author: PER CURIAM: Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Sergio Torres García y Otros, lesionados, Administración de los Tribunales y Otros, patronos, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador-recurrente.

      Números: O-80-351, O-80-514, O-80-571, O-80-618, O-80-655

      Resueltos: 30 de junio de 1981

      Antonio Acevedo Torres, abogado del recurrente Fondo del Seguro del Estado; Luis Negrón López y Luis Negrón Lizardi, abogados del recurrido Sergio Torres García; Janice M. Vélez Wampl de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogada de la recurrida Juanita Nazario Sánchez; Manuel de Jesús Mangual, abogado de los recurridos Samuel Rosario Berrios, Celso Quiles Loucil, Raquel Ruiz Vélez, Adela Claudio Román, Alberto Flores Olivieri y David Morris Newbay; Celina Romany, abogada del recurrido Miguel Ramírez Almandoz; Francisco A. Rivera López, abogado del recurrido Guillermo Cruz Cruz; y Blas R. Ferraiuoli Martínez, abo-gado de los recurridos Jorge L. Marrero Reyes, Carmen Rodríguez y Carmelo León Hernández.
   PER CURIAM:

La controversia común en los recursos de epígrafe se reduce a determinar si bajo la Ley de Compen-saciones por Accidentes del Trabajo, el Fondo del Seguro del Estado está obligado o no a proveer tratamiento médico adicional de naturaleza paliativa o de sostén, a los obreros que se les ha otorgado incapacidad total y perma-nente. Dicho organismo resolvió negativamente y la Comi-sión Industrial decidió en la afirmativa y revocó.

A los fines de precisar su alcance es menester tener presente que por tratamiento paliativo o de sostén, la resolución de la Comisión considera aquel ‘utilizado para mitigar la violencia de las enfermedades crónicas e incurables, haciéndolas más llevaderas, así como aquel trata-miento necesario para mantener el status quo del paciente. Es aquel tratamiento que se brinda para aliviar el dolor y el sufrimiento o para mantener vivo al paciente. No se brinda con el propósito de reducir la incapacidad, ya que, se trata de una enfermedad o condición crónica e incurable y que hasta ese momento la medicina no ha descu-bierto una cura y/o no hay esperanza de rehabilitación. Como ejemplos de estos casos podemos señalar al paciente que sufre de una enfermedad crónica del corazón; al paciente que sufre de una enfermedad mental crónica; al paciente parapléjico; y, al paciente que necesita una ope-ración quirúrgica que aliviará su dolor, pero no reducirá su incapacidad”.

I

Al presente los beneficios a que tiene derecho el obrero o empleado que sufra una lesión como resultado de un accidente del trabajo o enfermedad ocupacional están expresamente delimitados en el Art. 3 de la Ley, que establece “tres tipos [distintos] de beneficios ... a saber: (1) asistencia médica y medicinas que le sean prescritas, incluyendo servicios de hospital cuando fuere necesario; (2) compensación durante el período de recuperación, mien-tras el obrero esté incapacitado para trabajar, que es lo que se ha dado en llamar 'dietas’; y (3) compensación ‘adicional’ por cualquier incapacidad permanente resultante, fuere de naturaleza parcial o total”. Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 712, 716 (1973). (Escolio omitido.)

Es con referencia al primero de esos beneficios que se nos argumenta su ampliación hasta alcanzar tratamiento paliativo o de sostén. Tal proposición no procede. El texto legal autoriza “la asistencia médica y medicinas que le fueran prescritas, incluyendo servicios de hospital cuando fuere necesario; pero cuando a juicio del Administrador del Fondo del Seguro del Estado tales servicios médicos o de hospital deban descontinuarse, el obrero o empleado podrá apelar ante la Comisión Industrial”. (11 L.P.R.A. see. 3.)

En Ríos Rivera v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 808, 814 (1979), explicamos el alcance del tratamiento médico cubierto por la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo en la forma siguiente:

Reconocemos en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y los reglamentos adoptados para hacerla cum-plir las siguientes circunstancias bajo las cuales el Fondo del Seguro del Estado debe proveer tratamiento médico a un empleado que esté lesionado o sufra alguna condición física o mental como consecuencia de su trabajo:
(1) período de recuperación inicial, que es el que se inicia una vez el empleado se presenta para tratamiento luego de ocurrir un accidente del trabajo o cuando el empleado se queja por primera vez de alguna condición relacionada con su trabajo, y termina al ser dado de alta curado y sin inca-pacidad o porque se reconoce la existencia de una incapa-cidad permanente que no ha de mejorar con más trata-miento; 11 L.P.R.A. see. 3; Rivera Rivera v. Comisión Industrial, supra;
(2) período de recuperación por recidiva, que es cuando con posterioridad al período de recuperación inicial, el empleado sufre una recaída en su condición sin intervención de causa alguna ajena al accidente, y dicha recaída requiere tratamiento adicional; 11 L.P.R.A. see. 3; 11 R.&R.P.R. see. 3-4. Véase Colbert v. Consolidated Laundry, 107 A.2d 521 (1954); y
(3) período de recuperación por agravación de una inca-pacidad preexistente, que es cuando con motivo de un segundo o subsiguiente accidente del trabajo, el empleado que ya padece una incapacidad parcial permanente, sufre una agravación de ésta y requiere tratamiento.

Observamos cómo el estatuto está concebido sobre una premisa contraria al tratamiento paliativo o de sostén. Ese beneficio no surge de la letra del estatuto como tam-poco de la interpretación jurisprudencial, la cual al respecto reiteradamente ha resuelto que cuando, previo los dictámenes médicos, el Administrador llega a la con-clusión de que la continuación del tratamiento no ha de resultar en la rehabilitación del obrero para el trabajo, procederá a darlo de alta y fijar la incapacidad y compen-sación correspondiente. Así lo intimamos con anterioridad al pronunciarnos: “El alta puede deberse a que el paciente ya está sanado y puede volver a trabajar, o a que ha resul-tado con una incapacidad permanente y se determina que su condición no ha de cambiar mediante tratamiento médico o quirúrgico adicional.” (Énfasis nuestro.) Rivera Rivera v. Comisión Industrial, supra, pág. 717.

II

El reclamo del derecho a tratamiento de sostén en dis-tintas jurisdicciones de los Estados Unidos ha sido eva-luado a base de si “beneficios médicos” incluye medidas paliativas. Aunque existen varios criterios, el predomi-nante y decisivo se basa en la redacción o espíritu de la ley. Por lo general, cuando el estatuto habla de beneficios necesarios para “curar o aliviar”, proceden las medidas paliativas, lo contrario resulta cuando se habla de “cura o rehabilitación”. 2 Larson, Workmen’s Compensation Law, Sec. 61.14, págs. 10-750-10-758 (1974).

En Puerto Rico el programa de compensaciones está apuntalado en un principio de naturaleza reparadora. Su interés primordial es la rehabilitación del obrero a fin de que se reintegre a la industria y continúe produciendo para su propio bien, el familiar y el de la sociedad en general. Inspirado en ese axioma, una vez el médico se cerciora de que no es necesario tratamiento médico adicional o que el continuar proveyéndolo no ha de reducir la incapacidad per-manente con que ha quedado el obrero, procede a darle de alta. Adviértase pues, que nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo es un estatuto de carácter remedial o reparador—Alonso García v. Comisión Industrial, 102 D.P.R. 733, 735-736 (1974); Veléz, Admor. v. Comisión Industrial, 91 D.P.R. 480, 485 (1964); Feliciano Figueroa v. Comisión Industrial, 84 D.P.R. 196, 215, 216 (1961); Villanueva Pérez v. Comisión Industrial, 109 D.P.R. 790, 795 (1980)— y su propósito no es, como en el seguro ordi-nario de accidentes, compensar por daños, sino compensar por la limitación en la capacidad del obrero para trabajar y ganarse su sustento. Alonso García v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 183, 184 (1974); Villanueva Pérez v. Comisión Industrial, supra.

Ante estas consideraciones, en ausencia de un claro mandato legislativo nos resulta forzoso concluir que bajo nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Tra-bajo no proceden los beneficios de tratamiento paliativo o de sostén. Aunque reconocemos que su Art. 2 nos brinda una regla de hermenéutica legislativa de carácter liberal, ello no autoriza al Poder Judicial subvertir el diseño básico del estatuto, ampliando sus beneficios a áreas y situaciones no contempladas originalmente; máxime des-conociéndose el impacto económico que conllevaría en la industria privada y pública. Aunque simpatizamos con el planteamiento, reconocemos que éste es un asunto que versa eminentemente sobre las metas de la política fiscal y social que es provincia de la Asamblea Legislativa. Es ésta la que luego de considerar todos los factores envueltos incluyendo el impacto económico, que evidentemente es enorme, debe tomar la decisión final.

Se dictará sentencia que revoque la resolución de la Comisión Industrial.

El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión disidente a la cual se une el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué. El Juez Asociado Señor Dávila no intervino.

—O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García

a la cual se unen el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 30 de junio de 1981

Resolveríamos en la afirmativa la incógnita de si bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, el Fondo del Seguro del Estado está obligado o no a proveer tratamiento médico adicional de naturaleza paliativa o de sostén, a los obreros que se les ha otorgado incapacidad total y permanente. Dicho organismo resolvió negativa-mente y la Comisión Industrial en la afirmativa y revocó.

La resolución de la Comisión considera tratamiento paliativo o de sostén, aquel “utilizado para mitigar la vio-lencia de las enfermedades crónicas e incurables, hacién-dolas más llevaderas, así como aquel tratamiento necesario para mantener el status quo del paciente. Es aquel trata-miento que se brinda para aliviar el dolor y el sufrimiento o para mantener vivo al paciente. No se brinda con el propósito de reducir la incapacidad, ya que, se trata de una enfermedad o condición crónica e incurable y que hasta ese momento la medicina no ha descubierto una cura y/o no hay esperanza de rehabilitación. Como ejemplos de estos casos podemos señalar al paciente que sufre de una enfermedad crónica del corazón; al paciente que sufre de una enfermedad mental crónica; al paciente parapléjico; y, al paciente que necesita una operación quirúrgica que aliviará su dolor, pero no reducirá su incapacidad”.

