author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Prieto Maysonet, acusado y apelante.
    Números: CR-74-17, O-74-44

      Resueltos: 10 de diciembre de 1974

      Luis Prieto Maysonet, por derecho propio; Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados del apelante; Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, y Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunque

emitió la opinión del Tribunal.

Luis Prieto Maysonet fue acusado de haber asesinado a un anciano de 90 años de edad. Un jurado le declaró culpable, por mayoría de diez a dos, de asesinato en segundo grado. Oportunamente apeló de la sentencia que le condenó a cumplir de 12 a 18 años de presidio y obtuvo del tribunal sentenciador una orden para que se transcribieran las pruebas. Dos esteno-tipistas intervinieron en la vista del caso, que tomó tres días. La primera transcribió sus notas, correspondientes al primer día de juicio. La segunda, que tomó las incidencias del segundo y tercer día, incluyendo las instrucciones al jurado, no pudo preparar su transcripción por haberse incapacitado mental-mente. Un tercer estenotipista a quien se encomendó la trans-cripción de las notas de la segunda no pudo hacerlo debido a que los estenogramas de ella resultaban indescifrables.

Amparándose en la Regla 188(e) de Procedimiento Criminal el acusado solicitó nuevo juicio. Celebrada una vista, el tribunal sentenciador denegó la solicitud basándose en que el acusado no demostró que era imposible preparar, en sustitución de la transcripción, una exposición narrativa del caso. El acusado recurre ante nos para que revisemos la resolución que así dispuso. Entendemos que dicha resolución debe mantenerse.

La Regla 188 de Procedimiento Criminal dispone como sigue, en lo aquí pertinente:

“El tribunal concederá un nuevo juicio por cualquiera de los siguientes fundamentos:
(a) ........
(b) ........
(c) ........
(d) ........
(e) Que no fue posible obtener una transcripción de las notas taquigráficas de los procedimientos, debido a la muerte o incapa-cidad del taquígrafo o a la pérdida o destrucción de sus notas, ni preparar en sustitución de dicha transcripción una exposición del caso en forma narrativa según se dispone en las Reglas 208 y 209.
(f).”

La Regla 208 a que remite la 188 permite que cuando no se puedan transcribir las notas taquigráficas el apelante prepare “una exposición de la prueba o una relación de los procedimientos, usando para ello los mejores medios disponi-bles, incluyendo su recuerdo, para ser usada en lugar de una transcripción taquigráfica.” La Regla 209 contempla el que las partes convengan en una exposición del caso, sin necesidad de la transcripción, cuando las cuestiones planteadas en la apelación puedan ser susceptibles de determinación sin un estudio de “las alegaciones, la prueba y los procedimientos del tribunal apelado. . . Aquí las partes — el acusado aquí peticionario y el Ministerio Público — no han convenido hacer una exposición del caso y no aplica por tanto la Regla 209. El peti-cionario señala que no puede cumplir con la Regla 208 porque, habiendo sido juzgado por jurado, no podría reconstruir las instrucciones impartidas por el juez al jurado. Cita Pueblo v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607 (1966) y Reyes Oyóla v. Delgado, 81 D.P.R. 937 (1960).

En Reyes Oyóla, citando a Pueblo v. Serbia, 78 D.P.R. 788 (1955) y casos allí relacionados, dijimos en la pág. 941 que el derecho de apelación, aunque no se consagre en la Constitución, entra a formar parte del debido proceso de ley y adquiere una categoría cuasi constitucional una vez incorporado al sistema de justicia pública por acción legislativa. Pero señalamos además que “tratándose de un derecho que inicialmente es estatutario, la Legislatura tiene el derecho de prescribir la forma en que se ha de apelar.” Así, se requiere que se presente un escrito “en la secretaría de la Sala del tribunal que dictó la sentencia”, se fija un plazo de veinte días para hacerlo a partir de la fecha en que la sentencia fue dictada, y se requiere que el fiscal sea notificado con copia de ese escrito y dentro del mismo término de veinte días (Regla 194); se exige un determinado contenido del escrito de apelación (Regla 196); se prescribe que si el apelante interesa la transcripción de determinada prueba oral, la designe dentro de los diez días de la presentación del escrito de apelación (Regla 200) y, una vez transcrita, supla copia al fiscal (Regla 201). La Regla 11 del Reglamento del Tribunal Supremo requiere que el apelante presente un alegato dentro de los treinta días siguientes al recibo en el Tribunal Supremo del expediente original, incluyendo la transcripción de las pruebas, cuyo alegato debe conformarse a los requisitos de dicha Regla y específicamente contener “un señalamiento de los errores que alega cometió el tribunal de instancia,” y deberá ser notificado a la parte apelada. El recurso será desestimado si el alegato no se presentare dentro del término de 30 días señalado (Regla 11 del Reglamento de este Tribunal), o si, conforme lo dispone la Regla 212 de Procedimiento Criminal, (1) este Tribunal careciere de jurisdicción, como sería el caso si el escrito de apelación se presentare después de vencido el término de veinte días o no se notificare al fiscal dentro de ese término, Pueblo v. Reyes, 76 D.P.R. 296, 297 (1954); Pueblo v. Díaz, 60 D.P.R. 844 (1942); Pueblo v. Martínez, 53 D-P.R. 578 (1938); Pueblo v. Rivera, 41 D.P.R. 661 (1930); (2) la apelación no se perfeccionase, Pueblo v. Torres, 75 D.P.R. 231 (1953); Pueblo v. Vázquez, 72 D.P.R. 824 (1951); (3) no se prosiguiere con la debida diligencia; o (4) el recurso resultare ser frívolo.

Como puede colegirse de lo que acabamos de exponer, el procedimiento para apelar ba de cumplirse estrictamente. Véanse Pueblo v. Vázquez, supra; Pueblo v. Torres, supra; Vázquez v. Rivera, 69 D.P.R. 947, 949 (1949); cf. Station WNEL v. Bellas Hess Stores, Inc., 74 D.P.R. 562, 566-567 (1953). La apelación en el Derecho penal puertorriqueño no es automática como lo es, por ejemplo, en el estado de California en casos en que se impone la pena capital. Véase Chessman v. Teets, 354 U.S. 156 (1957). Nuestro Derecho procesal es rogado. Se presume que los tribunales actúan con corrección. Pérez Aldarondo v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 1 (1974); Pueblo v. Reyes Morales, 93 D.P.R. 607, 628 (1966); Escalera v. Armenteros, 74 D.P.R. 11 (1952). Compete al apelante la obligación de demostrar lo contrario. El recurso de apelación no es una expedición de pesca en el mar de la transcripción de las pruebas. Las pruebas se transcriben para demostrar que se han cometido determinados errores y no para ser examinadas por el abogado del apelante con miras a determinar si hay en ellas base para sostener el recurso de apelación. Se apela cuando se tiene la convicción de que se han cometido errores que ameritan la revocación. No se apela por apelar.

El acusado no ha expresado ante nos en qué errores a su juicio cometidos descansa su recurso de apelación contra la sentencia. No obstante, hemos examinado el expediente con detenimiento para ver si revela algún indicio sobre este particular, y lo encontramos. Obra en los autos una moción del acusado fechada el 16 de julio de 1971 en que solicitó del tribunal sentenciador que le fijara fianza en apelación. Allí adujo como única base de su recurso que el veredicto del jurado no era válido por haberse producido por mayoría y no por unanimidad. El tribunal a quo actuó correctamente al resolver que en la apelación no se planteaba una cuestión sustancial. Véanse Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974); Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974).

Reyes Oyóla v. Delgado, supra, invocado por el peticionario, no le da la razón. Allí no se podían transcribir las pruebas porque el taquígrafo había muerto. Tampoco se podía preparar una relación o exposición del caso porque para la fecha en que se planteó la necesidad de recurrir a ese método ya no eran funcionarios del tribunal el juez que presidió el proceso, ni el fiscal que intervino, ni el abogado defensor, y no había en la secretaría notas ni documentos sobre los cuales preparar una exposición del caso. Aquí la situación es distinta. El acusado no demostró ante el tribunal de instancia haber hecho diligencia alguna para preparar la relación del caso, ni que ello fuera imposible. El acusado y su abogado pudieron informarse, entrevistando a los abogados que le representaron durante el juicio, sobre incidentes surgidos en el curso del proceso que pudieran dar base a planteamientos en que justificar la apelación. Pudieron consultar las notas de esos abogados. Pudieron ver al juez que presidió el proceso y examinar sus notas. Pudieron entrevistar a otros funcionarios del tribunal, y aun al fiscal. Nada de esto hicieron, ni hay en el expediente ante nos explicación de por qué no lo hicieron.

También invoca el acusado a Pueblo v. Reyes Morales, ya citado, poniendo énfasis en su alegada necesidad de contar con la transcripción de las instrucciones dadas al jurado. Pretende justificar tal necesidad a base de que, según afirma, es imposible reproducir las instrucciones mediante una exposición del caso. Nuevamente nos quiere llevar a la expedición de pesca de errores.

