author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Planned Credit of Puerto Rico, Inc., demandante y recurrida, v. Clyde Page, demandado y recurrente.

      Número: R-66-224

      Resuelto: 16 de enero de 1975

      P. J. Santiago Lavandera, abogado del recurrente; Luis A. Lugo, Jr., abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso impugna la sentencia dictada por el Tribunal Superior contra Clyde Page por la suma de $9,210.86 más costas, a favor de la recurrida Planned Credit of P.R., Inc., en adelante denominada Planned. Los hechos perti-nentes probados ante el tribunal de instancia, se pueden con-densar del siguiente modo:

Para el verano de 1959 Pedro Bolívar, dueño de una fábrica de ventanas de aluminio haciendo negocios con el nombre de North & South American Products Co., tenía serias dificultades en el orden financiero e hizo contacto con los re-presentantes de Brite of Puerto Rico, Inc., quienes previo estudio al efecto, acordaron prestarle ayuda económica hasta la suma de $25,000.00 bajo los términos y condiciones con-signados posteriormente en unos contratos firmados el 31 de agosto y 21 de septiembre de 1959.

No teniendo confianza en las habilidades administrativas de Bolívar, los representantes de Brite exigieron la formación de una nueva corporación en la cual debería tener interés un hombre de experiencia en el campo de los negocios, quien tendría una participación destacada en la dirección de la nueva empresa. Para ello, Pedro Bolívar formó la corporación American Metal Industries, Inc., en adelante identificada como American, de la cual el demandado Clyde Page — hombre de negocios de vasta experiencia — después de numerosas conversaciones con los representantes de Brite, accedió a for-mar parte y figurar como Vice Presidente y Gerente General de Supervisión. Tanto Brite como Page concluyeron que la nueva corporación tendría éxito bajo su dirección, haciéndose constar en los contratos antes aludidos, que éste le dedicaría algún tiempo a la dirección de American y que afianzaría los negocios de American para beneficio de Brite.

En consideración a la extensión de crédito por Brite a American, el recurrente Page, en 5 de octubre de 1959, firmó una fianza garantizando a la primera las obligaciones presen-tes y futuras de American hasta la suma de $15,000.00, en documento que transcrito literalmente reza del siguiente modo:

“GUARANTY

In consideration of the extension by Brite of Puerto Rico, Inc. of its credit and financing services to the American Metal Industries, Inc., in which corporation the undersigned has an interest, I hereby guarantee unconditionally all existing and future obligations of the said American Metal Industries, Inc. to Brite of Puerto Rico, Inc. up to the sum of FIFTEEN THOUSAND DOLLARS ($15,000.00) and I hereby waive my right as surety to demand that said creditor, Brite of Puerto Rico, Inc., first seek to recover from American Metal Industries, Inc. before enforcing the terms of this guaranty.

This guaranty shall be in effect for 10 years.

IN WITNESS WHEREOF, I sign these presents, at San Juan, Puerto Rico, this 5th of October 1959. [firmado] Clyde Page”

American constituyó además una hipoteca de bienes mue-bles sobre su equipo industrial a favor de Brite y se fijó un salario a Page o su representante de $100.00 semanales a ser aumentado posteriormente a $150.00, y una tercera parte de las acciones de la nueva empresa.

Brite of Puerto Rico, Inc., hizo adelantos de dinero a American Metal Industries, Inc. y pagó deudas de Products Co. que habían sido asumidas por American. No obstante, los negocios de American continuaron declinando, al extremo de que Brite ejecutó la hipoteca de bienes muebles y luego vendió el equipo obteniendo, entre unas cosas y otras, la suma de $15,000.00.

A esta fecha, el recurso ha quedado sometido con los seña-lamientos de errores apuntados por el recurrente en su peti-ción original y argumentados en un breve memorando de autoridades al respecto. La demandante recurrida no ha radicado alegato alguno.

Para facilitar la exposición de esta opinión, procederemos a discutir de manera individual aquellos errores que no están entrelazados, analizando conjuntamente los que presentan características comunes o parten de una misma premisa.

El primer error, sin elaboración propia ulterior, alega que la sentencia es contraria a la prueba que tuvo el tribunal ante sí y al derecho aplicable. Hemos examinado minuciosamente la extensa transcripción de evidencia y la prueba documental, y salvo lo más adelante expuesto, este error no fue cometido y no amerita análisis excepto reiterar la norma de que ordinariamente, en nuestra función apelativa, no intervendremos con las apreciaciones y determinaciones de hecho del juzgador de instancia. Rodríguez v. Concreto Mixto, Inc., 98 D.P.R. 579 (1970); Rodríguez v. N. A. Co. of America, 96 D.P.R.874 (1969).

Los errores segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto des-cansan sobre la misma premisa, a saber, que la demandante no tenía causa de acción ni capacidad para iniciar la demanda debido a que el dinero prestado a American era el producto de una sociedad entre Randolph Mattern y la antecesora de Planned (Brite).

Carecen de mérito estos errores, pues en el caso de autos no existió una sociedad sino una empresa común. La garantía en que se funda la causa de acción fue prestada por Page a Brite y no a ninguna otra persona natural o jurídica. Nada hay en ley, ni se nos ha señalado, que impida que una corpo-ración participe en una empresa común (joint venture) con una persona natural, como la pactada entre el señor Mattern y Brite, y que consistió en que cada uno aportara en igual pro-porción el 50% de todos los dineros para el financiamiento de American con la intención expresa de dividirse las ganancias o sufrir igualmente las pérdidas. Se trata de una transacción usual en el comercio mediante el cual una parte aporta en una empresa dinero de inversión, y ello no significa necesaria-mente, como aduce el recurrente, de que advenga a la vida o exista una sociedad.

Aun cuando a veces resulta difícil distinguir entre una Sociedad y una Empresa Común (Joint Venture), el examen de las cartas (Exhibits 17 y 18 de la demandante) mediante la cual Brite y Mattern llegaron al acuerdo nos convencen, en adición a que tales documentos denominan el mismo como una empresa común, de que está presente la característica esencial que diferencia tal institución de una sociedad, a saber una operación limitada a una sola transacción. El texto de la garantía abona a esta conclusión, pues fue constituida exclusivamente a favor de Brite.

No se trata de una asociación convenida para operaciones diversas y de naturaleza continua, sino una con un fin especí-fico y restringido, que expresamente descartó el conferir in-terés en los negocios, ganancias, pérdidas u obligaciones del uno para con el otro, y en la cual Mattern delegó en fideico-miso a Brite todas las gestiones referentes a su participación.

La regla general adoptada por la mayoría de los tribunales en otras jurisdicciones es que de ordinario una corporación puede participar en una empresa común siempre y cuando ello esté dentro del ámbito de sus poderes corporativos. 60 A.L.R.2d: Anno: Corporation in Firm or Joint Venture, págs. 936-939.

El séptimo error apuntado señala que el tribunal de ins-tancia debió paralizar los procedimientos judiciales en vista de que la corporación demandante estaba sometida volunta-riamente a un procedimiento de reorganización bajo el capí-tulo 11 de la Ley de Quiebra Federal en la Corte de Distrito Sur de los Estados Unidos correspondiente a la Ciudad de Nueva York.

El error es frívolo. La prueba de la existencia de tal proce-dimiento constituye una orden del Juez de Quiebras que pre-cisamente autorizaba a la demandante a continuar operando.

Se aduce como noveno error el no haber el tribunal impuesto todo el rigor de la ley en vista de los préstamos usurarios que evidenciaban los contratos que culminaron en la garantía de Page. La dificultad para que este señalamiento prospere estriba en que la parte demandante renunció expresamente al cobro de tales intereses al desistir de los $10,000.00 reclamados, lo que obviamente le relevó de las penalidades dispuestas en el Art. 1654 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4596), Marrero v. Olmeda, 69 D.P.R. 217 (1948).

En su décimo error el recurrente argumenta que el tribunal sentenciador debió haber suspendido los procedimientos y oportunamente desestimado la demanda al no haber prestado la corporación demandante una fianza adicional de no residente requerida de $1,000.00, ello conforme lo dispuesto en la Regla 69.5 de las de Procedimiento Civil vigentes.

De los autos originales y de la transcripción de evidencia surge lo siguiente sobre el particular: La recurrida Planned prestó inicialmente la fianza exigida por el tribunal por la cantidad de $1,000.00, y a solicitud del demandado Page, en 7 de diciembre de 1965 el tribunal mediante orden en corte abierta aumentó la misma a $2,000.00 para ser presentada dos días después de haberse terminado la vista del caso. (T.E. de estenotipista Luisa Torres Martínez, págs. 25-27).

El proceso continuó los días 8, 9, 13, 15 y 16 de diciembre de 1965, finalizando el desfile de prueba el 24 de marzo de 1966. En dicho día se planteó nuevamente la cuestión del aumento de fianza y el tribunal — a una moción de reconsi-deración de la recurrida en el sentido de que no venía obligada a prestar fianza por razón de ser una corporación autorizada a realizar negocios en Puerto Rico — concedió tres días para sostener en memorando tal planteamiento o prestar la fianza, ello bajo apercibimiento de desestimación. (T.E. de esteno-tipista Laura E. Domínguez Cossío, págs. 59-61). El 29 de marzo de 1966 la demandante consignó en cheque certificado la suma adicional de $1,000.00 en cumplimiento de tal orden y reiteró su posición de que como corporación autorizada a realizar negocios en Puerto Rico no le aplicaba la Regla 69.5. El demandado Page se opuso y la recurrida Planned radicó Memorial argumentando su posición. Se celebró vista sobre este particular en 15 de abril de 1966, y según la minuta, la cuestión quedó sometida. El 25 de mayo de 1966 el tribunal a quo dictó ia sentencia objeto del recurso sin hacer mención sobre el particular.

Estimamos que el silencio del tribunal de instancia en torno a este planteamiento en su sentencia declarando con lugar la demanda, implícitamente constituyó una determinación dene-gando la desestimación solicitada. En las circunstancias espe-cíficas del caso concluimos que fue correcta tal actuación. Veamos.

Bajo el lenguaje de la Regla 69.5 un tribunal no tiene facultad discrecional para eximir a un demandante no resi-dente o a una corporación extranjera del requisito de fianza, y ordenada la misma, el procedimiento debe suspenderse hasta que sea prestada y en su defecto, una vez transcurridos 90 días, debe desestimarse la acción. La regla tampoco confiere autoridad para fijar el monto de dicha fianza en una suma menor a la de trescientos dólares ($300.00).

Dentro del significado de esta regla, la fianza es exigible a una corporación que no haya sido organizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no siendo eximente el que como entidad extranjera esté autorizada a realizar negocios en Puerto Rico en virtud del trámite establecido en los Arts. 1401 a 1407 de la Ley de Corporaciones según enmendada (14 L.P.R.A. sees. 2401 a 2407). El que una corporación extranjera o foránea autorizada a realizar negocios en Puerto Rico mantenga oficinas o posea propiedades en nuestra jurisdicción — sobre las cuales pudiera hacerse efectivo el pago de honorarios o costas reconocidos a una parte demandada de no prevalecer la reclamación promovida por la entidad corporativa — es un factor que meramente afecta la determinación del monto de la fianza pero no su imposición. Concluir lo contrario sería inyectar a los términos mandatories de la regla una flexibilidad no contemplada, originando controversias sobre la existencia de bienes en Puerto Rico que se pretendieron evitar mediante la adopción de un lenguaje claro y sencillo.

Ahora bien, la Regla 68.1 de las de Procedimiento Civil vigentes consagra la norma general de que en la computación de cualquier término concedido por orden de un tribunal, se excluye el primer día, y si el plazo es menor de siete (7) días, no se computan los sábados, domingos y días de fiesta.

Salvo que en una orden de un tribunal expresamente se provea que la norma general antes expuesta no es aplicable en la computación de determinado término — al amparo de la Regla 68.1 del mismo cuerpo que autoriza la prórroga o reduc-ción de la mayoría de plazos fijados — resolvemos que la norma de exclusión del primer día, sábados, domingos y días de fiesta legal en períodos menores de siete días, favorece de ordinario a una parte.

