author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Pueblo International, Inc., recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Río Piedras, recurrido.
    Número: O-73-265
    Resuelto: 10 de octubre de 1973

      Morales, Cordero, Ruiz & Lugo, abogados de la recurrente; el Registrador compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Según lo autoriza la Ley General de Corporaciones de Puerto Rico (14 L.P.R.A. secs. 1101 y ss.), ocho corporaciones se consolidaron y fusionaron subsistiendo únicamente la aquí recurrente Pueblo International, Inc. Entre las que desapare-cieron en la fusión se halla Pueblo Supermarkets of Puerto Rico, Inc., dueña y titular registral de una parcela de 15.1306 cuerdas en el Barrio Monacillos de Río Piedras. Por disposi-ción del Art. 903 de la Ley de Corporaciones (14 L.P.R.A. see. 1903) al consumarse la fusión, la corporación subsistente Pueblo International adquirió todos los bienes muebles e in-muebles, derechos, facultades y franquicias de las constitu-yentes.

Para trasladar el título de la extinta corporación Pueblo of Puerto Rico sobre la parcela en Río Piedras, a la corporación subsistente Pueblo International, se presentó al Registro de la Propiedad un certificado de la Secretaría de Estado aseve-rando que el referido acuerdo de fusión se había registrado y archivado en dicho departamento, copia del acuerdo y un escrito titulado Instancia suscrito por el abogado de Pueblo International, en el que solicita del Registrador que practique la entrada correspondiente en que figure dicha corporación como dueña de la parcela afectada. Denegó el Registrador la inscripción por no tener los documentos presentados la calidad de inscribibles bajo los Arts. 2 y 3 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. secs. 2 y 3).

Tanto el Registrador como la recurrente en-sus alegatos pasan por alto el Art. 21 de la Ley Hipotecaria (30 L.P.R.A. see. 46) que dispone:

“Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse, expresarán por lo menos todas las circunstancias que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a las fincas y a los derechos inscritos.
Los dueños de bienes inmuebles o derechos reales por cual-quier título universal o singular que no los señale y describa individualmente, podrán obtener su inscripción presentando dicho título con el documento, en su caso, que pruebe haberles sido aquél transmitido, y justificando con cualquier otro docu-mento fehaciente que se hallan comprendidos en él los bienes que traten de inscribir. — Ley Hipotecaria, 1898, art. 21.”

El título fundamental presentado por la recurrente es el Acuerdo de Fusión, registrado en la oficina del Secretario de Estado de Puerto Rico y en la de Delaware, cuyo acuerdo en su cláusula 4 dispone que al entrar en vigor el mismo la corporación subsistente (Pueblo International) advendrá dueña de toda la propiedad y activos de las corporaciones cons-tituyentes (entre ellas Pueblo de Puerto Rico) y que toda la propiedad mueble e inmueble perteneciente a éstas se tendrá por transferida a y su título investido en la corporación sub-sistente sin más acto ni documento. Dicha cláusula incorpora en lo substancial, al pacto de consolidación, el Art. 903 de la Ley de Corporaciones (14 L.P.R.A. see. 1903. .

Si bien en el título universal que hemos glosado no se describe la finca cuya inscripción se interesa, ésta aparece descrita con particularidad en una instancia interesando la inscripción suscrita por el abogado de la recurrente, en la que además se ofrece el dato exacto de inmatriculación, expre-sando folio, tomo y números de finca e inscripción.

Hay una notable analogía en el trámite de registro para trasladar la inscripción del inmueble de una corporación ex-tinta a la subsistente, y el seguido para inscribir los bienes de un causante a favor de sus herederos. En el centro de ambos procesos hay un título universal que para la sucesión lo es el testamento o la declaratoria de herederos, en ninguno de los cuales por lo general se describen los bienes diferidos; y que para la recurrente Pueblo International lo es el docu-mento auténtico expedido por funcionario competente (Secre-tario de Estado) comprensivo del Acuerdo de Fusión corpora-tivo, complementado en este caso por el estado de derecho declarado en el Art. 903 de la Ley de Corporaciones. Siendo indisputable el derecho de dominio consignado en el documento base o título fundamental, resulta una fase secundaria del trayecto registral señalar al Registrador, los bienes inmuebles sobre los que recae el dominio, por lo que a tenor de los Arts. 21 de la Ley Hipotecaria y su concordante el 87 del Regla-mento no se requiere un justificante que lleve aparejada eficacia alguna probatoria, sino meramente indicativa a los efectos señalados.

A tales fines, basta el escrito o instancia de parte intere-sada.

Consideramos que la documentación presentada al Registro satisface las normas de legalidad y especialidad de dicha institución. Comentando los Arts. 16 y 21 de la Ley Hipotecaria de España que en conjunto equivalen al texto transcrito del Art. 21 nuestro, Roca Sastre ha dicho:

“Ahora bien, dispone el referido art. 16 de la Ley Hipotecaria que ‘los dueños de bienes inmuebles o derechos reales por testa-mento u otro título universal o singular, que no los señale y describa individualmente, podrán obtener su inscripción, pre-sentando dicho título con el documento, en su caso, que pruebe haberles sido aquél transmitido y justificando con cualquier otro documento fehaciente que se hallan comprendidos en él los bienes que traten de inscribir’.
El precepto responde a la preocupación del legislador respecto de aquellos títulos que — por ejemplo, un auto de declaración de herederos ad intestato generalmente o un testamento — no descri-ben, ni siquiera señalan, los inmuebles o derechos reales objeto de los mismos. Como el art. 21 de la misma ley Hipotecaria exige que los documentos que deban inscribirse han de contener las circunstancias que, referentes a las fincas, sean precisas para la inscripción, de aquí que el legislador se creyó en la necesidad de establecer dicha norma, referente al modo de justificar el hecho o circunstancia de que determinadas fincas o derechos están comprendidos en un título básico, universal o singular, que no los señale ni los describa.
El comentario que merece dicho art. 16 de la ley Hipotecaria ha de dirigirse a demostrar su perfecta inutilidad, pues una de tres: a) Si se trata de fincas inmatriculadas y el dominio de las mismas o los derechos reales sobre ellas, probablemente figura-rán inscritos a nombre del causante o transferente, y entonces no se requiere documento alguno que justifique que tales bienes o derechos están comprendidos en el título universal o singular que no los describa ni señale, puesto que la circunstancia de figurar inscritos dichos bienes o derechos a nombre del referido causante o transferente demuestra suficientemente, cuando no en virtud del principio de legitimación registral, que los mismos se hallan comprendidos en el mencionado título universal o singular; ....
. . . Por tanto, en el caso en que las fincas o derechos figura-sen inscritos a nombre del causante, no había que justificar nada, pues la justificación ya estaba en el Registro mismo. El problema surgiría si las fincas o derechos no estaban inscritos, pero en-tonces ya se trataba de una cuestión distinta, como es la inmatri-culación de las fincas o la previa inscripción del dominio o derechos reales. (Énfasis en el original.)

Estando, pues, inscritos los bienes a nombre del causante o disponente, no se requería ni se requiere presentar aquel docu-mento fehaciente de que hablaba antes el párrafo segundo del art. 21, y hoy el art. 16 de la ley, lo que hace que quede reducido este precepto a algo que sólo interesa a los efectos inmatricula-dores. No obstante, siempre será precisa la presentación de un documento que describa las fincas en plena coincidencia con el Registro. La Dirección llegó a declarar que ni esto era necesario, pues al Registrador le bastaba examinar los índices y registrar el derecho hereditario en todas los hojas regístrales de fincas inscritas a favor del causante (resoluciones de 1 de julio de 1863, 7 de octubre de 1880,14 de diciembre de 1894 y 18 de junio de 1897) ; pero otras veces exigió escritura descripcional o de inventario (resoluciones de 26 de agosto de 1863 y 12 de agosto de 1869). Hoy, repetimos, al menos se requiere una instancia privada descriptiva, suscrita por los herederos si sólo se trata de anotar el derecho hereditario o suscrita por el heredero único, si quiere inscribir; Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Sexta edición (1968), Tomo II, págs. 571 y ss. Cf. Méndez v. Registrador, 18 D.P.R. 805, 810 (1912). Padres Mercedarios v. Registrador, supra. Galindo y Escosura, Comentarios a la Legislación Hipotecaria de España, Cuarta Ed. (1903), Tomo 2, págs. 235, 236; Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, Segunda Ed. (1927), Tomo 2, pág. 470; Barraehina, Comentarios a la Ley Hipotecaria, Ed. 1909, Tomo I, pág. 68; Beraud y Lezon, Tratado de Derecho Inmobiliario, Ed. 1927, Tomo I, pág. 392.

Al dar' acceso al Registro al título del recurrente coincidimos con el criterio reiteradamente expresado por la Dirección General de Registros de España, en cuanto a que las cuestiones dudosas deben resolverse en el sentido más favorable a la libertad de dominio; y que el Registrador dentro de los límites del sistema, ha de procurar en todo lo posible el ingreso de los títulos en los libros para que gocen de su protección y garantía, puedan ser objeto de sucesivas opera-ciones de tráfico y permitan a su titular el máximo rendi-miento economicojurídico. (Res. 19 die. 942 y 7 oct. 943.)

Se revocará la nota recurrida y se ordenará la inscripción.

       “Se entenderá por título para todos los efectos de la inscripción el documento público y fehaciente, entre vivos o por causa de muerte, en que funde su derecho sobre el inmueble o derecho real la persona a cuyo favor deba hacerse la inscripción misma.” Art. 50, Reglamento Hipotecario (30 L.P.R.A. see. 880). Cf. Ponce Real Estate Corp. v. Registrador, 87 D.P.R. 215,218 (1963).

       “Cuando el convenio de consolidación o fusión se hubiere firmado, autenticado, radicado y registrado con arreglo a los requisitos de' este Subtítulo, para todos los efectos de las leyes del Estado Libre Asociado se extinguirá la personalidad jurídica aislada de todas las corporaciones constituyentes que fueren partes en el convenio, salvo la de la que hubiere absorbido por fusión a la otra u otras, según el caso; y las corporaciones constituyentes pasarán a ser una nueva corporación, o serán absorbidas en la fusión por una de tales corporaciones, según el caso, con arreglo a las disposiciones de tal convenio; y la corporación resultante tendrá todos los derechos, privilegios, facultades y franquicias, de índole tanto pública como privada y estará sujeta a todas las restricciones, inhabilidades y deberes, de cada una de tales corporaciones así consolidadas o fusionadas; y, sin excepción, todos los derechos, privilegios, facultades y franquicias de cada una de tales corporaciones, y todos los bienes, muebles e inmuebles, y todos los créditos, por cualquier concepto y de cualquiera de tales cor-poraciones constituyentes, tanto respecto de suscripciones de acciones como de derechos o bienes reclamables o pertenecientes a cada una de tales corporaciones, pasarán a ser derechos, privilegios, facultades, fran-quicias, bienes y créditos de la corporación que se originare de la con-solidación o que subsista a la fusión. Todos los bienes, derechos, privilegios, facultades y franquicias, y, sin excepción, todo otro interés pasarán consiguientemente al patrimonio de la corporación que se originare o que subsista, con el mismo alcance que tenían en los respectivos patri-monios de cada corporación constituyente. El título de cualesquiera bienes inmuebles adquiridos por escritura u otro título, con arreglo a las leyes del Estado Libre Asociado, por cualquiera de tales corporaciones constituyentes, no revertirá ni sufrirá menoscabo en modo alguno en razón de este Sub-título; y subsistirán sin menoscabo alguno todos los derechos de los acree-dores y todos los gravámenes sobre Cualesquiera bienes de cualquiera de las corporaciones constituyentes; y todas las deudas, obligaciones y deberes de las respectivas corporaciones constituyentes, serán en adelante deudas, obligaciones y deberes de la corporación que se origine por la consolidación o que subsista a la fusión, y le serán exigibles como si tales deudas, obligaciones y deberes hubieren sido contraídos por ésta.” Art. 903, Ley de Corporaciones (14 L.P.R.A. 1903).

