source: Caselaw Access Project

author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

license: Public Domain

text:
    Cayetano Lasso, Luis Lasso De la Vega López, etc., demandantes y apeladas, v. Iglesia Pentecostal La Nueva Jerusalem y otros, demandadas y apelantes; Estado Libre Asociado de Puerto Rico, interventor y recurrente.

      Números: CE-87-829
    RE-88-54

      Resueltos: 16 de agosto de 1991
   RESOLUCIÓN

Sala integrada por su Presidente el Juez Asociado Señor Rebollo López, la Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón y el Juez Asociado Señor Andréu García.

Vistas las mociones de reconsideración presentadas por la parte demandada apelante y por la parte demandante apelada, el Tribunal deniega las mismas.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López reconside-raría en relación con la moción de la parte demandada ape-lante y emitió voto particular a esos efectos. El Juez Aso-ciado Señor Andréu García hace constar que, en relación con la moción de reconsideración presentada por la parte demandante apelada, reitera su posición original.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Voto particular emitido, en etapa de reconsideración, por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

I

Las decisiones que emite este Tribunal no están, de or-dinario, muy asequibles a la gran mayoría de nuestra ciu-dadanía; ello por razón de que las publicaciones oficiales y autorizadas que de las mismas se realizan están, principal-mente, dirigidas a la clase togada del País. El ciudadano común y corriente, en consecuencia, por lo general desco-noce no sólo el resultado a que se llega en las mencionadas decisiones y los fundamentos que el Tribunal, o sus inte-grantes, aducen en apoyo de dicho resultado, sino que ig-nora la norma jurisprudencial establecida, la cual consti-tuye doctrina vinculante y obligatoria en nuestra jurisdicción. Es por ello que resulta de cardinal importan-cia que la información que respecto a dichas decisiones se brinde, para beneficio de la ciudadanía en general, sea una fiel y exacta.

Posiblemente debido a la carencia de conocimiento del derecho por parte de las personas que reseñaron la deci-sión emitida por el Tribunal, en el presente caso lamenta-blemente se interpretó mal la decisión emitida, situación que causó que el público en general fuera erróneamente informado. Conforme a la información que se le brindara a la ciudadanía puertorriqueña respecto a la Sentencia que en el caso del epígrafe emitiera el Tribunal —y sobre las ponencias individuales de algunos de los integrantes de este Foro— el ciudadano común y corriente con toda pro-babilidad entiende, y está convencido, del hecho de que este Tribunal le ha “dado su bendición” al ejercicio de la anarquía, por parte de las instituciones religiosas, en nues-tra jurisdicción. Esto es, desafortunadamente se ha dado la errónea impresión que este Tribunal ha resuelto que las instituciones religiosas pueden retrasmitir los servicios re-ligiosos que llevan a cabo de la forma y manera que entien-dan conveniente y que los ciudadanos, vecinos de dichas instituciones religiosas, están total y completamente inde-fensos ante el ruido estentóreo, y dañino al ser humano, que ello pueda producir. Nada más lejos de la verdad. Una lectura completa, objetiva e informada de lo expresado en las ponencias certificadas en el caso demuestra, sin lugar a dudas, que la realidad de lo decidido es otra.

Lo sucedido ciertamente es motivo de honda preocupación. Ello así por cuanto la información reportada entraña el grave peligro de que los ciudadanos, realmente afectados por una situación de ruido ilegal, no acudan a los tribunales de justicia con el propósito de vindicar sus dere-chos; ello, desafortunadamente, por razón de equivocada-mente entender que el Tribunal, en el caso del epígrafe, ya resolvió que ellos no tienen derecho a así hacerlo por lo que su acción a esos efectos sería una fútil.

Resulta, en síntesis, verdaderamente desafortunado y lamentable que la ciudadanía no haya sido adecuadamente informada como consecuencia de una interpretación erró-nea de la decisión emitida. Las personas que tienen esa responsabilidad en nuestro País deberían de estudiar la conveniencia de procurar asesoramiento legal respecto a decisiones judiciales complicadas antes de reseñar las mismas. Ello ayudará a mantener la rica tradición que siempre ha distinguido a la profesión en la cual laboran, profesión que se ha caracterizado por su objetividad, preci-sión y lealtad a la verdad.

II

Al originalmente disentir el pasado 28 de junio de 1991, expresamos que revocaríamos totalmente la sentencia que en el caso emitiera el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Caguas. Hoy reafirmamos ese criterio.

La única prueba objetiva e imparcial que desfiló ante el tribunal de instancia respecto a la alegada severidad del ruido que producían los servicios religiosos que llevaba a cabo la iglesia demandada —consistente dicha prueba nada menos que del testimonio de un técnico de la Junta de Calidad Ambiental que midió con los instrumentos apro-piados el nivel de ruido en el lugar— demostró que dicho nivel no excedía de los decibeles que permite la ley que re-gula el control de la contaminación por ruido. Dicho tes-tigo, vale la pena enfatizar, fue presentado por la propia parte demandante. Por otro lado, procede igualmente que se enfatice el hecho de que la iglesia demandada cuenta con el permiso correspondiente emitido por la Administra-ción de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) para poder estar localizada en el vecindario en controversia.

Cabe preguntarse: ¿puede condenarse a pagar daños, por alegados ruidos ilegales, a una persona o institución que, estando legalmente situada, produce unos niveles de ruido que están dentro de los límites razonables que esta-blece la legislación aplicable? La contestación en la nega-tiva parece ser obvia. En nuestra opinión, ninguna persona debe ser sentenciada a pagar una indemnización monetaria por incurrir en actos que la ley establece y decreta que son legales.

Es por ello que disentimos.


author:
(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino
     Asociado Señor Negrón García. Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Juan López López, apelante.

      Número: CR-88-52

      Resuelto: 28 de junio de 1991

      Raúl Rivera Rivera, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Eunice Amaro Garay, Procura-dora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante Juan López López fue acusado y convicto por el delito de recibo de bienes apropiados ilegalmente. Art. 168 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4274. Incon-forme, apela ante este Tribunal y señala que erró el tribunal de instancia al declarar sin lugar una moción de supre-sión de evidencia que presentó el día del juicio. El apelante argumenta que la prueba de cargo era inadmisible ya que había sido obtenida como resultado de un registro y alla-namiento sin tener una orden judicial.

Resolvemos que el error señalado no fue cometido y con-firmamos la sentencia apelada.

I

La prueba de cargo consistió del testimonio del perjudi-cado y de uno de los agentes que intervinieron. De acuerdo con la exposición narrativa de la prueba, al Sr. Francisco Peralta Pérez le hurtaron su vehículo, Mitsubishi Mirage Technica de 1986, de las inmediaciones de la Parada 25 en Santurce el 17 de junio de 1987 en horas de la madrugada.

Poco tiempo después, el agente Juan Díaz Rosario, quien trabajaba en la División de Vehículos Hurtados de la Policía, arrestó al apelante en el sector Río Plantation de Bayamón. Según su testimonio, para esa fecha se encon-traba en compañía del sargento Milton Colón en un vehí-culo oficial no rotulado por el mencionado sector en busca de una dirección. La gestión que realizaban no estaba re-lacionada con el hurto del vehículo del señor Peralta.

Mientras discurrían por la Calle Principal de Río Plantation, el agente Díaz Rosario observó a dos (2) individuos al lado de una residencia “bregando” con un Mitsubishi blanco que tenía el bonete levantado. E.N.P., pág. 2. El agente identificó al apelante López López como la persona que se encontraba en el lado derecho del vehículo traba-jando con el motor. El otro resultó ser Antonio Birriel Arriaga. Cuando los hombres notaron la presencia del auto oficial, López López tiró la llave que tenía en la mano, lo que le pareció sospechoso al agente Díaz Rosario. Enton-ces, éste le dijo al Sargento Colón: “vira atrás que aquellos individuos están bregando con aquél auto.” E.N.P., pág. 2. El sargento viró en la Calle 5 y, al dirigirse de nuevo al lugar, ambos individuos salieron corriendo. E.N.P., pág. 2. López López corrió hacia la vía pública y se quedó en la esquina de la Calle Principal y la Calle 5 junto a un “gru-pito” de personas. Birriel Arriaga se metió en una residen-cia en la Calle 5. E.N.P., pág. 3.

Como consecuencia de las sospechas que levantó la con-ducta de Birriel Arriaga y López López, los agentes se dirigieron a un rudimentario “taller de mecánica” sin techos ni paredes donde se encontraba el auto. El solar no estaba cercado y tenía libre acceso a la vía pública. Una vez se acercaron al vehículo, se percataron de que a pesar de ser un modelo reciente “tenía gomas viejas, estaba desmante-lado por dentro, no tenía asientos, ni consola, le habían extraído el radio, las cerraduras estaban forzadas” y no tenía puertas. E.N.P., pág. 3. Al lado del Mitsubishi había una camioneta donde se encontraban las piezas que le fal-taban al auto.

Como el Mitsubishi todavía tenía la tablilla en su lugar, el agente Díaz Rosario pidió por radio a la comandancia de Bayamón las referencias del número de licencia. Luego de que se confirmó que el vehículo había sido hurtado ese mismo día por la madrugada en Santurce, se procedió al arresto de ambas personas. Birriel Arriaga le admitió al agente Díaz Rosario que él había hurtado el vehículo y que se lo llevó a López López para que se lo desmantelara por trescientos dólares ($300).()

La defensa no aportó-prueba alguna, pero solicitó luego del . desfile de la prueba de cargo que se suprimiera la evi-dencia incriminatoria por haber sido ocupada ilegalmente y ser el fruto de un allanamiento irrazonable. El tribunal de instancia denegó la solicitud y encontró culpable() al acusado del delito imputado. Más tarde fue sentenciado a cumplir una pena de tres (3) años de presidio. De dicha sentencia apela ante este Tribunal.

De la exposición narrativa de la prueba se desprende que el arresto del apelante se realizó luego de que la Poli-cía tuvo certeza de la comisión de un delito y motivos fun-dados para creer que el apelante lo había cometido. La con-troversia se reduce únicamente a determinar si la Policía efectuó un allanamiento ilegal al acercarse al lugar donde se encontraba el vehículo hurtado sin tener una orden judicial.