Habiendo finalizado la vista en sus méritos del caso que nos ocupa el jueves 24 de marzo, la fianza prestada el martes 29 se radicó en tiempo.

Concedemos que el no haber el tribunal paralizado el proceso al dictar la orden aumentando la fianza original hasta que fuera prestada es un error; sin embargo, lo consideramos uno de naturaleza no perjudicial en vista de que oportunamente la misma fue presentada. Capital Merchandise v. Gerardino & Co., et al., 31 D.P.R. 5 (1922).

El undécimo error apuntado está fundado en que el tribunal no debió concluir sin prueba que el señor Mattern delegó en Brite la administración de la operación de financiamiento delegando el cobro de cualquier cantidad adeudada.

Nuevamente se parte del supuesto que el acuerdo del señor Mattern con la demandante Planned constituyó una sociedad, cuestión que hemos resuelto en contra del recurrente. El examen de la evidencia presentada y el análisis de los pri-meros errores derrotan este planteamiento.

Bajo los errores duodécimo, décimo tercero y décimo sexto, el recurrente Page elabora la teoría de que su actuación consti-tuyó un mero favor (accommodating party) engañado e indu-cido a suscribir la fianza que motivó la sentencia; que el in-cumplimiento de Brite y la American le exime de tal responsabilidad; y que la demandante estaba impedida de instar acción “. . . a la luz de la promesa implícita háchale por la Planned Credit en una carta a Page, Exhibit [sic], en donde claramente le hacían ver que dicha demandante sólo le deman-daría si no obtenía un substantial amount por la venta del equipo de la fábrica de American Metal Industries, Inc., lo cual admitió la demandante haber obtenido y así lo admitió Laidhold, desde la silla, y afirmó que la suma de $10,000 re-cibida por la venta del equipo era sin duda una suma sustancial.”

Estos errores presuponen que dejemos sin efecto las deter-minaciones del tribunal de instancia, que a nuestro juicio tienen apoyo suficiente en la prueba. Descansan sobre el supuesto de que Page fue engañado a través de toda la tran-sacción.

El análisis cuidadoso de toda la prueba testifical y docu-mental derrotan tal teoría. El recurrente Page admitió haber firmado los contratos y la fianza y nada hay en la prueba que indique o sugiera una incapacidad para entender el alcance y significado de las obligaciones por él asumidas. El récord revela claramente que intervino en la transacción bajo la creencia de que no perdería dinero, pero ello no significa que su estado mental le impidiera realizar la posibilidad, aun limitada, de que vendría obligado por la fianza prestada. Orientadora es la respuesta que produjo a una pregunta del Juez sentenciador:

“Juez Moreda: Your state of mind, if I understand you correctly, was that although by giving a guarantee to the obligations there was a chance that maybe would oblige you to pay but that chances was very limited? [sic]
Testigo: That is correct." (T.E. de estenotipista H. López McCormick, pág. 326.)

No podemos atribuirle al demandado una ingenuidad casi inexistente en el mundo de los negocios en que se desenvolvía, en vista de la preponderante prueba indicativa de que era una persona con preparación académica de más de tres años de universidad, experiencia previa durante más de veinte años, que había sido factor decisivo en la organización de varios negocios. (T.E. de estenotipista H. López McCormick, págs. 300-303.)

Aplicable a tal posición y conducta es el siguiente len-guaje:

“No puede sostenerse con éxito que una persona de cabal juicio y completa capacidad, cuando suscribe un documento de declaración de deuda, no se detenga a ver el documento, y a saber lo que firma. Lo regular, lo humano, es que cualquier persona consciente, que va a firmar un documento de esa clase, lo vea, y se dé cuenta .de cuáles son las posibles responsabilidades de su acto; . . . .” P. Millón & Co., Suers, v. Caamaño, 88 D.P.R. 193,199 (1928).

El argumento de que firmó la garantía como un simple favor (accommodating party) para viabilizar el negocio, no milita en contra de sostener su responsabilidad como fiador, pues conocida es la regla de derecho imperante en nuestra jurisdicción, elaborada bajo nuestro Código Civil, que obliga a un fiador a satisfacer una deuda, aun cuando no haya recibido beneficio alguno en la transacción. Marrero v. Olmeda, 69 D.P.R. 217, 223-224 (1948); National City Bank v. Llonín, 41 D.P.R. 163, 171 (1930); Pérez v. Soc. Agr. Santiago Hnos., 37 D.P.R. 15, 18 (1927); Crédito y Ahorro Ponceño v. Beiró, 32 D.P.R. 817, 820 (1924); Hernández v. Delgado, 31 D.P.R. 570, 572 (1923); y Cintrón & Aboy v. Sola, 22 D.P.R. 262, 268 (1915).

El señalamiento de que Brite incumplió a Page y por lo tanto ello le releva de su obligación es improcedente pues las obligaciones sobre estos extremos contempladas y pactadas en los contratos, fueron asumidas por Pedro Bolívar, Jr. y la American. Brite, como entidad que aportaba el financia-miento, impuso varias condiciones para proteger sus intere-ses, y ello no implica que se estuviera obligando a cumplir obligaciones correspondientes a otras personas.

Hemos analizado la prueba documental en que el recu-rrente apoya la proposición de que Planned le relevó del pago de su obligación y concluimos que el señalamiento es total-mente frívolo. La carta en cuestión, fechada 7 de abril de 1961 — que forma parte de más de quince (15) comunicaciones que le fueron cursadas poniéndolo en conocimiento de las gestiones de Brite para lograr un precio de venta satisfactorio sobre una maquinaria industrial adquirida de American me-diante procedimiento de ejecución judicial — expresa lo si-guiente:

“We have done everything .possible to liquidate Bolivar’s assets to bring in the greatest amount of money. We have been very patient and we have spent a lot of money in legal expenses, etc. to cooperate with all of the people concerned.

Unless the machinery and equipment which we now have purchased and own can be re-sold for a substantial amount of money, it would appear that you will be required to make good the full $15,000. under your guaranty to make up part of the deficiency. I hereby formally demand the payment of said $15,000.” (Énfasis suplido.)

Tampoco fueron cometidos los errores décimo cuarto y décimo quinto planteados, consistentes en que el tribunal de instancia debió aplicar la defensa de confusión, o en la alter-nativa, decretar inexistente la obligación surgida de la fianza debido a alegados incumplimientos contractuales de Brite. Irrespectivamente de que el tribunal sentenciador dirimió la prueba sobre este particular en contra del recurrente, aun bajo tales incumplimientos, las obligaciones que dan vida a los mismos corespondían a la entidad American y no a Brite. A tal efecto, el salario que le fue asignado a Page, la entrega de sus acciones y el salario de su asistente no eran compro-misos de Brite según los contratos suscritos. Por igual razón era improcedente la contrademanda interpuesta por el recu-rrente contra la demandante en cobro de dinero pagado a su ayudante por servicios prestados a la American y por alega-dos daños y perjuicios.

Resta evaluar el octavo error que impugna la determina-ción del tribunal sentenciador de que la demandante recurrida Planned probó satisfactoriamente haber pagado la suma de $24,210.86 bajo el contrato de financiamiento.

El examen de los méritos de este señalamiento — que cons-tituye un ataque frontal a las determinaciones basadas en la evidencia según dirimida por el tribunal de instancia — im-plica de inmediato, que descartemos por improcedente la argu-mentación y conclusión de cuantía que se hace respecto al dinero proveniente de Mattern, en virtud de la empresa común (joint venture) que existió. En nada afecta ni beneficia al recurrente el origen del financiamiento, por no ser ilícito, a la cuestión que nos ocupa, siendo determinante única y exclusiva-mente las cantidades que la demandante desembolsó realmente a American de conformidad con el contrato y si las mismas fueron debidamente probadas ante el tribunal.

Preciso es destacar que la garantía prestada por Page, por sus propios términos goza de la naturaleza de una fianza solidaria y en ella se obligó a satisfacer “. . . incondi-cionalmente todas las obligaciones presentes y futuras de [...] American Metal Industries, Inc. a Brite de Puerto Rico, Inc. hasta la suma de quince mil dólares . . . (traducción nuestra.) Tal fianza, en sus relaciones con el acreedor, lo convirtió en un principal pagador desde el momento en que American dejó de cumplir lo convenido. Drug Company of P.R., Inc. v. Susoni, 43 D.P.R. 772, 781-782 (1932); Suers, de Gamarra, S. en C. v. Navarro, 40 D.P.R. 745, 750-751 (1930). Igualmente, es claro que la obligación de Page era sobre las obligaciones existentes y futuras de la American pero no en cuanto a ninguna otra persona natural o jurídica.

El principio de hermenéutica consagrado en el Art. 1726 (31 L.P.R.A. see. 4876) — aplicado en el caso de Pratts v. Corte, 66 D.P.R. 5 (1946) y otras decisiones allí citadas— en el sentido de que las fianzas se interpretan restrictivamente, no ha perdido eficacia ni virtualidad por nuestra doctrina jurisprudencial en contrario manifestada en casos de fianzas prestadas por compañías de seguros mediante el pago de primas, u otorgadas en la construcción de obras o para cumplir las exigencias de un estatuto. Esta doctrina tiene su razón de ser en el carácter oneroso y comercial de las compañías dedicadas al negocio de fianzas mediante el pago, o en el interés público de que está revestida la naturaleza del objeto que se intenta proteger en las obras de construcción o en las leyes especiales correspondientes.

Es evidente la distinción sustantiva y de finalidad que justifica el trato diferente de las fianzas de los casos previa-mente expuestos, en contraposición con aquellas en que el fiador actúa por mera liberalidad sin recibir directa o in-directamente algún tipo de compensación razonablemente precisable.

Aplicado el principio antes consignado, la fianza prestada por Page a la American para garantizar los pagos de Brite debió ser objeto de interpretación restrictiva.

Hemos escudriñado minuciosamente la transcripción de las declaraciones de los testigos y examinado con detalle la evidencia documental presentada por ambas partes, con el objeto de evaluar los méritos del señalamiento que impugna la cuantía determinada por el tribunal a la luz de la fianza. El recurrente Page admite en su solicitud que la American reci-bió cheques a su nombre o que fueron pagados a nombre de dicha entidad por Brite por la suma total de $16,855.21. El no haber elaborado ni desglosado claramente cómo llegó a dicha cantidad, nos impide aceptar la misma.

Sobre el particular, la prueba indica que Page autorizó el recibo de cheques girados por Brite a favor de American, por un valor total de $10,728.70, aceptando además como deudas pre-existentes cubiertas bajo los términos de su garan-tía, las cuentas relacionadas con el suministro de energía eléctrica, seguro social y lo que había pagado Brite a Armeo. Estas últimas suman $7,147.57, que unida a la cantidad previa de $10,728.70 nos arroja un saldo inicial de $17,875.27.

Aclarado este extremo, con excepción de los tres cheques antes relacionados, se impugnan los pagos efectuados a otras terceras personas y sus conceptos, al igual que todos los cheques expedidos por Brite directamente al señor Bolívar.

Tal impugnación básicamente descansa sobre uno de los siguientes fundamentos: forma en que fueron expedidos; ausencia de comprobante {supporting document) que en buena contabilidad los apoye; carácter personal (Bolívar) de los cheques no correspondientes a obligaciones de American; y el pago de obligaciones después de haber cerrado dicha enti-dad sus operaciones.

La parte demandante demostró fehacientemente, con documentos explicativos de desembolso, haber pagado servicios relacionados con American, la cantidad total de $1,877.50 por lo cual no procede dicho planteamiento en su totalidad.

No menoscabamos la regla de respeto a las determinaciones de hecho de los tribunales de instancia cuando evaluamos prueba documental, pues sobre ésta ocupamos igual posición que la de los foros primarios, máxime cuando surge que la prueba testifical de ambas partes básicamente se dirigió a explicar el contenido y alcance de la prueba docu-mental producida según sus respectivas posiciones.

