source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

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text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Edelmiro Ríos Maldonado, apelante.

      Número: CR-89-85

      Resuelto: 9 de diciembre de 1992

      Carmen M. Quiñones Núñez y Juan S. Pagán, abogados del apelante; Nellie Hernández, Fiscal Auxiliar, Anabelle Ro-dríguez, Subprocuradora General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Tres (3) son las cuestiones que nos ocupan en esta apelación. En primer lugar, debemos examinar si el ape-lante tuvo una representación legal adecuada. En segundo lugar, debemos determinar si el aquí apelante tenía la ca-pacidad mental suficiente para responder por los actos que se le imputan. Finalmente, si la prueba de cargo fue sufi-ciente para probar su culpabilidad más allá de duda razonable. Resolvemos que estuvo adecuada y efectiva-mente representado; que tenía la capacidad mental sufi-ciente, y que el Ministerio Público probó su culpabilidad con el quantum de prueba requerido. Por ello confirmamos las sentencias del foro de instancia.

I

Contra Edelmiro Ríos Montalvo (el apelante) el Minis-terio Público presentó cuatro (4) cargos por actos lascivos e impúdicos alegadamente cometidos contra cuatro (4) de sus hijos menores de edad() entre 1983 y 1988. Celebrado el juicio, por tribunal de derecho, fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a ocho (8) años de cárcel en cada cargo, a ser cumplidos consecutivamente. Incon-forme, acude ante nos y aduce que:

A. Erró el Honorable Tribunal de Primera Instancia al encon-trar culpable al acusado cuando se probó que éste carecía de capacidad suficiente para comprender la criminalidad de los actos imputados por ser éste un retrasado mental.
B. Erró el Honorable Tribunal Sentenciador al admitir testimo-nios basados y obtenidos en pruebas científicas que no fueron demostradas ni realizadas en corte para que el acusado tu-viera la oportunidad de observarlas y contrainterrogar efectivamente.!)
C. La conducta profesional de la representación legal del acu-sado vulneró su derecho constitucional garantizado, tanto por nuestra Constitución y la Constitución de los Estados Unidos, de efectiva representación legal.
D. Erró el Honorable Tribunal al declarar NO HA LUGAR la moción de absolución perentoria solicitada por el acusado.
E. Erró el Tribunal al encontrar culpable al apelante con prueba insuficiente para su convicción más allá de duda razonable. Alegato, págs. 24, 29, 32 y 36.

Para evaluar estos señalamientos en su justa perspec-tiva, se impone una síntesis de los testimonios y la prueba que desfiló ante el foro de instancia.

r — I hH

La psicóloga y terapista de niños abusados sexual-mente, Dra. Doris González de Knudson, declaró que allá para 1989 la madre de los niños y esposa del apelante, Sra. Angeles Magaly Rivera Ortiz, fue referida al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación que ella dirigía para recibir ayuda para los cuatro (4) niños perjudicados.!) En aquellos momentos, la madre de los niños se encontraba en un pro-ceso judicial en el Tribunal de Distrito de Manatí porque su esposo (apelante) había solicitado la custodia y/o dere-chos de visita de sus hijos luego de que aquella abandonara el hogar a causa del maltrato físico y emocional al que éste la sometía./)

La doctora González de Knudson realizó cuatro (4) en-trevistas a los menores, en ocasiones separadamente y en ocasiones en grupo, que se extendieron desde enero a marzo de 1989. Entrevistó a la madre de los niños en igual número de ocasiones para corroborar la información que le suministraban los niños. El primer niño que entrevistó la doctora González de Knudson fue J.L.R.R. Este le mani-festó que en su casa había dos (2) cuartos y en uno dormía su madre y las tres (3) hermanitas, y en el otro dormía él y su papá, y que su papá acostumbraba, cuando dormía con él, ponerle el pipí (pene) en su ano. El niño le relató que lloraba mucho cuando eso sucedía porque le dolía y no le gustaba que le hiciera eso.

En las entrevistas que hizo la doctora González de Knudson con las hermanitas de J.L.R.R., éstas manifesta-ron que ellas lo escuchaban llorar, pero cuando le pregun-taban al padre qué le pasaba al nene éste contestaba que era que le había tenido que pegar porque se había orinado en la cama. Cuando la doctora González de Knudson le preguntó al menor si en efecto él se orinaba en la cama, el niño le contestó que no, que su padre se le orinaba encima y en la cama y entonces le pegaba. Así, cuando la madre entraba a ver la cama, en efecto estaba orinada.

El menor J.L.R.R. también le relató que su padre acos-tumbraba bañarlo y que mientras se bañaban le ponía el pene (pipí) en la boca y en el ano, y que él también gritaba. Cuando la doctora González de Knudson confrontó a las hermanitas y a la madre acerca de escuchar tales gritos, éstas contestaron (por separado) que los escuchaban, y que cuando la madre preguntaba al padre (apelante) la razón de los gritos, éste contestaba que se debía a que “no se quería bañar”.

La doctora González de Knudson declaró, también, que el menor le relató que el apelante lo llevó a casa de un amigo y ese amigo de su papá le hizo lo mismo que le hacía su padre. El menor le relató, además, que el apelante lo agredía por el cuello en el área de las cuerdas vocales. Las hermanas del menor le relataron a la doctora González de Knudson que le pegaba en esa área “para hacerlo gago, para crearle un impedimento del habla”. El niño tiene cierta dificultad al expresarse.

Continúa declarando la doctora González de Knudson que el niño le expresó ser víctima constante de agresiones físicas. Le expresó, además, que cuando “fuera grande iba a matar a Edelmiro Ríos”.

Finalmente, en cuanto a J.L.R.R., la doctora González de Knudson señaló que lo observó “con mucho miedo, mu-cho temor”.

La doctora González de Knudson atestó que las dos (2) niñas mayores (A.R.R. y S.R.R.) le relataron varios inci-dentes donde el apelante cometía abuso sexual con ellas en, ocasiones en que la mamá se encontraba hospitalizada o recibiendo tratamiento médico debido al asma que padece ésta. Las niñas mayores le relataron que el padre acostum-braba ponerle el pipí (pene) en la boca, tocarle el área genital y rozarle la vagina de ellas con su pene. Todo ésto se lo mostraron las niñas con muñecos que la doctora Gonzá-lez de Knudson utiliza en las terapias. Cuando la madre estaba hospitalizada o recibiendo tratamiento médico, el padre no las enviaba a la escuela, sino que las mantenía en el hogar para cometer los actos sexuales.

Las niñas mayores le confiaron a la doctora González de Knudson que ellas no habían contado a nadie lo que le relataron porque su padre (apelante) había amenazado la vida de todos ellos, incluyendo la de la madre. Las niñas le manifestaron, además, que el padre las agredía fuerte-mente y ese temor por el carácter violento del padre, unido a su visión de la madre como una persona incapaz de de-fenderse y defenderlas, las hizo callar lo que estaba pasando.

En cuanto a la niña menor (J.R.R.), la doctora González de Knudson declaró que por ser pequeña no tenía mucha capacidad para poder expresarse, pero con gestos y utili-zando los muñecos terapéuticos del Centro de Ayuda a Víc-timas de Violación la niña hizo gestos de que su padre tam-bién le ponía el pipí (pene) en la boca y le rozaba el pene en el área vaginal.

Conforme el testimonio de la doctora González de Knud-son, el relato de estos niños le merecía a ella total credibi-lidad por la consistencia entre los relatos y por el envolvi-miento emocional de los niños con lo que relatan.

Según la doctora González de Knudson, en este caso “es-tamos hablando de niños consistentes, niños emocional-mente partícipes de lo que relatan, niños que cuando ella reúne otros niños en otros momentos, puede verificar lo que otro niño le dijo cuando los otros no estaban presentes, y niños que se les haría más fácil no tener que relatar lo que han relatado, porque el proceso de relatar es bien doloroso”. E.N.R, pág. 12.

Finalmente, durante su testimonio, la doctora González de Knudson expresó que confrontó a la madre con la infor-mación que le dieron los niños y la reacción de ésta fue de llanto y dolor porque desconocía esos detalles de lo que había pasado.

Los cuatro (4) niños testificaron durante el juicio. Du-rante el examen directo, los niños declararon sobre los ac-tos sexuales a los que fueron sometidos por el apelante. Corroboraron en toda su extensión el testimonio de la doc-tora González de Knudson sobre los actos sexuales específi-cos que les hacía su padre; en el lugar y en las circunstan-cias tal cual lo relataron a la doctora.

Las niñas añadieron que el apelante les “ ‘chupaba la tota (vagina) con la boca’ E.N.P., pág. 21. A.R.R. señaló que el apelante le besaba el cuello diciéndole “ ‘mi amor y la besaba en la tota’ ”. E.N.P., pág. 21. Añadió que en una ocasión observó al apelante besándole el “pipí” a su herma-nito J.L.R.R. cuando lo estaba bañando. De igual manera, S.R.R. señaló que el apelante le decía “mi amor” mientras le besaba la “totita” (vagina). J.L.R.R. añadió que el ape-lante le “ ‘lambía el culo’ ”. E.N.P., pág. 40.

Todos los testimonios de estos niños durante el contrain-terrogatorio fueron consistentes en negar que alguien les hubiera dicho que dijeran lo que habían declarado; que na-die les pidió que contestaran en determinada forma; nadie les dijo cómo declarar. De igual manera, se reafirmaron en que lo que habían relatado era la verdad.

La esposa del apelante y madre de los niños (señora Rivera Ortiz) testificó que se fue de su casa porque el ape-lante la maltrataba a ella y a sus nenes. A ella le daba “pelas” desde que se casaron. Luego de comunicarse con la Sra. Yolanda López, técnica del Departamento de Servicios Sociales, se fue a vivir junto a los niños al Hogar Ruth de Vega Alta. Allí fue que, luego de estar viviendo dos (2) me-ses, su nene J.L.R.R. se pone fresco con unas nenas del hogar y la Sra. Luz Delia Rosario Arroyo le dice que sospe-chaba que el niño había sido objeto de abuso sexual. De ahí refieren a los niños al Centro de Ayuda a Víctimas de Vio-lación y se descubre el abuso sexual al que fueron someti-dos sus hijos.

La señora Rivera Ortiz señaló que antes de que las em-pleadas del Hogar Ruth le dijeran sobre las sospechas de abuso sexual, ella no tenía idea de que eso estuviera pa-sando dentro de su hogar. Atestó que nunca tuvo relaciones sexuales con el apelante delante de los niños.

Durante el contrainterrogatorio, la señora Rivera Ortiz admitió que el Sr. Wilberto Galíndez Castro fue su amante y que en cierta carta o conversación le pidió al señor Ga-líndez que matara a su esposo. Sin embargo, negó que es-tuviera utilizando a sus hijos para encarcelar a su esposo y así continuar las relaciones amorosas con su amante. Adujo que lo ocurrido a sus hijos no lo inventó. Señaló que de eso se vino a enterar luego de salir de su hogar y estar residiendo en el Hogar Ruth.

La Sra. Luz Delia Rosario Arroyo, Trabajadora Social del Hogar Ruth, declaró que la señora Rivera Ortiz llegó a dicha institución en marzo de 1988 porque estaba siendo maltratada física y emocionalmente por el apelante. Corro-boró que fue en el Hogar Ruth donde notaron una conducta extraña en el niño J.L.R.R., lo que les hizo sospechar que era víctima de maltrato sexual. Señaló que “el niño [J.L.R.R.] acostumbraba tirar piedras, asumía una con-ducta bastante agresiva, peleaba todos los días práctica-mente con los niños del albergue y en una ocasión durante el juego el comenzó a desnudarse, se quitó la ropa y le pidió a una de las niñas que estaba en el círculo que practicara el sexo oral con él, le decía ‘chúpamelo, chúpamelo’ ”. E.N.R, pág. 61. En cuanto a las niñas, observó que su apro-vechamiento escolar era bien pobre.

