author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Roque, Domingo Juan y María Mercedes Pérez Cruz, etc., demandantes y recurridos, v. Manuel Fernández Martínez et al. y Litheda Apartments, Inc., demandados y recurrentes.

      Número: R-67-215

      Resuelto: 8 de mayo de 1973

      José Antonio Luiña, abogado de Litheda Apartments, Inc.; Adolfo Astado y Harry Lienza, abogados de Manuel Fernán-dez Martínez; A. J. Amadeo Murga, Rafael Benet, Héctor G. Oliveras y Rodolfo Gluck, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

En el año 1900 don Domingo Pérez Provecho compró a don Clemente Castro la finca inmatriculada en el Registro de la Propiedad, Sección de Río Piedras, con el número 471. Al morir don Domingo, 31 años después, ésta pasó a su suce-sión, compuesta por los demandantes, aquí recurridos. Don Manuel Fernández Martínez embargó dicha finca al instar acción en cobro de dinero contra la sucesión por una deuda que había contraído don Domingo. Adquirió el inmueble mediante adjudicación en venta judicial en 1933. Posterior-mente traspasó la finca a don Antonio Mongil Portell. Ni la venta judicial, ni la venta a Mongil se inscribieron.

El 23 de abril de 1947, los herederos de don Domingo Pérez Provecho y Juana Cruz, su viuda, demandaron a Manuel Fernández Martínez. Sostuvieron que la venta judicial realizada en 1933 fué nula. Se alegó otra causa de acción para reivindicar el inmueble. El 13 de septiembre de 1948 se incluyó como codemandado a Antonio Mongil Portell. En 1961 a Litheda Apartments, Inc., alegando que es la actual posee-dora de la finca.

En su “Contestación a Demanda Enmendada” Litheda alegó afirmativamente que nunca había estado en posesión de la finca. Sin embargo su abogado. no contestó un requeri-miento de admisión que le sometieran los demandantes el 1ro. de noviembre de 1961 a los efectos de que la finca poseída por Litheda era la misma número 471 a que nos hemos referido antes. No sólo no lo contestó, implícitamente admitiendo en esa forma la veracidad del hecho, sino que se fundó en esa admisión para presentar moción de “sentencia sumaria y/o para desestimar” amparándose en la protección que le brinda a su cliente la Ley Hipotecaria como tercero registral. A ese efecto alegó:

“Que la finca que se intenta y desea reivindicar por los demandantes es la referida, y que no hay disputa alguna en cuanto al hecho de que [es] ésta y no otra la que se intenta reivindicar por los demandantes, aparece claramente del “RE-QUERIMIENTO DE- ADMISION A LA PARTE DEMAN-DADA LITHEDA APARTMENTS CORPORATION’, sometido por los demandantes a la demandada compareciente el día 1ro. de noviembre de 1961, obrante en los autos de este caso, y foto-copia de la cual se acompaña a y hace formar parte de esta Moción como ‘EXHIBIT A’ de la misma.”

La finca 471 aparece descrita en el Registro de. la Pro-piedad de la siguiente forma:

“Rústica: Terreno en el Barrio de ‘Cupey’ de la jurisdicción de Río Piedras compuesto de diez y ocho cuerdas equivalentes a siete hectáreas, siete áreas, cuarenta centiáreas; colindante por el Este y Oeste con Manuel Zavala, por el Norte con la que-brada denominada Guadalcanar [sic] y por el Sud con Rafaela Castro.”

La finca propiedad de Litheda lleva el número 20,822 y se describe como sigue:

“Urbana: — Parcela .de terreno de forma irregular, radicada en el Barrio Cupey, sitio denominado Río Piedras, término Municipal del Gobierno de la Capital de Puerto Rico, con una cabida de quince cuerdas con dos mil setecientos setenta diez milésimas de otra, equivalentes a seis hectáreas, cero áreas, y cuarenta y cuatro centiáreas, con cuatro mil seiscientos setenta y una diez milésimas de centiárea, y con las siguientes colin-dancias [:] por el Norte, con El Cerrito Corporation; por el Sur, con el señor Bernardo Mongil; por el Este, con la Carretera Número Ochocientos Cuarenta y Cinco, con terrenos de Seín Enterprises, Inc., y con la finca principal de la cual se segrega; y por el Oeste, con la Carretera Estatal número Ochocientos Cuarenta y Cuatro (Carretera de Cupey) y con la finca principal de la cual se segrega.”

Ya hemos relatado brevemente la historia de la finca 471 que se intenta reivindicar. Procederemos a hacer lo mismo con la 20,822 perteneciente a la codemandada Litheda.

En 1938 la sucesión de don Ezequiel Mongil (padre de don Antonio Mongil Portell), agrupó las fincas número 574 (de 193 cuerdas), 2564 (8 cuerdas y un cuadro), 1763 (44.5 cuerdas), 483 (135 cuerdas), 2823 (57.968 cuerdas) y 412 (30 cuerdas) para formar la número 6,206, nueva finca con cabida total de 410.48 cuerdas. Entre las fincas agrupadas no está la número 471.

Es pertinente aclarar que en el hecho quinto de la escri-tura de agrupación, Antonio Mongil Portell y su esposa decla-raron que cedían a la sucesión de don Ezequiel todo bien que se encontrara dentro de un plano mencionado en el mismo escrito. Pero Antonio Mongil nunca obtuvo título de propie-dad sobre la 471 ya que se declaró nula la venta judicial por la cual adquirió su vendedor. Tampoco quedó protegido por el Registro ya que ni inscribió ni adquirió de quien tenía inscrito. De todas formas, aunque se hubiera “cedido” dere-cho sobre la finca, de ningún sitio surge que ésta se agrupara a las demás.

La nueva finca resultante de la agrupación realizada por la Sucn. de Ezequiel Mongil sufre una serie de segregaciones y lotificaciones.

En 1938 se segrega la finca número 6,212 con cabida de 206.67 cuerdas que pasa a manos de Carmen Portell, viuda de don Ezequiel.

Antonio Mongill Portell adquiere de sus hermanos sus porciones del remanente en 1943 para luego venderlo a su madre doña Carmen, en 1944. Doña Carmen no re-agrupa las fincas, sino que por el contrario segrega la finca 7,555 de 44.834 cuerdas y la traspasa a su hija, Carmen Amalia Mongil Portell; además segrega la número 7,556 de 64.6923 cuerdas y la traspasa a Antonio. La 6,206 queda así reducida a 94.2836 cuerdas.

El remanente lo vende a otros dos hijos: Luis y Bernardo. Estos segregan otro pedazo de terreno de 40 cuerdas y el remanente lo dividen en tres parcelas denominadas “a” (36 cuerdas), “b” (7 cuerdas) y “e” (11 cuerdas). Bernardo entonces adquiere la parte de su hermano.

La parcela “a” es vendida en 1960 a El Lago Development Corp. que segrega de ella la finca número 20,751 (1.6243 cuerdas) y la re-vende a Bernardo. Segrega además la finca 20,764 de 1.6243 metros cuadrados (alrededor de .0004 cuerdas).

El Lago era dueña de la finca número 20,765 de 1,652.71 mts.2 (.4349 cuerdas), así que la agrupa a la 6,206 para constituir la número 20,766 que según la determinación de hecho número 9 (f) tenía un área de 28.80961 cuerdas.

Continuamos el relato con el historial de la 20,766 que pertenece a El Lago Corp. hasta 1960 cuando la vende a Jefferson Caribe, Inc., dividida en predios “A” (18 cuerdas) y “B” (2.7230 cuerdas).

Jefferson Caribe segrega la finca número 20,822 de 15.2770 cuerdas y la vende a Litheda Apartments, Inc.

Salta a la vista que la historia registral de cada una de las fincas es completamente diferente y así lo concluyó el tribunal de instancia.

Los demandantes, ante la petición de sentencia sumaria de Litheda, radicaron solicitud de sentencia sumaria a su favor fundándose, en que la finca de Litheda era la misma que se trataba de reivindicar, que Litheda no era tercero, y que si lo era, no le protegía el Registro por existir una doble inma-triculación.

En su moción de sentencia sumaria la demandada Litheda alegó reunir todos los requisitos para merecer como tercero la protección registral contra cualquier nulidad que. pareciera afectar su título dominical. El tribunal de instancia declaró con lugar la sentencia sumaria solicitada por los demandantes. Concluyó la certeza de la tercería registral de Litheda, pero le negó la protección de la Ley Hipotecaria debido a que se trataba de un caso de doble inmatriculación en el Registro de la Propiedad y por tanto éste se inhibe, no extendiendo su protección al tercero. Véanse: Borrero v. Borrero, 32 D.P.R. 194 (1923); Rivera v. The Juncos Central, 31 D.P.R. 264 (1922); King v. Fernández, 30 D.P.R. 592 (1922); Ramos v. Orcasitas, 14 D.P.R. 68 (1908); Martínez Irizarry, El Principio de la Fe Pública Registral en Puerto Rico, XXVIII Rev. C. Abo. P.R. 754, 755 (1968); Sentencia del Tribunal Supremo de España del 17 de junio de 1963 (Núm. 3612); Roca Sastre, Derecho Hipotecario (6ta. ed., Barcelona: 1968), Casa Editorial Bosch, Tomo III, págs. 427 et seq.

Se expresó así el tribunal de instancia:

“Nos enfrentamos en este caso, en una jurisdicción en que no existe el catastro, con la inscripción dual de una misma finca a favor de distintas personas. Decimos una misma finca porque para los efectos de este pleito damos como ciertos los hechos contenidos en el requerimiento de admisión que mencionamos en nuestra Determinación de Hechos núm. 11.”

El siguiente es el razonamiento utilizado por el tribunal:

a) Cuando dos inscripciones en el Registro se refieren a una misma finca surge un caso de doble inmatriculación.-

b) Se ha aceptado que la inscripción número 471 y la 20,822 corresponden a la misma finca.

c) Por tanto, es éste un caso de doble inmatriculación.

El problema con la deducción anterior nace de la premisa segunda, ya que el origen de ésta lo constituye una ficción legal-cuya razón de ser obviamente no contempla un resultado como el obtenido en este caso.

Antes de entrar a considerar la cuestión planteada, precisa recordar una vez más lo establecido en la primera de las Reglas de Procedimiento Civil de 1958: “Estas reglas . . . [s] e interpretarán de modo que garanticen una solución justa, rápida y económica de todo procedimiento.”

La Regla 33.1 dispone que las cuestiones sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por admitidas, a menos que se cumplan con ciertos requisitos que la regla enumera.

El objetivo perseguido con la regla de requerimiento de admisión es el eliminar del pleito todos los hechos que no estén en controversia para,aligerar los procedimientos y tener una visión más nítida y precisa de lo que en realidad está en disputa. No se trata de un medio clásico de descubrimiento de prueba. Mucho menos de un instrumento para sorprender a la parte contraria o utilizarse como trampolín para lograr una sentencia sumaria poniendo en riesgo los derechos de los litigantes. Véase Rosado v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 122, 132-133 (1967), y los artículos ahí citados. Véase además el caso de Pickens v. Equitable Life Assur. Soc., 413 F.2d 1390, 1393 (1969).

