text:
    Queja contra los Lics. José E. Carreras Rovira y Luis Amaury Suárez Zayas.

      Números: A-84-7, A-84-6

      Resueltos: 7 de noviembre de 1984

      Bernice Colón Gutiérrez, pro se; Ilia Franceschi González, pro se; Luis Amaury Suárez Zayas y José E. Carreras Rovira, pro se.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Evaluamos dos quejas sobre conducta profesional.

I

La primera es promovida por la Sra. Ilia Francesehí González contra el Lie, José E. Carreras Rovira. En síntesis, bajo juramento expuso que trabaja con la Corporación de Servicios Legales de Puerto Rico y pertenece a la Unión Independiente de Trabajadores de Servicios Legales de Puerto Rico. Como sanciones disciplinarias la Unión le impuso unas multas, le prohibió participar en sus organis-mos directivos y le exigió la devolución de los sueldos reci-bidos durante los días que cruzó la línea de piquetes y paro, () Ella se negó. La Unión entonces la demandó en cobro de dinero a través del licenciado Carreras Rovira, quien alegadamente la había representado con anterioridad en una acción para poner en vigor un laudo de arbitraje en la jurisdicción federal, fungiendo a su vez como el represen-tante legal de la Unión en las negociaciones del convenio colectivo. A juicio suyo, el licenciado Carreras Rovira actuó impropiamente al representar a la Unión y a ella como miembro en las negociaciones colectivas, haberla represen-tado en otros pleitos, y no obstante, tramitar una acción en su contra en cobro de dinero.

Carreras Rovira contestó. Admitió que representó a la Unión en el foro federal en un caso sobre interpretación de convenio de cuyo resultado se benefició, entre otros, la quejosa. Negó que se reuniera o hubiera recibido de ella comunicación en el ámbito de una relación de abogado y cliente. Expuso que la acción en cobro de dinero fue en representación de la Unión, y que la misma no tenía ninguna pertinencia con negociaciones sobre convenios colectivos o con el caso para poner en vigor el laudo de arbitraje en el foro federal.

La quejosa Franceschi González replicó. Aceptó que en ningún momento medió comunicación entre ellos y consignó que como abogado de la Unión él también representa a cada uno de los unionados.

La segunda queja la originó la Sra. Berniee Colón Gutiérrez contra los licenciados Carreras Rovira y Luis Amaury Suárez Zayas. Mediante declaración jurada alegó que fue empleada de la Corporación y perteneció a la Unión hasta agosto de 1983. La Unión le impuso una multa y le exigió la devolución del salario devengado en los días que trabajó estando vigente un paro sindical. Para cobrar el dinero la Unión la demandó por conducto del licenciado Carreras Rovira. Éste había representado antes a la Unión y sus miembros en negociaciones para el convenio colectivo. Adujo también que el día de la vista compareció en repre-sentación de la Unión su Presidente, el licenciado Suárez Zayas y le hizo una oferta de transacción. Sostiene que ello constituye conducta impropia.

Carreras Rovira contestó según antes expresado. En cuanto a la quejosa Colón Gutiérrez dejó claro que no se benefició de la decisión del foro federal.

Por su parte, el licenciado Amaury Suárez Zayas negó haberla asesorado o haber establecido relación de abogado y cliente como abogado de la Corporación. También negó haberlo hecho como Presidente de la Unión. Alegó que se ha desempeñado estrictamente como su representante sindical.

La quejosa Colón González cuestionó que el licenciado Carreras Rovira, abogado de la Unión y asesor de sus miembros, pueda llevar acciones civiles contra los uniona-dos. En cuanto a la contestación del licenciado Suárez Zayas, adujo que éste no ha podido deslindar sus funciones como Presidente de la Unión de las de abogado. Acompañó una carta que aquél enviara como abogado de la Corpo-ración a su Director para la cual utilizó papel timbrado de la Unión y firmó como su Presidente.

II

Las fronteras y aplicación tajante de algunos cánones de ética a veces resultan complicadas. La ausencia de prece-dentes en unión a hechos de su faz inocentes, dificultan en ocasiones la expresión nítida de la pauta a regir. Sin embargo, ello no es óbice para cumplir con nuestra función constitucional de orientar en este campo a la profesión to-gada. In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984). Nues-tros pronunciamientos no tienen que producirse siempre ante conducta antiética. La conducta lícita sirve también de vehículo para aclarar, explicar y comprender el alcance o significado de un criterio que resulta dudoso para quien se considera agraviado. En todo caso, hemos de insistir en la importancia de la apariencia como elemento importante a ser ponderado y evaluado para despejar incertidumbres de li-citud y propiedad. Con este prisma presente hemos de aden-trarnos en la compleja área ética del conflicto dimanante de intereses encontrados. Se imponen unas reflexiones mínimas sobre el ejercicio de la práctica de la profesión de abogado.

El desempeño de la abogacía requiere en todo momento celo, cuidado y prudencia. La consecución de estos logros no admiten duda ni ambigüedad en la gestión profesional. In re Rodríguez Torres, 104 D.P.R. 758, 765 (1976). La vigencia de las normas de ética no depende de quienes en situación de conflicto tienen la fortaleza para resistir la humana tentación de adelantar impropiamente sus intereses personales frente a los débiles de voluntad susceptibles de sucumbir, ni distingue ni discrimina entre éstos y los que no la tienen. In re Cancio Sifre, 106 D.P.R. 386, 395 (1977). El criterio objetivo ético tiene que prevalecer sobre el subjetivo sea o no bona fide. Así, no puede un abogado aducir como justificación para salvar el conflicto de intereses, que no habrá de utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste. In re Concepción Suárez, 111 D.P.R. 486, 491 (1981). Es menester asegurarse que la conducta no ha sido influenciada por intereses encontrados. In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983).

Ese reclamo tiene su génesis en la fidelidad, leal-tad y diligencia a que es acreedor el cliente. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). No le está permitido apartarse de los mismos. Actuar con destreza y cuidado; informarle sobre sus honorarios; proteger sus intereses; cumplir con las instrucciones por medios permisibles; consultarlo sobre du-das que no caigan en el ámbito discrecional; y mantenerlo informado sobre todo lo necesario, son deberes elementales cuya justificación no necesita mucha elucidación.

Las dudas sobre cuestiones de ética profesional debe resolverlas el abogado con rigurosidad contra sí mismo. In re Valentín González, 115 D.P.R. 68 (1984). La lealtad del abogado para con su cliente en relación con los asuntos que éste le haya consultado o si le ha encargado su representación, es indivisible y continúa aun después de cesar entre ellos las relaciones de abogado y cliente. In re Guzmán, 80 D.P.R. 713, 723 (1958). Puede haber situaciones que escapen a la reglamentación y en las que para evitar aun la apariencia de conducta impropia, el buen juicio aconseje la abstención. B. & L., Inc. v. P.R. Cast. Steel Corp., 114 D.P.R. 808 (1983). ()

En el contexto específico de un abogado contratado por una Unión para representarle en negociaciones de convenios colectivos, asesorar a sus unionados en las asambleas y demás actividades concertadas, y en acciones judiciales, se plantean las siguientes interrogantes: ¿Puede éste represen-tarla en los tribunales contra los miembros de esa Unión? ¿Existe algún conflicto de intereses? ¿Cuál es el grado de conflicto de intereses requerido para descalificarle en esa acción civil y exponerle a sanción disciplinaria? Además, ¿qué medidas debe tomar el Presidente de una Unión, que es abogado, para evitar conflictos de intereses entre su acti-vidad sindical y la profesional?

El Canon 21 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX, reza:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la con-troversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abogado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueban. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confi-dencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste.
Un abogado que representa a una corporación o sociedad le debe completa lealtad a la persona jurídica y no a sus socios, directores, empleados o accionistas y solamente puede repre-sentar los intereses de dichas personas cuando los mismos no vengan en conflicto con los de la corporación o sociedad.
Cuando un abogado representa un cliente por encomienda de otra persona o grupo, quien le paga al abogado por dicho servicio, debe renunciar la representación de ambos tan pronto surja una situación de conflicto de intereses entre la persona o grupo que le paga sus honorarios y la persona a quien representa. — Diciembre 24, 1970, ef. Diciembre 24, 1970. (Énfasis suplido.)

Este texto y la trayectoria doctrinaria en los últimos años sirve como punto de partida para adentrarnos en el concepto de conflicto de intereses por representación múlti-pie y la representación sucesiva de clientes, cuando el abo-gado representa a la entidad y a sus miembros.

Interpretada su extensión, cubre situaciones de estrecha relación “tanto profesional como de amistad”. In re Concepción Suárez, supra, pág. 490. Y bastó en ese caso la posibilidad de intereses encontrados para requerirle al abogado que renunciara la representación de su cliente —la esposa de un antiguo amigo y cliente suyo— en una acción de divorcio. ()

Otras decisiones, han versado sobre la posibilidad o la existencia de conflicto de intereses entre abogado y cliente —In re Martínez Rivera, 106 D.P.R. 239 (1977)— aun cuando se trate de partes contrarias en casos separados y no relacionados respecto a sus causas de acción. In re Rodríguez Torres, supra; In re Guzmán, supra, pág. 724. Recientemente resolvimos que existía un insalvable conflicto de intereses entre el ejercicio de la profesión de abogado ante el Fondo del Seguro del Estado y la Comisión Industrial y el ocupar el cargo de Presidente de la Unión del Fondo. Enfatizamos que el cargo de Presidente “puede dar la apariencia de que está en posición de influenciar a los unionados en los casos en que interviene como abogado. Son evidentes los intereses encontrados o, por lo menos, la apariencia de ello”. In re Rojas Lugo, supra. En igual tónica hemos repudiado en la acción civil la figura confusa de abogado y notario en el mismo caso como germen con potencialidad de serio conflicto ético. B. & L., Inc. v. P.R. Cast. Steel Corp., supra; Pagán v. Rivera Burgos, 113 D.P.R. 750 (1983).

Sin embargo, no hemos extendido innecesariamente su cubierta. Así, el dictar unas conferencias a una parte adversa a los intereses de un cliente anterior no cons-tituye conflicto de intereses. In re Añeses Peña, 113 D.P.R. 756 (1983).

