author: El Juez Asociado 'Señor Irizarry Yunqué

text:
    José Camareno Maldonado, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Vicente López Pérez, Juez, demandado; El Pueblo de Puerto Rico, interventor.

      Número: O-73-64

      Resuelto: 10 de agosto de 1973

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del peticio-nario ; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, abogados del interventor.
   El Juez Asociado 'Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario fue acusado conjuntamente con otras tres personas de tres infracciones a la Ley de Narcóticos de 1959, 24 L.P.R.A. sees. 973 y siguientes. Se imputó a los acusados que para el 5 de febrero de 1970, en Santurce, Puerto Rico, actuando en concierto y de común, acuerdo (a) tenían en su posesión y dominio, (b) ocultaron y transportaron, y (c) vendieron la droga narcótica conocida como heroína.

Surge de los autos originales del caso que al sér llamado para vista el 4 de noviembre de 1970, el aquí peticionario solicitó, por mediación de su abogado, que se nombrara un tribunal de peritos médicos' que la examinara a los fines de determinar si estaba en estado procesable. El tribunal de instancia accedió y designó a los doctores José Luis Yalderrá-baños y Fernando Tejedor para que practicaran el examen solicitado. Así lo hicieron. El 25 de enero de 1971, a base del informe del Dr. Tejedor al efecto de que el acusado no se encontraba en estado procesable, se ordenó por el tribunal de instancia que fuera recluido en el Hospital de Psiquiatría para recibir tratamiento.

El 11 de febrero de 1971 tres médicos especializados en psiquiatría, los doctores Fernando Tejedor, William Galíndez Antelo y Alfredo Hurtado De Mendoza, examinaron nueva-mente al peticionario y determinaron que se encontraba capa-citado para ser sometido a proceso. Con vista de dicho dicta-men el tribunal de instancia señaló el caso para juicio, que se celebró los días 7, 8 y 13 de abril de 1971 ante un jurado. El peticionario no hizo planteamiento alguno respecto de su condición mental ni antes de iniciarse ni en momento alguno durante el juicio. Por razones que no viene al caso mencionar, dos de las personas acusadas conjuntamente con el peticio-nario no fueron juzgadas con él. El peticionario y la coacu-sada Antonia Torres Robles fueron juzgados en el mismo juicio. El jurado rindió veredicto de culpabilidad contra ambos por los mencionados cargos imputádosles.

El 26 de abril de 1971, es decir, trece días después de rendido el fallo condenatorio, se llamó el caso ante el tribunal de instancia para pronunciamiento de sentencias. Ocurrió el incidente que transcribimos a continuación:

“Sra. Secretaria:
• (Llama los casos para Pronunciamiento de Sentencia)
Hon. Juez:
Está preparado el compañero ?
Sr. Abogado:
Así es, Vuestro Honor, estamos listos.
Hon. Juez:
Estos casos se ventilaron el 7, el 8 y el 13 de abril de 1971. Se le imputaba a estos acusados, José Camareno Maldonado y Antonia Torres Robles, tres cargos relacionados con tres Infrac-ciones a la Ley de Drogas y Narcóticos de Puerto Rico. Los acusados comparecieron representados por su abogado. Reitera-ron su alegación de no culpable, anunciaron que estaban prepara-dos para vista del caso y se procedió a la desinsaculación de un Jurado. Este Jurado luego de oír la prueba pertinente y recibir la instrucción del Tribunal, regresó con un veredicto declarando a estos acusados culpables de los tres cargos que se le imputaban.
El Tribunal luego de aceptar los veredictos, pronunció su fallo declarando a estos acusados culpables de los tres cargos que se le imputaban, que eran ocultación y transportación, pose-sión y venta de la droga narcótica conocida como heroína y a petición de la Defensa, se señaló el pasado 8 de abril para el Pronunciamiento de Sentencia, no, digo, el pasado 19 de abril para el Pronunciamiento de Sentencia. En dicha ocasión no se pudo traer al acusado y a petición de la Defensa se señaló el día de hoy para el Pronunciamiento de Sentencia.
En el día de hoy han comparecido ambos acusados repre-sentados por su abogado. Así mismo, está presente el señor Fiscal y el Tribunal pregunta primero al compañero de la defensa, si cree que existe algún impedimento en el día de hoy por lo cual no se le pueda dictar sentencia en el día de hoy.
Sr. Abogado:
No existe ninguno, Su Señoría.
Hon. Juez:
Le pregunto a la acusada, Antonia Torres Robles, si ella cree que existe algún impedimento por lo cual no se le pueda dictar sentencia en el día de hoy.
Sra. Torres Robles:
R. ¿Cómo?
P. Usted cree que existe alguna razón por la cual no se le pueda dictar sentencia?
R. No.
Hon. Juez:
Le pregunto al acusado, José Camareno Maldonado, si él cree que existe alguna razón por la cual no se le pueda dictar sentencia en el día de hoy.
R. Tendría que hablar primero con el papá mío un momen-tito.
Que se acerque acá. Pase acá el padre, si está presente en sala.
Padre del Acusado:
R. No, está bien.
Hon. Juez:
No existe impedimento alguno para el pronunciamiento de sentencia.
Le pregunto si usted quiere decir algo, manifestar algo al Tribunal antes de que se dicte sentencia.
Sr. José Camareno Maldonado:
Señor Juez, yo lo único que sé, aquí no se sabía, yo era adicto, que estaba rehabilitado ya y que soy veterano pensionado ciento por ciento mentalmente., Eso no se presentó aquí, el abogado mío no presentó ningún récord de ninguna clase de eso. Hon. Juez:
Bien. Habiendo manifestado la acusada Torres Robles que no existe impedimento para el Pronunciamiento de Sentencia y que no desea manifestar nada, ni informar nada al Tribunal antes, el Tribunal procede a dictar sentencia contra esta acusada Antonia Torres Robles y la condena en el caso que lleva el número G70-1849, 50 y 51, en cada uno de los tres cargos a cum-plir la pena de cinco (5) a siete (7) años de presidio. Todas las penas concurrentemente. En cuanto al acusado, José Cama-reno Maldonado, habiendo manifestado este acusado que no existe impedimento alguno para el pronunciamiento de sentencia, el Tribunal condena al acusado José Camareno Maldonado en los casos que llevan el número G70-1843, 44 y 45, en todos y cada uno de los cargos, a cumplir la pena-de seis (6) a doce (12) años de presidio. En estos casos las penas son consecutivas. Puede llevárselos el márshal.
Sr. Abogado:
Con permiso del Tribunal.
Hon. Juez:
Puede retirarse el compañero.”

El peticionario apeló para ante nos impugnando el fallo condenatorio. Señaló como errores que el veredicto del jurado no fue por unanimidad y que la prueba aportada en su contra era insuficiente para sostener la convicción. El 28 de marzo de 1972, en el caso número Cr-71-125, dictamos sentencia con-firmando las sentencias apeladas. En dicho recurso de apela-ción el aquí peticionario y entonces, apelante no hizo plantea-miento alguno respecto del incidente que hemos transcrito.

Fechado el 15 de diciembre de 1972 el peticionario radicó ante el tribunal de instancia un escrito titulado “Moción soli-citando se dejen sin efecto las sentencias dictadas contra el peticionario: Regla 192.1 de las de Procedimiento Criminal.” Alegó (a) que al momento de dictarse sentencia existía un impedimento para ello, basándose en el incidente transcrito a que hemos hecho referencia; (b) “que de ser ciertas sus alegaciones respecto de su condición mental, la inacción de su abogado defensor en el transcurso del pronunciamiento de las sentencias” le privó de su derecho constitucional a una efec-tiva y eficaz asistencia de abogado; y, (c) que “al inhibirse de investigar y escudriñar las alegaciones del peticionario en cuanto a su condición mental antes de dictar sentencia, el juez sentenciador privó al peticionario de su derecho a un juicio justo e imparcial garantizado por la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.”

El tribunal de instancia declaró sin lugar dicha moción e igual resolución dictó al serle solicitada la reconsideración. Ha recurrido ante nos el peticionario, alegando como error que el tribunal recurrido no señalara una vista, según le fue solicitado, para discutir los fundamentos de su moción, los cuales reproduce en su solicitud de certiorari. Expedimos el auto.

En Pueblo v. Hernández, 94 D.P.R. 116 (1967), señala-mos como se desarrolló en el derecho consuetudinario inglés la práctica de inquirir del acusado si tenía algo que decir antes de pronunciarse sentencia. Señalamos las razones históricas que sostenían esa práctica, a saber, la severidad de los casti-gos que se podían imponer, y el hecho de que no le estaba permitido al convicto estar asistido de abogado ni prestar testimonio a su favor. Esas razones constituyen historia pasada y carecen de actualidad. Hace mucho tiempo que desa-parecieron.

Estamos de acuerdo con el comentario del Comité Consul-tivo sobre Sentenciamiento y Revisión (Advisory Committee on Sentencing and Revision) de la American Bar Association al efecto de que: “El principal argumento que queda para justificar la formalidad de interpelar al acusado sobre si desea decir algo antes de que se pronuncie sentencia aparenta ser su efecto terapéutico.” Sobre esa base dicho Comité Con-sultivo recomienda que se mantenga él derecho a la alocu-ción.

