author: El Juez Asociado Señor Alonso Alonso Juez Asociado Señor Negrón García,

text:
    Gladys del Carmen Gorbea Valles, José Antonio Gorbea Vallés y otros, recurrentes, v. Registrador de la Propiedad de San Juan, recurrido.

      Número: RG-89-833

      Resuelto: 10 de mayo de 1993

      Arturo Aponte Parés, abogado de la parte recurrente; Francisco M. Vázquez Santoni, Presidente de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, Inc., y Leila Sánchez, Directora Ejecutiva de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, Inc., comparecen en calidad de amicus curiae.

   El Juez Asociado Señor Alonso Alonso

emitió la opinión del Tribunal.

(En Reconsideración)

Nos corresponde decidir, en primer lugar, si este Foro tiene jurisdicción para entender en un recurso de reconsi-deración instado por el amicus curiae y no por ninguna de las partes directamente involucradas en la controversia. En segundo lugar, si el Código Civil de Puerto Rico re-quiere que para que un mandato general cumpla con el requisito de ser expreso, dispuesto en el Art. 1604 (31 L.P.R.A. sec. 4425) el poder de representación concedido al que comparece al acto o negocio jurídico a nombre ajeno mencione que el inmueble objeto del mismo se encuentra localizado en Puerto Rico.

Por las razones que expondremos a continuación, resol-vemos que tenemos jurisdicción para adjudicar el presente recurso de reconsideración, y que el que el poder general mencione la localización del inmueble dentro de nuestros límites territoriales y jurisdiccionales no es un elemento consustancial al requisito de ser expreso requerido por el Art. 1604 de nuestro Código Civil, supra. Veamos.

H — 1

La señora Gorbea Balseiro otorgó un poder general (power of attorney) a Gladys Gorbea Vallés el 23 de junio de 1987 en la ciudad de Nueva York. Al día siguiente fue de-bidamente autenticado, y subsiguientemente, el 30 de junio, protocolizado en Puerto Rico ante el notario Willian J. Rie-fkhol mediante la Escritura Núm. 18. Esta Escritura fue acompañada como documento complementario a la Escri-tura Núm. 14 de compraventa, otorgada el 7 de julio de 1988 ante el notario Arturo Aponte Parés, y presentada para su inscripción en el Registro de la Propiedad de San Juan el 14 de julio de 1988.

El Registrador de la Propiedad (Hon. Oscar Olivencia Font) se negó a inscribir la escritura de compraventa fun-damentándose en los señalamientos contenidos en la opi-nión de esta Curia en Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543 (1989), los cuales aplicó de forma retroactiva al caso de autos. Ajuicio del Registrador, el poder a favor de Gladys otorgado en Nueva York no se ajustó a las normas jurídicas reconocidas por esta Curia, no encontrando margen para una interpretación prospectiva de éstas.

Los recurrentes Gorbea Vallés et al. argumentaron ante nos que debido a que el poder se otorgó y protocolizó en un momento en que la doctrina vigente lo permitía, debíamos concederle validez y aplicar prospectivamente la doctrina de Zarelli v. Registrador, supra.

Mediante Resolución de 8 de febrero de 1990 concedi-mos la petición de la Asociación de Notarios de Puerto Rico, Inc. para comparecer en calidad de amicus curiae y le brin-damos un término de veinte (20) días para que se expre-sara sobre la controversia en cuanto a la aplicación retro-activa de la opinión y sentencia emitidas en Zarelli v. Registrador, supra. Compareció el amicus curiae, argu-mentando que no debíamos resolver en cuanto a la pros-pectividad o no de la doctrina de Zarelli v. Registrador, supra, sino más bien, debíamos revocar nuestros pronun-ciamientos respecto a la indispensabilidad de que el poder mencionara que el inmueble se localizaba en Puerto Rico.

El 30 de junio de 1992, mediante opinión de este Foro, resolvimos que al citado caso Zarelli v. Registrador debería dársele efectos prospectivos. Gorbea Vallés v. Registrador, 131 D.P.R. 10 (1992). Señalamos que “[djarle efectos retro-activos ... inevitablemente conllevaría una injusticia, pro-piciaría múltiples denegatorias regístrales y podría conlle-var la nulidad de varios negocios”. Gorbea Vallés v. Registrador, supra, págs. 18-19. No obstante, no accedi-mos a la contención del amicus curiae respecto a que el requisito de mencionar que el inmueble se localizaba en Puerto Rico constituía un formalismo innecesario que ha-bría de crear grandes obstáculos e incertidumbre en el trá-fico jurídico.

A esos efectos nuevamente compareció el amicus curiae y solicitó la reconsideración del dictamen de este Foro. El 9 de octubre de 1992 emitimos una resolución en la que or-denamos a las partes expresarse sobre nuestra jurisdicción para entender en una moción de reconsideración sometida por un amicus curiae y sobre la parte de la opinión que requiere incluir en la redacción de los poderes información alusiva a la localización del inmueble objeto del poder den-tro de la extensión territorial y el término jurisdiccional de Puerto Rico.

Las partes han comparecido. Examinados los recursos ante nos, decidimos reconsiderar.

La figura del amicus curiae se rige por la Regla 43 del Reglamento de este Tribunal, 4 L.RR.A. Ap. I-A. Tal disposición autoriza la comparecencia ante este Foro como amigo de la corte a cualquier parte realmente interesada. No obstante, no se trata de un derecho sino de un privilegio sujeto a la sana discreción del Tribunal. Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 129 (1980); Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 580 (1985). La discreción de este Tribunal para aceptar o solicitar la comparecencia de un amicus curiae es amplia. El lenguaje de nuestra regla es mucho más liberal que las disposiciones al respecto del Reglamento del Tribunal Supremo federal. La nuestra no requiere que las partes consientan en la participación del amicus curiae. La única condición que se exige es que éste sea una parte realmente interesada. 4 L.P.R.A. Ap. I-A, R. 43. Así, nuestra regla trasciende el ámbito limitado del sistema adversativo para aumentar las oportunidades de participación de los amigos de la corte; para propiciar que esta Curia, en vez de limitarse a las consecuencias inmediatas de su decisión para las partes litigantes, pondere, con mayor detenimiento, las repercusiones que la norma jurídica planteada tendría para otras partes interesadas. Esto no mediante la consideración abstracta de tales intereses, sino mediando la participación activa de los interesados. Véase Pueblo v. González Malavé, supra, pág. 596, opinión disidente del Juez Asociado Señor Hernández Denton.

Como señaláramos en Pueblo ex rel. L.V.C., supra, pág. 129:

Ninguna persona o entidad, y ningún abogado, tiene derecho a intervenir como amicus curiae en un litigio. Su autorización para hacerlo debe responder, más que a su interés, a la necesi-dad del tribunal y a su propósito de estar mejor informado para hacer la más cumplida justicia. La obtención de esa ayuda puede canalizarse mediante solicitud hecha al tribunal o por iniciativa de éste, tomando en consideración, entre otros facto-res, el interés público del asunto bajo consideración, lo novel de las cuestiones planteadas, el alcance de la adjudicación que haya de hacerse en cuanto a terceros que no son parte en el litigio, las cuestiones de política pública que puedan estar plan-teadas, la magnitud de los derechos que puedan estar en juego, etc. No puede haber criterios fijos limitativos ni particulariza-dores de los.factores a tomarse en consideración.

De esta manera, sujeto a la mejor discreción de este Foro, la determinación de autorizar o denegar la comparecencia de un amigo de la corte dependerá (1) del interés de la parte en la controversia y la normativa de derecho ante la consideración del tribunal, y (2) de la necesidad del tribunal de estar mejor informado en cuanto a las implicaciones prospectivas o generales de la misma.

En la experiencia norteamericana, de la que recibimos esta figura, tres (3) tipos de amicus curiae han compare-cido con mayor frecuencia a los tribunales: los represen-tantes gubernamentales, las organizaciones profesionales u ocupacionales, y las asociaciones privadas. E. Angelí, The Amicus Curiae American Development of English Institutions, 16 Int’l & Comp. L.Q. 1017, 1019-1020 (1967). Se trata, en general, de partes que defienden una posición es-pecífica en cuanto a la normativa a adoptarse. Angelí, op. cit., págs. 1020-1021; Nota, Private Attorneys-General: Group Action in the Fight for Civil Liberties, 58 (Núm. 4) Yale L.J. 574 (1949); S. Krislov, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, 72 (Núm. 4) Yale L.J. 694 (1963). Pueblo ex rel. L.V.C., supra, pág. 127. Esto sin que se les llegue a considerar parte formal en el caso o se le permita controlar el curso de la litigación. Beckwith & So-bernheim, Amicus Curiae—Minister of Justice, 17 Ford-ham L. Rev. 38, 50 y 51 (1948); Covey, Amicus Curiae Friend of the Court, 9 (Núm. 1) De Paul L. Rev. 30, 30-31; IB Moore’s Federal Practice Sec. 0.411[6], según citados en Pueblo ex reí. L.V.C., supra, pág. 127.

Estando sujeta a la discreción de los tribunales, la intervención del amicus curiae se ha permitido en diferentes momentos durante la tramitación de los pleitos. Así, sin ser exhaustivos, “se ha ordenado a un amicus curiae realizar descubrimiento de prueba ...; iniciar procedimientos adecuados y someter alegaciones y evidencia ...; participar en la investigación del fraude al tribunal ...; realizar una investigación y llevar a cabo una vista en un procedimiento de desacato (Escolio omitido.) Pueblo ex rel. L.V.C., supra, pág. 128. También se ha permitido cuando el tribunal aún no ha decidido si expedir o no el auto solicitado. Nota, Amicus Curiae, 34 (Núm. 7) Harv. L. Rev. 773, 774 (1921). En general, véase Pueblo v. González Malavé, supra, págs. 592-593.

En cuanto a la capacidad del amicus curiae de solicitar una reconsideración, no encontramos fundamento alguno que lo impida o que restrinja nuestra discreción de acogerla. Curiosamente, el primer caso del Tribunal Supremo federal en que se informa la figura del amicus curiae ante ese Foro, su participación se dio por primera vez en reconsideración, accediendo el Tribunal a su solicitud. Green v. Biddle, 21 U.S. 1 (1823). Véase Krislov, supra. Esta práctica es aceptada en los tribunales federales. Véanse: United States v. Brawner, 471 F.2d 969, 973 (D.C. Cir. 1972); In re Carter, 192 F.2d 15, 25 (D.C. Cir. 1951); Kephart v. Kephart, 193 F.2d 677, 683 (D.C. Cir. 1951); Reynolds Metals Company v. Lampert, 324 F.2d 465 (9no Cir. 1963); Elgin, J. & E.R. Co. v. Burley, 327 U.S. 661, 662 esc. 1 (1946). Cf. 15A Wright, Miller and Cooper, Federal Practice and Procedure: Jurisdiction and Related Matters (Federal Question Jurisdiction — Diversity Jurisdiction) Sec. 3902.1 (1992).

En consecuencia, resolvemos que tenemos jurisdicción para revisar nuestro dictamen anterior en virtud de la moción de reconsideración presentada por el amigo de la corte. Precisamente nuestra opinión original versó casi exclusivamente en torno a los planteamientos de derecho elaborados por el amicus curiae. De tales planteamientos doctrinarios es que se nos solicita la reconsideración. Por sus implicaciones para la profesión del notariado, reconsideramos.

h-H f — I

En Zarelli v. Registrador, supra, resolvimos que para que un poder general para contratar en nombre ajeno otor-gado por la esposa a su marido, y mediante el cual éste compareció en representación de aquélla al acto de com-praventa de un bien inmueble sito en Puerto Rico, fuera válido bajo las disposiciones de nuestro Código Civil, tenía que constar de forma escrita() y estar redactado en térmi-nos expresos() en cuanto a los negocios o actos jurídicos autorizados.