I — I hH

Por su naturaleza, al hablar de intereses encontrados, penetramos la dimensión de las incompatibilidades. Incompatibilidad es término equivalente a antagonismo, oposición, repugnancia que tiene una cosa para unirse con otra, o dos o más personas entre sí. También se refiere a la imposibilidad legal de simultanear dos o más cargos, funciones o misiones una misma persona. El primer significado alude al orden físico, el segundo toca el aspecto moral y el último afecta el orden legal. En materia deontológica se acepta que uno de los requisitos para el ejercicio de la abogacía es la compatibilidad de la actuación con la situación y circunstancias. La premisa es sencilla: quien no sea independiente no está en condiciones de ejercer la profesión. A. Fernández Serrano, De las incompatibilidades para ejercer la abogacía, Madrid, Artes Gráficas M.A.G., S.L., 1952, págs. 5-7. Frente a cualquier lucha del mundo jurídico aparecen, además de una cosa, —sea un bien, un derecho o un interés— dos o más individuos como “señores del conflicto”. El abogado actúa siempre a la vista de tal proceso o dentro del proceso mismo. A. A. Mercader, Abogados, Buenos Aires, Eds. Jurídicas Europa-América, 1960, pág. 75. La función de abogado tiene, pues, un carácter eminentemente público en cuanto constituye un órgano intermedio entre el juez y los litigantes. A. Fernández Serrano, La abogacía en España y en el mundo, Madrid, L.I.D., 1955, T. 1, pág. 65; Ramírez de Arellano v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 823, 830 (1962). El abogado es el primer enjuiciador de un pleito sobre el cual el juez pronunciará el último dictamen. Mercader, op. cit., pág. 105.

La prohibición contra la representación simultánea de clientes con intereses en conflicto tradicionalmente ha formado parte integral de los códigos de ética. De este modo se busca preservar la autonomía de juicio del abogado y pre-venir cualquier tipo de dilución a la fidelidad que debe a su cliente. Developments in the Law — Conflicts of Interest in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 1292-1293 (1981). ()

En el contexto del deber de lealtad, puede decirse que los intereses de dos clientes difieren si son conflictivos, inconsistentes o diversos. ABA Model Code of Professional Responsibility, EC 5-14, en T. Morgan y R. Rotunda, Problems and Materials of Professional Responsibility, 2da ed., Mineóla, N.Y., Foundation Press, 1983 Supp., pág. 30.

Sin embargo, se reconoce la dificultad que entraña, en términos de cuán claro debe ser el conflicto de intereses que tiñe de indebida la representación legal. Al parecer será utilizada la perspectiva del “abogado razonable”. () El abogado debe decidir objetivamente cuál debe ser el curso legal óptimo para cada cliente. Sólo después de concluir este análisis puede determinar si los intereses de los clientes son incompatibles y la representación por tanto inapropiada. Se ha empleado también el criterio de que resulta “obvio” que la representación legal es impropia. () También ha sido aplicado como enfoque la evolución de si tales intereses pueden confligir actual o potencialmente y si conllevan litigación. Development in the Law, op. cit, págs. 1306-1307. Entre los factores adicionales sugeridos a ser balanceados para valorar si el criterio del abogado ha sido afectado por el hecho de la representación múltiple, se destacan los si-guientes: el grado en el cual los intereses de los clientes difieren; la naturaleza de la representación legal; la probabi-lidad de que el abogado sea influenciado por uno de los clientes; y la extensión en que los intereses de los clientes puedan ser afectados o perjudicados si el criterio del abo-gado fuese influenciado. S. Ragle Weddington, A Fresh Approach to Preserving Independent Judgment — Canon 6 of the Proposed Code of Professional Responsibility, 11 Ariz. L. Rev. 31, 35-36 (1969); The Judicial Response to Lawyer Misconduct, American Bar Association Standing Committee on Professional Discipline Center for Professional Responsibility, VII. 7 (1984).

La representación sucesiva de clientes con intereses adversos presenta el peligro especial de que el abogado viole el principio de la confidencialidad. La reserva del secreto es uno de los principios más sagrados del abogado, quien viene obligado a cumplirlo, no sólo por mandato de ley, sino por dictados ineludibles de la conciencia. Fernández Serrano, De las Incompatibilidades, op. cit., pág. 292. () De ahí nuestra decisión en In re Guzmán, supra, pág. 724, advirtiendo que tal privilegio subsiste aun concluida la relación profesional. Al reseñar el tratamiento que ha recibido el concepto de “cualquier interés del cliente con relación al que se le hayan hecho confidencias”, expresamos:

(1) Cuando el abogado actúa en contra del interés del cliente anterior en el mismo asunto o en la misma causa de acción. En tales casos las cortes han descalificado al abogado para con-tinuar representando al nuevo cliente independientemente de que haya o no recibido información confidencial del anterior cliente; y (2) cuando el abogado actúa en contra de los inte-reses del anterior cliente en un asunto o causa de acción dife-rente y en el cual información confidencial revelada por el primer cliente puede no ser de importancia. Bajo esta cate-goría es que han surgido las mayores dificultades. Algunas cortes han exigido al primer cliente que revele la información confidencial que habrá de ser usada en su contra, antes de proceder a excluir al abogado del caso. Otras cortes han adop-tado un punto de vista contrario fundándose precisamente en que obligar al cliente [a] revelar la información confidencial equivaldría a descubrir aquello cuya secretividad la regla trata de proteger.

Para enfrentar el problema de la representación sucesiva se ha elaborado el criterio de “relación sustancial”. Bajo esta fórmula el cliente sólo tiene que demostrar que la controversia legal envuelta en el pleito en la que el abogado comparece en su contra, estaba relacionada sustancialmente con la materia o causa de acción en la que tal abogado previamente le representó. () El cliente no tiene que probar una violación actual al principio de confidencialidad. Sólo se requiere una relación previa de abogado y cliente, y que tal representación resulte adversa y esté sustancialmente rela-cionada con la anterior. Development in the Law, op. cit., págs. 1317-1319, 1293 n. 47. No obstante, la conclusión de que un conflicto de intereses existe solamente si surge en el presente una discrepancia entre las posiciones asumidas por los clientes no es necesariamente inconsistente con el recono-cimiento de la existencia de posibles discrepancias teóricas que puedan crear un conflicto de intereses potencial imper-misible. () N. J. Moore, Conflict of Interest in the Simultaneous Representation of Multiple Clients: A Proposed Solution to Current Confusion and Controversy, 61 Tex. L. Rev. 211, 222 n. 46 (1982); Weddington, op. cit., págs. 46-47. El prin-cipio de impropiedad ha sido invocado en casos de descalifi-cación sin necesidad de que se aporte prueba de una violación ética. Moore, op. cit., pág. 227 n. 85; V. H. Kramer, The Appearance of Impropriety Under Canon 9: A Study of the Federal Judicial Process Applied to Lawyers, 65 Minn. L. Rev. 243, 252-260 (1980). En esencia existe una presunción irrefutable de que información confidencial será utilizada por el abogado que representó anteriormente a un cliente y ahora asume una posición contraria a sus intereses. De todas formas, la apariencia de impropiedad será utilizada para resolver cualesquiera dudas que surjan sobre posible con-flicto de intereses, en favor de la descalificación. () The Judicial Response to Lawyer Misconduct, op. cit, VII. 5-6.

En nuestra jurisdicción, la autonomía del cliente no se extiende al punto de permitirle que acepte mediante la manifestación de su consentimiento voluntario e informado, la representación legal cuando existe alguna posibilidad de conflicto de intereses. En la jurisdicción federal se ha planteado bajo circunstancias especiales. () ABA Model Rules, Regla 1.7, Morgan y Rotunda, op. cit., pag. 91. Nuestro Canon 21 lo prohíbe expresamente. Finalmente, prevalece un criterio de aproximación judicial que conduce a una evaluación de los hechos particulares de cada caso y las circunstancias que lo rodean, balanceando el perjuicio que pueden sufrir el cliente y su abogado. The Judicial Response to Lawyers Misconduct, op. cit, VIL 10.

> H-l

Hemos notado que el Canon 21 no menciona las uniones gremiales. Sin embargo, su texto es orientador por la ana-logía que existe con las corporaciones y las sociedades como entidades de ciertos perfiles que las separan de las personas que las integran.

La obligación profesional de los abogados que representan organizaciones, particularmente corporaciones, ha sido ex-plorada por muchos comentaristas últimamente. J. S. Slo-vack, The Ethics of Corporate Lawyers: A Sociological Approach, 1981 A.B.F. Research J. 753, 785-786 (1981). () Para un estudio general véanse N. Redlich, Professional Responsibility: A Problem Approach, Boston, Little, Brown & Co., 1983, págs. 168-201; S. T. FitzGibbon, Professional Ethics and the Lawyer Organizing a Corporation, 25 Corp. Prac. Comm. 199 (1983-1984).

El problema de la responsabilidad profesional en esta área surge del hecho de que el abogado provee servicios a un principal y sus agentes. La cuestión central es determinar la manera en la cual el abogado debe actuar para satisfacer sus deberes de competencia, lealtad y comunicación con su cliente. Slovack, op. cit., pág. 786. El punto de partida y clave radica en la identificación del cliente. G. C. Hazard, Ethics in the Practice of Law, New Haven, Yale Univ. Press, 1978, págs. 43-45; Slovack, op. cit. pág. 786.

En resumen, el abogado debe aproximarse a la situación y definir su relación con los clientes. Luego examinar si en la misma puede intervenir un solo abogado o cada parte debe estar representada por separado. Hazard, op. cit., págs. 83-84.

A tono con lo expuesto, ¿cuál es el cliente de los abogados querellados? ¿La Unión? ¿Los unionados? ¿Son los últimos clientes indirectos e inseparables de la Unión como cliente principal? Nuestro Canon 21 y su concordable, la Regla 1.13 del Código Modelo de Responsabilidad Profesional de la American Bar Association, () parten de la premisa de que en ausencia de representación dual el abogado de una organización tiene una relación de abogado y cliente con la “entidad” y no con sus miembros. Tal teoría encuentra apoyo en el derecho corporativo que reconoce a la organi-zación una personalidad jurídica separada en contraposición a sus miembros. Slovack, op. cit., pág. 786; 1 W. Fletcher, Cyclopedia of the Law of Private Corporations Secs. 25-29 (1974); FitzGibbon, op. cit, págs. 210-217; Morgan y Rotunda, op. cit, págs. 333-353; M. L. Schwartz, Lawyers and The Legal Profession, Indianapolis, The Bobbs-Merril Co., Inc., Pubs., 1979, págs. 320-340; Redlich, op. cit, págs. 168-201; 1 A.L.R.4th 1124, 1127 (1980).