      Art. 87, Reglamento Hipotecario
      “Se considerarán documentos fehacientes, para los efectos del párrafo segundo del art. 21 de la Ley . . . cualesquiera otros instrumentos que hagan fe y expresa mención de los bienes y de su procedencia en términos suficientemente explícitos a juicio del Registrador) y salvo en todo caso, contra su decisión el recurso gubernativo correspondiente.” Padres Mercedarios v. Registrador, 66 D.P.R. 927, 929 (1947); Vda. de Giol v. Giol García, 98 D.P.R. 227, 235 (1969).


source: Caselaw Access Project

author: PER curiam:

license: Public Domain

text:
    Miguel Nadal Fremaint y su Esposa Noelia Cintrón, demandantes y recurrentes, v. Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc. y Ford Motor Company, demandados y recurridos.

      Número: R-72-97

      Resuelto: 12 de octubre de 1973

      José H. Picó y Francisco Ariel Aviles Rodríguez, abogados de los recurrentes; Orlando J. Antonsanti y Ernesto González Pinero, abogados de Hull D.obbs 65th Infantry Ford, Inc.; y Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago, Pérez & Novas, aboga-dos de Ford Motor Company.
   PER curiam:

En marzo de 1969 el recurrente Miguel Nadal Fremaint compró a la recurrida Hull Dobbs 65th Infantry Ford, Inc. y Ford Motor Company un automóvil Falcon por la cantidad de $4,200 con garantía de fábrica. Doce días después de haberle sido entregado el vehículo su esposa se dispuso a ir a los talleres de la recurrida para que le aplicaran “Fendix” y en el camino ai taller el vehículo dejó de funcionar. Una grúa trasladó el vehículo a los talleres de la recurrida. El gerente del taller le informó a Nadal que se le iba a poner un motor nuevo. A este respecto consta en el récord una carta dirigida por la recurrida al Better Business Bureau informándole que ya se había ordenado un nuevo motor. (Exh. 7 del demandante.) El vehículo estuvo en los talleres de la recurrida por cerca de 50 días. No le cambiaron el motor sino que se le hizo una reparación sustancial cam-biándole varias piezas.

Dos semanas después de reparado y entregado el vehículo a Nadal volvió a tener problemas con el mismo. En esta oca-sión hubo que repararle el diferencial tomando la reparación cerca de 8 días. A pesar de los arreglos el vehículo no tenía la fuerza que debía tener, es lento y el recurrente se ha visto obligado a limitar su uso al área metropolitana. Es evidente que de haber conocido estos vicios no lo hubiese adquirido. El tribunal de instancia, no obstante, desestimó la demanda de rescisión de contrato y daños y perjuicios del recurrente con-cluyendo que el recurrido había cumplido con sus obligaciones al sanear los defectos, y, señalando que el vehículo se había seguido usando por el recurrente hasta la celebración del jui-cio tres años después. Expedimos el auto para revisar.

La prueba que hemos reseñado demuestra a cabalidad que a pesar de las reparaciones el funcionamiento del vehículo era deficiente. El recurrente se vio obligado a conti-nuar su uso por la sencilla razón de que no tenía recursos para adquirir otro. El récord revela las múltiples gestiones que él hizo con la recurrida y con la codemandada Ford Motor Company para rescindir el contrato. Todos sus esfuerzos resultaron inútiles viéndose obligado a usar el vehículo en forma limitada. Es de notar que el recurrente presentó su demanda a los cinco meses de haber adquirido el vehículo y que durante ese tiempo la recurrida tuvo el vehículo en repa-ración por casi dos meses.

A la luz de lo resuelto en Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971), procede la revocación de la sentencia recurrida.


author: per CURIAM:

text:
    Nereida López de Victoria, demandante y recurrida, v. Hon. Santiago C. Soler Favale, etc., demandado y recurrente.

      Número: R-71-172

      Resuelto: 15 de octubre de 1973

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; José Raúl Cando, abogado de la recurrida.
   per CURIAM:

La recurrida, empleada del Gobierno desde el año 1959, fue nombrada secretaria del Subsecretario de Justicia el 16 de noviembre de 1966 con clasificación de Ofici-nista-Taquígrafa III en el servicio por oposición y sueldo de $315 por mes, puesto que ocupaba a la fecha del juicio cele-brado los días 17 y 18 de diciembre de 1970.

El 23 de mayo de 1969 el Director de Personal modificó el Plan de Clasificación que comprendía el puesto de Oficinista-Taquígrafo III de la recurrida, que fue reasignado a Secre-taria Ejecutiva II con sueldo mensual de $425. El entonces Subsecretario de Justicia Sr. Herrero la felicitó por el ascenso. Sin embargo, el 13 de junio de 1969 el Director de Personal Sr. Frank Romero alegando “error involuntario” se dirigió por carta al Secretario de Justicia Sr. Soler Favale dejando sin efecto la reasignaeión de la recurrida al puesto de Secre-taria Ejecutiva II, sin tocar la reasignación de otros dos puestos de Justicia ascendidos por la misma notificación de 23 de mayo de 1969. El 23 de octubre de 1969 el Secretario de Justicia asignó a la recurrida a la División de Casos de Tierra con la anterior asignación de Oficinista-Taquígrafa III y sueldo de $345. Solicitó la recurrida del Secretario de Justicia la reinstalación en su puesto de Secretaria Ejecutiva II y al no acceder éste, acudió ella al tribunal con un recurso de mandamus al que proveyó el tribunal de instancia ordenando su reinstalación a la asignación mayor autorizada por Personal.

Está presente una cuestión previa jurisdiccional que hace innecesario considerar otro señalamiento que no sea la falta de agotar el remedio administrativo. Dispone la Sec. 11 (c) de la Ley de Personal del Gobierno, según enmendada (3 L.P.R.A. see. 651 (c)) : “Todo el [sic] empleado afectado por cualquier asignación o reasignación de un puesto tendrá el derecho de radicar ante el Director solicitud formal de recon-sideración. El empleado será notificado formalmente de la acción tomada por el Director, la cual será final. Las asigna-ciones o reasignaciones no afectarán los derechos adquiridos por el empleado en el Servicio por Oposición.” La empleada hizo caso omiso del precepto legal y acudió al tribunal en solicitud de mandamus sin agotar su recurso ante el Director de Personal.

No es este el caso de excepción que justifique descartar la vía administrativa por inoperante o para evitar un daño sustancial inminente que en el balance de conveniencias induce una desviación de la norma legislada. González Saldaña v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 477, 487 (1965); Vda. de Iturregui v. E.L.A., 99 D.P.R. 488, 491-92 (1970); cf. Lomas de Carolina Corp. v. Tribunal Superior, ante, p. 574, Sacarello v. Junta de Retiro, 75 D.P.R. 267, 276 (1953).

Se revocará la.sentencia revisadla.


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    Ramón A. Rivera Rivera, etc., recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada.
    Número: O-71-81

      Resuelto: 18 de octubre de 1973

      E. Delgado Roque y J. Márquez Gómez, abogados del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

El obrero Pedro Vidal Nieves sufrió un accidente del trabajo el 17 de junio de 1967 al esforzarse por levantar un carretón lleno de semillas. Tres días después se presentó al Fondo del Seguro del Estado para tratamiento. Exámenes neurológicos condujeron al diagnóstico, mielográficamente comprobado, de la existencia de una hernia discal entre las vértebras L 5 y S 1. Se le dio la correspondiente asistencia médica y tratamiento y se llegó finalmente a la conclusión de que debía someterse a una intervención quirúrgica. El obrero se negó a consentir. En vista de ello se determinó una incapacidad parcial permanente de un 25% de las funciones fisiológicas generales y se le dio de alta con derecho a recibir la correspondiente compensación. Esto ocurrió el 14 de octubre de 1968.

No conforme, Vidal Nieves apeló para ante la Comisión Industrial dando la siguiente razón: “Porque la incapacidad que se me fijó es poca, por lo que solicito mayor incapacidad.” La Comisión refirió al obrero en consulta al neurocirujano Dr. Max- Ramírez de Arellano y dispuso la celebración de una vista médica. Tanto el Dr. Ramírez de Arellano como el Dr. A. Rodríguez Rosario, Asesor Médico de la Comisión, convinieron en que fue correcto el dictamen médico del Fondo y recomendaron la operación. Vidal Nieves se negó y .en vista de ello se determinó que debía confirmarse el dictamen del Fondo del Seguro del Estado. Vidal Nieves solicitó entonces la celebración de una vista pública. Celebrada ésta, y luego de que los médicos de la Comisión Industrial y del Fondo del Seguro del Estado explicaron sobre el diagnóstico de hernia discal, sobre el rechazo por el obrero del tratamiento recomen-dado, es decir, la operación, y que el caso había sido cerrado “con una incapacidad de un 25% de pérdida de las funciones fisiológicas generales”, Vidal Nieves cambió de parecer y expresó estar dispuesto a someterse a la intervención quirúr-gica. En vista de ello la Comisión devolvió el caso al Fondo del Seguro del Estado “para que se proceda con la operación recomendada.” Dispuso que una vez hecha la operación debía dictarse la correspondiente decisión final por el Fondo, advir-tiendo al obrero de su derecho a apelar nuevamente ante la Comisión Industrial de no estar conforme con el dictamen que se hiciera.

No obstante su expresada conformidad con la operación, el obrero volvió a rechazarla cuando se intentó practicarla. El Fondo confirmó el alta dada anteriormente y el obrero apeló nuevamente para ante la Comisión. Ocurrió exactamente igual que en la. ocasión anterior. En vista médica, luego de los co-rrespondientes exámenes, y comoquiera que Vidal Nieves insistiera en su negativa a operarse “si no se le aseguraba que la incapacidad se le va a aumentar”, se reconfirmó como “justa y razonable” la incapacidad reconocídale por el Fondo. El obrero volvió a solicitar vista pública ante la Comisión, esta se celebró, en ella volvió a cambiar de parecer accediendo a la operación, y fue el caso devuelto al Fondo con idénticas órdenes a las de la vista anterior. Ante el Fondo regresó Vidal Nieves a su posición de rechazo de la operación.

Transcurrieron cerca de dos años en este ir y venir del Fondo a la Comisión y de la Comisión al Fondo, unas veces aceptando operarse y las más de las veces negándose. El obre-ro nunca dio una razón satisfactoria para su negativa. Al principio dijo que tenía que cuidar de su esposa, quien a su vez convalecía de una cirugía discal. Otras veces dijo que no se operaba por “razones personales”, que no explicó. Una tercera razón fue que no se le aseguraba que se le aumentaría el por ciento de incapacidad. Diferentes facultativos y neuro-cirujanos que examinaron al obrero coincidieron en que la operación debía hacerse, aunque nada hay en los autos demos-trativo de una razonable seguridad de que la operación habría de mejorar la condición del paciente de manera sustancial, o de que se reduciría la incapacidad, que. era lo deseable, aunque no lo pensara así el obrero Vidal Nieves. Como hemos visto, él deseaba que se le aumentara el por ciento de incapacidad.

