text:
    Juan Piñeiro Manzano, demandante y recurrido, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.
    Número: R-70-70

      Resuelto: 29 de enero de 1973

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera, Procurador General Interino, y Peter Ortiz, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; Carlos J. Irizarry Yunque, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Debemos revocar la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de Ponce, que responsabilizó al recu-rrente por los daños sufridos por el recurrido provenientes de un fuego en su hogar ocasionado por el menor retardado, Martín Graciani, colocado en dicho hogar por la División de Bienestar Público del Departamento de Salud de Puerto Rico y que no fue removido del mismo por el referido Departa-mento a petición del recurrido cuando éste “se percató de la tendencia piromaniaca de Martín.”

Los hechos pertinentes del caso, según los determinó el tribunal de instancia, fueron los siguientes:

“1. El 3 de julio de 1967 el niño Martín Graciani, prendió fuego intencionalmente a la casa en que vivía, propiedad de Don Juan Piñeiro Manzano y su esposa Doña Justina Cruz, radicada en el número 74. de la Calle F del poblado de Coto Laurel de Ponce.
2. Dicho menor residía con los esposos Piñeiro Cruz en virtud de un ‘Convenio de Servicios a prestar en un hogar de Crianza’ suscrito entre dichos cónyuges y la División de Bienestar Público del Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, otorgado dicho convenio por Autoridad de la Ley de Bienes-tar Público de Puerto Rico, 8 L.P.R.A. secs. 1 al 26.
3. Martín es un niño sordomudo, retardado mental. Aproxi-madamente 3 años antes de que prendiera fuego y destruyera la casa del matrimonio Piñeiro Cruz, el señor Piñeiro Manzano se percató de la tendencia ‘piromaniaca’ de Martín. En aquella ocasión pegó fuego al cuarto donde dormía, quemándose la cama, ropa y otros artículos. Desde esa ocasión Don Juan comenzó a hacer gestiones para que la División de Bienestar Público retirara al menor de su hogar. Dichas gestiones consistieron en frecuentes visitas a la oficina local de Ponce de Bienestar Público y cartas al Gobernador de Puerto Rico, todas las cuales resultaron infruc-tuosas y no fue hasta que el menor hubo destruido la casa el 3 de julio de 1967 que la División de Bienestar Público lo retiró.
4. Además de las gestiones mencionadas, Don Juan y su esposa tomaron precauciones para evitar que el niño tuviera acceso a fósforos. Compraron una cocina eléctrica .para sustituir la estufa de gas que tenían de manera de no necesitar fósforos en el hogar; construyeron una verja de -más de cinco pies de al-tura para evitar que el niño saliera al vecindario a buscar fósforos; lo vigilaban constantemente.”

A base de estos hechos el tribunal hizo las siguientes con-clusiones de derecho:

“1. Conforme al Artículo 1803 del Código Civil, 31 L.P.R.A. Sección 5142, el Estado es responsable en daños y perjuicios en las mismas circunstancias y condiciones en que sería responsable un ciudadano particular. El Estado dio su autorización para ser demandado mediante la Ley número 104 de 29 de junio de 1955, 32 L.P.R.A., Sección 3076 y siguientes.
2. No hay duda de que, bajo el citado Artículo 1803, los padres de un menor que causa daños como los causados en este caso serían responsables por dichos daños. Alvarez v. Irizarry, 80 D.P.R. 63. De la misma manera viene obligado a responder el Estado por la negligencia de sus empleados y funcionarios si éstos actúan en interés de su patrono o para beneficio-de éste. Viuda de Valentín v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 84 D.P.R. 112.
3. El último párrafo del citado Artículo 1803 dispone:
‘La responsabilidad de que trata esta sección cesará cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño.’
4. La prueba en este caso no establece diligencia alguna por parte de los funcionarios o empleados de la División de Bienestar Público para atender las múltiples quejas de los esposos Piñeiro Cruz. El hecho de que se pudiera conseguir donde acomodar al niño poco tiempo después de ocurrido el incendio que destruyó la casa de los demandantes es demostrativo de que con la debida diligencia pudieron haberlo logrado mucho antes de que ocu-rriera el siniestro.”

El recurrente ha relacionado en su petición, de revisión siete apuntamientos de errores cometidos por el tribunal de instancia. A los fines de resolver sólo es necesario considerar el primero al efecto de que dicho tribunal incidió al no desestimar la demanda “ya que la función del Estado al determinar si debe remover o no un menor, cuándo y cómo se debe efectuar, es una función de carácter discrecional”, no habiendo autorizado el Estado que se le demande en el desempeño de tal función. (32 L.P.R.A. sec 3081(b); 8 R..&R.P.R. sec. 10-3 (c) (11)).

El Art. 6(b) de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 que autoriza reclamaciones y acciones contra el Estado Libre Asociado dispone que:

“Nada en las sees. 3077 a 3084 de este título ni en la see. 5142 del Título 31 autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado:
(b) en el desempeño de una función de carácter discrecional, aun cuando hubiere abuso de discreción:. . . (32 L.P.R.A. see. 3081(b)).

Esta disposición está calcada de la Ley Federal de Recla-mación por Daños y Perjuicios (the Federal Tort Claims Act —28 U.S.C.A. 2680 (a)).

En Dalehite v. United States, 346 U.S. 15 (1953) se confirmó la sentencia del Tribunal Federal de Apelaciones para el Quinto Circuito que al revocar la sentencia de un Tribunal de Distrito, desestimó la demanda contra los EE. UU. por los daños sufridos por Dalehite con motivo de la explosión de fertilizantes con base de nitrato de amonia, en Texas City. Se alegó que el Gobierno fue negligente al permitir el alma-cenamiento en una área de alta densidad poblacional de un material sin investigar su naturaleza y sin aviso de la posi-bilidad de explosión bajo determinadas circunstancias. Con-cluyó el tribunal de instancia que la decisión a nivel del Gabinete del Presidente de los EE. UU. de establecer él pro-grama de exportación de dicho fertilizante constituyó un ejercicio de discreción; que la experimentación adicional con el material para determinar la posibilidad de su explosión bajo condiciones de embarque y su combustilidad era un asunto a ser determinado mediante el ejercicio de la discreción por los encargados de la producción. Toda la operación y especifi-caciones concernientes a la manipulación del material en armonía con el plan adoptado al más alto nivel, requería el ejercicio de discreción. Por lo tanto, el tribunal concluyó que el caso caía bajo la exclusión de responsabilidad provista por la referida ley con respecto a errores en administración o en el ejercicio de funciones discrecionales. Dijo el tribunal que la historia legislativa de la referida ley demuestra que no fue la intención del Congreso que se hiciese responsable al Gobierno por actos de naturaleza o función gubernamental, es decir, de una actividad autorizada dé carácter discrecional, a pesar de ser realizada negligentemente y que envuelve un abuso de dis-creción.

La norma establecida en Dalehite, supra, no ha sido modi-ficada desde entonces e impera en los tribunales federales. Maynard v. United States, 430 F.2d 1264 (9th Cir. 1970).

En Smith v. United States, 330 F.Supp. 867 (USDC Mich. 1971), se desestimó la demanda de daños sufridos por el demandante al ser herido por un disparo hecho por un miembro de la Guardia Nacional ordenada a disolver un motín en. Detroit. Se alegó que el Gobierno Federal fue negli-gente (1) al no determinar la preparación de la Guardia para la función de controlar motines antes de federalizarla, (2) al no formular reglas que evitaran el disparo negligente de armas de fuego y (3) al no supervisar los soldados adecuda-mente y al emitir órdenes vagas y ambiguas a los soldados con respecto a personas localizadas como lo estaba el deman-dante y (4) en vista de que un miembro de la Guardia negli-gentemente disparó e hirió al demandante.

Concluyó el tribunal que las circunstancias del caso caen directamente bajo la exclusión de responsabilidad por el ejer-cicio de una función discrecional por parte de una agencia federal o un empleado del Gobierno independientemente de que se abuse de la discreción. K. C. Davis, Administrative Law Treatise, Sec. 25.11.

Dijo este último tribunal, citando de Dalehite, supra, que la exclusión de la función discrecional “incluye otras funciones en adición a la iniciación de programas y actividades. Incluye, además, las determinaciones hechas por ejecutivos o administradores al adoptar planes, especificaciones o listas de operaciones. Donde hay oportunidad para ejercer un juicio y decisión con respecto a la norma o política a seguir, existe el ejercicio de discreción. Necesariamente acontece, por consecuencia, que los actos de subalternos al llevar a cabo las operaciones del gobierno de acuerdo con directrices oficiales, no pueden estar sujetos a reclamación. De no ser así, la protec-ción de la See. 2680 (a) resultaría inefectiva en el momento de necesitarse, esto es, cuando un subalterno realiza o deja de llevar a cabo, una medida, cada acción u omisión siendo dirigida por el superior, mediante el ejercicio, quizás mediante el abuso de la discreción.”

El menor Graciani cuyos actos han dado lugar a la recla-mación en este caso fue colocado junto con sus tres hermanos en el hogar del demandante en diciembre 1959 bajo el pro-grama de Hogar de Crianza de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Bienestar Público de Puerto Rico (8 L.P.R.A. secs. 1-26). La Sec. 10 de dicha ley dispone que a la División de Bienestar Público creado por dicha ley le han sido asigna-das, entre sus distintas funciones, la de :

Sec. 10(d) (2), 8 L.P.R.A.
“Aceptar niños dependientes o abandonados, puestos bajo su custodia por el Tribunal Superior. También podrá aceptar, de padres o parientes, niños que después de la debida investiga-ción se determine necesitan su cuidado. Los niños que así se reciban estarán bajo la dirección de la División y serán colocados en hogares de crianza, incluyendo hogares subvencionados y no subvencionados, y hogares adoptivos, o en uno de los Hogares Estaduales para Niños. La División retendrá la custodia y la dirección de cada niño que reciba hasta que sea éste devuelto a sus padres o a uno de ellos; a sus parientes, puesto en libertad por no necesitar ayuda por más tiempo; adoptado o puesto por una Sala de jurisdicción competente bajo otra custodia o direc-ción. Será, además, deber de la División proveer servicios sociales a la familia del niño puesto bajo su custodia, con el objeto de conseguir el regreso del niño a su propio hogar tan pronto sea posible.”

Dicha Ley define el Hogar de Crianza (8 L.P.R.A. see. 68 (5), Supl. Acumulativo 1972), así:

“(5) Hogar de crianza es el hogar de una familia que se dedique al cuidado de no más de 6 niños, provenientes de otros hogares o familias, durante las 24 horas del día, con o sin fines pecuniarios.”

• El Reglamento sobre Hogares de Crianza provee (8 R.&R.P.R. sec. 10-3 (c) (11)) que:

“ (11) Los padres de crianza también deben entender que en ningún momento pueden exigir la separación inmediata de un niño colocado en su- hogar. Puede ocurrir que la agencia no esté preparada en el momento para asumir la responsabilidad que el cuidado del menor conlleva. Además, es posible que el cambio súbito afecte la estabilidad emocional del niño. Los padres de' crianza deben mantenerse en contacto frecuente con el trabajador social e informarle sobre las dificultades que el niño les ocasiona. Así el trabajador social se percata de la nece-sidad de remover al niño del hogar y tiene la oportunidad de hacer, con tiempo, los arreglos necesarios. Lo anterior no priva, sin embargo, al trabajador social de efectuar una remoción rápida del niño cuando así lo exigen situaciones de emergencia o imprevistas. Los padres de crianza deben aceptar que la agencia puede remover al niño del hogar en el momento que así se considere conveniente para su bienestar.”

