text:
    Arnaldo Pol Sella, demandante y recurrente, v. Aurea Lugo Christian y Arnaldo Lugo o Arnaldo Pol, de-mandados y recurridos.

      Número: R-78-161

      Resuelto: 18 de septiembre de 1978

      Hernán Longoria, abogado del recurrente; Apolo Garda VHo-nor a, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Este pleito concierne a la finalidad de la determinación de paternidad que por disposición del Art. 263 del Código Penal (hoy Art. 158 del Código Penal de 1974) hace el juez senten-ciador en los casos por abandono de menores. El carácter ex-clusivamente penal que hasta ahora se ha venido atribuyendo a esta denuncia la sujeta a los efectos del Art. 2 del antiguo Enjuiciamiento Civil en su provisión de que “cuando la viola-ción de un derecho permita el ejercicio de ambas acciones, la civil y la criminal, el derecho de ejercer la una no impide el derecho de ejercer la otra.” (32 L.P.R.A. see. 2.) La vigente situación procesal deja en precario la sentencia del caso criminal, aún después de haber ésta alcanzado la calidad de final y firme, disminuye el valor de la absolución del padre denunciado a pesar de fundarse la misma en los méritos de la prueba que excluye la paternidad; y para el llamado hijo natural que prevalece, obligado a revalidar su filiación en un se-gundo día en corte, representa un residuo del fardo histórico que por generaciones abrumó su debilidad y desamparó y en-torpeció el reclamo de su derecho.

El recurrente Pol Sella fue procesado ante el Tribunal de Distrito, Sala de San Germán, por el delito de abandono de menores bajo el entonces vigente Art. 263 del Código Penal (33 L.P.R.A. see. 991) () en que se le imputaba la paterni-dad del menor Arnaldo Lugo, nacido el 15 de noviembre de 1972. Después del juicio el tribunal encontró al acusado culpable y dictó sentencia imponiéndole 60 días de cárcel, la cual suspendió a condición de que el convicto suministrara a su hijo una pensión alimenticia de $15.00 semanales. El acusado apeló al Tribunal Superior que desestimó su recurso por no ajustarse a la Regla 216 de Procedimiento Criminal, () y de dicha decisión recurrió a este Tribunal Supremo que denegó certiorari el 19 de abril de 1974. El juez de primera instancia en cumplimiento del citado Art. 263 del Código Penal, inciso (f), dictó orden y resolución sobre su determinación de pa-ternidad que remitió al Registro Demográfico, en el cual Ar-naldo Lugo quedó inscrito como hijo de Arnaldo Pol Sella.

Ya final y firme la sentencia, en mayo de 1976 el padre presentó demanda titulada “acción civil” ante la Sala de Mayagüez contra Arnaldo Pol Lugo y su señora madre en la que pide una determinación de que él no es padre del referido menor de edad y que se elimine su nombre de la inscripción practicada en el Registro Demográfico. () A esta demanda opusieron los demandados la defensa de cosa juzgada, y al de-sestimar la acción civil la sala de instancia ahora por voz de su Juez Waldo Santiago fundamentó su decisión así:

. . Permitir la presente acción judicial — atendido el marco de referencia fáctico y jurídico consignado en el curso de ésta— tendría el efecto de derrotar los fines de la justicia y el interés del Estado en la disposición final y terminación de los litigios. G.A.C. Finance Corp. v. Rodríguez, 1974, 102 D.P.R. 213. De nada puede quejarse el demandante, pues tuvo su día en corte e hizo el uso máximo de los recursos apelativos y de revisión a su disposición León v. Colón, 42 D.P.R. 22. El presente pleito im-presiona como un sustituto del remedio de apelación que agotara el demandante y que le resultara adverso. Ello no es permitido. O. Parés, Inc. v. Galán, 98 D.P.R. 772. Habiendo sido ya con-sagrada oficialmente la filiación del menor a que se refiere la presente acción, no existe controversia ni incertidumbre en tal sentido a ser resuelta en una acción civil y por el contrario el permitirse podría en su relitigación resultar académica o crear un estado de incertidumbre y/o controversia que al presente no existe.”

Expedimos el auto de revisión por el aparente conflicto de la sentencia recurrida con la siguiente doctrina de Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 567 (1945):

“Escasamente tenemos que añadir que una sentencia en un caso criminal, aun en cuanto a los hechos necesariamente deter-minados en el mismo, no es impedimento (bar) por el funda-mento de cosa juzgada a una acción civil posterior basada en los mismos hechos. Lo contrario es desde luego igualmente cierto. La doctrina no podría aplicarse en dichas situaciones debido a la diferencia en las partes y en el grado de la prueba requerida en casos civiles y criminales. [Citas.] Aquí la absolución en el primer caso criminal no operaría por ejemplo en el sentido de que la cuestión de paternidad sea cosa juzgada en una acción civil posterior de filiación.”

El Art. 263 del Código Penal sufrió una transformación radical por Ley Núm. 10 de 16 mayo, 1966 (33 L.P.R.A. see. 991) que lo convirtió en precepto de carácter mixto penal y civil. Hasta entonces era sanción por el acto de negar los alimentos a un hijo, sin excusa legal y la prueba de paternidad se requería sólo para establecer uno de los elementos del delito. La modificación de 1966 amplió el ámbito y el propósito del citado artículo incorporando un procedimiento en el cual la paternidad probada crea un nuevo estado civil del menor y una filiación que se anota en el Registro Demográfico. Por el inciso (h) del citado artículo se concedió al Tribunal de Distrito jurisdicción concurrente con el Tribunal Superior “a los efectos de determinar la paternidad”; y por el inciso (f) se equiparó el procedimiento, en el eficaz ejercicio de esa jurisdicción, al de la tradicional acción civil filiatoria, en su mandato de que una vez firme la sentencia el Tribunal de Distrito “dictará orden acompañada ... de la determinación de paternidad hecha por el juez, dirigida al encargado del Registro Demográfico, para que proceda a inscribir al menor como hijo del acusado con todos los demás detalles requeridos por el acta de nacimiento, para todos los efectos,” (Énfasis suplido.)

El historial legislativo destaca el nuevo perfil de acción civil impartido al Art. 263 por dicha Ley Núm. 10 de 1966 y que se manifiesta en la disposición fundamental que con-fiere al Tribunal de Distrito jurisdicción concurrente con el Superior para determinar paternidad, un concepto que ya para 1963 Ocasio v. Díaz, infra, había equiparado jurídica-mente al de filiación. Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes, Servicio Legislativo de Puerto Rico 1966 Núm. 2, pág. 107.

Desde su reforma en 1966 dejó de ser el Art. 263 del Código Penal objeto de la norma de dualidad de ejercicio en las esferas penal y civil. Desde entonces la determinación de paternidad a tenor de dicho precepto tiene el valor y la autoridad de la filiación ganada en la acción civil clásica ante el Tribunal Superior. Cuando se resuelve Pueblo v. Lugo, supra, en 1945, manteniendo la separación e independencia de las acciones, el Art. 263 del Código Penal no generaba consecuencia alguna en el estado civil del menor por ser ésta provincia exclusiva de la acción civil filiatoria a tenor del Art. 125 del Código Civil y de la Ley Núm. 229 de 12 mayo, 1942 (31 L.P.R.A. sees. 501-504). Existía una patente diferenciación técnica entre la “paternidad”, elemento integrante del delito de abandono de menores; y la “filiación” regulada puntillosamente en sus requisitos de prueba, a saber, escrito indubitado del padre, posesión continua del estado de hijo natural, concubinato y prueba “auténtica” de paternidad. La Constitución de 25 de julio de 1952 y la “Ley para establecer la igualdad de derechos de los hijos”, que es la Ley Núm. 17 de 20 de agosto, 1952 abolieron toda diferencia conceptual entre filiación y paternidad. Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676 (1963). En Ocasio declaramos derogados los requisitos de prueba del Art. 125 del Código Civil e inoperante toda ley o sentencia que restrinja o reduzca el derecho dimanante de la condición de hijo. Desapareció el absurdo de una declaración de paternidad sin más consecuencia jurídica que el pago de una pen-sión alimenticia. Sostuvo este Tribunal en Ocasio que “carece de validez toda disposición estatutaria y toda sentencia, de-creto o fallo judicial que ... únicamente le conceda, reconozca o atribuya al estado de hijo de un ser humano, nada más que parte de los derechos unitarios de que disfruta el hijo llamado legítimo” y que “si procede declararse comprobado satisfac-toriamente el hecho de la paternidad, el estado de hijo debe reconocerse a todos los efectos legales, es decir, con los mismos derechos que tiene un hijo legítimo, sin excepción o limita-ción alguna.” ( ) Ibid., págs. 732-733.

Hay, por tanto, en la acción civil que ahora revisamos, identidad de causa con la promovida en el llamado caso criminal. () La distinción de mayor relieve entre la acción civil y la criminal reside en el diferente grado de prueba exigido para una determinación. Toda razón favorece la defensa de cosa juzgada cuando ha habido convicción en un proceso criminal previo o se ha rechazado la paternidad por sentencia en el pleito civil. En ambos casos la determinación judicial previa es digna de la calidad de cosa juzgada toda vez que a ella se llegó satisfaciendo el peso de la prueba en las circunstancias más favorables a la parte contra quien se invoca. La paternidad del recurrente Pol Sella fue adjudicada más allá de toda duda razonable. Sería no sólo inconsistente con el principio de finalidad, sino empresa fútil permitirle atacar aquella determinación en una acción civil donde sólo la preponderancia de la prueba basta. (j

Podría llegarse también a la conclusión de que hay identidad entre las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron si consideramos que la parte realmente interesada tanto en la declaración de estado civil que comprende el Art. 263 del Código Penal, como en la nueva acción impugnatoria de la paternidad, lo es el menor Arnaldo Pol Lugo. En el caso por abandono de menores y específicamente en el procedimiento dirigido a establecer la paternidad, el Estado no suplanta al menor como parte,!) sino que actúa en auxilio y para beneficio de éste, figura que también se da, entre otros casos, en la subrogación del Administrador del Fondo del Seguro del Estado en favor del obrero lesionado por un tercero; en las reclamaciones de salarios del Secretario del Trabajo para beneficio del trabajador; en la acción de triple daño por el Administrador de Servicios al Consumidor en provecho del inquilino y del propio Estado autorizada por el Art. 8 de la Ley de Alquileres Razonables (17 L.P.R.A. see. 188); y en la interposición del quo warranto a instancias del relator. (32 L.P.R.A. sec. 3392.)

El ámbito de impacto del principio de cosa juzgada se ha extendido a la par con el contemporáneo énfasis en la política de obtener una adjudicación final de los litigios con razona-ble prontitud y limitación de costos. “Indudablemente, si una sentencia careciera de finalidad respecto al objeto de sus de-terminaciones, el proceso adjudicativo fracasaría en su fun-ción social de resolver disputas.”!) La expansión del con-cepto de identidad de partes más allá de la regla de mutuali-dad fue reconocida por el Juez Traynor desde 1942 al ex-presar: “Las exigencias del debido proceso de ley prohíben la alegación de cosa juzgada contra una 'parte ... a menos que ésta fuere parte original o se hallare en relación mutua {privity) con otra .... No hay razón apremiante, sin embargo, para requerir de la parte que promueve la alegación de cosa juzgada que haya sido a su vez parte, o partícipe en mutualidad con otra en el pleito anterior.” (Énfasis nuestro.) Bernhard v. Bank of America Nat. Trust & Sav. Ass’n, 19 Cal.2d 807, 812; 122 P.2d 892, 894 (1942).

También sería obstáculo a la acción civil del recurrente la regla de estoppel colateral por sentencia, toda vez que está impedido de relitigar el hecho de la paternidad, ex-plícitamente promovido y adjudicado en el caso por abandono de menores. Pereira v. Hernández, () 83 D.P.R. 160, 166 (1961); Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631, 636 (1954).

