text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Cruz López Rosario, acusada y apelante.

      Número: CR-87-51

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Moisés Abren Cordero, abogado de la apelante; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

Por unos hechos alegadamente ocurridos el día 23 de abril de 1985 en jurisdicción del pueblo de Bayamón, Puerto Rico, el Ministerio Fiscal radicó acusación contra la aquí apelante, Cruz López Rosario, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, por el delito de apropiación ilegal, Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4271.

Conforme la teoría y la prueba presentada por el Ministerio Público durante el juicio ventilado ante Jurado, desde el año de 1982 Cruz López Rosario venía administrando una entidad deno-minada Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito que operaba como una cooperativa sin la correspondiente aprobación de la Adminis-tración de Fomento Cooperativo. Entre los beneficios que com-prendía el pertenecer a la referida organización se encontraba el de facilitar préstamos a los miembros que figurasen como accio-nistas de la entidad.

El Sr. Abraham Román Ambert, quien fungía como socio del Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito desde el año de 1984, se personó a la oficina de la organización, donde fue atendido por la apelante, con el propósito de gestionar un préstamo. Como resultado de su solicitud, la apelante le indicó que para cualificar para un préstamo de $9,000 era necesario que adquiriese $3,000 adicionales en acciones de la organización. A estos efectos, el día 25 de abril de 1985 el señor Román Ambert le hizo entrega a la apelante de un cheque por la suma de $3,031.07, para adquirir las acciones necesarias para la tramitación del préstamo. El referido cheque fue producto de un préstamo que el Sr. Abraham Román Ambert obtuvo en el Banco Central, sucursal de Manatí, escasa-mente dos (2) días antes de entregarlo a la apelante. El 25 de abril de 1985 el cheque por la suma de $3,031.07, en lugar de ser depositado en la cuenta del Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito en el Banco Popular de Puerto Rico, fue depositado y cobrado en una cuenta distinta, a nombre de Puerto Rico Fathers & Sons, Inc., en el Bayamón Federal Savings & Loan Association, en la cual la apelante estaba autorizada a firmar y retirar fondos. Posteriormente, el día 6 de mayo de 1985, el Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

La única prueba presentada por la defensa se circunscribió a la minuta de la reunión de la junta de directores del Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito donde se autorizaba la radicación ante la Corte de Quiebras del Tribunal federal de una petición bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal. Ambos documentos, por razones obvias, estaban redactados en el idioma inglés.

Desfilada la prueba ante el Jurado, la apelante fue declarada culpable y convicta del delito imputado. Como consecuencia de ello, el Hon. Jorge Busigó Cifre, sentenció a la apelante a cumplir diez (10) años de reclusión, denegándole los beneficios de una sentencia suspendida. Inconforme, Cruz López Rosario radicó escrito de apelación ante este Tribunal imputando la comisión de ocho (8) errores. Además instó un recurso de hábeas corpus donde planteó, en síntesis, que se violó su derecho al debido proceso de ley en la medida en que se le denegaron los beneficios de una sentencia suspendida por, alegadamente, no estar en disposición de llevar a cabo la restitución del dinero en controversia.

El 5 de junio de 1987 procedimos a consolidar el recurso de apelación con el recurso de hábeas corpus y ordenamos la excarcelación de la apelante previa fijación de fianza en apelación. El Procurador General de Puerto Rico ha comparecido. Estando en condiciones de resolver el recurso radicado, procedemos a así hacerlo.

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Discutimos los señalamientos de error en la forma y manera en que lo hace la representación legal de la apelante.

Mediante el primer señalamiento de error, la apelante alega que se violó su derecho constitucional a un juicio justo y al debido proceso de ley al denegarse su solicitud de que se tradujeran al español los documentos presentados por ella en evidencia. Somos del criterio de que el señalamiento de la apelante no conlleva el alcance que ésta pretende.

La Ley del Idioma de 1902 (1 L.P.R.A. sec. 51 y ss.), según interpretada en Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 596 (1965), dispone que el idioma a emplearse en los tribunales de Puerto Rico será el español y cuando sea necesario, se harán traducciones de un idioma a otro. En el caso de autos, los procedimientos contra la apelante se condujeron en el idioma español. El tribunal no venía en la obligación de traducir al idioma español los documentos que la apelante presentó en evidencia. Esa obligación le correspondía a la apelante. De todas formas, la información contenida en los mismos llegó ante la consideración de los señores del Jurado. La defensa, durante el turno de informes al Jurado, se encargó de ello.

II

La Regla 110 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, establece que:

En todo proceso criminal, se presumirá inocente al acusado mientras no se probare lo contrario, y en caso de existir duda razonable acerca de su culpabilidad, se le absolverá. Si la duda es entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad[,] sólo podrá condenársele del grado inferior o delito de menor gravedad.

Precisamente a ese punto van dirigidos los señalamientos de error segundo, tercero y cuarto. Los mismos versan sobre la duda razonable y la suficiencia en derecho de la prueba presentada. Somos de la opinión que la prueba que desfilara ante el tribunal de instancia es suficiente, como cuestión de derecho, para sostener la convicción.

Uno de los principios más firmemente establecidos en nuestra jurisdicción establece que no intervendremos con la apreciación de la prueba en ausencia de pasión, prejuicio o parcialidad. Véanse: Pueblo v. Mendoza Lozada, 120 D.P.R. 815 (1988); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 653-654 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188, 191 (1986); Pueblo v. Millán Meléndez, 110 D.P.R. 171, 181 (1980); Pueblo v. López Pérez, 106 D.P.R. 584, 587 (1977).

De la lectura objetiva y sosegada que realizáramos del récord, se deprenden todos y cada uno de los elementos del delito de apropiación ilegal (Art. 165 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4271). No vemos que exista argumento razonable alguno en el presente caso que nos obligue apartarnos de esta sabia norma de prudencia judicial. Como puede advertirse la cuestión medular tras el delito de apropiación ilegal es que el acusado se apropió ilegalmente de unos bienes que no eran suyos; independiente-mente de que originalmente le hubiesen sido legítimamente confiados los bienes que posteriormente se apropió. Cf. Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312 (1982); Pueblo v. Miranda Ortiz, ante; Código Penal Comentado, 36 Rev. C. Abo. P.R. 1206 (1975). Sobre este aspecto existe amplia evidencia en el récord que de ser creída, como en efecto lo fue, es suficiente en derecho para sostener los veredictos condenatorios emitidos por el Jurado.

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Los restantes señalamientos de error —errores quinto, sexto, séptimo y octavo— versan sobre la denegación de la sentencia suspendida y el haber alegadamente condicionado su concesión al cumplimiento de la pena de restitución.

La concesión del beneficio que comprende la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. sec. 1027 y ss., por el tribunal de instancia es de naturaleza discrecional. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614, 618 (1985); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620, 624 (1972); Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834, 839 (1971). Sin embargo, esta discreción al imponer o conceder condiciones no puede ser ejercitada de manera arbitraria e irrazonable. Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272, 275 (1983); Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964); Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203 (1990).

De la transcripción de evidencia de los procedimientos acae-cidos durante el acto de imposición de la sentencia no se des-prende claramente, como argumenta la apelante, que el tribunal de instancia condicionó arbitrariamente la concesión o no de la sentencia suspendida a una restitución.

Sin embargo, en vista de que el informe rendido por la oficial probatoria fue favorable a la apelante y de que ésta informa en apelación que está en disposición de efectivamente llevar a cabo la restitución del dinero perteneciente al perjudicado Román Ambert, consideramos prudente que el foro de instancia consi-dere nuevamente esa posibilidad. Deberá celebrar una vista a esos efectos. Vázquez v. Caraballo, ante.

Eor los fundamentos antes expresados, se confirma la senten-cia dictada en el presente caso por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bagamán, y se devuelve el caso a dicho foro para procedimientos ulteriores compatibles con lo aquí resuelto.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General Interino. El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió opinión concurrente. El Juez Eresidente Señor Eons Núñez no intervino.

