source: Caselaw Access Project

author: La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

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text:
    Asociación de Empleados del E.L.A., demandante y recurrido, v. Bernabé Vázquez Pérez, demandado y peticionario.

      Número: CE-87-376

      Resuelto: 5 de mayo de 1992

      Diógenes Alayón Quiñones, Héctor A. Cortés Babilonia y Francisco J. Jorge Negrón, abogados del peticionario; Blanca A. Sardina Cardona y Brunilda Alvarado Colón, abogadas del recurrido.
   La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón

emitió la opinión del Tribunal.

Nos corresponde resolver en el presente caso si la Aso-ciación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Asociación), en lo concerniente a la otor-gación de préstamos, debe cumplir con las disposiciones de la ley federal conocida popularmente como Truth in Lending Act (en adelante T.I.L.A.), 15 U.S.C. sec. 1601 y ss.

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Hechos

El Sr. Bernabé Vázquez Pérez trabajaba para la Admi-nistración de Corrección del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El 1ro de marzo de 1977 gestionó un préstamo en la Asociación por la cantidad de mil seiscientos cin-cuenta dólares ($1,650), el cual le fue otorgado. A tales efectos, se le descontó mensualmente de su salario la can-tidad de cincuenta y ocho dólares con treinta y cuatro centavos ($58.34), a partir del segundo mes de la fecha de expedición del pagaré.

El señor Vázquez Pérez cumplió satisfactoriamente con su obligación hasta el 14 de septiembre de 1977, fecha en que cesó en su empleo. Al liquidarse su cuenta, quedó un balance pendiente de pago de cuatrocientos trece dólares con setenta y seis centavos ($413.76). Dicha cantidad con-tinuó devengando intereses “por el tipo de interés permi-tido por ley”() según pactado por las partes en el pagaré suscrito por el señor Vázquez Pérez. De manera que, ade-más del principal, el señor Vázquez Pérez adeudaba ciento setenta y tres dólares con cuarenta y cinco centavos ($173.45), por concepto de intereses computados hasta diciembre de 1983. Es decir, adeudaba un total de quinientos ochenta y siete dólares con veintiún centavos ($587.21).

Ante tal situación, la Asociación envió varias cartas al señor Vázquez Pérez exigiéndole el pago de lo adeudado. Al no recibir respuesta por parte del señor Vázquez Pérez, la Asociación instó demanda civil en el Tribunal de Distrito, Sala de San Sebastián, al amparo de la entonces vigente Regla 60 de Procedimiento Civil,() 32 L.P.R.A. Ap. III, el 23 de diciembre de 1983. En otras palabras, se acogió al procedimiento sumario.

Así las cosas, mediante moción presentada el 1ro de fe-brero de 1984, la cual fue acogida por el tribunal, se con-virtió el pleito en uno ordinario. En la contestación a la demanda se planteó como defensa afirmativa por el señor Vázquez Pérez que la Asociación incurrió en violaciones al T.I.L.A., “ya que la hoja de notificación (disclosure statement) es inadecuada e insuficiente según las disposiciones de dicha Ley”. Alegó que en dicha hoja de notificación no se estableció claramente cuánto era la tasa de por ciento anual y los cargos por financiamiento. Además, no se cum-plió con la ley al no resaltar o destacar los datos antes mencionados del resto de la información que aparece en la hoja de notificación de préstamo.

Luego de transcurrido el descubrimiento de prueba, la Asociación presentó una moción de sentencia sumaria, la cual fue acogida por el tribunal de instancia dictándose sentencia sumaria a favor de la demandante el 14 de mayo de 1986. No conforme con esta determinación, el deman-dado presentó moción de reconsideración. Esta fue dene-gada el 30 de junio de 1986.

De dicha sentencia el demandado apeló al Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, planteando fundamentalmente que erró el Tribunal de Distrito al concluir que “la ley Federal de Veracidad en los préstamos, conocida como Truth in Lending Act, (15 U.S.C.A. sec. 1601) y el Reglamento Z, (12 C.F.R. 226), no son de aplicación al presente pleito ba-sándose en que la parte demandante, Asociación de Em-pleados del E.L.A. no es una Organización con fines de lucro’, y ‘no otorga préstamos al público en general...’ ”.

El Tribunal Superior declaró sin lugar la apelación in-terpuesta y confirmó la sentencia dictada por el Tribunal de Distrito. Acogió los fundamentos expresados por el Tribunal de Distrito al citar en la sentencia que:

La Truth in Lending Act, obliga a las instituciones bancarias y firmas financieras a informar ampliamente al consumidor que tiene la necesidad de crédito, el costo de dicho crédito. El cargo por financiamiento debe ser expresado en dólares y el porciento anual computado a base del balance deudor. Debe además, informarse los términos del contrato a los fines de que el consumidor pueda comparar con lo que le ofrecen otras ins-tituciones bancarias y escoger lo más beneficioso conforme a su necesidad de crédito.
La competencia entre las instituciones financieras y bancos para atraer clientes, ofrece diversidad de servicios y facilidades. Por lo tanto, el consumidor para comparar, tiene que ser informado de dichos servicios y facilidades de crédito. Para implantar esta Ley existen unos Reglamentos e interpre-taciones de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal relacionados con el Truth in Lending Act. Estos no aplican a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
Como ya señalamos, esta institución sólo concede préstamos a sus socios, que son los empleados públicos del gobierno estatal. No compite con ninguna otra institución bancaria ni entidad financiera.
El porciento de interés anual a pagarse por los préstamos personales que se conceden a sus socios, está muy por debajo de lo ofrecido por cualquier banco o financiera.
El ingreso que recibe la Asociación proviene del ahorro com-pulsorio de sus mismos miembros, o sea, del empleado público. Por ende, los beneficios que esta institución ofrece son sola-mente para sus socios y no para el consumidor en general. (Én-fasis suplido.)

Insatisfecho con esta determinación, la parte deman-dada acudió ante nos mediante certiorari planteando como único señalamiento de error el siguiente:

IV. Primee y Unico Señalamiento de Error
Erró el Honorable Tribunal Superior, Sala de Aguadilla al concluir que la Asociación de Empleados del E.L.A. está exenta de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Veracidad en los préstamos conocida como “Truth in Lending Act”. 15 U.S.C.A. 1601 y siguientes y del Reglamento Z (12 C.F.R. 226).

Decidimos revisar y expedimos el auto solicitado.

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Ante el rápido incremento en el uso del crédito por parte del consumidor, en el 1968, tras varios años de estudio y debate en el Congreso de Estados Unidos con respecto a la utilidad y necesidad de imponer la obligación a aquellos que regularmente extienden crédito, de revelar de manera uniforme al consumidor el costo real de la transacción que están llevando a cabo para que puedan comparar entre distintas alternativas de crédito, fue aprobada la ley federal conocida como T.I.L.A. Sobre este particular, en Mourning v. Family Publications Service, Inc., 411 U.S. 356, 363-364 (1973), se dijo que:

By the time of passage, it had become abundantly clear that the use of consumer credit was expanding at an extremely rapid rate. From the end of World War II through 1967, the amount of such credit outstanding had increased from $5.6 billion to $95.9 billion, a rate of growth more than 4 1/2 times as great as that of the economy. Yet, as the congressional hearings revealed, consumers remained remarkably ignorant of the nature of their credit obligations and of the costs of deferring payment. Because of the divergent, and at times fraudulent, practices by which consumers were informed of the terms of the credit extended to them, many consumers were prevented from shopping for the best terms available and, at times, were prompted to assume liabilities they could not meet. Joseph Barr, then Under Secretary of the Treasury, noted in testifying before a Senate subcommittee that such blind economic activity is inconsistent with the efficient functioning of a free economic system such as ours, whose ability to provide desired material at the lowest cost is dependent on the asserted preferences and informed choices of consumers. (Escolios omitidos.)

El propósito primordial de la ley fue asegurarle al consumidor el que a la hora de obtener crédito se le revelara de forma significativa y clara los términos de dicho crédito. De esta forma se evitaban las prácticas fraudulentas. 15 U.S.C. sec. 1601;() Garza v. Chicago Health Clubs, Inc., 347 F. Supp. 955, 959 ( D. Ill. 1972); Thomas v. Myers-Dickson Furniture Company, 479 F.2d 740, 745 (5to Cir. 1973); Ford Motor Credit Co. v. Milhollin, 444 U.S. 555, 559 (1980); Anderson Bros. Ford et. al v. Valencia et. al., 452 U.S. 205, 219 (1981); Brown v. Marquette Sav. and Loan Ass’n., 686 F.2d 608, 612 (7mo Cir. 1982); Herrera v. First Northern Sav. and Loan Ass’n, 805 F.2d 896, 900 (lOmo Cir. 1986); Dorothy Edwards Realtors, Inc. v. McAdams, 525 N.E.2d 1248 (1988). Y es que con anterioridad a la aprobación de la ley los consumidores no tenían manera de saber realmente cuánto les costaba el crédito obtenido y tampoco podían comparar los ofreci-mientos y facilidades de crédito entre varias entidades crediticias. Ello se debía al hecho de que los acreedores no utilizaban una forma uniforme de calcular el interés ni tampoco detallaban los cargos adicionales, los que no se reflejaban en la tasa de interés.

