author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida; Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (Independiente), querellada.

      Número: O-82-154

      Resuelto: 23 de junio de 1982

      José F. Irizarry González y Nelson Márquez Lizardi, abogados de la recurrente; César Vélez, abogado de la recurrida; Reinaldo Pérez Ramírez, abogado de la querellada.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico revisamos la resolución de la Junta de Rela-ciones del Trabajo de Puerto Rico (Caso Núm. CA-5874, D-871) que encuentra incursa en la práctica ilícita laboral de violar el Art. XIX del Convenio Colectivo negociado con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego de Puerto Rico (UTIER). 29 L.P.R.A. sec. 69(f). La infracción consistió en que la Autoridad dejó de cumplir con la obligación de satisfacer el pago de Licencia Por Accidente del Trabajo dispuesta en el convenio desde el 27 de diciembre de 1977 al 24 de abril de 1978 a todos aquellos empleados unionados acogidos a esa licencia y que así permanecieron durante ese período que coincidió con una huelga decretada por la Unión, en que hubo actos vandálicos de sabotaje, destruc-ción de propiedad, recriminaciones e imputaciones verbales y escritas y otras acciones destempladas.

Esencialmente la Autoridad argumenta la improceden-cia de ese dictamen a base de que lá licencia por accidentes del trabajo pactada en el Convenio Colectivo es un beneficio que goza de la naturaleza de salario y, como tal, durante una huelga, queda suspendido. Cuestiona la sabiduría del caso E.L. Wiegand Division v. N.L.R.B., 650 F.2d 463 (1981), cert. denegado el 22 de febrero de 1982 (81-841), —en que se apoyó la Junta— alegando que los hechos son distin-guibles del presente.

Aunque gobernados por leyes especiales y tener finalidad distinta, por regla general la bilateralidad y el cumplimiento de las obligaciones recíprocas pactadas son notas sobresalientes en todo convenio colectivo. Rivera v. Samaritano & Co., Inc. 108 D.P.R. 604 (1979); Luce & Co. v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 425, 440 (1962); Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras, 83 D.P.R. 258 (1961). La médula conceptual en la relación obrero-patronal clásica lleva al patrono a reconocer salarios y demás condiciones de trabajo a cambio del deber del obrero de desempeñarse fielmente en su empleo. De ahí que de ordinario se reconozca que durante una huelga general las obligaciones contractuales quedan en suspenso. Como resultado, en un período huelgario un patrono no está en el deber de pagar salarios y otros gastos de beneficios gremiales similares no devengados. Lo contrario representaría la absurda antinomia de compelerle a subvencionar una huelga contra sí mismo. Ace Tank and Heater Co., 167 NLRB 663, No. 94, 66 LRRM 1129 (1967); The Philip Carey Mfg. Co., 140 NLRB 1103, No. 90, 52 LRRM 1184 (1963); General Electric Company, 80 NLRB 510, No. 90, 23 LRRM 1094 (1948).

HH

La decisión de si determinado beneficio económico es o no equivalente al salario, depende de su naturaleza, propósito, razón de ser, enfoque de las partes y demás factores relevantes, en particular si son beneficios adquiridos por ser líquidos y exigibles en la fecha en que el patrono se niega a satisfacerlos. Allied Industrial Wkrs., AFL-CIO LOC. U. No. 289 v. N.L.R.B., 476 F.2d 868, 876 (1973). Sobre este extremo, la Junta concluyó correctamente, que si bien el Convenio Colectivo aplicable no disponía variaciones en los pagos de beneficios por accidente fundados en el criterio de antigüedad, los “. . . mismos eran líquidos y exi-gibles por las siguientes razones: a) Los pagos de esta natu-raleza no dependen de que haya o no trabajo disponible sino que su esencia se deriva de la incapacidad per se del empleado para realizar labor alguna; b) El convenio con-cedía tal derecho en atención al status de empleado ‘regular’ del recipiendario que estuviera incapacitado para realizar sus labores. Toda vez que un empleado regular ha cumplido previamente otros períodos de trabajo, consideramos que el beneficio del Artículo XIX toma en cuenta tales servicios rendidos; c) Estos beneficios no constituyen, en forma alguna, pago por servicios contemporáneamente presta-dos[; y] d) En tanto en cuanto el quid pro quo de estos bene-ficios es la incapacidad del beneficiario, la ocurrencia de una huelga no es factor relevante para cesar en su disfrute. El derecho termina cuando el empleado deja de estar inca-pacitado o cuando ha agotado el período pactado en el con-venio o se convierta en inelegible bajo éste, para recibir los pagos, lo que ocurra primero”. (Escolios omitidos.)

La Autoridad intenta desvirtuar este razonamiento aduciendo que el criterio de E.L. Wiegand, supra, es minoritario y se aparta de la trayectoria jurisprudencial de estimar por analogía todo beneficio marginal un salario. Nuestra reflexión sobre el particular nos mueve a concluir todo lo contrario: es un principio de vanguardia en materia laboral que reconoce unas diferencias intrínsecas reales y conceptuales. La licencia por accidentes del trabajo nace y se deriva de un accidente sufrido durante el trabajo por un empleado regular, cuyo hecho comprobado médicamente da el derecho a estar ausente del trabajo, con sueldo completo, hasta un máximo de ciento cuatro (104) semanas, prorrogable por cincuenta y dos (52) semanas más, a razón del ochenta (80%) por ciento del sueldo regular, aunque con descuento de la compensación semanal del Fondo del Seguro del Estado. El evento surge antes de que exista la huelga y su eficacia no está atada a que la Unión pueda después decretarla. Su razón de ser estriba en una incapacidad legí-tima para trabajar que se concretiza en virtud de una con-dición física resultante de un accidente previo a la huelga, cuya condición continúa mientras subsiste la incapacidad o expira el término pactado. Limitar ese derecho a que exista o no trabajo es negar que sus efectos se extienden más allá del accidente que lo genera. Estamos ante un derecho adquirido cuya eficacia no puede hacerse depender de un estado de huelga como tampoco de que el empleado la rechace o endose.

Fue correcta la conclusión de la Junta de “que la Autoridad, al no pagar los beneficios por accidente correspondientes al período huelgario, incurrió en violación al Artículo XIX del convenio colectivo con relación a todos aquellos empleados que se encontraban accidentados al momento de la huelga y hasta el momento en que hubieran cesado en su incapacidad dentro de dicho período”.

Se dictará sentencia confirmatoria.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López no intervinieron.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Quejas contra los Lics. Israel Roldán González y José Medina.

      Número: A-82-14

      Resuelto: 28 de junio de 1982

      Israel Roldán González y José Medina, pro se.

   per curiam:

El Alcalde de Aguadilla, Sr. Alfredo Gon-zález Pérez, se ha querellado ante este Tribunal, señalando que los abogados Ledo. Israel Roldán González y Ledo. José J. Medina Méndez, a la vez que prestan servicios profesio-nales, por contrato, a la Asamblea Municipal de Aguadilla, han estado representando los intereses de ciudadanos par-ticulares en pleitos contra dicho municipio, lo que a su jui-cio plantea un conflicto de intereses. Advertidos de esa apa-rente posibilidad, emitimos resolución el 20 de mayo de 1982 en que requerimos de dichos abogados “mostrar causa, si la hubiere, por la cual no deban cesar ostentando la representación simultánea como asesores legales de la Asamblea Municipal y abogados privados en acciones contra el Municipio”.

Admiten los querellados, en su réplica a dicha reso-lución, que han sido contratados por la asamblea municipal en función de asesores y han representado a la asamblea en acciones judiciales contra el alcalde, tanto como a ciudada-nos en pleitos contra el alcalde, por alegados discrímenes políticos, en defensa de los derechos constitucionales de dichos ciudadanos, pleitos en los que no interviene la asamblea municipal. Entienden que no hay conflicto de intereses en ello. Discrepamos.

Los municipios están organizados como corporaciones políticas y jurídicas constituidas por sus habitantes. Art. 2 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1102. En ese sentido, cada municipio es una unidad cuyo gobierno y funciones son compartidos por la asamblea municipal, en la que reside el poder legislativo, y por el alcalde, en quien reside el poder ejecutivo. Arts. 7 y 32 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. sees. 1107 y 1251, respectivamente. El hecho de que en determinado momento haya conflicto entre ambos poderes, como sucede en. particular cuando, como en el caso del Municipio de Aguadilla, el alcalde y la mayoría de los miembros de la asamblea municipal militan en partidos opuestos, no destruye la unidad política y jurídica que es el municipio. Cada municipio es susceptible de derechos y obligaciones, tales como contratar, ser acreedor y deudor, adquirir, administrar y vender o enajenar propiedades; y nutre sus ingresos, entre otras fuentes, de las rentas y productos de sus bienes, de los intereses sobre fondos en depósito e inversiones en valores y de las contribuciones que pagan sus habitantes. Arts. 2 y 90 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. sees. 1102 y 1479, respectivamente.

De especial relevancia, para la cuestión aquí planteada, es la siguiente disposición de la Ley Municipal:

Todos los gastos en que incurriere el gobierno de cada municipio por concepto de sueldos de sus respectivos funcio-narios y empleados, atenciones de sus oficinas y departamen-tos y todos los gastos y obligaciones incurridos o contraídos o que hayan de incurrirse o contraerse, para o por concepto de obras y mejoras del municipio, o para el fomento de éste, se pagarán por el respectivo municipio, el cual proveerá los fon-dos que para ello fueren necesarios de acuerdo con las dispo-siciones legales pertinentes excepto cuando de otro modo se disponga por ley. Art. 6 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. see. 1106.

La efectividad de esta disposición ha de depender, nece-sariamente, de las partidas que se incorporan en el presu-puesto para cada año fiscal, en cuya aprobación intervienen la asamblea municipal y el alcalde. Arts. 22, 31 y 35 de la Ley Municipal, 21 L.P.R.A. sees. 1164, 1173 y 1254, respec-tivamente.

Señala el alcalde, aquí querellante, en su carta de que-rella del 26 de abril de 1982, que la asamblea municipal “hizo una reserva de $200,000.00 para el pago de los casos que representa el referido bufete, sin haber recaído senten-cia final en dichos casos”. En el exhibit II que acompaña a su querella dice el alcalde:

Para dramatizar el conflicto de intereses, el Ledo. Roldán, del Bufete Roldán & Medina, recomendó en su carácter de asesor legal de la Asamblea, que ésta asignara $200,000.00 en la partida de pago de sentencias del presupuesto municipal en el último reajuste presupuestario, a lo que la Asamblea accedió. Esta cantidad de $200,000.00 coincide con la can-tidad que por sentencia reciente se le concedió a los represen-tados del Ledo. Roldán en el precitado caso de Wilfredo Cortés (ver proyecto de ordenanza #50 adjunto —última par-tida # 6613 — ).

Efectivamente, en el exhibit IV de la querella, que es copia de la ordenanza adoptada por la asamblea municipal el 22 de enero de 1982, aparece, en su primera sección, la siguiente partida:

6613 — Pago sentencia. $200,000.00.

