text:
    Manuel Rivera Rosado, etc., demandantes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandado y recurrente.

      Número: R-80-391

      Resuelto: 27 de mayo de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Lorraine Riefkohl, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrente; Efraín Pérez Jiménez, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Tres compradores sucesivos de un automóvil se unieron en demanda de daños y perjuicios contra el vendedor original. El recurrido Manuel Rivera Rosado obtuvo la buena pro en subasta de un automóvil Toyota-Célica por la Oficina de Transporte del Estado Libre Asociado que le fue adjudicado por $752; le hizo alguna reparación de hojalatería y pintura a un costo de $225 y lo vendió en $1,100 a su hijo Wilfredo Rivera Rivera quien como su padre se dedicaba a la compraventa de vehículos de motor y quien le hizo ulteriores reparaciones en la carrocería en las que gastó $200.00 y lo vendió en $1,400.00 a Antonio Colón. El 13 febrero, 1977 conducía el referido Toyota-Célica un joven de nombre Ángel Manuel Colón Allende quien fue intervenido por una patrulla de la Policía mientras se estacionaba, atraídos por una cerradura rota y encontraron que el número en la licencia del automóvil no coincidía con el de su motor. La policía fue en busca del vendedor Wilfredo Rivera a quien llevaron al Cuartel de la Detective donde permaneció detenido desde las 10:30 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde de ese día. El investigado estaba casado con la Leda. Lilia Oquendo, funcionaría del Departamento de Justicia, había sido agente del Negociado de Investigaciones Criminales por año y medio y nunca había pasado por esta experiencia. Confiscado el vehículo por la Policía como hurtado, Wilfredo Rivera devolvió a su comprador Antonio Colón el precio de venta, pero éste perdió una inversión de $191.00 en gomas nuevas, batería y bomba del wiper, y fue perturbado por el incidente de ocupación del carro que conducía su hijo Colón Allende, sufrimiento moral que la sala de instancia estimó en $500.00, por lo que se le otorgó compensación total de $691.00. El tribunal concedió al segundo comprador Wilfredo Rivera indemnización global de $5,000 por sus sufrimientos y angustias al verse involucrado como sospechoso en la investigación por hurto, siendo un comprador inocente, detenido en el cuartel y sometido a la angustia de una imputación injusta, inclu-yendo en dicha partida la pérdida del precio pagado ($1,100.00) y la inversión de $200 en mejoras al automóvil; y concedió a Manuel Rivera, primer comprador en subasta, daños por valor de $1,977.00 de los cuales $1,000 corres-ponden a daños morales generados por la investigación en la que fue envuelto, más $752 de precio pagado y $225 invertidos en la reparación.

La causa de acción ejercitada por los compradores del vehículo que resultó hurtado es análoga al saneamiento por evicción que provee el Art. 1364 del Código Civil, que tendrá lugar cuando se prive al compra-dor por sentencia firme y a virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada. Su ejercicio no está impedido por la disposición del Art. 1369 al efecto de que el saneamiento no podrá exigirse hasta que haya recaído sentencia firme, por la que se condene al comprador a la pérdida de la cosa adquirida, a pesar de que en este caso no se dictará tal sentencia por haber el propio E.L.A., vendedor original, desposeído al comprador de buena fe mediante simple acto de autoridad de la Policía; pues tal confiscación tiene la consecuencia práctica de una sentencia determinante de “pérdida de la cosa adquirida”. Hay, por tanto, remedio para los compradores en el citado Art. 1364, y la medida de saneamiento es la regulada por el Art. 1367 del Código, que especifica lo que tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor si la evicción se ha realizado. Así ha de ser considerando que la determinación con absoluta certeza de quién era el verdadero dueño del automóvil y su entrega por el poseedor que era el tercer comprador sucesivo, tiene la eficacia y finalidad irreversible de sentencia firme ganada en evicción, elemento que completa la analogía con la acción especial reparadora entre comprador y vendedor del Art. 1364.

La solución analógica está propiciada por no ser el requisito de sentencia firme, elemento permanente e inexorable en todo caso de acción bajo el 1364, ya que el mismo artículo lo caracteriza como susceptible de aumento, disminución o supresión por los contratantes. Bonet Ra-món favorece esta interpretación extensiva al comentar:

El Código Civil únicamente establece reglas de aplicación al saneamiento en caso de evicción, si éste se origina en demanda promovida ante la autoridad judicial, y nada declara respecto a otros actos, que representando el ejercicio de un derecho preexistente al contrato de compraventa, puedan interrumpir o anular la posesión pacífica del comprador sobre la cosa comprada, como pueden serlo en el estado actual de nuestra legislación las reclamaciones de acuerdos que tienen facultad para dictar las autoridades administrativas sobre los bienes y derechos que sean objeto de responsabilidades que hacer efectivas en favor d'e la hacienda o entidades asimiladas; pero existiendo igual razón de derecho para amparar el del comprador en uno que en otro caso y en orden a las dos jurisdicciones, en todos debe el vendedor responder de la que constituye garantía inherente al contrato, conforme a sus esenciales condiciones, de las que el saneamiento responde a la primordial obligación de entregar la cosa, la más importante bajo el punto de vista económico como el jurídico, sin la cual no llevaría dicho contrato al fin a que responde en beneficio de la difusión de la riqueza, y por tanto, merecen y debe darse la interpreta-ción extensiva a las prescripciones de la Sec. 3.a del Cap. IV del Tit. IV del Lib. IV [31 L.P.R.A. see. 3831 y ss.] que solamente previenen y desarrollan la responsabilidad del saneamiento si sobre la cosa vendida por derecho anterior a la compra se ha suscitado y resuelto por sentencia firme una contienda judicial que priva al comprador de todo o parte de lo que adquirió justamente.

Castán Tobeñas, ponderando la exigencia (de los Arts. 1364 y 1369) de que el vendedor sólo responde de la privación de la cosa enajenada y que ésta es solo efectiva y definitiva cuando apurados todos los trámites procesales se dicta sentencia ejecutoria (contra la que no cabe recurso alguno), puntualiza que el Tribunal Supremo de España por aplicación del principio de analogía ha entendido en sentencias de 5 die., 1925, 7 junio, 1956 y 27 mayo, 1957 “que tiene lugar el saneamiento cuando la desposesión se realiza por virtud de resolución administrativa, recaída para hacer efectivas responsabilidades a que los bienes estén afectos en favor de la Hacienda o entidades asi-miladas”. Derecho Civil Español, Común y Foral, 9na ed., T. 4, pág. 116.

No puede quedar el comprador indemne frente al des-pojo sufrido por la acción reinvindicatoria de un tercero con mejor título al bien vendido, si la pérdida de lo comprado se produce no por su allanamiento a la reclama-ción del evincente, sino por la fuerza o imposición de los órganos del Estado que guardando el debido proceso de ley alcancen una determinación de la razón derecha comparable a la que se obtendría por sentencia.

En su aplicación al presente caso del Art. 1367, los conceptos de reparación a que tiene derecho el comprador son: (1) la restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción (desposesión); y (2) los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe.

El vicio jurídico, el defecto de título que no detuvo a la Autoridad de Transporte en sacar a subasta un vehículo que no le pertenecía, la hacen responsable al comprador, sin que pueda alegar buena fe, porque como agencia del Estado tenía acceso franco al informe de la Policía relacionado con su ocupación, tenía conocimiento de que llegó a su poder como vehículo hurtado y los medios de comprobar esa condición mediante inspección que con poco esfuerzo hubiese descubierto la cerradura violada y el número de motor alterado. Este descuido y negligencia de la agencia supera por mucho cualquier atribución de culpa al comprador por el simple hecho de ser un licitador habitual en este tipo de subastas, condi-ción que no lo convierte necesariamente en perito en defectos ocultos, ya que todo comprador en subasta organi-zada por una agencia del Gobierno puede confiar en que el Estado sigue unos procedimientos escrupulosamente co-rrectos y no vende lo que no le pertenece.

Nos resta decidir si esta acción de saneamiento fundada en la garantía de vendedor queda aprisionada en el vínculo de contratantes directos, o si por el contrario se extiende a compradores sucesivos de modo que el último comprador pueda demandar al primero de los vendedores que enajenó en condiciones que pudieron dar lugar a la evicción. Abordamos un aspecto de este problema al resolver en Gorbea v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 138 (1975), que la acción estimatoria o quanti minoris no se trasmite por el comprador que vende a un segundo adquirente. Recortamos el derecho del comprador frustrado y limitamos su acción reparadora por la regla del nexo contractual directo que este Tribunal había abandonado en Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246 (1971), Mendoza v. Cervecería Corona, Inc., 97 D.P.R. 499 (1969) y Pereira v. I.B.E.C., 95 D.P.R. 28, 65-66 (1967). Los esenciales fundamentos de Gorbea: la dificultad en clasificar los vendedores como de buena o mala fe porque un vicio oculto para uno podría tornarse manifiesto para el que le sigue, la incertidumbre en cuanto al tiempo y bajo qué poseedor surge un vicio o defecto que no conocía el primer vendedor, y la inasible facultad de percepción del vicio en orden a distintos grados de conocimiento pericial del nuevo comprador, en el caso de evicción no levantan barrera contra la libre operación del Art. 1065 del Código en su prevención de que todos los derechos adquiridos en virtud de una obligación son transmisibles con sujeción a las leyes, si no se hubiese pactado lo contrario. Pereira v. I.B.E.C., supra.

El derecho al saneamiento por evicción se trasmite al comprador con la cosa vendida, y por consiguiente éste tiene contra el vendedor de su vendedor la acción que a este último vendedor correspondía. En el caso que nos ocupa el Estado fue el forjador y creador del hecho dañoso, fuente única de la irregularidad que ignorada por los vendedores y compradores, causó la anulación de sus contratos de compraventa y la pérdida de sus inversiones. Así de clara la causa de evicción, sin mediar la renuncia al saneamiento por ninguno de los compradores que autoriza el Art. 1366, fue correctamente estimada la demanda, pues de otro modo hubiese sido frustrada la finalidad de los contratos traslativos, y la causa de la venta que para el comprador es adquirir la cosa para servirse de sus utilidades.

Con estos antecedentes y fundamentos, la sentencia revisada será, confirmada.

El Juez Presidente Señor Trías Monge, conforme con la opinión, ratifica su criterio en Gorbea v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 138, 144 y ss. (1975). El Juez Asociado Señor Torres Rigual no intervino. Los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García concurren en el resultado, el primero con la siguiente expresión:

Es innecesario y se presta a confusión recurrir en este caso a analogías para justificar que puedan aplicarse, para determinar la indemnización por daños, conceptos basados en relaciones que surgen de un contrato con conceptos que rigen la materia de daños extracontractuales. Los deman-dantes optaron en este caso por reclamarle al Estado a base de su responsabilidad extracontractual, y así lo entendió y a base de ello dispuso indemnización el tribunal de instancia. No hay que recurrir a una analogía con la imposición de daños que surgen de la obligación de saneamiento de parte del vendedor para confirmar la bien fundada sentencia recurrida.

       La agencia facilitó el registro del vehículo a favor del comprador en el Departamento de Obras Públicas.

       Art. 1364 Código Civil
      “Tendrá lugar la evicción cuando se prive al comprador, por sentencia firme y a virtud de un derecho anterior a la compra, de todo o parte de la cosa comprada.
      “El vendedor responderá de la evicción aunque nada se haya expresado en el contrato.
      “Los contratantes, sin embargo, podrán aumentar, disminuir o suprimir, esta obligación legal de vendedor.”

