author:
(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado
      Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López. Juez Asociada Señora Naveira de Rodón. Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Félix J. Cabello Mulero, acusado y apelante.

      Número: CR-88-114

      Resuelto: 10 de marzo de 1992

      Francisco J. Albizu Merced, abogado del apelante; Norma Co-tti Cruz, Subprocuradora General, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   SENTENCIA

El 20 de septiembre de 1988 se celebró juicio por tribunal de derecho al acusado apelante Félix Juan Cabello Mulero. Éste fue encontrado culpable por infracción al Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 2411a. El 2 de diciembre de 1988 fue senten-ciado a cumplir veinte (20) años de reclusión. Inconforme, apeló planteando la comisión de cuatro (4) errores.

Luego de examinados y analizados los autos originales y la exposición narrativa de la prueba, y de haber estudiado y evaluado los planteamientos de las partes expuestos en sus respectivos alegatos, determinamos que los errores se-ñalados no se cometieron. Procede confirmar la sentencia apelada.

Se dicta sentencia que confirma la apelada.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Rebollo López y la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón emitieron unas opiniones concurrentes. El Juez Asociado Señor Her-nández Denton emitió una opinión disidente, a la cual se unió el Juez Presidente Señor Andréu García. El Juez Aso-ciado Señor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Concurrimos con el resultado a que se llega en la Sen-tencia emitida en el presente caso; esto es, estamos contes-tes en que la convicción que, por infracción al Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 2411a, decretara el foro de instancia debe ser confirmada.

Como surge de una somera lectura, tanto de la opinión concurrente emitida por la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón como de la opinión disidente suscrita por el Juez Asociado Señor Hernández Denton, la diferencia principal que separa sus posiciones se circunscribe a si la referida disposición legal es o no constitucional por alegadamente adolecer de vaguedad el término que contiene la misma referente a los “alrededores de una escuela”. Dados los he-chos específicos del caso ante nuestra consideración, la re-ferida controversia de índole constitucional resulta ser innecesaria.

Constituye doctrina jurisprudencial trillada y reiterada de que los tribunales no deben abordar planteamientos de índole constitucional cuando se puede disponer del caso en armonía con los intereses del apelante y en consonancia con los mejores fines de la justicia; esto es, cuando ello re-sulta innecesario hacerlo. Véanse, entre otros: E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 595 y 596 (1958); Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507, 516 (1965); Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506, 513 (1972); Pacheco v. Srio. Instrucción Pública, 108 D.P.R. 592, 601 (1979); Galarza Soto v. E.L.A., 109 D.P.R. 179, 180-181 (1979); P.P.D. v. Admor. Gen. de Elecciones, 111 D.P.R. 199, 243 (1981).

En el presente caso es un hecho incontrovertido que el apelante, al realizar la transacción de drogas por la cual se le acusó, estaba ubicado, o parado, frente a una escuela. Ese hecho hace completamente innecesario que determine-mos si el referido estatuto adolece o no de vaguedad al no precisar adecuadamente —en términos de metros— la dis-tancia que constituye los “alrededores de una escuela”.

El estatuto define el término “alrededores de una escue-la” como “toda vía pública o área recreativa colindante con los límites por cerca o por cualquier otro signo de demar-cación, en cualquier dirección”. (Enfasis suplido.) Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, según enmendada, ante. Resulta forzoso concluir que, conforme la definición que establece dicha ley, cuando una persona está “parada frente a una escuela” se encuentra, obviamente, en los “alrededores” de la misma por cuanto se encuentra en un área “colindante” a dicha escuela.

Este Tribunal en Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891, 897 (1987) —citando con aprobación a Vélez v. Municipio de Toa Baja, 109 D.P.R. 369 (1980)— señaló que:

Como norma general, una persona no puede impugnar un estatuto a base de que éste sería inconstitucional en otras cir-cunstancias que no son las suyas .... Los derechos constitucio-nales son personales y no pueden ser invocados de forma vicaria. (Enfasis suplido.)

En otras palabras, el hecho de que en otros casos o si-tuaciones el Estado pueda acusar, bajo el estatuto en con-troversia, a otras personas que estén ubicadas a veinti-cinco (25), cuarenta (40) o sesenta (60) metros de distancia de una escuela, y que estas personas puedan levantar en dichos casos la posible inconstitucionalidad del estatuto en cuestión, por razón de vaguedad, no significa que el aquí apelante lo pueda hacer en el presente caso pues él, repeti-mos, se encontraba en un área “colindante” a la escuela, esto es, al frente de la misma. Véase: E.L.A. v. Aguayo, ante, pág. 597. Dicho de otra forma, en cuanto al aquí ape-lante en particular, el Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, ante, obviamente no es incons-titucional por razón de vaguedad. Véanse: Pueblo v. Hernández Colón, ante; Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 750 (1970). Resulta, en consecuencia, totalmente innecesa-rio todo el análisis inconstitucional que, respecto a la “doc-trina de vaguedad”, contiene tanto la opinión concurrente de la Juez Naveira de Rodón como la disidente del Juez Hernández Denton.

Considerando el hecho de que ya la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico enmendó el citado Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico para suplir la “laguna” aquí en controversia —esto es, el límite, en metros, del área que cubre dicho estatuto— nuestra ruta de-cisoria debe circunscribirse a resolver el caso ante nuestra consideración “ ‘en armonía con los intereses del apelante y en consonancia con los mejores fines de la justicia’ ”, Mari Bras v. Alcaide, ante; esto es, mediante la emisión de una simple sentencia confirmatoria.

— O —

Opinión concurrente emitida por la

Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

El Ministerio Público presentó una acusación contra el apelante Félix Juan Cabello Mulero, imputándole haber infringido el Art. 411Ade la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico (en adelante Ley de Sustancias Controla-das), Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmen-dada, 24 L.P.R.A. sec. 2411a. La violación imputada consis-tió en que para el 12 de diciembre de 1986, el acusado apelante distribuyó, en los alrededores de una escuela, la sustancia controlada conocida como “cocaína” sin estar au-torizado para ello. La alegada transacción ilegal ocurrió frente a la Escuela Elemental Camarones IV ubicada en el barrio Camarones del pueblo de Guaynabo.

Luego de renunciar al juicio por jurado, el apelante fue juzgado por tribunal de derecho. La prueba de cargo con-sistió en los testimonios del agente encubierto Damián Sánchez Hernández, del Sargento Ernesto Torres Lebrón y del químico forense Oscar Peralta Narváez. Se presentó, además, un sobre de evidencia que contenía la cocaína ocu-pada al acusado apelante, así como el informe pericial de sustancias controladas. controladas.

I

Los hechos

El foro de instancia oyó la prueba y dirimió la credibilidad. De la exposición narrativa de la prueba surge que los hechos ocurrieron de la forma que procedemos a relatar.

Para el 12 de diciembre de 1986, Damián Sánchez Her-nández trabajaba como agente encubierto de la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico. Laboraba en conjunto con un confidente de nombre Pedro Aguayo Figueroa a quien conoció a través de su supervisor, el Sargento Ernesto Torres Lebrón.() Junto a este confidente realizó al-rededor de veintisiete (27) “transacciones”, entre las cuales estaba la realizada con el acusado apelante, a quien cono-ció por el apodo de “El Grande”.

Ese día el agente Sánchez Hernández buscó al confi-dente y fue con éste al Departamento de Justicia para fir-mar unas declaraciones juradas relacionadas con varias “transacciones” efectuadas con anterioridad a esa fecha. Como a las 5:00 p.m., luego de firmar las declaraciones ju-radas, partió junto al confidente para Guaynabo, pueblo que constituía parte de su “sector de trabajo” o “área geo-gráfica” en la cual se desempeñaba como agente encubierto. Una vez allí, visitaron el negocio conocido como “Los Amigos”, ubicado en la carretera número veinte (20) en la salida del pueblo de Guaynabo hacia el sector “La Muda” del pueblo de Caguas. Llegaron a este negocio alre-dedor de las 5:40 ó 5:45 p.m. En dicho lugar tomaron unos refrigerios e intentaron hacer “contacto” con “algún trafi-cante de drogas”, pero las gestiones fueron infructuosas. Luego de permanecer en dicho lugar alrededor de treinta (30) minutos, salieron en dirección al barrio Camarones de Guaynabo. El agente encubierto conducía el vehículo en que se transportaron y, al llegar al barrio, lo estacionó frente a la Escuela Elemental Camarones IV, como a veinte (20) pies del acusado apelante, quien se encontraba “para-do al frente de la escuela, frente donde queda el portón”.() Aunque el agente nunca había hecho “transacciones” con el acusado, sí las había efectuado en ese sitio en ocasiones anteriores estando el acusado “por el área”. El confidente, que se hallaba sentado en el asiento del pasajero, se des-montó y dirigió al acusado. En ese instante el acusado le dijo al confidente en voz alta: “Dile al que está guiando que apague el vehículo y se baje del carro.” íd. El agente obe-deció y caminó hasta donde estaban el acusado y el confidente.

Al acercarse, notó que el acusado apelante tenía un bulto en el lado derecho de la cintura, estaba vestido con pantalón crema, camiseta blanca y calzaba zapatos negros. En ese momento el acusado le preguntó si había ido a “capear”. Éste contestó en la afirmativa. Acto se-guido, el apelante le dijo “que por allí estaban comentando que él era un agente de la policía que se había llevado varias personas del lugar y que lo estaban viendo haciendo [sic] transacciones de drogas nuevamente”. Al escuchar esto, el declarante se quedó “tranquilo” y le dijo al acusado que él no era “agente de drogas”. Declaró que no pensó que habían descubierto su identidad como agente y no sintió miedo. Inmediatamente, el acusado les preguntó a qué se dedicaban y el confidente le contestó que se dedicaban “a la brega” y que fueron a “capear” media cuarta (1/4) de “perico”. El acusado apelante dijo que él tenía (“perico”) y que les costaría doscientos cincuenta dólares ($250). En-tonces, el confidente le indicó que la consiguiera. El ape-lante pidió el dinero y les dijo que lo esperaran allí, lo cual hicieron. En ese momento dos (2) personas que se encon-traban cerca del apelante le preguntaron, “Grande, ¿has visto a Carlitos?”, por lo que el agente “interpretó” que al acusado le decían “El Grande”.

El acusado se retiró y regresó como a los quince (15) minutos. Le entregó al confidente una bolsa plástica grande y transparente, con cierre a presión y una línea roja en la parte superior. La bolsa contenía un polvo blanco. La transacción ocurrió alrededor de las 6:30 p.m.

