author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

text:
    Luis D. Cintrón et al., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico et al., demandados y peticionarios.

      Número: CE-88-761

      Resuelto: 7 de diciembre de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, y Nilda P Fuentes Ortiz, Procuradora General Auxiliar, abogados de los peticionarios; Miguel A. Giménez Muñoz, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión a resolverse en este recurso es si está prescrita la acción en daños y perjuicios instada por el recurrido, al amparo del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 5141, contra los peticionarios por alegado traslado discriminatorio. A la luz de la cronología de eventos y de los principios legales aplicables, resolvemos en la afirmativa.

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El Sr. Luis D. Cintrón (el recurrido) ocupaba el puesto de Director Vocacional II con carácter permanente en el servicio regular de carrera del Departamento de Instrucción Pública. Se desempeñaba en el Distrito Escolar de Carolina I. En mayo de 1983 solicitó su traslado al Distrito Escolar de Humacao por ser el lugar donde tenía su residencia.

Allá para el 14 de noviembre de 1983 la entonces Secretaria de Instrucción Pública, Dra. María S. Lacot, autorizó el traslado del recurrido al Distrito Escolar de Humacao, donde se desempeñaría como Director de la Escuela Vocacional Avelino Peña Reyes. El recurrido continuó laborando en ese puesto hasta finalizar el año escolar 1985-1986.

El 7 de julio de 1986 la entonces Secretaria de Instrucción Pública, Awilda Aponte Roque, le notificó al recurrido que “efec-tivo inmediatamente y por necesidades del servicio” lo estaba “reinstalando” nuevamente a su antiguo puesto “de Director Vocacional II en el Distrito Escolar de Carolina I”. Apéndice II, pág. 1.

Ante esa actuación, el 7 de agosto de 1986 el recurrido acudió a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.E) mediante escrito de apelación donde cuestio-naba el traslado. Adujo en su escrito que su traslado a Carolina era oneroso, ilegal, caprichoso y violaba la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (Ley de Personal) y su regla-mento de personal, y el Reglamento de Personal Docente del Departamento de Instrucción Pública. Como remedio, solicitó a J.A.S.A.P su reposición en el puesto del Distrito Escolar de Humacao. No reclamó daños y perjuicios por la acción adminis-trativa.

Luego de celebrada la correspondiente vista pública y de haber rendido el informe el Oficial Examinador, J.A.S.A.P emitió su resolución mediante la cual declaró con lugar la apelación del recurrido el 1 de mayo de 1987. Revocó así el traslado en cuestión y ordenó al Departamento de Instrucción Pública reasignar al recurrido al puesto de Director de la Escuela Vocacional Avelino Peña Reyes de Humacao. Esta resolución fue notificada el 8 de mayo de 1987.() Concluyó J.A.S.A.P que la acción tomada por el Departamento de Instrucción Pública constituyó un traslado por razones ajenas al principio de mérito y no una reinstalación.

El 21 de julio de 1987 la Secretaria del Departamento de Instrucción Pública, señora Aponte Roque, envió una carta al recurrido en la que señalaba lo siguiente:

Conforme a la resolución emitida por la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal en el caso 7-86-8-88, lo estamos asignando a prestar servicios como Director de la Escuela Avelino Peña Reyes de Humacao, efectivo inmediatamente .... (Énfasis suplido.) Apéndice II, pág. 5.

El 3 de mayo de 1988 el recurrido presentó la acción en daños y perjuicios objeto de controversia. En dicha acción alegó que su traslado obedeció a motivaciones discriminatorias por razones de diferencias políticas con los peticionarios. Fundamentó sus recla-mos en las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y en la Sec. 2 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A, Tomo 1.

El 21 de julio de 1988 los peticionarios presentaron al foro de instancia una moción en la que solicitaron desestimación o sen-tencia sumaria. Alegaron que la causa de acción del recurrido estaba prescrita al ser traída al foro judicial luego de transcurrido un (1) año y diez (10) meses desde que al recurrido se le notificó el traslado.

El recurrido se opuso a las pretensiones de los peticionarios. Argüyó que la actuación de la Secretaria del Departamento de Instrucción Pública de reinstalar al recurrido en su antiguo puesto en Humacao operaba como un reconocimiento o aceptación de deuda que interrumpió el término prescriptivo.

El 10 de agosto de 1988 el foro de instancia declaró sin lugar la solicitud de desestimación y sentencia sumaria. Solicitada la reconsideración por los peticionarios, el foro de instancia se' reafirmó en su posición y declaró sin lugar la reconsideración.

De esta determinación acuden los peticionarios ante nos y señalan como único error del foro de instancia el

. . . determinar que la acción por daños y perjuicios objeto del presente caso no está prescrita. Petición de certiorari, pág. 5.

Ello justificó nuestra intervención mediante trámite de mos-tración de causa y paralización de los procedimientos a nivel de instancia. Las partes han comparecido. Resolvemos según lo intimado.

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Reiteradamente hemos sostenido que el propósito medular de todo término prescriptivo es garantizar la estabilidad económica y social de las relaciones bilaterales al estimular el rápido reclamo del cumplimiento de las obligaciones contractuales o legales y procurar así la tranquilidad del obligado contra la eterna pendencia de una acción civil en su contra. Silva Wiscowich v. Weber Dental Mfg. Co., 119 D.P.R. 550 (1987); Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984); Eisele v. Orcasitas, 85 D.P.R. 89 (1962). Esta figura se funda en el imperativo de castigar la inercia en el ejercicio de los derechos y asegurar “el señorío de las cosas” al evitarse litigios difíciles de adjudicar por la antigüedad de las reclamaciones. De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238, 243 (1985); Véanse, además: Durán Cepeda v. Morales Lebrón, 112 D.P.R. 623 (1982); Ortiz v. Municipio die Orocovis, 113 D.P.R. 484 (1982). Como señala la Sentencia de 17 de diciembre de 1927 del Tribunal Supremo español, citada con aprobación en Silva Wiscowich v. Weber Dental Mfg. Co., supra, págs. 560-561:

“. . . la prescripción extintiva de las acciones tiene por principal fundamento la sanción o castigo al negligente en ejercitarlas, lo cual exige que esté evidenciado el propósito del abandono, que presu-pone la renuncia del derecho . . . .” (Énfasis suplido.)

Inherente a ese propósito de la prescripción se encuentra la protección del interés del deudor de no verse expuesto a reclamaciones tan remotas que lo coloquen en un estado de indefensión debido a la pérdida de memoria, de prueba, etc. De ahí que sea necesario que el acreedor del derecho informe o manifieste su voluntad de reclamar los perjuicios que le ha causado la actuación u omisión del deudor dentro del término de ley para que se entienda interrumpido dicho término prescriptivo de la acción en daños.() Después de todo, el silencio crea una objetiva y razonable confianza en dicho deudor de que el derecho no será ejercitado. L. Diez-Picazo, La prescripción en el Código Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1964, pág. 56; J. Puig Brutau, Caducidad y Prespcripción Exbintiva, Barcelona, Ed. Bosch, 1986, pág. 14.

El efecto práctico del transcurso del término prescriptivo es claro. Una vez “[cjumplida la prescripción que quita al derecho del acreedor su fuerza coactiva, por despojarlo de la acción, se ha satisfecho el interés público, y es al particular interesado a quien le corresponde su liberación para satisfacer sus conveniencias individuales”. M. J. Argafiarás, La prescripción exbintiva, Buenos Aires, Tipográfica Editora Argentina, 1966, pág. 17. Extinguida la acción destinada a hacer valer el derecho, resta tan sólo entre las partes una obligación natural o moral irreclamable por la vía judicial. Argafiarás, op. cit., pág. 137.

De igual forma, el efecto de la interrupción eficaz del término es el comienzo del cómputo del mismo, por entero, desde el acto interruptor. Puig Brutau, op. cit., pág. 117; Díaz de Diana v. A.J.A.S., Ins. Co., 110 D.P.R. 471 (1980).

Nuestro Código Civil establece que el término prescriptivo de las acciones puede interrumpirse de tres (3) formas distintas: (1) por su ejercicio ante los tribunales; (2) por reclamación extrajudicial del acreedor, o (3) por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor. Art. 1873 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5303. En Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966), expresamos que:

... el fundamento reconocido de la interrupción es la manifestación inequívoca de qui[e]n, amenazado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo.

1 — I I — i 1 — I

La acción instada en el caso de autos está gobernada por el Art. 1802 del Código Civil, supra. Ello es así ya que la reclamación del recurrido es una acción personal contra la acción ilegal del Estado al trasladarlo de su puesto. Cf. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981).

Siendo así, el término prescriptivo de la acción es el de un (1) año dispuesto por el Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298.() Ese es el término que hemos aplicado a las acciones por daños que surgen o se derivan de la destitución de un empleado público de su cargo (Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988)) y a las acciones en reclamo de daños y perjuicios surgidas bajo nuestra Ley de Derechos Civiles, 1 L.P.R.A. sec. 13, para las que no se especifica término prescriptivo. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., supra, pág. 746. Iguales razones apoyan la aplicación de este término a la acción de autos en reclamo de daños y perjuicios por un traslado ilegal y discriminatorio de un empleado público. En situaciones análogas los tribunales federales han utilizado el término prescriptivo estatuido en el Art. 1868 del Código Civil, supra, en acciones surgidas bajo la Ley de Derechos Civiles federal, 42 U.S.C. sec. 1983. Chardón v. Fernández, 454 U.S. 6 (1981), caso de despido de empleados públicos; Ramírez de Arellano v. Alvarez de Choudens, 575 F.2d 315 (1er Cir. 1978), caso de cambio de status de una empleada pública; Hernández del Valle v. Santa Aponte, 575 F.2d 321 (1er Cir. 1978), despido de empleado público; Graffals González v. García Santiago, 550 F.2d 687 (1er Cir. 1977), despido de empleado público.

De lo anterior se desprende que la acción para exigir de la autoridad nominadora la responsabilidad civil extracontractual que pueda surgir por un traslado ilegal y discriminatorio de un empleado público es una que, a la luz del Art. 1868 del Código Civil, supra, posee una vida limitada y se extingue una vez transcurrido el plazo estatuido sin que se interrumpa eficazmente. Art. 1873 del Código Civil, supra. Por ello, debemos conocer el punto de partida o momento inicial del cómputo, porque conocido ese punto se sabe con certeza cuál será su momento final. Puig Brutau, op. cit, pág. 7.

El Art. 1868 del Código Civil, supra, nos brinda la respuesta. El término comienza a computarse “desde que lo supo el agraviado”.

Recientemente nos enfrentamos a una situación similar a la de autos en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, pág. 361, y resolvimos que

. . . no es el instante de la producción del daño lo que determina el comienzo del término prescriptivo, sino el momento en que el perjudicado lo conoce.

En esa misma opinión establecimos, además, que en casos de cesantías de empleados públicos el término prescriptivo de la acción tiene su punto de partida cuando el empleado es informado de la cesantía y no cuando J.A.S.A.P. resuelve su apelación y ordena su reinstalación, al determinar que la actuación de la autoridad nominadora fue ilegal o discriminatoria.() La ratio decidendi en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, no se limita a las acciones de destitución o cesantía de empleados públicos. Su norma es más abarcadora. Aplica cuando un empleado público es objeto de una acción discriminatoria, arbitraria o ilegal, bien sea despido, traslado, reclasificación, cambio de status, etc. En tales casos, el término prescriptivo comienza a correr con la notificación al empleado de la actuación administrativa de la autoridad nominadora y no con el decreto de ilegalidad del foro administrativo. Es desde aquel momento que el empleado tiene o debe tener conocimiento de los daños causados por la actuación de la agencia. Cf. Cortés v. Valdés, 43 D.P.R. 192 (1932).