Bajo este enfoque, se disipa cualquier duda en cuanto a la conducta de los abogados querellados. Ellos no represen-taron previamente a las quejosas en su calidad personal. No mediaron comunicaciones previas privilegiadas. Su cliente en todo momento fue la entidad gremial. No percibimos la existencia de un conflicto de intereses por el hecho de iniciar acciones civiles en contra de dichas unionadas. Resultaría muy oneroso y a su vez un contrasentido, requerir a la Unión que contrate abogados independientes para proceder contra sus miembros. Morgan y Rotunda, op. cit., pág. 340.

Aclaramos, sin embargo, que en circunstancias apropiadas, que planteen una representación sucesiva real, o múltiple, serán aplicados los criterios reseñados. En tales circunstancias, debe el abogado tener presente que su ministerio radica en su conciencia libre, independiente y alerta, que le dicte las pautas a seguir para un comportamiento debido y correcto. Su mejor recurso será su probidad y prudencia y una evaluación de su situación a la luz de la totalidad de los hechos particulares.

Se dictará sentencia para archivar las quejas.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino.

      (1) No está ante nos la legalidad de las actividades gremiales según el convenio o de las sanciones impuestas.

      (2) Se ha resuelto que en una situación que plantee la posibilidad de descalifi-cación de un abogado por conflicto de intereses, cualquier duda debe ser adjudi-cada en favor de la descalificación. In re Coordinated Pretrial Proceedings, etc., 502 F. Supp. 1092, 1099 (1980).

      (3) No debe extenderse ilimitadamente el ratio decidendi de este caso. Contem-pla situaciones de representación legal de partes conocidas, cuando median circuns-tancias especiales de conocimiento de negocios o información utilizable por una parte contra la otra. Véase L. Alfonso de Cumpiano, Visión general sobre la ética judicial y profesional en Puerto Rico, 86 Rev. Der. Puertorriqueño 305, 316 (1982).

      (4) La Ordenanza de Londres de 1280 contiene una de las previas prohibiciones contra la representación simultánea de intereses conflictivos. Establecía: “No counter is to undertake a suit (plai) to be partner in such suit, or to take pay (lower) from both parties in any action but well and lawfully he shall exercise his profession.” 94 Harv. L. Rev. 1292 n. 43 (1981).

      (5) Para propósitos de responsabilidad civil hemos adoptado el criterio del “abogado razonable”. Colón Prieto v. Géigel, 115 D.P.R. 232 (1984). La apariencia de impropiedad también ha sido enfocada como una que puede ser reconocida por personas razonables. In re Coordinated Pretrial Proceedings, 658 F.2d 1355, 1361 (1981).

      (6)Tal criterio fue utilizado en In re Rojas Lugo, 114 D.P.R. 687 (1983). Véase The Judicial Response to Lawyer Misconduct, American Bar Association Standing Committee on Professional Discipline Center for Professional Responsibility, VII. 4-5 (1984)

      (7) Las Siete Partidas dispusieron a tal efecto:
      ‘“Guisada cosa es, e derecha, que los abogados a quien dicen los omes las pori-dades de sus pleytos, que las guarden e que no las descubran a la otra parte.... E cualquiera que esto fiziere, desque le fuere prouado, mandamos, que dende en ade-lante, sea dado por orne de mala fama, e que nunca pueda ser abogado, ni consejero en ningún pleyto’.
      ‘“E demás desto, que el Judgador del logar le pueda poner pena porende, según entendiere que la merece . . A. Fernández Serrano, De las incompatibili-dades para ejercer la abogacía, Madrid, Artes Gráficas M.A.G., S.L., 1952, pág. 294.

        La Novísima Recopilación reiteró:
      ‘“Mandamos que si algunos abogados descubrieren los secretos de su parte a la contraria o a otro en su favor . . . que además de las penas sobre esto en Derecho establecidas, por ese mismo hecho, sean privados y desde agora los privamos del dicho oficio de Abogacía ..íd., pág. 311.

        (8)T.C. Theatre Corp. v. Warner Bros. Pictures, 118 F. Supp. 265 (S.D.N.Y.) (1953). Para un ulterior desarrollo de la doctrina véanse: Development in the Law-Conflicts of Interest in the Legal Profession, 94 Harv. L. Rev. 1244, 1817 n. 168 (1981); The Judicial Response to the Lawyer Misconduct, op. cit, V. 4-10; N. J. Moore, Conflict of Interest in the Simultaneous Representation of Multiple Clients: A Proposal Solution to Current Confusion and Controversy, 61 Tex. L. Rev. 211, 230 y ss. (1982); V. H. Kramer, The Appearance of Impropriety Under Canon 9: A Study of Federal Judicial Process Applied to Lawyers, 65 Minn. L. Rev. 243, 255 y ss (1980).

      (9) El Código de Ética Profesional de la American Bar Association dispone al respecto:
      “If a lawyer is requested to undertake or to continue representation of multiple clients having potentially differing interests, he must weigh carefully the possibility that his judgment may be impaired or his loyalty divided if he accepts or continues the employment. ... A lawyer should never represent in litigation multiple clients with differing interests; and there are few situations in which he would be justified in representing in litigation multiple clients with potentially differing interests. ... On the other hand, there are many instances in which a lawyer may properly serve multiple clients having potentially differing interests in matters not involving litigation.” T. Morgan y R. Rotunda, Problems and Materials of Professional Responsibility, 2da ed., Mineóla, N.Y., Foundation Press, 1988 Supp., págs. 30-81, EC 5-15.

      (10) Véanse: In re Valentín González, 115 D.P.R. 68 (1984); In re Coordinated Pretrial Proceedings, etc., ante.

      (11) En tal caso, el abogado debe realizar una determinación previa sobre cuáles son o deben ser los intereses de su cliente. Moore, op cit., pág. 223 n. 51.

      (12) Este autor nos reporta gran parte de dicho estudio. G. C. Hazard, Ethics in the Practice of Law, New Haven, Yale Univ. Press, 1978, págs. 43-57; R. Rotunda, Law, Lawyers and Managers in the Ethics of Corporate Conduct (Walton ed. 1977); B. Forrow, The Corporate Law Department Lawyer: Counsel to the Entity, 34 Bus. Law. 1797 (1979); H. Frank, A Higher Duty: A New Look at the Ethics of the Corporate Lawyer, 26 Clev. St. L. Rev. 337 (1977); Gross, Attorneys and their Corporate Clients: SEC Rule 2(e) and Georgetoum Whistle-Blowing Proposal, 3 Corp. L. Rev. 197 (1980); S. Gruenbaum, Corporate/Securities Lawyers: Disclosure, Responsibility, Liability to Investors and National Student Marketing Corp., 54 Notre Dame Law. 795 (1979); Kutak, Whom Does Corporate Counsel Represent?, 2 Corp. Director 1 (March/April 1981); M. Maupin, Environmental Law, the Corporate Lawyer

        and the Model Rules of Professional Conduct, 36 Bus. Law. 431 (1981); C. Pierce, The Code of Professional Responsibility in the Corporate World: An Abdication of Professional Self-Regulation, 6 U. Mich. J.L. Ref. 350 (1973); Symposium, Ethical Responsibilities of Corporate Lawyers, 33 Bus. Law. 1173 (1978); Van Dusen, The Responsibility of Lawyers Advising Management Under the ABA Code of Professional Responsibility, Pa. B. Ass’n. Q. 69 (Jan. 1975); H. Williams, Professionalism and the Corporate Bar, 36 Bus. Law. 159 (1980).

      (13) “(a) a lawyer employed or retained by an Organization represents the Organization, including its Directors, Officers, Employees, Members, Shareholders or other constituents, as a group, except where the interests of any one or more of the group may be adverse to the organization’s interest....” Morgan y Rotunda, op. cit, págs. 107-109.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
      In re Notaría del Lic. Enrique Calderón Molinary.

      Número: 1322

      Resuelto: 8 de noviembre de 1984

      Augusto Palmer, Comisionado Especial; Miguel Pagan, Procura-dor General Interino, abogados de El Pueblo; Víctor Amador, abogado del Lie. Enrique Calderón.
   PER CURIAM:

Con motivo de un informe del Director de Inspección de Notarías referente a la condición mental del abogado-notario Enrique Calderón Molinary designamos al amparo de la Regla 13.1 de nuestro Reglamento, mediante la resolución de fecha 8 de diciembre de 1983, al Ledo. Augusto Palmer como comisionado especial, habiéndose designado al Procurador General de Puerto Rico para que actuara en representación del interés público, y al Ledo. Víctor Amador como representante legal del licenciado. Calderón Molinary. En el descargo de su responsabilidad, el referido comisio-nado especial designó un panel de tres (3) distinguidos peri-tos psiquiatras con el propósito de que, luego de examinar y evaluar al referido abogado, rindiera un informe sobre la condición mental de éste. Los peritos psiquiatras, a su vez, recomendaron una serie de evaluaciones psicológicas y neurológicas, luego de efectuadas las cuales rindieron un informe al comisionado especial. Dicho informe no fue obje-tado por las partes a pesar de habérsele brindado oportu-nidad para ello.

Con fecha de 4 de octubre de 1984, el Ledo. Augusto Palmer ha rendido el informe que le fuera requerido por este Tribunal() En el mismo se expresa que el comisionado especial considera “establecido mediante dictamen pericial ‘la incapacidad mental del Lie. Enrique Calderón Molinary’, a la luz de la Regla 13.1 del Reglamento de este Honorable Tribunal y con el alcance allí dispuesto. Se ha confirmado una condición mental, emocional y física que le impide asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes y mantener el patrón de conducta profesional que debe observar todo abogado. Procede decretar su suspensión indefinida como abogado-notario, por ser irreversible la condición física y mental diagnosticada, anotando un retiro honroso compatible con un largo historial profesional digno, y sólo por razones de fuerza mayor, atadas al proceso natural de una larga vida, y no relacionadas con su conducta ética profesional...”.

En In re Suárez Burgos, 108 D.P.R. 1 (1978), resolvimos que es procedente suspender indefinidamente del ejercicio de la abogacía a un abogado cuya condición mental, física o emocional le impide asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes y mantener el patrón de conducta que debe observar todo abogado. Expresamos, en adición, que dicha separación indefinida por razón de incapacidad mental constituye una medida de protección social y no un desaforo. Se dictará sentencia que suspenda indefinidamente al Ledo. Enrique Calderón Molinary del ejercicio de la abogacía y el notariado por razón de incapacidad mental.

