text:
    Cándido Vázquez y otros, recurrentes, v. Administración de Reglamentos y Permisos, Oficina Regional de Arecibo, Puerto Rico, recurrida.

      Número: CE-86-382

      Resuelto: 13 de junio de 1991

      Ángel M. Bonnet Rosario, abogado de los recurrentes; Sonia L. Del Toro, abogada de la Administración de Reglamentos y Permisos, recurrida; Emilio Vidal Pérez Rosado, abogado de la Junta de Planificación interventora y recurrida; Milagros Arrieta Díaz, abogada de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite precisar, no sólo el concepto lotificación simple, sino también lo que constituye finca principal o predio original para efectos del cómputo de los solares, predios o parcelas de terreno que tipifican una lotificación simple. Art. 3 de la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 62b(1)); Art. 3 de la Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos, Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. see. 71b(i)).

Ambos estatutos definen el concepto lotificación simple de la manera siguiente:

(i) “Lotificación Simple” — es aquella lotificación, en la cual ya estén construidas todas las obras de urbanización, o que éstas resulten ser muy sencillas, y que la misma no exceda de diez (10) solares, tomándose en consideración para el cómputo de los diez (10) solares la subdivisión de los predios originalmente formados, así como las subdivisiones del remanente del predio original. (Énfasis suplido.) 23 L.RR.A. sec. 71b(i).

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Los hechos

El Sr. Bruno Vázquez era dueño de dos (2) fincas ubicadas en el Barrio Carrizales de Hatillo de 63.1227 y 80.10 cuerdas, respectivamente. Al fallecer dejó testamento, () en el cual adju-dicó las fincas a sus once (11) hijos y a la viuda.

En su alegato, la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante A.R.PE.) nos hace el siguiente relato de lo acontecido con relación a estas dos (2) fincas.

Para el 1977-1978 la Sucesión de Don Bruno Vázquez some[tió] ante ARPE un proyecto para la lotificación de siete (7) lotes con cabidas de cinco (5) cuerdas o más, de una finca de 63.1227 cuerdas. La solicitud fue denegada por la Oficina Regional de ARPE en Arecibo, en adelante la Regional, toda vez que de la finca ya se habían segregado más de diez (10) solares mediante los casos 1-67-0061 LS, 1-68-0665 LS, 1-72-0669 LS y 1-72-0755 LS, correspon[dientes] a los años 1967, 1968 y 1972.
Posterior a la anterior solicitud, radica[ron] proyecto para la lotificación de trece (13) lotes para la finca de 80.10 cuerdas, el cual [fue] denegado por la Regional toda vez que de la finca original se habían segregado más de diez (10) lotes. Esta finca es la número 2688 en el Registro de la Propiedad.
La Sucesión compare[ció] una vez más a ARPE en 1978 alegando que el causante Don Bruno Vázquez había hecho su testamento a tenor con la disposición reglamentaria que permitía dispensar las fincas de cinco (5) cuerdas o más [para fines agrícolas], artículo 5 Reglamento de Planificación Número 3 (Lotificación). [Este Artí-culo se enmendó el 16 de octubre de 1974, para aumentar la cabida a veinticinco (25) cuerdas.] El Registrador había denegado su inscripción toda vez que la disposición de las cinco (5) cuerdas fue derogada.
En aquel momento la Sucesión levantó un plano a base del testamento y firmó y presentó la escritura al Registro, dos (2) meses después de la enmienda al Reglamento de Lotificación. () Alegato parte recurrida, págs. 2-3.

A.R.Pe. denegó las solicitudes. () La Sucesión acudió en alzada a la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (en adelante J.A.C.L.) y ésta refirió los casos a la Oficina de Asesoramiento Legal de AR.Pe. Luego de los estudios legales correspondientes, A.R.Pe. finalmente aprobó las segrega-ciones de las fincas y éstas, mediante decisión de 7 de julio de 1978, fueron dispensadas de cumplir con los reglamentos de planificación. A.R.PE. también indicó que los lotes así segregados podían “ser inscritos [en el Registro de la Propiedad] sin que [fuese] necesario el que se procesaran] como casos de lotificaciones simples”. Apéndice, Exhibit II, pág. 3. Fundó dicha determinación en que el testamento y el plano de subdivisión' de terrenos que acompañó al mismo fueron preparados antes de que se enmendara el Reglamento de Planificación Núm. 3 de 1944, conocido como el Reglamento de Lotificación, “que permitía la segregación de lotes de 5.00 cuerdas [para fines agrícolas] sin la intervención de la Junta de Planificación antes y la Administra-ción de Reglamentos y Permisos en la actualidad”. Id. Al así actuar, A.R.Pe. permitió la inscripción en el Registro de la Propiedad de veinte (20) segregaciones de las fincas originales.

De la finca de 80.10 cuerdas, que es la que suscita la controversia planteada ante nos, se segregaron once (11) lotes, () entre los cuales estaban los siguientes:

“A’ Herminio Vázquez 5.0019 cuerdas
“C” Luis Vázquez 5.0002 cuerdas
“D” Cándido Vázquez 5.0002 cuerdas

Así las cosas, en el 1980 el Sr. Luis Vázquez presentó ante A.R.Pe. un proyecto de lotificación para cuatro (4) lotes más el remanente, cinco (5), a ser segregados de la misma finca de cinco (5) cuerdas previamente eximida por A.R.PE. La solicitud fue denegada por A.R.Pe. toda vez que entendió que de la finca original se habían segregado en exceso de diez (10) lotes. No conforme con la decisión, el Sr. Luis Vázquez apeló a la J.A.C.L., que mediante el caso 80-028-AL autorizó la segregación aun cuando de la misma resolución surgía que de la propiedad se habían segregado más de diez (10) lotes. De esta decisión, lamentablemente, A.R.PE. no solicitó la oportuna revisión.

En 1981, el Sr. Cándido Vázquez sometió ante A.R.Pe. un proyecto de lotificación de su finca para formar cuatro (4) solares adicionales (Caso Núm. 81-05-C-842-APL); su hermano Herminio sometió un proyecto para la lotificación de dos (2) solares (Caso Núm. 81-05-C-448-APL), y Luis presentó un proyecto para lotificar seis (6) solares (Caso Núm. 81-115 AL en J.A.C.L.). A.R.Pe. no consideró las solicitudes como lotificaciones simples, pues determinó que ya se habían segregado en exceso de veinte (20) solares de la finca principal. ()

No conformes con la decisión, los interesados apelaron ante la J.A.C.L. Ésta denegó el remedio solicitado por entender que carecía de jurisdicción. Posteriormente. reconsideró y asumió jurisdicción. () A.R.Pe. solicitó reconsideración. Esta fue dene-gada el 20 de diciembre de 1984. Inconforme, A.R.Pe. recurrió en revisión ante el Tribunal Superior. Éste confirmó la decisión de la J.A.C.L. Por vía de reconsideración, y luego de la intervención de la Junta de Planificación (en adelante J.E),() el tribunal de instancia dejó sin efecto la sentencia y dictó otra en la que declaró que la J.A.C.L. carecía de jurisdicción en estos casos. Los hermanos Vázquez instaron recurso de revisión, planteando la comisión de dos (2) errores:

(1) Erró el Tribunal al aplicar erróneamente la definición de “lotificación simple” al presente caso y . resolver que la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones carece de juris-dicción para entender en el mismo.
(2) Erró el Tribunal sentenciador al negarse a aplicar la doctrina de “cosa juzgada” bajo los hechos de este caso. Solicitud de revisión, págs. 3-4.

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Interpretación estatutaria

Recientemente reiteramos que es principio cardinal de hermenéutica que “[a]l interpretar una disposición específica de una ley, los tribunales deben siempre considerar cuáles fueron los propósitos perseguidos por la Asamblea Legislativa al aprobarla y nuestra determinación debe atribuirle un sentido que asegure el resultado que originalmente se quiso obtener”. Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, 126 D.P.R. 759, 766 (1990). Véanse: Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. II, Cap. 36, págs. 267-270. Nuestra obligación fundamental en estos casos es imprimirle efectividad a la intención legislativa, propiciando de esta forma la realización del propósito que persique la ley. Díaz Marín v. Mun. de San Juan, 117 D.P.R. 334 (1986). Al interpretar y aplicar un estatuto, hay que hacerlo teniendo presente el propósito social que lo inspiró. Morales v. Adm. Sistemas de Retiro, 123 D.P.R. 589 (1989); Riley v. Rodríguez Pacheco, 124 D.P.R. 733 (1989). También hay que tomar en consideración “que la interpretación de la agencia encargada de la administración de un estatuto merece deferencia sustancial” y que esta interpreta-ción “no necesita ser la única razonable . . . ésta merecerá deferencia si es razonable y compatible con el propósito [legisla-tivo]”. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, 123 D.P.R. 407, 418 (1989). Véanse: Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153, 160-161 (1985).

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Lotificación simple

Tomando en consideración los principios de hermenéutica antes esbozados, pasemos ahora a examinar cuál fue la intención legislativa al adoptar el concepto de lotificación simple en las Leyes Núms. 75 y 76, supra, 23 L.P.R.A. secs. 62 et seq. y 71 et seq., respectivamente.

Comenzaremos por dejar claramente establecido que la lotificación simple es un tipo de lotificación donde se hacen menos requerimientos. El concepto más amplio de lotificación se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico mediante el Art. 2 de la Ley de Planificación, Urbanización y Zonificación de Puerto Rico, Ley Núm. 213 de 12 de mayo de 1942 (23 L.P.R.A. ant. see. 2). En ese entonces se definió como “la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes para la venta o para una nueva construcción, e incluye urbanización como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto Rico . . .”. 1942 Leyes de Puerto Rico 1109.

Según Puerto Rico fue desarrollándose de una sociedad eminentemente agrícola a una industrial, este Tribunal tuvo que enfrentarse a varios casos que suscitaron controversia en cuanto a la definición del concepto lotificación. Enriquez v. Registrador, 65 D.P.R. 407 (1945); Picó v. Corte, 66 D.P.R 159 (1946); Fortunet v. Junta de Planificación, 67 D.P.R. 265 (1947); Martínez v. Registrador, 73 D.P.R. 210 (1952). Todos, en cierta medida, provocaron la eventual enmienda a la Ley Núm. 213, supra, 23 L.P.R.A. ants. secs. 1-30, por la Ley Núm. 388 de 11 de mayo de 1950, Ley de Planificación y Presupuesto de Puerto Rico, que amplió el concepto:

“Lotificación” significa la división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno en dos o más partes para la venta, traspaso, cesión, arrendamiento, donación, usufructo, uso, censo, fideicomiso, o para cualquier otra transacción así como para un nuevo edificio e incluye también, urbanización como hasta ahora se ha usado en la legislación de Puerto Rico; y además una mera segregación. 1950 Leyes de Puerto Rico 907.

Finalmente, la Ley Núm. 75, supra, que derogó expresamente el Art. 2 de la antes citada Ley Núm. 213, amplió aún más dicha definición al añadir a la enumeración hecha en la Ley Núm. 388, supra, lo siguiente: “. . . [La] división de herencia o comunidad, ... la constitución de una comunidad de bienes sobre un solar, predio o parcela de terreno, donde se le asignen lotes específicos a los comuneros; así como para la construcción de uno o más edificios . . . .” 23 L.P.R.A. sec. 62b(k).