Nuestro análisis revela que le asiste al recurrente la razón en lo concerniente a los siguientes cheques: número 213 de 9-30-59 a nombre del señor Bolívar por la suma de $1,025.00, pues no obstante su fecha, la evidencia demuestra que fue un préstamo personal a éste realizado por David P. Sherman mucho antes de haberse suscrito el contrato del 31 de agosto de 1959 (T.E. de estenotipista Laura B. Domínguez, págs. 62-63); el número 215 de 9-30-59 por la suma de $1,916.79 por resultar también en pago de un préstamo personal del señor Bolívar existente en el Bco. Crédito y Ahorro Ponceño (T.E. de estenotipista McCormick, pág. 466.); y el número 168 de 9-10-59 por la suma de $448.94 expedido a nombre del Banco de Ponce. Independientemente de la parte demandante no haber producido el cheque de $2,000.00 pagado a ARMCO, el exhibit 6 de ésta demuestra que a la fecha del pago, 6 de agosto de 1959, el recurrente no había todavía sus-crito ninguna obligación.

Tampoco son recobrables los honorarios pagados al Lie. Robert M. Sweeting — evidenciados en los cheques 7387, 16409 y 7282 — ya que aun bajo el supuesto de que fueran en con-cepto de servicios prestados a Brite en la tramitación del caso contra la American — lo cual no se demostró — ello derrotaría per se cualquier base para sostener que se trataba de un gasto contraído por esta última comprendido en la garantía de Page. Es ilustrativo de que la demanda en el caso que nos ocupa está fechada 21 de julio de 1961 y los cheques a nombre de dicho letrado son todos con posterioridad a 1ro. de agosto de 1961 y se extienden hasta el año 1962 cuando ya estaba judicialmente trabada la contienda que nos ocupa. Sus canti-dades señalan que se trata de gastos incurridos en la tramita-ción de este pleito.

No puede sostenerse que el Lie. Sweeting estuviera pres-tando servicios legales a American durante el período en que como abogado de Planned había radicado una demanda en su contra. Tales gastos eran prematuros y hubiesen sólo sido recobrables con posterioridad contra Page, de haber el tribunal de instancia impuesto en su sentencia honorarios de abo-gado o haberse radicado y aprobado memorándum de costas al amparo de la Regla 44 de las de Procedimiento Civil vigen-tes, ninguna de las cuales aconteció.

Computadas las cantidades correctas surge que la demandante demostró haber satisfecho pagos correspondientes a American — directa o a través de terceras personas — por la cantidad de $19,752.77, de la cual procede restarse $15,000.00 previamente por ésta reconocidos, quedando un balance líquido y exigible únicamente de $4,752.77.

Procede modificarse la sentencia a la suma de 752.77 y confirmarla así modificada. En vista del largo tiempo trans-currido desde que se dictó la sentencia original y en considera-ción a las constancias en autos de que la demandante Planned Credit of P.R., Inc., estaba en un procedimiento de quiebra ante la Corte de Distrito Sur de los Estados Unidos corres-pondiente a la Ciudad de Nueva York, el importe de la senten-cia deberá ser consignado en el tribunal de instancia sujeto su retiro a la acreditación y autorización correspondiente que garantice que la misma será entregada a la persona natural o jurídica a quien en derecho corresponda.

      La prueba demostró que Planned era la sueesora de Brite of P.R., Inc., a la luz del Certificado de Consolidación presentado en el Departamento de Estado el 22 de mayo de 1961. A los efectos de una mejor exposición, nos referiremos a Brite en todo momento que tratemos en nuestra exposición errores o fundamentos relacionados con las transacciones objeto del litigio.

      Véanse: 2 Rowley, On Partnership: Joint Adventures, secs. 52.1-52.20, págs. 459-489 (1960) segunda edición; 2 Williston, On Contracts, secs. 318 A y 318 B, págs. 556-617 (1959) tercera edición; Empresa Mercantil en Comunidad, Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Tomo III, Vol. II, pág. 23 et seq. (1973); Langle y Rubio, Manual de Derecho Mercantil Español, Tomo I, págs. 707-712 (1950).

      Dispone lo siguiente:
      “Cuando el demandante residiere fuera de Puerto Rico o fuere una corporación extranjera, se le requerirá para que preste fianza para garantizar las costas, gastos y honorarios de abogado en que pudiere ser condenado. Todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que se preste la fianza, que no será menor de trescientos dólares. El tribunal podrá ordenar que se preste fianza adicional si se demostrare que la fianza original no es garantía suficiente, y se suspenderán los procedimientos en el pleito hasta que hubiere prestado dicha fianza adicional.”

      En los Estados Unidos los tribunales estatales y federales han enfocado el problema dependiendo del carácter directivo u obligatorio expre-sado en la regla o estatuto correspondiente a fianzas de no residente. 84 A.L.R.: Anno: Statutes Requiring Security for Costs, págs. 252-265. Es interesante notar que en el estado de Nueva York la regla fue enmendada eximiendo de la prestación de tal fianza “a una corporación extranjera autorizada a hacer negocios en el estado.” Pittsburgh Plate Glass Co. v. Queen City Marina, Inc., 256 N.Y.S.2d 999 (1965).

      Es interesante notar cómo en su propio testimonio acepta, al narrar lo acontecido en una reunión para discutir una posible transacción, que era responsable hasta la suma de $15,000.00. (T.E. McCormick, pág. 260.)

        Goss v. Structural Concrete Products, 92 D.P.R. 391, 394 (1965); Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207, 209-210 (1965); Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739, 744-745 (1964); A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const., Inc., 90 D.P.R. 104, 112-113 (1964).

      T.E. López McCormick, págs. 286-288. Del análisis que hemos realizado concluimos que se relaciona con los siguientes cheques expedidos por Brite a favor de American:

        Número de Cheque Fecha Cantidad

      244 10-9-59 $ 314.63
      245 10-9-59 251.00
      266 10-16-59 1,500.00
      289 10-26-59 50.00
      19 10-27-59 1,200.00
      22 10-30-59 2,000.00
      36 11-20-59 5,413.07
      Total $10,728.70

      s)T.E., id, págs. 232-233. Estos cheques, expedidos directamente, son:

        Número de Cheque Fecha Cantidad

      156 9-2-59 $ 360.00
      13 9-8-59 6,366.07
      165 9-9-59 421.50
      Total $7,147.57

      Son los que a continuación se relacionan:

        Número de Cheque Fecha Cantidad

      169 9-10-59 $ 80.00
      180 9-10-59 400.00
      250 10-13-59 180.00
      170 9-11-59 100.00
      374 9-18-59 374.00
      196 9-25-59 295.00
      222 10-2-59 274.00
      229 10-6-59 30.00
      Total $1,733.00

        Se reconoce además el pago de $144.50 en concepto de un seguro sobre la maquinaria de American, lo que nos brinda un total de $1,877.50.

        Miranda v. Editorial El Imparcial, Inc., 99 D.P.R. 601, 618 (1971); Central Igualdad, Inc. v. Srio. de Hacienda, 83 D.P.R. 45, 52 (1961) y casos en este último citados.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Daniel Lehman, demandante y recurrido, v. Ehret, Inc., demandada y recurrente; Ehret, Inc., peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Ramón Negrón Soto, Juez, demandado.

      Números: R-72-154, O-74-21

      Resueltos: 20 de enero de 1975

      Leopoldo Tormes García, abogado de la recurrente y peticiona-ria; José Rafael Capó, abogado del recurrido e interventor.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente Ehret, Inc., impugna en el recurso R-72-154 la conclusión del tribunal de instancia sosteniendo que el querellante recurrido Daniel Lehman era un empleado y no un ejecutivo, y asumiendo la corrección de esta conclusión, cuestiona la determinación de que éste trabajó horas extras compensables bajo la norma de “tiempo sujeto a ser llamado” expuesta en Deyá v. Otis Elevator Co., 91 D.P.R. 669 (1965). El O-74-21 impugna las costas concedidas por el tribunal de instancia.

Examinemos en primer término los méritos de la querella. Alegando ser un empleado, Daniel Lehman radicó una que-rella contra Ehret, Inc., reclamando, en síntesis, el pago de horas extras trabajadas y vacaciones adeudadas. Esta planteó como defensa, entre otras, que el querellante cualificaba como ejecutivo y por lo tanto, no tenía derecho al pago de horas extras, aun bajo el supuesto de que las hubiese trabajado lo cual también negaba.

La ilustrada Sala sentenciadora, en una extensa y docu-mentada opinión concluyó, que con excepción del requisito referente al salario, el querellante no reunía las demás condiciones necesarias para ser considerado un ejecutivo o administrador según las definiciones de tales términos contenidas en el Reglamento aprobado por el Secretario del Trabajo de Puerto Rico. (29 R.&R.P.R. sees. 286-3 y 286-4.) Condenó a la recurrente a satisfacer la suma de $10,294.24, igual cantidad de penalidad y $3,000.00 en concepto de hono-rarios de abogado.

■ No es necesario el examen individual y detallado de los errores señalados por la recurrente ni la determinación de si era aplicable al caso de autos la norma de Deyá, supra, pues la evidencia demuestra que Lehman para los años 1967 y 1968 — período para el cual el tribunal le concede compensa-ción por tiempo de espera — era un administrador al amparo de la definición existente en el Reglamento antes mencionado.

El tribunal de origen erróneamente entendió que por haber concluido que el querellante no era ejecutivo “... menos aún podía ser administrador.” Al así hacerlo, hizo caso omiso a las diferencias existentes entre las definiciones y funciones correspondientes a un ejecutivo y un administrador, y en úl-tima instancia, a las dos modalidades reconocidas en el Regla-mento sobre este último cargo.

Sobre el particular, el aludido cuerpo reglamentario dis-pone lo siguiente:

“§ 286-4. Definición de ‘administrador’
A los fines del art. 19 de la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948 [29 L.P.R.A. see. 288] y de la see. 5 de la Ley Núm. 289 de 9 de abril de 1946, según enmendada por la Ley Núm. 130 ide 27 de abril de 1950 [29 L.P.R.A. see. 299] el término ‘admi-nistrador’ significa:

(1) En actividades comerciales o manufactureras.

(A) (i) Cualquier empleado cuyo deber 'primordial consista en desempeñar trabajo de oficina o trabajo fuera de oficina que no sea de naturaleza manual, estando uno u otro trabajo directamente relacionado con las normas de la dirección de la empresa o con las operaciones generales del negocio del pa-trono o de los clientes del patrono; y
(ii) que habitual o regularmente ejerza discreción y juicio independiente; y
(iii) (a) que regular y directamente ayude al dueño o a uno de los dueños de la empresa, o a una persona empleada en la capacidad de ‘ejecutivo’ (según este término se define en la see. 286-3 de este título, párr. (A) y (B) del apartado (D); ó
(b) que realice bajo solamente supervisión general trabajo de carácter técnico y especializado que requiera entrenamiento, experiencia o conocimientos especiales; o
(c) que ejecute bajo supervisión general solamente en-comiendas y tareas especiales; y
(iv) que no .dedique más del 20 por ciento de las horas trabajadas en una semana de labor a actividades que no estén directa y estrechamente relacionadas con el desempeño del trabajo descrito en el párr. (A), (i) al (iii) de este apartado; y
(v) que reciba por sus servicios una compensación fija (por día, semana, quincena o períodos mayores), o a base de por ciento u honorarios, equivalente a un sueldo mensual no menor de $200, excluyendo alimentos, vivienda u otros servi-cios; o
(B) (i) Cualquier empleado cuyo trabajo cumpla con los requisitos dispuestos en el párr. (A), (i) y (ii) de este apar-tado; y
(ii) que reciba por sus servicios una compensación fija (por día, semana, quicena o períodos mayores), o a base de por ciento u honorarios, equivalente a un salario semanal no menor de $100, excluyendo alimentos, vivienda u otros ser-vicios.” (Énfasis suplido.)

Bajo la modalidad descrita en el inciso (B) del Regla-mento, procede que analicemos la conclusión de derecho del ilustre juez sentenciador en el sentido de que Lehman no era un administrador.

Tanto la sentencia como la prueba aportada reflejan que el trabajo que Lehman desempeñaba para los años en que se sostuvo compensabilidad por tiempo de espera era principal-mente de oficina como lo reconoce su propio testimonio:

“P. A base de su experiencia, testigo, ¿qué por ciento de labor manual hacía usted en su trabajo? ¿O una persona como usted en un trabajo similar?