Además, una mayoría de este Tribunal expresó que aun-que no es necesario hacer una descripción registral de la propiedad ganancial, es indispensable que el poder men-cione que el inmueble objeto del contrato está localizado en Puerto Rico. Posteriormente, en la opinión emitida en Gorbea Vallés v. Registrador, supra (objeto de esta reconside-ración), este Foro resolvió que la mención en el poder de que el inmueble está sito en Puerto Rico constituía un ele-mento consustancial del requerimiento de mandato ex-preso o específico, a tono con las disposiciones de bienes inmuebles gananciales contenidas en nuestro Código Civil, constituyendo dicho requisito uno de fácil incorporación en tales instrumentos y que no impedía el libre tráfico de los negocios jurídicos por vía de poderes.

Un examen integral de las disposiciones del Código Civil respecto al instrumento de los poderes y la institución de la representación (es decir, la contratación en nombre ajeno) en consideración a las actuales tendencias en el ám-bito del derecho notarial en relación al derecho internacio-nal privado, dada la realidad de la globalización de la eco-nomía mundial y la consiguiente compenetración de los mercados a nivel internacional, de la cual Puerto Rico no está ajeno, exige nuestra reconsideración de tal requerimiento.

Debemos recordar que la nuestra es una economía abierta en la que son miles las transacciones que se reali-zan entre personas y entidades de todos los países del mundo y entre millones de compatriotas que viven en EE. UU. Muchas de las transacciones se realizan con personas y entidades de países cuyas disposiciones sobre el mandato son análogas a las nuestras por ser de estirpe civilista, nin-guna de las cuales requiere que el poder especifique la loca-lización del inmueble en sus jurisdicciones particulares. Entre estos, entidades en México y la provincia canadiense de Quebec incrementarán su tráfico comercial con Puerto Rico como producto del reciente tratado de libre comercio entre tales Naciones y. Estados Unidos.

El poder, instrumento de la representación, cobra vigencia en innumerables transacciones contractuales realizadas diariamente. Su regulación por el Código Civil responde al interés social de hacer viable el hecho de la contratación en nombre ajeno y de brindarle seguridad y uniformidad a los negocios y obligaciones nacidas de ese modo. Como bien señala Diez-Picazo, “[e]n el punto de partida de la teoría de la representación no hay probablemente nada más que esto: un problema práctico, que consiste, sucintamente, en hacer posible una cooperación o una colaboración entre los miembros de una misma comunidad jurídica impulsada por razones de necesidad o de pura conveniencia”. L. Diez-Picazo y Ponce de León, El concepto jurídico de la representación en el derecho privado, XVI Anales de la Academia Matritense del Notariado 135, 136 (1968).

Atales efectos, en cuanto a los requisitos de forma y contenido, no debemos exigir en el instrumento condiciones más onerosas o formalidades mayores que las especificadas en el Código Civil para garantizar la seguridad de las transacciones y del tráfico jurídico. El rigor que exige el velar por el cumplimiento estricto con los requisitos subs-tantivos de ley ha de realizarse sin “olvida[r] que el dere-cho es una realidad nacida para facilitar las relaciones hu-manas y no para dificultarlas o hacerlas más complicadas”. E. Giménez-Arnau, Derecho Notarial, 2da ed., Pamplona, Eds. Univ. Navarra, 1976, pág. 550.

No es función de este Foro legislar para enmendar el Código Civil de Puerto Rico, imponiendo requisitos adicio-nales a los poderes no considerados en el Código. El ha-cerlo trastoca una pieza jurídica como lo es el Código Civil, cuyas disposiciones y figuras jurídicas están diseñadas y articuladas para que provean un ordenamiento lógico, fun-cional e integral de lo que regula.

Ciertamente, la seguridad del tráfico jurídico exige que los términos de un mandato expreso —aquel que revela la intención del mandante de que se realice un acto de disposición específica— sean interpretados de modo restrictivo para asegurar que el poder habiente actúa dentro del mandato que se le otorga. Zarelli v. Registrador, supra, pág. 554; Banco de San Juan v. Registrador, 103 D.P.R. 417, 422 (1975). Se trata de un requisito en función de salvaguardar la verdadera intención del poderante ausente, no dando margen “para proposiciones y reflexiones que puedan conducir a la extralimitación del apoderado y adulteración del mandato”. Banco de San Juan v. Registrador, supra, pág. 422. Véanse: 31 L.P.R.A. sec. 4425; Madera v. Metropolitan Const. Corp., 95 D.P.R. 637, 648 (1967). “ ‘[L]a ley, que debe velar por los intereses de todos, no puede consentir que un hombre se exprese vaga y generalmente sobre el derecho que confiere a otro para enajenar o hipotecar [(o realizar otros actos de riguroso dominio, añadiríamos)] con lo que podría fácilmente despojarle de cuanto posee y consumar su ruina; un poder tan exhorbitante debe hallarse escrito en los términos más formales y explícitos: cuando no se hizo así, la ley, conforme con la razón, presume que el mandante no quiso conferirlo.’ ” J.M. Manresa y Navarro, Comentarios al Código Civil Español, Madrid, Ed. Reus, 1972, T. XI, pág. 637.

Del propio texto del Art. 1604 del Código Civil, supra, surge que tal requisito de especificidad (mandato expreso), no obstante, se circunscribe a los actos de riguroso dominio (“vis-á-vis” actos de administración), es decir, la especificación requerida se refiere a la mención de los actos o negocios jurídicos permitidos y no a requisitos en torno a la descripción de los bienes objeto del contrato o ala localización de éstos.

Al respecto, fundamentado en las resoluciones de la Dirección de Registros de España, Manresa señala que “[l]a cancelación de una hipoteca sólo puede obtenerse con man-dato expreso .... Estas cancelaciones, lo mismo que las ven-tas, serán inscribibles, aun cuando en el mandato no se designen concretamente los bienes objeto de la venta ...”. Manresa y Navarro, op. cit., pág. 638.

De forma similar reseña la Resolución de 5 de agosto de 1907 que señala que en el poder para donar no es necesario que se describan las fincas que han de donarse.

El hacer designación particular de algunos bienes, ya sea mediante una referencia registral específica, indicando su procedencia (refiriéndonos a que están sitos en tal o cual jurisdicción o cualquier otra forma de particularization o identificación) queda al libre arbitrio del poderante, más no es elemento que afecte el carácter expreso del mandato general. Tal conclusión se refuerza si consideramos que nuestro ordenamiento dispone que se pueden otorgar poderes sobre propiedades futuras, autorizando el acto sin especificar el bien, pues al momento de su otorgamiento se desconoce. Véase South Porto Rico Sugar Co. v. Registrador, 46 D.R.R. 300, 301-302 (1934); Bolívar et al. v. El Reg. de la Propiedad, 13 D.P.R. 375 (1907); Vidal v. El Registrador de la Propiedad, 12 D.P.R. 167 (1907). También si consideramos la importancia del poder general en el ámbito de contratación de las sociedades civiles. 31 L.P.R.A. secs. 4354, 4357 y 4371.

Examinado cuidadosamente nuestro ordenamiento jurí-dico, no encontramos que el requerir mención sobre la lo-calización del inmueble en Puerto Rico brinde garantías adicionales.

Su mención o no, no afectará el que se aplique la ley de Puerto Rico al acto jurídico que involucre el bien sito aquí, en virtud de las disposiciones del Art. 10 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 10, el cual establece que los bienes inmue-bles están sujetos a la ley de la nación donde están sitos. Su mantenimiento, sin embargo, puede afectar el tráfico jurídico entre Puerto Rico y otros países, donde la profesión legal, al indagar sobre la ley vigente en Puerto Rico, habrá de recurrir como fuente primaria a la letra del Código Civil, luego a nuestra jurisprudencia interpretativa de la misma, y a los persuasivos comentarios que hacen los tra-tadistas reconocidos del mundo civilista sobre disposicio-nes análogas, cuyas obras son de amplia disponibilidad, ninguno de los cuales conocemos aduzca al hecho de seña-lar que el inmueble radica en determinada jurisdicción como elemento consustancial del requisito de ser expreso en un mandato general. Véase Oficina Notarial Perma-nente de Intercambio Internacional, Régimen de los Pode-res de los Países Americanos, Unión Internacional del No-tariado Latino, Argentina, 1986.

Como atinadamente apunta el Informe de la Comisión de la Integración Económica del Cono Sur del Consejo Federal del Notariado Argentino: "Una ley fundamental que rige los procesos de integración es la ley de la homogenei-dad; cuando no se da la homogeneidad los procesos de in-tegración levantan formidables barreras, que traban, impi-den y tornan imposible la consecución de objetivos de formación de un único espacio común en [ma]teria econó-mica y jurídico-notarial J. Guglietti, Informe de la Co- misión de la Integración Económica del Cono Sur del Con-sejo Federal del Notariado Argentino, 87 Rev. Internacional del Notariado 447 (1991).

La tendencia contemporánea, producto de los crecientes procesos de globalization económica e integración de mer-cados, ha requerido el ajustar las normas jurídicas del mandato para lograr una mayor uniformidad jurídica que haga viable y facilite el tráfico económico internacional. Oficina Notarial Permanente de Intercambio Internacio-nal, op. cit. “También puede decirse que existe un Derecho Internacional Privado Unificado en materia asimismo de forma de los poderes en la Convención Interamericana so-bre régimen legal de los poderes para ser utilizados en el extranjero, celebrada en Panamá en 1975.” M. Szeimblum, Valor y efecto de un documento extranjero recibido por un notario, ponencia ante el XX Congreso del Notariado Latino celebrado en Cartagena, Colombia, Asociación de Es-cribanos del Uruguay, 1992.

No podemos dar la espalda a las nuevas exigencias del mundo moderno en cuanto a la facilitación del tráfico co-mercial entre las naciones. Véase Vda. de Ruiz v. Registrador, 93 D.P.R. 914, 925 (1967).

En consecuencia, revocamos nuestros pronunciamientos previos en cuanto a que la mención en un poder general de que el inmueble radica en Puerto Rico constituye un elemento consustancial al requisito de mandato expreso para la realización de actos dominicos por parte del mandatario.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió me-diante una opinión escrita, a la cual se unió el Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton.

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Hernández Denton.

No tenemos jurisdicción para acoger la reconsideración solicitada exclusivamente por el amicus curiae, Asociación de Notarios de Puerto Rico, Inc. (en adelante Asociación de Notarios), en torno a la opinión y sentencia emitida el 30 de junio de 1992.

Los recurrentes Gorbea et al. y el Registrador de la Pro-piedad, verdaderas partes con legitimación activa, no la pidieron dentro del término reglamentario de quince (15) días laborables. Ahí debió terminar este recurso.

No obstante, en una acción sin precedente la mayoría ha decidido reconsiderar —aunque para hacerlo tengan que ignorar términos fatales jurisdiccionales— desarticular la doctrina sobre legitimación activa firmemente establecida en el ámbito hipotecario, desnaturalizar la función del amicus curiae e incurrir en unas contradicciones graves entre sí. A esos efectos, la mayoría concluye que “[e]n cuanto a la capacidad del amicus curiae de solicitar una reconsideración, no encontramos fundamento alguno que lo impida o que restrinja nuestra discreción de acogerla”. Opinión mayoritaria, pág. 314. Como este aserto es nega-tivo, a continuación le brindamos a la mayoría algunos fundamentos encontrados que restringen y afectan nuestra discreción para acogerla.

I

Por todos es conocido que en la actual Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad —Art. 76, según enmendado, 30 L.P.R.A. sec. 2279— subsiste la doctrina de que los no-tarios autorizantes de los documentos públicos, per se, “no son partes interesadas que puedan solicitar la inscripción de los mismos y que carecen de personalidad para interpo-ner un recurso gubernativo contra las calificaciones que hiciere el registrador respecto a los documentos ante ellos otorgados. Más v. Registrador, 16 D.P.R. 9 (1910) y Roig v. Registrador, 18 D.P.R. 11 (1912)”. Mena v. Registrador, 80 D.P.R. 783 (1958).

El Art. 88.1 del reglamento hipotecario recoge este prin-cipio al expresamente disponer que “[e]l recurso guberna-tivo sólo podrá ser promovido por el interesado en la ins-cripción o sus legítimos representantes o mandatarios. Los notarios que hubieren autorizado los instrumentos a los que se les haya señalado defecto no podrán recurrir en su propio nombre”. (Énfasis suplido.) Reglamento General para la Ejecución de la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad, 30 L.P.R.A. sec. 2003-88.1, edición especial.