Tomamos conocimiento judicial del mencionado caso de Wilfredo Cortés, cuyo expediente fue objeto de nuestra con-sideración en el caso R-82-47, Wilfredo Cortés y otros v. Alfredo González Pérez, Alcalde de Aguadilla. Se trató allí de un pleito instado por los abogados aquí querellados, a nombre de treinta empleados del Municipio de Aguadilla que alegaron haber sido ilegalmente despedidos por el aquí querellante, por razones políticas. Recayó sentencia el 22 de diciembre de 1981, que ordenó la reposición de todos los demandantes en sus puestos, con derecho a paga por todos los sueldos y beneficios dejados de devengar desde la fecha de sus respectivos despidos, más determinadas cantidades para cada uno por concepto de daños sufridos, las costas y $6,000 para honorarios de los abogados aquí querellados. Dicha sentencia fue objeto del recurso de revisión R-82-47, ante nos, y advino final y firme el 15 de abril de 1982, fecha en que se remitió el mandato de este Tribunal, luego de denegar la expedición del auto de revisión solicitado.

Los querellados no han controvertido el hecho de su alegada gestión para que la asamblea municipal incluyera la mencionada partida de $200,000, en el presupuesto para el pago de dicha sentencia. Al aprobarse la ordenanza el 22 de enero de 1982, aún no era final y firme la sentencia. La partida de $200,000 es para beneficio de los clientes parti-culares de los querellados y para el de los querellados parti-cularmente, a quienes se concede una suma de dinero por concepto de sus honorarios en dicho caso.

El conflicto de intereses es tan obvio que resalta a la vista y hiere la retina. No es el alcalde demandado quien va a pagar la sentencia, sino el Municipio de Aguadilla, con sus fondos, quien ha de pagarla. La asamblea municipal es parte integrante del gobierno de ese municipio y cliente de los querellaos. Los querellados se están beneficiando de su cliente, que es la asamblea, contra los intereses de la corporación municipal de la cual forma parte la asamblea. Esta conducta de los querellados está reñida con el Canon 21 del Código de Ética Profesional, en particular con su segundo párrafo, que dice:

No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.

El abogado debe ser escrupuloso en la obediencia de las normas de conducta que rigen la profesión. En el descargo de sus responsabilidades profesionales, debe cuidarse de que sus actuaciones no den margen a la más leve sospe-cha de que defiende intereses encontrados con los de su cliente. En ese caso, es su deber desligarse cuanto antes de la representación profesional que ostenta. Nos parece que, en el caso ante nuestra consideración, resulta impermisible, desde el punto de vista de la ética profesional, que los abp-gados Israel Roldán González y José J. Medina Méndez coh-tinúen siendo abogados de la Asamblea Municipal de Aguadilla y al mismo tiempo sean abogados en causas en que el Municipio de Aguadilla pueda ser llamado a responder. En las circunstancias particulares de este caso, nos parece inevitable que se desliguen de ambas represen-taciones profesionales. Así se dispondrá y se les apercibirá de que en el futuro sean más escrupulosos en su práctica profesional.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López no intervinieron.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Donald Turner Goodman y Edwin Molina Maldonado, acusados y recurridos.

      Número: O-82-122

      Resuelto: 29 de junio de 1982

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Federico L. Torres Fernández, y Víctor M. Negrón Padilla, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El Ministerio Público acusó a Turner Goodman y a Molina Maldonado de infringir el Art. 401 de la Ley de Sustan-cias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, 24 L.P.R.A. see. 2401, al distribuir heroína sin autorización legal.

El 18 de octubre de 1979 se dio lectura a la acusación y se señaló el juicio para el 28 de noviembre siguiente. En esta última fecha se suspendió la vista, a petición de la defensa, hasta el 12 de febrero de 1980.

El 12 de febrero de 1980 la defensa manifestó que no estaba preparada para la vista. Solicitó además la defensa, la dirección del confidente Jeffrey Negrón, a quien había estado tratando de localizar y cuya presencia compulsoria había solicitado desde el 26 de setiembre de 1979, fecha de la vista preliminar. Así lo ordenó el tribunal al transferir la vista para el 8 de abril de 1980. Para el 8 de abril no se había logrado hallar al confidente. Se le informó a la defensa que Jeffrey Negrón ya no vivía en su dirección de récord, que posiblemente se encontraba en Chicago. El tribunal ordenó que se le citase nuevamente. Se fijó un nuevo señalamiento para el 9 de junio. El juicio se sus-pendió a petición del fiscal, quien informó que las gestiones para localizar al confidente habían sido infructuosas, por hallarse el mismo fuera de Puerto Rico.

Tras dos suspensiones adicionales, el juicio se celebró durante los días 15, 16 y 17 de diciembre de 1980. No consta en autos objeción alguna de la defensa a que se ventilase el juicio. El principal testigo de cargo fue el agente encubierto A. G. Hernández Brillón. El testigo declaró, en esencia, que estableció contacto con el acusado Turner a través del con-fidente Jeffrey Negrón; que presenció dos transacciones de drogas, junto con el confidente, las que involucraban a los co-acusados en ocasiones distintas. Los acusados descan-saron en la defensa de coartada. Fueron hallados culpables.

El co-acusado Turner presentó a las pocas semanas de la sentencia una moción de nuevo juicio por derecho propio. En la vista celebrada sobre el particular, el acusado alegó que la ausencia del confidente Jeffrey Negrón Figueroa lo colocó en estado de indefensión y que la Policía había ocul-tado al confidente, pues su fotografía aparecía, supuesta-mente, junto a miembros de la Unidad de Drogas, en la edición de El Vocero, correspondiente al 10 de enero de 1981. El Ministerio Público demostró que la fotografía per-tenecía a otra persona. La fiscalía desfiló prueba también sobre las gestiones efectuadas para localizar al confidente. Sus testigos declararon que Negrón Figueroa, un adicto, trabajó para la Policía desde el 23 de setiembre de 1978 hasta el 5 de enero de 1979. (La redada en que se apresó a los co-acusados tuvo lugar el 7 de marzo de 1979.) Se visitó su última dirección conocida: la casa de sus abuelos. Ya no vivía allí, dijeron éstos que quizás se encontraba en Hialeah o en Chicago. No se dio dirección, excepto que en Hialeah vivía el padre de Jeffrey. La Policía realizó innumerables gestiones en los sitios que más frecuentaba Jeffrey en Puerto Rico. Todas fueron inútiles. Uno de los abogados de los acusados testificó, por otro lado, que la defensa no hizo esfuerzo alguno de su parte para conseguir al confidente. No se entrevistaron con los abuelos ni familiar alguno de Jeffrey, a pesar de que la prueba revela que los acusados conocían bien al confidente.

El tribunal de instancia denegó la moción de nuevo jui-cio. Entre otras conclusiones, expresó que la prueba que pudo haber sido presentada, “si bien pudo ser de alguna uti-lidad a la defensa con toda probabilidad no hubiera cam-biado el veredicto del caso”. Se solicitó reconsideración y el tribunal de instancia decretó esta vez la celebración de un nuevo juicio. El Estado acudió en alzada ante este foro. Dic-tamos orden de mostrar causa por la cual no deben revo-carse las resoluciones recurridas.

Este caso no plantea problema alguno respecto al privilegio de identidad del informante en Puerto Rico, reconocido por la Regla 32 de Evidencia. El Estado suministró, voluntariamente, el nombre del confidente. La cuestión delicada que presenta es, ¿qué gestiones tiene que hacer el gobierno para encontrar a un confidente cuya identidad ha divulgado? ¿Hasta dónde alcanza el derecho del acusado bajo la Sec. 11, Art. II, de la Constitución del Estado Libre Asociado “a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor”?

Ya que la disposición citada arranca de la Enmienda Sexta a la Constitución de Estados Unidos, importa exa-minar el tratamiento del problema en las cortes federales. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no se ha pronun-ciado definitivamente sobre el asunto. Las cortes de circuito han utilizado diferentes criterios, aunque hay uno que es el más generalizado.

Algunos tribunales le han exigido al Estado tan sqlo esfuerzos mínimos. United States v. Cansler, 419 F.2d 952 (1969); United States v. Ortega, 471 F.2d 1350, 1358-1359 (1972). Al otro extremo, ha habido jurisdicciones que han convertido prácticamente al Estado en un garantizador de la presencia del confidente en corte. United States v. Hart, 546 F.2d 798 (1976). En Velarde-Villarreal v. United States, 354 F.2d 9 (1965), se estableció el criterio prevale-ciente hoy día. M. D. Marrs, The Informant and Accomplice Witness: Problems for the Prosecution, 9 The John Marshall J. Prac. & Proc. 243, 250 (1975). Tal criterio requiere que el Estado haga esfuerzos razonables para localizar al confi-dente. ¿Qué es lo que constituye “esfuerzos razonables”?, dependerá de cada caso.

En el desarrollo de la doctrina del esfuerzo razonable, United States v. Williams, 496 F.2d 378, 382 (1974), se ha convertido en caso normativo. El tribunal afirmó, en Williams, supra:

Cuán lejos debe ir [el Estado] para seguirle la pista o bus-car a un confidente, es una regla de definición menos fácil; ello depende de muchos factores, entre los que se cuentan el grado de control del informante por el gobierno, la importan-cia de su testimonio, la dificultad de localizar al confidente y elementos similares. No aceptamos una norma rígida que requiera la presentación de todo testigo cuando su nombre no se ha hecho disponible [citas omitidas]. Mas, de desaparecer un informante o de no estar éste asequible a la defensa, obli-garíamos al gobierno, previa solicitud oportuna, a encontrar al confidente o a demostrarle satisfactoriamente a este Tribunal por qué no puede esperarse razonablemente que lo haga, así como la diligencia generalmente desplegada en torno a su desaparición. (Traducción nuestra.)

El tribunal confirmó la convicción en Williams, supra, por falta de diligencia de la propia defensa en gestionar oportu-namente la comparecencia del testigo.

La conducta de la defensa es definitivamente uno de los factores a sopesarse. En United States v. Ariza-Ibarra, 651 F.2d 2 (1981), cert. denegado: 454 U.S. 895 (1981), CCH Supreme Court Bulletin, 1981-1982, Vol. 2, pág. 7072, Docket No. 81-203, el Tribunal señaló la pertinencia, para medir la vitalidad del testimonio, de los esfuerzos de la defensa por localizar al confidente. En Ariza-Ibarra, supra, el tribunal determinó que la conducta de la defensa reve-laba más el deseo de provocar un error que de localizar ai confidente. La defensa nunca intentó citar al informante, ni hizo esfuerzos para localizarlo, a pesar de estar en posición para ello, ni requirió el nombramiento de un investigador. Véase: United States v. Super, 492 F.2d 319 (1974), cert. denegado sub nom. Burns v. United States, 419 U.S. 876 (1974).

Otro factor que se ha tomado en consideración, en oca-siones, es el hecho de si el acusado y el confidente se cono-cen, lo cual puede pesar sobre las diligencias respectivas a realizarse. United States v. Díaz, 535 F.2d 130 (1976).

La vitalidad del testimonio a prestarse ha sido otro factor objeto de frecuente escrutinio. United States v. Nutile, 550 F.2d 701 (1977). Aunque la carga de probar que se han hecho esfuerzos razonables para localizar al confidente recae sobre el Estado, United States v. Opager, 589 F.2d 799 (1979), la defensa debe demostrar que la ausencia del tes-tigo le puede causar o le ha causado algún perjuicio. Ariza-Ibarra, supra, pág. 14; United States v. De Jesus-Boria, 518 F.2d 368 (1975); Super, supra, págs. 322-323.

Por otro lado, el gobierno, en casos en que no ha invo-cado o en que no cabe invocar con éxito el privilegio de no revelar la identidad del informante, no puede ocultar su nombre, dirección y señas y aguardar hasta el momento del juicio para intentar entonces localizar al confidente. United States v. León, 487 F.2d 389 (1973). Véase: Clark v. Blackburn, 632 F.2d 531 (1980). El hecho de que el acusado conozca al confidente no releva al Estado de su responsabi-lidad. Opager, supra, pág. 805.

