text:
    Diesel Tanker S.D. Maddock, Inc., recurrente, v. Commonwealth Oil Refining Co., Inc. y su aseguradora Commercial Ins. Co. of Newark, New Jersey; Procon International, S.A., recurridas.

      Número: R-73-265

      Resuelto: 6 de mayo de 1976

      Hartzell, Ydrach, Mellado Santiago, Pérez & Novas, abogados de la recurrente; Vivas, Martínez-Texidor & Limeres, abogados de C.O.R.C.O. y Commercial Insurance Co. of Newark, New Jersey; Bird, Bird & Gonzalez, abogados de Procon International, S.A.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Al cabo de cuatro viajes entre los puertos de Guayama y Tallaboa en los que transportó unos 28,000 barriles de nafta parafínica, sustancia inflamable, y ya lavados sus tanques con agua fresca, hubo necesidad de limpiar la escoria que en forma de costra o fango estaba adherida a las bodegas del tanquero propiedad de Diesel Tanker S.D. Maddock, Inc., para cuya labor el dueño del barco, a través de Commonwealth Oil Refining Co., Inc. (CORCO), obtuvo los servicios de Proeon International, S.A., contratista de mantenimiento. CORCO suplió el equipo especializado para el trabajo. La bri-gada esperó por pruebas que hizo el primer oficial del barco con un detector de gases (explosímetro), instrumento de precisión que manejó desde cubierta valiéndose de mangas de extensión que llegaban a los tanques. Hechas las pruebas dicho oficial determinó y declaró el sitio libre de gases y por lo tanto seguro para trabajar cerca de las 6:00 P.M. del 7 de septiem-bre de 1969, hora en que bajaron los obreros de limpieza a los tanques. A la 1:30 A.M. del siguiente día, completada la labor en dos de los tanques y mientras se trasladaban al tercero, ocurrió una explosión seguida de fuego que causó graves quemaduras a dos trabajadores no obstante haber ellos subido rápidamente a cubierta donde cayeron inconscientes. En la bitácora (logbook) que el capitán de la nave ha de llevar por exigencia de Ley del Congreso (46 U.S.C.A. sees. 201, 202) dicho oficial hizo un asiento en que señala la combustión espontánea como causa del accidente.

Los dos trabajadores lesionados demandaron en daños a Commonwealth Oil Refining Company (CORCO), a Diesel Tanker S.D. Maddock, Inc., y otras partes que es prolijo men-cionar. Diesel Tanker, dueña del barco, a su vez reconvino e instó demandas contra tercero y coparte imputando negligencia a CORCO por haber suplido* un equipo defectuoso e inadecuado; y contra Procon bajo el principio de garantía implícita que en Derecho Marítimo impone al contratista la prestación de servicios de manera propia, segura, razonable y competente. En el curso del juicio los obreros demandantes transigieron su reclamación contra Diesel por una suma global de $140,000 y como resultado de las pruebas practicadas du-rante seis días de vista, el Tribunal Superior dictó sentencia aprobando la transacción a cuyos fines declaró con lugar, sin costas ni honorarios, la demanda de los trabajadores contra el armador Diesel Tanker S.D. Maddock, Inc., y sin lugar toda la progenie de reconvenciones, demandas de tercero y coparte en que se envolvieron las partes demandadas. Diesel Tanker, dueña del barco, recurrió en revisión insistiendo en su derecho a ser indemnizada por Procon y CORCO en la cantidad que el armador pagó a los obreros. Expedimos el auto.

De los siete señalamientos de error que hace la recu-rrente, cinco no son más que modalidades particularizadas de un ataque a la apreciación de la prueba, a saber [a], [b] y [e] que la sala de instancia no estimó la prueba suficiente para hacer al contratista Procon y a CORCO responsables por negligencia a la recurrente; [c] determinar a base de prueba pericial que el accidente se debió a combustión espontánea; [d] concluir que el primer oficial de la recurrente fue negli-gente al hacer la prueba de gases y declarar la bodega segura.

Como errores de derecho acusa [f] valor probatorio ex-tendido por el juez sentenciador al asiento de bitácora y [g] alcance e interpretación de las Reglas y Reglamentos de la Guardia Costanera para Buques Tanques del 1ro. de mayo de 1969.

La recurrente hace gran esfuerzo para vincular la ex-plosión y el fuego con la condición defectuosa de una lámpara y extensión eléctrica que alega apareció después del accidente rota y el cable con un alambre descubierto; y en el informe de la enfermera Sepúlveda de Erickson, quien dio primera ayuda a los obreros lesionados, el cual sirvió de base para el informe de accidente al Fondo del Seguro del Estado. El juez de instancia rechazó esta teoría como indigna de crédito al confrontarla con el testimonio de uno de los obre-ros, del médico que los atendió en emergencia y de otros testigos más que los vieron inconscientes caídos sobre cubierta, imposibilitados de hablar. La bombilla y su cable eléctrico no fueron presentados en evidencia por lo que es altamente especulativa su descripción como defectuosa considerando que hubo de sufrir la erosión del fuego. El extenso y bien razonado testimonio pericial dejó claro que la explosión no fue causada por contactos de alambre o fricción de implementos usados en la remoción de los residuos de nafta parafínica, sino por reac-ciones químicas de los gases que produjeron la llama de com-bustión espontánea. No hay fundamento en el ataque de. la recurrente que sitúa al juez descansando principalmente en la anotación sobre combustión espontánea hecha por el capitán del barco en el libro bitácora. Dicho asiento, que era prueba admisible, sirvió para corroborar el verdadero origen y causa del siniestro, ampliamente demostrado por otra evidencia oral y pericial.

Bajo la doctrina de condición apta para navegar (.seaworthiness) la recurrente dueña del barco venía obligada a proveer a la brigada contratada para limpiar los tanques, un sitio seguro de trabajo. Esta obligación del armador (dueño de barco), se extiende en todo su rigor a personas que sin ser miembros de la tripulación, realizan labor por contrato a bordo, “porque de ordinario el contratista no tiene derecho ni oportunidad de descubrir y eliminar la causa del peligro y es por tanto dudoso que él deba a sus empleados, con relación a estos riesgos, la obligación usual de todo patrono de proveer un lugar seguro de trabajo, con la posible excepción de casos en que el peligro sea obvio o creado por su propio acto.” El uso de contratistas independientes con brigadas especialmente adiestradas para el trabajo a bordo no disminuye el riesgo para el obrero ni debe anular la protección a que tiene derecho. Seas Shipping Co. v. Sieracki, 328 U.S. 85 (1946).

La recurrente intentó cumplir su deber de garantizar la seguridad de estos trabajadores cuando su primer oficial, valiéndose del equipo medidor de gases (explosímetro) hizo unas pruebas antes de indicarle a los obreros que no había peligro en bajar a las bodegas y comenzar su labor. Si en vez de limitarse a esa primera lectura, el oficial que manejaba ese instrumento especializado, hubiese hecho un seguimiento con subsiguientes lecturas espaciadas a través de las horas de labor se habría revelado la posterior concentración de gases combustibles que habían convertido los tanques del barco en sitio inseguro. En este caso el barco tenía el equipo apropiado, exigido por el Reglamento del Servicio de Guardacostas (Escolio 1), y el contratista tenía derecho a confiar en que el detector de gas combustible en poder del barco sería usado cuantas veces fuere necesario para proteger sus hombres de una explosión y fue esa una aparente condición del contrato según se desprende de la conducta de las partes: el primer oficial haciendo las pruebas y los hombres absteniéndose de subir a bordo hasta que aquél les informa que el lugar de trabajo está seguro.

El dueño de barco que contrata personal para trabajar a bordo debe cuidarse de que el sitio de trabajo sea seguro. De lo contrario se considera el barco inepto (unseaworthy) sin importar cómo surgió esa condición. La responsabilidad basada en ineptitud para navegar (unseaworthiness) es radicalmente distinta a la responsabilidad basada en negligencia. La razón, claramente, estriba en que la ineptitud para nave-gar es una condición, y la causa determinante de esa condi-ción, fuere negligencia o cualquiera otra, es del todo irrele-vante a la responsabilidad del armador por daños personales derivados de la misma. Este concepto de ineptitud para •hacerse a la mar se extiende para incluir toda situación de peligro o inseguridad, divorciada de los principios de negligencia, que disminuyen la utilidad del barco en el servicio a que se le destina. Usner v. Luckenbach Overseas Corp., 400 U.S. 494 (1971). La obligación del dueño del barco de mante-nerlo en condición para navegar (seaworthy) no depende de la negligencia de aquél o sus agentes; ni aún de su conocimiento real o implícito de la condición de inseguridad. Mahnich v. Southern S.S. Co., 321 U.S. 96. El carácter de esta obligación es absoluta, esencialmente un tipo de responsabilidad absoluta (objetiva) que concebida para confrontar los peligros inhe-rentes a la navegación, no puede aprisionarse por normas de negligencia o de contratos. Es por su naturaleza una obligación sin reserva debida a todos aquellos a quienes alcanza su polí-tica humanitaria. Seas Shipping Co. v. Sieracki, supra, 94-95. Ratificados en Mitchell v. Trawler Racer, Inc., 362 U.S. 539 (1960).

En Ryan Stevedoring Co. v. Pan Atlantic S.S. Corp., 350 U.S. 124 (1955), se declaró el derecho de indemnización del armador (dueño del barco) contra el contratista independiente patrono del obrero si viola la garantía implícita o ex-presa de rendir sus servicios en una manera propia, razonable, segura y en forma competente (workmanlike manner). El contratista Procon no violó este principio de garantía implícita de labor. La prueba demostró que utilizó los equipos ade-cuados al trabajo y que no descuidó la seguridad de sus hombres. La condición peligrosa presente en la concentración de gases combustibles no era un riesgo obvio y patente para el contratista de trabajo. Era una realidad revelable por una sola de las partes en el contrato, la recurrente Diesel única que tenía a su disposición el instrumento medidor de gases y el personal técnico diestro en su manejo. Como antes expre-samos, la prueba figura el contrato como dejando en manos de la recurrente esa medida de precaución, que debió ejercer a plenitud con lecturas a intervalos. No se afectó, por tanto, la obligación del contratista de hacer el trabajo con cuidado y prudencia, careciendo la recurrente de acción para recobrar de Procon parte alguna de la indemnización pagada a los obreros. Seas Shipping Co. v. Sieracki, supra; Crawford v. Pope & Talbot, ante. Tampoco puede Diesel Tanker recobrar contra Commonwealth Oil Refining Co. porque los hechos co-rrectamente estimados por el juez sentenciador excluyen toda posibilidad de que el equipo de trabajo por ella suplido fuera defectuoso o causante del accidente laboral.

Las conclusiones del Tribunal Superior tienen firme base en la prueba por lo que no hemos de intervenir con las mismas (Regla 43 de Procedimiento Civil), y la aplicación del Derecho es correcta. Revisados la sentencia, el extenso récord taquigráfico y el expediente en general, no encontramos que la Sala de Ponce del Tribunal Superior, haya incurrido en error alguno. Confirmada.

      E1 Reglamento del Servicio de Guardacostas dispone:
      (b) Barcazas y barcos tanques autorizados a transportar líquidos Grado A, B, C o D [nafta parafínica es Grado A] a cualquier temperatura, o líquidos Grado E, a altas temperaturas, estarán equipados con un detector de gas combustible adecuado para determinar la presencia de concen-traciones explosivas en el material transportado ....”
      El manual publicado el 2 de marzo de 1964 por el Servicio de Guarda-costas, bajo el epígrafe “Detectores de Gas Combustible” advierte:
      “La presencia de gases combustibles a bordo puede detectarse por un químico naval o un oficial del barco entrenado para operar un detector de gases [explosímetro].
      “La muestra de gas se absorbe del compartimiento a través de una línea hasta el instrumento y pasa sobre un filamento de aluminio caliente. Si hay gases combustibles, arderán en el filamento aumentando su calor y resistencia eléctrica. Esta mutación eléctrica ocurrirá en proporción directa a la concentración de gas combustible y se reflejará en el reloj métrico del instrumento.
      “Estos instrumentos son útiles si están bien calibrados y en buena condición, cuando los maneja una persona entrenada y diestra para inter-pretar sus lecturas. Dichas lecturas deberán tomarse en todos los puntos a través de los compartimientos afectados, especialmente en áreas o bolsillos susceptibles de acumulación localizada de gases.” A Manual for the Safe Handling of Inflammable and Combustible Liquids, citado, a la pág. 55.

