author: El Juez Asociado Señor Ortiz Asociado Señor Hernández Denton,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, recurrido, v. Miguel A. Rivera Colón, acusado y peticionario.

      Número: CE-87-10

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Carmen Ana Rodríguez Maldonado, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada del peticionario; Rafael Ortiz Carrión, Procurador General, Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Ortiz

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso nos da la oportunidad de fijar la forma y manera en que debe computarse el término de sesenta días para celebrar la vista preliminar en alzada y establecer normas para las situaciones en que el imputado no puede ser citado para comparecer a dicha vista.

Miguel A. Rivera Colón fue denunciado por infringir los Arts. 6, 8 y 11 de la Ley de Armas, en sus modalidades de delitos graves. 25 L.P.R.A. secs. 416, 418 y 421. El 13 de mayo de 1986 se celebró la vista preliminar en el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan. La Juez Dávila Altieri determinó, en todos los casos, que no había causa probable para acusar. El día siguiente, 14 de mayo, el fiscal sometió al Tribunal Superior, Sala de San Juan, una moción para solicitar vista preliminar en alzada, la cual fue notificada a la abogada del imputado.

El 20 de mayo se expidió orden que cita al acusado para el acto de vista preliminar en alzada a celebrarse el 3 de junio de 1986. El alguacil que trató de diligenciar dicha citación certificó que en la dirección de referencia vivía otra persona que no conocía al acusado.!) La vista de 3 de junio tuvo que ser transferida para el 30 de junio, porque el acusado no pudo ser citado. La propia abogada del acusado informó que tenía una dirección del acusado que era Barrio Corchado Núm. 99 en Isabela. Para el nuevo señalamiento se expidió citación con ambas direcciones del acusado. El alguacil volvió a certificar que en el Barrio Jurutungo no conocían al acusado. La Policía certificó que en la dirección de Isabela reside el Sr. Domingo Valle y que éste informó que desconocía el paradero de Rivera Colón. Por ello hubo que suspender la vista de 30 de junio. Se señaló la vista para el 27 de agosto. La minuta de esa vista nos indica que:

Informa el señor Alguacil que el imputado no fue citado. La defensa expresa que en estos casos han pasado los tér-minos para la Vista Preliminar en Alzada contando desde que se celebró el 13 de mayo de 1986. Que la dirección que tiene la ofreció la última vez la Leda. Marta Dávila que es la siguiente: Bo. Corchado Núm. 99, Isabela, Puerto Rico por lo que solicita la desestimación del caso. Que la ausencia del imputado surge de que no fue citado.
El Tribunal le indica a la defensa que no procede la moción de desestimación, ya que es un deber del imputado dar su dirección correcta.
Se le concede sesenta (60) días adicionales al señor fiscal para que haga las gestiones para que cite al imputado.
Se señala la vista para el día 29 de octubre de 1986 a las nueve de la mañana. Exhibit XII, pág. 12.

Como el acusado no pudo ser citado, el 29 de octubre la defensa solicitó el archivo del caso bajo la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. El magistrado hizo constar que del expediente surge que el acusado se mudó y procedió a darle dos días adicionales al fiscal para hacer las gestiones necesarias. El 30 de octubre el fiscal presentó una moción en que pedía se citara a la juez que presidió la vista preliminar, ya que se alegó que al finalizar la vista preliminar el fiscal anunció en corte abierta que iba a acudir en alzada y que la juez citó al acusado para una vista a celebrarse el 5 de junio. Solicitó que se celebrara la vista preliminar en ausencia del acusado. En la vista de 31 de octubre se ordenó que se citara para el 13 de noviembre a la Juez Dávila, los fiscales y abogados que intervinieron en el caso. El día 13 ocurrió lo siguiente:

Llamados los casos del epígrafe para Vista Preliminar en Alzada, comparece el Pueblo de Puerto Rico representado de su fiscal, Rosa Emilia Rodríguez. El acusado no ha comparecido. Está su abogada, Lie. Cándida A. Gutiérrez.
Expresa la defensa que en relación a este caso han pasado 184 días desde que se vio la Vista Preliminar y no se determinó causa. Que en varias ocasiones se le había llevado al Tribunal que el acusado nunca fue citado y nunca se diligenció su citación y dado ese hecho, de que no había sido citado debidamente el 27 de agosto de 1986 estando presente el fiscal, José Santiago Martínez la defensa presentó una solicitud de desestimación de estos casos. En esa ocasión el Juez le concedió 60 días adicionales al Ministerio Público para que se realizaran gestiones para citar al imputado. El d[í]a 31 de octubre compareció el Lie. Tomás Sierra señalando los mismos planteamientos y solicitando la desestimación de los casos. En esa ocasión el fiscal Miguel Colón Ortiz solicitó que se citara a la Juez Georgina Dávila y al Fiscal Juan López como testigos de la supuesta citación del acusado, que la defensa solicitó la citación de las abogadas, [Lc]das. Margarita Cortijo y Marta Dávila.
El Tribunal le informa a la defensa qué no se ha podido citar al acusado porque se mud[ó] y no ha informado al Tribunal cu[á]l es su paradero.
Expresa la defensa que se dio la dirección que ten[í]a la defensa en su expediente.
Expresa el Ministerio Público que el Fiscal, Juan López cuando se hiz[o] la determinación de no causa informó que se iba a ir en alzada por lo que entiende la fiscal que el acusado debi[ó] mantener informado al Tribunal de su [pa]radero. Que se han hecho gestiones para citar al acusado y han sido infructuosas. La fiscal entiende que hubo un aviso para que el acusado le mantuviera inform[ad]o de su paradero.
Expresa la defensa que la prueba que tiene es que en ningún momento se informó en Vista Preliminar que se iba a ir en alzada en este caso.
La fiscal entiende que el fiscal, Juan López cuando la Juez resolvió en Vista Preliminar indicó que ir[í]a en alzada.
Se suspende esta vista y se señala para el d[í]a 14 de enero de 1987 a las nueve de la mañana.
Se dispone que se contin[úe]n haciendo las gestiones para localizarlo. Exhibit XVII, págs. 17-18.

A solicitud de la defensa, el 13 de enero de 1987 paralizamos los procedimientos en el tribunal de instancia y le concedimos un término al Procurador General para mostrar causa por la cual no debíamos archivar los casos pendientes contra el peticionario. Después de la compare-cencia de las partes, estamos en posición de resolver.

Para empezar, ratificamos que la garantía constitucional de juicio rápido se extiende y aplica en toda su extensión a los procedimientos de vista preliminar, ya sea bajo la Regla 23 ó 24 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246 (1976); Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

La Regla 24(c), según enmendada por la Ley Núm. 80 de 9 de julio de 1986(), 34 L.P.R.A. Ap. II, establece lo siguiente:

REGLA 24. - PROCEDIMIENTOS POSTERIORES
(c) Efectos de la determinación de no haber causa probable. Si, luego de la vista preliminar, el magistrado hiciere una determinación de que no existe causa probable, el fiscal no podrá presentar acusación alguna. En tal caso o cuando la determinación fuere la de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal podrá someter el asunto de nuevo con la misma o con la otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia. El magistrado una vez tenga ante sí dicha solicitud podrá prontamente expedir u ordenar al Secretario del tribunal que expida citación tanto al imputado como a los testigos de cargo anunciados, las cuales serán diligenciadas por los alguaciles del tribunal o sus delegados.!)

En el caso ante nos el tribunal expidió, para todos los señalamientos, citaciones dirigidas al imputado, las cuales no pudieron diligenciarse porque el citado no residía en la dirección que dio inicialmente al ser intervenido (la de Hato Rey) ni en la que posteriormente dio a sus abogados (la de Isabela).

En Pueblo v. Opio Opio, ante, pág. 170, sentamos la norma siguiente:

En armonía con los desarrollos en este vital campo consideramos adecuado un término de sesenta días para celebrar la misma, contados desde el arresto del acusado o su citación para responder del delito imputado. Coincide con el término máximo provisto en la Regla 64(n)(2) de Procedimiento Criminal para presentar acusación o denuncia contra el acusado, y sólo podrá extenderse por justa causa, o por demora imputable al acusado o consentida por éste. (Escolio omitido.)

En Pueblo v. Vélez Castro, ante, aplicamos el mismo término a la vista preliminar en alzada. Aunque allí era innecesario consignarlo, entendemos que es lógico suponer que en Pueblo v. Vélez Castro, ante, seguimos en toda su extensión las normas de Pueblo v. Opio Opio, ante, incluso, claro está, que el punto de partida para computar el término de sesenta días puede computarse desde la citación del acusado y las razones para extenderlo.

En las causas criminales, el derecho a juicio rápido no cobra vigencia hasta que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986); Pueblo ex rel L.V.C., 110 D.P.R. 114, 126 (1980), donde se citan entre otros a Pueblo v. Opio Opio, ante, y a Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173, 177-178 (1976). En este último caso se utilizó la norma de que es la citación la que pone en marcha el término de sesenta días para presentar la acusación. Ratificamos la norma y razonamiento de dicho caso:()

El derecho a juicio rápido, garantizado por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución de Puerto Rico, se cumple en reglas procesales, en la realidad vital y en la función práctica de día a día del sistema de justicia criminal. Hemos resuelto que la demora indebida en los procedimientos anteriores a la acusación contraviene ese derecho. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975). Pero tanto los derechos del acusado, como los de lá sociedad interesada en juzgarlo, no son prisioneros de la tiesa aritmética de la regla. Hay elementos de justa causa para la demora que reconcilian el derecho a juicio rápido con las circunstancias reales de cada caso y los derechos del acusado han de atemperarse a la administración práctica de justicia. Beavers v. Haubert, 198 U.S. 77 (1905). La garantía constitucional es importante salvaguardia que evita el encarcelamiento indebido y opresivo anterior al juicio; minimiza la ansiedad y preocupación que conlleva una acusación pública; y reduce la posibilidad de que una larga tardanza menoscabe los medios de defensa del acusado. United States v. Ewell, 383 U.S. 116 (1966). Si la demora en la prosecución del caso llega al punto de privación inconstitucional de derechos, es cuestión que depende de las circunstancias. Queda excluida como justa causa aquella demora intencional u opresiva. Pollard v. United States, 352 U.S. 354 (1957). Contrapuestos a esta doctrina, los hechos en que funda el recurrente su reclamo no acusan erosión de su derecho constitucional a juicio rápido.

