source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Negrón García

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text:
    Roberto R. Fuertes y Hermán L. Guillermety, apelantes y recurrentes, v. Administración de Reglamentos y Permisos, apelada y recurrida.

      Número: CE-90-45

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Belén Bazán González, abogada de los apelantes; Gerónimo Lluberas Kells, abogado del concesionario-promovido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La planificación ha sido adecuadamente definida como aquel “mecanismo racional que esboce las metas, fines y objetivos de la comunidad, evalúe los recursos, potencialidades y los factores limitativos a su logro, y estructure las prioridades necesarias y sus respectivos instrumentos de ejecución, para la utilización que más se ajuste a los recursos disponibles tanto en el presente como en el futuro para la más plena satisfaccción de las necesidades colectivas”. (Énfasis suplido.) L.F. Negrón García y T. Hormazábal Hancock, La Ley de Planificación de Puerto Rico: análisis de política pública, 38 (Núm. 3) Rev. Jur. U.P.R. 415 (1969).

Al igual que hace veinte (20) años, esa concepción tiene validez hoy. La vida continúa y con ella agravándose los problemas inherentes a nuestros centros urbanos: densi-dad poblacional, congestión vehicular, escasez de áreas de esparcimiento, falta de estacionamientos, aglomeración y una infraestructura insuficiente. Los organismos guberna-mentales a cargo de la planificación no siempre han podido o han sabido evitar estos problemas; otros se han tornado inmanejables. Es como si ocasionalmente olvidáramos hon-rar el refrán popular —ínsito en toda gestión planificado-ra— “mejor precaver, que tener que lamentar”.

I — I

El 28 de diciembre de 1987, René Daubón (en adelante Daubón) sometió a la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.) un anteproyecto y una solicitud de Per-miso de Construcción con el propósito de remodelar un edi-ficio antiguo localizado en la Calle Estado, Núm. 713, Mi-ramar, Santurce, y explotarlo bajo el Plan Ocho de Subsidio de Alquiler de Viviendas Federal. Dicho edificio se encontraba ubicado en un distrito de zonificación R-5, so-bre un solar de setecientos ochenta (780) metros cuadra-dos, adquirido por Daubón dos (2) meses antes, el 28 de octubre. Propuso diecinueve (19) unidades de vivienda, cuatro (4) estacionamientos techados, más tres (3) a la interperie.

A.R.Pe. aprobó la solicitud el 4 de enero de 1988. Al conocerla, Roberto R. Fuertes (en adelante Fuertes) —ve-ciño colindante inmediato del edificio— se querelló ante A.R.Pe. Alegó que el permiso violaba las disposiciones so-bre densidad poblacional, el número de apartamentos, los estacionamientos a permitirse y el sistema sanitario y eléctrico. Otros vecinos también se opusieron. Previa vista, A.R.Pe. recomendó favorablemente la remodelación. Sin embargo, como condiciones fijó que se eliminara el aparta-mento ubicado en el primer piso —para establecer dos (2) estacionamientos más— y que se proveyera un estaciona-miento adicional. O sea, se aprobaron en total dieciocho (18) apartamentos y nueve (9) estacionamientos.

Inconforme, Fuertes apeló a la Junta de Apelaciones so-bre Construcciones y Lotificaciones (en adelante la Junta). Luego de unas vistas públicas, la Junta resolvió que no se le había demostrado la no-conformidad legal en cuanto a la densidad poblacional y estacionamientos. Reconoció que el número de viviendas a permitirse eran trece (13) apartamentos. No obstante, al modificar a A.R.Pe., aprobó inexplicablemente quince (15) apartamentos y ocho (8) es-tacionamientos —seis (6) en el edificio accesorio y dos (2) en el patio del edificio principal— y, además, requirió que se contratara una compañía privada para el recogido de basura.

Ambas partes pidieron sin éxito reconsideración. Acu-dieron separadamente al Tribunal Superior, Sala de San Juan, el cual se negó a revisar. Contra dicha determina-ción, Fuertes vino ante nos. Expedimos.

II

De inmediato, a modo de paréntesis, una aclaración. Según indicamos, Daubón no cuestionó ante nos el dictamen del Tribunal Superior. Le aplica, pues, la norma firmemente establecida de que un tribunal apelativo se abstendrá de considerar los argumentos de un recurrido sobre elementos de la sentencia que no le favorecen cuando éste no ha presentado un recurso de revisión o apelación. Quintana Martínez v. Valentín, 99 D.P.R. 255, 257 (1970). Sólo serán examinados cuando su discusión sea con fines meramente defensivos. Ochoa Fertilizer Corp. v. Seix, 41 D.P.R. 914, 915 (1931). Por tal razón, no evaluare-mos ni adjudicaremos los planteamientos de Daubón sobre el recogido de basura y la ausencia de un debido proceso.

En síntesis, Fuertes argumenta que tanto A.R.Pe. como la Junta erraron al calcular la densidad poblacional y el número de viviendas permisibles. Aduce que se excedieron en el por ciento de ocupación autorizado, no se proveyeron estacionamientos suficientes y no procedía otorgar una va-riación de la reglamentación. Ajuicio suyo, sólo cabía au-torizar once (11) apartamentos. En contra, Daubón expone que se trata de una propiedad no-conforme legal, a la cual debe eximírsele de la reglamentación aplicable. Alude a que el permiso de construcción que se le otorgó no podía ser revocado sin vista previa. Cuestiona la facultad de la Junta para haberle exigido que el recogido de basura sea realizado por una compañía privada. Finalmente sostiene que no se le brindó un debido proceso en las vistas debido a que las personas que presidieron las mismas no estuvieron siempre presentes, y el récord administrativo no incluye expresamente un informe sobre la manera en que se fami-liarizaron con la prueba. Veamos.

A.R.Pe. determinó que la densidad poblacional a permi-tirse en la propiedad era de sesenta (60) metros cuadrados por unidad de vivienda. Usó como base un ancho total de la vía de acceso vehicular de doce (12) metros e hizo referen-cia a la tabla correspondiente. Igual fórmula siguió la Junta. Fuertes insiste que la densidad poblacional a per-mitirse deben ser setenta (70) metros cuadrados debido a que el ancho de la superficie de rodaje son siete (7) metros. Daubón no controvierte esa medida. Fuertes argumenta que el ancho de la superficie es lo controlante y no el de la acera, cuando, como sucede en el presente caso, no existe faja de siembra. Tiene razón.

De la tabla antes transcrita percibimos que la variación en la densidad poblacional a permitirse es en fun ción del ancho de la superficie de rodaje. Ello resulta lógico, pues la densidad poblacional no es otra cosa que la cantidad de personas ubicadas en un lugar en relación con el espacio disponible, el cual incluye la cabida del solar y las áreas adyacentes de acceso.

Abase de una densidad poblacional de setenta (70) metros por unidad de vivienda, el número de viviendas a per-mitirse sería 11.142. En el caso hipotético de que densi-dad poblacional permisible fuera sesenta (60) metros cuadrados por unidad de vivienda —según la determina-ción de la Junta— el número de viviendas sólo sería de 13.0. En tal caso, tendríamos que concluir que erró la Junta al aprobar quince (15) apartamentos, esto es, dos (2) en exceso de lo visualizado en el Reglamento de Planificación.

Esta falta de concordancia entre el número de viviendas permitidas por el Reglamento de Planificación y el aprobado por la Junta no queda superada bajo la autoridad de una variación. Esa situación no está aquí presente. Primeramente, la Sec. 82.07 del Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planificación de Puerto Rico, ed. rev., 16 de septiembre de 1992, pág. 262, dispone que “[a]l autorizar variaciones[, ] la Junta o la Administración especificará la naturaleza y extensión de las mismas ...”. (Enfasis suplido.) En su resolución, la Junta no estableció clara-mente si a petición de parte o sua sponte otorgó una varia-ción, como tampoco su extensión.

En segundo término, la Sec. 82.06 del Reglamento de Planificación Núm. 4, supra, pág. 262, es definitivo en cuanto al ámbito de las variaciones que no sean de uso:

Otras Variaciones - La Junta o la Administración, cada una en su ámbito jurisdiccional, podrán autorizar variaciones a los re-quisitos establecidos en este Reglamento para los usos que to-lera el distrito. Se tomará en consideración, entre otros, los siguientes:
1. La magnitud de la variación es la necesaria para asegurar la viabilidad del uso permitido y no es viable considerar otras alternativas para salvar el problema presentado.
2. La variación solicitada no afectará adversamente entre otros, los siguientes factores:
a. La disponibilidad de infraestructura
b. El contexto en el que ubica
c. El ambiente de la calle
d. La seguridad y tranquilidad de los vecinos
3. Se logra un desarrollo urbano más compacto.
4. La densidad o intensidad solicitada no lleva convertir el distrito en otro.
5. La variación solicitada es cónsona con los propósitos de la disposición reglamentaria que se solicita sea modificada, así como con la política pública. (Enfasis suplido.)

Es obvio, pues, que al formular su reglamento A.R.Pe. sabiamente limitó la concesión de variaciones a situaciones extraordinarias. Así lo reconocimos en A.R.P.E. v. J.A.C.L., 124 D.P.R. 858, 862 (1989):

Como regla general se concede una variación para evitar el efecto confiscatorio sobre la propiedad que conllevaría la apli-cación rigurosa de un reglamento de zonificación:
. . . . . . . .
Por la naturaleza del interés público implicado, las variacio-nes a los requisitos de zonificación no se favorecen y deben uti-lizarse selectivamente en aquellas circunstancias en que un pro-pietario demuestre que las restricciones le causaron un daño particular que no comparte con otros. “Por eso se descartará una variación cuando no haya prueba de que la situación del dueño sea singular y distinta a la de sus colindantes.” (Traduc-ción nuestra.) 3 Yokley, Zoning Law and Practice Sec. 21-6, págs. 297-298 (4ta ed. 1979). De lo contrario, su uso indiscri-minado podría destruir todo nuestro esquema de zonificación y cambiar eventualmente las características de un distrito, plani-ficado originalmente con una infraestructura para ciertos usos. (Enfasis suplido.)

La consecución de una mejor calidad de vida colectiva y el desenvolvimiento normal del orden social exigen, en lo posible, que el desarrollo urbano sea ordenado y configurado según las distintas medidas, reglamentos y leyes promulgadas. De ahí la importancia de que las agencias administrativas correspondientes y los tribunales, las pongan en vigor. Ciertamente el caso de autos no ameritaba conceder una variación.

Aparte de lo expuesto, Daubón no demostró la ausencia de alternativas viables para remodelar el edificio cum-pliendo con el número de viviendas permitido, según lo exige el reglamento. Precisamente la propia Junta con-cluyó que una variación afectaba adversamente la infraes-tructura, el ambiente de la calle, la seguridad y la tranqui-lidad de los vecinos. Según expuso en su resolución, la Calle Estado es la única en Miramar que corre en ambas direcciones, por lo cual suele estar congestionada. Además, existe escasez de estacionamiento, pues sólo se permite es-tacionar a un lado de la vía. La Junta también concluyó que el sistema de alcantarillado pluvial y sanitario no tiene capacidad suficiente, por lo cual se inunda al llover. Final-mente, el edificio no cuenta con un área adecuada para disponer de la basura. Aunque Daubón acepta estas reali-dades, en su alegato se limita a señalar que la responsabi-lidad por esos problemas no puede recaer sobre él únicamente. El argumento no es persuasivo. El punto de-terminante no es quién es responsable de los problemas existentes, sino si la concesión de una variación definitiva-mente los agravaría.

