author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Martín.

text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Great American Insurance Company, demandada y recurrida.

      Número: R-77-473

      Resuelto: 9 de marzo de 1978

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Calderón, Rosa-Silva & Vargas y Carlos M. Miranda Rodrí-guez, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

A tenor de los Arts. 68-71 de la Ley Municipal (21 L.P.R.A. secs. 1456-59) el Secretario de Hacienda contrató con la recurrida Great American Insurance Company la pres-tación de fianzas generales para responder a los municipios por desfalcos o malversación de fondos por sus empleados. En diciembre de 1969 los auditores de la oficina del Contralor iniciaron un examen de las operaciones fiscales del Municipio de Carolina en el curso del cual encontraron que el Jefe de Presupuesto y Personal Brenes Serrano había falsificado nóminas() a nombre de cinco personas que no habían ren-dido servicio al Municipio y se había apropiado ilegalmente del importe de $11,849.11. En consecuencia el 20 de mayo de 1971 el Alcalde decretó la cesantía de Brenes Serrano. Entre el 2 y 7 de junio de 1971, las personas a favor de quienes se habían expedido los cheques en pago de nóminas ficticias, declararon bajo juramento no haber cobrado los mismos, ni haber prestado servicio alguno al Municipio. Un mes después, el 8 de julio de 1971, el Contralor rindió su informe que fue notificado el mismo día al Secretario de Hacienda. Este funcio-nario presentó la prueba de pérdida (proof of loss) a la fia-dora Great American el 3 de enero de 1972, dentro de los seis meses siguientes al Informe del Contralor. Negóse la fia-dora a indemnizar la pérdida y el E.L.A. y Municipio de Carolina radicaron la demanda en cobro el 18 de junio de 1974.

Los hechos fueron estipulados y en 13 de octubre de 1977, la Sala de San Juan del Tribunal Superior dictó sentencia condenando a Great American a pagar la suma distraída, ex-presándose así:

“Según la ley y las cláusulas del documento de fianza, ¿pre-sentó el Secretario de Hacienda en tiempo la reclamación (‘proof of loss’) ante la fiadora y la demanda para este caso? La contes-tación es en la afirmativa y a continuación nos explicamos: la reclamación o declaración de pérdida fue presentada ante la Great American el 3 de enero de 1972, esto es, unos cinco días antes de que transcurrieran seis meses desde que el Departa-mento de Hacienda — el Secretario de Hacienda — tuvo conoci-miento de la pérdida. Dicha reclamación fue rechazada por la Great American y la demanda se radicó el 18 de junio de 1974, esto es, antes de que hubieran transcurrido tres años desde que el Secretario de Hacienda conoció oficialmente de la pérdida acaecida en el Municipio.” Pág. 3, ibid.

Luego el tribunal reconsideró y en 14 noviembre, 1977, dictó la sentencia que ahora revisamos, resolviendo que el tér-mino de tres años acordado en la fianza para iniciar acción judicial es uno de caducidad() y que habiéndolo excedido la parte demandante, procede la desestimación.

La cuestión única en este pleito es la determinación del evento a partir del cual deben computarse tanto el término de 6 meses para presentar el proof of loss como el de 3 años para promover la acción civil, y para adjudicarla hay que inter-pretar las siguientes cláusulas pertinentes del contrato de fianza redactado en inglés. En lo que concierne al caso, dis-pone la cláusula 6:

“Within a reasonable time after discovery of any evidence or circumstances indicating a loss, the obligee [the Municipalities of Puerto Rico] shall promptly notify the General Agent of the Surety [Great American] by mail, giving all facts and details then known to the obligee. Within six (6) months after discovery as aforesaid, of any default hereunder, the obligee shall file at the office of the authorized General Agent of the Surety affirmative itemized proof of loss certified as correct by the Secretary of the Treasury or the Agent that he may designate .... It is agreed that the Secretary of the Treasury of Puerto Rico or the Agent that he may designate shall establish all claims relative to investigations made by the Agents of his Department or the Office of the Comptroller of Puerto Rico or any other Government Agency.
Any claim hereunder must be reported to the General Agent of the Surety within three (3) years after the termination of the bond as to the Principals [empleados y funcionarios munici-pales] causing the loss and no suit shall be maintained hereunder unless brought within three (3) years after discovery of such loss.”

Una notificación por el Municipio de Carolina a la fiadora en o después del 20 de mayo de 1971, en que se denunció el desfalco tiene una utilidad limitada para la compañía fiadora, que por los propios términos de la cláusula 6 no acepta como prueba de pérdida aquella que no venga certificada como co-rrecta por el Secretario de Hacienda o su agente designado.

Cuando los contratantes pactan sobre una materia regulada por ley, las disposiciones estatutarias se entienden incorporadas desde un principio al contrato, y no podrán las partes evadir () tal-reserva del poder soberano del Estado para proteger los intereses vitales de sus habitantes. Central San Vicente v. Junta Azucarera, 78 D.P.R. 799, 806-7 (1955). En protección del interés público la Asamblea Legislativa dispuso que deberán prestar fianza los funcionarios y empleados municipales que por reglamento determine el Secretario de Hacienda, en el cual también se fijará el monto de cada fianza y los riesgos a cubrirse. Art. 68, Ley Municipal que es la Núm. 142 de 21 de julio de 1960 (21 L.P.R.A. see. 1456); y ordenó que “[e]l Secretario de Hacienda actuará en representación de todos los municipios en todos los aspectos relacionados con la contratación de la fianza, así como en la tramitación de reclamaciones que surgieren bajo los términos de la póliza, en la forma que estimare más conveniente y ven-tajosa a los intereses de los municipios.” Art. 70, Ley Municipal (21 L.P.R.A. see. 1458). La cláusula 6a de la fianza () no puede leerse de otro modo que no sea reconociendo al Secretario de Hacienda como única persona facultada para promover la tramitación de reclamaciones en todos sus as-pectos. () Por los términos del citado Art. 70 de la Ley Municipal, el municipio asegurado carece de todo poder o capacidad legal para intervenir en la contratación de la fianza o en la reclamación por pérdidas cubiertas por la fianza, investido de dicha facultad única y exclusivamente el Secretario de Hacienda. No puede, por tanto, interpretarse como obligación del Municipio la de notificar la pérdida tan pronto ésta se descu-bra. La obligación es del Secretario de Hacienda, pero éste no está en posición de notificar y certificar la pérdida hasta ser informado de la misma, por lo que el término de 6 meses pro-visto en la póliza a tales fines no se cuenta en el presente caso desde el 20 de mayo de 1971, en que el Alcalde advino en tal conocimiento, sino a partir del 8 de julio de 1971, en que el Secretario de Hacienda se enteró del desfalco por el Informe del Contralor rendídole en esa fecha. Los pactos y condiciones de la póliza no pueden conceder al Municipio atribuciones que le niega la ley, ni mucho menos imponerle exigencias de noti-ficación y descubrimiento que son de la competencia exclusiva del Secretario de Hacienda.() No hay descubrimiento de pérdida, a los fines de la cláusula 6, hasta que la misma llega a conocimiento del Secretario de Hacienda. La exigencia de aviso de descubrimiento por el Municipio es inoficiosa e inefi-caz por contravenir la ley. Según el esquema legislativo que regula esta fianza, el Municipio está a tal extremo apartado de la contratación y reclamación que hasta las primas se pagan por el Secretario de Hacienda (21 L.P.R.A. see. 1459).

El descubrimiento del desfalco o pérdida es concepto que evade la definición concreta en sus primeras etapas, toda vez que la “evidencia o circunstancias indicativas de la pérdida” () no pueden darse con igual claridad, prontitud y confiabilidad en todos los casos. Forzoso es remitirnos a un documento de referencia o a un momento fijo en el tiempo y en la concreción de la prueba en que estén revelados a plenitud los hechos que constituyen la pérdida. () Ese momento llega al rendirse el informe por el funcionario investigador, que en el caso de autos fue el Contralor, notificado al Secre-tario de Hacienda el 8 de julio de 1971, y esta fecha debe ser el punto de partida del término de seis (6) meses para radi-car la prueba de pérdida (proof of loss) con la fiadora, plazo guardado en el caso que nos ocupa. No es, como aduce la com-pañía recurrida en el argumento que le ganó la reconsidera-ción de una primera sentencia correcta de la sala de instan-cia, que la decisión dependa de a quién hemos de dar título de “descubridor”, si al primer investigador o examinador de cuentas que se tropieza con aspectos sospechosos en la conta-bilidad municipal, en la temprana etapa de su pesquisa inci-piente, fragmentaria e incompleta, o al funcionario que sus-cribe el informe ya completada la investigación, conteniendo todos los hechos sobre los cuales pueda descansar la determi-nación fáctica de la pérdida. Cf. Caribe Lumber v. Inter Am. Builders, 101 D.P.R. 458 (1973). El lado débil del argumento de la recurrida es la subjetivación o personalización del con-cepto “descubrimiento” que como antes hemos indicado es un proceso que debe llegar a su madurez o suficiencia, y no ql acto de una persona en particular. Sobre este principio del descubrimiento con naturaleza de proceso investigativo cul-minante en determinación, descansa el Art. 74-A del Código Político al ordenar:

“Cuando una agencia determine que cualquiera de sus fun-cionarios o empleados está al descubierto en sus cuentas, no ha rendido cuenta cabal, o ha dispuesto de fondos o bienes públicos para fines no autorizados por ley, o que cualquiera de sus funcio-narios o empleados o persona particular sin autorización legal ha usado, destruido, dispuesto, o se ha beneficiado de fondos o bienes públicos bajo el dominio, control o custodia de la agencia, deberá notificarlo prontamente al Secretario de Justicia y al Con-tralor de Puerto Rico para la acción que corresponda. Dicha notificación se hará aunque los fondos o bienes hayan sido, sean o puedan ser restituidos. A los fines de esta sección la palabra ‘agencia’ significa los departamentos, agencias e instrumentali-dades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo sus subsidiarias, y los municipios.” (3 L.P.R.A. sec. 82a.) (Bastar-dillas nuestras.)

Nótese la diferencia entre la “.determinación” que exige el Código Político y la de “cualquier evidencia o circunstancias que indiquen [o sugieran] una pérdida” en el lenguaje de la cláusula 6. Los términos de caducidad, por su irremisible efecto extintivo de derechos, no pueden depender de vaguedades y eventos inciertos. En el caso de autos la notificación de pérdida no puede estar predicada en simple sospecha o “cualquier evidencia o circunstancia”, sino en una determinación confiable de que la pérdida ha ocurrido.

Con estos antecedentes y fundamentos, y a tenor de la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal, se expide el auto, se revoca la sentencia en reconsideración dictada el lk de noviembre de 1977 por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, y en su lugar se restituye en toda fuerza y vigor la sen-tencia original de 13 de octubre de 1977.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino. El Juez Aso-ciado Señor Martín emitió opinión disidente.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Martín.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 1978

Disiento. El Tribunal considera inoficiosa e ineficaz la disposición del contrato de fianza suscrito entre la compañía fiadora y los municipios de Puerto Rico que cubre a los fun-cionarios municipales y la cual exige de los municipios que cursen pronto aviso por correo certificado al agente general de la fiadora “dentro de un tiempo razonable después del des-cubrimiento de cualquier evidencia o circunstancias que sean indicativas de una pérdida . . . ofreciendo todos los hechos y detalles entonces conocidos por el [municipio] beneficiario.” El razonamiento del Tribunal se apoya en la existencia de un esquema legislativo que confiere poder exclusivo al Secretario de Hacienda, con exclusión de los municipios, para determi-nar cuales habrán de ser los funcionarios y empleados muni-cipales que deberán prestar fianza, la cuantía de ésta y los riesgos a cubrirse, para representar a los municipios en todos los aspectos relacionados con la contratación de la fianza, así como en la tramitación de reclamaciones que surgieren bajo los términos de la póliza, en la forma que estimare más con-veniente y ventajosa a los intereses de los municipios; y el pago de las primas por tales fianzas.