      “ ‘Olio Spontaneous Combustion in tank No. 4 starboard while gang working. Two workers; Rufino Collazo and Cruz Rodriguez burned taken to hospital. Work Stopped.’
      (Bottom of page)
      Injured Procon Workmen
      Cruz Rodríguez Echevarria (Co. No. 416)
      Address Bo. Tallaboa Saliente, Peñuelas,
      P.R. 00724
      Rufino Collazo Román (Co. No. 416)
      Address Bo. Tuebardos, Peñuelas,
      P.R. 00724.”

      Esta enfermera declaró que los obreros no perdieron el conocimiento y que le relataron la forma en que ocurrió el accidente y que conforme con dicho relato ella hizo el siguiente informe:
      “Estaban dentro del barco limpiando el tanque #4 del Barco Raymond J. Bushey el cual se encontraba en el muelle #2, estaban usando una extensión eléctrica la cual tenía las conexiones que conectan a la bombilla flojas y al desprenderse la bombilla de la extensión la punta de ésta hizo contacto con la tola de los tanques causando que los gases que estaban en el tanque se prendieran.”

      E1 obrero Cruz Eodríguez Echevarría declara:
      “Cuando terminamos en la primer sección, que bajé a la sección número 2, para yo esperar que el compañero me pasara la extensión, al pasármela, yo no la llegué a coger, fuá, el fuego, una explosión.” T.E. pág. 190.
      “Dígame Don Druz: ¿después del accidente perdió Ud. el conocimiento?
      “Ya le digo que yo subí; no sé ni como subí; yo sé que yo no supe de más nada.
      “¿Qué tiempo estuvo inconsciente?
      “A mí me dejaron, como a los tres días en el hospital me vine a dar cuenta; llevaba tres días.” T.E. pág. 194.
      El médico Dr. Luis A. Barranco declara:
      “¿Tuvo Ud. oportunidad u ocasión de atender allá para el día 6, ... 7 de septiembre de 1969 a los señores Cruz Eodríguez Echevarría y Eufino Collazo?
      “Sí, señor, los atendí.
      “¿Dónde los atendió Ud?
      “En la emergencia, Sala de Emergencia de la Clínica Doctor Pila, en ocasión de la ... de su total estadía, en dicha institución.
      “¿Podría Ud. decirle al Hon. Tribunal la condición, en cuanto a si estaban conscientes o inconscientes, en que éstos estaban, cuando Ud. los atendió a ellos en la Sala de Emergencia de la Clínica Doctor Pila?
      “Testigo :
      “Ese día, ambos pacientes fueron traídos, después de haber sufrido un accidente. Estaban bajo la protección de la Ley de Compensación de Accidentes del Trabajo. En el examen rutinario, en el examen en la Sala de Emergencia de la Clínica Doctor Pila, los pacientes habían sufrido quemaduras extensas. Su condición en aquel momento era una condición crítica. Su estado de inconsciencia, mejor dicho, su estado de consciencia estaba completamente abolido, o sea, estaban en estado inconsciente.” T.E. págs. 301-2.

       Esa era la doctrina vigente para septiembre de 1969 cuando ocurrió este accidente. Una enmienda introducida por el Congreso el 27 de octubre de 1972 a la See. 6 de la Ley conocida como Longshoremen’s and Harbor Workers’ Compensation Act alteró fundamentalmente la responsabilidad basada en “seaworthiness”, ya superada su utilidad de proveer una protec-ción óptima a los obreros, actualmente bien amparados por el incremento en los sistemas de compensación por accidentes del trabajo. La nueva legis-lación específicamente excluye la demanda contra tercero que antes tenía el dueño del barco, aquí ejercitada por la recurrente Diesel Tanker, con el siguiente lenguaje:
      “Sec. 5(b) In the event of injury to a person, covered under this Act caused by the negligence of a vessel, then such person, or anyone otherwise entitled to recover damages by reason thereof, may bring an action against such vessel as a third party in accordance with the provisions of section 33 of this Act, and the employer shall not be liable to the vessel for such damages directly or indirectly and any agreements or warranties to the contrary shall be void.
      “The liability of the vessel under this subsection shall not be based upon the warranty of seaworthiness or a breach thereof at the time the injury occurred. The remedy provided in this subsection shall be exclusive of all other remedies against the vessel except remedies available under this Act.” Public Law 92-576 — Oct. 27, 1972 — Norris, The Law of Maritime Personal Injuries Srd, Sec. 298.

       La protección al trabajador brindada por la doctrina de aptitud para la navegación (seaworthiness), reconocida a los estibadores en Seas Shipping Co. v. Sieracki, 328 U.S. 85, 90 (1948), se hizo extensiva a personal a cargo de limpieza de tanques. Guerrini v. United States, 67 F.2d 352 (1948); Crawford v. Pope & Talbot, Inc., 206 F.2d 784 (1953).

      La responsabilidad debe recaer sobre aquella parte en mejor situa-ción para adoptar medidas preventivas y así reducir las probabilidades de daño. Italia Societa v. Oregon Stevedoring Co., 376 U.S. 315, 324 (1964).

      La prueba de gases es confiable solo en el momento en que se hace. La buena práctica exige pruebas adicionales con el detector cuando se remueve el sedimento en los tanques o compartimientos, se muda el lastre, se desconecta la tubería, se cierra el tanque o cuando surge cualquier otra condición que afecte el contenido de gases. Coast Guard — Fire Fighting Manual for Tank Vessels (Julio 1,1968), pág. 40.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, demandante y recurrente, v. Travelers Insurance Company, demandada y recurrida.

      Número: O-76-55

      Resuelto: 6 de mayo de 1976

      Jorge J. Oppenheimer Méndez, abogado de la recurrente; el abo-gado de la recurrida no compareció.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles instó demanda sobre cobro de dinero por la can-tidad de $37.22 contra Travelers Insurance Company, ampa-rándose en la Regla 60 de Procedimiento Civil sobre reclama-ciones menores de $100.00. En la notificación que sirvió para emplazar a la demandada se fijó el 30 de septiembre de 1975 para vista del caso. El Tribunal de Distrito suspendió la vista por entender que necesitaba más prueba que una declaración jurada del Contralor de ACAA acreditando la legitimidad de la reclamación, y ello a pesar de que la demandada no com-pareció a oponerse. Hizo un nuevo señalamiento para el 23 de diciembre de 1975 notificado a ambas partes, y en 31 de octu-bre de 1975 (55 días antes de la vista) la recurrente ACAA formuló moción de sentencia sumaria bajo la Regla 36.1 fun-dada en constancias documentales. A pesar de que la demandada tampoco refutó dicha moción como lo exige la Regla 36.5 en cuanto a que “. . . la parte contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o repulsas conteni-das en sus alegaciones, sino que vendrá obligada a contestar en forma tan detallada y específica, como lo hubiere hecho la parte promovente, exponiendo aquellos hechos materiales que cree que intenta probar [y] [s] i no contestare bajo juramento, deberá dictarse sentencia en su contra.”, el 14 de noviembre el tribunal desestimó la solicitud. Al así rechazar la moción de sentencia sumaria el Tribunal de Distrito no tenía ante sí ni siquiera una contestación de la demandada quien se. persona en autos por primera vez el 18 de diciembre de 1975 solicitando término adicional de 30 días “para realizar unas investiga-ciones y prepararse para contestar [la demanda] adecuada-mente.” En este momento procesal acude la ACAA en certiorari al Tribunal Superior que deniega de plano la solici-tud y de ahí nos llega el caso en certiorari.

Expedimos orden requiriendo de las partes que muestren causa, si alguna, por la que no deban anularse las resolucio-nes dictadas por el Tribunal Superior (7 de enero de 1976.) y de Distrito (21 de noviembre de 1975) y en su lugar- dictar, sentencia sumaria condenando a Travelers Insurance Company a pagar $37.22 a la Administración de Compensación por Accidentes de Automóviles (Padín v. Rossi, 100 D.P.R. 259); e imponer a dicha demandada recurrida el pago de honorarios de abogado.

La demandada no ha comparecido. .En su auxilio lo ha hecho la demandante recurrente informando un “acuerdo” de pago que no se ha materializado y solicitando quemo se impongan honorarios.

La conducta procesal de la demandada, tolerada en instancia, echa por la borda todo principio de solución justa, rápida y económica de los pleitos proclamado en la Regla 1 de Procedimiento Civil, y acentuado en la Regla 60 al ordenar que si el demandado debidamente notificado, no compareciere (demostrando que tiene alguna reclamación sustancial) se dictará sentencia sin demora; y en la Regla 86.5 instruyendo al tribunal que de no producir el opositor de la sentencia suma-ria una exposición de hechos materiales bajo juramento deberá dictarse sentencia en su contra.

No es cuestión de tender una alfombra roja para la egregia salida del pleito de la demandada Travelers. Su contumacia en rehusar el pago de una obligación insignificante ha requerido la movilización de todo el engranaje judicial desde el Tribunal de Distrito hasta el Supremo, añadiendo esfuerzo, sin razón alguna, al abrumador número de expedientes que pesa sobre todos los funcionarios afectados y agravando el costo social de la gestión envuelta. Esta áspera verdad convierte en oficiosa la solicitud de la recurrente para que no se impongan honorarios de abogado a la demandada. La litigación caprichosa inflige una carga de abuso al sistema de justicia que eventualmente conduciría a su colapso. Los tribunales proveen un foro para la ventilación de controversias legítimas, mas no han de sufrir la erosión de pleitos infundados y contenciones arbitrarias. El recurso de sentencia sumaria debe estar presto y disponible para limpiar la casa de frivolidades.

Se dictará sentencia sumaria según intimada en la orden para mostrar causa e imponiendo por vía de sanción $500 de honorarios de abogado a la demandada recurrida. Revocada.

       Este tipo de ocurrencia hace trasfondo a las enérgicas expresiones del Juez Presidente Burger de la Corte Suprema de los Estados Unidos inaugurando el 7 de abril de 1976 en St. Paul, Minn., la Conferencia sobre Causas de Insatisfacción del Pueblo con la Administración de Justicia al expresar que los instrumentos procesales que sirvieron a una sociedad agraria no sirven a la compleja sociedad de fines del Siglo XX y que grandes áreas de litigación, significativamente “reclamaciones menores” podrían referirse a tribunales especiales constituidos por cuidadanos, sin derecho a apelar. En el caso de autos, como indica la opinión, había instru-mentos procesales adecuados que no se usaron.

      En una titulada moción informativa, el abogado de ACAA expone:
      “Que el compañero Ledo. Emilio Guarionex Rivera se ha comunicado con el abogado que suscribe en el día de hoy y ha llegado a un acuerdo, a nombre de su dienta, la demandada recurrida, de pagar las cantidades adeudadas en el caso de epígrafe y en todos los otros que están pendientes de pago en nuestra Agencia; acuerdo de pago que-había hecho,'-además, el señor E. Buitrago, en su carácter de Representante de Reclamaciones de la demandada-recurrida, previamente a la llamada del compañero abo-gado.
      “En vista del acuerdo de pago de estos otros casos, solicitamos que no se imponga honorarios de abogado.”


author: per curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Earline Toro Asencio, acusado y apelante.