Expresó la señora Rosario que cuando le relató a la ma-dre de J.L.R.R. lo que habían observado del niño, ésta “se puso bastante emotiva, reaccionó en crisis prácticamente porque ella no podía creer que esto le estuviese sucediendo”. E.N.P., pág. 63.

Finalmente, la Trabajadora Social del Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, Sra. Amalie Torres Domínguez, declaró que ella comenzó la terapia de los niños en el centro. Señaló que durante la exhibición de una película sobre el tema del abuso sexual, desde un enfoque preven-tivo, las niñas A.R.R. y S.R.R. mostraron un comporta-miento sospechoso que indicaba un posible abuso sexual. Tenían mucho temor, una mirada de susto, se miraban dándose mensajes que ella interpretó en ese momento que las niñas se decían “no vamos a hablar”. En específico, se-ñaló que S.R.R. comenzó a llorar durante una escena que mostraba a un familiar abusando sexualmente a un niño. En cuanto a J.L.R.R. señaló que el niño escogió entre los muñecos de terapia a un muñeco grande y a otro pequeño, los desvistió y los puso de frente uno del otro, sentó el muñeco pequeño en la falda del muñeco grande y comenzó a representar al muñeco grande bañando al pequeño seña-lando que lo hacía duro y mirando el muñeco pequeño de-cía “le duele, le duele”. El niño estaba absorto en la escena al punto que no escuchaba a la testigo cuando le hablaba. Además, el niño tomó el muñeco grande y le puso el pene de ese muñeco dentro de la boca del muñeco pequeño. Tam-bién los colocó en posición del acto sexual.

La señora Torres, luego de observar esos indicadores, refirió a los niños a la doctora González de Knudson para una evaluación más profunda.

Con el testimonio de la señora Torres, el Ministerio Pú-blico sometió su caso. La defensa solicitó la absolución pe-rentoria del apelante. El foro sentenciador denegó dicha solicitud. La defensa procedió con la presentación de su prueba.

Como primer testigo de la defensa declaró el Sr. Wil-berto Galíndez Castro. Éste declaró que fue amante de la señora Rivera Ortiz (esposa del apelante) desde diciembre de 1986 a julio de 1987. Sostuvo que mantenía relaciones sexuales con la madre de los niños en el monte, en los moteles() y en una ocasión en la casa del apelante. Señaló que en esa ocasión los niños estaban en la sala de la casa. Declaró que en otra ocasión el apelante estaba en el hogar y la señora Rivera Ortiz le cogió el pene con las manos frente a las niñas.

El señor Galíndez adujo que terminó su romance con la señora Rivera Ortiz cuando ella lo mandó a matar al apelante. Señaló, además, que la señora Rivera Ortiz le manifestó que si él no lo mataba ella iba a buscar todos los medios para “meter preso” al apelante. Sin embargo, no le dijo de qué delito lo iba a acusar ni le mencionó nada sobre las relaciones del apelante con sus hijos.

En el contrainterrogatorio, el señor Galíndez manifestó que tenía relaciones sexuales con la esposa de su amigo (apelante) porque ella lo obligaba diciéndole palabras deshonestas.

La Sra. Carmen Galíndez Ruiz declaró ser la tía del señor Galíndez Castro. Este residía en su casa. Ella se en-teró de que la señora Rivera Ortiz enviaba cartas de amor a su sobrino con dos (2) de las niñas.

La Sra. Ana Nydia Miranda Ríos, sobrina del apelante, declaró que acompañó a su tío durante todo el proceso por-que éste no entendía lo que ocurría en las vistas. Señaló, además, que ella tiene cinco (5) niños y en varias ocasiones los dejó bajo el cuidado del apelante sin que sus hijos se quejaran de actos lascivos en su contra.

La técnica de Servicios Sociales, Yolanda López, declaró que fue la persona que investigó la querella por maltrato conyugal contra el apelante. Fue ella quien gestionó el al-bergue de la señora Rivera Ortiz en el Hogar Ruth de Vega Alta. Señaló que tenía dudas de que el apelante hubiera cometido los actos que se le imputan. Sin embargo, nunca realizó una entrevista formal con la madre y los niños. Su investigación del caso se limitó a gestionar el albergue para la madre y los niños y a mediar a favor del apelante en el pleito de custodia de los niños.

Luego de una discusión sobre lo oportuno de la solicitud de la defensa de presentar prueba pericial sobre la condi-ción mental del apelante, el foro de instancia escuchó el testimonio de la Dra. María Soledad Pinto y del Dr. Alejandro López Deynes.

La doctora Pinto declaró ser psicóloga clínica. Esta so-metió al apelante a un examen psicométrico para evaluar su edad mental y su funcionamiento intelectual. De dicho examen concluyó que, aunque el apelante tiene una edad cronológica de cuarenta y dos (42) años, su edad mental es de un niño de nueve (9) años y seis (6) meses y su cociente intelectual es de sesenta y seis (66). ( ) De acuerdo con esos resultados, lo catalogó como un retardado mental.

Para la doctora Pinto, la conducta del apelante en estos hechos sólo puede ser producto de la ignorancia, por el des-conocimiento, por la ingenuidad y quizás por la curiosidad. Ella no considera esa conducta como criminal, sino que en-tiende que el apelante actuó como un niño curioso guiado o enseñado por un adulto (que luego dijo que posiblemente era la esposa). Según la doctora Pinto, era muy probable que el apelante naciera con retardación mental,() y que no le permitió desarrollar su capacidad intelectual a la par con su desarrollo físico. Explicó que a pesar de que el ape-lante cursó hasta el quinto grado de escuela elemental, sus calificaciones fueron todas “F” y era pasado de grado por las autoridades escolares para que el padre del apelante obtuviera la benevolencia del Departamento de Servicios Sociales en la concesión de una ayuda económica. De he-cho, el apelante no sabe leer ni escribir.

Finalmente, la doctora Pinto diagnosticó que el apelante puede ser adiestrado debidamente para llevar a cabo las actividades típicas cotidianas y puede desarrollar algunas destrezas a su tiempo, pero que no tiene cura porque no se trata de una enfermedad mental sino de un retraso mental.

En la repregunta la doctora Pinto señaló que entrevistó al apelante sólo en dos (2) ocasiones en entrevistas de una hora de duración. Señaló que éste fue llevado a su oficina para ser evaluado con relación al caso de custodia de los niños que se ventilaba en el Tribunal de Distrito de Manatí.

Admitió la doctora Pinto que nunca ha participado en cursos o ha recibido adiestramiento sobre Maltrato o Abuso Sexual de Niños. Tampoco pudo contestar por qué siendo el apelante, según ella, un retardado mental, no cometió los actos a la vista de los demás.

El sexólogo Dr. Alejandro López Deynes atestó que tuvo una conversación de aproximadamente dos (2) horas de la cual puede concluir, y concurrir con la doctora Pinto, que éste es un retardado mental. Según el doctor López Deynes, el apelante no le pudo contestar su edad ni su fecha de nacimiento y su comportamiento durante la entrevista era la de un niño. Con relación a los hechos del caso señaló que lo que pasa es que se ve un cuerpo de adulto con mente de niño y eso prejuicia al que observa. Según él, la edad mental del apelante no le permite asimilar el proceso de lo que es definición sexual, de lo que es un acto sexual, una obse-ción o un ataque sexual. Por ello, de haber cometido los hechos que se le imputan, los habría cometido de juego, no de crimen.

En el contrainterrogatorio, el doctor López Deynes reco-noció que una evaluación para determinar disfunción sexual no se hace en una o dos (2) horas de entrevista. Reconoció, además, que la mayor parte de la información sobre el apelante durante la entrevista la recibió de la her-mana del apelante.

La defensa presentó varios testigos de reputación.() En síntesis, declararon que el apelante tenía buena reputación en la comunidad, era una persona respetuosa, era tímido, que realizaba trabajos de limpiar patios, pintar verjas, bo-tar la basura, etc. Unos atestaron tener hijos menores y no haber recibido queja de éstos cuando el apelante se que-daba solo con ellos. Todos atestaron que el apelante reali-zaba bien sus trabajos y que nunca habían tenido que pa-gar para corregir los mismos.

Luego de presentados estos testigos, la defensa repro-dujo su moción de absolución perentoria. Argumentó que aun cuando se le diera crédito a la prueba de cargo, surgía de su prueba pericial médica que el apelante era inimpu-table debido a su condición de retrasado mental. El foro sentenciador denegó la solicitud. La defensa solicitó, en-tonces, que el foro sentenciador ordenara una evaluación psicométrica del apelante a un psicólogo clínico nombrado por el tribunal, a tenor con la Regla 240 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El Ministerio Público se opuso a tal petición. El foro sentenciador denegó la misma.

Una vez las partes rindieron sus respectivos informes finales, el caso quedó sometido. El foro sentenciador dictó fallo condenatorio en los cuatro (4) cargos de actos lascivos e impúdicos imputados. Refirió al acusado a la Oficina de Sociopenales para el correspondiente informe presentencia y señaló fecha para dictar sentencia.

En el Ínterin, la defensa solicitó que el apelante fuera sometido a evaluación psiquiátrica para determinar si es-taba procesable y comprendía la naturaleza y el propósito del acto de dictar sentencia. El foro de instancia concedió la solicitud. Luego de que fuera celebrada una vista de pro-cesabilidad, en la cual declararon la Dra. Alina Vales() y el Dr. Justo P. Rodríguez Valle,() el caso quedó sometido para dictar sentencia.

El foro sentenciador concluyó que, luego de analizar la prueba de ambas partes, entendía que el apelante era ca-paz de comprender la naturaleza y el propósito de los pro-cedimientos y participar en el acto de la imposición de la sentencia con pleno conocimiento de su significado. Proce-dió a imponerle ocho (8) años de presidio en cada uno de los cuatro (4) cargos, a ser cumplidos consecutivamente. Se le denegó el beneficio de una sentencia suspendida.

De esas sentencias recurre ante nos el apelante.

r-H HH HH

Discutimos, en primera instancia, el señalamiento de error relacionado con la falta de representación legal eficaz y adecuada del apelante, pues de haberse cometido el mismo, procedería la revocación de las sentencias y la celebración de un nuevo juicio. Cf Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1986).

Aduce el apelante que su representación legal a nivel de instancia() no fue eficaz y adecuada porque su abogado no presentó la defensa de insanidad por retardación mental de acuerdo con la Regla 74 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, sino que levantó la misma tardíamente. Ese hecho, sostiene, llevó al juzgador a no darle crédito a los peritos de la defensa. Entiende el ape-lante que si su representación legal hubiera notificado oportunamente dicha defensa, el juez hubiera llegado, “con razonable probabilidad, a una conclusión distinta respecto a la responsabilidad del acusado”. No tiene razón.

De la exposición narrativa de la prueba surge con meri-diana claridad que el foro de instancia, a pesar de que cuestionó lo oportuno de la prueba pericial de la defensa sobre capacidad mental del apelante, escuchó y aquilató esos testimonios al momento de decidir y emitir su fallo. Adviértase que aquí el Ministerio Público no objetó la in-troducción en evidencia de esos testimonios. Renunció así a objetar la presentación tardía de esa prueba.

