text:
      In re José Pérez Benabe, querellado.

      Número: AB-92-110

      Resuelto: 19 de mayo de 1993

      Reina Colón de Rodríguez, Subprocuradora General, Rose Mary Corchado Lorent, Subprocuradora General Interina, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogadas de El Pueblo.
   per curiam:

Mediante un escrito presentado el 30 de no-viembre de 1992, el Procurador General de Puerto Rico nos informó que, a pesar de sus gestiones, el abogado José Pé-rez Benabe no había brindado una contestación adecuada a sus requerimientos en cuanto a la queja presentada en su contra por el Sr. Wilfredo García García.() Además, éste no había dado una explicación por el anuncio que publicó en el periódico El Vocero de Puerto Rico el 8 de octubre de 1992, en el cual el referido abogado le ofrecía sus servicios a cual-quier persona interesada en demandar al Sr. García García bajo la ley federal conocida popularmente como el RICO Act, 18 U.S.C. sec. 1961 et. seq.

Ante el incumplimiento del abogado Pérez Benabe, el 18 de diciembre de 1992 le concedimos un término para que compareciera de forma escrita a la Oficina de la Procura-dora General de Puerto Rico y proveyera una contestación adecuada a la queja presentada. El 13 de enero de 1993 uno de los alguaciles de este Tribunal le notificó ésta per-sonalmente, mediante una copia de la resolución.

Según consta en el escrito que presentó la Procuradora ante este Tribunal el 17 de febrero de 1993, el abogado Pérez Benabe no cumplió con nuestra orden, por lo cual nos vimos precisados a emitir una nueva resolución el 19 de febrero de 1993. En esta resolución, notificada el 4 de marzo de 1993, le concedimos un término de veinte (20) días a partir de esta notificación, para que contestara la queja presentada. El abogado tampoco ha cumplido esta nueva orden.

La actitud del abogado Pérez Benabe viola las normas éticas que exigen al abogado un comportamiento estricto con las órdenes de este Tribunal.

“Todos los abogados tienen el deber de responder dili-gentemente a los requerimientos de este Tribunal respecto a una queja presentada en su contra que está siendo investigada.” In re Colón Torres, 129 D.P.R. 490, 494 (1991). Nuestro Tribunal no tolerará la incomprensible y obstinada negativa de un miembro de nuestro foro de cum-plir con las órdenes de este Tribunal. In re Nicot Santana, 129 D.P.R. 717 (1992).

En estas circunstancias, se decreta la suspensión provisional del abogado José Pérez Benabe del ejercicio de la profesión de abogado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Presidente Señor Andréu García no intervino.

      () En su queja, el Sr. Wilfredo García García alegó, en síntesis, que había adquirido pagarés hipotecarios emitidos y negociados por la P.B. Investment Corp., la cual es presidida por el abogado Pérez Benebe, y que, en un claro conflicto de intereses, el referido abogado fungió como notario en la otorgación de las escrituras sobre constitución de hipotecas. Según el señor García García, algunas de estas escrituras nunca fueron presentadas ante el Registro de la Propiedad y, una vez negociados los pagarés, la P.B. Investment vendió las propiedades que supuesta-mente garantizaban estos pagarés. Además de lo reseñado, el quejoso adujo que aquellos pagarés, cuyas hipotecas constaban en el registro, ya habían sido saldados por los deudores hipotecarios, quienes habían hecho entrega de sus pagos al abogado Pérez Benabe, sin que, hasta el presente, éste le hubiese entregado al quejoso el importe recibido.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
      In re Jorge Arroyo Fernández, querellado.

      Números: CP-91-20 CP-91-186

      Resueltos: 19 de mayo de 1993

      Jorge E. Pérez Díaz, Procurador General, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Antonio Arraiza Miranda y Mady Pacheco García, del Colegio de Abogados de Puerto Rico; Nicolás Delgado Figueroa y Luis Carmona Buitrón, abogados del querellado; Juan José Ríos Martínez, Comisionado Especial.

   per curiam:

Ante su repetido menosprecio por las normas que rigen el sano desempeño de la profesión legal en Puerto Rico, hoy nuevamente ños vemos en la obligación de ejercer nuestra facultad disciplinaria contra el Ledo. Jorge Arroyo Fernández.() Decretamos su separación inde-finida de la profesión de abogado por las razones que expo-nemos a continuación. Veamos.

HH

Cuatro (4) quejas fueron presentadas por varios ciuda-danos ante la Oficina del Hon. Procurador General en re-ferencia a la conducta profesional desplegada por el abo-gado de epígrafe. En la primera, el Sr. Luis Pantojas Resto alegó haber contratado los servicios del licenciado Arroyo en relación con un procedimiento de extradición contra su hijo Alí Pantojas, con el único interés de promover que éste fuera juzgado en Puerto Rico por ciertos delitos cometidos en el estado de Florida. Alegó que el licenciado Arroyo les creó falsas expectativas en cuanto a las posibilidades de que Alí fuera juzgado en Puerto Rico, conviniendo honora-rios montantes a tres mil dólares ($3,000), de los cuales dos mil dólares ($2,000) fueron satisfechos por adelantado. Alegó que, sin que ellos se lo hubieran planteado —máxime cuando su hijo se había entregado voluntaria-mente a las autoridades en Puerto Rico— el licenciado Arroyo presentó un hábeas corpus para impugnar la extra-dición alegando que el joven no era la persona reclamada por las autoridades de Florida. Finalmente, al darse cuenta de que no sería posible que se le juzgara en Puerto Rico, el acusado se sometió voluntariamente al procedi-miento de extradición.

Una segunda queja fue presentada por la Sra. Ivette Olivo Rivera. Ella también contrató los servicios del licen-ciado Arroyo en relación con un caso de extradición, en esta ocasión de los Sres. Edgardo Olivo y Luis Burgos. Su queja también se basó en la alegación de que el licenciado Arroyo les había creado falsas expectativas sobre la posibilidad de ser juzgados en Puerto Rico y, además, les orientó errónea-mente acerca de las disposiciones y los procedimientos le-gales pertinentes. Aquí también se alegó que el licenciado Arroyo —sin causa justificada— se proponía derrotar la extradición impugnando la identidad de los arrestados.

La tercera queja recibida fue presentada por la Sra. Laura Reus y su esposo Damián Romero. En síntesis, ale-garon que el licenciado Arroyo, con el fin de lucrarse y me-diante artimañas, le hizo creer a él que ella lo había con-tratado y a ella que lo había contratado él. Así las cosas, el licenciado redactó una moción de rebaja de fianza que fue erróneamente presentada por la señora Reus en San Juan, en vez de Carolina, alegadamente por error del abogado. Luego de darse cuenta del engaño durante una visita a su marido en la penitenciaría, la señora Reus decidió reque-rirle al querellado que renunciara al caso y le devolviera el dinero, pero éste se negó. Finalmente, presentada una nueva moción de rebaja de fianza en Carolina, el día de la vista ambos esposos solicitaron la renuncia del querellado, razón por la cual la vista fue suspendida. Al reclamar la devolución del pago, el licenciado Arroyo les envío una fac-tura alegando haber trabajado diez (10) horas a razón de cien dólares ($100) por hora, para un total de mil dólares ($1,000), exactamente la misma cantidad que ellos le ha-bían adelantado.

La cuarta queja, presentada por la estudiante Nancy Cruz no se relaciona directamente con las gestiones profe-sionales del querellado. En síntesis, ésta alegó haberle pa-gado cincuenta dólares ($50) al abogado para matricularse en unos cursos de educación paralegal que ofrecía el Paralegal Institute del cual Arroyo era presidente. Estos cursos nunca se ofrecieron. Ante las negativas del querellado, la quejosa presentó una demanda en cobro del dinero a través de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, obteniendo una sentencia en rebeldía, la cual no había podido ser ejercutada debido a lo esquivo que se había presentado el licenciado de marras.

Luego de uña investigación preliminar y ante la denotada falta de interés del querellado en responder a las quejas pre-sentadas, el Hon. Procurador General presentó su informe ante esta Curia el 31 de octubre de 1989. El 16 de noviembre de 1989 ordenamos al querellado que respondiera a las comunicaciones del Hon. Procurador General y requeri-mos su riguroso cumplimiento con los procedimientos. Ha-biendo mediado una contestación por parte del querellado, mediante Resolución de 7 de diciembre de 1990 instruimos al Hon. Procurador General para que presentara las quere-llas correspondientes.()

Mediante un escrito de 10 de enero de 1991, el Hon. Procurador General presento una querella en la que le im-putó al licenciado Arroyo los cargos siguientes:

PRIMER CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó el Can[o]n 2 de Etica Profesional el cual obliga a todo abogado informarse ade-cuadamente del derecho aplicable a los casos bajo su conside-ración según resuelto en el caso Pueblo v. Miranda Colón, 115 D.P.R. 511 (1984)-In re Díaz Alonso, Jr., 115 D.P.R. 755 (1984).
SEGUNDO CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó las disposiciones del Canon 5 de Etica Profesional específicamente en lo que con-cierne a la producción de prueba falsa ante el tribunal con pleno conocimiento de su falsedad.
TERCER CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó el Canon 18 de Etica Profesional el cual exige a todo abogado ejercer celo, cui-dado y prudencia en su gestión.
CUARTO CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó el Canon 24 de Etica Profesional el cual regula el cobro de honorarios por los letrados de nuestro país según lo dispuso nuestro Honorable Tribunal Supremo en el caso In re Díaz Lamoutte, 106 D.P.R. 450 (1977) y el caso López de Victoria v. Rodríguez, 113 D .P.R. 265 (1982).
QUINTO CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó el Canon 35 de Etica Profesional que exige la sinceridad y honradez-profesio-nal de todo abogado según resuelto en el caso In Re Ramos Ferrero, 115 D.P.R. 409 (1984).
SEXTO CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó el Canon 38 de Etica Profesional el cual obliga a todo abogado a aportar hacia la consecución de una eficiente administración de la justicia.
SEPTIMO CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó el Criterio General que regula los deberás del abogado para con los tribunales es-pecíficamente donde se dispone que la buena marcha del pro-ceso judicial del país es responsabilidad de todo miembro de la profesión legal.
OCTAVO CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández violó las disposiciones del Criterio General de los Cánones de Etica Profesional que regula los deberes del abogado para con su cliente específica-mente en donde se dispone que el trato profesional de cada abogado debe ser caracterizado por la mayor capacidad, la más devota lealtad y la más completa honradez.
NOVENO CARGO
El abogado Jorge Arroyo Fernández incumplió con la Regla 8(j) de este Honorable Tribunal lo cual obliga a todo abogado notificar al Secretario de dicho tribunal cualquier cambio en su dirección postal. Caso Núm. CP-91-20, Querella, págs. 1-4.

Examinada la querella y la contestación dada a ésta por el querellado, mediante Resolución de 1ro de marzo de 1991 nombramos al Ledo. Juan José Ríos Martínez, ex Juez Superior, para que en presencia de las partes y en calidad de Comisionado Especial escuchara y recibiera la prueba de las partes y presentara un informe con sus con-clusiones de hecho ante este Foro.

