author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    José G. Moreno Álamo, representado por su madre Itria Álamo de Moreno, demandante y recurrida, v. José Guillermo Moreno Jiménez, Idys Jiménez González y Fernando Ayala, demandados y recurrentes.

      Número: R-78-223

      Resuelto: 30 de marzo de 1982

      Máximo Ruidíaz, abogado de los demandantes y recurridos; Myra S. Gaetán, Procuradora Especial de Relaciones de Familia, defensora judicial del menor co-demandado José Guillermo Moreno Jiménez; Antonio González Géigel, abogado de los demandados y recurrentes.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Tres postulados básicos inspiran nuestra decisión. Pri-mero, que en su función normativa y remedial el Derecho atiende y tutela necesidades, problemas y experiencias del ser humano. Éste, como autor y receptor de la ley, le nutre e inyecta en gran medida, a las soluciones que provee, su conocimiento y juicio valorativo ideológico, moral y eco-nómico. Segundo, que la norma legal no es enemiga —o no debe serlo— de la verdad científica. Son entera y perfec-tamente reconciliables. Y tercero, que la realidad cientí-fica, al igual que los factores sociales contemporáneos que circundan la vida del derecho —Rivera Pitre v. Galarza Martínez, 108 D.P.R. 565, 573 (1979)— no pueden ser descartados por los tribunales en abono de un estado negatorio de la realidad de las cosas o de la personalidad humana. Expongamos los hechos.

Idys Jiménez González, de 19 años, casada pero sepa-rada desde enero de 1974 de su esposo Fernando Ayala Rodríguez conoció el 24 de mayo de 1974 a José Guillermo Moreno Álamo de 16 años. A la semana comenzó a sostener, con este último, relaciones íntimas que prosi-guieron subsiguientemente hasta que debido a su estado avanzado de embarazo las suspendieron. José sabía que Idys estaba casada con Fernando y tenía una niña del matrimonio nombrada Aixa, razón por la cual éstos esporádicamente se veían en ocasión de Fernando ejercer su derecho paterno-filial. La prueba tiende a indicar que Idys y su esposo Fernando, desde la separación no sos-tuvieron relaciones sexuales, pero circunstancialmente “no hubo impedimento para que cohabitara excepto la disposi-ción anímica contra ello de Idys, al menos”. El 31 de marzo de 1975 Idys dio a luz un varón, y el 3 de abril José acudió voluntariamente con ella al Registro Demográfico y lo inscribió como suyo nombrándolo José Guillermo Moreno Jiménez. Subsiguientemente se enfriaron las relaciones entre Idys y José. Con el tiempo Idys y Fernando se divorciaron.

Así las cosas, José, por conducto de su madre, demandó a Idys, Fernando y al niño impugnando ese reconoci-miento, invocando la presunción de legitimidad de todo hijo nacido vigente un matrimonio. A Fernando se le anotó la rebeldía. Oportunamente la ilustrada sala de instancia dictó sentencia accediendo a lo solicitado y decretando que el menor era hijo “del matrimonio compuesto por Fernando Ayala Rodríguez e Idys Jiménez González”, ordenando su inscripción y la cancelación de la hecha previamente por José. Fundamentó este dictamen en la presunción de legitimidad consagrada en el Art. 113 del Código Civil y en la opinión de varios tratadistas expositores de su importancia como medio para garantizar la paz familiar y la ausencia de un método científico para determinar con precisión el autor de la concepción. Revisamos.

I

En el plano jurídico el Art. 113 crea, a manera de una investidura legal, el estado de presunción filial legítima. Reza:

Son hijos legítimos los nacidos después de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración del matrimonio y antes de los trescientos días siguientes a su disolución.
Contra esta legitimidad no se admitirá otra prueba que [no sea] la imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer en los primeros ciento veinte días de los trescientos que hubiesen precedido al nacimiento del hijo. 31 L.P.R.A. see. 461.

Su origen se remonta siglos atrás, al derecho romano encarnado en la máxima pater is est quem nuptiae demostrant, como principio inspirado en la doctrina médica prevaleciente de Hipócrates. Scaevola, Código Civil, 1942, T. 3, pág. 291; Manresa, Código Civil Español, 156, Vol. 1, págs. 642-644; Muñoz Morales, Reseña Histórica y Anotaciones al Código Civil de Puerto Rico, 1947, Parte I, págs. 343-344. En su primer párrafo el precepto consagra “. . . la presunción de legitimidad que, a su vez, se bifurca en dos sentidos: que la concepción ha acaecido vigente el matrimonio y que ha sido por obra del marido. . .”. Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, Derecho de Familia, 1978, T. II, pág. 22. En otras palabras, un hijo nacido vigente un matrimonio o durante el período señalado en el precepto se presume concebido en y del matrimonio, esto es, una presunción de paternidad del marido. Los basamentos circunstanciales específicos que nutren este presupuesto mayor son: matrimonio, concepción durante su existencia, maternidad respecto a la esposa, identidad del hijo con la esposa, y paternidad del hijo respecto del marido. D. Espín Cánovas, Manual de Derecho Civil Español, 1975, Vol. IV, pág. 300. Los tratadistas consultados nos ilustran que la premisa que da vida a la misma estaba fundada en la circunstancia histórica de que la concepción y la paterni-dad eran imposibles de ser objeto de prueba directa en virtud del estado de la ciencia al tiempo de las codifica-ciones del siglo pasado. Tradicionalmente se han adelan-tado varias teorías para la existencia de esta presunta paternidad: la dominical, la del matrimonio, la sociológica, la voluntaria, la formalista y la de cohabitación. Las variantes de estas teorías se desarrollan, con mayor o menor énfasis, en los siguientes extremos: la previa y tácita voluntad del marido de estimar suyos los hijos que su esposa conciba; como un corolario de la fidelidad de la mujer; como resultado normal de la comunidad a base del dato empírico de que la mayoría de los hijos de mujeres casadas son legítimos; las limitaciones científicas que entonces había como medio para constatar la verdadera paternidad; como consecuencia de la normal cohabitación de los cónyuges —Lacruz Berdejo y Sancho Rebullida, op. cit., págs. 27-28; y en orden a los datos suministrados por la ciencia médica sobre los límites mínimos y máximos de la duración del embarazo. Espín, op. cit., pág. 301; J. Santamaría, Comentarios al Código Civil, 1958, T. I, págs. 176-177; Rivero Hernández, La Presunción de Paternidad Legitima, Ed. Tecnos, 1970, pág. 210.

Esta presunción de paternidad —de carácter juris tantum— es relativa y puede ser destruida mediante prueba en contrario, reconociendo así el legislador el principio de que aun la probabilidad racional en que se funda no es absoluta ni equivalente a la verdad. Mans Puigarnau, Lógica para Juristas, Ed. Bosch, 1969, págs. 131-132. No obstante, una rápida incursiOn de la dimensiOn comparativa de diferentes legislaciones, refleja las variaciones en la prueba que se admite en su contra. A tal efecto, la glosa tiende a clasificar tales variantes en las categorIas de sistema libre, intermedio y restrictivo. Bajo el sistema libre -Codigos alemán y suizo- "la prueba podrá verificarse libremente . . . admitiéndose en la práctica las pruebas biolOgicas (duración de la gestaciOn, grupos sanguineos, etc.)". El sistema intermedio -COdigos frances, italliano y portugués- acepta prueba sobre aleja-miento, imposibilidad fisica de cohabitar y otros supuestos especiales que implican la desapariciOn de las situaciones normales de convivencia y uniOn matrimonial tales como la separaciOn de facto y judicial, el adulterio, la ocultaciOn del embarazo y otros. Y el sistema restrietivo -el espaflol-que, como indica su adjetivo, ordinariamente limita la prueba a demostrar precisamente la imposibilidad de cohabitaciOn y sOlo permite las circunstancias de ausencia, impotencia y separaciOn. Espin, op. cit., págs. 305-307.

II

¿Que alcance y significado juridico tiene el segundo párrafo del Art. 113 preceptivo de que la ünica prueba contra la paternidad legitima será "la imposibilidad ffsica del marido para tener acceso con su mujer"? Con referen-cia a su equivalente espaflol -Art. 108- la doctrina ibérica, como afirma Espin, muestra "vacilaciones, susten-tándose un criterio más restringido, que solo admite la impotencia y la ausencia, y otro mãs amplio, que estiman-do que el Codigo no limita las causas de la imposibilidad fIsica, acepta cualquier otra situación factica que propor- cione la misma prueba, opiniOn que sin duda es la más acertada . . .". Op. cit., pág. 307. Manresa entiende que el "silencio del COdigo autoriza a una ampila interpretaciOn respecto a este punto; incluyendo en las causas de imposi- bilidad de acceso los hechos que puedan producirla y que y que deberán probarse en la forma ordinaria”. Op. cit., pág. 650; Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1970, T. IV, Vol. II, pág. 14.

En Puerto Rico, al aprobarse en el año 1902 nuestro Código Civil adoptamos como herencia el precepto concor-dante español, aunque se “sustituyera la palabra presun-ción que en aquél figura, por la de legitimidad, incurriendo así en una falta de precisión jurídica, porque no es contra el hecho de la legitimidad sino contra la presunción legal de la misma que se establecen excepciones”. Muñoz Morales, op. cit., pág. 344. En consecuencia, nuestra jurisprudencia en las primeras décadas de este siglo se inclinó a seguir un enfoque restrictivo aunque, en sana y justa hermenéutica, se puede sostener que existían vías para decisiones más anchas, pues nuestra comisión codifi-cadora había rechazado asimilar en nuestro país el pre-cepto 199 español que “presumía legítimo, aunque la madre hubiese declarado contra su legitimidad o hubiese sido condenada como adúltera”. Muñoz Morales, op. cit., pág. 345. Esa óptica la ilustra Cubano v. Del Valle, 69 D.P.R. 579, 581 (1949), que sostuvo, como prueba demos-trativa de imposibilidad de acceso, la ausencia, impotencia, presunción o muerte del marido, pero excluyó la separa-ción física de los esposos, ella en Arecibo y él en Manatí. Igual resultado prevaleció en Burgos v. Vázquez, 48 D.P.R. 416 (1935). Y en Núñez v. Lacot, 32 D.P.R. 81 (1923), aun en situación de estar los cónyuges separados —viviendo uno en Peñuelas y otro en Ponce— se afirmó que era “imposible para esta corte el hacer excepciones en contra de la letra del Código, por no decir de su espíritu”. Pág. 83.

Hoy en día se admite que la justificación de ese enfoque era que esta presunción formaba parte de un diseño o plan maestro que fluía a través del Código Civil que privaba siglo atrás en la época de su desarrollo y redacción. Existía la visión de una familia cerrada, patriarcal, erigida sobre unos patrones rigurosos éticos, religiosos y socio-económi-cos. El conocimiento y medios científicos sobre genealogía estaban en una etapa primitiva y poco desarrollada. Así, Manresa detecta que reflejaba “el deseo de no promover cuestiones dudosas en un asunto que dadas nuestras ideas sociales incita siempre al escándalo”. Op. cit., pág. 622. Scaevola coincide con el fenómeno de limitación médico-científica exponiendo que “la legitimidad [. . . era] un arcano, un misterio que hasta ahora la ciencia ha tratado en vano de aplicar. Su única solución se hallará el día que se consiga individualizar la concepción; esto es, precisar la persona que determinó ésta. En tanto que así no suceda, cuantas presunciones se establezcan serán no más que lo que la misma palabra indica: meras hipótesis y principios puramente convencionales, sobre los cuales se destacará la honradez de la mujer, exclusiva salvaguarda del honor del marido”. Op. cit., pág. 293.