Lie. Tormes García: Nos estamos refiriendo a él.

Hon. Juez: Eliminada la última parte.

R. Mis responsabilidades en Aibonito requerían que traba-jara de un cuarenta a un cuarenticinco por ciento de labor manual porque teníamos que cortar bastante madera para hacer los ataúdes y ensamblar los ataúdes; hacer reparaciones en el edificio, lavar los carros y brillarlos y limpiar la casa; tener preparado el equipo, limpio el equipo de cementerio y tenerlo preparado. Todo esto estoy seguro que por lo menos requería cuarenticinco de la labor manual.” (T.E. pág. 312, taquígrafo Sr. Rafael Perocier.)

De lo anterior se deduce claramente que Lehman in-vertía entre un 55 a 60 por ciento del tiempo en tareas no manuales en la dirección y las operaciones generales de la funeraria de la cual estuvo a cargo realizando en tal capaci-dad las siguientes faenas:

(1) Supervisaba y dirigía las labores del empleado per-manente, a tiempo completo que había, y de aquellos otros que por tiempo parcial ocasionalmente contrataba y despedía.

(2) Atendía los clientes, suministraba información y con-cedía o denegaba crédito por servicios funerales. (T.E. págs. 187 a 188.)

(3) Recibía pagos por servicios a clientes y gestionaba el cobro de los mismos.

(4) Supervisaba y dirigía los servicios funerarios, coordi-nando con los cementerios, iglesias, etc. todo lo relativo a tales servicios. (T.E. pág. 172.)

(5) Disponía del mantenimiento y la compra de mate-riales necesarios para las facilidades físicas de la funeraria y de los ataúdes.

(6) Estaba autorizado a girar cheques contra la cuenta de la querellada en Aibonito, en unión a otra persona.

(7) Tenía disponible y utilizaba discrecionalmente un fondo de $100.00 en efectivo para asuntos misceláneos (petty cash).

(8) No tenía horario fijo ni persona que lo supervisara, pudiendo disponer de su tiempo conforme su mejor criterio.

(9) Se dedicaba colateralmente al negocio propio de venta de flores y coronas y al del alquiler de oxígeno, sillas de ruedas y camas de posición, para cuya transportación utilizaba sin límites los empleados y vehículos de la funeraria. También explotaba una finca que tenía destinada a la crianza de pollos.

El desempeño de las funciones enumeradas, distinto a la conclusión del tribunal de instancia, requieren el ejercicio constante de discreción y juicio independiente.

Bajo la modalidad del Reglamento que nos ocupa, es nece-sario que se cumpla con el requisito de una compensación de $100.00 semanales excluyendo alimentos, vivienda y otros servicios. La sentencia reconoce que “Desde el 23 de abril de 1962 hasta el 1963 el querellante tuvo un salario de $75.00 semanales; durante el año 1964 devengó uno de $100.00 sema-nales; durante los años 1965 y 1966 uno de $115.00 semana-les; y durante los años 1967 y 1968, específicamente hasta el 31 fie octubre de ese año, fecha en que cesó de trabajar, uno de $135.00 semanales.” Estas sumas las recibió Lehman con ex-clusión del apartamento que ocupaba con su familia, el cual tenía teléfono, electricidad y agua, y por cuyos servicios y facilidades nada tenía que pagar.

Resolvemos que los requisitos enunciados en el apartado (B) del Reglamento estaban presentes en el caso que nos ocupa y que Lehman era un administrador desde el año 1964, no estando en consecuencia sujeto a las disposiciones de las leyes laborales referentes a tiempo extra, doble penalidad y demás beneficios. Esta conclusión se impone, aun interpretando restrictivamente tal exclusión.

En virtud de lo expuesto debe modificarse la sentencia, como se modifica, a los fines de conceder compensación exclu-sivamente por la suma total de $600.00, las costas del pro-ceso y $500.00 de honorarios.

Sobre las costas objeto de impugnación en el Certiorari 0-74-21, vistas las partidas, las mismas son procedentes por lo que estimamos que el recurso fue expedido indebida-mente. Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28 (1967); Garriga, Jr. v. Tribunal Superior, 88 D.P.R. 245 (1963). Deberá anularse el auto de Certiorari expedido en 13 de febrero de 197U.

      E1 Art. 5 de la Ley Núm. 379 de 1948, según enmendada (29 L.P.R.A. see. 274), dispone que todo patrono que emplee o permita que un empleado trabaje durante horas extras vendrá obligado a pagarle por cada hora extra un tipo de salario igual al doble del tipo convenido para las horas regulares.
      La Ley Núm. 289 de 1946, en su See. 4 (29 L.P.R.A. see. 298), recoge la norma de que horas trabajadas por un empleado durante su día de descanso, deben ser pagadas a un tipo de salario igual al doble del tipo convenido para las horas regulares.
      Estas disposiciones no aplican a las personas empleadas como profe-sionales, ejecutivos y administradores, quienes están excluidas en virtud del Art. 19 y la See. 5 respectivamente de las leyes previamente mencionadas. Véase López Vega v. F. Vega Otero, Inc., 103 D.P.R. 175 (1974).

       A nivel federal, donde subsiste igual reglamentación se ha seña-lado las diferencias existentes, aun cuando se reconoce que ambas defini-ciones en algunos extremos tienen características comunes. 40 A.L.R.2d: Anno: Wages and Hours, Executives, págs. 378-404.

      Se desglosa en $150.00 por dos semanas más la penalidad correspondiente por vacaciones no pagadas el año 1962 durante la época en que nó era un administrador, y $300.00 por tres semanas de vacaciones durante el año 1965; esta última sin penalidad.

      Son objeto de impugnación los gastos de pasajes del querellante, de un traductor y los relacionados con una deposición incluyendo los del notario autorizante.


author: per curiam :

text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, demandada; Gumersindo Delgado Santos, obrero.

      Número: O-74-433

      Resuelto: 27 de enero de 1975

      Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto y Milva Edet Hoyos, abogados del recurrente; Rafael A. Oliveras López de Victoria, abogado del obrero.'
   per curiam :

El obrero afectado en este litigio sufrió una lesión el 31 de julio de 1962 al bajar de una guagua de la Autoridad Metropolitana de Autobuses y pisar en falso. El 14 de febrero de 1964 se le reconoció por la Comisión Industrial una incapacidad equivalente a la pérdida de un veinticinco por ciento de las funciones fisiológicas generales. Bajo las dis-posiciones del Art. 3 de nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3, en su parte refe-rente a incapacidades no comprendidas en la tabla de com-pensaciones, la compensación resultante era pagadera por un total de ciento doce semanas y media.

Once años después de ocurrido el accidente y nueve des-pués de la determinación de incapacidad parcial, el obrero solicitó la reapertura de su caso. El Administrador del Fondo del Seguro del Estado la declaró sin lugar. Apeló el obrero ante la Comisión Industrial y el 27 de setiembre de 1974 ésta resolvió aumentar a treinta por ciento la incapacidad anterior-mente fijada. Se acude ante nos en solicitud de que se revise esta resolución de la Comisión Industrial.

La cuestión básica a resolver, por supuesto, es si los organismos administrativos en juego disponen de discreción y plazo ilimitados para reabrir las determinaciones de incapacidad. El problema exacto se discutió en Rodríguez v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 915 (1944).

Rodriguez cita el Art. 5 de la Ley, 11 L.P.R.A. see. 6, que faculta al Administrador a obligar al obrero a comparecer ante la Comisión Industrial, durante el período que recibe su compensación, para determinar si ésta debe terminarse por haber cesado su incapacidad. Afirmamos allí que la Comisión a su vez posee facultad para decidir también, durante idéntico término, si la incapacidad debe aumentarse.

Expresamos en Rodríguez, además, que la ausencia de disposición específica alguna sobre este particular en nuestro estatuto “podría interpretarse como indicativo de que fué la intención de la Legislatura conceder a la Comisión jurisdic-ción continua e indeterminada [para reabrir un caso después de fallado definitivamente] pero aun en este caso tendría que admitirse que correspondería a la Comisión hacerlo en el ejer-cicio de su sana discreción en cada caso específico.”, (a la pág. 919).

Tanto bajo el primer criterio expuesto en Rodríguez, que es el de índole más precisa, como bajo el segundo, cuya solidez podría quizás ser objeto hoy de duda, excepto en las circuns-tancias más excepcionales, a lo sumo, procede revocar la deci-sión de la Comisión Industrial en este caso. La reapertura del mismo se hizo muchos años después de expirar el término de compensación y no surgen hechos de los autos que justifiquen establecer una excepción para entender en la situación pre-sente.

La experiencia habida en el tratamiento de este problema en otras comunidades con estatutos de entronque análogo al nuestro aporta luz a la interpretación de nuestra Ley. Tan sólo ocho estados de la Unión Americana le reconocen poder al organismo a cargo de las compensaciones por accidentes del trabajo para reabrir un caso más allá de cierto plazo fijo. 3 Larson, Workmen’s Compensation, sec. 81:20, pág. 317. Dificultades de diversos órdenes han impedido que se aumente este número: los obstáculos, entre otros, en la preservación de la prueba y los expedientes por términos indefinidos; la com-plejidad de estimar el monto adecuado de las reservas en estas situaciones. Algunos estados que antes compartían este en-foque han preferido, frente a los problemas actuariales y de administración resultantes, limitar la discreción administra-tiva y fijar un plazo específico. Véase, como ejemplo muy reciente: McKinney’s Consolidated Laws of New York, Workmen’s Compensation, sec. 25(a).

Consideramos que hasta tanto la Asamblea Legislativa se exprese de distinta manera, habremos de mantener el criterio preferente de Rodríguez v. Comisión Industrial, supra, que hace coincidir el término para reabrir un caso fallado definí-tivamente por la Comisión Industrial con el período durante el cual el obrero está recibiendo compensación, dejando en reserva la facultad de reabrir ya expirado ese término sólo para casos de estricta excepción debidamente justificada.

Se revocará por las razones expuestas la resolución de la Comisión Industrial.


author: PER curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Carlos Villahermosa, acusado y apelante.

      Número: CR-74-22

      Resuelto: 27 de enero de 1975

      Fermín B. Arraiza Miranda y Ludmilia Rivera Burgos, abogados del apelante; Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Procurador General Interino y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER curiam :

El 26 de noviembre de 1969 se formuló de-nuncia contra el apelante por alegados daños maliciosos contra la propiedad, Art. 511 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 2061. El Tribunal de Distrito lo halló culpable, conde-nándolo a cumplir una pena de tres meses de cárcel y a pagar una multa de cien dólares. El acusado apeló al Tribunal Superior, solicitando la celebración de un juicio de novo.

El Tribunal Superior celebró el juicio de novo requerido . y el 5 de marzo de 1970 dictó sentencia, condenando al con-victo a cumplir dos meses de cárcel y a pagar una multa de cien dólares. En apelación ante nos, la cual quedó finalmente sometida el 12 de diciembre de 1974, se hacen tres plantea-mientos. Se cuestiona la validez de la denuncia; se alega que el Tribunal de Distrito no cumplió con sus obligaciones respecto a la preparación .de un récord de los procedimientos; y se ataca la credibilidad de la prueba.

Respecto al primer señalamiento, éste se fundamenta en el hecho de que en la denuncia, presentada vía el formulario “OAT 905 (Rev.) Julio 1963”, de utilización general, aparece la firma del fiscal y se hace constar que la denuncia se juró ante un juez, quien así lo aseguró bajo su propia firma, pero sin incluirse el texto del juramento en sí. Argumenta el apelante que la exclusión de dicho texto vicia de nulidad la denuncia.

