author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    Juan M. Rivera González, Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, querellante y recurrente v. J. C. Penney Company, Inc., querellada y recurrida.

      Número: CE-87-147

      Resuelto: 24 de noviembre de 1987

      Benjamín Acevedo Defilló, abogado del peticionario; Aníbal Lugo Miranda, de McConnell, Valdés, Kelly, Sifre, Griggs & Ruiz-Suriá, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El Señor Secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en representación y para beneficio del empleado Nelson Álamo Santini, radicó una querella ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de Carolina, contra la corporación J.C. Penney Company, Inc., en reclamación de indemnización por despido injustificado al amparo de las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.) —Ley Núm. 80— y de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. see. 3118 et seq., la cual establece un procedimiento sumario para reclamaciones por servicios prestados (Ley Núm. 2, supra). Se alegó en dicha querella que el señor Álamo Santini había trabajado para la querellada, mediante contrato sin tiempo determinado, desde agosto de 1978 hasta el 12 de abril de 1985, fecha en que había sido despedido de su empleo sin justa causa; razón por la cual el señor Álamo Santini tenía derecho a que se le pagara la indemnización que para esos casos provee la citada Ley Núm. 80,() suma de dinero que la querellada se había negado a pagar no obstante las gestiones de cobro realizadas.

La querellada J.C. Penney Co., Inc., contestó la querella el 28 de mayo de 1986. En relación con la alegación fundamental de la querella a los efectos de que el despido había sido sin justa causa, específicamente alegó como defensa afirmativa que:

El Querellante Nelson [Á]lamo Santini no tiene derecho a recibir compensación alguna bajo la Ley Núm. 80 del 30 de mayo de 19[7]6, 29 L.P.R.A. Sección 185[a] et seq. por razón de haber éste renunciado durante una reunión con el gerente de personal, y en frente de testigos mientras se discutía una reprimenda que se le había dado. (Énfasis suplido.)

Dicha defensa afirmativa o teoría fue reiterada por la querellada J.C. Penney Company, Inc., mediante carta de 26 de junio de 1986 que le dirigiera su abogado al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico y en la contestación bajo juramento, de 19 de septiembre de 1986, que la querellada sometiera en contestación a un interrogatorio que le enviara la parte querellante, contestación suscrita por su jefe de personal.

Ello no obstante, mediante moción de 18 de septiembre de 1986 y ya en la etapa de la conferencia con antelación al juicio, la querellada solicitó permiso del Tribunal de Distrito, Sala de Carolina, para que se le permitiera enmendar su contestación a la querella a los efectos de que “en la alternativa de que el Tribunal resolviera que el Querellante no renunció, sino que fue despedido, que dicho despido fue con justa causa ya que el Demandante venía observando una conducta impropia y se desempeñaba en forma ineficiente..Moción de 18 de septiembre de 1986, pág. 1.

En adición, y mediante escrito de esa misma fecha, la querellada solicitó permiso del referido tribunal para que se le permitiera deponer al testigo Josué Ortiz, Investigador de Normas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, quien fue anunciado como testigo por la parte querellante en el informe sobre conferencia preliminar entre abogados.()

El Señor Secretario del Trabajo y Recursos Humanos se opuso a ambas solicitudes. El Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sala de Carolina, estimó que le asistía la razón a la parte querellada. Autorizó a dicha parte, en su consecuencia, no sólo a enmendar la contestación a la querella, sino a tomar la deposición objetada. Inconforme, radicó la parte querellante recurso de certiorari ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina. Dicho foro se negó a expedir el auto solicitado.

De dicha resolución denegatoria acudió el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos ante este Tribunal, impu-tándole al foro de instancia el haber errado, primero, al permitir que la parte querellada enmiende su contestación a la querella y, segundo, al permitirle a ésta realizar des-cubrimiento de prueba adicional. Le concedimos término a dicha parte para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto de certiorari radicado y dictar sentencia revocando la resolución recurrida. Ha compare-cido. Resolvemos.

HH

En Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 316 (1975), expresamos que la “esencia y médula del trámite fijado para casos sobre reclamaciones de salarios consagrado en la Ley Núm. 2 del 17 de octubre de 1961, según enmendada, constituye el procesamiento sumario y su rápida disposición. Desprovisto de esta característica, resulta un procedimiento ordinario más, en el cual la adjudicación final que oportunamente recaiga, resulta incompatible con alcanzar, en su máxima expresión, el mandato legislativo de diligencia en el dictamen judicial”. (Énfasis suplido.)

El deber de este Tribunal de velar por que los procedimientos judiciales se lleven a cabo con la mayor rapidez posible, cobra singular importancia al enfrentarnos a una situación en que “los otros poderes constitucionales —legislativo y ejecutivo— en el ejercicio válido de aprobar leyes han expresado su sentir sobre los asuntos que a su juicio merecen especial atención”. (Énfasis suplido.) Díaz v. Hotel Miramar Corp., ante, pág. 316.

Por otro lado, expresamos en Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 505 (1982), que:

.. .las leyes no se interpretan ni se aplican en el vacío. No todos los casos son iguales; un determinado caso puede requerir un tratamiento distinto al que se le haya dado a otro, por más que éstos parezcan ser iguales. Ante un cuadro de hechos que así lo exigía, hemos sido enérgicos en la interpretación y aplicación de la citada ley especial; ejemplo de ello lo es el caso de Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 (1975). En otras ocasiones, cuando los hechos así lo han requerido, hemos sido más flexibles; constituyen ejemplo de ello los casos de Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964), y Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864 (1965).

Con ese trasfondo en. mente, abordamos la solución de las controversias que se plantean en el presente recurso. Las mismas están específicamente contempladas en la See. 3 de la citada Ley Núm. 2 de 1961, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3120. Establece dicha disposición legal:

El Secretario del Tribunal notificará a la parte querellada con copia de la querella, apercibiéndole que deberá radicar su contestación por escrito, con constancia de haber servido copia de la misma al abogado de la parte querellante o a és-ta si hubiere comparecido por derecho propio, dentro de diez (10) días después de la notificación, si ésta se hiciere en el distrito judicial en que se promueve la acción, y dentro de quince (15) días en los demás casos, y apercibiéndole, además, que si así no lo hiciere, se dictará sentencia en su contra, concediendo el remedio solicitado, sin más citarle ni oírle. Solamente a moción de la parte querellada, la cual deberá notificarse al abogado de la parte querellante, o a ésta si compareciere por derecho propio, en que se expongan bajo juramento los motivos para que ello tuviere la parte querellada, podrá el Juez, si de la faz de la moción encontrara causa justificada, prorrogar el término para contestar. En ningún otro caso tendrá jurisdicción el Tribunal para conceder esa prórroga.
El alguacil o una persona particular diligenciará la notificación del Secretario del Tribunal al querellado. Si no se encontrare al querellado, se diligenciará la orden en la persona que en cualquier forma represente a dicho querellado en la fábrica, taller, establecimiento, finca o sitio en que se realizó el trabajo que dio origen a la reclamación o en su oficina o residencia. Si el querellado no pudiere ser emplazado en la forma antes dispuesta se hará su citación de acuerdo con lo que dispongan las Reglas de Procedimiento Civil para esos casos.
El querellado deberá hacer una sola alegación responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y objeciones, entendiéndose que renuncia a todas las defensas u objeciones que no incluya en dicha alegación responsiva.
En los casos que se tramiten con arreglo a las sees. 3118 a 3132 de este título, se aplicarán las Reglas de Procedimiento Civil en todo aquello que no esté en conflicto con las disposiciones específicas de las mismas o con el carácter sumario del procedimiento establecido por esta ley; Dispo-niéndose en relación con los medios de descubrimiento anteriores al juicio autorizados por las Reglas de Procedi-miento Civil, que la parte querellada no podrá usarlos para obtener información que debe figurar en las constancias, nóminas, listas de jornales y demás récords que los patronos vienen obligados a conservar en virtud de las disposiciones de la Ley de Salario Mínimo, sees. 245 et seq. del Título 29, y los reglamentos promulgados al amparo de la misma, excepto cualquier declaración prestada o documento sometido por la parte querellante en cualquier acción judicial; y que ninguna de las partes podrá someter más de un interrogatorio o deposición ni podrá tomar una deposición a la otra parte después que le haya sometido un interrogatorio, ni someterle un interrogatorio después que le haya tomado una deposición, excepto que medien circunstancias excepcionales que a juicio del Tribunal justifiquen la concesión de otro interrogatorio u otra deposición. No se permitirá la toma de deposición a los testigos sin la autorización del Tribunal, previa determinación de la necesidad de utilizar dicho procedimiento.
La información obtenida por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos o por sus agentes debidamente autorizados en el curso de las investigaciones practicadas en el ejercicio de las facultades concedidas en la Ley de Salario Mínimo, sees. 245 et seq. del Título 29, y en la Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, sees. 304 et seq. del Título 3, será de carácter privilegiado y confidencial y sólo podrá ser divulgada mediante la autorización del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.
En ningún caso que se tramite al amparo de las sees. 3118 a 3132 de este título, podrá contrademandarse o reconvenirse al obrero o empleado querellante por concepto alguno. (Énfasis suplido.)

Como podemos notar, de acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo de la transcrita disposición legal, la querellada J.C. Penney Company, Inc., venía obligada a incluir en la contestación a la querella que originalmente radicara “todas” sus defensas y objeciones, entendiéndose renunciadas las que no incluyó.