Terminada la transacción, el agente y el confidente se despidieron del acusado y se marcharon del lugar. Luego, el agente llamó a su supervisor y agente de contacto, el Sargento Ernesto Torres Lebrón. Acordaron verse en el área de San Patricio Plaza alrededor de las 7:30 p.m. Allí el agente entregó a su supervisor la evidencia obtenida. El sobre plástico fue colocado en otro sobre y tanto el agente como el sargento le escribieron sus respectivas iniciales. El sargento llevó la evidencia al Instituto de Ciencias Foren-ses y la entregó al químico forense Oscar Peralta Narváez para que éste hiciera el análisis correspondiente y certifi-cara si se trataba de sustancias controladas.() Luego de examinarla, el químico forense determinó que la evidencia que le fue entregada era cocaína. El agente encubierto vio al acusado nuevamente el día en que éste fue arrestado.

Durante la presentación de la prueba de cargo, la de-fensa contrainterrogó a los testigos del Ministerio Público. Además, presentó como prueba de defensa varias declara-ciones juradas prestadas por el agente encubierto relacio-nadas con otras transacciones de sustancias controladas. Ninguna de ellas tenía relación con los hechos de este caso.

La defensa anunció que no sentaría como testigo al con-fidente Pedro Aguayo Figueroa quien, a petición de la pro-pia defensa, fue traído desde Estados Unidos por el Nego-ciado de Investigaciones Especiales para que declarara en este juicio.()

El tribunal encontró al acusado culpable del delito im-putado y lo sentenció a cumplir veinte (20) años de reclusión. Inconforme, éste presentó escrito de apelación en el que señaló la comisión de cuatro (4) errores de dere-cho que se pueden resumir de la manera siguiente: (1) que se le violó el derecho al debido proceso de ley; (2) que erró el tribunal al declarar culpable al acusado, aun cuando existía duda razonable sobre su participación en los hechos delictivos y la prueba de cargo no rebatió la presunción de inocencia; (3) que la prueba desfilada no fue suficiente, y (4) que el testimonio del agente encubierto fue descarnado, estereotipado e increíble.

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La vaguedad y el debido procedimiento de ley

El apelante nos plantea que se le violó su derecho cons-titucional al debido procedimiento de ley, pues fue proce-sado bajo las disposiciones de un estatuto que, en ese mo-mento en particular, adolecía de “vaguedad e imprecisión”. Para un análisis adecuado de este error es necesario que hagamos un breve recuento de la inclusión y las enmien-das del Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra.

La Ley de Sustancias Controladas fue aprobada el 23 de junio de 1971. Entre sus propósitos, en lo pertinente a la discusión de autos, estuvo la creación de delitos y penali-dades aplicables a los que violasen sus disposiciones. En el estatuto original no se incluyó disposición específica al-guna dirigida a penalizar, con especial particularidad, las transacciones de sustancias controladas realizadas dentro o en los alrededores de los planteles escolares.

Así las cosas, el 30 de octubre de 1975 se aprobó la Ley Núm. 13, que añadió el Art. 411A a la Ley de Sustancias Controladas, supra. Dicho artículo estableció, en lo perti-nente, lo siguiente:

Toda persona que, a sabiendas e intencionalmente y en vio-lación a las disposiciones de esta ley, introduzca, distribuya, dispense, administre, posea o transporte para fines de distribu-ción, venda, regale o entregue en cualquier forma, cualquier sustancia controlada de las incluidas en las Clasificaciones I a V de esta ley, en una escuela pública o privada, o en sus alre-dedores y mientras se encuentren en funciones escolares, incu-rrirá en delito grave y convicta que fuere será sentenciada con el doble de las penas provistas por el Artículo 401(b) de esta ley por un delito cometido por primera vez, que envuelva la misma sustancia y la misma clasificación.
. . . . . . . .
Por “escuela” se entenderá el edificio principal y toda edifica-ción, anexo, patio, jardín y área de estacionamiento de la es-cuela y cubrirá las elementales, secundarias (intermedias), su-periores, especializadas y a las universidades y colegios para estudios universitarios. Por escuela especializada se entende-rán cubiertas, a los fines de este artículo, a las comerciales, vocacionales o de oficios; aquellas para personas impedidas fí-sicamente, retardadas mentales, sordomudas y ciegas; para personas con limitaciones del habla y en la lectura y cuales-quiera otras de naturaleza análoga a las antes mencionadas. Por los “alrededores de una escuela” se entenderá cubierta un área hasta una distancia de veinticinco (25) metros a contarse desde los límites de la escuela, según indicados los límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación, en cualquier dirección.() (Énfasis suplido y escolio omitido.) 1975 Leyes de Puerto Rico 882-883.

Esta versión del artículo estuvo en vigor hasta el 5 de. junio de 1986, fecha en que fue aprobada y comenzó a regir la Ley Núm. 40 (24 L.P.R.A. sec. 2411a). De la expresión de propósitos de dicha ley surge que, entre sus objetivos, se contempló el añadir “la simple posesión como modalidad del delito en las escuelas o sus alrededores, extender el área cubierta hasta una distancia de doscientos metros radiales y eliminar la elegibilidad a sentencia suspendida y libertad a prueba”. (Enfasis suplido.) 1986 Leyes de Puerto Rico 112. Esta enmienda fue motivada por “la honda preocupa-ción del legislador por la situación del tráfico ilegal de dro-gas en las escuelas de Puerto Rico”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 40, supra, 1986 Leyes de Puerto Rico 112. La acción gubernamental que se ha de seguir para enfren-tar esta grave situación fue expresada de la forma si-guiente:

Es un deber ineludible del Gobierno atacar severamente el tráfico de sustancias controladas en las escuelas. Hay que pro-teger a la población escolar de los actos criminales de aquellos que con su conducta delictiva inducen a nuestros niños y a nuestra juventud a iniciarse en la actividad criminal, la adic-ción y la dependencia a drogas, problema que está afectando tan adversamente a la comunidad.
Dadas las circunstancias imperantes en los planteles y sus alrededores y como medida para proteger la salud y seguridad de nuestros niños, es preciso ampliar el área que cubre los alre-dedores de las escuelas y eliminar la elegibilidad de los que cometen estos delitos a los beneficios de la sentencia suspen-dida y libertad a prueba. (Énfasis suplido.) Exposición de Mo-tivos de la Ley Núm. 40, supra.

No obstante haber indicado en su expresión de propósi-tos que la enmienda tenía, entre otros, el objetivo de “extender el área cubierta hasta una distancia de doscientos metros radiales” (Expresión de Propósitos de la Ley Núm. 40, supra), al definir lo que constituye “alrededores” de las escuelas, la ley no incluyó medida específica alguna. Ade-más, se eliminó como elemento del delito el que las escue-las estuviesen en “funciones escolares” al momento de rea-lizarse cualquiera de las transacciones allí proscritas.() Luego de la enmienda de 1986, el Art. 411A, supra, esta-blecía en lo pertinente, lo siguiente:

Artículo 411A.— Introducción de Drogas en Escuelas o Institu-ciones
Toda persona que, a sabiendas e intencionalmente y en vio-lación a las disposiciones de esta ley, introduzca, distribuya, dispense, administre, posea o transporte para fines de distribu-ción, venda, regale, entregue en cualquier forma, o simple-mente posea cualquier sustancia controlada de las incluidas en las Clasificaciones I a V de esta ley, en una escuela pública o privada, o en sus alrededores, incurrirá en delito grave y con-victa que fuere sérá sentenciada con el doble de las penas pro-vistas por el Artículo 401(b) ó 404(a) de esta ley por un delito cometido por primera vez, que envuelva la misma sustancia y la misma clasificación.
. . . . . . . .
Por “escuela” se entenderá el edificio principal y toda edifica-ción, anexo, patio, jardín y área de estacionamiento de la es-cuela y cubrirá las elementales, secundarias (intermedias), su-periores, especializadas y a las universidades y colegios para estudios universitarios. Por escuela especializada se entende-rán cubiertas, a los fines de este artículo, a las comerciales, vocacionales o de oficio; aquéllas para personas impedidas físi-camente, retardadas mentales, sordomudas y ciegas; para per-sonas con limitaciones del habla y en la lectura y cualesquiera otras de naturaleza análoga a las antes mencionadas. Por “al-rededores de una escuela” se entenderá toda vía pública o área recreativa colindante con los límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación, en cualquier dirección. (Énfasis suplido y escolio omitido.) 1986 Leyes de Puerto Rico 113.

Esta versión del Art. 411A de la Ley de Sustancias Con-troladas, supra, era la que estaba vigente al momento de ocurrir el delito imputado al acusado apelante.

Es en esta redacción que el apelante basa su plantea-miento de vaguedad e. imprecisión del estatuto. Alega que la vaguedad surge de la exclusión del requisito de distan-cia específica dentro de la cual debe ocurrir la transacción de sustancias controladas allí prohibida. Plantea, además, que tal omisión tiene el efecto de violarle su derecho fundamental al debido procedimiento de ley que le garantiza el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1. No le asiste la razón.

El Art. 411A, supra, fue enmendado nuevamente por la Ley Núm. 33 de 27 de mayo de 1988. Dicha enmienda fue “a los fines de precisar la definición de ‘alrededores de una escuela’ e incorporar la definición de ‘alrededores de un centro, institución o facilidad’ que es necesaria para confi-gurar el delito allí establecido”. Expresión de Propósitos de la Ley Núm. 33 de 27 de mayo de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 134.

En la Exposición de Motivos de esta ley, el legislador plasmó su interpretación en torno a la constitucionalidad del hasta entonces vigente Art. 411A, supra, así como el propósito de la nueva enmienda. En esa tónica señaló:

La presente medida propone r[e]stablecer el criterio de dis-tancia en la definición del término “alrededores de una escuela” pero se aumenta la distancia a cien (100) metros radiales. El lenguaje de la disposición vigente resulta vago e impreciso al disponer que se entenderá por alrededores de una escuela “toda vía pública o área recreativa colindante con los límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación, en cualquier dirección”.
Se propone, además, la derogación del último párrafo del Ar-tículo 411A que contiene otra definición de “alrededores de una escuela” muy parecida a la contenida en el párrafo tercero pues crea confusión y no cumple ningún propósito. En su lugar se incorpora la definición del “alrededor de un centro, institución o facilidad” necesaria para configurar el delito de introducción de sustancias controladas en esos lugares de prevención, diagnós-tico, tratamiento y rehabilitación de adictos o dependientes a drogas, provisto en el párrafo cuarto del Artículo 411A. (Enfasis suplido.) Expresión de Motivos de la Ley Núm. 33 de 27 de mayo de 1988, Leyes de Puerto Rico, págs. 134-135.

Nada se dispuso en torno a la eliminación del requisito de que, como elemento del delito, las escuelas tuviesen que ser utilizadas para el propósito de su creación. El legisla-dor reiteró así la eliminación de ese requisito.

