author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Torres Rigual. Juez Presidente Señor Trías Monge.

text:
    Puerto Rico Telephone Co., peticionaria, v. Cielo Martínez Cardona y Elba Aponte de Rodríguez, recurridas.

      Número: O-82-445

      Resuelto: 11 de mayo de 1983

      José R. Ortiz, abogado de la peticionaria; Pedro L. Ruiz Ortiz, abogado de la recurrida Elba Aponte de Rodríguez; Domingo A. Vivaldi, abogado de la recurrida Cielo Martínez Cardona.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Hace tres décadas los autores de nuestra Constitución concibieron que la “protección contra ataques a la honra, reputación y vida privada” era complemento integral e indispensable del concepto mayor de dignidad humana. Destacaron que el “honor y la intimidad son valores del individuo que merecen protección cabal” frente a atentados e ingerencias abusivas de las autoridades y personas par-ticulares. Así extendieron expresamente el ámbito de la inviolabilidad de la persona a toda área necesaria para el desarrollo de ésta —hogar, muebles, documentos y los medios de comunicación. Concluyeron que “[t]oda intro-misión sin su permiso en ese círculo privado equivale para todo hombre a una violación de su personalidad”, lesión que era “el más penoso ataque a los derechos fundamentales de la persona”. No obstante, con pragmatismo y visión admi-tieron que esos mismos medios y propiedades podían “ser instrumento de delito o resultado de su comisión” y, por ende, rechazaron “detenerse ante esas fronteras de la per-sonalidad[, pues] equivaldría a la protección indebida del delito y del delincuente”. Con sabiduría y fino balance inte-lectual, en esa “colisión de lo privado y lo público, la solución se entrega, con todas las garantías, a la autoridad judicial. . .”. 4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 2566-2567 (1952).

La decisión de hoy es importante por varias razones. Primeramente, aclara esa visión y encomienda constitu-cional. Segundo, ubica en su correcta perspectiva la jerar-quía de valores fundamentales de nuestra comunidad. Tercero, resuelve y provee una solución interina a un grave problema, sin menoscabo de acción legislativa ulterior. Y cuarto, reivindica el lesionado derecho a la intimidad de dos ciudadanos que poseen teléfonos en sus hogares, a la vez que protege a la ciudadanía en circunstancias similares.

HH

La Sra. Cielo Martínez Cardona, quien por razón de su divorcio vive sola con sus hijos menores de edad, empezó a recibir en su hogar repetidas llamadas telefónicas anónimas que perturbaron su tranquilidad mental, menoscabaron indebidamente su derecho de intimidad y le causaron graves daños morales y emocionales. Igual sucedió a la siquiatra Dra. Elba Aponte de Rodríguez, quien comenzó a recibir frecuentes amenazas por teléfono en detrimento de su sosiego personal y la serenidad familiar.

Oportunamente promovieron por separado ante el Tribunal Superior, Sala de Ponce, expedientes de jurisdicción voluntaria y solicitaron una orden dirigida a la Puerto Rico Telephone Co. (“la Telefónica”) para que ésta interceptara sus respectivos teléfonos con el propósito de poder deter-minar la procedencia de las llamadas en cuestión y, por ende, identificar al autor o autores de las mismas. Los autos no reflejan que antes se hubiesen querellado a las autori-dades del orden público.

El tribunal accedió a ambas peticiones. La Telefónica objetó. Adujo que el área a que están adscritos los teléfonos de las promoventes no disponía del equipo técnico necesario que le permitiera rastrear el origen de las llamadas sin intervenir con el contenido de la comunicación. Expuso que, en tales circunstancias, la interceptación sería contra-ria a la Sec. 10 de nuestra Carta de Derechos y al estatuto federal que regula la interceptación telefónica, aplicable al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Tit. III del Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, 18 U.S.C. secs. 2510-2520.

El foro de instancia, previa consolidación, evaluó los méritos de esa contención y mediante dictamen escrito reiteró su facultad para ordenar las interceptaciones. En su resolución discutió las disposiciones constitucionales nues-tras que, por un lado, prohíben la interceptación de comu-nicaciones telefónicas y, por otro, protegen el derecho a la vida privada o familiar. También aludió extensamente a la legislación penal pasada y presente en lo que concierne al esfuerzo legislativo para proteger el derecho de intimidad mediante la prohibición de la utilización ilícita de las vías telefónicas y la interceptación, grabación o interferencia ilegal de toda clase de comunicación privada o verbal, y el castigo por violar dichas disposiciones.

El decreto, aunque concluyó la aplicabilidad a Puerto Rico del estatuto federal —a pesar de la prohibición dis-puesta en nuestra Carta de Derechos— descartó que ello fuera un obstáculo para que una persona privada, con el propósito de protegerse, solicite y obtenga una orden judicial para que se intervenga su propio teléfono. En conse-cuencia, elaboró el siguiente procedimiento para servir de guía a las peticiones y órdenes de esta naturaleza:

A. La petición solicitando autorización judicial para inter-venir o interceptar un teléfono debe ser incoada en la siguiente forma:
1. Bajo juramento, con notificación al Ministerio Público, en procedimiento ex parte.
2. Contendrá un relato completo de las circunstancias y los hechos que justifican que se ordene la intervención del telé-fono.
3. Se interceptará el teléfono del peticionario —donde se reciben las llamadas— para rastrear el teléfono de origen, con descripción de las facilidades para realizar la gestión por parte de la compañía de teléfonos (teléfono adicional en el sitio donde se recibe la llamada o teléfono del vecino de donde se comunicará a La Telefónica de la llamada anónima).
4. Se renunciará al derecho constitucional que consagra el artículo [szc] 10 de la Constitución.
5. Se hará prohibición expresa de grabaciones de la comunicación.
6. Se hará expresión clara del tiempo por el cual se extenderá la intervención del teléfono.
B. Se celebrará una vista con la intervención del Ministe-rio Público y luego se emitirá la resolución u orden por el tribunal.
C. La resolución u orden del tribunal contendrá lo si-guiente:
1. El teléfono a ser interceptado y las facilidades que hay para realizar el rastreo. (Ver el tercer requisito de la petición.)
2. Describirá, sucintamente, el tipo de comunicación que se va a interceptar y la prohibición de grabarla.
3. Será dirigida a la compañía telefónica (la Puerto Rico Telephone Company).
4. Expondrá el plazo de duración y sólo podrá extenderse o prorrogarse dicho período de tiempo con la intervención del Ministerio Público y la aprobación del tribunal después que se muestre que se justifica tal plazo adicional.

Finalmente, retuvo jurisdicción y dispuso que, una vez enmendadas las peticiones de conformidad con dichas directrices, celebraría una vista y adjudicaría la misma.

II

A solicitud de la Telefónica revisamos. En esencia, su tesis está predicada básicamente en dos proposiciones. Pri-mera, que un ciudadano que es amenazado, ofendido e inju-riado por vIa telefOnica no est~ facultado para requerir decretos de interceptación telefónica, porque la persecuciOn del delito ante los tribunales corresponde al Ministerio Fiscal; y, segunda, que no existe estatuto local que reglamente el procedimiento de interceptación telefOnica -tal y como lo exige la ley federal- y, por consiguiente, el Estado está impedido de recurrir a ese método como medida para corn-batir el crirnen.

La primera proposición -respecto a la facultad priva-tiva del Ministerio Fiscal para perseguir el crimen- des-cansa en el supuesto de que cuando un ciudadano acude a un tribunal a obtener una de estas Ordenes de intercep-tación telefónica, lo hace con el ánimo de investigar un cri-men exciusivamente. A poco que hurguemos en esta hipóte-sis descubriremos, sin embargo, que está asentada sobre una premisa de frágil consistencia.

Nadie niega que la investigación del crimen y el encau-samiento por infracciones a las leyes penales del país ante los tribunales atañe a los funcionarios del Poder Ejecutivo, a quienes la ley ha reservado tales funciones. Pueblo v. Tribunal Superior, 94 D.P.R. 59, 65 (1967). Así, la Policía de Puerto Rico tiene la obligación de “proteger a las perso-nas y a la propiedad, mantener y conservar el orden público, observar y procurar la más absoluta protección de los derechos civiles del ciudadano, [y] prevenir, descubrir y perseguir el delito”. 25 L.P.R.A. sec. 1003. Los fiscales del Departamento de Justicia tienen, por otro lado, el deber de “procesar a todos los delincuentes por crímenes y delitos”. 3 L.P.R.A. sec. 95.

Ninguna de las anteriores facultades excluye la vindicación del derecho a la intimidad ante los tribunales, por simple iniciativa privada, independientemente de la participación incidental de cualquier funcionario o agencia del gobierno. El ciudadano afectado por el estorbo que representa el raudal de llamadas indeseadas y ofensivas no tiene que esperar por el curso de una investigación criminal ordinaria llevada a cabo por las agencias del orden público. Puede, si lo estima conveniente, hacer sus propias averiguaciones encaminadas a proteger y reivindicar su derecho a la intimidad del modo en que lo ha reconocido nuestra jurisprudencia, a saber, mediante el recurso de injunction —Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20, 25 (1974)— o, en definitiva, mediante la correspondiente acción civil por daños —Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982).

En conclusión, el ejercicio de este derecho por la vía penal, así como la disponibilidad de dicho curso de acción, no es incompatible con su ejercicio por la vía civil ni la excluye. Vda. de Morales v. De Jesús Toro, 107 D.P.R. 826 (1978). En ese sentido al ciudadano no se le prohíbe que acuda a los tribunales para poder sustentar la correspon-diente reclamación fuera de la órbita penal.

III

Inaplicabilidad del estatuto federal

Consideramos la aplicabilidad a Puerto Rico del Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, 18 U.S.C. secs. 2510-2520 (Tit. III).

