author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis R. Villafañe Fabián y Alberto Contreras Martínez, acusados y apelantes.

      Número: CR-93-108

      Resuelto: 10 de octubre de 1995

      Celso Suárez Alicea, abogado de la parte apelante; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, Carlos Lugo Fiol, Subprocurador General, y Héctor Clemente Delgado, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Comparecen ante nos Luis Villafañe Fabián y Alberto Contreras Martínez, y solicitan la revocación de la senten-cia de culpabilidad emitida por el Tribunal de Primera Ins-tancia, Sala Superior de San Juan, por el delito de práctica ilegal de la medicina, Art. 9 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931 (20 L.P.R.A. see. 39) en vista de que practi-caron la naturopatía sin poseer una licencia expedida por el Tribunal Examinador de Médicos (en adelante Tribunal Examinador). Por entender que se probó la culpabilidad de los acusados mas allá de toda duda razonable, con-firmamos.

W

El 6 de abril de 1992, el Ministerio Fiscal presentó acu-saciones contra Luis R. Villafañe Fabián y Alberto Contreras Martínez. Les imputó la comisión del delito de práctica ilegal de la medicina. Celebrados los incidentes procesales de rigor, se llevó a cabo el juicio ante tribunal de derecho el 17 de agosto de 1992. La prueba presentada consistió en los testimonios de los agentes Santiago Ginés Romero y Nivea Collazo Calderón, del Cuerpo de Investigaciones Cri-minales (CIC), y el testimonio pericial del Dr. Boyd Her-nández Collazo. Además, se presentaron como prueba do-cumental varios formularios que llenaron los agentes encubiertos en las oficinas de los acusados y cierta litera-tura relacionada con la medicina holística.

Según surge de la exposición narrativa de la prueba, la agente Collazo Calderón concertó una cita con Villafañe Fabián para el 22 de mayo de 1991 a las 10:30 a.m., en las oficinas de éste. Al comparecer al lugar indicado el día de la cita, Collazo Calderón observó un letrero que se presen-taba así: “Dr. Luis R. Villafañe Fabián, N.D.” y otro que tenía inscrito “Centro Biomagnético de Medicina Holís-tica”.

Al entrar al consultorio, una secretaria de nombre Janet la atendió y le entregó un documento sobre condiciones de salud y datos personales. Completado éste, Collazo Calde-rón pasó a la oficina privada de Villafañe Fabián y le in-formó que padecía de insomnio y estreñimiento. Este no la tocó ni examinó. Su intervención se limitó a entrevistarla. Además, nunca le dijo que era médico.

La agente indicó que Villafañe Fabián le explicó el uso curativo de los imanes para el tratamiento de sus padeci-mientos, la acostó en una camilla y le colocó varios imanes sobre el vientre y el estómago. Señaló que permaneció allí con los ojos tapados por espacio de treinta (30) minutos.

Posteriormente, Villafañe Fabián le indicó que se levan-tara y le explicó el tratamiento con campo magnético, le recomendó que siguiera una dieta naturista, que consu-miera vitaminas naturales y que utilizara enemas y se ad-ministrara lavados intestinales. Además, le entregó cierta literatura explicativa en torno a la dieta y a las vitaminas naturales recomendadas.

Por su parte, el agente Ginés Romero relató hechos si-milares con respecto a Contreras Martínez. Indicó que con-certó una cita con éste, a llevarse a cabo en las mismas facilidades en las cuales laboraba Villafañe Fabián. Ese día lo atendió una secretaria de nombre Janet, quien le pidió que llenara un formulario. Finalizado éste, pasó a la oficina privada de Contreras Martínez y, a preguntas de este último, le indicó que sufría de problemas estomacales. Contreras lo orientó sobre los hábitos alimentarios y, pos-teriormente, lo colocó en una camilla donde le aplicó el tratamiento con imanes, por un lapso de treinta (30) o cua-renta (40) minutos. Culminado el procedimiento, Contreras le entregó literatura sobre los hábitos alimentarios y el consumo de vitaminas. Recomendó, además, que se admi-nistrara dos (2) enemas de alfalfa y, si no mejoraba, un colónico.

De otra parte, el perito Dr. Boyd Hernández Collazo tes-tificó que los elementos básicos de un historial médico son los datos sobre hospitalizaciones del paciente, enfermeda-des que se han padecido, operaciones sufridas y enferme-dades de familiares cercanos. Señaló que un diagnóstico es la conclusión a la cual llegan los médicos luego de realizar un examen físico y, a veces, otras pruebas. Además, funda-mentándose en la supuesta condición que sufrían los agen-tes encubiertos, indicó que la práctica de la medicina exi-gía que se evaluara el historial médico de los pacientes, se examinaran sus signos vitales, se auscultara el tórax, el corazón y los pulmones, se palpara el vientre y se realiza-ran varias muestras de laboratorio.

A la luz de dicha prueba, el Tribunal Superior encontró a los acusados culpables de practicar ilegalmente la medi-cina y los sentenció a dos (2) años de reclusión, a cumplirse según el régimen de sentencias suspendidas.

Inconformes con dicha determinación, recurren ante nos Villafañe Fabián y Contreras Martínez. Señalan que erró el Tribunal de Primera Instancia al determinar que para practicar la naturopatía en Puerto Rico es indispensable poseer una licencia otorgada por el Tribunal Examinador; al declararlos culpables a base de acusaciones insuficien-tes; al concluir que la conducta desplegada por ellos se ubica bajo los elementos del delito de práctica ilegal de la medicina, y al limitar irrazonablemente su derecho consti-tucional a dedicarse a una profesión legítima.

La cuestión medular que se ha de resolver en este caso consiste en determinar si para practicar la naturopatía en Puerto Rico es necesario obtener previamente una licencia del Tribunal Examinador. En vista de la inexistencia de legislación específica en nuestro ordenamiento con res-pecto a la naturopatía, es necesario analizar la legislación general referente al campo de la salud y las disposiciones específicas relativas al Tribunal Examinador. Veamos.

A. En 1976, el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico aprobó la Ley de Reforma Integral de los Ser-vicios de Salud (en adelante la Ley de Reforma Integral), Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976 (24 L.P.R.A. see. 3001 et seq.). Esta tuvo, entre otros, el propósito de declarar la política pública del Estado Libre Asociado en el área de la salud y proveer para la reestructuración de los organismos públicos relacionados con la salud y para la reglamenta-ción y evaluación de todo el ámbito de la salud en Puerto Rico. Descripción Introductoria de la Ley Núm. 11 de 23 de junio de 1976.

En su Art. 2 dicha ley declara, en lo pertinente, que “la salud de nuestro pueblo merece y debe tener la más alta prioridad en las gestiones de su Gobierno” y que el Go-bierno “debe velar por que se preste[n] y ofre[zcan] a los habitantes de esta Isla servicios de salud de la más alta calidad y sin barreras de clase alguna que impidan el ac-ceso a dichos servicios”. 24 L.P.R.A. see. 3002.

Para implantar dicha política pública, la Ley de Re-forma Integral se hizo extensiva a todas las “profesiones de la salud”, las cuales la ley define como

... aquellas profesiones que están directamente relacionadas con la prestación de servicios profesionales de salud tales como la profesión médica, odontología, farmacéutica, administración de servicios de salud, nutrición y dietética, enfermería, fisiote-rapia, tecnología médica, terapia ocupacional, psicólogo, trabajo médico social, podiatría, terapia del habla, optometría, educa-ción en salud, quiropráctica, higiene y asistencia dental y otras similares. 24 L.P.R.A. sec. 3003(p) (Sup. 1995).

Además, con respecto a la reglamentación existente al momento de la aprobación de la ley específicamente rela-cionada con las distintas profesiones de la salud, el esta-tuto de Reforma Integral transfiere al Departamento de Salud todos los poderes que sobre ellas tenía el Departa-mento de Estado. 24 L.RR.A. see. 3009.

Forma parte de dicha reglamentación lo relativo a las juntas examinadoras de las distintas profesiones de la salud. Dichas juntas tienen, entre otras, la función de otorgar licencias profesionales y asegurarse de que las personas a las cuales se les otorgan cumplan con los requisitos mínimos de destreza, aptitud y conocimiento necesarios para ejercer competentemente la profesión de salud de que se trate. 24 L.P.R.A. see. 3010; Asoc. Drs. Med. Cui. Salud V. v. Morales, 132 D.P.R. 567 (1993).

Entre dichas juntas examinadoras se encuentra el Tribunal Examinador, que es el organismo encargado de autorizar el ejercicio de la medicina, acupuntura y osteología en Puerto Rico. 20 L.P.R.A. see. 34. El estatuto que lo creó le otorgó amplios poderes para reglamentar dichas profesiones en esta jurisdicción. Entre estos se destaca la facultad para denegar, suspender, cancelar o revocar cualquier licencia y emitir órdenes para poner a prueba a cualquier médico por tiempo determinado. 20 L.P.R.A. see. 34.

Aunque el estatuto creador del Tribunal Examinador no define per se qué constituye la práctica de la medicina, su Art. 9 especifica cuándo se considera que una persona ejerce ilegalmente dicha profesión. Este dispone que.

... se considerará como ejerciendo ilegalmente la medicina y cirugía o la osteología, cualquier persona que sin poseer una licencia expedida por el Tribunal escribiere, redactare o publi-care un aviso o anuncio pretendiendo estar capacitada legal-mente para ejercer la medicina o la osteología; ofreciere servi-cios, algún aviso, anuncio o cualquier otra forma; y que pretendiere estar capacitada para examinar, diagnosticar, tra-tar, operar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física y/o mental o que lleve a cabo o se ofrezca por cualesquiera medios o métodos para examinar, diagnosticar, tratar, operar, o recetar para cualquier enferme-dad, dolor, lesión, deformidad, o condición física y/o mental, re-ciba o no remuneración por tales servicios. 20 L.P.K.A. see. 39.

Resulta pertinente aclarar la redacción de la segunda modalidad descrita en el tipo penal. Esta fue producto, a nuestro entender, de una omisión inadvertida del legisla-dor al enmendar el delito de práctica ilegal de la medicina mediante la Ley Núm. 1 de 25 de junio de 1986 (20 L.RR.A. sec. 31 et seq.). Dicha modalidad debe expresar: “ofreciere servicios de medicina u osteología por medio de algún aviso, anuncio o en cualquier otra forma”, según constaba antes de la mencionada enmienda y, a tenor con el deseo del legislador de intercambiar el término “osteopa-tía” por el de “osteología”. Ley Núm. 1, supra. Sólo así, ésta resulta coherente.

Ahora bien, se desprende de la disposición antes trans-crita que existen cuatro (4) modalidades del delito de prác-tica ilegal de la medicina. Así, se incurre en la práctica ilegal de la medicina cuando cualquier persona que, sin tener una licencia expedida por el Tribunal Examinador: (1) escriba, redacte o publique un aviso o anuncio preten-diendo estar capacitado para ejercer , legalmente la medi-cina o la osteología; (2) ofrezca servicios de medicina me-diante algún aviso, anuncio o en cualquier otra forma; (3) pretenda estar capacitado para examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar para aliviar cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física y/o mental, o (4) lleve a cabo o se ofrezca por cualesquiera medios o métodos para examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar para aliviar cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física y/o mental, reciba remuneración o no por tales servicios.

Tal conclusión se desprende claramente de una lectura integral del estatuto. Ésta revela un intento abarcador de penalizar toda conducta que pueda tener un efecto detrimental sobre los servicios de salubridad que se ofrecen a nuestros ciudadanos.

Al aplicar las normas anteriores al caso de autos, enten-demos que la naturopatía está prohibida por el artículo transcrito cuando se practica sin haber obtenido previa-mente una licencia del Tribunal Examinador.