En reiteradas ocasiones nos hemos expresado en torno a la naturaleza y contenido de la doctrina de vaguedad. Esta es parte integral de la cláusula del debido procedimiento de ley y exige que los estatutos penales sean claros y precisos. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984); Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1950); R. Serrano Geyls, Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1988, T. II. La intención es que las personas de inteligencia común no estén obligadas a adivinar el significado del estatuto. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987); L.H. Tribe, American Constitutional Law, Nueva York, The Foundation Press, 1988, Cap. 12, Sec. 12-31, pág. 1033. En otras palabras, “ ‘una ley penal viola el requisito constitucional de certidumbre {definiteness) cuando no ofrece a una persona de inteligencia ordinaria justa notificación de que su conducta está prohi-bida por el estatuto. El principio básico es que no se puede hacer responsable criminalmente a ninguna persona por una conducta que ella razonablemente no podía entender [que] estuviese proscrita’ ”. Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 763, 787 (1960). Véase, además, Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 750, 751-752 (1970).

Además de evitar que haya una falta de justa notifica-ción a una persona de inteligencia promedio sobre la exis-tencia de una conducta prohibida, la doctrina de vaguedad persigue salvaguardar otras normas de gran interés público. Entre éstas se encuentran: el que las personas lla-madas a poner en vigor la ley no la apliquen de forma arbitraria y discriminatoria, y que la aplicación de la ley no interfiera con el ejercicio y disfrute de algún derecho cons-titucional fundamental. Pueblo v. Hernández Colón, supra, págs. 901-903; Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988).

Es importante recalcar que el mero hecho de que una ley requiera ser interpretada no significa que adolezca de vaguedad. Vélez v. Srio. de Justicia, supra; Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139 (1973); R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aprobación e interpretación de las leyes en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. I, Cap. 72, pág. 462. A este respecto hemos indicado que:

No debe caerse en la superficialidad de creer que una ley penal es nula por defecto de vaguedad debido a que requiera interpretación. Como señala el maestro Jiménez de Asúa, todas las leyes, aun las “clarísimas”, requieren interpretación. “Toda ley, por el hecho de aplicarse es interpretada, ya que al cotejar su contenido con el hecho real se produce un proceso de subsun-ción, al que contribuyen los órganos interpretativos (a veces el legislador y el científico y siempre el juez), por procedimientos gramaticales y teleológicos, y con resultados declarativos, res-trictivos, extensivos o progresivos.” En cuanto a las leyes pena-les “hay que armonizar la estricta legalidad del Derecho puni-tivo, con la imprescindible interpretación teleológica de las normas jurídicas. Reconociendo que el Derecho penal tiene ca-racteres de mayor certidumbre y estabilidad que las otras ra-mas, es imposible creer que la ley penal, sensu strictu, se basta del todo a sí misma y que sea suficiente interpretarla a la letra. No es un sistema completo y sin lagunas, de modo que con el simple procedimiento lógico, basado en los preceptos legales es-critos, se puedan resolver todas las cuestiones”. (Escolios omitidos.) Pueblo v. Tribl. Superior, supra, pág. 788.

En su discusión sobre el planteamiento de vaguedad del estatuto, el acusado apelante alega que, debido a que éste contempla una penalidad doble y hasta triplemente mayor en comparación con la comisión de los mismos delitos en otro lugar que no sea una escuela o institución de las allí definidas, o en sus alrededores, es necesario que se esta-blezca claramente y con especificidad la acción que se penaliza. Argumenta que, en el caso de autos, la vaguedad del Art. 411 A, supra, consiste en no establecer la distancia mínima o medida específica de lo que constituye los “alre-dedores” de una escuela. Alega que tal omisión ocasiona que esta ley no provea un aviso adecuado del acto que la misma ha declarado como punible, pues la conducta allí prohibida no está claramente definida. No le asiste la razón.

El Art. 411A, supra, provee una justa notificación sobre la existencia de la conducta allí prohibida. Pueblo v. Her- nández Colón, supra. Una persona de inteligencia común u ordinaria puede entender que efectuar cualquier tipo de transacción de las allí proscritas constituye delito. Igual-mente, puede entender el significado del término “alrede-dores” según utilizado en el estatuto. En el sentido más común de la palabra, “alrededores” denota todo aquello que circunda a una cosa o persona y que se encuentra más o menos cerca de ella. Véase Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1984, T. I, pág. 76. El acusado apelante estaba en posición de entender el alcance del significado de la palabra “alrededores” según la misma surge del Art. 411A de la Ley de Sustancias Contro-ladas, supra.

Por otro lado, la conducta prohibida por el Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra, no es una en la que pueda incurrirse si se efectúa en una zona alejada de la escuela. Al acusado apelante no le cobija derecho consti-tucional o estatutario alguno que le permita distribuir co-caína o cualquier otro tipo de sustancias controladas en sitio alguno, mucho menos en las escuelas o áreas adyacen-tes a éstas.

Si adoptamos la posición más favorable al acusado, es-tamos frente a un caso que, a lo sumo, involucra una ley que requiere ser interpretada. Como indicamos previa-mente, esto no significa que esta ley adolezca de vaguedad o imprecisión inconstitucional. Pueblo v. Tribl. Superior, supra; Vives Vázquez v. Tribunal Superior, supra. Es norma reiterada que “[l]os estatutos penales deben inter-pretarse a la luz de la realidad social de donde surgen y operan. Nuestro deber es interpretar las. leyes en el con-torno de una situación social y económica actual para resolver controversias humanas de profundas implicaciones personales para los afectados y para la comunidad en general”. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 410 (1988). Si bien es cierto que, conforme al principio de lega-lidad, los estatutos penales deben ser interpretados res-trictivamente, Art. 8 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3031, no es menos cierto que esta norma “no exige que a las palabras de un estatuto deba dárseles su significado más limitado o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención del legislador”. (Enfasis suplido.) Pueblo v. Mantilla, supra, pág. 44; Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra; Pueblo v. Burgos Torres, 120 D.P.R. 709 (1988).

Si bien el texto del Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra, luego de la enmienda de 1986, no de-finió el concepto “alrededores” con relación a las escuelas, esto se debió a la inadvertencia del legislador. De la expre-sión de propósitos de la misma ley que introdujo la en-mienda de 1986 surge claramente que la intención del le-gislador fue extender el área considerada como “alrededores” de veinticinco (25) a doscientos (200) metros radiales. Esta enmienda fue motivada por la profunda pre-ocupación de los legisladores y del pueblo en general, oca-sionada por los efectos devastadores en nuestros niños y jóvenes del tráfico ilegal de drogas en las escuelas de Puerto Rico.

De la prueba desfilada en instancia, la cual fue creída por el juzgador de los hechos, se desprende que el acusado apelante —al momento de efectuarse la transacción de sus-tancias controladas por la cual se le acusó— estaba ubi-cado frente a los terrenos de la escuela. No tenemos la menor duda de que el apelante sabía, o debió saber, que se encontraba efectuando una transacción ilegal de sustan-cias controladas en los alrededores de una escuela, activi-dad proscrita por el Art. 411A de la Ley de Sustancias Con-troladas, supra. Tampoco dudamos, y así surge claramente de la prueba vertida, que el acusado estaba ubicado, con relación a la escuela, a una distancia mucho menor que la que el legislador tuvo intención de establecer mediante la enmienda de 1986.

Para efectos de lo establecido en el Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y de acuerdo con los he-chos particulares del caso de autos, el acusado apelante recibió justa notificación de la actividad proscrita por dicho estatuto. Pueblo v. Hernández Colón, supra.

Al concluir que el Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra —y vigente al momento de ocurrir los hechos del caso ante nos— no adolece del defecto de vague-dad, diferimos de la interpretación del legislador con rela-ción al mismo estatuto al éste expresar en la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 33, supra, que “[e]l lenguaje de la disposición vigente resulta vago e impreciso ...”.

Sin embargo, con todo el respeto — e independiente-mente de éste— que nos merece la interpretación del Poder Legislativo sobre su constitucionalidad o la de algún otro estatuto en particular, es a los tribunales a quienes corres-ponde la función indelegable de ser los intérpretes finales de la Constitución de Puerto Rico, y al ejercer esta función no estamos vinculados ni obligados a coincidir con las in-terpretaciones hechas por otros poderes del Gobierno. Es, enfáticamente, atributo y deber de la Rama Judicial la de-terminación de lo que significa la ley. Es a los tribunales a quienes les toca interpretar las leyes y la Constitución. Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750, 760 (1977). El Art. 411A, supra, no adolece de vaguedad. Al apelante no se le violó su derecho constitucional al debido procedimiento de ley.

HH hH h — I

El requisito de que la escuela se encuentre en funciones como elemento del delito y el punto a partir del cual comen-zara a medirse para establecer qué constituye los “alrede-dores” de una escuela

El apelante alega que, a pesar de que se le imputó haber vendido sustancias controladas en los alrededores de una escuela pública, la prueba desfilada no fue suficiente para establecer que dicha escuela se encontraba en funciones ni que la transacción ocurrió en sus alrededores. Planteó, además, que de la prueba desfilada tampoco surge que el lugar alrededor del cual ocurrió la transacción fuese efec-tivamente una escuela, pues el Fiscal no presentó funcio-nario alguno que declarase en torno a su existencia y operación. Igualmente argumentó que a la defensa no se le permitió pasar prueba sobre la distancia que había entre el lugar donde ocurrió la transacción de sustancias controla-das y la escuela.

Según previamente indicáramos, cuando se introdujo mediante enmienda el Art. 411A a la Ley de Sustancias Controladas, supra, el legislador incluyó como elemento del delito el requisito de que las escuelas a que allí se hace referencia estuviesen en funciones. Sin embargo, mediante la enmienda introducida al Art. 411A en 1986, cuyo texto así enmendado estaba vigente al momento de ocurrir la transacción de sustancias controladas que hoy nos ocupa, el requisito de que la escuela estuviese en funciones fue eliminado. Este cambio en la redacción del Art. 411A, así como otros cambios hechos por virtud de la misma en-mienda, fueron producto de la reacción legislativa ante la preocupante situación del tráfico de sustancias controladas en nuestras escuelas, que destruye la vida de niños y jóvenes.

A partir de la vigencia de la enmienda de 1986 no era necesario pasar prueba referente a que las escuelas estu-viesen en funciones. Desde ese momento dejó de ser un elemento indispensable para la configuración del delito.

Así las cosas, no estaba obligado el Ministerio Público a pasar prueba tendente a demostrar que al momento de efectuarse la transacción por la cual se acusó al apelante, la escuela en cuyos alrededores ocurrió estaba en funciones docentes. Por lo tanto, no era necesario que presentara como testigo a funcionario escolar alguno para que decla-rara en torno a este asunto.

Con relación al planteamiento de la distancia habida entre el lugar de la transacción y la escuela, el apelante nos trae dos (2) elementos que deben ser considerados: (1) el impedimento, por parte de instancia, a que el apelante pasara prueba para , demostrar que la transacción no ocu-rrió en los alrededores de la escuela y (2) la insuficiencia de la prueba de cargo para sostener el delito imputado. Lo relativo a la suficiencia de la prueba lo discutiremos en la Parte IV de esta opinión.