La evaluación del pensamiento contemporáneo de van-guardia es unánimemente crítico a tal enfoque. Clama por una constante rectificación a base de atemperar la con-ducta y realidad humanas con la científica. Un ferviente expositor de esta vertiente, Lacruz Berdejo, la resume así: “La ley no es un (relativamente) inmutable teorema matemático, sino un mandato enunciado en un tiempo concreto, para una serie de circunstancias y dentro de un conspectus social determinados y con vigencia más o menos limitada, sobre una tabla de valores igualmente temporal y también mucho más mudable de lo que pudo pensar el legislador. Cuando cambian, o el orden de la tabla, o las circunstancias, la ratio puede devenir incongrua, e incluso imperar solución contraria a la del texto. Y algo de eso ha venido a ocurrir en materia de investigación de la pater-nidad.” Prólogo a la obra de Rivero Hernández, pág. 20. (Énfasis suplido.)

III

En las últimas dos décadas los moldes estrechos y de granito de una rigurosa literalidad hermenéutica en mate-ria de Derecho filiatorio puertorriqueño comenzaron a quebrarse. Así, en Pueblo v. Rosado, 88 D.P.R. 456 (1963), en que el acusado reconoció voluntariamente su paternidad en el acta de nacimiento de una hija habida con una mujer casada, pero separada, cuyo marido se encontraba en los Estados Unidos decidimos que en ausencia de otra inscrip-ción contradictoria, ese reconocimiento tenía eficacia pro-batoria en ley y, como consecuencia, validez para sostener una sentencia penal por abandono de menores.

Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 676, 733 (1963), decisión que da plena virtualidad y validez al axioma constitucional que prohíbe todo discrimen por razón de nacimiento y proclama la igualdad y dignidad del ser humano en el área filiatoria, por vía de dictum en un escolio erosiona la categoría absoluta de esta presunción al criticarse la situación de cómo un “esposo, por obra y gracia de los Arts. 112 y 113 —para proteger al hijo y la fidelidad marital— sin que las células sexuales de su mujer se hubieran unido con sus gametos masculinos, se convertía en padre legítimo del hijo de otro. Se producía una especie de partenogénesis jurídica masculina”. (Énfasis suplido.) Más importante aún, se concluyó:

Después de entrar en vigor la Ley Núm. 229 esa presun-ción de legitimidad quedó, sino debilitada, por lo menos pareada con el derecho que esa ley concede al padre natural para que reconozca como hijo suyo al fruto de su unión adulterina, no obstante los preceptos terminantes de los Arts. 112 y 113. La situación que ajuicio nuestro se crea es la de dos personas, una considerada el padre jurídico, y la otra, el padre natural, biológico, real y verdadero, a quienes, simul-táneamente, la ley concede el derecho de inscribirlo como hijo.
Como padre de ese hijo debería prevalecer el que de ellos primeramente lo inscribió como hijo suyo en el Registro Demográfico y asumió el cumplimiento de las serias y graves responsabilidades paternofiliales, con mejor razón en una época como la presente en que para el padre jurídico es simplemente un hijo y para el natural, también simplemen-te, es un hijo. Le tocaría al que no lo inscribió como hijo suyo, impugnar ante los tribunales la validez de la inscripción registral. (Énfasis suplido.)

A tono con ese y otros análisis los pronunciamientos al respecto fueron así resumidos:

1. Todos los hijos pueden pedir que se declare judicial-mente su status de hijos de sus padres, con igualdad de trato jurídico;
2. El padre —o en su defecto, sus herederos— puede reconocer de cualquier modo a sus hijos, expresa y tácita-mente, sin importar las fechas o circunstancias de sus nacimientos y para todos los efectos de ley;
3. Ninguna declaración judicial del status de hijo hará pronunciamiento sobre la legitimidad o ilegitimidad del nacimiento del reclamante ni sobre el estado civil de sus padres. Al reclamante se le denominará simplemente “hijo” y a sus progenitores “padre” o “madre”, según fuere el caso;
4. Toda declaración judicial del status de hijo se fundará en la comprobación del hecho de la paternidad natural o biológica, sin importar la fecha ni demás circunstancias del nacimiento, bastando que dicha paternidad se pruebe satis-factoriamente, bajo las normas usuales de evidencia, de acuerdo con la preponderancia de las pruebas y conforme a conclusiones que tomando en consideración las circunstancias concurrentes en el caso, representen el balance más racional, justiciero y jurídico en la resolución del pleito. No se aplicarán en cualquier acción o procedimiento filiatorio, en trámite o que se inste, las normas o requisitos de prueba señalados en el Art. 125 del Código Civil, ed. de 1930, 31 L.P.R.A. see. 504 [.] (Énfasis suplido.) Pág. 749.

Si en virtud de Ocasio v. Díaz, la declaración judicial del status de todo hijo “se fundará en la comprobación del hecho de la paternidad natural o biológica, sin importar la fecha ni demás circunstancias . . . bajo las normas usuales de evidencia . . difícilmente podemos sostener la razonabilidad, virtud y lógica de una interpre-tación literal con respecto a la presunción contenida en el Art. 113, segundo párrafo. Después de esa decisión, la declaración legislativa del status de un hijo no puede ampararse en una presunción categórica y restrictiva, casi absoluta, excluyente de “las normas usuales de evidencia, determinada prueba y demás circunstancias del nacimien-to”. Véase, E. Chiesa, Sobre la Validez Constitucional de las Presunciones, XIV Rev. Jur. U.I.A. 727-753 (1980). Ello con mayor razón si tomamos en cuenta que reciente-mente, en Ortiz v. Peña, 108 D.P.R. 458 (1979), refrendamos la confiabilidad de las pruebas serológicas para establecer la no paternidad y autorizamos expresamente a los tribunales del país para que discrecionalmente ordenaran exámenes de sangre en acciones “en la que la paternidad sea un hecho pertinente”. Pág. 469.

Al presente el sistema de impugnar la paternidad incorporado en el Art. 113 no guarda correspondencia con nuestro moderno diseño constitucional. Aun en España ha sido objeto de dura crítica pues se estima que “el marco legal de la institución ha quedado tan estrecho que la violenta como una camisa de fuerza, hasta deformarla”. Rivero Hernández, op cit., pág. 487. El adelanto científico en materia de pruebas biológicas ha creado un abismo entre la realidad y el trasfondo ético y socio-económico en que se inspiraron épocas atrás sus autores. “Persistir luego en el error, con su secuela de injusticias y paternidades ficticias, resulta dolorosamente innecesario. . . . [Por ello] la interpretación literal es aquí tan insuficiente como inútil, amén de injusta e ilógica en sus soluciones. . . . [Se impone] en todo caso una interpretación progresiva, con función correctora, al propio tiempo que racional y socio-lógica ...”. Rivero Hernández, op. cit, págs. 489-490.

Cuando se aprobó la versión original del artículo equiva-lente al 113, sus redactores circunscribieron la prueba a lo que para ellos era la única avenida más segura. No tenían a mano el adelanto y medios biológicos científicos. Lo que antes era un misterio generacional hoy en día no lo es.

En consecuencia, opinamos que la aplicación correcta y justa del Art. 113 del Código Civil debe trascender su literalidad en abono de lograr alcanzar el verdadero espíritu que en materia filiatoria rige constitucional y legislativamente en Puerto Rico. No existe impedimento para que la prueba sobre “imposibilidad física del marido hacia su mujer” comprenda cualesquiera otras de carácter idóneo y concluyente de la imposibilidad de paternidad del marido. Entre este tipo figura singularmente la evidencia científica a la cual todo tribunal deberá —en virtud de la confiabilidad o certeza que la ciencia le confiere o atribuye— darle gran peso. Regla 82 (B) de las de Evidencia de 1979.

La prueba documental y testifical que tuvo ante sí dicho foro, a base de los hechos no refutados consistentes de relaciones sexuales exclusivas entre José G. Moreno Álamo e Idys Jiménez; ausencia de relaciones entre Idys y su esposo Fernando Ayala; y reconocimiento voluntario y escrito por José Guillermo; demostró preponderantemente que el padre del menor José Guillermo Moreno Jiménez fue el demandante recurrido José Guillermo Moreno Álamo. La presunción de paternidad del Art. 113 invocada fue satisfactoriamente destruida.

Se revocará la sentencia y se dictará otra en que se declare sin lugar la demanda.

El Juez Asociado Señor Martín concurre en el resultado sin opinión y el Juez Asociado Señor Díaz Cruz dio su conformidad y emitió voto particular.

—O—

Voto particular del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

A los fines de la presunción de legitimidad en el Art. 113 del Código Civil, el concepto de imposibilidad física del marido para tener acceso con su mujer, comprende e incluye la falta de fecundación, hoy científicamente demos-trable, toda vez que no es el acceso carnal, y sí la fecundación, el germen determinante de la paternidad en última consecuencia. La ley tal como está redactada no podía tener otro objetivo que el acceso fertilizante, el capaz de engendrar hijos y producir confusión en la prole. La prueba para derrotar la presunción juris tantum de legitimidad no podrá estar conceptualmente distanciada de la liberalidad del coexistente canon 1.115, inciso Io del Código de Derecho canónico, que Castán cita como aleccio-nador en apoyo de su conclusión de que “se debe extender la posibilidad de impugnación de la paternidad a aquellos casos en los que ninguna duda exista acerca de la ilegitimidad del hijo. . . . Tater is est quern iustae nuptiae demonstrant, nisi evidentibus argumentis contrarium pro-betur’. ” (Énfasis del autor.) Derecho Civil Español, Común y Foral, 8va ed., 1966, T. 5, Vol. 2, pág. 15.

Siempre fue el propósito de este precepto del Código Civil excluir las dudas sobre la paternidad por lo que no veo problema constitucional alguno, si el artículo es dúctil y al decidirse por la presunción rebatible en cierto modo anticipó la apertura de la corriente contemporánea hacia la total investigación y fijación de la paternidad, propicia-da por el recurso a la ciencia. Cf. Ortiz v. Peña, 108 D.P.R. 458 (1979).

       Lacruz Berdejo en el prólogo citado expone:
      “En suma: si para demostrar la no paternidad la prueba se articula en el Código Civil a partir del padre, y no a partir del hijo, y, por tanto, se centra en la imposibilidad de cohabitación, y no de generación de aquel descendiente concreto, es porque esta otra clase de pruebas no existía con un mínimo de seriedad y seguridad. Mas cuando llega a existir, el juzgador, ante el mismo texto legal, no puede limitarse a hacerlo funcionar como una máquina que, siendo siempre la misma, funciona siempre igual, aunque sea en el vacío; y ha de plantearse seriamente la cuestión de la influencia de las transformaciones del entorno social y técnico sobre el significado de la ley. A partir de ese planteamiento la solución nunca podría consistir, según me parece, en rechazar, por ejemplo, las pruebas biológicas de la no paternidad so pretexto de que se hallan literalmente excluidas por el Código Civil junto con todas las demás que no consistan en la ‘rupestre’ imposibilidad física del marido; sino en investigar si, en el caso, tales pruebas, ofreciendo al menos igual seguridad que la única demostración expresamente permitida por el Código, respetan y fomentan al menos en idéntica medida los intereses que el legislador entendió tutelar, y cumplen las correspondientes finalidades.” Págs. 23, 24.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

license: Public Domain

text:
    Efectos Litográficos, C. A., demandante y recurrida, v. National Paper & Type Company of Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-81-508

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Leopoldo C. Delucca, abogado de la recurrente; José A. Suro, de Amadeo & Suro, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Efectos Litográficos, C. A., la demandante recurrida, instó acción contra National Paper & Type Company of Puerto Rico, Inc. ante la Cámara Civil y Comercial de la Tercera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional de la República Dominicana. Recla-mó RD$150,000 bajo la Ley sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, Ley Núm. 173 de 6 de abril de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 622 de 28 de diciembre de 1973, por daños sufridos por la acción de National Paper al sustituirla alegadamente como agente exclusivo en República Dominicana. Esta legisla-ción dominicana es casi idéntica a nuestra Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1964, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 278 et seq.