       Art. 1367 Código Civil
      “Cuando se haya estipulado el saneamiento o cuando nada se haya pactado sobre este punto, si la evicción se ha realizado, tendrá el comprador derecho a exigir del vendedor:
      “1. La restitución del precio que tuviere la cosa vendida al tiempo de la evicción, ya sea mayor o menor que el de la venta.
      “2. Los frutos o rendimientos, si se le hubiere condenado a entregarlos al que le haya vencido en juicio.
      “3. Las costas del pleito que haya motivado la evicción y en su caso las del seguido con el vendedor para el saneamiento.
      “4. Los gastos del contrato, si los hubiese pagado el comprador.
      “5. Los daños e intereses y los gastos voluntarios o de puro recreo u ornato, si se vendió de mala fe.”

       Bonet Ramón, Código Civil Comentado, 2da edición (1964), págs. 1158-1159.

       Según lo declarado en términos generales por sentencia de 5 diciembre, 1925, la obligación de sanear por evicción “. . . ‘tiene su fundamento de Derecho natural en que si nada se transmitió al comprador, nada debe recibir del mismo, y si éste le ha pagado el precio de aquello de que resulta desposeído por decisión de la autoridad legítima, a la que sirve de fundamento un derecho anterior a la compra, debe ser indemnizado, tanto del precio como de cuantos daños y menoscabos haya sufrido el patrimonio del comprador por directa consecuencia de la privación del derecho que justamente había adquirido en el contrato.’”. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, ed. 1956, T. II, Vol. 2, pág. 194.

       Declara el Art. 1373 del Código Civil que el vendedor no será responsable de los defectos manifiestos o que estuvieren a la vista, ni tampoco de los que no lo estén, si el comprador es un perito que por razón de su oficio o profesión, debía fácilmente conocerlos.

       Véase la opinión disidente del Juez Presidente, Señor Trías Monge, en Gorbea, supra, a la pág. 144 y ss.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

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text:
    El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de San Juan, Sección Quinta, recurrido.

      Número: O-81-112

      Resuelto: 29 de mayo de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Américo Serra, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo; la Registradora recurrida compareció por escrito.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En procedimiento de expropiación forzosa de dos parcelas de terreno (056-01 y 057-01) necesarias en el desarrollo de la Avenida Jesús T. Piñero en San Juan, el Estado Libre Asociado presentó en el Registro de la Pro-piedad, Sección V de San Juan, una Resolución del Tribunal Superior, emitida el 3 diciembre, 1980 declarando investido en el Estado el título absoluto de dominio desde la fecha de radicación de la Declaración de adquisición y Entrega material de la propiedad y depósito en el tribunal de la cantidad estimada como justa compensación. La Registradora de la Propiedad denegó la inscripción de la parcela 056-01 porque la finca principal de la cual fue aquélla segregada consta inscrita a favor de Adolfo J. Correa y esposa Carmen M. Acosta, personas distintas de las que figuran como parte y titular con interés en la petición de expropiación, y por no incluirse como parte con interés al acreedor en hipoteca por $45,000 que afecta la finca original; e inscribió la parcela 057-01 sujeta a otra hipoteca a favor del portador por $20,000 que tampoco se mencionó por el Estado peticionario como parte interesada, y da como fundamentos de su calificación el obstáculo de Registro de previa inscripción y tracto sucesivo que levanta el Art. 57 de la Ley Hipotecaria (Núm. 198 de 8 agosto, 1979); y la consecuencia de haberse hecho el depósito de compensación para beneficio de personas que, según el Registro, no son las verdaderamente afectadas por la expropiación.

Nuestra jurisprudencia es meridianamente clara en su reconocimiento de la facultad de expropiación del Estado como atributo inherente a su soberanía, superior a todos los derechos de propiedad, limitada en nuestra Constitución por la exigencia de justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley, y por una exclusión a favor de las imprentas y restricción respecto a los edificios en que se hallen instaladas. (Const., Art. II, Sec. 9.)

. . . Un recurso de expropiación es un procedimiento in rem. No va dirigido contra ningún demandado en particular, sino contra la propiedad propiamente dicha. Si bien el ejercicio del poder de expropiar extingue todos los derechos anteriores sobre la propiedad, el gobierno no expropia el interés que pueda tener ningún demandado en particular sobre la propiedad. El título que se adquiere mediante la expropiación no se deriva del título del anterior dueño, sino que es un título nuevo, independiente y absoluto. [Citas.] El gobierno es investido del título tan pronto como se radica la declaración de adquisición y se consigna en corte el importe estimado de la compensación; bajo las circunstancias, el gobierno adquiere su título en virtud de una declaración de adquisición, no mediante la resolución de la corte basada en la declaración de adquisición. [Citas.] Siempre y cuando que el gobierno haga un esfuerzo razonable para incluir como demandados a todas las personas que pudieran tener un interés en los bienes expropiados, el gobierno no tiene interés como tal en la distribución de la compensación pagada a los varios reclamantes. La intervención del gobierno se limita a dos cuestiones: (1) obtener título sobre la propiedad a nombre del gobierno; (2) determinar el importe total de la cantidad que debe consignar en corte por la propiedad. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961, 970-971 (1953).

No se cuestiona el derecho a ser notificados y oídos del dueño de la propiedad afectada por la expropiación y de los acreedores con gravámenes inscritos, pero esa audiencia no tiene necesariamente que concederse antes de expedir la orden de adquisición y entrega. Bastará con que sean oídos antes de dictarse la sentencia final. La inscripción de dominio a favor del Gobierno se hace libre de todo gravamen porque éstos se transfieren al fondo estimado para justa compensación, el cual sustituye al inmueble en lo que respecta a las reclamaciones del anterior dueño y de los acreedores (Pueblo v. Registrador, 64 D.P.R. 130, 137-38 (1944)); y a dicha indemnización se extiende la hipoteca. Art. 160, Ley Hipotecaria. A la misma conclusión arriba Roca Sastre en su comentario que incluye la llamada expropiación forzosa de urgencia en España al decir que “extingue todas las cargas y derechos anteriores sobre el bien expropiado, los cuales se convier-ten, por ministerio de la ley, en derechos sobre el justo precio, ... los asientos de cargas, gravámenes, derechos reales o limitaciones que graven el dominio o derecho expropiado, serán objeto de cancelación, pues como se ha visto antes, y la legislación sobre expropiación forzosa proclama, lo expropiado queda libre de toda carga, gravamen o limitación, pues la expropiación las extingue, transformándose la titularidad sobre las mismas en un derecho sobre el dinero obtenido como justo precio de la expropiación”. Derecho Hipotecario, 6ta ed., 1968, T. 3, págs. 711 y 714.

La Registradora recurrida distingue este caso de la doctrina aceptada, basándose en la modificación del an-tiguo Art. 20 de la Ley Hipotecaria normativo del tracto registral, por el vigente Art. 57 de la nueva Ley, 30 L.P.R.A. see. 2260, que ordena:

Para registrar documentos por los que se declaren, trasmitan, graven, modifiquen, o extingan el dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, deberá constar previamente registrado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos o contratos referidos.
Se denegará la registración de resultar inscrito el derecho a favor de persona distinta de la que otorga la trasmisión o gravamen. No obstante, podrán inscribirse sin el requisito de la previa inscripción las resoluciones y ejecutorias, que se refieren en las sees. 2761 a 2777 de este título.

Aduce que habiéndose sumado los títulos declarativos (y el de expropiación es uno de ellos) a los sometidos al requisito de que conste previamente registrado el derecho del trasmitente y que se denegará la inscripción “de resultar inscrito el derecho a favor de persona distinta de la que otorga la trasmisión o gravamen”, procede la denegatoria por no haberse incluido en la solicitud de orden de adquisición y entrega a los titulares regístrales de la parcela 056-01, esposos Correa-Acosta. El principio de tracto sucesivo no opera en este caso como obstáculo de registro por la realidad de ser el de expropiación un título nuevo e independiente, no derivado del dueño anterior, figure o no como titular registral, y sí de la peculiar naturaleza de este derecho del Estado a tomar propiedad privada por su utilidad y necesidad pública, concepto general recogido en el siguiente Art. 59 de la Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 2262, que al proveer para los casos en que no apareciere inscrito el título de la finca expropiada se ordena que “. . . las resoluciones que dicte el Tribunal, invistiendo con el título de propiedad a la entidad expro-piante, deberán ser objeto en el Registro de una primera inscripción inmatriculadora, sin más limitaciones que las contenidas en las propias resoluciones del Tribunal o en las leyes vigentes.”

En lo que concierne a la inclusión en la demanda de expropiación, del dueño de la propiedad y demás personas con derecho o interés en la misma, dispone la Ley de Expropiación Forzosa en su Art. 4 (32 L.P.R.A. see. 2905), que el demandante los mencionará hasta donde sea posible identificarlos, pues deben ser notificados del procedimiento; y la Regla 58.3(b) de Procedimiento Civil ordena que “[a]l instituirse el pleito, el demandante solamente tendrá que acumular como demandados aquellas personas que tengan o reclamen un derecho en la propiedad cuyos nombres a la sazón se conozcan, pero antes de cualquier vista para determinar la compensación que ha pagarse por cada propiedad, el demandante acumulará como demandados todas las personas que tengan o reclamen un derecho en dicha propiedad, cuyos nombres puedan ser conocidos mediante diligencia razonable en el Registro de la Propiedad, tomando en consideración la naturaleza y valor de los bienes que han de adquirirse y también aquellos cuyos nombres hayan sido conocidos de otro modo.”

Está en tiempo el Estado recurrente para acumular como demandados a los titulares esposos Adolfo J. Correa y Carmen M. Acosta cuyo título de dominio sobre la finca, perjudicada por la expropiación, fue inscrito en 31 octubre, 1980 con menos de un mes de antelación a la fecha de la petición que es 25 noviembre, 1980, lo que explica la tardanza en su descubrimiento y la sustitución de su vendedor Juan R. González Rivera quien fue mencionado como dueño titular.

Toda vez que el título de dominio del Estado ha de inscribirse libre de gravámenes, es improcedente sujetar la inscripción de la parcela 057-01 a una hipoteca por $20,000 a favor del portador constituida sobre la finca original que sufrió la segregación de dicha parcela. Con ello no se afecta el principio de indivisibilidad de la hipoteca consignado en el Art. 173 de la Ley, 30 L.P.R.A. see. 2569, pues al igual que a los dueños titulares, el Estado deberá citar a los de gravámenes para que reclamen del fondo de compensación la parte proporcional de sus acreencias que representa la liberación de estas parcelas, si hubiere lesión o reducción apreciables en la garantía y aseguramiento de sus créditos. La inclusión en la demanda y notificación de todas estas partes con interés es requisito ineludible de orden constitucional y estatutario que, de incumplirse, si bien no afecta la jurisdicción del tribunal para transferir título al Estado, le negaría eficacia a la determinación de la compensación, pudiendo los no citados relitigar la misma. Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, supra, a la pág. 971, n. 6.

Con estos antecedentes y fundamentos se revocará la calificación recurrida y se ordenará la inscripción, libre de cargas, del dominio absoluto del Estado sobre ambas parcelas.

El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado sin opinión.

        Autoridad sobre Hogares v. Corte, 68 D.P.R. 54 (1948); McCormick v. Marrero, Juez, 64 D.P.R. 260 (1944); Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961, 970 (1953).


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Antonio Fantauzzi Rivera, etc., demandantes y recurrentes y recurridos, v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, etc., demandados y recurridos, y recurrentes.