Como indica el Procurador General correctamente, la prueba demuestra que en 1967 “. . . luego de investigaciones exhaustivas, fueron removidos del hogar los menores Daniel y Víctor Manuel. Ello se debió a problemas de conducta por parte de dichos menores y por entenderse que los padres no podían controlar la conducta y bregar con los problemas psicológicos que presentaban. En cuanto a Martín, allá para mayo de 1967 es que surgen por primera vez las quejas sobre su estado mental y propensión a pegar fuegos. El 3 de julio de 1967 es que ocurre el fuego alegadamente pegado por Martín que dio lugar a esta acción. Luego de varios exámenes, investigaciones e informes fue removido del hogar de los demandantes el 8 de noviembre de 1967.”

Aparece de la prueba además, que “. . . no hay constancia oficial clara de que antes del fuego la familia Piñeiro hubiera hecho una solicitud formal sobre la remoción de Martín. Sí hay indicios de que se puso en conocimiento de los funciona-rios la alegada tendencia de pegar fuego. En cuanto a ello hay unas notas en manuscrito con fecha de mayo del 1967 en el sentido de que se le dieron instrucciones al demandante sobre como bregar con él y tratar de contenerlo. Se desprende, además, que Martín recibió tratamiento para su condición de retardado mental en un Hospital del Distrito de Ponce y el Centro Pediátrico de Santurce.”

No aparece que en algún momento el demandante radicase con la referida División una solicitud formal para que se removiese al menor en cuestión de su hogar.

Es evidente que de acuerdo a lá legislación y reglamentos que la gobiernan,' la División de Bienestar Social, antes de colocar al menor en un hogar de crianza o de removerlo de uno y trasladarlo a otro o a una' Institución, que provea ade-cuadamente para su bienestar, tiene que (1) realizar deter-minadas investigaciones con respecto a las condiciones y faci-lidades del hogar o institución y de los que lo poseen; (2) llevar a cabo exámenes mentales y físicos del menor que sean necesarios; y (3) justificar la acción que tome sobre cada menor mediante los informes pertinentes. Es obvio que todos estos pasos requieren un cuidadoso ejercicio de la discreción administrativa.

Aún en el caso de que los funcionarios de la División no hubiesen atendido con prontitud las quejas del demandante con respecto a la referida propensión del menor Graciani, su negligencia en no atender tales quejas constituiría un abuso de discreción que igualmente es una actuación excluida expresamente de entre aquellas en relación con las cuales el Estado Libre Asociado ha autorizado a que se le demande, (32 L.P.R.A. see. 3077 y 3081(b)), no obstante lo criticable, inapropiado y perjudicial que tal abuso de discreción fuese o hubiese resultado.

En vista de lo expuesto debe revocarse la sentencia dictada en este 'caso y desestimarse la demanda.

Los Jueces Asociados, Señores Martínez Muñoz y Martín, disienten.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

license: Public Domain

text:
    USI Puerto Rico, Inc., peticionario y recurrente, v. Administrador de la Administración de Estabilización Economica, demandada y recurrida.

      Número: O-72-55

      Resuelto: 30 de enero de 1973.

      Ramírez, Segal & Latimer, abogados de la peticionaria; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Adolfo J. Vilá, Procurador General Auxiliar, y Henry Schmer, Mercedes Dolz Pérez, Wilfredo López Irizarry, José M. González González, Pedro J. Torres Acevedo, Juan M. Laucara Reyes, Ramiro Agosto

      Carrillo, abogados de la Administración de Servicios al Con-sumidor.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

El peticionario ha impugnado la disposición del Regla-mento para el Establecimiento de Cargos Máximos por Servi-cios de Crédito en la Venta al por Menor a Plazos de Maqui-naria y Equipo Industrial, Agrícola y de Construcción, apro-bado en 10 de septiembre de 1968 (10 R.&R.P.R. see. 773-103) a tenor con lo dispuesto en la Ley Núm. 68 de 19 de junio de 1964 titulada “Ley para reglamentar las ventas al por menor a'plazos y las compañías de financiamiento” (10 L.P.R.A. sees. 731 y ss., Suplemento 1972), que limita los cargos de costas y honorarios de abogado a $50 si el deudor redime la obligación por gestiones extra judiciales del abogado antes de radicarse la acción en corte; $75 si la obligación se redime luego de radicada la acción mientras no se hayan publicado los edictos, pudiéndose añadir el costo de éstos si la redención tiene lugar luego de incurrido ese costo y $150 si la acción se convierte en litigio contencioso.

De acuerdo con lo provisto en el Art. 4011 de la referida ley (10 L.P.R.A. see. 781 Supl. 1972, el peticionario radicó en el Tribunal Superior una solicitud de revisión con el fin de hacer patente, como parte interesada agraviada, la referida impugnación.

El tribunal de instancia denegó la petición. A esos efectos dictaminó que:

“Desconocemos los elementos de juicio que haya tenido la Junta ante sí para fijar las cantidades objetadas y no podemos concluir que dichos criterios hayan sido inadecuados y las canti-dades irrazonables.
Examinada la transcripción de la vista pública celebrada surge como cierta la alegación del recurrente de que en dicha vista no se presentó prueba alguna ni se discutió sobre los cargos de costas y honorarios.
En la vista fijada a los efectos comparecieron los interesados y expusieron sus argumentos sobre dicha reglamentación. Nin-guno de los deponentes tocó el punto de los cargos por costas y honorarios.
El hecho que los allí presentes nada dijeran en torno a ese punto no puede limitar a la Junta en su facultad de promulgar un reglamento que incluya cuestiones no levantadas en la vista pública.”

Apunta el peticionario que el tribunal de instancia incidió al denegar la solicitud de revisión de aquél porque:

(1) La disposición reglamentaria impugnada no está sos-tenida por evidencia sustancial.

(2) El Art) 403 de la referida Ley Núm. 68 (10 L.P.R.A. see. 773(8)) no confiere facultades a la Junta Reguladora del Crédito en Ventas al Por Menor a Plazos y a Compañías de Financiamiento, en lo sucesivo designada como la Junta, para reglamentar las cantidades a cobrarse por concepto de costas y honorarios de abogado.

1 — De entrada debemos disponer de la cuestión que plantea el Procurador General al efecto de que la solicitud de revisión del peticionario no hace referencia a una verdadera controversia; que se basa en supuestos eventuales y futuros. Concluimos que no tiene razón pues el referido Art. 403 [4011(a)] autoriza la impugnación de cualquier reglamento aprobado por la mencionada Junta por parte interesada que se considere agraviada siempre y cuando se radique el recurso dentro de los 15 días siguientes a la fecha de vigencia del reglamento. El peticionario alegó en su solicitud de revisión que se dedica a la venta de maquinaria y equipo de construcción y agrícola en Puerto Rico y que es parte perjudicada por la disposición del reglamento que limita los cargos por concepto de costas y honorarios. Esta alegación no fue motivo de controversia ante el tribunal de instancia; no se negó, controvirtió u objetó en forma o manera alguna durante el proceso ante dicho tribunal. Pretende el Procurador General que para que proceda la impugnación del reglamento en cuestión, debía aparecer que la peticionaria había celebrado un contrato de venta de máquina al por menor a plazos bajo el cual el comprador incurrió en mora por lo cual la peticionaria se vió forzada a recurrir a la acción de reposesión iniciada por abogado no empleado de la peticionaria y que las costas y honorarios con motivo de dicha acción superan los máximos establecidos por el reglamento impugnado. De ser esto así, nunca se podría impugnar parte alguna de dicho reglamento pues no es de suponer que las circunstancias señaladas por el Procurador General puedan concurrir dentro del término de los 15 días prescritos para radicar la solicitud de revisión. A nuestro juicio, la ley es clara de que el único requisito para radicar la solicitud de revisión para impugnar un reglamento es que el solicitante sea una parte interesada que se considere agraviada, hecho que se alegó en la solicitud de revisión en este caso y no fue objeto de controversia alguna en el tribunal de instancia.

2 — Es necesario también disponer del apuntamiento del Administrador de Estabilización Económica (ahora Director de Administración de Servicios al Consumidor) al efecto de que este recurso de certiorari no procede porque en el recurso de revisión “se lleva como recurrido” a dicho Administrador cuando debió “llevarse” en contra de la Junta que por virtud de la Ley Núm. 68 aprobó el reglamento en cuestión (10 L.P.R.A. sees. 771, 773, 774(a), (b) y (c)). Dicho apuntamiento no prosperó ante el tribunal de instancia. Carece de mérito, ya que el Art. 4011 (a) provee que copia de la solicitud de revisión será radicada inmediatamente con el Administrador aquí recurrido quien tiene a su cargo la administración y ejecución de dicha ley y de las reglas y reglamentos aprobados por la referida Junta y es el que convoca y dirige las audiencias públicas con respecto a la formulación de tales reglamentos y remite a la Junta sus conclusiones de hecho y un proyecto de reglamento junto con el récord completo de la audiencia, pudiendo la Junta aceptar, enmendar, completar, o rechazar el proyecto de reglamento recomendado por el Administrador (10 L.P.R.A. sees. 781, 776, 777). Nótese que el Art. 4013 de la Ley Núm. 68 (10 L.P.R.A. see. 783) que provee un recurso de revisión para impugnar órdenes o resoluciones del Administrador está redactado en forma muy parecida al Art. 4011. Esta situación en relación con un texto falto de precisión en cuanto a la cuestión que venimos tratando, más bien tiende a sostener nuestra conclusión de que las solicitudes de revisión para impugnar los reglamentos de la Junta deben dirigirse al Administrador pues es con él y no con la Junta que la ley exige que inmediatamente se radique copia de la solicitud de revisión.

3 — Apunta el peticionario que la Junta carece de facultad para regular y restringir el monto de las costas y honorarios de abogado. Arguye que el inciso (a) (8) del Art. 403 de la Ley Núm. 68 (10 L.P.R.A. sec. 773(a) (8)) que se invoca para sostener tal facultad, en derecho no la ha conferido. Dicha disposición lee así:

“a) La Junta tendrá facultad ...
(8) Para establecer cargos por cualesquiera otros conceptos a que diere lugar la compra de mercancía o servicios al por menor a plazos, o la adquisición del contrato de venta al por menor a plazos o intereses sobre los mismos.”

El peticionario señala que dicho inciso se refiere a cargos que surjan de la compra de mercancía, o servicios y no a cargos que puedan surgir de hechos subsiguientes, como incumpli-miento por el comprador de sus obligaciones en cuanto al pago del precio aplazado; que de haber intentado el legislador que dicho inciso se extendiera más allá de los cargos que surjan directamente de la compraventa para incluir todos los cargos que pudieran emanar del contrato, no hubiera sido necesaria incluir muchas de las disposiciones específicas contenidas en el Art. 403 como por ejemplo, la facultad para prescribir cargos máximos por servicio de crédito en las ventas, para la devolución de estos últimos cargos, cargos por prórrogas o diferimientos, cargos por refinanciamientos y cargos por atra-sos en el pago de los plazos. Considera el peticionario que el inciso 8 se refiere a cargos por investigación de crédito y otros service charges que resultan directamente de la transac-ción de compraventa al por menor a plazos; que de haberse intentado conceder facultad para reglamentar cargos para costas y honorarios de abogado se hubiera incluido una dispo-sición específica.

Entendemos, en ausencia de prueba de la intención legislativa específica sobre la cuestión que nos ocupa, que el inciso 8 es una disposición residual dirigida a cubrir cualesquiera otros cargos, no previamente enumerados; que no son susceptibles de enumeración, o que no son conocidos o anticipados o que no han sido mencionados por inadvertencia, al redactarse la ley, o que tuvieren que reglamentarse más tarde debido a las necesidades de los negocios subsiguientemente surgidas. Su propósito es darle a la Junta facultades dentro del mayor ámbito de la actividad de ventas al por menor a plazos, de manera que pueda reglamentar con razonable flexi-bilidad todos los cargos que corrientemente se han venido imponiendo como son los cargos de costas y honorarios, así como los que sé consideren procedentes en lo sucesivo.