~E1 caso se vio en rebeldía. El tribunal dominicano condenó a National Paper y su filial dominicana a pagar RD$300,000 por los daños morales y materiales sufridos, más los intereses legales, el 1% mensual de esa suma a partir de la demanda, lo que montaba a 4 de junio de 1979 a RD$ 120,000, más las costas. National Paper apeló sin éxito la sentencia a la Corte de Apelación de Santo Domingo y luego recurrió en casación. El 4 de mayo de 1979 la Suprema Corte de la República Dominicana rehusó alterar el fallo.

Efectos Litográficos demandó entonces ante el Tribunal Superior de Puerto Rico en solicitud de cobro de las sumas concedidas bajo la sentencia extranjera. National Paper presentó como defensas afirmativas, entre otras, que la sentencia dominicana “no puede ser reconocida en los Estados Unidos y por consiguiente en esta jurisdicción” por falta de reciprocidad, ya que el país que la dictó no reconoce las sentencias emitidas en Estados Unidos; que la sentencia extranjera es contraria al orden público; que ofende los principios elementales de justicia; y que el fallo no se rindió por un tribunal imparcial.

Efectos Litográficos presentó a continuación una moción de sentencia sumaria, a la que acompañó copia de la sentencia dominicana y otros documentos judiciales, junto a copia de la legislación extranjera en que se fundó el fallo. National Paper ripostó con su propia solicitud de sentencia sumaria, en que sostiene que la sentencia dominicana carece de ejecutabilidad en este caso, por las razones expuestas en la contestación y, además, por dictarse en violación del debido proceso de ley, por haber mediado fraude o colusión y por haberse cometido manifiestos errores de hecho y de derecho. National Paper hizo alegaciones —algunas generales, otras específicas— y acompañó declaraciones juradas y otros documentos para intentar sostener su posición. Nos referiremos en detalle más tarde a los planteamientos efectuados por las partes en sus mociones de sentencia sumaria.

El 30 de octubre de 1981 el Tribunal Superior dictó sentencia sumaria a favor de Efectos Litográficos. En vista de que esta empresa había ejecutado ya parcialmente en la República Dominicana la sentencia que nos ocupa, el tribunal anunció que señalaría vista para determinar el montante del balance adeudado por National Paper.

National Paper recurrió ante este foro y el 22 de diciembre de 1981 dictamos orden de mostrar causa por la cual no debe revocarse la sentencia sumaria por existir controversia sobre algunos hechos esenciales.

Se plantea aquí de lleno el tema vital del reconocimien-to y ejecución de las sentencias extranjeras. Examinemos en primer término la historia del tratamiento en nuestro derecho de este aspecto del Derecho internacional privado para determinar entonces las normas que corresponde seguir o establecer.

I

El historial

La Ley de Enjuiciamiento Civil espáñola de 13 de mayo de 1855, enmendada por el R. D. de 3 de febrero de 1881 y extendida en su nueva forma a Puerto Rico el 25 de setiembre de 1885, disponía en sus Arts. 951 a 958 (correspondientes a los Arts. 922 a 929 de la ley anterior, vigente en Puerto Rico desde 1865) la manera y circuns-tancias en que podría darse cumplimiento en el país a las sentencias extranjeras. En ausencia de tratado, se sentaba el principio de la reciprocidad: las sentencias extranjeras tendrían la misma fuerza que se les diese en la nación concernida a las ejecutorias dictadas en España. Las sentencias tenían que ser lícitas en España y Puerto Rico y, entre otros requisitos, no podían haber sido dictadas en rebeldía (Art. 954, apdo. 3o de la Ley de 1881 y el Art. 925, apdo. 3o de la Ley de 1855). Estas disposiciones todavía representan el núcleo del derecho español sobre el tema. A. Miaja de la Muela, Derecho Internacional Privado, 8va ed., Madrid, Ed. Atlas, 1979, Vol. II, pág. 510; Aragoneses Alonso, Procedimiento para el Exequátur de Sentencias Civiles Extranjeras en España, 8 Rev. de Derecho Procesal 551 (1952).

El Código de Enjuiciamiento Civil de 1904 no incluyó disposición alguna sobre el exequátur o procedimiento para autorizar la ejecución de una sentencia extranjera, pero la Ley de Evidencia de 9 de marzo de 1905 proveyó en su Art. 66, tomado de California:

El efecto del fallo de cualquier otro tribunal de país extranjero con jurisdicción para dictarlo, es como sigue:
1. En el caso de un fallo contra una cosa específica, el fallo es concluyente, en cuanto al título de la cosa.
2. En todos los demás casos el fallo constituye evidencia indirecta de un derecho entre las partes y sus sucesores en interés por título adquirido con posterioridad, y sólo puede rechazarse mediante evidencia de carencia de jurisdicción, falta de notificación a la parte, colusión, fraude o manifiesto error de hecho o de derecho.

En la edición del Código de Enjuiciamiento Civil de 1933 este artículo de la Ley de Evidencia recibió el Núm. 428 (32 L.P.R.A. see. 1800). Otros artículos de la Ley de Evidencia, que también tratan sobre aspectos del exequá-tur que no viene al caso discutir aquí, también fueron incluidos en la referida edición del Código de Enjuicia-miento Civil.

Las Reglas de Procedimiento Civil de 1979 derogaron los artículos del Código de Enjuiciamiento Civil que quedaron vigentes en virtud de la Regla 72 de Procedi-miento Civil de 1958, entre los que se contaba el Art. 428 citado. Las Reglas de Evidencia de 1979 también dero-garon expresamente, en su Art. 84, el Art. 428 del Código de Enjuiciamiento Civil y por ende el Art. 66 de la antigua Ley de Evidencia. Ello obedeció a todas luces al criterio de que el exequátur representa una materia sustantiva que debe ser parte de la sección del Código Civil que trata de normas referentes al Derecho internacional privado. Recuér-dese, además, que la Regla 72 de Procedimiento Civil derogó la Ley de Enjuiciamiento Civil para España y Ultramar.

La situación presente es, por lo tanto, que no existe en Puerto Rico, fuera de disposiciones aisladas, legislación abarcadora sobre el exequátur que sirva de guía para la decisión de este caso. Estados Unidos, aunque ha suscrito un acuerdo bilateral con el Reino Unido sobre este particular, no ha negociado tratado alguno con la República Dominicana sobre el asunto. Estados Unidos es parte del convenio multilateral para el reconocimiento y ejecución de laudos extranjeros de arbitraje, 21 U.S.T. 2517, T.I.A.S. No. 6997, 330 U.N.T.S. 38, pero no se ha adherido al Convenio de La Haya de 1969 sobre la ejecución de sentencias extranjeras. Miaja de la Muela, op. cit., págs. 508-509; Scoles y Aarnas, The Recognition and Enforcement of Foreign Nation Judgments: California, Oregon and Washington, 57 Ore. L. Rev. 371, 395 (1978). Tampoco ha aceptado el Código Bustamante ni el Congreso ha legislado sobre el particular. La cláusula sobre entera fe y crédito de la Constitución estadounidense no se aplica a decisiones extranjeras. Wurfel, Recognition of Foreign Judgments, 50 N.C.L. Rev. 21, 69 (1971).

Conforme el mandato del Art. 7 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 7, este Tribunal debe en consecuencia proceder a estructurar en este caso las normas de Derecho internacional privado, mas de acuerdo con los principios generales del derecho y los usos y costumbres aceptados y establecidos. Pueden y deben examinarse distintas tradiciones jurídicas. La meta es la identificación de la communis opinio, la búsqueda de las reglas que mejor sirvan los valores envueltos.

II

La estructuración de las normas

A. Los valores a servir

El reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras se justificaban inicialmente bajo principios de deferencia. Luego se estimó que tal deferencia hallaba su apoyo en la doctrina de res judicata. Reese, The Status in this Country of Judgments Rendered Abroad, 50 Colum. L. Rev. 783, 784 (1950). Hoy se admite que el conjunto de intereses a sopesar es mucho más complejo. Algunos de esos intereses son: el deseo de evitar el derroche de recursos y la duplicación de esfuerzo que entraña la relitigación de un asunto; la preocupación por proteger a los litigantes victoriosos en otros foros de las tácticas evasivas y dilatorias de los litigantes vencidos; la impor-tancia de evitar el parroquialismo y su influencia en la selección del foro por el demandante; el interés en pro-mover la unidad y la estabilidad en el orden internacional jurídico; la condición en muchos casos del foro requirente como el más indicado para la decisión del asunto; el respeto debido a las nociones de orden público del foro requerido, así como a nociones sobre la justicia prevale-cientes en la comunidad internacional. Von Mehren y Trautman, Recognition of Foreign Adjudications: A Survey and a Suggested Approach, 81 Harv. L. Rev. 1601, 1603-1604 (1968).

Existen posiciones muy variadas sobre el exequátur. En un extremo, Holanda no lo reconoce en forma alguna. Se les ha prohibido a los tribunales por legislación que autoricen la ejecución de sentencias extranjeras en tal país. Von Mehren y Trautman, op. cih, pág. 1602. Bélgica y Quebec permiten la revisión en sus méritos de la sentencia dictada. M. J. Whiteman, Digest of International Law, Vol. 6, Dept, of State, 1968, pág. 29. España permite una revisión limitada del fondo de la decisión. Telo Álvarez, El reconocimiento y la ejecución, en territorio español, de las decisiones judiciales extranjeras en materias civiles o mercantiles, Rev. de Derecho Procesal Iberoamericano, Año 1973, págs. 873, 879. Al otro extremo, tras muchas otras gradaciones, se halla la doctrina, vigente en Estados Unidos hasta finales del siglo diecinueve, que ordena la emisión automática o cuasiautomática del exequátur.

La doctrina más favorecida actualmente, tanto en el Derecho civil como el común angloamericano, es de naturaleza intermedia. La regla general ordena la emisión del exequátur, mas la sentencia extranjera debe cumplir con ciertos requisitos básicos para merecer su cumpli-miento en el foro requerido. H. Batiffol y P. Lagarde, Droit International Privé, 6ta ed., T. II, 1976, Ed. Pichón y Durand-Auzias, París, pág. 476 et seq.; Restatement of the Law Second, Conflict of Laws, 1980, sec. 98 et seq.; Whiteman, op. cit, pág. 226 (sobre el Derecho inglés); Süs, Reconocimiento de Sentencias Extranjeras, 8 Rev. Derecho Procesal 3 (1952).

Adoptamos esta posición intermedia, representativa de la communis opinio, Süs, op. cit., pág. 4, por estimar que es la que reconcilia más eficazmente los intereses en conflicto. La regla en Puerto Rico será en consecuencia el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras, sujeto a las limitaciones que se enumeran más adelante. Para determinar las limitaciones procedentes, examinemos las establecidas o consideradas generalmente en el Derecho civil y en el Derecho común angloamericano. Retendremos las que más propendan a realzar los valores que animan la concesión o denegatoria del exequátur. Comencemos por examinar el tratamiento del problema en este mismo foro cuando la situación legislativa, como hemos visto, era diferente.

