa de Candelario Robles, en cuya casa dormía; que el declarante se acostó á las ocho de la noche; que Candelario Robles llegó por la madrugada; que cuando salieron con los guardias, daban las cuatro de la mañana; que los guardias llevaron al declarante de la casa donde dormía, á la alcaldía.
1 ‘ Que sintió á Candelario Robles cuando llegó á su casa; que llamó á la señora y le dijo “Julia” y, cuando ella le abrió, él entró; que la policía llegó al cabo rato, y echó por delante á todos los que estaban allí, á la señora, á él, al declarante y al padre de él.
“Que la policía encontró á Candelario en su misma casa; que los guardias lo incomunicaron á él y dejaron fuera al declarante.
‘ ‘ Que cuando llegó Candelario Robles, el declarante no lo vió guar-dar dinero ni efectos en su casa, y, cuando lo arrestaron, no lo vió sa-car nada absolutamente.
‘ ‘ Que el declarante duerme en la misma habitación que Candelario Robles y su señora separados por un telón, ellos en un lado y el decla-rante en otro.”
“Lino Miranda, el Alcaide dice:
“Que es vecino de Juncos, alcaide de la cárcel municipal; que co-noce perfectamente á Candelario Robles.
‘ ‘ Que la noche del escalamiento, el declarante estaba en unión del policía Torres en la calle; que llegaron á la esquina de Cándido Rodriguez y notaron que en el establecimiento de Quiterio Quiñones, estaba una puerta completamente abierta y la tranca en la calle; que el po-licía entró y llamó á los dependientes, y haciéndoles preguntas, si dorr mían con las puertas abiertas, y que miraran á ver lo que faltaba; buscaron y dijeron que les faltaba el baúl del principal.
£ ‘ Que esa noche vió á Candelario Robles como á las ocho, que estaba solo. Que esa noche fué cojido Antonio Rivera, y se le ocuparon $35.70, y alguna ropa de la que había en el baúl. Que el guardia Torres arrestó á Antonio Rivera, y después el policía Victor Collazo, trajo á Candelario Robles.”
“Pedro Quiñones, panadero, dice:
‘‘ Que es vecino de Juncos, que su ocupación es la de panadero; que conoce á Candelario Robles. Que en la noche del 4 de junio estaba el declarante en un velorio que había en casa de Celestino- Vega, y Pedro Santana lo convidó á dar una serenata, y salieron los dos como á las diez de la noche y regresaron como á las once; que entre once y media y doce llegó Candelario Robles á la casa donde se encontraba el decla-rante en una cena que tenía el declarante con Pedro Santana; que el declarante lo invitó, y Candelario no quiso quedarse; que pocos mo-mentos después llegó otro individuo allí con el ala del sombrero echada y dijo que era un quincallero; que dicho individuo se marchó con Candelario, dijeron que se iban á dormir cada uno por distinta parte.
“Que terminada la cena, salió el declarante, y se encontró en la calle con Luis Miranda, el Policía Torres y un tal Lico, y al llegar á la esquina, notó el policía que estaba abierta la puerta de la tienda de Quiterio López y el policía penetró en la casa.
“Que la primera puerta que la policía observó abierta fué la de atrás, y entró por la de alante.
‘' Que cuando Candelario dijo que se iba á dormir, serían como en-tre once y once y media de la noche; que este individuo acostumbraba acostarse tarde cuando hay velorios.”
‘‘ Claudio Torres, el policía que arrestó á Robles, dice:
“Que es vecino de Juncos y conoce á Candelario Robles.
“Que la noche de autos, el declarante estaba de servicio en la pobla-ción, y notó que en la tienda de Quiterio López estaba la tranca en la calle y la puerta semi-junta. Que el declarante fué quien arrestó á Candelario Robles en su casa, en momentos en que estaba desvistiéndo-se para acostarse; que todavía tenía los zapatos al pie, y la camisa que tenía estaba sudada, y el cuerpo también. Que Candelario le dijo que se había acostado á las diez de,la noche.
“Que no lo incomunicaron ni le pegaron con motivo del arresto. Que cuando encontró á Candelario Robles en su casa, estaba sentado en el catre.; que el declarante llamó antes de afuera, tocó con la maca-na, y al preguntar de adentro quién llamaba, contestó el' declarante: “La Policía,” que al entrar, lo encontró sentado en la cama, y á la se-ñora de pie, al lado de él, medio vestida; que el declarante pidió per--miso para entrar, y se lo permitieron.”
“Rafael Aguayo, cabo de la policía insular,1 dice:
“Que es vecino de'Juncos, y conoce á Candelario Robles, que es vecino de Juncos. Que el declarante conoce de esta causa por la in-vestigación que hizo como cabo de la policía insular. Que Candelario Robles llamó al declarante al depósito, y le dijo: “Cabo,” yo quiero que Vd. me suelte, porque soy inocente, ese muchacho me acusa .porque es enemigo mío, pero yo le voy á decir la vérdad: Antonio Rivera y Eusebio Segarra fueron los autores del escalamiento, y el mismo día me llamaron á mí, y me preguntaron por la casa de Quiteño' López; que también le dijo que estaba dispuesto á ayudar á buscar á Eusebio, donde quiera que estuviera.”

Indudablemente que los testigos de la defensa fueron ci-tados para probar la coartada, y sus declaraciones son más bien contradictorias que corroborativas de la que prestó Rivera.

Después de un examen cuidadoso de toda la prueba, no po-demos aceptar las circunstancias relacionadas por los varios testigos, considerándolas todas en conjunto, como suficientes para relacionar al demandado con la comisión del delito y pe-ro, en las frases usadas por la corte, al instruir al jurado, las consideramos “prueba que no hace más que crear sospechas” de que el demandado estaba relacionado con el delito cometido. No creemos que el veredicto del jurado fué justificado por la prueba que se encuentra en los autos; y sólo por ese motivo, debe revocarse la sentencia, y devolverse el caso para que se celebre un nuevo juicio.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sr.' Presidente Quiñones y Asocia-eiados, Hernández, Figueras y Wolf.


author: El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

text:
    Pagan v. Quiñones et. al.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Mayagüez.
    No. 144.
    Resuelto en diciembre 16, 1907.
    Apelación — Pruebas Contradictorias — Apreciación de la Corte Inferior. — En los casos de pruebas contradictorias la apreciación que de las mismas hubiere hecho la corte inferior debe ser aceptada por el tribunal de apelación, especial-mente si aparece que tal apreciación está justificada por la preponderancia de la prueba practicada en el juicio. •
    Id. — Efecto de la Sentencia Cuando Sean Varios los Demandados y uno Solo Apelare — Indivisibilidad de la Materia Litigiosa. — Dictada sentencia pol-la corte municipal contra varios demandados, y apelada por uno solo.de ellos, la corte debe proceder á celebrar el juicio de novo, y si la materia litigiosa fuere por su naturaleza indivisible, la corte debe considerar y resolver las cuestiones envueltas en el pleito en toda su integridad, y la sentencia que ' dictare habrá de afectar también á los demandados no apelantes.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Ramírez.

    Abogado del apelado: Sr. Texidor.

   El Juez Asociado Sb. MacLeaby,

. emitió la opinión del tribunal.

El presente caso se originó en la corte municipal de San Germán el día 5 de febrero de 1906. -

Era una reclamación por daños y perjuicios ascendentes á $450 por la incautación de la caña de dos cuerdas y media de terreno situadas en Lajas, cuyo terreno el demandante Pagán dijo haber arrendado á Juan Cancio Ortíz. Las cañas fueron cosechadas y vendidas á la Central Gruánica, por virtud de un embargo decretado á favor de Enrique Quiñones contra su madre Josefa Quiñones, el hermano de ésta Carlos Pagán, y "Vicente Zapata. Todas las personas mencionadas son deman-dados en este caso.

Todos los demandados fueron citados y contestaron la de-manda; el demandado Enrique Quiñones, por medio de abo-gado, haciendo lo propio los otros tres demandados. Todos' presentaron excepciones previas que fueron desestimadas poi la corte municipal.

Todas las partes interpusieron recurso de apelación contra la resolución desestimando la excepción previa. Sola-mente Enrique Quiñones contestó la demanda en la corte municipal, formulando una negativa general.

Habiendo dejado de contestar la demanda los otros tres demandados, Josefa Quiñones, Carlos Pagán y Vicente Zapata, fueron declarados en rebeldía.

El día del juicio, 15 de abril de 1907, solamente compare-cieron el demandante Macario Pagán y el demandado Enrique Quiñones. Se dictó sentencia contra todos los demandados mancomún y separadamente por la suma de cuatrocientos cin-cuenta dollars, ó sea la cantidad reclamada.

Contra esta sentencia sólo Enrique Quiñones interpuso apelación para ante la Corte de Distrito de Mayagüez. Los demás, no hicieron nada con respecto al asunto.

' La Corte de. Distrito de Mayagüez señaló día para la vista de la excepción previa.

Comparecieron el demandante y demandado Enrique Qui-ñones, pero los demás demandados Josefa Quiñones, Carlos Pagán y Vicente Zapata no comparecieron y no estuvieron representados en ninguna forma ante la corte de distrito.

Las excepciones fueron desestimadas por la corte de dis-trito lo mismo que lo fueron por la corte municipal.

Luego se señaló día para la vista del caso én sus méritos. El demandante y demandado Enrique Quiñones volvieron á comparecer, no haciéndolo los demás demandados.