En contrario, la querellada nos llama la atención a nuestra decisión en Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45 (1964). En dicho caso se trataba de una reclamación de salarios en que la allí querellada, en la contestación que radicara, adujo que no le adeudaba suma de dinero alguna al querellante por concepto de salarios devengados. Posteriormente solicitó permiso para enmendar su contestación a la querella, consistiendo la enmienda en que no adeudaba nada por razón de que el querellante era un “ejecutivo”. Al resolver que procedía la enmienda solicitada, expresamos, a la pág. 50, que la “disposición aludida en la Sec. 3 de la Ley Núm. 2 [el tercer párrafo de la misma] no tiene el efecto de impedir que una alegación responsiva hecha según dispone la misma sea enmendada en un caso apropiado” (énfasis suplido); sobre todo si consideramos que el “haberse permitido enmendar la contestación para exponer de modo expreso que el demandante era un ejecutivo, sin que se trate de uno de esos casos en que se requiere la interposición de una defensa afirmativa, de hecho benefició al demandante ya que antes del juicio quedó debidamente informado de esa alegación responsiva y en mejores condiciones para sostener con prueba su reclamación, o prepararse para impugnar la prueba en tal sentido”. (Énfasis suplido.)()

r — H HH

Ratificamos los principios enunciados tanto en Román Cruz v. Díaz Rifas, ante, como en Díaz v. Hotel Miramar Corp., ante. No hay duda de que no procede una interpretación inflexible de las disposiciones de la citada Ley Núm. 2 de 1961, según enmendada. Ahora bien, si es que queremos cumplir con nuestra obligación de agilizar todos los procedimientos judiciales y, en específico, de darle contenido a la clara intención legislativa respecto a la referida ley especial, la decisión emitida en el mencionado caso de Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., ante, debe ser interpretada como que en casos donde se cuestiona la justa causa para el despido al amparo de las disposiciones de la citada Ley Núm. 80, supra, y que se tramitan conforme lo dispuesto por la Ley Núm. 2, supra, los tribunales de instancia no deberán permitir enmiendas a la contestación a la querella a menos que se trate de situaciones donde la enmienda interesada tenga el propósito u objetivo de clarificar o ampliar, en beneficio de la pronta solución del caso, una defensa afirmativa previamente interpuesta en la contestación. Dicho de otra forma, los tribunales de instancia no deberán permitir que una parte querellada enmiende su contestación a la querella para adicionar nuevas defensas afirmativas.

Una interpretación contraria haría totalmente inoperante y desvirtuaría el procedimiento sumario que por razones de política pública estimó procedente establecer nuestra Asamblea Legislativa respecto a esta clase de casos. No debe perderse de vista que las razones para el despido de un empleado, se supone, existan con anterioridad a que ocurra el mismo. Siendo ello así, resulta absurdo que se le permita a un patrono que enmiende su contestación a la querella para adicionar una nueva defensa afirmativa cuando la misma, repetimos, no sólo se supone que existiera desde antes del despido sino que el patrono debía conocerla al ordenar el mismo. Es por ello que no creemos que sea oneroso el requisito impuesto por la citada Ley Núm. 2 a los efectos de que el patrono, al momento de contestar la querella sobre despido injustificado, venga en la obligación de especificar todas y cada una de las razones o motivos que tuvo para despedir al empleado. Nótese que la Ley Núm. 2, supra, no le impide al patrono presentar todas las defensas con que cuenta a esos efectos; lo que intenta evitar la citada ley —con el propósito de lograr una rápida adjudicación de la querella— es que el patrono dilate innecesaria y viciosamente los procedimientos.

El caso de autos, ¿es uno “apropiado” en que debe permitirse la enmienda propuesta? Esto es, dicha enmienda, ¿tiene el efecto de clarificar o ampliar, en beneficio de la pronta solución del caso, una defensa afirmativa previamente interpuesta por el patrono en la contestación a la querella? La contestación en la negativa resulta obvia. La defensa que se intenta adicionar es una completamente nueva y diferente que no tiene relación alguna con la aducida en la contestación a la querella radicada,() la cual no tiene el efecto de viabilizar la pronta solución del caso. La situación en que se encuentra la querellada es únicamente atribuible a ella y a su representación legal, las cuales han observado en la defensa del caso un patrón de conducta que puede ser calificado, cuando menos, de errático.() Dicha situación pudo ser evitada si su representación legal, en lugar de aducir en la contestación radicada únicamente la defensa relativa a la renuncia, hubiera planteado ambas defensas: la de renuncia del querellante y la de ineficiencia en el desempeño de su trabajo. La negación de la enmienda, bajo esas circunstan-cias, no constituye violación alguna al debido proceso de ley. Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689, 692 (1965). Por otro lado, debe mantenerse presente que por “regla general, y en ausencia de circunstancias que justifiquen lo contrario, todo litigante que escoge libremente a un abogado para que lo represente en un litigio no puede evitar las consecuencias de los actos y omisiones de tal agente...”. Díaz v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 79, 88 (1966); Maldonado v. Srio. de Rec. Naturales, 113 D.P.R. 494, 497 (1982).

Respecto a la segunda de las controversias —esto es, si se le debe permitir a la querellada deponer o no al Sr. Josué Ortiz, investigador de normas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el cual fue anunciado como testigo por la parte querellante en el informe sobre conferencia preliminar entre abogados— la situación no es tan complicada. La parte querellante recurrente argumenta que dicha deposición no procede debido a que la antes transcrita Sec. 3 de la Ley Núm. 2, supra, específicamente establece que la información obtenida por el Secretario y sus agentes autorizados en el curso de una investigación es de carácter privilegiado y confidencial. Por su parte, la querellada recurrida aduce que “si bien es cierto que la información que conozca el señor Ortiz y que forme parte del récord de este investigador del Departamento del Trabajo es de naturaleza privilegiada y confidencial, la naturaleza privilegiada y de confidencialidad de esta infor-mación se ha perdido a la vez que el propio Departamen-to del Trabajo ha anunciado a este testigo para declarar en el caso sobre exactamente esas mismas materias”. Escrito mostrando causa por la cual no se debe expedir auto de certiorari..pág. 5.

Le asiste la razón a la parte recurrida en este aspecto. No hay duda de que el testimonio del mencionado testigo versará sobre la información que él recopiló durante la investigación que realizara. Mal puede el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos reclamar —ante la deposición solicitada— que el producto de esa investigación debe mantenerse confidencial cuando se propone utilizar a dicha persona como testigo en el juicio a celebrarse. Asumiendo —a los fines de la argumentación— la validez constitucional de la disposición legal en controversia, el “privilegio” de confidencialidad que cobija dicha información bajo el referido estatuto debe entenderse “renunciado” al momento en que el Secretario pretende utilizar a dicho investigador como testigo en el caso. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477, 498 (1982); Cf. Regla 33 de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. IV); García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727 (1976).()

Tenemos, en adición, que la transcrita See. 3, supra, dispone, en lo pertinente, que no “se permitirá la toma de deposición a los testigos sin la autorización del Tribunal, previa determinación de la necesidad de utilizar dicho procedimiento”. (Énfasis suplido.) En el presente caso el tribunal de instancia, luego de las partes exponer por escrito sus respectivas posiciones, ejercitó esa discreción que le concede el estatuto y autorizó la toma de la deposición. La parte querellante, aparte del argumento sobre confiden-cialidad previamente discutido, no ha aducido ante este Tribunal argumento adicional alguno en apoyo de la posición de que el foro de instancia incurrió en abuso de su discreción al así actuar. No intervendremos, por tanto, con el ejercicio de esa discreción. Banco de Ponce v. Iriarte, 60 D.P.R. 72 (1942). Ello no obstante, advertimos que las preguntas a hacerse durante la toma de dicha deposición deberán ser pertinentes y relevantes al asunto en controversia; esto es, si el querellante Nelson Álamo Santini renunció o no voluntariamente al cargo que ocupaba en la compañía querellada. En armonía con el procedimiento sumario que contempla la citada Ley Núm. 2, supra, la toma de la referida deposición deberá ser señalada para la fecha más próxima posible, al igual que la vista en su fondo del caso.

Por las razones antes expresadas, se expedirá el auto solicitado y se dictará sentencia modificatoria de la orden recurrida, devolviéndose el caso al foro de instancia para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre y disiente con opinión escrita.

—0-

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Disiento de las Partes I y II de la opinión del Tribunal y concurro con la Parte III.

Al revocar innecesariamente valiosos precedentes, nos colocamos de nuevo en una etapa ya superada de nuestra jurisprudencia interpretativa de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. secs. 3118-3133).

En Román Cruz v. Díaz Rifas, 113 D.P.R. 500, 505 (1982), al expresarnos sobre las características de esta ley especial, dijimos:

No hay duda de que nuestra Asamblea Legislativa, preocupada con la lentitud de los trámites judiciales ordinarios, tuvo el propósito de agilizar los procedimientos de reclamaciones de salarios al aprobar la citada Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961. Ahora bien, las leyes no se interpretan ni se aplican en el vacío. No todos los casos son iguales; un determinado caso puede requerir un tratamiento distinto al que se le haya dado a otro, por más que éstos parezcan ser iguales. Ante un cuadro de hechos que así lo exigía, hemos sido enérgicos en la interpretación y aplicación de la citada ley especial; ejemplo de ello lo es el caso de Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314 (1975). En otras ocasiones, cuando los hechos así lo han requerido, hemos sido más flexibles; constituyen ejemplo de ello los casos de Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964), y Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864 (1965). (Énfasis suplido.)

Con este precedente en mente, y con el fin de evitar soluciones contradictorias, examinemos el recurso ante nos.

HH

Se trata de una reclamación de indemnización por despido injustificado instada bajo las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976 (29 L.P.R.A. sec. 185a et seq.) y la Ley Núm. 2, supra, que establece un procedimiento sumario para reclamaciones por servicios prestados.

El Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico compareció en representación y para beneficio del querellante Nelson Álamo Santini, al amparo de la facultad que le concede la citada Ley Núm. 2, supra. Alegó, en síntesis, que el reclamante prestó servicios desde agosto de 1978 para J.C. Penney mediante contrato sin tiempo determinado; que el 12 de abril de 1985 aquél fue despedido de su empleo sin justa causa y que la empresa querellada no le pagó la indemnización que por despido injustificado tenía derecho a recibir a tenor con la Ley Núm. 80, supra.

En su contestación, J.C. Penney admitió que el señor Álamo Santini comenzó a trabajar con la firma el 22 de agosto de 1978, pero negó que fuera despedido sin justa causa. Planteó, además, que el reclamante no tenía derecho a recibir compensación bajo la Ley Núm. 80, supra, debido a que éste renunció a su empleo en el transcurso de una reunión con el gerente de personal de la empresa, mientras recibía una “reprimenda”.

Durante el descubrimiento de prueba, y en contestación a los interrogatorios específicos del querellante en torno a los detalles de la renuncia, la firma querellada reveló los nombres de las personas a quienes el señor Álamo Santini expresó su deseo de renunciar. Se acompañó por escrito el contenido de la reprimenda.