Concluimos, por lo tanto, que en virtud de lo dispuesto en el referido inciso 8, la Junta tiene facultad para reglamentar las costas y honorarios de abogado.

4 — Apunta el peticionario que el tribunal de instancia incidió al denegar .la impugnación de la reglamentación pro-vista en cuanto á costas y honorarios pues no existe prueba sustancial en el récord administrativo suplido al tribunal de instancia en este caso por el Administrador a requerimiento de aquél, que sostenga y justifique los cargos en cuestión.

El inciso (b) del Art. 4011 de la Ley Núm. 68 (10 L.P.R.A. see. 781 (b)) dispone que “Las conclusiones de hecho de la Junta, sostenidas por evidencia sustancial en el récord serán concluyentes.” Esta disposición quiere decir que toda reglamentación de determinados cargos como los que se impugnan en este caso, esté sostenida por prueba sustancial. Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953).

En la Exposición de Motivos del referido Reglamento, la Junta relaciona la fuente de la prueba aducida en que basó los cargos reglamentados así:

“La Administración de Servicios al Consumidor realizó un estudio económico en casi todos los negocios en esta área que venden al .por menor a plazos y tomó en cuenta un estudio presentado por un economista en representación de tres de las firmas comprendidas en el estudio realizado. Además se celebró una audiencia pública de acuerdo con el Artículo 407, incisos (a) y (b) de la Ley 68 del 19 de junio de 1964, según enmendada [10 L.P.R.A. Sec. 777].”

En el récord de la vista pública celebrada por el recu-rrido, no aparece que éste mostrase a los presentes proyecto alguno de la reglamentación que el recurrido se propusiese recomendar a la Junta. El aviso de audiencia pública por el contrario solicita información sobre los distintos aspectos que un reglamento podría cubrir sin hacer referencia alguna a cargos por concepto de costas y honorarios, la reglamentación de los cuales no aparece específicamente incluida en el Art. 403 de la Ley Núm. 68.

En el transcurso de la vista, el récord de la cual hemos examinado, no aparece que se haya discutido u ofrecido prueba alguna con respecto a la naturaleza de los cargos por costas y honorarios, las circunstancias que requieren su reglamentación, los factores que deben considerarse al fijar determinados límites cuantitativos a los mismos, el hecho de que no existe necesidad de reglamentar las costas de los litigios ya que están debidamente reglamentadas y provistas por ley y que si se fijasen en cantidades menores a las previstas por ley, la parte promovente tendrá que pagar la diferencia. Tampoco aparece que el recurrido notificase a los presentes de su propósito de que se reglamentasen las costas y honorarios ni adujo éste en el aviso de la audiencia pública, información, dato, hecho, o comentario orientador alguno que constituyan base sustancial para sostener la reglamentación de las costas y honorarios impugnada.

Por el contrario, como indica el peticionario:

“Del récord surge con entera claridad que dos financiamientos cubiertos por el Reglamento que nos ocupa que cubre ventas a plazos de equipo industrial, agrícola y de construcción, implica riesgos mucho mayores que los financiamientos de ventas de automóviles y otros vehículos de motor. En primer lugar de la declaración del economista Bernardo Stipek surge que el monto de los financiamientos en los casos cubiertos por el Reglamento que nos ocupa es generalmente mucho mayor que en el caso de los financiamientos cubiertos por el Reglamento aplicable a automóviles. Por ejemplo las sumas financiadas en casos de venta de maquinaria para canteras generalmente exceden de $100,000.00 y los financiamientos de tractores y otros equipos de construcción e industriales en muchos casos alcanzan cifras parecidas .y en términos generales son por cantidades muchas veces mayores que los financiamientos de automóviles. Además también aumenta al riesgo en el caso que nos ocupa debido a que los financiamientos están mucho más concentrados en un grupo limitado de personas y entidades. En el caso de automóviles normalmente se le financia a una persona uno o quizás dos automóviles. Más en el caso de compradores de equipo agrícola, industrial y de construcción generalmente se trata de compañías o individuos cada uno de los cuales posee una variedad de equipos financiados. Es interesante señalar que a pesar de este mayor riesgo y muy especialmente de que las cantidades financiadas en el caso de ventas cubiertas por el Reglamento objeto de impugnación son mucho mayores, la disposición incorporada en el Reglamento que nos ocupa con relación a costas y honorarios de abogado resulta ser idéntica a la previamente incorporada en el Reglamento relacionado con la venta de vehículos de motor. Aparte de otros factores de riesgo, es evidente que en el caso de financiamiento por fuertes sumas de dinero como los que generalmente ocurren en el caso de ventas de equipo cubiertos por el Reglamento que nos ocupa, las posibili-dades dé ún pleito costoso son infinitamente mayores. Por otra parte, las entidades o compañías que compran equipos de cons-trucción agrícola e industrial generalmente están en mejor posi-ción para contratar excelente representación legal, lo cual da lugar a planteamientos que añaden sustancialmente a los costos del litigio. En el caso de automóviles, las personas que se ven envueltas en procedimientos de reposesión son generalmente personas de escasos recursos económicos que en la mayoría de los casos ni siquiera poseen los medios para contratar abogados que los defiendan.”

En vista de lo expuesto, se revocará la resolución del tribunal de instancia dictada en este caso en SO de diciembre de 1971. En su lugar se dictará sentencia anulando el inciso (b) de la Sección 773-103 del mencionado reglamento. Deberá devolverse el caso al Sr. Director de la Administración de Servicios al Consumidor para que, si a su juicio es aun necesario reglamentar los cargos de honorarios de abogado, tome las medidas necesarias a ese efecto de acuerdo con el Art. k.07 de la Ley Núm. 68 (10 L.P.R.A. see. 777.)

El Juez Presidente Interino, Señor Pérez Pimentel, disiente de aquella parte de la opinión que resuelve que la Junta Reguladora del Crédito en Ventas al por Menor a Plazos y de Compañías de Financiamiento tiene facultad, bajo el Art. 403(a) (8) de-la Ley Núm. 68 (10 L.P.R.A. see. 773), para establecer cargos por concepto de costas y honorarios de abo-gado.

       “(a) La validez de un reglamento en vigor, aprobado al amparo de este Capítulo, puede ser impugnada por cualquier parte realmente inte-resada que se considere agraviada. Tal impugnación podrá hacerse mediante solicitud de revisión ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, dentro de los quince días siguientes a la fecha de vigencia del reglamento. Copia de la solicitud de revisión será radicada inmediatamente con el Administrador.
      (b) Las conclusiones de hecho de la Junta sostenidas por evidencia sustancial en el récord serán concluyentes.
      . (c) La parte perjudicada por la sentencia dictada por el Tribunal Superior podrá solicitar la revisión de la misma mediante certiorari por el Tribunal Supremo de Puerto Rico dentro de los treinta (30) días de haberse notificado dicha sentencia. El Tribunal Supremo podrá expedir el auto si considera la petición meritoria.
      (d) Cuando se solicite la revisión judicial que se autoriza en esta sección, el Administrador elevará ante el Tribunal Superior los autos originales del caso dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la radicación de la copia de la solicitud de revisión con el Administrador. Igualmente preparará y certificará como correcta la transcripción del récord taquigráfico del caso, el cual’ será elevado ante el tribunal a solicitud de parte interesada, previo pago de los derechos correspondientes y en la forma y dentro del término que lo ordene el Tribunal.
      (e) El procedimiento que se establece en esta sección para la impug-nación de reglamentos aprobados por la Junta es exclusiva y los mismos no estarán sujetos a revisión colateral.”

       Dicho aviso lee así:
      “La Administración de Establización Económica invita a toda com-pañía de financiamiento, bancos, comerciantes e industriales, consumidores y público en general para una audiencia pública que se celebrará el miér-coles 26 de junio de 1968 a las diez de la mañana para conocer sobre Cargos Máximos por Servicio de Crédito y otros cargos en las ventas al por menor a plazos de maquinarias y equipo industrial, agrícola y de construcción.
      La Audiencia Pública se efectuará en el Salón de Conferencia de esta Administración, Calle Labra Núm. 800, altos, parada 18 de Santurce.
      Se solicita la comparecencia de cualquier .persona natural o jurídica interesada, que pueda brindar información a los propósitos de esta audiencia, como por ejemplo: definiciones y clasificaciones de estos equipos, procedi-mientos utilizados en el cómputo de los cargos por servicio de crédito, riesgos envueltos en esta clase de financiamiento, costos envueltos en el manejo de contratos; seguros y otros aspectos, pudiendo los interesados someter por escrito sus sugerencias, declaraciones y alegaciones en o antes de la audiencia.”

       Dicho Art. 407 provee para la celebración de audencia sobre la materia a reglamentarse, el envío a la Junta por dicho Director de su in-forme conteniendo sus conclusiones de hecho y un proyecto de reglamento junto con el récord completo de la audiencia. Considerado todo esto por la Junta, ésta puede aceptar, enmendar o rechazar el proyecto de reglamento. Si lo aprueba tendrá fuerza de ley sujeto al trámite provisto por la Ley Sobre Reglamentos (3 L.P.R.A. sees. 1041 a 1059).


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, Hon. Alfredo Archilla Guenard, Juez, demandado; Wilson Vargas Wiscovitch, interventor.

      Número: O-72-47

      Resuelto: 31 de enero de 1973

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Peter Ortiz, Procura-dor General Auxiliar, abogados del peticionario; Eudaldo Báez Galib y S. L. Lagarde Garcés, abogados del interventor.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Revisamos en este recurso la resolución del tribunal de instancia denegando una solicitud que le hiciera el Ministerio Público para que se ordenara al acusado Wilson Vargas Wiseovitch, aquí interventor, suministrarle información adi-cional con respecto a su notificación de la defensa de coartada, bajo la Regla 74 de Procedimiento Criminal. La información solicitada por el fiscal es la siguiente:

“a) Sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito.
b) Desde qué hora se encontraba el acusado en ese sitio.
c) Hasta qué hora estuvo el acusado en ese sitio. ■
d) Diga la Defensa si habían algunas personas presentes en ese sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito.
e) En caso de que la contestación anterior sea en la afirma-tiva suministre el nombre y dirección de las personas presentes allí.
f) Informe la Defensa al Fiscal qué documentos, escritos o papeles se propone utilizar para establecer su defensa de coartada informando en poder de quién se encuentran tales documentos, escritos o papeles.

g) Suministre la Defensa al Fiscal copia de todos los docu-mentos, escritos y papeles que tenga en su poder para sostener su defensa de coartada independientemente que se proponga o no someterlos en evidencia o que los mismos sean o no admisibles en evidencia.”

El acusado suministró al fiscal solamente el nombre y dirección de los testigos que se proponía utilizar para etablecer la defensa de coartada. La contención del Procurador General es que la resolución del tribunal de instancia denegando la orden solicitada deja prácticamente sin efecto la Regla 74 de Procedimiento Criminal porque le niega al fiscal la oportuni-dad de prepararse adecuadamente para refutar dicha defensa. Estamos de acuerdo.

La Regla 74 de Procedimiento Criminal dispone como sigue:

“Cuando el acusado hiciere alegación de no culpable e inten-tare establecer la defensa de incapacidad mental en el momento de la alegada comisión del delito imputádole, o cuando su defensa fuere la de coartada, deberá, por lo menos diez días antes del juicio, presentar en el tribunal un aviso al efecto, con notificación al fiscal. Si el acusado no presentare dicho aviso no tendrá derecho a ofrecer evidencia tendente a establecer tales defensas. El tribunal podrá, sin embargo, permitir que se ofrezca dicha evidencia cuando se demostrare la existencia de causa justificada para haberse omitido la presentación del aviso. En tal caso, el. tribunal podrá decretar la posposición del juicio a solicitud de El Pueblo, conceder permiso para la reapertura del caso de El Pueblo, o proveer cualquier otro remedio apropiado.”