Expresan unos conocidos comentaristas de las Reglas Federales de Procedimiento al referirse a la número 36, correspondiente a la 33 nuestra:

“[E]n relación a esta regla, al igual que con las demás, no se permitirá que prevalezcan consideraciones técnicas en detri-mento de la justicia sustancial, y por tanto la regla debe ser interpretada en forma liberal.” Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil § 2252, pág. 705.

Definitivamente era un hecho en controversia la identificación de la finca en litigio. Que no procede una reivindicación a menos que se pueda identificar con exactitud y certeza el inmueble objeto de la acción, es doctrina vigente desde época tan remota como la de las Siete Partidas. El Rey Sabio proveyó:

“Campo, ó viña, ó casa ó otra cosa cualquier de aquellas que son llamadas raiz queriéndola alguno demandar en juicio por suya, debe decir señaladamente en qual logar es et nombrar los mojones et los linderos della.” Las Siete Partidas del Rey Don Alfonso el Sabio (París: 1846), Librería Castellana, Tercera Partida, Título II, Ley XXV, Tomo 1ro., pág. 486.

Hace más de sesenta años expusimos en Amy et al. v. Amy et al., 15 D.P.R. 415, 434 (1909), los requisitos para reivindicar:

“(a) Que el reclamante y no otro sea el legítimo dueño de la cosa reclamada, (derecho de dominio);
(b) Que la cosa reclamada y no otra sea la que le pertenezca (identidad de la cosa) ; y (c) Que esa misma cosa se encuentre indebidamente en poder del demandado, (tenencia ó posesión).”

En 1938 elaboramos más la doctrina de la identidad al establecer en Pueblo v. Rojas, 53 D.P.R. 121, 125 (1938), que “[l]a identificación que se exige al demandante consiste de demostrar que la finca que reclama es la misma a que se refieren los documentos que dicha parte presente en evidencia para acreditar su justo título de dominio . . . [citas omitidas, énfasis suplido].” Como se dijera en Arce v. Díaz, 77 D.P.R. 624, 629 (1954), es jurisprudencia muy repetida que ha de fijarse con precisión la situación, cabida y linderos del in-mueble a reivindicarse, y demostrarse durante el juicio que el predio reclamado es aquel a que se refieren los documentos, títulos y demás medios de prueba en que el actor funde su pretensión. Véanse: Castrillo v. Maldonado, 95 D.P.R. 885, 891 (1968); E.L.A. v. Pérez Valdivieso, 83 D.P.R. 864, 877 (1961); Velázquez v. Velázquez, 82 D.P.R. 619 (1961); Sevilla v. Cía. Azucarera del Toa, 69 D.P.R. 249 (1948); Gerardino v. Pueblo, 55 D.P.R. 895 (1940); Torres v. Capital de P.R., 54 D.P.R. 357 (1939); Monje v. Osorio, 42 D.P.R. 146 (1931); Pérez Chanza v. Gerena, 41 D.P.R. 105, 107 (1930); Pesquera v. Fernández et al., 22 D.P.R. 53 (1915); Díaz v. El Pueblo et al., 17 D.P.R. 60 (1911); Sucesión Gorbea v. Pérez, 10 D.P.R. 460 (1906); Mouriño v. Carreras, 2 D.P.R. 581, 587-588 (1902); Puig Brutau, Fundamentos del Derecho Civil, (2da. ed., Barcelona: 1971), Tomo III, Vol. I, págs. 176 et seq.; Manresa, Comentarios al Código Civil Español (7ma. ed, Madrid: 1952), Instituto Editorial Reus, Tomo III, págs. 199 et seq.

En Matienzo v. Cancio et al., 23 D.P.R. 269 (1915), Anas-tacia Buitrón Sánchez traspasó al demandante Joaquín Matienzao una finca que se describe en la opinión. Sostenía el demandante que era esa la misma propiedad que había adqui-rido de sí el causante de la vendedora. Procedimos a describir esta segunda finca cuya descripción en nada se asemejaba a la anterior. A la pág. 274 expusimos que encontramos una completa falta de identificación en las dos fincas. Añadimos a la pág. 275 que “ [c] omparando las dos descripciones no existe en absoluto semejanza alguna entre ellas. La segunda descripción se refiere a dos colindancias naturales, un camino vecinal y una quebrada. No consta nada en los autos que muestre cómo surgió una quebrada en el Oeste o un camino vecinal en el Sur de la finca descrita originalmente.”

Y en Ruiz v. Pacheco, 8 D.P.R. 443, 447 (1905), expresamos:

“[S]i bien el demandante y apelante León Ruiz Arriola, ha presentado la escritura de compra-venta de los terrenos inscrita en el Registro de la Propiedad, lo que constituye á su favor un título de dominio de los terrenos comprendidos en dicho docu-mento, ha dejado de probar su identidad, para venir en conoci-miento de que realmente son los mismos de que está en posesión el demandado; prueba que por regla general es uno de los requi-sitos esenciales para que la acción reivindicatoría pueda prospe-rar, y que en el caso presente estaba tanto más indicada, cuanto que el demandado Alejandro Pacheco ha sostenido en la declara-ción jurada que presentó al solicitar la prórroga para contestar la demanda, que son terrenos distintos, los que se le reclaman y los que él posee,, y para corroborar este aserto, bastaría efectuar una inspección ocular y se vendría en conocimiento de que las colindancias que se describen en la demanda no concuerdan en nada con las de la estancia que él disfruta, y por consiguiente que son dos fincas diferentes."

Finalmente, la Regla 7.8 de las de Procedimiento Civil de 1958 establece que una alegación en que se reclame un dere-cho sobre un inmueble deberá describir el mismo con tal precisión que se pueda identificar.

Así, para poder prevalecer en última instancia, los deman-dantes en su acción reivindicatoría tienen que establecer la identidad del inmueble que interesan recuperar. Es evidente de la relación que hemos hecho que éste no es un caso común y corriente en el que el inmueble es de fácil identificación.

Con esto presente fes que debemos considerar la posición de la codemandada Litheda a los efectos de su admisión de que la finca que poseía era la misma que se intentaba reivindicar. Es evidente que al admitirlo, su propósito era lograr una adjudicación fácil y rápida de la controversia: la determinación de que era un tercero protegido registralmente. Y así lo determinó el tribunal de instancia. Pero como haberlo admitido tenía el efecto de establecer una doble inmatriculación del inmueble objeto del litigio, la condición de tercero no le protegía. Esto trae como resultado el adjudicar definitivamente, a base de una admisión táctica, un hecho esencial sobre el cual gira principalmente la litis; hecho que había sido negado en la contestación y que evidentemente fue admitido, como antes apuntamos, para lograr una rápida solución del caso. Conocida la historia de la finca 471 y sabiendo que uno de los requisitos esenciales en la acción reivindicatoría es la identificación del inmueble, resultaría extremadamente injusto predicar en esta admisión aislada una sentencia que afecta principalmente a una parte que pierde la protección registral del tercero hipotecario por una norma jurisprudencial.

Los hechos particulares.de este caso imparten a la admi-sión de Litheda un carácter de artificio legalista que no puede servir de base para una adjudicación racional y justa de la controversia.

El debido proceso de ley no tolera que una parte pueda desdecirse de lo admitido bajo cualquier liviano pretexto. Las admisiones bajo la Regla 33 son actos ejecutados con gran deliberación, análisis y estudio en el sosegado ambiente del despacho del abogado; no alcanzan la indulgencia que pudiera otorgarse a una admisión bajo fuerte interrogatorio en el ambiente tenso de la sala de justicia. No obstante un litigante debe tener derecho a retirar una admisión sólo si demuestra que incurrió en error honesto al hacerla y que dicho error derrota la justicia básica del caso. Después de todo las cortes existen para derribar obstáculos en el camino hacia lo justo.

Sólo mediando circunstancias excepcionales, como las aquí presentes, y más aun para rescatar la justicia de la confusión y el error de los que debemos servirla puede permitirse a una parte que retire una admisión bajo la Regla 33 de Procedimiento Civil o cualquier otra disposición, pues no puede privarse al sistema de enjuiciamiento de la más segura base de adjudicación correcta y justa como lo es la confesión de parte.

Se revocará la sentencia sumaria parcial dictada por la Sala de San Juan del Tribunal Superior y se devolverá el caso para la continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado, Señor Martín, no intervino.

       Dispone la Regla 33.1 de las de Procedimiento Civil de 1958:
      “Después de iniciarse un pleito, una parte podrá requerir por escrito a cualquier otra parte que admita la autenticidad de cualesquiera documentos pertinentes descritos en y producidos con el requerimiento, o que admita la veracidad de cualesquiera hechos pertinentes expuestos en el requerimiento. Si un demandante desea notificar un requerimiento de admisión dentro de 10 días después de iniciarse el pleito, será necesario obtener permiso del tribunal, el cual podrá ser concedido con o sin notificación a la parte contraria. Se notificarán copias de los documentos juntamente con el requerimiento a menos que hubieren sido ya suministradas. Todas las cuestiones sobre las cuales se solicite una admisión se tendrán por admiti-das, a menos que dentro de un plazo designado en el requerimiento, que no será menor de 10 días después de su notificación, o dentro del plazo menor o mayor que el tribunal concediere mediante moción y notificación, la parte a quien va dirigido el requerimiento notifique y entregue a la parte que requiere la admisión, ya sea (1) una declaración jurada negando específicamente las cuestiones sobre las cuales se requiere una admisión, o expresando detalladamente las razones por las cuales dicha parte no puede, ajustándose a la verdad, ni admitir ni negar dichas cuestiones; ó (2) objeciones por escrito fundadas en que algunas o todas las admisiones pedidas son privilegiadas o inmateriales o que el requerimiento es impro-cedente total o parcialmente por cualquier otro fundamento, conjuntamente con una notificación de una vista sobre dichas objeciones en la fecha más próxima factible....”

       Certificación relativa a la finca número 471 inscrita al folio 147 del tomo 9 de Río Piedras. Expedida en 20 de febrero de 1962 a instancia de Antonio J. Amadeo.
      En virtud de dos segregaciones de .47 y .956 de cuerda; la finca quedó reducida a 16.574 cuerdas.

       Certificación relativa a la finca número 20,822 inscrita al folio 155 y 156 del tomo 724 de Río Piedras. Expedida en 11 de mayo de 1964 a instancia del Ledo. José Antonio Luiña.

       La suma de las áreas de las fincas agrupadas es de 468.468 cuerdas y un cuadro. En vista sobre la moción de sentencia sumaria celebrada el 27 de agosto de 1965 ante el Hon. Alfonso García Martínez el Lie. Alvaro Calderón manifestó: “Como cuestión de realidad, luego de la mensura que hicieron al agruparse las seis fincas, la suma dio menos que ,1a supuesta que tiene. . . .” (Transcripción de Evidencia, págs. 12 y 13.) La Certifica-ción del Registrador de la Propiedad relativa a dicha'finca inscrita ál folio 83 de] tomo 126 de Río Piedras y expedida en 14 de mayo de 1964 a instancia del Ledo. José Antonio Luiña establece que se compone de 410.48 cuerdas.