      (1) Dicho informe tampoco ha sido objetado por las partes.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Iván Lourido Pérez, acusado y peticionario.

      Número: O-84-342

      Resuelto: 9 de noviembre de 1984

      Neftalí Fuster González, de Semidey & Fuster, abogado del peti-cionario; Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Justo Gorbea Varona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El peticionario fue acusado ante el Tribunal Superior de infringir el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas. El 17 de noviembre de 1982 el acusado se declaró culpable y se fijó el 1ro de diciembre para el acto de pronunciar sentencia. Por acuerdo de las partes se pospuso esta fecha para el 21 de enero de 1983. Se advirtió al proce-sado que de no comparecer se le sentenciaría en ausencia.

Tras la acusación a que nos hemos referido se acusó al peticionario por otro delito ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El 22 de noviembre de 1982 concluyeron los procedimientos en ese foro con la imposición de una sentencia de tres años de prisión.

El 21 de enero de 1983 el procesado no compareció al acto de pronunciamiento de sentencia. Su abogado original asistió. Manifestó que estaba preparado para el acto, pero que se le había informado que el acusado, a través de otro abogado que lo había representado en este caso, se proponía solicitar el retiro de su alegación de culpabilidad; que desde entonces no sabía nada del imputado; que éste tenía unos casos pendientes en el foro federal, mas ignoraba su status. El tribunal decretó un receso para que las partes verificasen si el reo se hallaba confinado en alguna institución penal.

Tras el receso el fiscal se comunicó con la oficina del alguacil federal, donde se le informó “que diez días antes del 3 de enero de 1983, el acusado compareció a esa oficina y se entregó, y que actualmente se encuentra cumpliendo una sentencia de tres (3) años en una institución penal en Talla-hasee, Florida”. El fiscal argumentó que ante la ausencia de constancia en el récord que el acusado fuese a desistir de su alegación de culpabilidad o indicación oficial de su paradero y ante la incomparecencia de su otro abogado, la ausencia del procesado debía considerarse de índole voluntaria. El abogado allí presente, cuya autorización para representarlo el peticionario impugna, () estuvo de acuerdo. El tribunal procedió entonces a condenar al imputado a doce años de presidio.

El 4 de enero de 1984 el procesado presentó una moción al amparo de la Regla 192.1 de Procedimiento Criminal para solicitar la anulación de la sentencia. Sostuvo que su ausencia en ocasión del pronunciamiento de sentencia fue involuntaria. El tribunal la declaró sin lugar de plano. El peticionario acudió en alzada a este foro y el 14 de junio de 1984 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe anularse la sentencia.

La Regla 243(a) de Procedimiento Criminal, según enmendada por la Ley Núm. 94 de 3 de junio de 1980, dispone:

Delitos graves. En todo proceso por delito grave (felony) el acusado deberá estar presente en el acto de la lectura de la acusación y en todas las etapas del juicio, incluyendo la consti-tución del jurado y la rendición del veredicto o fallo, y en el pronunciamiento de la sentencia. Si el acusado ha compare-cido al acto de la lectura de la acusación, y habiendo sido advertido conforme a la Regla 58 y citado para juicio no se presentase, el tribunal luego de investigadas las causas, podrá celebrar el mismo en su ausencia hasta que recayere fallo o veredicto y el pronunciamiento de la sentencia, siempre que el acusado estuviese representado por abogado. Si en cualquier etapa durante el juicio el acusado no regresare a sala para la continuación del mismo, el tribunal luego de investigadas las causas, podrá dictar mandamiento ordenando su arresto, pero en todo caso la ausencia voluntaria del acusado no impedirá que el juicio continúe hasta que se rinda el veredicto o el fallo y el pronunciamiento de la sentencia.

La fuente principal de esta disposición es la Regla 43 de las Reglas federales de Procedimiento Criminal, con la diferencia que en el caso de delitos graves la regla federal requiere siempre la presencia del acusado en el acto de dic-tar sentencia.

El derecho de todo acusado a estar presente en toda etapa del juicio tiene raíces tanto en el Derecho común, Snyder v. Massachusetts, 291 U.S. 97 (1934), como en la cláusula de confrontación de la Enmienda Sexta a la Constitución de Estados Unidos, la cual se aplica a los estados a través de la Enmienda Decimocuarta. Illinois v. Allen, 397 U.S. 337 (1970). Las fuentes en Puerto Rico son la citada Enmienda Sexta y el Art. II, Secs. 7 y 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Tal derecho a estar presente puede ser objeto de renuncia. Taylor v. United States, 414 U.S. 17 (1973); Pueblo v. Bussman, 108 D.P.R. 444 (1979). La permisibilidad de la renuncia no adolece de falla constitucional. Pueblo v. Colón Colón, 105 D.P.R. 880 (1977).

La renuncia puede manifestarse por la ausencia voluntaria del acusado, 3A Wright, Federal Practice and Procedure: Criminal 2d See. 721 et seq. (1982), mas visto el rango constitucional del derecho, la ausencia debe montar a “una renuncia o abandono intencional de un derecho o privilegio reconocido”. Johnson v. Zerbst, 304 U.S. 458, 464 (1938). La renuncia es voluntaria si se determina que el acusado es consciente de su derecho y obligación de estar presente y carece de razón válida para ausentarse. Taylor, supra, págs. 19-20 n. 3.

Los tribunales de instancia deben agotar todo esfuerzo para precisar si existe una renuncia voluntaria del derecho. State v. Brown, 399 A.2d 1222, 1225 (1979); Drope v. Missouri, 420 U.S. 162, 182 (1975). Una vez que haya base para una determinación preliminar de voluntariedad, el acusado debe refutarla, aunque la carga de probar en última instancia la voluntariedad de la ausencia cuando media refutación recae naturalmente en el Ministerio Público. United States v. Marotta, 518 F.2d 681, 684 (9th Cir. 1975); Brown, supra, loc. cit.

Para determinar la voluntariedad de la ausencia en casos de esta índole hay que contestar una pregunta básica. ¿Estaba obligado el reo a entregarse a las autoridades federales en Puerto Rico cuando lo hizo? Consideramos que todo procesado en las cortes estatales que tiene algún caso penal pendiente ante el foro federal tiene la obligación, así como sus abogados, de informar del hecho a las autoridades estatales. El principio opera también a la inversa. Los procesados en uno u otro foro no pueden escoger a su arbitrio la jurisdicción donde deseen cumplir su condena y luego reclamar ante el segundo foro que su ausencia en el acto de pronunciamiento de sentencia fue involuntaria.

De los autos se desprende que el 1ro de diciembre de 1982, cuando el apelante iba a ser sentenciado por el Tribunal Superior y en vez solicita y obtiene la posposición del acto para el 21 de enero de 1983, el apelante no informó al tribunal que el 22 de noviembre de 1982 él ya había sido sentenciado por la Corte Federal. En tales circunstancias, en que se mantiene a oscuras a un tribunal sobre dato tan importante, surge una presunción de voluntariedad, la cual no ha sido refutada por el apelante. Debe observarse, además, que el planteamiento formulado aquí por el apelante había sido presentado antes por él en el caso 0-83-116, en que denegamos el 17 de marzo de 1983 el auto solicitado.

En consideración a lo expuesto, se expedirá el auto y se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente y se reserva el derecho de emitir una opinión al respecto.

      (1) Consta en autos que un nuevo abogado representó al acusado en la vista anterior.


author: Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Cámara de Comerciantes y Profesionales del Viejo San Juan, Inc., etc., demandantes y peticionarios, v. Asociación de Comerciantes del Viejo San Juan, Inc., demandada y recurrida.

      Número: O-84-725

      Resuelto: 9 de noviembre de 1984

      David Rivé Rivera, de Vargas & Rivé, abogado de los peticiona-rios; Luis Berrios Amadeo, abogado de la recurrida.
   RESOLUCIÓN

Al recurso de certiorari, no ha lugar.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió un voto con-currente al cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

-0-

Voto concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón García

al cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

El dictamen del tribunal de instancia debe estimarse sin menoscabo de que la Comisión de Servicio Público, a soli-citud de parte interesada, intervenga para reglamentar el sistema de transportación de la Asociación de Comerciantes de San Juan. La amplitud de poderes reconocida a la Comisión le confiere jurisdicción,

... no solamente en relación con las compañías de servicio público, porteadores por contrato y entidades que actúen como compañías de servicio público o como porteadores por con-trato, sino también con respecto a:
(1) Toda persona o entidad que infrinja las disposiciones de esta Parte.
(2) Toda persona o entidad cuyas actuaciones afecten o pue-dan afectar la prestación de algún servicio público.
(3) Toda persona o entidad que lleve a cabo cualquier acti-vidad para la cual sea necesari[o] obtener una autorización o endoso de la Comisión.
(4) Toda persona o entidad cuyas actuaciones u omisiones resulten en perjuicio de las actividades, recursos o intereses en relación con las cuales la Comisión tiene poderes de reglamen-tación, supervisión o vigilancia. 27 L.P.R.A. sec. 1101.

Es a la Comisión de Servicio Público, pues, a la que le corresponde evaluar la necesidad y sabiduría del referido sistema en primera instancia, y no al Poder Judicial. Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716 (1982). La Ley de Servicio Público regula el sistema de transportación establecido. Porteador Público es toda especie de vehículos públicos que ofrezcan servicio de transportación a pasajeros mediante paga, ya sea al público general o a un público li-mitado. 27 L.P.R.A. sec. 1002(d). Paga “incluye cualquier remuneración pagada, prometida o debida, directa o indi-rectamente”. 27 L.P.R.A sec. 1002(ll).

La Comisión de Servicio Público custodia la política pública que debe imperar en la transportación establecida. En primer término, la cuestión planteada por los peticiona-rios no debe ser dirimida sólo en términos de si el referido sistema requiere “paga” conforme la definición señalada. Nótese que la Comisión tiene jurisdicción no sólo en aquellos casos de jurisdicción estricta o limitada, sino que su tutela jurídica abarca a toda persona cuyas actuaciones redunden en perjuicio del sistema de transportación. El caso de autos plantea esa situación.

Por otro lado, es inquietante la consideración judicial que atribuye al nuevo sistema la calidad de “gratuito”.