Por último, la norma de la autoinflicción del daño im-pide otorgarle la variación. Asoc. Res. Baldrich, Inc. v. J.P. de P.R., 118 D.P.R. 759 (1987); Asoc., C.D. Octubre v. J.A.C.L., 116 D.P.R. 326, 334 (1985). Daubón compró el edi-ficio con la clara intención de remodelarlo y obtener unos beneficios bajo unos programas de arrendamiento federal. Antes de adquirirlo debió asegurarse que las leyes y los reglamentos sobre planificación permitían efectuar todas las mejoras que tenía vislumbradas para su mayor uso y explotación. Voluntariamente asumió el riesgo. No puede ahora quejarse.

Brindándole el beneficio máximo permisible bajo la fór-mula de densidad poblacional, se limitará el permiso a sólo doce (12) apartamentos.

III

La Junta resolvió que “HACE APROXIMADA-MENTE 15 AÑOS ATRÁS, EXISTÍAN COMO MÁXIMO 11 APARTAMENTOS”. Apéndice del recurso de certiorari, pág. 25. Por tal razón, concluyó que no se trata aquí de un edificio no-conforme legal en cuanto a la densidad poblacional y a los estacionamientos. Daubón alega en contrario, y argumenta que es innecesario cumplir con las disposiciones del Reglamento de Planificación. Tanto él como Fuertes presentaron evidencia ante la Junta.

Coincidimos con la Junta de que no se demostró la fecha exacta en que existieron dieciocho (18) apartamentos en el edificio. No pudo probarse si cuando entró en vigor el Re-glamento de Planificación Núm. 4, supra —13 de agosto de 1955— existían dieciocho (18) apartamentos. Por tal razón, no quedó establecida la no-conformidad legal. Por estar esa determinación basada en evidencia sustancial, la respetaremos. Murphy Bernabe v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 692 (1975).

IV

Daubón argumenta que el Permiso de Uso que se le ex-pidió el 4 de enero de 1990 para los quince (15) apartamen-tos no podía revocársele sin una vista previa debido a que constituía un derecho de propiedad. Invoca Phi Delta Pi v. Junta Planificación, 76 D.P.R. 585 (1954). Tampoco tiene razón. Dicho caso no es aplicable. Allí la Fraternidad ob-tuvo un permiso de construcción del Oficial de Permisos antes de que la ley se enmendara y dispusiera que el per-miso de uso lo debería autorizar la Junta. Aquí, los Permi-sos de Construcción y de Uso fueron expedidos ultra vires desde un principio, en violación al Art. 31 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975 (23 L.P.R.A. sec. 72(c)). La ley dispone que una vez iniciada una apelación ante la Junta, los procedimientos ante A.R.Pe. quedan paralizados. A.R.Pe. emitió erróneamente el Permiso de Construcción el 23 de septiembre de 1988, antes de que transcurrieran los treinta (30) días para apelar su resolución. Fuertes apeló en tiempo. La decisión de A.R.Pe. nunca advino final y firme.

Fuertes diligentemente impugnó el Permiso de Construcción el 9 de diciembre de 1988. A.R.Pe. incluyó, como controversia a dilucidarse ante la Junta, su validez. Dau-bón tuvo conocimiento de la apelación y sus fundamentos. No fue sorprendido en su buena fe. No puede ahora alegar haber adquirido en el permiso un derecho de propiedad.

V

Finalmente, notamos que la Junta aprobó sólo ocho (8) estacionamientos en el proyecto de remodelación. Por las razones anteriormente expuestas, esa determinación tam-poco podría constituir una variación. El mínimo de estacio-namientos a permitirse en un proyecto de apartamentos de vivienda se precisa según las disposiciones de la See. 70.03(17) del Reglamento de Planificación Núm. 4, supra. Para ello, es necesario conocer el número de dormitorios y los pies cuadrados en cada apartamento. En su resolución, A.R.Pe. no hizo ninguna determinación al efecto. En vista de nuestra decisión mediante la cual se limitó a doce (12) el número de apartamientos, lo más prudente y sabio es de-volver el caso al foro administrativo para que a la mayor brevedad posible armonice el permiso con lo dispuesto en el citado reglamento, y atienda cualquier otro reclamo vá-lido de las partes.

Se dictará la sentencia correspondiente.

Los Jueces Asociados Señores Rebollo López y Fuster Berlingeri no intervinieron. La Juez Asociada Señora Na-veira de Rodón se inhibió.

       La See. 11.05(3) del Reglamento de Planificación Núm. 4, Junta de Planifi-cación de Puerto Rico, ed. rev., 14 de enero de 1989, págs. 60-61, dispone:
      “3. Casas de apartamientos - Se permitirá una unidad de vivienda básica por cada cien (100) metros cuadrados del área del solar. No obstante, en el caso de solares dando frente a una vía de acceso vehicular a éstos, de diez (10) metros o más de ancho se permitirá una densidad poblacional mayor a base del ancho de la super-ficie rodada y de las aceras y de acuerdo con lo siguiente:

      (Énfasis suplido y nota omitida.)

       “Densidad Poblacional - Es la relación que se establece entre el número de familias que se ubican en un solar y el área de ese solar, expresada en términos de familia por unidad de área. Se considera densidad poblacional bruta, si en el cóm-puto se considera el área total original del solar y es neta si se excluyen las úreas de calle y demás áreas públicas. Para proyectos de apartamientos, normalmente, la densidad bruta y neta es la misma.” (Enfasis suplido.) Reglamento de Planificación, supra, Sec. 2.00(51), pág. 11.

       Este cálculo se realiza dividiendo el total de metros cuadrados del solar (780.00) entre la densidad poblacional a permitirse (70 metros cuadrados).

        “Variación - Autorización para utilizar una propiedad para un uso prohibido por las restricciones impuestas a una zona o distrito y que sólo se concede para evitar peijuicios a una propiedad que, debido a circunstancias extraordinarias, la aplica-ción estricta de la reglamentación equivaldría a una confiscación de la propiedad. Variación es sinónimo de concesión.” (Enfasis suplido.) Reglamento de Planificación Núm. 4, supra, Sec. 2.00(148), pág. 21.

       Nuestra decisión se limita a los planteamientos de las partes y a las circuns-tancias peculiares que presenta esta edificación y la Calle Estado. No lo evaluamos en virtud de otras disposiciones reglamentarias.

       “No-Conformidad Legal - Condición o uso de una pertenencia que no está en armonía con las disposiciones de este Reglamento pero que existía legalmente en esa situación a la fecha de vigencia del mismo reglamento.” Reglamento de Planificación Núm. 4, supra, Sec. 2.01(90), pág. 15.

       Daubón descansa en una certificación del Departamento de Asuntos del Con-sumidor (D.A.Co.) de que en sus archivos constan aproximadamente veinte (20) ex-pedientes de unidades de alquiler inscritas desde noviembre de 1946. Sin embargo, la misma no brinda un desglose de las unidades por año ni de cuándo fueron inscritas.
      También ofreció una declaración jurada de Horacio Daubón expositiva de haber visitado a D.A.Co. y constatado la existencia de diecisiete (17) apartamentos desde 1942. En cuanto a la misma, Fuertes expuso haber investigado los expedientes en D.A.Co. y detectado que las unidades inscritas no contienen el número de aparta-mento que aparece en la declaración jurada. Además, surge que se le abrieron expe-dientes a las unidades al no poder constatarse si fueron o no consolidadas unas con otras. Es claro, pues, que estos documentos no reflejan necesariamente el número real de unidades existentes ni la fecha exacta en que existieron.
      Como evidencia adicional, Daubón sometió unas fotografías que revelan la exis-tencia de dieciocho (18) contadores eléctricos. No surge la fecha en que fueron tomadas. Una carta firmada por el Sr. Hermán Guillermety —vecino del lugar por veinte (20) años, y quien expresa que existen dieciocho (18) apartamentos— está fechada el 8 de febrero de 1989. No le favorece tampoco una carta del Ledo. Adolfo Dones de 1949 que consta en los récords de D.A.Co. La misma contiene un lenguaje ambiguo, que no desvirtúa la interpretación razonable de A.R.Pe.
      Frente a esta evidencia, la Junta de Apelaciones sobre Construcciones y Lotifi-caciones posee un Plano Inventario de Obras del 1945, demostrativo de que la pro-piedad en cuestión era de dos (2) plantas y constaba de seis (6) apartamentos. Tam-bién A.R.Pe. consideró un antiguo plano de 1945 que revela la existencia de seis (6) garages y cuartos de servicios sobre los mismos.

       En cuanto a un derecho adquirido, en repetidas ocasiones hemos expresado que “la defensa de impedimento en equidad, de ordinario, no procede cuando se trata de la ejecución de la política pública. En Infante v. Tribl. Examinador de Médicos, 84 D.P.R. 308, 316 (1961), expresamos al respecto que esta defensa no puede aplicarse en las relaciones del ciudadano para con el Estado cuando hay de por medio una cuestión de interés público (Enfasis suplido.) J.R.T. v. Hosp. de la Concepción, 114 D.P.R. 372, 382-383 (1983).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Autoridad de Edificios Públicos, peticionaria, v. Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos, recurrida.

      Número: CE-91-310

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Jorge Segarra Olivero, de Vázquez Colón, Guzmán, Geigel & Alfaro, abogado de la parte peticionaria; Jaime E. Cruz Alvarez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

I — I

Una sociedad civilizada no puede legitimar ni elevar a rango de virtud la mentira. “La buena fe insufla su espíritu en la celebración, ejecución y extinción de la relación labo-ral; también en el período precontractual en cuanto al de-ber de los contratantes de actuar lealmente al darse recí-proca información C.A. Tamantini, El principio general de la buena fe y la ley de contrato de trabajo, 1989-E Rev. Jur. Arg. La Ley 919, 923-924 (1989).

Osvaldo Vale Babilonia se desempeñó como conserje en la Autoridad de Edificios Públicos (en adelante Autoridad), con carácter de empleado irregular, desde el 16 de mayo hasta el 11 de agosto de 1989; como empleado temporero, desde el 16 de octubre de 1989 hasta el 19 de enero de 1990, y, en igual condición, desde el 1ro de febrero hasta su despido, el 16 de febrero de 1990.

Cada uno de estos episodios de empleo fue autorizado a base de la solicitud que el 9 de mayo de 1989 Vale Babilo-nia firmó y presentó en la Autoridad. En esa misma fecha, simultáneamente, acompañó un formulario del Estado Li-bre Asociado titulado “Historial Personal”. Finalmente, el 16 de octubre de 1989 presentó en la Autoridad otra solici-tud de empleo. Los tres (3) formularios requerían que el solicitante informara si había sido convicto por algún delito.

Tanto las solicitudes de empleo como el formulario del Estado Libre Asociado contenían certificaciones sobre la veracidad de la información vertida y claramente adver-tían que, de ser falsificada, constituiría justa causa para el despido. En los tres formularios Vale Babilonia afirmó y certificó no haber sido convicto de ningún delito.