No le asiste razón al apelante. La Regla 35(e) de las de Procedimiento Criminal requiere “La firma y juramento del denunciante o del fiscal según se dispone en las Reglas 5 y 34, respectivamente.” La Regla 64 (c) incluye, además, entre los fundamentos para desestimar el siguiente: “Que la acusación o la denuncia no han sido debidamente firmadas o juradas.” Ninguna de las reglas citadas, sin embargo, provee base para requerir, so pena de nulidad, que el texto formal del juramento se incluya en la denuncia o la acusación. El apelante cita tan solo a Pueblo v. Bermúdez, 72 D.P.R. 4 (1951), en apoyo de su contención, mas este caso es enteramente distinguible del presente. En Bermúdez el fiscal había firmado, pero faltaba la firma del funcionario con capacidad para autorizar el juramento.

El historial de las reglas concernidas, junto al examen del propósito central del cuerpo a que pertenecen, revela lo inmeritorio del argumento reseñado. Antes de la aprobación de las Reglas, el Art. 72 de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal, ed. de 1935, prescribía el contenido del juramento a prestarse, a la usanza de los tiempos del derecho estricto y de las alegaciones formalistas. Las nuevas Reglas, inspiradas en parte en las federales, en la legislación de California y el Código Modelo, eliminaron significativamente este antiguo re-quisito. No hallamos justificación jurídica para reinstalarlo.

Las reglas federales, aun menos pormenorizantes que las nuestras sobre este particular, ya que tan sólo exigen la firma del fiscal o el denunciante, sin juramento de índole alguna, se han interpretado de manera muy flexible. De ahí que se haya resuelto que basta con que firme un ayudante del fiscal y hasta se ha permitido la omisión de la firma del fiscal de constar su nombre a máquina en el documento. Wiltsey v. United States, 222 F.2d 600 (4th Cir. 1955); United States v. Newman, 468 F.2d 791 (5th Cir. 1972), cert. den. 411 U.S. 905. En California no se interpreta tampoco de modo restrictivo el modo de la firma. People v. Barreras, 5 Cal. Rptr. 454, 181 C.A.2d 609 (1969).

En Puerto Rico se intentó lograr a todas luces una solu-ción intermedia entre el formalismo de nuestro Código de Enjuiciamiento Criminal y el reducido rigor de la reglamen-tación moderna. Debe jurarse la acusación o denuncia, pero no hay que atenerse a fórmulas sacramentales para hacerlo ni incluirlas en el texto de la denuncia. En lo que toca a la vigencia en nuestro país de doctrinas como las sentadas en Wiltsey, Newman y Barreras, éstas no son cuestiones que están propiamente ante nuestra consideración en el caso de autos.

El resultado alcanzado en el actual litigio está conforme con el espíritu general de las Reglas, entre cuyas característi-cas principales se encuentra la de mitigar el excesivo tecni-cismo del antiguo procedimiento en aquellas situaciones, como es natural, donde no se vulneren los derechos de los acusados. 1 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure, Criminal, see. 123. La distinción entre simple tecnicismo insustan-cial y defecto que afecte los derechos del acusado debe, por supuesto, establecerse caso a caso con cuidado extremo. Russell v. United States, 369 U.S. 749, 763-4 (1962).

El segundo señalamiento es inmeritorio. Acogido el acusado al juicio de novo, los autos en apelación consisten del expediente original y de las notas del juez sobre la prueba. Regla 216(h) de las de Procedimiento Criminal. Del expediente surge, además, que se grabaron los procedimientos en el Tribunal de Distrito. Véanse las hojas de control de la grabadora (págs. 10-11 del expediente).

El señalamiento sobre la insuficiencia de la prueba carece igualmente de base. Un testigo de cargo identificó al apelante como la persona causante de los daños. Las circunstancias de la identificación eran difíciles, pues los daños en cuestión se cometieron en ocasión de una marcha constituida por numerosas personas. La lectura del récord nos convence, sin embargo, de que los testimonios rendidos sostienen la determinación del juzgador e impiden nuestra intervención con su criterio.

Se confirmará la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.

      Número: O-74-378

      Resuelto: 27 de enero de 1975

      Jorge Márquez Gómez, Miguel A. Guzmán Soto y José F. Reyes del Valle, abogados del recurrente.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 29 de agosto de 1969 el obrero Narciso Camacho sufrió un accidente del trabajo. Se le fijó una incapacidad del 20% de las funciones fisiológicas generales. Se dispuso más tarde el reexamen del caso, mas el obrero falleció el 8 de junio de 1972 por causa no relacionada con su empleo. El 27 de marzo de 1973 el Administrador del Fondo del Seguro del Estado determinó que el obrero estaba incapacitado totalmente a la fecha de su muerte y ordenó el pago del remanente a sus bene-ficiarios, la viuda y un hijo incapacitado, en mensualidades de $125.00.

La viuda no estuvo de acuerdo con la forma mensual de pago, por interesar que se autorizase el pago global de lo adeu-dado para realizar una inversión, y apeló a la Comisión Industrial. La Comisión revocó al Administrador, ordenándole que le permitiese a la viuda optar por el pago global de lo adeudado para efectuar una inversión provechosa en vez de por el pago de una pensión. Es de esta resolución de la Comi-sión Industrial que recurre ante nos el Administrador del Fondo.

La concesión de pagos globales representa la excepción y no la regla en el derecho de compensación a obreros. 8 Schneider, Workmen’s Compensation, 3a ed., 351; Blair, Reference Guide to Workmen’s Compensation, 1973, sec. 15:00. El uso excesivo o poco cuidadoso de este método amenaza en la actualidad el sistema de compensación a obreros de algunas comunidades. 3 Larson, The Law of Workmen’s Compensation, 1973, sec. 82.71, pág. 354.31. Se ha expresado que únicamente en casos verdaderamente excepcionales debe autorizarse el modo de pago global. 3 Larson, op. cit. 354.32; Schneider, loe. cit. La razón es evidente. El propósito normal de la compensación a obreros es proveer una cantidad de dinero periódica que sustituya el jornal perdido. Rodriguez v. Comisión Industrial, 99 D.P.R. 368, 371 (1970) (Torres Rigual). A la luz de estos principios consideramos que debe tan sólo estimarse que existe discreción administrativa para autorizar pagos globales bajo nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 1 et seq., cuando nuestra Asamblea Legislativa haya concedido dicha facultad en forma expresa e inequívoca.

En el penúltimo párrafo del Art. 3(4) de dicha Ley, 11 L.P.R.A. see. 3 (4), se dispone:

“En todos los casos en que ocurriere la muerte de un obrero o empleado por cualquier causa independiente a la lesión recibida en el accidente, por la cual se hubiere reconocido o esté pendiente de reconocerse una incapacidad total permanente, se procederá en la siguiente forma:

(a) Si el lesionado hubiere optado por una inversión, el re-manente de su compensación se pagará a los beneficiarios en pagos mensuales de $125.00 sujeto a las limitaciones impuestas por el primer párrafo del inciso 5(3) (c) de esta sección; si sub-sistieren otros beneficiarios además de la viuda, hijos o concu-bina, la distribución se hará con sujeción a las disposiciones del inciso 5 (3) de esta sección.

(b) Si el lesionado no hubiere optado por una inversión, la compensación total se computará multiplicando 540 semanas por su compensación semanal equivalente al 66%% del jornal sema-nal que el lesionado percibía el día del accidente o que hubiere de percibir a no ser por la ocurrencia del accidente, pero en ningún caso se calcularán semanas de más de cuarenta y cinco (45) dólares, ni menos de diez (10) dólares. La compensación total no excederá en ningún caso de dieciocho mil novecientos (18,900) dólares. De la compensación total así computada se deducirá el montante pagado al trabajador lesionado con anterioridad a su muerte y el remanente se pagará a sus beneficiarios, en la forma y con las limitaciones dispuestas en el subinciso (a) que ante-cede.”

Lo citado se refiere a la situación precisa ante nos. Adviértase que tanto bajo el subinciso (a)' como bajo el (b) los pagos a los beneficiarios tienen que efectuarse mensualmente. Luego que se computa la totalidad de lo adeudado en el caso a que alude el subinciso (b), se dispone que “el remanente se pagará a sus beneficiarios, en la forma y con las limitaciones dispues-tas en el subinciso (a) que antecede”, esto es, mensualmente. (Énfasis nuestro.)

Nótese, además, que otra limitación a que se refiere el subinciso (a) es la provista en el primer párrafo del inciso 5(3) (c) de la misma sección, 11 L.P.R.A. see. 3(5) (3) (c), en cuya primera oración se dice: “El derecho a compensación de la viuda o concubina, como dependiente del obrero o empleado fallecido, cesará si se casara o viviera en concubinato.” De permitírsele a la viuda el cobro total de la compensación concedida se podría burlar en ocasiones este mandato legislativo.

Cuando la Asamblea Legislativa ha deseado conceder la facultad que aquí se cuestiona lo ha hecho claramente. Si el fallecimiento ocurre por causa del accidente, por ejemplo, se dispone en el último párrafo del inciso 5(3) (f) del Art. 3 de la Ley que si “los beneficiarios fueren el padre o la madre úni-camente solos o en concurrencia con otros beneficiarios de categoría inferior, la compensación total no excederá de diez mil quinientos ($10,500) dólares, disponiéndose que a los fines de una inversión que a juicio del Administrador fuere provechosa, éste podrá anticipar al padre o madre del obrero fenecido o a ambos hasta el cincuenta (50) por ciento de su participación en la compensación.” Tal derecho se le niega a la viuda en el segundo y tercer párrafos del mismo inciso. Véanse también la primera oración del inciso 4 de la See. 3 y lo provisto en dicha sección para los casos de incapacidad par-cial bajo el epígrafe “Forma de Pago”.

Preocupó evidentemente a la Comisión Industrial en su Resolución de 10 de setiembre de 1974 la diferencia que nues-tra legislación establece entre casos de incapacidad perma-nente e incapacidad parcial. La sabiduría de esta distinción es asunto, sin embargo, que compete exclusivamente al proceso legislativo. Desde el punto de vista estrictamente constitucio-nal no puede establecerse que la distinción sea irrazonable. Ni la jurisprudencia ni la doctrina lo exige así. “Developments in the Law — Equal Protection”, 82 Harv. L. Rev. 1065 (1969). La legislación de otras comunidades es también muy selectiva por lo general en la autorización de pagos globales. Véase: 8 Schneider, Workmen’s Compensation, secs. 1813-1865.

Se revocará la Resolución de la Comisión Industrial.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Juanita Morales et al., demandantes y recurridos, v. Automatic Vending Service, Inc., demandada; Boston Insurance Company, demandada y recurrente.

      Número: R-73-27

      Resuelto: 27 de enero de 1975

      F. Castro Amy, abogado de la recurrente; Fieras & Torruellas y Jaime Otero, abogados de Automatic Vending Service, Inc.; A. de Jesús Matos y R. de Jesús Cintrón, abogados de Juanita Morales y Raúl Ibarra Morales, recurridos; Luis E. Miranda Correa, José R. Vélez Torres, José M. Cabrera Deetjen y Jesús M. Torres Lassalle, abogados de José Antonio, Milagros, María de Jesús, Isabelita y Francisco, todos de apellido Ibarra Ortiz, recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Al dictar sentencia declarando con lugar la demanda in-coada por la viuda e hijos de José Ibarra Quintero, el tribunal de instancia condenó a la Automatic Vending Service y a su aseguradora Boston Insurance Co. a pagar a los demandantes solidariamente la suma de $68,000 más $3,800 de honorarios de abogado. Concedió a la viuda la suma de $20,000 de indem-nización y al hijo que el causante tuvo en ella $30,000. A sus seis hijos, todos mayores de edad, de un matrimonio anterior les concedió $3,000 a cada uno.

La compañía de seguros solicitó la reconsideración por el fundamento de que la póliza tenía un límite de cubierta de $50,000 y no procedía condenarla solidariamente a pagar la totalidad de la sentencia. Señalada una vista para conocer de esta moción, la asegurada, Automatic Vending Service, alegó que la Boston Insurance Co. era la única responsable de hacer efectiva la sentencia ya que había rehusado una oferta para transigir la reclamación. La parte demandante objetó a que esa cuestión se planteara dentro del presente pleito. Sostuvo que era obligación de la asegurada pagar aquella parte de la sentencia en exceso del límite de la póliza y radicar un pleito separado contra la aseguradora reclamando lo por ella pagado. La aseguradora consintió a que el asunto se dilucidara dentro del caso de autos. Los demandantes objetaron el procedi-miento. Sostuvieron que la cuestión planteada por la asegura-dora retardaba la ejecución de la sentencia hasta tanto se dilu-cidara la controversia existente entre aseguradora y asegu-rada.