Así las cosas, a cuatro meses de J.C. Penney haber puesto en controversia la justa causa para el despido en su contestación a la querella, y a dos meses de que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos hubiera admitido que conocía de la alegación de despido por ineficiencia,() la primera anunció en la conferencia preliminar al juicio su intención de enmendar su contes-tación. Básicamente levantó la defensa de despido justifi-cado —en la alternativa de que el tribunal resolviera que el reclamante no renunció— ya que éste observaba un patrón de conducta impropio y rendía su trabajo de forma deficiente. La empresa querellada solicitó además, mediante moción al Tribunal de Distrito, un “permiso para conducir descubrimiento de prueba adicional” y así poder “deponer” al Sr. Josué Ortiz, Investigador de Normas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, quien fue anunciado como testigo por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Ambas solicitudes fueron declaradas con lugar por el Tribunal de Distrito. De dicha resolución el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos recurrió al Tribunal Superior vía certiorari, moción que fue declarada no ha lugar por ese foro. El 6 de marzo de 1987 el Departmento del Trabajo y Recursos Humanos presentó ante nos una petición de certiorari y moción en auxilio de jurisdicción. Solicitó la revocación de la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

El 10 de marzo de este año ordenamos la paralización de los procedimientos hasta que dispusiéramos otra cosa. Dos días después concedimos término a J.C. Penney para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el auto solicitado y revocar al Tribunal Superior. Una vez analizada la comparecencia de las partes, procede resolver contrario a lo intimado.

Si partimos del análisis del texto que precisamente se utiliza en la opinión de la mayoría, en Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45, 49-50 (1964), expresamos que lo que perseguía la norma de consolidación de defensas era evitar la proliferación de mociones con anterioridad a la alegación responsiva, de modo que la contienda en su fondo quedara trabada prontamente. Aclaramos, además, que la disposición aludida en la Sec. 3 de la Ley Núm. 2, según enmendada, 32 L.P.R.A. sec. 3120, no tenía el efecto de impedir que una alegación responsiva fuera enmendada en un caso apropiado. Reconocimos —luego de meditada exposición— que la Regla 13.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, al permitir enmiendas a las alegaciones con el permiso del tribunal, en modo alguno resultaba conflictiva con la precitada See. 3 de la ley especial. Dijimos, en suma, en el propio lenguaje de la opinión:

Al estatuirse en la Ley Núm. 2... que el querellado deberá hacer una sola alegación responsiva en la cual deberá incluir todas sus defensas y objeciones, lo que se requirió es que tanto las defensas afirmativas de la Regla 6.3 como las defensas enumeradas en la Regla 10.2, ... han de presentarse por la parte querellada en una contestación que lo comprenda todo: su respuesta a los méritos del caso y tales defensas o cualquier defensa, dado el carácter sumario de la acción. Se ha querido obviar en estas reclamaciones de salario la dilación inevitable que ocurre cuando a un demandado se le permite, como permiten las reglas ordinarias, levantar distintas defensas y obtener dictamen sobre ellas antes de contestar en los méritos. La idea es que la contienda en su fondo quede trabada prontamente.
...Ningún conflicto existe entre esta Regla 13.1 que presupone alegaciones ya hechas y lo dispuesto en la Sec. 3 de la Ley Núm. 2 que se refiere al modo de alegar distinto en este tipo de acciones judiciales. (Énfasis suplido y escolio omitido.) Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., supra, págs. 49-50.

En otras palabras, bajo'nuestro actual derecho positivo procede confirmar al tribunal de instancia.() No estamos ante un caso en el cual debamos permitir que una parte reviva tardíamente una defensa o versión “nueva o diferente que no tiene relación alguna con la aducida en la contestación”.

En el caso de epígrafe, la querellada no levantó la defensa de “renuncia” mediante moción aparte antes de alegar. Muy por el contrario, contestó de una sola vez la querella y puso en controversia la justa causa para el despido, trabando la contienda y afectando los propios mé-ritos de la reclamación. Recuérdese que según la Regla 6.2 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. Ill, “[l]as nega-ciones impugnarán en lo sustancial las aseveraciones que se niegan”.

Discrepo fraternalmente del Tribunal por entender que no hay realmente una distinción significativa entre el caso de autos y el de Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., supra. Tanto en éste como en el presente caso, el permiso para enmendar la contestación ciertamente beneficia al demandante en la medida que le informa antes del juicio de cierta alegación responsiva lo que lo coloca “en mejores condiciones para sostener con prueba su recla-mación, o prepararse para impugnar la prueba en tal sentido”. íd., pág. 51. La única diferencia es que en Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., supra, la demandada solicitó permiso para presentar una contes-tación enmendada con el fin de alegar en la afirmativa que el demandado era un “ejecutivo”, y .aquí la defensa es la de “despido justificado”.

Estamos de acuerdo con que los obreros de nuestro país merecen y necesitan la tutela jurídico-procesal de la Ley Núm. 2, supra. Dicha ley obedece al deseo de lograr la mayor rapidez posible en la sustanciación y decisión de los pleitos en que está presente este género de reclamaciones laborales. Por ello, compartimos el criterio de nuestra jurisprudencia que favorece la eliminación de las fases, momentos y actos del proceso que sean incompatibles con el carácter sumario del procedimiento establecido. Díaz v. Hotel Miramar Corp., 103 D.P.R. 314, 321 (1975).

Sin embargo, la decisión del Tribunal contrasta marcadamente con nuestros mejores precedentes en la materia. “En su sentido literal y espiritual la clave del párrafo de la ley que nos ocupa para resolver si determinado trámite ordinario del cuerpo de reglas procesales civiles... cubre o no al procedimiento especial se logra examinando y determinando si la regla envuelta resulta conflictiva o contraria con alguna disposición específica de la ley especial y con el carácter sumario del procedimiento.” Díaz v. Hotel Miramar Corp., supra, pág. 321.

Bajo este enfoque en el pasado hemos resuelto que no existe conflicto entre la ley especial y la Regla 13.2 de Procedimiento Civil en lo referente a las enmiendas de las alegaciones para conformarlas a la prueba, Srio. del Trabajo v. Vélez, 86 D.P.R. 585 (1962); las Reglas 6.3 y 10.4 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, sobre consolidación de defensas con relación a la Regla 13.1 en lo relativo al permiso para enmendar las alegaciones, Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., supra; la Regla 49.2 sobre relevo de sentencia, Murphy Lugo v. Atl. So. Insurance Co., 91 D.P.R. 335 (1964); Srio. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864 (1965).

En todos estos casos optamos por el enfoque flexible de acuerdo con los hechos de cada caso, porque nos pareció acomodada a una concepción más dinámica y útil de la Ley Núm. 2, supra. Este enfoque ha permitido que el procedimiento especial, en su totalidad, permita al patrono las oportunidades básicas de defensa que comprende el debido proceso de ley y, por ende, que dicho procedimiento haya sobrevivido los ataques de índole constitucional. Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689 (1965).

La alternativa que permite una enmienda a las alegaciones, antes del juicio, sobre todo si la conferencia preliminar al juicio se celebra temprano en el proceso, redunda en beneficio de todos. Con sólo una lectura del texto de la Regla 37.1 (32 L.P.R.A. Ap. III) es fácil comprobar que ésta en modo alguno resulta incompatible con la ley especial.() Muy por el contrario, adaptada a los fines que persigue esta legislación laboral, puede proporcionar un recurso procesal adecuado para reducir las dilaciones innecesarias que genera todo proceso de naturaleza contenciosa, sea sumario u ordinario. Desde su vertiente de enmiendas a las alegaciones, la pronta celebración de este tipo de conferencia permite la elaboración de un cuadro claro de los hechos y de la prueba con que cuentan las partes, lo que permite al juzgador detectar desde temprano las posibilidades que tienen las partes de prevalecer conforme al derecho aplicable.

La ratio dicidendi de la opinión mayoritaria implica igualmente la revocación de Srio. del Trabajo v. Vélez, supra. Sería ilógico pensar que la Ley Núm. 2, supra, impide —desde el punto de vista de la economía procesal— una enmienda a las alegaciones para incorporar una defensa que es conocida por la demandante antes del juicio, pero permite que éstas sean enmendadas por la prueba en el juicio, con las consiguientes posposiciones que este tipo de incidente genera.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no ha podido demostrar perjuicio con la enmienda solicitada. Fue éste el que quiso centrar con su interrogatorio la controversia en torno a la renuncia. Sin embargo, desde un principio, el litigio quedó igualmente trabado en torno a las causas del despido. De hecho, es imposible litigar el asunto de la renuncia del empleado sin entrar en la cuestión de la “reprimenda” por conducta impropia que éste recibió durante la reunión con el gerente de personal de la querellada. Dicho asunto constituye evidencia pertinente e inseparable de la cuestión de la renuncia. La misma prueba que la recurrente intenta presentar en evidencia —las cartas de amonestación que recibiera de J.C. Penney() conducentes a probar que ocurrió el despido— será la prueba que la empresa utilizará en la alternativa para demostrar los hechos que dieron lugar al mismo y probar que estuvo justificado.

En otra palabras, el efecto de la enmienda no varía el tipo de prueba tanto documental como testifical en el caso. Por lo tanto, en ausencia de cualquier elemento de sorpresa o dilación, la enmienda solicitada, y así concedida por el tribunal, era permisible.

En resumen, no es buena la norma adoptada por la mayoría de este Tribunal en el sentido de que “los tribunales de instancia no deberán permitir que una parte querellada enmiende su contestación a la querella para adicionar nuevas defensas afirmativas”. (Énfasis omitido.) Dicha postura categórica es contraria a nuestra jurisprudencia sobre la Ley Núm. 2, supra. Además, como vimos, el caso de epígrafe es particularmente desfavorable para iniciar el cambio de orientación que se propone. Recuérdese que las leyes no se interpretan ni se aplican en el vacío. No todos los casos son iguales; un determinado caso puede requerir un tratamiento distinto al que se le haya dado a otro, por más que éstos parezcan ser iguales”. Román Cruz v. Díaz Rifas, supra, pág. 505.

HH I — I I — I

Por último, concurro con la Parte III de la opinión del Tribunal.

La naturaleza privilegiada y confidencial de la información del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se perdió una vez que la agencia anunció a un testigo para declarar sobre estas mismas materias.

Procede, por estos fundamentos, confirmar la resolución del tribunal a quo en la medida que permitió el descubrimiento de prueba adicional.

      (1)La suma “adeudada”, según alegado en la querella radicada, asciende a la cantidad de $1,854.

      (2) La querellada ya había hecho uso del mecanismo de la deposición en relación con el querellante Nelson Álamo Santini.

        (3) Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., 91 D.P.R. 45, 51 (1964).