La Regla 166 de las de Procedimiento Criminal así lo hace como parte de nuestro ordenamiento procesal. ■

Pero más importante que el efecto terapéutico de que habla el Comité Consultivo mencionado, que permite al acusado un desahogo personal, la Regla 166 da la oportunidad al inculpado de exponer razones, si las hubiere, para no dictar sentencia. En este sentido, nadie mejor que su abogado, conocedor del derecho, para que exprese aquellos fundamentos que constituyan impedimentos legales para que la sentencia se pronuncie. Es la intervención del abogado en ese momento lo que da eficacia al acto de alocución, circunstancia que no existía cuando se desarrolló esa práctica en el derecho consue-tudinario inglés. El juez de instancia cumplió cabalmente con su obligación bajo la citada Regla 166, y tanto el abogado defensor como el acusado se expresaron. El abogado informó que no había impedimento para que se dictara sentencia. Es de suponerse que al así expresarse lo hizo en el descargo pleno de su responsabilidad para con su cliente y para con el tribunal. Carece de base y resulta peregrina la afirmación de que su “inacción” privó al peticionario de una efectiva y eficaz asistencia de abogado.

La Regla 168 de las de Procedimiento Criminal señala cinco situaciones que impedirían que se dictara sentencia. En lo pertinente dispone:

“El acusado podrá solicitar, y demostrar en el caso que pro-ceda, que no debe dictarse sentencia en su contra, únicamente por las siguientes causas:
(a) Que ha desarrollado una incapacidad mental con pos-terioridad a haberse rendido el veredicto o haberse pronunciado el fallo.
(b) . . .
(e)..
(Énfasis nuestro.)

Puede verse de una lectura de la transcripción del incidente, supra, que el peticionario no solicitó que no se dictara sentencia. Mucho menos demostró haber desarrollado alguna incapacidad mental con posterioridad a haberse rendido el veredicto o pronunciado el fallo. Meramente señaló estar pensionado por una incapacidad mental. Los autos demuestran que tres especialistas en psiquiatría le encontraron procesable y así lo dictaminaron, habiéndose celebrado el juicio en su contra sin que se hiciera planteamiento alguno sobre su incapacidad mental. Habían transcurrido solamente trece días desde que terminó el juicio y se rindió veredicto condenatorio hasta que se le llamó para escuchar la sentencia. Bajo las circunstancias el juez sentenciador estuvo justificado para resolver, en el ejercicio de una sana discreción, que no había impedimento para dictar sentencia.

La Regla 169 de las de Procedimiento Criminal remite a la Regla 240 del mismo ordenamiento cuando se alegare la incapacidad mental como causa para que no se dicte sentencia. La Regla 240, en su inciso (a), aquí pertinente, dispone:

“(a) Vista; peritos. — En cualquier momento después de pre-sentada la acusación o denuncia y antes de dictarse la sentencia, si el tribunal tuviere base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado, inmediatamente suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el estado mental del acusado. Deberá el tribunal designar uno o varios peritos para que examinen al acusado y declaren sobre su estado mental. Se practicará en la vista cualquiera otra prueba pertinente que ofrezcan las partes.” (Énfasis nuestro.)

La incapacidad mental a que se refiere dicha regla no es necesariamente aquella que justifica la existencia de una pensión de las fuerzas armadas, que es lo que alegó el peticionario. Lo determinante es si el acusado, en el momento en que es llamado para dictarle sentencia, es incapaz de comprender la naturaleza y propósito de los procedimientos y de participar en el acto, con plena consciencia de su significado, y con oportunidad de expresarse sobre las razones que a su juicio impidan que se dicte sentencia. Véanse Rubin, The Law of Criminal Correction, publicación de West Publishing Co., 1963, a la pág. 502; Weihofen, Mental Disorder as a Criminal Defense, ed. 1954, a la pág. 459.

El peticionario demostró palmariamente no estar incapacitado para satisfacer dichos criterios. Demostró entender a cabalidad que se le iba a sentenciar por los delitos de que fue convicto, y quiso aprovecharse de su alegada condición de pensionado por incapacidad mental en busca de alguna ventaja en el pronunciamiento de sentencia. El hecho de que se hubiese dictaminado en una ocasión que no estaba en estado procesable perdió su importancia ante el dictamen posterior de los tres especialistas en psiquiatría al efecto de que estaba en condiciones de ser procesado. Salvo 'demostración en contrario se presume que continuaba en esas condiciones al momento de ser llamado para escuchar sus sentencias. Cruz v. Bruno, 76 D.P.R. 966, 973 (1954) y casos allí citados.

Desde Nobles v. Georgia, 168 U.S. 398, 407, 18 S.Ct. 87, 42 L.Ed. 515 (1897), resolvió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos que cuando se sugiere el issue de insania luego de rendirse veredicto de culpabilidad o luego de dictarse sen-tencia pero antes de su ejecución, bajo la common law “el juez no venía obligado, como cuestión de derecho, a convocar un jurado y celebrar otro juicio, sino que debía tomar aquella acción que en su discreción considerase mejor.” Citó con aprobación a Laros v. Commonwealth, 84 Penn. St. 200, en que se dijo que en situaciones como ésta debe descansarse en la sana discreción del tribunal sentenciador. Véase al mismo efecto, Lee v. United States, 91 F.2d 326, 331 (1937), resuelto por la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito.

En Phyle v. Duffy, 334 U.S. 431, 439 (1947) se reitera la doctrina establecida en Nobles, supra, y se dijo: “Enten-demos el caso Nobles como autoridad en el sentido de que un acusado convicto no puede automáticamente impedir la ejecu-ción de una sentencia mediante la surgerencia de insania, y que debe dejarse en libertad a un tribunal estatal, y en particular al juez, para que determine, en el ejercicio de su dis-creción, si los hechos justifican una investigación completa y una vista sobre la condición mental de una persona senten-ciada a muerte.”

La Regla 240, en su inciso (a) antes transcrito, precisamente deja a la discreción del juez sentenciador la determinación de si hay base razonable para creer que el acusado no está mentalmente capacitado para escuchar la sentencia a serle impuesta. El señalamiento de una vista para determinar el estado mental del peticionario no se justificaba. No hay base en los autos de este caso para que intervengamos con la discreción ejercitada por el juez de instancia.

La Regla 192.1 de Procedimiento Criminal invocada por el peticionario requiere como norma general que el tribunal ante el cual se presenta" una moción de un convicto y sentenciado alegando su derecho a ser puesto en libertad, disponga que se notifique al fiscal con copia de la moción y que celebre una vista para pasar sobre sus méritos. Pero la misma regla, en su inciso (b), dispensa el cumplimiento de esa norma si la moción y los autos del caso concluyentemente demuestran que la persona no tiene derecho a remedio alguno. En este caso el tribunal no señaló vista. No abusó de su discreción, considerados los planteamientos del peticionario. No se cometieron los errores imputados.

Se anulará el auto expedido y se confirmará la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 15 de diciembre de 1972.

       Los abogados que representaron al peticionario durante el juicio y al dictarse sentencia no son los que le representan en el recurso que nos ocupa.

       Los delitos graves, excepto mutilación y hurto, eran punibles con la muerte. Además, la convicción aparejaba la muerte civil y la confiscación de los bienes del convicto a favor de la corona. Hernández, supra, a la pág. 117.

       Véase “Standards Relating to Sentencing Alternatives and Procedures” folleto de la American Bar Association (Diciembre de 1967) en que se publica el proyecto sobre Minimum Standards for Criminal Justice. Véase además Barrett, Allocution, 9 Mo. L. Rev. 115, 232 (1944).

       “En casos de delitos graves {felonies), al comparecer el acusado a oír la sentencia, el tribunal le informará de la naturaleza del cargo contenido en la acusación y del pronunciamiento del fallo, y le preguntará si existe alguna causa legal por la cual no deba procederse a dictar sen-tencia. Si no existiere tal causa legal, el tribunal dictará sentencia. Si el acusado no estuviere representado por abogado, el tribunal le informará de su derecho a apelar y, a solicitud del acusado, el secretario preparará y presentará un escrito de apelación cumpliendo con los requisitos que exigen estas reglas.”

       La interpelación debe hacerse directamente al acusado para que éste se exprese personalmente si así lo desea. Pueblo v. Hernández, supra; Pueblo ex rel. López v. Pérez Peña, 54 D.P.R. 804 (1939); Green v. United States, 365 U.S. 301.

       “Regla 169. Sentencia; Incapacidad Mental Como Causa Por la Cual no Deberá Dictarse.—
      Cuando se alegare la incapacidad mental como causa para que no se dicte sentencia, sé seguirá el procedimiento dispuesto en la Regla 240.”


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. José Galí Febus, acusado y apelante.

      Número: CR-71-98

      Resuelto: 18 de agosto de 1973

      Blas R. Marrero Miranda, abogado del apelante; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón-Veláz-quez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   SENTENCIA

El apelante fue convicto de una violación a la Sec. 5-801 de la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. see. 1041. Se le impuso una multa de $125.00 y se le suspendió la licencia (de aprendizaje) hasta la fecha de su expiración.

La única prueba desfilada consistió del testimonio de dos testigos del fiscal, que no probaron más allá de duda razonable que el acusado cometiera el delito de guiar en estado de embriaguez.

Según el testigo Graciano López, quien declaró como prueba del Pueblo que estando él en la tienda que se encuentra cerca del lugar de los hechos, el apelante le pidió ayuda para empujar su carro. Indica que el apelante, estando el motor apagado, se montó por el lado del guía y él le empujó el carro, que se salió de la carretera y cogió una toma de agua, que se rompió. Que mientras eso sucedía, el apelante no estaba borracho; que luego se metió al negocio y se dió unos cuantos palos. Que el policía llegó al lugar de los hechos de 30 a 45 minutos después de ese incidente. La Corte no le dió crédito a la declaración de éste, porque el fiscal trajo una declaración jurada del testigo que en parte dice así:

“Luego vino la Policía y después de estar la Policía sacamos el carro hacia la carretera y que José Galí Febus parece que había tomado licor y se iba para los lados, hablaba gagueando.”