Cuestiona el apelante que la defensa no utilizó el meca-nismo de la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, para descubrir prueba exculpatoria. En especial, cuestiona que su abogado no solicitara los expedien-tes médicos de los niños que obraban en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación, de los cuales podía surgir prueba para impugnar el testimonio de los niños y el de la doctora González de Knudson. El señalamiento es frívolo. Basta con una lectura de la exposición narrativa de la prueba para percatarse del incisivo, persistente y consistente con-trainterrogatorio al que fueron sometidos todos los testigos de cargo, en especial los niños y la doctora González de Knudson. Lo que sucede es que esos testimonios, consis-tentes y corroborativos entre sí, resultaron inespugnables y devastadores para la defensa. Esa realidad no variaba fuera éste u otro el abogado defensor. Pueblo v. López Gumán, 131 D.P.R. 867 (1992).

De otro lado, resultaba cuestionable que de los récord de los niños en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación surgiera evidencia exculpatoria o beneficiosa para la de-fensa impugnar los testimonios de los niños.

Sabido es que todo acusado de delito tiene el derecho constitucional a tener una representación legal adecuada y efectiva. Art. II, Sec. 11, Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo 1; Pueblo v. Morales Suárez, supra. En este caso señalamos que existe una fuerte presunción de que las actuaciones del defensor caen dentro del ámbito de una razonable asistencia legal y que corresponde al apelante demostrar la incompetencia enervante de su derecho. Ello a tal grado extremo que tales actuaciones u omisiones le causaron un perjuicio sustancial de tal magnitud que, de no haber incidido en las mismas, existía la probabilidad de que el resultado del juicio habría sido distinto. Para ello hay que analizar todas las circunstancias concurrentes en el caso.

Por lo discutido anteriormente, concluimos que en este caso el resultado habría sido el mismo. En primer lugar, el señalamiento sobre presentación tardía de la defensa de locura y el efecto de tal tardanza es especulativo.() En segundo lugar, el señalamiento sobre el descubrimiento de prueba puede considerarse como un error de juicio en la estrategia que no justifica la revocación de las sentencias.

Lo cierto es que la prueba de cargo fue abrumadora en cuanto a establecer los elementos constitutivos del delito y su conexión con el acusado. Como veremos adelante, en cuanto a la capacidad mental del apelante al momento de cometer los hechos, la prueba de cargo demostró la capaci-dad del apelante para comprender la criminalidad de los actos imputados.

El “criterio final para adjudicar una reclamación de falta de efectividad en la defensa debe ser si la actuación del abogado de tal modo vulneró el adecuado funcionamiento del sistema adversativo que no pueda decirse que el juicio tuvo un resultado justo”. Pueblo v. Morales Suárez, supra, págs. 501-502. En el caso de autos, estamos convencidos de que el apelante tuvo un juicio justo cuyo resultado también fue justo. Pueblo u. López Guzmán, supra.

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Sostiene el apelante que por padecer de retardación mental es inimputable de los delitos por los que se le acusó, aun cuando quedara probado que cometió los mismos.

Sabido es que para que una persona sea penalizada por un acto o una omisión, éstos deben ser intencionales o negligentes. Art. 14 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3061. Esa intención o negligencia se manifiesta mediante las circunstancias relacionadas con el delito, la capacidad mental, las manifestaciones y la conducta del acusado. Sin prueba del elemento mental del imputado no puede configurarse el delito. En casos como el de autos, donde se imputa un delito de intención específica y donde no existen manifestaciones del imputado que reflejen su estado anímico al momento de cometer los hechos, el Ministerio Público depende de la prueba relacionada con las circunstancias en que se comete el delito para probar el elemento de la intención criminal. Pueblo v. Torres Nieves, 105 D.P.R. 340, 346 (1976).

Ahora bien, el defecto mental que anula la capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con la ley es una causa de inimputabilidad, ya que suprime el elemento mental. Art. 30 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3152. Esa carencia de capacidad no tiene que ser total o completa, pero sí de tal grado que impida a la persona conducirse conforme con la ley o comprender la criminalidad de sus actos. Nótese que nuestro Art. 30 del Código Penal, supra, es una traducción de la Sec. 4.01 del Código Penal Modelo, por lo que la interpretación dada a ese código es importante en la interpretación de nuestro estatuto. Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rey. C. Abo. P.R., 1986, págs. 63-66. Se advertirá, además, que el defecto mental incapacitante puede ser aquel que ocasione una deficiencia a nivel cognoscitivointelectual o a nivel volitivo.

Bajo la definición del Código Penal Modelo, el término “defecto mental” incluye la retardación mental.() Véase American Law Institute, Model Penal Code and Commentaries, AMA, 1985, Sec. 4.01, págs. 176-177.

La retardación mental “envuelve una significativa disminución de las funciones intelectuales ocurridas antes de cumplir los dieciocho (18) años”. J.E. Granados Peña, Las defensas derivadas de la insanidad mental: ¿Dónde está Puerto Rico?, 53 Rev. C. Abo. P.R. 47, 61 (1992); American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition (DSM III); Washington, DC, APA, 1980, págs. 36-41. Conforme al DSM III, se aceptan distintos grados de severidad de la retarda-ción mental fundado en los distintos cocientes de inteligen-cia (I.Q.) que reflejan las pruebas sicométricas realizadas por los sicólogos, a saber, media (50-55 a 70); moderada (35-40 a 50-55); severa (20-25 a 35-40), y profunda (hasta 20 ó 25).() Granados Peña, supra, pág. 61.

Esa deficiencia significativa de las funciones intelectuales generalmente resulta en deficiencia o impedimento en la conducta adaptativa al ambiente social que rodea al individuo que padece de retardación mental. La efectividad con que el individuo se adapta a las reglas de independencia personal y responsabilidad social que se esperan a su edad y en su grupo cultural se ve afectada por tal deficiencia a nivel intelectual. Véase DSM III, pág. 37.() Para la psiquiatría, entre la adaptación social y la inteligencia existe una relación directa que disminuye a medida que disminuye la severidad del defecto mental. DSM III, pág. 37.

La pregunta de rigor es, pues, ¿son todos los retardados mentales inimputables de delito por carecer de capacidad mental?

La profesora Nevares-Muñiz señala al respecto:

En el Código Penal Modelo, (draft No. 4, apéndice c) se expo-nen los memoriales del consultor, Dr. Manfred Guttmacher, ex- ■ plisando el criterio de inimputabilidad por incapacidad mental que se incluye en ese código. Según el siquiatra, en casos de retardación mental sólo estarán exentas las personas que ten-gan extrema retardación. Puede haber situaciones en que perso-nas aún con defectos mentales puedan tener capacidad sufi-ciente para funcionar bajo condiciones normales. (Enfasis suplido.) Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 65.

El profesor Granados Peña llega a una conclusión similar. En su citado artículo se plantea la controversia y expone:

Naturalmente cuando se presenta una situación de retarda-ción mental puede plantearse como defensa el defecto mental, siempre y cuando el grado de retraso sea suficiente para evitar la adecuada relación intelectivo-volitiva. Empero, ¿debe decla-rarse la inimputabilidad siempre? No hay duda que ello es así en la profunda y la severa. La discusión se centra en la mode-rada y media. Comparto la opinión de que en esas situaciones, el factor predominante para la determinación de la imputabili-dad no es el psicológico puro sino una relación de factibilidad en la vida social de parte de quienes padecen dicho retraso. En todo caso lo importante es definir si al momento del acto, ese sujeto podía actuar de otra manera o si lo hizo en virtud de no estar en posición de comprender los alcances antijurídicos de su obrar. (Enfasis suplido y escolios omitidos.) Granados Peña, supra, págs. 61-62.

De suerte que cuando de retardación moderada (35-40 a 50-55) o media (50-55 a 70-75) se trata, habrá que recurrir a los hechos para determinar si la conducta adaptativa del acusado, antes y durante los hechos, demuestra que éste podía actuar de otra manera o si incurrió en el delito en virtud de no comprender los alcances antijurídicos de su obrar. Cf. McDonald v. United States, 312 F.2d 847, 850 (Cir. D.C. 1962) (la sola evidencia de un I.Q. de 68 es insuficiente para declarar inimputable al acusado); Hill v. State, 251 N.E.2d 429, 435 (1969) (la sola evi-dencia de un I.Q. de 75 no denota un defecto mental de tal naturaleza que exima al acusado de responsabilidad).

Por otro lado, en términos procesales hemos establecido que la cordura del acusado se presume y que, para rebatir esa presunción, es necesario que éste presente prueba suficiente o que surja de la prueba de cargo una duda razonable sobre su cordura al momento de los hechos. Una vez surge esa duda razonable, le corresponde al Fiscal probar entonces la sanidad mental del acusado como cualquier otro elemento del delito. Pueblo v. Marcano Pérez, 116 D.P.R. 917, 927 (1986), y casos allí citados. El Ministerio Público no está obligado a presentar prueba pericial para probar la cordura del acusado o para refutar la prueba pericial de la defensa sobre insanidad mental. Le basta con presentar prueba, sea o no pericial, o una combinación de ambas, que demuestre más allá de duda razonable tal cordura.

V

En el caso de autos, a poco se profundice, se nota que la defensa no presentó prueba suficiente para rebatir la pre-sunción de cordura. Su perito (doctora Pinto) estableció que el acusado tenía un cociente de inteligencia de 66. Esto es una retardación mental media que, de por sí sola, no hace inimputable al apelante. Por otro lado, la prueba de cargo dejó establecido que el apelante se comportaba como un adulto y que comprendía la criminalidad de sus actos al momento de cometer los hechos. Todos los niños declararon que su padre se ocultaba de las demás personas al cometer los actos imputados; ya fuera cerrando las puertas o espe-rando a que la madre no estuviera en el hogar para satis-facer sus deseos sexuales. La propia doctora Pinto no pudo explicar ese proceder de una persona que calificó como re-tardada mental.

De otro lado, los propios testigos de reputación del ape-lante señalaron que éste era una persona funcional en su comunidad. En específico, lo describieron como persona respetuosa aunque tímida; que realizaba bien los distintos trabajos que se le encomendaban; que asumía fielmente la responsabilidad de velar los niños de esos testigos; en fin, que su adaptación social era la de una persona adulta, cuya edad cronológica era de cuarenta y dos (42) años.

Concluimos, pues, que el apelante era imputable al mo-mento de cometer los hechos y que no erró el foro de ins-tancia al así determinarlo.

VI

Finalmente, cuestiona el apelante la suficiencia de la prueba.() Corresponde al Ministerio Público probar to-dos los elementos constitutivos del delito imputado y su relación con el acusado, más allá de duda razonable, mediante prueba suficiente en derecho. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985).

Analizada la prueba en autos, concluimos que el Ministerio Público cumplió con ese deber. El apelante fue acusado por alegadamente cometer actos lascivos e impúdicos contra cuatro (4) de sus hijos. Todos los niños eran menores de catorce (14) años. El Art. 105 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4067, penaliza por ese delito a toda persona que, sin intentar consumar el acto sexual, cometa cualquier acto que tienda a despertar, excitar o satisfacer su impudicia, pasión o deseos sexuales con otra persona. Este es un delito intencional.

La prueba de cargo dejó demostrado que el apelante, intencionalmente, sometió a los niños a diversos actos sexuales con el fin de satisfacer sus impulsos sexuales. Los testimonios de los niños fueron explícitos en cuanto a los actos de contacto carnal con las partes pudendas de éstos y, en ocasiones, con los del apelante.

Esos testimonios fueron corroborados por la terapista doctora González de Knudson. Resulta revelador que ésta sometiera a los niños a una especie de confrontación extrajudicial de las versiones que éstos ofrecían y resultara que tales versiones eran consistentes entre sí. Además, para dar mayor confiabilidad al relato, los niños parecían vivir el mismo al momento de exponerlo a la perito.