De la exposición narrativa de la prueba surge que, du-rante el contrainterrogatorio, la defensa intentó lograr una declaración del agente encubierto en torno a la distancia existente entre el lugar en que éste estacionó el vehículo y la estructura física de la escuela. La pregunta hecha con este propósito fue objetada por el Fiscal por entender que no era pertinente al asunto en controversia. El juez de instan-cia declaró con lugar la objeción.

Entendemos que la pregunta, tomada tal y como fue formulada, no era pertinente. Cf. Regla 18(b) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. El término “alrededores de la escuela”, según surge del propio Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra, y de acuerdo con lo establecido en la Parte II de esta opinión, se interpretará tomando en con-sideración el concepto general de “escuela” que aparece en la definición dada por el mencionado Art. 411A, supra. Allí se indicó que por “escuela” se entendería no sólo el edificio principal, o lo que el apelante llama “estructura física”, sino además “toda edificación, anexo, patio, jardín y área de estacionamiento de la escuela 1986 Leyes de Puerto Rico 113. El término “alrededores de una escuela” se defi-nió como “toda vía pública o área recreativa colindante con los límites por cerca o por cualquier otro signo de demarca-ción, en cualquier dirección”. (Enfasis suplido.) Id.

A los efectos de rebatir la prueba de cargo que estableció que el acusado apelante estaba en los “alrededores” de la escuela, no era pertinente pasar prueba tendente a esta-blecer la distancia habida entre el lugar donde el agente encubierto estacionó el vehículo o donde alegadamente ocurrió la transacción y la estructura física o edificio principal de la escuela. La distancia que debió calcularse era a partir del área general definida por el legislador como es-cuela, esto es, “toda edificación, anexo, patio, jardín y área de estacionamiento ...”. 1986 Leyes de Puerto Rico 113. Lo que constituye los “alrededores” de una escuela se medirá tomando como punto de partida los “límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación” (id.), y no únicamente con relación al edificio principal. Actuó correctamente el tribunal de instancia al no permitir que la pregunta así formulada al testigo fuese contestada. Además, de la prueba presentada surge con meridiana claridad que la transacción de sustancias controladas se efectuó en los “al-rededores” de la escuela, según este concepto es entendido por una persona de inteligencia promedio. Este error no se cometió.

IV

La suficiencia de la prueba y el testimonio estereotipado

En el segundo señalamiento de error, el apelante tam-bién atacó la suficiencia de la prueba de cargo para esta-blecer que la transacción ocurrió en los alrededores de una escuela, así como para establecer que efectivamente se tra-taba de una escuela y que la prueba de cargo no fue sufi-ciente para probar que el acusado era culpable más allá de duda razonable.

De la exposición narrativa de la prueba surge que en su declaración el agente encubierto describió la ubicación y el nombre de la escuela, para lo cual ofreció datos específicos. Describió el lugar frente al cual ocurrió el delito como la Escuela Elemental Camarones IV, sita en el barrio Cama-rones del pueblo de Guaynabo. Señaló, además, que la transacción se efectuó “frente a los terrenos de la escuela” e indicó que el acusado apelante “estaba parado al frente de la escuela, frente donde queda el portón”. Esta fue la prueba presentada. La misma fue aquilatada y creída por el juzgador de instancia.

Con relación al planteamiento de insuficiencia de la prueba para probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable, es menester señalar que el análisis que de la exposición narrativa de la prueba hemos hecho nos con-vence de que la prueba fue suficiente en derecho para sos-tener la convicción del acusado. Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748 (1985).

Así las cosas, el acusado apelante no nos ha convencido de que haya necesidad de intervenir con la función aquila-tadora de credibilidad del juzgador de instancia. Pueblo v. Suárez Fernández, 116 D.P.R. 842 (1986). Por lo tanto, de-bemos reiterar la norma establecida a los efectos de que “un tribunal apelativo no debe revocar una convicción a base de un planteamiento de insuficiencia de prueba, que se reduce a la credibilidad de testigos, en ausencia de indi-cios de prejuicio, parcialidad o error manifiesto. El juzga-dor de instancia está en mejor posición al respecto”. Pueblo v. Hernández Mercado, 126 D.P.R. 427 (1990); Pueblo v. Torres Ramos, 121 D.P.R. 747 (1988); Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454 (1988); Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1986); Pueblo v. Lebrón Gonzá lez, 113 D.P.R. 81 (1982); Pueblo v. Díaz Ríos, 107 D.P.R. 140 (1978); Pueblo v. Cruz Negrón, 104 D.P.R. 881 (1976).

En su alegato ante nos, el acusado apelante señaló que se le declaró culpable aun cuando existía duda razonable de su participación en los hechos delictivos pues, según alega, la prueba de cargo no rebatió la presunción de inocencia. Planteó, además, que el testimonio del agente encubierto no fue suficiente para establecer su culpabili-dad más allá de duda razonable, pues se trata de un testi-monio descarnado, estereotipado, increíble y contradictorio. Ambos errores fueron discutidos conjuntamente.

Con relación a lo alegado en torno al planteamiento de duda razonable, cuya discusión se hizo extensiva por el acusado al señalamiento de testimonio estereotipado, el apelante se limitó a argumentar que el testimonio del agente encubierto Sánchez Hernández era uno “descarna-do” que “no se ajusta a la realidad, ya que físicamente es imposible salir desde el Departamento de Justicia en San Juan, a las 4:52 p.m., hacer todas las cosas que dice el agente que hizo, y hacer luego una supuesta transacción de droga a las 6:10 de la tarde con el convicto-apelante”. De entrada es preciso aclarar que, según surge de la exposi-ción narrativa de la prueba, la evidencia desfilada fue a los efectos de que la transacción se efectuó a las 6:30 de la tarde y no a las 6:10 p.m. como alega el apelante. No re-sulta, pues, físicamente imposible realizar los actos narra-dos por el agente encubierto.

Pasemos ahora a analizar el planteamiento de que se trataba de un testimonio estereotipado. Hemos definido testimonio estereotipado como “aquel que se reduce a esta-blecer los elementos mínimos necesarios para sostener un delito sin incluir detalles imprescindibles para reforzarlo”. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467, 480 (1989). Véanse: Pueblo v. Sanabria Pérez, 113 D.P.R. 694 (1983); Pueblo v. Almodóvar, 109 D.P.R. 117 (1979); Pueblo v. González del Valle, 102 D.P.R. 374 (1974); Pueblo v. Rosario Torres, 101 D.P.R. 840 (1973); Pueblo v. Soto Zaragoza, 94 D.P.R. 350 (1967); Pueblo v. Ayala Ruiz, 93 D.P.R. 704 (1966).

Examinada con detenimiento la exposición narrativa de la prueba, concluimos que no estamos ante un caso de tes-timonio estereotipado. La declaración del agente encu-bierto Sánchez Hernández no puede catalogarse como tes-timomo irreal o improbable. Pueblo v. González del Valle, supra. Tampoco se trata de un testimonio descarnado. La declaración de dicho agente no se limitó a los particulares mínimos necesarios para establecer la infracción, Pueblo v. Ayala Ruiz, supra, sino que suministró información adicio-nal que proveyó su confiabilidad. Pueblo v. Rivera Rodríguez, supra. En resumen, al tomar en consideración todos los pormenores del caso de autos, concluimos que el testi-monio del agente encubierto no puede ser calificado de es-tereotipado, irreal o improbable. Este error no fue cometido.

Por todo lo antes expuesto, concurrimos con la sentencia que hoy emite este Tribunal.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Her-nández Denton,

a la cual se une el Juez Presidente Se-ñor Andréu García.

Por entender que la definición de “alrededores de una escuela” en la Ley Núm. 40 de 5 de junio de 1986 (24 L.P.R.A. sec. 411A), es vaga e imprecisa y viola el principio de legalidad del ordenamiento penal, revocaríamos la sen-tencia apelada y en su lugar declararíamos al Sr. Félix J. Cabello Mulero culpable del delito de infracción al Art. 401(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401. Disentimos.

I

El 14 de agosto de 1987, el Sr. Félix Cabello Mulero fue acusado de violar el Art. 411A de la Ley de Sustancias Con-troladas de Puerto Rico, supra, que prohíbe la distribución y venta de sustancias controladas en los alrededores de una escuela. En la acusación se imputó que para el 12 de diciembre de 1986 y frente a una escuela en el Bo. Cama-rones de Guaynabo, el apelante ilegal, voluntaria, mali-ciosa y criminalmente distribuyó la sustancia controlada conocida como “cocaína”. Por estos hechos fue juzgado en el Tribunal Superior, Sala de Bayamón.

La prueba demostró que a eso de las 6:30 de la tarde Cabello Mulero realizó frente a una escuela en el Bo. Ca-marones de Guaynabo una transacción de drogas con un confidente y un encubierto de la Policía. Surge de la Expo-sición Narrativa de la Prueba, que el sitio donde se llevó a cabo la transacción fue en la entrada de la escuela que estaba localizada en los altos de una loma. Exposición Na-rrativa de la Prueba, pág. 9. Cuando la defensa intentó establecer la distancia entre la escuela y el lugar de los hechos, el juzgador de los hechos intervino y no le dejó preguntar al respecto, porque entendió que la distancia no era un criterio pertinente. Véase Exposición Narrativa de la Prueba, págs. 9 y 10.

El 2 de diciembre de 1988, siendo juzgado por tribunal de derecho, se encontró culpable al acusado del delito im-putado y se le condenó a veinte (20) años de reclusión. En su apelación, Cabello Mulero sostiene que el tribunal de instancia cometió los errores siguientes:

A. PRIMER ERROR:
Cometió grave error el Honorable Juez al declarar culpable al acusado, ya que existía duda razonable sobre su participación en los alegados hechos delictivos y la prueba de cargo no rebatió la presunción de inocencia.
B. SEGUNDO ERROR:
La acusación que se hizo contra el convicto-apelante, fue de haber vendido sustancias controladas en los predios de una es-cuela pública y la prueba desfilada no fue suficiente para esta-blecer que dicha escuela se encontraba en funciones, que la supuesta venta había sido en los predios de la escuela, ya que no se le permitió a la defensa pasar prueba sobre tales extremos.
C. TERCER ERROR:
Que durante el proceso del juicio, al convicto-apelante se le violó el debido proceso de ley.
D. CUARTO ERROR:
El testimonio del agente encubierto fue uno descarnado, e[s]ter[e]otipado e increíble que entró en serias contradicciones y no rebasó los parámetros para establecer un caso más allá de la duda razonable. Alegato del acusado apelante, págs. 2-3.

La apelación nos permite examinar si al momento de los hechos el Art. 411Ade la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, según enmendada, 24 L.P.R.A. sec. 2411a, adolecía de vaguedad y violaba la cláusula del debido proceso de ley.

HH h-H

Al resolver la controversia de esta apelación partimos de la premisa de que un acto no es punible a menos que “no esté expresamente definido por la ley como delito ...”. 33 L.P.R.A. see. 3031. Este principio rector del derecho penal recogido en el Art. 8 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3031)() consagra la máxima latina nullum crimen, nu-llum poena, sine lege previae. Este principio de antigua es-tirpe constituye un elemento cardinal en el ordenamiento penal moderno. Conforme a sus postulados, al interpretar un estatuto “la claridad y precisión ... es condición de su validez”. Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404 (1988).