La última resolución de la Comisión Industrial, luego de que Vidal Nieves manifestó estar dispuesto a operarse, tiene fecha de 29 de junio de 1970. Esta vez, devuelto el caso al Fondo del Seguro del Estado, Vidal Nieves dejó a un lado el empeño de obtener mayor compensación vía un aumento en su incapacidad, y reclamó que se le pagasen “dietas” desde el 14 de octubre de 1968, fecha del alta original, hasta el 29 de junio de 1970, fecha de la última resolución de la Comisión Industrial. Es decir, Vidal Nieves reclamó el pago de dietas por todo el tiempo desde que apeló inicialmente a la Comisión Industrial, se celebraron vistas médica y pública, se devolvió el caso al Fondo y volvió a apelar, se celebraron nuevamente vistas médica y pública, hasta que volvió el caso al Fondo al acceder por segunda vez a operarse para nuevamente negarse. Computada conforme a las disposiciones legales aplicables la compensación por “dietas” por dicho período debía ascender a $1,855.65. El Administrador del Fondo denegó su reclamación y contra ello el obrero apeló para ante la Comisión Industrial. Por resolución de 27 de enero de 1971 la Comisión Industrial revocó la decisión del Administrador y dictaminó que debían pagarse al obrero las dietas reclamadas. A petición del Administrador decidimos revisar.

La resolución de la Comisión Industrial descansa en la recomendación de su Asesor Médico en el sentido de que si el obrero no pudo trabajar mientras estuvo pendiente de si se operaba o no, deben pagársele las dietas. Dice la parte dispo-sitiva de la resolución, luego de citar el testimonio del médico:

“En este caso se resuelve que al obrero se le deben pagar las dietas por el período que reclama. No creemos que el negarse a operarse sea un impedimento para el pago de sus dietas que son efectivas luego de comprobarse por el Administrador del Fondo del Seguro del Estado, mediante el examen de nóminas, que el obrero no trabajó. En estos casos, independientemente de la recomendación que pudiera hacer el neurocirujano, tal vez sería conveniente que mediante la División Médico-Social del Fondo del Seguro del Estado se orientara al obrero en una forma efectiva, con asesores médicos, de la conveniencia de una intervención quirúrgica.”

La Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, codificada en el título 11 de Leyes de Puerto Rico Anotadas (L.P.R.A.), establece distintamente tres tipos de beneficios a que tiene derecho todo obrero o empleado que sufra lesiones o enfermedades ocupaeionales dentro de las condiciones de dicha ley, a saber: (1) asistencia médica y medicinas que le sean prescritas, incluyendo servicios de hospital cuando fuere necesario; (2) compensación durante el período de recuperación, mientras el obrero esté incapacitado para trabajar, que es lo que se ha dado en llamar “dietas”; y (3) compensación “adicional” por cualquier incapacidad permanente resultante, fuere de naturaleza parcial o total.

El pago de dietas, es decir, la compensación que la citada ley concede al obrero durante el período de su recuperación, se inicia el cuarto día siguiente a la fecha en que el obrero se presenta al médico para recibir tratamiento, si la incapa-cidad para el trabajo durase menos de diez días; o se inicia desde el primer día en que se presenta para tratamiento médico si la incapacidad se prolongase por diez días o más. A tales efectos, dispone el Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo:

“. . . No se concederá compensación alguna por los primeros tres (3) días subsiguientes a la fecha en que el obrero o em-pleado se presente al médico para recibir tratamiento, a menos que el período de incapacidad para el trabajo como resultado de la lesión se prolongue por diez (10) días o más, en cuyo caso se pagará al obrero o empleado lesionado el importe de los referidos tres (3) días. . . .” (11 L.P.R.A. see. 3, inciso 2, pág. 14 del suplemento acumulativo para 1972-73.)

Dicha compensación deberá pagarse por todo el período, sin exceder el máximo de 312 semanas que señala la. propia ley en su citado Art. 3, hasta la fecha en que el paciente es dado de alta. El alta^ puede deberse a que el paciente ya está sanado y puede volver a trabajar, o a que ha resultado con una incapacidad permanente y se determina que su condición no ha de cambiar mediante tratamiento médico o quirúrgico adicional. En este último caso, y desde que se le da de alta, el obrero es acreedor a “compensación adicional”, computada en base al grado de incapacidad permanente y conforme a los tipos que la ley establece. Así se desprende del citado Art. 3, 11 L.P.R.A. see. 3. De igual manera se ha resuelto en otras jurisdicciones de sistemas similares al nuestro. Kirkland v. Benedict & Jordan, 120 So.2d 169 (Fla. 1960); McKenzie v. Campbell & Dann Mfg. Co., 209 Tenn. 475, 354 S.W.2d 440 (1962). Véanse Bláir, Reference Guide to Workmen’s Compensation Law (1972), sec. 11:02; 58 Am. Jur. Workmen’s Compensation, sec. 283; Aida S. Bitbol, Accidentes de Trabajo y Enfermedades Reparables, ed. Bibliografía Omeba, Buenos Aires, 1964. Cf. Atiles, Admor. v. Comisión Industrial, 63 D.P.R. 664 (1944).

Al obrero Pedro Vidal Nieves se le pagaron dietas desde que se presentó al. Fondo del Seguro del Estado para recibir tratamiento, hasta el 14 de octubre de 1968, fecha en que se le reconoció una incapacidad permanente equivalente a la pérdida de un 25% de sus funciones fisiológicas genera-les, y se le dio de alta. Para esta fecha se le había dado todo el tratamiento que su condición requería, excepto operarlo, que, aunque recomendado por los médicos, no fue aceptado por él. De haberse sometido a la operación, el Fondo del Seguro del Estado hubiese tenido que pagarle dietas durante los períodos pre y post operatorios y hasta que finalizara el período de recuperación y se le diera de alta. Rechazada la operación y no habiendo otro tratamiento que dar al obrero para mejorar su condición, actuó correctamente el Fondo del Seguro del Estado al hacer la determinación del por ciento de incapacidad resultante y darle de alta.

Veamos ahora la importancia de la negativa de Vidal Nieves a someterse a la operación. Valga decir, que en este caso la negativa no puede calificarse de irrazonable. Aunque hay un contrasentido en la razón dada por él al efecto de que no se operaba si no se le aumentaba la incapacidad, no pode-mos sustraernos de que los seres humanos sienten un temor natural por las intervenciones quirúrgicas, sobre todo si su resultado es incierto. Esto es particularmente así cuando se trata de una operación vertebral. Es abundante la jurispru-dencia que en casos similares sostiene que no es irrazonable la negativa del paciente. Véanse: Beth-Elkhorn Corp. v. Epling, 450 S.W.2d 814 (Ky. App. 1970); Bland Casket Co. v. Davenport, 427 S.W.2d 839 (Tenn. 1968); American Tobacco Co. v. Sallee, 419 S.W.2d 160 (Ky. App. 1967); Maldonado v. Keller Metal Prod., 203 So.2d 158 (Fla. 1967); Morgan v. Sholom Drilling Co., 427 P.2d 448 (Kan. 1967); Bethlehem Mines Corp. v. Hall, 379 S.W.2d 58 (Ky. App. 1964); Ream v. Saxman Coal & Coke Co., 191 Pa. Super. 408, 156 A.2d 365 (1959); Walker v. International Paper Co., 230 Miss. 95, 92 So.2d 445 (1957); Hamlin v. Industrial Commission, 77 Ariz. 100, 267 P.2d 736 (1954); Borucki v. Eagle Pencil Co., 281 App. Div. 718, 117 N.Y.S.2d 765 (1952). Además, independientemente de la cuestión de razo-nabilidad, un obrero no puede ser operado sin su consentimiento. Cf. Montes v. Fondo del Seguro del Estado, 87 D.P.R. 199 (1963).

Empero, la razonabilidad o irrazonabilidad de la negativa de Vidal Nieves a operarse no juega papel alguno en la solu-ción de este caso. Terminado el tratamiento, determinada la incapacidad permanente, y dado de alta el obrero, terminó ahí mismo su período de recuperación y con ello su derecho al pago de dietas. Surgió desde ese momento la obligación del Fondo del Seguro del Estado de compensarle por su incapaci-dad permanente de acuerdo a lo dispuesto en la ley.

Esto no quiere decir que cese la obligación de pagar dietas al obrero tan pronto éste se niegue a operarse. Consideraciones subjetivas pueden influir para que el obrero en determinados casos y de buena fe niegue su consentimiento a una intervención quirúrgica y prorrogue con ello el período de recuperación. En tales casos podría justificarse el pago de dietas durante un período razonable en que se mantenga la incertidumbre del obrero. La razonabilidad de la extensión de ese período habrá de depender de las circunstancias particulares de cada caso. El de autos ciertamente no amerita en sus hechos tal consideración.

No podemos pasar por alto que la concesión del derecho a dietas bajo circunstancias factuales como las de este caso podría tener el efecto de alentar una práctica funesta para la economía del Fondo del Seguro del Estado. Las indecisiones del obrero Vidal Nieves obligaron a la repetición de exámenes y evaluaciones médicas, la dedicación de valioso tiempo por parte de numerosos facultativos y del personal administrativo del Fondo del Seguro del Estado y de la Comisión Industrial, vistas médicas y vistas públicas que resultaron académicas ante los cambios de parecer del obrero, significando todo ello pérdidas de tiempo y gastos extraordinarios. El Fondo del Seguro del Estado atiende decenas de miles de casos anual-mente. Fácil es imaginar el impacto desastroso que podría tener si hubiera que pagar dietas a los obreros lesionados mientras detienen el tratamiento que sus casos respectivos ameritan en lo que deciden , si lo aceptan o no.

Dijimos en Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 143, 147 (1943): “El deber primordial del Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado es velar por la solven-cia del fondo, defendiéndolo contra toda reclamación que no se ajuste a la ley o que se base en hechos falsos.” Por liberales que queramos ser, no podemos concederle a determinado obre-ro lesionado, en premio a su capricho, lo que podría resultar en privación de beneficios indispensables para otros. “Así, en nombre de la liberalidad se socavaría la solidez financiera del Fondo en perjuicio de los trabajadores y patronos.” Admor. Int. v. Comisión Industrial, 98 D.P.R. 40 (Torres Rigual) a la pág. 44 (1969).

Se revocará la resolución de la Comisión Industrial de 27 de enero de 1971.

       L.P.R.A. see. 3. Por lo excesivamente extensa que es dicha sección (Art. 3 de la Ley), omitimos su reproducción aquí.

      La tendencia moderna es abandonar la terminología clásica de “incapacidad temporera” o “transitoria” y llamarlo el “período de recu-peración” (healing period). 2 Larson, Workmen’s Compensation Law, sec. 57:10,- Guzmán v. Phoenix Ins. Co., 411 S.W.2d 642 (Texas Civ. App. 1967); Cummings v. United Motor Exch., Inc., 236 Ark. 735, 368 S.W.2d 82 (1963); McKenzie. v. Campbell & Dann Mfg. Co., 209 Tenn. 475, 354 S.W.2d 440 (1962); Kirkland v. Benedict & Jordan, 120 So.2d 169 (Fla. 1960).


author: El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

text:
    Arecibo Building Corporation, peticionaria, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Roberto Schmidt Monge, Juez, demandado; Clubman, Inc., interventora.