II

Del testimonio del agente se desprende que el automóvil hurtado se encontraba en el curtilage de la residencia de López López. El curtilage es la zona compuesta por el te-rreno y estructuras accesorias que junto a la casa constitu-yen una unidad de vivienda. A pesar de que esta zona tam-bién goza de protección constitucional contra registros y allanamientos, la mera incursión de los agentes del orden público dentro de esta zona no constituye por sí solo un registro o allanamiento irrazonable. Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532, 534 (1974); Pueblo v. Álvarez Solares, 95 D.P.R. 789, 795 (1968).

Recientemente, en Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672, 685 (1991), resolvimos que “[e]l análisis judicial para determinar si la entrada de los agentes constituye un re-gistro irrazonable dependerá de si la persona tiene una expectativa razonable de intimidad en esa zona”. En este caso, identificamos una serie de factores que los tribunales debían tomar en cuenta para determinar qué constituye una expectativa razonable de intimidad. Estos factores son:

1. El lugar registrado, o allanado.
2. La naturaleza y grado de intrusión de la intervención policíaca.
3. El objetivo o propósito de la intervención.
4. Si la conducta de la persona era indicativa de una expec-tativa subjetiva de intimidad.
5. La existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o la visibilidad al lugar registrado.
6. La cantidad de personas que tienen acceso legítimo al lu-gar registrado.
7. Las inhibiciones sociales relacionadas con el lugar registrado. Pueblo v. Rivera Colón, supra, págs. 684-685.

Reconocimos, sin embargo, que ninguno de estos facto-res es determinante y tqdos deben examinarse en conjunto.

Aplicando estos criterios al caso de autos, es evidente que los agentes del orden público no llevaron a cabo un registro o allanamiento irrazonable. Mientras transitaban por la calle principal de una urbanización, éstos observá-ron que el apelante estaba “bregando” con un automóvil en un lugar claramente visible y con libre acceso a la vía pública. Los agentes notaron que cuando los individuos se percataron de su presencia, el apelante tiró la llave con la que estaba trabajando. Como encontraron que esa activi-dad requería una investigación adicional, los agentes deci-dieron pasar nuevamente por la calle. Al verlos retornar, el apelante y el otro individuo salieron corriendo en distintas direcciones.

Como resultado de las sospechas que levantó esta con-ducta del apelante y de Birriel Arriaga, los agentes decidie-ron investigar y se acercaron a ese lugar, que era visible desde la carretera y al cual tenían libre acceso. El grado de intrusión de esa actuación fue mínimo. Esa hubiese sido la manera normal de acercarse para hablar con cualquier persona que se encontrase en ese lugar tan expuesto. El propósito de la intervención policíaca no fue efectuar un registro, sino investigar una actuación que razonablemente encontraron sospechosa. Una vez dentro de esa área, se limitaron primeramente a anotar la tablilla del automóvil desmantelado y a comunicarse con los cuarteles para iden-tificar al dueño del vehículo.

El apelante no puede alegar que tenía una expectativa razonable de intimidad en ese lugar. Éste no tenía ninguna barrera física que impidiera el acceso o la visibilidad de personas que pasaran por la calle. Esta situación, unida al hecho de que un sinnúmero de personas, tales como vende-dores o visitantes, tenía acceso legítimo a ese lugar, tiene el efecto de disminuir las barreras que impiden que cual-quier observador o transeúnte entrara allí. En consecuen-cia, no resulta objetable que la Policía pueda acercarse a un lugar accesible a cualquier persona para averiguar la identidad del dueño de un vehículo que está siendo des-mantelado en un lugar totalmente visible desde la vía pública.

Luego de comprobar mediante comunicación radiotele-fónica que el automóvil había sido hurtado, y teniendo mo-tivos fundados para creer que el. apelante se había apro-piado ilegalmente de él o que lo había recibido o transportado, procedieron a arrestarlo. En estas circuns-tancias, resolvemos que la Policía no llevó a cabo un regis-tro o allanamiento irrazonable al acercarse al automóvil. Dados los hechos particulares de este caso, la actuación de la Policía fue razonable. En esta situación factual, exigirle a los agentes del orden público la obtención de una orden de allanamiento antes de investigar brevemente una con-ducta sospechosa que ocurre frente a ellos en una zona aledaña a su propiedad abierta al público, y que no tiene signos evidentes que reflejen una expectativa razonable de intimidad, constituiría una restricción irrazonable del pa-trullaje preventivo que se lleva a cabo en todos los sectores del País. Véase Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985).

Por los fundamentos expuestos, se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Ne-grón García emitió una opinión concurrente. El Juez Aso-ciado Señor Rebollo López disintió sin opinión escrita. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitió una opi-nión concurrente y de conformidad. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso concurrió sin opinión escrita.

(Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Secretario General Interino

Opinión concurrente del Juez

Asociado Señor Negrón García.

Los hechos de la presente apelación no permiten otro curso decisorio que reconocer la legalidad de la interven-ción policíaca habida y confirmar la sentencia condenatoria del tribunal de instancia. La imprescindible labor preven-tiva e investigativa que realizan los oficiales del orden pú-blico no puede verse anquilosada por supuestos reclamos de intimidad en áreas sujetas al escrutinio del público en general, aun cuando éstas formen parte de los predios cir-cundantes de una residencia privada.

Expongamos sucintamente los hechos.

I

El 17 de junio de 1987 el agente Juan Díaz Rosario, de la División de Vehículos Hurtados de la Policía, y el Sgto. Milton Colón transitaban en una patrulla no rotulada por el sector Río Plantation de Bayamón.() Al pasar por la Ca-lle Principal, observaron a dos (2) individuos que trabaja-ban en un vehículo Mitsubishi color blanco. Éste se encon-traba en el patio lateral de una residencia, sita en la Calle 2 de dicho sector. Uno de ellos, quien resultó ser el ape-lante Juan López López, laboraba en el compartimiento del motor.

De repente, López López, al percatarse de la presencia del vehículo policíaco, dejó caer al piso la herramienta que utilizaba. Ello le estuvo sospechoso al agente Díaz Rosario, por lo que el sargento Colón, quien conducía, dio vuelta al auto patrulla y se dirigió nuevamente hacia la residencia donde se encontraban estos dos (2) individuos. Al notar éstos la presencia del vehículo policíaco, López López co-menzó a correr hacia la calle, con la intención de confun-dirse con un grupo de personas que se encontraba en la esquina de la Calle Principal con la Calle 5. El otro indivi-duo, por su parte, entró a una residencia de la Calle 5. Acto seguido, los agentes policíacos se detuvieron, desmontaron y procedieron a acercarse al lugar en que estaba el vehículo Mitsubishi, esto es, penetraron los predios de la residencia. El vehículo y lugar estaban al acceso y vista irrestricto e inmediato de cualquier persona que transitara por la calle. El lugar se utilizaba como taller de mecánica.

La inspección ocular del vehículo Mitsubishi y del área inmediata reveló que éste había sido despojado de su con-sola de instrumentos, asientos y radio, y que sus cerradu-ras habían sido forzadas. También, a pesar de ser un mo-delo reciente, sus neumáticos eran “viejos”. Además, los agentes observaron que la caja de una camioneta que ha-bía junto al vehículo desmantelado contenía las piezas re-movidas de este último. Ante estas circunstancias, solicita-ron por radio una relación del número de la tablilla del vehículo, lo que les confirmó que había sido reportado hur-tado en la madrugada de ese día. Ello movió a los agentes a arrestar a López López y al otro individuo que le acom-pañaba momentos antes, de nombre Antonio Birriel Arriaga. Una vez bajo arresto y advertido de sus derechos, Birriel Arriaga admitió al agente Díaz Rosario haber hur-tado el vehículo y habérselo llevado a López López para que lo desmantelara.

Así las cosas, el 8 de septiembre de 1987 se presentó una acusación contra López López en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, por el delito de recibo de bienes ilegal-mente apropiados. Art. 168 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4274. Desfilada la prueba de cargo ante tribunal de derecho, la defensa solicitó la supresión de la evidencia incriminatoria presentada por el Ministerio Fiscal. Sos-tuvo, en esencia, que ésta fue el fruto de un registro irrazonable. Declarada sin lugar esta solicitud y sometido el caso, el tribunal de instancia lo declaró culpable por el delito imputado y lo condenó a cumplir tres (3) años de presidio.

Inconforme, López López apeló. Como único señala-miento, cuestiona la legalidad de la incursión de los agen-tes en el área circundante a la residencia donde se encon-traba el vehículo sin orden judicial. Por las razones más adelante expuestas, concurrimos con la Sentencia del Tribunal.

H-f

Como señaláramos en nuestro disenso en Pueblo v. Malavé González, 120 D.P.R. 470 (1988), la tarea de exami-nar la legalidad de un registro o allanamiento sin orden judicial exige el análisis de tres (3) importantes aspectos circunstanciales, a saber: (1) el lugar objeto del registro; (2) la presencia del concepto de motivo fundado para reali-zarlo, y (3) su razonabilidad.

Aunque nuestra Constitución ofrece protección contra los registros y allanamientos irrazonables por parte del Es-tado, no podemos pasar por alto que tal principio rector no es absoluto ni irrestricto. Así, en el pasado hemos convali-dado la entrada de un fiscal al patio delantero de una re-sidencia a través de un portón sin candado para tocar en la puerta, Pueblo v. Álvarez Solares, 95 D.P.R. 789 (1968), y bajo similares fundamentos, hemos estimado razonable la penetración de un agente policíaco en los linderos de una propiedad para conversar con sus ocupantes, Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974).

Esta normativa establece que el área circundante a, y que forma parte de, una residencia o estructura —que de lo contrario estaría protegida por el principio constitucional antes expuesto— puede ser válidamente allanado por un agente o funcionario gubernamental si éste penetra allí en funciones investigativas y las circunstancias son tales que invitaban o requerían allí su presencia. Ciertamente quien mantiene en su propiedad irnos espacios abiertos al escru-tinio físico o visual de un transeúnte o visitante casual, no puede reclamar expectativa razonable de intimidad. Véase nuestro disenso en Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991). Ante esas situaciones, puede válidamente el oficial policíaco entrar a esos espacios que, como regla general, se encuentran accesibles a cualquier otro visitante u observa-dor, sin tener que se le requiera una orden de allanamiento previa de un tribunal. Pueblo v. Rivera Colón, supra, opi-nión disidente. “[E]n la persecución del crimen no podemos imponerle al Estado y a la Policía del país, normas no con-templadas en la Constitución, amén de su cuestionable valor práctico.” Pueblo v. Malavé González, supra.

