text:
    Ramón A. Martínez Torres, peticionario, v. Santos Amaro Pérez y José O. Castellanos Pacheco, Alcaide, Cárcel de Distrito de Ponce, demandado.

      Número: JO-85-15

      Resuelto: 17 de diciembre de 1985

      Harry Anduze Montano, abogado del peticionario; Héctor Rivera Cruz, Secretario de Justicia y Vanessa Ramírez, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso nos permite explorar las siguientes interro-gantes: ¿Hay que notificar a un convicto que cumple su sen-tencia en probatoria de las causas que ameritan su revocación antes de su arresto y encarcelación? ¿Tiene derecho a una vista judicial? ¿En qué momento? ¿Qué garantías protegen al probando?

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El 27 de marzo de 1984, Ramon Martínez Torres fue con-victo y sentenciado por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, a cumplir de 3 a 5 años de presidio en probatoria por viola-ción a la Ley de Sustancias Controladas. Con fecha de 17 de abril de 1985 un oficial socio-penal sometió un informe al Fiscal de Distrito de Ponce sobre revocación de su probatoria por violar a las condiciones impuestas en la sentencia suspen-dida. Aproximadamente cuatro meses después, el 20 de agosto de 1985, dicho fiscal solicitó del foro judicial la revocación provisional de la probatoria, su ingreso inmediato a la cárcel y una vista sobre revocación permanente. Basado en tal informe, el 27 de agosto de 1985, el Tribunal Superior (Hon. José M. Ayala Cádiz), estimó que existía causa probable para creer que Martinez Torres había violado alguna de las condiciones que le fueron impuestas y suspendió sumariamente los bene-ficios de la libertad a prueba. Oportunamente se diligenció su arresto y encarcelación. Se señaló una vista para el 27 de sep-tiembre de 1985.

El 11 de septiembre de 1985 éste presentó en jurisdicción original ante este Tribunal una petición de hábeas corpus en que solicitaba su libertad. Adujo que su encarcelación fue ilegal y en violación al debido procedimiento de ley. Invocó los casos de Morrissey v. Brewer, 443 F.2d 942 (1971) y Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973), resueltos por el Tribunal Supremo federal. Al percatarnos de que durante cuatro (4) meses el fiscal no promovió la revocación, ante su reclamo, consideramos el recurso como certiorari, ordenamos su excar-celación y concedimos término al Procurador General para que compareciera por escrito a mostrar causa por la cual no de-biéramos modificar la resolución recurrida. Autorizamos al foro de instancia la continuación de los trámites. () Resolve-mos con el beneficio de la posición del Procurador General.

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Por mandato de ley, el esquema de justicia criminal vigente provee un mecanismo de libertad a prueba a ser administrado por nuestros tribunales, conocido como sentencia suspendida, libertad a prueba o probatoria. () 34 L.P.R.A. see. 1026 et seq. El mismo establece bajo qué delitos y requisitos un tribunal puede conceder este beneficio. 34 L.P.R.A. see. 1027. En síntesis, el convicto beneficiado cumple su sentencia en libertad sin ser ingresado en una institución penal, sujeto a las condiciones que imponga el tribunal y a su custodia legal hasta la expiración del período fijado en su sentencia. 34 L.P.R.A. secs. 1027 y 1031. Pueblo v. Román Santiago, 109 D.P.R. 485, 490 (1980). El tribunal sentenciador puede revo-car la libertad que disfruta el convicto en cualquier momento, si “fuere incompatible con la debida seguridad de la comuni-dad o con el propósito de rehabilitación”. 34 L.P.R.A. see. 1029. () La convicción posterior por un nuevo delito implica “pérdida automática” de los beneficios de la sentencia suspen-dida. 34 L.P.R.A. see. 1031. () Al revocar, el tribunal senten-ciador puede ordenar la reclusión del probando por el tiempo completo original de la sentencia o su remanente. 34 L.P.R.A. sees. 1029 y 1031.

A tono con este diseño estatutario, nuestra casuística ha destacado la importancia del ejercicio de discreción judicial. Hemos afirmado reiteradamente que la libertad a prueba es un privilegio, un acto de mera gracia y no un derecho del convicto. Pueblo v. Martínez Rivera, 99 D.P.R. 568 (1971); Pueblo v. Álvarez Maurás, 100 D.P.R. 620 (1972). No obstante, esta concepción y énfasis jurisprudencial ha ido evolucionando paulatinamente en atención a la naturaleza del valor individual libertario envuelto, reduciéndose en gran medida la distinción entre “derecho” y “privilegio” con miras a reconocer en sabia y justa praxis judicial los derechos procesales relativos que asisten a un probando que ha comenzado a dis-frutar una libertad parcial. Aunque un tribunal en el ejercicio de su amplia discreción, bajo los términos de ley, puede con-ceder la libertad a prueba, hemos decidido que tal discreción no es absoluta. Pueblo v. Sánchez González, 90 D.P.R. 197 (1964); Pueblo v. Pérez Bernard, 99 D.P.R. 834 (1971). Menos puede ser arbitrario al revocarla. Pueblo v. Vélez, 76 D.P.R. 142, 148 (1954).

Así, el simple vocablo “privilegio” de antaño, ha transi-tado la locución compuesta “privilegio-derecho”, hacia la con-ceptualización de “derecho limitado”. Esta visión y cambio ha tenido mayor elaboración y definición en la jurisdicción federal. Morrissey v. Brewer, supra, pág. 482; Gagnon v. Scarpelli, supra, pág. 782 n. 4; Graham v. Richardson, 403 U.S. 365, 374 (1971); Bell v. Burson, 402 U.S. 535, 539 (1971); Pickering v. Board of Education, 391 U.S. 563, 568 (1968); W. Van Alstyne, The Demise of the Right-Privilege Distinction in Constitutional Law, 81 Harv. L. Rev. 1439 (1968). Su alcance se ha extendido, inclusive a cuando se pretenden hacer modificaciones en las condiciones de la probatoria que resultan en detrimento del probando. Mempa v. Rhay, 389 U.S. 128 (1967). Véase, además, 3 Wright, Federal Practice and Procedure: Criminal 2d Sec. 541 (1982) y casos allí citados.

Esta jurisprudencia nos sirve de punto de partida para contestar las interrogantes planteadas en este recurso desde la perspectiva de nuestra legislación.

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La libertad conferida a un convicto mediante el bene-ficio de sentencia suspendida no goza de la magnitud ni grado de la que disfruta un ciudadano común. No son equivalentes. La razón es sencilla: “Mientras una persona goza de libertad a prueba, su disfrute de la vida, su libre albedrío, está restrin-gido, limitado, al cumplimiento de las condiciones fijadas al concedérsele esa gracia. No puede decirse que es un hombre enteramente libre.” (Énfasis suplido.) Pueblo v. Vélez, 76 D.P.R. 142, 149 (1964).

En este sentido, el interés e intensidad de libertad existente en la fase previa a un juicio criminal queda sustancialmente disminuido y alterado con el dictamen de culpabilidad. Adviértase, que en virtud de esa adjudicación de culpabilidad ya no le acompañan al convicto las garantías que la Constitución activa en dicha etapa anterior. La libertad condicionada que éste recibe con miras al cumplimiento y ejecución de la sentencia y pena, no deja sin efecto ni anula los procedimientos anteriores, como tampoco modifica la determinación de culpabilidad. Por ende, el delineamiento de garantías procesales, forzosamente, no puede perder de vista el ámbito limitado resultante de esta realidad que nos sirve de clave decisoria : el trámite de revocación de una sentencia suspendida no puede igualarse al procedimiento criminal presentencia. En Morrissey v. Brewer, supra, se enfatizó que “en ningún sentido ha sido nuestra idea equiparar la segunda etapa de revocación de probatoria a la de un procedimiento criminal; es una pesquisa limitada; el proceso debe ser lo suficientemente flexible como para considerar evidencia tales como cartas, afidávit y otro material de ordinario inadmisible en un proceso criminal adversativo”. (Traducción nuestra.) Pág. 253.

Aun así, una vez el Estado concede este “derecho limitado” no puede cancelarlo con abstracción total de las normas básicas constitucionales aplicables en esta etapa post sentencia. Con todas las limitaciones que esta libertad condicionada representa, ño puede negarse que estamos ante un valor fundamental acreedor de protección tanto por nuestra Constitución como por la de Estados Unidos. Pueblo v. Vélez, supra; Román v. Delgado, 82 D.P.R. 598 (1961); Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982); Vázquez v. Caraballo, 114 D.P.R. 272 (1983). Véanse Gagnon v. Scarpelli, supra y Morrissey v. Brewer, supra. En suma, no puede privarse a una persona de su libertad absoluta o limitada sin cumplirse con los requisitos mínimos del debido proceso de ley que corres-ponden a este momento.

La armonización de este derecho con el no menos impor-tante interés de la “debida seguridad de la comunidad” plas-mado en nuestra ley, aunque compleja, no es imposible.

En Gagnon v. Scarpelli, supra, pág. 661, el Tribunal Supremo federal logró equilibrarlos persuasivamente al sostener, en esencia, que “un probando tiene derecho a dos vistas, una preliminar al momento de su detención y arresto para determinar si existe causa probable de que haya violado su probatoria, y otra vista, un tanto más abarcadora, antes de la determinación de revocación final”. (Traducción nuestra.) Se señaló específicamente que habrían de seguirse las condiciones esbozadas en Morrissey v. Brewer, supra, pág. 662.