Posteriormente, la Autoridad realizó una investigación y descubrió que el 28 de noviembre de 1988 Vale Babilonia fue acusado de unos cargos por robo —luego archivados— pero que fue convicto por violación a la Ley de Armas, Arts. 6 y 8 (25 L.P.R.A. sees. 416 y 418), y las sentencias de tres (3) y cinco (5) años, concurrentes entre sí, fueron suspendidas. A raíz de esa investigación, efectivo el 16 de febrero de 1990, lo despidió.

Inconforme, el 27 de febrero de 1990 la Unión Indepen-diente de Empleados de la Autoridad de Edificios Públicos (en adelante la Unión) formuló una querella y solicitó ar-bitraje bajo la tesis de que el empleado había sido despe-dido sin justa causa, de forma “arbitraria y caprichosa”, en contravención al Art. XXXVI, Sec. 6(1) del Convenio Colec-tivo, de la Unión Independiente de Empleados de la Auto-ridad de Edificios Públicos, 1987-1990, San Juan, Puerto Rico. En la vista, ninguna de las partes presentó prueba testifical; la única consistió de varios documentos de la Autoridad.

Oportunamente, el laudo arbitral determinó, como “un hecho incontrovertido que el querellante de autos mintió en su solicitud de empleo en lo relativo a si había sido acusado y sentenciado por alguna violación de ley que no fuese por ley de tránsito; y si había sido convicto de algún delito”. Apéndice a petición, pág. 61. Concluyó, además, que “[rejo condonamos el acto del empleado. De ningún modo favorecemos que se falsifiquen las solicitudes de empleo. Concluimos que en este caso el acto es reprobable y amerita una sanción disciplinaria puesto que el querellante repitió el mismo en tres (3) ocasiones”. (Énfasis suplido.) Apéndice a petición, pág. 72. Sin embargo, se dictaminó que la falsificación de la solicitud de empleo no constituía automáticamente justa causa para el despido. A juicio del árbitro, no se demostró que: (a) Vale Babilonia hubiese omitido la información con la intención de defraudar; (b) dicha situación hubiese causado daños a la Autoridad, y (c) Vale Babilonia no poseyera las cualidades necesarias para el puesto o que tuviera un pobre récord durante los meses en los que desempeñó su trabajo. El laudo modificó la san-ción a una suspensión de empleo y sueldo hasta el 1ro de mayo de 1990.

La Autoridad acudió en revisión ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Dicho foro confirmó mediante Sen-tencia de 4 de abril de 1991 (Hon. Antonio L. Corretjer Piquer, Juez). A solicitud de la Autoridad, revisamos.

II

De entrada, examinemos si el foro judicial poseía facultad para revisar el laudo según el convenio colectivo existente. En lo pertinente, su artículo XXXVI, Sec. 7(H) del Convenio Colectivo, supra, dispone que el laudo será “conforme a derecho”. Ello “significa que el árbitro no puede ignorar las normas interpretativas de derecho sustantivo emitidas por los Tribunales Supremos de Estados Unidos y Puerto Rico en el campo de derecho laboral, y que se reputarán persuasivas las decisiones de los tribunales de primera instancia y de agencias administrativas, y los laudos y escritos de reputados árbitros.” J.R.T v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62, 68 (1987).

Más allá de ese significado, este requisito —conforme a derecho— allana el camino para la revisión por el foro judicial y la eventual corrección de errores jurídicos. U.I.L. de Ponce v. Dest. Serrallés, Inc., 116 D.P.R. 348, 353 (1985); J.R.T. v. Securitas, Inc., 111 D.P.R. 580, 582 (1981); S.I.U. de P.R. v. Otis Elevator Co., 105 D.P.R. 832, 837 (1977). Tal es la situación en el caso de autos. Aclarado este extremo, evaluemos su juridicidad.

III

En términos generales, el laudo que nos ocupa recogió correctamente la exposición doctrinaria persuasiva de las decisiones judiciales, agencias administrativas y árbitros.

Es un principio establecido en el arbitraje obrero-patronal que la falsificación de una solicitud de empleo de por sí no opera automáticamente como causal de despido. Los árbitros están de acuerdo en que la falsificación de récords de trabajo o solicitu-des de empleo justifica una sanción disciplinaria. No obstante, el patrono deberá probar que la falsificación constituyó un acto deliberado con la intención de defraudar. No basta probar que se trató de un descuido u olvido del empleado. Existe también consenso entre los árbitros en cuanto a que un período prolon-gado de trabajo satisfactorio es impedimento para el despido por falsificación de la solicitud de empleo siempre que los he-chos falsificados no sean de tal naturaleza que pongan en peli-gro las relaciones de empleo presentes y futuras. De hecho, nor-malmente los patronos no disciplinan a sus empleados meramente por la falsificación en sí de la solicitud de trabajo. Lo hacen siempre y cuando dicho acto afecte de algún modo la relación obrero-patronal o el funcionamiento laboral del traba-jador se vea afectado por sus capacidades físicas o mentales.
Destacados tratadistas en el ámbito arbitral han establecido una serie de criterios a considerarse ante un despido por falsi-ficación de solicitud de empleo. Estos son los siguientes:
1. La razón o motivo del solicitante de empleo para cometer la falsificación.
2. Si el solicitante con conocimiento y deliberadamente ocultó la información con el propósito de defraudar al Patrono.
3. Si el empleado tenía conocimiento del alcance de su acto y que de ser descubierto lo disciplinarían.
4. Si el empleado continuó negando el acto o trató de ocultar la información aún después de descubierto.
5. Si el tiempo transcurrido entre la falsificación y el mo-mento en que el Patrono la descubrió (tiempo en que el em-pleado mantuvo un buen récord de empleo) restó importancia al acto en sí.
6. Si la información omitida descalificaba al empleado por estar relacionada con las cualificaciones y responsabilidades del puesto.
7. Si el solicitante hubiese sido empleado por el Patrono de haber ofrecido la información correcta.
8. Si causó daños al Patrono e intervino con el buen funcio-namiento del negocio; y si de haber continuado trabajando la empresa hubiese subido daños.
9. La naturaleza de la información omitida. (Escolios omitidos.) Apéndice a petición, págs. 62-63.

Repetimos, merece nuestra aprobación estos criterios; no obstante, aclaramos que no es menester que todos estén presentes y, lógicamente, unos tienen más importancia y valor adjudicativo que otros.

Con esta perspectiva en mente, examinemos si la Auto-ridad podía exigirle a Vale Babilonia, como aspirante a em-pleo, que expusiera la verdad; esto es, en lo concerniente a sus circunstancias particulares, que revelara las conviccio-nes penales anteriores, y si el mentir justificó su despido.

IV

Las solicitudes de empleo constituyen el mecanismo común mediante el cual un patrono obtiene directamente del aspirante el conocimiento de sus circunstancias personales, ocupacionales y profesionales. Es una de las maneras efectivas de evaluarlo y diferenciarlo del resto de personas para eventualmente hacerle o no la oferta de empleo de acuerdo con las necesidades patronales. La utilización de este mecanismo lleva ínsita, como premisa elemental, la buena fe: todo patrono tiene derecho a confiar que la información suministrada en una solicitud de empleo es veraz. Sólo así puede adoptar la decisión más inteligente y conveniente a sus intereses y, claro está, tomar las medidas de seguridad necesarias. A fin de cuentas, nuestro derecho vigente impone al patrono responsabilidad vicaria por las acciones u omisiones negligentes de sus empleados. El conocimiento previo de las habilidades, destrezas y actitudes va a la par con la conducta laboral y social que ha de esperarse. De su faz, la mentira en las solicitudes de em- pleo las torna inservibles. Este principio se extiende tanto al patrono privado como al Gobierno.

En este caso el laudo no puede prevalecer; no es conforme a derecho. Como cuestión de principio éticojurídico, resolvemos que mentir en una solicitud de empleo constituye una falta grave que, en unión a otras circunstancias, puede ser causa válida para el despido. Mentir tiende a destruir la dinámica expuesta y tiene el efecto de penalizar a aquel otro trabajador honesto que, al suministrar verazmente la información, no obtuvo el empleo. Semejante axioma premia y remunera la mentira.

Observamos que la See. 4.3(3) de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. sec. 1333(3)), tiene como impedimento para ingresar al servicio público, entre otros, “haber sido convicto por delito grave o por cualquier delito que implique depravación moral”, si el candidato no ha sido rehabilitado.

Precisamente Vale Babilonia, para superar el impedi-mento de ley y ser reclutado, mintió en los tres (3) documentos. Concurren suficientes criterios para sostener su despido. Distinto a la apreciación arbitral, la prueba documental permite razonablemente inferir que sus tres (3) actos fueron deliberados, con intención de defraudar y con pleno conocimiento de sus consecuencias. No podemos ser ingenuos. Los textos de las solicitudes y los formularios que suscribió claramente consignaban la necesidad de que la información fuera veraz y correcta; advertían que de ésta ser falsa constituiría justa causa para el despido.

El período durante el cual Vale Babilonia estuvo em-pleado tampoco es factor decisivo. Aquí el empleo duró sólo un total de siete (7) meses. Era probatorio. El transcurso del tiempo no desvaneció la seriedad de las falsías cometidas. Igualmente, no es determinante el buen desem-peño en el trabajo. No se trata de un despido por incompe-tencia o no cumplir con las exigencias del empleo; para ello existen numerosas medidas disciplinarias. Evaluamos unas falsedades, que son ofensas separadas e independien-tes del rendimiento en el empleo y que acarrean una san-ción en particular. Sobre todo, enfatizamos que se probó que la razón del despido fue el engaño y no los anteceden-tes penales.

Tampoco es óbice los argumentos de la Unión en torno a la dificultad de obtener empleo al revelar convicciones an-teriores y a la circunstancia de que Vale Babilonia tenía que mantenerse empleado por ser una condición para per-manecer en probatoria. Aunque los planteamientos son le-gítimos, estamos ante un problema multidimensional cuya solución corresponde inicialmente a la Asamblea Legislativa. J.N. Medina Fuentes, La inconstitucionalidad de la legislación de antecedentes penales de Puerto Rico, 61 Rev. Jur. U.P.R. 115 (1992). Sería una anomalía fomentar la mentira como un mecanismo idóneo para proteger a un convicto y propulsar una política de rehabilitación. Dos males definitivamente no constituyen un bien.

Ahora bien, este aspecto específico no ha sido desaten-dido por la Asamblea Legislativa. Como dijéramos, impide el ingreso al servicio público el “haber sido convicto por delito grave o por cualquier delito que implique deprava-ción moral” (3 L.P.R.A. sec. 1333(3)), a menos que el aspi-rante haya sido “habilitado”.