En principio la legislación federal, por disposición expresa, se extiende al Estado Libre Asociado en casos apropiados. 18 U.S.C. sec. 2510(3). Observamos, sin embargo, que es posible que en determinadas circunstan-cias sea inaplicable por sus propios términos a Puerto Rico o cualquier Estado, pues la misma no pretende ocupar ente-ramente el campo, sino que permite a éstos que impongan requisitos más estrictos para la interceptación de las comu-nicaciones. A tal efecto notamos que desde el año 1952, en virtud de la prohibición establecida en la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución, el tratamiento y evolución en materia de nuestra legislación penal ha sido consistente-mente adherirse a que se cumpla celosamente con dicha proscripción. No podemos concebir lenguaje más limita-tivo que el que aparece en nuestra Ley Fundamental.

Por ello, antes de considerar el efecto del ajustado len-guaje que contiene la Sec. 10 es imprescindible dilucidar si en verdad el estatuto federal le impone una camisa de fuerza a los ciudadanos y tribunales puertorriqueños, tal y como sugiere la Telefónica. Resolvemos en la negativa.

El estatuto federal, de índole penal, es sumamente explí-cito. No es aplicable al caso de autos. Declara que no será ilegal que una persona que actúe so color de autoridad intercepte una comunicación alámbrica u oral, cuando dicha persona es una de las partes en la comunicación o cuando una de éstas haya ofrecido previamente su consen-timiento a la interceptación. 18 U.S.C. sec. 2511(2)(c). United States v. Caceres, 440 U.S. 741, 750 (1979). La aquiescencia puede ser expresa o implícita.

No hay duda, pues, de que en las circunstancias de autos está presente el elemento indispensable del consentimiento previo de una de las partes. Precisamente las peticiones juradas corresponden a unos abonados del servicio tele-fónico que han solicitado de manera expresa que se inter-cepte el contenido de la comunicación. No se trata de una acción de origen gubernamental. Tal hecho remueve del palio protector de la ley federal al sujeto que llama lícita o ilícitamente a un teléfono intervenido por instrucciones expresas del abonado. Repetimos, el Omnibus Crime Control and Safe Streets Act es inaplicable, por no prohibirlo, cuando se trata de una solicitud del propio usuario. Tal interceptación voluntaria no es contraria a ningún mandato expreso del Congreso. Por ende, no está en juego la See. 9 de la Ley de Relaciones Federales.

> HH

Aclarado este extremo, nos percatamos de que la con-clusión de que en estas circunstancias concretas sea inapli-cable el estatuto federal no necesariamente significa que los estados y Puerto Rico no pueden ser más exigentes en la tutela de los derechos involucrados y que a su vez impongan requisitos más rigurosos para la interceptación telefónica. Nuestra Constitución dispone que “[n]o se interceptará la comunicación telefónica”. Art. II, Sec. 10. Ese mandato nos coloca precisamente en el umbral del verdadero problema jurídico planteado: ¿Es esta prohibición absoluta? ¿A quién o a quiénes aplica? ¿El derecho que emana de ella es renun-ciable? Si lo es, ¿de qué modo se puede renunciar a él o cómo se entiende renunciado? ¿Se requiere legislación habilitadora para ello? Examinemos estas interrogantes.

A. Primacía del derecho a la intimidad

El derecho que los peticionarios pretenden proteger es, según Castán, de los llamados derechos de la persona-lidad, de índole innata y privada. En nuestra sociedad toda persona es acreedora al derecho a la reserva de la vida privada: a una vida íntima familiar. Es inherente al hombre y goza de primogenitura en nuestra descendencia cons-titucional. No estamos ante uno en la esfera de lo económico, v.g., caso de cobro de dinero u otro análogo en que está invo-lucrado solamente un bien o interés patrimonial.

Por su primacía está consagrado, además de en la See. 10, en las Secs. 1 y 8 del Art. II de la Constitución. En lo pertinente rezan:

Sec. 1 — La dignidad del ser humano es inviolable.
See. 8 — Toda persona tiene derecho a [la] protección de [la] ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.

En Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 258-259 (1978), nos expresamos extensamente sobre la naturaleza y proyección de este derecho. Dijimos:

En E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 439-440 (1975), apuntamos que el derecho a la intimidad tiene un historial distinto en Puerto Rico al que tiene en Estados Unidos. Añadimos que nuestro Art. II, Sec. 8 es una copia literal del Art. V de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y que entronca también con el Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Recalcamos que nuestra Asamblea Constituyente quiso “formular una Carta de Derechos de factura más ancha que la tradicional, que recogiese el sentir común de culturas diversas sobre nuevas categorías de derechos”.
En Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975), nos habíamos referido también a la amplitud del derecho a la intimidad. “Representando así esta sección [la número 8 del Art. II], como varias otras,” afirmamos, “un principio con aspiraciones de universalidad, destilado de muy diversos sistemas jurídicos, ancho es el mundo que se nos brinda para su interpretación justa. No se está obligado por juegos específicos de reglas históricas. La obligación es acatar el mandato constitucional, en consonancia con otras disposi-ciones de nuestra ley primaria y las realidades del país.” (Énfasis nuestro.)

Tan trascendental es este derecho en nuestra sociedad que, en las ocasiones en que se ha contrapuesto a otros de similar jerarquía, ha salido airoso del careo constitucional. Así, por ejemplo, ha prevalecido ante los siguientes derechos fundamentales: de libre expresión, Hermandad de Empleados, supra (piquete frente a la residencia del Secretario del Trabajo); de libertad de culto, Sucn. de Victoria, supra (servicios religiosos que trascendían al vecindario); y de propiedad, Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177 (1973) (establecimiento de funeraria en zona residencial). También ha predominado frente a la legislación limitante de la decisión de los cónyuges que por mutuo acuerdo optan por terminar su matrimonio. Figueroa Ferrer, supra.

Por la importancia que reviste, hemos saturado nuestra docrina jurisprudencial del principio rector de que la inti-midad no necesita de legislación habilitadora que le insufle vida y aliento. Opera por su propia fuerza y vigor. Colón v. Romero Barceló, supra, pág. 576; Figueroa Ferrer, supra, pág. 259; Hermandad de Empleados, supra, pág. 440; Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812, 816 (1964); González v. Ramírez Cuerda, 88 D.P.R. 125, 133 (1963). Véanse, Robles López v. Guevárez Santos, 109 D.P.R. 563, 567 (1980); Cortés Portalatín, supra, pág. 738; y Pueblo v. Figueroa Navarro, 104 D.P.R. 721, 726-727 (1976).

En resumen, el análisis que precede revela la verdadera naturaleza del derecho a la intimidad. Incuestionablemente goza de primacía en la pirámide constitucional. Ese sitial nos permite contestar una de las interrogantes formuladas: su implementación no requiere legislación específica. Supe-ditarlo a la acción legislativa sería simplemente incon-gruente con el propósito de los forjadores de la Constitución y representaría una contramarcha en su evolución vindica-dora. Lo reduciríamos a una escala nominal.

B. Alcance de la prohibición

Concentremos nuestro examen en investigar el ver-dadero alcance de la prohibición de que no se interceptarán comunicaciones telefónicas. Varias consideraciones aclaran sus horizontes, según el legajo de la Constituyente.

Lo primero que observamos es que su texto está ubicado separadamente de la See. 8 y que se encuentra entre las disposiciones sobre los registros y allanamientos de persona y morada. No obstante, a poco que reflexionemos percibimos que tal ordenación no desvirtúa su esencia ni significa un distanciamiento conceptual. Precisamente la cláusula de interceptación telefónica, por su propia naturaleza, pertenece a la esfera del derecho a la intimidad consagrado en la mencionada See. 8, y forma parte integral del mismo. Así pues, el derecho de una persona a que no se le intercepte su teléfono es parte esencial del derecho mayor a la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, reputación y vida privada o familiar.

En segundo lugar, y como corolario, es menester concluir que su mención expresa en la Sec. 10 responde a la intención específica de vedar, sin lugar a dudas, la intromisión no consentida en las comunicaciones telefónicas. Tercero, esa cláusula, aunque aislada, no representa en definitiva un derecho distinto al derecho a la intimidad en sí, ni es de rango superior al de éste; es una de sus manifesta-ciones.

Y cuarto, este enfoque es compatible con la regla de hermenéutica de que las diferentes cláusulas de la consti-tución no deben interpretarse de forma tal que se produzca un resultado absurdo. La función del Poder Judicial, como intérprete, es armonizar sus distintos mandamientos y pre-ceptos con miras a lograr una decisión justa y razonable a tono con la intención de la Asamblea Constituyente.

C. Titulares del derecho

El récord de la Constituyente refleja que al adoptarse la prohibición que nos ocupa sus forjadores tomaron como modelo el estatuto y la doctrina federal entonces vigentes. (Federal Communications Act of 193 48 Stat. 1103-1104.) En ese momento histórico, bajo dicho estatuto, al igual que en la actualidad, era factible y se preveía la renuncia de ese derecho por quien originaba la comunicación. 47 U.S.C. see. 605. Pero lo cierto es que nuestra Cons-tituyente trascendió esa visión y robusteció ese derecho mediante una prohibición terminante concebida en térmi-nos definitivos no cualificados. Así quedó plasmado de ma-ñera sustantiva y diferente —como intención orientadora— el ideal constitucional de extender la expectativa legítima de intimidad a todo ciudadano que se vale de las vías de comu-nicación telefónica. Como resultado, no es suficiente la renuncia de una sola parte para convalidar, ipso jure, una interceptación telefónica. Es menester que se configure una renuncia bilateral, sea expresa o implícita.