En primer lugar, en Reyes Morales señalamos (pág. 625) que la reconstrucción de las instrucciones era allí imposible porque ya el juez que presidió el proceso no formaba parte del Tribunal Superior “y cualquiera reconstrucción suya hu-biera sido objetable.” Aquí la situación es distinta. El proceso fue presidido por el Hon. Agustín Mangual Hernández, quien aún es juez del Tribunal Superior y quien actúa precisa-mente en la Sala de Bayamón, en que se celebró el juicio. Nada hay en los autos ante nos indicativo de que el Juez señor Mangual no pueda hacer la reproducción de sus instrucciones.

En segundo lugar, el expediente no revela que se formula-ran objeciones a las instrucciones. Hemos examinado la minuta del 12 de junio de 1969, fecha en que se impartieron las instrucciones al jurado, y lo único que revela es que se estipuló que no se hiciera un resumen de la prueba, eosa permitida por la Regla 137 de Procedimiento Criminal. No se propusieron instrucciones especiales. La citada Regla 137 contiene, entre otras, la siguiente disposición: “Ninguna de las partes podrá señalar como error cualquiera porción de las instrucciones u omisión en las mismas a menos que planteare su objeción a ellas o solicitare instrucciones adicionales antes de retirarse el jurado a deliberar, exponiendo claramente los motivos de su impugnación, o de su solicitud.” Véanse al mismo efecto Pueblo v. Sánchez Torres, supra; Pueblo v. Torres Rolón, 99 D.P.R. 970 (1971); Pueblo v. Alvarez de Jesús, 99 D.P.R. 124 (1970); Pueblo v. García, 98 D.P.R. 855 (1970). No creemos que le hubiese sido difícil al acusado y su abogado reconstruir cualesquiera objeciones a las instruccio-nes, si las hubo, recurriendo a las notas y a la memoria de sus abogados, que eran tres competentes miembros del foro, a las notas y memoria del juez, y aun al fiscal. No puede quejarse de no haberlo intentado.

Pueblo v. Colón, 63 D.P.E. 385 (1944), también citado por el acusado, presenta una situación distinta. Allí había una transcripción de las instrucciones del juez, que resultaban ser una exposición errónea del Derecho. Se instruía al jurado que la presunción de inocencia debe ser claramente probada. El fiscal pretendió ante nos que la transcripción era errónea, lo que quiso acreditar con una declaración jurada del taquí-grafo en que decía que se equivocó al copiarlas del libro de instrucciones generales; es decir, que sus notas no reflejaban lo dicho por el juez y sí lo que copió del libro. Era obvio que teníamos que revocar. Surgía el error de la propia transcrip-ción y mal podía éste subsanarse, en perjuicio del acusado, mediante la declaración jurada ex parte del taquígrafo.

Distinto también es el caso de Pueblo v. Vega, 70 D.P.E. 820 (1950), a que hace referencia el acusado. Al igual que en Pueblo v. Colón, supra, en Vega se trató de rectificar la transcripción de un incidente entre el fiscal y el abogado defensor y las instrucciones dadas de inmediato al jurado. A pesar de la orden al taquígrafo de que tomara todas las incidencias de los informes al jurado, no lo hizo. Se presentaron en relación con una moción de nuevo juicio declaraciones juradas de abogados y del fiscal que confligían en el relato del incidente. Ninguna podía, por tanto, servir para cubrir lo omitido por el taquígrafo. El incidente revestía gran importancia porque, de ser cierto lo alegado por los abogados, implicaba una indebida influencia por parte del fiscal en la misión juzgadora del jurado, introduciendo un elemento de favor o consideración personal al amenazar con renunciar a su cargo si el jurado rendía un veredicto absolutorio. Se imponía la concesión de un nuevo juicio.

La Regia 208 tiene como antecedente inmediato el Art. 356 del Código de Enjuiciamiento Criminal aprobado el primero de marzo de 1902, 34 L.P.R.A. see. 1081, derogado por la Regla 254 de Procedimiento Criminal, hoy redesignada como Regla 255 por la Ley Núm. 199 de 23 de julio de 1974. Dicho Art. 356 requería que para perfeccionar su apelación el ape-lante preparara y sometiera para aprobación del juez senten-ciador, dentro de los diez días siguientes al archivo de la sentencia, un pliego de excepciones y exposición del caso. Como alternativa permitía al apelante solicitar una transcripción de las declaraciones ofrecidas y tomadas, de las pruebas prac-ticadas, y de las resoluciones, actos y manifestaciones del tribunal y de las objeciones del fiscal y del abogado y cuestio-nes con ellas relacionadas. En la práctica se invirtió el procedimiento y se generalizó el uso del método alterno, es decir, la transcripción. La Regla 208 parte de ese supuesto y recurre al método de exposición de la prueba o relación de los procedimientos como sustituto del método de transcripción de las pruebas.

Es inescapable la conclusión de que bajo el Código de Enjuiciamiento Criminal no era, ni bajo las Reglas de Procedimiento Criminal es, imprescindible, para el perfeccionamiento de la apelación, transcribir las pruebas. De ahí que tan recientemente como el 14 de agosto de 1974 enmendáramos la Regla 10(f) de nuestro Reglamento para que disponga:

“(f) En caso de que el taquígrafo que hubiere tomado las notas del juicio falleciere, se incapacitase o se ausentare, hechos éstos que deben probarse a satisfacción de este Tribunal, y no fuere posible radicar la transcripción de la evidencia, o en casos en que este Tribunal, con miras a acelerar los procedimientos o servir de otro modo los fines de la justicia, así lo ordenara, el apelante o el recurrente en apelación, dentro de un término razonable que a esos efectos le conceda el tribunal de instancia, o este Tribunal en los casos que así lo hubiere ordenado, prepa-rará una exposición en forma narrativa de la evidencia que se hubiere presentado y pliego de excepciones o de la prueba o re-lación de los procedimientos que disponen la Regla 54.11(a) de Procedimiento Civil y la Regla 208 de Procedimiento Criminal que deberá ser aprobado y certificado por el juez que conoció y resolvió el asunto.” (Lo subrayado fue adicionado por la Resolu-ción de 14 de agosto de 1974.)

Una disposición similar a la de la Regla 208 fue adoptada como la Regla 10 (c) de las Federal Rules of Appellate Procedure for the United States Courts of Appeals. Es interesante notar que dicha Regla 10 (c) se tomó de la 75 (n) de Procedimiento Civil Federal, que a su vez se adoptó en nuestra jurisdicción como la número 54.11 (a) de nuestras vigentes Reglas de Procedimiento Civil de 1958. Dicha Regla 54.11 (a) y la 208 de Procedimiento Criminal son idénticas. En ausencia de in-formación que nos ilustre sobre la verdadera procedencia de nuestra Regla 208, no parece aventurado decir que fue copiada de la 75 (n) de Procedimiento Civil Federal, adoptada en 1946 en la jurisdicción federal. Véase 9 Moore’s Federal Practice, sec. 210.14(8). Esa Regla 75 (n), que como hemos señalado figura como 10(c) en las Reglas Federales de Procedimiento Apelativo para las Cortes de Apelaciones de los Estados Unidos, aplica lo mismo a casos civiles que a casos criminales. En lo concerniente a su relación con la solicitud de nuevo juicio, dice Moore, tomo 9 de su obra antes citada, en la pág. 1631:

“Como la Regla 10(c) establece un método para incluir en el expediente procedimientos y testimonios que no aparecen en la transcripción taquigráfica, una parte no puede obtener la celebración de un nuevo juicio simplemente porque aquello que ocurrió en la corte de distrito no aparezca en la transcripción. Dicha parte debe por lo menos hacer un esfuerzo para suplemen-tar la transcripción valiéndose del procedimiento establecido por la Regla 10 (c).”

Lo mismo podemos decir respecto de la Regla 188 (e) de Procedimiento Criminal, en relación con la 208 de ese mismo ordenamiento. La Regla 188(e) es clara. Según sus términos no basta para justificar que se ordene la celebración de un nuevo juicio que no pueda obtenerse la transcripción de las pruebas. Debe demostrarse además la imposibilidad de “pre-parar en sustitución de dicha transcripción una exposición del caso en forma narrativa según se dispone en las Reglas 208 y 209.”

Hemos expresado en repetidas ocasiones que la concesión de un nuevo juicio descansa en la discreción del tribunal sentenciador, y que no alteraremos su actuación a menos que se demuestre un claro e inequívoco abuso de esa discreción. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974); Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972); Pueblo v. Vázquez Izquierdo, 96 D.P.R. 154 (1968); Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964); Pueblo v. Morales, 66 D.P.R. 10 (1957). Las circunstancias de este caso no son precisamente las que puedan movernos a intervenir con la discreción ejercitada. El acusado no hizo esfuerzo alguno por cumplir con la Regla 208 ni para demostrar que era imposible hacerlo. Estuvo justificado el tribunal recurrido al denegar su solicitud de nuevo juicio.

