text:
      In re Myrna Rosa Serrano Casanova.

      Número: 7593

      Resuelto: 22 de noviembre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; Myrna R. Serrano Casanova, pro se.

   PER CURIAM:

El Director de la Oficina de Inspección de Notarías, mediante memorando fechado el 24 de mayo de 1989, nos informa que la notaría Leda. Myrna R. Serrano Casanova no había rendido sus índices notariales desde sep-tiembre de 1988.

El 8 de junio de 1989 concedimos a la licenciada Serrano Casanova un término de veinte (20) días para rendir los ín-dices y mostrar causa por la cual no debía ser separada del ejercicio del notariado por haber incumplido su deber legal de rendir dichos índices.

El 13 de julio de 1989 la notaría nos informó que había duplicado sus índices y los había remitido a la oficina del Director de Inspección de Notarías. En su escrito no acredita haber enviado dichos índices dentro del término legal ni ofrece razones justificadas para dicha omisión en el cumpli-miento de su deber legal.

El notario que incumple con su obligación de rendir ín-dices notariales incurre en conducta ilegal que acarrea la im-posición de sanciones disciplinarias. In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988).

Vistas las circunstancias presentes, se decreta la suspensión de la Leda. Myrna Rosa Serrano Casanova del ejercicio de la notaría por un período de seis (6) meses.

Se dictará la sentencia correspondiente.


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author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Bernardo L. La Fontaine Martell, querellado.

      Número: MC-89-40

      Resuelto: 22 de noviembre de 1989

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Ivonne Casanova Pelosi, Procura-dora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El Lie. Bernardo L. La Fontaine Martell fue admitido al ejercicio de la abogacía el 28 de julio de 1977 y a la notaría el 29 de agosto del mismo año. El 17 de marzo de 1989 fue suspendido provisionalmente del ejercicio de la profesión de abogado y del notariado. Ello debido a su omi-sión de no contestar las órdenes de este Tribunal y haber incurrido en varias violaciones a la Ley Notarial de Puerto Rico. In re La Fontaine Martell, 123 D.P.R. 433 (1989).

Para atender otra queja independiente, el 6 de julio de 1989 emitimos la resolución siguiente:

Encontrándose el Lie. Bernardo L. La Fontaine Martell suspendido provisionalmente de la notaría y la práctica de la abogacía, y habida cuenta de que no responde a requeri-mientos del Procurador General, se le concede al [licenciado] La Fontaine Martell un término de treinta (30) días, contados a partir de la notificación .de esta resolución, para que muestre causa por la cual no deba ser suspendido indefinidamente de la notaría y la práctica de la abogacía.

A pesar de haber sido notificado con copia de dicha orden, ha hecho caso omiso. Bajo las circunstancias presentes, su conducta recurrente de hacer caso omiso a los requeri-mientos de este Tribunal y del Procurador General amerita la sanción más severa de suspensión indefinida de la prác-tica de la abogacía y de la notaría.

Se dictará la sentencia correspondiente.


text:
      In re Carlos Nieves Rivera, querellado.

      Número: CP-89-282

      Resuelto: 27 de noviembre de 1989

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Ivonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; Víctor F. Villariny Marrero, abogado del querellado; Carlos Nieves Rivera, pro se.

   PER CURIAM:

El 8 de marzo de 1989 el Procurador General presentó un informe de conducta profesional extensa-mente documentado, relacionado con el abogado-notario Carlos Nieves Rivera. El 31 de marzo de 1989, luego de con-siderar el informe, así como toda la documentación que lo acompañaba, ordenamos la presentación de querella con los cargos correspondientes.

El 3 de mayo de 1989 el Procurador General presentó la querella mediante la cual imputaba al licenciado Nieves Rivera, en el primer cargo, conducta impropia contraria a la Sec. 16 de la Ley Notarial de Puerto Rico vigente al mo-mento de cometerse las violaciones, y a la Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956, en donde se reglamenta la obligación del notario en cuanto a su función de dar fe pública; en el se-gundo cargo, violación al Canon 35 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Los hechos en los cuales se fundamenta la querella, se-gún expresados en la misma, son:

Caso I — El Lcdo. Carlos Nieves Rivera actuando como no-tario, autenticó las firmas del Sr. Reynaldo Burgos Vázquez, supuesto vendedor y el Sr. Andrés Torres Torres supuesto comprador a los efectos de traspasar la licencia número 4-1158582 del vehículo de motor marca Chevrolet propiedad del primero. Las partes nunca comparecieron ante este abogado a firmar el traspaso antes mencionado y las firmas que aparecen en la licencia no [son] la[s] de ellos.
Caso II — El Lcdo. Carlos Nieves Rivera actuando como no-tario, autenticó las firmas de Doña Edna Flores Hernández supuesta vendedora y el Sr. Arturo Crespo supuesto compra-dor a los efectos de traspasar la licencia número 1-224705 del vehículo de motor marca Mazda de 1984 propiedad de la se-ñora Flores. Las partes nunca comparecieron ante este abo-gado a firmar el traspaso antes mencionado y las firmas que aparecen en el mismo no [son] la[s] de ellos. Además, el abo-gado Carlos Nieves Rivera notarizó una Declaración Jurada (A[fi]d[á]vit Número 31-379) supuestamente otorgada por el Sr. Arturo Crespo con el propósito de solicitar un duplicado de la tablilla para este mismo vehículo de motor. El otorgante nunca compareció ante dicho notario a firmar esta declaración y la firma que aparece en la licencia no es la del Sr. Arturo Crespo.
Caso III — El abogado Carlos Nieves Rivera actuando como notario autenticó las firmas de Doña Antonia de Jesús Umpie-rre supuesta vendedora, [y de] Don Enrique Sánchez Resto supuesto comprador a los efectos de traspasar la licencia nú-mero 5-225994 del vehículo de motor marca Honda Accord del año 1984 propiedad de la señora Jesús. Los supuestos otor-gantes nunca comparecieron ante este abogado a firmar el traspaso antes mencionado y las firmas que aparecen en la licencia no [son] la[s] de ellos.
Además el abogado Genaro Rodríguez Gerena notarizó una Declaración Jurada (A[fi]d[á]vit Número 32006) supuesta-mente otorgada por el Sr[.] Enrique Sánchez Resto con el pro-pósito de solicitar un duplicado de la tablilla del vehículo antes mencionado. El señor S[á]nchez Resto nunca compareció ante dicho notario y la firma que aparece en esa Declaración Ju-rada no es la de él.
Caso IV — El Ledo. Carlos Nieves Rivera actuando como notario autenticó las firmas de Sonia Mutt Ortiz supuesta ven-dedora y Juan Cotto Santana supuesto comprador a los efec-tos de traspasar la licencia número 4-1061867 del vehículo de motor Mazda del año 1985. Los supuestos otorgantes nunca comparecieron ante este abogado a efectuar el traspaso antes mencionado y las firmas que aparecen en la licencia no [son] la[s] de ellos.
Además, el abogado Carlos Nieves Rivera notarizó una de-claración jurada (A[fi]d[á]vit Número 31796) supuestamente otorgada por Don Juan Soto Santana con el propósito de soli-citar un duplicado de la licencia de conducir. El otorgante nunca compareció ante dicho notario a prestar esta declara-ción y la firma que aparece en la misma no es la de él.
Caso V — El abogado Carlos Nieves Rivera actuando como notario, autenticó las firmas de Miguel A. Rodríguez supuesto vendedor y William Rosario, supuesto comprador a los efectos de traspasar la licencia número 4-1148008 del vehículo de motor marca Datsun Sentra de 1985. Los supuestos otorgantes nunca comparecieron ante este abogado a efectuar el traspaso antes mencionado y las firmas que aparecen en la licencia no [son] la[s] de ellos.
Además, el abogado Carlos Nieves Rivera notarizó una De-claración Jurada (A[fi]d[á]vit Número 32071) supuestamente otorgada por el Sr. Miguel A. Rodríguez Maldonado con el propósito de solicitar un duplicado de la licencia del automó-vil. El otorgante nunca compareció ante dicho notario a pres-tar esta declaración y la firma que aparece en la misma no es la de él.
Caso VI — El Ledo. Carlos Nieves Rivera actuando como notario, autenticó las firmas de Norman E. Figueroa Morales supuesto vendedor y Arturo Crespo Romero, supuesto com-prador a los efectos de traspasar la licencia número 4-114789, del vehículo de motor Suzuki del año 1985. El Sr. Norman Figueroa nunca compareció ante este abogado a efectuar este traspaso y la firma que aparece en la licencia no es la de él.
Caso VII — El Ledo. Carlos Nieves Rivera actuando como notario, autenticó la firma del Sr. José Luis Soto Vilar me-diante A[fi]d[á]vit 32110 en donde éste supuestamente compa-recía como vendedor del vehículo de motor marca Honda Accord del año 1984. El otorgante nunca compareció ante este abogado y la firma que aparece en dicha declaración no es la de él.
Caso VIII — El Ledo. Carlos Nieves Rivera actuando como notario autenticó las firmas de Doña Carmen M. Santos Pérez, supuesta vendedora y Don Juan L. González Irizarry su-puesto comprador a los efectos de traspasar la licencia nú-mero 4-1147940 del vehículo de motor marca Mitsubishi de 1986. Los supuestos otorgantes nunca comparecieron ante este abogado a efectuar el traspaso antes mencionado y las firmas que aparecen en la licencia no [son] la[s] de ellos.
Además, el abogado Carlos Nieves Rivera notarizó una De-claración Jurada mediante A[fi]d[á]vít Número 32089 supues-tamente otorgado por el Sr. Juan L. González con el propósito de solicitar un duplicado de la licencia del vehículo antes men-cionado. El otorgante nunca compareció ante dicho notario a prestar declaración y la firma que aparece en la misma no es la de él.
Caso IX — El abogado Carlos Nieves Rivera actuando como notario autenticó la firma del Sr. Alfredo Díaz Ayala en una Declaración Jurada (A[fi]d[á]vit Número 31974) con el propó-sito de solicitar un duplicado de la tablilla del vehículo de motor marca Mazda de 1985. El Sr. Alfredo Díaz Ayala nunca compareció ante este notario a prestar la Declaración Jurada antes mencionada y la firma que aparece en la misma no es la de él. Querella de 5 de mayo de 1989, págs. 2-5.

El 31 de julio de 1989, el licenciado Nieves Rivera pre-sentó su contestación a la querella, donde luego de hacer un breve recuento bibliográfico, admitió haber violado el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, y la Ley Notarial de Puerto Rico. También reconoció que no podemos “limitar la sanción a una simple amonestación, pues entiende que ‘[l]a fe pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del compa-reciente, es la espina dorsal de todo el esquema de autentici-dad documental’. In re González González, 119 D.P.R. 496 (1987)”. Contestación a la Querella de 31 de julio de 1989, pág. 3. Finalmente solicitó que limitemos nuestra acción dis-ciplinaria a una suspensión indefinida del ejercicio del nota-riado.

En cuanto al primer cargo, es claro que el querellado violó las disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico cuando, actuando como notario, dio fe de conocer a los comparecientes y de que éstos firmaron ante él, y eran falsas ambas aseveraciones.

En cuanto al segundo cargo que guarda estrecha relación con el primero, un análisis de la querella, del informe del Procurador General y de los documentos que lo acompañan refleja que el querellado incurrió en un patrón de conducta antiética que denota un total menosprecio hacia la verdad.