Entonces el demandante presentó su prueba en el juicio, que fné substancialmente la siguiente:

“Juan Cancio Ortiz, de cincuenta años de edad, agricultor y co-merciante, vecino de Lajas, declaró, bajo juramento que conoce á Ma-cario Pagán, que sabe posee dos cuerdas y media de cañas en ej. barrio de Palmarejo, constándole ese particular, porque esos terrenos se los tiene arrendados al testigo; que fué privado de la posesión de esas dos cuerdas y media de caña, habiendo sido éstas embargadas por Enrique Quiñones; que el valor de dichas dos cuerdas y media de cañas puede calcularse, incluyendo el retoño, en cien dollars por cuerda por cada cosecha; que; no se puede estimar que ese producto sea neto ó bruto; que calcula de cien pesos á ciento veinte los gastos de cultivo, incluyendo todo; que el retoño tiene menos gastos y debe producir lo mismo; que esas dos cosechas pueden producir quinientos pesos, antes cuatrocientos y quinientos dollars; que los terrenos don-de’ están sembradas las cañas pertenecen al testigo, en virtud de un contrato con pacto de retro entre él y Silvestre Pagán; que posterior-mente no se ha vuelto á celebrar ningún nuevo contrato con Don Silvestre Pagán que anulara el contrato anterior; que es dueño y po-see también el terreno, habiéndolo comprado á Pepe Acosta, creyendo que á un tal Delgado pertenecía antes de ser de Pepe Acosta; que la compra que hizo á Silvestre Pagán la inscribió en el registro de la pro-piedad después de vencido el contrato y no pagado; que dicho contrato tenía fecha de San Germán, abril, 1902.
“El testigo Delfín Lugo, que vive en el barrio de París, jurisdic-ción municipal de Lajas, declaró que conoce á Macario Pagán; que sabe que ese Sr. posee en ese barrio algunas siembras de cañas; que anteriormente conocía las fincas en que están sembradas esas cañas, como de Silvestre Pagán, pero que posteriormente supo de un negocio que tuvo lugar con Juan Cancio Ortíz; que lo vió sembrando caña y le dijo que iba á sembrar dos ó tres cuerdas; que cuando estuvieron esas cañas de corte supo que Carlos Quiñones las estaba cortando como administrador, en virtud de un embargo practicado de las mismas por una demanda interpuesta por Enrique Quiñones, contra Josefa Quiñones, madre de Carlos; que cuando le embargaron las cañas á Macario Pagán, este le dijo, “me han embargado las cañas, vamos por Allí para que me digas cuanto puede producir eso”; que fueron y vol-tearon las cañas, y le dijo; que podía producir por lo menos cuatro-cientos cincuenta á quinientos pesos; que sabe que esas cañas fueron cortadas y las trasladaron para su elaboración á la G-uánica Central; que, según tiene entendido, fueron embargadas por José Mártir; que lia tenido ocasión de volver recientemente por casa de Macario y lia visto que. el retoño que dejara está cortado por completo; que Marcarid Pagán, no tan solamente perdió la caña que había, sino que, por virtud del embargo, perdió el retoño; que no sabe si fueron embargados los re-toños; que conocía á Silvestre Pagán; que éste estuvo en posesión de’ esa ñncá hasta que murió; que no puede precisar cuando murió. Ade-más, declaró el 'testigo que es agricultor; que no tiene conocimientos muy profundos en materia de agricultura, pero que para tasar tres ó cuatro cuerdas de caña los tiene.
“El testigo Enrique Schroder, de veinte y ocho años de edad, casado, vecino de Palmarejo, jurisdicción de Lajas, declaró que conoce á Macario Pagán, y sabe que posee alguna plantación de cañas en al-guna finca; que sabe que estaban allí, pero que no sabe si serían bajo el nombre de él ó de quien sería, debido á que allí presentaron una tercería ó embargo, no sabe lo qué sería de las cañas que él plantó; que ha visto las cañas que Macario Pagán tenía plantadas en ese terreno, y ha visto los peones trabajando allí con él; que no ha practicado ninguna tasación del importe de esas cañas; que es agricultor, pero que no'puede manifestar cuánto valdrán dos cuerdas y media de cañas, por-que los pisos son diferentes y algunos ocasionan más gastos que otros; que cuando vió esas cañas no estaban de corte, y que en una cuerda se puede gastar cincuenta ó sesenta pesos; quemo sabe si esas cañas fue-ron cortadas.
“El testigo Juan Rodríguez, de treinta años de edad, agricultor, residente del barrio de Llanos, jurisdicción de Lajas, declaró que conoce á Macario Pagán hace bastante tiempo ;■ que sabe que Don Ma-cario Pagán posee algunas plantaciones'de cañas en el barrio de Lajas, como dos cuerdas y media,'constándole esa circunstancia porque tra-bajó en ellas; que sabe que Macario Pagán fué privado de esa siembra porque se la embargaron el marshal de Cabo Rojo, no sabe por orden de_quién; que las cañas la cortó Don Carlos Pagán y las elaboraron en la Guániea Central; que tuvo ocasión de ver esas cañas cuando ya estaban próximamente en los días de corte, y por los resultados que dieron otras en ese mismo cosecho, calcula que podrían dar de cua-trocientos á quinientos pesos; que no sabe si Macario Pagán ha utili-zado el retoño de esas cañas; que conocía á Silvestre Pagán, que murió en esa casa; que no sabe decir si ese selor salió de ese terreno y de la casa alguna vez; que le vió siempre allí donde murió; que el deponente vivía ahí dos ó tres años y lo vió siempre allí donde estuvo hasta que murió.”

El demandado Enrique Quiñones, presentó su prueba que substancialmente es como sigue:

“El testigo Juan Caneio Ortíz declaró que las contribuciones del terreno hasta el 30 de enero de 1904, en que murió Don Silvestre Pa-gán, las pagó el declarante.
“El testigo, Vicente Zapata, declaró que esas cañas de Silvestre Pagan, ó de la Sucesión, porque Don Silvestre hizo un pacto de re-troventa á Don Juan Caneio Ortíz, por cantidad de seis cuerdas de terreno, mas después dió por dos años más, después dió otro predio de terreno compuesto de tres cuerdas y media y una casa para pagar esa. retroventa, en pago de esa hipoteca, cuyo terreno que dió por el, retro-' venta es una casa donde el testigo vive y el día que Don Silvestre Pa-gán vendió á Don Juan Caneio Ortíz esa casa, el declarante vivía; que cuando se hizo la entrega Don Juan le dijo: “Vicente, te participo que he tomado esa finca por los mismos doscientos pesos,” que eran dos años los de la hipoteca, y un año antes fué el pago, por cuyas cir-cunstancias le sobraba un pico á Don Silvestre de esa finca, y entonces convinieron que el declarante desocupara la casa más tarde, y entonces Don Silvestre sembró cañas y Don Gregorio le suministró de su vento-rrillo varias cosas, y le pagó Don Silvestre con un buey y un potro, por cuyas circunstancias pertenecen á Don Silvestre Pagan esas ca-ñas. A preguntas del honorable juez de la corte, contestó que en-tiende lo mismo pacto de retro ó hipoteca, que no sabe qué es hipoteca; que las seis cuerdas y la casa donde vive el testigo pertenecía á Don Silvestre, también por compra á Don José Manuel Acosta; que Don Silvestre vendió ese terreno á Don Juan Caneio, constándole ese particular.
“El testigo Carlos Pagán, declaró que conoce como hecho que las cañas sembradas en ese terreno son de Don Silvestre, por causa que fueron sembradas con dinero, á más el terreno pertenecía, sino que pertenece á s.u padre; que su padre tenía un pacto de retro con Don Juan Caneio Ortiz, y que un año antes de vencerse el retro llamó á. Acosta, que tenía otra finca que le había comprado hacía tiempo y. hole había pasado escritura, y le dijo que en vez de jasarle la escritura á él se la pasara á Don Juan Caneio Ortíz, para pagarle el retro; que entonces convinieron ellos aceptar la escritura de Acosta directa-mente, y convino pasar la escritura al padre del declarante, ó cancelar el retro tan pronto como el padre del declarante lo necesitara; pero en ese tiempo sucedió que murió el pqdre del testigo, y durante ese tiempo’ después sembró las cuerdas de caña, y por eso, es que le consta que esas cañas son de Don Silvestre Pagan; además, con el dinero que se sembraron esas cañas fué con el del padre del declarante.
“El testigo Ramón Mercado declaró que Don Silvestre habló para que le cortara unas semillas; que se las cortó y Silvestre le pagó con un potro; que las semillas fueron cortadas para sembrar unas cañas en unas seis cuerdas que tenía Don Silvestre, siendo esas seis cuerdas las mismas que se litigan.
“El testigo Simplicio Arroyo declaró que en 1903 Don Silvestre vino á su tienda y le dijo que si le despachaba unas provisiones para unos peones que tenía trabajando en las cañas, y para el sustento de su familia; que le contestó que le podía despachar por un mes, como lo hizo, y al vencimiento de dicho término, que fué el testigo á la casa de Silvestre, y éste le dió en pago un buey en $22, cuyo buey era para que pagara la mitad y la otra mitad para dársela en dinero, para pagar los trabajadores que tenía en la casa; que es seguro que en 1902 á 1903 él era comerciante; que tenía un establecimiento abierto en un barrio de Lajas; que pagaba las contribuciones de 1903 para ade-lante.”

El demandante presentó en este acto una certificación ex-pedida por el alcalde de Lajas para probar que el testigo no es veraz en sn manifestación, pues en la certificación se hace constar que dicho testigo no tenía ningún' establecimiento abierto de 1902 á 1904. El testigo manifiesta que Don Juan Pujáis era el dueño de la tienda, y que el testigo tenía veinte dollars invertidos en la misma, y Pujáis tenía diez, y que el testigo intervino como socio comanditario.