Se confirmará la resolución del Tribunal Superior, Sala de Bayamón, denegando la concesión de un nuevo juicio.

       El acusado ha presentado dos recursos dirigidos al mismo propósito. El Cr-74-17 es una apelación formulada por sus abogados. El 0-74-44 es una solicitud de nuevo juicio presentada ante nos por su pro-pio derecho. Aunque la apelación no procede contra una resolución denegatoria de un nuevo juicio, Pueblo v. Saenz Fortega, 100 D.P.R. 956 (1972), hemos considerado ambos recursos como si se tratara de solicitudes de certiorari, los hemos consolidado, y así los resolvemos.

       La Regla 208 de Procedimiento Criminal dice:
      “En caso de que no se hubieren tomado notas taquigráficas de la prueba o de los procedimientos durante una vista o juicio, o que por cualquier razón dichas notas no pudieren transcribirse, el apelante podrá preparar una exposición de la prueba o una relación de los procedimientos, usando para ello los mejores medios disponibles, incluyendo su recuerdo, para ser usada en lugar de una transcripción taquigráfica. Esta exposición o relación se notificará al fiscal, quien deberá presentar sus objeciones o proponer en-miendas, dentro de los diez días después de notificado. Inmediatamente después, dicha exposición o relación con las objeciones o enmiendas pro-puestas, se someterá al Tribunal Superior para su resolución y aprobación, y el secretario de dicho tribunal las incluirá, así resueltas y aprobadas, en el expediente de apelación.”

      La Regla 209 de Procedimiento Criminal dispone:
      “Cuando las cuestiones planteadas por una apelación al Tribunal Supremo fueren susceptibles de determinación sin un estudio de todas las alegaciones, la prueba y los procedimientos del tribunal apelado, las partes podrán preparar y firmar una exposición del caso que demuestre la manera cómo surgieron y cómo fueron resueltas las cuestiones en dicho tribunal y exponiendo únicamente aquellos hechos aseverados y probados o que se hubiere intentado probar que fueren esenciales para una resolución de las cuestiones por el Tribunal Supremo. Se incluirá en la exposición una copia de la sentencia apelada, una copia del escrito de apelación con la fecha de su presentación y una exposición concisa de los fundamentos en que descansa el apelante. Si la exposición fuere conforme a la verdad, dicha exposición con todas las adiciones que el tribunal considerare necesarias para dar a conocer en su totalidad las cuestiones levantadas por la ape-lación, será aprobada por éste y se certificará al Tribunal Supremo como el expediente de apelación.”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    Juan Manuel Fantauzzi y Otros, peticionarios, v. Tribunal Superior de Aguadilla, Sala del Hon. Juez Roberto Veray Torregrosa, demandado; Central Coloso, Inc. y Otros, interventoras.

      Número: 0-74-391

      Resuelto: 11 de diciembre de 1974

      Juan M. Ponce Fantauzzi, abogado de los peticionarios; José A. Rivera Mercado, abogado de las interventoras.
   per curiam :

En este caso las codemandadas Central Colo-so, Inc., y The Home Insurance Co., aquí interventoras, solici-taron del tribunal de instancia que dictara una orden dirigida a los médicos e instituciones que habían intervenido con la demandante en relación con el accidente alegado en la de-manda, y que se nombraban en la solicitud íormulada al tribunal, para que suministraran a las interventoras copias de todo récord médico-hospitalario de dicha demandante que estuvieren en poder de los referidos médicos e instituciones. La demandante objetó la solicitud de dichos récords médicos por el fundamento de que los mismos estaban en poder de terceras personas y no de la propia demandante. A esta obje-ción se allanaron las interventoras, solicitando en su lugar que se paralizaran todos los procedimientos en el caso hasta que la demandante entregara a las interventoras los referidos ré-cords médicos. El tribunal dictó una resolución declarando sin lugar la moción sobre producción de récords médicos dirigida a los terceros en cuyo poder obraban aquéllos, y paralizó los procedimientos en el caso hasta que la demandante entregara a las interventoras copia fiel y exacta de los récords médicos aludidos. Los demandantes recurren de dicha resolución ante nos mediante certiorari. Dictamos una orden para que se mostrara causa por la cual no debía expedirse el auto solici-■tado por los demandantes y luego de expedido éste ordenar se dejara sin efecto la Orden de paralización de procedimientos sin perjuicio de que las interventoras usaran los medios dis-ponibles en ley para conseguir la información médica que interesan.

En este caso aparece que la demandante recibió atención y tratamiento médico como resultado de las lesiones recibidas en el accidente que motiva la reclamación contra las inter-ventoras. Después de radicada la demanda se sometió a un examen médico a requerimiento de las interventoras. A soli-citud de la demandante las interventoras le suministraron copia del informe del médico examinador.

La Regla 32.2 de las de Procedimiento Civil dispone, entre otras cosas, que al solicitar y obtener la parte exa-minada una copia del informe médico que se practicó a ins-tancia de la parte contra quien se reclaman daños, aquélla renuncia a cualquier privilegio que pueda tener en el pleito con relación al testimonio de toda otra persona que le haya examinado o pueda examinarle en el futuro sobre el mismo estado mental o físico. 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 32.2(b). Véase 32 L.P.R.A. see. 1734 (sobre privilegio de médico y paciente). También dispone la referida regla que si la parte examinada rehusare entregar cualquier informe similar de un examen del mismo estado mental o físico, efectuado anterior o posterior-mente, el tribunal mediante moción y notificación, podrá dictar una orden exigiendo que se haga dicha entrega bajo aquellas condiciones que sean justas. Y, si un médico de-jare de, o se negare a rendir tal informe, el tribunal podrá excluir su testimonio si éste fuere ofrecido en el juicio. 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 32.2 (a).

En el caso de autos no se ha demostrado que los informes médicos relativos a la atención y tratamiento recibidos por la demandante estén en poder de ésta, en cuyo caso las interven-toras tendrían derecho a ellos. Por el contrario, surge que los mismos están en poder de terceras personas, o sea, de los médicos e instituciones que le examinaron y le dieron tra-tamiento.

En vista de la renuncia expresa de la demandante al pri-vilegio de médico y paciente al haber solicitado y obtenido copia del examen médico a que fuera sometida a requerimiento de las interventoras, conforme lo dispone la Regla 82.2, las interventoras tienen los remedios disponibles mencionados a continuación contra los terceros en cuya posesión, custodia o dominio estén los informes médicos aludidos, sin que sea necesaria la paralización de los procedimientos, mediante la correspondiente solicitud al tribunal de instancia, para que éste ordene que los terceros en cuyo poder obran los informes médicos aludidos comparezcan a una toma de deposición según lo autoriza la Regla 23, bien fuere en forma de examen oral bajo la Regla 27 o de interrogatorios escritos bajo la Regla 28, 32 L.P.R.A. Ap. II, Rs. 23, 27, 28, trayendo consigo cual-quier informe médico que estuviere en o bajo su posesión, cus-todia o dominio para ser inspeccionado, copiado o fotogra-fiado, con relación a los dos tipos de deposiciones mencio-nados precedentemente. 32 L.P.R.A. Ap. II, R. 31.1.

En mérito de lo expuesto se expedirá el auto solicitado por las interventoras y se dejará sin efecto la Orden de para-lización de procedimientos, quedando libre las interventoras para utilizar los medios de que disponen en ley para obtener la información médica que interesan que obra en poder de ter-ceras personas.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Elliot Domínguez Rivera, etc., et al., peticionarios, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Wilfrido Roberts, Juez, demandado; Cámara de Comerciantes Mayoristas, interventora.

      Número: 0-72-166

      Resuelto: 12 de diciembre de 1974

      Moreda & García Palacios, abogados de los peticionarios; Benja-mín Rodríguez Ramón, Teodoro Peña García y Alfonso L. García Martínez, abogados de la interventora.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Los peticionarios tienen pleito pendiente ante la sala de San Juan del Tribunal Superior, contra la Cámara de Comer-ciantes Mayoristas, pidiendo se decrete la nulidad de todo lo actuado en un caso anterior identificado como Civil Núm. 69-1746-A, y que se condene a la Cámara demandada a la resti-tución de un inmueble embargado y subastado, y al pago de $400,000 por concepto de daños y perjuicios y otras repara-ciones. Fundan su razón de pedir en parte en la ineficacia, por incapacidad mental del mandante, del poder conferido por Domínguez a su esposa y en virtud del cual ella se allanó a que se dictara sentencia por $90,441.71 a favor de la Cámara. Los ahora demandantes en nulidad y aquí peticionarios formu-laron moción de sentencia sumaria ante el tribunal de ins-tancia basada en que siendo la Cámara una agencia de cobros regulada por la Ley Núm. 143 de 27 de junio de 1968 (10 L.P.R.A. Tomo 2A, sees. 981 y ss.) no cumplió con el requisito jurisdiccional impuesto por el Art. 17(13) de la citada ley (10 L.P.R.A. Tomo 2A, sec. 981p (13) que previene: “Ninguna agencia de cobros podrá: . . . (13) Radicar acción judicial en cobro de dinero sin antes haber requerido por escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo certificado con acuse de recibo. Ningún Tribunal podrá asumir juris-dicción en una acción de cobro de dinero tramitada por una agencia de cobro sin que se alegue y se pruebe el cumpli-miento de este requisito.”

