text:
    Neca Mortgage Corporation, demandante y recurrente, v. A & W Developers S.E. y otros, demandados y recurridos.

      Número: RE-92-494

      Resuelto: 7 de febrero de 1995

      Carlos Martínez Vélez, de Montanez & Alicea, abogado de la parte recurrente; Enrique Alcaraz Micheli, abogado de la parte recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

HH

Hechos

A&W Developers S.E. (en adelante A & W) es dueña de un solar ubicado en el barrio Caimital de Aguadilla. Ñeca Mortgage Corporation (en adelante Ñeca) acordó con A & W comprar dicho solar. Sin embargo, por diversas razones, la compraventa no se llevó a cabo. Por tal razón, Ñeca demandó a A & W para solicitar el cumplimiento específico del contrato. También solicitó al tribunal de instancia que se anotara un aviso de pleito pendiente en el Registro de la Propiedad. El 16 de julio de 1991, el tribunal ordenó dicha anotación.

El 1ro de agosto de 1991, A&W ofreció a Ñeca una transacción del pleito; la oferta contenía un nuevo precio de venta, los términos de la transacción y fijaba como fecha de efectividad el 20 de agosto de 1991. El 16 de agosto de 1991, Ñeca hizo una contraoferta de la cual surge que el cierre se llevaría a cabo el 20 de septiembre de 1991. El mismo 16 de agosto de 1991, A&W aceptó todas las con-diciones propuestas por Ñeca, con excepción del precio de compraventa. Tres (3) días más tarde, el 19 de agosto de 1991, Ñeca hizo una nueva contraoferta respecto al precio.

El 28 de agosto de 1991, las partes llegaron a un acuerdo final sobre el precio de venta. En una carta de esa misma fecha, la representación legal de Ñeca le indicó lo siguiente a la representación legal de A & W:

Confirmo nuestra conversación telefónica ... en relación a nues-tra contraoferta y la cantidad fijada para el precio de compraventa.
Quedamos en que el precio se quedaría en $200,000.00 y al deducirle la cantidad de $81,000.00 del balance de la primera hipoteca a favor del Banco Popular[,] según cantidad suminis-trada por ustedes sujeta a verificación a la fecha del cierre y la cantidad correspondiente a gastos y honorarios de abogado[,] su cliente recibirá la cantidad neta de $117,000.00. Los demás acuerdos establecidos en nuestra carta del 16 de agosto de 1991 seguirán inalterados. Tan solo falta informarle si podemos lle-var a cabo el cierre antes del día 20 de septiembre de 1991. Tan pronto tenga la confirmación de nuestro cliente[,] nos pondre-mos en comunicación con usted para fijar la fecha del cierre.” (Enfasis suplido.)

Mediante Carta de 17 de septiembre de 1991, Ñeca le notificó a A & W que no podría perfeccionarse el contrato de compraventa el 20 de septiembre de 1991. Dicha carta comienza con el párrafo siguiente:

Según el acuerdo convenido se supone que mañana 20 de septiembre de 1991 otorguemos la correspondiente escritura de compraventa para transigir el pleito de referencia.

Como no se llevó a cabo la transacción en la fecha pac-tada, A&W presentó una “Solicitud de Cancelación de Anotación de Pleito Pendiente y Reconvención” ante el Tribunal Superior. Alegó que las partes habían llegado a un acuerdo transaccional de que la compraventa se efectuaría no más tarde de 20 de septiembre de 1991 y que Ñeca había incumplido con dicho pacto. Señaló que, no obstante el acuerdo mencionado, Ñeca había permitido la continua-ción de la anotación de pleito pendiente por un espacio de tiempo en exceso de un mes, lo que le había ocasionado daños comerciales y personales. Indicó, además, que op-taba por resolver el contrato de transacción pactado. Soli-citó al tribunal que desestimara la demanda original, que se cancelara la anotación de pleito pendiente y que se le pagaran daños por cuarenta mil dólares ($40,000), ocasio-nados por el incumplimiento del contrato de transacción y por la anotación de pleito pendiente. Posteriormente, A & W presentó una moción de sentencia sumaria parcial, la cual acompañó con las comunicaciones habidas entre las partes.

Ñeca se opuso a la referida moción y expresó que, a fines de terminar el pleito, aceptaba que hubo una transacción, pero sin fecha fijada, y que correspondía que el tribunal fijase la fecha para llevarla a cabo. Alegó, además, que la fecha es una obligación accesoria que no da derecho a la resolución del contrato.

Así las cosas, el tribunal de instancia dictó la sentencia sumaria a favor de A & W. Concluyó que hubo una transac-ción que disponía que las escrituras de compraventa se otorgarían el 20 de septiembre de 1991; que esta transac-ción constituyó una novación que extinguió el contrato de compraventa original; que al no otorgarse la escritura, Ñeca incurrió en mora, y que tal incumplimiento de obli-gaciones recíprocas da lugar a la resolución del contrato de transacción y a reclamar los daños. Como consecuencia, el tribunal desestimó la demanda original, resolvió el con-trato de transacción y dejó pendiente la reclamación de daños. Indicó, por último, que una vez la sentencia advi-niera final y firme, se cancelaría la anotación de pleito pendiente.

Inconforme con el resultado, Ñeca acude ante nos, me-diante recurso de revisión, en el cual plantea los siguientes errores:

1. El tribunal violó el debido procedimiento de ley al dictar sentencia sumaria declarando con lugar una reconvención su-plementaria, cuya presentación no fue solicitada, ni autorizada por el tribunal, privando con ello a la parte demandante de contestar y presentar defensas afirmativas contra dicha recon-vención, concediendo, además, remedios que no fueron solicita-dos, ni procedían en derecho.
2. Erró el tribunal al concluir que hubo un acuerdo para otorgar escrituras el 20 de septiembre de 1991, hecho que fue esencial en la sentencia y respecto al cual existía controversia que impedía dictar sentencia sumaria.
3. Erró el tribunal al resolver que la demandante incumplió la transacción, al no otorgar escrituras en la fecha pactada, incurriendo en mora ante la previa intimación realizada por la demanda[da] para que las otorgara; y al no determinar^] en cambio, que el otorgamiento de escrituras es obligación acceso-ria cuya mora no autoriza a resolver un contrato y menos una transacción, que es cosa juzgada no susceptible de resolución.

Decidimos revisar y expedimos el recurso.

r-H HH

La alegación suplementaria

La Regla 11.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, obliga a la parte demandada a formular, al momento de su contestación, cualquier reclamación compulsoria, es decir, cualquier reclamación que tenga contra la parte adversa, si ésta surge de la acción, omisión o evento que motiva la reclamación de la parte demandante. El propósito de esta regla es evitar la multiplicidad de liti-gios al establecer un mecanismo para dilucidar todas las controversias comunes en una sola acción. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., San Juan, Ed. Equity, 1981, pág. 183; J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Procedimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, pág. 68. Si una reconven-ción cumpulsoria no se formula a tiempo, se renuncia la causa de acción que la motiva y quedarán totalmente ad-judicados los hechos y las reclamaciones sin que el deman-dado pueda presentar posteriormente una reclamación que haya surgido de los mismos eventos. Hernández Colón, op. cit. Le será aplicable, por analogía, el principio de cosa juz-gada, al efecto de que será concluyente en relación con aquellos asuntos que pudieron haber sido planteados y no lo fueron. Sastre v. Cabrera, 75 D.P.R. 1, 3 (1953).

Sin embargo, existen algunas excepciones que eximen a la parte demandada de presentar la reconvención compulsoria en su contestación a la demanda. Una de éstas es la reconvención por alegación suplementaria mediante la cual la demandada puede presentar su reconvención cuando los hechos que dan lugar a ésta ocurrieron después que la demandada ha formulado su contestación a la demanda. Regla 11.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Es necesario solicitarle permiso al tribunal para formular esta alegación suplementaria. Esta última regla está relacionada con la Regla 13.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, la que permite que una parte pueda presentar las alegaciones suplementarias en cualquier momento durante los procedimientos, siempre a discreción del tribunal. El propósito de la regla es poner al día el litigio mediante la adición de alegaciones respecto a hechos ocurridos con posterioridad a la alegación que se pretende suplementar. Cuevas Segarra, op. cit, pág. 81. La mejor práctica es acompañar la alegación suplementaria propuesta con la moción para solicitar el permiso para presentarla. Hernández Colón, op. cit., pág. 189. Si el tribunal considera que la parte adversa debe presentar unas alegaciones en contrario a la alegación suplementaria, así lo ordenará y especificará el plazo para ello. Regla 13.4 de Procedimiento Civil, supra.

Las reglas que conceden discreción a los tribunales para autorizar las enmiendas a las alegaciones son preceptos reparadores que deben interpretarse liberalmente. Gutiérrez et al. v. Foix et al., 23 D.P.R. 73 (1915). Además, el poder de los tribunales para permitir unas enmiendas a las alegaciones es amplio, y tiene que demostrarse un claro abuso de discreción o un perjuicio manifiesto a la parte contraria para que se revoque la actuación del juez. Torres et al. v. Ramos, 28 D.P.R. 586, 588 (1920).

En el caso de autos, si bien es cierto que A & W no solicitó expresamente permiso al tribunal para presentar la reconvención por alegación suplementaria, no es menos cierto que el tribunal la acogió. La reconvención fue pre-sentada el 2 de octubre de 1991 y el tribunal, mediante Orden de 14 de octubre de 1991, le concedió a la parte contraria —Ñeca— un término de diez (10) días para que se expresara. Esta presentó su réplica a la reconvención. Posteriormente, el tribunal señaló la conferencia sobre el estado de los procedimientos, en la cual ambas partes dis-cutieron lo planteado en la reconvención. Surge de lo anterior que el tribunal, en el sano ejercicio de su discreción, permitió que las partes expresaran' sus posiciones y acogió la reconvención.

De otro lado, los remedios concedidos en la sentencia sumaria parcial surgían de la reconvención. Además, independientemente de que estuvieran contenidos o no en la súplica, un tribunal concederá en su sentencia el remedio a que tenga derecho la parte a cuyo favor se dicte, aun cuando ésta no lo haya solicitado. Regla 43.6 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill; A.T.P.R. v. Padín San tiago, 104 D.P.R. 426, 428 (1975). Cualquier defecto en la denominación del pleito o en la súplica del remedio no será óbice para que el tribunal conceda el remedio que proceda de acuerdo con las alegaciones y la prueba. Regla 70 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. Ahora bien, si los remedios concedidos por el tribunal sentenciador en este caso eran los que procedían en derecho, será materia de discusión en la Parte IV de esta opinión.

