author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Erick S. Nazario Hernández, acusado y apelante.

      Número: CR-93-36

      Resuelto: 29 de junio de 1995

      Pedro A. Otero Fernández, abogado del apelante; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal Supremo.

Evaluamos importantes aspectos de nuestro derecho probatorio, así como reafirmarmos el principio de que el derecho a contrainterrogar —como parte del derecho cons-titucional a una confrontación— no conlleva ínsitamente una garantía de obtener un fallo o veredicto absolutorio.

I

En el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Erick S. Nazario Hernández fue acusado de conducir en estado de embriaguez —Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. see. 1041— y causar la muerte del policía Eladio Rivera Osorio por imprudencia crasa o temeraria. Art. 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4006.

La prueba de cargo creída por el Jurado estableció que el 30 de junio de 1990, poco después de las dos de la ma-ñana (2:00 a.m.), mientras Nazario Hernández conducía un vehículo marca Acura hacia Bayamón por el expreso De Diego (Carr. Núm.22), a exceso de velocidad y en estado de embriaguez (mínimo 0.16%), arrolló al policía Rivera Oso-” rio, quien murió de forma instantánea.

En consecuencia, el Jurado lo halló culpable de homici-dio involuntario (Art. 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4005) y de conducir en estado de embriaguez. El Tribunal . (Hon. Elpidio Batista Ortiz, Juez) sentenció al señor Naza-rio Hernández a tres (3) años de reclusión por el homicidio involuntario y a treinta (30) días por la infracción a la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico.

En apelación, el acusado presentó como errores que dicho foro no excusó —con motivos— a unos jurados; admi-tió prueba de referencia; se negó á admitir una prueba de-terminada, y lo encontró culpable más allá de duda razo-nable sin suficiente prueba. Expongamos sucintamente la prueba en sus extremos pertinentes a tales señalamientos.

El policía Benjamín Pérez Mártir declaró que el 30 de junio de 1990, como a las dos de la mañana (2:00 a.m.), luego de concluir su jornada de trabajo, en unión a Rivera Osorio regresaban a sus respectivos hogares por el expreso De Diego, en dirección a Bayamón. Iban uniformados, en motoras y con sus biombos encendidos. Cerca del Km. 4.1 vieron un Honda detenido en el segundo carril, de derecha a izquierda, completamente apagado y sin luces. Se detu-vieron para investigar. Dentro del Honda había un hombre. Rivera Osorio estacionó en el paseo su motora con el biombo encendido y Pérez Mártir la suya detrás del alu-dido vehículo para alumbrarlo. Ambos tenían puesto el cin-turón lumínico que brilla en la oscuridad. T.E., Vol. I, págs. 9-12.

Pérez Mártir se dirigió al vehículo por el lado del conductor y Rivera Osorio por el derecho. Pérez Mártir inter-‘vino con el conductor (Richard W. Millier), quien estaba dormido, se despertó asustado, encendió el vehículo y lo movió un poco hacia el frente. Entonces, Rivera Osorio se dirigió hacia el lado del conductor y Pérez Mártir se ubicó detrás del vehículo. Arribaron los agentes uniformados Víctor López Sánchez y José Alequín Cruz, que pasaban por allí y estacionaron su patrulla al otro lado de la carre-tera, esto es, hacia San Juan. El agente López Sánchez fue hacia donde estaba Rivera Osorio y el agente Pérez Mártir se quedó detrás del Honda estacionado. López Sánchez y Rivera Osorio sacaron al conductor del Honda, mientras que Pérez Mártir dirigía el tránsito.

López Sánchez llevó al conductor Millier detrás del vehículo. Mientras Rivera Osorio cerraba la puerta del Honda, un vehículo marca Acura color rojo, que iba a velo-cidad exagerada, lo impactó, a pesar del esfuerzo que hizo López Sánchez para impedirlo al tomarlo por el brazo. Rivera Osorio murió en el acto.

El auto marca Acura no se detuvo. Fue seguido por el policía Alequín Cruz, y entonces su conductor —el aquí apelante Nazario Hernández— retrocedió al lugar de los hechos y fue arrestado por el policía López Sánchez. Des-pués llegó el Sgto. José Febres García, quien se hizo cargo de dirigir la investigación. La prueba de alcohol de Nazario Hernández reveló un .17%.

El policía Pérez Mártir aclaró que el Acura iba a alta velocidad cuando impactó a su compañero, cuyo cuerpo sa-lió expulsado y dio vueltas en el aire antes de caer al pavi-mento a unos doscientos (200) pies. T.E., Vol. I, págs. 23-25. El Acura siguió y luego lo vio “retroceder en forma de zig zag”. Id., pág. 26. Dicho vehículo quedó con el cristal delantero roto y parte del bonete hundido. Asimismo, que vio cuando el agente López Sánchez intervino y sacó al acusado del vehículo. Id., pág. 28. El acusado no se podía mantener casi en pie y, además, lo oyó hablar “incoheren-temente, incoherente, [con] la lengua muy pesada”. íd., pág. 29. Luego identificó unas fotografías. íd., págs. 31-36.

En el contrainterrogatorio, Pérez Mártir explicó que, aunque no habló personalmente con el acusado, lo vio allí hablando con otras personas. T.E., Vol. I, págs. 80 y 88. Reiteró que al retroceder después del impacto y de la fuga inicial, lo hizo en forma de “zig zag”. íd., pág. 104. Lo oyó hablar con un policía. T.E., Vol. II, págs. 22-23. Además, quedaron admitidas unas fotografías como evidencia de-mostrativa ilustrativa. íd., págs. 28-38. En el redirecto rei-teró varios extremos.

El policía López Sánchez declaró sobre su entrena-miento para detectar a personas en estado de embriaguez y cómo opera la máquina Intoxilyser, Modelo 4011-A. T.E., Vol. V, págs. 54-58. Éste, en la madrugada de los hechos, iba en una patrulla en unión a Alequín Cruz cuando nota-ron la intervención de dos (2) policías motoristas con un vehículo estacionado en el expreso De Diego; eran Pérez Mártir y Rivera Osorio. Sus motoras tenían los biombos encendidos. íd., págs. 60-61. Se detuvieron a auxiliarlos. Vio al vehículo marca Acura que venía a alta velocidad —unas setenta (70) a ochenta (80) millas por hora— e in-fructuosamente intentó agarrar a Rivera Osorio para evi-tar el impacto. íd., págs. 62-66.

Describió dicho impacto, cómo el acusado siguió y luego dio reversa. T.E., Vol. V, pág. 66. El Acura quedó abollado y con el cristal delantero roto. íd., págs. 68-69. Intervino y arrestó al acusado, le hizo las “advertencias” y lo entregó al Sargento Febres García, quien arribó unos minutos después. íd., pág. 69. Febres García instruyó para que lo llevara a la estación de Buchanan y le practicar la prueba de aliento, debido a que se le notaban los ojos rojizos. Lo montó y trasladó en la patrulla a la estación. íd., pág. 73. Allí le hizo la prueba de aliento (íd., págs. 126-133), que arrojó un .17% de alcohol (íd., pág. 133).

En el contrainterrogatorio, el policía López Sánchez rei-teró que las motoras tenían los focos encendidos (T.E., Vol. VIII, págs. 38-41); que, luego del impacto, el acusado re-trocedió en “zig zag” (T.E., Vol. IX, pág. 12), y que tenía los ojos rojizos (íd., pág. 34).

En el redirecto, el testigo repitió el resultado del examen de aliento que fue .17% (íd., pág. 47) y lo que le había dicho al sargento Febres García sobre los hechos (dónde y cómo se produjo el impacto). íd., pág. 57. En el recontrainterro-gatorio se expresó sobre lo que le dijo al sargento Febres García. íd., págs. 80-86.

El sargento Febres García declaró que se hizo cargo de la investigación al llegar a la escena minutos después. En-contró el cadáver de la víctima destrozado en el pavimento, en el tercer carril de derecha a izquierda. T.E., Vol. II, pág. 102. Al interrogar al acusado sobre sus datos personales, percibió un fuerte olor a licor en su aliento. íd., pág. 109. Analizó la escena para hacer un croquis (íd., pág. 113) y describió el debris y su distancia del cadáver (íd., págs. 118-123). El croquis fue preparado por José Martínez Bo-nilla, agente que sabía dibujar siguiendo sus instrucciones, íd., págs. 123-127.

El sargento describió la escena (íd., págs. 33-39) y se refirió al cinturón lumínico que usaba la víctima al ser im-pactado (íd., págs. 39-45). Explicó el propósito del biombo encendido en las motoras policíacas (íd., pág. 45) y el casco protector que usaba la víctima (íd., pág. 46).

En el contrainterrogatorio, Febres García aludió a las personas que le dieron la información que se utilizó para preparar el croquis, entre ellos los agentes López Sánchez y Pérez Mártir. T.E., Vol. IV, pág. 24. Declaró sobre el cin-turón lumínico (T.E., Vol. V, págs. 7-8) y explicó que el hecho de que una motora trabaje ocho (8) horas no implica que tienda a padecer de la batería (íd., págs. 29-30). En el redirecto y recontrainterrogatorio, entre otros extremos, volvió a declarar sobre dicho debris y la distancia entre el lugar del impacto. Id., págs. 41-54.

Migdalia Fernández Martínez, en el directo y en su ca-pacidad de química, declaró sobre las características del Intoxilyser (T.E., Vol. X, págs. 70-71), que estaba encar-gada de certificar su buen funcionamiento (íd., págs. 71-72) y, en específico, la máquina 4011A (íd., pág. 73). Explicó la confiabilidad de la prueba (íd., pág. 75) y men-cionó la certificación de la máquina usada para la prueba de aliento del acusado (íd., págs. 76-88). En el contrainte-rrogatorio, ella declaró sobre su preparación, experiencia y credenciales como perita. Confrontada con un artículo por la defensa, expuso su posición al respecto. En el redirecto explicó que el margen de error en la prueba de alcohol hecha al acusado (que dio .17%) era de .01 hacia arriba o hacia abajo, por lo que el resultado pudo haber sido .18% o .16%. T.E., Vol. XI, pág. 57. En cuanto al porcentaje de alcohol en la sangre al momento del accidente, aproxima-damente una hora antes de la prueba, indicó que pudo ha-ber tenido .18% o .16%. íd., pág. 69.