      Números: R-79-319, R-79-320

      Resueltos: 1 de junio de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Ricardo Alegría Pons, Procurador General Auxiliar, abogados del recurrente; José A. Virella Santana, abogado de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El demandante Antonio Fantauzzi Rivera fue víctima de la impericia y crasa negligencia de un médico del Hospital de Distrito de Aguadilla quien le operó de amígdalas el 15 mayo, 1969 olvidando suturar las fosas en los pilares inferiores, sobreviniendo una hemorragia que no supo controlar el cirujano, el paciente absorbió la sangre hacia los pulmones y siguió un paro cardíaco y respiratorio con falta de sangre en el cerebro (hipoxia). Fue trasladado todavía con hemorragia al Centro Médico de Río Piedras donde prontamente detuvieron la pérdida de sangre suturando los pilares olvidados. No se cuestiona la angustia física y moral del operado, de su esposa y de su único hijo originada por la mala práctica médica. La contención se circunscribe a cuan extensa es la incapacidad de Antonio Fantauzzi derivada de los minutos en que se redujo la afluencia de sangre a su cerebro. La sala de instancia creyó la alegación del demandante de que sufría un estado esquizofrénico tipo paranoide severo, sin expectativa de recuperación y en una primera sentencia de 18 julio, 1978 concedió a la familia daños por sufrimientos morales y lucro cesante por un total de $346,852.00 contra el Estado, a tenor de la Resolución Conjunta Núm. 42 aprobada el 16 mayo, 1974 (Leyes de ese año, Parte 2, pág. 418) que autorizó la acción civil sin sujeción a los límites de Ley Núm. 104 de 29 junio, 1955 (32 L.P.R.A. see. 3077 y ss.). A mociones de reconsideración y de relevo de sentencia (Regla 49.2) del Gobierno demandado basadas en falsedad de la prueba de incapacidad total del demandante, el tribunal ordenó reapertura y continuación del juicio para recibir prueba sobre el particular. Como resultado de dicha prueba el juez sentenciador rechazó la teoría man-tenida por los demandantes, tachó su prueba de engañosa y modificó sus conclusiones sobre la cuestión esencial de incapacidad con el siguiente dictamen:

Un análisis calmado y sereno de lo antes relatado conduce inevitablemente y a la luz de nuestras observaciones y credibilidad del resto de la prueba desfilada por las partes, a concluir,
(a) la psicosis que padece Don Antonio Fantauzzi es el producto de un síndrome cerebral orgánico sin que concurra el aspecto de la esquizofrenia. Su condición es crónica, irreversible (por ser consecuencia también de daño cerebral irreversible).
(b) Tal condición ha producido un menoscabo sustancial en las facultades mentales de Don Antonio que lo incapacita permanentemente para emplearse productivamente.
(c) No obstante, su incapacidad no le impide desenvolverse con relativa estabilidad en su diario vivir lo que le ha permitido y permite compartir —aunque con las limitaciones resultantes de su menoscabo intelectivo— en un plano de relativa calma y tranquilidad en actividades de variada naturaleza en el cotidiano vivir. Es dentro de ese plano único que es explicable que se hayan realizado diversas tran-sacciones con inmuebles sin previa autorización judicial, y que no se haya tramitado la designación de un tutor para administrar los fondos provenientes de las pensiones de Veteranos y Seguro Social.

Procedió entonces a reconsiderar su sentencia y a pronunciar otra nunc pro tunc el 16 agosto, 1979 en la que redujo todas las partidas de daños a la suma global de $138,988 que se desglosa así:

(a) Antonio Fantauzzi Rivera,
(1) por concepto de lucro cesante. $ 41,152.00
(2) por daños físicos y angustias mentales y morales. 20,000.00
(b) Ana Lydia Cruz,
(1) por concepto de lucro cesante. 49,836.00
(2) por concepto de angustias mentales y morales. 20,000.00
(c) Ithram Fantauzzi Cruz. 8,000.00
GRAN TOTAL. $138,988.00.

Condenó al Estado, además, al pago de $2,906.00 de costas e intereses desde la fecha de la sentencia.

Ambas partes han recurrido en revisión, el Estado en solicitud de que se reduzca la compensación de Fantauzzi; y éste, a su vez, con señalamientos dirigidos al restableci-miento de las cuantías originalmente concedidas. El examen del legajo de sentencia en su totalidad, que comprende una extensa exposición narrativa de la prueba nos convence de que en el recurso R-79-320 de los demandantes, el auto fue indebidamente expedido.

La prueba de incapacidad de Antonio Fantauzzi, aparece fatalmente viciada de exageración y falsedad al punto en que no sosteniendo la teoría de anulación total de sus facultades propuesta por los demandantes, y sí más bien una condición histérica o síndrome cerebral orgánico de sintomatología leve que se trata con valium y librium; con propensión a la exageración y simulación de conducta en beneficio propio, es imposible determinar racionalmente el grado real de incapacidad a los fines de estimar el lucro cesante.

La prueba estableció que el demandante Fantauzzi, agente comprador de Moda Shoe Corp., con cursos de teneduría de libros y operación de máquinas calculadoras, durante nueve años transcurridos desde la tonsilectomía hasta el juicio civil, realizó actos incompatibles con el grado de supresión de su capacidad que alega en la demanda, a saber: recibió y administró personalmente pensiones de incapacidad de la Administración de Vete-ranos y de Seguro Social, sin que jamás se le haya designado tutor; otorgó con su esposa unos cuatro docu-mentos públicos en que los notarios autorizantes avalaron su capacidad para contratar; renovó en dos ocasiones, mediante certificados de salud expedidos por médicos distintos, su licencia de conducir; conservaba un arma de fuego mediante permiso de posesión del Superintendente de la Policía; en contratos de compraventa trató de obtener el mejor precio, y en uno de los otorgamientos discutió y transigió sobre el pago de gastos legales; tenía libre uso de un machete que usaba en labores en el patio de la casa; nunca se envolvió en episodio de violencia o ataque a otra persona; garantizó en el Banco un préstamo de $35,000 de su hijo con un estado de situación de $150,000.00; relató a un abogado notario amigo, con quien estuvo en la escuela, los detalles de su operación y dejó en él la impresión de hallarse en sus cabales, apto para contratar, en ocasión en que acompañó a su esposa a suscribir una opción de compra; viajó con la familia de paseo a Santo Domingo; y luego de haberse alegado su aversión a los tribunales y aglomeración de personas fue centro de un episodio que el juez sentenciador relata así:

El desfile de la prueba de estas mociones tomó cinco días. Sin ser requerido para ello Don Antonio era traído por su esposa todos los días y mantenido en los pasillos del Tribunal, sin incidentes. El tercer día de desfile de prueba la parte demandada pidió sentar a Don Antonio como su testigo. Los abogados de la parte demandante advirtieron sobre posible arrebato de violencia. Se permitió sentar a Don Antonio.
Contestó dos preguntas: nombre y lugar de residencia. La tercer pregunta fue si recordaba haber otorgado alguna escritura. Tornó su rostro mirando al techo, movía su cabeza girando el cuello en forma circular, ponía los ojos en blanco. Estuvo así por más de un minuto.
Los abogados del E.L.A. expresaron no tener más pre-guntas. El Tribunal le instruyó a retirarse, sin que hiciera gestos de clase alguna. Se le acercaron su esposa y otra persona que le habían acompañado a la silla de los testigos. Salió de la silla. Cuando iba ya de salida reaccionó con violencia gritando “me van a degollar”. La esposa le contestaba “no te van a hacer nada”. Dos alguaciles, miembros de la familia y otra persona se aproximaron para sujetarle. Don Antonio, ya tomado de los brazos por tales personas y alguaciles, lanzó varios puntapiés dirigidos todos a los dos alguaciles. Eventualmente en medio de tal situación, fue sacado de la Sala. Luego no fue traído más al Tribunal ni ese día ni otros dos días más que duró el desfile de la prueba.

Es sobre esta conducta que se produce el criterio médico pericial del siquiatra Dr. Fernández Cuebas que en parte transcribimos:

. . . Por lo observado en la entrevista el paciente no estaba sicótico. La condición de don Antonio es consistente con un síndrome cerebral orgánico, no cree envuelta una condición esquizofrénica. El médico declaró sobre un proceso emocional crónico contrapuesto al menoscabo de funciones intelectuales a causa de la cronización del proceso emocional lo siguiente: (a) Que la personalidad histérica utiliza y exagera los síntomas para su beneficio; (b) no hizo afirmación definitiva de que el caso de don Antonio sea una u otra cosa. Expresó, en teoría, que la cronización de un proceso emocional significa que ese proceso ha durado mucho, no necesaria-mente que sea severo. Cuando ocurre dicho proceso puede menoscabar las funciones intelectuales por falta de uso de dichas funciones intelectuales. Un momento de tensión puede exacerbar o mejorar la condición, dependiendo de cómo el paciente interpreta el estímulo.
Sobre el incidente ocurrido en sala, el médico declaró lo siguiente: Que puede ser resultado de un proceso de cronización emocional o puede ser resultado de una reacción histérica situacional o puede ser una simulación. Acepta que en el récord de la Administración de Veteranos hay un diagnóstico de propensión a episodios de histeria. El histérico tiende a la exageración, a la simulación, al exhibicionismo para su beneficio. Es una conducta representativa de una condición siquiátrica.
El histérico es más propenso a somatizar que el esquizo-frénico. La conducta histérica se va aprendiendo, se tiende a la formación de hábito, puede desarrollar una sintomatiza-ción crónica. Cuando esto ocurre, la reacción histérica tiende a mantenerse y no se cura.
Declaró que los medicamentos recetados por el Dr. García Saavedra a Fantauzzi: librium y valium son tranquilizantes menores, para condiciones emocionales no severas.
Se le preguntó si una persona con esquizofrenia tipo paranoide, síndrome orgánico cerebral, si bajo las mismas, las personas tienen la capacidad de exagerar o aumentar. Contestó: “Sí, en la medida que una persona entiende, la capacidad para saber lo que tiene —autocrítica— puede hacerlo.” “Puede mejorar, el conocer su propio padecimiento lo puede ayudar. No es tan severa su condición.” “En la medida que tiene la capacidad para autocriticarse denota mejoría. Tiene capacidad de mejorar. Una persona que está severamente afectada no tiene esta capacidad.” Declaró: “yo sé que no estaba psicótico”.
Sobre las preguntas hipotéticas declaró el Dr. Fernández: “El proceso de argumentar, el poder de regateo implica poder preveer hasta cuestiones fraudulentas en su contra.” El hablar de su pasado refleja memoria. La cuestión de comprador, como una persona puede cambiar. Tiene la capacidad de cambiar de rol. Son tantas y variadas. Ciertamente es inconsistente con un psicótico crónico, severo. No se deja engañar. Para poder contar necesita capacidad de abstracción. Todo esto va en función del trasfondo académico. No es un profesional. No podemos esperar de él una capacidad de abstracción grande. En algunas específi-cas, es índice de juicio aceptable, capacidad afectiva, sintonización y radiación. No está menoscabado. Una auto-crítica aceptable. Una capacidad de manipulación, capacidad de argumentar, de preveer, de movilizarse, de ciertas destrezas especiales de discutir y acordar compraventa de propiedad. (ENP. págs. 13-15.)

Esta prueba, unida a las reflexiones del juez sobre los méritos de la posición de los demandantes, dejan la incapacidad de Fantauzzi sin garantía de legitimidad en que pueda fundarse la adjudicación de pérdida de ingresos. La confusión en la prueba médica y la testifical sobre conducta de Fantauzzi no permite llegar a una apreciación del grado de incapacidad que le aflige, y en tales circunstancias no debe concederse compensación por lucro cesante. Se expresa sobre este aspecto el Prof. Prosser así:

[L]a única objeción válida contra el resarcimiento de daño moral es el peligro de pleitos hostigantes y reclamaciones fingidas, que en las opiniones ha surgido como obstáculo de gran dimensión. El peligro es real, y debe ser enfrentado. La perturbación mental es de fácil simulación y las cortes abrumadas con reclamaciones de daño personal se resisten a abrir la puerta a un campo todavía más dudoso. Mas la dificultad no es insuperable ... Es enteramente posible permitir el resarcimiento únicamente con base en evidencia satisfactoria, y denegarlo cuando nada hay que corrobore la reclamación, o buscar alguna garantía de legitimidad en las circunstancias del caso. El problema se reduce a uno de prueba adecuada, y así no es necesario denegar remedio en todos los casos porque algunos sean simulados. Prosser, Law of Torts, 4ta ed., 1971, pág. 328.