HH HH HH

La sentencia sumaria

La Regla 36 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, faculta al tribunal a que, discrecionalmente, dicte una sentencia sumaria a favor de una parte. El mecanismo de la sentencia sumaria tiene el propósito de aligerar la tramitación de un caso al permitir que se dicte la sentencia sin necesidad de que se tenga que celebrar una vista en los méritos. Esto es así, cuando de los documentos no controvertidos que se acompañan con la solicitud surge que no existe disputa de hecho a ser dirimida y que sólo resta aplicar el derecho. Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 720 (1986).

En el caso de autos, las partes acompañaron la solicitud de sentencia sumaria y su oposición con una prueba docu-mental consistente en las cartas cursadas entre éstas. Ñeca acompañó, además, una declaración jurada relativa a la razón por la cual no se llevó a cabo el cierre original el 20 de agosto de 1990.

De todas las comunicaciones entre las partes surge que desde el 16 de agosto de 1991, éstas habían acordado que el cierre se efectuaría el 20 de septiembre de 1991. Posterior-mente, se habla de la posibilidad de efectuar el cierre antes de 20 de septiembre de 1991. Por lo tanto, no existe con-troversia en que tenían hasta ese día para proceder al cie-rre de la compraventa, según el acuerdo de transacción. El segundo error tampoco se cometió.

IV

El contrato de transacción y el concepto de resolución

En el tercer error Ñeca arguye que debido a que hubo un contrato de transacción, lo que procedía era que el tribunal de instancia ordenara su cumplimiento y no que de-cretara la resolución del contrato. No le asiste la razón.

La transacción es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, evitan la provocación de un pleito o ponen fin al que había comenzado. Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4821. De esta definición se desprende que son dos (2) los presupuestos necesarios para que un contrato pueda calificarse como de transacción: que exista una situación de controversia entre dos (2) o más personas, y la necesidad de recíprocas concesiones entre ellas. De ahí también se deduce que existen dos (2) clases de contratos de transacción: el judicial y el extrajudicial. Si, antes de comenzar un pleito, las partes acuerdan eliminar la controversia mediante un acuerdo, nos encontramos ante un contrato de transacción extrajudicial. Aunque puede ocurrir que, estando aún el pleito pendiente, las partes acuerden una transacción sin la intervención del tribunal. En ese caso, existe también un contrato de transacción extrajudicial y bastará un mero aviso de desistimiento. En cambio, si la controversia degenera en un pleito y, luego de éste haber comenzado, las partes acuerdan eliminar la controversia y solicitan incor-porar el acuerdo al proceso en curso, estamos ante un con-trato de transacción judicial que tiene el efecto de terminar el pleito. J.R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, San Juan, Ed. Rev. Jur. U.I.A.P.R., 1990, T. IV, Vol. II, pág. 498.

Como todo contrato, el contrato de transacción tiene los requisitos establecidos en el Art. 1213 del Código Civil, 31 L.RR.A. see. 3391. Existe el consentimiento de los contra-tantes, ya que tiene que ser consensual; su objeto es la controversia entre las partes —la polémica judicial o extrajudicial— pues sin ella no puede existir la transacción, y su causa consiste en la eliminación de la controversia me-diante recíprocas concesiones, pues si bien tiene el propó-sito de desaparecer un conflicto pendiente, se diferencia de otras figuras contractuales que tienen la misma finalidad en que ello se logra mediante renuncias mutuas. T. Ogáyar Ayllón, Comentarios al Código Civil y compilaciones fera-les, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1983, T. XXII, Vol. 2, pág. 5.

Se ha discutido extensamente sobre si la transacción debe producir el mismo efecto que la sentencia firme, es decir, la autoridad de cosa juzgada, o si, por el contrario, debe limitarse a constituir un contrato, como cualquier otro, que requiera un nuevo litigio para su ejecución, en defecto de su cumplimiento. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Rev. Der. Pri-vado, 1983, Vol. III, pág. 734. Hay que recordar que la transacción, como todo contrato, no garantiza el evento de que uno de los contratantes incumpla y haga precisa la intervención judicial para vencer la voluntad rebelde y pro-curar que la transacción rinda su finalidad esencial de dirimir divergencias en la forma convenida. J. Castán Tobe-ñas, Derecho Civil español, común y foral, 12ma ed., Madrid, Ed. Reus, T. IV, pág. 816.

El Art. 1715 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4827, recoge el principio favorable a la autoridad de la cosa juzgada de lo convenido en la transacción. Éste dispone que “[l]a transacción tiene para las partes la autoridad de cosa juzgada, pero no procederá la vía de apremio sino tra-tándose del cumplimiento de la transacción judicial”. Esto significa que las partes tienen que considerar los puntos discutidos como definitivamente resueltos, y no pueden volver nuevamente sobre éstos. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 516 (1988). También significa que la transacción judicial es la única que tiene fuerza para abrir la vía de apremio, es decir, pedir la ejecución como si se tratara de una sentencia firme.

Como consecuencia, existe una gran diferencia en cuanto a la manera de poder llevar a la práctica lo convenido en la transacción, según que ésta sea extrajudicial o judicial. La judicial puede llevarse a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias, mientras que la extrajudicial sólo puede hacerse cumplir cuando se haya declarado su eficacia en el juicio correspondiente. Espín Cánovas, op. cit., pág. 734; Puig Peña, op. cit., pág. 382.

Sobre la controversia que nos ocupa y relacionado con lo anterior, debemos contestar la siguiente pregunta: ¿Existe la posibilidad de que al contrato de transacción le aplique la facultad resolutoria que le concede el Art. 1077 del Có-digo Civil, 31 L.P.R.A. see. 3052, a la parte perjudicada por el incumplimiento de un contrato?

Un sector doctrinal español opina que a la transacción le aplican las reglas generales de la extinción de los con-tratos y que, por consiguiente, una parte puede solicitar y obtener su resolución por incumplimiento de la otra. Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, págs. 378-380; J.L. Lacruz Berdejo, Elementos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. 2, Vol. 3, pág. 362; M. Albaladejo, Derecho Civil, 8va ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1989, Vol. II, pág. 445.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo de España también se ha manifestado en esa dirección. En general, ha resuelto que el hecho de que la transacción tenga la autoridad de cosa juzgada, no implica que sean contratos invulnerables. Dicho tribunal, en la Sentencia de 26 de abril de 1963, admitió la aplicación de la llamada condición resolutoria tácita al contrato de transacción. Razonó que la controversia se extinguió por la transacción, naciendo en su lugar unas obligaciones sujetas al Art. 1124 del Código Civil español, disposición idéntica a nuestro Art. 1077 de nuestro Código Civil, supra. Declaró que concertado el pacto transaccional,

... será éste y sólo él, quien regule las relaciones futuras [íjnsitas en la materia transigida, bien integren éstas la ratifi-cación, modificación o extinción de todas o alguna de aquéllas o la creación de otras distintas y, por ende, los efectos de la cosa juzgada se manifestarán en el absoluto respeto a la nueva si-tuación y en el .escrupuloso cumplimiento de las obligaciones fijadas en la transacción, pero sin que ésto quiera decir que tales obligaciones, en orden a su cumplimiento o incumpli-miento, se rijan por normas distintas a las establecidas con carácter general, ya que eso requeriría un precepto legal de excepción que la ley no establece ni se deduce de sus preceptos.

La sentencia confirmó la doctrina sentada en la Senten-cia de 29 de septiembre de 1930 que declaró que “el artí-culo 1124 del Código civil, ... al hablar de resolución, no de rescisión, se refiere a toda clase de obligaciones recíprocas sin distinguirlas ni exceptuarlas por su origen, ni mucho menos excluir de sus preceptos las nacidas en los contratos de transacción”. S. de 29 de septiembre de 1930, Núm. 39, 196 Jurisprudencia Civil 144. Idénticas declaraciones se hicieron en las Sentencias de 14 de junio de 1932, 12 de marzo de 1947, 16 de mayo de 1951 y 15 de junio de 1957, las que expresamente admitieron que puede instarse la re-solución de la transacción si abiertamente se faltase a sus estipulaciones. Véanse, también, las Sentencias de 14 de noviembre de 1986 y 11 de junio de 1989.

Un sector minoritario de la doctrina española señala que el único remedio disponible en los casos de incumpli-miento de los acuerdos transaccionales es imponer el cum-plimiento forzoso del acuerdo transaccional. Ogáyar Ay-llón, op. cit., págs. 64-66; L. Diez-Picazo y A. Gullón Ballesteros, Sistema de Derecho Civil, 6ta ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1989, Vol. II, pág. 497. Sin embargo, el propio Gu-llón Ballesteros, en su Comentario del Código Civil, T. II, pág. 1775, señala que esta última posición “sería admisi-ble, en último extremo, para la transacción judicial, pero es difícilmente comprensible cuando a la transacción extrajudicial se la obliga a pasar por los trámites de un juicio declarativo para obtener una sentencia que obligue al in-cumplidor a ejecutar lo que convino, como cualquier otro contrato normal y corriente. Por lo tanto, y desde esta pers-pectiva, no habría mayor inconveniente para acceder a la resolución de la transacción si se diesen los requisitos del Art. 1124 [(Art. 1077 del Código Civil de Puerto Rico)]. No se olvide que en esta figura hay ‘recíprocas’ concesiones”.

En nuestra jurisprudencia se ha aceptado que los contratos de transacción son susceptibles de resolución. Riera v. Macías Vda. de Riera, 42 D.P.R. 579, 589-590 (1931); Alvarado v. Bonilla, 86 D.P.R. 490, 502 (1962). Estos casos trataban de transacciones extrajudiciales. En ambos se resolvió que el incumplimiento o contravención con las condiciones de un contrato de transacción, aún en el supuesto de que hubo una novación, produce su resolu-ción y, como consecuencia, su inexistencia. Hoy ratifica-mos estos principios, pero, además, aclaramos que si se trata de una transacción judicial y una de las partes no cumple con lo estipulado, como regla general no procede la resolución. En estos casos, se puede solicitar inmediata-mente que lo convenido se lleve a efecto, pues tiene para las partes la misma fuerza que la sentencia firme y se puede, por lo tanto, utilizar el procedimiento de apremio. Por otro lado, si se trata de una transacción extrajudicial, se puede solicitar la resolución, ya que en ese caso no se producen los rigurosos efectos antes mencionados. Esto es, no puede llevarse a cumplimiento inmediatamente, sino que es preciso que se haya declarado su eficacia en el juicio correspondiente y el tribunal, al evaluar el contrato, puede conceder el remedio de la resolución, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos en el Art. 1077 del Código Civil, supra.

