author: per curiam: Juez Aso-ciado. Señor Rebollo López.

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. José Ferrer Rosario, demandado y recurrente.

      Número: CE-94-711

      Resuelto: 6 de junio de 1995

      Gregorio Lima, abogado del recurrente; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, Carlos Lugo Fiol, Procu-rador General Interino, y Grisel Hernández Esteces, Procu-radora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Nos solicita el peticionario que determine-mos si el tribunal a quo abusó de su discreción al tomar varias medidas disciplinarias por su incomparecencia a una vista judicial, que ya había sido suspendida en cinco ocasiones previas, a instancias del mismo peticionario.

r — H

Es menester examinar de forma detallada el curso de los procedimientos en este caso para aquilatar precisa-mente la validez del reclamo ante nos.

El peticionario, Ledo. Gregorio Lima, representaba a José Ferrer Rosario, quien estaba acusado de violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico. El 16 de marzo de 1994 el acusado renunció por escrito a la vista preliminar. Ese mismo día se señaló una conferencia con antelación al jui-cio, para el 30 de marzo de 1994, y se reiteró un señala-miento anterior del juicio en su fondo, para el 13 de abril de 1994.

El 30 de marzo, en ocasión de la referida conferencia con antelación al juicio, el licenciado Lima solicitó que se con-solidara el caso en cuestión con otros dos por delitos rela-cionados contra el acusado, que también estaban pendien-tes, y que se señalaran en conjunto para el 24 de mayo de 1994. El tribunal accedió a esta primera petición del licen-ciado Lima de suspender el juicio pautado para el 13 y 14 de abril y señaló el caso para el 24 de mayo de 1994.

El 19 de abril de 1994, mediante orden administrativa, el Juez Presidente de este Tribunal asignó al Juez Hiram A. Sánchez Martínez este caso. Dicho juez señaló una con-ferencia con antelación al juicio para el 25 de abril de 1994, pero ésta se transfirió para el 29 de abril de 1994 debido a la incomparecencia de los abogados de defensa, quienes te-nían señalamientos conflictivos en sus calendarios.

El 29 de abril el licenciado Lima solicitó de nuevo al tribunal la transferencia del señalamiento para juicio de 24 de mayo de 1994, ya que poco antes de esa fecha estaría viendo otro juicio ante el Tribunal de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico, el cual probablemente coincidi-ría con el de Ferrer Rosario. Ésta fue la segunda suspen-sión solicitada por el licenciado Lima. El juicio fue seña-lado para el 29 de junio de 1994.

Posteriormente, mientras el licenciado Lima partici-paba como abogado defensor en otro caso junto con el mismo fiscal a cargo del juicio contra el acusado de marras, el primero solicitó verbalmente la tercera suspensión del juicio en ese caso. Adujo para ello agotamiento físico y mental. El fiscal se allanó pero solicitó que se estableciera un señalamiento firme para el inicio del caso. Se estipuló el 12 de septiembre de 1994, casi dos meses después, para dar inicio al juicio. El tribunal aprobó la estipulación. No se le informó a éste sobre la posibilidad de que existiesen o pudiesen surgir otros señalamientos conflictivos con el co-mienzo del juicio.

Seis días antes de la fecha estipulada para el inicio del juicio, el 6 de septiembre de 1994, el licenciado Lima pre-sentó una moción para solicitar la cuarta suspensión del juicio, esta vez por quince días. Adujo que estaba partici-pando en un caso criminal que se ventilaba en la corte federal, que comenzaba el 7 de septiembre de 1994. Indicó que, aun cuando creía haber llegado a mi entendimiento en tomo a una alegación de culpabilidad, para su sorpresa, hacía tres semanas que su cliente había desautorizado cualquier negociación futura y solicitaba la celebración del juicio. Señaló Lima que, ante esta situación, “[e]l tiempo con que contábamos para la preparación en el caso de autos nos lo robó el caso federal” y añadió lo siguiente: “[a]un si lográramos un acuerdo con la fiscalía en el caso federal, el tiempo restante antes de comenzar el proceso de autos no es suficiente; ya no tenemos la est[á]mina de un hombre de 30 años.”

En la misma moción, el licenciado Lima indicó que el otro abogado del caso de autos, el Ledo. Marcelino Ruiz Corujo, no podía continuar participando en el caso por ha-ber surgido diferencias insalvables entre él y el acusado. El Ledo. Marcelino Ruiz Corujo presentó una moción de re-nuncia de representación legal.

Mediante Resolución de 6 de septiembre de 1994, el tribunal concedió al licenciado Lima un plazo que vencería el 8 de septiembre de 1994 a las 5:00 de la tarde, para que acreditara el estado del caso que señalaba como fuente de conflicto en la corte federal. Expresó que de acreditarse que el conflicto de señalamiento era inevitable, entonces, y por vía de señalamiento final, se fijaría la fecha de lunes 3 de octubre de 1994, a las 9:00 de la mañana, para el co-mienzo del juicio de Ferrer Rosario.

El 7 de septiembre de 1994 Lima presentó una moción en cumplimiento con la resolución anterior del tribunal de instancia. En ésta indicaba que ese mismo día su cliente —en el caso federal— había llegado a un acuerdo con la fiscalía, pero que la corte federal le había ordenado estar disponible en horas laborables para acompañar al impu-tado al tribunal y asistirlo en la implementación del acuerdo. Añadió que la corte federal dejó al imputado y al abogado citados para comparecer el limes 12 de septiembre de 1994, cuando se dispondría sobre el acuerdo sometido. El licenciado Lima terminó diciendo que como no podía informar cuándo quedaría relevado de dicho caso, una vez más reiteraba al tribunal que le concediera el término so-licitado de quince días laborables para cumplir con su de-ber de representar al imputado en cuestión.

El 8 de septiembre de 1994 el Tribunal accedió a esta cuarta suspensión y aplazó el inicio del juicio del caso de autos durante tres días, es decir, para el 15 de septiembre de 1994, de manera que el licenciado Lima pudiera comple-tar los trámites del caso federal, pero le advirtió que el señalamiento del juicio allí dispuesto era final y firme.

El 14 de septiembre a las 2:24 de la tarde, es decir, la tarde anterior al día señalado para el comienzo del juicio, el licenciado Lima presentó una moción en la cual solici-taba una quinta suspensión del juicio de Ferrer Rosario. Aducía en ella que el 9 de septiembre anterior, mientras conversaba con otro cliente, el licenciado Campoamor Re-dín, en relación con una querella que éste tenía pendiente ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se percató de que había omitido anotar el señalamiento de la vista que es-taba programada para el 14 y 15 de septiembre de 1994. Indicó que ese 9 de septiembre había sometido un escrito titulado Solicitud de Remedio ante el Comisionado del caso In re Campoamor Redín, en el cual expresaba:

Este conflicto de calendario fue provocado por el abogado que suscribe al no anotar en su calendario el caso de autos. Sabe-mos que nuestro deber es cumplir con los señalamientos, sin pretender dominar los calendarios del Tribunal. Ante este con-flicto no tenemos otra alternativa que solicitar una posposición o que se nos releve de participar en el caso de autos para asistir al caso del Tribunal Superior de Humacao.

El Comisionado denegó ambas peticiones. Lima solicitó entonces del Tribunal que se suspendiera el juicio en el caso de autos y que se señalara para el 3 de octubre de 1994. El Tribunal accedió nuevamente a la solicitud del licenciado Lima y mediante Resolución de 14 de septiem-bre de 1994 aplazó el inicio del juicio para el lunes 3 de octubre de 1994, fecha solicitada por el licenciado Lima.

No obstante todo lo anterior, el 27 de septiembre de 1994-el licenciado Lima solicitó una sexta suspensión del juicio de autos. Esta vez adujo que la vista de la querella contra Campoamor Redín había sido señalada para conti-nuar el 3, 4, 5 y 6 de octubre y pidió un aplazamiento para fines de octubre o para el mes de noviembre. No indicó si le había informado al Comisionado que ya el caso de Ferrer Rosario tenía un señalamiento previo para el 3 de octubre y que dicha fecha había sido propuesta precisamente por el propio abogado.

El 27 de septiembre de 1994, en atención a las numero-sas suspensiones que había tenido el caso de autos, el Juez Hiram Sánchez se comunicó con el Comisionado del caso contra Campoamor Redín. Dialogaron sobre el modo de ar-monizar el calendario de la vista del caso de Campoamor Redín y el juicio en el caso de Ferrer Rosario. Tomando en cuenta que en el caso de Campoamor Redín había dos abo-gados adicionales, el Juez Sánchez discutió la posibilidad de que el Comisionado pudiera autorizar al licenciado Lima a comparecer al inicio del juicio de Ferrer Rosario el 3 de octubre, medida que el licenciado Lima le había soli-citado antes al Comisionado. El Juez Sánchez también le propuso que si esa alternativa no era plausible, entonces el Comisionado determinara la posibilidad de cambiar la fe-cha de continuación de la vista del caso de Campoamor Redín; esto en atención a que ya en una ocasión el tribunal había suspendido el juicio de Ferrer Rosario para que el Comisionado pudiera comenzar la vista en el Tribunal Supremo.

Luego de este diálogo con el Comisionado, el tribunal emitió una Resolución de 27 de septiembre de 1994 en la cual hizo constar que el licenciado Campoamor Redín tenía dos abogados adicionales “que muy bien pueden hacerse cargo de representar a dicha persona en el proceso discipli-nario ante el Tribunal Supremo”. Por tal razón, denegó la moción de suspensión y mantuvo en todo su efecto y vigor el señalamiento del lunes 3 de octubre de 1994.

Llegado el 3 de octubre de 1994, el acusado compareció al juicio pero no su abogado, Ledo. Gregorio Lima. También compareció el fiscal, el panel de jurado citado exclusiva-mente para dicho caso y el Ledo. Luis F. Abreu Elias, quien compareció en sustitución del licenciado Lima y pidió per-miso para presentar en corte abierta una moción de éste. En dicha moción el licenciado Lima notificaba al tribunal que, en cuanto a la orden de comparecer el 3 de octubre de 1994 al inicio del juicio, “desafortunadamente, ésta es una orden que no podemos acatar porque faltaría a los Cánones de Etica Profesional si abandonara la defensa del licen-ciado Campoamor Redín”. También indicaba que el Ledo. Liiis F. Abreu Elias lo sustituiría en el juicio de autos, por-que tenía el visto bueno del acusado. Terminó informando al tribunal que cumpliría con el señalamiento del caso ante el Tribunal Supremo relativo a Campoamor Redín y que "no compareceré al Tribunal de Humacao según se nos ha ordenado”.

De la minuta de la vista celebrada el 3 de octubre de 1994 surge que el licenciado Abreu Elias condicionó la sus-titución del licenciado Lima, a que el tribunal le concediera un plazo de 10 días para prepararse. Ante esta situación, el Juez Sánchez ordenó a la Secretaría General del tribunal que pidiera a la empleada encargada del Jurado que noti-ficara el costo de la comparecencia del Jurado de manera que el acusado pagara dichos costos al Estado Libre Aso-ciado de Puerto Rico. Expresó que luego se expediría orden de mostrar causa contra el Ledo’ Gregorio Lima, por la cual no debía encontrársele incurso en desacato por su in-comparecencia ese día. El juicio se suspendió para el día siguiente, 4 de octubre de 1994.