Se propicia una mejor administración de justicia con un procedimiento orientado hacia la integración contrapuesta a la fragmentación, principio este que gobierna las Reglas, y que este Tribunal ha ampliado en decisiones recientes admitiendo en el pleito civil por daños la sentencia recaída en el caso criminal relacionado (Toro Lugo v. Ortiz Martínez, 105 D.P.R. 229 (1976)); prohibiendo la ulterior discusión de la validez de una orden de allanamiento en caso distinto si anteriormente se había decretado su nulidad (Pueblo v. Ortiz Marrero, 106 D.P.R. 140 (1977)) y reconociendo en la absolución dictada en el caso criminal virtualidad excluyente de la confiscación (Carlo v. Secretario de Justicia, 107 D.P.R. 356 (1978)). La excepción de cosa juzgada, como la de impe-dimento colateral, imparte a la sentencia la eficacia y auto-ridad que constituyen una suprema exigencia del orden y de la seguridad que han de imperar en la vida social, de peculiar valía en la cuestión de paternidad cuya cualidad especial de indivisible se opone a la existencia de fallos contradictorios. Cf. Sentencia del Tribunal Supremo de España 7 julio, 1943: Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975).

El estado actual de procedimiento brinda al menor de edad reclamante de filiación y alimentos una dualidad de remedios integrada por la acción civil ordinaria bajo el Art. 125 del Código Civil, según modificado por legislación de 1942 y 1945 (31 L.P.R.A. sees. 501-504), y la denuncia por abandono de menores, redesignado el delito hoy como “Incumplimiento de la obligación alimenticia.” (Art. 158, Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4241).) En el primer caso puede prevalecer por preponderancia de prueba; en el segundo, deberá derrotar la presunción de inocencia, excluyendo la duda razonable.

El recurrente alega que no incurrió en temeridad al de-ducir esta acción civil, y así lo estimamos pues descansó en el Art. 2 del Enjuiciamiento, y en la doctrina de Pueblo v. Lugo, supra, en parte sostenida en López Rivera v. Matos, 101 D.P.R. 740, 750 (1973), radicalmente variada en esta opinión.

Se dictará sentencia eliminando la condena en honorarios de abogado. Así modificada, la de instancia será confirmada.

      O Art. 263, Código Penal de 1937
      “(a) Todo padre o madre qne voluntariamente y sin excusa legal de-jare de cumplir con la obligación que la ley le impone de proveerles ali-mentos a sus hijos, incurrirá en delito menos grave.
      “(b) Cuando la paternidad se acepte por el denunciado ante el Tribunal antes de comenzar el juicio, o cuando no esté en controversia, se celebrará el juicio, y de resultar el denunciado culpable de abandono, el Tribunal fijará mediante resolución una suma razonable por concepto de alimentos, apercibiendo al acusado que el incumplimiento de dicha resolu-ción, sin excusa legal, podrá ser castigado como un desacato civil.
      “(c) Cuando se niegue la paternidad, el Tribunal dará un plazo de no más de diez (10) días al acusado para que conteste la alegación al efecto, e inmediatamente celebrará un juicio en el cual se seguirán las reglas para la presentación de evidencia vigentes. Dentro del quinto día de haberse oído la prueba el juez resolverá sobre la paternidad y de resultar probada ésta, levantará un acta al efecto y dictará la resolución correspondiente fijando, además, la cuantía que por concepto de alimentos deberá proveerle al hijo.
      “(d) Luego de los procedimientos preliminares que se establecen en los dos incisos anteriores, el caso continuará ventilándose a base de las alega-ciones de abandono y el fallo recaerá sobre este extremo. El Tribunal ten-drá discreción para suspender los efectos de la sentencia si lo creyere nece-sario para el bienestar del menor. Del fallo adverso sobre paternidad y so-bre abandono el acusado podrá apelar en un solo acto. Las vistas sobre estos casos tendrán preferencia en los calendarios de los Tribunales de Apelación.
      “(e) La apelación para ante el Tribunal Superior de cualquier senten-cia u orden dictada bajo esta sección, no suspenderá los efectos de la reso-lución ordenando el pago de alimentos; Disponiéndose, que en tal caso de apelación el acusado vendrá obligado a depositar en la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior para ante el cual se haya apelado las cuantías fijadas por concepto de alimentos, pero no se dispondrá de éstas hasta que recaiga el fallo en dicha Sala. Si el acusado dejare de cumplir con la consignación dispuesta, el Tribunal desestimará la apelación.
      “ (f) Cuando fuere firme la sentencia, el Tribunal dictará orden acom-pañada de copia certificada del acta de aceptación de la paternidad o de la determinación de paternidad hecha por el juez, dirigida al encargado del Registro Demográfico, para que proceda a inscribir al menor como hijo del acusado con todos los demás detalles requeridos por el acta de nacimiento, para todos los efectos.
      “(g) En todas las acciones por infracciones a esta sección, incluso en las vistas sobre incumplimiento de la orden de alimentar, el interés público estará representado por un fiscal de distrito, su auxiliar o cualquier fiscal especial designado por el Secretario de Justicia, su auxiliar, o un fiscal especial privado designado según dispone la see. 102 del Título 3 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.
      “(h) A los efectos de determinar la paternidad, el Tribunal de Dis-trito tiene jurisdicción concurrente con el Tribunal Superior de Puerto Rico.”
      El delito se define y sanciona en el Art. 158 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. see. 4241) siguiendo el mismo procedimiento ordenado del anterior Art. 263, bajo el nuevo nombre de “Incumplimiento de la obliga-ción alimenticia.”

      (2)A1 denegar la moción de reconsideración del apelante el Juez Viz-carrondo Vivas (Mayagüez) se expresó así: “Solo nos resta decir que la prueba resumida en la relación del caso sostiene ampliamente la determina-ción de paternidad y la sentencia condenatoria dictada, aunque considerando la conducta contumaz del acusado entendemos que el Tribunal recurrido de-bió haber impuesto una sentencia más severa al acusado.” En consecuencia aumentó de 60 días, a 6 meses la pena de reclusión.

      (3)E1 conciso texto de la demanda comprende las siguientes alega-ciones :
      “Que la demandada Aurea Lugo Christian es mayor de edad y madre con patria potestad y custodia sobre el co-demandado menor de edad Ar-naldo Lugo o Arnaldo Pol.
      “Que en el Registro Demográfico de San Germán, Puerto Rico, se ha inscrito el nacimiento del co-demandado niño Arnaldo Lugo por la deman-dada Aurea Lugo Christian donde se ha consignado que el padre de dicho niño es el demandante Arnaldo Pol Sella.
      “Que dicho niño no es hijo del demandante Arnaldo Pol Sella por lo que la constancia obrante en el acta de nacimiento de dicho niño en el sen-tido de que el demandante es su padre es contraria a los hechos y a derecho.
      “Que el demandante expresamente impugna la paternidad de dicho niño por lo que de este Hon. Tribunal suplica que en su día y previo los trámites de ley al efecto se sirva declarar que el demandante no es el padre del co-demandado menor Arnaldo Lugo o Arnaldo Pol y se ordene al Señor Registrador Demográfico General de Puerto Rico que elimine del acta de nacimiento de dicho niño el nombre del demandante como padre del menor para todos los efectos de ley pertinentes.”

      (4) Coincide con la frase “para todos los efectos” que gobierna la ins-cripción del menor como hijo del acusado, ordenada por el Art. 263 (f) del Código Penal de 1937.

      (5)Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquél en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. Art. 1204 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3343).

      (®) No es necesario resolver ahora sobre el valor de res judicata de la absolución de un padre en el caso criminal que puede deberse a no haber la prueba alcanzado el grado que derrota la presunción de inocencia y ex-cluye toda “duda razonable” sobre la paternidad, y que hubiese producido un resultado distinto de haber sido la evidencia evaluada bajo la norma de preponderancia de prueba que gobierna la acción civil.

      (7)E1 antes mencionado Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara dice que “el propósito de la medida es el de crear el procedimiento que debe seguirse en los Tribunales de Distrito . . . creando mecanismos auxiliares para establecer la paternidad y la cuantía de alimentos”, reme-dio típicamente civil de interés personal del menor, a diferencia de la acción punitiva típica del campo penal.

      (8) Prof. David P. Currie, Res Judicata: The Neglected Defense, 45 U. Chi. L. Rev., No. 2, pág. 325 (1978).

      (9) “Cuando un hecho esencial para el pronunciamiento de una senten-cia se dilucida realmente y se determina por una sentencia válida y final, tal determinación es concluyente en un segundo pleito entre las mismas partes aunque estén envueltas causas de acción distintas. Esta doctrina del impedimento colateral ha sido aplicada en varias acciones, [citas].” Ibid., pág. 166.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Francisco Castillo Torres, acusado y apelante.

      Número: CR-78-26

      Resuelto: 25 de septiembre de 1978

      Carmen Ana Rodriguez Maldonado, abogada del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Rons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Con frecuencia se nos pide que revoquemos una sentencia alegándose que el fiscal no fue diligente. En este caso se nos solicita la revocación porque lo fue.

A la fecha de los hechos el apelante estaba preso en la penitenciaría estatal cumpliendo dos sentencias por dos de-litos graves; una por asesinato en segundo grado y la otra por mutilación. Su esposa fue a visitarlo a la penitenciaría y allí la degolló con una navaja, matándola. Por estos hechos fue convicto por jurado de asesinato en primer grado. Tam-bién fue convicto por violación al Art. 4 de la Ley de Armas, Ley Núm. 17 de 19 de enero de 1951; 25 L.P.R.A. see. 414. Hubo testigos oculares. Los hechos no están en controversia.

La defensa plantea las siguientes dos cuestiones:

(1) Que erró la Sala de instancia al permitir que el fiscal si-guiera con un testigo de defensa “una línea de interrogatorio no cubierta por el examen directo.”
(2) Que erró al admitir prueba sobre el examen siquiátrico practicado al apelante el 3 de septiembre de 1964 (el día después de los hechos) por ser dicho examen ilegal por haber sido orde-nado por el fiscal sin tener éste facultad para ello.

No se cometió el primer error señalado. Como se sabe, se puede interrogar sobre hechos relacionados con situaciones o hechos mencionados en el examen directo. Art. 517, Código de Enjuiciamiento Civil (Ley de Evidencia), 32 L.P.R.A. see. 2147; Pueblo v. Claudio, 93 D.P.R. 133, 136-137 (1966). El examen mental del apelante efectuado el día siguiente de los hechos tiene relación directa con su historial clínico siquiátrico, que era el tema sobre el cual declaraba el testigo.

Un cambio en el orden de la prueba, excepto cuando prive en forma claramente perjudicial de un derecho legal o constitucional específico al acusado, no es razón para revocar. Aun cuando se trate de hechos no relacionados, que normal-mente deben traerse en la etapa de refutación, los tribunales tienen facultad discrecional para alterar el orden de la prueba, si no se cae en el vicio antes señalado. Estamos más interesados en los méritos de los casos que en las meras artes de la esgrima forense. Buscamos justicia y no brocárdicos. Véase también Pueblo v. Nicole, 71 D.P.R. 866, 874 (1950). En el mismo tenor véase United States v. Scott, 98 S.Ct. 2187; 57 L.Ed.2d 65 (1978); 46 L.W. 4653. En aquella ocasión el tribunal inferior se basó en United States v. Jenkins, 420 U.S. 358 (1975), pero el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en este caso de Scott, supra, declaró que Jenkins había sido decidido erróneamente y lo revocó. Aunque en Scott la situación fáctica era distinta a la del caso de autos la posición jurídica y moral que el Tribunal tomó es acorde con la que aquí expresamos nosotros. Salvadas las formas honestamente pero sin sutilezas y excesos frívolos lo deter-minante son los hechos y la ley. En ausencia de perjuicio sus-tancial no vemos nada objetable en la práctica de evitar que un testigo ocupe la silla testifical dos veces, especialmente cuando se trata de un perito cuyo tiempo de ordinario es más costoso que el de los testigos corrientes.