      Número: O-73-25

      Resuelto: 19 de octubre de 1973

      Pieras & Torruellas y Juan F. Esteves, abogados de la peticiona-ria; Canales & Ferrer y Ángel L. Calero, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

Arecibo Building Corporation,, mediante contrato escrito, cedió en arrendamiento a Clubman, Inc., un local de 3,000 pies cuadrados en un centro comercial localizado en Arecibo, por un término de veinte años y canon mínimo garantizado de $11,250.00 anuales, pagadero mensualmente en doce plazos iguales el día primero de cada mes. El contrato contiene una cláusula al efecto de que la renta no estará sujeta a rebaja (deduction), disminución (abatement) o compensación (set-off) por la arrendataria,

Alegando que la arrendataria tomó posesión del local, comenzó a operarlo y continúa ocupándolo por más de un año sin pagar los cánones de arrendamiento, según fue estipulado en el contrato, la arrendadora Arecibo Building Corp. instó un recurso de sentencia declaratoria ante el Tribunal Superior contra la arrendataria Clubman, Inc., solicitando se declarase válido el contrato, copia del cual acompañó, y una determinación al efecto de que la demandada “. . . tiene la obligación de pagar rentas” y la demandante tiene el derecho a recibirlas. La demanda fue radicada el 23 de agosto de 1972. En su contestación, Clubman, Inc., alegó que había pagado las mensualidades correspondientes a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 1971. En cuanto a las rentas correspondientes a los meses subsiguientes (octubre de 1971 a octubre de 1972), alegó Clubman haberlos retenido “. . . debido a una disputa que surgió entre las partes a los efectos de que la demandante se ha negado a concederle un crédito a la demandada de más de $17,000.00 y lo cual ésta venía obligada a concederle de acuerdo con el convenio.”

En relación con el derecho al referido crédito de más de $17,000.00, Clubman reconvencionó por esta suma alegando que el mismo surgía de un acuerdo verbal con la demandante llevado a cabo con posterioridad al otorgamiento del contrato escrito de arrendamiento, mediante el cual Clubman se com-prometía a realizar, y realizó, ciertos trabajos e instalar cier-tas facilidades físicas en el local arrendado comprometiéndose la arrendadora, a su vez, a concederle un crédito a Clubman por el costo de éstos. En lo pertinente, alegó Clubman:

“4. Con posterioridad a dicho otorgamiento la reconvencio-nada reconoció en distintas ocasiones en que el acuerdo con la reconvencionista era a los efectos de que la reconvencionada no haría el trabajo relacionado en el ‘Exhibit C’, sino que por el contrario, la reconvencionista realizaría los trabajos en la forma y bajo las condiciones expresadas en la carta del 5 de agosto de 1971 dirigida por la reconvencionista a un agente de la recon-vencionada, la cual se une a esta reconvención y se marca ‘Exhibit A’ y se hace formar parte integrante de la misma.
5. La reconvencionista realizó dichos trabajos bajo los térmi-nos de dicho acuerdo verbal. Al terminar los trabajos la recon-vencionada venía obligada a pagar a la reconvencionista la suma de $17,663.20, ó a concederle un crédito por dicha suma a ser deducido de las rentas mensuales.
6. La reconvencionada se ha negado a concederle la totalidad del crédito de referencia, y por el contrario alega que dicho crédito asciende solamente a la suma de $2,399.00, tal y como se desprende de la carta dirigida a la reconvencionista por la reconvencionada de fecha mayo 25 de 1972, la cual se une a esta reconvención y se marca ‘Exhibit B’, haciéndose formar parte integrante de la misma.”

Arecibo Building presentó entonces una moción solici-tando del tribunal dictase sentencia por las alegaciones que reconociese su derecho a percibir, y la obligación de Clubman a satisfacer los cánones de arrendamiento sin rebaja, dismi-nución o compensación por la arrendataria.

En una síntesis de su oposición ante la sala de instancia, Clubman arguye:

“5. Deseamos indicarle a este Honorable Tribunal que un examen de las alegaciones de la contestación a la demanda y de la reconvención, son suficientes para establecer el hecho de que no existe ningún tipo de controversia en lo que a la validez del contrato se refiere, y más aún, de la obligación de la parte de-mandada para pagar los cánones de arrendamiento. En vista de que no existe ningún tipo de controversia a esos efectos, no comprendemos cómo pueda dictarse una sentencia declaratoria donde las partes están de acuerdo en lo que a la obligación del pago de los cánones de arrendamiento respecta. Siendo éste el caso, el remedio que tiene la parte demandante es el de la radicación de un caso en cobro de dinero o un caso de desahucio o ambas alternativas. No procede en este caso una solicitud de sentencia declaratoria, por razones obvias y que ya han sido objeto de discusión en los párrafos anteriores.
La única controversia que existe es a los efectos de cuál es el alcance de un compromiso verbal existente entre las partes, cuyo origen y contención de la demandada surgen de las alega-ciones relacionadas en la reconvención. El derecho de la deman-dada a sostener su tesis es procedente bien dentro de este pro-cedimiento al que indebidamente se ha acudido o bien dentro del procedimiento de cobro de dinero o de cualquier otro que pueda radicar la parte demandante a los mismos efectos.” -

La sala de instancia le dio acogida al argumento de Club-man al efecto de que la única controversia por resolver es el alcance del compromiso verbal alegado respecto al pago de ciertos trabajos efectuados por Clubman en el local arren-dado, cuestión ésta que debe dilucidarse ante el tribunal, por lo cual declaró no ha lugar la solicitud de la demandante.

Acordamos revisar. Aunque la demanda de Arecibo Construction dista mucho de ser un dechado de perfección desde el punto de vista del remedio que se solicita, de la misma puede inferirse que entre la demandante, aquí recurrente, y la demandada Clubman, Inc., existe una controversia acerca del alcance de la cláusula sobre pago de renta contenida en el contrato y el derecho de la primera a percibir los cánones de arrendamiento y la obligación de la última a satisfacerlos a aquella sin rebaja, disminución o compensación por la arren-dataria, según fuera estipulado en el contrato de arrenda-miento otorgado por las partes. Reafirma lo antes expuesto la propia alegación de Clubman en su contestación, la que en lo pertinente lee así:

“Se alega asimismo que las rentas correspondientes a los meses de octubre de 1971 a octubre de 1972 se han retenido por la demandada, debido a una disputa que surgió entre las partes a los efectos de que la demandante se ha negado a concederle un crédito a la demandada de más de $17,000.00 y lo cual ésta venía obligada a concederle de acuerdo con el convenio existente entre ellas.”’

Para nosotros resulta claro que al momento de iniciarse la acción existía una divergencia legítima entre las partes respecto al alcance de la cláusula del contrato sobre pago de los cánones de arrendamiento. Esta controversia era susceptible de ser considerada, dilucidada y adjudicada por los tribunales mediante decreto declaratorio, sin que la disponibilidad de otros remedios, como el desahucio y el cobro de dinero, fuese obstáculo para ello. Art. 1 de la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias, 32 L.P.R.A! see. 2991 ; Regla 59 de Procedimiento Civil; Rosario Mercado v. San Juan Racing Assn., 94 D.P.R. 634, 657-658 (1967).

La demandada no puede, como pretende, derrotar la acción declaratoria, basada en que aceptó que “. . . las partes están de acuerdo en lo que a la obligación del pago de los cánones de arrendamiento respecta” (T.A., folio 36), no existiendo, según ella, controversia alguna que dirimir. La controversia no se ha tornado en académica. Clubman sigue sustentando el criterio de que tiene derecho a compensar lo que le debe a Arecibo Construction en cánones atrasados con lo que alega que se le debe por ciertos trabajos que efectuó en el local arrendado. Frente a esa posición de Clubman, la demandante tenía derecho a que se disipara cualquier duda acerca del alcance de la cláusula en cuestión mediante decreto judicial, dándole así aplicación y vitalidad al Art. 12 de la Ley Uni-forme de Sentencias Declaratorias, 32 L.P.R.A. see. 2997, que lee así:

“El presente capítulo, por su naturaleza, es una ley de remedios; y su propósito el de autorizar la determinación de derechos, estados, y otras relaciones jurídicas, y conceder reme-dios contra la incertidumbre o inseguridad de tales derechos, estados y otras relaciones jurídicas; y deberá ser liberalmente interpretado y aplicado.”

Para demostrar su derecho a la compensación, Clubman descansa en un alegado compromiso mediante el cual la arrendadora le reconoció un crédito de más de $17,000.00 “. . . a ser deducido de las rentas mensuales.” A tales efectos, acompaña copia de su propia carta dirigida a la arrendadora informándole a ésta el alcance de los trabajos realizados en el local y su costo ($17,663.20), y concluye solicitando la remesa de esta suma. La otra carta que exhibe Clubman es una dirigida a ella por la arrendadora en la que ésta le dice que en un esfuerzo por terminar el asunto está dispuesta a concederle un crédito montante a $2,399.00 contra los cánones atrasados. La diferencia entre una y otra suma es de $15,264.20. Ello levanta una controversia separada y distinta a la que se persigue dilucidar mediante el recurso de sentencia declaratoria, pero no un obstáculo a que éste se resuelva independientemente.

La contestación de Clubman no levantó, en cuanto a la cláusula sobre pago de cánones de arrendamiento, controver-sia de hechos alguna. La solicitud de sentencia por las alega-ciones, autorizada por la Regla 10.3 de Procedimiento Civil, era el vehículo procesal más apropiado para dirimir la diver-gencia inicial planteada por la demandante. Una vez que Clubman reconoció la validez del contrato y su ineludible obligación de satisfacer los cánones, sólo restaba resolver si, en vista de la letra del contrato, Clubman podía ejercitar un derecho de compensación contra los cánones adeudados.

Una teoría de compensación es incompatible con la letra de la cláusula que nos concierne. La cláusula es clara: la renta no estará sujeta a rebaja, disminución o compensación por la arrendataria. Siendo éste un derecho renunciable, Clubman no puede oponerlo, por haberlo renunciado anticipadamente, contra su arrendadora.

En consecuencia, se revocará la resolución objeto de este recurso y, en su lugar, se declarará que Clubman, Inc., viene obligada a satisfacer a su arrendadora Arecibo Building Corporation los cánones de arrendamiento vencidos y los que subsiguientemente venzan, sin derecho a rebaja, disminunción o compensación, según lo acordado en la cláusula Núm. 5 del contrato de arrendamiento suscrito por las partes; y se de-volverá el caso a la sala de instancia con instrucciones de que allí continúen los procedimientos en lo concerniente al crédito reclamado por Clubman, Inc., contra Arecibo Building Corporation por vía de reconvención, como acción separada e independiente de la que en el presente recurso se resuelve.

El Juez Asociado, Señor Díaz Cruz, disintió en opinión separada y los Jueces Asociados, Señores Rigau, Dávila y Martín, no intervinieron.

Voto disidente del Juez Asociado Señor Díaz Cruz

San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 1973

La opinión de la mayoría que sé propone equivale a una sentencia parcial no justificada por los hechos. Está planteada una clara controversia en cuanto a si hubo un acuerdo verbal sobre compensación por la Arecibo Building a Clubman de obras y reformas realizadas por ésta en el local arrendado y si dicho acuerdo suspendió o dejó sin efecto la cláusula que prohibe a la inquilina alegar deducción, disminución o com-pensación contra la renta. Puede ser una sugestión de que la arrendadora haya atemperado o abandonado el rigor de dicha cláusula cuando reconoce a Clubman un crédito de $2,349 por las obras realizadas.

No procede la solución sumaria mediante sentencia por las alegaciones, que en este caso tiene la virtualidad de una sen-tencia sumaria. Si la demandante hubiese estado tan segura que su reclamación de cánones impagados era incontrovertible, tenía a su elección la acción civil en cobro de dinero o la de desahucio. Su recurso a la ley de sentencias declaratorias cuyo proposito es “declarar derechos, estados y otras rela-ciones jurídicas” (32 L.P.R.A. see. 2991) representa su admisión de que no se trata de un asunto cerrado a toda con-troversia.