En este incidente interlocutorio de un pleito con cuestiones de hecho extensas y complejas, no es necesario resolver si la Cámara es o no una agencia de cobros. Consta por testimonio judicial que la sentencia impugnada fue una consentida mediante expreso allanamiento de los deudores demandados en cobro de dinero. Hemos de presumir la regula-ridad de dicho procedimiento pues aún no se ha producido prueba que afecte su validez, y la incapacidad mental del demandado y poderdante Elliot Rodríguez no ha rebasado la etapa de mera alegación (32 L.P.R.A. sees. 1886(6) y 1887(17)). Si la exigencia de un previo requerimiento al deudor contenido en el referido Art. 17 operara como elemento de jurisdicción sobre la materia, la falta del mismo no sería subsanada con el allanamiento de las partes, pues sabido es que éstas no pueden por sus actos conferir tal jurisdicción. Pero no es ese el caso. La acción fue una en cobro de dinero, materia sobre la cual tiene jurisdicción el Tribunal Superior. Lo que la ley especial ordena es que el tribunal se abstenga de ejercitar tal jurisdicción en pleitos en cobro de dinero promovidos por agencias de cobros si no se alega y prueba que antes de iniciar la acción judicial la acreedora requirió “por escrito al deudor para que pague lo adeudado por correo certificado con acuse de recibo.” El propio texto del artí-culo supedita la cuestión jurisdiccional a un aviso o notificación a la persona demandada. Este criterio está acorde con el propósito legislativo del citado estatuto especial dirigido no a modificar la jurisdicción del Tribunal de Pri-mera Instancia en materia de cobro de dinero, sino a erigir ciertos mecanismos protectores del deudor contra la avi-dez de cobradores inescrupulosos. Así se desprende del informe rendido al Senado por su Comisión de Industria y Comercio que en parte dice: “Se nos informa que durante el tiempo que estas agencias de cobro han operado sin regla-mentar se ha incurrido en ciertas prácticas que podríamos tildar de irresponsables e inescrupulosas. Se hace necesario por lo tanto esta reglamentación para impedir la entrada de estas personas inescrupulosas en este campo. Hay que pro-teger al deudor de malas prácticas en el proceso de cobro por parte de las agencias pero sin llegar al punto de que esta protección entorpezca indebidamente la misión de la agencia, fomente el incremento en el número de deudores mo-rosos y aumente el mal uso del crédito. Se hace necesario reglamentar las relaciones entre la agencia y el acreedor sin crear ventajas arbitrarias de una parte contra otra.” Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa, S.O. 1968, Vol. 22, Parte 2, pág. 568.

Si el propósito de esta ley es extender una protección al deudor es claro que no la necesita aquel que asesorado por su abogado comparece en sala de justicia y reconoce como legítima la acreencia reclamada.

Hay leyes procesales que imponen al acreedor el cumplimiento de una condición antes de que pueda invocar la jurisdicción del tribunal para conocer de su acción. Esta modalidad procesal de gestión previa al inicio de la acción judicial toma en algunos casos la forma de una notificación o requerimiento que ha de anteceder a la presentación de la demanda. Usualmente tiene el propósito de dar al deudor u obligado una final oportunidad de cumplir su obligación sin exponerlo a las consecuencias económicas, la sanción moral y la perturbación que en términos generales descarga todo litigio sobre un demandado. Encaja en el mayor diseño del sistema de derecho dirigido a desalentar los litigios, que en esencia representan y revelan una viola-ción del orden jurídico por una u otra parte, y no pocas veces por ambas. Cuando por estatuto se exige tal previo re-querimiento el mismo es parte inseparable del debido proceso de ley y su omisión viciará la sentencia o resolución del tribunal de invalidez e ineficacia. Sin embargo, en los casos en que dicha notificación previa tiene el propósito de proteger al demandado, este puede libremente renunciar a la misma, y su renuncia tendrá tanta eficacia bien sea expresa o tácita. García Colón v. Secretario de Hacienda, 99 D.P.R. 779, 784 (1971). En el presente caso dicha renuncia estuvo encarnada en la comparecencia personal de los deudores ante el juez en la que reconocieron y aceptaron la legitimidad de la reclama-ción. Por la misma vía que un demandado subsana todo defecto de su emplazamiento y hasta la inexistencia del mismo, compareciendo voluntariamente a alegar sobre los hechos y méritos de la demanda y se tiene dicha comparecencia general como equivalente a su citación personal a los fines de adquisi-ción por el tribunal de jurisdicción sobre su persona, con mayor razón podrá un demandado renunciar su derecho a una notifi-cación previa entrando una alegación en que acepta la recla-mación de la parte actora y se allana al remedio por ésta soli-citado. En tal caso queda satisfecho el principio de orden pú-blico, toda vez que el tribunal tiene en la confesión incondi-cional del demandado la mejor muestra de la futilidad del re-querimiento y la certeza de que la falta del mismo no ha causado perjuicio al demandado. Franco v. Corte, 71 D.P.R. 686, 689 (1950) confirmado y aclarado en Claudio v. Casillas Mojica, 100 D.P.R. 761, 772-3 (1972). Esta conclusión ilus-tra la diferencia entre el concepto medioeval del Procedi-miento Civil como una ordenada y lógica secuencia de pasos que en sí constituía su propio fin y propósito, y la actual ten-dencia a valerse del procedimiento en su integridad en el camino hacia una pronta y completa decisión de la controversia. Pound, Jurisprudence, Tomo 5, pág. 518, ed. 1959.

Limitada la acción del referido Art. 17 a regular una situación de jurisdicción sobre la persona y no una de jurisdicción sobre la materia, el pleito no está sujeto a la desestimación dispuesta por la Regla 10.8(2) de Procedimiento Civil, y sí a la norma sobre renuncia de defensas y objeciones expresada en la misma regla. Wright & Miller, Federal Practice & Procedure, Tomo 5, sec. 1350, págs. 543 y ss.

En la etapa procesal en que resolvernos este recurso nos confrontamos con un allanamiento y confesión de deuda que no han sido enervados por prueba de dolo, fraude o inca-pacidad que son objeto de alegación en la demanda, y por lo tanto, la presunción de regularidad en los procedimientos nos lleva a concluir en este incidente que actuó con juris-dicción la sala de instancia por renuncia de los deudores demandados al previo requerimiento del Art. 17 de la Ley-de Agencias de Cobros.

Queda, por tanto, un vasto campo de controversia que in-dudablemente no puede aprisionarse en el estrecho molde de una sentencia sumaria. El caso ha de remitirse al tribunal de instancia para continuación de procedimientos consistentes con esta opinión, y el auto expedido será anulado.

      “Sentencia
      “Llamado este caso para la vista de la Moción de Desestimación radicada por la parte demandada, el día 24 de abril de 1969, a las nueve de la mañana, compareció la Parte Demandante representada por su abogado Licenciado Darío Padín Mimoso. El abogado de la Parte Demandada, Licenciado Ismael Betancourt, no compareció personalmente, excusándose por medio de una moción a tales efectos. Comparecieron además, la Sra. Nilda Figueroa de Domínguez y el Sr. Juan J. Rivera, parte deman-dada en el caso, quienes por propio derecho, voluntaria y espontáneamente declararon ante este Tribunal que no tenían interés alguno en proseguir con esta causa de acción y que deseaban que se dictase Sentencia a favor de la Parte Demandante, Cámara de Comerciantes Mayoristas, ya que reco-nocía la deuda que dio motivo a la misma.
      Siendo ello así este Tribunal dicta sentencia declarando con lugar la demanda y condenando a los demandados al pago de $90,441.71 a la parte demandante, más la cantidad de $1,500.00 para costas, gastos y honora-rios de abogados.”

       Antes de allanarse en corte abierta la parte demandada radicó la siguiente: “Declaración Jurada — Nosotros, Nilda Figueroa de Domínguez, por sí y como tutora de Eliot Domínguez, y Juan J. Rivera, mayores de edad, casados, ella, ama de casa, él Administrador Almacén Eliot Domínguez, y vecinos de San Juan, Puerto Rico, bajo Juramento DECLARAMOS Y MANIFESTAMOS: 1. Que en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, se está llevando el caso de Cámara de Comerciantes Mayoristas, Demandante vs. Elit [síc] Domínguez, Nilda de Domínguez y Juan J. Rivera, etc., demandados, Caso Civil Número 69-1746-A, sobre Cobro de Dinero. 2. Que somos los demandados en dicho caso y por la presente reconocemos la existencia de la deuda que dio motivo a esa causa de acción, y no tenemos ningún interés en proseguir este pleito, por lo que deseamos se dicte Sentencia a favor de la Demandante, Cámara de Comerciantes Mayoristas, en el mismo. 3. Que por el presente escrito renunciamos al derecho de apelación y deseamos que la Sentencia advenga a ser firme y final una vez la misma sea dictada por el Honorable Tribunal.”