       Determinación que nos negamos a revisar, R-67-202 (ver Resolu-ción de 25 oct. 1967).

       La doble inmatriculación es un estado irregular que se produce a veces en el Registro de la Propiedad consistente en que una misma finca, por entero, o una misma finca y parte de otra,- constan inmatriculadas dos o más veces. La doctrina y la jurisprudencia han resuelto el problema negándole a ambas la protección registral y determinando que la cuestión se adjudique a base de las reglas del derecho civil sin la protección de la Ley Hipotecaria. El Tribunal Supremo de España en Sentencia de 17 de junio de 1963, expone con precisión y claridad la norma:
      “CDO: Que la doble inmatriculación de una finca o derecho real en el Registro de la Propiedad, supone una anomalía de tal magnitud en el funcionamiento de esta Oficina que hace quebrar los principios básicos de publicidad y legitimación sobre' los que descansa nuestro sistema inmo-biliario, ya que al coexistir dos asientos de igual rango y naturaleza, contradictorios e incompatibles entre sí, la protección que se dispensase a uno de sus titulares frente al otro, implicaría para éste el desconocimiento de los mismos principios rectores del mecanismo tabular, por lo que neutralizándose en tal supuesto los efectos de ambas inscripciones, habrá de acudirse para- resolver • la pugna o colisión entre ellas y determinar cual sea la prevalente, a las reglas del-Derecho Civil con exclusión de la L. H_”

       En el escolio 1 se copia la Regla 33.1.

       Así es el texto de la Regla 7.8:
      “Una alegación en que se reclame un derecho sobre un inmueble deberá describir el inmueble con tal precisión que pueda ser identificado.”


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

license: Public Domain

text:
    Warner Lambert Company (American Chicle Co. Division), peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Armindo Cadilla Ginorio, Juez, demandado; R. Santaella & Brothers, Inc. y Santaella Distributors, Inc., interventoras.

      Número: O-72-106
    Resuelto: 9 de mayo de 1973

      Brown, Newsom & Córdova y Alberto Picó, abogados de la peti-cionaria; Wallace González Oliver, Secretario de Justicia, Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, Luis A. Micheli y Ralph T. Skelly González, Subdirector y Fiscal Especial, respectiva-mente Oficina de Asuntos Monopolísticos, abogados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; Fiddler, González & Rodríguez, Salvador Antonnetti Zequeira y Pedro Puma-rada, abogados de las interventoras; McConnell, Valdés, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria y Samuel T. Céspedes, amici curiae.

   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Consideramos en este recurso si la aplicación de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, 10 L.P.R.A. sees. 278 et seq., a los contratos de distribución existentes a la fecha de su vigencia, viola o no la garantía constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado.

En el 1941 las partes otorgaron un contrato mediante el cual la interventora distribuiría con exclusividad en el área norte de Puerto Rico las gomas de mascar y confecciones de Sen-Sen manufacturadas por la recurrente Warner Lambert Company. El contrato autorizaba la terminación unilateral disponiendo que el mismo permanecería en todo su vigor y efecto hasta que cualquiera de las partes lo cancelase. A tenor con dicha cláusula la recurrente notificó a la interven-tora la terminación del contrato a partir del 31 de diciembre de 1971.

Al amparo de la mencionada Ley Núm. 75, que regla-menta la terminación de contratos de distribución, la inter-ventora R. Santaella Brothers, Inc., instó demanda contra la recurrente Warner Lambert Company reclamándole la canti-dad de $1,500,000 como compensación por los daños y perjui-cios. Conjuntamente con su demanda solicitó del tribunal de instancia un remedio provisional para que se le prohibiera a la recurrente, entre otras cosas, cancelar o dar por terminado el contrato de distribución. A tenor con esta solicitud el tribunal de instancia dictó una orden de interdicto provisional prohibiéndole a la recurrente: a) Cancelar el contrato de distribución de R. Santaella & Brothers, Inc., y/o Santaella Distributors, Inc., o dar por terminado dicho contrato de dis-tribución, o negarse a cumplir o renovar dicho contrato de distribución o tomar cualquier acción que indirectamente permita tener tales efectos; b) Variar en forma alguna las relaciones existentes con los demandantes bajo dicho contrato; c) Gestionar, nombrar o negociar el establecimiento de nuevos distribuidores para áreas comprendidas en el contrato de dis-tribución; d) Menoscabar en forma alguna dicho contrato; e) Mientras se halle en vigor el interdicto las demandadas con-tinuarán entregando mercancía ordenada por las deman-dantes bajo los mismos términos y condiciones consignados en el contrato; f) Además, que mientras se halle en vigor la orden, se le prohíbe a las demandadas aumentar sus precios a las demandantes, y g) se continuará haciendo entrega de la mercancía ordenada por las demandantes.

La orden de interdicto fue dictada bajo las disposiciones del Art. 3A de la Ley Núm. 75 que autoriza al tribunal de instancia a conceder cualquier remedio provisional o medida de naturaleza interdictal en cualquier pleito en que esté en-vuelta directa o indirectamente la terminación de un contrato de distribución o cualquier acto en menoscabo de las relaciones establecidas entre el principal y el distribuidor. 10 L.P.R.A. sec. 278b-l. No conforme con la orden, la recurrente Warner Lambert, Inc., instó el presente recurso de certiorari adu-ciendo como fundamentos para su revocación que: 1) la Ley Núm. 75 es de aplicación prospectiva por lo que sus disposi-ciones no son aplicables a la terminación del contrato entre las partes, y, 2) en su defecto, que de aplicarse dicha ley retroactivamente al contrato entre las partes se violaría la garantía constitucional contra el menoscabo de las obliga-ciones contractuales. Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado. Por otro lado, la interventora R. San-taella & Brothers, Inc., plantea que el contrato de distribución fue novado en el 1967. De tener razón no sería necesario considerar la alegada violación a la garantía constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. El planteamiento de la interventora y el primer fundamento aducido por la recurrente para la revocación de la orden— aplicación prospectiva de la Ley Núm. 75 — deben ser con-siderados con prioridad.

APLICABILIDAD DE LA LEY NUM. 75 A LOS CONTRATOS EXISTENTES

Procederemos a considerar en primer término si la Ley Núm. 75 se aplica al contrato entre las partes. La contención de la recurrente es que no se aplica porque la Ley Núm. 75 no tiene efecto retroactivo. Arguye que de acuerdo con el Art. 3 del Código Civil para que una ley tenga efecto retro-activo es necesario que expresamente lo disponga, y, como la Ley Núm. 75 no contiene disposición expresa al efecto, la misma no puede aplicarse retroactivamente.

La falla del argumento de la recurrente consiste en que se basa en una interpretación literal del Art. 3. Dicho artículo sólo tiene el alcance de una regla general de inter-pretación de estatutos. No es un principio rígido de aplica-ción absoluta. Rodríguez v. Miller, 23 D.P.R. 594, 601 (1916); Manresa, I Comentarios al Código Civil Español, pág. 114 (6ta. ed.); Borrell y Soler, I Derecho Civil Español, pág. 14 (1955); De Buen y Bonet, I Derecho Civil Común y Foral, pág. 38; Puig Peña, Tomo I, Vol. 1, Tratado de Derecho Civil Español, pág. 436; Scaevola, I Código Civil, pág. 234 (6ta. ed.). A juicio de Manresa el artículo en sí es superfluo, pués, “. . . con la simple utilización de las reglas generales de interpretación de la ley se llegaría siempre a la misma con-clusión aunque el artículo del Código no existiera.” op cit. 114. Scaevola adopta también una interpretación flexible afir-mando con Laurent que “el legislador no debe estar enca-denado por un principio absoluto, que coartaría su libertad de acción en perjuicio de la sociedad y de los individuos . . . .” op cit. 237.

La doctrina clásica del derecho común de los Estados Uni-dos exigía, al igual que nuestro Art. 3, una declaración expresa de la intención legislativa para la aplicación retro-activa de un estatuto. Union Pacific R.R. Co. v. Laramie Co., 231 U.S. 190. Actualmente, sin embargo, prevalece una regla flexible similar a la que propugna la doctrina española. Kindleberger v. Lincoln National Bank, 155 F.2d 281; Hiatt v. Hilliard, 180 F.2d 453; Peony Park v. O’Malley, 223 F.2d 668; Chambers v. Toohey, 187 Atl. 49.

La jurisprudencia de California comparte también este enfoque al interpretar una disposición idéntica al Art. 3. Véanse Código Civil de California, Art. 3, West’s Ánn. Civil Code, sec. 3; Código Penal de California, Art. 3, West’s Ann. Penal Code, sec. 3; Manhein v. Superior Court of Los Angeles, 478 P.2d 17; In Re Estrada, 408 P.2d 948, 952; De Genova v. State Board of Education, 367 P.2d 865; In Re Cote, 279 Pac. 131; In Re Poter’s State, 204 Pac. 826; East Bay Municipal Utility District v. Garrison, 218 Pac. 43, 47.

In Re Estrada, supra, fija el alcance del Art. 3 en términos similares a los que hemos expuesto anteriormente expre-sando: “Esta sección simplemente incorpora la regla general de interpretación de que cuando en un estatuto no hay nada que indique una intención contraria se presumirá que el legislador intentó que el estatuto operara prospectivamente y no retroactivamente. Esta regla de interpretación no es una camisa de fuerza. Cuando la Legislatura no ha expresado su intención en forma expresa dicha regla no debe ser seguida ciegamente haciendo caso omiso de los factores que puedan dar luz sobre la intención legislativa. . . .” Id. a la pág. 952.

Considerado pues el Art. 3 como una regla general de interpretación y no como un principio de aplicación inflexible, el planteamiento de la recurrente se reduce propiamente a determinar cual fue la intención legislativa con respecto a la aplicación de la Ley Núm. 75. Ya en este proceso de interpre-tación la norma que controla la función judicial es la que establece el propio Código Civil en su Art. 19, a saber: “El medio más eficaz y universal para descubrir el verdadero sentido de una ley cuando sus expresiones son dudosas, es considerar la razón y espíritu de ella, o la causa o motivos que indujeron al poder legislativo a dictarla.” 31 L.P.R.A. sec. 19. Sales v. Samac Motor Corp., 92 D.P.R. 529 (1965).