Tanto esta norma como el mandato constitucional de que ninguna persona será privada de su libertad sin el debido proceso de ley, proscriben las leyes vagas o ambiguas. En Pueblo v. Santiago Vázquez, 95 D.P.R. 593, 595 (1967), sostuvimos que “allí donde el estatuto penal es de tal naturaleza indefinido e impreciso que no informa adecuadamente al ciudadano que su acto estaba prohibido y penado” falta al debido proceso de ley garantizado por el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1.

Al amparo de este precepto, una ley es nula por vague-dad si sus prohibiciones no están claramente definidas. Vives Vázquez v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 139 (1973). Ante un reclamo de ambigüedad y violación del debido pro-ceso de ley, recientemente concluimos que una ley será de-clarada nula si: (1) una persona de inteligencia promedio no queda debidamente advertida del acto u omisión que el estatuto pretende prohibir y penalizar; (2) se presta a la aplicación arbitraria y discriminatoria e interfiere con el ejercicio de derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Pacheco Fraticelli v. Cintrón Antonsanti, 122 D.P.R. 229 (1988). Véase, además, Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891, 906 (1987), opinión disidente.

En esencia, allí reiteramos que el concepto de ambigüe-dad toma como punto de partida la percepción y entendi-miento que una persona de inteligencia promedio puede hacer de una ley. Una ley es nula por razón de vaguedad si personas de inteligencia común se ven obligadas a adivinar su significado y, a su vez, resulta difícil poder establecer la forma y manera de su aplicación, conllevando una posible aplicación arbitraria. Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36 (1950); Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533, 544 (1984).

Por otro lado, el hecho de que se tenga que ejercer nues-tra función de interpretar la ley no implica que la ley ado-lece de vaguedad. Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 763 (1960). No obstante, al interpretar un estatuto penal, el principio de legalidad nos impone el deber de interpretar estas leyes restrictivamente. Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256 (1983); Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312 (1982).

Con la aprobación del Código Penal de 1902, se dispuso que la interpretación de la norma penal debía seguir el estricto sentido de los términos de la ley.() Véanse: El Pueblo v. Benitez et al., 19 D.P.R. 246, 258 (1913); El Pueblo v. Padilla, 20 D.P.R. 276, 280 (1914). Incluso, estos pronun-ciamientos requerían que toda interpretación restrictiva debía exigir que en caso de duda se favoreciera al acusado. Mari Bras v. Alcaide, 100 D.P.R. 506 (1972); Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 439 (1973). No obstante, la in-terpretación del estatuto penal debe ser razonable y una aplicación literal suya, que resulta en consecuencias absur-das, debe ser evitada. La interpretación restrictiva no exige que a las palabras debe dárseles su significado más limitado o que se deba hacer caso omiso de la evidente intención del legislador. Pacheco v. Vargas, Alcaide, supra; Pueblo v. Burgos Torres, 120 D.P.R. 709 (1988).

Al interpretar una ley penal especial como la del caso de autos también debemos hacerlo de acuerdo con las normas de hermenéutica expuestas en los Art. 5,() 6() y 7 del Có-digo Penal. En particular, debemos interpretar las pala-bras o frases según “su contexto, su uso común y corriente, y el tiempo y género de las voces”. D. Nevares-Muñiz, De-recho Penal Puertorriqueño: Parte General, Hato Rey, Inst. Desarrollo del Derecho, 1983, pág. 106.

Por último, cuando un estatuto es susceptible de dos interpretaciones, una de las cuales lo hará constitucional y la otra inconstitucional, es el deber de las cortes adoptar aquella interpretación que, sin violentar el significado ra-zonable del lenguaje, lo haga constitucional. Véase Pueblo v. Mantilla, supra. Claro, hay que tomar en consideración que debemos abstenernos de formular interpretaciones constitucionales a menos que no pueda resolverse la con-troversia por otros razonamientos. Véase Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945 (1960). Tampoco resulta apropiado, cuando un estatuto es claro y su interpretación correcta se desprende del significado común y corriente de sus palabras, intercalar vocablos ni suplir omisiones al interpretarlo. Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 662 (1964).

Luego de este breve repaso de las reglas de hermenéu-tica penal, nos compete pronunciarnos sobre la validez del Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, según enmendada, supra, vigente al momento de los hechos.

HH HH I — \

En un esfuerzo por reglamentar la fabricación, distribu-ción y dispensación de las sustancias controladas en Puerto Rico y establecer un cuerpo de ley con las debidas penas, se aprobó la ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971, conocida como la “Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico”. En dicha ocasión el legislador tenía un inte-rés legítimo de resolver el problema del trasiego de drogas. Sin embargo, la ley era silente en cuanto al creciente trá-fico de drogas que existía en las escuelas públicas y priva-das del país. Fue para mediados de la década del ’70 que se incorporó el Art. 411A, supra, que específicamente trataba el problema de la venta de drogas en los planteles escolares y sus alrededores.

Esta ley, en lo que nos concierne, disponía:

Artículo 411A.—
Toda persona que, a sabiendas e intencionalmente y en vio-lación a las disposiciones de esta ley, introduzca, distribuya, dispense, administre, posea o transporte para fines de distribu-ción, venda, regale o entregue en cualquier forma, cualquier sustancia controlada de las incluidas en las Clasificaciones I a V de esta ley, en una escuela pública o privada, o en sus alre-dedores y mientras se encuentren en funciones escolares, incu-rrirá en delito grave y convicta que fuere será sentenciada con el doble de las penas provistas por el Artículo 401(b) de esta ley por un delito cometido por primera vez, que envuelva la misma sustancia y la misma clasificación.
Por “escuela” se entenderá el edificio principal y toda edifica-ción, anexo, patio, jardín y área de estacionamiento de la es-cuela y cubrirá las elementales, secundarias (intermedias), su-periores, especializadas y a las universidades y colegios para estudios universitarios. Por escuela especializada se entende-rán cubiertas, a los fines de este artículo, a las comerciales, vocacionales o de oficios; aquellas para personas impedidas fí-sicamente, retardadas mentales, sordomudas y ciegas; para personas con limitaciones del habla y en la lectura y cuales-quiera otras de naturaleza análoga a las antes mencionadas. Por los “alrededores de una escuela” se entenderá cubierta un área hasta una distancia de veinticinco (25) metros a contarse desde los límites de la escuela, según indicados los límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación, en cualquier dirección. (Enfasis nuestro y escolio omitido.) 1975 Leyes de Puerto Rico 882-883.

Sin embargo, el estatuto sufrió un cambio fundamental con la aprobación de la Ley Núm. 40 de 5 de junio de 1986 (24 L.P.R.A. sec. 2411a). Ese año, el legislador, preocupado por la seguridad de la población escolar, entendió que era preciso enmendar el Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, en dos (2) extremos. El pri-mero, aumentar el área incluida en los alrededores de las escuelas a doscientos (200) metros (anteriormente veinti-cinco (25) metros) y, el segundo, excluir a los que cometen estos delitos de los beneficios de la sentencia suspendida y libertad a prueba. Art. 414 de la Ley Núm. 4 de 23 de junio de 1971 (24 L.P.R.A. sec. 2411a).

Aunque de la exposición de motivos surge que la inten-ción legislativa fue ampliar el área cubierta hasta una dis-tancia de doscientos (200) metros radiales, la Asamblea Legislativa omitió incluir un artículo a esos efectos en el texto de la ley que fue aprobada. Como resultado de esta omisión, el Art. 411A, según enmendado, supra, definió “al-rededores de la escuela” de la siguiente manera:

Por “alrededores de una escuela” se entenderá toda vía pú-blica o área recreativa colindante con los límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación, en cualquier dirección. 1986 Leyes de Puerto Rico 113.

Al percatarse de la omisión incurrida al promulgar la Ley Núm. 40, supra, la Asamblea Legislativa, mediante la Ley Núm. 33 de 27 de marzo de 1988 (24 L.P.R.A. see. 2411a), enmendó el estatuto a los únicos fines de “restable-cer el criterio distancia” en la definición de “alrededores de una escuela”.() Al promulgar esta nueva ley, la Asamblea Legislativa expresamente reconoció que la definición de “alrededores” de la Ley Núm. 40, supra, era vaga e impre-cisa y que era necesario establecer un límite de cien (100) metros radiales al. área cubierta por esta prohibición. Véase Exposición de Motivos de la Ley Núm. 33 de 27 de mayo de 1988, Leyes de Puerto Rico, págs. 134-135.()

En vista de que la Asamblea Legislativa expresamente reconoció que su omisión tuvo el efecto de causar confusión sobre ej alcance de la prohibición del Art. 411A, según en-mendado, supra, resulta realmente sorprendente la sen-tencia emitida por este Tribunal. Las enmiendas introdu-cidas en el estatuto en el 1988 constituyeron una aceptación de la Asamblea Legislativa de que el estatuto era vago y confuso y, por ende, violaba el principio de legalidad. No obstante esta aceptación, una mayoría de los compañeros de este Tribunal refrendan el dictamen ape-lado y desde este estrado apelativo la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón pretende corregir la omisión legislativa. No podemos refrendar este acto de legislación judicial en asuntos en que se debate la libertad de una persona.

> HH

Motivado porque la ley expuesta anteriormente era la vigente al momento de suceder los hechos del caso de epí-grafe, en su apelación, Cabello Mulero sostiene que “la de-finición ‘alrededores de una escuela’ contenida en la Ley Núm. 40, es tan amplia en su alcance, tan indefinida y tan vaga que permitiría la convicción de un acusado de vender sustancias controladas a cientos de metros de una escuela”. Alegato del acusado apelante, pág. 11. Aduce que esto permitiría aplicar la ley de “igual manera a una venta de drogas realizada a diez (10) metros de la entrada de una escuela que a una efectuada a mil (1,000) metros de una escuela, ya que dentro del lenguaje de la ley, aun esto po-dría ser considerado un área ‘alrededor de la escuela’ ”. íd., págs. 11-12.

Fundamentándose en su conclusión en cuanto a que la distancia no era importante en la aplicación de la ley, el foro de instancia no permitió prueba sobre estos extremos. No obstante, la opinión concurrente de la compañera Juez Asociada Señora Naveira de Rodón reconoce que la distan-cia es un elemento importante en esta ley especial, y a pesar de que no se presentó prueba sobre este aspecto, con-firma la sentencia apelada. Su opinión concurrente con-cluye que el Art. 411A, según enmendado, supra, provee una justa notificación sobre la conducta allí penada. Aduce que una persona de inteligencia común u ordinaria puede entender y comprender el significado del término “alrede-dores” y concluye que la ley prohíbe la venta y distribución de sustancias controladas “si se efectúa en una zona ale-jada de la escuela”. La sentencia emitida por una mayoría del Tribunal concluye que no se cometieron los errores se-ñalados y refrenda (implícitamente) la tesis de la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

Ante el reclamo de vaguedad en la redacción del artí-culo, la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón afirma que como el acusado es una persona de inteligencia común, podía “entender el significado del término alrededores” según utilizado en el estatuto. Para fundamentar su hipótesis se recurre al Diccionario de la Lengua Española y concluye que el vocablo denota “todo aquello ... que se encuentra más o menos cerca de ella”. (Enfasis suplido.) Opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón, pág. 197.