Si bajo la Ley Hipotecaria y del Registro de la Propiedad y su Reglamento, un notario autorizante carece de legiti-mación activa para, a nombre propio, presentar un recurso gubernativo —y claro está, una reconsideración— ¿bajo qué principio jurídico puede autorizarse a la Asociación de Notarios? ¿Qué misteriosa lógica judicial explica semejante trato diferencial? En un juego de palabras la mayoría nos dice que “[e]n cuanto a la capacidad del amicus curiae de solicitar una reconsideración, no encontramos fundamento alguno que lo impida Opinión mayoritaria, pág. 314. ¿Qué elementos valorativos nutren ese discernimiento? Ciertamente, el razonamiento no puede fundamentarse en el criterio del número de notarios. En conclusión, la Asocia-ción de Notarios jamás podría comparecer como parte; a lo sumo, como amicus curiae. Y admitida en el presente re-curso en esta última capacidad, la confusión mayoritaria es alarmante.

De un lado exponen correctamente la doctrina de que la Asociación de Notarios, como amicus, no es “parte formal en el caso” ni puede “controlar el curso de la litigación” (opinión mayoritaria, pág. 314), para luego desconcertada-mente concluir “[e]n cuanto a la capacidad del amicus curiae de solicitar una reconsideración, no encontramos fun-damento alguno que la impida o restrinja nuestra discreción de acogerla”. Id., pág. 314. Sinceramente, si nin-guna de las partes solicitó la reconsideración, permitirlo separadamente a la Asociación de Notarios, ¿no es precisa-mente dejarle asumir y “controlar el curso de la litigación”?

Ni aún en la jurisdicción federal, en que liberalmente se le ha reconocido un amplio papel al amicus curiae, han concedido derechos que sólo pertenecen a las partes, tales como apelar, pedir reconsideración o, en general, controlar los procedimientos.

El amicus, sin embargo, nunca ha sido reconocido, elevado ó se le ha concedido el status completo de litigante que posee una parte con interés, Miller-Wohl Co., 694 F.2d., pág. 204; al ami-cus se le ha impedido consistentemente que inicie procedimien-tos legales, someta algunos alegatos o que de alguna otra ma-nera participe de forma tal que asuma el control de la controversia de una manera totalmente adversativa ... históri-camente ha existido una distinción tajante entre un amicus curiae y una verdadera parte interesada en un caso o controversia. U.S. v. State of Mich., 940 F.2d 143, 165 (6to Cir. 1991). (Enfasis y traducción nuestros.)

De hecho, ese enfoque ha sido constante en su evolución. “El amicus no es parte en la litigación.” M.K. Lowman, The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin After the Friends Leave?, 41 (Núm. 4) Am. U. L. Rev. 1243, 1256 esc. 81 (1992). No empece, ocasionalmente algunos tribu-nales confrontan dificultades para distinguirlos. Los co-mentaristas lo atribuyen básicamente a los amplios pode-res concedidos en el caso original en que se utilizó. Íd., págs. 1254-1256. “Es irónico que en la primera aparición del amicus curiae en la corte federal, el Tribunal Supremo le permitió ejercer mayores poderes que los que usual-mente se permitirían hoy ... el papel del amicus en el caso de Green no era similar al mecanismo de amicus en el de-recho común, en cambio, este mecanismo de amicus se ase-mejaba más al concepto moderno de parte interventora” (Traducción y énfasis nuestros y escolios omitidos.) Íd., págs. 1254-1255.

Lamentablemente, la opinión mayoritaria adolece de esa misma turbación al enfatizar y descansar en el primer caso ante el Tribunal Supremo federal (opinión mayorita-ria, pág. 313), aun cuando el artículo que citan en apoyo de este precedente histórico() — S. Kislov, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, 72 (Núm. 4) Yale L.J. 694, 700-701 (1963)- advierte:

Confrontado con este comportamiento particular por parte de uno de los participantes nominales, que sugerían claramente la existencia de una confabulación entre las partes, el Tribunal permitió este extraordinario procedimiento y una solicitud de reconsideración del amicus curiae. Debido a que el amicus curiae no se le considera una parte, la mayoría de las jurisdiccio-nes hoy en día no le permitirían iniciar una moción procesal tan importante. ... Nuevamente, en vista de la actitud usual de que “el amicus curiae no puede realizar actos a nombre de una par-te”, “que no actúa a nombre de nadie” y que “el tribunal bajo sugerencia del amicus curiae sólo puede hacer lo que haría sin tal sugerencia”, este debut del amicus curiae en el Tribunal Supremo debe ser reconocido como uno dramático e inusual. (Tra-ducción y énfasis nuestros y escolio omitido.()

En atención a los derechos básicos de las verdaderas partes en este recurso gubernativo, en aras de salvaguar-dar la integridad del proceso judicial puertorriqueño, debi-mos mantener el valioso mecanismo de amicus curiae como uno orientador y representante de alguna posición, sin ja-más concedérsele la potestad de controlar el litigio. “[E]l amicus curiae no tiene la categoría de parte, no puede, como tal, ejercer ningún control sobre el curso de la litiga-ción, y no está limitado ni es beneficiado por los efectos concluyentes de la sentencia.” (Traducción nuestra.() IB Moore’s Federal Practice Sec. 0.411[6], pág. 247 (1993).

En Puerto Rico esa era la doctrina hasta hoy. Nuestra jurisprudencia, aunque poca, había sido clara y consistente. Así, en Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114, 127 (1980), dijimos que el amicus curiae “en ningún mo-mento se le ha considerado parte formal en el caso, y no puede controlar el curso de la litigación”. (Enfasis suplido.) Expresamos, además, que “tampoco debe darse interven- ción al amicus curiae para que se convierta en una parte en el litigio.. El amigo de la corte puede ser el amigo de una causa, pero ante todo debe ser el amigo y servidor de la causa de la justicia”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 129. Pos-teriormente, en Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 580 (1985), resolvimos que “ ‘no debe darse la intervención para que se convierta en una parte del litigio’ ”.

HH HH f-H

En lo sustantivo, no vemos razón alguna para variar la norma de Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543 (1989). Según aclarada en el de autos, Zarelli v. Registrador, supra, exige la mención en todo Poder —general o específico— que el inmueble ganancial, está sito en Puerto Rico. Reafirma-mos que dicha norma constituye un elemento consustan-cial de la definición de “mandato expreso”, conforme los preceptos sobre bienes inmuebles gananciales contenidas en la visión peculiar que gobierna su disposición en nues-tro Código Civil. Además, no representa una carga onerosa al ejercicio del notariado ni impide el libre tráfico de los negocios jurídicos.

Carecen de valor persuasivo las consideraciones básicas esgrimidas por la mayoría para modificar. Intiman que “[mjuchas de las transacciones se realizan con personas y entidades de países cuyas disposiciones sobre el mandato son análogas a las nuestras por ser de estirpe civilista .. (Énfasis suprimido.) Opinión mayoritaria, pág. 317. Más adelante concluyen que los notarios de estos países, al in-dagar sobre el derecho vigente en Puerto Rico, habrán “de recurrir como fuente primaria a la letra del Código Civil, luego a nuestra jurisprudencia interpretativa de la misma, y a los persuasivos comentarios que hacen los tratadistas reconocidos del mundo civilista sobre disposiciones análo-gas, cuyas obras son de amplia disponibilidad, ninguno de los cuales conocemos aduzca al hecho de señalar que el inmueble radica en determinada jurisdicción como ele-mento consustancial del requisito de ser expreso en un mandato general”. (Énfasis suplido.) Íd., pág. 320.

Resulta absurdo pensar que estos profesionales del de-recho al consultar la letra de nuestro Código, nuestros tra-tadistas y nuestra “jurisprudencia interpretativa”, ignoren Zarelli v. Registrador, supra, esto es, el caso específico que resuelve la cuestión que están ellos investigando. Si en algo hemos adelantado en los últimos años es en el área de la informática jurídica. En la actualidad existen numero-sos sistemas cuyas fuentes y recursos técnicos facilitan el conocer rápidamente y con precisión las normas de derecho civil y notarial vigentes de otros países y su jurisprudencia interpretativa. Textos legales, códigos y leyes anotadas, co-lecciones especializadas almacenadas en computadoras, están tan distantes como la mano del simple teclado. Si aplicamos el razonamiento mayoritario a la propia opinión que hoy emite el Tribunal, ¿cómo se van a enterar los no-tarios extranjeros? Contrario a la preocupación de la ma-yoría, el profesional legal extranjero encontrará resuelto el punto de derecho del citado caso Zarelli v. Registrador —cualquiera que sea— sin dificultad alguna.

Sobre la situación descrita por la mayoría, ¿no sucedería si mañana la Asamblea Legislativa incorporara al Código Civil la norma de Zarelli v. Registrador, supra? ¿No ocurre igual con otros preceptos que hayamos interpretado de forma diferente? ¿Qué de aquellos artículos distintos que existen en el Código Civil? ¿Sugiere la mayoría que en ma-teria civilista o notarial nuestro ordenamiento civil tiene que ajustarse y seguir indefectiblemente las normas de otros países? Repetimos, que ello sea un enfoque distinto al de otras jurisdicciones, ¿qué tiene que ver? El argumento es peregrino; a la postre, en nada afecta la validez inhe-rente de la norma.

Aparte de lo expuesto, el análisis sobre posibles compli-caciones que podrían confrontar los notarios en países ci-vilistas otra vez descarta la realidad no contradicha de que Puerto Rico no es signatario ni ha ratificado la Convención Interamericana sobre Régimen Legal de los Poderes a ser utilizados en el extranjero, suscrita en Panamá en 1975. También desatiende el fenómeno de que debido a la situa-ción peculiar política que regula nuestras relaciones con Estados Unidos, el grueso de los poderes de este tipo son otorgados por cientos de miles de puertorriqueños o sus descendientes residentes en Estados Unidos.

Allá los notarios no son abogados ni profesionales del derecho, sino más bien simples delegados del Tribunal. M.L. Closen y G. Grant Dixon, Notaries Public from the Time of the Roman Empire to the United States Today, and Tomorrow, 68 (Núm. 4) N.D. L. Rev. 873, 877-878 (1992). En esencia, se limitan a dar fe en el documento de la persona, el lugar y la fecha, sin evaluar la sustancia de su contenido. Excepto en el estado de Lousiana, el notario an-glosajón carece de conocimientos jurídicos, no da fe de la capacidad de las partes, no redacta el documento, no tiene un Protocolo y no archiva el documento original, sino que sólo lo anota en mi libro índice. W. Miranda Marcelo, El sistema de transmisión y constitución de derechos reales en el sistema anglosajón, Ponencia VIII, Encuentro Interna-cional del Notariado Norteamericano, octubre de 1974. Esta situación ha sido gráficamente descrita por Domingo Toledo Álamo aludiendo el “caso de un bodeguero puerto-rriqueño que era, a la vez, notario, y alternaba el despacho de los comestibles con la legalización de los documentos. Y, en los bufetes de abogados, firmas profesionales en que aparecen múltiples apellidos, hay siempre dos o tres de las elegantes y atractivas secretarias que son notarios al mismo tiempo”. D. Toledo Álamo, La función notarial y la instrumentación de los derechos reales sobre bienes mue-bles, Ponencias y Comunicaciones presentadas al III Con-greso Internacional de Derecho Registral, San Juan, Inst. Der. Not. Reg., 1977, T. II, pág. 523.

¿Vamos a equiparar ambas funciones? No podemos olvi-dar que los poderes representan el elemento fundamental de consentimiento de cuya validez depende todo negocio jurídico. Con frecuencia las negociaciones y contratos gene-ran litigios. La precisión es un imperativo en este tipo de documento. Ello explica la práctica usual consistente en que el poder lo prepara un abogado-notario en Puerto Rico y lo remite a Estados Unidos para la autenticación de las firmas.

Esta práctica justifica por sí sola la norma pautada en Zarelli v. Registrador, supra, pág. 556, a saber, “[a]unque no es necesario hacer una descripción registral de la pro-piedad ganancial, es indispensable que el poder mencione que el inmueble estaba localizado en Puerto Rico y qué tipo de negocio se puede realizar”. A propósito, no alcanzamos a comprender la objeción mayoritaria fundamentada en que muchas jurisdicciones no requieren una descripción regis-tral detallada del inmueble en el mandato expreso. Según transcrito, no hemos exigido tal descripción, sólo la men-ción de que el inmueble ganancial está sito en Puerto Rico.