La naturopatía, también conocida como “medicina natural”, constituye un área particular del amplio campo de la “medicina holística”. H.M. Rian, An Alternative Contractual Approach to Holistic Health Care, 44 Ohio St. L. J. 185 (1983). Ésta ha sido definida como:

... a distinct system of primary health care — a science,, philosophy, and practice of diagnosing, and preventing disease. Panfleto explicativo de y cursos del National College of Naturo-pathic Medicine.

En vista de dicha definición, se entiende que el doctor en naturopatía lleva a cabo las funciones siguientes:

Diagnoses, treats, and cares for patients, using a system or practice that bases its treatment of all physiological functions and abnormal conditions on natural laws governing the body: Utilizes physiological, psychological, and mechanical methods, such as air, water, light, heat, earth, phytotherapy, food and herb therapy, psychotherapy, electrotherapy, physiotherapy, minor and orificial surgery, mechanotherapy, naturopathic corrections and manipulation, and all natural methods or modalities, together with natural medicines, natural processed foods, and herbs and nature’s remedies. Excludes major surgery, therapeutic use of X-ray and radium, and use of drugs, except those assimilable substances containing elements or compounds which are components of bodily tissues and are physiologically compatible to body processes for maintenance of life. Dictionary of Occupational Titles, 3ra ed., Washington, D.C., Ed. U.S. Dept. of Labor, 1965, Vol. I, págs. 214-215.

Así, la naturopatía se propone tratar el cuerpo humano, a través de métodos naturales, con el fin de evitar las en-fermedades futuras y sanar las existentes. Por lo tanto, el doctor en naturopatía tiene que diagnosticar, tratar y cui-dar médicamente a sus pacientes.

Al comparar las funciones del naturópata con las funciones del médico tradicional, surge con meridiana claridad la similitud entre ambas. La única diferencia entre las respectivas funciones se circunscribe a los métodos utilizados para lograr vencer las enfermedades que aquejan el cuerpo humano, y ésta no es pertinente a la controversia de autos.

Por lo tanto, en vista de la concepción de la medicina del estatuto, el ejercicio de la naturopatía constituye una prác-tica de la medicina en Puerto Rico.

B. En apoyo de su apelación, los apelantes arguyen que, de un análisis gramatical del estatuto, se desprende que para incurrir en el delito de práctica ilegal de la medicina es necesario que se cumplan simultáneamente las circuns-tancias descritas en el tipo penal. Es decir, que se trata de elementos del delito, no sus modalidades.

Igualmente aducen que en ningún lugar de la ley crea-dora del Tribunal Examinador se definen los términos “me-dicina”, “diagnosticar” y “recetar” y, por lo tanto, se deben entender dichos términos en su definición médico-técnica. A base de dicha interpretación, los apelantes entienden que como los naturópatas no llevan a cabo el mismo proce-dimiento que los médicos para llegar a una conclusión con respecto a sus pacientes y a que no “recetan” fármacos, no se deben ubicar bajo los presupuestos del tipo penal. No tienen razón.

En primer término, aun cuando la conjunción “y” se considera copulativa, mientras que la conjunción “o” se considera disyuntiva, ambas “son de significado intercambiable y que si la legislación usa una de ellas y la intención evidente es la de que se debió usar la otra, se sustituye una por la otra”. R.E. Bernier y J.A. Cuevas Segarra, Aproba- ción e interpretación de las leyes de Puerto Rico, 2da ed. rev., San Juan, Pubs. J.T.S., 1987, Vol. 1, pág. 353. Véanse, además: Pueblo v. Mantilla, 71 D.P.R. 36, 42-43 (1950); Monllor & Boscio, Sucrs, v. Sancho Bonet, Tes., 49 D.P.R. 576, 579 (1936); Pueblo v. Febres Colón, 95 D.P.R. 172, 175 (1967); Pueblo v. Colón Rosa, 96 D.P.R. 601, 607 (1968).

Así, entendemos que en este caso la intención evidente es que se debió usar la conjunción “o” entre la modalidad relativa a ofrecer los servicios de medicina y la de pretender estar capacitado para examinar, diagnosticar, tratar, etc. A esos efectos, resulta pertinente que el propio Art. 9, supra, configura, como delito grave, varias modalidades adicionales. Entre ellas se encuentra la de anunciarse como especialista o como osteólogo sin poseer la licencia correspondiente. 20 L.P.R.A. see. 39. En consecuencia, re-sultaría incompatible que el legislador hubiese dispuesto, como arguyen los apelantes, que todo aquel que tan sólo se anuncie como especialista incurra en el delito de la prác-tica ilegal de la medicina; mientras que el que se anuncie como médico generalista no incurriría en responsabilidad, a menos que también pretenda estar capacitado para exa-minar, diagnosticar o recetar para cualquier enfermedad, dolor o lesión. Por lo tanto, nos es forzoso concluir que se trata de modalidades del delito. De lo contrario, llegaría-mos a un resultado absurdo. El Pueblo v. Ramos, 18 D.P.R. 993, 1004 (1912). Véase, además, Bernier y Cuevas Sega-rra, op. cit, pág. 357.

Más aún, ya para 1917, refiriéndonos a la disposición antecesora de la que hoy examinamos, y luego de anali-zarla frente a la versión original en el idioma inglés, dis-pusimos que las circunstancias expuestas en el tipo penal eran modalidades del delito. El Pueblo v. Ruiz, 25 D.P.R. 590, 592 (1917). Es decir, aun cuando se utilizaba la con-junción “y” en el estatuto pertinente, dispusimos con clari-dad que las circunstancias expresadas en el estatuto co-rrespondían a modalidades del delito, no a sus elementos.

En resumen, se configura el delito de práctica ilegal de la medicina siempre que se lleven a cabo cualesquiera de las actividades que el tipo penal expresa, sin haber obtenido previamente una licencia del Tribunal Examinador para el ejercicio de la medicina. Las circunstancias descritas en el tipo penal no constituyen elementos constitutivos del delito, sino las modalidades de éste.

Con respecto al argumento relativo a las definiciones médico-técnicas, los apelantes olvidan que nuestro Código Penal, cuyas disposiciones generales aplican a las leyes penales especiales en virtud de su Art. 5 (33 L.P.R.A. sec. 3005), dispone que “[l]as palabras y frases se interpretarán según el contexto y el significado sancionado por el uso común y corriente”. Art. 6 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3021. En consecuencia, la interpretación del estatuto dependerá del significado sancionado por el uso común de dichos términos que conforman el tipo penal. A esos efectos, revisemos las definiciones comunes de éstos.

El vocablo “medicina” se define como “[cjiencia y arte de precaver y curar las enfermedades del cuerpo humano”. Diccionario de la Lengua Española, 19na ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1970, pág. 860. Igualmente, el vocablo “diagnosticar” significa “[djeterminar el carácter de una enfermedad mediante el examen de sus signos”, id., pág. 472, y el vocablo “recetar” significa prescribir un medicamento, con expresión de su dosis, preparación y uso”, íd., pág. 1112.()

De una simple lectura de dichas definiciones, y al compararlas con las funciones del naturópata, no cabe la menor duda de que la práctica de la naturopatía está in-cluida, según nuestra legislación, dentro del concepto de la práctica de la medicina. A nuestro entender, no puede ser de otro modo, pues según el propósito protector de la legis-lación de salubridad, todo profesional, cuyas funciones sean el tratamiento del cuerpo humano para erradicar las enfermedades y mantener la buena salud, llámese natu-rista, ortopeda o generalista, estará cubierto por los esta-tutos que reglamentan la práctica de la medicina. Nos ha-cemos eco del Tribunal Supremo de Florida cuando indicó:

...insofar as he prescribed a proper diet to cure or alleviate the specific medical problems he diagnosed, Reams “treated” the illnesses of his patients. We reject the argument that because the substances “prescribed” were vitamins or food rather than “medicines” as the word is generally used, Reams did not treat diseases in the medical sense. Reams v. State, 279 So. 2d 839, 842 (1973).

C. La conclusión a la que hoy llegamos reafirma la co-rriente mayoritaria existente, en Estados Unidos con res-pecto a la reglamentación de la naturopatía como práctica de la medicina. Ello es en ausencia de disposición por parte de nuestra Asamblea Legislativa para crear una reglamen-tación particular al respecto.() Al presente, tan sólo un puñado de estados de la unión americana han reglamen-tado la naturopatía como una profesión de la salud sepa-rada y distinta de la medicina tradicional. Véanse: 2 Alaska Stat. Sec. 08.45.020 et seq. (1995); 10A Ariz. Rev. Stat. Ann. Sec. 32-1521 (1986); 11A Conn. Stat. Ann. Sec. 20-37 et seq. (1989); 2 D.C. Stat. Ann. 2-3309.1; 25 Hawaii Stat. Ann. Sec. 455-1 (1985); 37 Mont. Stat. Ann. Sec. 26-401; 52 Or. Rev. Stat. Sec. 685.010 et seq.; 18 Wash Stat. Ann. 36A.030. La mayoría de los estados requieren a los naturópatas, previo a la práctica de su profesión, obtener una licencia para practicar la medicina. Véanse, entre otros: Williams v. State Ex Rel. Med. Licensure, 453 So. 2d 1051 (1984); State v. Howard, 337 S.E.2d 598 (1985); People v. Ray, 456 N.E.2d 179 (1983); Reams v. State, supra, pág. 842.

Afortunadamente, nuestros pronunciamientos con res-pecto a la naturopatía se materializan en el contexto del caso de autos, en el que la práctica irrestricta de la natu-ropatía no ha causado grandes problemas y no bajo cir-cunstancias más severas, en que esté en juego la pérdida de la vida humana. State v. Howard, supra. La salud y la vida humana son valores jurídicos de la más alta jerarquía. Su protección requiere el ejercicio máximo de las prerrogativas gubernamentales. Sólo así hacemos viable la consecución de los objetivos de la Ley de Reforma Integral.

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En la faceta procesal del caso, los apelantes alegan que se les procesó a base de acusaciones insuficientes. No tie-nen razón.

La Regla 35 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, dispone los datos que deberá tener toda acusación válida. En particular, su inciso (c) exige, en lo pertinente, que toda acusación contenga “[u]na exposición de los hechos esenciales constitutivos del delito, redactada en lenguaje sencillo, claro y conciso, y de tal modo que pueda entenderla cualquier persona de inteligencia común”. 34 L.P.R.A. Ap. II. Así, la acusación debe incluir todos los elementos del delito imputado, expresados en un lenguaje que esté al alcance de la comprensión del ciudadano promedio. Esta exigencia está íntimamente relacionada tanto con el principio de legalidad que rige nuestro ordenamiento penal, Art. 8 del Código Penal de Puerto Rico, 33 L.P.R.A. see. 3031, como con los requerimientos que impone el debido procedimiento de ley.

Sin embargo, al analizar la suficiencia de las acusaciones éstas deben interpretarse con liberalidad, pues ellas "deben informar a los acusados de qué se les acusa, pero no es para ello necesario seguir ningún lenguaje estereotipado o técnico o talismánico”. Pueblo v. Calviño Cereijo, 110 D.P.R. 691, 694 (1981). No es necesario que se incluya la modalidad específica del delito por el cual se acusa, Pueblo v. Santiago Cedeño, 106 D.P.R. 663 (1978), excepto cuando se trate de modalidades de agravación. Pueblo v. González Olivencia, 116 D.P.R. 614 (1985). “Puede afirmarse, en fin, que la suficiencia de una acusación se evalúa en forma liberal en cuanto al lenguaje utilizado en la imputación del delito, aunque en forma rigurosa en cuanto a la necesidad de imputar todos los elementos del mismo”. E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, pág. 149.

Analizadas las acusaciones, a la luz de los elementos del delito de práctica ilegal de la medicina y de los anteriores señalamientos, entendemos que éstas son suficientes para imputar con válidez el delito de práctica ilegal de la medicina.