Bajo este enfoque, las garantías mínimas que el debido proceso de ley exige al amparo de la Constitución federal para revocar los beneficios de libertad bajo palabra o sentencia suspendida son: (1) una vista preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el probando ha violado las condiciones de su probatoria, y (2) una vista final antes de la decisión definitiva sobre si la probatoria será revocada. Advertimos, sin embargo, que no es necesario celebrar la primera vista (preliminar) cuando, durante el trámite de solicitud de revocación, no se arresta ni encarcela al probando. Moody v. Daggett, 429 U.S. 78, 86-87 (1976); Petition of Merdinger, 539 P.2d 1185, 1190 (1975); Pearson v. State, 241 N.W.2d 490, 492-493 (1976).

En la primera vista, por su naturaleza de carácter informal y sumario, se auscultan probabilidades. El probando tiene derecho a: conocer las alegadas violaciones a las condiciones de la probatoria; oportunidad de comparecer y presentar evi-dencia a su favor; confrontar los testigos adversos, excepto que por razones de seguridad del informante no se permita; un juzgador independiente, y breve informe escrito de la vista.

Posteriormente, en la vista final se le debe garantizar al menos: (a) una notificación escrita de las alegadas violacio-nes a la probatoria; (b) un examen de la prueba en su contra; (c) la oportunidad de ser oído personalmente y presentar tes-tigos y evidencia documental a su favor; (d) el derecho a con-frontar y contrainterrogar los testigos adversos, a menos que el juzgador examinador determine por razones de seguridad del informante justa causa para no permitir tal confronta-ción; (e) un juzgador neutral e independiente que puede ser uno solo o un cuerpo pluralista, aunque no el oficial socio-penal a cargo de la suspensión del convicto, tal como lo es la tradicional Junta de Libertad bajo Palabra, cuyos miembros no tienen que ser necesariamente funcionarios judiciales o abogados, y (f) determinaciones escritas de los hechos halla-dos probados, así como de la evidencia en que la decisión se basó, y las razones para revocar la probatoria. Gagnon v. ScarpElli, supra, pág. 786.

El contraste entre este cuerpo de normas procesales que dan vida a la fórmula constitucional del debido proceso de ley y las lagunas en nuestro esquema legislativo es evidente. Nuestra ley de sentencias suspendidas está huérfana de procedimientos claros y específicos para revocar una probatoria. () Sin embargo, como apuntáramos anteriormente, ese rezago no ha sido total. Con anterioridad a los pronunciamientos del Tribunal Supremo federal, habíamos resuelto que para revocar la libertad a prueba el tribunal tendría que tener motivo justificado y dar al convicto la oportunidad de ser oído. Pueblo v. Vélez, supra, pág. 143. () Más aún, al momento de determi-narse si un acusado puede cumplir la pena bajo el régimen de sentencia suspendida, el debido proceso de ley le reconoce el derecho a ver el informe preparado por el oficial probatorio y la oportunidad de ser oído. Pueblo v. Torres Estrada, supra.

Reiteramos que existe un interés libertario que no puede ser afectado en violación al principio constitucional del debido proceso de ley. Sólo nos resta analizar su contenido. En esta tarea es imperativo considerar los requisitos mínimos exigidos constitueionalmente.

Hasta tanto la Asamblea Legislativa actúe afirmativamente para reglamentar el trámite relativo a una revocación de sentencia suspendida, resolvemos que la cláusula del debido proceso de ley de nuestra Constitución requiere lo siguiente como mínimo:

Si el Ministerio Fiscal interesa obtener una revocación su-maria de la probatoria y por ende el arresto y encarcelación inmediata () del probando, éste es acreedor a una vista suma-ria inicial para evaluar si existe causa probable para creer que ha violado las condiciones de su probatoria. La solicitud sobre revocación se hará ante cualquier juez, quien al momento de recibirla determinará si ordena la detención inmediata del probando o lo cita para la vista sumaria inicial. La determi-nación discrecional de arrestar o citar en esta etapa estará fundada, al menos, en un examen del oficial socio-penal y su informe en torno a la gravedad de las condiciones alegada-mente incumplidas, récord criminal previo, conducta durante la probatoria y de aquellas otras circunstancias pertinentes. Si el juez opta por citarlo, y no comparece el probando, podrá ordenar su arresto inmediatamente. La orden de citación o arresto deberá notificar concisa, pero adecuadamente, las ale-gadas violaciones a las condiciones de la probatoria. El pro-bando, si es arrestado, deberá ser llevado en el plazo más breve posible (en circunstancias normales no deberá exceder el tér-mino de 72 horas), a la presencia de un magistrado —juez Superior, de Distrito o Municipal, sujeto a lo más adelante expuesto— para celebrarle la vista sumaria inicial. En ésta, aquél tendrá la oportunidad de ser oído y presentar evidencia a su favor. Podrá a su vez confrontar al oficial socio-penal promovente y a los testigos adversos disponibles en esta etapa, a menos que se demuestre necesidad de establecer restriccio-nes para garantizar la seguridad y anonimato ofrecidas por el oficial socio-penal a los entrevistados para fines de su in-forme. () La vista será de carácter informal y las Reglas de Evidencia sólo serán aplicables flexiblemente de modo que no desnaturalicen o sirvan de obstáculo a la pronta y justa deter-minación de si existe o no causa probable. Las Reglas de Pro-cedimiento Criminal regirán en la medida en que no sean incompatibles con la naturaleza sumaria e informal de la vista. El magistrado llevará una sucinta relación y constancia es-crita de los procedimientos y de su decisión. El probando podrá estar asistido por abogado.

Después de esta primera vista, si es menester, el probando tendrá derecho a la celebración de una vista final. El peso de la prueba recaerá sobre el Ministerio Fiscal. El probando ten-drá derecho a recibir notificación escrita previa con antela-ción suficiente de las alegadas violaciones a la probatoria, pre-pararse adecuadamente y estar representado por abogado. Su-jeto a la protección de aquellos entrevistados a quienes se les garantizó seguridad y anonimato, podrá confrontar la prueba testifical en su contra y presentar evidencia a su favor. La de-cisión formulada a base de la preponderancia de la prueba será reducida a escrito por el juez y reflejará las determina-ciones de hechos básicos, evidencia en que se basó y las razones que justifican la revocación. Salvo justa causa o acuerdo de las partes con la anuencia del juez, esta vista final sobre revo-cación deberá celebrarse dentro de un término que no exceda de treinta (30) días a partir de la celebración de la vista su-maria inicial que haya culminado en la revocación provisional y encarcelamiento. El tribunal podrá consolidar ambas vistas si la primera se suspendiera a petición o por causas atribui-bles al probando, a solicitud de su abogado, o cuando el Minis-terio Fiscal no solicite o logre obtener el arresto y encarcela-ción del probando. En esta última circunstancia, la vista final de revocación definitiva se señalará mediante notificación y celebración al probando con no menos de treinta (30) días de antelación.

V

Finalmente, sólo queda examinar si la vista sumaria inicial y la vista final aquí pautadas pueden ventilarse ante el mismo juez que sentenció originalmente al probando. El requisito establecido en Gagnon v. Scarpelli, supra y Morrissey v. Brewer, supra, de que el juzgador en las mismas sea neutral e independiente, a la luz de las circunstancias peculiares allí expuestas, va dirigido a evitar que el oficial probatorio sea juez y parte. Su razón de ser estriba en el temor de que dicho funcionario —quien recomienda la revocación y en ocasiones es testigo clave— no siempre pueda ser totalmente objetivo en la evaluación de sus propias recomendaciones. Compárese, Edwarsen v. Gray, 352 F. Supp. 839 (1972). Por ende, la decisión inicial y la definitiva deben trasladarse a otro funcionario o cuerpo independiente que no haya tenido contacto anteriormente con la prueba a someterse en apoyo de la revocación de sentencia. Morrissey v. Brewer, supra, págs. 485-486.

De ordinario esta preocupación no está presente en los trámites de revocación de sentencias suspendidas en los tribunales. Distinto al magistrado que interviene en la vista sumaria inicial, el juez sentenciador no ha tenido contacto activo previo con los hechos posteriores alegadamente incumplidos que motivan la solicitud de revocación. Al llegar el asunto a su consideración, solamente está familiarizado con el delito o delitos por los cuales sentenció originalmente al convicto, y aun así, ejerció su ánimo y discreción a favor de éste al suspenderle la sentencia. El juez, por su entrenamiento, autodisciplina y vocación específica está singularmente capacitado para evaluar objetivamente la prueba. Está dedicado exclusivamente al servicio de la justicia. En el descargo de ese diario ministerio, su conciencia e inteligencia prístina lo llevan a descartar los juicios previos o prejuicios que a veces obnubilan a otras personas. Pueblo v. Arreche Holdun, 114 D.P.R. 99, 115 (1983); Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 824 (1983).

En cuanto a la dinámica judicial envuelta en la etapa final de la sentencia, se acepta que “es un acto personal del juez (o del magistrado presente), pero no es un acto personalista. No es un acto libérrimo, de plena autonomía en la determinación, sino condicionado por la función que se desempeña, y por la finalidad del propio acto, que, en esencia, es decidir definitiva-mente las cuestiones del pleito. En este sentido, la sentencia es una respuesta y un mandato. Pero su formulación ha de ir precedida de una compleja operación mental, en la que inter-vienen la sensibilidad, la inteligencia y la cultura del juez. Cierto que también interviene la voluntad, pero esta voluntad no es la pura y libre del juez, sino que aparece subordinada al proceso que resuelve y al Derecho objetivo”. (Énfasis suplido.) C. Rodríguez Aguilar, La Sentencia, Barcelona, Ed. Bosch, 1974, págs. 13-14.

