text:
    Milagros Figueroa Pesante, recurrente, v. Carmen J. Rocafort, Registradora de la Propiedad, Sección Octava de San Juan, recurrida.

      Número: CE-88-281

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Leonardo Llequis, abogado de la recurrente; la Registradora de la Propiedad recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

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Mediante Escritura de Donación Núm. 15 otorgada el 14 de noviembre de 1986 ante el notario Leonardo Llequis Carrasquillo, el Sr. Héctor M. Díaz Lebrón, soltero y vecino de Nueva York, representado por su apoderada, Nilda C. Acosta Maldonado, le donó a su ex esposa, Milagros Figueroa Pesante, soltera y vecina de San Juan, su participación en un inmueble que habían adqui-rido como bien ganancial mientras estuvieron casados.

La referida escritura se presentó para inscripción ante el Registro de la Propiedad, Sección Octava de San Juan, y como documento complementario se presentó la sentencia de divorcio entre Héctor M. Díaz y Milagros Figueroa decretada por la Corte Suprema del Condado de Nueva York el 24 de marzo de 1986.

La Registradora de la Propiedad denegó la inscripción de la escritura de donación y como única falta señaló:

La sentencia de divorcio que se acompaña debe ser convalidada por un tribunal local. (Caso Elizabeth Ann Roseberry vs. Registrador, 114 D.P.R. 743). (Ar[t]ículo 45 de la Ley Hipotecaria, T. 30 L.P.R.A. sec. 2208). Exhibit VI, pág. 14.

En recaliñcación, reiteró su determinación original. Inconforme, Milagros Figueroa Pesante interpuso este recurso gubernativo y alegó que erró la Registradora de la Propiedad al requerir la convalidación de la sentencia de divorcio por un tribunal local. Alega que dicha sentencia no constituye un título translativo de dominio que deba cumplir con las disposiciones del Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2208, ya que la misma se presentó como prueba del divorcio y lo que se presentó para inscripción fue la escritura de donación. Finalmente, alega que nuestra decisión en Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743 (1983), no es aplicable al caso de autos, ya que aquí no se hizo adjudicación de la propiedad en la sentencia de divorcio como ocurrió en el citado caso. Le asiste la razón.

I — ( I — I

El Art. 45 de la Ley Hipotecaria, supra, dispone que toda ejecutoria() pronunciada por los tribunales de Estados Unidos y extranjeros debe estar contenida en una resolución ejecutoria del Tribunal Superior para poder ser inscrita en el Registro de la Propiedad. ()

En Roseberry v. Registrador, supra, págs. 746-747, resolvimos que es totalmente legítimo que un estado requiera que las sentencias dictadas por otros estados no sean ejecutables a menos que un tribunal local con jurisdicción lo ordene.

Nos pronunciamos de la forma siguiente:

Las disposiciones concernidas de la Ley Hipotecaria de Puerto Rico y su Reglamento no chocan con la Constitución de Estados Unidos ni con la legislación federal citada. La Sec. 1 del Art. IV de la Constitución no prescribe el procedimiento para dar entera fe y crédito a los actos públicos, documentos y procedimientos judiciales de otras jurisdicciones domésticas. Tal sección no exige que un Registro de la Propiedad en Puerto Rico le dé directamente entera fe y crédito a una sentencia extranjera, haciendo caso omiso de las disposiciones de nuestras leyes que exigen la previa intervención de los tribunales. No opera ex proprio vigore.

Por ello, toda ejecutoria proveniente de un estado de la unión o país extranjero debe cumplir con las disposiciones del Art. 45 de la Ley Hipotecaria, supra, y del Art. 59.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.PR.A. sec. 2003-59.1, edición especial, para poder ser inscritas en el Registro de la Propiedad.

Sin embargo, la cuestión a resolverse en este caso es si es necesario que una sentencia dictada por los tribunales de Estados Unidos, utilizada como documento complementario a una escri-tura de donación, debe cumplir con los requisitos de las disposi-ciones antes citadas.

Antes de entrar a resolver la cuestión planteada debemos hacer un examen de las disposiciones hipotecarias y los comenta-rios relacionados con la misma.

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El Art. 43 de la Ley Hipotecaria, 30 L.ER.A. sec. 2206, define “título” de la forma siguiente:

Se entenderá por título, conforme a la sección anterior y para los efectos de la inscripción, el contenido del documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que hagan fe, por sí solos o con el de otros documentos complementarios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite.

En España, el Art. 33 del Reglamento Hipotecario es la disposición equivalente a nuestro citado Art. 43.

Don Angel Sanz Fernández, en su obra Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. II, págs. 315-316, analiza en detalle este artículo y nos comenta:

El Art. 33 del Reglamento, al definir el título a efectos de la inscripción admite la distinción entre el documento principal, el inscribible propiamente dicho y documentos complementarios. Li-teralmente interpretado este precepto parece referirse la distinción a la fehaciencia del documento: los documentos complementarios a que alude el art. 33 parecen tener por fin únicamente completar el carácter fehaciente del documento inscribible.
Sin embargo, el concepto de documento complementario es más amplio; su finalidad es complementar el documento inscribible respecto de todos aquellos aspectos y circunstancias que siendo necesarios para la inscripción, no se acreditan y justifican directa-mente por aquél.

En su exposición, Sanz provee algunas características de los documentos complementarios y los describe de la forma siguiente:

(a) Por su contenido — El documento complementario no es título a los efectos de la inscripción, pues no sirve de base al dominio o al derecho real o al asiento practicable.
(b) Por su naturaleza hipotecaria — El documento complementario no es un documento inscribible. El documento inscribible es siem-pre el principal, el complementario sirve para demostrar o lograr la inscribilidad de aquél, pero carece de autonomía a los efectos regístrales.
(c) Por su forma — Por no ser un documento inscribible no le es aplicable el art. 3 de la Ley y el 33 del Reglamento. Consecuencia de ello es que los documentos complementarios pueden ser documen-tos privados, salvo que por disposición legal distinta de la hipote-caria, requieran la forma pública y que no es precisa la presentación del documento mismo, siendo suficiente un testimonio notarial de él. Sanz, op. cit., pág. 315.

En resumen, según lo expone Sanz, hay que distinguir entre el documento principal inscribible y los documentos complementarios. El autor discute la finalidad del documento complementario y expone que su propósito es complementar aquellos aspectos necesarios para hacer inscribible el documento principal. Señala que el documento complementario carece de autonomía para los efectos de la inscripción. Por lo tanto, no es un documento inscribible por sí mismo.

Roca Sastre, en la discusión del Art. 33 del Reglamento Hipotecario español nos dice:

A base de estimar que las palabras hacen fe del art. 33 del Reglamento Hipotecario quieren expresar la idea de “surten efecto” o “son inscribibles”, hay que afirmar que existen títulos que por sí mismos son inscribibles, mientras que hay otros que para ello necesitan el auxilio de otros documentos complementarios.
Estos documentos complementarios no son títulos propiamente dichos, pues en ellos no funda su derecho la persona a cuyo favor ha de practicarse la operación registral a efectuar, ni son base fundamental del asiento practicable. Únicamente complementan los títu-los fundamentales cuando éstos, solos, no pueden pretender su ingreso en los libros hipotecarios. Los títulos básicos autentican el acto o causa jurídica que provoca la titularidad consignable en el Registro. Los documentos complementarios solamente acreditan hechos o circunstancias que rodean aquellos títulos fundamentales, cooperando en la formación total del título inscribible. (Enfasis en el original.) R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 5ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II, págs. 158-159.

Este Tribunal ha sostenido en varias ocasiones que los Registradores de la Propiedad tienen facultad para solicitar la producción de documentos complementarios en aquellos casos que: (1) Por ley o por reglamento así se requiera para la inscripción de un documento; (2) del documento surja causa para creer que es inválido, y (3) el propio documento no refleje su entera validez. U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989); Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 D.P.R. 578 (1975).

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Teniendo en mente estos preceptos legales y comentarios, concentrémonos en la disposición del recurso.

Se presenta ante la Registradora de la Propiedad una escri-tura donde Héctor M. Díaz Lebrón le dona a su ex esposa una propiedad inscrita en el Registro de la Propiedad a favor de la sociedad de gananciales compuesta por ambos. La donación cumple con todos los requisitos de ley. Junto con esta escritura de donación se presenta una sentencia de divorcio otorgada en un tribunal de Nueva York.

La Registradora de la Propiedad deniega la inscripción debido a que dicha sentencia no estaba convalidada por un tribunal local según lo requiere Roseberry v. Registrador, supra.

La sentencia de divorcio aquí presentada cae bajo la categoría de documento complementario. Veamos.