Mientras esto sucedía, al inicio de la Vista de 3 de octu-bre frente al Comisionado en el Tribunal Supremo, el licen-ciado Lima planteó el conflicto existente con el caso de Fe-rrer Rosario. El Comisionado José Aponte Jiménez expresó, entonces, lo siguiente sobre el particular:

El señor Juez se comunicó conmigo en el transcurso de la semana pasada. Dialogamos sobre cuántos son los abogados que componen la representación legal del compañero Cam-poamor Redín. Me preguntó el Juez que si había algún reparo de mi parte en que excusara al compañero Gregorio Lima de continuar interviniendo en este caso. Y le manifesté al señor Juez que yo no tenía ningún reparo sobre ese particular. Dadas las circunstancias de que él anteriormente había tenido la de-ferencia de posponer la vista del caso de El Pueblo de Puerto Rico contra José Ferrer, a los fines de que el compañero Gregorio Lima pudiera honrarnos con su presencia y estar, integrarse al grupo de abogados que representa al compañero Campoamor Redín. De manera que ante esas consideraciones el señor Juez dijo que y manifestó que continuaría con la vista del caso y aparentemente no iba a excusar la presencia del compañero Gregorio Lima.
...Sí, le puedo decir al compañero que si escoge pues tener que asistir al Tribunal Superior de Humacao pues queda excusado de tener que comparecer aquí para la continuación de estos procedimientos. Pues de lo contrario estoy seguro de que el compañero Lima está bastante ilustrado en relación con las consecuencias que le podría conllevar el no cumplimiento con la orden del Juez Sánchez, del Tribunal Superior de Humacao.

El licenciado Lima optó por continuar presente en el procedimiento ante el Comisionado.

En horas de la tarde de 3 de octubre, el licenciado Lima pidió al Comisionado que la vista comenzara al otro día a las dos de la tarde “para tener la mañana disponible para tratar de resolver esta situación”.

Ante esta petición el Comisionado respondió:

...Pues vamos a recesar hasta mañana. Despüés, ahora no, des-pués, más tarde. Después que resolvamos todo lo que tenemos pendiente vamos a recesar hasta las dos de la tarde mañana, cosa de que el compañero Gregorio Lima pueda superar cual-quier dificultad que tenga en relación con el conflicto de calen-dario y si es necesario que no pueda comparecer, pues lo excusamos. Ya sabe el compañero ya está excusado.

Inexplicablemente al día siguiente, 4 de octubre, el li-cenciado Lima no compareció a la vista del caso de su cliente Ferrer Rosario. Tampoco compareció algún otro abogado que lo representara. El acusado y el fiscal estuvie-ron presentes. Entonces el tribunal se comunicó con el Comisionado. Éste le informó lo acaecido en la Vista de 3 de octubre ante él. El Comisionado le indicó que había ex-cusado al licenciado Lima de comparecer a la vista de Campoamor Redín y que incluso había accedido a la solici-tud del licenciado Lima de aplazar la continuación de la Vista de 4 de octubre para las 2:00 de la tarde, para darle tiempo de comparecer ante el Juez Sánchez y resolver ese asunto.

En atención de que ya eran casi las 11:00 de la mañana y el licenciado Lima no había comparecido a la Sala del Tribunal Superior de Humacao ni se había excusado, y co-nociendo ya el tribunal que su incomparecencia esa ma-ñana no obedecía a conflicto alguno de señalamiento con el caso In re Campoamor Redín, sino que constituía una in-comparecencia intencional en abierto desafío a la orden del tribunal. El tribunal expidió una orden dirigida al licen-ciado Lima para que mostrara causa por la cual no debía ser encontrado incurso en desacato por su incomparecencia al tribunal ese día y le fijó una fianza de $5,000 como con-dición a su libertad provisional. Ese mismo día el tribunal firmó también otra orden para mostrar causa respecto a la incomparecencia del licenciado Lima al señalamiento del día anterior, 3 de octubre de 1994.

Ambas órdenes de mostrar causa fueron presentadas por separado y requerían del licenciado Lima comparecer ante el tribunal el 14 de octubre de 1994; es decir, 10 días después de haberse expedido éstas. En cuanto al pago de los gastos del Jurado, ordenado verbalmente el día anterior, el tribunal aclaró que la obligación de pagarlos corres-pondía al licenciado Lima, no al acusado.

El Juez Hiram Sánchez notificó a la Unidad de Arrestos de la Oficina de los Alguaciles, por conducto del Juez Ad-ministrador, sobre la orden de arresto contra el licenciado Lima. Se le instruyó a realizar el arresto después de con-cluida la vista que se celebraba en el Tribunal Supremo, por ser el único lugar en que el licenciado Lima podría ser localizado, con alguna certeza, ese mismo día.

Así las cosas, el licenciado Lima presentó ante nos una Solicitud de certiorari, acompañada de una Moción en Auxilio de Jurisdicción, y una segunda Moción en Auxilio de Jurisdicción, el mismo 4 de octubre de 1994 a las 2:25 de la tarde. En la Solicitud de certiorari señala como errores el alegado abuso de discreción del tribunal al denegar la suspensión del juicio de Ferrer Rosario; la orden al licen-ciado Lima de mostrar causa por su incomparecencia a la Vista de 3 de octubre y la imposición de una sanción eco-nómica al acusado equivalente al pago del costo de la com-parecencia del Jurado el 3 de octubre.

En la primera Moción en Auxilio, el peticionario solicitó la paralización de los procedimientos. En la segunda Mo-ción en Auxilio nos informaba que el Honorable Juez Hiram Sánchez Martínez había ordenado su arresto ese día (4 de octubre) y nos solicitaba que ordenásemos la parali-zación de dicha orden.

Mediante Resolución de 4 de octubre paralizamos los procedimientos y expedimos el auto solicitado.

Luego, el 7 de octubre de 1994, emitimos otra resolución en la cual aclaramos que la paralización no se extendía al juicio contra Ferrer Rosario, sino que se limitaba a los in-cidentes de desacato contra el licenciado Lima.

El 14 de octubre de 1994 el Juez Sánchez sometió por escrito las órdenes dadas en corte abierta el 4 de octubre. En uno de sus escritos modificó lo que había dispuesto so-bre el pago por el licenciado Lima de los costos incurridos por la Rama Judicial para la comparecencia del Jurado al señalamiento de 3 de octubre de 1994. En lugar de la orden de pago, el tribunal emitió una orden de mostrar causa por la cual no debía imponerse el pago de dichos costos al li-cenciado Lima.

El peticionario presentó su alegato ante nos el 10 de enero de 1995, y el Procurador General su informe el 1ro de marzo de 1995. Pasamos a resolver.

I — i

Nos toca resolver si el tribunal de instancia erró al no suspender por sexta vez el juicio de Ferrer Rosario, como lo pidió el Ledo. Gregorio Lima; si abusó de su discreción al emitir sendas órdenes de mostrar causa por la cual el li-cenciado Lima no debía ser encontrado incurso en desacato por su incomparecencia ante el tribunal el 3 y 4 de octubre, y por la cual no debía imponérsele el pago de los costos de la comparecencia del Jurado el 3 de octubre de 1994.

En esencia, debemos dilucidar si el foro a quo actuó co-rrectamente para mantener el orden y la disciplina en re-lación con el proceso criminal en cuestión y para atender el conflicto en los señalamientos en que estuvo involucrado el peticionario.

Examinemos, en primer lugar, si el tribunal de instan-cia erró al no suspender por sexta vez el señalamiento del juicio de Ferrer Rosario.

Como se sabe, "normalmente señalamientos conflictivos y cúmulo de trabajo no son razones para suspender o posponer vistas señaladas con tiempo”. Neri Tirado v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 429, 433 (1975). Además, el Canon 18 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. EX, establece con claridad que será impropio de. un abogado asumir una representación profesional cuando no puede prepararse adecuadamente para tal labor, sin que ello apareje demoras irrazonables a su cliente o a la administración de la justicia.

En este caso el tribunal había sido sumamente liberal con el peticionario. Le concedió cinco suspensiones previas para acomodar sus repetidos conflictos en los señalamientos. En la penúltima de estas suspensiones, in-cluso, se le intimó al peticionario que el caso no podía sus-penderse más. El conflicto que dio lugar a la quinta sus-pensión fue provocado por un error del propio peticionario al no anotar en su calendario la primera vista del caso de Campoamor Redín. Solicitada la sexta suspensión, el pro-pio Juez Sánchez comprobó que el licenciado Lima podía estar presente en la vista judicial y que el Comisionado estaba en ánimo de excusarlo de la vista conflictiva en el caso Campoamor Redín. Por razón de ello, el tribunal no suspendió el juicio señalado para el 3 de octubre, conforme la autoridad que tenía para ello —Otero Fernández v. Alguacil, 116 D.P.R. 733 (1985)— y así se le informó al peti-cionario con suficiente antelación. La incomparecencia del licenciado Lima, pues, a la Vista de 3 de octubre no estaba justificada. Mucho menos justificada estuvo la incompare-cencia del día siguiente, 4 de octubre, cuando el Comisio-nado, en el caso de Campoamor Redín, había recesado la vista en ese caso precisámente para que el licenciado Lima pudiese acudir al tribunal y atender el problema de los señalamientos conflictivos.

Coincidimos con el Procurador General en su aprecia-ción de que el licenciado Lima pretendió imponer, sin con-templaciones, su conveniencia al tribunal y que actuó con imprudencia al no comparecer a las vistas señaladas para el 3 y 4 de octubre. Resolvemos que el foro a quo no erró al negarse a suspender el juicio en cuestión por sexta vez.

HH HH HH

Con arreglo a lo señalado antes, es evidente que las ór-denes del tribunal al licenciado Lima, para mostrar causa por la cual no debía hallársele incurso en desacato criminal por su incomparecencia el 3 y 4 de octubre, estaban plena-mente justificadas y cumplían con la Regla 242 de Proce-dimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. II.

En cuanto a la orden de mostrar causa por la cual no deba imponérsele al licenciado Lima el pago de los gastos incurridos por la Rama Judicial por concepto de dietas y millaje del Jurado que compareció a la Vista de 3 de octubre de 1994, resolvemos que ésta también estaba justificada. No tiene razón el peticionario al alegár que ésta es contraria a nuestro dictamen en Pueblo v. Vega, Jiménez, 121 D.P.R. 282 (1988). Allí resolvimos que los tribunales no tienen la autoridad para imponerle, de manera sumarié, a las partes o a sus abogados sanciones económicas por conducta en relación con el calendario de causas criminales que subvierte y atenta contra una eficaz y ordenada administración de los asuntos judiciales.

Nótese, en primer lugar, que no tratamos aquí con una orden sumaria. El tribunal en su orden escrita final sobre el particular le brinda al peticionario tiempo suficiente para escucharlo y para que presente sus razones.

Más importante aim, como bien señala el Procurador General, no se trata de una sanción económica, sino de la imposición de costas. El Jurado compareció el 3 de octubre de 1994 porque fue citado para el inicio del juicio de Ferrer Rosario. La suspensión de dicho juicio se debió a la incomparecencia del licenciado Lima. El Estado no tiene responsabilidad por el incumplimiento del licenciado Lima. Podría proceder, pues, la imposición de las costas contempladas en el Art. 271 del Código de Enjuiciamiento Criminal vigente, 34 L.P.R.A. see. 750, y las Secs. 1 y 33 de la Ley Núm. 11 de 24 de julio de 1952 (34 L.P.R.A. see. 751 y 4 L.P.R.A. see. 304), respectivamente.

IV

Por los fundamentos expuestos, se deben confirmar las resoluciones recurridas y devolver el caso a instancia para que continúen los procedimientos relativos a las tres órde-nes de mostrar causa que están pendientes.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López emitió una opi-nión disidente y concurrente. El Juez Presidente Señor An-dréu García no intervino.

Opinión disidente y concurrente emitida por el

Juez Aso-ciado. Señor Rebollo López.

No hay duda de que uno de los mayores problemas que aqueja a la administración de la Justicia en Puerto Rico lo es las continuas suspensiones de las vistas en su fondo de los casos, en específico, de las causas criminales, por los magistrados de instancia. Ello no sólo desemboca en la ero-gación innecesaria de fondos públicos sino que en la pér-dida de tiempo precioso no sólo por los integrantes de la Rama Judicial sino por el ciudadano común y corriente que, habiendo voluntariamente consentido a servir como testigo, se ve obligado, una y otra vez, a comparecer a los tribunales.