Para que proceda válidamente esta intervención, es me-nester que el agente o funcionario gubernamental tenga una razón justificativa. Su actuación no puede fundarse en meras conjeturas. El estado mental a analizarse será el de la realidad emergente del marco fáctico disponible al agente en los instantes anteriores y coetáneos a la interven-ción, y no el de un ambiente de laboratorio judicial ascéptico. La totalidad de las circunstancias concurrentes dictarán la legitimidad de su actuación.

Una vez el agente tiene los criterios circunstanciales que requieran la intervención, su conducta tiene que ser graduada y razonable; debe estar a tono con la situación. En ocasiones, requerirá la inmediata ocupación de la evi-dencia y el arresto de individuos, mientras que en otras —cuando no exista peligro de desaparición o alteración de prueba, o fuga de sospechosos— el agente deberá limitarse a recopilar información y someterla luego a la autoridad competente.

Apliquemos este análisis tripartita a la situación de autos.

HH HH HH

El lugar donde se encontraba tanto el vehículo Mitsubishi hurtado como la camioneta que contenía las piezas sustraídas formaban parte del patio lateral de una residencia. Éste era utilizado como taller de mecánica, y para entrar desde la vía pública no había barrera física alguna. Tampoco existían estructuras que interrumpieran la visibilidad del lugar. Para todos los efectos, la intención de su operador —el apelante López López— era que el pú-blico en general tuviese libre acceso al taller. Ante estas circunstancias, poca, si alguna, expectativa de intimidad podía esperar.

La conducta de López López y Birriel Arriaga de soltar las herramientas que manejaban y echarse a correr, dis-persándose por el área, alertaron la atención de los agentes policíacos. Pueblo v. Martínez Torres, 120 D.P.R. 496 (1988), opinión disidente. Éstos, en el legítimo descargo de sus labores investigativas, procedieron a acercarse al taller de mecánica. Originalmente, limitaron su intervención a inspeccionar visualmente el lugar donde se encontraba el vehículo Mitsubishi, percatándose de la condición en que se encontraba este automóvil de reciente fabricación y de que las piezas sustraídas estaban depositadas en la camio-neta contigua. Sólo entonces, y con el conocimiento de que este vehículo había sido reportado hurtado, procedieron al arresto de López López y su compañero. No cabe duda que ante estas circunstancias, las actuaciones de los agentes fueron válidas. Resultaría irrazonable requerirles detener su labor investigativa legítima en el momento en que se encuentran, precisamente, recopilando información sobre una actividad que les pareció sospechosa. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139, 144 (1985).

El objeto del registro —área contigua a una residencia utilizada como taller de mecánica y abierta al público— el elemento de motivo fundado —movimientos sospechosos de López López y de Birriel Arriaga, al igual que las condicio-nes peculiares y notables del vehículo Mitsubishi— y la razonabilidad de la intervención —inspección ocular— re-quieren nuestra aprobación del alegado registro y conse-cuente confirmación de la sentencia apelada.

Por los fundamentos expuestos, concurrimos con el resultado.

Opinión concurrente y de conformidad emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Los hechos del presente caso son relativamente sencillos. El apelante Juan López López fue acusado de infringir las disposiciones del Art. 168 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 4274 (recibir bienes apropia-dos ilegalmente). Luego de ser juzgado por tribunal de de-recho, fue declarado culpable del delito imputado y senten-ciado a cumplir tres (3) años de reclusión.

El día del juicio, Fiscalía presentó como testigo de cargo al Sr. Francisco Peralta Pérez, quien declaró que el 17 de junio de 1987 le fue hurtado el vehículo de su propiedad marca Mitsubishi, modelo Mirage Technica. Relató que lo dejó estacionado y cerrado, y cuando regresó al lugar donde lo estacionó no lo encontró. Inmediatamente dio aviso a la Policía, informándoles sobre la desaparición de su auto. En el contrainterrogatorio de la defensa manifestó que no sa-bía quién se llevó el automóvil.

El segundo testigo del Ministerio Público lo fue el agente Juan Díaz Rosario, quien está asignado a la Divi-sión de Vehículos Hurtados de la Policía de Puerto Rico. Declaró que ese mismo día 17 de junio transitaba por las inmediaciones de la Urbanización Río Plantation en Baya-món en un auto oficial no rotulado. Lo acompañaba el sar-gento Milton Colón y andaban en busca de cierta dirección, gestión que no tenía nada que ver con los hechos del caso de autos, los cuales desconocían en ese momento. Testificó, además, que al pasar por la Calle Principal de la mencio-nada urbanización observó que al lado de una residencia en la Calle Dos (2) había dos (2) personas “bregando” con un automóvil marca Mitsubishi color blanco. El auto tenía el bonete levantado y, al lado derecho del mismo, se encon-traba una persona “como bregando en el motor”. Esta persona resultó ser el acusado apelante López López. Junto a él se encontraba otra persona que posteriormente resultó ser el Sr. Antonio Birriel Arriaga. Continuó declarando el agente Díaz que cuando el acusado y su acompañante no-taron la presencia del vehículo oficial, el acusado López López arrojó una herramienta que tenía en su mano. Como este acto le pareció “sospechoso”, el testigo le dijo al sar-gento: “vira atrás que aquellos están bregando con aquel auto”. E.N.P., pág. 2. Señaló el agente Díaz que luego que el sargento viró en la Calle Cinco (5) y regresaron a la Calle Dos (2), cuando el acusado se percató de ello “se he-chó [sic] a correr hacia la calle Principal”.() C.N.P., pág. 2. Indicó que el otro individuo, Birriel Arriaga, también echó a correr y entró a una residencia ubicada en la Calle Cinco (5).

Junto al sargento, el testigo se dirigió hacia el vehículo Mitsubishi y al acercarse notó que éste tenía “gomas vie-jas” y estaba desmantelado por dentro.() Indicó que cerca del Mitsubishi había una camioneta y “todas” las piezas que le faltaban al auto desmantelado estaban dentro de ésta. El agente Díaz revisó el vehículo y al llegar a la parte trasera observó que éste tenía la tablilla en su lugar. Soli-citó por radioteléfono información sobre el vehículo para lo cual utilizó el número de la tablilla. Desde la Comandancia de Bayamón le indicaron que ese vehículo fue reportado como hurtado. Hasta ese momento el testigo desconocía el alegado hurto de ese auto.

Mientras el agente Díaz solicitaba información, el sar-gento Colón permaneció vigilando los movimientos del ape-lante López López. El agente Díaz le indicó al sargento que le informaron que el vehículo era hurtado, y procedió a arrestar al señor Birriel Arriaga. Una vez arrestado, y luego de hacerle las advertencias de rigor, Birriel admitió que fue él quien hurtó el vehículo y le dijo al testigo que el acusado apelante no tenía nada que ver con el hurto. López López fue arrestado y advertido de sus derechos. La Policía se incautó del vehículo Mitsubishi y de la camioneta.

Posteriormente, entrevistaron a los arrestados y Birriel admitió nuevamente que fue él quien hurtó el vehículo. Señaló, además, que debido a que el apelante López López es dueño de un taller de mecánica, le llevó el auto a éste para que lo desmantelara. Le ofreció trescientos dólares ($300) por efectuar este trabajo.()

El agente Díaz declaró que el taller de mecánica de Ló-pez López no está techado ni tiene paredes. “Está al aire libre”. E.N.P., pág. 3. Dicho taller está ubicado justo en las inmediaciones de la residencia del apelante López López.

En el contrainterrogatorio el agente Díaz declaró, a pre-guntas de la defensa, que cuando pasó frente a la casa del acusado, donde éste tiene su taller, vio el vehículo Mitsubishi de frente y con el bonete levantado; que no se percató de que al auto le faltaban piezas, sino hasta que se acercó a éste luego de regresar debido al acto “sospechoso” de Ló-pez López, y que una vez entró al lugar donde se encon-traba el vehículo fue que notó “que no tenía nada por den-tro”, pues “las piezas no se veian [sic] desde la carretera”. E.N.P., pág. 4. Dijo también que, debido a su experiencia como agente de la División de Vehículos Hurtados de la Policía, pensó que éste era un vehículo hurtado. Luego que entró a la propiedad y llamó para solicitar información —a través del número de tablilla— fue que se enteró que el vehículo fue reportado como hurtado.

Terminado el contrainterrogatorio el fiscal dio por some-tido su caso. La defensa planteó que en este caso procedía suprimir la evidencia presentada contra el acusado debido a que ésta fue ocupada ilegalmente. Declarada no ha lugar dicha moción de supresión, el caso fue sometido a la consi-deración del tribunal. El acusado fue declarado culpable y se dictó la correspondiente sentencia en su contra. Incon-forme, acudió ante nos mediante escrito de apelación en el que planteó, en síntesis, que erró el tribunal de instancia al declarar no ha lugar la moción de supresión cuando del testimonio del propio agente Díaz se desprendía clara-mente que la evidencia había sido obtenida ilegalmente.

En su alegato de apelación, plantea que hubo un regis-tro y allanamiento sin orden y un arresto ilegal, por lo que la evidencia ocupada debió suprimirse de acuerdo con lo dispuesto en el Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Es-tado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1.

f — < h-1

En su comparecencia ante nos, el Procurador General plantea que el agente Díaz y su compañero intervinieron con el acusado apelante y su acompañante porque tenían motivos fundados para creer que éstos estaban cometiendo un delito en su presencia. En este sentido señala que “[n]o nos queda la menor duda de que es la propia actuación del acusado-apelante y su acompañante la que genera los acontecimientos que culminan en su arresto. Soltar las he-rramientas y alejarse corriendo del vehículo son los hechos que generan en el agente los motivos fundados para creer que en su presencia se estaba cometiendo un delito”. In-forme del Procurador General, pág. 5. El Procurador General argumenta, además, que estamos ante un caso de evi-dencia abandonada, excepción que hace innecesario acudir ante un juez para que éste expida una orden de registro y allanamiento, por lo que podía el agente del orden público proceder con el registro. Señala que, “cuando el agente re-gresa con su compañero y se acerca al vehículo, éste había sido ‘abandonado’ por los sospechosos” (id.) lo que, a su en-tender, implica que “el acusado-apelante renunció tácita-mente a su derecho ante un registro sin orden previa al abandonar el área sin que mediara coacción, fuerza o vio-lencia de parte de los agentes” (id., pág. 6). Añade que el apelante perdió toda “expectativa de privacidad” dado “el hecho no controvertido de que éste y su acompañante se encontraban desmantelando el vehículo hurtado a las 10:00 de la mañana, en un área claramente visible de [sic] todo el que transcurría por la calle”. íd.