La patóloga Ofelia G. Vera declaró sobre los hallazgos de la autopsia de la víctima. T.E., Vol. XI, págs. 87-95. En éste no había rastros de drogas ni de alcohol. íd., págs. 93-95. El cuerpo dio primero con el parachoques (bumper) y bonete del carro y luego con el pavimento. íd., págs. 94-95. Por la localización de las fracturas, infirió que no hubo un frenazo. íd., págs. 99-100. También identificó unas fotografías. íd., págs. 102-115.

En el contrainterrogatorio, la patóloga reafirmó que las fracturas eran compatibles con un impacto sin frenazos. T.E., Vol. XI, pág. 118. En el redirecto, indicó que sus ha-llazgos no hubieran sido distintos por el hecho de que hu-biera un arma en la escena. íd., pág. 121. En el recontra-interrogatorio, ella declaró que las lesiones en la cabeza fueron debidas al tercer impacto, esto es, con el pavimento. íd., pág. 126. Indicó que no creía que la víctima hubiese dado con el casco al cristal, sino que fue su cuerpo, aunque era posible que fuera con el casco o con el cuerpo. íd., págs. 128-129. Su opinión era que fue con el cuerpo. íd., pág. 130. La víctima no tenía el casco al caer al pavimento. íd., pág. 132. La patóloga opinó que la víctima impactó el cris-tal con el casco puesto y cayó al pavimento sin el casco. íd., pág. 136.

El policía Jesús Ortiz McCormick declaró para autenti-car, mediante el mecanismo de la cadena de custodia, cierta evidencia demostrativa perteneciente a la víctima: el casco, el sand bown y el cinturón luminoso. íd., págs. 23-40. Durante el contrainterrogatorio, se reafirmó sobre la autenticación de esa evidencia demostrativa. íd., págs. 41-59. Se admitió con una instrucción al Jurado sobre la pertinencia condicionada; después hubo un corto recontrainterrogatorio. íd., págs. 66-67.

La esposa de la víctima, Sra. María Reyes, en lo esen-cial, aclaró que su esposo era derecho, no zurdo. T.E., Vol. IV, págs. 14-15.

Por la defensa declararon seis (6) testigos. Elba Santiago Morales, custodio de vehículos en poder del Gobierno, declaró, en lo pertinente, que los frenos del Acura estaban en perfectas condiciones. T.E., Vol. XII, pág. 27.

Richard Negrón Vélez, policía de tránsito adscrito a Buchanan, testificó sobre las horas de entrada y salida de los agentes López Sánchez y Alequín Cruz la noche de 29 de junio, amanecer de 30 de junio de 1990. López Sánchez rindió "con novedad” a las 5:15 a.m.

José Anaya Nieves declaró sobre los expedientes de las motoras de los policías Rivera Osorio y Pérez Mártir. Se-ñaló que estaban en buenas condiciones, al igual que sus biombos. La norma imperante era tener las motoras en óptimas condiciones durante los turnos nocturnos. T.E., Vol. XII, pág. 82. Luego del accidente, las motoras estaban intactas. Id., pág. 84.

Jorge L. Simons Herrera, agente a cargo de la custodia de los expedientes de las motoras, declaró que una motora con su biombo dañado no salía de noche a la calle. T.E., Vol. XII, pág. 115 al final.

José A. López Nieves, investigador forense del Instituto de Ciencias Forenses, fotografió la escena. No recibió ins-trucciones del sargento Febres García. T.E., Vol. XII, págs. 126-127. La iluminación del sitio de los hechos era buena. Id., pág. 128. Declaró, sobre el croquis, que no vio diferen-cia significativa alguna entre dicho croquis y las fotogra-fías que tomó. íd., págs. 135. También fotografió una mo-tora con las luces encendidas. íd., pág. 139.

El juez que presidió la vista preliminar en el caso, Hon. Carlos Rivera Martínez, testificó sobre los testimonios de Pérez Mártir (T.E., Vol. XIII, págs. 7-9) y de López Sán-chez (íd., págs. 9-11). En el contrainterrogatorio señaló que esos testimonios fueron a los efectos de que el automóvil del acusado, al momento del accidente, venía entre setenta (70) y ochenta (80) millas por hora. íd., págs. 11-15.

En la refutación {rebuttal), el Fiscal presentó a Raúl Mercado Rodríguez. Atestó ser agente de la división de tránsito adscrito a Buchanan, a cargo de los expedientes de análisis de aliento. T.E., Vol. XIII, pág. 26. En el contrain-terrogatorio explicó con claridad los errores levantados por la defensa. íd., págs. 55-67. En el redirecto, abundó en lo mismo. íd., págs. 72-75. Ricky Burgos, alguacil de sala, declaró sobre las gestiones para citar al policía Mercado Rodríguez, testigo anterior. Jesús Ortiz McCormick, policía que había declarado como testigo de cargo, aclaró que no había hablado o almorzado con el policía Mercado Rodríguez.

Tras incidentes sobre unos documentos, el tribunal per-mitió al Fiscal presentar, como testigo adicional de refuta-ción, a Ricardo Bonet Font, persona a quien le hicieron un análisis de aliento inmediatamente después del realizado al acusado.

Con vista a esta sucinta relación de los testimonios ora-les, examinemos los señalamientos de error:

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SEXTO ERROR: Incidió ... [el] Tribunal [a quo] al no excusar motivadamente a jurados que entendían en contra de la pre-sunción de inocencia que el acusado debía sentarse a declarar y cuando menos a señalar su omisión. Alegato, pág. 32.

Se queja el apelante Nazario Hernández de que el tribunal no excusó “motivadamente dos o tres jurados que requerían que el acusado diese una explicación”. Alegato, pág. 32.

Sobre este extremo, notamos que no gestionó, como le correspondía, la transcripción del proceso de selección del Jurado; sólo nos dice que “al transcribirse la evidencia esta parte no fue transcrita”. Alegato, pág. 33. No es suficiente.

En lo sustantivo, no invoca ninguno de los fundamentos de la Regla 121 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para una recusación motivada válida. Asumiendo que unos jurados expresaron que consideraban que el acusado debía declarar, también hemos de presumir que, una vez instruidos por el Juez, se aclararon y superaron cuales-quiera dudas al respecto.

No podemos olvidar que los jurados son ciudadanos comunes que, como regla general, no conocen con exactitud las disposiciones y normas constitucionales y evidenciarías que entran en juego en los procesos penales. Precisamente ello explica la necesidad de ilustrarlos en su misión, a través de las instrucciones. En Pueblo v. Jiménez Hernández, 116 D.P.R. 632, 636 (1985), una de las candidatas al Jurado manifestó que tomaría en consideración el silencio del acusado durante el proceso y que ella prefería escuchar su testimonio para poder decidir. Allí reiteramos a Pueblo v. Montañez, 54 D.P.R. 852 (1939), a los efectos de que “no abusa de su discreción un tribunal que deniega una recusación motivada, basada meramente en la expre-sión de un candidato a jurado, demostrativa la misma de que el candidato en ese momento desconocía un principio legal”. Pueblo v. Jiménez Hernández, supra, pág. 636. Ade-más reconocimos que, de ordinario, los candidatos a jura-dos “son personas legas que no tienen noción alguna de los principios legales vigentes en nuestra jurisdicción”. Id. Con vista a esa realidad, rechazamos la visión que tiende a equiparar el proceso de selección del Jurado con un exa-men de reválida al que deben ser sometidos los candidatos.

Lo verdaderamente decisivo es que se brinden las ins-trucciones adecuadas sobre los principios legales corres-pondientes y la disponibilidad de los jurados de seguirlos y aplicarlos. Advertimos que el apelante Nazario Hernández no cuestiona la suficiencia de las instrucciones del tribunal al Jurado sobre su derecho a no declarar y sobre los otros extremos cubiertos en dichas instrucciones. El error no fue cometido.

III,

PRIMER ERROR: Admitir prueba de referencia sobre prueba de referencia en relación con ciertas piezas de evidencia ofreci-das por la Hon. Fiscal. Alegato, pág. 4.

En este señalamiento el apelante Nazario Hernández, con vista a una relación y unos segmentos de los testimo-nios de los policías Pérez Mártir, López Sánchez y el sar-gento Febres García, elabora la tesis de que el tribunal incidió al admitir el croquis de la escena del suceso y unas fotografías, “por ser prueba de referencia sobre prueba de referencia”; esto es, prueba de referencia múltiple. Regla 66 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV.

El croquis en cuestión representa la escena donde acon-tecieron los hechos. Este fue admitido durante el testimo-nio del sargento Febres García (T.E., Vol. III, págs. 27-32) y, según éste testificó, fue preparado por el policía dibujan-te-delineante Martínez Bonilla, siguiendo sus instruccio-nes (id., pág. 27), conforme con su conocimiento personal del sitio. En resumen, el diseño del croquis está basado en ese conocimiento personal del sargento Febres .García y en la información que le suministraron por los policías Pérez Mártir y López Sánchez, testigos oculares del accidente. Se confeccionó mientras el sargento Febres García le indicaba al dibujante Martínez Bonilla dónde colocar y cómo era cada objeto en el croquis.

El argumento del apelante Nazario Hernández sobre la prueba de referencia es que, al admitirse dicho croquis, ello incluyó no sólo las declaraciones (instrucciones) del sar-gento Febres García para prepararlo, sino también las de-claraciones (información adicional) de los policías Pérez Mártir y López Sánchez, información más allá del conoci-miento personal del sargento Febres García sobre la es-cena allí representada. Tampoco tiene razón. Nos explicamos.