Como indicamos antes, se configura el delito de práctica ilegal de la medicina cuando, sin tener licencia expedida por el Tribunal Examinador, cualquier persona: (1) escribe, redacta o publica un aviso o anuncio pretendiendo estar capacitado para ejercer legalmente la medicina o la osteología; (2) ofrece servicios de medicina u osteología mediante algún aviso, anuncio o cualquier otra forma; (3) pretende estar capacitado para examinar, diagnosticar, tratar, operar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física y/o mental, o (4) lleva a cabo o se ofrece por cualesquiera medios o métodos para examinar, diagnosticar, tratar, operar o rece-tar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad o condición física y/o mental, reciba remuneración o no por tales servicios.

Por otro lado, ambas acusaciones indican, en lo perti-nente, que los acusados,

"... ilegal, voluntaria, malicios[a], criminalmente y sin tener licencia expedida por el Tribunal Examinador de Médicos ... para ejercer la profesión de la medicina en P[uerto Rico], ofrefcieron] servicios como Médico y pretendieron] estar capacitado[s] para examinar, diagnosticar, tratar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, deformidad, condición física o mental; examinando, diagnosticando y recetando como médico ....’’Alegato de los apelantes, pág. 6.

Así, se desprende de una sencilla lectura de las acusa-ciones que ambas indicaban con claridad que los apelantes, sin tener licencia expedida por el Tribunal Examinador, “ofreci[eron] servicios como [mjédico y pretendieron] estar capacitados para examinar, diagnosticar, tratar o recetar para cualquier enfermedad, dolor, deformidad, condición fí-sica o mental; examinando, diagnosticando y recetando como médico....”. Id. Es decir, ambas acusaciones incluye-ron todos los elementos del delito de práctica ilegal de la medicina y, por lo tanto, informaron debidamente a los apelantes del delito por el cual se les acusó. Chiesa Aponte, op. cit.

No incurrió en error el tribunal sentenciador, por cuanto las acusaciones, a base de las cuales se procesó criminal-mente a los acusados, eran suficientes para imputar el de-lito de práctica ilegal de la medicina.

IV

De otra parte, los apelantes señalan que erró el foro de instancia, ya que la sentencia dictada les viola su derecho constitucional a dedicarse a una profesión legítima. No es-tamos de acuerdo.

Como manifestación de su poder regulador (police power), el Estado tiene una extensa discreción para regular y controlar la práctica de las profesiones con el fin de proteger la salud y el bienestar públicos. Román v. Tribl. Exam, de Médicos, 116 D.P.R. 71, 79 (1985). En el ejercicio de ella, éste “puede prohibir la práctica de una profesión, a menos que primero se obtenga una licencia, permiso o cer-tificado de alguna entidad u oficial examinador”. Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735 (1992).

Aun cuando los ciudadanos tienen un derecho constitucional a dedicarse a la profesión u ocupación de su predilección, dicho derecho no es absoluto. Art. II, Sec. 16, Const. E.L.A., L.P.R.A., Tomo 1. Ese derecho está subordinado a las condiciones que razonablemente imponga la Asamblea Legislativa en el ejercicio del poder reglamentador que posee en beneficio de los ciudadanos. Pérez v. Junta Dental, 116 D.P.R. 218, 233 (1985); Op. Sec. Just. Núm. 1973-13. “Semejantes condiciones no privan a los ciudadanos de sus profesiones, sino que las regulan por razones del eminente interés público de que están revestidas.” Asoc. Drs. Med. Cui. Salud V. v. Morales, supra, pág. 586, y casos allí citados.

En vista del alto interés público que subyace a este tipo de reglamentación, el estándar aplicable, cuando ésta es objeto de ataque constitucional, es de racionalidad. Es decir, la reglamentación se sostendrá siempre que se justifique la racionalidad de los requisitos adoptados en conformidad con la política pública del estado. Asoc. Drs. Med. Salud V. v. Morales, supra; Román v. Tribl. Exam, de Médicos, supra, pág. 79; Pérez v. Junta Dental, supra.

Examinado el delito de práctica ilegal de la medicina, según aplicado a la práctica de la naturopatía, a la luz de las expresiones anteriores, surge con claridad una relación racional entre dicho estatuto y la política pública del Estado cuando de cuestiones de salubridad se trata. Como indicamos anteriormente, la política pública del Es-tado Libre Asociado en materia de salud exige un esfuerzo gubernamental para lograr que se presten y ofrezcan a nuestro Pueblo servicios de salud de la más alta calidad. Dicha calidad tan sólo se logra al imponer a las profesiones pertinentes unos requisitos de estudios avanzados y espe-cíficos que garanticen un alto grado de competencia profe-sional y de conocimientos.

En Estados Unidos se ha llegado al mismo resultado nuestro, ante ataques constitucionales a la negativa de los estados de reconocer la naturopatía como una profesión distinta y separada de la medicina tradicional. Se ha en-tendido que las Asambleas Legislativas no tienen obliga-ción alguna de reconocer a la naturopatía como profesión de salud separada y que tal proceder no violenta derecho constitucional alguno de las personas que desearían dedi-carse a su práctica. Véanse: Davis v. Beeler, 207 S.W.2d 343 (1947), apelación desestimada por falta de una cues-tión constitucional sustancial, 333 U.S. 859 (1948); Taylor v. State, 291 P.2d 1033 (Okl. 1955), apelación desestimada por no plantear una cuestión constitucional sustancial, 352 U.S. 805 (1956); Hitchcock v. Collenberg, 140 F. Supp. 894 (D. Md. 1956), confirmado, 353 U.S. 919 (1957); Stuart v. Wilson, 211 F. Supp. 700 (N.D. Tex. 1962), confirmado, 371 U.S. 576 (1962).

Así, en Idaho Ass’n, Etc. v. U.S. Food and Drug Admin., 582 F.2d 849 (4to Cir. 1978), cert. denegado, 440 U.S. 976 (1979), luego de hacer un recuento de las decisiones esta-tales que sostuvieron la potestad de las respectivas Asam-bleas Legislativas de exigir a los naturópatas el mismo en-trenamiento que a los médicos cirujanos y mantener la naturopatía dentro del campo de la medicina tradicional, el Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones de Estados Uni-dos indicó:

We conclude that the naturopaths’ various constitutional claims depend on a single underlying contention: that a state must recognize naturopathy as a discipline distinct from the orthodox practice of medicine whose practitioners are entitled to licensing requirements different from those imposed on other physicians. If the naturopaths are correct in this assertion, their other contentions may well have merit, but if it fails, all of their claims must fall with it. In light of the decisions of the Supreme Court that we have reviewed, we find that the natu-ropaths’ basic claim has been firmly, repeatedly, and authoritatively rejected. Idaho Ass’n, Etc. v. U.S. Food and Drug Admin., supra, págs. 853-854.

En resumen, la reglamentación, aquí en controversia, no padece de defecto constitucional alguno en su aplicación a la práctica de la naturopatía.

V

Con respecto a la apreciación de la prueba, los imputa-dos señalan que la conducta manifestada por ellos no cons-tituye la conducta tipificada en su delito de práctica ilegal de la medicina. Tampoco tienen razón.

De los testimonios de los agentes encubiertos que testi-ficaron en el juicio se desprende que ambos imputados mantienen oficinas con letrero que les identifica como “Centro Biomagnético de Medicina Holística” con el propó-sito de ofrecer sus servicios al público, recibir pacientes y tratar sus enfermedades. Ambos imputados recibieron en sus oficinas a los agentes encubiertos, les administraron un cuestionario sobre problemas de salud y hábitos ali-mentarios, les trataron las supuestas enfermedades me-diante métodos biomagnéticos y les recetaron medicamen-tos naturales para remediar los males físicos reportados. Todo esto sin haber obtenido previamente una licencia del Tribunal Examinador.

En consecuencia, no tenemos duda de que en el juicio se probó, más allá de toda duda razonable, que los imputados practicaron ilegalmente la medicina. Ciertamente, la evi-dencia presentada produce convicción moral en una con-ciencia exenta de preocupación o en “un ánimo no prevenido . Regla 10 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. Véanse: Pueblo v. Rivero, Lugo y Almodóvar, 121 D.P.R. 454, 472 (1988); Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962).

Por los fundamentos que anteceden, procede la confir-mación de las sentencias emitidas en el caso de autos.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Rebollo López disintió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emi-tió una opinión disidente, a la cual se unió la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

— O —

Opinion disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Fus-ter Berlingeri,

a la cual se une la Juez Asociada Señora Naveira de Rodón.

En Puerto Rico, como fundamento primordial de nues-tro ordenamiento jurídico penal, rige el principio de legali-dad, axioma básico contenido en la antigua máxima nulla poena sine lege. Conforme a éste, el Estado no puede instar una acción penal contra persona alguna por un hecho que no esté expresamente definido por la ley como delito, ni se puede imponer penas que la ley no haya establecido previamente. Art. 8 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 3031. Esto quiere decir que, en un caso en que se le imputa a alguien la comisión de un delito, tal delito y la pena que acarrea tienen que estar claramente previstos en el orde-namiento penal antes de que hayan ocurrido los hechos punibles. No se puede castigar a una persona por una con-ducta que no esté expresa y claramente contenida dentro de las que el ordenamiento penal prohíbe. Tampoco se puede crear delitos por analogía.

Uno de los corolarios del principio de legalidad es que los estatutos penales deben interpretarse restrictiva-mente. Si existen dudas sobre el alcance o la aplicación de una disposición penal, tales dudas deben resolverse en favor del acusado. Pueblo v. De León Martínez, 132 D.P.R. 746 (1993); Pacheco v. Vargas, Alcaide, 120 D.P.R. 404, 409 (1988); Pueblo v. Ríos Nogueras, 114 D.P.R. 256, 260 (1983); Pueblo v. Uriel Álvarez, 112 D.P.R. 312, 313 (1982). Como consecuencia de estas normas fundamentales y del mandato constitucional sobre el debido proceso de ley, no se puede hacer responsable en lo criminal a una persona por un proceder que ella razonablemente no podía prever que estuviese prohibido. Pueblo v. Tribl. Superior, 81 D.P.R. 763, 787 (1960).

En el caso de autos, el texto de la ley bajo la cual se condenó a los apelantes no está suficientemente claro. Por el contrario, contiene lagunas y vaguedades que no permi-ten afirmar que la conducta de los acusados estaba razona-blemente prevista en las prohibiciones de ley. Aplican aquí, pues, los fundamentales principios jurídicos antes reseña-dos, por lo que este Tribunal, en lugar de confirmar la con-dena de instancia, ha debido revocarla. Veamos.

De un análisis del lenguaje pertinente del estatuto en cuestión y de los propios señalamientos hechos por la ma-yoría en su opinión surge, en primer lugar, que al incorpo-rarse al estatuto que regula la profesión médica las en-miendas introducidas por la Ley Núm. 1 de 25 de junio de 1986 (20 L.P.R.A. sec. 31 et seq.), la Legislatura dejó fuera del texto una frase importante, por lo que una parte de éste, referente al delito de la práctica ilegal de la medicina, resulta incoherente. La mayoría conjura por su cuenta esta obvia incoherencia al suplir ahora lo que, a su juicio, el legislador dejó fuera. Esto de por sí levanta dudas sobre si puede aplicarse esta ley a los acusados en este caso, con-forme con el principio de legalidad.

En segundo lugar, por otras deficiencias en el texto de la referida ley, conforme señala la propia mayoría en su opi-nión, existe una controversia en tomo a si el estatuto alu-dido tipifica el delito en cuestión como uno que tiene varios elementos constitutivos o, en cambio, si dicho estatuto es-tablece más bien diferentes modalidades del referido delito. La mayoría intenta conjurar esta segunda deficien-cia al resolver, por primera vez, que el estatuto aludido crea distintas modalidades del delito en cuestión. Rechaza así la interpretación alterna alegada por los apelantes, de que el estatuto enumera diferentes elementos del delito.

