author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    Sucesión de Don José Carrera Cancel y Esposa Doña Angela Nazario y Otros, demandantes y recurrentes, v. Sucesión de Don Antonio Castillo y Otros, demandados y recurridos.

      Número: R-71-93

      Resuelto: 31 de enero de 1977

      Dapena & Toro, abogados de los recurrentes; Luis Negrón Li-zardi, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Para reivindicar una finca de dos cuerdas, la posesión de la cual estaba inscrita a nombre de los causantes de los de-mandantes, se inició la presente acción el 20 de octubre de 1964.

Al morir la madre en el 1925, que había sobrevivido al padre, abandonaron la finca radicada en el Municipio de Sa-bana Grande y fueron a vivir a Guánica. Desde esa fecha está en posesión de los demandados en concepto de dueños.

El Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, Apellániz, J. determinó que la acción estaba prescrita. A ese efecto con-cluyó “que los demandantes para obtener los servicios de un abogado a los fines de hacerse cargo de la defensa de sus in-tereses no constituye una de las maneras de interrumpir la prescripción” y “habiendo poseído los demandados la propie-dad objeto del litigio en forma ininterrumpida, quieta, pú-blica y pacíficamente y en concepto de dueños durante más de 20 años, los demandados han adquirido por la prescripción extraordinaria la propiedad objeto del litigio.”

El tribunal sentenciador fundó estas conclusiones de de-recho luego de haber determinado que “durante todo el tiempo transcurrido desde el año 1925 los demandantes nunca han estado en posesión de la propiedad que reclaman, hay alguna prueba de que en los años 1932, 1936 y 1938 el Sr. Clemente Irizarry Pagán, esposo de la demandante María Carrera, so-licitó de la demandada Juanita Ramírez Vda. de Castillo per-miso para cercar la parcela de dos cuerdas pero según su testimonio ‘ella no lo autorizó’.”

A pesar de que el 15 de abril de 1971 concedimos a la parte recurrente tiempo necesario para elevar la transcrip-ción de evidencia nunca fue radicada. Tampoco la exposición narrativa de la prueba que autorizamos el 1 de mayo de 1975. El 1 de agosto de 1975 los recurrentes desisten de some-ter la exposición narrativa. Así las cosas el recurso se limita a determinar la cuestión de derecho de si la gestión realizada por los demandantes para cercar la finca en los años 1932, 1936 y 1938 es suficiente para interrumpir la prescripción que iba corriendo a favor de los demandados a partir del año 1925.

El articulado del Código Civil sobre esta materia es pre-ciso. Establece el Código:

“Art. 1859. Se prescriben también el dominio y demás dere-chos reales sobre los bienes inmuebles por su posesión no inte-rrumpida durante treinta años, sin necesidad de título ni de buena fe, y sin distinción entre presentes y ausentes, salvo la excepción determinada en el art. 475.
Art. 1843. La posesión se interrumpe para los efectos de la prescripción natural o civilmente.
Art. 1844. Se interrumpe naturalmente la posesión cuando por cualquier causa se cesa en ella por más de un año.
Art. 1845. La interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor aunque sea por mandato de tribunal o juez incompetente.
Art. 1847. También se produce interrupción civil por el re-querimiento judicial o notarial siempre que dentro de 2 meses de practicado se presente ante el tribunal o juez la demanda sobre posesión o dominio de la cosa cuestionada.
Art. 1848. Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe asimismo la posesión.”

Los anteriores artículos establecen que se adquiere el dominio de un inmueble por el transcurso de 30 años sin necesidad de título ni de buena fe, pero esa posesión debe ser en carácter de dueño según lo prescribe el Art. 1841. Asimismo establecen que la posesión en la prescripción adquisitiva se interrumpe por requerimiento judicial. Una mera gestión como la realizada por los demandantes no es suficiente para interrumpir el término que iba corriendo a favor de los demandados.

La prueba presentada por el propio demandante establece que la posesión de los demandados era en concepto de dueño, ya que pidieron autorización para cercar la finca y al éstos negarla acataron su negativa no existiendo reconocimiento expreso o tácito del derecho de los demandantes.

Al comentar sobre los anteriores artículos expresa Man-resa que la interrupción, la “civil es de derecho estricto y sólo tiene lugar cuando concurre alguna de las causas taxativa-mente marcadas por la ley.” Manresa, Código Civil Español, Vol. 12, pág. 1096 (ed. 1973).

Así para interrumpirse la prescripción adquisitiva pre-cisa que medie una “citación judicial hecha al poseedor”. De modo pues que meras gestiones, como las realizadas por la parte demandante para que le permitiera cercar la parcela reclamada no son suficientes. Apunta Manresa que “[e]l mismo Tribunal Supremo, en repetida jurisprudencia anterior a la publicación del Código, pero que es aplicable aun después de la vigencia de éste, tiene también establecida la doctrina de que el deslinde y apeo de una heredad, practicado con el único objeto de señalar sus límites, no interrumpe la posesión llevada a cabo con el fin de prescribir; y se explica bien que así haya sido estimado por dicho Tribunal, puesto que en ese acto no hay reconocimiento alguno por parte del poseedor a favor del dueño en cuya contra o en cuyo perjuicio se utiliza la prescripción. Por el contrario, sí existirá dicha interrupción si por virtud del deslinde practicado se recla-mare judicialmente la cosa que se pretende prescribir.” Op. cit., pág. 1109.

Se explica la razón de ser del requisito que exige la citación judicial aduciendo que en “la prescripción extintiva se comprende fácilmente que cualquier gestión del interesado, aunque sea extrajudicial, baste para que surta el efecto de interrumpir la posesión, pues su objeto es asegurar la subsistencia de una acción o de un derecho que forma parte del patrimonio del que interrumpe y que en tal concepto la ley debe amparar y hacer respetar, dando todas las posibles facilidades para mantener su virtualidad y efectos. Por eso el Código, modificando en este punto la doctrina sancionada por la legislación anterior, autoriza en su Art. 1.973 que la simple reclamación particular o extrajudicial del acreedor in-terrumpa el curso de la prescripción citada. Pero en la ad-quisitiva son distintas las circunstancias y la razón legal, pues como el fin de la misma es la adquisición del dominio o de algún derecho real que antes de ella no se tiene, o no forma parte del patrimonio del que prescribe, como dicen los trata-distas, y cuya adquisición viene a favorecer la ley por los motivos de interés social que tenemos ya dichos, desde luego resulta de una evidencia indiscutible, que en vez de facilida-des debe poner trabas la ley a la interrupción para no im-pedir el perfeccionamiento y la plena constitución o creación del derecho que concede al poseedor por consecuencia de la posesión continuada, sin contradicción eficaz, por el plazo establecido por la misma con dicho objeto.” Op. cit. pág. 1103. Ver además: Ex Parte Reyes; Rodríguez, Opositora, 68 D.P.R. 854-857 (1948); Annoni v. Sucn. Nadal, 59 D.P.R. 640-646 (1941); Calderón v. Sociedad de Auxilio Mutuo, 42 D.P.R. 414 (1931); Puig Brutau, Tomo III, Vol. 1, Fundamentos de Derecho Civil, pág. 360 et seq.; Scaevola, Tomo XXXII, Vol. 1, Código Civil, pág. 462 et seq. (ed. 1965).

Actuó, pues, correctamente el juez de instancia al recono-cer que no se había interrumpido la prescripción.

Independientemente de lo expuesto, como en la contestación radicada por la parte demandada se consigna “que. los demandantes tienen derecho a media cuerda de terreno en la finca descrita en el hecho primero de la demanda” cometió error en no reconocer ese hecho en la sentencia. Procede por tanto devolver el caso al tribunal de instancia para que se reconozca el derecho de los demandantes a la porción de terreno antes referida.

El Juez Asociado Señor Rigau se inhibió.

      (1) Prescribe el Art. 475: “Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas sean o no aparentes, solo podrán adquirirse en virtud de título.”

       Dispone el Art. 1841: “La posesión ha de ser en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida.”


source: Caselaw Access Project

license: Public Domain

text:
    Ana M. Lupiáñez de González, demandante y recurrida, v. Dr. Ramón A. Cruz, Secretario de Instrucción, demandado y recurrente.

      Número: R-76-208

      Resuelto: 31 de enero de 1977

      Miriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino y Ronaldo Rodriguez Ossorio, Procurador General Auxiliar, abogados del recu-rrente; Luis Muñoz Rivera, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Para el 1970 el Departamento de Instrucción Pública comenzó una reorganización del sistema de servicios bibliote-carios. Uno de los propósitos de la misma era integrar los servicios bibliotecarios técnicos para ofrecerlos por igual tanto a las bibliotecas públicas como a las escolares, labor que no se estaba realizando en esta área en forma centralizada. Se le encomendó a la Sra. Ana M. Lupiáñez la dirección de la sección de servicios técnicos del Programa de Bibliotecas. El juez de instancia hace constar que le “ofrecieron a la de-mandante una posición permanente dentro del Programa de Bibliotecas del Departamento de Instrucción, explicándole que toda vez que la plaza concreta que ella desempeñaría con carácter permanente — a cargo de la Sección de Servicios Técnicos para los Servicios de Bibliotecas Escolares — no es-taba presupuestada con el emolumento que requería su prepa-ración y competencia, ella ocuparía puestos provisionales como paso previo y rutinario mientras tanto se completara el trá-mite para la creación de aquella plaza regular a través del Negociado de Presupuesto del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.”

Los trámites para la creación del puesto que le fuera ofrecido se llevaron a cabo lentamente. Durante los años 1970 a 1973 la recurrida dirigió la sección de servicios técnicos bajo varios nombramientos por contrato y a términos fijos. Algunos de los nombramientos estaban presupuestados con fondos federales, otros con fondos estatales o con fondos com-binados. Cada nuevo nombramiento conllevaba un aumento de sueldo.

Mediante carta fechada el 25 de junio de 1973 el Secre-tario Interino del Departamento de Instrucción, Ramón A. Cruz, notificó a la Sra. Lupiáñez que daba por terminados sus servicios debido al carácter transitorio del nombramiento que se le había extendido y a que para ese año no estarían disponi-bles los fondos federales. A esta fecha llevaba a cabo sus fun-ciones de directora mediante un nombramiento de Directora Ejecutiva II con un sueldo de $1,030.00. Por falta de esos fondos se eliminaría la sección de servicios técnicos al igual que se abandonaría el resto de la reorganización del Pro-grama de Bibliotecas.