El poder que confiere la ley al Secretario de Hacienda para representar a los municipios en todos los aspectos rela-cionados con la contratación de la fianza, así como en la tra-mitación de reclamaciones que surgieren bajo los términos de la póliza, no excluye ni prohíbe el que la compañía re-quiera al beneficiario de la póliza, que es el municipio, a noti-ficar prontamente “cualquier evidencia o circunstancias indi-cativas de una pérdida” y a “ofrecer todos los hechos y de-talles entonces conocidos por el beneficiario.”

Si el Secretario de Hacienda entiende que como agente que es de los municipios en la tramitación de reclamaciones que surgieren bajo los términos de la póliza, él debe asumir la obligación de hacer la notificación requerida por la póliza, no debe rehuir esa obligación amparándose en el tecnicismo de que la póliza requiere que sea el municipio y no el Secre-tario. Tal interpretación va contra el propósito fundamental del requisito contractual de notificación que no es otro que poner a la fiadora en conocimiento de que el municipio ha venido en conocimiento de evidencia o circunstancias que son indicativas de una pérdida. Si el Secretario de Hacienda en-tiende que es su obligación y no la del municipio el enviar el aviso de pérdida debe reglamentar ese aspecto a los fines de que el municipio lo entere de cualquier irregularidad.

De no fijar esa responsabilidad en el municipio podría darse el caso que las pérdidas pudieren ser encubiertas por razones de índole diversa en perjuicio de la compañía fia-dora a quien se podría mantener ignorante de la situación por términos indefinidos.

La importancia de la pronta notificación de la situación señalada a la compañía fiadora ha sido reconocida en varias jurisdicciones. Se ha sostenido, por ejemplo, que el propósito de dar el aviso de pérdida a la fiadora es para concederle una oportunidad razonable para proteger sus derechos, y una demora luego de haber transcurrido un tiempo específico no queda justificada por el hecho de que el patrono no haya ave-riguado el alcance de la pérdida. Véase Brown v. Maryland Casualty Co., 11 A.2d 222, 224 (Vt. 1940). Y, la falta de in-formación detallada sobre pérdidas sufridas al haber des-falcado un empleado no justifica una demora en avisar al fia-dor. Véase American Surety Co. v. Bankers Savings & Loan Ass’n., 59 F.2d 577, 579 (C.C.A. Neb. 1932). Asimismo, una demora de 2 años no puede justificarse por razón de que el asegurado no tenía suficiente información con respecto a las pérdidas sufridas, pues el propósito del aviso es el dar al asegurado una oportunidad razonable de proteger sus dere-chos. Véase Jellico Grocery Co. v. Sun Indemnity Co. of New York, 114 S.W.2d 83, 86 (Ky. 1938).

También está resuelto que como norma general son váli-das las cláusulas contenidas en una fianza de fidelidad que requieren del beneficiario que informe las pérdidas dentro de un tiempo específico después de ser las mismas descubier-tas. Véase Couch, On Insurance 2d, sec. 49:213. Por vía de excepción se consideran inválidas las disposiciones que re-quieran un período de notificación menor que el señalado por estatuto. Id. see. 49:214-

Las conclusiones de hecho del tribunal de instancia en este caso revelan que para el 20 de mayo de 1971 el empleado del Municipio de Carolina que dio motivo a este pleito había confiado al Alcalde ser el responsable de un desfalco y que en esa misma fecha el Alcalde decretó la cesantía del empleado en cuestión. También concluye el tribunal recurrido que al 20 de mayo de 1971 los investigadores de la Oficina del Con-tralor habían descubierto la pérdida y tenían a su disposición la evidencia para establecerla. No fue hasta el 3 de enero de 1972, pasados seis meses de haberse descubierto la pérdida, que el Secretario de Hacienda dio aviso por primera vez a la compañía fiadora mediante la presentación de la Prueba de Pérdida (Proof of Loss), y la demanda que dio inicio al pleito se instó el 18 de junio de 1974, habiendo transcurrido más dé tres años desde que se descubrió la pérdida.

En otras palabras para el 20 de mayo de 1971 existía mucho más que “evidencia o circunstancias” indicativas de una pérdida. Ya el Contralor tenía la evidencia para estable-cerla. Ya el empleado culpable de la pérdida había confesado. Ya el Alcalde había tomado las medidas correctivas y lo había despedido de su empleo. ¿Qué información adicional era nece-saria para enterar a la compañía fiadora de la pérdida? La opinión de este Tribunal expresa que esas circunstancias no son suficientes para que hubiere habido un descubrimiento de pérdida, que justificara el aviso a la fiadora pues el Secreta-rio de Hacienda no tenía conocimiento de ella. El punto de partida para que empezara a correr el término de seis (6) meses para radicar la prueba de pérdida (proof of loss) con la fiadora, expresa la opinión de este Tribunal, lo es el 8 de julio de 1971, fecha en que el Contralor notificó al Secreta-rio de Hacienda con copia del informe del investigador de la Oficina del Contralor.

El contrato de fianza es, a mi entender, claro y preciso. Su cláusula 6 requiere dos avisos a la compañía fiadora. El primero, de carácter general, debe cursarse dentro de un tiempo razonable después del descubrimiento de cualquier evidencia o circunstancias indicativas de una pérdida. El con-trato impone esa obligación al-Municipio {obligee). Esta ins-trumentalidad, que tiene personalidad jurídica (21 L.P.R.A. see. 1102), y que lógicamente es la agencia que tiene conoci-miento inmediato y directo de las actuaciones de sus em-pleados, es la que está en mejor posición para informar a la fiadora tan .pronto se descubre la pérdida bajo el contrato de fianza. El contrato no exige que el Secretario de Hacienda corrobore ningún hecho en esta etapa. El segundo aviso deno-minado “Prueba de Pérdida” (Proof of Loss), debe enviarse dentro de los seis (6) meses siguientes al descubrimiento de la pérdida, debidamente certificado por el Secretario de Hacienda. La intervención del Secretario en esta segunda etapa la exige la ley y el contrato, ya que tratándose de una recla-mación, es dicho funcionario quien tiene la facultad exclu-siva de hacerla.

Si este Tribunal entiende que el municipio, por virtud de ley, queda sustituido en el contrato por el Secretario de Hacienda a todos los efectos debió haber reconocido que este funcionario debió haber cursado, en sustitución del municipio, el primer aviso de pérdida dentro del término razonable que exige el contrato. El contrato de fianza designa al municipio como beneficiario {obligee), y como cuestión de hecho y de derecho es el beneficiario. Pero, el Secretario de Hacienda, por ley, es quien efectúa todas las gestiones en torno al mismo desde su contratación hasta la reclamación de las pérdidas. ¿Por qué entonces no debe imponerse al Secretario de Hacienda la obligación que la póliza exige del municipio con res-pecto al envío del aviso de pérdida dentro de tiempo razona-ble de ser descubierta, en lugar de relevar de dicha obliga-ción tanto al municipio como al Secretario, en perjuicio de la compañía fiadora? No puedo seguir la lógica del argumento. La compañía fiadora tiene el derecho a que se le notifique tan pronto haya evidencia o circunstancias que indiquen una pér-dida. En algún otro caso la evidencia o circunstancias po-drían ser vagas o imprecisas.() Pero en éste son tan evi-dentes y gozan de tal certeza que no debe haber duda alguna de que la pérdida había sido descubierta para el 20 de mayo de 1971.

Confirmaría la sentencia del tribunal de instancia que declaró sin lugar la demanda por haber transcurrido en ex-ceso el término de seis (6) meses luego del descubrimiento de la pérdida para la presentación de la prueba de pérdida (proof of loss), y el término de tres (3) años desde el descu-brimiento de la pérdida hasta la radicación de la demanda.

      (1)Los períodos de falso servicio están comprendidos entre 12 diciem-bre 1969 y 14 mayo 1971 lo que demuestra que la falsificación de nóminas no se detuvo con el inicio de la intervención del Contralor.

        (2) Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207 (1965); Caribe Lumber v. Inter-Am. Builders, 101 D.P.R. 458 (1973).

      (3)“[E]1 Estado retiene autoridad sobre los contratos para proteger los intereses vitales de sus habitantes y la regla es que todos los contratos están subordinados a esta autoridad suprema que incluye no solamente la protección de la salud, la moral y la seguridad del pueblo sino que es igual-mente extensiva a sus necesidades económicas. Chicago B. & Q. R. Co. v. State of Nebraska, 170 U.S. 57; Veix v. Sixth Ward Assn., 310 U.S. 32, y la regla es que los contratos relacionados con un negocio reglamentado por el Estado — como lo es la industria azucarera en Puerto Rico — están sujetos al posible ejercicio de este poder soberano. Erie R.R. Co. v. Board of Public Util. Commrs., 254 U.S. 394; Bast v. Van Deman & Lewis Co., 240 U.S. 342. La reserva de los atributos esenciales del poder soberano debe leerse en los contratos de esta naturaleza. Home Bldg. & Loan Assn. v. Blaisdell, 290 U.S. 398.” Central San Vicente v. Junta Azucarera, supra.

      (4)Dice la parte de esta cláusula que aspira a recitar el estatuto: “It is agreed that the Secretary of the Treasury of Puerto Rico or the Agent that he may designate shall establish all claims relative to investigations made by the Agents of his Department or the Office of the Comptroller of Puerto Rico or any other Government Agency.”

      (5) Art. 1.050 Código de Seguros (26 L.P.R.A. sec. 105)
      “ ‘Contratar o tramitar’, con relación a seguros, incluye cualquier de los siguientes actos:
      (1) Solicitación y persuasión.
      (2) Negociaciones anteriores al otorgamiento.
      (3) Otorgamiento de un contrato de seguro.
      (4) Asegurar o reasegurar.
      (5) Tramitación de asuntos subsiguientes al otorgamiento de un con-trato y que surjan del mismo.”

      (6) Art. 1207, Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3372)
      “Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público.”
      Art. 4, Código Civil (31 L.P.R.A. see. 4)
      “Son nulos los actos ejecutados contra lo dispuesto en la ley, salvo los casos en que la misma ley ordene su validez.
      “Los derechos concedidos por las leyes son renunciables, a no ser esta renuncia contra la ley, el interés o el orden público, o en perjuicio de tercero.”

      (7) “Within a reasonable time after discovery of any evidence or circumstances indicating a loss, the obligee [the Municipalities of Puerto Rico] shall promptly notify the General Agent of the Surety [Great American] . . . .”

      (8) El documento es una fuente de información más confiable, completa y exacta en cuanto a su contenido y alcance que la descripción que cual-quiera pueda hacer. Gordon v. United States, 344 U.S. 414 (1953), 97 L.Ed. 447.

      (1)No se requiere notificación de meras sospechas de conducta des-honesta de un empleado, Couch, loa. ait., see. 49:233; Appleman, Insurance Law and Practice, see. 6197. Tampoco se requiere al descubrirse una merma si no hay razón para creer que se deba a actos deshonestos. Couch, loe. cit., see. 49:232,


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Señor Díaz Cruz. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

license: Public Domain

text:
    Terence D. Pierson Muller I, demandante y recurrido, v. José Roberto Feijoó, Director Oficina Central de Administración de Personal, demandado y peticionario.

      Número: 0-77-433

      Resuelto: 9 de marzo de 1978

      José Ramón Pérez Hernández, abogado del peticionario; Julio Maymí Pagan, abogado del recurrido.