De entrada, es obvio que el croquis es una evidencia demostrativa cuya misión es ilustrar “mejor” los testimonios; la Regla 80 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, regula liberalmente su admisibilidad. La evidencia demostrativa se divide en real e ilustrativa. La demostrativa real (u original), por propia definición, juega un papel central y directo en el asunto que sea objeto de la controversia. En contraste, la evidencia demostrativa ilustrativa es únicamente para enseñar, instruir, representar o hacer más comprensible un testimonio u otra evidencia. Obviamente, el croquis impugnado se admitió como evidencia demostrativa ilustrativa.

La diferencia sobre su uso la expresa así el profesor Chiesa:

En el caso de la evidencia ilustrativa, cuyo fin es ilustrar o clarificar mi testimonio, como por ejemplo un croquis, un chart, una fotografía, lo único que el proponente debe establecer es que tal evidencia es de ayuda al juzgador para entender otra evidencia, particularmente el testimonio de un testigo. En estos casos el origen de la evidencia ilustrativa tiene poca o ninguna importancia. Lo mismo da que un testigo vaya a la pizarra y el mismo haga un dibujo que ilustre su testimonio o utilice un modelo, croquis, etc. preparado por él u otra persona. Lo único importante es que el tribunal entienda que la evidencia ilustra-tiva hace más comprensible la otra evidencia. (Enfasis suplido.) E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1983, Vol. I, pág. 514.

En el caso de autos, el croquis era admisible bajo la Regla 80 de Evidencia, supra, para ayudar al Jurado a entender otra evidencia, particularmente el testimonio ini-cial del sargento Febres García y, además, el testimonio posterior del policía López Sánchez. Parafraseando al pro-fesor Chiesa, el origen del croquis es, en este sentido, in-material, ya fuera preparado por el testigo o un dibujante. A igual conclusión llegamos en cuanto a las fotografías admitidas.

Advertimos, además, que el croquis no constituyó una prueba de referencia bajo la Regla 60 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. No se trata de declaraciones del sargento Febres García fuera del tribunal para probar la verdad de lo aseverado; la prueba sustantiva fue el testimonio del propio Febres García en sala. Repetimos, el croquis sólo se admitió para instruir y hacer más comprensible su testimonio.

En la alternativa, aun concediendo que el croquis, por haber sido preparado por instrucciones del sargento Febres García, en rigor científico, incluía prueba de referencia en relación con declaraciones hechas fuera del tribunal, esta-ríamos ante una prueba de referencia admisible bajo la Regla 63 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, ya que el sar-gento Febres García y los policías Pérez Mártir y López Sánchez estuvieron sujetos —y como realidad forense fue-ron sometidos— a un detallado e intenso contrainterrogatorio. Véanse: Pueblo v. Esteves Rosado, 110 D.P.R. 334 (1980); Pueblo v. Adorno Cabrera, 133 D.P.R. 839 (1993).

De esa forma, los dos (2) elementos de la alegada prueba de referencia múltiple —esto es, las declaraciones del sargento Febres García para preparar el croquis, además de las de Pérez Mártir y López Sánchez, en cuanto a que brindaron información adicional más allá de la dimanante del conocimiento personal del sargento Febres García— quedaron comprendidos dentro de la excepción a la prueba de referencia provista en la Regla 63 de Evidencia, supra. A fin de cuentas, en virtud de la Regla 66 de Evidencia, supra, que reglamenta lo concerniente a la prueba de referencia múltiple, “[e]s admisible prueba de referencia que contiene a su vez prueba de referencia si tanto la prueba de referencia principal como la subordinada o incluida caen en el ámbito de alguna excepción a la regla de prueba de referencia”. (Enfasis suplido.)

IV

SEGUNDO ERROR: Incidió el Honorable Tribunal en no [adoptar] prueba que debió haber admitido con el testimonio de la Química, Sra. Migdalia Fernández. Alegato, pág. 3

El apelante Nazario Hernández argumenta que el testi-monio de la química señora Fernández “fue vago e impreciso”. Alude que, al ser contrainterrogada y confron-tada con un artículo en el American Journal of Clinical Patology, contestó no estar de acuerdo con su contenido, que carecía de una opinión o no sabía sobre el asunto. Sos-, tiene que el Jurado debió leer dicho artículo, pues contenía conclusiones distintas a la de la química.

El planteamiento expone, en síntesis, sobre la exclusión indebida del contenido del artículo, ya que era valioso como prueba sustantiva o de impugnación. Exploremos con bre-vedad esas dos (2) rutas.

En cuanto a la impugnación se refiere, la transcripción (T.E., Vol. XI, págs. 26-30) revela la amplia oportunidad que tuvo para confrontarla e impugnarla con el contenido del artículo. Las contestaciones y la postura asumida por la química señora Fernández ante el referido artículo fue-ron objeto de análisis por el Jurado. Ahora bien, si ese con-trainterrogatorio no fue efectivo ni generó duda razonable en el Jurado, es otra cosa.

Como prueba sustantiva —para probar la verdad de las declaraciones contenidas en el artículo— era de referencia e inadmisible, pues el autor del artículo no declaró en el juicio. Tampoco cabía invocar la excepción de la Regla 65(R) de Evidencia, 32 L.RR.A. Ap. IV, pues no demostró, mediante conocimiento judicial o testimonio pericial, que el autor del artículo era una autoridad confiable en la materia. No presentó prueba pericial alguna sobre este punto ni solicitó que se tomara conocimiento judicial.

Lo mismo ocurrió en cuanto a una hoja administrativa "de control que se lleva en las estaciones”. Lo menos que podemos decir es que también ejercitó ampliamente el de-recho a contrainterrogar (T.E., Vol. XI, págs. 73-77), y la Fiscal, emel redirecto, preguntó sobre el particular a los fines de que la testigo aclarara el asunto. Además, estamos convencidos de que la prueba de refutación (rebuttal) de El Pueblo (id., págs. 77-79), en efecto rebatió y aclaró cual-quier duda sobre la fidelidad de la prueba de aliento (T.E., Vol. XIII, págs. 20-79; Vol. XV, págs. 8-12),

En este extremo, es importante destacar que “la cláusula de confrontación garantiza una oportunidad para un contrainterrogatorio efectivo, no uno que la defensa desee sea efectivo en cualquier forma o para cualquier extensión”. (Traducción nuestra.) Delaware v. Fensterer, 474 U.S. 15, 22 (1988). "Las armas o los mecanismos dis-ponibles para impugnar una declaración de un testigo cuando dice que ha perdido la memoria, naturalmente no siempre serán exitosos; un contrainterrogatorio exitoso no es una garantía constitucional.” (Traducción nuestra.) United States v. Owens, 484 U.S. 554, 560 (1988).

Repetimos que un acusado tiene el derecho constitucio-nal a contrainterrogar los testigos de cargo sin restriccio-nes arbitrarias o injustificadas, pero no a una garantía de que triunfe mediante una absolución.

V

TERCER ERROR: El Tribunal negó al amparo de una Regla 9 propuesta por la defensa para que no fuera al jurado prueba de dudosa veracidad y confiabilidad en relación con la embriaguez del acusado. Alegato, pág. 15.

El apelante Nazario Hernández cuestiona la admisión en evidencia del resultado de su prueba, que arrojó .17% de alcohol en su sangre aproximadamente una hora después del accidente. Aduce una discrepancia en los documentos.

Independientemente de que el examen de esos docu-mentos no revele algunas de esas discrepancias, el tribunal de instancia correctamente admitió esa prueba y dejó al Jurado estimar su valor, con el beneficio de toda la prueba de impugnación presentada por la defensa mediante el contrainterrogatorio y en su turno.

La pertinencia de esos documentos era obvia. El ape-lante Nazario Hernández nos dice que “si tal prueba iba al jurado era una cuestión de hechos que hacía más daño al acusado”. Alegato, pág. 16. De ese modo invoca de manera implícita la Regla 19(a) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, sobre exclusión de prueba por el “peligro de causar perjui-cio indebido”. Tampoco tiene razón.

No cabe duda de que la prueba de embriaguez presentada le era perjudicial, pero esa es precisamente la razón por la cual el Fiscal la ofreció como prueba de cargo. Ello no configura ni es sinónimo de “perjuicio indebido”, sino que más bien forma parte natural del proceso adversativo evidenciario. Chiesa nos expone: “Una parte ofrece evidencia que tiende a causar perjuicio —no beneficio— a la otra parte. Una objeción en términos de que se excluya la evidencia por su efecto perjudicial no tiene mucho sentido; la otra parte puede contestar que justamente la ofrece para perjudicar o refutar las alegaciones de quien objeta. Perjuicio indebido se refiere más bien a evidencia cuyo valor objetivo es mucho menor al que puede recibir por parte del juzgador en virtud de factores, por ejemplo, emocionales.” (Enfasis suplido.) Chiesa, op. cit., págs. 62-63.

En este caso, el apelante Nazario Hernández tiene que aceptar “la realidad de que la evidencia pertinente ofrecida por una parte es siempre —o casi siempre— perjudicial a la otra parte; justamente por eso se ofrece. De ahí que no debe excluirse evidencia, bajo la Regla 19, meramente por su efecto perjudicial”. Chiesa, op. cit., pág. 63.

Actuó, pues, con corrección el tribunal de instancia al pasar al Jurado la evaluación de la evidencia sobre el re-sultado de la prueba de alcohol, como asunto de pertinencia condicionada, y dejó en manos de esos juzgadores la inte-rrogante de si el resultado de .17% de alcohol correspondía a la prueba realizada al acusado.

Coincidimos con el análisis siguiente del Procurador General:

La defensa contrainterrogó extensamente al testigo Víctor López Sánchez, quien sometió al acusado a la prueba de aliento. Tuvo oportunidad de impugnar la prueba de alcohol con su prueba de defensa. Contrainterrogó con efectividad a la quí-mica Migdalia Fernández Martínez. El juez impartió la más cuidadosa instrucción sobre pertinencia condicionada en rela-ción con la evidencia sobre el examen de alcohol. ¿De qué se queja entonces el apelante? Se queja de que el jurado le dio credibilidad a la prueba de cargo, pero esto corresponde a la esencia de lo que es un juicio por jurado. (Escolios omitidos.) Informe, pág. 25.