Entendemos que eso no contradice su testimonio, pues anteriormente él declaró que luego de romper la toma'de agua, el apelante se fue a dar unos tragos. El sacar el carro nueva-mente hacia la carretera, es posterior a la llegada del policía de 30 a 40 minutos después del acusado haber comenzado a beber. Es erróneo el razonamiento del tribunal sentenciador cuando dice, “La Corte está convencida de que este acusado al manejar este vehículo estaba en estado de embriaguez porque 35 a 45 minutos después estaba en las condiciones que dice el Policía. . . .”, pues no hay prueba alguna que indique el apelante estaba ebrio antes del accidente.

El policía de la patrulla declaró que mientras iba por la carretera en jurisdicción de Corozal, encontró un automóvil Chevrolet que estaba al borde de un risco y allí había un tubo de agua foto. Se detuvo y le preguntó al apelante,, quien estaba dándose tragos en un negocio allí cercano, si él había estado conduciendo ese automóvil. El apelante al principio lo negó pero luego aceptó que lo había estado conduciendo. Al requerirle el policía su licencia de conductor el. apelante produjo una licencia de aprendizaje. El policía le preguntó si estaba dispuesto a someterse a un análisis de sangre o de orina, a lo cual el apelante se negó. El policía le informó que si se negaba el .Tribunal le podía imponer una sanción mayor.

En ningún momento vió el policía, al apelante guiando en estado de embriaguez. De ese testimonio la única conclusión posible es que cuando llegó el policía de 35 a 45 minutos después de lo sucedido, el apelante había estado bebiendo en dicho negocio.

Para ún estudio de la Sección 5-801 (a) d.e la Ley de Vehículos y Tránsito,' véanse: Pueblo v. Rivera Flores, 87 D.P.R. 328 (1963); y Pueblo v. Ramos García, 92 D.P.R. 396 (1965).

Aunque consideramos que se debió advertir al acusado su derecho a someterse a una de las tres pruebas de embriaguez, el segundo error no se cometió ya que en la sentencia lo que se le suspendió al acusado fue su licencia de aprendizaje hasta la fecha de su expiración, y no se le impuso suspensión por término adicional alguno.

No habiéndose ■ demostrado la culpabilidad del apelante más allá de toda duda razonable, procede se revoque la senten-cia apelada y se decrete la absolución del acusado.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria Interina. El Juez Asociado Señor Rigau disiente con opinión, con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila y Torres Rigual.

(Fdo.) .Carmen Lesbia Colón

Secretaria Interina

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Rigau

con la cual concurren los Jueces Asociados Señores Dávila y Torres Rigual;

San Juan, Puerto Rico, a 13 de agosto de 1973.

Con todo respeto para otros criterios, me veo obligado a disentir. He leído la transcripción de evidencia y estoy conven-cido, como lo estuvo el juez de instancia, de que el apelante condujo o hizo funcionar un vehículo de motor mientras estaba bajo los efectos de bebidas embriagantes. Eso es todo lo que exige el estatuto. En lo pertinente dice el mismo: “Será ilegal que cualquier persona bajo los efectos de bebidas embriagantes conduzca o haga funcionar cualquier vehículo de motor.” 9 L.P.R.A. see. 1041 (a).

La opinión , mayoritaria parece darle importancia al dato de que el motor estaba apagado cuando el apelante “se montó por el lado del guía” y Graciano López empujó el vehículo y éste se salió de la carretera y rompió el tubo del agua. Es completamente inmaterial si el motor estaba encendido o apagado. La ley no exige que el motor esté encendido. El apelante condujo el vehículo pues éste se movió, saliéndose de la carretera y rompiendo el tubo del agua. El policía encontró el automóvil al borde de un risco. Si el carro se hubiese des-peñado por el risco la vida del propio apelante hubiese corrido grave riesgo, no importando para ello que el motor estuviese apagado o encendido. También hubiese sido un acto ilegal pero más desafortunado si el automóvil en vez de romper un tubo de agua atropella a un niño, lo cual pudo haber ocurrido ya que un niño es más frágil que un tubo. Lo que hace peligroso el vehículo es el hecho de que esté en movimiento mientras es conducido por una persona que está en estado de embriaguez, y pueda así ocasionar accidentes — como de hecho ocurrió en este caso — y no el hecho de que el motor esté apagado o encendido.

No creo que el tribunal no le diera crédito a toda la declaración del testigo Graciano López. López declaró sobre lo que hemos antes mencionado y como parte de su declaración dijo que cuando el apelante se montó por el lado del guía no estaba ebrio. En relación con ésto el Juez de instancia dijo: “A la corte no le merece crédito alguno la declaración del testigo Graciano López en el sentido de que usted [le hablaba al apelante] se puso a beber, a ingerir bebidas alcohólicas luego del accidente.” (Énfasis nuestro.)

En realidad la situación puede resumirse como sigue: El policía encontró el automóvil al borde de un risco y el tubo de agua roto. Luego de preguntar se informó de que el ape-lante era el que guiaba el automóvil. El apelante al principio se lo negó pero luego, declaró el policía, “me dijo que sí, que estaba guiando dicho vehículo.” Cuando el policía habló con el apelante éste estaba ebrio. Declaró que el tubo se había roto hacía dos o tres minutos. El apelante se negó a someterse a los exámenes de sangre u orina.

De todas maneras, se trata de apreciación de prueba. Ante el cuadro de evidencia circunstancial que presenta el récord no creo que estamos justificados para desechar la apreciación de la prueba que hizo el juez de instancia, quién fue el que vio y oyó a los testigos declarar. Que no se diga que los jueces somos tan ingenuos como para creer lo que nadie más creería.

Es bien sabido que conducir un vehículo de motor mientras se está bajo los efectos de bebidas embriagantes es una con-ducta peligrosa y antisocial porque pone en grave riesgo la vida del conductor, la de los que los puedan acompañar en el vehículo y la de otras personas que estén en las calles y en las aceras. Pueblo v. Vázquez Bruno, 93 D.P.R. 540, 544, (1966); Pueblo v. Díaz Torres, 89 D.P.R. 720, 734 (1963).

       “El Honorable Tribunal incurrió en error al suspender la licencia del acusado por un término adicional de tres meses a pesar de que el policía denunciante no estableció cuales advertencias le había hecho al acusado al producir éste su negativa para someterse a alguno de los análisis de sangre, aliento u orina.”

       Antes de dictar sentencia el Juez Superior que presidió el juicio, se expresó en los siguientes términos: “El Tribunal está satisfecho de que usted' estaba guiando en estado de embriaguez.”


author: per curiam :

text:
    Benigno Trigo González, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Relaciones de Familia, Hon. Charles H. Juliá, Juez, demandado; Rosario Ferré Ramírez de Arellano, interventora.

      Número: O-73-224

      Resuelto: 4 de septiembre de 1973

      Amando Arias Cestero, abogado del peticionario; Abraham Díaz González y Francisco Parra Toro, abogados de la interven-tora.
   per curiam :

El peticionario presentó demanda de divorcio por las causales de trato cruel e injurias graves. Como causa de acción, expuso lo siguiente:

“Desde hace algún tiempo la demandada comenzó a tratar cruelmente e injuriar gravamente al demandante, quien no obs-tante los actos persistentes y continuos de la demandada, en su ferviente deseo de evitar la disolución de su hogar, realizó ges-tiones de todo género para que ésta desistiera de su conducta con resultados totalmente infructuosos. Últimamente el proceder de la demandada, ha llegado a extremo tal que imposibilita al demandante el continuar la vida marital con ella.”

La demandada, Rosario Ferré, solicitó la desestimación de la demanda alegando que la misma no aducía hechos consti-tutivos de una causa de acción. En 18 de mayo de 1973 el tribunal de instancia emitió una orden declarando con lugar dicha moción de desestimación, exponiendo como fundamento de dicha orden que la demanda no alega hechos específicos de trato cruel.

De dicha orden recurrió ante nos mediante certiorari el peticionario y en 25 de junio de 1973 expedimos la siguiente resolución:

“Vista la solicitud de certiorari y los documentos que acom-pañan a la misma, se le requiere a la demandada en el caso civil número RF-73-1360, que comparezca a mostrar causa, si alguna tuviere, dentro del término de 10 días por la cual no se deba expedir el auto solicitado, y una vez expedido, dejar sin efecto la resolución recurrida y en su lugar dictar otra declarando sin lugar la moción para desestimar presentada por dicha deman-dada.”

Habiendo comparecido la demandada en el caso civil RF-73-1360 y habiendo este Tribunal examinado su compare-cencia por escrito, se expedirá el recurso solicitado, se dejará sin efecto la orden recurrida de 18 de mayo de 1978 y se declarará sin lugar la moción para desestimar presentada por la demandada.

El Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, no intervino.


author: per curiam;

text:
    Alfredo Nazario et al., demandante y recurrido, v. William González y/o Antillas Electric Corporation, demandado y recurrente.

