text:
    Edelmiro Martínez Rivera, demandante y recurrido, v. Hon. Víctor Rafael Toro, Juez de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, demandado y recurrente.

      Número: R-70-180

      Resuelto: 10 de diciembre de 1971

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, Juan José Ríos Martínez y Ruth Tentori de Lebrón-Velázquez, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del recurrente; J. L. Biamón Sánchez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

El Hon. Víctor Rafael Toro, actuando como juez de la Sala de Investigaciones del Tribunal de Distrito de San Juan, se negó a admitir y aceptar documentos de fianzas otorgadas por la Compañía de Fianzas de Puerto Rico en casos criminales, juramentados y suscritos dichos documentos ante el notario Edelmiro Martínez Rivera.

Alegando que el referido juez voluntaria e intencional-mente y sin causa válida alguna le estaba entorpeciendo, es-torbando e impidiendo ejercer el notariado en el otorgamiento de los expresados documentos de fianza, el notario Sr. Martí-nez Rivera interpuso acción de injunction contra el juez ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior.

Luego de los trámites de rigor dicho Tribunal Superior dictó sentencia declarando con lugar la demanda de Injunction y ordenó al demandado “que proceda a admitir las fian-zas de la 'Compañía de Fianzas de Puerto Rico’ así como la de cualquiera otra compañía de seguros que autoricen fianzas ante un notario público y asimismo que cese y desista de su actuación de no admitir fianzas de compañías de aseguradores autorizadas para hacer negocios en Puerto Rico, suscrita ante notario público.”

Acordamos revisar esa sentencia.

Independientemente de si procede un injunction para impe-dir la actuación del Juez de Distrito, a tenor con lo dispuesto en el Art. 678 del Código de Enjuiciamiento Civil (32 L.P.R.A. see. 3524), y de que la orden de injunction se hiciera extensiva expresamente a otras compañías de seguro que no fueron parte en el pleito, la sentencia del Tribunal Superior es errónea y debe ser revocada.

El Tribunal Superior entendió que existe una aparente contradicción entre las Reglas 220 y 221 de las de Procedi-miento Criminal pero que ambas reglas podían armonizarse en virtud del Art. 22.020 (26 L.P.R.A. see. 2202) del Código de Seguros. Así mismo entendió que el no permitir que las fianzas rechazadas por el Juez de Distrito sean suscritas o recono-cidas ante notario público implicaría el eliminar la fe notarial dejando sin efecto las disposiciones de la Ley Notarial. Estos fundamentos de sus fallos son erróneos.

Las aludidas Reglas disponen:

“REGLA 220. FIANZA; REQUISITOS DE LOS FIADORES
Toda fianza será suscrita, o reconocida, ante un magistrado o secretario, según corresponda, bien por una compañía autorizada para prestar fianzas en Puerto Rico, bien por un fiador residente en Puerto Rico que posea bienes inmuebles en Puerto Rico no exentos de ejecución por un valor igual al monto de la fianza, luego de deducido el total de los gravámenes que pesen sobre dichos bienes, excepto que el magistrado ó secretario ante quien se prestare la fianza podrá permitir a más de un fiador que se obli-guen separadamente por sumas inferiores siempre que el total de las obligaciones individuales equivalga a dos veces el monto de dicha fianza. Dondequiera que en estas reglas se utilice el término ‘fiadores’ se entenderá que lee ‘fiador o fiadores’. (Suple-mento Acumulativo, págs. 94, 95.)
REGLA 221. FIANZA; FIADORES; COMPROBACION DE REQUISITOS
Los fiadores que no fueren compañías autorizadas para pres-tar fianzas en Puerto Rico, en todo caso justificarán bajo jura-mento, ante el magistrado o secretario que admitiere la fianza, que reúnen las condiciones que exige la regla que precede. El magistrado o secretario podrán, además, examinar a los fiadores bajo juramento acerca de su responsabilidad, en la forma que estimaren oportuna.” (Reglas de Procedimiento Criminal, tomo 2, pág. 231.)

La letra de la Regla 220 es clara y está libre de toda ambigüedad en cuanto a que las fianzas prestadas por compañías autorizadas para prestar fianzas en Puerto Rico deben ser suscritas o reconocidas ante un magistrado o secretario, según corresponda, y no ante un notario.

La fianza prestada por un fiador residente en Puerto Rico deberá igualmente ser suscrita o reconocida ante los indicados funcionarios judiciales. De suerte que el requisito de que la fianza sea suscrita o reconocida ante un magistrado o secreta-rio es igualmente aplicable por disposición expresa de la Regla 220, tanto a las fianzas prestadas por fiadores personales como a las prestadas por compañías autorizadas a prestar fianzas en Puerto Rico.

La Regla 221, no exige a las compañías autorizadas para prestar fianzas en Puerto Rico, que justifiquen bajo juramento, como deben hacerlo los fiadores personales, y por razones ob-vias, que reúnen las condiciones que exige la Regla 220 en cuanto a los bienes inmuebles que poseen y acerca de su res-ponsabilidad.

Autorizada una compañía para prestar fianzas en Puerto Rico, su responsabilidad para ser fiadora ha sido previamente determinada conforme a las disposiciones del Código de Segu-ros de Puerto Rico. Por eso, en circunstancias normales, es innecesario que la compañía justifique ante el magistrado o secretario su responsabilidad y cualificación para servir de fiadora a un acusado de delito. De suerte que las Reglas 220 y 221 son perfectamente armonizables, sin necesidad de recurrir, como lo hizo el tribunal sentenciador, al Art. 22.020 (26 L.P.R.A. see. 2202) del citado Código de Seguro, cuya pertinencia al problema planteado, no alcanzamos a compren-der.

Es cierto que la Ley Notarial dispone que el notario es el único funcionario autorizado para dar fe y autenticidad, conforme a las leyes, a los contratos y demás actos extra judiciales que ante su presencia se realicen. (4 L.P.R.A. see. 1001.) Con la propia excepción señalada en la ley, solamente los notarios podrán autorizar declaraciones juradas cuando se refieren a hechos, actos o contratos de mero interés particular. Ley de marzo 12 de 1908, según enmendada. (4 L.P.R.A. see. 890.) El juramento que prestan los fiadores en un documento de fianza en cualquier procedimiento criminal, no es de mero interés particular, sino que por el contrario, está revestido de interés público. No se discute la facultad de la Legislatura para disponer mediante ley o regla, que determinados actos se autentiquen ante otros funcionarios, y no ante el notario. Eso fue lo que hizo mediante la aprobación de la Regla 220 de Procedimiento Criminal. Ello no implica que se esté privando al notario del ejercicio de sus funciones como tal. El notario ha sido ya excluido de tomar juramento en otros actos. Véanse, Arts. 75 y 76 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 243 y 244); Rivera v. Corte, 58 D.P.R. 351 (1941).

Por los motivos expuestos se revocará la sentencia dictco-da por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 19 de mayo de 1970, y se dictará otra declarando sin lugar la demanda de injunction.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, y los Jueces Asociados, Señores Hernández Matos y Rigau, no intervi-nieron.

       El Art. 22.020 del Código de Seguros dispone:
      “Siempre que por ley o por decisión de un tribunal, funcionario público o entidad pública se exija o se permita prestar una fianza, garan-tía, promesa, obligación, estipulación o cédula, dicha fianza, garantía, promesa, obligación, estipulación o cédula, que en otros respectos sea apro-piada y las condiciones de la cual están garantizadas por un asegurador de garantía autorizado, o por un asegurador de garantía no autorizado, como seguro excedente de acuerdo con el capítulo 10, se aceptará y se considerará que llena todos los requisitos en cuanto a número de garánti-zadores, residencia, estado legal de los garantizadores y otros análogos.” (Bastardillas nuestras.) (26 L.P.R.A. see. 2202).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Martín

license: Public Domain

text:
    Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Guillermo Román y Bernardo Román Bonilla, demandados y recurridos.
    Número: R-70-189

      Resuelto: 13 de diciembre de 1971

      Raúl Barquet Trujillo, Jorge Santos Santiago, Josefina Ruiz Car rrillo, Rafael Oiler Monclova, Ildefonso Mora Ramírez, Miguel A. Ruiz Rodríguez, Luis E. Colón Ramery y Freddie M. Díaz Maldonado, abogados de la recurrente.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

La Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico presentó demandas de desahucio en precario contra los recurridos alegando que cada uno de éstos había cons-truido en terrenos de la propiedad de la demandante una es-tructura que ocupaban contra' la voluntad expresa de la de-mandante y sin mediar pago de canon o merced alguna y sin contrato de ninguna clase. Los demandados al contestar nega-ron que las referidas estructuras radicaren dentro de los terrenos de la demandante ni que necesitaran autorización de la demandante para la construcción de las estructuras en cuestión, alegando además no estar ocupando los terrenos aludidos en la demanda. Aceptaron, sin embargo, los demanda-dos que no pagaban canon o merced alguna y que tampoco existía contrato alguno que justificase su ocupación del terreno. Como defensas especiales los demandados adujeron que dichas estructuras les pertenecían en pleno dominio, y que por tal razón existía un genuino conflicto de título que debía diluci-darse en un pleito plenario y no en el de desahucio.

Oída la prueba ofrecida por las partes, el tribunal de ins-tancia determinó (1) que la demandante es dueña de los terrenos sobre los que enclavan las estructuras que utilizan los demandados como vivienda; (2) que los demandados son dueños respectivos de dichas estructuras las que habían cons-truido éstos hacía más de seis meses; y (3) que nadie inter-vino con éstos para la fecha en que construyeron las mismas.

En base a las determinaciones precedentes el tribunal a quo desestimó las demandas de desahucio al concluir que habiéndose controvertido la presunción de ley de que las casas pertenecen al dueño del terreno, opera la presunción de que la construcción en terreno ajeno fue hecha de buena fe por los demandados. Estimando el tribunal sentenciador que tal situa-ción planteaba una cuestión de título que ameritaba una in-demnización a los dueños de las casas, por ser éstos poseedores de buena fe, determinó que no puede ventilarse la cuestión dentro del procedimiento sumario de desahucio.

La cuestión a resolver por nosotros es si estuvo justificado el tribunal de instancia al determinar que existía un conflicto de título entre las partes que hace improcedente el procedi-miento sumario de desahucio bajo las circunstancias presen-tes en este caso.

Es doctrina general establecida por este Tribunal que los conflictos de título no pueden dilucidarse en el juicio de desahucio por ser éste uno de carácter sumario en que únicamente se trata de recobrar la posesión de un inmueble por quien tiene derecho a ella. Negrón v. Corujo, 67 D.P.R. 398 (1947); Escudero v. Mulero, 63 D.P.R. 574 (1944); Palermo v. Corte, 58 D.P.R. 189 (1941); Rivera v. Santiago, 56 D.P.R. 381 (1940); González Martínez v. Marvel, 56 D.P.R. .466 (1940); González v. Colón, 49 D.P.R. 557 (1936); Brunet v. Corte, 45 D.P.R. 901 (1933). A tono con tal doc-trina si un demandado en desahucio produce prueba suficiente que tienda a demostrar que tiene algún derecho a ocupar un inmueble y que tiene un título tan bueno o mejor que el del demandante surge un conflicto de título que hace improcedente la acción de desahucio. Escudero v. Mulero, supra. Tal con-flicto, hemos resuelto, debe ser dilucidado en el juicio declara-tivo correspondiente, González v. Colón, supra; Laureano v. Díaz, 48 D.P.R. 705 (1935); Brunet v. Corte, supra; Ermita de Ntra. Sra. del Rosario v. Collazo, 41 D.P.R. 596 (1930); pero no debemos extender este principio a casos en que no hay posibilidad de título en favor de la parte demandada. Lippitt v. Llanos, 47 D.P.R. 269 (1934).