Esta norma de razonabilidad ha sido constantemente reconocida aun en la opinión disidente en Pueblo v. Santiago Agricourt, 108 D.P.R. 612 (1979).

En esa disidencia, Pueblo v. Santiago Agricourt, ante, pág. 621, se dijo que:

Así determinamos que el plazo razonable con que cuenta el ministerio público para conseguir la celebración en alzada de una nueva vista preliminar no debe exceder 60 días. Cierto es que al momento de procesarse el caso de autos no habíamos nosotros resuelto el caso Vélez Castro. No obstante, la celebración en tiempo razonable de una vista preliminar en alzada, incidente que puede resultar en menoscabo del derecho a juicio rápido, es obligación procedente de la Constitución que se impone al ministerio público. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169 (1975). Contra esa norma el fiscal puede oponer válida justificación.

En la sentencia de la mayoría se sigue la norma que cita a Pueblo v. Reyes Herrans 105 D.P.R. 658, 664 (1977) y Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, ante, de que el derecho fundamental al juicio rápido evade la “tiesa . aritmética de la regla”, Pueblo v. Santiago Agricourt, ante, pág. 614.() Lo importante del caso de Pueblo v. Santiago Agricourt, ante, es que no hubo controversia o división del tribunal en cuanto a que contra la norma de Pueblo v. Vélez Castro, ante, el fiscal puede oponer válida justificación.()

Para aplicar las anteriores normas a la situación en el caso ante nos, debemos tener presente que: “La pronta solución de casos no es interés exclusivo del acusado sino de toda la comunidad. ... Sin embargo, el énfasis es hacia el derecho del primero.” (Citas omitidas.) Pueblo v. Rivera Tirado, ante, págs. 431-432.

También debemos considerar que este problema no ha pasado desapercibido. La Ley Núm. 80, ante, estableció un mecanismo para citar a los acusados para la vista preliminar en alzada. En casos como el presente, en que el acusado cambia de dirección, ya sea voluntariamente para evadir la jurisdicción o inconscientemente,() el mecanismo resulta ser insuficiente. Ante esa situación debemos sentar las normas que regirán para garantizar los derechos del acusado y de la comunidad.()

Ratificamos la norma de Pueblo v. Vélez Castro, ante. En primera instancia la vista preliminar en alzada debe celebrarse dentro de sesenta días a partir de la resolución del Juez de Distrito la cual determina que no había causa probable. Para esta primera vista el imputado será citado según el procedimiento de las Reglas 24(c) y 235 vigentes. Si no se puede citar al acusado por haber éste cambiado su dirección sin informar al tribunal o a su abogado, y el tribunal entiende que hubo una debida diligencia para localizarlo y citarlo, entonces el término de sesenta días para la segunda o subsiguientes vistas comenzará a computarse a partir de la fecha en que el acusado sea efectivamente citado. En todos los casos el término sólo podrá ser extendido por justa causa o por demora imputable al acusado o consentida por éste. Pueblo v. Opio Opio, ante. Queda excluida como justa causa aquella demora intencional y opresiva.()

En este caso está pendiente de celebrarse una vista evidenciaría para resolver el planteamiento dé la defensa y las contenciones del fiscal. Luego de oír a los testigos citados por las partes y a los funcionarios a cargo de diligenciar las anteriores citaciones, el tribunal resolverá la moción de desestimación a la luz de los criterios antes expuestos. Deberá, además, citarse nuevamente al impu-tado, Miguel A. Rivera Colón.

Se expedirá el auto, dictará sentencia de conformidad a lo aquí expuesto y se devolverá el caso para que continúen los procedimientos en forma compatible con esta opinión.

La Juez Asociada Naveira de Rodón concurre en lo resuelto sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión disidente, a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

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Opinión disidente emitida por el Juez

Asociado Señor Hernández Denton,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

La Sociedad de Asistencia Legal (en adelante, la Sociedad) en representación del peticionario acude ante este foro para solicitar que revoquemos la determinación del tribunal de instancia que se niega a archivar una acusación criminal por violación al derecho constitucional a un juicio rápido. Alega la Sociedad que para la fecha del señala-miento de la vista en alzada habían transcurrido más de sesenta días desde la determinación de no haber causa probable para acusar por los delitos imputados. Contrario a la posición del Tribunal, entiendo que el peticionario tiene razón y procede el archivo de la acusación.

El derecho a “un juicio rápido y público” es uno de los derechos fundamentales garantizados por el Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986); Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977); Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).

En Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165, 169 (1975), reconocimos que el derecho a juicio rápido “no se circunscribe al acto del juicio propiamente dicho; se extiende para abarcar todas las etapas en progresión gradual desde la imputación inicial de delito”. Dada esta visión integral del proceso penal y si se considera el motivo principal que animó a los miembros de la Convención Constituyente al incorporar este derecho fundamental en nuestra Carta Orgánica, concluimos que su protección se extendía a la vista preliminar requerida por la Regla 23 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Luego en Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246 (1976), extendimos su cobertura a la vista preliminar en alzada provista por la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En esa ocasión afirmamos que la vista preliminar en alzada ante el Juez Superior tenía que celebrarse dentro de un término máximo de sesenta (60) días desde la resolución del Juez de Distrito, la cual determina que no había causa probable para la acusación. Las Reglas de Procedimiento Criminal establecen un método integral y sistemático para encauzar el proceso penal. El diseño le permite al inocente una oportunidad temprano en el proceso de ser liberado de acusaciones injustas y evitar ser expuesto a “la preocupación martiri-zante de un juicio”. Pueblo v. Opio Opio, supra, pág. 169. Por eso la Regla 23(c) específicamente provee para que cuando un tribunal determine que no existe causa probable para acusar, “exoner[e] a la persona y orden[e] que sea puesta en libertad”.

Por otra parte, la Regla 24(c) de Procedimiento Criminal dispone que si el juez instructor de causa hace una determinación de que no existe causa probable para acusar por el delito imputado o de que existe causa por un delito inferior al imputado, el fiscal puede recurrir en alzada al Tribunal Superior para revisar la determinación del magistrado.

En Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28, 30 (1984), examinamos el alcance de la vista preliminar en alzada y concluimos:

La Regla 24(c) de Procedimiento Criminal regula el procedimiento posterior a la celebración de la vista preliminar. El inciso (c) permite que si se determina que no existe causa probable o que existe por un delito inferior al imputado, el fiscal pueda presentar el asunto de nuevo con la misma u otra prueba a un magistrado de categoría superior del tribunal de primera instancia. Esta segunda vista preliminar no es una apelación de la primera sino que es vista independiente, separada y distinta. Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968). (Énfasis nuestro.)

El peticionario, como persona imputada de delito, fue “exonerado y puesto en libertad”. A la fecha en que se le citó a la vista en alzada no existía ningún proceso criminal pendiente en su contra. Era para todos los fines legales una persona libre y —a lo sumo— a menos que el fiscal al momento de concluir la vista preliminar anunciara su intención de ir en alzada, no tenía ninguna obligación de mantener al tribunal informado de los cambios en dirección. El caso de Márquez Quiñones v. Tribunal de Distrito, 105 D.P.R. 203 (1976), citado por la opinión de la mayoría, es claramente distinguible. Allí el acusado había sido declarado “prófugo de la justicia”. Ni tan siquiera se le había celebrado la primera vista. Fue arrestado, se le fijó fianza y cuando se expidió la citación para la vista preliminar a la dirección por él suministrada como correcta, no pudo ser localizado.

En este caso el señor Rivera Colón fue exonerado del delito imputado luego de la celebración de la vista preliminar en que se determinó que no había causa para enjuiciarlo. Al determinarse no causa en la vista preliminar, el peticionario no fue citado para la celebración de otra vista, ni el tribunal le hizo algún tipo de apercibimiento. Como cualquier otro ciudadano, podía ausentarse sin el temor ni el estigma de tener pendiente un proceso criminal en su contra.

Una vez el Ministerio Público decide acudir en alzada al Tribunal Superior, se inician los esfuerzos de notificación al peticionario. En los señalamientos del caso a partir de 3 de junio de 1986, el alguacil que intentó diligenciar la citación declaró que el señor Rivera Colón no había podido ser citado en la dirección que aparecía en el expediente del tribunal. Sin embargo, no declaró que esta persona se escondiera para evitar ser citado. Podemos inferir que sencillamente desconocía que el Ministerio Público había solicitado la celebración de una vista en alzada.

Al presente ya han transcurrido once (11) meses desde que se determinó que no existía causa probable contra el señor Rivera Colón y se decretó su libertad. También han transcurrido once (11) meses desde que se presentó la moción para solicitar vista preliminar en alzada la cual aún no ha sido celebrada. Este es un término en exceso, por mucho, de los sesenta (60) días que se establece en Pueblo v. Vélez Castro, supra. Procede que se archive el caso en su contra.

Por estas razones disiento de la opinión del Tribunal. Amparándose en una jurisprudencia que no es aplicable a los hechos de este caso y con una visión limitada del alcance del derecho constitucional a un juicio rápido, este Tribunal acepta la interpretación restrictiva del Ministerio Público y establece condiciones para que a un ciudadano se le limite su libertad de movimiento aun después de ser exonerado en la vista preliminar.

      (1) Esa era la dirección que constaba en la denuncia, a saber, Calle M, Núm. 105, Barrio Jurutungo, Hato Rey, o sea la que suministró el acusado al ser intervenido por primera vez en este caso.

      (2) Vigente al dictarse la orden recurrida. En lo pertinente, su Exposición de Motivos dispone así:
      “Al momento, las Reglas de Procedimiento Criminal no establecen un procedi-miento específico para tales fines. Particularmente, las Reglas 6 y 24 que regulan en parte los procedimientos preliminares a la determinación de causa probable, no proveen un mecanismo en virtud del cual el tribunal venga obligado a citar, tanto a los testigos como al posible imputado. Igualmente la Regla 235, aunque provee para la citación de testigos bajo ciertas circunstancias, guarda silencio en cuanto a la obligación del tribunal de citar testigos e imputados cuando el fiscal lo solicita, tanto para procedimientos de determinación de causa como para el acto del juicio. Se ha generalizado la idea de que debe ser el fiscal o el policía estatal quien debe producir tanto los testigos como a los imputados.
      “Las enmiendas a las Regla[s] 6, 24, y 235 de Procedimiento Criminal van encaminadas a establecer con claridad el procedimiento a seguir en aquellos casos en que el Estado solicite la revisión de una determinación de causa que no le es favorable. Así también, para establecer la obligación del tribunal de citar tanto a testigos como imputados, cuando el fiscal o los agentes de la Policía lo soliciten. Los tribunales cuentan con los recursos y el personal necesarios para hacer citaciones a través de la Oficina de los Alguaciles. Las fiscalías no poseen los mismos.” 1986 Leyes de Puerto Rico 268-269.