Es necesario hacer notar que ni en la Ley Núm. 388, supra, ni en su antecesora, la Ley Núm. 213, supra, se proporcionó una definición del concepto lotificación simple. Éstas sólo proveyeron una definición general del concepto lotificación. De otra parte, el Art. 10 de la Ley Núm. 213, supra, facultó a la J.E a adoptar reglamentos que rigieran la lotificación de terrenos en Puerto Rico. En dicho artículo se dispuso:

Al adoptar reglamentos y considerar subdivisiones de terrenos, la junta se guiará por la conveniencia de evitar subdivisiones de terrenos en áreas que no estén listas para tales desarrollos debido a la falta de instalaciones, a la distancia de otras áreas construidas, o a otras deficiencias sociales, económicas y físicas, análogas. A las personas que deseen subdividir sus terrenos, la junta les ayudará a planear la disposición y desenvolvimiento de sus subdivisiones. 1942 Leyes de Puerto Rico 1115.

Este artículo refleja la preocupación que existía en nuestros legisladores ya desde 1942 por que se velara por un desarrollo de terrenos de forma ordenada y adecuada para una mejor convi-vencia social.

Al amparo del Art. 10 de la Ley Núm. 213, supra, la J.E aprobó el Reglamento de Lotificaeión de 6 de junio de 1944 (Reglamento de Planificación Núm. 3). Éste aplicaba a toda lotificaeión de terreno tanto en la zona urbana como en la rural. Rivera v. Registrador, 64 D.P.R. 461 (1945); R. Fuertes, La lotificación rural y su procedimiento, X Rev. Gen. Der. Leg. Jur. 182 (1947). En dicho reglamento se dispusieron tres (3) clases de lotificaciones: (1) la división de fincas en la zona rural para fines agrícolas; (2) la urbanización propiamente dicha, y (3) la lotificaeión simple. Esta última se definió como: “aquella división de terreno para venta o construcción que no exija ‘la construcción de calles y otras obras de urbanización’, y para aprobar las cuales no es por lo tanto necesario se presente a la Junta un plano de construcción”. Picó v. Corte, supra, pág. 163. Una de las preocu-paciones de la J.E era la posible proliferación de las divisiones de terrenos en la zona rural y, aunque la definición no incluyó un requisito cuantitativo, la agencia había adoptado la práctica de “que el número de parcelas a formarse no sea mayor de dos. Si fuere mayor de dos debe consultarse a la Junta para cerciorarnos que no se trata de una urbanización en proceso de formarse”. (Énfasis suplido.) Fuertes, supra, pág. 184.

Sin embargo, no es hasta que se aprueba la Ley Núm. 116 de 29 de junio de 1964 que se incorpora estatutariamente una definición de lotificaeión simple y que se incluye, como requisito cuantitativo, un máximo de diez (10) lotes.

“Lotificaeión simple”, una segregación, división o subdivisión de un solar, predio o parcela de terreno, en el cual ya estén construidas todas la obras de urbanización, o que dichas obras resulten ser muy sencillas y que no exceda de diez (10) solares. 1964 Leyes de Puerto Rico 382.

De esta definición se desprende, al utilizar las palabras “división o subdivisión”, que si una finca matriz se dividía, subdividía o segregaba en diez (10) parcelas, no podía una de estas parcelas o el remanente, a su vez, subdividirse en diez (10) más y acogerse a los beneficios de la lotificación simple. De otra parte, si en la primera división de la finca no se completaban los diez (10) solares, entonces se permitía la subdivisión hasta completar los diez (10) lotes mediante el procedimiento de lotificación simple. ()

La discusión legislativa que precedió la aprobación de la Ley Núm. 116, supra, refleja esta intención:

Sr. Rivera Morales-. En el ejemplo que le expuse hace poco, en caso de una herencia de cuatro cuerdas o de diez cuerdas, ¿podría dividirse sin permiso de la Junta entre los diez herederos o los diez comuneros?
Sr. Ortiz Ortiz: Yo entiendo que en lo que se refiere a las lotificaciones simples, según ha sido enmendado, según la enmienda, la Junta no tiene que, o sea, no se aplican los mismos requisitos anteriores. Si esa finca que habla el Compañero tiene menos de diez solares, pues, realmente entiendo que no se aplicaría esa restricción porque está en una excepción expresa que tiene el Proyecto anteriormente. 18 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), Parte III, pág. 1375 (1964).

Ahora bien, el Art. 3 del Reglamento de Lotificación (Reglamento de Planificación Núm. 3, Junta de Planificación de Puerto Rico, 2da rev., 1958, pág. 4), según quedó aprobado en 1944, también exceptuaba expresamente de la aplicación de dicho reglamento “aquellas lotificaciones de fincas en la zona rural, para fines agrícolas, cuando el área, tanto del remanente como de cada una de las nuevas fincas resulte ser de cinco (5) cuerdas o mayor . . En 1974 se enmendó el Reglamento de Lotifieaeión para establecer “la disposición de que cualquier segregación de 25 cuerdas o menos debe tener la aprobación de la Junta. Esta medida [estaba] destinada a contrarrestar la creciente fragmen-tación de fincas agrícolas convirtiéndolas en parcelas inadecuadas para tales fines”. R. Alonso Alonso, La nueva Ley de Planificación de Puerto Rico, IX (Núms. 1-2) Plerus 9 (1975). La enmienda al Reglamento de Lotifieaeión que amplió la cabida de la finca obedeció al hecho de que hubo un sinnúmero de divisiones y subdivisiones de terrenos sin estar sujetas a la reglamentación sobre lotifieaeión. Esto trajo como consecuencia la creación de comunidades sin la debida planificación. En otras palabras, am-parándose en la exención que establecía el Reglamento de Lotifieaeión, se estaba burlando la intención del legislador de que se llevara a cabo una planificación ordenada del desarrollo de terrenos. Esto hacía que con el tiempo el Estado tuviese que soportar la carga económica de proveer la infraestructura nece-saria a esas comunidades no planificadas.

En 1975 se aprobaron las Leyes Núms. 75 y 76, supra, mediante cuyo esquema conceptual se concibió a la J.E como la agencia gubernamental con poderes para “guiar el desarrollo integral de Puerto Rico de modo coordinado, adecuado, económico, el cual, de acuerdo con las actuales y futuras necesidades sociales y los recursos humanos, ambientales, físicos y económicos, hubiere de fomentar en la mejor forma la salud, la seguridad, el orden, la convivencia, la prosperidad, la defensa, la cultura, la solidez económica y el bienestar general de los actuales y futuros habitantes, y aquella eficiencia, economía y bienestar social en el proceso de desarrollo, en la distribución de población, en el uso de las tierras y otros recursos naturales, y en las mejoras públicas que tiendan a crear condiciones favorables para que la sociedad pueda desarrollarse integralmente”. (Énfasis suplido.) Art. 4 de la Ley Núm. 75, supra, 23 L.P.R.A. sec. 62c.

De otra parte, A.R.Pe. tendría a su cargo la implantación de la política pública que sobre planificación estableciera la J.E Art. 31(a) de la Ley Núm. 76, supra, 23 L.ER.A. sec. 72c(a). La J.A.C.L., a su vez, se creó como organismo cuasijudicial con facultad limitada para entender, entre otros, “en aquellos casos en que una parte [fuese] directamente interesada o afectada por actuaciones, determinaciones o resoluciones de [A.R.PE.] en relación con . . . casos y planos de lotificación simple .... Esta facultad se limita a aquellas decisiones emitidas al amparo de los Reglamentos de Zonificación, para Lotificaciones Simples, Lotificación . . .”. (Énfasis suplido.) 23 L.ER.A. sec. 72c(a). Específicamente se dispuso que la J.A.C.L. no tendría facultad para “alterar en forma alguna un Plan de Uso de Terrenos hasta donde éste haya sido adoptado por la [J.E]; decisiones sobreda ubicación de proyectos, uso de terrenos, densidad, a nivel de consulta de ubicación, zonificación y rezonificaciones . ...”. (Én-fasis suplido.) Id.

Tomando en consideración las disposiciones antes mencionadas, tanto la J.E como A.R.Pe. arguyen que no puede convalidarse la interpretación adoptada por la J.A.C.L. y los recurrentes. Mediante esta interpretación pretenden los recurrentes que unas segregaciones exentas o dispensadas de pasar por el trámite administrativo, por ese sólo hecho, se convierta a cada uno de los lotes así segregados en fincas independientes, principales, matrices u originales, no susceptibles de computarse dentro de los diez (10) lotes que como máximo establece el concepto de lotificación simple. Esta interpretación insufla vida a la intención legislativa, haciendo viable el propósito social que la inspiró. Chase Manhattan Bank v. Mun. de San Juan, supra; Morales v. Adm. Sistemas Retiro, supra; Riley v. Rodriguez Pacheco, supra; Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra; Díaz Marin v. Mun. de San Juan, supra; AR.Pe. v. Ozores Férez, 116 D.P.R. 816 (1986). Además, proviene de las agencias administrativas' llamadas, la primera a establecer la política pública relacionada con el uso de terrenos de Fuerto Rico y, la segunda a implantarla, por lo cual nos merecen gran deferencia. De Jesús v. Depto. Servicios Sociales, supra; Asoc. Médica de P.R v. Cruz Azul, supra; Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, supra.

No se puede interpretar el concepto de lotificación simple como un concepto ajeno o separado del concepto lotificación, y menos aún puede hacerse una interpretación de la ley que propicie el emerger de un sinnúmero de fincas segregadas de otras mayores y pretender de esta forma convertirlas en fincas principales, permitiendo así subsiguientes segregaciones bajo el concepto de lotificación simple. Esto provocaría la indeseable desarticulación del sistema de planificación.

Resolvemos, pues, que para propósito del cómputo del máximo de diez (10) solares que permiten las Leyes Núms. 75 y 76, supra, para la utilización del concepto lotificación simple hay que tomar en cuenta cualquier segregación que se haya hecho por lo menos desde 1964, fecha en que entró en vigor la Ley Núm. 116, supra. Esta ley estableció el requisito cuantitativo de diez (10) solares, incluso las segregaciones exentas o dispensadas de pasar por el trámite administrativo.

IV

Efecto de la inscripción en el Registro de la Propiedad sobre la aplicación del concepto “lotificación simple”

Pasemos ahora a considerar qué efecto, si alguno, tiene sobre la controversia en este caso el hecho de que se inscribieran en el Registro de la Propiedad como fincas independientes los predios de terreno segregados de la finca de 80.10 cuerdas que hoy se pretende sean objeto de subsiguientes segregaciones al amparo de las disposiciones sobre lotificación simple.

En el caso de autos, de la finca de 80.10 cuerdas, a tenor con las disposiciones testamentarias, se segregaron once (11) lotes de cinco (5) cuerdas, los cuales fueron dispensados de cumplir con los requisitos relativos a lotificación simple. El entonces director de A.R.PE. entendió que con respecto a éstos, por estar los mismos en zona rural, el Reglamento de Lotificación (Reglamento de Planificación Núm. 3) vigente a la fecha de otorgarse el testa-mento le concedía la facultad para dispensarlos de los requisitos reglamentarios. () De estos once (11) lotes, a su vez, se segrega-ron nueve (9) adicionales. Los recurrentes arguyen que por haber sido inscritos los once (11) lotes como fincas independientes en el Registro de la Propiedad, de cada una se pueden ahora segregar diez (10) lotes adicionales, respectivamente, utilizando el meca-nismo de la lotificación simple. No les asiste la razón. Tal interpretación tendría el efecto de burlar todo el esquema vigente sobre la planificación de terrenos en Puerto Rico, propiciando la subdivisión indiscriminada de terrenos sin la debida supervisión gubernamental.