Lo planteado por la asegurada requiere la celebración de un juicio. A todos los efectos se celebró un segundo juicio, seis meses después de dictada la sentencia que declaró con lugar la demanda principal, en el que las partes presentaron eviden-cia documental y testifical y luego radicaron alegatos. Final-mente tres meses después de celebrada esta vista, el juez adjudicó la controversia entre los dos demandados, determi-nando que la compañía de seguros actuó de mala fe y negli-gentemente al no transigir dentro de los límites de la póliza, por lo que venía obligada a pagar la totalidad de la sentencia.

En aquellas jurisdicciones donde la aseguradora responde por la totalidad de una sentencia dictada en exceso de la cubierta, cuando se ha rechazado una oferta de transacción, se requiere la radicación de un pleito aparte para reclamar del asegurador lo que el asegurado ha pagado en exceso del límite de la póliza. Se ha sugerido, sin embargo, que la cuestión pueda ser adjudicada dentro del pleito principal mediante la radicación de una demanda contra co-parte. Hills & Pivnicka, Development and Direction of the California Bad Faith Insurance Doctrine or “0 Ye of Little Faith”, 8 U. San Fco. L. Rev. 29-49 (1973).

Si bien es verdad que el juez actuó erróneamente al cono-cer de la cuestión que se le planteó dentro del presente pleito, y retardó la ejecución de la sentencia en perjuicio de los de-mandantes, a nada conduciría devolver el caso para que se radicara un nuevo pleito cuando ya se ha celebrado el juicio y ha habido una adjudicación. Es por eso que procederemos a re-solverlo. Consideraremos, según expusimos en la resolución expidiendo el auto de revisión (a) la cuestión de la responsa-bilidad en exceso del límite de $50,000 establecido en la póliza y (b) la procedencia de la compensación por sufrimientos mentales fijada a cada uno de los hermanos demandantes, hijos del primer matrimonio.

El tribunal sentenciador concluyó “como cuestión de hecho que la Boston Insurance Company se negó caprichosamente a transigir la reclamación . . . por una suma inferior a los límites de la póliza sin tomar en consideración la posición del asegurado y a pesar de que la representación legal de la asegurada... recomendó que aceptara dicha oferta de transac-ción por considerarla más que razonable en vista de los hechos entre otros, que el agente de la Automatic Vending Service, Inc., que conducía el vehículo, al ocurrir el accidente incurrió en negligencia crasa y el accidente sin lugar a dudas se debió a su única y exclusiva negligencia y por considerar que los daños sufridos por los demandantes exceden el límite de la póliza....”

La póliza expedida a la Automatic Vending Service contiene las cláusulas usuales y corrientes que aparecen en todas las pólizas para cubrir riesgos en la operación y manejo de vehículos de motor. La aseguradora asume la responsabilidad de defender al asegurado y éste se compromete a notificarle inmediatamente de cualquier pleito radicado en su contra, obligándose a notificarle cualquier demanda o emplazamiento que reciba. El asegurado se obliga a cooperar con la aseguradora, al ser requerido acudirá a todas las vistas, le ayudará a realizar cualquier transacción aportando evidencia y la comparecencia de testigos y cooperará en todo lo que se relaciona con la tramitación del pleito. En esta clase de acciones es el asegurador el que decide si litiga o transige la reclamación. Insurance Co. of P.R. v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 405 (1972). En virtud de este convenio se sostiene que existe un contrato implícito entre la aseguradora y el

asegurado al efecto de que ninguna de las partes realizará gestión alguna que perjudique los derechos de la otra. Crisci v. Security Ins. Co., 426 P.2d 173 (Calif. 1967); Comunale v. Traders & General Ins. Co., 328 P.2d 198 (Calif. 1958); Gruenberg v. Aetna Insurance Co., 510 P.2d 1032 (Calif. 1973). La relación existente entre asegurador y asegurado en esta clase de contratos es fiduciaria. Gruenberg v. Aetna Ins. Co., supra, pág. 1043; Baxter v. Royal Indemnity Company, 285 So.2d 652, 655 (Fla. App. 1973); Tyler v. Grange Ins. Association, 473 P.2d 193, 197 (Wash. App. 1970); Bermet v. Conrady, 305 P.2d 823, 827 (Kan. 1957); American Fidelity and Casualty Co. v. All American Bus Lines Inc., 179 F.2d 7,9 (10th Cir. 1949).

Debido a esta relación el asegurador está obligado a actuar de la mejor buena fe y con suma discreción y diligencia al considerar cualquier oferta de transacción y está en la obligación de aceptarla si es razonable. A ese efecto la Corte Suprema de California expresó en Silberg v. California Insurance Company, 521 P.2d 1103 (1974), a las págs. 1108 a 1109:

“El principio fue firmemente establecido en Comunale v. Traders & General Ins. Co. (1958) 50 Cal.2d 654, 658-660, 328 P.2d 198 y en Crisci v. Security Ins. Co. (1967) ; 66 Cal.2d 425, 429-433, 58 Cal. Rptr. 13, 426 P.2d 173, que el deber de un asegurador de aceptar una transacción razonable para dis-pensar a su asegurado de responsabilidad hacia una tercera persona está implícito en el convenio de buena fe y justo trato que existe en cada contrato de seguro. El convenio requiere que ninguna parte haga algo que perjudique el derecho de la otra de recibir los beneficios del acuerdo, y un asegurador está obligado a dar a los intereses de su asegurado por lo menos tanta consideración como él le da a sus propios intereses.”

Se justifica imponer a la aseguradora la obligación de pagar la totalidad de la sentencia cuando rechaza una oferta de transacción por varias razones. Los contratos de seguros son los típicos contratos por adhesión en los cuales el ase-gurado está obligado a aceptar sus términos, Maryland Casualty v. San Juan Racing, 83 D.P.R. 559 (1961); Sackville, The Duty of the Insurer to Settle Within Policy of Limit — A Case of the Standard Contract of Adhesion, 1968 Utah L. Rev. 72. El asegurador es un experto en la materia, teniendo a su disposición adecuados medios de investigación y abogados es-pecializados, debiendo por tanto, responder por cualquier sen-tencia que se dicte en su contra al tomar la decisión de recha-zar una oferta de transacción dentro de los límites de la póliza. 7A Appleman, Insurance Law & Practice, sec. 4711.

La jurisprudencia ha desarrollado varias teorías al imponer al asegurador la obligación de responder por una sentencia en exceso de la cubierta de la póliza cuando se ha rechazado una oferta de transacción. Unas jurisdicciones requieren que se demuestre que el asegurador ha actuado de mala fe al rechazar la oferta. Brassil v. Maryland Casualty Co., 210 N.Y. 235, 10 N.E. 622 (1914); Silberg v. California Life Ins. Co., 521 P.2d 1103 (Calif. 1974); Merritt v. Reserve Ins. Co., 110 Calif. Rptr. 511 (1974); Gruenberg v. Aetna Ins. Co., 510 P.2d 1032 (1973); Lujan v. González, 501 P.2d 673 (N.M. 1972); Wasserman v. BucJcey Union Casualty Co., 277 N.E.2d 569 (Ohio 1972); Cheek v. Agriculture Ins. Co. of Watertown, 432 F.2d 1267 (5th Cir. 1970); Davey v. Public National Ins. Co., 5 Cal. Rptr. 488,181 Cal. App.2d 287 (1960); Comunale v. Traders & General Insurance Co., 50 Cal.2d 654, 328 P.2d 198 (1958); Ivy v. Pacific Automobile Ins. Co., 326 P.-2d 140 (1958); Brown v. Guarantee Ins. Co., 319 P.2d 69 (1957). Otras requieren que se demuestre que la aseguradora ha actuado negligentemente. Dumas v. State Farm Mutual Automobile Ins. Co., 274 A.2d 781 (N.H. 1971); Dumas v. Hartford Accident and Indemnity Co., 94 N.H. 484, 56 A.2d 57 (1947); Tyger River Co. v. Maryland Casualty Co., 170 S.E. 346 (1933); Douglas v. Fidelity & Guarantee Co., 81 N.H. 371, 127 A. 708 (1924); Cavanaugh v. General Accident Fire and Life Assurance Corp., 79 N.H. 186, 106 A. 604 (1919). Algunas requieren la concurrencia de ambos conceptos. Rector v. Husted, 519 P.2d 634 (Kan. 1974); Tyler v. Grange Ins. Assoc., 473 P.2d 193, 199 (Wash. App. 1970); Bollinger v. Nuss, 449 P.2d 502 (Kan. 1969); Knudsen v. Hartford Acc. and Indemnity Co., 26 Conn. Sup. 325,222 A.2d 811 (1966); Murray v. Nasmass, 355 P.2d 985 (1960); Hilker v. Western Automobile Ins. Co., 204 Wis. 1, 235 N.W. 413 (1931).

También se ha sugerido que la norma más razonable y justa sería imponer responsabilidad absoluta a la aseguradora para hacer efectiva la totalidad de la sentencia que se dicte cuando se ha rechazado una oferta de transacción, pero todavía ninguna jurisdicción ha adoptado esta norma. Algunos de los comentaristas que la proponen son de opinión que sería más conveniente adoptarla mediante legislación o vía enmiendas al contrato de seguro, pero la Corte Suprema de California en el caso de Crisci, y la de Nueva Jersey en el de Rova Farms Resort, Inc. v. Investors Ins. Co. of Amer., 323 A.2d 495 (N.J. 1974), reconocen los méritos intrínsecos de la norma y dejan entrever que la pueden adoptar en el futuro. Barbage-lata, Liability Arising from Insurer’s Refusal to Settle Public Liability and Uninsured Motorist Claim, 3 U. San Feo. L. Rev. 33, 47 (1968-69); Comments, Insurance-Excess Recovery-Liability Insurer Who Refused Settlement within the Policy Limits Held Liable for Excess Recovery Mental Damage, 43 N.Y.U.L. Rev. 199 (1968); Eddy, Crisci’s Dicta of Strict Liability for Insurer’s Failure to Settle: A Move Toward Rational Settlement Behavior, 43 Wash. L. Rev. 799 (1967-68); Keeton, Liability Insurance and Responsibility for Settlement, 67 Harv. L. Rev. 1136, 1183 (1954); Lundstrom, Approaching Strict Liability of Insurer for Refusing to Settle Within Policy Limits, 47 Neb. L. Rev. 705 (1968); Notes and Comments, An Insurance Company’s Duty to Settle: Qualified or Absolute? 41 So. Cal. L. Rev. 120, 135-142 (1967-68); Peterson, Excess Liability: Reconsideration of California’s Bad Faith Negligence Rule, 18 Stan. L. Rev. 475, 482-485 (1966); Pressly, Insurance: Strict Liability for Insurance Companies in Excess Judgment Suits, 23 U. Fla. L. Rev. 201 (1970-71); Ryan, Insurer's Duty to Settle — Strict Liability for Excess Judgments: Has the Time Come? 9 B.C. Ind. & Com. L. Rev. 188 (1967); Shaw, Duty of Insurer to Settle, 30 La. L. Rev. 622 (1970); Woodward, Insurance — Liability Insurer’s Duty to Settle [Illinois] 13 U. Chi. L. Rev. 105 (1945).