Compatible con ese enfoque, al presente el Código Penal contiene varios artículos que regulan la materia bajo la rúbrica de “Delitos Contra Derechos Civiles”. En lo perti-nente al caso, el Art. 144 prohíbe que se intercepte una comunicación privada verbal telefónica. Esa protección está en armonía con el mandato constitucional. En su verdadera dimensión, estatutariamente crea una expectativa legítima de privacidad de que la conversación telefónica en sí no será interceptada ni escuchada por terceros. En consecuencia, y como regla universal, reafirmamos el derecho constitu-cional de todas las personas que hacen llamadas telefónicas a que ni el Estado ni ninguna otra persona se inmiscuya, escuche, entere o divulgue tales comunicaciones por cuales-quier medios. ¿Qué impacto tiene este pronunciamiento y la norma constitucional en el desenlace del caso? Afortunada-mente el asunto, aunque de su faz complejo, tiene solución. Después de todo, la Sec. 10 no se encuentra atada con un nudo gordiano.

D. Renunciabilidad del derecho

Al igual que otros derechos, inclusive los de estirpe constitucional, el de intimidad —y su derivado de no interceptación telefónica— es renunciable. Cf. Pueblo v. Acevedo Escobar, 112 D.P.R. 770, 777 esc. 4 (1982); y Schneckloth v. Bustamonte, 412 U.S. 218, 235 et seq. (1973). En su dinámica no es absoluto. Su única característica de absoluto es el albedrío que tiene el ciudadano para reclamar del Estado, y los tribunales hacer valer, el respeto a la expectativa legítima de intimidad que rodea su comunicación telefónica. Bajo la política pública constitucional vigente, a menos que haya una renuncia patente, específica e inequívoca, el Estado no puede inmiscuirse en la comunicación. Salvo esto, el derecho a la intimidad es inviolable y el Estado, una entidad particular, o cualquier ciudadano están impedidos, sin otras excepciones, de interceptar o permitir que se intercepte o escuche una comunicación telefónica.

Ahora bien, el usuario víctima de la lesión y agravio a su intimidad que accede y solicita judicialmente que su teléfono sea interceptado, incuestionablemente renuncia al derecho constitucional que le brinda la Sec. 10. En esas circunstancias, repetimos, no puede haber duda de la intención clara y específica de abdicar dicho derecho. Mas, ¿qué del derecho que tienen aquellas terceras personas que llaman a determinado teléfono que está interceptado a solicitud del abonado? Al reflexionar sobre la cuestión notamos que la clave del enigma radica en la interpretación de la naturaleza y contornos del derecho que emana de la Consti-tución y del Art. 144 del Código Penal.

A tal efecto, es menester resaltar varias observaciones conceptuales, jurídicas y pragmáticas. En su origen el Art. 144 pretende tutelar en el ámbito penal el derecho de toda persona a que sin su permiso se intercepte y escuche el contenido privado de su conversación con otra. Sin embargo, razonable y lógicamente tal derecho presupone y se extiende únicamente a conversaciones lícitas consentidas en el curso ordinario de las relaciones bilaterales humanas —familiares, amistosas o comerciales— que conlleva la vida en sociedad. Nadie está obligado a entablar y mantener una comunicación con un extraño. En esta zona únicamente el deseo o el deber que imponen las reglas de cortesía prevalecen. Quien origina aislada o repetidamente llamadas telefónicas sin autorización expresa o implícita del destinatario no puede argumentar persuasivamente que no renuncia su derecho a tal protección.

El Art. 144, que prohíbe la interceptación de una con-versación entre dos o más personas, no es de aplicación cuando una de ellas no sólo no ha consentido, sino que resiente y rechaza el diálogo y la utilización de su teléfono con propósitos ilícitos y denigrantes, y la otra es el autor de tales actos. Exigir un apercibimiento previo en esa situa-ción como medio para plasmar un asentimiento expreso o implícito del originario es penalizar al destinatario, que sólo tiene la intención no criminosa de protegerse de la llamada, autorizando la interceptación como medio disuasivo o para detectar su procedencia e identificar a su autor. Una inter-pretación distinta sería absurda y chocaría con el preclaro y prístino derecho constitucional que propugna la inviolabi-lidad y dignidad del ser humano y el respeto a su intimidad. En su aplicación humana el derecho no existe para exigir y perpetrar cosas imposibles, absurdas, inútiles o innecesa-rias. Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315, 321 (1976).

El Art. 144 no puede analizarse aisladamente. Una interpretación congruente y compatible con la visión legis-lativa del Código Penal en materia de divulgación, publi-cación y alteración de comunicaciones privadas no autori-zadas requiere una lectura integral. Véanse los Arts. 145, 146, 147 y 148 (33 L.P.R.A. secs. 4186, 4187, 4188 y 4189). En particular se destaca el Art. 152, que versa sobre la intrusión en la tranquilidad personal por la vía telefónica y otros medios de comunicación. Reza:

Toda persona que por medio del teléfono o por cualquier otro medio similar profiriere lenguaje amenazador, abusivo, obsceno o lascivo a otra, o que con el propósito de molestar a cualquier persona efectúe repetidamente llamadas telefónicas u ocasione que el teléfono de otra persona dé timbre repeti-damente, o toda persona que permita que cualquier teléfono bajo su control sea utilizado para cualquier propósito prohi-bido por la presente sección, será sancionada con pena de re-clusión que no excederá de seis meses o multa que no excederá de quinientos dólares o ambas penas a discreción del tribunal.

Su texto y ámbito protector es evidente. Sería un contra-sentido estimar que el autor de una llamada ilegal de este género, atentatoria a la intimidad, todavía está protegido constitucional o estatutariamente —en virtud de lo precep-tuado en el Art. 144 antes comentado— y es merecedor a que se obtenga su consentimiento previo como requisito para disuadirlo de que no realice sus amenazas, abusos o vejámenes contra sus víctimas. De ese modo volitivo ilegal u otros análogos se deriva e infiere, por imperativo circuns-tancial, una renuncia clara al derecho. Quien atenta y vul-nera la intimidad de su prójimo representa su antítesis y paradoja. Mal puede invocarla como escudo protector de su personalidad. Esa óptica obscura desarticularía in extremis el principio hermenéutico de que las leyes deben interpre-tarse armoniosamente logrando su verdadero sentido y recto significado.

V

En las circunstancias apuntadas, el remedio dispuesto por el tribunal de instancia es compatible con el diseño cons-titucional prevaleciente. Resta solamente aclarar y precisar su implementación.

Primeramente, como medida inicial, el foro judicial debe evaluar si el derecho a la intimidad del usuario puede cabalmente protegerse disponiendo el cambio del número de teléfono, si ello es viable con razonable prontitud y el usuario accede.

Agotada esa alternativa u otras soluciones análogas, una vez cumplidos los trámites pertinentes, procede la orden de interceptación.

Reconocemos que esta decisión no está inmune a inter-pretaciones jurídicas distintas, producto de enfoques abso-lutos; tampoco a reparos basados en que su implementación en cierto sentido expone la intimidad de las personas que originen llamadas legítimas a un teléfono así interceptado. Esta última realidad es innegable. En el choque de valores constitucionales individuales, se trata de un menoscabo ínfimo de un derecho para vindicar otro igual —pero que adquiere mayor jerarquía constitucional— en circunstan-cias de una fluidez situacional de otro modo incontrolable e irremediable. Representa el costo espiritual dual que es menester pagar en aras de una protección a la privacidad cuyos beneficios comunitarios han de revertir con creces. En la práctica la exposición e impacto es exiguo. Nos explica-mos.

En el curso ordinario y razonable de las relaciones humanas cotidianas, en la dinámica de una conversación telefónica existen y se pueden deslindar esencialmente dos etapas: la preliminar, que versa sobre la identificación de quien la origina y quien la recibe, y la referente al desarrollo del mensaje o diálogo ulterior. Sobre la etapa preliminar lo usual y normal es que al recibirse una llamada, tanto autor como receptor —a escasos segundos de estable-cida, mediante intercambio verbal y antes de iniciada pro-piamente la conversación— se identifiquen recíprocamente, sea de manera espontánea o a solicitud de uno de ellos. Excepto llamadas involuntarias, erróneas o tecnológica-mente discadas y procesadas, es poco corriente y frecuente que se realicen a teléfonos no deseados. Bajo cualesquiera alternativas no es común que se entable y sostenga por mucho tiempo una conversación sin que de algún modo pre-viamente haya habido esa identificación expresa, o sus pro-tagonistas —por razón de estar habituados o familiarizados con sus respectivas voces— prescindan de ese requerimiento formal de identidad. En este sentido, en casos como el que nos ocupa, resulta fácil y viable exigir que la Telefónica desconecte y se abstenga de continuar interviniendo y escu-chando más allá de lo imprescindible las conversaciones hechas por personas que bonafide se identifican o son iden-tificadles por el propio usuario. De ordinario bastará escu-char la conversación en su etapa preliminar para que el funcionario de la Telefónica se percate y quede informado de este extremo. Adicionalmente, requerir un simple aper-cibimiento de parte del receptor al autor, indicativo de que dicho teléfono está interceptado por orden judicial a la pri-mera oportunidad en que aquél advierte o reconoce su iden-tidad genuina o que la llamada es de naturaleza legítima, de un lado es indispensable y del otro, suficiente para que la central de la Telefónica interrumpa y cese, a la brevedad posible, la interceptación y rastreo.

En cuanto a estas conversaciones bona fide y legítimas, producto de la voluntad y anuencia de ambas partes, subsiste en todo su esplendor la interdicción constitucional y las prohibiciones del Código Penal. Sobre estas conversaciones no podría mantenerse ni continuarse una interceptación mediante ningún medio mecánico o análogo sin el consentimiento o renuncia de todas las partes que intervienen. Todo decreto judicial en que se conceda este remedio dispondrá claramente los límites de la autorización y que la interceptación se extenderá únicamente el tiempo estrictamente necesario para detectar la naturaleza de la llamada, identificar su origen y autor, y si se acepta. Cuando en su implementación y con referencia a llamadas legítimas, incidental o accidentalmente —aun mediando el aviso— no surgiere una renuncia expresa o tácita y se escuchen conversaciones ajenas al propósito que motivó dicho decreto judicial —vindicar y amparar el derecho de la intimidad del peticionario— éstas también se estimarán protegidas por el Art. II, Sec. 10 de la Constitución.