Al momento de la notificación de cese no se habían finali-zado las gestiones en el Negociado de Presupuesto para la creación de la plaza ofrecida a la recurrida en 1970. La Sra. Lupiáñez abandonó su puesto como le había sido requerido, no sin antes haber realizado gestiones para su reinstalación. La cesantía, en adición a dejarla sin trabajo, le afectaría ad-versamente los derechos adquiridos en el Sistema de Retiro ya que sólo le faltaban 2 años para hacer uso de los beneficios del Sistema. Posteriormente, el Departamento de Instrucción le ofreció un puesto de Supervisor General III en el Programa de Bibliotecas Escolares en Bayamón con la mitad del sueldo que devengaba al ser dejada cesante. Declinó la oferta.

El 29 de marzo de 1974 la Sra. Lupiáñez presentó ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, demanda solicitando ser repuesta al cargo de directora de la Sección de Servicios Técnicos y el pago de los sueldos dejados de percibir. El tribunal declaró con lugar la demanda y ordenó su inmediata reposición al cargo que ocupaba o a uno similar a éste. De-terminó que a la demandante se le había privado de su propie-dad sin el debido proceso de ley, al no habérsele dado la opor-tunidad de ser oída antes de separarla de su puesto. También determinó que el Departamento de Instrucción tenía la obli-gación de honrar el compromiso contraído con la demandante. Inconforme, el Secretario de Instrucción acudió ante nos. Acordamos revisar.

La prueba en efecto establece que la Sra. Lupiáñez es una empleada de carrera con gran preparación y experiencia en el campo de la biblioteconomía. Trabajó 20 años en el De-partamento de Instrucción, primero como maestra y luego como bibliotecaria. Desde 1967 hasta el 1970 prestó servicios en la Corporación de Desarrollo Económico del Caribe (CODECA) en la Biblioteca Regional del Caribe, una cor-poración pública. Mientras trabajaba aquí logró completar el grado de Maestría en Ciencias Bibliotecarias que había co-menzado cuando laboraba para el Departamento de Instruc-ción. Al aceptar el puesto en CODECA la recurrida recibió un aumento en sueldo e ingresó al servicio exento de la Ley de Personal, contrario al puesto permanente de Bibliotecaria que ocupaba en el Departamento de Instrucción.

En el 1970 funcionarios del Departamento de Instrucción deseosos de reclutar el personal más idóneo para dirigir una importante sección de la reorganización del sistema bibliote-cario y actuando a nombre del Secretario, le ofrecieron a la recurrida un puesto permanente para dirigir la Sección de Servicios Técnicos. La recurrida lo aceptó. El Secretario de Instrucción por su parte ratificó la actuación de sus subalter-nos extendiéndole varios nombramientos a la recurrida desde el 1970 hasta el 1973. De esta forma se encaminaba hacia la consumación del acuerdo contraído con la Sra. Lupiáñez.

Durante esos tres años (1970-1973) la recurrida dirigió con máxima eficiencia la Sección de Servicios Técnicos. Logró que en un año se distribuyera un sinnúmero de libros alma-cenados, los cuales estaban sin distribuir desde 1964. Pre-paró la catalogación, distribución y envió de estos libros a varias bibliotecas públicas y escolares. Supervisó varias biblioteeas de la Isla y el área metropolitana al igual que dio adiestramiento al personal de bibliotecas. También preparó proyectos especiales como el de “Biblioterapia para confina-dos” y realizó con éxito otras actividades similares.

Los derechos de la recurrida fueron violados al ser dejada cesante y al no dársele la oportunidad de ser oída. Connell v. Higginbotham, 403 U.S. 207 (1971); Slochower v. Board of Higher Education, 350 U.S. 551 (1956); Soto v. Alcalde Mun. Bayamán, 99 D.P.R. 415, 417 (1970); Arcelay Rivera v. Superintendente Policía, 95 D.P.R. 211, 225 (1967); Santiago Agricourt v. C.R.U.V., 90 D.P.R. 839, 843 (1964). Se le despojó de su propiedad sin el debido proceso de ley habiendo un contrato explícito y claro entre las partes. “Un interés legal en ejercer un empleo particular puede, desde luego, crearse .. . mediante un contrato implícito.” Bishop v. Wood, 44 U.S.L.W. 4820, 4821 (U.S, June 10, 1976); Board of Regents v. Roth, 408 U.S. 564, 576-577 (1971); Wieman v. Updegraff, 344 U.S. 183 (1952). La prueba revela que la Sra. Lupiáñez tenía una legítima expectativa de que el puesto que desempeñaba se convertiría en permanente. Tenía plena fe y seguridad de que permanecería en el mismo y que no sería dejada cesante aunque el cargo o nombramiento que ostentaba para fines presupuestarios era por contrato y provisional. Tenía la seguridad de que la plaza que ocupaba se formalizaría en un tiempo razonable en el Negociado de Presupuesto, gestiones que aunque lentas, todavía para el 1973, se estaban llevando a cabo. Tales actuaciones crearon en la recurrida más que una esperanza de que se cumpliría lo prometido.

La otra razón aducida para dejar cesante a la recurrida fue la carencia para ese año de los fondos federales con los cuales se presupuestaba su cargo. Estos fondos, según surge de la prueba, fueron aprobados el 28 de mayo de 1974, o sea, dos meses después de que la recurrida ejercitara su causa de acción. Debido a la demora en la llegada de estos fondos el Gobierno Federal autorizó al Departamento de Instrucción para que utilizara los “fondos del año fiscal anterior para cubrir los gastos de los servicios bibliotecarios, incluyendo aquellos para el pago de los empleados relacionados.” (Deter-minación de Hecho #7, pág. 9.) En definitiva, la congelación de fondos se tradujo en meramente un retraso en la provisión de esos fondos.

Este caso presenta una situación peculiar distinta a la que consideramos en Pastor Lozada v. Director Ejecutivo, 101 D.P.R. 923 (1974). Si bien es verdad que la plaza que desempeñaba la demandante al momento de ser despedida estaba en el servicio exento, como la plaza para la cual ella fue contratada y que estaba en trámites de crearse era de carácter permanente, sus derechos tienen que ser reconocidos en relación con esa plaza. Así para su despido tenía que mediar justa causa y la celebración de una vista. No mediando en el despido de la demandante ni lo uno ni lo otro, procede la confirmación de la sentencia.

Se confirmará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rigau concurre en el resultado. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    José Rivera Santana, representado por Rosario Rivera Oliveras y Carmen Santana Rivera, demandante y recurrido, v. Universidad de Puerto Rico, Arturo Morales Carrión por sí y como Presidente de la Universidad de Puerto Rico; Ismael Rodríguez Bou por sí y como Rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico; Federico M. Matheu por sí y como Director del Colegio Universitario de Humacao, demandados y recurrentes.

      Número: R-76-339

      Resuelto: 31 de enero de 1977

      José A. Andréu García, Manuel E. Andréu García y Jaime A. Rodríguez Lecoeur, abogados de los recurrentes; Ana Rosa Biascoechea, Pedro J. Varela, María Dolores Fernós, Pedro J. Saade, Luis A. Saade y Sonia A. Rodríguez, abogados del re-currido.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrido José Rivera Santana, en unión a otros cua-tro estudiantes del Colegio Regional de Humacao de la Uni-versidad de Puerto Rico — previo trámites disciplinarios ple-narios ante la Junta de Disciplina de dicho Colegio — fue hallado incurso de violar el Reglamento General de Estudian-tes de la Universidad por actos realizados el 27 de febrero de 1975; dicha Junta recomendó la suspensión de los estu-diantes por un período que no excediera un año académico.

El entonces Director y Decano Interino del Colegio, pro-fesor Juan J. Adrover, aceptó tal recomendación y el 29 de agosto decretó suspensiones contra tres estudiantes de apelli-dos Coss, Sánchez y Vélez, pero no actuó en torno al recu-rrido Rivera Santana ni al otro estudiante nombrado Torres ya que éstos se habían trasladado al Recinto Universitario de Río Piedras para proseguir sus estudios y dicho funciona-rio estimó que carecía de jurisdicción y autoridad para impo-nerles sanciones. Notificó tales decisiones y remitió copia del Informe de la Junta al Rector de la Administración de Colegios Regionales, Dr. Hermán Sulsona, quien los envió al Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Dr. Arturo Morales Carrión, para el trámite pertinente. Este último, el 24 de septiembre los refiere al Rector del Recinto Universita-rio de Río Piedras, Dr. Ismael Rodríguez Bou, para los “efec-tos pertinentes” en relación al recurrido Rivera Santana, quien se abstuvo de actuar por entender que no habiéndose suspendido no había que poner en vigor ninguna determina-ción en su Recinto ni le correspondía decretar tal sanción.

Así las cosas, el 26 de enero de 1976 se nombra Director del Colegio Regional de Humacao, en propiedad, al profesor Federico M. Matheu. A dicha fecha, el recurrido Rivera Santana continuaba sus estudios en el Recinto de Río Piedras sin que se le impusiera sanción alguna o se le formularan cargos adicionales. El 4 de febrero de 1976, en unión a los otros es-tudiantes previamente referidos, interpuso apelación ante el Presidente de la Universidad contra la decisión del Profesor Adrover del 29 de agosto de 1975. Mediante Resolución emi-tida el 19 de febrero, el Presidente ratificó el dictamen en cuanto a los estudiantes suspendidos y respecto a Rivera Santana rechazó la apelación (1) porque no había sido objeto de determinación alguna; y (2) haber incidido en incuria al efectuar tardíamente la apelación.

Subsiguientemente, el 16 de marzo de 1976, el nuevo Director del Colegio Regional de Humacao, Prof. Matheu, noti-ficó al recurrido Rivera Santana — siguiendo las recomenda-ciones antes mencionadas de la Junta de Disciplina — lo si-guiente:

“Por la autoridad que me confieren las leyes y reglamentos de la Universidad de Puerto Rico, le comunico por este medio que, a tenor con el mencionado informe de la Junta de Disciplina, queda usted suspendido de la Universidad de Puerto Rico por el período comprendido entre el 1 de junio de 1976 hasta agosto de 1977.
Desde el momento de su suspensión y no siendo ya usted estudiante del Colegio Universitario de Humacao queda defini-tiva y terminantemente prohibida su entrada a los terrenos, de-pendencias y facilidades bajo el control de la Universidad de Puerto Rico.
Le apercibimos además, de que usted estará en probatoria .disciplinaria por el resto del corriente semestre académico (Se-gundo Semestre 1975-76), por lo cual deberá usted entender que de incurrir en nuevas violaciones al Reglamento General de Es-tudiantes de la Universidad de Puerto Rico, el inicio de la suspen-sión aquí impuesta, comenzará a partir de la fecha en que se determine que usted ha incurrido en la nueva violación.”