En lo concerniente a la sentencia original en casos crimi-nales hemos indicado en Santiago v. Jones, 74 D.P.R. 617, 625-626 (1953):

Después de declarada la culpabilidad de un acusado, la misión del juez es distinta. Mientras en la parte del pro-ceso criminal que conduce a la declaración de culpabilidad su obligación principal es velar por la limpieza absoluta del pro-cedimiento mediante el cual se va a privar a un ser humano de su libertad, en el pronunciamiento de la sentencia tiene que medir otros riesgos. Su posición es la de un sociólogo ante el complejo humano en su totalidad. Para ello tiene que medir tanto el riesgo que cualquiera represión inusitada o vindicativa pueda representar para el sentenciado, como el riesgo que cualquier represión inadecuada o ineficaz pueda representar para la sociedad. Uno de los elementos de juicio que un juez sentenciador puede utilizar para determinar qué clase de sentencia debe imponer en cada caso, es el grado de adaptabilidad que todavía pueda desarrollar un delincuente para el acatamiento pacífico a las prácticas legales estable-cidas por el orden público. Cada conducta antisocial consti-tuye un problema distinto que debe ser resuelto por su pro-pia virtualidad, dentro de los más altos ideales de servicio a la causa del hombre. Pero ello, no significa que un juez sen-tenciador deba disolver el poder coercitivo del estado dentro de un vicioso romanticismo que tienda a convertirse en un contrasentido de la justicia.

Por la naturaleza del acto, esa visión se extiende al trá-mite de revocación. Con buen razonamiento se ha dicho que “ [e] n su sentido real, la revocación de probatoria es una re-sentencia. Véase Nicholas v. United States, 527 F.2d 1160, 1162 (9no Cir. 1974). El dictar sentencia probablemente es la tarea más difícil de un juez. Es un deber complejo en que entran en juego innumerables factores. Al final, la sentencia se basa en la evaluación del convicto por el juez. Una resen-tencia por revocación de probatoria conlleva más que la total evaluación del récord del probando. El juez ya lo ha senten-ciado, pero el convicto, hasta cierto punto, ha violado la con-fianza en él depositada al infringir los términos de su proba-toria. Es importante para el juez estar familiarizado con las circunstancias que rodearon la conducta intermedia del pro-bando. Si la violación es severa, puede proceder una acción drástica”. (Traducción nuestra y escolio omitido.) Banks v. United States, 614 F.2d 95, 99 (1980).

Nuestra propia Ley de Sentencias Suspendidas sigue esa orientación. En una clara referencia al juez sentenciador, ex-presamente dispone que el probando queda sujeto a “la cus-todia legal del tribunal”. Las Reglas de Procedimiento Criminal están igualmente cimentadas en el principio elemental de que la sentencia original sea dictada por el juez que pre-sidió el proceso. Únicamente por razones de peso, tales como haber cesado en el cargo, muerte u otra inhabilidad puede in-tervenir y sustituirlo otro juez: Regla 186 (b). Es obvio, pues, que la interacción y analogía de ambos procesos y los factores envueltos, afianzan lógicamente la conclusión de que el juez sentenciador original normalmente debe presidir y resolver la vista final de revocación de probatoria.

Ahora bien, en consideración a la naturaleza, propósito, ámbito, participación, contacto previo con la prueba y demás factores envueltos, la situación es distinta respecto a la vista sumaria inicial. En ésta el juez interventor no sólo ha estado expuesto y conoce parte de la prueba, sino que la ha evaluado, y en términos de probabilidades le ha adjudicado un valor y alcance probatorio contra el probando. Aspiramos a lograr que nuestro sistema de administración de justicia hon-re al máximo los postulados de neutralidad e imparcialidad en que se afianza. “Y esa imparcialidad es la que origina la confianza en la justicia por parte de la ciudadanía; y es en esa confianza que se basa el respeto que la ciudadanía tiene en los jueces. Es obligación de los tribunales velar porque esa confianza nunca desaparezca.” Pueblo v. Toro Goyco, 84 D.P.R. 492, 499 (1962). En la consecución de ese ideal, resol-vemos con carácter prospectivo que: () (1) la vista sumaria inicial y la vista final deben dilucidarse ante jueces distintos, y (2) no existe impedimento legal alguno para que como norma general, la vista final sea ventilada ante el mismo juez que sentenció originalmente al probando. ()

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia y se devuelve el caso al tribunal de origen para la continuación de los procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

      (1)Aun así, la vista fue suspendida para el 25 de octubre de 1985. Pos-teriormente fue transferida para el 21 de noviembre de 1985.

      (2) Entre otros, consúltese el informe sometido por la Comisión de De-rechos Civiles de Puerto Rico sobre el programa de sentencia suspendida. 1968-CDC-012, pág. 714 et seq.; E. Meléndez Grillasea, Manual de Senten-cias, Hato Rey, O.A.T., División de Servicios Judiciales, 1982, pág. 196 et seq.

      (3) Dispone:
      “La corte sentenciadora podrá en cualquier momento en que a su juicio la libertad a prueba de una persona fuere incompatible con la debida segu-ridad de la comunidad o con el propósito de rehabilitación del delincuente, revocar dicha libertad y ordenar la reclusión de la persona por el período de tiempo completo señalado en la sentencia cuya ejecución suspendió para or-denar la libertad a prueba, sin abonarle a dicha persona el período de tiem-po que estuvo en libertad a prueba.”

      (4)No es menester discutir en este caso si una convicción posterior im-plica la revocación “automática” de la libertad a prueba sin cumplirse la totalidad de los derechos que más adelante reconocemos. Compárense las ex-presiones vertidas en Moody v. Daggett, 429 U.S. 76, 80 n. 7 (1976); Greenholtz v. Nebraska Penal Inmates, 442 U.S. 1 (1978).

      (5) Desde 1968 se ha solicitado que se reglamente este procedimiento de revocación. Véase 1968-CDC-012, supra.

      (6)En torno a la libertad bajo palabra, beneficio germano a éste, se ha establecido un procedimiento estatutario para su revocación. 4 L.P.R.A. sec. 1501 et seq. El mismo incluye ambas garantías constitucionales mínimas tales como notificación y vista. 4 L.P.R.A. see. 1505. Lebrón Pérez v. Alcaide, 91 D.P.R. 567, 570 (1964); Román v. Delgado, 82 D.P.R. 598 (1961). A diferencia del beneficio de sentencia suspendida que es administrado por los tribunales, éste es administrado por la Junta de Libertad bajo Palabra.

      (7) Según antes expresado, no es automática ni obligatoria la celebra-ción de la vista sumaria inicial cuando el probando no es arrestado ni en-carcelado. En tales circunstancias, procede se oriente el trámite según lo provisto más adelante para la vista final de revocación, ya que el convicto continúa disfrutando de su libertad condicionada.

      (8) Véanse Pueblo v. Torres Estrada, 112 D.P.R. 307 (1982); Pueblo v. Bou Nevwrez, 111 D.P.R. 179 (1981).

      (9)En Gagnon v. Scarpelli, 411 U.S. 778 (1973), la probatoria se re-vocó porque al probando no se le concedió ninguna de las dos vistas. Ahora bien, cuando el probando tuvo el beneficio de una vista definitiva, aunque no la preliminar, se ha decidido que ello es un error no perjudicial. Se parte de la premisa que aun habiéndose celebrado la vista preliminar, de todos modos hubiera culminado en la revocación de la probatoria, y por tanto, no hay nada que proveer por vía de revisión judicial. El trámite posterior sub-sana el error procesal. Eg., Collins v. Turner, 599 F.2d 657, 658 (1979); Lambur v. Chew, 356 F. Supp. 751, 752-753 (1973); State v. Morales, 293 A.2d 672, 675 (1972).

      (10) Esta decisión gira sobre la revocación de la probatoria. No impide al juez de instancia que originalmente suspenda la sentencia en determi-nado caso, intervenir en trámites de seguimiento periódicos pautados con el propósito de ejercer una mejor supervisión sobre el probando.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Pedro A. Otero Fernández, apelante, v. Alguacil Tribunal Superior, Sala de San Juan, etc., apelado.

      Números: O-85-433, CE-85-691

      Resueltos: 17 de diciembre de 1985

      Luis A. Amorós, abogado del apelante; Maricarmen Ramos de Szendrey, abogada de Carmen M. Torres Rivera.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Con fecha 15 de noviembre de 1985 en los casos de autos emitimos dos resoluciones para que la parte apelante mostrara causa por la cual no se deberían desestimar las apelaciones por frívolas. Por entrañar estos recursos cuestiones de derecho comunes, los hemos consolidado.

La parte apelante ha comparecido y luego de analizar su comparecencia, los escritos de apelación, apéndices y los autos originales en los casos Carmen Milagros Torres Rivera v. Pedro Otero Fernández (Civil Núm. RF-84-4627) sobre divorcio (trato cruel); Pedro A. Otero Fernández v. Alguacil Tribunal Superior, Sala de San Juan (Civil Núm. HC 85-22) sobre hábeas corpus, y Pedro A. Otero Fernández v. Alguacil Tribunal Superior, Sala de San Juan (Civil Núm. HC 85-49) sobre hábeas corpus, estamos en posición de decidir y así pro-cedemos a hacerlo.