En 19 de abril, la Corte de Distrito de Máyagüez dictó sen-tencia en favor de todos los demandados, decretando que el demandante no obtuviera nada de los demandados, y que éstos fuesen libres de toda responsabilidad respecto á la demanda, con las costas al demandante. La corte también dictó una opinión, que á la letra dice así: ■

“La acción ejercitada en este pleito, es una acción personal en cobro de dinero y se pide en dicha demanda que, previos los trámites legales, juicio y prueba del caso, el tribunal se sirva dictar sentencia declarando que la ley y los hechos están en favor del demandante Ma-cario Pagán y en contra del demandado, y por tanto, que éstos soli-daria y mancomunadamente satisfagan á mi defendido Macario Pagán la suma de cuatrocientos cincuenta dollars, importe de las cañas corta-das y vendidas á la Guánica Central y del tocón ó retoño venidero, con-denándoles, además, al pago de las costas, gastos, y suplementos que se hubieren originado.
“La alegación fundamental de la demanda, base de la reclamación interpuesta, es la siguiente: Macario Pagán sembró de su peculio pro-pio y con el consentimiento de Don Juan Cancio Ortíz, dos cuerdas y media de caña de azúcar en una finca propiedad de dicho Sr. Ortíz, compuesta de seis cuerdas de terreno, equivalentes á dos hectáreas, 35 áreas, y 82 eentiáreas, en las que se encuentra una casa habitación de maderas y tejas, radicada en el barrio de Llanos, término municipal de Lajas, lindante al saliente, con terrenos de Don Ernesto Forestier ítuíz; al norte, con el camino real que de Guánica conduce al Boque-rón y al poniente y sud, con terrenos de Don José Martí y Rivera. La demanda no aparece jurada y él único demandado que compareció en el juicio, ó sea Enrique Quiñones, por conducto de su abogado Don Benito Forés, contestó la demanda, negando substancialmente todos los hechos opuestos á los formulados en la misma.
“La corte entiende, después de haber oído toda la prueba en el acto del juicio, la cual ha sido debidamente considerada y las alega-ciones establecidas por los abogados de las partes litigantes, que no se ha justificado en manera alguna la alegación esencial consignada en el cuerpo de la demanda de que las dos y media cuerdas de cañas hayan sido sembradas por Macario Pagán con su peculio propio, ni habién-dose justificado tampoco que dichas cañas sean de su exclusiva per-tenencia ; entiende más; que la preponderancia de las pruebas están en este caso á favor de la parte demandada; por tanto, declara sin lugar la demanda y decreta y ordena que dicho demandante no obtenga ni recobre nada de los demandados, y que éstos vayan libres de toda responsabilidad, como consecuencia de la demanda interpuesta, con las costas á cargo de la parte demandante, y que se libre mandamiento al marshal para cumplimiento de esta sentencia. — Mayagüez, P. R, abril 19 de 1907.— (Firmado) Isidoro Soto Nussa, Juez.”

El abogado del apelante, en su alegato, hace la exposición de sn caso en dos proposiciones, qne á la letra dicen lo si-guiente :

“I. Erró la Corte de Distrito de Mayagüez al resolver en su sentencia de 19 de abril de 1907 que la ley y los hechos están á favor de los demandados, consignando en su opinión que no se ha justificado en manera alguna la alegación esencial de que las dos y media cuerdas de cañas hayan sido sembradas por Macario Pagan con su peculio pro-pio, ni justificado que las mismas sean de su exclusiva pertenencia, y que la preponderancia de las pruebas está en este caso á favor de la parte demandada.
“II. ¿Pueden los demandados Josefa Quiñones, Carlos Pagan y Vicente Zapata, que se unieron entre sí, bajo una misma representa-ción sin interponer recurso de apelación de la sentencia dictada por la corte municipal de San Germán, gozar del beneficio de la pronun-ciada por la Corte de Distrito de Mayagüez, en virtud del recurso esta-blecido por Enrique Quiñones á su solo nombre y el que venía repre-sentándose separadamente?” ' ’

Con respecto á la primera proposición presentada por el abogado del apelante, encontramos que la prueba aportada al juicio era contradictoria y nó del todo satisfactoria; que la mayor paite de la misma estaba á favor del demandado, según lo declaró el juez del inferior. Aparece del récord que el juez de la corte de distrito estuvo ampliamente justificado en su apreciación de los hechos. Siendo esto así, y por cuanto que los medios que tiene la corte inferior para aquilatar la prueba son mucho mejores que los de este tribunal, nos vemos obligados á dejar esa cuestión en la forma en que ha sido re-suelta por la corte inferior. Esto está de acuerdo con las de-cisiones de este tribunal dictadas en numerosos casos, entre otros, en el de la Compañía Americana de Ferrocarriles v. Valentín Román, resuelto en 29 de enero de 1906. En estos casos, este tribunal ha seguido la uniforme corriente de pre-cedentes judiciales Americanos.

En cuanto á la segunda proposición hecha por el apelante y presentada á la' consideración de esta corte, vemos que, apesar de haberse dictado sentencia en la corte municipal á favor del demandante y en contra de todos los demandados, á saber: Josefa Quiñones, Carlos Pagán, Vicente Zapata y Enrique Quiñones, por $450 y costas, solamente el último apeló para ante la corte de distrito.

Por cuanto la corte de distrito tuvo que celebrar nuevo juicio y.óir la prueba é interpretar alegaciones, haciendo caso omiso de lo resuelto por la córte municipal; y aunque esta jurisdicción era solamente de apelación y nó original, sin embargo, todo el caso tuvo que oirse nuevamente en la corte de distrito; estando la resolución basada en los hechos solamente, resolviendo el juez que el demandante había dejado de pro-bar las alegaciones esenciales de su demanda. De modo, que la corte de distrito tenía ante sí, no solamente la controversia entre Macario Pagán y Enrique Quiñones, sino también la cuestión referente á la reclamación de los demandantes contra todos los demandados. Podía, por tanto, resolver todas las cuestiones que surgieron en el litigio entre Macario Pagán y los otros tres demandados que fueron debidamente someti-das á su consideración, teniendo en cuenta que el caso era pon su naturaleza indivisible, y las reclamaciones de los demandan-tes contra todos los demandados dependían de las mismas de-claraciones y tenían' que ser resueltas én la misma sentencia. Por lo tanto, la corte consideró el caso en su integridad y resolvió debidamente todas las cuestiones entre el demandante y los demandados.

Esta opinión está ampliamente sostenida por la antigua ley española, como lo demuestran algunas citas tomadas por el gran comentarista Manresa, y aquel excelente Código de Leyes conocido por “Las Partidas.” El primero dice:

“Aunque por regla general el resultado que ofrezca la apelación sólo dehe redundar en beneficio ó perjuicio del que la interpusiere, pre-senta nuestra antigua legislación varios casos en que puede aprove-char á un tercero, lo que sucederá siempre que la materia objeto, del juicio sea indivisible.”
Tomo 2 Manresa, Ley de Enjuiciamiento Civil, pag. 169.

La legislación, á la cual hace referencia el comentarista está contenida en las siguientes citas:

“Aeaesciendo qne diesen sentencia sobre alguna cosa que fuese mueble ó raiz que perteneseiese á muchos comunalmente, si alguno de ellos se alzo de aquel juicio et siguió el alzada en manera que venció, no tan solamente face pro a el, mas aun á sus compañeros, bien asi como si todos hobiesen tomado el alzada et seguido el pleyto. Mas si non fuese tal sentencia desatada por manera de alzada, mas porque era el uno dellos menor et que pidió restitución, entonce non ternie pro a los otros el juicio que tal como, este hubiese vencido; et por ende finca la sentencia firme contra aquellos que se alzaron. ’ ’ <

Ley Y, Tit. XXIII, Partida III.

1 ‘ Otrosi decimos que quando sobre algunt pleyto que perteneseiese á muchos fuere dado juicio contra todos, et de aquel juicio non se alzasen, fueras el uno, o si se alzasen todos, et el uno tan solamente siguiese el alzada de manera que fuese dado el juicio por el et recado el primero; de tal sentencia como esta se pueden aprovechar todos los otros que habian parte en el pleyto también como aquel que siguió el alzada.”

Ley XXI, Tit. XXII, Partida III.

' Los mismos principios se han declarado por muchas auto-ridades Americanas, entre otrg,s, las siguientes:

El Tribunal Supremo de Texas, por allá en el año 1849, al discutir un caso en que solamente uno de varios demandados interpuso recurso de apelación, por conducto del Juez Presi-dente Señor Hemphill, dice:

“Parece ser la regla más conveniente que cuando una sentencia es completa, cuando las sentencias no son distintas é independientes, ó cuando las partes no tienen intereses distintos é independientes, y cuando la sentencia perjudica los intereses de todos los demandados una revocación respecto á uno de ellos se aplicará á todos; y ésta puede considerarse como la regla .general, siendo sujeta á las modificaciones necesarias para hacer justicia en el caso que se esté revisando, y que estén en harmonía con nuestro sistema d§ procedimiento, ó con las reglas de práctica reconocidas bien por el derecho común ó por la, equidad. ’ ’

Burleson v. Henderson, 4 Texas, 53 y 54.

Y vuelve la Corte Suprema de Texas á seguir este' caso y aprueba este principio, diciendo lo siguiente:

“Cuando varios demandados contra los cuales se dicte sentencia, por virtud de un pagaré mancomún y solidario, interponen un re-curso de apelación por quebrantamiento de forma ó infracción de ley, y uño de dichos demandados deja de participar en el recurso, la re-vocación á favor ó en contra de una de las partes, efectuará la revoca-vocación á favor ó en contra de todas.”

Wood v. Smith, 11 Tex., 367.

Willie v. Thomas, 22 Tex., 175.

Dickson v. Burke, 28 Tex., 119.

Parece que la misma regla prevalece en Illinois: Moher v. Mckenzie, 60 Ill. App., 575; así como en Virginia; Purcell v. McCleary, 10 Grat., 246; y también en muchos de los demás Estados de la Unión.

Por consiguiente, nuestra decisión es que se confirme la sentencia dictada por la corte de distrito en 19 de abril de 1907 en todas sus partes. Estamos plenamente satisfechos de adoptar esta resolución, entendiendo que cualesquiera que hayan sido las irregularidades en la Corte inferior, si alguna ha habido, se ha hecho cumplida justicia.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y Wolf.


author: El Juez PeesideNte Se. QuiñoNes,

text:
    Díaz et al. v. Waymouth.
    ApelacxÓN procedente de la Corte de Distrito de San Juan,' Sección Ia.
    No. 163.
    Resuelto en diciembre 16, 1907.
    Dominio — Naturaleza de la Información — Cuestiones de Propiedad — Besolu-, ción que Debe Dictarse.- — En la resolución final de una información de dominio, la corte, después del examen y consideración de las alegaciones j
      pruebas, debe limitarse á declarar si el promovente del informativo ha justificado ó no, su dominio sobre los bienes que pretende inscribir, pero no deben hacer declaraciones con respecto al dominio que otras personas puedan tener sobre .esos mismos bienes, pues el objeto del informativo es únicamente justificar el dominio del promovente.