Esta segunda intervención de la mayoría del Tribunal para remediar las fallas del estatuto, vista junto con la primera, pone de relieve las serias dificultades que existen conforme con el principio de legalidad, para aplicar dicho estatuto a los acusados. Resulta evidente que para llegar a su conclusión de que el estatuto tipifica varias modalidades del delito de práctica ilegal de la medicina, la mayoría se ha visto en la necesidad de aducir diversos fundamentos, lo que de por sí resalta aún más el carácter confuso, poco claro, de la disposición en cuestión con respecto a los acusados.

La posición de la mayoría se toma insostenible una vez se examinan los fundamentos referidos, ya que todos son realmente endebles. Según la mayoría, la Legislatura equi-vocadamente utilizó, en el texto de la ley en cuestión, la conjunción “y”, que de ordinario se considera copulativa, cuando debió haber usado “o” (conjunción disyuntiva), por-que de lo contrario dicho texto tendría un significado absurdo. Añade la mayoría que su interpretación encuen-tra apoyo en una antigua decisión nuestra, en El Pueblo v. Ruiz, 25 D.P.R. 590, 592 (1917), en la cual este Tribunal llegó a una determinación supuestamente similar en reía-ción con un estatuto antecesor del que es ahora objeto de nuestro análisis. Finalmente, en lo que es claramente un razonamiento por analogía, la mayoría aduce que sería ab-surdo resolver que quien se anuncie como médico genera-lista, no incurre en el delito de práctica ilegal de la medi-cina, a menos que además pretenda estar capacitado para examinar, diagnosticar o recetar como tal, cuando el legis-lador dispuso que el que tan sólo se anuncie como especia-lista sin serlo, comete un delito sujeto a la misma pena.

Los referidos fundamentos no son inexpugnables. Por el contrario, en el caso de autos existen otros fundamentos que permiten razonablemente interpretar el estatuto en cuestión de una manera distinta de como lo hace la mayoría.

El texto de la ley que fue objeto de análisis en El Pueblo v. Ruiz, supra, es claramente distinto del que tenemos ahora ante nuestra consideración. Allí examinamos la apli-cación de la ley de 1903, que disponía como delito menos grave el ejercicio ilegal de la “medicina o cirugía o cuales-quiera otras ramas de éstas, o la obstetricia”, sujeto a una multa no mayor de quinientos dólares ($500) o pena de reclusión por un término de treinta (30) a noventa (90) días. En aquel caso, el acusado había alegado, que como en el texto de la ley vigente entonces se usaba la conjunción “y”, en lugar de la “o” usada en el texto original para que se entendiera cometido el delito de práctica ilícita de la medi-cina, no era suficiente únicamente que se prescribiera una receta, “sino que era necesario que esa prescripción la hi-ciera una persona que hubiera añadido a sus nombres las letras D.M. y que públicamente se anunciara como médico”. Id., págs. 590-591. Al rechazar tal alegación, allí resolvimos que, no obstante la redacción del estatuto, la intención legislativa era tal que

... una persona que a sabiendas y con intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados, prescribiere para uso de cualquiera otra persona alguna medicina, etc., comete el delito aunque no haya añadido a su nombre las letras M.D., ni se haya anunciado públicamente como médico o cirujano. Id., pág. 592.

Como puede observarse, no resolvimos allí de manera expresa alguna, como alega la mayoría, que las diversas circunstancias mencionadas en el estatuto correspondían a distintas modalidades del delito. Más bien, resolvimos úni-camente que el principal motivo de la enmienda introdu-cida por la Ley Núm. 6 de 11 de marzo de 1915 (20 L.P.R.A. sec. 31 n.) era requerir, para que quedara perfeccionado el delito, que se probara que la prescripción se había hecho a sabiendas y con la intención de usurpar las funciones de los médicos autorizados. El Pueblo v. Ruiz, supra, pág. 593. Resolvimos, además, en aquel caso que podrían existir si-tuaciones en las que el simple hecho de prescribir un me-dicamento no debiera ser considerado como delictivo, a me-nos que hubiese la intención de usurpar las funciones de un médico autorizado o que el hecho aislado “sea tan com-pleto en sí, que cumpla con todas las exigencias de la ley”. Id., pág. 594. No es correcto, pues, utilizar a El Pueblo v. Ruiz, supra, como lo hace la mayoría, como fundamento para resolver que el tercer párrafo del Art. 9 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931, según enmendada, 20 L.RR.A. see. 39, establece varias modalidades del delito de práctica ilegal de la medicina y que, entre ellas, anunciarse como médico generalista, por sí solo, constituye el delito referido. Aparte del error sustancial que significa resolver a base de analogías, cuando ello está expresamente prohi-bido por el Código Penal, por razón del principio de legali-dad, la mayoría utiliza a El Pueblo v. Ruiz, supra, acomodaticiamente. Aduce que la decisión sostiene algo más de lo que realmente resolvimos allí. Cabe señalar, ade-más, que apoyar su decisión en El Pueblo v. Ruiz, supra, es improcedente también, porque la naturaleza del delito que es objeto de nuestra consideración ahora, es cualitativa-mente distinta de la que analizamos en El Pueblo v. Ruiz, supra, por ser el de autos un delito grave que conlleva pena de dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando en El Pueblo v. Ruiz, supra, tratamos con un misdemeanor.

Por otro lado, si ya en El Pueblo v. Ruiz, supra, en refe-rencia al uso de la conjunción "y”, habíamos intimado la importancia de utilizar el lenguaje correcto en la redacción de la definición del delito de práctica ilegal de la medicina, habría que cuestionar la verdadera intención de la Legis-latura al utilizar de nuevo dicha conjunción “y” en Ia próxima versión de la ley en cuestión y de mantener su uso en dicha ley, luego de numerosas enmiendas a ésta.()

Finalmente, debe señalarse que la interpretación de la mayoría de que el estatuto vigente no enumera diferentes elementos del delito de práctica ilegal de la medicina sino que, más bien, define varias modalidades de dicho delito, no sólo no está apoyada realmente por lo que antes había-mos resuelto en El Pueblo v. Ruiz, supra, sino que es incompatible con lo que resolvimos en un caso mucho más reciente. En Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 721 (1965), con-cluimos que un quiropráctico había incurrido en el delito de práctica ilegal de la medicina por la concurrencia de varios elementos.() Allí dijimos:

... [D]e la evidencia documental se desprende que el acusado no es un médico debidamente autorizado a ejercer su profesión en Puerto Rico, y que al firmar el certificado lo hizo haciéndose pasar por médico cirujano en el ejercicio de su profesión en Puerto Rico y además que diagnosticó la ausencia de ciertas enfermedades en las personas a favor de quien expidió los certificados. Pueblo v. Rodríguez, supra, pág. 726.

En resumen, pues, aunque en ocasiones esta Curia está obligada a estudiar minuciosamente la intención legisla-tiva para tratar de subsanar errores en la redacción esta-tutaria, un análisis tan enrevesado y controvertible como el que utiliza la mayoría en esta ocasión para “esclarecer” qué es lo que supuestamente abarca el delito en cuestión, no se ciñe a las restricciones impuestas por el principio de legalidad en casos penales y, ciertamente, no justifica la aplicación de ese análisis de manera retroactiva. () Más bien, el principio de legalidad requiere que en la interpre-tación de un estatuto penal que no esté claro, como es el caso del estatuto en cuestión, el juzgador se limite al sig-nificado establecido de las palabras, en lugar de adoptar un significado nuevo, deducido del propósito general del estatuto. Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656, 659 (1964). Por ello, no es correcto tampoco sostener la condena impuesta a los apelantes por haber practicado la “medicina holística” o “naturopatía”, sin licencia, a base de un análi-sis del significado general de lo que significa la práctica de la “medicina”, si ello no surge inequívocamente del texto de la ley que tipifica el delito. Ausente una definición estatu-taria clara que prohíba la práctica de la naturopatía, el estatuto tiene que ser interpretado restrictivamente, de la manera más favorable a los acusados. En el caso de autos, como la mayoría ha optado por un curso que desatiende estos principios fundamentales, disiento.

HH HH

Aparte del problema medular que ya hemos discutido, este caso presenta otros problemas que destacan cuán im-procedente es la actuación de la mayoría en el caso de autos.

En Puerto Rico existe el Tribunal Examinador de Médi-cos, el cual, dentro de las funciones que le delegó la Legis-latura y sujeto al marco normativo que fija su ley habilita-dora, es el organismo administrativo especializado encargado de velar por que se presten a nuestros habitan-tes servicios de salud de la más alta calidad posible. Como parte de sus funciones, el Tribunal Examinador de Médicos tiene la responsabilidad de revisar lo que constituye la práctica general de la medicina, las especialidades y sub-especialidades, conforme a los diversos avances tecnológi-cos y científicos en cada área. Asoc. Drs. Med. Cui. Salud V. v. Morales, 132 D.P.R. 567 (1993). Sin embargo, aquí no hemos tenido la oportunidad de conocer la posición oficial del referido organismo, y sus fundamentos concretos, en relación con la cuestión, altamente controversial, de si se requiere una licencia expedida por dicho cuerpo para ejer-cer la naturopatía.() Tampoco formaron parte del proceso habido en instancia otros individuos y grupos con intereses obvios en la cuestión que tenemos ante nos ahora, tales como las personas que ejercen el numeroso y variado grupo de prácticas y supuestas ciencias que se agrupan bajo el término general de la naturopatía;() las personas que constituyen la clientela corriente de los distintos tipos de naturópatas, incluyendo aquellos que sólo creen en la sa-nation del cuerpo mediante métodos naturales tales como las energías propias y las plantas para la salud; el Depar-tamento de Salud; el Departamento de Asuntos del Consu-midor; el Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico; la Asociación Médica de Puerto Rico; la Asociación de Naturópatas de Puerto Rico; las instituciones educativas que se dedican a la formación de los naturópatas,() y otros.() En el caso de autos, lo único que se llevó a cabo fue un proceso criminal contra dos individuos que alegan ser doctores en medicina holística y/o medicina biomagnética, en el cual testificaron únicamente dos agentes encubiertos —quienes se hicieron pasar por clientes de los apelantes e inventaron los padecimientos para ser atendidos por és-tos— y un perito médico. Por ello, el caso de autos no es el apropiado para resolver cuáles son los requisitos, si al-guno, para ejercer la naturopatía en Puerto Rico. No está ante nos el expediente apropiado para que pasemos un jui-cio tan tajante sobre este asunto, como el que hace la ma-yoría en su opinión, que para todos los efectos prácticos convierte en delito el solo ejercer como naturópata en Puerto Rico.

Por otro lado, debemos destacar que no contamos con ninguna política pública formulada por la Asamblea Legis-lativa en relación con la práctica de la naturopatía. Bajo nuestro sistema de gobierno, el derecho de una persona a ejercer cualquier profesión o negocio que crea conveniente no es absoluto, sino que está limitado por los requisitos y las condiciones que razonablemente imponga la Legisla-tura en el ejercicio del poder regulador (police power) que tiene el Estado, para beneficio de la comunidad. Asoc. Drs. Med. Cui. Salud V. v. Morales,, supra; Col. Ing. Agrim. P.R. v. A.A.A., 131 D.P.R. 735 (1992); Santiago v. Trib. Exam. de Médicos, 118 D.P.R. 1 (1986); Pérez v. Junta Dental, 116 D.P.R. 218, 233 (1985); Román v. Tribl. Exam, de Médicos, 116 D.P.R. 71, 77 (1985). De acuerdo con ello, la Legisla-tura, luego del debido proceso de deliberación y debate pú-blico, podría reglamentar la práctica de la naturopatía en nuestra Isla de manera que se requiera una licencia del Tribunal Examinador de Médicos o de alguna otra junta' examinadora para ejercerla; incluso es concebible que pu-diera prohibir tal práctica, si hubiese bases y razones ade-cuadas para ello. Sin embargo, la Legislatura, a pesar de haber tenido ocasión para aprobar tal legislación, ha op-tado por no hacerlo.() No nos corresponde a nosotros, en el estrecho contexto de un caso criminal, por puro fíat judicial, prohibir la naturopatía en Puerto Rico.