M

Bajo el texto de ley actual, los beneficios a que tiene derecho el obrero o empleado que sufra una lesión como resultado de un accidente del trabajo o enfermedad ocupa-cional están expresamente delineados en el Art. 3 del esta-tuto, el cual, en lo pertinente a tratamiento médico, establece que todo obrero que sufriere lesiones o enfermedades ocu-pacionales tendrá derecho:

A la asistencia médica y medicinas que le fueren prescri-tas, incluyendo servicios de hospital cuando fuere necesario; pero cuando a juicio del Administrador del Fondo del Seguro del Estado tales servicios médicos o de hospital deban descontinuarse, el obrero o empleado podrá apelar ante la Comisión Industrial. (Énfasis nuestro.)

Lo primero que resalta de su lectura es que el artículo está redactado en términos generales, que sostiene una cubierta amplia y, a diferencia de otras jurisdicciones, no fija límite de tiempo durante el cual el obrero puede recibir tratamiento médico ni limita los desembolsos en que pueda incurrir el Fondo al proveer servicios médicos. Tampoco contiene lenguaje reconociendo o negando trata-miento paliativo o de sostén.

El Fondo sostiene que al presente la ley no contempla en forma alguna ese tipo de tratamiento. Su alegato se concentra básicamente en dos proposiciones, a saber, que otras disposiciones de ley limitan el tratamiento; y lo cos-toso que resultaría el proveerlo. En la primera proposición nos dice que la letra y el espíritu de la ley son indicativos que cuando —previo a los dictámenes médicos rendidos— el Administrador concluye que la continuación de trata-miento no ha de resultar en la rehabilitación del obrero para el trabajo, fijará la incapacidad resultante y, liqui-dada la compensación, quedará el caso cerrado para todos los fines pertinentes. En apoyo de esa contención nos re-mite al Art. 3a de la Ley, que en su segundo párrafo del inciso 6 establece:

Cuando el Administrador, previos los dictámenes médicos rendidos en cualquier caso, llegue a la conclusión de que ningún tratamiento adicional puede surtir el efecto de reha-bilitar el paciente para el trabajo, procederá a fijarle el grado de incapacidad con que haya quedado, y liquidada la compensación quedará el caso cerrado para todos los fines de ley. De esta decisión podrá apelar el obrero, dentro de treinta (30) días de serle notificada, para ante la Comisión Industrial. (Énfasis nuestro.)

Similarmente, el inciso 11 en su cuarto párrafo dispone:

En todo caso en que el Administrador, previos los dictá-menes médicos rendidos al efecto, llegue a la conclusión de que la continuación del tratamiento no ha de resultar en la rehabilitación del paciente para el trabajo, procederá a fi-jarle la incapacidad resultante, y la liquidación de la compensación otorgada surtirá el efecto de cerrar el caso para todos los efectos de ley. De esta decisión, podrá apelar el obrero, dentro de treinta (30) días de serle notificada, para ante la Comisión Industrial.

La dificultad de ese análisis es que el Art. 3a antes mencionado cubre una situación especial que por analogía no es susceptible de ser extendida a la cuestión que nos ocupa. Se refiere exclusivamente al derecho a compen-sación de aquellas personas que contraigan enfermedades del sistema respiratorio de origen tuberculoso en el curso de empleos en hospitales dedicados al cuidado de personas que padecen dicha enfermedad o en los laboratorios donde se maneja material infectado. En consecuencia, no pode-mos coincidir en que los términos de ese artículo afectan los derechos en general de los obreros según consignados en el Art. 3.

Aclarado ese extremo, es menester examinar los ante-cedentes del Art. 3 antes citado. La determinación final de si autoriza o no el tratamiento paliativo o de sostén, dependerá de la intención o propósito del legislador al promulgarlo.

Primeramente cabe apuntar que el texto sobre asisten-cia médica se ha mantenido inalterado desde el año 1935 en que se aprobó el estatuto por vez primera denominado Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935. Esa pieza legislativa derogó expresamente la Ley de Indemnizaciones por Acci-dentes del Trabajo, Núm. 85 de 14 de mayo de 1928, la cual en lo referente a los derechos de los obreros establecía en su See. 3 que tendrían derecho “[a] la asistencia médica, alimentos y medicinas que le fueren prescritos, incluyendo servicios de hospital cuando fuere necesario”. Este lenguaje correspondía a su predecesor derogado, Ley de Indemnizaciones por Accidentes del Trabajo del 25 de febrero de 1918. Ambas leyes —1918 y 1928— al igual que en la anterior del 13 de abril de 1916 tomaban como punto de partida y limitaban los beneficios de medicinas y ali-mentos a partir de la fecha en que fuera concedida una indemnización por razón de incapacidad parcial o total permanente motivada por el accidente de trabajo. Desde entonces la legislación guarda absoluto silencio y, por ende, suprimió tales limitaciones.

No existe historial legislativo alguno a donde en fun-ción auxiliadora de hermenéutica podamos acudir. No obstante resulta ser útil y de aplicación la regla de inter-pretación de estatutos en el sentido de que existiendo una ley que limite una situación y sea derogada por otra de igual finalidad, que guarde silencio en cuanto a ese respecto, procede asumir que el legislador interesaba eliminar tal limitación. Como consecuencia, hemos de con-cluir que del historial de la ley no puede colegirse inter-pretación que limite de forma alguna los derechos de hos-pitalización y medicinas a un obrero lesionado por accidente o enfermedad ocupacional. Por el contrario, su evolución la refuerza.

La anterior interpretación no es incompatible con pro-nunciamientos anteriores, en particular los expuestos en Ríos Rivera v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 808, 814 (1979). Allí dijimos:

Reconocemos en la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo y los reglamentos adoptados para hacerla cum-plir las siguientes circunstancias bajo las cuales el Fondo del Seguro del Estado debe proveer tratamiento médico a un empleado que esté lesionado o sufra alguna condición física o mental como consecuencia de su trabajo:
(1) período de recuperación inicial, que es el que se inicia una vez el empleado se presenta para tratamiento luego de ocurrir un accidente del trabajo o cuando el empleado se queja por primera vez de alguna condición relacionada con su trabajo, y termina al ser dado de alta curado y sin inca-pacidad o porque se reconoce la existencia de una incapacidad permanente que no ha de mejorar con más tratamiento; 11 L.P.R.A. see. 3; Rivera Rivera v. Comisión Industrial, supra;
(2) período de recuperación por recidiva, que es cuando con posterioridad al período de recuperación inicial, el empleado sufre una recaída en su condición sin intervención de causa alguna ajena al accidente, y dicha recaída requiere tratamiento adicional; 11 L.P.R.A. see. 3; 11 R.&R.P.R. sees. 3-4. Véase Colbert v. Consolidated Laundry, 107 A.2d 521 (1954); y
(3) período de recuperación por agravación de una inca-pacidad preexistente, que es cuando con motivo de un segundo o subsiguiente accidente del trabajo, el empleado que ya padece una incapacidad parcial permanente, sufre una agravación de ésta y requiere tratamiento. (Énfasis nuestro.)

Véase además Rivera Rivera v. Comisión Industrial 101 D.P.R. 712, 717 (1973), en que señalamos:

El alta puede deberse a que el paciente ya está sanado y puede volver a trabajar, o a que ha resultado con una inca-pacidad permanente y se determina que su condición no ha de cambiar mediante tratamiento médico o quirúrgico adicional.

Esas manifestaciones hay que evaluarlas a la luz de las controversias allí planteadas. No perseguían limitar el derecho de asistencia médica al momento en que se reco-nociera la existencia de una incapacidad permanente y se concediera la compensación correspondiente. Allí limita-mos el derecho al pago de dietas, pues equivaldría a una doble paga disponer del pago de las mismas y al mismo tiempo, pagar la compensación adicional por razón de incapacidad permanente.

II

Aunque no es determinante, sí es persuasivo el enfoque brindado en otras jurisdicciones de los Estados Unidos a la cuestión que nos ocupa. La tónica la resume Larson en las siguientes expresiones:

Hay más de un criterio respecto a si los beneficios médi-cos incluyen medidas paliativas que sólo sirven para pre-venir dolor y molestia una vez se ha perdido toda esperanza de cura. La gran mayoría de las jurisdicciones permite dichos beneficios, pero una minoría los niega. El resultado depende, en parte, de la redacción del estatuto. Donde la ley permite pagos extendidos para la “cura o rehabilitación”, se ha resuelto que la diatermia para aliviar el dolor en un caso en el que no hay esperanza de mejoría o cura no se podía incluir bajo los beneficios médicos. . . . Pero en ausencia de lenguaje específico, se ha resuelto que se podían pagar gastos durante toda la vida del paciente en busca de alivio aun cuando no hubiera posibilidad de cura. Un modo de lograr este resultado es adoptando la optimista actitud del Tribunal Supremo de Florida, que de hecho dictaminó que “mien-tras haya vida, hay esperanza”. 2 Larson Workmen’s Compensation Law, Sec. 61.14, págs. 10-750-10-756 (1974). (Énfasis nuestro.)

Siguiendo ese razonamiento inclinamos la balanza hacia el obrero e interpretamos que la ley está redactada en términos generales y carece de lenguaje específico en cuanto a restringir tratamiento médico alguno. Siempre hemos concebido ese estatuto con una cubierta amplia, humanista y de vanguardia social, reconocedor de dere-chos y beneficios. La aspiración original y el espíritu legis-lativo que animaron su redacción quedarían menoscabados si al dar de alta a un obrero lo dejáramos desamparado y desvalido, cuando precisamente la incapacidad total per-manente emanó de un accidente del trabajo. Sería contra-rio al espíritu de la ley dejarlo sin tratamiento médico alguno por la simple razón de que no ha de mejorar su condición. No sólo la lógica, sino la conciencia judicial se manifiestan en contra de obligar al obrero de ese modo a gastar su compensación en el resto del tratamiento, incu-rrir en gastos de su propio pecunio, o que se convierta en una carga para otras instituciones públicas hospitalarias del Estado. Ello tiende a subvertir el diseño legislativo básico.

Aun desde el punto de vista del posible impacto econó-mico —una alza futura en las primas— debemos descartar la posición del Fondo. Ese enfoque no toma en cuenta que el plan legislativo presupone que el peso pecuniario recae sobre todo patrono y no en la parte física y monetaria-mente más frágil. Únicamente así damos virtualidad a la regla de hermenéutica que nos legó el legislador en el Art. 2 de la Ley, de interpretar liberalmente hacia el obrero sus disposiciones.

Dictaríamos sentencia disponiendo que el Fondo del Seguro del Estado es responsable de brindar ese trata-miento al obrero en los casos meritorios.