En el ínterin, el Colegio de Abogados, a través de su Comisión de Etica, presentó una segunda querella contra el licenciado Arroyo Fernández el 27 de marzo de 1991. Ésta se basó en una queja presentada por la Sra. Élida Petracci ante esa comisión, y en nuestra Resolución de 11 de octubre de 1990 autorizamos la presentación de tal querella. En síntesis, se alega que el querellado fue contra-tado por la quejosa para que realizara las gestiones perti-nentes para la obtención de su residencia permanente en Puerto Rico, por lo cual éste cobró honorarios montantes a dos mil dólares ($2,000) sin que se realizara ninguna ges-tión a esos efectos. Excepto por una carta señalando su disposición de cooperar, el querellado no respondió a las comunicaciones enviadas por la Comisión ni compareció a las vistas señaladas. El querellado procuró resolver la si-tuación mediante la devolución del dinero pagado por la señora Petracci. Ésta notificó a la Comisión acerca del acuerdo económico y manifestó su desinterés en proseguir con los procedimientos. Luego, al no poder cobrar los che-ques expedidos por el querellado por falta de fondos, la señora Petracci reactivó su queja. Finalmente, la quejosa, quien residía en Puerto Rico desde 1979 y trabajaba como maestra, se vió forzada a regresar a Argentina debido a que su condición de inmigrante temporero expiró sin que hubiera obtenido su status de residente permanente.

La querella presentada por el Ilustre Colegio de Aboga-dos contra el licenciado Arroyo incluye los cuatro (4) cargos siguientes:

PRIMER CARGO
El Ledo. Jorge Arroyo Fernández violó el Canon 18 del Código de Etica Profesional al desatender el asunto encomendado por la Sra. Elida Petracci hasta el punto de ésta, luego de haber contratado sus servicios y satisfecho sus honorarios para obte-ner su residencia permanente desde mayo de 1986, recibió una orden de deportación en su contra. Constituye conducta contra-ria a las disposiciones del Canon 18 el no realizar gestión al-guna a favor de su cliente; la querellante se vió en la necesidad de solucionar su problema de residencia sin la ayuda de su representante legal.
SEGUNDO CARGO
El Ledo. Jorge Arroyo Fernández violó el Canon 19 del Código de Etica Profesional al faltar a la debida comunicación con su cliente cuando luego de contratados sus servicios profesionales y satisfechos en su totalidad sus honorarios, pasaron alrededor de seis meses sin que la Sra. Petracci conociera el status del asunto que fue encomendado al Ledo. Arroyo Fernández.
TERCER CARGO
El Ledo. Jorge Arroyo Fernández violó las disposiciones del Canon 12 de los de Etica Profesional al no desplegar las debi-das diligencias para asegurarse de no causar indebidas dilacio-nes al no recibir ó reclamar la correspondencia que se le ha cursado mediante correo certificado con acuse de recibo en cum-plimiento con nuestras disposiciones reglamentarias; constitu-yendo esta conducta-una repetitiva y consecuente para con esta Comisión resultando en la obstaculización de la labor investi-gativa de la Comisión de Etica.
CUARTO CARGO
El Ledo. Jorge Arroyo Fernández violó el Canon 38 cuando emitió el cheque No. 728 del Citibank, Sucursal de Plaza Las Américas por la cantidad de quinientos dólares ($500.00) para complementar el pago de la estipulación entre las partes y que ponía fin a esta queja. Dicho cheque ha sido devuelto por el Banco en dos ocasiones por insuficiencia de fondos, actuación contraria al desempeño digno y honorable que debe exponer todo miembro de la profesión legal. Caso Núm. CP-91-186, Que-rella, págs. 2-3.

Ambas querellas fueron consolidadas. El Comisionado Especial rindió su informe el 18 de agosto de 1992 en el cual concluyó que el querellado cometió los hechos alega-dos en los cargos 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la querella pre-sentada por el Hon. Procurador General. No así el cargo Núm. 2, ya que la vista de hábeas corpus nunca llegó a celebrarse al haberse desistido. de la petición en la corte abierta, razón por la cual no llegó a presentarse evidencia en la corte. Respecto a la querella presentada por el Ilustre Colegio de Abogados, concluyó el Comisionado Especial que el querellado cometió los cuatro (4) cargos formulados y, por consiguiente, violó los Cánones 12, 18, 19 y 38 del Có-digo de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Tales determi-naciones de hecho sostenidas por la prueba testifical y do-cumental obrante en autos no serán alteradas por este Foro en ausencia de prejuicio, pasión o parcialidad. In re Rivera Arvelo y Ortiz Velázquez, 132 D.P.R. 840 (1993).

Con posterioridad al informe rendido por el Comisio-nado Especial, tanto el Colegio de Abogados (el 25 de agosto de 1992) como la Oficina del Procurador General (el 15 de octubre de 1992) presentaron sendos escritos ante este Tribunal, en los cuales se nos informa la litispenden-cia de nuevas quejas que el licenciado Arroyo Fernández no ha contestado. Por ello, el 6 de noviembre de 1992 emiti-mos una resolución en la cual le concedimos al licenciado Arroyo Fernández un término improrrogable de veinte (20) días para que contestara tanto los nuevos requerimientos pendientes que le había hecho el Procurador General así como el informe sobre conducta profesional que sometió ante este Tribunal el Colegio de Abogados de Puerto Rico el 25 de agosto de 1992. El 1ro de diciembre de 1992 el licen-ciado Arroyo Fernández compareció contestando parcial-mente las querellas sometidas por varios de sus clientes y que son el objeto del informe que sometiera el Colegio de Abogados de Puerto Rico el 25 de agosto de 1992.

El 30 de diciembre de 1992 emitimos una segunda reso-lución en la que le concedimos al licenciado Arroyo Fernán-dez un término de cuarenta y cinco (45) días para que con-testara completamente el informe presentado por el Colegio. En esta resolución, también, le ordenamos al li-cenciado Arroyo Fernández que realizara las reuniones co-rrespondientes con el Procurador General Auxiliar y que nos informara el resultado de éstas dentro del mencionado término.

Ante el incumplimiento de nuestras órdenes, el 12 de marzo de 1993 emitimos otra resolución en la cual le con-cedimos un término de quince (15) días para que cumpliera con nuestra Resolución de 30 de diciembre de 1992. El li-cenciado Arroyo Fernández no ha cumplido con nuestras órdenes.

Estando en condiciones de resolver, así lo hacemos. Re-gla 13(k)-(m), 4 L.P.R.A. Ap. I-A.

h — I

No es necesario entrar a discutir, en detalles, la impro-piedad de los actos del querellado. Incluso por alguno de éstos fue disciplinado por esta Curia.() Su repetida inob-servancia de las normas que rigen la ética legal, así como su desidia en responder a las quejas presentadas en su contra y su incumplimiento con nuestras órdenes, demues-tran su presente incapacidad de comportarse dentro de los parámetros que exige el desempeño responsable, capaz, digno y honorable de nuestra profesión. In re Pereira Esteves, 131 D.P.R. 515 (1992); In re Pérez Santiago, 131 D.P.R. 676 (1992); Pérez v. Col. Cirujanos Dentistas de P.R., 131 D.P.R. 545 (1992); Acevedo v. Compañía Telefónica de P.R., 102 D.P.R. 787 (1974); In re Roldán Figueroa, 106 D.P.R. 4 (1977). Su conducta afecta, además, la imagen que de los miembros de la profesión legal ostenta la ciudadanía. Re-cordemos que tales normas imponen deberes que “consti-tuyen un compromiso constante para con la sociedad puertorriqueña”. In re Clavell Ruiz, 131 D.P.R. 500 (1992).

Coincidimos con el Comisionado Especial en sus deter-minaciones en cuanto a que el querellado violentó en repe-tidas ocasiones los deberes legales impuestos por los Cánones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX. Tal actuación y su incumpli-miento con nuestras órdenes ameritan que sea separado indefinidamente de la profesión de abogado en Puerto Rico.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) Mediante opinión de 30 de junio de 1988 (In re Arroyo Fernández, 121 D.P.R. 755 (1988)), suspendimos al querellado del ejercicio de la notaría por el periodo de un (1) año debido a su negligencia ante la responsabilidad legal de cuidar debidamente su Registro de Afidávit, rendir los correspondientes informes estadísticos, rendir sus índices notariales y notificar a este Foro cualquier cambio en la localización de su despacho.

      (2) El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino en los procedimientos.

      (3) El licenciado Arroyo Fernández había sido disciplinado por no notificar los cambios en la ubicación de su despacho a los organismos correspondientes (véase el esc. 1). Sobre el deber del abogado de notificar los cambios de dirección a este Foro, véase In re Ribas Dominicci I, 131 D.P.R. 491 (1992).


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Pino Development Corporation, recurrente, v. Registradora de la Propiedad, Sección de San Germán, recurrida.

      Número: RG-89-151

      Resuelto: 19 de mayo de 1993

      Jaime Aponte Parsi, abogado de la parte recurrente; Heneé Negrón de Méndez, Registradora de la Propiedad, recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante la Escritura Núm. 70 de 8 de diciembre de 1977, Filiberto Pérez, albacea testamentario de la Sucesión de Adalberto Pérez Toledo, compuesta por sus hijos Adal-berto, Domingo Miguel, Fili, Adalberto, Elba Selenia, Aida Esther, y su madre Emilia Aponte Maysonet, vendió a Pino Development Corporation (Pino) una parcela de 464.33778 m.c., provenientes de la finca matriz Núm. 2,529, por el precio de $8,358.07. El 12 de febrero de 1981 el Registrador de la Propiedad (Registrador), Sección de San Germán, de-negó su inscripción. El 25 de marzo de 1986 Pino suscribió y presentó una “Instancia” para aclarar el tracto sucesivo de la finca matriz y atemperarlo a la realidad()

En la misma fecha de esa instancia, Pino, mediante la Escritura Núm. 8, cedió a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la parcela objeto de la alegada segregación y compraventa. Sería dedicada al uso. público según lo re-querido por la Administración de Reglamentos y Permisos (A.R.Pe.).

Para comprender debidamente las controversias múlti-ples planteadas, a continuación citamos textualmente las faltas notificadas que impidieron la inscripción de los do-cumentos presentados.

A. Instancia:-

“1. Porque la Instancia presentada tiene que solicitarse por los herederos de Adalberto Pérez Toledo acompañado del ins-trumento que motivó dicha inscripción 14 (Artículo 10 y 151 de la Ley Hipotecaria de 1979, según enmendada y el Artículo 141.4 del Reglamento Hipotecario de 1980).
2. Porque no se complementa [la instancia] con el docu-mento de la sucesión hereditaria de Herminia Toledo Segarra y la planilla de contribución sobre dicha herencia (Artículo 64 y 95 de la Ley Hipotecaria de 1979, según enmendada).
3. Falta acreditar las facultades de Pino Development Corporation a favor de Juan Agustín Rivera, Affidavit Núm. 1444 del 11 de febrero de 1986 ante el Notario Público Jaime Aponte Parsi, porque éstas no resultan juradas. Royal Bank of Canada v. Registrador, 115 D.P.R. 416-421(sic)()”.

B. Compraventa:-

“1. Falta la inscripción previa de la finca principal a favor del vendedor (Art. 87, Ley Hipotecaria) que es la número 2527 al folio 208, vuelto del tomo 384 de Cabo Rojo, que motivó la anotación B presentada a la 163 del diario 397.
2. Falta la inscripción previa de la segregación del lote de 464.3378 m.c (Artículo 85 y 87 A de la Ley Hipotecaria).
3. En la comparecencia de la escritura que motivó esta de-negación se omiten los apellidos y circunstancias personales de los que comparecen representados por Filiberto Pérez (Artículo 15-D de la Ley Notarial; Artículo 64, Ley Hipotecaria; Artículo 80.2, Reglamento y 99.4 del Reglamento).
4. De la orden de fecha 16 de septiembre de 1977, Civil Número 74-12,275 del Tribunal Superior de Caguas no resultan como peticionarios los representados en la escritura de epígrafe por Filiberto Pérez de nombre Adalberto, Domingo Miguel, Fili, Adalberto, Elba Selenia [y Aida Esther].”()

C. Cesión

“1. La falta de inscripción previa a favor del cedente, Pino Development Corporation.
2. Falta acreditar las facultades debidamente juradas de Juan Agustín Rivero para presentar a Pino Development Corporation (Royal Bank of Canada v. Registrador, 105 D.P.R. 414).
3. En la escritura se omite expresar el valor de la agrupación.
“4. En la escritura se omite señalar el número de seguro social de los otorgantes!, Pino Development y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Rico]”.