Preocupado el Congreso por el hecho de que la legislación aprobada abarcara las distintas modalidades de crédito existentes más las que surgieran en el futuro, decidió que la misma fuera amplia. Por tal razón, delegó en la Junta de la Reserva Federal (en adelante J.R.F.) la facultad de implantar la ley mediante la promulgación de los reglamentos necesarios para hacer efectiva la misma. 15 U.S.C. sec. 1604.() No obstante, subsistía la preocupación en los congresistas de que los acreedores buscaran la forma de evadir los requisitos impuestos por la legislación. Sobre este particular, en Mourning v. Family Publications Service, Inc., supra, págs. 365-366, se dijo lo siguiente:

The language employed evinces the awareness of Congress that some creditors would attempt to characterize their transactions so as to fall one step outside whatever boundary Congress attempted to establish. It indicates as well the clear desire of Congress to insure that the Board had adequate power to deal with such attempted evasion. In addition to granting to the Board the authority normally given to administrative agencies to promulgate regulations designed to “carry out the purposes” of the Act, Congress specifically provided, as noted earlier, that the regulations may define classifications and exceptions to insure compliance with the Act. ...
The Board was thereby empowered to define such classifications as were reasonably necessary to insure that the objectives of the Act were fulfilled, no matter what adroit or unscrupulous practices were employed by those extending credit to consumers.

De esta forma surge el Reglamento Z, 12 C.F.R. sec. 226.1 y ss. (1985), el cual tuvo vigencia a partir del 1ro de julio de 1969. K.E. Keest y E.L. Sarason, Jr., Truth in Lending, 2da ed., Boston, National Consumer Law Center, 1989, pág. 32. Así que para disponer del caso de autos de-bemos primeramente acudir a la ley (T.I.L.A.) y luego al Reglamento Z. Veamos entonces a quiénes aplican los mismos.

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En un principio, la ley T.I.L.A. definía como acreedor a aquella persona que extendía crédito regularmente e imponía un cargo por financiamiento. Posteriormente, se añadió a esta definición por la J.R.F. la regla de que también es un acreedor aquél que extiende crédito pagadero en más de cuatro (4) plazos. Esta definición fue cuestionada por un acreedor en Mourning v. Family Publications Service, Inc., supra, pág. 368. El Tribunal Supremo de Estados Unidos sostuvo en dicho caso que la J.R.F. tenía autoridad para promulgar reglamentación que previniera el incumplimiento con las disposiciones del T.I.L.A. y, sobre todo, que evitara la práctica de ocultar el cargo por finan-(¿amiento al inflar el precio al contado del producto o mer-cancía a pagar. Por tal razón, la see. 1602 de la ley, 15 U.S.C., en parte del inciso (f), define la palabra “acreedor” de la manera siguiente:

(f) The term “creditor” refers only to a person who both (1) regularly extends, whether in connection with loans, sales of property or services, or otherwise, consumer credit which is payable by agreement in more than four installments or for which the payment of a finance charge is or may be required; and (2) is the person to whom the debt arising from the consumer credit transaction is initially payable on the face of the evidence of indebtedness or, if there is no such evidence of indebtedness, by agreement.

Es importante destacar que una persona o compañía se convierte en acreedor de acuerdo con esta ley si cumple con uno de los dos (2) criterios establecidos en la misma; es decir, si extiende crédito regularmente sujeto a un cargo por financiamiento o si mediante acuerdo por escrito es pagadero en más de cuatro (4) plazos. Como se podrá notar, la mayoría de las transacciones de crédito del consumidor cumplen con ambos requisitos. Keest y Sara-son, Jr., op. cit, pág. 42.

Por otra parte, se hace necesario aclarar que un acreedor puede ser una persona natural o una organización, mientras que un consumidor sólo puede serlo una persona natural. A su vez, una organización puede com-prender a una corporación, asociación, cooperativa, fideico-miso, etc. Keest y Sarason, Jr., op. cit., pág. 41. Aclarado este punto debemos señalar, además, qué tipos de présta-mos están cobijados por la ley. El T.I.L.A. aplica solamente a préstamos primordialmente para uso personal.() Reglamento Z, 12 C.F.R. see. 226.3 (1985); Semar v. Platte Valley Federal S. & L Ass’n, 791 F.2d 699, 704 (9no Cir. 1986).

Ahora bien, para instar una acción en la que se reclama por violaciones al T.I.L.A. hay que demostrar, en primer término, que existe una deuda de acuerdo con la ley y que las partes litigantes son un acreedor y un consumidor. Beezly v. Fremont Indem. Co., 804 F.2d 530-531 (9no Cir. 1986). Tomando en consideración lo anterior, apliquémoslo al caso de autos.

Ninguna de las partes en el presente caso niega la existencia de la deuda, cuyo pago fue diferido. La misma surgió como parte de un préstamo personal solicitado por el señor Vázquez Pérez, el cual le fue concedido. La deuda sería pagada en treinta y un (31) plazos, y la misma no estaba sujeta a cargo por financiamiento alguno. Dicho préstamo le fue otorgado al señor Vázquez Pérez por la Asociación. Esta es una entidad “creada gubernamentalmente para fines de interés público, como es la protección de nada menos que de los propios empleados gubernamentales. Ni es un negocio privado ni tiene fines de lucro o especulación”. Berrios Miranda v. Asociación de Empleados, 88 D.P.R. 809, 820 (1963). Como parte de los servicios que presta a los empleados del Gobierno está el otorgar préstamos. See. 3 de la Ley Núm. 133 de 28 de junio de 1966 (3 L.P.R.A. sec. 862b). Tal actividad es lle-vada a cabo regularmente. Por lo tanto, no hay duda al-guna de que en el caso de autos la Asociación es un acree-dor de acuerdo con la T.I.L.A. y el señor Vázquez Pérez un consumidor. El hecho de que la Asociación es una entidad sin fines de lucro que sólo presta a sus miembros a un interés más bajo que el prevaleciente en el mercado no la exime de cumplir con las disposiciones del T.I.L.A. Recor-demos que las cooperativas son entidades sin fines de lucro que solamente prestan a sus socios, también a un interés más bajo, sin embargo, están sujetas a la ley. Por lo tanto, en este punto no podemos estar de acuerdo con el tribunal de instancia. Habiéndose determinado que a la Asociación le aplican las disposiciones del T.I.L.A., veamos entonces en qué consistió la violación en que se incurrió en el caso ante nos.

IV

El T.I.L.A. es esencialmente una ley que impone la obligación de divulgarle al consumidor cierta información que se considera esencial para que éste pueda tener un conocimiento informado del costo de la transacción que está efectuando. Se ha sostenido reiteradamente que la información más importante que tiene que ofrecérsele al consumidor, de acuerdo con la T.I.L.A., es el cargo por financiamiento y la tasa de porciento anual. Esta información representa el costo del crédito para una transacción en particular. 15 U.S.C. see. 1638; Reglamento Z, 12 C.F.R. see. 226.6 (1985); Herrera v. First Northern Sav. and Loan Ass’n, supra, pág. 900; Thomas v. Myers-Dickson Furniture Company, supra, pág. 745; First Acadiana Bank v. Federal Deposit Ins. Corp., 833 F.2d 548, 551 (5to Cir. 1987).

Por otra parte, la jurisprudencia ha establecido que tiene que cumplirse estrictamente con los requisitos técni-cos de la ley. Así, en Smith v. Chapman, 614 F.2d 968, 971 (5to Cir. 1980), se dijo:

Second, the applicable standard is strict compliance with the technical requirements of the Act. Only adherence to a strict compliance standard will promote the standardization of terms which will permit consumers readily to make meaningful comparisons of available credit alternatives.

La Asociación, por su parte, aceptó, en su memorando en oposición a que se expidiera el auto de certiorari, que de la notificación de préstamo concedido surge la información siguiente:

— Nombre y dirección del socio.
— Agencia de trabajo.
— Importe total del préstamo concedido.
— Intereses a descontar
— Préstamos anteriores a descontar.
— Otros descuentos como prima para garantía especial y se-guro de deuda.
— Total de descuentos.
— Balance a favor del socio.
— Número de plazos y cantidad mensual a pagar.
— Fecha en que habrá de hacer el primer y último pago.
— Fecha en que podrá renovar el préstamo.

Alega que el hecho de que la hoja de notificación de préstamo no indique los cargos por financiamiento, partida que no se cobra en los préstamos que otorga la Asociación, ni el tipo de interés que se está cobrando, no exime al demandado del cumplimiento de la obligación. Sostiene, además, que los intereses de los socios a quienes la Asociación presta dinero están debidamente protegidos por la propia ley de la Asociación y sus Reglamentos, y que la T.I.L. A. no aplica cuando existe legislación estatal que provee la pro-tección que ésta ofrece a los consumidores de crédito. Añade que la T.I.L.A. y su Reglamento dispone, en su parte pertinente, que si existe legislación estatal no incompatible con la federal, prevalecerá la local. 15 U.S.C. sec. 1610. De acuerdo con los hechos del caso de autos no le asiste la razón a la Asociación. Veamos.