La mengua en la capacidad productiva de doña Ana Lydia Cruz, esposa de Fantauzzi no es permanente, pues no está predicada en su incapacidad, sino en la necesidad de abandonar su empleo para dedicarse a la atención de su esposo enfermo. Por tanto, el tiempo base para calcular su lucro cesante no es su propia expectativa de vida útil, sino la duración de la causa interruptora de su actividad productiva, equivalente a la expectativa de vida de Fantauzzi computada desde la fecha del accidente, que es 21.65 años. Ella estuvo ausente de su trabajo desde el 15 mayo hasta el 30 junio, 1969, sufriendo la pérdida de salario de $69.00 semanales por 6 1/2 semanas, que suman $448.50. Cesó definitivamente en su empleo el 15 noviembre, 1969 para cuya fecha le quedaban a su esposo 21.15 años de vida. Según la fórmula adoptada por el tribunal la proyectada pérdida de su ingreso es $35,408.75 a la que sumada la partida anterior de $448.50 dan un total de $35,857.25.

Con estos antecendentes y fundamentos, se suprime y elimina la partida de $4-1,152.00 concedida a Antonio Fantauzzi por concepto de lucro cesante; y se modifica la de $49,836.00 por igual concepto otorgada a su esposa Ana Lydia Cruz, reduciéndola a $35,857.25, y asi modificada la sentencia enmendada nunc pro tune de 16 agosto, 1979 será confirmada.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente a la que se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Negrón García disintió sin opinión.

—0—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

San Juan, Puerto Rico, a 1 de junio de 1981

Disiento. La sentencia recurrida debería confirmarse sin modificación alguna.

Es un hecho indisputado que como consecuencia del paro respiratorio y cardíaco que se produjo debido a la manifiesta negligencia del personal médico que trataba al Sr. Fantauzzi Rivera, éste sufrió daño cerebral irreparable e irreversible debido a la falta de oxígeno al cerebro. Así lo concluyó el Tribunal Superior en una extensa resolución de fecha 16 de agosto de 1979, a base de la cual enmendó substancialmente, nunc pro tune, la sentencia que había dictado el 18 de julio de 1978. Dicha resolución se basó en “abundante desfile de prueba de ambas partes, incluyendo prueba testifical, documental y pericial” dirigida toda dicha prueba a una reevaluación de la “capacidad mental del señor Fantauzzi Rivera y daños provenientes de tal condición”.

Luego de pasar sobre dicha prueba, cuyo desfile tomó cinco días, de escuchar testigos que nosotros no hemos visto ni oído, y de evaluar su credibilidad —función para la que obviamente estaba el tribunal de instancia en posición preeminente— concluyó el ilustrado juez senten-ciador, Hon. Aladino Torres Rivera: “Se sostiene la conclusión que el señor Fantauzzi Rivera ha quedado afectado de sus facultades mentales en grado tal que le incapacitan para emplearse productivamente en forma permanente. Tal es el consenso de opinión de tres peritos psiquiatras que en diversos momentos comparecieron al .Tribunal.” (Énfasis nuestro.)

Esta conclusión no fue hecha a humo de pajas. Fue hecha luego del tribunal enfrentarse a una situación mortificante, convencido de que sus primeras determina-ciones sobre los hechos en cuanto a los mencionados aspectos de capacidad mental y daños provenientes de tal condición del señor Fantauzzi fueron objeto de exageración y de ocultación de datos al Estado facilitándose así una estipulación que luego el Estado rechazó. El señor Juez Torres Rivera no podía estar, al evaluar la prueba que produjo la resolución de 16 de agosto de 1979 y la “sentencia enmendada nunc pro tune” de esa misma fecha, en la misma condición de ánimo no prevenido que cuando evaluó los daños originalmente. Su mencionada resolución así lo demuestra palmariamente. No obstante, he aquí sus conclusiones finales:

4 — Un análisis calmado y sereno de lo antes relatado conduce inevitablemente y a la luz de nuestras observaciones y credibilidad del resto de la prueba desfilada por las partes, a concluir,
(a) La psicosis que padece Don Antonio Fantauzzi es el producto de un síndrome cerebral orgánico sin que concurra el aspecto de la esquizofrenia. Su condición es crónica, irreversible (por ser consecuencia también de daño cerebral irreversible).
(b) Tal condición ha producido un menoscabo sustancial en las facultades mentales de Don Antonio que lo incapacita permanentemente para emplearse productivamente.
(c) No obstante, su incapacidad no le impide desen-volverse con relativa estabilidad en su diario vivir que le ha permitido y permite compartir —aunque con las limitaciones resultantes de su menoscabo intelectivo— en un plano de relativa calma y tranquilidad en actividades de variada naturaleza en el cotidiano vivir. Es dentro de ese plano único que es explicable que se haya realizado diversas transacciones con inmuebles sin previa autorización judicial, 0) y que no se haya tramitado la designación de un tutor para administrar los fondos provenientes de las pensiones de Veteranos y Seguro Social.
(d) Todo lo anterior era necesariamente de conocimiento de los demandantes al momento de negociar la estipulación con la parte demandada relativa a la condición de Don Antonio a resultas de la citada operación.
5 — Todo lo anterior, no obstante, no altera las demás conclusiones de hechos de la sentencia relativas a las angustias sufridas por los demandantes a raíz del trauma operatorio, hospitalización y otros particulares.
6 — A la luz de lo antes expuesto entendemos, como cuestión de hecho, que las compensaciones concedidas en la sentencia por daños físicos y angustias mentales y morales deben ser modificadas para ajustarlas a la situación aquí descrita. (Escolio omitido.)

En consecuencia de dichas determinaciones el tribunal sentenciador enmendó las cuantías concedidas en la si-guiente forma: (a) en cuanto a “daños físicos”, y “angustias mentales y morales” redujo de $75,000.00 a $20,000.00 lo concedido al Sr. Antonio Fantauzzi Rivera, de $50,000.00 a $20,000.00 lo concedido a su esposa doña Ana Lydia Cruz, y de $25,000.00 a $8,000.00 lo concedido al hijo de ambos, Ithram Fantauzzi Cruz; y (b) en cuanto a lucro cesante redujo de $100,265.00 a $41,152.00 lo concedido al Sr. Fantauzzi Rivera, y de $96,587.00 a $49,836.60 lo adjudicado a doña Ana Lydia Cruz. Las partidas por lucro cesante fueron computadas por el tribunal sentenciador a base de los factores clásicos, a saber, ingreso anual en la fecha en que se origina la incapacidad, daños productivos según expectativa de vida, y el factor de capitalización.

Para anular la partida de lucro cesante adjudicada al señor Fantauzzi Rivera se basa este Tribunal en aislados aspectos de algunos testimonios periciales y en un enfoque restrictivo sobre la conducta de este demandante con pos-terioridad a los incidentes de su hospitalización y trata-miento. No creo que ello se justifique. Las determinaciones del tribunal sentenciador se basan en la totalidad de la prueba testifical que vio y oyó, analizada con criterio riguroso ante la previa experiencia de exageración y ocultación. Ante el hecho indubitado de la severa incapaci-dad resultante no puedo suscribir que se descarten las bien fundadas y objetivamente analizadas conclusiones del ilustrado magistrado sentenciador.

Ni siquiera la parte recurrente llega tan lejos como lo hace este Tribunal. Dos son los planteamientos que hace la parte recurrente: el primero, que la cuantía concedida por daños físicos y angustias mentales rebasa los límites de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955 (32 L.P.R.A. sees. 3077 a 3084) y, segundo, no reducir las cuantías otorgadas a los demandantes por concepto de lucro cesante en una proporción mayor, atendido el grado de incapacidad del señor Fantauzzi Rivera.

En cuanto al primer planteamiento, baste señalar que la autorización para que se concedieran cuantías sobre el límite de la citada Ley Núm. 104 fue concedida por resolución de la Asamblea Legislativa CRC Núm. 42 de 16 de mayo de 1974. El segundo planteamiento no impugna la adjudicación de lucro cesante al Sr. Fantauzzi Rivera y sí su cómputo. Se pide su reducción; no su eliminación. Eliminar la concesión de lucro cesante es contrario al principio de que nuestro Derecho es rogado, basado en el sistema adversativo de la contienda judicial.

Confirmaría sin modificación alguna la sentencia recu-rrida.

       El párrafo 25 de sus determinaciones de hecho dice:
      “Como resultado de la experiencia sufrida y la crisis sobrevenida, el Sr. Fantauzzi Rivera desarrolló agudos e intensos problemas emocionales y mentales sufriendo de alucinaciones, manías de persecución, intentos de suicidio y una eventual distorsión total de su personalidad degenerando ello en un estado esquizofrénico tipo paranoide, severo, del que aun no se ha repuesto, sin que haya expectativas de recuperación.”

      La distorsión y exageración de la prueba de los demandantes, práctica infortunada y frecuente en la litigación de daños, no tiene dimensión de fraude al Tribunal. Aún así se ajustó a derecho la reapertura del caso para oír nueva evidencia en reconsideración.

       Resolución de 16 de agosto de 1979, pág. 2, 2do párrafo.

       Véase la misma resolución, página y párrafo referidos en el escolio (1).

       Resolución de 16 de agosto de 1979, citada supra, pág. 2, in fine.

      Ibid., págs. 10-12.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, apelado, v. Jorge Luis Mangual Hernández, acusado y apelante.

      Número: CR-79-34

      Resuelto: 8 de junio de 1981

      Rafael Pérez Abreu, abogado del apelante; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Miguel A. Santana Bagur, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Una madrugada de febrero de 1978, Juan Bautista Rivera Quijano fue hallado muerto. Recibió once puñaladas y tres balazos.

Ese mismo día, por la mañana, Miguel Ocasio Rosa detuvo frente a su casa en un barrio de Camuy al señor Pedro Deida y le mostró un revólver viejo, mohoso, de los que se “escocotan” por arriba. Convino en entregárselo a Deida para que éste lo vendiera a un tercero. En lugar de hacerlo así, Deida lo entregó a la policía. Miguel Ocasio Rosa fue arrestado. El revólver pertenecía a Rivera Quijano, el occiso.

Ocasio Rosa de inmediato involucró a tres personas en el asesinato, mas no al aquí apelante, Jorge Luis Mangual Hernández.

En el curso de la investigación otra persona, de nombre Teodoro Abrahams Jiménez, confesó ser el autor del asesinato e involucró, a su vez, al mencionado Miguel Ocasio Rosa y al primo de éste José Raúl Acevedo Rosa. Este último no fue uno de los involucrados originalmente por Ocasio Rosa. Tampoco se implicó en el asesinato al aquí apelante, Jorge Luis Mangual Hernández.

A base de esta confesión, se inició el enjuiciamiento de Miguel Ocasio Rosa, de su primo José Raúl Acevedo Rosa y del propio Teodoro Abrahams Jiménez.

Preso ya en el campamento penal del Barrio Sabana Hoyos de Arecibo, Miguel Ocasio Rosa logró comunicarse con un fiscal. Le informó que había mentido, pero que quería decir la verdad sobre lo ocurrido. En la nueva versión implicó a Teodoro Abrahams Jiménez, quien ya había confesado. Por primera vez señaló como coautores a Diego Arocho Jiménez, Miguel Lugo Cruz y al aquí apelante, Jorge Luis Mangual Hernández.