    Id. — Tekcbros Interesados. — En esta clase de informaciones, los terceros in-teresados no pueden pretender que se hagan á su favor declaraciones de pro-piedad, que requiren en juicio ordinario, en que las partes controviertan su derecho ampliamente, con arreglo á la forma y trámites establecidos por la ley procesal.
    Id. — En el caso de autos la parte opositora limitó su impugnación al expediente, á una determinada parcela de terreno, con respecto á la cual alegaba no formar parte de la finca del promovente y sí de otra colindante con aquélla y pro-piedad de dicho opositor; la sentencia apelada declaró que el promovente no había justificado su dominio sobre la finca objeto de la información, y que la parcela referida pertenecía en propiedad á aquella finca.
    En apelación se resolvió:
    (a) Que esa resolución no es congruente con la petición del opositor que se limitó á interesar que se sobreseyera el expediente, sin que hiciera súplica alguna para que se declarara de su propiedad djcha parcela de terreno;
    (b) Que es también incongruente por la declaración- que contiene al efecto de que dicha parcela pertenecía en propiedad á la finca objeto del informativo, pues el objeto de éste no es determinar si dicho terreno for-maba parte, ó no, de dicha finca, sino únicamente justificar el dominio del promovente con respecto á toda la finca, incluyendo la parcela en cuestión.

    (c) Que dicha resolución envuelve también una contradicción por que declara sin lugar la oposición, y expresa al mismo tiempo que el promovente no ha justificado su dominio, por lo que desestima la solicitud, que fué la petición formulada por el opositor.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del, apelante; Sr. José.Guzmán Benitez.

    Abogado del apelado: Sr. .la Torre.

   El Juez PeesideNte Se. QuiñoNes,

emitió la opinión del tribunal.

En 19 de septiembre de 1906, Alejandrina Díaz y Yallde-juli, Ramón Emeterio Delgado y Hernández y Mercedes Vall-dejuli y Díaz, por, conducto de su abogado Francisco de la Torre y Garrido, promovieron en la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de San Juan, la presente información, para acreditar el dominio de una finca rústica que decían poseer en propiedad en el barrio de "Hoyo Muías,” del término municipal de la Carolina, por los conceptos que expresan en su escrito á fin de inscribirla en el registro de la propiedad, por carecer de títulos escritos de dominio, de conformidad con lo estable-cido por el artículo 395 de la Ley Hipotecaria que nos rige.

En el escrito inicial de dicho informativo, describen los pro-moventes la finca de que se trata, en los términos siguientes:

“Estancia conocida con el nombre de “Santa Ana,” sita en el barrio de “Hoyo Muías,” terming municipal de la Carolina, compuesta de 138 cuerdas 71 céntimos de otra, equivalentes á 54 hectáreas, 51 áreas y 85 centiáreas, y colindante por el norte, con terrenos de la Sucesión de Don Manuel Y. Saldaña, ejidos del pueblo de la Carolina y con terrenos de Doña Clara Knight, viuda de Don Luis Acosta, por el este, con el río Grande de Loíza; por el sud, con el mismo río, y hoy, además, con Mr. Waymouth, por haber cambiado violentamente el cauce de dicho río con el último ciclón de 8 de Agosto de 1899; y por el oeste, con la citada Sucesión de Don Manuel Y. Saldaña. Se halla enclavada en dicha estancia una casa habitación de maderas del país y la atraviesa, en la dirección de norte á sud, la carretera que vá de la Carolina á Fajardo, variando el rumbo dentro de ella, de sud á este. ’ ’

Publicados los edictos convocando á las personas ignoradas á quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada, para que dentro del término de sesenta días pudieran comparecer y alegar lo que conviniera á su derecho, compareció el colindante Tomás G-. Y. Waymouth, oponiéndose á la declaración de do-minio solicitada por los promoventes, y alegando como funda-mento de su oposición que de accederse á dicha declaratoria de dominio en la forma solicitada por los promoventes, se le despojaría de una porción de terreno, como de 16 y media cuerdas de extensión, que por efecto de la natural corriente de las aguas del Eío Grande de Loiza, que separa la finca de su propiedad de la de los solicitantes, ha venido dicho río segre-gándolas paulatinamente de la estancia de los promoventes, y agregándolas en la misma forma á la del opositor Sr. Way-mouth, y nó de la manera que dicen los solicitantes, pues por la parte que el río separa ambas propiedades, no es exacto que cambiara de cauce violentamente, á consecuencia del memo-rabie ciclón de 8 de agosto de 1899, como se dice por los peti-oionarios en su escrito al describir la finca de qne se trata.

Recibidas las pruebas ofrecidas por ambas partes, dictó el juez de la sección Ia. de la Corte de Distrito de San Juan, en 31 de mayo de 1907, la siguiente sentencia, cuya parte disposi-tiva dice así:

“Y la corte, tomando en consideración la solicitud de los promo-ventes, la demanda de oposición, las pruebas y los alegatos escritos, de ambas partes, es de opinión que los beclios y la ley están en contra de la oposición de Tomás C. Y. Waymoutli, y por tanto, que la faja de diez y seis cuerdas, diez y seis céntimos de tierra, que al norte de su finca descrita en su demanda es como'sigue: “Finca rústica ó estancia radicada en el barrio del “Cacao,” sitio del Llano, término municipal del pueblo de la Carolina, con una cabida más ó menos de,doscientas cuerdas equivalentes á setenta y ocbo bectáreas, sesenta áreas y ochenta eentiáreas, colindante por el norte, antes con el río Grande de Loiza, boy Don José Estéban Saldaña; por el este, con la quebrada Trujillo; por el sud, con tierras de Don Patricio Sosa; y por el oeste, con otras de Da. María del Rosario Morales y ebrio Grande de Loiza, cuya .faja existe entre dicha finca y el río Grande de Loiza, no le pertenece al demandante, por accesión ni de ningún otro modo, y sí son propiedad de la finca colindante “Santa Ana,” como segregadas de ella, impo-niéndose las costas al dicho demandante, y desestimándose, en su vir-tud, la demanda de oposición expresada. Y además, y no habiendo justificado el dominio que alegan tener en la finca “Santa Ana,” de 138 cuerdas 71 céntimos descrita en la- petición de los promoventes, se desestima su solicitud, permitiendo que se presente de nuevo.
“Pronunciada en corte abierta el día 31 de mayo de 1907, de acuerdo con la opinión que se ha unido al récord. Registrada hoy día primero de junio de 1907. — (Firmado) Pedro de Aldrey, Juez Sec. Ia.”

Contra esta sentencia lia apelado en tiempo- el oponente Sr. Waymouth, en cuanto por ella se declara que la faja de terreno de 16 cuerdas 16 céntimos de otra, que existe al norte de su finca, entre ésta y el Río Grande de Loiza, ho le perte-nece por accesión ni de ningún otro modo,* y sí son propiedad de la finca colindante “Santa Ana,” como segregadas de ella, y se desestima su demanda de oposición con las costas; ha-bienclo consentido dicha sentencia en todas sns partes los pro-moventes del informativo, que no han interpuesto contra ella ningún recurso.

En el alegato presentado ante esta corte por el abogado defensor del apelante, se combate fuertemente la sentencia apelada en los extremos que son materia del recurso, como incongruentes al objeto de las informaciones de esta especie, y á las pretensiones deducidas por las partes en el expediente.

En efecto; el artículo 395 de la Ley Hipotecaria de esta Isla, autoriza á los propietarios que carezcan de título escrito de dominio, para que puedan inscribir su. derecho, justificán-dolo en la forma que el mismo artículo determina; es decir, convocando á las personas de quienes procedan los bienes, y á todos los demás á quienes pueda perjudicar la inscripción solicitada, para que puedan comparecer á oponerse y pre-sentar sus pruebas, dentro del término que al efecto se les concede, que con arreglo al artículo citado era antes de 180 días, pero que después se redujo á 60 por la Orden G-eneral de 4 de abril de 1899, y que, vencido que fuere dicho término, según dispone el mismo artículo en su párrafo 3°., el juez oirá por escrito sobre las reclamaciones y pruebas que se hubiesen presentado, al ministerio fiscal y á los demás que hayan con-currido al juicio, y que en vista de lo que alegaren, y califi-cando dichas pruebas con un criterio racional, “declarará justificado ó nó el dominio de los bienes de que se trata.”

Ahora bien; el juez de la sección Ia. de la corte de Dis-trito de San Juan, atemperándose á este precepto de la ley, ha declarado en el último extremo de su sentencia, que los peti-cionarios no han justificado el dominio que decían tener sobre la estancia ‘ ‘ Santa Ana, ’ ’ en toda la extensión de 138 cuerdas 71 céntimos de otra, con la que describen en su solicitud, por cuyo motivo la desestima, permitiéndoles, no obstante, que la presenten de nuevo; pero como al propio tiempo declara que las 16 y pico de cuerdas de terreno á que -se contrae la oposi-ción del Sr. Waymouth,-no pertenecen á éste por accesión, ni de ningún otro modo, y qne sí son propiedad de la finca colindante “Santa Ana,” como segregadas de ella, enten-demos qne esas declaraciones de propiedad huelgan comple-tamente en la parte dispositiva de la sentencia, porque, á tenor de lo establecido por el artículo qne hemos citado de la Ley Hipotecaria, la declaración final de esa clase de expedientes debe reducirse á declarar el juez, después del examen que haya hecho de las alegaciones de las partes y calificando las pruebas presentadas con un criterio racional, si los promoventes del informativo han justificadq ó nó su dominio sobre los bienes que pretenden inscribir, pero no sobre el dominio qne otras personas puedan tener sobre esos mismos bienes, pues éste no es el objeto del informativo, en el cual la misión del juez se reduce á oir las alegaciones y las pruebas de los que hayan comparecido en el expediente, para venir á declarar en defini-tiva si los promoventes del informativo han justificado ó no el dominio de los bienes que pretenden inscribir. Esto y nada más es lo que el juez puede declarar en esa clase de expe-dientes; otra cosa sería desnaturalizar la verdadera índole de las informaciones de esta índole, en la,s que los terceros interesados no pueden pretender que se hagan á su favor declaraciones de propiedad, que requieren un juicio ordinario en que las partes controviertan su derecho ampliamente, con arreglo á las formas, y por los trámites que establece la ley de Enjuiciamiento Civil vigente.