La opinión mayoritaria concluyó que el error señalado no fue cometido. Fundamenta su decisión en que, a pesar de que el vehículo reportado como hurtado se hallaba en las inmediaciones o curtilage de la residencia del acusado apelante, el registro efectuado no fue irrazonable. Señala, además, que el arresto del acusado y su acompañante no fue ilegal, pues el mismo se realizó luego de que la Policía tuvo certeza de la comisión de un delito y motivos fundados para creer que el apelante lo había cometido.

Estamos de acuerdo con la mayoría en cuanto a que el área donde se encontró el vehículo Mitsubishi constituye el curtilage o “zona compuesta por el terreno y estructuras accesorias que junto a la casa constituyen una unidad de vivienda”. Sentencia, pág. 290. Como bien señala la mayo-ría, no obstante que tanto el Art. II, Sec. 10 de nuestra Constitución, supra, como la Cuarta Enmienda a la Cons-titución de Estados Unidos, L.P.R.A., Tomo 1, extienden su protección contra registros y allanamientos irrazonables a las inmediaciones de una residencia o curtilage, Pueblo v. Álvarez Solares, 95 D.P.R. 789 (1968), no todo registro efec-tuado sin orden judicial previa debe considerarse irrazonable. Un registro de las inmediaciones de una resi-dencia puede ser irrazonable o no dependiendo de si la persona que se halle en esa zona posee una expectativa legí-tima de intimidad. Así lo señala la mayoría al citar lo apuntado en el caso Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991). En ese caso se enumeraron varios factores a consi-derar al momento de determinar qué constituye una expec-tativa legítima y razonable de intimidad. Estos factores aparecen citados en la Sentencia y, al aplicarlos al caso de autos, se puede concluir, como concluyó la mayoría de este Tribunal, que el acusado apelante carecía de expectativa legítima y razonable de intimidad en las inmediaciones de su residencia.

Sin embargo, a lo anterior hay que sumarle el hecho de que, en el caso de autos, el acusado apelante utilizó las inmediaciones de su residencia para ubicar un negocio de taller de mecánica. La existencia de un negocio como el del apelante presupone una invitación de carácter general para que cualquier persona entre al área pública dedicada al mismo. Dicha entrada puede ser aun para propósitos que no estén relacionados con las transacciones que co-múnmente se llevan a cabo en ese negocio. United States v. Berrett, 513 F.2d 154, 156 (1er Cir. 1975). Los funcionarios o agentes del orden público tienen igual derecho que un ciudadano particular de aceptar la invitación implícita y entrar al área del negocio. Dadas las particularidades del caso de autos, los agentes podían entrar únicamente al área aledaña a la residencia que razonablemente podía en-tenderse que era utilizada para los fines del negocio de mecánica del apelante. No podían atisbar ni entrar a la residencia, así como tampoco a otras áreas de las inmedia-ciones de la residencia de las cuales pudiera inferirse que el apelante tenía, en cuanto a ellas, una expectativa legí-tima y razonable de intimidad. Una vez se hallaban en la porción de las inmediaciones dedicada al taller de mecá-nica, los agentes podían explorar aquellos lugares del mismo a los cuales hubiesen tenido acceso libre e inme-diato otras personas particulares. Podían, además, obser-var y examinar aquellos objetos que se hallaran a plena vista. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 436 (1976); United States v. Berkowitz, 429 F.2d 921, 925 (1er Cir. 1970); 1 LaFave and Israel, Criminal Procedure Sec. 23.7, pág. 48 (1984). Después de todo, lo que una persona expone volun-tariamente a la vista del público, sobre todo cuando lo hace en su negocio, no está sujeto a la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Katz v. United States, 389 U.S. 347, 351 (1967).

Ahora bien, lo anterior no implica que los negocios estén totalmente desprovistos de la protección que, a este res-pecto, les concede la Constitución. El negociante, al igual que quien ocupa una residencia, está cobijado por este de-recho constitucional para así poder desempeñar sus gestio-nes de negocio libre de la intervención gubernamental irra-zonable en aquellas áreas privadas de su propiedad utilizadas con fines comerciales, áreas dentro del negocio cuyo acceso está vedado inclusive al público en general. See v. City of Seattle, 387 Ú.S. 541, 543 (1967), seguido en Dow Chemical Co. v. United States, 476 U.S. 227, 237 (1986); LaFave and Israel, supra, Sec. 3.9(e), pág. 320.

Sobre este particular, en E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197, 207-209 (1984), resolvimos que la “regla general consagrada en el Art. II, Sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico se aplica a los establecimientos comerciales” y que, salvo contadas excepciones, la garantía constitucio-nal contra registros, allanamientos e incautaciones irrazo-nables cubre tanto los registros administrativos como los penales que se efectúen en dichos establecimientos. La re-gla general es a los efectos de que “todo registro, allana-miento o incautación que se realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa”. Dicha regla “prevalece, a menos que se consienta al registro, directa o indirecta-mente, o circunstancias de emergencia requieran lo contra-rio y el peso de los intereses en conflicto exija una solución distinta”. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra, pág. 208.

No obstante, el caso de autos plantea una situación dis-tinta a la analizada en E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., supra. Aquí, la actuación de los agentes del orden público no cons-tituyó un registro. Veamos.

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En el caso de autos, el agente Díaz declaró que, en union al sargento Colón, entró específicamente a las inmediacio-nes de la residencia donde el acusado apelante tenía ubi-cado su taller de mecánica. A la luz de la doctrina antes expuesta, para entrar a ese lugar, que constituye el negocio del apelante, los agentes no necesitaban obtener la autori-zación de un juez. Su entrada estuvo justificada bajo la teoría de la invitación pública que, se infiere, surge del hecho de establecer un negocio lícito. Allí no había rótulo alguno que prohibiese la entrada ni objeto físico que impi-diese el acceso al taller. Los agentes del orden público se limitaron, una vez en el área del negocio, a observar lo que estaba a plena vista (el auto y las piezas del mismo que se encontraban en la camioneta), y a solicitar información so-bre el vehículo desmantelado que allí encontraron. Debido a su experiencia como agente de la División de Vehículos Hurtados de la Policía, al agente Díaz le pareció que el hecho de encontrar el automóvil desmantelado y las piezas de éste en la camioneta allí estacionada era indicativo de que con toda probabilidad se trataba de un vehículo hurtado. Así, pues, se comunicó con la Comandancia de Bayamón para solicitar información sobre dicho auto. Una vez se confirmó que el mismo fue reportado hurtado, los agentes tuvieron motivos fundados para creer que el acu-sado y su acompañante cometieron tal delito, por lo que procedieron a arrestarlos. Al así actuar, no violaron las dis-posiciones constitucionales sobre registros y allanamientos irrazonables.

Por todo lo antes expuesto, procede confirmar la senten-cia recurrida.

      (1) Esta parte del testimonio es claramente inadmisible por ser prueba de refe-rencia, .pero no fue objetada por la defensa en el tribunal de instancia ni ahora en apelación. Esto no derrota la confirmación de la sentencia apelada, ya que aun si consideramos sua sponte este error como extraordinario (plain error), Regla 6 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, el resto de la prueba presentada sostiene la convicción.

      (2) Previamente el acusado había renunciado a su derecho a juicio por jurado.

      (1) Ambos se encontraban en funciones ajenas a la investigación de los hechos que propiciaron su intervención.

      (1) En el contrainterrogatorio declaró que al regresar a la Calle Dos (2) notó que el acusado ya no estaba junto al auto Mitsubishi, pero lo vio en la esquina de la Calle Cinco (5) y la Calle Principal parado junto a otras personas. Testificó, además, que el acusado “no se fue de allí corriendo”. E.N.P., pág. 4.

      (2) No tenía asientos ni consola y le habían extraído el radio. Notó, además, que las cerraduras habían sido forzadas.

      (3) Coincidimos con la apreciación de la opinión mayoritaria en cuanto a que esta parte del testimonio ofrecido por el agente Díaz es inadmisible por tratarse de prueba de referencia.


author:
(.Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Sub-Secretario
     Juez Asociado Señor Re-bollo López, (Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Israel Pérez Rivera, apelante.

      Número: CR-86-8

      Resuelto: 28 de junio de 1991

      Carlos Ramos Pantojas, abogado del apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Rose Mary Corchado Lo-rent, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

El 18 de julio de 1985 el Ministerio Público presentó acusaciones por los delitos de violación técnica y secuestro agravado, Arts. 99 y 137A(b), respectivamente, del Código Penal, 33 L.P.R.A. secs.. 4061 y 4178a(b), por actos alega-damente cometidos por el apelante sobre una incapacitada mental. Celebrado el juicio por jurado, el apelante fue ha-llado culpable de violación técnica y no culpable por el de-lito de secuestro agravado. Fue sentenciado a cumplir quince (15) años de prisión, pero bajo los beneficios de una sentencia suspendida. De esa sentencia acude ante nos im-putando al foro de instancia los errores siguientes:

(1) Hay insuficiencia de prueba para sostener la convicción; de existir prueba, la misma no destruye la presunción de inocencia, por el contrario, la misma crea duda-razonable.
(2) Existe inconsistencia en los veredictos; el apelante fue de-clarado no culpable en el caso G85-1835 por Secuestro Agravado y culpable en el caso aquí apelado, siendo los hechos de ambos casos actos relacionados entre sí e inseparables.
(3) La sentencia dictada en el caso G85-1834 es excesiva y, aunque dictada dentro de los límites que la ley establece, consti-tuye un castigo inusitado e inhumano si se consideran los hechos y circunstancias en la comisión del delito, comisión que el ape-lante niega.
(4) Constituyó error de derecho la admisión del testimonio del Hon. Luis Zárate Miranda, Juez de Paz, quien actuó como juez investigador en la primera etapa del proceso criminal, toda vez que su testimonio versó sobre una supuesta admisión de hechos del aquí apelante.

Para analizar sus señalamientos en su justa perspec-tiva, se impone un resumen de la evidencia según surge de la exposición narrativa de la prueba desfilada en el caso.

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Para la fecha de los hechos, el apelante contaba con die-cinueve (19) años de edad y la víctima con una edad crono-lógica de veintiséis (26) años, pero una edad sicológica de una niña de cinco (5) a ocho (8) años. Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 1984 en la Urbanización Vistas del Morro de Cataño. Ese día se celebraba una fiesta en casa de la madre de la víctima en ocasión del Día de Acción de Gracias.