Dicha situación, como sabemos, ha tenido la consecuen-cia indeseable y perjudicial de que muchos de nuestros ciu-dadanos se nieguen a servir como testigos en los casos pre-cisamente debido a esa situación; actitud que, a pesar de que no puede ser condonada, resulta ser comprensible.

El presente caso es un vivo ejemplo de lo anteriormente expresado. De la relación de hechos que se hace en la de-cisión mayoritaria que emite el Tribunal surge, con meri-diana claridad, la improcedencia de varias de las suspen-siones que fueron concedidas por el tribunal de instancia a solicitud de la defensa. Dicho foro judicial no sólo incum-plió con su obligación de velar por que las causas ante su consideración se ventilen rápidamente sino que falló mala-mente en tomar medidas, a tiempo, para conjurar y/o evi-tar la situación; como, por ejemplo, la advertencia, en tiempo, al acusado de la posible necesidad de la contrata-ción de un abogado adicional que estuviera preparado para ver el caso.

iPor qué, entonces, nuestra inconformidad” con la ac-ción que, final y tardíamente, tomó el tribunal de instancia y con la decisión, confirmatoria sin más de la misma, de este Tribunal? La contestación resulta ser, sorprendente-mente, sencilla.

En primer lugar, debe mantenerse presente que, no obs-tante lo antes expresado, una vez un tribunal declara con lugar la petición de una parte para la suspensión de una vista, dicho foro, al así actuar, “legitimiza” dicha solicitud. Esto es, en el presente caso —ni en ningún otro en el cual un tribunal de instancia haya concedido la suspensión de una, o varias, vistas— realmente no se puede hablar de que el foro de instancia actuó “liberalmente” como tampoco de suspensiones “injustificadas e innecesarias”.

Por otro lado, objetamos la acción “olímpica” del tribunal de instancia de pretender corregir, de un día para otro y de un plumazo, la indeseable situación procesal que dicho foro había permitido, a su “ciencia y paciencia”, que se de-sarrollara; ello en perjuicio de los mejores intereses de una tercera persona —el Ex Juez Campoamor Redín— que no tenía responsabilidad alguna por dicha lamentable situa-ción y que tenía derecho a que el licenciado Lima le asis-tiera en la querella que se dilucidaba ante el comisionado especial designado por el Tribunal.

No debe perderse de vista que el licenciado Lima estaba participando, de manera activa, en la vista que celebraba el comisionado especial en relación con la querella, de ín-dole ético, radicada contra el Ex Juez Campoamor Redín. Es correcto que dicho Ex Magistrado contaba con la asis-tencia de otros dos (2) abogados. ¿Significa ello que la pre-sencia, y asistencia, en dicha vista del licenciado Lima no era indispensable para su cliente? La sentencia mayorita-ria parece sostener —erróneamente, a nuestro juicio— que esa determinación le correspondía hacerla, de manera ex-clusiva, al comisionado especial que presidía sobre dicha vista.

No estamos de acuerdo. En esta clase de situaciones hay otros factores envueltos que, necesariamente, tienen que ser considerados. En primer lugar, existe la obligación y el deber ético —impuesto por los Cánones de Etica Profesio-nal— de que, una vez el abogado asume la defensa de un cliente, el mismo no puede abandonar la defensa de éste. En segundo término, está el derecho de ese cliente a ser representado por el abogado, o los abogados, de su selección. En fin, el mero hecho de que una persona, en un caso en particular, cuente con más de un abogado no signi-fica —como indirectamente sostiene la mayoría— que uno, o varios, de dichos abogados sean innecesarios para su defensa.

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Ya en cuanto a los hechos específicos y particulares del caso hoy ante nuestra consideración, somos del criterio que resulta improcedente la determinación que hace este Tribunal, a nivel apelativo y en esta etapa de los procedimien-tos, a los efectos de que resulta procedente la orden de mostrar causa respecto a la imposición de costas al licen-ciado Lima en relación con lo acontecido ante el tribunal de instancia el 3 de octubre de 1994.

La solicitud de suspensión del señalamiento de 3 de oc-tubre de 1994 posiblemente fuera la única solicitud justifi-cada y procedente de todas las que se concedieron. Ello así ya que la misma se hizo necesaria cuando el asunto ético ventilándose ante este Tribunal, en el cual el licenciado Lima era uno de los abogados del querellado, fue “conti-nuado” para ese día por el comisionado especial que presi-día dichos procedimientos; determinación sobre la cual el Ledo. Lima no tenía control alguno. Aun cuando es correcto que hemos resuelto que, de ordinario, “señalamientos con-flictivos y cúmulo de trabajo no son razones para suspender o posponer vistas señaladas con tiempo”, no puede perderse de vista que un abogado no puede estar en dos (2) sitios a la misma vez.

Siendo ello así, la determinación que hace la mayoría —a los efectos de que resulta procedente la imposición de costas en el presente caso respecto al señalamiento de 3 de octubre de 1994— es una errónea en derecho.

II

Por otro lado, concurrimos con el Tribunal en su deter-minación de que procede devolver el asunto al foro de ins-tancia para que se dilucide la orden de mostrar causa re-lativa al posible desacato cometido por el licenciado Lima al no comparecer ante el tribunal de instancia en horas de la mañana de 4 de octubre de 1994; período de tiempo du-rante el cual no tenía conflicto alguno de calendario. Asu-mimos que alguna excusa, razonable y procedente, expon-drá el licenciado Lima, en el momento apropiado, respecto a dicha incomparecencia. De así no exponerla, tendrá el licenciado Lima que, naturalmente, enfrentarse a las con-secuencias jurídicas, razonables y procedentes, dimanan-tes de su conducta.

III

Por último, consideramos aconsejable que sea otro ma-gistrado el que presida la vista de mostrar causa ante el foro de instancia al recibo del mandato en el caso del epígrafe. Somos del criterio que —dadas las actuaciones del Hon. Juez Hiram Sánchez Martínez en el presente caso hasta este momento y el hecho de que dicho magistrado actualmente labora en el Tribunal de Circuito de Apelacio-nes, donde nos imaginamos tiene ante si cuestiones mucho más importantes que resolver que un mero incidente sobre desacato— la Oficina de Administración de los Tribunales y/o el Juez Administrador de la Región Judicial de Huma-cao debe asignar a otro magistrado para que entienda en este asunto.

       Los detalles del devenir procesal en este caso surgen tanto de la Resolución de 14 de octubre del tribunal de instancia, como del alegato del Procurador General, al igual que de otros documentos que constan en autos. En sus escritos ante nos, el recurrente ofrece una versión un tanto distinta de los hechos que habían sido rela-tados por el tribunal, ya que brinda unas excusas que el peticionario entiende que justifican su conducta. Ello, no obstante, no niega la esencia de los hechos medulares según los relata el tribunal.

        Neri Tirado v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 429, 433 (1975).

       La situación en que un magistrado de instancia pretende obligar a un abo-gado a comparecer en determinado día y hora al tribunal, a pesar del hecho de que dicho abogado tiene otro señalamiento para ese día y hora en otro tribunal, es una recurrente a nivel de instancia que resulta verdaderamente incomprensible; situación que demuestra, cuando menos, insensibilidad, imprudencia y temeridad de parte de los magistrados que incurren en la misma.

        No es enteramente correcto lo expresado por el Tribunal a los efectos de que el Juez Sánchez Martínez instruyera a los alguaciles del Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao, “a realizar el arresto después de concluida la vista que se celebraba en el Tribunal Supremo, por ser el único lugar en que el licenciado Lima podría ser localizado, con alguna certeza, ese mismo día”. (Énfasis suplido.) Opinión mayoritaria, pág. 551.
      En primer lugar, resulta evidente que no era necesario e imprescindible que el arresto del mencionado abogado se llevara a cabo en dicho día en las instalaciones e inmediaciones de este Tribunal. El mismo pudo haberse realizado en otro momento y en otro lugar ya que no existía urgencia para ello. Lo ordenado por el Juez de ins-tancia, y lo acontecido en dicho día en este Tribunal, produce la impresión de que se quiso hacer un despliegue de fuerza o de poder.
      En segundo término, y conforme nuestro mejor recuerdo, este Foro se vio en la obligación de ordenar la paralización de los procedimientos precisamente debido al hecho de que los mencionados alguaciles pretendieron —alegadamente por orden del tribunal de instancia— arrestar al licenciado Lima mientras se celebraba la vista, en que éste participaba como abogado, en el Salón de Sesiones de este Tribunal.
      Aparte del hecho de que no existe justificación para que se interrumpa, por estas razones, ninguna vista ante foro judicial alguno, debe mantenerse bien pre-sente que cuando este Tribunal designa a un comisionado especial para que presida una vista ética, en la cual éste recibe la prueba que tengan a bien presentar las partes con el propósito de hacer unas determinaciones de hecho, dicho comisionado especial actúa en representación de los integrantes del Tribunal; en otras palabras, es como si dicha vista se celebrara ante el Tribunal Supremo en pleno.

        Ordenar el arresto inmediato de un abogado, en esas circunstancias, puede ser indicativo de falta de experiencia o ausencia del temperamento judicial necesario para ocupar la posición de juez.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Presidente Señor Andréu García

license: Public Domain

text:
    Jussef M. Galib Frangie, Judith Bras, La Sociedad Legal de Gananciales, demandantes y recurrentes, v. El Vocero de Puerto Rico, Inc., Maggie Bobb, demandados y recurridos.

      Número: RE-92-484

      Resuelto: 6 de junio de 1995

      Ricardo Skerrett Yordán, de Woods & Woods, abogado de los recurrentes; Juan R. Marchand Quintero, José E. Colón Rodríguez y Francisco Ortiz Santini, de Rivera Cestero & Marchand Quintero, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Andréu García

emitió la opinión del Tribunal.

I

Los demandantes del epígrafe instaron acción de daños y perjuicios por libelo el 17 de octubre de 1991 en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, contra El Vocero de Puerto Rico (en adelante El Vocero) y la reportera Maggie Bobb. Alegaron que en el periódico El Vocero se publicaron una serie de artículos firmados por la periodista Maggie Bobb y un editorial sobre presuntas irregularidades ocurridas en la Administración de Reglamentos y Permisos (en adelante ARPE), supuestamente perjudiciales a la reputación del demandante, el Sr. Jussef M. Galib Frangie.

Los artículos periodísticos y el editorial en los cuales se fundamentó la demanda fueron publicados por el referido periódico en sus ediciones de 30 de agosto, de 4, 5, 10 y 17 de septiembre y de 17 de octubre de 1990.

Los demandantes alegaron que estos escritos fueron pu-blicados con negligencia y con pleno conocimiento de su falsedad y, además, le causaron daños valorados en una suma superior a los dieciséis millones de dólares ($16,000,000).

En la demanda se hizo constar que la parte demandante le había enviado a El Vocero una carta certificada con fecha de 18 de julio de 1991. Esta le ofrecía a la parte deman-dada la oportunidad de rectificar la información falsa que había sido publicada, sin embargo, la parte demandada hizo caso omiso a dicha carta.

Contestada la demanda, y después de varios trámites procesales, la parte demandada presentó moción de deses-timación parcial para alegar que las causas de acción fun-damentadas en seis (6) de las siete (7) publicaciones esta-ban prescritas. Argumentó que la Carta de 18 de julio de 1991 no tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptive con respecto a los escritos publicados desde el 17 de agosto hasta el 30 de septiembre de 1990, ya que no se reclamó en tal carta resarcimiento alguno por éstos. Argu-mentó, además, dicha parte, que la carta referida sólo for-mulaba la petición de rectificación a nombre del señor Ga-lib y no de su esposa y de la sociedad legal de gananciales.

El tribunal de instancia acogió el planteamiento de la parte demandada y dictó sentencia parcial que desesti-maba las causas de acción relativas a los escritos publica-dos entre el 30 de agosto y el 17 de septiembre de 1990. Determinó, además, que cada una de las publicaciones ge-neraba una causa de acción separada e independiente de las demás y, por lo tanto, cada una tenía su propio término prescriptivo de un (1) año.