Por encomienda de la Presidencia de la Universidad, el 23 de abril de 1976, el Rector de Río Piedras notificó esta decisión al recurrido expresándole que la sanción impuesta por el Director del Colegio Regional de Humacao tenía vigen-cia en el Recinto de Río Piedras. Es de notar que para esta fecha, los estudiantes suspendidos habían sido readmitidos en el Colegio Regional de Humacao.

Posteriormente, Rivera Santana formuló demanda de injunction bajo las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 8 de agosto de 1974 (32 L.P.R.A. see. 3524) alegando violacio-nes a sus derechos civiles. Previo los trámites de rigor, el Tribunal Superior, Sala de San Juan, dictó sentencia conce-diendo un injunction permanente ordenando la inmediata ad-misión de Santana. A solicitud de la Universidad, acordamos revisar.

La tesis jurídica de la ilustrada sala sentenciadora, pro-movida por el recurrido ante nos, descansa sobre la premisa básica de que tanto el texto de la Ley de la Universidad de Puerto Rico (Núm. 1 de 20 de enero de 1966; 18 L.P.R.A. see. 601 et seq.), como su historial legislativo, establecen que: tucional, conforme a lo dispuesto en este Capítulo y alas nor-mas y reglamentos universitarios. . . ” Art. 7 (18 L.P.R.A. see. 606 (b)) (Bastardillas nuestras.)

“El Recinto de Río Piedras como el del Colegio Universitario, de Humacao, como los demás, son unidades autónomas para efectos académicos y administrativos dentro del sistema univer-sitario. Tanto el Rector del Recinto de Río Piedras como el Director del Colegio Universitario de Humacao como los demás rectores pueden ejercer su autoridad administrativa exclusiva-mente dentro del ámbito de su respectiva unidad institucional. Ejercer dicha autoridad fuera de estos límites constituye un acto no autorizado por la ley de la Universidad, y por la inten-ción legislativa.
Los organismos administrativos (y corporaciones públicas como la Universidad de Puerto Rico) no tienen más poderes que los expresamente delegados por la Legislatura. . . .
Al imponerle a un estudiante una sanción disciplinaria, el Director o Rector está ejerciendo su autoridad administrativa. Para que ésta se ejerza dentro del ámbito de su correspondiente unidad institucional, dicha sanción disciplinaria puede recaer únicamente sobre un estudiante matriculado en dicha unidad. De este funcionario universitario intentar imponer sanciones a un estudiante de otro recinto o colegio, aquél estaría actuando fuera de los límites jurisdiccionales concedidos por ley y estaría violando la autonomía concedida también por ley a la unidad institucional donde .dicho estudiante está matriculado. . . .
“El efecto de dicho traslado fue sacar al demandante fuera de la jurisdicción académica y administrativa del Colegio Uni-versitario de Humacao. De ahí en adelante, cualquier proceso disciplinario en contra del demandante, surgido como consecuen-cia de actuaciones llevadas a cabo en cualquier lugar dentro del sistema universitario, tenía que efectuarse en el Recinto de Río Piedras y correspondía al Rector de dicho Recinto imponer las sanciones disciplinarias al demandante.”
En el sistema universitario, el estudiante cae bajo la jurisdic-ción de la unidad institucional donde está matriculado y de hecho, estudia. La mera presencia física en otros lugares dentro de dicho sistema no confiere jurisdicción para ser procesado y ser objeto de una determinación administrativa disciplinaria.”

Y finalmente sostuvo que:

El razonamiento expuesto no puede prevalecer. La Ley de la Universidad que nos ocupa no fue redactada para crear ba-rreras jurisdiccionales infranqueables hace tiempo salvadas aun en la práctica forense judicial; al contrario intentó mo-dernizar y agilizar en todos sus extremos la vida institu-cional de sus distintas unidades. El sistema universitario creado “. . . tiene como base unidades institucionales con po-deres definidos. Estas unidades institucionales o recintos go-zan de autonomía en su administración y desarrollo interno y de cierta flexibilidad que permita su crecimiento. No obs-tante, depende formalmente de un ejecutivo central y de una Junta Universitaria.” 19 Diario de Sesiones (Extraordina-ria), pág. 279 (1965).

La autonomía académica y administrativa reconocida a los distintos recintos y otras unidades institucionales está en-marcada y afectada por las normas dispuestas en la ley “. . . y las que se fijen en el reglamento de la Universidad o resolu-ciones del Consejo”: Art. 4 (18 L.P.R.A. see. 603); ya que “El rector y el director ejercerán la autoridad administrativa y académica dentro del ámbito de su respectiva unidad insti-

El historial legislativo refleja que “[e]l Consejo de Educa-ción Superior que por esta ley se crea, será la Junta de Go-bierno de la Universidad y el organismo en el cual residirá el poder y el interés público en la educación al nivel superior. Por tal razón, se le confiere la máxima autoridad administra-tiva sobre la Institución y el poder de fomentar la educación superior de conformidad con las normas que a tal efecto adopte. (Bastardillas nuestras.) Id.

A tono con la facultad de organismo máximo de aprobar normas reglamentarias, el Consejo de Educación Superior, el 31 de julio de 1974 adoptó el siguiente acuerdo:

“Los estudiantes suspendidos de una institución de nivel uni-versitario por determinaciones administrativas y/o académicas o en proceso de acción .disciplinaria, no se admitirán en ninguna dependencia del Sistema Universitario mientras dure el período de suspensión de la institución de origen o se tome una deter-minación definitiva en el caso de acción disciplinaria.”

En virtud de este acuerdo fue errónea la determinación del Decano Interino Adrover de que carecía de autoridad para imponer al recurrido la sanción correspondiente por el hecho de encontrarse cursando estudios en el Recinto de Río Piedras. La jurisdicción surgió durante el período en que aquél estudiaba en el Recinto de Humacao, circunstancia que no quedó afectada por el traslado a otra dependencia. Aparentemente se confundieron los conceptos de autoridad para disciplinar vis a vis la facultad para implementar tal dictamen; existe una palpable diferencia entre la disposición inicial de sanciones a un estudiante por acciones en el recinto en que las mismas se originan y la implementación posterior de tales sanciones en otras facilidades universitarias. Es interesante notar que el Art. 11 del Reglamento General de Estudiantes aprobado por el Consejo en 30 de marzo de 1968 claramente contempla y prevee la imposición de suspensión provisional o definitiva de todo el sistema universitario y no de un recinto o colegio en particular.

Por los fundamentos expuestos se dictará Sentencia revo-cando el injunction permanente decretado y en su lugar de-clarándose sin lugar la demanda.

       Se estipuló que el 9 de septiembre de 1975, los tres estudiantes sus-pendidos radicaron junto a José Rivera Santana y Carlos Torres una peti-ción de Injunction contra la U.P.R. en el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Humacao (Civil Núm. CS-75-2492), impugnando la suspensión de los estudiantes debido a que los Artículos del Reglamento General de Estu-diantes cuya violación se impugnaban eran inconstitucionales de su faz y en su aplicación, y debido a que las determinaciones de hecho y conclu-siones de derecho contenidas en el Informe de la Junta de Disciplina cons-tituían una apreciación errónea de la prueba y no estaban sostenidas por la misma. Dicha acción está aún pendiente de resolución. Desconocemos las resultancias de dicho pleito.


text:
    Notificación de Protocolización de Testamento Cerrado.

      Número: 807

      Resuelto: 3 de febrero de 1977
   RESOLUCIÓN

El Registro de Testamentos instituido por Ley Núm. 99 de 27 de junio de 1956 (4 L.P.R.A. sec. 1026) tiene el propósito de fortalecer la autenticidad de la actuación notarial en relación con testamentos, al mismo tiempo que provee a los interesados un registro de información pública, fácilmente accesible. En tal extremo guarda cierta analogía con la legitimación y publicidad que a los documentos públicos inscritos imparte el Registro de la Propiedad.

Nos confrontamos con criterio al efecto de que en el caso del testamento cerrado, notificado al Registro de Tes-tamentos al extenderse el acta de otorgamiento dispuesta por el Art. 657(4) del Código Civil (31 L.P.R.A. sec. 2202(4)) sería superflua una ulterior notificación al proceder a su apertura y protocolización por orden del Tribunal. No lo con-sideramos así por estimar que es útil y provechoso a los me-jores fines del Registro de Testamentos la preservación de un historial completo de cada testamento registrado, para mayor difusión respecto a la validez y final vigencia de los testamen-tos que allí ganan acceso. La notificación al Registro de la protocolización de un testamento cerrado constituirá aviso para las personas con interés en el mismo de que el testa-mento salió del recinto de secretividad que caracteriza su otorgamiento (Art. 657, Código Civil), que ha adquirido efi-cacia por muerte del testador, que se ha cumplido con presen-tarlo a la Sala competente del Tribunal Superior (Art. 662) y que se ha realizado su apertura y protocolización a tenor del Art. 664 del Código Civil y el 551 del Código de Enjuicia-miento Civil (32 L.P.R.A. see. 2280). Mediante la protocoli-zación, el testamento cerrado evoluciona y se convierte en abierto, acto de claras consecuencias jurídicas que no debe quedar sin reconocimiento en el Registro ad hoc donde se asientan los actos de constitución, modificación, revocación, ampliación y protocolización de testamentos. Art. 26, Ley Notarial (4 L.P.R.A. see. 1026). Ya anteriormente este Tribunal sostuvo, ajustándose a la letra del citado Art. 26, que los No-tarios vienen obligados a notificar la protocolización de testa-mentos ológrafos. In re Alemañy Fernández, 93 D.P.R. 168 (1966).

Publíquese para conocimiento de los señores Notarios de Puerto Rico.

Lo acordó el Tribunal y certifica el Secretario.

(Fdo.) Ernesto L. Chiesa

Secretario General


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Albizu Montezuma Martínez, acusado y recurrido.

      Número: O-76-517

      Resuelto: 15 de febrero de 1977

      Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del re-currente; Federico Torres Jiménez, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Habiendo transcurrido desde el arresto del acusado más de 60 días (79) sin que se le celebrara vista preliminar, la defensa solicitó la desestimación de la causa al amparo de la Regla 247 (b) y (d) de las de Procedimiento Criminal de 1963. El magistrado ordenó el archivo bajo la Regla 64(n) (2).

El acusado recurrió al Tribunal Superior en solicitud de mandamus o certiorari para que se decretara el archivo de la causa bajo la Regla 247. El Tribunal Superior, Meléndez Grillasca, J., resolvió que la Regla 64 (n) (2) no era de apli-cación y devolvió los autos “a vista preliminar para que se proceda de acuerdo a nuestra determinación”, esto es, que se decretara el archivo definitivo bajo la Regla 247.