(Fdo.) Heriberto Férez Ruiz

Secretario General Interino

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Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

El presente recurso nos permite hacer unas expresiones respecto a la obligación, o no, del “Estado” de sufragar los gastos referentes a la traducción al idioma español de prueba oral o documental que se presenta en evidencia durante la celebración de un proceso criminal. En adición, nos brinda la oportunidad de expresarnos respecto a los requisitos relativos a la imposición por el tribunal, como condición para concederle a un convicto los beneficios de una sentencia suspendida, de la obligación de llevar a cabo una restitución al perjudicado. Estimamos procedente “ampliar” un poco más los pronunciamientos a esos efectos hechos por el Tribunal en la sentencia emitida.

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El Ministerio Público radicó, ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, una acusación mediante la cual le imputó a la apelante Cruz López Rosario haber violado las disposiciones del Art. 165 del vigente Código Penal de 1974 (33 L.PR.A. see. 4271). Dicho pliego acusatorio, en lo pertinente, lee:

La referida acusada, Cruz López Rosario, allá en o para el día 23 de abril de 1985 y en Bayamón, Puerto Rico, que forma parte de la jurisdicción del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Bayamón, Puerto Rico, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminal-mente, sin violencia y/o intimidación se apropió ilegalmente de bienes ajenos consistentes en la cantidad de $3,066.00 [sic], perte-neciente dicho dinero al Sr. Abraham Román Ambert. Informe del Procurador General, pág. 1.

El juicio en su fondo se celebró ante Jurado. El mismo rindió un veredicto condenatorio. A solicitud de la defensa, el caso fue referido a la consideración de la oficina de oficiales probatorios. Rendido el correspondiente informe ■ — -y luego de suceder unos incidentes en corte abierta que precisamente son objeto de señalamientos de error, los cuales reseñaremos más adelante— el tribunal de instancia () sentenció a la apelante a sufrir una pena de diez (10) años de presidio por el delito de apropiación ilegal agravada por el cual fuera convicta, denegándole los beneficios de una sentencia suspendida.

Días más tarde, la apelante radicó ante este Tribunal, en adición al correspondiente recurso de apelación, un recurso de habeas corpus en el cual alegó que el tribunal de instancia había vulnerado “el derecho al debido proceso de ley al condicionar y denegar la libertad a prueba a que se cumpliese con la pena de restitución sin haberse evaluado la condición y la capacidad económica de la convicta y que era improcedente ordenar la restitución de unas cantidades que correspondían a unos casos que habían sido archivados o que no llegaron a radicarse”. Alegato de la apelante, pág. 7.

Mediante Resolución de 5 de junio de 1987, luego de contar con el beneficio de una comparecencia de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico, consolidamos el mencionado recurso de hábeas corpus con el recurso de apelación radicado, fijándole a la apelante una fianza en apelación de $10,000, la cual ésta prestó.

En el referido recurso de apelación, la apelante le imputa al foro de instancia la supuesta comisión de ocho (8) errores, a saber:

PRIMER ERROR:
Se vulneraron los derechos constitucionales a un juicio justo y al debido proceso de ley al denegar el Honorable Magistrado de instancia una solicitud para que se tradujeran al español unos documentos presentados en evidencia redactados en inglés que estaban relacionados con una petición ante la Corte de Quiebras y cuya comprensión era fundamental para que los miembros del jurado pudieran evaluar la totalidad de la prueba desfilada.
SEGUNDO ERROR:
Erró el Tribunal de instancia al declarar sin lugar una solicitud de absolución perentoria.
TERCER ERROR:
El veredicto fue uno no conforme a la prueba y a derecho.
CUARTO ERROR:
Cometieron error los señores del jurado al encontrar culpable a la apelante a base de una prueba que no rebatió la presunción de inocencia ni estableció su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
QUINTO ERROR:
Vulneró el Tribunal de instancia el derecho constitucional al debido proceso de ley al condicionar y denegar los beneficios de la libertad a prueba por no haber cumplido la apelante con la pena de restitución impuéstale.
SEXTO ERROR:
Abusó de su discreción el Tribunal de instancia al imponer una pena de restitución sin evaluar la capacidad y condición económica de la apelante para satisfacerla.
SÉPTIMO ERROR:
Constituye una violación al derecho al debido proceso de ley y a nuestro ordenamiento procesal vigente el imponer una pena de restitución por unos delitos que se desestimaron y otros que nunca se radicaron.
OCTAVO ERROR:
Incidió la Sala de instancia al negarse a diferir el cumplimiento de la pena de restitución hasta tanto la sentencia en el caso de autos adviniese final y firme, una vez culminase el trámite apelativo. Alegato de la apelante, págs. 8-9.

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Los referidos señalamientos de error hacen necesario la exposición detallada de la evidencia que desfilara ante el foro de instancia.

La prueba de cargo presentada demostró que en el 1982 se creó una organización conocida como “Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito” —compuesta por socios, con una junta de directores, y en relación con la cual la apelante fungió siempre como adminis-tradora— la cual pretendió convertirse en una cooperativa, no logrando obtener nunca la aprobación a esos efectos de la Administración de Fomento Cooperativo. Dicha asociación man-tenía una cuenta corriente de cheques en el Banco Popular de Puerto Rico, bajo el nombre de United Christian Association. La situación económica de dicha asociación se deterioró malamente durante los primeros meses del año 1985, desembocando ello en la radicación, el 6 de mayo de 1985, de una solicitud bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal.

En lo que respecta al caso específico del perjudicado en el alegado caso de apropiación ilegal agravada ante nuestra consi-deración, la prueba demostró que el Sr. Abraham Román Ambert se hizo “socio” de la organización durante el año 1984, adquiriendo originalmente “acciones” en la misma por valor de $15, com-prando posteriormente $20 adicionales en “acciones”. El señor Román Ambert, a principios del mes de abril de 1985, visitó las oficinas de la referida organización con el propósito de obtener un préstamo de $9,000 de la misma. Allí se entrevistó con la apelante López Rosario. Esta le informó que para lograr la obtención de dicho préstamo, tenía que adquirir “acciones” adicionales por valor de $3,000. A esos efectos, el perjudicado Román Ambert solicitó y obtuvo un préstamo del Banco Central, sucursal de Manatí, por la suma de $3,031.07. Dicho banco expidió un cheque, a favor del perjudicado, por la suma antes mencionada el día 19 de abril de 1985. Dos (2) días más tarde, esto es, el 21 de abril de 1985, el señor Román Ambert le entregó personalmente dicho cheque a la apelante López Rosario. Este cheque fue depositado, y cobrado, el 22 de abril de 1985 en el Bayamón Federal Savings, sucursal de Levittown, en una cuenta de una entidad de nombre “Puerto Rico Father & Sons, Inc.”, esto es, en una cuenta bancaria distinta y separada de la cuenta que mantenía en el Banco Popular de Puerto Rico el Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito. En relación con ello, procede que se enfatice el hecho de que en relación con esta segunda cuenta bancaria del Bayamón Federal Savings las personas autorizadas a firmar, y retirar fondos, de dicha cuenta lo eran la apelante Cruz López Rosario y una persona de nombre Alberto López Rosario. Procede que se señale, por último, que al perjudicado Román Ambert nunca le fue concedido el préstamo que él solicitara del Grupo Cristiano de Ahorro y Préstamo.

Por su parte, la defensa presentó, como única prueba, la petición que hiciera el Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito ante la Corte de Quiebras y la “minuta” de la reunión de la junta de directores de dicha asociación autorizando la radicación de dicha petición. Ambos documentos estaban redactados en inglés.

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Mediante los señalamientos de error segundo, tercero y cuarto, la apelante cuestiona la suficiencia en derecho de la prueba presentada por el Ministerio Fiscal. Argumenta que la misma no es jurídicamente suficiente para sostener el veredicto condenato-rio rendido por el Jurado por el delito de apropiación ilegal agravada. No tiene razón.

El Art. 165 del Código Penal de 1974, supra, dispone que:

Toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación de bienes muebles, pertenecientes a otra persona, será sancionada con pena de reclusión por un témino que no excederá de seis meses, multa que no excederá de quinientos (500) dólares, pena de restitución, o cualquier combinación de éstas a discreción del tribunal.