Y esa excepción —la habilitación— como medida de vanguardia social la recoge la Ley Núm. 70 de 20 de junio de 1963 (3 L.P.R.A. secs. 556a-556e). Su propósito fundamental es atemperar el rigor de la regla general de que una convicción y sentencia por delito grave constituye un impedimento para ingresar o permanecer en el cargo público. 3 L.P.R.A. see. 556(8). Como excepción, visualiza la persona a quien se le conceden los beneficios de una sentencia suspendida o libertad bajo palabra. Así, en Hernández Cruz v. Sria. de Instrucción, 117 D.P.R. 606 (1986), reconocimos que el empleado convicto, beneficiario de una sentencia suspendida, podía continuar desempeñándose en el cargo hasta que el Director de la Oficina de Personal dispusiera lo contrario (3 L.P.R.A. secs. 556a-556e); es decir, la Ley Núm. 70, supra, eliminó el carácter automático del motivo de inhabilidad.

Igual enfoqué prevalece sobre aquellas personas que de-sean ingresar al servicio público. La sola convicción de de-lito grave o que implique depravación moral no es impedi-mento absoluto. El Art. VI(4) del Reglamento de Personal: Habilitación para el Servicio Público de la Oficina Central de Administración de Personal, 30 de noviembre de 1976, expresamente extiende su cubierta a quienes “se encuen-tren en Libertad a Prueba o en Libertad Bajo Palabra claro está —por estar fuera del servicio— tienen que some-ter una solicitud escrita de habilitación acompañada de una serie de documentos para decisión del Director de la Oficina de Personal.

No existe, pues, la anomalía argumentada por la Unión. No hay que mentir: simplemente la ley exige que el aspi-rante se someta al procedimiento habilitados

V

Finalmente, no podemos arribar a la misma solución de Srio. del Trabajo v. I.T.T., 108 D.P.R. 536 (1979), en que declaramos nulo un reglamento que proveía el despido como sanción por mentir para obtener una licencia para ausentarse brevemente. Salta a la vista que el perjuicio causado por dicha conducta es significativamente menor al grave que, de su faz, genera mentir en una solicitud de empleo.

Vale Babilonia mintió en tres (3) ocasiones distintas. Sin embargo, ingeniosamente nos señala que debido a que nunca antes fue disciplinado por mentir, se trata de una sola ofensa y —citando a Srio. del Trabajo v.I.T.T, supra— aduce que el despido no procedía. No tiene razón. Allí, al pronunciarnos sobre la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, señalamos:

[E]l citado estatuto, no excluye de la sanción o despido en primera o única ofensa aquella falta cuya intensidad de agravio así lo requiera en protección de la buena marcha de la empresa y la seguridad de las personas que allí laboran. Al efecto, luego de condensar en los seis apartados del (a) al (f) del Art. 2 las causas que justifican el despido, de manera indirecta la ley ad-mite la extrema sanción de despido aun en casos de falta única para la ofensa aislada de todo concepto de reiteración o curso de conducta, si dentro de las circunstancias en que se impone, dicho castigo de separación del empleo no refleja arbitrariedad o capricho del patrono. ... Desviándose aunque de manera cuali- ficada de su premisa esencial de reiteración o persistencia en falta como elemento integrante de justa causa para el despido, la ley considera una sola ofensa o primera falta como tal justa causa si por su gravedad y su potencial de daño pone en riesgo el orden, la seguridad o la eficiencia que constituyen la norma-lidad operatoria del establecimiento. (Enfasis suplido.) Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 543.

Véase, también, Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990), en el que se sostuvo el despido por una primera ofensa de agresión.

Las graves consecuencias morales, las patentes injusti-cias y la restricción al derecho de selección del patrono dis-cutidos anteriormente —que afectan en cierto modo la se-guridad y eficiencia en el empleo— no permiten otro curso decisorio que resolver que la situación de autos amerita el despido, aun bajo el supuesto teórico (aunque, incorrecto) de que se trata de una primera ofensa.

Por la naturaleza de la ofensa, es poco probable que pueda repetirse. Usualmente se llena una solicitud de empleo. Sólo en el caso de algunos empleos temporeros, como el presente, será necesario llenar más. Bajo la tesis de la Unión, el despido sería prácticamente imposible de no poder efectuarse luego de la primera ofensa. La única sanción disponible sería eliminar a Vale Babilonia de la lista de candidatos elegibles a empleo. Las consecuencias de dicha sanción dependería de que surgieran nuevas plazas. Según ese esquema, las probabilidades de que la ofensa resulte impune son altas. Ciertamente el castigo no guardaría proporción con la magnitud de la ofensa cometida. Torres Solano v. P.R.T.C., supra; Srio. del Trabajo v. I.T.T., supra, pág. 546. "Parece existir al menos un acuerdo tácito de que la disciplina progresiva sólo puede jugar un papel muy limitado. ¿Cómo podría, por ejemplo, justificarse la disciplina progresiva en un caso de desho-nestidad en una solicitud de empleo? El acto deshonesto fue finito e incapaz de repetirse.” (Traducción nuestra.) J.R. Redeker, Discipline: Policies & Procedures, Washington, D.C., Bureau of National Affairs, 1984, pág. 123.

Se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión concurrente. La Juez Asociada Señora Naveira de Ro-dón y el Juez Asociado Señor Hernández Denton concurrie-ron con el resultado sin opiniones escritas.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

Concurrimos únicamente con el resultado a que llega una mayoría de los integrantes del Tribunal en la Opinión y Sentencia que hoy se emite en el presente caso. Somos del criterio, al igual que la Mayoría, que la falta, o con-ducta, en que incurrió el aquí recurrido Osvaldo Vale Ba-bilonia —mentir en tres (3) ocasiones distintas sobre su récord penal previo, consistente el mismo de delitos graves— es una “grave” que amerita la sanción drástica del despido.

Lamentablemente, sin embargo, no podemos brindarle a la Opinión mayoritaria emitida nuestro voto de conformidad. Ello por razón de que, a nuestra manera de ver las cosas, la norma hoy implantada por el Tribunal en el campo obrero patronal es una muy rígida e inflexible.

Esto es, no podemos refrendar con nuestro voto las ex-presiones del Tribunal a los efectos de que:

En este caso el laudo no puede prevalecer; no es conforme a derecho. Como cuestión de principio ético-jurídico, resolvemos que mentir en una solicitud de empleo constituye una falta grave que, en unión a otras circunstancias, puede ser causa vá-lida para el despido. Mentir tiende a destruir la dinámica ex-puesta y tiene el efecto de penalizar a aquel otro trabajador honesto que, al suministrar verazmente la información, no ob-tuvo el empleo. Semejante axioma premia y remunera la mentira. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 991.

Aún en el campo penal, donde se regula la conducta previamente catalogada como criminosa por el legislador, se han estatuido dos grandes clasificaciones, a saber, deli-tos graves y menos graves, y, dentro de estas clasificacio-nes, se han establecido gradaciones. Esto es, no todos los delitos graves, y menos graves, conllevan la misma pena o castigo.

¿Cómo es posible, entonces, que este Tribunal, jurispru-dencialmente, establezca como norma general en el campo obrero patronal que “el mentir en una solicitud de empleo, constituye una falta grave” que tiene como consecuencia la sanción drástica del despido?

Aceptamos, repetimos, que el mentir intencionalmente respecto al récord penal —consistente el mismo en convic-ciones por delitos graves— es una falta que justifica dicha drástica sanción. Rechazamos, sin embargo, que el mentir, sobre cualquier circunstancia, en una solicitud de empleo constituya una “falta grave” como “cuestión de principio ético-jurídico ...”. En primer lugar, al cumplimentar solici-tudes de empleo los solicitantes pueden malinterpretar una pregunta y brindar, en contestación a la misma, una información incorrecta o incompleta que luego puede ser catalogada como una mentira por un patrono deseoso de prescindir de los servicios de un empleado. En segundo lu-gar, las personas al llenar las referidas solicitudes de em-pleo innecesariamente pueden mentir sobre su verdadero nombre, su dirección real, su edad verdadera, etc. En la mayor parte de esas ocasiones así lo hacen por entender que ser hija o hijo de fulano de tal, o residir en tal o cual sitio, o tener ésta u otra edad, les puede peijudicar en la obtención del empleo que interesan; esto es, sin intención aviesa alguna.

Ello, sin embargo, no puede servir de base —en todos los casos y como norma general— para la imposición de la extrema sanción del despido. Después de todo, no debe olvi-darse que hemos resuelto que el “derecho a un empleo, esto es, a devengar ingresos y a tener una vida justa y decente, es un principio inalienable al hombre, preexistente a la más antigua de las constituciones conocidas”. Véase Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414, 421 (1985).

En resumen, meramente concurrimos con la Opinión mayoritaria emitida, no porque pretendamos “legitimar [y] elevar a rango de virtud la mentira”, sino por razón de que somos del criterio que la norma jurisprudencial hoy esta-blecida por el Tribunal es una que, al ser extremadamente rígida y amplia, resulta ser injusta y errónea.

       Las solicitudes de empleo contienen el encasillado siguiente:
      “¿Ha sido usted acusado y sentenciado por alguna violación de ley que no sea a leyes de Tránsito? Si_No_. En caso afirmativo, indique fecha, nombre de la corte en que fue ventilado el caso, naturaleza de la ofensa y sentencia final.” Apén-dice a petición, pág. 79.
      El “Historial Personal” requiere lo siguiente:
      “¿Ha sido convicto de algún delito?--
      “¿Ha sido indultado?-

        “Naturaleza del Indulto
      “Absoluto-Condicional-
      . . . . . . . .
      “Si ha sido convicto de algún delito, incluya certificación de la sentencia.” Apén-dice a petición, pág. 83.

       “Certifico que las declaraciones hechas por mí en esta solicitud son ciertas y correctas a mi mejor entender, y que han sido hechas de buena fe....

      “Queda entendido que de reclutárseme, cualquier información falsa que haya dado en esta solicitud constituye justa causa para que se me despida. La Autoridad queda autorizada a realizar cualquier investigación sobre mi historial personal, pro-fesional, académico, médico, de antecedentes penales, de conducta en la comunidad, financiero y/o de crédito, a través del medio que mejor responda a sus intereses.” (Enfasis suplido.) Apéndice a petición, pág. 80-A.

       “Por la presente certifico que la información aquí contenida es exacta y verí-dica, y que la misma ha sido expuesta sin la intención de desvirtuar los hechos o de cometer fraude. Tengo conocimiento de que' de descubrirse cualquier falsedad o fraude en relación con lo por mí firmado, estaré sujeto a las penalidades de multa o encarcelamiento, o ambos, o a destitución que, prescribe la Ley de Personal en casos de cualquier persona ‘que haya dado falso testimonio en cuanto a cualquier hecho concreto, o que haya realizado o intente realizar engaño o fraude ensu solicitud o en sus exámenes o para conseguir elegibilidad o nombramiento’.” (Énfasis suplido.) Apéndice a petición, pág. 83-A.

       La comunicación cursada dice:
      “14 de febrero de 1990
      “Sr. Osvaldo Vale Babilonia
      “Técnico de Conservación II
      “Región de Mayagüez
      “Estimado señor Vale:
      “La Oficina de Personal y Relaciones Industriales realizó una investigación re-ferente a su solicitud de empleo e historial de personal, encontramos que la informa-ción ofrecida relacionada a si usted había sido convicto o había cometi[d]o delito, no era correcta y contrario a la realidad.