En cuanto al segundo señalamiento conviene aclarar que el problema de la incapacidad mental del acusado se tipifica en la ley en por lo menos en dos situaciones distintas, las cuales aparentemente el apelante confunde. La primera envuelve la incapacidad del acusado al momento de realizar, esto es, de hacer real, de llevar a cabo, los hechos. Concretan esta situación los Arts. 39, apartado 4, del Código Penal de 1937; 33 L.P.R.A. see. 85(4) y el Art. 30 del Código Penal vigente; 33 L.P.R.A. see. 3152.

La incapacidad que contempla la Regla 240 de Procedi-miento Criminal es la que puede darse “en cualquier momento después de presentada la acusación o denuncia [lo cual im-plica que ya se han cometido los hechos y se han considerado delictivos] y .... si el Tribunal tuviere base razonable para creer que el acusado está mentalmente incapacitado.” (Bas-tardillas nuestras.) En cuyo caso el tribunal suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el es-tado mental del acusado. Nótese que aquí la situación es dis-tinta. La primera situación que describimos se refiere al mo-mento en que el acusado comete los hechos delictivos. La segunda situación, que es la contemplada por la Regla 240 de Procedimiento Criminal, se refiere a la capacidad mental del acusado al momento de ser sometido a juicio. Ambas situa-ciones son importantes, pero la primera es la más fundamental porque, en definitiva la responsabilidad criminal y civil del acusado dependerá de si al cometer los hechos estaba o no en uso de razón. De ahí nace su intención criminal y de ahí surge su responsabilidad penal.

Como dijimos, la segunda situación, comprendida en la citada Regla 240, se da cuando el acusado, ya cometidos los hechos y ya presentada la acusación o denuncia va a ser sometido al proceso penal. Si en ese momento, cuando va a ser procesado, el tribunal creyese que el acusado está mental-mente incapacitado suspenderá los procedimientos y señalará una vista para determinar el estado mental del acusado a esa fecha.

Consciente el fiscal en este caso de que el acusado tenía récord clínico y consciente de la importancia de determinar si estaba o no mentalmente incapacitado el acusado al cometer el asesinato por el cual se le iba a acusar, actuó diligentemente, en protección tanto de los derechos del Estado como de los derechos del propio acusado, al ordenar que el Comité de Siquiatría Forense del Hospital de Siquiatría del Gobierno de Puerto Rico examinase al acusado al día siguiente de los hechos.

Como señala el tratadista Harland M. Goulett en su The Insanity Defense in Criminal Trials (1975), págs. 29-30, los fiscales con frecuencia esperan a que se levante la defensa de locura para solicitar el examen del acusado, pero si trans-curren varias semanas entre la fecha de la comisión de los hechos y el momento en que se levanta la defensa de locura, el fiscal debe obtener una evaluación siquiátrica mucho antes.

Los facultativos están de acuerdo, sigue diciendo dicho autor, en que mientras más tiempo pase entre el día de los hechos y el examen siquiátrico, más difícil se hace llegar a una conclusión confiable sobre el estado mental del acusado al momento en que cometió los hechos. Señala el autor que un examen practicado inmediatamente después de cometidos los hechos es mucho más confiable que un examen hecho bastante tiempo después.

Es fácil ver que mientras más temprano se lleve a cabo el examen más fácil será para los siquiatras llegar a conclusio-nes científicas confiables sobre el estado mental del acusado. Pretender que el Estado no pueda ordenar dicho examen hasta que la defensa plantee la cuestión de la locura o hasta que el tribunal lo plantee el día del juicio, lo cual puede ocu-rrir meses o años después de la fecha de la comisión de los hechos delictivos, sería establecer un obstáculo innecesario, irracional y perjudicial que entorpecería el debido funciona-miento del sistema judicial y la debida aplicación de la ley. El Estado no tiene que esperar a que la defensa, pasados los meses o los años, se decida a plantear la cuestión de la in-capacidad mental del acusado. Si es necesario para hacer jus-ticia el Estado puede tomarse la iniciativa y en este caso así lo era dada la naturaleza de los hechos y dado el historial clínico del acusado. Véase también State v. Freeman, 559 P.2d 152 (1976).

Pretender que la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe dicho examen es sencillamente reducir dicho texto al absurdo. No fue ésa ciertamente la intención de los autores de la Constitución de los Estados Unidos. Entre los propósitos que dichos autores tuvieron en mente al redactar la Constitución expresaron específicamente los de “establecer la justicia,” y “garantizar la tranquilidad nacional.” No hay nada en el texto de dicha enmienda quinta que sostenga lo contrario. Véase Frank Dudley Berry, Self-Incrimination and the Compulsory Mental Examination: A Proposal, 15 Ariz. L. Rev. 919-920 (1973). Lo mismo puede decirse de los hombres que redactaron la Constitución de Puerto Rico. Entre sus propósitos específicamente menciona-ron los de “promover el bienestar general,” y “asegurar . . . el goce cabal de los derechos humanos” — uno de cuyos dere-chos más importantes es el de la vida — y declararon como factores determinantes de la vida puertorriqueña “la fe en la justicia; la devoción por la vida esforzada, laboriosa y pa-cífica.” Si algún sentido tienen esas palabras y la Carta de Derechos que le precede es que la víctima del apelante tenía derecho a que todos sus derechos constitucionales, los mayo-res y los menores, no le fuesen arrebatados sin el mínimo de-bido proceso de ley por un navajazo.

En el caso de autos la prueba iba encaminada a inducir al jurado a creer que el apelante estaba mentalmente incapa-citado al cometer el delito. El fiscal desacreditó esa teoría cuando en el contrainterrogatorio del Dr. Valderrábano hizo a éste preguntas sobre el examen siquiátrico a que había sido sometido el apelante el día siguiente al día de los hechos. Como mencionamos antes, el examen fue practicado por el Comité de Siquiatría Forense y dicho Comité de facultativos concluyó que el día en que fue examinado el acusado no evi-denciaba síntomas sicóticos activos, que podía distinguir entre el bien y el mal y que estaba capacitado para ser sometido a juicio. También contestó el Dr. Valderrábano que en su opi-nión el acusado podía distinguir entre el bien y el mal el día anterior del examen, esto es, el día en que cometió el delito. Como puede verse, la acción del ministerio fiscal fue diligente y acertada. Los fiscales tienen el deber de promover los pro-cesos criminales, 3 L.P.R.A. see. 72, y el de procesar a los delincuentes, 3 L.P.R.A. see. 95. La acción impugnada en el segundo señalamiento está comprendida dentro de dichos de-beres si es que éstos han de ser entendidos con recta razón y si es que la ley ha de cumplirse. Cf. Meléndez v. Levitt & Sons of P.R., 104 D.P.R. 797, 804-810 (1976). No se cometió el segundo error señalado.

La sentencia apelada será confirmada.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué concurre en el resultado.


author: per curiam :

text:
    Montalvo & Comas Electric Corp., demandante y recurrida, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Cándido Colón Construction Corporation, American Fidelity Fire Ins. y Administración de Parques y Recreo Públicos, demandados y recurrentes las dos últimas; Puerto Rico Financial Corporation, tercera demandada.

      Números: R-78-278 R-78-227

      Resueltos: 28 de septiembre de 1978

      Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de la Administración de Parques y Recreo Públicos; Rúa, Mercado & González, abogados de la American Fidelity Fire Insurance Company, recurrente; Ramón Rosado Vela, abo-gado de Cándido Colón Construction Corporation; Calderón, Rosa Silva & Vargas y Harry Anduze Montano, abogados de Montalvo & Comas Electric Corp.
   per curiam :

La Administración de Parques y Recreo Pú-blicos (APRP), como dueña de obra, contrató con Cándido Colón Construction Corporation (“el contratista”) la cons-trucción del centro cultural y facilidades recreativas de de-terminada urbanización en Cabo Rojo. El contratista sub-contrató a su vez la instalación eléctrica de la obra con la de-mandante recurrida, Montalvo & Comas Electric Corporation, suplidor de materiales y mano de obra, a quien se le quedó a deber $5,873.32.

El suplidor demandó al Estado Libre Asociado, la APRP, al contratista y a American Fidelity Fire Insurance Co., la fiadora, para recobrar la deuda reclamada. El Tribunal Superior declaró con lugar la demanda contra la APRP, el con-tratista y la fiadora. Se desestimó la demanda contra el Es-tado Libre Asociado por haberse hecho las obras bajo el control de la APRP. Tomó el tribunal otras determinaciones sobre ciertas demandas contra coparte y contra tercero no envueltas en los recursos de autos. La fiadora y la APRP han acudido separadamente a este foro para solicitar la revisión de la referida sentencia.

El Recurso de la Fiadora (R-78-227).

American Fidelity expidió a solicitud del contratista una fianza por $23,413.50 a favor de la Junta de Planificación. Esta fianza, a la cual no se dio un nombre en específico, dis-pone en lo pertinente:

“WHEREAS, the above bounden Principal has entered into a certain written agreement with the above named obligee dated the 9th day of October, 1973, to wit:
‘To guarantee the construction of Cultural Center and Recreative facilities to serve at Urb. San Miguel Arcángel, Cabo Rojo, P.R.’
which agreement is hereby referred to and made a part hereof as fully and to the same extent as if copied at length herein for the purpose of explaining but not of varying or enlarging the obligation.

NOW, THEREFORE, the condition of the above obligation is such, that if the above bounden Principal shall well and truly keep, do and perform, each and every, all and singular, the matters and things in said agreement set forth and specified to be by the said Principal kept, done and performed, at the time and in the manner in said agreement specified and shall pay over, make valid and reimburse to the above named Obligee, all loss and damages which said Obligee may sustain by reason of failure or default on the part of the said Principal, then this obligation shall be void, otherwise to be and remain in full force and effect.”

El acuerdo de 9 de octubre de 1973 a que alude la fianza, entre el dueño y el contratista, no surge del expediente.

La fiadora alega ante nos que la sentencia de que recurre es errónea porque el único beneficiario de la fianza es la Junta de Planificación y porque la fianza prestada es de ejecución de obra {performance bond) y no de pago de la labor y ma-teriales (payment bond). Argumenta la fiadora que nuestra jurisprudencia establece que las fianzas deben interpretarse de manera restrictiva.

El primer planteamiento de la fiadora es claramente inmeritorio. En Cristy & Sánchez v. E.L.A., 84 D.P.R. 234, 243 (1961), resolvimos que en fianzas de obra pública el fiador le responde también al subcontratista o materialista. En A. L. Arsuaga, Inc. v. La Hood Const, Inc., 90 D.P.R. 104, 121 (1964), extendimos esta norma a las fianzas de construcción de obra privada, en ausencia de pacto expreso en contrario. El caso en que se funda la fiadora recurrente, Battle v. Pereyó, 67 D.P.R. 662 (1947), fue expresamente revocado por Cristy, supra, 244.

Es inexacta también la afirmación que el género de fianzas que nos concierne debe interpretarse restrictivamente. Los casos a este efecto se revocaron también en forma ex-presa en Cristy y Arsuaga.

El segundo planteamiento de American Fidelity de que la fianza prestada no cubre el pago de labor y materiales requiere consideración más detenida. En Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739 (1964), un materialista demandó, entre otros, a una compañía de seguros bajo una fianza de ejecución de obra. Al igual que en el caso de autos, la fiadora asumió responsabilidad por el fiel cumplimiento por el contratista del contrato de empresa. En ese contrato se comprometía el contratista a pagar la labor y los materiales suplidos. Resolvimos que el nombre de la fianza no es deter-minante y que la fiadora le respondía al materialista.

No se nos ha puesto en condiciones de determinar si es aplicable la doctrina de Ulpiano Casal a los hechos de la actual controversia. Ignoramos el contenido del contrato de obra y de las condiciones generales y especiales que puedan haber sido acordadas.