La situación clásica que hemos considerado frecuentemente en casos de desahucio que plantea un conflicto de título surge entre dos partes que se disputan el título de cierto terreno. Laureano v. Díaz, supra; González v. Colón, supra; P.R. Leaf Tobacco Co. v. Colón, 50 D.P.R. 303 (1936); Negrón v. Corujo, supra; Brunet v. Corte, supra; Escudero v. Mulero, supra; Vélez v. Franqui; 82 D.P.R. 762 (1961).

Claramente ésa no es la situación ante nos en el presente caso. Ésta envuelve la ocupación por el demandado de una es-tructura de vivienda que alegadamente le pertenece y que ra-dica en terrenos de la demandante. En el pasado hemos dis-tinguido entre dos modalidades de esta situación que no deben ser confundidas.

Una es aquella, en que las circunstancias que dieron lugar a la construcción u ocupación de la estructura dentro de terreno ajeno han creado algún derecho de título a favor del ocupante qqe amerita se le considere constructor o poseedor de buena fe. Habiendo buena fe, el dueño del terreno tiene el derecho a ;hacer suyas las estructuras previo el pago a los dueños de las mismas del costo de los materiales y de la mano de obra,; q del costo de reproducción de ellas al momento en que el dueño del terreno ejercitare su derecho, deduciendo la depreciación, lo que resultare mayor, o a obligar a los que fabricaron a pagar el precio del terreno. Código Civil, 1930, Arts. 293, 297 (31 L.P.R.A. sees. 1146, 1164). Dicho derecho de opción concedido al dueño del terreno contra el poseedor de buena fe debe ejercitarse mediante la acción- accesoria. Código Civil, supra, Art. 287 et seq. (31 L.P.R.A. see. 1131 et seq.). Por consiguiente, no procede en tales casos la acción sumaria de desahucio.

Examinemos los casos que hemos resuelto donde impera esta primera modalidad y en los que hemos denegado la acción de desahucio.

En Rivera v. Santiago, supra, los demandados habían cons-truido una vivienda con permiso del dueño original hacía muchos años. Dijimos entonces que el consentimiento del dueño convertía la construcción en una de buena fe lo que daba lugar a un conflicto de título, por lo que el desahucio no proce-día. En González Martínez v. Marvel, supra, la demandada había adquirido por compra hacía doce años una vivienda en finca ajena, de manos de quien la había construido quince años antes con permiso del dueño de ésta, habiendo el vendedor gozado la posesión, quieta, pública y pacífica como dueño de la misma por dicho período de quince años. Denegamos el desahucio siguiendo la doctrina de conflicto de título ya es-tablecida. En Palermo v. Corte, supra, las demandadas habían construido una vivienda en terrenos, que habían adquirido mediante arrendamiento precisamente .para fines de construir una vivienda con el consentimiento del dueño. Ante tales cir-cunstancias denegamos el desahucio por el fundamento de que mediando buena fe en la construcción surgía- un conflicto de título. En Pueblo v. Carrasquillo, 58 D.P.R. 176 (1941) existía el consentimiento del dueño por lo que también deci-dimos que no procedía el desahucio por existir conflicto de título.

En los casos citados precedentemente y en los que el desahucio fue denegado por la existencia de un conflicto de título está presente un común denominador consistente en que el demandado o sus antecesores tenían algún tipo de autorización del dueño del terreno que les daba un derecho aparente a la ocupación de la vivienda y por tanto daba lugar a la presunción de buena fe. El conflicto habría de resolverse en un juicio plenario.

La otra modalidad que hemos considerado en el pasado es en la que el demandado se limita a alegar algún título sobre la vivienda objeto del desahucio sin que posea derecho o título alguno que justifique su ocupación del terreno ajeno donde enclava la estructura y la que está representada por la línea de casos que examinamos a continuación. En ellos hemos decretado el desahucio al concluir que no existe conflicto de título alguno entre el demandante y el demandado.

En Lippitt v. Llanos, supra, nos confrontamos a una situa-ción de hechos similar a la del presente caso. Allí se trataba de una casa construida sobre el solar del demandante. La de-mandada sostuvo que un hijo tomó en arrendamiento el solar con el objeto de permitirle a ella construir la referida casa sobre el mismo. Por consiguiente, tenía conocimiento de que el solar no pertenecía a su hijo. Concluimos ante esa situación de hechos que la ausencia del permiso del dueño del solar para hacer la edificación resultaba en la mala fe de la cons-trucción. Decidimos allí que la presunción de buena fe quedó destruida al fabricar sin permiso en terreno ajeno. En su consecuencia, la teoría del conflicto de título fue rechazada por este Tribunal y el desahucio fue ordenado.

Igualmente en Schuck v. Verdejo, 43 D.P.R. 955 (1932) la demandada era dueña de una casa construida sobre un solar del demandante, y en la que había vivido por espacio de treinta años. Ésta no pudo probar contrato ni permiso alguno para permanecer en el terreno. Expresamos entonces que de haber nacido el derecho de contrato o permiso debió haberlo presentado como defensa. Al no hacerlo, no podía impedir que el dueño recuperara la posesión del sitio valiéndose de un desahucio, a menos que tuviera un título exis-tente. Dijimos entonces que de permitirse alegaciones rela-tivas a un derecho de posesión, sin ser éstas determinadas, se vulneraría el procedimiento de desahucio, y por ende se des-truiría el propósito de la ley.

También en Rubert Hno., Inc. v. Hernández, 43 D.P.R. 960 (1932) los demandados precaristas habían construido con su propio peculio, en terrenos de la demandante, la casa donde residían, y sostuvieron que tenían la autorización de los administradores de la demandante para ocupar dichos terrenos como “arrimados”. Dijimos allí que tales hechos no presentaban un color de título en los demandados, lo cual es necesario para que surgiera el conflicto de título que requiere la jurisprudencia. A falta de un permiso especí-fico, no surgió título alguno en los demandados.

En la segunda línea de casos examinados precedentemente, al igual que en el caso de autos, nos encontramos con la figura del precario. La situación del precarista, en la que no puede haber posibilidad de título, ha sido motivo de considera-ción en repetidas ocasiones por este Tribunal. En estos casos es de perfecta aplicación el procedimiento dispuesto por la Ley de Desahucio que autoriza la acción por el dueño de una finca contra cualquiera persona que detente la posesión material o disfrute precariamente de la misma sin pagar canon o merced alguna.

Las disposiciones citadas de la Ley de Desahucio, con-tenidas además en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española, Arts. 1564 y 1565, han sido explicadas por el Tribunal Supremo de España en su sentencia de 3 de mayo de 1963 en la forma siguiente:

“Que el desahucio en precario, para ser eficaz en Derecho, ha de apoyarse en dos fundamentos: de parte del actor, la posesión real de la finca a título de dueño, de usufructuario o cualquier otro que le dé derecho a disfrutarla; y por parte del demandado, la condición de precarista, es decir, según la doctrina jurispruden-cial muy reiterada; la ocupación del inmueble sin otro título que la mera tolerancia del dueño o poseedor, ya porque nunca haya tenido título que justifique el goce, o bien porque teniendo en tiempo virtualidad, lo haya perdido.”

El tribunal a quo, en el caso que nos ocupa, elabora la teoría de que siendo los demandados dueños de las estruc-turas en cuestión y habiéndolas construido sin que mediara intervención de persona alguna, ello da lugar a que exista un conflicto de título ya que nuestro Código Civil reconoce al que fabrica de buena fe en suelo ajeno, el derecho a no ser privado de su propiedad sin la correspondiente indemnización. Código Civil, 1930, Art. 297 (31 L.P.R.A. see. 1164). Sostiene además el tribunal de instancia que la buena fe se presume y la misma no puede ser controvertida en el procedimiento de desahucio.

Estamos de acuerdo con que la buena fe se presume mientras no sea controvertida. Código Civil, supra, Art. 364 (31 L.P.R.A. sec. 1425). Pero, ésta cesa desde el momento en que el poseedor conoce por sí mismo los defectos del título. Código Civil, supra, Art. 293 (31 L.P.R.A. sec. 1146). Y, al determinarse la mala fe, el dueño del terreno en que se haya edificado puede exigir la demolición de la obra reponiendo las cosas a su estado primitivo a costa del que edificó. Código Civil, supra, Art. 299 (31 L.P.R.A. sec. 1166).

Es evidente que de las propias alegaciones de los demandados, tomadas en conjunto, surge su conocimiento de que el terreno donde ubican sus estructuras de vivienda es ajeno. Aunque se limitan a cuestionar que dicho terreno pertenezca a la demandante, no afirman, sin embargo, que ellos tengan algún derecho sobre el mismo. Y, como cuestión de derecho, el tribunal a quo concluye que la demandante es dueña del terreno. Es pues forzoso concluir que la construcción de las referidas estructuras fue de mala fe y así lo debió haber determinado el tribunal de instancia.

En Lippitt v. Llanos, supra, pág. 272, dejamos establecido que “desde luego, de ordinario la ley es que se presume la buena fe, mas esta presunción queda destruida cuando se construye una casa en solar ajeno. Entonces incumbe a la persona que edificó la casa demostrar que ella lo hizo de buena fe.”

Independientemente de que invocáramos la citada presunción la realidad es que los demandados en el caso.de autos son constructores de mala fe por haber construido sin autorización alguna del dueño y a sabiendas de que el terreno no les pertenecía.

Es conveniente señalar que no hubo alegaciones ni prueba de los demandados a los efectos de que éstos.construyeran a la vista, ciencia o- paciencia de la demandante y sin oposición de esta última, por lo que no son de aplicación las disposiciones del Código Civil relativas a la mala fe de ambas partes.

El tribunal inferior erró al no entrar en estas consideraciones en el pleito de desahucio. Como dijimos en Lippitt, supra, la defensa de conflicto de título no debe ser extendida a casos en que no hay posibilidad de título en favor de la parte demandada. El demandado debe demostrar que tiene al menos lo que hemos llamado un color de título. J. González & Co. v. Aponte, 55 D.P.R. 826 (1940); Rivera v. Santiago, supra. Para determinar si los demandados tenían algún derecho pre-cisaba que el tribunal determinara que eran constructores de buena fe. Evidentemente no lo eran.

Refiriéndose a la condición del precarista el Tribunal Supremo de España ha dejado sentada la doctrina que citamos con aprobación a continuación:

“. . . si bien es cierto que, según doctrina de esta Sala el pro-cedimiento de desahucio por precario es un juicio sumario y de hecho en el que sólo pueden discutirse las cuestiones que afectan al título en que el actor funda su derecho a poseer y las referen-tes a la situación del demandado como poseedor material de la cosa, igualmente lo es que para impedir aquellas maniobras de los demandados tendentes a lograr que tal clase de juicios queden virtualmente sin aplicación práctica, esa misma doctrina tiene también establecido, que la acción de desahucio no queda ener-vada por el mero hecho de que el demandado como precarista alegue la existencia de un título para legitimar su ocupación de la finca, en cuyo caso es perfectamente factible el examinar en esta clase de juicios el título invocado al efecto de denegar el desahucio si del mismo resulta a primera vista cuando menos dudoso el derecho del actor a obtener la efectividad de su derecho a poseer . . . Sentencia de 30 de junio de 1966.