IV

Coincidimos con la mayoría que “[n]o es función de este Foro legislar para enmendar el Código Civil de Puerto Rico Opinión mayoritaria, pág. 318. Sin embargo, nunca de-bemos confundir “legislación” con la legítima función judicial de “interpretación”, en particular aquella receptora de las pulsaciones del medio social a tono con las necesidades y las tendencias de cada momento histórico. En la bús-queda de una uniformidad notarial internacional rehusa-mos cegarnos con el brillo de lo foráneo y claudicar a forjar normas jurídicas propias, que responden a unos imperati-vos de conciencia judicial resultante de factores políticos, sociales y económicos muy distintos al de los países latinoamericanos.

El Art. 1604 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4425, re-quiere un mandato expreso “[p]ara transigir, enajenar, hi-potecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio”. (Énfasis suplido.) Y* el Art. 1313 exige consentimiento es-crito de los cónyuges para enajenar sus bienes inmuebles gananciales. 31 L.P.R.A. sec. 3672. El vocablo expreso sig-nifica claro, patente, específico. Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Ed. Espasa-Calpe, 1970. Rechazamos adherirnos injustificadamente al rigor gramatical. Al decir de Puig Brutau, ha sido “indispensable sustituir las conci-sas columnas del diccionario por las explicaciones que co-rrespondan a una más honda y exacta penetración del sen-tido de cada equivalencia de vocablos”. J. Puig Brutau, Estudios de derecho comparado: la doctrina de los actos propios, Barcelona, Ed. Ariel, 1951.

Según indicado, si de algo peca la norma adoptada ori-ginalmente en Zarelli v. Registrador, supra, es añadir cer-teza a este tipo de negocio jurídico al hacerlo más específico. Ello, no obstante, no es razón válida para descartarla.

En resumen, donde ninguna de las verdaderas partes, en término, pidieron reconsideración, y aun cuando no hay jurisdicción, el Tribunal la confiere a base de una reconsi-deración de un amicus curiae sin legitimación activa. Así, la mayoría oblitera principios básicos en materia procesal e hipotecaria.

La norma de Zarelli v. Registrador, supra, no erige ba-rreras al comercio internacional. Aplicando criterios prác-ticos de utilidad y eficacia, tampoco impone un requisito oneroso; en contrario, su confección sencilla logra la cer-teza jurídica y especificidad que creemos un mandato de este género debe tener en atención al carácter ganancial del bien inmueble y su importancia al régimen económico-matrimonial puertorriqueño.

Nos da la impresión de que al refrendar los argumentos del amicus Asociación de Notarios, ésta ha logrado que el Tribunal Supremo, sin tener la más mínima prerrogativa, haya firmado el tratado sobre Poderes adoptado en Pa-namá en 1975. ¿INTERPRETACIÓN O LEGISLACIÓN?

      (1) En el caso de bienes gananciales el requerimiento de que el poder conste por escrito surge por mandato expreso del Art. 1313 del Código Civil, 31 L.P.R.A. sec. 3672, el cual dispone a los efectos:
      “No obstante lo dispuesto en la see. 284 de este título, ninguno de los dos podrá donar, enajenar, ni obligar a título oneroso, los bienes muebles e inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento escrito del otro cónyuge, excepto las cosas destinadas al uso de la familia o personales de acuerdo con la posición social o económica de ambos cónyuges.” (Énfasis suplido.)
      Si bien en Zarelli v. Registrador, 124 D.P.R. 543 (1989), señalamos que en los demás casos no se requiere que la expresión específica sea por escrito (In re Feliciano Ruiz, 117 D.P.R. 269, 277 (1986)), hacemos constancia de las disposiciones del Art. 1232(5) del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3453. Véanse: Sucs. de Andreu & Co. v. Reg. de la Prop., 20 D.P.R. 421 (1914); Ray v. Registrador de la Propiedad, 12 D.P.R. 283 (1907); Díaz Caneja v. Marxuach, 8 D.P.R. 480 (1905).

      (2) Las disposiciones pertinentes del Código Civil disponen de la manera si-guiente:
      “See. 3672. Consentimiento de la esposa

      “Sin embargo de las facultades que tiene el marido como administrador, no podrá, donar, enajenar y obligar a título oneroso, los bienes inmuebles de la sociedad de gananciales, sin el consentimiento expreso de la mujer.
      “Toda enajenación o convenio que sobre dichos bienes haga el marido en contra-vención a esta sección, y las demás dispuestas en este título o en fraude la mujer, será nulo y no perjudicará a ésta ni a sus herederos.” 31 L.P.R.A. see. 3672 (ed. 1956).

        “Sea. 4426. Mandato concebido en términos generales; mandato expreso; facul-tad de transigir

      “El mandato concebido en términos generales, no comprende más que los actos de administración.
      “Para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso.
      “La facultad de transigir no autoriza para comprometer en árbitros o amigables componedores.” 31 L.P.R.A. sec. 4425 (ed. 1955).

      (1) En el esc. 37 se sugiere que se compare dicho caso con Campbell v. Swasey, 12 Ind. 70 (1859).
      En los casos citados por la mayoría —United States v. Brawner, 471 F.2d 969 (D.C. Cir. 1972); Kephart v. Kephart, 193 F.2d 677 (D.C. Cir. 1951); Reynolds Metals Company v. Lampert, 324 F.2d 465 (9no Cir. 1963), y Elgin, J. & E.R. Co. v. Burley, 327 U.S. 661 (1946) —el amicus no controló los procedimientos. Ror excepción, en In re Carter, 192 F.2d 15 (D.C. Cir. 1951), el amicus, quien además de esa condición había sido parte en procedimientos anteriores, pudo presentar una moción al tribunal.

      (2) Muchos tribunales y tratadistas han advertido los peligros que encierra dar el control procesal de un litigio a quien no es parte formal. En este sentido, la Corte de Apelaciones para el Sexto Circuito señaló:
      “La creación de este mutante jurídico caracterizado como el ‘amicus curiae liti-gante’, según demostrado por la acriminiosa cascada de participantes en este litigio, si se le concede viabilidad de precedente, implicará y causará erosión en el centro de estabilidad de la jurisprudencia adversativa norteamericana, según la conocemos hoy en día.” (Traducción nuestra.) U.S. v. State of Mich., 940 F.2d 143, 164.
      Más adelante añade el tribunal que “[sjería extender carta blanca en la discre-ción a un juez para que convierta la corte en un foro libre para los grupos represen-tativos de intereses especiales en conflicto capaces de frustrar y socavar la habilidad de las verdaderas partes en el litigio de obtener la pronta resolución de sus propias disputas; y son capaces, además, de complicar la habilidad del tribunal de efectuar su función judicial”. (Traducción nuestra.) U.S. v. State of Mich., supra, pág. 166.

      (3) La jurisprudencia federal es abundante. En Moten v. Bricklayers, Masons and Plasterers, etc., 543 F.2d 224, 227 (D.C. Cir. 1976), se dijo:
      “Este Tribunal anunció una norma clara y simple en United States v. Seigel, 83 U.S. App. D.C. 88, 168 F.2d 143, 144 (1948): ‘Desde hace mucho tiempo se ha esta-blecido que el que no sea parte de récord y juicio no tiene derecho a apelar del fallo.’ Esta norma tiene una larga historia de aceptación, Heilman v. Ginberg, 109 U.S. App. D.C. 105, 106, 284 F.2d 239, 240 (1960); United States v. McFaddin Express, Inc., 310 F.2d 799, 801 (2do Cir. 1962); First Iowa Hydro Electric Coop. v. Iowa-Illinois Gas & Electric Co., 245 F.2d 630, 631 (8vo Cir. 1957) .... Como el amicus curiae no puede apelar de un fallo final, la apelación de los Masones debe ser deses-timada por falta de jurisdicción.” (Traducción nuestra.)
      Y en New England, Etc. v. University of Colorado, 592 F.2d 1196, 1198 esc. 3, el Primer Cicuito expresó:

        “Al conceder permiso hablamos asumido erróneamente, según se comprobó, que el abogado sabía lo que era un amicus, es decir, alguien que ‘no es una parte,... sino igual a cualquier extraño’, Martin v. Tapley, 1875, 119 Mass. 116, 120, ‘para asistir al tribunal, dar información en algunas áreas de derecho en las que el tribunal pueda tener dudas o estar errado’, 1 Bouvier’s Law Dictionary 188 (3d ed. 1914), en vez de ser alguien que da una versión esencialmente de una parte (‘elocuente’ según los demandados) de cuáles son los hechos.”
      Siguiendo estos mismos principios, en U.S. v. State of La., 718 F. Supp. 525, 528 (E.D. La. 1989), el tribunal hizo “la observación de que, como amicus curiae, Grambling carece de legitimación para conducir independientemente cualquier solicitud de reconsideración o apelación”. (Traducción y énfasis nuestros.)
      A manera de ejemplos, véanse, además: City and County of Denver v. Denver Tramway Corporation, 23 F.2d 287, 295 (8vo Cir. 1927); City of New Orleans v. Liberty Shop, 101 So. 798, 799 (La. 1924); Board of Com’rs. v. Baker, 48 So. 654, 656 (La. 1909); Clark v. Sandusky, 205 F.2d 915, 917 (7mo Cir. 1953); U.S. v. Smith, 686 F. Supp. 847, 853 esc. 9 (D. Colo. 1988); Muñoz v. County of Imperial, 667 F.2d 811 (9no Cir. 1982); State ex rel. Baxley v. Johnson, 293 Ala. 69, 30 So. 2d 106, 111 (1974); City of Winter Haven, Fla. v. Gillespie, 84 F.2d 285 (5to Cir.), cert. denegado 299 U.S. 606 (1936); National Com’n. on Egg Nutrition v. F.T.C., 570 F.2d 157, 160 esc. 3 (7mo Cir. 1977), cert. denegado 439 U.S. 821 (1978); TRW, Inc. v. Ellipse Corp., 495 F.2d 314, 318 (7mo Cir. 1974).


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Hernández Denton Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y peticionario, v. Miguel A. Quiñones Román y Nelson Rivera Sierra, acusados y recurridos.

      Número: CE-90-500

      Resuelto: 17 de mayo de 1997

      Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, y Blanca A. Díaz Segarra, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticionario El Pueblo; Carmen Ana Rodríguez Maído-nado, de la Sociedad para Asistencia Legal, abogada de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Hernández Denton

emitió la opinión del Tribunal.

Recurre ante nos el Ministerio Público de una resolu-ción del Tribunal Superior que confirmó la determinación del Tribunal de Distrito de aceptar la alegación de culpa-bilidad de los acusados Miguel Quiñones Román y Nelson Rivera Sierra, y dictar sentencia en su contra, a pesar de que el Ministerio Público ya había solicitado formalmente una'vista preliminar en alzada para revisar la determina-ción de causa probable por un delito inferior al imputado en la denuncia original. Revocamos.

I

El 10 de diciembre de 1989 se presentó una denuncia contra los recurridos por el delito de escalamiento agravado. El 9 de enero siguiente, el Tribunal de Distrito determinó causa probable por el delito menor incluido de escalamiento en su modalidad menos grave. El Fiscal no anunció en ese momento que acudiría en alzada de dicha determinación. Así las cosas, el caso fue señalado para jui-cio en su fondo, a celebrarse el mismo el 30 de enero ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico. El 25 de ese mes, el Fiscal presentó su solicitud de vista en alzada ante el Tribunal Superior.

El 30 de enero el Ministerio Público le informó al Tribunal de Distrito que había solicitado una vista preliminar en alzada ante el Tribunal Superior para revisar la deter-minación de causa probable por un delito inferior y que objetaba que se continuaran los procedimientos. Solicitó de dicho foro judicial el aplazamiento de la vista del caso en su fondo, ya que, presentada la solicitud de vista prelimi-nar en alzada, carecía de jurisdicción para ello.