Pueden adelantarse también ciertas dificultades prácti-cas o problemas tecnológicos o gastos adicionales en la administración del sistema telefónico del país o que la Asamblea Legislativa debe actuar primero. En el choque y balance de valores individuales y públicos envueltos algunos deben ceder y los escollos, superarse. La Legislatura puede manifestarse en el futuro, al igual que lo ha hecho en el pasado en otros asuntos sobre los cuales han recaído deci-siones. Sucn. de Victoria, supra. Nuestro análisis y dispo-sición —que se circunscribe a los hechos específicos del caso y deja expresamente sin resolver otros ángulos más comple-jos del problema— no niega esa opción ni es incompatible con los remedios inmediatos e interinos propuestos. Remitir los remedios a la Legislatura es apropiado y prudencial en algunos casos. Véase, Pueblo v. Bou Nevárez, 111 D.P.R. 179, 188 (1981). Sin embargo, en el que nos ocupa no. El agravio es patente e intenso, el remedio, impostergable.

Como expresó la ilustrada sala de instancia “[djesde los comienzos de nuestros tiempos los pobres de espíritu, los enfermos del alma, los bromistas a jornada completa, [a] los que le[s] falta el valor y otros, recurren al anónimo para dar paso a sus fechorías. Es un vil delito que no debe quedar impune”. Ante la deformidad moral de algunos, el que la Telefónica no cuente con el equipo más moderno en toda la isla se comprende, pero no es excusa para no remediarse la situación. Tampoco lo son razones de orden económico. La moneda no debe prevalecer sobre el costo espiritual de una intimidad innecesariamente lastimada. De sus dos caras, hemos de evitar imponerles a las peticionarias el cargar la cruz.

En nuestra compleja sociedad moderna el ciudadano ya está suficientemente expuesto a los peligros fuera del hogar. Los tribunales no podemos cruzarnos de brazos. No debe posponerse el remedio en aras de una posible acción legis-lativa. La solución propuesta, aunque técnica y jurídica-mente no sea perfecta, está accesible como método para viabilizar y lograr una reivindicación pronta e inmediata para las recurridas. Así lo reconoce la Telefónica. Su único reparo, debido a que en. el área de Ponce tendrían que in-terceptar parte del contenido de las llamadas, está fundado en la premisa jurídica errónea de que ello podría confligir con nuestra Constitución o el estatuto federal. Hemos visto que no es así.

El poder judicial no debe agravar el estado de semi-in-defensión en que se encuentran las peticionarias ante el abuso y agravio de que son objeto. El fin de la Consti-tución es la convivencia social con respeto y justicia para todos. Su vitalidad descansa en su dinamismo. Es un docu-mento que rebasa las preferencias personales de sus autores y plasma las esperanzas de ulteriores generaciones. Su fac-tura es moderna, de lenguaje claro y sencillo, susceptible a una continua renovación. No está escrito en lengua extinta, arduo de descifrar y referente a asuntos esotéricos. Inter-pretamos una Constitución, no los Rollos del Mar Muerto. Nuestra decisión no es incompatible con las garantías que un Estado democrático debe a sus ciudadanos. Únicamente de ese modo superamos el espectro de “que este Tribunal es impotente bajo la Constitución para proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos de este país en este aspecto ...; que carece igualmente de poder para impedir la degra-dación a que a menudo se [le] fuerza . . . bajo la situación imperante; y que su papel no puede rebasar al del simple espectador limitado a lo sumo a lamentar el desprestigio que sufre necesariamente un sistema jurídico divorciado de la realidad a la que se supone que sirva.... En buena teoría de adjudicación, además, los parlamentos no son los únicos agentes de cambios sociales necesarios. Cuando se trata de mantener vivo un esquema constitucional, de conservarlo en buena sintonía con las realidades del país, es principal deber de la judicatura propender igualmente a tal fin, aunque con la mesura y circunspección que le impone su papel dentro de nuestro sistema de gobierno y sin exceder al marco de sus atribuciones”. (Énfasis suplido.) Figueroa Ferrer, supra, pág. 278.

Hoy nuevamente escogemos esa ruta. Permitir limita-damente la interceptación consentida, sujeta a la interven-ción exclusiva de los tribunales, fortalece y vivifica el dere-cho de toda persona a que se respete su vida íntima y familiar. Vindicar el derecho constitucional a la intimidad es función judicial que rehusamos abdicar.

Por los fundamentos expuestos y con sujeción a los pro-nunciamientos vertidos, se confirma el dictamen del Tribunal Superior, Sala de Ponce.

El Juez Asociado Señor Torres Rigual emitió opinión concurrente. El Juez Presidente Señor Trías Monge emitió opinión concurrente y disidente.

—O—

Opinión concurrente del

Juez Asociado Señor Torres Rigual.

Estoy de acuerdo con la confirmación de la sentencia del tribunal de instancia en este caso.

La interdicción a la interceptación de la comunicación telefónica preceptuada en el Art. II, Sec. 10 de nuestra Cons-titución no es más que un reconocimiento del derecho a la intimidad consagrado en la See. 8. Ésta constituye la dispo-sición de carácter general y aquélla tan solo la especie. Este derecho a la intimidad es, sin duda, altamente privile-giado en nuestro orden de valores, pero, como observa agu-damente el compañero Juez Señor Trías Monge en su opinión concurrente y disidente, no constituye un muro infranqueable. En efecto, no podemos convertir el derecho a la intimidad en mero artilugio de escape para liberar a los ciudadanos de las consecuencias de sus errores de juicio al compartir sus actuaciones, sus ideas, en fin, su intimidad con otras personas que pueden utilizarlas en forma contra-ria a los intereses de aquéllos.

Una persona tiene derecho a mantener en la intimidad su cuerpo, su hogar, sus documentos y excluir de ese ámbito al Estado y a su prójimo. Más aún, puede exigir reparación cuando éstos invaden su vida privada. Colón v. Romero Barceló, 112 D.P.R. 573 (1982). Pero no puede invocar el dere-cho a la intimidad el que fiado en la prudencia del otro le abre la puerta del hogar y le hace partícipe de sus asuntos, salvo, por supuesto, las excepciones de privilegios precep-tuadas en la ley, para luego en nombre de la intimidad pretender que se reprima la divulgación de su imprudencia. El hombre es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla, nos advierte con profunda sabiduría el refranero popular.

Tengo claro que dos personas que se comunican, que comparten su intimidad, bien personalmente o a través de equipo eléctrico, tienen el derecho constitucional de excluir de su comunicación a todo extraño. No obstante, ninguno de los comunicantes tiene derecho constitucional alguno de impedir que el otro retenga para sí —ya descansando en la memoria o en una grabadora— lo que voluntariamente le comunicó. No veo manera de argumentar que cuando dos personas charlan frente a frente les asiste a cada uno el derecho constitucional de impedir al otro conservar mecá-nicamente para sí la conversación. Menos aún puedo acep-tar que ese resultado sea distinto cuando la comunicación se establece por teléfono o por otro medio mecánico. Adviér-tase que me refiero a la comunicación voluntaria entre dos personas y no a la intervención de un extraño, que es lo que, a mi entender, prohíbe la Constitución.

En efecto, la interpretación anterior ha sido impartida al- derecho a la intimidad que protege a los ciudadanos nor-teamericanos por virtud de la interacción de la cuarta, quinta y decimocuarta enmiendas a la Constitución. United States v. Caceres, 440 U.S. 741, 744, 750-752 (1979); United States v. White, 401 U.S. 745 (1971); Lopez v. United States, 373 U.S. 427 (1963). Igualmente ha sido interpretado el derecho que protege a los puertorriqueños en casos proce-sados por la corte federal en Puerto Rico. United States v. Cordero, 668 F.2d 32, 39 n. 11 (1st Cir. 1981). Nada he encontrado ni en el texto ni en el historial de nuestra Cons-titución que requiera un resultado distinto.

Creo firmemente que en época de agitación como la que vivimos, de presión económica, social y política, los ciuda-danos deben tener una protección eficaz para impedir la invasión a la vida familiar íntima que representa el comen-tario obsceno, extorsionista, oprobioso, que tan fácilmente puede hacerse por teléfono. Por eso no se deben poner tra-bas al derecho de las recurridas a impedir la perturbación de su intimidad mediante la interceptación de sus teléfonos. No obstante, su actuación, al requerir a la recurrente la interceptación, puede ser fuente de responsabilidad bajo el Art. 1802 del Código Civil, si no apercibe diligentemente a la persona que de buena fe hace una llamada legítima a su teléfono y como consecuencia de su omisión le causa un daño.

En cuanto al efecto del Art. 149 del Código Penal sobre la presente controversia y pasando por alto el hecho de que no nos enfrentamos con una acusación criminal en autos, entiendo francamente que la interceptación de una comuni-cación telefónica por orden del tribunal y para protección del derecho a la intimidad de una parte carece del elemento de intención criminal necesaria para una convicción criminal.

Por las razones anteriores, concurro con la confirmación de la resolución recurrida.

—O—

Opinión concurrente y disidente del

Juez Presidente Señor Trías Monge.

Dos ciudadanas privadas, víctimas de llamadas amena-zantes en un caso y lesivas en el otro a su tranquilidad y sentido moral, instaron ante el Tribunal Superior peticiones ex parte para que la Puerto Rico Telephone Company inter-ceptase sus teléfonos. El tribunal emitió, sin celebración de vista, órdenes para el rastreo de las llamadas. La Puerto Rico Telephone Company presentó una moción para dejar sin efecto las órdenes. Señaló que las centrales a que per-tenecen los teléfonos concernidos carecen de equipo para rastrear el origen de una comunicación telefónica sin inter-venir con su contenido. Argumentó, además, que de efec-tuarse el rastreo se estaría violando la Sec. 10 del Art. II de la Constitución de Puerto Rico y lo dispuesto por la legis-lación federal pertinente. 82 Stat. 197 et seq., 18 U.S.C.A. secs. 2510-2520.