El pago mediante fichas (tokens) es simplemente un sus-tituto de un valor real. La ficha solamente se obtiene en negocios donde se hagan compras en exceso de $10 o cuando se use el estacionamiento de la Puntilla previo el pago co-rrespondiente, o se es un cliente de una oficina profesional que obtenga las fichas (tokens) vendidas por la Asociación. Ello refleja indubitadamente que el propósito de este sis-tema de transportación es con ánimo de lucro indirecto a través de una remuneración pagada también indirecta-mente. No cuestionamos el propósito laudable de este sis-tema de transportación. Tampoco lo novedoso. Pero cierta-mente tiene el de atraer y lograr que el mayor público posible patrocine los negocios y oficinas del Viejo San Juan.

En resumen, independientemente de que todos los indi-cadores objetivos tienden a señalar que no es un sistema gra-tuito, es menester la intervención y autorización previa de la Comisión de Servicio Público. Lo contrario es una desviación injustificada e impermisible de la ley.


text:
    Confesor Lasalle Rodríguez, demandante y recurrido, v. Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones, etc., demandadas y peticionarias.

      Números: O-84-343, O-84-306

      Resueltos: 13 de noviembre de 1984

      José David Medina Rivera, abogado de las peticionarias; Ángel M. Bonnet Rosario, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

El aquí recurrido, Confesor Lasalle Ro-dríguez, solicitó de la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), Oficina Regional de Arecibo, Puerto Rico, permiso para segregar cuatro (4) solares de una finca de su propiedad, con cabida superficial de catorce (14) cuer-das, sita la misma en el Barrio Guajataca de Quebradillas, Puerto Rico. Luego de los correspondientes trámites admi-nistrativos, ARPE denegó la referida solicitud de lotifi-cación. El señor Lasalle radicó, en tiempo, apelación ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones. Dicho organismo administrativo, luego de celebrada vista pública al respecto, confirmó la determinación de ARPE mediante Resolución de 26 de octubre de 1983, la cual fue notificada con fecha de 28 de octubre de 1983.

Mediante moción fechada 7 de noviembre de 1983 y depositada en una oficina de correos el día 9 de noviembre de 1983, () el recurrido Lasalle solicita la reconsideración de la decisión emitida por la referida Junta de Apelaciones. Dicha moción quedó radicada ante la secretaría de dicho organismo administrativo el 15 de noviembre de 1983. ()

La Junta de Apelaciones, mediante orden al efecto, deses-timó la moción de reconsideración radicada “por haberse radicado en exceso de los quince (15) días concedidos por ley”. Inconforme, el recurrido Lasalle acudió en revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Arecibo, alegando, en lo pertinente, que había radicado su moción de reconsideración en tiempo por cuanto al caso de autos le eran aplicables las disposiciones de la Regla 68.3 de las de Procedimiento Civil de 1979, a los efectos de “añadirle” al término de quince (15) días prescrito el período de tres (3) días que establece la referida regla.

El tribunal de instancia, a pesar de estar “de acuerdo con la parte apelada [la Junta de Apelaciones] respecto a que el término para solicitar reconsideración, a[u]n en las agencias administrativas, es de carácter jurisdiccional”, resolvió que la moción de reconsideración había sido radicada en tiempo por el recurrido Lasalle por cuanto al depositar la misma en el correo el día doce (12) “la moción fue enviada con tiempo suficiente para haber llegado a su destino dentro del término requerido”, y que no podía castigarse al recurrido “por el hecho de que el correo haya tardado más del tiempo que normalmente toma”. En su consecuencia, devolvió el caso a la Junta de Apelaciones para que considerara y resolviera en sus méritos la moción de reconsideración radicada.

Inconformes, tanto la Administración de Reglamentos y Permisos como la Junta de Apelaciones sobre Construc-ciones y Lotificaciones acudieron ante este Tribunal me-diante la radicación del correspondiente recurso de certio-rari. Mediante Resolución de 14 de junio de 1984 consolida-mos ambos recursos y le concedimos al Sr. Confesor Lasalle término para que mostrara causa por la cual no debíamos revocar la decisión emitida por instancia. Ha comparecido. Estando en condiciones de resolver, procedemos a así hacerlo.

La solución a la controversia legal aquí planteada depende de la interpretación qué se haga de las disposiciones de los incisos (d) y (e) del Art. 31c de la Ley Núm. 76 de junio 24 de 1975, () ley que creó la Administración de Reglamentos y Permisos y la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones.

Establecen las referidas disposiciones legales que:

§ 72c. Facultades y deberes de la Junta
(d) La Junta de Apelaciones podrá considerar una moción de reconsideración que someta cualquier parte interesada o afec-tada, la Junta de Planificación, o la Administración de Regla-mentos y Permisos, en relación con cualquier actuación o reso-lución que realice o adopte siempre que dicha moción se radique ante la Junta de Apelaciones dentro de los primeros quince (15) días del depósito en el correo de la notificación de tal actuación o resolución.
(e) La Junta de Planificación, la Administración de Regla-mentos y Permisos, o cualquier parte interesada o afectada por una actuación o resolución de la Junta de Apelaciones en relación con la cual una petición de reconsideración hubiere sido formu-lada y denegada, podrá establecer recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico[,] Sala de San Juan o en la Sala cuya jurisdicción comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración. (Énfasis suplido.)

En Martínez v. Junta de Planificación, 109 D.P.R. 839 (1980) —caso en que interpretamos una disposición legal similar a las aquí en controversia, referente la misma a la Junta de Planificación ()— resolvimos que el término dis-puesto en dicho artículo de ley para radicar una moción de reconsideración, referente la misma a una decisión emitida por dicho organismo administrativo, era de carácter juris-diccional e improrrogable; que dicho término se computaba a partir de la fecha del depósito en el correo de la notifi-cación de la decisión; y que el tribunal no tenía jurisdicción para revisar dicha decisión administrativa cuando la parte recurrente no había agotado el remedio administrativo de la reconsideración.

Igual solución se impone en el presente caso. Resolvemos, en su consecuencia, que la radicación en tiempo de una moción de reconsideración ante la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones por cualquier parte interesada o afectada por una actuación o resolución de la referida Junta es requisito jurisdiccional previo para poder acudir ante el Tribunal Superior de Puerto Rico en revisión de dicha resolución o actuación; que el período de quince (15) días concedido por el citado Art. 31c(d) de la Ley Núm. 76 es de carácter jurisdiccional e improrrogable; que dicho término se computa a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de tal actuación o resolución, no siéndole aplicable al mismo las disposiciones de la Regla 68.3 de las de Procedimiento Civil; y que, en aras de una mayor certeza procesal y en correcta interpretación estatutaria, la frase “siempre que dicha moción se radique ante la Junta de Apelaciones” () significa que se considerará radicada la moción de reconsideración en la fecha en que la misma se radique en la Secretaría de la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotificaciones. ()

Por las razones antes expresadas, se expide el auto y se dictará sentencia revocatoria de la resolución de 2k de abril de 198k emitida por el tribunal de instancia.

      (1) En otras palabras, transcurridos doce (12) días desde la fecha de notificación de la decisión emitida por la Junta de Apelaciones.

      (2)0 sea, transcurridos dieciocho (18) días desde la fecha de notificación de la antes mencionada decisión.

      (3) 23 L.P.R.A. secs. 72c(e) y 72c(d).

      (4) Su texto lee:
      “(a) Cualquier parte afectada por una actuación, decisión o resolución de la Junta de Planificación de Puerto Rico en su función adjudicativa en relación con la cual una petición de reconsideración hubiera sido formulada ante la Junta de Planificación dentro de los primeros treinta (30) días del depósito en el correo de la notificación de tal actuación o decisión y denegada por ésta, podrá entablar recurso de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan o la Sala cuya jurisdicción comprenda el lugar donde esté ubicado el proyecto, dentro del término de treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha del depósito en el correo de la notificación de la denegatoria de la solicitud de reconsideración.” 23 L.P.R.A. sec. 63d(a).

      (5) (Énfasis suplido.) 23 L.P.R.A. sec. 72c(d).

      (6) Dispone, en lo pertinente, el Art. 14 del Código Civil de Puerto Rico que cuando “la ley es clara y libre de toda ambigüedad, la letra de ella no debe ser menospreciada bajo el pretexto de cumplir su espíritu”. (Énfasis suplido.) 31 L.P.R.A. sec. 14.


text:
      In re Pedro Pérez Rodríguez, querellado.

      Número: MC-84-34

      Resuelto: 23 de noviembre de 1984

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Pedro Pérez Rodríguez, pro se.

   i-H

PER CURIAM:

Ante la Oficina del Procurador General se quejaron Francisco Santos y Carmen E. Díaz Martínez de una alegada falta de diligencia profesional del abogado Pedro Pérez Rodríguez con relación a una encomienda para inscribir dos propiedades en el Registro de la Propiedad. Francisco Santos adujo que esa encomienda fue acordada desde junio de 1978, satisfizo $275 y hasta el presente no ha cumplido con la misma el Lie. Pérez Rodríguez. Igual situa-ción ocurrió, aunque en distintos años, con relación a la queja de la señora Díaz Martínez. Previa investigación al efecto, la Oficina del Procurador General nos sometió un informe. Notificado del mismo, el 6 de septiembre de 1984 concedimos al Lie. Pérez Rodríguez veinte (20) días para que compareciera por escrito a mostrar causa por la cual no debería ser disciplinado. Hasta el presente ha hecho caso omiso a dicho requerimiento.

hH h — I

La naturaleza pública de que está revestida la profesión de abogado reclama de éstos estricta observancia de los requerimientos de los tribunales. El Canon 12 del Código de Ética Profesional les exige “desplegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en [la] tramitación y solución [de las causas]”. El compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, para lograr la más completa confianza y apoyo de la cuidadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas sino a la jurisdicción disciplinaria de este foro. Hemos de desalentar actitudes dilatorias en asuntos como el que nos ocupa. Independientemente de los méritos que puedan tener las quejas, todo abogado debe responder prontamente a los mandatos de este Tribunal. Su omisión puede conllevar que, en auxilio de nuestra jurisdicción disciplinaria, temporalmente tomemos las medidas necesarias y cautelares para vindicar la facultad constitucional de reglamentar el ejercicio de la profesión de abogado. Además, “[l]a indebida, irrazonable e inexcusable tardanza del querellado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal”. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975). Tomamos conocimiento judicial de nuestra opinión en In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 547 (1984), mediante la cual separamos al Lie. Pedro Pérez Rodríguez por dos meses del ejercicio de la abogacía y permanentemente del ejercicio del notariado.