Los informes de las comisiones legislativas y la propia Exposición de Motivos de la Ley 75 resumen las razones que motivaron la acción legislativa y sus propósitos. De estos documentos podemos inferir la intención del legislador de aplicar las disposiciones de la Ley Núm. 75 a los contratos existentes a la fecha de su vigencia. Como puede verse, estos documentos revelan la profunda preocupación de la Asamblea Legislativa con el problema creado en el sistema de distribu-ción por la acción intempestiva de empresas manufactureras que sin causas justificadas dan por terminadas sus relaciones con sus distribuidores o agentes. La ley fue diseñada con el propósito específico de resolver esa situación evitando los ale-gados perjuicios que esa práctica estaba ocasionando a la economía.

El propio texto de la ley indica el propósito de cubrir los contratos existentes al disponer en el Art. 2 que: “No empece la existencia en un contrato de distribución de una cláusula reservándole [s] a las partes al derecho unilateral a poner fin a la relación existente, ningún principal o concedeñte podrá dar por terminada dicha relación, o directa o indirectamente realizar acto alguno en mehoscabo de la relación establecida, o negarse a renovar dicho contrato a su vencimiento normal, excepto por justa causa.” 10 L.P.R.A. sec. 278a.

Imprimirle un efecto prospectivo a la Ley Núm. 75 mera-mente como consecuencia de la aplicación inflexible del Art. 3, como pretende la peticionaria, llevaría al absurdo de que la ley no se aplicaría a los hechos que tuvo ante sí el legislador. Gaetan y De Jesus: En Torno a la Ley Número 75 del 24 de junio de 1964, 34 Rev. Jur. U.P.R. 497, 532 (1965). En efecto, estaríamos derrotando el propósito cardinal del esta-tuto convirtiéndole en una medida inocua. La eficacia de la Ley Núm. 75 está precisamente en que se propone alterar las relaciones existentes entre manufactureros y distribuidores y no solo las relaciones que se establezcan con posterioridad a su vigencia.

CUESTIÓN RELATIVA A LA ALEGADA NOVACIÓN DEL CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

En el 1967, estando ya en vigor la Ley Núm. 75, se enmendó el contrato entre las partes para aumentar del 10 al 12 por ciento la comisión del distribuidor. La interventora sostiene que este aumento varió una de las condiciones princi-pales del contrato, y que, siendo esta modificación incompatible con el contrato Original, éste quedó extinguido creándose una nueva relación entre las partes con posterioridad a la aprobación de la Ley Núm. 75. De resolverse esta cuestión afirmativamente, no sería necesario considerar si la Ley Núm. 75 viola- la garantía constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. Creemos, sin embargo, que no tiene razón la interventora y a continuación expondremos nuestros fundamentos.

El Art. 1157 del Código Civil prescribe, en lo aquí pertinente, que las obligaciones pueden modificarse variando su objeto o condiciones principales. 31 L.P.R.A. see. 3241. No obstante, para que la obligación quede extinguida por otra que la sustituya, el Art. 1158 establece como condición indefectible “que así se declare terminantemente o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.” 31 L.P.R.A. see. 3242. En Caribe Lumber Corp. v. Marrero, 78 D.P.R. 868 (1955) establecimos como pauta interpretativa de este articulado que la novación nunca se presume si no que ha de ser acreditada sin género alguno de duda. También hemos establecido que la novación es siempre una cuestión de intención y que ésta debe inferirse de las circunstancias que rodean cada caso en particular. Hernández v. Burgos, 40 D.P.R. 460, 463 (1930).

La doctrina puntualiza el elemento de la voluntad de las partes como determinante de la novación. Castán, III Derecho Civil Español, Común y Foral, 326-327 (9na. ed.); Puig Brutau, I-II Fundamentos de Derecho Civil, 399 (1959); Manresa, op cit. Tomo 8, Vol. 1, pág. 753 (5ta. ed.); Bonet Ramón, 32 Revista de Derecho Privado, pág. 240 (1948). A este respecto el insigne maestro Clemente de Diego señala que “es principio de doctrina y criterio de decisión en el moderno Derecho desligado de las trabas o sujeción del formalismo que inspiraba el Derecho romano, que la voluntad privada campea soberana en los contratos. . . .” Efectos Novatorios de un Contrato, I Revista de Derecho Privado, 472, 479 (1914).

La voluntad novatoria — la intención de extinguir la obligación sustituyéndola por una nueva — es pues requisito insoslayable para la novación. La voluntad tiene que ser manifiesta; no puede basarse en equívocos. El Art. 1158 usa un lenguaje radical: “así tiene que declararse terminantemente.”

La interventora sostiene que el contrato fue novado a base de que se modifica una de sus condiciones principales. No estamos de acuerdo, la modificación de una de las condiciones principales del contrato no necesariamente supone una novación extintiva, si no es ésa la voluntad expresa de las partes. Por otro lado la novación extintiva puede operar aún con la simple modificación de una condición secundaria, si eso es lo que las partes quieren y así lo declaran terminantemente. Bonet Ramón, op cit. 240; Azurza, Nota Sobre Novación 34 Revista de Derecho Privado, 590, 596, 604 (1950); Ennec-Cerus-Lehmann, Tomo II-1 Derecho de Obligaciones Anotaciones de Pérez González y Arguer, pág. 222 y sig.; Hernández Gil, El Ambito de la Novación Objetiva Modificativa, 45 Revista de Derecho Privado, pág. 797 (1961). La naturaleza jurídica de la condición — si principal o secundaria —no tiene pués, el peso que supone la contención de la interventora.

La propia letra del Código sostiene esta interpretación de la doctrina. Nótese que el Art. 1157 solamente dice que las obligaciones “pueden modificarse” por variaciones en sus con-diciones principales. No dice que se extinguen. Es el Art. 1158 el que dice que las obligaciones pueden extinguirse pero sin expresar nada sobre la naturaleza jurídica de la variación— si es en las condiciones principales o en las secundarias.

La jurisprudencia española no ha seguido del todo esta doctrina adoptando en alguna de sus sentencias un rigor conceptual, rémora de la tradición formalista del Derecho romano. El Derecho romano conceptuaba las obligaciones como inmutables por lo que no se podían modificar sin des-truir y sustituir el vínculo. Sólo admitía la novación extintiva rechazando la puramente modificativa. Este rigorismo forma-lista encontró acogida en algunas sentencias del Tribunal Supremo de España no empece la diferencia conceptual entre la novación clásica y la moderna. Pérez Gonzalez y Alguer, op cit. 222; Bonet Román, op cit. 240. A este respecto dice Gide: “La novación moderna apenas tiene de común con la novación de otros tiempos más que el nombre.” Véase citasen Azurza, op cit. 591. Lo anterior explica el porqué frecuen-temente la jurisprudencia española afirma que las variaciones en las condiciones principales conlleva necesariamente la extinción de la obligación.

■ La doctrina, como hemos visto, rechaza el enfoque restric-tivo de la jurisprudencia española señalando que el concepto de la novación bajo el régimen del Código Civil es amplio, incluyendo tanto la extinción de la obligación existente mediante la creación de una nueva como la simple modifica-ción de una obligación que no tiene efecto extintivo. Castán, op cit. 324; Puig Brutau,. op cit. 397; Manresa, op cit. 761. Debemos preservar este sentido amplio del Código fundado en la voluntad de las partes, pues con ello contribuimos a darle a nuestro Derecho la flexibilidad que demanda nuestro desarrollo económico con sus múltiples y variadas transac-ciones contractuales.

Castán advierte las dificultades que entraña el enfoque restrictivo de la novación al establecer una distinción basada en la relatividad del límite que separa lo principal de lo secundario. Por eso, sugiere que debe considerarse no sólo la cláusula modificada, sino también la voluntad de las partes y la significación económica de la modificación. Castán, op cit. 334.

Debe tenerse presente que la extinción de la obligación conlleva la extinción de las garantías y demás derechos accesorios. Art. 1161 del Código Civil; Puig Brutau, op cit. 397. Es evidente que una consecuencia tan' drástica como ésta sólo puede producirse cuando las partes han tenido clara con-ciencia de ella. Es por eso que los tribunales deben examinar con cautela las circunstancias particulares de cada caso para hacer la determinación- de si ha habido o no novación extin-tiva.

En el caso de autos aparece del récord que el contrato acordado por las partes en el 1941 consta de ocho cláusulas que cubren en detalles las obligaciones recíprocas de las partes: a) la designación de la interventora como distribuidora exclusiva de los productos de la recurrente, b) la demarcación del territorio que cubre la distribución exclusiva (área norte de Puerto Rico), c) prohibición a la interventora de vender en competencia productos similares, d) obligación de la inter-ventora de informar a la recurrente cualquier violación a la marea de fábrica, e) obligación de la interventora de hacer informes periódicos sobre el inventario y otros informes, f) opción de la recurrente de comprar el inyentario de la inter-ventora en caso de cancelación del contrato, g) monto de la comisión y forma de pago, y, h) la facultad de las partes de cancelar el contrato a voluntad.

De todas estas cláusulas, sólo una de ellas, la que fija la comisión, fue modificada. La modificación se verificó en virtud de una breve carta dirigida por la recurrente a la interven-tora el 17 de enero de 1967 en la que meramente se expresa que a partir del 1ro. de enero de 1967 la comisión sería del 12 por ciento. Dicha carta lee como sigue:—

“Enero 17, 1967
Sr. R. Christiansen
Sres. Santaella Distributors, Inc.
Apartado 96
San Juan, Puerto Rico
Estimado Ralph:
Acabo de regresar a la oficina y quiero aprovechar la oportu-nidad de decirte cuanto disfruté el haberte conocido personal-mente y darte las gracias por todas las cortesías que me brin-daste durante mi reciente visita a Puerto Rico.
Creo que la nueva comisión del 12 por ciento, efectiva el 1ro de enero de 1967, ayudará mucho en aumentar las ventas de los productos de Chicle durante el 1967 y años futuros.
Te agradeceré que saludes a Ralph, hijo y a Fred. Dile a Fred que estoy haciendo los arreglos para enviarle una limitada cantidad de Dentyne que puede ser usado en los mejores estable-cimientos (outlet) de San Juan.
Muy sinceramente, W. J. Sibert”

Ni en el texto de esta carta ni en ningún otro documento aparece una declaración terminante de las partes de extinguir el contrato de 1941 y sustituirlo por otro. Por el contrario, de las propias alegaciones de la interventora aparece que las relaciones entre las partes continuaron en la misma forma que se acordó en el contrato de 1941, salvo el aumento de la comisión. Es decir, las partes continuaron sus relaciones asu-miendo que- estaba vigente — como evidentemente lo estaba — el contrato de 1941. Esto en sí es suficiente para demostrar la intención de no novar, contrario a la contención de la inter-ventora.

Tampoco hay incompatibilidad entre el contrato de 1941 y el aumento de la comisión. La incompatibilidad a que se refiere el Código es a la absoluta, a la excluyente “de todo punto”. Art. 1158, supra. Aquí, por el contrario, la modificación aumentando la comisión y el contrato de 1941 son perfectamente armonizables. Se trata propiamente de una mera alteración cuantitativa del objeto del contrato que deja íntegra la estructura misma de la obligación. La doctrina considera que la modificación al quantum debido no supone un animus novandi. Azurza, op cit. 606; Castán, op cit. 332; Puig Brutau, op cit. 399.