      Número: CR-76-11

      Resuelto: 17 de mayo de 1976

      Jovino Martínez Ramírez, abogado del apelante; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Josefa Román García, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

Se acusó al apelante de herir maliciosamente a un perro (Art. 514 del anterior Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 2064); de portación ilegal de un arma de fuego (Art. 8 de la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951, 25 L.P.R.A. see. 418); de posesión ilegal de un arma de. fuego (Art. 6 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. see. 416); y de dis-parar un arma en un lugar donde podía causar daño, sin excusa legal para ello (Art. 32(a) de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. sec. 442(a)). El jurado lo absolvió de los primeros dos cargos y el juez del último. El juez lo halló culpable, sin embargo, de la posesión ilegal de un arma de fuego y el 13 de abril de 1970 sentenció al acusado a cumplir un año de cárcel. Se le concedió probatoria y fianza en apelación. Alega el ape-lante, en esencia, que la prueba es insuficiente para conde-narlo.

Cuando no se ocupa el arma, como sucedió en este caso, la prueba debe ser convincente y clara. Pueblo v. Olivencia, 93 D.P.R. 845 (1967); Pueblo v. Rosario, 80 D.P.R. 318 (1958); Pueblo v. Pacheco, 78 D.P.R. 24, 29 (1955). Contrario a la alegación del apelante, existe prueba adecuada en el récord para justificar la sentencia. Dos testigos de cargo declararon que el apelante admitió haberle disparado al perro herido cuando éste se encontraba en la finca de su patrono. Véanse los testimonios de Fundador Serrano Rodríguez (T.E. pág. 23 y ss.) y de Reinaldo Rodríguez Ferrer (T.E. pág. 28 y ss.). La defensa presentó dos testigos que negaron que el apelante hubiese hecho admisión alguna, pero esto no despojó al juzgador de su facultad de darles crédito a los referidos testigos de cargo. Este Tribunal no debe intervenir con su apreciación de la prueba en ausencia de error manifiesto, prejuicio o parcialidad. Pueblo v. Garcés, 78 D.P.R. 102 (1955); Pueblo v. Oquendo, 79 D.P.R. 542 (1956); Sociedad de Gananciales v. Sociedad de Gananciales, 104 D.P.R. 50 (1975).

Este no es un caso de prueba confusa, insuficiente para sostener un fallo. Es un caso tan solo de testimonios conflictivos, susceptibles de ser creídos o no. Las admisiones constituyen prueba directa enteramente adecuada para fundamentar una condena. Arts. 366, 371 y 397 del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933, Arts. 4, 9 y 35 de la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905, 32 L.P.R.A. secs. 1624, 1629 y 1678. Pueblo v. Beltrán Santiago, 97 D.P.R. 92, 94 (1969); Pueblo v. de Jesús Robles, 92 D.P.R. 345, 364 (1965).

Una observación al margen. Los honorarios para la transcripción de evidencia en este caso se consignaron el 24 de noviembre de 1970. El récord de la vista, que consta de setenta y siete páginas tan solo, se tardó cinco años y un mes en trans-cribir. Un sistema que permite estas dilaciones no cumple bien los fines de la justicia. Para la debida protección de la sociedad y de la ciudadanía, y hacer valer en toda su expresión el mandato constitucional de juicio rápido, es indispensable que las causas criminales en toda etapa se tramiten con especial prontitud. Bajo las disposiciones de la Regla 15(d) de nuestro Reglamento, es discrecional de este Tribunal el autorizar o denegar la transcripción de la prueba oral en apelaciones cri-minales, facultad que ejercemos tomando en consideración varios factores tales como la naturaleza de los señalamientos y errores planteados, sentencia impuesta y la congestión en las labores de los taquígrafos ante el tribunal de instancia. Como norma general, si la transcripción de la prueba oral conllevare un término irrazonable, y como consecuencia una dilación indebida en la adjudicación de los méritos de la apela-ción, deberá prescindirse de la transcripción y someterse el caso por exposición narrativa de la prueba conforme la Regla 208 de las de Procedimiento Criminal vigentes; trámite con-gruente con el lenguaje en ésta consagrado por estar compren-dido dentro de su espíritu el que las notas sean susceptibles de transcribirse con razonable celeridad.

Se confirmará la sentencia apelada.


text:
    José Ramón Ortiz y Otros, demandantes y recurridos, v. Gonzalo Fernós López, demandado y peticionario.

      Número: O-76-34

      Resuelto: 17 de mayo de 1976

      Gonzalo Fernós López, pro se; Antonio González Géigel, abogado de los recurridos.
   per curiam :

De una resolución negándose a archivar dos casos radicados ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Civil #73-3179 — 73-3180), por no haberse efectuado trámite alguno durante los últimos seis meses recurre el demandado. Los demandantes han comparecido en autos oponiéndose. Para sostener su posición alegan que la nueva versión de la Regla 11C debe aplicarse a casos radicados ante el tribunal con posterioridad a la fecha de la vigencia de la nueva regla, y en cuanto a casos ya incoados, dicho período debe comenzar a contar desde el momento de la fecha de su vigencia.

No tienen razón los recurridos. La nueva Regla 11 entró en vigor el 1ro. de septiembre de 1975. Tres meses después el demandado solicita la desestimación de los pleitos. Es principio generalmente aceptado que las normas de carácter procesal tienen efecto retroactivo, aplicándose tanto a las acciones pendientes al momento de su vigencia como a las causas de acción incoadas con posterioridad a la vigencia de las mismas. Rodríguez v. Sucn. Pirazzi, 89 D.P.R. 506, 520 (1963); Souchet v. Cosío, 83 D.P.R. 758, 762 (1961); Fajardo v. Tribunal de Distrito, 69 D.P.R. 476, 481 (1949); Mason v. White Star Bus Line, 53 D.P.R. 337, 340-341 (1938). Así, la nueva Regla 11 es de aplicación a todos los pleitos pendientes ante el tribunal de primera instancia.

Las demandas se presentaron en mayo de 1973, se contestaron y se procedió y terminó el procedimiento de descubrimiento de prueba. El 23 de mayo de 1975 el demandado radicó estipulación desistiendo con perjuicio de la demanda contra terceros. Con fecha 6 de agosto de 1975 se dictó sentencia parcial en cuanto a la demanda contra terceros. El 8 de diciembre, transcurridos más de seis meses desde el 23 de mayo, fecha en que el demandado radicó la estipulación, éste solicitó el archivo bajo la Regla 11. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, Nigaglioni, J., lo denegó.

Es evidente la total inactividad de los pleitos. Ni la asunción de una nueva representación legal ni una conversa-ción extrajudicial, habida entre las partes en febrero del 1975, interrumpieron el período de inactividad, según alegan inméritamente los recurridos. Cf. Ortiz v. C.R.U.V., 104 D.P.R. 704 (1976).

Se expedirá el auto solicitado, se revocará la resolución recurrida y se ordenará el archivo de los pleitos Civil #73-3179 y 73-3180.

El Juez Asociado Señor Negrón García no intervino.

      De las de Administración del Tribunal de Primera Instancia.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Héctor Gierbolini Rivera et al., demandantes y recurridos, v. Employers Fire Insurance Company, demandada y recurrente.

      Número: R-75-369

      Resuelto: 18 de mayo de 1976

      Calderón, Rosa Silva & Vargas y David Rive Rivera, abogados de la recurrente; Plinio Pérez Marrero, Osvaldo Pérez Marrero y Agustín Mangual Hernández, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Un amigo invitó al señor Gierbolini Rivera a visitar su hogar. El señor Gierbolini, a instancias de su anfitrión, pasó al patio de la casa y al sentarse en un banco de madera, una pata de éste se hundió en la grama, yéndose de lado y provo-cando la caída del demandante recurrido, quien pesaba enton-ces 180 libras y medía 6614 pulgadas de estatura. El señor Gierbolini se fracturó el proceso coronoides de un codo. Los tratamientos de fisioterapia recibidos no han culminado en una recuperación total.

El tribunal de instancia concluyó que “ [e] 1 banco ofrecía una apariencia de seguridad y no existía nada que indicase el riesgo o peligro que podía correr el demandante al tomar asiento en el sitio donde fue invitado a hacerlo.” No obstante, el tribunal consideró que se había creado “una condición peli-grosa al colocar un banco encima de una superficie blanda cual es la grama después que la lluvia ha debilitado la consis-tencia del terreno”, que “el visitante de un establecimiento público tiene el derecho a suponer que se ha ejercitado el de-bido cuidado para proveerle una estadía segura en el lugar” y que “No vemos razón alguna por la cual deba establecerse una regla distinta para el visitante de una residencia pri-vada.” Se condenó por tanto a la parte demandada a pagarle a la parte demandante diversas sumas por distintos conceptos, montantes a $16,265.00, más las costas y $2,500 por razón de honorarios de abogado. La parte demandada ha recurrido ante nos para la revisión de esta sentencia.

I

Sirva este caso, antes que nada, para recalcar que el derecho de daños en Puerto Rico se rige, con contadas excepciones que nuestra legislación ha establecido, por las normas del derecho civil. Las reglas del derecho común y de otros sistemas jurídicos pueden constituir materia útil para el estudio comparado y en ocasiones el desarrollo de instituciones autóctonas. Hay instancias, de hecho, de convergencia o de deseo que ella ocurra, entre el derecho civil y el común en facetas de este campo. Di Prisco, Nicola, Concorso di Colpa e Responsabilita Civile, Napoli, 1973, pág. 422; Jardí, Enrié, La Responsabilitat Civil Derivada de l’Acte Il-lícit, Barcelona, 1958, pág. 114. Se llega en ocasiones a la misma conclusión por caminos diferentes. No es permisible, sin embargo, intentar resolver nuestros problemas de daños a espaldas de la doctrina civil aplicable, sin que ello quiera decir que en todo momento sean ellas las más acertadas.

Situaciones como las que aquí nos ocupan ilustran lo expre-sado. La inclinación usual es a decidirlas a base de la antigua diferencia en derecho angloamericano entre la responsabilidad que se le debe a un invitee, un franchisee o licensee o a un trespasser. Goose v. Hilton Hotels, 79 D.P.R. 523 (1956). Esta distinción se desconoce por completo, sin embargo, en derecho civil y su importancia en el derecho angloamericano se está reduciendo perceptiblemente. En el caso específico del huésped la generalidad de la jurisprudencia norteamericana continúa aceptando la terminología tradicional, pero ésta se halla bajo poderoso ataque. Restatement of the Law Second, Torts, vol. 2, 1965, pág. 175; Harper and James, The Law of Torts, vol. 2, 1956, pág. 1476 y ss.; Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4th ed., 1971, pág. 378 y ss. Varios estados rechazan ya la clasificación consagrada del huésped. Rowland v. Christian, 443 P.2d 561 (Calif. 1968); Kenney v. Grice, 465 P.2d 401 (Colo. 1970); Peterson v. Balach, 199 N.W.2d 639 (Minn. 1972); Alexander v. General Accident Fire and Life Ins. Co., 98 So.2d 730 (La. 1957); Preston v. Sleziak, 167 N.W.2d 477 (Mich. 1969). El propio Tribunal Supremo de Estados Unidos califica la distinción entre “invitees” y “licensees” como reliquia de la época feudal. Kermarec v. Compagnie Generale Transatlantique, 358 U.S. 625, 630-631 (1959). En Inglaterra se ha ido aún más lejos, habiéndose derogado por ley la diferencia entre “invitees” y “franchisees”. The Occupiers’ Liability Act, 1957, 23 Halsbury’s Statutes of England, 3rd ed., pág. 792 y ss.; Charlesworth, On Negligence, 4th ed., London, 1962, págs. 445-446. Para los antecedentes históricos de estos conceptos, véase: Marsh, The History and Comparative Law of Invitees, Licensees and Trespassers, 69 L.Q. Rev. 182, 359 (1953).