        “Esta conducta nos refleja [szc] que usted ha dado información falsa en su soli-citud de empleo e historial de personal. Como se había indicado el suministrar infor-mación falsa en su solicitud de empleo constituye justa causa para el despido.
      “Por todo lo anterior, le notificamos que le estamos dando por terminado sus servicios con esta Agencia efectivo el 16 de febrero de 1990.
      “De usted no estar conforme con esta determinación podrá querellarse mediante el mecanismo que provee el Convenio Colectivo.
      “Atentamente,” (Énfasis suplido.) Apéndice a petición, pág. 75.

       Como afirma el Prof. Giorgio Del Vecchio, “si la falsa aseveración de cualida-des o méritos inexistentes tiene por fin y efecto inducir a otros a contraer un deter-minado vínculo (por ejemplo, una relación de empleo), la mentira se convierte, para quien fue inducido a engaño, en un motivo legítimo de anulación del contrato, sin que queden excluidas consecuencias todavía más graves”. (Escolio omitido.) G. del Vec-chio, La obligación jurídica de la verdad especialmente en el proceso civil, XI Rev. Fac. Der. C. Soc. Montevideo 13, 14 (1960).

       Advertimos que la Ley Núm. 108 de 21 de junio de 1968 (34 L.P.R.A. see. 1731 y ss.) dispone la eliminación de ciertas convicciones del récord penal al trans-currir determinado período de tiempo.

       Para situaciones similares a la de autos, donde se ha sostenido el despido a pesar de que el empleado llevaba algún tiempo trabajando y tenía buen récord de empleo, véanse: Swanson v. American Manufacturing Company, 511 S.W.2d 561 (C.A. Texas 1974); Hosking v. Hollaender Manufacturing Company, 175 N.E. 201 (C.A. Ohio 1961); Salt River Project, 91 L.A. 1193 (1988) (Ross, Árb.); Huntington Alloys, Inc., 74 L.A. 176 (1980) (Katz, Árb.); Gardner-Denver Co., 71 L.A. 1126 (1978) (Dunn, Árb.); Houdaille Industries, Inc., 65 L.A. 797 (s.f.) (Moorhead, Árb.); Zia Co., 52 L.A. 89 (1969) (Cohen, Árb.); United Engineering & Foundry Co., 42 L.A. 323 (1964) (Sherman, Árb.).

       Los casos de Carter v. Gallagher, 452 F.2d 315 (8vo Cir. 1971), y Gregory v. Litton Systems, Inc., 316 F. Supp. 401 (C.D. California 1970), invocados por la Unión no son aplicables. Allí, el inquirir sobre arrestos y convicciones anteriores en una solicitud de empleo tuvo un efecto discriminatorio sobre las minorías, les descualificó automáticamente y fue violatorio de la cláusula de igual protección de las leyes de la Constitución federal y la Ley de Derechos Civiles federal. 42 U.S.C. see. 1981 et seq.

      En el caso de autos ninguna de las partes ha hecho tal planteamiento. Sobre el tema, véase Anotación, Consideration of Arrest Record as Unlawful Employment Practice Violative of Title VII of Civil Rights Act of 1964 (42 U.S.C.S. sec. 2000e et seq.), 33 A.L.R. Fed. 263 (1977).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Guillermo Cabrera González, recurrido.

      Número: CE-91-390

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Eduardo Villanueva Muñoz, abogado del recurrido; Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, abogado de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

La inexistencia de causa probable para el arresto en dos (2) ocasiones por Juez Municipal y Juez de Distrito, respec-tivamente, bajo la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, ¿impide al Ministerio Fiscal presentar por tercera vez el asunto al Tribunal Superior?

Expongamos sucintamente la cronología fáctica y proce-sal que origina esta interrogante.

I

El 19 de abril de 1991 se presentó una denuncia contra Guillermo Cabrera González por infracción al Art. 15 de la Ley Núm. 8 de 5 de agosto de 1987 (9 L.P.R.A. see. 3214). Un Juez Municipal no encontró causa probable para arresto. Así las cosas, el Ministerio Fiscal procedió a pre-sentarla a un Juez del Tribunal de Distrito. Nuevamente, por segunda vez, la determinación fue de no causa probable. Aún así, basado en un análisis literal de la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y en su peculiar interpretación del caso Pueblo v. Pérez Suárez, 116 D.P.R. 807 (1986), el Ministerio Fiscal por tercera vez so-metió el asunto ante el Tribunal Superior. Dicho foro (Hon. Leticia Espada Roldán, Juez) dictaminó que no procedía su intervención.

A solicitud del Procurador General, revisamos.

II

Sabido es que frente a una determinación de inexistencia de causa probable o de causa por un delito inferior, la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, supra, expresamente autoriza “someter el asunto nuevamente con la misma o con otra prueba a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia”.

Este texto, aunque parco, es revelador. Primero, con re-ferencia al trámite en revisión —“someter el asunto nue-vamente”— está concebido en término singular. Segundo, visualiza que sea ante un magistrado de superior jerar-quía, lo que implica que no puede ser del mismo nivel o uno menor. Tercero, toda esta dinámica procesal se proyecta en el “Tribunal de Primera Instancia”, lo cual excluye que este Tribunal Supremo o alguno de sus miembros intervenga en esa etapa, que resulta ser la inicial en el encausamiento de todo caso penal.

[4 — 5] A base de esa cobertura, en Álvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236, 238 (1974), enfatizamos que la oportunidad concedida al Ministerio Fiscal de acudir en revisión era producto de un fino “balance racional entre los intereses del individuo y el Estado[, ] no debe otorgarle] a un solo funcionario la decisión única, final e irrevisable de archivar una denuncia por falta de causa probable. La ape-lación, la revisión y el derecho a acudir a un foro más alto son parte principalísima de nuestro sistema de enjuicia-miento desde su incepción”. (Énfasis suplido.)

Subsiguientemente, en Pueblo v. Pérez Suárez, supra, págs. 810-811, resolvimos que en “ausencia de mandato legislativo en contrario no hallamos base para privar al Estado, en el caso de los jueces municipales, del derecho que le asiste cuando de jueces de distrito se trata de some-ter el asunto de nuevo a un magistrado de categoría superior”. (Énfasis suplido.)

Es evidente, pues, que nuestro ordenamiento penal permite revisar la determinación de inexistencia de causa probable para arresto de los foros Municipal a Distrito o de Distrito a Superior; este Tribunal Supremo no está autorizado a revisarlo. Pueblo v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 412, 413 (1967).

Somos conscientes de los problemas inherentes que genera ese tipo de procedimiento susceptible de ser abusado de no limitarse el número de revisiones o de no condenar la práctica de probar fortuna (Judge Shopping) con jueces de igual rango hasta obtener una determinación favorable. Ello marca nuestra ruta decisoria.

En consecuencia, resolvemos que el Estado debe seguir rigurosamente el trámite de revisión dispuesto en la Regla 6(c) de Procedimiento Criminal, supra: someter el asunto a un magistrado de categoría superior del Tribunal de Primera Instancia significa al juez del foro que inmediatamente sigue en jerarquía a aquel donde se originó inicialmente la determinación, y que esa oportunidad existe una sola vez.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió un voto particular de conformidad. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri disintió sin opinión escrita.

— O —

Voto particular de conformidad emitido por el

Juez Aso-ciado Señor Rebollo López.

Apoyamos, con nuestro voto de conformidad, la correcta norma jurisprudencial que establece hoy el Tribunal a los efectos de que, determinada inexistencia de causa probable para el arresto de una persona, el Estado únicamente tiene una oportunidad adicional de revisar esa determinación de inexistencia de causa sometiendo nuevamente el caso, con la misma prueba o con evidencia adicional, ante un magis-trado de categoría superior del tribunal de primera instancia.

La antes mencionada tesis, esto es, que nuestro ordena-miento jurídico está orientado hacia la limitación del poder del Estado para procesar criminalmente a los ciudadanos de este País en más de una ocasión, fue sostenida, sin éxito, por el Juez suscribiente en la opinión disidente que con fecha de 28 de junio de 1991 emitiéramos en Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, 128 D.P.R. 752 (1991).

En aquel entonces, en lo pertinente, expresamos:

En lo referente a un proceso penal, al comparecer ante la Rama Judicial en representación del Poder Ejecutivo, el Depar-tamento \de Justicia] representa al “Estado”, un litigante cier-tamente poderoso que, de ordinario, cuenta con recursos mayo-res que el ciudadano común y corriente que es acusado de la supuesta comisión de un delito público. El Estado no sólo tiene a su disposición mía poderosa maquinaria investigativa, sino que tiene a su alcance recursos económicos normalmente supe-riores a los del imputado de delito. Por otro lado, no podemos sustraemos del perjuicio que significa para uno de nuestros conciudadanos, y sus familiares, el ser acusado injustamente de la supuesta comisión de un delito público. El estigma que ello conlleva en la sociedad no se borra ni aún con la exoneración más enérgica de que sea capaz un tribunal de justicia; el per-juicio causado es uno permanente y, realmente, irreparable.
Resulta lógico y razonable, en consecuencia, que nuestro or-denamiento jurídico le exija al Estado que realice, en relación con la comisión de unos hechos delictivos, una investigación completa, responsable y profesional, y que, antes de comparecer ante el foro judicial, con el propósito de encausar criminal-mente a un ciudadano en relación con esos hechos delictivos, se asegure de que cuenta con evidencia veraz, competente y sufi-ciente para así encausarlo. Cf. Romero Arroyo v. E.L.A., 127 D.P.R. 724 (1991). Ello, no hay duda, es la principal razón para la existencia del mandato contenido en Art. II, Sec. 11 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 308, a los efectos de que “[n]adie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”; disposición constitucional que le niega al Estado una segunda oportunidad si de primera intención comparece ante el foro judicial con una prueba “flaca o descarnada”, o in-digna de crédito, y el ciudadano es exonerado, después de la celebración de un juicio en los méritos, de las imputaciones que le había hecho el Estado.
En relación con esa “obligación” del Estado de comparecer ante la Rama Judicial con prueba que sea “suficiente en dere-cho”, debe mantenerse presente que las Reglas de Procedi-miento Criminal, las cuales regulan el procedimiento a llevarse a cabo en el procesamiento de un ciudadano acusado de la su-puesta comisión de un delito público, limitan el número de oportunidades que tiene el Estado para encausar criminal-mente a un ciudadano en juicio público, inclusive, antes de que el asunto llegue a la etapa del juicio en su fondo. Como sabe-mos, como consecuencia de las disposiciones de las Reglas 23 y 24 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, y de la juris-prudencia de este Tribunal interpretativa de las mismas, si un magistrado del Tribunal Superior, en una vista preliminar “en alzada”, confirma la determinación de no causa probable de un magistrado del Tribunal de Distrito, el Ministerio Fiscal está impedido de radicar acusación alguna contra ese ciudadano en nuestros tribunales de instancia. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984).
Otro vivo ejemplo de la incuestionable existencia en nuestra jurisdicción de la arraigada tendencia, o norma, que “limita” el poder del Estado para procesar criminalmente a los ciudadanos de este País lo constituye la decisión de vanguardia que emi-tiera este Tribunal hace cerca de dos (2) décadas en Plard Fagundo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 444 (1973). Señalando que la norma generalmente aceptada en otras jurisdicciones, a los efectos de que es válida la celebración de posteriores proce-sos si el Jurado no puede ponerse de acuerdo en el primero, se aparta del “claro entredicho constitucional —[de] que nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito— y que [la referida regla general] sólo es sostenible como una necesidad”, id., pág. 451, establecimos la norma de que en nuestra jurisdicción sólo podrá celebrarse un segundo, y último proceso, contra un acusado por el mismo delito cuando el Ju-rado no puede ponerse de acuerdo en el primero. Esto es, si en el segundo proceso el Jurado igualmente no puede llegar a un veredicto, el Estado está impedido de someter al ciudadano a juicio nuevamente.
De manera pues que no debe haber duda en la mente de persona alguna sobre el hecho de que nuestro ordenamiento ju-rídico está diseñado, u orientado, hacia la exigencia al Estado de que, al comparecer por vez primera ante el foro judicial con el propósito de encausar criminalmente a un ciudadano, el mismo viene en la obligación de asegurarse, de antemano, que la evi-dencia con que cuenta contra la persona que pretende encausar criminalmente es una que no sólo versa sobre todos y cada uno de los elementos del delito por el cual lo acusa sino que dicha evidencia es una veraz, confiable y satisfactoria, esto es, “sufi-ciente en derecho”. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974); Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645, 652 (1986). Dicha “exigencia”, u “obligación”, persigue el fin último, y óptimo, de que el ciudadano únicamente sea llevado por el Estado ante el foro judicial, con el propósito de que se dilucide su inocencia o culpabilidad, en una sola ocasión. (Enfasis suplido y en el original, y escolio omitido.) Pueblo v. Echevarría Rodríguez II, supra, págs. 800-802.