      (4) De hecho, dichas defensas son contradictorias entre sí.

      (5) La parte querellada, en la contestación a la querella de fecha 28 de mayo de 1986, adujo la defensa afirmativa de que el querellante había renunciado a su empleo. Dicha defensa fue reiterada, como hemos visto, en dos ocasiones: la primera en carta suscrita por su abogado, de 26 de junio de 1986, y, mediante contestación a interrogatorio, suscrita por su jefe de personal, de 19 de septiembre de 1986. Ello no obstante, un día antes —o sea, el 18 de septiembre de 1986— el abogado de la querellada presentó la moción en solicitud de permiso para enmendar la contestación a los efectos de que, en la alternativa, el querellante había sido despedido por ser un empleado ineficiente.

      (6) Debe mantenerse presente, sin embargo, lo dispuesto por la Regla 32 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, sobre el derecho, en lo pertinente, de una agencia a no revelar la identidad de una persona que brinda información a un investigador de esa agencia.

      (1)Es preciso aclarar, para mejor comprensión del verdadero trasfondo procesal del pleito, que ya para el 3 de julio de 1986, es decir, más de dos meses antes de la celebración de la conferencia preliminar entre abogados, la representación legal del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos tenía conocimiento de la alegación de despido por ineficiencia. Así lo admitió en carta que enviara al abogado de J.C. Penney.

      (2) No ha habido modificación legislativa en relación con este asunto desde Matos Velázquez v. Proctor Manufacturing Corp., supra.

        (3)“37.1. Conferencia

      “En cualquier pleito el tribunal podrá, en el ejercicio de su discreción, ordenar a los abogados de las partes que comparezcan a una conferencia para considerar: “(a) La simplificación de las cuestiones litigiosas;
      “(b) La necesidad o conveniencia de enmendar las alegaciones;

      “(c) La posibilidad de obtener admisiones de hechos y de documentos en evitación de prueba innecesaria;
      “(d) La revelación de la identidad de los testigos que se espera utilizar en el juicio y la limitación del número de testigos peritos;
      “(e) La conveniencia de someter preliminarmente cuestiones litigiosas a un comisionado para sus determinacioñes de hecho;
      “(f) Cualesquiera otras medidas que puedan facilitar la más pronta terminación del pleito.” (Énfasis suplido.)

      (4) Así consta en el Informe sobre Conferencia Preliminar entre Abogados, pág. 3, como estipulación de las partes.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Hernández Denton.

license: Public Domain

text:
    Venancio Morales et al., demandantes y recurridos, v. Municipio de Toa Baja, demandado y recurrente.

      Número: R-82-351

      Resuelto: 25 de noviembre de 1987

      Etienne Totti Del Valle, de Laffitte & Domínguez, abogado del recurrente; José H. Rivera Cintrón, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El Tribunal Superior, Sala de Bayamón, dictó sentencia en que condenaba al Municipio de Toa Baja a satisfacer al demandante la suma de $179,115, los intereses legales a partir del 1ro de enero de 1977 y $6,000 por concepto de honorarios de abogado. A solicitud del municipio acordamos revisar dicha sentencia. Revocamos.

HH

La controversia esencial ante nos es si el tribunal erró al aplicar, bajo los hechos particulares de este caso, la doctrina de enriquecimiento injusto a favor del contratista demandante.

En Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 703 (1983), esbozamos las normas a seguir en estas controversias. Son las siguientes:

En resumen, estimamos prudente aclarar las normas siguientes, sin pretender agotar el catálogo de los múltiples principios que rigen el enriquecimiento sin causa:
la. La doctrina del enriquecimiento injusto es aplicable, dentro de determinadas situaciones, a los órganos adminis-trativos.
2a. La aplicación de la doctrina dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. El Código Civil no agota las situaciones a las que la doctrina se extiende.
3a. La doctrina del enriquecimiento injusto no es invocable cuando su efecto es vulnerar un principio importante de orden público encarnado en la Constitución o las leyes del país.
4a. La doctrina es invocable, entre otras circunstancias, cuando no se han observado ciertas formalidades de ley fácilmente subsanables o susceptibles de haber sido ejecutadas con el asesoramiento debido.

Al aplicar estas normas debemos, además, tomar en consideración que:

... conforme el Art. 1207 del Código Civil, “[l]os contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni el orden público”. 31 L.P.R.A. sec. 3372. A su vez, “los contratos.. .con causa ilícita no producen efecto alguno. Es ilícita la causa cuando se opone a las leyes o a la moral”. Art. 1227 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3432. Véanse: Sánchez Rodríguez v. López Jiménez, 116 D.P.R. 172 (1985); Hernández Usera v. Secretario de Hacienda, 86 D.P.R. 13, 18-25 (1962). In re Pagán Ayala, 117 D.P.R. 180, 187 n. 4 (1986).

Cobra vigencia también el principio rector del Art. 4 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4, de que son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez, bajo el cual consistentemente hemos resuelto que las cláusulas de los contratos no pueden ser contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público. Reyes v. Jusino, 116 D.P.R. 275, 287 (1985); Flores v. Municipio de Caguas, 114 D.P.R. 521 (1983); Umpierre v. Torres Díaz, 114 D.P.R. 449 (1983).

HH HH

Venancio Morales y la sociedad de gananciales que tenía constituida con su esposa, instaron demanda en cobro de dinero contra el Municipio de Toa Baja, para reclamar el pago de $190,000 por concepto de obras realizadas por el contratista demandante y aceptadas por el municipio demandado, en virtud de varios contratos verbales acordados entre el demandante y el anterior Alcalde, señor Ibáñez.() Los contratos verbales y las obras fueron hechas pocos meses antes de las elecciones de 1976. Al perder las elecciones el Partido Popular Democrático y el Alcalde Ibáñez, el nuevo Alcalde, electo como miembro del Partido Nuevo Progresista, rehusó honrar los compromisos de la anterior administración. Luego de un extenso trámite, se inició el juicio plenario. Durante el turno de prueba del demandado, las partes estipularon que:()

... [E]l Municipio demandado no elevó a escrito los contratos efectuados con el contratista demandante. Tampoco el Municipio demandado cumplió con la Ley Municipal de llevarse correctamente el sistema de contabilidad ni de notificarse al Contralor de Puerto Rico, lo relativo a dichos contratos. Que de igual forma el Municipio demandado tampoco cumplió con otras disposiciones de la Ley Municipal, relativas a la documentación y contabilidad pertinente y que no había partida presupuestaria para los contratos verbales objeto de la presente demanda. Apéndice, pág. 6.

En relación con la forma en que surgió la deuda reclamada son ilustrativas y representativas las determi-naciones de hechos siguientes:()

2. Con fecha 17 de octubre de 1975, el Municipio Demandado y el Demandante Don Venancio Morales suscribieron el Contrato de Obras Públicas Número 1345, por la suma de $207,000.00, relacionado con el Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Levittown de Toa Baja, Puerto Rico, luego del Demandante haberse llevado la buena pró de la correspondiente subasta.
3. El Demandante cumplió a cabalidad su obligación contractual relacionada en el apartado anterior. El Municipio Demandado le honró al Demandante la antes mencionada suma de $207,000.00, por la obra efectuada conforme a lo convenido. Dicha suma de dinero no es objeto de controversia en este caso.
4. Para mediados de 1976, estando la obra prácticamente para entregarse y en vísperas a las Elecciones, el Municipio Demandado entendió que era beneficioso para su comunidad hacerle mejoras adicionales a dicho Centro de Diagnóstico.
5. El entonces Alcalde, Sr. Ib[á]ñez, con la autorización de la mayoría de los Asambleístas municipales, contrató verbalmente con el Contratista Demandante las mejoras a efectuarse en dicho Centro.
6. El Sr. Ib[á]ñez, a nombre del Municipio Demandado, pactó con el Contratista Demandante para llevar a efecto unas mejoras adicionales, (Change Orders) en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento, por la suma de $90,000.00, desglosados de la siguiente manera:
1. Para habilitar la segunda planta y así aumentar la capacidad de dicho edifi-cio . $23,000.00
2. Para instalar un foso del ascensor en la primera planta. $ 1,800.00
3. Para instalar 8 nuevas cerraduras en la primer[a] planta. $ 200.00
4. Para la construcción de un área de parqueo o estacionamiento. $45,000.00
5. Para la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario. $20,000.00
TOTAL. $90,000.00

(Escolios omitidos.) Apéndice, págs. 7-8.

Como hechos presentes en todas las transacciones el tribunal determinó que:

48. Todas las obras, objeto de la presente Demanda, y realizadas conforme a lo convenido que ascendieron a $190,000.00, fueron objeto de contratación verbal entre el Contratista Demandante y el Municipio Demandado, representado por su Señor Alcalde, con el asesoramiento téc-nico de su Ingeniero Consultor.
49. El Municipio Demandado no elevó a escrito el Contrato, objeto de la presente Demanda, porque se trataba de año de Elecciones en que no podía gastarse más del 50% de su presupuesto anual.
50. El Contratista Demandante descansando en la buena f[e] del Municipio Demandado, por conducto de su Señor Alcalde, aceptó el Contrato verbal de llevar a efecto las obras por dichos $190,000.00 condicionado a que cobraría su dinero al comenzar el próximo año de 1977.
51. El Municipio Demandado y el Contratista Demandante ya habían establecido desde el año 1940, con todos los Alcaldes de turno, una relación y costumbre de trabajo a base de contratos verbales. Dichos contratos posterior a ejecutarse la obra se elevaban a escrito o se dejaban sin suscribir] pero siempre el Municipio Demandado le honró las deudas al Contratista Demandante.
52. En año eleccionario el Contratista Demandante y el Municipio Demandado habían establecido la costumbre y norma de trabajo de llevar a efecto y realizar obras, con carácter de urgencia, sin subasta y sin contrato escrito alguno. Pasadas las Elecciones el Municipio Demandado le pagaba fielmente y sin problemas al Contratista Demandante. Esta norma se estuvo estableciendo por los últimos 37 años.
62. Al perder las Elecciones el Alcalde Ib[á]ñez Ortega, en noviembre de 1976, el Contratista Demandante le presentó las Certificaciones de Cobro de las obras realizadas, objeto de la presente Demanda. El entonces Alcalde prefirió no recibir dichas Certificaciones para que el Contratista Demandante las sometiese en enero de 1977 al nuevo incumbente municipal. Reafirmó su posición de que el Municipio Demandado venía obligado a pagarle al Contratista Demandante por las obras realizadas, de conformidad a lo convenido.
63. Tan pronto juramentó su posición el nuevo Alcalde, el Contratista Demandante se personó a la Casa Alcaldía y requirió se le pagasen las sumas objeto de la presente Demanda.
64. El actual Alcalde solicitó tiempo adicional del Contratista Demandante en tres distintas ocasiones y finalmente no aceptó las Certificaciones que el Contratista le presentó. Apéndice, págs. 12-14.
Como cuestión de derecho, concluyó el tribunal que:
El causante de una ilegalidad no puede ampararse en la misma para levantar una defensa o una causa de acción. Así se expresa en un viejo principio de Derecho recogido por la máxima NEMO AUDITOR SU AM TURPITUDINEM ALLEGANS, vigente en nuestro Derecho.
“El autor o participante del acto ilícito no puede recurrir al juez en demanda de su nulidad.” Rubio Sacarello v. Roig, 1962, 84 DPR 344.
Este principio es parte de las más amplias doctrinas por lo que no se permite a una persona ir contra sus propios actos. (Véase Diez-Picazo “La Doctrina De Los Propios Actos”, Bosch, Barcelona, 1963, página 39[,] doctrina vigente en nuestro derecho a través del Artículo 7 del Código Civil, 31 LPRA 7, según lo han reconocido numerosos casos de nuestro más alto Tribunal, entre ellos el de Int. General Electric v. Concrete Builders, 1976, 104 DPR 871. (Énfasis del original.) Apéndice, pág. 16.