Ahora bien, aunque consideráramos que las segregaciones de los once (11) lotes fueron válidamente hechas a tenor con la exención que para zonas agrícolas concede el Reglamento de Lotificación (Reglamento de Planificación Núm. 3), esta es una exención a los únicos fines de no tener que cumplir con los demás requisitos reglamentarios, de manera que pueda inscribirse la propiedad en el Registro de la Propiedad. La ley no distingue entre lotificaciones exentas o no exentas en lo que respecta a la aplicación de las limitaciones cuantitativas de las lotificaciones simples.

En una sociedad como la nuestra, donde el recurso de terrenos es cada día más limitado, la planificación del uso de los mismos adquiere gran relevancia. A través de ésta debe velarse por el desarrollo social, económico, físico y ambiental del país. Su uso tiene necesariamente que facilitar unos cambios sociales rápidos, pero siempre teniendo en cuenta que estos beneficios causen las,menos perturbaciones sociales e individuales posibles. Alonso Alonso, supra, pág. 20.

No podemos, por lo tanto, tomar como criterio determinante para la interpretación de lo que constituye “predios originalmente formados” —con el propósito de aplicar el concepto de lotificación simple— el hecho de que las fincas de las cuales se pretende segregar los solares se inscribieron en el Registro de la Propiedad. El concepto finca registral es distinto al de finca material.

Miguel Angel del Arco Torres nos señala:

Finca en sentido material es, como dice Doral (.Principios regístrales, Granada, 1982, p. 35), la superficie o espacio delimitado que forma una unidad en el tráfico.
La legislación hipotecaria parece dar por supuesto el concepto material de finca y se limita, por ende, exclusivamente a concretar lo que es susceptible de abrir folio registral.
Es finca, en el sentido registral, todo lo que abre folio especial; la finca registral se determina por tanto, por la inmatriculación. Diccionario de Derecho Civil, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, T. I, pág. 638.

Después de todo, la inscripción de los inmuebles es voluntaria y no obligatoria y no siempre coincide la realidad registral con la realidad extrarregistral. De otra parte, la fe pública registral no se extiende a la existencia ni a las cualidades de la finca, como tampoco asegura su cabida. Así mismo “no hay un medio automático de que se incorporen las modificaciones que sufre la finca en el Registro, pues en nuestro sistema las variaciones se hacen constar a instancias de partes interesadas”. A. García Martínez, Algunos aspectos de la lotificación y zonificación en Puerto Rico, 23 Rev. Jur. U.P.R. 337, 349 (1954).

En el caso de autos se efectuó una segregación o lotificación; Ello conllevó la reducción en cabida de la finca principal, puesto que “[l]a segregación no es más que la separación de una parte de una finca de su matriz para constituir una finca distinta”. () (Énfasis suplido.) Mattei n Registrador, 94 D.P.R. 467, 471 (1967). Véanse, además: Colón Gutiérrez v. Registrador, 114 D.P.R. 850 (1983); Banco Comercial v. Registrador, 118 D.P.R. 773 (1987).

La inscripción en el Registro de la Fropiedad de los once (11) lotes no tuvo el efecto de convertir los lotes segregados de la finca de 80.10 cuerdas en “predios originalmente formados” para propósitos de la aplicación de las disposiciones sobre lotificaciones simples.

V

Privación del disfrute de la propiedad

Rasemos ahora a considerar el planteamiento de los recurren-tes de que, de no permitirse que se consideren las nuevas segregaciones propuestas como lotificaciones simples, esto cons-tituiría una privación al disfrute de su propiedad garantizado por nuestra Constitución. Ciertamente no les asiste la razón.

El derecho de propiedad no es absoluto. Éste ha ido cediendo ante situaciones donde debe prevalecer el bienestar común y el interés público. Con respecto a la planificación de terrenos, específicamente en The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23, 34-35 (1978), sostuvimos que:

Fue mucho más tarde, en el siglo anterior y en el nuestro, que sobrevinieron los tiempos del laissez faire, cuya herencia no se ha disipado enteramente, y en que se concibió la propiedad como un haz de derechos inmutables, prácticamente inmunes al poder del Estado. Desde hace varias décadas esta visión absolutista y petri-ficada de la propiedad ha venido cediendo. Reich, The New Property, 73 Yale L.J. 733 (1964). Hoy podemos- decir que la propiedad en las sociedades democráticas tradicionales entraña determinados derechos, pero que estos viven en competencia continua con otros intereses, privados y públicos, de importancia cambiante y en ocasiones creciente. La extensión de esos derechos y el grado a que tienen que ceder ante otros valores dependen de las circunstancias de cada controversia.
. . . [RJesulta claro en nuestra jurisdicción que el derecho de propiedad no abarca el derecho de urbanizar un predio sin autori-zación gubernamental, la cual puede condicionarse. . . . Esta doc-trina altera la visión tradicional vigente hasta hace relativamente corto tiempo en muchas jurisdicciones sobre la facultad casi inviolable de desarrollar terrenos. (Escolio omitido.)

En el caso de autos, el tribunal aplicó las normas que rigen el uso de terrenos en Puerto Rico. Al así hacerlo, no privó a los recurrentes de su derecho constitucional al disfrute de su propie-dad.

VI

Jurisdicción de la Junta de Planificación

Pasemos ahora a considerar qué organismo administrativo tiene jurisdicción sobre la revisión de la determinación adminis-trativa de A.R.Pe.

Una vez establecido que el caso que nos ocupa no es de lotificación simple, hay que concluir, necesariamente, que la J.A.C.L. no tiene jurisdicción sobre el mismo. La Ley Núm. 76, supra, dispone en su Art. 31 (23 L.P.R.A. sec. 72c(a)), lo siguiente:

La Junta de Apelaciones tendrá facultad para entender exclusi-vamente en aquellos casos en que una parte directamente intere-sada o afectada por actuaciones, determinaciones o resoluciones de la Administración de Reglamentos y Permisos en relación con: permisos de construcción y de uso de edificios, permiso de uso de solares, para áreas de estacionamiento; casos y planos de lotificación simple; planos de lotificación; casos donde se solicite la dispensa del cumplimiento de requisitos de un Reglamento de Planificación mediante una concesión o autorización directa. Esta facultad se limita a aquellas decisiones emitidas al amparo de los Reglamentos de Zonificación, para Lotificaciones Simples, Lotificación y Edificación de Facilidades Vecinales, Reglamentos sobre Control de Edificaciones y Desarrollo de Terrenos en Zonas Susceptibles a Inundaciones y de reglamentos de emergencia que cubran asuntos incluidos en el ámbito de revisión de la Junta de Apelaciones pero no incluye lo siguiente: decisiones que tengan el efecto de alterar en forma alguna un Plan de Usos de Terrenos hasta donde éste haya sido adoptado por la Junta de Planificación; decisiones sobre la ubicación de proyectos, uso de terrenos, densi-dad, a nivel de consulta de ubicación, zonificaciones y rezoni-ficaciones; Disponiéndose, que en el ejercicio de su facultad apelativa, la Junta de Apelaciones velará por que la misma no se utilice con el propósito o resultado de obviar las disposiciones reglamentarias vigentes. (Enfasis suplido.)

De más está decir que cuando la letra de la ley es clara, la misma no está sujeta a interpretaciones. Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 14; Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964): Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990).

El caso de autos, no siendo un caso de lotificación simple, tiene que dilucidarse ante la J.E Esta es la agencia a la que se le confirió el deber y la facultad de planificar el desarrollo de Fuerto Rico. La J.A.C.L. no tiene jurisdicción sobre el mismo.

VII

Jurisdicción y la doctrina de “cosa juzgada”

Por último, pasemos a considerar el planteamiento de que el foro de instancia erró al no aplicar la doctrina de cosa juzgada. Esta doctrina se utiliza con el propósito de poner fin a los litigios al no permitir que se someta en más de una ocasión a un ciudadano a las molestias que supone relitigar la misma causa. Pérez v. Bauza, 83 D.P.R. 220, 225 (1961).

Los recurrentes alegan que con posterioridad a sus fincas haber adquirido “estatura de [fincas] independiente mediante la decisión de ARPE de 7 de julio de 1978 . . . ARPE denegó una solicitud de segregación del recurrente Luis E. Vázquez basán-dose en que ya se habían segregado de la finca original más de 10 solares y la solicitud no cualificaba como segregación simple . . .[E]ste planteamiento fue rechazado por la [J.A.C.L.] en el caso número 80-028-AL y ARPE no solicitó revisión judicial de dicha decisión”. Solicitud de revisión, pág. 10. Como resultado de esto, se le concedió permiso para segregar cuatro (4) lotes del terreno heredado.

Continúan arguyendo que, al ser uno de los recurrentes Luis E. Vázquez y por estar “envueltas unas segregaciones de la misma finca o predio que les correspondió por herencia” (id., pág. 11), y al tratarse del mismo planteamiento de falta de jurisdicción de la J.A.C.L. por no ser una lotificación simple, aplicaba la defensa de cosa juzgada. () No les asiste la razón.

Para que aplique la doctrina de cosa juzgada “es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron”. Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343.

Para que prospere la defensa de cosa juzgada es necesario, además, que la sentencia dictada en el primer pleito haya sido dictada por un tribunal o agencia administrativa con jurisdicción. Una sentencia dictada sin jurisdicción “nada significa en cuanto a los hechos que se pretendieron litigar y en consecuencia no opera como cosa juzgada (res judicata)”. Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 870 (1953).

En el presente caso se está precisamente ante un plantea-miento de falta de jurisdicción de la J.A.C.L. sobre la materia, por no constituir las propuestas segregaciones una lotificación simple. Se está alegando, pues, que la J.A.C.L. carece de autoridad y poder para atender este asunto.

La falta de este tipo de jurisdicción conlleva las siguientes consecuencias inexorablemente fatales: (1) esta falta de jurisdicción no es susceptible de ser subsanada; (2) las partes no pueden voluntariamente otorgarle jurisdicción sobre la materia a un tribunal ni el tribunal puede abrogársela; (3) los dictámenes de un foro sin jurisdicción sobre la materia son nulos (nulidad absoluta), Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712, 716 y 726 (1953); (4) los tribunales tienen el ineludible deber de auscultar su propia jurisdicción; (5) los tribunales apelativos, además, deberán examinar la jurisdicción del foro de donde procede el recurso, y (6) el planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia puede hacerse en cualquier etapa del procedimiento por cualquiera de las partes o por el tribunal motu proprio, López Rivera v. Autoridad Fuentes Fluviales, 89 D.P.R. 414, 419 (1963).

Ante un planteamiento de falta de jurisdicción sobre la materia no puede prosperar la defensa de cosa juzgada.

VII

Conclusión

De los hechos en el caso de autos. surge, con meridiana claridad, que en las dos (2) fincas de 63.1227 y 80.10 cuerdas, respectivamente, de las cuales se segregaron los lotes objetos de esta revisión, desde el 1964 ya se han hecho en exceso de las diez (10) segregaciones que como máximo se permite para que se pueda utilizar el procedimiento de lotificación simple. Al no estar ante un caso de lotificación simple, la J.A.C.L. no tiene jurisdic-ción sobre el asunto.

For lo tanto, procede que se dicte sentencia que confirme la emitida por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 21 de abril de 1986, mediante la cual se revocó la resolución de la J.A.C.L. que asumía jurisdicción en el caso de autos.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) El testamento se formalizó el 10 de enero de 1964.