H — 1 HH

Las faltas 1 y 2 formuladas a la ‘Instancia” son de na-turaleza similar: determinar si es suficiente para subsanar en el Registro de la Propiedad (Registro) la presencia de tracto sucesivo de la finca. Pino argumenta que la instan-cia no sólo corrige el tracto, sino que de la información plasmada en el Registro puede inferirse que Adalberto Pé-rez Toledo es el único y universal heredero.

Concurrimos con el Registrador en cuanto a la necesi-dad de requerir documentos complementarios, aunque no procede exigir que los solicitantes sean los herederos de Pérez Toledo. Veamos.

Nuestro derecho registral hace viable la rectifica-ción de providencias regístrales por medio de instancias; sin embargo, por regla general, éstas no producen asientos. Arts. 50.2 y 141.4 del Reglamento General para la Ejecu-ción de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Reglamento General), 30 L.P.R.A. sees. 2003-50.2 y 2003-141.4, edición especial. A modo de paréntesis, es menester recordar que Pino, además de la instancia, desea lograr acceso al Registro de varias escrituras; en otras palabras, solicita la inscripción de derechos inmobi-liarios, no una mera rectificación de un asiento registral.

El Art. 110(c) de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (en adelante Ley Hipotecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2360(c), permite rectificar inexactitudes por defecto o error de algún asiento en el Registro. Su Art. 100 (30 L.P.R.A. sec. 2321) aclara el concepto "defecto” en los asientos regístrales. Para corregir tales inexactitudes hay que tener a la vista el instrumento que motivó la acción, sin recurrir a una resolución judicial, siempre que no se afecten los derechos de titulares inscritos. Art. 151 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2502.

En este recurso, ambas partes están de acuerdo en que no se afectan derechos de terceros con la corrección. No obstante, para reanudar el tracto sucesivo, es imperativo declarar a Pérez Toledo único y universal heredero dé Herminia Toledo Segarra. Arguyendo que esta conclusión pudiera derivarse de los documentos en el Registro, no sería posible tal inferencia, pues se ha creado un estado de derecho en el Registro y el Registrador carece de facultad para modificarlos prescindiendo de los trámites legales correspondientes. Güibas v. Registrador, 98 D.P.R. 573, 578 (1970); Berlingeri v. Registrador, 96 D.P.R. 706 (1968); Esso Standard Oil Co. v. Registrador, 88 D.P.R. 306 (1963); Puffer v. Registrador, 61 D.P.R. 40 (1942). En su función calificadora, tiene que atenerse al estado de derecho resultante del Registro. Por más poderosa y obvia que pueda ser la inferencia deseada, el Registrador no es juez ni tiene la potestad para declarar y determinar derechos dudosos o controvertidos. En Banco de San Juan v. Registrador, 103 D.P.R. 417, 422 (1975), incorporamos así la visión de Roca Sastre:

“El Registrador al calificar no puede fundarse en lo que no conste en los títulos presentados y en el contenido del Registro, de suerte que, salvo el Derecho aplicable, en funciones de cali-ficación no existen para el Registrador sino [e]stos dos elemen-tos, y ninguno más.” Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo II, pág. 262, Sexta Ed. 1968. (Énfasis suplido.) Véase, además, Nido & Cía. S. en C. v. Registrador, 74 D.P.R. 789, 799 (1953).

Las instancias han sido utilizadas como documentos complementarios para aclarar, no modificar, derechos.() La corrección deseada por Pino a través de la presentación de la instancia no sólo actualizaría la realidad registral con la extraregistral, sino un estado de derecho registral sin mediar título. No es posible.

En Figueroa Pesante v. Registrador, 126 D.P.R. 209, 212-214 (1990), al glosar la naturaleza del documento complementario, dijimos:

El Art. 43 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2206, define “título” de la forma siguiente:
“Se entenderá por título, conforme a la sección anterior y para los efectos de la inscripción, el contenido del documento o documentos públicos en que funde inmediatamente su derecho la persona a cuyo favor haya de practicarse aquélla y que ha-gan fe, por sí solos o con el de otros documentos complementa-rios, o mediante formalidades cuyo cumplimiento se acredite.”
En España, el Art. 33 del Reglamento Hipotecario es la dis-posición equivalente a nuestro citado Art. 43.
Don Ángel Sanz Fernández, en su obra Instituciones de Derecho Hipotecario, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. II, págs. 315-316, ... nos comenta:
“... [La finalidad del concepto de documento complementario] es complementar el documento inscribible respecto de todos aquellos aspectos y circunstancias que siendo necesarios para la inscripción, no se acreditan y justifican directamente por aquél.”
En su exposición, Sanz provee algunas características de los documentos complementarios y los describe de la forma si-guiente:
“(a) Por su contenido — El documento complementario no es título a los efectos de la inscripción, pues no sirve de base al dominio o al derecho real o al asiento practicable.
(b) Por su naturaleza hipotecaria — El documento comple-mentario no es un documento inscribible. El documento inscri-bible es siempre el principal, el complementario sirve para de-mostrar o lograr la inscribilidad de aquél, pero carece de autonomía a los efectos regístrales.
(c) Por su forma — Por no ser un documento inscribible no le es aplicable el art. 3 de la Ley y el 33 del Reglamento. Conse-cuencia de ello es que los documentos complementarios pueden ser documentos privados, salvo que por disposición legal dis-tinta de la hipotecaria, requieran la forma pública y que no es precisa la presentación del documento mismo, siendo suficiente un testimonio notarial de él.” Sanz, op. cit., pág. 315.
En resumen, según lo expone Sanz, hay que distinguir entre el documento principal inscribible y los documentos complementarios. El autor discute la finalidad del documento complementario y expone que su propósito es complementar aquellos aspectos necesarios para hacer inscribible el docu-mento principal. Señala que el documento complementario ca-rece de autonomía para los efectos de la inscripción. Por lo tanto, no es un documento inscribible por sí mismo.
Roca Sastre, en la discusión del Art. 33 del Reglamento Hi-potecario español nos dice:
“A base de estimar que las palabras hacen fe del art. 33 del Reglamento Hipotecario quieren expresar la idea de ‘surten efecto’ o ‘son inscribibles’, hay que afirmar que existen títulos que por sí mismos son inscribibles, mientras que hay otros que para ello necesitan el auxilio de otros documentos complementarios.
Estos documentos complementarios no son títulos propia-mente dichos, pues en ellos no funda su derecho la persona a cuyo favor ha de practicarse la operación registral a efectuar, ni son base fundamental del asiento practicable. Únicamente complementan los títulos cuando éstos, solos, no pueden- pretender su ingreso en los libros hipotecarios. Los títulos básicos autentican el acto o causa jurídica que provoca la titularidad consignable en el Registro. Los documentos complementarios solamente acreditan hechos o circunstancias que rodean aque-llos títulos fundamentales, cooperando en la formación total del título inscribible.” (Énfasis en el original.) R.M. Roca Sastre y L. Roca-Sastre Muncunill, Derecho Hipotecario, 5ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1954, T. II, págs. 158-159.
Este Tribunal ha sostenido en varias ocasiones que los Regis-tradores de la Propiedad tienen facultad para solicitar la pro-ducción de documentos complementarios en aquellos casos que: (1) Por ley o por reglamento así se requiera para la inscripción de un documento; (2) del documento surja causa para creer que es inválido, y (3) el propio documento no refleje su entera validez. U.S.I. Properties, Inc. v. Registrador, 124 D.P.R. 448 (1989); Ruiz-Sierra v. Registrador, 103 D.P.R. 578 (1975).

Fue correcta la actuación de la Registradora al requerir los documentos complementarios. Alameda Tower Associates v. Muñoz Román, 129 D.P.R. 698 (1992); Art. 64 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2267. La instancia de autos simplemente no es suficiente en derecho para alterar el estado de derecho registral y atemperarlo a la realidad extraregistral. Debe cumplirse con el documento de la su-cesión hereditaria y cualquier otro que le permita al Regis-trador efectuar los trámites interesados. Art. 95 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2316.

Ahora bien, carece de razón la Registradora al sostener que los herederos de Pérez Toledo, y no el albacea Pérez, deben presentarla.

Parte interesada es quien tiene interés o derecho en una cosa, negocio, transacción o pleito. No es difícil concluir que Pino, representada por Juan Agustín Rivero, está interesada legítimamente en la corrección del tracto sucesivo, por cuanto en la realidad extraregistral adquirió un título sobre el inmueble a través de una compraventa. Según el Art. 48(d) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2251(d), la persona que represente al adquirente de un derecho, y tiene interés en asegurar su inscripción (incisos (a) y(c)), puede pedir la inscripción del título correspondiente en el Registro. Ciertamente, el. que está facultado para “más”, lo está para “menos”, Le.: si puede presentar un título para su inscripción puede presentar una instancia para aclarar lo relativo a su derecho.

Ello nos lleva a examinar la tercera falta notificada para la “instancia”, correspondiente a la segunda falta en “cesión”, a saber, el requisito de “legalizar las fir-mas” en las certificaciones de funcionarios de una corporación para acreditar su autoridad para otorgar escrituras. Royal Bank of Canada v. Registrador, 105 D.P.R. 414 (1976). R.M. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., Barcelona, Ed. Bosch, 1968, T. II, pág. 588. La legitimación de tales firmas tiene el propósito de “imprimirle garantía de verdad que nace, prima facie, con la intervención notarial en la negociación privada, y así llevada al Registro de la Propiedad —donde la corrección, exactitud y verdad son corolarios y objetivos imprescindibles para su buen funcio-namiento ...”. Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., 117 D.P.R. 110, 132 (1986).

Advertimos, sin embargo, que en ningún momento he-mos exigido lá juramentación por parte del funcionario cor-porativo de sus facultades para efectuar cualquier trámite requerido a nombre de la persona jurídica representada. El certificado de resolución presentado por Pino cumple con nuestros requerimientos jurisprudenciales. El notario pú-blico Jaime Aponte Parsi autenticó la firma de Irwin H. Flashman, Secretario Auxiliar de dicha entidad, quien cer-tificó como correcta, conforme sus estatutos internos, la Resolución de la Junta de Directores de la Corporación que autorizó a Juan Agustín Rivero y ratificó los trámites de Alejandro Morales Gerena. No era necesaria ninguna otra juramentación.

La última falta en la “instancia” —no inscripción previa a favor de la sucesión hereditaria de Alberto Pérez Toledo— fue desistida por la Registradora excepto exigir acre-ditar la designación de herederos y las planillas de contri-bución sobre herencia.

El Art. 60 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2263, establece:

Los bienes inscritos a favor del causante no necesitarán re-gistrarse a nombre de los mandatarios, representantes liquida-dores, albaceas y demás personas que con carácter temporal actúen como órganos de actuación autorizados por las leyes.
Tampoco lo necesitarán a favor de los herederos cuando rati-fiquen contratos privados realizados por sus causantes siempre que consten por escrito, firmados por éstos, que se protocoliza-rán con la escritura de ratificación. En todo caso deberá acredi-tarse el carácter de los herederos. (Enfasis suplido.)