El Pueblo inexplicablemente le otorgó inmunidad a Ocasio Rosa en éste y en otro caso —también de asesinato— que pendían en su contra. En consecuencia, Diego Arocho Jiménez y Miguel Lugo, a quienes se procesó separada-mente del aquí apelante, fueron enjuiciados y encontrados culpables por el asesinato de Rivera Quijano. Teodoro Abrahams Jiménez no pudo ser procesado debido a que se tornó incapaz mental.

El apelante fue enjuiciado posteriormente como adulto, por haber renunciado a su jurisdicción la Sala de Asuntos de Menores del Tribunal Superior. Tenía diecisiete años para la fecha en que se cometió el delito.

Hubo un primer juicio en su contra, pero el jurado fue disuelto por no haber podido rendir veredicto. En el segundo juicio el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. Apeló. En su alegato apunta catorce errores. Consideraremos tres, dos de los cuales conllevan la revocación de la sentencia. El tercero apuntala esta conclusión. Veamos.

Plantea el apelante que el tribunal sentenciador incidió al permitir, por inadvertencia, que el jurado tuviera ante sí en el salón de deliberaciones, copias de las sentencias que el tribunal dictó en el primer juicio contra el apelante por infracciones a los Arts. 4 y 6 de la Ley de Armas.

La única prueba que presentó el apelante ante el tribunal de instancia para sustanciar su posición fue un acta de hechos levantada por el notario Luciano Sánchez Martínez el día en que éste y el abogado defensor fueron a examinar en Secretaría el expediente del caso para ver si dichas sentencias pasaron a manos del jurado en la etapa deliberativa. Ante el notario manifestó el secretario de sala que ambas sentencias pasaron a la consideración del jurado.

No empece lo anterior, la defensa no llamó al secretario de sala a testificar. El juez denegó el planteamiento y el acta de hechos quedó sometida como prueba ofrecida, pero no admitida en evidencia.

Tal y como surge de la exposición narrativa de la prueba, la exclusión de dicha acta notarial estuvo predi-cada en lo siguiente:

El tribunal le indicó al abogado defensor que él no tenía ninguna autoridad en derecho para levantar un acta notarial sin la autorización del Juez Administrador del tribunal, sin la notificación al fiscal y al secretario, y por estas razones el tribunal declaró, posteriormente, sin lugar la petición de la defensa de que dicho documento fuera admitido en evidencia.

Dicho fundamento es erróneo. Primero, porque los expedientes de causas criminales son documentos públicos sujetos al escrutinio de cualquier ciudadano interesado. La única limitación que puede oponerse a ese derecho es la relativa a la hora, lugar y espacio en que puede realizarse el examen, y a que dicho examen se haga bajo la supervisión de un funcionario del tribunal. Prensa Insular de P.R. v. Cordero, Auditor, 67 D.P.R. 89, 104 (1947). Quedan excluidos de inspección, por supuesto, los expedientes de menores y otros expedientes, documentos u objetos que por disposición expresa de alguna ley especial, regla procesal u orden del tribunal, deban permanecer fuera del escrutinio público.

En segundo lugar, es norma vigente que el Estado, actuando, bien sea a través de un tribunal o de un fiscal, “no podría impedir que el abogado de la defensa tenga acceso, con el fin de entrevistarlo, hasta un testigo de cargo”. Hoyos Gómez v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 201, 205 (1964). Mucho menos podría impedir que entrevistara a un empleado, funcionario del tribunal, que es un testigo, por así decirlo, “neutral”, respecto al modo en que actuó en el desempeño de sus deberes como tal. Si el testigo, aunque sea empleado del tribunal, está en disposición de hacer manifestaciones al abogado de la defensa y la información que se le pide no es confidencial ni privilegiada, el abogado defensor no viene obligado a obtener previamente el permiso o autorización del Juez Administrador ni de ningún otro juez.

Nada hay de impropio que se haga constar en un acta pública el estado de un expediente judicial que no es secreto. Además, no vemos cómo ese hecho pudo afectar en el caso de autos los intereses de El Pueblo o la eficiente administración de la justicia.

En cuanto a la falta de notificación del acta notarial con anterioridad a su ofrecimiento como evidencia, basta señalar que en el enjuiciamiento criminal no se requiere al acusado descubrir prueba que no sea anunciar el nombre de sus testigos en las ocasiones en que invoque las defensas de coartada o locura.

A todo lo anterior debemos añadir que una vez se ha alertado al tribunal sobre la posible infracción, aunque sea por inadvertencia o negligencia, del deber del secretario de sala de hacerle llegar al jurado solamente aquellos documentos u objetos admitidos en evidencia y referidos por el tribunal, corresponde a éste iniciar una pesquisa e interrogar al respecto al propio funcionario del tribunal. En Pueblo v. Pabón, 102 D.P.R. 436, 440 (1974), consignamos que el juez que preside una vista no solamente podía sino que debía ser “un participante activo en la búsqueda de la justicia, siempre que no vulnere la imparcialidad que su alto cargo reclama” y que “[pjuede el juzgador en consecuencia requerir la declaración de determinados testigos . . .”. Ver además Geders v. United States, 425 U.S. 80 (1976).

El acta notarial era prueba prima facie, no de la veracidad del contenido de la manifestación del secretario, como lo tenemos resuelto, Colón v. Shell Co. P.R., 55 D.P.R. 592, 624 (1939), sino de que dicho funcionario hizo una manifestación en ese sentido. Correspondía al juez sentenciador entonces inquirir del propio secretario de sala, si lo expresado en dicha acta notarial era cierto.

En caso de que el funcionario rechazara la contención de que él hubiera hecho la manifestación que se le atribuía, correspondía al tribunal aquilatar ese testi-monio a la luz de lo consignado en el acta notarial. Regla 63 de Evidencia.

De haberse entregado al jurado las referidas copias de las sentencias sobre convicciones previas del apelante ello constituiría error que ameritaba la concesión de un nuevo juicio. Pueblo v. Álvarez Rosario, 108 D.P.R. 112 (1978). A no ser por el resultado final a que llegamos en el caso de autos, la deficiencia planteada por el presente señalamiento de error sería suficiente para devolver el caso al tribunal sentenciador para que se determinara el hecho en controversia y se resolviera de conformidad.

Otro de los apuntamientos es de tal magnitud que también acarrea la revocación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio. Nos explicamos:

Teodoro Abrahams Jiménez, como antes dijimos, sus-cribió una declaración jurada ante un fiscal en la que admitió su participación en la comisión del delito, sin mencionar al apelante como uno de los participantes en el crimen. Al momento del juicio Abrahams no estaba dis-ponible para declarar como testigo por razón de su incapacidad mental. El tribunal de instancia sostuvo que su declaración jurada prestada ante el fiscal no era admisible en evidencia.

De conformidad con las doctrinas modernas de derecho probatorio y de nuestras Reglas de Evidencia de 1979, la referida declaración era admisible en evidencia. Bajo la Regla 64(A)(4) se considera que una persona no está disponible como testigo cuando está imposibilitada de declarar por razón de enfermedad o impedimento mental o físico. Bajo la Regla 64(B)(3) es admisible en evidencia la declaración de una persona no disponible como testigo que al momento de ser hecha la someta a riesgo de responsabilidad criminal. Así, pues, la declaración de Abrahams, que constituía una confesión de haber cometido un delito, resultaba admisible bajo la referida regla por ser una declaración contra el interés de un declarante que no estaba disponible para comparecer como testigo por razón de su incapacidad mental.

Podría argüirse que como los hechos en este caso ocurrieron antes de la vigencia de las Reglas de Evidencia de 1979, la Regla 64(B)(3) no es de aplicación a este caso y el asunto debe resolverse a la luz de la Ley de Evidencia derogada. Tal contención no convence, pues es el acusado quien tiene algún derecho a reclamar que no se le apliquen retroactivamente reglas de evidencia que menoscaben sus derechos constitucionales o que lo sitúen en una situación inferior a la que estaría bajo el vigente ordenamiento. Considerando la situación bajo la derogada Ley de Evidencia, si bien es cierto que desde el punto de vista más riguroso y técnico la declaración sería prueba de referencia inadmisible en virtud de la concepción restrictiva de la admisibilidad de declaración contra el interés, nada hubiera impedido que este Tribunal, siguiendo la doctrina moderna sobre el asunto, hubiera adoptado la norma de admisibilidad de declaración contra el interés penal. United States v. Toney, 599 F.2d 787 (6th Cir. 1979); Withan v. Mabry, 596 F.2d 293 (8th Cir. 1979); United States v. Goins, 593 F.2d 88 (8th Cir. 1979); United States v. Love, 592 F.2d 1022 (8th Cir. 1979); United States v. Lang, 589 F.2d 92 (2d Cir. 1978); United States v. Atkins, 618 F.2d 366 (5th Cir. 1980); United States v. Garris, 616 F.2d 626 (2d Cir. 1980); United States v. Metz, 608 F.2d 147 (5th Cir. 1979); United States v. Cambindo Valencia, 609 F.2d 603 (2d Cir. 1979). El criterio para determinar si un error en materia de evidencia acarrea revocación es determinar si, de no haberse cometido el error, probable-mente el resultado hubiera sido distinto. No hay duda de que si hubiese admitido la declaración de Abrahams, el resultado probablemente hubiera sido distinto.

El apelante se queja además de que el juez de instancia se negó a dar la instrucción que aparece en la página 96 del Libro de Instrucciones al Jurado para el Tribunal Superior de Puerto Rico y en su lugar lo instruyó en los siguientes términos:

... El acusado en este caso ha ofrecido evidencia tendiente a demostrar que no estaba presente en el sitio y el momento en que se cometió el alegado delito. Esto es, lo que se conoce en derecho como prueba de coartada. El único testimonio que tienen ustedes bajo su consideración para determinar que el acusado no estaba en el sitio donde se alega que cometieron los hechos, es el testimonio del señor acusado en la silla de los testigos. El deber de ustedes es evaluar dicho testimonio conjuntamente con la demás prueba y darle el peso y el valor probatorio que a ustedes les merezca. Si después de considerada la prueba presentada en este caso ustedes tienen duda razonable de si el acusado estaba presente en el sitio de los sucesos en el momento en que alegadamente el delito se cometió, es vuestro deber darle el beneficio de esa duda y rendir un veredicto de no culpable.

La anterior instrucción, si bien informa al jurado que “si tienen duda razonable de si el acusado estaba presente en el sitio de los sucesos en el momento en que alegada-mente el delito se cometió, es vuestro deber darle el beneficio de esa duda y rendir un veredicto de no culpable” es más restrictiva que la propuesta en el Libro de Instrucciones al Jurado, teniendo como consecuencia una falta de uniformidad que puede resultar injusta para algunos acusados. Ciertamente resulta más beneficiosa la propuesta en el Libro de Instrucciones al Jurado.

Ya en Pueblo v. Velázquez Caraballo, 110 D.P.R. 369 (1980), habíamos dicho que es buena práctica que las instrucciones al jurado se ajusten a las instrucciones que contiene el citado manual.

Si bien es cierto que cuando aprobamos el Libro de Instrucciones expusimos que su utilización no era mandatoria, con ello no quisimos decir que no hay un interés eminente de este Tribunal en lograr el menor grado de error posible en las instrucciones que se transmitan al jurado, al mismo tiempo que se logra la mayor uniformidad en la administración de la justicia criminal: que todos los acusados sean tratados iguales.

Una de las cosas que quisimos evitar al aprobar este manual, fue precisamente la que hoy se suscita: que los acusados estén planteando continuamente error en la instrucción impartida.

Reiteramos que la mejor práctica de los tribunales de instancia debe ser la de basar sus instrucciones en las del citado manual, a menos que existan otras circunstancias que justifiquen apartarse de ellas. El haberse apartado del manual no constituye de por sí motivo de revocación, pero cuando se le considera conjuntamente con los otros señalamientos la sentencia recurrida no puede prevalecer.