      José Ramón Pérez Hernández, abogado del peticionario; Julio Maymí Pagan, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

Alegando ser Empleado de Carrera por determinación de la anterior directora de la Oficina Central de Administración de Personal y por la naturaleza de su cargo, el 6 de mayo de 1977 Terence D. Pierson Muller apeló ante la Junta de Ape-laciones del Sistema de Administración de Personal, solici-tando orden remedial y reposesión, con pago de los haberes dejados de recibir, contra la decisión de cesantía del 14 de abril de 1977 del actual director de dicha Oficina Central José Roberto Feijoó. Previa prórroga y trámites al efecto, el allí apelado contestó la apelación quedando la vista ad-ministrativa fijada para el día 7 de septiembre de 1977.

Así las cosas, el 4 de agosto Pierson radicó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, una peti-ción de injunction alegando esencialmente los mismos hechos expuestos en la apelación administrativa pendiente. El 18 de dicho mes formuló'ante la Junta una moción de desistimiento sin perjuicio, a la cual se opuso la parte apelada. Luego de una vista sobre el particular, la Junta denegó el desistimiento solicitado, señalando la vista administrativa en su fondo para el 30 de septiembre de 1977. Contra dicha resolución inter-locutoria administrativa, el allí apelante no solicitó recon-sideración ni acudió al foro judicial.

En vista de lo expuesto, el demandado Feijoó solicitó la desestimación de la acción judicial de injunction, a lo cual el tribunal se negó. No conforme, radicó ante nos certiorari. Ex-pedimos orden de mostrar causa por la cual no deberíamos desestimar la acción judicial interpuesta según nuestra deci-sión en Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977).

La comparecencia de Pierson no nos convence. A tono con lo resuelto en Otero Martínez, supra, reiteramos la regla general de que, salvo circunstancias excepcionales, no presen-tes en el caso de autos, todo litigante debe agotar los reme-dios administrativos establecidos en la Ley de Personal de Servicio Público ello con el objeto de lograr una adecuada armonía y coordinación entre las agencias administrativas investidas con jurisdicción sobre determinado asunto y los tribunales de justicia. Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 696 (1978). En el caso de autos se da la anomalía adicional de que el pro-ceso administrativo originado por Pierson, estando en una etapa madura, es abandonado por éste sin aducirse ninguna razón o fundamento para ello.

Se expide el auto solicitado y se dicta Sentencia revocán-dose la Resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, fechada 20 de octubre de 1977 y en su lugar se desestima la acción judicial interpuesta.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el Secre-tario.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-

dente. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario

—0—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 9 de marzo de 1978

El recurrido empleado público Pierson Muller presentó ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior demanda de injunction contra el recurrente Director de Personal al am-paro de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico (Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 — 32 L.P.R.A. see. 3524) en la que alega que efectivo el 30 de abril de 1977 fue despedido por el demandado de su puesto en la Oficina Central de Administra-ción de Personal en el que estaba encargado de organizar la División de Recursos Externos para obtener fondos federales y privados de fundaciones con los cuales implementar y poner en vigor el sistema de Administración de Personal Público basado en el principio de mérito; extendiéndose en sus alega-ciones en la siguiente forma:

“El demandante es un empleado de carrera del Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A la vigencia de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. see. 1301 y siguientes, ocupaba un puesto en el servicio sin oposición con-forme a las disposiciones de la Ley #345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada y pasó a ser empleado de carrera por no estar ocupando un puesto de los definidos como de confianza en la Oficina Central de Administración de Personal, por su anterior Directora, la señora Milagros Guzmán.
El demandante aceptó el puesto que se le ofreció en la Oficina Central de Administración bajo la promesa, de que sus funciones por no ser de carácter normativo, ni participar en la formulación de política pública correspondían a un puesto de carrera. Se le ofreció que ocuparía un puesto Regular de Carrera cuando la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 empezara a regir. Al deman-dante se le creó una legítima expectativa de que sería retenido en un puesto de carrera.
El demandante adquirió su status de Empleado de Carrera de conformidad con la determinación que hizo la Directora de Personal anterior, señora Milagros Guzmán, de no incluir el puesto de Jefe de la División de Recursos Externos (Director Ejecutivo V) en los puestos de confianza con los cuales intere-saba trabajar esa oficina de conformidad con la discreción que la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 le permitía y por no ser un empleado que participaba en la formulación de la política pública.
El 14 de abril de 1977, el demandante fue notificado por el Lie. José Roberto Feijoó, actual Director de Personal, deman-dado en este caso, que sus servicios con esa oficina terminarían el 30 de- abril de 1977, toda vez que según la nueva determinación que él hizo sobre puestos de confianza en la Oficina de Personal, se incluyó su puesto como uno de confianza.
El demandado también le notificó al demandante en su carta del 14 de abril de 1977 que ‘en el supuesto de que hubiera sido de carrera, aún estaría usted en el periodo probatorio’, además que ‘La necesidad de poder contar con los puestos de confianza necesarios para implementar la política pública que le ha sido encomendado a esta oficina nos lleva a la triste determinación de dar por terminados sus servicios con ésta el día 30 de abril de 1977/ Esta notificación, es discriminadora y en contravención de unos derechos adquiridos válidamente por el demandante, toda vez que él no es empleado de confianza ni los deberes de su puesto tampoco.
El puesto que ocupaba el demandante en esa oficina, nada tiene que ver con la formulación de política pública. Tampoco informaba directamente al demandado sobre sus gestiones y dicho puesto es uno de naturaleza especializada en la prepara-ción de propuestas técnicas solicitando ayuda económica para desarrollar programas de Administración de Personal.
Al demandante le han sido violados sus derechos Constitu-cionales al. ser clasificado como empleado de confianza por el actual Director de Personal, cuando ocupaba una plaza de em-pleado de carrera, no tiene otro recurso en Ley para hacer valer sus derechos constitucionales.
Las actuaciones llevadas a cabo por el demandado son discri-minatorias y fueron tomadas por razones de política partidista, toda vez que el apelante tiene ideas políticas contrarias a la actual administración del Gobierno del Estado Libre Asociado y con anterioridad a ser reclutado por la señora Guzmán trabajó con los ex-alcaldes. Wito Morales en Ponce y Angel 0. Berrios en Caguas, ambos pertenecientes al Partido Popular Democrático.
Existe una controversia real y efectiva entre el demandante y el demandado con relación a los derechos del primero en el' Ser-vicio Público. La acción tomada so color de autoridad por el de-mandado es ilegal, y contraria al Debido Proceso de Ley, al Derecho de Libre Asociación y Creencia, garantizados por la Constitución de los- Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La actuación del demandado es ilegal y ha colocado al deman-dante en un estado dé indefensión ante un organismo burocrá-tico que arbitrariamente le priva de sus derechos como empleado de carrera y le está causando daños irreparables al violarle sus derechos constitucionales.
El demandante tenía una legítima expectativa de continuar en su empleo público como empleado de carrera.”

Cuando el demandante inició la acción judicial en agosto de 1977, se hallaba pendiente ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal un recurso adminis-trativo de apelación por él instado en que alegaba los mismos hechos con excepción del planteamiento sobre derechos consti-tucionales. El demandante desistió de esta apelación pero la Junta denegó su moción de desistimiento y anunció que rete-nía jurisdicción para resolver con perjuicio de todo ulterior remedio del empleado. ()

Contra la demanda en la acción civil presentó el deman-dado moción para desestimar fundada en la pendencia de la apelación ante la Junta y aduciendo que a ésta corresponde la jurisdicción primaria.

Cuando resolvimos en Otero Martinez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977), que la reclamación de los empleados limitada a un cambio en la clasificación, no revestía ni la urgencia ni la intensidad que ameritasen eludir el cauce ad-ministrativo, dijimos que el injunction de Derechos Civiles no está supeditado a normas de jurisdicción primaria ni agota-miento de la vía administrativa.

La reclamación del demandante recurrido como empleado de carrera despedido sin causa justificada, que acusa discri-men político y vulneración de sus derechos constitucionales a un debido proceso de ley y a la libre asociación y creencia; señala su exposición a daños irreparables, y la anulación de su expectativa de empleo en el servicio público, sí relata “un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación” () y su planteamiento tiene una dimensión constitucional ajena al campo especializado de la Junta de Apelaciones. McKart v. United States, 395 U.S. 185, 193-4 (1969); Davis, Administrative Law, Sec. 20.01 págs. 642-644; y Sec. 20.10 pág. 668, Supto. 1970.

Toda vez que la demanda plantea una cuestión justiciable bajo la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. see. 3524) en su provisión del remedio de injunction “cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley . . ., esté privando ... al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución . . .”, no procede la moción para desestimar del demandado. El demandante tiene derecho a una adjudicación sobre los méritos de su solicitud.

Denegaría certiorari.

—O—

ESN MOCIÓN DE RECONSIDERACIÓN

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

San Juan, Puerto Rico, a 12 de abril de 1978

En su demanda de injunction jurada por el propio recu-rrido y suscrita por su abogado contra el peticionario Director de Personal al amparo de la Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico (Ley Núm. 12 de 8 agosto, 1974 — 32 L.P.R.A. see. 3524), alega el empleado público demandante que efec-tivo el 30 de abril de 1977 fue despedido por el demandado de su puesto en la Oficina Central de Administración de Personal en el que estaba encargado de organizar la División de Recursos Externos para obtener fondos federales y privados de fundaciones con los cuales implementar y poner en vigor el sistema de Administración de Personal Público basado en el principio de mérito, extendiéndose en sus alegaciones en la siguiente forma:

“El demandante es un empleado de carrera del Servicio Pú-blico del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. A la vigencia de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, 3 L.P.R.A. see. 1301 y siguientes, ocupaba un puesto en el servicio sin oposición con-forme a las disposiciones de la Ley #345 de 12 de mayo de 1947, según enmendada, y pasó a ser empleado de carrera por no estar ocupando un puesto de los definidos como de confianza en la Oficina Central de Administración de Personal, por su anterior Directora, la señora Milagros Guzmán.
El demandante aceptó el puesto que se le ofreció en la Oficina Central de Administración bajo la promesa, de que sus funciones por no ser de carácter normativo, ni participar en la formula-ción de política pública correspondían a un puesto de carrera. Se le ofreció que ocuparía un puesto Regular de Carrera cuando la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 empezara a regir. Al demandante se le creó una legítima expectativa de que sería re-tenido en un puesto de carrera.
El demandante adquirió su status de Empleado de Carrera de conformidad con la determinación que hizo la Directora de Personal anterior, señora Milagros Guzmán, de no incluir el puesto de Jefe de la División de Recursos Externos (Director Ejecutivo V) en los puestos de confianza con los cuales interesaba trabajar esa oficina de conformidad con la discreción que la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 le permitía y por no ser un empleado que participaba en la formulación de la política pública.
El 14 de abril de 1977, el demandante fue notificado por el Lie. José Roberto Feijoó, actual Director de Personal, deman-dado en este caso, que sus servicios con esa oficina terminarían el 30 de abril de 1977, toda vez que según la nueva determinación que él hizo sobre puestos de confianza en la Oficina de Personal, se incluyó su puesto como uno de confianza.
El demandado también le notificó al demandante en su carta del 14 de abril de 1977 que ‘en el supuesto de que hubiera sido de carrera, aún estaría usted en el periodo probatorio’, además que ‘La necesidad de poder contar con los puestos de confianza necesarios para implementar la política pública que le ha sido encomendado a esta oficina nos lleva a la triste determinación de dár por terminados sus servicios con ésta el día 30 de abril de 1977.’ Esta notificación, es discriminadora y en contravención de unos derechos adquiridos válidamente por el demandante, toda vez que él no es empleado de confianza ni los deberes de su puesto tampoco.
El puesto que ocupaba el demandante en esa oficina, nada tiene que ver con la formulación de política pública. Tampoco informaba directamente al demandado sobre sus gestiones y dicho puesto es uno de naturaleza especializada en la prepara-ción de propuestas técnicas solicitando ayuda económica para desarrollar programas de Administración de Personal.
Al demandante le han sido violados sus derechos Constitucio-nales al ser clasificado como empleado de confianza por el actual Director de Personal, cuando ocupaba una plaza de empleado de carrera, no tiene otro recurso en Ley para hacer valer sus dere-chos constitucionales.
Las actuaciones llevadas a cabo por el demandado son discri-minatorias y fueron tomadas por razones de política partidista, toda vez que el apelante tiene ideas políticas contrarias a la actual administración del Gobierno del Estado Libre Asociado y con anterioridad a ser reclutado por la Señora Guzmán trabajó con los ex-alcaldes Wito Morales en Ponce y Angel O. Berrios en .Caguas, ambos pertenecientes al Partido Popular Democrá-tico.
Existe una controversia real y efectiva entre el demandante y el demandado con relación a los derechos del primero en el Servicio Público. La acción tomada so color de autoridad por el demandado es ilegal, y contraria al Debido Proceso de Ley, al Derecho de Libre Asociación y Creencia, garantizados por la Constitución de los Estados Unidos de América y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
La actuación del demandado es ilegal y ha colocado al deman-dante en un estado de indefensión ante un organismo burocrático que arbitrariamente le priva de sus derechos como empleado de carrera y le está causando daños irreparables al violarle sus derechos constitucionales.
El demandante tenía una legítima expectativa de continuar en su empleo público como empleado de carrera.”