La parte demandante interpuso recurso de revisión para plantear que el tribunal de instancia incurrió en error al determinar: (1) que la Carta de 18 de julio de 1991 no tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo de las causas de acción fundamentadas en las publicaciones en controversia; (2) al utilizar la norma de la publicación única y determinar que seis (6) de las causas de acción estaban prescritas, y (3) al determinar que si la Carta de 18 de julio de 1991 hubiera sido eficaz para interrumpir el término prescriptivo de las causas de acción del señor Ga-lib Frangie, aun así no hubiera interrumpido la prescrip-ción de las causas de acción de la señora Brás y de la so-ciedad legal de gananciales.

Mediante Resolución de 4 de diciembre de 1992, le con-cedimos término a los demandados recurridos para que mostraran causa:

...por la cual no deba expedirse el auto solicitado y revocar la sentencia dictada en 1ro. de septiembre de 1992, por razón de que la causa de acción del demandante Jussef M. Frangie no estaba prescrita.

Dicha parte ha comparecido. Su comparecencia, sin embargo, no nos convence. Procede resolver según lo intimado en la orden de mostrar causa emitida. Veamos por qué.

r*H

Debemos decidir, en primer lugar, si la Carta de 18 de julio de 1991 tuvo el efecto de interrumpir el término pres-criptivo de las causas de acción incoadas por el deman-dante recurrente Jussef M. Galib Frangie.

La prescripción es una institución de derecho sustantivo que se rige por las disposiciones del Código Civil y constituye una forma de extinción de un determinado derecho debido a la inercia de la relación jurídica durante un período de tiempo determinado. El transcurso del período de tiempo establecido por ley, sin que el titular del derecho lo reclame, da lugar a la presunción legal de abandono de éste, lo que en conjunto con la exigencia que informa el ordenamiento jurídico para eliminar la incertidumbre de las relaciones jurídicas constituyen los fundamentos básicos de la prescripción extintiva. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., 135 D.P.R. 137 (1994); Cintrón v. E.L.A., 127 D.P.R. 582 (1990). La prescripción sirve a la paz jurídica, a la seguridad general y al bien público. Son razones de utilidad social las que le sirven de fundamento, las cuales no pueden quedar al arbitrio de los particulares. Guillermo Orozco Pardo define la prescripción como "una institución fundada en la seguridad jurídica, que atiende a dotar de certeza a las relaciones jurídicas, en su plano objetivo y cuya causa subjetiva de actuar está en la relevancia y consecuencia que la ley dota a la ausencia de una voluntad manifestada, expresa o tácita-mente, por las partes de esa relación jurídica sujeta a prescripción”.

La prescripción del derecho es lo excepcional al ser su ejercicio o conservación lo normal, por lo que el ordena-miento jurídico potencia el ejercicio y la conservación de los derechos mediante la utilización de los medios interrupti-vos de la prescripción.

El acto interruptivo representa la manifestación inequívoca de una voluntad contraria al mantenimiento de la situación inerte que está manifestada con anterioridad a que el plazo de deliberación se agote. García Aponte et al. v. E.L.A. et al., supra; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992).

La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales; por la reclamación extrajudicial del acreedor, o mediante cualquier acto de reconocimiento de deuda por parte del deudor. Art. 1873 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 5303.

Los requisitos de los actos interruptivos son: (a) la oportunidad o tempestividad, que requiere que el ejercicio de la acción debe realizarse antes de la consumación del plazo; (b) la legitimación, según la cual el ejercicio corresponde al titular del derecho o de la acción; (c) la identidad, que consiste en que la acción ejercitada ha de responder exactamente al derecho que está afectado por la prescripción, y (d) la idoneidad del medio utilizado.

Cabe destacar que se ha de realizar un verdadero acto de reclamación de la deuda, en el cual se refleja perfecta-mente el animus conservandi.

En cuanto a la reclamación extrajudicial, no hay relación limitativa hecha por la ley sobre qué actos son los que se incluyen en esta causa interruptiva, y admite como tales todos aquéllos en que la voluntad del acreedor quede patente. En cuanto a la forma de la reclamación, la ley no exige ninguna forma especial. Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra.

En definitiva, la reclamación extrajudicial puede plas-marse a través de distintos actos, pero todos ellos han de cumplir con los requisitos genéricos de oportunidad, iden-tidad, legitimación e idoneidad antes reseñados.

La parte demandada recurrida sostiene que la Carta de 18 de julio de 1991 no constituyó una reclamación inte-rruptiva eficaz por carecer del requisito de identidad.

El elemento de “identidad” ha sido definido como una “auténtica exigencia de la efectividad de la deuda”. Puig Brutau señala que es necesario que “el acto interruptivo extrajudicial sea realizado por el acreedor en forma clara e inequívoca, que no deje dudas acerca de su intención”.

En Cintrón v. E.L.A., supra, págs. 592-593, citando a Diez-Picazo, dijimos:

Ante todo es menester tomar en consideración que lo que la ley considera como un acto de interrupción de la prescripción es el ejercicio de la misma acción que está prescribiendo. Debe, pues, existir identidad entre la acción ejercitada y la acción en prescripción. Esto es importante cuando de un mismo supuesto de hechos^ nacen en favor de un mismo titular acciones diversas. (Enfasis suprimido.)

En Zambrana Maldonado v. E.L.A., supra, pág. 751, citando a Feliciano v. A.A.A., 93 D.P.R. 655, 660 (1966), señalamos que si en la notificación que el deman-dante cursó al demandado, aquél se limitó meramente a ofrecer información, entonces el término prescriptivo no quedó interrumpido, ya que la mera información no cons-tituye “ la manifestación inequívoca de qui[e]n, amena-zado con la pérdida de su derecho, expresa su voluntad de no perderlo’ Véase, también, Cintrón v. E.L.A., supra.

Debemos determinar, entonces, si la Carta de 18 de julio de 1991, enviada al editor de El Vocero por el represen-tante legal del demandante recurrente, Jussef M. Galib Frangie, cumplió con el requisito de identidad y, en conse-cuencia, si tuvo el efecto de interrumpir el término prescriptivo.

Dicha carta expresó, en lo pertinente:

...Los artículos fueron publicados con total menosprecio de la verdad, con malicia y premeditación, causándole grandes daños económicos y angustias mentales a mi cliente y a su familia.
...Cabe señalar que El Vocero no está inmune a una demanda por difamación y libelo a mi cliente y su familia ya que mi cliente no es una figura pública y su periódico publicó esta serie de artículos con total menosprecio de la verdad.
Como representante legal de mi cliente por la presente se le exige a su periódico que rectifique públicamente en un artículo cuyo titular deberá salir en primera plana dentro de los próxi-mos 10 días a partir de la notificación de esta carta, exonerando y desvinculando a mi cliente de todo lo relacionado con el su-puesto escándalo ARPE. Su periódico deberá admitir pública-mente en dicho artículo que publicó información falsa e inco-rrecta en cada uno de los artículos publicados y señalados en esta carta.
De no recibir contestación a esta carta dentro de los próximos 10 días a partir de la notificación de la misma, mi cliente pro-cederá a radicar• senda demanda en contra de su periódico en los tribunales. (Énfasis suplido.) Carta de 18 de julio de 1991, págs. 3-4.

El tribunal de instancia concluyó que la carta referida no interrumpió el término prescriptivo porque el reclamo formulado en ella no está dirigido a obtener de la parte demandada una indemnización por los daños, sino una rectificación. Añadió el tribunal sentenciador que “[e]l pro-blema con tal reclamo es que resulta ser uno al cual el Sr. Galib no tiene derecho. Un medio informativo no puede ser compelido por terceros a diseminar una información de su particular interés, del mismo modo que no puede ser amordazado”. Sentencia parcial, pág. 7. Se apoyó dicha conclusión en la doctrina establecida por el Tribunal Supremo federal en Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 418 U.S. 241 (1974).

Dicha doctrina no tiene el alcance que le atribuyó el tribunal de instancia. La controversia allí planteada fue en cuanto a si un estatuto estatal que concedía a los candida-tos a puestos políticos un derecho a espacio igual en el periódico para replicar los ataques y las críticas de los cua-les fuesen objeto por el periódico infringía el derecho de libertad de prensa. El tribunal determinó que tal estatuto era inconstitucional. Sin embargo, la decisión no afectó el derecho de una persona privada a solicitar la corrección o retractación de la información publicada, lo cual es objeto de la controversia planteada en el caso de autos. La deci-sión del caso de Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, supra, tiene un alcance mucho más limitado.

Sobre este aspecto, señalan J.E. Nowak y R.D. Rotunda:

...[T]he Supreme Court has never ruled out the possibility that a court could order a retraction statement from a person who is found (under the proper standard for the case) to have defamed another. Members of the Court ... have noted that the Constitution prohibition on ‘right of reply’ statutes does not suggest that a right of retraction statute would be forbidden.

No es correcta tampoco la conclusion del tribunal de ins-tancia en cuanto a que la comunicación del demandante no formuló una reclamación de indemnización por los daños alegados. El periódico demandado publicó información que vinculaba al demandante con un supuesto escándalo en ARPE. Si el rotativo hubiera rectificado la información —supuestamente falsa— como se le solicitó, ello hubiera constituido-una indemnización “en específico” del alegado daño causado, con la cual aparentemente el demandante se hubiera considerado satisfecho.

En esta abarcadora área del derecho, como es la de daños y perjuicios, no existe un concepto unitario de daño por la diversidad de matices que abarca. Desde un punto de vista objetivo, se ha caracterizado el concepto de “daño” como el menoscabo que a consecuencia de un acontecimiento o evento determinado sufra una persona, sea en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio. Desde esta perspectiva se ha definido el “daño” como “la actuación desfavorable de las circunstancias que a consecuencia de un hecho determinado se produce contra la voluntad de una persona y que afecta los bienes jurídicos que le pertenecen (personalidad, libertad, honor, patrimonio)”.

El daño puede ser patrimonial y no patrimonial. Ésta es la clasificación que más atención ha merecido de la doctrina. Son daños patrimoniales los que producen un menoscabo valorable en dinero sobre los intereses patrimonia-les del perjudicado. Daños no patrimoniales son, en princi-pio, aquéllos cuya valorización en dinero no tiene la base equivalencial que caracteriza a los patrimoniales, por afec-tar precisamente a elementos o intereses de difícil valora-ción pecuniaria.

Un principio de general aplicación en las legislaciones es la reparación de daños en forma específica. Si el que dañó ha ocasionado un menoscabo en la esfera jurídica de otra persona, es lógico que la reparación debida consista en reintegrar esa esfera lesionada a su estado anterior al daño (restitutio in integrum). Sólo cuando no sea posible esa reintegración al estado originario se acudirá a verificar la reparación en dinero. Santos Briz, op. cit., págs. 324-325.

En Rodríguez Cancel v. A.E.E., 116 D.P.R. 443, 454-455 (1985), expresamos que bajo las disposiciones del Art. 1802 del Código Civil la reparación puede verificarse de dos (2) formas o maneras, a saber: (a) la reparación natural o rein-tegración en forma específica, o (b) la indemnización en dinero; que la primera alternativa, la de restablecer al per-judicado a la situación en que se hallaba antes de sufrir el daño, constituye la solución ideal; que únicamente debe acudirse a la indemnización en dinero si el restableci-miento de la condición original no es factible.

Señalamos en el caso citado que, no obstante, debe reconocerse que la aplicación de la norma sobre reparación in natura resulta de difícil aplicación en la práctica, lo que ha causado que los tribunales opten en muchas oca-siones por el “camino más fácil’ de la indemnización en dinero.