El Art. 166 del Código Penal de 1974, según enmendado, 33 L.ER.A. see. 4272, dispone en lo pertinente que:

Será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años, toda persona que cometiere el delito previsto en la sección 4271 de este título con la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
(b) Apropiándose de bienes cuyo valor fuere de doscientos dólares o más;
En cualquiera de las circunstancias anteriores, de mediar cir-cunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumen-tada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años. El tribunal podrá imponer la pena de restitución en adición a la pena de reclusión establecida o ambas penas. (Énfasis suplido.)

En Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312, 315-316 (1982), expresamos, en lo pertinente, que:

El texto vigente del Art. 165 tiene su origen y aglutina en una fórmula los Arts. 426, 429, 432-437, 440-443, 444a, 445-455, 468, 470, 470a, 473, 475, 510 (33 L.ER.A. sees. 1681, 1684, 1687-1692, 1695-1698,1700,1721-1731,1813,1815,1816,1819,1821 y 2035) del Código Penal derogado los cuales individualmente tipificaban los delitos de hurto, hurto de energías, hurto de uso, hurto de cosa perdida, abuso de confianza y falsa representación. Además cubre los delitos que jurisprudencialmente se conocían como hurto mediante treta y engaño y estafa. Se aparta así de la técnica de la exposición casuística. Tres razones movieron a sus redactores a esta consolidación: (1) eliminar la confusión que traía la diversificación de tantos elementos en esos artículos, en vista de que lo esencial era probar si la persona se había apropiado ilegalmente de bienes ajenos-, (2) tratar científicamente una conducta similar entre delitos igualmente nociva; y (3) evitar y superar dificultades procesales perjudiciales a la eficaz administración de la justicia, que surgían de las limitaciones —y a veces confusos conceptos— entre los delitos tradicionales contrapuestos al denominador común delictivo de una misma conducta penada por distintos delitos que sólo permitía una acusación. (Énfasis suplido.)

Es por ello que, como correctamente señala el Procurador General en el alegato que radicara en el presente caso, el elemento esencial o indispensable del delito en controversia es que el imputado ilegalmente se apropie, o advenga en posesión ilegal, de bienes pertenecientes a otro. Véanse: Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Uriel Álvarez, supra, pág. 318; Pueblo v. Padró Ríos, 105 D.P.R. 713 (1977); Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426, 432 (1972).

Por otro lado, debe mantenerse presente que el término “apropiarse” incluye el malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propio cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente. Véanse: Art. 7(5) del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3022(5)); Pueblo v. Miranda Ortiz, supra; Pueblo v. Uriel Álvarez, supra, pág. 317; Pueblo v. Padró Ríos, supra, pág. 716.

La prueba de cargo presentada demuestra, más allá de duda razonable, una conducta de parte de la apelante de la cual el juzgador de los hechos podía razonablemente inferir que ésta se apropió ilegalmente —mediante ‘’treta y engaño, abuso de con-fianza o malversación de bienes”— de los $3,031.07 que el perjudicado Román Albert le entregó con el propósito de comprar “acciones” en la asociación conocida como “Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito”. La apelante, como administradora de la organización, tenía la obligación de utilizar los fondos que le fueron entregados para el propósito para el cual los había recibido, esto es, la compra de acciones del mencionado Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito. Así no lo hizo. Por el contrario, dichos fondos fueron depositados en la cuenta bancaria de otra entidad sobre la cual la apelante tenía el control. Ello, no hay duda, constituía bajo el derogado Código Penal el delito de abuso de confianza, () el cual es castigado hoy día al amparo de las disposiciones del antes citado Art. 165 del vigente Código Penal; esto es, el delito de apropiación ilegal. Debe mantenerse presente que la evidencia circunstancial es intrínsecamente igual que la evidencia directa. Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380, 383 (1966).

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Mediante el primer señalamiento de error, cuestiona la ape-lante la negativa del tribunal de instancia de traducir al idioma español los dos (2) documentos presentados en evidencia por la defensa, los cuales estaban redactados en inglés, relacionados los mismos con la petición de quiebra que hiciera el Grupo Cristiano de Ahorro y Crédito. Alega que la negativa del juez sentenciador a así hacerlo —fundada en que en Puerto Rico todo el mundo entiende el idioma inglés— vulneró su derecho a un juicio justo e imparcial. En apoyo de su planteamiento cita nuestra decisión en Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 596 (1965), interpretativa de la Ley de Idioma del 1902 (1 L.P.R.A. sec. 51 et seq.). Independientemente de la validez del fundamento aducido por el tribunal de instancia, no se cometió el error señalado.

En el citado caso de Pueblo v. Tribunal Superior —caso en que el tribunal de instancia rechazó la solicitud de un abogado, que representaba una corporación acusada de una violación a la Ley de Corporaciones, de que se llevaran a cabo los procedimien-tos en el idioma inglés por razón de él no dominar el español— expresamos, a la pág. 606, que:

En lo que concierne a los trámites judiciales en los tribunales, la ley de 21 de febrero de 1902, al disponer que “se emplearán indistintamente los idiomas inglés y español” sólo puede tener alcance directivo, cf. RCA Communications v. Registrador, 79 D.P.R. 77 (1956) y no confiere un derecho de opción, ni al acusado ni a su abogado, para elegir el idioma en que se deba ventilar el proceso. Corresponde a los jueces, no a los abogados, la dirección de los procedimientos en el tribunal y la adopción de medidas que garanticen un juicio justo a los acusados. Siendo el español el idioma de los puertorriqueños, los procedimientos judiciales en nuestros tribunales deben seguirse en español, pero los jueces tomarán aquellas medidas que resulten necesarias para que, en protección de los derechos de cualquier acusado que no conozca suficientemente nuestro idioma, se mantenga a éste —y desde luego a su abogado por ser ello parte de su derecho a una defensa efectiva— informado, por medio de traductores o de otro modo eficaz, de todo lo que transcurra en el proceso, y para que así lo revele el r[é]cord. (Énfasis suplido.)

En lo pertinente al caso ante nuestra consideración, ello significa que si “el Estado” intenta presentar en evidencia prueba documental redactada en idioma distinto al español, éste viene en la obligación, a su costo, de traducir fielmente dicha prueba documental al idioma español. Independientemente de lo resuelto en Pueblo v. Tribunal Superior, supra, lo anteriormente expre-sado es consecuencia directa, por imperativo del debido procedi-miento de ley, del derecho de todo acusado a entender —para poder refutarla y defenderse adecuadamente— la prueba que el Estado presenta en su contra. Pueblo v. Moreno González, 115 D.P.R. 298 (1984). Igual razonamiento, naturalmente, es aplicable en casos de prueba oral.

Lo resuelto por este Tribunal en el citado caso de Pueblo v. Tribunal Superior, supra, sin embargo, no constituye autoridad para sostener que los tribunales de justicia en nuestra jurisdic-ción —ni el Estado— vienen en la obligación en un proceso criminal de traducir al idioma español evidencia documental, u oral, que es presentada por un acusado que tiene medios económicos suficientes para procurar él mismo la traducción deseada. El debido procedimiento de ley y el derecho a un juicio justo e imparcial quedan garantizados cuando el tribunal brinda la oportunidad, permite la presentación, y admite, en evidencia toda aquella prueba pertinente, oral o documental, que tiene a bien presentar un acusado durante el proceso que se le celebra. Al igual que en la situación relativa a la asistencia de abogado, el tribunal, sin embargo, no está en la obligación de procurar —y sufragar los gastos de— una traducción de esa prueba en situaciones en que el imputado cuenta con medios suficientes para costear los mismos.

La apelante en el presente caso fue representada por un abogado particular dedicado a la práctica privada de la profesión y no demostró ante el tribunal de instancia que careciera de los medios económicos, o de otra índole, para lograr que se llevara a efecto la traducción en controversia. En palabras sencillas, esa era una situación que le competía resolver a la apelante, y no al tribunal, con anterioridad al momento en que presentó en eviden-cia la prueba documental en controversia.

V

Mediante los señalamientos quinto, sexto, séptimo y octavo, sostiene la apelante que el tribunal de instancia erró al condicio-nar y denegar los beneficios de la libertad a prueba al no cumplimiento por ella de la condición de restitución “impuéstale”; por haberlo así “dispuesto” sin evaluar la capacidad y condición económica de la apelante; al no “diferir” el pago de la restitución ordenada, y al “imponerle”, como restitución, el pago de unos dineros supuestamente apropiados por la apelante en relación con casos criminales que habían sido desestimados.