Contra la demanda en la acción civil presentó el deman-dado moción para desestimar fundada en la pendencia de un recurso de apelación ante la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal, y aduciendo que a ésta co-rresponde la jurisdicción primaria. La Sala 'de San Juan denegó la desestimación y el Director de Personal demandado recurrió ante nos en certiorari. Expedimos orden para mos-trar causa por la que no debíamos revocar, y luego de con-siderar los argumentos de las partes, este Tribunal dictó sen-tencia el 9 marzo, 1978 anulando la resolución recurrida y desestimando la solicitud de injunction. ()

La moción de reconsideración del empleado recurrido nos convence de que los hechos de este caso merecen una solución distinta.

Al tiempo de iniciar el demandante' la acción judicial en agosto de 1977, se hallaba pendiente ante la Junta de Apelaciones un recurso administrativo de apelación por él instado en que alegaba los mismos hechos que sirven de fundamento para su planteamiento constitucional en la petición de injunction, invocando protección de su derecho a un debido proceso de ley, libertad de creencia y asociación e igual protección de las leyes. El demandante desistió de esta apelación que se hallaba pendiente de vista pública, pero la Junta denegó su moción de desistimiento y anunció que retenía jurisdicción para resolver con perjuicio de todo ulterior remedio del empleado. Tal decisión de la Junta es inocua pues no puede dicho organismo coartar la elección de remedios por el apelante, cuando el procedimiento ante ella no había avanzado al “punto donde la equidad y la conciencia requieren que se considere que [el demandante] ha hecho una elección final... [y que] ha renunciado su derecho al otro remedio.” Gandía v. Stubbe, 34 D.P.R. 858, 867 (1926). ()

Cuando resolvimos en Otero Martínez v. Gobernador, 106 D.P.R. 552 (1977) que la reclamación de los empleados, limitada a un cambio en la clasificación, no revestía ni la urgencia ni la intensidad que ameritasen eludir el cauce administrativo, dijimos que el injunction de Derechos Civiles no está supeditado a normas de jurisdicción primaria ni agotamiento de la vía administrativa. Luego en Febres v. Feijoó, 106 D.P.R. 696 (1978), sostuvimos que “al evaluar el recurso ante los tribunales de justicia contra los actos de organismos o funcionarios administrativos en los casos en que el estatuto provee una apelación dentro de la vía administrativa, debe distinguirse entre cuestiones de interpretación estatutaria en que los tribunales son especialistas, y cuestiones propias para la discreción o pericia (expertise) administrativa.” McKart v. United States, 395 U.S. 185, 193-4 (1969).

La reclamación del demandante recurrido como empleado de carrera despedido sin causa justificada, que acusa discrimen político y vulneración de sus derechos constitucionales a un debido proceso de ley y a la libre asociación y creencia, señala su exposición a daños irreparables, y la anulación de su expectativa de empleo en el servicio público, sí relata “un agravio de patente intensidad al derecho del individuo que reclame urgente reparación” () y su planteamiento tiene una dimensión constitucional ajena al campo especializado de la Junta de Apelaciones. McKart v. United States, supra; Davis, Administrative Law, Sec. 20.01 págs. 642-644; y Sec. 20.10 pág. 668, Supto. 1970.

Fue a los tribunales que la Asamblea Legislativa remitió la reivindicación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución. La Ley Núm. 12 de 8 de agosto, 1974 enmendó expresamente el Art. 678 del Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 3524) regulativo del injunction, autorizando este remedio precisamente en protección de derechos, privilegios e inmunidades de estirpe constitucional o estatutaria con el siguiente lenguaje en lo que a este caso concierne:

“Artículo 678.—
No podrá otorgarse un injunction ni una orden de entredicho:
1. .
2. .
3. Para impedir la aplicación u observancia de cualquier ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o el cumplimiento de cualquier actuación autorizada por ley de la Asamblea Legisla-tiva de Puerto Rico, de un funcionario público, de una corpora-ción pública, o de una agencia pública, o de cualquier empleado o funcionario de dicha corporación o agencia, a menos que se hubiera determinado por sentencia final, firme, inapelable e irre-visable que dicha ley o actuación autorizada por ley es inconstitu-cional o inválida.
Cualquier injunction preliminar, permanente, o con carácter de entredicho, incluso cualquier orden para hacer efectiva la jurisdicción de un tribunal o para asegurar la efectividad de una sentencia, que se haya expedido en las circunstancias expuestas en este inciso 3 y que esté en vigor a la fecha de vigencia de esta ley o que en lo sucesivo se expidiere, será nulo e inefectivo.
Disponiéndose, sin embargo que: el tribunal podrá dictar dicha orden de entredicho provisional, injunction preliminar o permanente sujeto a los términos de la Regla 57 de Procedi-miento Civil:
(1) En aquellos casos en que ello sea indispensable para hacer efectiva su jurisdicción y previa una determinación de que la orden es indispensable para evitar un daño irreparable a la parte peticionaria;
(2) Cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley, ordenanza, o reglamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, esté privando o sea el causante de que alguien esté privando al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad protegido por la Constitución o las Leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o por la Constitución o Leyes de los Estados Unidos de América que sean aplicables a las personas bajo la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Disponiéndose además; que al dictar dicha orden el Tribunal debe considerar el interés público envuelto y concluir que la parte peticionaria tiene una posibilidad real de prevalecer en los méritos de su petición. Dicha orden sólo tendrá vigor en el caso específico ante el tribunal y entre las partes.”

El amplio ámbito de esta Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, con raíz filosófica y filológica en 42 U.S.C; see. 1983 () y con igual eficacia que la Ley del Congreso, provee en el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico el foro apropiado para la vindicación del derecho- del individuo frente al Gobierno.

El empleado público tiene un reconocido interés en la retención de su empleo, si dicho interés está protegido por ley o. cuando las circunstancias crean una expectativa de con-tinuidad. Es la presencia de estos factores la que determina el interés propietario en el empleo que protege el debido pro-ceso de ley. Perry v. Sinderman, 408 U.S. 593 (1972); Board of Regents of State Colleges v. Roth, 408 U.S. 564 (1972). La Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado (Art. II, Sec. 1) declara que la dignidad del ser hu-mano es inviolable; que todos los hombres son iguales ante la ley; y que no podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas e instruyendo que las leyes encar-narán éstos principios de esencial igualdad humana. Imparti-mos vitalidad al principio enunciado cuando resolvimos en Báez Cancel v. Alcalde, Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972) que aun los empleados irregulares, no permanentes, del Gobierno en sus agencias y municipios, están constitucio-nalmente protegidos en sus empleos contra el despido discri-minatorio por razón de ideas políticas. Según.nuestra Consti-tución, por tanto, el empleado público goza de protección cons-titucional contra el discrimen, aun cuando.no pueda fundar su reclamo en un “interés propietario” en el puesto.

El remedio de injunction.creado .por dicha Ley Núm. 12 de 1974 es instrumento de vindicación de los derechos humanos o civiles del empleado, no ya contra la actuación opresiva del funcionario, sino.contra la misma ley bajo la cual éste reclama legitimidad para sus determinaciones, si radicare en la ley la causa de disminución del derecho de la persona. Por eso insistimos en Febres, ante, que no debe tomarse la decisión en Otero Martínez, como excluyente del recurso judicial bajo la Ley de Derechos Civiles para cuestionar o impugnar una decisión administrativa en circunstancias apropiadas. Advertimos, sin embargo, que la elección del foro judicial por empleados cuya contención propiamente debe dilucidarse en primera instancia por la vía administrativa ante la Junta de Apelaciones, es práctica nociva que los tribunales deben desalentar y abolir, exigiendo un irrecusable grado de autenticidad y claridad en el planteamiento constitucional al amparo de la Ley de Derechos Civiles,' avalado por juramento del peticionario y la firma de su abogado bajo su responsabilidad, profesional. () No es acreedora a vista en los méritos la demanda o petición que de su faz no aduzca hechos terminantes y precisos justificativos de la opción por el reme-dio constitucional y preterición del cauce administrativo.

Toda vez que la demanda en el presente caso plantea una cuestión justiciable bajo la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 ( 32 L.P.R.A. see. 3524) en su provisión del remedio de injunction “cuando en la petición se alegue que alguna persona, bajo la autoridad de alguna ley . . . esté privando ... al peticionario de algún derecho, privilegio o inmunidad pro-tegido por la Constitución . . . .” no procede la moción para desestimar del demandado. El demandante tiene derecho a una adjudicación sobre los méritos de su solicitud.

Con estos antecedentes, y fundamentos, reconsideramos. Se dictará sentencia dejando sin efecto la nuestra de 9 de marzo de 1978, y en su lugar anulando el auto de certiorari expedido y devolviendo a instancia para continuación de procedimien-tos compatibles. Confirmada.

El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

      (1) Tal decisión de la Junta es inocua pues no puede dicho organismo coartar la elección de remedios por el apelante.

      (2) Otero Martínez, supra.

      (1) El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente.

      (2) Hallándose la apelación administrativa de Pierson Muller todavía pendiente de vista pública cuando ejercitó la acción de injunction, resulta innecesario resolver si el impedimento de elección de remedios no se con-creta hasta adjudicación final de uno de los pleitos por sentencia o resolu-ción. Gandía v. Stubbe, supra, págs. 864; 866-867; Vázquez v. Santos, 40 D.P.R. 53, 57 (1929).

      (3) Otero Martínez, supra.

      (4) See. 1983. Civil action for deprivation of rights.

      “Every person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom, or usage, of any State or. Territory, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress.”