La restitución natural puede efectuarse no sólo en cuanto a los daños patrimoniales, sino también para los extrapatrimoniales. Santos Briz señala, como ejemplo, que en el caso de infracciones contra el honor puede exigirse la retractación de las manifestaciones lesivas como medio de satisfacción del ofendido.

En la carta en controversia, (1) se informa a la parte demandada que los artículos en cuestión han causado grandes daños económicos y angustias mentales al deman-dante y a su familia; (2) se solicita en forma inequívoca una retractación o rectificación de la información publi-cada, en la alternativa de no recibirse su contestación en un determinado plazo, y (3) se informa en forma clara y sin ambigüedad de clase alguna, que el demandante “procede-rá a radicar senda [sic] demanda en contra de su periódico en los tribunales”. Carta de 18 de julio de 1991, pág. 4.

Interpretada tal carta en su totalidad, a la luz de los principios expuestos, es forzoso concluir que ésta consti-tuye un claro requerimiento de reparación de los daños causados y, como tal, tuvo el efecto de interrumpir el tér-mino prescriptivo de las causas de acción presentadas por el demandante Galib Frangie.

HH HH HH

Debemos decidir finalmente si la carta referida inte-rrumpió también el término prescriptivo de las causas de acción interpuestas por la Sra. Judith Brás y de la sociedad legal de gananciales compuesta por ella y el señor Galib Frangie.

Dicha carta fue enviada a la parte demandada por el representante legal del demandante Galib Frangie y no hace ninguna referencia a la esposa de éste ni a la sociedad legal de gananciales.

A los efectos de escapar de la conclusión que ello con-lleva, la parte recurrente argumenta que los artículos pu-blicados por El Vocero constituyeron un daño continuado y, por lo tanto, que el plazo de prescripción de las causas de acción de los mencionados reclamantes comenzó a transcu-rrir el día de la producción del resultado dañoso definitivo. Señala que los artículos publicados —que dieron origen a la demanda— se expresan sobre un mismo tópico, un su-puesto escándalo en ARPE por favoritismo e irregularida-des relacionadas con la otorgación de un permiso de uso para la construcción del condominio Los Jacintos; estos se vinculan a la parte demandante recurrente Galib Frangie, y que no son artículos independientes por estar relaciona-dos entre sí. Las características señaladas no son suficien-tes para constituir un daño continuo. Veamos.

El Art. 1868 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5298, determina, en lo pertinente, que la acción derivada de la culpa o negligencia “prescribe por el transcurso de un (1) año ... desde que lo supo el agraviado”.

La fecha de conocimiento del daño constituye con frecuencia un delicado problema de prueba e interpretación. La dificultad reside en la variedad de circunstancias en que se da el problema del conocimiento del daño. Hechos distintos requieren soluciones diversas. Rivera Encarnación v. E.L.A., 113 D.P.R. 383 (1982). Entre las diversas categorías de hechos se hallan los daños sucesivos o continuados; los daños instantáneos y permanentes; el daño cuya extensión o cuantía no se manifiesta de inmediato; el daño embrionario, no identificable hasta el transcurso de determinado tiempo; el daño que se oculta dolosamente por el autor; los daños múltiples, algunos de los cuales no son descubribles hasta más tarde, y el daño desconocido, que no viene a detectarse hasta tiempo des-pués del acto culposo. Rivera Encarnación v. E.L.A., supra.

La parte recurrente sostiene que la serie de artículos publicados por la parte recurrida constituyen un daño con-tinuado, cuyo término de prescripción comenzó a transcu-rrir en la fecha cuando se publicó el último artículo. No tiene razón.

Daños continuados son “aquéllos producidos por uno o más actos culposos o negligentes imputables al actor, coetáneos o no, que resultan en consecuencias lesivas ininterrumpidas, sostenidas, duraderas sin interrupción, unidas entre sí, las cuales al ser conocidas hacen que también se conozca —por ser previsible— el carácter continuado e ininterrumpido de sus efectos, convirtiéndose en ese momento en un daño cierto compuesto por elementos de daño actual (aquel que ya ha acaecido) y de daño futuro previsible y por tanto cierto”.

Lo determinante es el momento cuando comienza la pro-ducción de los daños, que deberá tomarse en consideración como el inicio del término de prescripción, al presuponer que los perjudicados los conocían desde entonces y que pu-dieran ejercitar la causa de acción.

En la jurisdicción federal y en la mayoría de las jurisdicciones de Estados Unidos se ha adoptado la doctrina llamada “The Single Publication Rule”, según la cual cada publicación, como la edición de un periódico, un libro, una revista o un programa de radio o televisión es considerado como una unidad que da origen a una sola causa de acción. Se ha reconocido que para propósitos de la pres- cripción, ésta empieza a transcurrir cuando la publicación es puesta a la ventad En Díaz Segarra v. El Vocero, 105 D.P.R. 850, 852 (1977), adoptamos la mencionada “regla de la publicación única” a los efectos de que “la edición com-pleta del periódico, revista o libro se considera una sola publicación que da lugar, en casos de libelo, a una sola causa de acción”. Sin embargo, en Ojeda v. El Vocero de P.R., 137 D.P.R. 315 (1994), al ratificar dicha regla recha-zamos expresamente la interpretación de la mayoría de las jurisdicciones estatales norteamericanas y en la jurisdic-ción federal, al efecto de que el término prescriptivo em-pieza a transcurrir automáticamente desde la fecha misma de la publicación. En lugar de tal interpretación, allí esta-blecimos la norma de que el período de un (1) año para las acciones de daños y perjuicios por difamación, incluyendo el libelo, comienza desde que el agraviado obtiene conoci-miento del daño. No obstante, en el caso citado adoptamos la regla de que “una vez se presente la evidencia de la publicación de la noticia libelosa en un rotativo de circula-ción general en la Isla, de esta evidencia circunstancial se pued[e] razonablemente inferir que la persona peijudicada se enteró del daño el mismo día de la publicación de dicha información”. Ojeda v. El Vocero de P.R., supra, págs. 428-429.

De las alegaciones contenidas en la demanda presen-tada en el caso de autos, podemos inferir con claridad que el término prescriptivo de cada una de las causas de acción que ejerce la Sra. Judith Brás a nombre propio y, en con-junto con su marido, a nombre de la sociedad legal de ga-nanciales que ambos componen, comenzó a decursar en la fecha de publicación de cada uno de los artículos en controversia. Ninguna alegación contiene dicha demanda a los efectos de que, razonablemente, pueda determinarse que los recurrentes conocieron de dichas publicaciones en fechas posteriores o que no pudieron ejercitar, sin obstá-culo, sus respectivas causas de acción dentro del término prescriptivo.

Por los fundamentos expuestos, se expedirá el auto soli-citado y se dictará sentencia modificando la sentencia par-cial recurrida a los efectos de revocar aquella parte de ésta que decretó la desestimación de las reclamaciones del de-mandante recurrente Jussef M. Galib Frangle y así modi-ficada se confirmará y se ordenará la continuación de los procedimientos en el tribunal de instancia en forma compatible con lo aquí resuelto.

El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       La parte demandante presentó moción para oponerse a la solicitud de deses-timación parcial. En esencia, argumentó que los artículos publicados daban lugar a una sola causa de acción porque se trataba de un daño continuo; además, que la Carta de 18 de julio de 1991 interrumpió efectivamente el término prescriptivo.

       L. Diez-Picazo y A. Gullón, Sistema de Derecho Civil, 2da ed., Madrid, Ed. Tecnos, 1978, Vol. I, pág. 501.

       G. Orozco Pardo, La interrupción de la prescripción extintiva en el derecho civil, Granada, Universidad de Granada, 1986, pág. 56.

       Orozco Pardo, op. cit., pág. 59.

       Véanse: Orozco Pardo, op. cit., pág. 156 et seq.; Zambrana Maldonado v. E.L.A., 129 D.P.R. 740 (1992).

       Orozco Pardo, op. cit., pág. 195.

       Q.M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. XXXII, Vol. 2, pág. 969.

       J. Puig Brutau, Caducidad y Prescripción Extintiva y Usucapión, Barcelona, Ed. Bosch, 1988, pág. 91.

       Así lo demuestra la expresión concurrente del Juez Brennan, a la cual se unió el Juez Rehnquist. Dicha expresión lee del siguiente modo:
      “I join the Court’s opinion which, as I understand it, addresses only ‘right of reply” statutes and implies no view upon the constitutionality of ‘retraction’ statutes affording plaintiffs able to prove defamatory falsehoods a statutory action to require publication of a retraction.” Miami Herald Publishing Co. v. Tornillo, 418 U.S. 241, 258 (1974).

       J.E. Nowak y R.D. Rotunda, Constitutional Law, 3ra ed., Minnesota, Ed. West Pub. Co., 1986, pág. 932.

       J. Santos Briz, La responsabilidad civil, 7ma ed. rev., Madrid, Ed. Monte-corvo, 1993, pág. 146.

       Santos Briz, op. cit., pág. 146, esc. 144.

       Santos Briz, op. cit., pág. 162.

       En efecto, se pronuncian por la reparación en forma específica como regla general y por la indemnización en dinero como medio supletorio de resarcimiento los Códigos Civiles de Alemania (parágrafos, 249, 250 y 251), de Austria (parágrafos 1,323), de Italia (Artículo 2,058), de Brasil (Art. 1,534) y el 1966 de Portugal (Art. 562). El Código Suizo de Obligaciones sienta la regla según la cual el juez determi-nará la forma y cuantía de la indemnización o el resarcimiento (Art. 43). En el mismo sentido parece inspirarse la jurisprudencia francesa, en defecto de precepto expreso del Código de Napoleón. Santos Briz, op. cit., pág. 324, esc. 310.

      6) J. Santos Briz, El Derecho de Daños, Madrid, Ed. Rev. Der. Privado, 1963, póg. 209.

       H.M. Brau Del Toro, Los daños y perjuicios extracontractuales en Puerto Rico, 2da ed., San Juan, Pubs. J.T.S., 1986, Vol. II, Cap. X, pág. 648.

       “The Uniform Single Publication Act” fue promulgada en 1952 y fue adop-tada inicialmente en Arizona, California, Idaho, Illinois, Nuevo México, Dakota del Norte y Pennsylvania.
      En 1976, “The Single Publication Rule” fue adoptada por “The American Law Institute”. 3 Restatement of the Law (Second) of Torts Sec. 577A (1977) establece:
      “ 87 577A. Single and Multiple Publications

        “(1) Except as stated in Subsections (2 and (3), each of several communications to a third person by the same defamer is a separate publication.
      “Comment on Subsection (1):
      “a. It is the general rule that each communication of the same defamatory matter by the same defamer, whether to a new person or to the same person, is a separate and distinct publication, for which a separate cause of action arises.
      “Illustration:
      “1. On one occasion A says to B that C is a murderer. On a later occasion A repeats the same statement to B. On a third occasion A makes the same statement to D. Each of the three communications is a separate publication and C has three causes of action against A.”

       Véanse: Zuck v. Interstate Publishing Corp., 317 F.2d 727 (2do Cir. 1963); Billingsley v. Triangle Publication, Inc., 194 F.Supp. 330 (D. N.Y. 1961); Kiliam v. Stackpole Sons, 98 F.Supp. 500 (D. Penn.1951).


author: El Juez Asociado Señor Rebollo López

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Edwin Hernández Santana, acusado y apelante.

      Número: CR-93-83

      Resuelto: 6 de junio de 1995

      Pablo Colón Santiago, abogado del apelante; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Ricardo E. Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, apelado.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

Edwin Hernández Santana acude ante este Tribunal en revisión de la sentencia de nueve (9) años de presidio —a ser “cumplida” la misma bajo el régimen de la Ley de Sen-tencia Suspendida— que le fuera impuesta por la Sala de Aibonito del Tribunal Superior de Puerto Rico como conse-cuencia de haber sido convicto, por el Jurado que intervino como juzgador de los hechos en el proceso que se le cele-brara, del delito de Tentativa de Asesinato que le imputara el Ministerio Fiscal, en relación con unos hechos acaecidos el día 12 de septiembre de 1990, en horas de la noche, en Santa Isabel, Puerto Rico.