En la querella se desglosan nueve (9) transacciones relacionadas con vehículos de motor donde las firmas de los comparecientes fueron falsificadas y donde el querellado dio fe de que estas personas comparecieron ante él y que él las conocía, siendo todo esto falso. Del informe del Procurador General y de los documentos que lo acompañan se desprende que en varios de los casos incluidos en la querella la actua-ción antiética del licenciado Nieves Rivera hizo viable el traspaso de vehículos hurtados, facilitando así la comisión de un delito. El patrón de conducta que se esboza en la querella y que fuera admitido por el querellado sobrepasa los límites de violaciones en el ejercicio del notariado, lo que denota un completo menosprecio de los principios y postulados que de-ben regir la conducta de todo abogado. Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra.

El reiterado incumplimiento con las exigencias de la Ley Notarial de Puerto Rico por parte del querellado acusa una indiferencia que lo coloca al margen de las normas éticas que rigen la profesión legal. Los cánones de ética profesional “exigen al abogado ejercer su profesión con sinceridad y honradez, así como conducirse, no sólo en el desempeño de su profesión, sino en su vida privada de manera digna y honorable”. In re Santiago González, 121 D.P.R. 580, 581 (1988). Debe tenerse siempre presente que “[l]a dignidad y la honorabilidad son valores deontológicos cuya omnipresencia se extiende al abogado como profesional en sus distintas funciones”. In re Calderón Marrero, 122 D.P.R. 557, 566 (1988). Recientemente expresamos:

Los abogados son profesionales. Por serlo, se requiere que desempeñen sus funciones con el mayor grado de competen-cia, responsabilidad e integridad. Ello no sólo debe prego-narse, sino hacerse de día a día con voluntad y verticalidad, utilizando al máximo el intelecto, la preparación y la dedica-ción de su ministerio. Lo anterior conlleva cultivar la sensibili-dad, la franca y enriquecedora comunicación seria, digna y edificante, así como una sana convivencia. La profesión legal debe ser ejemplo para la sociedad de estas cualidades y va-lores humanos. Corresponde al abogado esa tarea de exaltar el honor y la dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales. (Escolio omitido.) In re Sánchez Rodríguez, 123 D.P.R. 876, 880-881 (1989).

Ante las circunstancias antes descritas no podemos acceder a la petición del licenciado Nieves Rivera de que limitemos la acción disciplinaria a una suspensión indefinida del ejercicio del notariado.!) Éste incurrió en una seria violación a las normas y postulados que rigen la profesión de abogado.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia me-diante la cual se separe indefinidamente al abogado-notario Carlos Nieves Rivera del ejercicio de la abogacía y notaría.

      (1) En apoyo de esta posición, el licenciado Nieves Rivera nos relaciona cir-cunstancias de estrechez económica, que ha gozado de excelente reputación personal y que en el ámbito profesional nunca ha recibido una amonestación o suspensión. Comprendemos su posición, pero esto no excusa su conducta ni de-muestra que está capacitado para continuar ejerciendo la profesión de abogado-notario.


text:
      In re Luis Figueroa Abreu.

      Número: 7232

      Resuelto: 29 de noviembre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

   I

PER CURIAM:

El pasado 16 de marzo de 1989, con vista al informe del Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris —expositivo de que el nota-rio Luis Figueroa Abreu no había cubierto las deficiencias sustanciales relativas a no haber adherido los sellos de rentas internas e impuesto notarial correspondientes a un sinnúmero de escrituras y afidávit— le concedimos quince (15) días para que compareciera por escrito a mostrar causa por la cual la suspensión temporera del notariado decretada el 27 de octubre de 1988 no debería ser definitiva. Fue notifi-cado personalmente el 28 de marzo de 1989.() Al día de hoy no ha comparecido.

1 — I I — I

Con fecha de 24 de abril de 1989, el licenciado Martínez Suris nos expuso que las deficiencias antes aludidas han cre-ado una incertidumbre en cuanto a la validez de documentos notariales y, además, ha privado al erario y a la Sociedad para Asistencia Legal de los derechos fiscales a que son acre-edores. También nos informa la falta de encuadernación de los protocolos de los últimos cuatro (4) años. El 28 de agosto actualizó ese informe. Al presente, el monto total de estas deficiencias asciende a $2,992.50, en concepto de sellos de rentas internas, y a $824 para la Sociedad para Asistencia Legal. Las deficiencias por concepto de otros sellos nota-riales son de $64, más el costo de encuadernación que tota-liza $120.

Las circunstancias expuestas son graves y atentan contra principios importantes, de interés público, consagrados en la Ley Notarial de Puerto Rico. Denotan una pobre práctica que debemos desalentar. Independientemente del curso ulterior que disciplinariamente pueda seguir, tras su suspensión temporera del ejercicio de la abogacía decretada el pasado 6 de abril de 1989 se imponen de inmediatos dos (2) pronunciamientos. Primero, ante su incomparecencia, reiterado incumplimiento a nuestras órdenes y negativa a corregir las deficiencias apuntadas, corresponde decretar su suspensión permanente del ejercicio de la notaría, y segundo, ordenar que con cargo a su fianza notarial, y en virtud del Art. 16 déla Ley Notarial de Puerto Rico vigente, 4 L.P.R.A. sec. 2034, el Colegio de Abogados de Puerto Rico proceda a satisfacer las cantidades antes desglosadas que resultan necesarias para cubrir las deficiencias antes apuntadas, incluso los honorarios de encuadernación.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton no intervino.

      (1) Días después, el 6 de abril de 1989, en el asunto MC-88-62, ante su incum-plimiento a una orden nuestra mediante la cual le requeríamos que compareciera a la Oficina del Procurador General, con relación a una queja en su contra objeto de investigación, fue suspendido temporeramente del ejercicio de la abogacía.


text:
      In re Sofía Valdespino Vda. de Molero.

      Número: 2579

      Resuelto: 4 de diciembre de 1989

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

   PER CURIAM:

El 22 de mayo de 1989 el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos informó que la Leda. Sofía Valdespino Vda. de Molero no rendía sus índices notariales desde el 3 de agosto de 1987 y que tampoco había rendido el informe anual de activi-dad notarial por los años 1987 y 1988 requeridos por la Regla 12(d) del Reglamento del Tribunal Supremo, 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

Mediante resolución emitida el 8 de junio de 1989, este Tribunal le concedió a la abogada un término de veinte (20) días para que remitiera los índices notariales correspon-dientes y para que mostrara causa por la cual no debía ser sancionada por su incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico de 1987.

En vista de que la licenciada Valdespino no cumplió con la orden contenida en la Resolución de 8 de junio de 1989, emi-timos otra resolución el 20 de julio de 1989. En ésta la sus-pendimos temporeramente del ejercicio de la notaría y le or-denamos al Alguacil General que se incautara de los proto-colos y registros de afidávit de esta abogada. Le concedimos, además, un término de treinta (30) días para que rindiera los índices notariales y mostrara causa por la cual no debía ser separada permanentemente del ejercicio de la notaría y dis-ciplinada como abogada. Al día de hoy, la abogada no ha cum-plido con ninguna de las órdenes emitidas.

Desde In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303, 305 (1985), hemos advertido que seremos “rigurosos en la aplicación de sanciones disciplinarias motivadas por el incumplimiento ... de la Ley Notarial”. (Énfasis suprimido.) La licenciada Valdespino no sólo ha incumplido la obligación de rendir los índices notariales que le impone el Art. 12 de la Ley Notarial de Puerto Rico, 4 L.P.R.A. sec. 2023, sino que, además, ha desobedecido repetidamente las órdenes emitidas por este Tribunal.

Reiteramos que no toleraremos esta conducta. In re Rosa Batista, 122 D.P.R. 485 (1988). El no cumplir con las órdenes que dicta este Tribunal “menoscaba la jurisdicción disciplinaria de este Foro y ‘atenta contra el compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz en nuestra sociedad’. In re Ayala Hernández, 121 D.P.R. 758, 760 (1988)”. In re La Fontaine Martell, 123 D.P.R. 433, 434 (1989).

En virtud de lo expuesto, procede decretar la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía de la Leda. Sofía Valdespino Vda. de Molero hasta que acredite su disposición de cumplir con las órdenes que emite este Tribunal. Una vez acredite su cumplimiento estricto con nuestras resoluciones y explique satisfactoriamente su actuación, podrá solicitar su reinstalación al ejercicio de la abogacía.

Se dictará sentencia de conformidad con lo antes ex-puesto.


text:
      In re José Rafael Meléndez Mulero.

      Número: 7023

      Resuelto: 4 de diciembre de 1989

      Govén D. Martínez-Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías; José Rafael Meléndez Mulero, pro se.

   h — I

PER CURIAM:

El 6 de abril de 1989 el Director de la Ofi-cina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, nos informó que hasta el 7 de noviembre de 1988 el Ledo. José Rafael Meléndez Mulero no había rendido sus índices notariales durante ocho (8) meses en 1985, siete (7) meses en 1986, dos (2) meses en 1987 y diez (10) meses en 1988.

Nos informó, además, que luego de ser notificado de su incumplimiento, el licenciado Meléndez Mulero rindió los ín-dices que tenía atrasados, pero no proveyó ninguna justifica-ción por su conducta. Por esta razón, se le devolvieron los índices el 29 de noviembre de 1988 y se le requirió que vol-viera a rendirlos acompañándolos de la justificación corres-pondiente. El abogado no cumplió con el requerimiento.

E126 de abril de 1989 este Tribunal emitió una resolución mediante la cual se ordenaba al licenciado Meléndez Mulero que dentro de un plazo de diez (10) días cumpliera con el requerimiento que le hiciera el Director de la Oficina de Ins-pección de Notarías. El abogado no cumplió con esta orden.

En vista de este incumplimiento, emitimos otra resolu-ción el 8 de junio de 1989, donde le ordenamos que dentro de un término de quince (15) días cumpliera con la Resolución de 26 de abril de 1989 y compareciera por escrito para mos-trar causa por la cual no debía ser objeto de sanciones disci-plinarias, incluso la suspensión de la notaría. El licenciado Meléndez Mulero tampoco cumplió con esa orden.

Finalmente, el 20 de julio de 1989 emitimos una tercera resolución en la que suspendimos provisionalmente al abo-gado del ejercicio de la notaría y ordenamos al Alguacil General que se incautara de su obra notarial. Le concedimos veinte (20) días para mostrar causa por la que no debía ser sancionado como abogado por su reiterado incumplimiento con la Ley Notarial de Puerto Rico y con las órdenes de este Tribunal.

El licenciado Meléndez Mulero ha comparecido y expone que tiene una limitada práctica notarial y que su incumpli-miento con los deberes notariales se debió a problemas admi-nistrativos en su oficina y en el correo. Nos indica que no fue su intención incumplir con sus obligaciones notariales.

De los documentos sometidos se desprende que durante ese período su práctica notarial efectivamente estuvo cuanti-tativamente limitada.

H-i I — i

En primer lugar, nos sorprende que a pesar de nuestros múltiples pronunciamientos sobre la obligación de los notarios de rendir los índices notariales todavía persista esta actitud de dejadez y negligencia por parte de algunos letrados con un requisito relativamente sencillo que no re-quiere conocimientos especializados o la preparación de un escrito complejo. Aunque su rigurosa observancia exige una organización administrativa mínima en cada oficina de abo-gados, esta “obligación ... forma parte integral e importante del esquema legislativo conducente a rodear el acto de fe pública con la más completa garantía de veracidad” —In re Rigau, Jr., 118 D.P.R. 89, 92 (1986)— y de confiabilidad. In re Alvarado Tizol, 122 D.P.R. 587 (1988); In re Bonilla Martínez, 120 D.P.R. 682 (1988).