       También se presume que cuando el legislador cambia el lenguaje y la fra-seología de un estatuto a través de enmienda, tuvo la intención de introducir una nueva regla, de llevar a cabo distintos propósitos y resultados, de establecer cambios y de apartarse de las normas que surgen del estatuto enmendado. El Estado ex rel. Lektrich v. Ydrach, 77 D.P.R. 41, 45 (1954). Véanse también Municipio v. Fernós, Com., 63 D.P.R. 978, 982-983 (1944); Blanco Fresno & Cía., S. en C. v. Royal Ins. Co., 47 D.P.R. 277, 280 (1934); Descartes, Tes. v. Tribl. Contrib., y Sucn. Serrallés, 71 D.P.R. 471, 478-479 (1950); Cordero, Auditor v. Tribl. de Distrito, 72 D.P.R. 378, 383-389 (1951).


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

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text:
    Walter Rubin Ramírez, demandante y recurrido, v. Hon. José Trías Monge y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: O-80-714

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rose Mary Corchado Lorent, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recu-rrentes; Beatriz Vázquez, abogada del recurrido.
   PER CURIAM:

El demandante Walter Rubin ocupa una plaza de Alguacil I en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, nombrado con carácter provisional. A los fines de ser elegible como empleado probatorio tomó el examen TGJ-1-80 para la clase de Alguacil Auxiliar I, el 1 de octubre de 1980. Aprobó la parte psicológica, pero falló en la parte técnica por un punto. Solicitó, por ser veterano del Ejército, que se le acreditase en su examen un cinco por ciento adicional. Invocó la See. 2 de la Carta de Derechos del Veterano, 29 L.P.R.A. see. 762. Se le negó dicha solicitud por haber fracasado en el examen y, por ende, resultar inelegible. Se amparó la Administración de Tribunales en la Regla 12.1 del Reglamento de la Admi-nistración del Sistema de Personal de la Rama Judicial, que dispone:

A los veteranos que aprueben los exámenes se les adju-dicará la preferencia que les otorga la Carta de Derechos del Veterano [Ley Núm. 469 del 15 de mayo de 1947]. No se usará dicha preferencia para calificar aquellos veteranos que sin la misma resultarían inelegibles. (Énfasis suplido.)

Se le notificó además que sería cesanteado de su puesto tan pronto se escogiera un suplente del registro de elegi-bles. No conforme, instó demanda de interdicto para que se ordenara a la Administración retenerle en su empleo y que se añadiera a su examen el cinco por ciento que otorga la Carta de Derechos del Veterano.

El juez de instancia dictó sentencia a favor del deman-dante. Concluyó que la Regla 12.1 del Reglamento es nula por restringir los beneficios que concede la Carta de Dere-chos del Veterano. Interpretó que dicha ley solo requiere tomar el examen para tener derecho a la preferencia, sin necesidad de aprobarlo. Recurre ante nosotros el Pro-curador.

La Carta de Derechos del Veterano, 29 L.P.R.A. see. 761 et seq., dispone en la sección 762:

A los efectos de calificar para cualquier cargo o empleo en el Servicio Estadual, la Autoridad correspondiente acre-ditará a todo veterano aspirante a dicho cargo o empleo en los exámenes que al efecto se ofrezcan y en los que éste parti-cipe, un cinco (5) por ciento del cómputo general de puntuación.

La Ley Núm. 13 del 2 de octubre de 1980, revisa la Carta de Derechos del Veterano y dispone en su Art. 4:

A. Derechos Relacionados con Trabajo.
(c) Sumarle cinco (5) puntos o el cinco por ciento, lo que sea mayor, a la calificación obtenida por un veterano en cualquier prueba o examen requerido a los fines de calificar para un empleo, ya sea de ingreso o ascenso. A los veteranos que tengan una incapacidad relacionada con el servicio se les abonarán cinco (5) puntos adicionales o el cinco (5) por ciento, lo que sea mayor.

La exposición de motivos de dicha ley menciona la necesidad de revisión, ya que las diferentes leyes que benefician a los veteranos se encuentran dispersas y “adolecen de toda clase de fallas y ambigüedades”. Ni la ley original ni la nueva mencionan cuándo es que se añade el cinco por ciento. Surge una disprepancia de redacción entre la Regla 12.1 del Reglamento de la Administración de los Tribunales y la ley por cuanto el Reglamento requiere que el veterano sea elegible para poder reclamar el beneficio del cinco por ciento. ¿Implica el silencio de la ley que necesariamente hay que acreditar el cinco por ciento a un aspirante que fracase en el examen de ingreso? Creemos que no. Hay consideraciones de interés público que militan en contra de dicha interpretación. No puede justificarse que una persona que no ha podido obtener el mínimo requerido para cualificar para un cargo sea designado en dicho cargo por el mero hecho de ser un veterano. Una cosa es otorgarle una preferencia a un vete-rano que posee los requisitos mínimos para desempeñarse en un empleo y otra cosa es otorgarle una preferencia a un individuo que no posee los requisitos mínimos para darle acceso a un empleo que de otra manera no podría obtener. Existe un interés apremiante del Estado en asegurar que todas las personas que emplee tengan las cualificaciones mínimas para desempeñarse en sus tareas.

Lo razonable es que el beneficio del cinco por ciento se acredite al veterano una vez éste demuestre estar capacitado para el empleo. Es entonces que surge la preferencia que otorga la ley. De esta manera se cumple con el espíritu de la ley sin menoscabar los intereses legítimos del Estado. La See. 762 parte de la premisa que el veterano está capacitado para el empleo.

Esta interpretación del estatuto se ha seguido adminis-trativamente desde que se creó el beneficio. Señalamos en Román v. Superintendente de la Policía, 93 D.P.R. 685, 690 (1966): “Ha sido norma de derecho generalmente acep-tada que la aplicación e interpretación administrativa de un estatuto por aquellos organismos particularmente en-cargados de ponerlo en vigor y velar porque sus fines se cumplan de ordinario debe merecerle un gran peso a los tribunales. En la aplicación de la See. 2 de la Carta de Derechos del Veterano, la Oficina de Personal, cuyo auto-ridad sobre la materia no admite dudas, ha acreditado el 5 por ciento todas las veces que un veterano cubierto por la Ley ha tomado y aprobado un examen.” (Énfasis nuestro.)

La jurisprudencia norteamericana se pronuncia a favor del mismo resultado. Se ha decidido que se puede conceder una preferencia a veteranos siempre que posean los requisitos mínimos que exige el empleo. Véanse Commonwealth ex rel. Graham v. Schmid, 33 Pa. 568 (1938), 3 A.2d 701, 120 A.L.R. 777; Mayor of Lynn v. Commissioner of Civil Service, 269 Mass. 410 (1929), 169 N.E. 502, y State ex rel. Raines v. Seattle, 134 Wash. 360 (1925), 235 P. 968. También se ha resuelto que una disposición estatutaria que conceda a veteranos un número de puntos para ayudarlos a pasar un examen o conceder una nota menor que a otros candidatos es inconstitucional. Cook v. Mason, 103 Cal. App. 6 (1929), 283 P. 891; State ex rel. Kangas v. McDonald, 188 Minn. 157 (1933), 246 N.W. 900; Commonwealth ex rel Graham v. Schmid, supra. Nos parece atinada la siguiente expresión hecha en este último caso:

Una disposición que permita a los veteranos pasar un examen con una nota más baja que la que necesiten otros candidatos, o, una disposición que les acredite un número específico de puntos para que puedan pasar un examen, equivaldría a tanto como eximirles de tomar el examen. Será inconstitucional por no proveer una relación razonable entre el valor del entrenamiento militar y su estimación para fines del empleo público. Conceden un peso indebido al servicio militar y violan la disposición constitucional contra legislación de clases y de privilegios especiales. Pág. 706.

Por las precedentes consideraciones, la sentencia aquí recurrida será revocada.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz concurre en el resul-tado por considerar el estatuto discriminatorio en contra-vención de la cláusula de igual protección de las leyes, al otorgar un privilegio en la calificación del examen contra todo interés del Estado en la idoneidad y competencia del personal de servicio público. El Juez Asociado Señor Negrón García disiente sin opinión. El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.


text:
      In re Gilberto Concepción Suárez.

      Número: MC-81-14

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Ricardo Rechani Acevedo, abogado del querellante; Luis F. Camacho, José A. Bravo Abreu y S. L. Lagarde Garcés, abo-gados del querellado.
   PER CURIAM:

El querellante Efraín Berrios Torres se queja de que el abogado Gilberto Concepción Suárez ha incurrido en conducta antiética al representar a la esposa del primero en el pleito de divorcio instado por ella contra el querellante, a pesar de que el licenciado Concepción Suárez ha representado al querellante desde el 1972 hasta el 1977, y aún más por haber gozado además de su amis-tad íntima. Alega que al depositar su confianza en el abo-gado Concepción Suárez, éste “conoce sus virtudes, debili-dades y secretos” que emanan de la relación privilegiada de cliente y abogado. Añade en sus alegaciones que durante el tiempo de esa relación existía la sociedad de gananciales constituida entre el querellante y su esposa, ahora representada por el abogado Concepción Suárez.

La queja originalmente presentada por el querellante no contenía súplica específica alguna excepto la solicitud de los pronunciamientos que fueren de rigor. Pocos días después presentó una moción en auxilio de nuestra juris-dicción en la que nos pide una orden dirigida al abogado Concepción Suárez para que “cese y desista de repre-sentar, asesorar, influir o participar de manera alguna en el referido caso de divorcio”. Luego, en moción posterior el querellante nos pidió la paralización de los procedimientos del caso de divorcio hasta que hiciéramos una determi-nación sobre los méritos de su queja.

En vista de las alegaciones contenidas en la querella y de la documentación adjunta emitimos la siguiente reso-lución:

Examinada la queja presentada por Efraín Berrios Torres, a través de su abogado Ricardo Rechani Acevedo, contra el abogado Gilberto Concepción Suárez y su moción en auxilio de nuestra jurisdicción, el Tribunal estima necesario oír al referido abogado en relación con el contenido de dicha queja, para lo cual le concede hasta el 29 de mayo de 1981.
Se instruye el señor Secretario del Tribunal para que notifique al Ledo. Concepción Suárez con copia de la queja presentada así como de la Moción en Auxilio de Jurisdic-ción. El mencionado abogado podrá examinar el expediente ante nos relacionado con dicha queja el que contiene una transcripción de evidencia del caso civil #77-3648 del Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras.
En auxilio de nuestra jurisdicción y sin prejuzgar los méritos que pueda tener la queja en cuestión, se ordena la paralización de la vista señalada ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para el día de mañana viernes 15 de mayo de 1981, en el caso civil RF-81-1230 sobre divorcio.

