author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Hospital de la Concepción, demandado.

      Número: O-79-470

      Resuelto: 14 de junio de 1983

      Gladys T. Ramos Rosario, abogada de la peticionaria; Federico Rodríguez Pagan, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La Junta de Relaciones del Trabajo nos pide que pon-gamos en vigor la decisión y orden dictada contra el Hospital de la Concepción para que cese y desista de despedir empleados o cambiarles sus condiciones de trabajo por par-ticipar éstos en actividades gremiales, de intervenir, res-tringir o coercer a’sus empleados en el ejercicio de sus dere-chos y para que restituya a cinco empleados a sus antiguos empleos u otros similares a los que ocupaban, pagándoles los salarios no devengados con las deducciones correspon-dientes. El Hospital ha objetado la petición de la Junta, señalando los siguientes errores: (1) determinar que el Hospital se negó a negociar de buena fe con la Federación; (2) resolver que los empleados fueron despedidos en vio-lación de la ley; (3) desestimar la defensa de impedimento en equidad; (4) desestimar la defensa de cosa juzgada e impedimento colateral por sentencia, en relación con el caso CS-73-4473 instado por la Federación en el Tribunal Superior; y (5) concluir que tiene jurisdicción en la controversia.

Pasamos a exponer sucintamente los hechos que sirven de fondo a estos planteamientos, para luego considerar la validez de los mismos.

Allá para el 1973 la Federación de Enfermeras Prácti-cas Licenciadas de Puerto Rico y el Hospital de la Concep-ción suscribieron un Acuerdo de Elección por Consenti-miento. Celebrada la elección de rigor, el Director Regional de la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo certificó el 9 de marzo de ese año a la Federación como la representante exclusiva, a los fines de la negociación colectiva de las enfermeras prácticas licenciadas y enfermeras con licencia temporera. Meses más tarde, el 23 de agosto, la Junta Nacional dejó sin efecto esta certificación, por razón de estar los hospitales sin fines de lucro excluidos del ámbito de la ley federal. 29 U.S.C.A. sec. 152(2).

A partir de las elecciones y la certificación expedida el 9 de marzo, las relaciones entre el Hospital y las enfermeras comenzaron a deteriorarse. Entre marzo y octubre de 1973 se eliminó la merienda que recibían las enfermeras como parte de su condición de empleo en el turno de 11:00 p.m. a 7:00 a.m., el Hospital prohibió los turnos especiales que de-sempeñaban algunas enfermeras como un servicio directo al paciente y ordenó a algunas de sus enfermeras prácticas desalojar los cuartos dormitorios que ellas ocupaban en el Hospital.

Con motivo de estas actuaciones y de la negativa del Hospital de reconocer a la Federación, las enfermeras ini-ciaron un paro cuya causa inmediata, sin embargo, fue el despido de la enfermera Nancy Vega. El 23 de octubre las enfermeras comparecieron ante un examinador de la Junta con el propósito de presentar un cargo de práctica ilícita, pero el examinador les expresó que no valía la pena llevar el asunto adelante y les aconsejó que continuaran con la huelga, ya que ésta era la mejor forma de presionar. La Federación decidió entonces instar una demanda en el Tribunal Superior contra el Hospital, a fin de que se dejara sin efecto la descertificación de la Junta Nacional, se obli-gara a la Junta de Relaciones del Trabajo a investigar los cargos de práctica ilícita, se dictara un interdicto contra el Hospital para obligarle a negociar, más una compensación de daños y perjuicios. El 7 de diciembre de 1973 el tribunal se declaró sin jurisdicción al concluir correctamente que se trataba de una clásica disputa obrero-patronal. Sin embargo, no fue hasta el 20 de agosto de 1976 que el tribunal desestimó la demanda, a tenor con la Regla 11 de las de Administración de los Tribunales de Primera Instancia. 4 L.P.R.A. Ap. II-A.

No obstante, el 9 de marzo de 1974 la Federación pre-sentó ante la peticionaria Junta de Relaciones del Trabajo un cargo de práctica ilícita contra el Hospital y en esta ocasión se expidió la querella que dio motivo a la Decisión y Orden objeto de este recurso.

Jurisdicción de la Junta

Consideraremos en primer término el planteamiento relativo a la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Tra-bajo, que es motivo del quinto apuntamiento de error, ya que de su solución depende la consideración de los otros planteamientos.

La Ley Nacional de Relaciones del Trabaje, aprobada en el 1935 y conocida como Ley Wagner, incluyó en su ámbito a los hospitales sin fines de lucro, 49 Stat. 449 (1935). Posteriormente, en el 1947 la Ley Taft-Hartley los excluyó específicamente de la definición de “patrono” y, por tanto, de la aplicación de la ley federal. 61 Stat. 136 (1947), 29 U.S.C.A. see. 152(2). Al percatarse el Hospital de la Concepción de esta exclusión, solicitó y obtuvo de la Junta Nacional el 23 de agosto de 1973 la descertificación. Un año más tarde, el 26 de julio de 1974, se extendió nuevamente el ámbito de la ley federal a los hospitales sin fines de lucro, cuando se eliminó la excepción establecida en la Ley Taft-Hartley. Ley Pública Núm. 93-360, 88 Stat. 395 (29 U.S.C.A. sec. 152(2)). La Junta Nacional tiene, pues, al presente jurisdicción sobre los hospitales sin fines de lucro en cuanto a las actividades reguladas por la ley federal.

Debemos resolver si la inclusión de los hospitales sin fines de lucro en el ámbito de la ley federal impide a la peticionaria adquirir jurisdicción sobre prácticas ilícitas cometidas con anterioridad a la vigencia de la ley federal el 25 de agosto de 1974.

La Junta de Relaciones del Trabajo no tiene facultad para intervenir en asuntos que caen bajo la jurisdicción de la Junta Nacional. Rivera v. Security Nat. Life Ins. Co., 106 D.P.R. 517 (1977); P.R. Telephone v. Junta Rel. Trabajo, 86 D.P.R. 382 (1962); Asoc. Empl. Bayamón Transit v. Junta Rel. Trabajo, 70 D.P.R. 292 (1949). No hay conflicto jurisdiccional, sin embargo, cuando la Junta de Relaciones del Trabajo reglamenta actividades que no están cubiertas por la ley federal o prácticas ilícitas no compren-didas en dicho estatuto. P.R. Telephone, supra. En Asoc. Empl. Bayamón Transit, supra, resolvimos, específica-mente, que la Junta tiene jurisdicción cuando el negocio del patrono está exento bajo la ley federal, pero sujeto a la ley de Puerto Rico. Las asociaciones sin fines de lucro siempre han estado sujetas a nuestra Ley de Relaciones del Trabajo. Por tanto, antes del 25 de agosto de 1974, fecha en que se incluyó en el estatuto federal a los hospitales sin fines de lucro, la peticionaria tenía jurisdicción sobre disputas labo-rales en dichas instituciones. Véanse, J.R.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844 (1964); Junta Rel. Trabajo v. Club Deportivo, 84 D.P.R. 515, 524 (1962); Asoc. Hospital del Maestro y Federación de Enfermería Práctica Licenciada de Puerto Rico, Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Caso Núm. PP-112, P-3079, D-656 (1973). No obstante, debemos determinar si la enmienda al estatuto federal que entró en vigor el 25 de agosto de 1974 tiene efecto retroactivo, en cuyo caso la peticionaria no podría ejercer jurisdicción en disputas laborales acaecidas con anterioridad a dicha fecha.

El problema de la retroactividad de la enmienda que in-cluyó a los hospitales sin fines de lucro en el estatuto federal fue anticipado por el abogado de la Junta Nacional en un memorando del 20 de agosto de 1974, en el cual expresó:

Otro ejemplo de un problema transitorio que puede surgir es un cargo de práctica ilícita presentado [en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo] después de la fecha de efectividad del estatuto, fundado en conducta que ocurrió enteramente antes de la vigencia del estatuto. Parecería, a la luz de la experiencia pasada con casos que surgieron bajo la extensión de jurisdicción sobre el Servicio Postal de los Estados Unidos [U.S. Postal Service, 200 N.L.R.B. No. 56; 81 L.R.R.M. 1533 (1972)], que tales casos serían desestimados, ya que no se puede determinar que una parte ha violado la ley antes de que la ley sea efectiva. (Énfasis suplido.) (Traducción nuestra.) Guidelines Issued by the General Counsel of the National Labor Relations Board for Use of Board Regional Offices in Unfair Labor Practice Cases Arising Under the 1974 Nonprofit Hospital Amendments to the Taft-Hartley Act, Memorándum 74-49, 20 de agosto de 1974; 86 L.R.R. 389 (1974); Labor Relations Yearbook-1974, págs. 343, 361.

El historial legislativo en el Congreso también revela la intención de no hacer retroactiva la extensión de jurisdic-ción a hospitales sin fines de lucro. Surge del debate en el hemiciclo lo siguiente:

Sr. Quie:
Primeramente, señor Presidente, con el propósito de aclarar la aplicación futura de esta legislación me gustaría hacer estas preguntas al caballero de Nueva Jersey:
Primero, este proyecto dispone que será efectivo en 30 días después de la fecha de su aprobación, pero no provee una pauta futura efectiva a las partes que ahora estarán cubiertas bajo la ley federal, que anteriormente estaban por la ley esta-tal, o por ninguna ley. Parece claro que en relación con prácticas ilícitas del trabajo, bajo la NLRA, sólo las prácticas cometidas después de la fecha de efectividad de la enmienda podrán ser tramitadas por la NLRA. Pero suponga que se ha presentado un cargo de práctica ilícita del trabajo bajo la ley estatal con anterioridad a la vigencia de la legislación federal, ¿se permitiría que el Estado terminara su procedi-miento?
Sr. Thompson de Nueva Jersey:
De hecho, no hay ninguna disposición en la ley federal que impida al Estado terminar sus procedimientos, ya que la alegada conducta ilícita habría ocurrido con anterioridad a la vigencia de la ley federal. Sin embargo, parecería propio que el estado considerara el procedimiento federal y los prece-dentes antes de dictar un remedio. (Traducción nuestra.) 120 Cong. Rec. 22942 (1974).

Es de notar, además, que tanto la Junta Nacional como los tribunales federales han reiterado la norma de que la Junta Nacional no puede ejercer su jurisdicción sobre disputas laborales en hospitales sin fines de lucro, cuando los hechos acontecieron con anterioridad a la vigencia de la enmienda de 1974. Puerto Rico Labor Relations Board, 217 N.L.R.B. 168, 89 L.R.R.M. 1164 (1975); Vancouver Memorial Hospital, 219 N.L.R.B. 15, 89 L.R.R.M. 1592 (1975). Véanse, además, Methodist Hospital of Ky., Inc. v. N.L.R.B., 619 F.2d 563, 568-571 (6th Cir. 1980); Woodlawn Hospital v. N.L.R.B., 596 F.2d 1330, 1337 (7th Cir. 1979); N.L.R.B. v. St. Luke’s Hospital Center, 551 F.2d 476, 483 (2nd Cir. 1976); Pa. Ass’n of Ink & Res. v. Albert Einstein Med. Ctr., 369 A.2d 711, 713 (1976). Cf. Mile Square Health Center, 223 N.L.R.B. 201, 92 L.R.R.M. 1095 (1976); Beverly Farm Foundation, 225 N.L.R.B. 70, 92 L.R.R.M. 1425 (1976).

En Puerto Rico Labor Relations Board, supra, pág. 1165, la Junta Nacional expresamente resolvió que su jurisdicción se limitaba a disputas laborales en hospitales sin fines de lucro, que surgiesen con posterioridad a la vigencia de la ley. Al respecto expresó:

No obstante, nuestra asunción de jurisdicción está limitada a disputas que surjan en o subsiguientemente al 25 de agosto de 1974, y en consecuencia, no se extenderá a ninguna disputa surgida antes de esa fecha.