Por las razones anteriormente expuestas se revocará la sentencia apelada y se devolverá el caso para nuevo juicio.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz es del criterio que con abstracción del valor individual de revocación de los señalamientos de error, considera que su efecto en conjunto lesionó la integridad básica del proceso. El Juez Asociado Señor Negrón García concurre en el resultado.

       En Colón dejamos establecido que “en las escrituras donde el notario da fe de las manifestaciones que ante él hacen otorgantes y testigos, el notario no acredita ni tiene facultad para acreditar la exactitud de tales manifestaciones. Sólo acredita, y en cuanto a esto su certificación hace prueba plena, que los otorgantes y testigos hicieron ante él las manifestaciones que pueden ser falsas o verdaderas y las cuales obligan y constituyen prueba solamente entre las partes que las hicieron”. Por tanto, la aludida acta de hechos no probaba que las sentencias pasaron a manos del jurado.

      Dispone la Regla 64(A)(4):
      “(A) Definición. ‘No disponible como testigo’ incluye situaciones en que el declarante:
      (1) .
      (2) .
      (3) .
      (4) ha fallecido o está imposibilitado de comparecer a declarar por razón de enfermedad o impedimento mental o físico, o....”

       Dispone la Regla 64(B)(3):
      (1) •
      (2) .
      (3) Declaraciones contra interés: Una declaración que al momento de ser hecha era tan contraria al interés pecuniario o propietario del declarante o le sometía al riesgo de responsabilidad civil o criminal, o tendía de tal modo a desvirtuar una reclamación suya contra otro, o creaba tal riesgo de convertirlo en objeto de odio, ridículo o desgracia social en la comunidad, que un hombre razonable en su situación no hubiera hecho la declaración a menos que la creyera cierta.”

         Sobre el efecto de exclusión errónea de evidencia, véase la Regla 5 de las Reglas de Evidencia de 1979 y Pueblo v. Francesehini Sáez, 110 D.P.R. 794 (1981).

       La propuesta por el Tribunal Supremo en dicho libro lee así: “La prueba de coartada no tiene que establecer, fuera de duda razonable que era imposible que el acusado hubiere cometido el delito. La coartada no tiene que probarse más allá de duda razonable. Sólo constituye prueba que tiende a establecer que el acusado no cometió el delito o a crear una duda en la mente del jurado con respecto a su culpabilidad.”

       Resolución de 7 de mayo de 1976.


text:
    Daniel L. Rivera Miranda, Inspector de Protocolos del Tribunal Supremo de Puerto Rico, peticionario y recurrido, v. Ciro Ángel Betancourt, Notario Público, requerido y peticionario.

      Número: O-80-13

      Resuelto: 10 de junio de 1981

      Ciro A. Betancourt, pro se; el Inspector recurrido no compareció.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En su examen de los protocolos correspondientes a los años 1974 y 1976 del notario Sr. Ciro Ángel Betancourt, el Inspector de Protocolos anotó como faltas las siguientes:

I Que en la escritura Núm. 60 de 1974 sobre cancelación de hipoteca a la orden, comparece Alberto Hernández a cancelar dos pagarés hipotecarios cuyo último endoso figura hecho por el Banco Crédito y Ahorro Ponceño a favor de un anterior poseedor de apellido Gibbs;

II Que en la escritura Núm. 70 de 1974 de constitución de régimen de propiedad horizontal se valora la propiedad en $245,000 y aparece del mismo documento que el inmueble está afecto a tres hipotecas que garantizan $479,339.00; y

III Que en la escritura Núm. 8 de 1976 también constitutiva de régimen de propiedad horizontal se valora el inmueble en $5,019,560.00, que consta allí gravado con cuatro hipotecas para un total de $6,675,907.00.

En los originales de estas constituciones de condominio el notario canceló sellos de rentas internas a base del valor asignado a la propiedad, y no de la cifra mayor importe de la hipoteca. Surgieron discrepancias entre notario e Inspector al sostener éste que según Dominici v. Registrador, 59 D.P.R. 764 (1942), no siendo Hernández endosatario del pagaré, carecía de facultad para cancelarlo; así como en lo relativo al valor base sobre el que opera el arancel de derechos devengados por documentos notariales, exigiendo el inspector del notario una deficiencia en sellos correspon-diente a la mayor cuantía de la carga hipotecaria.

La controversia fue sometida al Tribunal Superior mediante informe del inspector, según ordenado en el Art. 38 de la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. see. 1038, y el Tribunal dictó resolución el 28 noviembre, 1979 (notificada 2 enero, 1980) sosteniendo al Inspector de protocolos y ordenando al notario que subsane el alegado error, de falta de capacidad en la cancelación de los pagarés hipotecarios y corrija la deficiencia en sellos de rentas internas de las escrituras de propiedad horizontal. El notario recurrió en tiempo mediante certiorari y debidamente informados por el expediente de la posición de ambas partes, procedemos a resolver con la prontitud que facilita la Regla 50 de nuestro Reglamento.

La función del Inspector de Protocolos autorizada por el Art. 38 de la Ley Notarial, ante, no se equipara a la facultad de calificación de títulos que tiene el Registrador de la Propiedad. La inspección del protocolo se ciñe fundamentalmente a la forma y manera en que lo lleva el notario; y si bien la ley instruye al Inspector constatar la observancia por el notario de las disposiciones de la Ley Notarial “o de cualquier otra ley de Puerto Rico” inclu-yendo las de arancel, su intervención en este amplio campo es de prudente iniciativa, sin adentrarse en el área de derecho substantivo, y menos aún asumir función inter-pretativa o declarativa del Derecho. Soto de Bernier v. Rivera Cestero, 106 D.P.R. 35, 37 (1977).

Así delimitada su competencia, el Inspector recurrido no debió cuestionar el método seguido por el Notario para cancelar pagarés a la orden garantizados con hipoteca y trasmisibles de su faz por endoso. La corrección de este procedimiento es materia que en nuestro ordenado sistema de derecho inmobiliario corresponde determinarla al Registrador de la Propiedad. El notario recurrente en su argumento correctamente excluye estos pagarés de la regla de Dominici v. Registrador, supra, porque según consta en la escritura Núm. 70 cuestionada, el endoso final de los pagarés por el Banco Crédito al deudor Gibbs fue restringido “al solo propósito de cancelación” lo que extinguió su negociabilidad a tenor de los Arts. 389(1) y 400 del Código de Comercio, 19 L.P.R.A. sees. 67(1) y 78; y por dicho impedimento de endoso restrictivo el otorgante Hernández advino dueño de los pagarés por cesión que en la citada escritura hiciese a su favor el último endosatario y anterior dueño de la casa afecta a dichas obligaciones. Están presentes en esta operación elementos de interpretación y aplicación del derecho sustantivo, así como de distinción de la situación fáctica documental en Dominici, supra, que rebasa el ámbito de intervención con el protocolo del notario señalado al Inspector.

La fiscalización del cumplimiento por el notario de las disposiciones del arancel notarial es encomienda específica que al Inspector de Protocolos hace el Art. 38 de la Ley Notarial. Fue propio y en orden su interés en la forma en que el notario calculó los derechos que devengaban las escrituras constituyentes de régimen de propiedad horizontal, y acertado su criterio. En lo referente a este caso dispone la Ley sobre cobro de derechos por instrumentos públicos, 4 L.P.R.A. see. 851:

En cada documento e instrumento original, autorizado por notario público que haya de ser protocolizado, y sus copias, se fijarán y cancelarán sellos de rentas internas de los siguientes valores o denominaciones:
(a).
(b).
(c).
(d).
(e) Cuando la cuantía exceda de $5,000, un dólar por los primeros $1,000 y cincuenta centavos adicionales por cada mil dólares o fracción de mil dólares por el original; y cincuenta centavos los primeros $1,000 y veintincinco centavos adicionales por cada $1,000 o fracción de mil dólares por cada copia.

La deficiencia en sellos apuntada por el Inspector arranca de su determinación de tomar como cuantía-base del cómputo de derechos de arancel la suma total de gravá-menes hipotecarios que tanto en una como en otra de las citadas escrituras a que nos referimos bajo los números II y III, sobre constitución de condominio, excede la valora-ción del inmueble por los comparecientes en la escritura que es también declaración de obra nueva.

Estimó el recurrido que la suma de los gravámenes que soporta el inmueble es más representativa de su valor económico, que el expresado en la escritura y se funda en Empire Life Ins. Co. v. Registrador, 105 D.P.R. 136 (1976). Esta decisión versa sobre interpretación del arancel del Registro de la Propiedad, mas presente en ambos la cuestión común de un arancel o derecho impuesto por el Estado a cambio de una garantía de autenticidad y legitima-ción de actos y contratos en el tráfico jurídico, debe regir para el arancel notarial la norma de Empire Life, ante, en que busca apoyo la intervención del recurrido Inspector de Protocolos: es más representativa del valor de un inmueble la suma total de las hipotecas a las que sirve de garantía que el valor nominal escogido exclusivamente por el dueño en la escritura de edificación u obra nueva con que se inicia su historial documental y registral. Usualmente es mejor índice del valor real de un derecho el obtenido en el libre entrejuego de la contratación privada, el comercio y las fuerzas económicas que el fijado unilateralmente por quien en forma directa o indirecta vendrá obligado a pagar contribución sobre la propiedad afectada.

En el presente caso hay extensa desproporción entre la valoración convencional en las escrituras de los inmuebles constituidos en propiedad horizontal: $245,000 uno, y $5,019,560.00 el otro; y el importe de su carga hipotecaria: $479,339.00 en el primero; y $6,675,907.00 en el segundo, diferencias de cuarentiocho puntos de por ciento (48%) en la escritura de referencia II y de veinticinco puntos de por ciento (25%) en la escritura de referencia III, supra.

La Ley Notarial señala al Inspector de Protocolos, de modo específico, como una de sus áreas de intervención la relativa al cumplimiento por el notario de las disposiciones del arancel notarial. En descargo de esa responsabilidad, al confrontarse con la valoración de la propiedad que muchas veces es resultado de un complicado proceso de comparación, ajuste e integración de variados y mutantes factores económicos, su más confiable base para determinar el valor real cuando se da la discrepancia que motiva este recurso, es la suma total de hipotecas y demás derechos a que aparece afecto el inmueble, que reflejen su capacidad económica y potencial de garantía al tiempo y en el documento de su declaración como obra nueva, o en el de adscripción al regimen de propiedad horizontal.

Se dictará sentencia que revocará la de instancia en lo referente a la cancelación del pagaré hipotecario; y la confirmará en cuanto a facultad en el Inspector de Proto-colos para intervenir con la valoración de la propiedad en documento público sujeto al arancel notarial.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino. El Juez Asociado Señor Negrón García concurrió en el resultado.

       La alegada deficiencia en sellos: $117.00 en la escritura párrafo II; y $828.00 en la del párrafo III, supra.

      En lo que concierne a este caso, dispone el Art. 38:
      “Si durante el curso del examen surgiera cualquier divergencia de criterio entre el inspector de protocolos y el notario, en relación con la forma y manera de llevar éste sus protocolos y registros de affidávits, o con respecto al cumplimiento de cualquiera de las otras disposiciones de este Capítulo o de cualquiera otra ley de Puerto Rico, incluyendo las de arancel notarial, el inspector deberá hacerlo constar en su informe haciendo una breve exposición de los hechos y de las razones en que se funda la controversia, y dicho informe será remitido a la sala del Tribunal Superior del lugar en que ejerza el notario para que oyendo al inspector y al notario resuelva la controversia, pudiendo su resolución revisarse por el Tribunal Supremo mediante recurso de certiorari interpuesto dentro de diez (10) días después de notificado.”