En el caso de autos, el licenciado Meléndez Mulero incumplió con esta obligación que la ley notarial le impone, y sus explicaciones no justifican adecuadamente su conducta. Independientemente de los problemas secretariates y administrativos que pudo haber tenido el notario, su comparecencia no explica su incumplimiento con las Resoluciones de 26 de abril de 1989 y de 8 de junio de 1989. Este Tribunal no puede aceptar esta conducta y aprovecha la ocasión para reafirmar que seremos rigurosos al aplicar sanciones disciplinarias por incumplimiento con estas disposiciones de la Ley Notarial de Puerto Rico. In re Rosa Batista, 122 D.P.R. 485 (1988); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303, 305 (1985).

Por otro lado, su inobservancia de las órdenes de este Tribunal “menoscaba la jurisdicción disciplinaria de este Foro y ‘atenta contra el compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz en nuestra sociedad’. In re Ayala Hernández, 121 D.P.R. 758, 760 (1988)”. In re La Fontaine Martell, 123 D.P.R. 433, 434 (1989).

En estas circunstancias, y considerando su historial pre-vio, procede decretarse la suspensión del Ledo. José Rafael Meléndez Mulero por dos (2) años del ejercicio de la notaría y se le sanciona como abogado amonestándolo severamente con el apercibimiento que de incurrir en el futuro en con-ducta análoga a la aquí descrita estará sujeto a medidas disciplinarias más severas.

Se dictará sentencia de conformidad.


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor E.L.G.

      Número: CE-87-310

      Resuelto: 4 de diciembre de 1989

      Ramón E. Febus Bernardini, abogado del peticionario; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Josefa A. Román Gar-cía, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

Mediante un escrito titulado erróneamente “apelación”, acude ante nos el menor de epígrafe a cuestionar la aplica-ción de las nuevas Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores, la participación del Procurador de Menores en el caso y la denegatoria a una solicitud de desestimación por haberse violado su derecho a un juicio rápido. Acogemos el recurso como un certiorari y, ya que tenemos el beneficio de la comparecencia del Procurador General, procedemos a re-solverlo sin ulteriores procedimientos.

Procede la revocación de la resolución recurrida por en-tender que se violó el derecho del menor apelante a un juicio rápido al no existir justa causa para la posposición de la vista adjudicativa.

De los autos se desprende que al menor apelante se le imputa que el 4 de enero de 1987, a eso de las 9:00 P.M., parti-cipó en un asalto del garaje de gasolina Shell ubicado en la calle Carbonell de Cabo Rojo. También lo acusan de asesinar a quemarropa al empleado del establecimiento.

El 4 de enero, en horas de la madrugada, el menor E.L.G. fue llevado ante un juez municipal quien determinó causa probable y ordenó la presentación de las querellas por asesi-nato en primer grado e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. sees. 416 y 418, y su detención en el Hogar Juvenil de Ponce. La vista sobre orden de detención se celebró el 27 de enero de 1987, y el abogado del menor apelante hizo constar que no reconocía la participación de los Procuradores de Menores. También pi-dió que se enviara al menor al Hogar Crea de Isabela, donde podía recibir tratamiento. Así se hizo y allí se encuentra re-cluido el menor hasta hoy.

Se señaló vista adjudicativa para el 3 de febrero de 1987. Ésta fue suspendida porque el Procurador de Menores no había conseguido el protocolo de la autopsia realizada al em-pleado del garaje. Alegó que debido a la cantidad de autop-sias que estaba realizando el Instituto de Medicina Forense por el incendio del Hotel Dupont Plaza había sido imposible conseguir el protocolo correspondiente y citar a la doctora que lo realizó.

Se señaló la vista para el 5 de marzo de 1987 y se suspen-dió nuevamente para el 9 de abril a petición del Procurador de Menores por la misma razón aducida en la suspensión anterior. El abogado de defensa en cada una de las suspen-siones estableció que estaba listo para ver el caso y que se estaba violentando el derecho a juicio rápido que tenía su cliente debido a que la razón aducida por el Procurador de Menores no era justa causa para la suspensión.

El 17 de marzo el abogado del menor apelante presentó una moción de desestimación al amparo de la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, donde alegó que se había violado el derecho a juicio rápido del apelante. Luego de evaluar la comparecencia del Procurador de Me-nores, el juez de instancia la declaró sin lugar. Oportuna-mente el menor apelante solicitó la reconsideración del dic-tamen. Ésta fue declarada sin lugar.

El 22 de abril el juez de instancia decidió paralizar los procedimientos y ordenó a la representación legal del menor que instara un recurso para que fuese este Tribunal quien resolviera la controversia. El 7 de mayo el menor apelante presentó el recurso que hoy resolvemos.()

I — I I — I

Como primer señalamiento de error() el menor apelante nos plantea que se violentó su derecho a juicio rápido porque no se señaló la vista adjudicativa dentro del término de se-senta (60) días contados desde la determinación de causa y detención si está bajo la custodia de sus padres y treinta (30) días si está en un centro de detención.

En fecha tan reciente como el 17 de marzo de 1989, Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989), resol-vimos que la actual Ley de Menores de Puerto Rico, en su Art. 22 (34 L.P.R.A. sec. 2222) ha incorporado al procedi-miento de menores el concepto de juicio rápido contenido en la Regla 64(n) de Procedimiento Criminal, supra. “[N]o existe razón válida en derecho para que se le niegue a los menores de edad que son encausados bajo la Ley de Menores de 1986, ante, conforme los requisitos de debido procedi-miento de ley y trato justo, el reconocimiento del derecho a juicio rápido.” (Énfasis suprimido.) Pueblo en interés menor R.G.G., supra, pág. 463. De hecho, las nuevas Reglas de Pro-cedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R 6.2(2)(e), proveen la desestimación de la querella por el in-cumplimiento de los términos establecidos.

Al incorporar la doctrina de juicio rápido al procedi-miento bajo la Ley de Menores de Puerto Rico, adoptamos también toda la interpretación que se ha hecho sobre ese derecho, incluso sus excepciones sobre justa causa para las suspensiones.

Nuestra jurisprudencia sobre el derecho a juicio rápido ha establecido que lo que constituye justa causa para la pos-posición de una vista habrá que determinarlo caso a caso. “[E]l derecho ajuicio rápido es tan beneficioso a unos como a otros y es un derecho que en consecuencia asiste tanto al individuo como a la sociedad. El equilibrio a establecerse es en consecuencia entre intereses del mismo rango, pues cuando se socava el derecho individual al juicio rápido se atenta a la vez contra los propios intereses comunales.” Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409, 417-418 (1974).

Aunque la ausencia de un testigo de cargo esencial consti-tuye justa causa para suspender un señalamiento, Pennington v. Corte, 60 D.P.R. 260 (1942), es el Ministerio Público el que viene obligado a demostrar que existe justa causa para la suspensión. Pueblo v. Herrera, 67 D.P.R. 25 (1947); Pueblo v. Arcelay Galán, supra. De lo contrario se viola al acusado su derecho a juicio rápido, especialmente cuando el acusado ha protegido su derecho reclamándolo afirmativamente a través de su abogado. Pueblo v. Santi Ortiz, 106 D.P.R. 67 (1977); Pueblo en interés menor R.G.G., supra.

En el caso de autos la representación legal del menor apelante afirmó en todo momento que estaba preparado para ver el caso y que se le estaba violando su derecho a juicio rápido al no señalarse la vista de hechos dentro del término establecido por ley. El Ministerio Fiscal no presentó sufi-cientes razones para explicar la importancia del protocolo de autopsia en el proceso del juicio y para justificar el que no se hubiese citado antes a la patóloga forense. Tampoco el tribunal de instancia tomó las precauciones necesarias para pro-teger los derechos constitucionales del acusado. Ante estos hechos es forzoso concluir que al menor apelante se le violó su derecho constitucional a un juicio rápido y, por lo tanto, las querellas deben ser desestimadas. No obstante, esto no constituye impedimento a que vuelvan a ser presentadas, dada la imprescriptibilidad del delito de asesinato.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Negrón García emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

En su función adjudicadora, el jurista “[d]eberá ante todo tener fe y muñirse [sic] de prudencia. Deberá interrogar a la realidad una y otra vez; pensarla en términos concretos, ilustrarse, y por fin actuar. Recordará que el argumento de la razonabilidad será siempre superior a cualquier fórmula que intente apartarse de él (por más estrictamente apegada a la letra de la ley positiva que sea). Tendrá presente que el llamado ‘mundo jurídico’ no está divorciado del real, sino que es parte integrante e inseparable (en sentido ontológico) de éste”. J.E. Leonetti, El llamado “mundo jurídico” y la realidad, 1984-A Rev. Jur. Arg. La Ley 363 (1984). Discre-pamos de la sentencia del Tribunal que aprisiona el derecho a juicio rápido a una cronología de tiesa aritmética improrro-gable y se aparta de la realidad táctica y procesal.

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Contra el menor E.L.G. penden querellas por asesinato en primer grado e infracciones a los Arts. 6 y 8 de la Ley de Armas de Puerto Rico, 25 L.P.R.A. secs. 416 y 418, y al Art. 404 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. sec. 2404 (marihuana). Los hechos imputados ocurrieron el 4 de enero de 1987, ocasión en que dos (2) adultos, otro menor y E.L.G. alegadamente perpetraron un robo en una estación de gasolina. El empleado de ésta, Radamés Santana Toro, murió de un disparo. Las querellas fueron ju-radas el 6 de enero y en esa fecha se ordenó su ingreso a una institución de menores en Ponce.

El 21 de enero el menor querellado, por medio de su abo-gado, presentó al tribunal un total de seis (6) mociones me-diante las cuales cuestionaba la legalidad de su detención y solicitaba juicio por jurado, supresión de evidencia y evalua-ción inmediata por un psicólogo. El 28 de enero, a tenor con la Regla 95 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, pidió determinada información y documentos. El 29 de enero el Procurador de Menores contestó las mociones e informó al tribunal que el menor “asistido [de] su madre, libre y volun-tariamente confesó y firmó una declaración a esos efectos [y] . . . se comprometió y así acordó con la Fiscalía de Ma-yag[ü]ez, a servir de testigo para el procesamiento de los demás participantes [otro menor y dos adultos] y, de hecho, ya cooperó en la vista de determinación de causa contra el otro menor”. Exhibit IV, pág. 1.

Para el 2 de febrero se unió a los autos el Informe Inicial Narrativo del Trabajador Social. Señalada la vista adjudica-tiva para el otro día —3 de febrero— compareció al tribunal cón sus padres y su abogado. En esa ocasión se dejo al menor bajo la custodia de sus progenitores, pero en el Hogar de Adolescentes CREA de Isabela, “ya que se temía por su se-guridad y presentaba un problema de adicción”. A solicitud del Procurador de Menores se suspendió la vista por no te-ner disponible el protocolo de autopsia (y el nombre de la patóloga que lo realizó) debido a la “cantidad de autopsias que estaba realizando el Instituto de Medicina Forense por el incendio del Hotel Dupont Plaza” acaecido el 31 de diciem-bre de 1986, esto es, cuatro (4) días antes del asesinato. Pos-puesta para el 5 de marzo, por el mismo fundamento, fue suspendida para el 9 de abril. Esta última fecha fue aceptada por la defensa, ante la alternativa de que se fijara para el 2 de abril. Las dos (2) suspensiones decretadas estuvieron fun-damentadas, a juicio del tribunal de instancia, en que la in-disponibilidad del protocolo de autopsia y de la patóloga —por razón del siniestro del Hotel Dupont Plaza, por el cual murieron más de cien (100) personas— constituían justa causa.