La ley que crea la Asociación de Empleados es anterior al T.I.L.A. La misma no contiene disposición alguna que establezca qué información debe detallársele al socio al éste solicitar un préstamo y concedérsele el mismo. Tampoco el Reglamento de la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico de 31 de julio de 1963, contiene disposición alguna a tales efectos. La Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico fija el máximo de interés anual que puede cobrar la Asocia-ción en un 7%. See. 7 de la Ley Núm. 133, supra, 3 L.P.R.A. sec. 862f. Pero el hecho de que se indique en la ley el por ciento máximo de interés anual, no es suficiente para que el socio tenga una idea exacta del costo real del préstamo obtenido. Tiene que cumplirse con lo indicado por el Regla-mento Z, 12 C.F.R. see. 226.8 (1985). En otras palabras, debe ofrecérsele dicha información en la hoja de notifica-ción de préstamo y resaltarla del resto de la information.

Con relación a la alegación de la Asociación de que si existe legislación estatal que provea la protección que ofrece la legislación federal no aplicará la federal, sobre este punto se ha sostenido que los requisitos estatales sobre información al consumidor tienen que ser sustancialmente similares a los exigidos por la ley federal o más amplios.() De lo contrario, aplicará la ley federal. Keest y Sarason, Jr., op. cit, pág. 56. No encontramos que la ley que crea la Asociación contenga tales requisitos de divulgación.

Por último, la ley federal provee para la imposición de penalidades civiles y criminales contra los acreedores que violenten sus disposiciones. 15 U.S.C. sees. 1611 y 1640.() Sin embargo, las agencias del Gobierno federal y de los gobiernos estatales no están sujetas a estas sanciones. A pesar de ello, sí tienen el deber de informarle al consumidor el tipo de interés a cobrarse. 15 U.S.C. see. 1612.() Pasemos a considerar si la Asociación es una agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

La ley que crea la Asociación no define si ésta es una agencia, departamento, instrumentalidad o corporación pública. En First Federal v. Srio. de Hacienda, 86 D.P.R. 56, 70 (1962), dijimos que la Asociación es “ ‘una institución pública de carácter compulsorio para todos los empleados y funcionarios públicos’ del Gobierno de Puerto Rico ‘siendo sus fines estimular el ahorro entre sus asociados y asegurarlos contra inutilidad física o muerte, efectuar préstamos, proveerlos de hogares y clínica para el tratamiento médico de ellos y sus familiares ”. Más adelante, señalamos que “[d]icha institución se gobierna por una Junta de Directores en la cual, por mandato de la ley, cada una de las tres ramas del gobierno, la Legislativa, la Ejecutiva y la Judicial tienen representantes”. Id., pág. 71.

Por otra parte, los empleados de la Asociación no están cubiertos por la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975 (3 L.P.R.A. see. 1301 y ss.). La entidad sólo presta servicio a los empleados públicos, quienes por ley están obligados a pertenecer a la misma. La Asociación tiene personalidad jurídica y capacidad para demandar y ser demandada. Su Junta de Directores puede llevar a cabo transacciones a nombre de la Asociación para adquirir y poseer bienes en cualquier forma legal para realizar los fines de la Asociación. Puede enajenar, vender, gravar, permutar, traspasar, dar opciones de venta, vender a plazos, dar en arrendamiento o de otro modo disponer de sus bienes. Está autorizada para tomar préstamos y garantizar el pago de los mismos y sus intereses. Puede hipotecar, prorrogar, dar en prenda y gravar en cualquier otra forma las propieda-des de la Asociación. Está facultada por ley a aceptar do-naciones y/o aportaciones de individuos e instituciones, del gobierno municipal y estatal, y del Gobierno de Estados Unidos, para usarlas y/o parearlas con fondos de la Asocia-ción en el desarrollo de proyectos o facilidades en beneficio de sus socios y del público en general. Véase 3 L.P.R.A. see. 862f.

La Asociación no recibe ayuda económica alguna del Gobierno de Puerto Rico y funciona de manera muy parecida a una cooperativa de ahorro y crédito; se alimenta del salario mensual de los empleados públicos. A éstos se les descuenta no menos del tres por ciento (3%) de su salario mensual a través del Fondo de Ahorro y Préstamo.

El dinero que la Asociación no utiliza en préstamos a sus socios se invierte, con la aprobación del Secretario de Hacienda, en bonos del Gobierno o de corporaciones públi-cas y privadas, lo que genera ingresos adicionales en la forma de dividendos.

Además, la Asociación recibe otros ingresos por el alqui-ler de apartamentos en su centro vacacional en Guánica y por el alquiler de espacios para oficinas en su edificio principal en Hato Rey. Véase Manual del Asociado de la Aso-ciación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Un dato muy importante es que la Asociación es dirigida por los mismos empleados públicos que la compo-nen, es decir, por sus socios.

La sec. 863f del Título 3 de L.P.R.A. fue enmendada el 11 de agosto de 1988 para, eliminar el poder de supervisión que tenía el Secretario de Hacienda sobre los fondos de la Asociación. A tales efectos, la citada sec. 863f dispone que “los fondos de la Asociación serán depositados por la Junta de Directores en uno o más bancos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, prefiriéndose a la institución bancaria que en igualdad de condiciones ofrezca mayor tipo de interés”.

Por otra parte, la sec. 863a del Título 3 de L.P.R.A. de-clara exentas de pago de todo derecho la inscripción y can-celación en el Registro de la Propiedad de toda clase de escrituras y otros documentos relativos a préstamos hipo-tecarios concedidos por la Asociación. Además, ordena a los registradores a que faciliten, libre de costo alguno, todos los informes y certificaciones que solicite el Director Ejecu-tivo de la Asociación acerca de las propiedades que posean las personas propuestas como fiadores de los préstamos que se tramiten en la Asociación.

De todo lo antes expuesto, se puede colegir que, aunque la Asociación es un organismo creado gubernamentalmente, altamente reglamentado, cuyo propósito es implantar la política gubernamental del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de estimular el ahorro entre los empleados públicos, no puede considerarse como agencia, departamento, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno. Por tal razón, es menester concluir que la Asociación sí está sujeta a las penalidades que provee la T.I.L.A. Cabe señalar además que, a pesar de que la Asociación tiene que cumplir con las penalidades de la T.I.L.A., la deuda del señor Vázquez Pérez con la Asociación subsiste y ésta puede exigir el pago de la misma. No procede en este caso la rescisión que provee la T.I.L.A.

La see. 1640 de la T.I.L.A., 15 U.S.C., provee para la imposición de daños alegados por la persona afectada como resultado del incumplimiento con los requisitos de divulgación que impone la ley. Dicha concesión de daños dependerá de los que el consumidor pueda probar que resultaron como consecuencia del incumplimiento del acreedor. En el caso de autos no se alegó daño alguno por parte del consumidor y mucho menos desfiló prueba de ello.

No obstante, la see. 1640 de la T.I.L.A., supra, en su inciso (3), dispone para la concesión de las costas del litigio y honorarios de abogado en una acción instada por el consumidor, en la que éste salga airoso, para hacer cumplir al acreedor con las disposiciones de la ley.

En virtud de lo anterior, se revoca la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Aguadilla, de 27 de abril de 1987y se ordena a la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que cumpla con las disposiciones de la ley federal conocida como “Truth in Lending Act”. Se conceden honorarios de abogado en la cantidad de cuatro-cientos dólares ($400.00) y se devuelve el caso para que se haga la debida determinación de las costas a tenor con lo que dispone el inciso (3) de la see. 1640 de la T.I.L.A.

El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió una opinión concurrente y de conformidad. El Juez Asociado Señor Fuster no intervino.

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Opinión concurrente y de conformidad emitida por

el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Suscribo la opinión del Tribunal que extiende el Truth in Lending Act, 15 U.S.C. sec. 1601 et seq., a los préstamos otorgados por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta legislación federal es uno de los instrumentos más efectivos e importantes de protección al consumidor que rigen la otorgación de crédito en Esta-dos Unidos y Puerto Rico. Sus requisitos de divulgación del costo del crédito permite que todos los consumidores pue-dan obtener la información sobre los términos de crédito y, en particular, la tasa periódica anual de interés y los car-gos de financiamiento cobrados por las distintas entidades financieras. La ley establece unos requisitos uniformes para el cómputo de la tasa periódica anual (annual percentage rate) y de los cargos de financiamiento, y requiere que el costo total de estos cobros se divulguen antes de que se efectúe una transacción. De esta manera se facilita al con-sumidor la información que necesita para hacer una selec-ción entre las alternativas de crédito disponibles en el mercado.

Además de su propósito de proteger al consumidor, el estatuto evita prácticas fraudulentas en la otorgación de crédito y asegura que todos los que proveen crédito al con-sumidor observen unas reglas y adopten unas medidas cautelares para evitar sus penalidades.

It was both consumer protection legislation, recognizing “the right to be informed —to be protected against fraudulent, deceitful, or grossly misleading information, advertising, labeling, or other practices, and to be given the facts the needs to make an informed choice” and legislation designed to protect the “ethical and efficient lender or credit extender”, thus invigorat[ing] competition. Further, it was felt that an informed consumer credit market would help stabilize the economy by encouraging consumer restraint when interest rates increase, and consumer activity when rates drop “as economic activity recedes”. K.E. Keest y E.L. Sarason, Jr., Truth in Lending, 2da ed., Boston, National Consumer Law Center, 1989, pág. 26.