En forma inconsistente con la anterior conclusión y sus propias determinaciones de hechos sobre la legalidad de los contratos objeto de la acción, cita la siguiente norma general.

“El Código Civil presume que todo contrato tiene causa y que ésta es lícita a menos que esa presunción sea destruida por prueba en contrario.” Ledesma Marrero v. Ledesma Marrero, 84 DPR 167. Apéndice, pág. 18.

Señalamos esta discrepancia, ya que de un examen integral de la sentencia se desprende que el tribunal de instancia resolvió y partió de la premisa de que las actuaciones del ex Alcalde, señor Ibáñez, y los otros funcionarios eran ilícitas. Por eso es que la determinación de responsabilidad gubernamental está para todos los efectos, únicamente basada en la doctrina de enriqueci-miento injusto.()

El tribunal determinó que el Alcalde Ibáñez y sus representantes violaron varias disposiciones fundamentales de la Ley Municipal de 1960. En primer lugar el Art. 66 de la ley, 21 L.P.R.A. ant. sec. 1454, que prohíbe que se incurran, entre 1ro de julio del año en que se celebren elecciones generales y la fecha de toma de posesión de los nuevos funcionarios electos, obligaciones o gastos que excedan del -50% de la asignación presupuestaria de cada partida. Las obligaciones contraídas en este caso no caen bajo las excepciones que establece dicho artículo.()

También se contravino el Art. 74 de dicha ley, 21 L.P.R.A. ant. sec. 1462, que prohíbe incurrir en obligaciones o gastos en exceso de los créditos asignados en el presupuesto vigente.() El efecto de estas violaciones está claramente provisto en el Art. 78 (21 L.P.R.A. ant. sec. 1466).

Cualquier contrato ejecutado en violación de este Subtítulo será nulo y quedará sin efecto, y, si se hubieren invertido fondos públicos, su importe podrá recobrarse a nombre del municipio en una acción adecuada incoada con tal propósito.

La nulidad de este tipo de obligaciones ha sido reconocida por este Tribunal en múltiples ocasiones.

En Tomasini v. Municipio de Ponce, 50 D.P.R. 804, 805 (1936), el demandante alegó que:

Tomasini instó la presente acción para recobrar la suma de $2,625.46 que se alegaba constituía el valor de cierto trabajo realizado por orden del Alcalde y Comisionado de Obras Públicas Municipales de Ponce. Sostenía que al terminarse el trabajo le había sido entregado al municipio, había sido aceptado por éste y estaba en uso desde diciembre de 1926. También alegaba que la asamblea municipal en enero de 1929 adoptó una resolución por la cual aceptaba el trabajo, reconocía su deuda por la suma de $2,625.46 con intereses a razón del 7 por ciento y ordenaba que se incluyera la misma en el presupuesto de 1929-30. La asignación que tenía por mira esta resolución no se hizo eñ el presupuesto de 1929-30 ni en ninguno otro.

La demanda fue desestimada. Resolvimos que las actuaciones del Alcalde eran ultra vires por no haberse celebrado una subasta según lo requería la ley entonces vigente. Confirmamos bajo el supuesto de que del contrato no podía surgir una responsabilidad implícita por los beneficios recibidos.

En González v. Municipio, 61 D.P.R. 369 (1943), resolvimos que un contrato por servicios legales entre un abogado y un municipio es ultra vires y nulo de no existir asignación en el presupuesto del municipio para sufragar los gastos del mismo. Añadimos que estos contratos nulos no pueden ratificarse por pagos parciales de los servicios rendidos bajo los mismos.

La doctrina sobre nulidad cuando no hay partidas presupuestarias disponibles fue seguida en De la Cruz v. Gobierno de la Capital, 68 D.P.R. 534 (1948); Gayá v. Gobierno de la Capital, 68 D.P.R. 281 (1948), y Torrellas v. Municipio, 62 D.P.R. 217 (1943). También fue expresamente reiterada, aunque distinguida por los hechos particulares allí presentes, en San Miguel, Etc. & Cía. v. Municipio, 72 D.P.R. 391, 402 (1951).

M I — I h-H

En conclusión, siendo nulas y ultra vires las actuaciones del municipio demandado, las mismas no pueden tener efecto a favor del contratista demandante.() Bajo las circunstancias presentes no pueden aplicarse las doctrinas de enriquecimiento injusto, actos propios y de impedimento en equidad. Ello violaría la política pública establecida en la Ley Municipal. Infante v. Tribl. Examinador Médicos, 84 D.P.R. 308, 316 (1961). Véase, además, J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372 (1983). En los casos en que hemos aplicado estos principios de equidad contra el Estado, no estaba presente la violación de la política pública y menos aún de estatutos especiales en pro del orden público. Aun en esos casos estaban presentes circunstancias tales como las que clasificamos de “justa excepción” en Carazo v. Srio. de Hacienda, 118 D.P.R. 306 (1987). Para otros casos en que estaban presentes circunstancias excepcionales, véanse: Berrios v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985), y García Colón v. Srio. Hacienda, 99 D.P.R. 779 (1971). Aquí las violaciones a las leyes, política pública y orden público son tan tajantes, Figueroa Cancel v. E.L.A., 114 D.P.R. 684 (1983), que no hay cabida para la aplicación de los principios de equidad. Resolver en otra forma sería propiciar el craso incumplimiento por los funcionarios públicos de las leyes y reglamentos que rigen sus actuaciones.()

Se revocará la sentencia recurrida y se declarará sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

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Voto particular emitido por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de noviembre de 1987.

He votado conforme porque participo de la preocupación del Tribunal sobre la política pública encarnada en la Ley Municipal y reconozco que a pesar de la existencia material del empobrecimiento, la acción de enriquecimiento queda excluida en aquellos casos en que aquél es “imputable” al demandante. L. Diez-Picazo, Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Madrid, Ed. Tecnos, 1979, Vol. 1, pág. 80. Hay varias ideas, sin embargo, sobre las que vale la pena insistir por la importancia preventiva que tiene aclarar cuál es la posición del individuo que contrata con los representantes de la administración pública, en clara violación a un ré-gimen de derecho.

En los tiempos modernos, el instrumento más idóneo que tiene el Estado para adquirir del mercado bienes y servicios del más variado contenido es el contrato. El volumen e importancia de la contratación pública en Estados Unidos, por ejemplo, ha generado problemas jurídicos impresio-nantes. Este fenómeno creciente ha dado paso a una abundante legislación y a una institución jurídica que participa del derecho público y del privado. Bajo la rúbrica del Public Contracts o del Government Contract Law, la doctrina del contrato administrativo ha desarrollado progresivamente su propia técnica, tanto para el bien público como para la seguridad y garantía del ciudadano que desea competir y participar en los negocios con el Gobierno. Véanse, por ejemplo: Armed Services Procurement Act of 1948 (10 U.S.C. sec. 2301 et seq.); Federal Property and Administrative Services Act of 1949 (40 U.S.C. sec. 252 et seq.); 9 Williston, Law of Contracts, Cap. 12: Government Contracts, Boston, 1945; F. Trowbridge Vom Baur, Differences Between Commercial Contracts and Government Contracts, 1(2) Pub. C.L. J. 5 (1968); H. Leventhal, Public Contracts and Administrative Law, 52 A.B.A. J. 35 (1966); J. M. Whelan, E. C. Pearson, Underlying Values in Government Contracts, 10 J. Pub. L. 298 (1961); Schooner, Impossibility of Performance in Public Contracts: An Economic Analysis, 16(1) Pub. C.L. J. 229 (1986); Prevost, Contract Modification vs. New Procurement: An Analysis of General Accounting Office Decisions, 15(2) Pub. C.L. J. 453 (1985); Woehr, Agency Cancellation of Federal Contracts for Fraud and Conflicts of Interest, 16(2) Pub. C.L. J. 386 (1987).

Razones históricas han impedido en ocasiones considerar al Estado moderno como un mero sujeto privado cuando contrata. El enfoque no puede subsistir en un marco donde a partir de los años cuarenta gran parte del presupuesto nacional se maneja a través de contratos. A. S. Miller, Administration by Contract: A New Concern for the Administrative Lawyer, 36 N.Y.U. L. Rev. 957 (1961); P. F. Hannah, Government by Procurement, 18 Bus. Law. 997 (1963); E. J. Stone, Contract by Regulation, 29 Law & Contemp. Probs. 32 (1964).

En España y en otros países europeos han ocurrido desarrollos similares en torno a los problemas jurídicos que suscita el encuentro entre la figura del contrato y la mecánica de los poderes administrativos cada vez más notables en nuestra sociedad. Véanse: J. I. Monedero Gil, Doctrina del Contrato del Estado, Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1977; M. Hauriou, La teoría del “riesgo imprevisible” y los contratos influidos por instituciones sociales, 1926 Rev. Der. Privado, Núm. 148, pág. 4 (1926); A. Carretero Pérez, El contrato administrativo ante la Ley de Bases de Contratos del Estado de 28-XII-1963, 1964 Rev. Adm. Pública, Núm. 45, pág. 105 (1964).