No considero que la demandada pueda “derrotar la acción declaratoria”, pero debe ampliarse su ámbito para que no se ciña a la interpretación de la letra escrita del contrato original de arrendamiento y sí se extienda para examinar y adju-dicar el aspecto de si hubo un acuerdo verbal que modificó el pacto original y que autoriza la compensación de cánones con el costo de mejoras y obras hechas por el inquilino. La rela-ción contractual entre las partes está compuesta de dos trans-acciones: el contrato escrito y el'convenio verbal y es sobre dicha relación como un todo que opera el recurso de sentencia declaratoria. ¿Por qué separar la declaración de derechos que exige la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias en dos porciones, resolver aquí ahora que el arrendatario tiene que pagar los cánones vencidos y devolver el caso a la sala de instancia para que continúen los procedimientos relativos a la reclamación de la inquilina Clubman “como acción sepa-rada e independiente”? Equivale a convertir un pleito en dos, en contravención de la Regla 1 de Procedimiento Civil en su aspiración a que se garantice una solución “justa, rápida y económica de todo procedimiento”, con la agravante de que cuanto ahora se resuelva en revisión puede ser destruido por la evidencia que desconocemos relativa a los efectos del posterior contrato verbal sobre el contrato escrito.

La solución que propone la opinión mayoritaria contra-viene la Ley Uniforme de Sentencias Declaratorias (32 L.P.R.A. sees. 2991 y ss.) que en su See. 5 (32 L.P.R.A. see. 2995) señala como propósito de esta ley especial el de “poner fin a la controversia o despejar una incertidumbre” reiterado en la See. 6 de la ley citada (32 L.P.R.A. see. 2996) que transcribimos:

“La corte podrá negarse a dar o registrar una sentencia o decreto declaratorio cuando tal sentencia o decreto, de ser hecho o registrado, no hubiera de 'poner fin a la incertidumbre o con-troversia que originó el procedimiento.” (Énfasis suplido.)

El tribunal de instancia desestimó la demanda y cometió el mismo error de separar la controversia en dos partes, una el contrato escrito y otra el verbal, que ahora propone la opinión de la mayoría. Lo que importa es “poner fin a la incertidumbre o controversia que originó el procedimiento”, See. 6, supra, y ese propósito no se cumplió en la Sala de Arecibo, ni se cumple aquí resolviendo la mitad de la contro-versia y dejando el estado de derecho entre las partes a mitad de definición.

El fraccionamiento o fragmentación de la cuestión liti-giosa es un concepto proscrito en el vigente método de Proce-dimiento Civil. Nuestra facultad revisadora debe impartir continuada vigencia a la norma de que los pleitos no se resuel-ven por pedacitos. Habiendo una reconvención de la deman-dada Clubman, no es propio proveer a la demanda sin pasar sobre los hechos suscitados por la reconvención. Esta práctica alargaría el proceso y restaría prontitud a la decisión final de la controversia que es de la esencia del recurso de sentencia declaratoria como ordena la Regla 59 de Procedimiento Civil en su oración final: “el tribunal podrá ordenar una vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, dándole prefe-rencia en el calendario.”

Lo que procede es abstenerse de una adjudicación parcial de esta controversia, ya que ignoramos cómo la misma será afectada por la subsiguiente ventilación de la porción irresuelta del litigio, y devolver el caso para que el tribunal a quo en ejercicio pleno de su jurisdicción original ventile y resuelva el pleito en su totalidad, reciba toda la evidencia, y declare sin dejar lugar a contingencias o especulaciones cuál sea el estado de derecho entre estos litigantes.

      La cláusula sobre pago de renta en su texto original en inglés lee así:

        “Minimum Guaranteed Rent

      5. The Tenant shall pay to Landlord minimum rental, hereinafter called the ‘Minimum Guaranteed Rental’ of Eleven Thousand Two Hundred Fifty Dollars ($11,250) each Lease Year, such sum to be paid in equal monthly installments on the first day of each month, in advance, at such place as shall be designated by Landlord, without deduction, abatement or set off. The first installment shall include a prorated Minimum Guaranteed Rental for the period from the date .of the commencement of the term to the first day of the first full calendar month in the term.”

       “El Tribunal Superior tendrá autoridad para declarar derechos, estados y otras relaciones jurídicas aunque se inste o pueda instarse otro remedio. No se estimará motivo suficiente para atacar un procedimiento o acción el que se solicite una resolución o sentencia declaratoria. La declaración podrá ser, en su forma y efectos, afirmativa o negativa, y tendrán la eficacia y vigor de las sentencias o resoluciones definitivas.”

       “Regla 59. Sentencias Declaratorias
      “El procedimiento para obtener una sentencia declaratoria, según la Ley Núm. 47 de las Leyes de Puerto Rico de 1931, se regirá por estas reglas. La existencia de otro remedio adecuado, no impedirá que se dicte una sentencia declaratoria en aquellos casos apropiados. El tribunal podrá ordenar un vista rápida de un pleito de sentencia declaratoria, .dándole preferencia en el calendario.”

      José Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, lOma. Ed., Vol. 3, págs. 342-343.

       Desestimó la demanda porque no había controversia en cuanto al contrato escrito, pasando por alto la reconvención.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    Felipe Segarra Serra, etc., et al., demandantes y recurridos, v. Carmen Rivero Vda. de Lloréns Torres, etc., et al., demandados y terceros demandantes-recurrentes; Gabriel de Jesús Lloréns Jiménez, interventor-demandado y tercero demandante-recurrente, Monacillos Investment Corporation et al., terceros demandados-recurridos, Miranda & Eguía, Inc., tercera demandada-recurrida.

      Número: R-68-107

      Resuelto: 19 de octubre de 1973

      Héctor González Blanes, Luis R. Polo, abogados de los recu-rrentes; P. J. Santiago Lavandero, abogado de Miranda & Eguía, Inc.; Francisco Ponsa Feliu, Francisco Ponsa Flores,

      Wilson F. Colberg y Jorge Ramírez de Arellano, Jr. abogados de Felipe Segarra Sierra.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal;

(en reconsideración)

San Juan, Puerto Rico, a 19 de octubre de 1973

En opinión emitida el 30 de abril de 1970 resolvimos que una anotación preventiva de demanda obtenida por la recu-rrente no afectaba las enajenaciones de dos solares verifica-das entre los recurridos con anterioridad a la anotación aunque dichas enajenaciones no hubiesen sido inscritas. Segarra v. Vda. de Lloréns, 99 D.P.R. 60 (1970). Se nos ha solicitado la reconsideración de dicha decisión.

La referida anotación preventiva de demanda fue presen-tada en el Registro de la Propiedad el 7 de febrero de 1966. Las enajenaciones fueron realizadas, la primera por contrato privado ante dos testigos el 13 de agosto de 1960 y la segunda mediante contrato reconocido ante notario el 3 de abril de 1964. Dichas transacciones no habían sido aún elevadas a escrituras públicas a la fecha en que fue presentada la anota-ción de demanda en el Registro de la Propiedad.

En su moción de reconsideración las recurrentes plantean esencialmente dos cuestiones. En primer término se nos pide la reconsideración en cuanto a nuestra determinación de que no era necesario que las referidas enajenaciones fuesen inscri-tas para que las mismas prevaleciesen sobre la anotación de demanda. En apoyo a esta contención las recurrentes citan nuestra decisión en el caso de Fuentes v. Sucn. Fuentes, 94 D.P.R. 588 (1967) así como la opinión de Ramón Faced dada en una conferencia en el Colegio Notarial de Valencia en 1947. Véase: Dos Conferencias Notables, XX Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (1947), págs. 65, 77.

En segundo término se sostiene en la alternativa que aun cuando no fuese necesaria la inscripción de las referidas transacciones, la venta de 13 de agosto de 1960, al ser reali-zada mediante documento privado, no puede atribuírsele fecha cierta, por lo que no puede ser efectiva contra terceros. Art. 1181 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3282.

En torno a la necesidad de inscripción ya resolvimos que la anotación preventiva de demanda no afecta las enajenaciones verificadas con anterioridad a la presentación de la anotación en el Registro, aunque los títulos correspondientes no hayan sido inscritos. Ése es el criterio sostenido por la generalidad de los autores y comentaristas. Véanse Morell, Comentarios a la Legislación Hipotecaria (1917), Tomo Tercero, pág. 310; Barrachina, Derecho Hipotecario, 1910, Tomo II, pág. 35; Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Quinta Edición, 1954, Tomo III, págs. 463-472; Martínez Escobar, Las Inscripciones, Primera Edición, Tomo Segundo, pág. 167. La opinión de Faced en contrario, aunque muy razonada, no nos mueve a reconsiderar en cuanto a este aspecto.

El caso de Fuentes v. Sucn. Fuentes, supra, no es de aplica-ción a la situación ante nos. Allí el recurrente alegaba ser un tercero registral. En el presente caso, por el contrario, no se trata de un tercero registral. Como dijimos en nuestra opi-nión original y ahora repetimos aquí, ni la sentencia objeto de revisión confiere tal carácter de tercero hipotecario a la recurrida Miranda & Eguía, Inc., ni ésta pretende ampararse bajo tal condición, por lo menos en esta etapa del litigio en que todavía no tiene a su favor un título inscrito.

En cuanto a la segunda cuestión planteada, es correcto que la transacción de 13 de agosto de 1960 fue efectuada mediante documento privado, al que no puede atribuírsele fecha cierta. Veamos a esos efectos lo que dispone, en lo que es pertinente, el Art. 1181 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3282:

“La fecha de un documento privado no se contará respecto de terceros, sino 'desde el día en que hubiese sido incorporado o inscrito en un registro público, desde la muerte de cualquiera de los que los firmaron, o desde el día en que se entregase a un funcionario público por razón de su oficio. . . .”

Sin embargo, desde el caso de Longpré v. Wolff et al., 23 D.P.R. 15 (1915) hemos sostenido que la citada disposición es de aplicación sólo cuando no hay más prueba de un acto o contrato que el propio documento privado, pero no excluye el que se consideren otros elementos de prueba tal como los presentes en este caso, los que unidos al documento privado en cuestión puedan reputarse suficientes para probar, en perjuicio de tercero, el acto o contrato a que se refiere el documento privado. Véanse además a esos efectos, Torres v. Pons, 24 D.P.R. 462 (1961); Mattel v. Díaz et al., 25 D.P.R. 332 (1917); Alonso v. Sucn. Hernández, 34 D.P.R. 750 (1925); Pérez v. Viera et al., 39 D.P.R. 816 (1929); López v. Llinás & Co., S. en C., 42 D.P.R. 51 (1931). Igual interpretación ha sido sostenida por el Tribunal Supremo de España. Véanse Sentencia de 2 de diciembre de 1952, Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia, 1952, Tomo XIX, pág. 1707, núm. 2426; Sentencia de 2 de abril de 1956, Aranzadi, ante, Tomo XXIII, pág. 1028, núm. 1541.

En el caso ante nos no sólo se presentó el documento pri-vado firmado entre las partes como prueba de que dicha enajenación había ocurrido con anterioridad a la anotación de demanda, sino que además se ofreció como prueba adicional al respecto los cheques cancelados que fueron girados en esa ocasión. Pero mucho más importante aún, es la determinación que hace el juez recurrido en su sentencia enmendada al efecto de que las partes admitieron haber celebrado el pri-mero de los dos contratos mencionados el día 13 de agosto de 1960 conforme aparece del propio documento.

Las circunstancias ya reseñadas son suficientes para con-cluir que existe certeza sobre la fecha en que se consumó la venta. Tal certeza elimina la posibilidad de fraude.

Por los motivos expuestos la moción de reconsideración será declarada sin lugar.