       “Regla 10.8 — Renuncia de defensas

      “Una parte renuncia a todas las defensas y objeciones que no formu-lare mediante moción como se ha dispuesto anteriormente, o, si no ha pre-sentado moción, en su contestación o réplica, excepto que (1) la defensa fundada en haber dejado de exponer una reclamación que justifique la concesión de un remedio, la defensa de haber omitido acumular una parte indispensable, y la objeción de haber omitido exponer una defensa legal a una reclamación, también pueden hacerse mediante una alegación posterior, si ésta es permitida, o mediante moción para que se dicte sentencia por las alegaciones o en el juicio, y excepto que (2) siempre que aparezca por indicación de las partes o de algún otro modo que el tribunal carece de jurisdicción sobre la materia, éste desestimará el pleito. Si la objeción o defensa se formulare en el juicio, se resolverá como se dispone en la Regla 13.2, con vista a cualquier evidencia que pueda haberse recibido.”


text:
    Amalia Calimano Díaz, demandante y recurrida, v. Enrique Rafael Calimano McCormick, demandado y recurrente.

      Número: R-72-288

      Resuelto: 16 de diciembre de 1974

      Hartzell, Ydrach, Mellado, Santiago, Pérez & Novas, abogados del recurrente; Ernesto Agostini Pascual y Fernando Rovira Calimano, abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La cuestión central que da lugar a este pleito es si el derecho de representación que el Art. 887 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 2621) extiende a los parientes legítimos o naturales reconocidos de una persona en la sucesión intestada o legítima, se da también en la testada.

Fernando Calimano Díaz, que no tenía descendientes, otorgó testamento abierto en el año 1955 en el que instituyó por su única y universal heredera a su señora madre Doña Enriqueta y para el caso que ésta premuriera, instituyó como herederos sustitutos a dos únicos hermanos del testador llamados Amalia y Enrique “por partes iguales.” La anciana madre falleció en el 1956, y Enrique, uno de los herederos voluntarios sustitutos, murió en el año 1968. Al año siguiente de 1964, murió también el testador. La cuestión a decidir es si los cuatro hijos de Enrique heredan la porción que hubiera correspondido a su padre de haber éste sobrevivido al testador. Esta situación está regulada por el Art. 695 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 2284) al disponer que el heredero voluntario que muera antes que el testador no trans-mite ningún derecho a sus herederos. Enrique murió un año antes que su hermano el testador, y no siendo su heredero for-zoso sino voluntario, nada pudo transmitir a sus cuatro hijos a menos que se le extendiera el derecho de representación. La dificultad estriba en que este derecho no se da en la sucesión testada; es precepto exclusivo de la legítima.

En nuestro sistema sucesorio, ha dicho Castán, la representación pertenece al dominio exclusivo de la sucesión ab intestato. Así se deriva del articulado del Código que establece un paralelo entre la sustitución (Art. 703) y la representación (Art. 887, ante), propia la primera de la sucesión testada, y la segunda, de la intestada. Y citando de Eoyo Martínez expone: “ ‘ . . . la llamada representación es una sustitución vulgar establecida por la ley ... . Como en la sustitución vulgar, el sustituto nada recibe del instituido que no llegó a heredar, ni por mediación, representativa o transmisiva, de tal frustrado instituido; el sustL tuto sucede directamente al de cuius, y precisamente porque aquel a quien sustituye no heredó’; precisamente por esto parece que no es necesario el derecho de representación en la sucesión testada. Por eso, con un sentido equivalente, pero al revés, Roca Sastre dice que ‘la sustitución vulgar cumple en la sucesión testada el mismo cometido del derecho de representación en la sucesión intestada frente al supuesto de premoriencia de uno de los hijos del causante’, lo que le lleva a la conclusión de que £no sólo es inadecuado en la sucesión testamentaria, sino innecesario, pues su cometido lo suple con ventaja la sustitución vulgar, de modo que no hay que suponer que ésta ha sido olvidada en un testamento notarial, y aunque así fuera, el caso tendría remedio gracias a la preterición que la omisión de la estirpe provocaría.’ ” Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo Sexto, Vol. Tercero, págs. 110-111, Séptima ed. (1971).

En la sucesión testada donde prevalece soberana la voluntad del testador, éste tiene el recurso de substitu-ción que usó Calimano Díaz para llamar a la herencia a sus hermanos si faltare su señora madre, y que se abstuvo de usar para llamar a sus sobrinos en defecto de su hermano. Se percibe una voluntad presunta del testador que no llamó la estirpe en lugar de su ascendiente. Sobre este extremo se ha expresado el Tribunal Supremo de España en su senten-cia de 6 de diciembre de 1952 al declarar que “ ‘el tema de si el derecho de representación debe ser o no institución común a las dos formas de sucesión, es erróneo, a nuestro juicio. El efecto práctico del derecho de representación puede admi-tirse en la sucesión testamentaria como lo consienta la in-terpretación de la voluntad del testador.’ Sólo a falta de tal voluntad entran en juego los llamamientos legales. In-terferir un llamamiento legal en la sucesión testamentaria es un contrasentido que la ley no autoriza.” Castán, ibid., pág. 111.

En un criterio de inescapable aplicación a la situación de hechos que este recurso plantea, sostiene Manresa que “ante este suceso (premoriencia del padre, hermano del testador) el sobrino sólo podría heredar en virtud del llamamiento hecho a su favor en el testamento como descendiente de su heredero voluntario, según el Art. 766 [Art. 695 P.R.] del Código.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 6, Vol. 1, pág. 167, Octava ed. (1973).

Si bien hay una manifiesta tendencia a introducir el derecho de representación en la sucesión testada para favorecer los herederos legítimos o forzosos, mas no a los voluntarios, se trata de una proposición doctrinal que se detiene frente al precepto de derecho positivo enmarcado en el Art. 695 del Código Civil al efecto de que el heredero voluntario que muera antes que el testador no transmite derecho a sus herederos, por considerarse voluntario al insti-tuido en testamento aun cuando también tenga la cualidad de heredero forzoso. Sentencia del Tribunal Supremo de España de 6 de diciembre de 1952, según transcrita en Man-resa, opus cit, págs. 167 y ss.

La porción de herencia que no pudo recibir el hermano premuerto Enrique acrece a la heredera testamentaria su hermana Amalia, pues habiéndolos instituido el testador por partes iguales, así lo determinan los Arts. 937, 938 y 939 del Código Civil (31 L.P.R.A. sees. 2752-2754).

La sentencia revisada ha de ser confirmada.

      Art. 887 — “Llámase derecho de representación el que tienen los parientes legítimos o naturales legalmente reconocidos de una persona para sucederle en todos los derechos que tendría si viviera o hubiera podido heredar.”

      Art. 703 (31 L.P.R.A. see. 2301) Substitución Simple

      “Puede el testador substituir una o más personas al heredero o here-deros instituidos para el caso en que mueran antes que él, o no quieran, o no puedan aceptar la herencia.
      “La substitución simple, y sin expresión de casos, comprende los tres expresados en el párrafo anterior, a menos que el testador haya dispuesto lo contrario.”

      Sólo por legislación podría alterarse este estado de derecho, como se hizo en España que en atención a especiales circunstancias del derecho de emergencia originado por la guerra civil, por Ley de 5 de noviembre de 1940 se extendió, por excepción transitoria, el derecho de representación a los hijos y nietos de todo heredero testamentario, voluntario o legítimo. Castán, opus eit., pág. 109, escolio 1; Manresa, opus cit., pág. 169.


author: PER CURIAM:

text:
    Sociedad de Gananciales compuesta por Luis Valldejuli Aboy y Margarita López de Valldejuli, demandantes y recurridos, v. Jeronimo Corporation, demandada y recurrente.

      Número: R-72-327

      Resuelto: 18 de diciembre de 1974

      Amadeo, Oliveras & González, abogados de la recurrente; José R. Fournier, Ercilia Fournier de Rivera y Michel Rachid Piñeiro, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

El 2 de mayo de 1969 la parte demandante recurrida, los esposos Validejuli, compraron una casa en el barrio Hato Tejas de Bayamón, con solar de aproximada-mente una cuerda, por la cantidad de veintinueve mil dólares. La propiedad estaba algo retirada de la carretera estatal número dos. Para llegar a ella babía que utilizar un camino municipal conocido por Abra Estrecha, de donde partía otro que conducía exclusivamente a la casa de los esposos Vallde-juli, cruzando por una porción de la propiedad de la parte recurrente, Jeronimo Corporation. Jeronimo Corporation po-seía desde hacía más de un año, de hecho, la finca que colinda por los lados norte, sur y oeste con la finca de los esposos Valí-dejuli. Por el sector oeste era que discurría el camino municipal Abra Estrecha.