Ahora bien, también debemos tener presente que no todo incumplimiento de una obligación recíproca conlleva un efecto resolutorio. Para que así sea, es menester que la obligación incumplida sea esencial o que su cumplimiento constituya el motivo del contrato para la otra parte. Por el contrario, el incumplimiento de las obligaciones accesorias o complementarias que no constituyen el verdadero motivo para celebrar el contrato, y que se incorporan a éste para completar o aclarar las estipulaciones de los contratantes, puede dar lugar a una acción de daños y perjuicios o cualquiera otra que justifique las circunstancias de cada caso, pero nunca a la acción resolutoria. La exigencia de que la obligación incumplida sea la principal responde a un interés superior, acorde con el principio de la buena fe, de evitar el abuso en el ejercicio de las acciones resolutorias, promover el cumplimiento de los contratos e impedir que, a través de una infracción menor, una de las partes trate de liberarse del vínculo porque ya no le con-viene o no le interesa. Ramírez v. Club Cala de Palmas, 123 D.P.R. 339, 347-348 (1989). Los tribunales deberán tener bien presente que el Art. 1077 del Código Civil, supra, dispone que el tribunal decretará la resolución si no existen causas justificadas que le autoricen para señalar un plazo.

En el caso de autos, las partes pactaron un contrato de transacción extrajudicial de carácter novatorio, el cual mo-dificó sustancialmente el contrato de compraventa que dio origen al litigio. La obligación contractual incumplida —el otorgamiento de la escritura de compraventa dentro del plazo estipulado— era principal. Las partes llevaban más de un año negociando el contrato de compraventa del inmueble. De la prueba presentada surge, con meridiana claridad, que A&W quería terminar este asunto de una vez y descontinuar la litigación. Para lograr esto era nece-sario que se otorgaran las escrituras dentro del término pactado para el cumplimiento. Tal cumplimiento estaba ín-timamente relacionado con la esencia del contrato y, por consiguiente, su contravención le confirió a A & W la facul-tad de exigir su cumplimiento específico o resolverlo con el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados, más los intereses correspondientes. A&W optó por lo segundo. Cabe señalar que Ñeca tampoco mostró razones justifica-das para que no se hubiesen otorgado las escrituras en la fecha pactada. El tribunal de instancia no erró al decretar la resolución del contrato de transacción.

Como consecuencia, A&W tiene derecho a la indemni-zación por los daños ocasionados por el incumplimiento, si algunos, más los intereses. Le corresponde a ésta probar la existencia de dichos daños.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia para confirmar la emitida por el Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, de 18 de septiembre de 1992 y se devolverá el caso al foro de instancia para que continúe los procedi-mientos de forma compatible con lo aquí expresado.

El Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Aso-ciado Señor Rebollo López disintieron sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió sin opi-nión escrita.

       En ese contrato de compraventa se había acordado que la fecha de cierre sería el 20 de agosto de 1990 y por el precio de ciento dos mil dólares ($102,000).

       Ñeca pretende desvirtuar todas las manifestaciones sobre la fecha del cierre con la última oración que aparece en la Carta de 28 de agosto de 1991, que lee: “Tan pronto tenga la confirmación de nuestro cliente nos pondremos en comunicación con usted para fijar la fecha del cierre.” Esta carta es anterior a la Carta de 19 de septiembre de 1991, en la cual se reitera, claramente, que el cierre se llevaría a cabo no más tarde de 20 de septiembre de 1991.

       “La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recípro-cas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
      “El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. Tam-bién podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
      “El tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justifica-das que le autoricen para señalar plazo.
      “Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a [los artículos 1247 y 1250],... y las disposiciones de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad.” 31 L.P.R.A. see. 3052.

       La transacción, tiene carácter novatorio cuando la situación anterior a la controversia es sustituida por la situación jurídica que origina la transacción. Es decir, cuando elimina, sustituye o modifica, y no sólo fija, la anterior relación conflictiva. Citibank v. Dependable Ins. Co., Inc., 121 D.P.R. 503, 512 (1988); García v. The Commonwealth Ins. Co., 118 D.P.R. 380, 387-390 (1987).

       Podría darse el caso que aun habiéndose acordado el cumplimiento mediante una transacción judicial, ésta resulte imposible.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor. Negrón García Juez Asociado Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    Luis Fernando Coss y la Universidad de Puerto Rico, demandantes y recurridos, v. Comisión Estatal de Elecciones, demandada y recurrente.

      Número: RE-93-1

      Resuelto: 8 de febrero de 1995

      David Rivé Rivera, abogado de la parte recurrente; Julio Ni-gaglioni Arrache, Eric R. Ronda Del Toro, de Ledesma, Pa-lou & Miranda, Emilio Pena Fonseca y Manuel de J. Gon-zález, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor. Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

¿Puede la Comisión Estatal de Elecciones regular el contenido del mensuario universitario Diálogo, en virtud de la prohibición de anuncios durante un año eleccionario, según el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3351, y la Sec. 2.1 del Reglamento de Gastos de Difusión Pública del Gobierno de 11 de diciembre de 1987 (en adelante Reglamento de Gastos)?

HH

En septiembre de 1986 la Universidad de Puerto Rico comenzó su publicación que sería financiada con fondos propios y la venta de anuncios y suscripciones. Su Director, Sr. Luis Fernando Coss —por contrato— tiene a cargo la supervisión de los escritores, en su mayoría egresados de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad, y el resto del personal. Diálogo mantiene sustancialmente un enfo-que universitario y educativo sobre el quehacer cultural de Puerto Rico y del exterior. Entre sus colaboradores se en-cuentran profesores, estudiantes, empleados del sistema universitario y destacados escritores nacionales e internacionales. Es utilizado como taller de práctica para los estudiantes de la mencionada Escuela. Cuenta, ade-más, con personal técnico responsable de confeccionar las ediciones.

Diálogo produce una tirada de cuarenta mil (40,000) ejemplares que se distribuyen de forma gratuita durante el año académico a los estudiantes, profesores y empleados de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones universitarias privadas del país.

Por otro lado, la independencia editorial de quienes con-feccionan Diálogo nunca ha estado en duda. En su primera edición, el entonces Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Ledo. Femando Agrait, dijo:

Para facilitar el flujo de información, incrementar los niveles de conocimiento sobre nuestra propia realidad universitaria y para enseñarnos y enseñar a la comunidad puertorriqueña que la Universidad existe todos los días, surge este instrumento. Diálogo no es un instrumento de la administración para expo-ner su posición con respecto a temas que generen controversias; Diálogo es un esfuerzo por unir voluntades universitarias a[u]n cuando existan controversias. (Énfasis suplido.) Diálogo de sep-tiembre de 1986, pág. 2; además, en declaración jurada del ex Presidente de la U.P.R., Dr. José M. Saldaña, anejada a la de-manda, que confirma esta postura.

Al iniciarse el año eleccionario 1992, la Comisión Esta-tal de Elecciones comenzó a exigirle a las agencias del Go-bierno el cumplimiento estricto con el mencionado Regla-mento de Gastos. En específico, requirió al señor Coss que le sometiera —antes de su publicación— copias del men-suario para revisar que su contenido no incluyera anuncios prohibidos. El señor Coss decidió ignorar esos requeri-mientos y publicó sin someter las copias. Ante ello, la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones emitió un informe el 13 de abril de 1992 y ordenó a la Universidad que cesara y desistiera esa publicación y anuncios hasta tanto obtuviera una autorización previa.

El 1ro de mayo de 1992 la Universidad de Puerto Rico y el señor Coss presentaron una demanda contra la Comi-sión Estatal en la que cuestionaron la validez y autoridad constitucional de esa orden. El Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Gilberto Gierbolini, hijo), ordenó a la Co-misión Estatal que celebrara una vista, y retuvo jurisdicción. Celebrada, con el beneficio de memorandos de derecho de las partes, el 22 de junio de 1992 la Junta de Anuncios recomendó de forma unánime que se autorizara la publicación bajo las mismas condiciones impuestas en la Resolución de 13 de abril de 1992, es decir, siempre que se cumpliera a cabalidad con el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, y el Reglamento de Gastos. A esos fines, propuso que se ordenara a la Universidad a remitir, una vez publicado, desde agosto hasta noviembre de 1992, cuatro (4) copias de Diálogo a la Junta de Anuncios. El 1ro de julio de 1992 la Comisión Estatal aprobó dicho informe.

No conforme, tanto la Universidad de Puerto Rico como el señor Coss, volvieron y presentaron sendos recursos de revisión ante el mismo tribunal. Luego de una vista en cámara, el 21 de diciembre de 1992 dicho foro revocó la sentencia por el fundamento de que Diálogo era un foro público con las mismas garantías y protecciones que gozan los demás periódicos de circulación en nuestra sociedad.

A solicitud de la Comisión Estatal de Elecciones revisamos.

h-4 y.

La Comisión Estatal de Elecciones argumenta que la sentencia beneficia al señor Coss y no a la Universidad de Puerto Rico. Aduce que él es quien únicamente tiene legi-timación activa para reclamar frente al Estado los dere-chos constitucionales en controversia aquí. No tiene razón.

El requisito de legitimación exige “la obligación de cercioramos de que las partes que suscitan la controversia están particularmente capacitadas para así hacerlo y de que su interés es uno ‘de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia’ Noriega v. Hernández Colón, 135 D.P.R. 406, 427 (1994), y casos allí citados. Con tal propósito, el promovente tiene que cumplir “con determinados requisitos indispensables, a saber: (1) que ha sufrido un daño claro y palpable; (2) que el daño es real, inmediato y preciso y no uno abstracto o hipotético; (3) que la causa de acción debe surgir bajo el palio de la Constitución o de una ley, y (4) que exista una conexión entre el daño sufrido y la causa de acción ejercitada”. Id.

Respecto a la prensa, hemos resuelto que los dueños y editores de un periódico tienen un interés especial que los legitima para representarlo en los tribunales e invocar derechos a su favor. Prensa Insular de P.R. v. Cordero, Auditor, 67 D.P.R. 89, 102-103 (1947). Cuando el Es-tado crea un foro público, tiene que asegurarle a sus bene-ficiarios que los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa no serán menoscabados salvo que la intervención gubernamental cumpla un escrutinio estricto. Además, si se violentan esos derechos, sus beneficiarios son quienes pueden invocar la protección judicial.

El señor Coss demandó por su condición de Director de Diálogo, publicación de la Universidad de Puerto Rico. Como usufructuarios de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa que protegen a Diálogo, ambos cumplen a cabalidad con los requisitos de legitima-ción activa para instar esta acción. Superado este aspecto procesal, concentrémonos en la sustancia del recurso.

r — { 1 — 1

La pieza legislativa en que la Comisión Estatal de Elecciones fundamenta su intervención dispone:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y ala Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebra-ción de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyec-dones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avi-sos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de in-terés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán per-mitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones. (Enfasis suplido.) Art. 8 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3351.

A su vez, la Sec. 2.1 del Reglamento de Gastos, págs. 4-5, ordena:

Toda agenda que, directa o indirectamente, proyecte incurrir en gastos en el uso de cualquier medio de difusión para emitir cualquier información que considere de interés público, tendrá que someter previamente una solicitud de autorización ante la Comisión.