      (5) Regla 9 de Procedimiento Civil
      “. . . La firma de un abogado equivale a certificar el haber leído la alegación; que de acuerdo con su mejor conocimiento, información y creen-cia está bien fundada; y que no ha sido interpuesta para causar demora. Si una alegación no estuviere firmada, o lo hubiere sido con el propósito de frustrar los objetivos de esta regla, podrá ser eliminada como simulada y falsa, y el pleito podrá continuar como si no se hubiere notificado tal alegación. La violación voluntaria de esta regla por parte de un abogado dará lugar a que se le someta a acción disciplinaria.”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Manuel de Jesús Publio Díaz y otros, demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-76-159

      Resuelto: 15 de marzo de 1978

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Justo Gorbea Varona, Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recu-rrentes; Luis A. Archilla Laugier y Samuel Gracia Gracia, abogados de los recurridos; Edward Bayouth Babilonia, abogado del Municipio de Caguas.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

A .principios del año 1970, el Departamento de Obras Públicas realizó una inspección al puente sobre el río Turabo que se encuentra en la carretera de Caguas a San Lorenzo. () La misma respondía a una petición que a esos efectos hizo el Alcalde de la ciudad de Caguas, motivada por fallas externas que alcanzaban verse en la plataforma de tal estructura. La plataforma o zona de rodaje del puente estaba dividida en varias losas, () y las mismas eran sostenidas por pilastras o columnas cuyos cimientos se encontraban en las márgenes y dentro de las aguas del río. Del examen realizado, se descu-brió que tanto los cimientos como la mayoría de las pilastras del puente se habían deteriorado debido a la erosión oca-sionada por las crecidas y el constante fluir de las aguas. Dada esa situación, Obras Públicas decidió comenzar de inmediato obras conducentes a su reconstrucción. Para su mejor realiza-ción, y debido al intenso tráfico vehicular de dicha vía, se cons-truyó un desvío provisional aguas arriba. () Aunque el mismo fue hecho para el tránsito de vehículos y peatones, los viandantes continuaron utilizando el puente permanente en reparación. La ilustrada sala sentenciadora determinó que ello fue motivado a que no se prohibió expresamente el paso de peatones por dicho puente, y además, al hecho de que el desvío provisional no ofrecía medidas de seguridad alguna para tal uso.

Subsiguientemente, para fines de septiembre de 1970, co-menzaron unas intensas lluvias sobre la zona de Caguas que provocaron la creciente del río Turabo, causando que el des-vío provisional construido aguas arriba, fuese arrastrado to-talmente por las fuertes corrientes. Las lluvias continuaron y el 3 de octubre de 1970, Obras Públicas suspendió toda la actividad debido a que el aumento de las aguas impedía los trabajos de reparación, máxime cuando la mayor parte eran realizados dentro del río. Poco después,() constantes las llu-vias, se desplomó una de las losas de la plataforma del puente —la que queda al sur del río Turabo — quedando la misma en forma de “V”. Esta caída cortó todo acceso para cruzar el río, y de inmediato, los vecinos y varias personas que traba-jaban en dicho sector,() acudieron al Alcalde de Caguas para que éste remediara la condición en que se encontraba dicho extremo del puente. Ante tal reclamo y con el propósito de que estas personas pudieran continuar utilizando la vía, el Alcalde ordenó y se construyó un acceso de madera sobre las puntas en forma de “V” que por la parte superior sobre-salían de la losa desplomada ( nAF'l i ). Como consecuencia, el acceso interrumpido fue restablecido y nue-vamente usado por personas. Dicho funcionario atestó, y el tribunal • le dio entero crédito, que para tal acción recibió autorización del Departamento de Obras Públicas.

Así las cosas, en la tarde del 8 de octubre, los esposos Roberto Félix Pérez Rodríguez y Rosa María Díaz García, junto a otras personas, se dispusieron a cruzar el puente para regresar de su trabajo a sus hogares. () Esa tarde el río se encontraba sumamente crecido y ellos tenían conoci-miento de la condición precaria del puente.() Cuando se’ encontraban pasando, otra de las losas de la plataforma del puente — al norte del río — se desplomó al ceder sus columnas y éstos cayeron a las aguas crecidas del río donde lamentable-mente perecieron ahogados.() ( r~! )•

Los familiares () de los difuntos esposos presentaron de-manda en daños reclamando indemnización por sufrimientos y angustias mentales, y daños materiales (lucro cesante) contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Munici-pio de Caguas. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda en contra del Estado y aplicando el Art. 1802 de nuestro Código Civil, () determinó que la causa próxima del accidente fue su negligencia al no inspeccionar el puente so-bre el río Turabo por más de 50 años antes de descubrirse las fallas en 1970, lo que provocó que no se percatara a tiempo del avanzado deterioro de las columnas que lo sostenían. Fun-damentó este argumento en que no se había desfilado prueba que indicara la realización de inspecciones con anterioridad al año 1970. Además, concluyó que los esposos fallecidos ha-bían incurrido en un 50% de negligencia, ya que conociendo las condiciones precarias del puente y observando que el mis-mo estaba siendo afectado esa tarde por fuertes corrientes de agua, optaron por intentar pasarlo. Posteriormente, mediante Resolución Aclaratoria, plasmó su criterio de que los hechos no daban margen para responsabilizar al Municipio de Ca-guas.

A solicitud del Estado, y en consideración a los siguientes errores, expedimos auto de revisión:

“1. Erró el tribunal de instancia al concluir que el Estado Libre Asociado fue negligente al no inspeccionar el puente por unos cincuenta años y que esa fue la causa próxima del accidente.
2. Erró el tribunal de instancia al exonerar de responsabili-dad al Municipio de Caguas.
3. Incidió el tribunal al concluir que no se prohibió efectuar el tránsito por el puente en reparación.
4. Cometió error el tribunal de instancia al imponer a los de-mandantes sólo un 50% de negligencia.
5. Cometió error el tribunal de instancia al estimar los daños causados con motivo de la muerte del referido matrimonio.”

Con excepción del último, discutiremos los errores con-juntamente.

I

Ante el cuadro fáctico expuesto, es menester primeramente aclarar que la posible responsabilidad del Estado Libre Asociado no se rige por el Art. 1802 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5141) — como estimó la sala sentenciadora — sino por el Art. 404 del Código Político (3 L.P.R.A. see. 422), que lee del siguiente modo:

“El Estado Libre Asociado de Puerto Rico será responsable civilmente de los daños y perjuicios que se ocasionen a las per-sonas o propiedades por desperfectos, falta de reparación o de protección suficientes para el viajero en cualquier vía de comu-nicación perteneciente al Estado Libre Asociado y a cargo del Departamento de Obras Públicas, excepto donde se pruebe que los desperfectos de referencia fueron causados por la violencia de los elementos y que no hubo tiempo suficiente para remediar-los.’()

Su lectura refleja una norma de responsabilidad representativa de una excepción a la inmunidad que posee el Estado, como soberano, contra reclamaciones no autorizadas. Constituye el precepto especial a utilizarse para evaluar acciones por daños que se ocasionen a personas o propiedades en las vías públicas estatales, cuando los mismos fuesen motivados por cualesquiera de estas condiciones: 1) desperfectos; 2) falta de reparación; 3) falta de protección suficientes para el viajero. No obstante, la medida no contempla una norma de responsabilidad absoluta, pues el propio estatuto contiene como excepción de exoneración, si el Estado demuestra que tales desperfectos fueron motivados por la violencia de los elementos y no hubo tiempo suficiente para remediarlos.

Al observar y comparar con detenimiento el contenido del Art. 404 con el 1802, si bien son diferentes, detectamos cierta tangencia entre las obligaciones que ambos exigen. En efecto, nos percatamos que las condiciones de peligro que deben existir en la vía pública para que el Estado responda con arreglo al 404 por los daños que se ocasionen debido a las mismas, constituyen una violación al deber de previsibilidad exigido por el segundo. Demostrado que el Estado tiene conocimiento o que pudo prever la existencia de una de esas condiciones, y tuvo tiempo razonable para remediarlas— en ausencia de evidencia sobre violencia de elementos — sería responsable por los daños. Cabe mencionar que la eximente provista en el Art. 404 también la encontramos en los conceptos de “caso fortuito o fuerza mayor”, () excluyentes de responsabilidad bajo el 1802. Obviamente, los inusitados efectos de la naturaleza a que se refiere el primero al consignar la “violencia [] de los elementos”, () son parte integral del concepto “fuerza mayor” () del segundo.

En consecuencia, aunque el legislador al aprobar el Art. 404 dispuso una norma especial para regir estos casos, en el aspecto que nos ocupa, ajustó su alcance al provisto por el Art. 1802.

II

Con este trasfondo debemos considerar los méritos del re-curso. De los hechos no contradichos surge claramente que tan pronto Obras Públicas es advertido y constata los desper-fectos del puente, de inmediato comienza a repararlos. Como vía de acceso alterna construyó otro puente provisional, para vehículos y peatones, sin embargo no prohibió su uso por estos últimos a través del que se reconstruía. Fuertes lluvias pro-vocaron la suspensión total de las obras el día 3 de octubre de 1970 por decisión del ingeniero de Obras Públicas, Felipe De Jesús Ortíz, quien se personó al lugar y observó la alta inestabilidad en que se encontraba la estructura debido a las recias corrientes del río. En su testimonio aceptó que los daños eran de tal magnitud que no había seguridad para los viandantes. (E.N.P., 7.) Destruido el puente provisional, se continuó usando el que se reparaba, hasta que una de sus partes (losa) cae, en cuyo momento, el Municipio establece una plataforma de paso de madera como paliativo inmediato a sus usuarios. La desgracia ocurre al desplomarse subsi-guientemente otra losa.

No coincidimos con la conclusión del tribunal a quo de que la causa próxima del accidente fue la negligencia del Estado en no inspeccionar por cincuenta años el puente. En la cadena de hechos relatados, tal omisión constituyó un eslabón que dejó de tener materialidad. Aceptada la existencia de los des-perfectos — fueran como consecuencia de los embates del tiem-po en años anteriores o el resultado de efectos más recientes —el hecho cierto es que se estaban reparando antes de que ocurriera el accidente, y que debido a la violencia de los elementos, no pudieron arreglarse oportunamente para reme-diar la condición de peligrosidad que ofrecía. Sin embargo, la responsabilidad del Estado se origina en que conociendo la inseguridad, fragilidad y deterioro del puente, debió, como única medida precautoria adecuada, prohibir terminante-mente su uso a peatones. Resulta significativo que éste no adujo evidencia que demostrase la imposibilidad de adoptar esta medida de prevención mediante la simple erección de rótulos advirtiendo el riesgo y peligro eminente de derrum-bamiento — 'prohibiendo de manera absoluta el paso — y colo-cando unas vallas que efectivamente obstaculizaran el ac-ceso. () Aun bajo el supuesto de que Obras Públicas hubiese colocado avisos en el lugar con el mensaje “puente en repara-ción”, () los mismos, dada su situación precaria, no consti-tuían advertencia suficiente sobre el peligro que conllevaba el transitar por él. () Es esta omisión del Estado, conjunta-mente con la presencia de dos policías en cada uno de los ex-tremos del puente dirigiendo el paso, y la autorización con-cedida al Municipio para la construcción de un pasadizo so-bre las puntas en “V” de la primera losa que se desplomó, las que infringieron la norma del Art. 404, supra, y propiciaron parcialmente la ocurrencia del accidente en que perdieron la vida los esposos Pérez-Díaz. Bajo dicho precepto, el Estado no descargó su responsabilidad primaria de ofrecerle seguri-dad a los que transitaban por dicha vía, aun cuando ésta estaba bajo construcción: Morales Muñoz v. Castro, supra.