Como primer testigo de cargo declaró el Sr. José Acevedo Prado, vecino y amigo de muchos años de la familia de la víctima. En síntesis, declaró que el día de los hechos llegó a la fiesta en cuestión acompañado de su hermana y sobrina a eso de las 7:30 p.m. Aproximadamente cuarenta y cinco (45) minutos más tarde vio llegar al apelante. Como a la hora y cuarenta y cinco (45) minutos de haber llegado el apelante, lo vió bailando con la perjudicada. Al terminar éstos de bailar, Acevedo Prado se le acercó al apelante y le dijo que la perjudicada era retardada mental. Continuó atestando que su hermana fue quien invitó al apelante para que se quedara en la fiesta. Como a las nueve (9) de la noche, el testigo se marchó de la fiesta.

A eso de las 10:00 p.m., Acevedo Prado regresó a la fiesta y se percató de que las personas que allí se encontraban estaban buscando a la perjudicada, quien había desapare-cido de la casa. Continuó declarando que se unió a la bús-queda por toda la urbanización. En la búsqueda se encon-traron con Jackeline Martínez Castillo, quien les manifestó que había visto a la perjudicada de la mano del apelante. Decidieron, entonces, ir a casa del apelante. Una vez allí, llamaron a éste pero nadie contestó. Luego de dar una vuelta por la urbanización, regresaron a casa del ape-lante y le preguntaron a la madre de éste por él. Ella llamó al apelante, quien salió de su cuarto y les dijo que él había regresado a la perjudicada a su casa. El testigo decidió ir a la casa de la perjudicada a verificar lo que el apelante les había dicho, pero aquélla no había regresado a su casa, por lo que decidió volver a casa del apelante y así informarlo a las personas que la buscaban.

Al regresar a la casa del apelante, notó que estas perso-nas se estaban marchando. Cuando él también decidió marcharse, oyó a la hermana de la perjudicada decir “mira la tiene allá dentro”. Apéndice, pág. 62. Luego declaró ha-ber visto a la perjudicada llorando, agarrándose los panta-lones y diciéndole a su hermana al salir de la casa del apelante: “me quitó la camisa y me besó las tetas, me quitó los calzones y los ‘panties’ y me acostó en la cama y se me trepó encima y duro tutú” Apéndice, pág. 62. En esos mo-mentos llegó la Policía y se llevó al apelante.

Como segundo testigo de cargo declaró la hermana de la perjudicada (Madeline Romero). Esta declaró en términos similares al señor Acevedo Prado sobre la llegada del ape-lante a la fiesta y la búsqueda de su hermana alrededor de la urbanización. Declaró, sin embargo, que ella fue quien envió a una vecina a verificar lo que el apelante le había informado al grupo sobre el regreso de la perjudicada a la casa y que, al regresar dicha vecina e informarles que la perjudicada no estaba en su casa, su madre decidió ir al Cuartel de la Policía de Cataño a informar la desaparición.

Atestó, además, que en ese momento el grupo se dis-persó, pero que ella se quedó frente a la casa del apelante porque su vehículo se averió. Entonces pudo escuchar a la madre del apelante cuando tocaba a la puerta del cuarto de éste y ver cuando éste abrió la puerta y su madre lo agredió. Luego vio salir a su hermana. La testigo le gritó a los de la casa que dejaran salir a la perjudicada. Vio, ade-más, cuando la madre del apelante sacó a la perjudicada de la casa y aquél entró y se encerró en su cuarto.

Según la testigo, su hermana salió llorando de la casa, la abrazó y le dijo lo que había sucedido. En el contrainte-rrogatorio señaló que la perjudicada tenía la ropa desarreglada. Admitió que, por lo menos, su hermano mayor (Gilberto) estaba armado de un palo y se encontraba sumamente molesto con la situación, al punto que su ma-dre tuvo que calmarlo.

Continuó declarando que en la oficina del médico del Hospital Regional de Bayamón, a donde llevaron a la per-judicada, ésta le dijo nuevamente que el apelante le había “quitado la ropa, el ‘brassiere’, calzones, ‘panties’, la besó, apretó, la empujó, achocó contra la pared y le metió el pipí allá en el tutú con leche”. Apéndice, pág. 64.

Declaró, además, que cuando la madre del apelante sa-lió de la casa daba la impresión de que había estado dur-miendo y que, de hecho, al salir a contestarle al grupo le preguntó qué sucedía, ya que ella estaba durmiendo por-que se había tomado unas pastillas para el dolor de cabeza. Según la testigo, la madre del apelante le dijo que la per-donaran por haberle negado que la perjudicada estuviera en su casa, pues ella no lo sabía.

Como tercer testigo de cargo declaró la madre de la perjudicada. Ésta corroboró la versión de su hija Madeline sobre la llegada del apelante a la fiesta y lo declarado por José Acevedo Prado sobre el baile del apelante con la per-judicada, así como sobre la búsqueda por la urbanización, su encuentro con Jackeline Martínez y lo sucedido una vez llegaron a la casa del apelante.

Atestó que decidió ir al Cuartel de la Policía de Cataño y querellarse por la desaparición de su hija. Al regresar del Cuartel de Policía ya su hija se encontraba fuera de la casa del apelante. Vio cuando la Policía arrestó al apelante.

La testigo señaló que ella y su hija se fueron en un carro patrulla al Cuartel de Policía. Por el camino preguntó a su hija qué había pasado, a lo que la perjudicada le contestó que el apelante “le había quitado los calzones, brassiere, zapatos, la había dejado desnuda, la había besado, apre-tado las tetas, la empujó contra la pared y que le había metido el pipí con leche allá”, refiriéndose a su vagina. Del cuartel llevó a su hija al Hospital Regional de Bayamón para un examen vaginal. El Dr. Luis Ortiz Meléndez le practicó el examen.

Finalmente, declaró que enseñó a su hija el nombre de las partes de su cuerpo por recomendación médica y a tem-prana edad. En cuanto a las partes del cuerpo del hombre, se le enseñaron por su seguridad y por recomendación médica.

En el contrainterrogatorio, la madre de la perjudicada sostuvo que en la fiesta de su casa se estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, pero que ella no las ingiere. Admitió, además, que su hijo mayor (Gilberto) portaba un palo y estaba sumamente molésto, pero que ella le quitó el palo para evitar problemas.

La testigo de cargo Jáckeline Martínez corroboró el he-cho de que como a las 9:00 p.m. vio al apelante cuando iba de la mano con la perjudicada y que luego se lo informó al grupo de personas que buscaban a la perjudicada.

El Dr. Luis Ortiz Meléndez testificó que el 22 de noviem-bre de 1984, en horas de la noche, llevaron a la perjudicada donde él para que le practicara un examen vaginal. Proce-dió a realizar dicho examen. Declaró que la vagina de la perjudicada estaba normal, como si nada hubiese pasado, sin rastros de laceración ni semen. Sin embargo, testificó que la perjudicada tiene “un himen complaciente, o sea, que es flexible y no perfora”, y que del examen practicado no se podía determinar si hubo o no acceso carnal. Señaló que el cuerpo de la perjudicada no presentaba golpes ni marcas.

Como siguiente testigo de cargo testificó el doctor Alvarez Silva, Psiquiatra. Éste declaró que tuvo la oportunidad de evaluar a la perjudicada en dos (2) ocasiones. En la primera, para determinar si tenía algún grado de retarda-ción mental y, en la segunda, para determinar si estaba o no capacitada para declarar en un tribunal como testigo.

Atestó que la perjudicada es una joven de veintiséis (26) años de edad cronológica, pero que su edad mental es la de una niña entre cinco (5) y ocho (8) años. Expresó que ésta padece de retardación mental severa, lo cual le hace difícil expresarse y la descualifica como testigo por tener proble-mas para confrontarse con la realidad.

Sostuvo que cree en la versión que la perjudicada le contó a su madre porque, al confrontarla con esta versión, ella se la repitió a él.

En el contrainterrogatorio declaró que estuvo aproxima-damente dos (2) horas con la peijudicada y que en dichas visitas a su consultorio la madre de la perjudicada siempre la acompañó. Finalmente, expresó que a la perjudicada se le podían sugerir las respuestas dependiendo de la persona que le hiciera las preguntas.

El Hon. Juez de Paz, Luis Zárate Miranda, adscrito a la Sala de Investigaciones del Centro Judicial de Bayamón, fue el séptimo testigo de cargo. Declaró que el 18 de diciembre de 1984 fueron sometidas ante su consideración, para determinación de causa probable para arresto, las de-nuncias por violación y secuestro agravado contra el apelante. Testificó que leyó las denuncias al apelante, quien estaba solo y sin abogado, y que luego le hizo las advertencias de ley. Luego de ello, le preguntó al apelante por qué había hecho eso si sabía que esa muchacha era demente. A la pregunta del testigo el apelante contestó —bajando su cabeza— que él no sabía lo que hacía y que el día de los hechos estaba “embollao”. Cuando el testigo le preguntó al apelante qué quería decir él con “embollao”, el apelante le contestó que quería decir “metido en tragos”. Apéndice, pág. 69.

Continuó declarando que el apelante le aceptó haber co-metido los hechos y que sobre esa aceptación del testigo había prestado una declaración jurada ante el Fiscal investigador. En el contrainterrogatorio aceptó que gene-ralmente no acostumbra hacerle preguntas a los imputa-dos que son llevados a su presencia, pero que en este caso optó por preguntarle al apelante porque “no lo veía normal; estaba sumamente nervioso, incoherente, como que no se encontraba en su cabal juicio. Inclusive le dijo al fiscal que ordenó someter el caso [que al apelante] lo debían enviar a evaluar psiquiátricamente antes de proceder con el caso”. (Énfasis suplido.) Apéndice, pág. 70.

El último testigo de cargo fue el policía estatal Abraham Maysonet, quien acompañó a la madre de la perjudicada a la casa del apelante luego de que ésta fuera a querellarse al Cuartel de la Policía de Cataño. Fue, además, el policía que arrestó al apelante. Su testimonio tendió a corroborar lo declarado por los testigos de cargo que declararon lo su-cedido en la casa del apelante luego de sacar de allí a la perjudicada.

En el contrainterrogátorio declaró que al arrestar al apelante en su cuarto lo notó medio “picado”, refiriéndose a que se había dado unos cuantos tragos.