Como puede verse, el texto de la Regla 74 solamente obliga al acusado a notificar al fiscal, por lo menos 10 días antes del juicio, su intención de valerse de la defensa de coartada o locura. No obstante, en Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116 (1965), expandimos el alcance de la Regla 74 para obligar al acusado a notificar, además, el nombre y dirección de los testigos que se propone utilizar para establecer dichas defen-sas. Reconocimos así la necesidad de atenuar las dificultades inherentes del sistema adversativo suprimiendo la posibilidad de sorpresa y ocultación que lesionan el proceso de hacer justicia.

El propósito evidente de la Regla 74 es poner al Ministerio Público en condiciones de confrontarse con una defensa de coartada o locura. Usualmente estas defensas se presentaban en el juicio sin tiempo suficiente para que el fiscal investigara los hechos, verificara la certeza de los mismos y se preparara adecuadamente para refutarlos. Véase Informe del Comité de Procedimiento Criminal de la Conferencia Judicial de Puerto Rico, pág. 139 (1958).

La coartada es una defensa que puede fabricarse con faci-lidad y de ahí la preocupación por garantizar la pureza del procedimiento judicial. La Regla 74 protege ese interés legí-timo del Estado al obligar al acusado a notificar antes del juicio la intención de valerse de esta defensa. El profesor Millar, destacado propulsor de la modernización del Procedi-miento Criminal en los Estados Unidos ha explicado la necesi-dad del requisito de notificación en los siguientes términos:

“No es necesario demostrar que la fabricación de la defensa de coartada es una de las avenidas que más se usan por los culpables para obtener un fallo absolutorio. Además, los delitos de perjurio que se cometen anualmente conectados con la defensa de coartada son parte considerable de los crímenes que escapan sin que se procesen a los responsables. El perjurio podría corro-borarse y se haría más- difícil la fabricación de la defensa exigiéndole al acusado notificar al fiscal que intenta valerse de la misma para que éste pueda confirmarla o refutarla. Así es la práctica en Escocia, en donde no se le permite al acusado usar la defensa de coartada a menos que la alegue afirmativamente. Al así hacerlo, debe de especificar el lugar en donde supuesta-mente se encontraba al momento del crimen.” Millar: The Modernization of Criminal Procedure, 11 J. Crim. L. & C. 350.

El requisito de notificación se apoya en sólidas y convin-centes razones de orden procesal. Elimina el elemento de sorpresa y ocultación en el juicio que entorpece la búsqueda de la verdad. Desalienta la fabricación de la defensa de coartada porque el acusado sabe de antemano que el fiscal investigará la información falsa que le suministre. Acelera los procedi-mientos en beneficio de una justicia rápida y económica, ya que si, investigada la coartada, el fiscal se convence de la veracidad de la defensa puede pedir la desestimación de la acusación; y, de todas maneras, tiene la oportunidad de prepararse para el juicio sin necesidad de pedir posposiciones. La notificación al fiscal establece ciertas garantías mínimas contra el fraude y la fabricación de prueba reduciendo así el aspecto peyorativo de la defensa de coartada. El requisito de notificación se considera un elemento muy importante en el contexto de un esquema liberal de descubrimiento de prueba. Véase Epstein, Advance Notice of Alibi, 55 J. Crim. Law C. & P. S. 29, 31 (1934). Louisell, Criminal Discovery &Self-Incriminations: Roger Traynor Confronts the Dilemma; Brenson, Remarks on Discovery, 33 F.R.D. 56; Developments in the Law-Discovery, 74 Harv. L. Rev. 840, 1051-1063; State Allows Pre-Trial Discovery Against Defendant Who Raises Affirmative Defense, Comentario, 76 Harv. L. Rev. 838, 842.

El interventor sostiene, sin embargo, que la Regla 74 viola su derecho a mantenerse en silencio y a no incriminarse. Ambos puntos fueron resueltos adversamente en Pueblo v. Tribunal Superior, supra, y en Williams v. Florida, 399 U.S. 78. En este último caso estaba envuelto el estatuto del Estado de Florida que obliga al acusado a informar el nombre de los testigos con sus direcciones y el lugar donde alega que se encontraba para la fecha de los hechos. El Tribunal Supremo federal específicamente resolvió que ello no violaba el privilegio de autoincriminación y que no lesionaba el'debido procedimiento de ley ni el derecho del acusado a un juicio justo.

A la luz de todo lo anterior y del valioso interés social protegido por la Regla 74 debemos, entonces, interpretarla en consonancia con este propósito, promoviendo su eficacia como instrumento procesal útil para el descubrimiento de la verdad, que es valor supremo en la administración de justicia. La defensa de coartada consiste esencialmente en la alegación del hecho de que el acusado no se encontraba en el lugar del crimen en la fecha y hora que se supone se cometió. Lugar, fecha y hora son los elementos esenciales de esta de-fensa los cuales tiene que investigar el fiscal para estar en condiciones de enfrentarse a ella. Sin el conocimiento de esos hechos básicos poco puede investigar el Ministerio Público. La notificación de la defensa sin la información de esos hechos no sería de mucha utilidad frustrándose así propósito fundamental de la Regla 74 de promover la búsqueda de la verdad. Por otro lado, la inclusión del lugar, fecha y hora en la noti-ficación al fiscal no menoscaba ni lesiona los derechos del acusado. Al efecto señalamos en Pueblo v. Tribunal Superior, supra, que esta información es de naturaleza esencialmente exculpatoria y que se trata de información que el acusado se propone utilizar en el acto del juicio. En otras palabras, exigir su notificación antes del juicio no es más que acelerar el momento de su divulgación para coadyuvar al descubri-miento de la verdad.

El deber del acusado de notificar al fiscal su intención de valerse de la defensa de coartada, de suministrar los nom-bres y direcciones de los testigos y el lugar, fecha y hora en que alega se encontraba al momento de la comisión del delito conlleva recíprocamente la obligación del Ministerio Público de informarle al acusado el nombre y dirección de los testigos que se propone utilizar para refutar- la defensa de coartada en el acto del juicio. Este deber recíproco preserva el balance que garantiza las exigencias del debido procedimiento de ley y del juicio justo.

Se deja sin efecto la resolución dictada por el tribunal de instancia el 1ro de septiembre de 1971 y se devuelve el caso para que se dicte una orden dirigida al acusado para que suministre al Ministerio Público la siguiente información:

1. Sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito.

2. Desde qué hora se encontraba el acusado en ese sitio.

3. Hasta qué hora estuvo el acusado en ese sitio.

4. Informe la defensa al fiscal qué documentos, escritos o papeles se propone utilizar para establecer su defensa de coartada informando en poder de quién se encuentran tales documentos, escritos o papeles.


text:
    Julio Vives Vázquez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Antonio Rivera Brenes, Juez, demandado; Carlos Augusto Plard Fagundo, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Antonio Rivera Brenes, Juez, demandado.

      Números: O-72-80, O-72-131

      Resueltos: 1ro. de febrero de 1973

      Enrique González, Fermín B. Arraiza Miranda, José Hamid Rivera, José B. Díaz Asencio y Ludmilia Rivera Burgos, abogados de los peticionarios; Gilberto Gierbolini, Procura-dor General, y Cándita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo de Puerto Rico.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió lo opinión del ' Tribunal.

Por los fundamentos expuestos a continuación concluimos que debe anularse el auto expedido y devolverse el caso para la continuación de los procedimientos.

Los peticionarios fueron acusados de violar los Arts. 26 y 27 de la Ley Núm. 134 de 24 de junio de 1969 conocida como la Ley de Explosivos de Puerto Rico (25 L.P.R.A. sees 586 y 587).

Los recurrentes solicitaron mediante moción, la desestima-ción de dicha acusación. El tribunal de instancia la declaró sin lugar.

Los recurrentes apuntan que (1) la acusación no imputa delito en cuanto al cargo por violación al Art. 27 de la ley por entender los recurrentes que es necesario alegar la ausen-cia del permiso que la ley dispone que debe conceder el Supe-rintendente de la Policía para poseer explosivos; (2) que el tribunal carece de jurisdicción para entender en las mismas (Regla Núm. 64(a) y (b) de las de Procedimiento Criminal) debido a que el Art. 27 de la Ley Núm. 134 en unión a otras disposiciones de dicha ley, hace una indebida delegación de poder y viola el derecho a la presunción de inocencia por lo que dicha disposición es nula.

Arguyen los peticionarios por último que: (1) La presun-ción establecida por el Art. 29 de dicha Ley, según relacionada con los Arts. 2, 26, 27 y 28 y otras disposiciones de dicho cuerpo legal, es contraria al debido proceso de ley, vulnera la presunción de inocencia, compele al acusado a renunciar su privilegio contra la autoincriminación, viola el derecho a juicio por jurado y el derecho a confrontarse con los testigos de cargo, derechos garantizados por el Art. II, Secs. 7 y 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado; (2) Dicha Ley sufre de vaguedad e imprecisión vulnerando así el debido procedimiento de ley garantizado por el Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado; (3) En la referida Ley se hace una delegación indebida del poder legislativo al Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

Consideremos primeramente si los artículos citados de la Ley Núm. 134 adolecen de vaguedad.

Dijimos en Pueblo v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 750 (1970) que: .

“El propósito esencial de la doctrina de nulidad por vaguedad es el dar aviso a los individuos de la consecuencia penal de su conducta .... Este Tribunal repetidamente ha dicho que los estatutos penales que no dan un aviso adecuado de que un acto ha sido declarado punible antes de realizarse, constituyen una privación inconstitucional del debido proceso de ley ... . En varias ocasiones hemos sostenido que la dificultad en determinar si las ofensas marginales caen dentro del significado del lenguaje atacado por vago no significa que automáticamente el estatuto es inconstitucional por ser indeterminado .... No se requieren normas imposibles de especificación. La prueba es si el lenguaje da un aviso definido con respecto a la conducta proscrita de acuerdo al significado y práctica comunes.”

En dicho caso citamos de Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763, 788 (1960) lo siguiente:

“No debe caerse en la superficialidad de creer que una ley penal es nula por defecto de vaguedad debido a que requiera interpretación. Como señala el maestro Jiménez de Asúa, todas las leyes, aun las ‘clarísimas’, requieren interpretación. ‘Toda ley, por el hecho de aplicarse es interpretada, ya que a'l cotejar su contenido con el hecho real se produce un proceso de subsun-ción, al que contribuyen los órganos interpretativos (a veces el legislador y el científico y siempre el Juez), por procedimientos gramaticales y teleológicos, y con resultados declarativos, restric- ■ tivos, extensivos o progresivos.’ En cuanto a las leyes penales ‘hay que armonizar la estricta legalidad del Derecho punitivo, con la imprescindible interpretación teleológica de las normas jurídicas. Reconociendo que el Derecho penal tiene carácteres de mayor certidumbre y estabilidad que las otras ramas’ es imposible creer que la ley penal, sensu strietu, se basta del todo a sí misma y que sea suficiente interpretarla a la letra. No es un sistema completo y sin lagunas, de modo que con el simple procedimiento lógico, basado en los preceptos legales escritos, se puedan resolver todas las cuestiones.’ ”

La expresión más reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre esta cuestión aparece en Grayned v. City of Rockford, 408 U.S. 104 (40 L.W. 4881) resuelto en 26 de junio de 1972. Dijo el tribunal en este caso que:

“Es un principio básico del debido procedimiento que una ley es nula por vaguedad si sus prohibiciones no están clara-mente definidas. Las leyes imprecisas violentan diversos valores importantes. Primero, porque asumimos que el hombre es libre para elegir entre la conducta legal e ilegal, insistimos que las leyes den a la persona de ordinaria inteligencia una oportunidad razonable para saber qué está prohibido, de modo que pueda actuar en concordancia con ese conocimiento. Las leyes impreci- • sas pueden engañar al inocente al no proveer un aviso adecuado. Segundo, si ha de prevenirse la aplicación arbitraria y discrimi-natoria, las leyes deben proveer normas claras para aquellos que las aplican. Una ley vaga delega, de modo no permisible, cues-tiones básicas de política a policías, jueces y jurados para ser resueltas sobre bases subjetivas y ad hoc, con los consiguientes peligros de aplicación arbitraria y discriminatoria. Tercero, pero relacionado, cuando un estatuto impreciso ‘empalma con áreas sensitivas de las libertades básicas garantizadas por la Primera Enmienda’ ‘opera para inhibir el ejercicio de [esas] libertades’; Los significados inciertos inevitablemente llevan a los ciudadanos a ‘permanecer mucho más lejos de la zona ilegal’ . . . que si las fronteras de las áreas prohibidas estuviesen claramente demar-cadas”. (Citas omitidas.)