El Art. 1286 del Código Civil, 31 L.PR.A. see. 3588, expresa-mente prohíbe toda donación entre marido y mujer:

Será nula toda donación entre los cónyuges durante el matrimo-nio.
No se incluyen en esta regla los regalos módicos que los cónyuges se hagan en ocasiones de regocijo para la familia.

Aun cuando la escritura de donación es un título perfecto que reúne todos los requisitos, es necesario acreditar ante el Registro de la Propiedad que no existe vínculo matrimonial entre las partes para no contravenir con la prohibición del Art. 1286 del Código Civil, supra. Por tal razón la sentencia de divorcio en el caso ante nos es necesaria, toda vez que el propio documento no refleja su entera validez.

Señalada la necesidad de la sentencia como documento com-plementario, tenemos que resolver si la misma en su función de documento complementario tiene que seguir el procedimiento exigido por el Art. 45 de la Ley Hipotecaria, supra.

La Registradora de la Propiedad argumenta que según lo resuelto en Roseberry v. Registrador, supra, toda sentencia extranjera o de un estado de la unión, ya sea como documento complementario o como título inscribible, debe cumplir con el Art. 45 antes citado.

En Roseberry v. Registrador, supra, aun cuando se presentó como título inscribible una cesión de interés en un condominio, la sentencia de divorcio presentada era la que adjudicaba a Elizabeth Roseberry la participación en el condominio. De la propia sentencia de divorcio surgía el derecho a la participación en el condominio para efectos de la inscripción, siendo en determi-nada forma el título principal. La sentencia en ese caso era la base fundamental del asiento practicable.

Al examinar el caso de Roseberry v. Registrador, supra, resolvemos que difiere del caso ante nos. En este caso la sentencia de divorcio en realidad no adjudica la propiedad objeto de la escritura de donación. La sentencia sólo se presentó ante el Registro de la Propiedad como documento complementario para demostrar que la donación no contraviene disposición alguna de ley. De la sentencia no surge el derecho de las partes, ya que la misma por sí sola únicamente adjudica un divorcio entre las partes.() En otras palabras, la sentencia es necesaria para la inscripción pero no es base fundamental del asiento practicable.

En vista de las diferencias existentes entre Roseberry v. Registrador, supra, y el caso ante nos, resolvemos que en este caso no debe exigirse la sentencia de divorcio a los presentantes de un título perfecto de donación que cumplan con el requisito dispuesto en el Art. 45 de la Ley Hipotecaria, supra, y en el Art. 53.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipo-tecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.ER.A. sec. 2003-53.1, edición especial, ya que la sentencia de divorcio en controversia es sólo un documento complementario del cual no se funda derecho alguno ni se adjudica propiedad o participación en el inmueble. ()

V

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia revocatoria y se ordenará la inscripción de las escrituras en conformidad con lo aquí expuesto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Pons Núñez y el Juez Asociado Señor Rebollo López.

Por entender que la sentencia de divorcio dictada por un tribunal del estado de Nueva York es una “ejecutoria” a tenor con el Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.ER.A. see. 2208, y que por lo tanto debe cumplir con las disposiciones del Art. 59.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.PR.A. sec. 2003-59.1, edición especial, antes de poder ser inscritas en el Registro de la Propiedad, disiento de la opinión del Tribunal.

Héctor M. Díaz Lebrón y Milagros Figueroa Pesante se divorciaron en Nueva York el 18 de abril de 1986 por la causal de abandono. El derecho sustantivo de Nueva York en materia de divorcios está codificado en la Ley de Relaciones Domésticas, 14 N.Y. Dom. Reí. Law Sec. 1 et seq. La See. 234 de esta ley dispone que en cualquier acción de divorcio, separación o anulación de matrimonio, el tribunal podrá, entre otras cosas, resolver cuestio-nes de título y adjudicar bienes que le pertenecían al matrimo-nio.!)

En el caso de autos, al amparo de este estatuto, el tribunal de Nueva York adjudicó la casa localizada en la Calle 411 MWQ3, Cuarta Extensión de Country Club, Carolina, Puerto Rico, a favor de la recurrente. La sentencia expresamente dispuso que la propiedad “le pertenecerá” (shall belon[g]) a la Sra. Milagros Figueroa Pesante (en la sentencia del tribunal de Nueva York se utiliza el nombre de casada “Milagros Díaz”).() Esta adjudicación se hizo conforme con las disposiciones de la See. 234 de la Ley de Relaciones Domésticas de ese estado. Véanse: Boronow v. Boronow, 490 N.Y.S.2d 230 (A.D.2d Dept. 1985); Ralske v. Ralske, 445 N.Y.S.2d 9 (A.D.2d Dept. 1981).

En estas circunstancias es evidente que el señor Díaz Lebrón no podría donarle a la recurrente su participación en el inmueble, ya que por disposición judicial él no tenía ninguna participación en esta propiedad. Uno de los apotegmas fundamentales de nuestro Código Civil es que nadie puede transmitir lo que no tiene en su patrimonio.

En consideración de nuestros anteriores pronunciamientos de que “la palabra ‘ejecutoria’ y el vocablo ‘sentencia’ son sinónimos en contextos como el presente”, Roseberry v. Registrador, 114 D.P.R. 743, 748 (1983); Ramírez v. Registrador, 96 D.P.R. 342, 350 esc. 2 (1968), confirmaría la denegatoria de la Registradora de la Propiedad. Correspondía que un tribunal en Puerto Rico orde-nara la ejecución de la sentencia de divorcio antes de su inscrip-ción en el Registro de la Propiedad.

Por otro lado, aun cuando la sentencia dictada por el tribunal de Nueva York no hubiese adjudicado la casa, en el caso de autos la sentencia de divorcio no es realmente un documento comple-mentario en su significado común. La validez de la donación en controversia depende de que las partes se hayan divorciado legítimamente. En caso de que la sentencia de divorcio fuera nula por alguna razón, el título de donación de la Sra. Milagros Figueroa Pesante también sería nulo por disposición del Art. 1286 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.PR.A. see. 3588.

En su función calificadora actuó correctamente la Registra-dora de la Propiedad al requerir al presentante que cumpliera con el procedimiento de exequátur para validar la sentencia de divorcio. Sólo así podía descargar adecuadamente su obligación de calificar bajo su responsabilidad la validez del contrato de dona-ción. Art. 64 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.PR.A. see. 2267. Al exigir que sólo tengan acceso al Registro de la Propiedad títulos válidos y perfectos, fortalecemos el principio de legalidad que informa nuestro ordenamiento hipote-cario-registral e impartimos certeza al tráfico jurídico y comercial. Junta Retiro Maestros v. Registrador, 109 D.P.R. 569, 574 (1980); Royal Bank of Canada v. Registrador, 104 D.P.R. 400, 404 (1975); Talcott Inter-Amer. Corp. v. Registrador, 104 D.P.R. 254, 260 (1975); R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 7ma ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1979, T. II, págs. 255-284; D. Martínez Irizarry, Los principios hipotecarios bajo la nueva legislación de Puerto Rico, 50 Rev. Jur. U.P.R. 195, 213-215 (1981).

Por los fundamentos expuestos, confirmaría la nota recurrida.

      (1) Este Tribunal ha señalado que la palabra “ejecutoria” y el vocablo “sentencia” son sinónimos para fines del Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2208. Ramírez v. Registrador, 96 D.P.R. 342, 350 esc. 2 (1968).

      (2) El Art. 45 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, supra, dispone así:
      “También se inscribirán en el Registro los títulos, actos y contratos expresados en la see. 2201 de este título otorgados en los Estados Unidos de América, o en país extranjero, que tengan fuerza en Puerto Rico con arreglo a las leyes, y las ejecutorias pronunciadas por Tribunales de los Estados Unidos de América, o extranjeros, a que deban darse cumplimiento en Puerto Rico según las normas legales vigentes, siempre que se disponga su ejecución por un tribunal local con jurisdicción.”
      Su concordante, el Art. 59.1 del Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.ER.A. sec. 2003-59.1, edición especial, dispone, a su vez:
      “Las sentencias a que se refiere el artículo de la Ley[, 30 L.P.R.A. sec. 2208,] se inscribirán siempre que estén contenidas en una resolución ejecutoria del Tribunal Superior recaída en un procedimiento ordinario del cual será notificado el ministerio fiscal.”

      (3) La sentencia dispuso: “The house located at Calle 411 MWQ3 Cuarta Extension, Country Club. . . shall belon[g] to Milagros Diaz”. Sentencia del Tribunal de Nueva York, 24 de marzo de 1986.
      Sin embargo, la sentencia no adjudicó la propiedad. Las partes, luego de la sentencia de divorcio, liquidaron la sociedad legal de gananciales mediante la donación gratuita por parte de uno de los ex cónyuges de su participación al otro ex cónyuge.