       Sección 67(1)
      “Es restrictivo el endoso que—
      “1. Prohíba otra negociación del documento;...
      Sección 78
      “Un documento que es negociable en su origen continúa siéndolo, hasta que sea endosado restrictivamente o sea solventado mediante pago o de otro modo.”


author: PER CURIAM:

text:
    Calderón, Rosa-Silva & Vargas, etc., demandantes y recurridos, v. The Commonwealth Insurance Company, demandada y peticionaria.

      Número: O-81-170

      Resuelto: 17 de junio de 1981

      Pablo Carrasquülo, abogado de la peticionaria; Feldstein, Gelpí, Hernández & Castillo, abogados de los recurridos.
   PER CURIAM:

El .Tribunal Superior (San Juan) emitió orden permanente para liquidación de la aseguradora insolvente “The Commonwealth Insurance Co.” y designó al Comisionado de Seguros su Administrador liquidador bajo las órdenes del tribunal. 26 L.P.R.A. sec. 4008(1). Los demandantes recurridos son abogados que tienen radicada una acción civil en cobro de más de medio millón de dólares por servicios profesionales prestados a dicha aseguradora. El Comisionado solicitó la desestimación por sentencia sumaria del pleito civil basado en disposiciones de la Ley Uniforme de Liquidación de Aseguradores, 26 L.P.R.A. sees. 4007-4014, aduciendo, como fundamento, su facultad para atraer a un foro central administrativo todas las reclamaciones contra la corporación intervenida, método que promueve la ordenada adjudicación de las mismas. El tribunal denegó la solicitud del Administrador y el 23 abril, 1981 expedimos orden para que los recurridos nos indicaran su razón para oponerse al encauzamiento de su demanda en la vía especial provista por el Código de Seguros. Con encomiable franqueza han contestado que su posición no es la de frustrar los procedimientos adminis-trativos especialmente ordenados para el caso, sino obtener con razonable prontitud la adjudicación de su reclamación por el Comisionado de Seguros. Tampoco tienen objeción a que sea la sala que tiene asignada la supervisión del pro-cedimiento de liquidación la que asuma competencia en la citada reclamación de honorarios profesionales.

El Art. 40.040 del Código de Seguros al disponer que el Comisionado “notifique a todos los acreedores que tuvieren reclamaciones contra el asegurador para que sometan [las mismas]”; y el Art. 40.190 en su reiteración de aviso por el Comisionado a los acreedores para presentación de pruebas; así como el Art. 40.130 que prohíbe el embargo, gravamen o ejecución de los activos en liquidación, con substancial claridad indican el propósito de reunir todas las reclama-ciones en la oficina del Comisionado-Administrador en orden a la eficiente y más pronta consideración y adjudi-cación de las mismas.

Toda vez que la demanda de los recurridos fue radi-cada antes de autorizarse la liquidación de la Commonwealth, habiéndose emplazado al Comisionado, su prelación no quedará afectada al referirla al foro administrativo.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.


author: per CURIAM:

text:
    Salvador Sánchez Ramos, demandante y peticionario, v. Mercedes Troche Toro, demandada.

      Número: O-80-434

      Resuelto: 19 de junio de 1981
    Ambas partes comparecieron conjuntamente como peticionarios pro se.

   per CURIAM:

Salvador Sánchez Ramos radicó demanda de divorcio fundada en la causal de separación contra su esposa Mercedes Troche Toro ante la Sala de San Juan del Tribunal Superior. Emplazada la demandada, com-pareció en autos aceptando todos los hechos de la demanda; y practicada la prueba dictóse sentencia el 17 de octubre de 1974 disolviendo el vínculo matrimonial, en la que se fijó al padre demandante una pensión alimenticia de $500 para los hijos menores de edad procreados en el matrimonio llamados Salvador, Luisito y Juan Carlos quienes quedaron bajo la patria potestad y custodia de la madre.

Transcurridos casi seis años, en junio de 1980 ambos ex-cónyuges presentaron en instancia por derecho propio una moción solicitando enmienda de la sentencia que consta de dos párrafos que transcribimos:

Primero: El Tribunal dictó sentencia en este caso el día 17 de octubre de 1974 y la misma dispuso en concepto de pensión alimenticia la suma de $500., que debería satisfacer por adelantado el demandante para sus hijos.
SEGUNDO: Las partes quieren hacer constar que en dicha sentencia se cometió un error por cuanto, la cantidad de pensión alimenticia era de $600., $400 para Mercedes Troche Toro y $200 para los menores habidos en el matrimonio, ....

Desestimada la moción por el Tribunal Superior, los ex-cónyuges recurrieron en certiorari y expedimos el auto el 13 de noviembre de 1980.

El propósito insinuado de la enmienda solicitada es ajustar los términos de la sentencia a las planillas de contribución sobre ingresos de estas personas permitién-dole al ex-marido excluir de su ingreso bruto los $400 asignados a la mujer en la propuesta distribución según lo autoriza la Sec. 22(k) de la Ley de Contribución sobre Ingresos de 1954 (13 L.P.R.A. sec. 3022(k)). Sin la enmienda, el contribuyente no puede hacer deducción alguna por alimentos de sus hijos, prohibida en la See. 24(a) de la Ley, 13 L.P.R.A. sec. 3024(a).

Por regla general los tribunales deben resistirse a alterar sus pronunciamientos finales y firmes para no inquietar la estabilidad y certeza del derecho. Es contrario a esa certeza y al orden público dejar al arbitrio de las partes litigantes por tiempo indefinido la enmienda de una sentencia y aprobar su pacto dirigido a modificar el estado de derecho, que respondió en su día a una realidad vital, para acomodarlo a eventos y desarrollos post sentencia.

Tiene resuelto este Tribunal que la moción para relevar a una parte de una sentencia por error o inadvertencia (hoy Regla 49.2) debe radicarse dentro de un término razonable, el cual no podrá exceder de seis meses a partir de la fecha en que la sentencia fue dictada. Great Amn. Ins. Co. v. Corte, 67 D.P.R. 564 (1947); Pueblo v. 632 Metros Cuadrados de Terreno, 74 D.P.R. 961 (1953); Alcázar v. Corte, 67 D.P.R. 727 (1947). El término de seis meses es fatal en su acción extintiva de derecho. Sec. del Trabajo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 864, 867 (1965); Municipio de Coamo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 932, 937 (1971). La Regla 49.2 es categórica en su disposición de que la moción “se presentará dentro de un término razonable, pero en ningún caso después de transcurridos seis (6) meses de haberse registrado la sentencia ...” y el término no ha variado desde que regía este materia el Art. 140 del Código de Enjuiciamiento Civil.

La sala de instancia carecía de facultad para conocer y adjudicar la moción de los recurrentes. Se anula el auto expedido, y se confirma la decisión recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Irizarry Yunqué y Negrón García concurren en el resultado sin opinión.

       La sentencia no indica si el pago sería por semana, quincena o mes.

      Sec. 22(k).— “Ingreso por Concepto de Pensiones Alimenticias.— En el caso de una esposa legalmente separada de su esposo por sentencia de divorcio y en el caso de una esposa que, por razón de encontrarse separada de su esposo, venga obligada, de acuerdo a lo dispuesto en la sec. 3051(b)(2) de este título, a rendir planilla separadamente, los pagos periódicos, fueren o no efectuados a intervalos regulares, recibidos con posterioridad a dicha sentencia o a dicha separación, en cumplimiento de una obligación legal, o atribuibles a propiedad transmitida en fideicomiso o en cualquier otra forma en cumplimiento de dicha obligación legal que, debido a la relación marital y familiar, fuere impuesta a o incurrida por dicho esposo bajo tal sentencia o bajo un documento por escrito incidental a dicho divorcio en el caso de que haya mediado divorcio, o bajo convenio entre las partes que figure en escritura pública, en el caso de que solamente haya mediado separación, serán incluibles en el ingreso bruto de dicha esposa, y no serán incluibles en el ingreso bruto del marido. Este apartado no será aplicable a aquella parte de cualquier pago periódico que la sentencia o el documento o la escritura pública, según fuere el caso, fijaren en términos de una suma de dinero o de una parte proporcional del pago, como una cantidad pagadera para el sostenimiento de hijos menores del marido.” 13 L.P.R.A. see. 3022(k).

       See. 24. “Partidas no dedueibles

      “(a) Regla general. — Al computarse el ingreso neto no se admitirán en caso alguno deducciones con respecto a:
      “(1) Gastos personales, de subsistencia, o de familia, excepto gastos por asistencia médica dedueibles bajo la sec. 3023(x) de este título.”


author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    Lilliam Torres, asistida de su esposo Efraín Soto y la Sociedad Legal de Gananciales compuesta por ellos, demandantes y recurridos, v. Municipio de Mayagüez, demandado y recurrente.

      Número: R-81-104

      Resuelto: 19 de junio de 1981

      Parra, Del Valle & Frau, abogados del recurrente; Miguel Hernández Colón y Celedonio Medín Lozada, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Mediante orden de mostrar causa revisamos la sentencia del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez declarando con lugar una demanda presentada contra el Municipio de Mayagüez por las lesiones sufridas por la Sra. Lilliam Torres como consecuencia de una caída en una acera, bajo la alegación central de negligencia consistente en que el Municipio demandado “había comenzado a construir una depresión o bajada en el nivel de la acera, dejándola al descubierto, sin pintarla de amarillo (como luego de dicho accidente lo hizo); y sin cubrirla con una tapa u objeto protector alguno, ni habiendo colocado aviso, valla o advertencia de peligro”; y sin adoptar “las precauciones necesarias para proteger la seguridad de los transeúntes”.

Dicho dictamen se produjo a la luz de los siguientes hechos, según estimados probados:

3. Para la fecha en que ocurrió el accidente que motiva esta acción, el demandado Municipio de Mayagüez, estaba construyendo, por primera vez, un sistema de rampas en sus aceras, con el laudable propósito de facilitar el acceso a las mismas por personas con impedimentos físicos, e.g., aquellas que transitan en sillas de ruedas.
4. El día 19 de noviembre de 1977, alrededor de la diez de la mañana, los demandantes caminaban, junto a sus hijos, por la acera [de aproximadamente seis pies de ancho] de la calle Peral que está al lado oeste de la Plaza de Colón en la ciudad de Mayagüez. En esa ocasión, y al acercarse al lugar del accidente, la demandante Lilliam Torres, quien calzaba zapatos de tacos bajos, de los conocidos por sandalias, caminaba al frente con uno de sus hijos por el lado exterior de la acera, mientras que el demandante Efraín Soto iba, junto a sus otros dos hijos, inmediatamente detrás de ella.
5. En el lugar donde ocurrió el accidente, en dicha acera de la Calle Peral, el demandado había comenzado a construir una rampa para lisiados. Esa rampa consistía de una depre-sión que se extendía de una faja de ancho menor originado en el interior de la acera, inclinada —a manera de declive— hacia el borde de la misma donde el ancho era de aproxi-madamente tres pies. Dicha rampa o depresión no estaba pin-tada ni tampoco había allí aviso, señal o indicación alguna que adviertiera a los transeúntes de la condición existente.
6. Al momento de ocurrir el accidente objeto de la presente reclamación, había un automóvil estacionado per-pendicularmente a dicha rampa o depresión y su frente cubría hasta ocultar como un pie de la misma.
7. Al llegar al lugar del accidente, la demandante Lilliam Torres cayó sobre la superficie de la rampa o depresión en la parte céntrica de la misma ...
12. La rampa donde ocurrió el accidente no estaba en esos momentos, en condiciones de razonable seguridad. No había en la misma aviso, señal o indicación alguna que advirtiera al transeúnte de la condición allí existente. Fue con poste-rioridad al accidente que, a manera de aviso o advertencia a los transeúntes de la existencia de dicha rampa, el deman-dado ordenó que la misma fuera pintada de amarillo.