Véanse, además, The Constitution of the United States of America, Legislative Reference Service, Library of Congress, 1004-1008 (1964); Vagueness and Overbreadth in University Regulations, comentario publicado en Texas Tech. L. Rev. 2:255, 255-257, Spring ’71; Hall, Principles of Criminal Law, 19-60 (1947).

De entrada es necesario dejar bien claro que no está envuelta en la acusación una “sustancia que pueda utilizarse para fabricar explosivos” de manera que la determinación de tales sustancias por reglamento promulgado por el Superin-tendente de la Policía no está en juego en este caso.

A lo que sí se refiere la acusación es a sustancias explo-sivas o sea, los explosivos. El Art. 27 de la Ley Núm. 134 taxativamente prohibe la posesión de explosivos con la inten-ción de aterrorizar, hacer daño corporal o destruir propiedad o hacerle daño. El Art. 28 de dicha ley, a su vez, penaliza la posesión ilegal de tales explosivos independientemente de la intención con que se posean. La sustancia denominada explosivo se define en el Art. 2 de la referida ley en términos suficientemente claros para que una persona de inteligencia ordinaria pueda comprenderla.

Apuntan los peticionarios que como el Art. 29 de la Ley Núm. 134 establece una presunción de que la posesión de un explosivo conlleva la intención de usarlo para los propósitos a que 'hace referencia el Art. 27, la interpretación de estos dos artículos levanta la interrogante de si la “posesión ilegal” significa mera posesión o posesión sin licencia o permiso de manera que tal interrogante hace de tal modo imprecisa la ley que la vicia de inconstitucionalidad.

Para comprender el alcance de los Art. 27, 28 y 29 es conveniente examinar las expresiones legislativas al consi-derar la aprobación de la Ley de Explosivos vigente. El Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes expresa lo siguiente:

“En su Artículo 28 la medida establece otra modalidad de delito por posesión ilegal de explosivo sin que medie el propósito de utilizarlo ilegalmente. Aquí se dispone que tal posesión ilegal será considerada como un delito menos grave que será castigado con multa no menor de quinientos (500) dólares ni mayor de dos mil (2,000) dólares, o cárcel por un término no menor de treinta (30) días ni mayor de un (1) año o ambas penas, a discreción del Tribunal. En estos casos, la mera posesión constituirá evi-dencia prima facie de intención ilegal. En otras palabras, compe-tirá al acusado el controvertir la antes mencionada presunción.” (Énfasis suplido.) Diario de Sesiones, Vol. 23, Parte V, pág. 2425.

Hay que considerar, además, que el legislador, en el Art. 3 de la ley, ha dispuesto que:

“(a) Ninguna persona podrá realizar cualquier o cuales-quiera de las actividades aquí relacionadas sin haber obtenido, con anterioridad, el correspondiente permiso o permisos del Superintendente, expedido de acuerdo a las disposiciones de esta ley y sus reglamentos:
(1) Manufacturar explosivos o sustancias que.puedan utilizarse para fabricar explosivos;
(2) Transportar explosivos o sustancias que puedan utili-zarse para fabricar explosivos;
(■3) Recibir, almacenar o poseer explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos;
(4) Usar explosivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explosivos;
(5) Operar un establecimiento donde se maneje explo-sivos o sustancias que puedan utilizarse para fabricar explo-sivos.
.” (25

L.P.R.A. see. 563.)

Nótese que el Artículo 27 no requiere que la posesión sea ilegal para que quede configurado el delito de poseer explosivos con intención de causar daño a propiedades o personas. El Artículo 28, por el contrario, sí requiere que la posesión sea ilegal para que se incurra en una violación del mismo. Y el Artículo 29 también requiere que la posesión sea ilegal para que entre en vigor la presunción. Posesión ilegal, en vista de las disposiciones del Artículo 3, es posesión sin licencia. El término “mera posesión” utilizado en el Informe de la Comisión de lo Judicial de la Cámara de Representantes hay que considerarlo, a la luz de las expresiones de este Tribunal en Pueblo v. Ruiz Vélez, supra, escolio 3, a los efectos de que la Asamblea Legislativa podía prohibir o establecer como delito la mera posesión de explosivos en contraposición a la posesión con intención de utilizarlos para causar daño. Al expresar que “en estos casos” la mera posesión será evidencia prima facie de intención ilegal, la Comisión se refiere a casos de posesión ilegal o sin permiso.

Consciente, sin embargo, la Asamblea Legislativa de que hay ciertas sustancias que son susceptibles de ser utilizadas para fabricar explosivos, pero que comunmente se utilizan con intención inocente, dispuso en el Artículo 2, supra, que tales sustancias no serán consideradas como explosivos a los efectos de la ley, sino . . cuando se demostrare que los mismos se usan o poseen con la intención expresada en los Artículos 26 y 27 . . de la ley. Estas sustancias no están cubiertas por el Artículo 28, y, en consecuencia, tam-poco por la presunción establecida en el Artículo 29. Su posesión sólo será delito cuando concurra la intención o el acto de usarlos conforme a los Artículos 26 y 27, supra. Tal intención tendrá que ser demostrada sin recurrirsé a la pre-sunción del Artículo 29, ya que ésta sólo es aplicable cuando concurre la posesión sin licencia en casos en que se requiera tal licencia. Lo dicho es también aplicable a “cualquier objeto que pueda utilizarse para estallar o para fabricar explosivos o bombas, tal como mecha, batería, reloj, ácido, fulminante o detonador, o alguno otro que sirva para propósitos análogos . . .” (Artículo 27), que son también objetos susceptibles de uso inocente y no pueden entenderse comprendidos en la defi-nición de explosivos del Artículo 2.

Por los fundamentos expresados concluimos que carece de méritos el planteamiento de que la ley es nula por adolecer de vaguedad.

Apuntan los peticionarios que la presunción establecida por el Art. 29 de la Ley Núm. 134 bajo una acusación de violación del Art. 27 de la referida Ley, al efecto de que la prueba de la posesión ilegal de explosivos, se considerará como evidencia prima facie de que el acusado cometió el delito imputado, y el peso de la prueba para demostrar lo contrario recaerá sobre el acusado, es contraria al debido proceso de ley, vulnera la presunción de inocencia, compele al acusado a renunciar al privilegio contra la autoineriminación, viola el derecho a juicio por jurado y el derecho a-confrontarse con los testigos de cargo.

El Artículo 29 establece una regla evidenciaría en procesos bajo la Ley de Explosivos. Hemos dicho que esa presunción sólo es de aplicación en casos de posesión sin licencia. En el presente caso todavía no ha desfilado prueba, por lo que es posible: (1) que el jurado estime que los peti-cionarios no poseyeron explosivos o que tal posesión no se probó; (2) que los peticionarios tuviesen licencia para poseer explosivos o que no necesitasen dicha licencia para poseerlos por tratarse de sustancias que el legislador eximiese de ese requisito. En cualquiera de los dos casos sería innecesario que se considerase la constitucionalidad del Artículo 29. Además, una declaración de inconstitucionalidad del referido Artículo no conllevaría la desestimación de la acusación, que es el remedio que se solicita. Concluimos que el planteamiento es prematuro. Las cuestiones constitucionales no serán deci-didas antes de que sea necesario hacerlo. Suárez Sánchez v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 507, 516 (1965); E.L.A. v. Aguayo, 80 D.P.R. 552, 596 (1958).

Arguyen los peticionarios que la acusación en este caso no imputa delito pues dada la presunción provista por el Art. 29, la ausencia de permiso es un elemento esencial del delito definido por el Art. 27 de la ley en cuestión y su alegación en la acusación es indispensable para que su suficiencia no quede viciada. La acusación en este caso no incluye tal alegación. Este apuntamiento es inmeritorio. Como hemos dicho previamente, el Artículo 27 no requiere que la posesión sea sin licencia para que quede integrado el delito que tipifica. Lo que requiere es la posesión, sea' esta con o sin licencia, y la intención de causar daño a propiedades o personas. Lo que ocurre es que si la posesión es sin licencia y se requiere tal licencia, entonces el Ministerio Público puede descansar en la presunción provista por el Artículo 29 en lo que se refiere a la prueba de intención.

En vista de lo expuesto, debe anularse el auto expedido y devolverse el caso para la continuación de los procedimientos.

El Juez Asociado, Señor Martínez Muñoz, concurre en el resultado.

      !) Las acusaciones leen así:
      “Los referidos acusados actuando de concierto y común acuerdo entre sí, a la hora de la noche del 21 y 22 de enero de 1971, en la Calle Lugo Viña de San Juan, Puerto Rico, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, de manera ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente tenían en su poder el dominio de un artefacto de explosivo, conteniendo sustancias explosivas con la intención de utilizarlo, como así lo hicieron, para causar daño corporal, aterrorizar a personas y causar daño a la propiedad ajena.
      “Los referidos acusados actuando de concierto y común acuerdo entre sí, a la hora de la noche del 21 y 22 de enero de 1971, en la Calle Lugo Viña de San Juan, que forma parte del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, de manera ilegal, voluntaria, maliciosa y criminalmente tenían en su poder el dominio de un artefacto de explosivos conteniendo sustancias explosivas con el propósito ilegal de causar daño corporal, aterrorizar a personas y destruir propiedad ajena, artefacto que depositaron en el predio denominado U.S. Housing Area.”

       La Ley de Explosivos de Puerto Rico (25 L.P.R.A. sees. 561-593) en sus disposiciones aquí pertinentes establece que:
      Artículo 2 — “Los términos que aparecen a continuación tendrán el siguiente significado, para propósitos de esta Ley:
      (1) ‘Explosivo’ o ‘explosivos’ comprenderá cualquier compuesto químico o mezcla que contenga unidades oxidantes reductoras y sustancias combustibles y otros ingredientes en tales proporciones o cantidades o que pueda ser puesta en tal envoltura que al ser encendida por calor, fricción, conmo-ción, percusión o detonador, cualquier parte de dicho compuesto o mezcla pueda causar una repentina descomposición con la producción de una gran cantidad de calor y gases en grado tan alto que las presiones gaseosas resultantes sean capaces de producir efectos destructores de vidas, de miembros o de objetos contiguos, o cualquier compuesto químico o mezcla mecánica que contenga unidades oxidantes y reductoras y combustible u otros ingredientes, o cualquier substancia que por sí sola o mezclada con otra pueda ser inflamable, no importa las cantidades o proporciones que contengan los compuestos químicos o mezclas que, al ser encendidas por el fuego, fricción, conmoción, percusión o detonador sean capaces de producir o iniciar un incendio.
      No se considerarán explosivos para propósitos de esta ley las siguientes sustancias: gasolina, petróleo, nafta, trementina, nitrato de amonia en su forma pura, bencina, bisulfuro de carbono, éter, éter de petróleos Kerosene, nitro-celulosa coloidal en hojas, o en barras, o granos de no menos de un octavo de pulgada de diámetro, nitrocelulosa mojada y un compuesto de almidón y nitro mojado que contenga un veinte por ciento o más de humedad o de ácido pícrico mojado que esté mojado en o que contenga un diez por ciento o más de humedad. Se dispone, sin embargo, que a los efectos de las Sees. 26, 27, 32 y 33 de esta ley, el término ‘explosivos’ incluirá dichas sustancias cuando se demostrare que las mismas se usan o poseen con la intención expresada en las sees. 26 y 27 de esta ley.
      (6) ‘Sustancia que pueda utilizarse para fabricar explosivos’ significa: Toda sustancia que el Superintendente [de la Policía] considere, previo estudio y previa la promulgación de reglamento al efecto, que sea necesaria o eficaz, en unión o mezcla con otra u otras sustancias, para constituir un explosivo, tal como define esta ley dicho término.” (25 L.P.R.A. see. 562.)