En contestación a la resolución citada precedentemente el abogado Concepción Suárez compareció ante nos a través de su representación legal ofreciendo su versión de las alegaciones del querellante y de su participación en el caso de divorcio aludido.

Surge de su explicación que su intervención en el caso de divorcio comienza en 18 de marzo de 1981 (cuatro años después de cesar sus relaciones profesionales con el quere-llante). Es entonces que radica la demanda de divorcio en representación de la esposa del querellante. Junto a la demanda presentó una “Moción de Alimentos Pendente Lite y de Litis Expensas”. Nos dice el abogado Concepción Suárez que no puede alegarse que él “haya divulgado o pudiera divulgar información que pudiera afectar la reso-lución de las cuestiones jurídicas planteadas en el caso de divorcio y cuyo conocimiento viniere a él como consecuen-cia de las relaciones existentes mientras le estuviere pres-tando servicios profesionales [a las empresas del quere-llante]”. Alega además que la causal de separación invocada en la demanda era de conocimiento público (por haberse alegado en un pleito anterior de divorcio desistido). Y añade, que la controversia que pudiera surgir en cuanto a los alimentos pendente lite había sido ya previamente li-tigada por las partes en un caso anterior (cuando se fijó una pensión alimenticia de $800), y que además sería dilu-cidada por la Sala de Relaciones de Familia del Tribunal Superior (de San Juan) a base de lo que expongan las partes bajo juramento en torno a sus ingresos y egresos.

No hay controversia respecto a la representación legal que ostentó el abogado Concepción Suárez del querellante Efraín Berrios Torres y de las empresas con las que éste estaba relacionado desde 1972 a 1977. Esta relación profe-sional surge de la transcripción de evidencia del caso en cobro de honorarios de abogado que instó el abogado Con-cepción Suárez contra la corporación Highway Auto Sales Corporation de la cual era presidente el querellante. T.E., Civil Núm. 77-3648, Tribunal de Distrito, Sala de Río Piedras, págs. 19-22, 72-77. El propio abogado admitió que mientras representaba a Highway Auto Sales “[h]abía una confusión en la práctica entre lo que era Highway Auto Sales, lo que era Efraín Berrios su presidente, per-sonalmente, y otras gestiones empresariales o de negocios u otras actividades del Sr. Berrios”. Id., pág. 19. También afirmó “[s]e hicieron transacciones de propiedades inmue-bles de Efraín Berrios, se hicieron gestiones relacionadas con la posible adquisición de una estación de radio, por ejemplo. Infinidad de asuntos en los que Efraín Berrios intervenía . . .”. Id., págs. 19-20. Dijo el abogado Concep-ción Suárez además: “La consideración principal para yo ser abogado de esa empresa [Highway Auto Sales] y de los asuntos en que era abogado no tenía que ver con una iguala y muchísimo menos con una iguala de $150.00 men-suales; tenía que ver, como factor principal, la conside-ración de amistad que había entre Efraín Berrios y yo”. Id., págs. 21-22.

Se desprende además del testimonio del referido abo-gado que en marzo del 1977 se produjo una situación desagradable al prescindir la corporación Highway Auto Sales de sus servicios profesionales y ser desligado como tesorero de la corporación. Id., págs. 72-73. Tales actuacio-nes, que el abogado Concepción Suárez consideró como denigrantes a su condición profesional, lo movió a declarar lo siguiente: “A mí me parecía que no debía quedar sin reparación el contratar. . . , el acto de contratar un abo-gado para que atendiera un pleito, bregar con ese abogado de una forma que a mí me parecía denigrante a la con-dición de profesional y que eso se debía pagar. Los $2,600.00 o la cantidad que fuera, todavía en mi afecto y en mi emoción, pertenecían a mis profundas relaciones de amistad con Efraín Berrios a quien yo consideraba como si fuera parte de mi familia y a quien hubiera sido incapaz de cobrarle cinco centavos. El Sr. Berrios, des-pués, se encargó, con gran habilidad, de provocarme un sentido distinto y la necesidad de hacer reclamo de lo que yo estimaba se me debía.” Id., pág. 76.

El estado de ánimo del abogado Concepción Suárez respecto al querellante puede apreciarse además del texto de la carta que dirigiera a éste en ocasión de las actuacio-nes antes relatadas, al expresar: “No he podido entender la situación; me ha dolido extraordinariamente y, sobre todo, resiento que un señor de apellido Materón, a quien jamás me presentaste, haya tenido, apenas llegó a tu empresa, la función de despedirme y especialmente la triste misión de separar amigos, buenos amigos de muchos años”. Civil Núm. 77-3648, supra, exhibit II parte demandada.

La estrecha relación existente entre el abogado Concepción Suárez y el querellante por muchos años, a pesar de haber transcurrido cuatro años de la terminación de la relación, debe ser motivo suficiente para que dicho abogado se abstenga de representar en un pleito de divorcio a la esposa del querellante. La intimidad del trato a que nos hemos referido, tanto profesional como de amistad, supone la revelación de secretos y confidencias, que ciertamente pugna con el Canon 21 del Código de Ética Profesional que trata sobre intereses encontrados, que reza como sigue, en lo que es aquí pertinente:

El abogado tiene para con su cliente un deber de lealtad completa. Este deber incluye la obligación de divulgar al cliente todas las circunstancias de sus relaciones con las partes y con terceras personas, y cualquier interés en la con-troversia que pudiera influir en el cliente al seleccionar su consejero. Ningún abogado debe aceptar una representación legal cuando su juicio profesional pueda ser afectado por sus intereses personales.
No es propio de un profesional el representar intereses encontrados. Dentro del significado de esta regla, un abo-gado representa intereses encontrados cuando, en beneficio de un cliente, es su deber abogar por aquello a que debe oponerse en cumplimiento de sus obligaciones para con otro cliente.
La obligación de representar al cliente con fidelidad incluye la de no divulgar sus secretos o confidencias y la de adoptar medidas adecuadas para evitar su divulgación. Un abogado no debe aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior ni servir como árbitro, especial-mente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueben. Será altamente impropio de un abogado el utilizar las confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste.

Específicamente el citado canon prohíbe a un abogado el aceptar la representación de un cliente en asuntos que puedan afectar adversamente cualquier interés de otro cliente anterior, especialmente cuando el cliente anterior le ha hecho confidencias que puedan afectar a uno u otro cliente, aun cuando ambos clientes así lo aprueben.

No puede un abogado aducir como justificación para evadir el conflicto el que no habrá de utilizar las .confidencias o secretos de un cliente en perjuicio de éste, pues el abogado “debe evitar hasta la apariencia de conducta profesional impropia”. Véase Canon 38 del Código de Ética Profesional.

Un examen de la demanda de divorcio y de la moción sobre alimentos presentada en este caso revela ciertas ale-gaciones que requerirán prueba sobre la capacidad económi-ca del demandado. Cualquier abogado que asuma la represen-tación legal de la demandante tiene a su disposición todos los medios de descubrimiento de prueba que proporcionan las Reglas de Procedimiento Civil. Pero un abogado a quien se le haya confiado información confidencial o secreta por un cliente anterior mientras le sirvió como abogado, se coloca en una posición muy delicada para representar debidamente a uno que reclama de aquél. Salta a la vista que la pensión fijada al demandado en el pleito anterior radicado fue de $800. Ahora se reclaman $3,000 en la demanda, haciéndose la alegación en la moción de alimentos que el demandado tiene amplios ingresos que le permiten satisfacer todas sus obligaciones holgadamente. Los intereses encontrados o, al menos, la posibilidad de que los haya, son evidentes.

En mérito de lo expuesto precedentemente, se requiere al abogado Gilberto Concepción Suárez que renuncie la repre-sentación que ostenta de la demandante Nilda Negrón Arbona en el caso Civil RF-81-1230 sobre divorcio por vio-lar dicha representación el Canon 21 del Código de Ética Profesional que rige la conducta de los abogados.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y los Jueces Asociados Señores Rigau y Torres Rigual no intervinieron.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Nydia Delbrey Iglesias, Tomás Xavier Padilla y Lucas Sierra García, recurrentes-peticionarios, v. Municipio de Carolina, recurrido.

      Número: O-79-98

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Fernando E. Agrait, abogado de los peticionarios; Carlos H. Dapena, José Enrique Amadeo y Osvaldo A. Villanueva, abo-gados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Los peticionarios, empleados regulares del Servicio de Carrera del Municipio de Carolina, quedaron cesantes en julio de 1977 mediante cartas del Alcalde en las que les informaba que sus respectivos empleos habían sido elimi-nados del organismo municipal por alegada duplicación en las funciones que ellos desempeñaban o por no existir labor suficiente para el desempeño de tales funciones.

No conforme, los peticionarios apelaron a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal donde impugnaron sus despidos por el fundamento de no haberse cumplido con las disposiciones pertinentes de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 del 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 et seq.) y del Reglamento de Personal; Áreas Esenciales al Principio de Mérito.

La Junta convalidó las cesantías decretadas por el Municipio en una extensa resolución en la que concluyó que dichas disposiciones no aplican a la eliminación de puestos por la Asamblea Municipal por tratarse de un acto legislativo autorizado por la entonces vigente Ley Municipal, Ley Núm. 142 de 21 de julio de 1960, Art. 31 (21 L.P.R.A. sec. 1173).

El tribunal de instancia confirmó la resolución de la Junta sin exponer fundamento y expresando que consideraba razonable la distinción elaborada por la Junta de Apelacio-nes. Señaló, además, que la nueva Ley de Personal cubría a los municipios y que, aunque implícitamente derogó algunas disposiciones de la Ley Municipal, “no nos parece irrazonable que dicha derogación parcial no incluy[era] la facultad de la Asamblea Municipal bajo la Ley Municipal vigente para eliminar puestos, siempre y cuando que dicha eliminación no fuese un subterfugio para encubrir una destitución injustificada”. Expedimos el auto para revisar.

La separación del servicio por eliminación de puestos está expresamente cubierta por la nueva Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1301 y ss., y por el Reglamento de Personal. Así, el Art. 4.6 de la nueva Ley de Personal, 3 L.P.R.A. see. 1336(6), dispone:

Se podrá separar del servicio a cualquier empleado, sin que esto se entienda como destitución, en los siguientes casos:
(a) debido a la eliminación de puestos por falta de trabajo o de fondos, o
(b).
En la situación descrita en el apartado (a) anterior, la separación del servicio se hará según se establezca mediante reglamento al respecto en el que se tome en consideración entre otros factores el status de los empleados y su anti-güedad y el tiempo en servicio. (Énfasis suplido.)