En Puerto Rico en ausencia de régimen especial, y salvo “estatutos que modifiquen tal situación”, los contratos administrativos se rigen por la teoría general de los contratos. Plan Bienestar Salud v. Alcalde Cabo Rojo, 114 D.P.R. 697, 699 (1983).

Según el Código Civil el contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse, Art. 1206 (31 L.P.R.A. sec. 3371) se perfecciona por el mero consenti-miento, Art. 1210 (31 L.P.R.A. sec. 3375) y éste se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación, Art. 1214 (31 L.P.R.A. sec. 3401).

Las operaciones contractuales se nos presentan ordinariamente en la vida civil rodeadas de un gran dinamismo y simplicidad con apoyo en los principios liberales y espiritualistas que inspiran nuestro Código Civil. Ahora bien, en materia de contratos administrativos las normas administrativas revisten una excepcional importan-cia, de la misma forma que el Derecho Civil rodea de parecidas exigencias los contratos que celebran personas en “representación” de otras (menores, incapacitados, etc.).

En el campo público, los órganos administrativos no pueden realizar actos ni contraer otras obligaciones que las que autorizan las leyes, y tienen que ceñirse a lo que éstas indican. En otras palabras, el Alcalde del Municipio de Toa Baja no actúa como “titular” de los intereses públicos, sino sólo como su representante y defensor.

En la contratación pública hay siempre un interés público que es la causa profunda del negocio. Se pretende evitar, por ejemplo, que por impulso del juego contractual queden desbordadas las asignaciones presupuestarias. De la Cruz v. Gobierno de la Capital, 68 D.P.R. 534 (1948); Gayá v. Gobierno de la Capital, 68 D.P.R. 281 (1948); Torrellas v. Municipio, 62 D.P.R. 217 (1943).

Las normas legisladas y los procedimientos para la contratación de servicios que vinculan al Gobierno en su actuación, no constituyen meras guías para uso interno de los funcionarios. Su incumplimiento hace nulo el contrato. Por otra parte, cuando los particulares contratan con el Gobierno tienen la obligación dé conocer y respetar los requisitos básicos de contratación pública.

En el caso de autos hay un interés público dominante, con exigencias radicales e indiscutibles.

El Art. 78 de la Ley. Municipal, 21 L.P.R.A. ant. sec. 1466, derogado en 1980, disponía:

Cualquier contrato ejecutado en violación de este Subtítulo será nulo y quedará sin efecto, y, si se hubieren invertido fondos públicos, su importe podrá recobrarse a nombre del municipio en una acción adecuada incoada con tal propósito.

Véase al presente, 21 L.P.R.A. sec. 3451(a). Por su parte, el Art. 20 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 20, expresa:

Leyes que declaren nulos ciertos actos
Cuando las leyes, para prevenir fraudes o por motivos de utilidad pública, declaren ciertos actos nulos, sus disposicio-nes no deben ser dispensadas o incumplidas por la razón de que haya sido probado que en la cuestión particular de que se trate no haya fraude o no resulte ser contraria a la utilidad pública. Véanse, también, el Art. 4 del mismo Código, 31 L.P.R.A. sec. 4, y el Art. 1207, ídem, 31 L.P.R.A. sec. 3372.

Atendida la nulidad del contrato, es preciso distinguir entre la teoría del enriquecimiento injusto y “el problema de los contratos ineficaces (inexistentes, declarados nulos, rescindidos, etc.), en los cuales, pese a la ineficacia, una de las partes ha realizado una prestación que por naturaleza es irrestituible (v. gr. un faceré). La ineficacia no justifica que el otro contratante haga suya la prestación sin compensación alguna”. L. Diez-Picazo, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil, Madrid, Ed. Tecnos, 1973, Vol. 1, pág. 339; M. Cerda Olmedo, “Nemo Auditur Propiam Turpitudinem Allegans”, 1980 Rev. Der. Privado 1187, 1196 (Dic. 1980).

El demandante conocía o debía conocer los requisitos de ley. Había contratado antes con el municipio. Las normas estatutarias aplicables persiguen proteger el interés público y no a las partes contratantes. El contratista demandante no era neófito en asuntos de contratos de obras públicas con municipios. Sólo a él es imputable su empobrecimiento.

Por las razones que anteceden, he dado mi conformidad en el caso de epígrafe.

      (1) A tenor con las alegaciones, estipulaciones de las partes y la prueba presentada, estas obras principalmente correspondían a las adicionales que se acordaron vía el mecanismo de órdenes de cambio (change orders).

      (2) Luego del tribunal determinar que no era necesario continuar con los testimonios sobre las distintas violaciones a la Ley Municipal y los reglamentos vigentes.

      (3) Las determinaciones sobre las restantes partidas son, salvo la naturaleza de las obras y las cuantías envueltas, similares.

      (4) Lo que determinó el tribunal fue que el contratista demandante no era responsable de los actos ilícitos de los funcionarios municipales y que no se le debía penalizar por los mismos.

      (5) El cual, parafraseado, dispone lo siguiente:
      Durante el período comprendido entre julio 1 del año en que se celebren elecciones generales y la fecha de la toma de posesión de los nuevos funcionarios electos en dichas elecciones generales, no se podrá incurrir en obligaciones o gastos que excedan del cincuenta (50) por ciento de la asignación presupuestaria de cada partida, y a tal fin el director de finanzas, el auditor o el secretario auditor, según sea el caso, deberá abstenerse de registrar o certificar ninguna orden que exceda la limitación fijada en esta sección; Disponiéndose, sin embargo, que esta limitación no se aplicará a las mejoras permanentes, ni a la compra y reparación de equipo, ni a la celebración de las Fiestas Patronales o días festivos, cuando se haya provisto partida separada en presupuesto para su celebración, ni aquellas partidas cuya inclusión en presupuesto es mandatoria, con preferencia a los gastos de administración, operación y mantenimiento de todas y cada una de las de-pendencias del municipio, según lo establece la see. 1360 de este título, y ni a las retenciones que haga el Secretario de Hacienda en cobro de deudas estatutarias o contractuales contraídas con entidades del Gobierno Estatal. No obstante esta limitación, el municipio podrá, con la aprobación de no menos de dos terceras (%) 'partes del número de miembros de que se compone la Asamblea Municipal, incurrir en otros gastos y obligaciones que no excedan del sesenta (60) por ciento de la asignación presupuestaria de cada partida en el período antes mencionado. Una parte proporcional de un miembro se considerará como que requiere un voto adicional. Véase 21 L.P.R.A. ant. see. 1454.

      (6) Dicho artículo dispone que:
      “No se podrá incurrir en obligaciones o gastos en exceso de los créditos asignados en cualquier presupuesto; Disponiéndose, que en casos de emergencia, el alcalde podrá autorizar por escrito al director de finanzas o al secretario auditor a incurrir en gastos u obligaciones en exceso de los créditos asignados, hasta una cantidad equivalente al 5% de la suma total del presupuesto de gastos ordinarios. En su comunicación al director de finanzas o al secretario auditor, copia de la cual deberá ser enviada a la asamblea municipal, el alcalde hará constar los hechos que han motivado la emergencia; Entendiéndose por el término ‘emergencia’ un suceso o combinación ocasional de circunstancias que exijan inmediata actuación; Entendiéndose, además, que el monto de las deudas equivalentes al citado 5% se incluirán con carácter preferente en el próximo presupuesto.
      “Nada de lo contenido en esta sección impedirá la celebración de contratos de arrendamiento o de servicios por períodos de tiempo que excedan el año presupuestario durante el cual se celebren dichos contratos; Disponiéndose, sin embargo, que ninguno de estos contratos deberá exceder del término de 5 años.” 21 L.P.R.A. ant. sec. 1462.

      (7) De las determinaciones de hechos se desprende que éste tenía conocimiento de que las obligaciones contraídas eran ilícitas, pero como a través de los años se habían convalidado o ratificado, confió en que se seguiría el mismo patrón. No contó con que el Alcalde perdería las elecciones.

      (8) Sin que resolvamos que en el caso ante nos haya ocurrido, estaríamos alentando la corrupción gubernamental, lo cual afectará negativamente el orden moral y los valores fundamentales de la administración pública puertorriqueña. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985).


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Milton Torres, demandante y recurrido, v. Nora Gracia y la Sociedad Legal de Gananciales, etc., demandadas y recurrentes.

      Número: R-84-240

      Resuelto: 25 de noviembre de 1987

      Luis Roberto Santos, de Santos & Báez, abogado de las recurrentes; Jaime Márquez Torres, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos decidir si el tribunal de instancia incidió al determinar que la prueba del demandante fue suficiente para establecer que la demandada había actuado negligente y dolosamente al romper las negociaciones sobre un contrato de compraventa. En apoyo de su dictamen, el tribunal aplicó la doctrina adoptada en Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, 113 D.P.R. 517 (1982), que luego ratificamos en Vila & Hnos., Inc. v. Owens Ill. de P.R., 117 D.P.R. 825 (1986).

Analizada la totalidad de la prueba presentada, resolvemos que la prueba no era suficiente para establecer las causas de acción por incumplimiento de contrato y daños. Específicamente no se configuró la acción de daños y perjuicios por culpa in contrahendo, ya que no se probó que la conducta de los demandados fuera culposa, dolosa o fraudulenta. Veamos los hechos.

Del Informe Preliminar de Conferencia entre Abogados se desprende que la teoría de la parte demandante fue la siguiente:

Que el demandante Milton Torres entró en la posesión de una propiedad (finca rústica) perteneciente a la co-demandada Nora Gracia. Luego de estar en la posesión le requirió a la co-demandada Nora Gracia que le vendiera dicha propiedad por la cantidad de $40,000.00 a lo cual ella aceptó vendérsela. Dicha propiedad se encuentra localizada en el Barrio R[í]o Hondo de Mayag[ü]ez, Puerto Rico. El demandante Milton Torres se comprometió con la co-demandada Nora Gracia a pagarle la cantidad de $40,000.00 según él fuera vendiendo solares que él desarrollaría en dicho terreno. A[u]n luego de que el demandante Milton Torres realizara múltiples gestiones y trabajos en dicho terreno para segregarlo en solares, la co-demandada Nora Gracia le requirió que para venderle la propiedad en cuestión tendría que pagarle la cantidad de $50,000.00 en el momento.