En ausencia de excusa válida oportuna, suspendemos del ejercicio de la práctica de abogado al Lie. Pedro Pérez Rodriguez hasta tanto el Tribunal considere apropiada la reins-talación por haber acreditado, mediante las diligencias de rigor, que está presto a cumplir y afrontar el trámite refe-rente a las quejas sin ulteriores dilaciones innecesarias.

Se dictará la correspondiente sentencia.


text:
      In re Manuel Merino Quiñones, querellado.

      Número: 4384

      Resuelto: 26 de noviembre de 1984

      Govén Martínez Suris, Director de Inspección de Notarías, quere-llante; el querellado no compareció.
   PER CURIAM:

Mediante resolución de fecha 23 de diciem-bre de 1983, en vista del incumplimiento por parte del abo-gado Manuel Merino Quiñones, con una orden para mostrar causa que emitiera este Tribunal relativa la misma a la práctica de la notaría, suspendimos al referido abogado del ejercicio de la profesión. Ordenamos al Alguacil General de este Tribunal que procediera a incautarse de la obra notarial del mismo. Posteriormente, mediante resolución de fecha 8 de marzo de 1984, procedimos a reinstalarlo; en su consecuencia ordenamos que, al así solicitarlo el referido abogado, se le entregara su obra notarial.

Mediante el memorando de fecha 6 de septiembre de 1984, el Director de Inspección de Notarías nos ha infor-mado que la inspección que realizara de los protocolos del referido abogado demostró determinadas deficiencias en los sellos de rentas internas y del impuesto notarial en los proto-colos correspondientes a los años de 1980, 1981 y 1982; que a pesar de varias comunicaciones que le dirigiera a esos efec-tos, dicho abogado no ha corregido las referidas deficiencias; y que el mencionado abogado no ha reclamado su obra notarial, a pesar de la misma estar disponible desde el mes de marzo de 1984.

La práctica de algunos abogados-notarios de no cancelar los correspondientes sellos de rentas internas inmediatamente que otorgan una escritura no sólo constituye una violación a la Ley Notarial de Puerto Rico, () sino que podría inclusive resultar en la configuración de un delito de apropiación ilegal, () por cuanto el importe de dichos sellos es por lo general cobrado por el notario a su cliente al momento de la otorgación del instrumento con el propósito expreso y específico de la compra y cancelación de los referidos sellos. Cuando menos, constituye una práctica altamente censurable que no debe ser continuada, que no estamos dispuestos a tolerar, y que puede constituir, por sí sola, causa suficiente para la separación de un abogado del ejercicio de la notaría en Puerto Rico.

En el presente caso el abogado Manuel Merino Quiñones incumplió con dicha obligación en relación con escrituras otorgadas durante los años de 1980, 1981 y 1982. A la fecha de la inspección de dichos protocolos llevada a cabo por el Director de la Oficina de Inspección de Notarías —efectuada durante el mes de mayo de 1984— todavía el notario en controversia no había cancelado los sellos de rentas internas correspondientes; más aún, desatendió los requerimientos que a esos efectos le hiciera el mencionado director. Dicha conducta amerita la separación permanente del ejercicio del notariado en Puerto Rico del abogado Manuel Merino Quiñones. () Se dictará sentencia de conformidad con lo antes expuesto.

      (1)4 L.P.R.A. sec. 1006.

      (2) Transcurrido un término irrazonable de tiempo sin que dichos sellos hayan sido cancelados.

      (3) El referido abogado tendrá, so pena de sanciones respecto al ejercicio de la abogacía, el término de diez (10) días para corregir las deficiencias señaladas por el Director de Inspección de Notarías.


text:
      In re Samuel Pagán Ayala, querellado.

      Número: MC-84-53

      Resuelto: 26 de noviembre de 1984

      Roberto Schmidt Monge, Procurador General, e Iván F. Fuster, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Ben-jamín Ortiz Beleval, abogado del querellado.
   PER CURIAM:

En In re Pérez Rodríguez, 115 D.P.R. 810, 811 (1984), expresamos que la “naturaleza pública de que está revestida la profesión de abogado reclama de éste estricta observancia de los requerimientos de los tribunales. El Canon 12 del Código de Ética Profesional les exige ‘des-plegar todas las diligencias necesarias para asegurar que no se causen indebidas dilaciones en [la] tramitación y solución [de las causas]’. El compromiso de mantener y contribuir a un orden jurídico íntegro y eficaz, para lograr la más com-pleta confianza y apoyo de la ciudadanía, se extiende no sólo a la esfera de la litigación de causas sino a la jurisdicción disciplinaria de este foro. Hemos de desalentar actitudes dilatorias en asuntos como el que nos ocupa. Independiente-mente de los méritos que puedan tener las quejas, todo abo-gado debe responder prontamente a los mandatos de este Tribunal. Su omisión puede conllevar que, en auxilio de nues-tra jurisdicción disciplinaria, temporalmente tomemos las medidas necesarias y cautelares para vindicar la facultad constitucional de reglamentar el ejercicio de la profesión de abogado. Además, ‘[l]a indebida, irrazonable e inexcusable tardanza del querellado en formular su contestación a la querella es indicativa de una falta de respeto hacia los procedimientos del Tribunal’. In re Díaz García, 104 D.P.R. 171, 174 (1975)”. (Énfasis suplido.)

En el descargo de nuestra facultad de reglamentar la profesión de abogado, la Oficina del Procurador General de Puerto Rico desempeña un importante papel. Una de las funciones principales que por mandato de ley lleva a cabo dicha oficina es la de investigar quejas referentes a posibles violaciones por parte de los abogados de los Cánones de Ética Profesional que regulan nuestra profesión, ya sean estas investigaciones originalmente ordenadas por este Tribunal, ya sean las mismas el producto de quejas de ciudada-nos que directamente acuden ante dicho funcionario.

Como parte integrante de las referidas investigaciones, y antes de rendir el correspondiente informe sobre conducta profesional ante este Tribunal, usualmente el Procurador General se comunica con el abogado en controversia requi-riendo de éste sus comentarios respecto a la queja presen-tada. En muchas de las ocasiones la explicación brindada por el abogado es suficiente para demostrar que la queja presentada es inmeritoria o que la situación existente entre el abogado y el quejoso fue el producto de un malentendido y es de fácil solución.

Es por ello que la pronta y responsable atención por parte de los abogados a esta clase de comunicaciones provenientes de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico es de vital y necesaria importancia en relación con nuestra función de reglamentar la profesión. Siendo la Oficina del Procurador General, por decirlo así, el “brazo investigativo” de este Tribunal en casos de conducta profesional, la voluntaria y temeraria desatención de los abogados a esta clase de comunicación tiene el mismo efecto disruptivo en nuestra función reguladora de la profesión que cuando se desatiende una orden emitida directamente por este Tribunal.

En consecuencia, al igual que en In re Pérez Rodríguez, ante, resolvemos que procede la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía de un abogado que sin excusa válida oportuna no haya cumplido en forma diligente con requerimientos hechos por la Oficina del Procurador General de Puerto Rico respecto a una queja contra él presentada en dicha oficina y que está siendo investigada por dicho funcionario con el propósito de rendir un informe sobre conducta profesional ante este Tribunal.

En el presente caso los ciudadanos Lorenzo Muñiz y Ramón Ortiz se querellaron al Procurador General de que el abogado Samuel Pagán Ayala —quien alegadamente les había “representado” en un caso de daños y perjuicios sufri-dos por ellos como consecuencia de la construcción de una carretera— a pesar de haber recibido la compensación des-tinada a ellos, no les había hecho entrega de la misma, entregándoles en su lugar unos pagarés. () El Procurador General de Puerto Rico, mediante carta de fecha 3 de junio de 1982, le informó al mencionado abogado de dicha queja y requirió de éste “su versión en cuanto a lo expuesto . . .”. Como no ha recibido contestación a dicha misiva, el Procu-rador General, mediante carta certificada con acuse de recibo de fecha 20 de septiembre de 1984, nuevamente solicitó de éste sus comentarios respecto a la queja presen-tada. Habiendo nuevamente desatendido dicha misiva el abogado Pagán Ayala, el Procurador General informó de ello a este Tribunal.

Acorde con lo arriba expresado, procede decretar la sus-pensión provisional del ejercicio de la profesión de abogado del Ledo. Samuel Pagán Ayala hasta que éste acredite que está presto “a cumplir y afrontar el trámite referente a las quejas sin ulteriores dilaciones innecesarias”. In re Pérez Rodríguez, ante, pág. 812. Se dictará sentencia a esos efectos.

      (1) Consta en el expediente una declaración jurada del Sr. Lorenzo Muñiz a esos efectos.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Félix Santos Vega, etc., acusados y recurridos.

      Número: O-84-54

      Resuelto: 26 de noviembre de 1984

      Miguel Pagan, Subprocurador General, y Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo, peti-cionario; Vicente López Pérez, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Varios agentes de la División del Control del Vicio de la Policía visitaron diversos teatros de la zona metropolitana en fechas diferentes. Investigaban la exhibición de películas o espectáculos obscenos en violación del Art. 114 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4076. () El procedimiento seguido en unas dieciséis ocasiones fue el siguiente. El agente compraba un boleto y observaba el espectáculo. Luego acudía ante un magistrado de la Sala de Investigaciones y prestaba una declaración jurada en la que describía detalladamente lo visto. Basado exclusivamente en tal declaración, el magis-trado expedía ex parte una orden de registro y allanamiento en que se especificaba el sitio a registrarse y los objetos a ser ocupados. Armados con las órdenes los agentes allanaron los teatros y se apoderaron de varias copias de cada película designada en las órdenes. El Ministerio Público no ha cues-tionado la alegación de los imputados al efecto de que se les privó de todas las copias disponibles.

Como consecuencia de los procedimientos descritos el Ministerio Fiscal presentó ante el Tribunal de Distrito una serie de denuncias por alegadas violaciones al Art. 114 del Código Penal. Los imputados solicitaron la supresión y devo-lución de la evidencia ocupada. El tribunal concluyó que la incautación de una película constituye una censura previa inaceptable constitucionalmente, a menos que ocurra des-pués de celebrarse una vista adversativa sobre la cuestión de obscenidad. El tribunal determinó también que no puede privarse a los exhibidores de las únicas copias que posean de las películas con el propósito de impedir su distribución o exhibición.