La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado no es “un negocio privado ni tiene fines de lucro o especulación”. Berrios Miranda v. Asociación de Emplea- dos, 88 D.P.R. 809, 820 (1963). Es una entidad creada para promover el bienestar social, económico y físico de los em-pleados públicos que realmente funciona como una coope-rativa de ahorro y crédito. La Asociación rinde un valioso servicio a todos los empleados regulares de agencias guber-namentales que están obligados por ley a pertenecer a la entidad y a quienes se les descuenta un por ciento de su salario mensual para ahorros.

La entidad ofrece a sus socios distintos tipos de servicios. Entre éstos, los más importantes son su pro-grama de préstamos que incluyen desde los personales hasta los de seguro de automóvil. Para los empleados pú-blicos y los pensionados acogidos al Fondo de Ahorro y Préstamos, la Asociación provee una alternativa de crédito a las entidades financieras que operan con ánimo de lucro y a las cooperativas de ahorro y crédito. De hecho, miles de empleados públicos anualmente obtienen préstamos de la Asociación para atender algunas necesidades apremiantes. En 1991 la Asociación prestó la cantidad de $638.3 millo-nes a sus socios. Véase Estadísticas de Deudas de Consu-midores, Negociado de Estudios Económicos y Sociales, Junta de Planificación, 1991.

Por la importancia de estos servicios, sus operaciones deben ser ejemplarizantes. Fiel a sus postulados, la Asocia-ción debe estar siempre a la vanguardia en sus servicios a los asociados, y sus programas de orientación deben divul-gar toda la información sobre las condiciones y el costo del financiamiento que necesitan los consumidores para hacer una selección juiciosa entre las alternativas de crédito disponibles. De esta manera cumple efectivamente con sus propósitos sociales y económicos de proveerles a los em-pleados públicos una verdadera alternativa que le ofrezca a éstos acceso a la banca comercial en sus ahorros y en sus transacciones de crédito.

Considerando sus propósitos y los servicios ofrecidos a sus miembros, nos sorprende que la Junta de Directores de la Asociación haya hecho caso omiso desde su aprobación e insista en la inaplicabilidad del Truth in Lending Act en sus operaciones financieras. En la eliminación de esta práctica es que radica el valor de nuestra adjudicación.

Por las anteriores consideraciones, suscribo la opinión del Tribunal.

      (1) Ni en el pagaré ni en la hoja de notificación de préstamo se indica específi-camente cuánto es el por ciento de interés anual que se cobra por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (en adelante Asociación). Sen-cillamente se indica en el pagaré mediante la frase “por el tipo de interés permitido por ley” que se cobrarán intereses.

      (2) “REGLA 60. RECLAMACIONES DE QUINIENTOS DOLARES O MENOS

      “Cuando se presentare un pleito en cobro de una suma que no exceda de qui-nientos (500) dólares exclusive de los intereses, el secretario inmediatamente notifi-cará al demandado por correo, telégrafo o cualquier otro medio de comunicación por escrito.
      “Si el demandado residiere fuera de Puerto Rico se hará su citación por edicto de acuerdo a la Regla 4.5.
      “La notificación especificará la naturaleza de la reclamación y la fecha señalada para la vista. Dicha vista se celebrará en la fecha más próxima posible, pero nunca antes de cinco (5) días de la notificación al demandado. El demandado deberá pre-sentar todas las defensas en la vista. El tribunal entenderá en todas las cuestiones litigiosas en el acto de la vista y dictará sentencia inmediatamente. Si el demandado no compareciere, el tribunal, al determinar que fue debidamente notificado y que se le debe alguna suma al demandante, dictará sentencia. Si se demostrare al tribunal que el demandado tiene alguna reclamación sustancial, o en el interés de la justicia, el tribunal podrá ordenar que el pleito se continúe tramitando bajo el procedimiento prescrito por estas reglas.” 32 L.P.R.A. Ap. III.

      (3) La sec. 1601 del Título 15 de U.S.C. dispone:

        “Sec. 1601. Congressional findings and declaration of purpose

      “(a) The Congress finds that economic stabilization would be enhanced and the competition among the various financial institutions and other firms engaged in the extension of consumer credit would be strengthened by the informed use of credit. The informed use of credit results from an awareness of the cost thereof by consumers. It is the purpose of this subchapter to assure a meaningful disclosure of credit terms so that the consumer will be able to compare more readily the various credit terms available to him and avoid the uninformed use of credit, and to protect the consumer against inaccurate and unfair credit billing and credit card practices.

      “(b) The Congress also finds that there has been a recent trend toward leasing automobiles and other durable goods for consumer use as an alternative to installment credit sales and that these leases have been offered without adequate cost disclosures. It is the purpose of this subchapter to assure a meaningful disclosure of the terms of leases of personal property for personal, family, or household purposes so as to enable the lessee to compare more readily the various lease terms available to him, limit balloon payments in consumer leasing, enable comparison of lease terms with credit terms where appropriate, and to assure meaningful and accurate disclosures of lease terms in advertisements.” (Enfasis suplido.)

      (4) La sec. 1604 del Título 15 de U.S.C., en lo pertinente, dispone:

        “See. 1604. Disclosure guidelines

        “Promulgation, contents, etc., of regulations

      “(a) The Board shall prescribe regulations to carry out the purposes of this subchapter. These regulations may contain such classifications, differentiations, or other provisions, and may provide for such adjustments and exceptions for any class of transactions, as in the judgment of the Board are necessary or proper to effectuate the purposes of this subchapter, to prevent circumvention or evasion thereof, or to facilitate compliance therewith.”

       La see. 1602 del Título 15 de U.S.C., en el inciso (e), define el término “cré-dito” de la manera siguiente:
      “(e) The term ‘credit’ means the right granted by a creditor to a debtor to defer payment of debt or to incur debt and defer its payment.”

       La Asociación alegó, en su memorando en oposición a que se expidiera el auto de certiorari, que ésta no cobra gastos por financiamiento, por lo tanto, sostiene que no le aplica el T.I.L.A.

       Con relación a la regla de pagadero en cuatro (4) plazos o más, se ha dicho lo siguiente:
      “One of the underlying assumptions for the ‘more than four installments’ rule is that merchants might circumvent the objective of the TILA by ‘burying the cost of credit in the price of the goods sold’. The mere fact that a transaction falls within the more than four installment rule does not necessarily mean that a finance charge is involved. But a transaction within the scope of TILA that has no finance charge, a nominal finance charge, or an unusually high sales price should be regarded with a healthy degree of skepticism as to the accuracy of the finance charge. Indeed a finance charge may be “hidden’ in the inflated cash price.
      Proving the hidden finance charge, of course, takes some care. Just because a good or service is overpriced does not necessarily mean that there is a hidden finance charge.” (Escolios omitidos.) K.E. Keest y E.L. Sarason, Jr., Truth in Lending, 2da ed., Boston, National Consumer Law Center, 1989, pág. 92.

      (8) Las transacciones siguientes no están cobijadas por el T.I.L.A., de acuerdo con la see. 1603 del Título 15 de U.S.C.:
      “(1) Credit transactions involving extensions of credit primarily for business, commercial, or agricultural purposes, or to government or governmental agencies or instrumentalities, or to organizations.
      (2) Transactions in securities or commodities accounts by a brokerdealer registered with the Securities and Exchange Commission.
      (3) Credit transactions, other than those in which a security interest is or will be acquired in real property, or in personal property used or expected to be used as the principal dwelling of the consumer, in which the total amount financed exceeds $25,000.
      (4) Transactions under public utility tariffs, if the Board determines that a State regulatory body regulates the charges for the public utility services involved, the charges for delayed payment, and any discount allowed for early payment.”

       La see. 1610 de la ley federal T.I.L.A., 15 U.S.C., dispone lo siguiente:

        “See. 1610. Effect on other laws

        “Inconsistent provisions; procedures applicable for determination

      “(a)(1) This part and parts B and C of this subchapter do not annul, alter, or affect the laws of any State relating to the disclosure of information in connection with credit transactions, except to the extent that those laws are inconsistent with the provisions of this subchapter and then only to the extent of the inconsistency. Upon its own motion or upon the request of any creditor, State or other interested party which is submitted in accordance with procedures prescribed in regulations of the Board, the Board shall determine whether any such inconsistency exists. If the Board determines that a State-required disclosure is inconsistent, creditors located in that State may not make disclosures using the inconsistent term or form, and shall incur no liability under the law of that State for failure to use such term or form, notwithstanding that such determination is subsequently amended, rescinded, or determined by judicial or other authority to be invalid for any reason.
      “(2) Upon its own motion or upon the request of any creditor, State, or other interested party which is submitted in accordance with procedures prescribed in regulations of the Board, the Board shall determine whether any disclosure required under the law of any State is substantially the same in meaning as a disclosure required under this subchapter. If the Board determines that a State-required disclosure is substantially the same in meaning as a disclosure required by this sub-chapter, then creditors located in that State may make such disclosure in compliance with such State law in lieu of the disclosure required by this subchapter, except that the annual percentage rate and finance charge shall be disclosed as required by section 1632 of this title.

        “State credit charge statutes

      “(b) This subchapter does not otherwise annul, alter or affect in any manner the meaning, scope or applicability of the laws of any State, including, but not limited to, laws relating to the types, amounts or rates of charges, or any element or elements of charges, permissible under such laws in connection with the extension or use of credit, nor does this subchapter extend the applicability, of those laws to any class of persons or transactions to which they would not otherwise apply.”