      (4) Véase el caso de Silva Oliveras v. Durán Rodríguez, 119 D.P.R. 254 (1987), donde se presenta al Registro Demográfico una adopción hecha en el extranjero. La sentencia de adopción procedente de República Dominicana se inscribió en el Registro Demográfico sin que se hubiera realizado por la parte presentante el procedimiento de exequátur.
      El caso aunque distinguible del actual, conlleva un análisis parecido al que se enfrenta hoy este Tribunal.

      (1) “Section %3k- Title to or occupancy and possession of property.

      “In any action for divorce, for a separation, for an annulment or to declare the nullity of a void marriage, the court may (1) determine any question as to the title to property
        arising between the parties, and (2) make such direction, between the parties,■ concerning the possession of property, as in the court’s discretion justice requires having regard to the circumstances of the case and of the respective parties. Such direction may be made in the final judgment, or by one or more orders from time to time before or subsequent to final judgment, or by both such order or orders and final judgment. Where the title to real propeity is affected, a copy of such judgment, order or decree, duly certified by the clerk of the court wherein said judgment was rendered shall be recorded in the office of the recording officer of the county in which such property is situated, as provided by section two hundred ninety-seven-b of the_ real property law. (Added L. 1962, c. 313, Sec. 10; amended L. 1963, c. 686, Sec. 5.)” (Énfasis suplido.) 14 McKinney’s Consolidated Laws of NY Annotated, Domestic Relations Law Sec. 234.

      (2) Por no estar ante nuestra consideración, nos abstenemos de hacer pronuncia-mientos sobre la validez de esta adjudicación.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Ortiz

license: Public Domain

text:
    José Pereira, demandante y recurrido, v. Mary Ann Reyes de Sims et al., demandados y peticionarios.

      Número: CE-89-720

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Carlos R. Teissonniere León, abogado de los peticionarios; Antonio Zapater Cajigas, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emito la opinión del Tribunal.

I

El 17 de marzo de 1988 José Pereira instó acción para alegar que mediante escritura pública otorgada el 3 de noviembre de 1981 Doña Carmelina Ghigliotti Rodríguez adquirió por compra un inmueble sito en la urbanización Los Caobos consistente de casa y solar el cual donó a la codemandada Mary Ann Reyes de Sims —quien era sobrina— mediante escritura de 8 de agosto de 1984, un condominio de una mitad. El demandante alega que estuvo casado con doña Carmelina desde el 28 de noviembre de 1942 hasta la fecha del fallecimiento de ésta. No obstante, en el título adquisitivo de la propiedad se hizo constar que doña Carmelina era soltera. El demandante alega que le pertenece la mitad de lo recibido en frutos, rentas y emolumentos producidos por el inmueble debido al carácter ganancial del mismo. También impugna la disposición testamentaria de doña Carmelina a favor de Mary Ann Reyes y la venta que luego hizo ésta a favor de los codemandados Jorge Méndez Correa y Felicita Reyes de Méndez.

El 22 de noviembre de 1988 los peticionarios presentaron una moción en la que alegaron que de la propia demanda surge que el demandante es residente de Illinois. Solicitaron en ese escrito que se le requiriera la prestación de fianza a los no residentes para garantizar costas, gastos y honorarios de abogado.

La parte demandante se opuso a esta solicitud; alegó que al amparo de la Regla 69.6(b) de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III, está expresamente excluido de prestar la misma. Origi-nalmente el tribunal dictó resolución e impuso al demandante la prestación de $2,000 en calidad de fianza de no residente.

Posteriormente, los demandados solicitaron la paralización de los procedimientos hasta tanto se realizara la prestación de la fianza. Mientras tanto, la parte demandante había solicitado embargo en aseguramiento de sentencia a lo cual accedió el tribunal.() Los demandados solicitaron que se dejara el embargo sin efecto ya que la solicitud de aseguramiento no les fue notificada y el tribunal incidió al conceder un remedio provisional sin exigir fianza. ()

El tribunal señaló la discusión de las mociones para el 23 de enero de 1989. Luego de celebrada la vista, el tribunal emitió resolución el 24 de octubre de 1989. Mediante la resolución se dejó sin efecto la orden sobre prestación de fianza de no residente, se declaró sin lugar la moción de los demandados para solicitar que se dejara sin efecto el embargo y se declaró sin lugar la moción de solicitud de paralización de los procedimientos. La parte deman-dada recurre ante nos alegando los errores siguientes:

[A.] Erró el Honorable Tribunal de Instancia al dejar sin efecto su propia Resolución sobre prestación de fianza de no residente impuesta al demandante-reconvenido.
[B.] Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar sin lugar la moción de los peticionarios solicitando dejar sin efecto la Orden de Embargo.
[C.] Erró el Honorable Tribunal de Instancia al declarar sin lugar la moción de los peticionarios sobre solicitud de paralización de los procedimientos. Petición, pág. 3.

Revisamos mediante orden para mostrar causa.

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La Regia 69.5 de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. Ill, dispone:

Cuando el demandante residiere fuera de Puerto Rico o fuere una corporación extranjera, se le requerirá para que preste fianza para garantizar las costas, gastos y honorarios de abogados en que pudiere ser condenado. Todo procedimiento en el pleito se suspen-derá hasta que se preste la fianza, que no será menor de mil (1,000) dólares. El tribunal podrá ordenar que se preste fianza adicional si se demostrare que la fianza original no es garantía suficiente, y se suspenderán los procedimientos en el pleito hasta que se hubiere prestado dicha fianza adicional.

En Molina v. C.R. U. V., 114 D.P.R. 295 (1983), manifesta-mos que el propósito de esta regla es garantizar a la parte victoriosa el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado por el litigante no residente que ha perdido el pleito. Específicamente dijimos:

Ciertamente, la ausencia de un litigante de nuestra jurisdicción presenta el grave inconveniente de su inaccesibilidad a los fines de hacer efectivo el recobro de dichas partidas; En tal caso, la parte prevaleciente tendría que acudir a la jurisdicción de la residencia del demandante foráneo para pedir la ejecución allí de su sentencia, lo que en ocasiones resulta ser económicamente impracticable.

En la opinión concurrente del Juez Asociado Señor Negrón García se señala que:

De entrada observamos que la fianza de no residente goza en esencia de la naturaleza de un aseguramiento provisional y parcial de una sentencia, en lo concerniente a las costas, gastos y honora-rios de abogado. El que aplique a personas no residentes no desvirtúa esa característica sino m[á]s bien tiende a justificar su existencia legítima.

La Regla 69.6(b) de Procedimiento Civil, supra, dispone a su vez aquellos casos en que no se exigirá la fianza de no residente:

No se exigirá prestación de fianza:

(b) a ninguna parte en un pleito de divorcio, de relaciones de familia o sobre bienes gananciales, a menos que el Tribunal dispusiera lo contrario en casos meritorios. (Énfasis suplido.)

En los comentarios a la regla de 1979 se apunta que se cambia la palabra “cónyuge” por “parte” para extender su aplicación a pleitos de relaciones de familia entre partes que no son cónyuges. El tratadista Cuevas Segarra opina que “por su redacción podrá ser aplicable la sección a casos de custodia de menores entre concubinos o en los de liquidación de la comunidad concubinaria; o en casos de filiación para asegurar bienes del caudal paterno.” J.A. Cuevas Segarra, Práctica Procesal Puertorriqueña: Proce-dimiento Civil, San Juan, Pubs. J.T.S., 1989, Vol. II, pág. 345.

También se utiliza como razonamiento para el cambio el que debía extenderse al ex cónyuge ya que de lo contrario la regla no sería aplicable en caso de división de gananciales. R. Hernández Colón, Manual de Derecho Procesal Civil, 2da ed. rev., New Hampshire, Equity Publishing Corp., 1981, Sec. 1715, pág. 132.

Luego de este breve trasfondo, pasemos a nuestro caso en particular. El demandante José Pereira es residente de Illinois. Según la Regla 69.5 de Procedimiento Civil, supra, debe pagar la fianza de no residente a no ser que caiga bajo una de las excepciones dispuestas por la Regla 69.6(b) de Procedimiento Civil, supra. El tribunal resolvió que el demandante no tenía que prestar la fianza de no residente ya que se trataba de un pleito sobre bienes gananciales y, por tal razón, caía bajo las excepciones de la mencionada regla. No le asiste la razón.