El caso de Ermita de Ntra. Sra. del Rosario v. Collazo, supra, citado por el tribunal a quo es claramente distinguible del de autos. Allí el demandado tenía inscrita la posesión de la estructura objeto del desahucio en el Registro de la Propiedad hacía veintinueve años. Repetimos lo dicho en Schuck v. Verdejo, supra: “Nos sentimos obligados a resolver que aquella decisión no puede invocarse como autoridad para impedir que un demandante recobre la posesión de sus terrenos bajo los hechos de este caso.”

Reiteramos una vez más que no puede un demandado utilizar el pretexto de supuestos estados o situaciones carentes de título adecuado para privar de la protección de la ley a quien ostenta el título, obligándole a que acuda al procedi-miento ordinario. Schuck v. Verdejo, supra.

No podemos sancionar las actuaciones de aquellos que ile-galmente y a su propio riesgo construyan y ocupen estructuras en terrenos ajenos y basados en tal conducta censurable pre-tendan obstruir, limitar y demorar indebidamente el ejercicio del derecho a desalojo que al dueño y poseedor del terreno le concede la ley.

No existiendo en este caso conflicto de título que impida el procedimiento sumario de desahucio se revocarán las sen-tencias apeladas y se dictará otra ordenando el desahucio de los demandados.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, así como el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervinieron.

       “Tienen acción para promover el juicio de desahucio los dueños de la finca, los usufructuarios y cualquiera otro que tenga derecho a dis-frutarla, y sus causahabientes.” Código Enj. Civil, 1933, Art. 620 (32 L.P.R.A. see. 2821). (Bastardillas nuestras.)
      “Procederá el desahucio contra los inquilinos, colonos y demás arren-datarios, los administradores, encargados, porteros o guardianes, puestos por el propietario en sus fincas, y cualquiera otra persona que detente la posesión material o disfrute precariamente, sin pagar canon o merced al-guna.” Código Enj. Civil, 1933, Art. 621 (32 L.P.R.A. see. 2822). (Bastardi-llas nuestras.)

       “Cuando haya habido mala fe, no sólo por parte del que edifica, siembra o planta en terreno ajeno, sino también por parte del' dueño de éste, los derechos de uno y otro serán los mismos que tendrían si hubieren procedido ambos de buena fe.
      “Se entiende haber mala fe por parte del dueño siempre que el hecho se hubiere ej'ecutado a su vista, ciencia o paciencia, sin oponerse.” Código Civil, supra, Art. 300 (31 L.P.R.A. sec. 1167).


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Héctor Colón Morales, acusado y apelante.

      Número: CR-70-127

      Resuelto: 15 de diciembre de 1971

      Enrique Miranda Merced, abogado del apelante; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Varios agentes- especiales de Rentas Internas rondaban el sector Guaypao en la Barriada La Perla. Declara uno de ellos que al caminar por un callejón oyó una conversa-ción relacionada con una transacción de drogas. Observó que el acusado estaba con otras dos personas y que aquél re-cibía $6.00 de una de éstas. Inmediatamente avisó a sus compañeros y arrestaron a los tres individuos. Al apelante le ocuparon una caja de cigarrillos Winston donde guardaba una chapita ahumada, un gotero y una aguja hipodérmica; los $6.00 a que antes hemos aludido y “picadura y semilla de supuesta marihuana”. Los otros dos individuos fueron de-jados en libertad pues nada se les ocupó.

Al apelante se le imputó “tener en su posesión y ocultar y transportar la droga narcótica conocida como marihuana.” Convicto, fue sentenciado a cumplir de cinco a siete años de presidio en cada uno de los cargos, pero en forma concurrente.

Invoca el apelante nuestro dictamen en Pueblo v. Márquez Estrada, 93 D.P.R. 811 (1966) al efecto de que “para es-tar incurso en el delito de posesión (de drogas narcóticas) la cantidad ocupada debe ser de tal naturaleza que pueda usarse como narcótico.” Sostiene el apelante que como la semilla no puede utilizarse como narcótico no se estableció el delito que castiga el Art. 29 de la Ley de Drogas (24 L.P.R.A. see. 974z). No tiene razón. El referido artículo en su parte pertinente a la cuestión que consideramos dispone:

“Queda absolutamente .prohibida la tenencia, posesión, tras-paso, uso, aplicación, prescripción, manufactura, preparación o cualquier transferencia o recibo, así como la introducción, la ocultación y la transportación en Puerto Rico de:
(1) • . •
(2) . . .
(3) La droga conocida como marihuana, así como cualquier mezcla líquida o sólida incluyendo cigarillo o cigarros sin im-portar su forma y naturaleza, que contenga cualquier parte o re-siduo de marihuana. No estará comprendida en esta prohibición la fibra del tallo de esta planta, así como sus semillas esterilizadas para fines industriales y siempre que a dicha fibra se le haya extraído la substancia o resina que contiene esta droga y la esterilización de la semilla se haya logrado en grado tal que no pueda germinar.”

Es evidente que está prohibida expresamente la posesión- de semillas fértiles.

Apunta también el acusado que el ministerio público no estableció fuera de duda razonable que las semillas ocupadas fueran de marihuana.

Declaró la química que testificó por el Estado que se le entregó “un sobre con evidencia, cerrado para ser analizada, la cual fue analizada por mí y el contenido del sobre, era un sobrecito de manila con picadura de supuesta marihuana o sea, después de analizada yo determiné que no era marihuana sino hojas secas y dentro de las hojas secas había semillas de marihuana.”

Hon. Juez:

P. No se vaya, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Señorita, cómo usted pudo determinar que eran semillas de marihuana?
R. Bueno, por la apariencia; esa semilla de marihuana es única.
P. ¿Es única?
R. Y la forma en sí, la configuración de la semilla.
P. Señorita, yo quiero preguntarle. ¿Usted es química?
R. Sí señor.
P. ¿Usted le puede decir al Tribunal porqué estas semillas son únicas? O sea, que la configuración de las semillas son únicas en cuanto a marihuana?
R. Bueno, la semilla de marihuana es ésa toda la que yo he visto y la que he tratado en las ilustraciones viene esa semilla así.
P. ¿Así que se puede identificar por fotografías?
R. Yo le diría que se puede identificar.
P. ¿Esa es su opinión?
R. Sí, señor.
P. Bien.”

Declara además que por el olor cree que las hojas que estaban junto con las semillas eran de orégano.

Con este testimonio no se estableció fuera de duda razonable que las semillas fueran en realidad de marihuana. Su testimonio se limitó a informarle al tribunal que entendía que las semillas ocupadas al apelante eran de marihuana porque “estas semillas son únicas”. La testigo no describió las semillas de marihuana. Nada dijo sobre su apariencia y configuración.

Es conveniente señalar que en una publicación oficial del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, Marihuana Its Identification (U.S. Govt. Printing Office 1948) se esta-blece el método que debe seguirse para identificar adecuada-mente las semillas de marihuana. Copiamos de las págs. 9 y 10:

“Las ‘semillas’. — La fruta misma, comúnmente denominada semilla, es de forma aovada y se describe como parecida a melo-nes diminutos. La superficie está dividida en dos segmentos por una ranura bastante pronunciada alrededor de su circunferencia ■mayor. Su peculiar apariencia de encaje es especialmente carac-terística. El color de su superficie puede variar de amarillo ver-doso a marrón y frecuentemente está más o menos veteado
Examen de muestras. — Fragmentos de cualquiera o de todas las partes de la planta a que antes se ha hecho referencia pueden aparecer en muestras de marihuana pura o mezclada con subs-tancias extrañas como tabaco. Ellas pueden separarse fácilmente bajo una ampliación de 20 diámetros o menos y deben compararse separadamente con partes similares de muestras auténticas Para poder identificar una muestra como marihuana ésta debe ajustarse a lo siguiente:
I. HOJAS
(a) . . .
(b) . . .
(c) . . .
(d) . . .
(e) . . .
II. VAINAS
(a) . . .
(b) . . .
(c) . . .
III. FRUTAS (SEMILLAS)
(a) De color amarillo verdoso a marrón más o menos veteado.
(b) Forma aovada.
(c) Ranurada alrededor de su circunferencia mayor.
(d) Característica apariencia de encaje.
(e) Interior semejante a la tela del coco.”

Es inescapable la conclusión de que no se identificó adecuadamente el material ocupado al apelante, surgiendo por lo tanto una duda razonable de si en verdad lo ocupado eran semillas de marihuana. No surge del récord que la testigo tuviera gran experiencia y. conocimiento sobre la estructura y configuración de las semillas de marihuana. Aparentemente su conocimiento se limitaba a lo que había observado en fotografías. Y su conclusión se basó exclusivamente en el parecido que tenían las semillas con las fotografías, pero no se estableció que siguiera el método recomendado en la publicación que antes hemos citado. Se ha sostenido que para poder identificar adecuadamente las semillas de marihuana se requiere el testimonio de un experto. Jenkins v. State, 248 So.2d 758 (Ala. 1971).

Por lo antes expuesto se revocará la sentencia apelada y se absolverá al acusado.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.


author: El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

text:
    Rafael A. Justiniano, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Autoridad de Carreteras de Puerto Rico, demandado y recurrente la segunda.

      Número: R-70-321

      Resuelto: 16 de diciembre de 1971

      Antonio Córdova González, Pedro Toledo González & Edwin Tyler Albizu, abogados de la Autoridad de Carreteras de Puerto Rico; Enrique Alcaraz Casablanca, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Rafael A. Justiniano demandó al Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a la Autoridad de Carreteras en reclama-ción de daños y perjuicios. Fundó su causa de acción en que la Autoridad de Carreteras, luego de adjudicarle la buena pro en una subasta para la construcción de 1.760 kilómetros de carretera en el Municipio de Sabana Grande procedió poste-riormente, sin exponer motivos, a anular dicha subasta.

Contestada la demanda y luego de celebrarse un juicio en los méritos, el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, dictó sentencia condenando a la Autoridad de Carreteras a pagar al demandante, en concepto de daños y perjuicios, la suma de $7,379.00 más las costas y $800.00 para honorarios de abogado. Expedimos un auto para revisar esta sentencia.

Los hechos esenciales que sirvieron de fundamento a la referida sentencia según las conclusiones del tribunal senten-ciador, son los siguientes:

La demandada Autoridad de Carreteras anunció la subasta para la construcción de un tramo de 1.760 kilómetros de carretera en el Municipio de Sabana Grande conociéndose la propuesta obra como proyecto Santana. El demandado señor Justiniano concurrió a dicha subasta como licitador des-pués de haber la Autoridad dádole todas las facilidades para examinar los pliegos de especificaciones y haber él realizado los estudios correspondientes para someter su licitación.

Las copias de los planos que fueron entregadas y sometidas a los varios licitadores adolecían del defecto de no tener le-yenda alguna ni suplir información alguna en cuanto a la relocalización de las líneas de agua. Solamente en los planos originales que estaban en la posesión de la demandada existía una nota al calce que leía “water line to be relocated”. La relo-calización de estas líneas de agua tenía un valor estimado que fluctuaba entre $18,000.00 y $25,000.00.