B. La jurisprudencia puertorriqueña

La norma general que hemos anunciado no es nueva en esta jurisdicción, aunque cambiará la naturaleza de algu-nas de sus excepciones. Los dos casos en que este Tribunal se ha expresado in extenso sobre el exequátur reflejan la norma general, si bien se resolvieron ambos bajo condicio-nes diferentes a las actuales.

En Ponce v. F. Badrena e Hijos, Inc., 74 D.P.R. 225 (1952), resolvimos que las sentencias extranjeras debían reconocerse y cumplirse en Puerto Rico, a menos que se dieran las condiciones que requería el Art. 428 del Código de Enjuiciamiento Civil, hoy derogado, para negarle obli-gatoriedad. Los fallos podían rechazarse, por tanto, si se probaba carencia de jurisdicción, falta de notificación a la parte, colusión, fraude o manifiesto error de hecho o de derecho. Pág. 245. A estos factores les añadimos los requisitos de un debido proceso de ley, que la sentencia no sea contraria al orden público local, que no sea tan claramente arbitraria que sea contraria a los principios elementales de la justicia esencial y que se haya dictado por un tribunal imparcial. Pág. 243. En F. Badrena discutimos si debe establecerse también el requisito de la reciprocidad, mas no llegamos a una conclusión sobre este extremo.

En Ramírez v. Registrador, 96 D.P.R. 342, 357-358 (1968), señalamos la importancia del Art. 11 del Código Civil como base para el requisito de que la sentencia extranjera no puede contravenir “el orden público y las buenas costumbres”. Reiteramos allí los criterios de F. Badrena, supra, págs. 358, 360.

Examinemos a continuación, dada la eliminación de varias de las bases en que se fundan F. Badrena y Ramírez, los requisitos que limitan la norma general de ejecutabilidad antes expuesta.

C. El criterio de la reciprocidad

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que las sentencias extranjeras deben tener la fuerza en las cortes federales que tengan las sentencias norteamericanas en el país requirente. Hilton v. Guyot, 159 U.S. 103, 226-227 (1895). Hace casi treinta años, en F. Badrena, supra, pág. 240, señalamos la crítica severa a que había sido sometido este aspecto de Hilton. Hilton no representa hoy la doctrina de muchos estados de la Unión Americana y la generalidad de los comentaristas la rechaza. Restatement Second, Conflict of Laws, Vol. 1, 1971, págs. 299-300; Reese, The Status in this Country of Judgments Rendered Abroad, supra, pág. 788; Von Mehren y Trautman, Recognition of Foreign Adjudications: A Survey and a Suggested Approach, supra, pág. 1660 et seq.) A. Ehrenzweig, A Treatise on the Conflict of Laws, St. Paul, West Publishing Co., 1962, págs. 164-166; Lenhoff, Reciprocity and the Law of Foreign Judgments: A Historical-Critical Analysis, 16 La. L. Rev. 465, 471 et seq. (1956); Scoles y Aarnas, The Recognition and Enforcement of Foreign Nation Judgments: California, Oregon and Washington, supra, pág. 381. En Estados Unidos se considera hoy que aun las cortes federales, después de Erie Railroad Co. v. Tompkins, 304 U.S. 64 (1938), vienen obligadas a acatar el derecho estatal y no la regla de Hilton. Restatement Second, supra, pág. 300.

En Inglaterra se critica también duramente la doctrina de la reciprocidad, a pesar de la situación legislativa. G. C. Cheshire, Private International Law, 7ma ed., 1974, London, Sweet & Maxwell, pág. 618.

En España continúa en vigor la antigua legislación de 1855, según enmendada en 1881, que incorporaba la doctrina de reciprocidad. La doctrina ha sido atacada. Süs, Reconocimiento de Sentencias Extranjeras, supra, pág. 6.

La Corte de Casación de Francia ha rechazado expre-samente la regla de reciprocidad. H. Batiffol y P. Lagarde, Droit International Privé, 6ta ed., París, Pichón y Durand-Auzias, 1976, T. II, pág. 498 et seq.) y Loussouarn y P. Bourel, Droit International Privé, París, Dalloz, 1978, pág. 619 et seq.

A pesar de que en varios países subsiste la doctrina de la reciprocidad, no consideramos procedente el retorno en nuestro caso al derecho imperante sobre este particular en Puerto Rico hacia fines de siglo. Es cierto que esta doctrina favorece que otros países puedan tender a reconocer y autorizar el cumplimiento de las sentencias extranjeras, pero no siempre ha promovido la unidad internacional y, por lo demás, sacrifica otros valores significativos que hemos reseñado. Resulta mucho más preferible la continuada expansión del movimiento en respaldo de la aceptación, aunque sea unilateral, del exequátur, con determinadas limitaciones. Ello añade a la deseada certeza del Derecho internacional privado. E. Vita, Diritto Internazionale Privato, Turin, 1972, Yol. 1, págs. 452-453. No admitimos la reciprocidad como requi-sito limitante en Puerto Rico a la norma general que hemos adoptado sobre el cumplimiento de las sentencias extranjeras.

D. La revisión en los méritos

Como hemos visto, el Art. 428 del Código de Enjuicia-miento Civil de Puerto Rico permitía negar el exequátur si el tribunal extranjero había cometido manifiesto error de hecho o de derecho. En Ramírez, supra, pág. 360, nos expresamos en contra de conocer de los méritos o el fondo del asunto objeto de la sentencia extranjera. Nuestra expresión en Ramírez apuntaba a lo que constituye hoy la norma preferida en muchos países donde rige el Derecho común o el civil.

Lo sucedido en Francia es de especial interés. Desde principios del siglo diecinueve se permitía la revisión en los méritos de las sentencias extranjeras por los tribunales franceses mas, sin mediar legislación, la situación cambió diametralmente en la segunda mitad de este siglo. El 7 de enero de 1964, en el caso Munzer (J. 1964.302, note Goldman, J.C.P. 1964.11.13590, n. Ancel, R.1964.344), la Corte de Casación prohibió la revisión del fondo de las sentencias extranjeras como condición para la emisión del exequátur. Batiffol y Lagarde, op. cit., pág. 499 et seq. Tal revisión puede ocurrir únicamente de modo incidental, como medio tan solo para determinar el cumplimiento con criterios tales como el de la consonancia con el orden público, a discutirse más adelante.

En Quebec también se ha abandonado la teoría de la revisión a fondo como condición del exequátur, así como en algunos otros países civilistas. Batiffol y Lagarde, op cit., pág. 501, n. 47. En Italia se autoriza la revisión en los méritos tan solo cuando la sentencia extranjera se ha dictado en rebeldía (Art. 798 del Código de Procedimiento Civil). En España también se permite una revisión limita-da. Telo Álvarez, supra, págs. 879-880.

En el Derecho inglés no se permite la revisión de una sentencia extranjera por error de hecho o de derecho. Godard v. Gray [1807] L. R. 6 Q. B. 139; R. H. Graveson, Conflicts of Laws, 7ma ed., Londres, Sweet & Maxwell, pág. 628 et seq. En el Derecho norteamericano tampoco se permite generalmente, excepto cuando es indispensable para determinar la existencia de alguna otra condición limitante. Reese, The Status in this Country of Judgments Rendered Abroad, supra, pág. 789; Restatement Second, Conflict of Laws, Sec. 106, pág. 319.

Resolvemos que no es permisible en Puerto Rico la revisión en sus méritos de las sentencias extranjeras. La comisión por el tribunal extranjero de errores de hecho o de derecho no tiene pertinencia al asunto de la ejecutabilidad de la sentencia en este foro. Las sentencias extranjeras podrán examinarse en su fondo como medio tan solo para precisar la existencia de factores limitativos del exequátur. Le negamos pertinencia a la comisión de errores de hecho o de derecho por considerar que la regla contraria atenta contra el orden internacional y en realidad anula los objetivos centrales del juicio de exequátur.

E. La jurisdicción del tribunal

Hay acuerdo prácticamente general entre el derecho civil y el angloamericano sobre la necesidad de que la sentencia extranjera se dicte por un tribunal con jurisdic-ción sobre la persona y el asunto como condición para su reconocimiento y ejecutabilidad en el exterior. Munzer, supra; Restatement Second, supra, Sec. 98, comentario (c); Art. 4(1) del Convenio de la Haya (Whiteman, supra, pág. 137).

Mantenemos en vigor esta regla en Puerto Rico. Expresamos, no obstante, que debe distinguirse entre las situaciones en que la jurisdicción sobre la persona puede adquirirse vía emplazamiento y aquellas en que es indispensable la utilización del exhorto o la comisión roga-toria.

F. La competencia del tribunal

También constituye norma general requerir que la sentencia extranjera se dicte por tribunal competente. La competencia se medirá por las reglas del país extranjero. Batiffol y Lagarde, op. cit, pág. 477 et seq.; Restatement Second, supra, Sec. 105; Whiteman, op. cit, pág. 226. Adoptamos esta otra condición limitadora.

G. Sentencia obtenida por fraude

Este requisito es también admitido generalmente. (De no especificarse, favor de referirse a las autoridades citadas anteriormente.)

H. Naturaleza adversaria del procedimiento

En Italia y, parcialmente, en Estados Unidos se condi-ciona la emisión del exequátur a que la sentencia extran-jera se haya emitido en un procedimiento adversario. Las sentencias en rebeldía no tienen derecho al exequátur. Art. 798 del Código de Procedimiento Civil italiano; Restatement Second, op. cit., Sec. 98, comentarios (a) y (d). La gran mayoría de las decisiones estadounidenses consulta-das rechazan esta posición del Restatement, que tampoco goza de apoyo en muchos otros países. Véanse: Bank of Montreal v. Kough, 612 F.2d 467 (9th Cir. 1980); Somportex Limited v. Philadelphia Chewing Gum Corp., 453 F.2d 435 (3rd Cir. 1971); Nicol v. Tanner, 256 N.W.2d 796 (1976); Davidson & Company, Limited v. Allen, 508 P.2d 6 (1973). Contra: Falcon Manufacturing (Scarborough) Ltd. v. Ames, 278 N.Y.S.2d 684 (1967).

No consideramos prudente la imposición de este requisito como condición para la emisión del exequátur en Puerto Rico. El hecho de si el fallo extranjero se dictó en el curso de un proceso adversario puede ser de importancia para determinar si hubo debido proceso de ley, si se violaron las nociones de orden público del foro requerido o principios básicos de justicia o si se infringieron otros criterios. En los casos donde no haya habido, por ejemplo, debida oportunidad de ser oído, bien podría considerarse, como regla general, que la sentencia extranjera no debe reconocerse. Mas si hubo tal oportunidad ante tribunal extranjero competente y con jurisdicción sobre la persona y el asunto, pero el demandado no se valió de ella, procedería el exequátur, de cumplirse con las otras condiciones que estamos estableciendo. Dejar en manos de los demandados, debidamente sujetos al fallo extranjero, la facultad de resolver o no si se declaran en rebeldía equivale a minar la eficacia del exequátur. Si el fallo extranjero, sin embargo, se dicta sin jurisdicción, no es merecedora de reconocimiento la sentencia resultante en rebeldía. Convenio de La Haya, Arts. 6 y 9; Whiteman, op. cit., págs. 237-238.