       Hemos examinado el Reglamento de Préstamos de la Asociación de Emplea-dos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 27 de septiembre de 1978 y de 30 de marzo de 1988. El mismo tampoco contiene disposición alguna referente a la infor-mación que debe indicársele al socio en la hoja de notificación de préstamo.

       Se ha señalado con respecto a la tasa de por ciento anual lo siguiente:
      “The ‘annual percentage rate’ must be disclosed using that term, and a brief description of the annual percentage rate must also be provided; the Regulation suggests using the description ‘the cost of your credit as a yearly rate.’” Keest y Sarason, Jr., op. cit., pág. 121.

      (12) La Sec. 224.28(a)3 del citado libro de Keest y Sarason, Jr. dispone:
      “Generally, state law requirements that call for the disclosure of items of information not covered by the Federal Law, or that require more detailed disclosures, do not contradict the federal requirements.”
      Bajo las Secs. 226.29(a)2 y 226.29(a)3 (State Exemptions), el libro de Keest y Sarason, Jr., op. cit, págs. 508-509, dispone, como regla general, lo siguiente:
      “2. The ‘substantially similar’ standard requires that state statutory or regulatory provisions and State interpretations of those provisions be generally the same as the federal act and Regulation Z. This includes the requirement that state provisions for reimbursement to consumers for overcharges be at least equivalent to those required in section 108 of the act.

        “3. The standard requiring adecúate provision for enforcement generally means that appropriate state officials must be authorized to enforce the state law through the procedures and sanctions comparable to those available to federal enforcement agencies. Furthermore, state law must make adequate provision for enforcement of the reimbursement rules.”

      (13) Las secs. 1640 y 1611 del Título 15 de U.S.C., disponen en lo pertinente al caso de autos, lo siguiente:

        “See. 1640. Civil liability

        “Individual or class action for damages; amount of award; factors determining amount of award

      “(a) Except as otherwise provided in this section,, any creditor who fails to comply with any requirement imposed under this part, including any requirement under section 1635 of this title, or part D or E of this subchapter with respect to any person is liable to such person in an amount equal to the sum of—
      “(1) any actual damage sustained by such person as a result of the failure;
      “(2) (A)(i) in the case of an individual action twice the amount of any finance charge in connection with the transaction, or (ii) in the case of an individual action relating to a consumer lease under part E of this subchapter, 25 per centum of the total amount of monthly payments under the lease, except that the liability under this subparagraph shall not be less than $100 nor greater than $1,000; or
      “(B) in the case of a class action, such amount as the court may allow, except that as to each member of the class no minimun recovery shall be applicable, and the total recovery under this subparagraph in any class action or series of class actions arising out of the same failure to comply by the same creditor shall not be more than the lesser of $500,000 or 1 per centum of the net worth of the creditor; and
      “(3) in the case of any succesful action to enforce the foregoing liability or in any action in which a person is determined to have a right of rescission under section 1635 of this title, the costs of the action, together with a reasonable attorney’s fee as determined by the court.

        “Sec. 1611. Criminal liability for willful and knowing violation

      “Whoever willfully and knowingly
      “(1) gives false or inaccurate information or fails to provide information which he is required to disclose under the provisions of this subchapter or any regulation issued thereunder,
      “(2) uses any chart or table authorized by the Board under section 1606 of this title in such a manner as to consistently understate the annual percentage rate determined under section 1606(a)(1)(A) of this title, or
      “(3) otherwise fails to comply with any requirement imposed under this sub-chapter, shall be fined not more than $5,000 or imprisoned not more than one year, or both.”

      (14) El inciso (b) de la see. 1612 del Título 15 de U.S.C. dispone:

        “Inapplicability of Federal civil or criminal penalties, to Federal, state, and local agencies

      “(b) No civil or criminal penalty provided under this subchapter for any violation thereof may be imposed upon the United States or any department or agency thereof, or upon any State or political subdivision, thereof, or any agency of any State or political subdivision.”
      Es importante aclarar que cuando se menciona la palabra “estado” en esta ley, se refiere también al Estado Libre Asociado de Puerto Rico.


author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton

text:
    José Carlos Colón Ventura y otros, demandantes y recurridos, v. Hon. Justo A. Méndez y otros, demandados y recurrentes.

      Número: RE-88-30

      Resuelto: 5 de mayo de 1992

      Rafael Ortiz Carrión y Jorge E. Pérez Díaz, Procuradores Ge-nerales, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General Auxi-liar, Sylvia Cando Bigas y Laura Ydrach Vivoni, Procura-doras Generales Auxiliares, abogados de la parte recurrente; Arturo Arzón Rivera, abogado de la parte recurrida.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

El Departamento de Recursos Naturales recurre ante este Foro para que revoquemos una sentencia emitida por el Tribunal Superior, Sala de Humacao, que resolvió que la agencia carecía de jurisdicción para adjudicar una contro-versia surgida respecto a una propiedad a ser restaurada en la zona costanera de Culebra. Debido al valor ecológico de la Isla de Culebra y a la necesidad de que se delimitara la jurisdicción de las distintas agencias gubernamentales que protegen su ambiente, expedimos el auto de revisión. Concluimos que el Departamento de Recursos Naturales tiene a su cargo la vigilancia y protección de la zona marí-timo-terrestre en todo Puerto Rico y revocamos.

H

El Sr. José Carlos Colón Ventura (de aquí en adelante Colón Ventura) posee una estructura en la Calle Escudero #150 del poblado de Dewey en Culebra, Puerto Rico. Como la casa está ubicada en “la zona costanera” y Colón Ven-tura interesaba “reparar las partes afectadas y podridas por la polilla”, solicitó de la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra (de aquí en adelante la Autoridad) un endoso para realizar dicha obra de restauración. Al poco tiempo la Autoridad concedió el endoso “única y exclusiva-mente para reparar las partes más deterioradas de la es-tructura” (Exhibit IX, pág. 81), con la condición siguiente:

En vista de que los terrenos utilizados por el solicitante, están ubicados en terrenos rescatados al mar o en zona marítima terrest[r]e, que son terrenos de dominio público, bajo el control del Departamento de Recursos Naturales, el peticionario deberá solicitar de dicho Departamento mi endoso para realizar la ac-tividad arriba descrita. (Enfasis suplido.) Exhibit IX, pág. 81.

El mismo día en que se le concedió este endoso, Colón Ventura procedió a presentar una petición en el Departa-mento de Recursos Naturales (de aquí en adelante Recur-sos Naturales). La agencia concedió permiso para realizar la obra sujeto a que no se hiciera una reconstrucción total de la estructura y que reparara mediante el uso de madera y zinc. De esta manera, expresamente, se excluyó el uso de hormigón, cemento o bloques.

Así las cosas, a través de la Autoridad, Recursos Natu-rales advino en conocimiento que el señor Colón Ventura había procedido a demoler la estructura. Por medio de un vigilante, la agencia obtuvo información de que había blo-ques y cemento en el solar y de que Colón Ventura se pro-ponía construir con los referidos materiales.

A raíz de las violaciones a los endosos concedidos, Re-cursos Naturales ordenó al querellado que detuviera la obra de construcción y lo citó para una vista administrativa. En dicha vista tendría la oportunidad de ser oído, de contrainterrogar testigos y de estar asistido por un abogado.

Poco tiempo después, Colón Ventura presentó ante Re-cursos Naturales una moción de desestimación en la que impugnó su jurisdicción, alegando que esa agencia no es-taba facultada para requerir un endoso con respecto a la obra que él se proponía realizar. Alegó que dicha facultad era exclusiva de la Autoridad de Preservación y Desarrollo de Culebra, en virtud de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975 (21 L.P.R.A. see. 890 et seq.).

Antes que la agencia resolviera su moción de desestima-ción, Colón Ventura presentó una demanda contra Recur-sos Naturales en virtud de la cual solicitaba que se expi-diera un injunction para que la referida agencia se abstuviera de intervenir con las obras de construcción que él se disponía a realizar. El día de la vista señalada por el tribunal a quo, Recursos Naturales notificó a Colón Ven-tura la contestación a la demanda. En la misma, la agencia adujo por vía de defensa afirmativa y mediante reconven-ción, que la estructura en controversia estaba ubicada en una zona marítimo-terrestre y que, por consiguiente, era de dominio público. Invocó la definición de lo que consti-tuye una zona marítimo-terrestre contenida en la Ley de Muelles y Puertos de Puerto Rico de 1886.

El 20 de noviembre de 1987 el Tribunal Superior (Hon. María Gómez, Juez) dictó sentencia y declaró con lugar la demanda de injunction. Ordenó al Departamento de Re-cursos Naturales que de forma inmediata cesara de inter-venir con las obras de reparación de Colón Ventura. Con-cluyó que Recursos Naturales carecía de jurisdicción sobre la zona marítimo-terrestre de Culebra. El tribunal enten-dió, además, que tanto la Autoridad como Recursos Natu-rales tenían que aceptar la zonificación establecida por la Junta de Planificación respecto a ese solar y que tan solo a la Administración de Reglamentos y Permisos le corres-pondía limitar el tipo de materiales a utilizarse. Final-mente, resolvió que debido a la insuficiencia de la prueba presentada no podía concluir que el terreno donde se en-cuentra ubicada la estructura pertenece a la zona maríti-mo-terrestre y que, por consiguiente, tampoco podía resolver que era de dominio público.