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Finalmente, estamos de acuerdo con el Procurador General en que el propósito primordial del estatuto en cues-tión es penalizar la “usurpación de funciones con carácter eminentemente médico, sin tener la debida autorización” para ello. En el caso de autos, sin embargo, hay razones serias para dudar que tal usurpación haya ocurrido.

Surge de la exposición narrativa de la prueba que los apelantes en este caso no hicieron un examen físico o mé-dico a los agentes encubiertos; sólo los entrevistaron y les hicieron llenar un formulario; no les diagnosticaron ningún padecimiento;() no les dijeron que eran médicos; no utili-zaban el título de “Doctor en Medicina” o de la abreviatura “M.D.” como expresa la ley, ni ninguna otra sigla que co-múnmente usan los doctores en medicina, y no les receta-ron medicamentos.() No existe evidencia en el expediente ante nos de que los apelantes, en el caso de autos, se hicie-ran pasar por médicos, en el sentido convencional. No queda claro, de modo alguno, que en este caso se haya co-metido lo que tradicionalmente constituye el delito de práctica ilegal de la medicina, como no se cometería obvia-mente cuando algún ministro religioso, digamos, se ofrece como intermediario divino o de fuerza supranaturales para “sanar” al que se siente enfermo.

En una sociedad democrática y pluralista como es la nuestra, es necesario no confundir al embaucador y al impostor con los que ejercen menesteres inusitados, que a algunos nos pueden parecer extraños. Sobre todo, los que ejercemos alguna función de autoridad pública debemos estar siempre vigilantes que en nuestro afán por proteger el auténtico interés público, no lleguemos al extremo del paternalismo, ni que confundamos el bien común con los intereses de algún gremio o elite social.

      (1) En cuanto a la palabra “medicamento”, ésta se define como “[e]ualquiera substancia, simple o compuesta, que, aplicada interior o exteriormente al cuerpo del hombre o del animal, puede producir un efecto curativo”. Diccionario de la Lengua Española, 19na ed., Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1970, pág. 860.

      (2) Actualmente se encuentra ante la consideración de la Asamblea Legislativa el P. del S. 1032 de 16 de febrero de 1995, 12ma Asamblea Legislativa, 5ta Sesión Ordinaria, cuyo propósito es reglamentar la práctica de la naturopatía y crear los organismos encargados de administrar dicha reglamentación. Este esfuerzo consti-tuye la renovación de varios intentos fallidos de implantar la naturopatía como una profesión de la salud independiente de la medicina tradicional. Véanse: P. del S. 1369 (1992); P. de la C. 1648 (Í992); P. del S. 898 de 10 de marzo de 1983, 9na Asamblea Legislativa, 3ra Sesión Ordinaria.

      (1) Originalmente, el Art. 9 de la Ley Núm. 22 de 22 de abril de 1931 (20 L.P.R.A. see. 39) disponía, en lo pertinente, de la manera siguiente:
      “Para los efectos de esta Ley se considerará como ejerciendo ilegalmente la medicina ... a cada persona que, sin poseer una licencia expedida por el Tribunal Examinador de Médicos de Puerto Rico, se anunciare o se hiciese pasar como médico, cirujano, osteópata, practicante, o comadrona, prestare servicios como tales, e inter-viniere en el tratamiento de enfermedades o defectos físicos, recibiere o no remune-ración por tales servicios.” 1931 Leyes de Puerto Rico 205, 211.
      En 1945, mediante la Ley Núm. 304 de 15 de mayo, el referido artículo fue enmendado, en lo pertinente, de la manera siguiente:
      "... se anunciare o se hiciese pasar como médico, cirujano, osteópata, practi-cante, o comadrona, y que se haga pasar como capacitado para diagnosticar, tratar, operar, o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad, o condición física, reciba o no remuneración por tales servicios. 1945” Leyes de Puerto Rico 115.
      Este artículo fue enmendado mediante las Leyes Núm. 97 de 21 de junio de 1961 y Núm. 18 de 24 de abril de 1972 (20 L.P.R.A. see. 39). En 1980, mediante la Ley Núm. 112 de 4 de junio, se enmendó este artículo de nuevo para cambiar el delito de uno menos grave a grave con la pena que existe hoy día. En ese momento se adoptó un lenguaje similar al que tenemos ahora:
      "... escribiere redactare o publicare un aviso o anuncio pretendiendo estar ca-pacitada legalmente para ejercer la medicina o la osteopatía; ofreciere servicios de medicina u osteopatía por medio de algún aviso, anuncio o en cualquier otra forma; y que pretendiere estar capacitado para examinar, diagnosticar, tratar, operar, o recetar para cualquier enfermedad, dolor, lesión, deformidad, o condición física, y/o mental o que lleve a cabo o se ofrezca por cualesquiera medios o métodos para exa-minar, diagnosticar, tratar, operar, o recetar para cualquier enfermedad, dolor, le-sión, deformidad, o condición física y/o mental, reciba o no remuneración por tales servicios.” 1980 Leyes de Puerto Rico 392, 398.
      Posteriormente, se enmendó en términos generales: Véanse: Ley Núm. 1 de 25 de junio de 1986 (para cambiar el término “osteopatía” por el de “osteología”, en cuyo momento alegadamente se dejó fuera inadvertidamente una frase); Ley Núm. 131 de 22 de jubo de 1988 (20 L.P.R.A. see. 39).

      (2) En ese caso se acusó a un quiropráctico de practicar ilegalmente la medicina, por éste haber expedido unos documentos en los cuales certificaba haber examinado a unas personas y haber llegado a la conclusión de que éstas no padecían de locura, epilepsia, idiotez, sífilis o de enfermedad venérea alguna que les impidiera contraer matrimonio.

      (3) La interpretación que proponen los apelantes está también razonablemente apoyada por la redacción del aludido articulado en su totalidad. Nótese que en la Ley de Í931, antecesora de la actual, se enumeraron una serie de prácticas que también constituían delitos menos graves, separadas del delito de' práctica ilegal de la medi-cina, sujetas a la misma pena. Estas fueron enumeradas por separado de manera similar a como existen actualmente. Véase 1931 Leyes de Puerto Rico 211.
      De ahí surge el texto de la última parte del tercer párrafo del artículo objeto de nuestra consideración, el cual, luego de ser enmendado en varias ocasiones, dispone ahora lo siguiente:
      “... Constituirán, además, delito grave sujeto a las penalidades establecidas en el primer párrafo de esta sección las siguientes prácticas:

        “(1) El uso del título de ‘Doctor en Medicina’, o de la abreviatura ‘M.D.’, usada ésta sola, o asociada a otros términos, con el propósito de solicitar pacientes, excepto en los casos de personas que estuvieren legalmente autorizadas para ejercer la me-dicina en Puerto Rico.
      “(2) Anunciarse como especialista o ejercer como tal, sin estar debidamente cer-tificado por el Tribunal Examinador de Médicos conforme a lo dispuesto en la see. 52d de este título.
      “(3) Contratar o emplear a cualquier persona como médico u osteólogo sin estar debidamente autorizado por el Tribunal o cuando se le haya suspendido, revocado o cancelado la licencia.
      “(4) Anunciarse como, o usar el título de osteólogo a menos que sea un osteólogo debidamente autorizado a ejercer como tal en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
      “(5) Someter documentos falsos o fraudulentos al Tribunal con el propósito de obtener una licencia de médico, osteólogo o la certificación de una especialidad.” 20 L.P.R.A. see. 39.
      Como vemos, un individuo podría razonablemente pensar que si el legislador hubiese querido establecer varias modalidades separadas del delito en la primera parte de este párrafo, lo habría redactado de la misma manera en que redactó la parte antes reseñada, y no en forma de párrafo con frases unidas por una conjunción.

      (4) Surge de la exposición narrativa de la prueba que el perito que testificó contra los apelantes, Dr. Boyd Hernández Collazo, ocupa la posición de Asesor Mé-dico del Tribunal Examinador de Médicos. Sin embargo, no surge de ahí que éste participara en el procedimiento criminal en representación de dicho organismo ni que su opinión fuese la formulada por dicho organismo.

      (5) No todos los naturópatas practican la medicina biomagnética ni utilizan imanes en los métodos que emplean. De la propia definición de “doctor en naturopa-tía” citada por la mayoría, surge que existen naturópatas que utilizan otros métodos sicológicos, fisiológicos o mecánicos que conllevan el uso de plantas, alimentos natu-rales, hierbas y otros tipos. Los apelantes alegaron, en reconsideración, que otros naturópatas utilizan además los métodos siguientes: manipulación articular, gimna-sia, hidroterapia, productos homeopáticos, proteínas, vitaminoterapia, aceites vege-tales, frutas y otros. Ello no obstante, el resultado al que llega la mayoría convierte en delito grave la práctica de todos los naturópatas que existen hoy en Puerto Rico, sin distinción ni excepción alguna, y sin haberles dado la oportunidad de ser oídos.

      (6) En Puerto Rico existen al menos dos instituciones de este tipo: el Instituto Paladi y el Seminary College.

      (7) Surge del alegato del Procurador General que, en ocasión de estudiar un proyecto de ley sobre la reglamentación del ejercicio de la naturopatía, la mayoría de los grupos antes mencionados comparecieron ante el Senado.

      (8) De hecho, surge de la opinión de la mayoría que la Legislatura, en varias ocasiones, ha optado por no reglamentar la práctica de la naturopatía de manera expresa.

      (9) De hecho, la literatura que los apelantes le entregaron a cada agente encu-bierto dice lo siguiente:
      “¿QUE ES MEDICINA HOLISTICA?
      “El concepto holístico no define necesariamente una condición específica de una enfermedad. En lugar de ello, trata de fomentar los poderes de sanación natural que todos tenemos, de modo que nos permita activar las fuerzas sicológicas necesarias para la curación no importa la enfermedad que padezcamos.
      “La medicina holística trata el cuerpo como un todo y no como un conjunto de partes. Atiende la triple salud del cuerpo: la salud mental, física y espiritual (nuestra energía).”

      (10) En su testimonio, el propio perito de El Pueblo admitió que, aunque la hoja de recomendaciones que los apelantes le entregaron a los agentes encubiertos conte-nía los elementos de una receta, los apelantes recomendaron únicamente el uso de vitaminas y minerales que se pueden conseguir en cualquier farmacia sin receta médica. De hecho, en su alegato, el Procurador General define la naturopatía como un “sistema terapéutico que no utiliza fármacos ni cirugía, tratando las enfermeda-des agresivamente con medios naturales”.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri Juez Asociado Señor Co-rrada Del Río.

license: Public Domain

text:
    Jaime I. Ríos Colón, demandante y recurrido, v. Corporación del Fondo del Seguro del Estado, demandada y recurrente.

      Número: CE-95-141

      Resuelto: 11 de octubre de 1995

      Miguel Pagán y Claudio Miff, abogados de la parte recu-rrente; Efraín Maceira Ortiz, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri

emitió la opinión del Tribunal.

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El 17 de abril de 1986, Jaime I. Ríos Colón comenzó a trabajar en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo) como empleado provisional. El 1ro de septiembre de 1988, Ríos Colón fue nombrado a un puesto gerencial de carrera como Ayudante del Director Médico, asignado al Dispensario de la Región de Ponce.