Dada la creciente inconformidad en el derecho angloame-ricano con las referidas diferencias, no es de extrañar que en regiones civilistas en íntimo contacto con el derecho común la doctrina se resista a aceptar con beneplácito dichos comba-tidos conceptos. Nadeau, Traite de Droit Civil de Quebec, Montreal, vol. 8, 1949, pág. 157 y ss. Procede igualmente en nuestro caso que el problema ante nos se examine fundamen-talmente bajo los supuestos del derecho civil.

I — l

El Art. 1802 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 5141, dis-pone que “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. . . Este amplio principio ha generado inten-sas discusiones sobre la teoría de la culpa, siendo la culpa y la negligencia caras de una misma moneda pues, como señala Manresa, “la culpa requiere la ejecución de un acto positivo que cause un perjuicio a otra persona distinta de la que lo llevó a cabo, y a su vez la negligencia supone una omisión que produzca el mismo efecto, si bien ambas tienen de común el que el acto se ejecute o se incurra en la omisión sin intención nociva. . . .” 12 Manresa, Comentarios al Código Civil Espa-ñol, 6a ed., 1973, pág. 837. La fuerza lógica del concepto de la culpa aparenta ser imponente. Parece una ley de la natura-leza decir, expresa Andró Tune, que se responde si hay culpa y si no, no. Tunc y otros connotados comentaristas han docu-mentado extensamente, no obstante, la decadencia que ha venido experimentando el concepto de la culpa, en contraste con el proceso de continua expansión del concepto de la respon-sabilidad sin culpa. Tune, Andró, “Fondements et fonctions de la responsabilité civile en droit frangais”, publicado en Klein, Frédéric-Edouard, Colloque franco-germano-suisse sur les fondements et le fonctions de la responsabilité civile, Bale et Stuttgart, 1973, pág. 7 y ss.; Viney, G., Le déclin de la responsabilité individuelle, 1965, passim.

La teoría del riesgo ha minado vitales sectores de los anti-guos dominios de la culpa. Importa precisar los contornos generales de esta erosión, ya que de ello depende en buena medida la solución de la actual controversia.

La teoría del riesgo sostiene básicamente que “Todo el que mediante su actividad crea un riesgo de dañar a otro, debe ser siempre responsable de este daño, si se produce, sin necesidad de ninguna culpa personal.” Orgaz, Alfredo, La Culpa, Buenos Aires, 1970, págs. 24-25. La teoría del riesgo se conoce también como la teoría de la responsabilidad sin culpa, del daño objetivo, del riesgo creado o el riesgo objetivo. Borrell Macía, Responsabilidades Derivadas de Culpa Extra- contractual Civil, Ed. Bosch, Barcelona, 1942, pág. 6 y ss. Respecto a su naturaleza general, véanse: Traviesas, La Culpa, 13 Rev. Der. Priv. 273 (1926); Suss, La evolución de la res-ponsabilidad por riesgo en el moderno derecho alemán, 27 Rev. Der. Priv. 54, 137 (1943); Martínez Sarrión, “La responsabilidad objetiva como garantía patrimonial”, 50 Rev. Der. Priv. 117 (1966); Lawson, Negligence in the Civil Law, Oxford, 1950, pág. 44 y ss. Esta doctrina se ha recono-cido en determinadas circunstancias en nuestro país, pero sin que ello conlleve el rechazo del concepto de la culpa. Mendoza v. Cervecería Corona, 97 D.P.R. 499; Rivera v. Caribbean Home Const. Corp., 100 D.P.R. 106 (1971). Lo mismo ha ocurrido, con similar circunspección, en España. Sentencias de 30 de junio de 1959, 5 y 9 de abril, 14 de mayo y 30 de octubre de 1963, el 15 de junio de 1967, el 11 de mayo de 1971, el 29 de mayo de 1972 y el 17 de noviembre de 1973; 12 Manresa, op. cih, 840.

La teoría del riesgo se ha extendido a sectores de la res-ponsabilidad civil en Francia, Alemania, Suiza, los países escandinavos, los países socialistas y otras regiones. André Tunc, op. cit., 37. Debe recalcarse, no obstante, que la expan-sión gradual y continua de esta teoría no ha llevado en modo alguno en los países civilistas al abandono total del requisito de la culpa. Fernández Martín-Gr anizo, M.: Los daños y la responsabilidad objetiva en el derecho positivo español, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1972, págs. 94-96. El rechazo por la doctrina de tal abandono es virtualmente unánime. Yung, Walter, “Principes fondamentaux et problemes actuéis de la responsabilité civile en droit suisse”, en Klein, Colloque franco-germano-suisse...., supra, 137.

La teoría del riesgo se extiende usualmente, conforme a algunos autores, a actividades que son fuente para el autor de beneficio económico. Orgaz, A., La culpa, Buenos Aires, 1970, pág. 25; Fernández Martín-Granizo, supra, pag. 108 y ss. Ubi emolumentum, ibi onus. Deutsch hace hincapié en el riesgo técnico. Deutsch, Erwin, “Mécanismes íondamentaux de la responsabilité civile en droit allemand”, en Colloque . . ., supra, 71. Tunc y otros la amplían para cubrir los accidentes de tránsito y daños que se absorban colectivamente. Op. cit. 25. El nuevo Código Civil de Portugal le da una solución tajante al problema en claro esfuerzo de detener el desarrollo por simple acción de los tribunales de la teoría del riesgo. Dispone el nuevo Art. 483, ordinal segundo: “Solo existe obligación de indemnizar sin que medie culpa en los casos especificados por ley.” (traducción nuestra) Código Civil, Imprensa Nacional de Lisboa, 1966.

Apunta una tendencia minoritaria, tanto en derecho civil como en derecho común, a imponer responsabilidad si el daño causado es resultado de una actividad que permita calcular el riesgo y asegurarlo. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, tomo II, vol. II, 1956, pág. 69; Tune, André, 1973, be. cit; 2 Harper and James, The Law of Torts, 1956, pág. 1477. No hemos comprobado, sin embargo, bajo ninguna de las teorías reseñadas, que en el estado actual del derecho civil el daño sufrido por un invitado tenga que compensarse de todos modos, medie o no medie culpa. No ha alcanzado todavía esa frontera la teoría del riesgo, si bien es posible que la invada si las condiciones sociales y económicas llegasen eventualmente a exigirlo.

Es imprescindible por tanto en este caso, ya que no cabe la aplicación de la teoría del riesgo, explorar si incurrió o no en culpa el anfitrión del lesionado.

HH HH HH

Corresponde antes que nada que determinemos el criterio para precisar la existencia o ausencia de culpa en estas circunstancias. La regla generalmente aceptada es que se da culpa cuando no se obra como un hombre de diligencia normal u ordinaria, un buen padre de familia, conforme a las circuns-tancias del caso. Sentencia de 22 de diciembre de 1928 (Esp.) 12 Manresa, op. cit., 849-850; Puech, Marc, L’Illicéüé dans la Responsabilité Civile Extracontractuelle, Paris, 1978, pág. 52 y ss.; Rassat, La Responsabilité Civile, Paris, 1973, pág. 37; Yisintini, G., La Responsabilita Civile nella Giuris-prudenza, Padova, 1967, pág. 388; 6 Encyelopédie Dalloz, “Responsabilité du fait personnel”, 1975, par. 41; Orgaz, La culpa, 1970, pág. 106. La corriente moderna concibe la culpa como un concepto social y objetivo, a distinción de la antigua culpa in concreto, donde se atendía a la capacidad del individuo en sí. Rassat, supra, 37. Lo determinante es cómo se hubiese desenvuelto en situación parecida un hombre de prudencia común u ordinaria. 6 Encyelopédie Dalloz, supra, par. 42. La culpa tiene en consecuencia naturaleza protei-forme; cambia como cambia el parecer de los hombres según las circunstancias de lugar y tiempo. La culpa, sin embargo, no abarca el simple error de juicio, las leves inadvertencias, los pequeños lapsos de atención que son parte de la condición humana. Scaevola, Código Civil, tomo XXXI, 1961, pág. 296; Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, tomo IV, vol. II, 1951, pág. 575; Lombardi, La Responsabilidad Extracontrac-tual Civil en el Derecho Panameño, Univ. de Panamá, 1965, pág. 76; Tune, André, op. cit., págs. 23-24.

Como puede apreciarse, la culpa es un concepto de tal plasticidad que permite, de no mediar el necesario rigor, hasta expandir a su amparo subrepticiamente la propia teoría del riesgo y dejar la propia doctrina de la culpa en mero cascarón. Basta con declarar previsible por un hombre de pru-dencia común un daño específico y comenzar a extender así a un campo nuevo el concepto de la responsabilidad sin culpa. Esta flexibilidad del concepto de la culpa es deseable; de otro modo se anquilosaría el derecho de la responsabilidad extracontractual. Del otro lado, la expansión debe ocurrir tan solo después de una discusión franca y abierta de los valores en juego y de la situación socioeconómica envuelta.

Hay muchas preguntas que hacerse en este último sentido. ¿Cuál es la extensión de los seguros en el nuevo campo? ¿Basta con que existan seguros individuales aislados o debe establecerse un seguro colectivo para la distribución más am-plia del riesgo? ¿Qué impacto social tiene en el sistema de valores del país concernido una extensión determinada de la responsabilidad sin culpa? ¿Hasta qué punto debe encomen-darse la consideración de estos problemas al poder legislativo, como en el derecho civil portugués, al menos preferente-mente?

En el caso de autos, es cierto que el banco permaneció en la grama después de haber llovido. El banco aparecía seguro, no obstante, no existiendo nada que le indicase al anfitrión y a sus invitados la presencia de un riesgo. No hemos hallado en el derecho civil jurisprudencia o expresiones doctrinales que juzguen que la conducta del anfitrión en un caso de esta naturaleza rebasa de tal modo la norma de con-ducta aceptable para el hombre común en circunstancias pare-cidas que deba imponérsele responsabilidad.

En consideración a lo expuesto, se revocará la sentencia de que se recurre.

Los Jueces Asociados, Señores Torres Rigual, Díaz Cruz y Negrón García, concurren en el resultado.

      No existen datos sobre el particular en la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico.

       Véase lo sucedido en el campo de los accidentes automovilísticos y del trabajo. Ley de Protección Social por Accidentes de Automóviles, Núm. 188, de 26 de junio de 1968, según enmendada, 9 L.P.R.A. see. 2051 y ss.; Art. 404 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 422; Ley de Compensa-ción por Accidentes del Trabajo, Núm. 45, de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. sec. 1 y ss.; Ley Núm. 77 de 23 de junio de 1958, 11 L.P.R.A. sec. 61 y ss.; Ley de Beneficios por Incapacidad, Núm. 139, de 26 de junio de 1968, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 201 y ss.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    José Félix Sánchez Ayala, demandante y apelante, v. Pedro Juan Rodríguez Fortier, Superintendente Cárcel de Distrito de San Juan, demandado y apelado.

      Número: O-75-456

      Resuelto: 19 de mayo de 1976

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del apelante; Miriam Naveira de Bodón, Procuradora General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados del apelado.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

José Félix Sánchez Ayala, conocido por José Ortiz y por Luis Ojeda, fue arrestado el 19 de mayo de 1975. Se le requiere por el Estado de Connecticut para que responda por el delito de haberse evadido el 27 de febrero de 1970 del Hartford Correctional Center, institución en la que se encontraba de-tenido pendiente de que se le celebrara juicio por el delito de venta de narcóticos.

A solicitud del Departamento de Justicia, el 20 de mayo de 1975 se celebró vista de extradición en el Tribunal Superior, Sala de San Juan. En la vista el apelante renunció por escrito su derecho a atacar el procedimiento de extradición mediante el recurso de hábeas corpus y accedió a ser entregado inme-diatamente a las autoridades del estado reclamante. Se ordenó su ingreso en la Cárcel de Distrito de San Juan hasta tanto fuese trasladado a Connecticut. Sánchez Ayala estuvo repre-sentado durante la vista por un abogado de la Sociedad de Asistencia Legal.