El apelante Nazario Hernández argumenta además, que el Ministerio Fiscal no podía acusarlo bajo el Art. 87 del Código Penal, supra, a base de la embriaguez, sino sólo por la velocidad. Aduce que el Juez, que presidió la vista preliminar, sólo lo autorizó así.

El señalamiento es inmeritorio. Primero, en la vista preliminar, el Hon. Juez Rivera Martínez no admitió la prueba de embriaguez por voz del policía López Sánchez, pero determinó causa probable para acusar por infracción al Art. 87 del Código Penal, supra, a base de la velocidad. Esa determinación de causa probable no limitó la autoridad ulterior del Fiscal para acusar o prescindir del elemento de embriaguez como uno de los integrantes de la imprudencia crasa o temeraria. El elemento esencial del referido Art. 87 es causar la muerte de una persona por conducir un vehículo de motor con imprudencia crasa o temeraria. En el juicio, el fiscal puede presentar una prueba pertinente sobre cualquier elemento del delito imputado, independientemente de que un juez la haya ex-cluido en vista preliminar.

La decisión del juez de instancia de encontrar causa probable por ese delito, prescindiendo del elemento de embriaguez, no refleja una prohibición a que se presen-tara una prueba sobre esa conclusión ni que ésta fuera inmaterial. Sencillamente, al momento de la vista prelimi-nar, el magistrado no admitió la prueba de embriaguez por voz del agente López Sánchez, pero encontró causa probable para acusar a base de la velocidad. Recuérdese que en la vista preliminar basta con una scintilla de evidencia que tienda a demostrar que el imputado cometió el delito en cuestión y, por ende, procede que se le presente un pliego acusatorio. El magistrado la encontró al examinar mera-mente el aspecto de la velocidad exagerada. No hacía falta más.

Curiosamente, el acusado trajo como testigo de defensa al Hon. Juez Rivera Martínez, quien presidió la vista pre-liminar, y no le preguntó nada sobre este planteamiento.

Segundo, la vista preliminar es un instrumento procesal que autoriza al Ministerio Fiscal a acusar por determinado delito grave. No impone limitación alguna sobre la prueba que pueda presentar en el juicio; ésta puede ser totalmente distinta, o una combinación de ella o una prueba distinta. Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279, 284 (1974).

Aún así, el apelante Nazario Hernández insiste en que conducir en estado de embriaguez no es un elemento de los delitos tipificados en los Art. 86 y 87 del Código Penal, supra, por lo que no procedía incluirlo en el pliego acusatorio. No obstante, olvida que, aunque no es un elemento per se, constituye una circunstancia fáctica que abona a demostrar la presencia de negligencia en los casos bajo el citado Art. 86 y de imprudencia crasa y temeraria bajo el referido Art. 87. Resolvemos que no está vedado presentar una prueba de embriaguez bajo el palio de otros artículos que no sean el que específicamente penaliza conducir en dicho estado si, como hemos visto, son pertinentes para demostrar la existencia de factores que, en conjunción, configuran el delito en cuestión. Y tercero, el mismo planteamiento fue resuelto en contra del apelante Nazario Hernández mediante Resolución (Hon. Sylvia Ricard Már-quez, Juez) de 13 de marzo de 1991. Acudió ante nos en certiorari y unánimemente sostuvimos dicho dictamen.

VI

SÉPTIMO ERROR: No admitir la prueba de cómo trabajan las motoras envueltas en el accidente, en especial la del occiso Ela-dio Rivera Ocasio. Alegato, pág. 33.

El apelante Nazario Hernández ha discutido con breve-dad este señalamiento sin citar autoridad ni invocar juris-prudencia alguna. Evidentemente, con su prueba trató de crear dudas en el Jurado en torno a si las motoras real-mente tenían las luces y los biombos encendidos al mo-mentó del accidente. Según lo expuesto, la prueba de cargo así lo estableció y lo creyó el Jurado.

La defensa presentó a los testigos José Anaya Nieves y Jorge L. Simons Herrera, custodios de los expedientes de reparaciones de las motoras. El veredicto condenatorio re-fleja que no tuvo éxito.

Al igual que al Jurado, no nos convence la lógica del argumento de que como las motoras tuvieron desperfectos en algún momento antes del accidente, debemos presumir que continuaban con ese desperfecto. La prueba de cargo demostró lo contrario: las motoras estaban con sus focos y biombos encendidos el día del accidente.

VII

QUINTO ERROR: Al negarse un juicio justo e imparcial al acu-sado entendiendo que con la prueba había quedado probado un caso fuera de duda razonable, en violación del debido proceso de ley y disposiciones de rango constitucional. Alegato, pág. 30.

El error no fue cometido. Basta con releer la relación de hechos expuesta al inicio de esta ponencia para demostrar lo inmeritorio del señalamiento de insuficiencia de la prueba de cargo; al ser creída por el Jurado, estableció la culpabilidad más allá de duda razonable. No hay elemento alguno de pasión, prejuicio o parcialidad que justifique in-tervenir con esa apreciación; tampoco hay un error manifiesto.

La proposición del apelante Nazario Hernández de que “claramente no hay intención criminal” sólo es susceptible de estimarse en sentido lego, no de derecho penal sustantivo. Ni el delito imputado (Art. 87 del Código Penal, supra) ni aquel por el cual fue hallado culpable y sentenciado (Art. 86 del Código Penal, supra), requieren intención como forma de culpabilidad. Lo contrario tipi-ficaría un asesinato.

Su contención de que tampoco se configuró la negligen-cia criminal carece igualmente de méritos. Señala factores como la falta de iluminación, que el automóvil estacionado en la carretera violaba la ley y que la velocidad de setenta (70) a setenta y cinco (75) millas que alcanzaba su vehículo fue puesta en entredicho con otro testimonio. Estas alega-ciones fueron dirimidas por el Jurado en su contra luego de contar con el beneficio de toda la prueba. El cuadro fáctico completo muestra no sólo la negligencia que requiere la primera modalidad del citado Art. 86, sino también la se-gunda vertiente, esto es, ocasionar la muerte a otra persona al efectuar un acto ilegal que no constituya delito grave. Veamos. Este Art. 86 dispone:

Toda persona que obrando con negligencia o que al realizar un acto ilegal que no constituye delito grave, ocasionara la muerte a otra, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de un (1) año y ocho (8) meses. De mediar circuns-tancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumen-tada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstan-cias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año y tres (3) meses.
El tribunal a su discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida o pena de multa que no excederá de tres mil (3,000) dólares, o ambas penas.
Cuando el homicidio involuntario se cometa por una persona al conducir un vehículo de motor, se le impondrá pena de reclu-sión por un término fijo de un (1) año. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuan-tes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) meses y un día. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión establecida, o ambas penas.
No empece lo dispuesto en el Artículo 12 de [este Código], el delito de homicidio involuntario según expuesto en el presente artículo se considerará delito menos grave y el acusado tendrá derecho a juicio por jurado.

El Art. 16 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3091, con-signa:

Responde por negligencia la persona que ha producido un resultado delictuoso sin quererlo, por imprudencia o descuido, o falta de circunspección o impericia o por inobservancia de la ley.

Al comentar la negligencia en el contexto del homicidio involuntario, expresa Dora Nevares-Muñiz en su “Análisis Editorial del Art. 86 del Código Penal”:

En el contexto del delito de homicidio involuntario, el ele-mento típico de la negligencia se puede dar de una o varias de las anteriores formas. Se trata de aquella conducta que se aleja del cuidado, atención, prudencia y pericia, que se espera del hombre prudente y razonable en igualdad de circunstancias. Además, el acto puede revestir la forma de rma acción o de una omisión. Véase LAFAVE & SCOTT, 591.
Se pueden identificar los siguientes requisitos propios de la negligencia criminal o culpa: 1) una acción u omisión volunta-ria pero no intencional, 2) ejecutada sin tomar las precauciones necesarias para evitar resultados perjudiciales, o al violar una ley o reglamento; y 3) que el resultado dañoso sea previsible para el sujeto activo, aunque no querido. (Escolio omitido.) D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Hato Rey, Ed. Instituto para el Desarrollo del Derecho, 1993, pág. 129.

Ciertamente, el conducir a exceso de velocidad en el caso de autos constituyó .un acto de imprudencia e inobservancia de la ley que, unido al factor de la embriaguez, configuró el delito de homicidio involuntario. En cuanto a conducir en estado de embriaguez, penalizado como menos grave en la Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, supra, aplica específicamente la modalidad de ocasionar la muerte a otro al realizar un acto ilegal que no constituye delito grave. Expresa Dora Neva-res-Muñiz, al discutir esta vertiente:

Entendemos, que el acto ilegal a que hace referencia el tipo legal debe ser un delito menos grave. Así lo sostienen las Ins-trucciones al Jurado, 128, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Distíngase que cuando se trata de muertes causadas por conductores de vehículos de motor, el acusado puede haber realizado varios actos ilegales que no equivalen a delitos menos graves. E.g., no tocar bocina cuando la ley lo requiere, conducir a velocidad mayor que el límite autorizado, no detenerse ante una señal de pare. En estos casos, si ocurre una muerte como consecuencia de tales actos, será homicidio involuntario en la modalidad de negligencia (i.e., por inobservancia de la ley).
Bajo la modalidad aquí discutida, la intención del acusado es la que motivó el delito menos grave. Según lo dice el nombre del tipo legal, la muerte que sobreviene al acto del acusado es in-voluntaria, ya que no es producto de su propósito o voluntad de causar tal resultado. Sin embargo, el establecerse un nexo de causalidad próxima entre el acto del acusado y la muerte que sobreviene, se le impone responsabilidad a título de homicidio involuntario. Véase: Pueblo v. Figueroa, 80 D.P.R. 329 (1958); Pueblo v. Rivera Márquez, 96 D.P.R. 758 (1968); Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970). Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 128.

De otro lado, el argumento de que medió negligencia del conductor que dejó estacionado el vehículo en pleno expreso y ello motivó la intervención de los policías, es patentemente frívolo. La negligencia de otra persona sólo exonera a un acusado si es la única causa del accidente mortal. Pueblo v. Pinto Medina, 90 D.P.R. 585, 592-593 (1964).