En resumen, no apareciendo en forma, alguna la declaración terminante que exige el Art. 1157 para la extin-ción de las obligaciones por novación ni habiendo incompati-bilidad entre el contrato de 1941 y el aumento de la comisión de 1967, es forzoso concluir que no operó la novación alegada por la interventora, estando pués, en todo su efecto y vigor el contrato original de las partes al aprobarse la Ley Núm. 75.

VIOLACIÓN DE LA GARANTÍA CONTRA EL MENOS-CABO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Resuelto lo anterior consideramos ahora si la aplicación de la Ley Núm. 75 a los contratos existentes a la fecha de su vigencia viola o no la disposición constitucional que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales. Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado, supra.

Estamos de acuerdo que esta prohibición no es absoluta y que debe interpretarse en armonía con otras disposiciones constitucionales. La contratación privada no puede, en principio, impedir el ejercicio del poder de reglamentación del Estado. Sierra, Comisionado v. San Miguel, 70 D.P.R. 604, 606 (1949); Hudson Water Co. v. McCarter, 209 U.S. 349; Manigault v. Spring, 199 U.S. 473, 480. La Asamblea Legislativa tiene, en efecto, amplios poderes para aprobar medidas razonables con el propósito de salvaguardar los intereses fundamentales del pueblo y promover el bien común. No obstante, el poder de reglamentación, por amplio que sea, no es ilimitado. Su ejercicio nunca puede ser arbitrario o irrazonable. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393, 403, (1966). De otra manera, ni la garantía contra el menoscabo de las obligaciones contractuales ni ninguna otra garantía de la Constitución tendrían valor alguno, pués todas quedarían sometidas al poder omnímodo del Estado. Vale recordar que las garantías constitucionales se formularon precisamente con el propósito de restringir el ejercicio arbitrario y opresivo de los poderes del Estado. Ellas sirven de broquel para la protección de los ciudadanos contra la opresión de la mayoría.

La certeza en las consecuencias legales de lo pactado constituye el fundamento racional en que se basa la garantía contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. En principio, la ley, no debe modificar esas consecuencias en perjuicio de uno de los contratantes. Las partes así lo confían. La estabilidad en las relaciones contractuales es un valor social que requiere protección en el ordenamiento jurídico. Por supuesto, como ya expresamos, por razones superiores de orden público, esta protección puede quedar subordinada al poder de reglamentación del Estado. Cf. El Paso v. Simmons, 379 U.S. 497, 506.

Al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula de menoscabo el criterio aplicable es el de razonabilidad. La función del tribunal consiste en establecer un balance razonable entre el interés social de promover el bien común y el interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e irrazonable de las leyes. Esencialmente es una cuestión de debido procedimiento de ley. A este respecto se ha sostenido que los criterios de razonabilidad’ para determinar la validez de la acción legislativa son los mismos bien bajo la garantía del debido procedimiento de ley como bajo la garantía contra el menoscabo de las obligaciones contractuales. Por consecuencia, aunque no existiera la garantía contra el menoscabo de las obligaciones —como no existe en cuanto al Congreso ya que la prohibición del Art. I, Sec. 10, va dirigida a los estados exclusivamente— siempre podría llegarse al mismo resultado aplicando la cláusula del debido procedimiento de ley. S. Lawson, Constitutional and Legislative Considerations in Retroactive Lawmaking, 48 Calif. L. Rev. 216; Hale, The Supreme Court and the Contract Clause, 57 Harv. L. Rev. 852, 890; Comentario, 32 Mich. L. Rev. 71. Como casos ilustrativos en los cuales se ha aplicado el mismo criterio puede verse a Block v. Hirsh, 256 U.S. 135 y Marcus Brown Co. v. Feldman, 256, U.S. 170. Ambos casos sostuvieron la constitucionalidad de la aplicación de un estatuto de control de alquileres a los contratos existen-tes; uno, bajo la cláusula del debido procedimiento de ley; y el otro, bajo la cláusula contra el menoscabo de las obliga-ciones contractuales.

La razonabilidad del estatuto se determina tomando en consideración principalmente la sustancialidad del interés público promovido por el mismo y la dimensión del menoscabo ocasionado por su aplicación retroactiva. Véanse: Home Building & Loan Association v. Blaisdell, 290 U.S. 398; Hochman, The Supreme Court and the Constitutionality of Retroactive Legislation, 73 Harv. L. Rev. 701. Mientras más grave sea el mal social que el estatuto intenta remediar más grande es el interés público envuelto, y, por tanto, mayor justificación para su aplicación retroactiva. Es por eso que tradicionalmente se ha reconocido la supremacía del poder de reglamentación, en tales áreas como la venta de licores, la venta de drogas, la operación de destilerías y de salas de juego, no empece los contratos que puedan haberse convénido previamente en esas actividades. Manigault v. Spring, supra; Home Building & Loan Association v. Blaisdell, supra, a la pág. 435.

Igualmente se ha juzgado razonable la aplicación retroactiva de estatutos en situaciones de emergencia creadas por el impacto de una inflación o recesión económica. Las emergencias pueden ser provocadas por diferentes causas, bien por un conflicto bélico, por un desastre de la naturaleza o por desajustes económicos creados por una inflación en los precios o una depresión de los valores. Para una discusión general sobre los poderes gubernamentales para afrontar emergencias por desajustes en la economía véase las anota-ciones Governmental Powers in Peace-Time Emergency en 86 A.L.R. 1539 y 96 A.L.R. 826.

En Home Building & Loan Association v. Blaisdell, supra, el Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo la constitu-cionalidad de una ley de moratoria mediante la cual se autori-zaba a los tribunales a posponer la ejecución de propiedades por deuda y a extender, durante la emergencia declarada por la Legislatura, los períodos de redención; en Block v. Hirsh, supra, se sostuvo la constitucionalidad de la aplicación retro-activa de una ley de control de alquileres expresando el Juez Holmes que: “Un límite a la vigencia para superar una difi-cultad transitoria, puede muy bien justificar una ley que no podría sostenerse como una medida permanente.” (traduc-ción nuestra); en Fleming v. Rhodes, 331 U.S. 100, se sostuvo la constitucionalidad de la aplicación retroactiva de una ley de control de precios; en Veix v. Sixth Ward Assn., 310 U.S. 32, se sostuvo la aplicación retroactiva de una ley regulando la redención y retiro de acciones' de asociaciones de préstamos a base de que: “Estamos bregando aquí con instituciones financieras de mayor importancia para el sistema de crédito del Estado. El Estado retiene poderes de reglamentación ade-cuado para reglamentar por ley el retiro de acciones.” (tra-ducción nuestra). El estatuto en este caso tenía el propósito de evitar la quiebra dé las asociaciones de préstamos debido a una depresión en los valores de bienes inmuebles.

Todos estos casos envuelven legislación revestida de gran interés público. Los estatutos en cuestión fueron aprobados para remediar un grave mal social con motivo de la emergen-cia creada por una depresión económica. Pero, además, todos estos casos tienen el factor adicional de que el menoscabo oca-sionado por la aplicación retroactiva del estatuto no afectaba la integridad de la obligación. Se trataba, en efecto, de simples menoscabos transitorios, situación muy distinta a la de la Ley Núm. 75.

Como vimos anteriormente, la Ley Núm. 75 tiene como propósito expreso remediar la situación de los distribuidores por la acción intempestiva de empresas manufactureras que dan por terminado los contratos de distribución sin causa justificada. La Exposición de Motivos de dicha ley declaró que era vital para la economía del país, al interés público y al bienestar general, la razonable estabilidad de las relaciones de distribución,

Ni en la Exposición de Motivos, ni en los informes de las comisiones legislativas se aduce un solo hecho para sostener la anterior afirmación. No se celebraron vistas públicas para ventilar la situación a que alude la Ley Núm. 75. No hubo siquiera discusión en el hemiciclo de las cámaras al aprobarse la ley. No tenemos base para tomar conocimiento judicial del efecto de la terminación de los contratos de distribución en la economía de Puerto Rico o en la sociedad puertorriqueña. Nos merecen profundo respeto las declaraciones legislativas sobre los males sociales que el legislador intenta remediar. Pero tales expresiones deben estar fundadas en hechos de conocimiento general y no constituir un mero fíat legislativo.

Por el contrario, frente a la ausencia de hechos que justifiquen la declaración legislativa sobre la necesidad de la Ley Núm. 75 encontramos que la operación del agente exclusivo en la distribución de productos alimenticios se ha objetado porque su comisión constituye ún costo adicional que tiene que pagar el consumidor. Véase: Galbraith, John Kenneth, Marketing Efficiency in Puerto Rico, pág. 195, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1955. En forma alguna insinuamos que la eliminación del distribuidor exclu-sivo redundaría en una reducción de costos de distribución. Aclaramos también que todas las anteriores consideraciones se refieren a la validez de la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 75 que en nada prejuzgan la facultad legislativa para reglamentar los contratos de distribución en forma prospec-tiva. La Asamblea Legislativa tiene amplios poderes para reglamentar prácticas que considere perjudiciales al sistema de mercadeo, salvo que al hacerlo infrija una disposición específica de la Constitución, como se infringe en el caso de autos la cláusula contra el menoscabo de las obligaciones con-tractuales. Ferguson v. Skrupa, 372 U.S. 726.

El derecho vigente al momento de las partes en el caso de autos formalizar el contrato de distribución permitía la ter-minación unilateral. No existía en Puerto Rico una causa de acción por razón de la terminación del contrato cuando las partes no habían fijado un plazo definido. Arecibo Motors Co. v. Caribe Motors Corp., 60 D.P.R. 401 (1942). La Ley Núm. 75 creó una causa de acción a favor del distribuidor por la terminación sin justa causa, no obstante haber acordado las partes la terminación unilateral. El efecto práctico de la Ley Núm. 75 es prorrogar indefinidamente el contrato, a menos que haya justa causa para la terminación, o,, que el principal esté dispuesto a pagar daños que pueden resultar cuantiosos. La ley define justa causa como el .“incumplimiento de algunas de las obligaciones esenciales del contrato de dis-tribución, por parte del distribuidor, o cualquier acción u omisión por parte de éste que afecte adversamente y en forma sustancial los intereses del principal o concedente en el desarrollo del mercado o distribución de la mercancía o servicios.” Art. 1, 10 L.P.R.A. see. 278. Nótese que la justa causa se limita a actos imputables al distribuidor. Solamente cuando el distribuidor incurra en incumplimiento de algunas efe las condiciones esenciales o afecte adversa-mente en forma sustancial los intereses del principal, éste puede dar por terminado el contrato sin reparación de daños. No se admite la buena fe del principal en la terminación del contrato, ni su derecho a establecer su propio sistema de distribución o hacer ajustes al sistema de distribución que de buena fe considere necesario para incrementar su mercado.