El caso de autos está cubierto por la noíma establecida en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, sobre el inicio de la causa de acción.

IV

Como dejamos sentado, el término prescriptivo de la acción en daños puede quedar interrumpido por el reclamo extrajudicial del derecho. En Díaz de Diana v. A.J.A.S., Ins. Co., supra, pág. 476, citando a Diez-Picazo, nos expresamos así sobre lo que constituye una reclamación extrajudicial:

“Nuestro Código Civil no ha dado a la palabra ‘reclamación’ ningún significado preciso, ni técnico. Pero ello no nos exime de tratar de encontrarlo. Reclamación vale, en principio, tanto como exigencia o intimación. Es decir: se trata de un acto por el cual el titular de un derecho subjetivo o de una facultad se dirige al sujeto pasivo de dicho derecho o de dicha facultad requiriéndole para que adopte el comportamiento debido. La reclamación es pues una pretensión en sentido técnico.” (Énfasis en el original.) Véanse, además: Q.M. Scaevola, Código Civil Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXIII, Vol. II, págs. 965-970; Diez-Picazo, op. cit., págs. 130 y 240.

Debemos, pues, cuestionarnos si la acción instada por el recurrido ante J.A.S.A.E es una pretensión capaz de interrumpir el término prescriptivo.

Diez-Picazo, en su obra ya citada, pág. 109, afirma:
Ante todo es menester tomar en consideración que lo que la ley considera como acto de interrupción de la prescripción es el ejercicio de la misma acción que está prescribiendo. Debe, pues, existir identidad entre la acción ejercitada y la acción en prescrip-ción. Esto es importante cuando de un mismo supuesto de• hecho nacen en favor de un mismo titular acciones diversas. (Enfasis suplido y nota omitida.)

Ello es sumamente importante en autos donde el traslado del recurrido dio vida a diversas causas: una administrativa y otra civil. Cf. Graffals González v. García Santiago, supra, pág. 688.

A la luz de ese principio de identidad de propósitos de la acción administrativa y la judicial, para fines de interrumpir el término prescriptivo, resolvimos el caso Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823 (1986). Allí sostuvimos que la notificación al patrono, dentro del período prescriptivo de la acción en daños, de copia de la querella presentada por el empleado ante la Unidad Antidiscrimen del Departamento del Trabajo y Recursos Huma-nos interrumpe, por ser una reclamación extrajudicial, el período prescriptivo para instar una acción judicial en daños y perjuicios bajo la Ley Núm. 100 de 30 de junio de 1959, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 146 a 151. Nuestro dictamen se fundamentó en la naturaleza de la acción administrativa que se presenta en la unidad antidiscrimen y su identidad con la acción judicial instada por el Secretario del Trabajo. Al respecto destacamos que el Art. 2 de la Ley Núm. 100, supra, 29 L.P.R.A. sec. 147, faculta al empleado a instar una acción de solicitud de responsabilidad civil de su patrono; que en virtud del Art. 4 de la Ley Núm. 100, supra, 29 L.P.R.A. sec. 149, esa reclamación podía tramitarla el em-pleado mediante acción ordinaria o mediante el procedimiento de querella establecido en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. secs. 3118 a 3132), y que en virtud del Art. 5 de la Ley Núm. 100, supra, 29 L.P.R.A. sec. 150, y la See. 3118 de la Ley Núm. 2, supra, el Secretario del Trabajo está facultado para instar la demanda —esto es, exigir responsabilidad civil del patrono— a iniciativa propia o a instancia del empleado, en representación y para el beneficio de dicho empleado.

Así que, para efectos de interrumpir la prescripción, la acción administrativa instada por la querellante dentro del término prescriptivo y ante la Unidad Antidiscrimen era idéntica a la que instó el Secretario del Trabajo en el foro judicial. De ahí el porqué su notificación () al patrono interrumpió el término prescriptivo de la acción civil en reclamación de daños y perjui-cios.

Bajo ese esquema legislativo, presente en Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., supra, era forzoso concluir que la presentación de la querella administrativa era la pretensión o reclamación extrajudicial eficaz para interrumpir el término prescriptivo.()

Distinta es la situación bajo el esquema legislativo y remedial de J.A.S.A.P Ello permitió que en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, resolviéramos que la acción administrativa ante J.A.S.A.P no interrumpe el término prescriptivo de un (1) año con que cuenta un empleado ilegalmente destituido de su puesto para reclamar indemnización par los daños y perjuicios sufridos a consecuencia de tal actuación gubernamental. La Ley de Fersonal y su reglamento no conceden a J.A.S.A.P la facultad de responsabilizar civilmente a las agencias administrativas que le violan los derechos estatutarios o constitucionales a los empleados públicos. Los remedios que dichos estatutos conceden se limitan a la reinstalación y al pago de los haberes dejados de percibir por los empleados públicos. 3 L.P.R.A. sec. 1397. Además, tales remedios se imponen a la agencia y no necesariamente al causante del daño.

Ello no quiere decir que al empleado público al que su patrono le viola sus derechos civiles queda desvalido. Como reconocimos en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, cuando tal es la situación, el empleado queda excusado de acudir en primera instancia al foro administrativo para reclamar cual-quier responsabilidad civil de dicho patrono.

El empleado público, en tales casos, debe acudir directamente al foro judicial con su acción en reclamo de daños y perjuicios para que se entienda interrumpido el término prescriptivo.() La razón es sencilla. Por su naturaleza, la acción ante J.A.S.A.E y la acción judicial no persiguen propósitos idénticos.() La acción ante J.A.S.A.E, como está regulada, no provee el medio de revelar la intención o voluntad del acreedor de conservar y exigir el derecho al resarcimiento de los daños y perjuicios sufridos. Por ello, su ejercicio no cualifica como pretensión capaz de interrumpir el término prescriptivo de la acción civil en estos casos.

Claro está “[e]n instancias en que un litigante acuda simultá-neamente al foro judicial y administrativo, o que las doctrinas sobre jurisdicción primaria o de agotamiento de remedios admi-nistrativos aconsejen o hagan imperativo remitir el caso a la agencia correspondiente —y además se reclamen daños y perjui-cios— la mejor práctica es suspender la acción judicial para que una vez advenga final y firme el dictamen administrativo, se resuelva si proceden los daños reclamados”. Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, pág. 359 esc. 7. Es aconsejable, en tales casos, suspender la acción judicial hasta tanto el dictamen admi-nistrativo advenga final y firme para, además, evitar así la duplicidad de esfuerzos y las determinaciones incompatibles o contradictorias entre los distintos foros.

Forzoso es concluir, sin embargo, que bajo el esquema estatutario de la Ley de Personal y su reglamento, la apelación instada por el recurrido ante J.A.S.A.P no interrumpió el término preseriptivo de la acción en daños y perjuicios por alegada violación a sus derechos civiles.

V

Finalmente, para evadir el rigor de la prescripción, el recu-rrido esgrime una tesis novedosa. Sostiene que la carta enviada el 21 de julio de 1987 por la entonces Secretaria del Departamento de Instrucción Pública, Awilda Aponte Roque, en la que ordenó su reinstalación inmediata al puesto en Humacao, constituyó un reconocimiento de deuda con efecto interruptor sobre el término de un (1) año. No tiene razón.

Esa carta fue enviada un (1) año y catorce (14) días después de la fecha en que se le notificó el traslado al recurrido y éste advino en conocimiento de los daños. El error de cómputo en el que incurre el recurrido es iniciar el mismo desde que J.A.S.A.E emitió su resolución y no desde que él tuvo conocimiento del daño al notificársele el traslado.

VI

Por último, el mecanismo de sentencia sumaria era el apropiado para hacer valer la prescripción.

La Regla 36.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, permite a una parte contra la cual se haya formulado una demanda presentar en cualquier momento una moción de senten-cia sumaria para que se dicte sentencia a su favor sobre toda o parte de la reclamación. Esta parte contra quien se reclama puede plantear la defensa de prescripción a través de una moción de sentencia sumaria (Jablon v. Dean Witter & Co., 614 F.2d 677, 682 (9no Cir. 1980); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol. II, pág. 184) si de los hechos incontrovertidos surge el fundamento de esa defensa.

De los hechos incontrovertidos en autos surge que el 7 de julio de 1986 el Departamento de Instrucción Pública le notificó al recurrido su traslado a Carolina. Desde esa fecha conocía o debió conocer los daños sufridos por el traslado. Ese era el punto de partida del término prescriptivo. El recurrido instó la acción judicial reclamando daños y perjuicios el 3 de mayo de 1988, esto es, un (1) año y diez (10) meses con posterioridad a la notificación del traslado. Había, pues, transcurrido en exceso el término prescriptivo de dicha acción. El recurrido pudo acudir directa-mente al foro judicial y no lo hizo. Optó por recurrir ¿n apelación ante J.A.S.A.P (acción administrativa) el 7 de agosto de 1986. Sin embargo, tal reclamo no tuvo un efecto interruptor sobre el término.

A la fecha en que el Departamento de Instrucción Pública le envió la carta de reinstalación a su antiguo puesto, en cumpli-miento de la orden de J.A.S.A.P., el término prescriptivo de la acción en daños ya había transcurrido en exceso.

Bajo las circunstancias en autos, la acción judicial del recu-rrido mediante la cual solicitó indemnización por los daños y perjuicios sufridos, por alegada violación de sus derechos civiles al trasladarlo discriminatoriamente de su puesto, estaba prescrita. Debió así decretarlo el foro de instancia vía sentencia sumaria.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado.

      (1) El Departamento de Instrucción Pública solicitó la reconsideración de dicha resolución. La reconsideración fue declarada sin lugar el 20 de mayo de 1987 y fue notificada el 28 de mayo de 1987. De dicha denegatoria el Departamento no solicitó revisión judicial.

      (2) Esta regla general tiene sus excepciones. Así, los menores o incapacitados no tienen que reclamar o manifestar su intención de reclamar su derecho mientras dure su minoridad o incapacidad en vista de la suspensión del término prescriptivo durante dicho período. Rodríguez Avilés v. Rodríguez Beruff, 117 D.P.R. 616 (1986); De Jesús v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985). De igual manera, la prescripción no puede esgrimirse contra el acreedor del derecho cuando su inacción está impregnada de acciones dolosas y de mala fe. Velilla v. Pueblo Supermarkets, Inc., 111 D.P.R. 585 (1981). Cf. Reyes v. Sucn. Sánchez Soto, 98 D.P.R. 305 (1970).

      (3) El Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5298, dispone, en lo pertinente: “Frescriben por el transcurso de un afio:
      “(2) La acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia, y por las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que se trata en la see. 5141 de este título desde que lo supo el agraviado.”

      (4) Igual norma impera en 1a jurisdicción federal. Véase el esc. 8 en Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 361 (1988), y casos allí citados.