La señora Torres Rivera acudió por primera vez al tribunal a solicitar pensión alimenticia para sus hijos menores el 28 de noviembre de 1984. En esa ocasión presentó demanda de divorcio y solicitó alimentos pendente lite. Luego de varias suspensiones se logró un acuerdo () entre las partes que fue aprobado por el tribunal el 26 de diciembre. Este acuerdo co-menzó a regir el 1ro de enero de 1985. Apenas diecisiete (17) días después de que-entrara en vigor, el demandado solicitó su modificación. Esta petición fue prontamente denegada por el tribunal. La primera vista de desacato se celebró tres meses y medio más tarde. El demandado aún no había cumplido con lo acordado, () a pesar de que la demandante había solicitado el auxilio del tribunal en tres ocasiones distintas y éste le ha-bía brindado la oportunidad de cumplir con su obligación sin necesidad de recurrir al remedio extremo del desacato.

I

Esa vista y la determinación del tribunal, en la que encon-tró al demandado licenciado Otero Fernández ineurso en desa-cato, fue lo que motivó el primer recurso de hábeas corpus (HC 85-22) presentado el 2 de mayo de 1985. Luego de la celebración dé varias vistas, () el tribunal declaró el recurso sin lugar.

El único fundamento aducido en esta primera petición fue que al licenciado Otero Fernández se le había privado de su ' derecho constitucional a ser oído mediante vista antes de orde-narse su detención y encarcelamiento. Veamos en qué consistió esa supuesta privación. ()

La solicitud de la señora Torres Rivera para que se citara al licenciado Otero Fernández para mostrar causa por la cual no debería ser encontrado incurso en desacato por incumpli-miento con su obligación alimenticia se presentó el viernes 12 de abril de 1985 por la mañana. Inmediatamente, el tribunal dictó orden y mandamiento en la que citó al demandado a comparecer el 17 de abril a las 9:00 de la mañana para mos-trar causa. Esta citación fue diligenciada ese mismo día por la noche. El licenciado Otero Fernández alega que debido a que el 16 de abril era día feriado por conmemorarse oficial-mente el natalicio de José de Diego, tuvo solamente un día para hacer todas las gestiones necesarias para poder cumplir con la citación. El día de la vista compareció a sala por un corto lapso, habló con el alguacil de sala, le explicó que tenía otros señalamientos en el mismo tribunal “por lo que no podía estar presente en la vista”, y luego se ausentó.

Bajo estas circunstancias no podemos concluir que al licenciado Otero Fernández se le privó de su derecho constitucional a ser oído. El tribunal, en atención a nuestro llamado “para que con creatividad e imaginación, [los tribunales de instancia] intenten solucionar con mayor prontitud y prioridad estas contiendas”, Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983), acogió con celeridad el justo reclamo de la señora Torres Rivera, señaló la vista del desacato con prontitud y se aseguró de que el licenciado Otero Fernández fuese notificado el mismo día.

La premura del tribunal al señalar la vista estuvo plena-mente justificada, ante la inaceptable conducta del deman-dado licenciado Otero Fernández reflejada por su total desa-tención a las órdenes de dicho foro, que le requerían cumplir con la resolución sobre los alimentos de los menores!) y el carácter de urgencia que éstos revisten. Además, el licenciado Otero Fernández se cruzó de brazos, no le advirtió al tribunal con anterioridad a la vista que, debido a previos señalamien-tos, tendría problemas para cumplir con la citación. El lunes 15 de abril era día laborable y bien pudo el licenciado Otero Fernández presentar una moción para informarle al tribunal su problema y solicitar que la vista se celebrase a otra hora o por la tarde.

El azaroso trayecto procesal seguido por esta solicitud de alimentos llevó a que la controversia se trasladara a un caso independiente de hábeas corpus. () De esta forma pretendió el demandado licenciado Otero Fernández revisar colateralmente las actuaciones del tribunal en el procedimiento de desacato.

El propósito del hábeas corpus, conocido como el Gran Recurso, es la protección de los derechos fundamentales. Es el recurso por excelencia para la reivindicación de la pri-sión o privación ilegal de la libertad. 34 L.P.R.A. see. 1741. “La encuesta que sobre la legalidad de la prisión o detención ■lleva a cabo el juez en la vista del hábeas corpus se circuns-cribe a asegurarse de que se han seguido y observado trámites procesales correctos, ajustados al debido proceso de ley.” Rabell v. Alcaides Cárceles de P.R., 104 D.P.R. 96, 101 (1975). En el caso de autos el recurso de hábeas corpus se usó para cuestionar una supuesta violación del derecho constitucional a ser oído antes de privársele de su libertad. Por lo tanto, en el recurso presentado por el licenciado Otero Fernández no se podía relitigar o cuestionar la validez de la determinación que lo encontró incurso en desacato y fijó la cantidad adeudada. La vista de hábeas corpus tenía que circunscribirse a deter-minar si el tribunal erró al no suspender la vista de desacato y si al así actuar le violó al peticionario su derecho constitu-cional a ser oído.

Es norma de derecho generalmente reconocida que el método normal y tradicional para corregir los errores come-tidos por los tribunales de instancia es el recurso apelativo. Desde los albores de nuestra jurisprudencia hemos adoptado la regla general de que, salvo “circunstancias excepcionales”, no se concederá el auto de hábeas corpus en sustitución de la revisión apelativa. Ex Parte Mauleón, 4 D.P.R. 123, 128 (1903); Ex Parte Bird, 5 D.P.R. 247 (1904); Ex Parte Díaz (a) Martillo, 7 D.P.R. 153 (1904); Ex Parte Cintrón, 5 D.P.R. 90 (1904); Ex Parte Rosa, 8 D.P.R. 132 (1905), y desde entonces nos hemos adherido a ella en forma consistente, Marrero Laffosse v. Marshal, Tribl. Superior, 89 D.P.R. 564, 568 (1963); Chamberlain v. Delgado, 82 D.P.R. 296, 301-302 (1961). En igual sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Sunal v. Large, 332 U.S. 174, 175-177 (1946).

Al determinar en qué consisten estas “circunstancias ex-cepcionales”, los tribunales deberán tomar en consideración, además de la disponibilidad o no de un remedio efectivo para revisar en alzada el error y evitar la continuación de la deten-ción ilegal, factores tales como si de las alegaciones en la peti-ción, con referencia a hechos específicos, surge: (1) que ha habido una patente violación a algún derecho constitucional fundamental; (2) que no ha habido una renuncia válida a ese derecho, y (3) la necesidad de una vista evidenciaria.

Los hechos en el primer caso de hábeas corpus claramente demuestran que no existían las “circunstancias excepcionales” que justificarían el uso de este recurso extraordinario. Al exa-minar las alegaciones en la petición de hábeas corpus con especial atención a los hechos específicos allí alegados, llegamos a la conclusión de que dichas alegaciones no configuran una violación a un derecho constitucional fundamental, el derecho a ser oído. Al revisar y analizar los autos en el caso de divor-cio encontramos que no era necesaria la celebración de una vista evidenciaria. Los hechos en los cuales se basa la supuesta violación del derecho constitucional a ser oído surgen clara-mente del récord. Por último, el demandado licenciado Otero Fernández tenía disponibles el recurso de certiorari para re-visar el supuesto error cometido por el tribunal de instancia y la moción en auxilio de nuestra jurisdicción para evitar ser encarcelado mientras decidíamos sobre su expedición. Bajo estas circunstancias el ataque colateral a la determinación del tribunal mediante el uso del recurso de hábeas corpus sólo tuvo el indeseable efecto de atrasar aún más la obtención de los alimentos de los menores, al subvertir la ordenada trami-tación del caso, multiplicar los procedimientos y crear una si-tuación de posible fricción entre los jueces de instancia al pretender la revisión colateral de una resolución.

Aun cuando aceptásemos que el recurso de hábeas corpus estuvo bien utilizado, todavía tendríamos que entrar a determinar si la apelación en este caso es frívola o ha sido interpuesta para dilatar los procedimientos. El hábeas corpus es un procedimiento especial y la ley establece el derecho a apelar de una providencia definitiva de un tribunal o juez al devolverse diligenciado el auto. Ley de 12 de marzo de 1903 (34 L.P.R.A. see. 1775) ; Espinosa v. Ramírez, Alcaide de Cárcel, 71 D.P.R. 10 (1950); Ex parte Delgado, 12 D.P.R. 269 (1907). La evaluación en los méritos de una apelación en un recurso de hábeas corpus no impide su desestimación por frivolidad. Regla 32(d) del Reglamento del Tribunal Supremo; Fournier v. González, 80 D.P.R. 353, 356 (1958).

Una apelación es frívola si luego de examinar dicha petición, el apéndice y los autos originales, el tribunal determina que carece de todo mérito. Un detallado y minucioso análisis de todos estos documentos y de la comparecencia del apelante nos lleva a concluir que el recurso de apelación interpuesto en el caso del primer hábeas corpus es completamente frívolo, carente de todo mérito. El aseverar en un escrito de apelación que existe una violación de un derecho constitucional, no tiene la virtud de insuflarle a los hechos esta naturaleza.

El debido proceso de ley, y los derechos que garantiza, es inminentemente de naturaleza pragmática y “ [c] orno toda regla habrá de aplicarse con riguroso respeto a los derechos sustanciales de todas las partes afectadas”. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 428 (1974).

Los hechos que ya hemos reseñado y discutido, y en los cuales se basa el apelante para alegar que se le violó un derecho constitucional fundamental, sin lugar a dudas no configuran la supuesta violación al derecho constitucional a ser oído, más bien forman parte de un patrón de conducta poco laudable de parte del apelante que refleja una actitud de franco menosprecio hacia las órdenes del tribunal y sus obligaciones para con sus hijos menores. Lo único que efectivamente está logrando este recurso es dilatar los procedimientos. No podemos permitir que en casos de alimentos de menores que están revestidos de alto interés público se haga uso de una apelación totalmente inmeritoria para retrasar el cumplimiento de tan importante obligación.