Ante estos preceptos, concurrimos con la Registradora sólo en cuanto a presentar los documentos complementa-rios, sin perjuicio a lo establecido en los Arts. 72.1 y 72.2 del Reglamento General, 30 L.P.R.A. secs. 2003-72.1 y 2003-72.2, edición especial.

HH I — I

La primera falta en la Escritura Núm. 4 sobre Cesión” y la primera y segunda de la Escritura Núm. 70 de “com-praventa”, son no haberse inscrito la segregación del lote de 464.33778 m.c. a favor del cedente, como de la finca principal a favor del vendedor, resultando así la inexisten-cia de tracto sucesivo.

La postura de la recurrente Pino Development Corp. es conflictiva. De un lado mantiene que la segregación del predio en cuestión ya se efectuó por medio de cierto testa-mento, y por el otro aduce que el lote “está siendo segrega-do” a través de la Escritura Núm. 70 de compraventa. La Registradora nos dice que “del historial de la finca principal no resulta nota de segregación alguna relacionada con la cabida de 464.33778 m.c.”; tampoco la Escritura Núm. 70 solicita su segregación. Pino no ha proporcionado docu-mento alguno del cual efectivamente surja esa segregación.

En estas circunstancias, rige el Art. 57 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2260. Bajo su concordante derogado —Art. 20 de la antigua Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 45— en Sucn. Carrasquillo v. Registrador, 95 D.P.R. 923, 931-932 (1968), sostuvimos que “ ‘[piara inscribir o anotar el título en que se transfiera o grave el dominio o la posesión de bienes inmuebles o derechos reales, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se haga la transmisión o gravamen’. Es el llamado principio de tracto sucesivo”. “En su aspecto negativo (o registral o formal), este principio impide la inscripción de todo acto que no emane del titular registral, de suerte que se pueda lograr una sucesión encadenada de los asientos que refleje la his-toria registral de la finca. El cumplimiento de este requi-sito tiene que surgir del Registro al momento de efectuarse la toma de razón correspondiente, procediendo en tal caso la inscripción aunque al momento de la transacción el transmitente no hubiese sido el titular registral.” H.M. Brau del Toro, Apuntes para un curso sobre el estado del derecho inmobiliario registral puertorriqueño bajo la Ley Hipotecaria de 1893, 48 (Núms. 2-3) Rev. Jur. U.P.R. 113, 143 (1979).

Y es que si una finca está inscrita a nombre de persona distinta del que la transfiere, estamos ante un defecto insubsanable del título que impide su inscripción. Rivera v. Registrador, 73 D.P.R. 720, 724 (1952); Álvarez v. Registrador, 57 D.P.R. 665 (1940); Fournier v. Registrador, 79 D.P.R. 796 (1957). El principio de tracto sucesivo exige continuidad en la identificación del titular registral; igual requisito para la realización de una segregación previa a una subsiguiente enajenación del inmueble segregado. No es inscribible la venta del remanente de un predio cuando no surge inscripción registral alguna de segregación previa. Berlingeri v. Registrador, supra, pág. 714. No era inscribible la cesión del predio, como tampoco su compraventa, por no haber mediado la previa segregación de la finca matriz.()

A fin de cuentas, según comentamos en Berlingeri v. Registrador, supra, pág. 710, “[a] los efectos de calificar un instrumento presentado en el Registro de la Propiedad para su inscripción el Registrador tiene que atenerse a lo que resulte de los documentos presentados teniendo en cuenta los asientos del Registro referentes a la misma propiedad. Esso Standard Oil Co. v. Registrador, 88 D.P.R. 306 (1963); José Sabater, Práctica Civil—Ley Hipotecaria, pág. 406 (1945); Morell y Terry, Comentarios a la Legislación Hipotecaria, ed.1927, Tomo II, pág. 259”. (Escolio omitido.)

Actuó correctamente la Registradora al dictaminar que la segregación era un paso previo indispensable para efec-tuar una enajenación posterior (compraventa) de la finca.

IV

Igual dictamen se impone en cuanto a la omisión de informar los apellidos y las circunstancias personales de los herederos representados por el albacea testamentario en la escritura de “compraventa”. Ante nos, las partes in-vocan diferentes legislaciones y, por ende, la necesidad o no de haber consignado esa información.

La Ley Notarial, Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. ant. sec. 1001n.), vigente a la fecha de la compraventa, requería el nombre y las demás circunstancias de los testigos. Sec. 10 de la Ley Notarial de 1956 (4 L.P.R.A. ant. sec. 1010). La Registradora se apoya en el Art. 15(d) de la Ley Notarial de Puerto Rico, Ley Núm. 75 de 2 de julio de 1987 (4 L.P.R.A. sec. 2033)), que exige que la escritura pública contenga el nombre y los apellidos, además de las circunstancias personales de los otorgantes o testigos.()

Nuestro derecho registral está predicado en la certeza y corrección de sus inscripciones; para evitar la confusión y la comisión de errores, los asientos del Registro deben ser lo más completos y claros posibles. Rosado Collazo v. Registrador, 118 D.P.R. 577, 582 (1987); Acevedo v. Registrador, 115 D.P.R. 461, 462 (1984); Consejo Tit. C. Parkside v. MGIC Fin. Corp., 128 D.P.R. 538 (1991). “En la consecución de esos objetivos, la Ley Hipotecaria faculta al Registrador para calificar todos los documentos presentados ante él para su inscripción. Mojica Sandoz v. Bayamón Federal Savs., [supra]; Cabassa v. Registrador, 116 D.P.R. 861 (1986).” Rosado Collazo v. Registrador, supra, pág. 582. No concebimos que para el notario u otorgantes sea gravoso requerir que se consigne sus nombres y apellidos, así como otras circunstancias. Rosado Collazo v. Registrador, supra, pág. 585.

En la escritura que nos ocupa era menester los nombres completos y circunstancias personales de los herederos representados por el albacea. Recordemos que “[l]a ‘sucesión’ como persona jurídica no existe en nuestro derecho”. Danz v. Suau, 82 D.P.R. 609, 614 (1961). Para muchos menesteres legales, es pues necesario que la sucesión “se particularice e individualice expresando los nombres de los miembros que la componen”. Véase Fuentes v. Tribl. de Distrito, 73 D.P.R. 959, 987 (1952).

Al comparar los requisitos de la Ley Notarial anterior y la vigente, notamos que sus propósitos eran idénticos; de-bemos, pues, darles la misma interpretación a sus disposi-ciones correlativas. Los requisitos de ambas leyes armoni-zan fácilmente.

Mediante la falta Núm. 4 de la compraventa se señaló que los herederos de Pérez Toledo no comparecieron como peticionarios en el Caso Civil Núm. 74-12-275. Pino sos-tiene que era innecesaria, pues los herederos estaban re-presentados por Filiberto Pérez, albacea testamentario.

La cuestión requiere repasar suscintamente las facultades del albacea testamentario. Los Arts. 823 y 824(4) del Código Civil, 31 L.P.R.A. sees. 2520 y 2521, respectivamente, intiman que “[l]os albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador; y no sean contrarias a las leyes”. De no haberse determinado las facultades de éstos a través del testamento, los albaceas podrán “[tjomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes”. (Enfasis suplido.)

El albacea ha sido designado por el causante para que ejecute su última voluntad. M. Albadalejo, El albaceazgo en el derecho español, Madrid, Ed. Tecnos, 1969, pág. 20.

En González Muñiz, Ex parte, 128 D.P.R. 565, 572 (1991), señalamos:

El Código Civil no señala taxativamente la responsabilidad de los albaceas. Este vacío ha sido la génesis de un debate doc-trinario entre muchos tratadistas que intentan ubicar el alba-ceazgo dentro de otras figuras definidas, tales como el mandato, la representación y la administración. J. Castán Tobeñas, De-recho civil español, común y foral, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1944, T. IV, pág. 610; F. Sánchez Román, Estudios de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Est. Tipográfico “Sucesores de Rivade-neyra, 1910, T. VI, Vol. 2, pág. 1380 y ss; C. De Diego, Institu-ciones de derecho civil español, Madrid, Artes Gráficas Julio San Martín, 1959, T. III, pág. 257 y ss.; M. Royo Martínez, Derecho Sucesorio Mortis Causa, Sevilla, Ed. Edelce, 1951, pág. 315; F. Bonet Ramón, Jurisprudencia del Tribunal Supremo: comentario a sentencia Núm. 309 de 5 de julio de 1947, 31 Rev. Der. Priv. 868, 887 (1947); Valverde, Tratado de Derecho Civil Español, 4ta ed., Valladolid, Talleres Tipográficos Cuesta, 1939, T. V, pág. 350 y ss.

El “[a]lbacea tiene aquellas facultades que podrían llamarse secundarias o instrumentales, que sean necesarias para el ejercicio de las otorgadas por el testador o para su normal utilización Ab Intestato Marini Pabón, 107 D.P.R. 433, 438 (1978). Véanse: Art. 824 del Código Civil, supra; Paine v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 817 (1962); Mercado v. Mercado, 66 D.P.R. 811 (1947); Albadalejo, op. cit., pág. 242.

La jurisprudencia ha establecido que cuando los albaceas tienen facultad para vender bienes inmuebles no es necesario la intervención de los herederos, siempre que sean voluntarios. Irizarry Cordero v. Registrador, 89 D.P.R. 747, 751 esc. 2 (1964); Vilella v. Registrador, 36 D.P.R. 795 (1927); Estate of Harry McCormick v. Registrador, 39 D.P.R. 474, 476 (1929); Acuña v. Registrador de San Juan, 28 D.P.R. 423, 424-425 (1920); Sucesión Criado v. Martínez et al., 25 D.P.R. 334, 339 (1917). Como corolario, no puede sin la concurrencia de los herederos forzosos. E. González Tejera, Derecho Sucesorio Puertorriqueño, San Juan, Ed. Ramallo, 1983, Vol. II, págs. 492-493.

Como indicamos en Paine v. Srio. de Hacienda, supra, pág. 820:

Nada se encontrará en nuestro ordenamiento jurídico que nos permita considerar el albaceazgo como una entidad jurídica dis-tinta a los herederos que representan. El albaceazgo no es otra cosa que una administración acompañada de un derecho de re-presentación para cumplir ciertas funciones específicas relacio-nadas con la conservación del caudal hereditario hasta el mo-mento en que la herencia sea adida por los herederos, y como tal, tampoco podemos considerar a los albaceas como que for-man una persona jurídica distinta a los herederos: Véase Fuentes v. Srio. de Hacienda, 85 D.P.R. 492... (1962).

En resumen, aunque el testador confiera al albacea facultad para enajenar, su ejercicio está supeditado a la concurrencia de los herederos forzosos. Procedió correc-tamente la Registradora.

Las faltas quinta a octava de la escritura de “Compra-venta” no fueron discutidas por la recurrente Pino. Nuestro derecho registral estima cometidos dichos defectos después de pasados los veinte (20) días para interponer la “recalificación”. Art. 70 de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2273; Art. 89.3 del Reglamento General, 30 L.P.R.A. sec. 2003-89.3, edición especial. Sin más discusión, procede confirmarlas.

V

El tercer defecto en la escritura de “cesión” consistió en no expresar el valor de la agrupación. Pino argumenta que esa información era innecesaria, ya que el objetivo del valor de un inmueble a inscribirse está relacionado con los derechos arancelarios a cancelar, y la Autoridad de Acue-ductos y Alcantarillados no cancela derechos en los instru-mentos públicos.