Esta prohibición, aunque amplia, no es absoluta. Veda aquellos anuncios y aquellas publicaciones, directa e indi-rectamente, que de una u otra forma -enaltecen o divulgan las ejecutorias del Gobierno. Según su historial legislativo, tiene el propósito de terminar “durante el período eleccio-nario la práctica de las agencias gubernamentales de hacer campaña política mediante la publicación de anuncios so-bre sus logros y planes”. Romero Barceló v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368, 393 (1984).

Recientemente reiteramos ese enfoque en el contexto de unos anuncios para invitar a la ciudadanía a que celebre los actos oficiales conmemorativos del Día de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sin el permiso correspondiente. C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993). A tal efecto dijimos que “del lenguaje suficientemente claro del propio Art. 8.001, supra, surge inequívocamente la intención legislativa de excluir definitivamente del proceso político la influencia solapada que el partido en el poder pueda tener, mediante el uso de los anuncios gubernamentales”. C.E.E. v. Depto. de Estado, supra. Es claro, pues, que la validez del Art. 8.001, supra, respecto a publicaciones por las ramas de gobierno de anuncios con matiz político-partidista es absoluta y su validez no se cuestiona.

IV

En el caso de autos, el tribunal sentenciador concluyó que Diálogo era un foro público de génesis estadual, al cual no se le podía limitar la expresión. Invocó a Hazelwood School District v. Kuhlmeier, 484 U.S. 260 (1988), a los efectos de que “el Estado puede crear un periódico finan-ciado con fondos públicos y convertirlo en un foro público”. Sentencia de 21 de diciembre de 1992, pág. 2. El dictamen es de correcta juridicidad.

El Art. II, Sec. 4 de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, consagra los derechos de libertad de prensa y de expresión como pilares fundamentales de esta sociedad democrática. La esencia de ambos derechos estriba en que el Estado no puede restringir de forma arbitraria el contenido de las publicaciones ni coartar la capacidad del ser humano para expresarse con libertad. Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988); Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15 (1968); Pueblo v. Burgos, 75 D.P.R. 551 (1953).

La libertad de expresión es la quintaesencia de una sociedad democrática. De forma multidimensional, en la constelación de valores democráticos, goza de una primacía peculiar. Todo individuo está en libertad de poder expresar sus opiniones según su conciencia. Esta libertad intenta “proteger jurídicamente el libre desenvolvimiento de la personalidad a través de los medios más eficaces y habituales de exteriorización de los contenidos de conciencia”. Escuela de Administración Pública, La Nueva Constitución de Puerto Rico, Río Piedras, Ed. U.P.R., 1954, pág. 205. Para lograr este fin, nuestra carta fundamental establece que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa, o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir del Gobierno la reparación de agravios.

Los derechos de libertad de expresión y de prensa no sólo protegen el contenido del mensaje, sino el medio y lugar donde se ejercite. Para delimitarlos, la jurisdicción federal desarrolló la doctrina de los foros públicos que acogimos en Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, supra, y que reafirmamos en U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993).

A tales efectos, incorporamos la decisión de Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., 460 U.S. 37 (1983), en la cual el Tribunal Supremo federal reconoció por primera vez la existencia de tres (3) tipos de foros en los cuales el derecho de libertad de expresión disfruta de unas protecciones distintas. El primero, el foro público tradicional, radica en los lugares que el Estado haya reconocido históricamente como idóneos para el debate público y la reunión pacífica, tales como las calles, las aceras y los parques. En éstos no puede prohibirse absolutamente el derecho a la libertad de expresión, pero sí reglamentar el tiempo, lugar y modo de expresión siempre que la reglamentación sea neutral al contenido de la expresión y promueva un interés público apremiante, limite su intervención a la mínima necesaria y objetiva (narrowly tailored), y deje amplios medios de comunicación alternos. Lee v. Krishna Society, 505 U.S. 830 (1992); Frisby v. Schultz, 487 U.S. 474 (1988); Perry Ed. Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra, pág. 44.

Si la reglamentación establece unas clasificaciones o limitaciones por razón del contenido del mensaje, entonces debe sobrepasar un escrutinio estricto. Es decir, responder a un interés gubernamental apremiante y limitar su interferencia a la mínima necesaria para alcanzar su objetivo. Burson v. Freeman, 504 U.S. 191 (1992).

El segundo es el foro público por designación. Abarca los lugares no comprendidos en el foro público tra-dicional pero que hayan sido designados por el Estado para el ejercicio del derecho de la libertad de expresión. La iden-tificación de estos lugares dependerá de la intención del Estado al destinar la propiedad para determinados fines. Estos foros gozan de la misma protección que los públicos tradicionales. Se abren “para propósitos específicos ... [y para beneficio de] ciertos grupos o sobre ciertos temas. ... [E]l derecho a expresarse se ext[iende] sólo a otros grupos de carácter similar o a otros puntos de vista sobre el mismo tema”. U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164. En estos foros la reglamentación al derecho de expresión debe ser razonable.

El último foro es el no tradicional, que no está enmarcado dentro de los anteriores.

En ést[o]s, la protección que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución federal es menor. El Gobierno puede limitar la actividad expres[a] a aquella compatible con el objetivo para el cual fue creada esta propiedad pública. La reglamentación de la expresión será válida siempre que sea razonable, aunque no tiene que ser la única ni la más razonable, ... neutral en cuanto a puntos de vista ... y siempre que no sea parte de un esfuerzo por suprimir la expresión .... U.N.T.S. v. Srio. de Salud, supra, pág. 164.

V

En el ámbito de la prensa, la doctrina de los foros públicos ha sido extendida a periódicos subvencionados por escuelas públicas. El Estado o una institución educativa puede crear y subvencionar un periódico o una publicación, y clasificarlo como foro público por designación; así gozará de todas las garantías constitucionales de libertad de prensa y de expresión. R. Salomone, Free Speech and School Governance in the Wake of Hazelwood, 26 Ga. L. Rev. 253, 268 (1992); G. Danning, Freedom of Speech in Public Schools: Using Communication Analysis to Eliminate the Role of Educational Ideology, 19 Hastings Const. L.Q. 123, 129 (1991); W.G. Buss, School Newspapers, Public Forum, and the First Ammendment, 74 Iowa L. Rev. 505, 507 (1989); M.G. Yudof, Personal Speech and Government Expression, 38 Case W. Res. L. Rev. 671, 680 (1988). “Por ende, las facilidades educativas podrían considerarse foros públicos, sólo si las autoridades escolares han— ‘me-diante política o por práctica’— abierto esas facilidades ‘para el uso indiscriminado del público en general’ Perry Education Assn. v. Perry Local Educator’s Assn., supra, pág. 47, o por algún segmento del público, tal como las organizaciones estudiantiles”. (Traducción nuestra.) Hazelwood School District v. Kuhlmeier, supra, pág. 467.

Hazelwood School District v. Kuhlmeier, supra, validó la actuación del director de un periódico de escuela superior al censurar unos artículos publicados como parte de un curso ofrecido de periodismo. El director determinó que su contenido no era apto para el público estudiantil al cual se dirigía. El tribunal entendió que el periódico escolar había sido creado como un taller de aprendizaje para los estu-diantes del curso de periodismo y no como un foro para la diseminación de ideas. No obstante, reafirmó lo resuelto en Cornelius v. NAACP Legal Defense & Ed. Fund, 473 U.S. 788, 802 (1985) —a los efectos de que “el gobierno no crea un foro público por inacción o permitiendo el discurso limitado, sino sólo abriendo intencionalmente un foro no tradicional para el discurso público” (traducción nuestra)— y resolvió que de haber existido una intención clara de la escuela de crear un foro público (clear intent to create a public forum) para la diseminación indiscriminada de ideas, el periódico hubiese gozado de las garantías consti-tucionales que protegen a esos foros.

VI

En la confección de Diálogo participan activamente profesores, estudiantes y reconocidos autores ibero-americanos. Los temas cubiertos en sus artículos varían desde aspectos de la vida universitaria hasta obras literarias. El propio informe de la Junta de Anuncios re-conoció que “[u]n examen de los ejemplares sometidos a partir de enero de 1991 a mayo de 1992, demuestra que el periódico ‘Diálogo’ mantiene sustancialmente un enfoque universitario y educativo sobre el quehacer cultural universal y nacional”. Informe de 22 de junio de 1992, pág. 3. Además, surgió de la prueba testifical:

La manera en que se compile [D]iálogo no se diferencia mucho de cualquier otro periódico[,] se establece un plan monitorial a base de unas reuniones de tipo de redacción donde se toman en consideración los temas más sobresalientes del momento. Hay unas secciones naturalmente permanentes en la que participan académicos o personas asociadas al mundo de la cultura y la ciencia entre otros han participado como colaboradores Luis Rafael Sánchez, José Luis González, Ana Lydia [Vega], Magaly García Ram[i]s, Arcadio Díaz Quiñones, entre algunos científi-cos José Miguel García Castro, Manuel Gómez, la corporación de estudios de ingeniería de la U.RR. y las universidades pri-vadas, han participado también investigadores prominentes de la Estación Experimental como ustedes saben es una depen-dencia de la Universidad y escritores del exterior, entre otros, García Márquez, Alfredo [Bryce Echenique,] [Camilo José Cela] y otros. T.E., Vista de 4 de mayo de 1992 ante la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal, págs. 53-54.

Dicha prueba también demostró que su contenido editorial es seleccionado exclusivamente por su editor, señor Coss, y un equipo de redactores; la administración no par-ticipa en este proceso. Apuntaló el señor Coss en la vista oral ante la Junta de Anuncios lo siguiente:

... [L]a administración universitaria naturalmente es parte de la comunidad y también su iniciativa o ejecutorias son pro-puestas de temas periodísticos pero esto se evalúa con total y absoluta independencia por parte del equipo y Redacción, la Coordinadora de Redacción y el Director. T.E., supra, pág. 60.

Resulta claro, pues, que Diálogo es un foro público por designación, lo que implica examinar si la reglamentación impuesta sobrepasa el análisis del escrutinio estricto. Es decir, la restricción gubernamental tiene que responder a un interés gubernamental apremiante y constituir una intervención mínima para lograr sus objetivos.

Del alegato de la Comisión Estatal no surge evidencia suficiente que demuestre que, al aplicarse el citado Art. 8.001 al mensuario Diálogo, se promovió algún interés gu-bernamental apremiante. Aunque el propósito de la Ley Electoral de Puerto Rico es evitar que los poderes guberna-mentales utilicen los fondos públicos para realizar campa-ñas políticas durante años eleccionarios, y ello constituye un interés legítimo, en este caso, no es apremiante. Diá-logo no es un medio que atente contra el propósito codifi-cado; por el contrario, tiene un enfoque amplio universita-rio y académico que no cae dentro del marco limitante del susodicho Art. 8.001.