VIII

CUARTO ERROR: En negarse a declarar con lugar una Moción para que el caso de Art. 86 que fue lo que finalmente el jurado trajo un veredicto de culpabilidad por esta y por una violación a la sección 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito, señalando no procedía enviar el caso para un informe para beneficio del im-putado de una Sentencia Suspendida, de ser acreedor de ella entendiendo el Hon. Juez que como el Art. 87 de negligencia crasa y temeraria estaba plasmado sobre dos actuaciones negli-gentes había quedado cubierto por el veredicto de culpabilidad en la sección 5-801 de la Ley de Vehículos de Tránsito. (Guiar en estado de embriaguez, Ley l4l). Alegato, pág. 17.

El planteamiento básico es que el Art. 2 de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1027 —que regula la sentencia suspendida— no im-pide que el apelante Nazario Hernández pueda recibir ese beneficio, a pesar de haber sido hallado culpable de homi-cidio involuntario y conducir en estado de embriaguez.

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley Núm. 61 de 19 de junio de 1965 (34 L.P.R.A. see. 1027) “[p]ara enmendar el Artículo 2 de la Ley 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, que establece el sistema de libertad a prueba, a los fines de incluir el delito de homicidio involuntario que no sea ocasionado mientras se conduzca un vehículo en estado de embriaguez”. 1965 Leyes de Puerto Rico 127. Lo hizo añadiendo el siguiente párrafo al Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. see. 1027:

Con arreglo a lo anteriormente dispuesto, el tribunal senten-ciador podrá también suspender los efectos de la sentencia de cárcel que se hubiere dictado en todo caso de homicidio involun-tario que no se hubiere ocasionado^ mientras se conducía un ve-hículo en estado de embriaguez. (Enfasis suplido.)

Este texto permanece inalterado hasta el día de hoy, a pesar de las múltiples enmiendas posteriores. La Ley Núm. 61, supra, aclaró que no se suspendería la sentencia si el delito de homicidio involuntario se hubiera oca-sionado mientras se conducía un vehículo en estado de embriaguez.

Aunque el Código Penal no tipifica específica y separa-damente el delito de “homicidio involuntario causado por conducir un vehículo en estado de embriaguez”, la inten-ción legislativa es clara. Ello se explica si tomamos en cuenta que la negligencia que causa el homicidio involun-tario puede ser de distintas formas o modalidades; una, manejar negligentemente un vehículo de motor; más aun, si se hace en estado de embriaguez. Si como en el caso de autos, de las alegaciones en la acusación y prueba de cargo surge la modalidad embriaguez, el acusado convicto no cualifica para una sentencia suspendida.

En el pliego acusatorio se imputó expresamente que la muerte de la víctima fue causada por la imprudencia crasa del acusado al conducir un vehículo a velocidad exagerada y “bajo los efectos de bebidas embriagantes (0.17%)”. Véase acusación bajo Artículo 87 del Código Penal, Apéndice I. La prueba de cargo estableció hasta la saciedad el elemento de conducir en estado de embriaguez; el jurado le dio crédito a esta prueba. Más aún, al acusado se le imputó expresamente infracción a la Sección 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito (9 L.P.R.A. see. 1041), según se aprecia en la acusación correspondiente (Apén-dice I). El jurado lo halló culpable por este delito.
Estamos ante la situación en que no cabe duda de que el jurado halló al acusado culpable por homicidio involuntario y por conducir en estado de embriaguez, con relación al mismo evento: el impacto a la víctima, que causó su muerte. Si ésta no es la exclusión contemplada por la Ley 61 de 19 de junio de 1965 (limitar la sentencia suspendida al “homicidio involunta-rio que no hubiera sido ocasionado mientras se conducía un vehículo en estado de embriaguez”), ¿a qué otra cosa podría haberse referido el legislador? Se trata de urna disposición le-gislativa con tres décadas de vigencia, no alterada a pesar de las múltiples enmiendas que ha sufrido el estatuto en esos 30 años. Informe, pág. 30.

La referencia del apelante Nazario Hernández a la suspensión de una sentencia por infracción al Art. 87 del Código Penal, supra —muerte al conducir un vehículo de motor mediante imprudencia crasa o temeraria— es impertinente. Aunque así fue acusado, el Jurado lo halló culpable por el Art. 86 del Código Penal, supra, homicidio involuntario, delito menor incluido. No debemos, pues, mezclarlos.

Respecto al Art. 87 del Código Penal, supra, la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989 (9 L.P.R.A. sees. 1041-1042, 1044, y 34 L.P.R.A. see. 1027) enmendó la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, Ley de Sentencia Suspendida, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1026-1029, para excluir a las personas convictas de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.

De la Exposición de Motivos de esa Ley Núm. 50 aflora que es una medida para combatir el grave problema de embriaguez en las carreteras. 1989 Leyes de Puerto Rico 187. Incluso, esta ley redujo el porcentaje de alcohol para activar la presunción de embriaguez; aumentó la pe-nalidad por conducir en estado de embriaguez (Ley de Ve-hículos y Tránsito de Puerto Rico); y, en su Art. 4, enmendó el Art. 2 de la Ley Núm. 259, supra, para añadir a las exclusiones del beneficio de la sentencia suspendida la sen-tencia por imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.

Inadvertidamente, el proceso legislativo se realizó con vista al texto de la ley anterior a la enmienda que intro-dujo la Ley Núm. 50, supra, y ello tuvo el efecto involunta-rio de suprimir el texto aprobado con la Ley Núm. 50, supra, sobre la exclusión de probatoria al convicto por imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez.

Estamos ante un error legislativo, tal como se des-prende de la Ley Núm. 8 de 30 de noviembre de 1989 (34 L.P.R.A. see. 1027): “Para enmendar el Artículo 2 de la Ley 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, a fin de ex-cluir de sus alcances a las personas convictas por ciertas infracciones a la Ley 17 de 19 de enero de 1951” (Ley de Armas de Puerto Rico). 1989 Leyes de Puerto Rico 616. Sería absurdo interpretar que el propósito fue eliminar es-casamente tres (3) meses después de aprobada la en-mienda introducida por la Ley Núm. 50, supra.

Enfatizamos que ese trámite e inadvertencia sólo podría beneficiar a un convicto por infracción al Art. 87 del Código Penal, supra; no al apelante Nazario Hernández, convicto y sentenciado bajo el Art. 86 del Código Penal, supra. A él le aplica la Ley Núm. 61 de 19 de junio de 1965 (34 L.P.R.A. see. 1027) cuyo texto ha permanecido por tres (3) décadas inalterado hasta hoy:

Con arreglo a lo anteriormente dispuesto, el tribunal senten-dador podrá también suspender los efectos de la sentencia de cárcel que se hubiera dictado en todo caso de homicidio invo-luntario que no hubiera sido ocasionado mientras se conducía un vehículo en estado de ambriaguez. (Enfasis suplido.)

No estamos ante una situación que involucra la aplica-ción del canon de interpretación restrictiva de la ley penal cuando, luego de acudir a los principios reconocidos de her-menéutica estatutaria, exista ambigüedad y el acusado sea acreedor al beneficio de la duda. A fin de cuentas, la inter-pretación restrictiva de la ley penal es sin menoscabo de la intención legislativa conocida o evidente. Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993).

Se dictará sentencia confirmatoria.

       Oportunamente los evaluaremos en el orden lógico como se desarrolló el proceso judicial.

       La prueba testifical fue abundante y su transcripción consta de quince (15) volúmenes.

       En el argot policíaco, “con novedad” se refiere a la situación que se suscita cuando un policía tiene que laborar sobre el límite de ocho (8) horas en un día debido a algún incidente o problema que así lo requiera. T.E., Vol. XII, pág. 32.

       Algunos ejemplos serían el arma utilizada por el acusado, un recipiente de gasolina en un fuego; la ropa de la víctima, un vehículo chocado, etc.

       A saber, que “el número de la hoja de los pasos operacionales aparecía con su número de serie que no necesitaba para nada borrarse o escribirse sobre ella conte-nía unos sobre escritos” (Alegato, pág. 15); “en la hoja de cotejo de administración aparece que fue el Policía Mercado el que hizo la muestra cuando fue el Policía Víctor López, el que la hizo” (id.); “parte del número de Seguro Social del imputado aparece en otra línea de otro acusado que no es la línea donde debe estar” (id., pág.16); “donde señala la hora de la muestra tenía una serie de entrerrenglonadura que no se notaba claramente la hora en que se tomó la muestra” (id.); “[alparecía además que se tomaron dos muestras a la misma hora” (id.).

       En lo pertinente, dicho foro expresó correctamente:
      “Declaramos NO HA LUGAR la solicitud de desestimación bajo la Regla 64(p), que la hemos considerado como una moción para eliminar la alegación de conducir en estado de embriaguez del pliego acusatorio por el delito de homicidio al conducir un vehículo de motor con Imprudencia Crasa y Temeraria, Artículo 87 del Código Penal, porque nada en la ley impide que el Ministerio Fiscal alegue dicha conducta como parte de los hechos con los que pretende establecer la culpabilidad del acusado. Esta alegación no es un elemento del delito tipificado en el Artículo 87 del Código Penal, por lo que no era necesario presentar prueba de la misma en la etapa de la vista preliminar correspondiente. Pueblo v. Vélez Pumarejo, 113 D.P.R. 349, 353, 357 (1982); Pueblo v. López Carrillo, 101 D.P.R. 259, 261, 262 (1973).
      “También el Ministerio Fiscal puede solicitar la consolidación de una denuncia radicada en el Tribunal de Distrito por un delito menos grave que está relacionado con algún delito grave, pendiente en el Tribunal Superior, por haber surgido del mismo acto o transacción. Regla 89 de las Reglas de Procedimiento Criminal.
      “En adición, el Ministerio Fiscal puede radicar una acusación en el Tribunal Superior por aquellos delitos menos graves que fueren también de la jurisdicción del Tribunal de Distrito, o sea, que son de competencia concurrente. Regla 111 de las Reglas de Procedimiento criminal.
      “Sobre las dos acusaciones pendientes en contra del acusado, por Conducir en Estado de Embriaguez, Sección 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, de un examen de las mismas surge que las acusaciones KLE-90-M-0302 y KLE-90-M-0288, están duplicadas, porque las mismas se relacionan con los mismos hechos.
      “El Tribunal hace constar que la acusación por la Sección 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, que se radicó a nivel del Tribunal Superior, se debe desestimar, pero lo hará el juez que tiene a su cargo la vista en su fondo, toda vez que el imputado estaba acusado por el delito de embriaguez en el Tribunal de Distrito y se consolidó dicho caso con la acusación por infracción al Artículo 87 del Código Penal en el Tribunal Superior.” (Enfasis suplido y en el original.)