Los Jueces Asociados, Señores Dávila y Cadilla Ginorio, no intervinieron.


text:
    William W. Bailey, demandante y recurrente, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrido.
    Número: R-72-338
    Resuelto: 19 de octubre de 1973

      Benjamin Rodríguez Ramón y Teodoro Peña García, abogados del recurrente; Miriam Naveira de Rodón, Procurador General, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxi-liar, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El albacea testamentario de John Livingston Thomas, residente de St. Thomas, Y.I., radicó con el Secretario de Hacienda la notificación (planilla) de los bienes de dicho cau-sante a los fines de la contribución sobre herencia que liqui-dada resultó en una imposición de $69,343.00 que pagó la sucesión. Transcurrido en exceso el término de 30 días que concede la Ley (13 L.P.R.A. see. 282 (4)) para revisar dicha imposición mediante demanda ante el Tribunal Superior, el albacea informó al Secretario de Hacienda haber descubierto otros bienes del caudal no incluidos en la notificación original, por lo que sometió una planilla adicional en la que incluyó 174,000 acciones preferidas de “Sleeper Productions, Inc.” y 8,000 acciones preferidas de “Martha Sleepers Creates, Inc.”, incluyendo dividendos acumulados por pagar y un pagaré de $15,000 suscrito por Ponce Textile Print Works, Inc. El recurrido Secretario de Hacienda tasó las acciones de Sleepers Productions en $53,940.00 y las de Martha Sleepers en $9,417.65, e impuso una contribución de $27,635.76. El alba-cea presentó demanda impugnando esta determinación final de Hacienda pero no acompañó con su demanda “la parte de contribución con la cual estuviere conforme” (13 L.P.R.A. see. 282(4)), razón ésta por la que el tribunal de instancia desestimó la demanda por falta de jurisdicción.

En su recurso de revisión de contribuyente hace dos seña-lamientos de error que se funden en el planteamiento de que el recurrente cumplió con el requisito jurisdiccional y que el tribunal de instancia debió ver el caso en los méritos y revisar la imposición.

El remedio de ley a disposición del contribuyente no con-forme con la- determinación final del Secretario de Hacienda en contribución sobre herencia está provisto en 13 L.P.R.A. see. 282 (4) cuyo texto lee:

“A. — Apelación de las Determinaciones del Secretario de Hacienda. — Cuando un contribuyente no estuviere conforme con una determinación notificádale por el Secretario de Hacienda y tuviere derecho por ley a apelar de ella para ante el Tribunal Superior, deberá hacerlo en la forma, dentro del término y previo el cumplimiento de los requisitos siguientes:
“(4) Contribución sobre Herencias y Donaciones
“De una determinación final del Secretario de Hacienda, noti-ficada en la forma provista en la see. 896 de este título, pagando la parte de la contribución con la cual estuviere conforme el con-tribuyente, y radicando su demanda en el Tribunal Superior en la forma dispuesta por las sees. 286 y 289 de este título, dentro del término de treinta (30) días, a partir de la fecha del depó-sito en el correo de la notificación de la determinación final del Secretario de Hacienda; Disponiéndose, que tanto el término de treinta (30) días para recurrir ante el Tribunal Superior como el pago dentro de dicho término de la parte de la contribución con la cuál estuviere conforme el contribuyente, se considerarán de carácter jurisdiccional.”

Tanto el texto del estatuto como la jurisprudencia (Balbás v. Tribunal de Contribuciones, 73 D.P.R. 244 (1952)), hacen del pago de aquella parte de la contribución que acepta el contribuyente un requisito jurisdiccional. Para justificar su inobservancia de esta condición precedente el albacea alega que como ambas corporaciones Sleepers Produc- ■ tions y Martha Sleepers mostraban déficit en sus estados financieros, las acciones no tenían valor alguno, y que siendo el valor de las acciones “cero” carece el recurrente de una base para computar y pagar contribución alguna con la que estaría conforme. El argumento es falaz si consideramos lo expresado por el propio recurrente en el párrafo 6(c) de su demanda que copiamos:

“(c) El demandado erró al fijar la tasación de las acciones preferidas de las dos corporaciones; son tributaries pero la tasación no es justa y razonable porque no se da cuenta a que una de las corporaciones estaba inactiva, con un inventario maquinaria, mercancía y materia prima vieja y muerta, y un déficit de $152,312.08; que la otra corporación también tenía un déficit.” (Énfasis nuestro.)

Es inescapable la inferencia de que algún valor tenían esas acciones cuando el albacea las incluyó en una notificación suplementaria de modo que al pasar el trámite de imposición y pago de la contribución sobre herencia quedara la sucesión habilitada para realizarlas o desprenderse de ellas en el mercado. Dicha condición de inutilidad en las acciones ni se alegó en la demanda ni se estableció con evidencia ante el tribunal a quo que sólo tuvo ante sí estados financieros de ambas corporaciones con déficit.

Es insostenible la distinción que hace el recurrente entre el caso Balbás, y su propio caso argumentando que en aquél se pedía una reducción de la contribución por lo que había que pagar la parte aceptada de la impuesta, mientras que en el caso de autos, como se alega que los bienes informados nada valen y se impugna la contribución en su totalidad, no hay que cumplir con el requisito jurisdiccional de pagar parte de la contribución. El argumento conduce a convertir la con-dición jurisdiccional del estatuto citado en letra muerta. De prevalecer, un apelante que niegue todo valor a bienes tasados bajo la presunción de corrección que rodea las determina-ciones del Secretario de Hacienda, estaría exento de pagar aquella parte de la contribución que buenamente pague por revisar quien solicite una reducción de la contribución im-puesta. Equivale, en fin, a dejar a elección del contribuyente si usar la jurisdicción apelativa mediante pago de parte de la contribución o si se autodeelara exento de pago alguno.

Ni la Ley de Contribución sobre Herencias ni las disposi-ciones sobre apelaciones contributivas operan sobre cosas desechadas sin utilidad. El solo acto del recurrente trayendo esas acciones corporativas al ámbito legal contributivo de dichos estatutos, describiéndolas como tributables, es indicio de que algún valor tienen. Los albaceas que cumplen con ,su deber de proteger el caudal a ellos confiado como lo ha hecho el recurrente rindiendo la planilla de herencia, no incurren en el gesto estéril de someter desechos a la acción impositiva de Hacienda.

En la transcrita See. 282 del título 13 L.P.R.A. el Estado da su consentimiento para que se le demande por el contribu-yente en variadas situaciones anejas al tipo de contribución impuesta, pero establece unas reglas o condiciones para pro-teger la efectividad de la imposición fiscal. En ciertas recla-maciones exige fianza a favor del Secretario de Hacienda, en otras pago de una parte de la'contribución, y ambas formas de garantía en los casos de emergencia cuando el Secretario considera que hay riesgo de que la contribución sobre la propiedad se pierda o perjudique parcial o totalmente. (13 L.P.R.A. sec. 476(2).) El recurrente en este caso no ha satisfecho la condición previa de consentimiento por el Sobe-rano para que el tribunal pueda asumir jurisdicción y conocer de su demanda.

Se confirmará la sentencia revisada.

El Juez Asociado, Señor Irizarry Yunqué, concurre en el resultado.

       Tributar, según la Academia, significa entregar el ciudadano al Estado para las cargas y atenciones públicas, cierta cantidad de dinero.

      Las prácticas de contabilidad varían considerablemente según el propósito que las dirige. Así ocurre con la supresión de la plusvalía cuya depreciación no puede amortizarse o deducirse para fines contributivos. Una corporación necesita mantener una contabilidad adaptable a todo pro-pósito corporativo o comercial. Puede haber divergencia entre la práctica aplicable a valores, ganancias y deducciones a los fines de la contribución sobre ingresos y los requisitos para determinar los sobrantes disponibles para dividendos. La Ley de Corporaciones tiene una meta distinta de la legislación contributiva. Ballantine On Corporations, ed. 1946, pág. 528.
      Al tasar acciones para contribución sobre herencias, de no haber cotizaciones del mercado, debe hacerse el esfuerzo de fijar por todos los medios disponibles y adecuados el precio más alto que un comprador hipotético pagaría a un vendedor hipotético ambos deseosos de negociar en un mercado abierto y libre. El valor en los libros no es necesariamente el valor real en el mercado. No son criterios exclusivos de valoración de estas acciones ni la capacidad de ganancia de la corporación ni los dividendos pagados. Fletcher, Cyclopedia of the Law of Private Corporations, ed. 1965, Tomo 14, Sec. 6983, págs. 881-886.

      Para quien impugna la contribución en su totalidad está disponible el recurso de reintegro. (13 L.P.B.A. sec. 282(6).)


text:
    Sylvia Esther López Rivera et al., demandante y recurrente, v. Félix Manuel Matos García, demandado y recurrido.

      Número: R-71-198

      Resuelto: 23 de octubre de 1973

      Rafael J. Bar agaño Amadeo, abogado de la recurrente; Efrain F. Crespo, abogado del recurrido; Faustino R. Aponte, William F. Riefkohl, Alfonso Miranda Cárdenas y Julio César Rivera, amici curiae.

   El Juez Asociado Señor Martínez Muñoz

emitió la opinión del Tribunal.

El la acción de filiación instada en el Tribunal Superior, Sala de Arecibo, por Sylvia Esther López Rivera, como madre con patria potestad del menor Yiovani López, nacido el 14 de abril de 1969, alegóse que éste fue procreado allá para el mes de julio de 1968 producto de las relaciones sexuales que sostuvo aquella con el demandado Félix Manuel Matos García en Arecibo y en Utuado; que el demandado se ha negado a reconocerlo como hijo y a proporcionarle alimentos como padre; y termina solicitando una declaración judicial de status de hijo del demandado para todos los efectos de ley.

Emplazado el demandado compareció en autos, negó los hechos esenciales de la demanda y adujo la defensa de cosa juzgada basada en la siguiente alegación:

“Alega además la parte demandada que en el presente caso se determinó por sentencia del Honorable Tribunal de Distrito, Sala de Utuado, que el demandado no es el padre del menor objeto del presente pleito, por lo que la parte demandante está impedida de demandar en la presente acción y asimismo es cosa juzgada el hecho de la paternidad.”

Considerando el tribunal a quo que de prosperar esta de-fensa tendría el efecto de disponer del caso sin más, instruyó a las partes que presentaran memoriales con miras a consi-derar el planteamiento antes de proseguir los trámites del caso, una vez fuese unida a los autos copia certificada de la sentencia del Tribunal de Distrito, Sala de Utuado, en que basa el demandado su defensa. Los memoriales de las partes y la copia de la sentencia fueron radicados. Es esta una forma impresa de un “Acta y Resolución” suscrita por el Hon. Héctor Abreu, Juez del Tribunal de Distrito, Sala de Utuado, en el caso Criminal Núm. 69-587, que siguió el Pueblo de Puerto Rico contra Félix M. Matos García, Barrio Salto Abajo de Utuado, P.R., por infracción al Art. 263 del Código Penal, según enmendado por la Ley Núm. 10 del 16 de mayo de 1966, sobre abandono de menores. 33 L.P.R.A. see. 991. En su parte pertinente lee así:

“Acta y Resolución
De conformidad con lo dispuesto en el inciso (c) de la Ley Núm. 10 del 16 de mayo de 1966, el día 2 de diciembre de 1969 este Tribunal le .concedió un término al acusado de epígrafe para contestar las alegaciones de la denuncia que motivó el caso.
El día 23 de diciembre de 1969, fecha fijada para hacer alegación, compareció dicho acusado asistido del Ledo. Efraín Crespo negando la paternidad del menor envuelto y haciendo alegación de no culpable del delito de abandono de menores que se le imputa. Estando el-Pueblo de Puerto Rico representado por el Fiscal Luis E. Jiménez Reverón, según nombramiento al efecto, se procedió a la vista del caso.
Luego de estudiada la prueba desfilada este Tribunal dicta la siguiente

RESOLUCIÓN

[xx] Que el acusado de epígrafe no es el padre del menor YIOVANI LOPEZ, y por consiguiente lo absuelve libremente.”