El examen que hemos hecho de los casos citados y de la intención legislativa que se revela en el historial legislativo, nos convencen de que la enmienda de 1974 a la ley federal, para extender su cubierta a los hospitales sin fines de lucro, no tiene efecto retroactivo.

En el caso de autos, los cargos de práctica ilícita contra el Hospital de la Concepción se presentaron el 9 de marzo de 1974, sobre hechos que ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la enmienda introducida a la ley federal para extender la jurisdicción de la Junta Nacional a los hospitales sin fines de lucro, por lo que la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico tenía jurisdicción sobre estas instituciones y la ejerció válidamente al emitir la Decisión y Orden contra el Hospital de la Concepción. El hecho de que la querella se presentara y se resolviera con posterioridad a la vigencia de la ley federal no altera nues-tra conclusión, pues lo determinante para el ejercicio de jurisdicción por la peticionaria es la fecha en que ocu-rrieron los hechos que dieron base a los cargos de práctica ilícita.

No hay en este caso conflicto alguno con la política pública ni con ninguna disposición de la ley federal, que pudiera invalidar la actuación de la Junta. En efecto, la acción tomada por la Junta de reponer en sus empleos a los trabajadores despedidos y de rembolsarle los salarios deja-dos de devengar está en plena armonía con el esquema estatutario federal. N.L.R.B. v. Saint Luke’s Hospital Center, supra.

El recurrido arguye que al aprobarse el 26 de julio de 1974 la enmienda que extendió la jurisdicción de la Junta Nacional a los hospitales sin fines de lucro ocurrió un des-plazamiento de las leyes estatales sobre la materia, que tuvo como efecto el hacer inaplicable la ley estatal y el privar a las agencias y a los tribunales estatales de jurisdicción. Sos-tiene que las diferencias entre la ley federal y la estatal son tan fundamentales que impiden a la Junta Nacional ceder su jurisdicción a la Junta estatal sobre los hospitales sin fines de lucro. No es necesario abordar el planteamiento, porque no es en virtud de una cesión de jurisdicción que la peticio-naria ejerce jurisdicción sobre tales instituciones, sino porque la ley federal no tiene efecto retroactivo. No es éste, pues, un caso de cesión de jurisdicción, sino de ausencia de jurisdicción en la Junta Nacional.

Defensa de cosa juzgada

Sostiene el Hospital que la Junta incidió al desestimar su defensa de cosa juzgada planteada en relación con el caso CS-73-4473, al cual nos referimos anteriormente. Un somero examen del récord y de las disposiciones pertinentes de las leyes laborales nos convence de que el planteamiento no tiene validez.

Es requisito esencial para la aplicación de la defensa de cosa juzgada que el tribunal haya actuado con jurisdicción. Tartak v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 862, 870 (1953); Muñoz v. Pardo, 68 D.P.R. 612, 616-618 (1948). Tal requisito está ausente en el presente caso. Surge del expediente del caso CS-73-4473, que el Tribunal Superior se declaró sin jurisdicción precisamente a petición del propio Hospital. En dicho foro adujo como fundamento para la desestimación de la demanda la prohibición establecida en la Ley Núm. 50 de 4 de agosto de 1947 (29 L.P.R.A. sec. 101), que niega jurisdicción al tribunal de instancia para expedir órdenes de entredicho o de injunction preliminar o permanente. También reclamó la facultad exclusiva de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico para investigar prácticas ilícitas, conferida por el Art. 7 de la Ley de Relaciones del Trabajo, 29 L.P.R.A. see. 68. Ahora, sin embargo, sostiene todo lo contrario y arguye que el Tribunal Superior tenía jurisdicción sobre una de las causas de pedir en dicho pleito, la reclamación de daños por la suma de $1,000,000, por constituir ésta un pleito privado conforme lo resuelto en Asoc. de Guardianes v. Bull Line, 78 D.P.R. 714 (1955). Su posición se funda en que esta causa de acción comprendía los salarios dejados de devengar por los trabajadores despedidos y que la misma fue archivada por inactividad, al amparo de la Regla 11 de las Reglas para la Administración del Tribunal de Primera Instancia, lo que, a su juicio, constituye cosa juzgada. No tiene razón.

El argumento pierde de vista que la obligación de rem-bolsar a los trabajadores despedidos los salarios dejados de devengar forma parte integral de la facultad exclusiva de la Junta de efectuar la política pública adoptada en la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Art. 9 (29 L.P.R.A. sec. 70(1)(b)). Por disposición expresa de la Ley, Art. 7 (29 L.P.R.A. sec. 68(a)), esta facultad exclusiva de la Junta para evitar la comisión de práctica ilícita no será afectada por ningún otro medio de ajuste o prevención. Véase, F.S.E. v. J.R.T., 111 D.P.R. 505, 512-513 (1981).

En la jurisdicción federal la Ley Wagner también reconoce la autoridad de la Junta Nacional para ordenar la reposición de empleados, abonándose o no la paga retroactiva. 29 U.S.C.A. sec. 160(c). Bajo esta disposición se ha resuelto que tanto la orden de reposición como la paga retroactiva corresponden a la jurisdicción exclusiva de la Junta Nacional y no de los tribunales. N.L.R.B. v. Armstrong Tire & Rubber Co., Tire Test Fl. Br., 263 F.2d 680 (5th Cir. 1959).

La ausencia de jurisdicción en el Tribunal Superior para entender en el caso CS-73-4473 impide a la Junta la apli-cación de la defensa de cosa juzgada.

Defensa de impedimento en equidad

Tampoco tiene méritos el señalamiento de error relacio-nado con la desestimación de la defensa de impedimento en equidad. El argumento del Hospital consiste en que la actuación del oficial examinador, al disuadir a la Fede-ración de continuar con la presentación de cargos de práctica ilícita cuando compareció por primera vez ante la Junta, constituye una renuncia por éste de su jurisdicción exclusiva.

Basta señalar que la Junta se negó a aplicar dicha defensa porque el Hospital no presentó prueba para sus-tanciarla. Se desprende de la propia Decisión y Orden de la Junta que el Hospital nunca citó al examinador para que testificara sobre el particular.

Pero, además, la defensa de impedimento en equidad, de ordinario, no procede cuando se trata de la ejecución de la política pública. En Infante v. Tribl. Examina dor de Médicos, 84 D.P.R. 308, 316 (1961), expresamos al respecto que esta defensa no puede aplicarse en las rela-ciones del ciudadano para con el Estado cuando hay de por medio una cuestión de intéres público, como la hay en el caso de autos.

Por último, señala el Hospital que incidió la Junta al determinar como cuestión de hecho que los empleados fueron despedidos por sus actividades gremiales, en vio-lación a las leyes laborales.

Surge del expediente que la querella imputó al Hospital el haber despedido ilegalmente a 31 enfermeras, pero única-mente se presentó evidencia sobre ocho empleados. La Junta concluyó que sólo cinco de éstos habían sido despedi-dos ilegalmente por sus actividades gremiales.

La Ley de Relaciones del Trabajo expresamente limita la función revisora de este Tribunal en los procedimientos para poner en vigor las decisiones y órdenes de la Junta en los siguientes términos:

. . . Las conclusiones de la Junta en cuanto a los hechos, si estuvieren respaldadas por la evidencia, serán concluyentes. 29 L.P.R.A. sec. 70(2)(a).

Hemos examinado el expediente y la transcripción de la prueba desfilada ante la Junta y quedamos convencidos de que existe evidencia sustancial para sostener que los cinco empleados despedidos lo fueron por sus actividades gre-miales.

El apuntamiento relativo a la determinación de que el Hospital se negó a negociar de buena fe no tiene importan-cia. Ello es así porque la Junta se abstuvo de ordenar una acción afirmativa para remediar la práctica ilícita sobre negativa a negociar. Estimó prudente abstenerse de acción afirmativa en vista de que la ley federal fue enmendada el 25 de agosto de 1974, para conferirle jurisdicción a la Junta Nacional sobr*e los hospitales sin fines de lucro.

Se dictará sentencia que ponga en vigor la orden de la Junta de Relaciones del Trabajo expedida el 29 de noviembre de 1978.

       Para una discusión sobre el historial legislativo y judicial de las enmiendas de 1974: L. Peheley, Amendments to the National Labor Relations Act: Health Care Institutions, 36 Ohio St. L.J. 235 (1975); R. Vernon, Labor Relations in the Health Care Field under 1971 Amendments to the National Labor Relations Act: An Overview and Analysis, 70 Nw. U.L. Rev. 202 (1975); Shepard, Health Care Institution Amendments to the National Labor Relations Act: An Analysis, 1 Am. J. L. &Med. 41 (1975); Comment, National Labor Relations Act — History and Interpretation of the Health Care Amendments, 60 Marq. L. Rev. 921 (1977).

       Dicha ley dispone, en lo pertinente:
      “Ningún tribunal de justicia de Puerto Rico tendrá jurisdicción para expedir orden alguna de entredicho o de injunction preliminar o permanente en un caso que envuelva o que surja de una disputa obrera, salvo de estricta conformidad con las disposiciones de este Capítulo.”


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

license: Public Domain

text:
    Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Oficinas Profesionales, Inc., Sucesión de Juan B. Moczó, compuesta por Juan Moczó Aliaga y Pilar Aliaga Vda. de Moczó et al., demandados, y recurrente la segunda.

      Número: R-82-583

      Resuelto: 14 de junio de 1983

      Raúl Dávila Rivera, de Bauzá & Dávila, abogado de los recu-rrentes; Alfredo Castro Mesa, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

El axioma rector que informa la Ley de Evidencia como mecanismo para lograr hasta donde los límites imperfectos humanos permiten la verdad judicial está cimentado sobre la premisa cardinal de “garantía circunstancial de vera-cidad”.

Principios relativos a las inferencias, deducciones, lo probable frente a lo menos probable, obliga en los casos civiles a que la decisión del juzgador se produzca de acuerdo con la preponderancia de las pruebas, “a base de criterios de probabilidad”. Regla 10(F). Así, la Regla 79 de dicho cuerpo exime de evidencia extrínseca de autenticación, como condición previa a su admisibilidad, todo documento debidamente reconocido si “el certificado cumple con los requisitos pertinentes en ley relativos a certificaciones, par-ticularmente con las disposiciones sobre derecho notarial”. Si el documento cumple con todas las normas y formali-dades de redacción y suscripción es, prima facie, auto-auténtico. No precisa de testimonio o evidencia adicional para su admisibilidad. El proponente del documento puede descansar en esa presunción de autenticidad y correspon-dería a su opositor destruir esa característica.

En lo pertinente, la Ley de 12 de marzo de 1903, regulatoria de la forma y manera de prestarse una declaración jurada (afidávit), en su Art. 3 prescribe que “se harán cons-tar por escrito y serán firmadas por las personas que las hicieren”. (Énfasis suplido.) 4 L.P.R.A. sec. 883. Complementa esta disposición la See. 3 de la Ley de 12 de marzo de 1908, que exige que los afidávit de autenticidad contengan una numeración sucesiva y continua que será encabezada por el número correspondiente y correlativo al de la inscripción en el Registro de Afidávit dispuesto en la Sec. 5 de la misma ley. Finalmente, su Sec. 8 apercibe que un afidávit no inscrito en dicho Registro o no incluido en el índice correspondiente será nulo. Nada dispone si falta la firma del funcionario autorizante. Distinto de la situación en que el otorgante no lo suscribe, es razonable concluir que si esa omisión es del funcionario otorgante, per se no lo invalida y puede ser subsanado.