Y el Reglamento de Personal en su See. 9.3 dispone que:

Se podrá separar del servicio a cualquier empleado, sin que esto se entienda como destitución:
1) Debido a la eliminación de puestos por falta de trabajo o fondos, en cuyo caso las autoridades nominadoras proce-derán de la siguiente manera:
a) Cada autoridad nominadora establecerá un método a los efectos de decretar cesantías en caso de éstas ser necesa-rias, el cual podrá ser revisado al inicio de cada año fiscal. Como parte de dicho método se podrá subdividir la agencia por programas, unidades, oficinas regionales u oficinas locales a los fines de identificar las jurisdicciones en las cuales habrán de decretarse las cesantías. El método que se adopte se pondrá en conocimiento de los empleados.
b) Serán separados en primer término los empleados transitorios que presten servicios en dicha agencia; en segundo lugar, serán separados los empleados probatorios; y en último término serán separados los empleados regulares. Se decretarán las cesantías dentro de los grupos de emplea-dos cuyos puestos tengan el mismo título de clasificación. A los efectos de este inciso los empleados probatorios que inmediatamente antes de adquirir ese status hubieren sido empleados regulares, se considerarán como empleados re-gulares.
c) Para determinar el orden de prelación en que se decretarán las cesantías dentro de cada uno de los grupos de empleados enumerados en el inciso (b) que precede, la autoridad nominadora se ajustará a las siguientes normas:
(1) se tomará en consideración el desempeño de las funciones, de manera que queden cesantes, en primer término los empleados menos eficientes. En casos de igualdad de eficiencia, se tomará en consideración el tiempo en el servicio de manera que queden cesantes los empleados con menos tiempo en el servicio.
(2) a falta de información válida para determinar el desempeño de las funciones, el factor determinante será el tiempo en el servicio, de manera que la persona de más reciente nombramiento en el servicio será la primera en cesar.
d) A los fines de determinar la antigüedad se consi-derará todo servicio prestado en puestos, tal como se define en este Reglamento.
e) La autoridad nominadora notificará por escrito a todo empleado a quien haya de cesantear con no menos de treinta (30) días de antelación a la fecha en que habrá de quedar cesante. En dicha notificación se informará, además, al empleado de su derecho de apelación ante la Junta.
f) Ninguna cesantía de empleados será efectiva a menos que se cumpla con el requisito de notificación en la forma aquí establecida. Manual de Reglamento de Personal, págs. 75-78.

El Municipio de Carolina no cumplió con el procedimiento establecido en la Ley de Personal y su Reglamento, cuyo propósito primordial es garantizar la aplicación estricta del principio de mérito para la separación del servicio por eliminación de puestos. No estableció un método para decretar las cesantías siguiendo el orden de prelación, tal y como lo exige el Reglamento. Ya en Delgado Rivera v. Alcalde de Carolina, 109 D.P.R. 5, 11 (1970), advertimos que:

El Municipio de Carolina no ha aprobado Reglamento alguno para incorporar las áreas del principio de mérito. Más comoquiera que de aprobarse alguno, deberá guardar conformidad con la Ley de Personal y con el Reglamento que en su virtud promulgó la Oficina Central, entendemos que deben ser éstos los que, en sustitución del procedimiento provisto en la Ley Municipal, rijan la materia de autos. ...

Las distinciones formuladas por la Junta de Apelaciones y seguidas por el tribunal de instancia son inaceptables porque derrotan la aplicación del principio de mérito al excluir a la Asamblea Municipal de las disposiciones de la Ley de Personal sobre eliminación de puestos.

Son, por tanto, nulas las cesantías de los peticionarios decretadas por el Municipio de Carolina. En consecuencia, deberá restituirse en el empleo a los peticionarios, sin per-juicio de que el Municipio proceda a efectuar las cesantías según el procedimiento ya mencionado.

Se dictará sentencia que revoque la recurrida y a tenor con lo antes expuesto, se ordena la reinstalación de los peticionarios Nydia Delbrey Iglesias, Tomás Xavier Padilla y Lucas Sierra Garda en sus respectivos empleos.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Aso-ciado Señor Rigau no intervinieron.

       La suspensión en Delgado Rivera, supra, se efectuó con posterioridad a la cesantía del caso de autos. Adviértase que la nueva Ley Municipal expresamente reconoce la aplicación de la Ley de Personal al sistema de personal municipal. Ley Núm. 146 de 18 de junio de 1980, Art. 4.18, incisos 3 y 13 (21 L.P.R.A. see. 3068(3) y (13)).


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Luis Camacho Vega, acusado y apelante.

      Número: CR-79-75

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      José A. Andreu García, Manuel E. Andreu García y Víctor E. Báez, abogados del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procura-dor General, y Federico Cedo Alzamora, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto por un jurado compuesto por once personas. Sostiene que el veredicto rendido no es válido. Por su parte, el Procurador General mantiene que el acusado asintió a que el juicio se celebrara ante un jurado así constituido.

La Regla 111 de las de Procedimiento Criminal de 1963 dispone que —“[l]as cuestiones de hecho en casos de delito grave”— habrán de ser juzgadas por el jurado a menos que el acusado renunciare expresa y personalmente el derecho a juicio por jurado”.

Si se le reconoce la facultad al acusado de renunciar a que el juicio se celebre ante un jurado compuesto por doce de sus vecinos, no vemos razón válida alguna por la cual no pueda asentir a que el caso se vea ante un jurado compuesto por once personas. Así lo reconoció el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en Patton v. United States, 218 U.S. 276 (1930), cuando todavía imperaba la doctrina de que el jurado establecido por la Constitución de los Estados Unidos requería que participaran doce personas. El Tribunal resolvió a pesar de reconocer este requisito, que como la institución del jurado no era parte integrante del funcionamiento del Tribunal y sí un derecho del acusado, podía, como cualquier otro derecho, ser renunciado. A ese efecto expresaron que: . . es preciso que rechacemos in limine la diferencia que se pre-tende hacer entre el efecto de una renuncia total a un jurado y el consentimiento a ser juzgado por menos de doce personas, y tenemos que considerar ambas formas de renuncia como que, en substancia, llevan a lo mismo.” Patton, a la pág. 290. De suerte que el hecho de que en la Consti-tución de Puerto Rico se consignara que el jurado se com-pondría de doce personas, no es óbice para que un acusado acepte ver su caso ante un jurado compuesto por once personas. Ver además, State v. Pendley, 593 P.2d 755 (1979); Taylor v. State, 612 P.2d 851 (1980); Anotaciones 70 A.L.R. 279 (1931); 105 A.L.R. 1114 (1936).

Ahora bien, al igual que la renuncia al jurado requiere que “se haga inteligentemente, o con conciencia de lo que la renuncia implica en sus consecuencias”, Pueblo v. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753, 756 (1968), y que como establece la Regla 111 debe ser “expresa y personalmente”, el asentimiento del acusado a que el juicio se celebre ante un jurado compuesto por once personas requiere que se haga personalmente y consciente de las consecuencias de su decisión. Así lo estableció el Supremo federal al consignar en Patton a la pág. 312:

. . . antes de que sea efectiva cualquier renuncia, se hace necesario obtener el consentimiento del fiscal y la apro-bación del tribunal, además del consentimiento expreso e inteligente del acusado. Y, a este respecto, la obligación del tribunal de instancia no se debe descargar como simple cuestión de rutina, sino con sana y deliberada prudencia, atentos para evitar desviaciones irrazonables o indebidas de ese tipo de juicio o de cualquiera de sus elementos esen-ciales, y poniendo más cautela, cuanto mayor sea el delito de que se trate.

Ver además: Pueblo v. De Jesús Cordero, 101 D.P.R. 492 (1973); Pueblo v. Cabán Rosa, 92 D.P.R. 866 (1965); Pueblo v. Díaz Martínez, 87 D.P.R. 691, 696 (1963); United States v. Reyes, 603 F.2d 68 (9th Cir. 1979); People v. Ames, 124 Cal. Rptr. 894 (5th Cir. 1975); United States v. Spiegel 604 F.2d 961 (5th Cir. 1979).

En el presente caso el fiscal, luego de un intercambio con los abogados de la defensa, mediante el cual estipu-laron que el caso se viera ante un jurado compuesto de once personas, dirigiéndose al tribunal expresó:

Fiscal Padilla: . . . Este V.H. nosotros además de empezar por la estipulación vamos a solicitar también ade-más de que se haga para récord la anuencia del señor impu-tado de que los procedimientos continúen con 11 jurados.
Juez Viera: Sí, ya está en récord, todo se ha grabado, pero se consigna específicamente que por deseo expreso de las partes, el Ministerio Fiscal y la defensa, este juicio se va a continuar con 11 jurados, lo que es permisible únicamente por estipulación. Entonces vamos a continuar con la prueba del Fiscal. (E.N.P., pág. 37.)

Es claro que no se cumplió con el requisito establecido para que sea aceptable ante la ley la anuencia a que el juicio se celebrare ante un jurado compuesto por once personas. El fiscal y el abogado defensor estipularon que el caso se viera ante el jurado así constituido; pero el tribunal no le explicó al acusado las consecuencias de su decisión, ni comprobó siquiera si la aceptación que el acusado le comunicó a su abogado fue hecha inteligentemente luego de ponderar todas las consecuencias, inclusive la de comenzar el juicio de nuevo, según lo dispone la Regla 144 de las de Procedimiento Criminal.

Se revocará la sentencia y se ordenará la celebración de un nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Rigau disintió.

       Debido a las circunstancias que concurrieron en el caso de autos se habían agotado los jurados suplentes.

      Es en Williams v. Florida, 399 U.S. 78 (1970), donde se establece la norma de que el jurado no tiene necesariamente que constar de doce personas.

      La Regla 23(b) de las de Procedimiento Criminal federal codificó lo esta-blecido en Patton v. United States, supra.

       Dispone así la Regla 144 en su inciso a:

      “El tribunal podrá ordenar la disolución del jurado antes del veredicto en los siguientes casos:
      “(a) Si antes de retirarse el jurado a deliberar, se hiciere imposible la conti-nuación del proceso a consecuencia de la enfermedad o muerte de uno de los miembros del jurado, a menos que el tribunal resolviere tomarle juramento a otro miembro del jurado en sustitución del primero y empezar el juicio de nuevo/


text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor F. J. M. R., apelante.