        Artículo 26 — “Toda persona que use explosivos o cualquier sustancia que pueda utilizarse para fabricar explosivos, con el propósito ilegal de hacer daño corporal, o de aterrorizar a cualquier persona, o para hacer daño o destruir alguna propiedad o para hacer daño a la misma en cual-quier forma, será culpable de delito grave y convicta que fuere será castigada con pena de presidio por un término no menor de cinco (5) años ni mayor de veinticinco (25) años.” (25 L.P.R.A. see. 586.)
      Artículo 27- — -“Toda persona que tenga en su poder algún explosivo, sustancia que pueda utilizarse para fabricar explosivo, o cualquier objeto que pueda utilizarse para estallar o para fabricar explosivos o bombas, tal como mecha, batería, reloj, ácido, fulminante o detonador, o alguno otro que sirva para propósitos análogos, con la intención de usarlo para hacer daño corporal o de aterrorizar a cualquier persona, o de hacer daño o destruir cualquier propiedad o de hacer daño a la misma en cualquier forma, será culpable de delito grave y convicta que fuere será castigada con pena de presidio por término no menor de dos (2) años ni mayor de veinte (20) años.” (25 L.P.R.A. see. 587.)
      Artículo 28' — -“Toda persona que tenga en su poder, de manera ilegal, explosivos o cualquier sustancia que pueda utilizarse para fabricar explo-sivos, con propósitos distintos a los dispuestos en la sección precedente será culpable de delito menos grave y convicta que fuere será castigada con multa no menor de quinientos' (500) dólares ni mayor de dos mil (2,000) dólares o cárcel por término no menor de treinta (30) días ni mayor de un (1) año o ambas penas a discreción del Tribunal.” (25 L.P.R.A. see. 588.)
      Artículo 29 — -“En el juicio de toda persona acusada de haber come-tido cualesquiera de. los delitos mencionados en la see. 587 de este título, si se le prueba la posesión ilegal del explosivo, o sustancia que pueda utilizarse para fabricar explosivos, se considerará dicha prueba como evi-dencia prima facie de que el acusado cometió el delito o delitos imputados, y el peso de la prueba para demostrar lo contrario recaerá sobre el acu-sado.” (25 L.P.R.A. see. 589.)

       La anterior Ley de Explosivos, Ley Núm. 67 de 1934, no prohibía la posesión de explosivos sino cuando concurría la intención de hacer daño a personas o propiedades. Pueblo v. Rwiz Vélez, 85 D.P.R. 483, 487, 488 (1962).


text:
    María Teresa Rodrigo, peticionaria, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Héctor A. Colón, Juez, demandado; Carlos Romero Barceló, Alcalde de San Juan, interventor.
    Número: O-72-43
    Resuelto: 2 de febrero de 1973

      Luis Muñoz Rivera, abogado de la peticionaria; William H. Preston, Jr., José Ramón Pérez Hernández, Josefina Ríollano, José R. Oiler, José Roberto Feijoo, abogados dél interventor.
   El Juez Asociado Señor Ramírez Bages

emitió la opinión del Tribunal.

Recurre la peticionaria de la sentencia del tribunal de instancia que confirmó la resolución de la Comisión para Ventilar Querellas contra Funcionarios y Empleados Muni-cipales, establecida por el Gobierno de la Capital, por virtud de la cual destituyó a la peticionaria de su puesto de tele-fonista en el Centro de Diagnóstico Dr. López Antongiorgi. Los fundamentos en que se apoya dicha resolución fueron relacionados en la misma así:

1. — Que en el período entre el 16 de octubre y el 4 de noviem-bre de 1968 la querellada se ausentó de sus labores y en su lugar se dedicó a trabajar en el Comité del Precinto 6 de un partido político de Puerto Rico, mientras recibía compensación del Municipio de San Juan durante dicho período de tiempo; y

2. — Que dicha empleada se enfrascó en una discusión en 25 de agosto de 1969 dentro de las horas de trabajo regulares con otra empleada profiriéndole insultos delante de los pacientes que se encontraban en el Dispensario en ese momento.

Concluyó dicha Comisión que la peticionaria incurrió en los siguientes motivos que constituyen justa causa para su destitución: abandono del servicio, descuido y negligencia en el desempeño de sus funciones así como una conducta desor-denada en el desempeño de las funciones de su empleo. Art. 93, Ley Municipal (21 L.P.R.A. see. 1553); Sección 41, incisos (b), (d) y (f), Ordenanza Núm. 63, Serie 64-65.

Los cargos que dieron lugar a las actuaciones anteriores, formulados por el Alcalde de San Juan, se limitaron a: (1) la ausencia de la peticionaria de su trabajo “sin la debida autori-zación de ley durante el referido periodo de tiempo” mientras continuó recibiendo remuneración del municipio sin. haber desempeñado las funciones de su cargo; y (2) tales ausencias injustificadas constituyeron un descuido y negligencia en el desempeño de las funciones de su cargo. Como tercer cargo se le imputó una conducta desordenada, incorrecta y lesiva al buen nombre del Municipio consistente en proferir insultos en voz alta en el Dispensario a la Sra. Rosa H. Rivera de Román delante de otros empleados y pacientes, sin que ésta la. pro-vocara.

La peticionaria le imputa al Tribunal Superior la comisión de dos errores consistentes el primero en haber confirmado la Resolución de lá Comisión, ya que ésta descartó el testimonio de la Sra. Eugenia María Pesante, quién, siendo un testigo de cargo, declaró, sin que fuera contradicha, que la peticionaria no asistió a sus funciones como telefonista durante ese período porque, a petición de la supervisora general, ella le había prestado esa empleada para que trabajara en otra dependencia del Municipio.

El segundo error imputado consiste en' que el Tribunal Superior no ordenó la celebración de un nuevo juicio. Sustenta la peticionaria que procedía dicho nuevo juicio porque la transcripción de los procedimientos fue hecha por una persona distinta a aquella que tomó las notas y porque dicha trans-cripción fue entregada en forma incompleta al abogado de la peticionaria, razones por las cuales estima que no existía un récord adecuado de los procedimientos seguidos ante la Comi-sión.

La peticionaria no señala perjuicio específico alguno que le haya sido ocasionado por el hecho de que la transcripción del récord no haya sido realizada por la misma persona que tomó las notas — los procedimientos también fueron grabados —o porque su abogado no haya tenido una copia completa de la transcripción. De hecho el representante legal de dicha parte hace un análisis de la prueba en su alegato que incluye el testimonio de todos los testigos que declararon ante la Comi-sión.

1. — Debemos examinar, primeramente, el estado del de-recho aplicable en este caso.

El Art. 93 de la Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960 disponía que la revisión judicial por el Tribunal .Superior de las decisiones de la Comisión procedería “en cuanto a cues-tiones de derecho.” La Ley Núm. 114 de 27 de junio de 1964 suprimió la limitación a cuestiones de derecho de la revisión judicial. Ni la Ley Núm. 99 de 22 de junio de 1966, vigente cuando se radicaron los cargos en el presente caso ni la enmienda posterior (hubo una ulterior enmienda por la Ley Núm. 79 de 23 de junio de 1971) incorporaron fórmula alguna de revisión. En ausencia de un claro indicio de la intención de este proceder legislativo es presumible que la anterior legis-lación iba dirigida a asimilar la facultad de revisar de los tribunales a la que usualmente entendemos que se nos asigna para revisar organismos administrativos.

Se ha dicho repetidas veces que este Tribunal no intervendrá con las conclusiones de hecho de un organismo administrativo si las mismas están sostenidas por evidencia sustancial. Robledo, Alcalde v. C.V.Q.M., 95 D.P.R. 1, 17 (1967); Sucesión A. Bernat v. Peñagarícano, 84 D.P.R. 526, 531 (1962); López v. Junta de Planificación, 80 D.P.R. 648, 673 (1958); Concepción v. Junta de Contabilidad, 80 D.P.R. 194, 199 (1958); Hilton Hotels v. Junta de Salario Mínimo, 74 D.P.R. 670 (1953); aunque, desde luego, esa norma general viene supeditada a las disposiciones del estatuto específico de que se trate. Hilton Hotels, supra, a la pág. 685. También es norma aceptada que si las conclusiones de hecho del organismo administrativo están enteramente desprovistas de prueba, el tribunal en revisión está facultado para descartarlas por convertirse entonces la cuestión en una de derecho. Robledo, Alcalde v. C.V.Q.M., supra; Ortega v. Comisión Industrial, 73 D.P.R. 191 (1952); Sucesión Lledó v. Comisión Industrial, 65 D.P.R. 430 (1945); Hernández v. Comisión Industrial, 60 D.P.R. 165 (1942).

En el presente caso, sin embargo, al revisar el récord administrativo no debe olvidarse que la función revisora se la atribuye la ley al Tribunal Superior y que este Tribunal no está revisando al organismo administrativo, sino a un tribunal que a su vez hizo una determinación en torno a la apreciación de la prueba que hiciese el organismo administrativo (4 L.P.R.A. see. 37 (d)). El enfoque que debe asumir un tribunal apelativo en tal situación ha sido expresado por el Juez Frankfurter del modo siguiente:

“Nuestro poder para revisar la corrección de la aplicación de la presente norma (standard) [‘evidencia sustancial a base de la totalidad del récord’] ha de ser rara vez invocado. Si, a base de la totalidad del récord, hay evidencia sustancial para sostener las conclusiones administrativas es una cuestión que el Congreso ha depositado bajo la custodia de las Cortes de Apelaciones. Este Tribunal intervendrá en aquellas raras ocasiones en que aparezca que la norma ha sido mal aprehendida [misapprehended] o mar-cadamente mal aplicada.” Universal Camera Corp. v. N.L.R.B., 340 U.S. 474, 490-491 (1951).

La Ley Municipal vigente dispone en parte así:

“Habrá en cada municipio una Comisión compuesta de tres personas, nombradas por el Alcalde, con el consejo y consenti-miento de la Asamblea Municipal, para ventilar querellas contra los funcionarios y empleados municipales, con excepción del Alcalde. . . . Los funcionarios y empleados municipales podrá ser destituidos por el Alcalde, por justa causa, previa formulación de cargos y previa audiencia señalada con diez (10) días de anticipación. Dicha audiencia se celebrará ante la. Comisión del municipio correspondiente y en la misma el funcionario o em-pleado afectado podrá defenderse de los cargos y estar represen-tado por abogado. ... De la resolución de la Comisión podrá tanto el funcionario o empleado como la parte actora, dentro de los quince (15) días de haberse emitido y notificado dicha resolu-ción, solicitar revisión judicial de la resolución para ante el Tribunal Superior, ©1 cual podrá celebrar un juicio de novo, cuando no exista un récord adecuado de los procedimientos seguidos ante la Comisión.” (21 L.P.R.A. see. 1553, Suplemento.)

Nótese que al enmendarse dicho Art. 93, se eliminó su anterior disposición que limitaba la revisión judicial de una destitución ante el Tribunal Superior a cuestiones de derecho.

Los incisos (b), (d) y (f) de la See. 41 de la Ordenanza 63, Serie 64-65, del Gobierno de la Capital disponen que:

“Sección Al: DESTITUCIONES: Los empleados permanentes sólo podrán ser destituidos por el Alcalde por justa causa, previa formulación de cargos y previa audiencia señalada con diez (10) días de anticipación.