Los anteriores señalamientos de error tienen su origen en los siguientes hechos y acontecimientos: conforme surge de los autos del caso, en el informe que rindiera el oficial probatorio, éste recomendó que se impusiera como condición de la probatoria a la apelante la restitución, al perjudicado Román Ambert, del dinero que éste le había entregado a aquélla, esto es, los $3,031.07. Conforme la Minuta del día 8 de mayo de 1987, el tribunal de instancia, al suspender el acto de dictar sentencia para el día 28 de mayo le recomendó a la defensa que se reuniera con el represen-tante del Ministerio Público respecto al asunto de restitución del dinero por cuanto “no había probatoria si no paga”.

Ese día 28 de mayo de 1987 —conforme surge de una transcripción de evidencia que obra en autos, luego de que la defensa hiciera constar para récord que el informe del oficial probatorio contenía una recomendación de probatoria condicio-nada a la restitución del dinero al perjudicado Román Ambert y que dicho informe adolecía de datos respecto a la capacidad económica de la apelante para llevar a cabo la mencionada restitución— sucedió lo siguiente:

Honorable Juez: Bien, no existiendo impedimento legal de clase alguna el Tribunal le impone a Doña Cruz López Rosario, en el caso G86-975 —diez (10) años de reclusión. En este caso según señala el Compañero no se ha efectuado una restitución, no solamente se trata de una restitución al perjudicado en este caso, que es el Señor Abraham Román Ambert, esta señora según los hechos del caso organizó una. cooperativa y defraudó a unos miembros de una cooperativa y de una iglesia que ella había organizado; la forma y manera que esta señora venía operando en la comunidad y precisamente en la iglesia este Tribunal entiende que no merece tener el beneficio de una sentencia suspendida y ordena el ingreso en una institución penal a cumplir la pena de diez (10) años impuesta por el Tribunal.
Lie. Moisés Abréu: Vuestro Honor, entendemos que, con el mayor respeto que en el caso ante su consideración sólo estuvo, eh, planteada la situación de una alegada apropiación . . .
Honorable Juez: Eso es así Compañero pero este caso el Compa-ñero sabe que se le archivaron otros casos . . .
Lie. Moisés Abréu: . . .“unjum”. . .
Honorable Juez: . . . donde el modo de operar esta señora era similar y el Tribunal entiende que si no se efectúa la restitución en la forma y manera que ella venía operando no le vamos a conceder el beneficio de una sentencia suspendida.
Lie. Moisés Abréu: Para estar claro Vuestro Honor debemos entender que su Señoría al imponer esta sentencia ha tomado en consideración los casos que fueron archivados y que es la posición del Honorable Tribunal que nuestra representada no sólo debe restituir la suma por él cual se le juzgó sino también las sumas envueltas en los casos por los cuáles fueron archiva-dos.
Honorable Juez: El Tribunal entiende que no habiéndose efectuado la restitución de este caso y las circunstancias que rodean el mismo el Tribunal no considera que ella es merecedora de una sentencia suspendida.
Lie. Moisés Abréu: Vuestro Honor, nosotros tendríamos la súplica al Tribunal, que se nos conceda el término de treinta (SO) días para hacer dicha restitución ya que nuestra representada según hemos estado dialogando con ella no tiene la capacidad económica en estos momentos para satisfacer la suma que entendemos que es de $3,031.00 y apelamos a la sana discreción de este Honorable Tribunal se nos conceda dicho término de treinta días para efectuar dicho pago.
Honorable Juez: SIN LUGAR, Compañero. Marshal deberá ingre-sar en la institución penal. (Énfasis suplido.) T.E., págs. 4-8.

De una lectura de lo anteriormente expuesto surge que no es enteramente correcto lo “aseverado” por la apelante en los señalamientos de error quinto, sexto, séptimo y octavo. Ello así por cuanto —si bien es cierto que el juez de instancia expresó que no estaba en disposición de concederle la probatoria a la apelante a menos que ésta estuviera en disposición de restituirle el dinero al perjudicado Román Ambert y que el referido magistrado aparentemente tomó en consideración, respecto a la concesión o no de la probatoria, otros alegados casos similares en que la apelante había sido originalmente acusada pero que posterior-mente habían sido desestimados— el juez sentenciador nunca impuso formalmente como condición para conceder la probatoria, o como condición para poder seguir disfrutando de dicha proba-toria una vez concedida la misma, el pago de dinero alguno por la apelante. Ello, sin embargo, necesariamente no significa que su actuación fuera una correcta en derecho.

En lo referente a la concesión, o no, por los tribunales de instancia de los beneficios de sentencias suspendidas a los convic-tos de delito, luego de resumir las guías generales que rigen dicha situación,() en Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 216-217 (1990), expresamos en lo pertinente al asunto ante nuestra consideración que:

Discreción, naturalmente, significa tener poder para decidir en una u otra forma, esto es, para escoger entre uno o varios cursos de acción. En el ámbito judicial, sin embargo, el mencionado concepto “no significa poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del Derecho . . .”. (Énfasis suplido.) Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197, 200 (1964).
No resulta fácil precisar cuándo un tribunal de justicia incurre en un abuso de discreción. No tenemos duda, sin embargo, de que el adecuado ejercicio de la discreción judicial está inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad. Como expresáramos en Pueblo v. Sánchez González, ante, pág. 200, “[discreción es, pues, una forma de razonabilidad aplicada al discernimiento judicial para llegar a una conclusión justiciera . . (Énfasis suplido.)

Ya en cuanto al asunto específico de la restitución, debemos mantener presente que conforme las disposiciones pertinentes y vigentes de nuestro ordenamiento jurídico, la misma puede ser impuesta por un tribunal como condición para la concesión de una sentencia suspendida o probatoria () o bien como una de las penas disponibles para castigar un delito, la cual puede ser impuesta por sí misma o en adición,a alguna otra de las penas establecidas.()

Estando el “adecuado ejercicio de la discreción. . . inexorable e indefectiblemente atado al concepto de la razonabilidad”, (énfa-sis suprimido) Pueblo v. Ortega Santiago, supra, pág. 211, esto es, no pudiendo ser la determinación sobre concesión, o no, de una sentencia suspendida una arbitraria, no hay duda que la imposi-ción de la restitución como condición de la concesión de una sentencia suspendida tiene que forzosamente depender de la capacidad económica del convicto para llevar a cabo la misma. Véase Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272, 278 (1983). Ello necesariamente requiere que el tribunal sentenciador esté ade-cuadamente informado sobre la capacidad o condición econó-mica del convicto del delito antes de hacer la determinación sobre si impone, o no, la restitución como condición y la cuantía de la misma. De ordinario, ello requiere la celebración de una vista. Como hemos visto, esa no fue la situación en el presente caso.

En vista de que el informe presentencia rendido por la oficina de oficiales probatorios fue uno favorable a la apelante y de que el foro de instancia aparentemente consideró la posibilidad de concederle una sentencia suspendida a ésta siempre que ella estuviera en disposición de restituirle el dinero al perjudicado Román Ambert, () somos del criterio que, luego de remitido el mandato, el foro de instancia () debe considerar nuevamente la posibilidad de concederle una probatoria a la apelante sujeto a que ésta restituya la totalidad del dinero, o parte del mismo, que fuera por ella ilegalmente apropiado del perjudicado Román Ambert. Para ello, conforme expresáramos anteriormente, el foro de instancia deberá celebrar una vista para determinar la capaci-dad económica de la apelante para llevar a cabo la restitución. Igualmente debe considerar el tribunal de instancia la opción de “sentencia fraccionada” que le provee la decisión emitida recien-temente por este Tribunal en Pueblo v. Vega Vélez, 125 D.P.R. 188 (1990).

Por los fundamentos antes mencionados, es que concurrimos en la sentencia emitida por el Tribunal en el presente caso.

      (1) Hon. Jorge Busigó Cifre.

      (2) Art. 445 del antiguo Código Penal, 33 L.ER.A. ant. see. 1721.