El cumplimiento relativo a la expresión del valor del inmueble objeto de inscripción obedece al requisito del Art. 87(a)(2) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2308. Desde temprano, el derecho registral y la jurisprudencia honra-ron la mencionada exención. Véanse: Ley Núm. 91 de 30 de mayo de 1970 (30 L.P.R.A. sec. 1767a-1767e; E.U.A. v. Registrador, 116 D.P.R. 269 (1985); Alonso v. Tribl. Examinador de Médicos, 74 D.P.R. 158 (1952); Valdespino v. Junta de Retiro, 69 D.P.R. 941 (1949); The R.F.C. Mortgage Co. v. Registrador, 60 D.P.R. 235 (1942). Ahora bien, es incorrecto atribuirle al requisito del valor inmueble efectos sólo para el monto de derechos a ser cancelados. Aunque ello de-pende de la valoración, y ésta a su vez de numerosos fac-tores —Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976); Basora Defilló v. Srio. de Hacienda, 88 D.P.R. 1 (1963)— su necesidad responde al principio de especifica- ción registral: el valor es parte de la identificación del pre-dio como derecho inmobiliario a registrarse. La Asamblea Legislativa siempre ha sido consciente de la necesidad de atemperar y actualizar la información en el Registro con la realidad cambiante extraregistral. Así la información del Registro se mantiene “al día”, al menos en lo que al valor del inmueble concierne. Aponte Parés v. Registrador, 106 D.P.R. 176 (1977).

Como bien señala la Registradora, estar exento de can-celar derechos es muy distinto a estar obligado a expresar el valor del inmueble objeto de inscripción. Aunque ambos preceptos coinciden, no agotan sus propósitos.

La cuarta falta en la “Cesión” —no consignar el número de Seguro Social de los otorgantes— es improcedente. Así lo acepta la Registradora. Ese requisito en la actual Ley Notarial de 1987 no obliga la redacción de instrumentos públicos otorgados con anterioridad a su vigencia.

Se dictará la correspondiente sentencia que confirme a la Registradora.

Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Alonso Alonso concurrieron con el resultado sin opinión escrita.

      (1) El problema primordial de tracto tuvo su génesis en la premoriencia de ciertos herederos que creó una incongruencia entre el titular registral y el extraregistral.

      (2) La cita correcta es 105 D.P.R. 414, 416 y 421 (1976).

      (3) Como complemento a éstas se añadieron en la Notificación de Anotación Preventiva sobre Denegación de 16 de febrero de 1989:
      “5. Tampoco se expresan sus apellidos ni sus circunstancias personales (art. 15(d) Ley Notarial, art. 64 Ley Hipotecaria y art. 80.2 y 99.4 del Reglamento).
      “6. De la orden tampoco resulta que la misma es firme (Regla 65 .3 de Proce-dimiento Civil 1979).
      “7. Falta acreditar con las facultades juradas de la Pino Development Corporation a favor de Alejandro Morales Gerena. La affidavit de 11 de febrero de 1986 ante Jaime Aponte Parsi, no está jurada. (Royal Bank v. Registrador [105] D.P.R. 416-421).
      “8. Falta complementar con testamento y planilla de herencia de Adalberto Pérez Toledo el cual se otorgó mediante la escritura #9 del 24 de julio de 1979 ante el notario Juan G. Soto debidamente inscrita en el Reglamento de testamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico.” Notificación de anotación preventiva sobre denega-ción de 16 de febrero de 1989, pág. 2.

        Ninguna de estas faltas, enumeradas 5 a 8 de la “Compraventa”, fueron discu-tidas por la recurrente Pino Development Corp. en el presente Recurso Gubernativo.

      (4) En ciertas ocasiones han resultado innecesarias y son obviadas. Véase Sucn. Carrasquilla v. Registrador, 95 D.P.R. 923, 930 (1968).

      (5) El Art. 100 de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad (Ley Hipo-tecaria), 30 L.P.R.A. sec. 2321, define “asiento defectuoso” como aquel que omite o expresa con inexactitud sustancial algún requisito. Las faltas que impiden la regis-tración causan la inexistencia del acto o contrato objeto del registro o, también, la nulidad o anulabilidad del mismo o del documento presentado. Art. 68(1) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2271.
      Los Arts. 87(A)(1) y (A)(4), 30 L.P.R.A. sec. 2308, requieren que se exprese el nombre del titular de quien proceden inmediatamente los bienes o derechos que deban inscribirse; de la misma manera, el principio registral de tracto sucesivo no permite la omisión de eslabón alguno —en el caso de autos la segregación— en el historial de una finca.

      (6) También exige el cumplimiento con el Art. 64 de la actual Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2267, y con el Art. 99.4 de su reglamento, 30 L.P.R.A. sec. 2003-99.4, edición especial: apellidos y circunstancias personales de los comparecientes en las escrituras. El equivalente en la vieja Ley Hipotecaria vigente en 1977 era el Art. 9(5), 30 L.P.R.A. ant. sec. 34, hoy Art. 87(A) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. sec. 2308. Véase, también, el Art. 63(9) del Reglamento para la Ejecución de la Ley Hipotecaria de 1893 (30 L.P.R.A. sec. 921). Las diferencias son más aparentes que reales.


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Lladó Secretario General
     Juez Asociado Señor Rebollo López.

text:
    Carlos Betancourt Calo y otros, demandantes y recurridos, v. International Air Services of Puerto Rico, Inc. y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-92-440

      Resuelto: 20 de mayo de 1993

      Zaida Prieto Rivera, de Cando, Nadal y Rivera, abogada de los recurrentes; Felipe Cirino Colón, abogado de los recurridos.
   SENTENCIA

El 8 de enero de 1988 los querellantes, trabajadores de carga y descarga durante más de 24 años consecutivos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, fueron despedidos de sus empleos. El 30 de diciembre de ese año presentaron una demanda contra International Air Service of Puerto Rico, Inc. (en adelante International) y Airport Aviation. Su reclamación contenía cuatro causas de acción. En la primera se alegó que la demandada le adeudaba sa-larios por concepto de horas extras trabajadas durante los últimos tres años de labor, a tenor con lo establecido en la Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 282. La segunda causa de acción era una reclamación de mesada a tenor con la Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 185, por despido injustificado. La tercera causa de acción estaba fundada en que al momento del despido no se había pagado a los demandantes las vacaciones acumuladas, el Bono de Navidad ni la licencia por enfermedad acumuladas (corres-pondiente a los últimos tres años de labor), a tenor con lo establecido por la Ley Núm. 96 de 25 de junio de 1956 (29 L.P.R.A. sec. 245 et seq.) y por la Ley Núm. 148 de 30 de junio de 1969, según enmendada, 29 L.P.R.A. sec. 501. La cuarta causa de acción era una reclamación por daños y perjuicios. A los fines del procedimiento para la tramita-ción de su querella, las partes se acogieron a lo dispuesto en la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961, según enmen-dada, 32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.

La demandada, International, fue emplazada el 10 de febrero de 1989. El 16 de febrero de ese año, ésta presentó una moción en la que informaba al tribunal que se había acogido a un procedimiento bajo la Ley Federal de Quie-bras desde el 27 de mayo de 1988, por lo que solicitaba la paralización de esta querella. El 13 de noviembre de 1989 la demandada informó al tribunal de instancia que la Corte de Quiebras había desestimado su solicitud de quie-bra el 1ro de noviembre de ese año. Solicitó también el relevo de su representación legal, que el tribunal le aceptó, concediéndole el 27 de noviembre un término de 30 días para informar su nueva representación legal. El 5 de enero de 1990 se comunicó la nueva representación legal de la demandada con el tribunal y el 8 de enero solicitó una pró-rroga de 30 días para contestar la querella.

El 29 de enero de 1990 los recién nombrados abogados de la demandada solicitaron que se les relevara y que se le diera a la demandada 30 días para informar otra nueva representación legal. El tribunal también accedió a esta petición.

Varios meses más tarde, el 22 de agosto de 1990, la parte querellante pidió al tribunal la anotación de rebeldía contra la demandada International por no haber contes-tado aún la querella. La moción le fue remitida a la deman-dada, y el 20 de septiembre de ese año se le anotó la rebeldía.

El 6 de junio de 1991 compareció la demandada anun-ciando su nueva representación legal y el 2 de julio de ese año solicitó mediante una moción que se dejara sin efecto la anotación de rebeldía. El tribunal un concedió término a la parte querellante para replicar a tal moción, lo que ésta hizo, y el 28 de octubre de 1991 declaró sin lugar la solici-tud de relevo de rebeldía.

El 9 de julio de 1992 el tribunal hizo un detallado re-cuento de todos los trámites procesales, los relatados antes y otros, destacando expresamente “la actitud de injustifi-cada dejadez” y la “dilación indebida de los procedimientos” de parte de International, señalando que su injustificada “prolongación” de éste caso había causado perjuicio y con-secuencias negativas a la parte querellante. También des-tacó el tribunal de instancia, citando decisiones nuestras, que tales prácticas dilatorias, “que sobrecargan indebida-mente el sistema de justicia” (Apéndice XI, pág. 13), son particularmente improcedentes en casos como éste, donde la Asamblea Legislativa ha ordenado un procedimiento su-mario que exige pronta solución de las querellas en cuestión. Determinó que desde el 1ro de noviembre de 1989 la demandada estaba sujeta a responder a la querella en su contra, que debía contestar dentro del plazo sumario de 10 días y, sin embargo, al 2 de julio de 1991 todavía no lo había hecho. Finalmente, el tribunal indicó que había transcurrido “un período considerable de tiempo” desde que se le notificó a la demandada la denegatoria de su mo-ción de relevo de rebeldía sin que ésta hubiese “radicado recurso de revisión alguno” ni realizado “ninguna otra ges-tión en el caso a su favor”, por lo cual procedió a dictar lo siguiente:

SENTENCIA PARCIAL
Por los fundamentos expuesto[s] anteriormente, se dicta sen-tencia parcial en el caso, declarando CON LUGAR la querella en contra de International Air Service [de] Puerto Rico, Inc., condenándola a pagar a éstos la cantidad de $218,245.60, en la primera causa de acción; $68,481.60, en la segunda causa de acción, y $23,034.54, en la tercera causa de acción. Se le impone además el pago de $30,000.00 en concepto de honorarios de abogado, así como el pago de los intereses legales sobre el total de dicha suma reclamada en la primera y segunda causa de acción desde que ocurrió el despido hasta su completo pago.
En cuanto a la tercera causa de acción en reclamación del [B]ono de [N]avidad, se impone el pago de intereses desde que el empleado tenía derecho al pago de- cada bono y no le fue satisfecho.
Se desestima, sin perjuicio, la cuarta causa de acción por da-ños y perjuicios incoada contra International.
Se dispone la continuación inmediata de los procedimientos en contra de la co-querellada Airport Aviation Services para resolver en su día si fue patrono sucesor y/o adquirió de International un negocio en marcha y su grado de responsabilidad, si alguna, para con los querellantes. (Enfasis en el original.) Apéndice XI, págs. 20-21.