HH ► — 1

Pasemos ahora a analizar el segundo incidente de desacato y la subsiguiente petición de hábeas corpus. El 29 de mayo la demandante señora Torres Rivera tuvo una vez más que re-currir al tribunal para solicitar que se obligase al licenciado Otero Fernández a cumplir con su obligación de suministrar alimentos a sus tres hijos menores. La vista se señaló para el 24 de junio. El día de la vista el licenciado Luis Amorós, abogado del licenciado Otero Fernández, compareció y solicitó que se dejara sin efecto el señalamiento debido a que quedó pendiente el “hábeas corpus que [estaba] por resolverse [esa] semana”. El tribunal suspendió la vista. Cabe señalar que en la vista del primer hábeas corpus, específicamente se dijo que la posposición de treinta (30) días concedida por el tribunal para dictar la sentencia nada tenía que ver con la pensión alimenticia.

El próximo paso procesal del demandado Otero Fernández fue la presentación de una moción en la que solicitó la “inhibi-ción” del juez que tenía asignado el caso de divorcio, el Hon. Ángel Ramírez Ramírez. Esto logró dilatar aún más la obten-ción del justo reclamo de los menores. La moción pasó a la consideración de otro juez, quien tras la celebración de una vista, desestimó la misma el 16 de septiembre de 1985. () Mientras esto sucedía, la solicitud para obligar al cumpli-miento de la obligación de pagar los alimentos a los menores quedó prácticamente paralizada. No es hasta después que se resuelve la moción que el tribunal nuevamente señala para el 14 de octubre la vista del segundo desacato. Una vez más, el licenciado Amorós solicitó la suspensión basándose en señala-mientos previos. La solicitud fue denegada.

El día de la vista, el demandado Otero Fernández compa-reció y solicitó que se pospusiera la vista para que su abogado pudiera estar presente. El licenciado Amorós estaba en otra sala del tribunal en la vista en su fondo de otro caso. El tribunal accedió a la posposición.

Al reanudarse los procedimientos esa tarde estaban pre-sentes las partes con sus respectivos abogados. El licenciado Amorós le informó al tribunal que no se encontraba “prepa-rado para entrar a ver la vista”, porque había estado prepa-rándose para ver otro caso, que a esos efectos había presen-tado una moción de suspensión y que hasta esa mañana desco-nocía que la misma había sido denegada. A pesar de las ob-jeciones del licenciado Amorós, la vista de desacato se celebró. La parte demandante expresó “que a partir de la fecha en que se radicó el recurso [de apelación del hábeas corpus] en el Tribunal Supremo ... la deuda [era] de $9,200.00 [que incluía] los meses de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 1985”. La demandante utilizó el testimonio del propio licenciado Otero Fernández para probar la falta de pago e incumplimiento. El licenciado Otero Fernández solicitó que se continuara la vista otro día para permitirle así pre-sentar prueba sobre pagos que había hecho a la demandante. El tribunal denegó esta solicitud, lo encontró incurso en desa-cato y ordenó su arresto y encarcelamiento.

El demandado licenciado Otero Fernández, por ser un abogado de vasta experiencia, tenía que ser consciente de que tenía el deber de satisfacer la pensión alimenticia en la cantidad y forma dispuesta por el tribunal, sin descuentos hechos a su voluntad. Sólo al mediar acuerdo previo y la autorización del tribunal podía descontar del monto de la pensión alimenticia aquellas cantidades de dinero que alegaba gastó en beneficio de sus hijos menores. () Guadalupe Viera v. Morell, supra. Aun “[u]na estipulación de las partes sobre los alimentos de los hijos menores, no obliga al tribunal”. Fernández v. Davison, 80 D.P.R. 253, 257 (1958). La modifi-cación en la cuantía y forma de pago podía lograrla sólo me-diante orden del tribunal previa solicitud al efecto.

Después de haber sido encontrado incurso en desacato por segunda vez, el licenciado Otero Fernández procedió de igual manera que en la primera ocasión; presentó un recurso de há-beas corpus. Esta petición corrió la misma suerte que la pri-mera : se denegó. Una vez más presentó un recurso de apela-ción y alegó, fundándose en los hechos antes reseñados, que se le había violado su derecho constitucional a ser oído.

Queremos recalcar que la suspensión del señalamiento de una vista es atributo del tribunal, no del abogado, y que al abogado le corresponde el deber de mantenerse informado sobre las decisiones de un tribunal con respecto a los asuntos en los casos en los cuales ostenta la representación de una de las partes. Regla 8.4 (b) de las de Procedimiento Civil. El licenciado Amorós no podía meramente confiar en que por el solo hecho de haber presentado una moción de suspensión la vista quedaría automáticamente suspendida. Tenía el deber de prepararse para la vista y no presumir que por haber pre-sentado la moción el juez accedería a la suspensión. Además, de la resolución del tribunal que deniega la suspensión apa-rece que se ordenó que se notificara esta decisión por teléfono, y de la minuta de la vista surge que la misma fue notificada a la secretaria del licenciado Amorós. Este incidente consti-tuye un eslabón más en la cadena procesal dilatoria labrada por el demandado licenciado Otero Fernández para retrasar el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución del tribunal sobre el pago de los alimentos a sus tres hijos menores.

Las circunstancias antes reseñadas que surgen de un cui-dadoso examen y análisis de los autos originales del caso de divorcio y del segundo hábeas corpus (HC-85-49), del escrito de apelación (CE-85-691), el apéndice y la comparecencia del apelante, claramente demuestran que la apelación de este se-gundo hábeas corpus es frívola, interpuesta para dilatar los procedimientos. Al igual que en el primer incidente de hábeas corpus, los hechos que hemos reseñado y discutido en modo al-guno demuestran que al apelante se le violó algún derecho constitucional fundamental ni, específicamente, su derecho a ser oído. Tal conclusión es totalmente frívola y carente de mérito.

De otra parte, tampoco surge que existan “circunstancias excepcionales” que justifiquen el uso del recurso de hábeas corpus. De los hechos alegados en la segunda petición-de há-beas corpus no se desprende, ni remotamente, que exista una violación al derecho constitucional a ser oído. Al igual que en el caso del primer hábeas corpus, la vista evidenciaría no era necesaria. Los hechos surgían del expediente del caso de divor-cio. El apelante tenía disponible el recurso de certiorari y la moción en auxilio de jurisdicción para revisar el alegado error.

Por todo lo antes expuesto, se dictará sentencia en la que se desestimen las apelaciones en los casos consolidados.

      (1) Durante esta etapa del procedimiento el demandado se representaba a sí mismo.

      (2)De los récords del tribunal surgió que éste no había cumplido con los términos de la resolución sobre alimentos que, entre otras cosas, le exigía depositar mensualmente la suma de dos mil dólares ($2,000) en la Unidad de Alimentos del Tribunal.

      (3)Las vistas se celebraron las días 24 y 28 de mayo, y 26 de junio.

      (4) Esto surge de las distintas mociones presentadas por el propio licen-ciado Otero Fernández, de las minutas de las distintas vistas, del escrito de apelación, del apéndice y de su comparecencia ante este Tribunal.

      (5)Este hecho aparecía de los récords de la Unidad de Alimentos del tribunal y fue alegado por la demandante en su solicitud.

      (6)En la vista de desacato celebrada el 17 de abril de 1985 se encontró al demandado Otero Fernández incurso en desacato y se ordenó su arresto y encarcelamiento. Sin embargo, el licenciado Otero Fernández no llegó a ser encarcelado. Ese mismo día el licenciado Luis A. Amorós en representación del demandado compareció al tribunal acompañado del hermano de éste y produjo un cheque por cinco mil dólares ($5,000). El hermano del licenciado Otero Fernández se comprometió además a conseguir la suma restante de tres mil dólares ($3,000) antes del medio día del 19 de abril de 1985. Me-diante Resolución y Orden de 17 de abril de 1985 el tribunal dejó sin efecto la orden de arresto y encarcelamiento y expresamente le apercibió al licen-ciado Otero Fernández que el incumplimiento del pago de los restantes tres mil dólares ($3,000) se consideraría “desacato al Tribunal, por lo que, a petición de la parte demandante, el Tribunal pod[ría] ordenar su arresto [e] .. . ingreso sin más citarle ni oírle”.

      (7) En la Resolución, el Hon. Flavio Cumpiano hizo la siguiente obser-vación: “A nuestro entender, lo que está tratando de hacer [el apelante li-cenciado Otero Fernández] en este procedimiento de recusación es formular un ataque colateral a las actuaciones y resoluciones judiciales del Juez en este caso.”
      En relación con esta resolución, el 18 de noviembre de 1985 se presentó recurso de certiorari (CE-85-751) ante este Tribunal, el cual fue denegado el 5 de diciembre de 1985.