El Estado recurrió ante este Tribunal y expedimos orden para que el acusado mostrara causa por la cual no debía de-jarse sin efecto la resolución recúrrida y confirmar la reso-lución dictada por el Tribunal de Distrito el 4 de marzo de 1976.

Es correcta la resolución dictada por el Tribunal de Distrito. No habiéndose celebrado la vista dentro de 60 días de haberse arrestado al acusado, procedía el archivo de la causa, Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975), pero procedía hacerlo bajo la Regla 64 (n)<(2) que permite la radicación de nueva acusación en casos de delitos graves. Regla 67 de las de Procedimiento Criminal.

Si a un acusado no se le celebra el juicio dentro de 120 días a partir de la radicación de la acusación, procede el archivo de la acusación si no media justa causa para la demora, pero en virtud de lo dispuesto en la Regla 67 de las de Procedimiento Criminal de 1963 se le puede radicar nueva acusación si el delito es grave. El acusado en el presente caso pretende que por no habérsele celebrado la vista preliminar dentro de los 60 días a partir de su arresto, se le archive defi-nitivamente la causa. No hay justificación alguna en derecho para concederle este trato especial.

Esto no obstante, la nueva vista preliminar debe señalarse lo más pronto posible, “sin olvidar que el derecho a un juicio rápido es tan fundamental como cualquiera otro de los derechos fundamentales que le garantiza a los acusados la Constitución”, Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970), y que habiendo transcurrido los primeros 60 días sin celebrarse la vista, otra dilación excesiva e injustificada podría vulnerar ese derecho, procediendo entonces el archivo definitivo de la causa.

Se expedirá el auto solicitado, se dejará sin efecto la reso-lución recurrida y se confirmará la dictada por el Tribunal de Distrito.

El Juez Presidente Señor Trías Monge concurre en el re-sultado.

       Dispone la Regla 247 (b) y (d):
      “ (b) Por el tribunal; orden. El tribunal, a instancia propia, o a peti-ción del fiscal o en pro de la justicia, podrá decretar el sobreseimiento de una acusación o denuncia. Las causas de sobreseimiento deberán exponerse en la orden que al efecto se dictare, la cual se unirá al expediente del proceso.
      (c) • . • •
      (d) Efectos. El sobreseimiento decretado de acuerdo con esta regla impedirá un nuevo proceso por los mismos hechos.”

      Dispone la Regla 64(n) (2):
      “La moción para desestimar la acusación o la denuncia, o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:

        (n) ...
      (2) Que no se presentó acusación o denuncia contra el acusado dentro de los sesenta días de su arresto o citación.”

       Dispone así dicha Regla:
      “Una resolución declarando con lugar una moción para desestimar no será impedimento para la iniciación de otro proceso por el mismo delito a menos que el defecto u objeción fuere insubsanable, o a menos que tratán-dose de un delito menos grave (misdemeanor) dicha moción fuere declarada con lugar por alguno de los fundamentos relacionados en la Regla 64 (n).”


author: El Juez Asociado Señor Rigau

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Miguel A. Padró Ríos, acusado y apelante.

      Número: CR-76-75

      Resuelto: 17 de febrero de 1977

      Heyda Vigil MeClin, Rafael Pérez Abreu y Benigno Alicea Alicea, abogados del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Pro-curador General Interino, y Lirio Bernard de González, Pro-curadora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante fue convicto de apropiación ilegal agravada. Como único error impugna la suficiencia de la prueba. Dicho error no se cometió.

Se incurre en apropiación ilegal cuando una persona “ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimidación, de bienes muebles, pertenecientes a otra persona.” El Código Penal la considera agravada, cuando entre otras circunstancias que el Código especifica, los bienes apropiados valen $200 o más. Arts. 165 y 166 del Código Penal; 38 L.P.R.A. sees. 4271 y 4272.

En su comentario al delito de apropiación ilegal, el Código Penal Comentado, publicado por el Departamento de Justicia del Gobierno de Puerto Rico (1974) se expresa a la pág. 204 lo siguiente:

“El Código penaliza bajo el delito de apropiación ilegal a toda persona que ilegalmente se apropiare sin violencia ni intimi-dación, de bienes muebles pertenecientes a otra persona. Quedan incluidos en el mismo, los delitos del anterior Código Penal sobre hurto, hurto de energías, hurto de uso, hurto de cosa perdida, abuso de confianza, falsa representación, y los que jurispruden-cialmente se conocen como hurto mediante treta y engaño y es-tafa. De esta manera se elimina la confusión que traía la diversi-ficación de tantos elementos en dichos delitos cuando lo esencial es probar si la persona se ha apropiado ilegalmente de bienes que no son suyos.
El Código adopta así, el llamado judicial expuesto por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en el caso de Pueblo v. Rodríguez Vallejo, 100 D.P.R. 426 (1972).”

En el citado caso dijimos, a la pág. 432, lo siguiente:

“Lo importante, desde luego, y lo cual debiera ser el ele-mento esencial en todos los casos de apropiación ilegal de bienes, es si el acusado se apropió ilegalmente o no de unos bienes que no eran suyos. Poco .debiera importar para hacer justicia si los hurtó, o si se los apropió luego ‘de que le fueron confiados,’ etc. Como bien señalan algunos autores la apropiación ilegal de bienes ajenos debe constituir un solo delito, el cual podría lla-marse hurto, pues el nombre no es lo importante, y así se elimi-naría la fuente de confusión que constituye la división arbitraria de ese hecho punible en varios delitos estatutarios. Algunas juris-dicciones, nos dice un autor, ya están trabajando en ese sentido: abolir los delitos de abuso de confianza y de falsa representación y cubrir todas esas situaciones, incluyendo la de hurto, con el nombre de hurto (theft). Perkins, Criminal Law, 1957, págs. 187-190, 240-243, 252-254; Clark & Marshall, Law of Crimes, 6ta. ed., 1958, pág. 706 y ss.” (Cita 100 D.P.R. 432.)

En el mencionado comentario al Código Penal del De-partamento de Justicia, se expresa a la pág. 206:

“Así también, el Código Modelo del American Law Institute propone en su artículo 223, la consolidación de los delitos rela-tivos a la apropiación ilegal de bienes (theft offenses), tales como hurto, hurto de uso, abuso de confianza, falsa representa-ción y otros. Según los comentarios a dicho artículo, esta pro-puesta se basa en que el concepto común que une a estos delitos es la transferencia involuntaria de la propiedad, y el que el autor se apropie de los bienes de la víctima sin el consentimiento de ésta o mediante fraude o engaños.” — Código Modelo, American Law Institute, Tentative. Drafts, Número 1, págs. 101-109.

En el caso de autos el acusado renunció al jurado y no presentó prueba alguna de descargo. Por estipulación de las partes se sometió en evidencia la declaración jurada del per-judicado, Sr. Francisco Sifre Rodríguez. De la prueba surge que el perjudicado es corredor de bienes raíces, con oficina en Yistamar, Carolina, Puerto Rico. En 27 diciembre 1974 el apelante acudió a dicha oficina e informó al perjudicado que deseaba comprar una casa. Luego de varias diligencias que es innecesario relatar, el acusado hizo una llamada telefónica desde la oficina del Sr. Sifre a un supuesto banco en el cual según él tenía una cuenta y solicitó que le separaran $14,000 para comprar una casa. Se hicieron otras diligencias y se le encargó a un notario que preparase la escritura, la cual éste dijo que estaría lista para el 2 de enero de 1975 y se citaron a las partes para esa fecha para la firma del documento. Antes de esa fecha el apelante le solicitó y obtuvo $500 del Sr. Sifre los cuales dijo que le reembolsaría el mencionado 2 de enero cuando se haría la transacción. Para dicha fecha en que fueron citadas las partes compareció el corredor y los vendedores de la casa pero el apelante no compareció ni vol-vió más adonde el perjudicado. Le llamó por teléfono dicién-dole que tenía problemas pero nunca fue a verle. La referida compraventa no se llevó a efecto. El perjudicado identificó al apelante en unas fotografías que la División de Detectives de la Policía le mostró.

De los hechos y las maquinaciones del apelante surge la intención ilegal requerida para cometer el delito en cuestión. El apelante arguye que se trata de un contrato de préstamo. Los hechos demuestran que se trata de lo que la jurisprudencia conoce como hurto mediante treta o engaño, delito que está incorporado en el vigente artículo del nuevo Código Penal sobre apropiación ilegal cometida sin violencia ni intimidación. Dicha apropiación, explica el comentario del citado Código Penal Comentado, pág. 7, “Incluye el malversar, defraudar, ejercer control ilegal, usar, sustraer, apoderarse, o en cualquier forma hacer propiá cualquier bien o cosa en forma temporal o permanente.”

Las maquinaciones del apelante haciéndole ver al perjudicado que tenía una cuenta en un banco y su subsiguiente desaparición cuando obtuvo los $500 demuestran la intención criminal y la treta o engaño. Pueblo v. Rodríguez Sosa, 89 D.P.R. 825 (1964); Pueblo v. Ríos, 69 D.P.R. 830 (1949).

Se confirmará la sentencia apelada.


author: per curiam: Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Anthony J. Tursi, acusado y apelante.

      Número: CR-76-153

      Resuelto: 18 de febrero de 1977

      Anthony J. Tursi, pro se; Elpidio Arcaya y Nicolás Torres Ma-rrero, abogados del apelante; Roberto Armstrong, Jr., Pro-curador General Interino, y Candita R. Orlandi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam:

Contra el apelante se formularon tres acu-saciones por infracción de la See. 145 (b) de la Ley de Contri-bución sobre Ingresos (13 L.P.R.A. sec. 3145(b)) consistente en que para los años de 1968, 1969 y 1970 rindió planillas falsas en las que a sabiendas ocultó una gran parte de sus in-gresos, con el propósito de evadir y derrotar la contribución impuesta por ley. El caso fue a juicio ante jurado que trajo veredicto de culpabilidad en los tres cargos y el 18 de abril de 1975 el convicto fue sentenciado a la pena de 3 a 5 años de presidio en cada caso, a ser cumplidos en forma consecutiva.

En su alegato en apoyo del recurso de apelación, señala el acusado como errores: (1) violación de su derecho a un juicio justo e imparcial por publicidad adversa al acusado desplegada en la prensa, habiendo el Tribunal Superior dene-gado la moción de posposición del juicio; (2) privación de una defensa efectiva al denegarse moción de suspensión del juicio basada en enfermedad del abogado principal; (3) no haberle permitido a la defensa interrogar los jurados sobre posible prejuicio contra el acusado; (4) investigación incompleta por el tribunal de la queja de una jurado respecto a acercamien-tos de terceras personas en favor del acusado; (5) insuficien-cia de la prueba de fraude; y (6) discrimen y negación al acusado de la igual protección de las leyes inducida por pa-sión, prejuicio y parcialidad.