Para el 17 de agosto de 1967, una vez abiertas y leídas públicamente las proposiciones de los licitadores el deman-dante tuvo conocimiento que él era el postor más bajo y ade-más tuvo conocimiento de las demás proposiciones hechas por los otros licitadores. De la comparación de las distintas proposiciones aparecía que en relación con la partida de relo-calización de líneas de agua, el demandante había cotizado la suma de $1,000.00; la del licitador de mayor cotización era de $16,500.00 y el estimado de costo de la Autoridad de Carrete-ras era de $18,333.72. El 20 de agosto de 1967 el demandante escribió una carta concediendo a la Junta de Subasta una prórroga de 15 días para que procediera a la adjudicación de la subasta. Dicha prórroga se concedió con la intención de que la Junta en pleno estudiara el asunto de la partida de relo-calización de líneas de agua. El Presidente de la Junta de Subasta le sugirió al demandante que continuara con los trámites relacionados con la adjudicación de la subasta.

En su pliego de proposiciones el demandante tomó en consideración y cotizó la relocalización de líneas de agua a pesar de que la información que le ofrecía el plano era insu-ficiente.

El día 26 de septiembre de 1967 el demandante fue notifi-cado por el Presidente de la Junta de Subasta de que se le había adjudicado la subasta por la cantidad de su proposición de $106,482.92. De la hoja de resumen de licitaciones aparece que el estimado de los ingenieros de la Autoridad para dicho proyecto era de $123,616.37 y que entre el estimado del de-mandante y el del siguiente licitador más bajo había una diferencia de $18,217.74.

El 27 ó 28 de septiembre de 1967 el demandante se reunió con el Presidente de la Junta de Subasta y discutieron sobre la enorme diferencia existente entre las cotizaciones del de-mandante y de la Autoridad en cuanto a la partida de reloca-lización de líneas de agua, sobre la insuficiencia de la informa-ción suplida en los planos, sobre el efecto negativo econó-mico que podía producir dicha diferencia en el presupuesto del demandante y sobre el planteamiento del demandante de renegociar la partida de relocalización de líneas de agua.

El 28 de septiembre del mismo año 1967 el Presidente de la Junta de Subasta notificó al demandante que se dejaría abierta la fecha de adjudicación del contrato o de la decisión final sobre el proyecto hasta tanto se considerara y se resol-viera el planteamiento del demandante para que se negociara la partida de relocalización de líneas de agua.

El día 9 de octubre de 1967 el demandante se reunió con los miembros de la Junta de Subasta y se discutió en dicha reunión la partida de relocalización de las tuberías de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. La Junta aceptó en esa fecha que los planos entregados a los licitadores no contenían información suficiente sobre la relocalización de las líneas de agua.

En 30 de octubre del mismo año, el demandante requirió de la Junta que le comunicara su decisión sobre la adjudi-cación del contrato, y por comunicación telegráfica del 31 de octubre la Junta notificó al demandante que había anulado la subasta del proyecto Santana.

La Junta rehusó renegociar con el demandante la partida de relocalización de las líneas de agua y anuló la subasta bajo el razonamiento de que dicha renegociación directa con el lici-tador era ilegal y resultaba injusta para los demás licitado-res.

La demandada procedió entonces a anunciar una nueva subasta para el proyecto Santana. El demandante no concu-rrió a la misma como licitador. El más bajo en dicha nueva subasta hizo una proposición de $110,241.16; pero la respon-sabilidad de la relocalización de las líneas de agua fue asumi-da por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico por la suma de $18,333.72.

En sus conclusiones de derecho el tribunal a quo resol-vió que la actuación de la Junta al ordenar la cancelación de la subasta era ilegal y que dicha' actuación no estuvo fundada en protección de los mejores intereses de. la Autoridad y sí en la protección de los demás licitadores.

La “Ley de Autoridad de Carreteras de Puerto Rico” — Ley Núm. 74 de 23 de junio de 1965 — dispone en su Art. 11, que todo contrato de obra o de servicios, excepto servicios personales y toda compra que efectúe la Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de facilidades de tránsito, deberán hacerse mediante anuncio de subasta hecho con suficiente antelación de apertura de pliegos de proposi-ciones para que la Autoridad asegure el adecuado conoci-miento y oportunidad de concurrencia. Luego señala este artículo una serie de excepciones, ninguna de las cuales cubre al proyecto Santana. Dispone además el referido artículo:

“Al comparar proposiciones y hacer adjudicaciones, se dará debida consideración a aquellos factores (además de si el postor ha cumplido con las especificaciones), tales como la habilidad del postor para realizar trabajos de construcción de la naturaleza envuelta en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabi-lidad relativas de los materiales, efectos, equipo o servicios; la responsabilidad económica del licitador y su pericia, experiencia, reputación de integridad comercial y habilidad para prestar ser-vicios de reparación y conservación; y el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca. La Autoridad podrá decretar reglamen-tos para la presentación de licitadores.” (9 L.P.R.A. See. 2011, Suplemento Acumulativo, 1969, págs. 85 y 86.)

El propósito que persiguen los estatutos de esta naturaleza que requieren la celebración de subasta es que haya competencia en las proposiciones de manera que el Estado consiga que se realice la obra al precio más bajo posible. Además, al requerirse que la subasta y el contrato se adjudiquen al postor más bajo se evita que haya favoritismo, corrupción, extravagancia y descuido al otorgarse los contratos.

Recuérdese que el día 26 de septiembre de 1967, el deman-dante fue notificado de que se le había adjudicado la subasta y que uno o dos días después dicho demandante hizo al Presi-dente de la Junta de Subasta el planteamiento de renegociar la partida de relocalización de las líneas de agua. Era obvio que su cotización para esa partida era extremadamente baja. La de la propia Autoridad era por $18,333.72 y algunos Imi-tadores la cotizaron en más de $16,000.00. La diferencia en la cotización de esta partida evidentemente determinó que la oferta del demandante para ejecutar el proyecto resultara la más baja.

La Junta de Subasta se negó a renegociar dicha partida. De haberlo hecho hubiera infringido el Reglamento que aprobó la Autoridad en virtud de la facultad que le concedió el Art. 2 de la ley. En su Art. IV, inciso E, dispone el Reglamento:

“E: Los sobres conteniendo las ofertas de los distintos Imi-tadores comenzarán a abrirse en presencia de los licitadores asis-tentes, a la hora exacta y fecha fijada, disponiéndose, que nin-guna proposición podrá ser modificada una vez la misma haya sido abierta (Bastardillas nuestras.)

Y en su inciso C, el Art. VI, dispone:

“2. Bajo ninguna circunstancia se permitirá el retiro de la oferta, o hacer cambios o modificaciones a la misma después de haber sido abierta y leída al público. (Bastardillas nuestras.)

En este caso la proposición del demandante a la Junta de Subasta conllevaba efectuar modificaciones o cambios a su oferta después de haber sido abiertas y leídas al público todas las ofertas. El Reglamento provee que la Junta puede entrar en negociaciones directas con el licitador responsable más bajo cuando esto resulte lo más conveniente a los mejores intereses de la Autoridad. Mas esto sólo puede hacerse después de la decisión de la Junta anulando la subasta. Se establece en tal caso una orden de prioridades, entre las que figura en tercer lugar, la negociación directa con el licitador res-ponsable más bajo. Al efecto dispone el Art. V, inciso F:

“F. Si la decisión de la Junta de Subasta es que se anule la subasta bajo consideración, deberá recomendar:
1. Anunciar una nueva subasta.
2. Recomendar la ejecución de la obra por administración.
3. Entrar en negociaciones directas con el licitador respon-sable más bajo cuando esto resulte lo más conveniente a los mejo-res intereses de la Autoridad.
4. Cuando no sea posible aplicar alguna de las disposiciones que preceden, en el orden de prioridad en que aparecen, se podrá tomar cualquier acción que se considere conveniente a los mejores intereses de la Autoridad.”

Sin embargo, la redacción del Reglamento de la Junta de Subasta parece indicar que la Junta puede (1) adjudicar la subasta, ó (2) declararla nula y luego hacer las recomenda-ciones indicadas en el ya transcrito inciso “F”.

Si la Junta no accedió a renegociar con el demandante la partida para la relocalización de las líneas de agua, a lo cual no venía obligada porque (1) ello equivalía a enmendar la oferta del demandante después de abiertas y conocidas las ofertas de los otros licitadores, y (2) hubo una falta de sufi-ciente información a los licitadores en cuanto a dicha partida, aunque el demandante cotizó por ella luego de obtener la información necesaria, no venía la Autoridad obligada a adjudicarle al demandante el contrato para la ejecución del proyecto Santana, no empece el hecho de que inicialmente el Presidente de la Junta de Subasta le había comunicado que la subasta le había sido adjudicada a él.

Se ha resuelto que una agencia tiene el derecho de revocar la adjudicación de la subasta antes de que se formalice el contrato correspondiente ya que la adjudicación no obliga a la agencia hasta que se formalice por escrito el contrato de ejecución de obra conteniendo todos los requisitos legales.

Es obvio que la anulación de la subasta redundaba en be-neficio de los intereses de la Autoridad. Evitó así el riesgo de que no fuera posible al demandante la ejecución de la obra en el tiempo y conforme las especificaciones del contrato y surgieran problemas con motivo de la baja oferta hecha por el demandante. Redunda también en beneficio de los otros licitadores quienes se vieron impedidos de hacer ofertas más bajas debido a que cotizaron más o menos el valor calculado de la partida de relocalización de líneas de agua mientras que el demandante cotizó dicha partida en una suma infe-riorísima, como resultado de lo cual, resultó el postor más bajo. Finalmente creemos que también resultó en beneficio y no en perjuicio del demandante pues, una vez la Autoridad se negó con razón a renegociar con él la susodicha partida de relocalización de líneas de agua, con toda probabilidad el proyecto le acarrearía pérdidas y no ganancias.

Por las razones expuestas se revocará la sentencia dictada en 13 de febrero de 1970 por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

         Ragland v. Comm., 200 S.E. 601.

        Attorney General v. Public Lighting Commission, 118 N.W. 935.

       Véase, 46 Am. Jur. § 43.

        Covington v. Bosch Bros. Co., 233 P.2d 837.


author: PER CURIAM:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Perfecto Arroyo Cortés, acusado y apelante.

      Número: CR-71-62

      Resuelto: 21 de diciembre de 1971

      José Veray, Jr., abogado del apelante; Gilberto Gierbolini, Procu-rador General, y Benicio Vélez Coéllo, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER CURIAM:

El apelante fue acusado y convicto por el delito de escalamiento en primer grado. Se le imputó que du-rante horas de la noche del 12 al 13 de julio de 1967 penetró en el negocio conocido como “Latín Village” en Aguadilla.

Se señala como único error que el tribunal de instancia erró al declarar culpable al acusado a pesar de ser insuficiente la prueba presentada por el Ministerio Público.

La prueba de cargo consistió en la declaración de los testi-gos Aníbal Martínez, encargado del negocio y el policía Juan H. Matías.

El policía Juan H. Matías declaró que la madrugada de los hechos, como a la una de la mañana, se dirigía del poblado San Antonio hacia la carretera número dos cuando vio en un callejón cercano al “Latín Village” dos individuos que montaban algo en una guagua aunque no pudo distinguir lo que montaban. Entró al callejón y al notar su presencia los dos que estaban montados en la guagua corrieron por una pieza de caña. Pudo detener al acusado que permaneció den-tro de la guagua en el asiento del chofer. Vio entonces en el interior de la guagua un botellero, un gabinete y una mesa. Le llevó al cuartel donde el acusado le dijo que le habían con-tratado para hacer una mudanza y que la mercancía era de los que la habían sacado del “Latín Village”. Luego regresó el policía al lugar donde había dejado la guagua y no la en-contró. Localizó entonces a don Aníbal Martínez, encargado del local de negocio e inspeccionó el mismo. Declaró haber visto la misma guagua tres, o cuatro días antes mientras la conducía el acusado. El día después de los hechos encontró la referida guagua con parte de la mercancía en otro callejón. Al encontrar la guagua no estaba el botellero pero había una nevera blanca bajo la mesa. Declaró también que la licencia provisional de la guagua estaba a nombre del acusado.