      (5) En Santiago Nieves v. A.C.A.A., 119 D.P.R. 711 (1987), resolvimos que la presentación de una querella ante el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.CO.) no interrumpe el término prescriptivo de una acción en daños y perjuicios contra la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A) cuando en dicho procedimiento administrativo A.C.A.A. no fue parte ni se hizo alegación alguna en su contra.

      (6) Semejante esquema legislativo y remedial al de Srio. del Trabajo v. F.H. Co., Inc., 116 D.P.R. 823 (1986), lo encontramos en la Ley Núm. 120 de 7 de junio de 1973 (23 L.P.R.A. sec. 805 et seq.) sobre reclamaciones en negocios de estacionamientos públicos. Véanse, además: Aguilú Delgado v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 261 (1988); la Ley Núm. 17 de 22 de abril de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 155 et. seq.), sobre hostigamiento sexual en el empleo, y otras leyes especiales.

      (7) En Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, supra, señalamos, además, que el empleado podía interrumpir el término mediante comunicación escrita extrajudicial donde se especifique la causa de acción en daños y perjuicios, se reclame compensación por los daños y le sea notificada a los causantes del daño.

      (8) Siguiendo este análisis, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito ha resuelto que una acción de mandamus, Ramírez de Arellano v. Alvarez de Choudens, 575 F.2d 315 (1er Cir. 1978), o las cartas enviadas por el abogado solicitando la reinstalación del empleado, Hernández del Valle v. Santa Aponte, 575 F.2d 321 (1er Cir. 1978), no interrumpen el término prescriptivo de la acción de daños por violación de derechos civiles.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

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text:
      In re Jaime Corujo Collazo, querellado.

      Número: MC-84-57

      Resuelto: 17 de diciembre de 1990

      Rosa Negrón de Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo; Jaime Corujo Collazo, pro se.

   per curiam:

El 8 de noviembre de 1984 el Procurador General presentó un informe relacionado con una queja presentada por el Sr. Florencio Ortiz contra el Lie. Jaime Corujo Collazo. El señor Ortiz alegó que hacía “aproximadamente de ocho a diez años que contrató los servicios profesionales del [licenciado Corujo Collazo] para que lo representara en un caso sobre expediente de dominio. Por sus servicios profesionales le pagó $500.00” (Informe del Procurador General, pág. 4), y el licenciado Corujo Collazo aún no había terminado la gestión encomendada.

El Procurador General le envió una carta al licenciado Corujo Collazo el 1ro de mayo de 1984 en la cual le informó de la queja en su contra y le solicitó su versión de los hechos. El 21 de junio de 1984 el licenciado Corujo Collazo contestó. Dio su versión y solicitó cuarenta y cinco (45) días “para dejar terminad[a] esta situación”. Exhibit IV, pág. 8. No terminó el trabajo dentro del plazo solicitado.

A base del Informe del Procurador General, el 21 de noviem-bre de 1984 concedimos al licenciado Corujo Collazo veinte (20) días para mostrar causa por la cual no se. le debía imponer sanciones disciplinarias. El 17 de diciembre de 1984 el licenciado Corujo Collazo compareció; nos ofreció su explicación sobre las dificultades que habían surgido y le habían impedido realizar el trabajo que le fue encomendado.

El 27 de diciembre de 1984, luego de evaluar la comparecencia del licenciado Corujo Collazo, emitimos una resolución mediante la cual le concedimos ciento veinte (120) días “para finalizar los trámites judiciales y administrativos necesarios encaminados a finalizar las gestiones”. Resolución, pág. 1.

Resulta intolerable que, luego de haber transcurrido aproxi-madamente catorce (14) años un expediente de dominio y la subsiguiente inscripción en el Registro de la Propiedad de la segregación de una cuerda de terreno aún no se haya realizado. Al licenciado Corujo Collazo, desde que se presentó la queja en su contra en 1984 hasta el presente, seis (6) años más tarde, se le han brindado amplias oportunidades para cumplir con la gestión que el querellante Florencio Ortiz le encomendó. A pesar de haber sido suspendido del ejercicio de la notaría y de habérsele aperci-bido en varias ocasiones de que podría ser sancionado como abogado, la propiedad en cuestión aún permanece sin inscribir.

Ahora, seis (6) años y cinco (5) meses después de haber comparecido por primera vez con relación a este asunto y haber solicitado le concediéramos cuarenta y cinco (45) días “para dejar terminada la situación”, el licenciado Corujo Collazo pretende que se le conceda un “término razonable adicional”. La paciencia del Tribunal se ha agotado.

Procede, pues, suspender al licenciado Corujo Collazo del ejercicio de la profesión de abogado hasta que se cumpla con la gestión que le fue encomendada por el querellante Florencio Ortiz y otra cosa disponga este Tribunal.

Por todo lo antes expuesto, procede que se dicte sentencia mediante la cual se suspenda al licenciado Corujo Collazo del ejercicio de la profesión de abogado hasta que se cumpla con la gestión que le encomendó el Sr. Florencio Ortiz y otra cosa disponga el Tribunal. Además, se le ordena al Lie. Francisco Dávila Hernández, con oficina en la Calle Acosta #91 de Caguas (Tel. 713-3231) —a quien, de acuerdo con la Moción Informativa de 12 de agosto de 1988, el licenciado Corujo Collazo contrató para otorgar la escritura de segregación a favor de Don Florencio Ortiz— que dentro del término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta opinión per curiam, informe las gestiones que ha hecho con relación a este asunto y cuándo espera completarlo.


author: PER curiam:

text:
      In re Miguel A. Rivera Medina, querellado.

      Número: CP-90-630

      Resuelto: 18 de diciembre de 1990

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Miguel Rivera Medina, pro se.

   PER curiam:

El abogado Miguel Rivera Medina fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de noviembre de 1980 y al ejercicio del notariado el 7 de abril de 1981. El 28 de mayo de 1987 fue convicto en la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico por dos (2) infracciones por el delito de extorsión en violación al Código Criminal de Estados Unidos, 18 U.S.C. see. 1951, imponiéndosele una pena de quince (15) años por cada cargo, a ser cumplidos concurrentemente^)

Este delito por el que fue convicto el abogado Rivera Medina implica depravación moral. Al amparo de la Sec. 9 de la Ley de 11 de marzo de 1909 (4 L.P.R.A. sec. 735) y del poder inherente de este Tribunal de reglamentar el ejercicio de la abogacía, una vez presentada una copia certificada de la sentencia procede su separación inmediata del ejercicio de la abogacía. In re Elías Rivera, 118 D.P.R. 174 (1986); In re Hita Giordani, 117 D.P.R. 415 (1986); In re Gutiérrez Díaz, 117 D.P.R. 92 (1986).

Habiendo remitido el Frocurador Genéral a este Tribunal copia certificada de la sentencia dictada por la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Fuerto Rico() y examinada la contestación del abogado, se decreta la suspensión indefinida de la abogacía del Lie. Miguel Rivera Medina y se ordena que su nombre sea borrado del Registro de Abogados autorizados para ejercer la profesión en Puerto Rico.

Se dictará sentencia en conformidad con lo antes expuesto.

      (1) Mediante Orden de 23 de marzo de 1989, la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico redujo el término a ocho (8) años por cada cargo, a ser cumplidos concurrentemente.

      (2) La querella del Procurador General fue presentada el 24 de agosto de 1990.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    Rafael Flores Román, etc., demandantes y recurrentes, v. José Ramos González, etc., demandados y recurridos.

      Número: RE-88-297

      Resuelto: 18 de diciembre de 1990

      Harry Anduze Montano y Efraín Guzmán Mollet, abogados de los recurrentes; Fernando J. Fornaris y Ramón López Rivera, de Cando, Nadal & Rivera, abogados de Eric Carro y Rafael Rivera Pérez, recurridos; Carlos J. Canggiano Román, abogado de Eric Carro y la Corporación Insular de Seguros, recurridos; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, María Adaljisa Dávila y Sylvia Cando Bigas, Procura-doras Generales Auxiliares, abogados del Estado Libre Asociado.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos permite resolver si los médicos que trabajan para el Fondo del Seguro del Estado (en adelante el Fondo) bajo contrato están protegidos por la inmunidad conferida por el Art. 41.080 de la Ley Núm. 55 de 18 de julio de 1978, según enmendada, 26 L.P.R.A. see. 4105. Ante nos los demandantes solicitan que revoquemos la determinación del Tribunal Superior de que los médicos contratados por el Fondo están cobijados por el estatuto. Evaluados los términos de la relación contractual entre las partes y el lenguaje de la ley, procede la revocación de la sentencia parcial recurrida.

I

La controversia de autos se origina en una demanda incoada por el peticionario el 28 de noviembre de 1984, Sr. Rafael Flores Román, contra los doctores Eric Carro y Rafael Rivera, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado y varias asegu-radoras. Se alegó que, como consecuencia de un accidente en el trabajo, el Fondo lo refirió a los doctores Carro y Rivera y que éstos brindaron un tratamiento equivocado al recurrente, lo que le causó una condición incurable que lo incapacitó permanente-mente.

Los médicos demandados oportunamente levantaron, entre otras, la defensa afirmativa de disfrutar de la inmunidad conferida por el Art. 41.080 de la Ley Núm. 55, supra, según enmendada, porque suministraron el tratamiento médico en virtud de un contrato de servicios otorgado por el Fondo. Por su parte, Flores Román, mediante demanda enmendada de 10 de junio de 1985, objetó la aplicación de la defensa de inmunidad y cuestionó la constitucionalidad del estatuto, por violar la cláusula de igual protección de las leyes y de debido proceso de ley.

Luego de varios incidentes procesales, el foro de instancia concluyó que el tratamiento ofrecido fue en virtud de un contrato con el Fondo, y que como el servicio fue rendido en beneficio de esa entidad la inmunidad que concede esa disposición de Ley es aplicable también cuando se prestan servicios por médicos que no son empleados del Estado . . .”. Apéndice, pág. 128. Además, a base de lo resuelto por este Tribunal en Vázquez Negrón v. E.L.A., 109 D.P.R. 19 (1979), y en Lind Rodríguez v. E.L.A., 112 D.P.R. 67 (1982), el tribunal sostuvo la constitucionalidad de la ley en controversia.

Mediante solicitud de revisión, Flores Román solicita que revoquemos la sentencia parcial dictada porque los codemandados recurridos, por ser contratistas independientes, no están cobija-dos por la Ley Núm. 55, supra, según enmendada. En el recurso sostiene la comisión de dos (2) errores, a saber: (1) la conclusión de que los médicos recurridos están cobijados por el Art. 41.080 de la Ley Núm. 55, supra, según enmendada, y (2) la aplicación de un análisis de nexo racional al adjudicar la constitucionalidad del estatuto. En vista de que el recurso requería que interpretáramos si esta ley concedía inmunidad a los médicos contratados por el Fondo y que esta controversia jurídica había sido objeto de diferentes interpretaciones por los tribunales de instancia, expe-dimos el auto de revisión. Con excepción de los médicos codemandados, todas las partes involucradas comparecieron y el recurso quedó oportunamente sometido para la resolución en sus méritos.