I. Sentencia dictada sin debido proceso de ley

Este es otro requisito generalmente aceptado. Batiffol y Lagarde, op. cit., pág. 476; Restatement Second, supra, Sec. 104. Lo adoptamos en esta jurisdicción.

J. Sentencia dictada por tribunal parcializado

Se requiere también usualmente que el sistema bajo el que se dicte la sentencia se distinga por su imparcialidad y ausencia de prejuicio contra el extranjero. Ya en F. Badrena reconocimos la indispensabilidad de este requisito. Véase también: Restatement Second, supra, págs. 298-299.

La imputación de parcialidad no podrá hacerse livia-namente. La carga de la prueba, que es pesada, recae sobre el litigante vencido.

K. Sentencias contrarias al orden público

Las sentencias extranjeras contrarias al orden público del foro requerido o local no son acreedoras a reconocimiento o cumplimiento. Esta regla es también parte de la communis opinio. Batiffol y Lagarde, op. cit., págs. 476, 489-491, 495 et seq.; Restatement Second, supra, pág. 340; Administration of Justice Act 1920, Sec. 9(2)(f); 3 Halsbury’s Statutes of England, 3ra ed., Vol. 6, pág. 354; Convenio de La Haya, Art. 5(1); Whiteman, op. cit, pág. 237; Código Bustamante, Art. 423.

L. Sentencias contrarias a los principios básicos de la justicia

Anunciamos esta condición en F. Badrena, pág. 243. Aunque el principio es peligrosamente lato y hace tan-gencia con elementos de otros requisitos, tiene su utilidad, de emplearse cuidadosamente, para promover el trata-miento internacional uniforme de ciertas cuestiones por los países más civilizados. Reese, op. cit., pág. 795 et seq. Como protección contra la arbitrariedad y actos no cubiertos por las condiciones anteriores retendremos este requisito.

III

La aplicación de las normas al caso presente

La enumeración efectuada de las normas de Derecho internacional privado que regirán, en ausencia de tratado o legislación especial, el reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras en Puerto Rico ha sido de por fuerza somera. Hemos omitido la discusión de los serios problemas conflictuales que plantean muchos de los con-ceptos utilizados. Nos hemos limitado a exponer la norma general y sus excepciones principales, con el detalle necesario tan solo para poder resolver el recurso específico pendiente. La elaboración de lo expuesto deberá aguardar otros pleitos en que se planteen otras cuestiones de Derecho internacional privado que están latentes en lo discutido hasta ahora. Debemos advertir también que las reglas sentadas se aplicarán principalmente a casos en que la sentencia extranjera imponga el pago de determinada suma de dinero. En otros tipos de casos puede que se justifiquen ciertas variaciones en los principios enunciados.

En el recurso de autos existe controversia sobre si la República Dominicana reconoce las sentencias de Estados Unidos y Puerto Rico. Esta controversia no basta para derrotar la sentencia sumaria ya que no hemos aceptado en este foro la reciprocidad como condición del exequátur.

Por razones que indicaremos más adelante era impro-cedente dictar sentencia sumaria en este caso, por lo que deberán dilucidarse en vista ante el Tribunal Superior las controversias de hecho que señalaremos. Ya que hemos rechazado en esta jurisdicción el principio de la revisión en sus méritos de las sentencias extranjeras, el tribunal de instancia no permitirá que la parte recurrente relitigue los méritos de la controversia. Se admitirá prueba tan solo sobre aquella parte de los méritos, si alguna, que sea necesaria para esclarecer la aplicación de las normas aquí sentadas respecto a la procedencia o no del exequátur.

En lo que toca a la tercera condición para la ejecución del exequátur, National Paper sostiene que el tribunal extranjero actuó sin jurisdicción. A tal efecto ataca la validez del emplazamiento. Ya tenemos aquí, mezclada entre cuestiones de Derecho, una controversia sobre hechos esenciales. El estado del récord no nos permite resolver si el tribunal extranjero adquirió o no jurisdicción sobre National Paper. ¿Es este un caso, además, donde la única forma de adquirir jurisdicción es a través del exhorto? Al presentar prueba sobre estos particulares el tribunal de instancia deberá requerir también que se argumente por las partes el problema conflictual de la ley aplicable a la materia de la jurisdicción.

Sobre el cuarto requisito, la competencia del tribunal, no se ha planteado controversia y tampoco se recibirá prueba sobre ello.

Conectado al problema de la jurisdicción y a otros criterios está el asunto de la rebeldía. ¿Cuáles son los verdaderos hechos sobre el particular? ¿Hubo sumisión voluntaria por parte de National Paper? ¿Cuál es el efecto, como cuestión de hecho, de la rebeldía sobre los otros criterios adoptados aquí? .

La parte recurrente alega que la sentencia dictada está viciada de fraude. Esta es una imputación de extrema gravedad que expone a quien la haga frívolamente a responsabilidades serias. La simple .alegación de fraude no detiene el exequátur ni impide que se dicte sentencia sumaria. La parte recurrente ha alegado hechos que, aunque escuetos, permiten que intente descargar en la vista que se celebre el pesado fardo de la prueba en estos casos.

También alega la parte recurrente que se ha violado el debido proceso de ley. Su alegación sobre el particular es bastante vaga. Deberá rechazarse, a menos que se concrete en la vista como condición separada o como parte de otros de los requisitos aquí reseñados.

La parte recurrente sostiene que la sentencia extranjera se dictó por un tribunal parcializado. Esta es otra imputación que sólo deberá formularse tras la consideración más detenida de la prueba disponible. Reiteramos que la sentencia sumaria representa un procedimiento perfectamente legítimo para la obtención del exequátur y que solo podrá derrotarse con la exposición de hechos específicos que demuestren la existencia de una controversia a dilucidarse por el tribunal de instancia. No basta con la alegación desnuda de las condiciones que hemos expuesto aquí. García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 D.P.R. 174 (1978). National Paper cita en apoyo de esta alegación tan solo dos párrafos de la opinión extranjera ante el tribunal de primera instancia. Si esta es toda la prueba en que se apoya la recurrente, su planteamiento es inmeri-torio.

Se sostiene, por último, por la recurrente que la sentencia extranjera es contraria al orden público y a los principios básicos de la justicia, por cuanto aplicó retro-activamente la ley dominicana para la protección de los distribuidores, acción declarada inconstitucional en lo que respecta a nuestro estatuto análogo en Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973), por conceder en rebeldía mayores daños que los solicitados y por otras razones. El récord es insuficiente para permitir la consideración en instancia apelativa de la primera cuestión en particular. Deberán dilucidarse en primera instancia los hechos pertinentes a ella y luego formularse juicio por el tribunal de instancia sobre las cuestiones de derecho planteadas.

En consideración a lo expuesto, se expedirá el auto, se revocará la sentencia sumaria dictada y se devolverá el caso a instancia para procedimientos compatibles con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Dávila y Martín concu-rren en el resultado sin opinión.

       Véase la Convención de La Haya de 1965 sobre la Notificación Legal de Actas Judiciales y Extrajudiciales en el Extranjero, 20 UST 361, TIAS 6638.

       Para un enfoque reciente de diversos problemas del exequátur, véase: Von Mehren, Recognition and Enforcement of Sister-State Judgments: Reflections on General Theory and Current Practice in the European Economic Community and the United States, 81 Col. L. Rev. 1044 (1981).


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

text:
    Miguel A. Hernández Agosto, Presidente del Senado de Puerto Rico, por sí y a nombre y en representación de dicho cuerpo, peticionario, v. Carlos Romero Barceló, Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado.

      Número: JO-81-18

      Resuelto: 31 de marzo de 1982

      Marcos A. Ramírez, abogado de los peticionarios; Francisco Ponsa Feliú, abogado del demandado.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Atendemos en jurisdicción original el recurso de mandamus instado por el Hon. Miguel A. Hernández Agosto, quien comparece por sí y a nombre y en representación del Senado, solicitando se obligue al Gobernador a enviar a dicho cuerpo para su consejo y consentimiento la nomina-ción de los funcionarios de gobierno, en particular los miembros del Gabinete, que el Gobernador ha decidido retener en sus cargos por un segundo término en la gobernación.

No se cuestiona el ejercicio de nuestra jurisdicción original. En efecto, el recurso cumple sustancialmente con los requisitos formulados por la jurisprudencia para el ejercicio de esa jurisdicción por este Tribunal. La cuestión es, sin duda, de gran interés público, va dirigida contra el Gobernador y requiere pronta solución. Dávila v. Superintendente de Elecciones, 82 D.P.R. 264 (1960); Partido Popular v. Gallardo, 56 D.P.R. 706 (1940). Además, el peticionario hizo el requerimiento previo al Gobernador mediante la Resolución del Senado Núm. 217, aprobada el 29 de abril de 1981.

Es de rigor considerar en primer término las defensas planteadas por el Gobernador en su oposición al recurso para luego resolver sus méritos.

I

A. Defecto de partes

Sostiene el demandado que conforme a las disposiciones de la Regla 16 de Procedimiento Civil y en orden a una adjudicación equitativa de la controversia es indispensable traer al pleito a los funcionarios que el Gobernador decidió retener en sus cargos. A su juicio, la omisión de incluirlos como partes indispensables y de notificarles de la solicitud viola el debido proceso de ley. No estamos de acuerdo.

El auto de mandamus va dirigido a la persona obligada al cumplimiento de un acto y su único propósito es compeler ese cumplimiento. Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3422; Honoré v. Wilson, 32 D.P.R. 827 (1924). En el caso de autos es el Gobernador quien alegadamente tiene que cumplir con el deber de enviar las nominaciones de los funcionarios concernidos al Senado, por lo que es él la única parte indispensable en este recurso. Los funcionarios en cuestión no tienen obligación alguna con respecto al cumplimiento de ese deber objeto del litigio.

Tampoco las Reglas de Procedimiento Civil requieren la acumulación como partes indispensables de dichos funcionarios. Como se sabe, dichas reglas son aplicables al auto de mandamus por disposición expresa de la Regla 14(b) del Reglamento de este Tribunal, “. . . únicamente en cuanto las mismas no conflijan con este Reglamento, se adapten a la eficiente tramitación de la causa, y cumplan los fines de la justicia”. I Práctica Forense, Ap. I-A R 14, pág. 674. Rivera v. Cancel, 68 D.P.R. 365 (1948); Martínez v. Vda. de Morales, 72 D.P.R. 210 (1951). La Regla 16, que corresponde a la Núm. 19 de las Reglas federales de Procedimiento Civil, tan solo requiere la presencia en el pleito de aquellas “personas que tuvieren un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia . . .”. Reglas de Procedimiento Civil, pág. 44. Este precepto procesal tiene como propósitos proteger a las personas ausentes de los efectos perjudiciales que pudiera tener la resolución del caso sin la presencia de ellos y evitar la multiplicidad de pleitos mediante un remedio efectivo y completo. Wright & Miller: VII Federal Practice & Procedure, sec. 1604 (1972). Ambos propósitos se cumplen cabalmente en este caso sin la presencia de los funcionarios en cuestión.

Como ya vimos, la razón de pedir en este caso el envío de las nominaciones de los funcionarios concernidos al Senado nada requiere de éstos, y más aún, nada puede requerirles porque ellos no tienen incumbencia en el asunto. Por tal razón, la controversia puede dilucidarse en ausencia de dichos funcionarios sin riesgo de que tal omisión pueda dar motivo a multiplicidad de pleitos o frustrar la concesión de un remedio efectivo y completo.