Se ha desarrollado una mareada tendencia, al resolver estas controversias entre asegurador y asegurado, de no ajustarse estrictamente a ninguna de las teorías antes mencionadas y a imponer la responsabilidad en base al convenio implícito que nace de un contrato de seguro que exige al asegurador la obligación de actuar con especial consideración por los intereses del asegurado. Y como el interés primordial del asegurado en esta clase de contratos es protegerse de pagar una reclamación con fondos de su propio peculio, el asegurador está en la obligación de aceptar una oferta razonable de transacción. Para determinar si el asegurador ha tenido en cuenta el interés del asegurado al rechazar una oferta, el criterio normalmente utilizado es el de si un asegurador prudente hubiera aceptado la oferta. Comunale v. Traders & General Insurance Co., supra; Silberg v. California Life Ins. Co., supra; Crisci v. Security Ins. Company, supra; Dumas v. Hartford Accident and Indemnity Co., supra; American Mutual Liability Ins. Co. v. Cooper, 61 F.2d 466 (5th Cir. 1932), cert. denied 289 U.S. 763 (1933); Hilker v. Western Automobile Ins. Co., supra; 231 N.W. 257 (1930) aff’d. on rehearing; 204 Wis. 12, 235 N.W. 413 (1931); 1968 Utah L. Rev. 72 (1968); 30 La. L. Rev. 622, 629 (1969-70). La responsabilidad puede imponerse al asegurador si en perjuicio del asegurado ha rechazado indebidamente una oferta razonable de transacción, sin que sea necesario establecer con evidencia directa o circunstancial que actuó deshonesta o fraudu-lentamente. Crisci v. Security Insurance Company of New Haven, Connecticut, supra. Como expresó el Profesor Keeton en su artículo Liability Insurance and Responsibility for Settlement, 67 Harv. L. Rev. 1136, 1138 (1954):

“. . . la compañía tiene un control exclusivo sobre la decisión de hacer transacciones dentro de los límites de la cubierta de la póliza, y como aseguradora y asegurador frecuentemente tienen intereses conflictivos respecto a si cierta transacción debe ser hecha; el criterio que ha sido aceptado es que el poder de la com-pañía aseguradora para afectar los intereses de su asegurado al igual que sus propios intereses debe estar acompañado de alguna responsabilidad por su ejercicio independientemente del hecho de que esa responsabilidad no esté expresada en la póliza.”

Con esto en mente pasemos a considerar los hechos del presente caso.

Se radica una demanda por la viuda y un hijo de José Ibarra Quintero, así como por seis hijos de un matrimonio anterior para resarcirse de los daños sufridos con motivo de la muerte del referido Ibarra Quintero, quien perdió la vida al ser arrollado por un vehículo de motor asegurado por la demandada. Los daños reclamados montaban a $225,000.00. Una investigación de la forma cómo ocurrió el accidente hubie-ra demostrado que el conductor del vehículo asegurado fue negligente. El propio ajustador de la compañía de seguros declaró a preguntas del abogado de la compañía en cuanto a la investigación que llevó a cabo que “estuve hablando con el chofer del accidente, tomó fotografías, le pregunté a varios testigos, fui a Bayamón a ver a algunos .... Por cierto, ninguno de los testigos estaba en disposición de cooperar con uno en cuanto a eso puesto que ellos alegaban que ya habían dado declaración al fiscal, etc., etc., y se limitaron a decirme eso.” Esto demuestra que la aseguradora estaba enterada desde el principio que no podía contar con testigos para defender su caso. Por otro lado, se le hace una oferta de transacción de $30,000.00, la rechaza y ofrece $25,000.00 en un caso de muerte, donde la viuda y siete hijos reclaman $225,000.00. Es inescapable la conclusión a que llegó el tribunal de instancia de que “la compañía de seguros actuó de mala fe y negligentemente al no transigir dentro de los límites de la póliza la reclamación.” Evidentemente la aseguradora antepuso sus propios intereses a los del asegu-rado, quien había obtenido una póliza precisamente para no tener que asumir la obligación de pagar con su dinero los daños ocasionados por el vehículo asegurado. Es razonable pues, imponer a la aseguradora la responsabilidad de pagar cualquier suma en exceso del límite de la póliza.

Resta considerar la cuantía de los daños concedidos a los hijos del primer matrimonio. Consideramos que la suma de $3,000 concedida a cada uno de ellos es razonable.

Procede, por tanto, confirmar la sentencia que dictó el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado, Señor Martín, no intervino.

      Los demandantes representados todos por el mismo abogado acep-taban primeramente transigir por $30,000, luego de transcurrir algún tiempo subieron a $40,000.


author: per curiam : Juez Presidente, Señor Trías Monge.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ismael Cuevas Velázquez, acusado y apelante.

      Número: CR-74-53

      Resuelto: 29 de enero de 1975

      Ismael Cuevas Velázquez, por derecho propio, y Héctor Lugo Bougal, abogados del acusado; Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General y Américo Berra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

Contra la sentencia por desacato sumario de diez días de cárcel impuéstale por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el apelante— abogado defensor de un ciudadano en un juicio criminal — alega y discute como único error lo siguiente:

“Cometió grave error de derecho el Tribunal a quo al con-denar al abogado acusado cuando éste no incurrió en actuación impropia alguna, sino que ejercitó, en favor de su defendido, el derecho que la ley y la jurisprudencia concede a un acusado, por vía de su defensor, de llevar al récord del caso cualquier actua-ción del Juez que pueda lesionar el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial.”

Hemos examinado detenidamente el récord y los alegatos sometidos y concluimos que el error no fue cometido. El in-cidente que generó la sanción impugnada se desarrolló durante la etapa de la desinsaculación del jurado del siguiente modo:

“Lie. Cuevas Velázquez:
(Hace la siguiente pregunta al panel)
P. ¿Alguno de ustedes pertenece al Club de Rotarios? ¿Al-guno de ustedes pertenece al Club de Leones ?
Hon. Fiscal:
Tenemos reparo a eso, aquí no hay perjudicado ningún león o rotario que yo sepa, o algo así.
Hon. Juez:
¿ Cuál es la materialidad?
Lie. Cuevas Velázquez:
Nosotros entendemos que en nuestra función de hacer un estudio del Jurado, está el investigar su vida privada, investigar a qué organización pertenece, qué agrupación cívica pertenece. Son potenciales miembros del Jurado.
Hon. Juez:
Sí, pero si tiene alguna relación con el caso sí, pero si no.
Lie. Cuevas Velázquez:
Claro.
Hon. Juez:
Pues diga.
Lie. Cuevas Velázquez:
Claro que tiene, la forma de pensar de la persona se deter-mina por la agrupación a que pertenece y eso le da un guía al abogado para determinar con qué personas se reúne. Si son personas liberales, si son personas conservadoras. Entendemos que es una cuestión decidida.
Hon. Juez:
Vamos a permitirlo. Adelante.
Lie. Cuevas Velázquez:
Vamos a objetar cualquier clase de gestos o señales, porque este es un caso.
Hon. Juez:
Perdón. ¿A quién le está imputando señales el colega?
Lie. Cuevas Velázques:
A Vuestro Honor.
Hon. Juez:
Pues baje para el récord y bien claro. Me lo baja para el récord.
Lie. Cuevas Velázquez:
Pues las voy a decir.
Hon. Juez:
Sí, vamos a ver qué gestos y qué señales ha hecho este Juez.
Lie. Cuevas Velázquez:
No, Señor Juez, sin que le de coraje.
Hon. Juez:
No tengo coraje. El colega está haciendo una imputación. Yo estoy ante la imputación del colega. Si es una seña, señale a quién le estoy haciendo seña.
Lie. Cuevas Velázquez:
Es una sonrisa ante nuestra posición. A pesar de que el Honorable Tribunal nos sostiene hace una sonrisa, que ante un Jurado esa sonrisa, Vuestro Honor, para mi entender hace una insinuación.
Hon. Juez:
Bien, magnífico.
Lie. Cuevas Velázquez:
Nosotros entendemos que dentro de la función de un Tribunal está él no hacer gestos que '¡puedan llevar un mensaje al Jurado. No hacemos imputación.
Hon. Juez:
¿Porque me sonrío ante el planteamiento? ¿Eso fue un gesto y una seña? Ahora yo quiero que me señale la seña a quién fue.
Lie. Cuevas Velázquez:
Puede ser un gesto involuntario de Su Señoría, pero sí el Honorable Juez dijo en una forma muy bajita, ‘se permite’ y se sonrió y meneó la cabeza. Eso para nosotros, Vuestro Honor, no cae dentro de los procedimientos de un Tribunal. Hon. Juez:
Bien, magnífico. Diga cuál es la seña.
Lie. Cuevas Velázquez:
No tenemos una cámara de televisión que pueda coger los gestos de Vuestro Honor, pero sí llamamos la atención porque estamos aquí para defender a nuestro defendido.
Hon. Juez:
Sin imputaciones viciosas, dígame a quién le hice una seña y yo quiero oir eso para récord bien claro. A quién yo le hice una seña y cuál fue la seña.
Lie. Cuevas Velázquez:
Vuestro Honor, fue un gesto general.
Hon. Juez:
¿El- colega se retracta en la imputación que le hizo al Tribunal de que le hizo una seña a alguien?
Lie. Cuevas Velázquez:
Puede ser o una seña o puede ser un gesto, pero Vuestro Honor se sonrió en una forma no muy normal y meneó la cabeza en esta forma . . . sonreído. Nosotros estamos aquí para.
Hon. Juez:
No para hacer imputaciones viciosas. Yo quiero que me. . . . Lie. Cuevas Velázquez:
Siempre que tengamos que hacerla, la vamos a hacer.
Hon. Juez:
Dígame la seña y baje para el récord.
Lie. Cuevas Velázquez:
Usted meneó la cabeza, se sonrió y bajó la cabeza sonreído. No me gusta la actuación.
Hon. Juez:
El Jurado hágame . . . Marshal, hágame el favor y retire al Jurado.
Por cuanto el señor Abogado aquí presente le ha hecho una insinuación e imputación al Tribunal que no puede sostener las mismas.
Por cuanto el Tribunal entiende que eso ha sido una falta de respeto y atenta contra la dignidad de este Tribunal, lo que constituye un desacato en corte abierta.
Por lo tanto el Tribunal le impone diez días de cárcel.
Se decreta un mistrial por imputaciones y conducta impropia del abogado de defensa y se disuelve el Jurado.
Transcríbase este incidente y se refiere al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
Marshal, hágase cargo del convicto abogado y se decreta un mistrial por conducta impropia del abogado.” (T.E. págs. 1-7.) Bastardillas nuestras.

La ley de 1ro. de marzo de 1902, según enmendada (33 L.P.R.A. see. 517) reconoce legislativamente lo que por dere-cho propio y atributo inherente posee el Poder Judicial, a saber, la facultad de sancionar por desacato a toda persona culpable de “perturbación del orden, ruido u otro disturbio, tendente a interrumpir sus procedimientos, o conducta desor-denada, desdeñosa e insolente hacia un tribunal o juez ... en presencia de dicho tribunal . . . De Torres v. Corte, 58 D.P.R. 515 (1941).

Bajo las circunstancias que demuestran la transcripción previamente reproducida no podemos convenir con la tesis de que el apelante no incurrió en conducta desdeñosa e insolente hacia el tribunal de instancia conforme la figura tipificada en la citada ley. El fundamento de que su actuación fue motivada por un deseo de descargar adecuadamente el deber de representar eficazmente su cliente no tiene apoyo en la prueba, que indubitadamente demuestra que éste no observó el debido respeto a que son acreedores los tribunales, en particular por parte de los miembros de la profesión de abogado. Canon 9 de Etica Profesional (4 L.P.R.A. Ap. IX, C. 9, Sup. Acum. 1974, pág. 286).

El comportamiento judicial o cualquier anormalidad en un juicio con el cual un abogado no esté conforme en su incomprometible gestión de defender los intereses de su representado, puede llevarse a récord para la acción correctiva ulterior sin que se recurra al insulto y agravio de la figura del magistrado, máxime en circunstancias como las de autos, en que están envueltas expresiones faciales — conscientes o inconscientes — de un juez que preside un proceso ante jurado.

Al apelante imputarle al juez de instancia que estaba haciendo señas al jurado y reiterar en tres ocasiones la misma —desatendiendo la oportunidad que se le ofreció en el momento de rectificar su grave falta — traspasó el ámbito de protección que se le confiere a todo abogado en la defensa de los acusados haciéndose culpable de violentar la norma jurídica consagrada en el estatuto penal. Pueblo v. Susoni, 81 D.P.R. 124 (1959). Su conducta, cesó de ser bona fide y lesionó y paralizó el proceso judicial que se desarrollaba moviendo al tribunal a disolver prematuramente el jurado. Debe tenerse presente que el principio medular protegido por la disposición no es sólo el de vindicar la autoridad judicial —representada por el tribunal como institución y personificada en la figura del juez — sino prevenir la indebida interferencia e interrupción de la buena marcha de la justicia.