En Puerto Rico, hemos tenido ocasión de discutir tan sólo algunos aspectos del problema ante nosotros. En Pueblo v. Villalongo Torres, 102 D.P.R. 574, 579 (1974), al confir-mar una denegatoria de nuevo juicio, aludimos al hecho de que el apelante y el confidente se conocían, que no le habría sido difícil traerlo a juicio y que, además, el juez de instan-cia había estimado que el testimonio del informante no habría cambiado el veredicto. En Benitez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 601, 605 (1974), señalamos que el tes-timonio del informante no era pertinente, por tratarse de una defensa de coartada, fundada en el testimonio del pro-pio acusado.

Resolvemos que la doctrina aplicable en Puerto Rico, en este género de casos, es la del esfuerzo razonable. La razonabilidad del esfuerzo se medirá por las circunstancias que medien en cada causa en particular. Con tal fin, evaluaremos los elementos siguientes: el grado de control que el gobierno ejerza sobre el confidente, la pertinencia de su testimonio, la dificultad para localizarlo, el interés y la actividad desplegados por la defensa y el hecho de si el acusado y el confidente se conocen y hasta qué extremo.

A la luz de los criterios expuestos, no cabe imputarle al Estado, en este caso, que falló en desplegar diligencia razo-nable para localizar al confidente Jeffrey Negrón Figueroa. El confidente cesó de trabajar para la Policía más de ocho meses antes de que la defensa solicitase su citación. El grado de control del gobierno sobre el informante era inexis-tente. No se nos ha demostrado que el gobierno pudo tomar, eficazmente, medidas preventivas, mas no quiso, para asegurar, en su día, la presencia del confidente en el juicio. Los acusados y el confidente se conocían, mas la defensa asumió un papel pasivo. No intentó siquiera entre-vistarse con los abuelos del informante. La Policía, en cam-bio, trató, con diligencia, de localizar al informante en su antigua dirección y en los sitios que frecuentaba. Lo único que no hizo fue intentar su búsqueda, sin dirección cierta para ello, en las ciudades vagamente mencionadas por los parientes del informante. Dadas las circunstancias mencio-nadas, más el hecho de que la defensa interpuesta fue la de coartada, para la cual se contaba con otra prueba, no con-sideramos razonable requerirle a la Policía que extendiera su búsqueda a Hialeah y a Chicago.

Por las razones expuestas, se revocarán las resoluciones recurridas y se anulará la concesión de un nuevo juicio a los apelados convictos.

       Este privilegio le permite al Estado no revelar la identidad de sus infor-mantes en determinadas circunstancias. Nos hemos expresado sobre este particular en otras ocasiones. Véanse: Benítez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 601 (1974); Pueblo v. Beltrán Faría, 102 D.P.R. 783 (1974); Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974). Véase también: Roviaro v. United States, 353 U.S. 53 (1957), según afectado por Rugendorf v. United States, 376 U.S. 528 (1964) y Branzburg v. Hayes, 408 U.S. 665 (1972).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz (Fdo.) Ignacio Rivera Gerente General Juez Asociado Señor Negrón García a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Equity de Puerto Rico, Inc., a/c Ignacio Rivera, Presidente, peticionaria, v. Secretario, Departamento de Asuntos del Consumidor, recurrido.

      Número: O-81-208

      Resuelto: 29 de junio de 1982

      Olaguibeet A. López Pacheco, abogado de la peticionaria; Lucía Ferreira, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La querellada Equity de Puerto Rico, Inc. opera una librería en la que ofrece al público un número limitado de las decisiones de este Tribunal, editadas bajo el rubro de Decisiones de Puerto Rico (D.P.R.). Su actividad comercial en esta línea está regulada y restringida por los términos del contrato que el Tribunal anualmente somete a licitación en subasta. Como es usual en el género del librero, la que-rellada anuncia sus libros por catálogo y ocasionalmente por formatos breves.

El 28 enero, 1974, el abogado Sr. Francisco Martín Vélez solicitó de la querellada Equity que le vendiera los tomos del 1 al 46 inclusive, y el tomo 54 de las Decisiones. A correo vuelto, el 30 enero, 1974, el gerente general de la librería contestó al comprador interesado tener disponibles los tomos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 y 24. Ya antes, el 18 enero, 1974, Equity le había aclarado por carta al abogado querellante el agotamiento de algunos de los volúmenes solicitados, entrando en pormenores sobre las dificultades para reimpresión debido a la escasez de papel, de tela de encuadernar, la congestión de trabajo en las imprentas y el alza inusitada en los costos de labor y material de imprenta. En los párrafos finales de dicha carta, el Sr. Ignacio Rivera, gerente general de la librería de refe-rencia, le expresó al Lie. Martín Vélez lo siguiente:

Puede estar usted en la seguridad de que, dentro de la situación anormal en que se está desenvolviendo la industria, el comercio y aún la vida misma de cada ciudadano, estamos haciendo toda clase de esfuerzos para ofrecer a los abogados y a los estudiantes de leyes el servicio a que todos legítima-mente tienen derecho.
Le agradeceré en el mejor ánimo de resolverle su problema, me envíe una lista de los tomos que le faltan en su colección de Decisiones, con miras a tratar de conseguírselos en alguna forma.
Espero que usted comprenda nuestra situación y comparta con nosotros los inconvenientes que nos han salido al paso, los cuales tenemos la esperanza de poder ir resolviéndolos según los medios a nuestro alcance y dentro de un mercado tan pequeño como es el de Puerto Rico.
Atentamente suyo,

(Fdo.) Ignacio Rivera Gerente General

Transcurridos siete meses de este intercambio de comuni-cación, el 11 septiembre, 1974, el letrado promueve la inter-vención del Departamento de Asuntos del Consumidor en carta que en lo pertinente expresa:

Acabo de recibir el catálogo general para el año 1974 que publica la Equity de Puerto Rico, Inc., y el cual acompaño a ésta. En la página nueve (9) de dicho catálogo informan tener en inventario los tomos de Decisiones de Puerto Rico del uno al ochenta y tres y del ochenta y ocho al cien (español) y del ochenta y ocho al noventa y siete (inglés). Me he comunicado con las oficinas de la Equity y me han informado que aunque en el catálogo se hace esa publicación, la misma no es cierta pues la realidad es que no cuentan con los tomos que dicen tener en existencia en el mismo.

Al encontrar incursa a la querellada en acto “que consti-tuya o tienda a constituir fraude o engaño”, el Departa-mentó (DACO) impuso a la querellada multa de $200. Con fecha 16 marzo, 1981, el Tribunal Superior de San Juan la confirmó al resolver la apelación administrativa. Tanto la agencia como el tribunal erraron al no identificar en los hechos del caso elementos de excepción que lo excluyen de las prácticas o actos de comercio que se propuso sancionar la Asamblea Legislativa en legítimo esfuerzo para proteger al consumidor. Desde su incepción este caso se perfiló como incidente típico de agotamiento de inventario en las libre-rías y la querella debió desestimarse por ausencia de méri-tos, inserta a la fuerza dentro de un esquema legislativo dirigido contra la falsa representación lucrativa de algunos comerciantes.

El artículo de comercio en que trafica la querellada Equity de Puerto Rico consiste exclusivamente en libros relacionados con la enseñanza y práctica del Derecho. Los clientes de la editora demandada son ejercitantes de la profesión jurídica. No son consumidores desvalidos, ni mucho menos ignorantes. Al aprobarse la Ley Núm. 148 de 27 junio, 1968 (23 L.P.R.A. sec. 1001 y ss.), creadora de la Administración de Servicios al Consumidor fue principal preocupación de la Asamblea Legislativa, expresada en la Exposición de Motivos, el desvalimiento del consumidor frente a prácticas indeseables de comerciantes, que consignó así:

Como consecuencia natural del rápido desarrollo económico experimentado en Puerto Rico en las últimas décadas, el con-sumidor puertorriqueño se enfrenta a un mercado de bienes y servicios sumamente complejo que se hace sentir y, en efecto, deja indefenso al consumidor. Así, la creciente naturaleza impersonal de nuestra sociedad cada vez más automatizada, la creciente distancia, entre el productor y el consumidor final, los cambios abruptos que se vienen produciendo en nuestro sistema de mercadeo tales como el establecimiento de grandes tiendas por departamentos, casas de descuentos, supermercados de auto-servicios (selfservice) el creciente número de artículos y su variedad — todo ello contribuye a este estado de falta de conocimiento, consunción y desvali-miento en que se encuentra nuestro consumidor.
La situación se torna más delicada cuando se contempla el sinnúmero de prácticas indeseables que algunos comerciantes y manufactureros inescrupulosos llevan a cabo. Estas prácti-cas incluyen entre otras: anuncios engañosos, falsos descuen-tos en precios, rotulación defectuosa, garantías que no se cumplen, servicios que no se prestan, aumentos injustificados en los precios, cargos exorbitantes por concepto de intereses y servicios, la aparición de vendedores ambulantes represen-tando a compañías fantasmas, y otras prácticas de igual naturaleza.

El explícito lenguaje del legislador no es flecha apuntada contra empresas de tráfico integrado, en parte, por actos comunes de comercio y, en una parte principal, por servicios a la educación del pueblo. No se dan en el presente caso las circunstancias de falta de conocimiento, consunción y desvalimiento en el consumidor, que impulsaron esta legislación. El que compra libros, como quien compra flores, sabe que su proveedor no podría existir con un inventario de inexorable rigidez que le someta a reproche y sanción porque en determinada fecha no pueda servir el libro de García Márquez o las gladiolas que figuraron en su catálogo o anuncio. El propósito de la Ley es prevenir y sancionar las prácticas injustas y deshonestas en el tráfico ortodoxo del comercio o la prestación de servicios. El manifiesto propósito de la norma que ha de concebirse en relación con la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada, excluye de la sanción del estatuto contra fraude o engaño, (Art. 14, Ley Núm. 148) los peculiares Lechos de este caso, que si bien representan la ausencia en los anaqueles de la querellada de algunos de los 47 volúmenes que interesaba el querellante, la inmediata y franca explicación que sobre la transitoria deficiencia le comunicó a este último el Presidente y Gerente general de la querellada, debió ser suficiente disuasivo de la querella que llegó a DACO después de un período de incubación de más de 7 meses, que aparentemente tomó al querellante la formación de juicio en cuanto a si había sido engañado por el anuncio o ilustrado por la información que le dio el librero sobre la peculiar naturaleza del negocio de venta al público de las Decisiones de Puerto Rico, y su sincera disposición a ser-virle en la obtención de los tomos que interesa, y no de lucrarse mediante el fraude y el engaño.

Las ofertas engañosas que la Ley persigue son usualmente aquellas promovidas con especial énfasis en las cualidades del producto, que en ocasiones comprende su número o cantidad, y por un periodo de tiempo relativamente corto, en las que el comerciante tiene por objetivo la realización apresurada de la mercancía, la venta inmediata de un inventario específico y preparado ad hoc. No es ésta la práctica del anunciante de libros para la venta, ni de las ofertas de cursos universitarios, mediante catálogos que necesariamente han de ser afectados por elementos imponderables en el extendido tiempo de su vigencia. No presenta este caso, ni la figura del consumidor ignorante, inepto en la protección de su interés propio ni la del comerciante inescrupuloso listo para hacer una ganancia rápida inducida mediante fraude o engaño.