Los preceptos y principios expuestos son de importancia al evaluar el planteamiento de la sucesión recurrente respecto a que el pagaré representativo de la supuesta obli-gación de su causante, Dr. Juan B. Moczó, —presentado en evidencia— no era admisible por carecer exclusivamente de la firma del notario Jorge M. Morales, ante quien alegada-mente se otorgó. Aunque no tiene la firma notarial, dicho documento contiene el número de Registro de Afidávit del referido notario (72,745), y su sello notarial.

Ante la ausencia de la firma del notario, nos inclinaría-mos a sostener el señalamiento de la sucesión. Sin embargo, notamos que de un análisis integral de toda la prueba que tuvo ante si el tribunal de instancia surgen ciertos indica-dores para sostener que el mismo posee suficientes garan-tías de veracidad que militan en contra de la revocación, en esta etapa, de la sentencia. A tal efecto advertimos que dicho pagaré fue presentado en unión de ocho (8) más, ade-más del suscrito por el Dr. J.E. Colón como Presidente de la deudora principal, también demandada, Oficinas Profesionales, Inc. Todos, excepto los que contienen la firma del notario, están firmados por Colón y por sus respectivos suscriptores. Dos están debidamente firmados por el notario Morales. Poseen número de afidávit y el sello notarial.

Estas circunstancias permitían, a nuestro juicio, que el tribunal de instancia estimara y concluyera en su ánimo que indirecta o circunstancialmente se probó que el cau-sante Moczó suscribió el pagaré en cuestión, y que la sola omisión de la firma del notario no lo invalidaba ni afectaba en su sustancia su autoautenticidad y veracidad. Queda, sin embargo, el reclamo legítimo, stricto jure, de la sucesión. Aunque el 5 de agosto de 1981 expresó que no había formu-lado en tiempo su contestación a la demanda, pues estaba “en espera de que la parte demandante [le] contestara si aceptaba una oferta de transacción”, al otro día la presentó, pero negó la existencia de dicha deuda. Ya había fallecido el doctor Moczó. Es perfectamente .comprensible y legítima esa posición forense y explica los méritos del recurso de la sucesión ante nos. En última instancia, no puede descar-tarse la posibilidad de que, más que una simple omisión, el pagaré nunca fuera suscrito por el causante doctor Moczó o que si lo hizo no fuera ante el notario Morales. Esta última posibilidad derrotaría ipso jure su autoautenticidad y la parte actora tendría que recurrir a otros medios supletorios para probar su contención. Ello ciertamente es un obstáculo para que prevalezca la sentencia.

Por otro lado, según también indicamos, del análisis integral de toda la evidencia documental surgen circuns-tancialmente ciertos indicadores, algunos fuertes, de que probablemente fue suscrito por el causante ante el notario Morales —al igual que lo hicieron algunos de los otros deu-dores— y que podría tratarse de una mera omisión subsa-nable.

Más que simples conjeturas, “a base de criterios de pro-babilidad” ambas posiciones son atendibles. Ante esta encrucijada, en un balance justiciero, nos inclinamos a resolver que procede la devolución del caso al foro de instancia para que las partes diluciden la legitimidad del documento o la certeza de la obligación, a través de los dis-tintos medios disponibles.

Se expide el auto y se dicta sentencia en que se devuelve el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para trámites compatibles con lo expuesto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la señora Secretaria. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

La decisión que hoy toma este Tribunal trastoca el prin-cipio adversativo en que descansa el sistema judicial y, en cuanto al Derecho probatorio, pone en entredicho nada menos que la necesidad de la firma del funcionario ante quien se suscribe un documento a los fines de su autenti-cidad. Por ello disiento.

El Banco Gubernamental de Fomento demandó a Ofici-nas Profesionales, Inc. y a varias personas naturales en cobro de $518,625.07, suma a la que, según alegó, estaba reducida una deuda de la corporación demandada, repre-sentada por un pagaré por $735,000. Reclamó además el pago de intereses y $73,500 pactados para costas, gastos y honorarios de abogado. La deuda estaba garantizada me-diante hipoteca, cuya ejecución se solicitó en la demanda.

Entre las personas naturales incluidas como demanda-dos aparecen Juan Moczó Aliaga, Isabel Moczó Aliaga y Pilar Aliaga viuda de Moczó, como miembros de la sucesión de Juan B. Moczó. Se predicó la causa de acción contra éstos en la alegación de que su causante, Dr. Juan B. Moczó, ga-rantizó personalmente la obligación de Oficinas Profesio-nales, Inc. hasta el 5.67 por ciento del principal, más inte-reses, costas, gastos y honorarios de abogado. Dichos codemandados negaron dicha alegación en su contestación a la demanda. Recurren de sentencia en su contra.

La única prueba presentada durante el juicio, en lo que concierne a la responsabilidad de los aquí recurrentes, con-sistió en el pagaré por $735,000 y un documento en que, según se alegó, el Dr. Juan B. Moczó garantizó personal-mente la deuda hasta el 5.67 por ciento. El documento con-tiene el nombre del doctor Moczó al calce en manuscrito y el nombre, también en manuscrito, como testigo, de J.E. Colón, M.D. Contiene un número de afidávit y el sello notarial del notario Jorge M. Morales. No aparece la firma del notario. Éste no fue llamado a declarar en el juicio. Tam-poco declaró el “testigo” del documento, J.E. Colón, M.D. Los demandados, aquí recurrentes, que negaron la ale-gación de la demanda que responsabilizaba a su causante, objetaron la admisibilidad del descrito documento. Entien-do que no fue autenticado y era, por tanto, inadmisible.

Este Tribunal elabora unas expresiones a mi juicio un tanto confusas sobre el requisito de la firma del notario autorizante de un documento a los fines de su autenticidad. Parece dar más importancia a que el documento tenga un número de afidávit y el sello de un notario, que al requisito de la firma del notario. A mi juicio la firma del notario es el elemento más importante para la autenticidad del docu-mento. El número del afidávit y el sello del notario los puede poner la secretaria. La firma del notario solamente él puede ponerla. El notario es el depositario de la fe pública. Es el testigo fedatario que el Estado provee para dar auten-ticidad a los instrumentos que han de dar fe de su propia autenticidad. Francamente no comprendo el malabarismo en que se ha confundido este requisito esencial. El número del afidávit y la impresión del sello son accesorios. La firma del notario es lo principal.

Hay algo más en este caso que, en vez de fortalecer, debilita la autenticidad que se le pretende dar al docu-mento. El notario Morales firmó todos los afidávit que los otros garantizadores otorgaron, y en ninguno de ellos apa-rece la firma de J.E. Colón. Únicamente aparece la supuesta firma de J.E. Colón en el documento que está huérfano de la firma del notario Morales. Me resisto a creer que un número de afidávit y el sello del notario Morales convirtieron ipso facto a J.E. Colón, M.D. en depositario de la fe pública notarial e hicieron autoautenticable el documento.

La conclusión final de este Tribunal, de remitir a instancia para que “las partes diluciden la legitimidad del documento” sienta, a mi juicio, un mal precedente. Hay unas reglas de juego: en este caso, las Reglas de Evidencia. El Banco Gubernamental de Fomento, que no es una entidad indigente, representado por competentes abogados, no probó bajo esas reglas que el doctor Moczó firmara el documento de garantía. Este Tribunal reabre el caso para permitir que ahora traten de probar, si pueden, lo que no pudieron o no quisieron o no supieron probar.

Por último, debo consignar mi preocupación de que en la sentencia del Tribunal se haga referencia a una oferta de transacción para, sin decirlo expresamente, poner en duda la validez de la posición de los recurrentes de negar la ale-gada deuda de su causante, el doctor Moczó. Hace más de siete décadas dejó sentado este Tribunal el principio de que una oferta de transacción no aceptada no es admisible como un reconocimiento de responsabilidad. Pérez v. Guánica Centrale, 17 D.P.R. 963, 969 (1911). Señalamos que la oferta de transacción hecha por el demandado “a lo sumo lo que significa es que desea evitar el pleito o su continuación, por lo que tal clase de prueba nunca debe ser permitida por los tribunales”. Esta norma ha sido consistentemente seguida. Véanse: Díaz v. Arroyo, 50 D.P.R. 319, 323 (1936); Pueblo v. Central Cambalache, 59 D.P.R. 60, 74 (1941); Rodríguez v. Great Am. Indemnity Co., 63 D.P.R. 605, 610, 611 (1944); Pueblo v. Ruiz, 83 D.P.R. 349, 354 (1961). En 1979 dicha norma fue incorporada como Regla 22(B) de las vigentes Reglas de Evidencia. ¿Son esta norma y la falta de autenti-cidad del documento tecnicismos que deben echarse a un lado en este caso?

Yo no creo que los tecnicismos deben derrotar el logro de la justicia. Pero creo también que en un régimen de ley se excusa, y se justifica, que nos apartemos de los tecnicismos únicamente para dar otra oportunidad de que se haga justi-cia al débil, al que no puede pagar un buen abogado. Esa no es la condición del recurrido en este caso.


author: PER CURIAM:

text:
      In re Máximo Rivera Carmona, querellado.

      Número: O-82-330

      Resuelto: 15 de junio de 1983

      Eduardo E. Ortiz, abogado del querellado; Ramón A. Cando, Comisionado Especial; Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Lourdes del Carmen Rodríguez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El Procurador General formuló querella contra el abogado Máximo Rivera Carmona que, en resu-men, le imputaba los siguientes cargos: (1) La Sra. Petra Feliciano y su madre, Sra. Juana Rodríguez, lo contrataron para que atendiera la reconsideración de las sentencias de los casos criminales seguidos contra Pablo Feliciano, y el querellado les solicitó $1,500, de los cuales se le adelantaron $1,200 para sacarlo de la cárcel. El querellado les dijo que ese dinero no era para él, sino para el Juez Marcano y el fiscal, para que aquél declarara con lugar la reconside-ración y éste no se opusiera; (2) El Sr. Virgilio Soto contrató los servicios profesionales del querellado para que le tra-mitara las licencias de tener y poseer y de portación de armas y le limpiara su récord, por lo que le pagó $400, y el querellado no realizó dichas gestiones; (3) El Ministerio Público presentó una acusación contra el querellado por infracciones a los Arts. 6, 7 y 8 de la Ley de Armas, 25 L.P.R.A. secs. 566, 567 y 568, y tentativa de asesinato, por motivo de haber el querellado instigado a su padre a que disparara contra un tercero.

El Comisionado Especial nos rindió un informe sobre los anteriores cargos, del cual surgen los siguientes hechos. En cuanto al primer cargo, aparece que las señoras Rodríguez y Feliciano contrataron a querellado para que obtuviese la libertad del hijo de la señora Rodríguez y que el licenciado Rivera Carmona ofreció hacerlo en tres meses. Les pidió $1,500 y expresó que él no estaba cobrando esta suma, sino que era para el Juez Juan Marcano Ortiz y el fiscal. Ellas le dieron $1,200 por adelantado y el querellado les expidió un recibo por esa cantidad. El licenciado Rivera Carmona presentó moción de reconsideración y el Juez Marcano la declaró sin lugar. Las perjudicadas le informaron a una ofi-cial probatoria y al Juez Marcano cómo habían contratado al querellado y lo que éste les había dicho sobre el pago de los $1,500. Al formulársele entonces denuncia al querellado por el delito de apropiación ilegal agravada, éste devolvió los $1,200 a las perjudicadas y ellas declararon en la vista preliminar que, por esta razón, no tenían interés en que prosiguiera el caso. El Juez Marcano testificó que el quere-llado nunca le había hecho tal proposición. El juez que pre-sidió la vista preliminar determinó que existía causa probable. Posteriormente, el querellado fue absuelto por un jurado.