      (8)En su Moción de Reconsideración presentada el 4 de noviembre de 1985 el demandado licenciado Otero Fernández indica específicamente que de “haber permitido [el Tribunal] que [él] ofreciera su prueba, se hubiese percatado de que el demandado había satisfecho las siguientes sumas de dinero:
      “1. Pagó $800.00 dólares a su hija Damaris para proseguir sus estu-dios. (Giros 36338992823-3688123382-36831263393.)
      “2. Pagó $2,100.00 dólares de matrícula [por] su hijo Pedro el día 8 de octubre de 1985, en el Colegio San Ignacio.
      “3. Pagó $180.00 [por] su hija Wally el día 8 de octubre de 1985, al Colegio Alejandrino.
      “4. Las partes tienen un préstamo con el Banco Santander [el] cual la demandante no ha satisfecho, en [el] cual la demandante es co-deudora y [é]ste mediante el cheque Núm. 24 satisfizo la suma de $2,790.62.
      “5. El demandado el día 21 de junio le satisfizo a la demandante la suma de $500.00 dólares mediante cheque Núm. 026.
      “6. El demandado satisfizo además . . . $500.00 dólares en efectivo y $300.00 en distintas fechas.
      “7. El menor hijo Pedro hizo estudios de verano en el Colegio Roehnse-leer, N.Y., el demandado mediante cheque a Malavé Tours satisfizo la suma de $537.00 en pasajes.
      “8. Para satisfacer el pago de matrícula de esos estudios, satisfizo la suma de $853.00 dólares.
      “9. A su hija Wally se le hizo un cheque para pago de libros y uni-formes de $150.00 dólares (cheque Núm. 049).
      “10. El demandado para su hija Idalis satisfizo mediante Money Order Núm. 36333992812 la suma de $75.00 dólares.
      “11. Con fecha de Sept. 5, de 1985, el demandado satisfizo la suma de $2,821.25 que es la residencia dónde reside la demandante y sus hijos en la actualidad en Viena Núm. 225, College Park, P.R.
      “12. El demandado satisfizo la suma de 6 meses de pago de una propie-dad de las partes que paga $412.00 dólares mensuales porque estando alqui-lada fué desocupada desde el mes de febrero de 1985.
      “Se le pidió permiso a la demandante para aprovechar la venta de la misma y ésta se negó a dar permiso para venderla, no se pudo hacer la venta y el demandado ha satisfecho los pagos atra[s]ados que suman a $2,400.00 dólares.
      “13. El demandado satisfizo además pagos de luz y agua que ascienden a más de $400.00 dólares para la demandante.
      “14. Le satisfizo además una partida adicional de $400.00 dólares en efectivo a su casa.”
      Como podrá observarse estas cantidades, aunque las presumamos co-rrectas, no constituyen un cumplimiento de la pensión alimenticia fijada por el tribunal. Como dijéramos en Guadalupe Viera v. Morrell, 115 D.P.R. 4 (1983), si permitiésemos que el alimentante baga descuentos a voluntad, esto “causaría un efecto detrimental en la planificación del presupuesto familiar que debe hacer en este caso la madre para atender adecuada y equi-tativamente las necesidades de los .. . menores”.
      También hay que tomar en consideración que además de la cantidad que el licenciado Otero Fernández debía depositar en el tribunal, el acuerdo aprobado requería que pagase directamente otros gastos de los menores. Él debería satisfacer “directamente todos los semestres comenzando en enero de 1985 los pagos de colegios, libros y ropa de [su hija] Idalis Antonia y los boletos aéreos de llegada a Puerto Rico y regreso al Colegio por [lo] menos una vez al año en vacaciones escolares comenzando el 1ro. de junio de 1985. Estos gastos suman alrededor de $7,000.00 anuales. [También te-nía que satisfacer] los gastos del colegio donde estudiaba su hijo Pedro A. comenzando en el año escolar 1985-86 que incluye el pago de matrícula, en abril de cada año, las mensualidades por diez meses que se pagan por ade-lantado en el mes de julio cada año y los libros que se compran en el mes de agosto cada año”.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. José A. Bigio Pastrana, acusado y apelante.

      Número: CR-84-63

      Resuelto: 17 de diciembre de 1985

      Moisés Abren Cordero, abogado del apelante; Américo Cerra, Procurador General Interino, Justo Gorbea Varona, Procuras-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante José A. Bigio Pastrana fue convicto por el delito de oferta de soborno, y apela de la sentencia bajo alega-ción de que no se presentó la prueba necesaria para establecer la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Resolvemos que el tribunal de instancia no cometió el error imputado y confirmamos la sentencia.

I

La Sra. Nydia Rosario presentó una querella ante el Ne-gociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Puerto Rico (N.I.E.), a los efectos de que un ve-cino suyo, el apelante José A. Bigio Pastrana, “vendía” certi-ficados de nacimiento. A raíz de la querella, el N.I.E. llevó a cabo una investigación, en la cual participaron varios agentes encubiertos. Como resultado, se juró denuncia y se expidió orden de arresto contra Bigio, por el delito de oferta de so-borno. ( ) Art. 212 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4363.

Cumplidos los trámites preliminares, el juicio comenzó luego de haberse constituido y juramentado el jurado debida-mente. El Ministerio Fiscal inició la presentación de la prueba de cargo con el testimonio del señor Ariz R. Velázquez Lope-rena, agente especial del N.I.E., quien declaró que, el domingo 30 de octubre, acompañado por la señora Rosario, el señor Daniel Chacón y la Sra. Juana Rivera visitó la residencia del señor Bigio Pastrana, funcionario de la División de Servicios Especiales del Departamento de Salud. El agente Velázquez y la señora Rivera solicitaron que les consiguiera unos certifi-cados de nacimiento. El acusado respondió que cobraba regu-larmente $7, de los cuales $2.50 eran para él, $2.50 eran para el contacto y $2 para cubrir los gastos de sellos. El agente le entregó $7 y le suministró la información necesaria. La se-ñora Rivera le entregó $3 y quedó en enviarle el resto del dinero. El acusado se comprometió a conseguirles los certifica-dos para el otro día por la noche. Al otro día, el agente recogió el certificado en la residencia del acusado y le presentó a un amigo, el inspector Bagué, para que también le consiguiera con urgencia un certificado. El acusado los citó a su oficina en el Departamento de Salud para conseguirles rápidamente el certificado requerido.

Según el testimonio del agente Velázquez, el 2 de noviem-bre de 1983 se presentaron el inspector Bagué y él a la oficina de Bigio. El apelante solicitó al inspector Bagué que le diera su nombre completo, fecha y lugar de nacimiento y el nombre de sus padres. Procedió entonces a llamar por teléfono al señor Heriberto Pellicier Cintrón, empleado público adscrito a la Sección de Búsquedas del Registro Demográfico del Departa-mentó de Salud y le suministró la información que el inspector Bagué le había dado. De la prueba admitida!) se des-prende que luego el acusado salió de su oficina y entregó al Sr. Emiliano Rivera Correa, conductor del Departamento de Salud, $2 para comprar sellos, un sobre con la información sometida por el inspector Bagúe y $2. El propio señor Rivera Correa declaró que abrió el sobre y vio que tenía la informa-ción de la persona que interesaba el certificado y $2. También declaró que entregó al Sr. Heriberto Pellicier el sobre con el dinero y la información. Como a los diez minutos éste le devol-vió el sobre con un certificado. Rivera Correa regresó a las oficinas del acusado y entregó a Bigio el certificado del señor Bagué. Entonces Bigio le dio a Bagué su certificado, le cobró $8 y se despidió ofreciendo sus servicios en el futuro. El señor Rivera Correa también declaró que en otras ocasiones había entregado dinero al señor Pellicier para sacar certificados.

El acusado renunció a su derecho a juicio por jurado y, terminada la presentación de la prueba de cargo, las partes sometieron el caso a la consideración del tribunal. Dicho foro, tomando como base el testimonio oral y la prueba documental admitida, dictó fallo condenatorio por el delito imputado de oferta de soborno, y sentenció al aquí apelante a cumplir tres (3) años de reclusión. Los efectos de la sentencia dictada fue-ron suspendidos en virtud a lo dispuesto en la Ley de Senten-cias Suspendidas, Ley Núm. 259 de 3 de abril de 1946, según enmendada, 34 L.P.R.A. see. 1026 et seq.

Se apela ante esta curia la sentencia condenatoria y se señalan dos errores. El acusado apelante plantea que el juez sentenciador debió desestimar la acusación que pendía en su contra según lo dispuesto en el inciso (f) de la Regla 64 de las de Procedimiento Criminal. () Sostiene que como en el caso contra Pellicier Cintrón por soborno no se determinó causa probable ello constituye un impedimento colateral por senten-cia, por lo que no se le podía juzgar por el delito de oferta de soborno. Sin embargo, el Código Penal prohíbe tanto el so-borno como la oferta de soborno y cada uno tiene elementos esenciales que son distintos. La ley describe figuras indepen-dientes con características propias. No se trata de un delito con codelincuencia necesaria, basta con que el autor ofrezca para que se perfeccione el delito. Por estas razones este seña-lamiento de error es inmeritorio.

También alega que la prueba “presentada” y “admitida” no estableció más allá de duda razonable la culpabilidad del imputado. Como fundamento a tal señalamiento, sostiene que no se probó que el apelante, directamente o por medio de otra persona, diese dinero o cualquier beneficio a un funcionario público con el propósito de que éste realizase un acto regular de su oficio. Procede determinar si de la totalidad de la prueba sometida ante la consideración del tribunal surge que se pro-baron más allá de duda razonable todos los elementos del de-lito imputado.

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En este caso el delito específico én controversia es el de oferta de soborno. Para entender el alcance de este delito, de-bemos primero examinar los antecedentes históricos del mismo.

Por siglos los pueblos han penalizado el soborno y sus dis-tintas modalidades. El “cohecho” español; la corruption fran-cesa, la corruzione italiana, el bribery angloamericano consti-tuyen delitos de origen muy antiguo. En Roma se denominó este delito como crimen repetundae, por el cual las personas afectadas tenían una acción legal para recuperar lo que el fun-cionario obtuvo. En las XII Tablas se consideró delito capital el hecho de que el juez recibiera dinero por dictar sentencia. Posteriormente, en tiempos de Cicerón, fue atenuada la pena, para ser agravada nuevamente por Valentino. Justiniano mo-dificó las penas en la Novela 12. Véanse J. Miró Cardona, Borrador para un proyecto de Código Penal Puertorriqueño, 41 Rev. Jur. U.P.R. 401, 650 (1972); XI International Encyclopedia of the Social Sciences 272-276 (1968).