Inconforme, el menor E.L.G. apeló de ese dictamen. En síntesis, argumenta que se le violó el derecho a juicio rápido.

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Nuestra decisión en Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989) —en que resolvimos que el principio de juicio rápido se aplica a los procedimientos de menores— no es incompatible ni excluye el concepto de justa causa para decretar válidamente suspensiones sin infringir el derecho a juicio rápido. Art. 22 de la Ley Núm. 88 de 9 de julio de 1986 (34 L.P.R.A. see. 2222); Regla 7.1 de Procedimiento para Asuntos de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A.

Las circunstancias en autos reflejan la existencia de justa causa debido a un evento extraordinario. Los hechos alega-damente ocurrieron el 4 de enero de 1987, esto es, cuatro (4) días después de la tragedia del Hotel Dupont Plaza. To-mamos conocimiento judicial de las innumerables muertes habidas en ese siniestro y, como consecuencia, del aumento inusitado de autopsias, informes, etc. en el Instituto de Me-dicina Forense, y su consabido atraso. Como cuestión de rea-lidad, no se ha cuestionado la legitimidad de ese reclamo del Procurador de Menores y que ello impidió el pronto en-vío y recibo del protocolo de autopsia. Ciertamente esa ra-zón era más que suficiente para que la vista adjudicativa se-ñalada para el 3 de febrero fuera suspendida para el 5 de marzo de 1987. Ese día el Procurador de Menores reprodujo el mismo planteamiento en el tribunal. Igual dictamen preva-leció. Esa realidad tampoco se puso en entredicho en ese mo-mento. Ni siquiera se ha sugerido conducta dilatoria inten-cional del Procurador de Menores.

Ante este trasfondo procesal y fáctico, rechazamos la conclusión mayoritaria en que descansa la Sentencia, pág. 823, esto es, que no se explicó “la importancia del proto-colo de autopsia en el proceso del juicio ...”. La necesidad de ese documento y la presencia del patólogo forense para pro-bar el corpus delicti —salvo estipulación al efecto— es tan evidente que no precisa mucha elaboración. Pueblo v. Márquez, 67 D.P.R. 326, 333-334 (1947). En casos de asesinato, forma parte de la evidencia elemental a presentarse para probar la causa productora de la muerte violenta de un ser humano. Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980).

En resumen, la razón para las dos (2) primeras suspen-siones fue válida en derecho. Si computamos el término de treinta (30) días desde la segunda suspensión, esto es, el 5 de marzo, notamos que hasta el 9 de abril sólo transcurrieron cinco (5) días en exceso. Si hacemos igual cómputo hasta el 2 de abril —fecha anterior alterna que la defensa no aceptó— advertimos que el señalamiento no excedió los treinta (30) días.

La aplicación mecánica y matemática de los términos de las reglas, sin tomar en cuenta los trámites y las circunstancias, es una injusticia. Rechazamos esa metodología decisoria judicial que considera irrazonable la breve tardanza habida, que en úl-timo análisis es atribuible al propio peticionario.

      (1) Posteriormente, el 14 de septiembre de 1987, el menor apelante presentó ante este Tribunal un recurso de habeas corpus donde alegaba que llevaba más de seis (6) meses en detención preventiva. Éste fue declarado sin lugar.

      (2) Aunque el menor apelante también nos plantea que no aplican las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores y que no procedía la participación del Procurador de Menores, en buena técnica dispositiva no tenemos que entrar a resolver los méritos de los señalamientos.
      Sin embargo, es necesario aclarar que aun cuando existe una prohibición sobre leyes ex post facto en nuestra Constitución, hemos interpretado que se trata de leyes que perjudican los derechos del acusado o que tipifican una con-ducta que anteriormente no era delito. Las leyes procesales o aquellas que benefi-cian a un acusado pueden aplicarse retroactivamente. Véase D. Nevares-Muñiz, Derecho Penal Puertorriqueño, San Juan, Instituto para el Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 81 y ss. En este caso las Reglas de Procedimiento para Asuntos de Menores proveen más garantías constitucionales que el anterior ordenamiento.


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Agustín Marrero, Efraín Marrero y Ramón Ríos Santana, demandantes y recurrentes, v. Albany Insurance Co., demandada y recurrida.

      Número: RE-87-589

      Resuelto: 5 de diciembre de 1989

      Jorge Meléndez Vela y José Davison Lampón, abogados de los recurrentes; Alvaro R. Calderón, Jr, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso nos permite explorar el tema de la aplicabilidad de la doctrina de res ipsa loquitur a casos de incendios. Al confirmar la sentencia recurrida que declaró sin lugar la demanda radicada en el caso de epígrafe, resolvemos que la referida doctrina no es de aplicación .en situaciones en qúe se desconoce totalmente la causa del incendio ocurrido; procediendo su aplicación únicamente en sitúa- dones en que, demostrada la causa efectiva del incendio, la misma o las circunstancias y hechos particulares del caso indican que dicha causa, de ordinario, no ocurre a menos que haya mediado negligencia.

Como consecuencia de un incendio que se desarrollara en la medianoche del 5 al 6 de enero de 1985 en una planta de recauchamiento propiedad de Toa Alta Retreading, Inc. loca-lizada en el primer piso de un edificio de dos (2) plantas pro-piedad precisamente de la mencionada corporación, los dueños de varios locales comerciales en dicho inmueble, () arrendatarios de la citada corporación, demandaron a la compañía de seguros de ésta, la demandada recurrida Albany Insurance Co., en reclamación de los daños sufridos por ellos como resultado del incendio ocurrido. La mencio-nada compañía de seguros negó responsabilidad alguna.

Trabada la controversia, y luego de celebrada la corres-pondiente vista en su fondo, el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, originalmente dictó sentencia decla-rando con lugar la demanda radicada.() En lo pertinente de-terminó dicho tribunal que, aun cuando se desconocía el ori-gen y causa del fuego que se desarrollara en la planta de recauchamiento propiedad del asegurado de la compañía de seguro demandada, dicho incendio “fue causado por la omi-sión negligente de la Toa AJta Retreading Co. al no tener una instalación eléctrica adecuada para operar una planta de re-cauchamiento” y que se podía “inferir o deducir válidamente que la inadecuación de la instalación eléctrica pudo permitir que una chispa saltara hacia el ‘ambiente’ del local impreg-nado de gases inflamables y generara el incendio”.()

Radicada en tiempo por la parte demandada una moción en solicitud de . determinaciones de hechos adicionales y re-consideración, el tribunal de instancia —mediante sentencia a esos efectos de fecha 27 de octubre de 1987— reconsideró la que había dictado anteriormente y procedió a declarar sin lugar la demanda radicada mediante “sentencia enmendada” a esos efectos. En esta ocasión razonó el foro de instancia que la parte demandante, si bien había presentado prueba sobre la clase de instalación eléctrica con que contaba la planta de recauchamiento, no había presentado evidencia “sobre las causas del incendio”.()

Inconforme, la parte demandante acudió en revisión ante este Tribunal, imputándole al tribunal de instancia haber errado:

... al modificar las conclusiones de hechos y de derecho que dieron margen a su sentencia original que declaró con lugar la demanda y las cuales resumiremos y discutiremos más adelante.
... al declarar, sin lugar la demanda en su sentencia enmendada. Solicitud de revisión, págs. 3-4.

Decidimos expedir el auto de revisión solicitado. Estando en condiciones de resolver el mismo, procedemos a así ha-cerlo.

En el alegato que radicara, la parte demandante re-currente señala que erró el foro de instancia al no aplicar al caso de autos la doctrina de res ipsa loquitur.() En términos generales, la aplicabilidad de la citada doctrina depende de la concurrencia de tres (3) requisitos, a saber: (1) el acci-dente deber ser de tal naturaleza que, de ordinario, no ocu-rre en ausencia de negligencia por parte de una persona; (2) el mismo debe ser causado por una agencia o instrumento dentro del control exclusivo de la parte demandada, y (3) dicho accidente no puede haber ocurrido debido a acción in-voluntaria alguna o negligencia del que demanda o reclama. Martínez Mattei v. Montañez, 98 D.P.R. 726, 730 (1970); Díaz Mojica v. Gob. de la Capital, 93 D.P.R. 467, 471 (1966); Goenaga v. West Indies Trading Corp., 88 D.P.R. 865, 893 (1963); Soc. de Gananciales, Etc. v. Presbyterian Hosp., 88 D.P.R. 391, 397 (1963); Castro v. Municipio de Guánica, 87 D.P.R. 725, 730 (1963); Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603, 615 (1962); Cintrón v. A. Roig, Sucrs., 74 D.P.R. 1028, 1036 (1953); Hermida v. Feliciano, 62 D.P.R. 55, 57 (1943).

Debe mantenerse presente, sin embargo, que la aplicación de la referida doctrina sólo crea una inferencia permisible de negligencia que autoriza —pero no obliga— al juzgador a concluir que hubo negligencia y que únicamente cuando el demandante establece los hechos que justifican la aplicación de la doctrina es que éste queda relevado de cum-plir con la regla general que le exige probar la negligencia de la parte demandada, pasando entonces a esta última el peso de demostrar que empleó el debido cuidado. Véanse: Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, ante, pág. 614; Soc. de Gananciales, Etc. v. Presbyterian Hosp., ante; H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, págs. 395-396.

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Un examen de nuestras decisiones revela una ausencia de precedente sobre el punto específico ante nuestra consideración. No así en la jurisdicción federal y en las distintas jurisdicciones estatales norteamericanas. De un análisis de las decisiones emitidas en dichas jurisdicciones se desprende que la regla general es a los efectos de que la doctrina de res ipsa loquitur no es aplicable a situaciones en que se desconoce totalmente la causa del incendio ocurrido o a aquellas en donde la causa señalada es el resultado de meras conjeturas. McKinney Supply Company v. Orovitz, 96 So. 2d 209 (Fla. 1957); Sharon v. Luten, 165 So. 2d 806 (Fla. 1964); Wilson v. Paul, 176 N.W.2d 807, 809 (Iowa 1970); Northwestern Nat. Ins. v. Raid Quarries Corp., 249 N.W.2d 640 (Iowa 1977); Fischer, Inc. v. Standard Brands, Inc., 204 N.W.2d 579 (Iowa 1973); Dodge v. McFall, 45 N.W.2d 501 (Iowa 1951); Highland Golf Club v. Sinclair Refining Co., 59 F. Supp. 911 (Iowa 1945); In re Morse Estate, 391 P.2d 117 (Kansas 1964); Board of Ed., Etc. v. Herb’s Dodge Sales, Etc., 435 N.Y.S.2d 179 (App. Div. 1981); Smith v. Vanier, 307 P.2d 539 (Okl. 1957); Gutknecht v. Wagner Bros. Moving & Storage Co., 266 S.W.2d 19 (Mo. 1954); Appalachian Insurance Company v. Knutson, 242 F. Supp. 226 (Mi. 1965); Menth v. Breeze Corporation, 73 A.2d 183 (N.J. 1950); Central Stikstof Verkoopkanter v. Pensacola Port Auth., 316 F.2d 189 (5to Cir. 1963); Wehkamp v. Garden City, 356 P.2d 826 (Kan. 1960); Emigh v. Andrews, 191 P.2d 901 (Kan. 1948).