Por su parte la demandada expuso la siguiente teoría:

La parte demandada cedió a la parte demandante el uso gratuito de un solar de su propiedad para que éste, que se encontraba seriamente lesionado, operara un depósito de arena y piedra para venta. Las partes de epígrafe iniciaron conversaciones encaminadas a la venta del solar al-demandante, pero las condiciones impuesta por éste resultaron inaceptables y no se consumó la venta. Dicho solar fue vendido a un tercero.

El tribunal estimó probados los siguientes hechos:

El demandante MILTON TORRES, allá para el 9 de septiembre de 1979, entró en la posesión de una propiedad (finca rústica) perteneciente a la co-demandada NORA GRACIA, con el consentimiento de dicha propietaria con el propósito de establecer un negocio de venta de piedra y arena al detal. Dicha propiedad se encuentra localizada en el Barrio Río Hondo de Mayag[ü]ez, Puerto Rico, la cual colinda por el NORTE, con terrenos de Carlos Zapatero y Sucesión Torres, por el SUR, con terrenos de Efra[í]n García Torres, por el ESTE, con terrenos de José Bechara y por el OESTE, con Calle Barbosa del Barrio Río Hondo.
Luego de estar el demandante Milton Torres en la posesión realizó negociaciones con la co-demandada Nora Gracia, encaminadas a adquirir la propiedad por la suma de cuarenta mil dólares ($40,000.00), condicionando dicho pago a que el demandante realizara todas las gestiones necesarias en las agencias gubernamentales pertinentes para conseguir que se aprobar[a] un plano de segregación de varios solares y con dicha venta el demandante pagaría los cuarenta mil dólares a la co-demandada.
Al entender el demandante la aceptación de lo pactado con la co-demandada Nora Gracia, procedió a contratar los servicios profesionales de ingenieros y agrimensores con el propósito de someter el plano de segregación a la Administración de Reglamentos y Permisos de Mayag[ü]ez, también realizó la compra de materiales tales como piedra, cascajo, mogolla y la contratación de equipo pesado con el propósito de acondicionar terreno, ya que éste era semi-llano e inundable y el rellenarlo era necesario para que se aprobara el plano de segregación. Los costos incurridos por este concepto ascendieron a la suma de $7,200.00.
Por ser necesaria la escritura de la propiedad para tramitar en la Administración de Reglamentos y Permisos la aprobación del plano de segregación, la misma le fue entregada por la co-demandada Nora Gracia al demandante Milton Torres.
Luego que el demandante Milton Torres realizó las mejoras necesarias encaminadas a que el plano de segregación fuera aprobado por la Administración de Reglamentos y Permisos de las cuales tenía conocimiento la co-demandada Nora Gracia, ésta le requirió a dicho demandante que si quería quedarse con la propiedad, tenía que pagarle cincuenta mil dólares en efectivo.
Como consecuencia de las discrepancias en el valor de la propiedad el demandante Milton Torres a través del Ledo. Manuel Cruz Soto, le envió una carta a la co-demandada Nora Gracia de fecha 10 de febrero de 1981, la cual contestó dicha co-demandada a través del Ledo. Luis Roberto Santos, donde le decía que la oferta de venta de la propiedad era por la cantidad de $50,000.00 y que dicha oferta se mantendría por treinta días.
La propiedad fue vendida por la co-demandada Nora Gracia según surge de la escritura número 17 otorgada en Mayag[ü]ez, Puerto Rico, ante la Notario Público Susan Báez Dixon, el día 22 de abril de 1981, por la cantidad de $25,000.00 a un tercero. No se le hizo oferta por esa cantidad de $25,000.00 al demandante, a pesar de éste estar ocupando la propiedad de buena fe y con permiso de la dueña.
El demandante sufrió daños y perjuicios por la conducta negligente y dolosa de parte de la demandada.
Los daños y perjuicios sufridos por el demandante por la conducta negligente y dolosa de parte de la co-demandada Nora Gracia los valoramos en la suma de $25,000.00. Anejo A, págs. 2-5.

Según dichas determinaciones de hechos, el tribunal aplicó los principios del caso de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, ante, y concluyó que:

Era de conocimiento personal de las partes demandadas, que el Sr. Milton Torres realizaba gestiones encaminadas a que se le aprobara un plano de segregación en relación al terreno objeto de este pleito, ya que con ese propósito le facilitaron la escritura de dicho terreno; también era de conocimiento de las partes demandadas el hecho que el Sr. Milton Torres, realizara mejoras en dicho terreno debido a que fue un hecho estipulado por dichas partes; lo cual nos demuestra que el rompimiento de las negociaciones por parte de los demandados constituye un acto de. mala fe, conducta culposa, dolosa y fraudulenta no encaminada a consumar un contrato y sí con el propósito de obtener beneficios de las mejoras realizadas con la venta de la propiedad objeto del presente litigio, a los señores Mario Velázquez y Margarita Sepúlveda por la cantidad de $25,000.00, según surge de la escritura otorgada por el Notario Público Susan Báez Dixon, de fecha 22 de abril de 1981, en Mayag[ü]ez, P.R. (Escritura Número 17); sin haberle hecho ofrecimiento alguno al demandante Milton Torres de la venta de la propiedad por la cantidad men[c]ionada y vendida a sabiendas que él tenía inter[é]s en la propiedad y que había realizado mejoras en la misma. Anejo A, págs. 8-9.

A los fines de evaluar el recurso de la parte demandada, ordenamos que se preparara y gestionara la aprobación de la Exposición Narrativa de la Prueba. Elevada y examinada ésta, expedimos auto de revisión. Revocamos.

Para resolver esta controversia es preciso aclarar que este es un caso sobre culpa in contrahendo bajo el supuesto de responsabilidad preliminar por retirada arbitraria del trato. Como señala Moreno Quesada, esta responsabilidad está incluida en el Art. 1802 (1.902 español) del Código Civil, en virtud de la doctrina recogida por la jurisprudencia de que en dicho precepto se recogen también los casos de perjuicios causados por el ejercicio abusivo de los derechos, en este caso, el desistimiento de los tratos. B. Moreno Quesada, La Oferta del Contrato, Barcelona, Colección Nerco, 1963, pág. 46. Esa es la posición que hemos adoptado, la cual ahora reiteramos. Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, ante y Vila & Hnos., Inc. v. Owen Ill. de P.R., ante.()

Bajo ese supuesto() nos atenemos a lo ya resuelto. Como expresáramos en Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, ante, pág. 526, las negociaciones preliminares generan una relación de carácter social que impone a las partes el deber de comportarse de acuerdo a la buena fe. En Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, ante, págs. 529-530, establecimos las siguientes guías:

Las negociaciones que anteceden al contrato pueden ser de variada índole y, por tanto, la responsabilidad precontractual puede surgir en diferentes supuestos. Así, cuando la conducta de una de las partes es por su propia naturaleza culposa, dolosa o fraudulenta —como cuando uno de los contratantes oculta al otro su falta de capacidad para contratar— o se mantienen los tratos sin propósito de contratar, sólo para obtener información confidencial del negocio, o se inician los tratos, no con el propósito de realizarlos, sino de obtener alguna ventaja para negociar con un tercero, o cuando por culpa de una de las partes el negocio celebrado resulte ineficaz. En fin, la amplia gama de supuestos sobre los que puede asentarse la responsabilidad precontractual hace necesario que en el análisis del problema se considere qué figura jurídica —culpa, dolo, fraude, buena fe, abuso del derecho u otros principios generales del derecho— responde más adecuadamente como fundamento jurídico para la solución del caso.
Debemos ahora determinar qué constituye el rompimiento injustificado o arbitrario de la negociación. Ya vimos que no hay obligación de culminar los tratos y, en consecuencia, el rompimiento por sí mismo no es suficiente para asentar la responsabilidad. Es preciso considerar las circunstancias del rompimiento, específicamente: (1) el desarrollo de las negociaciones, (2) cómo comenzaron, (3) el curso que siguieron, (4) la conducta de las partes durante su transcurso, (5) la etapa en que se produjo el rompimiento, y (6) las expectativas razonables de las partes en la conclusión del contrato, así como cualquier otra circunstancia pertinente conforme los hechos del caso sometidos a escrutinio judicial. (Escolio omitido.)

Veamos si la prueba establece la presencia de estos requisitos.

El demandante Milton Torres atestó que para 1979 convalecía de un accidente de tránsito y su prima hermana le cedió gratuitamente el uso del terreno para establecer un negocio de venta de arena y piedra. Para poder utilizar el solar para dicho propósito tuvo que rellenar y acondi-cionar el terreno, ya que estaba a cuatro o cinco pies bajo el nivel de la carretera y era inundable. Según su testimonio manifestó su interés en adquirir el solar de su prima. Acordó que el precio sería de $40,000 y que luego de realizar las mejoras y segregar le pagaría con el producto de la venta de los solares. La demandada le concedió dos años para satisfacer el precio de la compraventa.() Alegó que contrató con César Peña para que con su equipo tipo Loader limpiara su parcela con una máquina tipo digger para efectuar trabajos en el solar. También presentó una factura de Roberto Morales por $4,200 para cubrir el depósito del relleno en el solar. (E.N.P., pág. 2.)() Su testimonio fue sumamente vago e impreciso sobre las gestiones que hiciera en A.R.P.E. para segregar los solares. A igual conclusión podemos llegar en cuanto a los supuestos trámites de venta con terceras personas. En la repregunta admitió que el alegado contrato con la demandada fue verbal y que durante el tiempo qué poseyó el solar lo hizo libre de todo costo. También aceptó que durante ese período ella le pidió un dinero para el pronto pago, pero él carecía del dinero para comprar aunque lo podía conseguir. Luego testificó que su prima le requirió que le pagara el precio del solar en el momento de la compraventa, pero él le indicó que no le podía entregar los $40,000 en ese momento porque había invertido en una máquina y en arreglar los solares. (E.N.P., págs. 4-6.)

El Ing. Armengol Iglesias, testigo del demandante, atestó que hizo las gestiones ante A.R.P.E. y que no se consiguió el permiso para segregar porque no se pudo conseguir un acceso que dicha agencia exigía para aprobar el proyecto. (E.N.P., págs. 6-7.)