En el contrainterrogatorio, a preguntas de la defensa, declaró que la noche de los hechos el acusado tenía la puerta de la guagua abierta pero que no le había dado la oportunidad de huir.

Aníbal Martínez declaró ser yerno del dueño del edificio escalado, y que estaba encargado del mismo por estar su suegro en la cárcel. Dijo que el 12 de.julio de 1967, en horas de la tarde, fue a inspeccionar dicho edificio y lo encontró todo en orden. Durante la madrugada de los hechos se encon-traba durmiendo cuando el policía Juan H. Matías fue a bus-carlo para que le acompañara al edificio del suegro para “ver que habían roto varias puertas y habían sucedido unos hechos allí.” Al llegar al edificio encontró que en los altos, en el dormitorio, habían roto el candado de una puerta que había dejado cerrada por la tarde, y al entrar por dicha puerta, que estaba abierta, notó que faltaba una nevera, una mesa de comedor, un gabinete, un tanquecito de enfriar bebidas y otros artículos misceláneos. Expresó también que al otro día le llevaron donde había aparecido la guagua, en un callejón, y allí identificó la nevera, la mesa y el gabinete que faltaban del dormitorio del edificio de su suegro.

Del resumen anterior surge claramente que la prueba presentada es suficiente para sostener la convicción. El corpus delicti fue establecido. Pueblo v. Hernández, 75 D.P.R. 907 (1954).

Hemos resuelto reiteradamente que tanto la penetra-ción ilegal como la existencia de una intención específica de cometer hurto o ratería, son hechos que pueden ser demos-trados mediante evidencia circunstancial, es decir, por infe-rencias razonables que surgen del conjunto de hechos y cir-cunstancias probadas. Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 157 (1964); Pueblo v. Juarbe Albarrán, 83 D.P.R. 747 (1961) ; Pueblo v. Torres, 81 D.P.R. 678 (1960).

Igualmente hemos sostenido que habiéndose probado o admitido un escalamiento, la posesión por el acusado de los artículos robados sin que éste pueda dar una explicación de dicha posesión, creíble por el juzgador, que sea inconsistente con su posible culpabilidad o en ausencia de que el acusado pueda probar que obtuvo dichos artículos en forma honesta, dicha posesión no explicada satisfactoriamente es un factor que tiende a demostrar con gran fuerza la culpabilidad del acusado y tomado junto a las demás circunstancias del caso puede justificar la convicción. La posesión requerida debe ser exclusiva, pero ello no quiere decir exclusiva de una persona, sino exclusiva de aquellos que han actuado conjuntamente. Pueblo v. Pagán Medina, 99 D.P.R. 753 (1971).

En el caso de Pueblo v. Rodríguez, supra, señalamos que la inferencia de culpabilidad creada por la posesión no ex-plicada de los objetos hurtados quedaba fortalecida por la circunstancia de la fuga del acusado. Aunque el intento de fuga no quedó aclarado en el caso de autos por el policía, existen en este caso circunstancias que fortalecen la inferen-cia de culpabilidad que no estuvieron presentes en el caso de Pueblo v. Rodríguez, supra. Dichas circunstancias son las siguientes: (1) la guagua en donde estaban los objetos hur-tados era propiedad del acusado, (2) el acusado fue encon-trado en dicha guagua frente al lugar donde faltaron los ob-jetos sustraídos, (3) en el momento en que llega el policía Matías salen huyendo dos personas que estaban junto a la guagua, y (4) especialmente, lo inusitado de la hora de la madrugada en que fuera el acusado sorprendido con la mer-cancía hurtada. Tales circunstancias unidas a la posesión de los objetos hurtados no explicada satisfactoriamente es su-ficiente para sostener la convicción del acusado.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel Cruz Rivera, acusado y apelante.

      Número: CR-70-151

      Resuelto: 28 de diciembre de 1971

      Ismael Cuevas Velázquez, abogado del acusado; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Bienvenido Vélez Coello, Procura-dor General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

El apelante fue acusado y convicto por in-fracción a la Ley de Narcóticos de Puerto Rico. Se le imputó qué el día 22 de febrero de 1969 tenía en su posesión y domi-nio, ocultó y transportó la droga narcótica conocida como heroína.

La prueba de cargo demostró que el policía Manuel Iz-quierdo se encontraba junto con otro agente en una patrulla especial al recibir una llamada por radio en la que informaron haberse recibido una confidencia de “que había un carro Chevrolet del ‘60 en la Calle Dorado en Puerto Nuevo, frente a la placita, con tres individuos dentro los cuales estaban inyectándose.” Se dirigieron al referido lugar en donde encontraron un automóvil que corres-pondía con la descripción héchales con tres personas adentro. El acusado apelante se encontraba sentado en el sitio del conductor, Iluminado Flores estaba a su derecha en el asiento de-lantero y Luis Martínez en el asiento trasero. El vehículo de la policía paró, detrás del vehículo del acusado. Al notar la presencia de los policías Iluminado- lanzó hacia afuera un vaso plástico que contenía cierto líquido e intentó romper un gotero que tenía una aguja adherida y una cabeza de goma detrás. El policía Izquierdo se acercó por el lado derecho y su compañero por el izquierdo observando al llegar a la ventana que en el asiento delantero entre el acusado e Iluminado había un sobre pequeño de manila y otra bolsa de papel doblada sobre el asiento. Procedieron a ocupar ese material y a dete-ner a los ocupantes del vehículo. Dentro del sobre se encon-traron treinta y cinco envolturas que fueron llevadas al quí-mico de la policía quien determinó e informó que el contenido de los sobres dio positivo de heroína. Como consecuencia se sometió el caso ante un magistrado.

Se señala como primer error que incidió el tribunal al admitir , la evidencia ocupada habiendo sido resultado de un registro ilegal.

No le asiste la razón. El registro fue razonable, incidental y contemporáneo .con un arresto legal. El derecho al registro contemporáneo y a la ocupación de evidencia no solamente se extiende a la persona que está siendo legalmente arrestada, sino también a los lugares (premises) y cosas que están bajo su control inmediato. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967) y casos allí citados.

El registro fue razonable al llevarse a efecto por el policía Izquierdo en el momento del arresto, al notar entre el acusado y su acompañante sobre el asiento delantero del automóvil donde ambos estaban sentados, un sobre y una bolsa, dentro de cuyo sobre había unas envolturas con polvo de heroína.

El arresto efectuado es legal de acuerdo con las disposiciones de la Regla 11 de Procedimiento Criminal. La conducta sospechosa del grupo consistente en el lanzamiento de un vaso plástico por uno de los ocupantes, que contenía un líquido y su intento de romper un gotero al que se encontraba adherido una aguja hipodérmica, unido a la confidencia recibida por la policía, era suficiente para crear en la mente de una persona razonable la convicción de que se está cometiendo un delito en su presencia. Véanse, Pueblo v. Flores Valentín, 88 D.P.R. 913 (1963); Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968).

En lo referente a la confidencia, la confiabilidad de la misma fue fortalecida por las observaciones de los policías respecto a la exactitud de la descripción dada por el infor-mante del automóvil y del lugar en que se encontraba así como de los actos que se cometían. El que la información pro-ducida por la confidencia constituya prueba de referencia no destruye su validez para determinar motivos fundados para arrestar. Ya hemos adoptado en esta jurisdicción el prin-cipio de que la información recibida de un informante con-fiable, corroborada por las observaciones de un agente res-pecto a la exactitud de la descripción de un acusado ofrecida por el informante y de la presencia de aquél en un sitio especí-fico es suficiente para establecer motivos fundados para un arresto sin mandamiento. Pueblo v. Flores Valentín, supra; Ker v. California, 374 U.S. 23 (1963); Draper v. United States, 358 U.S. 307 (1959).

Se señala como parte del primer error que el tribunal in-cidió al admitir en evidencia el material ocupado al tomar conocimiento judicial del expediente de un juicio anterior contra un co-acusado por los mismos hechos y en el cual se había admitido la misma evidencia. No tenemos base para creer que el juez haya tomado conocimiento judicial de dicho expediente. El tribunal admitió en evidencia el material ocupado a través de la prueba desfilada en el juicio.

En el segundo y tercer error cuestionan la suficiencia de prueba aportada por el fiscal. Esencialmente se cuestiona el que el acusado estuviese en posesión de la droga.

La prueba ofrecida, creída como fue por el tribunal de instancia, es suficiente para sostener la convicción. La heroína se encontraba en el asiento del automóvil del acusado entre éste y su acompañante en un sitio visible. Si bien es cierto que no hay prueba para demostrar que el acusado tuviese la posesión física de la droga, él y su acompañante tenían el control de la misma.

No es necesario tener la tenencia física para estar incurso en los delitos castigados por la Ley de Narcóticos. La posesión puede ser inmediata o constructiva. El acusado tiene la posesión constructiva cuando mantiene el control o el derecho al control del contrabando. Pueblo v. Cruz Rosado, 97 D.P.R. 513 (1969). Como expresamos en el caso de Cruz Rosado, citando el de People v. Showers, 440 P.2d 939 (1968) :

“La posesión ilegal de narcóticos se establece con prueba (1) de que el acusado ejercía dominio y control sobre el contrabando, (2) que él conocía de su presencia, y (3) que el acusado tenía conocimiento de que el material era un narcótico. (People v. Groom, 60 C.2d 694, 696, 36 Cal. Reptr. 327, 388 P.2d 359, 361) ”

El caso de Pueblo v. Maysonet Laureano, 90 D.P.R. 497 (1964), es claramente distinguible del de autos. Allí la droga fue encontrada en la gaveta del frente de un automóvil per-teneciente a una persona distinta al acusado, mientras el acusado se encontraba en el asiento trasero de dicho automó-vil. La única prueba que relacionaba al acusado en ese caso fue el lanzamiento a la calle de una portada de revista en ¡el momento de notar la presencia de los policías. La prueba química a que fue sometida la portada dio negativo de droga alguna.

En el caso de autos, por el contrario, la heroína se encon-traba en el asiento del automóvil del acusado, junto a éste y en un lugar visible y accesible al acusado. En adición a ello se lanzó de dicho automóvil un gotero adherido a una aguja hipodérmica. El cuadro general de hechos y las cir-cunstancias presentes en este caso claramente demuestran que la heroína se encontraba bajó el control del acusado y que él conocía de la presencia de la misma.

Como parte del segundo error se señala que el químico utilizado por el fiscal no indicó sí la evidencia ocupada y analizada podía ser utilizada como estupefaciente. El químico declaró que se encontraron 114 gramos de polvo conteniendo un 26% de heroína. Ello es suficiente para concluir que existía cantidad suficiente para ser susceptible de ser usada como estupefaciente. Por tal motivo nuestra decisión en el caso de Pueblo v. Márquez Estrada, 93 D.P.R. 811 (1966) no es de aplicación, Véase además, Pueblo v. Encarnación Encarnación, 95 D.P.R. 933 (1968).