HH I — I

Al interpretar el texto de la Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976, según enmendada por la Ley Núm. 55, supra,( ) partimos de la premisa que el estatuto estableció un programa de respon-sabilidad profesional médico-hospitalaria “con el propósito de ofrecer a la comunidad que recibe servicios de salud una protec-ción social contra los daños y perjuicios por culpa o negligencia por impericia profesional”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 6 de 30 de diciembre de 1986 (1986 Leyes de Puerto Rico 793). Con esta perspectiva, al interpretar su texto en circunstancias en que esté presente una condición que limite el derecho de los perjudicados a solicitar indemnización, en correcta hermenéutica jurídica esta disposición debe examinarse restrictivamente. Vázquez Negrón v. E.L.A., supra, pág. 25; Insurance Co. of P.R. v. Ruiz, 96 D.P.R. 175, 179 (1968).

En el caso particular del Art. 41.080 de la Ley Núm. 55, según enmendada, su texto es claro y preciso. Mediante esta disposición, la Asamblea Legislativa confirió inmunidad a los médicos por los daños causados por la negligencia en el desempeño de su profesión “mientras dicho profesional en el cuidado de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios”. 1978 Leyes de Puerto Rico 574. Por lo tanto, para ser acreedor a la inmunidad deberá reunir los requisitos siguientes: (1) tiene que ser un profesional en el cuidado de la salud; (2) los daños ocasionados por su impericia tienen que haber sido causados en el desempeño de su profesión, y (3) tiene que haber actuado en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumentalidades y municipios.

En Lind Rodríguez v. E.L.A., supra, y en Vázquez Negrón v. E.L.A., supra, validamos esta disposición frente a unos ataques constitucionales fundados en la cláusula de igual protección de las leyes y del debido procedimiento de ley, y definimos el alcance de la inmunidad concedida por el estatuto: “El Art. 41.080 del Código de Seguros exime de responsabilidad no sólo a los médicos que trabajan exclusivamente para el Estado, sino también a los que, como en este caso, en adición ejercen práctica privada, mientras actúen en el cumplimiento de su deber como empleados del Estado.” Lind Rodriguez v. E.L.A., supra, pág. 68. Como en ese caso el médico demandado era empleado del Estado y, además, ejercía privadamente la medicina, sostuvimos que tenía inmunidad absoluta “por los actos torticeros que realicen durante tales gestiones”. Id., pág. 69.

Del propio estatuto se desprende que su protección cubre a los médicos que ocupen puestos de carrera o de confianza en el Estado Libre Asociado, sus dependencias o instrumentalidades, incluso al Fondo del Seguro del Estado, () siempre que el daño fuese ocasionado en el desempeño de sus funciones profesionales como empleados de esa entidad gubernamental. El estatuto también “exime de responsabilidad no sólo a los médicos que trabajan exclusivamente para el Estado, sino también a los que ... en adición ejercen práctica privada, mientras actúen en el cumplimiento de su deber como empleados del Estado”. (Énfasis suplido.) Lind Rodríguez v. E.L.A., supra, pág. 68.

HH HH H — i

Sin embargo, en lo que respecta al personal bajo contrato, hay que determinar si, al causar el daño, dicho profesional ejercía las funciones de un empleado de la agencia y en realidad tenía las responsabilidades asignadas a un puesto dentro de la estructura organizativa, o si el grado de control ejercido por el patrono sobre su trabajo era análogo al de un empleado.

La norma general en materia de contratación en la Rama Ejecutiva ha sido consistentemente que “un contrato en base al cual se requieran determinados servicios de una persona no genera un empleo en el Gobierno del Estado Libre Asociado”. (Énfasis suprimido.) Op. Sec. Just. Núm. 1974-7 de 8 de marzo de 1974, pág. 35. No obstante, “cada contrato debe ser considerado separadamente para determinar si de acuerdo con los términos del mismo sólo existe una relación contractual entre la agencia y la persona o si, por el contrario, se desprende que en realidad la persona ocupa un empleo en la agencia o instrumentalidad de que se trate”. íd. Con estos propósitos hay que examinar la forma, el modo y las condiciones en que se presten los servicios, con énfasis particular en si los deberes y las responsabilidades requeridos corresponden a un puesto que requiera el empleo de una persona en forma regular a tiempo completo o parcial.() También debe examinarse si el contrato concede unos derechos y unas prerrogativas que, de ordinario, corresponden a un puesto regular, tales como licencia de vacaciones, licencia por enfermedad y participación en el sistema de retiro de los empleados públicos.

Por otro lado, debe también examinarse si las relaciones entre las partes de un contrato de servicios son de patronos y empleados o de principal y contratista independiente. El criterio rector debe ser la naturaleza, extensión y grado de control que se reserva el principal sobre la ejecución del trabajo:

Independientemente de si se ejercita o no, lo importante es la existencia del derecho o la autoridad para intervenir o controlar, que convertirá la otra persona en empleado y no en contratista inde-pendiente, al igual que es importante determinar si las instruccio-nes dadas tendrían que ser obedecidas. Ese mismo control puede ser ejercitado en distintas formas, y la relación entre las partes se podría determinar por la forma en que se ejercite ese control a la luz de las circunstancias de cada caso. Si se controlan los medios y la manera de hacer el trabajo, la persona a cargo de la labor sería un empleado y surgiría la relación de contratista independiente cuando la persona que haga el trabajo está sometida a la voluntad del patrono solamente en cuanto al resultado pero no en cuanto a los medios y manera de cumplimentarlo. Mariani v. Christy, 73 D.P.R. 782, 798 (1952). Véanse: Pérez v. Hato Rey Bldg. Co., 100 D.P.R. 882 (1972); Barrientos v. Gob. de la Capital, 97 D.P.R. 552, 561 (1969); Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963); Sierra Bedecía v. Pedro A. Pizá, Inc., 86 D.P.R. 447 (1962).

En el caso particular de los médicos se debe considerar la forma de pago por los servicios rendidos; la inversión en que se incurrió en equipo científico y en facilidades o el grado de dependencia en el equipo suministrado por el principal; si se le requiere un seguro de responsabilidad profesional, y el grado de juicio independiente que se requiera al suministrar sus servicios. Véase, también, R. Delgado Zayas, Manual informativo de legislación protectora del trabajo de Puerto Rico, San Juan, [s. ed.], 1989, pág. 73.

Para precisar la naturaleza de la relación y determinar si está cubierta por la inmunidad concedida por ley, es necesario considerar el conjunto de circunstancias en cada caso. Como la ley no cobija al profesional de la salud que tiene una relación de contratista independiente con el Estado, al surgir una controversia sobre la naturaleza del vínculo contractual procede un análisis de los hechos particulares de cada caso.

IV

La prueba aducida en este caso establece que los médicos codemandados atienden a pacientes en virtud de unos contratos otorgados por el Fondo para la prestación de servicios por especialistas por el término de un (1) año. Mediante estos contratos, tanto el Dr. Eric Carro, neurocirujano, como el Dr. Rafael Rivera Pérez, siquiatra, se comprometieron a evaluar y a ofrecer tratamiento ambulatorio a los pacientes referidos por el Fondo a cambio de una retribución por servicio rendido. Esen-cialmente, al amparo de este contrato, el Fondo refirió a estos especialistas unos obreros para que los atendieran como pacientes privados en el consultorio de cada uno. Además, en sus respecti-vos consultorios cada uno de ellos atendía a sus otros pacientes privados.

De un análisis de los contratos no aparece que el Fondo podía intervenir o controlar los medios y manera en que los médicos ofrecían sus servicios. En todo momento los médicos codemandados tenían la responsabilidad exclusiva sobre tanto la fase del diagnóstico como el tratamiento de los obreros.

En vista de que los médicos tenían control absoluto sobre el tipo y la calidad del tratamiento ofrecido a todos sus pacientes, el contrato requirió que cada uno de ellos se comprometiese a “mantener vigentes en todo momento Pólizas de Responsabilidad Pública e Impericia Médica (‘Malpractice’) y a [someter prueba sobre] la existencia de las mismas a requerimiento de EL FONDO”. Apéndice de la solicitud de revisión, pág. 139. Simul-táneamente, cada uno relevó al “FONDO de toda responsabilidad por reclamaciones que surjan debido a actos u omisiones bajo su supervisión y control y se compromete a reembolsar a EL FONDO los gastos legales en que éste incurra en toda acción legal de esta índole donde se le reclame responsabilidad a EL FON-DO”. íd.

De esta manera ambas partes ratificaron que su intención era que los médicos tuvieran una póliza de responsabilidad pública e impericia profesional para cubrir cualquier daño causado a todos sus pacientes, incluso a los obreros referidos por el Fondo, y a eximir al Estado de responsabilidad por sus actuaciones mientras ejercían privadamente la profesión.

Congruentemente con este esquema de referimiento de obre-ros compensados por el Fondo, los médicos contratados tenían la responsabilidad de contratar y supervisar a su personal técnico y administrativo, y a cubrir los gastos básicos de alquiler, agua, electricidad y teléfono. También correspondía a ellos comprar el equipo, los materiales y los medicamentos que necesitan para rendir eficientemente sus servicios profesionales.

Por otro lado, un análisis de los términos de los contratos tampoco revela que los médicos codemandados ejercieran las funciones regulares de un empleado del Fondo. En primer lugar, ambos atendían a los pacientes en su consultorio privado y no en las facilidades del Fondo. La compensación de ambos era por servicio rendido o por paciente atendido de acuerdo con un esquema tarifario establecido para los especialistas con este tipo de contrato. Tampoco se les concedió ninguno de los beneficios marginales que tenían los empleados del Fondo ni se les retuvo contribuciones sobre ingresos.

Finalmente, los contratos podrían ser rescindidos por cual-quiera de las partes contratantes previa notificación por escrito con no menos de treinta (30) días de antelación.

En estas circunstancias, concluimos que la relación contractual establecida entre ellos y el Fondo fue la de unos “contratistas independientes” y, por lo tanto, sus actuaciones no están cobijadas por la inmunidad concedida por la Ley Núm. 74, supra, según enmendada.

Procede la revocación de la sentencia parcial recurrida y la devolución del caso al foro de instancia para la continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. Los Jueces Asociados Señor Negrón García y Señora Naveira de Rodón no intervinieron.

      (1) Actualmente está codificado en 26 L.P.R.A sec. 4105. La parte pertinente de dicha sección dispone:
      “Ningún profesional de servicios de salud podrá ser incluido como parte demandada en una acción civil de reclamación de daños por culpa o negligencia por impericia profesional (malpractice) que cause en el desempeño de su profesión mientras dicho profesional de servicios de salud actúe en cumplimiento de sus deberes y funciones como empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus dependencias, instrumen-talidades y municipios.”
      Para fines de la resolución de esta controversia, utilizaremos el texto de la ley que existía al momento de los hechos.

      (2) La Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (Ley de Personal) establece solamente dos (2) categorías de empleados públicos: de confianza y de carrera. 3 L.P.R.A. see. 1349. Aunque la Sec. 10.6 excluye de su aplicabilidad a los empleados de agencias e instrumentalidades del Gobierno que tienen derecho a negociar colectivamente, 3 L.P.R.A. see. 1338(4), el estatuto requiere que estas entidades aprueben reglamentos que incorporen el principio de mérito para el personal no cubierto por un convenio colectivo. 3 L.P R.A. sec. 1331. Al amparo de esta ley, el Fondo del Seguro del Estado (el Fondo) adoptó un reglamento de personal que clasifica a los empleados en dos (2) categorías análogas a la Ley de Personal y creó los puestos correspondientes en todas sus divisiones. Véase Reglamento de Personal del Fondo del Seguro del Estado de 1ro de marzo de 1983, págs. 10-13.