       No podía ser distinto. Anaya Nieves atestó que las motoras estaban en bue-nas condiciones al momento del accidente (T.E., Vol. XII, págs. 56-57) y se reafirmó en el redirecto. Id., págs. 63-72. Declaró que la norma era exigir que las motoras estuvieran en óptimas condiciones para los turnos nocturnos. T.E., Vol. XII, pág. 72.

        Simons Herrera explicó las omisiones en los expedientes de las reparaciones a base de que los policías no los llenaban si no tenían problemas. T.E., Vol. XII, pág. 104. Admitió, sin embargo, que es posible que un policía salga a trabajar con biombo defectuoso de la motora (id., pág. 114), pero insistió en que la regla era que la motora no'salía así de noche. Id., pág. 115.

       Las formas de culpabilidad son intención y negligencia. Para algunos delitos, basta con la negligencia; en otros, se requiere la intención. El homicidio involuntario del Art. 86 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4005, es que la persona haya "obrado con negligencia”. Lo mismo con el Art. 87 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4006, pero la diferencia estriba en el grado mayor de negligencia requerido para una convicción. Pueblo v. Gutiérrez Solis, 98 D.P.R. 89 (1969).

       En lo pertinente, las Leyes Núms: 93 de 30 de mayo de 1970; 61 de 23 de junio de 1971 (Art. 1); 15 de 17 de abril de 1972; 119 de 22 de julio de 1974 (Art. 1); 19 de 5 de agosto de 1975; 99 de 22 de junio de 1977; 160 de 20 de julio de 1979 (See. 1); 105 de 4 de junio de 1980 (Sec. 1); 22 de 3 de junio de 1985; 50 de 9 de agosto de 1989 (Art. 4); 8 de 30 de noviembre de 1989; 33 de 27 de julio de 1993 (Art. 1), y 56 de 5 de agosto de 1993 (34 L.P.R.A. see. 1027).

       El acusado apelante pretende hacer una distinción, para efectos de recibir los beneficios de una sentencia suspendida, entre estar en “embriaguez” y ‘bajo los efectos de bebidas embriagantes”. Señala que el Ministerio Público tenía el deber de probar su estado de embriaguez más allá de duda razonable, no bastando su convic-ción por conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes. Dice que no es lo mismo guiar bajo los efectos de bebidas embriagantes —esto es, estar “picado” o “alegre”— que estar en embriaguez, o ‘borracho”.
      Tal distinción carece de méritos en el caso de autos. Olvida que la Ley Núm. 50 de 9 de agosto de 1989 (9 L.P.R.A. sees. 1041-1042 y 1044, y 34 L.P.R.A. see. 1027) —que él mismo levanta— señala, en lo pertinente, en su Exposición de Motivos:
      “El propósito de esta ley es adoptar medidas que nos permitan sacar a los con-ductores ebrios de nuestras carreteras e imponer a éstos medidas que desalienten estos hábitos y faciliten su rehabilitación. De esta forma se reducirán las muertes y daños causados por los accidentes de tránsito y especialmente aquellos ocasionados por la conducción bajo los efectos del alcohol.” (Enfasis suplido.) 1989 Leyes de Puerto Rico 187, 188.
      Ya en su texto, la ley, por un lado, niega los efectos de la sentencia suspendida en los casos de imprudencia crasa o temeraria al conducir un vehículo de motor en estado de embriaguez y, por otro, fija las cantidades de alcohol en la sangre que activen las presunciones en cuanto a “Conducción de Vehículos de Motor bajo los Efectos de Bebidas Embriagantes”. Leyes de Puerto Rico, supra.

      La ley no hace distinciones sutiles entre ambos conceptos sino que, para atajar el problema de muertes en la carretera a consecuencia del manejo de vehículos por conductores ebrios, dispone sobre ambos extremos como dirigidos al mismo propósito.
      Es por eso que no podemos acoger su juego de palabras y excluirlo del ámbito del Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. see. 1027.

       Coetáneamente, la Asamblea Legislativa consideraba una enmienda para excluir de los beneficios de una sentencia suspendida a las personas convictas por ciertas infracciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. Esto se hizo mediante la Ley Núm. 8, supra.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Néstor Hernández Pérez.

      Número: 8810

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Jacqueline Novas Debien, Subprocuradora General, y Aída Ileana Oquendo Graulau, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   per curiam:

El Ledo. Néstor Hernández Pérez fue admi-tido al ejercicio de la abogacía el 4 de enero de 1988 y a la práctica de la notaría el 13 de octubre de 1993. Voluntaria-mente cesó al ejercicio de la notaría el 3 de abril de 1995.

Según nos informa el señor Procurador General de Puerto Rico, el Ledo. Néstor Hernández Pérez alegó culpa-bilidad ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico de dos (2) cargos por haber intentado im-portar la sustancia controlada conocida por cocaína a terri-torio estadounidense. 21 U.S.C. see. 952.

El 24 de enero de 1995 fue sentenciado a cumplir dos (2) años de reclusión en una institución carcelaria fuera de Puerto Rico y al pago de veinte mil dólares ($20,000) de multa. 21 U.S.C. sees. 960 y 963. Caso Núm. 94-231(CC).

La persona que siendo abogado fuese convicta de un de-lito grave que haya cometido en conexión con la práctica de su profesión o que implique depravación moral, cesará de ser abogado o de ser competente para la práctica de su profesión. 4 L.P.R.A. see. 735.

Habiendo presentado el señor Procurador General una copia certificada de la sentencia dictada contra el Ledo. Néstor Hernández Pérez por el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, por dos (2) cargos del delito de intentar la importación de una sustancia contro-lada al territorio estadounidense, se separa a dicho abo-gado permanentemente del ejercicio de la abogacía en Puerto Rico y se ordena al Secretario General que elimine su nombre del Registro de Abogados.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señora Naveira de Rodón y Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


author: PER curiam:

text:
      In re Luis E. Colón Ramery.

      Número: MC-89-15

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Sergio Domínguez Wolff, Silvestre M. Miranda y Nilda M. Navarro, de Ledesma, Palou & Miranda; Jorge Luis Guerrero Calderón, Nelson Biaggi García, Jorge E. Galva, An-

      ionio Escudero Viera y Noel S. González Miranda, de McConnell Valdés; Carlos R. Noriega Rodríguez y Antonio Arraiza Miranda, del Colegio de Abogados de Puerto Rico, todos en calidad de amicii curiae.

   PER curiam:

(En reconsideración)

A solicitud de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, así como de otros abogados que comparecieron en el pleito de epígrafe como interventores y amici curiae, reconsidera-mos la opinión emitida en el caso de autos. Luego de ree-valuar las cuestiones planteadas a la luz de la ley y juris-prudencia aplicables, consideramos prudente variar la norma general impuesta en el caso de epígrafe.

HH

El 8 de junio de 1993 emitimos una opinión y sentencia en el caso de autos en la cual impusimos una norma pro-hibitiva de carácter prospectivo a los efectos de que ningún abogado-notario podría representar a una de las partes otorgantes de un documento autorizado por éste en un pleito posterior para exigir las contraprestaciones a las cuales se obligó la otra parte en el documento. Determina-mos que un "abogado-notario que reclama judicialmente en representación de una de las partes otorgantes de un do-cumento, para exigir la contraprestación a la que se obligó la otra parte en el documento, da la falsa impresión de que siempre estuvo parcializado con la parte en representación de la cual reclama”. In re Colón Ramery, 133 D.P.R. 555, 567 (1993). Así, la norma impuesta tuvo el propósito de evitar dicha “apariencia de conducta profesional impropia”. Canon 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Basamos, además, la imposición de dicha norma en el hecho de que “el Canon 22 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, dispone que un abogado debe evitar tes-tificar en beneficio o apoyo de su cliente y renunciar [a] su representación cuando adviene en conocimiento de que puede ser llamado a declarar en su contra. En toda acción en la que un instrumento notarial sea el objeto de la con-troversia, el notario siempre es testigo silente”. In re Colón Ramery, supra, pág. 568.

Asimismo, extendimos dicha prohibición a los socios y asociados de bufetes pluralizados a base de que

[e]n términos generales, somos de opinión que existe un de-ber deontológico general implícito en una sociedad de abogados, que recae sobre sus socios, de velar y determinar que la prác-tica y métodos seguidos por todos en la sociedad estén a tono con el Código de Etica. Creemos que esta obligación no puede quedar diluida o inmersa en la burocracia oficinesca o plurali-dad de abogados. Por ende, no podemos compartir la tesis de que el abogado, cuando se desempeña en una sociedad jurídica —en su condición de socio o como empleado— puede actuar aisladamente en una especie de comportamiento sellado, ajeno y alejado de los asuntos generales profesionales y notariales en que se desenvuelve la asociación. In re Lavastida et al., 109 D.P.R. 45, 92 (1979), opinión concurrente y disidente del Juez Asociado Señor Negrón García.

Luego de reevaluar las cuestiones planteadas en el caso a la luz de las extensas y bien fundamentadas comparecen-cias de los interventores y amici curiae, la ley y la juris-prudencia aplicables, entendemos que es necesario emitir los pronunciamientos siguientes. Veamos.