Sustentando el criterio de que entre la causa por abandono de menores por infracción al Art. 263 del Código Penal se-guida contra Matos García, que culminó en la reseñada “Acta y Resolución”, y la acción civil de filiación en trámite contra aquél hay identidad de partes, de cosa y de causa de acción, el juez de instancia declaró con lugar la defensa de cosa juzgada y dictó sentencia desestimando la demanda.

Decidimos revisar. Posteriormente accedimos a una soli-citud de cuatro abogados para intervenir como amici curiae, fundada ésta en el efecto que pueda tener cualquier dictamen nuestro sobre planteamientos jurídicos similares, concordes con el dictamen del juez a quo y que alegan haber formulado en otros casos ante los tribunales de instancia.

Presentado el alegato de los interventores, éstos llaman la atención del Tribunal, en una moción informativa, al hecho de que el abogado de la recurrente no adhirió el sello forense a su solicitud de revisión y el efecto de esta omisión sobre nuestra jurisdicción para entender en el recurso. Pro-cedemos, pues, a examinar y a resolver primero esta cuestión previa.

El abogado de la demandante-recurrente le ha estado re-presentando desde el inicio del pleito. Dicho abogado canceló el sello forense en la demanda y en otro documento posterior dentro del pleito. Al solicitar la revisión de la sentencia adversa, el Secretario de este Tribunal le envió una nota llamándole la atención al abogado sobre la falta del sello forense en la petición de revisión y que debía enviar “original y 10 copias a doble espacio” de la solicitud. El abogado recurrente procedió o corregir los defectos y enviar el sello forense, ya pasado el término para solicitar revisión, de no haberse perfeccionado antes dicha solicitud.

Surge, pues, la interrogante si es un requisito de ley que el abogado cancele un sello forense en su solicitud de revisión dentro de las circunstancias de este caso.

La ley que constituyó el Colegio de Abogados de Puerto Eico, según fue enmendada por la Ley Núm. 60 del 28 de abril de 1939, dispone en su Art. 11 lo siguiente (4 L.P.R.A. see. 783) :

“Será deber 'de todo abogado adherir al primer escrito que presente en cualquier acción o procedimiento judicial un sello que el 'Colegio adoptará y expedirá por valor de un (1) dólar y hasta tanto se hubiere adherido dicho sello no podrá radicar ese escrito.” (Énfasis nuestro.)

La frase final que hemos enfatizado fue añadida a dicho artículo por virtud de la Ley Núm. 60 del 28 de abril de 1939. Fue en Iturrino v. Corte, 50 D.P.R. 944 (1937), resuelto antes de la enmienda, que por primera vez tuvimos ocasión de considerar el sello forense en lo relativo al requisito de ser adherido en el primer escrito de todo abogado en cualquier acción o procedimiento judicial. Consideramos allí la validez de una orden del juez inferior disponiendo la no radicación por el Secretario del Tribunal de una moción presentada por un abogado, designado de oficio en un caso criminal, por no haberse adherido a la misma el sello forense a que se refiere dicho artículo. Al revocar la orden sostuvimos que, tal como estaba redactado el artículo, la omisión de cancelar el sello forense en un escrito ante el mismo tribunal de instancia, primero que radicaba el abogado en cuestión, no conllevaba la nulidad del escrito. Nos basamos entonces que el artículo imponía una obligación al abogado y no a la parte; que el artículo no fijaba penalidad alguna a la parte por tal omisión; que las consecuencias de no cancelar el sello habría que bus-carlas en las relaciones entre el abogado particular y el Cole-gio de Abogados; y que, tratándose de un abogado asignado de oficio para la defensa de un acusado, la Legislatura no tuvo la intención de imponer sellos forenses en tal caso.

Dos años después de esa decisión, la Legislatura enmendó el artículo en cuestión, añadiéndole la frase que subrayamos antes.

En el año 1950 volvió a ocupar nuestra atención las con-secuencias de la no cancelación del sello forense en un escrito, ya en vigor el interdicto incorporado en la ley. De Soto v. Clínica Industrial, 70 D.P.R. 850 (1950). Se trataba en ese caso de una reclamación de salarios tramitada bajo las dispo-siciones de la Ley Núm. 10 de 14 de noviembre de 1917. Presentado escrito de apelación por abogados de la deman-dada apelante, distintos de los que condujeron su caso en el tribunal inferior, que fue el primer escrito que presentaron, no adhirieron al mismo el sello forense de un dólar adoptado por el Colegio de Abogados. Los apelados solicitaron la deses-timación. El Tribunal igualmente dividido en la opinión, declaró sin lugar la desestimación. No obstante, las distintas opiniones del Tribunal tomaron en cuenta el hecho de que eran distintos los abogados que condujeron el caso de la ape-lante en el tribunal inferior de los que radicaron la apelación al discutir los efectos de la falta de cancelación del sello forense en apelación. Ello es muy significativo toda vez que, de haber sido los mismos abogados, no hubiese surgido la obligación de cancelar un nuevo sello forense en el escrito de apelación.

La obligáción del abogado de cancelar el sello forense surge una sola vez, en el primer escrito que presente y no en ningún otro posterior. Como se sabe, el escrito de apelación se presenta en la secretaría de la sección del tribunal que entendió en el caso. Regla 53.1 (a) de Procedimiento Civil. Mientras sea el mismo abogado el que está representando a la parte, no es precio volver a adherir el sello, ni aún en la etapa apelativa del caso.

A igual conclusión llegamos en cuanto a la necesidad de adherir el sello forense en los recursos de revisión. La solicitud en estos casos se presenta en la Secretaría del Tribunal Supremo. Regla 53.1 (b). El recurso es un incidente del mismo caso que se interesa revisar. Se atiende por una rama del mismo Tribunal General de Justicia. Ley de la Judicatura, 4 L.P.R.A. sec. 1 et seq. El caso no comienza de nuevo en el nivel de revisión, sino que tiene como punto de partida el récord producido en el tribunal de primera instancia (Regla 10(a) del Reglamento del Tribunal Supremo), el cual en mayor o menor grado es concluyente en cuanto a la evidencia y los planteamientos de derecho de las partes y en cuanto a las conclusiones de hecho del tribunal. Más aún, a solicitud de la parte apelada, o a iniciativa propia, este Tribunal, conforme a la Regla 15.1 (g) del Reglamento, puede disponer que una apelación civil se tramite y resuelva como un recurso de revi-sión, siempre que el escrito haya sido presentado en tiempo y esté fundamentado, cuando surja que no hay planteada o re-suelta una cuestión constitucional sustancial. Huelga decir que en esta situación tampoco , es necesario adherir un sello forense al escrito de apelación considerado ya como un recurso de revisión, cuando el abogado que lo presentó es el mismo que representó a la parte apelante desde el principio.

Resolvemos que, siendo el abogado de la recurrente el mismo que la representa desde el comienzo del pleito en la sala de instancia, no venía obligado a adherir en su solicitud de revisión el sello forense adoptado por el Colegio de Abogados.

Pasamos a considerar los méritos de la defensa de cosa juzgada, invocada por el recurrido y adoptada por el juez inferior, como base de la sentencia recurrida. Recogiendo en una síntesis el pensamiento del juez, se dice en la parte in fine de la sentencia lo siguiente:

“Entendemos que en lo resuelto hoy le damos vitalidad y contenido a todo lo que encierra el Art. 263 del Código Penal según enmendado, al sacarlo de la cárcel del clima de precepto de tipo criminal que muchos Tribunales le han endilgado en perjuicio del ciudadano que se ve obligado a relitigar la paterni-dad como hecho en dos foros como cuestión de norma. La protec-ción que se le debe a un menor para que reclame a quien imputa es su padre no puede magnificarse de tal manera que sea tan opresivo al ciudadano que, contrario a lo que ocurriría en cual-quier otro tipo de caso, tenga que ganar dos veces, en dos foros distintos, la misma controversia.”

El Art. 263 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 991, define el delito menos grave de abandono de menores. En su apartado (c) establece el procedimiento cuando el acusado niega la paternidad; se fija un plazo al acusado para formular alegación e inmediatamente se celebrará un juicio en el cual se seguirán las reglas para la presentación de evidencia; dentro del quinto día de haberse oído la prueba el juez resol-verá sobre la paternidad y de resultar probada ésta, levan-tará un acta al efecto y dictará la resolución correspondiente fijando, además, la cuantía que por concepto de alimentos deberá proveerle al hijo. En su inciso (d) establece el procedi-miento posterior, autoriza al juez suspender los efectos de la sentencia si lo creyere necesario para el. bienestar del menor y le concede el derecho al acusado de apelar el fallo adverso.

El Art. 1204 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3343, establece de modo claro y categórico las condiciones que deben concurrir para que surta efectos la excepción de cosa juzgada. Son cuatro las condiciones exigidas, a saber: la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron. No basta la concurrencia parcial de identidades, sino la integración total de las enumeradas en dicho artículo.

En el pasado, hemos reconocido que dicha defensa tiene bien definidas excepciones en ley, y de orden equitativas; Zambrana v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 179 (1971); Figueroa v. Municipio de San Juan, 98 D.P.R. 534 (1970); Millán v. Caribe Motors Corp., 83 D.P.R. 494 (1961); cuando ha habido envueltas consideraciones de orden público, Garzot v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 359, 365 (1964); Pérez v. Bauzá, 83 D.P.R. 220 (1961); Feliciano Ruiz v. Alfonso Develop. Corp., 96 D.P.R. 108 (1968); cf. Souchet v. Cosío, 83 D.P.R. 758, 763-764 (1961); y Sucn. Zayas Berríos v. Berríos, 90 D.P.R. 551 (1964); o cuando la sentencia en que se funda se obtuvo por fraude, Bolker v. Tribunal Superior, 82 D.P.R. 816 (1961); o cuando se derrotan los fines de la justicia, Viera v. Comisión Hípica, 81 D.P.R. 707, 720 (1960).

Precisamente en Pérez v. Bauza, supra, se trataba de un caso de filiación en el cual se opuso la defensa de cosa juzgada fundamentada en: (a) una sentencia en un caso civil anterior, sobre filiación, que había sido desestimado por inacción; y (b) otra sentencia en un caso por el delito de abandono de menores mediante la cual se absolvió al demandado. Sin con-siderar la defensa (b), porque presumimos que la defensa de cosa juzgada se hizo depender exclusivamente- de la indi-cada bajo la (a), y que ésta no adjudicó los méritos de la causa de acción ejercitada, consideramos apropiado apartar-nos de la “rigidez” que impone la cosa juzgada no sin antes dejar expresado (pág. 226) :

“Sin embargo, los tribunales se han negado a aplicar en forma inflexible la defensa de cosa juzgada cuando hacerlo derrotaría los fines de la justicia, especialmente si hay envueltas consideraciones de orden público. [Citas] Esto es particular-mente cierto en los casos en que la sentencia anterior se opone a un menor de edad, que ordinariamente ha estado impedido de protegerse a sí mismo contra la conducta impropia o descuidada de su representante legal. [Cita] Según se ha expresado, la doctrina descansa en el principio básico de que debe propiciarse la terminación de litigios, pero si la aplicación rigurosa de la misma derrotaría en la práctica un derecho permeado en alguna forma del interés público, los tribunales se inclinan hacia la solu-ción que garantice cumplida justicia, en lugar de favorecer en forma rígida una ficción de ley que obedece fundamentalmente a un principio de conveniencia y orden procesal. [Cita] En otras palabras, la regla no es absoluta y debe siempre considerarse conjuntamente con el saludable principio de que debe dispensarse justicia en cada caso. [Cita]
Es indudable que la acción de filiación, vehículo que concede la ley para establecer el status familiar del ciudadano, está re-vestida de un gran interés público, y tiene hasta tangencias constitucionales si se quiere, por lo qué con ello afecta la digni-dad del individuo. Precisamente el Artículo II, Sección 1, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, proclama que la dignidad del ser humano es inviolable, y define la igualdad de los hombres ante la ley, complementada con la prohibición de discrimen por motivo de nacimiento.”