Quedan otros aspectos por aclarar. Las disposiciones reglamentarias generales sobre los contratos de obras públicas exigen, 22 R.&R.P.R. see. 46-66:

“El postor a quien se adjudicare la buena pro hará en-trega al Departamento, en el momento de la formalización del contrato, de una fianza aceptable de seguridad colectiva por suma total no inferior al monto total del contrato en garan-tía de que el contratista ejecutará bien y fielmente toda la obra o servicios dentro del plazo estipulado y pagará con prontitud todos los obreros, equipo y materiales que necesitare para la ejecución de la obra o servicios. La forma de fianza será aquella que disponga el Departamento y será formalizada por una em-presa de seguros que tenga licencia para hacer operaciones en Puerto Rico y sea aceptable al Secretario de Obras Públicas.”

¿Cumple la fianza prestada en este caso con el modelo dis-puesto por el Departamento de Obras Públicas, conforme a la disposición reglamentaria citada? Para ello es importante de-terminar igualmente si la fianza fue prestada por el monto total del contrato de construcción. De ser así no cabe duda de que la fiadora responde tanto por la ejecución como por el suministro de materiales y mano de obra, pues es de suponer que la intención de las partes fue cumplir a cabalidad me-diante la ejecución de tal fianza con todos los requisitos que imponen los Arts. 1 y 2 de la Ley Núm, 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. sees. 47 y 48. ()

En otras disposiciones reglamentarias se distingue entre fianza de pago y fianza de ejecución y se expresa que cada cual equivaldrá al 50% del monto total del contrato. 22 R.&R.P.R. see. 46-1(13) y (14). De resultar que la única fianza prestada en este caso es la de American Fidelity, trans-crita precedentemente, y que la misma cubre tan solo la mitad del monto del contrato, tendría que determinarse entonces si el texto de la referida fianza, a la luz de los Arts. 1 y 2 de la Ley Núm. 388 de 9 de mayo de 1951, 22 L.P.R.A. sees. 47 y 48, y del Art. 425 del Código Político, 22 L.P.R.A. see. 46, corresponde a una fianza de ejecución o de pago. Sobre tal situación véase: Ferrer v. Alliance Company of P.R., Inc., 93 D.P.R. 1, 3, n. 2 (1966).

Se expide el auto y se deja sin efecto la sentencia dictada en el recurso R-78-227, devolviéndose el caso al tribunal de instancia para procedimientos ulteriores consistentes con esta opinión.

El Recurso de la APRP (R-78-278).

La APRP alega que erró el tribunal al resolver que ella venía obligada a responder al suplidor por la suma adeudada. Tiene razón la recurrente.

El Art. 1489 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4130, provee:

“Los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquél cuando se hace la reclamación.”

En Puerto Rico no existe gravamen alguno sobre una obra de construcción a favor de los materialistas. Ferrer, supra, 9; Jiménez y Salellas, Inc. v. Maryland Cas. Co., 92 D.P.R. 207, 209 (1965).() El dueño de la obra, según prescribe el artí-culo citado del Código Civil, sólo responde a los materialistas por la cantidad que adeude al contratista. De los autos de este caso no surge que la APRP le adeude cantidad alguna a la contratista Cándido Colón Construction Corporation. El suplidor demandante no tiene por tanto acción contra la APRP. Véanse: C. Armstrong e Hijos v. Díaz, 95 D.P.R. 819, 824-826 (1968); Amer. Surety Co. v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 452 (1969); Armstrong, Etc. v. Inter-Amer. Builders, Inc., 98 D.P.R. 734, 741 (1970).

Se expide el auto y se revoca la sentencia dictada en el recurso R-78-278 en lo que respecta a la responsabilidad de la APRP.

        i1) A la pág. 6 del apéndice del alegato del suplidor se incluye un presupuesto preparado por la Junta de Planiñcación del que parece des-prenderse que la fianza se prestó por el monto total de la obra.

      (2)Tal protección existe para beneficio de los obreros. Ferrer, loe. cit.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz del Juez Asociado Señor Negrón García.

text:
      In re Leopoldo Rojas Flores, querellado.

      Número: O-72-236

      Resuelto: 3 de octubre de 1978

      Gilberto Gierbolini, Miriam Naveira de Rodón, Héctor A. Colón Cruz, Procuradores Generales; Roberto Armstrong, Jr., Peter Ortiz y J. F. Rodríguez Rivera, Procuradores Genera-les Interinos, Héctor R. Orlandi, abogados de El Pueblo de Puerto Rico; Pascual F. Lanauze Ortiz y Pedro Malavet Vega, abogados del querellado.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Los hechos en que se funda esta acción de desaforo se retrotraen al 17 septiembre, 1956 cuando los sucesores de Teclo Pagán Lozada instaron ante la Sala de Guayama del Tribunal Superior, demanda sobre nulidad de actuaciones, reivindicación, cobro de dinero y daños y perjuicios contra Antonio Berrios y los albaeeas Leopoldo Rojas Flores (quere-llado) y Martín Rosado. Dicha acción civil fue desestimada por sentencia de 30 junio, 1959 luego de repetidas suspen-siones solicitadas por los demandantes, quienes presunta-mente familiarizados con la cuestión litigiosa pues habían so-licitado sentencia sumaria a su favor, y presentes en sala siete testigos entre ellos cinco demandantes, el 17 de junio de 1959, fecha por los propios demandantes sugerida para en-trar a juicio, desatendieron la conminación del juez (“Lo único que le pide el Tribunal al compañero Coll es que co-mience el caso.” (T.E. pág. 63)) con la expresión de su abo-gado de no hallarse preparado. Recurrieron ante nos los de-mandantes, y este Tribunal por sentencia de 9 de marzo de 1962 anuló el auto de revisión expedido y confirmó la decisión de instancia aduciendo para ello cinco fundamentos, entre los cuales el 4° declara:

“si bien es cierto que los pleitos deben resolverse en sus méritos, no es menos cierto que una parte demandada tiene derecho a que se le libere de los perjuicios que causa — tanto ma-teriales como espirituales — un prolongado litigio, y aún más, en asuntos que envuelven su reputación y honradez.” Sucn. Pagán Lozada v. Berrios Berdecía, 84 D.P.R. 624, 627 (1962).

Veintidós años después de presentada la demanda!) de los herederos de Pagán Lozada y dieciséis años después de re-suelto el pleito en última instancia, durante el transcurso de los cuales el querellado ha continuado en el ejercicio de la abogacía manteniendo una buena reputación, según lo acre-dita ante el Comisionado el testimonio del Juez Superior, Sr. Arturo Cintrón García, sin que la prueba recibida comprenda acto alguno de deshonestidad o inmoralidad en el ejercicio de la profesión, no se justifica la severidad del desaforo.

El querellado Sr. Rojas Flores fue admitido a la práctica de la profesión jurídica el 9 de julio de 1931, a la que se ha dedicado durante 47 años. Su expediente personal revela que tiene 72 años de edad. Para un abogado que al cabo de casi medio siglo de práctica conservando un buen nombre se enfrenta a cargos deshonrosos, la censura o reprobación de este Tribunal es tan grave sanción y tiene tanta fuerza de impacto en su consciencia profesional, como una suspensión por menor o mayor término.

Las conclusiones del Comisionado terminan exonerando al querellado de corrupción, al expresar que no aparece que éste se beneficiara de las operaciones y manejos del otro albaeea. Todo cuanto en último análisis señala el Informe del Comi-sionado es que el querellado, ocupado en la práctica de la pro-fesión, luego de aceptar el cargo de albaeea conjuntamente con Rosado, delegó por completo en éste sus funciones de eje-cutor testamentario, no intervino en la administración de los bienes hereditarios y mucho menos en la fiscalización de los actos de Rosado, () por lo que su conducta sólo puede tacharse de indolente y descuidada.

Los propios cargos lo que imputan al querellado es con-ducta pasiva o incuria: Cargo I, (a) que no informó la exis-tencia de un contrato de aparcería a favor del co-albacea Rosado; (b) ni hizo, ni obligó al co-albacea a practicar in-ventario a raíz de haber aceptado el cargo; y (c) no intervino “en la propia y adecuada administración de los bienes de la sucesión.” Es alegación común a los apartados (a), (b) y (c) que la conducta de abstención del querellado contribuyó y provocó “la disipación del caudal hereditario en grave per-juicio de los intereses de la sucesión.” De la prueba ante el Comisionado resultó que la única de estas actuaciones impro-piamente caracterizada como de disipación del caudal lo fue el otorgamiento el 2 noviembre, 1949 de una escritura ante el Notario Sr. Ubaldo Aponte mediante la cual la viuda e hijos de Teelo Pagán vendieron tres fincas rústicas a Antonio Berrios Berdecía por precio global de $45,000 del que con-fesaron los vendedores haber recibido antes del acto la can-tidad de $24,700 que “no habían sido pagados antes del mo-mento () de otorgarse la escritura.” Informe Comisionado, pág. 19. No estuvo presente el querellado Rojas Flores en el acto de otorgamiento de esta escritura que tuvo lugar en la casa del albaeea Martín Rosado, ni hubo prueba de que él “tolerara” o aconsejara esta operación, como tampoco puede concluirse que se disiparon bienes de los herederos en ausen-cia de determinación sobre si el precio confesado como reci-bido se pagó o no días después del otorgamiento, como ocurre en no pocos negocios.

En el segundo cargo se atribuye al querellado haber hecho ante el Tribunal Superior aseveraciones falsas tanto en ale-gaciones escritas como orales. La grave imputación se reduce en la prueba a lo siguiente: (a) en un informe de albaceazgo omitió una casa que había sido objeto de cesión de derechos y acciones dos años antes mediante escritura autorizada por él; () (b) en dos informes se omitieron además la casa vi-vienda de Rosado y veinte casas de medianeros. Aparece que ambos informes fueron objetados y eventualmente corregi-dos; (c) que los albaceas en su informe valoraron en $55,000, tres fincas rústicas de los hijos del causante; y cuatro meses después cuando solicitaron autorización judicial para permu-tar su participación por una casa de su señora madre en Río Piedras, valoraron las dichas fincas en $64,507, una diferencia de $9,507 que aprovecha, y no daña, a los menores permu-tantes; (d) que habiéndose omitido en la petición la existen-cia de un crédito de $2,000 a favor de los hijos menores sobre la casa de su señora madre con la aprobación del fiscal y el juez se reajustó a $12,000 la valoración de la casa. Quedó injustificada la calificación de falsedad en las alegaciones que contiene el cargo, y más aún la imputación de que se perju-dicó a los herederos. Se trata de errores de inadvertencia u olvido, así reconocidos por el Enjuiciamiento y las Reglas de Procedimiento Civil que autorizan su corrección por en-mienda.

El tercero y último cargo cuestiona la capacidad del querellado para autorizar como Notario escrituras públicas que tenían por objeto bienes sujetos a su albaceazgo, intervención que el Procurador General estima vulnerante de la See. 8 de la Ley Notarial() (4 L.P.R.A. see. 1008) porque en dichos documentos: (a) se enajenaron propiedades de me-nores, sin previa autorización judicial; (b) se expusieron hechos falsos; y (c) no se siguieron instrucciones del Tribunal. Determinó el Comisionado que: (a) no hubo tal enajena-ción faltando autorización judicial pues en el propio texto del documento público se difiere la segregación hasta que “el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, Sección de Ponce, haya con-sentido en nombre de los menores”; (b) la alegación de false-dad concierne a las omisiones que hemos analizado bajo el segundo cargo y el Comisionado la descarta con la siguiente observación a la pág. 27: “Hemos examinado el historial de las transacciones que se llevaron a cabo y en las cuales el querellado actuó como notario después del 26 de febrero de 1947 en que éste acepta el cargo de albacea y hemos encon-trado que otorgó como notario ocho escrituras y un pagaré. Hemos examinado los nueve (9) documentos y todos con-tienen información que a la luz de los hechos que rodean la misma es cierta a menos que se concluya que el hecho mismo de la transacción sea falso, para lo cual no tenemos base para formular la conclusión.”