(1) Se queja el apelante de artículos y fotografías publicados en los diarios “El Vocero” y “El Nuevo Día” como un mes antes del juicio, en torno a su arresto y el de su hijo Phillip y allanamiento de su negocio por agentes federales por posesión ilegal de boletos de pasaje de una línea aérea comercial. Aparte de que el objeto de estos reportajes y el texto de lo publicado no tenía relación alguna con los delitos fiscales por los que se procesó al apelante, éste tuvo amplia oportunidad en el voir dire para examinar los candidatos a jurado y los finalmente aceptados no se mostraron prejuicia-dos contra el acusado. En Puerto Rico, donde el territorio es reducido y la población compacta, servida por medios de co-municación y difusión de eficacia máxima, sería imposible formar un jurado totalmente ignorante y desconocedor de al-guno que otro detalle sobre la vida del acusado cuando éste, como en el caso del apelante, es persona que ha alcanzado connotación de figura pública. La justicia no puede por tanto depender de la ignorancia, sino de la integridad de los jura-dos y de la firmeza de su compromiso de resolver guiados únicamente por la prueba que se presente en juicio. Debemos añadir que la evidencia presentada contra el acusado fue de tal grado confiable y convincente que necesariamente des-plazó, en el proceso deliberativo, todo otro elemento extraño a la estimación de la prueba.

(2) No hubo abuso de discreción por el juez al denegar la suspensión del juicio por enfermedad de uno de los defensores. El desarrollo del proceso así lo demostró pues dicha condición no afectó en modo alguno la militancia y habilidad de la defensa.

(B) El apelante lleva su impugnación del juicio al angosto extremo de no habérsele permitido preguntar en el voir dire si consideraban “inmoral” al dueño de cabaret en que según una información de “El Nuevo Día” se había pre-sentado un espectáculo de coito en vivo. La defensa hizo labor de difusión porque pidió y obtuvo permiso para leerles la no-ticia al jurado acabada de salir, al segundo día del juicio. Nin-guno expresó que la información revelada por el abogado afectara su determinación de resolver con objetividad y no erró el juez sentenciador al cualificar la pregunta de la de-fensa dirigiéndola a qué efecto, si alguno, tendría la noticia en la ecuanimidad e imparcialidad para juzgar libres de prejuicio.

(4) El incidente en que una jurado se quejó al juez de que a través de una medio hermana una tercera persona trató de influir sobre ella en favor del acusado, no tiene las proporciones que le atribuye la defensa. En ausencia del resto del jurado, el juez con la participación de fiscal y defensa, depuró el incidente, determinó su superficialidad y se cercioró de que ningún efecto había tenido en la imparcialidad de la jurado. Como expresáramos anteriormente, nos hubiese preo-cupado el episodio si la fragilidad o insuficiencia de la prueba diera lugar a inferir que el veredicto fue producto del pre-juicio y no de la evidencia. No hay indicio de que eso haya ocurrido.

(5) El fraude imputado al acusado se comete al radicar a sabiendas una planilla falsa para evadir y derrotar la contribución. Pueblo v. Franceschi, 74 D.P.R. 825 (1958). Hubo prueba irrecusable por el Estado de que el apelante omitió en sus planillas cuantiosos ingresos, operó un negocio de hotel bajo el nombre de otra persona, no produjo libros de contabilidad, y usaba el nombre de Joseph Anthony en cuen-tas de banco y negocios. Esta cadena de actos integran la voluntariedad, que es elemento esencial del delito imputado al acusado. Pueblo v. Calzada, 93 D.P.R. 803 (1966); Pueblo v. Rivera Adorno, 99 D.P.R. 555 (1971). El fraude contribu-tivo se identifica por la esciente evasión de la ley conducente a la derrota del sistema tributario. No exige ulteriores ele-mentos formales de evidencia. “No vemos diferencia fundamental entre la no presunción de fraude y la regla general que exige preponderancia de evidencia para probar un hecho.” García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 386 (1974).

(6) Rechazamos por infundada la imputación de pasión, prejuicio y parcialidad dirigida contra el juez de ins-tancia. Dicho magistrado condujo el juicio con corrección pro-cesal y tolerancia para con una defensa particularmente enérgica.

Estimamos que las sentencias impuestas deben cumplirse concurrentemente. Así modificadas las sentencias, se confir-marán.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz radica opinión disi-dente y concurrente en parte con la cual concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau.

Opinión concurrente y en parte disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Díaz Cruz

en la que concurren el Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Rigau.

San Juan, Puerto Rico, a 18 de febrero de 1977

Ante la posición más adelante expresada en esta disiden-cia, la mayoría ha acordado modificar las tres sentencias dic-tadas contra el apelante de 3 a 5 años de prisión al solo efecto de que en vez de consecutiva se cumplan concurrentemente. Concurro en la opinión per curiam, exceptuando el castigo impuesto. Es a lo que considero excesiva privación de libertad que va dirigida esta expresión disidente. En el amplio espec-tro de exacción por el agravio social la pena acordada por la mayoría está al margen de la valoración comparativa con de-litos de mayor gravedad. En Pueblo v. Ocasio Hernández, confirmamos el 7 de febrero de 1977 sentencia de 3 a 6 años de presidio a un convicto por homicidio e infracción de la Ley de Armas que mató a dos personas con revólver, puesto en probatoria. El acto de dar muerte ilegal a un semejante tiene mayor reproche jurídico y moral que el de escamotear las con-tribuciones. En el caso del apelante Tursi el sistema ha in-vertido la carga reprobatoria.

Las sentencias contra el apelante, aún reducidas por la disposición de concurrencia, constituyen un castigo despro-porcionado e irrazonablemente severo en el momento en que se dictaron (18 de abril, 1975). Pueblo v. Santos, 67 D.P.R. 650, 657-8 (1947). Hay suficiente constancia en autos de que desde fecha anterior a la presentación de las acusaciones el 14 de febrero de 1974, el acusado hizo reiteradas gestiones ante el Departamento de Hacienda para resolver su caso administrativamente mediante el pago de deficiencias, inte-reses y penalidades. Su proposición no fue aceptada y en su lugar se le sometió a proceso criminal por delito grave a tenor de la Sec. 145(b) de la Ley de Contribución sobre Ingresos que es la Núm. 91 de 29 de junio, 1954 (13 L.P.R.A. sec. 3145 (b)) y que en lo pertinente ordena: . . cualquier persona que voluntariamente intentare de algún modo evadir o derro-tar cualquier contribución impuesta por este Subtítulo o el pago de la misma, en adición a otras penalidades provistas por ley, será culpable de delito grave y castigada con multa no mayor de $10,000 o reclusión por no más de 5 años en la institución penal que designe el Secretario de Justicia, o am-bas penas, más las costas del proceso.”

Tres meses después de sentenciado el apelante en el Tribunal Superior, se aprobó por la Asamblea Legislativa, con vigencia inmediata, la Ley Núm. 2 de 15 de julio, 1975, sobre Amnistía General Contributiva en cuya exposición de motivos se asevera que “... hay un número de ciudadanos que no han rendido planilla de contribución sobre ingresos o que no han declarado sus ingresos en forma correcta. Debido a la in-tensa campaña efectuada por el Departamento de Hacienda contra la evasión contributiva en todas sus formas, estos ciu-dadanos que han incumplido con sus obligaciones fiscales en el pasado, temerosos de los resultados adversos que conlleva-ría el practicar la honradez mediante el pago correcto y justo de sus contribuciones, se inhiben de hacerlo. Resulta, por lo tanto, deseable para el bienestar público general que en este difícil momento de la historia económica de Puerto Rico, el Estado, atemperando su política fiscal a la realidad económica y social vigente, promueva una amnistía general contributiva con el doble propósito de proveerle la oportunidad a los ciuda-danos que han faltado a su deber a rehabilitarse mediante la información de ingresos no declarados sin temor a sanciones civiles y penales. Se estaría aportando también al sosteni-miento de servicios indispensables a la ciudadanía y gene-rando actividad económica que puede redundar en la creación y conservación de empleos en la empresa privada. Se pro-pone, además, como medida a fin con los propósitos antes mencionados, condonar el pago de intereses, penalidades y re-cargos a aquellos ciudadanos que adeuden contribuciones al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, siempre y cuando pa-guen su deuda dentro de los límites de tiempo establecidos por esta ley.” Leyes de 1975, Ed. Equity, Parte 2, págs. 643, 644. Se fijó la fecha límite de 15 de octubre de 1975 para acogerse a los beneficios de la Ley que le permitió a los evasores legi-timar ingresos no declarados previo pago de una contribución especial de 15% del ingreso bruto ajustado, libre de intereses y penalidades civiles o criminales, extendiéndose la amnistía por la Sec. 2 (b) de la Ley a los casos de fraude, con la limita-ción de que para éstos el relevo provisto no incluía intereses, recargos y penalidades acumuladas.

El principio de igual protección de las leyes encarna el ideal de que haya un solo estándar de justicia, de que la jus-ticia opere sin desigualdades, existan o no leyes para im-plementar la garantía constitucional. No. armoniza con ese principio de igualdad ante la ley que por haber sido el ape-lante descubierto en su delincuencia fiscal poco antes que otros incursos en tan grave o mayor falta que la suya, tenga aquél que pagar con extendida privación de libertad en presidio lo que otros satisficieron con sólo desprenderse de una pequeña parte de los ingresos ocultos. La ley bajo la cual se juzgó al apelante, previsora en sus alternativas de multa o prisión, dejó en manos del juez la elección del castigo, que en este caso debe atemperarse a la “política fiscal” y a la “realidad económica y social vigente” de que nos habla el legislador en la exposición de motivos de la Ley Núm. 2 de 15 de julio, 1975. La sentencia en un caso penal debe reflejar la intensi-dad de la ofensa según la sancionan la ley y el concepto ético social prevaleciente. La individuación de la pena no ha de erigir purgatorios para expiación de todos los pecados del convicto. Estamos a tiempo para corregir la emergente ine-quidad del sistema.

Con estos antecedentes y fundamentps dejaría sin efecto las sentencias dictadas por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en sus casos Núms. G-74-303, G-74-304 y G-74-305, y en su lugar dictaría nueva sentencia imponiendo al acusado la pena de 1 a 2 años de prisión y $5,000 de multa en cada caso, concurrente en los términos de prisión, más las costas del proceso.

       Ordena el Art. 4 del Código Penal de 1974 que si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al imponerse la sentencia, se aplicará siempre la más benigna.