Creída, como fue, por el foro de instancia esa prueba, es suficiente para sostener las convicciones del apelante. Su teoría de que todos los testimonios de los niños fueron fa-bricados por la madre en una clandestina trama amorosa para sacarlo de su casa se desvanece ante la contundencia y consistencia de los mismos. No intervendremos, pues, con la adjudicación de credibilidad y con la evaluación de la prueba hecha por el foro sentenciador. Pueblo v. Rivera Robles, 121 D.P.R. 858 (1988).

Se dictará sentencia de conformidad.

      (1) Los niños perjudicados fueron A.R.R. (6 años); S.R.R. (5 años), J.L.R.R. (3 años) y J.R.R. (2 años). El apelante y su esposa procrearon otros dos (2) niños du-rante su matrimonio.

      (2) Obviamente, el apelante se refiere al testimonio de la Dra. Doris González de Knudson, psicóloga y terapista de niños abusados sexualmente. El testimonio de esta perito fue objeto de amplio contrainterrogatorio por parte de la defensa. Entonces, no se cuestionó su testimonio sobre el uso de muñecos terapéuticos. El señalamiento de error, que ahora levanta el apelante, es tardío e insubstancial, por lo que no lo discutiremos.

      (3) La señora Rivera Ortiz fue referida al Centro de Ayuda a Víctimas de Viola-ción por la Sra. Luz Delia Rosario Arroyo, Trabajadora Social del Hogar Ruth de Vega Alta, que daba albergue a mujeres víctimas de maltrato conyugal y a sus hijos.

      (4) Es así como la señora Rivera Ortiz llega al Hogar Ruth referida por la em-pleada del Departamento de Servicios Sociales Yolanda López.

      (5) El señor Galíndez atestó que la señora Rivera Ortiz llevaba consigo a las dos (2) niñas mayores cuando iban a los moteles y las dejaba en el estacionamiento mientras sostenía relaciones sexuales con él.

      (6) El cociente intelectual (I.Q.) de una persona de inteligencia normal fluctúa entre noventa (90) a cien (100).

      (7) La doctora Pinto señaló que la retardación mental se diferencia de la locura en que es una disfunción de la conciencia o capacidad intelectual, mientras que la locura se trata del deterioro de las funciones mentales. No hay evidencia en autos de la tara hereditaria del apelante.

      (8) Entre ellos, Federico Rivera Vidal, Alicea Cebollero y Ada J. Rivera González.

      (9) En síntesis, la doctora Vales declaró que tenía que descartar la posibilidad de que el apelante sufriera de retardación mental porque no existían récord o diagnós-ticos en tal sentido anteriores a la edad de dieciocho (18) años del apelante. De acuerdo con esta perito, la retardación mental se tiene que establecer antes de esa edad porque, por definición, es un problema del desarrollo. Véase American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Third Edition (DSM III), Washington, D.C., A.P.A., 1980, págs. 40-41. Describió la conducta del apelante durante su entrevista como muy recta, sin reservas al hablar, educado y entendía lo que ella le decía. Solo encontró que el apelante estaba ansioso, deprimido y preocupado por sus hijos.

      (10) El doctor Rodríguez Valle atestó que el grado de retraso mental del apelante, si alguno, es leve. Dijo que éste no presenta ningún síntoma emocional que lo exima de cumplir su responsabilidad. Durante su entrevista se mostró tranquilo, coherente, relevante, correcto, contestó adecuadamente sus preguntas y no estaba irritable o alucinando. Señaló que los términos “fronterizo” y “limitado” que utiliza la doctora Pinto en su informe psicométrico para describrir al apelante no son términos de retraso mental severo ni profundo. Señaló que durante su entrevista el apelante se comportó como un adulto y no como un niño.

      (11) A nivel de instancia estuvo representado por el Ledo. Jorge Arroyo Fernández. A nivel apelativo está representado por la Leda. Carmen N. Quiñones Núñez.

      (12) Cabe señalar, además, que la defensa del apelante no solo descansó en la defensa de locura, sino que durante todo el proceso intentó probar que la esposa de éste, mediante maquinaciones incidiosas y manipulación sobre sus hijos, los conven-ció para que los niños inventaran lo del abuso sexual. Con ello trató de crear la duda razonable en cuanto a la versión de los niños, apuntando el motivo de la esposa para deshacerse del marido, y así continuar con su amante confeso, como el móvil de las acusaciones.

      (13) La retadación mental u oligofrenia se define como poca inteligencia o deficiencia mental. Véase Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, pág. 976. El diagnóstico de esta condición se hace inde-pendientemente de que coexistan otros desórdenes físicos o mentales. DSM III, pág. 36.
      En McDonald v. United States, 312 F.2d 847, 851 (Cir. D.C. 1962), se definió la enfermedad o defecto mental como
      “...any abnormal condition of the mind which substantially affects mental or emotional processes and substantially impairs behavior controls.” (Enfasis suplido.)
      La retardación mental puede ser de tal gravedad que afecte sustancialmente el proceso mental (inteligencia) y disminuya sustancialmente los controles de la conducta.

      (14) Generalmente, las funciones intelectuales se miden con las pruebas sicomé-tricas y se le da un cociente de inteligencia (I.Q.) conforme con el resultado de los exámenes de inteligencia de dichas pruebas. Una disminución significativa de estas funciones está reflejada por un I.Q. de 70 o menos con un margen de error de ±5 puntos. Por ello la frontera se traza en una puntuación entre 65 a 75. El individuo normal tiene un promedio de 100 a 90.

      (15) De hecho, el I.Q. de 70 a 75 se utiliza como frontera, pues se ha comprobado que los que están por debajo del mismo generalmente tienen una pobre función de adaptación a dichas normas y requieren unos servicios de protección especiales. DSM III, pág. 37.

      (16) Discutiremos conjuntamente con este señalamiento de error la alegación del apelante que cuestiona la denegación de la moción de absolución perentoria.


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Re-bollo López,

text:
    Zorniak Air Services, Inc., demandante y recurrida, v. The Cessna Aircraft Co., etc., demandados y recurrente la primera.

      Número: CE-87-705

      Resuelto: 10 de diciembre de 1992

      Manuel Moreno Toledo, de Sweeting, González & Cestero, abo-gado de la recurrente; Tomás Céspedes y Rafael Baella-Silva, abogados de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

I-H

El 31 de agosto de 1983 Zorniak Air Services, Inc. (en adelante Zorniak) presentó una demanda en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra Cessna, Inger Holmdin, también conocida como PIA (en adelante PIA) —haciendo negocios como Royal Aviation, Inc. (en adelante Royal)— y Fernando Márquez Dacosta (en adelante Dacosta). En la primera causa de acción, Zorniak alegó que el 17 de marzo de 1983, ésta y Cessna otorgaron un contrato de represen-tación, mediante el cual se designó a Zorniak como repre-sentante para la venta de aviones Citation I, II y III en el área de Puerto Rico, Islas Vírgenes y la República Dominicana. El 17 de mayo de 1983 Cessna le notificó a Zorniak “la terminación del contrato de representación a ser efectiva 90 días a partir de la fecha de dicha comunicación”. Continuó alegando que esta terminación unilateral constituyó un acto torticero al amparo de las disposiciones de la Ley de Contratos de Distribución de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. secs. 278-278d. En el párrafo 19 de la demanda expresó, además, que como resultado de sus gestiones y esfuerzos, Cessna obtuvo una orden de compra que fue aceptada —de un avión Citation II— y que por tal razón Cessna le adeudaba una comisión del seis por ciento (6%) del precio de venta, cantidad que estimaba en una suma no menor de ciento setenta mil dólares ($170,000).

Reclamó entre los daños ocasionados por las actuaciones de Cessna una comisión por la venta del avión Citation II en exceso de ciento setenta mil dólares ($170,000).() Alegó, además, ciertas actuaciones de PIA y Dacosta que en su opinión los hacían solidariamente responsables de todos los daños reclamados, incluyendo la comisión por la venta del avión Citation II.

En la segunda causa de acción expresó que PIA “sin estar autorizada para ello, expidió y cobró cheques de [Zorniak] para su beneficio personal en la suma de $8,338.89. Dichos cheques los expidió a su nombre, a nom-bre de conocidos suyos y a nombres ficticios, falsificando la firma del presidente de la Corporación”. Por estos hechos le reclamó diez mil dólares ($10,000).

El 5 de octubre de 1983 PIA y Royal contestaron la de-manda negando responsabilidad. () El 28 de octubre Cessna contestó. Así las cosas, y luego de una serie de trámites procesales, el 9 de enero de 1986 el tribunal dictó una re-solución en la cual determinó que “[e]n conformidad con el contrato suscrito entre [Cessna y Zorniak] el 17 de marzo de 1983, el mismo tendría vigencia hasta el 31 de diciem-bre de 1983 ...”. El 26 de enero de 1987 Royal presentó una demanda contra la coparte. Le reclamó a Cessna la suma de ciento cuarenta y siete mil dólares ($147,000) en con-cepto de comisión por la venta del avión Citation II. Alegó que el 17 de agosto de 1983 Cessna y Royal() suscribieron un contrato de representación en los mismos términos que el previamente suscrito entre Cessna y Zorniak, y que el 6 de septiembre de ese mismo año se otorgó el contrato de venta del avión Citation II. Continuó alegando que la venta del avión se produjo como resultado “de las gestio-nes, actuaciones y diligencias realizadas por Royal” y que por lo tanto, a ésta le correspondía el pago total de la comisión.

El 20 de febrero de 1987 Cessna contestó la demanda contra coparte. Como defensa afirmativa alegó que existía una situación de reclamaciones múltiples en su contra y que lo que procedía era que el tribunal obligase a la de-mandante Zorniak a litigar con la codemandada Royal la disputa sobre a quién le correspondía la comisión. Razonó que si no se llevaba a cabo este procedimiento Cessna po-dría estar expuesta a una doble o múltiple responsabilidad.

El 18 de marzo de 1987 Cessna presentó, al amparo de la Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, una demanda para obligar a reclamantes adversos a litigar en-tre sí. El 8 de abril del mismo año Zorniak contestó dicha demanda. Como defensa afirmativa alegó, en síntesis, que tenía derecho a la comisión y a los intereses, además de una suma razonable en concepto de honorarios de abogado. Solicitó que se ordenase a Cessna consignar la comisión y los intereses previo a la continuación de los procedimientos. El 13 de abril Royal contestó la demanda al amparo de la Regla 19 de Procedimiento Civil, supra. Como defensa afirmativa reiteró su derecho a recibir la comisión y expresó, además, que “[s]i Cessna debe pagarle o no una comisión a ZORNIAK, en cuanto a Royal es ‘res inter ali[a]s’; situación que deberá adjudicar el Honorable Tribunal en su día”. Finalmente solicitó que se declarase sin lugar la demanda contra coparte presentada por Cessna y que se continuasen los procedimientos como hasta el presente.

Así las cosas, el 21 de abril de 1987 el foro de instancia dictó la siguiente resolución:

Estando ya todas las partes en el pleito, existiendo la posibi-lidad de imposición de honorarios e intereses!,] lo que haría una orden para consignar difícil de precisar en su cantidad y trabada ya una controversia entre Cessna y Zorniak sobre el derecho de esta última a devengar la comisión, el Tribunal con-sidera que no debe autorizar la litigación en consonancia con la Regla 19 de Procedimiento Civil.