En el presente caso el demandante instó la acción alegando un vínculo matrimonial con la dueña original del inmueble. El inmueble en cuestión nunca estuvo inscrito a favor de la sociedad legal de gananciales o bajo el nombre del demandante. Por el contrario, aparecía como dueña doña Carmelina y su estado civil: soltera. Al momento de iniciarse la demanda no estaban presentes ninguna de las excepciones provistas por la Regla 69.6(b) de Procedimiento Civil, supra. No estamos ante un pleito entre ex cónyuges. Por el contrario, es un pleito ordinario contra terceros en el que se piden diversos remedios. No se puede expandir la aplicación de esta regla de excepción por la mera alegación de que el inmueble tiene visos de participación ganancial. Es durante el juicio que el demandante puede prevalecer en su contención principal de que el bien era ganancial. Erró el tribunal al eximir al demandante de prestar la fianza de no residente.

I — I I — i ) — I

La Regla 56.1 de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. Ill, dispone el embargo de bienes como una de las medidas sobre aseguramiento de la efectividad de las sentencias. Según esta regla, en todo pleito antes o después de la sentencia, mediante moción del reclamante, el tribunal puede dictar cualquier orden provisional que sea necesaria para asegurar la efectividad de la sentencia.

Como regla general, deberá prestarse fianza para que proceda la orden provisional. El propósito de la fianza es garan-tizar que puedan recobrarse los daños cuando exista la posibilidad de que el embargo pueda resultar ilegal o indebido. Las propias reglas dispusieron los casos en que se podrá conceder un remedio provisional sin la prestación de fianza:

(1) Si apareciere de documentos públicos o privados, según definidos por ley, firmados ante una persona autorizada para administrar juramento, que la obligación es legalmente exigible; o
(2) Cuando se tratare de un litigante insolvente que estuviere expresamente exceptuado por ley para el pago de aranceles y derechos de radicación y a juicio del tribunal la demanda adujere hechos suficientes para establecer una causa de acción cuya proba-bilidad de triunfo fuere evidente o pudiere demostrarse, y hubiere motivos fundados para temer, previa vista al efecto, que de no obtenerse inmediatamente dicho remedio provisional, la sentencia que pudiera obtenerse resultaría académica porque no habría bienes sobre los cuales ejecutarla; o
(3) Si se gestionare el remedio después de la sentencia. Regla 56.3 de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III.

A su vez, las Reglas 56.4 y 56.5 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, permiten al tribunal expedir moción ex parte de un reclamante si se cumplió con los requisitos de la Regla 56.3 de Procedimiento Civil antes citada.

En el caso de Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 423, 426 (1974), en que se impugnó la constitucionalidad de este procedimiento ex parte, resolvimos que:

. . . [L]a Regla 56 de Procedimiento Civil satisface las exigencias del debido proceso logrando un razonable equilibrio entre los derechos del acreedor y el deudor, pues dispensa la previa notifica-ción y vista sobre la solicitud de embargo como remedio provisional únicamente en la situación reglada por la Regla 56.4 que en lo relevante a bienes muebles dispone: “Si se hubiera cumplido con los requisitos de la Regla 56.3, el tribunal deberá expedir, a moción ex parte de un reclamante, una orden de embargo o de prohibición de enajenar.”

Añadimos que aun cuando se autorice el embargo ex parte, la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra, exige fianza al deman-dante o evidencia documental demostrativa de la legitimidad de su reclamación y, por otro lado, concede al demandado el derecho a disolver el embargo y retener los bienes mediante prestación de fianza.

En el caso de autos, el tribunal de instancia dictó la orden de embargo ex parte y sin previa prestación de fianza. Fundamentó su decisión en que la reclamación que generó el embargo versa sobre bienes gananciales y el caso está comprendido en el inciso (b) de la Regla 69.6 de Procedimiento Civil, supra, teniendo el tribunal discreción para exonerarlo de la fianza.

En primer lugar, erró el tribunal al aplicar la excepción provista por la Regla 69.6 de Procedimiento Civil, supra, en los casos de la fianza a los no residentes. Como habíamos señalado, el propósito de la fianza al no residente es garantizar el pago de las costas, gastos y honorarios de abogado por el litigante no residente que ha perdido el pleito. La fianza de embargo va dirigida a cobrar los daños producidos por un embargo ilegal. No podemos aplicar automáticamente la excepción de la Regla 69.6 de Procedimiento Civil, supra, para la fianza de los no residentes cuando de lo que se trata es de un embargo como medida provisional.() Incluso, este Tribunal ha tendido a extender la prestación de la fianza de embargo a los no residentes aun cuando pudiera caer bajo alguna de las excepciones ide la Regla 56.3 de Procedimiento Civil, supra.() En el caso ante nos, no existe razón para eximir al demandante no residente de la fianza de embargo.

Por los fundamentos expuestos, se dejan sin efecto las órdenes objeto de este recurso y se devuelve el caso para ulteriores procedimientos compatibles con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton disiente sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Rebollo López no inter-vino.

      (1) El embargo fue emitido sobre la renta que producía el inmueble y en el mismo se ordenó a los arrendatarios consignar los cánones de arrendamiento en el tribunal.

      (2) Se eximió de la prestación de fianza “por el fundamento de que la reclamación que genera o activa el presente embargo versa sobre bienes gananciales y el presente caso es uno comprendido en el párrafo (b) de la Regla 69.6 de las de Procedimiento Civil de 1979, teniendo, por tanto, el tribunal discreción para exonerar a quien solicita dicho remedio, provisional de la prestación de fianza, lo que así, se dispone por la presente”. Exhibit VII, pág. 23.

      (3) Como ya determinamos, ni siquiera le aplicaba la excepción provista por las reglas para eximir al demandante de pagar la fianza de no residente. Por lo tanto, aun aceptando como cierto el razonamiento del tribunal de instancia, no procedía el eximir de fianza por embargo al demandante.

      (4) En Blatt & Udell v. Core Cell, 110 D.P.R. 142, 146 (1980), resolvimos que aun estando presente una sentencia extranjera, el demandante no residente debe pagar la fianza de embargo. Específicamente dijimos:
      “Por ser los demandantes personas no residentes en Puerto Rico, si el embargo resulta improcedente podría resultar difícil para los demandados o para los interventores recobrar de esos no residentes los daños ocasionados por dicho embargo, a menos que preste fianza para asegurar su recobro.”
      Finalmente resolvimos:
      “En casos de demandantes no residentes, como en el presente caso, la fianza para responder de daños ocasionados por embargos, debe considerarse mandatoria, al igual que lo es la fianza que la Regla 69.5 exige a demandantes no residentes, para responder de costas, gastos y honorarios de abogado.”


text:
    Joan Kathleen Magee, demandante y peticionaria, v. Carlos Ariel Alberro, demandado y recurrido.

      Número: CE-89-772

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Manuel J. Vera Vera, abogado de la peticionaria; Mildred Márquez Noriega, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

El 29 de febrero de 1988 Carlos A. Alberro presentó demanda de divorcio por trato cruel contra su esposa Joan Kathleen Magee. Posteriormente, las partes acordaron cambiar el trámite. El 2 de noviembre de 1988 se presentó la demanda de divorcio por consentimiento mutuo debidamente juramentada. El tribunal admitió la demanda y dictó sentencia el 18 de noviembre mediante la cual aprobó todas las estipulaciones presentadas por las partes. En una de ellas se estableció que:

2. El peticionario, CARLOS ARIEL ALBERRO, se compro-mete a satisfacer de por vida una pensión a la peticionaria de QUINIENTOS VEINTICINCO DÓLARES ($525.00) o hasta que ésta vuelva a contraer matrimonio. Apéndice 7, pág. 23.

Tres (3) meses después, el señor Alberro solicitó rebaja de pensión alimentaria a doscientos dólares ($200) mensuales. Fun-damentó su petición en que al momento de la estipulación estaba en trámites de adquirir un negocio para poder cumplir con el pago, pero que dicho negocio no pudo llevarse a cabo.

La moción de rebaja junto con otros asuntos procesales() se señalaron para vista ante la oficial examinadora de alimentos. Celebrada la vista, el tribunal, mediante Resolución de 26 de junio, rebajó la pensión alimentaria a sesenta dólares ($60) mensuales retroactivo a la presentación de la moción. La peticio-naria presentó moción de reconsideración y el tribunal denegó la misma al resolver que hubo cambios en la capacidad económica del alimentante; que la alimentista tenía recursos suficientes para sostenerse, y que la estipulación de alimentos era nula por ser contraria al Art. 109 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 385, en cuanto excedía el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos o rentas del alimentante.

La peticionaria señala cuatro (4) errores:

A. Erró el Tribunal al concluir que hubo un cambio sustancial en la situación del alimentante, ya que no comparó ni ponderó las circunstancias existentes al momento de la rebaja con la existente al momento de la fijación contractual de la pensión por estipulación.
B. Erró el Tribunal al resolver que es contraria a la Ley una estipulación de pensión alimenticia para el ex cónyuge, que excede del 25% de los ingresos del alimentante, cuando esta estipulación se hace como parte de un divorcio por mutuo acuerdo.
C. Erró el Tribunal al decretar nula y eliminar la pensión fijada cuando fue otro juez de igual jerarquía quien aprobó y autorizó tal estipulación.
D. Erró el Tribunal al no remitir a las partes copia del informe del oficial examinador de alimentos, antes de emitir el Tribunal su decisión fundamentada en dicho informe. (Énfasis suprimido.) Petición, págs. 3-4.