En conclusión, resolvemos que Diálogo constituye un foro público creado por el Estado que no está sujeto al es-crutinio de la Junta de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones. El derecho constitucional a la libertad de ex-presión y de prensa protegen a la Universidad de Puerto Rico y al señor Coss, en beneficio de Diálogo, contra inter-venciones de este tipo.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Fuster Ber-lingeri concurrió con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opinión disidente.

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Mediante un recurso de revisión comparece ante nos la Comisión Estatal de Elecciones (en adelante C.E.E.) y so-licita que revoquemos una sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan, que dispone que el periódico universita-rio Diálogo constituye un foro público con garantías idén-ticas a los demás periódicos de circulación general, por lo que el Reglamento de Gastos de Difusión Pública del Go-bierno (en adelante Reglamento) no le aplica. La mayo-ría de este Tribunal hoy confirma dicho dictamen. Por en-tender que, al reglamentar la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública, el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. see. 3351, no quiso referirse a publicaciones universitarias tales como Diálogo, y que al hacer extensiva su aplicación a tales publicaciones el Reglamento es ultra vires, concurrimos.

I

A principios del año electoral 1992, la C.E.E. comenzó a exigirle a todas las agencias de gobierno que cumplieran con su Reglamento, aprobado por los tres (3) partidos polí-ticos en noviembre de 1991. Como la Universidad de Puerto Rico no sometió su mensuario Diálogo a la C.E.E., esta última emitió un informe ordenándole que cesara y desistiera de publicar y anunciar el periódico hasta tanto no cumpliera con los requisitos del Reglamento.

A raíz de ello, la Universidad de Puerto Rico presentó, en unión al director de Diálogo, Luis Fernando Coss, una demanda de injunction para paralizar las actuaciones de la C.E.E. El Tribunal Superior devolvió el caso a la Junta de Anuncios para que ésta celebrase una vista evidenciaría. Como resultado de ésta, la Junta concluyó que Diálogo te-nía la obligación de cumplir con lo dispuesto en el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, así como con el Reglamento.

Luego de evaluar el recurso de revisión presentado por los demandantes, el Tribunal Superior revocó la determi-nación de la Junta de Anuncios. Concluyó que Diálogo era un foro público al cual no se le podía restringir la expre-sión, por lo cual el Reglamento no le podía aplicar. La ma-yoría de este Tribunal confirma dicho dictamen. Concurri-mos por entender que las publicaciones universitarias con propósitos académicos, tales como Diálogo, deben estar exentas de este tipo de reglamentación, y que fue precisa-mente ésta la intención del legislador al redactar el Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra. Por tal razón, no consideramos necesario evaluar la aplicabilidad o el alcance de la doctrina del foro público a Diálogo o a cualquier otra publicación que sea sufragada con fondos públicos por la Universidad de Puerto Rico.

HH h-H

La controversia del caso de autos se reduce en esencia a si el Reglamento aplica a periódicos con propósitos didác-ticos o académicos como Diálogo. La resolución de dicha controversia requiere que examinemos no tan sólo el pro-pósito detrás de la adopción del Reglamento, sino también el del Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, supra, en cuyas disposiciones se fundamenta dicho reglamento.

El Art. 8.001 dispone lo siguiente:

Se prohíbe a las agencias del Gobierno de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y a la Rama Judicial, que a partir del 1ro. de enero del año en que deba celebrarse una elección general y hasta el día siguiente a la fecha de celebra-ción de la misma, incurran en gastos para la compra de tiempo y espacio en los medios de difusión pública con el propósito de exponer sus programas, proyectos, logros, realizaciones, proyec-ciones o planes. Se exceptúan de esta disposición aquellos avi-sos y anuncios de prensa expresamente requeridos por ley.
Asimismo, se exceptúan de la anterior disposición aquellos anuncios que sean utilizados para difundir información de in-terés público, urgencia o emergencia, los cuales sólo serán per-mitidos previa autorización al efecto de la Comisión Estatal de Elecciones. (Énfasis suplido.) 16 L.P.R.A. see. 3351.

Nuestra jurisprudencia ha sido clara al expresar que el propósito del Art. 8.001, supra, es muy limitado. En P.P.D. v. Junta Revisora Electoral, 109 D.P.R. 464 (1980), por ejemplo, este Tribunal se negó a expedir un auto de revi-sión por entender que la publicación, en los periódicos de circulación general, de una invitación a celebrar el Día de Reyes en Fortaleza no constituía un gasto “ ‘con el propó-sito de exponer ... programas, proyectos, logros, realizacio-nes, proyecciones o planes’ ” del Gobierno. (Enfasis suprimido.) íd., pág. 465. Del mismo modo, en Romero Bar- celó v. Hernández Agosto, 115 D.P.R. 368 (1984), expresamos que televisar un procedimiento parlamentario no re-presentaba la exposición de “ ‘programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes’ ”. Id., pág. 392. Aña-dimos que “[l]a divulgación de los procedimientos legislati-vos cumple un propósito de estirpe constitucional, clara-mente distinguible del proselitismo que anima la propaganda electoral. La ley se refiere más bien a anuncios y propaganda sobre tales programas, logros, etc”. Id.

Más adelante, en C.E.E. v. Depto. de Estado, 134 D.P.R. 927 (1993), dispusimos que tanto del texto del citado Art. 8.001 como de su intención legislativa surgía con claridad que el propósito de dicha disposición fue “excluir ... del pro-ceso político la influencia solapada que el partido en el po-der pueda tener mediante el uso de los anuncios gubernamentales”. íd., pág. 939.

Finalmente, en P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916, 926 (1994), dispusimos que “[e]l concepto de igualdad eco-nómica, con relación a la distribución de fondos públicos en el proceso electoral, impide que un partido que ostente el poder de gobernar al pueblo en un momento dado utilice fondos públicos para tomar ventaja indebida dirigida a promover su postura. El Art. 8.001, supra, es precisamente una medida preventiva para que no ocurra dicha práctica indebida”.

En fin, al examinar la letra y el propósito del Art. 8.001, supra, este Tribunal ha determinado constantemente que su aplicación se limita a aquellos anuncios y propaganda que se difundan “con el propósito de exponer los progra-mas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes” del gobierno de turno. Id.

Dicha determinación inevitablemente nos lleva a con-cluir que el Reglamento es ultra vires. Al disponer que toda agencia que “proyecte incurrir en gastos en el uso de cual-quier medio de difusión para emitir cualquier información que considere de interés público” (énfasis suplido), el Re-glamento va más allá que el referido Art. 8.001. Éste sobrepasa inclusive lo dispuesto en su propia declaración de propósitos, que limita sus fines a lo expuesto en el Art. 8.001, supra, es decir, a “evitar la divulgación publicitaria indiscriminada con el propósito de exponer ... programas, proyectos, logros, realizaciones, proyecciones o planes del gobierno que en alguna forma coaccionen o afecten la vo-luntad de los electores”.

Resultaría excesivamente oneroso aplicar la veda electoral a toda publicación universitaria con propósitos acadé-micos como, por ejemplo, Diálogo; la Revista Jurídica de la Escuela de Derecho o su periódico Entredicho; la Revista de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Sociales o la Revista de Estudios Hispánicos. Ello atentaría contra los principios más básicos de la libertad académica, liber-tad de cátedra y autonomía universitaria, que buscan brin-darle resguardo a las universidades contra los esfuerzos gubernamentales de controlar o dirigir el contenido de la expresión en las universidades o, más bien, el discurso universitario. C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, 137 D.P.R. 83 (1994).

Resulta patente que, dado el contenido de estas publica-ciones universitarias, el interés en proteger a. la comuni-dad contra la saturación de propaganda gubernamental durante el período eleccionario no se adelantaría en pro-porción al costo de implantar el Art. 8.001, supra, según la interpretación amplia de éste, hecha por el Reglamento. Diálogo constituye una publicación académica seria que, como admite la misma C.E.E., mantiene sustancialmente un enfoque universitario y educativo sobre el quehacer cultural universal y nacional. Para muchos de sus colabora-dores —entre ellos profesores universitarios— Diálogo constituye una continuación de la cátedra. Un periódico de la excelencia de Diálogo, según ha sido administrado hasta ahora, no pone en peligro el derecho al sufragio libre de coacción ni constituye una erogación injusta de fondos públicos. Por lo tanto, no debe aplicarle el Art. 8.001, supra.

No queremos decir con esto que queden exentas de la veda electoral las publicaciones universitarias que preten-dan difundir los logros y proyectos del Gobierno en un año electoral. Tampoco quedan exentos los anuncios que publi-quen otras agencias de gobierno, con el mismo propósito, en dichos medios de< difusión. Nuestra posición en este caso se fundamenta en el hecho de que se ha pretendido tratar a una publicación universitaria de índole académica como propaganda gubernamental.

Por todo lo anterior, concurrimos con la confirmación de la sentencia recurrida.

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Nos vemos obligados a disentir en el presente caso. Lo más “fácil” hubiera sido no hacerlo; ello debido al hecho de que, dados los hechos particulares del caso, la posición disidente que sostenemos no resulta ser la más “simpática”. La función judicial, sin embargo, no puede regirse por con-sideraciones de esa naturaleza.

Disentimos debido al hecho de que somos del firme cri-terio que la opinión mayoritaria emitida en el presente re-curso no sólo es una errónea en derecho sino que la misma constituye un peligroso precedente en nuestra jurisdicción. La citada decisión “abre las puertas”, y constituye “carta blanca”, para que el clima de politización extrema que desa-fortunadamente prevalece en nuestro País pueda acrecen-tarse, y agravarse, aún más.

Ello en vista del hecho de que la norma jurídica hoy implantada por la referida opinión mayoritaria tiene el po-tencial de permitir que muchas de las agencias, corporacio-nes e instrumentalidades públicas del Gobierno de Puerto Rico establezcan periódicos o publicaciones, análogas al mensuario universitario Diálogo, las cuales podrán ser im-punemente utilizadas por la administración de gobierno, de turno en un momento determinado de nuestra historia, para “exponer sus programas, proyectos, logros, realizacio-nes, proyecciones o planes” aun durante años eleccionarios.

H

Como surge de la opinión mayoritaria emitida, el men-suario universitario Diálogo fue creado por la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico durante el 1986. Su personal, y principales colaboradores, está compuesto —en su inmensa mayoría— por estudiantes, profesores y empleados de la referida Escuela de Comuni-caciones; siendo su director, el codemandante Luis Fernando Coss, un empleado por contrato de la Universidad. Diálogo es distribuido, en forma gratuita, entre los estu-diantes, empleados y profesores de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico. El mismo es sufragado con fondos públicos y es utilizado —en palabras de la propia mayoría— “como un taller de práctica para los estudiantes de la mencionada Escuela” de Comunicaciones de la Uni-versidad de Puerto Rico. (Énfasis suplido.)