Celebramos que el Tribunal, aun cuando tardíamente, haya adoptado y acogido la referida norma.

       Debe recordarse que una determinación en la afirmativa simplemente signi-fica que existe o hay una base razonable para creer que se cometió un delito por la persona a ser arrestada.
      La determinación original no es producto de un proceso adversativo total, y sí de una vista inicial en la que el magistrado examina la denuncia, interroga a uno o más testigos y, en el ejercicio de su discreción, se convence de que existe causa probable. 1 Wharton’s Criminal Procedure Secs. 1-205 (1989).
      De más está decir que el quantum de la prueba no es el necesario para sostener una convicción más allá de duda razonable. S.H. Kadish y S.J. Schulhafer, Criminal Law and its Processes, Cases and Materials, 5ta ed., Boston, Ed. Little Brown and Co., 1989, Cap. 1, pág. 9.


text:
    Edwin R. Cintrón Santana et al., demandantes y recurridos, v. Ismael Betancourt Lebrón et al., demandados y recurrentes.

      Número: RE-92-72

      Resuelto: 30 de junio de 1982

      Anabelle Rodríguez, Procuradora General, y Carlos Lugo Fiol, Procurador General Auxiliar, abogados del recu-rrente; Francisco Valcárcel Mulero y Neftalí Fuster Gonzá-lez, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

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El 7 de agosto de 1990, Cintrón Santana y dos (2) poli-cías más, presentaron en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, demanda de injunction y sentencia declaratoria contra el Superintendente de la Policía (Superintendente), Ledo. Ismael Betancourt y varios policías beneficiarios de unos ascensos especiales. Alegaron, específicamente, que veinticuatro (24) policías así ascendidos por el Superinten-dente eran miembros o simpatizantes del Partido Popular Democrático (P.P.D.), y que algunos trabajaban como “guardaespaldas” del Gobernador. Solicitaron el cese de ese tipo de ascensos y, además, una convocatoria a exámenes para los rangos de Sargento, Teniente II, Teniente I, Capi-tán y Agente Investigador I al IV. También pidieron que se dejaran sin efecto dichos ascensos especiales y se declarara inconstitucional la ley y el reglamento que los autoriza por ser discriminatorios e infringir el principio de mérito con-sagrado en la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico (en adelante Ley de Personal), Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.

Oportunamente, el tribunal de instancia (Hon. Gilberto Gierbolini, Juez) emitió sentencia parcial favorable. Con-cluyó que la cláusula derogatoria de incompatibilidad esta-tutaria contenida en la Sec. 10.2 de la Ley de Personal, 3 L.P.R.A. sec. 1301n., derogó tácitamente el inciso (b) del Art. 23 de la Ley de la Policía de Puerto Rico (en adelante Ley de la Policía), Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974 (25 L.P.R.A. see. 1023), que concede al Superintendente la fa-cultad extraordinaria de esos ascensos especiales. En vir-tud de ese dictamen, se abstuvo de entrar a dilucidar los planteamientos constitucionales de igual protección de las leyes y el debido proceso de ley.

En su análisis, el ilustrado foro de instancia indicó que el objetivo de la Ley de Personal era extender el principio de mérito a todo el servicio público, incluso en el área de ascensos. El cuerpo de la Policía, como Administrador Individual, venía obligado por ley a incorporarlo e implan-tarlo en un reglamento. En reconsideración, reiteró su dictamen.

A solicitud del Estado, mediante orden de mostrar causa, revisamos.

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El Estado sostiene que la interpretación sobre deroga-ción tácita del Art. 23 de la Ley de la Policía, supra, me-noscaba gravemente los intentos del Superintendente de mejorar la supervisión y elevar la moral de sus oficiales. Nos señala que los ascensos especiales son un factor deter-minante en la lucha contra el crimen. En su apoyo, argu-menta que este tipo de derogación no es favorecida, y la Ley de Personal —que es de naturaleza general— cede ante el Art. 23 de la Ley de la Policía, supra, específica-mente aplicable a la policía. Invoca McCrillis v. Aut. Navieras de P.R., 123 D.P.R. 113 (1989). Aduce que después de la aprobación de la Ley de Personal, la Asamblea Legisla-tiva enmendó el citado Art. 23 en cuatro (4) ocasiones, au-mentando así el valor, la eficacia y la utilidad de los ascen-sos especiales. Ese tratamiento legislativo es absolutamente irreconciliable con la tesis de derogación tácita.

Finalmente, alude a que el mecanismo de ascensos es-peciales —definido como una recompensa por méritos ex-traordinarios— no choca ni es incompatible con el principio de mérito: quien no sea beneficiado mediante el mecanismo de ascenso especial, siempre tiene disponible el mecanismo usual o regular de ascenso.

Atender justamente esta controversia exige una somera referencia al trasfondo estatutario pertinente.

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La Ley de la Policía dispone que sus miembros estarán en el Servicio de Carrera. 25 L.P.R.A. see. 1003. El Superintendente nombrará y cubrirá las vacantes a base de ascensos hasta el rango de capitán, mediante un sis-tema de exámenes de ascenso que sea confiable, moderno y científico. Por convocatoria dispondrá los requisitos para participar en dichos exámenes, los cuales se celebrarán dentro de un período no menor de treinta (30) días ni mayor de cincuenta (50) días a partir de la fecha de la convocatoria. 25 L.P.R.A. see. 1008 (c). Un ascenso en rango equivale a un aumento de retribución mensual. 25 L.P.R.A. sec. 1011.

En su texto original, el Art. 23 de la Ley de la Policía, en lo pertinente, disponía:

(b) El Superintendente de la Policía podrá ascender al rango superior inmediato hasta el grado de Capitán, a miembros de la Fuerza, en los siguientes casos, sujeto a lo que más adelante se determina:
(1) Siempre que éstos hayan completado 25 años o más de servicio en la Policía de Puerto Rico, hubieren demostrado eficiencia, liderato e iniciativa y hayan observado buena conducta.
(2) Aunque no hubieran completado 25 años de servicio o más en la Fuerza, en dicho Cuerpo de Investigación pero va-yan a ser retirados por imposibilidad física resultante de la prestación de un servicio extraordinariamente meritorio o excepcional.
(3) Estos ascensos tendrán efectividad dentro de los 120 días anteriores a la fecha de licénciamiento.
(4) En estos casos las plazas que ocupen los miembros de la Fuerza así ascendidos pasarán por conversión a la nueva categoría. Una vez las plazas convertidas queden vacantes pasarán automáticamente al rango existente antes de la conversión. 1974 Leyes de Puerto Rico 745.

Este mecanismo armonizaba con la necesidad de pro-veer “otros incentivos” al cuerpo de la Policía, que sirvieran “el objetivo de instituir una organización policíaca de excelencia”. Exposición de Motivos de la Ley Núm. 26, supra, 1974 Leyes de Puerto Rico 727.

La presente controversia surge, pues, en 1975. La Ley de Personal elevó a rango de postulado fundamental “el principio de mérito y [lo] extiend[ió] a todos los sec-tores del empleo público a los cuales no se ha extendido en la actualidad”. Declaró como política pública, “[establecer el mérito como el principio que regirá todo el servicio pú-blico, de modo que sean los más aptos los que sirvan al Gobierno y que todo empleado sea seleccionado, adiestrado, ascendido y retenido en su empleo en consideración al mé-rito y a la capacidad, sin discrimen por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o condición social, ni por ideas políticas o religiosas”. 3 L.P.R.A. see. 1311(1). La Asamblea Legislativa, al desparramar en todo el Gobierno estos objetivos, promovió los criterios de mayor uniformi-dad, equidad y justicia; a la par fomentó la prestación de servicios públicos que aseguren el disfrute pleno de los de-rechos consagrados en la Carta de Derechos de nuestra Constitución. 3 L.P.R.A. see. 1312(4). En cuanto al princi-pio del mérito dispuso:

La administración de personal deberá proveer oportunidades y mecanismos para el ascenso de los empleados. Así también deberá proveer para la mejor utilización de los empleados a través de los traslados.
Para el logro de estos objetivos se establecen las siguientes disposiciones:
(1) La Administración Central o cada Administrador Individual, según sea el caso, determinará las clases de puestos que debido a las necesidades particulares de la agencia o a la natu-raleza de las funciones de las clases de puestos requieren que sus incumbentes hayan tenido experiencia previa en el desem-peño de determinadas funciones en el Gobierno. Para cubrir estas clases de puestos se utilizará el mecanismo de los ascen-sos, conforme a lo siguiente:
(a) Los empleados en puestos de carrera ascenderán me-diante exámenes de libre competencia que podrán consistir de pruebas escritas, orales, físicas, de ejecución, evaluaciones de experiencia y preparación, evaluaciones del supervisor, análi-sis del récord de trabajo, resultados de adiestramiento u otros.
(b) Se deberán anunciar las oportunidades de ascenso de manera que todos los candidatos debidamente cualificados puedan competir. Luego de anunciadas las oportunidades, si no apareciera un número razonable de personas que reúnan los requisitos, la forma de cubrir los puestos o prestar los servicios será la que se haya provisto por reglamento.
(c) Se podrán autorizar ascensos sin oposición cuando las exigencias especiales y excepcionales del servicio, y las cuali-ficaciones especiales de los empleados así lo justifiquen, pre-via la aprobación del examen correspondiente. Para autorizar ascensos sin oposición será requisito indispensable que no haya registro de elegibles y no pueda establecerse uno en tiempo razonable, o que haya razonable certeza de que sólo hay un candidato que reúne los requisitos.
(d) Todo empleado ascendido deberá cumplir con el período probatorio asignado a la clase de puesto a la cual haya sido ascendido.
(e) Se aprobará reglamentación para que los empleados que permanecen por largo tiempo en el mismo nivel de clasi-ficación reciban aumentos de sueldos periódicamente. (Énfa-sis suplido.) 1975 Leyes de Puerto Rico 809-810.