      Número: R-68-285

      Resuelto: 4 de septiembre de 1973

      Héctor Lugo Bougal, Delia María Auffant y Delia Lugo Bougal, abogados del recurrente; Manuel Janer Mendía, Rafael A. Marzand Robles y Ángel Alfonso Colón, abogados del recu-rrido.
   per curiam;

Se trata de una reclamación de salarios adeudados por concepto de vacaciones acumuladas durante un período de treinta y seis meses, no disfrutadas por el quere-llante ni compensadas por la querellada, para quien trabajó el querellante en la venta de efectos eléctricos al detal. El tribunal a quo declaró con lugar la querella, fijó en $1,621.20 la suma adeudada y condenó a la querellada a pagarle al querellante el importe de la misma más una suma igual por concepto de penalidad, más las costas. Contrario a las deter-minaciones del tribunal, sostiene la querellada que el quere-llante, a la luz de la evidencia presentada, era un contratista independiente y, por lo tanto, no le cubre la ley en cuanto a vacaciones acumuladas. No existe ninguna otra controversia, es decir, ni sobre la suma fijada por el tribunal, ni sobre los decretos de salario mínimo que se invocan, si es que el quere-llante era un “empleado” y no un “contratista independiente” de la querellada.

La querellada es una corporación doméstica con oficina principal en Río Piedras. Vende enseres eléctricos al detal en toda la isla. Tiene una oficina de operaciones en Ponce. También opera un almacén como centro de distribución y entrega de dichos efectos en aquel sector. Las ventas se reali-zaban a través de vendedores en toda la isla. El presidente de la corporación querellada les llama “representantes”. Según su testimonio, a cada uno de los representantes se le asigna un área o territorio determinado de operaciones desig-nado “territorio protegido en las ventas” fuera del cual el vendedor no puede salirse.

Al comenzar a trabajar, se le asignó al querellante la zona de la Playa de Ponce; la Carretera Núm. 14 — Juana Díaz, Coamo y Aibonito; la Núm. 10 — Adjuntas y Jayuya; la Núm. 132 — Peñuelas; y la Núm. 2 — Tallaboa, Guayanilla, Yauco, Sabana Grande, Guánica y Ensenada. Recibió instruc-ciones que sólo podía vender los artículos de la querellada. Su remuneración consistía en el 20% de las ventas. Si vendía fuera de su zona, la remuneración le correspondía al repre-sentante vendedor que tenía la zona asignada. El querellante tampoco podía dedicarse a otra actividad que no fuera la de agente o representante vendedor de la querellada. Al iniciar sus servicios, el querellante recibió orientación y adiestra-miento de la empresa; se le señaló la necesidad de visitar regularmente a ciertos clientes. La oficina de Ponce le proveía de catálogos, listas de precios y el material necesario para llevar a cabo las ventas. Según las determinaciones del tribunal, apoyadas en la prueba desfilada, el querellante entregaba diariamente los conduces y facturas de las ventas que hacía y la querellada le enviaba a los clientes los artículos. Si una persona se comunicaba por teléfono con la oficina a pedir coti-zaciones y pertenecía esa zona al querellante, la querellada le daba instrucciones para que lo visitara. Si no vendía, no recibía, remuneración. Pero, si como resultado de sus gestiones la querellada realizaba una venta directa a algún cliente o persona de la zona “protegida”, la querellada le pagaba la remuneración convenida. La querellada le antici-paba regularmente, todas las semanas, $60.00, que luego aumentó a $70.00. A fines de mes se le hacía una liquidación final de sus comisiones con los descuentos del seguro social, contribución sobre ingresos y anticipos. En una ocasión, se le fijó al querellante una cuota mínima semanal de ventas. Para estimular a sus vendedores, la querellada celebraba concursos y premiaba aquellos que sobrepasaban las cuotas que les asignaba. El querellante estaba autorizado por la empresa a ofrecer hasta un 25% del precio como descuento para inducir al cliente a comprarlo. Cualquier descuento mayor, tenía que ser autorizado por la empresa. El querellante utilizaba su propio automóvil y asumía todos los gastos de operación; no tenía horas de entrada o de salida, ni tenía que presentarse a la oficina, excepto para entregar las facturas de las ventas diarias a su supervisor e informarlo de las ges-tiones que realizaba. El querellante trabajó de lunes a viernes, siete horas diarias normalmente.

Hasta ahí las conclusiones de hecho del tribunal sentenciador. La relación de este querellante con la empresa querellada, a la luz de ciertos hechos previamente relacionados, tiene rasgos propios de un status de “empleado”. Por otro lado, se destacan otros que, considerados aisladamente, pueden trasladarse a la columna de “contratista independiente”. Y algunos que, indistintamente, pueden ubicarse en cualquiera de las dos clasificaciones. Esto no es extraño, según hemos notado en el pasado, pues son raras las ocasiones en que puede establecerse con certeza una tajante distinción entre el empleado y el contratista independiente. Landrón v. J.R.T., 87 D.P.R. 94 (1963). Apreciados los factores antes reseñados en conjunto a'la luz de la política pública que inspira la legislación social para lograr normas mínimas de bienestar general a los trabajadores — Sierra Berdecía v. Pedto A. Pizá, Inc., 86 D.P.R. 447 (1962) — se impone la conclusión que el querellante en este caso está incluido como “empleado” dentro de la protección que en cuanto a disfrute de vacaciones dispone el Decreto Mandatorio Número 8, 29 R.&R.P.R. sec. 245n-138, que es el que cobija la empresa querellada, según se estipuló por las partes.

En Sierra Berdecía v. Pedro A. Pizá, Inc., supra, se con-cluyó que un número de vendedores de automóviles a comisión eran empleados y no contratistas independientes de la casa distribuidora y que, por tanto, tenían derecho a paga por vacaciones por el período que establecen los decretos mandato-nos fijando salarios y condiciones de trabajo para el comercio al por menor.. Reseñamos allí algunos factores que la juris-prudencia ha considerado importantes para determinar si se trata de un empleado'© de un contratista independiente. Entre otros, se mencionan el grado de control por parte del principal; el grado de iniciativa o juicio que despliegue el vendedor; la inversión que hace el vendedor en equipo y facilidades para poder realizar la labor, y si para ello es necesario establecer una organización de negocios independiente; y la posibilidad de ganancias o pérdidas en las operaciones de venta.

Huelga repetir lo dicho en el caso citado que el concepto tradicional del derecho común sobre los rasgos característicos de un contratista independiente no tienen lugar de aplicación estricta en el campo de salarios mínimos y condiciones de trabajo; ni que un factor en particular sea decisivo para llegar a una conclusión. Nazario v. Vélez, 97 D.P.R. 458 (1969); Landrón v. J.R.T., supra.

Hemos visto que el querellante trabajó de lunes a viernes, siete horas diarias normalmente. Esto puede enmarcarse en cualquiera de las dos clasificaciones. Percibía una remunera-ción que consistía de una comisión del 20% de las ventas que se hicieran en su zona. La forma de pago, por sí sola, no le resta de la condición de empleado. La empresa le tenía, fijado un anticipo semanal que inicialmente era de $60.00 semanales y luego de $70.00. En esa forma la empresa retenía cierto control sobre el agente exigiéndole determinado volumen de ventas de manera que como resultado de la liquidación el querellante no resultara ser un deudor de la empresa. Este factor debe sumarse a la columna de empleado. La empresa le asignó una ruta, de la cual no podía salirse. Abónese esto a la condición de empleado, al igual que la prohibición de vender otros artículos o dedicarse a otras actividades que la de agente vendedor de la empresa querellada. No tenía horario fijo de trabajo, pero tenía que presentarse diariamente a la oficina de su supervisor inmediato para entregarle las facturas de las ventas e informarle de las gestiones realizadas. El querellante recibió orientación y adiestramiento; para estimular a los vendedores, conservando así cierto control sobre estos, la querellada celebraba concursos y premiaba a aquellos que sobrepasaban las cuotas. La querellada le hacía los descuentos de seguro social y contribuéión sobre ingresos.

Considerados estos factores en conjunto, es evidente que el querellante estaba subordinado a la empresa querellada de quien dependía en gran medida para realizar su labor. La presencia de algunos factores negativos no le resta de su con-dición de empleado de la querellada y de su derecho a paga por concepto de vacaciones acumuladas y no disfrutadas.

Se confirmará la sentencia objeto de este recurso.

El Juez Asociado, Señor Martín, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Lomas de Carolina Corporation, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Modesto Velázquez Flores, Juez, demandado; Martín Rosado, interventor.

      Número: O-73-23

      Resuelto: 5 de septiembre de 1973

      Carlos Santos Correa y Luis E. López Correa, abogados de la peticionaria; Marcos Rivera Genaro, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El tribunal de instancia rechazó la moción para desesti-mar de la compañía constructora aquí peticionaria frente a la demanda de daños y perjuicios de un comprador de vivienda por defectos de construcción, fundada dicha moción en que tratándose de defectos que aparecieron dentro de los dos años siguientes al otorgamiento del título de propiedad, debió el comprador agotar la alegada vía administrativa provista por el Art. 11 de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. see. 511), conocida por el prolongado nombre de “Ley de la Oficina del Oficial de Construcción adscrita a la Administración de Renovación Urbana y Vivienda.” Expedi-mos certiorari a solicitud de la constructora.

Es deseable que controversias sobre hechos complicados en asuntos regulados por normas de alta especialidad y para cuya interpretación se requiere un conocimiento técnico o científico particular, se ventilen en primera instancia ante un organismo administrativo especializado que por razón de su limitado campo dispone del tiempo y desarrolla la capacidad para acopiar datos y experiencias, observar e inspeccionar sobre el terreno, aplicar precedentes y evaluar las reclamaciones hasta llegar a decisiones justas y uniformes. Notamos, sin embargo, que el tipo de caso como el presente no plantea cuestiones factuales tan intrincadas que requieran una previa intervención de la agencia adminis-trativa. No es buen principio de justicia el que sacrifica el bienestar del pueblo en nombre de la conveniencia adminis-trativa aunque se la llame economía procesal y a ese extremo reprobable llegaríamos en este caso si desviáramos de las cortes hacia la agencia administrativa la querella del compra-dor de vivienda.