La acepción citada del Diccionario de la Lengua Espa-ñola está viciada de la misma vaguedad e imprecisión que el estatuto. Como el vocablo “alrededor” es un adverbio, “que se emplea generalmente con ‘de’ como preposición para expresar la situación de algo que rodea a la cosa de que se trata”, A. Moliner, Diccionario de Uso del Español, Madrid, Ed. Gredos, 1986, pág. 148, éste tiene múltiples usos y se utiliza generalmente cuando no se puede precisar la distancia del objeto primario.

Recordemos también que interpretamos un artículo penal que contiene en su propio texto la definición de “alre-dedores de una escuela”. Esto es, no tenemos que recurrir a otro artículo para conseguir su definición. Siendo esto así, ¿por qué la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón recurre al diccionario de la Real Academia Española para definir “alrededores”? ¿No es esto una admisión de que el estatuto es vago e impreciso? ¿No es esto la mejor prueba de que su opinión no está utilizando el criterio rector de la persona de inteligencia común?

De lo anterior se desprende que el estatuto no tiene la claridad requerida para que un ciudadano de inteligencia común pueda entender los límites permisibles de su conducta. Precisamente por esta imprecisión es que dentro de este Tribunal tenemos opiniones contrarias sobre el al-cance del delito y la Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón se ve obligada a establecer unos límites recurriendo a la intención legislativa. ¿No es esto el mejor ejemplo de que el Art. 411A, según enmendado, supra, viola el principio de legalidad y la doctrina del debido proceso de ley?

Conscientes de la imprecisión del lenguaje estatutario, la opinión concurrente de la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón trata de superar los problemas constitucionales afirmando que “la conducta prohibida ... no es una en la que pueda incurrirse si se efectúa en una zona alejada de la escuela”. Opinión concurrente de la Juez Asociada Se-ñora Naveira de Rodón, pág. 179. La solución concebida es tan ambigua como el concepto original. ¿Significa esto que en el futuro tendremos que interpretar qué es una zona alejada?

La solución de la opinión concurrente de la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón no es lo suficientemente precisa para cumplir con el principio de legalidad y con las garantías del debido proceso de ley. Correspondía a la Asamblea Legislativa la tarea de enmendar el estatuto y establecer el área radial específica que fuese claramente entendible para el hombre de inteligencia promedio.

Por la razones expuestas anteriormente, no podemos permitir que la interpretación judicial castigue de manera injusta a un acusado por violar una ley, que el propio legis-lador aceptó que era “vaga e imprecisa”. Esto constituye un acto de legislación judicial contraria a nuestro ordena-miento constitucional y a los principios más fundamenta-les del derecho penal que no podemos endosar. Por estas razones, disentimos de la sentencia del Tribunal.

No obstante, en vista de que la prueba desfilada demos-tró más allá de duda razonable que el apelante voluntaria, maliciosa y con intención criminal distribuyó cocaína a un agente encubierto del orden público, declararíamos a Ca-bello Mulero culpable del delito de infracción al Art. 401(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, supra. Por ende, devolveríamos el caso al foro de ins-tancia para que dicte la sentencia correspondiente.

       El sobre de evidencia contenía a su vez una (1) bolsa plástica transparente con cierre de presión y una línea de color rojo en la parte superior. En esta bolsa había un polvo blanco, identificado por el químico forense como “cocaína”, con un peso total de 2.2715 gramos.

      (2) El confidente era pagado por la División de Drogas de la Policía de Puerto Rico.

      (3) Como corrección a la exposición narrativa de la prueba, tanto el Fiscal como el abogado que representa al acusado en apelación acordaron incluir, con la aproba-ción del juez de instancia, lo siguiente:
      “En las páginas 9, 10 y 11 de la Exposición se utiliza la palabra ‘portón’ y que [sic] durante la vista del caso se estableció que dicha palabra dentro del contexto de la declaración del agente encubierto nó se refería a un objeto material sino al uso popular en cuanto a la entrada de una escuela en Puerto Rico.”

       Durante el contrainterrogatorio el agente encubierto declaró que, con rela-ción a los hechos del caso de autos, prestó declaración jurada el 16 de diciembre de 1986. En dicha declaración describió al acusado como John Doe c/p “El Grande”, de aproximadamente veintisiete (27) años de edad, blanco, ojos color “brown”, pelo cas-taño, del sexo masculino y de cinco pies ocho pulgadas a cinco pies once pulgadas (5'8"-5'll") de estatura.
      En ese momento el abogado defensor solicitó del tribunal que permitiera al acusado ponerse de pie y le pidió al testigo que se acercara hasta dos pies (2') de distancia del acusado. El testigo declaró que su apreciación era que el acusado mide cerca de cinco pies ocho pulgadas (5'8") de estatura.

       De acuerdo con lo declarado por el agente encubierto, el término “capear” se utiliza para referirse al hecho de comprar drogas.

       Surge del testimonio del declarante que “perico” es uno de los términos uti-lizados para referirse a la sustancia controlada conocida por cocaína.

      (7) La defensa estipuló que se cumplió con los requisitos de la cadena de custo-dia de la evidencia.

      (8) La razón aducida para no sentar a este testigo fue que él se negó a declarar a menos que le entregaran la declaración jurada que prestó con relación a los hechos de este caso.

      (9) El Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, 24 L.P.R.A. sec. 2411a, también dispuso que:

        “Igualmente incurrirá en delito grave toda persona que, a sabiendas e intencio-nalmente y en violación a las disposiciones de esta ley, distribuya, dispense, admi-nistre, posea o transporte para fines de distribución, venda, regale o entregue en cualquier forma cualquier sustancia controlada de las incluidas en las Clasificacio-nes I a V de esta ley, en un centro, institución o facilidad pública o privada dedicado a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los adictos a drogas narcóticas o de los dependientes a drogas deprimentes o estimulantes, o en sus alrededores. En caso de convicción el infractor será castigado con la penalidad dis-puesta en los párrafos primero y segundo de este artículo, para la primera convicción y para casos de reincidencia, respectivamente.
      “Por los ‘alrededores de un centro, institución, o facilidad’ se entenderá cubierta un área hasta una distancia de veinticinco (25) metros a contarse desde los límites de éstos, según indicados por cerca o por cualquier otro signo de demarcación, en cual-quier dirección.” 1975 Leyes de Puerto Rico 883-884.

      (10) Es interesante notar que en dicha enmienda, en el párrafo que debió corres-ponder a la definición de los alrededores de un centro, institución o facilidad dedi-cada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de adictos a drogas narcóticas, el legislador, sorprendentemente, repitió la definición que antes había dado para los alrededores de una escuela.

       Esta versión del Art. 411A de la Ley de Sustancias Controladas, supra, también disponía lo siguiente:
      “Igualmente incurrirá en delito grave toda persona que, a sabiendas e intencio-nalmente y en violación a las disposiciones de esta ley, distribuya, dispense, admi-nistre, posea o transporte para fines de distribución, venda, regale o entregue en cualquier forma cualquier sustancia controlada de las incluidas en las Clasificacio-nes I a V de esta ley, en un centro, institución o facilidad pública o privada dedicada a la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los adictos a drogas narcóticas o de los dependientes a drogas deprimentes o estimulantes, o en sus alrededores. En caso de convicción el infractor será castigado con la penalidad dis-puesta en los párrafos primero y segundo de este artículo, para la primera convicción y para casos de reincidencia, respectivamente.
      “Por ‘alrededores de una escuela’ se entenderá toda vía pública o área recreativa colindante con los límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación, en cualquier dirección.” 1986 Leyes de Puerto Rico 113-114.

       Esta acción fue reiterada en la enmienda de 1988. Allí, al justificar la eli-minación del requisito de que las escuelas se utilizasen para propósitos docentes, se señaló que se hizo con el fin de “facilitar la consecución de [los] objetivos” de la ley. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 33 de 27 de mayo de 1988, Leyes de Puerto Rico, pág. 134.

       En cuanto a la alegación sobre si existía o no una escuela, además de la credibilidad que le mereció al juez de instancia la declaración del agente respecto a este particular, el tribunal muy bien pudo tomar conocimiento judicial de su existencia. Asoc. de Periodistas v. González, 127 D.P.R. 704 (1991).

       Al comenzar la discusión del señalamiento de error, referente a la existencia de duda razonable sobre su participación en los hechos imputados, el apelante nos indica que en el cuerpo de la denuncia presentada en su contra, el Ministerio Fiscal hizo referencia a que en una acusación previa el apelante se había acogido a los beneficios de TASO. Plantea que dicha anotación fue una acción indebida del Fiscal, con el único propósito de alertar y prejuiciar al tribunal en contra del acusado.
      Coincidimos con el acusado apelante en cuanto a que esta acción del Fiscal es indebida. Sin embargo, además de que el apelante trae este planteamiento ahora por primera vez, no debemos olvidar que este caso fue ventilado por tribunal de derecho y no ante un Jurado. El apelante no nos ha convencido de que la decisión de instan-cia estuviese motivada por prejuicio alguno causado por la anotación indebida del Fiscal. Así las cosas, partimos de la presunción de que el juez es un técnico conocedor del Derecho capaz de excluir en su proceso decisorio toda materia ajena e imperti-nente al asunto que ante él se ventila.

       Debido a los peligros que entraña el testimonio estereotipado, hemos esta-blecido unas pautas o criterios que han de ser considerados para evaluar su credibi-lidad:
      “ ‘En primer término, reiteramos que todo testimonio estereotipado debe escu-driñarse con especial rigor.
      “ ‘Segundo, tanto los casos de la evideneia-abandonada-o-lanzada-al-suelo como los casos del acto-ilegal-a-plena-vista deben, en ausencia de otras consideraciones, inducir sospecha de la posible existencia de testimonio estereotipado.
      . . . . . . . .
      “ ‘Cuarto, el testimonio estereotipado puede perder su condición de tal si, yendo más allá de los datos indispensables para probar los requisitos mínimos de un delito, se le rodea de las circunstancias en que funciona el agente, el término de su inves-tigación, los resultados obtenidos fuera del caso en trámites y otros detalles. Se exhorta en este sentido a recordar los factores mencionados sobre este particular en Pueblo v. Ayala Ruiz, supra y casos subsiguientes.
      “ ‘Quinto, por el contrario, la presencia de contradicciones, lagunas o vagueda-des en el testimonio debe tender a reforzar el recelo con que hay que escuchar esta clase de declaraciones.
      “ ‘Sexto, no debe olvidarse que el peso de la prueba de librar el testimonio estereotipado de sospecha recae en el fiscal. Tal peso no se descarga con la extracción del testimonio flaco y descamado a que se refirió Ayala Ruiz. Pueblo v. González del Valle, [102 D.P.R. 374, 378 (1974)].’ ” Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467, 480-481 (1989).