Por el contrario, la referida doctrina sí ha sido aplicada a situaciones en que, demostrada la causa efectiva del incendio, las circunstancias y hechos particulares del caso indican o tienden a sostener que dicha causa, de ordinario, no ocurre a menos que haya mediado negligencia. Emigh v. Andrews, ante; Northwestern Nat. Ins. v. Raid Quarries Corp., ante; Wehkamp v. Garden City, ante; Dodge v. McFall, ante. Esto es, se requiere de la parte demandante que en esta clase de situaciones cumpla —en adición a los restantes dos— con el primero de los tres (3) requisitos que tradicionalmente se exigen para la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur. Martínez Mattei v. Montañez, ante; Díaz Mojica v. Gob. de la Capital, ante.

La razón de ser de la norma antes expresada realmente no es muy difícil de comprender. Como certeramente se se-ñalara en Menth v. Breeze Corporation,- ante, pág. 186:

. . . la doctrina de “res ipsa loquitur” es poco aplicada en casos de fuegos. . . . Las razones para ello no son difíciles de entender. La causa de un fuego es a menudo, desconocida; fuegos ocurren tanto en situaciones en donde se ejerció el debido cuidado como cuando no. Cuando un fuego se origina en la propiedad del demandado eso por sí solo no es prueba de que fue iniciado por él o a consecuencia de su negligencia .... La regla general es que la destrucción de propiedad por un fuego, ya fuere en el lugar donde se originó o en áreas adyacentes no levanta por sí sola la presunción de negligencia en el origen o en el manejo del fuego, a menos que se den circunstancias especiales que conduzcan a la conclusión razo-nable de que faltó el debido cuidado. (Traducción nuestra, én-fasis suplido y citas omitidas.)()

> y — i

En el caso de autos no se dan esas circunstancias espe-ciales. La parte demandante en el presente caso no cumplió con su obligación de establecer los hechos que justifican la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur. Se desconoce totalmente la causa exacta o específica del incendio. La mera demostración de que la instalación eléctrica era una “normal y corriente” no arroja luz alguna sobre el origen del sinies-tro. Debe mantenerse presente que el fuego comenzó a la medianoche; esto es, cuando la planta de recauchamiento no estaba en operación. La prueba presentada no estableció re-lación causal alguna entre la existencia de una instalación eléctrica normal y corriente en una planta de esa naturaleza y el fuego originado horas después de haber cesado opera-ciones la referida planta.

Conviene recordar que la doctrina de “res ipsa loquitur” no promueve inferencia alguna sobre la causa del evento que ocasionó el daño. Northwestern Nat. Ins. v. Raid Quarries Corp., ante, pág. 644. Lo más que sostiene la evidencia presentada por la parte demandante es que en la noche en cuestión un fuego cuya causa se desconoce destruyó la estructura. La posibilidad de que la instalación eléctrica inapropiada fuera la causa del fuego constituye una mera conjetura, lo cual no es suficiente para la aplicación de res ipsa loquitur. Wehkamp v. Garden City, ante, pág, 831. Ante esta situación no se cumple, por lo tanto, con el primer requisito para la aplicación de la doctrina, esto es, que el accidente sea de tal naturaleza que de ordinario no occurre en ausencia de negligencia. Martínez Mattei v. Montañez, ante. Máxime cuando en el presente caso, según ello surge de la propia prueba documental que presentara la parte demandante re-currente, la Policía de Puerto Rico luego de la investigación correspondiente concluyó que, no obstante desconocerse el origen del incendio, “se presume que hubo mano criminal en el mismo”.() Existiendo “alguna otra causa probable del ac-cidente de la cual pueda inferirse que no hubo negligencia”, no procede la aplicación de la doctrina de res ipsa loquitur. Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, ante, págs. 615-616. Véase, además, Martínez Mattei v. Montañez, ante.

Por las razones antes expresadas, procede la confirma-ción de la sentencia recurrida. Se dictará sentencia de con-formidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Ortiz.

y.

Toa Alta Retreading, Inc. era dueña de un edificio de dos (2) plantas divido en varios locales independientes. En el primer nivel tenía y operaba una planta de recauchamiento y venta de gomas, y dos (2) establecimientos comerciales arrendados a Ramón Ríos Santana, a saber, una ferretería y cafetería llamados “Villa Toa”. En el segundo nivel, también alquilados, estaba ubicado el club nocturno de Efraín Ma-rrero, conocido como “Terraza Ball Room”, y una barbería de Agustín Marrero.

En la noche del 6 de enero de 1985, aproximadamente a las 12:00 P.M., se inició un incendio en su planta de recau-chamiento que rápidamente se propagó y destruyó todo el inmueble. La causa específica de la ignición se desconoce. Ninguno de los arrendatarios tuvo que ver con el origen del siniestro. En el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, éstos demandaron a Albany Insurance Co. (Albany), aseguradora de Toa Alta Retreading, Inc., para recobrar las pérdidas su-fridas como consecuencia de la conflagración que arrasó sus establecimientos comerciales. Albany contestó, negó negli-gencia y responsabilidad.

Previo trámites de rigor, se ventiló la vista en su fondo. Los demandantes Marrero et al. ofrecieron el testimonio pe-ricial del ingeniero industrial Dr. Carlos V. Wheeler y some-tieron en evidencia su informe escrito contentivo de la valori-zación de los daños, varias fotografías y el Informe de Incen-dio del Servicio de Bomberos. El doctor Wheeler testificó que la instalación eléctrica de la planta de recauchamiento era de uso doméstico y que en este tipo de planta o de natu-raleza similar era indispensable que se proveyera una insta-lación eléctrica especial de propiedades ignífugas. Aquí, ni las cajas de los interruptores o tubos estaban sellados, a pesar de que en el local se laboraba con líquidos y gases altamente inflamables y explosivos. La demandada Albany objetó su testimonio, aceptando que se limitara al área cu-bierta en el informe y a que “‘las instalaciones eran normales y corrientes’”.() Concluida la prueba de los demandantes Marrero et al, Albany sometió el caso sin ninguna prueba.

El foro de origen declaró inicialmente con lugar la de-manda. Albany pidió la reconsideración y, conjuntamente, solicitó la eliminación de varias determinaciones de hecho.

El tribunal, a raíz de esa moción, mediante sentencia en-mendada se retractó y declaró sin lugar la demanda. Al ha-cerlo, descartó la conclusión del doctor Wheeler en torno a que la instalación y cablería de la planta era deficiente e ina-propiada. Se fundamentó en que el doctor Wheeler declaró a los únicos fines de establecer la cuantía de los daños ocasio-nados por el fuego —según contratado— y no como perito sobre las posibles causas del incendio. Sobre este extremo, en lo pertinente, consignó que su testimonio sólo estableció “que la planta de recauchamiento tenía una instalación eléc-trica ‘normal y corriente’. Dicha prueba no fue rebatida. El Dr. Wheeler no declaró sobre las causas del incendio”. Sen-tencia enmendada, pág. 2. Como consecuencia de ese enfo-que, el ilustrado foro de instancia dictaminó que los deman-dantes Marrero et al. fracasaron en probar que Toa Alta Retreading, Inc. —como dueña del edificio y de la planta de recauchamiento— “fue negligente al permitir condiciones de alto riesgo en su negocio . . . razón por la cual no podemos inferir la negligencia, máxime cuando el fuego se inició a media noche cuando no había nadie en el taller”. íd., pág. 6.

A solicitud de los demandantes Marrero et al. expedimos para revisar dicho dictamen bajo la doctrina de res ipsa lo-quitur. La tarea requiere repasar someramente varios prin-cipios elementales pertinentes.

Nuestro sistema de derecho es rogado y de carácter ad-versativo. Como norma general, en materia de responsabili-dad civil extracontractual, el hecho productor del daño no se presume. La mera ocurrencia de un accidente, sin más, no constituye prueba concluyente demostrativa de conducta le-siva antijurídica de otro, elemento indispensable para engen-drar responsabilidad. Jaime Santos Briz habla sobre este tema en M. Albaladejo, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1984, T. XXIV pág. 104. Véase W.P. Keeton, Prosser and Keeton on Torts, 5ta ed., Minnesota, West Publishing Co., 1984, Sec. 39, págs. 242-262. Quien alegadamente sufre un daño por la ne-gligencia de otro tiene “la obligación de poner al tribunal en condiciones de poder hacer una determinación clara y espe-cífica sobre negligencia mediante la presentación de prueba a esos efectos”. Cotto v. C.M. Ins. Co., 116 D.P.R. 644, 651 (1985).

La responsabilidad civil del actor puede establecerse me-diante prueba directa o circunstancial.() Procesalmente ha-blando, la doctrina de res ipsa loquitur no es más que una variante de esta última. Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603, 612 (1962). Su efecto procesal consiste en produ-cir a favor de la parte actor a una inferencia permisible de negligencia en el orden evidenciario que el legitimado pasi-vamente deberá controvertir. Castro v. Municipio de Guánica, 87 D.P.R. 725, 730 (1963). Una inferencia no es más que una “deducción que de los hechos probados hace en su dis-cernimiento el juez o jurado, sin que al efecto medie mandato expreso de la ley. Una inferencia deberá fundarse en la de- ducción que de un hecho probado justificaren la considera-ción de las ordinarias propensiones o pasiones humanas, las propensiones o pasiones de la persona cuyo acto se dis-cute, el curso de los negocios o el de la naturaleza”. (Énfasis suplido.) H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extra-contractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. I, pág. 394. Se trata, pues, de una inferencia de carácter rebatible. Rodríguez v. Swimpool Ser. Co., Inc., 97 D.P.R. 187, 193 (1969).

La inferencia iurius tantum tampoco le ata las manos al juzgador de hechos en lo que respecta a la aquilatación posterior de evidencia presentada por la parte demandada, aun cuando entre en operación la susodicha doctrina. El tribunal podrá arribar a sus propias e independientes conclusiones. Matta v. Pueblo Super Market, 80 D.P.R. 514, 517 (1958).

En resumen, para invocar la doctrina de res ipsa loqui-tur le incumbe al inceptor de la acción demostrar ciertos he-chos preliminares. Villarán v. Loíza Sugar Co., 43 D.P.R. 604, 609 (1932). Su aplicabilidad dependerá de la concurren-cia de los tres (3) requisitos siguientes: “(a) el accidente debe ser de tal naturaleza que . . . ordinariamente no ocurra en ausencia de negligencia de parte de alguna persona; (b) debe ser causado por una agencia o instrumento dentro del control exclusivo del demandado; (c) y no puede haber sucedido debido a . . . acción [voluntaria alguna o negligencia del de-mandante”. Martínez Mattei v. Montañez, 98 D.P.R. 726, 730 (1970). Véanse: Ramos v. Aut. Fuentes Fluviales, supra; Cintrón v. A. Roig, Sucrs., 74 D.P.R. 1028, 1036 (1953); Hermida v. Feliciano, 62 D.P.R. 55 (1943).