De los antecedentes fácticos expuestos se desprende que el foro de instancia basó su conclusión de responsabilidad en dos factores, a saber: (a) que la rampa no estaba pintada; y (b) ausencia de aviso expreso sobre su existencia. Erró.

► — H

Tomamos conocimiento judicial de que la génesis estatutaria sobre construcción de rampas o bajadas adecúa-das (curb ramps), para que personas inválidas en sillas de ruedas puedan cruzar las calles y avenidas en forma segura y conveniente, es la See. 228 de la Ley Pública Federal #93-87 del 13 de agosto de 1973. La disposición de ley requiere que desde el 1 de julio de 1976 se provean dichos accesos en cualquier paso de peatones cuando se vaya a construir o reconstruir aceras financiadas por fondos federales, bajo sanción de suspenderse tales fondos al no ser el proyecto aprobado por el Secretario de Trans-portación de los Estados Unidos. La reglamentación de las especificaciones físicas de tales rampas quedan en manos de cada localidad, de acuerdo a las necesidades del sitio en particular. (Aviso FHWA 5040.1 del 8 de marzo de 1974.)

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico, como parti-cipante y recipiente de fondos federales para la construc-ción y reconstrucción de sus carreteras, a través del Depar-tamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y la Junta de Planificación comenzó hace algún tiempo a coordinar e implementar uniformemente dicho mandato —en sus respectivas áreas jurisdiccionales— y en los municipios del país.

Como consecuencia, las características generales y básicas de este tipo de rampa destinada a facilitar el movimiento de sillas de personas físicamente incapacitadas —cuya presencia se ha hecho familiar a todo transeúnte en nuestras ciudades principales— son como sigue: comienzan en parte del interior del nivel de la acera correspondiente, y en forma moderada de pendiente o declive, su superficie continúa hacia la parte más inferior del borde exterior de esa acera y termina en el sardinel. Aunque de menor extensión y anchura, se asemeja a las entradas corrientes que hay para vehículos de motor a residencias y otros lugares. Una rampa de este tipo, al contrastarse pecu-liaridades físicas con otras construcciones presentes en el panorama de muchas de las aceras del país refleja que: (a) es una perceptible a simple vista y sin mayor esfuerzo; (b) per se no representa una condición inherentemente peli-grosa; y (c) no requiere se provean avisos sobre su existencia.

Sobre la pintura amarilla de su superficie o bordes de la misma, es menester señalar que aunque ciertamente ello lo hace más visible y evidente al ojo humano, en particular durante horas de la noche, conforme la See. 5-903 de la Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico, según enmendada, tal medida es una señal de tránsito puramente de carácter regulatorio, con la finalidad de avisar su existencia y prohibir a los conductores de vehículos que la obstruyan mediante estacionamiento con-flictivo a su uso. No es por tanto una especificación dirigida a la salvaguarda del peatón, aun cuando incidental-mente le sirva para notarla.

II

En el caso de autos, los hechos considerados por el tribunal de origen tienden a indicar que la rampa en question estaba terminada. Sólo faltaba el pintarse de amarillo. Por las características físicas descritas previa-mente era o debió ser visible a la demandante Sra. Torres. Debido a la hora en que ella se cayó -plena luz del día- po-demos inferir dos posibles razones para que no se percatara de la misma; que no la advirtió porque venía totalmente ajena y despreocupada o que el automóvil temporalmente esta-cionado frente a la rampa se lo impidió. Bajo cualesquiera de esas alternativas opinamos que el Municipio recurrente no es responsable.

Recuérdese que si bien un peatón no está obligado a constantemente ir mirando hacia la superficie, ciertamente debe evitar el caminar ajeno a aquellas situaciones visibles a su perspectiva visual. La situación es análoga ah cuidado normal que se requiere para evitar chocar con un rótulo de tránsito instalado dentro de una acera en forma vertical o el sufrir una caída al pasar de la superficie del pavimento de la carretera hacia el nivel más alto de la acera sin tropezar con su borde. No encontramos fundamento jurídico para sostener la sentencia, excepto bajo la teoría de responsabilidad absoluta municipal, la cual obviamente resulta inaplicable. Oliver v. Municipio de Bayamón, 89 D.P.R. 442 (1963).

Se expide el auto y se dictará sentencia revocando la del Tribunal Superior, Sala de Mayagüez de 20 de enero de 1981.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Martín concurrieron en el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente.

—O—

Voto disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

San Juan, Puerto Rico, a 19 de junio de 1981

Disiento. Es laudable el propósito de facilitar a las personas lisiadas que se ven obligadas a moverse en sillones de ruedas, que las aceras les provean un acceso menos incómodo para subir y bajar desde la calle. Pero no veo diferencia entre la depresión en la acera, voluntaria-mente creada por un municipio con ese propósito, y la depresión que se crea negligentemente, haciendo la acera menos segura para los peatones y propiciando accidentes como el que aquí nos ocupa. Es previsible que una persona desapercibida de la existencia de tales depresiones pueda sufrir un accidente y lesionarse seriamente. El municipio tenía la obligación de tomar medidas adecuadas para advertir del peligro, y no lo hizo. Oliver v. Municipio de Bayamón, 89 D.P.R. 442 (1963); Del Toro v. Gob. de la Capital, 93 D.P.R. 481 (1966).

Considero, por otra parte, que habiendo ocurrido el accidente en horas del día, pudo ser evitado por la señora Torres de Soto si hubiese estado mirando por donde caminaba. Desafortunadamente, es un hecho de todos conocido en nuestro país que las aceras de las calles de nuestros pueblos y ciudades no son modelo de seguridad. A la existencia de condiciones peligrosas como la rampa de este caso tendrá que acostumbrarse la ciudadanía, y caminar más alerta para evitar caer en esta especie de trampas.

A mi juicio debió tomarse en consideración la negli-gencia de la demandante y reducirse su indemnización en proporción a ella. Modificaría la sentencia para, com-parando negligencias, reducir en un sesenta por ciento las indemnizaciones concedidas y, así modificada, la confir-maría.

       Mediante la Resolución Núm. 221 de 24 de marzo de 1976, la Junta de Planificación adoptó como norma a implementarse por la Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE), para regir en la construcción de aceras y nuevas urbanizaciones y calles independendientes, el exigir que tales rampas “se construirán en las esquinas formadas por intersecciones de calles o los sitios estratégicamente seleccionados”. La guia flexible admite pues, que se ubique fuera de las esquinas, armonizándola con alguna obra de alcantarillado pluvial, alumbrado público y otras situaciones.

       En lo pertinente dispone que los “conductores de vehículos obedecerán en todo momento las marcas del pavimento o encintado . . . e igualmente se abstendrán de estacionarse, pararse o detenerse frente a un encintado pintado de amarillo”. 9 L.P.R.A. see. 1075.


text:
      In re Juan Peñagarícano, Jr., querellado.

      Número: O-80-620

      Resuelto: 22 de junio de 1981

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Rosa Negrón, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo; Herman W. Colberg y Alex González, abogados del querellado.
   PER CURIAM:

Tratándose de una cuestión de credibili-dad, remitimos la querella formulada contra el Ledo. Juan T. Peñagarícano, Jr. —por alegadamente haber cobrado a la Sra. Flora A. Rosa Vélez honorarios en exceso de lo pactado, en contravención del Canon 24 de los de Ética Profesional— para que fuera ventilada en vista plenaria ante el Comisionado Especial, Hon. Alfonso García Mar-tínez. Previo trámite al efecto, éste nos ha certificado sus conclusiones de hecho a la luz de la prueba desfilada por las partes. En lo pertinente rezan:

En este caso los testimonios coinciden sustancialmente sobre lo que ocurrió en la oficina del Lie. Peñagarícano el 28 de febrero de 1980 hasta que se cambia el cheque de $7,000 en el banco. Hacemos la siguiente certificación de pruebas y conclusiones de hechos:
Primera: Doña Flora recibió una llamada del Lie. Peña-garícano el 27 de febrero de 1980, informándole que habían llegado los cheques de una transacción en el caso civil 77-4583 (805) sobre Daños y Perjuicios en San Juan. El caso surgió como consecuencia de las lesiones de Wanda, menor, hija de doña Flora y José Valdés Martínez, en relación concubinaria. Se hizo un cheque por $8,000 a favor de la menor, adjudicando el Tribunal $2,000 en concepto de honorarios de abogado. Se hizo otro cheque por $7,000 a favor de José Valdés, doña Flora y el Lie. Peñagarícano.
Segunda: Doña Flora, acompañada de Wanda se personó en la oficina del Lie. Peñagarícano. Allí firmó por José que se había ausentado de Puerto Rico hacía tres años y medio. Existe una pequeña discrepancia y vacilación en el testi-monio de doña Flora sobre si firmó (endosó) el cheque con su nombre en la oficina o en el banco. Damos crédito a la versión de la señora Alicia Torres de que en la oficina firmó doña Flora por José y que allí también firmó el Lie. Peñagarícano y que más tarde en el Banco de San Juan firmó doña Flora, porque esa es la política del banco en cuanto a firmas, según declaró doña Alicia.
Tercera: En el banco doña Alicia cambió el cheque de $7,000 y ordenó que se preparara un cheque del gerente por $2,000 que entregó a doña Flora. Hasta aquí existe sustancial coincidencia en las versiones, salvo que doña Flora menciona en su testimonio oral que tuvo una discusión con el querellado sobre cuánto le tocaba a ella. La discrepancia en las versiones de los hechos se manifiesta aquí por primera vez y se agrava después del hecho indubitado de que en el banco doña Flora recibió el cheque del Gerente por $2,000.
Cuarta: Doña Flora declaró que recibió el cheque de $2,000, que no comentó nada y que se despidió de Alicia, tomó la guagua y no volvió a la oficina del Lie. Peñagarícano porque éste le dijo cuando estaba firmando en la oficina, antes, que no volviera más. La versión de doña Alicia, es totalmente coincidente con la que aparece en su declaración jurada en la oficina del Procurador de 2 de diciembre de 1980. Esta declaración es totalmente favorable a la conten-ción del querellado y el testimonio oral de doña Alicia es totalmente congruente con la declaración mencionada. Por supuesto, y como hemos señalado, esa es la versión del querellado. Es importante en la determinación de la credi-bilidad de las versiones contrapuestas, esto es, de un lado, la versión de doña Flora y del otro la versión del querellado, el hecho de que la versión exculpatoria viene a través de doña Alicia, testigo presentado por la propia oficina del Pro-curador. De modo que tenemos del lado de la prueba del Procurador una versión escindida, una parte neutralizando la otra. Ante esta situación nos inclinamos a darle crédito a la versión de los hechos que sitúan a doña Flora de regreso del banco en la oficina del querellado donde recibe alrededor de $2,300. No existe recibo por estos $2,300 porque de acuerdo con las declaraciones categóricas del Lie. Peñagarí-cano, no controvertidas, él no exige recibos a sus clientes. Su contabilidad descansa en las anotaciones en los expedientes. Esa es la prueba que hemos tenido ante nosotros y a base de esa prueba hemos determinado los hechos. (Énfasis nuestro.)

Las apreciaciones fácticas ante transcritas resisten los señalamientos del Procurador General, predicados en las supuestas contradicciones de la testigo Alicia Torres de González —secretaria del querellado— presentes en las dos declaraciones que jurara. Ante la conclusión precisa del Comisionado, debemos abstenernos de especular sobre otras posibles motivaciones. Resolvemos que el querellado Peñagarícano ha quedado exonerado del cargo imputádole.

No obstante, sirva esta decisión para exhortar a toda la profesión jurídica —como medida cautelar futura en el desempeño de su gestión profesional— la necesidad de que exija recibos a sus clientes cuando desembolse dineros y retenga los honorarios de abogado pactados.

Se dictará la correspondiente sentencia.

El Juez Presidente Señor Trías Monge no intervino.