      (3)En la Ley Núm. 29 de 19 de junio de 1987 se eliminó la última oración de la Regla 24(c), 34 L.P.R.A. Ap. II. Ello no obstante, se puede utilizar el procedimiento de citación establecido por la Regla 235 de Procedimiento Criminal, según enmendada por la Ley Núm. 80 de 9 de julio de 1986.

      (4) Véase, además, Pueblo v. Garrick, 105 D.P.R. 178 (1976), donde se armoniza el término de sesenta días para presentar la acusación, Regla 64(n)(2), con la norma judicial de Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975). Resolvimos que la acusación presentada once días después de vencido este último plazo está en tiempo, en ausencia de circunstancias extraordinarias y excepcionales demostrativas de abuso del término para celebración de la vista preliminar.

      (5)Como apuntamos en Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419, 433 (1986), “[e]l enfoque es más bien de tipo pragmático y responde a la naturaleza inherente de la dinámica del derecho a juicio rápido. Es relativo, no absoluto. Juicio rápido no es un concepto incompatible con cierta tardanza, pero la demora no debe ser intencional ni opresiva”.

      (6) Por vía de ejemplo, en la jurisdicción federal, a tenor con el Speedy Trial Act, 18 U.S.C. sec. 3161, el tiempo de demora causado por la ausencia o indisponibilidad del acusado no se computa para los efectos de los términos de juicio rápido. Dicha disposición expresa:

        “(h) The following periods of delay shall be excluded in computing the time within which an information or an indictment must be filed, or in computing the time within which the trial of any such offense must commence:.
      “(3)(A) Any period of delay resulting from the absence or unavailability of the defendant or an essential witness.
      “(B) For purpose of subparagraph (A) of this paragraph, a defendant or an essential witness shall be considered absent when his whereabouts are unknown and, in addition, he is attempting to avoid apprehension or prosecution or his whereabouts cannot be determined by due diligence. For purposes of such subparagraph, a defendant or an essential witness shall be considered unavailable whenever his whereabouts are known but his presence for trial cannot be obtained by due diligence or he resists appearing at or being returned for trial.”

      (7) En Marquez Quiñones v. Tribunal de Distrito, 105 D.P.R. 203, 207 (1976), el acusado no pudo ser citado para la vista preliminar porque se había trasladado de Humacao a Caguas sin informar al Tribunal. Resolvimos que la ausencia admitida por el acusado de su domicilio, es justa causa para que no se celebrara la vista preliminar. La base decisoria fue que:
      “El acusado trasladó su residencia de Humacao a Caguas y nada informó sobre el particular hasta que compareció voluntariamente a pedir que se dejara sin efecto la declaración de prófugo de la justicia. En protección de su derecho a juicio rápido, en todas las etapas del procedimiento, el acusado viene obligado a informar al tribunal su cambio de domicilio, para que puedan cumplimentarse en tiempo las citaciones a él dirigidas. Si se ausenta de la dirección residencial por él informada, sin notificar el cambio de dirección, su conducta no es menos que una renuncia a los términos que en la Regla 64 de Procedimiento Criminal implementan la garantía constitucional de un juicio rápido.”

      (8) En el 1985 los legisladores de la minoría presentaron sendos proyectos de ley para solucionar el problema mediante el P. del S. 146 y el P de la C. 209, que autorizaban al magistrado que determina la inexistencia de causa probable a mantener vigente la fianza prestada por el término que tiene el fiscal para revisar la determinación. Estos proyectos no se han convertido en ley. Los traemos a colación únicamente para demostrar el conocimiento en la profesión de la situación creada cuando no se puede citar a los acusados para la vista preliminar en alzada.

      (9) Es de notar que la propia Regla 64(n) admite la justa causa para la demora en celebrar la vista preliminar inicial. A esos efectos la Ley Núm. 31 de 19 de junio de 1987 (34 L.P.R.A. Ap. II, R. 64(n)(5) y (6)) dispone, en lo pertinente, lo siguiente:
      “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:

        “(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento:
      “(5) Que la persona estuvo detenida en la cárcel por un total de treinta (30) días después de su arresto sin que se le hubiere celebrado la vista preliminar en los casos en que deba celebrarse.
      “(6) Que no se celebró vista preliminar a la persona dentro de los sesenta (60) días de su arresto en los casos en que deba celebrarse.”
      Obsérvese que en esta ley se varían los términos fijados jurisprudencialmente en Pueblo v. Opio Opio, ante.


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Teresa Molina Avilés, Etc., demandante, v. Supermercado Amigo, Inc., y Otros, demandados; Colón Brothers, Inc., demandante contra tercero y recurrido, Conservas Carballo, S.A., tercera demandada-peticionaria.

      Número: CE-86-242

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Rafael L. Ydrach Yordán, abogado de la peticionaria; Gonzalo J. Barreras Varona, de Abruña, Barreras, Cruz, Ojeda & Morales, abogado del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

En esta ocasión debemos determinar la corrección del procedimiento utilizado por el tribunal de instancia para resolver una moción para desestimar una demanda contra tercero por falta de jurisdicción sobre la persona de un tercero demandado no domiciliado de Puerto Rico.

El 7 de mayo de 1984 los demandantes presentaron una acción en el Tribunal Superior, Sala de Carolina, en la cual alegaron haber sufrido daños cuando el codemandante Emilio Alvarado Molina se tragó un pedazo de lata al ingerir una sopa de calamares. La sopa la preparó su madre, la codemandante Teresa Molina Avilés, con calamares marca Coloso. Incluyeron como demandados a Supermer-cados Amigo, Inc., el vendedor del producto, varias compañías aseguradoras, Raizor Distributor, Inc., impor-tador del producto, Conservas Carballo, S.A. (en adelante Conservas), una empresa española que se dedica a enlatar alimentos y exportarlos y Colón Brothers, Inc. (en adelante Colón Brothers), de quien se alega distribuyó a Supermer-cados Amigo, Inc. el producto que causó el daño. En total se reclamaron cuatrocientos cincuenta mil dólares ($450,000).

Luego de una serie de trámites procesales, Conservas presentó moción de desestimación por falta de jurisdicción sobre su persona a la cual no se opusieron los deman-dantes^) El tribunal la concedió. Así las cosas, Colón Brothers presentó una demanda de tercero para traer nuevamente a Conservas al pleito.() Alegó que ésta era la única responsable de los daños por haber sido la que “preparó y envasó el producto en la forma en que los mismos fueron vendidos a los demandantes”.() Exhibit 5, pág. 16. Conservas, a su vez, presentó moción para desestimar la acción por carecer el tribunal de jurisdicción sobre su persona al no existir los contactos mínimos necesarios con el foro. Art. II, Sec. 7 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1; Décimocuarta y Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y Regla 4.7 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III). Alegó que es una compañía extranjera con oficinas en España; que no tiene oficinas ni agentes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; que no paga contribuciones aquí, y que tampoco tiene listado telefónico para promover anuncios o solicitudes de negocios en la isla. En apoyo acompañó una declaración jurada del Sr. Manuel Gómez Carballo, Presidente de Conservas.()

Colón Brothers presentó oposición al reclamo de Conservas, fundamentándose en los nexos contractuales que tiene con la empresa ibérica. Acompañó su moción con varios documentos entre ellos: algunos conocimientos de embarque, comunicaciones por cable ultramarino entre las dos empresas() y reseñas de periódicos locales sobre la relación comercial entre ambas. Las partes no solicitaron vista para presentar prueba sobre los contactos mínimos de Conservas con el foro, y el tribunal de instancia no las citó para esos fines.

El tribunal, de acuerdo con las alegaciones, los documen-tos, declaraciones juradas y las demás constancias de los autos, declaró sin lugar la moción de desestimación. De esta resolución Conservas recurre ante nos. Alega que el tribunal a quo erró al determinar que tenía jurisdicción sobre ella.

Le requerimos a Colón Brothers que mostrara causa por la cual “a tenor con lo resuelto en Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548 (198[3)], no se deba revocar la resolución del tribunal de instancia ... y devolver el caso para que celebre vista evidenciaría y luego determine si existen ... contactos mínimos que le permitan ejercer jurisdicción sobre la persona de [la] ... tercer[a] demandad[a peticionaria] Conservas Carballo, S.A.”. Resolución de 8 de mayo de 1986. El recurrido compareció, pero en su escrito se ha limitado a discutir la existencia de contactos mínimos a base de Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548 (1983), y A.H. Thomas Co. v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 883 (1970). No discutió el aspecto procesal indicado en nuestra resolución.

I — I l-H

En Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, pág. 556, expresamos:

... el tribunal de instancia decidió la moción de desestimación de Florida Steel sin celebrar vista, y sin que las partes tuvieran oportunidad de demostrar la validez de sus planteamientos. De hecho, el tribunal descansó en la suficiencia de las alegaciones para establecer la jurisdicción sobre la persona de Florida Steel. Al así hacerlo, incidió. Cuando menos debió requerir que la demandante demostrara que cuenta con prueba suficiente para establecer los requisitos necesarios para conferir jurisdicción in personam sobre la demandada y así garantizar su derecho a un debido procedimiento de ley. (Énfasis suplido.)

Luego, en Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985), citando a Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, dijimos que “[njuestra expresión se debió a que existía una controversia de hechos sobre si la demandada había realizado o no transacciones de negocios en Puerto Rico y resolvimos que debió permitírsele presentar evidencia para probar su alegación. En [el caso Sterzinger v. Ramírez, supra] no era necesaria la celebración de vista por no existir controversia sobre los hechos que se alega[ba] conf[erían] jurisdicción al tribunal. Esto surg[ía] del propio conocimiento dpi juez que [intervino] en el caso y del expediente del mismo”. (Énfasis suplido.) Ibíd., pág. 788. En Sterzinger v. Ramírez, supra, para efecto de la reconven-ción, el demandante reconvenido se había sometido a la jurisdicción del tribunal mediante la presentación de la demanda. Con el beneficio de esas expresiones examinamos la controversia en el caso de autos.