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En primer término, reafirmamos que un notario que autorice un instrumento público estará impedido de representar posteriormente como abogado a cualquiera de los otorgantes, en una litigación contenciosa, contra el otro o los otros otorgantes para reclamar judicialmente las contraprestaciones contenidas en el instrumento público.

Esta norma es una consecuencia lógica de nuestra decisión en B. & L., Inc. v. P.R. Cast. Steel Corp., 114 D.P.R. 808 (1983). Allí determinamos que un abogado estaba im-pedido de notarizar documentos de su cliente que estaban relacionados con un pleito en el cual éste lo representaba y que estaba pendiente ante los tribunales. Tal prohibición respondió a que

[ejxiste tan manifiesta identidad entre abogado y cliente en lo que respecta al relato de los hechos sobre los cuales se pide remedio en la acción civil y tiene el abogado tanta libertad para escoger el lenguaje en qu[é] narrar los hechos a él informados por el chente, que en cualquier pleito —en el desarrollo de la controversia— puede surgir discrepancia entre abogado y cliente respecto al contenido de la alegación jurada y derivar en procedimientos lesivos a la fe pública de que es custodio el notario. B. & L., Inc. v. P.R. Cast. Steel Corp., supra, pág. 811. Véase, además, E. Otero Silva, Mesa redonda: función dual de la abogacía y la notaría; la jurisdicción voluntaria en sede notarial, Ponencia presentada en la XXXI Conferencia de la Fe-deración Interamericana de Abogados (1994).

Como bien se desprende de la anterior cita, la justificación básica de dicha norma fue la protección de la fe pública de la cual el notario es custodio. A tono con dicha motivación, es importante recordar que la fe pública “ ‘como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compareciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autenticidad ...”. In re Vargas Hernández, 135 D.P.R. 603, 608 (1994), citando a In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987). Dicho esquema parte de la base de que “la cualidad medular que lo distingue [al Notario] del abogado es su imparcialidad, y en tal condición debe actuar en un plano superior a las partes”. Ley Notarial de Puerto Rico, Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987, Leyes de Puerto Rico 262-263 (4 L.P.R.A. see. 2002 et seq.).

Es como medida protectora de dicha imparcialidad que se justifica la norma que hoy reafirmamos. La práctica de la profesión de abogado es incompatible con la práctica de la notaría cuando ambas intervenciones del abogado-notario traten el mismo asunto. La expectativa del aboga-do-notario de, una vez otorgado el documento en el cual actuó como notario, activar una relación de abogado-cliente con uno de los otorgantes o de mantener una rela-ción de ese tipo que existía previo al otorgamiento del do-cumento, trastoca la presunción de imparcialidad que protege toda labor del notario y empaña la fe pública de la cual éste es custodio.

Én ese contexto, la línea divisoria entre la consejería como parte de una relación abogado-cbente y la consejería legal que, como notario imparcial conocedor de la Ley Notarial de Puerto Rico permite al notario otorgar documen-tos, es tan difícil de reconocer que raya en la inexistencia. Fue con dicha dificultad en mente que trazamos la línea e impusimos la prohibición que hoy reafirmamos.

La imparcialidad del notario no puede limitarse al momento mismo del otorgamiento y de brindar las advertencias. Esta debe estar presente también durante todos los procesos conducentes y posteriores a dicho otorgamiento. Sólo así mantendremos intacta la fe pública de la cual el notario es custodio.

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En segundo lugar, aclaramos que la prohibición anteriormente expuesta no incluye la función dual de abogado-notario en las acciones ex parte, a menos que esté expresamente prohibida por ley o doctrina jurisprudencial. Dicha exclusión, con respecto a la aplicabilidad de la norma prohibitiva que hoy reafirmamos, es una consecuencia lógica del hecho de que, por su carácter no contencioso, en dichos procedimientos no existe la apariencia de parcialidad impropia a la cual aludimos anteriormente. Recordemos que los procedimientos ex parte tienen como propósito dar validez jurídica a actos y manifestaciones consensúales de la voluntad privada. E. Escobar De la Riva, Tratado de Derecho Notarial, Ed. Marfil, S.A., 1957, págs. 27-28, se-gún citado en B. & L., Inc. v. P.R. Cast. Steel Corp., supra, pág. 812 esc. 3.

La norma antes dispuesta tampoco incluye las declaraciones de autenticidad de las firmas. Estas no constituyen documentos públicos. Art. 56 de la Ley Notarial de 1987 (4 L.P.R.A. see. 2091). En ellas el notario se limita a legitimar las firmas pero “no asume responsabilidad alguna por el contenido del documento privado de cuyas fir-mas legitime”. Id.

IV

Ahora bien, contrario a lo que dispusimos en la opinión original en el caso de autos, la prohibición que hoy sostenemos no es extensiva a los socios o asociados del bu-fete del notario autorizante. Este curso decisorio responde a que, aun cuando ciertamente “somos de opinión que existe un deber deontológico general implícito en una sociedad de abogados, que recae sobre sus socios de velar y determinar que la práctica y métodos seguidos por todos en la sociedad estén a tono con el Código de Etica”, In re Lavastida et al., supra, pág. 92, hemos resuelto que la responsabilidad del notario es personalísima e indisoluble. In re Meléndez Pérez, 104 D.P.R. 770, 777 (1976); B. & L., Inc. v. P.R. Cast Steel Corp., supra; E. Martínez Moya, Derecho notarial y registral inmobiliario, análisis de jurisprudencia 1993-94, 64 Rev. Jur. U.P.R. 873 (1995).

Sin embargo, los socios o asociados de un notario en un bufete pluralizado no pueden representar a una parte en un litigio relacionado con un documento otorgado por dicho notario si la actuación de éste último como notario o cual-quier acuerdo plasmado u omitido en el documento fuese cuestionada. Es decir, que ni el abogado-notario autori-zante ni sus socios o asociados en bufetes pluralizados po-drán representar a ninguno de lo otorgantes del docu-mento autorizado por dicho abogado-notario cuando, como parte del litigio contencioso, se impugna la validez de al-guno de los acuerdos que surgen del documento autorizado o se alega la existencia de otros acuerdos relativos al mismo asunto que fueron omitidos en dicha escritura matriz.

La extensión de dicha prohibición a los socios o asocia-dos de bufetes pluralizados responde al hecho de que éstos, como parte de la sociedad de abogados, podrían estar ex-puestos a una responsabilidad financiera por los actos del socio-notario. Asociación de Propietarios v. Santa Bárbara Co., 112 D.P.R. 33, 49 (1982).

Finalmente, el notario y sus socios o asociados en bufe-tes pluralizados deben además decidir, dentro de su res-ponsabilidad profesional, cuándo deben abstenerse de ac-tuar en los casos en que, por sus particulares circunstancias, su actuación podría generar un potencial de conflicto o la apariencia de conducta impropia.

V

Estos pronunciamientos tienen un carácter prospectivo y, por ende, afectan únicamente a aquellos casos que se iniciaron en los tribunales a partir de la fecha cuando se certifique la opinión y sentencia de esta Curia. Además, aquellos pronunciamientos expuestos en In re Cando Sifre, 106 D.P.R. 386 (1977), que sean incompatibles con lo aquí resuelto, quedan por la presente expresamente revocados.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asot ciado Señor Hernández Denton están conformes con la to-talidad de la opinión per curiam. El Juez Asociado Señor Negrón García y la Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón están de acuerdo con las Partes I, II, III y V, pero disienten de la Parte IV. Además, el Juez Asociado Señor Negrón García hizo constar que disintió de la Parte IV “por los fundamentos expuestos en su opinión de conformidad de 8 de junio de 1993. Reitera que a un socio le está vedado violar los cánones por medios indirectos o mediante el em-pleo de terceros’. Por ende, no albergamos duda de que la norma es extensiva a los socios o abogados de un bufete pluralizado u otra agrupación de abogados”. Los Jueces Asociados Señores Alonso Alonso y Fuster Berlingeri están conformes con las Partes I, III, IV y V, pero disintieron sin opinión de la Parte II. El Juez Asociado Señor Rebollo Ló-pez no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    Carlos Hurtado Latre, Rosa Rivera y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ambos, demandantes y recurrentes, v. Josefina Osuna y Dr. Ramón Fresse, demandados y recurridos.

      Número: RE-91-012

      Resuelto: 30 de junio de 1995

      Pedro Gavillán Morales, abogado de los recurrentes; Jorge J. López López, de Irizarry & Otero, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

I

El 9 de abril de 1989 el demandante recurrente Carlos Hurtado Latre, empleado de Lederle Parenterals, Inc. (en adelante Lederle), se reportó al Fondo del Seguro del Es-tado alegando que había sufrido un accidente de trabajo. El 3 de abril de 1990 el Fondo del Seguro del Estado emitió una resolución mediante la cual resolvió que, efectiva-mente, el demandante había sufrido un accidente del tra-bajo, brindándole los beneficios dispuestos en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 1 y ss. El 2 de mayo de 1990 el demandante, su esposa y la sociedad de gananciales constituida por ellos presentaron la demanda de epígrafe y alegaron, en síntesis, que debido a la negligéheia de la codemandada Josefina Osuna, Direc-tora de Seguridad Industrial de la planta, el demandante estuvo expuesto a múltiples agentes citotóxicos y antibió-ticos, los cuales le han producido su condición actual de trombocitopenia adquirida. Alegaron, además, que debido a la negligencia del codemandado, Dr. José Ramón Fresse, médico seleccionado por el patrono, el demandante no re-cibió tratamiento médico oportuno.

El 14 de septiembre de 1990 la codemandada Josefina Osuna presentó una solicitud de sentencia sumaria, ale-gando que la inmunidad que la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo concede al patrono se extiende ade-más a sus oficiales y empleados. El codemandado, Dr. José Ramón Fresse, presentó una moción para solicitar adhe-rirse a la moción de sentencia sumaria de la codemandada Josefina Osuna.

El 9 de noviembre de 1990 el tribunal de instancia dictó sentencia sumaria que desestimaba la demanda en todos sus aspectos.