El 15 de junio de 1994, Ríos Colón presentó un escrito ante la Junta de Apelaciones del Fondo (en adelante Junta de Apelaciones),() el cual ésta acogió como una apelación. En él alegó, en síntesis, que cómo resultado del cambio de gobierno en 1993, se le había marginado en su trabajo y reducido sustancialmente sus deberes y responsabilidades. Adujo que mediante comunicación notificada el 5 de enero de 1994 lo habían trasladado y reclasificado (o ambas co-sas) ilegalmente, y que todo ello se debía a que había sido discriminado por razones de índole política. ()

El 5 de agosto de 1994, Ríos Colón presentó ante la Junta de Apelaciones mía “Solicitud de especificaciones, in-terrogatorio, requerimiento de admisiones y solicitud de producción de documentos” dirigida al Fondo.

Luego de varios trámites procesales y de que el Fondo presentara una segunda solicitud de orden protectora (en la que planteó que Ríos Colón no tenía derecho al descu-brimiento de prueba solicitado), el 20 de octubre de 1994 la Junta de Apelaciones emitió una orden al Fondo dándole un término de cinco (5) días para que entregara “a la parte apelante los documentos solicitados para evitar que ésta se encuentre en un estado de indefensión el día de la vista” o especificara sus objeciones a las preguntas o la solicitud de documentos, si ese fuese el caso.

El 24 de octubre de 1994, el Fondo presentó un recurso de revisión judicial ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan. Solicitó que se dejara sin efecto la orden dictada por la Junta de Apelaciones. El 31 de octubre, el Tribunal Superior emitió una orden en la que dio un término a Ríos Colón para que mostrara causa por la cual no debía relevar al Fondo de agotar los remedios administrativos y asumir la jurisdicción sobre el recurso presentado y, por vía de excepción,() expedir el auto solicitado y revocar la orden emitida por la Junta de Apelaciones.

Examinada la comparecencia de Ríos Colón,() el tribunal de instancia dictó una sentencia el 4 de enero de 1995. En ella, revocó la determinación de la Junta de Apelacio-nes y resolvió que no existe el derecho al descubrimiento de prueba solicitado al referido foro administrativo.

Ríos Colón nos solicitó que revisáramos esa determinación. Luego de complicados trámites procesa-les() el 28 de abril de 1995 le dimos un término a la parte recurrida para que mostrara causa por la cual no debíamos expedir el recurso presentado y dictar sentencia para revo-car la dictada por el tribunal de instancia.

El recurrido ha comparecido. Hemos estudiado su com-parecencia y las numerosas mociones presentadas poste-riormente por ambas partes. Estamos en posición de resolver y lo. hacemos según intimado.

HH

La administración del sistema de personal aplicable a todos los funcionarios y empleados gerenciales de carrera del Fondo que no estén cubiertos por convenios colectivos —como es el caso del demandante en el caso de autos— está regida por el Reglamento de Personal de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de 1ro de marzo de 1983 (en adelante Reglamento), el cual incorpora el principio de mérito.() El referido Reglamento creó la Junta de Apelaciones y le confirió la autoridad para revi-sar: (1) las decisiones del Administrador en casos de desti-tuciones, cesantías, suspensiones de empleo y sueldo, o cualquier acción de carácter disciplinario, Secs. 12.1 y 12.2 del Reglamento, y (2) las decisiones de éste en casos de clasificación o reclasificación de un puesto o de cambio en los deberes, la autoridad o las responsabilidades de un puesto (See. 8.9 del Reglamento).

Las normas de adjudicación adoptadas en el Reglamento aludido establecen que para resolver una apelación presentada por un empleado ante la Junta de Apelaciones, ésta puede ordenar una investigación sobre el particular y luego desestimar la apelación si la considera frívola. En la alternativa, la Junta de Apelaciones puede ordenar la celebración de una vista administrativa con citación a las partes involucradas. Sec. 12.8 del Reglamento. Las decisiones de la Junta de Apelaciones son finales y obligatorias para las partes, sujetas únicamente a revisión por parte de los tribunales. Sec. 12.7 del Reglamento. La Junta de Apelaciones está facultada, además, para dictar las órdenes remediales que procedan, incluso la restitución en el empleo, el pago de salarios dejados de percibir y la concesión de todos los beneficios marginales a que el empleado querellante hubiese tenido derecho. Sec. 12.9 del Reglamento. Nótese, pues, que la vista que se celebra ante la Junta de Apelaciones es propiamente una vista formal, porque en ella se ventilan de manera definitiva al nivel administrativo todos los derechos del empleado, y las determinaciones de hecho de la Junta de Apelaciones están sujetas únicamente al limitado ámbito de la revisión judicial.

En relación con los mecanismos administrativos de adjudicación, la Sec. 3.1 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2151, dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

Cuando por disposición de una ley, regla o reglamento o de este Capítulo una agencia deba adjudicar formalmente una con-troversia, los procedimientos deberán regirse por las disposicio-nes de este subcapítulo.
En todo procedimiento adjudicativo formal ante una agencia se salvaguardarán los siguientes derechos:
(a) Derecho a notificación oportuna de los cargos o querellas o reclamos en contra de una parte.
(b) Derecho a presentar evidencia.
(c) Derecho a una adjudicación imparcial
(d) Derecho a que la decisión sea basada en el expediente. (Énfasis suplido.)

Más específicamente, en cuanto a la aplicabilidad de los mecanismos de descubrimiento de prueba a los procedimientos administrativos adjudicativos, la See. 3.8 de la referida ley dispone que:

See. 2158. Mecanismos de descubrimiento de prueba
(a) Los procedimientos de descubrimiento de prueba no serán de aplicación a los casos de adjudicación administrativa, a me-nos que se autoricen en los reglamentos de procedimiento de adjudicación de la agencia y así lo autorice el funcionario que presida el procedimiento adjudicativo.()

En el caso ante nos, no existe controversia en cuanto a que el descubrimiento de prueba fue autorizado por el funcionario correspondiente. Lo único que tenemos que determinar en este caso es, pues, si el reglamento administrativo aplicable autoriza la utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba. En relación con esto, la Sec. 12.7 del Reglamento dispone que:

La Junta [de Apelaciones] tendrá facultad para celebrar vistas, tomar juramento, requerir la comparecencia de testigos, expedir citaciones y requerir toda aquella información o prueba que estimare necesaria para la solución del caso. En caso de rebeldía o negativa de alguna persona a obedecer una citación expedida, la Junta gestionará la comparecencia por cualquier medio legal, incluyendo el poder recurrir a un tribunal para hacer efectiva dicha citación. (Enfasis suplido.)

El Fondo alega que el Tribunal a quo no erró en deter-minar que la referida disposición reglamentaria no auto-riza la utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba, porque ésta se refiere únicamente a prueba intere-sada por la Junta de Apelaciones durante la celebración de la vista adjudicativa, y no a prueba interesada por una de las partes durante las etapas anteriores a la celebración de la vista en su fondo. No estamos de acuerdo.

El lenguaje de la disposición reglamentaria antes citada no especifica o limita el momento en que la Junta de Apelaciones puede ejercer la referida facultad. Tampoco limita el requerimiento de información o prueba a aquel que es gestionado por iniciativa exclusiva de la Junta de Apelaciones. Por el contrario, la referida disposición provee una autorización bastante amplia y discrecional a la Junta de Apelaciones para solicitar cualquier prueba que ésta es-time necesaria para la solución del caso y cuando ésta así lo estime. En vista de que dicha disposición es clara y carece de ambigüedad, no debe interpretarse para añadirle limitaciones o restricciones que no surgen de su texto. Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807 (1973); Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685 (1966); Meléndez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 656 (1964).

Por otro lado, ambas partes aceptan que anteriormente la Junta de Apelaciones, de ordinario, ha interpretado la aludida disposición en favor del uso de mecanismos de descubrimiento de prueba. En el pasado, incluso el propio Fondo ha solicitado el descubrimiento de prueba a su favor en otros casos.() Reiteradamente hemos recono-cido que la interpretación administrativa de una ley por el funcionario encargado de ponerla en vigor merece gran peso y deferencia. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987):A.R.P.E. v. Ozores Pérez, 116 D.P.R. 816 (1986); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985); M & V Orthodontics v. Negdo. Seg. Empleo, 115 D.P.R. 183 (1984); Quevedo Segarra v. J.A.C.L., 102 D.P.R. 87 (1974); Román v. Superintendente de la Policía, supra; Ready Mix Concrete v. Comisión Industrial, 92 D.P.R. 37 (1965). Por ello, los tribunales no deben interpretar de manera limi-tante las disposiciones reglamentarias que el organismo administrativo en cuestión haya interpretado liberal-mente, a menos que ello sea estrictamente necesario. En este caso no lo es.

Nótese que la disposición reglamentaria en cuestión le confiere a la Junta de Apelaciones una amplia autoridad para requerir todo tipo de información y documentos que ella estime necesarios para la solución del caso. Se trata de una razonable norma general que le permite a la Junta de Apelaciones la discreción necesaria para resolver bien cada caso, según sus realidades particulares. La parte recurrida plantea que dicha disposición sólo permite que el requerimiento de prueba lo pueda hacer la Junta de Apelaciones únicamente durante la celebración de la vista adjudicativa y por iniciativa propia, pero tal interpretación no tiene buen sentido jurídico. El tipo de prueba necesario para la justa solución de un caso como el de autos, que tiene su génesis en unas alegaciones de discrimen político, debe gestionarse antes de celebrarse la vista adjudicativa, para evitar así la dilación excesiva de los procedimientos. Vista la gravedad del daño alegado, si éste existe, debe conjurarse de la manera más rápida y eficaz posible. En estos casos, resulta de mayor utilidad permitir el descubri-miento de prueba previo a la celebración de la vista, para que la evidencia pertinente pueda ser presentada durante la vista de manera organizada, concisa y expedita.

Nótese, además, que la vista que se celebrará oportunamente ante la Junta de Apelaciones en este caso será propiamente una vista formal, según señalamos antes, por lo que existe un interés legítimo de parte del promovente en el previo descubrimiento de prueba, que no está presente cuando se trata de vistas informales. Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, 138 D.P.R. 215 (1995). Ello es particularmente así, ya que la posterior revisión judicial de la decisión de la Junta de Apelaciones estará limitada a decidir si dicha decisión está apoyada por prueba sustancial. El derecho del promovente a presentar evidencia para sostener sus planteamientos se ejerce esencialmente ante la Junta de Apelaciones. Impedir o limitar innecesariamente el acceso al descubrimiento de prueba en estos casos, pues, puede dar lugar a que se conculque el debido proceso de ley y las disposiciones de la L.P.A.U. que son pertinentes, 3 L.P.R.A. see. 2151.

Surge claramente del texto reglamentario en cuestión que la única limitación al uso de mecanismos de descubrimiento de prueba es el requisito previo de que la propia Junta de Apelaciones haga una determinación de que la prueba interesada es necesaria para la solución del caso. En ese sentido, la disposición reglamentaria cumple con la intención legislativa de la L.P.A.U. de no complicar superfinamente los procedimientos administrativos ni dejar el descubrimiento de prueba a la merced del capricho de las partes. De acuerdo con la disposición reglamentaria en cuestión, en todos los casos ante la Junta de Apelacio-nes, la parte que interese descubrir determinada prueba tiene que someter el correspondiente requerimiento a la Junta de Apelaciones para que ésta determine si la prueba que interesa es necesaria o no para la solución del caso administrativo pendiente. No quiere ello decir, como erró-neamente resolvió el tribunal de instancia, que la necesi-dad de la prueba en cuestión no pueda ser presentada por una de las partes o que dicha prueba no pueda ser reque-rida antes de la celebración de la vista.

Por estas razones, resolvemos que la reiterada interpre-tación de la Junta de Apelaciones de la cuestión ante nos surge razonablemente de la amplia autoridad discrecional conferida a dicha junta por el efecto combinado de la See. 3.8 de la L.P.A.U, 3 L.P.R.A. see. 2158, y la Sec. 12.7 del Reglamento. Erró el tribunal de instancia en determinar que la referida interpretación era contraria a derecho.