La definición de justa causa tiene el efecto de privar al principal del derecho de dar por terminado el contrato en cualquier momento. Constituye una modificación sustancial del contrato mediante la cual se transfiere, de un patrimonio a otro, un derecho contractual con un valor económico apre-ciable. El menoscabo es mayor cuando consideramos que justa causa es una defensa afirmativa, y, como tal, el peso de la prueba recae en el principal. De no existir justa causa, el principal habrá ejecutado un acto torticero contra el distri-buidor y deberá indemnizarle a base de una compleja fórmula de daños. Art. 3,10 L.P.R.A. sec. 278b.

Como se puede ver, no se trata de un simple menoscabo de carácter transitorio como en los casos mencionados anterior-mente que envuelven legislación de emergencia. Por el con-trario, aquí se mengua sustancialmente la posición del principal en sus relaciones contractuales con el distribuidor. Un derecho fundamental del principal — el de dar por terminado el contrato unilateralmente — ha sido demolido bajo el imperio de la aplicación retroactiva de la Ley Núm. 75. Tal menos-cabo, aun con una justificación más sólida que la que provocó la aprobación de la Ley Núm. 75, es irrazonable, arbitrario y opresivo.

En un esfuerzo por cerrar la grieta que vicia la validez del estatuto, la interventora nos sugiere que adoptemos una interpretación más restrictiva de la definición de justa causa. Podemos, sin duda alguna, ir más allá de la letra de la ley para cumplir su espíritu. Art. 14 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 14. Pero es que la letra en este caso refleja fielmente el' espíritu de la ley. La intención clara del legislador fue precisamente impedir la terminación unilateral de los contratos de distribución por causas que no fueran imputables al distribuidor. Ni hay ambigüedad en la letra de la ley ni dudas sobre la intención legislativa. Ampliar por interpretación judicial la definición de justa causa, como sugiere la interventora, subvertiría el verdadero sentido y propósito del estatuto.

Arguye el Procurador General en su informe que la Ley Núm. 75, y específicamente la definición de justa causa, se inspiró en la legislación federal que reglamenta ías relaciones de distribución en la industria de automóviles. Se refiere a la ley conocida como Automobile Dealer’s Day in Court Act, 15 U.S.C.A. secs. 1221-1225. No tiene razón.

La ley federal tiene objetivos y propósitos distintos a los de la Ley Núm. 75. Arranca de un contexto antimonopolís-tico para remediar la menosvalía económica de los agentes distribuidores de automóviles en sus negociaciones con los. fabricantes. El desbalance existente en el poder de regateo de los distribuidores permitía a los fabricantes imponerles con-diciones irrazonables e inequitativas mediante amenazas de cancelarles las franquicias. Para evitar esas prácticas abu-sivas se aprobó el Automobile Dealer’s Day in Court Act, swpra, la cual creó a favor del distribuidor una causa de acción cuando el manufacturero no actúa de buena fe en el desempeño de la obligaciones contraídas en la franquicia o en la terminación, cancelación o la negativa a renovar la franquicia. 70 Stat. 1125, 15 U.S.C.A. see. 1222, 3 U.S. Code Congressional and Administrative News 4596 et seq. (1956).

El concepto de buena fe de la ley federal es distinto al de justa causa de la Ley Núm. 75. Buena fe se define por aquella como el deber de ambas partes de actuar mutuamente de una manera razonable y equitativa para garantizarse el uno al otro libertad de coerción, intimidación o amenaza de coerción o intimidación. 15 U.S.C.A. see. 1221. Las palabras claves en la definición son coerción e intimidación. La mera terminación o negativa a renovar la franquicia no da base a uña causa de acción, a menos que tal cancelación o negativa a renovar sea parte de un contexto de coacción o intimidación. Milos v. Ford Motor Co. 317 F.2d 712; Anno. Validity and Construction of Statute Regulating Dealings Between Automobile Manufacturers, Distributors, and Dealers, 7 A.L.R.3d 1173-1183.

La ley federal no garantiza exclusividad al distribuidor. El fabricante puede designar distribuidores adicionales en la comunidad, siempre que no lo haga, como una medida de coacción o intimidación. La designación de distribuidores adicionales se considera un método normal de competencia, lo que está en consonancia con los objetivos antimonopolísticos de la ley. 3 U.S. Code Congressional and Administrative News 4604.

La medida de daños en la ley federal es sencilla: los realmente sufridos y las costas, sin incluir honorarios de abogados. Id. 4602. Contrario a la Ley 75, el peso de demos-trár buena fe en la ley federal recae sobre el distribuidor. A éste corresponde probar todos los elementos de la causa de acción. Milo v. Ford Motor Co., supra.

Someramente hemos señalado algunos rasgos que destacan las diferencias fundamentales entre la Ley Núm. 75 y el Automobile Dealer’s Day in Court Act con el propósito de demostrar que la jurisprudencia interpretativa de ésta tiene muy poco valor persuasivo para nosotros en este caso. Tam-poco tiene relevancia la jurisprudencia de los estados fede-rados por tratarse de estatutos redactados con propósitos y objetivos distintos a los de la Ley Núm. 75.

En base a las razones que hemos expuesto en el curso de esta opinión, concluimos que la Ley Núm. 75 en su aplicación a los contratos existentes a la fecha de su vigencia, viola la garantía constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales, Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado, y por lo tanto, es inconstitucional.

Se dictará sentencia dejando sin efecto la orden de entre-dicho recurrida y se devolverá el caso para ulteriores procedi-mientos consistentes con lo aquí expuesto.

Los Jueces Asociados, Señores Cadilla Ginorio e Irizarry Yunqué, no intervinieron.

       La See. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado dispone: “No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contrac-tuales.”

       Las relaciones contractuales entre las partes comenzaron en el 1924 cuando verbalmente se acordó por la antecesora American Chicle Company otorgarle a R. Santaella & Brothers, Inc., la distribución de los mencionados productos en todo el territorio de Puerto Rico.

      3 El Art. 3 del Código Civil prescribe que:
      “Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieran expresa-mente lo contrario.” 31 L.P.R.A. see. 3.

      E1 Informe de la Comisión de Industria y Comercio del Senado lee en parte:
      “Recientemente se ha recrudecido el problema creado en el sistema de distribución en Puerto Rico por la acción intempestiva de empresas manufactureras domésticas y del exterior que, sin causa justificada, dan por terminadas sus relaciones con sus distribuidores y agentes en Puerto Rico, tan pronto como éstos han creado un mercado favorable para sus productos, frustando las legítimas expectativas e intereses de los que tan eficientemente han cumplido con sus responsabilidades.
      Las disposiciones tradicionales ■ que regulan los contratos entre partí-culares han demostrado no ser eficaces para proteger los legítimos derechos del distribuidor o agente, por lo qne se hace necesario legislar para regla-mentar esta relación y garantizar que los manufactureros actúen de buena fé, equitativamente, de manera no arbitraria, y preservar al distribuidor o agente los derechos y las expectativas justificadas inherentes a la relación. Además, esto tendrá la consecuencia de dar estabilidad a las relaciones de distribución.
      Esta es la grave situación que se intenta remediar con la aprobación de este proyecto. . . .” Yol. 18 Parte 3 Diario de Sesiones 1531 (1964).
      En sentido similar se manifiesta el Informe de las Comisiones de Comercio y Industria y de lo Jurídico de la Cámara. Véase Vol. 18, Parte 4 Diario de Sesiones 1727.
      La Exposición de Motivos de la Ley Núm. 75 lee:
      “El Estado Libre Asociado de Puerto Rico no puede permanecer indiferente al creciente número de casos en que empresas domésticas y del exterior, sin causa justificada, eliminan sus distribuidores, concesionarios, o agentes, o sin eliminarlos totalmente van gradualmente mermando y menoscabando el alcance de las relaciones previamente establecidas, tan pronto como dichos distribuidores, concesionarios o agentes han creado un mercado favorable y sin tener en cuenta sus intereses legítimos.
      “La Asamblea Legislativa de Puerto Rico declara que la razonable estabilidad en las relaciones de distribución en Puerto Rico es vital a la economía general del país, al interés público y al bienestar general, y en el ejercicio del poder policial, considera necesario reglamentar, o en lo perti-nente, el campo de dichas relaciones, para evitar los abusos que ciertas prácticas ocasionan.”

       Dicho artículo lee:
      “Las obligaciones pueden modificarse:
      1. Variando su objeto o sus condiciones principales.
      2. Sustituyendo la persona del deudor.
      3. Subrogando a un tercero en los derechos del acreedor.”

       El Art. 1158 lee:
      “Para que una obligación quede extinguida por otra que la substituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles.”

       Traducción nuestra.

       La prohibición establecida en el Art. I, Sec. 10, dispone en lo pertinente:
      “Ningún estado . . . aprobará . . . ley ex post facto o que menoscabe la obligación de los contratos, . . . .”

       Véase.escolio 4, supra.

       La obra citada comprende un exhaustivo estudio del prestigioso economista John Kenneth Galbraith sobre las deficiencias del sistema del mercadeo de productos alimenticios en Puerto Rico. Dicho estudio fue auspiciado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el 1955. En el capítulo 15 de este estudio se recomiendan medidas para mejorar la eficiencia en el mercadeo de productos alimenti-cios discutiéndose específicamente la posibilidad de eliminar a los agentes distribuidores por ser intermediarios que incrementan los precios o restrin-gir sus actividades mediante la aplicación de las leyes federales antimono-polísticas.

         El Art. 3 prescribe que la cuantía de los daños se fijará a base de los siguientes factores:
      “(a) el valor actual de lo invertido por el distribuidor para la adqui-sición y la adecuación de locales, equipo, instalaciones, mobiliario y útiles, en la medida en que éstos no fueren fácil y razonablemente aprovechables para alguna otra actividad a que el distribuidor estuviere normalmente dedicado;

        “ (b) el costo de las mercaderías, partes, piezas, accesorios y útiles que el distribuidor tenga en existencia, y de cuya venta o explotación no pueda beneficiarse;
      “(c) la plusvalía del negocio, o aquella parte de ésta atribuible a la distribución de la mercancía o la prestación ' de los servicios de que se trate, a ser determinada dipha plusvalía tomando en consideración los siguientes factores:
      (1) número de años que el distribuidor ha tenido a su cargo la distribución;
      (2) volumen actual de distribución de la mercancía o prestación de los servicios de que se trate y la proporción que representa en el negocio del distribuidor;
      (3) proporción del mercado de Puerto Rico que dicho volumen representa;
      (4) cualquier otro factor que ayude a establecer equitativamente el monto de dicha plusvalía
      “(d) el monto de los beneficios que se hayan obtenido en la distribu-ción de la mercancía o en la prestación de los servicios, según sea el caso, durante los últimos cinco años o si no llegaren a cinco, cinco veces el promedio de los beneficios anuales obtenidos durante los últimos años, cualesquiera que fuesen.”


author: El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Sebastián Romero Cuesta, acusado y apelante.