Dos días después, el 22 de mayo, el apelante, represen-tado esta vez por otro abogado, Santos P. Amadeo, solicitó se dejara sin efecto la orden de extradición. Al denegársele la petición, presentó recurso de hábeas corpus el 27 de mayo. El tribunal expidió auto preliminar y señaló el 6 de junio de 1975 para la celebración de la vista. La Sala de San Juan del Tribunal Superior, Figueroa, J., denegó el recurso fun-dándose en que el permitir que el peticionario retirara su renuncia, vistas las circunstancias en que se produjo, depen-día de la sana discreción del tribunal y no habiendo razón alguna de peso, en este caso no se justificaba ejercitarla.

Inconforme el peticionario recurre ante este Tribunal alegando que nada hay en derecho que le impida atacar el pro-cedimiento de extradición mediante la presentación de un hábeas corpus. No tiene razón.

La Ley Uniforme de Extradición Criminal de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 24 de mayo de 1960, 34 L.P.R.A. see. 1881 et seq., en su Art. 26 permite renunciar al procedimiento de extradición. Establece que podrá renunciarlo cualquier persona arrestada en Puerto Rico por haber cometido un delito en otro estado o por haberse escapado de una prisión. Podrá renunciar a la expedición y diligenciamiento del mandamiento de arresto y a otros procedimientos incidentales a la extradición, como la presentación de un recurso de hábeas corpus para cuestionar la misma. La renuncia se hará redactando o suscribiendo un escrito, ante un magistrado del Tribunal Superior, en el cual el detenido consienta a ser trasladado al estado reclamante.

El Art. 10 (34 L.P.R.A. sec. 1881i), garantiza al dete-nido el derecho a atacar la legalidad del arresto mediante la radicación de un recurso de hábeas corpus.

Una renuncia al procedimiento de extradición veda la radicación posteriormente de un recurso de hábeas corpus, para atacar la extradición a menos que se demuestre que la renuncia no fue voluntaria. Fugate v. Gaffney, 313 F.Supp. 128, 143 (D. Nebr. 1970); Reed v. State, 251 A.2d 549, 551 (Sup. Ct. Del. 1969); In re Greenough, 75 A.2d 569, 574 (Sup. Ct. Vt. 1950).

Sánchez Ayala, por medio de su abogado, aceptó en la vista del hábeas corpus que su renuncia había sido válida e inteligentemente emitida. (T.E. págs. 10 y 11.) Es general-mente aceptado que los derechos que tiene un acusado son renunciables. Pueblo y. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974); Pueblo v. Guzmán Vélez, 100 D.P.R. 198, 202 (1971).

El apelante no puede ahora cambiar de opinión y atacar mediante hábeas corpus el procedimiento de extradición antes renunciado. Una vez una renuncia se hace válida, concienzuda e inteligentemente, es irrevocable. En Notter v. Beasley, 166 N.E.2d 643 (Sup. Ct. Ind. 1960), caso de hechos similares al de autos, el Tribunal Supremo de Indiana se expresó a la pág. 646 en cuanto a la pretendida revocación mediante hábeas corpus de una renuncia de los procedimientos de extradición anteriormente otorgada por el apelante:

“En la argumentación oral, sin embargo, sus abogados sostu-vieron que el apelante tenía el privilegio de negar o revocar tal renuncia y que lo hizo radicando una petición de hábeas corpus .... Una parte no tiene el privilegio, después de renunciar un derecho en un proceso legal, de revocar o retirar la renuncia sin el consentimiento de la parte a la cual se le hace .... La inseguridad creada si esa vacilación se permite resultaría en una burla al proceso judicial.”

Los planteamientos sobre la falta de identidad y la ilegalidad del procedimiento de extradición carecen de méritos. La jurisprudencia ha establecido una presunción al efecto de que hay identidad entre el acusado y la persona requerida por el estado reclamante, a menos que el acusado pruebe lo contrario. Notter v. Beasley, supra, pág. 648; Evans v. Rosenberger, 181 N.W.2d 152, 156 (Sup. Ct. Iowa 1970); In Re Degina, 228 A.2d 74, 77 (Sup. Ct. N.J. 1967); Salvail v. Sharkey, 271 A.2d 814 (Sup. Ct. R.I. 1970). Igualmente, el procedimiento de extradición se considera legal y válido a menos que el extraditado pruebe lo contra-rio. Raftery ex rel Huie Fong v. Bligh, 55 F.2d 189, 193 (1st. Cir. 1932); Capra v. Miller, 442 P.2d 636, 638 (Sup. Ct. Colo. 1967); Gambrell v. Bridges, 96 So.2d 178, 180 (Cir. Ct. App. Ala. 1956); Note, 22 Minn. L. Rev. 431 (1937-38). El apelante no ha rebatido tales presunciones. Al contrario, Sánchez Ayala firmó la renuncia con uno de sus alias al igual que aceptó la legalidad de los procedimientos al renunciar a los mismos y aceptar ser entregado con pron-titud a los agentes del estado de Connecticut.

Se confirmará la sentencia recurrida.

       Extradición es la rendición por un estado a otro de personas que se encuentran dentro de su jurisdicción y que alegadamente han cometido o han sido convictos de algún delito en el territorio del estado reclamante, con el propósito de que puedan ser sometidos a las leyes penales de ese estado. Kopelman, “Extradition & Rendition”, 14 B.U.L. Rev. 591, 624 (1934). Es la extradición solamente un paso para asegurar el arresto y la detención del extraditado. Salvail v. Sharkey, 271 A.2d 814, 817 (Sup. Ct. R.I. 1970).

       Así reza textualmente el Art. 26:
      “§ 1881y. Renuncia escrita al ‘procedimiento de extradición

      “Cualquier persona que se arreste en Puerto Rico por estar acusada de haber cometido un delito en otro estado, o por haber escapado de prisión o violado las condiciones de la fianza, libertad a prueba o libertad bajo palabra puede renunciar a la expedición y diligenciamiento del mandamiento provisto en las secs. 1881f y 1881g de este título, y todo otro procedimiento incidental a la extradición, redactando o suscribiendo en presencia de uno de los jueces del Tribunal Superior de Puerto Rico un escrito en el cual afirme que consiente en ser trasladada al estado demandante; Disponién-dose, sin embargo, que antes de que dicha renuncia se redacte y se suscriba por dicha persona, será el deber de dicho magistrado de informarle sobre sus derechos a que se expida y se diligencie un mandamiento de arresto para extradición y radicar el recurso de hábeas corpus dispuesto en la sec. 1881i de este título.
      “Cuando dicho consentimiento sea debidamente formalizado deberá ser remitido sin dilación a la oficina del Gobernador de Puerto Rico y allí radicado. El magistrado ordenará al funcionario que tenga dicha persona bajo su custodia que la entregue sin tardanza al agente o agentes debida-mente acreditados del estado demandante, y hará entrega o dispondrá que se les haga entrega a dicho agente o agentes de copia de dicho consentí-miento; Disponiéndose, sin embargo, que nada en esta sección se inter-pretará como una limitación a los derechos de la persona acusada a regre-sar voluntariamente y sin formalidades al estado demandante; como tam-poco se interpretará este procedimiento de renuncia como un procedimiento único y exclusivo, o que limita las facultades, derechos o deberes de los funcionarios del estado demandante, o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. — Mayo 24, 1960, Núm. 4, p. 4, art. 26, ef. 30 días después de Mayo 24, 1960.”

      “§ 1881Í. Derechos del acusado; recurso de hábeas corpus

      “Ninguna persona arrestada mediante tal mandamiento podrá ser entregada al agente designado por las autoridades ejecutivas del estado reclamante para recibirlo, sin antes habérsele conducido, sin dilación, ante un juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, quien informará al acusado de la demanda entablada para su entrega, el delito del cual se le acusa y de su derecho a reclamar y obtener los servicios de un abogado. Si el acusado o su abogado manifestaran su intención de atacar la legalidad del arresto, el juez fijará un plazo razonable para la radicación de un recurso de hábeas corpus. Al radicarse dicho recurso se notificará del mismo al fiscal de la jurisdicción donde se practique el arresto y al agente designado por las autoridades ejecutivas del estado reclamante para re-cibirlo, así como de la fecha, lugar y hora en que habrá de celebrarse la vista; Disponiéndose, que el juez del Tribunal Superior fijará a la persona detenida una fianza, según se dispone en la See. 1881o de este título, u ordenará su ingreso en la cárcel mientras se tramita y se resuelve el recurso de hábeas corpus. — Mayo 24, 1960, Núm. 4, p. 4, art. 10, ef. 30 días después de Mayo 24,1960.”

       “YO, JOSE ORTIZ c/p LUIS OJEDA, prófugo de la Justicia del ESTADO DE CONNECTICUT y a quien se me imputa en aquella juris-dicción de delito de LEY DE FUGA (NARCOTICOS) habiéndoseme lle-vado ante un Juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de SAN JUAN, y por él informado de la solicitud hecha para mi entrega y de los delitos que se me imputan en el Estado Demandante, y del derecho a enfren-tarme a un procedimiento de extradición para cuestionar la legalidad de mi arresto, por la presente renuncio libre y voluntariamente a la emisión de un auto de HÁBEAS CORPUS y consiento mi entrega al Estado de CONNECTICUT.
      “EN TESTIMONIO DE LO CUAL, juro y firmo la presente, hoy día 5 de Mayo de 1975.
      “(Firmado)
      “JOSE ORTIZ c/p LUIS OJEDA REQUERIDO” '


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Epifanio Vidal et al., demandantes y recurridos, v. Luis Torres Massa et al., demandados y recurrentes.

      Número: R-76-104

      Resuelto: 19 de mayo de 1976

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de los re-currentes; José Luciano Vélez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Varios oficiales del Cuerpo de la Policía instaron demanda contra el Superintendente fundada en que éste les había re-tirado y pensionado de ese Cuerpo mientras estaban reci-biendo tratamiento médico del Fondo del Seguro del Estado como consecuencia de accidentes sufridos en el curso del em-pleo. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda, anuló la actuación del Superintendente de la Policía y dispuso para la celebración de una vista a fin de determinar los emolu-mentos y otros derechos a satisfacerse a los retirados, que son los aquí recurridos. El Procurador General interpuso recurso de revisión y concedimos a los oficiales la oportunidad de mostrar causa por la cual no deberíamos expedir el auto y revocar la sentencia.

Los recurridos han comparecido en un escrito en el cual fundamentan su oposición a la expedición del auto. Sostienen que la Ley de la Policía dispone que el tiempo durante el cual un miembro del Cuerpo tenga que permanecer bajo tratamiento médico como consecuencia de algún accidente sufrido durante el desempeño de sus funciones “será considerado como tiempo en servicio activo y no será deducible de la licencia de vacacio-nes o de enfermedad.” 25 L.P.R.A. sec. 221p (b). En orden a dicha disposición concluyen que cuando un policía se incapacita por accidentes del trabajo se encuentra en servicio activo y no puede el Superintendente separarlo de la fuerza por no llenar las normas físicas reglamentarias.

No estamos de acuerdo. El Reglamento de la Policía expre-samente autoriza al Superintendente a separar del servicio por incapacidad física a un miembro del Cuerpo. 25 R.&R.P.R. 221d-12a. El hecho de que el policía se encuentre recibiendo tratamiento médico-como consecuencia de algún accidente sufrido en el desempeño de su función,- no impide al Superin-tendente el ejercicio de esa facultad.