De esta resolución Cessna recurre ante nos planteando la comisión del siguiente error: “erró manifiestamente [el foro de instancia] en su interpretación de la Regla 19 de Procedimiento Civil y, por consiguiente, incurrió en un claro abuso de discreción en su resolución recurrida d[e] 21 de abril de 1987”.

Decidimos revisar y expedimos el auto de certiorari.

1 — 1 H — 1

Regla 19 Procedimientos para obligar a reclamantes ad-versos a litigar entre sí (“interpleader”)

REGLA 19. PROCEDIMIENTOS PARA OBLIGAR A RECLA-MANTES ADVERSOS A LITIGAR ENTRE SI
Todas aquellas personas que tuvieren reclamaciones contra el demandante podrán ser unidas como demandadas y reque-rírseles para que litiguen entre sí dichas reclamaciones, cuando las mismas fueren de tal naturaleza que el demandante estaría o podría estar expuesto a una doble o múltiple responsabilidad. No será motivo para objetar a la acumulación el que las recla-maciones de los distintos reclamantes a los títulos en los cuales descansan sus reclamaciones no tengan un origen común o no sean idénticos sino adversos e independientes entre sí, o que el demandante asevere que no es responsable en todo o en parte de lo solicitado por cualquiera de los reclamantes. Un deman-dado que se hallare expuesto a una responsabilidad similar puede obtener el mismo remedio a través de una reclamación contra coparte o reconvención. Las disposiciones de esta regla suplementan y no limitan la acumulación de partes permitida en la Regla 17. 32 L.RR.A. Ap. III.

El procedimiento para obligar a reclamantes ad-versos a litigar entre sí (interpleader) establecido por la Regla 19 de Procedimiento Civil, supra, proviene del derecho común inglés y nos llega a través de la Regla 22(1) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C. App. Este mecanismo procesal es remediador en equidad, que debe verse como un complemento a la Regla 17.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre acumulación permisible. Su propósito es permitir que un demandante o demandado, que estaría o podría estar expuesto a una doble o múltiple responsabilidad, pueda obligar a todas aquellas personas que tuvieren reclamaciones en su contra a litigar entre sí dichas reclamaciones. Esta regla propicia el que en un solo pleito se litiguen todas las reclamaciones y se pueda así resolver la controversia y satisfacer la obligación. Esto a su vez impide que el demandante tenga que arriesgarse a es-coger quién, entre todos los reclamantes, tiene la mejor reclamación. Si el demandante no tiene interés en la reclamación, este mecanismo puede obligar a los reclamantes a litigar la controversia entre ellos sin que él tenga que in-volucrarse en la litigación sobre los méritos de esta controversia. Cabe señalar que cualquier demandado que esté expuesto a una doble o múltiple responsabilidad puede utilizar el procedimiento de la Regla 19 de Procedi-miento Civil, supra, por medio de una reconvención o de-manda contra tercero. 7 Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure Secs. 1701, 1702, 1704, 1708 y 1709 (1986); 3A Moore’s Federal Practice Secs. 22.01, 22.02, 22.08, 22.15 y 22.16 (1987); 21 Fed. Proc. L. Ed. Secs. 49:1-49:16 (1984).

La Regla 19 de Procedimiento Civil, supra, ofrece al demandante o demandado, según fuese el caso, protección contra las molestias y los gastos que produce la litigación de pleitos múltiples y la posibilidad de veredictos contradictorios. Además, correctamente utilizado, este mecanismo puede lograr la pronta resolución de la controversia entre los reclamantes adversos, economizando tiempo y gastos tanto a las partes como al sistema judicial.

Sobre el propósito y la naturaleza de los procedimientos para obligar a reclamantes adversos a litigar entre sí, el tratadista Moore nos expresa lo siguiente:

Interpleader is a procedural device which enables a person holding money or property, in the typical case conceded to belong in whole or in part to another, to join in a single suit two or more persons asserting mutually exclusive claims to the fund. The advantages of such a device are both manifest and manifold. A many-sided dispute is settled economically and expeditiously within a single proceeding; the stakeholder is not obliged to determine at his peril which claimant has the rightful claim, and is shielded against the possible multiple liability flowing from inconsistent and adverse determinations of his liability to different claimants in separate suits. Even in those cases where there is little threat of multiple liability, the stakeholder is freed from the vexation of multiple lawsuits and may be discharged from the proceeding so that the true dispute will be settled between the true disputants, the claimants. The claimants are benefited as well, since search for and execution upon the debtor’s assets are obviated, the spoils of the contest being awarded directly out of the fund deposited with the court. (Enfasis suplido y escolios omitidos.) Moore, supra, Sec. 22.02[1], págs. 22-4 a 22.5.

Como podrá observarse, la Regla 19 de Procedimiento Civil, supra, establece un mecanismo procesal en equidad, remediador y discrecional, que por su naturaleza debe ser aplicado liberalmente para lograr sus propósitos.()

Pasemos ahora a analizar si, en las circunstancias espe-cíficas del caso de autos, la implantación de los procedi-mientos para obligar a reclamantes adversos a litigar en-tre sí logra los propósitos que persigue la Regla 19 de Procedimiento Civil, supra.

b-i b-i bb

Aplicación de la Regla 19 de Procedimiento Civil

En el presente caso no cabe duda de que tanto Zorniak como Royal reclaman de Cessna la misma comisión por la venta del mismo avión. No cabe duda que, para la mayor eficiencia y economía procesal, todas las controversias dimanantes de las relaciones contractuales entre Cessna y Royal, y entre Cessna y Zorniak, especialmente las relacio-nadas con la venta del avión Citation II, deben dilucidarse en un solo juicio ante el mismo juez. Esto no significa, sin embargo, que por este solo hecho proceda la utilización de los procedimientos establecidos en la Regla 19 de Procedi-miento Civil, supra. Veamos.

Mediante las distintas alegaciones de las partes —la de-manda, la reconvención y la demanda contra coparte— el tribunal a quo tiene ya ante sí, para su resolución, todas las controversias relacionadas con la reclamación de la co-misión por la venta del avión Citation II. En su demanda, Zorniak no sólo le reclama la comisión por la venta del avión a Cessna, sino que también alega que Royal le es responsable solidariamente con Cessna por el pago de dicha comisión. Fundamenta esta alegación en una reclama-ción por daños por alegadas actuaciones torticeras de parte de Royal relacionadas precisamente con este mismo asunto.

Como podrá observarse, en este caso, las reclamaciones entre Zorniak, Royal y Cessna por la comisión de la venta del avión están tan entrelazadas, que la dilucidación de la controversia respecto a quién pertenece requiere que todas las partes, tanto los reclamantes adversos —Zorniak y Royal— como el demandante deudor —Cessna— participen en esta etapa de los procedimientos. No se trata, pues, de una controversia entre reclamantes adversos que no nece-sita la participación del deudor demandante, según estos procedimientos están dispuestos en la Regla 19 de Proce-dimiento Civil, supra. De esta manera fue que el foro de instancia enfocó el problema procesal. Denegó la solicitud de que se utilizasen los procedimientos bajo la Regla 19 de Procedimiento Civil, supra, y determinó que en el pleito se verían todas las controversias juntas.

Los jueces de primera instancia, al interpretar las reglas procesales, tienen el deber de garantizar que se logre una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Por su parte, la Regla 38.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, dispone que “\e\l tribunal por razón de conveniencia, o para evitar perjuicio, o para evitar gastos innecesarios, o para facilitar la más pronta terminación del litigio, podrá ordenar un juicio por separado de cualesquiera demandas, demandas contra coparte, reconvenciones, demandas contra tercero, o de cualesquiera cuestiones litigiosas independientes, y podrá dictar sentencia de acuerdo con lo dispuesto en la Regla 44.3”. (Enfasis suplido.) Los tribunales de instancia tienen amplia discreción en conceder o denegar un juicio por separado de cualesquiera cuestiones litigiosas independientes y, a menos que se demuestre un craso abuso de discreción, este Tribunal no intervendrá con dicha determinación. Muñoz v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 842, 846 (1951).

El propósito primordial de la Regla 38.2 de Procedimiento Civil, supra, es simplificar y aligerar la adjudicación en todo caso. En Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838, 859 (1986), expresamos que al decidir sobre la procedencia de un juicio por separado de alguna controversia que sea parte de la reclamación, el foro de instancia debe tomar en consideración factores tales como: “1) si resolver la controversia dispondría del caso o de una parte sustancial del mismo....; 2) si la prueba para resolver una controversia es independiente a la de los demás asuntos; 3) si las controversias o la prueba necesaria para adjudicar alguna de esas controversias están muy relacionadas entre sí; 4) si el procedimiento al separarse las controversias resulta más rápido o económico según la experiencia general”.

Aunque el tribunal de instancia tiene amplia dis-creción en ordenar un juicio por separado, sin embargo, no debe hacerlo a menos que sea realmente necesario para promover una solución más justa, rápida y económica, ya que la norma general es evitar la litigación fragmentada de las controversias en un pleito. 9 Wright and Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 2388 (1986); J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, Vol. II, pág. 200.

Ahora bien, ordenar en las circunstancias específicas de este caso que el foro de instancia utilice los procedimientos dispuestos en la Regla 19 de Procedimiento Civil, supra, constituye una intervención indebida con el ejercicio de la discreción de dicho foro en el manejo del caso. No están presentes las circunstancias que justifican el uso de la Re-gla 19 de Procedimiento Civil, supra. Es de clara aplicación la norma de que “de ordinario, este Tribunal no interven-drá con el ejercicio de la discreción de los tribunales de instancia, salvo que se demuestre que hubo un craso abuso de discreción, o que el tribunal actuó con prejuicio o par-cialidad, o que se equivocó en la interpretación o aplicación de cualquier norma procesal o de derecho sustantivo, y que nuestra intervención en esa etapa evitará un perjuicio sustancial”. Lluch v. España Service Sta., 117 D.P.R. 729, 745 (1986).

De los hechos reseñados se desprende que la aplicación de la Regla 19 de Procedimiento Civil, supra, no está justificada. Ya todas las partes con intereses adversos es-tán ante el tribunal al igual que todas las reclamaciones sobre la misma comisión. No existe posibilidad alguna de que Cessna pueda ser objeto de doble o múltiples reclama-ciones en pleitos independientes, ni está expuesta a vere-dictos contradictorios. La reclamación sobre el derecho a recibir la comisión de la venta del avión será ventilada en un solo pleito ante un mismo juez. Es a éste a quien corres-ponde determinar el mejor manejo del caso y salvo un craso abuso de discreción, que no está presente en este caso, no debemos intervenir con sus decisiones sobre este particular. La economía procesal se frustraría si obligáse-mos al foro de instancia a utilizar los procedimientos para obligar a reclamantes adversos a litigar entre sí cuando no está presente alguno de sus propósitos. Regla 19 de Proce-dimiento Civil, supra.

Por todo lo antes expuesto, y tomando en consideración que la revisión se da contra la determinación del foro de instancia, no contra los fundamentos —El Vocero v. Junta de Planificación, 121 D.P.R. 115 (1988); Sánchez v. Eastern Air Lines, Inc., 114 D.P.R. 691, 695 (1983); Collado v. E.L.A., 98 D.P.R. 111, 114 (1969); Rodríguez v. Serra, 90 D.P.R. 776, 777 (1964)— procede dictar sentencia que confirme la resolución emitida en instancia denegando la solicitud de que se procediera a utilizar los procedimientos establecidos en la Regla 19 de Procedimiento Civil y devolver el caso al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Negrón García.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

El presente recurso nos permite delinear, en términos generales, el alcance y la naturaleza del procedimiento que establece la Regla 19 de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, para obligar a reclamantes adversos a litigar entre sí. Al hacerlo, mantenemos en mente lo expresado en Dávila v. Hosp. San Miguel, Inc., 117 D.P.R. 807, 808 sum. 3 (1986), a los efectos de que:

AI interpretar las Reglas de Procedimiento Civil hay que te-ner presente, como principio rector, que éstas no tienen vida propia, sólo existen para viabilizar la consecución del derecho sustantivo de las partes. Para lograr impartir justicia al resolver los reclamos de las partes, el tribunal debe hacer un balance equitativo entre los intereses en conflicto ejerciendo especial cuidado al interpretar las reglas procesales para que éstas garanticen una solución justa, rápida y económica de la controversia. (Énfasis suplido.)