La Ley de la Oficina del Oficial de Construcción citada no provee un foro administrativo adecuado para ventilar las querellas de los optantes o compradores de vivienda. Resulta una pieza legislativa que tiene más de intento y buenos pro-pósitos que de concreción remedial. Su Art. 11 (17 L.P.R.A. see. 511) no es ni siquiera una invitación sino una rendición al azar y al criterio del ciudadano desde sus palabras iniciales que en lo pertinente copiamos: “(a)Cuando . . . cualquier comprador de una vivienda, dentro del término de dos años de haberse otorgado la escritura final de compraventa de la misma, presente, mediante declaración jurada, por duplicado, una querella en la qué se alegue que un urbanizador o constructor ha incurrido, én una práctica indeseable de construc-ción, y que ha requerido previamente a dicho urbanizador o constructor para que se remedie la práctica sin que éste .así lo haya hecho, el Oficial de Construcción hará que se radique la misma, previa notificación al querellado....”

¿Y' qué remedio se ofrece en dicha Oficina del Oficial de Construcción? En último análisis ninguno, como ahora vere-mos. A dicha Oficina se llega después que el comprador de vivienda ha requerido al urbanizador o constructor para que corrija el defecto o la práctica indeseable de construcción, habiéndose negado éste (Art. 11(a) Ley citada). Luego el estatuto establece un procedimiento que de prevalecer el querellante, culmina en la llamada “Orden afirmativa para remediar o corregir” que libra el Oficial pero que si no en todos, en la mayoría de los casos será un pronunciamiento vacuo, pues depende para su eficacia de que el urbanizador o constructor acepte de buen grado y se avenga a la decisión del Oficial de Construcción ya que según dispone dicho Art. 11 en su apartado (f) “Si hubiere controversia en cuanto al monto de los gastos, ésta será dilucidada en un juicio ordi-nario ante los tribunales de justicia de Puerto Rico.” Es decir, esta ley deja en manos de la parte contratante más poderosa la decisión de acatar o no el fallo del funcionario administra-tivo y en este último caso la facultad de convertir en tiempo perdido todo lo actuado ante la agencia, obligando al compra-dor de vivienda a empezar otra vez su reclamación en el Tribunal General de Justicia.

Los procedimientos bajo el citado Art. 11 no proveen el grado de alivio .o remedio a la querella del ciudadano que justifique remitir la del presente caso a dicha agencia bajo la doctrina, de jurisdicción primaria. “Las cortes que juzgan reclamaciones a veces esperan hasta que la agencia adminis-trativa que tiene especial competencia en esa materia ha emi-tido una decisión sobre el asunto.”, tiene, declarado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Best v. Humboldt Mining Co., 371 U.S. 334, 338, pronunciamiento que Davis considera normativo en el uso de la jurisdicción primaria, aceptable cuando el caso llega al tribunal en grado de revisión, con unas determinaciones factuales y decisión del Administra-dor que guían e ilustran con su especial dominio- del campo el eritério del tribunal. Nb es este el caso' bajo la Ley' Núnx 130 de 13 de junio de 1967 que nos ocupa. Aquí la corte no tiene el beneficio de ninguna determinación razonada de la agencia administrativa, pues la ley ordena que' se dilucide la cuéstión en “juicio ordinario”. Es inevitable la conclusión de que el legislador no se propuso crear una .esfera de decisión adminis-trativa previa o coexistente con el foro judicial' pues todavía en el Art. 17 (17 L.P.R.A. see. 517) ordena: “Nada de lo aquí dispuesto se interpretará como una restricción o limitación al derecho que por el Código Civil de Puerto Rico, o por cual-quier otra ley se conceda en los casos de reclamaciones cubier-tas por este Capítulo.” Lo que dicha Ley Núm. 130 ofrece al comprador de vivienda defraudado es una elección, no de remedios, sino de sanciones contra el constructor. Si logra superar las insuficiencias del procedimiento señalado en la Sec. 11 (17 L.P.R.A. see. 511) teóricamente al menos podrá provocar la revocación de la licencia del constructor (Art. 7 Ley (17 L.P.R.A. see. 507 (c) (d)) o su encarcelamiento por desacato (17 L.P.R.A. sec. 511(g)). ¿Acaso corregirá esta acción disciplinaria del Estado las paredes agrietadas y los pisos defectuosos en el hogar del demandante? Evidentemente dicha sanción complacería a un reclamante sádico o vengativo pero no al hombre sencillo de nobleza de alma que anhela un hogar bien construido y no la desgracia o la ruina del constructor. No le queda otra alternativa que acudir al tribunal donde la sanción económica contra el constructor es al mismo tiempo remedio al agravio sufrido por descuido o incompetencia de éste.

Ante la realidad de que la Ley Núm. 130 del Oficial de Construcción no provee remedio adecuado a los perjudi-cados por la ineptitud y negligencia del constructor o urbani-zado^ y que tampoco hace compulsorio un previo trámite administrativo, las cortes deberán aceptar en jurisdicción original las reclamaciones de los compradores de vivienda, y en los casos en que se establezca la legitimidad de la reclama-ción asumir la protección de la ciudadanía y honrar el loable propósito que satura la exposición de motivos de la Ley Núm. 130.

Se dictará sentencia anulando el auto de certiorari expe-dido y disponiendo la remisión del expediente al tribunal de origen para la continuación de los procedimientos consistentes con esta opinión.

Los Jueces Asociados, Señores Martínez Muñoz y Martín, concurren en el resultado.

       “La uniformidad y la consistencia en la regulación de los asuntos encomendados a una agencia en particular se logran, y las limitadas funciones de revisión por las cortes se ejercitan con mayor raciocinio, acudiendo en primera instancia para la determinación o interpretación de las circunstancias bajo la cuestión legal, a las agencias mejor equipadas que las cortes por su especialización, su percepción ganada en la experiencia y la flexibilidad de sus procedimientos.” Far East Conference v. United States, 342 U.S. 570, 574-75. Cf. E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 511 y ss (1964).

       Davis, Administrative Lam Treatise, 1970 Supplement, sec. 19.01, pág. 624.

       El castigo conturba el ánimo tanto del que lo sufre como del que lo impone; siempre representa un fracaso dél ser humano que en cierta medida a todos empobrece.

       Los poderes y facultades del Oficial de Construcción fueron trans-feridos a la Administración de. Servicios al Consumidor por Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968 (23 L.P.R.A. see. 1002).


text:
    Consejo de Titulares Condominio King’s Court 76, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Héctor (Wally) Vargas y su esposa Delia Cobián de Vargas, demandados y recurrentes.

      Número: R-71-275

      Resuelto: 5 de septiembre de 1973

      Rafael Rosario Hernández, abogado de los recurrentes; Jorge Souss y Flavio E. Cumpiano, abogados de los recurridos; Canales & Ferrer, abogados del amicus curiae Ferramont Investment Corporation.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La escritura pública o.título constitutivo mediante la cual .se sometió al régimen de propiedad horizontal el edificio King’s Court Núm. 76, en Santurce, del que son condominos tanto recurrentes como recurridos, contiene dos cláusulas rele-vantes a este litigio que traducimos:

“Quinta: Elementos Comunes Generales: Los elementos comunes generales del Condominio King’s Court 76 . . . incluyen, aunque no limitados a, los siguientes:
n) el techo, incluyendo el cuarto de máquinas del ascensor, vestíbulo de la escalera, la chimenea y la cámara del incinerador.
“Sexta: Elemento Común Limitado: Todo el techo será un elemento común limitado para el exclusivo uso y disfrute de los cuatro apartamientos situados en el noveno piso del edificio. Todos los gastos necesarios para la reparación y conservación de dicho elemento común limitado serán por cuenta y cargo de los dueños de dichos cuatro apartamientos. Estos quedan autoriza-dos para introducir en el techo aquellas mejoras propias para el disfrute cabal de ese espacio como área abierta de recreo, siempre y cuando dichas mejoras no menoscaben la configura-ción arquitectónica del edificio, y sujeto además a que se adopten las medidas necesarias para proteger las personas que usen dicha área de techo contra riesgos previsibles de accidente.”

El referido edificio King’s Court 76 está destinado a vivienda. El demandado Vargas es dueño y titular del aparta-miento 902, uno de los radicados en el noveno piso, por lo que el techo de su departamento es también parte de la cubierta o techo de todo el edificio. Dicho demandado perforó ese techo cortando y removiendo varias varillas de refuerzo de %" de diámetro, abrió un hueco de unos 51/2 pies de diámetro y cons-truyó sobre el techo y en torno al hueco de acceso, una estruc-tura de 24' x 38' x 8' de luz con paredes de hormigón y bloques, techada con cartón embreado sostenido por viguetas de madera, dotando su piso de losetas, y ocupando con la edificación superpuesta aproximadamente una cuarta parte del techo o cubierta del condominio. Veintisiete de los treinta y seis titulares de apartamientos individuales objetaron la obra como ilegal y lesiva a la solidez, seguridad y estética del edificio, acudiendo primero a la Junta de Planificación que ordenó la paralización de la obra, y como no surtiera dicha orden la eficacia debida, al tribunal con una solicitud de injunction y reclamación de daños. Sometida por estipulación escrita y evidencia documental la petición de injunction la sala de instancia declaró nula la Cláusula Sexta arriba transcrita y expidió auto permanente ordenando la demolición y remo-ción de la estructura sobrepuesta y la restitución del techo a su condición original. De dicha sentencia recurre el deman-dado alegando diez errores los cuales pueden reducirse a dos planteamientos: (1) que fue lícita.y autorizada la construc-ción por el recurrente de la superestructura objetada; y, (2) que los recurridos carecen de personalidad para demandar la remoción de dicha obra.