      (2) Esta partición testamentaria se hizo tomando en cuenta que a esa fecha la reglamentación permitía las segregaciones de fincas con cabida de cinco (5) cuerdas o más, para fines agrícolas, sin que tuvieran que pasar por el trámite administrativo ante la Junta de Planificación.
      La Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) apoyó su acción en los Arts. 3 y 5 del Reglamento de Lotificación (Reglamento de Planificación Núm. 3, Junta de Planificación de Puerto Rico, 2da rev., 1958, pág. 4-5) que disponían:
      “ARTÍCULO 3.— . . . Quedan exentas de las disposiciones de este Reglamento aquellas lotificaciones de fincas en la zona rural, para fines agrícolas, cuando el área, tanto del remanente como de cada una de las nuevas fincas resulte ser de cinco (5) cuerdas o mayor; Disponiéndose, que no quedan inclu[i]das en esta disposición de exención aquellas lotificaciones situadas en áreas en que la Junta determine que las posibilidades de extensión urbana así lo exigen.
      ‘ARTÍCULO 5.— . . . Cuando de la Declaración de Intención de Lotificar se desprenda que se trata de la lotificación de una finca en la zona rural, para fines agrícolas, en que el remanente, o cualquiera de las nuevas fincas, resulte con área menor de cinco (5) cuerdas, la Junta podrá expresamente dispensar tal lotificación de cumplir con las disposiciones del presente Reglamento.
      “El Registrador de la Propiedad, antes de aceptar estas lotificaciones para registrar-las, requerirá de la parte interesada la certificación expedida al efecto por la Junta.” (Enfasis en el original.)

      (3) A.R.Pe. entendió que de ambas fincas, la de 63.1227 y la de 80.10 cuerdas, se habían segregado más de diez (10) lotes de la finca principal; que la finca principal radicaba en una zona de alta productividad agrícola; “[q]ue el desarrollo propuesto [podía] crear en el futuro un núcleo de solares desorganizados y desarticulados carente del orden y formación de solares reglamentarios”, y “[q]ue no se presentó información real de lo existente sobre terreno, según [fue] constatado por el informe de campo y estudio del caso”. Apéndice, Exhibit II, pág. 2. Con relación al segundo proyecto en la finca de 80.10 cuerdas, ofreció una razón adicional para denegar el permiso: “[q]ue los accesos propuestos para este proyecto constituyen accesos inadecuados y de formas físicas inapropiadas. Se proponen accesos de 4.00 metros de ancho”. íd.

      (4) En realidad se aprobaron catorce (14) lotes en total, porque A.R.Pe. dio su aprobación a dos (2) lotes de menos de cinco (5) cuerdas más el remanente.

      (5) A.R.Pe. había aprobado anteriormente varias segregaciones de esta finca de 80.10 cuerdas: un (1) lote, el 24 de junio de 1977,,en el Caso Núm. 77-05-D 484 APL; cuatro (4) predios o lotes, el 30 de julio de 1979, en el Caso Núm. 76-05-C 687 APL y, en el caso específico de Luis A. Vázquez, la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (en adelante J.A.C.L.) autorizó mediante Resolución de 29 de mayo de 1980, en los Casos 80-028-AL y 80-042-AL, la formación de cuatro (4) lotes, con lo cual revocó a la Regional de A.R.Pe. que se había declarado sin jurisdicción por haberse segregado más de diez (10) lotes de la finca principal o predio original.

      (6) En esta etapa fueron consolidados los tres (3) casos de los hermanos Vázquez para propósitos de la decisión administrativa.

      (7) La Junta de Planificación (en adelante J.E) compareció a petición del propio tribunal. Argumentó en su alegato que de la finca principal de 80.10 cuerdas se habían formado veintitrés (23) lotes, los que sumados a los doce (12) ahora propuestos daban un gran total de por lo menos treinta y cinco (35) lotes.
      Sostuvo que ni A.R.PE. ni la J.A.C.L. tienen jurisdicción. Argüyó que aun cuando se consideraran aisladamente los lotes propuestos que motivaron esta acción —doce (12) solares, que junto al remanente suman trece (13)— en una lotificación simple sólo pueden formarse diez (10) lotes como máximo.
      Indicó, además, que la J.A.C.L. interpretó equivocadamente lo que constituye finca original o finca principal y que, para efecto de computar los solares o parcelas que componen una lotificación simple, se empieza a contar desde el 4 de septiembre de 1944, fecha en que entró en vigor el Reglamento de Lotificación. Por ello, toda finca segregada o lotificada con posterioridad a esa fecha no constituía una finca principal o predio original, y cuenta entonces para el cómputo de los diez (10) solares.
      Expresó su preocupación a los efectos de que en este caso, mediante la utilización de subterfugios, lo que se ha pretendido es urbanizar esa finca y la J.A.C.L. no tiene facultad para entender en primera instancia ni a nivel apelativo en casos de urbanización. Tampoco puede autorizar ni dispensar más de diez (10) lotes en casos de lotificación simple.

      (8) Alegan los recurrentes que cuando a los miembros de la Sucesión Vázquez González se les adjudicaron sus respectivos predios, estos fueron divididos o segregados de dos (2) fincas de mayor cabida, de 63.1227 y 80.10 cuerdas respectivamente, y que esas primeras divisiones no pueden ser consideradas para el cómputo de los diez (10) solares, por no tratarse de una “subdivisión” como lo dispone la ley, sino de divisiones de las fincas originales.
      Fundan su análisis en una interpretación de las palabras “remanente” y “predios originalmente formados” contenidas en la definición de lotificación simple. Argumentan que ambas palabras sugieren que primeramente hubo una finca la cual se dividió formando unas fincas individuales que consideran son los predios originalmente formados y un remanente. De manera que es a las divisiones posteriores o subdivisiones de estos predios y del remanente a los cuales les aplica la definición de lotificación simple. Según los recurrentes, sostener lo contrario convertiría toda solicitud de segregación en una petición a ser considerada por la J.E bajo las disposiciones reglamentarias referentes a urbaniza-ciones. Arguyen', además, que ello podría constituir una privación al disfrute de la propiedad garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alegan también que, erróneamente, tanto A.R.Pe. como la J.P y el tribunal de instancia consideraron como sinónimos las palabras “división” y “subdivisión”.

      (9) A.R.Pe. utilizó la exención provista en los Arts. 3 y 5 del Reglamento de Lotificación, supra, aplicable a la zona rural en casos de segregaciones para fines agrícolas.

      (10) La Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, Ley Núm. 198 de 8 de agosto de 1979, según enmendada, en su Art. 85 (30 L.P.R.A. sec. 2306) utiliza los términos “finca original” y “finca matriz” al señalar lo siguiente:

        “Cuando una finca inscrita se divida en dos o más fincas, cada una se inscribirá con un número diferente, anotándose en la finca original la división operada.
      “Cuando se segregue parte de una finca inscrita para formar una nueva, se inscribirá la porción segregada con número diferente, expresándose esta circunstancia en la finca matriz.”
      Las segregaciones no dispensadas por A.R.Pe., una vez obtienen la aprobación de la agencia, entran al Registro de la Propiedad.

      (n) Cabe señalar que el hecho de que una segregación previa haya constituido una lotificación simple, no necesariamente implica que otra posterior cualifique como tal.
      Además “un error de un organismo administrativo no obliga a éste, ni impide su corrección. No se puede pretender, pues, que una actuación administrativa de dudosa corrección impida a la agencia pertinente que se corrija optando por evitar su repetición”. Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348, 355-356 (1978).


source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Consejo de Titulares del Condominio Parkside, etc., demandantes y recurridos, v. M.G.I.C. Financial Corporation, Villa Edamorga Inc. and Co., etc., demandadas y recurrente la primera; Consejo de Titulares del Condominio Parkside, etc., demandantes y recurridos, v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones de Puerto Rico, Claudio Ugarte, su esposa Margarita Domenech y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos constituida, demandados y peticionarios los últimos tres; Consejo de Titulares del Condominio Parkside, etc., demandantes y recurridos, v. Villa Edamorga Inc. and Co. y otros, Claudio Ugarte, su esposa Margarita Domenech y la Sociedad Legal de Gananciales por ellos constituida, demandados y recurrentes los últimos tres.

      Números: RE-86-330
    CE-86-431
    CE-86-322

      Resueltos: 13 de junio de 1991

      Jorge A. Miranda, abogado de MGIC Financial Corporation; Richard W. Warkus, abogado del Consejo de Titulares del Condominio Parkside; Ramón Rivera Iturbe, abogado de Claudio Ugarte, Margarita Domenech y la Sociedad Legal de Gananciales; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Carmen A. Bravo de Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados del Estado Libre Asociado.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El 4 de agosto de 1986, mediante resolución al efecto, este Tribunal consolidó tres recursos, dos de revisión y uno de certiorari, en vista de que todos estaban íntimamente relaciona-dos en cuanto a la controversia principal. ()

Se recurrió ante este Tribunal de una sentencia sumaria mediante la cual el tribunal de instancia determinó que ciertas áreas, sitas en la primera planta del Condominio Parkside, eran de índole comunal, no privadas.

En oposición a la sentencia dictada comparecen ante nos los codemandados M.G.I.C. Financial Corporation (M.G.I.C.), Claudio Ugarte y su esposa Margarita Domenech y la sociedad legal de gananciales por ellos constituida. () Levantaron varios errores. Los principales señalamientos giran en torno al hecho de que el tribunal de instancia decidió la controversia mediante sentencia sumaria. Favoreció de esa forma a la parte que se opuso, y levantó como fundamento que existía una controversia de hechos. Señalan, además, que erró el tribunal al dejar sin efecto la determinación de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones (la Junta de Apelaciones). La Junta de Apelaciones había confirmado la determinación de la Administración de Re-glamentos y Permisos (A.R.Pe.) en la que autorizó, conforme a una solicitud del Sr. Edmundo De Jesús, un permiso de uso para operar oficinas profesionales en los locales que se encuentran en la primera planta del Condominio Parkside. Adujeron, además, que erró el tribunal al no concluir que los demandados Ugarte-Domenech son terceros regístrales. Apoyan su posición en el hecho de haber adquirido de forma involuntaria, mediante su-basta pública, de buena fe, y de haber inscrito su título en el Registro de la Propiedad o, en la alternativa, haber adquirido mediante prescripción adquisitiva.

I — H

Los hechos que dan lugar a la presentación de los recursos ante nuestra consideración tienen su génesis en la inscripción en el Registro de la Propiedad de un inmueble bajo el régimen de propiedad horizontal. Específicamente, el punto neurálgico del asunto surge porque existe una incongruencia entre la escritura matriz y los planos del edificio con relación a la descripción de ciertas áreas de la primera planta.

Conforme con la Ley de Propiedad Horizontal vigente al momento de otorgarse la escritura del edificio en cuestión, se presentó para inscripción ante el Registro de la Propiedad la escritura matriz del edificio y los planos correspondientes. () De acuerdo con las alegaciones del Consejo de Titulares del Condo-minio Parkside (Consejo de Titulares), las áreas en disputa fueron señaladas como facilidades recreativas durante el período de venta de los apartamentos. Sin embargo, en la escritura matriz éstas se identificaron como áreas de servicios vecinales (community services areas), mientras que en el plano correspon-diente se identificaron como áreas recreativas (recreational areas). El Registrador de la Propiedad, por su parte, individualizó e inscribió las referidas áreas como fincas independientes.