I

El 17 de marzo de 1983 Cessna Aircraft Company (en lo sucesivo Cessna) y Zorniak Air Services, Inc. (en adelante Zorniak) suscribieron un contrato mediante el cual se de-signó a Zorniak como representante autorizado de Cessna para vender aviones modelo Citation en Puerto Rico, la República Dominicana y las Islas Vírgenes. Según los tér-minos del contrato, Zorniak recibiría un 6% de comisión en la venta de los aviones modelos Citation I y II, y un 4% de comisión en la venta de los modelos Citation III. Al mo-mento de la otorgación del Contrato, la Sra. Inger M. Hol-mdin (en adelante Holmdin) fungía como Vicepresidente y piloto jefe de Zorniak.

Debido a unos incidentes acaecidos los días 2 y 3 de mayo de 1983 durante unas demostraciones del avión Citation II en Puerto Rico, el presidente de Zorniak despidió a Holmdin de la Compañía. Dichos incidentes motivaron que Cessna —quien según surge del expediente tenía especial interés en retener a Holmdin— enviara notificación escrita a Zorniak, fechada la misma el 17 de mayo de 1983, mediante la cual le informaba a éste la terminación unilateral del contrato entre las partes efectivo en noventa (90) días, esto es, el 15 de agosto de 1983.() No obstante la anterior notificación, dúrante el referido período de no-venta días Zorniak continuó con sus labores de representa-ción, para lo cual se comunicaba a menudo con Cessna, informándole de sus gestiones con posibles clientes que es-taban interesados en la compra de los referidos modelos de aviones. Entre ellos, Zorniak estuvo en contacto con ciertas personas de la compañía dominicana Transporte Aéreo, S.A. Así las cosas, el 15 de agosto de 1983, Cessna envió “telex” a Zorniak indicándole que conforme el aviso del 17 de mayo, el contrato entre ellos terminaba ese día.

El 17 de agosto, esto es, dos días después de haber can-celado el contrato con Zorniak, Cessna suscribió idéntico contrato con Royal Aviation Corp. (en lo sucesivo Royal) —entidad corporativa formada por Holmdin y el Dr. Félix Sánchez— para la representación de los aviones, pactando esta vez una comisión de 5% para los modelos Citation I y II, y 3% para el Citation III. El mismo día, Cessna y Trans-porte Aéreo Dominicano suscribieron una orden de compra (purchase agreement) para un Citation II, sujeta la misma a una demostración del mencionado avión. Dicha demos-tración se llevó a cabo varias semanas más tarde, y final-mente Transporte Aéreo, S.A. adquirió el avión de Cessna.

Mientras todo ello sucedía, el día 25 de agosto Zorniak envió “telex” a Cessna indicándole que la terminación unilateral del contrato llevado a cabo por esta última no cum-plía con el procedimiento acordado entre las partes para la cancelación del mismo. Indicó, además, que bajo la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.RR.A. secs. 278-278d, el contrato no podía terminarse sin justa causa, por lo cual continuaba en vigor, y por ende, la comisión del avión vendido a Transporte Aéreo le perte-necía a Zorniak.

El 31 de agosto, Zorniak inició acción judicial contra Cessna, Royal Aviation, Holmdin y el Sr. Fernando Már-quez Dacosta, gerente de ventas de Cessna.() En la misma, le imputó a los referidos codemandados haber conspirado con el propósito de lograr la terminación del contrato en violación de la citada Ley Núm. 75. En adición a reclamar daños y perjuicios respecto a ello, Zorniak re-clamó de Cessna la comisión relativa a la venta del avión a Transporte Aéreo, S.A., y, en lo referente a Holmdin, le imputó a ésta la falsificación de la firma del presidente de Zorniak en cheques cobrados para su beneficio personal.

La demanda radicada desencadenó la radicación, en adición a la correspondiente contestación a la misma, de reconvenciones y demandas contra coparte, acompañado todo ello de un extenso y complejo procedimiento de descu-brimiento de prueba. El 9 de enero de 1986, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, determinó mediante resolu-ción a esos efectos que el. contrato entre Zorniak y Cessna estuvo en efecto vigente hasta el 31 de diciembre de 1983; ello por el fundamento de que la terminación unilateral por parte de esta última fue en violación de los términos del contrato. De dicha resolución, Cessna solicitó reconsidera-ción, y, al ser denegada la misma, posteriormente acudió ante este Tribunal vía “certiorari”. El recurso fue denegado.

Por su parte, según surge del expediente, desde diciem-bre de 1983 Royal Aviation había estado reclamando extra-judicialmente a Cessna el pago de la comisión relativa a la venta del mencionado avión Citation II vendido a Trans-porte Aéreo, S.A.. No obstante, al conocer la determinación del tribunal de que el contrato con Zorniak estuvo en vigor hasta diciembre de 1983, Royal radicó demanda de coparte contra Cessna aduciendo, en lo pertinente, que al momento de la venta del avión Citation II, el contrato entre Cessna y Royal estaba igualmente vigente y en todo su efecto. Alegó que la venta del avión se produjo como consecuencia de sus gestiones y diligencias y que no le había sido pagada la comisión por causa de la reclamación de Zorniak. Al igual que Zorniak, solicitó judicialmente el pago de la comisión adeudada.

Fue a partir de esta segunda reclamación por la misma comisión de venta que Cessna radicó, dentro del mismo pleito, “DEMANDA PARA OBLIGAR A RECLAMANTES ADVERSOS A LITIGAR ENTRE SÍ — REGLA 19 DE PROCEDIMIENTO”. Solicitud de expedición de auto de certiorari, exhibit 10. Indicó Cessna en esta demanda contra Zorniak, Royal y Holmdin que, por razón de existir dos (2) reclamaciones con respecto a la misma comisión, Cessna podría estar expuesta a una doble o múltiple responsabilidad. Solicitó del tribunal que requiriera a dichos reclamantes que litigaran entre sí sus reclamaciones en torno a la referida comisión conforme lo indica la citada Regla 19 de Procedimiento Civil, para que así se determi-nara a quién correspondía la misma. Las partes oportuna-mente radicaron sus contestaciones a la demanda, opo-niéndose Royal al procedimiento. Luego de conocer la posición de las partes al respecto, el tribunal a quo emitió Orden notificada el 27 de abril de 1987 en donde expresó y resolvió que:

Estando ya todas las partes en el pleito, existiendo la posibi-lidad de imposición de honorarios e intereses lo que haría una orden para consignar difícil de precisar en su cantidad y tra-bada ya una controversia entre Cessna y Zorniak sobre el de-recho de esta última a devengar la comisión, el Tribunal consi-dera que no debe autorizar la litigación en consonancia con la Regla 19 de Procedimiento Civil. Solicitud de expedición de auto de certiorari, exhibit 1.

Inconforme, acudió Cessna ante este Tribunal —vía so-licitud de certiorari— alegando que el tribunal de instancia había errado en su interpretación de la Regla 19 de Proce-dimiento Civil, ante, incurriendo de esa forma en un claro abuso de discreción al negar el procedimiento de litigación entre reclamantes adversos. Expedimos el auto solicitado. En el día de hoy, una mayoría de los integrantes del Tribunal confirma la resolución recurrida. Disentimos.

HH HH

La correcta solución del asunto planteado nos obliga a manifestarnos, aun cuando brevemente, en forma compren-siva en torno al origen, naturaleza, requisitos y propósitos que persigue la citada Regla 19 de Procedimiento Civil, ante.

La referida disposición reglamentaria, sobre reclaman-tes adversos, dispone:

REGLA 19. PROCEDIMIENTOS PARA OBLIGAR A RECLA-MANTES ADVERSOS A LITIGAR ENTRE SI
Todas aquellas personas que tuvieren reclamaciones contra ■ el demandante podrán ser unidas como demandadas y reque-rírseles para que litiguen entre sí dichas reclamaciones, cuando las mismas fueren de tal naturaleza que el demandante estaría o podría estar expuesto a una doble o múltiple responsabilidad. No será motivo para objetar a la acumulación el que las recla-maciones de los distintos reclamantes a los títulos en los cuales descansan sus reclamaciones no tengan un origen común o no sean idénticos sino adversos e independientes entre sí, o que el demandante asevere que no es responsable en todo o en parte de lo solicitado por cualquiera de los reclamantes. Un deman-dado que se hallare expuesto a una responsabilidad similar puede obtener el mismo remedio a través de una reclamación contra coparte o reconvención. Las disposiciones de esta regla suplementan y no limitan la acumulación de partes permitida en la Regla 17. (Énfasis suplido.) 32 L.RR.A. Ap. III.

Por su parte, la Regla 22(1) de Procedimiento Civil federal establece:

Rule 22. Interpleader.
(1) Persons having claims against the plaintiff may be joined as defendants and required to interplead when their claims are such that the plaintiff is or may be exposed to double or multi-pie liability. It is not ground for objection to the joinder that the claims of the several claimants or the titles on which their claims depend do not have a common origin or are not identical but are adverse to and independent of one another, or that the plaintiff avers that the plaintiff is not liable in whole or in part to any or all of the claimants. A defendant exposed to similar liability may obtain such interpleader by way of crosseclaim or counterclaim. The provisions of this rule supplement and do not in any way limit the joinder of parties permitted in Rule 20. 28 U.S.C. App.

Una simple lectura de ambas disposiciones es todo lo que se necesita para poder uno percatarse del hecho de que la transcrita Regla 19 de Procedimiento Civil, ante, es prácticamente una copia literal de la disposición reglamentaria federal. Como es sabido, hemos resuelto, en reitera-das ocasiones, que en nuestra jurisdicción los precedentes provenientes de otras jurisdicciones o tradiciones jurídicas tendrán fuerza persuasiva cuando las instituciones a las que son aplicables provengan de tales tradiciones jurídicas. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576, 588 (1983); Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335, 340 (1961). Se presume que al adoptar una regla o estatuto de otra juris-dicción el legislador lo ha hecho teniendo el beneficio de la interpretación dádale por los tribunales de dicha jurisdicción. Nieves v. Jones, Jefe Interino Penitenciaría, 72 D.P.R. 287, 290 (1951); Padilla v. Vidal, 71 D.P.R. 517, 521 (1950); Legarreta v. Tesorero de P.R., 55 D.P.R. 22, 25 (1939); Vázquez v. Font, 53 D.P.R. 265 (1938). Por ello, y en ausencia de jurisprudencia interpretativa de este Tribunal sobre la Regla 19 de Procedimiento Civil, ante, y el proceso de reclamaciones opuestas,() examinamos los tratadistas y la jurisprudencia federal que discuten la misma.

La Regla 22(1) de Procedimiento Civil federal, ante, al igual que la Regla 19 nuestra, es un mecanismo procesal que permite que una persona al enfrentarse a varias recla-maciones sobre una misma obligación o deuda reúna, bajo una sola acción judicial, a los diversos reclamantes para que éstos litiguen entre sí. Corrigan Dispatch Co. v. Casa Guzmán, S.A., 696 F.2d 359 (5to Cir. 1983).