Con estos antecedentes y fundamentos, se expedirá el cer-tiorari y se desestimará la querella.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente a la que se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

En estricta juridicidad no procede la súplica de la peti-cionaria Equity de Puerto Rico, Inc. de que revoquemos la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro judicial revisó el caso administrativo y confirmó la decisión del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), que le impuso una multa administrativa de $200 por infracción al estatuto sobre anuncios engañosos.

La querella la originó el Ledo. Francisco Martín Vélez, por alegada violación consistente en que Equity anunció que tenía disponibles para la venta una serie de volúmenes de las Decisiones de Puerto Rico (D.P.R.), cuando en rea-lidad no los tenía.

El precepto legal involucrado es el Art. 14 de la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968 que “prohíbe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publicidad que constituya o tienda a constituir fraude o engaño, en donde el artículo, producto o servicio sea falsamente representado o que cree en el consumidor una imagen o impresión errónea sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, cualidad, salu-bridad o cualquier otra característica del producto, artículo o servicio. (Énfasis suplido.) 23 L.P.R.A. see. 1014.

Equity aduce y discute como errores: (1) que el tribunal sentenciador confirmara la decisión sin tener el expediente administrativo una transcripción o exposición narrativa ni recomendación del examinador; y (2) no tomar conocimiento judicial de la ley que autoriza al Tribunal Supremo a con-ceder permiso de reimpresión de los volúmenes agotados de D.P.R. y calificar de alegaciones el testimonio de su testigo principal, su Presidente y Gerente General, Sr. Ignacio Rivera García. Al evaluar estos señalamientos y estimar, de modo preliminar, que carecían de méritos —por estar intrínsecamente relacionados— pedimos a las partes que nos ilustraran sobre el concepto de “fraude o engaño” en la ley, “a la luz de los hechos presentes en el caso de autos”. Las partes han comparecido a su oportuno tiempo.

1 — H

Con referencia al trasfondo de hechos, el tribunal sen-tenciador correctamente concluyó:

Está expresamente admitido por Equity que el catálogo (léase anuncio) que motiva este procedimiento se imprimió a fines de 1973 para tener vigencia en enero de 1974. En su señalamiento de error a este Tribunal alega que aunque algunos de los tomos que se anunciaban en dicho catálogo se agotaron ello ocurrió después de circulado el catálogo. En su moción de reconsideración a DACO la alegación sobre el particular es más específica. Se alega que los tomos se agotaron debido a que “debido al excesivo número de abogados que han jurado durante los últimos años los referidos tomos tuvieron durante los primeros meses del año 197f una venta no espe-rada, agotándose algunos. A principios del mes de septiembre de 1974 el querellante solicita la compra de los tomos del vo-lumen 1 al 46 y el volumen 54. Se le informó entonces que algunos de éstos estaban agotados”. (Énfasis añadido). Sin embargo la prueba documental demuestra que la solicitud del querellante en este caso no fue en septiembre del 197A sino a principios de enero de 1971+. Y la carta del 18 de enero de 1974 al querellante firmada por el Gerente General de Equity explica que los volúmenes estaban ya agotados para esa fecha “debido a la excesiva demanda . . . durante los últimos años”. (Énfasis añadido). Lo anterior refleja claramente que desde los primeros días de estar en vigor el catálogo que nos ocupa los volúmenes que se anunciaban en el mismo como disponibles estaban ya agotados. No podía ser más clara la violación a la legislación sobre anuncios engañosos. (Escolios omitidos.) (Énfasis nuestro.)

En síntesis, aunque la teoría de Equity es que los tomos se agotaron debido a un aumento imprevisto en la demanda, corolario de un incremento en la matrícula de abogados, precisamente ésta, para el 18 de enero de 1974, admitió que los volúmenes estaban agotados “debido a la excesiva demanda que los mismos han tenido durante los últimos años”. (Énfasis nuestro.) O sea, aceptó que mucho antes de circular voluntariamente su catálogo, en parte, el mismo estaba obsoleto en lo referente a la disponibilidad de los tomos anunciados de D.P.R.

i — I HH

En las circunstancias apuntadas debe prevalecer el dic-tamen judicial y la multa administrativa.

No existe controversia —ni puede haberla— en que la actividad comercial de Equity y el catálogo que origina el caso era un anuncio al amparo de la ley. Entre sus diversas acepciones, la palabra “anuncio” significa “[hjacer pública una oferta o demanda de cosas vendibles, prestaciones, ser-vicios, colocaciones, etc.”. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 1970, pág. 97. La forma material y el medio en que se imprima y circule —hoja suelta, folleto o catálogo, sea por vía personal, prensa, etc.— no desvirtúa su carácter.

Más aún, nuestra jurisprudencia, que reconoce el interés público que anima esta legislación, es enteramente aplica-ble. Siguiendo los enfoques federales en casos análogos, hemos resuelto que en su sentido literal, el anuncio no tiene que ser falso. La determinación final dependerá de la idea o noción que tienda a crear en el público consumidor —sea o no sofisticado— a base de la interpretación más adversa al anunciante sobre el contenido de la palabras usadas y lo que pueda entenderse por implicación. Tampoco resulta menes-ter demostrar la intención de engañar, ni si en efecto se logró ese propósito. Garage Rubén, Inc. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 236, 244-245 (1973).

Es en virtud de esas pautas doctrinales que se impone la confirmación de la sentencia. En el proceso de adjudicación objetiva de estos casos, debemos tener presente los dos inte-reses en tutela del estatuto, a saber, el público y el individual. Ciertamente, es innegable que el anuncio ‘que nos ocupa fue circulado cuando no reflejaba la verdadera rea-lidad. Resulta irrelevante para fines decisorios que su circu-lación se debiera a negligencia o a falta de diligencia por parte de Equity en actualizar o modificar el anuncio a tono con el momento, así como que sus clientes sean abogados o estudiantes de Derecho. El elemento de intención no es por sí determinante. El anuncio tendía a crear en el posible consumidor la errónea expectativa e impresión de la can-tidad que estaba disponible para la venta, de los tomos anunciados (1 al 83 en español). En la medida en que se aparta de esa realidad, el anuncio representa un engaño dentro del significado y espíritu de la ley. Obsérvese que la omisión gira sobre un hecho material y esencial, esto es, una característica primordial de los artículos para la venta, su cantidad, ya que la adquisición de una colección incompleta de esta naturaleza, afecta su valor y utilidad forense. Para Equity, comunicar la idea de que todos los tomos estaban asequibles constituía una promoción más atractiva y efec-tiva dirigida al posible consumidor, en contraste con el anuncio fiel y exacto de un inventario incompleto y li-mitado. La inexactitud le beneficiaba, pues lograba captar, generar y reclutar la atención de un mayor número de posi-bles compradores en dos vertientes: (1) de quienes interesa-ban adquirir toda la colección; y (2) de quienes sólo desea-ban algunos volúmenes en específico.

) — I hH

Finalmente, no alcanzamos a comprender cómo el requi-sito legal de que Equity necesitaba autorización adminis-trativa de este Tribunal para reimprimir los tomos agota-dos, puede ser argumento persuasivo que le justificara incurrir en la práctica vedada por la ley. Ello no se discute. En lo que no tiene razón, es en invocar la ausencia de tal autorización como eximente, pues no precisaba de ningún permiso para reeditar y modificar su anuncio, con diligen-cia y previsión, antes de circularlo. Es su fidelidad, no las razones por las que se hayan agotado los volúmenes, lo que está bajo nuestra consideración. Ni los hechos del caso ni su proceder constituyen excusa legal suficiente para establecer excepción alguna que vulnere la efectividad del estatuto.

Disentimos.

       El catálogo general de obras de derecho ofrecidas por Equity para el año 1974 contenía la siguiente nota respecto a los tomos en cuestión:
      DECISIONES DE PUERTO RICO
      “Las Decisiones de Puerto Rico contienen el texto de las opiniones sobre los casos resueltos por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Cada tomo incluye un índice Legal con las citas a códigos, leyes, reglamentos, jurisprudencia, obras de Derecho, etc. y un Indice de Materias para facilitar la búsqueda de los puntos de Derecho resueltos.
      “Los siguientes tomos están a la venta por Equity: 1 a 83 y 88 a 100 (en español) y 88 a 97 (en inglés). Gustosamente brindaremos informes a quien lo inte-rese respecto de cualesquiera tomos que se deseen adquirir.”

      Con la misma introducción de “[ajcabo de recibir nuestro [s-íc] catálogo general" se había dirigido a Equity de P.R., Inc. 7 meses antes, el 16 enero, 1974.

      Objetivo del Art. 14, Ley Núm. 148 de 27 junio, 1968 (23 L.P.R.A. see. 1014) aplicado, cuyo texto completo es:

        Sec. 10H. Actos, prácticas, anuncios o publicidad prohibidos

      “Se prohíbe todo tipo o clase de acto, práctica, anuncio o publicidad que cons-tituya o tienda a constituir fraude o engaño en donde el artículo, producto o serví-ció sea falsamente representado o que cree en el consumidor una imagen o impresión errónea sobre la marca, precio, cantidad, tamaño, calidad, cualidad, salubridad o cualquier otra característica del producto, artículo o servicio.”

      E1 análisis posterior confirma esa impresión. En cuanto al primer apunta-miento, según Resolución de 16 de junio de 1973, el foro de instancia reclamó y tuvo ante sí el expediente administrativo. Independientemente, su propio recurso allí instado no cuestionaba las determinaciones tácticas esenciales de DACO. Respecto al segundo, aun cuando el tribunal a quo caracterizó como “alegación” el testimonio del señor Rivera en el sentido de que Equity no podría imprimir más volúmenes sin el permiso de este Tribunal, ello sería inconsecuente. Obviamente es materia de conocimiento judicial.


text:
    Carmen D. Franco, demandante y recurrente, v. Municipio de Cidra y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-82-49

      Resuelto: 29 de junio de 1982

      José Aulet, abogado de la recurrente; Carlos H. Rodríguez Freire, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 1ro de julio de 1977 Carmen D. Franco fue desig-nada, directamente y sin oposición, Directora de Personal del Municipio de Cidra, con carácter probatorio y sueldo de $500 mensuales, por el entonces alcalde Tomás Rodríguez Ruiz. Transcurridos seis (6) meses de labor satisfactoria, fue nombrada empleada permanente el 1ro de enero de 1978.

Así las cosas, el 13 de enero de 1981, el nuevo alcalde Luis A. Santos Flores la removió de su puesto sin previa formulación de cargos ni celebración de vista, bajo la tesis de que era una empleada de confianza que lo asesoraba “en todo lo relacionado con el personal...”.

No conformo, en unión a otros empleados despedidos, formuló demanda de injunction, mandamus y daños y per-juicios, alegando que el despido era ilegal y motivado por cuestiones político-partidistas.

Oportunamente, el tribunal ventiló el caso y, a base de la prueba documental estipulada, resolvió en su contra. Acordamos revisar.

h-<

Él tribunal sentenciador concluyó que el puesto de director de personal era de confianza, invocando la Sec. 4(a) sobre Servicio Exento de la Ordenanza Municipal Núm. 66, Serie 1973-74, y el listado de Puestos Exentos del Regla-mento de Personal del Municipio de Cidra, respecto a las funciones de empleados de confianza, su libre elección y remoción. La recurrente cuestiona esa determinación con el argumento de que la ordenanza no contemplaba el puesto como exento, además de q¿ue la nueva Ley de Personal del Servicio Público, Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975 no le aplicaba.