      Número: O-80-542

      Resuelto: 30 de junio de 1981

      Jorge R. Collazo Sánchez, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Se le imputó al menor haber sustraído un radio Pioneer y unos casettes de un vehículo de motor. La prueba esta-bleció que al recibir el agente del orden público una lla-mada anónima que involucraba al menor con la apropia-ción ilegal, éste se personó al residencial donde vivía el menor con su padre. Se entrevistó con el padre del menor y obtuvo su consentimiento para conversar con el apelante. Al llegar al apartamiento la puerta estaba entreabierta “y vió a Chocolate [el apelante] recostado en la sala bregando con una envoltura blanca. Entró y la ocupó. Vió más cigarrillos en el sofá”. Al lado del menor había una caja de pañales. La ocupó y dentro estaba el stereo que resultó ser el objeto de la querella.

No tiene razón la representación legal del apelante al sostener que la ocupación del stereo y los cigarrillos de marihuana fue ilegal porque se requería una orden de allanamiento. No se requería, bajo estas circunstancias, una orden de allanamiento para penetrar en la residencia y hablar con el menor. El padre podía consentir al registro del hogar. Esta es la doctrina, pues, como se señala en Vandenberg v. Superior Court, 87 Cal. Rptr. 876, 880 (1970):

En calidad de propietario del interés legal en la propie-dad, un padre puede transferir a la Policía el derecho li-mitado de entrar y registrar todas las dependencias, incluso esa parte de la propiedad real que el padre o la madre ha designado para el uso de sus hijos. ... En calidad de jefe de familia, un padre tiene la responsabilidad y la autoridad para disciplinar, educar y controlar a sus hijos. En el ejerci-cio de su autoridad paternal, un padre tiene pleno acceso al cuarto asignado a su hijo, a fin de ejercitar su derecho y cumplir con su deber de controlar el comportamiento social de su hijo y obtener obediencia. . . . Permitir a un oficial buscar en un dormitorio, para determinar si su hijo trafica con narcóticos o los usa, nos parece una extensión razonable y necesaria de la autoridad y el control del padre sobre la educación moral, la salud y la higiene personal de sus hijos.

Véase además los casos de : United States v. Wright, 564 F.2d 785-789 (1977); Maxwell v. Stephens, 348 F.2d 325 (8th Cir. 1965); In re David W., 163 Cal. Rptr. 87 (1980); State v. Preston, 387 So.2d 495 (1980); State v. Packard, 389 So.2d 56 (1980); People v. Fucci, 359 N.Y.S.2d 697 (1973); State v. Penley, 200 S.E.2d 1 (1973); Nelson v. State, 564 P.2d 254 (1977); State v. Miller, 193 S.E.2d 802 (1973).

No es aplicable a los hechos de autos la jurisprudencia que por vía de excepción no permite en situaciones específicas el consentimiento paternal para el registro de ciertas pertenencias del menor o de su habitación. El menor no pagaba renta por la habitación. Jones v. State, 283 A.2d 184 (1972); Shelton v. State, 494 S.W.2d 851 (1973); Mears v. State, 190 N.W.2d 184 (1971). Tampoco es una situación de posesión exclusiva como la de los casos citados por el apelante. Habiendo entrado legítimamente el agente, los cigarrillos ocupados eran admisibles debido a que el menor estaba cometiendo un acto ilegal a plena vista. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422, 436 (1976). En cuanto a la ocupación de la caja de pañales, procedía su ocupación por estar localizada en un área que estaba al alcance inmediato del menor. Se justificaba para ocupar armas que pudieran ser empuñadas y utilizadas por el menor para agredir al agente o para intentar una fuga, y para ocupar evidencia que de otro modo el arrestado podía destruir. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147, 152-153 (1971).

Se queja el apelante de que no se le advirtió de su derecho de no declarar. No tiene relevancia ese hecho en este caso. El agente ocupó en poder del menor la mer-cancía hurtada. Eso basta para establecer su responsabi-lidad, en ausencia de una explicación razonable.

Impugnan los abogados del menor la determinación que hizo el juez de colocar al menor bajo la custodia del Departamento de Servicios Sociales, además de que no se le permitió conocer el informe social.

En ausencia de error manifiesto, abuso de su discreción, prejuicio o parcialidad, no intervendremos con las determinaciones de las salas de instancia en cuanto a la custodia de un menor incurso en falta. Un examen de la totalidad de los autos demuestra que fue correcta la determinación que hizo el juez de colocar al menor bajo la custodia del Departamento de Servicios Sociales. El apelante es uno de ocho hijos que tuvo un matrimonio que fue disuelto por divorcio. La madre abandonó el hogar cuando el menor tenía siete años. Los hijos menores quedaron al cuidado del padre, que tiene en la actualidad setenta y tres años y no ejerce ningún control sobre los dos hijos que están ahora bajo su cuidado. El apelante abandonó la escuela al cursar el tercer grado y fuma marihuana desde los trece años. Sus otros hermanos menores también tuvieron problemas con la justicia. El informe social recomienda que, de resultar incurso en falta el menor, se entregue su custodia al Secretario de Servicios Sociales. Obviamente, el Estado debe tratar de encarrilarlo adecuadamente en la vida, sustrayéndolo del ambiente en que convive para que sea un hombre de bien. Aparte de que la Regla 11.3 de las de Procedimiento para los Asuntos Cubiertos por la Ley Núm. 97 de 23 de Junio de 1955 (Menores) establece que el expediente social es para el “uso exclusivo del juez”, en nada hubiera ayudado al menor el examen del informe social. Todo lo que demuestra es que el menor está viviendo sin restricción alguna, que lo que necesita es una mejor dirección y que el padre no puede proporcionarla. Y eso, sabemos que lo admite el propio padre.

Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.

      El apelante cita a In re Scott K., 595 P.2d 105 (1979). Allí se trataba de una caja de herramientas bajo llave, que un menor de 17 años poseía. El menor se opuso a que se abriera dicha caja. El Tribunal Supremo de California entendió que no se había establecido “el eslabón necesario entre el interés del padre y la propiedad inspeccionada”. Pág. 110.


text:
    Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida; Hermandad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Junta Relaciones del Trabajo de Puerto Rico, recurrida.

      Números: O-79-237, O-79-406

      Resueltos: 30 de junio de 1981

      Laffitte & Domínguez, abogados del recurrente Fondo del Seguro del Estado; Elias Dávila Berrios, abogado de la recurrente Hermandad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado; Federico Díaz Ortiz, César A. Vélez y Gladys J. Ramos Rosario, abogados de la recurrida Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico; y Demetrio Fernán-dez, abogado de los obreros querellantes.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Consideramos en estos recursos la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo para conocer de querellas contra el Fondo del Seguro del Estado y la Hermandad Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado por prácticas ilícitas fundadas en violación del convenio colec-tivo. Tanto el Fondo como la Hermandad fueron declara-dos incursos en prácticas ilícitas al concluir la Junta que en violación al convenio colectivo excluyeron de la unidad contratante a veintidós abogados del Fondo. Ambas enti-dades nos piden la revocación de la Decisión y Orden Final de la Junta en sendos recursos de revisión.

I

Es conveniente para un mejor entendimiento de las cuestiones aquí envueltas exponer brevemente los hechos esenciales a la controversia.

En agosto de 1969 el Fondo y la Hermandad suscri-bieron un Acuerdo para Elección por Consentimiento en el cual estipularon que para fines de la negociación colectiva la unidad apropiada comprendería lo siguiente:

Todos los empleados que utiliza el Fondo del Seguro del Estado en todas sus dependencias, incluidos empleados profesionales; excluidos: ejecutivos, administradores, super-visores, contadores, auditores, y toda otra persona con poderes para emplear, despedir, ascender, disciplinar o de otra manera variar el status de los empleados o hacer reco-mendaciones al efecto.

También suscribieron en unión a los funcionarios de la Junta un “Addendum al Acuerdo de Elección por Consen-timiento” en los siguientes términos:

Las partes convienen, además, en que aquellas personas sobre las cuales no se llegue a un acuerdo de inclusión o exclusión de la unidad, podrán votar pero se les recusará el voto. En tal caso, el Jefe Examinador de la Junta hará una investigación de los votos recusados independientemente de si afectan o no el resultado de las elecciones, y rendirá a las partes un informe conteniendo sus conclusiones, el cual será final y obligatorio.

Un segundo addendum excluyó a los empleados que trabajaban a jornal por periodos de 30 días laborables o menos, los empleados confidenciales, los médicos por con-trato que atendían a pacientes y cobraban por casos, y los médicos que daban servicios al patrono mediante dispen-sarios a todo costo.

Los abogados del Fondo quedaron comprendidos en la unidad contratante definida en el Acuerdo de Elección por Consentimiento y, desde 1970, fueron incluidos en todos los convenios colectivos acordados por las partes*

El convenio acordado para el término de julio de 1973 a junio de 1976 reconoció expresamente la facultad final de la Junta sobre la unidad apropiada disponiendo que:

La decisión de la Junta sobre los puestos incluidos en la unidad apropiada es final y no sujeta a solicitud alguna de revisión ulterior y cualquier persona empleada en un puesto similar o equivalente a los incluidos en la unidad también estarán incluidos en la misma.

En la negociación del convenio que comenzó a regir el primero de julio de 1976 las partes discutieron el pro-blema de la constitución de la unidad apropiada y acor-daron en el Art. VI que el Fondo contrataría una firma de especialistas en la materia para que realizara un estudio científico de personal. Se hizo la salvedad de que en ningún caso se afectaría adversamente la clasificación o derechos de los unionados. El estudio se efectuó por una firma privada, pero la Hermandad rehusó aceptar las con-clusiones relativas a los abogados.

En adición a dicho convenio las partes también suscri-bieron ese mismo día una estipulación a los siguientes efectos:

La Unión acepta qne si en el futuro se le somete evidencia demostrativa de que algún abogado incluido en la unidad apropiada realiza labores de carácter gerencial dicho caso será sometido a consideración del Comité de Querellas para su decisión final. Dicha decisión será firme y obligatoria para ambas partes. (Énfasis suplido.)

El convenio y la estipulación complementaria a que hemos hecho referencia establecieron con lucidez las rela-ciones obrero-patronales entre el Fondo y la Hermandad.