Sobre el segundo cargo, declaró el señor Soto que solicitó los servicios del querellado, licenciado Rivera Carmona y del señor Manuel Figueroa Figueroa, quien se dedicaba a gestionar licencias de portación de armas, para que le con-siguieran una licencia. Éstos le indicaron que le costaría $400: $300 para comprar el arma y $100 para el querellado. El licenciado Rivera Carmona no realizó gestión alguna para obtener la licencia. Soto inquirió al querellado sobre sus gestiones y éste le dijo que había dejado de trabajar con Figueroa y que no tenía ya nada que ver con su caso. Soto denunció a ambos y ellos le devolvieron los $400. En la vista preliminar el señor Soto declaró que no tenía interés en continuar con el caso porque se le había devuelto su dinero, y se archivó el mismo.

Los hechos que dieron base al tercer cargo ocurrieron el 15 de diciembre de 1979. El padre del licenciado Rivera Carmona hizo alegación de culpabilidad en cuanto a todas las acusaciones y fue declarado culpable y convicto de los delitos por los que se le acusaba. Se archivaron los casos contra el querellado, porque el perjudicado y su esposa expresaron su deseo de darle una oportunidad por ser pariente de ellos y tener “nenes pequeños”.

El querellado no ha objetado el informe del Comisio-nado.

Las determinaciones de hecho formuladas y la prueba documental demuestran claramente una grave conducta impropia por parte del querellado, contraria a los Cánones 9, 18, 19, 23 y 38 de Ética Profesional. Al expresarle falsamente a sus clientes que el dinero que estaba cobrando era para sobornar a un juez, revela tal grado de depravación moral que quebranta la confianza del pueblo en la administración de justicia, por constituir un ataque mentiroso, injustificado e ilícito contra un juez y contra la dignidad y el honor de los tribunales.

El querellado incurrió en grave falta al retener la suma adelantada en concepto de honorarios por el señor Soto sin realizar la gestión a la cual se comprometió, en violación a los Cánones 18, 19 y 23. In re Arana Arana, 112 D.P.R. 838 (1982).

Por último, la actuación suya que dio lugar a las acusa-ciones bajo la Ley de Armas y de tentativa de asesinato, al igual que los anteriores cargos, demuestran que el quere-llado está incapacitado ética y moralmente para ejercer la profesión de abogado.

Se ordena la separación permanente del querellado Máximo Rivera Carmona del ejercicio de la profesión de abogado y notario.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Puerto Rico Telephone Company, demandada y recurrente.

      Número: R-82-444

      Resuelto: 15 de junio de 1983

      José R. Ortiz, abogado de la recurrente; Miguel Pagan, Procura-dor General Interino, y Doris M. Santiago, del Departamento de Justicia, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La Oficina de Asuntos Monopolísticos del Departamento de Justicia de Puerto Rico requirió a la Puerto Rico Telephone Company (“la Telefónica”) la información siguiente sobre ciertos teléfonos: (1) el nombre del abonado, (2) su dirección actual, (3) la fecha de instalación y, (4) de no estar en servicio, el nombre del usuario anterior y la fecha en que se dio de baja.

La Telefónica suplió la información requerida sobre aquellos usuarios cuyos nombres y direcciones constan en el directorio telefónico, mas se negó a suministrar la infor-mación sobre los números no publicados. La compañía fundó su negativa en una cláusula de confidencialidad exis-tente en el contrato de servicios con los abonados de esos teléfonos. La Telefónica no notificó a los usuarios del reque-rimiento efectuado por el Departamento.

El Estado demandó a la Telefónica al amparo del Art. 17 de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. see. 273), para obtener la información denegada. La Tele-fónica alegó, entre otros planteamientos, que el requeri-miento en cuestión violenta los derechos constitucionales de los referidos usuarios, a quienes tampoco les informó enton-ces de la acción pendiente.

El Tribunal Superior se negó a considerar el argumento constitucional, por entender que la Telefónica carece de capacidad jurídica para plantearlo, y ordenó que se brin-dase la información solicitada. La Telefónica ha recurrido a este foro.

1. La capacidad de la Telefónica para plantear el dere-cho a la intimidad de los usuarios.

La regla general prevaleciente en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en lo que va de siglo, es que las partes en litigios penales o civiles en las cortes federales tienen capacidad tan solo para plantear sus propios derechos contra actos alegadamente ilegales del gobierno. Gladstone, Realtors v. Village of Bellwood, 441 U.S. 91, 100 (1979); Williams v. Eggleston, 170 U.S. 304, 309 (1898). La norma no posee rango constitucional, únicamente representa uno de varios métodos que emplea en forma voluntaria el Tribunal para ejercer con moderación y prudencia sus poderes constitucionales. Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965).

La regla no se ha aplicado uniformemente. Se han reco-nocido muchas excepciones. Algunas veces se ha intentado, con éxito discutible, formular una explicación coherente de la norma general y sus variantes. La formulación judicial más conocida es la expuesta en Singleton v. Wulff, 428 U.S. 106, 113-116 (1976). (La opinión principal sólo obtuvo una pluralidad de votos.)

Singleton, supra, expone dos razones para la regla general. La primera es que los tribunales no deben adjudicar innecesariamente los derechos de terceros que no tienen interés en plantearlos o que los disfrutarán, suceda lo que suceda en el pleito. La segunda es que los terceros pueden, usualmente, argumentar sus propios derechos en forma más eficaz. Cuando, en vista de la relación entre el litigante y el tercero, los derechos de éste habrán de afectarse y cuando el litigante está en condiciones de defender adecua-damente el derecho del tercero, se considera, en cambio, que existe entonces capacidad a tal fin.

Los comentaristas favorecen diversos enfoques del pro-blema, aunque por lo general concurren en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos aún no ha logrado establecer convincentemente los principios que deben regir la invo-cación del jus tertii (derecho de terceros).

R. Sedler, en Standing to Assert Constitutional Jus Tertii in the Supreme Court, 71 Yale L.J. 599, 627 (1962), estima que deben tomarse en cuenta cuatro factores al determinar la capacidad para invocar los derechos de otros: (1) la índole del interés del litigante, (2) la importancia del derecho invocado, (3) la sustancialidad de la relación entre el reclamante y las terceras personas, y (4) la factibilidad de que los terceros puedan hacer valer sus propios derechos. Véase: Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267, 272 (1975).

La posición de Sedler ha sido criticada duramente. Se ha argumentado que el tercer factor confunde problemas de jus tertii con los requisitos jurisdiccionales del Art. Ill de la Constitución de Estados Unidos y que el segundo, al sujetar los derechos constitucionales a un sistema de rangos, los debilita. Se ha expresado, además, que Sedler no tomó en consideración, entre otras, cuestiones tales como el interés en preservar los derechos de terceros, el riesgo de resultados fortuitos y la deseabilidad de examinar los plan-teamientos que se hagan dentro de un marco concreto de hechos. Note, Standing to Assert Constitutional Jus Tertii, 88 Harv. L. Rev. 423, 442-443, n. 96 (1974); M. Rohr, Fighting for the Rights of Others: The Troubled Law of Third-Party Standing and Mootness in the Federal Courts, 35 U. Miami L. Rev. 393, 462-463, n. 293 (1981).

La tendencia actual es decididamente hacia la liberalización y simplificación de las normas que rigen esta zona del Derecho. K. Davis, The Liberalized Law of Standing, 37 U. Chi. L. Rev. 450 (1970); L. Jaffe, Standing Again, 84 Harv. L. Rev. 633 (1971). Rohr estima que se debe reconocer la capacidad para invocar el jus tertii en todo caso, excepto: (1) cuando el tribunal crea razonablemente que el litigante no representará debidamente el interés de los terceros concernidos, o (2) cuando el cuadro de hechos no sea lo suficientemente concreto como para permitir la adjudicación de las cuestiones presentadas, conforme las normas relativas a la madurez de las controversias. Rohr habla también de la necesidad de una relación causal entre el daño al litigante y la acción gubernamental impugnada. Op. cit., pág. 463.

Wright, Miller y Cooper consideran que “cualquier reglamentación directa de una relación debe conferirle capacidad a cualquier parte de ésta para argumentar la invalidez de la reglamentación bajo cualquier base”. 13 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction 2d, Sec. 3531, pág. 79 (Supl. 1980).

Laurence Tribe ha sugerido que se reconozca capacidad para demandar, en todo caso en que el deber impuesto al litigante puede afectar probablemente los derechos de un tercero o cuando éste no está en posición de hacerlos valer. L.H. Tribe, American Constitutional Law, Mineóla, New York, The Foundation Press, Inc., 1978, pág. 112.

En Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974), comentamos ampliamente las dificultades de este campo. Véase: Data Processing Service v. Camp, 397 U.S. 150, 151 (1970). Estas dificultades tienen diversas fuentes. En primer término, tendemos a veces a olvidar que, a fin de cuentas, la doctrina de capacidad para demandar es tan solo un mecanismo que los tribunales utilizan en ocasiones para delimitar su propia jurisdicción, para no adentrarse en los dominios de otras ramas del gobierno, para no lanzarse a resolver cuestiones hipotéticas o planteadas dentro de un contexto inadecuado de hechos, para ejercer, en suma, las “virtudes pasivas” sobre las que teorizaba Alexander Bickel. Bickel, The Supreme Court 1960 Term — Foreword: The Passive Virtues, 75 Harv. L. Rev. 40 (1961). Hay que ir, para sopesarlas a plena luz, a las fuerzas subyacentes que motivan en la realidad la abstención o intervención judicial en una situación dada.

En segundo lugar, nos inclinamos mucho a la generalización, a sentar normas con vocación de universalidad en circunstancias muy dispares que requieren tratamientos diferentes. El familiar modelo de la contienda privada ha nublado en algunos casos, por ejemplo, el análisis de la acción pública emergente. Se sigue buscando por algunas cortes el daño personal al litigante, cuando el problema es formular otro juego de normas para la consideración de cuestiones de vasto interés público. A. Chayes, The Supreme Court 1981 Term — Foreword: Public Law Litigation and the Burger Court, 96 Harv. L. Rev. 4 (1982).

Estimamos que debe distinguirse entre situaciones diversas. En el caso de autos, nos limitaremos a determinar si debe reconocerse capacidad para demandar, en circuns-tancias como las que distinguen este pleito. El caso actual presenta la peculiaridad de que la Telefónica disfruta cla-ramente de la facultad de que se dilucide si, por razón del contrato que suscribe con abonados que exigen, pagando por ello, que sus números de teléfono no se den a la publi-cidad, ella puede negarse a suministrar la información requerida por el Departamento de Justicia. La Telefónica tiene, obviamente, interés directo en la cuestión. La pecu-liaridad consiste en que la resolución del asunto puede afec-tar el derecho de terceros. Éstos, a su vez, se encuentran en la posición singular de que no pueden defender su derecho, porque desconocen la existencia del pleito. Su notificación y comparecencia en esta causa, además, puede frustrar la investigación del gobierno o causar la identificación de las personas que podrían reclamar, con razón o sin ella, su derecho a la intimidad. Véanse: N.A.A.C.P. v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958); Warth v. Seldin, 422 U.S. 490 (1975).