En el 1972, con antelación al otorgamiento e inscripción en el Registro de la Propiedad de los susodichos documentos, se comenzaron, por parte del dueño de la obra, una serie de gestiones y transacciones ante la Junta de Planificación del Gobierno del Estado Libre Asociado (Junta de Planificación) para que se aprobara la ubicación de servicios vecinales y usos accesorios en las áreas en controversia.

Las gestiones mencionadas fueron hechas por el Sr. Edmundo De Jesús, dueño y vendedor del Condominio Parkside, a nombre propio y/o a nombre de las corporaciones demandadas Villa Edamorga Inc. and Co. y Paradise Gardens, Inc. Así las cosas, éste consiguió que previo a la inscripción de la escritura matriz para someter el edificio bajo el régimen de propiedad horizontal, la Junta de Planificación emitiera una resolución en la cual se aprobó un uso distinto al que se autorizó originalmente. Mediante la cuarta extensión al informe Núm. 66-L-001-F, el 22 de febrero de 1972 la Junta de Planificación aprobó la ubicación de servicios vecinales en la primera planta del edificio. La aprobación se hizo conforme a la propuesta de Villa Edamorga Inc. and Co. de utilizar las áreas para oficinas de médicos.

■ Luego de la autorización inicial, Villa Edamorga Inc. and Co. promovió otras solicitudes que fueron denegadas por la Junta de Planificación. Una de. ellas en particular, luego de los trámites administrativos de rigor, culminó en una revisión judicial en el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Villa Edamorga, Inc v. Junta de Apelaciones, 75-4435). En este caso, el hoy recurrido Consejo de Titulares compareció, primero en el foro administra-tivo y luego en el tribunal, como parte interventora. Su posición consistió en oponerse a una solicitud de permiso de uso por parte de Villa Edamorga Inc. and Co. para utilizar las áreas en controversia para una oficina de bienes raíces y, otra para una compañía de representantes de detergentes. En su comparecen-cia el Consejo de Titulares, aunque expresó su oposición a los usos pretendidos por el Sr. Edmundo De Jesús, hizo constar su apoyo en favor del uso de tales oficinas para servicios médicos. () El tribunal de instancia en este caso confirmó la resolución de la Junta de Apelaciones, la cual denegó el permiso de uso solicitado por Villa Edamorga Inc. and Co.

En 1976, luego de la referida sentencia, construcción, venta y ocupación del edificio, el Sr. Edmundo De Jesús presentó una consulta ante A.R.Pe. para que se le indicaran los usos que, de acuerdo con la reglamentación aplicable, se le podía dar a los locales objeto de este caso. Ese mismo año, A.R.Pe. concluyó que al amparo de la Ley Núm. 76 del 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 71 et seq.) los locales podían utilizarse para colmado, farmacia, oficinas de médicos, cafetería, ferretería, lavandería y panadería. Aclaró, sin embargo, que cada uno de estos usos debía ser objeto de solicitud por separado a ser evaluada en sus méritos previo al otorgamiento de cualquier permiso de uso.

Conforme a lo anterior, en 1981 el señor De Jesús sometió ante AR.Pe'. una solicitud de permiso de uso para operar oficinas profesionales en la primera planta. El Consejo de Titulares se opuso y levantó por primera vez el argumento sobre la titularidad de las áreas. A.R.Pe., sin embargo, autorizó el uso mediante Resolución de 28 de marzo de 1983. Erente a tal determinación, el Consejo de Titulares recurrió ante la Junta de Apelaciones de dicho organismo para oponerse a la concesión del uso comercial. Solicitaron, además, que se paralizaran los procedimientos admi-nistrativos hasta tanto se dilucidara en los tribunales la titulari-dad de las áreas en controversia.

A los fines de establecer su derecho, el Consejo de Titulares presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una acción civil de reivindicación de propiedad. ()

Aunque la Junta de Apelaciones detuvo inicialmente sus procedimientos, posteriormente los reanudó y confirmó el per-miso de uso comercial de las áreas concedido por A.R.Pe. El Consejo de Titulares recurrió de esta decisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan.() Luego de una serie de trámites procesales, la solicitud de revisión se trasladó a la Sala de Bayamón en vista de que allí se encontraba pendiente la acción sobre la reivindicación de dicha propiedad entre las mismas partes y, en esencia, versaba sobre la misma controversia.

Por su parte, el Sr. Edmundo De Jesús, luego de obtener la correspondiente autorización de uso comercial, otorgó a través de la corporación Paradise Gardens, Inc. unas hipotecas sobre las áreas en controversia a favor de Claudio Ugarte, Margarita Domenech y la sociedad legal de gananciales constituida por ambos. Los créditos hipotecarios se constituyeron mediante es-crituras con fecha de 21 de marzo de 1980.

El Sr. Edmundo De Jesús no cumplió con su obligación crediticia, por lo que el 8 de diciembre de 1981 los esposos Ugarte-Domenech y su sociedad legal de gananciales presentaron ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una acción de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria para recobrar la cantidad de $154,403, más intereses, costas y honorarios.

El 10 de agosto de 1982 el tribunal dictó sentencia a favor de los aquí recurrentes esposos Ugarte-Domenech. El 25 de octubre de 1982, una vez la sentencia advino final y firme, se expidió el Mandamiento de Ejecución. Convocada la subasta, los recurren-tes obtuvieron la buena pro por la cantidad de $112,000 en la segunda subasta celebrada. El 15 de diciembre de 1982, el alguacil del tribunal otorgó la escritura de venta judicial a favor de los esposos y su sociedad, quienes inscribieron su título en el Registro de la Propiedad. ()

En toda la documentación del tribunal hasta la escritura de venta judicial se identificaron las áreas adquiridas por los recu-rrentes como áreas comerciales y fincas individuales.

Así las cosas, como antes señalamos, el 20 de febrero de 1984 el Consejo de Titulares presentó la demanda sobre acción reivindicatoría. Los recurrentes Ugarte-Domenech y su sociedad legal de gananciales contestaron y adujeron como defensa afir-mativa que eran terceros regístrales. Luego de una serie de trámites procesales, presentaron moción de sentencia sumaria y/o desestimación acompañada de los documentos pertinentes en su apoyo. La codemandada M.G.I.C. y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por el Procurador General, presenta-ron de igual manera petición de desestimación y de sentencia sumaria. ()

El argumento principal adoptado por los demandados en su moción fue a los efectos de que son dueños en pleno dominio, su título consta inscrito y, por ende, son terceros regístrales. Agre-garon que los demandantes, mediante sus propios actos, habían reconocido la naturaleza comercial de las áreas en controversia. Los demandantes, en oposición a la solicitud, adujeron que existía una controversia real sustancial sobre los hechos materiales esenciales alegados por los peticionarios en su solicitud de sen-tencia sumaria.

El 22 de mayo de 1986 el tribunal dictó sentencia sumaria. Determinó que las áreas en disputa pertenecían en común pro-indiviso al Consejo de Titulares y ordenó a A.R.Pe. abstenerse de autorizar permiso de uso comercial para los dos locales ubicados en la primera planta del Condominio Parkside. Además, ordenó “la anulación de todas las inscripciones regístrales posteriores a la inscripción del régimen de propiedad horizontal en relación a las áreas en controversia y que [se] armonice la discrepancia entre la escritura matriz y el plano de inscripción para que dichas áreas permanezcan como áreas de recreación comunales del Condomi-nio Farkside”. Apéndice, Anejo I, pág. 15. Fundamentó la decisión sobre titularidad en lo resuelto en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225 (1978).

No conformes, los demandados recurrieron ante este Tribunal.

HH

La Regla 36.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, ofrece un valioso instrumento procesal para que en situaciones apropiadas se dicte sentencia sin necesidad de una vista en su fondo. Su propósito es aligerar la tramitación de un caso cuando de los documentos que se acompañaron a la solicitud surge que no existe disputa de algún hecho esencial material, sino que lo que resta es aplicar el derecho. Nassar Rizek v. Hernández, 123 D.P.R. 360 (1989); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714 (1986). Dicho de otro modo, “[s]i los hechos no están en controversia y el pleito sólo presenta una cuestión de derecho, está en orden disponer del asunto mediante sentencia sumaria”. Tello, Rivera v. Eastern Airlines, 119 D.P.R. 83, 86 (1987). Véase, también, McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989). El celebrar una vista en su fondo no se justificaría. No obstante, “[e]l sabio discernimiento es el principio rector para su uso porque, mal utilizada, puede prestarse para despojar a un litigante de ‘su día en corte’, principio elemental del debido procedimiento de ley. Es por esta razón que el tribunal debe cerciorarse de la total inexistencia de controversias de hecho y que el residuo sea la aplicación del derecho”. (Énfasis suprimido.) Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 617-618 (1990).

Como regia general, para derrotar una solicitud de sentencia sumaria la parte opositora debe presentar contradeclaraciones juradas y contradocumentos que pongan en controversia los hechos presentados por el promovente. Si se cruza de brazos corre el riesgo de que le dicten sentencia en su contra sin la celebración de un juicio en su fondo. Sin embargo, el solo hecho de no haberse opuesto con evidencia que controvierta la presentada por el promovente no implica que necesariamente proceda la sentencia sumaria o que el promovente tenga derecho a que se dicte a su favor.” (Enfasis suplido.) Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, supra, pág. 721. Quiere esto decir que los tribunales de primera instancia en cada proceso concederán “el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no haya solicitado tal remedio en sus alegaciones . . .”. Regla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P R.A. Ap. III. Ante estos principios, hemos dicho que:

No cabe duda que un tribunal puede dictar sentencia sumaria en favor de la parte no promovente si de los autos y los documentos presentados en apoyo y oposición de dicha moción surge que no existe controversia en cuanto a los hechos esenciales y que, como cuestión de derecho, procede que se dicte la misma en favor de dicha parte. ... La sentencia sumaria es un remedio extraordinario que sólo debe concederse cuando el derecho del oponente surge con claridad y cuando el promovente ha tenido una oportunidad ade-cuada de demostrar que el oponente no tiene derecho a que se dicte sentencia en su favor como cuestión de derecho. M.J.C.A., menor v. J.L.E.M., menor, 124 D.P.R. 910, 930 (1989).

Conforme a lo anterior, el tribunal de instancia no estaba indefectiblemente obligado a decidir en favor de la parte promovente. El hecho de que una parte presente una moción de sentencia sumaria no es garantía de que, una vez se determine que ésta procede, necesariamente haya que resolverla en favor de quien la presentó!

I — I P — (

Establecido lo anterior, con el propósito de determinar enton-ces la corrección de la sentencia recurrida, procedemos, pues, a examinar cuidadosamente los documentos que obran en los expedientes del caso ante nuestra consideración donde encontra-mos otros datos pertinentes y que a continuación transcribimos. De éstos surge que en 1965 la Junta de Planificación aprobó el Caso 65-2908 Lot. sobre edificio multifamiliar de 74 unidades. Posteriormente, el 22 de febrero de 1972, aprobó también me-diante el informe 66-L-001-F la ubicación de servicios vecinales en la primera planta del edificio. El 11 de abril de 1972 se solicitó a la Junta de Planificación el permiso de uso del edificio. Dicho permiso fue expedido en algún momento después de esa fecha durante 1972. () La descripción del edificio y sus facilidades que consta en el referido documento no menciona el cambio de uso que mediante el informe 66-L-001-F se concedió con relación a las áreas de la primera planta.