Esto, aparte de la incongruencia que se advierte entre lo sentenciado por el juez y lo solicitado por el Sr. Waymouth, que se limitó á pedir que se sobreseyera en el expediente y se declarara que los peticionarios no habían justificado su domi-nio sobre la totalidad de la estancia “Santa Ana,” y que en su consecuencia se desestimara su solicitud con las costas.

Si á pesar de esto, declara después el juez, que las 16 y pico de cuerdas de terreno existentes al norte de la finca del Sr. Waymouth, entre ésta y el río, no le pertenecen por accesión ni por ningún otro motivo, y que sí son propiedad de la estancia “Santa Ana,” como dice 1a- sentencia, incurre á nuestro pare-cer en una incongruencia, al resolver sobre un extremo no com-prendido en la demanda de oposición del Sr.' Waymouth, que no formuló solicitud alguna para que se declarara de su pro-piedad elidía faja de terreno.

Tampoco parece congruente que el juez baya declarado' que diclia faja de tierra “pertenecía en propiedad á la están cia “Santa Ana,” cuando este expediente no tiene por objeto averiguar si ese terreno es ó no parte de dicha estancia, que es seguramente lo que el juez ha querido expresar al decir “que son propiedad de la estancia “Santa Ana,” sino,.única-mente, si los promoventes del informativo han justificado ó no el dominio de la estancia de referencia, en cuya área están comprendidas las 16 cuerdas de que se trata; y esto ya de-clara el juez que no lo han justificado, por lo que desestima su solicitud, á reserva de que la puedan presentar de nuevo.

Alega, por último, el apelante, y en nuestro concepto con razón también, la contradicción que envuelve declarar, como lo declara el juez en la sentencia, sin lugar la oposición del Señor Waymouth con las costas, cuando á renglón seguido viene á declarar que los peticionarios no han justificado el dominio que decían tener sobre la estancia Santa Ana, por la que desestima su solicitud; que fué precisamente lo que pidió el Sr. Waymouth al formular su demanda de oposición en estos autos.

La sentencia envuelve sobre este particular una contradicción, que es suficiente en nuestra opinión para anularla.

Por todas estas consideraciones, entiende esta corte que debe revocarse la sentencia apelada, en cuanto á los extremos que han sido objeto de la apelación establecida por el Sr. Way-mouth, y declararse subsisten!e en cuanto á los demás extre-mos que no lian sido apelados por ninguna de las partes, sin especial condenación de costas de ambas instancias.

Resuelto de conformidad.

Jueces concurrentes: Sres. Hernández, Figueras, Mac-Leary y Wolf.


author: El Juez Asociado Sr. Wole,

text:
    Cintrón v. Figueroa.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 174
    Resuelto en diciembre 16, 1907.
    Apelación — Alegaciones—-Excepción Pkevia. — Una resolución de la corte decla-rando con lugar una excepción previa á la< demanda, no es apelable. Dictada tal resolución, si el demandante no enmienda la demanda, debe dictarse sen-tencia definitiva y contra dicha sentencia es que procede el recurso de apelación.
    Los lie dios están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Santoni.

    Abogado del apelado: Sr. Quintero.

   El Juez Asociado Sr. Wole,

emitió la opinión del tribunal.

En la Corte de Distrito de Arecibo el demandante José La O. Cintrón y González estableció una acción contra Pedro Aureliano Figueroa por la que solicitaba la cancelación y nuli-dad de ciertos procedimientos habidos en la corte municipal de Utuado. En estos procedimientos él alegó que había sido ilegalmente privado de la posesión de una finca que tenía en aquella ciudad. También alegó que la sentencia de la corte municipal nunca le fue notificada, así como tampoco ningu-no de los ulteriores procedimientos, y que el referido Pedro Aureliano Figueroa jamás formuló demanda contra él para reivindicar esa propiedad.

El demandado Figueroa formuló excepción previa, fundada en que los hechos de la demanda eran tan ambiguos que no mostraban que la corte tuviera jurisdicción sobre la materia. Dicha corte de distrito declaró con lugar la excepción, fun-dándose en que no tenía facultad para revisar el procedi-miento de la corte municipal, á menos que fuera por uno especial ó en apelación.

La demanda, sin embargo, expresa entre otras cosas, que se siguieron los procedimientos en la corte municipal, sin que fuera notificado Cintrón. En otras palabras, que no fue de-bidamente notificado.

Si los hechos alegados en la demanda se consideran como ciertos, como lo son en la excepción previa, serían nulos los procedimientos de, la corte municipal. En tal caso, siendo el demandante ilegalmente desposeído, tendría derecho á ser puesto nuevamente en posesión de su propiedad. El tendría un recurso en alguna corte. La Corte de Distrito de Arecibo es una corte de jurisdicción general, y debe declararse que puede conocer de toda clase de acciones hasta tanto no se demuestre lo contrario. A este efecto, es la opinión de esta corte en el caso de Tony Lowande v. García, resuelto en 5 de diciembre de 1907. Por consiguiente, entendemos que la ex-cepción debió haber sido desestimada.

En realidad, el caso no ha sido presentado debidamente ante este tribunal. No se dictó una sentencia determinada en este caso. La resolución de la corte de distrito no es defini-tiva, y no estamos autorizados por la ley para revisar los pro-cedimientos. (Guasp v. Sucesión Rosch, Dec. de P. R., vol. II, p. 641.)

Después que se declara con lugar una excepción previa puede el demandante desear enmendarla, y, por lo general, la corte se lo permite. Si no desea hacer enmiendas, entonces debe dictarse sentencia contra él. En verdad, según podemos ver del récord que se ha presentado en esta corte, puede ha-berse dictado efectivamente una sentencia, y si esto sucedió, ■el demandante perdió sus recursos.' Por lo tanto, debe deses-timarse la apelación y devolverse el caso á la corte inferior, para ulteriores procedimientos.' Creemos, sin embargo, que, para evitar apelaciones innecesarias, la corte de distrito, si ha dictado sentencia, debe anular su resolución y desestimar la excepción sin perjuicio alguno, permitiendo al demandado Figueroa proceder en la acción, según le conviniere.

Desestimada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Hernández, Figueras y MacLeary.


author: El Juez Asociado Sil HeRNÁndez,

text:
    El Pueblo v. Ramos.
    ApelaciÓN procedente de la Corte de Distrito de Arecibo.
    No. 96.
    Resuelto en diciembre 19, 1907.
    Delitos Contra el Poder Ejecutivo. — Id. Contra la Justicia Pública— Acometimiento y Agresión con Circunstancias Agravantes. — Tanto el delito previsto en el artículo 137 del Código Penal, como el comprendido en el 84 del mismo Código y el que prevee el número 1 de la- Sección 6 de la ley de acometimiento y agresión, de marzo 10, 1904, tienen un elemento inte-grante y común, cual es el de ser funcionario público la persona ofendida; pero difieren en que los dos primeros tienen por objeto impedir á un fun-cionario público el cumplimiento de su deber, el del artículo 137 sin empleo de amena: a ó violencia, y el del 84 con tal empleo, fin que no tiene el delito de acometimiento, por más que en éste exista la violencia.
    Id. — El hecho de que el acusado, en el caso de autos, impidiera, por medio de amenazas, á un inspector de higiene que le notificara una orden del oficial de sanidad, hasta el extremo de tener que valerse dicho inspector, de un policía para que hiciera la notificación, es un delito previsto claramente en el artículo 84 del Código Penal, y no puede ser castigado, con arreglo al 137 de dicho Código, por no estar comprendido en el mismo.
    Id. — Inspectores de Higiene. — Los inspectores de higiene son funcionarios mu-nicipales que deben ser reputados funcionarios ejecutivos á los efectos del artículo 84 del Código Penal.
    Id.- — Delito Eelony — Jurisdicción.—El delito previsto y castigado en el artículo 84 del Código Penal es un delito felony, para el conocimiento del cual no tiene jurisdicción la corte municipal.
    Los hechos están expresados en la opinión.
    Abogado del apelante: Sr. Campillo.

      Abogado del apelado: Sr. Bossy, Fiscal.

   El Juez Asociado Sil HeRNÁndez,

emitió la opinión del tribunal.

Ante el juez de la corte municipal de Manatí fué presen-tada denuncia, que copiada á la letra dice así:

‘ ‘ En Manatí, boy día 7 de diciembre de 1906, ante mí, juez de la corte municipal, comparece Enrique Villamil, Inspector Higiene, domiciliado en Manatí, prestó juramento ofreciendo decir verdad y expone: Que denuncia criminalmente á Virgilio Ramos Casellas, de Manatí, domiciliado en el pueblo por el delito de, contra la Justicia Pú-blica, cometido en la siguiente forma: En este día, á las 12:20 p. m., se constituyó el declarante en el establecimiento del denunciado, en la calle de McKinley, de este pueblo, á notificarle al Sr. Ramos Casellas una orden del oficial de sanidad referente al depósito de leche, y al en-señarle al Ramos la dicha orden, éste, voluntariamente, sin querer' leerla, le ordenó se retirara de allí, diciendo iba á matar al deponente; por sinvergüenza, y uniendo la acción á la palabra,- abrió un cajón del mostrador, sacó un revólver y amenazó con él al dicente; que tuvo ne-cesidad de salir seguido del local, para evitar la agresión, teniendo necesidad de pedir auxilio del Policía Martorani, para que le recogiera la firma en la dicha orden del oficial de sanidad. Son testigos Blás Martorani, P. I., Antonio García, Plácido Cebollero, Ramón Fernán-dez y Tomás Soriano, de Manatí. — Leída la presente y ratificado, firma.— (Firmado) Enrique Villamil.— (Firmado) Félix Córdova Dá-’' vila, Juez Municipal.”