Con respecto a la notificación, la Regla 14(g) del Reglamento de este Tribunal sólo requiere que se notifique el recurso a las partes afectadas y ellos no son partes.

B. Capacidad jurídica

El Presidente del Senado ha comparecido en este pleito por sí a nombre y en representación del Senado, conforme le autorizó la Resolución Núm. 217 de dicho cuerpo. Véase escolio 1, supra. El demandado impugna tanto su capaci-dad jurídica como la de dicho cuerpo para instar la demanda fundándose en que el Presidente del Senado no tiene interés personal en la causa de acción ni alega haber sufrido daño; que la función del consejo y consentimiento corresponde al Senado y no a sus miembros individuales, y que el Senado no tiene personalidad jurídica para compa-recer a los tribunales.

La función primordial de la defensa de falta de capacidad jurídica es asegurar al tribunal que el promovente de la acción es uno cuyo interés es de tal índole que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia. Flast v. Cohen, 392 U.S. 83, 99-100 (1965), Baker v. Carr, 369 U.S. 186, 204 (1962). Numerosos casos de este Tribunal y de la jurisdic-ción federal discuten con amplitud las complejidades técnicas de la doctrina de capacidad jurídica y su aplica-ción en diversas circunstancias. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980); P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975); Salas Soler v. Srio. de Agricultura, 102 D.P.R. 716 (1974); Cerame-Vivas v. Srio. de Salud, 99 D.P.R. 45 (1970); Asociación de Maestros v. Pérez, Gobernador Int., 67 D.P.R. 849 (1947); Gladstone, Realtors v. Village of Bellwood, 441 U.S. 91 (1979); Duke Power v. Carolina Env. Study Group, 438 U.S. 59 (1978); Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Corp., 429 U.S. 252 (1977); Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organization, 426 U.S. 26 (1976); Warth v. Seldin, 422 U.S. 490 (1975); Sierra Club v. Morton, 405 U.S. 727 (1972); Association of Data Processing Service v. Camp, 397 U.S. 150 (1970); Flast v. Cohen, supra; Baker v. Carr, supra. Nos remitiremos, pues, a exponer los requisitos esenciales de la doctrina que son pertinentes al caso ante nos.

Es indispensable que el promovente de la causa de acción alegue haber sufrido un claro y palpable daño. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, supra. El daño debe ser real, inmediato y preciso; no puede ser abstracto o hipotético. Warth v. Seldin, supra; Gladstone, Realtors v. Village of Bellwood, supra. La causa de acción debe surgir bajo el palio de la constitución o de una ley. Fund. Arqueológica v. Depto. de la Vivienda, supra; Salas Soler v. Srio. de Agricultura, supra; y debe establecerse una conexión entre el daño y la causa de acción ejercitada. Village of Arlington Heights v. Metropolitan Housing Corp., supra; véase, además, Should Congress Defend its Own Interest Before the Court, 33 Stan. L. Rev. 715 (1981).

En la jurisdicción federal se admite sin discusión la capacidad jurídica de los cuerpos legislativos para com-parecer por sí o autorizar a uno de sus miembros o un comité del cuerpo para representarlo en los tribunales. United States v. American Tel. and Tel. Co., 551 F.2d 384, 391 (1976); Congressional Access To The Federal Court, 90 Harv. L. Rev. 1632 (1977). En American Tel. and Tel. Co. expresó el tribunal al respecto:

Es claro que la Cámara de Representantes como tal tiene capacidad jurídica para hacer valer su poder investigativo y puede designar a uno de sus miembros para que la represente.

La controversia planteada en el litigio se refiere a la función del Senado de impartir su consejo y consentimiento a la nominación de los funcionarios concernidos. Se trata, pues, de una facultad reconocida específicamente por el Art. IV, Sec. 5 de la Constitución en la que el Senado tiene interés legítimo en ventilar y vindicar en este Tribunal. La relación de este interés con la causa de acción ejercitada es de por sí evidente. Eso es todo lo que requiere la doctrina de capacidad jurídica para instar la presente causa de acción.

Como miembro del Senado, el Hon. Miguel A. Hernández Agosto tiene también un legítimo interés en participar en el ejercicio de la función constitucional de ese cuerpo de consejo y consentimiento. La omisión del alegado deber del Gobernador de enviar la nominación al Senado ciertamente le impediría intervenir en el proceso de confirmación y menoscabaría sus funciones constitucionales como senador.

En Kennedy v. Simpson, 511 F.2d 430 (1974), se reconoció la capacidad jurídica de un miembro del Senado para proteger la efectividad de su voto en una ley a la cual el Presidente de los Estados Unidos le había impartido un veto de bolsillo. La Corte de Apelaciones para el Circuito del Distrito de Columbia expresó lo siguiente:

Es axiomático para este Tribunal que en tanto la función del Congreso sea disminuida en igual proporción se reduce la función individual de cada uno de sus miembros. Dicho de otra manera, la influencia de cualquier legislador en el proceso político depende en gran medida de la estatura de la rama gubernamental de la cual es miembro. Pág. 436.

En Mitchell v. Laird, 438 F.2d 611 (1973), doce congresistas instaron injunction contra el Presidente y otros miembros del gabinete alegando que éstos habían com-prometido a los Estados Unidos en la guerra de Indochina sin haber obtenido una declaración de guerra del Congre-so, lo cual violaba el derecho constitucional de ellos como miembros de ese cuerpo a decidir si los Estados Unidos debían intervenir en esa guerra. El Tribunal les reconoció capacidad jurídica para instar la demanda.

En Williams v. Phillips, 360 F.Supp. 1363 (1973), también se les reconoció capacidad jurídica a cuatro senadores de los Estados Unidos que instaron acción para destituir al Director Interino de la Oficina de Oportunidad Económica, porque no había sido confirmado por el Senado. El tribunal consideró que el hecho de que dicho funcionario estuviera desempeñando el cargo interinamen-te, y no como Director en propiedad de la agencia, no afectaba la capacidad jurídica de los promoventes, porque como Director Interino el funcionario estaba desempeñan-do las funciones de Director en propiedad sin que tuviera la confirmación del Senado y sin que la ley autorizara un nombramiento interino.

En resumen, los legisladores en su condición de miem-bros de la Asamblea Legislativa tienen capacidad jurídica para vindicar sus prerrogativas y funciones constitucio-nales tales como, en este caso, la participación de los miembros del Senado en el proceso de confirmación alegadamente menoscabada por el Gobernador.

C. Incuria

Considera el demandado que el peticionario ha incu-rrido en una demora injustificada por haber transcurrido más de siete meses desde que se aprobó la Resolución del Senado Núm. 217, que autorizó al Presidente de dicho cuerpo a presentar el recurso, hasta que se instó la solicitud de mandamus en este Tribunal.

La defensa de incuria no opera como un simple término prescriptivo en que el mero transcurso del tiempo es suficiente para impedir el ejercicio de la causa de acción. Su aplicación requiere, además del transcurso del tiempo, que se haya ocasionado un perjuicio al demandado o que se le haya puesto en desventaja por razón del tiempo transcurrido. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904 (1960); Alonso v. Tribl. Examinador de Médicos, 74 D.P.R. 158 (1952); Jiménez v. Junta de Retiro, 61 D.P.R. 171 (1942). No puede soslayarse en la consideración de esta defensa la naturaleza del derecho que se reclama, que en el caso de autos se refiere al alegado incumplimiento de un acto de rango constitucional.

El demandado alega como perjuicio que someter a los funcionarios concernidos a un nuevo proceso de confirma-ción “cabe la posibilidad de que estos funcionarios no sean confirmados, lo cual resultaría en tener que iniciar nue-vamente todo el proceso, con los consiguientes obstáculos, vacantes en los cargos, interinatos y problemas resultantes del descargo de las funciones del ejecutivo”. El argumento va dirigido más bien a los méritos de la controversia y no a los efectos de la demora, pues el alegado perjuicio subsis-tiría aun cuando la demanda se hubiera presentado tan pronto se tuvo conocimiento de la negativa del demandado al requerimiento de la parte peticionaria.

Ciertamente el demandado no ha demostrado que se le haya causado un perjuicio o desventaja con motivo de la alegada dilación en la presentación de la solicitud de mandamus. Ello sería de por sí suficiente para rechazar la defensa de incuria, si no lo fuera también el evidente interés público que reviste el recurso.

D. P?’ocedencia del mandamus

Hemos resuelto que el auto de mandamus es el recurso apropiado para compeler al cumplimiento de un deber que se alega impuesto por la ley —en este caso la Constitución del Estado Libre Asociado— cuando no se dispone de otro remedio legal adecuado. Dávila v. Superintendente de Elecciones, supra. Por supuesto, el deber cuyo cumplimiento se requiere mediante el auto debe estar dentro de las atribuciones o deberes que la ley le impone al funcionario concernido. Art. 649, Código de Enjuiciamiento Civil, 32 L.P.R.A. see. 3421. La jurisprudencia establece, además, el requisito de que el derecho del promovente y el deber del demandado deben surgir en forma clara y patente. Balasquide v. Luján, 45 D.P.R. 563, 576 (1933); Santiago v. Tilén, 71 D.P.R. 754 (1950); Espina v. Calderón, Juez, y Sucn. Espina, Int., 75 D.P.R. 76 (1953). De ahí que el demandado argumente con alguna vehemencia que el deber tiene que ser expreso, con lo cual no podemos estar de acuerdo porque reduciría la función exclusiva de este Tribunal de interpretar la Constitución y las leyes. Si el deber surge o no claramente de las disposiciones aplicables es cuestión sujeta a interpretación judicial que no depende de un juicio a priori fundado exclusivamente en la letra del estatuto. Tal determinación ha de surgir del examen y análisis de todos los elementos útiles a la función interpretativa; del “examen paciente y riguroso que parte de la letra de la ley y evalúa todos los elementos de juicio disponibles para así descubrir el verdadero significado y propósito de la disposición legal”. Banco de Ponce v. Srio. Hacienda, 81 D.P.R. 442, 450 (1959). Al respecto advierte el Profesor Jaffe:

Anteriormente mencionamos que una alternativa a la regla de “discreción-ministerial” era la regla del “deber claro de actuar”. Esta regla también puede ser criticada, pero si se entiende y aplica con propiedad, se acerca a una expresión correcta y válida. Si significa que no se expedirá el mandamus hasta que el tribunal resuelva que hay un deber legal de actuar, es, por supuesto, una propuesta perfectamente obvia a la cual nada se le añade al describirse el deber como “claro”. Puede, no obstante, tomarse como que significa que si la norma de derecho aplicable es controvertible (en la opinión del juez), entonces el tribunal no hará una determinación independiente de la ley en la cual basar el auto contra el funcionario .... Jaffe, L., Control of Administrative Action, Little Brown & Co., 1965, pág. 183.

En conclusión, el argumento del demandado de que el deber tiene que surgir expresamente de la disposición aplicable para que proceda el auto de mandamus es inaceptable.

Es preciso, por tanto, considerar de inmediato el recurso en su fondo.

II

Debe quedar claro desde el comienzo que no existe disposición alguna en la Constitución ni en las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que expresamente imponga al Gobernador el deber de enviar al Senado, para consejo y consentimiento, la nominación de los secretarios de gobierno nombrados en el cuatrienio anterior y que el Gobernador desea retener en el nuevo cuatrienio. El promovente sostiene, sin embargo, que tal deber se deriva implícitamente de las disposiciones constitucionales aplicables y del esquema de nuestro sistema constitucional, lo que de ser correcto ciertamente tendría el efecto de limitar la duración del cargo de los secretarios de gobierno al término de incumbencia del Gobernador que los nombra. Examinemos su planteamiento.