Estas disposiciones de ley aplican a todos los empleados del Gobierno, excepto a cinco (5) ramas, agencias e instrumentalidades del Gobierno: la policía no está excluida.

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No obstante esta conclusión, el fundamento específico en que descansó la ilustrada sala de instancia es incorrecto. Su tesis de derogación tácita choca frontalmente contra la realidad de que el Art. 23 de la Ley Núm. 26, supra, fue objeto de enmiendas posteriores a la Ley de Personal. Así, la Ley Núm. 8 de 21 de julio de 1977 (25 L.P.R.A. see. 1023 (b)), facultó al Superintendente para hacer ascensos hasta el grado de capitán. Tres (3) años después, mediante la Ley Núm. 45 de 12 de mayo de 1980 (25 L.P.R.A. see. 1023 (b)), se equipararon los derechos de los agentes investigadores con los de los miembros de la fuerza uniformada. En 1988, mediante la Ley Núm. 10 de 8 de marzo de 1988 (25 L.P.R.A. see. 1002 (m)), se extendieron los beneficios de ascensos especiales a los pilotos de la Uni-dad Aérea.

Esa evolución estatutaria nos obliga a recordar que en recta hermenéutica, si posible, las leyes que tratan la misma materia deben armonizarse; la derogación tácita no es favorecida. Aquí, ciertamente dos (2) leyes regulan igual materia: los ascensos. Independientemente de si los ascensos en plazas vacantes y los de rango especial implican un mismo concepto, es obvio que deben otorgarse con fidelidad al principio del mérito. No puede ser de otro modo. El principio de mérito permea ambas leyes. No concebimos mayor forma para desmoralizar el cuerpo de la policía que alejarnos e ignorarlo. Cf. Ortiz Andújar v. E.L.A., 122 D.P.R. 817 (1988).

Al respecto, notamos que al presente, para que un poli-cía pueda ser ascendido mediante el ascenso especial im-pugnado, tiene que haber cumplido un mínimo de quince (15) años de servicio, tiene que haber demostrado experien-cia, liderato e iniciativa y tiene que haber observado buena conducta. Incuestionablemente estos criterios son circuns-tancias y cualidades que responden y propenden al mérito. Ahora bien, no pueden aplicarse en un vacío, mediante la simple y pura voluntad discrecional del Superintendente fundamentada ésta en su sola apreciación subjetiva de que el policía a ascenderse es eficiente, líder y con iniciativa. Sin criterios objetivos, esa discreción es de carácter abso-lutista y, como tal, puede degenerar en prácticas discriminatorias. La ausencia de esos criterios objetivos para medir las condiciones meritorias que visualiza el Art. 23 de la Ley Núm. 26, supra, constituye una avenida de-masiado ancha, susceptible de levantar, como en el caso de autos, planteamientos de discrimen o de subjetividad par-cializada de índole político-partidista.

La cuestión no es de génesis judicial ni especulativa. El mismo Superintendente dio muestras de estar consciente de los riesgos apuntados, inherentes al ejercicio de su sola discreción en los ascensos especiales. Mediante Memo-rando de 29 de enero de 1990 expuso:

Los llamados “Ascensos por Mérito” están descartados total-mente en este momento y en un futuro previsible. Estamos en el proceso de preparar y adoptar un Reglamento de Personal que sustituya al vigente. .
Todos los ascensos deben hacerse siguiendo un sistema cien-tífico y confiable, según ordena la ley de la Policía. Hasta tanto no se apruebe el nuevo reglamento y de paso se adopten las normas que instrumentarán este proceso, con amplia participa-ción de la fuerza; no se considerarán en forma alguna los refe-ridos ascensos por mérito. (Enfasis suplido.) Apéndice, pág. 34.

Esta postura del administrador-ejecutivo de la policía disipa cualesquiera dudas. Para la fecha en que concedió los ascensos especiales en controversia no había adoptado un reglamento que sustituyera el vigente.

No nos corresponde en esta etapa enjuiciar finalmente si la conducta del Superintendente es inconstitucional-mente discriminatoria o carente de fundamento jurídico. La cuestión es un asunto a ser dilucidado inicialmente por el foro de instancia. En esa misión, debe examinar si este tipo de ascenso especial puede concederse a través de algún mecanismo confiable y objetivo que mida los criterios pau-tados por la Asamblea Legislativa en el Art. 23 de la Ley Núm. 26, supra. No hay razón, a priori, para descartar como imposibles, la evaluación a través de pruebas escri-tas, orales, físicas, de ejecución, experiencia y preparación, análisis del récord de trabajo, de los resultados de adies-tramiento y de otros factores.

Repetimos, la Ley de la Policía dispone que las vacantes de ascenso se cubran mediante un sistema de exámenes confiable, moderno y científico. Elevar a norma reglamen-taria el método o métodos objetivos para medir las cualifi-caciones de mérito de candidatos a ascensos especiales, puede y debe ser mediatizada con la fluidez, agilidad deci-sional y demás características peculiares que presenta la Policía. De su faz, no son intereses antagónicos.

Recapitulando, toda revisión se da contra la sentencia y no sus fundamentos. El ilustrado foro de instancia incidió al apoyar su dictamen en el fundamento de derogación tácita. Por esta razón, no podría sostenerse la invalidez de los ascensos. Hemos visto que el Art. 23 de la Ley Núm. 26, supra, no es incompatible con el sistema de mérito. Sólo necesita ser complementado con un reglamento.

Se dejará sin efecto la sentencia parcial y se devolverá el caso para trámites de rigor compatibles con lo aquí resuelto.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Aso-ciado Señor Alonso Alonso,

text:
    Gladys del Carmen Gorbea Vallés y Otros, recurrentes, v. Registrador de la Propiedad de San Juan, recurrido.

      Número: RG-89-833

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Arturo Aponte Parés, abogado de los recurrentes; Registrador la Propiedad, recurrido, compareció por escrito; Francisco M. Vázquez Santoni, de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Opinión del Tribunal emitida por el Juez Asociado Señor Negrón García.

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Milagros Teresa Josefina Gorbea Balseiro otorgó un po-der (power of attorney) a Gladys Gorbea Vallés el 23 de junio de 1987 en la ciudad de Nueva York. Al otro día fue debidamente autenticado; subsiguientemente, el 30 de ju-lio, protocolizado en Puerto Rico ante el notario William J. Riefkohl mediante la Escritura Núm. 18. Esa escritura de protocolización fue acompañada como documento comple-mentario a la Escritura Núm. 14 de compraventa otorgada el 7 de julio de 1988 ante el notario Arturo Aponte Parés, y presentada en el Registro de la Propiedad el 14 de julio de 1988.

El Registrador (Hon. Oscar Olivencia Font) se negó a inscribir fundado en lo establecido en los Arts. 1313 y 1604 del Código Civil, 31 L.P.R.A. secs. 3672 y 4425, respectiva-mente, y en su interpretación retroactiva de la opinión Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543 (1989). Dicho caso explica en detalle los elementos necesarios en la redacción del escrito de poder para que el mandato cobre vigencia en nuestra jurisdicción, tenga acceso al Registro de la Propie-dad y cumpla la función para la cual fue destinado. A juicio del Registrador, el poder a favor de Gladys otorgado en Nueva York no cumple con las normas jurídicas preva-lecientes y no hay margen para una interpretación prospectiva.

En contra —los recurrentes Gorbea Vallés et al.— mantienen que debido a que el poder se otorgó y protocolizó en un momento en que la doctrina vigente lo permitía, de-bemos darle validez; esto es, interpretar prospectivamente Zarelli v. Registrador, supra.

Por su parte, la Asociación de Notarios de Puerto Rico, en calidad de amicus curiae, alude a ese mismo problema y, además, nos trae a colación la confusión principal plan-teada:

La referida frase “es indispensable que el poder mencione que el inmueble está localizado en Puerto Rico”, da la impre-sión de que todos los poderes que se vayan a calificar de ahora en adelante!, ] aunque la opinión no expresa si el dictamen es prospectivo o retroactivo!, ] en cuanto se trate de inmuebles, ya sean éstos gananciales o privativos, tienen que contener una expresión a los efectos de que el inmueble está localizado en Puerto Rico.
Ello pudiera resultar en un formalismo o una limitación in-necesaria que habrá de crear grandes obstáculos e incertidum-bre en la calificación de los miles de poderes que ya se han otorgado y que se encuentran vigentes en nuestro tráfico jurí-dico, así como para los que se otorguen en el futuro.” (Enfasis suplido.) Alegato del Amicus Curiae, págs. 1-2.

En síntesis, la controversia medular se reduce a deter-minar si la doctrina de Zarelli v. Registrador, supra, es retroactiva; de ello depende si confirmamos o no al Registrador.

II

Nuestro derecho vigente es claro en exigir que un mandato cumpla con los requisitos del Código Civil. El Art. 1604 del Código Civil, supra, dispone que “[e]l mandato concebido en términos generales no comprende más que los actos de administración. Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio se necesita mandato expreso. La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores”. En lo pertinente, el Art. 1313 del Código Civil, supra, establece que “ninguno de los dos [esposos] podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge ...”. (Enfasis suplido.)

En Zarelli v. Registrador, supra, págs. 553-555, dijimos:

A modo de resumen, el mandato puede ser: (1) mandato general “en términos generales”; (2) mandato general “en térmi-nos específicos”; (3) mandato especial “en términos generales” o; (4) mandato especial “en términos específicos”. Si se trata de un mandato (ya sea general o especial) elaborado en términos ge-nerales, solamente dará lugar a la realización de actos de administración. Art. 1604 del Código Civil, supra. Si por el con-trario se trata de un mandato en términos específicos, existirá una autorización para efectuar la gestión o el negocio detallado en el contrato. Para enajenar, gravar o hipotecar un bien se necesita un mandato en términos específicos. M. Albaladejo,
Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1977, T. II, Vol. 2, pág. 356.
El Art. 1604 del Código Civil, supra, establece que para rea-lizar cualquier acto de riguroso dominio se necesita un man-dato expreso. Son actos de riguroso dominio o de disposición aquellos “que afectan trascendentalmente el patrimonio de una persona”, tales como gravar, enajenar o hipotecar, etc. J.R. León, Comentarios al Código Civil y compilaciones forales, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1986, T. XXI, Vol. 2, págs. 115-116.
El mandato expreso necesita contener una declaración que revele la intención de realizar un acto de disposición específica. Se requiere una manifestación clara, concreta y determinada sobre la intención del mandante. Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637, 648 (1967).
En casos de disposición de inmuebles, el mandato debe ser lo suficientemente específico para que no haya lugar a dudas so-bre el alcance de los actos permitidos y se pueda determinar cuáles son las participaciones o intereses sobre los bienes in-muebles afectados. Sin embargo, no es necesario describir exac-tamente los términos de los negocios jurídicos permitidos ni las propiedades específicas envueltas en las transacciones autorizadas. El mandato es válido si contiene una descripción general de los negocios autorizados y una referencia a si incluye bienes muebles e inmuebles. Ribot v. Registrador, 98 D.P.R. 497, 504 (1970). Tampoco se requiere que la expresión especí-fica sea por escrito. In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 277 (1986).
Pero en el caso particular de bienes gananciales, la definición de mandato expreso debe ser interpretada de forma compatible con el Art. 1313 del Código Civil, supra. En lo pertinente, dicho artículo requiere que para enajenar los bienes inmuebles de la sociedad legal de gananciales será necesario el consentimiento escrito de los cónyuges. Por lo tanto, un mandato expreso en este caso tendrá que ser escrito. (Enfasis suplido.)