      (3) El Art. 12 del Reglamento de Personal de la Oficina Central de la Administración de Personal: Áreas Esenciales al Principio de Mérito, pág. 118, define “puesto” como “un conjunto de deberes y responsabilidades asignadas o delegadas por la autoridad nomina-dora que requieren el empleo de una persona durante la jornada completa o durante una jornada parcial”.


author: Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Elizardo Ruiz Torres, demandado y recurrido.

      Número: CE-88-748

      Resuelto: 18 de diciembre de 1990

      Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Procu-radora General Interina, Rose Mary Corchado Lorent, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Justo Torres Cintrón, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Mediante certiorari, el Procurador General solicita la revisión de una resolución del Tribunal Superior que declaró con lugar una moción del acusado al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El dictamen del foro de instancia dejó sin efecto la sentencia dictada el 27 de febrero de 1967, mediante la cual se le condenó a una pena de uno (1) a tres (3) años de reclusión por el delito de robo, y lo absolvió.

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El 27 de febrero de 1967 el Tribunal Superior dicto sentencia contra el Sr. Elizardo Ruiz Torres. Le impuso una pena de reclusión por el término de uno (1) a tres (3) años por el delito de robo. Mediante opinión confirmamos la sentencia. Pueblo v. Ruiz Torres, 99 D.P.R. 830 (1971).

Estando pendiente el recurso apelativo y mientras permane-cía en libertad bajo fianza, el acusado evadió la jurisdicción. Tras una serie de gestiones para localizarlo, Ruiz Torres finalmente fue arrestado y se le ingresó en prisión el 3 de junio de 1988. Luego de tramites procesales, () el convicto presento una mocion al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. El Estado compareció a oponerse y el tribunal, tras acoger la misma como un recurso de Coram Nobis, dictó resolución que dejó sin efecto la sentencia y absolvió al acusado.

De esa resolución recurre el Procurador General para opo-nerse a la absolución de Ruiz Torres. Sostiene que a tenor con la referida regla lo que procedía era la celebración de un nuevo juicio. Decidimos revisar la resolución emitida y ordenamos la expedición del mandamiento de certiorari al tribunal a quo. Revocamos.

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En lo pertinente a la controversia de autos, la citada Regla 192.1 de Procedimiento Criminal dispone:

(a) . . . Cualquier persona que se halle detenida en virtud de una sentencia dictada por cualquier Sala del Tribunal de Primera Instancia y que alegue el derecho a ser puesta en libertad porque (a) la sentencia fue impuesta en violación de la Constitución o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o la Constitución y las leyes de Estados Unidos, o, (b) el tribunal no tenía jurisdicción para imponer dicha sentencia, o, (c) la sentencia impuesta excede de la pena prescrita por la ley, o, (d) la sentencia está sujeta a ataque colateral por cualquier motivo, podrá presenter una moción a la sala del tribunal que impuso la sentencia para que anule, deje sin efecto o corrija la sentencia.
Si el tribunal determina que la sentencia fue dictada sin jurisdic-ción, o que la sentencia impuesta excede la pena prescrita por la ley, o que por cualquier motivo está sujeta a ataque colateral, o que ha habido tal violación de los derechos constitucionales del solicitante que la hace susceptible de ser atacada colateralmente, el tribunal la anulará y dejará sin efecto y ordenará que el peticionario sea puesto en libertad, o dictará una nueva sentencia, o concederá un nuevo juicio, según proceda. (Enfasis suplido.)

Esta regla provee uno de los procedimientos que ofrece nuestro ordenamiento para cuestionar la validez de una sentencia dictada. O.E. Resumil de Sanfilippo, En nombre del debido proceso de ley . . . la garantía constitucional de los derechos individuales a través del derecho penal sustantivo y la etapa investigativa del proceso penal, 58 Rev. Jur. U.P.R. 135, 186 (1989). La moción dispuesta por esta regla sólo puede ser utilizada cuando el peticionario está convicto, cumpliendo prisión como consecuencia de la sentencia cuya validez o constitucionalidad impugna. Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286, 292 (1975). Tiene que ser presentada en el tribunal sentenciador en cualquier momento después de dictada sentencia, incluso cuando ésta haya advenido a ser final y firme. D. Nevares-Muñiz, Sumario de derecho procesal penal puertorriqueño, 3ra ed., Hato Rey, Ed. Inst. Desarrollo del Derecho, 1989, Sec. 15.7, pág. 188.

Una moción al amparo de esta regla procederá cuando la sentencia dictada sea contraria a la ley o viole algún precepto constitucional; cuando haya sido dictada sin jurisdicción; cuando exceda la pena prescrita por la ley, o cuando esté sujeta a ataques colaterales por cualquier fundamento. El tribunal podrá, discrecionalmente, dejar sin efecto la sentencia, ordenar la excar-celación del convicto, dictar nueva sentencia o conceder un nuevo juicio.

For otro lado, mediante el recurso de Coram Nobis se puede dejar sin efecto o modificar una sentencia dictada en un procedi-miento criminal debido al surgimiento de hechos no constatables en los autos pero existentes antes de dictarse. Se requiere que al momento de dictarse la sentencia no se hayan conocido estos hechos, ni hayan sido descubiertos mediante el ejercicio de razonable diligencia. Correa Negrón v. Pueblo, supra, págs. 292-293; Pueblo v. Cruzado, 74 D.P.R. 934, 939 (1953). El Coram Nobis sólo está disponible para revisar errores de hechos come-tidos por el tribunal de instancia. No procede para revisar cuestiones de derecho. Pueblo v. Nazario, 53 D.P.R. 239, 242 (1938); Correa Negrón v. Pueblo, supra.

El Coram Nobis tiene varias diferencias con respecto a la moción bajo la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra. Primero, bajo dicha Regla 192.1 el peticionario tiene que encon-trarse bajo custodia. El Corara Nobis, por su parte, procede cuando el peticionario está en libertad por haberse extinguido la sentencia que pretende anular. D. Rivé, Recursos Extraordina-rios, San Juan, Universidad Interamericana, 1989, pág. 164. En segundo lugar, la citada Regla 192.1 de Procedimiento Criminal sólo puede ser usada para revisar cuestiones de derecho. Como vimos, bajo el Corara Nobis sólo se revisan errores de hechos, surgiendo una presunción de que de haberse conocido la realidad de éstos, el tribunal no los hubiese cometido. Pueblo v. Nazario, supra, pág. 242; Pueblo v. Cruzado, supra, pág. 940; Rivé, op. cit., págs. 163-164.

h*H h-1 I — I

El peticionario Ruiz Torres planteó en su moeion que tema pruebas conducentes a establecer que se cometió un error en la identificación que se le hizo en la etapa investigativa. Alega que el perjudicado, a través de su hijo, le manifestó que se había equivocado al identificarlo como la persona que le robó.() Añade, además, que al momento de su encausamiento no estaba disponi-ble el mecanismo de identificación mediante la rueda de detenidos que hoy se reconoce en la Regla 252.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Los planteamientos hechos por el señor Ruiz Torres se refieren a cuestiones de hecho, ya que versan sobre la existencia de alegada prueba exculpatoria referente a un error en su identificación como autor del delito por el cual fue convicto. Véase Pueblo v. Ortiz Pérez, 123 D.P.R. 216 (1989). Es por tal razón que la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, es inaplicable a la presente situación. Como señalamos, los fundamentos para revisar la sentencia impuesta se limitan a cuestiones de derecho. Aunque la regla dispone que la “sentencia est[é] sujeta a ataque colateral por cualquier motivo”, de un lenguaje integral, no podemos concluir que ese fundamento se refiere a cuestiones de hechos. Interpretar la regla de esa manera sería contrario a los anteriores fundamentos contenidos en la regla los cuales son estrictamente de derecho.

Por otro lado, el recurso de Coram Nobis tampoco era el apropiado para esta situación. Aunque este recurso está disponi-ble para impugnar sentencias por cuestiones de hecho, lo cierto es que éste procede cuando el peticionario está en libertad. Como expresamos, en este caso Ruiz Torres está bajo custodia como consecuencia de la sentencia condenatoria que le fue impuesta. De modo que por ser inaplicables ambos recursos, tenemos que determinar qué recurso tenía disponible el convicto.

IV

No obstante, entendemos que Ruiz Torres tenía disponible el remedio provisto por la Regla 192 de Procedimiento Criminal, 34 L.ER.A. Ap. II, que indica:

También podrá el tribunal, a solicitud del acusado, conceder un nuevo juicio cuando después de dictada la sentencia sobreviniere el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado.

Este estatuto le confiere al convicto la facultad de presentar una moción una vez dictada sentencia para que se celebre un nuevo juicio si surgen nuevos hechos o nueva prueba que demues-tre su inocencia. Esta moción tiene que presentarse al tribunal a los treinta (30) días desde que el peticionario tuvo conocimiento del descubrimiento. Regla 189 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Consideramos que la prueba que alega tener el peticionario tiende a demostrar su inocencia. Esta consiste en varios testimo-nios sustentados por declaraciones juradas, entre los cuales está el del hijo del perjudicado. Independientemente de los posibles problemas probatorios que pueda tener ese testimonio, los cuales deberán ser dilucidados en juicio, lo cierto es que esos hechos van dirigidos a probar que él no fue la persona que cometió el delito por el cual fue convicto. Por otro lado, el peticionario presentó su moción dentro de los treinta (30) días después de conocer los hechos nuevos que sustentan su moción. Así se refleja en la declaración jurada del Sr. Ángel Luis Figueroa Alvarado que se encuentra en autos y que fue unida en la moción presentada.

De otra parte, aunque el peticionario presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, supra, eso no nos impide evaluarla como una moción de nuevo juicio en conformidad con la Regla 192 de Procedimiento Criminal, supra. El nombre con que se determina un recurso no es determinante de su naturaleza ni debe ser decisivo desde el punto de vista de la función de hacer justicia. Correa Negrón v. Pueblo, supra, pág. 293. Nuestra filosofía judicial ya no admite que se resuelvan los asuntos a base de la mística de las palabras formales. Pueblo v. Cruzado, supra, pág. 940.

Es por estas razones que en este caso lo que procedía era la celebración de un nuevo juicio donde el juzgador evaluara la nueva prueba del peticionario y el Ministerio Público tuviera la oportu-nidad de rebatirla. Incidió el tribunal al absolver al acusado.

Por los fundamentos que anteceden, se revoca la resolución del tribunal de instancia y se ordena la celebración de un nuevo juicio.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor. Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente sin opinión escrita.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

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El 27 de febrero de 1967, en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, un Jurado encontró culpable a Elizardo Ruiz Torres por el delito de robo. El Hon. Juez Edwin Meléndez Grillasca lo sentenció a una pena de reclusión de uno (1) a tres (3) años. Inconforme, apeló por conducto del Ledo. Héctor M. Martínez Colón. El 21 de abril de 1971 confirmamos. Pueblo v. Ruiz Torres, 99 D.P.R. 830 (1971), opinión per curiam. La transcripción de evidencia elevada en aquel momento revela la suficiencia de la prueba en que se fundó su convicción. Además, como dato crucial, refleja que el perjudicado señor López Figueroa Alvarado conocía al acusado Ruiz Torres y a su padre; que eran amigos y vecinos en el mismo barrio. T.E., págs. 24 y 42.