El 13 de junio de 1972 se otorgó escritura matriz mediante la cual se sometió el inmueble al régimen de propiedad horizontal. El 21 de septiembre de 1972 se presentó en el Registro de la Propiedad y el 20 de diciembre de 1972 fue inscrito. El 12 de enero de 1973 el Sr. Edmundo De Jesús presentó ante el Negociado de Permisos una solicitud de permiso de construcción “consistente en divisiones en muro de bloques, pisos de asbestos vinyl y plafón acústico”, () con relación al área para la cual, el 22 de febrero de 1972, había obtenido permiso para la ubicación de los servicios vecinales. El 6 de junio de 1973, mediante el informe Núm. 73-D-002-F, la Junta de Planificación denegó los usos propuestos en la solicitud de permiso para construcción. Mediante enmienda del referido informe, el 10 de octubre de 1973, la Junta de Planificación reconsideró su decisión anterior y concedió permiso conforme a los usos propuestos “sujeto a que las áreas al este y al oeste ... de la caja de ascensores y escaleras deber[ían] ser incluidas como áreas comunales incluyendo los servicios sanita-rios en una de ellas”. () El 27 de noviembre de 1973, mediante escritura número treinta y uno ante el notario Juan A. Arzuaga Alvarez, se otorgó un acta aclaratoria con relación a las áreas en controversia en la cual Edmundo De Jesús, en representación de Villa Edamorga Inc. and Co. señaló, entre otras cosas:

TERCERO: Que para propósitos de poder efectuar la venta de los espacios mencionados en el párrafo SEGUNDO de esta acta, la compareciente ha solicitado y obtenido de la Junta de Planificación, mediante la solicitud número setenta y tres guión cinco guión uno seis ocho siete (73-5-1687), informe número setenta y tres D cero dos guión F (73-D-002-F) [sic], la requerida autorización para cambiar el uso de los espacios mencionados en el párrafo SEGUNDO de esta escritura a oficinas comerciales, a tenor con el Reglamento de Planificación número nueve (9) sobre facilidades vecinales, Artículo quince (15), Sección segunda (2).
CUARTO: Que los demás condómines [sic] del Condominio Parkside han dado su consentimiento escrito para esta transacción mediante el otorgamiento de las escrituras individuales de compra-venta de los apartamientos de dicho condominio, en cuyo párrafo DECIMO se indica que los dueños de los apartamientos autorizan a la vendedora, la aquí compareciente, a otorgar cualesquiera actas aclaratorias y/o hacer cualesquiera cambios en el edificio para propósitos de vender las áreas disponibles del mismo, siempre y cuando dichos cambios no afecten la parte estructural exterior del edificio ni los apartamientos ya vendidos. Apéndice, Anejo XXXI, págs. 203-204.

Conforme a las anteriores aseveraciones se agregó en el párrafo séptimo:

SEPTIMO: La compareciente solicita del Hon. Registrador de la Propiedad que haga la correspondiente anotación en la descripción del edificio sometido al Registro de la Propiedad Horizontal, según antes mencionado, designando las áreas mencionadas en el párrafo SEGUNDO de esta escritura (descritas en el párrafo ONCE de la escritura matriz del Condominio Parkside) como áreas de oficinas comerciales y no de servicios vecinales, según allí aparece. Apén-dice, Anejo XXXI, pág. 204.

Por su parte, los créditos hipotecarios a favor de los esposos Ugarte-Domenech y su sociedad legal de gananciales fueron constituidos mediante las escrituras 6 y 7, de 21 de marzo de 1980, ante el notario Adrián Andaluz García. Esto es, casi siete años después del otorgamiento de la mencionada Acta Aclaratoria. ()

Según vimos en la secuencia de hechos y fechas correspon-dientes, es indudable que el constructor del inmueble contempló efectivamente llevar a cabo los trámites necesarios que permitie-ran un uso distinto al que se proyectó en su origen en el plano del edificio. Con estos datos en mente pasemos ahora a analizar si, conforme a derecho, estas gestiones configuraron el cambio deseado.

Según reconocido, “el régimen de propiedad horizontal está rigurosamente supeditado al requisito de inscripción registral. En otras palabras, para que exista dicho régimen en relación con una propiedad en particular, el mismo tiene que constar inscrito en la sección correspondiente del Registro de la Propiedad”. García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120, 128 (1986). Este trámite es de carácter constitutivo.

Como requisito particular en cuanto a la inscripción se refiere, la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.P.R.A. see. 1291 et seq., en lo pertinente dispone que:

La copia certificada de la escritura que origine la primera inscripción del inmueble total y la copia certificada de la que origine la primera inscripción del apartamiento individualizado, para su inscripción en el registro de la propiedad, deberán tener agregadas copias completas y fieles de los planos de dicho inmueble o de los planos del apartamiento de que se trate, según los casos, para que queden archivados en el registro de la propiedad. Dichos planos serán certificados, sin pago de derechos, por el Administrador de Reglamentos y Permisos e indicarán de modo gráfico los particu-lares del inmueble o del apartamiento, según los casos.” (Énfasis suplido.) 31 L.ER.A. sec. 1292b.

Al interpretar el alcance de esta norma, en Arce n Caribbean Home Const. Corp., supra, págs. 257-258, sostuvimos que:

A base de los términos y preceptos de la ley, es razonable que resolvamos que estos planos permiten que un comprador o titular conozcan [sic] la totalidad del edificio y su apartamento para fines de hacer valer sus derechos. Por lo tanto, la escritura matriz no puede ser la única fuente de obligaciones y derechos entre las partes. Los planos adheridos consagran gráficamente los derechos de los inte-resados extendiéndose, como corolario, el ámbito de la fe pública registral a las características materiales del inmueble según éstas han sido representadas en dichos planos.

Es decir, por este medio el Registro de la Propiedad adquiere características de sistema catastral, y por ende, es de esperar que la realidad extrarregistral corresponda con la que surge del Registro. De surgir circunstancias que válidamente propicien variaciones en las constancias iniciales que aparecen en el Registro de la Propiedad, éstas han de prevalecer en la medida que gocen de publicidad registral. García Larrinua v. Lichtig, supra. En Arce v. Carribean Home Const. Corp., supra, pág. 258, en lo que al constructor se refiere, en una situación como la que se discute en el presente caso, dijimos que:

Estos últimos estaban impedidos de variar el uso proyectado sin haberlo aclarado a los compradores al firmarse las escrituras de compraventa, o sin el consentimiento ulterior unánime de los condominos. Debieron haber apercibido a los adquirentes, si ese era su deseo, que el área de juego contemplada en los planos, permiso de uso y folleto de promoción de ventas no estaba comprendida.

De lo anterior podemos colegir que el uso de las áreas afectadas de la primera planta pudo haberse variado válidamente si se hubiese obtenido el consentimiento de los compradores mediante las escrituras de compraventa o si, posteriormente, de forma unánime los condominos hubieran consentido al cambio. Véase Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861 (1980).

En el caso de autos, al examinar los hechos conforme a las normas de derecho aplicables, concluimos que no se configuró la variación del uso proyectado en los inicios para las áreas de la primera planta. Para que el informe 66-L-001-F de 22 de febrero de 1972 tuviese el efecto de cambiar el uso de las áreas, se debió haber conformado el plano de la obra con los cambios deseados. Esto, sin embargo, no se hizo. De otra parte, tenemos que la Cuarta Cláusula del Acta Aclaratoria antes transcrita —mediante la cual se pretende establecer que hubo el consentimiento uná-nime de los condominos para el cambio deseado— a su vez alude al párrafo décimo de las escrituras de compraventa como fuente alterna del alegado consentimiento. No obstante, al analizar el lenguaje del párrafo décimo encontramos que no puede concedérsele el efecto que el otorgante del acta pretended) No se trata de una expresión lo suficientemente clara y precisa como para plasmar un consentimiento informado e inequívoco a tales propósitos.

Por otro lado, si bien es cierto que de las expresiones contenidas en el escrito de intervención del Consejo de Titulares, en el caso que anteriormente se ventiló ante los tribunales, () se desprende la anuencia de un sector de los titulares en favor del uso del área en el primer piso para oficinas de médicos, esto no constituye el consentimiento unánime que requiere la Ley de la Propiedad Horizontal.

Todo esto nos conduce a concluir que, en principio, las áreas en controversia podían válidamente considerarse como recreativas y, por ende, de carácter comunal. Las circunstancias que permearon el negocio jurídico, así como las constancias de que del plano obraba en el Registro de la Propiedad, avalan esta conclusión. ()

Como norma general, sería correcto en derecho concluir, como bien hizo el tribunal de instancia, que la titularidad de las áreas corresponde a la Asociación de Condominos. Ahora bien, en vista de que hubo un adquirente posterior de un derecho real inmobi-liario inscrito, que a su vez inscribió su adquisición en el Registro de la Propiedad, nos resta entonces determinar si a la luz del derecho aplicable el tribunal de instancia podía resolver mediante sentencia sumaria si los recurrentes eran o no terceros regístrales.

IV

A través del Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.ER.A. see. 2355, se le concede a un tercero adquirente de una propiedad inmueble, que reúna los requisitos necesarios, una protección que de otra forma no tendría. Así, el Art. 105, supra, en lo pertinente, señala:

A pesar que la inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las leyes, ni altera las relaciones jurídicas de quienes intervengan como partes en dichos actos o contratos, el tercero que de buena fe y a título oneroso adquiera válidamente algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultad para transmitirlo será mantenido en su adquisición, una vez haya inscrito su derecho, cuando por cualquier razón resulte inexacto el Registro, bien sea que se rescinda, resuelva o anule el título del otorgante en virtud de causas que no resulten clara y expresamente del propio Registro, o que existan sobre la finca acciones o títulos de dominio o de otros derechos reales que no estén debidamente inscritos.
La buena fe del tercero se presume siempre mientras no se prueba que al adquirir conocía la falta de exactitud del Registro.

Tenemos, pues, que el derecho que en este caso reclaman los recurrentes ha de evaluarse en primer término a la luz de si se les puede considerar como “un tercero civil que de buena fe y a título oneroso, en un negocio intervivos válido, adquiera un derecho real inmobiliario inscrito de persona que en el Registro de la Propiedad aparezca con facultades para transmitirle, en función de un registro inexacto, sin que consten clara y expresamente las causas de la inexactitud ni concurra alguna de las excepciones a la aplicación de la fe pública registral y que, a su vez, haya inscrito su adquisición”. (Enfasis suprimido.) Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 D.PR. 591, 603-604 (1990). Véase, además, J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Cometa, 1981, T. I, pág. 311.

Confrontados los criterios señalados con los actos de los recurrentes, según éstos surgen de los documentos que obran en autos, no cabe duda de que éstos cualifican como terceros civiles de un derecho real inmobiliario inscrito a favor de persona que en el Registro de la Propiedad aparece con facultades para transmi-tirlo. Esto es, el negocio jurídico original mediante el cual se individualizaron e inscribieron las áreas en la primera planta del edificio ocurrió mucho tiempo antes de que los recurrentes advinieran a ser parte en la controversia sobre la titularidad de las áreas. En otras palabras, ellos no fueron parte en el negocio original. Por otro lado, el Acta Aclaratoria mediante la cual se solicitó el cambio en la descripción de las áreas con el propósito de que Villa Edamorga Inc. and Co., pudiera enajenarlas, fue aceptada por el Registrador de la Propiedad. Ambas áreas se inscribieron como fincas independientes y su titularidad la osten-taba Villa Edamorga Inc. and Co.; así surgía de las constancias del Registro de la Propiedad al momento que se otorgó la escritura de subasta judicial.