La defensa presentó como su único testigo a la madre del apelante (Sra. Alicia Rivera Martínez). En síntesis, de-claró que el día de los hechos, y con motivo de celebrarse el Día de Acción de Gracias, se reunió desde el mediodía con sus tres (3) hijos en la residencia de su madre. Señaló que vio al apelante por última vez en casa de su madre a eso de las 6:00 p.m. A eso de las 9:00 p.m. decidió retirarse a su casa. Al llegar a su casa se bañó y tomó un relajante muscular porque padece de la espalda y se puso a leer una revista. Señaló que el rélajante no le causa sueño porque lleva muchos años tomándolo y está acostumbrada a él. Testificó que a eso de las 10:00 p.m. sintió el portón de su casa y vio entrar al apelante con la perjudicada. Ella se quedó acostada en el sofá de la sala y vio a su hijo y a la perjudicada sentarse en el comedor a una distancia de seis (6) a ocho (8) pies de donde ella se encontraba. Continuó leyendo su revista mientras el apelante y la perjudicada permanecían todo el tiempo en el comedor hablando entre sí. Alrededor de media hora después, sintió una multitud frente a su casa que gritaba los nombres del apelante y de la perjudicada. Según ella, era un. grupo de entre treinta (30) y cuarenta (40) personas que golpeaban con palos en las rejas de su casa.

Alega ella que se asustó sobremanera y le dijo al ape-lante que metiera a la muchacha en su cuarto y ella salió a hablar con esas personas. Entonces se dirigió al grupo y le dijo que la perjudicada no estaba en su casa. Mientras la multitud se dispersaba, ella se dirigió al cuarto a sacar de allí a la perjudicada, cuando escuchó una voz que gritó desde la calle “mira, la tenían allá adentro” y “sáquenla de allí”. En ese momento sacó a la perjudicada y se disculpó con la hermana de la perjudicada por mentirle; adujo que temía por su seguridad y la de su hijo debido a la actitud hostil de las personas que fueron a buscar a la peijudicada.

Con esa prueba, el Jurado encontró al apelante culpable de violación y no culpable en el cargo por secuestro agravado. Veamos, pues, los señalamientos de error del apelante.

I

En su primer señalamiento de error el apelante aduce que la prueba de cargo era insuficiente para sostener la convicción y destruir la presunción de inocencia que le cobija. No le asiste la razón.

Reiteradamente hemos sostenido que todo acusado de delito público tiene un derecho constitucional a que el Mi-nisterio Público demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en un juicio público, justo e imparcial. Art. II, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1; Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750 (1990); Pueblo v. Gabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986). Esta concretización práctica de la presunción de inocencia forma parte del debido procedi-miento de ley. In re Winship, 397 U.S. 358 (1970); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3, 25 (1984), opinión del Juez Asociado Señor Negrón García.

Hemos definido la duda razonable como aquella insatis-facción o intranquilidad en la conciencia del juzgador de los hechos sobre la culpabilidad del acusado luego de des-filada la totalidad de la prueba de cargo. Pueblo v. Robles González, supra; Pueblo v. Toro Rosas, 89 D.P.R. 169, 175 (1963).

En Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-761 (1985), expresamos el deber del Ministerio Público para rebatir la presunción de inocencia y disipar la duda razo-nable:

El precepto constitucional que garantiza al acusado la pre-sunción de inocencia exige que toda convicción siempre esté sostenida por prueba que establezca más allá de duda razona-ble todos los elementos del delito y la conexión del acusado con los mismos. (Enfasis suplido.)

La prueba del Ministerio Público sobre todos los ele-mentos del delito y sobre la conexión del acusado “tiene que ser, además de suficiente, satisfactoria, y producir cer-teza o convicción moral en una conciencia exenta de pre-ocupación ...”. Pueblo v. Narváez Narváez, 122 D.P.R. 80 (1988). Cf. Regla 10(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974).

Veamos si el Ministerio Público cumplió con este deber en el caso de autos.

Al apelante se le imputó haber violado a una incapaci-tada mental cuya edad psicológica es la de una niña de cinco (5) a ocho (8) años. Los elementos constitutivos de la violación son: (1) tener acceso carnal, (2) con una mujer que no es su esposa, (3) sin su consentimiento o mediante un consentimiento viciado. En la modalidad imputada al apelante —Art. 99(b) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4061(b)— no es pertinente si la mujer prestó o no el con-sentimiento, puesto que la ley presupone que la mujer con una enfermedad o defecto mental no tiene plena facultad de sus capacidades mentales y, por ello, su consentimiento estaría siempre viciado. Véase D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico: revisado y comentado, San Juan, Ed. Rev. C. Abo. P.R., 1986, pág. 179.

Lo importante es demostrar que carecía de capacidad mental suficiente para consentir al acto sexual. Pueblo v. García Pomoles, 94 D.P.R. 224, 227 (1967). Esto quedó pro-bado en autos con el testimonio irrefutado del psiquiatra Álvarez Silva. Más aún, del testimonio del señor Acevedo Prado, según corroborado por el de la madre de la víctima, se desprende que al apelante se le informó del estado mental de aquélla. Cf. Pueblo v. Hernández, 93 D.P.R. 435, 444 (1966).

La prueba de cargo estableció que la perjudicada no era la esposa del apelante, y la relación entre el acusado y el delito.

La impugnación del apelante se dirige más bien al ele-mento del acceso camal. Para él este elemento “sólo suce-dió en la mente enferma de la joven o sabrá Dios en cuál otra”. Alegato del apelante, pág. 15. Para sostener su teo-ría argumenta que el médico que le practicó el examen vaginal a la perjudicada no encontró residuo alguno de semen ni rastros de violencia en su cuerpo y que el psiquia-tra estableció que a la perjudicada era fácil sugerirle las contestaciones deseadas.

En primer lugar, olvida el apelante que la eyaculación o presencia de semen en la vagina de la víctima no es ele-mento constitutivo de la violación. Art. 100 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4062; Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 178, y que bajo la modalidad que le fue imputada no es necesario probar que medió violencia. Véase Art. 99(b) del Código Penal, supra. Ese es un elemento esencial en la modalidad dispuesta en el Art. 99(c) del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4061(c), el cual se reglamenta con mayor rigor y penalidad. Art. 99(c) Código Penal, supra; Pueblo v. Oquendo, 83 D.P.R. 234 (1961).

En segundo lugar, el médico que realizó el examen vaginal dejó establecido que del examen practicado no se po-día determinar con certeza si hubo o no acceso carnal por-que la perjudicada tiene “un himen complaciente, o sea, que es flexible y no perfora”.() Desde 1907 este Tribunal dejó establecido que la violación queda consumada con la más ligera penetración del miembro del ofensor aunque no haya eyaculado. El Pueblo v. Cancel, 13 D.P.R. 178 (1907); Art. 100 del Código Penal, supra. Ni siquiera es esencial probar que hubo desfloración, Pueblo v. Díaz Martínez, 87 D.P.R. 691 (1963), o ruptura del himen.

En el caso de autos, la prueba de cargo tendente a esta-blecer el acceso carnal consistió en las declaraciones que la perjudicada hizo a su hermana, a su madre y al psiquiatra, y que oyó el señor Acevedo Prado, contemporáneas a los hechos. Estas declaraciones fueron vertidas en los testimo-nios de estos testigos de cargo en el juicio. Se trata de prueba de referencia.

Desde Pueblo v. Lugo, 70 D.P.R. 145, 148 (1949), expre-samos:

La prueba de corroboración, admitida con la oposición de la defensa, consiste de manifestaciones que, según la madre, el padre y la hermana de la perjudicada, les hiciera ésta algún tiempo después de los hechos. Tales manifestaciones, por lo general, son prueba de referencia, pero por vía de excepción, son admisibles en ciertos delitos, entre ellos, el de violación, para corroborar la declaración de la víctima. Su admisibilidad de-pende de que se hayan hecho espontáneamente y en la primera oportunidad de hacerlas libre de coacción. (Enfasis suplido.)

La doctrina de Pueblo v. Lugo, supra, sobre admisibili-dad de prueba de referencia vía la excepción de espontanei-dad de la declaración, ha sido recogida en la Regla 65(B) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, como excepción a la norma general de exclusión de prueba de referencia y bajo la rúbrica de declaración espontánea por excitación.

Comentando esta excepción y su aplicación en casos de declaraciones de testigos incompetentes, como lo es la per-judicada del caso de autos, señala McCormick:

.. .an excited utterance is admisible dispite the fact that the declarant was a child and would have been incompetent as a witness for that reason, or the declarant was incompetent by virtue of mental illness .... (Énfasis suplido.) E.W. Cleary, McCormick on Evidence, 3ra ed., Minnesota, West Publishing Co., 1984, pág. 959.

El profesor Chiesa advierte que “[d]e ordinario la admi-sibilidad de declaraciones espontáneas de un testigo in-competente se produce en casos de abusos sexuales contra niños o retardados”. E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puerto-rriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1979, Vol. I, pág. 379. Véanse: State v. Roy, 333 N.W.2d 398 (Neb. 1983); Haggins v. Warden Fort Pillow State Farm, 715 F.2d 1050 (6to Cir. 1983).

En el caso de autos, la declaración hecha por la perjudi-cada inmediatamente después de salir de la casa del ape-lante era admisible, como excepción a la prueba de referen-cia, por ser una declaración espontánea por excitación. Esa declaración, la cual no fue refutada, establece de forma específica el elemento del acceso carnal y la relación del acusado con el delito.

De igual modo, era admisible la declaración de la madre de lo que le dijo la perjudicada, sobre cómo sucedieron los hechos, en respuesta a su pregunta. Cf. Pueblo v. García Reyes, 113 D.P.R. 843 (1983).

Las observaciones de ambos testigos, en el sentido de que la perjudicada estaba llorando y con la ropa desarreglada, corroboran la declaración de ésta.

La violación es un evento lo suficientemente alarmante para la mujer como para producir en ella una manifesta-ción espontánea e irreflexiva; mucho más cuando se trata de una retardada mental. Desde que ocurren los hechos hasta que la perjudicada sale de la casa del apelante y se encuentra con su hermana y con su madre, no hubo ni tiempo ni contacto con otra persona que no fuera el acusado que le permitiera a la perjudicada inventar la manifestación. Claramente la manifestación se refería, de manera específica y concisa, al hecho de la penetración.

Difícilmente a una retardada mental con edad psicoló-gica de cinco (5) a ocho (8) años se le ocurriría inventar, en tan corto tiempo, una versión tan específica y reveladora como la expresada en autos.