La sentencia no se pudo cumplir. Ruiz Torres abandonó la jurisdicción. Después, el 30 de septiembre de 1971, se confiscó la fianza.

Al cabo de varios años, el 3 de junio de 1988, fue arrestado e ingresado para cumplir la sentencia. El 10 de junio, por derecho propio, solicitó del Tribunal Superior, Sala de Ponce, la “[deses-timación bajo la Regla 64” de Procedimiento Criminal, 4 L.ER.A. Ap. II. Apéndice IV pág. 8. Adujo que fue arrestado sin orden y que el delito “expiró o caducó”. Apéndice VI, pág. 10. El 14 de junio dicho foro (Hon. José M. Ayala Cádiz, Juez) declaró sin lugar ese pedido.

El 20 de junio de 1988 vino ante nos en certiorari (MO-88-21) y reiteró que el delito estaba prescrito. El 22 de junio acumuló a ese recurso uno de hábeas corpus. Como excusa para no haber cumplido la sentencia, esta vez adujo que el trámite legal tardaba mucho; que después de haber consultado con su representante legal, partió hacia Estados Unidos para trabajar y pagar los gastos del mismo; que toda su familia, el abogado y otras personas conocían su dirección; que viajaba constantemente para conocer el “status” del nuevo juicio; que nunca tuvo ningún problema o inconveniente, al contrario, que todo marchaba bien. Aceptó que fue arrestado el 3 de junio de 1988 porque estaba evadido aunque ello “no constaba en los records”. Como dato expositivo de que no se encontraba “evadido”, consignó que el Hon. Juez Luis F. Pieraldi Cappa lo casó en 1985. Además, que tuvo otro caso (agresión agravada) que se arregló satisfactoriamente.

Referimos sus escritos a la Sociedad de Asistencia Legal. El 5 de agosto de 1988 dicha entidad rindió su informe. Pendiente de nuestra decisión, Ruiz Torres desistió. Como razón nos informó que el 20 de julio de 1988 había presentado en instancia una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En la misma, a través del Ledo. Justo Torres Cintrón, alegó que el perjudicado del robo, López Figueroa Alvarado, le había manifestado a su hijo, Ángel Luis Figueroa Alvarado, que se había equivocado en la identificación de su persona. Acompañó una declaración jurada por Ángel Luis el 19 de julio de 1988 y una nota del perjudicado a manuscrito. Debemos enfatizar que para esa fecha éste no estaba —ni estará— disponible para testificar debido a un derrame cerebral. Fundado en esa prueba, y a la luz del tiempo transcurrido, solicitó el archivo y sobreseimiento del caso.

Originalmente el tribunal de instancia (Hon. Luis F. Pieraldi Cappa) le negó la fianza. Dicho magistrado le advirtió que se declararía sin jurisdicción por razón del recurso pendiente ante nos (MO-88-21). Fue entonces que Ruiz Torres desistió.

Oportunamente, el tribunal de instancia celebró una vista, acogió la moción como un recurso de Coram Nobis, dejó sin efecto la sentencia de 1967, lo absolvió y lo excarceló. Este dictamen se produjo luego de desfilada la prueba consistente de los testimo-nios de Ramiro Ruiz Torres, Radamés Ortiz Colón y Ángel Luis Figueroa Alvarado. Dicho foro estimó probado:

1) Que el acusado ELIZARDO RUIZ TORRES enjuiciado, convicto y sentenciado por este Tribunal por el delito de robo el día 27 de febrero de 1967, luego de haber sido encontrado culpable por un jurado y por voz del Honorable Juez Edwin Meléndez Grillasca..
2) Que la convicción se basó en el testimonio del supuesto perjudicado en el caso, señor López Figueroa Alvarado, quien identificó al acusado como el que lo asaltó la noche del 27 de noviembre de 1966, en un campo de Peñuelas.
3) Que el referido perjudicado en este caso actualmente se encuentra incapacitado para testificar en el Tribunal, pero que anterior a su incapacidad había hecho gestiones para localizar al acusado o alguno de sus familiares sobre su duda de lo acontecido la noche del 27 de noviembre de 1966.
Se presentó por el hijo del testigo, supuesto perjudicado, Angel Luis Figueroa Alvarado, un escrito donde exonera al acusado ELIZAKDO RUIZ TORRES, escrito que fue autenticado por el declarante hijo del supuesto perjudicado en el caso, señor Angel Luis Figueroa Alvarado. (Énfasis suplido.) Apéndice XIII, págs. 25-26.

A solicitud del Procurador General, examinamos si procedía su absolución.

II

La sentencia mayoritaria revoca y concede hoy un nuevo juicio. Más allá de la dicotomía y alternativa procesal planteada por el Estado, no podemos suscribir ese curso decisorio. Ruiz Torres no es acreedor a ese remedio. Nos explicamos.

En el fondo este caso se proyecta como un gran fracaso y desprestigio de nuestro sistema de justicia criminal. Demuestra cómo un individuo se burla tranquilamente de la justicia y utiliza con éxito diversos mecanismos para evadir su responsabilidad con la sociedad cuando es llamado a responder por un delito. Aban-donó esta jurisdicción y durante diecisiete (17) años llevó una vida “normal”. ¿Cómo creerle que ignoraba que la sentencia de robo había sido confirmada?

Los mecanismos de las Reglas 188 (Nuevo Juicio), 192 (Re-medio de Coram Nobis) y 192.1 (Procedimiento Posterior a Sentencia en Instancia), 34 L.P.R.A. Ap. II —en lo referente a nueva prueba exculpatoria— necesariamente parten del supuesto de que el convicto actuó diligentemente para descubrirla; de que la misma no estuvo accesible antes, y de que no es responsable de esa indisponibilidad. Pueblo v. González Barreto, 106 D.P.R. 152 (1977), y casos citados; Correa Negrón v. Pueblo, 104 D.P.R. 286 (1975).

Bajo este enfoque, es evidente que no procedía la absolución de Ruiz Torres ni un nuevo juicio. No concurren aquí ninguna de las circunstancias que así lo justifiquen. La nueva prueba que “convenientemente” aparece ahora —cuando es llamado a cumplir la sentencia que se le impuso años atrás— siempre estuvo accesible. Durante todos los años de su “auto-libertad” pudo haberla “descubierto” con un mínimo de esfuerzo. No lo hizo. No podemos premiar su pasividad. Sus alegaciones no merecen crédito. Si bien le correspondía, no demostró que realizara diligencias razonables para descubrir la nueva prueba. Repeti-mos, el perjudicado Figueroa Alvarado y su hijo Ángel Luis no eran extraños para él. Refrendar al presente su conducta y táctica procesal —cuando el perjudicado Figueroa Alvarado no puede declarar en su contra— es la suma de una gran injusticia. Este Tribunal no debería fomentar esta clase de comportamiento.

      (1) Entre los trámites procesales están la presentación de una moción de desesti-mación al amparo de la Regla 64 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, una petición de certiorari de la negativa del tribunal de instancia para desestimar y un recurso de hábeas corpus. En este último recurso el recurrido expone las razones por las cuales evadió la jurisdicción.

      (2) En la moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.E R.A. Ap. II, el peticionario señala que el perjudicado no está disponible para testificar debido a que sufrió un derrame cerebral que lo mantiene en coma. Añade que al hijo del perjudicado se le han tomado declaraciones juradas en las cuales informa lo relatado por su padre. Finalmente, el peticionario también incluyó otras declaraciones juradas de personas que están disponibles para testificar a los fines de sostener el error en la identificación.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Junta de Retiro para Maestros, demandada y recurrida.

      Número: JR-90-83

      Resuelto: 20 de diciembre de 1990

      Leticia Rodríguez Garda, abogada de la peticionaria; Miguel Palou Sabater y Jorge Calero Blanco, de Ledesma, Palou y Miranda, abogados de las recurridas.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Nuevamente comparece la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para solicitar que resolvamos que la Junta de Retiro para Maestros es un “patrono” y ordenemos que negocie colectivamente con su Hermandad de Empleados. Por entender que no han ocurrido cambios sustanciales que ameriten variar nuestros pronunciamientos en J.R.M. v. J.R.T., 108 D.P.R. 448, 457 (1979), y por considerar que esta entidad magisterial “no está diseñada, ni organizada, ni facultada para funcionar como una empresa o negocio privado”, declinamos poner en vigor la decisión y orden emitida por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico.

I

La controversia de autos surge como consecuencia de una petición de investigación y certificación de representante hecha por la Hermandad de Empleados de la Junta de Retiro para Maestros (en adelante Hermandad) ante la Junta de Relaciones del Trabajo. El propósito de la petición era representar a un grupo de trabajadores de la Junta de Retiro para Maestros (en adelante Junta de Retiro) para poder negociar colectivamente con esta institución. El 15 de marzo de 1989 la Junta de Relaciones del Trabajo certificó a la Hermandad como representante de los trabajadores.

Enterada de esa decisión, la Junta de Retiro rehusó negociar colectivamente con el gremio. Por esa negativa la Hermandad presentó ante la Junta de Relaciones del Trabajo un cargo por práctica ilícita en el trabajo. Celebrada la correspondiente vista, la Junta de Relaciones del Trabajo emitió una orden de cese y desista, y ordenó a la Junta de Retiro que negociara colectiva-mente con la Hermandad. Al así hacerlo, concluyó que la referida institución era patrono en conformidad con el Art. 2 de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 29 L.P.R.A. see. 63(2) y (11).

En vista de la negativa de la Junta de Retiro para iniciar el diálogo conducente a la preparación de un convenio colectivo, la Junta de Relaciones del Trabajo comparece ante nos para que pongamos en vigor la referida orden. Examinado el recurso, concedimos término a la Junta de Retiro para que mostrara causa por la cual no debiera expedirse el auto y ponerse en vigor la orden aludida. Ésta ha comparecido y nos plantea básicamente que erró la Junta de Relaciones del Trabajo al considerarla patrono sin haber ocurrido cambios sustanciales en su organiza-ción que le ameritaran ser considerada como tal. Por los funda-mentos que expondremos, concluimos que le asiste la razón.

I — I 1 — 1

Para resolver la controversia suscitada en el caso de autos, debemos acudir inicialmente a la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130, supra, que en su Art. 2 nos provee las definiciones de “patrono” e “instrumentalidades corporativas”:

El término “patrono” incluirá ejecutivos, supervisores y a cual-quier persona que realizare gestiones de carácter ejecutivo en interés de un patrono directa o indirectamente, pero no incluirá excepto en el caso de las instrumentalidades corporativas del Gobierno de Puerto Rico como más adelante se definen, al Gobierno ni a ninguna subdivisión política del mismo; Disponiéndose, que incluirá, además, a todo individuo, sociedad u organización que intervenga a favor de la parte patronal en cualquier disputa obrera o negociación colectiva. 29 L.P.R.A. see. 63(2).
El término “instrumentalidades corporativas” significa las si-guientes corporaciones que poseen bienes pertenecientes a, o que están controladas por, el Gobierno de Puerto Rico: La Autoridad de Tierras, la Compañía Agrícola, el Banco de Fomento, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico, la Autoridad de los Puertos, la Autoridad de Comunicaciones, y las subsidiarias de tales corporaciones, e incluirá también las empresas similares que se establezcan en el futuro y sus subsidia-rias, y aquellas otras agencias del Gobierno que se dedican o puedan dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario. 29 L.P.R.A. sec. 63(11).