      (3) “. . . hemos resuelto que la decisión o determinación de conceder o no los beneficios de una sentencia suspendida a un convicto de delito que prima facie cualifica para recibir dichos beneficios descansa en la sana discreción del tribunal sentenciador, Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983); que a dicha determinación le cobija la presunción de ser una justa y correcta, Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971); que el informe que rinde al tribunal el oficial probatorio, y su recomendación sobre la concesión o no de una sentencia suspendida al convicto, no obliga al juez sentenciador, Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); que aun cuando la carencia de antecedentes penales es una circunstancia favorable para el convicto que aspira a recibir los beneficios de una sentencia suspendida, dicha circunstancia, por sí sola, no es suficiente para recibir dichos beneficios, Pueblo v. Luciano, 77 D.P.R. 597 (1954), y que, en casos de alegaciones de culpabilidad, no hay nada que impida que el juez de instancia examine el expediente fiscal con el propósito de conocer los hechos que dieron lugar a la radicación de los cargos criminales y así poder estar en mejor posición de ejercer esa discreción, Pueblo v. Feliciano, 67 D.P.R. 247 (1947).” Pueblo v. Ortega Santiago, 125 D.P.R. 203, 210-211 (1990).

      (4) Véase Art. 2 de la Ley de Sentencia Suspendida, 34 L.P.R.A. sec. 1031.

      (5) Véanse: Art. 49A del vigente Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. sec. 3212; Art. 165 del referido Código Penal, 33 L.P.R.A. sec. 4271.

      (6) Naturalmente, únicamente procede que se considere en la vista que a esos efectos se celebre, la capacidad económica de la apelante para restituir la suma de dinero correspondiente al caso del señor Román Ambert.

      (7) Estamos conscientes del hecho que el juez sentenciador, Hon. Jorge Busigó Cifre, se acogió recientemente a los beneficios de una jubilación. El Juez Administrador del Centro Judicial de Bayamón deberá tomar las medidas necesarias para que el caso sea atendido prontamente por otro magistrado de dicho Centro Judicial.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

license: Public Domain

text:
    Mar-Mol Company, Inc., recurrente, v. Administración de Servicios Generales y Girard International, Inc., recurridas.

      Número: CE-89-621

      Resuelto: 29 de junio de 1990

      Maño L. Paniagua, de Sweeting, González & Cestero, abogado de la recurrente; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, j Miñam Álvarez Archilla, Procuradora General Auxiliar, abogados de la Administración de Servicios Generales; José Francisco Chaves Caraballo, de Figueroa-Moráles & Chaves-Caraballo, abogado de Girard International, Inc., recurridos.
   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

Sala Especial integrada por su Presidente el Juez Asociado Señor Rebollo López, la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

( — i

El presente caso nos brinda la oportunidad de expresarnos sobre un asunto novel e importante para la sociedad puertorri-queña, a saber, los procedimientos de compra llevados a cabo por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (E.L.A.) mediante compras de mercado abierto y distintos tipos de subas-tas. Por primera vez interpretamos, además, la Ley de Preferen-cia para las Compras del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Preferencia), Ley Núm. 103 de 24 de junio de 1977 (3 L.ER.A. see. 918d et seq.).

La buena administración de un gobierno es una virtud de democracia, y parte de una buena administración implica llevar a cabo sus funciones como comprador con eficiencia, honestidad y corrección para proteger los intereses y dineros del pueblo al cual dicho gobierno representa.

Los propósitos de la legislación que regula la realización de obras y la contratación de servicios para el Gobierno y los sistemas de subastas gubernamentales son precisamente ésos: proteger los intereses y dineros del pueblo al promover la competencia para lograr los precios más bajos posibles; evitar el favoritismo, la corrupción, el dispendio, la prevaricación, la extravagancia y el descuido al otorgarse los contratos, y minimizar los riesgos de incumplimiento.

Tales normas, que ratificamos hoy, han sido expuestas por este Tribunal desde hace unos veinte (20) años.

Así, en Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334, 338 (1971), señalamos:

El propósito que persiguen los estatutos de esta naturaleza que requieren la celebración de subasta es que haya competencia en las proposiciones de manera que el Estado consiga que se realice la obra al precio más bajo posible. Además, al requerirse que la subasta y el contrato se adjudiquen al postor más bajo, se evita que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otor-garse los contratos. (Enfasis suplido.)

Luego, en Cancel v. Municipio de San Juan, 101 D.P.R. 296, 300 (1973), reiteramos estas expresiones:

Las distintas disposiciones estatutarias regulando la realización de obras y contratación de servicios para el Estado y sus agencias e instrumentalidades tienen por meta la protección de los intereses y dineros del pueblo contra el dispendio, la prevaricación, el favoritismo y los riesgos del incumplimiento. (Enfasis suplido.)

Dentro de este marco conceptual y normativo examinemos los hechos del caso de autos, los cuales son esencialmente sencillos.

HH HH

Los hechos

La Administración de Servicios Generales (A.S.G.) celebró una compra de mercado abierto (Núm. 59-548 M.A.) para adqirir equipo de oficina para la Comisión Industrial. La compra fue celebrada el 29 de junio de 1989 y la recurrente Mar-Mol Company, Inc. (en adelante Mar-Mol) licitó en la misma.

Dicha compra fue declarada de emergencia por la A.S.G. porque el término para usar los fondos estaba a punto de vencer y los bienes deseados, si no eran adquiridos, podrían afectar adversamente el interés público. La utilización de los fondos vencía el 30 de junio de 1989.

La A.S.G. invitó a los licitadores debidamente registrados a la subasta.

Comparecieron siete (7) licitadores a la misma y ofrecieron el equipo de oficina a los precios siguientes:

1. Niccoli Assts $ 116,911.00
2. Orbit International $ 91,267.00
3. J. Saad Nazer $ 111,340.00
4. Girará International, Inc. $ 97,071.00 (-10%)
5. Mar-Mol Company, Inc. $ 88,205.88
6. System de ER., Inc. $ 97,345.83
7. M.A. Esteves $ 116,971.00

La A.S.G. aplicó al total del precio de venta ofrecido por Girard International, Inc. el diez (10) por ciento de preferencia otorgado por la Junta de Preferencia para Compras de las Agencias del Gobierno Estatal (en adelante la Junta de Preferen-cia) a Girard Manufacturing, Inc., según lo dispuesto por la Ley Núm. 103, supra, 3 L.P.R.A. sec. 918g. Por ello, la oferta de Girard International, Inc. fue seleccionada como la más baja y beneficiosa al interés del Pueblo de Puerto Rico.

Por ser una compra de mercado abierto, la A.S.G. emitió la correspondiente orden de compra conjuntamente con la notifica-ción sobre la adjudicación de la subasta. Inconforme con tal actuación Mar-Mol, alegando ser el licitador que hizo la oferta más baja en términos de precio, recurrió al Tribunal Superior.

El Tribunal Superior, Sala de San Juan, determinó que para que el Tribunal adquiriera jurisdicción para revisar el dictamen administrativo, la parte peticionaria tenía que haber solicitado reconsideración al organismo administrativo conforme lo dis-puesto en la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.ER.A. see. 2165), cosa que en autos no se había hecho. No obstante lo anterior, acogió la solicitud de revisión. Luego de dos (2) días de vistas, dicho tribunal confirmó la determinación de la A.S.G. y condenó a la recurrente al pago de costas y seiscientos dólares ($600) de honorarios de abogado en favor de Girard International, Inc. así como doscientos dólares ($200) por el mismo concepto para el Estado.

Inconforme con tal determinación, Mar-Mol recurre ante nos y nos plantea los errores de derecho siguientes: (1) Que el tribunal recurrido erró al determinar que no tenía jurisdicción, y (2) que erró dicho foro al confirmar la adjudicación hecha a Girard International, Inc. así como al emitir la orden de compras a su favor.

Oportunamente concedimos término a los recurridos para que mostraran causa por la cual no debíamos revocar la sentencia del tribunal de instancia. Las partes han comparecido. Resolvemos.

1 — 1 ¡ — i 1 — 1

El aspecto jurisdiccional

Procede que examinemos, en primer lugar, si el foro de instancia tenía jurisdicción para entender en el caso. Resolvemos que tenía jurisdicción.