I

El título constitutivo o escritura pública de una propiedad por pisos o apartamientos individuales dispuesto en los Arts. 22 y ss. de la Ley de la Propiedad Horizontal (104 de 25 de junio de 1958 — 31 L.P.R.A. sees. 1291 y ss) es un estatuto privado que gobierna a los condominos o titulares, y que una vez inscrito en el Registro de la Propiedad también obliga a tercero. A dicha escritura matriz, salvado el principio del Art. 1207 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3372) relativo a las leyes, la moral y el orden público, hemos de acudir para dirimir el conflicto en este caso pues todos y cada uno de los titulares al comprar sus respectivos apartamientos lleva-ron a efecto un claro acto de adhesión a lo allí estipulado. El título constitutivo de la propiedad en condominio recoge acuerdos y pactos que “tienen un origen plurilateral cuando son establecidos en principio y por convenio por todos los inte-resados, o pueden tener origen unilateral cuando son estable-cidos por el propietario único del inmueble antes de dividirlo por pisos, formando un estado de derecho que se acepta suce-sivamente por los adquirentes conforme van realizando sus adquisiciones, en cuyo caso nos hallamos más bien ante un contrato de adhesión.” Battle Vázquez, “La Propiedad de Casas por Pisos”, pág. 65, 3ra. ed., (1956).

Remitiéndonos, por tanto, a la escritura como fuente primaria de derechos y obligaciones entre los condominos, encontramos que si bien sus cláusulas transcritas mencionan el “techo”, este vocablo se ha utilizado indistintamente con “azotea” para llamar así la cubierta al tope del edificio. La interacción y equivalencia funcional de ambos conceptos las sintetiza Borja Martínez, a la pág. 171 de su obra “La Propiedad de Pisos o Departamentos en el Derecho Mexicano” al decir que techo es “la parte inferior y superior de un edificio que lo cubre y cierra; y azotea es la cubierta llana de un edificio dispuesta para poder andar por ella de donde se deduce según su configuración física un techo puede o no ser al mismo tiempo azotea.”

La .evidencia ante el tribunal a quo dejó establecido que el techo del condominio King’s Court 76 es susceptible de usarse como azotea, por lo que •siguiendo la norma de inter-pretación que propicia la percepción de la verdadera voluntad de los contratantes a veces opacada por la insuficiencia lingüística, y en este caso en particular por las dificultades de quien utiliza como medio de expresión una lengua que no es su vernáculo, concedemos que fue “azotea” y no “techo” lo que se propuso afectar la Cláusula Sexta para beneficio de los titulares del noveno piso. No hay, por tanto, contradicción entre las Cláusulas Quinta y Sexta.

Él elemento común azotea es uno cuya existencia puede regularse por acuerdo de los titulares individuales. Así lo provee el Art. 11 (c) de la Ley de la Propiedad Horizontal (31 L.P.R.A. sec. 1291i(c) que la considera elemento común general al igual que sótanos, patios y jardines “salvo disposición o estipulación en contrario.” Claramente la Ley da autonomía tanto al propietario original como a los titulares subsiguientes para hacer lo que en este caso se hizo por el propietario primitivo constituyente de la propiedad horizontal que lo fue Ferramont Investment Corporation, mediante la Cláusula Sexta de la escritura matriz, a saber, modificar la función y uso de la azotea cambiando dicho elemento común general a elemento común limitado en su disfrute a los residentes de los cuatro apartamientos del noveno piso. Habiéndose así estipulado por el titular único al tiempo de someter el edificio al régimen de propiedad horizontal, estipulación a la que se adhirieron los compradores de apartamientos colocándose dentro del régimen ya establecido, era a todas luces innecesario el consentimiento unánime de los titulares exigido por el Art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal “para toda obra que afecte los elementos comunes del inmueble”, pues ya por su adhesión al régimen los titulares quejosos habían consen-tido la modificación afectadora de la azotea.

La mencionada Cláusula Sexta no es nula, sino válida, y por ser obligatoria para' ambas partes en litigio toca ahora decidir si sus términos autorizan la obra realizada por el demandado perforando el techo y levantando sobre el nivel del mismo una estructura con paredes y cubierta que ocupa la cuarta parte de .toda la azotea. Dicha cláusula sólo autoriza a los demandados a introducir en la azotea o techo mejoras que faciliten su uso como área abierta de recreo sin menoscabo de la armonía arquitectónica del edificio. La obra llevada a efecto por el demandado convierte de abierta a cerrada una cuarta parte del área de recreo y opera en grave detrimento de la configuración arquitectónica del edificio. El mirador o aditamento fabricado por el demandado no es una mejora de recreo, pues tiene naturaleza de edificación permanente. Cf. Aybar v. Jiménez, 60 D.P.R. 745 (1942). En cam-bio dicha obra objetada sí ha invadido el “vuelo” que es elemento común en el aprovechamiento del edificio. Se entiende por vuelo la parte ideal del edificio susceptible de ser construida, no un elemento material y tangible, sino el espacio aéreo en la parte superior de la cubierta o techo en el que puede ser elevada la edificación. Llámase sobreelevación al acto de utilizar ese derecho.

La Cláusula Sexta no concedió al demandado el derecho de sobreelevación, ya que ningún esfuerzo de la imaginación podrá incorporar ese concepto al de “improvements [mejoras] to the roof area as may be convenient to the efficient enjoyment of such space as an open recreational area.” Para todo efecto práctico el demandado añadió un segundo piso a su apartamiento y su acción, no autorizada en forma alguna, contraviene el Art. 18 de la Ley de la Propiedad Horizontal que exige el consentimiento unánime de los titulares para la construcción de nuevos pisos. El consentimiento dado por los recurridos al solidarizarse con las estipulaciones del título constituyente de condominio fue cualificado y restringido por el lenguaje de la Cláusula Sexta que bajo ningún ejercicio racional cómprente el derecho de sobreelevación. Este derecho, por traer consigo la introducción al edificio de nuevos elementos arquitectónicos, económicos y estéticos, y por afectar fundamentalmente el régimen de copropiedad, no puede nacer de inferencias o especulaciones. Su concesión deber ser clara y explícita.

Existen razones de ingeniería, de física, de economía, de euritmia y de buena convivencia para que el comprador de un departamento en condominio prefiera un edificio cuyo régi-men y título constitutivo le garanticen una azotea abierta destinada al recreo de determinados residentes. El inconsulto acto de sobreelevación es contrario a ley y al orden reglado para este condominio, y defrauda la buena fe de los titulares objetantes. No puede prevalecer.

I — i HH

La azotea no perdió su condición de elemento común al convertirse de general a limitado por la disposición que asignó su uso a los titulares del noveno piso. Y todos los elementos comunes del inmueble, tanto los generales como los limitados, son propiedad en indivisión forzosa por el tiempo que dure el régimen de propiedad horizontal, de todos los titulares. (Art. 13 Ley citada — 31 L.P.R.A. sec. 1291k.) Ya que los recurridos no han renunciado ni pueden renunciar a su dominio compartido pro indiviso de este elemento común limitado ellos tienen un claro interés legal y económico en la acción que ejercitan e innegable personalidad para traer esta reclamación.

Se confirmará la sentencia recurrida.

Los Jueces Asociados, Señores Dávila, Martín e Irizarry Yunqué, no intervinieron.

       Su versión original según aparece de la escritura redactada en inglés.es la siguiente: ■ .
      “ — Fifth: The General Common Elements: The general common elements of Condominio King’s Court. Seventy Six . . . include, but are not limited to, the following:

        n) The roof, including the elevator, machinery room, the stairway landing, the chimney, and the incinerator settling chamber.
      “ — Sixth: Limited Common Element: The entire roof shall be a' common element limited to the exclusive use and enjoyment of the four apartments located on the ninth floor of the building. All expenses in connection with the repair and maintenance of said limited common element shall be for the sole account of the owners of the aforesaid four apartments. Said owners are authorized to make such improvements (mejoras) to the roof area as may be convenient to the efficient enjoyment of such space as an open recreational area, provided such improvements do not detract from the general architectural. harmony of the building, and-provided further that .the necessary safety measures shall be taken to guard persons on such roof area against foreseeable accident risks.”

       Así se desprende de la Cláusula Segunda de la escritura de com-praventa que transcrita en lo pertinente dice:
      “La Vendedora vende, cede y traspasa al Comprador, que lo compra, el apartamento y demás facilidades descritas en la Cláusula Primera prece-dente, con todos sus usos, anexos, derechos y accesiones, libre de toda carga, gravamen o restricción, sin reservas ni limitación alguna, excepto las con-diciones, restricciones, reservas o limitaciones que surgen de: la escritura de Constitución del Régimen de Propiedad Horizontal, escritura Número doscientos noventa y dos (292), otorgada en San Juan, Puerto Rico, el día primero de mayo de mil novecientos setenta ante el Notario Esteban García Malatrasi; del Reglamento titulado ‘Governing the Administration and Co-Ownership of a Property Known as Condominio King’s Court 76, Located at 76 King’s Court Street, San Juan, Puerto Rico’ que aparece adherido y forma parte de dicha escritura y de las disposiciones de la Ley de la Propiedad Horizontal,....”'