Inconforme con el fallo, el Ministerio Público presentó una solicitud de certiorari ante el Tribunal Superior, el cual la denegó. Acudió en alzada a este foro y, dado la novedad del asunto en esta jurisdicción y su importancia, acordamos revisar.

No está ante nuestra consideración cuestión alguna refe-rente a si las películas incautadas son o no obscenas. La única cuestión a resolver es si el procedimiento utilizado aquí para la incautación de películas alegadamente obscenas cumple con las garantías estatales del debido proceso de ley, la libertad de expresión y la protección contra incautaciones irrazonables.

El derecho a la libre expresión no es irrestricto. Puede condicionarse cuando intereses públicos apremiantes lo requieran. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282, 290 (1971); Mari Bras v. Casañas, 96 D.P.R. 15, 21 (1968). Hemos establecido, no obstante, que al condicionar tal derecho, “[djeben considerarse las alternativas que tiene el poder gubernamental para alcanzar el objetivo de su limitación de la manera que menos lesione el derecho de expresión . . .”. Rodríguez v. Srio. de Instrucción, 109 D.P.R. 251, 256 (1979).

Las películas, los libros, las revistas y otras publicaciones, por ser formas de expresión, están protegidos por las garantías de la See. 4 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico. Por tal razón, la incautación de una película no puede tratarse de la misma forma que la incautación de armas, drogas, comida adulterada, propiedad robada o evidencia de otros delitos. Véase Lo-Ji Sales, Inc. v. New York, 442 U.S. 319 (1979). Las películas y objetos análogos no pueden ser incautados sin que medie una orden judicial constitucionalmente válida. Lo contrario constituiría censura previa. Roaden v. Kentucky, 413 U.S. 496 (1973). () En vista de los problemas de libertad de expresión envueltos, se exige un estándar más riguroso para la determinación de causa probable al solicitarse una orden de allanamiento e incau-tación en casos de obscenidad. United States v. Santiago, 424 F.2d 1047, 1048 (1st Cir. 1970); A. L. Burnett, Obscenity: Search and Seizure and the First Amendment, 51 Den. L.J. 41, 66 (1974). Los estados pueden reglamentar la exhibición de material obsceno en sitios públicos, mas la reglamen-tación que adopten deberá contener procedimientos que no coarten indebidamente la libertad de expresión. Bantam Books, Inc. v. Sullivan, 372 U.S. 58, 66 (1963); Marcus v. Search Warrant, 367 U.S. 717 (1961).

Una orden de registro, allanamiento o incautación debe basarse en información tan detallada que le permita al magistrado formar un juicio independiente sobre la obsce-nidad del material. Lee Art Theatre v. Virginia, 392 U.S. 636 (1968). El magistrado debe velar también por que la declaración satisfaga las guías impuestas a los estados en Miller v. California, 413 U.S. 15 (1973), para determinar si el material es obsceno o no. Marcus v. Search Warrant, supra, págs. 731-732. La incautación en masa del material obsceno, mediante la cual se priva al exhibidor de todas sus copias o de un gran número de ellas, es excesiva e impermi-sible. Basta con la incautación de una copia de cada título para preservar la evidencia. A Quantity of Books v. Kansas, 378 U.S. 205 (1964); Heller v. New York, 413 U.S. 483 (1973); Burnett, op. cit., págs. 56, 70; Overstock Book Company v. Barry, 436 F.2d 1289 (2nd Cir. 1970).

Hasta aquí hemos consignado principalmente algunas normas expuestas por el Tribunal Supremo de Estados Uni-dos que, por fijar el contenido mínimo en este campo del derecho a la libre expresión, a la protección contra incauta-ciones irrazonables y al debido proceso de ley, rigen la interpretación de las Sees. 4, 7 y 10 del Art. II de la Consti-tución del Estado Libre Asociado, aunque sin agotar su ámbito. Restan por mencionar otros aspectos de interés en este género de casos sobre los cuales existe diversidad de criterios.

El primero, discutido en instancia, plantea la cuestión de si la celebración de una vista adversativa previa a la incau-tación del material alegadamente obsceno es constitucio-nalmente indispensable. Varios tribunales estiman que no puede emitirse nunca una orden de incautación sin la cele-bración de una vista adversativa previa sobre la alegada obscenidad del material a obtenerse. Bethview Amusement Corp. v. Cahn, 416 F.2d 410 (2nd Cir. 1969); Astro Cinema Corp. Inc. v. Mackell, 422 F.2d 293 (2nd Cir. 1970); Perial Amusement Corp. v. Morse, 482 F.2d 515 (2nd Cir. 1973); Tyrone, Inc. v. Wilkinson, 410 F.2d 639 (4th Cir. 1969), cert. denegado, 396 U.S. 985 (1969); People ex rel. McKevitt v. Harvey, 491 P.2d 563 (Colo. 1971); State v. Alexander, 281 N.W.2d 349 (Minn. 1979); State v. Walters, 440 So. 2d 115 (La. 1983).

Otros no requieren la vista adversativa previa si la incau-tación se da en virtud de una orden judicial con el propósito de preservar la evidencia y no de impedir la exhibición o distribución del material obsceno y si se provee una vista adversativa con prontitud después de la incautación. United States v. Sherpix, Inc., 512 F.2d 1361 (D.C. 1975); State v. Bumanglag, 634 P.2d 80 (Hawaii 1981); State v. Eros Cinema, Inc., 264 So. 2d 615 (La. 1972). Véanse, sobre las diversas teorías al respecto: Nota, Prior Adversary Hearings on the Question of Obscenity, 70 Colum. L. Rev. 1403 (1970); Nota, The Prior Adversary Hearing: Solution to Procedural Due Process Problems in Obscenity Seizures?, 46 N.Y.U. L. Rev. 80 (1971).

No es necesario explorar todas las ramificaciones de esta controversia, pues hay acuerdo sobre ciertas proposiciones básicas. En Heller v. New York, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos rehusó imponerles a los estados el requi-sito de celebrar una vista adversativa antes de la expedición de una orden para la incautación, para su utilización como prueba, de una sola copia de una cinta cinematográfica, cuando ello no conllevó la descontinuación del espectáculo, y además se dispuso una vista adversativa dentro de las cua-renta y ocho horas siguientes. Heller v. New York, supra, reafirmó, no obstante, las decisiones en Marcus v. Search Warrant, supra, y A Quantity of Books v. Kansas, supra, de requerir tal vista para la incautación con otros fines de una cantidad de libros. Heller, supra, reiteró también la norma de United States v. Thirty-seven Photographs, 402 U.S. 363 (1971) y Freedman v. Maryland, 380 U.S. 51 (1965), al efecto de que no puede imponerse ninguna restricción final a materiales alegadamente obscenos sin una vista adversativa previa. También se señaló en Heller, supra, que cuando se trate de la incautación de un solo ejemplar de una cinta cinematográfica se deberá permitir copiarla, si es necesario, para asegurar su exhibición continuada durante los proce-dimientos legales.

Un último aspecto trata sobre si es constitucionalmente necesario que el juez vea la película antes de determinar causa probable para expedir la orden de incautación. El Tribunal Supremo de Estados Unidos no se ha expresado sobre el particular, Lee Art Theatre v. Virginia, supra, mas la abrumadora mayoría de los tribunales federales y esta-tales han resuelto que no es necesario, siempre que la decla-ración jurada contenga una descripción detallada de la pelí-cula, con hechos suficientes y no con meras conclusiones, que permitan pasar juicio sobre la existencia o no de causa probable. Sovereign News Co. v. United States, 690 F.2d 569, 572-573 (6th Cir. 1982); United States v. Espinoza, 641 F.2d 153, 162-164 (4th Cir. 1981), cert. denegado, 454 U.S. 841 (1981); United States v. Thomas, 613 F.2d 787, 790 (10th Cir. 1980), cert. denegado, 449 U.S. 888 (1980); People v. Foote, 432 N.E.2d 1254, 1256 (Ill. 1982); Century Theaters, Inc. v. State, 625 S.W.2d 511, 514 (Ark. 1981). Contra: Imperial Distributors, Inc. v. United States, 473 F. Supp. 294 (D. Mass. 1979); Hess v. State, 536 P.2d 366 (Okla. 1975). Adop-tamos la posición mayoritaria. Sobre las dificultades que plantea la adopción de la posición minoritaria, véase: Burnett, op. cit., págs. 71-72.

En resumen, resolvemos que en este género de casos regirán las siguientes normas mínimas bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico:

1. Las películas, los libros y otras publicaciones no pueden ser objeto de incautación, a menos que medie una orden al efecto expedida por un magistrado neutral después de determinar causa probable sobre la obscenidad del material a ser incautado.

2. El estándar para la determinación de causa probable es más riguroso que en casos que no envuelven la libertad de expresión. La declaración jurada en que se funde debe ser tan pormenorizada que permita la formación de un juicio independiente sobre la obscenidad de la cinta a incautarse y el cumplimiento con las guías establecidas en Miller v. California, supra.

3. No es necesario que el juez vea la película para que pueda determinar causa probable.

4. La película no puede sujetarse sin vista adversativa previa a ninguna restricción final, como, por ejemplo, la de prohibir su exhibición u ordenar su destrucción.

5. No será permisible, sin vista adversativa previa, incautarse de más de un ejemplar de cada cinta designada en la orden, lo suficiente para preservar la evidencia. De contarse con un solo ejemplar en el sitio de exhibición no será permisible su incautación por un período irrazonable sin oportunidad al poseedor o dueño de copiar la cinta u obtener otra. En el caso del ejemplar único, la cinta podrá depositarse en el tribunal, con notificación al poseedor, para que éste la copie o haga las gestiones para obtener otra copia. La justificación para este procedimiento es que su propósito será la preservación de la misma como prueba y no la censura previa del espectáculo.

6. Podrá prescindirse de la vista adversativa previa cuando se le demuestre al juez antes de emitir la orden que la incautación no resultará en la interrupción del espec-táculo, por poseer el dueño o presentador más copias de la cinta a incautarse o por ofrecérsele oportunidad de copiar la única que tenga u obtener otra, y cuando la orden en sí provea para la celebración de una vista adversativa a la bre-vedad posible después de la incautación. En el albur de que se cuente con sólo una copia, el juez podrá disponer, incluso en la propia orden de registro, cualesquiera otras medidas preventivas necesarias para conservar la cinta en su estado original.