Los recurridos se amparan en la Sec. 221p(b) pero ésta no les favorece. Dicha sección provee en lo pertinente:

“(a) Los miembros de la Policía tendrán derecho a licencia de vacaciones anualmente a razón de dos días y medio (2%) por cada mes de servicio, y a licencia por enfermedad a razón de día y medio (IV2) por cada mes de servicio, excluyendo en ambos casos los domingos y días de fiesta legal. La licencia de vaca-ciones se concederá por un período consecutivo de no menos de quince (15) días al año. Se podrán acumular vacaciones hasta un máximo de sesenta (60) días laborables al finalizar cualquier año natural. La licencia por enfermedad se podrá acumular hasta un máximo de noventa (90) días laborables.
(b) El tiempo durante el cual un miembro de la Policía tenga que permanecer hospitalizado o recluido bajo tratamiento médico como consecuencia de algún accidente o heridas sufridas durante el desempeño de sus funciones será considerado como tiempo en servicio activo y no será deducible de las licencias de vacaciones o de enfermedad.” 25 L.P.R.A. see. 221 (p).

Estas disposiciones van dirigidas a regular el derecho a licencia de vacaciones y por enfermedad determinando la forma de computarse las mismas. Se refieren más bien a perío-dos de hospitalización o reclusión bajo tratamiento médico por un término relativamente corto. Se protege así la incapacidad transitoria del policía pero no la prolongada y permanente que trastoca el orden administrativo al mantener en “servicio activo” a policías incapacitados, ya sea en la calle o bajo tratamiento médico.

Se trata pues de una concesión que hace el legislador para que los policías continúen acumulando vacaciones mientras están fuera de servicio debido a accidentes sufridos en el de-sempeño de sus funciones. No altera en forma alguna la facul-tad esencial del Superintendente para separar del Cuerpo a todo miembro cuyo examen médico revele que no satisface los requisitos físicos establecidos para su retención. La inter-pretación que propulsa el recurrido tendría el efecto nocivo de mantener indefinidamente en el servicio a miembros incapa-citados sin que el Superintendente pudiera cubrir sus plazas con nuevo personal. Tal interpretación constituiría un serio impedimento al logro de los propósitos fundamentales del Cuer-po de la Policía de proteger a las personas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección a los derechos civiles del ciudadano y perseguir el delito. Art. 3, Ley de la Policía, 25 L.P.R.A. see. 1003. Estos importantes propósitos públicos sólo pueden lograrse a eabalidad por un Cuerpo de la Policía integrado por personas aptas física y mentalmente capacitadas.

No obstante, la facultad del Superintendente de separar del servicio a los policías que no satisfacen los requisitos físicos establecidos para la retención, ha de ejercerse con discreción, debiendo tomar en cuenta las circunstancias espe-ciales y meritorias que pueden afectar el servicio y si la re-tención acelera o agrava la condición física del agente. Re-glamento de la Policía (1968) 25 R.&R.P.R. sec. 221d-62. Recae pues sobre el Superintendente la responsabilidad de ar-monizar en una solución justa el conflicto entre el interés respetable del policía en conservar su trabajo mientras recibe tratamiento médico por un accidente sufrido en el desempeño de sus funciones y el vital interés de la sociedad en la segu-ridad de sus ciudadanos.

Conviene apuntar que el policía incapacitado, al igual que los demás servidores públicos, no están huérfanos de pro-tección. Ellos están cubiertos por el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno el cual les provee una pensión por incapacidad ocupacional. Art. 1, Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, 3 L.P.R.A. see. 761. En efecto ya los recurridos están disfrutando de esta pensión por incapacidad ocupacional.

Se expide el auto y se dictará sentencia revocando la aquí recurrida.

       Esta sección fue posteriormente enmendada [derogada] por la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974. Véase Suplemento Acumulativo de 26 L.P.R.A. see. 1021.


text:
    International General Electric, Puerto Rico, Inc., demandante y recurrente, v. Concrete Builders of P.R., Inc., y Otro, demandados y recurridos.

      Número: R-76-48

      Resuelto: 19 de mayo de 1976

      Jorge F. Romany, abogado de la recurrente; Virgilio Méndez Cuesta, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Nuestra jurisprudencia sigue un inconfundible cauce de la más amplia protección de los intereses de trabajadores y suplidores de materiales en la ejecución de contratos de construcción, dilatando mediante interpretación liberal la utilidad de la fianza prestada para asegurar el cumplimiento de dichos contratos. Ferrer v. Alliance Company of P.R., Inc., 93 D.P.R. 1 (1966). En el vasto campo de la contratación y de la construcción jurídica espiritualista los sujetos de derecho no están restringidos por las formas ortodoxas ni por los lineamientos clásicos que integran los supuestos de consentimiento expreso o tácito, declaración de voluntad, cuasicontrato o disposición en beneficio de tercero. Coincide Puig Brutau con Nirk en que hay dos formas fundamentales de eficacia de la voluntad de negociación jurídica: la que funda la obligación en la voluntad declarada y la que debe fundarse en la fuerza de la confianza depositada en la declaración. Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 1-2°, ed. 1959, pág. 86. Nuestro Código Civil, en sabia anticipación de que no podría deletrear una provisión justa en cada uno de sus artículos para el ex-pansivo nacimiento y desarrollo de nuevas modalidades en las obligaciones, insufló acentuada vigencia al texto adoptado del Art. 6 del Código Civil Español que en el Art. 7 de Puerto Rico (31 L.P.R.A. see. 7) ordena:

“Cuando no haya ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos.”

La recurrente International General Electric entregó materiales y equipo eléctrico por valor de $21,825.00 al contratista Concrete Builders of P.R., Inc., que fueron utilizados en la realización de una obra por ésta para la Cooperativa de Viviendas La Hacienda, construcción financiada por préstamo de $2,776,000 que a la Cooperativa facilitó la demandada y recurrida Berens Mortgage Bankers, Inc., garantizado su crédito con primera hipoteca y asegurado, además, por la Administración Federal de Hogares (F.H.A.). Para diciembre de 1971 en que se otorgaron los instrumentos de contratación, hacía diez años que regía en Puerto Rico una ley que exige el afianzamiento del pago a los obreros “y empleados del contratista de los salarios que devenguen en la obra.” Este requisito de fianza debía ser por tanto, además de exigencia ineludible, detalle de elemental conocimiento por todas las personas envueltas en la industria de la construcción bien como contratistas, suplidores de materiales o de crédito. Dentro de ese estado de derecho, el 17 de enero de 1972 un vicepresidente ejecutivo de la financiera Berens libró constancia que entregó al contratista Concrete Builders y en la que expresa hallarse en posesión de una carta de crédito que hace las veces de fianza de pago y cumplimiento, reite-rando en un segundo párrafo que la referida carta de crédito sirve de fianza de materiales y mano de obra en el proyecto. La carta de Berens, como vemos, no limitó su referencia a salarios sino que incluyó materiales, yendo más allá de la garantía exigida por la Ley Núm. 111 de 1961 citada. El contratista presentó esta carta a General Electric y obtuvo los materiales cuyo pago rehúsa Berens alegando que la misma era una comunicación privada entre ella y el contra-tista y que no creaba obligación de su parte para con el materialista. Como veremos, su intención o voluntad al suscri-bir y entregar la carta no cuentan en la adjudicación de esta controversia.

Domina la situación factual de modo decisivo el hecho de no haberse quedado la carta o testimonio de Berens en el ámbito particular de- sus negocios con el contratista, y de haber- llegado hasta la recurrente, que conocido su texto, se desprendió de los materiales para la obra. En su mensaje escrito, Berens, aún sin quererlo, aseguró a General Electric que tenía en su poder suficiente garantía, tan buena, como una fianza, para responder por el valor de dichos materiales, y los términos del documento eran dignos de la confianza del suplidor que ninguna razón tenía para dudar de la buena fe de la representación que se le hacía. Berens causó un estado de derecho en el cual descansó General Electric. Cf. Serra, Garabis & Co. v. Municipio, 42 D.P.R. 468, 484 y ss. (1931); no puede ahora asumir conducta contradictoria a la que ganó la confianza de la recurrente. Centro de Dependientes v. Montalvo, 72 D.P.R. 408, 411 (1951); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975); Crossroads Dev. Corp. v. E.L.A., 103 D.P.R. 789 (1975). A nadie es lícito ir ni obrar contra sus propios actos.

En la construcción jurídica autónoma que da contorno a la norma de no ir contra los propios actos el efecto se produce de un modo objetivo, en el cual para nada cuenta la verdadera voluntad del autor de los actos. Se protege la confianza que estos actos suscitan en los terceros, porque venir contra ellos constituiría obviamente un ataque a la buena fe. Cuando se impide que una persona vaya contra sus propios actos, se deja por completo de lado toda la doctrina de declaración de voluntad para imponer directamente un efecto jurídico.

Analizando una situación de hecho como la del presente caso, comenta Puig Brutau: “Lo declarado unilateralmente puede haber influido en la conducta ajena y en la medida en que haya sucedido así, puede ser necesario proteger la confianza depositada en la apariencia. Si la relación jurí-dica entre los intereses de dos personas no brota de lo declarado por una y otra, puede brotar, no obstante, de la conducta de ambas en su recíproca influencia. Como un fundamental postulado de política jurídica aparece una vez más la necesidad de proteger la confianza depositada en lo aparentado por la declaración. El problema de si ha de pro-ducir efectos una sola declaración de voluntad debe resol-verse — como todos los problemas jurídicos — según criterios de política jurídica que en este caso son los que aconsejan proteger dicha confianza.” Fundamentos de Derecho Civil, Tomo 1-2°, Edición 1959, pág. 82.

El contenido de la norma de que a nadie es lícito ir contra los propios actos tiene fundamento y raíz en el principio general de Derecho que ordena proceder de buena fe en la vida jurídica. La conducta contradictoria no tiene lugar en el campo del Derecho, y debe ser impedida. Este principio tiene como paralelo en el Derecho inglés la doctrina de estoppel. El típico efecto mínimo que debe reconocerse a los actos unilaterales es que dejan fundado un estoppel. Este evita que el sujeto al que es imputable el acto unilateral pueda actuar en contradicción con su voluntad declarada.

Siendo este de “ir contra los propios actos” un principio general de Derecho, de validez universal, fluye espontáneamente del precepto del Art. 6 del Código Civil instruyendo que en defecto de Ley aplicable al caso, el tribunal resolverá conforme a equidad, que quiere decir que se tendrá en cuenta la razón natural de acuerdo con los principios generales del derecho, y los usos y costumbres aceptados y establecidos. Su eficacia, su fuerza vinculante tienen vida y efecto propios, que van en protección de la confianza depositada en la apariencia, que es por extensión protección de un interés social o la consecución de un ideal de justicia. Los presupuestos necesarios o elementos constitutivos para la aplicación de la norma jurídica de que nadie puede venir contra sus propios actos pueden resumirse así: (a) Una conducta determinada de un sujeto, (b) que haya engendrado una situación contraria a la realidad, esto es, aparente y, mediante tal apariencia, susceptible de influir en la conducta de los demás, y (c) que sea base de la confianza de otra parte que haya procedido de buena fe y que, por ello, haya obrado de una manera que le causaría un perjuicio si su confianza quedara defraudada.

Berens está impedida por propio acto de rectificar, mediante conducta contradictoria, su acto unilateral que sirvió de puente, apuntalado en la confianza y la buena fe, para la entrega de materiales por General Electric que de otro modo sufriría un claro perjuicio.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia acorde con lo resuelto, a tenor de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal. Revocada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no participó.

       Con lenguaje que recorta horizonte la concordante disposición en el Art. 6° del Código Civil Español reza: “Cuando no haya Ley exacta-mente aplicable al punto controvertido, se aplicará la costumbre del lugar y, en su defecto, los principios generales del Derecho.”