A los fines de esta Ordenanza, entre otros, serán motivos para destitución los siguientes:

(b) Descuido y negligencia en el desempeño de sus funciones.

(d) Observancia de una conducta desordenada, incorrecta o lesiva al buen nombre del Municipio de las funciones de su em-pleo.

(f) Abandono de servicio.”

En Lebrón v. Junta de Personal, 100 D.P.R. 164 (1971), dijimos que lo que se contempla como constitutivo de abandono del servicio son ausencias no autorizadas de carácter vicioso, sin justificación razonable y no cualquier tipo de ausencia.

Veamos ahora la prueba aducida en este caso.

2. — Prueba testifical (durante la vista se acordó por las partes, en vistas de que no se elevó la prueba documental, que la expresión que surge del récord sobre la misma refleja- lo que dicha prueba establecía.)

La prueba de cargo fue como sigue:

A. — Concepción Ríos de Otero declaró que trabajaba en el Dispensario Dr. López Antongiorgi durante el período com-prendido entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 1968; que para esa fecha la peticionaria también trabajaba en dicho dispensario como operadora del cuadro telefónico; que la peti-cionaria estuvo ausente durante el mencionado período; que el 25 de agosto de 1969 hubo un incidente-en el dispensario entre la peticionaria y la Sra. Hilda Rivera, que tuvo que acudir para que terminasen la discusión; que al ella llegar continuaba la discusión; que oyó cuando la peticionaria le dijo a Hilda Rivera que ella era una malagradecida y que ella (la peticionaria) había estudiado para telefonista; que Hilda Rivera contestó que ella también había estudiado y que no la provocara, que estaba en horas de trabajo y que después habla-ban, que no vio muy alteradas a las que discutían; que el in-cidente ocurrió como a las 7:30 y que en el lugar había otros empleados y pacientes. No pudo precisar las fechas de las ausencias pero dijo que ocurrieron “como de octubre a noviem-bre”. Declaró, además, que para la fecha del incidente verbal aludido había dos turnos para operar el cuadro telefónico, de 8 a 12 y de 1 a 5; que el turno de 8 a 12 estaba siendo desem-peñado por Hilda Rivera; que ella era supervisora de enfer-meras y comenzaba a trabajar a las 7 de la mañana; que solamente la labor de Hilda Rivera fue interrumpida por el incidente verbal; que la peticionaria estaba libre — es decir, no estaba trabajando — al ocurrir el incidente y que no escuchó palabras obscenas.

B.; — Eugenia María Pesante declaró que para la fecha de las alegadas ausencias era administradora del Dispensario Dr. López Antongiorgi en Puerto Nuevo; que era supervisora directa e inmediata de la peticionaria y que para el período comprendido entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 1968 la peticionaria estaba prestada al centro de diagnóstico porque le pidieron una empleada prestada y la envió a ella. Se le confrontó con una declaración jurada prestada ante uno de los abogados del Municipio de San Juan en que la testigo había declarado que la peticionaria, durante el referido período, estuvo ausente en vacaciones regulares según refle-jaba la libreta que la secretaria de la testigo llevaba por orden de ésta. Declaró que tales libretas se llevaban como una cosa administrativa suya, pero que no eran oficiales; que lo cierto era que la peticionaria estaba prestada en las oficinas cen-trales del centro de diagnóstico a petición de la Srta. Saldaña; que las libretas se llevaban de conformidad con las tarjetas que se ponchaban diariamente; que no sabía si en la oficina central la peticionaria ponchó tarjetas, pues no seguía la rutina después que salían de su lado. En el contrainterroga-torio declaró que la peticionaria observó siempre “Una con-ducta regular, una conducta buena, regularmente, una con-ducta honesta, "una señora callada.” De su declaración surge que en las referidas libretas decía que durante el período concernido, la peticionaria estaba en “Vacaciones Regu-lares”. Después, entre paréntesis, aparecía “Trabajo especial, oficina central.” Explicó la testigo que la peticionaria había solicitado vacaciones regulares que no se le dieron y que “cualquiera comete un error, y más cuando no son cosas oficiales. . . .” También aparece de su testimonio que “Se llenó SP-7 por vacaciones regulares” pero la, testigo, quien tenía que firmar dicha forma para procesar las vacaciones, no la firmó. La forma la llenó la secretaria de la testigo. Testificó, además, que las libretas se llenan semanalmente por lo regular y muchas veces no iban semanalmente “porque eso es em-pleado por empleado y coge demasiado tiempo.” No supo decir dónde específicamente estaba la peticionaria ni la naturaleza de su función durante ese periodo. Tampoco tiene conocimiento personal de si la peticionaria acudió a la oficina central du-rante el referido período.

Interrogada sobre porqué no dijo, al prestar su declaración jurada, que la peticionaria estaba prestada, declaró que el texto lo había preparado el abogado y que “con lo sorpresivo de esto, no digo yo esto, diría, hubiese dicho cualquier cosa.” Posteriormente declaró que se había preparado el texto en base a preguntas contestadas por ella.

También surge de su testimonio que en las tarjetas de asistencia de la peticionaria — que se presentaron en evidencia —aparece que “se llenó forma SP7” y al lado “Vacaciones regulares.” El contenido de esas tarjetas se vaciaba luego en las libretas a que antes se hace referencia y en ellas no aparecía que a la peticionaria se le hubiese transferido a la oficina central. Tanto las tarjetas como las libretas estaban bajo la custodia de la testigo Pesante. La peticionaria tenía derecho a treinta días de vacaciones al año, pero la testigo Pesante desconoce cuántos días tenía acumulados.

La testigo renunció a su cargo el 21 de agosto de 1969, el mismo día en que se estaba realizando la investigación en el centro de diagnóstico sobre las ausencias de la peticionaria. Testificó que su renuncia no tuvo nada que ver con la investi-gación.

C. — Aida Cordero declaró que para el período del 16 de octubre al 4 de noviembre de 1968 era la secretaria oficial de la Administradora del Dispensario Dr. López Antongiorgi; que era la persona encargada de llevar las libretas de asisten-cia; que sacaba la información de las tarjetas; que llevaba esas tarjetas por instrucciones de la administradora Sra. Pesante; que ella ponía en las tarjetas lo que le decía la Sra. Pesante; que se llenó una Forma SP-7, que es la forma que se le llena a los empleados para vacaciones regulares o de enfermedad y que por eso no surge de las tarjetas que la peticionaria estu-viese en la oficina central; que ella llenaba la forma SP-7 por instrucciones de la Sra. Pesante; que la forma se llenó, fue firmada por la Sra. Pesante y salió de la oficina; que dicha forma regresó posteriormente al dispensario y fue archivada por ella en el expediente de la peticionaria; que en el expe-diente de la peticionaria, el cual se le mostró, no aparece la referida forma; “que ella [la testigo] no la sacó de allí y no sabe quién lo hizo”; que para la semana de octubre 21, la forma SP-7 había sido llenada, es decir, que pudo haber sido unos días antes; que la forma fue devuelta sin procesar de la Ofi-cina de Personal; que una vez la forma se llena el empleado ya empieza a disfrutar sus vacaciones a menos . . . que no se le dé curso a las vacaciones allá o por necesidad del servicio”; que la forma regresó a la oficina como un mes más tardé; que la forma SP-7 vino devuelta completa, o sea, que no la aprobaron; que en las tarjetas dice que la empleada estaba de vacaciones porque .. presumo que para ese tiempo no había llegado la forma todavía devuelta y se supone que se habían procesado las vacaciones”; que no recuerda si la forma fue firmada por la Sra. Pesante “. . . pero se supone que una vez salga está firmada”; que la forma tenía que ir firmada “. . . porque si no, no le procesaban las vacaciones a los em-pleados.” (Énfasis nuestro.)

D. — Rosa Hilda Rivera de Román declaró que desem-peñaba funciones de telefonista en el Dispensario Dr. López Antongiorgi; que desempeñaba esas funciones también du-rante el período del 16 de octubre al 4 de noviembre de 1968; que había dos turnos (de 7 a 12 y de 1 a 5) y dos telefonistas; que los turnos eran rotativos, alternados; que para el período comprendido entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 1968 la peticionaria estuvo ausente de sus funciones; que para tal período ella (la testigo) siguió trabajando normalmente hacía el turno que le tocaba — y el otro turno, el de la peti-cionaria, se quedaba solo; que para ese período la peticionaria estaba trabajando en el Comité del Partido Popuar Demo-crático en la Avenida De Diego; que durante el 1969 la peti-cionaria disfrutó “como 42 días” de vacaciones; que la Sra. Pesante y la peticionaria son amigas y se visitan mucho; que el 25 de agosto de 1969 hubo un incidente entre ella y la peti-cionaria como a las 7:30 de la mañana; que eran horas laborables para ella pero no para la peticionaria; que en ese momento estaba la Sra. Ojeda, empleada del municipio y más de 25 pacientes; que hizo un informe sobre el incidente a la Dra. Núñez; que no puede precisar las fechas ni las horas durante las cuales fue al Comité Popular y vio allí a la peti-cionaria. Declaró, además, que el incidente fue en voz alta y que antes de eso no había tenido problema alguno con la peti-cionaria; que al regresar la testigo de sus vacaciones encontró una carta de traslado para “la 18” de parte de la Sra. Pesante; que fue al municipio a indagar si dicho traslado era oficial, pues en la “18” no había cuadro telefónico; que el traslado no se realizó.

El referido incidente con la peticionaria, lo expresa- así:

“Entonces llegó al cuadro telefónico y me dijo: ‘Siempre te saliste con la tuya, yo no creí que tú fueras tan sucia y tan baja.’ Entonces yo le dije. ‘Por qué tú me dices eso?’ Y me dijo, ‘Bueno porque la persona que acusa a otra es una sucia y una baja.’ Entonces yo volví y le dije ‘Por favor, mira, ahí hay pacientes, no me provoques en esa forma.’ Entonces me dijo ‘Tú no vas a tener tranquilidad ni de día ni de noche y te juro por mi madre que me las vas a pagar.’ En eso llegó la Sra. Otero, estaba la Sra. Ojeda y otros testigos más.
P. ¿ Pero no había allí otras personas que no fueran emplea-dos, personas aparte de la administración, en el momento en que ella se expresó ?
R. En el momento que ella se expresó, no; solamente la Sra. Ojeda.
P. ¿ Había pacientes ?
R. Sí, había muchos pacientes.
R. Sí, había más de 25 pacientes allí, todos estaban mirando, porque éste es Información (Indicando), aquí están los archivos, aquí está el cuadro, entonces pues ella se vino por el frente.”

La Sra. Román volvió a ser llamada a declarar en una vista posterior para la presentación de nueva prueba, a lo que se opuso la peticionaria. En esta ocasión se le preguntó a qué horas vio a la peticionaria trabajando en el Comité Popular y contestó como sigue:

“R. La vi porque iba muchas veces a su casa — en varias oca-siones — y luego, como no la encontraba, yo iba al lugar donde me dijo se podía encontrar — iba varias veces — a las dos, a las tres— en horas que podía ella estar trabajando.
P. En otras palabras, cuando iba a verla era en horas . . .
R. Después que se suponía que ella no trabajaba. ...
Comisionado Toledo: Dónde?
Testigo: En la Avenida Andalucía, en un comité . . . porque fui más días cuando conseguí . . .
Comisionado Toledo: Comité de qué?
Testigo: Un comité Popular que queda al lado de la oficina de rentas...
Comisionado Toledo: Un comité de un partido político?
Testigo: Sí.”