      Número: CR-72-96

      Resuelto: 14 de mayo de 1973

      Yamil Galib Frangle, abogado del apelante; J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Lady Alfonso de Cumpiano, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Cadilla Ginorio

emitió la opinión del Tribunal.

Al apelante Sebastián Romero. Cuesta se le acusó por el fiscal por una infracción al Art. 260 del Código Penal de Puerto Rico (33 L.P.R.A. see. 966) en su segundo párrafo.

La vista del caso se celebró en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, ante jurado. La prueba de cargo consistió del testimonio de Iván Fagundo Ghigliotty, de la perjudicada y de José Antonio Andújar Graniela y como prueba documental la verificación certificada de Acta de Nacimiento de la perju-dicada, de donde se concluye que ésta tenía 8 años el 31 de octubre de 1969, fecha en que se alegó se cometió el delito. El otro testigo del fiscal, lo era la madre de la perjudicada, que no fue utilizada y fue puesta a disposición de la defensa. Ésta presentó como prueba la denuncia formulada contra el acu-sado y como prueba ofrecida y no admitida, el certificado de nacimiento del acusado.

El jurado encontró culpable al acusado del delito que se le imputó y el tribunal lo sentenció a cumplir la pena corres-pondiente conforme a ley.

En la apelación se imputa como primer error el que el tribunal comentó en sus instrucciones al jurado el hecho de que el acusado no hubiese testificado y al calificar tal circunstan-cia como una omisión.

El ilustrado magistrado que presidió el juicio (Hon. Archilla Guenard) dió al jurado la siguiente instrucción:

“Por un precepto expreso de la ley el acusado puede o no declarar, según él así lo desee. Es un derecho que él tiene que la ley le da.
En este caso, como ustedes han visto el acusado no ha decla-rado. El hecho de no hacerlo no ha de considerarse como cir-cunstancia que lo incrimine, pues el fiscal está en la obligación de establecer su culpabilidad más allá de una duda razonable, prescindiendo de tal omisión. (Énfasis suplido.)

En primer lugar sostiene el apelante que aun cuando la referida instrucción se ha venido transmitiendo rutinaria-mente a los jurados en todas las causas criminales, la misma equivale a llamar la atención del jurado sobre el hecho de que el acusado ha guardado silencio, no ha declarado; y en segundo lugar que al calificar ese hecho como una “omisión”, y al decir que el fiscal viene obligado a probar la culpabilidad del acusado más allá de duda razonable “prescindiendo de tal omisión” intima que de no haber “omitido” el acusado su declaración ello hubiese aliviado la carga del fiscal.

Sostiene además el apelante, en su alegato, que la práctica en muchas cortes de la jurisdicción federal es no dar dicha instrucción sobre el silencio del acusado a menos que la defensa expresamente lo solicite; y dichos tribunales consi-deran que el trasmitir dicha instrucción sua sponte equivale a llamar la atención del jurado al final del proceso, a un hecho al cual a lo mejor no le había dado importancia el jurado y para el cual ni tan siquiera requería explicación o aclaración alguna.

Mantiene que la instrucción señalada como error es una que a la luz de las disposiciones de la Sec. 11 de la Carta de Derechos de nuestra Constitución no debe ser impuesta a ningún acusado que no lo solicite expresamente y que, en todo caso, nunca debiera calificarse como “omisión” el ejercicio por el acusado de un derecho constitucional de tanto rango como el que le protege contra la propia incriminación; y que el vocablo “omisión” conlleva corriente y correctamente la conno-tación de dejar de hacer una cosa conveniente o necesaria, algo así como una falta o descuido; y hasta puede indicar grave falta moral, como cuando hablamos, por ejemplo, de “pecado de omisión” o de “crimen por omisión”; y sostiene que fundándose en los principios de justicia debe rechazarse toda instrucción impuesta a un acusado que no ha solicitado y que tiene el efecto no ya tan solo de señalar el hecho de, que no ha declarado en su juicio, sino que califica el ejercicio de ese derecho suyo como una “omisión”.

Al terminar de dar las instrucciones, en ausencia del jurado, el magistrado invitó a las partes a consignar en el récord cualquier excepción que pudieran tener a las instrucciones trasmitidas al jurado. El Ledo. Galib contestó: “La defensa ninguna, Yuesto Honor.” No se solicitaron instruc-ciones adicionales. Esto sería suficiente para disponer del ale-gado error adversamente al apelante. En Pueblo v. Torres Rolón, 99 D.P.R. 970 (1971) (Rigau), resolvimos que es tardío un planteamiento en apelación impugnando las instruc-ciones del juez al jurado cuando la defensa no objeta dichas instrucciones ni solicita instrucciones adicionales. Igual doc-trina sostuvimos en Pueblo v. Del Valle, 91 D.P.R. 174 (1964) (Pérez Pimentel), donde resolvimos, además, que si no se hace objeción ni aun de carácter general a las trasmiti-das, se renuncia a cualesquiera errores en ellas que no lesionen sus derechos fundamentales.

En primer lugar debemos decir que esa misma cuestión fue resuelta adversamente al apelante en una Sentencia que recientemente dictamos en el caso de El Pueblo de Puerto Rico v. Mario Moreu Pérez, criminal número 72-102, sobre Ley de Narcóticos, en apelación procedente del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, donde se dió una instrucción idéntica a la aquí envuelta y por el mismo magistrado que la dió en el pre-sente caso, y en el cual se levantaron las mismas objeciones, por el mismo ilustrado abogado que representa al apelante en el presente caso. Dijimos allí:

“Aparte de que el apelante no objetó la instrucción, lo cierto es que la instrucción no tiene el efecto que el apelante apunta. Parte de una premisa falsa al tratar de establecer una relación entre la instrucción impartida y el comentar el silencio del acusado. Ver Pueblo v. Martínez Guerra, 98 DPR, 682 (1970).”

Pero aun yendo al fondo de la instrucción impugnada, consideramos que la misma no lesiona derechos fundamentales del acusado, aun cuando se haya calificado el acto del acusado de no declarar con el vocablo de “omisión”.

Es correcta la alegación de la distinguida representación legal del apelante de que el vocablo o palabra “omisión” conlleva corrientemente la connotación de dejar de hacer una cosa conveniente o necesaria, algo así como una falta de •descuido y hasta puede indicar grave falta moral, como cuando expresamos por ejemplo “pecado de omisión”. El Dic-cionario de la Lengua Española de la Real Academia Espa-ñola (19na. ed., 1970, pág. 942, en sus acepciones segunda, tercera y cuarta define dicho vocablo así: “Omisión:.; (2) falta por haber dejado de hacer algo necesario o conve-niente en la ejecución de una cosa o por no haberla ejecutado; (3) flojedad o descuido del que está encargado de un asunto; (4) pecado de omisión.” Igualmente el Diccionario General Ilustrado de la Lengua Española (Vox), edit. Bibliograf, S. A. Barcelona, 1970, pág. 1188 define dicha palabra, en su acepción tercera y cuarta, así: “Omisión:.;.; (8) falta por haber omitido la ejecución en todo o en parte de una cosa; (4) descuido del que está encargado de una cosa”; pero el uso de la misma no puede interpretarse, como lo hace el apelante, en el sentido de que la misma equivale a llamar la atención del jurado sobre el hecho de que el acusado ha guardado silencio y de que intima o sugiere al jurado que de no haber omitido el acusado, o sea, de haber el acusado declarado, ello hubiese aliviado la carga del fiscal. Por el contrario, de dicha instrucción, leyendo su contexto, se com-prende diáfanamente que el tribunal tuvo la intención de recordarle, que debían tener presente, y no olvidarlo en sus deliberaciones, que el acusado tenía el derecho de declarar o no, según lo deseare, por mandato expreso de la ley; pero que recordaran y tuvieran presente siempre que el hecho de no haber declarado el acusado en este caso, no debía ni podía con-siderarse como que ello tendiera a aceptar culpabilidad y/o incriminarse; y que recordaran en todo momento, en sus deli-beraciones, que a pesar de no haber declarado el acusado, el fiscal venía obligado de probarles a los jurados su culpabilidad más allá de una duda razonable, sin tener en cuenta el silencio del acusado; y el calificar ese silencio como una omi-sión, no desvirtúa de ninguna manera el propósito de la instrucción; aunque mejor hubiera sido que el magistrado no hubiera usado la palabra omisión y que la instrucción, en vez de decir al final: . . prescindiendo de tal omisión” hubiera dicho . . prescindiendo del hecho de que el acusado no ha declarado, en el,ejercicio de su derecho a no hacerlo. Que-remos establecer aquí la pauta de que en el futuro los magis-trados deben abstenerse de calificar como “omisión”, el derecho del acusado a no declarar, en los casos en que éste ejercite ese derecho y no declare.

Tampoco creemos que debe establecerse la doctrina de que el tribunal no dé instrucciones sobre el derecho del acusado a guardar silencio, si éste no lo solicita, por el fundamento alegado por el apelante, de que la instrucción equivale a llamarle la atención al jurado sobre el hecho de que el acusado ha guardado silencio. Por el contrario, esa instrucción es necesaria, sana y prudente, como un recordatorio a los jurados que tengan siempre presente y no olviden en sus deliberaciones el alcance de ese derecho que tiene el acusado y como, porque lo ejercite, no deben considerar que lo incriminó y que se pueda tener la más mínima idea de que está aceptando culpabilidad en el caso.

El apelante, en apoyo de sus razonamientos, hace referen-cia a una expresión del Sr. Juez Black, del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Grunewald, etc., v. United States, 353 U.S. 391; 1 L.Ed.2d 931; 77 S.Ct. 963. La opinión del Tribunal fue dada por el Sr. Juez Harland. El Sr. Juez Black concurrió por opinión separada, con la opinión del Sr. Juez Harland. Fue en ésta que él expresó lo siguiente:

“No se me ocurre pensar en ninguna circunstancia especial que pueda justificar el uso de un privilegio constitucional para desacreditar o declarar culpable a uno que lo invoca. La eficacia de los privilegios constitucionales se destruye grandemente si se penaliza a las personas por invocarlos. Parece particularmente incongruente e indefendible por las cortes, las cuales existen y actúan solamente bajo la Constitución, el llegar a inferencias de falta de honestidad de la invocación de un privilegio conceptuado valioso y salvaguardado en la Constitución.”