En cuanto al posible conflicto en la actuación del Notario autorizante, que es a la vez albacea y contador partidor, no hay prueba de que el querellado lo fuera a título universal con facultad dispositiva de los bienes de la herencia otorgada por el testador y aun si lo fuera, su actuación no está com-prendida en la prohibición de la citada See. 8 ya que no fue parte en dichos contratos, ni contenían los mismos disposición a su favor.

La parte final (c) de este último cargo quedó reducida en su virtualidad de prueba a que el querellado no presentó pron-tamente al Registro de la Propiedad un documento público de permuta, autorizado por el Tribunal Superior en 1949, me-diante el cual se transigió una reclamación de los hijos natu-rales Pagán Aviles; como tampoco se registró una escritura de hipoteca constituida por la madre a favor de sus hijos menores de edad por $2,000, también mediando autorización judicial. En ninguno de los dos casos hubo perjuicio alguno para los menores en la tardanza en presentar al Registro.

Con esta prueba, no está justificado el Tribunal en alterar el reposo impuesto al litigio en Pagán Lozada v. Berrios Berdecía, supra.

El querellado nunca descargó a plenitud las obligaciones del cargo de albacea que libremente aceptó. Fue débil y des-cuidado al descansar en el co-albacea Martín Rosado y le faltó diligencia en el cumplimiento de deberes impuestos al ejecutor testamentario. Los treinta años transcurridos desde que el 16 de febrero de 1947 ante el Notario Sr. E. Arroyo Vivas juró el querellado su cargo de albacea, no enervan la severidad del Canon 38 de Etica en su austera admonición: “El abogado deberá esforzarse, al máximo de su capacidad, en la exaltación del honor y dignidad de su profesión, aunque el así hacerlo conlleve sacrificios personales y debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia. . . . Por razón de la confianza en él depositada como miembro de la ilustre profesión legal, todo abogado, tanto en su vida pri-vada como en el desempeño de su profesión, debe conducirse en forma digna y honorable.” Ap. IX, C. 38.

La conducta descuidada del abogado, aun cuando no alcance proporciones de depravación, dentro de una profesión cuyo fundamento moral es tan complicado que se sustrae a la común percepción de la opinión pública, alimenta la crítica injusta y la difamación que en muchas ocasiones es aneja a los honores profesionales. Hay que evitar aun la mínima apariencia de corrupción que en el concepto vulgar invoque la sentencia de don Angel Ossorio, () Decano del Colegio de Abogados de Madrid: “la mujer que vende su cuerpo puede ampararse en la protesta de su alma, mientras que el abogado vendería el alma para nutrir el cuerpo.”

La buena reputación preservada por el querellado, no obs-tante este remoto e infortunado episodio en su vida profe-sional, detiene nuestra acción disciplinaria justamente en la reprobación y censura; más que de sus actos, de su inacción e incuria.

Se archivará la querella.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente.

—O—

Opinión disidente

del Juez Asociado Señor Negrón García.

San Juan, Puerto Rico, a 3 de octubre de 1978

Contra el abogado notario Leopoldo Rojas Flores el Pro-curador General de Puerto Rico formuló querella disciplina-ria por alegadas actuaciones profesionales indebidas mien-tras se desempeñaba en el cargo de albacea testamentario de la Sucn. de Teclo Pagán Lozada. Previo los trámites de rigor, el Comisionado Especial Hon. Filiberto Santiago Rosario rin-dió su Informe. Los abogados de las partes fueron notificados, habiendo la representación del querellado presentado un Me-morando, que en súplica solicita su exoneración y archivo.

En su Informe el Comisionado estimó probado lo si-guiente :