Cuando se intenta traer al caso a una parte no domiciliada en Puerto Rico conforme nuestra Regla 4.7 de Procedimiento Civil de 1979, supra, y este hecho se alega en la demanda, es aconsejable que la parte promovente de la acción también alegue hechos suficientes de los cuales se pueda inferir razonablemente que existe jurisdicción sobre la persona del promovido, a tenor con los requisitos procesales y constitucionales.() Véanse: Naartex Consulting Corp. v. Watt, 722 F.2d 779, 787-788 (D.C. Cir. 1983); Greenspun v. Del E. Webb Corp., 634 F.2d 1204, 1208 n. 5 (9no Cir. 1980); McLean v. Church of Scientology of Cal., 538 F. Supp. 545, 547 (M.D. Fla. 1982); 4 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 1068 (1987).

Al plantearse la defensa de falta de jurisdicción sobre la persona, ya fuere en la contestación como defensa afirmativa o mediante moción para desestimar, le corresponde al que alega la jurisdicción probarla. El tribunal, por su parte, tiene una gran discreción sobre cómo proceder. Reglas 10.2 y 10.4 de Procedimiento Civil de 1979, supra. Al ejercer esta discreción deberá balancear la necesidad de determinar la suficiencia de la defensa con prontitud para así evitar una costosa litigación y promover la rápida solución de la controversia contra la deseabilidad de que se celebre una vista evidenciaria para así poder tener ante sí todos los elementos necesarios para llegar a una determinación final sobre la falta de jurisdicción sobre la persona. Además, debe ponderar la posibilidad que la controversia jurisdiccional esté tan entrelazada con los méritos del caso que posponer su decisión sea aconsejable.() Ahora bien, si el demandado decide impugnar la jurisdic-ción sobre su persona mediante la presentación de una moción para desestimar al amparo de la Regla 10.2 de Procedimiento Civil, supra, el tribunal puede: (1) simplemente evaluarla tomando en consideración sólo las alegaciones de la demanda, o (2) si se acompañan documentos y declaraciones juradas, analizar éstos conjuntamente con las alegaciones y los documentos y contradeclaraciones juradas que presente el demandante en su oposición, o (3) señalarla para vista preliminar evidenciaría o (4) posponer la cuestión para decidirla des-pués de la vista en su fondo al resolver el caso.

Si opta por lo primero deberá dar como ciertos los hechos bien alegados en la demanda, demanda contra tercero, demanda contra coparte, o reconvención, según fuere el caso. Cervecería Corona, Inc. v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 698 (1971); Izquierdo v. Izquierdo, 80 D.P.R. 71, 79 (1957); Sierra, Sec. Trabajo v. Bird, 78 D.P.R. 170, 174 (1955); Sacarello v. Junta de Retiro, 75 D.P.R. 267, 274 (1953); también véanse: Clemente v. Dpto. de la Vivienda, 114 D.P.R. 763, 771 (1983), y Boulon v. Pérez, 70 D.P.R. 988 (1950). Los hechos que no estén bien alegados, First Fed. Savs. v. Asoc. de Condómines, 114 D.P.R. 426, 431-432. (1983); González v. Hawayek, 71 D.P.R. 528 (1950), y las conclusiones de derecho incluidas en las alegaciones del promovente no gozan de igual trato. Bajo estas circunstancias, el demandante derrota la moción si demuestra que se han alegado hechos suficientes que, prima facie, de probarse, confieren al tribunal jurisdicción sobre la persona del no domiciliado a base de la regla de largo alcance, Regla 4.7 de Procedimiento Civil de 1979, supra, y que se satisfacen los requisitos mínimos de debido procedimiento de ley de las Constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Véanse: Naartex Consulting Corp. v. Watt, supra; Nelson By Carson v. Park Industries, Inc., 717 F.2d 1120, 1123 (7mo Cir. 1983), cert. denegado, 104 S. Ct. 1278 (1984); Visual Science v. Integrated Communications, 660 F.2d 56, 58 (2do Cir. 1981); Welsh v. Gibbs, 631 F.2d 436, 438-439 (6to Cir. 1980), cert. denegado, 450 U.S. 981 (1981); Marine Midland Bank, N.A. v. Miller, 664 F.2d 899, 904 (2do Cir. 1981); Aaron Ferer & Sons Co. v. Diversified Metals Corp., 564 F.2d 1211, 1215 (8vo Cir. 1977); Jetco Electronic Industries, Inc. v. Gardiner, 473 F.2d 1228, 1232 (5to Cir. 1973); O’Hare International Bank v. Hampton, 437 F.2d 1173, 1176 (7mo Cir. 1971); 4 Wright & Miller, supra, Sec. 1068(); 2A Moore’s Federal Practice, 2da ed., Nueva York, Matthew Bender, 1986, Sec. 12.07, pág. 12-55 y ss.

De otra parte, bajo la segunda alternativa, si con la moción de desestimación se acompañan documentos y declaraciones juradas, el demandante para prevalecer tendrá que presentar documentos y contradeclaraciones juradas que acrediten, prima facie, hechos que demuestren que hay jurisdicción sobre la persona del demandado no domiciliado. Visual Science v. Integrated Communications, supra; O’Hare International Bank v. Hampton, supra; Marine Midland Bank, N.A. v. Miller, supra; Nelson By Carson v. Park Industries, Inc., supra; Welsh v. Gibbs, supra; McLean v. Church of Scientology of Cal., supra; Sultanik v. Cobden Chadwick, Inc., 94 F.R.D. 123, 124 (E.D.N.Y. 1982); Williams v. Vick Chemical Company, 279 F. Supp. 833, 837 (S.D. Iowa 1967); 5 Wright & Miller, supra, Sec. 1351, pág. 565; 2A Moore’s Federal Practice, op. cit., págs. 12-55 a 12-56.()

Bajo cualesquiera de estas dos alternativas, si el tribunal determina que prima facie se ha establecido el requisito de jurisdicción sobre la persona del demandado, la moción de desestimación se derrota. Esto, sin embargo, no releva al promovente de la acción de demostrar, mediante la preponderancia de la prueba, en el juicio en su fondo, que dicha jurisdicción existe. Visual Science v. Integrated Communications, supra; Marine Midland Bank, N.A. v. Miller, supra; 2A Moore’s Federal Practice, op. cit.

Si el tribunal decide, motu proprio o a solicitud de parte, celebrar una vista preliminar evidenciaría sobre la controversia jurisdiccional, Regla 10.4,() el demandante entonces viene obligado a establecer, mediante la preponde-rancia de la prueba presentada, que existe jurisdicción sobre la persona del no domiciliado conforme las disposiciones constitucionales de debido procedimiento de ley y nuestra regla de largo alcance. Marine Midland Bank, N.A. v. Miller, supra; O’Hare International Bank v. Hampton, supra; Visual Science v. Integrated Communications, supra; Welsh v. Gibbs, supra; Sultanik v. Cobden Chadwick, Inc., supra; 2A Moore’s Federal Practice, op. cit. En esta etapa inicial del caso y para dilucidar la cuestión de jurisdicción sobre la persona se puede solicitar descubrimiento de prueba limitado a la controversia jurisdiccional. Véanse: Visual Sciences v. Integrated Communications, supra; Sultanik v. Cobden Chadwick, Inc., supra. Cuando la determinación jurisdiccional pueda disponer de todo o parte del caso, es aconsejable la celebración, lo antes posible, de la vista evidenciaría conforme las Reglas 10.4, 38.2 y 43.5 de Procedimiento Civil de 1979, supra. Cf. Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838 (1986).() Luego de esta vista evidenciaría, la determinación del tribunal, que existe jurisdicción sobre la persona del demandado, releva al demandante de tener que probar este hecho en el juicio en su fondo. Si por el contrario, el tribunal determina que no existe jurisdicción deberá desestimar la acción.

1 — I HH ► — I

En el caso de autos la tercera demandada presentó oportunamente moción para desestimar acompañada con una declaración jurada del presidente de Conservas. Colón Brothers por su parte presentó una contradeclaración jurada y varios documentos para acreditar la existencia de jurisdicción sobre la persona. El tribunal no celebró vista evidenciaría. Analizadas las alegaciones, los documentos y declaraciones juradas acompañadas con las mociones, resolvemos que el foro de instancia no erró al denegar la moción para desestimar por falta de jurisdicción sobre la persona de Conservas.

Al igual que en Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, el demandante contra tercero en este caso demostró de manera prima facie, mediante la presentación de declaraciones juradas y documentos, la existencia de hechos acreditativos de la jurisdicción sobre la persona de Conservas. En Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, pág. 556, enfatizamos la necesidad de celebrar una vista evidenciaría para resolver definitivamente este tipo de controversia; también expresamos que para resolver la moción de desestimación, “[cjuando menos[,] debió requerir que la demandante demostrara que [contaba] con prueba suficiente para establecer los requisitos necesarios para conferir jurisdicción in personam sobre la demandada y así garantizar su derecho a un debido procedimiento de ley”. (Énfasis suplido.) De esa forma avalamos el procedimiento de requerir una demostración prima facie para resolver este tipo de moción, en lugar de requerir en todo caso una vista evidenciaría.

Aquí el demandante contra tercero presentó junto a su réplica a la moción para desestimar, copia de un telegrama que le enviara Conservas. En el telegrama se recoge un acuerdo entre Conservas y Colón Brothers para financiar una campaña publicitaria del producto en Puerto Rico. Además, consta en el expediente del caso un retrato del envase del producto donde se indica “Packed for: Colón Brothers, Inc., San Juan-Ponce, Puerto Rico 00731”. Esta documentación basta para demostrar, prima facie, la existencia de prueba en apoyo a las alegaciones jurisdic-cionales sobre los contactos de Conservas con el foro.() Según las alegaciones en la demanda contra tercero y de los documentos sometidos en apoyo a las mociones, resolvemos que el demandante contra tercero Colón Brothers, estableció un caso prima facie de jurisdicción sobre la tercera demandada Conservas. De la prueba presentada mediante documentos se podía inferir que Conservas hacía negocios en Puerto Rico y que le era predecible, para propósitos del debido procedimiento de ley, saber que sus productos serían vendidos por Colón Brothers en Puerto Rico y que en algún momento podría ser llamado a responder en este foro por la venta de los mismos.( ) Esto derrotó la moción de Conservas para desestimar. Véanse: Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, págs. 558—566;() Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 55 L.W. 4197, 4199 (1987);() Burger King Corp. v. Rudzewicz, 471 U.S. 462 (1985); Keeton v. Hustler Magazine, Inc., 465 U.S. 770, 781 (1984); Calder v. Jones, 465 U.S. 783, 789-790 (1984); World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286, 295-299 (1980), en particular a la pág. 297; Santiago v. BRS, Inc., 528 F. Supp. 755, 757-759 (Dist. P.R. 1981); Commodities World Intern. Corp. v. Royal Milc, 440 F. Supp. 1373, 1376-1380 (Dist. P.R. 1977).()

Resuelto el planteamiento de jurisdicción sobre la persona de la tercera demandada Conservas, según las alegaciones, los documentos y declaraciones juradas que acompañaron a las mociones y las demás constancias de los autos, el tercero demandante Colón Brothers deberá, en una vista evidenciaría que se celebre sobre la cuestión jurisdiccional o en el juicio en su fondo, según discrecio-nalmente determine el tribunal de instancia, demostrar, mediante la preponderancia de la prueba, que existen los elementos constitutivos de jurisdicción sobre la persona de Conservas. Si logra así probarlo, el ejercer jurisdicción en este caso no violaría las “nociones tradicionales de trato justo y justicia sustancial”.