De lo expuesto surge con claridad que “Diálogo” es un apéndice de la Escuela de Comunicaciones de la Universi-dad, el cual fue creado para beneficio de los estudiantes de dicha Escuela. Dicho de la manera más sencilla, y exami-nado el asunto desde la perspectiva más objetiva e impar-cial posible, ‘Diálogo” no es otra cosa que un “laboratorio” en el cual los estudiantes y profesores de la mencionada Escuela de Comunicaciones practican o ponen en vigor las enseñanzas que se imparten, y que se reciben, en la misma", laboratorio similar o análogo a los relativos a otras disci-plinas que se enseñan en la Universidad de Puerto Rico.

HH H-1

No discrepamos de la aseveración, contenida en la opi-nión mayoritaria, pág. 886, a los efectos de que la “libertad de expresión es la quintaesencia de una sociedad democrá-tica”, como tampoco del hecho de que una prensa, libre y objetiva, constituye uno de los requisitos indispensables, o pilares fundamentales, de una sociedad democrática como la nuestra. De hecho, hemos sido “celosos guardianes” de la libertad de prensa. Nuestras decisiones al respecto consti-tuyen la mejor evidencia de ello.

Ahora bien, aquí realmente no nos enfrentamos a una situación en que el Estado pretende censurar o amordazar a un periódico o publicación privada. Se trata, repetimos, de un “taller de práctica” o laboratorio de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico; la cual institución universitaria, independientemente de cómo se le clasifique, cuando menos es una corporación pública o una “criatura” del Estado. Por otro lado, estamos conscientes de las bien intencionadas palabras expresadas por el Pre-sidente de la Universidad, al crearse Diálogo, a los efectos de que dicha publicación gozaría de “independencia editorial”.

Ante dicha situación fáctica, ¿puede aseverarse con co-rrección que dicho mensuario ha sido “designado” por el Estado como un foro público?

No hay duda de que, a la luz de la jurisprudencia federal pertinente, puede argumentarse a favor o en contra de la posición de que Diálogo es un “foro público por designación”. Por otro lado, parece ser igualmente debati-ble la posición a los efectos de si una publicación de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico —la cual, repetimos, fue creada con el propósito principal de que los estudiantes de dicha Escuela puedan prac-ticar lo que aprenden en la misma— cualifica o no como “beneficiaría” de la protección que le concede a la “prensa” la See. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1.

H-1 Hrí HH

Ahora bien, para la correcta solución del recurso ante nuestra consideración, dichas interrogantes no tienen que ser contestadas. Ello así ya que, aun asumiendo a los fines de la argumentación que Diálogo haya sido “designado” como foro público por el Estado y/o que el mismo efectiva-mente sea beneficiario de la protección que confiere la See. 4 del Art. II de la Constitución, ante, somos del criterio que la aplicación a “Diálogo”, por la Comisión Estatal de Elec-ciones de las disposiciones del citado Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3351, y de la See. 2.1 del Reglamento de Gastos de Difusión Pública del Go-bierno de 11 de diciembre de 1987, págs. 4-5, resiste y so-brepasa el “criterio de escrutinio estricto” que debe ser apli-cado en esta clase de situaciones. Véase U.N.T.S. v. Srio. de Salud, 133 D.P.R. 153 (1993).

Existe, no hay duda, un “interés gubernamental apre-miante” de parte del Estado de mantener y preservar, lo más incólume posible y libre de influencias indebidas, el ejercicio del derecho al sufragio en nuestra jurisdicción. Véase P.P.D. v. Gobernador II, 136 D.P.R. 916 (1994). Como este Tribunal expresara en el antes mencionado caso: “ ‘[t]anto nuestro ordenamiento constitucional como el nor-teamericano han reconocido a cabalidad la condición fundamental y preeminente del derecho al sufragio’ derecho que “es consustancial con la existencia misma de la democracia”. (Énfasis suplido y en el original.) Id., pág. 926, citando a Sánchez y Colón v. E.L.A. I, 134 D.P.R. 445 (1993). Ello así ya que, en las sabias e ilustrativas palabras del Tribunal Supremo Federal, el derecho al sufragio “pre-serva todos los demás derechos”. (Traducción nuestra.)

Resulta mandatoria, en consecuencia, la conclusión a los efectos de que el “derecho de libertad de prensa” que pueda tener el mensuario Diálogo —apéndice o laboratorio de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad de Puerto Rico— debe y tiene que ceder ante el “interés apre-miante” que tiene el Estado de mantener las elecciones ge-nerales que cada cuatro (4) años se celebran en el País lo más libre posible de propaganda e influencia política indebida.

Lo procedente en derecho, por ende, sería que este Tribunal revocara la sentencia recurrida por el fundaménto de que el Estado tiene un “interés gubernamental apre-miante” —salvaguardar la pureza del derecho al sufra-gio— que válidamente le permite a la Comisión Estatal de Elecciones regular el contenido del mensuario “Diálogo” durante el año en que se celebran las elecciones generales en nuestro País-, ello al amparo de lo dispuesto por el citado Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico.

IV

Pero, aun hay más. La peligrosidad de la errónea norma hoy implantada por el Tribunal no tiene límite. No obs-tante ser los primeros en aceptar que, hasta el día de hoy y hasta donde conocemos, Diálogo no ha sido utilizado con fines político-partidistas, procede que nos preguntemos: ¿qué garantías hay de que las personas que hoy, o mañana, controlan la Universidad de Puerto Rico no utilicen dicha publicación como un instrumento indebido de propaganda política? La contestación en la negativa resulta ser obvia. Ahora bien, ello no es lo realmente crucial en este asunto.

Lo verdaderamente importante lo son las implicaciones que tiene la errónea norma que hoy se establece por el Tribunal. Si una corporación pública como la Universidad de Puerto Rico tiene derecho —meramente debido al hecho que el Presidente de la misma “garantice” su imparcialidad editorial— a publicar un mensuario sin que la Comisión Estatal de Elecciones pueda pasar juicio sobre la imparcia-lidad y corrección, desde un punto de vista de propoganda política indebida, de su contenido en un año eleccionario, ¿qué impide que otras agencias o corporaciones públicas del Gobierno hagan lo mismo durante el año de 1996 o en años eleccionarios subsiguientes?

Esto es, la opinión emitida abre las puertas para que cualquier jefe de una corporación pública pueda anunciar, con bombos y platillos, la creación de una publicación la cual, conforme sus palabras en ese momento, no será uti-lizada por dicha corporación pública como instrumento del Gobierno para difundir los supuestos logros del mismo. Dicha actuación o “garantía verbal”, conforme la opinión emi-tida, será suficiente para convertir a dicha publicación en un “foro público por designación”, el cual estará inmune de fiscalización por la Junta de Anuncios de la Comisión Es-tatal de Elecciones.

V

En síntesis, disentimos debido al hecho de que no pode-mos refrendar una opinión que establece un erróneo y pe-ligroso precedente en nuestra jurisdicción, el cual, al gra-vemente afectar y lastimar el derecho al sufragio, resulta igualmente perjudicial para nuestro sistema democrático de gobierno.

       “Periódico que se publica mensualmente. Mensual. No tiene registro acadé-mico, pero este neologismo es de formación correcta y de notoria necesidad en nues-tra lengua. Por analogía, monthly en inglés; común adjetivo, significa mensual; y como sustantivo una revista o periódico que se publica una vez por mes.” (Énfasis suplido.) D. Buonocore, Diccionario de Bibliotecología, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Marymar, 1976, pág. 300.

       Recientemente la Universidad de Puerto Rico acordó con la UNESCO la publicación en cada edición de Diálogo de una obra literaria de algún escritor reco-nocido de Iberoamérica.

       Formulan así el planteamiento:
      “Se plantea en este recurso si es inconstitucional que la Comisión Estatal de Elecciones —en años en que se celebran elecciones— le requiera a la Universidad de Puerto Rico que sus anuncios y publicaciones cumplan —durante este período— con las disposiciones pertinentes de la Ley Electoral y sus reglamentos.” Caso Núm. RE-93-1, Parte I, Solicitud de revisión, pág. 4.

       Se ha dicho que la frase “foro público” fue por primera vez utilizada por el Prof. Harry Kalven, Jr. en su artículo The Concept of the Public Forum: Cox v. Louisiana, 1965 S.Ct. Rev. 1. Véase Nimmer on Freedom of Speech Sec. 4.09[0] esc. 163, pág. 4-09 (1992).

       para casos federales que examinan la validez constitucional de reglamenta-ciones impuestas a publicaciones estudiantiles por oficiales de escuelas y universi-dades públicas, véase Anotación, Validity, Under Federal Constitution, of Public School or State College Regulation of Student Newspapers, Magazines, or Other Publications — Federal Cases, 16 A.L.R. Fed. 182 (1973).

       En la Sec. 11 de la Anotación, First Ammendment Rights of Free Speech and Press as Applied to Public Schools — Supreme Court Cases, 73 L.Ed.2d 1466, 1478 (1984), se analizan las razones por las cuales el periódico escolar no cualificaba como un foro público.

       La Universidad invoca Mississippi Gay Alliance v. Goudelock, 536 F.2d 1073 (5to Cir. 1976), que resolvió que la negativa del editor de un periódico de una uni-versidad estatal publicar los anuncios de la organización demandante violaba los derechos garantizados por la Primera Enmienda. Además, nos cita Lueth v. St. County Clair Community College, 732 F. Supp. 1410 (E.D. Mich. 1990), en que la Corte de Distrito dictaminó que el periódico universitario constituía un foro público y, por ende, el Decano de la institución no podía prohibir la publicación de un anuncio de un club de bailarinas nocturnas, pues atentaba contra los derechos de expresión del editor del periódico.
      En esa misma sintonía, anotamos San Diego Committee v. Governing Bd., 790 F.2d 1471 (9no Cir. 1986), en que la Corte de Apelaciones expresó que la decisión de una junta escolar de prohibir la publicación de un anuncio en oposición al servicio militar violaba la Primera Enmienda por ser el periódico un foro público.

       Dicho reglamento, creado por virtud de los poderes cuasilegislativos eoncedí-dosle a la Comisión Estatal de Elecciones (C.E.E.) por los Arts. 1.005 y 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sees. 3013 y 3351, exige que “[t]oda agencia que, directa o indirectamente, proyecte incurrir en gastos en el uso de cualquier medio de difusión para emitir cualquier información que considere de interés público ... somet[a] previamente una solicitud de autorización ante la Comisión”. Sec. 2.1 del Reglamento de Gastos de Difusión Pública del Gobierno (en adelante Reglamento), págs. 4r-5.