7. El propósito de la orden de registro, allanamiento o incautación no podrá ser evitar que se exhiba la película.

En el caso de autos, basta con señalar que el propósito de la incautación fue impedir la exhibición de las películas y no preservarlas como evidencia. Tampoco medió una vista adversativa previa ni se proveyó para la celebración de una vista de tal género para poco después de la incautación. Tales actos de por sí representaron en las circunstancias de este litigio una violación de las Sees. 4, 7 y 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado.

Por las consideraciones expuestas, se confirmará la reso-lución recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente y se reserva el derecho de emitir una opinión a esos efectos.

      (1) El Art. 114 dispone:
      “Toda persona que a sabiendas se dedique a, o participe en administrar, pro-ducir, patrocinar, presentar o exhibir un espectáculo que contenga conducta obs-cena o participe [e]n una parte de dicho espectáculo, o que contribuya a su obsce-nidad, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de quinientos (500) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. Se entenderá por espectáculo la ejecución de cualquier obra teatral, cinta cinematográfica, baile o cualquier otra exhibición dirigida a una audiencia.”

      (2)E1 Art. 117A del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4080, dispone respecto a la incautación de material obsceno:
      “El Secretario de Justicia, el Superintendente de la Policía o el Secretario de Hacienda por conducto de sus delegados o agentes del orden público, podrá incau-tarse de toda propiedad o interés que cualquier persona haya adquirido en vio-lación a las disposiciones de las sees. 4075 a 4079 de este título, siguiendo el proce-dimiento establecido por las sees. 1721 y 1722 del Título 34 conocidas como ‘Ley Uniforme de Confiscación de Vehículos, Bestias y Embarcaciones’.”
      Por su parte, el Art. 2 de la referida ley, Ley Núm. 39 de 4 de junio de 1960, según enmendado por la Ley Núm. 123 de 30 de junio de 1975, 34 L.P.R.A. see. 1722, provee en su inciso (a):
      “El procedimiento se iniciará mediante la ocupación de la propiedad por el Secretario de Justicia, el Secretario de Hacienda, o el Superintendente de la Poli-cía, por conducto de sus delegados, policías o agentes de orden público. El funcio-nario bajo cuya autoridad se actúe notificará al dueño, encargado o persona con derecho o interés conocido en la propiedad ocupada, de la ocupación y tasación de los bienes ocupados; debiendo efectuarse la notificación en forma fehaciente, dentro de los diez (10) días siguientes a la ocupación; entendiéndose perfeccionada la noti-ficación mediante su envío por correo con acuse de recibo. Los dueños, encargados o interesados en los bienes ocupados podrán impugnar la confiscación dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la notificación, mediante demanda contra el funcionario bajo cuya autoridad se haya efectuado la confiscación, a quien se notificará y quien deberá formular sus alegaciones dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación. La demanda deberá radicarse en la Sala del Tribunal Superior de Puerto Rico, correspondiente al lugar donde se efectuó la ocupación, y el juicio se celebrará sin sujeción a calendario. Las cuestiones que se susciten de-berán resolverse, y los demás procedimientos tramitarse de la misma manera que si se tratase de una acción civil ordinaria. Contra la sentencia que recaiga no habrá otro recurso que el de certiorari para al [sic] Tribunal Supremo, limitado a cues-tiones de derecho. La radicación de la demanda de impugnación dentro del término aquí establecido se considerará requisito jurisdiccional previo para el ejercicio de la acción aquí autorizada.”
      Valga apuntar que la Policía en este caso no utilizó el procedimiento que espe-cifica la ley citada, quizás por prudente respeto a Roaden v. Kentucky, 413 U.S. 496 (1973).


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. José Luis Pérez Pérez y Luz Nereida Arias Aponte, acusados y peticionarios.

      Número: O-84-113

      Resuelto: 26 de noviembre de 1984

      Ángel R. Concepción Velázquez, abogado de los peticionarios; Doris Zoé Pons Pagan, Procuradora General Auxiliar, abogada de El Pueblo, recurrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El recurso ante este foro plantea una cuestión novel: ¿hasta qué punto se extienden las garantías del Art. II, Sec. 10 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a los pasillos y otras zonas comunes privadas de un condominio?

El 14 de abril de 1983 la Policía recibió una confidencia anónima al efecto de que en el apartamento 804 de un con-dominio de Carolina se distribuía cocaína y marihuana y se poseían armas ilegales. Se ordenó al agente M. A. Rodríguez que vigilase el apartamento.

El 3 de mayo de 1983 el agente se dirigió al condominio, compuesto de dos torres enteramente residenciales, cercadas por una verja de alambre eslabonado de seis pies de alto. La zona tiene dos vías de acceso con portones eléctricos para impedir la entrada de vehículos extraños. Cerca de los por-tones hay un acceso peatonal con guardia de seguridad en servicio constante. El agente logró acceso a la zona cercada en forma subrepticia, valiéndose de un pequeño portón lejos del área de vigilancia utilizado para el recogido de basura. Su entrada a las torres fue también clandestina. La puerta siempre se mantiene cerrada con llave. El agente aguardó a que alguien saliera y entonces irrumpió en el edificio, utilizó un ascensor hasta el octavo piso y estableció allí su vigilan-cia. Después el agente declararía que vio primero a una dama y luego a un caballero tocar a la puerta del aparta-mento 804, hablar algo con el peticionario al éste abrir la puerta y entregar un dinero en el pasillo al darles el peticio-nario un sobre pequeño color manila en un caso y una bolsita plástica en el otro. Dos días más tarde el agente observó al apelante llevar a cabo una transacción similar en el garaje privado del condominio, al cual había penetrado sin autoriza-ción.

El agente virtió los hechos reseñados en una declaración, la que sirvió de base para la expedición de una orden de allanamiento. Éste se realizó y se ocupó la evidencia delic-tiva a que se refieren las acusaciones formuladas. La defensa presentó una moción de supresión de prueba. El Tribunal Superior la denegó. Expedimos un certiorari para consi-derar la cuestión.

El asunto se examinará exclusivamente a la luz de la garantía contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables contenida en la Sec. 10 del Art. II de la Consti-tución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En otras ocasiones hemos señalado el historial y contenido particu-lares de esta cláusula en Puerto Rico. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976); Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979). Las referencias a la jurisprudencia estadounidense sirven tan sólo para fines comparativos.

En los casos concernientes a la garantía contra registros, allanamientos e incautaciones irrazonables este Tribunal se ha esforzado por lograr el debido equilibrio entre los valores protectores de la intimidad y dignidad del ser humano y los que salvaguardan a la comunidad contra el azote del crimen. A tal efecto nuestra jurisprudencia se ha concentrado en la operación de ciertos criterios en las circunstancias específicas del caso a resolver. Nos preguntamos en este género de situaciones: ¿Existen circunstancias apremiantes que exijan prescindir de una orden judicial previa? ¿Tiene la persona que reclama protección bajo la Sec. 10 del Art. II un derecho razonable a abrigar, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete? Pueblo v. Lebrón, supra, págs. 328-331; Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974); Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734 (1981).

Por razones demográficas y de diversa índole se ha ido desarrollando en Puerto Rico el concepto de la propiedad horizontal. No hallamos base para sostener que en este país de mucha gente y poca tierra aquellos que resuelvan vivir en condominios no tienen derecho razonable a abrigar que su intimidad se respete a un grado comparable al de los habitantes de residencias tradicionales. Un con-domino espera que por los pasillos y otras áreas comunes de su edificio () transiten únicamente otros condueños y personas invitadas. En casos como el presente los condueños tienen derecho a confiar que no pululen por las zonas protegidas invasores e intrusos. Los pasillos de los condominios no son calles de la ciudad, ni su garaje es menos privado que el de otro tipo de hogar.

Por las mismas razones expresadas, los condominios presentan a las fuerzas del orden público dificultades especiales para el establecimiento de una vigilancia orde-nada. Como regla general, () la solución radica, cuando la vigilancia exterior no basta, en que la Policía acuda ante un magistrado y obtenga, tras el trámite de rigor, su autori-zación para penetrar en las áreas comunes de la propiedad para establecer puntos de observación satisfactorios. En el caso presente no hay indicación alguna de la imperiosidad de actuar al instante. La propia Policía tardó diecinueve días en comenzar a actuar después de recibir la confidencia. Había oportunidad amplia para obtener la orden judicial requerida.

Es interesante observar, por último, que aunque existe autoridad en contrario, un número considerable de tribunales en Estados Unidos les extiende la protección de la Enmienda Cuarta a las áreas comunes de estructuras multipisos. Véanse: United States v. Carriger, 541 F.2d 545 (6th Cir. 1976); United States v. Cassity, 720 F.2d 451 (6th Cir. 1983); United States v. Bedford, 519 F.2d 650 (3rd Cir. 1975); Fixel v. Wainwright, 492 F.2d 480 (5th Cir. 1974); United States v. Case, 435 F.2d 766 (7th Cir. 1970); United States v. Rosenberg, 416 F.2d 680 (7th Cir. 1969); United States v. Fluker, 543 F.2d 709 (9th Cir. 1976); State v. Di Bartolo, 276 So. 2d 291 (La. 1973); Garrison v. State, 345 A.2d 86 (Md. 1975); People v. Trull, 380 N.E.2d 1169 (Ill. App. 1978); Bunn v. State, 265 S.E.2d 88 (Ga. App. 1980); People v. Beachman, 296 N.W.2d 305 (Mich. App. 1980); United States v. Booth, 455 A.2d 1351 (D.C. App. 1983). Véanse, además: W. R. LaFave, Search and Seizure, A Treatise on the Fourth Amendment, St. Paul, Minn., West Pub. Co., 1978, Vol. 1, pág. 298 y ss.; Nota, United States v. Carriger, 4 N. Ky. L. Rev. 161 (1977).

Se revocará la resolución recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disiente y se reserva el derecho de emitir opinión al respecto.

      (1) El vestíbulo de ciertos condominios puede presentar una situación especial en ciertas circunstancias.

      (2) Cuando el administrador de un edificio, su delegado u otro inquilino autorice la entrada a un condominio, varios tribunales reconocen entonces que la actuación de la Policía al vigilar áreas comunes es legítima. Hubert v. State, 638 P.2d 677 (Alaska 1981); United States v. Luschen, 614 F.2d 1164 (8th Cir. 1980).