El primer error no fue cometido. Ciertamente, el puesto de director de personal no aparecía como exento en la Ordenanza Núm. 66, Serie 1973-74, existente a la fecha de su nombramiento (1ro de enero de 1978). Sin embargo, es incuestionable que a esa fecha estaba vigente la nueva Ley de Personal, cuyas disposiciones aplicaban ipso jure. Así, aunque el Reglamento de Personal del Municipio de Cidra —que clasifica el puesto de director de personal como de confianza— fue aprobado con posterioridad a su nombramiento, el municipio ya venía obligado y, por mandato expreso de la Ley —Secs. 10.7 y 5.7— y como Administrador Individual, debió haberlo promulgado antes “en un período no mayor de doce meses a partir de la aprobación...”, de la nueva Ley de Personal. 3 L.P.R.A. sees. 1301 y 1347. En otras palabras, a partir del 14 de octubre de 1976 la entidad municipal debió haber adoptado un reglamento sobre el área esencial del principio de mérito en términos de reclutamiento, clasificación, etc. En la medida en que no lo hizo y continuó gobernándose por la Ordenanza Núm. 66, sus disposiciones y actuaciones, que fueran contrarias e incompatibles con la Ley de Personal, carecían de fuerza legal suficiente para crear y convalidar un puesto y nombramiento de carrera que, esencialmente, era de confianza. No podemos —así nos hemos negado en el pasado— refrendar la teoría de que la inacción o ilegalidad de la autoridad municipal pueda ser fuente para reconocer derechos donde no los hay si nacen de una violación de la ley. Colón v. Alcalde Mun. de Ceiba, 112 D.P.R. 740 (1982); Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, 109 D.P.R. 5, 11 (1979); Ortiz v. Alcalde de Aguadilla, 107 D.P.R. 819, 823, 825 (1978).

Aclarado ese extremo, es forzoso resolver que el vacío en el reglamento municipal se llenó por lo preceptuado en el Art. 5.10 de la Ley de Personal, que consigna la fórmula para evaluar un puesto de confianza, además de enumerar aquellos que, de jure, son de “libre selección y remoción”. A tal efecto reza:

Empleados de confianza
Los empleados de confianza son aquellos que intervienen o colaboran sustancialmente en la formulación de la política pública, que asesoran directamente o que prestan servicios directos al jefe de la agencia, tales como:
(1).
(2).
(3).
(4).
(5) Las secretarias personales y los conductores de vehículos de los funcionarios relacionados por elección popular; así como los ayudantes que respondan directamente a dichos fun-cionarios. (Énfasis suplido.) 3 L.P.R.A. see. 1350.

Por virtud de la Ley Municipal, el alcalde es llamado a nombrar a los empleados municipales. Ley Núm. 142 del 21 de julio de 1960, según enmendada, Arts. 35 y 91 (21 L.P.R.A. sees. 1254(1) y 1551). Esa función es delegable. Con tal propósito, la recurrente Franco fue nombrada. Se desempeñaba como delegada del alcalde, con la responsabi-lidad primordial de asesorar y responderle directamente en cuanto al personal municipal, en todas sus dimensiones. En consecuencia, su cargo ipso jure era de confianza.

Contra esta decisión no puede oponerse la Ordenanza Núm. 66 antes citada. Como dijimos recientemente, “... [n]ada hay en el estatuto —sería ello un contrasentido— que nos permita sostener la teoría de que la autoridad municipal tiene discreción absoluta para clasificar arbitrariamente a sus empleados. No es la etiqueta ni la descripción escrita de los deberes lo determinante, sino la naturaleza real de las funciones —en atención al conjunto de esos deberes y responsabilidades, o la relación con el jefe de la agencia.” Colón, supra, págs. 744-745.

En resumen, al momento de ser nombrada la recurrente Franco, estaba vigente la Ley de Personal de Servicio Público, cuyas disposiciones le eran aplicables. Debe esti-marse que la Ordenanza Núm. 66 sólo regía en todo aquello que no fuera incompatible con la referida Ley de Personal. “De pobre valor decisorio, moral y jurídico, sería pautar un remedio eregido sobre la base de la ilegalidad e inobservan-cia de una ley. De aplicación al caso de autos es el principio elemental, pero rector, de que ‘[s]on nulos los actos ejecuta-dos contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez’. Art. 4, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4. Máxime cuando ello atenta contra los valores de orden público plasmados en la Ley de Personal. No cabe extender la protección de la clasificación como empleado de carrera a quien logró tal puesto a base de crite-rios ajenos a esa categoría. ‘La igual protección de las leyes no implica igual protección de la violación de las leyes. . . . En el supuesto de que [el municipio] hubiese cometido algún error en la aplicación de la ley, esa actuación no sería válida’. Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355 (1978).” (Énfasis suplido.) Colón, supra, págs. 746-747.

Independientemente de lo expuesto, a igual solución armoniosa se llega aplicando la norma legislativa sobre el status y los derechos de los empleados a la vigencia de la ley. Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975, See. 9(1) y (5). 3 L.P.R.A. see. 1421(1) y (5). La misma establece que los empleados que estuvieren ocupando un puesto en el Servicio sin Oposición serán de confianza si, conforme las normas antes enumeradas, así se desempeñan. Tal es el caso de la recurrente Franco.

Réstanos considerar el señalamiento sobre discrimen político. El error fue cometido. Se alegó y reclamó la existencia del derecho constitucional sobre ideas políticas. A tono con Ramos v. Srio. de Comercio, 112 D.P.R. 514 (1932), la condición de empleado de confianza de por sí no priva de la protección contra discrimen político. Es materia a ser dilucidada y evaluada en cada caso en particular.

En vista de que las partes no sometieron la cuestión, por no tener el beneficio de esa decisión, procede que dictemos sentencia que remita al tribunal de instancia el caso, para que dilucide la veracidad de esa alegación conforme la doc-trina imperante.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disiente por los fun-damentos expuestos en Ramos v. Srio. de Comercio, supra. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Consistió de su nombramiento probatorio; carta del 30 de diciembre de 1977, en la que se le informaba que había concluido ese período y que se le extendía un nombramiento permanente; copia de la Ordenanza Municipal de Cidra Núm. 66, Serie 1973-74, aprobada el 27 de julio de 1974 y copia del Regla-mento de Personal del Municipio de Cidra, adoptado el 23 de mayo de 1979 por el Alcalde Diego Reyes Vázquez y aprobado por José Roberto Feijoó, Director de la Oficina Central de Administración de Personal, el 5 de junio de 1979.


author:
(Fdo.) C. R. López de Victoria (Fda.) Ana M. Rodríguez de Vela. (Fdo.) Ana Mercedes Rodríguez
      (Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

text:
    Cándido R. López de Victoria, demandante y recurrido, v. Ana Mercedes Rodríguez, demandada y recurrente.

      Número: R-80-299

      Resuelto: 29 de junio de 1982

      Federico Tilén, de Fiddler, González & Rodríguez, abogado de la recurrente; Jaime R. Morales Morales, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Sala integrada por el Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Díaz Cruz, Irizarry Yunqué y Rebollo López.

La demandada recurrente y su abogado recurrido con-currieron en contrato de servicios profesionales en forma de carta suscrita por ambos, cuyo texto dice:

10 de abril de 1975
Sra. Ana M. Rodríguez de Vela Condominio Villas del Mar Isla Verde, Puerto Rico Estimada señora Vela:
Como le prometiera en nuestra conversación, tengo el gusto de detallarle los pormenores de las condiciones en que yo habré de brindarle mis servicios profesionales de abogado y contador, en el caso de divorcio y liquidación de gananciales con su esposo, el señor Ramón Vela.
Mis honorarios en el caso de divorcio serán $1,500.00, de los cuales deberá pagar $500.00 con la aceptación de esta carta-contrato, para yo empezar el trabajo; y los otros $1,000.00 res-tantes en dos pagos de $500.00 a efectuarse 30 días y 60 días de la fecha de aceptación.
En cuanto al caso de bienes gananciales, mis honorarios serán el 15% del valor de los bienes que a usted le toquen en la división de los bienes de su esposo, y cuya cantidad pagará usted bajo un plan razonable en cuanto a las cantidades a pagarse y también en un tiempo razonable de acuerdo a las circunstancias.
Me parece que lo más lógico sería esperar al desenvolvi-miento de los acontecimientos según el caso de liquidación de bienes progrese para que acordemos la forma para el pago.
Puede estar usted segura que no le impondré ninguna con-dición irrazonable que le pueda ocasionar graves trastornos.
Si es de aceptación suya lo anterior, le agradeceré me firme la copia adjunta la que me devolverá con la remesa de los primeros $500.00.
Aceptada 4/12/75
Atentamente,

(Fdo.) C. R. López de Victoria

(Fda.) Ana M. Rodríguez de Vela.

Realizada su labor que finalizó con la escritura Núm. 24 otorgada en San Juan el 9 julio, 1976 ante el notario Sr. Ángel Cruz Cruz, suscrita por los excónyuges Ramón Vela y Ana Mercedes Rodríguez (recurrente), la cliente pagó $6,000 dejando un balance pendiente de $22,950 que el abo-gado reclamó en demanda instada en 1979. El 13 mayo, 1980 la Sala de San Juan dictó sentencia sumaria por la que condenó a la cliente demandada a pagar a su abogado dichos $22,950, interés legal desde la radicación de la demanda, costas y $3,000 de honorarios de abogado del demandante.

El contrato de servicios profesionales de abogado está saturado de un elemento ético que le diferencia substancialmente del convenio común sobre arrendamiento de servicios. Su exigibilidad no depende exclusivamente del aparente concurso de voluntades en el contrato escrito, sino que es factor determinante de su eficacia que sus términos, y especialmente el costo de los servicios, se mantengan dentro de unos límites que no rebasen la línea imaginaria que separa los honorarios altos perfectamente lícitos, y los que operan como abuso y opresión de una clase privilegiada contra el consumidor de servicios. Si bien la norma ética expuesta en los cánones 24 y 25 tiene como base la razonabilidad en la compensación, su texto deja bien claro que no se mide dicho concepto exclusivamente por la cuantía; que el abogado no debe estimar sus consejos y servicios en más ni en menos de lo que realmente valen, y que una de las bases para fijación de honorarios la constituye el tipo usual o acostumbrado en la demarcación judicial o comunidad donde se ejerce. Canon 24, (3). Los honorarios contingentes no riñen con la ética cuando sean beneficiosos para el cliente; o cuando el cliente lo prefiera así una vez informado de las consecuencias. Canon 24, párr. 5o. El recurso a la contin-gencia o resultas del pleito es particularmente de provecho para el cliente que teniendo una reclamación justa y meri-toria carece de los medios que de otro modo le permitirían pagar en forma anticipada o al corriente los honorarios relativamente altos que corresponden a un servicio profe-sional de excelencia. Es esta conclusión inevitable del texto relacionado del párrafo 3 o, Canon 24: “Al aceptar la repre-sentación profesional de un cliente [el abogado] debe con-siderar que le debe a éste un máximo de esfuerzo profe-sional en la medida de su talento y preparación. No debe aceptar retribuciones mínimas con la idea preconcebida de rendir esfuerzos mínimos.” Aun cuando así no lo declare expresamente el Canon 24, en prevención de que es deseable que se llegue a un acuerdo sobre los honorarios al inicio de la relación profesional (Colón v. All Amer. Life & Cas. Co., 110 D.P.R. 772, 773-774 (1981) ) impone al abogado la obligación, llegado el momento de liquidar honorarios con-tingentes, de suministrar a su cliente un estado sobre el resultado del pleito y si ha habido recuperación, debe mos-trar la remisión de su parte al cliente y el método seguido para su determinación.