Con dicha denuncia por base, á virtud de recurso de apela-ción interpuesto contra la sentencia que dictara la corte municipal de Manatí, fué juzgado nuevamente el denunciado Vir-gilio Ramos Casellas ante la Corte de Distrito del Distrito Judicial de Arecibo, y esa corte dictó sentencia declarando culpable á Ramos Casellas del delito contra la' justicia pública, comprendido en el artículo 137 del Código Penal, y condenán-dole, en su consecuencia, á las penas de $100 de multa, y dos meses de cárcel, con las costas de ambas instancias á su cargó,, cuya sentencia ha venido á esta- Corte Suprema para ser revi-sada en grado de apelación, interpuesta por Ramos Casellas-

La parte apelante alega, como fundamentos del recurso, los siguientes:

Io. Que la Corte de Distrito de Arecibo cometió error al calificar el hecho denunciado como constitutivo de un delito previsto en el artículo 137 del Código Penal, pues atendido al texto del artículo 84 del mismo Código, no puede tener aplicación aquel artículo al presente caso.
2o. Que la denuncia carece de los requisitos esenciales exigidos por la Ley: (a) porque si bien en ella se hace constar que el hecho occurió CU Manatí, no se expresa en qué distrito occurió ó á qué distrito per-tenece el pueblo de Manatí; (b) porque de la denuncia no aparece que la orden que se trataba de notificar al acusado había sido expedida por un funcionario con autoridad para dictar tal orden y con jurisdic-ción competente; (c) porque tampoco afirma la denuncia que el acu-sado tuviera conocimiento de que la persona agraviada era un funcio-nario público; (d) porque tampoco dice la denuncia que el acusado realizara los actos que se le imputan en contra de la persona agraviada, á sabiendas de que obraba contra dicha persona en su carácter de funcionario público.
“3o. Que el fiscal no acreditó en el juicio los siguientes extremos necesarios para la prueba del delito: (a) que el ofendido, Enrique Villamil, era inspector de higiene y debidamente nombrado; (b) que entre las obligaciones inherentes á su cargo, tenía la de notificar ór-denes que diera el oficial de sanidad; (c) que la orden que Villamil trató de notificar al acusado fué expedida por el oficial de sanidad, con autoridad y jurisdicción para expedirla; (d) que al acusado le cons-taba que Villamil era inspector de higiene y actuaba con tal carácter. ’ ’

Examinemos el primer fundamento del recurso.

El artículo 137 del Código Penal, dentro del cual se lia esti-mado comprendido el lieclio denunciado, dice así:

“Artículo 137. — Toda persona que voluntariamente resistiere, de-morare ó estorbare á cualquier funcionario público en el cumplimiento de algunas de las obligaciones de su cargo, ó al tratar de cumplirlas, siempre que no hubiere otra pena señalada, incurrirá en multa máxi-ma de $5,000 y cárcel por un término máximo de un año.”

De los términos en que está redactada la denuncia se des-prende claramente que al ir á notificar el inspector de higiene, Enrique Villamil, á Virgilio Ramos Casellas, una orden del oficial de sanidad, referente á un depósito de leche, Ra¡mos Casellas impidió el cumplimiento de dicha orden, consiguiendo por medio de amenazas que el inspector se retirara y se viera obligado á encargar al Policía Insular Martorani que reco-giera la firma del Ramos Casellas.

Para que los hechos denunciados estén comprendidos en el artículo 137 del Código Penal ya transcrito, será necesario que no exista en el Código otra sanción penal que la establecida por dicho artículo.

Los textos legales que pueden ser atinentes al caso, son •el artículo 84 del Código Penal y la ley de 10 de marzo de 1904, para determinar y castigar acometimiento, acometi-miento y agresión, acometimiento con circunstancias agra-vantes y acometimiento y agresión con circunstancias agra-vantes, y para derogar la sección 237 del Código Penal.

El artículo 84 del Código Penal dice así:

“Artículo 84. — Toda persona que intentare por medio de amenaza ■ó violencia imp.edir á un funcionario ejecutivo que cumpla cualquier obligación impuéstale por la Ley ó que á sabiendas hiciere resistencia á dicho funcionario en el cumplimiento de su deber, empleando fuerza ó violencia, incurrirá en una multa máxima de $5,000 y en pena de presidio por un término máximo de cinco años.”

La ley ya citada de 10 de marzo de 1904, en sus secciones Ia., 6a. y 8a. dice así:

“Sección Ia. — Todo acto ilegal de inferir daño violento en la persona de algún semejante con la intención de causarle daño, cualquiera' que sean los medios ó el grado de violencia que se emplearen, consti-tuirá un delito de acometimiento y agresión. Toda tentativa para co-meter una agresión ó cualquiera señal de amenaza que demuestre en sí ó con palabras una intención inmediata, acompañada de aptitud para cometer la agresión, será considerada como un acometimiento.
“Sección 6a. Todo acometimiento y agresión será considerado con •circunstancias agravantes en los siguientes casos: 1. Cuando se cometa en la persona de un funcionario legal en el cumplimiento de sus deberes, en caso de saberse ó haberse hecho saber á la persona que cometiere el hecho, que la persona agredida era un funcionario en el desempeño de un deber oficial. . ..
‘ ‘ Sección 8a. — La pena correspondiente al delito de acometimiento de carácter grave ó al de acometimiento y agresión de la misma natu-raleza, consistirá en multa, que no bajará de 50, ni excederá de 1,000 dollars ó de prisión en cárcel que no bajará de un ines ni excederá de dos años, ó ambas penas, multa y prisión.”

En vista del texto del artículo 137 del Código Penal, del artículo 84 del mismo Código, y de las secciones Ia., 6a. y 8a de la Ley de 10 de marzo de 1904, entendemos, que tanto el delito comprendido en el artículo 137 del Código Penal, como en el 84 del mismo Código, como el delito de' acometimiento con la circunstancia agravante de ser un funcionario legal el acometido, hay un elemento integrante común, cual es el de ser funcionario público la persona ofendida, pero difieren en que los dos primeros tienen por objeto impedir á un funcionario público el cumplimiento de un deber de su cargo, el delito del artículo 137 sin empleo de amenaza ó violencia y el del artículo 84 con semejante empleo, fin que no tiene el delito de acometi-miento á un funcionario público, por más que en éste baya tentativa ó amenaza de violencia.

Los becbos, materia de denuncia, no constituyen el delito de acometimiento á un funcionario legal ó público, pues entrañan un elemento ajeno á dicho delito, cual.fué el impedir á un funcionario público el cumplimiento de una obligación de su cargo, elemento que elevó aquellos becbos á la categoría de delito comprendido en alguno de los dos artículos 137 ú 84 del Código Penal.

El artículo 137 dentro dej cual el juez sentenciador estima comprendido el delito, no es el aplicable al presente caso, como lo sería si los becbos denunciados no estuvieran clara-mente comprendidos en el artículo 84, pues la denuncia refiere becbos demostrativos de que el denunciado intentó, y consi-guió impedir por medio de amenaza ejercida en la persona del Inspector de Higiene, Enrique Villamil, que éste notificara á aquél una orden del oficial de sanidad de Manatí, referente á un depósito de leche. Esa amenaza no es característica del delito que define el artículo 137 del Código Penal, y aunque el inspector de higiene puede estimarse un funcionario público por participar del ejercicio de funciones públicas, entra, ade-más, en concepto específico de funcionario ejecutivo por re-lacionarse sus funciones con el ramo de sanidad, que es uno de los objectivos del poder ejecutivo.

Los inspectores de higiene son empleados del municipio, y es deber de los mismos hacer cumplir las leyes y ordenanzas de higiene, según la sección 734 de los Estatutos Revisados, siendo, por tanto, funcionarios ejecutivos; pero si no se les quisiera dar esa calificación, serían en todo caso funcionarios municipales y deberían, por tanto, ser reputados funcionarios ejecutivos á los efectos del artículo 84 del Código Penal, según el precepto del artículo 94 del mismo Código.

Siendo como es felony el delito imputado en la denuncia á Virgilio Ramos Casellas, según el artículo 14 del Código Penal, pues apareja multa máxima de $5,000 y pena de pre-sidio por un término máximo de cinco años, la corte municipal de Manatí ha carecido de jurisdicción para conocer del mismo, según la sección 4a. de la Ley de 10 de marzo de 1904 para reorganizar el sistema judicial de Puerto Rico, y, por tanto, la sentencia que pronunció en el presente caso es nula, como nula ha sido también la pronunciada por la Corte de Distrito de Arecibo, que es la apelada ante esta Corte Suprema, pues esa corte debió conocer del delito de que se trata con jurisdicción originaria, llenando todas las formalidades prevenidas por la ley en casos de felony.

Y no cabe invocar para el sostenimiento de la sentencia apelada el artículo 44 del Código Penal, según el cual un acto ú omisión penable de distintos modos, por distintas disposi-ciones del Código, podrá castigarse, con arreglo á cualquiera de dichas disposiciones, pues el .acto denunciado no es penable por diversos preceptos del Código, sino que está penado por el artículo 84 del Código.Penal y no puede estimarse compren-diclo en el artículo 137 del mismo y en. las secciones de la ley de 10 de marzo ya transcritas; aparte de que en ningún caso podría ser aplicable aquel artículo, por falta de jurisdicción de la corte de Manatí para conocer de la denuncia que originó el procedimiento, y falta consiguiente de jurisdicción de la corte de Arecibo para conocer en grado de apelación de un becho, respecto del cual tenía jurisdicción originaria.

Estimando, como estimamos nula, la sentencia apelada por el primer motivo alegado en el recurso, sería ocioso examinar los demás fundamentos del mismo.

Por las razones expuestas, entendemos que procede de-clarar nula y revocar la sentencia que pronunció la Corte de Distrito de Arecibo, condenando á Virgilio Ramos Casellas á la multa de $100 y dos meses de cárcel como culpable del delito contra la justicia pública, comprendido en el artículo 137 del Código Penal, y debe comunicarse tal resolución á la corté inferior para la celebración de un nuevo juicio ó para cual-quiera otra resolución que proceda en derecho.