Inconforme con esta sentencia, International acudió ante nos para señalar lo siguiente:

1. El Honorable Tribunal Superior cometió error al imponer el pago de intereses a partir de la fecha de despido en una reclamación de horas extras a tenor con la Ley 379 del 15 de mayo de 1948, según emmendada, 29 L.P.R.A. sees. 271 [et seq.1
2. El Honorable Tribunal Superior cometió error al imponer intereses a partir de la fecha de despido en una reclamación de mesada a tenor con la Ley 80 del 30 de mayo de 1976, según enmendada, 29 L.P.R.A. secs. 185A y siguientes.
3. El Honorable Tribunal Superior cometió error al imponer intereses en una reclamación de bono a tenor con la Ley 148 del 30 de junio de 1969, según enmendada, 29 L.P.R.A. sees. 501 y siguientes, a partir de la fecha en que debió recibirse el bono.
4. El Honorable Tribunal Superior cometió error en la can-tidad otorgada por concepto de honorarios de abogado. Revi-sión, pág. 4.

El 6 de noviembre de 1992 le dimos un término a la parte recurrida para mostrar causa por la cual no debía modificarse la sentencia de instancia (1) en lo relativo al pago de intereses sobre la reclamación de horas extras; (2) respecto a la fecha a partir de la cual deben computarse los otros intereses imputados, y (3) en cuanto a la cantidad otorgada por concepto de honorarios de abogado. Luego de tres prórrogas, la recurrida compareció, y estando en posi-ción de resolver, procedemos a hacerlo.

H-l

En su primer señalamiento de error, el recurrente cues-tiona que se le haya impuesto el pago de intereses en la reclamación de horas extras. El recurrente entiende que conforme a lo establecido en la Ley Núm. 379, supra, y en el caso de Pan American v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 413 (1972), el pago de intereses es improcedente. El recu-rrente tiene razón.

La Ley Núm. 379, supra, establece en su Art. 13 (29 L.P.R.A. sec. 282) lo siguiente:

Todo empleado que reciba una compensación menor que la fijada en las sees. 271 a 288 de este título para horas regulares y horas extras de trabajo o para el período señalado para tomar los alimentos tendrá derecho a recobrar de su patrono me-diante acción civil las cantidades no pagadas, más una suma igual por concepto de liquidación de daños y perjuicios, además de las costas, gastos y honorarios de abogados del procedimiento.

Interpretando la ley referida, hemos establecido que en ésta no se dispuso que, además de la indemnización, el patrono pagaría intereses sobre las sumas adeudadas a partir de su reclamación por la vía judicial. Hemos indi-cado, además, que a las reclamaciones de salario no les aplica el Art. 1061 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3025. Específicamente, la Ley Núm. 379, supra, varió esta me-dida de indemnización por otra más onerosa, como lo es el pago adicional de una suma igual a la adéudada. Pan American v. Tribunal Superior, supra. Los trabajadores reclamaron en su querella $109,122.80 por concepto de horas trabajadas en exceso de la jornada regular, y el tribunal de instancia, conforme con la Ley Núm. 379, supra, le conce-dió el doble de lo reclamado, como penalidad o indemniza-ción adicional. No procede, pues, la imposición de intereses. Como dijimos en Pan American v. Tribunal Superior, supra, en la Ley Núm. 379, supra, que rige este caso, el legislador determinó taxativamente cuál era la me-dida de daños y no incluyó los intereses.

HH HH 1 — I

En el segundo señalamiento de error, el recurrente in-dica que, a la luz de lo establecido en la Ley Núm. 80, supra, no procedía la imposición de intereses en relación con la reclamación de mesada desde que ocurrió el despido, sino desde que se dictó la sentencia. Señala que aunque entiende que a una reclamación bajo la Ley Núm. 80, supra, le aplica la Regla 44.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, en este caso, como el tribunal de instancia no determinó que la recurrente fue temeraria, no procedía la imposición de intereses presentencia.

Hemos resuelto reiteradamente que no es necesario que un tribunal de instancia determine expresamente que el litigante en cuestión actuó con temeridad. Si impone la sanción pertinente, se presume que la determinación de temeridad está implícita en la sentencia dictada, sobre todo si los términos en los cuales está redactada la sentencia así lo revelan. Montañez Cruz v. Metropolitan Cons. Corp., 87 D.P.R. 38 (1962); Sucn. Arroyo v. Municipio, 81 D.P.R. 434 (1959); Rodríguez v. Alcover, 78 D.P.R. 822 . (1955); Vélez v. Ríos, 76 D.P.R. 860 (1954); Castro v. Payco, Inc., 75 D.P.R. 63 (1953); Font v. Pastrana, 73 D.P.R. 247 (1952). El tribunal de instancia hace en este caso numero-sas referencias expresas en su sentencia a las múltiples prácticas dilatorias del recurrente y luego le impone inte-reses presentencia y honorarios de abogado. No cabe duda, pues, que el tribunal entendió, con razón, que el recurrente fue temerario. La Regla 44.3 de Procedimiento Civil, supra, permite la imposición de intereses “desde que haya surgido la causa de acción en todo caso de cobro de dinero” cuando una parte ha procedido con temeridad. El tribunal entendió en este caso que el recurrente fue temerario, por lo que procedía la imposición de intereses desde que surgió la causa de acción. No se cometió el segundo error imputado.

<1

Como tercer señalamiento de error, el recurrente señala que el tribunal de instancia no debió imponer intereses a partir de la fecha en que debió pagarse el bono de Navidad. Se nos indica que la Ley Núm. 148, supra, provee para el pago de una compensación adicional y no provee para el pago de intereses, añadiendo que, no obstante, como el bono se reclama a tenor con la Ley Núm. 96, supra, le sería de aplicación el pago de intereses a partir de la fecha de la sentencia y no a partir de la fecha en que el empleado tenía derecho a recibirlo. Entiende, por lo tanto, que la compen-sación adicional de la Ley Núm. 148, supra, excluye, a la luz de lo resuelto en el caso Pan American v. Tribunal Superior, supra, la imposición de intereses a partir del mo-mento en que el bono debió pagarse porque la penalidad sustituye cualquier interés presentencia.

La Ley Núm. 148, supra, en su Art. 2 (29 L.P.R.A. sec. 502) establece en lo pertinente lo siguiente:

Si el pago del bono que por este Capítulo se establece no se efectúa en la forma y dentro del término ya indicado, o en la fecha en que convengan el patrono y sus trabajadores o emplea-dos, el patrono vendrá obligado a pagar, en adición a dicho bono, una suma igual a la mitad del bono en concepto de com-pensación adicional cuando el pago se haya efectuado dentro de los primeros seis (6) meses de su incumplimiento. Si tardare más de seis (6) meses en efectuar el pago el patrono vendrá obligado a pagar otra suma igual a dicho bono, como compensación adicional. — Junio 30, 1969, Núm. 148, p. 564, art. 2; Ju-nio 19, 1970, Núm. 12, p. 442, sec. 2, ef. Junio 19, 1970.

Por su parte, la Ley Núm. 96, supra, en su Sec. 30 (29 L.P.R.A. sec. 246(b)) establece, en lo pertinente, lo si-guiente:

(a) Todo obrero o empleado que por su trabajo reciba compen-sación inferior a la prescrita en las sees. 245 et seq. de este título o en un decreto mandatorio, orden o reglamento de la Junta de Salario Mínimo o en un convenio colectivo o en un contrato individual de trabajo tendrá derecho a cobrar me-diante acción civil la diferencia adeudada hasta cubrir el im-porte total de la compensación que le corresponda, por concepto de salario, vacaciones, licencia por enfermedad o cualquier otro beneficio, más una cantidad igual a la que se le haya dejado de satisfacer, por concepto de compensación adicional, además de las costas, gastos, intereses y honorarios de abogado del proce-dimiento, estos últimos én suma razonable que nunca bajará de cincuenta (50) dólares, sin que para nada de ello obste pacto en contrario.

Al analizar entre dos disposiciones de ley en conjunto encontramos que proveen para el pago de una compensa-ción adicional y que también permiten el pago de intereses. Siguiendo la misma lógica de lo resuelto en Pan American v. Tribunal Superior, supra, esos intereses no pueden im-ponerse a partir de la fecha cuando el bono debió pagarse porque la penalidad que provee la Ley Núm. 148, supra, sustituye cualquier interés presentencia. Por lo tanto, los intereses se impondrán a partir de la sentencia conforme a lo resuelto en Morales Torres v. J.R.T., 119 D.P.R. 286 (1987).

Aquí los querellantes reclamaron $9,212.67 por con-cepto de Bono de Navidad y el tribunal le concedió $18,425.34, o sea el doble, aplicando así la compensación adicional o penalidad que establece la Ley Núm. 148, supra. Por ende, sólo proceden intereses a partir de la sen-tencia y no a partir de la fecha en que el bono debió pa-garse, como erróneamente resolvió el tribunal de instancia.

V

Finalmente, el recurrente cuestiona, en su cuarto seña-lamiento, la imposición de $30,000 por concepto de honora-rios de abogado por entender que, no habiendo una deter-minación expresa de temeridad, sólo podían imponerse dichos honorarios a la luz de la política pública vigente en casos laborales con arreglo a la cual procede la imposición mandatoria de honorarios al patrono con el propósito de evitar que la cuantía otorgada a un obrero se reduzca por la cantidad que paguen a sus abogados. El recurrente alega que conforme a tal política los honorarios se limitan a lo que razonablemente compense el trabajo del abogado del obrero. El recurrente estima que la cantidad de $30,000 por los trabajos realizados es excesiva.

No tiene razón el recurrente, por dos razones distintas. En primer lugar, ya resolvimos antes que sí hubo en este caso una conclusión tácita y justificada por parte del tribunal de instancia de temeridad, por razón de las múltiples prácticas dilatorias del recurrente en un procedimiento su-mario como era éste. La cantidad fijada por honorarios en este caso se justifica en parte como elemento punitivo-disuasivo por la temeridad del recurrente. Vega v. Luna Torres, 126 D.P.R. 370 (1990); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987).

En segundo lugar, se equivoca también el recurrente al estimar lo que debe pagarse por honorarios por la labor del abogado de los querellantes. Aquí la imposición de honora-rios se justifica en parte como remuneración por servicios prestados, y al determinar tal remuneración deben to-marse en cuenta no sólo las horas de trabajo rendidas sino también otros factores tales como la naturaleza y comple-jidad del caso; la habilidad, experiencia y reputación del abogado; la cuantía involucrada en el litigio, y otros similares. Vega v. Luna Torres, supra. Aquí el abogado de los obreros tiene casi 28 años de experiencia y ha alegado que le dedicó aproximadamente 287 horas de trabajo a este caso durante cuatro años y medio desde que asumió la re-presentación legal de los querellantes, lo que parece razonable. Además, la cuantía de la sentencia —exclu-yendo costas, intereses y honorarios— excede los $300,000.

A la luz de todas las anteriores consideraciones, no puede concluirse que el tribunal abusó de su discreción al fijar honorarios por $30,000. No erró el tribunal.

Por las razones expuestas, se modifica la sentencia par-cial dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, el 9 de julio de 1992: (1) eliminando lo relativo al pago de intereses sobre la cantidad concedida como indemnización por la reclamación de horas extras y (2) limitando el pago de intereses sobre la cantidad concedida por la reclamación de Bono de Navidad a lo que proceda a partir de la fecha de la sentencia.

Lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el señor Se-cretario General.. El Juez Asociado Señor Rebollo López concurrió y disintió con opinión escrita.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Lladó Secretario General

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Rebollo López.

No obstante el hecho de que lo expresado en las partes I, II, III y IV de la sentencia emitida en el presente recurso por una mayoría de los integrantes del Tribunal no es el mejor ejemplo de juridicidad, el resultado al que se llega en las mismas es básicamente correcto; razón por la cual es-tamos de acuerdo con lo allí resuelto.