      (1) El Art. 8 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 3031) dispone:
      “No se instará acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se impondrán penas o medidas de seguridad que la ley no hubiere previamente establecido.
      “No se podrán crear por analogía delitos, penas, ni medidas de seguridad.”

      (2) El derogado Art. 3 del Código Penal de 1902 disponía:
      “Art. 3. —Todas las disposiciones y artículos de este Código deberán interpre-tarse según el recto sentido de sus términos, [a] fin de que llene su objeto y facilite la administración de [la] justicia.” Estatutos revisados y códigos de Puerto Rico, San Juan, Imp. Boletín Mercantil, 1902, Art. 3, pág. 521.

      (3) El Código Penal de 1974, en su Art. 5, dispone, entre otras cosas, que:
      “Las disposiciones de la Parte General del presente Código se aplicarán también a los hechos previstos por las leyes penales especiales.” 1974 Leyes de Puerto Rico 450.

      (4) El Art. 6 dispone:
      “Las palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado san-cionado por el uso común y corriente.
      “Las voces usadas en este Código en el tiempo presente incluyen también el futuro; las usadas en el género masculino incluyen el femenino y el neutro, salvo los casos en que tal interpretación resultare absurda; el número singular incluye el plural y el plural incluye el singular.” 1974 Leyes de Puerto Rico 450-451.

      (5) La Ley Núm. 33 de 27 de mayo de 1988 (24 L.P.R.A. sec. 2411a) definió “alrededores de una escuela” de la siguiente manera:
      “Por ‘alrededores de una escuela’ se entenderá cubierta un área de hasta cien (100) metros radiales a contarse desde los límites de la escuela, según indicados estos límites por cerca o por cualquier otro signo de demarcación.”

      (6) Véase la Exposición de Motivos de la Ley Núm. 33, supra, 1988 Leyes de Puerto Rico 134-135; además, el informe conjunto de 2 de mayo de 1988, a la Cá-mara de Representantes por la Comisión de lo Jurídico Penal y la Comisión de Instrucción y Cultura. Como también el informe conjunto de 29 de marzo de 1988 al Senado, por la Comisión de Instrucción y la Comisión de lo Jurídico. Ambos informes coinciden en la vaguedad e imprecisión del estatuto.

       El Art. 401(a) de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 24 L.P.R.A. see. 2401, dispone en lo pertinente:
      “(a) Excepto en la forma autorizada en este Capítulo, será ilegal el que cual-quier persona, a sabiendas o intencionalmente:
      “(1) Fabrique, distribuya, dispense, transporte u oculte, o posea con la intención de fabricar, distribuir, dispensar, transportar u ocultar una sustancia controlada;
      “(2) produzca, distribuya o dispense; transporte u oculte o posea con la intención de distribuir o dispensar, transportar u ocultar una sustancia falsificada.”


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author: per curiam:

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text:
      In re Gloriana Bonaparte Rosaly.

      Número: 6848

      Resuelto: 13 de marzo de 1992

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe; Gloriana Bonaparte Rosaly, pro se.

   per curiam:

El pasado 27 de septiembre de 1991 emiti-mos, en lo pertinente, la resolución siguiente:

Dentro del término de quince (15) días, bajo apercibimiento de sanciones, proceda la notario Gloriana Bonaparte Rosaly a someter los índices correspondientes a febrero, abril, mayo, ju-nio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 1990 y enero a junio de 1991.
En igual término deberá mostrar causa por la cual no deba ser disciplinada. (Enfasis suplido.)

Mediante memorando de fecha 13 de noviembre de 1991, el Director de la Oficina de Inspección de Notarías nos informó que la referida abogada notario no había so-metido los índices notariales que le habían sido requeridos. A base de ello y en vista de que la licenciada Bonaparte Rosaly tampoco había comparecido ante este Foro en cum-plimiento de la orden de mostrar causa emitida, emitimos el día 27 de noviembre del mencionado año una resolución, la cual, en lo pertinente, lee:

Habiendo incumplido la abogado Gloriana Bonaparte Rosaly con nuestra Resolución de fecha 27 de septiembre de 1991, se le suspende temporalmente de ejercicio de la Notaría en Puerto Rico.
La Oficina del Alguacil General de este Tribunal, en adición a notificar personalmente a la abogado Bonaparte Rosaly con co-pia de esta Resolución, deberá incautarse de la obra notarial de ésta y entregar la misma al Director de la Oficina de Inspección de Notarías, el cual deberá examinar la misma e informar al Tribunal en el término de sesenta (60) días.
Bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias como abo-gado, la licenciada Bonaparte Rosaly, tendrá el término de quince (15) días para cumplir con nuestra Resolución de fecha 27 de septiembre de 1991. (Énfasis suplido.)

Mediante moción radicada el 2 de diciembre de 1991, la licenciada Bonaparte Rosaly solicitó una prórroga, la cual fue declarada con lugar el 27 de diciembre de dicho año, concediéndole un término de veinte (20) días para cumplir con nuestras Resoluciones de 27 de septiembre y de 27 de noviembre de 1991. A pesar del tiempo transcurrido, la re-ferida abogada no ha comparecido.

Í-H

En In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490, 493-494 (1991), per curiana de fecha 13 de diciembre, expresamos, en lo pertinente, que:

Es conocido ya por todos los miembros de la clase togada que la naturaleza de su función requiere una escrupulosa atención y obediencia a las órdenes de este Tribunal, particularmente cuando de su conducta profesional se trata. Aunque parezca increíble, la necesidad de esta manifestación y la frecuencia con la que nuestras órdenes son desacatadas la hace imperiosa. To-dos los abogados tienen el deber de responder diligentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja pre-sentada en su contra que está siendo investigada. In re Pagán Ayala, 115 D.P.R. 814 (1984). (Énfasis suplido.)

La inexplicada falta de atención de la abogada Bonaparte Rosaly a las antes mencionadas resoluciones, no hay duda, amerita que decretemos la suspensión temporal de ésta de la profesión de abogado hasta que ella cumpla con las mismas y hasta que otra cosa disponga el Tribunal.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
      In re Santiago A. Jiménez Sabat.

      Número: 3548

      Resuelto: 20 de marzo de 1992

      Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, en informe.
   per curiam:

Mediante memorando de fecha 4 de diciembre de 1991, el Ledo. Govén D. Martínez Suris, Director de la Oficina de Inspección de Notarías, nos informó que el abogado notario Santiago Amadis Jiménez Sabat no había rendido los índices notariales, que requiere la Ley Notarial de Puerto Rico, correspondientes los mismos a los meses de julio a diciembre de 1990 y de mayo a diciembre de 1991; ello a pesar del requerimiento específico de dicha Oficina a esos efectos.

En vista a lo antes mencionado, el 27 de diciembre de 1991 emitimos la siguiente Resolución:

Muestre causa, dentro del término de quince (15) días, el no-tario Santiago A. Jiménez Sabat por la cual no deba ser disci-plinado por no haber suministrado los índices notariales desde julio de 1990 a marzo de 1991.
En igual término deberá remitirlos al Director de Inspección de Notarías, Ledo. Govén D. Martínez Suris.

Dicha Resolución le fue efectivamente notificada al abogado Jiménez Sabat por correo certificado con acuse de recibo. El referido abogado hizo caso omiso de la misma; esto es, no sólo no ha radicado los índices notariales sino que no ha comparecido en cumplimiento de la orden de mostrar causa emitida por este Tribunal. Obviamente no le interesa continuar ejerciendo la profesión de abogado en esta jurisdicción. Procede que decretemos su separación provisional de la abogacía. Véanse: In re Bonaparte Rosaly, 130 D.P.R. 199 (1992); In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992); In re Santiago Méndez, 129 D.P.R. 696 (1991).

El señor Alguacil General de este Tribunal deberá in-cautarse inmediatamente de la obra notarial de Jiménez Sabat y entregarla, para evaluación e informe, al Director de la Oficina de Inspección de Notarías.

Se dictará sentencia de conformidad.


text:
    Lemar S.E. (Apolo Shopping Center), demandante y recurrido, v. José A. Vargas Rosado, demandado y peticionario.

      Número: CE-91-765

      Resuelto: 20 de marzo de 1992

      Juan Manuel Adorno Peña, abogado del peticionario; Enrique Nassar Rizek, abogado de la recurrida.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

HH

El 19 de septiembre de 1991, Lemar (Apolo Shopping Center) S.E. (en adelante Lemar) presentó ante el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, una demanda de desahucio en precario contra José Vargas Rosado. La demandante alegó que es titular de un bien inmueble sujeto al régimen de propiedad horizontal ubicado en el Barrio Caimito del sitio de Río Piedras de San Juan y que el demandado “ocupa un espacio de aproximadamente Seiscientos pies cuadrados (600.00 p.c.) en el área de estacionamiento [de dicho inmueble], en cuyo lugar ubicó una cantina rodante”. Apéndice 2 de la Contestación a orden para mostrar causa, pág. 2. Continuó alegando que el demandado se ha negado a desalojar este espacio y que “detenta el mismo sin dere-cho alguno en ley, a pesar de los requerimientos de la parte Demandante”. Id. ■

El 28 de octubre de 1991, luego de una serie de trámites procesales que incluían la presentación de una moción de desestimación en la cual el demandado alegó que el 23 de septiembre de 1991, al entregársele el emplazamiento, no se le entregó copia de la demanda, la parte demandada presentó una moción en la solicitaba el traslado del caso a la Sala de San Juan. En dicha moción expresó que el 24 de octubre, en una vista, se dio por emplazada para no dilatar los procedimientos. Continuó arguyendo que como de la faz de la demanda surge que el tribunal con competencia es el Tribunal Superior, Sala de San Juan, procedía el traslado del caso a dicho tribunal.

La parte demandante se opuso al traslado alegando que al retirar la moción de desestimación la parte demandada se sometió a la competencia del tribunal, y que habiendo dado el tribunal su anuencia tácita procedía que se viese allí el caso. Argüyó también que la moción de traslado se presentó pasado el término de treinta (30) días que esta-blece la Regla 3.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, ya que al “retirar la Moción de Desestimación y some-terse a la competencia del Tribunal el demandado [dió] por inexistente la radicación de la Moción” —Apéndice 7 de la Contestación a orden para mostrar causa, pág. 3— y que, por lo tanto, el punto de partida para contar el término reglamentario de treinta (30) días era el de la fecha en que fue emplazado el demandado, no cuando se sometió a la jurisdicción del tribunal.