      El juez sentenciador no pudo ponderar la situación de igual pro-tección de las leyes que ahora destacamos porque él dictó sentencia el 18 de abril de 1975 y los relevantes pronunciamientos justificativos de la amnis-tía contributiva se hicieron al aprobarse ésta el 15 de julio siguiente.


author: per curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Irma Collazo Hiraldo, acusada y apelante.

      Número: CR-76-191

      Resuelto: 24 de febrero de 1977

      Santos P. Amadeo y José Enrique Amadeo, abogados de la ape-lante; Roberto Armstrong, Jr., Procurador General Interino, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   per curiam :

La acusada practicó un aborto. La mujer in-tervenida murió. Se le acusó de asesinato en segundo grado.

La prueba de cargo estableció que la víctima en unión de otra persona acudió a la casa de la acusada. La víctima entró en una habitación con ésta. La acompañante se quedó en la sala viendo una novela televisada en compañía de la hija de la acusada.

Al rato la acusada llamó a su hija. Esta salió en busca de un automóvil. La acusada manifestó que le había hecho un remedio porque “no podía comer y comió porque había mucho vómito en el piso.” Montaron a la víctima en el carro. Estaba “llena de vómito.” La llevaron a un dispensario donde la de-clararon muerta. El médico que le practicó la autopsia con-cluyó que murió víctima de un aborto. Declaró que la víctima no era una persona enferma, que el aborto practicado no era necesario para salvarle la vida, que la “causa de la muerte se debió a un shock secundario a la introducción de sustancias extrañas no terapéuticas en el torrente sanguíneo” que des-cubrió sustancias jabonosas en la placenta y que ese material jabonoso se usa “para producir abortos en forma no cientí-fica.”

La prueba de la acusada consistió en tres testigos de repu-tación.

Convicta por el jurado y sentenciada por. el tribunal, apeló. Para sostener su recurso apunta sendos errores al-gunos de los cuales plantean cuestiones de derecho que repeti-damente hemos resuelto en contra del abogado de la apelante: (1) la ilegalidad de los veredictos por mayoría; (2) que no se instruyó al jurado que podía absolver aun cuando la acusada fuera culpable; (3) que las instrucciones no fueron apro-badas por la Asamblea Legislativa; (4) que erró el tribunal al instruir al jurado que éste únicamente se regiría por la evidencia admitida en contra de la acusada; (5) que debió instruirse al jurado en el sentido de que debía encontrarla culpable más allá de duda razonable en cada uno de los ele-mentos del delito.

En cuanto al primero apunta el abogado que representa a la acusada que “una cuestión idéntica a la que se plantea en este recurso de apelación fue levantada en el caso de Frank Anthony Carcerano v. Gladden, 20 L.Ed.2d pág. 1308 (1968), pero no fue resuelta por el Tribunal. . . .” Inexplicablemente olvida la representación de la apelante que lo que se había de-jado sin resolver en el caso que cita se resolvió en el año 1972 en Apodaca v. Oregon, 406 U.S. 404. La representación de la apelante levantó esta misma cuestión en la jurisdicción federal y la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito en Torres v. Delgado, 510 F.2d 1182 (1975), le desestimó la cuestión sin vista oral expresando: “[sjería ciertamente in-sólito que el pueblo de Puerto Rico tuviera menos libertad para legislar sobre una modificación al sistema de jurados, que los distintos estados de la Unión.” Aparte de esto, repeti-damente hemos resuelto en contra la cuestión planteada, Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974).

Para los otros cuatro apuntamientos basta examinar Pueblo v. Báez Cintrón, supra; Pueblo v. Dingui Ayala, 103 D.P.R. 528 (1975); Pueblo v. Sánchez Torres, 102 D.P.R. 499 (1974).

Señala la apelante en el séptimo apuntamiento que el juez erró al instruir al jurado que la acusada tenía que probar que el delito cometido no es de asesinato en segundo grado. El juez no instruyó tal cosa. Por el contrario manifestó que “al fiscal le toca probar la culpabilidad del acusado y el acu-sado no tiene obligación de establecer su inocencia.”

Sostiene la apelante que no se presentó prueba que la re-lacione con la comisión del delito imputádole. La hay. La prueba de cargo anteriormente expuesta conecta a la acusada con el delito por el cual se le acusó.

En cuanto al otro error apuntado, no merece ser discutido.

Se confirmará la sentencia apelada.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    José Abudo Servera y Otros, demandantes y recurridos, v. Autoridad de Tierras de Puerto Rico, demandada y recurrente; Francisco Abudo Servera y Otros, querellantes y recurridos, v. Autoridad de Tierras de Puerto Rico, querellada y recurrente.

      Números: R-76-68,
    0-75-453

      Resueltos: 24 de febrero de 1977

      José Alberty Orona, abogado de la recurrente; Antonio Figueroa Rivera, abogado de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrido Francisco Abudo Servera, Administrador de una Finca de Beneficio Proporcional de la Autoridad de Tie-rras bajo el Título IV de la Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, 28 L.P.R.A. see. 461, demandó a la Autoridad por el importe de la labor extra que alega haber trabajado sin com-pensación, el pago de sus salarios desde el 7 de abril hasta el 31 de agosto de 1965, fecha en que cesó en su trabajo, y su participación en los supuestos beneficios devengados bajo su contrato. Reclamó la cantidad de cuarenta y dos mil dólares, más una suma igual por concepto de penalidad.

Los recurridos José Abudo Servera y Francisco Martínez Avilés radicaron otra querella análoga por ochenta mil dó-lares, más una suma igual por concepto de penalidad.

La Autoridad de Tierras adujo, entre otras, la defensa de que durante el período cubierto por ambas querellas los recurridos se desempeñaron como ejecutivos. Se celebró una vista por estipulación para dilucidar exclusivamente esta de-fensa. El Tribunal Superior resolvió que los querellantes no son ejecutivos. La Autoridad de Tierras acudió ante nos en solicitud de certiorari para revisar esta resolución. Este es el recurso aquí identificado como el 0-75-453.

El segundo recurso aquí envuelto, el R-76-68, consolidado con el anterior, nace de una demanda de sentencia decla-ratoria incoada por los mismos tres querellantes contra la Autoridad, alegando que se le adeuda a cada uno una suma no menor de cien mil dólares por concepto de beneficios y par-ticipaciones dejados de percibir. Visto el caso en sus méritos, el Tribunal Superior determinó que se había creado entre las partes una sociedad civil. Acordamos revisar a petición de la Autoridad de Tierras. Discutiremos separadamente ambos recursos.

I

La petición de certiorari — 0-75-l¡,53.

Cometió error el tribunal de instancia al determinar que los querellantes no eran ejecutivos. La Regla 43.1 de Procedimiento Civil dispone en parte que: “. . . Las determinaciones de hechos basadas en testimonio oral no se dejarán sin efecto a menos que sean claramente erróneas, y se dará la debida consideración a la oportunidad que tuvo el tribunal sentenciador de juzgar la credibilidad de los testigos. . . .” Hemos expresado, no obstante, que “aunque haya evidencia que las sostenga, las conclusiones de hecho de un Tribunal de anterior instancia se consideran claramente erróneas, si del examen de la totalidad de la evidencia el Tribunal de revisión queda definitiva y firmemente convencido que un error ha sido cometido, como es el caso en que las conclusiones de hecho están en conflicto con el balance más racional, justiciero y jurídico de la totalidad de la evidencia recibida.” Maryland Casualty Co. v. Quick Const. Corp., 90 D.P.R. 329, 336 (1964). Las conclusiones de hechos efectuadas en el caso de autos no representan el balance más justiciero de la totalidad de la evidencia recibida.

Los años que comprenden las querellas exigen el examen de las definiciones del término “ejecutivo” que se encuentran en el Reglamento Núm. 13 original, aprobado por la Junta de Salario Mínimo y en vigor desde el 15 de enero de 1952 hasta el 14 de enero de 1960, y el Reglamento Núm. 13 (Revi-sado) que comenzó a regir el 15 de enero de 1960.

El Reglamento Núm. 13 original no distinguía entre el ejecutivo que realizaba actividades agrícolas y el dedicado a otras tareas, tales como la manufactura y el comercio. El término “ejecutivo” se definía así:

“Artículo I — El término Ejecutivo a los fines de la Sección 30 de la Ley de Salario Mínimo de Puerto Rico (Ley Núm. 8 de 5 de abril de 1941, según fue enmendada dicha Sección por la Ley Núm. 131 de 27 de abril de 1950) significa:,
(a) Cualquier empleado (1) cuyo deber primordial consista en la dirección de la empresa en que trabaja o en la dirección de un habitualmente reconocido departamento o subdivisión de la empresa; y
(2) que habitual y regularmente dirija el trabajo de otros dos o más empleados de la empresa o de tal departamento o subdivisión de la empresa; y
(3) que tenga la autoridad de emplear y despedir otros empleados o cuyas sugestiones y recomendaciones sobre el em-pleo y despido de otros empleados y en cuanto al mejoramiento y ascenso o en relación con cualquier otro cambio de status de otros empleados hayan de recibir especial atención; y
(4) que habitual y regularmente ejerza facultades dis-crecionales; y
(5) que no dedique más del 20% de las horas trabaja-jadas en la semana de labor a actividades que no estén directa o íntimamente relacionadas con el desempeño del trabajo descrito en el párrafo (9), incisos (1) al (4) de este artículo; Disponién-dose que este inciso (5) no será aplicable en el caso de un em-pleado que esté solo a cargo de un establecimiento independiente o de una rama del establecimiento físicamente separado del mismo, o que sea dueño de por lo menos el 20% del interés de la empresa en que esté empleado; y
(6) que reciba por sus servicios una compensación fija (por día, semana, quincena o períodos mayores) equivalente a un salario semanal no menor de $30.00, excluyendo alimentos, vi-vienda u otros servicios; o
(b) Cualquier empleado (1) cuyo trabajo cumple con los re-' quisitos dispuestos en el párrafo (a), inciso (1) y (2) de este artículo; y
(2)que reciba por sus servicios una compensación fija (por idía, semana, quincenas o períodos mayores) equivalente a un salario semanal, no menor de $100, excluyendo alimentos, vivienda u otros servicios.”

El Reglamento Núm. 13 (Revisado) contenía en su artí-culo III (E) la siguiente exposición de los requisitos propios del empleado ejecutivo dedicado a actividades agrícolas de producción de caña:

“(1) Cualquier empleado que como encargado o mayordomo de una finca tenga a su cargo, total o parcialmente, la supervi-sión de la misma.
(2) que tenga autoridad para emplear y despedir otros em-pleados o cuyas sugestiones y recomendaciones sobre el empleo y despido de otros empleados y en cuanto al mejoramiento y ascenso o en relación con cualquier otro cambio de status de otros empleados, hayan de recibir especial atención;
(3) que habitual y regularmente ejerza facultades discre-cionales ;
(4) que reciba úna compensación fija (por día, semana, quin-cena o períodos mayores) equivalente a un salario semanal no menor de treinta dólares ($30.00).”