Cabe precisar que el quantum de la prueba requerido para activarla variará según el trasfondo fáctico. Ello se ex-plica a base de que la regla

“. . . surge de la inherente naturaleza y carácter del acto causante del daño y de la razonable probabilidad a ser inferida del carácter del accidente mismo. Tiene su fundamento en el conocimiento común y la experiencia general basada ésta en las circunstancias genéricas peculiares a la clase de causas físicas que produjeron el accidente en cuestión.
La presunción surge de la doctrina de la probabilidad. Se pesa y se mide el futuro con el pasado y se crean presunciones a base de las experiencias pasadas. Lo sucedido en el pasado bajo las mismas condiciones, probablemente ocurrirá en el futuro, y se presumirán los resultados ordinarios y probables hasta que no se demuestre lo contrario. Se usa la frase para expresar la idea de que cuando se demuestra que un acci-dente es de tal naturaleza, que a la luz de la experiencia común y ordinaria es inexplicable^] excepto como resultado de negli-gencia, entonces se presume o se infiere la negligencia. La doctrina no descansa sobre datos establecidos. No se aplica cuando existe prueba directa en cuanto a la causa precisa de la lesión y surgen todos los hechos y circunstancias que ro-dean el suceso.” (Énfasis suplido y en el original.) Soc. de Gananciales, Etc. v. Presbyterian Hosp., 88 D.P.R. 391, 401 (1963).

Notamos, pues, que el aumento o disminución de proba-bilidad de negligencia está correlacionado a la experiencia ordinaria del hombre en cuanto al evento. La doctrina de res ipsa loquitur no sería aplicable si los hechos y circuns-tancias del caso justifican la conclusión de que existe otra causa probable de la cual se pueda inferir que no hubo negli-gencia por parte del demandado. En estos casos es impera-tivo dejar la menor cantidad de inferencias posibles al juzga-dor de hechos, pues como es sabido, la doctrina no sería apli-cable frente a un récord totalmente huérfano de prueba en qué fundar la inferencia de negligencia del demandado. Vda. de Viera v. Tribunal Superior, 93 D.P.R. 503, 507 (1966). Así evitamos que la inferencia se transforme en meras especula-ciones, insuficientes para imponer responsabilidad. Ortiz v. Fleming Motors, Inc., 99 D.P.R. 668, 675 (1971). La doctrina de res ipsa loquitur requiere como mínimo la necesidad de establecer una probable relación causal entre el daño y la negligencia. Burgos Quiñones v. Autoridad Fuentes Fluviales, 90 D.P.R. 613, 619 (1964).

¿Se cumplió con ese mínimo en el caso de autos? A tono con el lineamiento doctrinario expuesto, no albergamos duda de que los demandantes Marrero et al. presentaron sufi-cientes hechos para activar la doctrina. Primero, establecie-ron que el fuego comenzó en la planta de recauchamiento en el local bajo el control exclusivo de Toa Alta Retreading, Inc. Segundo, probaron también que nada tuvieron ellos que ver con el origen del siniestro. No hay un ápice evidenciario con el cual se sostenga contra ellos negligencia o atribuirles con-jeturalmente posibles actuaciones de terceros por razón de una boda que se celebraba en la “Terraza Ball Room” del segundo piso. Y tercero, se trata de un suceso que nuestra doctrina ha estimado como que “‘la mayoría de los [fuegos] son atribuibles a negligencia ..(Énfasis suprimido.) Soto v. Tropigas de P.R., 117 D.P.R. 863, 869 (1986). En otras palabras, un incencio es un evento que de ordinario no ocu-rre a menos que medie negligencia de alguna persona.

La doctrina de res ipsa loquitur se ha aplicado a reclama-ciones por incendios donde se desconocen las causas especí-ficas del siniestro. Tal extensión, naturalmente, ha depen-dido de las circunstancias particulares del caso. El quantum de la prueba requerido varía de jurisdicción en jurisdicción, según la naturaleza del accidente, unido a la experiencia humana en cuanto al mismo. Véanse: Gicking v. Kimberlin, 215 Cal. Rptr. 834 (1985); Hickley v. La Mesa R. V. Center, Inc., 205 Cal. Rptr. 22 (1984); Evans v. Van Kleek, 314 N.W.2d 486 (Mich. App. 1981); Blue Ridge Ins. Co. v. Belle Alliance Homes, 408 So. 2d 417 (La. App. 1981); Snow v. Duke Power Co., 256 S.E.2d 227 (N.C. App. 1979); Snow v. Duke Power Co., 250 S.E.2d 99 (N.C. App. 1979); Pappas v. Carson, 123 Cal. Rptr. 343 (1975); Smith v. General Paving Company, 321 N.E.2d 689 (Ill. App. 1974); St. Paul Fire and Marine Insurance Co. v. Watkins, 495 P.2d 265 (Or. 1972); Romero v. Butcher Air Conditioning Company, 255 So. 2d 132 (La. App. 1971); Savill v. Hodges, 460 S.W.2d 828 (Ky. 1970); Anotación, Res Ipsa Loquitur as to Cause of or Liability for Real-Property Fires, 21 A.L.R.4th 929 (1983); Bankers Mutual Insurance Company v. Friedlander, 262 A.2d 606 (Colum. App. 1970); Plato Reorg. Sch. D. R-5 v. Intercounty Elec. Coop. A., 425 S.W.2d 914 (Mi. 1968); Valantine v. Ratner, 233 P.2d 667 (Dist. Ct. 1951); Miller v. Elgin, Joliet & Eastern Ry. Co., 177 F.2d 224 (7mo Cir. 1949).

I — I I — I b — I

Según expuesto, no se discute que el fuego se originó en la planta de recauchamiento de la asegurada Toa Alta Retreading, Inc. Es menester, pues, examinar sus caracte-rísticas operacionales. Una fábrica de recauchamiento es, por su naturaleza, una actividad industrial. Ello no se cues-tiona. A tal efecto, el equipo con que contaba Toa Alta Retreading, Inc. consistía de una “m[á]quina de recauchamiento de gomas, gomas nuevas, m[á]quina de montar gomas, tan-ques, sillas, tanques de enfriamiento, compresores y otros”. Informe de Incendio del Servicio de Bomberos, Exhibit III, pág. 45. En términos generales, el proceso de recaucha-miento exige una serie de operaciones con químicos infla-mables en hornos de alta temperatura y presión. Captan v. Bensalem Township Zoning Board of Adjust., 141 A.2d 578, 580 (Pa. 1958), lo describe así:

“Luego de que la goma usada se inspecciona para determi-nar su posible restauración, se monta en una rueda pulidora y se desgasta por fricción por el contacto frenado con otra rueda de clavos para remover el remanente de la vieja superfi-cie de rodadura y también para proveer una superficie áspera donde luego se aplica el cemento adhesivo. Tiras de goma sin-tética prefabricadas, manufacturadas en otro lugar, se colocan luego alrededor de la goma para constituir el material de la nueva superficie de rodadura. La llanta posteriormente se co-loca en una máquina de moldear donde permanece por una hora bajo condiciones de alta presión y temperatura por el cual el material construido es estilizado, curado y se adhiere al cuerpo del anterior neumático. Después de esto, sólo resta pu-lir el exceso de goma y pintar los flancos del neumático para impartirle un toque terminado.” (Traducción nuestra y énfasis suplido.)

Las complejidades del proceso antes descrito está inexo-rablemente atado a la materia prima básica usada: el caucho. Su transformación, por sus peculiaridades físicas, es una cuestión de carácter científico y, como tal, susceptible de co-nocimiento judicial. Regla 11(A)(2) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV; Ortiz v. Peña, 108 D.P.R. 458, 464 (1979); Trinta v. Tribunal Superior, 87 D.P.R. 400, 427 (1963); Lluberas v. Mario Mercado e Hijos, 75 D.P.R. 7, 19-20 (1953); Morales v. Martínez, 39 D.P.R. 549, 556 (1929). Veamos.

En su estado normal inalterado el caucho no puede ser utilizado para crear un neumático. Requiere de un procesa-miento especial que le provea unas cualidades químicas y fí-sicas que lo hagan apto para su utilización en las carreteras. Este procesamiento se conoce como vulcanización, que no es otra cosa que la acción y efecto de “[cjombinar azufre con la goma elástica para que [é]sta conserve su elasticidad en frío y en caliente”. Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. II, págs. 1399-1400. El mismo se efectúa en las máquinas de moldear. Por ello quizás estos artefactos responden también al nombre de “prensas de vulcanización” que pueden variar en estilo y en tamaño. Véase Recauchatado (Recauchamiento) de Llantas o Gomas, Sección de Análisis de Salarios y Estudios Especiales, Negociado de Estadísticas, Departamento del Tra-bajo, Publicación Núm. 61 de 2 de febrero de 1955, págs. 1-6. Para vulcanizar se mezcla el caucho semicrudo o sintético con el azufre. La concordancia de estos dos (2) elementos imparte a la goma cualidades físicas y estructurales supe-riores necesarias para su utilización en el pavimento. El cau-cho vulcanizado conserva su elasticidad en el frío y permite que sea más resistente al calor. Ello incluso evita que se de-rrita. También precluye que se disuelva al contacto con otros líquidos, por ejemplo, la gasolina. J.H. Meidl, Flammable Hazardous Materials, Nueva York, Glencoe Press Fire Science Series, 1972, pág. 170.

El fuego o combustión consiste en una oxidación acele-rada acompañada de calor y fulgúración. Según los princi-pios elementales químicos, tres (3) factores deben concurrir para ocasionarlo: oxígeno, combustible o materia inflama-ble, y calor. La reacción molecular en cadena de estos agentes en el argot científico comúnmente se denomina “triángulo del fuego” (fire triangle). D.J. Berry, Fire Litigation Handbook, Nat. Fire Prot. Assn., 1984, págs. 172-175; Meidl, op. cit, págs. 1-2; L.S. Bush y J. Melaughlin, Introduction to Fire Science, California, Glencoe Press, 1974, pág. 50; J.L. Bryan, Fire Suppression and Detection Systems, California, Glencoe Press, 1974, págs. 1-5. De faltar cualesquiera de estos elementos integrantes del trián-gulo, un fuego sencillamente no puede originarse. Meidl, op. cit. Esta es la razón por la cual los métodos clásicos para extinguirlo están fundamentados en remover su fuente de oxígeno, combustible o calor. Muchas veces bastaría sola-mente reducir la temperatura hasta el punto de evitar que la materia inflamable se vaporice, pues sólo en su estado gase-oso puede prenderse en llamas. Ahí radica la importancia de conocer el grado de volatilidad de un combustible. Bryan, op. cit., pág. 2; Meidl, op. cit., pág. 157.