Aquí, contrario a la situación de hechos de Arce v. Caribbean Home Const. Corp., supra, y García Larrinua v. Lichtig, supra, posteriores a la inscripción de la escritura matriz y el plano aprobado por la Junta de Planificación existían otros asientos regístrales los cuales fueron objeto de calificación registral y subsiguiente inscripción. Constan por ello inscritas, según antes señalamos, las áreas en controversia como fincas independientes y la subsiguiente hipoteca mediante la cual se gravaron ambas áreas en favor de los esposos Ugarte-Domenech. () Hemos expresado que “‘[l]os asientos del Registro [de la Propiedad] deben ser lo más completos y claros que sea posible[, pues ello] evita confusión y la comisión de errores’”. Rosado Collazo v. Registrador, 118 D.P.R. 577, 582 (1987). Sin embargo, una vez son objeto de inscripción y por consiguiente merecedores de la fe pública registral, tales asientos así como los actos inscritos deben “estimar[se] válidos hasta tanto los tribunales declaren su nulidad”. Cabassa v. Registrador, 116 D.P.R. 861, 864 (1986). Surge con ello una presunción de legitimidad y validez. González Silva v. United Fed. Savings, 107 D.P.R. 119 (1978). Aceptamos, no obstante, que:

La inscripción que se verifica en el Registro de la Propiedad no tiene virtudes taumatúrgicas de convertir en válido, lo que en la realidad es nulo. De ahí que la inscripción pueda decirse, en principio, que no tiene efectos convalidantes, pues inscrito un acto nulo o anulable, la inscripción no lo convalida, no lo purifica, siguiendo tan nulo o anulable como anteriormente a la misma. (Énfasis en el original.) Chico y Ortiz, op. cit, pág. 323.

A esos efectos:

Lo que sucede es que la discordancia entre la realidad jurídica extrarregistral y la registral no tienen un contagio respecto al. problema de la nulidad, ya que si bien la inscripción no convalida el acto o contrato que sea nulo, sin embargo, produce todos sus efectos mientras esta inexactitud registral no sea declarada. íd., pág. 325.

Ante estos principios resulta indubitable que los esposos Ugarte-Domenech obraron conforme a las constancias del Regis-tro de la Propiedad. Si bien nuestro derecho requiere cierto grado de diligencia, no podemos exigirle a quien confía en la fe pública registral que posea un grado de conocimiento técnico-jurídico que le permita pasar juicio sobre la corrección de la calificación que de los documentos presentados para inscripción haya hecho el Re-gistrador de la Propiedad. () En cuanto a los otros criterios, no existe controversia de que fue un negocio intervivos, a título oneroso y cuya validez no ha sido cuestionada. Además, la inscripción posterior que de las fincas hiciera el Registrador, provocó que en el Registro de la Propiedad no constara clara y expresamente las causas de la inexactitud registral. ()

La discusión que antecede, sin embargo, aún no está completa. Falta por discutir el elemento de la buena fe. Esto último, de acuerdo con la doctrina ingente, aunque pudiéramos inferirlo a favor o en contra de las partes, de acuerdo con los demás elementos examinados, no podemos decidirlo en esta etapa.

Precisamente sobre ese particular en Banco de Santander v. Rosario Cirino, supra, pág. 607, recientemente expresamos:

El propio Art. 105 de la Ley Hipotecaria, supra, dispone que se presume la buena fe del tercer adquirente. Como presunción legal iuris tantum, el impugnador tiene la carga de probar la mala fe del adquirente.
“. . . La presunción legal de buena fe, por su carácter iuris tantum, es enervable, y para esto y asimismo conseguir se declare que el tercer adquirente procedió de mala fe, ha de resultar probado que este tercero conoció indudablemente al adquirir, que el Regis-tro era inexacto, en el sentido amplio antes indicado.
El planteamiento de este caso entraña resolver una cuestión de hecho cuya apreciación y decisión corresponde a los Tribunales de instancia, y sólo excepcionalmente puede alcanzar las alturas de la casación.” (Énfasis en el original.) Véase, además, Roig Com. Bank v. Rosario Cirino, supra.

En vista de que el tribunal de instancia resolvió la controversia mediante sentencia sumaria, esto privó a la parte afectada de su derecho a presentar prueba para sostener su alegación de buena fe. Existe un elemento de conocimiento que el tribunal tiene que dirimir antes de concluir si hubo o no buena fe por parte de los esposos Ugarte-Domenech. Conforme a lo anterior, erró el tribunal de instancia al resolver este extremo mediante el uso de la Regla 36.1 de Procedimiento Civil, supra.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia revocando la sentencia recurrida y devolviendo el caso para que, consistente con lo expresado en esta opinión, las partes puedan presentar la prueba que consideren pertinente a sus respectivas posiciones sobre el concepto de buena fe aplicable al tercero registral.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Hernández Denton emitieron opiniones disidentes. El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Por entender que el adquirente de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal viene obligado a examinar la escritura matriz, coincidimos con el Juez Asociado Señor Rebollo López en que los acreedores hipotecarios del caso de autos no cualifican como terceros regístrales y, por lo tanto, disentimos. Por otro lado, suscribimos esta opinión disidente por considerar que el caso de autos nos permite hacer unos pronunciamientos adiciona-les sobre consideraciones de política pública en este tipo de controversia. En aras de proteger la integridad material y jurídica del Régimen de Propiedad Horizontal, y por considerar que éste es acreedor a mayor protección jurídica que la figura de un tercero registral, no permitiríamos que en el caso de autos la tercería afecte el mejor derecho que, según el Código Civil, tienen los titulares de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal.

I-I

Según la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.ER.A. see. 2001 et seq., la figura del tercero registral prevalece sobre aquellas personas quienes según el Código Civil tienen un derecho real. Aunque la inscripción registral no convalida actos nulos, se considera válido el derecho de un tercero civil que lo adquiera de buena fe y a título oneroso, de quien en el Registro de la Propiedad aparece como dueño en virtud de una inscripción inexacta, siempre y cuando esta inexactitud no surja clara y expresamente de dicho Registro. Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2355.

De ordinario, una persona que va a gravar o a adquirir un derecho real no tiene que examinar, por no considerarse Registro de la Propiedad, los asientos que publiquen un derecho igual al suyo, con excepción del asiento que publica el derecho de su transmitente. Véase el Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra. () Sin embargo, por ser el Régimen de Propiedad Horizontal de naturaleza mi generis, presenta una variante a la regla general de folio único. Como bien expresa Camy Sánchez-Cañete:

En los pisos o locales en propiedad horizontal . . . existen legalmente dos elementos indisolubles como formantes de aquéllos, de una parte la porción individualizada del edificio encuadrada entre linderos determinados y con salida a un elemento común o a la vía pública y de otra [parte] una cuota proindivisa en los elementos comunes del mismo. Por tanto, no sólo estamos ante una excepción al principio de una finca un [sic] derecho, sino incluso a la de folio único, pues realmente, el folio registral o historial de cualquier piso, no sólo es el propio dedicado a él, sino también el folio general donde se conservan los elementos comunes y los estatutos de la comunidad, y en el cuál se recogerán los actos o negocios jurídicos referentes a esos elementos, por lo que su contenido formará parte ineludible del folio del piso o local. (Énfasis suplido.) B. Camy Sánchez-Cañete, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, 3ra ed., Pamplona, Ed. Aranzadi, 1982, Vol. I, pág. 387.

De esta forma, el adquirente viene obligado a examinar también la escritura matriz por ser ésta “Registro” para efectos del Art. 105 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, y aunque así no lo hiciera se le imputará el conocimiento de las disposiciones de la misma. Véase García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120, 133 (1986).

De dicha escritura matriz debe surgir “clara y precisamente el uso a que será destinada toda área comprendida en el inmueble, y una vez fijado dicho uso sólo podrá ser variado mediante el consentimiento unánime de los titulares”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. see. 1291. Además, cuando exista duda sobre el destino o uso de cierta parte del inmueble, se presumirá que tiene natura-leza de elemento común. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 237-238 (1978).

For otro lado, la Ley de la Propiedad Horizontal requiere que conste en el Registro de la Propiedad copia de los planos del inmueble. 31 L.P.R.A. sec. 1292b. El propósito de unir los planos es que conste una mejor descripción del inmueble. Esto “‘signifi-cará una saludable restricción a los derechos discrecionales del propietario vendedor’” y permite al comprador conocer la totali-dad del edificio para hacer valer sus derechos. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., supra, pág. 257. Conforme con esto hemos resuelto que los planos “consagran gráficamente los derechos de los interesados extendiéndose, como corolario, el ámbito de la fe pública registral a las características materiales del inmueble según éstas han sido representadas en dichos planos”. Arce v. Caribbean Home Const. Corp., supra, págs. 257-258.

i — i i — I

En el caso de autos, los esposos Ugarte-Domenech venían en la obligación de revisar las constancias de la escritura matriz y los planos, por constituir éstos “Registro” de la propiedad. De haberlo hecho, se hubieran dado cuenta de que la escritura matriz describía las áreas objeto de la hipoteca como “servicios vecina-les” y el plano las describía como “áreas recreativas”. Estos elementos comunes permanecían en indivisión forzosa con el inmueble, pues de las constancias del registro surgía que estas áreas fueron inscritas como fincas independientes sin el consen-timiento unánime de todos los titulares. En consecuencia, la hipoteca que a favor del acreedor se constituyó recaía sobre áreas comunes del edificio y sólo podía ser otorgada tras el consenti-miento unánime de todos los titulares. 31 L.RR.A. sec. 1291g. Como cuestión de política pública imputaríamos conocimiento de estos preceptos legales a las partes involucradas en negocios jurídicos en torno al Régimen de Propiedad Horizontal, y en el caso específico de autos, entendemos que los esposos Ugarte-Domenech no podían ser terceros regístrales.

hH 1 — i J — I

Por otro lado, “[e]xiste una clara política pública en Puerto Rico dirigida a estimular la utilización de terrenos y construcción de multipisos que se rijan por el Régimen de la Propiedad Horizontal”. Maldonado v. Consejo de Titulares, 111 D.P.R. 427, 429 (1981). Esto tiene el propósito de fomentar una mejor planificación urbana en los pocos terrenos disponibles en un país sobrepoblado como el nuestro. De esta forma se garantiza la disponibilidad de una vivienda razonable aun a aquellas personas que por sus recursos u otros motivos desean vivir en un condo-minio.

Esta forma de propiedad “necesita cauces jurídicos por los cuales desenvolverse para que no sea un nido de conjlictos que amarguen la realización del ideal del hogar propio”. (Enfasis suplido.) 10 Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa (Cámara), T. 3, pág. 1574 (1958), citado en parte en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., supra, págs. 241-242.

' Como cuestión de política pública, entendemos que la inte-gridad de este Régimen de Propiedad Horizontal debe ser protegida por encima de la figura de un tercero registral.( ) De esta forma se evitarían situaciones como la presente, donde por actos ultra-vires del desarrollador de un proyecto de vivienda, éste logra segregar e inscribir, y posteriormente hipotecar, bienes comunes de un inmueble sometido al Régimen de Propiedad Horizontal en detrimento de la integridad del inmueble, sus residentes y de la propia subsistencia del Régimen de Propiedad Horizontal.

Por los fundamentos anteriormente expuestos, confirmaría-mos la sentencia del foro de instancia.