El juicio originalmente estuvo señalado para celebrarse en la Sala de Ponce del Tribunal Superior de Puerto Rico. Solicitado el traslado del mismo por el Ministerio Fiscal —por razón de que Hernández Santana había laborado en dicha Sala por muchos años como Alguacil Auxiliar a cargo de llevar y traer a sus casas a los miembros del panel de jurado de dicho distrito judicial, cuando las circunstan-cias así lo hacían necesario— la Sala de Ponce, con la ob-jeción de la defensa, ordenó el traslado del caso a la men-cionada Sala de Aibonito del Tribunal Superior de Puerto Rico.

Comenzado el proceso, por jurado, ante la Sala de Aibo-nito —y habiendo ya declarado dos (2) de los testigos de cargo— advino “a la luz pública”, o al conocimiento del foro de instancia y de la defensa, que el Ministerio Fiscal tenía en su poder copia de unas declaraciones juradas —inclu-yendo copia de una declaración del imputado Hernández Santana— que la Oficina de Administración de los Tribu-nales había tomado en el curso de una investigación admi-nistrativa que había realizado por motivo del cargo de Al-guacil Auxiliar que ocupaba dicho imputado al momento de la ocurrencia de los hechos.

La defensa solicitó del tribunal de instancia el archivo y sobreseimiento definitivo, con perjuicio, de la causa criminal, ello al amparo de las disposiciones de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, por alegada-mente haberse violado el debido proceso de Ley “por cuanto en crasa inobservancia de las disposiciones de la Sección 28 de la ley número 11 de 24 de julio de 1952 ... el Minis-terio Fiscal ha logrado acceso a unas declaraciones juradas cuyo contenido nunca debió conocer” y por razón de que, alegadamente, se violentó “el derecho del acusado a con-frontarse con los testigos en su contra por cuanto el Minis-terio Fiscal, a pesar de que contaba con las aludidas decla-raciones juradas, nunca las entregó a la defensa ...’’. Alegato del apelante, exhibit 7, pág. 14.

El referido foro, entendiendo que lo acontecido consti-tuía una “irregularidad”, contemplada por el Inciso (d) de la Regla 144 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, optó por “disolver” el Jurado y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Señalado el mismo, la representación legal del imputado solicitó la desestimación de la causa criminal, ello a la luz de lo dispuesto por la Sec. 11 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado, L.P.R.A., Tomo 1, y las disposiciones de la Regla 64(e) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; esto es, de que había estado expuesto en riesgo de ser castigado dos (2) veces por el mismo delito. El foro de instancia denegó dicha solicitud, ordenando la continuación de los procedimientos, los cua-les desembocaron, como hemos antes expresado, en vere-dicto de culpabilidad y la imposición de la sentencia antes mencionada.

En el recurso de apelación que radicara, Hernández Santana le imputa al foro de instancia la supuesta comi-sión de cinco (5) errores; a saber, haber errado:

... al decretar el traslado del caso a la Sala de Aibonito del... Tribunal Superior de Puerto Rico.
... al negarse a decretar el archivo y sobreseimiento del primer proceso por los fundamentos aducidos por la defensa en la solicitud que en tal sentido formuló en corte abierta y por es-crito el 19 de diciembre de 1991.
... al decretar la disolución del Jurado que entendió en el primer proceso seguido contra el acusado-apelante.
... al declarar “NO HA LUGAR” la Moción de Desestimación del segundo juicio predicada en la doctrina de doble exposición.
... al declarar culpable y convicto al acusado-apelante sin que se estableciera su culpabilidad más allá de duda razonable y fundada. Alegato del apelante, págs. 7-8.

HH

Conforme la prueba presentada por el Estado durante el juicio celebrado a nivel de instancia, en la noche del 12 de septiembre de 1990 el perjudicado en el caso, Otto Rafael Burgos Pabón, decidió ir a la casa donde residían sus cua-tro (4) hijos con su ex-esposa, Rosa M. Rodríguez, con el propósito de llevarle a éstos un videocassette, el cual les dejó al encontrarlos durmiendo. Al proponerse abandonar la referida casa, se encontró con su ex-esposa, la cual en-traba o llegaba a la misma. Esta había sido traída por el apelante Hernández Santana, quien en esos momentos se encontraba todavía sentado en el vehículo en que ambos habían llegado a dicha residencia.

Burgos Pabón se acercó a dicho vehículo con el propósito de dialogar con el apelante Hernández Santana. Este, con-forme la versión del perjudicado, inmediatamente y sin ex-presar palabra alguna, le hizo dos (2) disparos, sintiéndose herido Burgos Pabón en el lado izquierdo de su cuerpo. El perjudicado echó a correr, siguiéndolo el apelante, quien le hizo tres (3) disparos más. El apelante, aparentemente no teniendo más balas en su revólver, se marchó del lugar, dejando a Burgos Pabón inerte en el pavimento.

El perjudicado perdió uno de sus dedos índices, el cual fue cercenado por uno de los proyectiles. En adición, éste tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia, la cual se prolongó por aproximadamente cua-tro (4) horas. En la misma, se le extirpó el bazo a Burgos Pabón y se le reparó el diafragma y el colon, teniendo que practicársele una colostomía. Esa, básicamente, fue la prueba de cargo.

Por la defensa, testificaron dos (2) testigos de cargo que fueron renunciados por el Ministerio Fiscal, a saber, la ex-esposa del peijudicado, Rosa M. Rodríguez, y el Policía Ra-món Guzmán Esmurría. La testigo Rodríguez declaró que su ex-marido la celaba constantemente del Alguacil Her-nández Santana, con quien ella meramente tenía una re-lación de amistad. Por otro lado, testificó que la noche de los hechos, luego de llegar a su residencia en compañía de Hernández Santana y haber entrado a la misma, escuchó entre cinco (5) y seis (6) detonaciones de arma de fuego y que, al salir afuera, vio a su ex-marido herido en el pavimento. El Policía Guzmán Esmurría, por su parte, tes-tificó que esa noche llegó al Cuartel de la Policía de Santa Isabel el Alguacil Hernández Santana —pudiendo notar que éste tenía la camisa “estrujá” y el cuello “rojizo”— quien le informó que: encontrándose sentado en su auto-móvil frente a la residencia de Rosa Rodríguez fue atacado por la espalda por Burgos Pabón, quien lo agarró fuerte-mente por el cuello y le dijo que lo iba a matar, viéndose él en la necesidad de hacer uso de su arma oficial, haciéndole varios disparos a su “agresor”.

HH I — I

En cuanto al primer señalamiento de error, a los efectos de que erró la Sala de Ponce del Tribunal Superior al or-denar el traslado de la vista en su fondo para la Sala de Aibonito, somos del criterio que el referido señalamiento es uno inmeritorio.

No hay duda de que la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, ante, pág. 308, establece que todo imputado de delito tendrá el “derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir un veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve”. (Énfasis suplido.) De ordinario, y sobre ello tampoco debe haber duda, ello significa y conlleva que el acusado deberá ser juzgado en el distrito judicial donde se alega por el Estado que ocurrieron los hechos delictivos. Véase Báez Montalvo v. Jefe de Penitenciaría, 90 D.P.R. 609 (1964).

Dicho derecho, sin embargo, no es, ni puede ser, absoluto. Pueblo v. Santiago Acosta, 121 D.P.R. 727 (1988). De hecho, la Regla 81 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II, reconoce, y establece, unas excepciones a ese derecho. Somos del criterio que a los hechos particula-res del presente caso le son de aplicación las disposiciones del Inciso (a) de la citada Regla 81; esto es, de que procede ordenar el traslado de un caso cuando “por cualquier ra-zón, que no sea una de las enumeradas en la Regla 76 no pueda obtenerse un juicio justo e imparcial en el distrito donde está pendiente la causa”. (Énfasis suplido.) 34 L.P.R.A. Ap. II, R. 81(c).

A estos efectos, debe mantenerse bien presente que no sólo el acusado tiene derecho a un juicio justo e imparcial; también el Estado tiene ese derecho. Véanse: Pueblo v. Sánchez Pérez, 122 D.P.R. 606 (1988); Pueblo v. Santiago Acosta, ante. La situación a la cual nos enfrentamos en Pueblo v. Sánchez Pérez, ante, y en Pueblo v. Rodríguez Zayas, 137 D.P.R. 792 (1995), es una distinta a la del caso de autos. En Pueblo v. Sánchez Pérez, ante, el Estado solicitó el traslado del caso por razón de que el acusado era una persona sumamente “conocida” en la comunidad y por razón de que su padre había sido alcalde de uno de los pueblos que comprendía el distrito judicial de Humacao. El tribunal, al correctamente rechazar dicho argumento, certeramente expresó que aceptar dicho fundamento, como base suficiente para decretar un traslado, “significaría [resolver] que ningún pariente de un político, o éste mismo, podría ser juzgado en el foro judicial correspondiente a la demarcación territorial de su municipio o distrito representativo o senatorial”.

Por otro lado, en Pueblo v. Rodríguez Zayas, ante, el Estado, representado por el Ministerio Público y un Fiscal Especial Independiente (FEI), presentó una moción de traslado fundada en la publicidad excesiva recibida por el caso así como en la familiaridad de los acusados, un Juez de Distrito y su secretaria, con el personal del tribunal donde se celebraría el juicio. El tribunal, no obstante reco-nocer como meritorios dichos fundamentos, resolvió que el Estado no demostró, con hechos específicos, cómo los repor-tajes en torno al caso, la familiaridad del Juez con el personal del tribunal y el puesto de Juez del acusado afecta-rían la mente del jurado hasta el punto de empañar su imparcialidad. El Estado se limitó a señalar que el juez acusado “entra y sale” por la puerta que conduce a las ofi-cinas de los jueces y sala de jurados. En dicha ocasión con-sideramos que las medidas cautelares adoptadas por el tribunal de instancia eran suficientes para garantizar los derechos del acusado y la pureza del proceso. En conse-cuencia, confirmamos la resolución emitida por el tribunal de instancia denegando el traslado, destacando el hecho de que el Estado podía reproducir la solicitud de traslado de probarse que realmente no ha podido obtenerse un jurado imparcial.

El caso de autos es distinto. En el mismo, el acusado, según quedó demostrado, ha tenido, y tenía para la fecha del proceso, contacto personal y directo con prácticamente todos y cada uno de los miembros del panel de jurados que tendría que pasar juicio sobre su inocencia o culpabilidad; situación que hacía necesario el traslado del caso. Esto es, la situación del caso de autos se asemeja a la del caso de Pueblo v. Santiago Acosta, ante; caso en que confirmamos la determinación del foro de instancia, orde-nando el traslado de la vista en su fondo del caso a un distrito judicial distinto al que se había cometido los alega-dos hechos delictivos, por razón de que el acusado había sido secretario general del tribunal en este último distrito judicial.

En este respecto, entendemos que los hechos, o razones, por las cuales la Sala de Ponce ordenó el traslado del presente caso son unos que plenamente justificaban el mismo. Se enfrentaba dicho foro judicial ante la posibilidad real de que el acusado, quien por largos años había laborado como alguacil auxiliar a cargo de los jurados que actuaban en dicha Sala, obtuviera un trato “preferente” de parte del jurado. No debemos olvidar que la justicia debe ser dispensada en un ambiente libre de cualquier sospecha, aun cuando éstas sean infundadas. Sucn. Ortiz v. Campoamor Redín, 125 D.P.R. 106 (1990).