Estas declaraciones son suficientes y satisfactorias para establecer el elemento del acceso camal, necesario para configurar el delito de violación. No era necesaria una prueba científica o de otra índole para corroborar tales declaraciones. Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

No tenemos duda de que la prueba del Ministerio Pú-blico produce la certeza o convicción moral, en una concien-cia exenta de preocupación, de que quedaron probados más allá de duda razonable todos los elementos de la violación técnica imputada en el caso de autos. Creemos que esa fue la apreciación del Jurado y no se nos han justificado las circunstancias para intervenir con dicha apreciación. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982).

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El segundo señalamiento de error del apelante está fun-damentado en lo que él llama veredictos inconsistentes del Jurado. El planteamiento nos parece carente de méritos.

Aparte de que nuestro ordenamiento procesal criminal le reconoce validez a los veredictos inconsistentes —Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299 (1991); Pueblo v. Cortés Calero, 99 D.P.R. 679 (1971)— no encontramos en los veredictos rendidos en autos ninguna inconsistencia. La violación y el secuestro agravado tienen elementos constitutivos distintos y son delitos separables aun cuando estén relacionados en un curso de conducta delictiva. El hecho de que el Jurado creyera que la perjudicada acom-pañó voluntariamente al acusado a su casa no implica que, una vez allí, tenía que creer que no se cometió la violación.

HH HH HH

Examinaremos ahora el cuarto señalamiento de error del apelante para, finalmente, considerar el último.

Se queja el apelante de la admisión en evidencia del testimonio del juez instructor que determinó causa probable para el arresto, y de la supuesta admisión de los hechos que se introdujo con ese testimonio. Sostiene que dicho tes-timonio era inadmisible pues no hubo tal admisión, y si la hubiera habido, el joven estaba sin representación legal y asustado cuando la hizo.

Ya hemos relatado en qué consistió el testimonio del juez instructor.

La declaración del juez instructor no debió admitirse en evidencia ni pasar al Jurado en el caso de autos. Sin embargo, a pesar de haberse cometido el error estamos con-vencidos, más allá de duda razonable —Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967)— de que aun si no se hubiera cometido, el resultado habría sido el mismo. Cf. Regla 5 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Chiesa, op. cit., págs. 9 y 10.

En autos existe prueba suficiente y satisfactoria sobre todos los elementos del delito de violación técnica imputa-dos al apelante —Art. 99 (b) del Código Penal, supra— y sobre la conexión de éste con la comisión de dicho delito. Su admisión era prueba directa pero acumulativa.

El error cometido al admitir la declaración del juez instructor y sus comentarios en contra del apelante no fue perjudicial (plain error), ya que con la prueba desfilada antes de ese testimonio no tenemos duda que el Jurado habría llegado al mismo resultado. Yates v. Evatt, 500 U.S. 391 (1991).

IV

Como último señalamiento de error, el apelante cues-tiona la severidad de la pena impuesta. Sostiene que abusó de su discreción el foro de instancia al imponerle la pena de quince (15) años por la violación en el caso de autos. Según él, dicha pena constituye un castigo cruel e inusitado. No tiene razón.

El Art. 99 del Código Penal, supra, dispone una pena fija de quince (15) años para la modalidad de la violación por la cual fue encontrado culpable el apelante. Esa pena puede reducirse a diez (10) años, de existir atenuantes, y aumentar hasta veinticinco (25) de existir agravantes.

La pena impuesta al apelante estaba dentro de los lími-tes dispuestos en ley. El apelante no nos ha acreditado, ni lo hizo en el foro de instancia, la existencia de atenuantes que hacen de la pena impuesta una excesiva e impuesta en abuso de la discreción del foro de instancia.

Por el contrario, notamos que el foro de instancia conce-dió al apelante los beneficios de una sentencia suspendida, en virtud de la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sec. 1026 et seq., para cumplir la pena.

Originalmente la Ley Núm. 259, supra, disponía que la sentencia suspendida debía ser concedida en todo caso de delito grave que no fuere asesinato en primer grado, 34 L.P.R.A. sec. 1042, siempre y cuando concurrieren ciertos requisitos, 34 L.P.R.A. sec. 1027.

Mediante la Ley Núm. 177 de 4 de mayo de 1949 se enmendó la Ley Núm. 259, supra, para excluir de los bene-ficios de sentencia suspendida las sentencias condenatorias dictadas en casos de violación, entre otras. 34 L.P.R.A. sec. 1027.

Sostiene el Procurador General que la suspensión de la sentencia en el caso de autos es ilegal, por cuanto el delito de violación está expresamente excluido de los beneficios de la Ley Núm. 259, supra. Nos solicita su corrección.

Como regla general, una sentencia válida no se puede modificar. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 539, 541 (1964).

Como excepción a esta regla, se reconoce que los tribu-nales pueden modificar aquella sentencia ilegal o nula por haberse impuesto en contravención a la ley. En Estremera v. Jones, 74 D.P.R. 202, 206-207 (1952), dejamos estable-cida con meridiana claridad estas normas.

Para remediar legalmente una sentencia penal contra-ria a la ley se aprobó la Regla 185 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, que en su inciso (a) faculta a un tribunal a “corregir una sentencia iiegal en cualquier momento”. (Énfasis suplido.) Como expresamos en Gonzá-lez de Jesús v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 31, 33 (1964): “Así tiene que ser pues una sentencia errónea es una sen-tencia ilegal y los jueces, al igual que los demás ciudada-nos, no pueden actuar contra la ley.” Véanse, además: Pueblo v. Lozano Díaz, 88 D.P.R. 834, 838 (1963); Pueblo v. Casanova Cruz, 117 D.P.R. 784 (1986); Regla 35 de Proce-dimiento Criminal federal, 18 U.S.C.

Nuestra Regla 185 de Procedimiento Criminal, supra, permite al Ministerio Público solicitar, en cualquier mo-mento, la corrección de una sentencia nula por haber sido impuesta ilegalmente. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 220, 222 (1967). Tal corrección la puede promover incluso el tribunal sua sponte. Estremera v. Jones, supra. Aún a nivel apelativo puede corregirse ese error.

En el caso de autos se le concedieron al convicto los be-neficios de una sentencia suspendida. La concesión de la misma es un derecho limitado del convicto, que se concede en aquellos casos en que el legislador ha expresado que existe una justificación para evitar su encarcelación. Pueblo v. Rivera, 79 D.P.R. 880, 881 (1957); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620, 624 (1972). Por disposición ex-presa de la Ley Núm. 259, supra, las convicciones por vio-lación quedaron excluidas de los beneficios de dicha ley, por lo que el convicto de dicho delito nunca sería acreedor a tal derecho limitado.

Por lo tanto, la sentencia impuesta por el foro de instan-cia en el caso de autos, en cuanto a la forma de cumplir la pena, es nula y debe ser corregida.

Devolvemos el caso al foro de instancia para que ordene el encarcelamiento inmediato del apelante luego de des-contarle a su sentencia el tiempo cumplido hasta que se emita dicha orden y se le acrediten los abonos correspondientes.

Por los fundamentos expuestos, se dicta sentencia con-firmatoria de la convicción del apelante y se devuelve el caso al foro de instancia para que proceda a corregir su sentencia, en cuanto a la forma de cumplir la pena, orde-nando el encarcelamiento inmediato del apelante luego de abonarle el tiempo cumplido en sentencia suspendida y acreditarle cualesquiera otros abonos que procedan.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Sub-Secretario. El Juez Presidente Señor Pons Núñez disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente con opinión escrita, a la cual se une el Juez Asociado Señor Andréu García.

(.Fdo.) Heriberto Pérez Ruiz Sub-Secretario

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Andréu García.

Hace escasamente unos quince meses —al evaluar la corrección jurídica de una resolución emitida por la Sala de Caguas del Tribunal Superior de Puerto Rico, denegatoria de una solicitud de disolución del Jurado (mistrial), fun-dada la misma en que el Ministerio Fiscal impropiamente había llevado a conocimiento del Jurado el hecho de que el imputado había estado en disposición de aceptar su res-ponsabilidad y declararse culpable de los hechos que el Es-tado le imputaba— este Tribunal, en lo pertinente, expresó en Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750, 758-759 (1990), que:

Si algo demuestra la práctica de la profesión en el campo penal es que, de ordinario, la prueba más incriminatoria, perjudicial y devastadora con que puede contar él Ministerio Fiscal contra un imputado de delito lo es la de que éste admitió la comisión del delito que se le imputa o que estuvo en algún momento en disposición de declararse culpable del mismo. Ello así por razón de que, no importa cuán sólida y convincente pueda parecer, o ser, la prueb[a] que presenta el Estado durante el juicio, el “juz-gador de los hechos” —ya sea el juez o el Jurado— nunca está totalmente convencido de la culpabilidad del acusado; ese juz-gador responsable siempre siente una intranquilidad respecto a ello. Ahí precisamente radica lo incriminatorio y perjudicial que resulta ser la prueba de una alegada admisión o confesión por parte del acusado en la consciencia del juzgador. Apercibido ese juzgador de que el acusado admitió lo hechos, o de que estuvo en disposición de declararse culpable, la duda o intranquilidad que le aquejaba desaparece como por arte de magia. Esto es, la preocupación que tenía de que mediante su decreto de culpabi-lidad podía enviar a un inocente a la cárcel, deja de existir. (Énfasis suplido y en el original.)

El Tribunal, en el referido caso de Pueblo v. Robles Gon-zález, al entender que el perjuicio causado por dichas ma-nifestaciones no era subsanable ni aun por las instruccio-nes que el referido foro de instancia le había impartido al Jurado respecto a las mismas, revocó la resolución allí re-currida y ordenó la celebración de un nuevo juicio en el mismo.

HH

Conforme se desprende de la exposición narrativa de la prueba —certificada como correcta por el tribunal de ins-tancia— durante el proceso que se le celebrara al apelante declaró como testigo de cargo el Juez Luis Zárate Miranda, magistrado que determinó causa probable para arresto por los delitos por los cuales fue juzgado, y resultó convicto, el apelante.