La operación antes descrita pone de manifiesto cómo el proceso de recauchamiento es de naturaleza industrial que envuelve un riesgo peculiar de incendio mayor por tres (3) razones principales. Primero, el uso del azufre, elemento co-múnmente indispensable para el adecuado reacondiciona-miento de la llanta. Meidl, op. cit., pág. 169. Segundo, la fase de eliminación de la banda original de rodamiento mediante una raspadora cuyo proceso emite un polvo de caucho suma-mente inflamable. Ello debe efectuarse en un cuarto aislado de la planta, con el fin de reducir el riesgo de incendio. Re-cauchatado (Recauchamiento) de Llantas o Gomas, op. cit., pág. 5. Por último, el cemento adhesivo utilizado también es de naturaleza flamable. Estas circunstancias y riesgos ma-yores requieren medidas especiales precautorias. Definitiva-mente, la presencia de las substancias combustibles suscep-tibles de ignición al aplicársele cierto grado de temperatura lo justifican.()

Con este cuadro en mente, es evidente que incidió el foro de instancia al negarse a aplicar la doctrina de res ipsa lo-quitur. Hemos visto cómo una planta de recauchamiento es una operación que conlleva el uso de equipo que genera in-tenso calor y la combinación de gomas y materiales infla-mables. Ello alimenta las probabilidades de un incendio. La manufactura del neumático requiere, del hombre pru-dente y razonable, el establecimiento de una serie de precau-ciones que reduzcan esa posibilidad. En el caso de autos, la prueba no contradicha reveló que “la planta de recaucha-miento tenía una instalación eléctrica ‘normal y co-rriente’”. Se colige, pues, que la instalación existente utili-zada por Toa Alta Retreading, Inc. —doméstica, no industrial— era insuficiente desde el punto de vista de las com-plejas labores industriales que realizaba en el estableci-miento.

Una nota final cautelar. No intentamos ofrecer una expli-cación exacta del origen del siniestro. Como anticipamos, ésta se desconoce. La doctrina de res ipsa loquitur no lo exige. Requerirlo desnaturalizaría su razón de ser.

Nos hemos extendido en esta ponencia para demostrar por qué consideramos jurídicamente equivocada la opinión mayoritaria del Tribunal. El cuadro evidenciario —según los hechos y la experiencia general— es suficiente para activar la doctrina por su razonable probabilidad.

Por los fundamentos expuestos, disentimos. Dictaríamos sentencia mediante la cual se impusiera responsabilidad a Albany Insurance Co. y ordenaríamos al foro de instancia que dilucidara los aspectos relativos a la valoración y adjudi-cación de daños.

      (1) La parte demandante se compone de Agustín Marrero, dueño de una la-vandería; Efraín Marrero, dueño del club nocturno Terraza Ball Room, y Ramón Ríos Santana, dueño de una ferretería y cafetería.

      (2) En vista de la sentencia dictada, el tribunal de instancia condenó a la compañía de seguros a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero: al demandante Agustín Marrero la suma de $1,260; a Efraín Marrero la cantidad de $28,880, y al demandante Ramón Ríos Santana la suma de $30,200.

      (3) Véase la conclusión de derecho Núm. 2 de la sentencia dictada el 14 de abril de 1987, pág. 5.

      (4) A esos efectos, concluyó el tribunal de instancia que para
      “... poder inferir o deducir un hecho hay que sentar las bases. Primero, los demandantes tenían que establecer que el dueño del edificio fue negligente al permitir condiciones de alto riesgo en su negocio. No trajeron prueba a esos efectos, razón por la cual no podemos inferir la negligencia, máxime cuando el fuego se inició a media noche cuando no había nadie en el taller.” Sentencia de 27 de octubre de 1987, pág. 6.

      (5) A pesar de que en el recurso de revisión radicado, la parte demandante recurrente señaló, y discutió, como error en su segundo señalamiento, la no apli-cación por el foro de instancia de la doctrina de res ipsa loquitur —adoptando por referencia dicha discusión en el alegato que radicara— la parte demandada recu-rrida, incomprensiblemente, no discute en su alegato dicho tema.

      (6) Véase, en adición, W.P. Keeton, Prosser and Keeton on Torts, 5ta ed., Minnesota, West Publishing Co., 1984, Sec. 39, pág. 246: “[t]here are many accidents which as a matter of common knowledge, occur frequently enough without anyone’s fault. A tumble downstairs, ... a tire of an ordinary automobile which blows out, a skidding car, ... a fire of unknown origin, will not in themselves justify the conclusion that negligence is the most likely explanation; and to such events “res ipsa loquitur" does not apply.”

      (7) Véase Informe de Delito Tipo II, Núm. 004, Querella Núm. 85-7070-00034, de fecha 5 de enero de 1985 que fue admitido en evidencia, como prueba de la parte demandante recurrente —Exhibit 1— en la vista celebrada ante el tribunal de instancia el día 19 de marzo de 1987.
      Surge, igualmente, de dicho informe que esa noche se celebraba en el se-gundo piso del edificio en controversia, en el club nocturno Terraza Ball Room, una boda a la cual asistían quinientas (500) personas. No resulta difícil concluir que en la noche del fuego merodearon numerosas personas por el lugar y que no podemos asegurar que el local donde se inició el siniestro estuviera, por lo tanto, bajo el control absoluto del demandado.

      (1) Véase el escrito de dicha parte denominado “Solicitud de enmienda a las determinaciones y/o determinaciones adicionales y/o reconsideración”, fechado 7 de mayo de 1987.

        (2) La prueba circunstancial conlleva presentar prueba sobre un hecho del cual pueda razonablemente inferirse la existencia de otro. H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vbl. I, pág. 394.

      (3) En atención a estos peligros inherentes que acarrea la manufactura de este tipo de neumático, el Art. 2 (2.4 — 2.5) del Fire Prevention Code —recomen-dado por el American Insurance Association— sugiere, como medidas precauto-rias, la instalación en el cuarto aislado donde se ejecuta la raspadura del neumático de un sistema amplio de recolección de polvo y una puerta que selle automáticamente en caso de incendio. Recomienda, además, un sistema adecuado de ventilación en el área en que se aplique el cemento adhesivo o se mezclen solventes combustibles. Exige de igual forma la instalación de un sistema de ro-ciadura automática (sprinkler system). Véase Rubber Product Manufacturing, Fire Protection Handbook, Nat. Fire Prot. Assn., 1981, Sec. 8, Cap. 4, págs. 8-22 y 8-29.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Corporación de Crédito Agrícola, demandada.

      Número: JR-89-42

      Resuelto: 7 de diciembre de 1989

      Luis B. Osorio Diaz, abogado de la peticionaria; Héctor Manuel Aponte Ortiz, de Aponte, Hernández, Nevares & Torres, abo-gado de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El agrónomo José R. Encarnación, empleado regular de la Corporación de Crédito Agrícola (Corporación), fue sus-pendido sumariamente de empleo y sueldo durante el perí-odo del 15 de enero de 1988 hasta el 25 de mayo de 1988. La Corporación tomó la decisión de no pagarle al empleado la aportación patronal al seguro médico grupal durante este período por él no haber brindado servicios más de quince (15) días durante el mes de enero. El empleado presentó una querella mediante la cual solicitaba el pago y posteriormente las partes sometieron la controversia a arbitraje en las ofi-cinas del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departa-mento del Trabajo.

El patrono y la Unión hicieron una estipulación de hechos en la que acordaron que el árbitro extraería la sumisión de los proyectos sometidos por ellos del convenio y de la estipu-lación de hechos. El árbitro determinó que el asunto a ser resuelto era el siguiente:

Que el [ÁJrbitro determine si el querellante al ser suspen-dido de empleo y sueldo durante un período de 90 días labora-bles que comprendía del 15 de enero de 1988, hasta el 25 de mayo de 1988, tiene o no derecho, conforme al Convenio Co-lectivo, a que se le pague la aportación patronal al seguro mé-dido [sic] grupal existente. [En el caso que se determine que sí tiene derecho el [ÁJrbitro proveerá el remedio adecuado.] Exhibit A, pág. 1.

Celebrada la vista, el árbitro determinó que la suspen-sión temporera del señor Encarnación no quebrantó su con-dición de empleado, por lo que no estaba excluido de recibir el beneficio de la aportación patronal. Ordenó a la Corpora-ción que le pagara al empleado la aportación o que lo indem-nizara por los gastos médicos en que incurrió durante ese período.

El patrono hizo caso omiso al laudo de arbitraje. La Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico (a tenor con la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, en su Art. 9(2)(c), 29 L.P.R.A. sec. 70(2)(c)), acudió ante nos para que pusiéramos en vigor el laudo. El 23 de febrero de 1989 reque-rimos al patrono que mostrara causa por la cual no debíamos ordenar que cumpliera con el laudo. Su comparecencia no nos persuade a variar la posición intimada.

f-H

La trayectoria de nuestras decisiones en materia de arbitraje obrero-patronal se caracteriza por una marcadadeferencia hacia los laudos de arbitraje. En consonancia con este principio hemos reiterado que un laudo fundamentado en la sumisión voluntaria de las partes está sujeto a revisión judicial sólo si las partes convienen en que la controversia sometida al árbitro sea resuelta conforme a derecho. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987); U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348 (1985); J.R.T. v. National Packing Co., 112 D.P.R. 162 (1982); J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580 (1981); J.R.T. v. Sucn. J. Serrallés, 94 D.P.R. 343 (1967); J.R.T. v. Sindicato Obreros Unidos, 92 D.P.R. 60 (1965); J.R.T. v. Executive House, Inc., 91 D.P.R.. 798 (1965); J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, 89 D.P.R. 498 (1963); Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963); Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras, 83 D.P.R. 258 (1961); Junta Rel. del Trabajo v. Soc. Mario Mercado e Hijos, 74 D.P.R. 403 (1953); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., 69 D.P.R. 782 (1949). En ausencia de disposición expresa a esos efectos, un laudo sólo puede ser impugnado si se demuestra la existencia de fraude, conducta impropia del árbitro, falta del debido proceso de ley, ausencia de jurisdicción, omisión en resolver todas las cuestiones en controversia que se sometieron o que el mismo resulte contrario a la política pública. J.R.T. v. Junta Adm. Muelle Mun. de Ponce, 122 D.P.R. 318 (1988); J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., supra; U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., supra; J.R.T. v. A.E.E., 113 D.P.R. 564 (1982); J.R.T. v. Sindicato Obreros Unidos, supra; J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, supra; Rivera Adorno v. Autoridad de Tierras, supra; Junta Rel. Trabajo v. Orange Crush of P.R., 80 D.P.R. 292 (1958); Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra; Junta Re- laciones del Trabajo v. Eastern Sugar, 69 D.P.R. 818 (1949); Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., 66 D.P.R. 470 (1946).

En su comparecencia el patrono señala que el árbitro ac-tuó sin jurisdicción e incurrió en conducta impropia al emitir el laudo fundamentado en la interpretación del convenio co-lectivo, ya que cuando sucedieron los hechos que dieron lu-gar a la controversia dicho convenio, suscrito el 17 de sep-tiembre de 1984 con vigencia hasta el 18 de septiembre de 1987, había expirado y se estaba en el proceso de negociación del nuevo convenio colectivo que se firmó el 21 de diciembre de 1988. Alega que la inexistencia del convenio es una reali-dad que “invalida, altera y hace inexistente el propio pro-yecto de sumisión que fuera originalmente sometida [sic] por el patrono”.() No le asiste la razón.

En Ríos v. Puerto Rico Cement Corp., supra, pág. 477, reiterado en Junta Rel. Trabajo v. Valencia Baxt, 86 D.P.R. 282 (1962), reconocimos que un laudo puede ser anulado si existe algún defecto o insuficiencia en la sumisión de las partes. Posteriormente, en Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, pág. 803, nos expresamos sobre la función de las cortes al evaluar el acuerdo de sumisión de las partes y dijimos:

Precisamente porque un laudo de arbitraje es final y obligato-rio, el árbitro no determina su propia jurisdicción, a no ser que las partes lo acuerden. Compete a las cortes y no al árbi-tro interpretar el convenio de arbitraje con el fin de determi-nar qué cuestiones fueron sometidas a arbitraje por las partes. Y los contratos sobre arbitraje serán minuciosamente interpretados con el propósito de no forzar a una parte a so-meter a arbitraje una cuestión que no fu[e] su intención some-ter a arbitraje.