El Sr. César Velázquez compró el solar por $25,000 en efectivo meses después que el demandante lo entregó. Segregó cuatro solares de los cuales se vendieron dos y se quedó él con los otros para construir dos casas para él y su hermano. Invirtió $13,000 en mejoras para obtener el permiso de segregación. (E.N.P., págs. 7-8.)

Los otros testigos declararon sobre sus transacciones con el demandante para que éste preparara el terreno. Nada aportaron a la dilucidación de la controversia principal.()

El anterior resumen de la prueba del demandante demuestra que aun al darle entero crédito, no probó su caso. Aun bajo la premisa de que la demandada aceptó la oferta del demandante, éste no cumplió con sus compromisos. No tomó las medidas necesarias para cumplirlas. Nunca hizo gestiones efectivas para obtener los permisos de segre-gación, no acondicionó, no preparó el terreno en forma tal que fuera viable obtener dichos permisos y mucho menos venderlos; nunca tuvo la capacidad económica para financiar el proyecto, ni hizo gestión efectiva para ello; siguió explotando su negocio sin pagar rédito alguno por el uso del solar. Ni siquiera pudo probar en forma precisa cuáles fueron los gastos en que incurrió para tratar de completar su oferta.

A tenor con lo anterior, es forzoso concluir que la prueba del demandante no fue suficiente para cumplir con los requisitos jurisprudenciales. Especialmente concluimos que no se probó que el demandante tuviera unas expectativas razonables en la conclusión del contrato. En fin, nada hizo para cumplir su compromiso.

Nuestra conclusión de que no están presentes las circunstancias para responsabilizar a la parte demandada, bajo la doctrina de culpa in contrahendo, está sostenida, además, en la prueba de esta parte.

Rafael Mercado Rosas es el esposo de Nora Gracia. El matrimonio reside en San Juan, pero van frecuentemente a Mayagüez. Desde 1976 su esposa le dio permiso a unos contratistas para depositar relleno en su solar privativo. Después del accidente del demandante en 1978, ella le permitió usar el solar para operar el depósito de piedra y arena para la venta, sin cobrarle un solo centavo. Su esposa puso el solar en venta y Milton Torres manifestó interés en comprar, pero carecía de fondos con qué adquirir. De acuerdo a su testimonio, el demandante entró en conver-saciones con ellos pero sin ningún compromiso. Posterior-mente se le vendió la propiedad a César Velázquez porque necesitaban el dinero y éste les estableció que tendría que realizar mejoras, cuyo costo excedería de $20,000, para poder obtener la segregación. Había que rellenar, fijar postes para el servicio eléctrico, instalar servicio de agua y preparar las calles. Aunque accedieron verbalmente venderle al demandante en $40,000, éste no produjo el dinero. Son significativas las siguientes comunicaciones escritas que se intercambiaron las partes por conducto de sus abogados:

10 de febrero de 1981
Sra. Nora Gracia
Ave. Antonio Luciano #1222
Urb. El Comandante
Carolina, Puerto Rico 00630
Estimada señora:
Mi cliente, señor Milton Torres, ha solicitado mis servicios profesionales para realizar todas las gestiones necesarias para que se llegue a un acuerdo justo y razonable en torno a la adquisición de un predio de terreno ubicado en el Barrio Río Hondo de esta municipalidad.
En conformidad con la versión del señor Torres, hace algún tiempo ustedes acordaron verbalmente venderle a mi cliente el referido predio por un precio inicialmente por $40,000.00 y luego por $50,000.00.
Transcurrido el tiempo no se ha podido llegar a un acuerdo, por las razones que usted conoc[e], no obstante en conformidad al Artículo 1463 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A., Sección 4010, nuestro cliente tiene derecho a que se le com-pense por las mejoras útiles realizadas por el arrendatario.
Según el señor Torres las referidas mejoras ascienden a $10,000.00.
Estamos en disposición de comprar el terreno por $40,000.00 [o] que se le pague al señor Torres la cantidad de $10,000.00.
Sin otro particular quedo
Cordialmente,
LIC. MANUEL CRUZ SOTO
Anejo I, pág. 32.
20 de febrero de 1981
Ledo. Manuel Cruz Soto
Calle León #119 Altos
Mayag[ü]ez, Puerto Rico 00708
Re: Nora Gracia
Estimado compañero Cruz Soto:
Su carta de 10 de febrero de 1981 a doña Nora Gracia ha sido referida a esta oficina para su atención.
Lamento indicarle que no podemos asentir a lo que solicita usted en su carta, pues lo solicitado no tiene base en derecho.
Tengo a bien indicarle que nuestra representada se encuentra a[ú]n en disposición de venderle a don Milton Torres la parcela antes indicada bajo los mismos términos y condiciones previamente pactados; o sea $50,000.00. Esta oferta s[ó]lo se sostendrá por 30 días adicionales, pues de lo contrario tendría su cliente que abandonar la propiedad.
Sin ningún otro particular quedo,
Cordialmente,
LUIS ROBERTO SANTOS
Anejo J, pág. 33.

Ello demuestra que nunca hubo acuerdo de voluntades entre las partes. La señora Gracia fue clara en su testimonio. Aunque el demandante ofreció comprar, carecía de fondos. Por eso nunca se otorgó contrato de opción. Tampoco se le autorizó a hacer mejoras. Sólo se le permitió habilitar el solar para poder operar el negocio. El demandante jamás ofreció pagar un pronto. Sólo manifestó no tener dinero. Ella nunca aceptó que se le pagara con la venta y segregación de los solares efectuadas por su primo.

De lo anterior se desprende que los demandados nunca actuaron en forma negligente, dolosa o fraudulenta. No hay base alguna para concluir que actuaron de mala fe. Por el contrario, es el demandante el que pretendió aprovecharse económicamente de la situación creada por él.

Bajo la situación de hechos presentes en este caso, no resulta aplicable la doctrina de Prods. Tommy Muñiz v. COPAN, ante. Resolver a favor del demandante resultaría en extender la doctrina, que de por sí debe ser aplicada restrictivamente, en una forma desmesurada y contraria a los principios que la gobiernan. En síntesis, no podemos por fíat judicial crear una responsabilidad donde no la hay.

Para concluir, la prueba del demandante sobre los costos y gastos incurridos tampoco resulta convincente. No presentó suficiente prueba documental y la testifical fue vaga, general e imprecisa. Si incurrió en algunos gastos para acondicionar el terreno para la venta, éstos fueron mínimos. Lo que gastó fue principalmente para beneficio de su negocio, el que explotaba gratuitamente, debido a la relación familiar existente.

Por las razones antes expuestas, se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) El que estemos ante este supuesto surge diáfanamente de la propia demanda, la teoría de la parte demandante, la prueba presentada y especialmente de la sentencia recurrida.

      (2) Culpa in contrahendo ha sido definida y explicada de la siguiente manera:
      “Puede ocurrir —como apunta Espín— que en la fase previa de aproximación de ambas voluntades, no se llegue a un acuerdo, y en estos casos en que no se llega al consentimiento contractual, pueden, sin embargo, haberse producido determinados gastos realizados en vista a la posible celebración del contrato, y originarse alguna responsabilidad para el que rompe los tratos iniciales sin causa justificada.
      “Hay quienes sostienen que cuando uno entra en relación de negocios con otros para llegar a la conclusión de un contrato, en estos meros tratos que integran los preliminares de un contrato principal se injerta un pacto tácito de responsabilidad con el que se asume el riesgo de responder del daño que pueda causarle in contrahendo. Otro sector doctrinal entiende que el pacto de responsabilidad, forma parte integrante, sin más, del contrato inválido, de suerte que a[u]n cuando éste deviene ineficaz, no lo es respecto al todo, sino a una parte, por cuanto queda en vigor, sobreviviéndole aquella parte que constituye el pacto de responsabilidad.
      “Se ha objetado, que no se ve el porqué deba suponerse un acuerdo tácito con el expresado contenido por la sola razón de que el medio en que se causa el daño a otro es la proposición o conclusión de un contrato[,] y ello, por cuanto en realidad el daño a otro ocasionado mediante la formación iniciada o por la conclusión de un contrato, que después, respectivamente o no llega a producir efecto, se origina por la violación de la obligación genérica del neminem laedere y, por consiguiente, es un daño extracontractual.
      “A nuestro entender —y según Adriano DE CUPIS (op. cit., p. 168)— a quien sustancialmente seguimos en la exposición del presente epígrafe, se está en presencia de una relación obligacional (precedente a la que será establecida en el contrato) en cuanto [a]l vínculo jurídico referido liga a una parte y a otra por el hecho de haber principiado los tratos. La iniciación de los tratos es el hecho del que se deriva la obligación de una parte para la otra, de tener un comportamiento concorde a la buena fe.
      “La doctrina de la culpa in contrahendo ha encontrado sanción legislativa, concretamente, en el Código alemán y en el vigente Código italiano. El nuestro, por el contrario, no aborda esta cuestión. En opinión de PEREZ GONZALEZ Y ALGUER, dicha doctrina de la culpa in contrahendo podría apoyarse en una generalización de los principios en que se inspiran los arts. 1.725 y 1.486 del CC. La S. 10 mar. 1949 (R. 269), parece exigir un acuerdo previo para la exigencia de dicha culpa.
      “Sin embargo, se suele proclamar que, aunque el CC no regula la culpa in contrahendo, (habida cuenta la posibilidad de que se presenten en la práctica supuestos en que como consecuencia de negociaciones precontractuales una de las partes realice desembolsos a requerimiento de la otra con miras a la ulterior contratación sin que ésta llegúe a perfeccionarse por conveniencias económicas de quien provocó los desembolsos) no hay inconveniente en que, al amparo de las normas de los arts. 1.258 y 1.902 del CC, se imponga a la parte que dio lugar a los desembolsos de la adversa la obligación de resarcir tales gastos.” M.A. Del Arco Torres y M. Pons González, Diccionario de Derecho Civil, Pamplona, Ed. Aranzadi, 1984, T. I, pág. 404.

      (3) No dice si era la totalidad o si antes tenía que hacer pagos parciales, según vendiera los terrenos.

      (4) Es significativo que todas estas obras y gastos son compatibles con la explotación de su negocio de venta de arena y piedra, aunque también beneficiarían al terreno en sí.

      (5) Excepto el testigo Ing. Ángel Rivera Domenech, quien declaró que el propio Milton Torres le sugirió que le comprara el solar a Nora Gracia, pero que él decidió no comprarlo. Esto es claramente incompatible con la teoría del demandante.