Exponiendo como fundamento que los imputados no ha-bían sido citados aún para la vista en alzada, el foro de instancia rechazó el planteamiento de falta de jurisdicción y aceptó la alegación de culpabilidad de los acusados por el delito de escalamiento en su modalidad menos grave. Los sentenció a cumplir un término de cárcel igual al que ya habían cumplido hasta esa fecha por razón de no haber podido pagar la fianza/) Como resultado, los acusados fue-ron excarcelados ese mismo día.

El Ministerio Público solicitó la reconsideración de la determinación del Tribunal de Distrito de proseguir con el encausamiento en los méritos. Ésta fue denegada, de lo cual se notificó a las partes el 20 de febrero de 1990. El 1ro de marzo el Ministerio Público presentó un recurso de cer-tiorari ante el Tribunal Superior, Sala de San Juan, para revisar dicha determinación. El Tribunal Superior declaró no ha lugar ese recurso. Explicó que, no habiéndose citado a los acusados aún para la fecha en que se celebró la vista del caso en su fondo, y habiéndose recibido el señalamiento para el juicio antes de que se recibiera el señalamiento para la vista en alzada, el Tribunal de Distrito retenía jurisdicción()

Oportunamente, el Ministerio Público instó una peti-ción de certiorari ante esta Curia para revisar la determi-nación del Tribunal Superior. En su recurso sostiene que la presentación de una solicitud de vista preliminar en alzada ante el Tribunal Superior paraliza áutomáticamente los procedimientos en el Tribunal de Distrito. Aduce que dicha solicitud procede siempre como cuestión de derecho, con la única limitación de que se presente dentro de un término compatible con el derecho a juicio rápido.

Por su parte, los recurridos argumentan que, determi-nada causa probable por un delito inferior, el Tribunal de Distrito tiene jurisdicción y competencia para proceder a juzgar la causa. Para que pierda esa jurisdicción, no basta con que se presente la solicitud de vista en alzada. Sostie-nen que es menester que se cite a los imputados para que el Tribunal Superior adquiera jurisdicción, con exclusión del Tribunal de Distrito. Señalan que en este caso no se les notificó formalmente de la solicitud de vista en alzada ni se les citó para ésta, sino, hasta pasada la vista del caso en su fondo ante el Tribunal de Distrito. Fundamentándose en esto, concluyen que el Tribunal de Distrito retuvo jurisdicción. Aducen que el Ministerio Público debió infor-mar al Tribunal Superior que se determinó causa probable por un delito inferior, que se había señalado la vista del caso en su fondo y que debió solicitar que paralizara los procedimientos.() No tienen razón los recurridos.

HH I — [

En Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468 (1991), indicamos que cuando en la vista preliminar se determina que no existe causa probable para acusar por delito alguno, el imputado quedará exonerado. Regla 23(c) de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En ese caso, el tribunal perderá su jurisdicción sobre el imputado para proce-sarlo por delito alguno. Para que el tribunal adquiera o retenga autoridad o jurisdicción tendrá que citarle nueva-mente para la celebración de la vista en alzada. Pueblo v. Félix Avilés, supra, pág. 476.

El recurso ante nuestra consideración requiere que nos pronunciemos sobre cuál es el efecto que tiene una deter-minación de causa probable por un delito menos grave so-bre la autoridad o jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia. Resolvemos que, determinada causa probable en vista preliminar por un delito menos grave, el Tribunal de Distrito sólo podrá seguir adelante con el juicio en su fondo por el delito inferior cuando el Ministerio Público acceda al encausamiento. Explicamos.

La vista preliminar tiene como objetivo determinar si existe causa probable para procesar á un imputado por el delito grave por el cual se determinó causa probable para arresto. La determinación de que existe causa probable constituye una autorización judicial para encausar. Ver, e.g., El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992); Pueblo v. González Malavé, 116 D.P.R. 578, 583 (1985).() Cuando un tribunal niega autorización judicial para encausar por el delito que el Fiscal entiende procedente, corresponde al Fiscal, no al tribunal, escoger el cauce procesal a seguir de entre las opciones que nuestro ordenamiento le confiere. O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Orford, Equity Publishing Co., 1990, T. 1, Sec. 5.14, pág. 93. Cuando surja esta encrucijada procesal, los tribunales sólo tendrán jurisdicción para enten-der en el trámite que el Fiscal escoja en el ejercicio de su discreción. ()

Nuestro ordenamiento encomienda al Poder Ejecutivo el deber de implantar las leyes penales. Pueblo v. González Malavé, supra, pág. 583; Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 65 (1967). Son los fiscales adscritos al Departamento de Justicia quienes tienen la función de procesar a todos los delincuentes por los crímenes y delitos de que pueda conocer bajo la autoridad y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 3 L.P.R.A. sec. 95; Pueblo v. Pérez Casillas, 126 D.P.R. 702, 710 (1990); Resumil de Sanfilippo, op. cit., pág. 85.

Como parte de sus prerrogativas, el Fiscal tiene discre-ción para entrar en negociaciones con la defensa a los fines de llegar a alegaciones preacordadas de culpabilidad. Re-gla 72 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. Tam-bién tiene discreción para presentar o no el pliego acusato-rio, aun cuando haya habido una autorización judicial para ello. Regla 24(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Resumil de Sanfilippo, op. cit., págs. 92-93. Ade-más, nuestro ordenamiento procesal penal le reconoce dis-creción en cuanto al curso procesal a seguir cuando un tribunal le niega la autorización judicial para presentar una acusación por determinado delito. Ello sucede cuando la determinación de causa probable en la vista preliminar le es adversa. Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.()

Una determinación adversa en una vista prelimi-nar puede ocurrir de dos (2) maneras: cuando se determina la inexistencia de causa probable o cuando se determina causa probable por un delito inferior al que el Fiscal enten-día procedente. Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra; Resumil de Sanfilippo, op. cit., pág. 387. En ambos casos, la persona queda exonerada del delito imputado en la denuncia original. Ver, e.g., Pueblo v. Félix Avilés, supra.

En esos casos, nuestro ordenamiento procesal confiere al Fiscal varias opciones. Primeramente, tiene derecho a solicitar una nueva vista preliminar en alzada.() Regla 24(c) de Procedimiento Criminal, supra; Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 320 (1987). Ese derecho es parte principalísima de nuestro ordenamiento procesal, ya que el Fiscal está facultado para iniciar la fase adjudicativa del procedimiento criminal sólo cuando la determinación de la vista preliminar es positiva.() El Vocero de P.R. v. E.L.A., supra, pág. 411; Álvarez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 236, 238 (1974). Por otro lado, el Fiscal tiene discreción para no seguir adelante con los cargos. Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 D.P.R. 855, 861 (1986); Resumil de Sanfilippo, op. cit., pág. 120. Finalmente, ante una determinación de causa probable por un delito inferior, el Fiscal tiene la opción adicional de seguir adelante con los cargos por el delito por el cual sí se le autorizó a encausar. Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra; Resumil de Sanfilippo, op. cit., pág. 387. Aunque la determinación de causa probable por un delito inferior le es adversa, la misma constituye una determinación de causa probable a los efec-tos de la Regla 23(c) de Procedimiento Criminal, supra.

La citada regla dispone que, cuando el magistrado determina que existe causa probable de que se ha cometido un delito y que el imputado lo cometió, le detendrá para responder por la comisión de ese delito. Pueblo v. Pérez Suárez, 116 D.P.R. 807, 812 (1986). Esta disposición no despoja al Fiscal de su derecho a ejercer discreción para acusar o no, o acudir en alzada cuando se ha determinado causa probable por un delito inferior. El foro judicial no podrá continuar con el encausamiento del imputado por el delito inferior si el Fiscal se opone al mismo. El Fiscal podrá optar por acudir en alzada ante el Tribunal Superior, en revisión de la determinación de causa por el delito inferior, según está autorizado por la Regla 24 dé Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En la alternativa, podrá optar por no seguir adelante con los cargos.

Lo anterior significa que si el Fiscal se opone a que se procese al imputado por un delito inferior al que él enten-día procedente, el tribunal no tendrá facultad o jurisdic-ción para proseguir adelante con el juicio en su fondo por el delito menos grave.() El efecto de esta norma en la prác-tica será el siguiente.

Primeramente, el fiscal podrá oponerse al encausamiento por el delito menos grave al momento mismo de finalizar la vista preliminar original, meramente notificando que acudirá en alzada contra la determinación adversa. No obstante, el Fiscal podrá acceder imcialmente a que se prosiga con el encausamiento por el delito inferior. En ese caso, el magistrado que preside la vista preliminar original podrá dar curso a la denuncia enmendada, y así señalar el caso para vista en su fondo ante la sala corres-pondiente del Tribunal de Distrito y ordenar que se cite al imputado y a los testigos para la misma. Pero si luego de examinar más detenidamente el caso, el Ministerio Público opta por no seguir adelante con los cargos o —dentro del término de sesenta (60) días— opta por ejercer su derecho a acudir en alzada, su decisión tendrá el efecto de paralizar los trámites comenzados en relación con el juicio por el delito menos grave. Bastará que, oportunamente, el Minis-terio Público notifique al tribunal de su decisión para que éste tenga que paralizar los procedimientos.

Además, si antes de transcurrir el término para acudir en alzada llegase la fecha señalada para el juicio por el delito inferior, el Fiscal podrá pedir su suspensión mien-tras estudia la posibilidad de acudir en alzada, y el tribunal tendrá que acceder. La interpretación armónica de las Reglas de Procedimiento Civil así lo exigen.

H-1 H-1 HH

En el caso de marras, la decisión del tribunal en la vista preliminar le fue adversa al Fiscal. El Tribunal de Distrito determinó causa probable por el delito menos grave de es-calamiento y señaló el caso para juicio por ese delito ante el Tribunal de Distrito sin que el Fiscal se opusiera a ello. Posteriormente, el Fiscal optó por solicitar una vista en alzada ante el Tribunal Superior. Así lo informó el día del juicio y solicitó su suspensión por ese motivo. En tanto que el Tribunal de Distrito procedió con el juicio en los méritos por el delito inferior por el cual se determinó causa probable, a pesar de que el Fiscal se opuso a ello el día del juicio, áctuó sin autoridad o jurisdicción. Resulta, pues, nula la sentencia que dictara en cuanto a los aquí recurridos. Re-gla 192.1 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Miller, 50 D.P.R. 846, 848 (1937).

Resolver lo contrario sería menoscabar el derecho que nuestro ordenamiento le reconoce al Ministerio Público de acudir en alzada cuando se le niega autorización para en-causar a una persona por el delito que entienda procedente de acuerdo con el poder concedido por las Reglas de Proce-dimiento Criminal. Además, convertiría esta etapa del pro-cedimiento criminal en una carrera entre el tribunal para celebrar el juicio y el Fiscal para obtener una vista en al-zada antes de que se adjudique la causa criminal en sus méritos. Ello crearía un caos procesal que no tiene lugar en nuestro ordenamiento criminal.

En estas circunstancias, procede revocar la sentencia recurrida. Como el foro de instancia no tenía autoridad o jurisdicción para celebrar el juicio por el delito menos grave, esta decisión no impide el posterior procesamiento de los imputados. Pueblo v. Martínez Torres, 126 D.P.R. 561 (1990).

La decisión a que llegamos hoy es sin perjuicio de que el término de cárcel cumplido hasta ahora por los recurridos se descuente del término de prisión que deban cumplir en caso de ser nuevamente encontrados culpables y sentencia-dos por los mismos hechos. Art. 42 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. sec. 3204(b)); Regla 184 de Procedi-miento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II.

Se dictará la sentencia correspondiente.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri concurrió me-diante una opinión escrita.

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Concurro con el resultado al que llega la mayoría en este caso, pero creo que para arribar al mismo no es nece-sario ni prudente hacer los reiterados pronunciamientos sobre la discreción del Fiscal que emite motu propio la ma-yoría en su opinión.