El tribunal dictó una resolución en que requiere que se reformulen las peticiones en modo más correcto y en forma análoga, aunque no idéntica, a la especificada en la citada legislación federal. El tribunal adelantó su criterio sobre la procedencia de una orden de rastreo así reformulada.

La Puerto Rico Telephone Company ha acudido en alzada ante nosotros para que revoquemos la resolución recurrida. Acordamos revisar.

El pleito encierra dos cuestiones centrales. La primera exige resolver si la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al decretar que “No se interceptará la comunicación telefónica”, impide irremi-siblemente que se proteja a la ciudadanía contra llamadas obscenas, amenazantes o que de otro modo vulneren su de-recho a la intimidad. La segunda cuestión versa sobre el alcance de la legislación federal referente a la vigilancia electrónica y los medios de extender la protección indicada.

La opinión de la mayoría concluye que el Tit. III del Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, Pub. L. 90-351, June 19, 1968, 82 Stat. 212 (18 U.S.C. secs. 2510-2520), no prohíbe la interceptación telefónica cuando uno de los par-ticipantes en la conversación ha prestado su consentimiento para tal interceptación. Señala también la opinión de la mayoría que la legislación federal no ha ocupado todo el campo y que los estados pueden imponer requisitos más estrictos para la interceptación de las comunicaciones. Estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría hasta ese punto. Disiento, sin embargo, de la parte de la decisión cuyo efecto es permitir en ciertas circunstancias la intercep-tación telefónica mediante orden judicial, cuando única-mente ha consentido a dicha interceptación la persona que recibe la llamada.

El historial de la Sec. 10 del Art. II de la Constitución revela que, al igual que en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, no se consideró hacer un reconoci-miento separado del derecho a la secretividad de la comuni-cación telefónica, excepto por grupos minoritarios represen-tados en la Convención. El anteproyecto original de Carta de Derechos preparado por el Presidente de la Comisión no proponía la disposición que nos ocupa. Compárese la Prop. Núm. 272, Sec. 8, con la Prop. Núm. 94, Art. II, Secs. 6 y 7, y la Prop. Núm. 103, Art. II, Secs. 12 y 13.

El informe de la Comisión de Carta de Derechos reco-mendó finalmente la mención separada del derecho, tal como se hacía en las proposiciones Núms. 94 y 103. La fuente utilizada por la Comisión para la estructuración del derecho fue la Ley Federal de Comunicaciones de 1934, Pub. L. 73-416, Sec. 605, 48 Stat. 1103, tal como se le interpretó en Nardone v. United States, 302 U.S. 379 (1937), y 308 U.S. 338 (1939). Veáse: J. Trías Monge, Historia Constitucional de Puerto Rico, San Juan, Ed. U.P.R., 1982, Vol. III, págs. 191-192.

La disposición de referencia, según se hizo constar en los debates, es una modalidad del derecho a la intimidad y debe interpretarse a su luz. De ahí que la Convención rechazase añadir a la Sec. 10 una referencia a la comunicación tele-gráfica. Se estimó que la See. 8, contentiva del derecho a la intimidad, protegía al ciudadano contra otras formas de intervención en su vida privada. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente 1581, 1585-1586 (1952). Véanse también las expresiones de la Comisión concernida en su informe sobre la See. 8. 4 Diario de Sesiones 2566 (1952).

De los textos citados se desprende que la Convención Constituyente le otorgó altísimo rango al derecho a la inti-midad y a sus componentes, tal como el derecho a la no interceptación de la comunicación telefónica. Así lo hemos reconocido en diversas ocasiones: Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250, 258-263 (1978); E.L.A. v. Hermandad de Empleados, 104 D.P.R. 436, 439-440 (1975); Cortés Portalatín v. Hau Colón, 103 D.P.R. 734, 738 (1975). Tan alto es que, contrario al caso de los registros, incautaciones y alla-namientos, la Convención rehusó encomendarle directa-mente a los tribunales la protección del derecho a la secre-tividad telefónica. 3 Diario de Sesiones 1581-1585 (1952).

Lo que no se discutió en la Asamblea Constituyente fue si la prohibición de intervenir con la comunicación tele-fónica es renunciable o no. Tan solo existe una vaga alusión general en el informe de la Comisión de Carta de Derechos sobre la Sec. 10, que en realidad se refiere más acertada-mente a la protección contra los registros, incautaciones y allanamientos irrazonables. 4 Diario de Sesiones 2567-2568 (1952).

No existe el más leve indicio, sin embargo, de que la omisión respondió al deseo de erigir la Sec. 10 en muro infranqueable aun cuando las partes concernidas acepten la interceptación de sus comunicaciones. La valla en tal caso es de orden retórico. No hay colisión de derechos. El dere-cho a la intimidad puede renunciarse, especialmente cuando lo que impulsa la renuncia es el deseo de proteger el propio derecho de intimidad.

La renunciabilidad del derecho a la no interceptación de la comunicación telefónica se reconocía en la legislación federal que sirvió principalmente de base a la Sec. 10 del Art. II de nuestra Constitución. La citada See. 605 de la Ley Federal de Comunicaciones de 1934 permitía que el remi-tente autorizase la interceptación de su teléfono. Para el tiempo de la Convención Constituyente, además, el Tribunal Supremo de Estados Unidos había resuelto que la protec-ción brindada por la See. 605 era tan solo para el beneficio de los participantes en la conversación interceptada y que únicamente éstos podían objetar su uso. Goldstein v. United States, 316 U.S. 114 (1942). De ahí se derivaba que, de no objetar los participantes, era inoperante la Sec. 605.

Con posterioridad a la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado es que se expande en Estados Uni-dos la doctrina del consentimiento, para interpretar que el término “remitente” incluye al receptor de la llamada y que cualquiera de los interlocutores puede permitir válida-mente la interceptación. Rathbun v. United States, 355 U.S. 107 (1957). Para la crítica de Rathbun, véase, F. Sullivan, Wiretapping and Eavesdropping: A Review of the Current Law, 18 Hastings L.J. 59, 65-66 (1966). Es interesante cons-tatar que, aun después de Rathbun; la Comisión Federal de Comunicaciones adoptó un reglamento en que se requirió el consentimiento de todas las partes que participen en una conversación para permitir su interceptación. 31 Fed. Reg. 3400 (1966); 47 CFR 2.701(a) y 15.11(a). Véase: J. Swire, Eavesdropping and Electronic Surveillance: An Approach for a State Legislature, 4 Harv. J. on Legis. 23, 27-28 (1966).

El entendido contemporáneo de nuestra Constitución fue que la prohibición de intervenir la comunicación telefónica era renunciable, mas de modo expreso y por ambas partes. El Art. 3 de la Ley Núm. 66 de 10 de junio de 1953 (33 L.P.R.A. sec. 2160) dispuso:

Ninguna persona que participe en una comunicación tele-fónica ni ninguna otra persona extraña a la misma, grabará ninguna comunicación telefónica mediante ningún procedi-miento mecánico, ni permitirá que dicha comunicación sea oída por ninguna persona, por medio de una extensión del telé-fono, o por cualquier otro medio, a no ser con el consenti-miento expreso de todas las partes que intervinieren en dicha comunicación telefónica.

La misma ley contentiva de esta disposición reiteró en su Art. 1 la prohibición de la Sec. 10 del Art. II de la Consti-tución, a fin de imponer la pena correspondiente a su violación. 33 L.P.R.A. sec. 2158. Los Arts. 144 a 146 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. secs. 4185-4187) reiteran estos conceptos. La razón es clara. La Constitución de Puerto Rico protege la intimidad tanto del receptor como del remitente.

Nuestra legislación penal sanciona desde hace años el uso del teléfono para llamadas obscenas y otras atentatorias a la intimidad personal. Ley Núm. 76 del 6 de junio de 1968 (33 L.P.R.A. sec. 2166) y Arts. 152 y 153 del Código Penal de 1974 (33 L.P.R.A. secs. 4193 y 4194). Estas disposiciones no pueden servir de base para anular el claro significado de la norma constitucional expuesta.

En consecuencia, estimo que la Sec. 10 del Art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado impide la intercep-tación de las llamadas telefónicas, a menos que medie el consentimiento expreso de todas las personas que interven-gan en la conversación.

La opinión de la mayoría señala que una persona que llama por teléfono a otra con el propósito de perturbarle su tranquilidad no tiene derecho a reclamar la protección cons-titucional discutida y que el perjuicio que han de sufrir aquellas personas que llamen con un propósito legítimo a un teléfono interceptado es tan mínimo que debe ceder ante el interés de proteger la tranquilidad de quien recibe llama-das obscenas o amenazantes. Como hemos visto, la Sec. 10 del Art. II de la Constitución no considera excepción alguna. Su mandato es claro. Una persona que llama a otra por teléfono tiene derecho a estar libre de interceptación en todo momento. La opinión del Tribunal ha establecido una excepción a una de las disposiciones más claras de nuestra Constitución. Se ha abierto peligrosamente una puerta que no sabemos cómo habrá de ser utilizada en el futuro.

Existe otro problema que la opinión de la mayoría no ha podido enfrentar de forma satisfactoria. En nuestro país no existe estatuto alguno que autorice la interceptación tele-fónica. Por el contrario, el Código Penal la prohíbe y no prescribe ninguna excepción a tal prohibición.