Prueba de Descargo

A. Ernesto Ramos Concepción declaró que trabaja como Oficinista I en el Dispensario López Antongiorgi; que presen-ció un incidente entre las señores telefonistas (Rivera y Rodrigo, la peticionaria) “más o menos” para el 25 de agosto de 1969; que ese día era su responsabilidad apuntar a los pacientes que llegaran, pues la persona encargada había fal-tado ; que la peticionaria entró y le pidió que sacara su récord porque ella iba a ver al médico; que le entregó el récord; que la peticionaria le dijo a la Sra. Román (Rivera de Román o Rivera) que “. . . muchas gracias por todo lo bien que ella se había portado con ella. Inmediatamente la Sra. Hilda Román le dijo a la Sra. Teresa Rodrigo que en qué se basaba esta contestación que le había dado ella. Entonces la Sra. Hilda Román le dijo que ella ya había establecido la discusión entre ambas, que ellá había recibido ciertas llamadas anónimas”; que “Entonces la Sra. Teresa Rodrigo le contestó a ella que esas llamadas no podían haber sido de ella porque la persona que hacía esas llamadas era una persona baja”; que “Entonces la Sra. Hilda Román le contestó que si no las hacía la señora Rodrigo, ella las mandaba a hacer”; que en ese instante en-traron otros empleados; que le dijo a la empleada Ojeda “. . . que le dijera a ambas que dejaran la discusión porque estaban frente a un público y esto les iba a afectar a las dos”; que no oyó palabras obscenas; que el tono de la discusión no era elevado; que la discusión duró aproximadamente diez minutos.

B. — Juana Zambrana Vda. de Nolla declaró que para el mes de octubre y en los primeros días del mes de noviembre de 1968 era la encargada del Comité del Precinto 6 dé Puerto Nuevo del Partido Popular Democrático; que tenía que aten-der todo lo concerniente a la política allí; que abría la oficina a los ocho de la mañana y algunas veces estaba hasta las once y hasta las doce de la noche trabajando; que ese era el local donde se hacían los trabajos de ese comité de ese partido; que ella estaba allí “todos esos días”; que la testigo Rosa Hilda Rivera de Román “... iba de noche a veces a coger clases para funcionarios de colegios y eso, pero de día ella no iba por allí” ; • que la peticionaria “... de día no iba, ella iba de noche después de las siete de la noche porque ella nos ayudaba a hacer los censos, entonces en Puerto Nuevo es difícil hacer los censos de día porque la gente está trabajando y perdíamos mucho tiempo, entonces nosotros salíamos de noche desde las siete de la noche hasta las once a hacer los censos”; que la testigo les “. . . ayudaba a veces, no todas las veces . . . cuando ella podía”; que ella es viuda y puede dedicar todo el tiempo; que vive acompañada de su papá que tiene 97 años; que ella lo atiende pero le dejaba su comida preparada; que ella misma abría las oficinas localizadas en la Calle Andalucía 402 porque ella tenía las llaves; que es vecina y amiga de la peticionaria.

Se admitió que la peticionaria recibió compensación del Municipio de San Juan durante el período a que se refieren los cargos. La' peticionaria no declaró.

La prueba aducida demuestra, sin lugar a dudas, que la peticionaria estuvo ausente de su trabajo en el Centro de Diagnóstico del Municipio desde el día 16 de octubre al 4 de noviembre de 1968 y que recibió remuneración del Municipio durante dicho período.

¿Estuvo o no tal ausencia de la peticionaria debidamente autorizada?

La prueba de cargo ofrece tres explicaciones para tal ausencia, o sea:

(1) Que la peticionaria había sido prestada a la Oficina Central del Municipio — esta explicación se deriva del testi-monio de la Sra. Pesante, amiga íntima de la peticionaria, testimonio que' fue impugnado con una declaración jurada anteriormente prestada por la Sra. Pesante en que dijo que durante dicho período la peticionaria estuvo' ausente en vaca-ciones regulares. Es de notar que el Alcalde no trajo a testi-ficar a la Srta. Saldaña quien, según la Sra. Pesante, fue la empleada en la oficina central del Municipio que solicitó el traslado allí de la peticionaria. Tampoco se trajo prueba otra alguna demostrativa de que la peticionaria no hubiera sido así traslada y no estuviese trabajando en dicha oficina central durante el período en cuestión.

(2) Que la peticionaria estaba gozando de vacaciones regulares durante el período antes indicado. La Srta. Áida Cordero testificó que se llenó la forma SP-7 con respecto a vacaciones regulares de la peticionaria; que dicha forma fue firmada por la Sra. Pesante; que salió de la oficina y que como un mes después regresó devuelta sin procesarse de la Oficina de Personal. El interrogatorio de esta testigo sobre la cos-tumbre establecida en el municipio con respecto a cuándo comienzan los empleados a tomar vacaciones, fue el siguiente:

“P. Mientras esta forma SP-7 estuvo fuera de su oficina, de la suya, ¿ estuvo la Sra. Rodrigo disfrutando de vacaciones ?
R. Le repito que cuando se le llena la forma, el empleado esté disfrutando de vacaciones, se supone . . .
P. Una vez se le llena está disfrutando de vacaciones.
R. Sí, señor.
P. O sea, una vez se llena y sale de la oficina, ya empieza a disfrutar de vacaciones.
R. Se supone que sí a menos que haya algún . . . ¿verdad? que no se le dé curso a las vacaciones allá o por necesidad del servicio. [Énfasis nuestro.]
P. Que no se le dé curso.
R. A las vacaciones.
P. Quiere usted decir que la forma SP-7 no sea aprobada por Personal.
R. Sí, señor.
P. O por la Oficina Central.
R. Sí, señor.
P. Pero mientras tanto, ella sí estuvo disfrutando de vaca-ciones.
R. Bueno, ella estuvo ausente.
P. Estuvo ausente de su oficina.
R. Sí, señor.
P. Y cuando regresa la forma a su oficina es como un mes más tarde.
R. Aproximadamente.
P. Ya ella está de regreso en la oficina, ¿correcto?
R. Eso yo no se lo podría contestar.
P. Pero usted dice que aproximadamente un mes después de salir la forma de la oficina suya, la devuelven a su oficina, regresa a su oficina. Eso sería entonces aproximadamente del 15 al 20 de noviembre.
R. Bueno, la forma lleva la fecha esa en que comienza y la fecha en que termina. Para la fecha en que terminaba, según la forma, se suponía que ella se reintegrara.
P. Ahora, la pregunta mía es si para la fecha en que regresa la forma sin procesar, sin aprobación, si ya había regresado la Sra. Rodrigo a su trabajo.
R. Déjeme decirle que no recuerdo.
P. No recuerda.
R. No señor.
P. Quiere esto decir que no se le cargó a la Sra. Rodrigo en su récord como que ella había disfrutado de vacaciones porque no se aprobó la forma ¿ correcto ?
R. Bueno, de eso no sé, porque solamente yo me limitaba a llenar la forma y a que saliera y luego esperar a que llegara una forma rosa, que es la que devuelven de Personal.
P. Dígame, ¿ La forma SP-7 vino devuelta desaprobada ?
R. Completa, vino completa, sí.
P. ¿Completa? ¿Qué quiere decir completa?
R. Sí, señor, o sea que no la aprobaron.
P. No la aprobaron.
R. No, señor.
P. Nada más.”

Este testimonio sostiene la explicación de que la peti-cionaria se ausentó durante el referido período siguiendo la costumbre de comenzar las vacaciones tan pronto se llena la forma SP-7, y continuó ausente en vacaciones ya que no se le notificó a tiempo que éstas habían sido desaprobadas. Por supuesto, que en este caso en particular puede exigirse a la empleada el reintegro de la remuneración pagada durante la referida ausencia en vista de que las referidas vacaciones no se aprobaron en definitiva. Y para lo sucesivo, podría estable-cerse la norma de que ningún empleado se ausente en vaca-ciones hasta que la solicitud de éstas haya sido debidamente aprobada. Para esto, debe tramitarse la solicitud de vacaciones con razonable prontitud.

(3) Que la ausencia de la peticionaria se debió a que para el período a que se refieren los cargos la peticionaria trabajaba en el Comité de Puerto Nuevo del Partido Popular Demo-crático. La Sra. Román inicialmente dijo no recordar las fechas ni las horas en que específicamente había visto en el referido Comité a la peticionaria aunque sí afirmó que había sido octubre y noviembre de 1968. Al sentársele a declarar nuevamente en una vista celebrada en una fecha posterior para la presentación de nueva prueba, afirmó que la había visto a las dos, a las tres — en horas que podía ella estar trabajando—

De todos modos, el segundo testimonio de la Sra. Román no es confiable pues viene a cubrir una laguna esencial en su testimonio original sobre lo cual dijo no recordar. Hubo que volverla a traer para así testimoniar indudablemente debido al testimonio de la Sra. Nolla al efecto de que la peticionaria iba de noche, y no de día, a ayudar a hacer los censos de de-terminado partido político en determinado lugar.

La prueba demostró que la peticionaria trabajaba un turno de 4 horas cada día. Ninguno de los testigos de cargo testificó que durante uno o más de esos turnos de trabajo la peti-cionaria abandonó su empleo para dedicarse a trabajar en un comité de un partido político.

Dijimos en Lebrón, supra, que la destitución de un empleado es una medida drástica. La prueba previamente reseñada no demuestra que la ausencia de la peticionaria de su trabajo regular fue un abandono de servicio de carácter vicioso, sin justificación razonable. Tampoco demuestra que tal ausencia constituyese un descuido o negligencia en el desempeño de sus funciones.

Por el contrario, la prueba de cargo ofrece sólo dos explica-ciones para dicha ausencia. La primera, o sea, el traslado de la peticionaria a la oficina central del municipio no fue creída por el tribunal de instancia, con razón a nuestro juicio. La segunda, o seaj que se ausentó de vacaciones de acuerdo con la costumbre establecida de tomarlas tan pronto se llena el formulario SP-7 y salió éste de la oficina donde trabajaba la peticionaria, fue indubitablemente establecido por la prueba. No puede concluirse, por lo tanto, que la ausencia de la peti-cionaria de su trabajo regular fue “sin la debida autoriza-ción” al extremo de justificar castigo alguno y menos aún el más drástico de todos como es el de la destitución.

En cuanto al cargo de conducta desordenada, incorrecta o lesiva al buen nombre del municipio, no podemos convenir que las palabras' cruzadas entre la peticionaria y la Sra. Román a las 7:30 de una mañana junto al cuadro telefónico del Cen-tro de Diagnóstico donde ambas trabajaban, en que no me-diaron palabras obscenas, ni riña ni acometimiento de ninguna parte, y que cesó tan pronto intervino otra empleada, consti-tuyan tal conducta desordenada, incorrecta o lesiva, que justi-fique el castigo extremo de la destitución.

En vista de lo expuesto, concluimos que el tribunal de instancia incidió al sostener el dictamen de la Comisión para Ventilar Querellas contra Empleados y Funcionarios Munici-pales, toda vez que no se adujo prueba que lo sostuviera y, por el contrario, la prueba de cargo reveló que la peticionaria se encontraba ausente de vacaciones durante el período entre el 16 de octubre y el 4 de noviembre de 1968. Por lo tanto, debe revocarse la sentencia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 8 de noviembre de 1971. En su lugar, se debe ordenar la restitución de la peticionaria a su cargo de telefonista con el correspondiente pago de los salarios dejados de percibir por ésta desde su destitución, menos la remuneración que se le pagó mientras estuvo ausente de su empleo entre él 16 de octubre y el Á de noviembre de 1968.

El Juez Asociado, Señor Martín, concurre en el resultado.

       No hemos encontrado debates sobre la cuestión en el Diario de Se-siones de la Asamblea Legislativa.

       El Profesor Davis, sin embargo, señala que en numerosas ocasiones el Tribunal Supremo Federal ha sustituido su criterio por el de la Corte de Apelaciones. Davis, Administrative Law Treatise, Vol. 4. Sec. 29.04.

       Dicha declaración jurada no se presentó en evidencia.