       Art. 1233 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3471).
      “Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas.
      “Si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas.”

       El hecho de que el tejado (techo o cubierta) pertenezca en co-propiedad a todos los dueños de departamentos no impide que se conceda a uno o a varios de éstos el uso exclusivo del techo o azotea; cuando esto suceda los derechos y las obligaciones del usuario se regirán por las reglas que se hayan estipulado al concederle el uso. Borjas Martínez, “La Propiedad de Pisos o Departamentos en el Derecho Mexicano”, pág. 171.

      No es nula la cláusula inserta en la escritura de división de una finca con respecto a la utilización exclusiva de dicha terraza lo cual, por otra parte, no comporta desde luego el que, con tal utilización se pueda invadir el denominado “vuelo” como elemento común en el aprovechamiento del edificio. Puentes Lojo, “Suma de la Propiedad por Apartamentos”, Tomo I, pág. 440.

       La Junta de Planificación le negó al demandado permiso de cons-trucción y ordenó la paralización de la obra por no ajustarse a los regla-mentos de dicha agencia.

       Una azotea abierta y despejada que permitió el descenso de heli-cópteros fue elemento decisivo entre la incineración y la vida de cientos de ocupantes en el incendio de julio pasado en el multipisos de Avianca, en Bogotá, Colombia.


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Antonio Muller Vergara, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, recurrido.

      Número: O-72-53

      Resuelto: 10 de septiembre de 1973

      Hugo Rubén Félix, abogado del recurrente; el Registrador recu-rrido compareció por escrito y personalmente.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrente Antonio Muller Vergara presentó en el Registro de la Propiedad de Caguas; Sección Segunda, la escritura Núm. 5, otorgada en Aguas Buenas el 31 de marzo de 1941 ante el notario Luis Mendín Sabat, sobre partición y adjudicación de bienes al óbito de don Hilario Hernández y la que fue su esposa, doña María Hernández Muller. De los seis herederos, sólo tres María Hernández Vergara, Engracia Hernández Vergara y Ursina Hernández Vergara, compare-cieron por derecho propio. Los otros tres, Ramón, Domingo y José Hernández Vergara, no comparecieron; a su nombre comparece Juan Mercado como mandatario, cuyo carácter se compromete acreditar cuantas veces fuese necesario.

Entre otros documentos públicos complementarios, se in-cluyó copia certificada de la escritura Núm. 602 otorgada ante el notario don Antonio L. López el 25 de octubre de 1945 sobre compraventa, por virtud de la cual el recurrente acre-dita su derecho de interesado en la inscripción de la propie-dad, que en la referida escritura número 5 sobre partición hereditaria se describe bajo la letra “C”, compuesta de un solar de ciento cuatro metros y trescientos milímetros cuadra-dos y-casa de madera situados en el pueblo de Aguas Buenas, a favor de la adjudieataria doña María Socorro Hernández Vergara.

Además, se acompañaron una serie de documentos comple-mentarios que se refieren a enajenaciones hechas por los adju-dicatarios y herederos Ramón y José Hernández Vergara, y por los herederos de Domingo Hernández Vergara, de condo-minios en una finca de cuarenta y seis cuerdas, designada bajo la letra “B” de la, escritura de partición, en virtud de cuyas enajenaciones el comprador, Ramón Ramos Del Valle, quedó como dueño de la totalidad de esa finca y el título inscrito a su nombre en el Registro de la Propiedad.

Los poderes de Juan Mercado no fueron presentados al Registro. El Registrador denegó la inscripción solicitada a virtud de la siguiente nota:

“Se deniega la inscripción de este documento sin tomar operación alguna en el Registro por haber sido ya denegada anteriormente según anotación preventiva practicada en el folio 65 vuelto del tomo 55 de Aguas Buenas, finca 779, Anotación A con fecha 8'de diciembre de 1970 y no haberse corregido todos los defectos apuntados en dicha anotación, según ha sido ya resuelto repetidas veces por el Tribunal Supremo (Iglesia Cató-lica vs. Registrador 72 D.P.R. 847), y siendo el actual presen-tante un causahabiente de quien presentó el título la primera Vez que fue denegada su inscripción, son oponibles a éste los mismos preceptos. Este documento fue notificado con fecha 11 de agosto de 1971. Esta nota tendrá vigencia por el término legal de 60 días.”

Contra esa actuación del Registrador, acude ante nos el recurrente Antonio Muller Vergara. Como primera cuestión sostiene el Registrador que este recurso debe desestimarse. Basa su solicitud en el hecho de que contra la denegatoria de inscripción, a la cual se hace referencia en la nota recurrida, de la escritura número 5 sobre Partición de Bienes, la heredera y adjudicataria María Socorro Hernández Vergara instó recurso gubernativo ante este tribunal, siendo éste desestimado por falta de jurisdicción por haber sido interpuesto fuera del término fijado por la ley. La resolución de este tribunal que desestimó dicho recurso, según la tesis del Registrador, le es oponible a todos los interesados, incluyendo al recurrente Muller Vergara, por ser éste un causahabiente de doña María Socorro Hernández Vergara, quien presentó el título por primera vez, de suerte que si ésta no puede instar un nuevo recurso, tampoco lo puede hacer Muller Vergara. En otras palabras, que habiendo sido consentida la primera nota por la cual se denegó la inscripción de la referida escritura número 5, en cuanto al inmueble aquí envuelto, no puede volverse a presentar ese documento para su inscripción.

La cuestión ha sido resuelta en forma adversa al criterio sustentado por el registrador. El Art. 6 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 31, dispone que la inscripción de los títulos en el registro podrá pedirse indistintamente por el que trasmita el derecho; por el que lo adquiera; por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir, y por quien tenga la representación legítima de cualquiera de ellos o por cualquier mandatario verbal de aquellas personas. De acuerdo con este precepto, hace casi tres cuartos de siglo, en Compañía Colonial Limitada v. El Registrador, 1 D.P.R. 109 (1900), sostuvimos que las resoluciones de los Registradores de la Propiedad no recurridas gubernativamente dentro del término legal, se considerarán firmes en el orden administrativo para la parte que haya solicitado la inscripción del documento, pero que ello ha de entenderse sin perjuicio de los derechos que puedan asistir a otras partes interesadas en la inscripción del mismo documento. Se trataba allí de una denegatoria de la inscripción solicitada por la cesionaria de ciertas propiedades inmuebles y créditos hipotecarios que le fueron traspasados por la dueña-cedente, contra cuya denegatoria se interpuso recurso gubernativo fuera del término legal, por cuyo motivo fue desestimado el recurso.

En Behn v. Registrador de la Propiedad, 21 D.P.R. 513 (1914), la nota denegatoria recurrida se refería a la inscrip-ción de cierto contrato de arrendamiento celebrado entre el entonces Comisionado del Interior de Puerto Rico, como arren-dador, y Hernand Behn, como arrendatario. La inscripción del contrato a instancia del arrendatario ya había sido pre-viamente denegada por el Registrador y recurrida esta pri-mera nota por el arrendatario fue desestimado el recurso por haber sido presentado fuera de término. Resolvimos allí que la primera nota denegatoria fue consentida en la vía guber-nativa por el arrendatario, y que, al considerar los méritos del recurso contra la segunda nota denegatoria, nuestro campo de acción está limitado a examinar y a resolver si se subsanaron o no por la parte interesada los defectos consigna-dos por el Registrador en su primera nota. Dejamos consig-nado, sin embargo, en la opinión (pág. 525) :

“También debemos en justicia hacer constar que lo resuelto por el registrador obliga en este caso, dentro del orden adminis-trativo, al arrendatario que presentó el documento y consintió la resolución, más no al arrendador que en nada intervino en el registro. Esta cuestión está resuelta por la ley y la jurispru-dencia. Artículo 6 de la Ley Hipotecaria; Colonial Company v. El Registrador. 1 D.P.R. 396, 401.”

Reiterando esa norma, consideramos los méritos del re-curso posterior, esta vez instado por el arrendador contra la tercera nota denegatoria de inscripción del referido contrato de arrendamiento. El Pueblo v. Registrador, 22 D.P.R. 803 (1915).

En armonía con la ley y estas decisiones, resolvimos en Nadal v. El Registrador de San Germán, 30 D.P.R. 77 (1922), que el derecho de un vendedor, de acuerdo con el Art. 6 de la Ley Hipotecaria, para obtener la inscripción del contrato de compraventa, no puede ser perjudicado por el hecho de que una nota previa del Registrador denegando la inscripción había sido consentida por el comprador. Y en Jiménez v. Registrador, 62 D.P.R. 353 (1943), la nota dene-gatoria anterior fue consentida por el vendedor de quien adquirió Jiménez, el recurrente. Sostuvimos allí (pág. 356):

“En el caso de autos la nota denegatoria de inscripción fue consentida por Díaz de quien adquirió el recurrente, y la segunda vez que se presentó el documento para inscripción fue Jiménez Solá, el recurrente, el que lo presentó. Era otra parte la que presentaba el documento la segunda vez. La nota consentida por Díaz no podía perjudicar- el derecho del recurrente a pedir la inscripción del documento cuya inscripción había sido denegada y no recurrida por Díaz.”