       Sec. 2.1 del Reglamento, supra, págs. 4-5. Véase esc. 1 de esta opinión para una lectura del texto íntegro de esta sección.

       Sección 1.2 del Reglamento, supra, pág. 1.

       Véase Art. 8.001 de la Ley Electoral de Puerto Rico, 16 L.P.R.A. sec. 3351.

       En Sepúlveda v. U.P.R., 115 D.P.R. 526, 527 (1984), expresamos que la Uni-versidad es “una corporación pública, de génesis legislativa, encargada de la educa-ción superior en Puerto Rico”.

       Desafortunadamente nuestra jurisprudencia está huérfana de expresiones al respecto. Ello nos obliga a acudir a la jurisprudencia federal.

        Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356, 370 (1886).

       En cuanto al codemandante Luis Fernando Coss, el cual es un empleado por contrato de la Universidad de Puerto Rico, éste no puede tener mayores derechos que los que tiene Diálogo o la Universidad de Puerto Rico respecto al derecho de “libertad de prensa” garantizado por la Constitución.


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Aniceto Sierra Rodríguez, acusado.

      Número: CE-94-400

      Resuelto: 8 de febrero de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Grisel Hernán-dez Esteces, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Luis A. Pérez Bonilla, de la Sociedad para la Asis-tencia Legal, abogado del acusado.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

El presente caso nos permite interpretar la extensión de la palabra “obra” según ésta es utilizada dentro del con-texto del Art. 188A del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4306a.

1-H

Hechos

El Sr. Aniceto Sierra Rodríguez fue acusado de dos (2) cargos por infracción al Art. 188A del Código Penal, supra. En las acusaciones se expresó que el acusado fue contra-tado para la construcción de unos gabinetes de cocina; que se le entregaron dos (2) cheques por las cantidades de dos mil dólares ($2,000) y mil quinientos dólares ($1,500) para que comenzara la obra, y que éste no realizó los trabajos requeridos. La defensa presentó una moción, al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, alegando la ausencia total de prueba en la determina-ción de causa probable. Planteó que el Art. 188A, supra, tipifica el fraude en obras de construcción, mientras que a lo que el acusado se comprometió fue a fabricar unos gabinetes. El tribunal de instancia acogió dicho plantea-miento y declaró con lugar la desestimación. Entendió que el Art. 188A, supra, se “refiere a obras de construcción, como edificios, residencias, ampliaciones, etc.”.

Inconforme, el Procurador General acudió ante nos, me-diante un recurso de certiorari, en el cual alegó que el tribunal de instancia erró al desestimar las acusaciones.

Así las cosas, le concedimos un término al acusado para que mostrara causa por la cual no deberíamos expedir el auto solicitado y revocar la determinación del foro de ins-tancia que concedió la moción al amparo de la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal, supra.

El acusado ha comparecido. Su escrito no nos convence. Resolvemos según lo intimado.

hH h — i

La interpretación de una ley penal

Para aplicar una ley a los hechos de un caso en particular siempre resulta necesario interpretarla, ya que no existe ley alguna que no requiera ser interpretada al mo-mento de su aplicación. D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 1983, págs. 92-93. Como señala Jiménez de Asúa, todas las leyes, aun las clarísimas, requieren algún grado de interpretación. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763, 788 (1960).

El Art. 6 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3021, enuncia la regla de interpretación de las palabras y frases que será utilizada con relación a un estatuto penal. Este señala, en lo pertinente:

Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente.

Esta disposición contiene los dos (2) criterios que serán aplicados en la interpretación judicial de los estatutos penales: la interpretación gramatical y la interpretación declarativa. Nevares-Muñiz, op. cit., pág. 106. La interpretación gramatical se refiere a que el juez habrá de examinar el significado gramatical de las palabras y la sin-taxis de las oraciones en la ley. Si de este análisis surge una interpretación clara y aceptable, concluye la interpretación. D. Nevares-Muñiz, Código Penal de Puerto Rico, Hato Rey, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 1993, pág. 9. Ahora bien, las palabras en un estatuto pueden tener un significado técnico o común. Cuando se trata de términos técnicos, éstos se deben interpretar dentro del contexto en que aparecen en la ley, a menos que el legislador haya establecido una definición en particular. De otra parte, si se trata de vocablos extrajurídicos que pertenencen al lenguaje común, entonces se les dará el significado que le concede el uso corriente. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, op. cit., pág. 95.

La interpretación declarativa, por su parte, es la que se hace en términos del resultado. Esta es la interpretación en la cual el juez aplica la ley estableciendo una correspondencia exacta entre las palabras y el espíritu de la ley. Esta interpretación declarativa, a su vez, puede ser restrictiva o extensiva. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, Parte General, op. cit. La restrictiva consiste en limitarse a entender las palabras en su sentido por considerar que éstas son la única expresión de la voluntad del legislador. La extensiva ocurre cuando la letra de la ley no expresa claramente el contenido de la voluntad legisla-tiva y, por lo tanto, se hace necesario interpretar la ley para determinar cuál es dicha voluntad. Para hacerlo, los informes que acompañaron al proyecto de ley y su historial legislativo resultan ser de gran utilidad. íd.

Debemos aclarar, sin embargo, que la interpretación extensiva no es lo mismo que la interpretación analógica. Esta última, por razón del principio de legalidad, no es permitida cuando se trata de estatutos penales. Sobre este particular nos señala Jiménez de Asúa:

“ ‘La analogía lleva siempre a una extensión de la ley, pero ella se distingue de la interpretación [extensiva] ..., porque en ésta, aunque el intérprete se sirva de elementos sistemáticos, el caso está previsto por los legisladores, incluso con palabras in-adecuadas, mientras que en la aplicación analógica no ha sido contemplada aquella hipótesis por la ley. Por eso no debe ha-blarse de interpretación analógica o mejor dicho [la interpreta-ción extensiva] es cosa distinta de la analogía porque la inter-pretación es el descubrimiento de la voluntad de la ley en sus propios textos, en tanto que con la analogía no se interpreta una disposición legal que en absoluto falta sino por el contrario, se aplica al caso concreto una regla que disciplina un caso semejante. En la interpretación extensiva falta la interpreta-ción literal, pero no la voluntad de la ley, y en la analogía falta también la voluntad de ésta.” Citado en Nevares-Muñiz, Dere-cho Penal Puertorriqueño, Parte General, op. cit, pág. 96.

Como parte de la interpretación extensiva, está el principio de que los estatutos penales deben ser interpretados restrictivamente en cuanto a lo que desfavorezca al acusado, y liberalmente en cuanto a lo que le favorezca. Pueblo v. Arandes de Celis, 120 D.P.R. 530, 538 (1988); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 516 (1972). Sin embargo, esta regla de que los estatutos penales deben interpretarse restrictivamente no exige que a las palabras de la ley deba dárseles un significado más limitado que el que usualmente tienen dentro de la realidad social o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención del legislador. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 410 (1988); Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891, 903 (1987); Pueblo v. Montilla, 71 D.P.R. 36, 44 (1950).

Procedemos a aplicar estas normas a los hechos de este caso.

r-H HH I — I

La palabra obra dentro del contexto del Art. 188-A del Có-digo Penal

El Art. 188A del Código Penal, supra, dispone:

Todo empresario, ingeniero, contratista o arquitecto de obras, y todo aquel que fuere contratado o se comprometiere a ejecutar una obra y que, luego de recibir dinero como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado, con la intención de defrau-dar incumpliere o contraviniere la obligación de ejecutar o com-pletar la obra según pactada, será sancionado con pena de re-clusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discre-ción del Tribunal, si el valor de la obra pactada y no ejecutada fuere menor de doscientos (200) dólares.
Si el valor de la obra pactada y no ejecutada fuere de doscien-tos (200) dólares o más será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de dos (2) años. De mediar circustancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuan-tes podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.
En el caso de las personas jurídicas, cuando el valor llegare o excediere de doscientos (200) dólares, el tribunal impondrá una multa no menor de cinco mil (5,000) dólares. Además impondrá la pena de suspensión.
En todos los casos, independientemente del importe del dinero recibido como pago parcial o total para ejecutar el trabajo contratado, el tribunal ordenará además que la persona con-victa resarza a la parte perjudicada por el doble del importe del dinero recibido como pago parcial o total para ejecutar el tra-bajo contratado. (Enfasis suplido.)

Surge de lo anterior que para que a una persona se le pueda imputar la comisión de este delito tienen que estar presentes los elementos siguientes: (1) una defi-nición de cuál era la obra y los términos y las condiciones pactados para ejecutarla; (2) la persona contratada debe haber recibido dinero como pago total o parcial para ejecu-tar la obra; (3) el incumplimiento por parte de dicha persona con los términos y las condiciones pactados para eje-cutar la obra, y (4) la intención o el propósito específico de la persona de defraudar a aquellas con quienes se obligó. Como vemos, éste es un delito de intención específica. Ade-más de la intención general del Art. 15 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3062, para que se configure este delito se requiere que el imputado haya actuado con la intención específica de defraudar.

En el caso de autos, el tribunal de instancia entendió que la prueba con la cual se determinó causa probable fue insuficiente. A su entender, había una ausencia total de prueba. Según dicho foro, el Art. 188-A, supra, se refiere únicamente a obras de construcción, y la prueba aportada para la determinación de causa probable versó únicamente sobre la fabricación de unos gabinetes de cocina. No le asiste la razón. Veamos.

Tanto bajo la interpretación gramatical como bajo la declarativa, encontramos que el vocablo .“obra” del Art. 188-A, supra, incluye la construcción de unos gabinetes. Un análisis de la palabra “obra” en distintos diccionarios demuestra que éste es un concepto general que puede incluir un sinfín de posibles trabajos. Pueblo v. Arandes de Celis, supra, pág. 539.

En segundo lugar, hemos expresado que los estatutos penales deben interpretarse a la luz de la realidad social de donde surgen y operan. Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra. Si a esto le añadimos que en Puerto Rico, una obra es algo más que una construcción de edificios, residencias o ampliaciones de éstos, tenemos que concluir que dicho vocablo incluye diversos tipos de trabajos realizados por el hombre, no sólo obras de construcción o ampliación de edificios o residencias.