Puede decirse que el pacto de honorarios contingentes no limitados por ley especial tiene en la actualidad aceptación ética si satisface el rigor de su regulación por los cánones de conducta profesional y el valor moral de buena fe del Art. 1210 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3375, que declara:

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expre-samente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

Como en cualquier otro contrato, la excesiva onerosidad que alcance dimensiones de mala fe, que niegue aquellas nor-mas de conducta colectiva que han de ser observadas por toda conciencia honrada y leal, connaturales a la contra-tación, justificaría la intervención moderadora del tribunal. S. de 5 junio, 1945; Bonet Ramón, Código Civil Comentado, 2da ed., 1964, págs. 957-960; cf. Jack’s Beach Resort, Inc. v. Cía. Turismo, 112 D.P.R. 344 (1982).

Se comprende que la acción civil en que se ponen a prueba elementos éticos de conducta profesional y de buena fe en la contratación, donde la cuestión suscitada puede plantear un dilema entre el recurso al derecho positivo o al remedio en equidad, resista una adjudicación en el severo ámbito de la moción de sentencia sumaria que debe absorber y eliminar cuanto segmento de contención haya en el pleito. Mas no es este el caso que requiera la intervención moderadora del tribunal con la autonomía contractual de las partes que se da únicamente en circunstancias extraor-dinarias, facultad dimanante del citado Art. 1210 Ce que ha de ejercerse con extrema cautela y patente justificación por su efecto lesivo a la estabilidad de los contratos y a la segu-ridad jurídica.

Las razones que ofrece la recurrente para negarse a cumplir lo pactado no son justiciables. Descansó en sus ale-gaciones sin ofrecer bajo juramento prueba de hechos que afectaren la eficacia del contrato o la presencia de factores señalados en esta sentencia que enerven su razonabilidad. Su declaración en oposición de la sentencia sumaria dice:

Declaración Jurada
Al Honorable Tribunal:
La suscribiente bajo juramento declara:
1. El demandante siempre me prometió que a pesar de la carta que él preparó para que yo firmara, los honorarios que yo pagaría serían los razonables de acuerdo al trabajo que él efectuara como contable y como abogado.
2. Dicho trabajo ha sido ampliamente compensado por los $6,000.00 que se le pagó en adición a los $1,500.00 por el divorcio.
3. El demandante nunca le ha pasado cuenta a la deman-dada, nunca le hizo liquidación de sus honorarios y nunca le hizo gestiones de cobro con cantidad específica alguna. La primera gestión que conoce la demandada a esos efectos fue la demanda en este caso.
4. El demandante no le rindió a la demandada servicio alguno como contable.
San Juan, Puerto Rico, a 17 de abril de 1980.

(Fdo.) Ana Mercedes Rodríguez

La carta-contrato revela con sencilla claridad los términos convenidos para la prestación de servicios; no alega ella que el 15% del producto del pleito adjudicado al abogado represente una imposición onerosa o abusiva, ni siquiera le llama excesiva. Su contestación a la demanda descansa esencialmente en que nada adeuda al abogado demandante porque él “le prometió . . . darle un saldo mediante el pago total de $12,000.00” afirmación que luego reduce a $7,500 en su aislada declaración jurada opuesta a la moción de sentencia sumaria. También adujo que el demandante no le sirvió una liquidación de sus honorarios, una vez terminada su gestión, pero no señala error en la cuantía resultante de la aplicación del 15% al valor de los bienes adjudicádoles en la escritura de liquidación de gananciales, cuyos datos permiten una fácil comprobación de la parte que corresponde a la demandada y la que debe destinarse al pago de servicios profesionales. No vemos área o extremo de legítima contención que amerite un juicio. La frágil alegación, desprovista de toda prueba, sobre novación de contrato o transacción de crédito no puede obviar el Art. 1210, base estructural de la seguridad jurídica y la inte-gridad de las prestaciones: por el mero consentimiento se perfecciona el contrato y las partes quedan obligadas no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado —pacta sunt servanda— sino también a todas las consecuencias derivadas, que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.

La sentencia sumaria recurrida es correcta en su determinación esencial que sostiene la validez del contrato de servicios profesionales. Debe, sin embargo, modificarse en la imposición de honorarios e intereses a la recurrente porque no consideramos temeridad punible su acción poniendo a prueba un convenio de honorarios contingentes, asunto de constante preocupación por sus derivaciones éticas que había tenido poco acceso a nuestra jurisprudencia.

Se modifica la sentencia al efecto de eliminar la condena de $3,000 de honorarios por temeridad, debiéndose com-putar intereses desde la fecha de la sentencia y así modifi-cada, se confirma. PUBLÍQUESE.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Presidente Señor Trías Monge disiente sin opinión.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria General

       La fijación de honorarios profesionales debe regirse siempre por el princi-pio de que nuestra profesión es una parte integrante de la administración de la justicia y no un mero negocio con fines de lucro. Canon 24, párr. Io.

      En San Juan se ha generalizado el uso y práctica de facturar servicios profesionales por horas de labor intelectual y física.

       Es de notar que la cautelosa aprobación que dimos a un pacto de honorarios contingentes —se acordó pagar el 10% de lo que se obtuviera en pleito de daños y perjuicios— por haber casos en que esa es la única forma de defender la justicia (Franqui v. Fuertes Hnos., S. en C., 44 D.P.R. 712, 725 (1933)) tiene ahora un explícito endoso en el más reciente cuerpo de Reglas Uniformes de Conducta Profesional, proyecto A.B.A.:

        “Rule 1.5 Fees

      (a) .
      (b) .
      (c) A fee may be contingent on the outcome of the matter for which the service is rendered, except in a matter in which a contingent fee is prohibited by law. A contingent fee agreement shall be in writing and shall state the method by which the fee is to be determined, including the percentage or percentages that shall accrue to the lawyer in the event of settlement, trial or appeal, expenses to be deducted from the recovery, and whether expenses are to be deducted before or after the contingent fee is calculated. Upon conclusion of a contingent fee matter, the lawyer shall provide the client with a written statement stating the outcome of the matter and, if there is a recovery, showing the remittance to the client and the method of its determination.” 67 A.B.A.J. 1299, págs. 8-9 del suplemento des-prendible (1981).

      E1 criterio de esta decisión en su exigencia de contrato escrito “en aquellos casos en que no sea anticipable de un todo al inicio de la gestión profesional la extensión y valor de [ésta]”, ha sido validado en el texto final de Reglas Uniformes de Conducta Profesional sometido a la American Bar Association:

        “Rule 1.5 Fees

      (a) A lawyer’s fee shall be reasonable.
      (b) The basis or rate of a lawyer’s fee shall be communicated to the client in writing before the lawyer renders substantial services in a matter, except when:
      (1) an agreement as to the fee is implied by the fact that the lawyer’s services are of the same general kind as previously rendered to and paid for by the client; or
      (2) the services are rendered in an emergency or where a writing is otherwise impractical.” Ibid.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Lic. Jaime S. Platón.

      Número: 2591

      Resuelto: 30 de junio de 1982

      Govén D. Martínez Suris, Director de Inspección de Protocolos; Jaime S. Platón, pro se.

   PER CURIAM:

El abogado y notario Sr. Jaime S. Platón presentó su renuncia como notario ante el Director de Inspección de Notarías el 15 de junio de 1981. Inspeccio-nado su protocolo a los fines de tramitar su renuncia se halló que en las escrituras con los números 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16 y 17 de 1980 no ha cancelado estampillas notariales ni sellos de rentas internas por valor de cerca de $2,000, en la número 17 faltan la firma e iniciales de un otorgante, y falta la nota de cierre del protocolo. Las gestiones del Director de Inspección de Notarías para que se corrigieran dichas deficiencias resultaron infructuosas. La última fue una carta que dirigió a dicho notario con fecha de 19 de marzo de 1982, en que le indicó que de no corregir las defi-ciencias en un término de diez días informaría el caso a este Tribunal.

La carta no fue contestada y se nos dio cuenta de todo este proceder del notario. El 27 de mayo de 1982 emitimos resolución en que le concedimos diez días para corregir dichas deficiencias y mostrar causa por la cual no deba ser disciplinado. No ha respondido.

Es innecesario repetir, por ser bien conocidos de la profesión, los preceptos de ley que requieren la cancelación de estampillas notariales y sobre derechos arancelarios en los instrumentos públicos que los notarios autoricen. La omisión de tomar la firma e iniciales de los otorgantes es, por otra parte, causa de nulidad del instrumento, que implica a su vez una violación de la fe pública de que están investidos los notarios. En cuanto a la primera cabe añadir que se defrauda al erario cuando se persiste obstinadamente en no adherir a las escrituras los sellos de rentas internas que ordena el arancel notarial. Estas faltas son graves e implican una incapacidad manifiesta en el descargo de la función notarial que no se sanciona con la mera separación del ejercicio del notariado.

Se han brindado al abogado señor Platón amplias oportunidades para corregir las fallas apuntadas. Su actitud displicente ante los requerimientos del Director de Inspección de Notarías y nuestra resolución de 27 de mayo acusan, además, descortesías que no se ajustan a las normas de corrección que deben regir la conducta de toda persona, y en particular de un miembro de la profesión jurídica.

Por los razonamientos expresados, se decretará la suspen-sión del querellado Jaime S. Platón del ejercicio de la abo-gacía, de lo cual se notificará al Secretario de Estado, al Colegio de Abogados, y ala Dirección de la Administración de los Tribunales, y se ordenará que se proceda al cobro de los derechos notariales no cancelados con cargo a la fianza prestada por dicho querellado para el ejercicio del nota-riado.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Raúl Mena Peraza y José Luis Basora Gil, acusados y recurridos.

      Número: O-82-323

      Resuelto: 30 de junio de 1982

      Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; José Torres Ortiz y Joaquín Monserrate Matienzo, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A solicitud del Estado y mediante orden de mostración de causa examinamos la juridicidad de la desestimación decretada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, de las acusaciones formuladas contra Raúl Mena Peraza y José Luis Basora Gil basadas en el Art. 166 del Código Penal —apropiación ilegal agravada— al alegadamente apode-rarse durante los años 1977 y 1978 de $166,590 entregados a la Advisors Mortgage Corporation y destinados a saldar primeras hipotecas que gravaban las propiedades de diver-sas personas.

I

La fiel solución del caso exige una breve exposición de sus antecedentes procesales. Se celebró vista preliminar el 24 de febrero de 1981 y se determinó causa probable por dicho delito grave. Oportunamente se presentaron las respectivas acusaciones. El acto de lectura se efectuó el 25 de marzo de 1981. Diez días después los acusados alegaron ser no culpables. El 16 de octubre —casi siete (7) meses después— presentaron una moción para desestimar bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, aduciendo como fundamentos: (1) ausencia de prueba sobre la apropiación; y (2) imputación de delito menos grave porque la conducta criminal alegada se rige por la Ley Núm. 97 de 5 de junio de 1973, según enmendada, denominada Ley de Institu-ciones Hipotecarias, 7 L.P.R.A. see. 1051 et seq. El Ministe-rio Fiscal se opuso argumentando que la petición era tardía y además que, aun cuando la ley especial de instituciones hipotecarias definía como práctica prohibida las actua-ciones de los acusados, 7 L.P.R.A. see. 1061, —y las tipifi-caba como delito menos grave— tales actos estaban compren-didos en el Art. 166 del Código Penal, ante lo cual, en virtud del Art. 63 de dicho cuerpo, podía castigarse con arreglo a cualquiera de dichas disposiciones.