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       En el caso de Pueblo v. Márquez Estrada, supra, pág. 813, nota'l', señalamos que en el estado de Nueva York se ha obviado la cuestión al establecerse por ley una cantidad mínima de.narcótico que se debo poseér para estar incurso en el delito de posesión de narcóticos. Citamos en-tonces una disposición de la ley .penal del estado de Nueva: York.que. dis-ponía que cualquier persona que, tuviese bajo su control una. preparación de un octavo de onza o más, conteniendo un por ciento o más de heroína, morfina o cocaína cometía ol delito estatuido.
      La citada disposición que. formaba parte del Código Penal -de Nueva York ha sido enmendada! En la actualidad dicho código divide el delito de posesión de narcóticos' en cuatro grados de acuerdo a la cantidad y-tipo de droga poseída. Igualmente se ha eliminado el requisito de 1% de heroína del total del compuesto ocupado que requería el antiguo articulado. Véase, McKinney’s Consolidated Laws of New York Annotated, Libro 39, sec. 220 et seq.

      En la actualidad la sección 220.15 de la citada ley establece en lo pertinente que el delito de posesión de narcóticos en segundo grado es cometido cuando se posee un octavo de onza o más de cualquier preparación o mezcla que contenga heroína, morfina o cocaína, independientemente del por ciento de dichos narcóticos encontrados en la preparación o mezcla ocu-pada. Véase, McKinney’s supra, sec. 220.15.
      De igual forma la sección 220.20 establece que se comete el delito de posesión de narcóticos en primer grado cuando se posee una onza o más de cualquier preparación o mezcla que contenga heroína, morfina o cocaína, independientemente también del por ciento de droga encontrada en la pre-paración ocupada. Véase, McKinney’s, supra, sec. 220.20.
      Como puede apreciarse la cantidad ocupada en el caso de autos (aproxi-madamente 3.9 onzas conteniendo 26% de heroína) es varias veces mayor que la cantidad mínima requerida por la ley de Nueva York para consti-tuir el delito de posesión de- narcóticos en primer grado.
      Lo anterior no significa que las cantidades mínimas requeridas .por el estatuto de Nueva York sean determinantes para establecer si la canti-dad ocupada puede ser usada como estupefaciente. Sin embargo dichas cantidades mínimas nos pueden servir como base de comparación.


text:
    Rosa L. León de Albóniga, peticionaria y recurrente, v. Junta de Personal del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrido.

      Número: O-71-119

      Resuelto: 14 de enero de 1972

      Luis Muñoz Rivera, abogado de la peticionaria; Gilberto Gierbo-lini, Procurador General, y Rurico E. Rivera Rivera, Procurar dor General Auxiliar, abogados de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

El día 15 de diciembre de 1969 el Secretario de Salud se-paró de su puesto de enfermera IV en el Hospital Universi-tario de Río Piedras, a la señora Rosa L. León de Albóniga. Inconforme con esta decisión la empleada acudió ante la Junta de Personal. Ésta delegó en su secretario la celebra-ción de vista pública, conclusiones y decisión. 3 L.P.R.A. sec. 646(a) (6). Ante dicho delegado las partes sometieron y fue aprobada, la siguiente:

“Estipulación
Lie. Rivera:
La compañera que representa al Departamento de Salud, Lie. Blanca Rivera, compañera estimada y yo hemos preparado una estipulación que es la siguiente:
La señora Rosa L. León de Albóniga empezó a traba-jar como supervisora de la Sala de Cirugía del Hospital Uni-versitario en el mes de octubre de 1967, cobrando por contrato de la Escuela de Medicina.
El 15 de febrero de 1969 continuó con el mismo puesto y con las mismas funciones a base de un nombramiento cuya noti-ficación oficial fue hecha por la Oficina de personal el día 3 de febrero de 1969. El día 19 de septiembre de 1969, el día 21 de octubre de 1969 y el día 14 de noviembre de 1969 se le hicieron evaluaciones preliminares por la señora Calixta Arroyo, Directora de Enfermeras del Hospital Universitario. La señora Calixta Arroyo venía supervisando la labor de la señora León de Albóniga desde el mes de agosto de 1968. La señora Arroyo y las otras supervisoras cobraron siempre del Departamento de Salud.
El 15 de diciembre de 1969 se separó a la señora León de Albóniga de su puesto utilizando el procedimiento dispuesto para los empleados probatorios. La señora León de Albóniga alega que ella de hecho y de derecho había adquirido el status de permanencia y que no era una empleada con status probatorio. Se somete el caso exclusivamente a base de la cuestión de si la señora León de Albóniga tenía derecho a que se le formularan cargos o no, por haber adquirido el status de permanencia.
Se solicita la eliminación del récord de todo el testimonio que tiene que ver con la manera en que la señora León de Al-bóniga desempeñaba sus funciones ya que dicho testimonio resulta académico a la luz de la cuestión única que debe decidir la Junta de Personal.
Si la señora León de Albóniga había adquirido el status de permanencia tiene derecho a que se le restituya en su puesto y se le formulen cargos, de ser empleada temporera no tiene de-recho a que se le restituya en su puesto.
Esa es la estipulación que sometemos al presidente de esta vista.
Lie. Rivera:
Estamos de acuerdo, el caso sometido.”

Después de considerar el informe rendido por el Secreta-rio, la Junta resolvió que la señora León de Albóniga no era una empleada permanente y que el procedimiento seguido para separarla de su puesto era el correcto. El Acta Núm. 70-69 de la Junta reza así:

“La Junta consideró el informe del Secretario, en relación con la vista celebrada por él en este caso, en la cual se estipuló por las partes someter el caso exclusivamente a base de la cuestión legal de sí la señora León de Albóniga tenía derecho a que se le formularan cargos o no por haber adquirido el status de permanencia. Esta Junta determina que al ella pasar a ocupar el puesto de enfermera IV al Hospital Universitario de Río Piedras y por ende, en el Departamento de Salud, tenía que cumplir con un período probatorio. Al ser separada, el Departamento de Salud no había hecho la determinación que requiere la Sección 21(b) de la Ley de Personal, de notificar al Director de que los servicios de la apelante fueron satisfactorios. Por el contrario, desde antes de su separación la autoridad nominadora había dicho que no eran satisfactorios y que no continuaría en su em-pleo. Por lo tanto, esta Junta entiende que el procedimiento lle-vado a cabo por la autoridad nominadora al separar a la em-pleada apelante, Sra. León de Albóniga, en período probatorio fue el procedimiento correcto.”

De esta decisión acudió la empleada ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en solicitud de revisión. Alegó que la Junta había cometido error (a) al determinar que la peti-cionaria, al pasar a ocupar el puesto de Enfermera IV al Hospital Universitario de Rio Piedras . . . tenía que cumplir un período probatorio; y (b) al concluir que el procedimiento seguido por la autoridad nominadora al separar de su puesto a la empleada apelante, era el correcto. Alegó además en la alternativa que para la fecha de su separación ya había trans-currido el período probatorio.

El tribunal declaró con lugar una moción de desestimación presentada por la Junta concluyendo “.. . que carece de juris-dicción para entender en la presente causa por considerar los hechos de la misma enmarcados bajo las disposiciones de la Sección 21 [3 L.P.R.A. see. 661] cuya revisión judicial no está permitida según lo dispone la Sección 6 [3 L.P.R.A. see. 646] de la Ley Núm. 345 de 12 de mayo de 1947.”

La susodicha Sec. 21 (3 L.P.R.A. see. 661) dispone que toda persona nombrada en un puesto dentar del Servicio por Oposición mediante certificación de su nombre de un regis-tro estará sujeta a una prueba práctica en dicho puesto y que el período de duración de dicha prueba práctica comenzará al tomar posesión de su cargo y continuará durante el tiempo que establezcan las reglas. Dispone además, que “[E]n cual-quier tiempo durante el período de la prueba práctica, la autoridad nominadora podrá separar de su cargo a dicho empleado, si en opinión de dicha autoridad nominadora, la prueba práctica demuestra que tal empleado es inepto o no desea cumplir sus deberes de manera satisfactoria, o que sus hábitos y eonfiabilidad no ameritan que continúe en el ser-vicio.”

Por otro lado la See. 6 (3 L.P.R.A. see. 646) aludida por el Tribunal Superior en su resolución, dispone que las deci-siones de la Junta serán finales, salvo en caso de destituciones, en los cuales se podrá acudir en revisión ante la Sala del Tribunal Superior de Puerto Rico dentro de cuya demarcación territorial prestare servicios el empleado destituido.

Cuando el empleado es separado de su cargo durante el período de la prueba práctica, por las razones expuestas en la ley, y sobre ello no hay controversia, la decisión de la Junta de Personal es final y no está sujeta a revisión judicial. Si bien en este caso la Junta, siguiendo las conclusiones y recomendaciones contenidas en el informe de su delegado, resolvió que la señora León de Albóniga era una empleada temporera sujeta a ser separada de su empleo sin formulación de cargos, era esa precisamente la controversia, pues según alegó en su solicitud de revisión ante el Tribunal Superior, ella ya había adquirido el status de empleada permanente, (1) por razón de los deberes y funciones del cargo que venía desempeñando desde hacía dos años, y (2) en la alternativa, porque cuando se decretó su separación ya había transcurrido el período de la prueba práctica.

Recuérdese que la Junta fundó su decisión en el informe que le rindiera su delegado. Ese informe no fue presentado ante el tribunal sentenciador, y tal parece por lo que se des-prende de las citas que de dicho infórme hace el Procurador General en su alegato, que el delegado consideró el historial que aparecía en el expediente personal de la recurrente, obrante en la Junta. Tampoco el tribunal a quo tuvo ante sí dicho expediente.

De todos modos, el Tribunal Superior debió resolver la controversia suscitada en la Solicitud de Revisión de la aquí peticionaria y para ello debió asumir jurisdicción. La de-terminación por la Junta de que un empleado desempeña su puesto temporeramente, esto es, en el período de práctica, cuando sobre ese hecho existe controversia, no despoja de su jurisdicción a los tribunales, para considerarlo y resol-verlo.

Por las razones expuestas, debe revocarse la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, y devolverse el caso para ulteriores procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.


text:
    Juan Fernández, Jr., sustituido por Carmen Betancourt Vda. de Fernández y sus Hijos, etc., demandantes y recurrentes, v. Unión de Trabajadores de Muelles ILA 1740 (UTM), AFL-CIO, demandada y recurrida.

      Número: R-68-246

      Resuelto: 14 de enero de 1972

      David F. Barreto, abogado de los recurrentes; Charles H. Julia, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Pérez Pimentel

emitió la opinión del Tribunal.

Juan Fernández, Jr., demandó a la Unión de Trabaja-dores de Muelles, ILA 1740 (UTM) AFL-CIO en reclama-ción de horas extras trabajadas tanto durante los días de la semana como en los días de descanso y días feriados en el período comprendido entre el 29 de junio de 1963 y el 27 de junio de 1966. La reclamación es por 5,905 horas extras montantes a $8,634.38 más una suma en concepto de penalidad para un total de $17,268.76 más las costas y honorarios de abogado.

La querellada alegó como defensa afirmativa que durante el período relacionado en la querella el querellante trabajó para ella en su capacidad de ejecutivo, oficial y organizador de la querellada.