La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme entró en vigor el 8 de febrero de 1989. () Dicha ley requiere que al solicitar una revisión de cualquier orden, decisión o dictamen administrativo se haya presentado una reconsideración al organismo administrativo antes de acudir al foro judicial. See. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra. Este trámite, como regla general, es de carácter jurisdiccional, por lo que el no seguirlo impide que los tribunales asuman jurisdicción apelativa. ()

No obstante, la propia Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme concedió a las agencias el término de un (1) año para:

b) Conformar sus reglas o reglamentos que establezcan los proce-dimientos formales de reglamentación y adjudicación, a tono con las disposiciones de este Capítulo. 3 L.P.R.A. sec. 2105.

En el caso de autos, la nueva ley estaba en vigencia al surgir la controversia. Sin embargo, el reglamento de la agencia dispo-nía:

La Junta de Revisión no tendrá jurisdicción sobre compras en mercado abierto, subastas informales y compras de emergencia. (Enfasis suplido.)

La See. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, supra, 3 L.P.R.A. sec. 2173, () dispone que el tribunal podrá relevar de tener que agotar los remedios administrativos, entre otros, “cuando sea un caso claro de falta de jurisdicción”. (Énfasis suplido.)

Al momento de la controversia la agencia no había enmendado sus reglamentos conforme la nueva ley. El reglamento vigente disponía que la Junta de Revisión no tenía jurisdicción para revisar las compras de mercado abierto.

El tribunal de instancia no podía exigirle al peticionario que agotara remedios y reconsiderara ante la agencia en esos momentos, cuando el propio reglamento le negaba tal jurisdicción a la agencia.

No podemos castigar al peticionario, desestimando su causa de acción, por éste no seguir unos procedimientos inexistentes en la agencia. Este peticionario agotó todos los procedimientos disponibles en la agencia. El de reconsideración no estaba dispo-nible y por ello existía una clara falta de jurisdicción de la agencia. 3 L.ER.A. see. 2173.

Ello no implica que el reglamento fuera nulo por contravenir la nueva ley, ya que el mismo se vislumbraba válido hasta tanto no se extinguiera el año de gracia concedido a las agencias para conformar sus reglamentos a la nueva ley. ()

Bajo estas particulares circunstancias, al carecer de jurisdic-ción el organismo administrativo por disposición reglamentaria y por vía de una excepción especial de tipo provisional que surge de la interacción de varias disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, concluimos que el tribunal de instancia tenía jurisdicción para acoger la revisión sin que Mar-Mol tuviera que presentar la reconsideración ante el organismo administra-tivo.

IV

Examinamos la naturaleza de la compra en autos y la aplicabilidad de la Ley de Preferencia a las mismas.

A. Las compras en mercado abierto

Tanto el Reglamento sobre Adquisición como el Reglamento de Delegados de la Administración de Servicios Generales, ambos de 24 de noviembre de 1986, según enmendados y promulgados por la A.S.G., regulan lo referente a compras de mercado abierto. Se denomina “compras de mercado abierto” cualquiera de los procedimientos de adquisición mediante subasta cuando una transacción esté exenta de tramitarse mediante una subasta formal. Arts. 70 y 48 de los Reglamentos Adquisición y Delegados Compradores, respectivamente.

El Art. 70(4) del Reglamento de Adquisición, supra, autoriza una compra de mercado abierto como alternativa a la norma de celebrar una subasta formal en las compras gubernamentales cuando: (1) el suplidor sea la única fuente; (2) la compra se haga directamente al Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica o a países extranjeros; (8) exista incumplimiento del contrato por parte de un suplidor, o (4) constituya una compra de emergencia.

En el caso que nos ocupa se trata de una compra de mercado abierto por haber sido declarada la subasta por la A.S.G. como una subasta de emergencia. El Art. 6(2)(11) del Reglamento de Subastas de la Administración de Servicios Generales de 24 de noviembre de 1986 (Reglamento de Subastas) define una “emergencia” como:

. . . [Situación que ocasione unas necesidades públicas inespe-radas e imprevistas y que requieran una acción inmediata de parte del gobierno por estar en peligro la vida, la salud o la seguridad de sus ciudadanos o por estar en peligro de suspenderse o afectarse el servicio público o la propiedad del Gobierno; o por la vigencia de los fondos estar a punto de expirar y toda oportunidad para adquirir los bienes, obras y servicios deseados pueda perderse afectando adversamente el interés público. (Énfasis suplido.)

En vista de tal definición, la A.S.G. determinó que en el caso de autos se trataba de una compra de emergencia por la inminen-cia de la expiración de la vigencia de los fondos disponibles para adquirir el equipo deseado.

En este caso, tratándose de una emergencia y, por consiguiente, de una compra de mercado abierto, al licitador que recibe la buena pro en la subasta la A.S.G. le emite a su favor la correspondiente orden de compra y se perfecciona el contrato de compraventa simultáneamente con la notificación de la adjudicación de la subasta. ()

B. La Ley de Preferencia

La Ley de Preferencia, según enmendada, fue aprobada con el propósito de vigorizar la industria manufacturera, el comercio y la agricultura nativa, de suerte que se impulsara nuestra economía. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 103, supra. El propósito cardinal de la misma es propiciar las compras del Gobierno para el beneficio de la industria puertorriqueña y la creación de un mayor número de empleos. ()

La Ley de Preferencia aplica a toda compra gubernamental ya sea mediante subasta formal, informal o de mercado abierto. 3 L.P.R.A. sec. 918f.

En Estados Unidos de Norteamérica las leyes de preferencia son mecanismos que utilizan los estados para favorecer sus productos e impulsar sus economías al actuar como participantes en el mercado. Este tipo de legislación ha rebasado el crisol judicial ya que su efecto, aunque protector de sus productos, no constituye una reglamentación del mercado que afecte el comercio interestatal y, por lo tanto, está fuera de las prohibiciones dimanantes de la cláusula de Comercio Interestatal de la Constitución de Estados Unidos. Véanse: Hughes v. Alexandria Scrap Corp., 426 U.S. 794 (1976); L.H. Tribe, American Constitutional Law, 2da ed., Nueva York, Ed. Foundation Press, 1988, págs. 430-434.

El organismo que administra la Ley de Preferencia es la Junta de Preferencia para Compras de las Agencias del Gobierno Estatal (Junta de Preferencia). La misma está compuesta por el Administrador de la Administración de Servicios Generales, el Administrador de la Administración de Fomento Económico y un miembro adicional relacionado con la industria y el comercio nombrado por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. sec. 918g.

A dicha Junta de Preferencia se le autorizó a conceder diversos por cientos de preferencia a productos agrícolas, y a artículos manufacturados o ensamblados en Puerto Rico, 3 L.PR.A. sec. 918g(c) y (e).()

La Junta de Preferencia fija el por ciento de preferencia conforme a los Arts. 3 (según enmendado) y 4 de la Ley de Preferencia, 3 L.ER.A, secs. 918f y 918g, respectivamente; y de los inicios 4.03 y 4.04 del Reglamento de la Junta de Preferencia de 1ro de febrero de 1978. El criterio rector para conceder la preferencia es la determinación de la Junta de Preferencia de que la compra por el Gobierno de tales productos o equipos redundará en la creación o sostenimiento de fuentes de trabajo en Puerto Rico, de suerte que reduzca el desempleo y produzca un incremento en el desarrollo económico del Estado Libre Asociado. 3 L.ER.A. see. 918g(b).