El tribunal de instancia rechazó el primer argumento —insuficiencia de la prueba— pero acogió el segundo y desestimó a base del siguiente razonamiento:

Surge claramente de los hechos imputados en la acusación que ellos pueden dar lugar para que un magistrado pueda determinar que existe causa probable para el delito por el cual se acusó a los imputados en este caso. Pero esos mismos hechos también pueden dar base para la determinación de causa por otro delito, en este caso el de violación a la Ley de Instituciones Bancarias [sic\, Ley 97 del 5 de junio de 1973, según enmendada, Artículo 7[A] (7 L.P.R.A. sección 1057(a)(5) y/o (7)), que lee:
“Prácticas prohibidas...
Ningún concesionario podrá:
... (5) Retener indebidamente, salvo pacto en contrario, cualquier suma de dinero y/o documento relacionado con una transacción o el no informar a un cliente sobre su derecho o sobre cualquier suma de dinero y/o documento parte de una transacción.
... (7) Incurrir en desfalco y/o malversación de fondos bajo su custodia.”
El violar estas disposiciones se considerará delito menos grave según dispone el Artículo 11 de la misma ley, (7 L.P.R.A. sección 1061).
Es norma legal y jurisprudencial que cuando existen dos leyes que regulan una misma situación de hechos, una general y una especial, ha de aplicarse la especial, Artículo 5 del Código Penal de 1974, según enmendado, (33 L.P.R.A. Sección 3005). Pueblo v. López, 106 D.P.R. 584 (1977).
Por las razones antes expuestas el Tribunal declara con lugar la moción de desestimación bajo el amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal. (Énfasis suplido.)

Como resultado de ese decreto ordenó el archivo y sobre-seimiento definitivo de los casos al estimar que no procedía la presentación de una nueva acusación por haber prescrito los delitos menos graves —Regla 66 de Procedimiento Criminal— al transcurrir en exceso el período de un (1) año desde las fechas en que los hechos imputados se cometieron (1ro de noviembre de 1977 y febrero de 1978) y la determi-nación original de causa probable en 10 de febrero de 1980. Art. 78(b) y 79 del Código Penal. 33 L.P.R.A. secs. 3412(b) y 3413, y la Regla 64(m) de Procedimiento Criminal. Se impone la revocación de la sentencia.

Es correcta la posición del Ministerio Fiscal de que la moción de desestimación bajo la Regla 64(p) fue promo-vida tardíamente y que el transcurso del tiempo constituyó y debió interpretarse como una renuncia al planteamiento. Una solicitud de este tipo es un “remedio que sólo puede concederse a petición del acusado, y de no solicitarlo, se de-clara renunciado”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 454, 458 (1975). A tal efecto la Regla 63 prescribe que salvo las defensas privilegiadas de falta de jurisdicción o que no se imputa un delito, “. . . cualquier defensa u objeción susceptible de ser determinada sin entrar en el caso en su fondo se deberá promover mediante moción presentada al hacerse alegación de no culpable o antes de alegar, pero el tribunal podrá permitir por causa justificada la presentación de dicha moción dentro de un período posterior razonable”. (Énfasis suplido.) Cf. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 63 (1967).

En el caso de autos los acusados no alegaron ni demostraron la existencia de causa válida que justificara la tardanza de más de seis (6) meses. El tribunal sentenciador no se manifestó expresamente. Su actuación en entender en la misma sólo es compatible con un criterio de que existía causa justificada. Sin embargo, no hemos detectado indicio alguno que nos permita coincidir con ese enfoque. Un término de más de seis (6) meses, ausentes circunstancias excepcionales, no es razonable. Constituyó un abuso de dis-creción. Pueblo v. Garrick, 105 D.P.R. 178, 183 (1976).

r*H I—I HH

Ahora bien, independientemente de que la tardanza en producir la moción fuera justificada, en sus méritos, no puede prevalecer la tesis de que a los acusados les aplica y beneficia la ley especial sobre instituciones hipotecarias. Aunque la ilustrada sala sentenciadora expone correcta-mente la doctrina prevaleciente sobre la dinámica funcional en el ámbito de la teoría del concurso penal en la dimensión del principio de especialidad —según consignado en lo per-tinente en el Art. 5 del Código, a saber, “[s]i la misma mate-ria fuera prevista por una ley o disposición especial y por una ley o disposición de carácter general, se aplicará la ley especial en cuanto no se establezca lo contrario” (33 L.P.R.A. sec. 3005)— la aplica erróneamente. Nos explica-mos.

Primeramente, como afirma Jiménez de Asúa, si bien el principio de especialidad puede alterar la clasificación del delito y, por ende, la gravedad o benignidad de la pena, “no siempre aparecen con idéntica claridad las cuestiones plan-teadas”. Tratado de Derecho Penal, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Losada, 1950, T.II, pág. 546. Así ocurre en el caso de autos.

El ámbito de la Ley de Instituciones Hipotecarias, tal y como sugiere su título, tiene como fin la reglamentación por el Estado de esta actividad financiera a través del Secretario de Hacienda. Cubre el otorgamiento de licencias y su revocación, requisitos necesarios, observancia de normas, deberes, restricciones, prácticas prohibidas y penalidades, de aquellas instituciones o individuos cuyo negocio principal y servicio sea, directamente o como intermediarios, originar, financiar, cerrar, vender y administrar préstamos hipotecarios sobre bienes inmuebles. Art. 1(b)(6). 7 L.P.R.A. sec. 1051(b)(6). Su aplicación y cubierta surge en virtud de la licencia que se le expide a una persona designada concesionario, que según el estatuto “significará individuos, sociedades, asociaciones, fideicomisos, corporaciones y cualesquiera otras entidades jurídicas dedicados a la concesión de préstamos hipotecarios para financiar o refinanciar la adquisición de bienes inmuebles”. Art. 1(b)(1), 7 L.P.R.A. sec. 1051(b)(1). En la fase operacional de las prohibiciones y prácticas específicas de retener indebida-mente dinero, incurrir en desfalco o malversar fondos con-templadas en el Art. 7A, 7 L.P.R.A. sec. 1057a(5) y (7), la figura central y sujeto del derecho es el concesionario, que puede ser persona natural o jurídica. Nuestro ordenamiento penal reconoce, y hace penalmente responsable, a las perso-nas jurídicas, pero ello “. . . no excluye la [responsabilidad] individual en que puedan incurrir los componentes, diri-gentes o representantes de las personas jurídicas o de las asociaciones no incorporadas que participen en el hecho delictuoso”. Art. 37 (33 L.P.R.A. see. 3174). Cuando el con-cesionario es una corporación —como en este caso, Advisors Mortgage Corp.— sus funcionarios y empleados, indepen-dientemente del cargo o posición que ocupen, en teoría no son los sujetos objeto de la ley especial. Es la corporación. Existe entonces un claro desdoblamiento de la cobertura y aplicación del precepto de ley. Como consecuencia, no podemos sostener que los acusados, como personas e indivi-duos distintos a la entidad jurídica corporativa, sean los concesionarios a quienes les cobija la ley especial. Parafra-seando nuestra decisión en Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584, 587 (1977), “. . . para que sean de aplicación los preceptos relativos a la Ley [de Instituciones Hipotecarias] es preciso que del análisis final de toda la prueba surja que el acusado tenía licencia de [concesionario]”.

Recapitulando. Ninguno de los acusados gozaba de la condición de concesionario. Ese atributo correspondía a la entidad jurídica Advisors Mortgage Corp. No pueden invocar, por tanto, las disposiciones de la ley especial para lograr desestimar las acusaciones por apropiación ilegal agravada. Éstas ciertamente no están prescritas. Por razón del sujeto, la disposición especial no puede subsumir la ley general.

Se dictará sentencia en que se revoque la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y se devolverá el caso para trámites compatibles con lo resuelto.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto concu-rrente en el resultado al cual se une el Juez Asociado Señor Dávila. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre en el resultado sin opinión.

—O—

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Dávila.

Concurro en el resultado por entender que la cuestión tiene su solución simple en el Art. 63 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3321, que al limitar su prohibición de doble castigo por el mismo acto u omisión deja en entera libertad al ministerio público para elegir el precepto penal bajo el cual procesar al acusado, si está en posesión de los elemen-tos de prueba para sostener la acusación.

       Como veremos, este artículo, que trata sobre el concurso de delitos, no es aplicable a la situación de autos, pues, según aclaramos en Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171, 177 (1980), el mismo “proscribe la imposición de varios castigos por la comisión de un acto u omisión penable de distintos modos por dife-rentes disposiciones penales”. (Énfasis en el original.)

      No se cuestiona que la retención indebida de dinero, el desfalco y la mal-versación de fondos son conductas penables bajo el delito de apropiación ilegal agravada estatuido en el Art. 166 del Código Penal. Véase: Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312 (1982).


author:
(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria
     Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Damián Romero García, William López Alimán, demandantes y recurridos, v. Howard Johnson’s Villa Marina Resort, Inc. y sus Respectivas Compañías Aseguradoras X,Y,Z, demandadas y recurrentes.

      Número: R-82-138

      Resuelto: 30 de junio de 1982

      Javier Criado Vázquez, abogado de las recurrentes; Eugenio Luis Santoni, de Jiménez & Santoni, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

Howard Johnson’s Villa Marina Resort, Inc. y su ase-guradora recurren de la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Humacao, imponiéndoles la obligación de indem-nizar a los recurridos Damián Romero García y William López Alimán.

Ambos radicaron acciones separadas —consolidadas por originarse en una misma causa de acción— alegando en síntesis que para el mes de julio de 1978 se desempeñaban como contratistas independientes en labores de reparación y mantenimiento de botes en la marina existente en las facili-dades de la demandada; Damián Romero García adujo que para dicha fecha tenía arrendado un apartamento por un canon mensual de $350 —que dejó de pagar cuando la deman-dada se negó a resarcirle $1,587 en concepto de varios ar-tículos que le fueron hurtados por la negligencia de ésta — ; y William H. López alegó ser huésped de Damián Romero. Basan su acción en que la demandada a principios de diciembre de 1978, sin causa justificada, les prohibió la en-trada a las facilidades en las cuales cumplían contratos pre-acordados de mantenimiento, perdiendo dicha fuente de in-gresos y viéndose obligados durante varios meses a dedicarse a diferentes labores poco remuneradas.

HH

El tribunal encontró probado que la prohibición fue injustificada y da a entender que la misma fue motivada por “existir un conflicto en la relación contractual entre las partes por motivo del alquiler del apartamento antes men-cionado”. Ese conflicto surgió al ser escalado el aparta-mento que ocupaba Romero García, “a consecuencia de la negligencia de la parte demandada al dejar abiertos los espacios que ocupaban las unidades de climatización del mismo. El señor Romero sufrió pérdida de propiedad estimada en $1,587.00, cantidad que reclamó a la deman-dada infructuosamente. El señor Romero dejó de pagar los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de agosto hasta diciembre de 1978, ascendentes a $1,750.00”. Además de negarle la entrada a sus facilidades, la deman-dada también “procedió a cambiarle la cerradura al apar-tamento que mantenía arrendado el Sr. Romero, sin que mediara orden judicial, aduciendo para dichos actos la falta de pago de los cánones antes mencionados”.