Según se puede apreciar, el estatuto define taxativamente cuáles son las instrumentalidades corporativas sujetas a su regulación. Además de enumerarlas, esta disposición establece que las agencias “que se dedican o puedan dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario”, 29 L.P.R.A. sec. 63(11), están dentro de la definición de “instrumentalidad corporativa” y, por ende, están autorizadas a negociar colectivamente con sus empleados. 29 L.P.R.A. sec. 65; J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., 115 D.P.R. 360, 366 (1984); Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84 D.P.R. 515 (1962).

En ese sentido y al amparo de nuestra constitución, () en A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976), formulamos unos criterios para determinar qué constituye una instrumentalidad del Gobierno que funciona como empresa o negocio privado. Dijimos que habría que evaluar, entre otros factores: (1) si los empleados de la agencia concernida están cubiertos por la Ley de Personal del Estado Libre Asociado; (2) si los servicios prestados por la agencia, por su naturaleza intrínseca, nunca han sido prestados por la empresa privada; (3) si la agencia está capacitada para funcionar como una empresa o negocio privado; (4) si la agencia de hecho funciona como una empresa o negocio privado; (5) el grado de autonomía fiscal de que disfrute la agencia; (6) el grado de autonomía administrativa de que goce; (7) si se cobra o no un precio o tarifas por el servicio rendido (precio que debe ser básicamente equivalente al valor del servicio); (8) si los poderes y las facultades concedidas en la ley orgánica de la agencia la asemejan fundamentalmente a una empresa privada, y (9) si la agencia tiene o no la capacidad para dedicarse en el futuro a negocios lucrativos o a actividades que tengan por objeto un beneficio pecuniario.

Sin pretender agotar la lista, también pueden considerarse otros criterios: (1) la estructura en sí de la entidad; (2) la facultad de la agencia para demandar y ser demandada ilimitadamente; (3) el poder de obtener fondos propios en el mercado general de valores a base de su situación fiscal y sin empeñar el crédito del Estado Libre Asociado, y (4) la facultad de adquirir y administrar propiedades sin la intervención del Estado. A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., supra, pág. 455.

La doctrina antes expuesta nos brindó la oportunidad de evaluar previamente si, al amparo de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, la Junta de Retiro era un patrono. De esa forma en J.R.M. v. J.R.T., supra, evaluamos cuidadosamente su estructura organizativa y sus poderes para invertir los fondos aportados por los maestros y concluimos que la Junta de Retiro no era un patrono. Por su relevancia al caso de autos, reproducimos el excelente análisis de la opinión del Tribunal suscrita por el Juez Asociado Señor Rigau:

Como vimos el propósito de la Junta de Retiro es el administrar el sistema de anualidades y pensiones de los maestros de Puerto Rico. Su función no es comercial, no opera con ánimo de lucro, sino que es un organismo eminentemente de servicio a los miembros de la matrícula. Tanto el sistema de anualidades y pensiones de los maestros como la Junta que lo administra son instituciones benéfi-cas de la naturaleza de montepío. Pretender que son corporaciones con el carácter comercial que han tomado la Autoridad de las Fuentes Fluviales y otras es desatender la realidad y desnaturalizar los humanos y benéficos propósitos de las dos mencionadas institu-ciones. Sus empleados están sujetos a la Ley de Personal. La estructura de la Junta está taxativamente determinada por ley, según expresamos anteriormente. La ley le limita el tipo de valores y préstamos en que puede invertir sus reservas. No puede recurrir al mercado general de valores libremente y emitir bonos. No tiene verdadera autonomía fiscal. Sus fondos y desembolsos no están bajo su completo control. Las deducciones a los maestros por las cuotas correspondientes las hace el Secretario de Instrucción Pública y son depositadas en una cuenta bajo control del Secretario de Hacienda. Lo mismo ocurre con la aportación gubernamental. Los desembolsos se hacen por conducto del Secretario de Hacienda. La Junta no tiene facultad para aumentar sus ingresos ni reducir sus desembolsos, pues las cuotas de los maestros y las aportaciones gubernamentales se determinan por ley.
La Junta de Retiro carece de facultad para emplear o despedir a sus empleados, no puede expandir a su matrícula pues la misma está dispuesta por ley; está limitada exclusivamente a los maestros. Todo esto demuestra que no tiene verdadera autonomía fiscal y ni siquiera administrativa, que la sitúe en la categoría de similar a las corporaciones privadas y públicas que funcionan como negocios. Esto aparte de la consideración central de que su propósito no es operar un negocio lucrativo, como señalamos, sino dar un servicio de carácter social a los maestros.
Si bien hace préstamos estos son préstamos personales, hipote-carios y para viajes culturales, los cuales también son beneficios y servicios a los maestros ... las anualidades y pensiones le cuestan mucho menos a los maestros que si las comprasen a cualquiera otra organización privada existente. Se expresó que el sistema de retiro tiene un déficit actuarial de alrededor de $665 millones. Vemos mucho de servicio en esta institución pero poco de ánimo lucrativo. De hecho, se demostró que la Junta de Retiro no está diseñada, ni organizada, ni facultada para funcionar como una empresa o negocio privado. J.R.M. v. J.R.T., supra, págs. 456-457.

III

La Junta de Relaciones del Trabajo sostiene que los cambios en la ley orgánica de la Junta de Retiro la han convertido en una institución que opera con fines lucrativos. También expone que el funcionamiento actual de la institución se asemeja al de una instrumentalidad corporativa.

Sobre la primera contención de la peticionaria, notamos que los cambios en la ley orgánica de la Junta de Retiro consisten en la aprobación de una serie de leyes que ofrecen mayores benefi-cios a los participantes del sistema. Así, por ejemplo, se le confirió un aumento de veinticinco dólares ($25) mensuales a los emplea-dos^) cien dólares ($100) de aumento por concepto de aguinaldo navideño sufragable por el Sistema de Anualidades y Pensiones para Maestros, () y la acreditación de servicios prestados en las fuerzas armadas. () También se estableció una cuantía mínima de trescientos dólares ($300) de pensión a los participantes, así como un aumento de cincuenta dólares ($50) mensuales en la pensión vitalicia. ()

Sobre el funcionamiento de la Junta de Retiro como una institución con fines lucrativos, la Junta de Relaciones del Trabajo argumenta, entre otras cosas, que los ingresos del sistema se acreditan a su nombre en el Departamento de Hacienda y que posee autonomía real para llevar a cabo gestiones de tipo empre-sarial. Añaden que la institución es autónoma para preparar su presupuesto y que desde 1978 se han producido cambios en las ganancias obtenidas y en la acumulación de capital. Sobre ese particular señalan que han ampliado su política de inversiones, asemejándose a la empresa privada, y que como ente inversionista han sobrepasado las aportaciones del Estado y sus asegurados.

De un examen de los argumentos esbozados por la Junta de Relaciones del Trabajo notamos que parten de la premisa que “solidez financiera” es sinónimo de “empresa lucrativa”. Tal hipótesis es errónea. En primer lugar, las enmiendas a la ley orgánica no modifican la estructura administrativa y jurídica de la Junta de Retiro. Estas sólo se refieren a incrementos en los beneficios que reciben los participantes del sistema. Concluir que esos beneficios han producido un cambio sustancial en el ordenamiento administrativo y jurídico de la Junta de Retiro, de modo que lo conviertan en un negocio con fines de lucro, sería contrario a la naturaleza del sistema de beneficios de esa organización. Véase J.R.T. v. Asoc. Servs. Médicos Hosp., supra, pág. 364. Estas enmiendas en nada afectan o alteran ni el propósito básico de la Junta de Retiro de proveer servicios a los pensionados ni su naturaleza de montepío. J.R.M. v. J.R.T., supra.

Por otro lado, los restantes argumentos de la Junta de Relaciones del Trabajo se concentran en la adopción de una política de inversiones por parte de la Junta de Retiro. Entendemos, contrario a la Junta de Relaciones del Trabajo, que la utilización de esa política no convierte a la Junta de Retiro en una organización con fines lucrativos. Con el propósito de reducir el déficit del Sistema de Retiro para Maestros, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 47 de 29 de junio de 1988 (18 L.ER.A. see. 323). Con esta ley el legislador amplió la capacidad de inversiones y préstamos del sistema para, en lo posible, obtener un rédito máximo por la inversión de sus recursos. De la exposición de motivos del estatuto se desprende que el sistema tenía grandes problemas financieros y que, preocupada con el déficit actuarial, la Asamblea Legislativa quiso concederle a la Junta de Retiro “la flexibilidad y agilidad necesaria para implantar .. . una política de inversiones, que le permita aprovechar, en forma óptima, las oportunidades de inversión que estén disponibles en los mercados financieros contemporáneos y los que se anticipen para el futuro”. 1988 Leyes de Puerto Rico 228. Conscientes de que el déficit actuarial ponía en peligro el sistema de pensiones, la Asamblea Legislativa entendió que en la medida en que las inversiones tuvieran un mayor rendimiento se reduciría el déficit y los costos corrientes del sistema.

De modo, pues, que el propio estatuto disipa la posibilidad de que la Junta de Retiro se convierta en una entidad de naturaleza comercial o lucrativa. En cambio, se desprende que este tipo de gestión, o cualquier otra, buscaba aliviar una crisis fiscal que afectaba a los participantes del sistema. La política de acumulación del capital por medio de inversiones, que autorizó el estatuto en cuestión, en última instancia estableció las condiciones para mejorar las condiciones financieras del sistema y asegurar que pudiese cumplir sus obligaciones con los pensionados.

En ese sentido la Junta de Retiro continúa siendo el organismo rector del sistema gubernamental de pensiones de los maestros del Sistema de Instrucción Pública. Su objetivo fundamental también es el mismo: la administración de un sistema de pensiones para los maestros de Puerto Ricó. Sus ingresos constituyen los instrumentos provistos por el legislador para tener la solidez y solvencia financiera que requiere un buen plan de pensiones.

Por otro lado, sus empleados están comprendidos en la Oficina Central de Administración de Personal (O.C.A.P) y ventilan sus apelaciones ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P). La decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo ignora completamente esta realidad y no contempla la diferencia de que las corporaciones públicas, por disposición de ley, son administradas individualmente con facultad para atemperar su sistema de personal a las disposiciones de los convenios colectivos. En estas circunstancias, poner en vigor la decisión de la Junta de Relaciones del Trabajo podría crear grandes problemas sobre el sistema de personal vigente y su estructura organizativa.