Por todo lo anterior, se dictará sentencia en la cual se expida el auto, se confirme la resolución de 7 de marzo de 1986, y se devuelva el caso para que continúen los procedimientos de forma compatible con esta opinión.

Los Jueces Asociados Señores Negrón García y Rebollo López concurren en el resultado sin opinión escrita.

      (1)Los demandantes no se opusieron a esta moción, a pesar del término que se les concedió para contestar.

      (2)Esta alegación se presentó con permiso del tribunal luego de celebrarse la conferencia con antelación al juicio.

      (3) En los autos consta una fotografía de la lata marca Coloso. En dicho envase aparece impreso lo siguiente:
      “Packed for: Colón Brothers, Inc., San Juan, Ponee, Puerto Rico 00731.”

      (4) En esta declaración jurada expresa lo siguiente:
      "... que ‘Conservas Carballo, S.A.’ no hace negocios ni hace ventas de por sí o por agente de sus productos en la jurisdicción de Puerto Rico ni de su Estado Libre Asociado; que la Sociedad no posee licencia en, ni establecidas en la Isla, ni ha designado ni ha tenido ni tiene agente para representarla localmente; que no ha ejercitado por sí o por agente ningún acto en Puerto Rico del cual pueda emanar responsabilidad civil; que ‘Conservas Carballo, S.A.’, no posee bienes en Puerto Rico, tampoco tiene teléfono ni listados telefónicos para promover anuncios o solicitudes de negocios en Puerto Rico; que igualmente no tiene ni ha tenido cuentas bancarias en Puerto Rico ni paga contribuciones al Gobierno de Puerto Rico, ni a ninguna subdivisión del mismo. Además no tiene en Puerto Rico agente alguno para recibir emplazamientos judiciales a su nombre.” Exhibit 8, pág. 37.

      (5) Esta comunicación de Conservas a Colón Brothers expresa en parte:

        “COLON BROTHERS SUC Y SU PROVEEDOR CONSERVAS CAR-BALLO S.A. APRUEBAN CONJUNTAMENTE REALIZAR UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LAS CONSERVAS ‘COLOSO’ DENTRO DEL PRO-GRAMA DE TELEVISION ‘WIDE WORLD OF SPORT’ DURANTE 8 SEMANAS A PARTIR DEL 7 DE FEBRERO DE 1983.
      “DEL PRESUPUESTO INICIAL DE 20000 DOLARES, CONSERVAS CARBALLO SE COMPROMETE AL PAGO DE 5532 DOLARES UNA VEZ FINALIZADA LA MISMA Y COLON BROTHERS EL RESTO.
      FIRMADO FIRMADO
      COLON BROTHERS INC. CONSERVAS CARBALLO, S.A.”
      Ap., pág. 34.

      (6) La parte promovente de la acción debe ser cuidadosa al alegar los hechos correctamente conforme su investigación. Los abogados deben recordar que la Regla 9 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, les impone unas obligaciones con relación a las alegaciones y demás escritos que ellos firmen. Véase Polanco v. Tribunal Superior, 118 D.P.R. 350 (1987).

      (7) 5 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure Sec. 1373, págs. 709-711 (1987).

      (8) Estos autores lo expresan de la siguiente forma: “It has been held that when plaintiff is seeking to bring a defendant into court under a long-arm statute, he must state sufficient facts in the complaint to support a reasonable inference that defendant can be subjected to jurisdiction within the state. Since this often requires a showing that a tort has been committed or a contract not performed, plaintiff frequently is obliged to make a presentation that involves the merits of the action in the context of trying to establish jurisdiction. To avoid precipitating too extensive an investigation of the merits at this stage of the litigation, only a prima facie showing is required on a jurisdiction motion.” (Escolios omitidos.) 4 Wright & Miller, supra, Sec. 1068, págs. 344-345.

      (9) Este tratadista expone que: “If the court proceeds upon written submissions, the party asserting jurisdiction need only make a prima facie showing that jurisdiction exists; all of that party’s allegations of jurisdictional facts are presumed true and all factual disputes are decided in its favor.” (Escolios omitidos.)

      (10) La Regla 10.4, similar a la 12(d) federal, dispone:
      “Las defensas enumeradas del (1) al (6) en la Regla 10.2, ya se formularen mediante alegación o por moción, la moción para que se dicte sentencia mencionada en la Regla 10.3, y la moción eliminatoria mencionada en la Regla 10.6, se decidirán antes del juicio, a menos que el tribunal ordene que la resolución de las mismas se posponga hasta el juicio.” (Énfasis suplido.) 32 L.P.R.A. Ap. III.
      La Regla 12(d) federal a su vez dispone:
      “(d) Preliminary Hearings. The defenses specifically enumerated (l)-(7) in subdivision (b) of this rule, whether made in a pleading or by motion, and the motion for judgment mentioned in subdivision (c) of this rule shall be heard and determined before trial on application of any party, unless the court orders that the hearing and determination thereof be deferred until the trial.” (Énfasis suplido.) Federal Civil Judicial Procedure and Rules, según enmendadas el 1ro de mayo de 1987.
      La diferencia entre ambas reglas es mínima. La regla federal parece enfatizar más que la nuestra la necesidad de una vista. Esa apariencia no lleva consigo una interpretación distinta, pues en varias ocasiones hemos enfatizado la necesidad de celebrar esta vista evidenciaría. Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, 114 D.P.R. 548 (1983); Sterzinger v. Ramírez, 116 D.P.R. 762 (1985).

      (11) En la jurisdicción federal para determinar si procede la vista preliminar al amparo de la Regla 12(d) Federal, se toman en consideración, por analogía, los criterios de la Regla 42(b) Federal, equivalente a nuestra Regla 38.2, sobre juicio por separado de cuestiones litigiosas independientes. 5 Wright & Miller, supra, Sec. 1373, pág. 715; 2A Moore’s Federal Practice, 2da ed., Nueva York, Matthew Bender, 1986, Sec. 12.16, págs. 12-118 a 12-119

        Estas controversias jurisdiccionales son uno de los asuntos que, conforme a las Reglas 1 y 37.1 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. Ill), el juez debe atender lo antes posible; un control adecuado del caso así lo requiere. Por ello en Vellón v. Squibb Mfg., Inc., 117 D.P.R. 838, 855 n. 18 (1986), expresamos que conforme a dichas reglas en la primera conferencia ante el juez, luego de presentarse las alegaciones, deben presentarse y resolverse este tipo de mociones; pues “defensas afirmativas separables de la controversia central del caso, que puedan terminar el pleito, deben dilucidarse en esta etapa. Por ejemplo, mociones de desestimación o de sentencia sumaria por falta de jurisdicción ... ”.

      (12) Colón Brothers, luego de hacer referencia al evento que da base a la demanda original, alegó: “Que a[u]n cuando los calamares enlatados a que se ha hecho mención anteriormente estaban etiquetados con la marca Coloso, los mismos fueron comprados en su forma final del tercero demandado Conservas ... quien los preparó y envasó en la forma en que los mismos fueron vendidos a los demandantes.” (Énfasis suplido.) Demanda contra tercero, exhibit 5, pág. 16.

      (13) En Medina v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 346, 356 (1975), definimos el requisito “transacciones de negocios” de la Regla 4.7 de Procedimiento Civil de una forma amplia. Dijimos “que no está limitado a transacciones comerciales sino que comprende gestiones de diversa índole”.

      (14) En Ind. Siderúrgica v. Thyssen Steel Caribbean, supra, pág. 564, al analizar los hechos de ese caso expresamos: “La carta-contrato suscrita en 1977 con Livingston sugiere que su actividad económica ha estado decididamente calculada para cubrir el mercado siderúrgico de Puerto Rico. En consecuencia, la deman-dada no ha tenido reparo en marcar la mercancía como destinada para el mercado local.” (Énfasis suplido.)

      (15) En Asahi Metal Industry Co. v. Superior Court, 55 L.W. 4197, 4199 (1987), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en una opinión pluralista expresó:
      “The placement of a product into the stream of commerce, without more, is not an act of the defendant purposefully directed toward the forum State. Additional conduct of the defendant may indicate an intent or purpose to serve the market in the forum State, for example, designing the product for the market in the forum State, advertising in the forum State, establishing channels for providing regular advice to customers in the forum State, or marketing the product through a distributor who has agreed to serve as the sales agent in the forum State. But a defendant’s awareness that the stream of commerce may or will sweep the product into the forum State does not convert the mere act of placing the product into the stream into an act purposefully directed toward the forum State.” (Énfasis suplido.)

      (16) En este caso, Commodities World Intern. Corp. v. Royal Milc, 440 F. Supp. 1373, 1376 (Dist. P.R. 1977), hubo una situación parecida a la de autos en cuanto a la práctica de la entidad no residente de poner etiquetas que especifiquen el destino del producto. En esa ocasión el juez Toledo expresó: “Business relationships do not exist in a vacuum. ... We cannot accept the contention that Royal Mile blindly affixed particular labels to its products, selling and shipping these with no knowledge as to their ultimate destination and use.”


author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón Señor Negrón García,

text:
    Mortensen & Lange, demandante y peticionaria, v. San Juan Mercantile Corp. y Transportación Marítima Hondureña, S.A. de C.U., demandadas y recurridas.