El resultado que exige nuestra Constitución no deja desamparado al ciudadano hostigado por llamadas ofensi-vas a su intimidad. La Asamblea Legislativa puede esta-blecer algún método para determinar el origen de las lla-madas ofensivas sin que tenga que violentarse la Constitu-ción. Además, como remedio interino, el ciudadano que recibe las llamadas ofensivas tiene derecho a que se altere el número de su teléfono y se le imparta carácter privado. Reconozco que el remedio puede ser inaceptable al usuario en ciertas circunstancias, dato que la Asamblea Legislativa indudablemente tomará en cuenta al enfrentarse a este asunto. Por último, es cierto que el derecho a la intimidad goza de tan alta jerarquía en nuestro ordenamiento jurídico que no hemos vacilado en ocasiones en recalcar su valor en ausencia de legislación habilitadora o en presencia de legis-lación estatal limitante o ante el choque con ciertos otros derechos. Figueroa Ferrer, supra, págs. 277-278; Pueblo v. Duarte Mendoza, 109 D.P.R. 596, 599 (1980); Hermandad de Empleados, supra, pág. 440; Sucn. de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20, 22 (1974); Torres v. Rodríguez, 101 D.P.R. 177, 183-184 (1973). Los casos de autos presen-tan, no obstante, situaciones distintas. La jurisprudencia citada, junto a otras sentencias análogas, responde a hechos diferentes y a teorías de adjudicación de otra índole. Esos casos ilustran generalmente la disposición de este Tribunal a defender el derecho o cuando los otros poderes del gobierno lo recortan o se niegan a legislar para reconocerlo en su verdadera dimensión. En los casos de autos, por el contrario, no se trata de proclamar una vez más la extraor-dinaria importancia del derecho a la intimidad. Eso no se discute. Tampoco se trata de sopesar el derecho a la inti-midad frente a otros valores. No hay choque aquí entre el derecho a la intimidad y otros órdenes de intereses. La pugna es únicamente entre diversas manifestaciones del derecho a la intimidad. La tarea ante nosotros consiste en la reconciliación de esas manifestaciones. Tampoco se trata aquí de defender un derecho mal entendido o ignorado por otros poderes gubernamentales. El problema que se nos plantea es la selección de la tecnología para proteger tanto la intimidad de los receptores de comunicaciones como de sus remitentes. No ha habido negativa a legislar. Las cir-cunstancias particulares del problema planteado por los recursos bajo análisis requieren soluciones para cuya for-mulación es preferible acudir en primer término al Poder Legislativo.

Por las razones expuestas, revocaría la resolución recu-rrida.

      La conclusión de que la Convención Constituyente rehusó encomendar directamente a los tribunales la protección del derecho a la secretividad telefónica es cuestionable. 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 1581-1585 (1952). A lo que la Asamblea Constituyente se negó fue a equiparar interceptaciones telefónicas siguiendo el método prescrito para mandamientos de registro, allanamientos o arrestos fundados en causas probables, lo cual es materia claramente penal, con referencia al Estado. Nunca previó la situación sobre la cual versa el recurso de epígrafe: solicitudes de los propios usuarios para que, en protección de sus respectivos derechos a la intimidad, se intercepten sus teléfonos.

       En su alegato reconoce que posee ese equipo en otras áreas y mediante el mismo puede detectar el origen de la llamada en progreso sin intervenir con el contenido de la comunicación.
      El análisis jurídico y la permisibilidad de esa técnica no están ante nuestra consideración.

       Sobre la intención legislativa, véase el Informe del Senado Núm. 1097 en 2 U.S. Code Congressional and Administrative News 2112 (1968). Puntualizamos que el estatuto se promulgó tomando en consideración los parámetros esbozados por el Tribunal Supremo federal en los casos de Berger v. New York, 388 U.S. 41 (1967), y Katz v. United States, 389 U.S. 347 (1967).

       2 U.S. Code Congressional and Administrative News 2187 (1968).

       Véanse los Arts. 144, 145, 146, 148, 149 y 152 del Código Penal. 33 L.P.R.A. secs. 4185, 4186, 4187, 4189, 4190 y 4193.

       “(c) It shall not be unlawful under this chapter for a person acting under color of law to intercept a wire or oral communication, where such person is a party to the communication or one of the parties to the communication has given prior consent to such interception.
      “(d) It shall not be unlawful under this chapter for a person not acting under color of law to intercept a wire or oral communication where such person is a party to the communication or where one of the parties to the communication has given prior consent to such interception unless such communication is intercepted for the purpose of committing any criminal or tortious act in violation of the Constitution or laws of the United States or of any State or for the purpose of committing any other injurious act.” Esta disposición recogía la norma jurisprudencial prevaleciente. Véanse, López v. United States, 373 U.S. 427 (1963); Rathbun v. United States, 355 U.S. 107 (1957); y On Lee v. United States, 343 U.S. 747 (1952).

       2 U.S. Code Congressional and Administrative News 2182 (1968).

       Algunos estados, mediante legislación o en virtud de interpretación judicial de estatutos locales, han dado diferente tratamiento a la renuncia de este derecho. Véase, C. Fishman, The Interception of Communications without a Court Order: Title III, Consent, and the Expectation of Privacy, 51 St. John’s L. Rev. 41 (1976).

       J. Castán Tobeñas, Derecho civil español, común yforal, lima ed., Madrid, Ed. Reus, 1971, T. I, Vol. II, pág. 325.

       El siguiente diálogo despeja toda incertidumbre al respecto:
      “Sr. Trías Monge: ¿Es o no es cierto que en relación con estos problemas de interferencia en la vida privada, debe leerse en la sección 10, el apartado que estamos discutiendo, conjuntamente con la sección 8? O sea, al final de la sección 8 definitivamente se establece que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. ¿Es o no cierto que esta disposición es la general, que definitivamente garantiza al ciudadano en Puerto Rico lo que se conoce como el right of privacy, y que toda injerencia contra su vida privada, en la que naturalmente está envuelto el secreto de la comunicación telegráfica que haya recibido, queda comprendida; y que lo que se hace en la sección 10 es exponer específicamente el problema de la inter-cepción de la comunicación telefónica?
      “Sr. Benitez: Le agradezco al compañero Trías Monge la intervención. Efecti-vamente eso es. En un caso se trata del principio genérico de la autonomía de la intimidad, del derecho a la intimidad y en este otro caso se hace la mención especí-fica del teléfono porque ha habido intentos concretos para violentar esa intimidad y la estamos consiguientemente, prohibiendo específicamente.” Diario de Sesiones, supra, T. 3, pág. 1586.

       El delegado en cuestión, Hon. José Trías Monge, expresó a modo de para-fraste:
      “Para indicar solamente que [en] la proposición recomendada por la [Comisión de] Carta de Derechos, de adoptarse la enmienda sugerida por el com-pañero Fernández Méndez, quedaría destruido definitivamente el propósito de la misma; y que está fundamentada la enmienda, la proposición de la carta de dere-chos, en una disposición conocida, sumamente respetada en la exposición de dere-chos humanos, que forma parte del sistema federal de leyes. El Congreso de los Estados Unidos, al aprobar la Federal Communications Act de 1934, reconoció definitivamente y sin reservas ni limitaciones de ninguna clase, que no podría ni debería en forma alguna interceptarse las comunicaciones telefónicas o de alguna otra clase.” (Énfasis suplido.) Id., pág. 1585.

      “Toda persona que con el fin de enterarse ó de permitir que cualquiera otra se entere de una comunicación privada verbal, bien sea comunicación tele-fónica o por cualquier otro medio dirigida a un tercero, conecte, instale o utilice cualquier aparato o mecanismo, o cualquier otro modo, será sancionada con pena de reclusión, por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agra-vantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.
      “El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión estable-cida o pena de multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas.” 33 L.P.R.A. sec. 4185.

       Si por circunstancias excepcionales y justificadas no se brinda el aviso en llamadas y conversaciones telefónicas legítimas, no se configura una renuncia. El incumplimiento del deber afirmativo de apercibir a quien origina una llamada legítima podría ser fuente de responsabilidad penal, civil o ambas.

       Precisamente para minimizar el efecto que esto pudiera producir es que la solución que hoy damos al problema debe restringirse a que la parte afectada acuda inexorablemente a una autorización u orden judicial para poder intercep-tar su teléfono, sujeto dicho dictamen al cumplimiento de los requisitos esbozados.

        En Vizcarra Castellón v. El Pueblo, 92 D.P.R. 156, 167 (1965), citamos con aprobación la doctrina de “que el proferir lenguaje vil, abusivo e indecente por teléfono constituye una infracción del estatuto” sobre alteración de la paz. En Pueblo v. Caro González, 110 D.P.R. 518, 524 (1980), en que sostuvimos que a un policía se le puede alterar la paz dijimos: “Un cambio en el énfasis de los intereses envueltos corrobora lo antes dicho. Principios de fundamental jerarquía, raigam-bre constitucional que se dirigen a proteger al ciudadano individual contra toda afrenta a su honra, reputación, dignidad e integridad, han venido a predominar — ”

       Así surge del 3 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico 1586 (1952):
      “Sr. Trías Monge: ¿Es o no es cierto que en relación con estos problemas de interferencia en la vida privada, debe leerse en la sección 10, el apartado que estamos discutiendo, conjuntamente con la sección 8? O sea, al final de la sección 8 definitivamente se establece que toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar. ¿Es o no cierto que esta disposición es la general, que definitivamente garantiza al ciudadano en Puerto Rico lo que se conoce como el right of privacy, y que toda injerencia contra su vida privada, en la que naturalmente está envuelto el secreto de la comunicación telegráfica que haya recibido, queda comprendida; y que lo que se hace en la sección 10 es exponer específicamente el problema de la inter-cepción de la comunicación telefónica?
      “Sr. Benitez: Le agradezco al compañero Trías Monge la intervención. Efectivamente eso es. En un caso se trata del principio genérico de la autonomía de la intimidad, del'derecho a la intimidad y en este otro caso se hace la mención específica del teléfono porque ha habido intentos concretos para violentar esa intimidad y la estamos consiguientemente, prohibiendo específicamente.”