Fundándose en esta defensa, el tribunal de instancia dictó sentencia declarando sin lugar la demanda, luego de for-mular las siguientes conclusiones de hecho:

“1 — El querellante señor Juan Fernández, hijo, fue electo Primer Vocal de la Junta de Directores de la querellada, Unión de Trabajadores de Muelles, ILA 1740 (UTM) AFL-CIO, y ocupó este puesto desde el día 29 de junio de 1963 hasta el día 25 de junio de 1966, en que cesó como tal.
2 — La Constitución y Reglamento de la Unión querellada, en cuanto a las funciones del querellante, dispone en lo per-tinente que la Junta de Directores consistirá de once oficiales, a saber, Presidente, Vicepresidente, Secretario Financiero, Sec-retario de Actas, Tesorero, Guía, ‘Marshal’, y 4 Vocales.
3 — La Sección 8 del Art. 7 de la Constitución de la Unión dispone, en cuanto a los deberes de los vocales, de la siguiente manera:
‘Los Vocales serán cuatro y tendrán los siguientes deberes: Desempeñarán todas las funciones que se les confieran, velarán porque se cumplan todos los preceptos administrativos y todos los apartados de esta Constitución, cumplirán los acuerdos de la Junta de Directores y de la matrícula, investigarán trimestral-mente, del 20 al 30 de cada trimestre, las finanzas de la Unión y rendirán un informe de su labor a la matrícula.’

4 — Entre las funciones a desempeñar por el querellante es-taban las encomiendas de contestar el teléfono de las oficinas de la Unión, preparar avisos de llegada de barcos, escribir en el tablón de anuncios la fecha y hora de llegadas de barcos y las cuadrillas necesarias (‘gangas’), acompañar al tesorero al banco para buscar el dinero de operaciones y cambiar los cheques de nóminas, buscar los cheques del descuento de cuotas (‘check off’)-de las compañías, recibir las personas que visitaban la oficina, atender la selección de las cuadrillas en los muelles, abrir y cerrar las oficinas de la querellada, investigar las querellas de los unio-nados y atender detalles de los funerales de los unionados fallecidos o de sus familiares.

5 — Como vocal de la Unión el querellante cobijaba $20.00 de sueldo y $30.00 de dietas semanales por su trabajo de lunes a viernes. Cuando trabajaba los sábados se le pagaban $10.00 adicionales de dieta y cuando trabajaba los domingos se le pagaban otros $10.00 en el mismo concepto. Los sueldos de los oficiales los aprobaba en última instancia la Asamblea de la Unión que ratificaba los acuerdos de la directiva sobre esta materia. Tanto el querellante que era Primer Vocal como los demás oficiales de la Unión no perforaban tarjetas ni estaban sujetos a relojes de tiempo. Por su vecindad con la Unión el que-rellante se encontraba más unido que ningún otro de los vocales a la oficina de la Unión y desempeñaba el ochenta y cinco por ciento de las labores de esa oficina.

6 — Aunque las horas de trabajo fijadas eran de ocho a doce de la mañana y de una y treinta a cuatro de la tarde, de lunes a viernes, y de ocho a doce de la mañana los sábados de hecho el querellante pasaba más tiempo del requerido tanto en diligen-cias en la oficina como fuera de ella en virtud de las encomien-das oficiales que como vocal de la Unión se le asignaban. En este particular damos crédito a la prueba del querellante en cuanto a las horas extras que trabajaba fuera de las mencionadas horas regulares.

7 — Para el período a que se contrae la querella ya el quere-llante disfrutaba de los beneficios del seguro social y la propor-ción de dietas y sueldo que recibía respondía a un acuerdo con la Unión, a los fines de que el ingreso que el querellante perci-bía no fuera a menoscabar su pensión de seguro social a tenor con los ingresos que este sistema de seguridad social permite a sus beneficiarios devengar.”

Después de leer la transcripción de la evidencia conclui-mos que las anteriores conclusiones están sostenidas por la prueba y que no son erróneas.

En 30 de noviembre de 1962 este Tribunal emitió su deci-sión en el caso de Medina Vega v. Unión Obreros Cervecería, 86 D.P.R. 642 (1962). Interpretando las disposiciones de la Ley Núm. 379 de mayo 15 de 1948, según enmendada hasta entonces, y específicamente aquéllas sobre la definición de “empleado”, “ocupación” y sitios donde regiría la Ley, re-solvimos en dicho caso que bajo determinadas circunstancias una unión obrera puede ser considerada como patrono a los fines de la aplicación de la referida ley y que cuando al presi-dente de una unión obrera se le señalan obligaciones que co-rresponden propiamente a un empleado corriente, y en el de-sempeño de las mismas trabaja en exceso de ocho horas dia-rias, la unión, como patrono, está obligada a compensárselas a tiempo doble.

Para entonces, los funcionarios de las uniones obreras no estaban excluidos de las disposiciones de la Ley Núm. 379, según se definía en ésta el término “empleado”. Sin embargo, para contrarrestar el impacto adverso que esta decisión pu-diera tener en las finanzas de las uniones obreras, la Legisla-tura enmendó el Art. 19 de la Ley Núm. 379, mediante la Ley Núm. 11 de 26 de abril de 1963, disponiendo que:

“La palabra ‘Empleado’ no incluirá, ejecutivos, administra-dores ni profesionales, ni a los oficiales u organizadores de uniones obreras cuando actúen como tales.” (Bastardillas nuestras.)

El historial legislativo de esta ley indica que la Legisla-tura tuvo el propósito de excluir de las disposiciones de la Ley Núm. 379 a los oficiales y organizadores de uniones obre-ras en la misma forma en que ya se habían excluidos a los agentes viajeros, los vendedores ambulantes, los ejecutivos, los administradores y los profesionales bajo el criterio de lo difícil que resulta supervisar la jornada de trabajo en dichos grupos.

En el informe de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Representantes de 4 de abril de 1963, se expresa lo siguiente:

“Propósitos del Proyecto
El P. del S. 435 enmienda el Artículo 19 de la Ley 379 de 15 de mayo de 1948, a los fines de eximir de la definición de em-pleado de dicha ley a los oficiales u organizadores de uniones obreras cuando actúan como tales. De esta manera los funciona-rios de los sindicatos obreros estarán en la misma situación que los agentes viajeros, vendedores ambulantes, ejecutivos, adminis-tradores y profesionales que al presente están exentos de la definición de empleado según aparece en el Artículo 19 de la Ley 379 de mayo de 1948, enmendada.”

Historial.—

En el caso de Francisco Medina Vega vs. Unión Obreros Cer-vecería Corona, etc. R-62-128, resuelto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico el 30 de noviembre de 1962, se establece que, en ciertas y determinadas circunstancias, la relación entre el Presi-dente de un sindicato y este último, está investida de las carac-terísticas esenciales de la relación entre patrono y obrero, y que en estos casos, tal funcionario puede considerarse un empleado según se define dicha condición en el Artículo 19 de la Ley 379 de 15 de mayo de 1948, a los fines de la aplicación de las disposi-ciones de esta ley relativa a la jornada de trabajo.

Al aprobarse la Ley 379 de 15 de mayo -de 1948, enmendada, se excluyó de la definición de empleado un número de personas cuya labor resulta extremadamente difícil de supervisar en cuanto a su jornada de trabajo diaria se refiere, aunque exista la relación de empleado y patrono. Así la ley exime de la definición de empleados a los agentes viajeros, los vendedores ambulantes, los ejecutivos, los administradores y los profesiona-les. Solo se plantea el hecho de lo difícil que resulta el supervisar y controlar la jornada de trabajo en dichas agrupaciones. En el caso de un funcionario ejecutivo de una unión o de un organiza-dor sindical el control y supervisión de la jornada de trabajo resulta imposible de realizar y aún de precisar. Se plantea la interesante disyuntiva ética de ser juez y parte de un mismo proceso. Es un hecho conocido que el entusiasmo, la dedicación y convicción de un líder sindical puede llevarle a dedicarle todo su tiempo a las labores de su cargo, más allá de lo razonable-mente necesario y de que la matrícula pudiera exigirle. Circuns-tancias- propias de la política de grupos pudieran afectar la permanencia de un líder en su cargo. Lo que hasta ese momento no se había planteado, siendo la naturaleza humana como es, pudiera entonces dramáticamente presentarse en forma de una reclamación por horas extras de una jornada de trabajo sobre la cual la matrícula no podía tener control. De prosperar este tipo de litigación en Corte al amparo de la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, el movimiento sindical se enfrentaría a una grave crisis. Por otro lado pudiera alegarse que este tipo de litigación quebranta de manera indirecta la política pública vigente que reconoce, estimula y protege la actividad sindical y las organizaciones sindicales. En este punto es de particular rele-vancia la Ley Núm. 513 de 30 de abril de 1946, que exime de embargo y ejecución los fondos y bienes de las organizaciones obreras. (Pág. 13 Alegato recurrido.)

En sentido similar se expresó la Comisión del Trabajo del Senado de Puerto Rico en su informe de 26 de febrero de 1963.

En la discusión del Proyecto del Senado 435, que al apro-barse se convirtió en la Ley Núm. 11 de abril de 1963, el Presidente de la Comisión de Trabajo de dicho cuerpo se expresó así:

“Sr. Carrasquillo: Están excluidos en cuanto a reclamación se refiere de la Ley que crea la Junta de Salario Mínimo. Están excluidos estos viajeros por que no se puede computar el tiempo que trabajan, porque un viajero o vendedor de estos ambulantes, pues, sale, hay veces a las seis de la mañana, y retorna a las diez de la noche. Si van a hacer una reclamación al patrono, por todo ese tiempo, pues, imagínese a cuanto ascendería una recla-mación, y siguiendo esta línea de consulta están excluidos, para que no puedan hacer reclamaciones al patrono por ese concepto.
Lo mismo, entonces, ocurre con los Presidentes de Uniones, organizadores de uniones que están trabajando desde avanzadas hora de la mañana y luego, pues, terminan de trabajar tarde; y lo mismo los organizadores. Si se les va a computar todo ese tiempo que trabajan, pues, entonces desbancarían a las uniones de Puerto Rico. Y, entonces, se propone que estos organizadores y estos directores de uniones queden en las mismas condiciones en que están excluidos los vendedores.” (Vol. 17, Tomo 1 (1963), pág. 339, Diario de Sesiones.)
De acuerdo con el Artículo VII de la Constitución. y Reglamentos de la Unión demandada, los vocales (4) tenían los siguientes deberes: “desempeñarán todas las comisiones que se les confieran, velarán porque se cumplan todos los preceptos administrativos y todos los apartados de esta Consti-tución y cumplirán los acuerdos de la Junta de Directores y de la matrícula. Investigarán trimestralmente, del 20 al 30 de cada trimestre, las finanzas de la Unión y rendirán un informe de su labor a la matricula.”

Surge del récord que gran parte de las labores realizadas por el recurrente están enmarcadas dentro de sus deberes como vocal y que realizó otras labores adicionales voluntaria-mente por razón de la proximidad de su residencia con las oficinas de la Unión. En su presupuesto de gastos y sueldos recomendado por la Junta de Directores, de la cual formaba parte el demandante, se aprobó un sueldo de $50.00 semanales para cada oficial. Según el demandante el “financiero” des-glosó su sueldo en $20.00 semanales como sueldo y $30.00 semanales como dietas, y $10.00 para dietas los sábados y domingos. El demandante estaba ya acogido al Seguro Social. Conforme declaró el Presidente de la Unión, señor Pérez Roa, no era posible supervisar las labores rendidas por el deman-dante.