La anterior conclusión no releva al Municipio de respon-sabilidad. Este fue negligente al no prever, teniendo conoci-miento, que era sumamente probable que dadas las condicio-nes de alta inestabilidad en que se encontraba el puente, podía repetirse que otra losa se desplomara por efectos del embate de las aguas. El Municipio estaba informado de la grave situación existente en el lugar (E.N.P., 18, 19, 20) y del alto indicio de la peligrosidad de la estructura. Su acción de construir el acceso de madera representó una invitación a los transeúntes para que lo siguieran utilizando en momento en que la prudencia y circunspección aconsejaban su prohibi-ción total. La autorización del Estado no le releva ya que actuó para beneficio de los vecinos y usuarios del lugar asu-miendo a la par las consecuencias de la acción. En ausencia del acceso de madera, ninguna persona hubiese podido in-tentar cruzar a través del puente. Apreciado en su justa pers-pectiva, valoramos la negligencia del Estado y el Municipio en un veinticinco (25%) por ciento cada uno.

En el presente cuadro de hechos, los esposos Pérez-Díaz también incurrieron en conducta negligente que contribuyó a tan deplorable resultado. Era de conocimiento de todos los vecinos así como de los que trabajaban por el lugar, las con-diciones defectuosas del puente. La inestabilidad de la es-tructura y el peligro que conllevaba utilizarla con las aguas crecidas del río era evidente. Al transitar sobre el puente, asumieron el riesgo visible que ello conllevaba. No altera-remos la imposición de cincuenta (50%) por ciento de negli-gencia formulada por la sala sentenciadora.

Kesolvemos que las causas próximas del accidente fueron la falta de protección suficientes para el viajero que imperaba en la vía de comunicación perteneciente al Estado Libre Asociado — no prohibiendo su uso; la negligencia del Municipio de Caguas al construir el acceso de madera sin prever que era probable que el puente en todo o en parte nuevamente se desplomase; y la negligencia concurrente de los occisos al no prever la misma consecuencia, teniendo cono-cimiento del deterioro del puente. ()

I — I I — i

Resta determinar la valoración de daños que se impugnan a la luz de los siguientes señalamientos: 1) excesiva la par-tida en concepto de “lucro cesante” adjudicada en virtud de un informe preparado por un economista, donde se predice el valor monetario actuarial estimado de los esposos Pérez-Díaz, por el fundamento de que la fórmula utilizada por el perito conflije con nuestro pronunciamiento en Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368, 370 (1964); 2) que del in-greso anual estimado de los causantes no se restó la corres-pondiente contribución sobre ingresos, según dispone el citado caso; y 3) exagerada la cantidad concedida a los hijos de los causantes por los daños morales sufridos por éstos momentos antes de morir.

En Urrutia v. A.A.A., 103 D.P.R. 643 (1975), reconoci-mos la difícil tarea de aquilatar daños, por no existir “. . . tabla o computadora electrónica que recoja todos los elemen-tos y premisas inarticuladas que nutren la valoración del dolor físico y mental humano y permita, mediante la aplica-ción de unas teclas o el oprimir unos botones, obtener el re-sultado final apropiado. Esta función descansa sobre el ejer-cicio discrecional prudente, juicioso y razonable del juzgador de hechos animado por un sentido de justicia y de conciencia humana. El contacto con la prueba presentada en el proceso judicial de primera instancia y las impresiones derivadas de la apreciación visual del juez, es la razón básica para que en ausencia de un dictamen imponiendo una cuantía ridicula-mente baja o exageradamente alta, a la luz de la prueba so-bre daños presentada, en nuestra función apelativa, imple-mentemos la norma de abstención judicial fundada en crite-rios de estabilidad y de respeto a los tribunales de primera instancia. Empero, señaladas y sometidas a nuestra conside-ración circunstancias comprobadas que ameritan una modifi-cación de la cuantía, procederemos a ello siguiendo los cri-terios antes mencionados.” (647).

Con esta perspectiva presente, veamos los méritos de los planteamientos. Bajo el estado del derecho vigente, los demandantes son acreedores a que los demandados les sastisfagan el importe de la pérdida que sufrieron por la muerte de los occisos. Esa pérdida se mide a base del valor presente de los ingresos probables que los occisos hubiesen generado durante el resto de sus vidas productivas. Los gastos personales estimados que hubiesen tenido los occisos se deducen de esos ingresos y el balance representa la pérdida económica que se traduce en daños. En el caso de autos se cuestiona la partida ya que los demandantes recurridos no dedujeron la contribución sobre ingresos que los occisos hubiesen tenido que aportar, si hubiesen recibido dichos ingresos.

En Vda. de Seraballs v. Abella, supra, descontamos las partidas de esas contribuciones al determinar la pérdida eco-nómica sufrida por los allí reclamantes. Sin embargo, subsi-guientemente, en los casos de Rodriguez v. Ponce Cement Corp., 98 D.P.R. 201 (1969) y Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971), nos abstuvimos de realizar dicha deducción. Y en Rodríguez, supra, expresamos lo si-guiente con relación a este cambio doctrinal:

“. . . Si algún reparo tiene [la demandada] es que de los in-gresos anuales del demandante [no] [] se redujo una cantidad representativa de la contribución de ingresos que presumible-mente le correspondería satisfacer. La mayoría de la doctrina americana rechaza esta deducción en las acciones por lesiones personales, Anotación, Propriety of taking income tax into consideration in fixing damages in personal injury or death action, 63 A.L.R.2d 1398, Sec. 4 [a]; Income Tax as a Factor in Measuring Personal Injury Awards, 8 Ark. L. Rev. 1.74 (1954); 16 NACCA L.J. 212 (1955). Véase Sec. 22(b) (5) de la Ley de Contribución sobre Ingresos, 13 L.P.R.A. sec. 3022(b) (5).” 219-220.

Hemos reexaminado la doctrina. Tanto ayer como al presente, la mayoría de tribunales que la sostienen estiman que la deducción de contribuciones es de naturaleza especulativa. Sin embargo, una vez reflexionemos sobre el particular, encontramos que el argumento carece de fuerza persuasiva, pues resulta evidente que dicha contribución tiene el mismo grado de elemento especulativo que posee el “lucro cesante”; el denominador común es el mismo. Ante la contención de la parte recurrente, y a los fines de despejar cualquier duda al respecto, reiteramos la regla de que al estimarse la pérdida económica relacionada con el “lucro cesante” no debe deducirse la contribución.

Ha See. 22 (b) (5) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos — Núm. 91 de 29 de junio de 1954, según enmendada — excluye del ingreso bruto y exime de contribución “el monto de cualquier indemnización recibida, en procedimiento judicial o en transacción por .. . lesiones o enfermedad ....” (18 L.P.R.A. sec. 3022(b)(5).) Reconocemos que el lucro cesante puede surgir como consecuencia de lesiones o enfermedad, pero también puede nacer de otras causas, como el incumplimiento de contrato, etc. Cuando en una acción se indemniza el lucro cesante, éste es un elemento de daño que se concede porque las actuaciones del demandado ocasionaron una interrupción y cese de ingresos. Propiamente hablando, no es una indemnización por lesiones o enfermedad ya que éstas tienen el propósito básico de restaurar el daño físico causado, pero como no puede hacerse en especie, se sustituye con dinero. Robles Ostolaza v. U.P.R., 96 D.P.R. 583 (1968). Bajo este razonamiento, la indemnización por lesiones o en-fermedad no constituye ingresos, y en el diseño fiscal prevale-ciente, es de justicia que la Ley de Contribuciones sobre In-gresos así lo reconozca.

Pero la indemnización del lucro cesante causado por una lesión o enfermedad, no tiene como objetivo el restituir o sustituir la integridad física de la persona. Sustituye ingresos provenientes del trabajo, que son tributables. La Ley de Contribuciones sobre Ingresos no exime la indemnización del lucro cesante del pago de contribuciones. Esta interpretación guarda correspondencia con la regla de hermenéutica que dispone que las exenciones y deducciones contributivas se interpretan restrictivamente: PARDAVCO, Inc. v. Srio. de Hacienda, 104 D.P.R. 65, 73 (1975); West India Mach. v. Srio. de Hacienda, 89 D.P.R. 115, 125 (1963); Descartes, Tes. v. Tribl. de Contribuciones y Ortiz, 73 D.P.R. 491, 497 (1952). Es razonable concluir que tanto el ingreso derivado del trabajo, como su sustituto en indemnización, son ingresos tributables. Véase Hodge v. C.I.R., 64 T.C. 616 (64.62 P-HTC) (1975).

En consecuencia, estando sujeta a contribución sobre ingresos la indemnización que un reclamante reciba en concepto de lucro cesante en una acción de daños, () sería injusto que a esa compensación se le reduzca a favor del demandado, suma alguna atribuíble a contribuciones; máxime ante la realidad de que ello equivaldría a una doble tributación. No procede la impugnación de la partida por lucro cesante.

El tribunal sentenciador agrupó las partidas de daños físicos y mentales de los hijos con la de lucro cesante en la suma de $160,000.00. Teniendo en mente el anterior pronunciamiento y atendidas todas las circunstancias concurrentes, consideramos como indemnización adecuada la cantidad de $15,000.00 a cada hijo por las angustias y sufrimientos men-tales que les produjo la muerte de sus padres. En cuanto a los daños económicos causados a éstos (lucro cesante), advertimos que la fórmula seguida en Vda. de Seraballs, supra (370), no pretende exponer de manera absoluta todos los criterios matemáticos a tomarse en cuenta, sino aquellos comunmente reconocidos. La razonabilidad de la cuantía total no puede hacerse depender de unos cómputos aritméticos, que en fin de cuentas se elaboran sobre unas bases y expectativas, que aunque precisables, no están inmunes de cierto grado de especulación. Díaz Asencio y Zayas Puig; Seraballs v. Abella: La Determinación de Daños y las Tablas Actuariales, Nota, XXXIV Rev. Jur. U.P.R. 251 (1965). En el caso de autos, entendemos que el valor justo por este concepto es la suma de $100,000.00 ($50,000.00 por cada progenitor). Respecto a la indemnización concedida a los padres de la occisa, estimamos como compensación razonable a cada uno $5,000.00; y una compensación de $2,000.00 a cada uno de los dos hermanos de la fenecida.

Finalmente, examinemos el señalamiento relativo al resarcimiento que corresponde a los hijos, en su condición de herederos de los causantes, por concepto de los daños físicos y mentales que éstos experimentaron momentos antes de morir. Su génesis doctrinaria la encontramos en la decisión de Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 101 D.P.R. 598 (1973), en que resolvimos que una persona que fallece víctima del acto u omisión negligente de otra, transmite a sus herederos la causa de acción que no ejercitó, siendo recobrable una compensa-ción al sufrimiento físico y moral que precedió a su deceso. Al formular esta norma, indicamos que la reparación del daño debe representar una “. . . indemnización pecuniaria como justo valor . . . 606. Ante la inexorable realidad de que todo ser humano algún día ha de morir, () confesamos una vez más las limitaciones y lo angustioso de la gestión judicial de valorar este tipo de daños; sin embargo, apuntamos que factores tales como la naturaleza y extensión de las le-siones; lapso de tiempo transcurrido entre la ocurrencia del daño y la muerte; estado de lucidez o conciencia de la víctima; disponibilidad o no de asistencia y medicamentos adecuados; tipo de tratamiento recibido; presencia o ausencia de fami-liares; y cualquier otra circunstancia pertinente, son deter-minantes para la evaluación de la cuantía. Y sobre todo, debe-mos recordar la sabiduría de la frase, de autor anónimo, de que “ [I] a muerte de un ser querido, más que de él es nuestra, puesto que nosotros la vivimos.”