No obstante, el 5 de enero de 1977 el Presidente de la Hermandad solicitó al Administrador Interino del Fondo la exclusión de todos los abogados asignados a la Sección de Adjudicaciones, por entender que éstos participaban y fijaban la política administrativa y tomaban decisiones que, a su juicio, los- ubicaban dentro de la categoría de funcionarios gerenciales. El Administrador Interino acudió a las claras disposiciones del convenio recordándole a la Hermandad que la inclusión de los abogados en la unidad apropiada era final y no sujeta a solicitud alguna de revisión ulterior y que, en virtud de lo estipulado por las partes, si algún abogado realizaba labores de carácter gerencial, el foro adecuado para examinar el asunto en su fondo, lo era el Comité de Querellas. El 2 de marzo de 1977 la Hermandad volvió a plantear el asunto a la nueva Administradora del Fondo, pero esta vez solicitó la exclusión de todos los abogados y no solamente los de la Sección de Adjudicaciones.

El asunto fue sometido al Comité de Querellas para que se determinara si los abogados realizaban funciones ge-renciales, en cuyo caso debían ser excluidos de la unidad apropiada. Finalmente, el Fondo y la Hermandad suscri-bieron una estipulación en que reseñaron las tareas prin-cipales de los abogados y declararon estar “convencidas [de] la clasificación de abogado deb[ía] exluirse de la uni-dad apropiada de contratación colectiva y respetuosamente solicitaron] del Comité que decretara] su exclusión”. En vista de ello el Comité de Querellas, con la abstención de su Presidente por estar de acuerdo los representantes del Fondo y de la Hermandad, decretó la exclusión de todos los abogados de la unidad apropiada por entender que por el hecho de ser abogados ellos mantenían una relación de confidencialidad con el Fondo. A este respecto el Comité concluyó:

Indudablemente que el abogado que trabaja para el Fondo del Seguro del Estado desempeña y tiene la relación de abogado y cliente con las concomitancias de confiden-cialidad que dicha relación conlleva.

Los abogados no tuvieron participación alguna en estos procedimientos y tan pronto se enteraron de la exclusión decretada recabaron del Presidente de la Hermandad que gestionara la restitución de ellos a la unidad apropiada. No obtuvieron respuesta a sus planteamientos. Por tal razón, los abogados presentaron ante la Junta de Relacio-nes del Trabajo cargos de prácticas ilícitas contra la Her-mandad y el Fondo; contra la Hermandad, por quebrantar ésta su deber de justa e imparcial representación, y contra el Fondo, por violar éste los términos del convenio colectivo.

Los cargos presentados culminaron en la Decisión y Orden de la Junta que declaró a las recurrentes incursas en sendas prácticas ilícitas y les ordenó mantener a los abogados querellantes en la unidad apropiada del convenio hasta tanto se canalizara a través de la Junta una petición de clarificación de unidad apropiada. Esta es la Decisión y Orden cuya revocación nos piden el Fondo y la Herman-dad en sus recursos de revisión.

II

La naturaleza privilegiada de la cuestión nos lleva a considerar en primer término la impugnación de jurisdic-ción de la Junta para entender en el cargo de práctica ilícita. La Junta resolvió al respecto que su jurisdicción derivaba de la Ley Núm. 103 de 28 de junio de 1969 (11 L.P.R.A. see. 8 y ss.), y que la Ley de Relaciones del Tra-bajo de Puerto Rico se aplicaba en su totalidad al Fondo, con excepción de las limitaciones establecidas en la mencio-nada Ley Núm. 103. Los recurrentes sostienen, por el contrario, que dicha ley solo confirió a la Junta jurisdic-ción para entender en la certificación de las uniones del Fondo y asuntos relacionados con la organización de los empleados, pero no la extendió a los procedimientos de prácticas ilícitas, ya que la reservó al Comité de Querellas como el foro exclusivo para ventilar todas las disputas, quejas y agravios que surgieran al amparo del convenio.

El propio texto del estatuto rechaza la interpretación restrictiva que le imparten los recurrentes. En términos claros y precisos la Ley Núm. 103 confirió “jurisdicción a la Junta de Relaciones del Trabajo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sobre el Fondo del Seguro del Estado, para que los empleados y trabajadores de dicha agencia puedan ejercer su derecho a organizarse y a negociar colectivamente con su patrono por mediación de representantes de su propia y libre selección”. Estos son precisamente los derechos que la Ley de Relaciones del Trabajo reconoce como fundamentales en la formulación de la política con respecto a las relaciones entre patronos y empleados. 29 L.P.R.A. see. 62(3).

Como garantía de esos derechos de organización y negociación, la Ley de Relaciones del Trabajo prohíbe aquellas actividades que interfieren con su pleno disfrute y que constituyen por ello prácticas ilícitas del trabajo. La Junta es, por disposiciones de ley, el “tribunal adecuado, eficaz e imparcial” para implantar la política pública obrero-patronal, fomentar las prácticas y procedimientos de la negociación colectiva y evitar que cualquier persona se dedique a prácticas ilícitas del trabajo. 29 L.P.R.A. see. 62(4). Esta última facultad es de carácter exclusivo y no le afecta ningún otro medio de ajuste o prevención, salvo cir-cunstancias especiales. 29 L.P.R.A-. see. 68.

En efecto, sin la prevención por la Junta de las prácticas ilícitas del trabajo los derechos de negociación y organización de los empleados del Fondo resultarían ineficaces, quedarían en virtual desamparo. Podría argüirse, sin embargo, que los tribunales siempre conservan facultad para vindicar estos derechos. Pero precisamente la Ley de Relaciones del Trabajo sustrajo de la jurisdicción ordinaria de los tribunales esa facultad, porque se consideró que solo un organismo especializado y diseñado exclusivamente para ese propósito, como es la Junta de Relaciones del Trabajo, podría dar plena eficacia a los derechos de organización y negociación colectiva. No podemos concebir, entonces, que la Legislatura otorgara unos derechos tan fundamentales a la política pública obrero-patronal y no prohibiera al Fondo el interferir o el menoscabar en cualquier forma el libre ejercicio de esos derechos, ni tampoco confiriera jurisdicción al organismo precisamente creado para garantizar el cumplimiento de la política pública. De lo contrario, se habría conferido a la Junta una jurisdicción mutilada en su función preventiva, inconciliable con el diseño integral del estatuto.

En consecuencia, debemos concluir que la jurisdicción conferida a la Junta por la Ley Núm. 103, supra, se extiende tanto a los procedimientos para la certificación de la unidad apropiada como a la aplicación de los mecanismos diseñados por el legislador para garantizar los derechos de organización y negociación colectiva.

Los fundamentos anteriormente expuestos serían tam-bién suficientes para disponer del señalamiento de los recurrentes de que no es la Junta de Relaciones del Tra-bajo, sino el Comité de Querellas creado en el Convenio Colectivo, el foro exclusivo y único para ventilar las dispu-tas y controversias entre las partes. Hay, sin embargo, fundamentos adicionales.

El Art. VII del Convenio Colectivo creó el Comité de Querellas como parte del procedimiento para atender y resolver en forma ordenada y justa las controversias, que-jas y querellas que pudieran surgir entre las partes. El propio convenio define los términos “queja o querella” como “cualquier controversia, disputa o diferencia, que surja entre el Fondo y la Hermandad que envuelva la interpretación o la aplicación de este convenio, la inclusión o no inclusión de un puesto en la unidad apropiada en él convenida, o sobre el despido, la suspensión o cualquier otra acción disciplinaria tomada en relación con cualquier empleado”. Es decir, la facultad del Comité de Querellas se refiere únicamente a la solución de controversias relacio-nadas con: a) la interpretación o aplicación del convenio, b) la inclusión de un puesto en la unidad apropiada, o c) el despido, suspensión o cualquier otra medida disciplinaria contra un empleado. No tiene facultad sobre prácticas ilícitas del trabajo ni para alterar en forma alguna la composición de la unidad contratante.

En realidad, nunca se suscitó propiamente una contro-versia entre las partes, pues, no sólo el asunto estaba excluido de la definición de “queja o querella”, sino que tanto el Fondo como la Hermandad estuvieron completa-mente de acuerdo con la eliminación de los abogados de la unidad contratante, hasta el punto de solicitar ambos la exclusión al Comité de Querellas por estar “convencid[o]s que la clasificación de abogado deb[ía] excluirse de la uni-dad apropiada.. .”.

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La cuestión medular del caso se refiere más bien a la composición de la unidad apropiada, cuestión de la exclusiva jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo, conforme lo dispone el Art. 5, inciso 2, de la Ley de Relaciones del Trabajo, supra, 29 L.P.R.A. see. 66(2):

A fin de asegurar a los empleados el pleno disfrute de sus derechos a organizarse entre sí, a negociar colectivamente, y de llevar a cabo los demás propósitos de este subcapítulo, la Junta decidirá en cada caso la unidad apropiada a los fines de la negociación colectiva. (Énfasis suplido.)

Las partes reconocieron expresamente esta jurisdicción de la Junta al suscribir el “Acuerdo para Elección por Consentimiento”, a que hemos hechos referencia anteriormente, que incluyó a los abogados en la unidad apropiada. No podían ellos hacer caso omiso de lo que expresamente pactaron y acudir a un foro sin jurisdicción, como lo era el Comité de Querellas, con una supuesta controversia para que éste convalidara lo que a todas luces constituía una flagrante violación del convenio colectivo. Es de aplicación lo resuelto en J.R.T. v. Manhattan Taxi Cabs Corp., 92 D.P.R. 436 (1965), a los efectos de que un Acuerdo de Elección por Consentimiento impide al patrono cuestionar posteriormente la forma en que está integrada la unidad, porque de lo contrario se permitiría a las partes ignorar deliberadamente lo convenido en un acuerdo obligatorio, daría cauce a subterfugios para obstaculizar y demorar las controversias sobre representación y tendería a derrotar, en vez de promover, los propósitos de la Ley de Relaciones del Trabajo.

Por otro lado, en el supuesto de que se tratara de una controversia legítima sobre la cual tuviera jurisdicción el Comité de Querellas, tampoco las partes observaron el procedimiento establecido en el convenio para dilucidarla. Se recordará que el mismo día que se otorgó el convenio colectivo las partes suscribieron una estipulación comple-mentaria al efecto de que si en el futuro se le sometiera a la Hermandad evidencia de que algún abogado incluido en la unidad apropiada realizaba labores de carácter geren-cial, dicho caso sería sometido a la consideración del Comité de Querellas para su decisión final. En consecuen-cia, solo podían someterse al Comité de Querellas casos individuales de abogados previa evidencia demostrativa por parte del Fondo de que el abogado en cuestión reali-zaba labores gerenciales.