El referido Art. 3 de la Ley de Preferencia, al establecer los criterios para que la Junta de Preferencia fije el por ciento de preferencia, específicamente dispone que dicho por ciento sólo es aplicable a productos y no a la entidad que lo produce o a la oferta englobada hecha en una subasta. A esos efectos, dicho Art. 3 dispone:

(a) Toda compra de mercadería, provisiones, suministros, ma-teriales y equipo que efectúe el Gobierno de Puerto Rico, para la cual se requiera una subasta, se regirá por las siguientes disposi-ciones:
(1) Si se trata de mercadería, provisiones, suministros y ma-teriales no manufacturados, en igualdad de especificaciones, térmi-nos de entrega y otras condiciones impuestas en el pliego de subasta, se adjudicará la subasta en el siguiente orden de preferen-cia, y sujeta a las condiciones que más adelante se proveen al postor cuyos productos hayan sido extraídos o producidos en:
(a) Puerto Rico;
(b) Estados Unidos;
(c) cualquier otro país.
(2) Si se trata de mercadería, provisiones, suministros, ma-teriales y equipo manufacturados o ensamblados, en igualdad de especificaciones, términos de entrega y otras condiciones impuestas en el pliego de subasta se adjudicará la subasta en el siguiente orden de preferencia y sujeta a las condiciones que más adelante se proveen, al postor cuyos productos hayan sido:
(a) Manufacturados o ensamblados en Puerto Rico con materiales extraídos, producidos o manufacturados en Puerto Rico;
(b) Manufacturados o ensamblados en Puerto Rico con materiales extraídos, producidos o manufacturados en el extran-jero;
(b) Las disposiciones de esta sección se aplicarán únicamente a las mercaderías, provisiones, suministros, materiales y equipo que cualifiquen de acuerdo con lo anterior y que aparezcan en las listas a las que se hace referencia en la sec. 918g de este título. Se le concederá la subasta al postor de los mismos, a menos que la oferta o precio de las mercaderías, provisiones, suministros, materiales y equipo que reúnan todas las condiciones anteriores exceda la oferta o precio más bajo de los que no cualifiquen por más del por ciento que fije la Junta en la referida lista. (Énfasis suplido.) 3 L.ER.A. sec. 918f.

La Ley de Preferencia autoriza a la Junta de Preferencia a asignar por cientos de preferencias desde cinco (5) hasta un máximo de diez (10) por ciento. 3 L.ER.A. sec. 918g(b).()

Al conceder determinado por ciento de preferencia a un producto, tal determinación es recogida en una resolución de la Junta de Preferencia. Tanto la Ley de Preferencia como su reglamento disponen la revisión de tal resolución, bien a iniciativa propia o a solicitud de parte.

El Reglamento de la Junta de Preferencia establece el procedimiento de revisión administrativa que seguirá ante la propia Junta de Preferencia una persona afectada por su decisión, incluso por suplidores competidores.

De no impugnarse la resolución de la Junta de Preferencia, que concede determinado por ciento de preferencia para determinado producto o productos, tal resolución puede ser utilizada en todas las subastas llevadas a cabo por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a los fines de que se le acredite el por ciento concedido a cada producto. Ello incluye las subastas de la A.S.G. como la del caso de autos.

En el caso de autos, el peticionario no tenía que utilizar dicho procedimiento, pues no está impugnando el por ciento de prefe-rencia otorgado por la Junta de Preferencia, sino la aplicación de la resolución de ésta en la subasta de la A.S.G.

y

La aplicación de la Ley de Preferencia al caso de autos

La Ley de Preferencia y su reglamento disponen con meridiana claridad que el por ciento de preferencia determinado por la Junta de Preferencia se aplica a cada producto particular así designado por dicha junta y no para el licitador o todos sus productos. Dispone, además, que al evaluar una oferta en todo procedimiento de compra gubernamental se tomará en cuenta para cada producto particular el por ciento de preferencia concedido por la Junta de Preferencia, bien sea la compra efectuada mediante una subasta formal, subasta informal o de mercado abierto.

En autos, la A.S.G. así lo reconoció en su invitación a la compra de mercado abierto al exigirle a los licitadores cumplir con la Ley de Preferencia. Al respecto, la Cláusula 16 (Condiciones e Instrucciones Especiales) de la invitación a la compra de la A.S.G. disponía:

16. Ley de Preferencia: El licitador a favor de cuyo producto la Junta de Preferencia haya adjudicado un por ciento de preferencia deberá someter con su oferta toda la información sobre la resolu-ción de la Junta de Preferencia para que pueda ser considerada en la evaluación.
Todos los licitadores que quieran acogerse a los beneficios de la Ley 103 tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:
1. Presentar copia de la resolución de la Junta de Preferencia del Estado Libre Asociado donde se le concede el por ciento.
2. Presentar carta de la corporación que representa el producto al cual se le concedió el por ciento de preferencia autorizando al licitador a que comparezca en la subasta.
. a. Esta carta incluirá el nombre del producto.
b. Tendrá que especificar que esa autorización tiene que estar dirigida a esa subasta en específico, incluyendo número de la misma, fecha de la apertura y agencia que va a realizar dicha subasta.
c. Tiene que estar firmada por un representante autorizado de la compañía que representa al producto al cual se le concedió el por ciento de preferencia y dicha firma tiene que estar registrada en la Secretaría de la Junta de Preferencia. (Enfasis suplido.) Invitación Núm. 59-548 M.A., pág. 4.

La A.S.G., al evaluar las ofertas de mercado abierto, tenía que ajustarse al por ciento dispuesto en la Resolución de la Junta de Preferencia sometida por el licitador con su oferta.

Los departamentos, las agencias, las instrumentalidades, los municipios y las corporaciones públicas deben seguir celosamente ese procedimiento en la aplicación de los por cientos de preferencia concedidos por la Junta de Preferencia a cada producto del licitador. Al hacerlo no deben aplicar indiscrimina-damente el por ciento de preferencia otorgado por la Junta de Preferencia a determinado producto del licitador a todos los demás productos ofrecidos por éste que carecen de preferencia. () Ello desvirtuaría el propósito y la letra clara de la ley.

El caso de autos es un claro ejemplo de cómo la aplicación errónea de los por cientos de preferencia otorgados por la Junta de Preferencia pueden afectar la adjudicación a determinado licitador. En el presente caso, la A.S.G. no se ajustó a lo dispuesto por la Resolución de la Junta de Preferencia.

En esta compra de mercado abierto se le aplicó el diez por ciento (10%) de preferencia a cincuenta y ocho (58) pedestales, diez y nueve (19) butacas, siete (7) banquetas (stools) y dos (2) lámparas que no fueron manufacturadas ni ensambladas en Puerto Rico y que no estaban incluidas en la Resolución de la Junta de Preferencia que concedía un por ciento de preferencia a Girard International, Inc., resolución que se sometió con la oferta de este licitador en conformidad con la invitación a subasta hecha por la propia A.S.G.

La A.S.G., por el contrario, aplicó el por ciento máximo de preferencia (10%) concedido a Girard Manufacturing, Inc. .ai total de la oferta de Girard International, Inc.

Al así actuar, la A.S.G. concedió la buena pro de la compra a Girard International, Inc. en violación a su propia invitación a subasta, a la Resolución de la Junta de Preferencia y a la ley que creó a dicha junta.

Resumiendo: El foro de instancia tenía jurisdicción para acoger el recurso de revisión de Mar-Mol, pues nos encontramos ante un caso claro de falta de jurisdicción de la agencia para reconsiderar su determinación. La Ley de Preferencia sólo dis-pone que se otorgue el por ciento de preferencia a los productos en particular, no a las personas o entidades dueñas de los mismos. En toda subasta o compra de mercado abierto a la cual le aplique la Ley de Preferencia, la agencia que celebre la misma deberá solicitar a los licitadores copia de la Resolución de la Junta de Preferencia mediante la cual se conceden por cientos de prefe-rencia a determinados productos y deberá conceder dicho por ciento de preferencia a cada producto en particular, en conformi-dad a lo dispuesto por la Junta de Preferencia, y no en forma englobada a productos no incluidos en la resolución de dicha Junta.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia mediante la cual se revoque la recurrida en todo aquello en que resulte incompatible con lo aquí resuelto, se eliminan las sanciones impuestas a la recurrente y se devuelve el caso al foro de instancia para ulteriores procedimientos compatibles con esta opinión, incluso la probabilidad de que el mismo sea devuelto al foro administrativo.

      (1) Modificamos así el esc. 1 del caso de Luan Investment Corp. v. Román, 126 D.P.R. 533, 546 (1990), donde indicamos que entró en vigor el 12 de febrero de 1989.

      (2) Originalmente la Sec. 3.15 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme), Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988 (3 L.P.R.A. sec. 2165), establecía un término de treinta (30) días desde la fecha de la notificación de la resolución u orden para instar la moción de reconsideración. Mediante la Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989 (3 L.P.R.A. sec. 2128), ese término fue enmendado para establecer un término de veinte (20) días en casos ordinarios y de diez (10) días para la reconsideración de los procedimientos de adjudicación de subastas.