El principio de que los bienes inmuebles están sujetos a las leyes del país en que están sitos —Art. 10 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 10— los Arts. 1313 y 1604 del Código Civil, supra, y la jurisprudencia antes mencionada gobiernan la solución de autos. Concerniente a poderes, aplicaremos los preceptos de nuestro derecho notarial y el registral-hipotecario. Reiteramos que el principio de lega-lidad registral visualiza que sólo logren acceso al Registro de la Propiedad títulos válidos y perfectos; ello se logra a través de la calificación del Registrador. Véanse: Casa Blanca Properties v. Registrador, 130 D.P.R. 609 (1992); U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989); Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110 (1986); Kogan v. Registrador, 125 D.P.R. 636 (1990). Con esta sucinta exposición en mente abordemos el problema de retroactividad.

III

Son innumerables las ocasiones en que nos hemos dado a la tarea de darle vigencia prospectiva a ciertas doctrinas jurídicas. Correa Vélez v. Carrasquillo, 103 D.P.R. 912, 918 (1975); Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765, 782 (1965). El criterio para seleccionar una u otra alterna-tiva muchas veces es ad hoc, dependiendo de la situación fáctica, circunstancias del caso en particular y considera-ciones de equidad y hermenéutica. Varias son las alternativas. Podríamos negarnos a imprimirle efecto re-troactivo a una regla para, a manera de excepción, prote-ger solamente un interés en particular. Véanse: Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30, 36-37 (1974), que a su vez cita a Pueblo v. París Medina, 101 D.P.R. 253 (1973), y a Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, supra. En otras ocasio-nes hemos reconocido la retroactividad, con la salvedad de que no se extiende a otros casos. Pueblo v. Cruz Jiménez, 99 D.P.R. 565 (1971).

A contrario sensu, muchas veces consideraciones de ín-dole social juegan un papel importante. En Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 396 (1973), dijimos:

La razonabilidad del estatuto se determina tomando en con-sideración principalmente la sustancialidad del interés público promovido por el mismo y la dimensión del menoscabo ocasio-nado por su aplicación retroactiva. Véanse: Home Building & Loan Association v. Blaisdell, 290 U.S. 398; Hochman, The Supreme Court and the Constitutionality of Retroactive Legislation, 73 Harv. L. Rev. 701. Mientras más grave sea el mal social que el estatuto intenta remediar más grande es el interés pú-blico envuelto; y, por tanto, mayor justificación para su aplica-ción retroactiva.

En el área específica que nos ocupa existen varias instancias. Nuestra Resolución de 18 de marzo de 1991, In re Anotaciones Registro de Poderes, 128 D.P.R. 202 (1991), recoge una situación en que imprimimos carácter prospec-tivo a una norma para la inscripción de poderes otorgados en el extranjero. La misma parece ser la mise en scene de experiencias pasadas, en que fue necesario aclarar el al-cance y la vigencia de la legislación en controversia. Así surge si estudiamos en retrospectiva In re Secretario Tribunal Supremo, 104 D.P.R. 696 (1976), en que aclaramos, para fines de nuestro Registro de Poderes, el trámite a se-guirse para la protocolización y registro de los poderes otor-gados en el exterior.

Una situación similar a la de autos fue examinada en Colón v. Registrador, 87 D.P.R. 895 (1963). Allí el Registra-dor sostuvo que la Ley de Registro de Poderes —Ley Núm. 62 de 8 de mayo de 1937 (4 L.P.R.A. sec. 921 et seq.)— requería que los poderes otorgados antes de su vigencia fuesen inscritos en el Registro de Poderes tal y como esta-blece dicha ley. Ante esa difícil encrucijada hermenéutica, expresamos:

[La mencionada ley njada dispuso expresamente en cuanto a los poderes otorgados o protocolizados antes de su vigencia. Es-pecíficamente la ley provee que se remita la notificación al Tribunal Supremo dentro de un período de tiempo estipulado. ¿Cuándo es que tendrían la obligación de notificarlo los nota-rios que otorgaron las escrituras de poderes antes de 1937? ¿Inmediatamente de entrar a regir la ley? ¿Qué responsabili-dad podría exigírsele a los que no lo hicieron, si no hay un precepto específico que los obligue?
La ley no distinguió entre los poderes otorgados antes de su vigencia y los otorgados después. A partir de la vigencia de la ley todo poder otorgado fuera de Puerto Rico que no esté proto-colizado hay que protocolizarlo y registrarlo en el Registro de Poderes para que pueda ser considerado a los fines de acreditar las facultades del apoderado.
Es claro que no se requiere que poderes otorgados en Puerto Rico antes del 6 de agosto de 1937, fecha en que entró en vigor la ley, sean notificados al Secretario del Tribunal Supremo para su inscripción en el Registro de Poderes. Colón v. Registrador, supra, pág. 897. Véase, también, Rosario v. Registrador, 59 D.P.R. 428, 434 (1941).

La casuística mencionada refleja la potestad inherente del Tribunal para ejercer su discreción y conceder remedios justos y equitativos que respondan a la mejor convivencia social contemporánea. Es imperativo sopesar el propósito que se persigue a través de la implantación de las diferen-tes normas y preceptos jurídicos con las condiciones de ín-dole práctica generadas por la puesta en marcha de aque-llas medidas que adelantan ese propósito teórico que, a su vez, sirvió de génesis a la norma o precepto a implantar. Por ende, es sumamente importante que nuestro razona-miento esté atemperado con dichos principios prácticos.

Auscultar el propósito que persigue una regla para determinar la aplicación retroactiva de la misma es uno de los criterios más relevantes, aunque no exclusivo. Pueblo v. Cruz Jiménez, supra, pág. 567, y casos allí citados. Otros criterios “son el ‘reliance (confianza) de la vieja regla’ y el efecto de la nueva regla en la administración de la justicia”. (Enfasis suplido.) Id.

IV

Los argumentos de los recurrentes y del amicus curiae son sumamente convincentes. Darle efectos retroactivos a la doctrina de Zarelli v. Registrador, supra, inevitable-mente conllevaría una injusticia, propiciaría múltiples de-negatorias regístrales y podría conllevar la nulidad de va-rios negocios.

El poder aquí implicado es uno bien específico. Al otor-garse no se había resuelto Zarelli v. Registrador, supra. Los recurrentes descansaron y se adhirieron a la práctica legal de aquella época. Nada mas lógico y justo que su al-cance hermenéutico y obligatoriedad de precedente sea prospectivo.

Réstanos atender el pedido del Registrador y del amicus curiae en cuanto al lenguaje siguiente —párrafo segundo, parte IV— de Zarelli v. Registrador, supra, pág. 556:

Aunque no es necesario hacer una descripción registral de la propiedad ganancial, es indispensable que el poder mencione que el inmueble estaba localizado en Puerto Rico y qué tipo de negocio se puede realizar. (Enfasis suplido.)

Aducen reparos en que sea imperativo incluir en la re-dacción de los poderes información alusiva a la localización del inmueble objeto del poder, dentro de la extensión territorial y término jurisdiccional de Puerto Rico.

Hemos reflexionado al respecto. No creemos que ese re-querimiento sea una carga onerosa al ejercicio del nota-riado, o que impida el libre tráfico de los negocios jurídicos por vía de poderes. Fijada su prospectividad, todo es cues-tión de incorporar a la práctica ese lenguaje que, a fin de cuentas, es consecuencia natural y lógica del “propósito perseguido por nuestra tradición civilista al requerir man-dato expreso Zarelli v. Registrador, supra, pág. 556. Esa información, al formar parte de la redacción de pode-res, es un elemento consustancial de la definición de “man-dato expreso” a tono con la visión que gobierna la disposi-ción de bienes inmuebles gananciales según nuestro Código Civil.

Por los fundamentos expuestos, se dictará sentencia revocatoria.

El Juez Asociado Señor Alonso Alonso emitió opinión concurrente y disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Alonso Alonso,

a la cual se une la Juez Aso-ciada Señora Naveira de Rodón.

Estoy conforme con las partes I, II, III y IV de la opinión del Tribunal, salvo lo expuesto y decidido en la parte IV que requiere que el poder mencione que el inmueble estaba localizado en Puerto Rico y qué tipo de negocio se puede realizar.

Por los fundamentos que expresé en mi opinión concu-rrente y disidente en el caso de Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543 (1989), entiendo que no es indispensable que el poder mencione que el inmueble está localizado en Puerto Rico y qué tipo de negocio se puede realizar.

Continúo sosteniendo que se puede otorgar un poder, bien sea general o especial, que contenga una descripción general del negocio o acto a realizarse sin tener que hacer referencia al inmueble ganancial objeto de éste, y mucho menos que el inmueble está localizado en Puerto Rico y qué tipo de negocio se puede realizar.

Como se desprende del Art. 1604 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 4425, lo que se requiere es que el mandato sobre el acto de dominio sea expreso. Ello no requiere que se identifique la exactitud del objeto o del inmueble espe-cífico que se va a enajenar, transigir, hipotecar o ejecutar.

De igual manera, en el caso de bienes gananciales, el Art. 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3672, no re-quiere que se indique el bien en específico que se autoriza a enajenar, sino que medie un consentimiento escrito y expreso.

Como expresara en mi opinión concurrente y disidente en el caso de Zarelli v. Registrador, supra.

La economía de Puerto Rico es una abierta. Miles son las transacciones económicas que se realizan entre personas y en-tidades de todos los países del mundo y entre millones de com-patriotas que viven en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ade-más, muchas de las transacciones económicas internacionales se hacen con personas o entidades de países cuyas disposiciones sobre el mandato son de estirpe civilista similares a las nues-tras, tales como: España, México, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, Argentina y Canadá, para solo mencionar algunos.
Dada esta realidad, la tendencia contemporánea es ajustar las normas jurídicas del mandato para lograr una mayor uni-formidad jurídica que haga viable este tráfico económico internacional.
No debemos dar la espalda a esta realidad y a unas disposi-ciones del Código Civil claras y precisas que van a tono con la misma, y hacer interpretaciones que no coricuerdan con la rea-lidad jurídica, social y económica del momento y del futuro.

Por la razones allí expuestas y aquí reiteradas, disiento de este último dictamen del Tribunal.

       Compareció Gladys (por sí y como apoderada de Milagros), José A. y Angel, de apellidos Gorbea Vallés, Otto J., Madelaine J. y Lorraine J., de apellidos Riefkohl Gorbea, como vendedores de una propiedad a los cónyuges Jesús E. Marrero Vázquez y Gina De Lucca Juncos.

       La opinión especifica la necesidad de que el mandato sea expreso y expone guías de redacción para este fin.