Revisamos mediante orden para mostrar causa. El recurrido se limita a plantear que la pensión puede ser variada si hay un cambio en las circunstancias.

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La pensión alimentaria aquí en controversia fue obj eto de transacción y negociación entre las partes como uno de los acuerdos y estipulaciones en un caso de divorcio por consenti-miento mutuo.

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 276-277 (1978), resolvimos que “[e]omo medida adicional que tienda a garantizar que ha mediado debida deliberación no se aceptará petición alguna de divorcio bajo la causal de consentimiento mutuo sin que las partes adjunten las estipulaciones correspon-dientes sobre la división de sus bienes, el sustento de las partes y otras consecuencias del divorcio”. (Énfasis suplido.) Incluso, enfatizamos que el tribunal no concederá el divorcio si, a su entender, alguna de las partes no habrá de recibir protección adecuada.

En torno a la naturaleza de estas estipulaciones, recien-temente resolvimos que una estipulación que finaliza un pleito, suscrita por las partes y aceptada por el tribunal, constituye un contrato de transacción que obliga. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61 (1987).

El Art. 1709 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4821, define el contrato de transacción:

La transacción es un contrato por el cual las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada cual alguna cosa, evitan la provoca-ción de un pleito o ponen término al que había comenzado.

En Sucn. Román v. Shelga Corp., 111 D.P.R. 782, 787 (1981), indicamos que la interpretación del alcance del contrato de transacción está especialmente regulado por el Art. 1714 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4826:

La transacción no comprende Sino los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma.

Como norma general, el juez aceptará los convenios y las estipulaciones a las cuales las partes lleguen para finalizar un pleito y este acuerdo tendrá efecto de cosa juzgada entre las partes. Canino v. Bellaflores, 78 D.P.R. 778 (1955); Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante.

Sin embargo, hay que tener presente que en los divorcios por consentimiento mutuo la estipulación presentada no queda al arbitrio exclusivo de las partes. El tribunal deberá velar por que lo estipulado confiera protección adecuada a las partes. En Figueroa Ferrer v. E.L.A., ante, pág. 276, expresamos:

Nada de lo anterior significa que el divorcio es asunto exclusivo de las partes, sujeto a su puro capricho y antojo. El Estado puede y debe cerciorarse de que la decisión de solicitar conjuntamente la disolución del vínculo matrimonial no es producto de la irreflexión o de la coacción.

Cuando se trata de pensiones alimentarias de menores, y a manera de excepción, el juez tiene el deber de asegurarse de que lo acordado no es dañino para los menores. Respecto a las pensiones estipuladas, específicamente resolvimos que “[l]a doctrina ha establecido que la alteración del convenio o estipulación sobre pensión alimenticia en ocasión de un divorcio procederá solamente cuando exista un cambio sustancial en las circunstancias que dieron lugar u originaron el mismo. No basta cualquier cambio en las circunstancias; éste tiene que ser sustancial”. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante, pág. 77.

Por otro lado, no procede aplicar una regla absoluta de no modificar las pensiones estipuladas debido a que se trató de un contrato de transacción. En Valencia, Ex parte, 116 D.P.R. 909, 912-913 (1986), manifestamos:

El hecho de que la experiencia nos demuestra que en la mayoría de los casos las negativas de pagar estas pensiones desafortunada-mente son hijas de la arbitrariedad, no pueden llevar a los Tribu-nales al establecimiento de reglas inflexibles y férreas a ser aplicadas en todos los casos por igual. El automatismo y absolu-tismo no tienen cabida en los procedimientos judiciales de nuestro ordenamiento jurídico. El propósito primordial que anima todos los esfuerzos de los funcionarios envueltos en esta delicada misión —la de hacer justicia— así no lo permite.

Para que proceda un cambio en la pensión estipulada, el peticionario tendría que probar que las circunstancias al momento de efectuarse la estipulación han cambiado de forma sustancial. En el análisis que se haga, debe tenerse en cuenta que “‘[l]as declaraciones de voluntad deben interpretarse en el sentido más conforme con la confianza que hayan podido suscitar de acuerdo con la buena fe’”. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante, pág. 75.

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Al hacer un análisis de los hechos particulares de este caso, resolvemos que no procedía la rebaja de la pensión alimentaria a la ex cónyuge estipulada sólo hace tres (3) meses atrás.

El fundamento utilizado por el alimentante fue que no se materializaron unos planes de negocio que tenía al momento de hacer la estipulación. Respecto a ese tipo de condiciones, resolvimos en el caso Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante, pág. 71, similar al que nos ocupa:

. . . [L]a estipulación original no se hizo sujeta a la condición suspensiva de obtener igualas profesionales particulares; que como profesional responsable conocedor de las finanzas el señor Negrón Rivera necesariamente tuvo que evaluar y tomar en cuenta su situación económica antes de suscribir dicha estipulación ....

También enfatizamos que en casos donde la estipulación está sujeta a una condición suspensiva, la misma tiene que formar parte del texto de la estipulación:

Una condición suspensiva tan importante como ésta, que podía afectar drásticamente los intereses y el bienestar de los menores, tenía que constar por escrito en la estipulación original si se quería hacer valer. No podía ser objeto de una inferencia. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante, pág. 75 esc. 16.

Aunque en esa ocasión hicimos referencia a los menores, entendemos que el ex cónyuge que de buena fe confía y acepta una estipulación se encuentra prácticamente en la misma posición.

En el caso de autos, de la estipulación acordada no surgía que la pensión de quinientos dólares ($500) estaba sujeta a que se realizaran ciertos negocios. Los otros fundamentos dados por el tribunal de instancia para modificar la pensión —como las deudas que pagaba el alimentante, el sueldo que recibía, la custodia de los niños y que la alimentista tenía recursos para sostenerse— eran elementos conocidos, presentes al momento de hacer la estipulación. Las partes voluntariamente sometieron la estipulación y el tribunal la aceptó.

Por tal razón, no encontramos el cambio sustancial en las circunstancias del alimentante que justifique una reducción de la pensión alimentaria de quinientos dólares ($500) a sesenta dólares ($60) mensuales.

De todas maneras, si había circunstancias excepcionales que justificaban una rebaja tan drástica como la aquí hecha, los autos no revelan las mismas.

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Se impugna ante este Foro la decisión de decretar nula una estipulación de pensión alimentaria que excede el veinticinco por ciento (25%) de los ingresos o sueldos del alimentante, en contravención al Art. 109 del Código Civil, 31 L.ER.A. see. 385, el cual dispone:

Si la mujer que ha obtenido el divorcio no cuenta con suficientes medios para vivir, el Tribunal Superior podrá asignarle alimentos discrecionales de los ingresos, rentas, sueldos o bienes que sean de la propiedad del marido, sin que pueda exceder la pensión alimen-ticia de la cuarta parte de ingresos, rentas o sueldos percibidos.
Si el divorcio se ha decretado por la causal de separación, la mujer podrá solicitar los alimentos a que se refiere el párrafo anterior, si no cuenta con medios suficientes para vivir.
La pensión alimenticia será revocada si llegase a hacerse innece-saria, o cuando la mujer divorciada contrajese segundo matrimonio o cuando viva en público concubinato u observare vida licenciosa.
(Enfasis suplido.)

• El citado Art. 109 del Código Civil proviene del Art. 177 del Código Civil de 1902, procedente, a su vez, del Art. 160 del Código Civil del estado de Louisiana. En Milán Rodríguez v. Muñoz, 110 D.P.R. 610 (1981), analizamos este artículo y encontramos que, debido a su antigüedad, se carece de un diario de sesiones que de modo más científico nos permita investigar los motivos legislativos que impulsaron su redacción original. Eduardo Vázquez Bote, en su artículo Los alimentos al ex cónyuge, en el divorcio vincular, 54 Rev. Crít. Der. Inmob. 47, 48 (1978), apunta que:

En el Ordenamiento original en que tuvo vida el artículo 109, el Código civil de Louisiana, el matrimonio era fiel reflejo, en su reglamentación jurídica, del pensamiento napoleónico, “enriqueci-do” con las influencias anglosajonas, que hasta finales del siglo pasado negaron sistemáticamente existencia jurídica a la mujer casada. Se comprende así que reconocido el divorcio vincular, si el marido se había convertido en propietario prácticamente de todos los bienes del matrimonio, no fuese nada extraño que, entre los efectos del divorcio, se reconociese la posibilidad de que el ex cónyuge varón asumiese por compensación, la carga de sostener económicamente al hasta entonces su cónyuge.