      Número: O-84-881

      Resuelto: 30 de junio de 1987

      Manuel Moreda Toledo, de Santiago, Pérez, Bermúdez & Bruno, abogado de la peticionaria; Emilio Rodríguez Colón, abogado de las recurridas.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Para mediados de 1975 Mortensen & Lange (M & L) como agentes del dueño del buque M. V. Octavus, suscribieron, a través de Brandtship U.S.A., Inc. (Brandt-ship), corredores intérpretes de buques() dos contratos en que cedieron dicho buque en arrendamiento a Transpor-tación Marítima Hondureña, S.A. de C.U. (T.M.H.),() para que ésta transportara dos cargamentos de madera de Puerto Cortés, Honduras, a San Juan, Puerto Rico. Un embarque llegaría a San Juan en julio de 1975 y el otro en agosto del mismo año. En ambos contratos las partes acordaron que la arrendataria T.M.H. sufragaría los costos y gastos que se incurrieran en la descarga del M. V. Octavus.

M & L, también por mediación de Brandtship, contrató a la San Juan Mercantile Corporation (Mercantile) para que descargara la mercancía y representara en relación con las operaciones de dicho buque en San Juan.

Mercantile tenía, además, un contrato de agencia con T.M.H., en virtud del cual le servía de agente y se encargaba de la descarga de los buques que ésta le refería. De acuerdo con Mercantile, la costumbre establecida entre ellos era que Mercantile cobraba el flete a los consignatarios y luego de descontar los gastos incurridos por concepto de muellaje, tiempo perdido, tiempo extra y comisión por concepto de fletes, le remesaba el balance.() En relación con los viajes del M. V. Octavus de julio y agosto de 1975, T.M.H. alegó que le dio a Mercantile instrucciones específicas de remesar el flete directamente a Brandtship, el agente de M & L Mercantile, según la costumbre antes descrita, descontó de los fletes las costas y los gastos incurridos en la descarga del buque antes de remitirlos a Brandtship. M & L, por su parte, alegó que Brandtship había instruido específica-mente a Mercantile, como sus agentes, que le remitiese los fletes completos sin descontar los costos y gastos incurridos en la descarga. Le indicó, además, que estos gastos debería descontarlos de la cuenta de T.M.H., ya que, contractual-mente T.M.H. se había comprometido con M & L a sufragar los costos y gastos que se incurriesen en la descarga del M. V. Octavus. A pesar de estas instrucciones y adverten-cias, Mercantile procedió a realizar los descuentos antes de remesar los fletes.

Tres años y siete meses más tarde, el 16 de febrero de 1979, M & L presentó una demanda en el Tribunal de Distrito, Sala de San Juan, contra Mercantile y T.M.H. para recobrar la parte de los fletes que le fuera descontada. Mercantile contestó la demanda y levantó, entre otras, la defensa de prescripción. Alegó que la reclamación estaba prescrita por haber transcurrido el término de seis (6) meses dispuesto en el Art. 947 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1909.() En relación con esta defensa Mercantile presentó una moción de sentencia sumaria la cual, el 5 de diciembre de 1980, fue denegada por entender el Tribunal de Distrito que este artículo no era de aplicación. De esta decisión Mercantile recurrió mediante certiorari ante el Tribunal Superior. El 6 de marzo de 1981 el Tribunal Superior dictó sentencia que revocó la resolución del Tribunal de Distrito y concedió sentencia sumaria a favor de Mercantile. Concluyó que la acción ejercitada por M & L estaba prescrita bajo las disposiciones del Art. 947 del Código de Comercio, supra.()

De esta sentencia M & L recurre ante este Tribunal. Arguye que el Art. 947 del Código de Comercio, supra, no es de aplicación, que Mercantile era su agente o mandatario y que su demanda es una en daños y perjuicios por incumplimiento del contrato de agencia o mandato entre M & L y Mercantile. Esta acción, por no tener término prescriptivo establecido en el Código de Comercio, en virtud del Art. 940 de dicho Código, 10 L.P.R.A. sec. 1902,() le es aplicable el plazo de quince (15) años establecido en el Código Civil.()

Debemos determinar si el contrato ante nos es de flete o de agencia o comisión. Si determinamos que se trata de un contrato de flete, debemos entonces pasar a considerar si el Art. 947 del Código de Comercio, supra, es el aplicable.

I — I

Los términos prescriptivos del Código de Comercio

Los tratadistas españoles de derecho mercantil reconocen que los preceptos que integran las disposiciones sobre prescripción del Código de Comercio español, que al igual que las nuestras señalan plazos más cortos que los correlativos del Derecho Civil, “no constituyen un conjunto sistemático y completo de normas que pueda considerarse como una doctrina general sobre prescripción mercantil, sino que son tan sólo normas aisladas de supuestos especiales”. J. Garrigues, Dictámenes de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Aguirre, 1976, Vol. II, pág. 841. En ausencia de normas específicas sobre prescripción, el Código de Comercio establece que regirán los preceptos del Código Civil sobre este particular. Art. 940, supra.

En materia de prescripción mercantil, por ser estas normas de carácter preciso e imperativo, no se admite la formación de usos de comercio observados generalmente en cada plaza, según lo dispuesto en el Art. 2 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. sec. 1002, con preferencia a las disposiciones del Código Civil sobre esta materia. En ausencia de normas específicas del Código de Comercio los preceptos sobre prescripción del Código Civil constituirán derecho supletorio. Garrigues, op. cit., págs. 840-843.

Los tratadistas no han discutido en toda su extensión el alcance que debe dársele al Art. 951 del Código de Comercio español, del cual procede nuestro Art. 947, supra. El Tribunal Supremo de España, sin embargo, ha tenido la oportunidad de interpretar este artículo en varias ocasiones. Nos sánala el Tribunal que se estableció este breve plazo de seis (6) meses para las acciones que se refieren a la entrega del cargamento y los gastos inherentes a ésta, tales como la estadía y sobreestadía, por estar la prueba para liquidar su importe, expresa o fácilmente deducible de las condiciones del contrato. S. de 17 de enero de 1930, núm. 54, 192 Jurisprudencia Civil 309.() Añade que por ser el término una “limitación al ejercicio tardío de los derechos”, requiere una aplicación restrictiva. S. de 31 de enero de 1983, núm. 401, I Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 401. En su S. de 11 de julio de 1890, núm. 24, 68 Jurisprudencia Civil 112, en un caso donde se levantó la defensa de prescripción bajo el Art. 951 del Código de Comercio español en una acción instada para reclamar la devolución de unas tarifas pagadas en exceso el Tribunal resolvió que no aplicaba este artículo. Allí la demandada no había informado, según se había comprometido, la existencia de cierta tarifa más beneficiosa. El tribunal dictaminó que “la acción ejercitada en este pleito no se deriva del contrato de transportes, sino del pago hecho por error”, por lo tanto el Art. 951 del Código Civil español no era de aplicación. Este mismo criterio se siguió en la S. de 4 de febrero de 1927, núm. 80, 173 Jurisprudencia Civil 384.

De otra parte, en un caso con hechos similares, pero donde los demandantes pagaron en exceso, porque se les requirió como condición previa a la entrega de la mercancía, el Tribunal consideró que el hecho de que no se pagó por error, sino como una condición a la entrega de la mercancía, hacía esta acción una derivada del contrato de transporte, no una por pago hecho por error. Determinó, además, que el Art. 951 del Código Civil español “tanto rige al caso en que el porteador() demanda el cobro del precio, como al [caso] en que el cargador() deduce alguna reclamación sobre el pago”. (Énfasis suplido.) S. de 20 de marzo de 1911, núm. 116, 120 Jurisprudencia Civil 779. Este mismo razona-miento se utilizó en la S. de 20 de mayo de 1912, núm. 77, 124 Jurisprudencia Civil 503.

El Art. 951 del Código Civil español también se aplicó a una acción instada por un fletante para reclamar la devolución de ciertas cantidades que había pagado en exceso por demoras o estadías, “por tratarse de gastos tan inhe-rentes a los fletes como son las estadías y sobreestadías y de un pago hecho no por error”. S. de 17 de octubre de 1922, núm. 62, 125 Jurisprudencia Civil 266, 277. Este mismo criterio fue aplicado a una reclamación por estadías y sobreestadías pagadas en exceso, S. de 17 de enero de 1930, núm. 54, 192 Jurisprudencia Civil 309.

De otra parte el Tribunal Supremo de España se negó a aplicar el Art. 951 del Código Civil español a una reclamación instada por una sociedad de estibadores para recobrar ciertas cantidades relacionadas con la estiba, descarga y transporte terrestre de la mercancía, por no aplicar este artículo al contrato de descarga y transporte terrestre, por entender que no estaban integrados uno con el otro cuando, como en ese caso, el porteador marítimo no era el mismo que descargaba. La labor de descarga fue encomendada a un tercero por el destinatario mediante un nuevo contrato independiente al de fletamento. Determinó el Tribunal que: “el aludido Art. 951 se halla legalmente concebido para la regulación del contrato de transporte y de las acciones nacidas del mismo a favor del porteador y no para aquellas que competen a otros sujetos a virtud de otros contratos, por conexos que, objetivamente, puedan estar con el de transporte”. Tribunal Supremo de España, S. de 31 de enero de 1983, núm. 401, 7 Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 401.

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Aplicación del Art. 947 del Código Mercantil

Analicemos los hechos del caso de autos a la luz de las normas de derecho previamente reseñadas. En primer térmi-no resolvemos que, aunque la acción se presentó contra el agente o comisionista que originalmente cobró dichos fletes a los consignatarios y no contra los consignatarios en sí, estamos ante una acción para tratar de recobrar aquella parte de los fletes que fue retenida para el pago de gastos por concepto de comisión por flete, muellaje, tiempo perdido y tiempo extra incurridos en la descarga del buque M. V. Octavus.

No estamos, obviamente, ante un caso de pago de lo indebido por error. M & L en todo momento ha sostenido que Mercantile no tenía autoridad para hacer descuentos de los fletes.