Por otro lado tenemos que dicha orden de traslado no fue objeto de revisión —vía certiorari— por el acusado ante este Tribunal. Debe recordarse el costo enorme —en términos de tiempo y fondos públicos— que conlleva la celebración de un proceso criminal a nivel de instancia. El apelante Hernández Santana pudo, y debió, revisar dicha determinación; la cual pudo, o no, haber sido revocada por este Tribunal en dicho momento. No lo hizo; esperó a que el juicio se celebrara y a saber el resultado del mismo. Una vez convicto es que cuestiona la referida determinación. No estamos resolviendo que no tiene derecho a plantearlo en apelación. Lo que estamos resolviendo es que no estamos en disposición de, automáticamente y sin más, avalar dicha “estrategia forense”; una que resulta sumamente perjudicial a una eficiente y sana administración de la justicia en nuestra jurisdicción.

M H-i

Arguye el apelante Hernández Santana, mediante su segundo señalamiento, que se le violó su derecho al debido proceso de ley —garantizádole a todo imputado de delito por la See. 7 del Art. II de nuestra Constitución, L.P.R.A., Tomo 1— por razón de que el Estado tenía en su poder unas declaraciones juradas, incluyendo una del propio ape-lante, que habían sido tomadas por funcionarios de la Ofi-cina de Administración de los Tribunales, situación que el Ministerio Público no le había informado a la defensa del apelante.

No hay duda sobre el hecho de que el Ministerio Fiscal en el presente caso incurrió en conducta reprobable al no informar de ese hecho a la defensa y, sobre todo, al no haberle brindado copia de las mismas a la defensa durante los procedimientos anteriores a la vista en su fondo del caso. Constituye norma trillada de que el Estado viene en la obligación de suplir a la defensa copia de toda declaración jurada, que “tenga en su poder”, de todo testigo que haya declarado en las vistas anteriores al juicio. Pueblo v. Ribas, 83 D.P.R. 386 (1961); Pueblo v. Soto García, 119 D.P.R. 44 (1987).

Ahora bien, la defensa no señala ni expresa el daño específico que, debido a esa situación, sufrió el apelante en el presente caso. Se limita meramente a expresar que el Estado actuó impropiamente y que lo que procedía era ordenar el archivo y sobreseimiento, con perjuicio, del proceso criminal al amparo de las disposiciones de la Regla 247 de Procedimiento Criminal, ante. No estamos de acuerdo.

La conducta del Ministerio Fiscal, aun cuando altamente censurable, no debe tener, en nuestra opinión, el alcance o la consecuencia que pretende la defensa del apelante; esto es, la misma no debe acarrear la desestimación, con perjuicio, del pliego acusatorio. En el presente caso ni siquiera se trata de la situación, grave y perjudicial, en que el Ministerio Fiscal “esconde” o no descubre prueba que demuestra, o tiende a demostrar, la inocencia del acusado, esto es, prueba exculpatoria; situación en relación con la cual la regla mayoritaria —tanto en la jurisdicción federal como en la estatal norteamericana— es a los efectos de que lo que procede es decretar la revocación de la convicción y la celebración de un nuevo juicio. United States v. Bagley, 473 U.S. 667 (1985); United States v. Agurs, 427 U.S. 97 (1976); Giglio v. United States, 405 U.S. 150 (1972); Brady v. Maryland, 373 U.S. 83 (1963); United States v. Turner, 490 F. Supp. 583 (1979); State v. Florez, 134 N.J. 570, 636 A.2d 1040 (1994); Hall v. State, 625 So. 2d 1165 (1993); Wilson v. State, 372 A.2d 198 (1977). En particular, y en relación con el punto específico ante nuestra consideración, véanse: Pueblo v. Delgado López, 106 D.P.R. 441 (1977); Pueblo v. Ribas, ante.

Aquí, llana y sencillamente, se trata de unas declaraciones juradas que debieron ser entregadas a la defensa. Esta, sin embargo, no nos señala, ni demuestra, el perjuicio específico sufrido, debido a ello, por el apelante. Meramente se limita, repetimos, a señalar que dicha acción privó al apelante, en términos generales, de su derecho a confrontarse con los testigos de cargo. Somos del criterio que el foro de instancia actuó con gran juicio, y mesura, en el presente caso. En primer lugar, celebró una vista con el propósito de determinar la magnitud del daño sufrido por la defensa al ésta no contar con las referidas declaraciones juradas durante el proceso que se estaba celebrando. En segundo término, y ante la ausencia de señalamiento sobre daño específico de parte de la defensa —daño que en casos extremos, en nuestra jurisdicción y a solicitud del Estado o, motu proprio, por el tribunal, puede llevar al foro de instancia a ordenar el archivo y sobreseimiento de los car-gos, “en pro de la justicia”, al amparo de las disposiciones de la Regla 247(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II— determinó que lo procedente en derecho era decre-tar la disolución del jurado al amparo de las disposiciones del Inciso (d) de la Regla 144 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; esto es, cuando “se hubiere cometido algún error, o se hubiere incurrido en alguna irregularidad durante el proceso que, ajuicio del tribunal, le impidiere al jurado rendir un veredicto justo e impartial”. Véanse: Pueblo v. Suárez Fernández, 116 D.P.R. 842 (1986); Pueblo v. Robles González, 125 D.P.R. 750 (1990). Ello, con el obvio propósito de garantizarle plenamente al acusado el dere-cho constitucional a confrontarse con los testigos en su contra y poder contrainterrogarlos adecuadamente; esto es, garantizarle al acusado un juicio justo e imparcial.

IV

Lo antes expuesto dispone, realmente, de los señala-mientos tercero y cuarto del apelante. Habiendo determi-nado que actuó correctamente el tribunal de instancia al negarse a ordenar el archivo y sobreseimiento, con perjui-cio, de la acusación y al decretar la disolución del jurado y ordenar un nuevo juicio, se cae, por su propio peso, el se-ñalamiento de que se le violó al apelante el derecho que le garantiza la Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución, supra, a los efectos de que nadie “será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito”.

El apelante se contradice al argumentar su posición en este respecto. Por un lado, expresa que la conducta obser-vada por el Ministerio Fiscal fue tan grave que la misma ameritaba que el foro de instancia decretara el archivo, con perjuicio, de la acusación contra él radicada. Sin embargo, y a renglón seguido, sostiene que dicha conducta no ame-ritaba que se decretara la disolución del Jurado y se orde-nara la celebración de un nuevo juicio. ¿En qué quedamos? Lo que es suficiente para “lo más”, obviamente es sufi-ciente para “lo menos”.

Habiendo actuado, repetimos, correctamente el foro de instancia al disolver el Jurado, no procede planteamiento alguno por doble exposición al amparo de lo dispuesto por la citada Sec. 11 del Art. II de nuestra Constitución. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966).

V

Igualmente improcedente resulta ser el quinto señala-miento de error. La prueba de cargo de ser creída por el Jurado —como lo fue— es suficiente en derecho para sos-tener la convicción decretada a nivel de instancia por el juzgador de los hechos. La misma es una “satisfactoria” en derecho. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986).

El Jurado, obviamente, no creyó la teoría —y prueba— sobre defensa propia que prestara el apelante. Coincidimos plenamente con la determinación del Jurado a esos efectos. Dicha prueba no demostró que el apelante hubiera estado en peligro inminente de perder la vida o de sufrir grave daño corporal. Por otro lado, debe recordarse que, en de-fensa propia, no se puede causar más daño que el necesario para defender nuestra vida. Pueblo v. González Román, 129 D.P.R. 933 (1992); Pueblo v. Ríos Rivera, 88 D.P.R. 165 (1963). A esos efectos, debe mantenerse presente que la prueba demostró, más allá de duda razonable, que el ape-lante descargó totalmente su revólver; esto es, agotó todas las balas con que contaba su revólver, en ese momento; estando, al así hacerlo, completamente indefenso la víc-tima objeto de su agresión.

Se dictará sentencia de conformidad.

Los Jueces Asociados Señores Hernández Denton y Fus-ter Berlingeri concurrieron con el resultado sin opinión escrita. El Juez Asociado Señor Alonso Alonso no intervino.

       Véase página 4 de la “moción de desestimación”, de fecha 19 de diciembre de 1991, que al respecto radicara la defensa ante el tribunal de instancia.

       El tribunal de instancia en el referido caso tomó las siguientes medidas cautelares:
      “1) El personal de sala —esto es, alguacil, secretaria y taquígrafa— que junto a la juez suscribiente se trasladaron al Centro Judicial de Ponce el 23 de septiembre de 1994 y no son funcionarios del Centro Judicial de Ponce, serán los funcionarios que intervendrán en el caso.
      “2) El Tribunal hará un riguroso examen de todos los candidatos a jurado y el fiscal podrá examinar a estos en forma individual.
      “3) El Tribunal se reserva la discreción de conceder, de ello ser necesario, peren-torias adicionales en la selección del jurado.
      “4) Los acusados no podrán tener acceso al pasillo interior del Tribunal y mucho menos donde circulen los candidatos a jurado. Tampoco podrán utilizar las facilida-des privadas del Tribunal. Si después de estas y otras medidas cautelares que pu-dieren tomarse, a juicio del Tribunal no pudiese obtenerse un jurado imparcial, en-tonces ordenaríamos el traslado del caso.
      “5) De constituirse un panel de jurados, se ordenará el secuestro del mismo desde el momento en que preste juramento definitivo.
      “6) La custodia del jurado estará a cargo de la Unidad Especial de Alguaciles de la Administración de los Tribunales, la cual está integrada por alguaciles de todos los centros judiciales de Puerto Rico.
      “Los alguaciles de Ponce, que formen parte de dicha Unidad no podrán interve-nir en la custodia de ese jurado y se ordena [que] sean sustituidos por alguaciles de otros centros judiciales.”

       Véase Pueblo v. Echevarría Rodríguez I, 128 D.P.R. 299 (1991).


author: per curiam:

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Juan Rosario Reyes, apelante.

      Número: CR-93-96

      Resuelto: 7 de junio de 1995

      Luis Rafael Rivera, abogado del acusado y apelante; Pedro A. Delgado Hernández, Procurador General, y Eunice Amaro Garay, Procuradora General Auxiliar.

   per curiam:

Comparece ante nos Juan Rosario Reyes y solicita la revocación de una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Bayamón (Hon. Rodolfo Cruz Contreras, Juez Superior), que, mediante vere-dicto de jurado, lo declaró culpable de infringir el Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico y lo sentenció a cumplir una condena de doce (12) años de cárcel. Por considerar que los errores que se señalan en el recurso no fueron cometidos, confirmamos.

I

Según se desprende de la Exposición Narrativa de la Prueba, para septiembre de 1990, al agente encubierto Juan Berrios Silva, de la División de Drogas y Narcóticos de la Policía de Puerto Rico, se le asignó investigar el Mu-nicipio de Cataño, en específico el negocio Los Molinos, lo-calizado en el barrio Sabana. Para familiarizarse con el área y para que las personas que frecuentaban el lugar fueran adquiriendo confianza en él, Berrios comenzó a pa-searse por el negocio y a saludar a sus patrocinadores sin bajarse de su automóvil.

El 28 de septiembre de 1990 Berrios se presentó al lugar de los hechos en horas de la tarde, se bajó del auto y entró por primera vez al negocio Los Molinos. Le pidió algo de tomar al que atendía el bar y luego se dirigió hacia el ape-lante, que estaba afuera contando un dinero. Nunca antes lo había visto en dicho lugar. Sin embargo, Berrios le pre-guntó si había “perico” por allí, ya que había ido a “Cana-les” y no había podido “capear”. Rosario le indicó que tenía un “perico” que era mejor que el de “Canales”, por lo que Berrios le pidió que le consiguiera un “dos veinte”. El apelante procedió a recoger un “muerto” del piso, sacó dos (2) bolsas plásticas transparentes y se las entregó a Berrios. Éste, por su parte, sacó cuarenta dólares ($40) de su bolsillo y se los entregó a Rosario. Luego de realizar la transacción, que duró alrededor de cinco (5) minutos, Rosario le expresó que cuando necesitara “material” se lo procurara. A las 7:15 de la noche del mismo día, Berrios le hizo entrega de la droga al Sr. Edgardo Nieves, su agente de contacto.