HH HH HH

Existen, además, unas consideraciones de alto interés público que apoyan la razonabilidad de la manera en que la Junta de Apelaciones ha interpretado reiteradamente la referida disposición reglamentaria.

El Reglamento, por tener un propósito eminentemente social y en favor de la preservación de los derechos de los empleados de esa agencia, debe ser interpretado liberalmente en favor del empleado, especialmente en casos como el de autos, que surgen de una alegación de discrimen político. En tales casos, el empleado que alega haber sido discriminado necesita de los mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener información que, por la naturaleza de las alegaciones, sólo tiene la agencia en su poder. Unicamente así puede el empleado cumplir con los rigurosos estándares de prueba aplicables a casos de dis-crimen político.

Anteriormente hemos reconocido la importancia social de proteger el servicio público de los “vaivenes de la política partidista”. () Además, hemos resuelto reiteradamente que en Puerto Rico un empleado público de carrera tiene un reconocido interés en la retención de su empleo y en que no lo priven de éste sin concederle unas garantías mínimas, cónsonas con el debido proceso de ley. Véanse: Torres Solano v. P.R.T.C., 127 D.P.R. 499 (1990); Colón v. C.R.U.V., 115 D.P.R. 503 (1984). De igual manera, el Reglamento dispone, además, que un empleado gerencial de carrera que sufra un cambio en los deberes, las responsabilidades o la autoridad de su puesto de manera arbitraria o con propósitos disciplinarios, tiene derecho a apelar cualquier decisión administrativa que le sea adversa a la Junta de Apelaciones, iniciando así un procedimiento adjudicativo formal de sus derechos que, aunque de carácter administrativo, está caracterizado por su derecho a “examinar y presentar toda la prueba pertinente para validar su planteamiento y refutar” la ofrecida por la agencia. Marrero Caratini v. Rodríguez Rodríguez, supra, pág. 224. Aunque bajo la L.P.A.U. un empleado público no tiene un derecho estatutario al descubrimiento de prueba, las consideraciones de orden público mencionadas anteriormente sirven de apoyo para que la agencia administrativa permita que se utilice esta herramienta para obtener la información necesaria para la justa solución del caso.

IV

Por los fundamentos expuestos anteriormente, resolve-mos que erró el tribunal a quo en determinar que la Junta de Apelaciones no tiene facultad para ordenar el descubri-miento de prueba que estime necesario para la solución del caso, previo a la celebración de la vista adjudicativa y a instancia de una de las partes. Procede que se expida el auto de “certiorari”; se revoque la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 4 de enero de 1995, y se devuelva el expediente a dicho foro para la continua-ción de los procedimientos conforme a lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió sin opi-nión escrita. El Juez Asociado Señor Corrada Del Río disintió con una opinión escrita.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Co-rrada Del Río.

La opinión que emite el Tribunal en el caso de autos esencialmente resuelve que una parte puede, a la luz de la Sec. 12.7 del Reglamento de Personal de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado de 1ro de marzo de 1983 (en adelante Reglamento), solicitar que la Junta de Apelacio-nes de dicha entidad autorice el descubrimiento de prueba en los procedimientos pendientes ante dicha junta.

No podemos concurrir con lo resuelto. Veamos.

Dentro del ordenamiento jurídico puertorriqueño, el descubrimiento de prueba en los foros administrativos está regulado primariamente por la Sec. 3.8(a) de la Ley de Pro-cedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico (en addante L.P.A.U.), 3 L.P.R.A. see. 2158, que dispone, en lo pertinente:

(a) Los procedimientos de descubrimiento de prueba no serán de aplicación a los casos de adjudicación administrativa, a me-nos que se autoricen en los reglamentos de procedimiento de adjudicación de la agencia y así lo autorice el funcionario que presida el procedimiento adjudicativo.

Sobre el particular, el Reglamento dispone en su See. 12.7, en lo pertinente, que:

La Junta [de Apelaciones] tendrá facultades para celebrar vistas, tomar juramento, requerir la comparecencia de testi-gos, expedir citaciones y requerir toda aquella información o prueba que estimare necesaria para la solución del caso. En caso de rebeldía o negativa de alguna persona a obedecer una citación expedida, la Junta gestionará la comparecencia por cualquier medio legal, incluyendo el poder recurrir a un tribunal para hacer efectiva dicha citación. (Enfasis suplido.)

Nótese que ni la Sec. 3.8(a) de la L.P.A.U., supra, ni la Sec. 12.7 del Reglamento que acabamos de citar establecen una distinción entre procedimientos administrativos for-males o informales, siendo estas normas de aplicación a ambas modalidades.

Luego de estudiadas las disposiciones previamente cita-das, así como las comparecencias de las partes, no podemos concurrir con la opinión emitida a los efectos de que la referida disposición provee una autorización bastante am-plia y discrecional a la Junta de Apelaciones para aplicar los procedimientos de descubrimiento de prueba.

El propio texto de la Sec. 12.7 del Reglamento citado no se refiere a las etapas anteriores a la vista del caso en su fondo —cuando se llevan a cabo los trámites de descubri-miento— sino que éste se refiere a la etapa de. la vista en sí. A tales efectos dispone el antes citado reglamento que la Junta de Apelaciones tendrá la facultad de “requerir toda aquella información o prueba que estimare necesaria para la solución del caso”. (Énfasis suplido.)

Sobre este particular nos es forzoso concurrir con las expresiones del foro de instancia:

El [referido] texto comienza precisamente reconociendo la fa-cuitad de la Junta de celebrar dichas vistas y de requerir la presencia de los testigos que habrán de declarar en éstas. Esas disposiciones no estarían ahí si el asunto siendo tratado fuese el de descubrimiento de prueba. Notamos además que el texto de dicha sección no se refiere a la evidencia que pu-diera ser de interés a una de las partes, que es de lo que trata el descubrimiento, sino de aquella prueba que la propia Junta “estimare necesaria para la solución del caso”, que no es lo mismo. Notamos por último, como algo muy significa-tivo, la limitación reglamentaria de que se trate de prueba “necesaria” para la solución del caso. Ello no es cónsono con la teoría de que esa disposición del reglamento tiene que ver con descubrimiento de prueba, pues cuando se trata propia-mente de descubrimiento esa limitación no existe, y (como reconoce el recurrido en su oposición al recurso) se permite incluso descubrir datos que ni siquiera serían admisibles en la vista del caso en su fondo, si ello puede conducir a otra evidencia que sí es admisible. (Sentencia del tribunal de ins-tancia, págs. 3-4.) Apéndice, págs. 000004-000005.

La razón para limitar la utilización de los mecanismos de descubrimiento de prueba en la fase administrativa ad-judicativa es evidente. Lo que se persigue es en todo mo-mento acelerar la adjudicación. Si se permiten estos meca-nismos, el procedimiento administrativo —lejos de ser rápido, sencillo y sin formalismos— corre el riesgo de con-vertirse en una copia del procedimiento judicial, el cual por su naturaleza no puede evitar el rigor procesal y la exten-sión de sus términos. Sabido es que el uso y el abuso de los métodos de descubrimiento de prueba ocasionan la prolon-gación de los procedimientos, por lo que con esta decisión abonamos a hacer más lenta la justicia en perjuicio de todos.

En otras palabras, se desvirtúa el propósito del legisla-dor al crear un proceso administrativo rápido y sencillo. En los casos en que la agencia inicie el procedimiento, es man-datorio que se permitan dichos mecanismos como garan-tías procesales a los querellados.

En este caso, los hechos que dan lugar al presente re-curso no se pueden enmarcar dentro de esta situación. La Agencia no inició el procedimiento. Jurídicamente ha-blando, no es lo mismo que la Junta de Apelaciones, como cuerpo jurídico, tenga derecho a requerir aquella informa-ción o prueba que estime necesaria para la solución del caso a que las partes tengan derecho al descubrimiento de prueba antes de la vista del caso.

Estos son dos (2) conceptos diferentes que se entremez-clan en la opinión de este Tribunal para producir un des-afortunado resultado, ya que la L.P.A.U. sólo reconoce el descubrimiento de prueba a la parte como una excepción.

Expresa el Tribunal en su opinión que “[ejxisten, ade-más, unas consideraciones de alto interés público que apo-yan la razonabilidad de la manera en que la Junta de Ape-laciones ha interpretado reiteradamente la referida disposición reglamentaria”. Opinión mayoritaria, pág. 179. Esta expresión surge a raíz de los reclamos que hace el demandante recurrido, a los efectos de que ha sido objeto de discrimen político.

En Puerto Rico aspiramos a que el personal guberna-mental forme un cuerpo de servidores públicos eficientes, honestos y que en su escala de valores guarden mayor leal-tad a su compromiso de servir al pueblo en las distintas áreas que su vocación les ha llevado a ocupar que el fervor eleccionario por dominar el poder público e involucrar a los empleados en los vaivenes del patronazgo político. Sin embargo, es de primordial importancia que las instituciones del derecho no se dejen influenciar por estas corrientes; es por esto que no podemos coincidir con la opinión emitida en el caso de autos a los efectos de que:

El Reglamento, por tener un propósito eminentemente social y en favor de la preservación de los derechos de los empleados de esa agencia, debe ser interpretado liberalmente en favor del empleado, especialmente en casos como el de autos, que surgen de una alegación de discrimen político. Opinión mayoritaria, pág. 179.

Para proteger a los servidores públicos que honran su vocación tenemos la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 1301 et seq., y varios otros recursos judiciales mediante los cuales se pueden dilucidar en los tribunales, con todas las garantías constitucionales, estatutarias y procesales que en dichos foros se conceden, cualquier reclamo sobre discrimen de índole político. A ma-nera de ejemplo, la Ley de Derechos Civiles, Ley Núm. 131 de 13 de mayo de 1943, según enmendada, 1 L.P.R.A. see. 13 et seq., y la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. see. 1981 et seq., proclaman la política pública prevale-ciente en nuestro país de aislar el personal de servicio gu-bernamental de la actividad partidista de modo que la po-lítica no dañe el empleo ni lesione al empleado público.

Sin embargo, en el caso de autos fue el demandante re-currido el que seleccionó el foro administrativo por sobre las otras alternativas disponibles estatutariamente, y que le conceden todas las garantías de descubrimiento de prueba disponibles. No podemos concurrir, por tal razón, con la opinión del Tribunal cuando, en casos como el de autos, la relación existente entre el peticionario y el dere-cho que éste reclama prevalecen por encima de la clara y contundente expresión de la ley. Disentimos.

        (1) Ríos Colón enmendó su apelación posteriormente, el 29 de julio de 1994, bajo el título de “Despojo de deberes; Reclasificación y/o Traslado ilegal; Impugnación de ascenso”.

      (2) Alegó, además, que las actuaciones del Fondo del Seguro del Estado (en adelante Fondo) le habían causado unas pérdidas económicas y de otra índole, por lo que solicitó compensación por sus pérdidas, reposición en el empleo y que se dejara sin efecto el nombramiento interino de la persona que estaba llevando a cabo sus labores.

      (3) See. 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. see. 2173.

      (4) Tanto en sus múltiples comparecencias ante el Tribunal Superior como ante esta Curia, Ríos Colón ha planteado que la segunda solicitud de orden protectora presentada por el Fondo ante la Junta de Apelaciones del Fondo (en adelante Junta de Apelaciones) no equivalía a una moción de reconsideración, cuya presentación era de carácter jurisdiccional para la presentación de la revisión judicial. Nos parece que tiene razón. Ello no obstante, habida cuenta de que Ríos Colón no se expresó en cuanto a la intención que le notificara dicho foro, en su orden de mostrar causa, de relevar al Fondo de agotar los remedios administrativos, confirmamos la determina-ción que hiciera el Tribunal Superior de asumir jurisdicción en este caso, por vía de excepción al referido requisito jurisdiccional. Véanse las Secs. 3.15 y 4.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 3 L.P.R.A. sees. 2165 y 2173.