Las razones que se han esgrimido usualmente para intentar justificar la determinación de incapacidad para demandar, o que han apoyado sub rosa tal juicio, están ausentes de este litigio. No se trata de invadir terrenos que deban reservarse a otras agencias del gobierno, ni existe otra base sólida para la abstención judicial. Aun dentro del modelo clásico de lo que constituye un “caso” o “controversia”, las partes ocupan la tradicional posición adversaria que caracteriza el modelo. La Telefónica está sujeta a sufrir daño. La controversia se presenta dentro de un marco de hechos concretos; está madura para resolverse. La Telefónica está en condiciones de argumentar adecuadamente —y en efecto lo ha hecho— los derechos de las terceras personas concernidas. Éstas, a su vez, no se encuentran en posición ideal para hacerlos valer. Estamos ante una situación especial en que, no importa el enfoque que se prefiera, el de Sedler, el de Rohr, el de Wright, Miller y Cooper, el de Tribe, el de Chayes o el de Singleton, supra, la capacidad de la parte concernida para invocar el jus tertii, es incuestionable. A la luz de los valores verdaderamente en juego y sin pretensión de sentar una norma aplicable a todo género de circunstancias, fallamos que la Telefónica está facultada para plantear los derechos de intimidad que pue-dan poseer sus abonados en la situación específica de hechos que caracteriza el caso de autos.

2. Naturaleza del derecho a la intimidad de los usuarios y el poder de investigación del Estado.

Las Secs. 1, 8 y 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado protegen el derecho de intimidad de nuestros ciudadanos. Ocupan un lugar privilegiado en la gama de derechos que la Constitución ampara. Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 439-440 (1975); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 258-263 (1978). Esto no quiere decir que el derecho a la intimidad vence a todo otro valor en conflicto bajo todo supuesto concebible.

El caso de autos envuelve un choque entre el interés del Estado en obtener acceso a información pertinente a una investigación y el derecho de los individuos a su intimidad. Examinemos la dimensión y fuerza de estos valores dentro de la situación específica que presenta este caso.

La Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado escuda a los ciudadanos contra citaciones administrativas irrazonables. Nuestra jurisprudencia establece tres criterios para determinar la razonabilidad de una citación proveniente de una agencia adminis-trativa: la investigación debe estar dentro de la autoridad de la agencia; el requerimiento no debe ser demasiado indefi-nido y la información solicitada debe ser pertinente a la investigación. Cooperativa Cafeteros P.R. v. Colón Torres, 84 D.P.R. 278 (1961); Comisionado de Seguros v. Bradley, 98 D.P.R. 21 (1969). El cumplimiento con estos requisitos no se ha cuestionado en este pleito. No podría serlo. La Oficina de Asuntos Monopolísticos tiene la facultad para expedir citaciones o requerir documentos e información pertinentes a las investigaciones que conduzca. Art. 15(2) de la Ley Núm. 77 de 25 de junio de 1964 (10 L.P.R.A. sec. 271(2)). La información es pertinente a la investigación que realiza la agencia sobre supuestas prácticas ilegales mediante el uso de teléfonos. La información que se requiere es precisa.

Quedan por determinar los criterios que deben guiar la discreción judicial, cuando la facultad investigativa de una agencia estatal choca con el derecho a la intimidad en con-textos análogos al presente.

En Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324, 331 (1979), expresamos que: “La cuestión central es si la persona tiene un derecho razonable a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete.” Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967). En United States v. Westinghouse Elec. Corp., 638 F.2d 570, 578 (3rd Cir. 1980), fundado en Whalen v. Roe, 429 U.S. 589 (1977), se enumeran los factores a sopesarse, conforme la referida corte:

Los factores que deben considerarse para resolver que se jus-tifica determinada intrusión en la esfera de intimidad de un individuo son el tipo de documento requerido, la información que contiene o podría contener, la posibilidad de perjuicio por cualquier divulgación subsiguiente no consentida, el daño que la divulgación pueda ocasionarle a la relación que generó los documentos, la adecuacidad de las medidas encaminadas a prevenir la divulgación no autorizada, el grado de necesidad de acceso a la información y el hecho de si existe un mandato estatutario expreso, una política pública articulada u otro interés público reconocible que milite a favor del acceso. (Traducción nuestra.)

En el género de casos que nos concierne aquí, el criterio dominante debe continuar siendo la existencia de una expectativa razonable de que se respete la intimidad del individuo. Los factores enumerados en Westinghouse Elec. Corp., supra, pueden ser de ayuda, mas claramente exigen refinamiento y ajustes. La importancia del documento requerido o la naturaleza de la información solicitada no puede de por sí, por ejemplo, justificar la invasión de la intimidad de una persona.

En el caso de autos, los usuarios con teléfonos privados aseguran, mediante la cláusula de confidencialidad inserta en su contrato con la compañía, que sus teléfonos no figuren en el listado público y que sólo sus amigos o relacionados tengan acceso telefónico a ellos. ¿Es razonable pensar que el pago extra por un teléfono privado le debe conceder también al abonado un baño de inmunidad contra el poder investigativo, legítimamente empleado, de una agencia gubernamental? A nuestro juicio, no. No existe aquí posibilidad de perjuicio indebido por una divulgación subsiguiente no consentida. El estatuto que faculta al Departamento de Justicia a expedir citaciones dispone, en parte, que:

La información obtenida en el uso de las facultades otorga-das en esta sección se mantendrán [sic] en estricta confiden-cialidad, excepto en tanto sea necesario usarla para fines de cualquier acción judicial por parte del Estado. 10 L.P.R.A. see. 271(2).

El perjuicio a que está expuesto un abonado en estas cir-cunstancias es a que la investigación en proceso revele alguna involucración de su parte en la comisión de infrac-ciones a la legislación contra los monopolios. La invasión a la intimidad es mínima —no está envuelto aquí el derecho a la asociación, la secretividad de las comunicaciones y papeles propios, la dignidad de su persona, la inviolabilidad de su morada sin orden judicial suficiente y derechos análo-gos— frente a la clara necesidad de acceso a información estrictamente limitada, como la que se requiere aquí, para el cumplido ejercicio del poder investigativo del Estado bajo la autoridad concedida por mandato expreso de ley.

Por las razones expuestas, bajo la Regla 50 de nuestro Reglamento, se confirmará la sentencia recurrida. La Puerto Rico Telephone Co. deberá brindar la información requerida por la Oficina de Asuntos Monopolísticos.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión.

       Sobre el problema de la representación adecuada y el de la posición del tercero para reclamar directamente sus derechos, resolvemos prospectivamente que en situaciones análogas a la actual los tribunales deben considerar la alta deseabilidad de nombrar un amicus curiae para representar al tercero o de que se le notifique al tercero del pleito, sin lesionar sus intereses o los del Estado. Véase: Tribe, op. tit., sec. 3-29, pág. 114. Cuando puedan lesionarse los intereses del Estado, deberá procederse a nombrar un amicus curiae, nombramiento que debe recaer en un abogado o abogados prominentes, quienes por fuerza tendrían que rendir sus servicios pro bono publico.


text:
      In re Raúl Aquino Figueroa, notario.

      Número: 1663

      Resuelto: 15 de junio de 1983

      Govén D. Martínez Suris, querellante; Raúl Aquino Figueroa, pro se.

   RESOLUCIÓN

El notario Sr. Raúl Aquino Figueroa notificó tardía-mente, y sólo después de requerimiento por el Inspector de Protocolos, siete escrituras de ratificación de poder otorga-das por mandatario verbal, las que autorizó en los años 1981, 1982 y 1983. Ofreció como justificación de su tardanza que la Regla 12(c) de nuestro Reglamento no contiene tal requisito. El Reglamento de este Tribunal es esencialmente un cuerpo de disposiciones adjetivas dirigidas a viabilizar y realizar en la práctica las normas substantivas de Derecho. Al efecto la parte relevante de la citada Regla 12(c) se li-mita a instruir que “[l]os notarios darán estricto cumpli-miento a las disposiciones estatutarias relativas a certifica-ciones y notificaciones sobre testamentos y poderes otorga-dos [o protocolizados] ante ellos, que podrán cumplimentar mediante entrega personal o por correo certificado”. La norma de Derecho fue expuesta en Resolución de este Tribunal de 11 de marzo de 1976, 104 D.P.R. 696, en la que consideramos la ratificación del mandato como su demo-rada constitución y nacimiento en el campo formal de nues-tra Ley Notarial, y por tanto acto de obligada notificación al Registro de Poderes. 4 L.P.R.A. see. 922. No hay conflicto entre Reglamento y Resolución.

Toda vez que el notario asegura que su omisión no ha tenido consecuencias reveladas de daño a persona alguna ni de pleitos o controversias, derivamos de su explicación una inadvertencia del alcance de la citada Resolución de 11 de marzo de 1976 y considerando, además, que es ésta la pri-mera ocasión en que este notario incumple las disposiciones reguladoras de su cargo, y la pluralidad de infracciones, deberá satisfacer una penalidad nominal de $50 que le imponemos según lo autoriza la See. 926 del Tít. 4 de L.P.R.A.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General.

(.Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
    Guillermina González Reyes, Luis Torregrosa Rodríguez y Juan Colón Rodríguez, etc., demandantes y apelantes, v. Hon. Carlos Romero Barceló, como Presidente del Partido Nuevo Progresista, y el Partido Nuevo Progresista, demandados y apelados.

      Número: O-83-373

      Resuelto: 17 de junio de 1983

      Luis R. Dávila Colón, abogado de los recurrentes; Alex González y Alberto J. Pérez Hernández, abogados del recurrido Hon. Carlos Romero Barceló; Antonio Córdova González, abogado del recurrido Partido Nuevo Progresista.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

En P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8, 15 (1981), resolvimos que al surgir una vacante en la Asamblea Legislativa la facultad de cubrir el escaño en primer término corresponde al partido del legislador que la provocó. Reconocimos entonces que el método de sustitución que adopte el partido para cubrir el escaño vacante está sujeto a las garantías del debido proceso y la igual protección de las leyes. Hoy se nos plantea si la designación del sustituto por los organismos internos de un partido —Asamblea de Delegados de Comités de Unidad Electoral— cumple o no con tales garantías.

Pasamos de inmediato a exponer brevemente los hechos que dieron lugar a este recurso y los fundamentos de nues-tra decisión.

En las elecciones generales celebradas en el año 1980 resultó electo Representante a la Cámara por el Distrito Representativo Núm. 4 de San Juan el candidato del Par-tido Nuevo Progresista, Sr. Adolfo Dones.

En el 1981 el Partido Nuevo Progresista, luego de cele-brar vistas públicas a través de toda la Isla, revisó su reglamento. El nuevo reglamento fue aprobado por el Comité Ejecutivo del partido, la Junta Central y, final-mente, la Asamblea General del partido el 15 de noviembre de ese año. Dicho partido llevó a cabo una reorganización conforme las disposiciones del nuevo reglamento. Así se establecieron los comités de Unidad Electoral como los co-mités base del partido. Éstos se estructuraron según los límites geográficos establecidos por la Comisión Estatal de Elecciones para cada Unidad Electoral. Cada comité con-siste en un presidente, un vicepresidente, tres mujeres, tres jóvenes y un miembro por acumulación por cada colegio electoral que haya en la Unidad Electoral. Todos estos miembros son los delegados de la Unidad y se eligen me-diante voto secreto en colegio abierto entre electores bona fide del P.N.P. que residen en los límites geográficos de la Unidad. Estos miembros, a su vez, eligen un presidente y un vicepresidente de precinto y dos delegados del precinto ante el Comité Central Municipal. Véanse los Arts. 63 y 64 del Reglamento del Partido Nuevo Progresista del 15 de noviembre de 1981.

En el caso que aquí nos concierne, el Distrito Represen-tativo Núm. 4, el precinto quedó constituido por 34 comités de Unidad Electoral y 412 delegados en total. El presidente electo fue el Hon. Adolfo Dones y como vicepresidente quedó el Sr. Sixto Ortiz.