Suscribimos línea por línea las referidas manifestaciones del Sr. Juez Black; pero los hechos y la cuestión envuelta en dicho caso eran completamente diferentes a la situación del presente caso. El peticionario Grünewald fue convicto de cons-piración para defraudar a los Estados Unidos en relación con ciertos asuntos contributivos. Halperin, uno de los alegados conspiradores convictos fue citado por un Gran Jurado de Brooklyn que estaba investigando la corrupción en el Nego-ciado de Rentas Internas. El Gran Jurado había recibido testimonio de dos contribuyentes envueltos en el caso, que conectaba al coacusado Halperin con un grupo o círculo que se dedicaba a hacer arreglos contributivos por medios fraudu-lentos, soborno, corrupción e influencia impropia (tax-fixing ring.) Fue sometido ante el Gran Jurado a una serie de preguntas que Halperin declinó contestar amparándose en que las contestaciones tenderían a incriminarle y que la Quinta Enmienda, por tanto, le daba el derecho a no contestar las preguntas. El testigo insistentemente alegó ante el Gran Jurado que él era completamente inocente, y que invocaba la Quinta Enmienda solamente por el consejo que le había dado su abogado de que si él contestaba preguntas podría propor-cionar o suministrar evidencia que podría ser usada contra él, particularmente cuando él no estaba representado por abogado allí y no podía repreguntar a los testigos ante el Gran Jurado. Posteriormente, cuando el Gobierno repreguntó a Halperin durante el juicio en su fondo, algunas de las pre-guntas que se le habían hecho ante el Gran Jurado, se hicieron nuevamente. El contestó cada pregunta de un modo consis-tente con su inocencia. Se le permitió entonces al Gobierno, bajo objeción, el traer en el contrainterrogatorio que Halperin había invocado su privilegio bajo la Quinta Enmienda de no contestar ante el Gran Jurado esas mismas preguntas. Luego, en su informe al jurado, el juez sentenciador les instruyó que la invocación por Halperin de la Quinta Enmienda, para no contestar esas preguntas podían ser tomadas en consideración solamente como reflejándose en su credibilidad, y que ninguna inferencia podía sacarse de ese hecho en cuanto a Halperin ni ninguno otro de los co-acusados: El Tribunal Supremo de Estados Unidos expresa que naturalmente, es una regla elemental’ fle evidencia que manifestaciones anteriores pueden usarse para impugnar (impeach) la credibilidad de un acu-sado o de .un testigo ordinario; pero que eso sólo puede hacerse si el juez está satisfecho que las manifestaciones anteriores son de hecho inconsistentes. Establece que el punto fundamental en el caso era simplemente, dentro de las circunstancias del caso, si el tribunal que vio el caso, erró al sostener que la invocación por Halperin de la Quinta Enmienda ante el Gran Jurado envolvía tal inconsistencia con cualquier parte de su testimonio durante el juicio que permitiera su uso contra él para fines de impugnar su credibilidad. El Tribunal Supremo —al pasar sobre la cuestión (issue) de credibilidad — consi-dera evidente que la invocación de la Quinta Enmienda por Halperin ante el Gran Jurado, en contestación a las pre-guntas que él contestó en el juicio, era totalmente consistente con su inocencia, ya que si hubiera contestado las preguntas ante el Gran Jurado de la misma manera en que subsiguiente-mente las contestó en el juicio, ello hubiera provisto al Gobierno con evidencia incriminatoria de su propia boca. Sostiene el Tribunal que la Quinta Enmienda fue invocada ante el Gran Jurado, donde Halperin fue obligado a compa-recer y no era un testigo voluntario; donde no estaba repre-sentado por abogado; donde no podía citar testigos; y donde no tenía oportunidad a repreguntar los testigos que declara-ron contra él; y que los hombres inocentes están más inclina-dos a alegar el privilegio en procedimientos secretos, donde ellos declaran sin el consejo de abogado y sin oportunidad de contrainterrogar, que en los procedimientos abiertos en Corte, donde el contrainterrogatorio y el procedimiento judi-cialmente supervisado les provee de salvaguardia para él establecimiento de la totalidad de la verdad, contrario a la posibilidad de establecer una verdad a medias o meramente parcial. Resuelve el Tribunal, como lo más importante, que no se puede considerar la alegación de Halperin sobre la Quinta Enmienda como inconsistente con su testimonio posterior durante el juicio debido a la naturaleza del procedimiento particular ante el Gran Jurado, porque cuando fue preguntado ante éste evidentemente él era ya considerado como un acu-sado potencial. Consideró que se había cometido error perju-dicial al permitir el juez que contrainterrogaran a Halperin sobre su invocación de la Quinta Enmienda ante el Gran Jurado, revocó el caso, y ordenó devolverlo para que se le celebrara juicio de nuevo. Fue entonces que, en opinión sepa-rada, con la cual concurren el Sr. Juez Presidente y los Sres. Douglas y Brennan, el Sr. Juez Black hizo las manifesta-ciones que arriba hemos copiado, expresando que concurre, pero con una excepción, a saber: que no descansa su conclu-sión exclusivamente en las circunstancias especiales del caso, sino que no puede pensar de ninguna circunstancia que justi-fique el uso de un privilegio constitucional para desacreditar o condenar a una persona que lo invoca.

Como segundo error se alega, que “erró el Hon. Tribunal a quo al instruir al jurado con respecto a alegados hechos anteriores supuestamente cometidos por el acusado.”

En el caso se traje prueba de hechos cometidos el 2 de octubre de 1969 para demostrar “. . . con qué intención o con qué malicia él tocaba esa niña en la forma que ella describe y que lo describe otro testigo y con qué intención o deseo él besaba esa niña por el cuello y el rostro. Para esos solos fines se ha permitido esa prueba, pero los hechos que ustedes habrán de resolver si fueron o no cometidos por el acusado y si habiéndolos cometido constituyó o no el delito que se le imputa en esta acusación, son los del 31 de octubre.” (T.E. pág. 149.)

En el caso de Pueblo v. Firpi Negro, 96 D.P.R. 215 (1968), donde la acusación era por el delito de incesto se permitió prueba de hechos acontecidos hasta cuatro años antes del hecho por el cual se' le acusaba “porque los varios actos estaban tan relacionados entre sí que los primeros actos tendían a probar el delito imputado.” Cuando el Sr. Presi-dente del jurado solicitó instrucciones adicionales sobre este aspecto, el tribunal fue claro al expresar que los actos por los cuales lo tenían que hallar culpable eran los del 31 de octubre. (T.E. pág. 169.) Entendemos además que los otros actos que-daron debidamente probados.

El tercer apuntamiento del apelante es el siguiente:

“Erró el Hon. Tribunal a quo al denegar la admisión en evidencia del certificado de nacimiento del acusado con vista a las circunstancias todas del caso.”

Este error no se cometió, pues aun cuando hubiera tenido que admitir el tribunal dicho certificado en evidencia, no hay duda de que el jurado tuvo muy en mente la edad del acusado, tan es así que al rendir su veredicto, solicitó del tribunal “alguna clemencia en consideración a su edad al sentenciarlo.”

Es de notar que el acusado estuvo presente durante la vista del caso, y el jurado observó que se trataba de un hombre de avanzada edad.' Además, los hechos específicos sobre los que desfiló prueba que sucedieron el 31 de octubre de 1969, podían ser cometidos por un hombre de 77 años. La prueba de su edad no hubiera rebatido el hecho cometido.

Pasáremos a discutir los últimos dos erroes conjunta-mente, según lo hizo el acusado y el Procurador, que son:

IV “Erró el Hon. Tribunal a quo al no decretar la absolución al amparo de la Regla 135 de las de Procedimiento Criminal vigentes.”
V “La sentencia apelada es contraria a derecho o es el resultado de manifiesto error en la apreciación de la prueba.”

No se cometió ni el cuarto ni el quinto error imputádole al tribunal a quo, pues la prueba del fiscal fue suficiente para sostener una convicción por infracción al Art. 260 del Código Penal. Tanto la niña, como el testigo Iván Fagundo Ghigliotty, declararon que el 31 de octubre de 1969, el acusado traía a la niña de la mano y al llegar detrás de una guagua la tocó en ambos lados del pecho y la besó repetidas veces en las mejillas y alrededor del cuello. Luego, quedaron probados los requisitos esenciales para una convicción por el delito que se le imputa, a saber: se cometió un acto impúdico o lascivo con la niña, que en ese momento era menor de catorce años (específicamente, contaba con 8 años de edad) y ello se realizó con la intención de despertar, incitar o satisfacer la impudicia, pasiones o deseos sexuales del acusado o la niña. Dicha intención quedó probada a base de hechos impúdicos y de lascivia anteriores al día de los hechos y relatados por la niña y otro testigo.

Alega el acusado que los actos específicos alegados en la acusación en cuanto a que “el acusado frotase su pene contra las partes pudendas de ella”, no fueron probados. Tiene razón el acusado, esos hechos específicos no fueron probados como que sucedieron el día de los hechos; pero fueron probados los hechos antes relatados que también constituyen el delito. A esos efectos la Regla 38(d) de las de Procedimiento Criminal, en parte, dice: “La incongruencia o desacuerdo entre las ale-gaciones y la prueba no será fundamento para la absolución del acusado.” El delito fue probado y entendemos que ese error no afectó los derechos sustanciales del acusado. Abundando sobre ese tema, C. Fricke en California Criminal Procedure, pág. 398 (6ta. ed. 1962) nos dice:

“Una variación inmaterial (immaterial variance) es una en la cual existe una diferencia entre las alegaciones de la acusa-ción o denuncia pero dicha diferencia no prueba un delito dis-tinto que el imputado, siendo la variación meramente en cuanto a una materia de detalle que no puede resultar en un perjuicio sustancial al derecho del acusado.”

Se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez.

         La acusación leía así:
      “El referido acusado, Sebastián Romero Cuesta conocido por Bachan, allá en o por uno de los días del mes de octubre de 1969 y en Cabo Rojo, Puerto Rico que forma parte de la jurisdicción de este Tribunal, ilegal, voluntaria, criminal y maliciosamente cometió actos de impudicia- y lascivia, fuera de los que constituyeren otros delitos previstos en el Código Penal de Puerto Rico, con una niña menor de catorce (14) años de edad, S.I.R.A., con el- cuerpo de dicha niña, frontando y rozando con el pene las partes pudendas de la referida niña con la intención de incitar y satisfacer su impudicia, pasiones y deseos sexuales y de despertar e incitar la impudicia y deseos sexuales de dicha niña.” (En la acusación se expresa el nombre completo de la menor.)

       “Toda persona que maliciosamente cometiere cualquier acto im-púdico o lascivo, fuera de los que constituyeren otros delitos previstos en el Código Penal, con un niño menor de catorce años de edad, o con el cuerpo de dicho niño o cualquier parte o miembro del mismo, con la intención de despertar, incitar o satisfacer la impudicia, pasiones o deseos sexuales de dicha persona o de dicho niño, será culpable de delito grave y recluido en la penitenciaría por un período que no excederá de cinco años. Código Penal, 1937, Artículo 260.”

       T.E. pág. 157.

       No se cita jurisprudencia al efecto.

       O cualquiera fraseología que cada Juez considere apropiada y que no sea inconsistente a lo aquí resuelto.

       Hay otros dos peticionarios en el caso: Halperin y Bolich.

         La prueba consistió en que ese día le tocó el pecho en ambos lados y la besó en el cuello y en la mejilla, también en ambos lados, varias veces. (T.E. págs. 52-54.)

       Los -hechos establecidos en el presente caso probaron la misma ofensa o delito imputados en la acusación, o sea, una infracción al Art. 260 del Código Penal.