Surge del récord, sin embargo, que fue la Hermandad y no el Fondo quien promovió la exclusión y, no precisa-mente de algún abogado en particular, sino de todos los abogados incluidos en la unidad apropiada; todo ello en abierta violación del convenio.

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Estamos de acuerdo con la preeminencia que generalmente se reconoce a los procedimientos de arbitraje en el ordenamiento laboral, justificada ampliamente por su eficacia como mecanismo para continuar la negociación colectiva mediante la solución de controversias obreropatronales y validar así el propósito primordial de la política pública de preservar la paz industrial. Pérez v. Autoridad Fuentes Fluviales, 87 D.P.R. 118 (1963); Nazario v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 846 (1970); San Juan Mercantile Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 86 (1975). De ahí que normalmente la Junta y los tribunales respeten los laudos arbitrales y se abstengan de intervenir en casos de violación de convenios, cuando el propio convenio establece el procedimiento de arbitraje para la solución de controversias. J.R.T. v. A.C.A.A., 107 D.P.R. 84 (1978); San Juan Mercantil Corp. v. J.R.T., supra; Junta Rel. Trabajo v. Simmons Int’l., Ltd., 78 D.P.R. 375 (1955); Simmons International, Ltd., Etc., D-92, 2 D.J.R.T. 238 (1953). Por supuesto, esta juiciosa norma de abstención no es inflexible y tanto la Junta como este Tribunal han formulado diversas excepciones. Véanse J.R.T. v. U.T.I.G., 110 D.P.R. 237 (1980); J.R.T. v. A.C.A.A., supra, y casos resueltos por la Junta citados a la pág. 91.

Hemos reconocido como una de las excepciones a esta norma de abstención, y ejercido nuestra jurisdicción, en los casos en que la unión ha faltado a su deber de pro-veer a sus representados una justa representación. Este deber fiduciario consiste esencialmente en servir de buena fe, sin discrimen ni arbitrariedad, a los intereses de todos los miembros de la unión. J.R.T. v. U.T.I.G., supra. La prueba desfilada ante la Junta demuestra, sin lugar a dudas, que la Hermandad quebrantó su deber fiduciario de proveer a la recurrida una justa representación en el Comité de Querellas.

Aparece del récord que el 10 de diciembre el Presidente de la Hermandad, quien es abogado y litiga casos ante el Fondo y la Comisión Industrial, le expresó a un abogado del Fondo su inconformidad por haber recomendado adversamente una petición de paga global para inversiones formulada por un cliente suyo. Los abogados del Fondo le solicitaron una reunión para aclarar la situación. La reunión degeneró en un agravio del Presidente de la Hermandad a todos los abogados. Días después éste solicitó formalmente al Fondo que cesara el descuento de cuotas a los abogados de adjudicaciones, por entender que éstos debían ser excluidos de la unidad apropiada. La Hermandad no informó estas gestiones a los recurridos ni les dio participación en los procedimientos. Tampoco respondió a los requerimientos de éstos al enterarse del laudo, para que se les restituyera a la unidad contratante. Debemos puntualizar que durante todo el historial de negociación colectiva en este caso los abogados llevaban a cabo las mismas tareas y desempeñaban las mismas funciones. Desde que se estipuló la unidad apropiada én el Acuerdo de Elección por Consentimiento, a que hicimos referencia al principio de esta opinión, hasta el día de hoy no ha habido variación alguna en las tareas que llevan a cabo los abogados del Fondo ni modificación en las funciones que razonablemente pudieran servir de fundamento a la Hermandad para solicitar la exclusión de ellos de la unidad contratante. Tal actuación arbitraria lesionó los intereses de los recurridos y constituye un quebrantamiento del deber de justa representación, que justificaba de por sí solo a la Junta el no poner en vigor el laudo. J.R.R. v. U.T.I.G., supra.

En resumen, 1) la falta de jurisdicción del Comité de Querellas para emitir el laudo, 2) el desvío de los procedi-mientos seguidos por el Fondo y la Hermandad en contra-vención al convenio, y 3) el quebrantamiento del deber de justa representación por la Hermandad, impiden a los recurrentes enarbolar el laudo como bandera triunfal contra el ejercicio de jurisdicción por la Junta de Relaciones del Trabajo.

V

El Fondo insiste en que no incurrió en práctica ilícita, porque su actuación se limitó a llévar al Comité de Quere-llas la solicitud de la Hermandad para que se excluyera a los recurridos de la unidad contratante, por lo que, a su juicio, su actuación fue prudente y razonable y no consti-tuye violación de convenio. No vamos a repetir lo ya discu-tido. Basta recordar que cuando las partes estipulan un Acuerdo de Elección por Consentimiento, como en este caso, el patrono no puede cuestionar posteriormente la forma en que está integrada la unidad contratante. J.R.T. v. Manhattan Taxi Cabs, Corp., supra.

Señala además el Fondo, como error, el que la Junta no resolviera que los abogados no tienen derecho a la negocia-ción colectiva. Arguye que los abogados no son “emplea-dos” dentro del significado de dicho término en la Ley de Relaciones del Trabajo, por estar ellos íntimamente identi-ficados con la gerencia y por actuar en una relación de confidencialidad con el Fondo. Los recurridos rechazan este señalamiento en un competente estudio sobre la cuestión.

La Junta, sin embargo, limitó su decisión a determinar solamente si el Fondo y la Hermandad habían incurrido en sendas prácticas ilícitas del trabajo, fundándose en que esta era la única cuestión envuelta en los cargos presenta-dos ante sí y en que la exclusión de los abogados de la uni-dad apropiada debería resolverse en su día, cuando se le presentara una petición de clarificación de unidad. Con-viene reproducir del alegato de la Junta, a las págs. 40-41, su posición al respecto:

No puede sostenerse racionalmente, por ser de naturaleza inconcebible, el que la propia Junta teniendo ante sí unos cargos que contienen imputaciones de comisión de prácticas ilícitas de trabajo ignore la obligación ministerial que le impone la ley con respecto al Procedimiento de Prevención de Prácticas Ilícitas de Trabajo y a iniciativa propia insti-tuya un Procedimiento distinto a lo solicitado por los pro-moventes. Sabido es que la Junta actúa solamente cuando se le solicita formalmente que lo haga y que en los casos de Prácticas Ilícitas de Trabajo no se discuten y resuelven casos de representación de agente de negociación colectiva y vice-versa.

Consideramos correcta la decisión de la Junta de posponer la consideración en los méritos de esta cuestión para cuando se presente un caso de clarificación de unidad.

Por último, habiéndose concluido anteriormente que la Ley Núm. 103, supra, confirió jurisdicción a la Junta de Relaciones del Trabajo tanto para la certificación de la unidad apropiada como para entender en procedimientos de prácticas ilícitas del trabajo, no es necesario considerar si la Junta incurrió en error al resolver que el Fondo es una “instrumentalidad corporativa” bajo la Ley de Relacio-nes del Trabajo, supra, y los criterios establecidos en la jurisprudencia. Veánse A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976); J.R.M. v. J.R.T., 108 D.P.R. 448 (1979). Véase, además, R. Markus, La Negociación Colectiva en las Corporaciones Públicas y el Fondo del Seguro del Estado. (Estudio preparado por encomienda de la Comisión del Gobernador para Estudiar Relaciones del Trabajo en el Servicio Público en Puerto Rico) 1974.

En orden a los anteriores fundamentos se dictará sen- tencia que confirme la Decision y Orden de la Junta de Relaciones del Trabajo.

Los Jueces Asociados Señores Rigau y Negrón García no intervinieron.

       La estipulación de referencia lee en lo pertinente como sigue:
      “PRIMERO: Que el 4 de marzo de 1977 las partes mediante una estipu-lación firmada por la señora Julia Rivera de Vincenty, en su capacidad de Administradora el Fondo del Seguro del Estado y el licenciado Osvaldino Rojas Lugo como Presidente de la Hermandad-Unión de Empleados del Fondo del Seguro del Estado acordaron solicitar del Comité de Querellas que decida en forma final, si los abogados del Fondo realizan funciones gerenciales que dan base para su exclusión de la unidad apropiada y si el Comité determina que los abogados realizan sustancialmente tales funciones gerenciales deberá excluir dicha clasificación de la unidad apropiada.
      SEGUNDO: Que las partes aceptan que los deberes y responsabilidades según descritos por los cuestionarios originales (OP-16) incluyen una serie de tareas comunes a todos los abogados que trabajan en la Agencia, bien sea que estén éstos en adjudicaciones, vistas públicas o subrogación. Las tareas princi-pales de los abogados consisten en:
      1 — Representar al Administrador ante la Comisión Industrial (o Tribunales) sosteniendo las determinaciones del Administrador o representando los intereses de éste.
      2 — Realizar trabajo legal que requiere estudio y aplicación de la Ley de Compensaciones por Accidentes.
      3 — Contestar consultas y orientar lesionados y patronos sobre la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.
      4 — Otras tareas afines propias de los abogados.
      Las partes aceptan además, que los abogados de la Agencia toman decisio-nes de alto nivel administrativo y que su función de adjudicar casos es la de co-rrelacionar unas determinaciones médicas con unos hechos a la luz de las dis-posiciones de la Ley. El abogado prepara, en unos casos, y revisa en otros, las decisiones para la firma del Director Regional. Las partes aceptan, además, que cuando los abogados comparecen ante los tribunales o ante la Comisión Industrial lo hacen en representación del Administrador en sus determinaciones o posiciones.
      TERCERO: Que la clasificación de abogado no está incluida en ninguna otra unidad apropiada de las certificadas por la Junta de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico en los casos de otros patronos en Puerto Rico.”

      La Ley Núm. 103 contiene, entre otras, las siguientes limitaciones: 1) prohíbe la interrupción de los servicios que el Fondo presta al público; 2) dispone el arbitraje compulsorio mediante la creación de una Junta de Arbitraje; 3) establece la creación de un Comité de Querellas en el Convenio para la solución de disputas, quejas y agravios; 4) confiere un término mínimo de dos años a la certificación que se expida a una unión obrera para representar con exclusividad a los empleados incluidos en la unidad apropiada; 5) exige que la unión deberá estar integrada exclusivamente por empleados del Fondo, y 6) requiere que los funcionarios de la Unión sean empleados o ex-empleados del Fondo.