       El Art. 144 del Código Penal dispone:
      “Toda persona que con el fin de enterarse o de permitir que cualquiera otra se entere de una comunicación privada verbal, bien sea comunicación telefónica o por cualquier otro medio dirigida a un tercero, conecte, instale o utilice cualquier aparato o mecanismo, o cualquier otro modo, será sancionada con pena de re-clusión, por un término fijo de dos (2) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de tres (3) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de un (1) año.”


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Puerto Rico Telephone Company, demandante y recurrente, v. Ramón Rivera Marrero, Contralor de Puerto Rico, demandado y recurrido, v. Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico, interventora y recurrente.

      Números: R-83-185, R-83-186

      Resueltos: 12 de mayo de 1983

      Luis R. Mellado, de Mellado, Mellado & Hernández, abogado de la recurrente Autoridad de Teléfonos de Puerto Rico; Sara De Jesús, de Brown, Newsom & Córdova, abogada de la recu-rrente Puerto Rico. Telephone Co.; Carlos Rivera Vicente, de Cando, Nadal & Rivera, abogado del recurrido Contralor de Puerto Rico.
   PER CURIAM:

La Puerto Rico Telephone Company re-curre de una sentencia en la cual se declara que el Con-tralor de Puerto Rico está facultado para auditar sus finan-zas. Alega que no está sujeta a esta fiscalización por ser una corporación privada, y que esta medida no puede serle impuesta sin violentar la Constitución.

En Torres Ponce v. Jiménez, 113 D.P.R. 58 (1982), inter-pretamos la naturaleza público-privada de la recurrente, al decidir que estaba obligada a tratar a sus empleados de acuerdo con el principio de mérito, al igual que todas las entidades públicas. Allí expresamos:

El problema más importante que confronta cada país es alcanzar el equilibrio adecuado entre la autonomía gerencial de estas corporaciones y la responsabilidad política de ofre-cerle la dirección pública adecuada. A pesar de que se aproxi-man al status de personas legales privadas, esta caracte-rística no puede tener supremacía sobre las responsabilidades públicas que su organización conlleva. La combinación de ser reglamentada bajo la ley pública, de un lado, y bajo la ley privada, de otra parte, es un asunto todavía difícil de aceptar cuando se trata de analizar los problemas jurídicos, pero es esencial ante las circunstancias socio-históricas presentes. Pág. 65.

Véase también, P.R. Telephone Co. v. Tribl. Contribuciones, 81 D.P.R. 982, 1000-1001 (1960).

La recurrente no ha querido afrontar otra de sus responsabilidades públicas y ha comparecido el día de hoy a repetir los argumentos que rechazamos en Torres Ponce y a negar que esté sujeta a una auditoría por parte del'organismo fiscalizador de las otras entidades del Gobierno. Sin embargo, lo expresado en aquella ocasión no debió haber dado lugar a dudas sobre la obligación de la Puerto Rico Telephone Company de someterse a este proceso. Dijimos al considerar las funciones de estos organismos: “De su estado financiero responderá a aquellos organismos dispuestos por ley, mediante informes periódicos preparados por auditores comerciales y los del propio gobierno. El hecho de que una corporación de esta naturaleza no funcione con el objetivo de hacer ganancias, sino de generar beneficio social, no justifica que su gerencia manifieste menor preocupación por el éxito de su administración. Al contrario, por razón de su status especial tiene una obligación mayor de examinar sus costos y rendir cuentas de sus operaciones.” Pág. 64.

La recurrente además plantea que una intervención del Contralor en sus finanzas, haciendo públicos secretos de negocio, la pone en desventaja con otras corporaciones competidoras. Sin embargo, corresponde a la Asamblea Legislativa legislar si así lo cree conveniente, para determinar el método de intervención en este tipo de corporaciones y los límites de la auditoría que han de llevarse a cabo. Mientras ésta no actúe, la recurrente está sujeta al mismo tipo de intervención que las otras entidades públicas.

Alega también la recurrente que en los Estados Unidos el Contralor General no goza de la facultad que reclama para sí su contraparte local. Aparte de que tal norma, de existir, no nos obligaría, es totalmente incorrecta esta afir-mación. En la jurisdicción federal el Contralor General está facultado para auditar no sólo las corporaciones en las que el Gobierno federal es el único accionista, sino también aque-lias en las que el Gobierno ha tenido alguna participación. Véase, 31 U.S.C.A. sec. 9105. Véanse además, The Public Corporation (W. Friedmann ed.), Toronto, Ed. Carswell, 1954, págs. 354-359; C. H. Pritchett, The Government Corporation Control Act of 1945, 40 Am. Pol. Sci. Rev. 495 (1946).

Se declarará sin lugar la petición de revisión.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz no intervino.


text:
    José Texidor Pérez, recurrido, v. Policía de Puerto Rico, peticionaria.

      Número: O-82-726

      Resuelto: 1 de junio de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Doris M. Santiago, abogada del Departamento de Justicia, abogados de la peticio-naria, Policía de Puerto Rico; Diego Ledeé Bazán, abogado del recurrido.
   PER CURIAM:

El recurrido José Texidor Pérez ingresó como cadete a la Policía de Puerto Rico el día 29 de julio de 1977, dando así comienzo al período probatorio de dos (2) años que prescribe el Art. 8 de la Ley de la Policía, Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974. En cumplimiento del inciso (6)(a) de la Sec. 5 del Art. IX del Reglamento de dicho cuerpo se procedió a practicar la correspondiente inves-tigación confidencial sobre el carácter, hábitos, conducta en la comunidad, etc., del recurrido. Rendido el informe al señor Superintendente de la Policía, éste, mediante carta de fecha 81 de octubre de 1977, separó de su puesto al recurrido. Solicitada la reconsideración de dicha determinación, el señor Superintendente, mediante carta de fecha 8 de noviembre de 1977, se ratificó en su decisión original.

En relación con dicha separación del servicio el recu-rrido contó con el beneficio de estar representado por abo-gado, por lo menos desde el día 19 de abril de 1978, fecha en que la representación legal del recurrido se comunicó con el Superintendente Auxiliar en Servicios Generales de la Policía de Puerto Rico con el propósito de reiterar una soli-citud de producción de documentos que le había hecho el recurrido al señor Superintendente mediante cartas de fecha 17 de enero y 14 de marzo de 1978. No es hasta el día 16 de agosto de 1978 —casi diez meses después de habérsele notificado la separación y casi cuatro meses después de con-tar con representación legal— que el recurrido presenta un escrito de apelación ante la Junta de Apelaciones del Sis-tema de Personal (J.A.S.A.P.).

Dicho organismo administrativo, mediante resolución al efecto de fecha 20 de octubre de 1978, declinó asumir juris-dicción en el caso por el fundamento de que el recurrido había dejado transcurrir en exceso del término de treinta días que concede la Ley de Personal del Servicio Público, 3 L.P.R.A. see. 1395, para radicar su escrito de apelación. Solicitada la revisión de dicha determinación administra-tiva, el Hon. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, mediante sentencia de fecha 10 de enero de 1979, se negó a revisar la misma.

Acudió ante este Tribunal el aquí recurrido. Expedimos orden de mostrar causa. En opinión per curiam de fecha 18 de octubre de 1979 —Texidor v. Superintendente de la Policía, 109 D.P.R. 156— revocamos “la sentencia recurrida y [devolvimos] el caso al tribunal de instancia para que dilu-cid[ara\ este aspecto de la controversia [si el aquí recurrido había o no había incurrido en incuria], el cual es determi-nante de la jurisdicción o falta de ella de la Junta de Apelaciones”. (Énfasis suplido.) Pág. 160.

El tribunal de instancia, en resolución emitida con fecha de 10 de junio de 1980, no sólo resolvió que el aquí recurrido no había incurrido en incuria, sino que adjudicó la contro-versia en los méritos y en consecuencia ordenó la reposición de éste en su puesto con todos los beneficios “retroactivos a la fecha del despido ilegal”.

Alegando exclusivamente que el tribunal de instancia se había excedido en lo ordenado por este Tribunal, por cuanto el mandato era al único fin de que se determinara el aspecto de incuria, el señor Superintendente de la Policía acudió en alzada ante este Tribunal. Mediante sentencia de fecha 13 de marzo de 1981 expedimos el auto y revocamos. Expre-samos:

El tribunal de instancia resolvió que el recurrido en el pre-sente recurso no había incurrido en incuria. Con vista a esta determinación concedimos término al aquí recurrido para mostrar causa por la cual no debe expedirse el auto solicitado y una vez expedido revocarse la resolución recurrida y dictar otra en que se ordene a la Junta de Apelaciones del Sistema de Administración de Personal asumir jurisdicción en el caso. La comparecencia de la parte recurrida no nos convence de que resolvamos el caso en este Tribunal, dispensando la vista ante la Junta. Se expide el auto y se requiere del tribunal de instancia que devuelva el caso a la Junta de Apelaciones para que asuma jurisdicción sobre el asunto y falle conforme a derecho.

La Junta, en cumplimiento de nuestra sentencia, asumió jurisdicción. Luego de los trámites de rigor, confirmó la decisión del señor Superintendente de la Policía de Puerto Rico de separar de su puesto al aquí recurrido. Éste acudió en alzada ante el tribunal de instancia. Dicho tribunal, mediante sentencia de fecha 8 de octubre de 1982, revocó a la J.A.S.A.P. y nuevamente ordenó la reinstalación del señor Texidor Pérez. La Policía de Puerto Rico acude ante este Tribunal imputándole error al tribunal de instancia al así actuar. Expedimos el auto de certiorari solicitado, mediante resolución al efecto de fecha 2 de diciembre de 1982. Resolvemos.