Reynolds v. Reynolds, 228 So. 2d 182 (1969), reitera lo antes citado al decirnos el tribunal sobre el mencionado Art. 160 del Código Civil de Louisiana lo siguiente:

The alimony provided by Article 160 of the Civil Code is in the nature of a pension accorded by law to the wife. This alimony or pension is a gratuity which the court, in its discretion, may allow and fix at an amount not to exceed more than one third of the husband’s income, and it is revocable when it becomes unnecessary.

El Código Civil de Puerto Rico, al igual que el de Louisiana, se configuró con el concepto del divorcio fundado en criterios de culpa y por medio de las causales tipificadas en el propio código. No es hasta el caso de Figueroa Ferrer v. E.L.A, ante, pág. 276, que se introduce el consentimiento mutuo como una forma de obtener el divorcio:

La Constitución del Estado Libre Asociado ampara el derecho de los puertorriqueños a proteger su dignidad y vida íntima en los procedimientos de divorcio mediante la expresión de la mutua decisión de divorciarse o la consignación de ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial. No tienen que mediar partes adversas; puede hacerse por petición conjunta de los cónyuges. No tiene que existir una parte inocente y otra culpable. La esencia del derecho estriba en la abolición de la noción de culpa.

En Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante, hicimos un llamado a la Legislatura para que legislara sobre la causal de consentimiento mutuo, ya que son muchas las situaciones y problemas que surgen durante la tramitación de estos casos. No obstante, en ausencia de legislación, no estamos impedidos de dilucidar situaciones que acarrean el divorcio por consentimiento mutuo. Así lo manifestamos en Figueroa Ferrer v. E.L.A., ante, pág. 277:

Por último, valga señalar que no es posible eludir la tarea emprendida aquí mediante el argumento de que todo lo concer-niente al divorcio debe ser asunto a resolverse por la Asamblea Legislativa. Según expresamos en Santa Aponte v. Srio. del Senado, 105 D.P.R. 750 (1979), la función de interpretar la Constitu-ción es atributo indelegable de la Rama Judicial. Es a los Tribunales que les corresponde fijar el significado de las disposiciones consti-tucionales envueltas aquí.

Integrando con la primera parte de esta opinión, reiteramos en la misma que una estipulación suscrita por las partes y aceptada por el tribunal en un caso de consentimiento mutuo constituye un contrato de transacción. En Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante, dijimos que como regla general se aceptarán los convenios y las estipulaciones dadas por las partes, velando siempre por que éstas se encuentren debidamente pro-tegidas, en especial cuando hay menores involucrados.

En el caso de autos, las partes voluntariamente estipularon la pensión alimentaria; ambas partes estuvieron de acuerdo y el juez aceptó la misma. El principio de buena fe rige en la interpretación de estos contratos. Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, ante.

En virtud de lo anteriormente discutido, resolvemos que el Art. 109 del Código Civil, ante, aplica sólo en aquellos casos contenciosos en que el tribunal, a su discreción, le impone a una parte que pague una pensión alimentaria a su ex cónyuge. El límite que impone el artículo no aplica en aquellos casos donde son las propias partes las que voluntariamente estipulan la cantidad a pagarse. Cuando existe un contrato en el que se conviene la prestación de alimentos, como regla general, hay que atender a sus cláusulas y respetar lo convenido. Por consiguiente, la estipu-lación aquí en controversia no es nula.

Respecto al cuarto error, entendemos que dado que no procede la rebaja no es necesario entrar a discutir este punto.

Por todo lo cual, se deja sin efecto la resolución recurrida y se restablece la pensión originalmente acordada entre las partes. Ello sin perjuicio de que se considere cualquier solicitud funda-mentada que pueda presentar el alimentante.

      (1) La Sra. Joan Kathleen Magee presentó el 1ro de mayo de 1989 una moción para solicitar patria potestad, custodia y alimentos. Además, presentó una moción de desacato por pensiones alimentarias atrasadas. El tribunal en su resolución, además de reducir la pensión alimentaria de la recurrente, dispuso una pensión provisional de trescientos setenta y cinco dólares ($375) a los menores en lo que se ve la controversia sobre la custodia de éstos.


author: El Juez Asociado Señor Ortiz Juez Asociado Señor Hernández Denton.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor M.A.F.L., demandante, v. El Pueblo de Puerto Rico, peticionario.

      Número: CE-90-10

      Resuelto: 30 de abril de 1990

      Norma Cotti Cruz, Procuradora General Interina, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo; María Laura Colón, abogada del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión a resolver en este recurso es si al término de tres (3) días provisto por la Regla 2.9(d) de Procedimiento para Asuntos de Menores (Reglas de Menores), 34 L.RR.A. Ap. I-A, para celebrar la vista de determinación de causa probable contra un menor en los casos en que un magistrado ordena su detención provisional, se le excluyen los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios, según autorizado por la Regla 68.1 de Proce-dimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III. Resolvemos en la afirmativa y revocamos el dictamen del tribunal de instancia.

A los fines decisorios, partimos de la premisa establecida de que al menor le asiste el derecho a juicio rápido según las disposiciones de la vigente Ley de Menores de Puerto Rico y que el incumplimiento de los términos fijados en la citada Regla 2.9(d) de Menores, supra, da lugar a la desestimación del proceso. Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989).

Lo que hay que resolver es si en este caso específico hubo o no tal incumplimiento. Veamos los hechos y el razonamiento seguido por el ilustrado juez de instancia para desestimar las quejas:

El 4 de agosto del 1989 a las 6:00 p.m. se presentaron por el policía Juan Acevedo, autorizadas por el Procurador de Menores, Hon. Héctor Ballester[,] a la Hon. Tomasa del C. Vázquez, Tribunal de Distrito, Sala de Investigaciones, San Juan, cuatro quejas bajo el número 89-88 en interés del menor [M.A.F.L.].
Los hechos imputados se referían a estar el joven en posesión de un vehículo hurtado, (falta clase III), haber ocasionado un accidente con el mismo y haber abandonado el lugar sin tomar las medidas dispuestas por ley. Dichos hechos se alegó ocurrieron el 4 de agosto del 1989 a las 7:15 a.m. En queja adicional bajo el mismo número de registro se imputa que el menor conducía el vehículo de motor sin estar autorizado por el Secretario de Transportación y Obras Públicas. Cosa que se imputa ocurrió en la misma fecha, pero a las 8:00 A.M.; es entonces que el policía Juan Acevedo Pérez #14298 directamente interviene y le aprehende.
Al momento de la Juez atender las quejas, ésta ordena la detención y queda señalada Vista de Causa Probable para el 9 de agosto del 1989.
Si bien en nota al dorso de las quejas se informa que el menor fue detenido por una de las faltas ser clase III y la madre no tener control sobre él, consideramos no se cumplió de manera adecuada con los requisitos de la Ley 88, Menores, Art. 20 y Reglas de Menores vigentes, 2.13 y 2.9(d), línea final, primer párrafo, (34 L.ER.A., see. 2220, Reglas 2.13 y 2.9(d), línea final, primer párrafo) más, si tomamos en consideración que el 9 de agosto, tras escuchar a la Trabajadora Social, Srta. Carmen A. Maldonado Jaime, el joven hubo de ser egresado y se dejó bajo custodia de su madre.
Al examinar la R. 2.9(d), último párrafo, vemos que el término de tres días comienza a contar desde la aprehensión, cosa que hizo el-policía Acevedo Pérez el 4 de agosto de 1989 a las 8:00 a.m.
El caso Pueblo de Puerto Rico en interés de R.G.G., 89 J.T.S. 32, sentó, entre varias doctrinas de sabio derecho, que el término dé tres días comienza a correr en el momento de la aprehensión, cuando el menor queda sujeto a responder.
La práctica administrativa por carga de casos que siguen las Secretarías de los Tribunales para señalar las vistas en calendario, al amparo de interpretaciones literales de la R. 13.5 de Menores en referencia a la R. 68.1 de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes no lleva inflexibilidad en la discreción judicial. Muchísimo menos, cuando ya se ha trillado en nuestra jurisprudencia, la federal y la persuasiva de otros estados de la nación, que el debido procedi-miento de ley y trato justo es igualmente aplicable a los adultos y menores. En lo que respecta a la privación de libertad a estos últimos antes de la determinación de causa probable, debe serse más meticulosos, puesto que no les cobija la protección de fianza. Es imprescindible recordar que a[u]n cuando suele decirse que el procedimiento de menores es sui g[é]neris o de carácter civil, hoy día, bajo la Ley 88, Menores, 9 de julio del 1986 y las Reglas de Procedimiento de Menores, 19 de junio del 1987, éste es más bien de carácter criminal, (adversativo-punitivo). Exhibit I, págs. 3-4.