Un examen riguroso de los proyectos de sumisión some-tidos por las partes y de la estipulación de hechos convenida nos mueve a concluir que la intención tanto del patrono como de la Unión era que el árbitro resolviera la controversia a tenor con el Convenio Colectivo suscrito el 17 de septiembre de 1984. Así, en el proyecto de sumisión del patrono se dis-puso:

Que el [Á]rbitro determine si el querellante al ser suspen-dido de empleo y sueldo durante un período de 90 días labora-bles que comprendía del 15 de enero de 1988, hasta el 25 de mayo de 1988, tiene o no derecho, conforme al Convenio [C]olectivo, a que se le pague la aportación patronal al seguro médico [sic] grupal existente. Exhibit A, pág. 1.

Y en el proyecto de sumisión de la Unión se dispuso:

Que el [Á]rbitro determine si el querellante, agrónomo José R. Encarnación, tiene derecho a la aportación patronal que establece el Convenio Colectivo (Artículo XXVI) por el tér-mino en que esté suspendido sumariamente de empleo y sueldo pendiente del resultado del arbitraje contra tal suspen-sión. En el caso en que determine que sí tiene derecho, prove-erá el remedio adecuado. Exhibit A, pág. 2.

Finalmente, en la estipulación de hechos las partes acor-daron lo siguiente:

El árbitro extraerá la sumisión del caso, de los proyectos sometidos por las partes, del Convenio y de la Estipulación de hechos. Exhibit A, pág. 3.

El árbitro, según lo acordado, determinó que la controversia a ser resuelta estaba comprendida precisamente en el proyecto de sumisión del patrono agregándole que en caso de que se determinara que el obrero tenía derecho a la aportación patronal, el árbitro proveería el remedio adecuado. Al así proceder no incurrió en conducta impropia; por el contrario, acató la intención de las partes y procedió a resolver la controversia según el Convenio Colectivo suscrito el 17 de septiembre de 1984.()

Finalmente, alega el patrono que el árbitro erró en su interpretación del Art. XXVI del convenio referente al Plan Familiar de Salud, ya que dicho artículo establece que se pa-gará la aportación a los planes médicos si el empleado man-tiene su condición como tal y si el convenio está vigente.

Ante este planteamiento nos abstendremos de intervenir, ya que las partes en el caso de autos no convinieron en que el laudo fuese emitido conforme a derecho. En esas circunstancias, los errores de criterio en cuanto a los hechos o al derecho cometidos por el árbitro no dan fundamento a la intervención y revisión judicial de la controversia y del laudo emitido. J.R.T. v. Sucn. J. Serrallés, supra; J.R.T. v. Executive House, Inc., supra; J.R.T. v. Cooperativa Cafeteros, supra, pág. 503; Junta Rel. Trabajo v. Orange Crush of P.R., supra, pág. 295; Junta Relaciones del Trabajo v. N.Y. & P.R. S/S. Co., supra, pág. 800.

Por los fundamentos expuestos, concluimos que se trata de un laudo válido que no adolece de causa de nulidad, por lo que procede que el mismo se ponga en vigor.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton concurre con el resultado sin opinión escrita.

      (1) Oposición a que se expida el auto, pág. 5, sometida por el Patrono.

      (2) Por cuanto la Ley Núm. 97 de 15 de julio de 1988 (29 L.P.R.A. sec. 69(1)(k)) no estaba en vigor cuando se suscitó la controversia en el caso de autos, resulta innecesario expresarnos en este momento sobre la citada ley que dispuso que constituye una práctica ilícita de trabajo la negativa del patrono a hacer los pagos al plan médico mientras se está negociando un nuevo convenio colectivo, siempre que la Unión haya requerido previamente al patrono que continúe ha-ciendo los pagos.


text:
    Pamel Corporation, demandante y recurrente, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: RE-87-151

      Resuelto: 7 de diciembre de 1989

      Edelmiro Salas García, abogado de la recurrente; Rafael Ortiz Carrion, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocu-radora General, y Lorenzo Vilanova Alfonso, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

En el presente recurso debemos determinar si el Tribunal Superior, Sala de San Juan, incidió al dictar la sentencia siguiente:

Vistas las alegaciones de la demanda de epígrafe, así como el remedio que se solicita, y examinado el expediente del Caso E-86-696 sobre expropiación forzosa pendiente ante esta sala, es evidente que desde el momento en que el Estado Libre Asociado radicó la referida petición de expropiación forzosa la causa de acción ejercitada en el caso de epígrafe quedó fun-dida dentro del procedimiento de expropiación, convirtién-dose así en académico el caso de epígrafe.
En consecuencia se dicta sentencia decretando el archivo del caso de epígrafe, sin costas u honorarios por resultar el mismo académico. Se continuarán los procedimientos en el caso E-86-696 ante esta sala. Apéndice 17.

Exponemos el historial procesal que dio lugar a dicha sentencia.

El 4 de octubre de 1983 Pamel Corporation presentó en el Tribunal Superior, Sala de Ponce, demanda sobre expropia-ción forzosa inversa para que se ordenara al Estado Libre Asociado iniciar el procedimiento formal de expropiación forzosa (Civil Núm. 83-2149). Las partes demandadas con-testaron la demanda y reconvinieron. Mientras estaba pen-diente dicho caso, el 26 de noviembre de 1986 el Estado Li-bre Asociado presentó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, demanda sobre expropiación forzosa para la adquisi-ción de los terrenos pertenecientes a Pamel Corporation (Caso Civil Núm. E-86-696 (1007)).

E1 3 de diciembre de 1986 el abogado de Pamel Corporation presentó en el Caso Civil Núm. 83-2149 una moción de traslado y consolidación, la cual lee:

1. Que sorpresivamente en la vista tantas veces señalada para el juicio en su fondo de este caso, la cual conforme anun-ció este Honorable Tribunal no habría de ser objeto de nin-guna otra suspensión por parte de la Autoridad de Carre-teras, se entregó al abogado que suscribe copia de una de-manda sobre expropiación forzosa que había sido radicada el 26 de noviembre de 1986, para unos terrenos que comprenden parte de los que son objeto del presente caso.
2. Que la parte demandante en evitación de que se cause a ella mayores daños, interesa el traslado y la consolidación del presente caso con el caso número E-86-696 (1007) de la Sala de San Juan de este Honorable Tribunal.
3. Que la parte demandada Estado Libre Asociado y la Au-toridad de Carreteras en este caso se allanaron en corte abierta al traslado y consolidación aquí solicitado. Apéndice 12, pág. 1.

El tribunal accedió a lo solicitado y ordenó el traslado a la Sala 1007 del Tribunal Superior, Sala de San Juan. El magis-trado dictó la sentencia recurrida.

Expedimos él auto de revisión solicitado por la parte de-mandante. En apoyo de su recurso plantea:

h — f

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al determinar que la radicación de una petición de expropiación forzosa convierte en académica la tramitación de un caso para obtener daños por la congelación ilegal e inconstitucional de propiedad pri-vada congelada por más de trece años.

-II-

Erró el Honorable Tribunal de Instancia al desestimar motu propio el caso civil 83-2149 sin considerar la prueba y sin con-siderar los méritos del mismo y denegar la concesión de daños, costas y honorarios a que tiene derecho la parte de-mandante-recurrente vulnerando así las garantías constitu-dónales estatales a que tiene derecho un ciudadano de Puerto Rico. Solicitud de revisión, págs. 3-4.

La acción desestimada era la de expropiación inversa, en la que precisamente se solicitaba que el Estado expropiara la propiedad de la corporación y pagara la justa compensación y los daños procedentes de la incautación de su propiedad. En este momento lo único que queda por adjudicar es la justa compensación a pagarse. No procede la acción de daños y perjuicios por razón de que ya el Estado procedió a expropiar la finca. Si el tribunal de instancia resuelve que la ocupación de la propiedad (taking) de jure o de facto ocurrió desde que se congeló la propiedad, la compensación se fija a base del valor en ese momento. E.L.A. v. Northwestern Const, Inc., 103 D.P.R. 377, 382 (1975); Planta de Cal Hicaco v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 385 (1975). Esa determinación tiene que hacerse en el caso de expropiación forzosa que sigue pendiente.

La recurrente insiste en que tiene derecho a una compensación por los daños y perjuicios sufridos mientras la propiedad estuvo congelada. Aparte de que correspondé al tribunal de instancia resolver si hubo o no una incautación y la fecha en que se hizo() los casos invocados por Pamel Corporation no son directamente aplicables. First Lutheran Church v. Los Angeles County, 482 U.S. 304 (1987), resuelve que puede proceder una acción de daños por la incautación temporera —que le niega al dueño todo uso de su propie-dad— aunque el Estado luego deje sin efecto la reglamenta-ción u orden de congelación. Cuando el Estado expropia, lo que procede es la compensación por el valor de la propiedad al momento de la incautación y los intereses correspon-dientes. Como señala el Procurador General:

En suma, es innegable que Lutheran Church resuelve que por imperativo constitucional federal el gobierno —federal, estatal o municipal— debe compensar por una incautación temporera. La invalidación de la reglamentación después del “taking” no priva al propietario de compensación por el perí-odo en que su propiedad estuvo sujeta a la reglamentación. La Corte Suprema resumió así su decisión:
“We merely hold that where the government’s activities have already worked a taking of all use of property, no subsequent action by the government can [rjelieve it of the duty to provide compensation for the period during where the taking was effective” (107 S. Ct. 2878, 2389).
La opinión termina con el caveat de que “we must assume that the Los Angeles County ordinances have denied appellant all use of its property for a considerable period of years, and we hold that invalidation of the ordinance without payment of fair value for the use of the property during this period of time would be a constitutionally insufficient remedy” (107 S. Ct. 2378, 2380). Informe del Procurador General, págs. 13-14.

Tampoco tiene méritos la alegación del propietario de que el archivo de su demanda le impide reclamar honorarios de abogado. De ordinario, no procede que se impongan honorarios de abogado contra el Estado Libre Asociado. Monrozeau v. Srio. de Justicia, 121 D.P.R. 885 (1988); Colandres Vélez v. Bayrón Vélez, 114 D.P.R. 883 (1983).

Para concluir, no erró el tribunal al resolver que una vez el Estado decide expropiar, la acción de expropiación inversa queda fundida en la de expropiación forzosa. Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978). Como resolvimos en Sucn. García v. Aut. de Carreteras, 114 D.P.R. 676 (1983), una vez se inicia la acción de expropiación y se con-signa la cantidad por la que se valora la propiedad, el pleito de expropiación inversa se torna académico.

Por los motivos expuestos, se confirmará la sentencia re-currida y se devolverá el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, para que continúen los procedimientos deforma compatible con esta sentencia.

      (1) En este recurso no se plantea la validez de la Ley Núm. 46 de 26 de junio de 1987 (32 L.P.R.A. sees. 2923-2927):
      “Para establecer en ocho (8) años el término máximo durante el cual los terrenos privados pueden ser reservados para fines públicos luego de ser afectados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; definir los términos ‘afectación’, ‘dedica-ción’ y ‘reserva’; establecer criterios para determinar afectación de terrenos, el cómputo del término máximo de afectación y el procedimiento para liberarlos; derogar la Ley Núm. 2 del 29 de enero de 1979.” 1987 Leyes de Puerto Rico 165-166.