Aun si consideramos los descuentos hechos por Mercantile a los fletes como una forma involuntaria de pago de las partidas que ahora son objeto de esta acción, éstos serían gastos inherentes al flete incurridos por Mercantile al realizar la labor de descarga. Por ser estos gastos inherentes al flete las acciones relativas a su cobro se rigen por el Art. 947 del Código de Comercio, supra, y prescriben a los seis (6) meses. M & L contrató con T.M.H. el arrendamiento del buque y con Mercantile la descarga de la mercancía y su representación en San Juan. Mercantile, a su vez, tenía un contrato con T.M.H. donde se comprometía a la descarga de todos los buques que ésta trajera a San Juan. A la luz de las relaciones contractuales de este caso tenemos que concluir que los contratos entre Mercantile y M & L, y Mercantile y T.M.H. están entrelazados con el contrato de transporte entre M & L y T.M.H., que existe una estrecha relación entre el fletador cargador, M & L, el fletante porteador, T.M.H. y el encargado de la descarga, Mercantile y que bajo estas circunstancias los costos y los gastos incurridos y descontados por Mercantile son gastos inherentes al flete. Rechazamos, pues, interpretar el Art. 947, supra, de forma limitada en las relaciones de contratos de fletes. En palabras del propio Art. 947, supra, el mismo es de aplicación a las reclamaciones relativas a los gastos inherentes a este tipo de contrato. Por ello, no tenemos que acudir a otras figuras del derecho.

Determinado que estamos ante un contrato de flete, procede que pasemos a considerar si es de aplicación el tér-mino prescriptivo de seis (6) meses del Código de Comercio.!)

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Prescripción marítima del Código de Comercio

Cabe señalar, que en esta acción nuestros tribunales tienen jurisdicción para entender en la misma conforme a León v. Transconex, Inc., 119 D.P.R. 102 (1987). Allí dijimos que “[l]a jurisdicción de los tribunales federales y estatales en casos como el que nos ocupa [de naturaleza marítima] es incuestionablemente concur rente”.()

En lo que respecta a la prescripción, el Derecho Marítimo federal, por ser de creación de los tribunales de almirantazgo, no tiene estatutos de prescripción para las diversas acciones que surjan del mismo, excepto cuando la acción se funda en alguna ley especial. Los tribunales aplican a estos casos la doctrina en equidad de laches. Czaplicki v. The Hoegh Silvercloud, 351 U.S. 525 (1955); Florida Bahamas Lines v. Steel Barge “Star 800” of Nassau, 433 F.2d 1243 (5to Cir. 1970); Szalkiewicz v. Farrell Lines, 142 F. Supp. 496, 497 (S.D.N.Y. 1956). La aplicación de esta doctrina depende de un cuidadoso análisis de la totalidad de los hechos en cada caso. Czaplicki v. The Hoegh Silvercloud, supra. El promovente de la acción tiene que demostrar que su tardanza no fue irrazonable, y que no causó perjuicio debido al tiempo transcurrido. Florida Bahamas Lines v. Steel Barge “Star 800” of Nassau, supra. Para guiar su sana discreción al determinar la razonabilidad del tiempo transcurrido, los tribunales suelen tomar como fundamento el término de prescripción análogo de la legislación local. Czaplicki v. The Hoegh Silvercloud, supra; Kenney v. Trinidad Corp., 349 F.2d 832, 839 (5to Cir. 1965); McConville v. Florida Towing Corp., 321 F.2d 162 (5to Cir. 1963); Szalkiewicz v. Farrell Lines, supra; Guerrido v. Alcoa Steamship Co., 234 F.2d 349, 358 (1er Cir. 1956). Sin embargo, el estatuto análogo estatal no obliga al tribunal; ese término es sólo un elemento a considerar, entre otros, al determinar si la tardanza constituyó laches o no. Czaplicki v. The Hoegh Silvercloud, supra; McConville v. Florida Towing Corp., supra; Kenney v. Trinidad Corp., supra.()

Lo anterior, sin embargo, no es de aplicación en todo caso. Cuando una ley reglamenta una causa de acción y especifica su término prescriptivo, el mismo gobierna dicha reclamación. En el caso de Puerto Rico, la Asamblea Legislativa tiene facultad para legislar en materias marítimas. Ley de Relaciones Federales, Art. 4, Ley de 3 de julio de 1950, 64 Stat. 319, según enmendada por la Ley Núm. 96-205 de 12 de marzo de 1980, 94 Stat. 84, que dejó en vigor el Art. 8 de la Ley Jones de 2 de marzo de 1917, 39 Stat. 954, 48 U.S.C. 749, L.P.R.A., Tomo 1, Ley de Relaciones Federales, Sec. 8; véanse: las palabras del Presidente Carter al firmar la enmienda de 1980 a la Ley de Relaciones Federales, supra, 16 Weekley Compilation of Presidential Documents, Núm. 11, 12 de marzo de 1980; Lusson v. Carter, 704 F.2d 646 (1er Cir. 1983); García v. Friesecke, 597 F.2d 284 (1er Cir. 1979); Manuel Cáceres v. San Juan Barge Company, 520 F.2d 305 (1er Cir. 1975); Arroyo v. M/V Island Queen II, 259 F. Supp. 15 (Dist.P.R. 1966); Fonseca v. Prann, 282 F.2d 153 (1er Cir. 1960), cert. denegado, 365 U.S. 860; Guerrido v. Alcoa Steamship Co., 234 F.2d 349 (1er Cir. 1956); Lastra v. New York & Porto Rico S. S. Co., 2 F.2d 812 (1er Cir. 1924), modificado en Guerrido v. Alcoa Steamship Co., supra, págs. 354-355; también véanse: León v. Transconex, Inc., supra, págs. 113-115, escs. 9-10; Archilla v. Smyth Worldwide Movers, 106 D.P.R. 538, 546, escs. 6-7 (1977).

En nuestra jurisdicción por ser civilista impera un sistema de derecho prescriptivo codificado.() El Art. 947 del Código de Comercio, supra, establece que las acciones que surgen de un contrato de flete prescriben a los seis (6) meses. Por la aplicación directa de este artículo, o en la alternativa por su aplicación como término análogo, esta acción no puede progresar. Por tanto, resolvemos que la demanda del peticionario está prescrita.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia en la cual se confirme la dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan.

El Juez Asociado Señor Negrón García disiente con opinión escrita, a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

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Opinión disidente del Juez Asociado

Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

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Diferimos. La acción de Mortensen & Lange (Mortensen) contra San Juan Mercantile (Mercantile) no está prescrita. Su causa de acción en cobro de dinero no se apuntala en el incumplimiento de un contrato de fletamento, sino en uno de comisión mercantil. Nos explicamos.

Según las alegaciones de las partes, surge que la peticionaria Mortensen actuaba como agente de los dueños del buque M. V. Octavus. Su mandato consistía en conseguir personas que desearan fletar el barco. En esa encomienda era auxiliada por Brandtship U.S.A., Inc. (Brandtship). Este último es un corredor e intérprete de buques, es decir, una persona que pone en contacto a otras para que contraten entre sí. Como tal, Brandtship puso en contacto a Mortensen y a Transportación Marítima Hondurena, S.A. de C.U. (T.M.H.). Ambas convinieron en un contrato de fletamento. De esta forma Mortensen advino en fletador y T.M.H. fletante.

Curiosamente, tanto Mortensen como T.M.H. contra-taron a San Juan Mercantile para que los representara a ambos en el puerto y se encargara de descargar el buque. Esta situación peculiar de aparente conflicto de lealtades de Mercantile originaría la controversia de autos. Ya Mercantile había tenido relaciones con T.M.H. Entre ambas era costumbre que Mercantile cobrara los cargos requeridos a los destinatarios de la mercancía (consignatarios), pagara los costos incurridos en la recolección y remesara el balance a T.M.H.

Sin embargo, contrario a esta práctica usual, T.M.H. acordó con Mortensen hacerse cargo de los costos de desembarco y el cobro a los consignatarios. Como conse-cuencia, el pago de costos debía proceder de la ganancia de T.M.H. y no del producto bruto del cobro a los destinatarios. Mortensen le había indicado a Mercantile que le enviara el importe global que le correspondía sin descontar costos. T.M.H. alegó que le dio instrucciones idénticas. Supuesta-mente Mercantile no cumplió lo que sus mandantes le exigieron.

En esta etapa procesal, nuestra intervención se limita a declarar cuál es el término prescriptivo de la acción instada por Mortensen contra Mercantile. La relación entre aquél y T.M.H. no está ante nuestra consideración.

Coincidimos con el criterio de que la prescripción de seis (6) meses del Art. 947 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1909, es aplicable a acciones derivadas del contrato de fletamento. Ahora bien, en el presente caso discrepamos de la tesis que califica la relación jurídica entre Mortensen y Mercantile como contrato de flete.

El solo hecho de que se trate de recobrar una cantidad de dinero atribuible a fletes alegadamente retenidos impropiamente, no hace aplicable mutatis mutandis el Art. 947 precitado. La causa de acción de Mortensen está predicada en que se estableció una relación contractual directa con Mercantile. Bajo esta realidad, lo importante es calificar y clasificar esa relación, de forma que sepamos qué norma de prescripción le es aplicable.

En este sentido, es significativo que Mercantile pactó con Mortensen descargar el buque, cobrar el importe del flete a las destinatarias y representarla en el puerto de San Juan en relación con todas las operaciones del buque.

Bajo este supuesto de hechos, el Art. 1600 del Código Civil rige. Dispone:

Por el contrato de mandato se obliga una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra. (Énfasis nuestro.) 31 L.P.R.A. sec. 4421.

En consideración al artículo precitado consideramos que la relación entre Mortensen y Mercantile era una de man-dante y mandatario.() No obstante, es evidente que aquí el mandante se dedica al comercio, y el mandato tenía por fin una operación del comercio marítimo. En estas circuns-tancias, inequívocamente la calificación puede precisarse como de comisión mercantil.() Esta calificación tiene una consecuencia valorativa jurídica distinta. Por medio del contrato de comisión, Mercantile se convirtió en lo que la doctrina española denomina “consignatario de buques”.() A tal efecto nos dice Uría:

[L]os consignatarios de buques asumen actualmente las funciones comerciales relativas al transporte de cargamento (carga y descarga de las mercancías, cobro del flete, etc.), tradicionalmente confiadas al capitán, y tienden a constituirse en representantes generales del naviero en los puertos de entrada de sus buques. R. Uría, Derecho Mercantil, 12ma ed., Madrid, Ed. Aguirre, 1982, pág. 926.

Evidentemente, la consignación de buques es un man-dato. Se trata de una comisión mercantil. Uría, op. cit.; J. Garrigues, Curso de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Aguirre, 1979, Vol. II, pág. 600. Como tal le aplica la norma de esta última institución jurídica.