      Esta Ley es la Núm. 111 de 22 de junio de 1961 (29 L.P.R.A. see. 195 y ss.) y en lo pertinente exige:
      Art. 1 — “Todo contratista a cargo de la construcción, reconstrucción, ampliación, alteración o reparación de una obra, edificio o construcción cuyo costo estimado según se consigne en el permiso de construcción expe-dido por la Oficina de Permisos de la Junta de Planificación sea mayor de quince mil (15,000) dólares, prestará una fianza de pago (payment bond) a favor del Secretario de Trabajo, que será obligatoria y efectiva a partir de la fecha en que se dé comienzo a la obra.”
      Art. 2 — “La fianza antes mencionada será prestada por el contratista en efectivo, cheque certificado o con la garantía de una compañía fiadora autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, y dicha fianza de pago garantizará mancomunada y solidariamente con el contratista, hasta el límite de responsabilidad de la fianza, el pago a los obreros y empleados del contratista de los salarios que devenguen en la obra. El monto de esta fianza de pago no será menor del 10 por ciento del costo estimado de la obra en construcción.”

      E1 texto literal de este documento es el siguiente:
      “January 17, 1972
      “Concrete Builders of Puerto Rico, Inc.
      Box 13098
      Santurce, Puerto Rico

        “ATTENTION: Mr. Rolando Díaz, President

        “REGARDING: Cooperative de Vivienda la Hacienda
      PHA #056-44032-MAN
      “Dear Mr. Díaz:
      “This is to verify that Berens Mortgage Bankers, Inc. holds in its possession a Letter of Credit in lieu of a Payment and Performance Bond, for the above cited project. This Letter of Credit satisfies the requirements of Berens Mortgage Bankers as well as the requirements of the United States Department of Housing and Urban Development.
      “Said Letter of Credit serves as assurance for payment of material and labor on this project.
      “Very truly yours,
      “BERENS MORTGAGE BANKERS, INC.
      [Signed]
      “FRANK ELORRIAGA
      “EXECUTIVE VICE PRESIDENT”

      “La buena fe, en el sentido que aquí importa, es la lealtad en el tratar, el proceder honrado y leal. Supone el guardar la fidelidad a la palabra dada y no defraudar la confianza, ni abusar de ella; supone un con-ducirse como cabe esperar de cuantos, con pensamiento honrado, intervie-nen en el tráfico como contratantes. Lo que se aspira a conseguir, se ha dicho, es que el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, se produzca conforme a una serie de principios que la conciencia jurídica considera necesarios, aunque no hayan sido formulados. La buena fe, dice Betti, se presenta como un criterio hermenéutico a la vista del cual debe ser interpretado el con-trato, y como un criterio de conducta conforme al cual deben ser cumplidas las obligaciones.” Diez-Picazo, La Doctrina de los Propios Actos, Ed. 1963, pág. 157.

      Diez-Picazo, La Doctrina de los Propios Actos, pág. 151; Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado, pág. 126 y ss.

       “Estoppel” significa etimológicamente estorbo, impedimento, obs-táculo, detención. La caracterizó Lord Coke en su clásica frase: “because a man’s own act or acceptance stoppeth or closeth up his mouth to allege or pleade the truth”. Diez Picazo, op. cit., págs. 62-3.

      “La voluntad o intención [de contratar] se manifiesta de manera tácita .... La característica más destacada que puede ser atribuida abstractamente a la declaración tácita consiste en que supondría una incongruencia o verdadera contradicción que determinado acto no llevara aparejada la posibilidad de confiar en él como desmostrativo de que existe la intención o voluntad de contratar.” Puig Brutau, op. cit, Tomo 11-1°, págs. 82-8.

       Puig Brutau, Estudios de Derecho Comparado — La Doctrina de los Actos Propios, Edición 1951, pág. 112.


text:
    Miguel Angel Rodríguez, demandante y recurrido, v. Commonwealth Insurance Co., Wilfredo Corujo, haciendo negocios como Garage Corujo; Miguel Montañez, haciendo negocios como Garage Montañez, demandados y recurrente el segundo.

      Número: R-76-47

      Resuelto: 27 de mayo de 1976

      Armando Chaar Padín, abogado del recurrido; Jorge R. Diaz Aquino, abogado del recurrente.
   RESOLUCIÓN

En el caso de autos, el 14 de abril de 1976, dictamos la siguiente Resolución:

“Informe el Juez Administrador del Tribunal Superior, Sala de San Juan, dentro de diez días de haber sido notificado de esta resolución, las circunstancias en las cuales se concedió al demandante-recurrido la transcripción de evidencia contrario a lo dispuesto en la Regla 13(a) de las de Administración del Tribunal de Primera Instancia. Copia de esta resolución deberá notificarse al abogado de la parte recurrida.”

Tanto el Juez Administrador Hon. Daniel E. López Pritchard como el abogado del demandado recurrido Lie. Armando Chaar Padín han comparecido. El segundo expone que la autorización de la transcripción fue concedida por el Juez Hon. Roberto Schmidt Monge pues . . no era para ser utilizada para fines de revisión o apelación, sino para refres-car [. . . su] memoria ... y ajustar sus afirmaciones en la contestación [a la Orden de Mostrar Causa] a la verdad de lo declarado en juicio ....”

La Regla 13 (a) de las de Administración del Tribunal de Primera Instancia conjuntamente con la Regla 18 (b) de nuestro Reglamento establecen claramente que cuando cualquiera de las partes en un recurso interese una copia total o parcial de la transcripción de evidencia, lo solicitará y justificará ante este Tribunal, el cual discrecionalmente autorizará o denegará la misma. La adopción de las anteriores reglas se hizo necesaria debido a que la indiscriminada concesión de transcripciones de evidencia ha causado una congestión en la preparación de las transcripciones que retardaba innecesariamente — con grave perjuicio a la administración de la justicia — el perfeccionamiento de los trámites apelativos y a la solución final de las controversias judiciales.

Las disposiciones reglamentarias mencionadas exige de todo abogado su estricto cumplimiento, ya que la obtención de una transcripción de evidencia sin autorización de este Tribunal no sólo obstaculiza la solución del problema que se trata de resolver, sino que da una ventaja indebida a una parte sobre otra, afecta el orden de turnos correspondientes y la preparación y presentación de aquellas previamente autorizadas.

No ha lugar a la moción del recurrido solicitando se le permita unir copia de la transcripción de la evidencia.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria Interina.

(Fdo.) Carmen Lesbia Colón

Secretaria Interina


author: per CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Wilfredo Cruz Negrón, Lucas Cruz Laboy, Luis Ramón Ortiz Rodríguez, acusados y apelantes.

      Número: CR-76-3

      Resuelto: 28 de mayo de 1976

      Juan E. Pérez Reilly, abogado de los apelantes; Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, y Ronaldo Rodríguez Ossorio, abogados de El Pueblo.
   per CURIAM:

Se acusó a Wilfredo Cruz Negrón de acome-timiento y agresión simple (33 L.P.R.A. see. 821), hurto mayor (33 L.P.R.A. see. 1683), y de violar los Arts. 6, 8 y 32 de la Ley de Armas (25 L.P.R.A. sees. 416, 418 y 442). A Lucas Cruz Laboy y Luis Ramón Ortiz Rodríguez se les acusó por acometimiento y agresión simple. Se consolidaron las cau-sas y el jurado rindió veredicto de culpabilidad en 1972 en todas ellas, excepto que declaró inocente a Wilfredo Cruz Negrón de la alegada infracción al Art. 8 de la Ley de Armas.

Los coacusados han recurrido en alzada a este Tribunal, imputando que se cometió error en la apreciación de la prueba.

Le corresponde al jurado o, en su defecto, al juez dirimir los conflictos de prueba. Pueblo v. Rodríguez, 70 D.P.R. 23, 25 (1949); Pueblo v. Rivera Santiago, 95 D.P.R. 584, 586 (1968). No intervendremos en tales determinaciones en ausencia de pasión, prejuicio o error manifiesto. Pueblo v. Mills, 96 D.P.R. 637 (1968). En el caso actual la prueba desfilada ampliamente sostiene los veredictos emitidos en cada cargo.

El Ministerio Público descansó en el testimonio del propio perjudicado y de un testigo presencial. Conforme a esta prueba, los coacusados se hallaban en una cantina ingi-riendo licor cuando se personó en el lugar, tarde en la noche, Federico Rodríguez Zayas. Un coacusado, Lucas Cruz, lo invitó a tomar una cerveza y luego lo persuadió a salir a la calle a decirle algo. Allí lo agredieron los coacusados con los puños. Rodríguez Zayas trató de quitarse la camisa y se le cayó de ella una suma de alrededor de seiscientos dólares. El coacusado Cruz Negrón cogió el dinero, sacó un revólver, hizo varios disparos al aire, amenazó con matar a Rodríguez Zayas y a cualquiera que se acercase a éste y huyó en un vehículo.

Otro testigo de cargo, quien presenció lo acaecido, corroboró en sus partes esenciales la declaración de la víctima. Se incurrió en ciertas inconsistencias, relativas, por ejemplo, a la cantidad de dinero hurtada (si $600 ó $610); quién agredió inicialmente a Rodríguez Zayas; y cómo se le cayó a éste el dinero del bolsillo. Las contradicciones habidas son inconsecuentes. No constituyen base para alterar los veredictos. Pueblo v. Orellano Gómez, 92 D.P.R. 546 (1965). Valga reiterar, además, que cuando un testigo se contradice lo que se pone en juego es su credibilidad. 3-A Wigmore, On Evidence, Ed. Rev., 1970, sec. 1017, pág. 993. Es al jurado o al juez de instancia a quien le corresponde resolver el valor de su testimonio restante. Desde hace dos siglos en Inglaterra y desde hace uno en Estados Unidos se descartó la antigua nor-ma de falsus in uno, fálsus in omnibus, que exigía sin adecuada base ni en la razón o la experiencia, que se repudiase la totalidad del testimonio en estos casos. Wigmore, op. cit, see. 1008 y ss., pág. 981 y ss. Dicha vieja norma se ha rechazado también por este Tribunal. Pueblo v. Ortiz, 45 D.P.R. 835, 838-839 (1933); Pueblo v. López Rivera, 102 D.P.R. 359 (1974).

El apelante Cruz Negrón sostiene también, aunque no lo señala como error separado, que no puede justificarse un ve-redicto que absuelve al acusado del delito de infringir el Art. 8 de la Ley de Armas (portación ilegal de un arma) y a la vez lo condena de los demás delitos. Se trataba, no obstante, de de-litos distintos, con elementos tan diferentes que no existe base aquí para alegación de inconsistencia. La lógica abstracta no constituye, además, molde rígido en que tengan que encajar forzosamente los veredictos. Pueblo v. Medina Ocasio, 98 D.P.R. 302, 304-305 (1970); Pueblo v. Cortés Calero, 99 D.P.R. 679, 684 (1971).

Un último planteamiento del apelante es que debió disolverse el jurado por el hecho de que en el curso de su insaculación el fiscal le formuló preguntas a un miembro del panel sobre un juicio anterior sin que se estableciese nexo alguno entre dicho proceso y el que se estaba llevando a cabo. El juez denegó la disolución correctamente en este caso. El fiscal tiene pleno derecho, como lo tiene también la defensa, bajo nuestro actual ordenamiento jurídico, a interrogar un jurado para fundamentar una recusación motivada bajo la Regla 121 de las de Procedimiento Criminal, con debida atención a la presunción de inocencia y a los peligros que entrañan preguntas sutilmente encaminadas a influir en el ánimo de los otros jurados. Note, Voir Dire — Prevention of Prejudicial Questioning, 50 Minn. L. Rev. 1088 (1966). No se lesionaron en esta instancia los derechos del acusado. No se expresó ni infirió que hubiesen sido acusados en el juicio anterior. El episodio concluyó con la recusación perentoria del jurado, sin que exista base razonable en el récord para concluir que lo sucedido perjudicase al acusado.

Se confirmarán en consecuencia las sentencias apeladas.

El Juez Asociado, Señor Rigau, no participó.


text:
    Julio de Jesús y Carmen María Vázquez, demandantes y recurridos, v. Ponce Housing Corp. y Sabana Grande Dev. Corporation, demandados y recurrentes; Sociedad Legal de Gananciales de Gilberto Irizarry Pagán y Luz Aida Ramírez de Irizarry, demandantes y recurridos, v. Ponce Housing Corp. y Sabana Grande Dev. Corp., demandados y recurrentes.