La base para la separación del recurrido del puesto que ocupaba lo fue el informe confidencial que recibiera el señor Superintendente de la Policía de Puerto Rico refe-rente el mismo a la investigación autorizada por el Regla-mento de dicho cuerpo. Notamos que el tribunal de instan-cia no tuvo, antes de que resolviera revocar a J.A.S.A.P., el beneficio de dicho informe confidencial. Ello, a nuestro jui-cio, privó a dicho tribunal de tener ante sí todos los elemen-tos de juicio necesarios para emitir su dictamen.

No podemos olvidar que en el presente caso el foro judicial debe mantener un balance entre, por un lado, los dere-chos que como empleado probatorio le concede la Ley de Personal al recurrido y, por otro lado, la Ley de la Policía, que dispone que “todo miembro de la Fuerza estará sujeto a un período probatorio de dos (2) años durante el cual la persona podrá ser separada del servicio en cualquier momento si a juicio del Superintendente demuestre ineptitud para ser miembro de la Policía, o sus hábitos y confiabilidad no ameritan que continúe en el Cuerpo”. La facultad así concedida al señor Superintendente refleja un interés legis-lativo que tiene su base en el derecho que tiene la sociedad en general a que los miembros de la Policía de Puerto Rico sean las personas más idóneas posibles por razón de ser ésta la agencia gubernamental encargada de la protección de la vida y la propiedad de nuestro Pueblo.

En consecuencia se revoca la sentencia dictada por el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, de fecha 8 de octubre de 1982, en el caso Civil Núm. CS-82-944 y se devuelve el caso a dicho tribunal con instrucciones de que examine el informe en controversia, en forma tal que garantice al máximo la confidencialidad del mismo, luego de lo cual resolverá.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual, Díaz Cruz y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

       Reglamento de la Policía de Puerto Rico de 1976.

       Así surge de la resolución emitida por el honorable Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Guayama, el día 10 de junio de 1980.

      25 L.P.R.A. sec. 1008(e).


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Gómez Hermanos, Inc., demandante y recurrida, v. Secretario de Hacienda, demandado y recurrente.

      Número: R-82-481

      Resuelto: 10 de junio de 1983

      Miguel Pagan, Procurador General Interino, y Justo Gorbea Va-rona, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo, recurrente; Rodrigo Otero Suro, de Otero Suro & Otero Suro, abogado de la recurrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este caso presenta una cuestión análoga a la resuelta por este Tribunal en Int’l Harvester Co. v. Sria. de Hacienda, 114 D.P.R. 281 (1983), excepto que el contexto en que se plantea envuelve o aparenta envolver aspectos del comercio internacional.

La corporación contribuyente, Gómez Hermanos, Inc. (“Gómez Hermanos”), es una corporación organizada en Puerto Rico, que se dedica a la importación, distribución y venta aquí de vehículos de motor marca Toyota y otros. Gómez Hermanos impugnó en el Tribunal Superior una deficiencia que le fue notificada por el Departamento de Hacienda por no haber retenido en ciertos años la contri-bución en el origen sobre intereses pagados a Fernchurch Corporation (“Fernchurch”), una corporación extranjera con oficinas en la ciudad de Nueva York. El tribunal anuló la contribución por estimar que ésta violaba la cláusula del debido proceso de ley por razones similares a las expuestas por el mismo foro en Int’l Harvester Co., supra. Acordamos revisar esta determinación. Los hechos son los siguientes.

Los vehículos Toyota son fabricados por Toyota Motor Co. y vendidos por Toyota Motor Sales Co. Las dos entidades han sido organizadas en el Japón y allí hacen negocios.

Tozer, Kemsley & Millbound Kabuschiki Kaischa (“Tozer”) es una entidad japonesa, subsidiaria de Tozer, Kemsley Millbound Ltd., de Londres, Inglaterra. Tozer, conforme el sistema de exportación de productos japoneses, es una com-pañía intermediaria que adquiere los vehículos y los vende a los poseedores de franquicias en el extranjero. Tozer se ocupa de que los embarques al extranjero cumplan con la reglamentación del Ministerio de Industria, Comercio e Inversiones del Japón.

Para importar vehículos del Japón, Gómez Hermanos estableció líneas de crédito con diferentes bancos japoneses, todos los cuales tienen sucursales en la ciudad de Nueva York, pero que no realizan ni están autorizados a realizar negocios en Puerto Rico, ni cuentan con oficinas o agentes aquí. Tozer ayudó a Gómez Hermanos a obtener las referi-das líneas de crédito.

A fin de adquirir los vehículos, Gómez Hermanos en-viaba su orden a Toyota Motor Sales en Japón, con copia a Tozer. Al recibir la copia de la orden de compra, Tozer ges-tionaba con uno de los bancos japoneses, en nombre de Gómez Hermanos, el adelanto de la suma necesaria para pagar los gastos de adquisición y de otra índole.

Toyota remitía a Tozer la factura correspondiente. Tozer, tras estimar su comisión y otros costos, obtenía el pago total de la factura por el banco japonés. El banco ja-ponés expedía entonces un giro, en nombre de Gómez Her-manos, pagadero en la oficina del banco girante en Nueva York. Copias no negociables del giro y de los documentos de embarque se entregaban a Tozer.

Al recibo del giro bancario y los documentos originales de embarque, la oficina de Nueva York del banco japonés girante notificaba a Fernchurch, agente de Tozer. Fern-church aceptaba en nombre de Gómez Hermanos el giro expedido, recogía los documentos de embarque y se los re-mitía. A la fecha de vencimiento del giro, Gómez Hermanos le enviaba a Fernchurch un cheque a favor de ésta, contra la cuenta de Gómez Hermanos en un banco doméstico, por el importe del giro, suma que incluía los intereses del préstamo. Fernchurch le pagaba entonces al banco japonés.

La impugnación por Gómez Hermanos de su obligación de retener en el origen la contribución fijada por la Sec. 231 de la Ley Núm. 91 de 29 de junio de 1954 (13 L.P.R.A. sec. 3231) se funda en la cláusula de debido proceso de ley. Por las razones expuestas en Int’l Harvester Co., supra, la impugnación por tal motivo es improcedente.

Examinemos los hechos del caso de autos, a pesar de que Gómez Hermanos no hizo el planteamiento en instancia ni ante este foro, bajo la premisa, argüendo, que debe escudri-ñarse el tributo en cuestión desde el punto de vista de su impacto sobre el comercio extranjero.

Tanto el comercio interestatal como el extranjero no se consideran inmunes hoy, contrario a la doctrina de hace algunos años, al poder de tributación de los estados. Japan Line, Ltd. v. County of Los Angeles, 441 U.S. 434 (1979). En el caso del comercio interestatal, la jurisprudencia exige que la legislación tributaria satisfaga cuatro requisitos: la contribución debe aplicarse a una actividad que posea un nexo sustancial con el Estado impositor; la contribución debe distribuirse justamente; la contribución no debe discriminar contra el comercio interestatal; y debe estar adecuadamente relacionada con los servicios que el Estado provea. Complete Auto Transit, Inc. v. Brady, 430 U.S. 274, 279 (1977); Washington Rev. Dept. v. Stevedoring Assn., 435 U.S. 734, 750 (1978).

Cuando un estado grava el comercio extranjero, deben tomarse en consideración otros dos factores. El hecho de si la entidad extranjera está sujeta a tributación, debe exami-narse. Debe determinarse, también, si se trata de un área donde la uniformidad federal es esencial. Japan Line, Ltd., supra, págs. 446-448.

En Int’l Harvester Co., supra, nos referimos a la doctrina de los efectos prácticos, que es la que debe regir el análisis de las cuestiones que anteceden. Ello significa que no basta con una simple alegación, que ni siquiera se ha formulado en este caso, de que determinado tributo afecta el comercio extranjero. El contribuyente debe documentar en forma exhaustiva, con abundancia de estadísticas y otros datos, su alegación de que un impuesto específico afecta el comercio extranjero. Moorman Mfg. Co. v. Bair, 437 U.S. 267 (1978),

Esta última condición no se ha dado aquí. De todos modos, del análisis realizado en Int’l Harvester Co. puede concluirse que existe un nexo sustancial entre el Estado impositor y la actividad objeto de tributación y que el impuesto está adecuadamente relacionado con los servicios o beneficios que el Estado provee. La contribución que aquí se impugna no es de orden novedoso. Su utilización en la práctica internacional es muy conocida. S. Surrey, United Nations Group of Experts and the Guidelines for Tax Treaties between Developed and Developing Countries, 19 Harv. Int’l L.J. 1 (1978). Tampoco puede decirse que la contri-bución se ha distribuido injustamente —no se trata aquí de una contribución como la impuesta en Mobil Oil Corp. v. Commissioner of Taxes, 445 U.S. 425 (1980)— o que dis-crimina contra los bancos extranjeros. La desigualdad ver-dadera surgiría de eximirse a los bancos extranjeros no autorizados a hacer negocios en Puerto Rico de contribución sobre los intereses devengados por razón de préstamos cuyo importe ha de utilizarse aquí, mientras se exige a la vez que todos los otros bancos tributen.

Respecto a la exposición o riesgo de exposición a doble tributación, el récord es totalmente insuficiente para for-mar juicio sobre el particular, como también lo es para demostrar la necesidad de tratamiento federal uniforme.

Debe advertirse, no obstante, que en el tratado entre Estados Unidos y Japón para evitar la doble tributación, el gobierno de Estados Unidos no quiso afectar el poder impo-sitivo de los estados en este género de situaciones. Convention between the United States of America and Japan for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, 23 U.S.T. 969 (1971).

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no intervino.

       Aquí podría argumentarse concebiblemente, si se atiende a la realidad de los hechos, que el problema no consiste en la imposición de un tributo a una com-pañía extranjera dedicada al comercio extranjero, sino a una compañía extranjera dedicada al comercio interestatal.