Revocada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-do, MacLeary y Wolf.

El Juez Asociado Sr. Figueras, no intervino en la resolu-ción de este caso.


author: El Juez Asociado Sr. Hernández,

text:
    Sucesión Chavier v. El Municipio de Adjuntas.
    Apelación procedente de la Corte de Distrito de Ponce.
    No. 140.
    Resuelto en diciembre 20, 1907.
    Alegaciones — Excepción Previa — Causa de Acción — Reivindicación.—En la demanda presentada en este caso se alega que los demandantes adquirieron el inmueble de que forma parte un terreno que reclaman, por adjudicación en pago de crédito hipotecario; que fueron puestos en posesión del inmueble y que la corporación demandada ha ocupado y destinado á cementerio público, contra la voluntad de los dueños y sin compensación alguna, una parcela de terreno correspondiente al inmueble adjudicado. Se resolvió: Que esos hechos son determinantes de la acción ejercitada, que es la reivindicatoría, pues se alega el título del demandante y la posesión del demandado.
    Ejecución be Hipoteca — 'Venta de los Bienes Hipotecados — Escritura de Adjudicación. — Verificada la subasta de unos bienes hipotecados, ante la corte de distrito, con arreglo á la ley vigente antes de la promulgación del Código de Enjuiciamiento Civil actualmente en vigor, sólo dicha corte tiene facultades para otorgar la escritura de venta ó adjudicación de dichos bienes, sin que puedan tener aplicación á este caso especial las disposiciones del ar-tículo 255 de dicho Código, ya vigente en la feeha de dicho otorgamiento por no haber verificado el Marshal la subasta de los bienes, ni tener capacidad para otorgar su adjudicación.
    Pruebas — Documento Público. — La certificación del notario autorizante 'de la copia de una escritura, al efecto de que dicha copia concuerda fielmente con la escritura original obrante en su oficio, es suficiente para estimar probado el registro público del documento de que se trate.
    Id.. — Presunción con Respecto al uso de un Terreno para Cementerio. — No habiéndose alegado, ni probado, que el terreno que reclama como suyo la parte demandante en este caso, estuviera destinado á cementerio durante eineo años con el consentimiento del dueño, huelga invocar la presunción- establecida en el No. 37 del artículo 102 de la Ley de Evidencia.
    Los lieclios están expresados en la opinión. •
    Abogado del apelante: Sr. Boerman.

    Abogados del apelado: Sres. Tord, Toro y Canales.

   El Juez Asociado Sr. Hernández,

emitió la opinión del tribunal.

En siete de noviembre de 1906, la Sucesión de Aristides Cbavier y Cbardón produjo ante la Corte de Distrito del Dis-trito Judicial de Ponce, contra el municipio de Adjuntas, una demanda que á la letra, dice así:

“La Sucesión de Don Aristides Chavier y Chardón compuesta de su viuda Doña Rosário Ramos y Gómez y de sus hijos Don Juan Alfredo, Doña Lorenza Amanda, Doña Rosario América, Don Luis Alcides, Doña Matilde Adelina y Doña Aida Mercedes Chavier y Ramos, por medio de sus abogados Tord, Toro & Canales, establecen la presente demanda contra el municipio de Adjuntas representado por su Alcalde Don Américo Rodríguez, alegando:
“Primero. Que por escritura que bajo el número 32 se otorgó ante el notario de Ponce, Don Gustavo Rodríguez, con fecha 28 de septiembre de 1904, Don José Tous y Soto, juez en aquella fecha de la Corte de Distrito de Ponce, asumiendo ex-offitio la representación de Don Juan Evaristo Tacoronte y Quintana, y la de la sociedad anú-nima “La Unión Agrícola,” adjudicó á favor de la Sucesión de Don Aristides Chavier, compuesta de las personas antes citadas, y en pago de un crédito hipotecario, el inmueble que se pasa á describir.
“Estancia de café denominada “Buena Vista,” situada en el barrio de Garzas, término municipal de 'Adjuntas, con cabida de ciento noventa y ocho cuerdas y cinco centésimas de otra, equivalentes a 78 hectáreas, 6 áreas y 75 centiáreas, de las cuales hay 170 cuerdas fincadas de café y plátanos, y el resto de pastos, con algunas malezas, conteniendo un almacén de madera cobijado de yaguas para depo-sitar frutos, casa de madera con máquina para descascarar café, la cual funciona por medio de fuerza animal y un glasis de mampostería para secar café; y colindando por el norte, con tierras de Don Antonio de Jesús; por el este, con el río y terrenos de Ramón Figueroa, antes de Don José Zayas; por el sud, con otros del mismo Figueroa, que fueron del referido Zayas y tierras de Don Antonio Tacoronte; y por el oeste, con terrenos de José Batista, hoy de su Sucesión, los de Marcelino García y Don Diego Batís y á Don Martín Torres.”
“Segundo. Los demandantes recibieron por medio de la corte del distrito la posesión de la finca que se acaba de describir.
“Tercero. Que la corporación demandada ha ocupado y destinado á cementerio público cuatro cuerdas de las ciento noventa y ocho con cinco centésimas que se han descrito, contra la voluntad de los dueños y. sin haberles pagado cantidad alguna por tal detención y ocu-pación.
‘1 Cuarto. Que las cuatro cuerdas de .terreno de referencia tienen un valor de seiscientos dollars ’y se hallan - bajo las siguientes colin-daneias: Al norte, con una quebrada, que las separa de la propiedad de Don Antonio Conde; al saliente, con la carretera que conduce de Adjuntas á Utuado; y al sud y poniente, con el resto de la finca propiedad de los demandantes.
“Por todo ello, suplicamos á la honorable corte que se sirva dictar sentencia reconociendo el dominio á favor de los demandantes de las cuatro cuerdas que se dejan descritas en el hecho último de esta de-manda, y condenando á la corporación demandada á dejar á la libre disposición de los demandantes dichas cuatro cuerdas de terreno; y para el caso de que la honorable corte entendiese, que por el uso á que han sido destinadas no puede aquella parcela de terreno volver á la posesión de los demandantes, sírvase la córte dictar una sentencia con-denando al municipio de Adjuntas al pago de la suma de seiscientos dollars previo el otorgamiento de una escritura por parte de los de-mandantes, trasmitiendo el dominio de dicha parcela de terreno á favor del ayuntamiento de Adjuntas, lo que los demandantes ofrecen desde luego Racer; y condenando también á la Corporación demanda-da al pago dp las costas. — Tord, Toro y Canales, Abogados de losv de-mandantes. ’ ’

A dicta demanda opuso la parte demandada excepciones previas, en la forma siguiente:

“Ante el honorable juez de la corte, comparece el municipio de-mandado, por medio de sus Abogados Boerman & Llorens, formulando excepciones previas á la demanda, y, como fundamentos de las mismas, alega: '
“I. Que la demanda no contiene hechos suficientes para constituir ó determinar una causa de acción;
“II. Y que la demanda es ambigua, ininteligible y dudosa.
“Porque, aun suponiendo ciertos los hechos de la demanda, de ellos mismos se desprende que no puede prosperar la acción ejercitada.
“Suplicamos á la corte que en su día se sirva declarar con lugar estas excepciones, con todos los pronunciamientos legales, é imponer á los demandantes las costas de este pleito.
“Justicia que pedimos en Ponce á 14 de noviembre de 1906.— Respetuosamente, Boerman & Llorens, Abogados del Municipio de Adjuntas. ’ ’

La corte de Ponce, por resolución de 14 de enero del corriente año, declaró sin lugar las excepciones propuestas, concediendo á la parte demandada diez días para registrar su contestación, y dentro de ese término el municipio de Adjuntas contestó la demanda, negando totalmente las alegaciones con-tenidas en ella, con súplica de que se declarara sin lugar y se impusieran las costas al demandante.

Señalado día para la celebración del juicio, terminó éste por sentencia que fué pronunciada y registrada en 13 de abril último, y por ella declarada con lugar la demanda y condenado el municipio de Adjuntas á pagar á la Sucesión de Aristides Cbavier la suma de seiscientos dollars, como precio de la parcela de terreno de que trata la demanda, debiendo la parte demandante, al percibir dicba suma, otorgar la correspon-diente escritura al demandado, y pudiendo expedirse orden de ejecución para liacer efectiva la sentencia y por las costas y desembolsos en que la demandante baya incurrido»con motivo del ejercicio de su acción.

Contra esa sentencia interpuso el municipio de Adjuntas, cinco días después, recurso de apelación para ante esta Corte Suprema, á la que ba venido el correspondiente récord con pliego de excepciones, aceptado por ambas partes y aprobado por el juez.

Según el referido pliego, las excepciones tomadas durante el juicio por el abogado de la parte demandada fueron dos, á saber:

Ia. Que habiéndose presentado por los demandantes como única prueba para justificar el dominio de los terrenos que reclaman una copia de escritura pública, el demandado se opuso á que se admitiera, por haberla otorgado personas sin mandato ni facultad legal para ello, y por no estar debida-mente inscrita, no obstante lo cual fué admitido dicho docu-mento como prueba, tomándose excepción de tal resolución.

2a. Que después de presentada y practicada toda la prueba del demandante para acreditar el dominio é -identidad de la finca y el valor de la misma, solicitó el demandado una orden que declarara desistida ó abandonada la demanda, por cuanto la única prueba presentada para acreditar el dominio del in-mueble litigioso, ó sea la escritura de referencia, no era sufi-ciente al fin apetecido, cuya moción fué- desestimada, tomán-dose excepción también de tal resolución.

La parte apelante en su alegato ante esta Corte Suprema, sostiene, tanto las excepciones previas opuestas á la demanda, como las otras dos tomadas durante la celebración del juicio; y por virtud de ellas, solicita la revocación de la sentencia apelada con las costas á los recurridos-.