No podemos, sin embargo, brindar nuestra conformidad a lo expresado, y resuelto, en la parte V de la sentencia mayoritaria; esto es, de que es razonable, y procedente en derecho, la imposición de la suma de treinta mil dólares ($30,000), por concepto de honorarios de abogado, en el presente caso. Mucho menos podemos endosar los funda-mentos que se aducen en la sentencia mayoritaria en apoyo de dicha determinación.

No obstante tratarse de un caso de reclamación de ale-gadas horas extras trabajadas y no pagadas, de mesada por despido injustificado, del pago de vacaciones acumula-das, Bono de Navidad y licencia por enfermedad, en el cual la parte actora se acogió a los procedimientos regulados por las disposiciones de la Ley Núm. 2 de 17 de octubre de 1961 (32 L.P.R.A. sec. 3118 et seq.), la sentencia mayorita-ria emitida funda su determinación respecto a la imposi-ción de honorarios, en primer lugar, en la existencia de “temeridad” por parte de la demandada recurrente. A esos efectos, se expresa en la sentencia mayoritaria emitida que:

No tiene razón el recurrente, por dos razones distintas. En primer lugar, ya resolvimos antes que sí hubo en este caso una conclusión tácita y justificada por parte del tribunal de instan-cia de temeridad, por razón de las múltiples prácticas dilatorias del recurrente en un procedimiento sumario como era éste. La cantidad fijada por honorarios en este caso en parte se justifica como elemento punitivo-disuasivo por la temeridad del recurrente. Vega v. Luna Torres, 126 D.P.R. 370 (1990); Fernández v. San Juan Cement Co., Inc., 118 D.P.R. 713 (1987). (Én-fasis suplido.) Sentencia, pág. 400.

Independientemente de la procedencia, y aplicación, del concepto de “temeridad” en esta clase de casos, en relación con la imposición, en casos ordinarios y corrientes, de ho-norarios de abogado por razón de temeridad este Tribunal expresó —en Corpak, Art Printing v. Ramallo Brothers, 125 D.P.R. 724 (1990)()— en lo pertinente que:

En consecuencia —y no obstante el hecho de que al cuantifi-car esos honorarios, los tribunales de instancia pueden tomar en consideración factores tales como la naturaleza del litigio, las cuestiones de derecho envueltas en el mismo, la cuantía en controversia, el tiempo invertido, los esfuerzos y actividad pro-fesional que hayan tenido que desplegarse, y la habilidad y re-putación de los abogados envueltos, Serrano Vda. de Cartagena v. Lugo Ramírez, 83 D.P.R. 300, 303 (1961); Pan American v. Tribunal Superior, 100 D.P.R. 413 (1972); Veve v. Municipio de Fajardo, 18 D.P.R. 770, 771 (1912)— deberá mantenerse pre-sente que el grado o intensidad de la conducta temeraria o frí-vola es el criterio ó factor determinante y crítico que tienen que tomar en consideración dichos tribunales al determinar la cuantía de los honorarios de abogado a imponerse a la parte perdidosa que ha actuado con temeridad o frivolidad, Santos Bermúdez v. Texaco P.R., Inc., 123 D.P.R. 351 (1989); factor que será, a su vez, el que este Tribunal, de manera principal, tomará en cuenta al decidir si los tribunales de instancia han ejercitado o no en forma correcta la discreción que a esos efectos le concede la citada Regla 44.1(d) de Procedimiento Civil. (Enfasis suplido y en el original.) Corpark, Art Printing v. Ramallo Brothers, supra, págs. 738-739.

De lo antes transcrito merece enfatizarse el hecho de que, conforme lo resuelto por este Tribunal, el factor principal, crítico y determinante al cuantificarse los honorarios de abogado en situaciones de temeridad lo es “el grado o intensidad” de la conducta temeraria o frívola. Se nos dice, en la Sentencia mayoritaria emitida, que en el presente caso procede la imposición de honorarios por temeridad por “razón de las múltiples prácticas dilatorias del recurrente en un procedimiento sumario como era éste”. Sentencia, pág. 400. Procede que uno se pregunte¿Cómo es posible que se considere temeraria a la parte demandada cuando todos las mociones de prórroga, renuncia de representación legal y asunción de nueva representación legal fueron con-cedidas por el tribunal de instancia? En otras palabras, “te concedo las prórrogas, te concedo las renuncias de repre-sentación legal y te permito las nuevas”, pero, luego “te castigo por ello”. Ello, no sabemos por qué razón, nos re-cuerda el cuento del “pescaíto”. Dicha acción judicial es in-sostenible ya que el hecho de que el foro de instancia decla-rara con lugar dichas solicitudes significa, obligatoria y necesariamente, que las mismas eran procedentes.

II

En segundo término, en la sentencia mayoritaria emi-tida se intenta justificar la suma de treinta mil dólares ($30,000) concedida por concepto de honorarios de abogado expresando que:

En segundo lugar, se equivoca también el recurrente al esti-mar lo que debe pagarse por honorarios por la labor del abo-gado de los querellantes. Aquí la imposición de honorarios se justifica en parte como remuneración por servicios prestados, y al determinar tal remuneración deben tomarse en cuenta no sólo las horas de trabajo rendidas sino también otros factores tales como la naturaleza y complejidad del caso; la habilidad, experiencia y reputación del abogado; la cuantía involucrada en el litigio, y otros similares. Vega v. Luna Torres, supra. Aquí el abogado de los obreros tiene casi 28 años de experiencia y ha alegado que le dedicó aproximadamente 287 horas de trabajo a este caso durante cuatro años y medio desde que asumió la re-presentación legal de los querellantes, lo que parece razonable . Además, la cuantía de la sentencia —excluyendo costas, intere-ses y honorarios— excede los $300,000. (Énfasis suplido.) Sen-tencia, págs. 400.

En este respecto, procede recordar que este es un caso que estuvo paralizado por un período de tiempo, pendiente de la resolución de la petición de quiebra de la demandada; que conforme al propio relato que hace el Tribunal en la relación de hechos a lo único que estuvo sujeto el mismo fue a las diferentes mociones de prórroga, de renuncia de representación legal y de asunción de representación, y que el mismo se decidió en rebeldía. Cabe preguntar. ¿Cómo es que el abogado de los demandantes se vio obli-gado a dedicarle al mismo la friolera de doscientos ochenta y siete (287) horas de trabajo? ¿Es ello creíble? ¿Vale la “labor” desplegada por dicho abogado en dichos menesteres la suma de treinta mil dólares ($30,000)?

h-1 f — H HH

En el caso antes mencionado de Corpak Art Printing v. Ramallo Brothers —caso más complejo que el presente— consideramos procedente la imposición de la suma de cinco mil dólares ($5,000) por concepto de honorarios de abogado a la parte perdidosa por razón de temeridad. Aquí se im-pone la suma de treinta mil dólares ($30,000) en un caso menos complicado y trabajoso.

Como hemos manifestado en ocasiones anteriores, aun cuando la consistencia en nuestras decisiones no consti-tuye garantía absoluta de la corrección de las mismas, dicha consistencia nos permite tener la consciencia tranquila.

      (1) 90 J.T.S. 37.


author: El Juez Presidente Señor Andréu García

text:
    Olga Rodríguez Rosado, demandante y recurrente, v. José Orlando Zayas Martínez, demandado y recurrido.

      Número: RE-92-557

      Resuelto: 21 de mayo de 1993

      María Rodríguez Cintrón, abogada de la parte recurrente; William Pagán Rodríguez, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

La recurrente Olga Rodríguez Rosado acude ante nos para que revisemos la sentencia emitida por el Tribunal Superior, Sala de Aibonito, mediante la cual el juez de ins-tancia ordenó una pensión alimentaria de $200 mensuales a favor de los hijos menores de las partes, a pesar de que éstas habían llegado a un acuerdo a los efectos de que la pensión alimentaria sería por la suma de $300 mensuales, luego que se revelara que el alimentante tenía una fuente, de ingresos independiente que no aparecía en la Planilla de Información Personal y Economical() Veamos los he-chos que dieron lugar a esta controversia.

M

El 25 de junio de 1991 la señora Olga Rodríguez Rosado presentó una demanda de divorcio por la causal de trato cruel contra su entonces esposo, el recurrido José Orlando Zayas Martínez. Los cónyuges procrearon dos (2) hijos; Omar José y Omaris, de doce (12) y seis (6) años respectivamente.

El 8 de agosto de 1991 se celebró una vista ante la Exa-minadora de Pensiones Alimentarias en la cual se sometie-ron las correspondientes Planillas de Información Personal y Económica. En dicha vista fueron ofrecidas y admitidas en evidencia unas libretas de recibos firmadas por el recu-rrido que evidenciaban ingresos adicionales devengados por éste, los cuales no se reflejaban en la referida planilla.

El 5 de marzo de 1992 las partes comparecieron a otra vista ante la misma Examinadora con sus correspondien-tes representantes legales. En dicha vista y mediante esti-pulación firmada por las partes y por sus abogados, se acordó que se fijaría la pensión alimentaria por la suma de $300. Además, se indicó que el alimentante pagaría una deuda por concepto de renta y que mantendría vigente una póliza de seguro médico para beneficio de los menores.

Luego de que se llegara a dicho acuerdo, una Examina-dora de Pensiones Alimentarias distinta a la que presidió las dos (2) vistas aquí reseñadas, recomendó al juez de ins-tancia una pensión alimentaria de entre $200 a $253.02. Dicha Examinadora entendió que la pensión por la canti-dad de $300 “podría ocasionar problemas futuros, que re-vertirían en la Sala de Relaciones de Familia de este Tribunal ya que la cantidad estipulada sobrepasa el 50% del ingreso neto del promovido”. Exhibit XII, pág. 3.

Según surge de los autos, esta nueva Examinadora, al hacer el análisis para calcular la pensión alimentaria reco-mendada, no tomó en cuenta los ingresos adicionales que devengaba el recurrido. Este error respondió a que tales ingresos no fueron informados por el señor Zayas en su Planilla de Información Personal y Económica, única fuente utilizada por la Examinadora en su análisis.

El 12 de marzo de 1992 el tribunal de instancia emitió una resolución en la que aprobó la estipulación en todas sus partes, excepto en aquella que disponía la suma a pa-garse, la cual fijó en $200 a tenor con la recomendación emitida por la última de las Examinadoras que intervinie-ron en el caso.

Habiendo sido denegada una moción de reconsideración, la demandada acude ante nos mediante recurso de revisión y aduce la comisión de dos (2) errores por parte del tribunal de instancia.() En el primer señalamiento de error la recurrente alega que el tribunal se equivocó al hacer la determinación de ingresos del recurrido, puesto que no tomó en consideración los ingresos adicionales que este úl-timo devenga. En el segundo señalamiento de error la re-currente alega que el tribunal erró al adoptar la recomen-dación que hizo la Examinadora, puesto que ya las partes habían acordado la suma a pagarse en concepto de pensión alimentaria.

El 8 de enero de 1993 ordenamos a la parte recurrida para “[que mostrase] causa por la cual no deb[í]a expedirse el auto solicitado y en su consecuencia, modifica[se] la sen-tencia recurrida para fijar la pensión alimenticia en $300.00, según lo acordaron las partes el 5 de marzo de 1992”. Resolución de 8 de enero de 1993. La parte recu-rrida ha comparecido. Resolvemos.

h — I

Discutiremos en primer lugar el segundo señalamiento de error en el cual la parte recurrente alega que el juez de instancia siempre está obligado a aceptar la estipulación a que las partes hayan llegado con respecto a la pensión ali-mentaria de sus hijos menores.