Es doctrina establecida que para que surja la condición de “ejecutivo” es necesario que concurran todos los requisitos que los Reglamentos enumeran y que la exclusión de la legislación laboral sea clara. Piñán v. Mayagüez Sugar Co., Inc., 84 D.P.R. 89, 97; López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325, 330-331 (1970). Tal es el caso presente. Anali-cemos la prueba desfilada a la luz de los factores reseñados en ambos Reglamentos.

1. Deber primordial de dirigir la empresa o de un depar-tamento o división habitualmente reconocida de la misma.

La versión revisada del Reglamento expresa este requisito al disponer que es un empleado ejecutivo “cualquier empleado que como encargado o mayordomo de una finca tenga a su cargo, total o parcialmente, la supervisión de la misma.”

Ambas versiones de este requisito se cumplieron. Del testi-monio del recurrido Francisco Abudo Servera surge clara-mente que el Administrador de la Finca de Beneficio Propor-cional :

—desempeñaba la supervisión general de la finca (T.E. 53);
—era el responsable de la finca y la cuidaba con celo (T.E. 139);
—era responsable del equipo que había en la finca (T.E. 127);
—escogía personalmente los obreros que trabajarían en el cultivo de la caña, luego que se le informaba el número que el presupuesto permitía emplear (T.E. 30-31, 120);
—asignaba los obreros a las piezas o cortes correspondientes o a las tareas que estimase necesarias (T.E. 74-75, 118-119);
—escogía a los obreros que continuarían trabajando durante el tiempo muerto y repartía el trabajo entre ellos (T.E. 120-122, 139);
—velaba porque se hiciera el trabajo correctamente para beneficio de la finca (T.E. 162);
—mandaba a los capataces y al listero (T.E. 39, 162-163, 173-174, 177);
—autorizaba el trabajo de horas extras (T.E. 123-124);
—decidía disputas sobre algunas horas no pagadas a un obrero (T.E. 124-125);
—firmaba la nómina y se preocupaba porque en ella no figu-rasen obreros que no hubiesen trabajado (T.E. 178);
—preparaba un presupuesto quincenal, sujeto a aprobación central (T.E. 35-36,147).

Esta enumeración demuestra que, en el balance de lá prueba, los querellantes dirigían o estaban de hecho encarga-dos de las fincas que administraban. Compárese: 29 C.F.R. 541.1. Es cierto que muchas funciones desempeñadas por los administradores de estas fincas estaban sujetas a controles centrales. Un empleado ejecutivo o un administrador no deja de serlo, no obstante, por el mero hecho de que sus decisiones y actuaciones estén sujetas a la aprobación de un empleado de superior rango. Gilstrap v. Synalloy, 409 F.Supp. 621, 625-626 (D.C.M.D. La. 1976). La determinación de si un empleado es o no ejecutivo no puede derivarse, además, en este caso de las circunstancias jurídicas que lo rodean. El concepto de las Fincas de Beneficio Proporcional y los con-tratos que se otorgan para administrarlas — cuestiones que discutimos en más detalle en la segunda parte de esta opinión —están intervenidas por ley que obliga a las partes. 28 L.P.R.A. see. 461 et seq. La Ley de Tierras dispone que los administradores serán responsables de la propiedad y de los fondos bajo su custodia (28 L.P.R.A. sec. 461); que el arren-datario, término con el cual también se designa a los que, como los querellantes, tienen a su cargo la finca, “administra-rá la finca sujeto a las condiciones del contrato” (28 L.P.R.A. sec. 463(d)); y que “el arrendatario tendrá amplios poderes de contratar o no contratar el trabajo de los trabajadores residentes en la finca o de cualesquiera otros trabajadores” (28 L.P.R.A. sec. 463(e)). La ley naturalmente contempla que pueden establecerse controles centrales para la super-visión general de estas fincas. 28 L.P.R.A. sec. 463(g). Véase: Fincas de Beneficio Proporcional: Información General, Funciones y Organización Administrativa, Publicación de la Autoridad de Tierras, setiembre de 1957, pág. 8. La existencia de estos controles en modo, alguno significa que se les despoja a los administradores de estas fincas de su con-dición de ejecutivos, especialmente a la luz de los rigurosos requisitos que éstos deben reunir y de la amplitud de sus poderes. Véase el Reglamento para Fincas de Beneficio Pro-porcional de 1944, según enmendado. 28 R.&R.P.R. see. 461-1 et seq.

2. Dirección habitual y regular del trabajo de dos o más empleados de la empresa. (El Reglamento revisado suprime este requisito.)

Los administradores recurridos supervisaban cientos de empleados. (T.E. 117-122, testimonio de F. Abudo Servera y T.E. 289-290, declaración de Angel Iturbe.) Se cumplió ob-viamente con este requisito.

3. Autoridad para emplear y despedir a otros, empleados o especial atención a prestarse a las recomendaciones del ad-ministrador sobre dicho particular o en cuanto al mejora-miento, ascenso u otro cambio de status de otros empleados. (Requisito común a ambos reglamentos.)

De la discusión referente a la primera condición se deduce que se cumplió también con este requisito. Véanse espe-cíficamente las siguientes partes del testimonio del señor Francisco Abudo Servera: T.E. 25, 31, 34,118,121-123,129, 149; y de la declaración del señor Iturbe: T.E. 282-285, 300, 302 y 320; el Art. 65(e) de la Ley de Tierras, antes citado, 28 L.P.R.A. sec. 463(e); y la cláusula decimoquinta de los contratos de administración firmados por las partes, la cual reza así:

“El Administrador como ejecutivo a cargo de la Finca tendrá amplios poderes para emplear y despedir trabajadores. El Ad-ministrador estará en libertad para utilizar o no en las labores de la Finca a los trabajadores que residan en la misma o a cuales-quiera otros trabajadores ....”

4. El ejercicio habitual de facultades discrecionales. (Ambos reglamentos exigen este requisito.)

El análisis de los factores que preceden ilustran igual-mente el cumplimiento de este requisito.

5. El requisito “que no se dedique más del 20% de las horas trabajadas en la semana de labor a actividades que no estén directa o íntimamente relacionadas con el desempeño del trabajo descrito en los anteriores párrafos. Este requi-sito no es aplicable en el caso de un empleado que esté solo a cargo de un establecimiento independiente o de una rama del establecimiento físicamente separado del mismo, o que sea dueño de por lo menos el 20% del interés de la empresa en que está empleado(Este requisito se suprimió en el regla-mento revisado.)

Esta disposición no es aplicable al caso de autos. Las Fincas de Beneficio Proporcional gozan de personalidad separada y están a cargo, como hemos visto, de administradores como los querellantes recurridos. La cláusula primera de los contratos de Administración de Finca de Beneficio Proporcional dispone:

“La Finca objeto de este contrato es una empresa o entidad con personalidad separada y distinta de la Autoridad aunque es una creación de ésta.
En tal empresa el Administrador representa el interés suyo y el .de todos los obreros que trabajen en la Finca no en relación de patrono y obrero, sino en la categoría de socios....”

A tenor con esta disposición, la Finca de Beneficio Proporcio-nal le paga a la Autoridad un canon por el uso de los terrenos (véase la cláusula quinta del contrato). Otras cláusulas del contrato (la cuarta, sexta, sétima, octava, vigésima, vigési-mosexta, trigésimoprimera y trigésimosegunda) ponen tam-bién de manifiesto la separación existente entre la Finca y la Autoridad.

Aun bajo el supuesto de que el criterio bajo examen fuese de aplicación, el balance de la prueba no apoya la determina-ción de que los recurridos dedicasen más del 20% de sus horas laborables a tareas no relacionadas con las labores pro-pias de un ejecutivo, tal como éstas se definen en los regla-mentos citados. Es cierto que Francisco Abudo Servera de-claró que dedicaba más del 20% de su tiempo a tales activi-dades, lo que motivó la siguiente determinación del tribunal de instancia:

“En la prestación de sus servicios, estos querellantes voltea-ban las fincas, transportaban peones para trabajar en las mis-mas, transportaban agua y abono y quemaban caña para ser cor-tada, dedicando a estas labores el 75% del tiempo de su trabajo.”

Hemos escudriñado la prueba y de la misma se desprende que estas actividades se realizaban por los administradores tan solo en modo ocasional y que el tiempo envuelto era mucho más corto. (T.E. 158-160; 187-192, testimonio de Francisco Abudo.) Choca esta determinación, además, con la conclusión que, de ser ella cierta, no les restaba tiempo adecuado para el desempeño de las responsabilidades de supervisión admiti-damente a su cargo y antes reseñada.

6. El recibo de una compensación fija equivalente a un salario semanal no menor de treinta dólares.

Se satisfizo este criterio en el caso de los tres recurridos.

Valga apuntar que en este caso, en adición al cumpli-miento de los seis requisitos reseñados, los administradores vivían en casas provistas por la Autoridad de Tierras (T.E. 125); se les proveía un jeep y se les pagaba la gasolina (T.E. 127); la Autoridad les pagaba parte de la luz y el agua (T.E. 129); contrario a los obreros, se les permitía acumular vaca-ciones por enfermedad (T.E. 137-138); y disfrutaban de otros privilegios, vedados a los obreros, tales como disponer de un predio para hortaliza y tener ganado en terrenos de la Autoridad (T.E. 204-206).

Concluimos a la luz de lo anterior que los querellantes recurridos cumplen con todos los requisitos que la ley impone para validar la clasificación de ejecutivo. Se revocará la resolución del tribunal de instancia.

HH

El recurso de revision — B-76-68

A distinción del recurso que antecede, en que se resolvió por el tribunal de instancia que entre la Autoridad y los ad-ministradores de las Fincas de Beneficio Proporcional priva la relación entre patrono y empleado, en el actual recurso se decidió que dichas partes son socios. Constituye un error tal determinación.

No están presentes en este caso los elementos que deter-minan el nacimiento de una sociedad, independientemente de su naturaleza civil o mercantil. Los nexos entre la Autoridad de Tierras y los administradores de las Fincas de Beneficio Proporcional se asemejan a los que distinguen otras figuras jurídicas, pero en realidad poseen contornos propios. A poco que se penetre en su naturaleza, puede constatarse que los contratos que se celebran entre la Autoridad de Tierras y los administradores de las Fincas de Beneficio Proporcional cons-tituyen contratos atípicos.