La Regla 2.9 de Menores, 34 L.ER.A. Ap. I-A, establece un procedimiento detallado, específico y particular a seguirse una vez el menor imputado es aprehendido. A esos efectos dispone:

(a) Un funcionario del orden público que aprehenda a un menor mediante orden judicial deberá conducirlo sin demora innecesaria ante un juez. Cuando se aprehenda a un menor sin mediar una orden y se le conduzca ante un juez, se presentará inmediatamente la queja y se expedirá una orden de aprehensión o citación, con sujeción a estas reglas.
(b) El juez informará al menor aprehendido y a sus padres o encargados, si éstos están presentes, de la queja presentada, de su derecho a permanecer en silencio en relación con los hechos que motivan su aprehensión, a no incriminarse y a estar representado por abogado y que el tribunal, en los casos apropiados, podrá renunciar en su ausencia a la jurisdicción. Además explicará al menor, a sus padres o encargados del deber de mantener informado de cualquier cambio de dirección residencial o postal.
(c) Todos los procedimientos al amparo de esta disposición se efectuarán en privado salvaguardando el derecho de confidenciali-dad que disponen las sees. 2201 et seq. de este título.
(d) Corresponderá al juez determinar si el menor va a permane-cer bajo la custodia de sus padres o encargados hasta la vista de determinación de causa probable para la radicación de la querella o si ordenará su detención provisional conforme a lo dispuesto en la see. 2220 de este título. Cuando se ordene la detención provisional el juez consignará por escrito los fundamentos que justifiquen dicha orden.
Si el menor es detenido provisionalmente o si queda bajo la custodia de sus padres o encargados, se le citará para que compa-rezca a la vista de determinación de causa probable para la radicación de la querella. En el primer supuesto, salvo causas excepcionales, la vista se celebrará dentro de los tres (3) días posteriores a la aprehensión. En el segundo, la vista se celebrará dentro de los siguientes quince (15) días.
(e) El juez remitirá la queja, la orden de aprehensión y copia de la orden de detención provisional, si éste fuera el caso, o la citación, a la secretaría de la sala del tribunal correspondiente y a la oficina del Procurador para Asuntos de Menores, para que se lleven a cabo los trámites posteriores que ordenan las reglas.
Si se ordena la detención provisional, la orden' de detención se enviará al director déla institución donde se recluya al menor. 34 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 2.9.

Por otro lado, la Regla 2.13 de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, también rige la etapa posterior a la determinación de cansa probable:

Hecha la determinación de causa probable, el juez procederá a determinar si el menor puede permanecer bajo la custodia de sus padres o encargados o si se debe ordenar su detención hasta el día de la vista adjudicativa. El juez deberá, siempre que sea posible, dejar al menor bajo la custodia de sus padres o de una persona responsable, bajo la promesa escrita y firmada por éstos de que comparecerán con el menor ante el tribunal en fecha determinada para los procedimientos correspondientes. El juez les apercibirá de que la incomparecencia a la vista adjudicativa conllevará la deten-ción inmediata del menor y el arresto por desacato de sus padres o encargados, o que en los casos apropiados el tribunal podrá en su ausencia renunciar a su jurisdicción, o que podrá celebrar en su ausencia la vista adjudicativa.
No se ordenará la detención de un menor antes de la vista adjudicativa a menos que:
(1) sea necesario para la seguridad del menor o porque éste representa un riesgo para la comunidad;
(2) el menor se niegue a, o esté mental o físicamente incapacitado de dar su nombre, el de sus padres o encargados y la dirección del lugar donde reside;
(3) no existan personas responsables dispuestas a custodiar al menor y garantizar su comparecencia a procedimientos subsiguien-tes;
(4) el menor esté evadido o tenga historial conocido de incomparecencias;
(5) se haya encontrado antes incurso en faltas que, cometidas por un adulto, constituyen delito grave y se haya encontrado causa probable en la nueva falta que se le imputa por lo que puede razonablemente pensarse que amenaza el orden público seriamente;
(6) citado el menor para la vista de determinación de causa probable, él no comparezca y se determine causa probable en su ausencia.

Como en este caso la aprehensión y la orden de detención provisional fueron hechas el viernes 4 de agosto de 1989, hay que ir a la Regla 13.5 de dicho cuerpo de reglas, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, la cual ordena que:

El cómputo de cualquier término prescrito o concedido por estas reglas o por orden del Tribunal se hará conforme a la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, Ap. Ill del Título 32. Por justa causa podrán ser acortados dichos o prorrogados dichos términos.

La Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, a su vez, establece:

En la computación de cualquier término prescrito o concedido por estas reglas, o por orden del tribunal o por cualquier estatuto aplicable, no se contará el día en que se realice el acto, evento o incumplimiento después del cual el término fijado empieza a correr. El último día del término así computado se incluirá siempre que no sea sábado, domingo ni día de fiesta legal, extendiéndose entonces el plazo hasta el fin del próximo día que no sea sábado, domingo ni día legalmente feriado. Cuando el plazo prescrito o concedido sea menor de siete (7) días, los sábados, domingos o días de fiesta legal intermedios se excluirán del cómputo. Medio día feriado se consi-derará como feriado en su totalidad.

Un análisis de las Reglas de Menores y de Procedimiento Civil despeja cualquier duda sobre la interpretación a adoptar. Cuando un menor es aprehendido y se emite una orden de detención y no hay tres (3) días laborables consecutivos desde su emisión, la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, opera por mandato de ley. Por ende, se excluyen del cómputo los sábados, domingos y días de fiesta legal.

Lo anterior no es de por sí suficiente para disponer del caso. Hay que resolver si la interpretación anterior está en conformidad con los requisitos del debido procedimiento de ley y trato justo que nos movieron a extender el derecho a juicio rápido a los menores encausados según la Ley de Menores de Puerto Rico. Pueblo en interés menor R.G.G., supra.

Para resolver hay que tener presente que la propia Regla 2.9(d) de Menores, supra, reconoce que puede haber “causas excepcionales” para no celebrar la vista dentro de los tres (3) días posteriores a la aprehensión. Ello demuestra que el término de tres (3) días no es inflexible. A los fines de armonizar los derechos del menor y los intereses del Estado, se previo que en ocasiones excepcionales la vista puede celebrarse después de los tres (3) días. Ello puede ser por razón de la exclusión de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra, como es en el caso ante nos, o por existir otras causas excepcionales.()

Lo anterior demuestra que no hay un mandato constitucional en cuanto a la especificidad del término. Si el legislador hubiera optado por un término mayor al de tres (3) días, no hubiéramos tenido fundamento para intervenir a menos que el mismo fuera irrazonable de su faz. El fundamento para determinar si se viola o no el derecho a juicio rápido es, en última instancia, si la vista se celebró dentro de un tiempo razonable. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1997).

Según los hechos presentes en este caso, tampoco resulta irrazonable haber excluido los días cinco (5) y seis (6) de agosto para el cómputo de los tres (3) días. De los autos no surge que la orden original de detención fuera arbitraria() o que la misma fuera dictada con el fin preconcebido de obviar o ampliar el término de tres (3) días.

En vista de que los menores no tienen derecho a fianza, particularmente en aquellos casos en que no hay tres (3) días laborables consecutivos desde que se emite la orden de detención, los magistrados deben ser extremadamente cuidadosos al ejercer su facultad decisional en cuanto a si se ordena o no la detención provisional. El criterio rector debe ser el establecido por las propias reglas, a saber, que: “El Juez deberá, siempre que sea posible, dejar el menor bajo la custodia de sus padres o de una persona responsable.” Regla 2.13 de Menores, supra.

Bajo ninguna circunstancia deberá el juez tomar su decisión a base de la solicitud ex parte de los agentes del Estado. Por el contrario, deberá analizar todas las circunstancias concurrentes. Una de éstas debe ser el tiempo en que el menor quedará provisionalmente detenido.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

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Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Por entender que el tribunal de instancia actuó correctamente al desestimar la querella presentada contra el menor recurrido porque se le violó su derecho constitucional a un juicio rápido, disiento de la opinión que emite este Tribunal. La exclusión de los sábados, domingos y días feriados al computar el término de tres (3) días provisto por la Regla 2.9(d) de Procedimiento para Asuntos de Menores (Reglas de Menores), 34 L.P.R.A. Ap. I-A, para la celebración de la vista de determinación de causa probable del menor detenido provisionalmente, atenta también contra el derecho fundamental de que nadie será privado de su libertad y propiedad sin un debido proceso de ley.

I.