El 5 de noviembre la parte demandada contestó la de-manda y reconvino. El 6 de noviembre el tribunal denegó el traslado y el 12 de noviembre dictó una resolución en la cual hizo la determinación siguiente:

La acción en daños incluida en la reconvención no es acumula-ble en una de desahucio. En esta última, que constituye un procedimiento especial de naturaleza sumaria, se persigue re-cuperar la posesión de la propiedad. In fine, se determina no ha lugar a la reconvención. (Énfasis en el original suprimido y énfasis suplido.) Apéndice II de la Solicitud de certiorari, pág. 2.

El 21 de noviembre la parte demandada presentó una petición de certiorari para revisar las resoluciones del 6 y 12 de noviembre. Alegó la comisión de dos (2) errores:

PRIMER ERROR Erró el Honorable Tribunal al declarar NO HA LUGAR a la solicitud de Traslado, aún cuando dicha solici-tud le fue presentada en tiempo y cuando la actuación de JOSE en la primera comparecencia es correcta en derecho y no cons-tituye una sumisión a la competencia del Tribunal.
SEGUNDO ERROR Cometió manifiesto error el Honorable Tribunal al declarar NO HA LUGAR a la solicitud para que el presente litigio se convirtiera en uno de carácter ordinario ante las alegaciones de que JOSE se encontraba al día en sus pagos, y ante la defensa de que el espacio rentado por JOSE está su-jeto a la Ley de Alquileres Razonables y toda vez que LEMAR no aduce ninguna razón en ley para su demanda de desahucio en precario. (Énfasis suprimido.) Solicitud de certiorari, pág. 5.

El 25 de noviembre de 1991 emitimos la resolución si-guiente:

La parte demandada recurrente se sometió a la jurisdicción del tribunal de instancia el 24 de octubre de 1991 y presentó moción de traslado el 28 de octubre. El inmueble objeto de la acción de desahucio está ubicado en el Barrio Caimito del sitio de Río Piedras, San Juan. De otra parte, el contrato de arren-damiento suscrito el 16 de mayo de 1989, entre la parte deman-dada y el anterior dueño del área arrendada, fue por término de “tres años prorrogable a tres más, y así sucesivamente”. To-mando en consideración los hechos anteriormente expuestos, se concede a la parte demandante recurrida, el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta resolución, para que muestre causa por la cual no deberíamos revocar las órdenes recurridas, proceder a trasladar el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, y ordenar que el mismo se ventile por la vía ordinaria. En auxilio de nuestra jurisdicción paralizamos la vista señalada para el 12 de diciembre de 1991 hasta que otra cosa disponga el Tribunal.

La parte recurrida ha comparecido. Sus argumentos no nos convencen; procede resolver según lo intimado.

II

Competencia es la manera en que se organiza, se canaliza el ejercicio de la jurisdicción que tiene el tribunal”. M.A. Velázquez Rivera, Jurisdicción y competencia de los tribunales de Puerto Rico, 48 (Núm. 1) Rev. Jur. U.P.R. 27, 29 (1979). De otra parte, las reglas de competencia son las que establecen la ordenada tramitación de los asuntos judiciales dentro de nuestro sistema de jurisdicción unificada. Regla 3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III; Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952, según enmendada, 4 L.P.R.A. secs. 61 y 62; Art. V, Sec. 2, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. La competencia, por su naturaleza, puede obviarse si concurren el acuerdo de las partes y la anuencia del juez. Regla 3 de Procedimiento Civil, supra. Sin embargo, los jueces deben tener presente que el no atenerse a las reglas de competencia puede conducir a la anarquía y resultar en detrimento de “una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento”. Regla 1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. De no existir razones de peso, los jueces de instancia deben de abste-nerse de dar su anuencia si de la faz de la demanda apa-rece que no se está ante el tribunal competente. Bajo estas circunstancias, dar su anuencia constituiría un abuso de discreción. Lo que procede en estos casos es que el tribunal, motu proprio, dé traslado del caso al tribunal con competencia. Cualquier determinación adversa sobre com-petencia se revisará “únicamente dentro del propio caso ...”. Seijo v. Mueblerías Mendoza, 106 D.P.R. 491, 494 (1977).

En el caso de autos, de la faz de la demanda surge que el tribunal competente es el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Art. 622 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2823. De los escritos presentados por las par-tes, tanto en instancia como ante nos, no surge que hubiera alguna justificación para que el caso no se viera en el foro con competencia. El tribunal de instancia tampoco adujo razón alguna para haber dado su anuencia. El tribunal debió haber trasladado, motu proprio, el caso al tribunal competente; abusó de su discreción al dar su anuencia.

Cabe señalar, además, que el peticionario presentó su moción de traslado apenas cuatro (4) días después de haber retirado la moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre la persona y de haberse sometido a la jurisdicción del tribunal “para evitar dilaciones”. Bajo esta circunstancia entendemos que la interpretación más razonable de las normas procesales aplicables es que el término establecido en la Regla 3.5 de Procedimiento Civil, supra, para solicitar el traslado comenzó a decursar el día en que el demandado se sometió voluntariamente a la jurisdicción del tribunal. La moción de traslado se presentó en tiempo.

El error señalado se cometió.

HH HH HH

Con relación al segundo error —el denegar la solicitud para que el caso se tramitara como uno de carác ter ordinario— el foro de instancia también se equivocó. Veamos. En su contestación a la demanda Vargas Rosado alega que detenta la propiedad válidamente por haber suscrito un contrato de arrendamiento con el anterior dueño del bien inmueble, que está al día en los pagos y que lo cobijan las disposiciones del Art. 12 de la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, según enmendada, 17 L.RR.A. see. 192.() De otra parte, la demandante Lemar arguye que el peticionario “carece de derecho a ocupar un espacio de estacionamiento de aproximadamente 600 pies cuadrados que ubica en el APOLO SHOPPING CENTER, inmueble que opera bajo el Régimen de Propiedad Horizontal” —Contestación a orden para mostrar causa, págs. 12-13— y que por ser el área de estacionamiento un elemento común general no es susceptible de enajenación particular para uso y disfrute por una persona en particular con exclusión de los demás. Continuó arguyendo que “[e]l dueño anterior del inmueble, o la parte Demandante-Recurrida como tal, no podrían legalmente constituir un contrato obligatorio sobre un espacio que no es susceptible de utilización privada ...”. Id., pág. 14.

Estamos de acuerdo con la parte demandada en que para resolver el presente caso el tribunal tendrá que pasar juicio sobre varias complejas controversias que no son sus-ceptibles de ventilarse en un procedimiento sumario. En su día el foro de instancia tendrá que oír la prueba y pasar juicio sobre las alegaciones del demandado de que posee un contrato de arrendamiento válido y que le es aplicable el Art. 12 de la Ley de Alquileres Razonables, supra, y sobre las alegaciones de la parte demandante de que se trata de un elemento común general de una propiedad sujeta al Ré-gimen de Propiedad Horizontal, no susceptible de utiliza-ción privada.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia en la que se expide el auto solicitado, se revocan las resoluciones dic-tadas por el Tribunal Superior, Sala de Bayamón, el 6 y 12 de noviembre de 1991, se traslada el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan, se ordena que el mismo se ventile por la vía ordinaria y se devuelve al foro de instancia para que continúen los procedimientos de forma compatible con lo aquí resuelto.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron.

      (1) El Art. 12 de la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 de abril de 1946, según enmendada, 17 L.P.R.A. see. 192, dispone:

        “See. 192. Prórroga obligatoria del contrato de arrendamiento

      “Llegado el día del vencimiento pactado en el contrato de arrendamiento de una propiedad de alquiler, aunque cambie el propietario éste se prorrogará obligatoria-mente para el propietario y potestativamente para el inquilino sin alteración de ninguna de sus cláusulas todas las cuales se reputarán vigentes. La anterior es aplicable tanto a contratos'escritos como a convenios orales y la prórroga se enten-derá por los plazos que fija el Artículo 1471 del Código Civil, see. 4092 del Título 31.”


text:
      In re Pedro Nicot Santana.

      Número: MC-91-14

      Resuelto: 20 de marzo de 1992

      Norma Cotti Cruz y Reina Colón de Rodríguez, Subprocura-doras Generales, Marjorie Rivera Rodríguez y Cynthia Iglesias Quiñones, Procuradoras Generales Auxiliares, abogadas de la Oficina del Procurador General; José R. Cintrón Rodríguez y Freddie Pérez González, abogados de Pedro Nicot Santana; Pedro Nicot Santana, pro se.

   RESOLUCIÓN

El pasado 24 de enero de 1992 —mediante opinión per curiam— suspendimos provisionalmente a Pedro Nicot Santana del ejercicio de la profesión de abogado. Dicha suspensión se debió a que Nicot Santana hizo caso omiso tanto a comunicaciones de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico como a una resolución de este Tribunal, todas ellas en relación con una queja que presentara ante el Procurador General una cliente del mencionado querellado.

En su comparecencia, en solicitud de reconsideración, ante este Tribunal Nicot Santana admite que “releg[ó] a un segundo plano” y que actuó con displicencia respecto a las antes mencionadas comunicaciones, siendo ello producto alegadamente de un “inexplicable letargo que le inhibía el ánimo y le forzaba a esquivar o diferir cada requerimiento”. Escrito en cumplimiento de orden, pág. 10. Aduce, como explicación de su conducta, unos hechos que realmente no excusan su comportamiento.

No hay duda alguna que Pedro Nicot Santana efectiva-mente fue displicente y negligente, no sólo respecto a las comunicaciones que le enviara la Oficina del Procurador General, sino que en relación a la resolución que este Tribunal emitiera referente a dichas comunicaciones.

Tampoco debe haber duda sobre el hecho de que la jurí-dicamente procedente suspensión provisional decretada por este Tribunal pudo haber sido fácilmente evitada por Nicot Santana, meramente atendiendo en tiempo la queja que le fuera notificada. Su crasa negligencia e inexplicable displicencia merece el más severo repudio de este Tribunal.

Ello no obstante, somos del criterio que debemos acce-der a su solicitud de reinstalación al ejercicio de la profe-sión de abogado en Puerto Rico —sujeta la misma, natu-ralmente, a la final adjudicación de la queja presentada— en vista de que consideramos suficiente sanción alecciona-dora el período de dos (2) meses de suspensión que, por su actitud y conducta, ha estado privado de ejercer la profesión.

En consecuencia, se reinstala a Pedro Nicot Santana al ejercicio de la profesión de abogado, efectiva dicha reinsta-lación el lunes, 23 de marzo de 1992. Se le apercibe a éste contra futuras inobservancias del deber de todo abogado de atender adecuadamente y de responder prontamente a los requerimientos de este Tribunal.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General


text:
      In re Conferencia Judicial de Puerto Rico.

      Número: -

      Resuelto: 24 de marzo de 1992
   RESOLUCIÓN

En conformidad con nuestra Orden de 30 de junio de 1987, se transfiere la Conferencia Judicial de Puerto Rico para mayo de 1993.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General