Aunque en Inglaterra el delito fue originalmente limitado para cubrir a los jueces que en el desempeño de sus funciones aceptaban regalos, con el tiempo el castigo se extendió a todas las ramas de gobierno. R. M. Perkins y R. N. Boyce, Criminal Law, 3ra ed., Mineóla, N. Y., The Foundation Press, 1982, pág. 527.

En España este delito se le conoce como el “cohecho”. () Y en su Código Penal se tipifican tres tipos de cohecho: el pa-sivo, el activo, y el que comete un funcionario cuando se abs-tiene de un acto regular de su cargo. Véase E. Cuello Calón, Derecho Penal, 14ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. II, Vol. 1, págs. 439-449.

En Puerto Rico cuatro artículos del Código Penal, en la Parte Especial, reglamentan el delito de soborno y forman parte de la sección duodécima sobre los Delitos contra la Fun-ción Pública. () Esta sección tipifica los delitos que violan el orden moral y los valores fundamentales de la administración pública puertorriqueña. “Esta no sufre quebrantos en su pa-trimonio con la actividad deshonesta de sus servidores; pero la venalidad de los mismos, que se enriquecen prevaliéndose de la autoridad del cargo que desempeñan y de las funciones que ejercen, lesionan con su conducta la dignidad y el decoro de la Administración pública.” Miró Cardona, op. cit., pág. 649.

Del historial legislativo del Código se desprende que en la redacción de esta sección se utilizaron sustancialmente las recomendaciones del Proyecto de 1967 del Código Penal del Dr. Francisco Pagán Rodríguez. A su vez el doctor Pagán se basó en el conocido Proyecto Peco de Argentina. J. Peco, Pro-yecto de Código Penal con exposición de motivos, La Plata, Talleres Gráficos Denbigh, 1942. En Argentina existen fun-damentalmente dos figuras del cohecho, el activo y el pasivo:

En el Derecho argentino, el cohecho pasivo, en su forma simple, consiste en aceptar promesa u ofrecimiento para rea-lizar un acto funcional que debe ser gratuito. . . . Claro que también queda en el ámbito del cohecho el recibir dinero u otra dádiva; pero no se necesita tanto, bastando con acordar la retribución. Partiendo de esa figura, se define la modalidad agravada, e independientemente, el cohecho activo. El elenco se completa con la figura menor de la aceptación de dádivas, que también alcanza la forma pasiva y activa. C. Fontán Balestra, Tratado de Derecho Penal, 2da ed., Buenos Aires, Ed. Abeledo-Perrot, 1980, T. VII, qpág. 288

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En el presente caso al acusado apelante se le imputó el de-lito de oferta de soborno en su modalidad de darle o prome-terle a un funcionario o empleado público, directamente o a través de un intermediario, dinero o cualquier beneficio para que realizara un acto regular de su cargo o función, y que está tipificado en el Art. 212 como sigue:

Toda persona que directamente o por persona intermedia diere o prometiere a un funcionario o empleado público, o ju-rado, o árbitro, o cualquier otra persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, o a un tes-tigo, dinero o cualquier beneficio, con el fin previsto en las sees. 4360 a 4362 de este título, será sancionada con la pena de reclusión fijada en la sección correspondiente. 33 L.P.R.A. see. 4363. ()

El Art. 212 condena cierta conducta antisocial e indeseable, la cual corrompe o pretende corromper al funcionario público, quien debe descargar gratuitamente las obligaciones inherentes de su cargo sin que esté de por medio emolumento o cualquier beneficio adicional al que por ley le corresponde. Irreparable daño social se infligiría si el cumplimiento de los oficios del empleado público dependiese de las retribuciones impropias que elementos inescrupulosos están dispuestos a ofrecer y entregar; es el comportamiento de estos últimos el que se pretende reprimir al estatuir el delito de oferta de so-borno. La gestión pública ha de realizarse sin que medie dinero o cualquier tipo de beneficio. Éstos son totalmente ex-traños a la sana administración pública y al efectivo funcio-namiento de nuestro sistema, el cual debe ser guiado por la justicia, la ley y el orden.

Para Cuello Calón, constituye una forma de corrupción activa “el hecho de corromper o sobornar a funcionarios pú-blicos para que realicen actos relacionados con el ejercicio de sus funciones o se abstengan de realizarlos”. () Cuello Calón, op. cit, pág. 447.

Son elementos esenciales del delito de oferta de soborno, en la modalidad aquí imputada, los siguientes: 1. dar u ofrecer dinero o cualquier beneficio; () 2. que la dación u ofrecimiento se haga a un funcionario o empleado público, ya sea directamente a él o a través de un intermediario,() y 3. que la dación u ofrecimiento se haga con el propósito de que dicho empleado o funcionario realice un acto regular de su cargo o función. Pueblo v. Adorno, 81 D.P.R. 518, 537 (1959) ; Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico, San Juan, Ed. Col. Abo. P.R., 1976, págs. 262-263.

El autor de este delito puede ser cualquiera, inclusive un funcionario público. La ley claramente dispone que se penaliza a “toda persona” por el delito, independientemente de su posición. La conducta constitutiva del delito es dar o prometer beneficios o dinero a un funcionario para que realice o deje de realizar un acto relativo a sus funciones. El delito se configura cuando se ofrece o se da el soborno. Se viola el artículo cuando la propuesta llega al funcionario. No se requiere que el funcionario acepte el soborno; por eso no es esencial un codelincuente. Véase Fontán Palestra, op. cit., pág. 301.

El funcionario debe tener la competencia dentro de su cargo para hacer lo que se ha acordado a cambio del beneficio que se le ofrece. Al interpretar este elemento esencial del delito tenemos que reconocer que en la administración pública moderna los funcionarios realizan múltiples tareas en sus cargos, y que hay un traslapo de funciones entre ellos. En todas las agencias gubernamentales el proceso decisional y ejecutivo requiere que varias personas participen en una cadena de eventos que culmina con una decisión o un acto final que incluye desde la concesión de un certificado hasta la oferta de un servicio. En cualquiera de esas etapas los empleados de la división o dependencia a cargo de ofrecer el servicio intervienen en el trámite de las solicitudes y contribuyen de distintas maneras a la resolución del asunto. Por ejemplo, en la expedición de un certificado se requieren varios actos por diversos funcionarios desde la investigación en los archivos hasta la secretaria que pasa la información a maquinilla y el director que firma el documento.

Cada uno de ellos por su posición privilegiada en esa de-pendencia tiene los contactos personales para influir en la ac-tuación gubernamental. Como parte de las funciones regula-res de su cargo tiene la información y la capacidad para ini-ciar, retardar y hasta detener el trámite de una solicitud. Su posición requiere una lealtad inquebrantable a servir gratui-tamente y a tratar equitativamente a todos los ciudadanos. La lealtad a estos postulados del servicio público forma parte de los deberes de sus respectivos cargos. ()

Se comete el delito siempre que el acto que se interesa que se lleve a cabo esté comprendido dentro de los deberes genera-les del funcionario o empleado público a quien se le ofrece el soborno. El hecho de que ese funcionario comparta tareas con otros en el servicio ofrecido no exime al que ofreció el soborno de su responsabilidad penal; no hay que probar que esa persona tenía la autoridad final en la cadena de eventos. De lo contrario, solamente los oficiales en puestos directivos serían sobornables. Es suficiente en derecho que el acto que se inte-resa llevar a cabo esté comprendido entre los deberes genera-les del empleado según descritos en su nombramiento y con-forme a las tareas que diariamente realiza. People v. Guillory, 3 Cal. Rptr. 415, 417-418 (1960); People v. Longo, 259 P.2d 53, 56 (Cal. App. 1953); People v. Megladdery, 106 P.2d 84, 102 (Cal. App. 1940); People v. Lips, 211 P. 22, 24 (Cal. App. 1922); 2 Witkin, Calif. Crimes Secs. 828-829 (1963); 4 Wharton’s Criminal Law Secs. 686-687 (14ta ed. 1981); 1 California Jury Instructions, Criminal (Cal. J.I.C.) No. 7.10 (4ta ed. 1979).

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La prueba directa presentada demostró que el apelante, que trabajaba como coordinador de viajes de la División de Servicios Especiales del Departamento de Salud, envió dinero al Sr. Heriberto Pellicier de la División de Registro Demográ-fico del Departamento de Salud para que expidiese, fuera del trámite normal, un certificado de nacimiento a nombre del Sr. José A. Bagué Ramos.

También quedó demostrado que el acusado había realizado anteriormente la transacción antes descrita, de igual manera con relación a otros ciudadanos que le habían solicitado que les gestionase la expedición de certificados de nacimiento. La única diferencia fue las sumas cobradas por tal gestión.

Por otra parte, la evidencia circunstancial o indirecta!) estableció que el señor Pellicier era un funcionario del Regis-tro Demográfico y que la expedición de los certificados de naci-miento estaba comprendida dentro del alcance general de su cargo, y al gestionar la pronta expedición de los certificados lo hacía en su capacidad oficial.