De dicha sentencia recurre ante nos Recursos Naturales.() En resumen, alega que el Tribunal Superior se equivocó al declararlo sin jurisdicción sobre la contro-versia, al resolver que dicha agencia carecía de facultad para reglamentar el uso de materiales y al concluir que el terreno objeto de este pleito no estaba en la zona marítimo-terrestre. Identifican además como errores, el hecho de que el tribunal asumió jurisdicción en un pleito en el que no se habían agotado los remedios administrativos y al expedir un injunction para impedir la actuación de un funcionario público al amparo de una ley. Revocamos y devolvemos el caso a Recursos Naturales para la continuación de los procedimientos.

II

Argumenta el Procurador General en su escrito, que el Tribunal Superior estaba impedido de atender la contro-versia de autos porque el procedimiento iniciado a través del cauce administrativo no había culminado, es decir, que Colón Ventura no había agotado los remedios administrativos. Tiene razón. Veamos por qué.

Dos (2) son los principios que gobiernan el momento en que está disponible para una parte un remedio judicial, cuando también está a su alcance el cauce administrativo. Estas son la doctrina de jurisdicción primaria y la de agotamiento de remedios administrativos.

La doctrina de jurisdicción primaria, a su vez, tiene dos (2) vertientes, a saber: la jurisdicción primaria, exclusiva y la jurisdicción primaria concurrente. En la pri-mera, la ley dispone que el organismo será el único que tendrá jurisdicción inicial para examinar la reclamación. Aguilú v. P.R. Parking System, 122 D.P.R. 246 (1988). Alas cortes se les despoja de cualquier jurisdicción original que de otra forma poseerían y su función en los casos concerni-dos se limita a la revisión judicial. B. Schwartz, Administrative Law, 2da ed., 1984, Sec. 8.24, pág. 488.

La jurisdicción concurrente ocurre cuando la ley permite que la reclamación se inicie bien en el foro administrativo o en el judicial. Es decir, cuando una reclamación puede ventilarse en el foro judicial pero bajo un esquema regulatorio se ha referido a un cuerpo administrativo especializado, el proceso judicial queda suspendido por deferencia a la agencia. 4 Davis, Administrative Law Treatise Sec. 22.1, pág. 83 (2da ed. 1983).

A diferencia de la jurisdicción primaria, la doc-trina de agotamiento de remedios administrativos opera en una etapa posterior del procedimiento ante la agencia. El principio de agotamiento requiere que el que desee ob-tener un remedio en una agencia utilice todas las vías ad-ministrativas disponibles antes de recurrir al tribunal. Bajo esta doctrina la revisión judicial de la decisión admi-nistrativa no está disponible hasta que la parte afectada utilice todos los procedimientos correctivos ofrecidos por el proceso administrativo. Myers v. Bethlehem Corp., 303 U.S. 41, 50-51 (1938); Davis, Administrative Law Treatise, supra, Sec. 26:1; Schwartz, op. cit., pág. 503. El propósito de esta norma es establecer el momento idóneo en el cual el proceso judicial debe intervenir en una controversia some-tida previamente a la esfera administrativa. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991), y casos allí citados. Razo-nes de sana administración gubernamental nutren este principio:

Al invocar la doctrina y posponer la etapa en la cual el liti-gante puede recurrir a los tribunales, se logran varios objetivos. En primer lugar, antes de la intervención judicial la agencia puede desarrollar un historial completo del asunto ante su consideración. También puede utilizar el conocimiento especia-lizado de sus funcionarios para adoptar las medidas correspon-dientes de conformidad con la política pública formulada por la entidad y aplicar uniformemente sus poderes para poner en vigor las leyes, rectificar oportunamente sus errores o reconsi-derar el alcance de sus pronunciamientos. De esta manera se evitan los disloques causados por las intervenciones inoportu-nas de los tribunales en distintas etapas interlocutorias y el poder judicial conserva autoridad para intervenir en los mo-mentos en que sea necesario para evitar un daño irreparable a una persona. Rivera v. E.L.A., 121 D.P.R. 582, 595 (1988).

Además, recientemente el Tribunal Supremo de Estados Unidos, al reafirmar la sabiduría de la doctrina de agota-miento de remedios administrativos, expresó que la misma es requerida porque cumple un propósito dual de proteger la autoridad agencial y de promover la eficiencia judicial. McCarthy v. Madigan, 60 U.S.L.W. 4191 (1992).

Sin embargo, la doctrina de agotamiento de remedios administrativos, no es de aplicación inflexible. Existen circunstancias que justifican que un litigante pueda preterir el canal administrativo. Así, por ejemplo, hemos establecido que no es necesario concluir los trámites administrativos provistos cuando lo presentado es una cuestión de derecho que no requiere el ejercicio de discreción administrativa, hay una violación a los derechos civiles, el remedio administrativo es inútil e inadecuado, existe peligro de daño inminente o hay una clara ausencia de jurisdicción. Véanse, entre otros: Rivera v. E.L.A., supra; Delgado Rodríguez v. Nazario de Ferrer, 121 D.P.R. 347, 356 esc. 4 (1988).

Merece particular atención la excepción que se activa frente a un planteamiento de que la agencia ante la cual se está litigando carece de jurisdicción. De entrada, procede que aclaremos que no toda alegación de ausencia de jurisdicción va a tener el efecto de liberar a la parte de culminar sus gestiones en la agencia. Cualquier otra interpretación tendría el efecto de eliminar de facto la doctrina de agotamiento de remedios. Ante una alegación de ausencia de jurisdicción, es a la propia agencia, salvo unas ex-cepciones, a la que le corresponde hacer una determinación inicial de su propia jurisdicción.

En Vélez Ramírez v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 716, 723 (1982), adoptamos tres (3) criterios a utilizarse ante un señalamiento de ausencia de jurisdicción de la agencia. Allí dijimos que debía considerarse, en primer lugar, el riesgo de que se ocasione un daño irreparable si el tribunal pospone su intervención; en segundo lugar, el grado de claridad con que surja la ausencia o presencia de jurisdicción y, en tercer lugar, la pericia que tenga la agencia para dilucidar las cuestiones jurisdiccionales.

Estos criterios resumen los elementos que los tribunales deben tomar en consideración ante un planteamiento como éste. Apliquémoslos al caso de autos.

III

La posposición de la intervención del Tribunal, en primer lugar, no le ocasionará un daño irreparable al señor Colón Ventura. Aunque en sus escritos aduce que la estruc-tura que origina este litigio está deteriorándose, de los autos se desprende que él demolió la edificación original y, por ende, cualquier daño es autoinfligido.() En segundo lugar, y concediéndole al demandado que en efecto sufriría un daño, el perjuicio emana de las violaciones en las que él mismo incurrió de los endosos concedidos por la Autoridad, cuya jurisdicción no impugna en este caso en particular. () Como bien expresa la Procuradora General en este caso, el daño irreparable de Colón Ventura hay que evaluarlo frente al que sufre la ecología culebrense, en caso de que se determine que ésta es una de esas construcciones nocivas para la zona marítimo-terrestre. Esta es la primera razón que justifica la devolución de este pleito.

IV

Al abordar el asunto de la jurisdicción de Recursos Na-turales sobre la zona marítimo-terrestre de Culebra, lo ha-cemos conscientes de la oportunidad única que nos brinda esta controversia para poner de manifiesto la importancia ecológica y la gran riqueza de recursos naturales que tiene la isla municipio de Culebra. Veamos.

La isla de Culebra está ubicada a diecisiete (17) millas al este de Puerto Rico y comprende siete (7) millas a lo largo y tres y media (3V2) millas a lo ancho. Probablemente fue descubierta por Cristóbal Colón en 1493, pero se espe-cula que no fue sino hasta el siglo XIX que fuera habitada por alrededor de setecientas (700) personas. Después de la Guerra Hispanoamericana, Culebra, al igual que el resto de Puerto Rico, fue cedida mediante el Tratado de París al Gobierno de Estados Unidos.

Poco tiempo después, mediante una orden del Presi-dente Theodore Roosevelt, la isla de Culebra quedó bajo la jurisdicción de la fuerza naval norteamericana. Entre esa fecha y el año 1975 Culebra fue utilizada intermitente-mente como punto para prácticas de tiro y bombardeo aé-reo y naval. C. Feliciano Claro, Apuntes y comentarios de la colonización y liberación de la Isla de Culebra, Culebra, 1980, pág. 276.

No obstante, para la década de los setenta disminuyó el uso militar en la isla. También se desarrolló en Puerto Rico una intensa controversia sobre la presencia militar en esa isla. Informe Especial sobre la Instrumentación por la Marina de la Orden Ejecutiva Número 8684 del Presidente de los Estados Unidos de América sobre la Isla-Municipio de Culebra y los Derechos Civiles, Comisión de Derechos Ci-viles, San Juan, 1970, págs. 46-56. Gradualmente partes de Culebra fueron devueltas por las fuerzas navales a la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos, hasta que finalmente el Secretario de la Defensa anunció que todas las operaciones militares en Culebra cesarían el 1ro de julio de 1975.