El 15 de abril de 1983 falleció el representante Dones, creándose la vacante aquí en controversia. En su capacidad de presidente del partido, y conforme la facultad conferida por el Art. 86 del Reglamento, el Hon. Carlos Romero Bar-celó recomendó al secretario del partido que se celebrara una Asamblea de Delegados para nominar a un candidato para cubrir esta vacante. El 10 de mayo el Comité Ejecu-tivo del partido aprobó una resolución en la que adoptó las recomendaciones de su presidente y ordenó la celebración de la asamblea el 5 de junio. Presentaron candidatura para aspirar al cargo los señores David Robles, Iván Ortiz y Edgar Correa.

El 20 de mayo la Sra. Guillermina González Reyes y otras dos personas presentaron acción de sentencia declaratoria e injunction contra el Hon. Carlos Romero Barceló, como Pre-sidente del Partido Nuevo Progresista y como Gobernador de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista, la Comisión Estatal de Elecciones y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Alegaron ser electores calificados, residentes del Precinto 4 y afiliados bona fide al P.N.P. Se enmendó la demanda para incluir como demandantes adicionales al aspirante David Robles y otros siete electores.

El tribunal de instancia declaró sin lugar la demanda al concluir que los apelantes tuvieron una representación efec-tiva en la elección de los delegados y que el método utilizado para la elección de éstos no quebrantaba la Constitución del Estado Libre Asociado ni la Ley Electoral o el Reglamento del P.N.P. No conformes los apelantes interpusieron el pre-sente recurso de apelación y en auxilio de nuestra jurisdic-ción le ordenamos al Partido Nuevo Progresista abstenerse de celebrar la Asamblea de Delegados señalada para el 5 de junio. Concedimos término simultáneo a ambas partes para que radicaran alegatos y así lo hicieron. Aceptamos la com-parecencia de un amicus curiae.

I

. El planteamiento fundamental de los apelantes consiste en que se les ha privado ilegalmente del derecho a prima-rias, el que apoyan en disposiciones de la Ley Electoral, Arts. 2.001(8), 4.006 y 5.006 (16 L.P.R.A. sees. 3051(8), 3156 y 3206), y en el Art. 83 del Reglamento del Partido Nuevo Progresista. En la alternativa argumentan que aunque el partido tiene facultad para adoptar métodos alternos para cubrir vacantes de representantes y senadores, el método de Asamblea de Delegados de Comités de Unidad Electoral no cumple con los requisitos establecidos en el Art. 4.006-A, 16 L.P.R.A. sec. 3156a, que fue incorporado a la Ley Electoral en virtud de la Ley Núm. 3 de 10 de enero de 1983.

El reclamo de primarias en este caso no tiene base alguna en la Constitución del Estado Libre Asociado ni en la Ley Electoral. Por el contrario, la Constitución establece con meridiana claridad que “[cjuando surja una vacante en el cargo de Senador o Representante por un distrito, dicha vacante se cubrirá según se disponga por ley”. Constitución del Estado Libre Asociado, Art. III, Sec. 8. En el ejercicio de esta facultad la Asamblea Legislativa adoptó las normas preceptuadas en los Arts. 5.006 y 5.007 de la Ley Electoral, que, como resolvimos en P.P.D. v. Gobernador, supra, pre-servan “la autonomía del partido para seleccionar, por los medios provistos en sus reglas internas, el candidato que habrá de presentar para cubrir el escaño vacante”. Pág. 15.

El Reglamento del Partido Nuevo Progresista tampoco sostiene el reclamo de primarias d.e los apelantes. No obstante, ellos pretenden apoyar su requerimiento en la disposición del Art. 83 del Reglamento, postergando inde-bidamente las subsiguientes disposiciones del Art. 86. Como podrá verse a continuación, el Art. 83 se refiere únicamente a la nominación de candidatos mediante asambleas de todos los miembros del partido de los respectivos organismos internos:

ARTÍCULO 83:— El Partido hará una selección de todos los candidatos que han de aparecer en la papeleta electoral de las elecciones venideras bajo la insignia del Partido. Dispo-niéndose que dicha selección se efectuará de la siguiente manera:
A. Los Candidatos Estatales, que incluyen al Gobernador, al Comisionado Residente y a los Legisladores por Acumu-lación, serán seleccionados en una asamblea general del Par-tido, según lo dispuesto por el artículo 16, inciso (d) de este Reglamento.
B. Los Candidatos a Senadores y a Representantes por Dis-trito y a Alcaldes con los Asambleístas escogidos por éstos, serán seleccionados en asambleas de todos los miembros con derecho al voto de los respectivos organismos del Partido incluidos dentro de la demarcación territorial que corres-ponde. Estas asambleas se celebrarán simultáneamente por Distrito Senatorial, a nivel Municipal. Disponiéndose, ade-más, que los Presidentes de Precinto, Municipio o Comité Central Municipal podrán solicitar asambleas por Precinto al Comité Ejecutivo del Partido, dependiendo de las necesidades de su Municipio. El Comité Ejecutivo también tendrá la facultad de hacer los cambios necesarios por iniciativa pro-pia. Los seleccionados serán los candidatos endosados por el Partido; sin que esto limite el derecho de algún miembro del Partido a acogerse al procedimiento de Primarias que dis-pone la Ley Electoral vigente.
Todos los organismos y oficiales del Partido tienen que dar igual oportunidad a cada candidato para la promoción de su candidatura.

Se reserva, pues, el derecho a primarias al procedi-miento de nominación de candidatos.

El Art. 86 del Reglamento es el que verdaderamente establece la norma a seguirse en los casos de vacantes. En efecto, dicho artículo preceptúa que:

Todas'la vacantes se cubrirán utilizando los mismos meca-nismos dispuestos para su nombramiento o elección, dispo-niéndose que no se permitirá sustitución alguna sin mediar previa autorización escrita del Comité Ejecutivo. En ningún caso podrá hacerse sustitución o llenar vacante alguna dentro de los diez (10) días antes de cualquier Asamblea. El Comité Ejecutivo no considerará ninguna petición de sustitución sin justa causa. En el caso de sustitución de Asambleístas Muni-cipales se exigirá el estricto cumplimiento de los mecanismos establecidos por la Ley Municipal de Puerto Rico.
El Comité Ejecutivo, previa recomendación al efecto del Pre-sidente del Partido, podrá disponer en contrario a lo antes dispuesto por este Artículo, siempre y cuando se entienda que se sirve con ello a los mejores intereses del Partido. (Énfasis suplido.)

Fue en virtud de este artículo que el presidente del par-tido recomendó al Comité Ejecutivo, y éste determinó opor-tunamente, encomendar a la Asamblea de Delegados de las Unidades Electorales del Distrito Núm. 4 cubrir la vacante creada por el deceso del Representante Dones.

En consecuencia de lo antes expuesto, no tiene validez el reclamo de los apelantes de que se les ha privado ilegalmente del derecho a primarias, pues ninguna dispo-sición constitucional, estatutaria ni de reglamento les concede tal derecho.

II

En el segundo planteamiento los apelantes impugnan el método alterno de Asamblea de Delegados de las Unidades Electorales escogido por el Partido Nuevo Progresista porque, a juicio de ellos, no satisface los requisitos del debido proceso de ley. El planteamiento se fundamenta de nuevo en los preceptos del Art. 4.006-A de la Ley Electoral, ante.

Esa disposición legal se refiere, sin embargo, al proceso que han de seguir los partidos políticos cuando de-cidan utilizar cualquier método distinto de la primaria para nominar a sus candidatos a puestos electivos en elecciones generales. La Sec. 4.006-A revela una genuina preocupación del legislador por mantener un balance entre los derechos del candidato y del partido en una etapa tan fundamental del proceso político. Véase, L. H. Tribe, American Constitutional Law, New York, The Foundation Press, Inc., 1978, págs. 287-290. En los Estados Unidos históricamente los estados regulan esa importante función que desempeñan los partidos. J. Kester, Constitutional Restrictions on Political Parties, 60 Va. L. Rev. 735, 738 (1974). En Europa la inter-vención legislativa en este ámbito adopta también variadas formas. Véase, D. Oliver, Reform of the Electoral System, [1983] Public Law 108, 124-125.

No obstante lo razonable que pudiera ser la inter-vención legislativa en el proceso alterno que los partidos adopten en la solución de sustitutos para cargos legislativos vacantes, lo cierto es que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico se ha abstenido de abordar esa zona de nuestro derecho electoral. Desde nuestra decisión en P.P.D. v. Gobernador, ante, no se han alterado en absoluto las disposiciones de los Arts. 5.006 y 5.007. Como sabemos, estos artículos se li-mitan en lo pertinente a reconocer el derecho de los partidos a cubrir las vacantes legislativas en un proceso de selección que sencillamente no lesione los derechos de la igual protec-ción y debido proceso que les asisten a los interesados. El silencio legislativo se debe a las recomendaciones de la Comisión Especial creada por la Asamblea Legislativa para la Revisión del Proceso Electoral de Puerto Rico. En el Informe Adicional sobre el Proceso Electoral en Puerto Rico, la Comisión expresó a la pág. 4 lo siguiente:

Elecciones Especiales. La Comisión para Revisar la Ley Electoral no llegó a ningún acuerdo respecto a los mecanismos de sustitución de vacantes creadas en la Legislatura y en las alcaldías, ya que consideramos que era más conveniente dejar [ios] artículo[s] 5.006 y 5.007 tal como están hasta tanto baje la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos respecto al caso del Distrito Representativo #31 de Caguas. De bajar dicha decisión antes de ser enmendada la Ley Electoral, recomendamos que estos artículos sean enmendados por la Honorable Asamblea Legislativa de acuerdo a dicha decisión. De no bajar para la fecha de aprobación de estas enmiendas sugerimos que en la próxima Asamblea Legislativa se lleven a cabo las enmiendas pertinentes, tanta para atemperarlas con la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos si es que ellos deciden que lo correcto es llevar a cabo una elección especial, como de no bajar de ese modo, clarificar los dos artículos antes mencionados para evitar problemas futu-ros. (Énfasis suplido.)

No se nos escapa que el legislador pudiera muy bien adoptar la norma de no revestir el proceso de cubrir vacantes, de naturaleza extraordinaria, con todos los ele-mentos del proceso ordinario de nominación de candidatos para evitar inconvenientes y gastos a los partidos políticos.

Ante este silencio deliberado del legislador, los partidos son libres de elegir sus propios procedimientos, limitados exclusivamente por las fundamentales nociones de igual protección y debido proceso. P.P.D. v. Gobernador, ante, pág. 15. Cf. Developments in the Law: Elections, 88 Harv. L. Rev. 1111, 1201 (1975).

No nos persuaden los argumentos de los apelantes al efecto de que el Partido Nuevo Progresista haya violado en este caso esos derechos fundamentales. La exclusión de la generalidad del electorado del proceso de selección y, por tanto, la imposibilidad de los candidatos de persuadir a esos electores no es un fenómeno ajeno a estos procedimientos alternos. Por el contrario, su uso parece ser muy frecuente. [Rivera] Rodríguez v. Popular Democratic Party, 457 U.S. 1, esc. 4 (1982). Así, por ejemplo, en Maryland la Sec. 13 del Art. III de la Constitución dispone que el Gobernador nombrará la persona que le recomiende el Comité Central del partido político al que estaba afiliada la persona que cesó en el cargo; en Indiana la persona que va a llenar la vacante es electa por la mayoría de los miembros del comité del precinto donde ocurrió la vacante que son del mismo partido del anterior incumbente, Ind. Code Ann. Sec. 2-2.1-2-1 (Burns 1982); en Carolina del Norte el Gobernador nombra la persona que le recomienda el comité ejecutivo del partido político al que estaba afiliado el que cesó en el cargo o el comité del distrito de la Cámara de Representantes o Senado de dicho partido, N.C. Gen. Stat. Sec. 163-11 (1982); en Illinois la vacante se llena por nombramiento del Comité Senatorial o Representativo, según sea el caso, del distrito legislativo del partido al que pertenecía el incumbente anterior, III. Ann. Stat. ch. 46, Sec. 25-6 (Smith-Hurd Supl. 1982-1983). Los tribunales no han vacilado en sostener la validez de este tipo de procedimientos. Kaelien v. Warden, 334 F.Supp. 602, 606-608 (1971) (tres jueces).