El poder de nombramiento bajo la Constitución dimana del Art. IV, Sec. 4, que provee:

Nombrar, en la forma que se disponga por esta Constitu-ción o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombra-miento esté facultado. El Gobernador podrá hacer nombra-mientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimien-to del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.

Es, además, pertinente a la cuestión la See. 5 del Art. IV:

Para el ejercicio del Poder Ejecutivo el Gobernador estará asistido de Secretarios de Gobierno que nombrará con el consejo y consentimiento del Senado. El nombramiento del Secretario de Estado requerirá, además, el consejo y con-sentimiento de la Cámara de Representantes, y la persona nombrada deberá reunir los requisitos establecidos en la sección 3 de este Artículo. Los Secretarios de Gobierno constituirán colectivamente un consejo consultivo del Gober-nador que se denominará Consejo de Secretarios.

A. Antecedentes históricos

Las cartas orgánicas de 1900 y 1917, leyes Foraker y Jones, fijaban expresamente a los miembros del gabinete un término de incumbencia de 4 años, Ley Foraker, See. 18; Ley Jones, Sec. 13, 39 Stat. 955; especificándose en la segunda que el cargo se ocuparía por dicho término y hasta que su sucesor fuera designado y tomara posesión del mismo. La Ley del. Gobernador Electivo de 1947 también limitó el término de incumbencia de los jefes de departamentos, pero en vez de fijarle un término específico dispuso que cada uno de ellos ocuparía el cargo “mientras permanezca en su puesto el Gobernador por quien fue nombrado y hasta que su sucesor tome posesión, a menos que fuere antes destituido por el Gobernador”. Ley Pública Núm. 362 del 5 de agosto de 1947, 61 Stat. 771, Carta Orgánica de 1917, Sec. 13. Esta era la disposición estatu-taria vigente al momento de discutirse y aprobarse la Constitución.

La Convención Constituyente se apartó de estos modelos estatutarios que fijaban un término específico a la incum-bencia de los miembros del gabinete. Es de vital impor-tancia conocer el historial de la Convención sobre el asunto, porque ilumina esplendorosamente la intención y propósito de no limitar en forma alguna el término de incumbencia de los jefes de departamentos. El texto original propuesto por la Comisión de la Rama Legislativa preservaba el modelo de la Ley Jones limitando el término de los secretarios de gobierno al término de incumbencia del Gobernador que los nombró, a saber:

La Asamblea Legislativa tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones; y para determinar las facultades, deberes y el término de servicios de los secretarios de gobierno. Ningún secretario de gobierno desempeñará su cargo por un término que exceda el de la incumbencia del Gobernador que■ le nombró. (Énfasis suplido.) 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1934-1935 (1952).

Este texto no prevaleció pues, a propuesta del Delegado Gutiérrez Franqui, Presidente de la Comisión de Estilo, se eliminó del mismo el poder de la Asamblea Legislativa para determinar por ley las facultades y deberes de los secretarios de gobierno y todo lo relativo al término de incumbencia. El texto finalmente aprobado dispuso:

La Asamblea Legislativa, por ley, tendrá facultad para crear, consolidar o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2268 (1952).

El Delegado Gutiérrez Franqui explicó extensamente el cambio propuesto:

En otras palabras: Que meramente consignamos la facul-tad del Gobernador para nombrar los secretarios de gobier-no. Dejamos establecido también en otra parte de esta constitución, que los secretarios de gobierno asistirán al Gobernador en el desempeño y en el ejercicio del poder ejecutivo. Y que, en cuanto a los departamentos de gobierno, meramente consignemos la facultad de la Asamblea Legisla-tiva para crear, consolidar, reorganizar y determinar las funciones de los departamentos. Y que, nada digamos en cuanto al poder para determinar las funciones y el término de duración de los cargos de los secretarios propiamente dichos, adoptando así la doctrina de la Constitución de los Estados Unidos que acabo de exponer ante ustedes. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2270 (1952).

El historial antes reseñado revela concluyentemente que la Convención Constituyente rehusó expresamente fijar término de incumbencia a los secretarios del gobierno y concretó su clara intención en el texto vigente de la See. 16, Art. Ill y las Sees. 4 y 5 del Art. IV de la Constitución, las cuales aparecen en el texto de la opinión.

La interpretación contemporánea de estatutos por la Rama Ejecutiva tiene siempre importancia en el ejercicio de la función judicial y es por eso que debemos considerarla. Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974); Commonwealth Ins. Co. v. Casellas, 103 D.P.R. 539 (1975).

A raíz de aprobada la Constitución, el entonces Gober-nador, Hon. Luis Muñoz Marín, quien había sido Presi-dente de la Comisión de Preámbulo y quien participó intensamente en los trabajos de la Convención Constitu-yente, 1 Diario de Sesiones 119, 2789 (1951), retuvo en sus cargos a varios secretarios de gobierno en el nuevo cuatrienio de su gobernación sin someter la nominación de ellos al Senado para su consejo y consentimiento. Consis-tentemente el Gobernador Muñoz Marín mantuvo esta práctica en los cuatrienios de 1953, 1957 y 1961. El Hon. Roberto Sánchez Vilella, quien ocupó el cargo de Secreta-rio de la Convención Constituyente, 1 Diario de Sesiones 1 (1951), reafirmó esta práctica al asumir la gobernación en el cuatrienio de 1967. El único nombramiento que siempre se sometió a la confirmación del Senado fue el de Secretario de Estado, por ser éste quien, por disposición constitucional, sustituye al Gobernador en caso de vacantes absolutas o transitorias. Art. IV, Secs. 7 y 8. Es decir, durante cuatro términos de gobernación la práctica inalte-rada de dos gobernadores que participaron en los trabajos de la Convención Constituyente fue la de no someter al Senado las nominaciones de los funcionarios de gobierno que ellos decidieron retener en sus respectivos cargos en el nuevo cuatrienio. Esa práctica es de singular importancia para la interpretación de las disposiciones constitucionales aquí en cuestión.

No debemos pasar por alto que también el entonces Secretario de Justicia, en su Opinión Núm. 25 del 18 de octubre de 1967, dio su conformidad a dicha práctica expresando al respecto:

Es conveniente señalar el hecho de que, de producirse algún cambio en la Gobernación, no resulta necesario que el nuevo Gobernador nomine nuevamente y tramite un nuevo nombramiento a aquellos Secretarios de Gobierno, el Secre-tario de Estado inclusive, que interese retener a su servicio, por cuanto sus términos de incumbencia, después de su nombramiento original, continúan sin interrupción de clase alguna a la absoluta discreción del poder nominador, con independencia de que cambie la persona que le representa. Es importante puntualizar que la Convención Constituyente derrotó y rechazó una proposición al efecto de que el término de los Secretarios expirase simultáneamente con el del Gobernador que les nombró. (Cita omitida.) Págs. 10.3-104, n. 6.

No empece la lucidez del historial y de los textos reseñados el peticionario los repudia y argumenta tenaz-mente que la eliminación del término de incumbencia en la Convención Constituyente fue por razón de no ser necesa-rio, ya que el mismo estaba implícito en la estructura constitucional; que tal eliminación fue inexplicable; que “no se puede interpretar como un rechazo de la constitu-yente a la norma allí contenida”. Huelga decir que no nos persuade su argumentación.

B. Experiencia federal

En el ámbito federal la experiencia ha sido muy similar a la del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Al igual que la nuestra, la constitución federal no estableció térmi-no de incumbencia a los secretarios de gobierno. Al respecto la See. 2 del Art. II dispone:

. . . Asimismo, con el consejo y consentimiento del Senado, nombrará embajadores, otros ministros y cónsules públicos, los jueces del Tribunal Supremo y todos los demás funcio-narios de los Estados Unidos cuyos cargos se establezcan por ley y cuyos nombramientos esta Constitución no prescriba. Pero el Congreso podrá por ley, confiar el nombramiento de aquellos funcionarios subalternos que creyere prudente, al presidente únicamente, a los tribunales de justicia o a los jefes de departamento. Constitución de los Estados Unidos de América.

El Congreso, sin embargo, aprobó en el 1867 el Tenure Office Act, 14 Stat. 430, para disponer que los funcionarios nombrados con el consejo y consentimiento del Senado ocuparían sus cargos hasta que sus sucesores fueran de la misma manera nombrados, pero disponiéndose que, en el caso de los secretarios de Estado, del Tesoro, de Guerra, de la Marina, del Interior, el Administrador de Correos y el Attorney General ocuparían sus cargos por el término del Presidente que los nombró y por un mes adicional. 14 Stat. 430. Esta legislación fue derogada en el 1887, 24 Stat. 500, y al presente no existe término de incumbencia para los secretarios de gobierno.

La práctica federal ha sido la de no enviar al Senado los nombramientos de los secretarios de gabinete que el Presidente reelecto ha decidido retener por el nuevo cuatrienio. Conviene reproducir al respecto la opinión emitida el 18 de abril de 1929 por el Attorney General de los Estados Unidos:

Históricamente, parece haber sido aceptado generalmente que al fallecer el Presidente o a la expiración de su término no es necesaria la renominación o extender un nuevo nombramiento a aquellos funcionarios que el nuevo Presi-dente desea retener en sus cargos. Hay muchos ejemplos de funcionarios retenidos en sus cargos por diferentes Presi-dentes, algunos de los cuales mencionaremos más adelante como ilustración. En ausencia de alguna disposición consti-tucional o estatutaria en contrario, y en vista de la interpre-tación pragmática que se inició con la fundación del Gobierno, no veo fundamento alguno para sostener el punto de vista de que a la terminación de una administración se requiera al Presidente someter al Senado para confirmación el nombramiento de aquellos funcionarios que ocupan posi-ciones como jefes de departamentos ejecutivos y que él desea que continúen en sus cargos, excepto en el caso del Adminis-trador General de Correos. (Traducción nuestra.) 26 Op. Att. Gen., pág. 14.

La jurisprudencia de las jurisdicciones estatales no tiene valor persuasivo en la dilucidación de esta controver-sia, ya que generalmente la mayor parte de los funciona-rios son electos. Además, las disposiciones constitucionales y de ley difieren sustancialmente de las disposiciones aquí en cuestión, porque los cargos tienen un término fijo de duración. El propio promovente afirma en su alegato que en esas jurisdicciones “difícilmente se podía plantear el problema del presente caso, ya que los Secretarios de Gobierno no requieren confirmación del Senado”.

C. Separación de poderes

Las partes argumentan extensamente la aplicación de la doctrina de separación de poderes en beneficio de sus respectivas posiciones.

La doctrina de separación de poderes se refiere a la organización tripartita del Gobierno mediante la delimitación del ámbito de las funciones correspondientes a cada una de sus ramas. La distribución de poderes lleva en sí misma cierto grado de tensión que la propia doctrina atenúa mediante el sistema de pesos y contrapesos. La doctrina es, sin duda, útil en la determinación del ámbito preciso de cada uno de los poderes y, muy especialmente, en la interpretación de disposiciones constitucionales am-biguas. Véanse en general, Banco Popular, Liquidador v. Corte, 63 D.P.R. 66 (1944); P.P.D. v. Ferré, Gobernador, 98 D.P.R. 338, 429 (Opinión Juez Rigau) (1970); In re Rodríguez Torres, 106 D.P.R. 698, 700 (Op. Juez Trías Monge) (1978).