No podemos refrendar la posición de la peticionaria. De la exposición anterior es evidente que el mejor curso decisorio en este caso es ratificar nuestros pronunciamientos en J.R.M. v. J.R.T., supra, y dejar sin efecto la decisión y orden emitida en el caso de autos por no existir cambios sustanciales que conviertan a la Junta de Retiro en una institución con fines pecuniarios. Por tales fundamentos, expedimos el auto y resolvemos que la Junta de Retiro de Maestros no es patrono en conformidad con la Ley de Relaciones del Trabajo. Erró la Junta de Relaciones del Trabajo al así determinarlo. Se dictará sentencia de conformi-dad.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

La función de impartir justicia exige consistencia. En el caso de autos esa característica se proyecta sobre los postulados básicos regulatorios de la revisión judicial de las agencias admi-nistrativas. Después de todo, la experiencia y el conocimiento especializado desarrollado por esas agencias, salvo contadas excepciones, superan cualquier intento de sustituir su discreción por la nuestra.

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La Junta de Relaciones del Trabajo, en el descargo de las funciones delegadas por la Asamblea Legislativa, celebró vistas y recibió prueba en torno a la Junta de Retiro para Maestros (Junta de Retiro). A base de su evaluación y orientada por nuestros pronunciamientos en A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976), concluyó que las circunstancias de la Junta de Retiro habían variado de tal forma que debía ser considerada patrono, dentro del significado del Art. 2 de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, 29 L.P.R.A. sec. 63(2).

La Junta de Relaciones del Trabajo formuló su dictamen tomando en cuenta la situación actual de la Junta de Retiro respecto a sus funciones y a su autonomía fiscal, así como a su capacidad para invertir y a acumular ganancias. () Concluyó que funciona y opera como una instrumentalidad corporativa y, como consecuencia, sus empleados tienen el derecho a la sindicalización y a negociar colectivamente.

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La mayoría hoy revoca fundada en un análisis erróneo de la política de inversiones de la Junta de Retiro y en la relación de sus empleados con la Oficina Central de Administración de Personal. Al hacerlo han sustituido infundadamente conclusiones e inter-pretaciones de la Junta de Relaciones del Trabajo. Nos explica-mos.

Primero, es obvio que el que se haya ampliado la capacidad de inversiones y préstamos con el propósito de resolver unos proble-mas financieros no anula la determinación de que la Junta de Retiro opera ahora como un negocio lucrativo. Ciertamente su estructura administrativa y financiera la asemejan a una instrumentalidad corporativa. Precisamente, el déficit actuarial y la necesidad de proteger el sistema de pensiones obligaron a la Asamblea Legislativa a convertirla en una institución con fines lucrativos.

Segundo, si bien sus empleados pertenecen a la Oficina Central de Administración de Personal y ventilan sus apelaciones ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal (J.A.S.A.P), ese dato no es determinante en el análisis de los factores expuestos en A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., supra. Se trata de un criterio entre los muchos allí mencionados. Si aceptamos la tesis mayoritaria, estaríamos reduciendo sustancialmente los factores decisorios para resolver cuándo una agencia funciona como una empresa privada a la simple ecuación de si sus empleados están cubiertos por la Ley de Personal.

Y, finalmente, en reiteradas ocasiones hemos sostenido que las conclusiones e interpretaciones de los organismos administrativos especializados merecen gran consideración y respeto. La revisión judicial se limita a determinar si la agencia actuó arbitraria o ilegalmente o en forma tan irrazonable que su actuación constituyó un abuso de discreción. A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858 (1989); Murphy Bernabé v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975). Ninguna de esas circunstancias están aquí presentes.

      (1) Art. II, Secs. 17-19, Const. E.L.A, L.P.R.A. Tomo 1.

      (2) Ley Núm. 190 de 26 de julio de 1979 (18 L.P.R.A. sec. 366b(2)).

      (3) Ley Núm. 49 de 23 de mayo de 1980 (18 L.P.R.A. sec. 383).

      (4) Ley Núm. 13 de 2 octubre de 1980 (29 L.P.R.A. sec. 814(C)(a)).

      (5) Ley Núm. 9 de 6 de agosto de 1987 (18 L.P.R.A. sec. 321n.).

      (1) Entre otros, la Junta de Relaciones del Trabajo consideró los factores siguientes:
      “A- Enmiendas a la Ley Orgánica de la Junta de Retiro para Maestros.

        “B- En la actualidad la Junta de Retiro para Maestros tiene facultad para aumentar sus ingresos, a[u]n cuando las cuotas que aportan los maestros, así como la aportación patronal, las fija la Ley.
      “C- En la actualidad, la Junta de Retiro para Maestros es una instrumentalidad dedicada a fines lucrativos.
      “D- Todos los ingresos que entran al Sistema de Retiro se acreditan a su nombre en los libros del Secretario de Hacienda. Dichos fondos no se funden ni se mezclan con otros custodiados por dicho funcionario.
      “E- Los desembolsos de dinero de la Junta de Retiro se hacen por conducto del Secretario de Hacienda, siempre que estos excedan de cuatro mil dólares ($4,000.00). La Junta de Retiro expide cheques por debajo de esa cantidad.
      “F- Actualmente la Junta de Retiro para Maestros posee la autonomía real y necesaria para llevar a cabo sus gestiones de tipo empresarial.
      “6- La Junta tiene facultad para contratar los servicios de monitor, corredores de bienes raíces, notarios, tasadores, asesores legales, actuarios, estadísticos, médicos y cualquier otro que entienda necesario para llevar a cabo sus funciones.
      “H- La Junta es autónoma en cuanto a la preparación de su presupuesto. No lo tiene que someter al escrutinio de ningún otro ente gubernamental. El presupuesto de la Junta no es parte del presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      “I- La Junta planifica sus acciones y tiene autonomía para trazar su plan de trabajo.
      “J- La Junta está ‘mecanizando’ sus operaciones con el fin de mejorar el servicio que ofrece y para disponer de un sistema que le permita detectar fallas y atrasos en las cuentas de sus deudores.
      “K- La Junta continúa ofreciendo préstamos personales, hipotecarios y de viajes culturales a sus miembros.
      “L- Desde 1978 hasta el presente se han producido cambios notables y sustanciales en las ganancias obtenidas por la Junta, sin embargo, los servicios ofrecidos a sus miembros han permanecido estables, con la excepción de aumentos moderados en los beneficios que ofrece.
      “M- La Junta ha experimentado cambios significativos en la acumulación de capital, lo que la mueve hacia una política de inversiones agresiva y autónoma que la asemeja a la empresa privada, teniendo a su favor, la legislación del 29 de junio de 1988, la cual flexibilizó su poder de inversión y los medios para obtener mejores ganancias en esa gestión.” Informe Oficial Examinador, págs. 4-7.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Héctor Méndez Cabrera, querellante y recurrente, v. Corporación Urbanizadora Quintas de San Luis, querellada y recurrida, y Departamento de Asuntos del Consumidor, recurrido.

      Número: CE-90-515

      Resuelto: 15 de enero de 1991

      William Santiago Sastre, abogado del peticionario; Albis C. Rivera Medero, abogada de la Corporación Urbanizadora Quintas de San Luis, recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 23 de enero de 1990 el Departamento de Asuntos del Consumidor (D.A.Co.) desestimó la querella presentada por Héctor Méndez Cabrera contra la Corporación Urbanizadora Quintas de San Luis. El 27 de febrero, en reconsideración, se reiteró. Inconforme, el 29 de marzo a las 3:53 P.M., Méndez Cabrera presentó un recurso de revisión ante el Tribunal Superior, Sala de Caguas. Al día siguiente, transcurrido el término jurisdiccional de treinta (30) días, notificó personalmente copia de su escrito de revisión al abogado de D.A.Co.

Vista esta cronología, el foro de instancia (Hon. Enrique A. Jordán Musa, J.) desestimó por falta de jurisdicción. Concluyó que la notificación debió realizarse dentro del término de treinta (30) días.

A solicitud de Méndez Cabrera, revisamos.

II

Esta controversia exige una breve evaluación, integral y armoniosa, de los principios relativos al trámite apelativo conte-nido en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada por la Ley Núm. 43 de 5 de agosto de 1989 (3 L.P.R.A. sec. 2172).

Antes de su aprobación, la cuestión estaba regulada por las Reglas Aplicables a los Recursos para la Revisión de Decisiones Administrativas ante el Tribunal Superior, 4 L.P.R.A. Ap. VIII-A. A tal efecto, la Regla 7(b) prescribía que “[l]a notificación se hará personalmente o por correo certificado con acuse de recibo no más tarde de dos días laborables después de presentada la solicitud de revisión”. (Énfasis suplido.)

Esta disposición, sin lugar a dudas, no exigía que la notifica-ción se hiciera dentro del término de treinta (30) días. Sin embargo, la Ley de Frocedimiento Administrativo Uniforme no mantuvo ese enfoque. Por el contrario, en la See. 4.2 dispuso expresamente que “[l]a parte notificará la presentación de la solicitud de revisión a la agencia y a todas las partes dentro del término para solicitar dicha revisión. La notificación podrá hacerse por correo”.() (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. sec. 2172.

Este lenguaje recoge la intención clara del legislador de que el recurso de revisión se perfeccione dentro del término de treinta (30) días. Es un fuerte indicador de que la notificación debe hacerse también dentro de ese término y que estamos propiamente ante un requisito de carácter jurisdiccional. En ese sentido, “dicha sección aparentemente establece un recurso de revisión uniforme, dándole facultad al Tribunal Superior para revisar a todas las agencias cubiertas por la ley, excepto aquellas que son revisadas directamente por el Tribunal Supremo. Para dichas agencias habrá ahora por primera vez un recurso en común, con un plazo uniforme y con requisitos de notificación uniformes, evitando así la confusión y diversidad que existían bajo el estado de derecho anterior.” (Énfasis suplido y nota omitida.) A.G. Hermida, La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de 1988 y las Reglas para la Revisión Judicial de 1989: algunos aspectos de especial interés para los jueces, Año 5 (Núm. 2) Forum 20 (1989).

Concluir lo contrario desvirtuaría uno de los propósitos cardinales de la nueva ley. No podemos perder de perspectiva que el procedimiento de revisión de una decisión administrativa forma parte de un trámite apelativo cuyo diseño responde al principio constitucional mayor de acceso a los tribunales. López v. Muñoz, Gobernador, 80 D.P.R. 4, 8 (1957); Rivera v. Benítez, Rector, 73 D.P.R. 377, 381-382 (1952).

La presente decisión es compatible con la norma establecida en el ámbito de la revisión de decisiones judiciales. Reiterada-mente hemos sostenido que la falta de notificación a una parte dentro del término priva de jurisdicción al tribunal para entender en los méritos del recurso. ()

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia confirmatoria.

      (1) En la Resolución de 2 de febrero de 1989, Reglas Proc. Rev. Decs. Adms. T. Superior, 123 D.P.R. 304 (1989), reafirmamos en la Regla 7(b) que la notificación habrá de hacerse dentro del término. La Regla 6(b) dispuso que el escrito de revisión contendría una certificación indicativa de la fecha en que se hizo la notificación.

      (2) Véase Ortiz Rivera v. Agostini, 93 D.P.R. 221, 225 (1966), donde concluimos que no teníamos jurisdicción para revisar una sentencia del Tribunal Superior por no cumplirse con la notificación. En cuanto al trámite apelativo del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, véase nuestra opinión en González Santos v. Bourns P.R., Inc., 125 D.P.R. 48 (1989), donde sostuvimos el carácter jurisdiccional de la notificación a otra parte.