La propiedad de los esposos Valldejuli se mantuvo deso-cupada después de su compra excepto por un mes que se la prestaron a un amigo. En noviembre de 1969, conforme la prueba de los recurridos, a la cual le dio entero crédito el tribunal de instancia (véase la Determinación de Hecho Núm. 4), los esposos Valldejuli le arrendaron verbalmente al señor Soto la propiedad por un término de cinco años, para establecer un bar-restaurcmt, por el canon de quinientos dólares mensuales a ser pagados comenzando con el mes de febrero de 1970. El contrato se iba a firmar en dicha fecha (T.E. pág. 36). Mien-tras tanto, desde el acuerdo original el señor Soto comenzó in-mediatamente a hacer las gestiones necesarias para el estable-cimiento de su negocio (T.E. pág. 86). Prestó las fianzas co-rrespondientes y obtuvo los servicios de agua, luz y teléfono de que carecía la casa; empezó a principios de diciembre a llevar a cabo las obras para preparar la casa; removió el piso de la marquesina para hacer un comedor; construyó dos pistas de baile y el 30 de enero de 1970 recibió el permiso de la Junta de Planificación para operar el negocio interesado. (D. de H. Núm. 4; T.E. págs. 86 y ss.; Exh. 7 de la parte demandante.) En la segunda quincena de diciembre de. 1969, durante las Navidades, interrumpió las obras para reanudarlas en enero.

A fines de 1969 y principios de 1970, Jeronimo Corporation llevó a cabo movimientos de tierra y excavaciones en su propiedad y en el camino Abra Estrecha en tal modo que desapareció dicho camino, así como el que conducía de Abra Estrecha a la propiedad de los esposos Valldejuli, quedando ésta aislada (D. de H. Núm. 5). También se destruyeron las líneas de agua, luz y teléfono instaladas, removiéndose, sin volverse a reponer, los postes y la cañería concernidos. (T.E. págs. 14 y ss. y requerimiento de admisiones.) Casi dos años después, cuando el tribunal de instancia efectuó una inspec-ción ocular, la propiedad continuaba enclavada.

La actividad de Jeronimo Corporation provocó que el señor Soto descontinuase los trabajos de preparación de la casa y su negativa a cumplir con el contrato de arrendamiento efectuado (D. de H. Núm. 6).

Algo más tarde, en diferentes ocasiones (T.E. pág. 46), la propiedad de los esposos Valldejuli fue objeto de diversos actos vandálicos: le despegaron las rejas de la casa; se ro-baron los marcos y las puertas de la casa, los lavamanos, otros efectos de plomería y la instalación eléctrica; y ocu-rrieron otros daños (D. de H. Núm. 7). A partir de los actos de construcción de Jeronimo Corporation, el señor Valldejuli visitaba su propiedad casi todos los sábados. Desde enero de 1970 no pudo entrar a ella en automóvil, aunque se podía ir a pie. De ahí en adelante — todavía no habían ocurrido los actos de vandalismo — fue a inspeccionar su propiedad tan solo una vez cada tres semanas o una vez al mes (T.E. págs. 49 y ss.).

En el acto del juicio, la parte demandante presentó como testigos al señor Valldejuli, al señor Oscar Soto, al corredor de bienes raíces que medió entre ambos y a dos peri-tos tasadores, en adición a su prueba documental. La parte demandada no ofreció prueba de ninguna índole. El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda el 27 de octubre de 1972, condenando a Jeronimo Corporation a satisfacerles a los demandantes la suma de dieciséis mil dólares por cánones dejados de percibir y siete mil seiscientos treinta dólares por concepto de reparación de su casa. Ordenó además el tribunal que se restituyese el camino municipal Abra Estrecha a la forma y manera en que estaba para el mes de noviembre de 1969 y que Jeronimo Corporation reconstruyese el camino que discurría desde Abra Estrecha hasta la propiedad de los demandantes.

Jeronimo Corporation le imputa al tribunal de instancia la comisión de diversos errores que pueden agruparse en tres categorías principales: un ataque a la concesión de daños por concepto de cánones dejados de percibir; otro contra la orden de que Jeronimo Corporation reconstruyese el camino que dis-curría por su propiedad desde la colindancia con Abra Estre-cha y los linderos de la propiedad de los esposos Valldejuli; y otro más por los daños concedidos por razón de los actos van-dálicos que sufrió la casa.

El primer grupo de errores plantea básicamente un pro-blema de credibilidad. Jeronimo argumenta en su alegato que no existía tal arrendamiento. El tribunal de instancia creyó lo contrario y hay base amplia en los hechos relatados para concluir que el señor Soto efectuó numerosos actos para esta-blecer su negocio en la propiedad de los esposos Valldejuli antes de que se comenzasen las obras que dieron lugar al presente pleito. No hallamos justificación para intervenir con las conclusiones del tribunal de instancia sobre este particular.

Respecto al segundo planteamiento, Jeronimo Corporation alega que el tribunal de instancia carece de facultad para ordenar la reconstrucción de la porción mencionada del camino, ya que a su juicio debían los esposos Valldejuli incoar una eonfesoria de servidumbre para establecer su derecho a pasar por el terreno de la parte demandada. Arguye además que la única prueba que fundamentaría esta parte de la sentencia es el testimonio del señor Valldejuli en una deposición tomada a iniciativa de Jeronimo de que en un tiempo su finca y la de Jeronimo pertenecían a un mismo dueño — véase el Art. 477 de nuestro Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1655 — pero que la deposición nunca se presentó en evidencia.

Debe recordarse en este contexto el caso de Don Quixote Hotel v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 19 (1971). En dicho litigio una corporación, sin aviso alguno a la parte afectada, destruyó una servidumbre de acueducto y otra de paso, aunque proveyó otra forma de acceso, menos llevadero. La corporación actuó al amparo del Art. 481 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1673, que reconoce el derecho a alterar las servidumbres que resulten muy incómodas al predio sirviente con tal de ofrecer a su costa otra vía comparable al predio dominante. Respecto a la servidumbre de acueducto, se negó a repararla. Allí dijimos que no basta “que el dueño del predio sirviente crea que la servidumbre le resulta muy incómoda o que le priva de hacer obras importantes para que él, unilateralmente y sin previas conversaciones y tratos con el dueño del predio dominante proceda a llevar a cabo el cambio. Eso equivaldría a autorizar a alguien a tomarse la justicia por su mano. El derecho existe para sacar al hombre de la jungla y no para meterlo en ella. Tomarse la justicia por la mano equivale a volver al estado primitivo de la jungla.” (A la pág. 27.)

Jeronimo Corporation también quiso tomarse la justicia por la mano, pero en el caso aún más difícil para ella de no estar actuando so color de autoridad bajo el Art. 481 u otro análogo. Tampoco hubo aviso a los esposos Valide juli o tratos previos con ellos. Jeronimo ni siquiera investigó el estado del título sobre la servidumbre, ya que no presentó prueba sobre defecto alguno, a pesar de que cuestionó al señor Valide juli sobre el particular en el curso de la deposición. Resolver que en tales circunstancias le corresponde a la parte perjudicada entablar confesoria de servidumbre representaría en efecto el regreso a la selva que condenamos en Don Quixote Hotel. Dentro de los hechos particulares de este caso el peso de la prueba recaía en vez en la causante de los daños. Era a ella que le tocaba presentar el correspondiente recurso de negatoria de servidumbre.

Pero hay más. Después de numerosas gestiones, el señor Valldejuli averiguó el nombre de la corporación que estaba destrozando los caminos que conducían a su propiedad. Se le informó que el ingeniero Marxuach era el encargado de las obras. Habló con él y éste le explicó que donde estaban exca-vando la corporación haría “una carretera con bitumul, con acera y todo.” (T.E. págs. 38, 44, 45.) Esta evidencia, no refutada en el juicio, representa el reconocimiento por Jero-nimo Corporation de los derechos afectados de los esposos Valldejuli o, desde otro ángulo, una obligación libremente contraída cuyo cumplimiento específico puede requerirse. Bajo principios de equidad claramente reconocidos bajo nuestro Código Civil, Jeronimo Corporation está impedida en las cir-cunstancias presentes de cuestionar la existencia de la servi-dumbre, Don Quixote Hotel, supra, 28-29. La referida repre-sentación, aun desde el punto de vista más favorable a Jero-nimo, creó también, al menos, un caso prima facie respecto al derecho que asistía a los señores Valldejuli, caso que no fue refutado por Jeronimo Corporation al abstenerse de presentar prueba.