Pasemos ahora a analizar el historial legislativo del Art. 188A, supra. Este artículo fue añadido a nuestro Código Penal mediante la Ley Núm. 63 de 5 de julio de 1988 (33 L.P.R.A. sec. 4306a). En su Exposición de Motivos se ex-presó lo siguiente:

Como es de conocimiento general, en Puerto Rico se registran casos de personas inescrupulosas que celebran contratos, mu-chas veces orales, para construir obras o reconstruir estructuras y, luego de recibir el dinero para ejecutarlas, desaparecen o las abandonan sin realizarlas o completarlas de acuerdo a los tér-minos pactados con los clientes.
Aim cuando los perjudicados pueden instar una acción civil por incumplimiento de contrato o iniciar aquellas acciones que le proveen otras leyes especiales, estos remedios resultan len-tos o costosos.
A fin de evitar y desalentar esta clase de conducta y de pro-veer un mecanismo más ágil y efectivo, para sancionar esta práctica, es necesario e imperioso tipificar y penalizar como de-lito los actos de los contratistas, empresarios, ingenieros y ar-quitectos de obras que después de recibir el dinero para la eje-cución de una obra no usan el dinero para ese propósito y no realizan ni completan el trabajo contratado.
Debido a la gravedad de la situación la persona que incurra en esta actuación será sancionada del mismo modo que los Ar-tículos 165 y 166 del Código Penal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que penalizan a las personas convictas por apropia-ción ilegal y por apropiación ilegal agravada. A estos efectos se gradúa la pena a tenor con el importe del dinero recibido como pago total o parcial para ejecutar el trabajo contratado.
Además se dispone que en todos los casos el tribunal orde-nará a la persona convicta del delito a resarcir a la parte per-judicada por el doble del importe del dinero recibido. Ello no afecta la responsabilidad civil de las personas que incurran en la comisión del delito. (Enfasis suplido.) 1988 Leyes de Puerto Rico 306.

De la discusión de la medida, efectuada en el Senado de Puerto Rico el 21 de abril de 1988, surge con meridiana claridad la intención de otorgarle al término "obra” un sig-nificado amplio. Diario de Sesiones de la Asamblea Legis-lativa, Senado, de 21 de abril de 1988, pág. 1155. A pregun-tas de la Senadora Sra. Victoria Muñoz Mendoza, sobre la pena que ha de imponerse, y ante las dudas de si el delito sería efectivo para lograr el objetivo de desalentar la con-ducta tipificada, el Senador Sr. Rolando Silva respondió:

SR. SILVA: ... Sin embargo, este proyecto tiene una justifica-ción, y una justificación social y la compañera aunque sí, existe el procedimiento civil, del mecanismo civil para resarcir a estas personas, la realidad del asunto es que la cantidad envuelta que [sic] siempre es tan poca que se queda [sic] con la suya y hay una conducta consuetudinaria que las personas se dedican a esto a cogerle depósitos a las viejitas para hacerle una obra ya sea arreglarle un techo o una marquesina, una reja y luego, no lo cumplen y sabiendo que le es más costoso el reclamo que, [sic] y el problema y el trabajo y la, [sic] y todo lo que conlleva ese reclamo en la corte, en el Tribunal Superior Civil que lo que vale el reembolso en realidad. (Enfasis suplido.) Diario de Se-siones, supra, pág. 1156.

Se desprende del debate que los legisladores eran ple-namente conscientes de la frecuencia con que ocurría este tipo de fraude y de los variados tipos de conducta compren-didos dentro de esta indeseable práctica. También demos-traron una preocupación por la magnitud de las penas im-puestas:

SR. RAMOS, ORESTE: ... Ahora, hay otra preocupación que tengo y es con relación a este asunto de las penas. No hay, Su Señoría, jurado en Puerto Rico y aquí se va a tratar de juicios por jurados porque se está hablando de dos años de cárceles [sic], nada de doscientos (200) dólares, no hay jurado en Puerto Rico que meta preso por 2 años a un “chivero” por no completar una obra. Y yo creo que esa redacción derrota el propósito de los autores de la medida. Diario de Sesiones, supra, pág. 1158.

El Senador Sr. Jorge Izquierdo Stella apoyó la medida y se unió a la preocupación de que si la penalidad era muy fuerte se podría convertir en una ley sin aplicación efectiva. El Senador Sr. Miguel Miranda Conde respondió:

SR. MIRANDA CONDE: Señor Presidente, yo viví ese drama ya hace unos cuantos años atrás. Hay algo que estamos pa-sando por alto cuando estamos hablando de esta medida. Y es el hecho factual [sic], de que en Puerto Rico el mercado más grande no es de construir casas. El mercado más grande que hay aquí en Puerto Rico es de las mejoras de casas, y todas son residenciales. Y usualmente son de una sola planta. Usual-mente son terreras y usualmente son en lugares de clase media baja, clase baja y clase media.
Yo aprecio las delicadezas en cuanto a que si el castigo es inusitado, que si es cruel, que si el Jurado le va a coger pena, todo eso yo lo aprecio y lo respeto y lo admiro como parte de un proceso legislativo. Pero aquí estamos obligados a pensar no solamente en las protecciones individuales constitucionales y en los sistemas procesales, criminales y todas esas cosas, sino pensar también (sic) la ciudadanía, que es donde estos “chive-ros” hacen sus mayores estragos. Diario de Sesiones, supra, pág. 1159.

Si bien es cierto que varios legisladores enfocaron el problema como de fraude en la construcción de estructu-ras, no es menos cierto que éstos no expresaron la inten-ción de que en el estatuto se limitase el alcance de la pala-bra “obra”.

Es de notar que en el debate incluso se mencionaron otras obras tales como arreglo de techos e instalación de rejas. También resulta revelador que en varias ocasiones durante la discusión de los senadores, éstos se refirieron al sujeto del delito como “chivero”. Como es de conocimiento general, en nuestro país “chivero” o “chiripero” es, entre otras cosas, una persona que se contrata para realizar arreglos o encomiendas de diversa naturaleza. De todo lo anterior se puede colegir que la interpretación del tribunal de instancia no está acorde con un significado común de esta palabra ni con el contexto social en que ésta se aplica.

La intención del legislador al aprobar el citado Art. 188A resulta clara: penalizar y desalentar la práctica de aquellas personas que, con la intención de defraudar, toman dinero, como pago parcial o total, para realizar una obra y luego no la ejecutan o no la completan. Además, provee un medio rápido para que los perjudicados sean resarcidos del perjuicio que tal fraude les causó. Si el legislador no limitó la aplicación de la ley, no hay por qué coartar innecesariamente sus propósitos.

Por todo lo antes expuesto, se expide el auto de “certio-rari” y se dictará sentencia para revocar la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió una opinión de conformidad.

Opinión de conformidad del

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

El precepto de que los estatutos penales deben ser inter-pretados de forma restrictiva en cuanto a lo que desfavo-rezca al acusado no es un mero canon de hermenéutica. Se trata más bien de una importante regla de naturaleza nor-mativa, que debe acatarse con rigurosa fidelidad, porque se origina en el más fundamental principio del derecho penal y se apoya en mandatos constitucionales de la mayor jerarquía.

El precepto aludido surge en esencia del principio de la legalidad, sobre el cual se erige nuestro ordenamiento ju-rídico penal. Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031. La interpretación restrictiva del alcance de los estatutos penales es un corolario del axioma básico contenido de la antigua máxima nulla poena sine lege. Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964). Es también un corolario del mandato constitucional sobre el debido proceso de ley en el ámbito penal, conforme al cual no se puede hacer responsable criminalmente a ninguna persona por una conducta que no podía entender razonablemente que estu-viese proscrita. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763 (1960). Por estas razones, el precepto en cuestión debe to-marse muy en serio por todos los foros judiciales.

Ahora bien, la norma de interpretación restrictiva aplica sólo cuando existan dudas genuinas sobre el alcance o sentido de una disposición penal. Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 439 (1973); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972); El Pueblo v. Benitez et al., 19 D.P.R. 246 (1913). Dicha norma no significa que deba dársele la inter-pretación más ceñida posible a los estatutos penales. Pueblo v. Tribunal Superior, supra. No aplica aquí porque el caso ante nos ahora no gira en torno a una disposición redactada tan confusamente que existan legítimas dudas sobre las actividades que trata de penalizar. Por el contra-rio, de su propia faz, el estatuto en cuestión claramente prohíbe no sólo el fraude de ingenieros, contratistas y ar-quitectos —que presupone obras de importancia— sino también el de “todo aquel... que luego de recibir dinero ... para ejecutar el trabajo contratado ... incumpliere la obli-gación”, que presupone cualquier otra labor, aunque sea de menor envergadura. En efecto, el propio artículo en cues-tión impone expresamente una pena más baja para el caso en que la obra no ejecutada sea de un valor menor de dos-cientos dólares ($200). Las palabras mismas de la disposi-ción en cuestión, pues, según su uso común y corriente, evidentemente penalizan actos como los que se le imputa-ron al acusado en este caso. El propio estatuto literalmente equipara el vocablo “obra” con el vocablo “trabajo” y clara-mente dispone que pueden haber “obras” o “trabajos” pe-queños, cuyo valor sea menor que la escasa suma de dos-cientos dólares ($200). Razonablemente se podía entender que la conducta atribuida al acusado estaba prohibida. Para llegar a tal conclusión, no es necesario interpretar la disposición en cuestión más allá de lo que significan sus propios términos literales. Por ello, coincido con el resul-tado y la posición expresada en la opinión de la mayoría.

       La palabra “obra” según el Diccionario de la Lengua Española, 21ra ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1992, pág. 1035, significa, entre otras cosas: cosa hecha o producida por un agente; cualquier producción del entendimiento en ciencias, letras o artes; volumen o volúmenes que contienen un trabajo literario completo; edificio en construcción; lugar donde se está construyendo algo o arreglando el pavimento; me-dio virtud o poder, trabajo que cuesta, o tiempo que requiere la ejecución de una cosa; labor que tiene que hacer un artesano; acción moral, y principalmente la que se encamina al provecho del alma, o la que le hace daño.
      El Diccionario Español Actual, Barcelona, Ed. Grijalbo, 1988, pág. 670, define “obra” como: todo aquello creado por alguien, individual o genéricamente; cualquier manifestación artística como un libro, cuadro, partidura musical, película, etc.; con-junto de cosas que un autor ha creado; pieza teatral; trabajo que realiza un artesano; lugar donde se trabaja en la construcción de un edificio, presa, etc.; labor de albañi-lería; esfuerzo empleado en hacer o conseguir algo.
      El Diccionario Español de Sinónimos y Antónimos, Madrid, Ed. Aguilar, 1985, pág. 777, incluye como sinónimos de “obra”: trabajo, labor, faena, tarea, ocupación, hazaña, producción, producto, resultado.
      El Diccionario y Gramática de la Lengua Española, Barcelona, Ed. Nauta, 1985, T. 2, pág. 495, define “obra” como: cosa hecha o producida por un agente; cualquier producción del entendimiento; edificio en construcción; medio, mitad o poder; labor que tiene que hacer un artesano; volumen o volúmenes que contienen un trabajo completo; acción morál, especialmente la encaminada al provecho o daño del alma.