Por otro lado, consideramos que ni el procedimiento seguido para escoger la Asamblea de Delegados en este caso, ni el hecho de que en dicho proceso pudiesen parti-cipar menores de 18 años requiere que en este caso se alcance distinto resultado.

La Asamblea de Delegados del precinto es, como hemos visto, el cuerpo básico en la estructura política del Partido Nuevo Progresista. Es el cuerpo más cercano al electorado novoprogresista. Constituye un sistema más representativo y abarcador que lo que aparentan ser los métodos utilizados en Maryland, Indiana, Illinois y Carolina del Norte. A fin de cuentas es el escogido por el Partido Nuevo Progresista conforme lo autoriza la ley, y no hay justificación para intervenir con su selección.

Los demandantes sostienen que hubo deficiencia signifi-cativa en la manera de selección de los delegados. Pero sus apuntamientos han sido, en lo sustancial, adecuadamente rebatidos por los apelados.

El reglamento del partido dispone que el Comité de Unidad Electoral consistirá de un presidente, un vicepresi-dente, tres mujeres, tres jóvenes entre las edades de 14 a 25 años y tantos miembros por acumulación como colegios de votación hay en la Unidad Electoral. Art. 63 del Regla-mento del P.N.P.

Discutiremos, para concluir, el señalamiento de los ape-lantes en cuanto a la edad de los delegados a participar en la asamblea, que sirve de base también para la opinión disidente. La disidencia se funda en que el procedimiento alterno de Asamblea de Delegados seleccionado por el P.N.P. para cubrir la vacante del Distrito Representativo Núm. 4 está viciado “de nulidad absoluta” porque en la elección de los delegados participaron jóvenes menores de 18 años de edad. Este planteamiento no fue levantado por los apelantes en el tribunal de instancia ni ante este Tribunal. El planteamiento de ellos consiste en que pueden parti-cipar menores en la Asamblea de Delegados, que es distinto a lo que discute la disidencia.

Adviértase de inmediato que la contestación a este plan-teamiento de los apelantes es que se funda en una especu-lación: la posibilidad de que hayan sido electos jóvenes menores de 18 años como delegados. ¿Por qué descansa en la especulación un argumento aparentemente importante, cuando el apelante tenía la responsabilidad de aducir prue-ba específica sobre la edad de los delegados para impugnar-los?

El argumento de la disidencia es más amplio. Se funda en la participación de menores no ya en la asamblea, sino en el proceso de selección de los delegados a la asamblea que, como ya indicamos, no fue levantado por los apelantes.

Debe tenerse presente que la participación de los jóvenes en la elección de delegados de unidades electorales está li-mitada a la selección de los 3 miembros de la juventud y que ellos no participaron en la elección de los restantes delegados. Aparece de los autos que en el procedimiento de elección de los delegados se utilizaron dos papeletas: una blanca para elegir al presidente, vicepresidente, mujeres y delegados por acumulación, y otra papeleta de distinto color para computar las votaciones emitidas por los delegados de la juventud, con la participación de los jóvenes entre 14 y 18 años. Este procedimiento responde a la disposición del Art. 64 del Reglamento del P.N.P., que expresamente dispone que: “los jóvenes que no cumplan 18 años de edad para la fecha de la próxima Elección General, pero sí han cumplido 14 años de edad para la fecha de la Reorganización del Par-tido en dicha unidad, podrán participar solamente en la selección de la representación de la Juventud en el Comité de Unidad Electoral.”

Aun con respecto a este número limitado de delegados de la juventud, conviene saber que no fueron exclusiva-mente los menores de 18 años de edad los que los escogieron, puesto que podían votar también los otros participantes.

De todos modos, los propios apelantes admiten en su ale-gato que “casi todos los candidatos fueron electos por unanimidad y sin oposición alguna”. De manera que ni aun con respecto a los delegados de la juventud hay prueba de que el voto de los menores de 18 años fue decisivo.

No obstante, aun suponiendo que fuera decisivo tal hecho, difícilmente podría quebrantarse el debido procedí-miento de ley, pues no se trata aquí de una elección de can-didatos a un puesto electivo para el cual los electores tienen que satisfacer los requisitos generales de un elector, sino de un procedimiento extraordinario de selección de un susti-tuto que se ha reservado exclusivamente, y hasta que la Legislatura disponga otro método, a las estructuras inter-nas de un partido.

El Reglamento del Partido Nuevo Progresista expresa-mente les dio participación a los jóvenes en su estructura interna con el propósito legítimo de ofrecerles la oportu-nidad de integrarse al proceso democrático del país y de capacitarles en el desarrollo del liderato dentro de esas estructuras. Esta es una característica distintiva de nuestro proceso político. Los otros partidos políticos del país tam-bién le dan participación a los menores en sus estructuras internas. Véanse el Reglamento del Partido Popular Demo-crático, Art. 70 y el Reglamento del Partido Independen-tista Puertorriqueño, Art. 59. No puede imputarse vicio de inconstitucionalidad a ese esquema, pues tiene un propósito racional y deseable democráticamente. El hecho de que personas no cualificadas como electores participen en la estructura interna de los partidos que afecten el proceso polí-tico no es excepcional. Por el contrario, en el fundamental proceso de nominación de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos participan, pueden resultar electos y son electos delegados puertorriqueños y de otras jurisdicciones que no tienen capacidad de votar luego en las elecciones del presidente.

A la luz de los anteriores fundamentos procede que se dicte sentencia en la que se confirme la aquí recurrida y, en consecuencia, que se deje sin efecto la orden emitida en auxi-lio de nuestra jurisdicción el pasado 3 de junio y se conceda a los apelados un término adicional de 30 días a partir de la notificación de esta sentencia para que presenten a la Comisión Estatal de Elecciones una candidatura, a fin de llenar la vacante en el Distrito Representativo Núm. 4.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

-0-

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García.

Choca contra la Constitución un sistema de selección de un legislador como método alterno a la elección, aquel diseñado e implementado para llenar una vacante legislativa tomando sustancialmente como fuente válida el voto de menores de edad y personas no inscritas.

I

El principio general de la universalidad del sufragio consagrado en la Sec. 2, Art. II de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado —piedra angular de nuestro sistema democrático— no es irrestricto ni abso-luto. Admite necesariamente ciertos requisitos mínimos para el ejercicio del voto. Así, en lo pertinente, la Sec. 4 del Art. VI preceptúa que será “elector toda persona que haya cumplido dieciocho años de edad, y reúna los demás requisi-tos que se determine por ley”.

Fundados en estos preceptos, de existencia fundamental, disentimos de la opinión del Tribunal. A poco que reflexio-nemos nos percatamos de que el método escogido por el ape-lado Partido Nuevo Progresista (P.N.P.) para cubrir y seleccionar la vacante en el Distrito Representativo Núm. 4, acaecida con el sensible fallecimiento del Sr. Adolfo Dones Rosario, a saber, Asamblea de Delegados, está viciado de nulidad absoluta. Nos explicamos.

El sistema de Asamblea de Delegados vis-a-vis el dé vo-tación directa es de índole indirecta. Mediante el mismo, un grupo de electores da y confiere a una persona (delegado) la facultad de representarlo. El informe de la Convención Constituyente lo caracterizó como de “segundo grado”, el cual “no es completamente democrático, pues el pueblo está en verdad delegando en otras personas un privilegio que le es inherente. . . 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 2620-2621 (1952). No obs-tante, debidamente implementado y con arreglo al debido proceso de ley es legítimo, aunque de valor secundario.

Según el Reglamento del P.N.P., vigente desde el 15 de noviembre de 1981 —que sirvió de base para la organi-zación actual en dicha demarcación distrital— las “vacantes se cubrirán utilizando los mismos mecanismos dispuestos para su nombramiento o elección”, pero el Comité Ejecutivo podrá disponer lo contrario por recomendación del presi-dente, “siempre y cuando se entienda que se sirve con ello a los mejores intereses del partido”. Art. 86. A su vez, los candidatos a representante por distrito, “serán selecciona-dos en asambleas de todos los miembros con derecho al voto de los respectivos organismos del Partido incluidos dentro de la demarcación territorial que corresponde”. Éstos serán los endosados por el partido sin que se limite el derecho de algún miembro de “acogerse al procedimiento de Primarias que dispone la Ley Electoral vigente”. Art. 83.

En el caso de autos, la convocatoria del Comité Ejecu-tivo, previa recomendación del Presidente del Partido, Sr. Carlos Romero Barceló, fue para una Asamblea de los Delegados del distrito, por entender que “sirve a los mejores intereses del partido”. Expresamente rechaza la cele-bración de unas primarias por ello distraer los recursos económicos y producir dicho mecanismo “divisiones que debilitan”.

No nos corresponde evaluar la sabiduría de esa decisión. Nuestro análisis se centra en la validez jurídica del método. Por tal razón es menester examinar cómo nace esta estruc-tura y su composición. El Art. 63 del Reglamento reza:

Los Comités de Unidad Electoral y los de Sub Unidad Electoral en su caso serán los Comités de base del Partido y estarán estructurados de acuerdo a los límites geográficos especificados por la Comisión Estatal de Elecciones como Unidad Electoral. El Comité Ejecutivo del Partido tendrá la facultad, con la recomendación del Instituto Electoral y el Comité Municipal concernido, [de] permitir en ciertas juris-dicciones, por motivo de efectividad electoral y política que se utilice el concepto de Comité de Unidad Electoral o Sub Uni-dad Electoral. Dichos Comités consistirán de:
1. Un Presidente
2. Un Vice Presidente
3. Tres (3) Mujeres
4. Tres (3) Jóvenes entre las edades de H y 25 años
5. Tantos miembros por acumulación como colegios de votación hay en la Unidad Electoral.
El Presidente nombrará un (1) Secretario y un Tesorero, quienes serán Oficiales de su confianza y desempeñarán las funciones que se le[s] encomiende[n]. El Presidente podrá optar por seleccionar esos oficiales de entre los miembros electos del Comité o podrá hacer su selección libremente de entre personas fuera del Comité. (Énfasis suplido.)

Por su parte, el Art. 64(a) dispone:

Los miembros de los Comités de Unidad Electoral o Sub Unidad Electoral serán electos mediante voto secreto, en cole-gio abierto entre los electores bonafide del Partido que residen en los límites geográficos de la Unidad Electoral o Sub Unidad Electoral y que aparezcan en las listas electo-rales.
De no aparecer en dichas listas, deberá traer evidencia de que cumplirá 18 años de edad, en o antes de la próxima Elec-ción General, sin embargo, los jóvenes que no cumplan 18 años de edad para la fecha de la próxima Elección General, pero sí han cumplido lf años de edad para la fecha de la Reorganización del Partido en dicha unidad, podrán parti-cipar solamente en la selección de la representación de la Juventud en el Comité de Unidad Electoral o Sub Unidad Electoral. (Énfasis suplido.)

Conforme a ese mandato, previa elección interna cele-brada el 25 de abril de 1982, el Precinto 4 quedó constituido, mediante ciertas consolidaciones, en 34 comités de Unidad Electoral con 412 delegados. Según indicado, éstos com-ponen la Asamblea de Delegados llamada a elegir el susti-tuto, entre los aspirantes David Robles, Iván Ortiz y Edgar Correa.