En el contexto de los hechos del caso, es razonable con-cluir que los sufrimientos físicos y mentales de los esposos Pérez-Díaz, momentos antes de su deceso, fue por un corto período de tiempo. Cayeron desafortunadamente en las co-rrientes crecidas del río y por un pequeño lapso de tiempo pidieron auxilio, pero rápidamente desaparecieron en las aguas. (E.N.P., 16.) No nos enfrentamos en este caso a la situación en que las víctimas padecen por un largo período de tiempo de dolores físicos, sufrimientos mentales y aflicciones en la penosa espera de la extinción de sus vidas. Estamos frente a la ocurrencia de una muerte bastante súbita, que si bien en su epílogo fue angustiosa y exasperante, conllevó el natural sufrimiento de todo ser humano al enfrentarse a su partida. Consideramos que debe reducirse a $5,000.00 los sufrimientos de cada uno de los causantes. ()

A la luz de lo expuesto, se dictará Sentencia modificando la del Tribunal Superior, Sala de Caguas en lo que respecta a los siguientes pronunciamientos: a) Determinándose una negligencia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Municipio de Caguas en 25 % cada uno, y el remanente a Roberto Félix Pérez Rodríguez y Rosa Maria Díaz García; b) aplicados los por cientos de negligencia comparada, con-denándose a los demandados a satisfacer solidariamente la suma total de $77,000.00 a las siguientes personas: (1) a cada uno de los menores Roberto Publio y Rosa M. de apelli-dos Pérez Díaz, $7,500.00 en concepto de angustias mentales propias; $25,000.00 por lucro cesante; y $2,500.00 por las angustias mentales de sus caucantes (estas sumas a ser con-signadas en el tribunal por ser ambos menores de edad); (2) a cada uno de los padres de Rosa M. Díaz García, nom-brados Manuel De Jesús Publio Díaz y Rosa M. García, la suma de $2,500.00; y (3) la cuantía de $1,000.00 a sus her-manos Pedro Publio y Luis Díaz García.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado a que se llega en las partes I y II, pero disiente sin opinión de la parte III. El Juez Asociado Señor Díaz Cruz disintió en parte con opinión separada. El Juez Asociado Señor Rigau no intervino.

—O—

Voto disidente, en parte, del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

San Juan, Puerto Rico, a 15 de marzo de 1978

Difiero de la opinión en la parte que impone 25% de culpa al Municipio de Caguas, modificando la sentencia al efecto. El Alcalde de Caguas actuó a ruego de los vecinos al instalar el acceso provisional de madera. No considero su acto una “invitación” a seguir usando el puente en reparación, sino ineludible respuesta y atención al urgente reclamo de los vecinos del barrio “Tomás de Castro” en sus necesidades de movilidad y comunicación, y las de 400 personas empleadas por varias fábricas establecidas en dicho sector.

Además, la intervención del Municipio corrigiendo con una tapa de madera la condición de inminente peligro que representaba el hueco dejado por la plancha caída, con la previa aprobación del Estado, de ningún modo puede tomarse como detrimental para éste, sino lo contrario, por lo que no debe dar lugar a traslado al Municipio de la responsabilidad primaria del Estado bajo el Art. 404 del Código Político (3 L.P.R.A. see. 422).

La mayoría penaliza al Municipio por brindar algún grado de seguridad a los vecinos que demandaban un remedio. Me imagino que también le hubiese impuesto responsabilidad si probado que teniendo los medios y recursos para tapar el peligroso hueco, hubiese puesto oídos sordos al reclamo de los residentes, permitiendo con su inacción que alguien cayera al río. ¿O es que para proteger sus escasos recursos de una demanda, venía el Municipio obligado a permanecer impasi-ble como un Buda, indiferente a la angustia de sus resi-dentes?

      (1) Esta sinopsis de hechos pertinentes encuentra apoyo en nuestro análisis de la prueba presentada y las determinaciones del tribunal senten-ciador.

      (2)Por losas del puente, nos referimos a las diferentes secciones de superficie de hormigón reforzado, área transitable del puente por la cual se discurre. Gráficamente, las ilustramos del siguiente modo: Losa Losa Losa Losa Losa ; aunque de modo imperfecto.

      (3)Es significativo el hecho de que el juez sentenciador no hizo men-ción en sus determinaciones de que Obras Públicas además había colocado avisos en ambas direcciones que contenían el mensaje de “Puente en Repa-ración”, así como vallas que impedían el tránsito de vehículos por el lugar. (Testimonios del ingeniero Felipe de Jesús y Ramón Díaz de Jesús; E.N.P., 2, 17.)
      A nuestro juicio esta omisión se debió a que el tribunal de instancia dio crédito a las declaraciones de varios testigos en el sentido de que no habían vallas ni rótulos que prohibieran el paso por el puente. (E.N.P., 11, 13.) Sin embargo, nuestro análisis de la prueba refleja que los testigos se referían a vallas y letreros que específicamente prohibieran el paso pea-tonal, y no a los que Obras Públicas había colocado, que sólo informaban las obras de reparación.

      (4)La fecha exacta de este suceso no fue determinada, pero los testigos testificaron que ocurrió entre el 5 al 7 de octubre.

      (5)En las inmediaciones del lugar se encontraba el barrio Tomás de Castro, y además estaban ubicadas varias fábricas que emplean a más de 400 personas.

      (6)Si bien es cierto que ese día había destacados dos policías en el sitio de los hechos, éstos no impedían el tránsito peatonal sino que lo diri-gían para evitar que no se acumulara mucha gente sobre el puente.

      (7)La prueba demostró que los vecinos del lugar y las personas que trabajaban por el lugar tenían conocimiento de que el puente estaba en condiciones inseguras y por ello era objeto de reparaciones. (E.N.P., 10-11, 14, 17, 18 y 19.)

      (8)E1 cadáver de Roberto Félix Pérez Rodríguez fue localizado pero el de su esposa no pudo ser recobrado. El tribunal de instancia, luego de los procedimientos de rigor, declaró hecho indubitado el fallecimiento de la señora Díaz García.

      (9) Comparecieron Manuel De Jesús Publio Díaz, padre de la fenecida Rosa María Díaz García, por sí y en representación de los hijos de los occisos, Roberto Publio y Rosa María de apellidos Pérez Díaz; Rosa María García y Pedro Publio y Luis Díaz García, madre y hermanos respectiva-mente de la fenecida Rosa María Díaz García.

      (10) Luego de reducirlas de acuerdo a la imprudencia concurrente de los fenecidos consistente del 50%, la sala sentenciadora concedió las siguien-tes partidas como compensación: (a) $10,000.00 adjudicados a los herederos de los occisos, en este caso sus dos hijos, por los daños sufridos por sus padres inmediatamente antes de su muerte; (b) $80,000.00 concedidos a los mencionados hijos por los sufrimientos mentales y económicos, conside-rando el lucro cesante por la muerte de sus padres; (c) $5,000.00 al Sr. Manuel De Jesús Publio Díaz por los daños mentales y económicos que le causó la muerte de su hija Rosa María Díaz García y por la muerte de su hijo político Félix Pérez Rodríguez; (d) $5,000.00 a la Sra. Rosa María García por la muerte de su hija, y de su hijo político; (e) $2,000.00 a cada uno de los hermanos de la occisa por los daños mentales y económicos que significó para ellos la muerte de su hermana y de su hermano político.

      (11)Nuestra jurisprudencia informa los siguientes casos: Rivera v. Pueblo, 76 D.P.R. 404 (1954); Morales Muñoz v. Castro, 85 D.P.R. 288 (1962); Resto v. P.R. Telephone Co., 97 D.P.R. 313 (1969); y Pérez Pinero v. E.L.A., 105 D.P.R. 391 (1976).
      En Rivera v. Pueblo, supra, mientras un vehículo discurría por una carretera, debido a fuertes lluvias se desprendió una piedra alta de una finca privada, y al rodar cayó sobre el vehículo destruyéndolo y lesionando a sus ocupantes. Sostuvimos inexistencia de responsabilidad del Estado y dijimos: “Aparte de que el desprendimiento de la roca se debió, según lo encontró probabo el Tribunal a quo, a la violencia de los elementos — las fuertes lluvias que cayeron el día del accidente — -lo que quizás sería sufi-ciente para exonerar de responsabilidad al demandado, no puede impu-társele negligencia a éste por el hecho de que no previera la posibilidad del desprendimiento de la roca.” (408).
      En Morales Muñoz v. Castro, supra, un conductor de un vehículo y sus acompañantes sufrieron daños al llegar a un desvío en un tramo de carretera en construcción que estaba desprovisto de avisos adecuados sobre las condiciones del lugar. Confirmamos la sentencia del tribunal de instan-cia imponiendo al Estado responsabilidad bajo el Art. 404 del Código Polí-tico, así como su dictamen responsabilizando también al contratista de la obra por su negligencia, y al conductor del vehículo por conducirlo a 60 millas por hora.
      En Resto v. P.R. Telephone Co., supra, la compañía telefónica con-trató los servicios de Anastacio Ortiz para la poda de unos árboles. Luego de realizar su trabajo Ortiz dejó una rama parcialmente sobre la carretera pública. La misma permaneció allí por aproximadamente treinta días, lo cual era tiempo suficiente para que el Estado la hubiese removido. Así las cosas, mientras el demandante caminaba cerca de la carretera, un automóvil impactó la rama y ésta lo lesionó. Confirmamos un dictamen declarando con lugar la demanda en daños y perjuicios contra la Compañía de Teléfonos y contra el Estado. La responsabilidad de este último basada en el Art. 404 del Código Político.
      Recientemente en Pérez Pinero v. E.L.A., supra, sostuvimos una sen-tencia que le impuso responsabilidad al Estado bajo el citado Art. 404 en un caso en que mientras un camión descargado discurría por una carretera, el pavimento se hundió súbitamente, resultando el vehículo en una pérdida total. Anotamos que debido a criterios disímiles y a una pqnencia disidente a la que se unieron dos magistrados, en este caso no hubo propiamente Opinión del Tribunal.

      (12) Tales conceptos emergen del Art. 1058 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3022) que contiene la norma de que “nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que previstos, fue-ran inevitables.” Véanse: Ramos v. Carlo, 85 D.P.R. 353 (1962); Rivera v. Caribbean Home Const. Corp., 100 D.P.R. 106 (1971).

      (13)Se define “violencia” como algo que está fuera de su natural estado, situación o modo; que obra con ímpetu y fuerza. Vox: Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española, Tercera Ed., Editorial Biblio-graf (1976).

        (14)“Elementos” era el nombre dado por los antiguos a la tierra, al aire, al agua y al fuego, .... Vox: Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, Tercera Ed., Editorial Bibliograf (1976).

      (15)Hace más de medio siglo que contemplamos como ilustrativo de caso fortuito o fuerza mayor, los inusitados efectos de la naturaleza. A esos efectos en Vidal & Cía., S. en C. v. Am. R.R. Co., 28 D.P.R. 204, 210 (1920), expresamos: “Fuerza mayor es el acontecimiento que no hemos po-dido precaver ni resistir, como por ejemplo la caída de un rayo, el granizo, la inundación, el huracán, la irrupción de enemigos, el acometimiento de la-drones ... y es caso fortuito el suceso inesperado o la fuerza mayor que no se puede precaver ni resistir .... Tales son las inundaciones, torrentes, naufragios, incendios, rayos, violencias, sediciones populares, ruinas de edificios causadas por alguna desgracia imprevista y otros acontecimientos semejantes.”

      (16) Véanse: Miller v. State, 177 N.Y.S.2d 918; Battistoni v. State, 149 N.Y.S.2d 614. En esos casos se expuso en síntesis, que cuando se construye una vía publica por el Estado, éste debe tomar las medidas necesarias para proteger a los que transitan por ella, poniendo avisos adecuados, o si es necesario, por no ser la vía de comunicación razonablemente segura, ce-rrando la misma al público.

      (17) Nota (3).