La Regla 24(c) de Procedimiento Criminal de Puerto Rico, 34 L.P.R.A. Ap. II, claramente dispone que cuando un magistrado hace una determinación de que existe causa probable por un delito inferior al imputado, el Ministerio . Público puede ir en alzada ante un magistrado de catego-ría superior del Tribunal de Primera Instancia. Hemos re-suelto que esa opción que tiene el Fiscal de presentar el asunto otra vez ante un magistrado de categoría superior no constituye una apelación, sino que es más bien una se-gunda oportunidad que la ley le confiere al Ministerio Pú-blico para obtener la determinación de causa probable que interesa. Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28 (1984); Pueblo v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 237 (1968).

En vista del claro mandato de las reglas, que este Tribunal ha avalado, es evidente que el Tribunal de Distrito no podía seguir adelante con sus procedimientos en este caso una vez el Fiscal había ido en alzada ante el Tribunal Superior. Resolver lo contrario ciertamente sería menosca-, bar el derecho de origen estatutario (Pueblo v. Martínez Torres, 116 D.P.R. 793 (1986)) que nuestro ordenamiento le reconoce al Ministerio Público de acudir en alzada cuando un magistrado no determina causa probable por el delito que entiende procedente.

Lo anterior me parece razón suficiente para disponer de este caso. No es necesario abundar sobre las supuestas fa-cultades del Ministerio Público como lo hace la mayoría en su opinión. En ésta reiteradamente se resalta que son los fiscales adscritos al Departamento de Justicia los que tie-nen la potestad para procesar criminalmente a los que han violado las leyes penales del país. Se dice que los fiscales tienen “derecho a ejercer discreción para acusar o no”; que “tienen discreción para presentar o no el pliego acusatorio, aun cuando haya habido una autorización judicial para ello”; que aunque un tribunal haya determinado causa probable luego de una vista preliminar, “el fiscal tiene discre-ción para no seguir adelante con los cargos”, y se resuelve expresamente que si un tribunal determina causa probable en vista preliminar por un delito inferior al imputado, el tribunal puede seguir adelante con el juicio en su fondo solamente “cuando el Ministerio Público acceda al encausamiento”.

Estas expresiones repetidas tantas veces y dichas sin precisar nada más pueden dar lugar a serios equívocos. Pueden dejar la errónea impresión de que la función de acusar y procesar del Ministerio Público es meramente po-testativa, que la discreción que se tiene es absoluta o que la facultad que se posee puede ejercerse indiscriminadamente.

Es cierto que lo fiscales no están compelidos a proseguir adelante con los cargos correspondientes en todos los casos de actividad criminal que investigan. En ocasiones pueden decidir que no han de acusar. Pero, como claramente se preceptúa en la Regla 24(b) de Procedimiento Criminal, 34 KP.R.A. Ap. II, la decisión de no presentar una acusación tiene que estar fundamentada en una causa justificada. No puede ser una decisión meraménte discrecional. La lla-mada “discreción” del fiscal está enmarcada dentro de los términos del Código Político que regula sus funciones. Dicho código expresa en términos claros y tajantes que “[s]erá el deber de cada Fiscal el procesar a todos los delin-cuentes por crímenes y delitos de que pueda conocer bajo la autoridad del Estado Libre Asociado”. 3 L.P.R.A. sec. 95. Lo medular, pues, no es que el Ministerio Público pueda en ocasiones, por causa justificada, decidir no presentar una acusación, sino más bien que de ordinario tiene la obliga-ción de hacerlo.

Las innecesarias expresiones de la mayoría sobre este asunto no hacen esta importante distinción. Están formu-ladas de modo tan general que resultan ser, cuando menos, imprecisas. Un ejemplo claro de ello es el uso que hace la mayoría de Pueblo v. Lebrón Lebrón, 116 D.P.R. 855 (1986), como precedente. La mayoría cita dicha decisión para apo-yar su afirmación de que aun cuando un tribunal haya de-terminado causa probable “el Fiscal tiene discreción para no seguir adelante con los cargos”. Opinión mayoritaria, pág. 339. Pero si se examina cuidadosamente dicha deci-sión, se comprobará que ello no fue lo que allí resolvimos. En Pueblo v. Lebrón Lebrón, supra, decidimos que la deter-minación de un tribunal en la vista preliminar de que no había causa probable para acusar debido a la incapacidad mental del imputado no era final y, por lo tanto, no impedía al Ministerio Público acudir en alzada para buscar una nueva determinación judicial sobre la alegada inimputabilidad. En el curso de esa decisión, por vía de dicta, y reconociendo por implicación la existencia de causa justificada, reiteramos que la presentación de prueba sobre la incapacidad mental en la vista preliminar tenía un pro-pósito válido porque, si en efecto existía úna situación de incapacidad, podía persuadirse al Ministerio Público de ello y éste entonces decidir “que no debe proseguir ade-lante con los cargos”. Esta expresión nuestra en Pueblo v. Lebrón Lebrón, supra, es, por evidentes razones, muy dis-tinta a lo que la mayoría ahora formula apoyándose en dicho caso.

Son imprecisiones como ésta —y lo innecesario de los pronunciamientos sobre la supuesta discreción del Minis-terio Público— lo que me impide estar conforme con la opi-nión mayoritaria.

Este Tribunal no debe aventurarse a hacer pronuncia-mientos como los aludidos, particularmente en esta época que vivimos en la que cunde la criminalidad, y la corrup-ción, para no dar lugar a que alguna vez pueda intentarse justificar la falta de rigor en el cumplimiento de los deberes públicos sobre la base de que el Tribunal Supremo admite la discrecionalidad de la función acusatoria.

      (1) Cumplieron un total de cincuenta y cuatro (54) días de prisión.

      (2) En efecto, no fue sino hasta el 2 de febrero, tres (3) días después de celebrado el juicio ante el Tribunal de Distrito, que el Tribunal Superior expidió las citaciones para la vista en alzada. Estas fueron notificadas formalmente a la representación legal de los acusados el 5 de ese mes. Aparentemente, el acusado Nelson Rivera Sierra ni siquiera pudo ser citado formalmente por desconocerse su paradero.

      (3) La solicitud de vista preliminar en alzada es un formulario preimpreso. No contempla que se desee informar sobre las mencionadas circunstancias procesales.

      (4) En los procedimientos comenzados ante el Tribunal Superior, el pliego acusa-torio lo será la acusación. Cuando se comience ante el Tribunal de Distrito, lo será la denuncia. Regla 34 de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; O.E. Resumil de Sanfilippo, Derecho Procesal Penal, Orford, Equity Publishing Co., 1990, T. 1, Sec. 5.14, pág. 397.

      (5) La decisión de no encausar por un delito inferior al que el Fiscal entienda procedente es distinta del sobreseimiento una vez comenzado el juicio en su fondo. En ese caso, el Ministerio Público no puede solicitar el archivo de la acusación sin la anuencia del tribunal y del acusado. Regla 247(a) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II; Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59 (1967).

      (6) El propósito de esa determinación es evitar que se someta a un ciudadano en forma arbitraria e injustificada a los rigores de un proceso criminal en su contra. Pueblo v. Rivera Alicea, 125 D.P.R. 37 (1990); Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700, 702 (1970).

      (7) Dicha vista en alzada no es una apelación de la primera, sino una nueva vista, separada, distinta e independiente, a la cual el Fiscal puede acudir con la misma u otra prueba. El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 D.P.R. 356 (1992); Pueblo v. Félix Avilés, 128 D.P.R. 468 (1991); Pueblo v. Cruz Justiniano, 116 D.P.R. 28, 30 (1984).

      (8) Para salvaguardar el derecho a un juicio rápido, deberá solicitar la vista en alzada dentro del término de sesenta (60) días. Pueblo v. Vélez Castro, 105 D.P.R. 246, 248 (1976). El mismo término es aplicable cuando el imputado esté recluido en una institución penal del Estado. Pueblo v. Rivera Arroyo, 120 D.P.R. 114, 120 (1987). Su cómputo comienza a partir de la determinación en instancia, o a partir de la efectiva citación cuando el imputado no haya podido ser citado a pesar de la debida diligencia del Fiscal, siempre que haya justa causa para ello. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315, 325 (1987).

      (9) Claro está, la discreción del Fiscal no es ilimitada. Nuestro análisis da por sentado que su ejercicio está sujeto al criterio de causa justificada encarnado en la Regla 24(b) de Procedimiento Criminal, 34 L.P.R.A. Ap. II. En su parte pertinente, dicha regla dispone como sigue:
      “Cuando el expediente fuere remitido a la secretaría de alguna sala de la Sec-ción Superior del Tribunal de Primera Instancia, el secretario deberá referir el mismo inmediatamente al fiscal de dicha sala, quien presentará la acusación que procediere .... Si por causa justificada el fiscal considerare que no debe presentarse acusación, archivará el expediente en la secretaría de la sala correspondiente con su endoso a tal sentido.”


author: per curiam:

text:
      In re Evaristo Maldonado, querellado.

      Número: CE-88-701

      Resuelto: 18 de mayo de 1993

      Norma Cotti Cruz y Reina Colón de Rodríguez, Subprocura-doras Generales, Mayra López Mulero, José Roberto Vega Díaz e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo; Efraín Guzmán Mollet, abogado del querellado; Evaristo Maldonado Rodríguez, pro se; Arturo Ontrón García y Juan Marcano, Comisio-nados Especiales.

   H — I

per curiam:

La querella que dio origen al caso de autos surgió a raíz de la sentencia dictada el 21 de agosto de 1987 en el caso civil José D. Rodríguez Cotto v. José J. Laureano Valentín, Civil Núm. 83-2723, sobre cobro de dinero que se ventiló ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo.

En dicha sentencia el tribunal determinó, como cuestión de hecho, que las iniciales y las firmas que aparecen en la Escritura Núm. 18 de 24 de marzo de 1982, autorizadas por el notario Evaristo Maldonado, así como las del otor-gante José D. Rodríguez Cotto, no habían sido escritas por éste.

El 31 de agosto de 1987 el tribunal ordenó a su Secreta-ría remitirnos copia de la sentencia dictada.

En atención a dicha orden y a la sentencia que le acom-pañaba, mediante Resolución de 25 de septiembre de 1987 referimos el asunto a la Oficina del Procurador General para la correspondiente investigación e informe.

Examinado el informe del Procurador General que nos fuera presentado el 5 de mayo de 1988, mediante resolu-ción emitida el 26 de mayo de 1988 le ordenamos presentar querellas por cada uno de todos los cargos resultantes de la conducta antiética imputada al Ledo. Evaristo Maldonado.

La querella que nos ocupa fue presentada el 23 de no-viembre de 1988 por el Procurador General de Puerto Rico. El 7 de junio de 1989 se presentó una querella enmendada en la cual se alegó que el Ledo. Evaristo Maldonado, ac-tuando como notario público, incurrió en conducta ilegal e impropia que violentaba la Ley Notarial de Puerto Rico y los Cánones 35 y 38 del Código de Ética Profesional, 4 L.P.R.A. Ap. IX.

Se alegó en la querella enmendada que el licenciado Maldonado, el 24 de marzo de 1982, al autorizar la Escri-tura Núm. 18 de Compraventa de Propiedad Hipotecada —en la cual comparecieron como vendedores el Sr. José D. Rodríguez Cotto y la Sra. Lydia Arce Salazar, y como com-pradores el Sr. José J. Laureano Valentín y la Sra. Maritza Marrero Rivera— dio fe de que el Sr. José D. Rodríguez Cotto había suscrito dicha escritura, cuando en realidad no la tuvo ante sí, y permitió, consintió o autorizó que se su-plantara su firma; dio fe de que la parte vendedora había recibido a la fecha del otorgamiento la suma de $10,000 como parte de la compraventa, cuando no fue cierto; dio fe de que la Sra. Lydia Arce Salazar había firmado la escri-tura en su presencia cuando ésta no estuvo ante él; dio fe en la escritura de que los vendedores estaban casados cuando en realidad estaban divorciados, e hizo constar que la propiedad objeto de la compraventa sólo tenía un gravamen cuando sobre la propiedad existían otros gravámenes.()

El querellado negó todos los cargos imputados, y alegó que el Sr. José D. Rodríguez Cotto estuvo en su oficina al momento de otorgar la escritura y que éste fue quien la firmó el 24 de marzo de 1982. El querellado también negó la imputación de que él no se encontraba ante la Sra. Arce Salazar cuando ésta firmó la escritura en su oficina.