Voto disidente emitido por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Disentimos. Entendemos que la conclusión a la que se llega en la opinión mayoritaria emitida a los efectos de que “no cabe duda de que [los codemandados Ugarte-Domenech] cualifican como terceros civiles de un derecho real inmobiliario inscrito a favor de persona que en el Registro de la Propiedad aparece con facultades para transmitirlo” es una errónea en derecho. (Enfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 556. Ello por razón de que de los documentos que constan en el Registro de la Propiedad clara-mente surgía —específicamente de la escritura matriz y de los planos— que el área en controversia era una “de servicios vecinales” y/o un “área recreativa”.

Dichos datos sostienen la teoría de que dicha área corres-ponde a los condominos pues la misma, conforme la Ley de la Propiedad Horizontal, 31 L.PR.A. see. 1291 et seq., forma parte de los “elementos comunes generales” del inmueble; hecho que surgiendo de las constancias del Registro —el cual, conforme la citada ley, tiene las características de un sistema catastral— impide que los esposos Ugarte-Domenech puedan ser considera-dos como “terceros registróles”. Ello así por cuanto dicho hecho no sólo pone en entredicho la corrección jurídica de —y vicia— la actuación posterior del Registrador al inscribir dichas áreas como fincas independientes, sino que, por ficción de ley, era del conoci-miento del matrimonio Ugarte-Domenech. Véase García Larrinua v. Lichtig, 118 D.P.R. 120, 133-134 (1986).

      (1) El tribunal de instancia consolidó el caso Civil Núm. 85-2764 sobre revisión de la determinación de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones de Puerto Rico (Junta de Apelaciones) con el caso Civil Núm. 84-4657 sobre acción reivindicatoría, daños y perjuicios; injunction.

      En el caso Civil Núm. 85-2764, el Consejo de Titulares del Condominio Parkside recurrió al Tribunal Superior con el propósito de anular una determinación mediante la cual la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) —y luego la Junta de Apelaciones— concedió permiso de uso comercial a las áreas en disputa.
      En el caso Civil Núm. 84-4657, el mencionado consejo presentó acción reivindicadora y otros extremos contra varios codemandados con el propósito de recobrar la posesión y dominio de unos 4,000 pies cuadrados de área superficial en la primera planta del edi-ficio.

      (2) M.G.I.C. Financial Coproration (M.G.I.C.) es una corporación que, de acuerdo con las alegaciones de la demandada, formó parte de la empresa común que en unión al Sr. Edmundo De Jesús, realizaron la planificación, el desarrollo, el financiamiento, la construcción y la venta del Condominio Parkside. Además, M.G.I.C. alegadamente compró y luego vendió a Edmundo De Jesús las áreas objeto de litigio.

      (3) Art. 24 de la Ley Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. sec. 1292b), enmendada por la Ley Núm. 157 de 4 de junto de 1976. Las enmiendas no variaron el requisito relativo a la presentación de los planos junto eon la escritura matriz.

      (4) Entre otras cosas, alegaron en su escrito que “[t]odos los incidentes en que los condómines [sic] han tenido la oportunidad de expresarse sobre este asunto, se han mostrado completamente a favor de las oficinas médicas, y en contra no tan sólo de la presencia misma de las oficinas de bienes raíces, las cuales en forma alguna les benefician, sino también en la forma que Villa Edamorga, Ine. ha optado para proceder no sólo ante la Junta de Planificación, sino también para con los condómines [sic]”. Apéndice, Anejo XXiy Exhibit III, pág. 143. Agregaron más adelante que “|l]os eondómines [sic] nunca protestaron al Sr. Edmundo De Jesús o a cualquier oficial de Villa Edamorga, Inc. por el propuesto uso de la primera planta del Condominio para oficinas de médicos. De hecho, estas promesas fueron acogidas con gran entusiasmo por los compradores prospectivos. Véase el testimonio que prestó la Srta. Providencia Vales Méndez, Presidenta de la Junta de Condómines [sic] del Condominio, en la vista pública celebrada ante la Junta de Apelaciones. De este testimonio surge claramente que la mayor parte de los condómines [sic] que se han expresado sobre el asunto respaldan tanto ahora como antes la ubicación de oficinas de médicos en la primera planta del edificio”. (Énfasis suplido.) íd., pág. 144.

      (5) Caso Civil Núm. 84-4657.

      (6) Caso Civil Núm. 85-2764.

      (7) Efectivo a la fecha en que los recurrentes presentaron los recursos ante nos, alegan que han invertido más de $300,000 en las propiedades que adquirieron de forma involuntaria en pago de su crédito hipotecario.

      (8) El Estado, representado por el Procurador General, compareció para alegar que el tribunal de instancia carecía de jurisdicción, ya que el recurrido Consejo de Titulares no agotó los remedios administrativos al no solicitar reconsideración de la determinación de la Junta de Apelaciones. Alegaron, además, que al no agotarse los remedios, los permisos y las autorizaciones concedidas por A.R.Pe. advinieron finales y firmes.

      (9) La fecha exacta resulta ilegible.

      (10) Recurso RE-86-330, pág. 28.

      (11) Informe 73-5-1687. Apéndice, Anejo XXI, pág. 99.

      (12) Según se desprende del edicto de subasta, el área comercial número uno (1) está inscrita al folio 101 del Tomo 668 de Guaynabo, Anotación B, Finca Núm. 26,677. El área comercial número dos (2) está inscrita al folio 106 del Tomo 668 de Guaynabo, finca Núm. 26,677.

      (13) Aun cuando pudiéramos pensar que el informe 66-L-001-F de 22 de febrero de 1972, sometido como documento complementario, hubiese podido tener algún impacto registral, del lenguaje del Acta Aclaratoria otorgada el 27 de noviembre de 1973 se desprende que los informes a los cuales allí se alude como fuente de aprobación del cambio de uso de las áreas en cuestión, son posteriores a la fecha en que se otorgó la escritura matriz mediante la que se sometió el inmueble al régimen de propiedad horizontal (13 de junio de 1972).

      (14) Caso Civil Núm. 75-4435.

      (15) Con respecto al argumento de los recurrentes de que la sentencia dictada por el tribunal de instancia no tomó en consideración las determinaciones de hecho de A.R.Pe., esto en nada afecta la validez de la sentencia sobre esos extremos. Desde nuestra opinión en Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978), sentamos la norma de que un permiso emitido por una agencia administrativa que de alguna forma o por cualquier razón constituya un error no crea un estado de derecho que obligue a ésta o impida su corrección. En particular, sobre un hecho análogo en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 226, 268 (1978), expresamos que, “[a]un cuando la Junta de Planificación ‘legalizara’ a posteriori la edificación realizada, tal determinación podría solamente interpretarse como una autorización comprendiendo tos aspectos materiales y físicos de la obra, bajo la premisa incorrecta de que sus promoventes tenían derecho a realizarla, y no como una derogación de los derechos y restricciones pactados por las partes”.

      (16) Las hipotecas, para que sean válidamente constituidas, han de hacerse por escritura pública y esta última estar inscrita en el Registro de la Propiedad. Martínez v. Colón Franco, Concepción, 125 D.P.R. 15 (1989). Véase, además, el Art. 1756 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5001.

      (17) Desde hace varias décadas, en Lizardi v. Caballero, 65 D.P.R. 83, 92 (1945), en lo pertinente, postulamos que ‘“no se trata de requerir el estudio de un abogado experto en Ley Hipotecaria, sino de que cualquiera persona de mediana instrucción pueda ver si resulta, o no, del registro, la causa de nulidad’”.
      En González Silva v. United Fed. Savings, 107 D.P.R. 119, 129 (1978), señalamos que:
      “La publicidad registral genera fe pública que garantiza el tráfico inmobiliario al impartirle confiabilidad a los asientos del Registro. Estos se presumen válidos y legítimos hasta que un tribunal declare su nulidad. Hernández v. Registrador, 67 D.P.R. 452, 463 (1947). En virtud de este principio de legitimación se valida el propósito fundamental de nuestro sistema registral de proteger a terceros adquirentes.”
      Según Núñez Lagos, el título no es válido porque se inscribe, sino que se inscribe porque es válido, a lo cual Chico y Ortiz agrega que determinados títulos no válidos e inscritos improcedentemente pueden ser válidos si en el juego valorativo aparece la figura del tercero. Véase J.M. Chico y Ortiz, Estudios sobre Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Cometa, 1981, T. I.

      (18) En su sentencia, el tribunal de instancia concluyó que las áreas en cuestión no podían ser objeto de propiedad privada acorde con el inciso (g) del Art. 11 de la Ley de la Fropiedad Horizontal de 1958 (31 L.P.R.A. sec. 1291i(g)). Antes de la aprobación de la Ley Núm. 157 de 4 de junio de 1976, las áreas recreativas no se designaban expresamente como elementos comunes generales y, por consiguiente, no susceptibles de estipulación en contra de su propiedad en común. Véase Costa Linda, Inc. v. Registrador, 109 D.P.R. 861 (1980). For lo tanto, el criterio utilizado por el tribunal de instancia para fundamentar su decisión fue a la luz del inciso (g) de la ley vigente en ese momento. Dicho Art. 11 en ese momento disponía como sigue:
      “Se consideran elementos comunes generales del inmueble:
      “(a) El terreno en que se asiente el edificio.
      “(b) Los cimientos, paredes maestras, techos, galerías, vestíbulos, escaleras y vías de entrada y salida o de comunicación.

        “(c) Los sótanos, azoteas, patios y jardines, salvo disposición o estipulación en contrario.
      “(d) Los locales destinados a alojamiento de porteros o encargados del edificio, salvo disposición o estipulación en contrario.
      “(e) Los locales o instalaciones de servicios centrales, como electricidad, luz, gas, agua fría y caliente, refrigeración, cisternas, tanques y bombas de agua, y demás similares.
      “(f) Los ascensores, incineradores de residuos y, en general, todos los artefactos o instalaciones existentes para beneficio común.
      “(g) Todo lo demás que fuere racionalmente de uso común del edificio o necesario para su existencia, conservación y seguridad.” 31 L.BR.A. see. 1291i (ed. 1985).
      Quiere esto decir que la determinación del tribunal se hizo conforme a si se podían considerar las áreas como racimalmente de uso común del edificio o necesario para su existencia, conservación y seguridad. Discrepamos del análisis y conclusión del tribunal. Las áreas en cuestión no son de tal naturaleza que racionalmente tengan que considerarse como comunes o necesarias para la existencia, conservación y seguridad del edificio. No se trata de un área de juegos, piscina, áreas verdes, canchas, etc. Por el contrario, esas áreas en la primera planta con frecuencia son utilizadas en otros edificios para ubicar distintas clases de establecimientos privados que a su vez cumplen el propósito de servir a los eondóminos.

      (1) Así, por ejemplo, si lo que se adquiere es dominio, el adquirente no viene obligado, de ordinario, a examinar los asientos que publiquen dominio y sean anteriores al de su causante. Así se evita la peregrinación por todo el historial de la finca, hasta el primer asiento, a que obligaba Gaztambide v. Sucn. Ortiz, 70 D.P.R. 412, 426-426 (1949).

      (2) También, como cuestión de política pública, se han reconocido como excepciones a la tercería registral los casos de retractos legales, Art. 108 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2358; los terceros adquirentes de derechos de herederos voluntarios o legatarios que no sean herederos forzosos, durante dos años desde la inscripción del título hereditario de su transmitente, Art. Ill de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. see. 2361, y las servidumbres continuas o aparentes aunque no estén en el registro.