El precepto constitucional que garantiza al acusado la presunción de inocencia exige que toda convicción siempre esté sostenida por prueba que establezca más allá de duda razonable todos los elementos del delito y la conexión del acusado con los mismos. () Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981); Pueblo v. Picó Vidal, 99 D.P.R. 708, 713 (1971); Pueblo v. Laboy Díaz, 90 D.P.R. 187, 189 (1964); Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456, 466 (1962); Pueblo v. Cruz Granados, 116 D.P.R. 3, 26 (1984). (Opinión separada del Juez Asociado Señor Negrón García.) Esto no quiere decir que toda duda posible tenga que ser des-truida y “que la culpabilidad del acusado tenga que estable-cerse con certeza matemática, sino que la evidencia” establez-ca “aquella certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón. Duda razonable es una duda fundada, producto del raciocinio de todos los elementos de juicio en-vueltos en el caso. No debe ser pues, una duda especulativa o imaginaria”. Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior, op. cit., pág. 42; Pueblo v. Gagot Mangual, 96 D.P.R. 625, 627 (1968).

Evaluada y ponderada cuidadosamente toda la prueba, concluimos que la misma demostró más allá de duda razona-ble que el acusado apelante ofreció y dio a Heriberto Pellicier, funcionario público adscrito al Registro Demográfico, dinero para que expidiese fuera del trámite dispuesto por ley, un certificado de nacimiento a nombre de José A. Bagué.

Por último, el Procurador General plantea en su in-forme que la sentencia impuesta por el tribunal de instancia en el caso de autos es menor a la mínima legalmente permi-tida en los Arts. 209 y 212 del Código Penal para el delito de oferta de soborno. La Regla 185 de las de Procedimiento Criminal dispone que el “tribunal sentenciador podrá corregir una sentencia ilegal en cualquier momento”. Es en ese foro ante el cual el Procurador debe hacer su planteamiento, por lo que no ejerceremos nuestra jurisdicción para entender sobre el mismo.

Por no haberse cometido los errores apuntados, procede la confirmación de la sentencia apelada.

      (DEn la acusación se alega que:
      “El referido acusado, JOSE ANTONIO BIGIO PASTRANA, allá en o para el día 2 de noviembre de 1983 en Santurce, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente, dio por medio de Emiliano Rivera Correa a Heriberto Pellicier Cintrón, que es . . . funcionario público ads-crito a la División de Registro Demográfico del Departamento de Salud, dinero o beneficio con el fin de que realizara el acto de expedir un Certifi-cado de Nacimiento a favor de José Antonio Bagué Ramos, que es un acto regular de su cargo o función.”
      También se juró denuncia contra el señor Heriberto Pellicier Cintrón por el delito de soborno. Art. 209 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 4360. Celebrada la vista preliminar contra éste, el tribunal determinó que no había causa probable para acusar. Esa vista se efectuó en un procedimiento sepa-rado al del apelante.

      (2) Además del testimonio del agente Velázquez, como prueba de cargo fueron sometidos y admitidos en evidencia nueve exhibits. Éstos son:
      1. Certificado de Nacimiento de Ariz R. Velázquez Loperena.
      2. Certificado de Nacimiento de José A. Bagué Ramos.
      3. Declaración Jurada prestada el 10 de noviembre de 1983 por Emi-liano Rivera Correa.
      4. Querella presentada ante el N.I.E. por la señora Rosario Rivera.
      5. Comunicación del 1 de noviembre de 1983 suscrita por el agente Ve-lázquez, en la cual informa al Ledo. Tomás Colón Vázquez, Director Interino del N.I.E., sobre su labor de encubierto efectuada los días 29 y 30 de octubre de 1983.
      6. Comunicación del 2 de noviembre de 1983 del agente Velázquez, en la cual informa al licenciado Colón Vázquez sobre su labor de encu-bierto efectuada el 1 de noviembre.
      7. Comunicación del 4 de noviembre de 1983 suscrita por el inspector Bagué, en la cual informa al licenciado Colón Vázquez sobre su labor de encubierto efectuada el 1 de noviembre de 1983.
      8. Comunicación del 4 de noviembre de 1983 dirigida al Ledo. Tomás Colón Vázquez sobre la labor de encubierto de 2 de noviembre de 1983.
      9. Comunicación del 16 de noviembre de 1983 dirigida al Ledo. Juan Corchado Juarbe sobre informe de querella 287-83.

      (3)Ésta dispone que la acusación habrá de ser desestimada cuando la causa o alguna controversia esencial a la misma es cosa juzgada.

      (4) Desde las Partidas se sancionaba con todo rigor este delito. E. Cue-llo Calón, Derecho Penal, 14ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1975, T. II, Vol. 1, pág. 439. La Novísima Recopilación también tipificó este tipo de conducta. Novísima recopilación de las leyes de España, Madrid, Ed. Boletín Oficial del Estado, 1976, T. V, Libro XI, Tit. I, Ley VII, pág. 171.

      (5)En Puerto Rico como en otros países se quiso proveer al estado con las herramientas jurídicas más modernas para combatir la corrupción en el Gobierno y evitar el uso de facilidades e información del Gobierno para el beneficio de un funcionario o de un tercero. Véase la sección de Delitos contra la Función Pública del Código Penal de 1974, 33 L.P.R.A. see. 4351 et seq.; M. López-Rey y Arrojo, Estudio penal y criminológico del proyecto oficial de Código Penal de 1967 para Puerto Rico, Comisión de Derechos Civiles, 2da ed. rev., San Juan, Ed. Graficart Corp., 1969.

      (6)E1 Art. 209 del Código Penal dispone:
      “Todo funcionario o empleado público, o jurado, o árbitro, o cualquier persona autorizada en ley para oír o resolver alguna cuestión o controversia, que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o aceptare una proposición en tal sentido, por realizar un acto regular de su cargo o función, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de nueve (9) años. De mediar cir-cunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo, de quince (15) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.” (Énfasis suplido.) 83 L.P.R.A. see. 4360.
      La modalidad del delito de oferta de soborno por la cual se acusa al apelante, corresponde a la tipificada en el Art. 82 del Código Penal dero-gado, 33 L.P.R.A. see. 272, el cual a su vez tuvo su origen en la See. 67 del Código Penal de California. Véase Código Penal de Puerto Rico de 1974 comentado, publicado por el Departamento de Justicia e Historial del Art. 82 del Código Penal derogado.

      (7)E1 Art. 391 del Código Penal español prohíbe el cohecho activo de la siguiente manera:
      “Los que con dádivas, presentes, ofrecimientos o promesas corrompie-ren o intentaren corromper a los funcionarios públicos, o aceptaren sus soli-citudes, serán castigados con las mismas penas que éstos, menos la de inha-bilitación.”

      (8)En el inciso (6) del Art. 7 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3022, se define el término “beneficio” como “[c]ualquier provecho, utilidad, ven-taja, lucro, o ganancia, [y] no est[á] limitado el término a una ganancia pecuniaria o material, sino que denota cualquier forma de ventaja”. Véase Pueblo v. Luzón, 113 D.P.R. 315, 320 (1982).

      (9)El inciso (16) del Art. 7 del Código Penal define el término “fun-cionario o empleado público” como “[t]oda persona que ejerza un cargo o desempeñe una función retribuida o gratuita, permanente o temporal, en virtud de cualquier tipo de nombramiento, contrato o designación, para la rama legislativa, ejecutiva o judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o cualquiera de sus municipios, agencias o corporaciones públicas, sub-divisiones políticas y demás dependencias públicas”.

      (10)E1 arma más poderosa contra los que aprovechan sus posiciones y privilegios gubernamentales para su propio beneficio es la opinión pública. Los tribunales ejercen una función importante tanto punitiva como preven-tiva en los esfuerzos colectivos por erradicar la corrupción gubernamental. Sin embargo, el alcance de nuestros esfuerzos es limitado y tenemos que actuar con prudencia, pero con firmeza, al desempeñar nuestras funciones.
      “In the last analysis, it is not the sanctions of the state, but the disciplined transformation of society to new ends and purposes, that can have a really lasting effect on corruption.” XI International Encyclopedia of the Social Sciences 275 (1968).

      (11)La Regla 10(H) de las de Evidencia dispone:
      “Cualquier Hecho en controversia es susceptible de ser demostrado me-diante evidencia directa o mediante evidencia indirecta o circunstancial. . . . Se entiende por evidencia indirecta o circunstancial aquella que tiende a demostrar el hecho en controversia probando otro distinto, del cual —en unión a otros hechos ya establecidos— puede razonablemente inferirse el hecho en controversia.” 32 L.P.R.A. Ap. IV, R. 10. Hemos resuelto que una convicción puede estar válidamente sostenida por evidencia indirecta o cir-cunstancial, siempre y cuando la culpabilidad del acusado quede establecida fuera de duda razonable. Pueblo v. Picó Vidal, 99 D.P.R. 708, 713 (1971); Pueblo v. Salgado Velázquez, 93 D.P.R. 380, 383 (1966); Pueblo v. Rivera Antuna, 88 D.P.R. 630, 635 (1963).

      (12) Existe un preponderante interés público que en casos en que se estén ventilando hechos relacionados a un acto de corrupción gubernamental o intento de corromper a un funcionario público, el Ministerio Fiscal ponga el mayor de los esfuerzos y lo mejor de sus habilidades al desempeñar su deber de procesar a los delincuentes. Lo sensitivo del interés protegido, y el cual es transgredido cada vez que se comete un acto de corrupción, le impone a los representantes del Pueblo de Puerto Rico la responsabilidad ineludi-ble de obtener y presentar toda la prueba de que puedan legalmente valerse para establecer más allá de duda razonable la culpabilidad de las personas que se les imputa haber violado la ley. Tal deber no ha de ser evadido en ánimo de escoger el camino más sencillo y corto para la disposición final de los casos ante los tribunales. El costo social, consecuencia de tal conducta, puede resultar insufragable.