Por otro lado, el licenciado Maldonado aceptó haber he-cho constar en la escritura que los vendedores estaban ca-sados cuando en realidad estaban divorciados, y también aceptó haber hecho constar la entrega de $10,000 a los ven-dedores al momento de otorgar la escritura. El querellado alegó que fue un error involuntario el dar fe de la entrega de $10,000 al momento del otorgamiento de la escritura cuando en realidad lo que le informaron los otorgantes fue que esa cantidad de dinero se había entregado previo al acto del otorgamiento. El querellado alegó, además, que por error involuntario se hizo constar que los vendedores estaban casados cuando en realidad se encontraban divorciados.

El caso fue sometido por el expediente ante el Comisio-nado Especial Hon. Juan Marcano Ortiz, el 30 de septiem-bre de 1991, luego de que ambas partes estipularan prác-ticamente toda la prueba documental, pericial y testifical.!) El 5 de mayo de 1992 se presentó ante nos el informe de 4 de mayo de 1992 suscrito por el Comisionado Especial, que en lo pertinente contiene las siguientes de-terminaciones de hecho:

1. Que el Ledo. Evaristo Maldonado otorgó la Escritura [Núm.] 18 del 24 de marzo de 1982, Compraventa Propiedad Hipotecada.
2. Que los comparecientes en la Escritura Núm. 18, José D. Rodríguez Cotto, Lydia Arce Salazar, como vendedores, deman-daron en una acción de cobro de dinero a José J. Laureano Valentín y su esposa Maritza Marrero Rivera, en el caso CS-83-2723, Tribunal Superior de Arecibo. La demanda fue radicada el 17 de octubre de 1983 [y] enmendada el 26 de enero de 1984. Como resultado de esta acción los demandantes obtuvieron sen-tencia a su favor y cobraron la suma de $22,360.96. El monto de la sentencia fue pagado en su totalidad por los demandados José J. Valentín y Maritza Marrero Rivera.
3. Que el Sr. José D. Rodríguez Cotto firmó un documento el 1 de julio de 1982 titulado Solicitud de Revisión Administrativa del Negociado de Contribución Sobre la Propiedad del Departa-mento de Hacienda de Puerto Rico en el cual aceptó y notificó el cambio de dueño de la propiedad objeto en la Escritura Núm. 18.
4. [Que l]a propiedad objeto de la Escritura Núm. 18 fue entregada por José D. Rodríguez Cotto y Lydia Arce Salazar al Sr. José J. Laureano Valentín a final de mayo de 1982.
5. Que los demandantes en el caso Civil Núm. 83-2723 no incluyeron como demandado en ese caso al L[cdo], Evaristo Maldonado[; que] los demandantes en aquel caso no t[enían] interés alguno en presentar reclamación civil en su contra y que nunca han impugnado la validez de negocio jurídico de compraventa en la Escritura Núm. 18. De hecho, los señores Rodríguez Cotto y Arce Salazar comparecieron en el Civil Núm. CS-87-2723, a que se confirmara el acto jurídico de la compra-venta del bien inmueble.
6. [Que e]l L[cdo.] Evaristo Maldonado Rodríguez fue admi-tido a la profesión de la abogacía por este Tribunal el 9 de diciembre de 1970 y al ejercicio del notariado el 29 de diciembre de 1970.
7. [Que l]os señores Lydia Arce Salazar y José D. Rodríguez Cotto se divorciaron el 29 de mayo de 1981, pero continuaron viviendo y comportándose como casados.
8. [Que e]l L[cdo.] Evaristo Maldonado nunca había sido ob-jeto de acusación, querella o demanda en donde se le imputara violación alguna a los cánones de ética ni a leyes penales del país.
9. Que el L[cdo.] Evaristo Maldonado goza de buena repu-tación, lo que afirmarían bajo juramento si hubiesen declarado los señores: Luis Pérez de Jesús, (Ex-secretario del Senado de Puerto Rico); Rogelio Riquelme (Teniente de la Policía de Puerto Rico, retirado); Zaida Rodríguez (Maestra) y Luz Minerva Rodríguez Aponte (Maestra retirada).
10. [Que e]l L[cdo.] Evaristo Maldonado más allá de los ho-norarios de abogado devengados no se benefició en forma al-guna por el negocio jurídico por él realizado al otorgar la Escri-tura Núm. 18 objeto de esta querella.
11. Que la Escritura Núm. 18 objeto de esta querella está inscrita en el Registro de la Propiedad.
12. Que él en su actuación como [njotario [pjúblico autorizó la Escritura Núm. 18 sobre Compraventa, el 24 de marzo de 1982, y dio fe de que en su presencia la parte vendedora recibió de la parte compradora ... $10,000.00 [cuando] ese hecho no le constaba ni ocurrió como se dice en la referida escritura.
13. [Que s]e hizo constar que don José D. Rodríguez Cotto y doña Lydia Arce Salazar eran casados entre sí, estando estos divorciados y haber sido el querellado abogado de una de las partes en el trámite de divorcio.
14. Que el notario querellado no tuvo ante sí, al otorgar la Escritura Núm. 18. del 24 de marzo de 1982, al Sr. José D. Rodríguez Cotto, por no ser la firma de éste la que aparece en la referida escritura.
15. Que el querellado no tuvo ante sí a la Sra. Lydia Arce Salazar, cuando otorgó la Escritura Núm. 18 de Compraventa de Propiedad Hipotecada el 24 de marzo de 1982, siendo ésta una otorgante del referido documento.
16. Que examinado el informe del perito Evaristo Álvarez Ghigliotti, debe determinarse que ni el notario querellado, su secretaria Doris Rijos Santiago, ni los otorgantes José J. Lau-reano y Lydia Arce Salazar, firmaron por José D. Rodríguez Cotto.
17. Que los hechos a que nos hemos referido, dieron base a la radicación del caso José D. Rodríguez Cotto y Lydia E. Arce Salazar [v]s. José Laureano Valentín y Maritza Marrero Rivera, Civil [Núm.] 83-2723, ante el Tribunal Superior, Sala de Arecibo (Cobro de Dinero). La parte demandante obtuvo sentencia a su favor. (Énfasis suplido.) Informe, págs. 8-10.

Inconforme cón estas determinaciones, el querellado en dos ocasiones presentó unas mociones en las que solicitó la reconsideración y que se enmendaran las determinaciones de los hechos. También solicitó la celebración de una vista para discutir los planteamientos presentados. El Comisio-nado Especial declaró no ha lugar ambas mociones.

El 10 de diciembre de 1992, el querellado solicitó a este Tribunal que revisara varias de las determinaciones de he-cho del informe del Comisionado Especial.

h-1 H — <

El querellado solicita que este Tribunal enmiende las determinaciones de hecho Núms. 12-17 del Informe del Comisionado Especial, identificadas antes.

Dado que toda la prueba en autos fue estipulada y que el Comisionado no recibió prueba oral alguna, este Tribunal se encuentra, en cuanto al análisis de la prueba se refiere, en la misma situación que el Comisionado Especial. Hemos resuelto consistentemente que este Tribunal está en la misma posición que el tribunal de instancia en cuanto al testimonio pericial, quedando por lo tanto “en libertad de adoptar nuestro propio criterio”. Zambrana v. Hospital Santo Asilo de Damas, 109 D.P.R. 517, 522 (1980). Lo mismo ocurre en cuanto a la evidencia documental. Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 618 (1981).

En Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P R. 245, 260-261 (1975), resolvimos:

No menoscabamos la regla de respeto a las determinaciones de hecho de los tribunales de instancia cuando evaluamos prueba documental, pues sobre ésta ocupamos igual posición que la de los foros primarios .... Véase, además, Ortiz v. Cruz Pabón, 103 D.P.R. 939, 947-948 (1975), y casos allí citados.

Examinada la prueba en autos, encontramos que pro-cede enmendar las determinaciones de hecho Núms. 14 y 17, pero no así las Núms. 12, 13 y 15.()

Determinación de hecho Núm. 14

En cuanto a la determinación de hecho Núm. 14, el que-rellado solicitó que se enmiende para que se señale que la firma que aparece en la Escritura Núm. 18 como la de José D. Rodríguez Cotto fue en efecto escrita por éste.

De la prueba que obra en autos surge que el licenciado Maldonado declaró que conocía personalmente a los otor-gantes con anterioridad al acto del otorgamiento de la es-critura en cuestión y que éstos comparecieron a dicho acto ante él. Por su parte, el Sr. José D. Rodríguez Cotto declaró que no había comparecido a dicho acto y negó que hubiera firmado la escritura aquí en controversia.

Aparte del testimonio del propio señor Rodríguez Cotto y el de su esposa, no existe prueba en el expediente que sustente que la firma que aparece como del señor Rodrí-guez Cotto no fuera efectivamente escrita por él.

Según surge del informe del Sr. Evaristo Alvarez Ghi-gliotti (perito de la parte querellante), del informe del Sr. Charles Hamilton (perito de la parte querellada) y de la Determinación Núm. 16 que hiciera el Comisionado Especial, la firma que aparece como del Sr. José D. Rodríguez Cotto no fue hecha por la Sra. Doris Rijo, por los otorgantes José J. Laureano y Lydia Arce Salazar, ni por el querellado Evaristo Maldonado. Estas personas fueron las únicas pre-sentes en la oficina durante el acto del otorgamiento de la escritura.

Por otro lado, en el informe realizado por el perito Charles Hamilton se concluye que en efecto la firma impugnada en la escritura es la del señor Rodríguez Cotto; además, se determina que la firma que le sigue a la del señor Rodríguez Cotto es la de la Sra. LydiáArce Salazar y que esta firma fue hecha con posterioridad a la del señor Rodríguez Cotto, dado que la firma de la señora Arce Salazar pasa por encima de la del señor Rodríguez Cotto.() Esta prueba fue estipulada y no controvertida. Concluimos que procede enmendar la determinación de hecho Núm. 14 a los efectos de señalar que la firma que aparece en la escritura como la del Sr. José D. Rodríguez Cotto fue en efecto hecha por él.

Determinación de hecho Núm. 17

El querellado también solicitó la reconsideración de la determinación de hecho Núm. 17 para hacer constar que los hechos expuestos en la querella de autos no motivaron la presentación del Caso Civil Núm. 83-2723 José D. Rodríguez Cotto, etc. v. José Laureano Valentín.

Lo que en efecto dio base a tal reclamación fue la falta de pago de los compradores del precio convenido en la compraventa. Así consta claramente en la demanda, la sentencia y otros documentos de esta. Por ende, procede que se elimine la determinación de hecho Núm. 17.

Determinaciones de hecho Núms. 12 y 13

El querellado solicitó la reconsideración de la determi-nación de hecho Núm. 12 en vista de que según el testimo-nio estipulado del licenciado Maldonado, los otorgantes de la escritura le informaron que previo a su otorgamiento los compradores habían entregado $10,000 a los vendedores. Se estipuló que el licenciado Maldonado declaró que por error involuntario se hizo constar en la escritura que la parte vendedora recibió de los compradores $10,000 en el acto de otorgamiento de la escritura, cuando debió hacerse constar que se le había informado al notario que los $10,000 se habían entregado antes de otorgar el documento.

En cuanto a la determinación de hecho Núm. 13, el que-rellado alega que procede la enmienda de ésta en virtud de que la prueba en autos, estipulada por las partes, establece que a pesar de que los otorgantes José D. Rodríguez Cotto y Lydia Arce Salazar estaban divorciados a la fecha del otorgamiento de la escritura, éstos se comportaban como si estuviesen casados. El querellado alega que fue un error involuntario el haber incluido en la escritura como casados a los otorgantes antes mencionados y que dicho error en la identificación de la relación marital entre los otorgantes no afectó el negocio jurídico ni sus derechos.

El Ledo. Evaristo Maldonado incurrió en conducta impropia al otorgar una escritura y dar fe pública en dicho documento de que los otorgantes estaban casados entre sí, cuando le constaba o debió constarle que estaban divorciados puesto que él había sido abogado de una de las partes durante el trámite de divorcio.

De igual manera, el querellado, actuando como notario público, incurrió en conducta impropia al otorgar la escritura en cuestión y dar fe pública de que ante él la parte vendedora había recibido $10,000 de manos de la parte compradora cuando le constaba, por información de los propios otorgantes, que dicho hecho no era cierto.