Al concluir estas actividades militares, “se inició un pro-ceso de planificación ordenada del municipio”, y se declaró a Culebra un “caso especial” para propósitos de la regla-mentacón de uso de terrenos por parte de la Junta de Planificación. Culebra Enterprises Corp. v. E.L.A., 127 D.P.R. 943 (1991).

Paralelamente con estos desarrollos, otras agencias fe-derales y grupos ambientales habían manifestado interés en la conservación y el desarrollo de los elementos natura-les de Culebra. Su riqueza ecológica es excepcional. Cule-bra se caracteriza por su climatología seca. Posee trescien-tas setenta y dos (372) clases de plantas, treinta y tres (33) de las cuales se encuentran sólo en Culebra o sus islas cercanas, y tres (3) de las cuales sólo crecen en la isla. Sus bosques se distinguen por ser ricos en palmas reales. Cuenta la isla también con un extraordinario santuario de aves, algunas de ellas protegidas por estar en peligro de extinción y con unas áreas costeras donde las tortugas co-locan sus huevos. The Culebra Segment, estudio preparado por el Departamento de Recursos Naturales para el Pro-grama de Manejo de la Zona Costanera, pág. 1-1. Culebra también tiene varias playas al norte y al este de sus costas que son únicas en el Caribe.

Además, el valor de la vida coralina culebrense no puede ser cuantificado por constituir un ecosistema suma-mente complejo y productivo. Estos corales protegen a las costas, evitando su erosión, y en ellos habitan peces, lan-gostas y moluscos. The Culebra Segment, supra, pág. II-1.

Es precisamente por esta variedad e importancia ambiental que nos brinda la naturaleza culebrense que su ecosistema está tan intensamente reglamentado por el Estado. Al analizar la legislación ambiental aplicable a dicha isla encontramos que, aunque hay varias agencias gubernamentales que intervienen en su reglamentación y que la Autoridad tiene amplios poderes de custodia, conservación y administración de propiedades públicas en Culebra, la coordinación y fase operacional de estos programas descansa en el Departamento de Recursos Naturales. En estas circunstancias no podemos aceptar la contención del recurrido de que la creación de la Autoridad ha tenido el efecto de privar a Recursos Naturales de su jurisdicción sobre la zona marítimo-terrestre de Culebra. El esquema estatutario y la importancia ambiental de la isla apoyan la conclusión de que Culebra está protegida por ambas agen-cias aunque en facetas diversas. Veamos el origen de ellas.

V

En primer lugar, somos conscientes que la protección y la preservación de los recursos naturales y el ambiente puertorriqueño es de tal importancia que goza de rango constitucional. Encontramos el inicio del interés en la preservación de dichos recursos en la Sec. 19 del Art. VI de la Constitución, L.P.R.A., Tomo 1, ed. 1982, pág. 379, al declararse expresamente que “[s]erá política pública del Estado Libre Asociado [de Puerto Rico] la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad ...”. La razón de ser de estas agencias se encuentra, por lo tanto, en la propia Constitución del E.L.A.

Con esta política pública en mente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley sobre Política Pública Ambiental, 12 L.P.R.A. see. 1121 et. seq., y además, creó un Departamento de Recursos Naturales “para que en dicha agencia se efectúe una centralización efectiva de las funciones operacionales y de implementación de reglamentos concernientes a problemas ambientales ...”. (Enfasis suplido.) Informe Conjunto al Senado de Puerto Rico sobre el P. del S. 1279 de 20 de abril de 1972, 6ta Asamblea Legislativa, 4ta Sesión Ordinaria, pág. 5.

Mediante dicha pieza legislativa se le transfirió a Recursos Naturales los poderes de la Comisión de Minería, las funciones del Secretario Auxiliar a cargo de Recursos Naturales del Departamento de Transportación y Obras Públicas, las facultades del Secretario de Transportación y Obras Públicas sobre prevención de inundaciones y conser-vación de ríos y playas, las actividades de la Comisión de Servicio Público relacionadas con la concesión de franqui-cias para el uso de las aguas públicas y el cumplimiento de la Ley de Aguas, y múltiples otras funciones relacionadas con el medio ambiente de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. see. 156.

Además de las facultades que le fueron transferidas a Recursos Naturales, se le concedió la importante función de vigilar y conservar las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo ellos y la zona marítimo-terrestre. Además, se le delegó el poder de conceder permisos para el uso y aprovechamiento de la zona marítimo-terrestre en todo Puerto Rico, incluyendo Culebra:

El Secretario de Recursos Naturales tendrá ... las siguientes facultades y deberes:
. . . . . . . .
(h) ejercer la vigilancia y conservación de las aguas territoria-les, los terrenos sumergidos bajo ellas y la zona marítimo te-rrestre, conceder franquicias, permisos, y licencias de carácter público para su uso y aprovechamiento y establecer mediante reglamento los derechos a pagarse por los mismos. (Enfasis suplido.) 3 L.RR.A. see. 155.

Sin embargo, impulsada por el retiro de la armada norteamericana de Culebra y debido a las necesidades particulares del medio ambiente culebrense, la Asamblea Legislativa aprobó una medida específica para el manejo y la administración de las tierras y playas que nuevamente pasaban a manos puertorriqueñas. Se creó mediante la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975 una corporación pública denominada “Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra”, 21 L.P.R.A. secs. 890-890l.

De la exposición de motivos de dicha ley se desprende que mediante la aprobación de la misma la Asam-blea Legislativa tuvo la intención de crear una entidad adi-cional a las ya existentes para atender los particulares problemas que enfrenta la ecología y los recursos naturales de Culebra. El legislador dejó establecido su propósito al expresar que:

Actualmente el municipio, la Junta de Planificación, la Junta de Calidad Ambiental, el Departamento de Recursos Naturales y otras agencias del Gobierno, vienen haciendo esfuerzos por-que estos objetivos se logren y continuarán haciéndolo.
Es necesario, sin embargo que, dada las características espe-ciales de esta Isla Municipio, se creen instrumentos adicionales que en coordinación con el municipio, las agencias e instrumen-talidades del Gobierno, concentre esfuerzos y recursos de diversa índole en ayudar a que los objetivos ya mencionados se logren plenamente.
Este es el propósito de esta “Ley de Conservación y Desarro-llo de Culebra”, a saber: reconocer las características únicas de esta Isla Municipio; establecer unas políticas públicas dentro de las cuales se enmarque la conservación y el desarrollo de Culebra; y proveer un instrumento corporativo que constituya una herramienta adicional a las ya existentes para lograr los objetivos aquí descritos. (Enfasis suplido.) Exposición de Moti-vos de la Ley Núm. 66 de 22 de junio de 1975, Leyes de Puerto Rico, pág. 168.

La Asamblea Legislativa concedió amplios poderes a la Autoridad en la consecución de su política pública. Entre ellos se encuentra la facultad para recibir donaciones, negociar y firmar convenios o documentos con agencias federales relativas a la transferencia de título de propiedad que anteriormente estuvo bajo la jurisdicción del Gobierno de Estados Unidos, la administración de terrenos federales que se encuentren en Culebra, la conservación, custodia, desarrollo y estudio de toda clase de bienes para el disfrute de los ciudadanos de la isla y el asesoramiento de la Junta de Planes, la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales. 21 L.P.R.A. sec. 890d(l). La Autoridad tiene, además, el poder de dictar órdenes de hacer y de no hacer, de cese y desistí-miento, y de celebrar vistas administrativas. 21 L.P.R.A. sec. 890d(Z)(o). En cuanto a la zona marítimo-terrestre, la ley dispone textualmente:

(1) La Autoridad ejercerá todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a cabo la política pública legislativa y los propósitos de las sees. 890 a 890(Z) de este título, incluyendo, pero sin limitarse, a los siguientes:
. . . . . . . .
(n) aprobar, enmendar y revocar sus reglamentos para llevar a cabo la política pública y los propósitos de las sees. 890 a 890(Z) de este título. Estos reglamentos podrán referirse entre otros asuntos a:
. . . . . . . .
(2) el uso o aprovechamiento de las aguas superficiales; la extracción de aguas subterráneas y de materiales de la corteza terrestre; la custodia y protección de la zona marítimo-terrestre y de las aguas navegables ... 21 L.P.R.A. secs. 890d(l), 890d(l)(n) y 890d(l)(n)(2).

Surge del estatuto que la Autoridad tiene facultad, ade-más, para reglamentar la zona marítimo-terrestre. Este hecho ¿significa que Recursos Naturales ha perdido juris-dicción para vigilar y conservar esa zona en Culebra? Re-solvemos que no.

En primer lugar, la Autoridad está adscrita al Departa-mento de Recursos Naturales y su Secretario preside la Junta Directiva de la corporación pública. Del estatuto ha-bilitador se desprende claramente que existe una estrecha vinculación jurídica entre ellas y que la creación de la Au-toridad no ha tenido el efecto de alterar en forma alguna los poderes y funciones de Recursos Naturales.

Tampoco ha ocurrido una transferencia de poderes (como ocurrió, por ejemplo, cuando se creó Recursos Natu-rales) que parezca sugerir que la ley orgánica de la Auto-ridad tomó para ella las facultades que tiene Recursos Na-turales sobre esta zona.