En su Informe sobre Violación de Ley Berrios describió al apelante como un joven de entre veinte (20) a veintidós (22) años, con una estatura de entre cinco (5) pies, siete (7) pulgadas y cinco (5) pies, ocho (8) pulgadas, vestido con un pantalón corto azul, una camiseta blanca sin mangas, “tennis” y medias blancas. Añadió que el apelante lucía un ta-tuaje en el brazo y tenía una pantalla en la oreja izquierda.

Oportunamente, el Ministerio Público presentó una de-nuncia contra el apelante para imputarle una violación al Art. 401 de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, 42 L.P.R.A. see. 2401. En la vista preliminar se deter-minó causa probable por el delito imputado. Comenzado el juicio, el apelante alegó, como defensa, que el día de los hechos había trabajado como estibador suplente de Las Navieras de Puerto Rico en el barco Mercadian Importer desde las 11:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. y que en ningún momento había salido del barco. Adujo, además, que el agente Berrios lo había confundido con un muchacho lla-mado “Quiñi”, muy parecido a él, que desapareció poco des-pués de la redada. La prueba de la defensa, que consistía en el testimonio de cinco (5) compañeros de trabajo, tendió a demostrar que ese día el apelante había trabajado inin-terrumpidamente en dicho barco.

Por su parte, el Ministerio Público trajo prueba de refu-tación de coartada que consistía en el testimonio del ge-rente general y el director de seguridad de las Navieras, quienes indicaron tener conocimiento sobre el hecho de que algunos estibadores, luego de recibir sus “chapas” de iden-tificación se las pasan a algún compañero, llamado “amuleto”, quien realiza sus labores a cambio de alguna remuneración.

Luego de escuchar los testimonios del agente encubierto Juan Berrios, del agente de contacto Edgardo Nieves y del químico José Luis Borrero Malavé, así como la prueba de coartada y de refutación de coartada, el Jurado rindió ve-redicto de culpabilidad y el tribunal de instancia declaró a Rosario culpable de violar el Art. 401 de la Ley de Sustan-cias Controladas de Puerto Rico, supra.

El apelante recurrió a este Foro y adujo que el tribunal de instancia erró al permitir que el Ministerio Fiscal tra-jera prueba de refutación de coartada sin notificar a la de-fensa acerca de su intención de utilizarla; al permitir que se impugnara la credibilidad de los testigos de coartada mediante testimonios que meramente indicaron que los he-chos podrían haber ocurrido de otra forma, y al rendir un veredicto de culpabilidad cuando la prueba no establecía su culpabilidad más allá de duda razonable. Por las razo-nes que exponemos a continuación, entendemos que los errores no fueron cometidos.

HH l-H

En primer lugar, el apelante alega que el foro de instan-cia erró al permitir que el Ministerio Público trajera prueba de refutación de coartada sin haber notificado a la defensa con antelación. Por su parte, el Procurador General aduce que como la defensa no le solicitó tal información, el Ministerio Fiscal no tenía la obligación de suplirle ésta. Coincidimos con el Procurador General con respecto a que el Ministerio Público no tenía que suplirle dicha informa-ción a la defensa motu proprio.

La Regla 74 de Procedimiento Criminal dispone, en lo pertinente, lo siguiente:

El acusado que desee establecer la defensa de coartada de-berá suministrar al Ministerio Público, si éste así lo solicita, la siguiente información:
(a) Sitio en que se encontraba el acusado a la fecha y hora de la comisión del delito.
(b) Desde qué hora se encontraba el acusado en ese sitio.
(c) Hasta qué hora estuvo el acusado en ese sitio.
(d) Informar qué documentos, escritos, fotografías o papeles se propone utilizar el acusado para establecer su defensa de coartada, informando en poder de quién se encuentran.
El Ministerio Público tendrá la obligación recíproca de infor-mar al acusado si éste así lo solicita el nombre y dirección de los testigos que se propone utilizar para refutar la defensa de coar-tada o incapacidad mental. 34 L.P.R.A. Ap.II.

En cuanto a la obligación recíproca de informar, en Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133 (1973), dispusimos que ésta es esencial para preservar el “balance que garantiza [el cumplimiento con] las exigencias del debido procedimiento de ley y del juicio justo”. íd., pág. 138. Sin embargo, en Pueblo v. Acosta Acosta, 107 D.P.R. 68 (1978), aclaramos que dicha obligación sólo surge una vez el acusado reclame su derecho a obtener información relativa a la prueba de refutación de coartada. íd., pág. 70. Véase, además, E.L. Chiesa Aponte, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Colombia, Ed. Forum, 1993, Vol. III, See. 27.7, págs. 308-309.

Hoy reiteramos lo dispuesto en Pueblo v. Acosta Acosta, supra, convencidos de que ello en nada coarta el derecho del acusado a obtener información relativa a su coartada. Esta exigencia simplemente obliga a la defensa a actuar con diligencia al solicitarle al Ministerio Público que le fa-cilite dicha información en lugar de esperar que ésta aparezca. Ello resulta lógico puesto que el acusado, que notifica sobre su intención de servirse de la defensa de coartada, tiene que presumir que el Ministerio Público va a investigar cuán sólida es dicha defensa para refutarla en su día.

En el caso de marras, la defensa descansó en que el Ministerio Público le notificaría sobre su intención de pre-sentar testigos de refutación, por lo que no le requirió dicha información afirmativamente. No obstante, el día antes de presentar sus testigos de refutación, el Ministerio Público anunció que los traería al día siguiente. Véase Mi-nuta de 27 de enero de 1993. Aun así, la defensa no solicitó una lista de testigos ni objetó a la presentación de éstos. A la luz de ello, procede concluir que el tribunal de instancia actuó correctamente al permitir dicha prueba de refutación de coartada. El error no fue cometido.

rH h — H HH

En segundo lugar, el apelante alega que el tribunal de instancia cometió un error al permitir que el Ministerio Fiscal impugnara la credibilidad de los testigos de coar-tada mediante testimonio que demostraba una mera posi-bilidad de que los hechos hubieran ocurrido de otra manera. Su planteamiento carece de mérito.

En Pueblo v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 133, 138 (1973), dispusimos que “[l]a defensa de coartada consiste esencialmente en la alegación del hecho de que el acusado no se encontraba en el lugar del crimen en la fecha y hora que se supone se cometió”. Véase, además, Pueblo v. Millón Meléndez, 110 D.P.R. 171 (1980). Dicha prueba no tiene que establecer más allá de duda razonable que era imposible que el acusado hubiese cometido el delito. Como expresamos en Pueblo v. Moreau Pérez, 96 D.P.R. 60, 64 (1968), “[s]ólo constituye prueba que tiende a establecer que el acusado no cometió el delito o a crear una duda en la mente del jurado con respecto a su culpabilidad”.

Al evaluar dicha prueba, el Jurado puede adjudicarle el valor probatorio que estime adecuado aun cuando el Ministerio Público no traiga prueba de refutación. Pueblo v. De Jesús Rivera, 113 D.P.R. 817, 826 (1983); Pueblo v. Acosta Acosta, 107 D.P.R. 68, 71 (1978). Chiesa Aponte, op. cit., pág. 313. Dado el hecho de que el Ministerio Fiscal no estaba en la obligación de presentar prueba alguna de refutación de coartada, y que el juzgador de hechos le puede otorgar a la prueba de coartada el valor probatorio que estime adecuado, el mero hecho de que el fiscal presen-tara prueba tendente a establecer la posibilidad de que los sucesos podrían haber ocurrido de un modo distinto al planteado por la defensa no constituye un error.

IV

Por último, el apelante nos indica que el Jurado cometió un error al encontrarlo culpable aun cuando una aprecia-ción justa de la prueba no establecía su culpabilidad más allá de toda duda razonable. No le asiste la razón.

Reiteradamente hemos dispuesto que aunque la culpabilidad de un acusado tiene que ser probada más allá de duda razonable, “ello no significa que toda duda posible, especulativa o imaginaria, tenga que ser destruida a los fines de establecer la culpabilidad del acusado con certeza matemática. Sólo se exige que la prueba establezca aquella certeza moral que convence, dirige la inteligencia y satisface la razón”. Pueblo v. Pagán, Ortiz, 130 D.P.R. 470, 480 (1992), citando a Pueblo v. Bigio Pastrana, 116 D.P.R. 748, 760-761 (1985).

Hemos dispuesto, además, que de ordinario, y en ausencia de error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad en la apreciación de la prueba, las determinaciones del Jurado merecerán gran deferencia y no se intervendrá con ellas en apelación. Pueblo v. Fradera Olmo, 122 D.P.R. 67, 79 (1988); Pueblo v. Márquez y Bermúdez, 122 D.P.R. 93, 104—105 (1988); Pueblo v. Rivera Robles, 121 D.P.R. 858, 869 (1988). Ello es así puesto que “[e]l Jurado es el más indicado para otorgar credibilidad y dirimir conflictos de prueba. Son éstos quienes normalmente están en mejor condición de aquilatar la prueba, pues gozan de la oportu-nidad de ver y escuchar directamente a los testigos”. Pueblo v. Ruiz Ramos, 125 D.P.R. 365, 400-401 (1990), citando a Pueblo v. Pellot Pérez, 121 D.P.R. 791 (1988).

No cabe duda de que el Jurado en el caso de marras tuvo ante sí prueba suficiente para determinar la culpabi-lidad del apelante. No hay indicio alguno de que el vere-dicto del Jurado estuviera viciado de un error manifiesto, pasión, prejuicio o parcialidad, y el apelante no hace nin-gún planteamiento al respecto. Por lo tanto, el error no fue cometido.

Por los fundamentos que anteceden, se confirma la sen-tencia recurrida.

Se dictará la sentencia correspondiente.

       24 L.P.R.A. see. 2401.

       Término comúnmente utilizado para referirse a la compra de drogas.

       Ello equivale a dos (2) bolsas de cocaína de veinte (20) dólares cada una.

       Un muerto es una bolsa de estraza dentro de la cual se guarda la droga.

       El sistema de “chapas” se utiliza para mantener un control sobre los obreros durante horas de trabajo. Antes de comenzar sus labores, los estibadores recogen sus “chapas” y se dirigen hacia el área de trabajo. Al terminar el día, éstos devuelven su “chapa” y obtienen un cheque por las labores rendidas.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrido, v. María Santiago Alicea, peticionaria.

      Número: CE-93-240

      Resuelto: 8 de junio de 1995

      Carlos Lugo Fiol, Procurador General Interino, abogado de El Pueblo.
   RESOLUCIÓN

A la sobcitud de reconsideración de nuestra Opinión y Sentencia de 18 de abril de 1995, Pueblo v. Santiago Alicea I, 138 D.P.R. 230 (1995), presentada por el Pueblo de Puerto Rico, no ha lugar.

Se aclara que la decisión de este Tribunal en forma al-guna debe interpretarse en el sentido de inhibir o limitar la facultad de la Policía de estar provista de aquellas ar-mas que fueran necesarias —incluyendo armas largas— para preservar la seguridad personal de los miembros de la Policía, así como para proteger la seguridad de otras per-sonas y para mantener el orden.

Al considerar que la Policía se encontraba en la investi-gación del asesinato de tres (3) personas, los miembros de ese cuerpo estuvieron justificados en estar armados con ar-mas largas en la escena de los hechos. Sin embargo, la mayoría de este Tribunal entendió que la portación de dichas armas por los agentes del orden público contribuyó, junto a las demás circunstancias en que fue obtenido el consentimiento de la peticionaria, a que éste no fuera pres-tado voluntariamente. Por otro lado, tales circunstancias no demuestran la existencia de impedimento alguno para la obtención de una orden judicial de allanamiento.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica el señor Secretario General. Los Jueces Asociados Señor Negrón García y Se-ñora Naveira de Rodón reconsiderarían.

(.Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General