“Conclusiones de Hechos Generales
1. Don Teclo Pagán Lozada, casado y con doce hijos menores de edad, seis de matrimonio y seis fuera de matrimonio, falleció en Aibonito, el día 15 de enero de 1947. Había otorgado testa-mento abierto dieciocho días antes de su muerte, el día 28 de diciembre de 1946, mientras se encontraba recluido en la clínica, instituyendo herederos a todos sus hijos menores y a la viuda en la cuota usufructuaria establecida por ley. (Exhibit #1 del querellante caso R-1780.)
2. Al morir don Teclo Pagán poseía, conjuntamente con su esposa, 774.33 cuerdas de terreno, vacas, bueyes, caballos y de-más animales domésticos para la explotación agrícola.
3. Dispuso que ‘las dos terceras partes del haber hereditario se distribuyeran por partes iguales entre los seis hijos legítimos y el tercio restante a distribuirse entre sus seis hijos naturales por igual, luego de que se pagaran tres legados por $300.00 a cada una de sus tres hermanas, Inés, Leonarda y Cruz Pagán.’ (Énfasis en el original.)
4. Nombró albaceas y contadores partidores por cinco años al querellado y al Sr. Martín Rosado para desempeñarlo manco-munadamente (véase la escritura de testamento abierto número 99, de 28 de diciembre de 1946, otorgada ante el notario Ed-mundo Arroyo Vivas — Exhibit número 1 del querellante).
5. Por Escritura Núm. 11, sobre acta de aceptación de cargo de albacea, otorgada el 16 de febrero de 1947 ante el notario Edmundo Arroyo Vivas, el querellado y don Martín Rosado acep-taron el cargo de albacea comprometiéndose cada uno, según la declaración jurada, ‘a desempeñar dicho cargo y cumplir con todas las obligaciones legales que dicho cargo me impone, según mi leal saber y entender y así me ayude Dios.’ (Énfasis en el original.) (Exhibit #1 del querellante.)
6. El 26 de febrero de 1947, nueve días más tarde, compare-cieron los albaceas representados por el Ledo. Edmundo Arroyo Vivas ante la Sala de Guayama del anterior Tribunal de Distrito y solicitaron que el Tribunal les expidiera las cartas testamenta-rias correspondientes a los fines de ejercitar debidamente las funciones de albacea. El mismo día el Tribunal emitió resolución declarando con lugar la solicitud — caso civil R-1780 — Exhibit número 1 del querellante. (Exhibit #1 del querellante.)
7. Dos años más tarde, en vista de que los albaceas no habían hecho inventario inicial, no habían rendido el informe de rigor, ni habían procedido a la liquidación de la Sociedad de Ganan-ciales de don Teclo Pagán y esposa, ya disuelta por la muerte de éste, ni a la distribución del caudal hereditario, los hijos natu-rales representados por su madre, doña Juana Avilés, instaron un caso civil ante la anterior Sala de Guayama del Tribunal de Distrito — caso civil 2830, sobre autorización judicial. Dentro de ese caso el Tribunal ordenó a los albaceas que rindieran un in-forme en o antes del 25 de marzo de 1949, y el 24 de ese mismo mes y año el querellado radicó una solicitud de prórroga y soli-citó que se le concediera hasta el 15 de abril de 1949 para rendir el informe. El Tribunal aprobó la solicitud inmediatamente.
8. El 14 de abril de 1949, dos años tres meses después de la muerte del causante, el querellado y el otro albacea, Sr. Martín Rosado, radicaron un ‘Informe de los Bienes y de las Operaciones de la Sucesión de Teclo Pagán Lozada’, haciendo constar que el finado, Sr. Teclo Pagán Lozada, había dejado entre sus bienes seis fincas rústicas con una extensión total de 774.33 cuerdas, desglosadas en la forma siguiente: (a) 303.54 cuerdas (finca Barrio Pulguillas, de Coamo); (b) 338.88 cuerdas (finca Barrio Asomante, de Aibonito); (c) 32.25 cuerdas (finca Barrio Aso-mante, de Aibonito); (d) 2.65 cuerdas (finca Barrio Asomante, de Aibonito); (e) 90.86 cuerdas (finca Barrio Botijas, de Oroco-vis); (f) 6.15 cuerdas (finca Barrio Botijas, de Orocovis).
Se enumera en el informe una relación de los bienes muebles o semovientes y que incluyen ganado y caballos, una cuenta co-rriente por $1,833.54 y varias cuentas a cobrar por $750.00. Los activos — fincas, bienes muebles semovientes, cuenta de banco y cuentas a cobrar — se estimaron en $64,083.54. Las deudas totali-zaron $29,800.00 y el balance a 30 de marzo de 1947 se estimó en $34,283.54.
Se enumera en el informe las cantidades que el albacea Mar-tín Rosado recibió de la Sucesión, por concepto de venta de ga-nado y frutos menores; las cantidades que el albacea Martín Rosado entregó a la viuda de don Teclo Pagán Lozada y a doña Juana Avilés, quien era la madre de los hijos naturales; las canti-dades que fueron entregadas al querellado por los trámites judi-ciales relacionados con asuntos de la Sucesión de don Teclo Pagán Lozada y los gastos en que incurrió el albacea Martín Rosado en trámites relacionados con la Sucesión, abonos de hipotecas a los bancos, construcción de ranchos, etcétera. (Exhibit #1 del que-rellante caso R-1780.)
9. Mientras tanto se está litigando el caso R-1780 ante la misma Sala y en el cual el querellado y el señor Martín Rosado como peticionarios solicitaron la expedición de cartas testamen-tarias, y dentro del cual rindieron el informe de referencia dos años dos meses después de haberse expedido las cartas testamen-tarias.
10. El 18 de abril de 1962 el Tribunal Superior, Sala de Guayama, emitió resolución estableciendo que se rindiera el in-forme en o antes del día 10 de mayo a las 12:00 del mediodía, cubriendo las cuentas completas y específicas del albaceazgo, con-forme a las disposiciones de ley que rigen la materia.
11. El 2 y el 4 de mayo de 1962 el querellado y el otro albacea radicaron escritos alegando que el término del albaceazgo había vencido y por lo tanto había prescrito.
12. El 25 de febrero de 1963 el Hon. A. D. Marchand Paz emitió una resolución resolviendo que a la fecha en que se radicó la solicitud para que se rindiera el informe por los señores alba-ceas, éstos habían cesado como tales, y desestimó la solicitud.
13. Los promoventes recurrieron al Honorable Tribunal Supremo, que por sentencia de 10 de mayo de 1963 dejó sin efecto la resolución y devolvió el caso para la continuación de los pro-cedimientos.
14. Revocada la sentencia y establecido que el término para rendir el informe no había prescrito, el querellado y el otro al-bacea radican el 27 de octubre de 1964 un informe cubriendo el estado de situación de los bienes del finado a la fecha de su falle-cimiento. Este informe también fue rechazado por los miembros de la Sucesión, que por escrito de 7 de enero de 1965 radicaron ante el Tribunal numerosas objeciones. (Véase Exhibit #1 del querellante.)
15. El trámite procesal de este caso de cartas testamentarias, una vez devuelto el expediente por el Honorable Tribunal Supremo a la Sala de Guayama, continuó su curso bajo la atención del Hon. Alfonso L. García Martínez en la Sala de Guayama del Tribunal Superior.
16. Por resolución de 7 de diciembre de 1970 en este caso R-1780, que es la vista del incidente sobre cartas testamentarias, este magistrado dictó sentencia desaprobando las cuentas ren-didas por los albaceas, les ordenó restituir los ingresos percibi-dos y no informados y dispuso que los albaceas respondieran a los demandantes por las consecuencias derivadas de las enajena-ciones, resolviendo que estaban viciadas de nulidad.
17. El 31 de marzo de 1971 el querellado y el otro albacea, Sr. Martín Rosado, recurrieron al Honorable Tribunal Supremo en un recurso de revisión.
18. El 8 de septiembre de 1971 el Honorable Tribunal Supremo declaró no a lugar a la solicitud de revisión, y el 27 de septiembre y 13 de octubre de 1971 declaró no a lugar a mociones de reconsideración.
19. Como resultado de la confirmación de la sentencia:
(a) Se desaprobaron las cuentas rendidas por los alba-ceas testamentarios Leopoldo Rojas Flores y Martín Rosado.
(b) Se ordenó a los albaceas testamentarios restituir a los demandantes los ingresos percibidos y no informados, deven-gados durante la vigencia del albaceazgo y producto de los bienes relictos y que ascienden a la suma de $18,184.74.
(c) En adición a la restitución de ingresos mencionados en el segundo pronunciamiento, se dispuso que los albaceas res-ponderían a los demandantes por las consecuencias derivadas de la enajenación, viciada de nulidad, según concluye, de sus par-ticipaciones en las tres fincas, ascendentes a seiscientos cuarenta y cinco cuerdas con siete céntimos (645.07 cuerdas): en los Barrios Pulguillas, de Coamo (303.54 cuerdas), Asomante, de Aibonito (338.88 cuerdas) y Asomante, de Aibonito (2.65 cuer-das).
20. Con motivo de la sentencia del Hon. Alfonso L. García Martínez la Sucesión de don Teclo Pagán Lozada radicó los si-guientes casos en la Sala de Guayama del Tribunal Superior:
(a) 71-363, contra José Urrutia y Esther Betancourt, sobre reivindicación y cobro de frutos;
(b) 71-364, contra Javier Antolín Rivera y su esposa, sobre reivindicación y cobro de frutos;
(c) 71-365, contra Rafael Falcón y su esposa, sobre rei-vindicación y cobro de frutos;
(d) 71-366, contra Agustín Colón Matos y su esposa, so-bre reivindicación y cobro de frutos;
(e) 71-367, contra Teodoro Antolín y Carmen Rivera Suárez, sobre reivindicación y cobro de frutos;
(f) 71-1274, contra Martín Rosado y Leopoldo Rojas Flores, sobre acción civil — daños y perjuicios y cobro de frutos— (este caso fue trasladado a la Sala de Ponce del Tribunal Superior) .
21. Es parte de la historia procesal de este caso el trámite del caso de Sucesión de Teclo Pagán Lozada v. Antonio Berrios Ber-decía, Leopoldo Rojas y Martín Rosado, sobre nulidad, reivindi-cación, cobro de dinero y daños y perjuicios que se inició el 17 de septiembre de 1956, el cual fue resuelto el 30 de junio de 1959, en cuya sentencia el Hon. Angel D. Marchand Paz desestimó la demanda bajo el fundamento de que la parte actora no estaba preparada para ventilar el caso, a pesar de las oportunidades, según concluye, que le había concedido el Tribunal. La parte de-mandante recurrió al Honorable Tribunal Supremo, que por resolución de 9 de marzo de 1962 — 84 D.P.R. 624 — confirmó la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Guayama. En este caso la Sucesión, tanto legítima como natural, de don Teclo Pagán Lozada reclamaron de los albaceas y sus respectivas esposas y de don Antonio Berrios Berdecía, uno de los adqui-rentes de una de las fincas, e invocaron la nulidad de los actos, la reivindicación de los bienes, cobro de dinero y daños y per-juicios.
22. Como resultado de haberse confirmado la sentencia del Hon. Angel D. Marchand Paz desestimando la demanda en todas sus partes no fue posible adjudicar la demanda en sus méritos, que reclamaba la restitución de las seis (6) fincas a los deman-dantes, $60,000 por concepto de frutos y $100,000 por daños y perjuicios.
Esta querella se origina a iniciativa propia del Honorable Tribunal Supremo, tomando como base las determinaciones de hechos y sentencia dictada por el Hon. Alfonso L. García Martí-nez.
Luego de examinada la prueba testifical y la voluminosa prueba documental hemos formulado las siguientes:
Conclusiones de Hechos Adicionales Particulares a Cada Cargo
Para una mayor claridad en su exposición copiamos a con-tinuación el texto de cada cargo y las conclusiones correspon-dientes que hemos hecho luego de analizar toda la prueba.
La querella radicada por el Procurador General alegó lo siguiente:
‘PRIMERO: El querellado, Leopoldo Rojas Flores, siendo abogado, y habiendo aceptado voluntariamente, con la corres-pondiente autorización judicial, la gestión de contador parti-dor y albacea testamentario mancomunado con Don Martín Rosado de los bienes relictos de Don Teclo Pagán Lozada, actuó negligentemente al no tomar las precauciones necesa-rias para la conservación y custodia de dichos bienes, contra-rio a sus deberes y obligaciones, realizando y/o permitiendo las siguientes actuaciones que contribuyeron y provocaron la disipación del caudal hereditario en grave perjuicio de los intereses de la sucesión del mencionado Don Teclo Pagán Lozada:
a. Habiendo Don Teclo Pagán Lozada, tres días antes de su fallecimiento, otorgado ante el querellado un contrato de aparcería a favor del otro albacea, Don Martín Rosado sobre una finca del caudal sucesoral, no informó al tribunal competente sobre la existencia de dicho contrato; no lo ins-cribió ni procuró que fuera inscrito en el Registro de la Pro-piedad; ni exigió al co-albacea que rindiera los informes anua-les sobre aparcería según se obligó por los términos del con-trato.
b. No informó, ni gestionó que el co-albacea Don Mar-tín Rosado informara al tribunal competente, que hubieren practicado inventario inicial alguno cuando asumió el cargo de albacea y contador partidor.
c. No intervino en la propia y adecuada administra-ción de los bienes de la sucesión, habiendo tolerado actos de disipación del caudal por parte del co-albacea Don Martín Rosado ni exigió de éste la rendición de cuentas e informes trimestrales al tribunal competente sobre las gestiones del albaceazgo, todo ello a sabiendas de los riesgos y dificultades a que estaban abocados los intereses de la sucesión.’
Este cargo fue contestado por el querellado en la forma si-guiente:
‘Primero: Con respecto a este primer cargo y admitiendo el hecho de su nombramiento y aceptación, niega que reali-zara o permitiera realizar a sabiendas, actos que contribuye-ran y provocaran la dilapidación del caudal hereditario, y en cuanto a las imputaciones específicas:
a) Acepta la omisión de consignar la existencia del contrato de aparcería, aunque la finca sobre la que se esta-bleció sí fue inventariada y alega que la inscripción de dicho contrato en el Registro de la Propiedad, aparte de no ser obligatoria, no le daba ni le restaba eficacia al contrato, y por otra parte es un hecho cierto que el albacea Martín Rosado daba cuenta del negocio periódicamente a la Sucesión.
b) El albacea Martín Rosado tenía en su poder toda la administración del caudal relicto de don Teclo Pagán Lo-zada, por lo que no era posible al querellado practicar el in-ventario, aunque sí instruyó al expresado albacea para que lo hiciera.
c) El hecho de que el querellado por sus múltiples ocu-paciones y las circunstancias de distancia y otras dificultades se viera impedido prácticamente de la administración de los bienes del caudal, no quiere decir que tolerara los actos de disipación del caudal que pudiera llevar a cabo el otro alba-cea, no estimando el querellado que pudiera legalmente, por no estar entre sus facultades y deberes, exigir la rendición de cuentas del albacea que había tomado las riendas de la administración del caudal, considerando por otra parte que esa supervisión corresponde a los herederos y en todo caso al Tribunal.’
De la voluminosa prueba documental que hemos estudiado alrededor de este primer cargo hemos formulado las siguientes conclusiones:
28. Al morir don Teclo Pagán Lozada el 15 de enero de 1947 estaba vigente un contrato de aparcería que éste había forma-lizado con don Martín Rosado por escritura pública ante el pro-pio querellado — Núm. 7 de 12 de enero de 1947, tres días antes de aquél morir — . Este contrato cubría seiscientos cuarenta y tres cuerdas con treinta y siete céntimos (643.37) de terreno y el término de duración era por diez (10) años a partir de la fecha de otorgamiento y prorrogable por cinco (5) años adicio-nales. Existía entre don Teclo y don Martín una relación estre-cha de negocios, según se desprende de los numerosos documen-tos y transacciones en autos. Ocho años atrás y por Escritura Núm. 98, sobre aparcería, otorgada ante el propio querellado el 26 de agosto de 1939, don Teclo Pagán Lozada había formali-zado otro contrato de aparcería con don Martín Rosado cubriendo tres fincas con una extensión de 198 cuerdas ubicadas todas en el Barrio Gato, de Orocovis. Este contrato especificaba una vi-gencia de cinco años a partir de la fecha de su otorgamiento y prorrogable por cinco años adicionales, a discreción y convenien-cia de los otorgantes.
24. Establecido que al morir don Teclo Pagán dejó 774 cuer-das de terreno y otros bienes muebles y semovientes y una viuda y doce hijos todos menores — entre ellos seis menores hijos fuera de matrimonio — la condición de aparcero de 643.37 de las 774 cuerdas de terreno y al mismo tiempo la condición de albacea y contador partidor presentaba un claro conflicto de intereses. Pero más dramático aún es el hecho de que don Teclo Pagán Lozada murió tres días después de otorgarse este contrato, por lo que inferimos que no hubo tiempo ni de preparar el inventario inicial de los bienes bajo el contrato de aparcería.
25. El Código Civil en su Artículo 1469 establece que el arrendamiento por aparcería de tierras de labor, ganado de cría o establecimientos fabriles e industriales, se regirá por las dispo-siciones relativas al contrato de sociedad y por las estipulaciones de las partes, y en su defecto por la costumbre de la tierra. Se considera que el contrato de sociedad es uno de tipo consensual, bilateral y oneroso — Enciclopedia Jurídica Española, Tomo 28, Pag. 862 — . Siendo así es forzoso concluir que el contrato de aparcería en este caso debió extinguirse con la muerte de don Teclo tres días después de otorgado, pero no fue así a juzgar por las numerosas transacciones que el aparcero llevó a cabo y por el tiempo que se extendieron sus gestiones.
26. Aceptado por el querellado el hecho del nombramiento y aceptación del cargo de albacea — mancomunado—debemos esta-blecer con claridad a qué se obligó para poder determinar su res-ponsabilidad. En la página 13 de la escritura de aceptación del cargo de albacea — affidavit #1631 — que está copiada literal-mente el querellado se obliga y compromete a ‘aceptar el cargo de albacea con todas las implicaciones del mismo y que “me com-prometo a desempeñar dicho cargo y cumplir con todas las obli-gaciones legales que dicho cargo me impone, según mi leal saber y entender y así me ayude Dios”.’ (Énfasis en el original.)
27. Del informe que rindió el querellado el 14 de abril de 1949 se desprende que éste no informó la existencia y extensión del contrato de aparcería; sin embargo, del contenido del mismo se desprende que el aparcero estaba en funciones. Es un hecho aceptado por el propio querellado que éste no informó al Tribunal competente sobre la existencia de dicho contrato. Tam-bién aceptó que tampoco lo inscribió ni procuró que fuera ins-crito en él Registro de la Propiedad, ni exigió al co-albacea que rindiera los informes anuales sobre aparcería, según se obligó por los términos del contrato. (Bastardillas nuestras.)
28. El querellado no informó ni gestionó que el co-albacea don Martín Rosado informara al Tribunal competente que hu-bieran practicado inventario inicial alguno cuando asumió el cargo de albacea y contador partidor. Los únicos informes que rinde el querellado son el de 14 de abril de 1949, que se radicó en el caso R-1780 de la Sala de Guayama del Tribunal Superior y otro informe de fecha 27 de octubre de 1964, también dentro del caso R-1780 (cartas testamentarias).
29. El querellado no intervino en la propia y adecuada ad-ministración de los bienes de la Sucesión, ni exigió del co-albacea don Martín Rosado la rendición de cuentas e informes trimes-trales al Tribunal competente sobre las gestiones del albaceazgo, toda vez que, como queda indicado, solamente rindió dos in-formes a requerimiento de la Sucesión ilegítima y luego de una orden del Tribunal al respecto. Sobre este particular el propio querellado al contestar la querella contesta lo siguiente:
‘Con relación a las cuentas de las operaciones del alba-ceazgo, usted recuerda las fechas ?
Están unidas al expediente.
Ustedes hicieron un sólo informe ?
Un sólo informe. Ya usted verá como fue que se realizaron las operaciones. Yo no intervine en eso. Vamos a hacer clara mi posición. Yo no recibí nunca nada ni transé nada a nom-bre de ellos.
Los querellantes afirman que dichas cuentas no se radica-ron dentro del plazo fijado por ley.
No se radicaron porque los bienes estaban sujetos a una aparcería. Quiero decirle que en estos casos nunca, nunca fuimos administradores, sino albaceas.’
(Véase págs. 13 y 14, Exhibit #15 del querellante.)
‘A raíz de hacerse cargo de los bienes, hubo algún inven-tario ?
Nosotros nunca nos hicimos cargo de los bienes porque estaban sujetos a aparcería.
Nunca se hizo un inventario ?
Después se hizo.’
30. La intervención del querellado como abogado y notario en contratos y transacciones en que estuvo envuelta la Sucesión de don Teclo Pagan hozada revela que en todo momento estuvo al tanto y enterado del manejo por el otro albacea de los bienes de la Sucesión. (Bastardillas nuestras.)
31. En lo relativo al apartado (c) del primer cargo en el sentido de que el querellado toleró actos de disipación del caudal por parte del albacea don Martín Rosado, al examinar la prueba presentada ante el Hon. Alfonso L. García Martínez, en el caso sobre cartas testamentarias, formuló las siguientes conclusiones que fueron confirmadas por el Honorable Tribunal Supremo al declarar no ha lugar al recurso de revisión:
‘20 — Por escritura pública #141 ante el Notario Público Ubaldo Aponte con fecha 2 de noviembre de 1949, doña Mar-celina Pagán y los menores emancipados, con el consenti-miento de la madre, vendieron las fincas (A), (B) y (D) antes relacionadas, estando la (D) libre de gravámenes, a don Antonio Berrios Berdecía por la suma de $45,000.00, de la cual confesaban haber recibido con anterioridad al acto la suma de $27,306.00,() señalándose a las referidas fincas un valor de $24,700.00, $20,000.00 y $300.00 respectivamente.
Esta escritura se firmó en la casa de Martín Rosado, alba-cea de la sucesión. Según el testimonio oral del heredero, Ledo. Alberto Pagán Pagán, ni él ni su madre o hermana recibieron dinero alguno en concepto de precio de compra-venta. Quedó probado que esos $24.,700.00 no habían sido pagados antes del momento de otorgarse la escritura, a pesar de que así se hizo constar en la misma. Véase la deposición tomada a Berrios Berdecía en el caso 56-382 de la Sucn. Teclo Pagán V Berrios Berdecía, Leopoldo Rojas y Martín Rosado.’ (Énfasis en el original.)
‘25 — Al año de don Antonio Berrios Berdecía haber com-prado dichas tres fincas las vendió, fiadas, al albacea Martín Rosado, con fecha 29 de noviembre de 1950, por precio de $40,000.00, según el testimonio del propio Martín Rosado en este caso. La venta de estas fincas a Martín Rosado se efec-tuó cuando aún estaba en todo su vigor el albaceazgo. Des-pués, según ese mismo testimonio, Martín Rosado vendió parte de las fincas en $85,000.00 a José Urrutia, de Río Piedras: otra parte de 150 cuerdas a Rafael Falcón en $28,000 y 27 cuerdas a Agustín Colón en $7,000.’
32. El 26 de diciembre de 1972 el Tribunal Superior, Sala de Guayama resolvió el caso Sucesión de Teclo Pagán Lozada y Su-cesión de Marcelina Pagán v. José A. Urrntia y Esther Betan-court, y declaró con lugar una solicitud de sentencia sumaria radicada por los demandados, a quienes el Tribunal les reconoció el carácter de terceros hipotecarios protegidos por la fe regis-tral, y declaró sin lugar una demanda sobre reivindicación y cobro de frutos. AI revocar la sentencia el Honorable Tribunal Supremo el 12 de mayo de 1975 establece lo siguiente:
‘Aun interpretando restrictivamente la prohibición de los albaceas,() la aceptación de tal dictamen frustraría los pro-pósitos de la ley pues permitiría la adquisición de un albacea por medio de un intermediario. Bastaría con la venta por los herederos a un tercero para que terminase el albaceazgo y quedase el albacea facultado para, obviada así la citada inca-pacidad legal, adquirir los bienes previamente confiados a su cargo. Nótese que el término del albaceazgo era por cinco (5) años() y en ausencia de que el Registro revelara que éste había terminado su encomienda a satisfacción de los herede-ros y del tribunal, tal circunstancia era suficiente para poner sobre aviso a un ulterior adquirente respecto a posibles irre-gularidades cuando la propiedad es adquirida por el albacea durante su incumbencia directa o indirectamente; en particular habida cuenta de las cantidades envueltas demostra-tivas de que al albacea le fue vendida la propiedad por una cantidad menor ($40,000.00) a la invertida por su vendedor ($45,000.00) y cuyo costo original al causante fue de $56,000.00.’
El segundo cargo imputa al querellado lo siguiente:
‘SEGUNDO: El querellado, Leopoldo Rojas Flores, radicó escritos y presentó alegaciones orales ante el Tribunal Superior, Sala de Guayama, que contenían aseveraciones que el querellado sabía o debía saber eran falsas y que tendían a inducir al tribunal a cometer errores en perjuicio de la suce-sión que administraba.’
Al contestar este cargo el querellado informó lo siguiente:
‘SEGUNDO: Se niega este cargo por la forma en que está redactado y por no ajustarse a la realidad de los hechos a que alude, pues todas las gestiones ante el Tribunal Superior de Guayama se hicieron por el abogado de la Sucesión, Ledo. Ubaldo Aponte y a iniciativa de los mismos herederos, in-terviniendo en todos esos casos, por su índole, el Hon. Fiscal de Distrito.’
De la prueba testifical y documental presentada hemos for-mulado las siguientes conclusiones de hecho sobre este cargo:
33. Al radicar su informe de los bienes y de las operaciones de la Sucesión de Teclo Pagán Lozada como albacea de esa Suce-sión el 15 de abril de 1949 y al rendir su segundo informe el 27 de octubre de 1964, () omitió incluir entre los bienes inmuebles la casa y solar perteneciente a la Sucesión y que estaba ubicada en la Calle Rius Rivera, de Aibonito. Esta casa de dos plantas, techada de zinc, radicada en la Calle Rius Rivera, de Aibonito, de 25' 6" de frente por 70' de fondo fue comprada por don Teclo Pagán Lozada y su esposa por escritura de compraventa número 186, otorgada ante el querellado el 22 de diciembre de 1945, y que fue motivo del contrato de cesión de derechos y acciones por es-critura número 84, ante el propio querellado, de fecha 7 de julio de 1947, habiendo ya fallecido don Teclo Pagán Lozada. Ha-biendo sido el notario autorizante en varias escrituras, no vemos cómo pueda haber escapado al conocimiento del querellado y del co-albacea la existencia de esa propiedad. (Bastardillas nues-tras.)
34. En ambos informes el querellado no informó, además, la existencia de las propiedades que se enumeran en las objeciones al informe que radicó la Sucesión de don Teclo Pagán el 7 de enero de 1965 y que aparece notificado a los abogados del quere-llado, Ledo. Luis Blanco Colón y Ledo. Luis Domínguez Rovira, y al propio querellado, a sus respectivas direcciones. El valor estimado de estas propiedades, según el escrito de la Sucesión, es de $58,200, e incluye, además de la casa en la calle Rius Rivera de Aibonito, varias otras casas en el Barrio Asomante, casa vivienda ocupada por el otro albacea Sr. Martín Rosado, valo-rada en $7,000 por los miembros de la Sucesión, veinte (20) casas de medianeros, con un valor de $500 cada una, para un valor total de $10,000, y otras casas y cuentas por cobrar. Se in-forma, además, en este escrito que los albaceas cobraron cuentas por $8,198 a distintas personas y al propio Gobierno de Puerto Rico, que tenía rentada una casa que se dedicaba a escuela y que pagaba $36 mensuales. Del récord de los autos de este caso no aparece que los albaceas — incluyendo al querellado — hayan re-futado estas objeciones. De las objeciones se desprende que las mismas cubrían siete (7) casas con un valor estimado por la Sucesión en $37,000 y veinte (20) casas de medianeros con un valor estimado también de $10,000, para un total estimado de $47,000. Es un hecho que la existencia de estos bienes es de fácil comprobación sobre el terreno.
35. El 9 de agosto de 1949 compareció el querellado y el co-albacea don Martín Rosado, en su carácter como tales, y la señora Marcelina Pagán, por sí y en representación como madre con patria potestad sobre sus hijos menores de edad Juana, Samuel, Martín y Octavio Pagán Pagán, y radicaron en la Sala del anterior Tribunal de Distrito de Guayama el caso civil R-3037, sobre autorización judicial, para permutar bienes de menores. En este caso la madre y los albaceas solicitaron del Tribunal autorización judicial para permutar la participación de i/12 avas partes que cada uno de los referidos menores tenían en las fincas ‘a’ (de 303.54 cuerdas), ‘b’ (de 338.88 cuerdas) y ‘d’ (de 2.65 cuerdas), por una casa en Río Piedras propiedad de la madre. En esta solicitud que se radica en el mes de agosto de 1949 se le da un valor a estas tres fincas de $64,507 (en la solici-tud enmendada de 26 de septiembre de 1949 se le da un valor de $62,629) a base de $100 por cuerda; sin embargo, cuatro meses atrás, el 14 de abril de 1949, en el informe que de los bienes rindió el querellado conjuntamente con el otro albacea, le da un valor de $55,000, lo cual es $9,507 menos, a pesar de que solamente hay un corto lapso de cuatro meses entre ambos escritos. (Véase pág. 2 de la solicitud.) La solicitud original no proveyó para que los menores estuvieran protegidos por un de-fensor judicial.
36. En el escrito que se radicó en este caso se omitió infor-mar al Tribunal que los menores tenían un crédito de $2,000 sobre la casa que sería objeto de la permuta. Tal hecho queda en descubierto con motivo de múltiples preguntas del fiscal al éste intervenir en la vista del caso (véanse págs. 19-20-21 y 22 de la transcripción). El Juez que presidía exigió una enmienda escrita a la solicitud. Se decretó un receso y al terminar el mismo el abogado de los peticionarios solicitó se enmendara la petición in-flando el valor de la casa de $10,000 a $12,000, para acomodar el crédito de los menores sobre la misma. Esto es así porque la enmienda se solicitó después del receso en cuestión de minutos, según lo revela el récord (pág. 22).
37. De la transcripción del récord, en este se desprende clara-mente que al momento de la vista de este caso la viuda no tiene dinero para saldarle la hipoteca al acreedor Sr. Antonio Berrios Berdecía (véase pág. 32, línea 23 y pág. 22, línea 17 de la trans-cripción). Tan es así que el propio defensor judicial designado de los menores lo acepta en su interrogatorio (véase pág. 34, línea 29). Del récord se desprende que la intención clara era llevar a cabo la transacción y más tarde el acreedor hipotecario cobraría su crédito de otros bienes, complicando la situación y poniendo en peligro los bienes de los menores.
38. Al ventilarse en el Tribunal este caso el Juez se percató de que la solicitud no provee para el nombramiento de un de-fensor judicial para los menores y ordena una enmienda por es-crito y en el acto designa al Ledo. Manuel Rivera. Del récord ta-quigráfico se desprende que no pudo compenetrarse de toda la situación. Tan es así que éste estaba bajo la impresión errónea de que se había efectuado una partición inicial de los bienes del finado (véase récord taquigráfico del caso, pág. 17, línea 27).
El tercer cargo radicado por el Procurador General alega lo siguiente:
‘En violación a las disposiciones de la Ley Notarial, See. 8 (4 L.P.R.A., Sec. 1008) el querellado, Leopoldo Rojas Flores permitió que ante él se otorgaran varios instrumentos pú-blicos en los cuales estaban envueltos bienes confiados a su gestión como albacea y contador partidor, y en los cuales:
a. Se dispuso de propiedades de menores sin la autoriza-ción previa del tribunal competente.
b. Se expusieron hechos que personalmente le constaban o debían constarle que no eran ciertos.
c. Se dejaron de cumplir instrucciones dictadas por el tribunal que autorizó la transacción.’
El querellado lo contestó alegando lo siguiente:
‘TERCERO: Se niega todo el contenido de este cargo. El querellado en ningún momento dispuso de propiedad o per-mitió que se dispusiera de propiedad alguna de la Sucesión Pagán Lozada sin la previa autorización judicial ante el Tribunal Superior de Guayama y siempre se cumplió con todas las órdenes del Tribunal que autorizó las transacciones, pre-vio trámite de ley, interviniendo el Ledo. Ubaldo Aponte como abogado de la Sucesión.’
Luego de examinar toda la prueba testifical y documental re-lacionada con este cargo hemos formulado las siguientes conclu-siones sobre el apartado (a):
39. El 11 de agosto de 1951 y ante el querellado como nota-rio, (por escritura número 122 de esa fecha) doña Marcelina, sus dos hijos Aida y Alberto — ya emancipados y sus otros cua-tro hijos otorgan una escritura de ‘Cesión de Derechos y Accio-nes’ de las participaciones que éstos tenían en una finca de 105.87 cuerdas en el Bo. Botijas de Orocovis, segregando y ven-diendo 800 metros cuadrados por $200 a doña Felicita Rodríguez. Én la escritura — exhibit 1 del querellante, se menciona que la viuda, sus dos hijos emancipados y sus otros cuatro hijos son dueños en común pro indiviso, ella en condominio de la mitad y los menores en condominio de una sexta parte cada uno (6) de la otra mitad de la finca mencionada.
40. En esta escritura la madre y los hijos convienen en segre-gar los 300 metros ‘una vez que el Tribunal de Distrito de Puerto Rico, sección de Ponce, haya consentido en nombre de los meno-res’, comprometiendo de esa forma la venta de la porción del in-mueble sin que antes se hubiera determinado por el Tribunal y un defensor judicial la sabiduría de la transacción.
En lo relativo al apartado (b) de este tercer cargo, las únicas conclusiones sobre hechos que personalmente le constaban o de-bían constarle al querellado que no eran ciertos aparecen bajo las conclusiones bajo el segundo cargo — (33), (34), (35), (36), (37) y (38), páginas 22 a la 25 de este informe. Hemos exami-nado el historial de las transacciones que se llevaron a cabo y en las cuales el querellado actuó como notario después del 26 de febrero de 1947 en que éste acepta el cargo de albacea y hemos encontrado que otorgó como notario ocho escrituras y un pagaré. Hemos examinado los nueve (9) documentos y todos contienen información que a la luz de los hechos que rodean la misma es cierta a menos que se concluya que el hecho mismo de la transac-ción sea falso, para lo cual no tenemos base para formular la conclusión.
Surge claro del historial que el querellado actuó como albacea y contador-partidor, notario en los nueve (9) documentos y asesor legal del co-albacea, de la viuda, de sus hijos y de los hijos de apellido Pagán Avilés a juzgar por los documentos que se otorgaron ante él, por sus intervenciones en los casos que se radicaron en el Tribunal y en que estuvo envuelta la Sucesión.
Con relación a la imputación que se hace en el apartado (c) de este cargo hemos formulado las siguientes conclusiones:
41. El 21 de agosto de 1947 se radica en la Sala de Guayama del anterior Tribunal de Distrito el caso R-1900, en que la madre de los niños legítimos solicita autorización del Tribunal para dis-poner de $2,000 pertenecientes a los menores de apellidos Pagán Pagán para pagar el plazo pendiente en la compraventa de la casa y solar a doña María Bauzá González que se hizo por escri-tura número 92, de 25 de julio de 1947 ante el propio querellado. El plazo vencía en septiembre de 1947, (Exhibit 1 del quere-llante) .
42. El 8 de octubre de 1947, luego de la autorización del Tribunal y por escritura número 142 ante el querellado sobre hipo-teca voluntaria, por la cantidad de $2,000, la madre de los meno-res Pagán Pagán constituye hipoteca por $2,000 a nombre de éstos para garantizar el pago de los $2,000 que ella utilizó para pagar el plazo de la casa y solar ya mencionada.
43. De la certificación que expidió el Registrador de San Juan, Sección II, revelando el historial registral de esta finca y " casa, se desprende que la mencionada hipoteca no fue presen-tada ni registrada como era obligación del querellado aunque no hubo una orden específica del Tribunal en ese sentido según los términos de la resolución. (Bastardillas nuestras.)
44. El 27 de junio de 1949 el Hon. Angel D. Marchand Paz, de la Sala de Guayama del anterior Tribunal de Distrito, emitió una resolución autorizando la permuta de la sexta parte que los menores Pagán Avilés tenían en cinco fincas, por las 5/6 partes que en la finca V de 32.25 cuerdas en el Bo. Asomante de Aibo-nito tenían los menores Pagán Pagán y por la mitad también que en dicha finca tenía doña Marcelina Pagán, quedando entonces los menores Pagán Avilés dueños absolutos de la totalidad de la finca de 32.25 cuerdas y quedando también doña Marcelina Pagán y sus seis hijos de apellidos Pagán Pagán dueños en abso-luto de la totalidad de las siguientes fincas:
(a) Finca de 303.54 cuerdas en Barrio Pulguillas de Coamo.
(b) Finca de 338.88 cuerdas en el Bo. Asomante de Aibo-nito.
(d) Finca de 2.65 cuerdas en el Barrio Asomante de Ai-bonito.
(e) Finca de 90.88 cuerdas en el Barrio Botijas de Oro-covis.
(f) Finca de 6.15 cuerdas en el Barrio Botijas de Oroco-vis.
La idea de esta permuta era resolver las reclamaciones de los menores Pagán Avilés que ya habían instado un caso para recla-mar lo que les pertenecía.
45. Al examinar la certificación del Registro de la Propiedad, sección de Guayama, de fecha 18 de noviembre de 1959, conte-niendo el historial registral de esta finca de 32.25 cuerdas diez años después de esta transacción, aparece que el dominio de la finca por los menores Pagán Avilés no se registró en el Registro de la Propiedad. En la certificación de 10 de febrero de 1949 en que aparecen tres fincas se incluye la finca de 32.25 cuerdas como propiedad de la viuda, sus hijos y los seis menores Pagán Avilés.
De las anteriores conclusiones específicas hemos formulado la siguiente conclusión general:
46. En vista de que la Sucesión del finado don Teclo Pagán Lozada estaba compuesta de la viuda y seis menores de apellidos "Pagán Pagán y seis menores de apellidos Pagán Avilés, era obli-gación del querellado preparar un inventario y evalúo inicial de los bienes, computar las deudas, solicitar del Tribunal el nom-bramiento de defensores judiciales para los dos grupos de meno-res para representar a cada grupo de menores en todos y cada uno de los actos y contratos relacionados con los bienes, liquidar la Sociedad de Gananciales y rendir un informe al Tribunal, y finalmente adjudicar a cada uno lo que le correspondía. El quere-llado comenzó a realizar y a tolerar permutas, ventas, préstamos e hipotecas de los bienes sin tomar las precauciones necesarias y establecer los mecanismos que conocía como abogado para ase-gurar la mejor administración de los bienes. Sin embargo, no hay prueba en el sentido de que el querellado se haya beneficiado económicamente.” (Bastardillas nuestras.)