{2] Consta también en autos, aunque no se presentó en evidencia, la deposición del señor Valldejuli en que se hace referencia a la naturaleza de su título. En vista de las consi-deraciones anteriores, es innecesario resolver sobre la indis-pensabilidad bajo los hechos de este caso de exigir la presenta-ción formal de la deposición en evidencia para conocer de la misma, aunque obre en autos. Véase, no obstante, Pérez Rivera v. Olazagasti Fiol, 90 D.P.R. 779, 785-6 (1964); cf. Ramos v. Autoridad de las Fuentes Fluviales, 86 D.P.R. 603, 610-611 (1962); 4A Moore’s Federal Practice, 2a. ed., 32-43; 8 Wright y Miller, Federal Practice and Procedure 451.

Concerniente al tercer planteamiento, se incidió en error al conceder daños por la comisión de los actos vandálicos. Existe en este respecto notable diferencia entre los conceptos de la causa generadora de toda una serie de consecuencias, por remotas que sean, y el de la causa legal. En derecho nos con-cierne únicamente la segunda. Según señalamos en Torres Trumbull v. Pesquera, 97 D.P.R. 338, 343-344 (1969):

“En derecho, una persona no es responsabilizada de todas las posibles consecuencias de su actuación negligente, Rivera v. Pueblo, [76 D.P.R. 404 (1954)]. Tal persona no es responsable por una causa remota. Un daño parece ser el resultado natural y probable de un acto negligente si después del suceso, y mirándolo retroactivamente el acto que se alega ser negligente, tal daño aparece como la consecuencia razonable y ordinaria del acto.”

Véase: Ginés Meléndez v. Autoridad de Acueductos, 86 D.P.R. 518, 521-525 (1962).

Se ha desarrollado una gran diversidad de doctrinas en el derecho civil para definir la causa legal o causalidad productora de responsabilidad jurídica. La que ha merecido la mayor atención y la que rige fundamentalmente nuestras decisiones — aunque a veces la terminología empleada deriva del derecho norteamericano, inaplicable a este género de problemas — es la teoría de la causalidad adecuada, conforme a la cual “no es causa toda condición sin la cual no se hubiera producido el resultado, sino la que ordinariamente lo produce según la experiencia general.” Santos Briz, Derecho de Daños, Ed. Revista de Derecho Privado, Madrid, 1963, págs. 215 y ss.

No consideramos que los actos torticeros de Jeronimo Corporation, aunque se consideren parte de una larga cadena causal, deban provocar ordinariamente, según la experiencia general, que unos terceros cometan los actos vandálicos aquí envueltos. Tampoco era razonablemente previsible — criterio derivable de la teoría de la causalidad adecuada, Santos Briz, op. cit, 217-218 — que la reacción de los perjudicados, al percatarse de que se comenzaba a saquear su casa, sería la de cruzarse de brazos, sin esforzarse por intentar reducir los daños. Aponte v. Cortés Express, 101 D.P.R. 31 (1973); Compañía de Fomento Industrial v. León, 99 D.P.R. 633 (1971); Santos Briz, supra, 66 y ss.

Por los fundamentos expuestos se modificará la sentencia del tribunal de instancia para eliminar de los daños concedidos la partida de siete mil seiscientos treinta dólares por materia-les y gastos de obra para la reparación de la casa de los recu-rridos y así modificada se confirmará.

El Juez Asociado, Señor Angel Martín, no intervino en la decisión de este caso.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, peticionaria, v. Marex Construction Company, Inc., Bonanza Construction Company, Inc., et al., demandadas.

      Número: O-70-140

      Resuelto: 19 de diciembre de 1974

      Gilberto Gierbolini Ortiz, Procurador General, J. F. Rodríguez Rivera y Peter Ortiz, Procuradores Generales Interinos, Marta Ramírez de Vera, Miguel A. Rivera Arroyo, José E. Rodríguez Rosaly y Richard V. Pereira, abogados de la peti-cionaria; Jorge L. Ruiz, Arturo Aponte Pares y George López Keelan, abogados de las demandadas.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Este recurso pone de manifiesto cómo los trámites judi-ciales pueden convertirse en una madeja judicial que desna-turaliza los procedimientos claros y sencillos dispuestos en ley, dificultando y atrasando la ejecución y cumplimiento de los dictámenes de los foros adjudicativos.

En vista de los planteamientos de las partes, para una comprensión cabal de los términos de la presente, relaciona-mos a continuación cronológicamente la secuencia de hechos y trámites acaecidos, según surgen del expediente de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico y este Tribunal.

En 29 de octubre de 1968 la Junta de Relaciones del Tra-bajo emitió una Decisión y Orden declarando a las querella-das Marex Construction Co., Inc. y Bonanza Construction, Co., Ine., incursas en prácticas ilícitas dentro del significado del Art. 8(1) (f) de la Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, imponiendo la obligación a éstas, o en su defecto a los señores Jorge Rexach Cátala y Ramón Martínez Correa, de remitir al “... Sindicato de Equipo Pesado, 21 plazos men-suales de $500.00 cada uno, y un último plazo de $586.55 los días 26 de cada mes comenzando el 26 de octubre de 1968.”

Ante el incumplimiento de esta orden, en 26 de junio de 1970 la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, en adelante denominada Junta, acudió ante este Tribunal con una petición para que diéramos virtualidad a dicha orden, la cual —previa oportunidad de comparecencia a los demandados— en 27 de octubre de 1970 pusimos en vigor en su totalidad mediante sentencia. Remitimos el Mandato y la transcripción certificada del procedimiento a la Junta en 10 de noviembre de 1970.

El 6 de junio de 1972, la Junta compareció ante este Tribunal solicitando se emitiese una orden requiriendo la com-parecencia de Marex Construction Company, Inc., Bonanza Construction Co., Inc., Jorge Rexach Cátala y Ramón Mar-tínez Correa para que mostraran causa por lo cual no debía castigárseles por desacato al rehusarse cumplir con dicha sentencia. El 17 de octubre de 1972 concedimos a los demanda-dos diez (10) días para que mostraran causas por lo cual no debía accederse a dicho remedio.

El 6 de noviembre de 1972 comparecieron en autos los representantes legales de los demandados — quienes luego de radicar varias prórrogas y solicitudes basadas en necesidad de estudios y enfermedad — en 1ro. de febrero de 1973 radicaron un escrito denominado “Moción Mostrando Causa y Solicitud de Nulidad de Procedimientos y Para Que este Tribunal se Declare sin Jurisdicción”. Previa comparecencia de la Junta, en 4 de mayo de 1973, emitimos resolución “... y en ánimo de conservar la pureza del procedimiento . . .” revertimos el caso al trámite original inicial y ordenamos al Secretario noti-ficar a los demandados con la Petición de la Junta de 26 de junio de 1970, concedimos término para mostrar causa, y bajo apercibimiento, dispusimos términos para los alegatos de las partes. Surge del récord que el Secretario del Tribunal, por conducto de la Oficina del Alguacil, diligenció fielmente el mandamiento correspondiente.

Subsiguientemente, en 23 de mayo de 1973, los demandados en escrito titulado Comparecencia Especial y Alegato soli-citan de este Tribunal se declare sin jurisdicción por los fundamentos de que a dicha fecha no aparecía unida a los autos del Tribunal la transcripción certificada del expediente com-pleto — imposibilitando una adecuada defensa — y como conse-cuencia, resultar aplicable a la Junta la defensa de incuria (laches). También aducen que se rasgó indebidamente el velo corporativo sin cumplirse los requisitos jurisprudenciales al efecto. A dicho escrito la Junta sometió Memorando de Réplica, no habiendo los recurridos formulado contestación al 14 de julio de 1973 — fecha límite que concedimos — ni al día de hoy.

Antes de discutir y determinar los méritos de los planteamientos de los demandados, resulta oportuno reafirmar la facultad que posee la Junta, en la consecución de los propósitos de la ley, de fijar, designar y reconocer remedios de naturaleza económica relacionados con retención de cuotas, pérdida de salario por despido y daños por huelga ilegal. J.R.T. v. A.M.A., 91 D.P.R. 500 (1964); Seafarers Int. Union de P.R. v. J.R.T., 94 D.P.R. 697 (1967); Pantoja v. Esco Corp., 100 D.P.R. 51 (1971); JR.T. v. Milares Realty, Inc., 90 D.P.R. 844 (1964); U.T.I.E.R. v. J.R.T., 99 D.P.R. 512 (1970.). Recientemente, en J.R.T. v. Caribbean Towers Inc., 102 D.P.R. 774 (1974), reconocimos su autoridad para imponer las penalidades de daños, honorarios de abogado e intereses dispuestas en el Art. 13 de la Ley Núm. 379 del 15 de mayo de 1948, según enmendada. (29 L.P.R.A. see. 282.) En el ejercicio de esta facultad la Junta, como organismo cuasi judicial, puede basar sus dictámenes no solo en la prueba aportada, sino en aquellas estipulaciones, acuerdos y convenios adoptados por las partes durante la tramitación de las querellas.

PRIMER PLANTEAMIENTO: FALTA DE JURISDICCIÓN

El primer planteamiento de los demandados impugna la jurisdicción de este Tribunal por el fundamento de que la Junta no radicó con su Petición la transcripción del expediente completo del procedimiento ante ella y, por tanto, no han tenido oportunidad de defenderse adecuadamente durante el trámite actual. El mismo es frívolo e improcedente.