Inconforme con la sentencia dictada, la parte deman-dante interpuso un recurso de revisión que declaramos no ha lugar mediante resolución emitida el 8 de febrero de 1991. No obstante, vista la moción de reconsideración, le concedimos al codemandado recurrido, Dr. José Ramón Fresse, el término de veinte (20) días para que mostrara causa por la cual no debíamos dejar sin efecto nuestra Re-solución de 8 de febrero de 1991 y dictar sentencia para revocar la sentencia sumaria recurrida. El Dr. José Ra-món Fresse ha comparecido. Estamos en posición de deci-dir y así procedemos a hacerlo.

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo provee un amplio esquema para la concesión de distintos tipos de beneficios a obreros que sufren acciden-tes o lesiones en el curso de su empleo. En general, la ley provee tres (3) tipos de beneficios a los trabajadores lesio-nados: (1) tratamiento y asistencia médica, incluso medici-nas y servicios de hospital cuando fuese necesario; (2) com-pensación, en forma de dietas, durante el período de recuperación, mientras el obrero continúe temporalmente incapacitado para trabajar, y (3) compensación adicional por cualquier incapacidad parcial o total permanente que resulte. Ríos Rivera v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 808, 811 (1979).

La ley establece que los beneficios antes mencionados se extienden a los obreros “que sufran lesiones o se inutilicen, o que pierdan la vida por accidentes que provengan de cualquier acto o función inherente a su trabajo o empleo y que ocurran en el curso de éste, y como consecuencia del mismo o por enfermedades o muertes derivadas de la ocu-pación ...”. 11 L.P.R.A. see. 2.

De acuerdo con esta disposición, los requisitos para que un accidente sea compensable son: (1) que pro-venga de cualquier acto o función del obrero; (2) que sea inherente a su trabajo o empleo, y (3) que ocurra en el curso de éste. Admor., F.S.E. v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 56, 58 (1973); Vélez, Admor. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 480, 484 (1964).

Conforme al esquema adoptado por la ley, los obreros tienen derecho a percibir los beneficios del esta-tuto, independientemente de que pueda demostrarse que la lesión sobrevino por la negligencia de alguna persona. Santiago Hodge v. Parke Davis Co., 126 D.P.R. 1 (1990); Cortijo Walker v. Fuentes Fluviales, 91 D.P.R. 574, 580 (1964). A cambio de esto, los patronos generalmente gozan de inmunidad en torno a acciones por daños y perjuicios presentados por el obrero afectado con relación a su lesión. 11 L.P.R.A. sec. 21. “Este quid pro quo es el eje central del esquema de seguro compulsorio; es lo que lo hace viable.” Pacheco Pietri y otros v. E.L.A. y otros, 133 D.P.R. 907, 915 (1993). Véase Ruiz Díaz v. Vargas Reyes, 109 D.P.R. 761 (1980).

I — I hH I — I

Como mencionáramos anteriormente, en el presente caso la parte demandante instó una acción de daños y perjuicios contra una coempleada —la Directora de Seguridad de la planta para la cual trabajaba el obrero demandante— por su negligencia en cuanto a las medidas de seguridad aplicables a la víctima. La controversia es similar a la que se planteó en Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., 132 D.P.R. 115 (1992). Allí expresamos que la obligación legal de proveer un lugar seguro de empleo recae en el patrono. Este tiene un deber indelegable (“no delegable”) de proveer un lugar de trabajo libre de riesgos para sus empleados. El término “no delegable” significa que hay algunas obligaciones que un patrono debe a sus empleados las cuales impiden que el patrono pueda librarse de responsabilidad frente al obrero lesionado, delegando esa función en otros coempleados. Señalamos, además, lo siguiente:

Dentro de la estructura corporativa, el patrono descarga su obligación de proveer un lugar seguro de empleo a través de sus agentes, empleados u oficiales corporativos. De tal forma, un obrero lesionado siempre encontrará un oficial que está en-vuelto en decisiones en torno a la seguridad de los empleados, o a un supervisor que está encargado de implantar las normas de seguridad de la compañía. Determinamos, por razones de polí-tica pública, que cuando la alegada negligencia del supervisor u oficial corporativo se deriva del incumplimiento de esta obliga-ción, el obrero lesionado no puede demandar al coempleado; el deber de supervisión adecuada es una obligación del empleado a su patrono y no a su compañero de trabajo. Mientras el em-pleado u oficial está descargando las responsabilidades genera-les de su puesto, cualquier violación a este deber es imputable exclusivamente al patrono. En tales casos, el empleado lesio-nado solamente puede recurrir al Fondo del Seguro del Estado. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra, págs. 141-142.

En el caso citado resolvimos que bajo el esquema de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, a un coempleado —ya sea oficial, accionista o supervisor— le cobija la inmunidad patronal cuando la alegada negligencia del cóempleado consiste en alegadamente violar el deber indelegable (“no delegable”) de la corporación de pro-veer un lugar seguro de empleo. La responsabilidad de un coempleado en este caso está limitada a sus deberes u obligaciones personales como ciudadano de no causar daño a otras personas, conforme al Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5141, y no en el descargo de los deberes generales de su puesto o cargo oficial que ocupa en el negocio del patrono.

En relación con la codemandada Josefina Osuna no hay controversia real respecto a los hechos del caso. En vista de ello, y a la luz de la norma establecida en Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra, actuó correctamente el tribunal de instancia al desestimar la reclamación presen-tada en contra de dicha codemandada.

IV

Distinta es la situación, sin embargo, en cuanto al code-mandado Dr. José Ramón Fresse. Veamos.

En Flores Román v. Ramos González, 127 D.P.R. 601 (1990), confrontamos una controversia análoga a la del presente caso bajo las disposiciones del Art. 41.080 de la Ley Núm. 55 de 18 de julio de 1978 (26 L.RR.A. sec. 4108). Allí expresamos que para determinar la relación contractual entre una agencia o instrumentalidad del Es-tado y los médicos, hay que examinar la forma, el modo y las condiciones en que se presten los servicios, con énfasis particular en si los deberes y las responsabilidades reque-ridas corresponden a un puesto que requiera el empleo de una persona en forma regular a tiempo completo o parcial. Y añadimos que “[e]n el caso particular de los médicos se debe considerar la forma de pago por los servicios rendi-dos; la inversión en que se incurrió en equipo científico y en facilidades o el grado de dependencia en el equipo suminis-trado por el principal; si se le requiere un seguro de respon-sabilidad profesional, y el grado de juicio independiente que se requiera al suministrar sus servicios”. (Enfasis suplido.) Flores Román v. Ramos González, supra, pág. 609.

Aunque en el caso ahora ante nuestra consideración no se trata de la inmunidad que la Ley Núm. 55, supra, concede a los médicos que ejercen su profesión como emplea-dos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sino de la inmunidad patronal de la Ley de Compensaciones por Ac-cidentes del Trabajo que invoca el codemandado recurrido, Dr. José Ramón Fresse, como empleado del mismo patrono del obrero reclamante, no hay duda de que al hacer la de-terminación que corresponda, tenemos que aplicar los mis-mos criterios que esbozamos en el citado caso de Flores Román v. Ramos González. Al tratar de así hacerlo, encon-tramos que la evidencia presentada por el doctor Fresse en apoyo de su solicitud de sentencia sumaria es insuficiente para hacer cualquier clase de determinación a esos efectos.' Dicha evidencia consistió en la propia declaración jurada del doctor Fresse, quien, en lo pertinente, se limitó a ma-nifestar lo siguiente:

2. Que la asistencia médica que ofreciera al Sr. Carlos Hur-tado Latre en Lederle Parenteral, Inc., fue ofrecida mientras yo actuaba como empleado de Lederle y en mi[s] funciones oficia-les como tal. Revisión, Exhibit 8, pág. 8.

Tal afirmación, sin más, no es otra cosa que una mera conclusión sin dato alguno en que apoyarse. No se ofrece información alguna respecto a las condiciones del empleo como serían el monto del salario, la forma del pago, el lu-gar donde se prestan los servicios, el horario de los servi-cios, el título del equipo científico o profesional que utiliza en su prestación, si se le requiere seguro de responsabili-dad profesional y el grado de autonomía y juicio profesio-nal en la prestación de tales servicios.

V

En un sinnúmero de ocasiones hemos establecido que el propósito principal de la moción de sentencia sumaria, se-gún dispone la Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, es propiciar la resolución justa, rápida y económica de litigios que no presentan controversias ge-nuinas de hechos materiales, por lo tanto, no ameritan la celebración de un juicio en su fondo. Worldwide Food Dis., Inc. v. Colón et al., 133 D.P.R. 827 (1993); González v. Alicea, Dir. Soc. Asist. Legal, 132 D.P.R. 638 (1993); Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra; Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83 (1987).

Ahora bien, la parte que solicita la sentencia sumaria en un pleito tiene la obligación de demostrar, fuera de toda duda, la inexistencia de una controversia real sobre todo hecho pertinente que a la luz del derecho sustantivo determinaría una sentencia a su favor como cuestión de ley. Rivera et al. v. Superior Pkg., Inc. et al., supra; Tello, Rivera v. Eastern Airlines, supra.

Luego de un análisis cuidadoso de los documentos obrantes en autos, concluimos que el tribunal de instancia no tuvo ante sí, al resolver la moción de sentencia sumaria, todos los hechos esenciales a los fines de poder hacer una determinación respecto a la relación contractual existente entre el codemandado, Dr. José Ramón Fresse, y el pa-trono, Lederle.

Por todo lo antes expuesto, se revocará aquella parte de la sentencia que desestimó la reclamación presentada en contra del codemandado Dr. José Ramón Fresse y se devol-verá el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos en forma compatible con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlin-geri no intervinieron.

       Nuestra Orden de mostrar causa de 15 de marzo de 1991, por error, fue dirigida a la parte demandante recurrente. Dicho error fue corregido mediante reso-lución dictada el 12 de abril de 1991.

       Mediante esta disposición la Asamblea Legislativa confirió inmunidad a los médicos por los daños causados por la negligencia en el desempeño de su profesión mientras actúen como empleados del E.L.A., sus dependencias, instrumentalidades y municipios.