El menor M.A.EL. fue aprehendido el viernes 4 de agosto de 1989 por conducir un vehículo de motor sin estar debidamente autorizado para ello. Tras ser intervenido por un policía estatal, se le relacionó posteriormente con un accidente automovilístico. Ese mismo día se sometieron en su contra quejas por infracciones al Art. 15 de la Ley para la Protección de la Propiedad Vehicular, Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.P.R.A. sec. 3214) y a las Secs. 3-301, 4-103 y 5-201 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, 9 L.P.R.A. secs. 721, 783 y 871, respectivamente. Se determinó causa probable y se ordenó su detención provisional en el Hogar Juvenil de Hato Rey.

La vista de determinación de causa probable para presentar querellas fue señalada para el 9 de agosto de 1989, seis (6) días después de su aprehensión.i ) Luego de unos incidentes procesa-les, se determinó causa probable. Celebrada la vista en su fondo, y a petición de la defensa, el tribunal desestimó las querellas imputadas al menor por habérsele violado su derecho a juicio rápido. Inconforme, el Procurador General comparece ante nos y señala que erró el tribunal de instancia al desestimar las quere-llas, ya que eran de aplicación la Regla 13.5 de Menores, 34 L.P.R.A. Ap. I-A, y la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, 32 L.ER.A. Ap. III, que excluye del cómputo los sábados, domingos y días feriados. No tiene razón.

hH I — I

El ordenamiento jurídico que cobija a los menores en nuestra jurisdicción, según lo dispuesto por la nueva Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.ER.A. see. 2201 el seq., está predicado en el principio de rehabilitación y en el reconocimiento de que nadie será privado de su libertad y propiedad sin el debido proceso de ley. Art. II, Sec. 7, Const. E.L.A., L.P.R.A, Tomo 1; R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270 (1974); Pueblo ex rel. J.L.D.R., 114 D.P.R. 497 (1983).

En R.A.M. v. Tribunal Superior, supra, reconocimos que aunque la naturaleza de los procedimientos de la Ley de Menores de Puerto Rico es civil, los imputados están sujetos, como el adulto, a la posible reclusión en una institución disciplinaria y, por ende, a la privación de su libertad. Por otro lado, en Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989), sostuvimos que la Ley de Menores de Puerto Rico de 1986 introdujo unos cambios “que van más allá del propósito rehabilitador y paternalista de la antigua ley” y extendimos a los menores la protección del derecho a juicio rápido.

Considerando que los menores no pueden garantizar su comparecencia mediante fianza, la Ley de Menores de Puerto Rico favorece que el menor permanezca bajo la custodia de sus padres mientras se ventila la queja presentada. A estos propósi-tos, el Art. 19 de esta ley dispone que “[s]iempre que fuere posible, el menor deberá dejarse bajo la custodia de sus padres o de una persona responsable, bajo la promesa de que comparecerá con éste ante el Tribunal en fecha determinada”. (Enfasis suplido.) 34 L.ER.A. see. 2219.

Para salvaguardar este derecho, el estatuto limita la discre-ción judicial a las circunstancias prescritas por el Art. 20 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2220, y la Regla 2.9(d) de Menores, supra, requiere que el magistrado consigne por escrito los fundamentos que justifiquen la orden de detención provisional.

La premisa de este nuevo ordenamiento es que en las circunstancias prescritas por el citado Art. 20 el menor está expuesto a la pérdida temporal de la libertad y que ineludible-mente tiene el derecho a un juicio rápido. Sin embargo, aunque el Estado tiene un interés legítimo en la detención provisional, esto no significa que un menor pueda estar recluido por tiempo excesivo.

A los fines de armonizar los intereses en conflicto, nuestro ordenamiento requiere que, salvo causas excepcionales, al menor detenido provisionalmente se le celebre la vista de determinación de causa “dentro de los tres días posteriores a la aprehensión”. Regla 2.9(d) de Menores, supra. Tomando en consideración que la legislación no ha reconocido el derecho de fianza a los menores, esta regla establece un mecanismo sustituto de índole procesal para garantizar que aquellos que han sido detenidos puedan comparecer rápidamente ante un juez para dilucidar preliminar-mente los méritos de la queja presentada en una vista adversativa donde pueden ser asistidos por un abogado. Si en esa vista el tribunal concluye que hay causa probable para la presentación de una querella, el juez tiene que decidir si extiende la detención hasta el día de la vista adjudicativa.

Debido a la naturaleza y a la importancia de esta vista, la Regla 2.9(d) de Menores, supra, establece un término razonable dentro del cual se debe celebrar la audiencia. La regla prescribe un término máximo y, por ende, no impide que la vista se celebre antes. Por otro lado, provee un término de tres (3) días precisa-mente para atender aquellos casos donde el menor es aprehendido un viernes y sea necesario esperar hasta el lunes para la celebración de una vista a la que puedan asistir los funcionarios correspondientes.

Solamente cuando existan causas excepcionales, podrá cele-brarse la vista después de los tres (3) días establecidos en las reglas. De esta manera, el ordenamiento preceptúa las circuns-tancias en las que se puede extender el término para la celebra-ción de la vista adversativa. Al requerir la existencia de causas excepcionales, se limita la discreción judicial y, simultáneamente, se garantiza un escrutinio riguroso por parte de los tribunales.

Ante nos, el Estado sostiene que al computar los términos de la citada Regla 2.9(d) de Menores se deben excluir los sábados, domingos y días feriados al amparo de la Regla 13.5 del mismo cuerpo de reglas, supra, y de la Regla 68.1 de Procedimiento Civil, supra. La opinión del Tribunal acoge esta interpretación y extiende el término de la detención provisional de un menor cuando “no hay tres (3) días laborables consecutivos desde que se emite la orden de detención”. Mediante esta interpretación de la Regla 2.9(d) de Menores, supra, un menor aprehendido un jueves se le puede detener provisionalmente hasta el lunes, o al que se le detiene un viernes tiene que esperar hasta el martes para la vista de determinación de causa. Como resultado de esta decisión, un menor puede estar recluido provisionalmente en una institución juvenil por cinco (5) o seis (6) días calendario antes de que se le celebre la vista de determinación de causa probable.

Contrario al espíritu de la Ley de Menores de Puerto Rico y a nuestro ordenamiento constitucional, la decisión emitida por el tribunal no evalúa si existen “causas excepcionales” para extender el término mientras él continúa detenido. Mediante una interpre-tación técnico-procesal de las reglas, permitimos que se viole el derecho del menor a un juicio rápido y que se le prive de su libertad sin el debido proceso de ley.

Por la importancia de los intereses constitucionales involucrados, lo aconsejable es que interpretemos las reglas pertinentes para salvaguardar los derechos afectados. La propia Regla 13.5 de Menores, supra, dispone que por “justa causa” podrán ser acortados o prorrogados dichos términos. En la controversia de autos, los derechos constitucionales afectados constituyen “justa causa” según lo requerido por la Regla 13.5 de Menores, supra, para no excluir los sábados, domingos y días feriados del término requerido por ley. De lo contrario, permiti-ríamos una detención provisional de un menor por un término excesivo sin el derecho a la fianza que protege a los adultos en situaciones análogas.

Por estas razones, al amparo del derecho a un juicio rápido, confirmaría la decisión del tribunal de instancia. En estas circuns-tancias no puedo suscribir la opinión emitida por este Tribunal.

      (1) Los criterios sustantivos a seguirse en la determinación judicial para decretar la detención provisional de un menor están fijados mediante el Art. 21 de la Ley de Menores de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. sec. 2220, y son los siguientes:
      “La detención de un menor sólo se efectuará mediante orden judicial. No se ordenará la detención de un menor antes de la vista adjudicativa a menos que:
      “(1) Sea necesaria para la seguridad del menor o porque éste representa un riesgo para la comunidad;
      “(2) que el menor se niegue a, o esté mental o físicamente incapacitado de dar su nombre, el de sus padres o encai-gado y la dirección del lugar donde reside;
      “(3) cuando no existan personas responsables dispuestas a custodiar al menor y garantizar su comparecencia a procedimientos subsiguientes;
      “(4) que el menor esté evadido o tenga historial conocido de incompareeeneias;

        “(5) que por habérsele antes encontrado incurso en faltas que, cometidas por un adulto, constituyeren delito grave y habérsele encontrado causa probable en la nueva falta que se le imputa, pueda razonablemente pensarse que amenaza el orden público seria-mente;
      “(6) que habiéndose citado al menor para la vista de determinación de causa probable, él no comparezca y se determine causa probable en su ausencia.”

      (2) Aunque después se dejó sin efecto, ello no conlleva una determinación de incorrección.

      (1) En esa vista, la representación legal del menor presentó una moción de desestimación por el fundamento de violación al derecho a un juicio rápido. La misma fue declarada sin lugar.