      (3) Esta disposición reeoje aquellas excepciones al agotamiento de remedios reconocidas por este Tribunal en Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977); Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 676 (1978); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 D.P.R. 883 (1978); Pedraza Rivera v. Collazo Collazo, 108 D.P.R. 272 (1979); Ferrer Rodríguez v. Figueroa, 109 D.P.R. 398 (1980); Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982); First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 428 (1983); Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763 (1983); García Cabán v. U.P.R., 120 D.P.R. 167 (1987); Ortiz v. Coop. Ahorro y Crédito, 120 D.P.R. 253 (1987); Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347 (1988), entre otros.

      (4) Esa disposición reglamentaria chocaba con lo dispuesto en la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 3 L.P.R.A. sec. 2166, sobre reconsideración de las determinaciones de la agencia y con lo que reiteradamente hemos sostenido sobre la facultad inherente de los organismos administrativos para revisar sus propias determina-ciones adjudicativas. Véanse: Sucn. Bravo v. Srio. de Hacienda, 106 D.P.R. 672, 675 (1978); Alers v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 701, 705 (1961); Martínez v. Tribunal Superior, 83 D.P.R. 717, 721 (1961).
      Sin embargo, al momento de emitir esta opinión la Administración de Servicios Generales (A.S.G.) había derogado dicho reglamento y lo sustituyó por el Reglamento de la Junta de Reconsideración de la Administración de Servicios Generales de SI de octubre de 1989. En este reglamento se provee el mecanismo de reconsideración de las adjudica-ciones en compras de mercado abierto. En casos futuros, como el de autos, el lieitador impugnador deberá agotar, como regla general, este remedio administrativo antes de acudir al foro judicial. Véanse: 3 L.P.R.A. sec. 2165; Hernández v. Golden Tower Dev. Corp., 125 D.P.R. 744 (1990).

      (5) Eso distingue este caso del de Justiniano v. E.L.A., 100 D.P.R. 334 (1971). Allí se trataba de una compra en el proceso de subasta formal. Por ello allí determinamos que el momento en que una agencia gubernamental queda obligada en un proceso de subasta formal es cuando se otorga el contrato y no el momento en que se adjudica la buena pro.

      (6) De ahí que la Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 14 de agosto de 1987, publicada como el Boletín Administrativo Núm. 4978, y que sustituyó la Orden Ejecutiva de 28 de octubre de 1986, publicada como el Boletín Administrativo Núm. 4804, impone a todos los departamentos, agencias, instrumentalidades, dependencias, municipios y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado el deber de implantar las disposiciones de la Ley de Preferencia para las Compras del Gobierno de Puerto Rico (Ley de Preferencia), Ley Núm. 103 de 24 de junio de 1977 (3 L.PR.A. sec. 918d et seq.), en toda compra gubernamental. Por otro lado, la Ley Núm. 109 de 12 de julio de 1985 (3 L.PR.A. see. 927 et seq.), exige a los departamentos, agencias, instrumentalidades, municipios y corporaciones públicas que utilicen materiales de construcción manufacturados en Puerto Rico en las obras y edificios públicos que se construyan, reconstruyan, conserven o reparen con fondos públicos. Completa este esquema de regulación proteccionista la Orden Ejecutiva Núm. 4482-B de 28 de junio de 1985, la cual requiere a los componentes del Gobierno utilizar los servicios de la Autoridad de las Navieras cuando necesiten transportar marítimamente exportaciones o importacio-nes de productos.

      (7) La Ley de Política Preferencial para las Compras del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 42 de 5 de agosto de 1989 (3 L.P.R.A. sec. 914a et seq.), enmendó la definición de producto ensamblado en Puerto Rico para disponer que serían aquellos “productos integrados [aquí] después de una operación que a juicio de la Junta amerite que se trate como un proceso de manufactura . . . debido a su naturaleza, complejidad, inversión técnica y número de empleos que genera en Puerto Rico”.

      (8) La Ley Núm. 42, supra, aumenta el margen de preferencia que puede conceder la Junta de Preferencia para Compras de las Agencias del Gobierno Estatal (Junta de Preferencia) hasta un quince por ciento (15%) para productos de Puerto Rico y en especial para productos agrícolas y contratación de servicios no profesionales de Puerto Rico.

      (9) La Ley de Política Preferential para las Compras del Gobierno de Puerto Rico impone semejantes deberes al establecer, en su Art. 8, que:
      “Los secretarios de departamentos, jefes de agencias e instrumentalidades y los alcaldes velarán por que el personal profesional y técnico encargado de la preparación de las especifieacrones de artículos a ser comprados por el Gobierno y de la adquisición de artículos y servicios no profesionales, realice su labor tomando en consideración la disponibilidad de artículos y servicios no profesionales que provean las empresas que operan en Puerto Rico y que al establecer las especificaciones, términos, condiciones e instrucciones generales de las subastas, éstos no eliminen de la licitación a dichos artículos y servicios no profesionales. Toda compra bajo las disposiciones de esta ley estará sujeta a una supervisión estricta y seguimiento conforme a lo dispuesto en este artículo, que asegure el más fiel cumplimiento de las representaciones, términos y condiciones para la compra.” (Énfasis suplido.) 1989 Leyes de Puerto Rico 161,167.


author: PER curiam:

text:
      In re Queja contra el Lic. Abraham Freyre González.

      Número: AB-90-7

      Resuelto: 30 de julio de 1990
   PER curiam:

En In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810 (1984), expresamos que, independientemente de los méritos que puedan tener las quejas que presenten los ciudadanos contra los aboga-dos, éstos tienen el deber de responder prontamente a los requerimientos de este Tribunal respecto a las mismas y que la falta de atención a estos requerimientos puede tener la conse-cuencia de una suspensión temporal o indefinida del ejercicio de la profesión de abogado.

La conducta observada por el querellado Abraham Freyre González amerita que dispongamos, en el ejercicio de nuestra facultad de reglamentar el ejercicio de la profesión de abogado, la suspensión indefinida de éste del ejercicio de la profesión de abogado. Veamos.

Mediante Resolución de fecha 5 de abril de 1990 le concedimos al abogado Freyre González el término de diez (10) días para “contestar lo que a bien tenga en cuanto a la queja presentada [contra él] por el señor Ramón Matos Declet . . .”. Dicho abogado, a pesar de haber sido notificado personalmente de la referida resolución, no compareció ante el Tribunal en cumpli-miento de la misma.

Ello, no obstante, decidimos concederle una nueva oportuni-dad. A esos efectos, el 22 de junio de 1990 emitimos una resolución concediéndole un nuevo término para contestar la queja contra él radicada. Específicamente se le apercibió en esa ocasión de que su inacción respecto a la misma podía tener como consecuencia la separación temporera o indefinida de la práctica de la abogacía. El licenciado Freyre González nuevamente fue notificado personal-mente con copia de la referida resolución. No ha comparecido a pesar del tiempo transcurrido.

Resulta obvio que el abogado Abraham Freyre González no interesa seguir practicando su profesión de abogado. Por las razones expuestas, se decreta la separación indefinida del ejer-cicio de la abogacía en Puerto Rico del Ledo. Abraham Freyre González hasta que otra cosa disponga el Tribunal.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Hernández Denton no intervinieron.


text:
      In re Heriberto Torres Villanueva.

      Número: MC-90-24

      Resuelto: 28 de agosto de 1990

      Heriberto Torres Villanueva, pro se; Ángel Viera Martínez, abogado del querellado; Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

Vista la Moción de Reconsideración de Sentencia y Auxilio de Jurisdicción presentada por el Ledo. Heriberto Torres Villanueva de fecha 14 de julio de 1990 y sus anejos, el Tribunal ordena su reinstalación inmediata al ejercicio de la profesión de la abogacía.

En cuanto a su obra notarial, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris, deberá rendirnos a la brevedad posible un informe al respecto.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón disiente por entender que lo que procedía era revocar la sentencia per curiam de 22 de junio de 1990. Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Andréu García no intervinieron.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General