A tenor con el Art. 11(b) y (c) del nuevo Reglamento, el P.N.P. posee dos registros: uno para electores inscritos y otro denominado Registro de Personas Afiliadas, contentivo de personas que no son electores capacitados. El Reglamento acuña el concepto Juventud del P.N.P., integrada por jóvenes de 14 a 25 años.

Es un hecho no contradicho que durante el proceso de votaciOn interna se utilizaron dos (2) papeletas: una color b/a itea para elegir al presidente, vicepresidente, mujeres y representantes por acumulaciOn, y otra, color azul, para computar los votos emitidos por los jOvenes. Mediante Ia papeleta blanca votaron no sOlo los electores inscritos -bo-ma fide del P.N.P.- sino aquellos simpatizantes que sin aparecer en las listas electorales cumplirIan 18 aflos "en o antes de la prOxima ElecciOn General" en noviembre de 1984. Además, en la papeleta azul votaron menores desde 14 afios, pero que para las prOximas elecciones generales no habrian de arribar a los 18 aflos. Los demandados apelados admiten que este sistema fue diseflado "precisamente para salvaguardar la igual protecciOn de las leyes y el debido proceso de ley, y asi impedir que jOvenes sin derecho at voto pudieren votar por personas respeeto a las cuales no tenlan derecho a votar". Fag. 19 del Alegato. Si ello es asi, ~,cómo puede sostenerse la validez de su resultado: la Asamblea de Delegados impugnada? A su vez, ~,cómo justificarse que delegados electos por menores de edad puedan ser represen-tativos, votar y elegir a una persona que va a ocupar un escaño legislativo? Igualmente, ~,cOmo puede sustentarse que delegados electos, que son menores, puedan lienar dichas vacantes?

II

Matemãticamente y en términos de porcentaje la proyec-ciOn presuntiva de delegados "jOvenes" -entre las edades de 14 a 25 aflos- es impresionante:

Número Total Número Jóvenes Por Ciento
412 102 24.7

Notamos que esta composición representa un potencial de casi una cuarta (1/4) parte de delegados jóvenes y consti-tuye un número sustancial.

La invalidez de la Asamblea de Delegados se proyecta en esta otra dimensión: los restantes delegados electos por la papeleta blanca. Adviértase que al autorizar y permitir el Art. 64(a) del Reglamento que votaran aquellos menores que al 25 de abril de 1982 no tenían 18 años —pero que los cumplirían para la fecha de las próximas elecciones (6 de noviembre de 1984)— de facto se autorizó que votaran tam-bién menores para los otros delegados. De ese modo se diseminó el germen de nulidad por todo el proceso. Ni en ocasión de elegir los delegados, como tampoco al momento de la convocatoria de la asamblea el 5 de junio de 1983, eran ni podían ser electores capacitados para conferir por delegación un voto. Es axioma elemental que quien carece de determinadas condiciones y aptitud no puede delegarlas.

Un examen cuidadoso de la prueba documental en autos refleja que no se consignó información en el encasillado denominado “Número Electoral” en cuanto a 48 aspirantes “jóvenes electos”. Igual sucedió con 37 personas bajo los encasillados correspondientes a Mujeres y Acumulación. Ambas cifras totalizan 85 delegados adicionales que pre-sumiblemente no tenían ni produjeron tarjeta electoral. Esta situación es un fuerte indicio de que no eran electores debidamente inscritos al momento en que fueron electos.

Ante este cuadro fáctico no vemos cómo la opinión del Tribunal pueda concluir que el planteamiento es especula-tivo y que no hay prueba en el récord que sustancie la impugnación de los apelantes. Todo lo contrario. Su exis-tencia queda inequívocamente demostrada por la Regla 4(a) del Manual de Procedimiento de la Convención de Delega-dos a regir en la propuesta asamblea. Dicha regla, como motivo para recusar a un delegado, aduce que “no es un elec tor debidamente inscrito en Puerto Rico, excepto aquellos que fueron electos por la juventud o en representación de la juventud que no tienen edad para inscribirse. Estos solo podrán ser recusados porque no tienen o no tenían a la fecha de su elección 1U años de edad o porque a esas fechas tenían o ahora tienen 26 años de edad o más”. (Énfasis suplido.)

La insuficiencia de la norma es evidente. Bajo el diseño constitucional vigente están impedidos y descalificados de actuar como delegados aquellos que al momento de su elec-ción —25 de abril de 1982— no estaban inscritos o eran menores de 18 años. En aquel momento era que tenían que poseer plena capacidad para válida y jurídicamente recibir la encomienda representativa. Quien de por sí carece de determinadas cualidades o aptitudes, mal puede ser receptor y representante de esos atributos pertenecientes a otros. Compárese, Tonos Florenzán v. Bernazard, 111 D.P.R. 546 (1981).

En resumen, la Asamblea de Delegados, producto de los Arts. 63 y 64, está viciada desde su incepción. Esta con-clusión se impone independientemente de que todos los delegados fueran elegidos por unanimidad. Ello no des-virtúa los señalamientos expuestos como tampoco el poten-cial de delegados jóvenes ilegalmente electos y cómo ello afecta el carácter legítimo y representativo de la asamblea. Permitir que la misma seleccione a un legislador es incons-titucional y atenta contra principios básicos en nuestro ordenamiento electoral.

I — I I — I I — I

Lo expuesto nos convence de la juridicidad de nuestro decreto mediante el cual se paralizó la asamblea convocada para el pasado 5 de junio de 1983. Tal y como está consti-tuida, el Partido Nuevo Progresista no puede utilizarla para cubrir la vacante. Es menester implementar un método que de raíz no adolezca de la falla constitucional apuntada. No es suficiente, por fiat judicial, excluir a determinado número de delegados (e.g. 102 jóvenes u 85 jóvenes, y otros) como forma de subsanar la falla. Tampoco ámpliar las razones para recusar a un delegado. Aparte del número sustancial que aparenta ser, subsistiría el defecto en cuanto a los otros delegados no jóvenes. Cuantitativa y cualificativamente las fallas son de tal naturaleza que ameritan la intervención judicial.

En P.P.D. v. Gobernador, 111 D.P.R. 8, 16 (1981), se estableció el principio de que el método de sustitución para cubrir un escaño vacante está sujeto a “un procedimiento de debido proceso e igual protección de los derechos de sus elec-tores aspirantes a la nominación”. (Énfasis suplido.) La observancia del debido proceso de ley parte de la premisa cardinal de que cualquier método que se siga será ejercido con la participación directa o indirecta de electores capaci-tados. Lo contrario choca con el sentido común. Sería una burla a los postulados democráticos. Aunque un partido polí-tico puede incorporar a su estructura jóvenes que no tengan capacidad para votar, no puede integrarlos al proceso que culminará en la elección de una persona para un puesto público.

Tampoco puede invocarse aquí la norma de abstención judicial a base de que, careciendo del resultado final de la Asamblea de Delegados, resulta prematura —e inclusive podría ser académica— nuestra intervención. Ante la clara violación constitucional y comprobada nulidad del método, se impone un remedio inmediato que proteja el derecho de los demandantes apelantes. Posponerlo podría tener los siguientes efectos negativos: (1) les causaría grave perjuicio; (2) dejaría en un limbo jurídico temporal la validez del método; (3) afectaría la imagen pública del P.N.P.; (4) aumentaría los gastos de ese partido, lo cual constituye uno de los fundamentos que movió a su Comité Ejecutivo a escoger este método; y (5) expondría y envolvería al Poder Judicial en la delicada función de decidir con posterioridad a un resultado interno eleccionario, no ya a base de una eva-luación puramente jurídica de la legitimidad y suficiencia del proceso —que es lo que ahora nos ocupa — , sino de adju-dicar a quién certificar como candidato.

H <1

Finalmente, nuestro disenso no debe entenderse como que priva al P.N.P. del escaño representativo Núm. 4. Éste indubitadamente pertenece a esa colectividad. Por tal motivo, siguiendo el pronunciamiento de P.P.D. v. Gobernador, supra, pág. 14, coincidimos en que dicho partido debe tener la oportunidad de hacer uso de la autonomía reser-vada para cubrirlo. Por lo tanto, extenderíamos el término para notificar su candidato por 60 días adicionales.

Debió revocarse la sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de fecha 1 de junio de 1983, y en su lugar emitirse decreto declaratorio e injunction basados en los fundamentos expuestos.

      E1 tribunal de instancia desestimó la demanda en cuanto a la Comisión Estatal de Elecciones, el Estado Libre Asociado y el Hon. Carlos Romero Barceló en su capacidad de Gobernador de Puerto Rico.

       Dicho artículo provee:

        "Artleulo 4.OO6-A.-Métodos Alternos de Selección.-s
      “Los partidos políticos podrán adoptar métodos internos para la nominación de sus candidatos siempre que así lo apruebe su organismo directivo central y se cumplan con las siguientes garantías mínimas:
      “(a) Que el procedimiento de nominación adoptado asegure la expresión repre-sentativa de los electores afiliados a ese partido en las jurisdicciones correspon-dientes. A esos efectos, se autoriza la selección de los candidatos nominados me-diante el voto directo y secreto de los afiliados, la selección de éstos por un orga-nismo reglamentario de ese partido o por un sistema de delegados basado en la población, o en número de electores, o el número de votos obtenidos por ese partido en la elección general anterior.
      “(b) Que los procedimientos para el mecanismo de selección hayan sido for-malmente adoptados y estén disponibles para los militantes de ese partido y se les notifique a los participantes el proceso de selección. A esos efectos los procedi-mientos de selección adoptados serán radicados en la Comisión Estatal de Elec-ciones con no menos de 15 días antes de la celebración del proceso de selección. Las reglas que han de regir el proceso incluirán los lugares, fecha y horas donde se han de celebrar los mismos.
      “(e) Que todo candidato tenga acceso previo a la lista de participantes en el proceso de selección y se le garantice un foro adecuado para impugnar la misma.
      “(d) Que todos los candidatos tengan derecho a representación efectiva en las etapas críticas del proceso de selección, tales como en la de elección de delegados, en la del registro de los participantes y en el proceso de votación y de escrutinio.
      “(e) Que las posiciones y lugar en que ha de figurar el nombre de los nomina-dos en las papeletas sean seleccionadas mediante sorteo en presencia de los candi-datos o sus representantes.
      “(f) Que garanticen el derecho a recusar a los participantes por las razones que se disponen en esta ley y las que se dispongan en el reglamento de su partido.
      “(g) Que exista igual acceso y protección a los participantes en todas las etapas del proceso de selección.
      “(h) Que la votación sea libre y secreta.
      “(i) Que existan mecanismos internos eficaces para impugnar la violación de estas normas y agotado ese foro el derecho de recurrir en apelación a los organis-mos oficiales dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la determinación del partido.
      “Las personas seleccionadas de conformidad con el procedimiento antes des-crito no tendrán que cumplimentar los requisitos de radicación de peticiones de primarias para cualificar como candidato en la papeleta electoral.
      “Todo aspirante en el proceso de selección interna aquí establecido que no resultare favorecido en el mismo, estará impedido de concurrir y competir como candidato en cualquier proceso de primarias para dicho cargo celebradas con-forme esta ley.
      “El partido podrá dar notificación a su electorado por los medios que estime pertinentes, sobre la persona que fue seleccionada en el proceso de selección interna para representarlo en la papeleta electoral.”

       Informe de la Comisión Especial para la Revisión del Proceso Electoral de Puerto Rico, 1982, pág. 60.

       En su alegato el apelado, mediante operación matemática, sugiere que hay un delegado por cada 38.8 votantes del P.N.P. Toma como base 16,848 afiliados que votaron en los pasados comicios electorales.
      Tomando como punto de partida esa proporción de 38.8, a manera ilustrativa, excluir 60 delegados significaría dejar sin representación a más de 1,600 electores. A mayor exclusión más disminuye la representación.