Autorizamos la transcripción de la prueba y tenemos el beneficio de su lectura y comparecencia de ambas partes. El análisis integral nos convence de que debe modificarse la sentencia en lo concerniente a la causa de acción por la negativa a permitir la entrada a las facilidades. Aparece claramente que a los demandantes se les exigió que cum-plieran con unos requisitos de seguridad implementados por los agentes de la demandada. No puede erigirse respon-sabilidad ilimitada por la prohibición de un guardia de seguridad en horas de la madrugada del 5 de diciembre de 1978. Esa negativa estuvo justificada.

Curiosamente el tribunal sentenciador no dio crédito al testimonio del contralor de la marina, Sr. Félix Camacho, sobre la implementación de esas normas. Surge, no obs-tante, que le merecieron credibilidad los testimonios de los demandantes sobre las pérdidas sufridas sin que éstos o sus testigos produjeran un solo documento acreditativo de tales ganancias y aun cuando ambos admitieron que no rendían planillas de contribución sobre ingresos. Salvo una alegada gestión verbal, no solicitaron por escrito permiso de en-trada. Tampoco los demandantes obtuvieron autorizaciones directas con los dueños de las embarcaciones o de las perso-nas que les encargaban los trabajos. Lo menos que podemos decir es que no actuaron afirmativa y diligentemente para obtener el permiso y minimizar daños conforme los trámites impuestos en enero de 1979.

En las circunstancias expuestas no podemos suscribir la extensión excesiva que en daños concede la sala de instancia respecto a la negativa a permitirles la entrada. Aun bajo la hipótesis de que tal acción estuviera influenciada por el problema del alquiler del apartamento, ninguno de los demandantes tenía un derecho permanente, irrestricto y absoluto de entrada. Podía la demandada exigir el cumpli-miento de unos trámites mínimos, tales como la producción de un certificado de buena conducta de la policía y retratos para expedir el permiso, en unión a la autorización escrita de los dueños de las lanchas. La prueba establece que ese sistema de seguridad se implantó a fines de diciembre de 1978 y principios de enero de 1979. Presumiendo que la negativa original no estuvo justificada, según lo entendió la sala de instancia, ello configura una causa de acción li-mitada al mes de diciembre no susceptible de ser extendida durante meses posteriores por falta de diligencia de los demandantes.

En consecuencia, procede que se expida el auto y se dicte sentencia en que se adjudique a los demandantes recurridos en concepto de pérdidas de ingresos únicamente el mes de diciembre.

A tal efecto, a base de la prueba desfilada, respecto al Sr. William López estimamos la cuantía de $1,000 razona-ble, y por concepto de sufrimientos mentales la suma de $500. Respecto a los daños del Sr. Damián Romero la cuantía de $2,000 por pérdida total de ingresos y $1,500 en concepto de daños mentales, incluso la intervención y privación ilegal del apartamento. También es acreedor a $1,587 por concepto de pertenencias robadas de su aparta-mento.

La demandada recurrente tiene un crédito que podrá oponer contra el Sr. Damián Romero de $1,750 por concepto de arrendamiento dejado de pagar. Procede también que se reduzca la cuantía de $5,000 a $1,500 concedidos en honora-rios de abogado. Así modificada es confirmada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente al cual se une el Juez Asociado Señor Dávila. Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López no intervinieron.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria

-O-

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

al que se une el Juez Asociado Señor Dávila.

No considero que deba concederse compensación por ingreso frustrado partiendo de la conclusión de que la intervención original del guardia de seguridad y la exclu-sión de los demandantes de sus predios no estuvo justifi-cada. El guardia no podía admitir personas desconocidas, pasada la media noche, al área de las lanchas que para ese tiempo era campo de pillaje. El perjuicio, si alguno, que sufrieron los demandantes fue auto-infligido. Su compor-tamiento niega toda legitimidad a su reclamación desde el momento mismo en que le piden al guardia constancia escrita de que les ha impedido acceso a las lanchas, mas rehúsan consistentemente llenar la solicitud para la tarjeta de identificación exigida por normas de seguridad en Villa Marina y en casi todos los sitios de trabajo. No veo razón para resolver de modo distinto al criterio preliminar del Pleno, que fue de revocación total.

       El tribunal erró al razonar y tomar como medida de tiempo para evaluar la pérdida de ingresos los 12 y 16 meses que les tomó a López y Romero, respectiva-mente, lograr “restablecerse a una situación económica más estable en trabajos mejor remunerados”. En otras palabras, aun cuando ellos no gestionaron diligen-temente y por distintos medios —incluso por la vía judicial y procesal de injunction— el permiso, y no cumplieron con las medidas exigidas para el mes de enero, les concede daños ad infinitum únicamente limitados por su mejoría económica. Repetimos, ese criterio es erróneo, inaplicable y carente de vínculo lógico entre el daño, relación de causalidad, conducta de las partes y tiempo.

       Declaró que devengaba $125 semanales de trabajo que realizaba para Marine World (T.E., pág. 26), y $500 de reparaciones del Yate del Sr. Andrés Guillemard, que “ya había terminado [en] gran parte". (T.E., pág. 36.)

       Atestó que devengaba entre $2,300 y $2,500 como ingreso total. (T.E., pág. 132.)


author:
(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria
     Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Julio Molina González, demandante recurrente, v. Jacinto Ruiz Candelario y Otros, demandados recurridos.

      Número: R-82-171

      Resuelto: 30 de junio de 1982

      Manuel García Tamayo y Juan Ponce Fantauzzi, abogados del recurrente; Celestino Matta Méndez y Luis A. Pereira Buo-nomo, abogados de los recurridos.
   SENTENCIA

Como resultado de un accidente ocurrido el 23 de sep-tiembre de 1978, en 17 de mayo de 1979 el demandante Molina González demandó al dueño del otro vehículo Jacinto Ruiz Candelario y su aseguradora “Paul Doe”. Luego de varios trámites, no es hasta el 15 de septiembre de 1981 —casi tres años desde la ocurrencia del accidente— que enmendó su demanda para incluir como demandada a la aseguradora Alliance Assurance Co. Así por primera vez dicha aseguradora advino en conocimiento del accidente. La aseguradora solicitó y obtuvo sentencia sumaria a su favor alegando que la póliza se había tornado inoperante por incumplimiento de la cláusula que exige temprana notifi-cación de un accidente, la cual, por los propios términos de la póliza, condicionaba su exigibilidad a la observancia de todos sus términos.

A solicitud del demandante concedimos término a la Alliance Assurance Co. para que mostrara causa por la cual no deberíamos revocar esa sentencia y remitir el asunto a audiencia plenaria. Resolvemos.

Reiteradamente hemos resuelto que las condiciones de una póliza de seguro que exigen cooperación con el asegu-rador son válidas y su incumplimiento por el asegurado de ordinario derrota que pueda obtenerse indemnización. Cuebas Fernández v. P.R. American Ins. Co., 85 D.P.R. 626 (1962); Faulkner v. Nieves, 76 D.P.R. 434 (1954); Lafontaine v. Municipio, 79 D.P.R. 583 (1956); Landol v. Colón, 78 D.P.R. 602 (1955). Ahora bien, el principio no es absoluto. Estos casos también han resuelto que la notificación tardía de por sí no es suficiente. Incumbe a la aseguradora demos-trar que el incumplimiento le causó “daños sustanciales”. En el caso de autos ello no se hizo. El tribunal de instancia presumió esa consecuencia adversa por el simple transcurso del tiempo, aunque reconoció la existencia de un expediente de investigación del accidente obrante en los autos y el informe de la Policía. Debió también tomar conocimiento judicial y estimar disponible el caudal informativo dima-nante del trámite administrativo y médico de la Adminis-tración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (A.C.A.A.).

En estas circunstancias es errónea su determinación. La doctrina requiere claramente de la aseguradora que esta-blezca afirmativamente que la notificación tardía le causó “daños sustanciales”. La tardanza de por sí no es prueba suficiente. Corresponde plenariamente dilucidar la cues-tión.

En virtud de lo expuesto se expide el auto y se dicta sen-tencia que revoca la del Tribunal Superior, Sala de Are-cibo, y se remite el caso para trámites ulteriores compatibles con lo resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió voto disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano Secretaria

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

La tardanza de tres años en descubrir la identidad de la aseguradora sólo se explica por la incuria del demandante. Si las Reglas limitan a 60 días el período de descubrimiento de pruebas; a 6 meses el término para diligenciar el empla-zamiento y para mantener el pleito activo; y el Código Civil a su vez fija en un año la prescripción de las acciones por daños y perjuicios, no se justifica esperar 3 años para que una parte simplemente produzca el nombre de la asegura-dora que se propone incluir como demandada. Hay sufi-ciente perjuicio en el impacto de tan largo período de espera en el ordenado curso de los negocios de la compañía. Debe también considerarse el efecto de esta prolongada demora en una tercera parte demandada —recurso común en los pleitos de daños— que a estas alturas sea traída al pleito por la aseguradora. La tardanza que tolera nuestra juris-prudencia no es ésta con dimensión de incuria y desidia de un demandante que duerme en sus derechos.

Confirmaría la sentencia recurrida.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Ramón Díaz Fuentes, acusado y apelante.

      Número: M-82-5

      Resuelto: 8 de octubre de 1982

      Miguel Pagán, Procurador General Interino, Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; el apelante compareció pro se.

   PER CURIAM:

El peticionario ha comparecido por dere-cho propio ante este Tribunal y expresa que el 17 de diciembre de 1971 el Tribunal Superior lo sentenció a cum-plir una pena de ocho a quince años de presidio con trabajos forzados, por infringir la Ley de Narcóticos, Ley Núm. 48 de 18 de junio de 1959. Alega el peticionario que el tribunal de instancia no se percató que desde meses antes regía la Ley de Sustancias Controladas, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. see. 2101 y ss.), que impone penas más benignas. Le concedimos término al Procurador General para expresarse en torno a estas alegaciones.

El Art. 404(a) de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2404(a), dispone:

Será ilegal el que cualquier persona, a sabiendas o inten-cionalmente, posea alguna sustancia controlada, a menos que tal sustancia haya sido obtenida directamente o de confor-midad con la receta u orden de un profesional actuando den-tro del marco de su práctica profesional, o excepto como se autorice en este Capítulo.
Toda persona que viole este inciso incurrirá en delito grave y convicta que fuere será castigada con la pena mínima de 1 año y máxima 5 años de prisión y además podrá ser multada en una cantidad que no excederá de $5,000. Si la persona comete tal delito después de una o más convicciones previas, que sean firmes, bajo este inciso, incurrirá en delito grave y convicta que fuere será sentenciada a la pena mínima de 2 años y máxima de 10 años de prisión y además podrá ser mul-tada en una cantidad que no excederá de $10,000.

En Pueblo v. Rosa Burgos, 103 D.P.R. 478 (1975), y Pueblo v. Figueroa Castro, 102 D.P.R. 279 (1974), resol-vimos que de no ser firmes las sentencias impuestas en con-vicciones por los delitos de posesión y transportación de narcóticos bajo las disposiciones de la ley de 1959, los acu-sados tendrían derecho a que se les modifiquen las mismas y se les sentencie bajo las disposiciones más benignas de la Ley de Sustancias Controladas. El Procurador General ha comparecido ante nosotros y señala, acompañando copia de la sentencia, que las aseveraciones del peticionario son co-rrectas. El peticionario fue, en consecuencia, indebida-mente sentenciado bajo una ley ya inaplicable.

Se remitirá el expediente al tribunal de instancia para que dentro de diez días a partir del recibo de esta opinión proceda a modificar conforme a derecho la sentencia de que se recurre.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.