Como regla general, un juez aceptará los convenios y las estipulaciones que las partes le sometan para así finalizar un pleito o un incidente dentro del mismo. Dichos acuer-dos, luego de su aceptación por parte del tribunal, tendrán el efecto de cosa juzgada. Canino v. Bellaflores, 78 D.P.R. 778 (1955); Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975).

Sin embargo, esta no es la normativa en los casos rela-cionados con alimentos de menores. “La obligación alimen-ticia ‘tiene su fundamento en el derecho a la vida configu-rado como un derecho de la personalidad’. P. Beltrán De Heredia, La obligación legal de alimentos entre parientes, Salamanca, Ed. Anaya, 1958, pág. 33.” Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, 120 D.P.R. 61, 72 (1987). Es por esto que reiteradamente hemos resuelto que dichos casos están re-vestidos del más alto interés público. Robles v. Otero de Ramos, 127 D.P.R. 911 (1991). Precisamente por la gran importancia socioeconómica que permea este asunto, ex-presamos en Negrón Rivera y Bonilla, Ex parte, supra, pág. 76, que en lo que respecta a estipulaciones sobre alimentos de menores

... el juez tiene el deber de asegurarse que lo acordado no es dañino para los menores. Esto implica que lo estipulado satisfa[ga] adecuadamente las necesidades de los menores y que el alimentante tiene medios económicos suficientes para cumplir con lo acordado.

Asimismo, y para fortalecer la política pública que tiene el Estado de velar por el bienestar de los menores, el legis-lador, mediante la Ley Especial de Sustento de Menores, Ley Núm. 5 de 30 de diciembre de 1986 (8 L.P.R.A. sees. 501-529), ordena que las estipulaciones de alimentos de menores que se logren en aquellos casos que estén bajo consideración de un juez del Tribunal Superior sean some-tidas a este último para su aprobación. 8 L.P.R.A. sec. 513.

Por consiguiente, el juez de instancia, en su función eva-luativa, no debe aceptar de plano lo acordado por las partes. Claro está, al llevar a cabo dicha evaluación el Juez siempre deberá darle gran peso a lo estipulado por éstas, puesto que son las partes quienes mejor conocen su propia capacidad económica.

A esos efectos debemos concluir que en el caso de autos el juez tenía la potestad en ley para, después de evaluarla a la luz de todos los hechos y circunstancias presentes en el caso, aprobar o rechazar la estipulación sobre la pensión alimentaria en conformidad con los criterios antes expuestos. Por lo tanto, este error no fue cometido.

HH HH M

En su primer señalamiento de error la recurrente alega que el Juez de instancia erró al analizar los pormenores del caso de autos, puesto que la recomendación de la Exa-minadora de Pensiones Alimentarias estaba fundada en un ingreso menor del que en realidad devengaba el recurrido. A esos efectos, la recurrente alega que el Juez de instancia debió haber rechazado la recomendación sobre la cuantía de la pensión alimentaria que le hizo la Examinadora y, en su lugar, haber aceptado lo acordado por las partes. Tiene razón la recurrente.

Para calcular la cuantía de la pensión alimentaria se deberá tomar en consideración todo lo que sea indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica y educación del alimentista, según la posición social de la familia. Art. 142 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 561; Guadalupe Viera v. Morell, 115 D.P.R. 4 (1983). Véase, también, Sec. III del Art. 4 de la Ley Especial de Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 503. Ahora bien, al analizar la capacidad económica del alimentante, tanto la Examina-dora como el Juez deberán tomar en cuenta todos los in-gresos devengados por el alimentante, aunque los mismos no aparezcan informados en la Planilla de Información Personal y Económica del alimentante. Véase López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23 (1988).()

Es forzozo concluir que en el caso de autos, lo acordado por las partes refleja en una forma más precisa la capaci-dad económica del alimentante puesto que dicho acuerdo se hizo luego que el alimentante admitiera que devengaba ingresos adicionales a los reportados en la Planilla de In-formación Personal y Económica.

En virtud de los fundamentos expuestos, se expide el auto, se modifica la resolución recurrida y se fija la pensión alimentaría en $300 según lo acordado entre las partes, la cual será efectiva a partir de la fecha en que se presentó la petición de alimentos.

      (1) La Planilla de Información Personal y Económica es el formulario preparado por la Oficina de Administración de los Tribunales la cual, según dispone la Ley Especial de Sustento de Menores, 8 L.P.R.A. sec. 515:
      “... [sirve] de guía respecto de la información mínima requerida sobre la situa-ción económica de las partes, las necesidades del alimentista y la capacidad de pago del alimentante. El formulario completado y juramentado, u otro documento similar, también juramentado, que contenga toda la información requerida deberá radicarse en la secretaría del tribunal y notificarse a la otra parte con antelación a la vista y sujetará al declarante a las penalidades dispuestas para el delito de perjurio.”

      (2) Los señalamientos de error señalados por la recurrente disponen lo si-guiente:
      “Primer Error:
      “Erró el tribunal sentenciador al hacer la determinación de los ingresos del padre alimentante, a los fines de fijar la pensión alimenticia a ser impuesta a favor de los menores en el caso de divorcio.
      “Segundo Error:
      “Erró el tribunal sentenciador al no aceptar la Estipulación relativa a la pensión alimenticia de los menores suscrita en el caso de divorcio.” Petición de revisión, pág. 5.

      (3) En López v. Rodríguez, 121 D.P.R. 23, 32 esc. 12 (1988), señalamos lo siguiente:
      “Al hacer la determinación sobre los ingresos de un alimentante también debe tomarse en consideración lo expresado en el Informe del Secretario de Hacienda sobre Reforma Contributiva de agosto de 1987, págs. 68-69, sobre la economía sub-terránea que prevalece en Puerto Rico:
      “ ‘Según el estudio de Booz-Allen & Hamilton, el total del ingreso no decla-rado en Puerto Rico —conocido por economía subterránea— asciende a $2,500 millo-nes al año lo que representa un 17% del ingreso bruto personal. De este total unos $1,500 millones corresponden a personas que no declaran ingreso alguno y unos $1,000 millones a personas que declaran parte pero no todo su ingreso.
      “ ‘El estudio confirma además, que el mayor grado de evasión proviene de personas con negocios propios, seguidos por varios grupos de profesionales y, final-mente, por algunos contribuyentes asalariados.
      “ ‘En términos relativos, la economía subterránea en Puerto Rico es dos (2) veces mayor que en los Estados Unidos, donde representa sólo el 8% del ingreso bruto nacional


author:
(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General
     Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía,

text:
    El Vocero de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. Hon. Miguel A. Hernández Agosto y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-93-191

      Resuelto: 21 de mayo de 1993

      Carlos Santiago Tavárez, Rafael Martínez Torres, Eliezer Al-darondo Ortiz y Miguel Pagán, abogados de los recurren-tes; la parte recurrida no compareció.
   SENTENCIA

(Regla 50)

Vista la solicitud de revisión, memorando y documentos anejos, se expide el auto y se dicta sentencia para modifi-car la del Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Ángel G. Hermida, Juez), de 3 de febrero de 1992, a los únicos fines de que los originales de los informes financieros sean presentados por los legisladores al Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, y simultáneamente, los referidos legisladores sometan directamente las copias de éstos a El Vocero de Puerto Rico.

Así modificada, se confirma.

Lo pronunció y manda el Tribunal, y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió una opinión concurrente, a la cual se unió el Juez Asociado Señor Hernández Denton. El Juez Asociado Se-ñor Fuster Berlingeri no intervino.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado Secretario General

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Negrón Gar-cía,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

I

Durante varios años la Undécima Asamblea Legislativa (1988-1992) violó la Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985 (3 L.P.R. A. sec. 1801 et seq).

En un claro ejercicio abusivo y arbitrario de poder, rei-teradamente se negaron a aprobar la reglamentación nece-saria para hacer viable la presentación de sus informes financieros ante el Director Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental, aun cuando éste envió su propuesta de reglamento a cada cámara en varias ocasiones. 3 L.P.R.A. secs. 1814(j) y 1833. Como resultado, sus miembros no cumplieron con el mandato legal autoimpuesto de rendir los informes financieros individuales al Director Ejecutivo.

Es un hecho no contradicho que institucionalmente nunca mostraron un interés serio en hacerlo. A la postre, esa omisión fue la única causa por la cual el Director Eje-cutivo no pudo recibir ni evaluar los informes para consta-tar que estuvieran completos y determinar que eran finales. Ello impidió que se convirtieran en documentos pú-blicos conforme los términos expresos del estatuto, y por ende, accesibles de inmediato a El Vocero de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. sec. 1840d.

HH H-1

Contra esa inexcusable tardanza e ilegalidad, el 20 de mayo de 1992 comenzó en este Foro el peregrinaje judicial de El Vocero de Puerto Rico en búsqueda de un decreto que obligara a los legisladores a cumplir con la ley. Al fin, pre-valeció la justicia en el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Hon. Ángel G. Hermida, Juez), quien les ordenó que remitieran directamente a El Vocero de Puerto Rico los in-formes financieros correspondientes a los años 1991-1992.

Ahora los legisladores, si bien reconocen ese deber —y claro está, que lo incumplieron— insisten en negarle a El Vocero de Puerto Rico acceso pronto y directo. Acomodati-ciamente invocan una de las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que ayer violaron impunemente, a saber, que hasta que el Director Ejecutivo no los examine, no pueden ser públicos. No tienen razón.

En situaciones como ésta, los tribunales aplican las doc-trinas de estoppel y abuso del derecho. En el fondo, ambas parten de la premisa de que un sistema de justicia, que se respete a sí mismo, está enmarcado en principios éticos generales y válidos, tales como la verdad y la buena fe. Se trata de presupuestos mínimos sobrentendidos en el es-quema constitucional de la vida democrática, inspirados en la igualdad de todos ante la ley.

Estoppel significa etimológicamente estorbo, impedi-mento, obstáculo, detención. Int. General Electric v. Concrete Builders, 104 D.P.R. 871, 878 (1976). Por su parte, la doctrina de abuso del derecho propugna que "los derechos deben ejecutarse conforme a las exigencias de la buena fe, y de que la ley no ampara el abuso del derecho o su ejerci-cio antisocial”. Soriano Tavárez v. Rivera Anaya, 108 D.P.R. 663, 667-668 (1979).

Las ramificaciones de estos postulados se extienden a casos de orden privado y público. “[Pjersiguen una finali-dad idéntica, a saber: impedir que el texto de la ley sea utilizado para amparar actos contrarios a la realización de la justicia', que frente al contenido ético y al espíritu obje-tivo de la norma legal no prevalezcan las maniobras ten- dentes a lograr un resultado distinto al perseguido por ella.” (Énfasis suplido.) Soriano v. Rivera Anaya, supra, pág. 673.

HH HH I — I

El remedio diseñado por el ilustrado tribunal hace cum-plida justicia. Está a tono con las peculiaridades del caso, urgencia, legitimación activa de El Vocero de Puerto Rico y su derecho de acceso a esa información. Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982). Nada impide que los legis-ladores acaten la ley, presenten sus informes al Director Ejecutivo y, simultáneamente, en cumplimiento de nuestra sentencia, remitan copias a El Vocero de Puerto Rico.

Acoger las interpretaciones restrictivas que nos propo-nen los legisladores es coartar y demorar una vez más el acceso a la prensa. ¿Hasta cuándo? Ningún legislador está exento de la norma que prohíbe el abuso del derecho.

La expedición del auto de revisión es contraria al espí-ritu y a los rectos propósitos que animaron la Ley de Ética Gubernamental. Por estas razones, concurrimos con la sentencia de hoy.