      (5) Entre ellos, cabe señalar que Ríos Colón originalmente presentó su escrito de apelación al Tribunal de Circuito de Apelaciones el 6 de febrero de 1995. El 21 de febrero, dicho foro resolvió que de acuerdo con las fechas pertinentes al aspecto procesal del caso, lo correcto hubiese sido que Ríos Colón presentara un escrito de certiorari ante esta Curia bajo las disposiciones vigentes antes de entrar en vigor la Ley de la Judicatura de Puerto Rico de 1994, por lo que nos refirió el expediente para nuestra consideración. En vista de ello, acogimos el recurso presentado como uno de certiorari.

      (6) El Art. 6 de la ley habilitadora del Fondo, Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, 11 L.P.R.A. see. 8, conocida como la Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, faculta al Administrador del Fondo a organizar y administrar su propio sistema de personal sin sujeción a la ley de personal aplicable a los empleados públicos, pero sujeto al principio de mérito.
        Laboy v. E.L.A., 115 D.P.R. 190, 192-193 (1984). Además, bajo las disposiciones de la Sec. 10.6 de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, 3 L.P.R.A. see. 1338, el principio de mérito es aplicable a las agencias e instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico excluidas de la referida ley, en cuanto a su personal no unionado. Reyes Coreano v. Director Ejecutivo, 110 D.P.R. 40, 49-50 (1980).

      (7) La referida sección dispone, además, que cuando el procedimiento adjudica-tivo es iniciado por la agencia, el querellado siempre tendrá derecho a utilizar los mecanismos de descubrimiento de prueba.

      (8) ei Fondo alegó en el tribunal de instancia que su anterior posición era inco-rrecta y que la había cambiado. El tribunal de instancia, por su parte, resolvió que la interpretación que el Fondo le hubiese dado anteriormente a la disposición regla-mentaria en cuestión no le impedía cambiar su posición si entendía que era incorrecta. Estamos de acuerdo. Ello no obstante, cabe señalar que la interpretación administrativa que merece deferencia judicial en este caso, como discutiremos más adelante, es la de la Junta de Apelaciones y no la de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, la cual, en el contexto de casos como el de autos, no es el foro administrativo encargado de implantar la referida disposición reglamentaria, sino una de las partes implicadas en la controversia.

      (9) En Orta v. Padilla Ayala, 131 D.P.R. 227 (1992), dijimos que nuestra Cons-titución, leyes y reglamentos prohíben que se discrimine en el empleo por razones político-partidistas y que en la medida en que se respete el derecho de los empleados públicos que ostentan puestos de carrera a servir libres de prácticas discriminato-rias, “se mejorará la administración pública, los servicios que el Estado tiene que prestar —y por los cuales pagan monetariamente todos los ciudadanos-— y el Pueblo fortalecerá su fe en la democracia y en sus instituciones gubernamentales”. Id., pág. 231.


author: per curiam:

text:
    John H. Harland Company, demandante y peticionaria, v. Municipio de San Juan, demandado y recurrido.

      Número: CC-95-66

      Resuelto: 13 de octubre de 1995

      José A. Fernández-Jaquete y Ángel S. Ruiz Rodríguez, aboga-dos de la parte peticionaria; Cristian Bernaschina Bobadi-lla y José A. Menéndez Cortada, abogados de la parte recurrida.
   per curiam:

El 16 de mayo de 1994, el Municipio de San Juan (en adelante el Municipio) le remitió a John Harland Company (en adelante Harland) una notificación final de deficiencia en el pago de los patentes de 1993-1994, por la cantidad de $102,482.67. La deficiencia notificada consistió en que Harland no había incluido, como parte de su volu-men de negocios para dicho año, ciertos dividendos recibi-dos por ésta que el Municipio reputó como parte de tal volumen.

En desacuerdo con la determinación referida, el 15 de junio de 1994, a los treinta (30) días de la notificación de la deficiencia, Harland presentó ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, una demanda para impugnar dicha deficiencia, por lo cual prestó una fianza de $111,706.11 ante el Director de Finanzas del Municipio de San Juan.

Estando el caso ante la consideración del tribunal de instancia y sin haberse diligenciado el emplazamiento contra el Municipio, el 30 de noviembre de 1994 Harland pre-sentó un “aviso de desistimiento” de la demanda al amparo de la Regla 39.1(a)(1) de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III. El 7 de diciembre de 1994 el tribunal de instancia, acogiendo tal solicitud, dictó una sentencia para decretar el archivo por desistimiento, sin perjuicio, de tal demanda.

El 30 de diciembre de 1994, esta vez a los treinta (30) días de haber presentado el referido aviso de desistimiento, Harland presentó de nuevo ante el tribunal de instancia una segunda demanda por los mismos hechos y con las mismas alegaciones que fueron objeto de su demanda anterior. Para esa fecha, aún se encontraba en vigor la fianza que se había prestado originalmente.

El Municipio solicitó la desestimación de esta segunda demanda alegando que había sido presentada fuera del término de treinta (30) días, contado a partir de la notifi-cación de la deficiencia de pago,, que establece la Sec. 16 (a)(2) de la Ley de Patentes Municipales, según enmen-dada por el Art. 10 de la Ley Núm. 93 de 17 de noviembre de 1992, 21 L.P.R.A. sec. 651o(a)(2), para impugnar las de-terminaciones finales de deficiencias, por lo cual afirmó que el tribunal había perdido su jurisdicción para atender el asunto. En apoyo de su contención, sostuvo que el tér-mino provisto en la ley es de caducidad, por lo que la de-manda presentada con anterioridad por Harland no tuvo el efecto de interrumpir el término.

Harland se opuso a la solicitud del Municipio argumen-tando que dicho término es de prescripción, por lo que éste fue interrumpido por la acción judicial previamente instada.

El 19 de abril de 1995, el tribunal de instancia (Hon. Arnaldo López Rodríguez, Juez), tras evaluar los escritos de las partes, emitió una resolución que denegaba la mo-ción de desestimación del Municipio al resolver: que el tér-mino jurisdiccional dispuesto en la Sec. 16(a)(2) de la Ley de Patentes Municipales, según enmendada, supra, es de prescripción; que éste fue interrumpido por Harland me-diante la presentación de su primera demanda, y que co-menzó a decursar de nuevo a partir de la fecha cuando se presentó el aviso de desistimiento. A base de lo anterior, concluyó que la segunda demanda presentada por Harland dentro del término de treinta (30) días del aviso de desis-timiento no había prescrito.

Inconforme con tal dictamen del tribunal de instancia, el Municipio presentó oportunamente un recurso de certio-rari ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones. Después de haberse emitido y perfeccionado el mencionado recurso, el Tribunal de Circuito de Apelaciones dictó una sentencia en la cual revocó la resolución del tribunal de instancia, al resolver que el término que establece la Sec. 16(a)(2) de la Ley de Patentes Municipales, supra, para impugnar deter-minaciones finales de deficiencias de pagos de patentes municipales es de caducidad, por lo que no admite interrupción. A la luz de tal conclusión, desestimó la de-manda por falta de jurisdicción.

De dicha sentencia acude ante nos la demandante peti-cionaria, Harland. En su único señalamiento de error aduce la demandante peticionaria, Harland, que el Tribunal de Circuito de Apelaciones incidió al resolver que el término de treinta (30) días que establece la Sec. 16(a)(2) de la Ley de Patentes Municipales, supra, para impugnar judicialmente las determinaciones finales de deficiencias en el pago de patentes municipales, es de caducidad y, por ende, al decretar la desestimación de su causa de acción por falta de jurisdicción. En apoyo de su contención sos-tiene que al estar fundamentada la acción promovida bajo tal disposición de ley en una relación de índole crediticia, conforme a la doctrina jurídica sentada por los tratadistas, el plazo para ejercitarla resulta ser prescriptivo y no de caducidad. Fundamentado en lo anterior, afirma que, en el caso de autos, dicho término fue interrumpido mediante la presentación de su primera demanda y que comenzó a de-cursar de nuevo a partir de la presentación del aviso de desistimiento de ésta, resultando así oportuna la presenta-ción de su segunda demanda bajo los mismos hechos y la misma causa de acción que la previamente instada. El error no se cometió.

De un análisis, tanto de la doctrina jurídica desa-rrollada por los tratadistas en torno a las figuras de la prescripción y la caducidad, según fuera resumida por el Tribunal de Circuito de Apelaciones en su sentencia, como de la jurisprudencia citada por dicho foro en su dictamen, nos resulta forzoso concurrir con su determinación de que el término jurisdiccional de treinta (30) días —que esta-blece la Sec. 16(a)(2) de la Ley de Patentes Municipales, supra, para instar una acción de impugnación de determi-naciones finales de deficiencias en el pago de patentes mu-nicipales— es de caducidad y no de prescripción. Más allá de la relación que pueda existir entre las partes, en este caso prevalece una disposición legal que establece un tér-mino dentro del cual se puede ejercitar el derecho a impug-nar una determinación final de deficiencia, al ser dicho tér-mino el punto de partida para que tal derecho se extinga, lo cual conforme a la doctrina resulta el rasgo distintivo de la caducidad, ()

De otra parte, este Tribunal ha resuelto que términos análogos al que nos ocupa constituyen plazos de caducidad. Así, por ejemplo, en Acevedo v. Asamblea Mun. San Juan, 125 D.P.R. 182 (1990), este Tribunal determinó que el término de veinte (20) días para impugnar ante, los tribunales las actuaciones del Alcalde, de la Asamblea Municipal o de cualquier otro funcionario municipal, que es-tablecía el Art. 11.02 de la anterior Ley Orgánica de los Municipios, hoy Art. 15.002 de la Ley de Municipios Autó-nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 1991,() es de caducidad y no admite interrupción; tal artículo de ley tiene el propósito de impartirle certeza y finalidad a las actuaciones del gobierno municipal.

En definitiva, como bien señala el Tribunal de Circuito de Apelaciones, no existe indicio alguno en la ley que apunte hacia la interpretación efectuada por el tribunal de instancia para determinar que el término en cuestión es prescriptivo. Por el contrario, entendemos que estamos frente a un término para ejercitar un procedimiento de impugnación de una actuación de una entidad pública (en específico, sobre el pago por deficiencia en patentes municipales) que la ley interesa que se ejercite con prontitud, característica particular de los términos de caducidad, que no admiten causas de interrupción. Coincidimos con el foro apelativo en cuanto a que existe un interés público en que las reclamaciones contributivas se resuelvan con premura y no queden al arbitrio de las partes. Este principio permea diversas disposiciones de la Ley de Patentes Municipales que disponen procedimientos relativos a las deficiencias. Por lo tanto, la interpretación del foro de instancia de que el término en cuestión es prescriptivo, resulta en contra de tal interés y, por ende, contraria a la ley.

En virtud de lo anterior y de los restantes fundamentos contenidos en la sentencia recurrida, concurrimos con la determinación del Tribunal de Circuito de Apelaciones de que el término de treinta (30) días que establece la See. 16(a)(2) de la Ley de Patentes Municipales, supra, es de caducidad y no admite interrupción. Por ello entendemos que dicho foro apelativo actuó correctamente al desesti-mar, por falta de jurisdicción, la acción de impugnación de deficiencia instada por Harland fuera del término referido.

Se dictará sentencia a tenor con lo antes expresado.

La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón y el Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri no intervinieron.

      (1) Véanse: J.L. Santamaría, Comentarios al Código Civil, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, T. 2, pág. 1012; F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1958, T. I, Vol. II, pág. 453.

      (2) 21 L.P.R.A. see. 4702.