El récord revela que al radicarse la petición se acompañó la transcripción certificada del expediente completo del procedimiento CA-3692 (D-507) seguido ante la Junta. Al culminarse el procedimiento con la sentencia original del 27 de octubre de 1970 — que puso en vigor la Decisión y Orden de la Junta — el Secretario cumplió con un trámite ministerial reglamentario devolviendo a la Junta, conjuntamente con el Mandato, la referida transcripción certificada. La propia cer-tificación del Secretario de este Tribunal expedida el 14 de mayo de 1973 a petición de los abogados de los demandados re-fleja lo antes expuesto. El propósito de elevarse el récord ad-ministrativo es permitirnos examinar la suficiencia y méritos de cualquier conclusión u orden de naturaleza jurídica emitida por la Junta como corolario a nuestra función exclusiva de emitir decisión final sobre cuestiones de derecho, ya que las conclusiones de hechos de dicho organismo cuasi-judicial, res-paldadas por evidencia, son concluyentes y definitivas. Junta Rel. Trabajo v. Junta del Muelle, 71 D.P.R. 154 (1950); Rivera v. J.R.T., 70 D.P.R. 5 (1949); y A.F.F. v. J.R.T., 99 D.P.R. 911 (1971).

Irrespectivamente de lo anterior, la disposición de ley que fija el mecanismo de revisión judicial contiene una norma que nos inhibe de aplicar un enfoque restringido, basado en la formulación y realce de cuestiones meramente técnicas y ritualistas, al disponer: “La observancia esencial de los procedimientos provistos en el presente sub-capítulo será suficiente para hacer efectivas las órdenes de la Junta y éstas no serán declaradas inaplicables, ilegales, o nulas por omisión de naturaleza técnica.” Art. 9 de la Ley Núm. 130 de 8 de mayo de 1945, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 70 (2) (g). Habiéndose radicado nuevamente ante este Tribunal la transcripción del expediente completo en 19 de junio de 1973 —que ha sido objeto del más ponderado y cuidadoso análisis— resalta a la vista la carencia de mérito de este primer plantea-miento.

SEGUNDO PLANTEAMIENTO: DEFENSA DE INCURIA

La defensa de incuria (laches) esgrimida por los deman-dados, basada en que transcurrieron aproximadamente cuatro (4) años desde que se dictó la Decisión y Orden de la Junta hasta que se notificó la Resolución de este Tribunal en 4 de mayo de 1973, no procede en su perspectiva factual y jurídica.

El récord administrativo revela que desde el 26 de sep-tiembre de 1968 la Junta actuó diligentemente en su reclamo y que en dicha fecha, en audiencia administrativa, el señor Jorge Rexach Cátala admitió que las demandadas Marex Construction Company, Inc. y Bonanza Construction Company, Inc., eran dos corporaciones íntimas controladas por éste y su socio Ramón Martínez Correa en un cincuenta por ciento cada uno, y que tales corporaciones estaban inactivas. Surge además, que Jorge Rexach Cátala estipuló el pago de las sumas adeu-dadas.

Las gestiones de la Junta trascienden la etapa administrativa y se extienden al foro judicial desde el 26 de junio de 1970 hasta el año 1973. Las dilaciones habidas son básicamente atribuibles a los demandados quienes cambiaron de dirección, omitiendo el informarlo oportunamente al organismo cuasi-judicial en el cual tenían pendientes el cumplimiento de unos deberes. Tal conducta no puede ser sancionada por este Tribunal en éste ni en ningún otro caso. En nuestra estructura de adjudicación de controversias — ya sea en la órbita administrativa o en la judicial — existe el deber implícito de una parte, abogado y de cualquier otra persona que participe en determinada controversia, de mantener y dar constancia de los cambios de dirección postal. Concluir lo contrario sería premiar la dejadez — consciente o inconsciente — en detrimento de un procesamiento ordenado, rápido, económico y justiciero contribuyendo a hilvanar una telaraña jurídico-procesal des-favorable a los intereses de la ciudadanía en general acree-dora en última instancia de un sistema de justicia eficiente.

Independientemente de que el trasfondo de hechos ex-puestos derrotan factualmente la aplicación de la defensa de incuria, la jurisprudencia establecida por este Tribunal impide que prevalezca jurídicamente la misma, pues no se ha demostrado que la alegada tardanza — que hemos visto no existió — haya causado perjuicio o daño a los demandados siendo ello requisito doctrinal para que prevalezca esta defensa. Jiménez v. Junta de Retiro, 61 D.P.R. 171 (1942) y Alonso v. Tribunal Examinador de Médicos, 74 D.P.R. 158 (1952).

TERCER PLANTEAMIENTO: RASGAR INDEBIDAMENTE EL VELO CORPORATIVO

No se puede argüir exitosamente que en el presente caso la Junta rasgó indebidamente el velo corporativo de las entidades demandadas Marex Construction Company, Inc. y Bonanza Construction Company, Inc., al imponer responsabilidad a Jorge Rexach Cátala. Dicha determinación de responsabilidad fue hecha en virtud de una estipulación — efectuada personalmente por el vicepresidente de las corporaciones, señor Jorge Rexach Cátala — quien asumió la obligación de pagar lo adeudado mediante un plan de pago propuesto y aceptado por las partes con la aprobación de la Junta. En vista de ello, no es extensivo al caso de autos el principio de responsabilidad limitada, consustancial con la entidad corporativa, expuesto en Fleming v. Toa Alta Develop. Corp., 96 D.P.R. 240 (1968) y casos allí citados. Tampoco es aplicable lo decidido en González v. San Just Corp., 101 D.P.R. 168 (1973), ya que hay en el caso de autos suficiente evidencia demostrativa de la confusión existente entre Jorge Rexach y las entidades jurídicas pues son corporaciones íntimas, el señor Rexach es el vicepresidente de ambas y controla el 50 por ciento de sus acciones.

Además, sostener lo contrario sería perpetuar una in-justicia e ir en contra de un acuerdo válido derrotando no sólo la filosofía y política pública que orientan los trámites cuasi-judiciales ante la Junta, sino amparar bajo el manto de la ficción corporativa, actuaciones de personas que usufruc-tuando los beneficios de una entidad jurídica, asumen en los foros de adjudicación de controversias obligaciones persona-les para luego no cumplirlas. Nos preguntamos: ¿Si al mo-mento de estipularse el pago de las cantidades adeudadas las corporaciones estaban inactivas, quién sino el señor Rexach iba a cumplir lo convenido? La respuesta es evidente. Una obligación corporativa asumida válidamente por una persona individual, debe tener consecuencias jurídicas no susceptibles de ser rehuidas bajo al argumento a posteriori de que tal obligación correspondía exclusivamente a una corporación.

Ahora bien, lo previamente concluido demuestra que la Orden no puede prevalecer contra el codemandado Ramón Martínez Correa, ya que no surge de autos que éste asumiera individualmente responsabilidad alguna en cuanto a las deu-das corporativas. No podía el señor Rexach obligarlo en los procedimientos ante la Junta, debiendo modificarse la Orden en este extremo. Así modificada, se dictará Sentencia poniendo en vigor la Orden de la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico de 29 de octubre de 1969.

       Basada en un minucioso Informe rendido en 26 de septiembre de 1968 por el Oficial Examinador, Ledo. Federico A. Cordero, contra el cual oportunamente no se formuló excepción u oposición. En síntesis, se concluyó que los querellados no entregaron ni remitieron al Tesorero del Sindicato, representante autorizado de los trabajadores, determinados dineros en con-cepto de cuotas y de aportación al Fondo de Bienestar de dicha agrupación obrera, ello en contravención de las disposiciones de un Convenio Colectivo vigente.
      En base a unos acuerdos se estipuló que Marex Construction Co., Inc., adeudaba un total de $10,000 y Bonanza Construction Co., Inc., $11,086.55, acordándose su satisfacción en plazos de $500.00 mensuales. Por su relevancia copiamos lo siguiente: “Durante la conferencia con antelación a la vista, [ante el Oficial Examinador] el Sr. Jorge Rexach, Vicepresidente de las empresas querelladas, expresó que éstas son unas corporaciones ínti-mas en las cuales él controla el 50% y su socio Ramón Martínez Correa también controla el 50%. También indicó el señor Jorge Rexach, Vicepresi-dente de las empresas querelladas, que dichas corporaciones están inactivas.” La transcripción oficial del procedimiento del día 26 de septiembre de 1968 refleja y sostiene esta conclusión.

       Surge del récord que la Petición de la Junta dirigida a la dirección postal inicial del Sr. Jorge Rexach Cátala fue devuelta, ante lo cual la Junta, mediante Moción certificó su remisión a una nueva dirección. Tam-bién la Sentencia notificada por la Secretaría de este Tribunal a Marex Construction Company, Inc., fue devuelta por el sistema de correos.