Un análisis integral de ambos estatutos revela que son perfectamente armonizables, en particular to-mando en consideración que Recursos Naturales atiende la fase operacional de la protección de la zona marítimo-terrestre y la Autoridad se encarga del aspecto reglamentario. Sus facultades individuales, lejos de ser mutuamente excluyentes, se complementan para la conse-cución de un mismo fin: la protección de los elementos que componen el medio ambiente culebrense. Es evidente, pues, que la aprobación de dicha ley no iba dirigida a limi-tar o menoscabar la potestad que otras agencias guberna-mentales tenían sobre Culebra.

Por otro lado, de acuerdo con el plan de manejo de la zona costanera para el segmento de Culebra, elaborado por Recursos Naturales para cumplir con el Coastal Zone Management Act of 1972, 16 U.S.C. secs. 1451-1464, y así poder recibir ciertos fondos federales, existe una interrela-ción muy estrecha entre la Junta de Planificación, la Ad-ministración de Reglamentos y Permisos, la Junta de Ca-lidad Ambiental, Recursos Naturales y la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra.

A la luz de este esquema agencial, la Junta de Planificación establece la política en cuanto al uso, planificación y zonificación del área costanera y reglamenta el acceso a las playas y costas de Puerto Rico, y la Administración de Reglamentos y Permisos lleva a cabo la función de conceder permisos de acuerdo con los reglamentos aprobados por la Junta de Planificación. La protección ambiental de esta zona está a cargo, por otro lado, de la Junta de Calidad Ambiental y Recursos Naturales. Entre estas dos (2) agencias existe una relación análoga a la existente entre la Junta de Planificación y A.R.Pe. Recursos Naturales, como mencionáramos previamente, tiene además poder para reglamentar la zona marítimo-terrestre.

Específicamente en cuanto a la facultad de Recursos Naturales para conceder endosos, del texto del estatuto y del propio alegato de la parte recurrida puede colegirse claramente que no quedó afectado con la creación de la Autoridad. El estatuto habilitador de la Autoridad, al pro-hibir expresamente a las agencias “aproba[r] obra o pro-yecto privado alguno en relación con la Isla de Culebra que conflija con los planes y políticas formuladas y adoptadas por la Autoridad” y al requerir “un endoso favorable de la Autoridad” (21 L.P.R.A. sec. 890e, según enmendada) está reconociéndole participación a las otras agencias para aprobar proyectos. Del hecho de que la ley requiera un en-doso adicional al de la Autoridad no puede concluirse razo-nablemente que tuvo el efecto de despojar a Recursos Na-turales de su facultad estatutaria para conceder los referidos permisos.

Todo lo contrario. Una razón adicional para interpretar que la facultad para custodiar y proteger la zona marítima de Culebra no es exclusiva de la Autoridad es que la propia agencia al interpretar sus facultades así lo ha reconocido en el endoso condicionado concedido. Esta conclusión encuentra apoyo en la norma de que las interpretaciones que las agencias hagan de sus propias facultades merece gran deferencia si son razonables y compatibles con su propósito legislativo. Vázquez v. A.R.P.E., 128 D.P.R. 513 (1991); Asoc. Médica de P.R. v. Cruz Azul, 118 D.P.R. 669 (1987); Tormos & D.A.C.O. v. F.R. Technology, 116 D.P.R. 153 (1985).

La naturaleza y las necesidades particulares de la eco-logía culebrense justifican un cedazo adicional para el que interese realizar un proyecto en la isla. Aunque estamos de acuerdo con la posición de la parte recurrida a los efectos de que la Autoridad tiene la facultad de custodiar y prote-ger la zona marítimo-terrestre de la isla de Culebra, no podemos adoptar su posición de que la misma es exclusiva. La exposición de motivos de la ley orgánica de la Autoridad y el esquema estatutario evidencian un propósito legisla-tivo de cooperación y colaboración con las otras agencias ambientales.

VI

Ahora bien, ¿está la estructura que genera esta contro-versia en una zona marítimo-terrestre? La interrogante planteada y los demás señalamientos nos mueven a con-cluir que si bien es cierto que Recursos Naturales tiene ju-risdicción para dilucidar esa controversia no está meridia-namente claro si estamos en un área comprendida por la zona marítimo-terrestre. Por esta razón, hay una variedad de factores a considerar en relación con la controversia que aconsejan sean precisados en su origen por Recursos Naturales.

No cabe duda que para aclarar el ámbito de su jurisdic-ción, la pericia de Recursos Naturales es necesaria. Por esta razón consideramos que todos los pronunciamientos emitidos por el tribunal de instancia fueron prematuros. Al no haberse agotado el trámite administrativo y sin el be-neficio de una determinación de una entidad experta en dichos asuntos, el foro de instancia debió haber pospuesto su intervención.

Es precisamente por esta intervención a destiempo que el tribunal tuvo que fundamentar su determinación de que la casa no estaba localizada en una zona marítimo-terrestre en que la parte demandada “no presentó prueba alguna que pudiera establecer que la estructura objeto de reparación ubica en zona marítimo terrestre, ni para sostener la alegada jurisdicción del Departamento de Recursos Naturales sobre la zona marítimo terrestre de la isla municipio de Culebra”. Al no con-tar con el beneficio de una determinación previa de la agencia especializada, porque no se agotaron los remedios administrativos, la labor apelativa a todos los niveles re-sulta sumamente difícil y crea un riesgo de error mucho mayor que si se contase con el beneficio de la opinión de una entidad gubernamental con peritaje. Era necesario, en conclusión, que culminara el trámite administrativo.

Recordemos que cualquier error interpretativo de la agencia estará sujeto a ser revisado judicialmente y puede ser subsanado en una etapa posterior del proceso. El litigante, por lo tanto, no queda desprotegido, de ocurrir una arbitrariedad en la agencia.

VII

En conclusión y tomando en consideración los tres (3) factores expuestos a la luz de los particulares hechos de este caso, resolvemos que Recursos Naturales tenía juris-dicción para conceder permisos para el uso y aprovecha-miento de los terrenos localizados en la zona marítimo-terrestre y que Colón Ventura tenía que agotar los remedios administrativos antes de recurrir al foro judicial. Por lo tanto, el tribunal de instancia actuó prematura-mente al declarar con lugar el injunction.

Por las razones expuestas anteriormente, se dictará sen-tencia para revocar el dictamen recurrido y se remitirá el caso Recursos Naturales para que continúen los procedimientos.

      (1) Textualmente aducen que:
      “1. Erró el Honorable Tribunal de instancia al determinar que el Departamento de Recursos Naturales no tiene jurisdicción sobre la zona marítimo-terrestre de Cule-bra, ya sea propi[a] o delegadta] por la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra y concluir que la jurisdicción de dicha zona corresponde sólo a la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra.
      “2. Erró el Honorable Tribunal al disponer que el Departamento de Recursos Natu-rales no podía reglamentar el uso de materiales en las construcciones o reparaciones que se hagan a estructuras ubicadas en la zona marítimo-terrestre.
      “3. Erró el Honorable Tribunal de instancia al concluir, contrario a la prueba presen-tada por las partes e incluso a otra de sus conclusiones, que el terreno donde ubica la estructura del demandante recurrido no estaba en la zona marítimo-terrestre de Culebra.
      “4. Erró el Honorable Tribunal de instancia al asumir jurisdicción sobre el caso de autos no obstante el hecho de que se había iniciado en el Departamento de Recursos Naturales un procedimiento administrativo en torno a la controversia entre las par-tes, razón por la cual el demandante tenía que agotar los remedios administrativos antes de acudir al foro judicial.
      “5. Erró el Honorable Tribunal de instancia al expedir un injunction para impedir la actuación de un funcionario público al amparo de una ley, en este caso el ejercicio de la facultad del Secretario de Recursos Naturales derivada de la Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales, todo ello en violación de la Ley Núm. 1 del 25 de febrero de 1946, 32 L.P.R.A. [s]ec. 3524(3).”

       Estas doctrinas son claramente distinguibles:
      “La doctrina de jurisdicción primaria no debe confundirse con la que requiere que se agoten los procedimientos administrativos antes de acudirse a los tribunales, aunque ambas son germanas y persiguen el mismo fin: poner orden en la adminis-tración de la justicia y armonizar el funcionamiento de la rama judicial con el de su rama hermana, la ejecutiva. La doctrina que requiere que se agoten los procedimien-tos administrativos determina la etapa en la cual el litigante puede recurrir a los tribunales; la de la jurisdicción primaria determina qué organismo debe hacer la determinación inicial del asunto.” (Escolio omitido.) E.L.A. v. 12,974.78 Metros Cuadrados, 90 D.P.R. 506, 513 (1964).

      (3) Existe documentación en el expediente apelativo que parece indicar que de-bido a la etapa tan incipiente en que se encontraba la construcción, era dudoso tal deterioro y que aun así no causaría el daño irreparable requerido por la doctrina. Véanse: Exhibits III y XIII.

      (4) Cabe señalar nuevamente que el endoso concedido por el Departamento de Recursos Naturales, a solicitud del propio Colón Ventura, contenía prohibiciones análogas a las contenidas en los endosos de la Autoridad. Sin embargo, como la jurisdicción de Recursos Naturales es la impugnada en este pleito, no haremos refe-rencia a las violaciones adicionales de aquéllos.