Surge de dicha exposición narrativa que el Juez Zárate Miranda testificó, en lo pertinente, que:

... leyó las denuncias al apelante quien estaba solo y sin abo-gado y luego le dijo las advertencias de ley. Que luego de ha-berle hecho las advertencias de ley le preguntó al apelante que porqué había hecho eso, que si él sabía que esa muchacha era demente. Declaró que el apelante bajó la cabeza y le dijo que él no sabía lo que hacía, que ese día de los hechos estaba “embo-llao”, que le preguntó al apelante que qué quería decir él con “embollao” y el apelante le contestó que quería decir metido en tragos. ... que el apelante le aceptó haber cometido los hechos; que sobre esa aceptación el fiscal investigador del caso le tomó una declaración jurada en Fiscalía. ... que él no acostumbra hacerle preguntas a los imputados que son llevados ante su presencia y menos si no tienen abogado; que en este caso en específico, luego de hacerle las advertencias de ley, optó por preguntarle al apelante por las circunstancias del caso porque no lo veía normal; estaba sumamente nervioso, incoherente, como que no se encontraba en su cabal juicio. Inclusive le dijo al fiscal que ordenó someter el caso en contra del apelante que a este muchacho lo deben enviar a evaluar psiquiátricamente antes de proceder con el caso. Declaró que esas fueron las únicas intenciones de él al hacerle las preguntas al apelante. (Énfasis suplido.) Apéndice, págs. 69-70.()

Una ligera lectura de lo anteriormente transcrito es todo lo que se necesita para concluir que la “admisión” que hiciera el apelante ante el Juez Zárate Miranda no era admisible en evidencia por cuanto, entre otras razones, el Estado no cumplió en el presente caso con su obligación de demostrar que la renuncia que hiciera el apelante de su derecho constitucional contra la autoincriminación fue una hecha en forma voluntaria, consciente e inteligente.

Como es sabido, no basta con que el Estado meramente presente prueba de que “se le hicieron las advertencias” al sospechoso o acusado. Se requiere que presente prueba de-tallada sobre las advertencias específicas que se le hicieron a éste. De esta manera es que únicamente se puede deter-minar si dicha renuncia fue una hecha en forma volunta-ria, consciente e inteligente. Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988); Pueblo en interés menor 123 D.P.R. 551 (1989)()

HH I — I

Una mayoría del Tribunal, no obstante admitir que co-metió error el foro de instancia al permitir el testimonio del juez instructor, determina en el presente caso que dicho error es uno “no perjudicial”. A esos efectos —mediante el vehículo procesal de la Sentencia— expresa la Mayoría:

La declaración del juez instructor no debió admitirse en evi-dencia ni pasar al jurado en el caso de autos. Sin embargo, a pesar de haberse cometido el error estamos convencidos, más allá de duda razonable —Chapman v. California, 386 U.S. 18 (1967)— de que aun si no se hubiera cometido, el resultado habría sido el mismo. Cf. Regla 5 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Chiesa, op. cit, págs. 9 y 10.
En autos existe prueba suficiente y satisfactoria sobre todos los elementos del delito de violación técnica imputados al ape-lante —Art. 99(b) del Código Penal[, 33 L.P.R.A. sec. 4061]— y sobre la conexión de éste con la comisión de dicho delito. Su admisión era prueba directa pero acumulativa.
El error cometido al admitir la declaración del juez instructor y sus comentarios en contra del apelante no fue peijudicial (plain error), ya que con la prueba desfilada antes de ese testi-monio no tenemos duda que el Jurado habría llegado al mismo resultado. Sentencia, págs. 320-321.

Aparte del hecho de que no es correcto que la prueba de cargo es una de tal naturaleza que resista el perjuicio cau-sado —la misma, sobre el hecho propiamente de la violación, es una claramente circunstancial— la “razón de decidir” del presente caso es totalmente contradictoria con la norma jurisprudencial implantada en Pueblo v. Robles González, ante; con el agravante de que la situación hoy planteada es una aún más perjudicial que la que presen-taba el antes citado caso de Pueblo v. Robles González. Ello así por cuanto se trata *dé un caso en que la admisión es traída a conocimiento del Jurado de labios de un miembro de la Judicatura, funcionario que, a diferencia del repre-sentante del Ministerio Fiscal, no es parte en el proceso, por lo que el efecto de su testimonio —su credibilidad— sobre el Jurado es uno aún mayor. Por otro lado, debe mantenerse presente que en el caso que ocupa nuestra atención —a diferencia del caso de Pueblo v. Robles González, ante— no hubo instrucción alguna del juez al Jurado sobre el hecho de que no debían considerar dicha prueba.

HH I — I l — l

Este Tribunal tiene una responsabilidad de ser consis-tente en sus decisiones. Ello requiere un auto examen de la “conciencia judicial” por parte de cada uno de los integran-tes de este Tribunal con el propósito de definir posiciones respecto a los distintos asuntos que llegan ante la conside-ración de esta Institución. Las actuaciones contradictorias, como las que ilustra la sentencia emitida en el día de hoy, no sólo afectan nuestra imagen ante la profesión legal, sino que tienen el efecto de causar gran incertidumbre y desaso-siego a nivel de instancia.

SENTENCIA ENMENDADA (En Reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, 28 de enero de 1992

Mediante Sentencia de 28 de junio de 1991 confirmamos la convicción del apelante() También devolvimos el caso al foro de instancia para que corrigiera su sentencia por cuanto entendimos que, tratándose de una convicción por el delito de violación, la Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. secs. 1026-1029, no permitía que se le concediera al apelante los beneficios de la sentencia suspendida. Así, declaramos que la sentencia, en cuanto a la forma de cumplir la pena, era nula y orde-namos el encarcelamiento inmediato del apelante luego de abonarle el tiempo cumplido mediante sentencia suspen-dida y acreditarle cualesquiera otros abonos que procedieran.

No conforme con dicha sentencia, el 18 de julio de 1991 el apelante presentó una moción de reconsideración. En síntesis, el apelante argumentó que la sentencia dictada por el tribunal de instancia no fue nula, por cuanto la Ley Núm. 103 de 29 de junio de 1955 (34 L.P.R.A. secs. 1042-1043) permite la suspen-sión de la sentencia en casos de delitos graves, excepto asesinato en primer grado, cuando el convicto fuere me-nor de veintiún (21) años a la fecha de la comisión del delito.

Mediante Resolución de 9 de agosto de 1991, le concedi-mos al Procurador General un término de sesenta (60) días para que se expresara sobre dicha moción de reconsideración. El Procurador General ha comparecido. Resolvemos.

I — i

La Ley Núm. 103, según enmendada, supra, dispone en lo pertinente:

Se autoriza a los jueces del Tribunal Superior de Puerto Rico para que en ejercicio de su discreción concedan sentencias suspendidas en todo caso por delito grave, excepto asesinato en primer grado ... si el convicto fuere menor de 21 años de edad a la fecha de la comisión del delito. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. sec. 1042.

Así, si el imputado de delito que no sea asesinato en primer grado cuenta con menos de veintiún (21) años al momento de los hechos, tiene derecho a que el tribunal, en su sana discreción, lo considere para disfrutar los benefi-cios de la sentencia suspendida. El fundamento para dicha disposición es que se reconoce “que todo delincuente menor de 21 años de edad, a la fecha de la comisión del delito, cuando delinque por primera vez, tiene gran posibilidad de reformarse y convertirse en un ciudadano útil a la comunidad”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 103, supra, 1955 Leyes de Puerto Rico, pág. 549.

II

No cabe duda que el joven convicto era menor de edad al momento de los hechos.() Tampoco existe controversia en cuanto a que el tribunal de instancia, en el ejercicio de su discreción, le concedió los beneficios de la sentencia sus-pendida tras la convicción por un delito que no era asesi-nato en primer grado.

No está claro, sin embargo, si el tribunal de instancia tuvo la intención de imponer la sentencia suspendida bajo la Ley Núm. 259, supra,( ) o bajo la ya mencionada Ley Núm. 103, que aplica a menores de veintiún (21) años. Sin embargo, a pesar de que la propia sentencia ordena su sus-pensión “a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 259”, no albergamos dudas de que el tribunal a quo lo hizo bajo las disposiciones de la referida Ley Núm. 103. La duda se disipa al examinar la minuta del Acto de Pronunciamiento de Sentencia, donde se señala que “[hjabiendo el tribunal examinado y corroborado que este acusado tiene 20 años se le conceden los beneficios de una sentencia suspendida”.()

HH hH HH

La sentencia impuesta por el foro de instancia, en cuanto a la forma de cumplir la pena mediante los benefi-cios de la sentencia suspendida, es válida.

Por todo lo cual, se reconsidera nuestra sentencia de 28 de junio de 1991 en cuanto anulaba la suspensión de los efectos de la sentencia apelada decretada por el tribunal de instancia y se confirma dicha sentencia en todas sus partes conforme lo dispuso el tribunal de instancia.

Así lo pronunció y manda el Tribunal, y certifica el señor Secretario General. El Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

      (1) El “himen” es una membrana, muy variable en cuanto a forma y consistencia, que se encuentra a la entrada de la vagina y la cierra parcialmente. Generalmente es un pliegue semilunar con la abertura variable en dimensiones. Tratado de Obstetri-cia Dexeus, Barcelona, Salvat, 1982, Vol. I, pág. 35. La descripción que hizo el médico concuerda con la malformación del himen conocida como “himen imperforado” o membrana que ocluye totalmente el orificio vaginal y, por ende, hace difícil la pene-tración del pene. Stedman’s Medical Dictionary, 24ta ed., Baltimore, Williams & Wilkins, 1982, pág. 668. La corrección de dicha condición requiere que se practique una incisión a la paciente. R. Benson, Diagnóstico y Tratamiento Ginecoobstétricos, 4ta ed., México, Ed. El Manual Moderno, 1986, pág. 181.

      (1) Véanse: Págs. 10 y 11 de la Exposición Narrativa de la Prueba.

      (2) Por otro lado, y dadas las condiciones "físicas y emocionales” en que, con-forme el propio Juez Zárate Miranda, se encontraba el apelante, resulta igualmente obvio que cualquier manifestación que éste realizara en ese momento no es admisible en evidencia.

      (1) El Juez Presidente Señor Pons Núñez disintió sin opinión escrita. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió opinión disidente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Andréu García.

      (2) Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre de 1984. El certificado de naci-miento de Israel Pérez Rivera que obra en autos revela que el convicto nació el 16 de diciembre de 1964 por lo que, para la fecha de los hechos, Pérez Rivera contaba con diecinueve (19) años y once (11) meses de edad.

      (3) La Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. sees. 1026-1029, autoriza, entre otras cosas, al Tribunal Superior a conceder sentencias suspendidas en todo caso de delito grave que no sea asesinato, robo, incesto, extor-sión, violación, crimen contra natura, actos lascivos o impúdicos, etc., y dispone ciertas condiciones para ello.

      (4) La minuta está acompañada del certificado de nacimiento de Pérez Rivera y de su certificado de bautismo.