      (18) Según se expone en Blashfield, Automobile Law and Practice, Tercera Ed., Vol. 4, Sec. 164.10 (pág. 425) — “Cuando se colocan adverten-cias adecuadas al comienzo del área objeto de construcción, no es necesario colocar avisos específicos en el lugar sobre defectos u obstrucciones; pero las circunstancias pueden ser tales que resulte insuficiente la mera adver-tencia general del hecho de que la carretera está siendo construida.” (Bas-tardillas y traducción nuestras.)

      (19) Según dijimos en Morales Muñoz v. Castro, supra: “La causa próxima de un accidente puede deberse a la negligencia de una o más de las partes envueltas en el mismo. Cruz et al. v. Frau, 31 D.P.R. 92 (1922). Si más de una fue negligente y el accidente se debió a la concurrencia de ambas negligencias, las dos partes son responsables de los daños causados.”

      (20)La palabra “no” que hemos intercalado aparentemente fue omitida por error. La demandada no iba a tener reparos si al ingreso se le deducía la contribución. Es contra la no deducción de la contribución que un de-mandado hace reparos.

      (21) Nada impide que los tribunales de primera instancia, al conceder daños de esta naturaleza, a los fines pertinentes, remitan al Departamento de Hacienda copia de sus sentencias.

      (22) «ignoramos cuándo ha de llegar la hora de nuestra muerte, pero todos estamos completamente seguros de que ha de llegar algún día.” Amy v. Registrador, 21 D.P.R. 123, 128 (1914).

      (23) Compárese con la compensación de $15,000.00 concedida en Vda. de Delgado, supra, en que el “causante sufrió extensas quemaduras [graves en % partes del cuerpo] que le mantuvieron en condición crítica, angus-tiosa y desesperada por tres días sufriendo a plena conciencia . . .” 607. Y en Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 D.P.R. 824 (1977), indicamos la improcedencia de una partida bajo este concepto cuando la víctima muere instantáneamente.


text:
    Colegio de Abogados de Puerto Rico, Querellante, v. Juana Garriga y otros, Querellados, Querella
    Núm. O-77-431
   RESOLUCIÓN

San Juan, Puerto Rico, a 23 de noviembre de 1977

El Colegio de Abogados de Puerto Rico ha comparecido ante este Tribunal — representado por su Presidente — radi-cando una querella contra varios abogados que no han satis-fecho las cuotas de colegiación. A continuación se transcribe la exposición tercera del escrito radicado por el Colegio peti-cionario :

Que los siguientes querellados no han satisfecho las cuo-tas que se indican a continuación:

Años 1965 al 1977 $720.00

Juana Garriga

Años 1966 al 1977 $660.00

Margarita Seijo Tizol

Años 1967 al 1977 $600.00

Manuel Maldonado Pacheco

Años 1968 al 1977 $540.00

Jorge Rocafort

Enrique Bird Piñero

Años 1972 al 1977 $360.00

Antonio Cruz Reyes

Luis A. Lugo, Jr.

Ofelio Rosado Mojica

Mabel Ruiz Soto

Octavio San Miguel Griff o

Enrique Vázquez Báez

Años 1973 al 1977 $300.00

Gilberto Alfaro Berrios

Frances Berrios Agosto

Ada Ivette Fournier Negroni

Santiago J. López Maldonado

Walter Pierluisi Tirado

José A. Quiles Espinosa

Leopoldo Rivera Rodriguez

José Rodríguez Guasp

Celedonio Rodríguez Soto

Rafael Rosario Hernández

Luis A. Rosario Quiles

José Torres Ortiz

César E. Urrutia Morera

Lillian Verges de Morales

Años 197J al 1977 $240.00

Rafael Carrión Santiago

Eugenio Cornier

Nelson Escalona Vincenty

Héctor González López

Lester Loyola Rivera

Sylvia Matos Pons

Clemente Morales Torres

Félix Nevárez Zavala

Ludmilia Rivera Burgos

Jorge J. Romany

Roberto E. Schneider

Años 1975 al 1977 $180.00

Luis Aponte Aponte

Jorge L. Arroyo Fernández

Wilson F. Colberg

Osvaldo Goyco Monagas

Dionisio Manzano Martínez

Noelia Martí

César A. Melecio

Haydeé Morales Piovanetti

Luis C. Morera

Armando Orraca López

Emilio E. Pinero Ferrer

José Fabián Quiles

Juan P. Quiñones Rivera

Ferdinand Rivera Ortega

Rafael Rodríguez Mena

Lydia Torres González

Años 1976 al 1977 $120.00

Ramiro Agosto Carrillo

Francisco Arroyo González

Juan Báez Torres

John Bello Hernández

Rafael M. Buscaglia, Hijo

José E. Cabrera

Cayetano Coll Pujol

Luis R. Collazo Sainz

Víctor Luis Colón Rodríguez

Francisco Criado Vázquez

Olga Cuebas Vázquez

Héctor A. Deliz Barreda

Héctor J. Figueroa Vincenty

Luis A. Garrastegui Pellieia

María del Carmen Garriga Morales

Nicolás Gautier Vega

José A. González López

Víctor Gutiérrez Fernández

Pamy Hernández Bello

José L. Hernández Usera

Rafael Laborde Vega

Jorge L. Laboy Rodríguez

Nylda M. Landrón Bou

Adeline L. Landrón Delgado

José O. Leduc Cruz

Segismundo López Rodríguez

Carlos Eduardo Lube

José G. Marrero Luna

Rafael A. Marzán Robles

Celeste Mattina Canales

José J. Medina Méndez

Claudio D. Ortiz Lebrón

Oscar Ortiz Martínez

Carlos A. Ortiz Morales

Miguel A. Ortiz Valle

Federico Pizarro Santiago

Héctor L. Ramos Díaz

Alfredo Ríos Blas

Nilda Rodríguez Forteza-Mejía

José L. Rodríguez Mangual

Víctor Sánchez Fernández

Franco T. Sánchez Ferreri

Juan E. Santana Suárez

Crysell S. Torres Cruz

Annette Ubiñas Emanuelli

José R. Vázquez Deynes

Eduardo Villar Sicardó

El Art. 10 de la ley que crea el Colegio de Abogados (4 L.P.R.A. see. 781) dispone que “cualquier miembro que no pague su cuota y que en los demás respectos esté calificado como miembro del Colegio quedará suspendido como tal miem-bro, pero podrá rehabilitarse mediante el pago de lo que adeude por aquel concepto.” Por otra parte, el Art. 3 (4 L.P.R.A. see. 774) de dicha ley dispone que ninguna persona que no sea miembro del mismo podrá ejercer la profesión de abogado en el Estado Libre Asociado. Estos dos artículos, considerados juntamente, disponen que cualquier colegiado que no pague su cuota no podrá ejercer la profesión de abo-gado en el Estado Libre Asociado. El Art. 12 de dicha ley establece sanciones penales para el ejercicio ilegal de la abogacía.

Consideradas las referidas disposiciones de ley y aten-diendo a la súplica del escrito presentado por el Colegio peti-cionario, se concede a cada uno de los querellados un término de 20 días para que comparezca a mostrar causa — si alguna tuviere — por la cual no deba ser separado de la profesión de abogado.

Notifíquese a cada uno de los querellados y publíquese para conocimiento de la profesión.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Ri-gau no intervinieron.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario General


author: (Fdo.) José Trías Monge Juez Presidente

text:
    Re: Creación del Instituto de Estudios Judiciales adscrito a la Rama Judicial
    NÚM. —
   Orden

San Juan, Puerto Rico, a 22 de julio de 1977

Mediante convenio celebrado entre la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales y la Escuela de Derecho de la Uni-versidad de Puerto Rico, esta última llevó a cabo un estudio abarcador sobre la conveniencia de establecer en Puerto Rico la carrera judicial, basada en el sistema de mérito y en estu-dios especializados. Rendido el informe correspondiente en el mes de octubre de 1976, se analizaron sus conclusiones y reco-mendaciones y, en particular la referente a la creación de un Instituto de Estudios Judiciales, con las siguientes funciones principales:

1. La creación e implementación de un programa gra-duado de estudios judiciales dirigido principalmente a jóvenes abogados con vocación para la carrera judicial.

2. La creación e implementación de un programa inten-sivo de educación judicial de tres meses para adiestra-miento de los jueces de nombramiento reciente.

3. El diseño e implementación de un programa de educa-ción continua para los jueces en servicio.

4. La creación de una unidad de servicios judiciales que provea a los jueces ciertos servicios de asesoramiento mediante la utilización de oficiales jurídicos; también para llevar a cabo ciertas investigaciones de interés y utilidad para el sistema judicial de Puerto Rico.

5. La implementation de un programa de licencias sabá-ticas para los jueces, coordinado con las actividades antes enumeradas.

El informe de la Escuela de Derecho, con las modificacio-nes que se le han introducido, incorpora conceptos e ideas dirigidos a mejorar la calidad de la labor de los jueces y, por ende, a fortalecer el principio de la carrera judicial. A tal fin se sometieron propuestas específicas a la Comisión para Combatir el Crimen y, por conducto de ésta, a la Law Enforcement Assistance Administration (LE A A). Ambos orga-nismos han acogido con simpatías la creación del instituto y recientemente nos han notificado su intención de sufragar los costos de los doce meses iniciales de este programa.

En vista de lo anterior, como dirigente administrativo del sistema judicial, por la presente se procede a la creación del Instituto de Estudios Judiciales, sujeto a las siguientes con-diciones :

1. El Instituto estará adscrito a la Oficina del Juez Presi-dente, quien designará su Director Ejecutivo y deter-minará lo relativo a su estructura y funcionamiento.

2. La Oficina de Administración de los Tribunales pro-veerá al Instituto las ayudas gerenciales necesarias para que logre lo más eficazmente posible su propósito. También ejercerá la Oficina de Administración de los Tribunales aquellos controles administrativos que por requisito de ley se ejercen sobre todas las demás uni-dades de la Rama Judicial.

3. El Director Administrativo de los Tribunales queda por la presente facultado para celebrar, en consulta con el Juez Presidente, los contratos necesarios con el De-cano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y con otras universidades o instituciones privadas para cooperar en el desarrollo, la planifica-ción, programación y organización necesarias durante los primero doce meses del Instituto.

4. Durante el año fiscal 1977-78 el Director Administra-tivo de los Tribunales someterá cada tres meses al Juez Presidente un informe relativo al desarrollo del Insti-tuto, señalando las áreas de progreso, dificultades y una evaluación de la labor realizada durante el refe-rido trimestre.

5. El Director Administrativo de la Oficina de Adminis-tración de los Tribunales desarrollará una campaña de divulgación pública sobre los propósitos que persigue el Instituto, para conocimiento general y para propi-ciar su plena utilización dentro de un verdadero espí-ritu de carrera judicial.

Lo decretó y firma,

(Fdo.) José Trías Monge Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario General


text:
      In re: Alguacil General

    Núm. —
   ORDEN

San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 1977

Por resolución de esta fecha el honorable Tribunal Supremo ha designado al señor Luis R. Amaral, Alguacil de este Cuerpo.

Por la presente se releva al señor Amaral de sus labores como Secretario Auxiliar de Corte V a partir del 1ro. de julio y se destaca a rendir labores como Ayudante Ejecutivo del señor Luis F. Rivero Otero durante el período previo a la toma de posesión del señor Amaral de su nuevo cargo.

Por razones de dificultades de reclutamiento y la necesi-dad de que el Alguacil General del Tribunal desempeñe debe-res adicionales a asignárseles por este Cuerpo o por el Juez Presidente, dicho cargo devengará el sueldo de $1,280.00 al mes a partir del 1ro. de agosto de 1977.

Lo decretó y firma

(Fdo.) José Trías Monge Juez Presidente

CERTIFICO:

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa Secretario General