El objetivo que persiguen dichas reglas es que los recla-mantes litiguen el hecho de a cuál de ellos, si a alguno, corresponde la suma adeudada por la parte demandante para que, entonces, se proceda al pago de la misma. Así, por ejemplo, en la jurisdicción federal el interpleader ha sido utilizado en ocasión de existir: un depósito bancario reclamado por más de una persona() varios agentes recla-mando una comisión sobre la venta de un mismo artícu-lo() reclamaciones adversas sobre los beneficios de una misma póliza de seguros() o un asegurador de responsa-bilidad pública expuesto a reclamaciones múltiples surgi-das luego de un accidente() Esta enumeración no es ex-haustiva pues la utilidad del procedimiento, respecto a otras posibles situaciones, es manifiesta()

Bajo el manto protector de la Regla 22(1) federal, la persona sujeta a responsabilidad no está obligada a determi-nar a cuál de los reclamantes debe responder, y por ende, está protegido de otras posibles demandas de personas con derecho al fondo en cuestión. United States v. Estate of Swan, 441 F.2d 1082 (5to Cir. 1971); John Hancock Mut. Life Ins. Co. v. Kraft, 200 F.2d 952 (2do Cir. 1953). De igual manera, se benefician los reclamantes del haber al no te-ner que emprender “una carrera” hacia el tribunal en re-clamación de lo que se le adeuda.

Constituye, naturalmente, requisito previo a la autori-zación de un pleito bajo la regla de interpleader que en efecto existan reclamantes adversos, Gaines v. Sunray Oil Company, 539 F.2d 1136 (8vo Cir. 1976). El lenguaje ex-preso de la regla indica que las reclamaciones deberán ser de tal naturaleza que el demandante “estaría o podría es-tar expuesto” a una doble responsabilidad.() Tradicionalmente, el significado del término “reclamantes adversos” fue interpretado como aquellos que tuviesen reclamaciones mutuamente excluyentes, es decir, que la asignación del haber a uno, necesariamente disponía de la reclamación de los demás. Texas v. Florida, 306 U.S. 398 (1939). Desarro-llos posteriores de la doctrina, sin embargo, han permitido la utilización del remedio en situaciones donde hay múlti-ples reclamaciones no necesariamente excluyentes entre sí, sobre un solo fondo que resulta insuficiente para el pago total de dichas reclamaciones. Véase, a modo ilustrativo, State Farm Fire & Cas. Co. u. Tashire, 386 U.S. 523 (1967).

El remedio dictado por la Regla 22(1) federal es uno en equidad y por tanto uno de interpretación y aplicación liberal.( ) No obstante, el juzgador debe ejercer cautela al concederlo y asegurarse que las reclamaciones adversas se den contra una misma suma o cantidad, de manera tal que el responsable de efectuar el pago se encuentre en ame-naza real de desembolso doble o múltiple. Es menester se-ñalar que, contrario a lo que aduce Cessna en su alegato, un tribunal no viene obligado a conceder el remedio una vez se ha demostrado la existencia de los requisitos que dispone la regla, ya que su concesión es discrecional. A esos efectos, los tratadistas y la jurisprudencia están acordes en que, siendo un remedio en equidad, las doctrinas de incu-ria (laches) y de manos limpias son de aplicación y pueden constituir, aunque raramente lo constituyen, un impedimento a que en efecto se autorice la litigación solicitada. Matter of Bohart, 743 F.2d 313 (5to Cir. 1984); New York Life Ins. Co. v. Connecticut Dev. Auth., 700 F.2d 91 (2do Cir. 1983); Kent v. Northern Cal. Reg. Off. of the Amer. Friends Serv. Com., 497 F.2d 1325 (9no Cir. 1974); Pan American Fire & Cas. Co. v. Revere, 188 F. Supp. 474 (E.D. La. 1960); Holcomb v. Aetna Life Insurance Company, 228 F.2d 75 (lOmo Cir. 1955). Conforme nos ilustra Wright:()

Although there is no express provision in Rule 22 ... federal courts, apparently relying on the equitable nature and historical background of interpleader, occasionally have accepted the argument that interpleader should not be allowed when it might reward inequitable or improper conduct. (Escolio omitido.) 7 Wright Miller and Kane, Federal Practice and Procedure Sec. 170, págs. 529-531n (1986).

Debe mantenerse presente que con el propósito de faci-litar el análisis judicial en cuanto a si se reúnen los requi-sitos de la regla y para acelerar la determinación de los derechos de las partes, normalmente el litigio se bifurca en dos etapas procesales, aun cuando nada impide que se dilucide la controversia en una sola fase. En relación con ello, véanse: 3AMoore’s Federal Practice Sec. 22.14[1] y [2] (1989); Wright, Miller and Kane, ante, Sec. 1714, esc. 10; J. Coyne, Federal Rules of Civil Procedure, N.Y., N.Y., Clark Boardman Company, 1988, pág. 261; P.H. Corboy y J.P. Chapman, Interpleader,; 1967 U. Ill. L.F. 274, 290 (1967); Nota, The Independent Liability Rule as a Bar to Interpleader in the Federal Courts, 65 Yale L.J. 715 (1956); Z. Chafee, Broadening the Second Stage of Interpleader, 56 Harv. L. Rev. 541 (1943). Véanse, además: New York Life Ins. Co. v. Connecticut Development Authority, ante; American-Hawaiian Steamship Co. v. Bowring & Co., ante.

En la primera etapa, el tribunal determinará el derecho del solicitante a obtener el remedio bajo la regla, esto es, si debe o no concederse el interpleader. En esta etapa del li-tigio podrá pasarse prueba en cuanto a si se cumplen los requisitos exigidos por la regla. A esos efectos nos indica Wright:

There is no set procedure for conducting the first stage of interpleader. ... The burden is on the party seeking interplea-der to demonstrate that he is entitled to it. As is true of other preliminary hearings, the court is not limited to the papers presented by the parties but may take evidence, although this usually will be unnecessary. The decision whether interpleader is appropriate is made by the court but only after all parties have been given notice and an opportunity to be heard on the question. (Escolios omitidos.) Wright, Miller and Kane, ante, Sec. 1714, págs. 582-583.

Durante esta primera etapa, una vez concedido el reme-dio, el tribunal puede relevar de litigación posterior al pro-movente de la acción como también puede emitir orden prohibiendo a las partes demandar al mismo. De igual ma-nera, resulta frecuente la práctica en los tribunales fede-rales de ordenar la consignación o depósito de la cantidad reclamada, lográndose de esta manera no sólo proteger la suma de dinero en controversia, sino que se facilita la eje-cución de la sentencia en su día. Es relevante destacar que aunque ésta sea práctica habitual bajo la Regla 22(1) federal, ni el relevo del promovente, ni la consignación de la suma en el tribunal son asuntos mandatorios sino que los mismos son totalmente discrecionales por parte del tribunal.() Gelfgren v. Republic Nat. Life Ins. Co., 680 F.2d 79 (9no Cir. 1982); United States v. Major Oil Corp., 583 F.2d 1152 (10mo Cir. 1978); Murphy v. Travelers Ins. Co., 534 F.2d 1155 (5to Cir. 1976). La decisión la tomará el juzgador conforme la particular situación de hechos que se le presente.

La segunda fase procesal bajo la Regla 22(1) federal normalmente se conduce solamente entre los reclamantes opuestos una vez se ha autorizado la litigación. El solicitante del remedio usualmente no es parte del litigio a menos que tenga también interés en el fondo disputado. El hecho de que tenga tal interés, o niegue del todo su respon-sabilidad, no lo descualifica para poder obtener el remedio, según así se desprende de la propia regla. Se procederá de ahí en adelante como cualquier litigio civil donde cada re-clamante intentará establecer su mejor derecho al fondo mediante preponderancia de la evidencia. Consolidated Underwriters of S.C. Ins. Co. v. Bradshaw, 136 F. Supp. 395 (D.C. Ark. 1955).

La tendencia moderna en la jurisprudencia federal se ha dirigido a flexibilizar el remedio y a permitir que toda controversia entre las partes reclamantes, o el solicitante, sean resueltas en la segunda etapa en vez de denegar el procedimiento. A modo ilustrativo, véanse: Libby, McNeill, And Libby v. City Nat. Bank, 592 F.2d 504 (9no Cir. 1979); Hebel v. Ebersole, 543 F.2d 14 (7mo Cir. 1976); Builders and Developers Corp. v. Manassas Iron & Steel Co., 208 F. Supp. 485 (D.C. Md. 1962). Véanse, en adición: Chafee, Broadening the Second Stage of Interpleader, ante; Nota, The Independent Liability Rule as a Bar to Interpleader in the Federal Courts, ante, y Moore’s, ante, Sec. 22.11.

Ello significa que, cuando existan reclamantes adversos contra un fondo común y sea de aplicación la regla de in-terpleader, si existe además una segunda causa de acción independiente de uno de los reclamantes contra el otro o contra el reclamado, o de éste contra algún reclamante, todas las controversias podrán esclarecerse durante la se-gunda fase del litigio. El propósito justiciero de la regla, la economía judicial y un simple sentido de lógica así lo dicta.

Dentro del anterior marco conceptual, examinamos la situación fáctica del caso ante nuestra consideración. Al así hacerlo mantenemos presente la interpretación, previa-mente esbozada, relativa a la Regla 22(1) de Procedimiento Civil federal, ante.

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El peticionario Cessna, demandante bajo la citada Re-gla 19 de Procedimiento Civil, ante, resulta ser uno de los demandados originales de un pleito principal a quien, en específico, se le requirió el pago de una comisión de venta. Es de aplicación, en consecuencia, aquella parte de la citada Regla 19 que dispone que un demandado podrá obtener el remedio a través de una reclamación contra coparte o reconvención. Grubbs v. General Electric Credit Corp., 405 U.S. 699 (1972); Dakota Livestock Co. v. Keim, 552 F.2d 1302 (8vo Cir. 1977).

Por otro lado, resulta evidente que Zorniak y Royal son, cuando menos, reclamantes opuestos, cumpliéndose así una de las condiciones necesarias para la litigación bajo la Regla 19. Ambas Compañías, como representantes de venta de Cessna, le exigieron a ésta en su momento el pago de una misma comisión por la venta del mismo avión. Am-bas reclamaciones aducen que dicha comisión le pertenece a ese reclamante en forma exclusiva. Podemos advertir que, en la eventualidad de que Cessna pagase la comisión a uno de los reclamantes, ello la colocaría en la riesgosa posición de tener que litigar contra el otro y, posiblemente, tener que pagarle también. No hay duda que Cessna se encuentra ante reclamaciones adversas y la amenaza de litigación y pago múltiple que precisamente intenta reme-diar la citada Regla 19.

Adoptando, sin decirlo, uno de los fundamentos expues-tos por el tribunal de instancia, la mayoría del Tribunal expresa, en apoyo de su denegatoria de la solicitud de in-terpleader de Cessna:

Como podrá observarse, en este caso, las reclamaciones entre Zorniak, Royal y Cessna por la comisión de la venta del avión están tan entrelazadas, que la dilucidación de la controversia respecto a quién pertenece requiere que todas las partes, tanto los reclamantes adversos —Zorniak y Royal— como el deman-dante deudor —Cessna— participen en esta etapa de los procedimientos. No se trata, pues, de una controversia entre reclamantes adversos que no necesita la participación del deu-dor demandante, según estos procedimientos están dispuestos en la Regla 19 de Procedimiento Civil .... Opinión mayoritaria, pág. 179.