La conducta del Ledo. Evaristo Maldonado constituye una violación de la fe pública notarial y del deber de hon-radez y sinceridad contenido en el Canon 35 del Código de Ética Profesional, supra, por lo que merece ser sancionada.()

Determinación de hecho Núm. 15

También se solicitó la reconsideración y enmienda de la determinación de hecho Núm. 15 a base de que la prueba en autos había establecido que la Sra. Lydia Arce Salazar, al momento de suscribir la Escritura Núm. 18, estuvo en la oficina del Ledo. Evaristo Maldonado y suscribió e inició el documento ante la presencia de éste.

La Sra. Lydia Arce Salazar declaró que ciertamente ella había firmado la escritura en cuestión, en la oficina del licenciado Maldonado y ante la secretaria de éste, pero que el querellado no se encontraba presente en aquel momento. Señaló, además, que cuando firmó la escritura no aparecía la firma con el nombre de su esposo, como aparece en dicho documento.

En cuanto a la determinación de hecho Núm. 15, esti-mamos que no merece ser modificada. Si bien tanto el li-cenciado Maldonado como su secretaria declararon que el querellado se encontraba en su oficina durante el tiempo en el cual la Sra. Lydia Arce Salazar firmaba la escritura, no existe prueba que refute la declaración de ésta a los efectos de que ella no estuvo ante el licenciado Maldonado al momento de la firma. ()

El Ledo. Evaristo Maldonado incurrió en conducta impropia al no cumplir con las disposiciones de la ley notarial en cuanto al requisito de comparecencia de los otorgantes de un documento público. Como señaláramos en In re González González, 119 D.P.R. 496, 499 (1987), “[l]a fe pública notarial, como elemento objetivo que se concretiza a través de la persona del notario con la presencia del com-pareciente, es la espina dorsal de todo el esquema de au-tenticidad documental. Cuando se quiebra[,] todo el sis-tema se afecta”.

La conducta del Ledo. Evaristo Maldonado constituye una seria violación a la fe pública y a la función notarial que este Tribunal se ha comprometido a guardar, por lo que merece ser sancionada. In re Tirado Saltares, 118 D.P.R. 576 (1987); In re Pedraza González, 118 D.P.R. 87 (1986); In re Aponte Arché, 117 D.P.R. 837 (1986); In re De Jesús Fuentes, 117 D.P.R. 90 (1986); In re Todd Arias, 117 D.P.R. 10 (1986); In re Rivera Lassen, 116 D.P.R. 325 (1985); In re Colón de Zengotita, 116 D.P.R. 303 (1985).

Por las razones expuestas y examinados los cargos for-mulados contra el Ledo. Evaristo Maldonado, así como la prueba presentada, se disciplina al notario querellado or-denándose su separación del ejercicio de la notaría por el término de un (1) año.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García disintió, por es-timar que la sanción impuesta no guarda proporción con la gravedad de los cargos probados y las violaciones que ello representa en cuanto a la esencia de la buena práctica de la notaría. El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

      (1) En el Informe de Conferencia con Antelación a la Vista ante el Comisionado Especial se desistió con perjuicio del cargo en el cual se alegaba que no se habían hecho constar en la Escritura Núm. 18 unos gravámenes regístrales sobre el inmue-ble objeto de la compraventa. De la certificación literal del Registro de la Propiedad surgía únicamente un solo gravamen, el cual se había descrito en la Escritura de Compraventa.

      (2) El 31 de enero de 1989 este Tribunal designó al Ledo. Arturo Cintrón García como Comisionado Especial en este caso. Habiendo tomado conocimiento del falleci-miento del licenciado Cintrón García, este Tribunal, el 5 de junio de 1990, nombró al Ledo. Juan Marcano como Comisionado Especial.

      (3) Tampoco procede enmendar la determinación de hecho Núm. 16, ya que no surge del expediente ninguna base para alterarla. Por otro lado, dicha determinación apoya la enmienda que realizáramos a la determinación de hecho Núm. 14 a los efectos de que la firma aquí en controversia fue escrita por el Sr. José D. Rodríguez Cotto.

      (4) Surge de la prueba en autos que el señor Charles Hamilton fue el único perito que estudió el punto de si la firma de la señora Arce se sobrepuso a la firma del señor Rodríguez Cotto. La conclusión del señor Hamilton en su informe es que en efecto así ocurrió. Del informe del Sr. Evaristo Álvarez Ghigliotti surge que tal punto no fue estudiado. De igual forma, del informe del Sr. Héctor Maldonado surge que él no pudo hacer ninguna determinación en cuanto a los puntos en controversia que le fueron sometidos a su consideración. En ese sentido, la prueba presentada por el querellado debió haber merecido entero crédito en vista de que no fue controvertida. Véase Villaronga, Com. v. Tribl. de Distrito, 74 D.P.R. 331 (1953).

      (5) “Canon 35. Sinceridad y honradez

      “La conducta de cualquier miembro de la profesión legal ante los tribunales, para con sus representados y en las relaciones con sus compañeros debe ser sincera y honrada.

        “No es sincero ni honrado el utilizar medios que sean inconsistentes con la verdad ni se debe inducir al juzgador a error utilizando artificios o una falsa relación de los hechos o del derecho. Es impropio variar o distorsionar las citas jurídicas, suprimir parte de ellas para transmitir una idea contraria a la que el verdadero contexto establece u ocultar alguna que le es conocida.
      “El abogado debe ajustarse a la sinceridad de los hechos al examinar los testi-gos, al redactar afidávit u otros documentos, y al presentar causas. El destruir evi-dencia documental o facilitar la desaparición de evidencia testifical en un caso es también altamente reprochable.” 4 L.P.R.A. Ap. IX.

      (6) Según se indica en el informe de conferencia con antelación a la vista, que fuera estipulado por las partes, la Sra.‘Doris Rijos, secretaria del querellado, declaró que la Sra. Lydia Arce había comparecido a la oficina y que, luego de leer el docu-mento, lo había firmado ante ella. No se especificó que el querellado estaba presente; sólo se aclaró que éste estaba en su oficina.


text:
      In re Rodríguez Álvarez, querellado.

      Número: CP-90-97

      Resuelto: 18 de mayo de 1993

      Jorge Pérez Díaz y Anabelle Rodríguez, Procuradores Genera-les, Norma Cotti Cruz, Subprocuradora General, e Yvonne Casanova Pelosi, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Rafael Rodríguez Álvarez, pro se; F. Ariel Avilés Rodríguez, abogado del querellado; Salvador Acevedo Colón, Comisionado Especial.

   per curiam:

El 2 de noviembre de 1987, la Oficina del Procurador General presentó ante nos un informe sobre la conducta profesional del Ledo. Rafael Rodríguez Álvarez. Mediante resolución emitida el 10 de enero de 1990, orde-namos a dicha oficina a formular la querella correspondiente. El 31 de enero de 1990, el Procurador General presentó una querella contra Rodríguez Álvarez por conducta impropia mientras actuaba como notario público. Se le imputó haber autorizado varias escrituras públicas de compraventas, en las cuales figuraban como partes ven-dedoras personas que ya habían fallecido para las fechas indicadas en las escrituras.

A raíz de esta querella, el 6 de abril de 1990 nombramos como Comisionado Especial del caso al Ledo. José M. Aponte Jiménez.

Luego de varios incidentes procesales, la representación legal del querellado solicitó al Comisionado Especial que los procedimientos del presente caso se llevaran a cabo bajo la Regla 13.1 de nuestro Reglamento, 4 L.RR.A. Ap. I-A, en vista de que el licenciado Rodríguez Álvarez alega-damente se encontraba incapacitado mental y físicamente para asumir de forma competente y adecuada la represen-tación legal de sus clientes. También se solicitó, mediante moción, que se paralizara y se dejara sin efecto cualquier señalamiento en el caso.

El 28 de noviembre de 1990 el Comisionado Especial acogió la solicitud de la parte querellada y suspendió los procedimientos hasta tanto este Tribunal se expresara en relación con esa solicitud. Dos días después, el licenciado Aponte Jiménez nos informó acerca de su inhibición en este caso.

Mediante resolución, el 21 de diciembre de 1990 acepta-mos la inhibición del licenciado Aponte Jiménez y se le relevó de sus funciones; se ordenó la paralización de los procedimientos del caso y se le concedió al Procurador General un término de veinte días para que se expresara en torno a la petición del querellado en relación con la Regla 13.1 de este Tribunal, supra.

Luego de examinar la moción en cumplimiento de nues-tra resolución presentada por el Procurador General, en la cual éste expresó que no se oponía a la petición del licen-ciado Rodríguez Alvarez, el 8 de febrero de 1991 autoriza-mos que los procedimientos contra el querellado se lleva-sen a cabo bajo la Regla 13.1 de nuestro Reglamento, supra. Se hizo constar la salvedad señalada por el Procu-rador de que si en este proceso se determinaba que el que-rellado estaba incapacitado mentalmente, una vez éste so-licitara nuevamente su reinstalación, la querella presentada en su contra sería dilucidada en sus méritos. También nombramos al Ledo. Salvador Acevedo Colón como nuevo Comisionado Especial, y se le instruyó señalar una vista para el caso a la mayor brevedad posible.

El 20 de mayo de 1991 se celebró la conferencia con antelación a la vista del caso en la cual las partes informa-ron los nombres de sus respectivos peritos. Por el Procura-dor General sería el Dr. José E. Villanueva, por el quere-llado el Dr. José Coballes (luego sustituido por el Dr. Rafael Cruz Mora) y por el Comisionado Especial el Dr. Luis Torres Aguiar (luego sustituido por la Dra. Haydeé Santiago Lugo). Las partes acordaron que los peritos examinarían al querellado, harían sus informes y notificarían a las partes y al Comisionado. Se señaló la vista del caso en su fondo para el 7 de agosto de 1991.

Dicha vista fue pospuesta en varias ocasiones hasta que, finalmente, se celebró el 4 de junio de 1992. Las par-tes estipularon que el caso se resolviera a base de los in-formes de los peritos psiquiátricos antes mencionados.

El Procurador General solicitó —y así lo aceptó el Comi-sionado— que si algún día el licenciado Rodríguez Álvarez solicitaba su reinstalación se vería el caso en sus méritos.

El 4 de diciembre de 1992 se presentó ante nos el in-forme del Comisionado Especial en el cual se enumeran varios padecimientos físico-emocionales del querellado.

Concluyó el Comisionado que, debido a su enfermedad, el juicio del querellado se encuentra afectado para evaluar la realidad inmediata y reconocer las consecuencias de sus actos; que por su condición física y emocional el querellado no puede de manera competente y adecuada representar a sus clientes ni mantener el patrón de conducta adecuado que debe observar un abogado.

El Comisionado recomendó que, de curarse el abogado querellado de su condición física-emocional y éste solici-tara su reinstalación, se deberían continuar los procedi-mientos en su contra por la vía ordinaria.

El 21 de diciembre de 1992 el querellado compareció ante nos mediante su representante legal para expresar-nos su conformidad con el informe del Comisionado y soli-citarnos la separación indefinida del querellado del ejerci-cio de su profesión.

Examinado el expediente del caso, el informe del Comi-sionado y los informes escritos de los tres peritos psiquia-tras, de los cuales se desprende la condición física y mental del querellado, procede decretar su suspensión indefinida como abogado-notario.

En In re Suárez Burgos, 108 D.P.R. 1 (1978), resolvimos que es procedente suspender indefinidamente del ejercicio de la abogacía a un abogado cuya condición mental, física o emocional le impida asumir competente y adecuadamente la representación legal de sus clientes y mantener el pa-trón de conducta que debe observar todo abogado. Expre-samos, en adición, que dicha separación indefinida por ra-zón de incapacidad mental constituye una medida de protección social y no un desaforo.

Por las razones anteriormente expresadas, se ordena el archivo por tiempo indefinido de la queja presentada en este caso y se suspende indefinidamente al Ledo. Rafael Ro-dríguez Álvarez del ejercicio de la abogacía y del notariado por razón de incapacidad mental.

Se dictará sentencia de conformidad.