Pronunciamientos paralelos pueden verse en Autoridad de Fuentes Fluviales v. Registrador, 71 D.P.R. 847, 850 (1950), en relación con la inscripción de un derecho de serví-dumbre constituido sobre una finca por alguien que a su vez adquirió la finca del comprador en un procedimiento de apremio por contribuciones, habiéndose previamente denegado la inscripción del certificado original de compra de la pro-piedad; Colón v. Registrador, 67 D.P.R, 17, 18-19 (1947), en el que se trataba de la presentación en el registro de un documento en dos ocasiones y por un mandatario, sin que constara que en ambas ocasiones éste actuara como manda-tario, verbal de la misma persona; y Bermúdez v. Registrador, 41 D.P.R. 391 (1930), donde sostuvimos a la pág. 393:

“Ahora bien, ni las puertas del registro ni las de esta corte en su caso, están cerradas por completo. Se trata de un contrato. Una parte trató de subsanar los defectos apuntados en la inscrip-ción primitiva del mismo. Negó la subsanación el registrador y la parte consintió. Para ella terminó el procedimiento. Pero existe la otra parte y ella puede gestionar de nuevo la inscrip-ción del contrato sin defecto y obtener que también de nuevo con-sidere el registrador su caso.”

El Registrador expresa su inconformidad a lo resuelto en esos casos. Advierte que ello tiende a ocasionar obstáculos en el trámite administrativo y despacho de documentos por medio de la repetida y sucesiva presentación de títulos cuya inscrip-ción se hubiera denegado y hace un llamamiento al principio de “economía procesal”, según el cual “los asuntos deben resolverse de una vez y para siempre.” Aunque simpatizamos en parte con la posición del Registrador, entendemos que los términos' del Art. 18 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 43, le impiden abstenerse de calificar el documento pre-sentado por persona distinta afectada por la calificación precedente. El Art. 18 reza así: , .

“Los Registradores calificarán bajo su responsibilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscrip-ción y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras.
Del mismo modo calificarán, bajo su responsabilidad y para el único efecto de admitir, suspender o negar su inscripción o anotación, todos los documentos expedidos por la Autoridad judicial.
Contra la suspensión o denegación de inscripción o anotación preventiva no se darán más recursos que los señalados en este subtítulo, sin que los Jueces o Tribunales puedan obligar en otra forma a los Registradores a que inscriban o anoten en virtud de documentos judiciales.” (Énfasis suplido.)

La calificación es función obligada del Registrador. En su obra sobre Derecho Hipotecario, Sexta Edición 1968, T. II, pág. 263, Roca Sastre nos dice:

“El Registrador tiene la obligación de ejercer su función calificadora, ,a menos que exista razón fundada que le imponga abstenerse, sin que, en general, sea admisible su estado de duda al respecto, ni la existencia de una calificación precedente, en ningún caso.” (Énfasis del autor.)

En sentido parecido se pronuncia Sanz, Instituciones de Derecho Hipotecario, Ed. 1953, T. II, pág. 152; R. de la Dirección General de los Registros, de 27 de mayo de 1902, Roca Sastre, Jurisprudencia RegistraI, T. III, págs. 931-933; y R. de 13 de julio de 1933, ob. cit., T. VII, págs. 416-421.

La nota denegatoria anterior que fue consentida por la antecesora en título del recurrente no le es oponible a éste. En cuanto a aquella primera nota, sí le son aplicables a la antecesora en título que la consintió, lo resuelto en Vda. de Carlo v. Toro, 99 D.P.R. 200, 235 (1970), y casos allí citados:

“Consentida una negativa no puede el Supremo resolver una segunda negativa que es reiteración de la primera. Stubbe Bros. v. Registrador, 39 D.P.R. 478 (1929); Robles v. Registrador, 46 D.P.R. 12 (1934); Echevarría v. Registrador, 24 D.P.R. 87 (1916).
Desde el 1909 tenemos dicho que no son revisables o apelables las notas renovadas denegatorias de inscripción, entendiéndose consentida la nota original reproducida, 'pues si se permitiera la renovación incesante de anotaciones de títulos no inscritos por defectos insubsanables se impediría la inscripción de títulos perfectos de otras personas’. Barreras v. Registrador, 15 D.P.R. 556.”

La segunda cuestión a considerar va a los méritos de la nota recurrida, esto es, si los documentos cumplementarios presentados al Registrador demuestran que los tres herederos que no comparecieron en la escritura número 5 sobre partición y adjudicación de bienes, es decir, Ramón, Domingo y José Hernández Vergara, no habiéndose presentado el poder de la persona que dijo representarlos, ratificaron tácitamente la división y adjudicaciones de bienes hereditarios allí expresa-dos.

En Nido & Cía., S. en C. v. Registrador, 74 D.P.R. 789, 802 (1953), consignamos la norma que regula la función cali-ficadora del Registrador basada en la Ley Hipotecaria. Diji-mos allí (pág. 802) :

“La facultad que tiene el Registrador para exigir que se cumpla con los requisitos de la Ley Hipotecaria y del derecho positivo antes de que se verifique una inscripción tiene especial significación cuando de los documetos presentados y de los asien-tos del Registro no surge la capacidad ni el poder representational del otorgante. Tal como se resuelve en Rivera v. Registrador, 17 D.P.R. 323, 324, de acuerdo con el citado artículo 18 el Registrador tiene el deber de calificar la capacidad de los otor-gantes por lo que resulte de la escritura que para su inscripción se le presente y de los asientos en el Registro, pero ello significa que él no puede usar datos extraños a la escritura o a los asientos regístrales, pero ello no implica que en todo caso el Registrador haya de tener por probado la capacidad de los otorgantes, sólo porque el notario la afirme, ya que tal afirmación debe ser con-gruente con la ley y con los asientos en el Registro en cuanto a la misma finca.”

Nuestro sistema registral inmobiliario excluye, como apunta Roca Sastre, ob. cit., págs. 243-250, al referirse a la naturaleza jurídica de la función calificadora, “toda idea de que el Registrador es un Juez . . .,” ni tiene por objeto “[d]eclarar la existencia o inexistencia de un derecho dudoso. . . .” La calificación registral está limitada a los solos efectos de extender, suspender o negar la inscripción o anota-ción, nota marginal o cancelación solicitada. Art. 78 del Reglamento Hipotecario.

El ámbito de la función calificadora del Registrador está regulada por ley. Como dijimos en el caso de Autoridad de Tierras v. Registrador, 62 D.P.R. 506, 509 (1944) :

“Esa función está regulada por el artículo 18 de la Ley Hipo-tecaria que expresamente prescribe que ‘los registradores califi-carán bajo su responsabilidad la legalidad de las escrituras en cuya virtud se solicita la inscripción, y la capacidad de los otorgantes por lo que resulte de las mismas escrituras’. (Bastar-dillas nuestras.) El Registrador, al calificar un documento, no resuelve cuestiones de hecho ni aprecia evidencia. Su misión con-site en examinar los documentos auténticos que se le presentan, ya como principal, ya como complementarios, para con lo que de ellos resulte y de los datos o antecedentes que arrojen los asientos del Registro relacionados con el título presentado, deter-minar si puede legalmente practicarse la inscripción o anotación que se solicita.”

De los documentos complementarios sometidos al Registrador surge que los adjudicatarios y herederos Ramón y José Hernández Vergara y los herederos de Domingo Hernández Vergara vendieron a un tercero de nombre Ramón Ramos Del Valle la participación que a cada uno le correspondía en la finca de 46 cuerdas descrita bajo la letra “B” de la escritura de partición de bienes hereditarios. Esta finca le fue adjudicada por terceras partes a dichos tres herederos. En el otorgamiento de la escritura comparece a su nombre Juan Mercado como mandatario. El poder de Mercado no fue presentado. Sostiene el recurrente que la presentación del poder no es necesaria, en este caso, ya que las enajenaciones de sus respectivos derechos y participaciones en la finca de 46 cuerdas tienen el efecto de una “confirmación” o “ratificación” de la escritura sobre partición de bienes hereditarios.

No estamos de acuerdo. Lo que pretendieron hacer las partes comparecientes en la escritura número 5 fue llevar a cabo una partición extrajudicial. Ello requiere la unanimidad, o sea, la concurrencia y consentimiento de los herederos por sí o por medio de apoderados. Arts. 1011 y 1012 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 2877 y 2878. La partición se verificó sobre ciertas bases. Primero, se procedió a formalizar el cuerpo general de bienes; luego, las bajas; se procede entonces a su avalúo, se fija el haber de cada heredero y se le adjudica a cambio de la participación abstracta de cada uno en el patri-monio relicto, partes determinadas y específicas de los bienes del caudal. No se trata de una sola finca, sino varias las que fueron descritas y objeto de partición. Existen varios supues-tos de hecho en la escritura; sobre estos supuestos se verificó la adjudicación final. El principio de unanimidad es básico. Supone la concurrencia y consentimiento de los herederos que no dé lugar a dudas, por sí o por medio de apoderado, respecto a todos y no sólo algunos de los supuestos o bases que sirvieron de apoyo a la adjudicación. La determinación de si hubo o no ratificación de todos los supuestos, estipulaciones y adjudica-ciones que aparecen consignadas en la escritura de partición es, a nuestro juicio, una cuestión de hecho debatible que corresponde resolver dentro del ámbito judicial en el procedi-miento adecuado a la luz de los documentos complementarios y cualquier otra evidencia, incluyendo prueba oral, y no dentro del administrativo registral del cual el recurso gubernativo es sólo un incidente. Sucn. Jiménez v. Registrador, 48 D.P.R. 858, 861 (1935).

Se confirmará la nota recurrida.

Los Jueces Asociados, Señores Rigau, Cadilla Ginorio, Díaz Cruz e Irizarry Yunqué, no intervinieron.

        María Socorro Hernández Vergara v. Registrador, recurso Núm. O-71-43, resuelto el 24 de marzo de 1971.