No merece gran esfuerzo de análisis para concluir que entre la sentencia absolutoria que se produjo en el proceso contra el acusado por infracción al delito menos grave de abandono de menores y la acción civil filiatoria iniciada en éste, no existe la concurrencia de todas las identidades requeridas a los efectos del Art. 1204 del Código Civil. El Art. 263 del Código Penal establece un procedimiento criminal que ofrece al acusado de infringirlo todas las garantías del Debido Proceso de Ley; a disfrutar del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa del cargo, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia y del privilegio de abstenerse a declarar y que éste no se tenga en cuenta ni se comente en su contra. El menor, por el contrario, ni su señora madre, pueden compeler al acusado a un examen de sangre, antes del juicio, ni a someterlo a examen oral mediante deposición, ni a interrogatorios escritos, ni a formularle requerimiento de admisión de hechos. Tampoco tienen derecho, como tampoco lo tiene el fiscal, a una revisión de la sentencia de absolución por un tribunal de más jerarquía, derecho que sólo disfruta el acusado en caso de resultar convicto.

• Si bien hemos resuelto que la paternidad puede ser - investigada lo mismo en casos criminales que en casos civiles, en el caso de un acusado por infracción al Art. 263, el hecho de la paternidad tiene que establecerse más allá de duda razonable antes de que proceda una convicción. Es por esta razón básica que en nuestro derecho la filiación civil no se establece por una convicción, como tampoco se destruye por una absolución en un caso de abandono de menores. Ello se funda en el clásico principio de separación entre ambos procesos consagrado en el Art. 2 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 2, que dispone:

“Cuando la violación de un derecho permita el ejercicio de ambas acciones, la civil y la criminal, el derecho de ejercer la una no impide el derecho de ejercer la otra.”

Véanse Landrón v. Saldaña, 8 D.P.R. 438 (1905); El Pueblo v. Borrás, 9 D.P.R. 411 (1905); Ramírez v. Morales, 69 D.P.R. 703 (1949); Colón v. Srio. de Hacienda, 79 D.P.R. 859 (1957).

No debe extrañar, pues, nuestras expresiones en Pueblo v. Lugo, 64 D.P.R. 554, 567 (1945), que hoy ratificamos como norma en lo relativo al efecto de sentencias de culpabilidad o de absolución en casos de abandono de menores bajo el Art. 263 del Código Penal en los cuales la paternidad haya sido negada, sobre las acciones de filiación civil para establecer el status familiar del ciudadano:

“Escasamente tenemos que añadir que una sentencia en un caso criminal, aun en cuanto a los hechos necesariamente deter-minados en el mismo, no es impedimento (bar) por el funda-mento de cosa juzgada a una acción civil posterior basada en los mismos hechos. Lo contrario es desde luego igualmente cierto. La doctrina no podría aplicarse en dichas situaciones debido a la diferencia en la partes y en el grado de la prueba requerida en casos civiles y criminales. [Citas] Aquí la absolución en el primer caso criminal no operaría por ejemplo en el sentido 'de que la cuestión de paternidad sea cosa juzgada en una acción civil posterior de filiación.”

La sentencia revisada vulnera esos principios básicos. Por los fundamentos expresados, no procede el sostener en este pleito la defensa de cosa juzgada; y, en consecuencia, se revo-cará la sentencia recurrida y se devolverán los autos al tribunal de origen para la continuación de los procedimientos.

       Es costumbre de la Secretaría de este Tribunal llamar la atención a los abogados cuando sus escritos adolecen de ciertos defectos, no se acompañan las copias reglamentarias, falta del sello forense, las copias no están claras, etc. En muchas ocasiones, domo en el caso de autos, se utiliza una forma impresa en la que se enumeran una serie de fallas con un espacio al calce para indicar el defecto y se le llama la atención del abogado para que la corrija.

       Esta Regla cubre lo dispuesto en el procedimiento anterior bajo el Art. 296, hoy derogado, del Código de Enjuiciamiento Civil, el cual disponía que el escrito se le entregaba al “secretario de la corte en que fue dictada o registrada la sentencia o providencia apelada.”

      “E1 poder judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico residirá en un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración, compuesto por el Tribunal Supremo como tribunal de última instancia y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constituirán el Tribunal General de Justicia.
      “El Estado Libre Asociado de Puerto Rico queda por la presente constituido en un solo distrito judicial, sobre todo el cual el Tribunal General de Justicia ejercerá su poder y autoridad.”

      Para la fecha en que el recurrido fue procesado ante el Tribunal de Distrito, Sala de Utuado, dicho artículo leía como sigue:
      “(a) Todo padre o madre que voluntariamente y sin excusa legal dejare de cumplir con la obligación que la ley le impone de proveerles ali-mentos a sus hijos, incurrirá en delito menos grave.
      “(b) Cuando la paternidad se acepte por el denunciado ante el Tribunal antes de comenzar el juicio, y de resultar el denunciado culpable de abandono, el Tribunal fijará mediante resolución una suma razonable por concepto de alimentos, apercibiendo al acusado que el incumplimiento de dicha resolución, sin excusa legal, podrá ser castigado como un desacato civil.
      “(c) Cuando se niegue la paternidad, el Tribunal dará un plazo de no más de diez (10) días al acusado para que conteste la alegación al efecto, e inmediatamente celebrará un juicio en el cual se seguirán las reglas para la presentación de evidencia vigentes. Dentro del quinto día de haberse oído la prueba el juez resolverá sobre la paternidad y de resultar probada ésta, levantará un acta al efecto y dictará la resolución corres-pondiente fijando, además, la cuantía que por concepto de alimentos deberá proveerle al hijo.
      “(d) Luego de los procedimientos preliminares que se establecen en los dos incisos anteriores, el caso continuará ventilándose a base de las alegaciones de abapdono y el fallo recaerá sobre este extremo. El Tribunal tendrá discreción para suspender los efectos de la sentencia si lo creyere necesario para el bienestar del menor. Del fallo adverso sobre paternidad y sobre abandono el acusado podrá apelar en un solo acto. Las vistas sobre estos casos tendrán preferencia en los calendarios de los Tribunales de Apelación.
      “(e) La apelación para ante el Tribunal Superior de cualquier sen-tencia u orden dictada bajo esta sección, no suspenderá los efectos de la resolución ordenando el pago de alimentos; Disponiéndose, que en tal caso de apelación el acusado vendrá obligado a depositar en la Secretaría de la Sala del Tribunal Superior para ante el cual se haya apelado las cuantías fijadas por concepto de alimentos, pero no se dispondrá de éstas hasta que recaiga el fallo en dicha Sala. Si el acusado dejare de cumplir con la consignación dispuesta, el Tribunal desestimará la apelación.
      “(f) Cuando fuere firme la sentencia, el Tribunal dictará orden acompañada de copia certificada del acta de aceptación de la paternidad o de la determinación de paternidad hecha por el juez, dirigida al encar-gado del Registro Demográfico, para que proceda a inscribir al menor como hijo del acusado con todos los demás detalles requeridos por el acta de nacimiento, para todos los efectos.
      “(g) En todas las acciones por infracciones a esta sección, incluso en las vistas sobre incumplimiento de la orden de alimentar, el interés público estará representado por un fiscal de distrito, su auxiliar o cualquier fiscal especial designado por el Secretario de Justicia, su auxiliar, o un fiscal especial privado designado según dispone la see. 102 del Título 3 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas.
      “(h) A los efectos de determinar la paternidad, el Tribunal de Distrito tiene jurisdicción concurrente con el Tribunal Superior de Puerto Rico.”
      En virtud de la Ley Núm. 83, del 30 de mayo de 1972, el Art. 263 fue enmendado suprimiéndose la frase “pero no se dispondrá de éstas hasta que recaiga el fallo en dicha Sala.” al fin de la primera oración del inciso (e) y adieionó las segunda, tercera y cuarta oraciones. 33 L.P.R.A. see. 991 (Suplemento Acumulativo).

      Dispone dicho artículo que:
      “Para que la presunción de cosa juzgada surta efecto en otro juicio, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurra la más perfecta identidad entre las cosas, las causas, las personas de los litigantes y la calidad con que lo fueron.”
      Otras disposiciones estatutarias relativas a la materia de cosa juzgada están contenidas en los Arts. 59 y 62 de la Ley de Evidencia, 32 L.P.R.A. sees. 1793 y 1796, y en las Reglas 6.3 y 7.5 de las de Procedimiento Civil.

      Véase Pérez v. Bauzá, supra, escolio (2), págs. 222-223.

        Pueblo v. Rodríguez, 67 D.P.R. 736 (1947); Pérez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 832 (1960); Rosaly v. Rullán, 86 D.P.R. 788 (1962).


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Marcial Robledo Torres, acusado y apelante.

      Número: CR-73-32

      Resuelto: 26 de octubre de 1973

      Santos P. Amadeo, abogado del apelante; Peter Ortiz, Procura-dor General Interino, y Federico Rodríguez Gelpí, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante fue acusado de varios delitos, entre ellos un delito grave.

El acto de la lectura de la acusación contra el apelante se celebró el 30 de diciembre de 1969. La vista del caso se señaló para el 5 de febrero de 1970 ante .el Juez Hon. Guillermo A. Gil. Compareció asistido de su abogado Ledo. Julio C. Rivera. Llamado el caso, renuncia a que el juicio se vea ante jurado. No se impugna la validez de esta renuncia. El abogado pide la posposición de la celebración del juicio. La corte accede. El juicio se celebró el 3 de agosto siguiente. El acusado estuvo representado por el mismo abogado, pero la sala estuvo presidida por un magistrado distinto al que la presidió cuando renunció al juicio por jurado, el Hon. Modesto Velázquez Flores. En esta ocasión el juez manifestó: “Ya en este caso se ha renunciado al Jurado?” El Ledo. Rivera ex-presó: “Se había hecho ya expresamente en corte abierta.” El juez antes de comenzar el desfile de la prueba manifestó: “Se dice una vez más, que para' los felony había renunciado expresamente al Jurado y lo ratifica ahora esa renuncia.” El Ledo. Rivera estuvo conforme.

En apelación se apunta que la renuncia a que el juicio se celebrase ante jurado no fue válida.

De la transcripción de evidencia surge que el apelante renunció válidamente a que el caso se viera ante jurado el 5 de febrero de 1970. Sobre esto no hay controversia. Antes de comenzar el desfile de la prueba, luego de la renuncia al jurado solicitó la suspensión. Señalado de nuevo, luego de varias suspensiones, al comenzar el juicio, se aclara por su abogado, el Ledo. Julio C. Rivera, el conocedor del procedi-miento y de los derechos de su cliente, que éste había renun-ciado al jurado. Habiéndose sometido' el acusado a juicio bajo la eficacia de su anterior renuncia del derecho a juicio por jurado, sin solicitar la restitución del derecho renunciado, y en ausencia de actuaciones por el tribunal que en modo alguno enervaran o anularan dicha renuncia previa, asistido como estuvo el apelante en todo momento por defensor idóneo, no era necesario repetir las formalidades y exigencias anejas a la renuncia al jurado.

Se confirmará la sentencia que dictó el Tribunal Superior', Sala de San Juan, en 5 de octubre de 1970.