En el caso de autos nos confrontamos con una determinación específica de la Convención Constituyente, que rehusó imponer término de incumbencia a los secretarios de gobierno y, en consecuencia, aprobó una disposición constitucional que omitía expresamente toda referencia a dicho término. La doctrina de separación de poderes ni ninguna otra puede revocar tal determinación.

No nos impresionan los argumentos del prom ovente a los efectos de que la denegación del auto frustraría en gran medida las funciones vitales del proceso de confirmación, que se violarían los más elementales principios de adminis-tración pública promoviendo con ello la corrupción y abuso de poder de los funcionarios que el Gobernador decidiera retener en sus puestos.

Nada de lo aquí dicho menoscaba la facultad y el deber de la Asamblea Legislativa de fiscalizar la ejecución de la política pública y la conducta de los jefes de departamen-tos mediante el ejercicio de sus vastos poderes de investi-gación, citación, vistas públicas, asignación de fondos y aprobación del Presupuesto General de Gastos.

No hemos creído necesario referirnos específicamente a otros argumentos del promovente, porque la discusión anterior los atiende adecuadamente.

Se dictará sentencia en que se anule el auto expedido.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disidente. El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.

—O—

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Díaz Cruz.

Los secretarios de gobierno y jefes de agencias impor-tantes no son simples ayudantes del gobernador. Ellos dirigen departamentos ejecutivos a través de los cuales se efectúa realmente la política pública del gobierno. El nombramiento de dichos secretarios y demás incumbentes sin término fijo para los que se exige confirmación es función compartida entre gobernador y Senado. Si el gobernador reelecto los retiene en sus cargos su actuación equivale a un renombramiento que necesariamente re-quiere la confirmación por el Senado. La cuestión se remite al principio básico de que la fuente de poder en el Estado Libre Asociado es el Pueblo, que elige sus gober-nantes o administradores en comicios generales cada cuatro años. Expirado el término del gobernador inevita-blemente expira el de los secretarios de gobierno y altos funcionarios por él nombrados con el consejo y consenti-miento del Senado. De lo contrario se estaría negando al nuevo Senado resultante del libre ejercicio del sufragio la facultad constitucional de confirmación, su legítima parti-cipación en el proceso nominativo, y en final consecuencia se estaría subvirtiendo el mandato popular de que sea el Senado nuevamente constituido por voto y determinación de los electores el que pase juicio y decida si confirma o no a los secretarios y jefes de gobierno redesignados. En el ejercicio de la facultad de consejo y consentimiento o de cualquier otra función del cuerpo, un Senado no obliga al nuevo Senado que le sucede como resultado de las eleccio-nes generales, sin que se afecte la norma por el hecho de responder o no sus integrantes al mismo partido político que eligió al gobernador.

El principio general es que en ausencia de fijación del término de un cargo, bien por la Constitución o por legislación, el incumbente cesa con la expiración del término del funcionario nominador. Si por exigencia constitucional el Gobernador de Puerto Rico, aunque se suceda a sí mismo, viene obligado a jurar nuevamente su cargo cada cuatro años, la conclusión analógica es que los secretarios de gobierno y altos funcionarios que requieren confirmación deban también, cada cuatro años, revalidar su designación expresa o implícita, ante el Senado. El Gobernador de Puerto Rico ejerce ya una desmedida concentración de poder que no debe aumentarse por la abdicación del poder de consejo y consentimiento del Senado. “El reclamo de poder inherente del ejecutivo debe al presente mirarse con la grave sospecha que provoca en una era que ha presenciado un excesivo engrandecimiento presidencial.” (Léase ejecutivo.) Tribe, American Constitutional Law, 1978, pág. 184.

Expediría el auto de mandamus que solicita el Senado.

       Dicha resolución dispone en lo pertinente:
      “TERCERO: En caso de que el Gobernador no contestare este requerimiento según las circunstancias expresadas en el párrafo segundo anterior, o en caso de que contestare negándose a someter los nombramientos referidos para su confirmación por el Senado, el Senado autoriza a su Presidente, Ledo. Miguel A. Hernández Agosto, para que a nombre y en representación del Senado de Puerto Rico, radique en el Tribunal General de Justicia el procedimiento adecuado para que el Poder Judicial determine finalmente la controversia sobre interpretación constitucional que existe entre el Poder Ejecutivo y el Senado de Puerto Rico sobre la cuestión planteada en esta Resolución.”

       El Art. 650 del Código de Enjuiciamiento Civil provee en lo pertinente:
      “El auto de mandamus ... se dirigirá a cualquier . . . persona obligada al cumplimiento de un acto que la ley particularmente ordene como un deber resultante de un empleo, cargo o función pública ...”.

      La Regla 16.1 provee:
      “Las personas que tuvieren un interés común sin cuya presencia no pueda adjudicarse la controversia, se harán partes y se acumularán como demandantes o demandadas según corresponda. Cuando una persona que deba unirse como demandante rehusare hacerlo, podrá unirse como demandada.”

       Conviene advertir que bajo la Ley Foraker el Consejo Ejecutivo del Gobernador era nombrado por el Presidente de los Estados Unidos, mientras que bajo la Ley Jones una parte del gabinete era nombrado por el Presidente y otra por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado.

       Este es el texto vigente de la Sec. 16 del Art. Ill de la Constitución.

       Reproducimos a continuación la magnífica explicación del delegado Gutiérrez Franqui, porque recoge en ella la experiencia acumulada bajo la Constitución de Estados Unidos sobre el asunto:
      “SR. GUTIÉRREZ FRANQUI:
      “Al examinar cuidadosamente esta disposición, nos asaltó la duda de si era facultad propia de la Asamblea Legislativa, en un gobierno de sistema republicano, y en donde la Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar leyes por encima del veto del Gobernador, que el poder legislativo pudiera tener la facultad, de variar a su antojo, el término de duración de los cargos de los secretarios de gobierno; o de variar a su antojo, la especificación de sus funciones.
      “En nuestro estudio del problema, fuimos a buscar la fuente del derecho constitucional americano, y en primer término nos encontramos con que la Constitución de los Estados Unidos nada dice sobre las funciones y el término de duración de los cargos de los miembros del Gabinete. Al encontrarnos con esa situación en la Constitución federal, empezamos a buscar la historia judicial de interpretación que pudiera haber sobre el particular, y encontramos que el problema fue uno objeto de amplia consideración y discusión por los federalistas y por los primeros comentaristas de la Constitución americana. Y desde luego, al principio de la discusión del problema, surgieron dos tendencias: La que sostenía que el Congreso de los Estados Unidos podía, en cualquier momento, determinar la duración del cargo de los miembros del Gabinete y variarla a su antojo; y los que sostenían que el poder legislativo no podía intervenir con esa situación, por ser de la exclusiva incumbencia del poder ejecutivo.
      “La situación llegó hasta su culminación cuando el Congreso aprobó el Tenure of Office Act, en el cual abiertamente pasó a fijarle término de duración a los cargos de todos los funcionarios ejecutivos.
      “El Congreso aprobó el Tenure of Office Act, que como dije hace un momento, le fijaba término a los cargos de todos los funcionarios ejecutivos, incluyendo a los miembros del Gabinete.
      “El Presidente Johnson, en violación de la disposición de este estatuto, destituyó a su Secretario de Guerra, y la Cámara de Representantes le formuló acusación para residenciarlo por ese motivo. Pero el Senado de los Estados Unidos no quiso actuar.
      “Posteriormente, y antes de que el Tenure of Office Act pudiera ser sometido a otra clase de prueba, a petición del Presidente Cleveland, el Congreso de los Estados Unidos lo derogó.
      “La primera controversia judicial que surge en torno al problema, surge cuando un presidente de los Estados Unidos destituye a un administrador de correos. Este lleva su caso a las cortes, y es finalmente resuelto por el Tribunal Supremo de los Estados, por resolución de su juez presidente entonces, señor Taft; y [este es el caso] que se conoce en la jurisprudencia sobre este particular, como el caso Myers. El caso Myers sostuvo que la Constitución de los Estados Unidos, al concederle al Presidente la facultad de nombramiento, le concedió como ingrediente indispensable de esa facultad, la facultad de destitución en cualquier momento; y que ninguna disposición del Congreso de los Estados Unidos podía fijarle término a un funcionario del [poder] ejecutivo que fuese válido, contra la facultad absoluta del [jefe] ejecutivo de removerlo en cualquier momento.
      “La decisión al caso de Myers, que fue bastante criticada por los comenta-ristas, subsistió, sin embargo, hasta el año 1935 en que se produce la segunda decisión judicial sobre el problema; cuando el Presidente Franklin D. Roosevelt destituyó por carta al Presidente de la Federal Trade Commission. El cargo de presidente del Federal Trade Commission, había sido creado mediante estatuto, y se le había fijado un término de 7 años. Al poco tiempo de estar el Presidente Roosevelt en Casa Blanca, tuvo una controversia con Mr. Humphreys, que era el Presidente del Federal Trade Commission. Como resultado de esa controversia, el Presidente Roosevelt le escribió una carta diciéndole que era evidente que sus ideas y política pública en materia de comercio no coincidían, y que toda vez que él era el jefe del [poder] ejecutivo le suplicaba le enviase su renuncia. El Presi-dente de la Comisión, se negó a enviar la renuncia, y al día siguinete el Presi-dente Roosevelt le escribió una carta separándolo del cargo.
      “Así fue que la situación llegó a la corte, y es en esa fecha en que se modifica la regla absoluta, en el caso de Myers, y se decide que la Constitución de los Estados Unidos, al guardar silencio sobre el término de duración de los cargos de los miembros del Gabinete, y al no autorizar específicamente al Congreso para legislar sobre la materia, había procedido sobre la base, de que siendo esos cargos de naturaleza tal que pertenecían a la rama ejecutiva, en su propia esencia, el poder del Presidente de nombrar y destituir en esos cargos era absoluto; y que en eso se confirmaba la doctrina del caso de Myers.
      “Pero señaló el caso de Humphreys que la regla no es así cuando se trata de nombramientos que el Presidente hace, pero que, en primer lugar, no son de la esencia misma del poder ejecutivo, o son nombramientos que hace para personas que desempeñan funciones en una de las otras dos ramas del gobierno. Bien sea en la rama legislativa, en la rama judicial, o en los organismos de carácter cuasi judicial. O sea, que la facultad del Presidente de los Estados Unidos para nombrar una persona en la rama legislativa, que le fuera señalada por ley, tiene que regirse con todas las limitaciones que la ley le impone. Y si le impone un término de tiempo, ese término de tiempo es superior al poder del [jefe] ejecutivo al hacer la designación.
      “Si la ley le concede al Presidente de los Estados Unidos la facultad de hacer un nombramiento de carácter judicial, o para una junta u organismo de carácter cuasi judicial, y le fija un término, entonces el término es obligatorio para el Presidente, y no puede disponer del cargo sin sujeción a lo que la ley disponga en cuanto al término. Que donde es claro, que el Congreso no puede intervenir para fijarle términos de duración a los cargos, es en relación con aquellos, que por ser de naturaleza esencialmente de la rama judicial  [síe] la constitución no les dispuso término, y, por consecuencia, el poder de remover estaba implícito en la facultad de nombrar.” 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 2268-2270 (1952).

      (*) En el Diario de Sesiones aparece una nota aclaratoria al efecto de que la referencia a la rama judicial “probablemente debe leer ejecutiva”. Véase nota al calce, pág. 2270. Es evidente que así es.