En virtud de lo expuesto concluimos que el demandante-recurrente no está cubierto por la Ley Núm. 379 de 1948, según enmendada, y en su consecuencia que no erró el tribunal sentenciador al declarar sin lugar la demanda.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.


author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

text:
    Ramón A. Rivera Rivera, Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandados.
    Número: O-71-133
    Resuelto: 14 de enero de 1972

      Juan P. Quiñones Rivera, Milagros Muñiz Bou, Manuel Candela-rio Muñiz y Leoncio Carrasquillo Suárez, abogados del recurrente.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Recurre ante nos el Administrador del Fondo del Seguro del Estado de la resolución de la Comisión Industrial de 26 de febrero de 1971 al efecto de que no procede descontar la com-pensación de $6,000 pagada al obrero lesionado por el recu-rrente con motivo de un accidente del trabajo, que le produjo una condición de glaucoma, de la compensación por incapaci-dad total resultante de dicha lesión, luego de caerse de sus pies inmediatamente después de recibir un tratamiento de su condición de glaucoma. Concluimos que procede el referido descuento y, en tal virtud, que procede revocar la resolución de la Comisión Industrial.

Los hechos del caso, no controvertidos, según los relaciona la Comisión Industrial, son los siguientes:

“En el presente caso el lesionado sufrió un accidente del tra-bajo allá para junio de 1965 como consecuencia del cual se le reconoció una incapacidad de un 68% de incapacidad total per-manente, mediante decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado de 13 de septiembre de 1967.
El día 2 de junio de 1967 y estando recibiendo el lesionado tratamiento, sufrió un segundo accidente intercurrente, aceptado por el Asegurador, en el cual se lesionó la extremidad inferior izquierda, recibiendo tratamiento en descanso por varios meses, al cabo de los cuales se le fijó una incapacidad de un 5% de las funciones fisiológicas del pie izquierdo por el tobillo.
Posteriormente, y en cuanto al primer accidente, el lesionado solicitó vista médica y en dicha vista fue referido a examen por el Oftalmólogo Consultor de ese Organismo, quien recomendó se le fijara al obrero una incapacidad de un 20% adicional, o sea, una incapacidad total por el primer accidente equivalente al 88 % de incapacidad total permanente.
El Administrador del Fondo del Seguro del Estado, posterior-mente, revaluó el caso en su totalidad y mediante decisión noti-ficada el 28 de agosto de 1968, resolvió que ‘tomándose en con-sideración todos los factores incapacitantes’ el lesionado había quedado totalmente incapacitado.
Mediante esa misma decisión se ordenó se dedujera de la compensación del lesionado la cantidad de $6,000.00 ya que éstos le habían sido pagados por la incapacidad parcial permanente.”

La disposición legal invocada es la parte del Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo (11 L.P.R.A. see. 3) que se titula “Incapacidades Preexistentes.” La parte pertinente de esta disposición lee así:

“En todos aquellos casos en que un obrero, por efecto de un accidente del trabajo sufriera la agravación o aumento de una incapacidad anterior no proveniente de un accidente del trabajo, la incapacidad resultante del accidente le será compensada inclu-yendo la incapacidad anterior; pero en aquellos casos en que un obrero sufriera la agravación o aumento de una incapacidad preexistente causada por un accidente anterior y por la cual cobró la compensación correspondiente, se le descontará, de la compensación a que tenga derecho por la incapacidad global resultante, el montante de la compensación que recibió por su incapacidad preexistente; disponiéndose, que en todos aquellos casos en que un obrero sufra la agravación o aumento de una incapacidad preexistente y dicha agravación o aumento resultare en la pérdida total y permanente del miembro u órgano afectado o resultare en la pérdida total y permanente del miembro u órgano afectado o resultare en la pérdida total y permanente de las funciones fisiológicas generales, el obrero será compensado por la incapacidad total sin tomar en consideración la incapaci-dad preexistente aun cuando haya cobrado compensación por esta.” (Bastardillas nuestras.)

Las partes aceptan que el segundo accidente es un “accidente intercurrente”, es decir una secuela compensable. Este término quiere decir que una lesión subsiguiente, sea una agravación de otra anterior o una lesión distinta, es compensable, si es el resultado natural o directo de una lesión primaria compensable.

Resolvió la recurrida que el descuento en cuestión no procedía porque “El estatuto claramente establece que cuando, un obrero sufre la agravación o aumento de una incapacidad preexistente resultando dicha agravación o aumento en la pérdida total o permanente de las funciones fisiológicas gene-rales, el obrero será compensado por la incapacidad total sin tomar en consideración la incapacidad preexistente, aun cuando haya cobrado compensación por ésta.”; que “Cuando el legislador no distingue nosotros' estamos impedidos de hacerlo, por lo tanto si el segundo accidente es compensable, bien sea porque es un accidente en el curso del empleo y como consecuencia del mismo o ya sea un accidente de natura-leza intercurrente que ocasiona el aumento o agravación de una incapacidad anterior, es de aplicación la disposición legal que trata sobre incapacidades preexistentes.”; y que “Toda la argumentación del Administrador en cuanto a que un accidente intercurrente está vinculado al accidente original es correcto, pero ello no quiere decir que por tal razón ambos accidentes (original e intercurrente) constituyan un solo accidente. No obstante ser el accidente intercurrente secuela de o estar vinculado al primer accidente, ya sea directa o indirectamente, no quiere decir que ambos accidentes consti-tuyan un solo accidente. Estos son eventos distintos ocurridos en distintas fechas, ambos compensables de acuerdo con la interpretación justa y racional que debe dársele a la disposi-ción legal que trata sobre incapacidades preexistentes.”

Cuando la lesión posterior a una lesión inicial compensable surge de una actividad en el “quasi curso” del empleo, como es el caso de la lesión sufrida con motivo de una caída en el curso de una visita al médico para tratamiento de la lesión inicial, esta segunda lesión es compensable por considerarse que surge “en el curso del empleo” o que tiene una relación causal con el accidente original. Larson Workmen’s Compensation Law, Vol. 1, secs. 13.11 y 13.13 (1968). Véanse, Andras v. Donovan, 414 F.2d 241 (5th Cir. 1969); Immer & Co. v. Broshnahan, 152 S.E.2d 254 (Va. 1967); Ada Iron Metal Company v. Tarpley, 420 P.2d 886 (Okla. 1966); Lieberman v. Sunray Drug Company, 204 A.2d 783 (Pa. Super. Ct. 1964); Fitzgibbons v. Clarke, et al., 285 N.W. 528 (Minn. 1939); Goldberg v. 951 Marcy Corporation, 12 N.E.2d 311 (Ct. App. N.Y. 1938); Travellers Insurance Co. v. McLellan, 302 F.Supp. 351 (E.D. N.Y. 1969).

La disposición con respecto a incapacidades preexistentes del Art. 3 de la Ley de Compensaciones cubre tres situaciones resultantes de un accidente del trabajo, a saber:

1. — La compensación por un accidente del trabajo que agrava una incapacidad anterior no proveniente de un acci-dente del trabajo — en este caso la compensación incluirá la incapacidad anterior;

2. — Cuando con motivo del accidente del trabajo se agrava o aumenta una incapacidad preexistente causada por un acci-dente por la cual se compensó, se descontará de la compensa-ción por la incapacidad global resultante la compensación previamente pagada, y

3. — Cuando el accidente del trabajo causa la agravación de una incapacidad preexistente, y dicha agravación resultare en la pérdida de un miembro u órgano afectado o la pérdida total y permanente de las funciones fisiológicas generales, se compensará por la incapacidad total sin tomar en considerar ción la incapacidad preexistente aun cuando haya cobrado por ésta.

Sostiene el recurrente que las lesiones ocasionadas por un “accidente intercurrente”, si se compensan se hace dentro del accidente del trabajo al cual pertenecen por ser parte de la misma transacción; que la resolución de la recurrida produce el contrasentido de que una persona que sufre un solo acci-dente del trabajo cobra como si hubiera sufrido dos accidentes del trabajo; que de sostenerse la interpretación del Art. 3 de la Ley de Compensación por Accidentes del Trabajo que en este caso ha hecho la Comisión Industrial, no sólo se tendría que presupuestar para estos costos no planificados, sino que se estaría incurriendo en un incumplimiento de la garantía cons-titucional de la igualdad en la protección de las leyes.

Añade el Administrador que es improcedente el que un obrero, bajo las circunstancias de este caso, “tenga un mayor derecho por un solo accidente” que un obrero de 23 años que por un severo accidente del trabajo queda parapléjico.

Los hechos del caso relacionados por la recurrida en su resolución de 26 de febrero de 1971, no demuestran que el segundo accidente, es decir, la caída en que se lesionó el obrero en un tobillo, estuviera relacionada con su enfermedad de glaucoma a su vez relacionada con el primer accidente. Tampoco demuestra que dicha caída agravara la condición de glaucoma del obrero. No obstante, aparece del récord que, con motivo del segundo accidente, el Administrador “le fijó [ál obrero lesionado] otra incapacidad equivalente a la pérdida de un 5% de las funciones fisiológicas del pie izquierdo por el tobillo, resultante la misma de un accidente intercurrente de los protegidos por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo ... la cual no se hizo efectiva por habérsele ordenado pago al lesionado por la suma de $6,000 que es el máximo que autoriza la ley para estos casos de inca-pacidad parcial permanente.”

Los casos previamente citados sostienen la determinación del Administrador de declarar al segundo accidente compen-sable bajo la ley en vigor. Pero no hemos encontrado en el récord prueba o constancia alguna demostrativa de que la glaucoma de que padecía el lesionado fuera agravada por el segundo accidente al extremo de producir la incapacidad total del obrero lesionado.

A los fines de evitar la deducción de la compensación original de $6,000 de la compensación por la incapacidad total, de acuerdo con la tercera alternativa provista por la disposición sobre incapacidades preexistentes del referido Art. 3, era necesario establecer, y no se estableció, que un segundo accidente del trabajo agravó la incapacidad preexistente al extremo de resultar en “la pérdida total y permanente de las funciones fisiológicas generales” para que “se compensara por la incapacidad total sin tomar en consideración la incapacidad preexistente aun cuando haya cobrado por ésta.”

En el caso ante nos, por el contrario, concluyó la Comi-sión Industrial que con posterioridad al segundo accidente, a petición del lesionado, y en cuanto al primer accidente, el lesionado fue examinado por el Oftalmólogo consultor del Fondo del Seguro del Estado quien recomendó se le fijara una incapacidad adicional de veinte por ciento (20%), o sea, una incapacidad total por el primer accidente por lo que el recu-rrente resolvió que “el lesionado había quedado totalmente incapacitado.”

Lo anterior más bien demuestra que la glaucoma rela-cionada con el primer accidente se agravó por causas propias y usuales en esa enfermedad y no por razón del segundo acci-dente, no habiéndose establecido que la segunda lesión causase la agravación de la primera al extremo de incapacitar totalmente al lesionado.

De lo expuesto concluimos que la referida disposición titulada “Incapacidades Preexistentes” del Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo no es aplicable a las circunstancias de este caso. Por el contrario, se trata de una revaloración de una incapacidad parcial ocasionada por el primer accidente. Procede, en tal virtud, que el Fondo del Seguro del Estado pague al lesionado la diferencia entre la compensación correspondiente a su incapacidad total resul-tante de la revaloración de su condición de glaucoma y la compensación ya pagada por el por ciento de incapacidad parcial que se le atribuyó originalmente por la lesión resul-tante de dicho primer accidente.

Siendo ello así, debe revocarse el dictamen de la Comisión Industrial en este caso y ordenarse la deducción proporcional de los $6,000 que se le ha pagado al lesionado de los pagos mensuales a que tiene derecho,-según se provee en la decisión del recurrente de 28 de agosto de 1968.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, al igual que el Juez Asociado, Señor Hernández Matos, no intervino.