      Número: R-74-374

      Resuelto: 28 de mayo de 1976

      Wilfredo Colón Pagan, abogado de los recurrentes; el abogado de los recurridos no compareció.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La corporación constructora de la urbanización Perla del Sur, Extensión III, en Ponce, entregó las casas núms. C-343 y C-344 que fueron vendidas entre fines de 1964 y principios de 1965. Al construirse la Avenida Las Américas uno o dos años después dichas casas quedaron a un nivel apreciable-mente más alto que el de la avenida. Desde que fue abierta al tránsito la Avenida Las Américas, de Ponce, se inunda con las lluvias acumulándose agua especialmente en las inmedia-ciones de las referidas casas C-343 y C-344. A los tres años de construidas, allá para el 1968, ambas casas empiezan a hundirse del mismo lado izquierdo mirando de frente, y como consecuencia surgieron desperfectos graves tales como grietas en las paredes y techo, bloqueo de todas las instalaciones donde se usa agua, baranda del balcón que se separa de la casa, puertas que tropiezan con sus marcos, siendo la inclinación de 17 pulgadas en una de las unidades, condición que llevó al juez sentenciador a concluir que no hay más recurso para corre-girla que demoler totalmente las dos, nivelar el terreno y levantar nuevas estructuras. Condenó a la constructora recu-rrente a indemnizar en $11,000 los sufrimientos morales de los dueños de casa ($7,000 a los Irizarry, y $4,000 a los De Jesús); y a pagar además $700 costo de un estudio de inge-niería que contrató uno de ellos y $4,000 de honorarios de abogado. La sentencia impone a las recurrentes la obligación de demoler las estructuras inclinadas, nivelar el terreno, y construir y entregar a los demandantes dos unidades de vi-vienda nuevas iguales a las existentes, fijando para ello plazo de un año, y las obligaciones incidentales de pagar gastos de mudanza a los esposos Irizarry y la renta de una vivienda temporera similar, y en cuanto a éstos y los actores De Jesús a pagar los plazos mensuales de la hipoteca que afecta cada una de las viviendas, hasta que les entregue las nuevas.

La sentencia se ajusta a derecho en cuanto impone respon-sabilidad al contratista pero excede la medida compensatoria. La prueba acusa como razón de la ruina de estos edificios el desplazamiento y hundimiento del suelo. Hay que buscar la explicación para esta anormalidad en los detalles objetivos que apuntan en la evidencia pericial, oral y documental tomada en conjunto.

Tanto el informe del perito judicial Martínez Riollano como el estudio de suelo para construcción hecho por el Ing. Rodríguez Molinary en 1959 coincidieron en que el área de la Sección IV de la Urbanización Perla del Sur es inundable y que el subsuelo es blando, de arcilla cenagosa, susceptible a ceder bajo el peso de un relleno bien compactado más la es-tructura, lo que tiende a producir desplazamientos o desliza-mientos que alteran el nivel en la superficie con las conse-cuencias denunciadas en las casas de los demandantes. Para tal caso los peritos recomiendan el fortalecimiento del sub-suelo con hinca de pilotes o zapatas especiales, procedimiento costoso que inevitablemente haría subir el precio de venta de las casas. No surge de la prueba que las recurrentes si-guieran ese método científico para asegurar la solidez y fir-meza del suelo, por lo que están sujetas a la responsabili-dad impuesta en el Art. 1483 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4124). Géigel v. Mariani, 85 D.P.R. 46 (1962).

A tenor del citado Art. 1483 el contratista y el arqui-tecto que dirigiere la obra “responden de los daños y per-juicios”. Este Tribunal ha concretado ese concepto de daños, en casos de vicio o ruina corregible de la estructura, para incluir no sólo la obligación de reparar los defectos, sino también la de indemnizar por los daños morales previsibles. Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 60-61 (1967).

Al incorporar a nuestro acervo jurídico este importante remedio social en protección de los adquirentes de viviendas, lo hicimos bajo la égida de moderación y prudencia que tomó cuerpo en la siguiente advertencia: “Ahora bien, vale dejar sentado que al compensar por daños morales en esta clase de acciones los jueces deben ponderar cuidadosamente la concesión de éstos, limitándola a aquellos casos en que las condiciones de la construcción haya afectado en forma apreciable el estado emocional del reclamante. No todo vicio de construcción que dé derecho a que el constructor repare conlleva la concesión de daños morales. Los vicios deben ser de tal naturaleza que afecten la condición anímica de una persona.” Pereira v. I.B.E.C. (En Reconsideración 95 D.P.R. 82, 83 (1967)).

La ruina de las casas de los recurridos frustra todo intento de reparación, como así ha concluido la sala de instancia. Cuando la estructura arruinada tiene vicios y de-fectos de tal magnitud que no dejan margen para su correc-ción y la restitución del edificio a condiciones de habita-bilidad, la medida de los daños materiales reconocidos en el Art. 1483 debe seguir la pauta económica provista por el Código Civil para resolución de las obligaciones, debiendo el contratista pagar al dueño de casa el importe íntegro de su inversión y gastos en el inmueble arruinado, con abono de intereses al tipo legal y liberarlo de toda obligación hipo-tecaria constituida o asumida por el comprador para financiar el precio de la vivienda. En acción recíproca, el comprador dueño de casa devolverá a la constructora título de propiedad sobre el inmueble, libre de todo otro gravamen que no sea el constituido en garantía del precio.

Los recurridos de Jesús-Vázquez nunca vivieron la casa por él adquirida en 1964, la que decidieron no ocupar hasta añadirle una segunda planta (T.E. pág. 44), por lo que no se justifica la concesión a ellos de daños morales. Díaz v. Palmer, 62 D.P.R. 111 (1943). Su reclamación por tales daños no ha sido substanciada por prueba que satisfaga la norma de Pereira v. I.B.E.C., supra. Ha de eliminarse la partida de $4,000 a ellos concedida por dicho concepto y reducir de $2,000 a $1,000 la partida de honorarios. Se revocará la disposición del tribunal a quo, ordenando a los recurrentes demoler las casas y construir nuevas para entre-garlas a los recurridos y las medidas accesorias de manteni-miento interino de hipotecas y rentas, así como todo otro elemento de compensación de daños materiales incompatible con lo ahora resuelto en revisión.

Se devolverá el caso al Tribunal Superior para el cómputo y liquidación de la inversión de los demandantes-recurridos e intereses que ha de abonarles la constructora recurrente y para ulteriores procedimientos consistentes con esta opinión.

Así fundamentalmente modificada, la sentencia recurrida será en cuanto a sus restantes 'pronunciamientos, confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge disintió. Los Jueces Asociados Señores Rigau e Irizarry Yunqué no intervinieron.

      Sostiene sobre el particular el informe del perito judicial:
      “1. El terreno en su origen era uno de los más bajos de Ponce, sujeto a inundaciones constantes.
      “2. La evidencia de lo sucedido en el ‘BY-PASS’, al Sur y LA AVE-NIDA ‘LAS AMERICAS’, al NORTE, demuestran que el subsuelo es inestable.
      “3. Hay evidencia física de que el terreno RELLENADO ha cedido en varios sectores y tal condición puede deberse a uno de los siguientes factores PRINCIPALES:
      “A. No se compactó debidamente en capas finas con relleno adecuado.
      “B. De haberse compactado EFICIENTEMENTE, las condicio-nes del SUB-SUELO no se normalizaron y el peso ADICIONAL de RELLENO y ESTRUCTURAS, provocaron deslizamientos sub-terráneos; derrotándose así el propósito del relleno y su compactación.
      “C.' Las lluvias e inundaciones, pudieron afectar las capas débiles del sub-suelo, desplazándose o deslizándose hacia el PUNTO más débil— en la COLECTORA que cruza el área de SUR A NORTE. (En colindancia Oeste de la Urbanización.)
      “4. Las inundaciones continuas, como ya establecimos, pudieron afectar el área, pero su daño no ha sido en la superficie PROPIAMENTE, sino en el sub-suelo.
      “5. Las condiciones observadas en el área y sus alrededores, tienden a demostrar que el sub-suelo es INESTABLE y que muy bien podría existir un RIO SUB-TERRANEO o una VENA que cruza, en forma irregular todo el área de NORTE a Sur.
      “6. El remedio, en casos como éstos, (HINCA DE PILOTES, DRENAJES CON TUBERIA O PILOTES DE ARENA), hubiera sido tan costoso que no hubiera sido económicamente factible para el tipo de estructuras allí construidas. Tales costos se justificarían en estructuras de varios pisos. Otros remedios más simples, como cimientos flotantes etc. quizás hubieran sido aceptables.
      “A. Toda la evidencia tiende a demostrar que el DESNIVEL de las casas se debe a una falla del terreno. (Ya sea por falta de compac-tación del relleno, por relleno inadecuado, o por falla del subsuelo.) Las inundaciones pudieron afectar el subsuelo, (siendo causa indirecta de la falla), pero no se nos ha presentado evidencia de que se tomaron las precauciones necesarias, (mediante estudios de subsuelo), para diseñar una cimentación capaz de sostener la carga, independientemente de las condi-ciones subterráneas que pudieran existir.” Informe del Ing. J. E. Martínez Riollano (28 abril 1970), págs. 7 y 19-20.

      E1 arquitecto no se libra de responsabilidad si la causa de la ruina es el vicio del suelo, aunque demuestre que dio oportuno aviso de ese vicio al propietario, pues su deber en tal caso no es seguir las indicaciones de éste, sino resistirse a hacer la obra. El interés público así lo exige. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo X, Vol. II, Ed. 1969, págs. 711-712.

      Art. 1395. — “La venta se resuelve por las mismas causas que todas las obligaciones.”
      Art. 1077. — “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.”
      “El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la reso-lución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.”
      Art. 1243, 5°. — “Son rescindibles: Cualesquiera otros [contratos] en que especialmente lo determine la ley.”
      Art. 1375. — “En los casos de las dos secciones anteriores [que norman el saneamiento por defectos o gravámenes ocultos], el comprador podrá optar entre desistir del contrato, abonándosele los gastos que pagó o reba-jar una cantidad proporcional del precio, a juicio de peritos.”
      “Si el vendedor conocía los vicios o defectos ocultos de la cosa ven-dida y no los manifestó al comprador, tendrá éste la misma opción y además se le indemnizará de los daños y perjuicios, si optare por la res-cisión.”
      Art. 1376. — “Si la cosa vendida se perdiere por efecto de los vicios ocultos, conociéndolos el vendedor, sufrirá éste la pérdida, y deberá restituir el precio y abonar los gastos del contrato, con los daños y perjuicios. Si no los conocía debe sólo restituir el precio y abonar los gastos del contrato que hubiese pagado el comprador.”
      Art. 1247. — “La rescisión obliga a la devolución de las cosas que fueron objeto del contrato con sus frutos y del precio con sus intereses; en conse-cuencia sólo podrá llevarse a efecto cuando el que la haya pretendido pueda devolver aquello a que por su parte estuviese obligado .. ..”

       «En la justicia conmutativa el fin de la indemnización, que es tanto como reparación o compensación, es el de conseguir que el patrimonio del lesionado quede por efecto de la indemnización, y a costa del responsa-ble del daño, en situación igual o equivalente al que tenía antes de haber sufrido el daño, por lo que habiendo pagado el comprador por la finca un precio fijado como su equivalente, libre de todo gravamen [carga o servi-dumbre no aparente] la reparación o compensación adecuada sería la liberación del gravamen, si fuese posible, a costa o por acto de los vende-dores responsables.” (S. de 8 oct. 1949); Bonet Ramón, Código Civil Comentado, Segunda Edición, 1964, pág. 1164.