La excepción previa opuesta á la demanda de que ésta no contiene hechos suficientes para determinar una causa de acción, es improcedente, pues suplican que por sentencia sea reconocido’ á su favor el dominio de las cuatro cuerdas de terreno que describen, y para ello alegan que adquirieron el inmueble ó estancia de que forpaa parte dicho terreno mediante escritura pública de adjudicación en pago de crédito hipote-cario, otorgada con fecha 28 de septiembre de 1904; que fueron puestos en posesión del inmueble, y que la corporación demandada ha ocupado y destinado á cementerio público, contra la voluntad de los dueños y sin retribución alguna, cuatro cuerdas del terreno adjudicado. Esos hechos determinan in-dudablemente una causa de acción para reclamar la reivindi-cación de un terreno, de que son dueños los demandantes y del que fueron desposeídos sin razón ó derecho por el demandado. La sección 2182 del tomo 2o. de la obra de derecho titulada ‘ ‘ Estee ’s Pleadings, ’ ’ dice: Que en una acción reivindicatoria, los hechos que el demandante ha de alegar como esenciales, son: Primero, el título del demandante; y segundo, la pose-sión del demandado.’’ Con ambos requisitos ha cumplido la Sucesión de Aristides Chavier.

Tampoco puede admitirse que la demanda sea ambigua, ininteligible y dudosa, pues sus términos son claros, y cual-quier persona, aunque no esté versada en el estudio del dere-cho, puede entenderla á su simple lectura.

Examinemos ahora la primera de las excepciones tomadas en el juicio. Sostiene la parte apelante que la escritura de adjudicación presentada por la parte demandante como evi-dencia para probar el dominio, es una escritura nula, pues la venta judicial á que se refiere aparece otorgada por el juez de la corte de Ponce, Don José Tous Soto, con fecha 28 de sep-tiembre de mil novecientos cuatro, obrando en representación de los dueños de la finca litigiosa, llamados Juan E. Tacoronte y “La Union Agrícola,” sin que tuviera da representación legal ni consensual de los expresados vendedores, toda vez que en la expresada fecha regían ya el actual Código de En-juiciamiento Civil y la Ley creando el' cargo de marshal del distrito y definiendo sus deberes, aprobada en Io. de marzo del citado año 1904.

Para apreciar el valor de semejante alegación, necesario se bace consignar algunos antecedentes de la escritura de que se trata, según resultan de la misma.

Juan Evaristo Tacoronte y Quintana, según escritura de 17 de marzo de 1898, debía á Aristides Cbavier y Cbardón siete mil pesos provinciales, equivalentes á cuatro mil dos-cientos dollars, que se obligó á pagar en tres plazos, consti-tuyendo para seguridad del crédito hipoteca á favor del acree-dor sobre la estancia descrita en el hecho primero de la de-manda. La deuda quedó reducida á tres mil setecientos noventa y cinco dollars; y habiendo fallecido Cbavier, se ad-judicó el crédito en distintas proporciones á la viuda é hijos del mismo, hoy los demandantes. Por escritura de veinte y uno de octubre de mil novecientos tres, Tacoronte segregó de la finca hipotecada ciento noventa y tres cuerdas, que aportó á la Sociedad Anónima “Union. Agrícola,” reservándose cinco cuerdas y cinco céntimos del total de la primitiva finca. Con fecha siete de noviembre de mil novecientos tres, los acree-dores iniciaron ante la corte de Ponce el procedimiento suma-rio especial de la Ley Hipotecaria contra Juan Evaristo Ta-coronte y “La Unión Agrícola,” para el cobro del crédito hipotecario en la parte pendiente de pago. Por auto de 18 de febrero de 1904, se ordenó la subasta de la finca hipotecada, señalándose para el remate el día veinte y cinco de marzo siguiente, sin que tuviera efecto por falta de licitadores, como tampoco lo tuvieron la 2a. y 3a. subasta anunciadas para 'los días doce de mayo y veinte de junio del propio año 1904. En veinte y tres del citado junio los ejecutantes ofrecieron por la finca la suma de tres mil setecientos noventa y cinco dollars á que ascendía su reclamación, y notificada esa oferta á Taco-ronte y á “La Unión Agrícola,” en treinta del mismo junio y ■en diez y ocho de agosto, previniéndoles que dentro de nueve días podían librar él inmueble, pagando á los acreedores ó pre-sentando persona que mejorase dicha oferta después de trans-currido el término señalado, pidieron se les adjudicara por el precio ofrecido en la parte proporcional á su respectiva par-ticipación en la totalidad del crédito reclamado, y entonces, la corte, por auto de diez y nueve de septiembre, otorgó la adjudicación pedida y ordenó el otorgamiento de la corres-pondiente escritura y que se expidiera mandamiento al marshal para que pusiera á los adjudicatarios en posesión de la finca, habiendo en cumplimiento de dicho auto, otorgado de oficio el juez de lá corte de Ponce, Don José Tous Soto, en nombre de los deudores “Unión Agrícola” y Juan Evaristo Tacoronte, á favor de los acreedores representados por su abogado Don Julio M. Padilla, la escritura de adjudicación de veinte y ocho de septiembre de mil novecientos cuatro, á cuya admisión en el juicio, como prueba, se opuso el ayunta-miento de Adjuntas.

Como se vé por los antecedentes expuestos, no había tér-minos hábiles para que las subastas de la fincá hipotecada se verificaran por el marshal,- cuyo cargo no se había creado en las fechas en que tuvieron lugar, sino que se hicieron por y ante la corte de Ponce, con.arreglo á la ley entonces vigente; y en su consecuencia, solo la corte tenía atribuciones para otorgar la escritura de venta ó de adjudicación en pago. Es cierto que cuando esa escritura se otorgó, ó sea en veinte y ocho de septiembre de mil novecientos cuatro, ya había comen-zado á regir el Código de Enjuiciamiento Civil, actualmente vigente, como también la ley creando el cargo de marshal de distrito, definiendo sus deberes y fijando su sueldo por el desempeño de los mismos, y si bien el artículo 259 de dicho Código ordenaba que al venderse propiedades inmuebles el marshal debía dar al comprador un certificado de venta ha-ciendo constar, entre otras cosas, que la propiedad quedaba sujeta al derecho de redención, no encontramos disposición alguna referente al funcionario que debía otorgar el título' de dominio una vez vencido el plazo de redención sin haberse ésta verificado.

La Ley de nueve de marzo de 1905 para reformar los artí-culos 94, 152, 234, 295 y 302 del Código de Enjuiciamiento Civil y para derogar los artículos 259 á 266 y todos los demás del mismo, en cuanto se refieran á la redención de la propiedad y para otros fines, fué la que en su artículo 5o. establece que en los casos en que se venda, en subasta pública por el marshal ú otro funcionario debidamente autorizado, una propiedad inmueble, en virtud de ejecución ú orden de venta librada por una corte de justicia, deberá dicho marshal ó funcionario otor-gar 'al comprador escritura pública en debida forma de tal propiedad, abonando dicho comprador el importe de tal escri-tura ; pero esa ley de nueve de marzo de mil novecientos cinco no estaba vigente en la fecha en que se otorgó la escritura de adjudicación de que se trata, y por tanto, no podía tener apli-cación, como tampoco podía tenerla el artículo 259 del Código de Enjuiciamiento Civil, por la razón de que no habiendo hecho la venta el marshal, no podía expedir el certificado de la misma á que dicho artículo se refiere.

Aun más, con arreglo al procedimiento civil actual, las atribuciones del marshal emanan de la orden de ejecución que se libra por la corte. En cumplimiento de esa orden, el marshal subasta los bienes, los trasmite al mejor postor y otorga, el correspondiente título de propiedad; pero no habiendo orden de ejecución al marshal, como no la hubo en el procedi-miento sumario que terminó por la escritura de adjudicación de que se trata, carecía de atribuciones el marshal para otor-gar dicha escritura, y sólo á la Corte de Distrito de Ponce, en representación de los ejecutados por ministerio de la ley incumbía su otorgamiento.

Dicha escritura, pues, no puede reputarse nula por falta de capacidad legal del juez que la otorgó, y siendo, por tanto válida, constituye prueba- del derecho de dominio que hoy reclaman los demandantes, habiendo sido, por tanto, denegada con razón en el acto del juicio la moción de la parte demandada para que se declarara por la corte desistida- ó abandonada la demanda por no baber presentado el demandante pruebas sufi-cientes para fundar sobre éstas una sentencia.

También ha alegado por primera vez el apelante ante esta Corte Suprema, que la copia de la escritura de adjudicación presentada en el juicio, como título de dominio, no está certifi-cada por el notario que la espidió, requisito necesario, según •el artículo 70 de la Ley dé Evidencia, para que tenga el valor de un documento público, y que el demandante no probó que se reservara sus derechos cuando el terreno litigioso fué des-tinado á cementario público, hace más de cinco años, exis-tiendo, por tanto, á favor del demandado, con arreglo al pá-rrafo 37 del artículo 102 de la misma Ley. de Evidencia, la presunción de la intención del dueño de dar á dicho terreno el ■destino expresado.

Esas alegaciones son enteramente nuevas, y bien podría-mos desestimarlas, desde luego, por extemporáneas; pero entrando en el examen de ellas, nos basta consignar, en cuanto .á la primera, que en la copia presentada, expresó el notario .autorizante que concuerda fielmente con la escritura original •obrante en su oficio, con cuyas palabras bien puede estimarse probado el registro público del documento de que se trata, se-gún el artículo 70 de la Ley de Evidencia, en relación con el 74; y en cuanto á la segunda, que no habiéndose probado ni .•alegado siquiera que el terreno que reclama como suyo la parte demandante estuviera destinado á cementerio durante cinco .años con el consentimiento del dueño, huelga invocar en el presente caso la presunción que establece el número 37 del .artículo 102 de la Ley de Evidencia, siendo, por tanto, una y otra alegación, además de extemporáneas, improcedentes en ■su fondo.

Por las razones expuestas, entendemos debe confirmarse la sentencia apelada que dictó la Corte de Distrito de Ponce en trece de abril del corriente año, con las costas del recurso también á chrgo de la parte'apelante.

Confirmada.

Jueces concurrentes: Sres. Presidente Quiñones y Asocia-dos, Figueras, MacLeary y Wolf.