La Mayoría pasa por alto que la demanda sobre recla-maciones opuestas se suscita dentro del transcurso proce-sal de una acción judicial que versa, de manera principal, sobre una reclamación de daños y perjuicios, la cual tiene su origen en la alegada violación, por parte de Cessna, de un supuesto contrato de distribución exclusivo entre ésta y Zorniak. No hay razón alguna para que Cessna tenga que participar, o sea mantenida como parte, en la dilucidación de la controversia, específica y separada, de a quién perte-nece la comisión por la venta del avión, comisión que Cessna acepta tiene que pagar. El obligar a Cessna a partici-par activamente, como parte, en la dilucidación de dicha controversia le significa a ésta el desembolso innecesario de dinero, por concepto de gastos y honorarios de abogado, que nunca podrá recobrar.

El hecho de que Cessna sí viene obligada a defenderse de la reclamación principal de daños y perjuicios incoada por Zorniak, por supuesto incumplimiento de un contrato de distribución exclusivo, no debe ser impedimento para la concesión de su solicitud bajo la Regla 19 de Procedimiento Civil, ante; basta recordar que la mencionada disposición reglamentaria expresamente establece que no será razón para denegar una solicitud de esta índole que el promo-vente sostenga que nó es responsable, en todo o en parte, de lo solicitado por cualquiera de los reclamantes.

Consideramos, por último, el segundo de los fundamen-tos que brindara el foro de instancia para rechazar la soli-citud de Cessna —esto es, que sería difícil de cuantificar la orden de consignación en vista de que existe la posibilidad de la imposición de honorarios e intereses— fundamento que el Tribunal no discute ni considera.

Como se expresara en la Parte II de la presente ponen-cia, en un procedimiento de interpleader, el tribunal, a su discresión, puede o no emitir una orden de consignación; puede también exigir que se deposite una fianza o tomar las medidas necesarias para garantizar o asegurar los bienes. ()

Indicamos, de entrada, que de entender el tribunal de instancia que procede una orden de consignación en este caso, el procedimiento para precisar el monto de la suma a consignar se reduce a aplicar los por cientos pactados entre las partes para la comisión al precio de venta del avión. Lo más conveniente en casos, como el presente, donde existen distintos por cientos de comisión pactados para los recla-mantes, si ha de ordenarse la consignación, es que la misma se haga por la suma mayor reclamada. Véanse: In re Sinking of the M/V Ukola, 806 F.2d 1 (1er Cir. 1986); Emmco Insurance Company v. Frankford Trust Company, 352 F. Supp. 130 (E.D. Pa. 1972).

Ahora bien, en un pleito bajo la Regla 19, ante, al igual que en todo litigio, el tribunal tiene la facultad de imponer costas, intereses y honorarios de abogado. Las costas según se definen en la Regla 44.1(a) de las de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, y la jurisprudencia interpretativa de la misma, son los gastos necesarios incurridos en la tramitación de un pleito. Estas son concedidas para resarcir a la parte victoriosa en el litigio. Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 461 (1985); Torres Delgado v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 516, 517 (1973).

Por otro lado, los intereses, de acuerdo con la Regla 44.3 de las de Procedimiento Civil, ante, son de dos (2) tipos: interés sobre la sentencia e interés por temeridad. El pri-mero se impondrá a toda parte perdidosa por sentencia que ordene el pago de dinero, computándose sobre la cuantía de la sentencia desde que la misma se dicte hasta que se satisfaga incluyendo costas y honorarios de abogado. Por el contrario, el interés por temeridad se impondrá única-mente cuando la parte haya procedido temerariamente, calculándose éste según las directrices de la regla. En el presente caso, el cálculo de los intereses a pagar sobre la sentencia que en su día recaiga no supone gran dificultad ni impedimento que justifique la denegación del remedio sobre reclamaciones adversas. El mismo se determinará, al dictarse sentencia, tomando como base el interés fijado por la Junta Financiera de la Oficina del Comisionado de Ins-tituciones Financieras.

Bajo la Regla 22(1) federal, ante, la norma general en cuanto a costas y honorarios de abogado es que discrecio-nalmente el tribunal podrá concederlas al promovente del remedio de reclamaciones opuestas, tomando dichas su- mas del fondo disputado. La justificación para ello recae en que el promovente ha propiciado mediante la radicación de su acción, la solución a varios posibles litigios evitando así que se malgasten los recursos económicos de los reclaman-tes y el valioso tiempo del tribunal. La anterior norma ha sido objeto de múltiples excepciones, denegándose el reem-bolso al promovido entre otras razones: por no haber sido éste diligente en iniciar el procedimiento, haber sido el causante de la situación de reclamaciones múltiples o ha-ber obrado con mala fe. Véase, en general, Moore’s, ante, Sec. 22.16[2],

Es preciso señalar de inmediato que la anterior norma respecto a la imposición de honorarios no es susceptible de aplicación o adopción en Puerto Rico. Mientras en la jurisdicción federal es completamente cónsono otorgar simultáneamente a la parte promovente del interpleader los honorarios como compensación de los gastos por él incurridos, en Puerto Rico ello supondría una grave contradicción. Como indicáramos en Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990), la diferencia fundamental entre los honorarios concedidos en la jurisdicción federal y los de Puerto Rico estriba en que en la esfera federal el objetivo que se persigue al concederlos es compensar a la parte victoriosa por los honorarios en que incurrió, mientras que el objetivo de la Regla 44.1(d) nuestra es el de penalizar o sancionar a las partes por su temeridad, obstinación y actitud frívola. Los honorarios se imponen como sanción a la parte perdidosa pero solamente cuando ésta haya litigado temerariamente; esto es, haya causado gastos, trabajo y molestias a la otra parte en un pleito que pudo haber evitado o que prolongó innecesariamente. Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713, 718 (1987). Se exceptúa de la imposición de honorarios aquella parte perdidosa que de buena fe litigue una cuestión nueva en derecho o que no haya sido resuelta. López de Victoria v. Rodríguez, 113 D.P.R. 265, 272 (1982); Marina Ind., Inc. v. Brown Bo veri Corp., 114 D.P.R. 64 (1983). Teniendo objetivos incompatibles con los nuestros en cuanto a la imposición de honorarios de abogado, es imposible adoptar automáticamente la norma general federal en este aspecto.

Ahora bien, el que nos neguemos a aceptar la norma anteriormente señalada no significa que resulta improcedente la imposición de honorarios en una acción bajo la Regla 19. Lo que significa es que el tribunal, al igual que en un pleito ordinario, habrá de hacer una determinación en cuanto a su procedencia jurídica conforme lo ordenado por la Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil, ante, y la ju-risprudencia interpretativa de la misma.

IV

Conforme a lo anteriormente señalado, no debió dene-garse el procedimiento de reclamaciones opuestas ni por razón de existir posibilidad de imposición de honorarios e intereses sobre una cantidad no determinada a consignar, ni tampoco por existir ya un pleito anterior entre dos de las partes. Tampoco procedía denegarlo por existir una recla-mación independiente entre los reclamantes Zorniak y Royal. Por el contrario, bajo la situación de hechos del pre-sente caso el remedio provisto por la Regla 19 de las de Procedimiento Civil, ante, era el más adecuado y justo. Es por ello que disentimos.

      (1) Reclamó, además, un millón dólares ($1,000,000) por beneficios y plusvalía al amparo de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. secs. 278-278d; cien mil dólares ($100,000) por pérdida de reputación comercial; veinticinco mil dólares ($25,000) por pérdidas de inversión de capital; trescientos cuarenta mil dólares ($340,000) por beneficios dejados de percibir por demoras en demostraciones, y setenta y tres mil dólares ($73,000) por beneficios dejados de per-cibir de otras líneas aéreas.

      () PIA es la única accionista de Royal.

      () PIA reconvino en relación con la segunda causa de acción reclamando daños por alegadamente ser, lo allí expresado, falso y hecho con ánimo de difamar.

      (4) Cabe señalar que los procedimientos llevados a cabo al amparo de la Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, no requieren que el demandante o demandado, según sea el caso, consigne la suma que es objeto de la controversia.

      (1) Indicaba, en lo pertinente, la carta:
      “...due to the nature of the disagreements, we have decided not to continue our business arrangements with your company. Please consider this letter as formal notice that effective 90 days from this date, our agreement will terminate.” Alegato de la recurrida Zorniak Air Services Inc., exhibit IV.

      (2) Zorniak desistió de la acción contra el señor Márquez Dacosta posteriormente.

      (3) En relación con jurisprudencia —pertinente a la cuestión planteada— anterior a la vigencia de las Reglas de Procedimiento Civil, véase Autoridad de Acueductos v. Reyes, 77 D.P.R. 11 (1954).

      (4) Francis I. du Pont & Co. v. Sheen, 324 F.2d 3 (3er Cir. 1963).

      (5) American-Hawaiian Steamship Co. v. Bowring & Co., 150 F. Supp. 449 (S.D. N.Y. 1957).

      (6) Boston Old Colony Ins. Co. v. Balbin, 591 F.2d 1040 (5to Cir. 1979).

        (7) Pan American Fire & Casualty Company v. Revere, 188 F. Supp. 474 (E.D. La. 1960).

      (8) Véase en general: Z. Chafee, Modernizing Interpleader, 30 Yale L. J. 814 (1921).

      (9) La propia regla provee para el caso en que sea un demandado el que se vea en riesgo de múltiples reclamaciones como sería el caso ante nos: “puede obtener el mismo remedio a través de una reclamación contra coparte o reconvención.” Regla 19 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (10) La historia y naturaleza del interpleader se examina a fondo por el Prof. Chafee en Z. Chafee, Broadening the Second Stage of Interpleader, 56 Harv. L. Rev. 541, esc. 7 (1943); también en R.V. Rogers, Historical Origins of Interpleader, 51 Yale L.J. 924 (1942). Además, refiérase entre otros a: Texas v. Florida, 306 U.S. 398 (1939); Bricks Unlimited, Inc. v. Agee, 672 F.2d 1255 (5to Cir. 1982); United Benefit Life Insurance Company v. Leech, 326 P. Supp. 598 (E.D. Pa. 1971).

      (11) 7 Wright, Miller and Kane, Federal Practice and Procedure Sec. 1709, págs. 529-531 (1986).

      (12) No debe confundirse el remedio que provee la Regla 22(1) de Procedimiento Civil federal, 28 U.S.C. App., conocido por Rule Interpleader con el que provee el Título 28 U.S.C. see. 1335, llamado Statutory Interpleader. Para que este último pueda concederse es necesario que en el tribunal se haya consignado la suma en disputa. De no haber consignación, el tribunal carecerá de jurisdicción para resolver el asunto. In Re Sinking of M/V Ukola, 806 F.2d 1 (1er Cir. 1986); Gelfgren v. Republic Nat. Life Ins. Co., 680 F.2d 79 (9no Cir. 1982).

      (13) Mediante moción al respecto o motu proprio un tribunal puede entre'otras cosas, ordenar: el depósito de los bienes y despachar del pleito al demandante, Co-rrigan Dispatch Co. v. Casa Guzmán, S.A., 696 F.2d 359 (5to Cir. 1983); que el demandante retenga los bienes sujeto a orden posterior del tribunal, United States v. Herce, 334 F. Supp. 111 (D.C. N.Y. 1971), o que se depositen en alguna institución donde ganen intereses si el pleito ha de prolongarse demasiado, Commercial Union Insurance Co. of New York v. Adams, 231F. Supp. 860, 868 (S.D. Ind. 1964); Prudential Insurance Company of America v. King, 308 F. Supp. (D.C. Mo. 1969).