Desde esta perspectiva, en ausencia de disposición en el Código de Comercio sobre término prescriptivo para las acciones derivadas de ese contrato, es aplicable el Art. 1864 del Código Civil que dictamina quince años para el ejercicio de las acciones personales sin término fijo. 31 L.P.R.A. sec. 5294.

Por los fundamentos expuestos, revocaríamos la sentencia recurrida y reinstalaríamos la del Tribunal de Distrito, Sala de San Juan.

      (1) Corredores intérpretes de buques es una “[c]lase de Agentes Mediadores de Comercio reconocidos por el C. de C., cuya misión principal es intervenir en los contratos de tipo marítimo (fletamento, seguro, préstamos a la gruesa, etc.), así como ayudar a los capitanes y sobrecargos de los buques extranjeros y servirles de intérpretes traduciendo los documentos que éstos les presenten, por lo que deberán tener conocimiento de dos lenguas vivas extranjeras. También podrán representar en juicio a dichos capitanes o sobrecargos cuando no comparezcan ellos, ni el naviero ni el consignatario del buque”. J. M. Codera Martín, Diccionario de Derecho Mercantil, Madrid, Ed. Pirámide, 1979, pág. 86.

      (2) T.M.H. es un fletante, que se define como una “[pjersona o entidad que se obliga, mediante un precio convenido llamado flete, a trasladar de un puerto a otro, bajo su responsabilidad, a bordo de un buque determinado o indeterminado, las mercancías objeto del contrato de transporte marítimo o del contrato de fletamento recibidas en tiempo y forma convenidos del fletador (cargador) para ser entregadas en el punto de destino al consignatario que figure en el conocimiento de embarque o a quien éste hubiera hecho cesión de sus derechos”. Codera Martín, op. cit., pág. 132.

      (3) De acuerdo con el Sr. Baldomero Collazo Díaz, Gerente General de M. & L.: muellaje “es lo que cobra la Autoridad de los Puertos por mover mercancía en el muelle”; tiempo perdido —es cuando el buque se atrasa y hay que pagarle ese tiempo a los estibadores; tiempo extra —es el diferencial que hay que pagarle a los estibadores cuando trabajan después de las 4:00 de la tarde, en día feriado, el sábado o el domingo; comisión por concepto de flete —es la comisión que se cobra por recoger los fletes y remesarlos”. Deposición de 16 de octubre de 1980. (Anejo B.)

      (4) El Art. 947 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1909, dispone:
      “Las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos a ellos inherentes y de la contribución de averías comunes, prescribirán a los seis meses de entregar los efectos que los adeudaron.
      “El derecho al cobro del pasaje prescribirá en igual término, a contar desde el día en que el viajero llegó a su destino, o del [día] en que debía pagarlo.”

      (5) En enero de 1985 el Tribunal de Distrito dictó sentencia en rebeldía contra T.M.H. y le condena a pagar la totalidad de la reclamación de M & L. De esta sentencia no se recurrió al Tribunal Superior.

      (6) Art. 940 del Código de Comercio, 10 L.P.R.A. see. 1902:
      “Las acciones que en virtud de este Código no tengan un plazo determinado para deducirse en juicio, se regirán por las disposiciones del derecho común.”

      (7) Art. 1864 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5294:
      “La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las personales que no tengan señalado término especial de prescripción, a los quince.” (Énfasis suplido.)

      (8)“Que el Código de Comercio de 1885 modificó la doctrina del anterior sobre la prescripción de las obligaciones que nacen de los contratos de transporte terrestre y marítimo, distinguiendo, en primer término, los que se refieren a la entrega del cargamento de los que tienen por objeto exigir indemnización por los daños que éste hubiere sufrido durante su condición o por retraso en la misma. Y teniendo en cuenta que las obligaciones que se derivan de la entrega del cargamento tienen su justificación, y aun la prueba para liquidar su importe, expresa o fácilmente deducible de las condiciones del mismo contrato señaló para la prescripción de las acciones relativas al cumplimiento de dichas obligaciones un término más breve que para aquellas acciones que se siguen de la infracción de las leyes sobre la custodia del cargamento o de daños que por la demora en entregarlo puedan sobrevenir, a los objetos transportados, que, por requerir una justificación con prueba más difícil, habrían de necesitar más tiempo en la preparación de los elementos necesarios para el juicio.
      “Que, por estas razones, el artículo 951'del Código de Comercio señala el término de seis meses para la prescripción de las acciones relativas al cobro de portes, fletes, gastos a ellos inherentes y averías comunes, y el número 2do. del artículo 952 del mismo Cuerpo legal el de un año para la prescripción de las que se refieren a las cuestiones surgidas sobre la entrega del cargamento o sobre indemnización por sus retrasos y daños.
      “Que aunque en el artículo 951 aludido no se determina cuáles sean los gastos inherentes al cobro de aquellos conceptos que representan el pago del alquiler del elemento utilizado para el transporte terrestre o marítimo, es procedente, atendiendo a la naturaleza similar de la obligación, estimar en dichos gastos comprendido el pago de estadías y sobreestadías a que se refiere el número 11 del artículo 652 del mismo Código de Comercio, porque, si es inherente lo que tan unido está a otra cosa que no se puede separar, así están en el documento y para los efectos de la obligación de pago, los fletes y las estadías y sobreestadías, que vienen a ser la equivalencia del flete o precio convenido por el alquiler del buque durante el tiempo en que esté a disposición del flete antes y después de los plazos establecidos para la carga o descarga, cuyos gastos tienen, según los artículos 666 al 668 del mencionado Código, iguales privilegios y garantías que el flete.
      “Que esta misma doctrina está admitida en la sentencia de 17 dé octubre de 1922.” (Énfasis suplido.) S. de 17 de enero do 1930, núm. 54,192 Jurisprudencia Civil 309.

        (9) Porteador se define como la “[p]ersona o entidad que se obliga, mediante un precio convenido, llamado porte, a trasladar de un lugar a otro, bajo su responsabilidad, las cosas objeto del contrato de transporte terrestre recibidas en tiempo y forma convenidos del cargador y a entregarlas en la misma forma en el plazo pactado al consignatario estipulado en la carta de porte. Tiene la facultad fundamental de cobrar el porte y los gastos ocasionados por las mercancías durante el transporte, así como de proceder a la venta judicial de los efectos transportados si corriesen grave riesgo de perderse.
      “Sobre las obligaciones y derechos del porteador véanse los artículos 355 y siguientes del C. de C.”. Codera Martín, op. cit., págs. 204-205.

      (10) Cargador se define como “[p]ersona o entidad que tiene la obligación de entregar al porteador las cosas objeto del contrato de transporte terrestre, en tiempo y forma convenidos, y de pagar el porte acordado, salvo que se haya estipulado que lo pague el consignatario. Tiene la facultad de interrumpir el transporte, indemnizando al porteador y de variar el destino de las cosas transportadas, siempre y cuando que no se haya desprendido de la carta de porte”. Ibíd., pág. 59.

      (11)Las partes no discutieron el aspecto jurisdiccional. El demandado peticionario alegó que se trataba de una demanda en cobro de un contrato de flete. Se ha resuelto que este tipo de contrato es marítimo. United States v. Mississippi Valley Barge Line Co., 285 F.2d 381, 387 (8vo Cir. 1960).
      De otra parte la demandante recurrida alegó que se trataba de una acción en daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato de agencia o mandato. Se ha resuelto que el contrato general de agencia o mandato no es marítimo aunque tenga alguna relación con asuntos marítimos. Minturn v. Maynard, 17 How. (58 U.S.) 477 (1854); Admiral Oriental Line v. United States, 86 F.2d 201 (2do Cir. 1936); Christman v. Maristella Compañía Naviera, 349 F. Supp. 845, confirmado per curiam, 468 F.2d 620 (2do Cir. 1972); 14 Wright, Miller & Cooper, Federal Practice and Procedure, Sec. 3675, pág. 477. Para una decisión donde estaba involucrado un contrato de mandato o agencia que versaba sobre asuntos marítimos y se permitió que se demandara en almirantazgo en el tribunal de distrito federal, véase Hinkins Steamship Agency v. Freighters, Inc., 351 F. Supp. 373 (D.C. Cal. 1972), confirmado per curiam, 498 F.2d 411 (9no Cir. 1974).

      (12)No se nos ha probado, y tampoco hemos encontrado, que estemos ante algunas de las excepciones al ejercicio de jurisdicción concurrente. Véase León v. Transconex, Inc., 119 D.P.R. 102 (1987), esc. 7 y texto que le acompaña.

      (13) En este caso la demanda fue presentada luego de transcurridos tres años y siete meses de surgir la causa de acción. Ese tiempo excede por mucho el término del Art. 947, supra. El demandante en ningún momento justificó su tardanza, ni argumentó que dicha tardanza no había causado perjuicio.

      (14) Hemos resuelto que la prescripción es materia sustantiva y no procedimental, que se rige por los principios que informan al Derecho Civil. Olmo v. Young & Rubicam of P. R., Inc., 110 D.P.R. 740, 742-743 (1981); Febo Ortega v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 405, 406-418 (1974). Para una discusión sobre este particular, y sobre la diferencia conceptual de los términos de prescripción en el Common Law y en el Derecho Civil, véase P. Salamone Velilla, Las prescripciones y conflictos con las Reglas de Procedimiento Civil, 42 Rev. Col. Abo. P.R. 355, 366-374 (1981).

      (1) Curiosamente en San Juan Mercantile v. Canadian Transport Co., 108 D.P.R. 211, 214 (1978), la recurrida ejercía servicios similares a los que ejerció en el caso de autos. En aquella ocasión expresamos que “estos servicios se designan en el tráfico marítimo como ‘husbandry agency”’. (Énfasis nuestro.)

      (2) Conforme el Art. 162 del Código de Comercio, se reputará comisión mercantil el mandato, cuando tenga por objeto un acto u operación de comercio y sea comerciante o agente mediador del comercio el comitente o el comisionista. 10 L.P.R.A. sec. 1521.

      (3) En Puerto Rico no existe legislación especial sobre este tipo de comerciantes. La designación de “consignatario de buques” sólo la hacemos por seguir la denominación española. Aclaramos, no obstante, que aun si Mercantile fuera otro tipo de empresario, digamos un gestor marítimo, en nada alteraría nuestra decisión, pues le aplican por igual las normas de comisión.