Según Castán, son notas características del contrato de sociedad en general “la constitución de un fondo común con las aportaciones de los socios, y el intento de obtener, me-diante las operaciones hechas en común, un lucro partible entre los socios y del que puedan participar todos.” Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, Madrid, 1961, Tomo IV, pág. 522. El intento de obtener un lucro común partible se desdobla en tres postulados: la sociedad debe constituirse para fines de lucro; la ganancia ha de ser común a todos los socios; y la ganancia o la pérdida, en su caso, ha de repartirse entre los mismos. Sentencia de 27 de junio de 1960 (Esp.); Castán, op. cit., 526-527. Véanse: Ripert et Boulanger, Traité de Droit Civil, Paris, 1958, Tomo III, pág. 713 et seq.; Aubry et Rau, Droit Civil Francais, París, 1951, 6eme ed. (par. Es-. mein), pág. 1 et seq.; Encyclopédie Dalloz, 1975, Tomo VI, “Soeieté Civile”, par. 15. Varios autores requieren otro ele-mento para determinar la existencia de una sociedad, la affectio societatis, la intención especial de constituirla, de someterse específicamente a su régimen jurídico. Encyclopé-die Dalloz, “Soeieté Civile”, par. 31; Hamel, “L’affectio so-cietatis”, Rev. trim. dr. civ. 1925, pág. 761 et seq.; Castán, op. cit., 528-530; Sentencia 12 de marzo de 1958 (Esp.), Sen-tencia 21 de mayo de 1960 (Esp.) y Sentencia de 3 de diciem-bre de 1959 (Esp.).

Resumamos brevemente las circunstancias que llevaron a la creación de las Fincas de Beneficio Proporcional antes de examinar si cumplen sus contratos de administración con los requisitos de los contratos de sociedad.

Las Fincas de Beneficio Proporcional forman parte rele-vante de la política pública que produjo la Ley de Tierras de Puerto Rico. Su establecimiento persiguió fines públicos muy dispares de los que generalmente caracterizan la constitución de las sociedades privadas. Las Fincas de Beneficio Propor-cional representaron un nuevo enfoque del problema de la tenencia de tierras en el país. Se quiso combatir el latifundio, pero sin caer en el minifundio. El ex-gobernador Tugwell describe así el propósito de esta creación de la Ley de Tierras:

“La ley insular poseía un rasgo de gran interés. Contenía un toque de inventiva genial que a veces su posesor escasamente reconoce. . . . Tal fue el caso del mecanismo denominado ‘finca de beneficio proporcional’, que parecía encerrar la posibilidad de preservar la agricultura a gran escala contra sus enemigos y de mantenerlo suficientemente separado de la cooperación clásica como para escapar la etiqueta de ‘comunista’. De acuerdo con esta disposición, vastas porciones de grandes haciendas podrán arrendarse a empresarios cuya compensación sería parte de las ganancias (de 5 a 15%); las ganancias restantes se .distribuían entre los trabajadores. Puede decirse que se mantenía el incen-tivo ortodoxo; se conservaba la eficacia de la agricultura a gran escala y se proveía para el disfrute por los obreros del beneficio de su labor.” Tugwell, Rexford G., The Stricken Land, Greenwood Press, N.Y., 1968, pág. 87. (Traducción nuestra.)

Para la época en que se redactó la Ley de Tierras, una quinta parte de las tierras cultivables de Puerto Rico se dedicaban a la producción de caña de azúcar y más del 70% de los terre-nos de caña eran controlados por compañías dominadas casi exclusivamente por absentistas. Concepción de Gracia, G., The Land Authority of Puerto Rico, 12 Geo. Wash. L. Rev. 302 (1944).

Para atacar esta situación se instituyeron procedimientos de quo warranto y de otra especie para desmembrar los gran-des fundos. Puerto Rico v. Rubert Hermanos, Inc., 309 U.S. 543 (1940). Se aprobó entonces la Ley de Tierras, Ley Núm. 26 de 12 de abril de 1941, en cuya Exposición de Motivos se consignó, como propósito de las Fincas de Beneficio Propor-cional y de otras medidas creadas por dicha legislación, lo siguiente: “... se hace imperativa la adopción de una política agraria que redunde en una mayor y más equitativa distribu-ción de las riquezas naturales del país y en una mayor liber-tad y dignidad económica para los habitantes de la zona rural.” A tal efecto se dispuso en dicha Exposición que “se considera indispensable proveer para la creación de Fincas de Beneficio Proporcional en las que la difusión de la riqueza pueda ser alcanzada, hasta donde la eficiencia así lo aconseje, sin la división de la tierra.” La importancia de estas fincas en el diseño de la Ley de Tierras se recalcó desde temprano. Un conocido estudioso de este programa escribió así, hacién-dose eco de la opinión vertida por José Acosta Velarde, primer Director Ejecutivo de la Autoridad de Tierras: “No es exagerado decir que la clave de la política agraria de la Asamblea Legislativa reside en las fincas de beneficio propor-cional. De su éxito o fracaso depende la totalidad de esa po-lítica.” Concepción de Gracia, G., supra, 320-321.

De lo anterior se desprende que lo que impulsa la crea-ción de las Fincas de Beneficio Proporcional no es ciertamente el ánimo de lucro. El lucro se utiliza como incentivo para algunas de las partes, como veremos más detalladamente den-tro de breve, pero el estado persigue otros fines más amplios.

La estructura de la ley, así como los contratos otorgados a su amparo, demuestran que no existe sociedad de ningún género entre la Autoridad y los administradores de estas fincas. La sociedad que se establece, cuyos rasgos y consecuencia no tenemos que dilucidar aquí, es entre los ad-ministradores y los trabajadores de estas fincas. La Autori-dad no participa de modo alguno de las ganancias de las fin-cas. La Autoridad les cede en arrendamiento la finca a los administradores, 28 L.P.R.A. see. 461, y cobra un canon fijo por ella (cláusula 47 del contrato). La Autoridad se reem-bolsa por gastos, incurridos por" los préstamos de refacción y molienda que otorgue, el uso de animales e implementos me-cánicos y técnicos, las contribuciones que pague a nombre de la finca, gastos de contaduría y supervisión, anticipos, se-guros y erogaciones análogas. La Autoridad no participa en las ganancias. La cláusula trigésimosegunda del contrato de administración dice expresamente:

“El Administrador acepta que todos los beneficios que la Finca produzca así como todas las obligaciones que contraiga, serán de la Finca como empresa. En sus funciones de Adminis-trador y en lo que respecta a la Administración, acepta que re-presenta tanto su interés como el de los trabajadores, siendo todos responsables del éxito, partícipes en los beneficios, y socios en la empresa.”

La cláusula primera reitera la función limitada de la Auto-ridad, así como el hecho que entre el administrador y los obreros rige una relación de socios:

“La Finca objeto de este contrato es una empresa o entidad con personalidad separada y distinta de la Autoridad aunque es una creación de ésta. En tal empresa el Administrador repre-senta el interés suyo y el de todos los obreros que trabajen la Finca no en relación de patrono y obrero, sino en la categoría de socios. La función de la Autoridad se limita a la creáción de la Finca y a su supervisión, tanto en la parte agrícola como en la parte económica, de acuerdo con los términos de la Ley de Tierras de Puerto Rico.”

Las ganancias que devengue la finca, si algunas, se determi-nan y distribuyen según las cláusulas trigésimocuarta y trigésimoquinta del contrato. Parte le toca al administrador y el resto a los trabajadores; la Autoridad de Tierras no tiene derecho a participación alguna en el ingreso neto de estas fincas.

El esquema descrito revela la ausencia de varios elemen-tos característicos de la sociedad en general. No puede afir-marse en realidad que se ha constituido en estos casos un fondo común con las aportaciones de los socios. Los adminis-tradores y la Autoridad no son socios, ni la Autoridad aportó unas tierras para la creación de un fondo social; la Autori-dad arrendó unas tierras para el fomento de los fines sociales que la inspiran y su cultivo en sociedad aparte por adminis-tradores y obreros. En adición, no se da en estos casos el re-quisito indispensable de la división de ganancias y pérdidas y el historial de estas fincas, como hemos visto, revela que la fuerza que impulsó su creación no deriva del ánimo de lucro. Sin que nos pronunciemos, por ser ello innecesario, sobre el rol de la affectio societatis en la constitución de una sociedad, se deriva también de lo discutido que se carece aquí de este elemento.

Es difícil y peligroso subsumir contratos de historia tan singular y tantos rasgos propios en categorías contractuales familiares. Es cierto que tienen algunas características de los contratos de arrendamiento de cosas, arrendamiento de servicios, trabajo, aparcería y otros, pero los contratos de Fincas de Beneficio Proporcional se resisten a caber en estos moldes tradicionales. Son sencillamente contratos atípicos. Jordano, J. B., Los Contratos Atípicos, 195 Rev. Gen. de Leg y Jur. 51, 66 (1953). La comunidad de rasgos es a menudo despistante. Tal puede haber sucedido aquí, al advertirse que los administradores (así como los propios obreros) participan en las ganancias de estas fincas. La doctrina establece, no obstante, que la mera sustitución del salario por la participación en los beneficios no produce la creación de un contrato de sociedad. Castán, Derecho Civil Español, Común y Foral, 9a ed., Tomo IV, pág. 438.

Se revoca en consecuencia la decisión del tribunal de ins-tancia y se devuelven los autos para procedimientos consisten-tes con esta opinión. Los administradores recurridos tendrán derecho exclusivamente a reclamar las sumas, si algunas, que puedan corresponderles por concepto de la compensación acordada bajo sm contratos. Entendemos de la lectura de los autos que la Autoridad ha negado que se produjesen ganan-cias en estas fincas bajo los términos de los referidos acuer-dos. Esta es la única cuestión que quedaría por dilucidar, si es que los recurridos así lo solicitan.

       Esta representa la tercera ocasión en que el Tribunal Superior pasa juicio sobre la interrogante que plantea este recurso. En las dos oca-siones anteriores, la misma sala había resuelto que los administradores de las Fincas de Beneficio Proporcional son ejecutivos bona fide. Ortiz González v. Autoridad de Tierras, Civil Núm. 58-7144, y Cortés López y más de b-0 Administradores de Fincas de Beneficio Proporcional v. Autoridad de Tierras, Civil Núm. 69-1612.

      La Ley Núm. 379 de 15 de mayo de 1948, que es donde por vez primera se excluyó a los ejecutivos, no definió el término. El Reglamento Núm. 13 original elabora el vocablo por primera vez. Sobre la situación jurídica previa a dicho Reglamento, véanse: López Santos v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 325, 330 (1970); Morales v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 123, 127 (1961).

      El Reglamento actualmente vigente es el Núm. 13 (Segunda Re-visión), aprobado el 14 de junio de 1969, 29 R.&R.P.R. sec. 246e-6.