Coincidir con el apelante constituiría el asestarle una herida mortal al ordenado proceso que debe caracterizar e imperar en los tribunales los cuales constituyen el sitial y baluarte sagrado que nuestro pueblo ha reconocido para diri-mir sin agravios y desapasionamientos las controversias hu-manas. Ausente este respeto, la sala de justicia quedaría reducida a un foro de anarquía en que la solución de conflictos sería el producto de la pasión y no de la razón. Coll Moya v. Alcaide, Cárcel Municipal, 89 D.P.R. 225 (1963).

No se cometió el error apuntado. Sin embargo, por en-tender este Tribunal que la pena de cárcel por diez (10) días no guarda proporción con el carácter del delito cometido, se modifica la pena impuesta sustituyéndola por multa de $200.00. Así modificada, se confirma.

El Juez Presidente, Señor José Trías Monge, disintió en opinión separada. El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, no intervino.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Presidente, Señor Trías Monge.

San Juan, Puerto Rico, a 29 de enero de 1975

Disiento respetuosamente del sentir mayoritario.

Nuestros tribunales poseen ciertamente la facultad de castigar por desacato a toda persona culpable de “Perturba-ción del orden, ruido u otro disturbio, tendente a interrumpir sus procedimientos, o conducta desordenada, desdeñosa o in-solente hacia un tribunal o juez ... en presencia de dicho tribunal . , . Sec. 1, Ley de 1 de marzo de 1902, según enmendada, 33 L.P.R.A. see. 517(1); vide: la Regla 242(a) de las de Procedimiento Criminal; Pueblo v. Pérez Díaz, 99 D.P.R. 788 (1971). Este poder es tan abarcador como indispensable para mantener el debido orden y decoro en los pro-cedimientos judiciales y el respeto que debe observarse hacia todo magistrado. Su extensión no alcanza a invadir, sin embargo, la obligación del abogado de representar adecuada-mente a su cliente. Adviértase en este sentido lo dispuesto en los Cánones de Etica Profesional números 1 y 9, 4 L.P.R.A. Ap. IX, Cs. 1 y 9. No es fácil delimitar los campos en diver-sas situaciones en que la referida potestad del juez choca con la mencionada obligación del letrado, especialmente si se recuerda que ésta es también particularmente lata. En Reyes Delgado v. Corte, 41 D.P.R. 902, 906-907 (1930) por ejemplo, determinamos que no constituían desacato las instrucciones que un abogado le impartió a su cliente, para protegerlo a su juicio contra una posible autoincriminación, de desobedecer la orden de un juez.

La tendencia más reciente en la interpretación del poder de desacato ha sido la de eontraerlo en aquellos casos en que se estime que la acción del abogado se debió al esfuerzo bona fide de representar bien a su cliente. 3 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure: Criminal 153; Parmeleé Transportation Co. v. Keeshin, 292 F.2d 806 (7th Cir. 1961); In re Hallinan, 459 P.2d 255 (Calif. 1969). La propia magni-tud del poder invita en ocasiones a utilizarlo precavidamente. Packer v. United States, 343 U.S. 1 (1952).

En el caso presente, la conducta del apelante no revela la existencia de un plan consciente de hostigar el tribunal o interrumpir sus labores. Dobbs, Contempt of Court: d Survey, 56 Cornell L. Rev. 183, 188, 204 et seq. (1971). Tiende a mostrar más bien el esfuerzo de buena fe del abogado de representar su cliente, en tentativa aparente de sentar las bases para invocar el principio establecido en Pueblo v. León, 53 D.P.R. 429, 440 (1938), Pueblo v. Díaz, 74 D.P.R. 375, 394 (1953), y otros casos respecto a la conducta del juez frente al jurado. No surge del récord evidencia de mala fe.

En tales circunstancias considero improcedente la con-dena por desacato.

       De rigor es consignar que el nuevo Código Penal, aprobado en virtud de la Ley Núm. 115 del 22 de julio de 1974 y que entró en vigor recientemente, en el inciso 1 del Art. 235 establece la modalidad bajo la cual el acusado fue convicto.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Luz Enilda Ramos de Bellique, demandante, v. Trans Oceanic Insurance Co. et al., codemandados y recurridos; Pablo Landrau, Hijo, codemandado y recurrente.

      Número: R-74-62

      Resuelto: 29 de enero de 1976

      Córdova González & Toledo, abogados del recurrente; Bauza & Dávila, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos que motivaron el pleito objeto de la presente revisión ocurrieron el día 19 de marzo de 1970. En 29 de enero de 1971 la demandante presentó demanda de daños y perjuicios contra Trans Oceanic Insurance Co. y Pueblo Supermarkets, Inc., la primera como aseguradora de la segunda.

No fue hasta el 9 de noviembre de 1971 que la demandante enmendó la demanda e incluyó como demandado adicional a Pablo Landrau, hijo, dueño del local ocupado por el supermer-cado. En 19 de enero de 1973 la demandada Trans Oceanic presentó una demanda de coparte contra el codemandado Pablo Landrau, quien procedió a contestar la misma el día 8 de marzo siguiente, aceptando unos hechos y negando otros, sin plantear la defensa de prescripción.

Posteriormente, Landrau presentó una moción solicitando que por haber prescrito la acción se desestimara en cuanto a él la demanda original enmendada, la cual él aún no había contestado. El tribunal de instancia desestimó la reclamación de la demandante original contra Landrau y permitió que sub-sistiera la demanda de coparte presentada por Trans Oceanic como una demanda contra tercero.

Landrau recurre ante nos alegando que el tribunal de instancia erró al considerar la demanda contra coparte como una demanda contra tercero, arguyendo que al desestimarse la demanda original en su contra se debió desestimar también la demanda de coparte por ser ésta una acción contingente dependiente de la primera. Trans Oceanic, aquí recurrida, se opone a la revocación por entender que conforme a la Regla 11.7 de las de Procedimiento Civil, y por ser Landrau parte en el pleito, se vio obligada a presentar una demanda contra coparte en lugar de una demanda contra tercero, ya que esta última solamente se puede utilizar contra personas que no sean parte en el pleito.

Procede ahora determinar si la causa de acción de Trans Oceanic contra Landrau subsiste a pesar de haber sido desestimada la reclamación de la demandante original en cuanto a éste. No es necesario resolver si dicha causa de acción había prescrito, pues siendo la prescripción una defensa afirmativa se reputa renunciada si no se plantea en la alegación responsiva o mediante moción al efecto formulada oportunamente. Reglas 6.3 y 6.4 de Procedimiento Civil; Desmornes v. Herederos Desconocidos de A. Desmornes, 13 D.P.R. 18 (1907); confirmado 226 U.S. 146; Díaz Caneja v. Rossy, 11 D.P.R. 41 (1906). Tal renuncia constituye una sumisión a la jurisdicción del tribunal. Pérez v. Tribunal de Distrito, 70 D.P.R. 656 (1949).

Una vez entablado el pleito entre la demandada y Lan-drau, veamos si habiéndose iniciado el mismo como demanda contra coparte puede continuar ventilándose como demanda contra tercero.

Comoquiera que las Reglas 11 y 12 de Procedimiento Civil tienen el mismo propósito procesal, o sea, el proveer un meca-nismo para disponer rápida y económicamente en una sola acción de pleitos múltiples que surjan de los mismos hechos, no deben imperar distinciones sutiles para derrotar derechos sustantivos. Regla 1 de Procedimiento Civil, 1958; Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573 (1972). Repetidamente hemos expre-sado el criterio de que las normas procesales han de interpre-tarse el tal forma que se evite la multiplicidad de acciones litigiosas. Véase 3 Moore, Federal Practice, § 14.26, 2d ed. 1974. Hemos mantenido, por ejemplo, que un recurso titulado “injunction” cuando en efecto es una acción civil ordinaria, o viceversa, debe sostenerse. Cruz v. Director de la Lotería, 94 D.P.R. 260 (1967); Sucn. Marrero v. Santiago, 74 D.P.R. 816 (1953); Rivera v. Benitez, Rector, 73 D.P.R. 377 (1952); Mena y. Llerandi, 70 D.P.R. 176 (1949); Núñez y. Benitez, Rector, 65 D.P.R. 864 (1946). Véanse además Kwong v. Occidental Life Ins., 273 F.2d 691; 1A Barron and Holtzoff, Federal Practice and Procedure, see. 397, pág. 599. Recientemente reiteramos esta norma de justicia procesal en Lebrón Velazquez v. Romero Barceló, 101 D.P.R. 915 (1974).

Para un resultado similar al que hemos llegado véase Frommeyer v. L. & R. Construction Co., 139 F.Supp. 579 (1956), en el que se plantea la cuestión de si debe ser desesti-mada la demanda contra coparte originalmente incoada por un demandado contra un codemandado que estaba entonces en el pleito al quedar eliminada la coparte demandada. Al ne-garse a desestimar el tribunal expresó lo siguiente: “El propósito de las reglas procesales es facilitar, no frustrar las decisiones en sus méritos .... No hay duda de que si American no hubiera sido parte litigante en el momento en que se instó la contrarreclamación, ésta pudo haberse traído como tercera demandada bajo la Regla 14 [equivalente a nuestra Regla 12 sobre demanda de tercero]. Pero por ser coparte de Wortman and Seaboard en ese momento, las contrarreclamaciones eran procedentes, y no dejaban de serlo por razón de que la parte contra la cual iban dirigidas cesó luego de ser coparte. Este resultado está claramente contemplado en el lenguaje de la Regla 13(g) [equivalente a nuestra Regla 11.7 sobre de-manda de coparte]. La contrarreclamación contra American debe mantenerse como tal.” Véase además Keleket X-Ray Corporation v. United States, 275 F.2d 167, 169 (1960), en el que se mantuvo una demanda de coparte contra los Estados Unidos habiendo cesado dicho gobierno de ser parte litigante en el pleito por haber transcurrido el período prescriptivo del demandante original contra los Estados Unidos.

La doctrina aceptada en los tribunales federales en el sentido de no desestimar la demanda contra coparte cuando ésta ha dejado de serlo por haberse desestimado la acción en su contra instada por el demandante original es correcta y cumple con los propósitos que animan nuestras Reglas de Pro-cedimiento Civil. Acceder a la desestimación de la demanda de coparte en este caso por el solo fundamento de que la re-clamación del demandante original fue desestimada en cuanto a la coparte demandada sería dar la espalda a la corriente moderna de interpretación procesal que conduce a resultados justos, rápidos y económicos. Aetna Insurance Company v. Newton, 398 F.2d 729 (1968); Walter v. Hiab Hydraulics, Inc., 356 F.Supp. 1000,1001 (1973); Barker v. Louisiana and Arkansas Railway Co., 57 F.R.D. 489 (1972); Picou v. Rimrock Tidelands, Inc., 29 F.R.D. 188 (1962).

En vista de lo expuesto entendemos que el tribunal de ins-tancia actuó correctamente al negarse a desestimar la de-manda de coparte instada por la demanda Trans Oceanic Insurance Co. contra el codemandado original Pablo Landrau, hijo, y considerarla como demanda contra tercero, por lo que no procede la expedición del auto solicitado.

       “Una demanda contra coparte podrá contener cualquier reclamación que surja de la transacción o evento que motive la demanda original, o de una reconvención en el pleito, o que esté relacionada con cualquier propiedad que constituya el objeto de la demanda original. La referida demanda contra coparte podrá contener una reclamación al efecto de que la parte contra la cual se dirige es, o puede ser, responsable al demandante contra coparte de la totalidad o de parte de una reclamación contra él alegada en el pleito.” 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 11.7.

       “Cualquier defecto en la denominación del pleito o en la súplica del remedio, no será óbice para que el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba.” Regla 70 de las de Procedimiento Civil, 1958, 32 L.P.R.A. Ap. II R. 70.