Una de las características esenciales que tradicionalmente proyecta el ejercicio de la profesión de abogado es de con-fianza en el desempeño de sus deberes y aquellos que incidental, pero voluntariamente, asume. Ante la comunidad, sus clientes y tribunales representa la figura principal mediante la cual se desenvuelven un sinnúmero de transacciones y se canalizan judicialmente innumerables remedios en ley. El preámbulo del Código de Ética subraya la necesidad de que el abogado en toda gestión profesional se rija por los principios básicos éticos establecidos ya que su función afecta de ma-nera sustancial muchos aspectos principales de la vida mo-derna. Cuando éste acepta una encomienda que puede con-fligir con su profesión, se le exige el mayor de los escrúpulos. La negligencia del querellado como albacea, su omisión de suplir en los trámites judiciales hechos y datos de importan-cia respecto a bienes bajo su encomienda; y su actuación como notario en transacciones relacionadas con bienes sujetos al albaceazgo, constituyen graves faltas!) que a mi juicio ameritarían la suspensión del ejercicio de la abogacía.

Sin embargo, la conclusión del Comisionado en el sentido de que el querellado no se benefició económicamente — en vir-tud de los hechos demostrados — le favorece. Ello no obstante, sería materia para atemperar el rigor de la sanción disci-plinaria antes expresada y nunca el archivo de la querella. El convencimiento de lo expuesto, me obliga lamentablemente a disentir de la decisión adoptada por el Tribunal.

      O Las actuaciones impugnadas en la demanda se remontan a los años 1947-49.

      (2)Así tipifica su conducta el Comisionado en el párrafo Núm. 29 de su Informe, donde se expresa:
      “El querellado no intervino en la propia y adecuada administración de los bienes de la Sucesión, ni exigió del co-albacea don Martín Rosado la rendición de cuentas e informes trimestrales al Tribunal competente sobre las gestiones del albaceazgo, toda vez que, como queda indicado, solamente rindió dos informes a requerimiento de la Sucesión ilegítima y luego de una orden del Tribunal al respecto. Sobre este particular el propio querellado al contestar la querella contesta lo siguiente:
      ‘Con relación a las cuentas de las operaciones del albaceazgo, usted recuerda las fechas ?
      ‘Están unidas al expediente.
      ‘Ustedes hicieron un solo informe?

        ‘Un solo informe. Ya usted verá como fue que se realizaron las operaciones. Yo no intervine en eso. Vamos a hacer clara mi posición. Yo no recibí nunca nada ni transé nada a nombre de ellos.’ ”

      (3)No dice el Informe si el comprador Berrios pagó esos $24,700 en ocasión posterior.

      (4)Con referencia a este inmueble, aparece el siguiente escolio a la pág. 22 del Informe del Comisionado: “En el segundo informe que rinden los albaceas en 27 de octubre de 1964 aparece una nota informando que esta casa se vendió, pero no informan la fecha.”

      (5) See. 1008. Incapacidad por interés o parentesco

      “Ningún notario podrá autorizar contratos en que él intervenga como parte, que contenga disposición en su favor, o en que alguno de los otor-gantes sea pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Cuando un notario intervenga en el otorgamiento de escrituras que hayan de ser inscritas en un registro de la propiedad que esté a cargo de algún pariente suyo, dentro de los grados antes especifica-dos, el registrador de la propiedad vendrá obligado a inhibirse en la califi-cación del documento.”

        (e)El Alma de la Toga, pág. 34, Séptima Edición, Buenos Aires, (1971).

      ‘(*) Véase que en esta transacción los menores emancipados que apa-recían en claro conflicto de intereses con su madre no estuvieron repre-sentados por un defensor judicial, conforme lo establece el Artículo 237 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 915, según ha sido interpretado- en el caso de Pabón v. Registrador, 1953, 75 D.P.R. 463.’

      ‘(3) Véase: Piazza v. Piazza, 83 D.P.R. 414, 424 (1961).

      ‘(4) Conforme al Art. 832 (31 L.P.R.A. see. 2529) de nuestro Código Civil, el albaceazgo termina con la muerte, imposibilidad, renuncia o remo-ción del albacea y por el transcurso del tiempo señalado por el testador. En adición se reconoce también como causa, el cumplimiento fiel del en-cargo culminando con la rendición y aprobación de cuentas. Puig Fernol, El Albaceazgo, págs. 260-261, 275-276 (1967).’

      ‘ (*) En el segundo informe que rinden los albaceas en 27 de octubre de 1964 aparece una nota informando que esta casa se vendió, pero no in-forman la fecha.’

      í1)Véase: Preámbulo; Canon 1 y Canon 35 vigentes.