author: El Juez Asociado Señor Negrón García Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

text:
    San Juan Credit, Inc., demandante y recurrida, v. Concepción Ramírez Carrasquillo, Juan Ramírez Viera y Quénida Rodríguez de Ramírez, demandados y recurrentes.

      Número: R-80-117

      Resuelto: 18 de junio de 1982

      Ludwig Ortiz Belaval, abogado de la-parte recurrente; Jesús M. Rivera Arvelo, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El 8 de noviembre de 1974 Juan Ramírez Viera y su esposa Quénida Rodríguez Ramírez compraron a la Leda. Gloria Tejera Camacho un bien inmueble y le entregaron un pagaré al portador por la cantidad de $16,292 más inte-reses al 9% anual. Subsiguientemente, no habiéndose hon-rado, su tenedora la licenciada Tejera Camacho lo negoció a título oneroso a San Juan Credit, Inc.

El 19 de enero de 1979, San Juan Credit demandó en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, a los esposos Ramí-rez-Rodríguez en cobro del pagaré por haber perdido su garantía real, al ejecutarse una primera hipoteca que gra-vaba la propiedad. Reclamó $28,001.50 desglosado en $16,292 de principal, $6,109.50 de intereses y $5,600 por concepto de costas, gastos y honorarios de abogado.

Iniciado el pleito, se dictó orden de embargo en asegu-ramiento de la efectividad de la sentencia. A comienzos de marzo de 1979 se personaron a la residencia de los allí demandados esposos Ramírez-Rodríguez, un alguacil, un depositario y el abogado de la financiera San Juan Credit, informándoles que tenían una orden de embargo y proce-derían a embargar los bienes muebles si no se efectuaba el pago de inmediato. En ese momento se discutió y expresó la posibilidad de que algún familiar tuviera una propiedad libre de gravámenes que pudiera garantizar con hipoteca la deuda reclamada. Luego de esa conversación, Ramírez se trasladó con el abogado de la financiera San Juan Credit a la casa de su madre, la Sra. Concepción Ramírez, donde se examinó una escritura de partición en la cual se adjudica-ban a ella unos derechos. Esta gestión y diálogo culminó en que doña Concepción Ramírez cedió “todos sus derechos y/o participación hereditaria ... en la herencia” de su esposo Felipe González Soto, para ser hipotecados para garantizar la reclamación de $28,001.50 de San Juan Credit contra los esposos Ramírez-Rodríguez. A tal efecto, el 2 de marzo de 1979, ella suscribió la escritura núm. 8 sobre segunda hipoteca, garantizando así un pagaré al portador.

Subsiguientemente, los esposos Ramírez-Rodríguez no hicieron ningún pago de los intereses. Tampoco se pudo inscribir la escritura de constitución de hipoteca por razones imputables a los deudores. San Juan Credit enton-ces aceleró el vencimiento del principal y radicó una demanda en cobro de dinero. En esta ocasión demandó no sólo a los esposos Ramírez-Rodríguez sino también a la Sra. Concepción Ramírez Carrasquillo.

Previa contestación a la demanda y luego del correspon-diente juicio, el tribunal dictó sentencia en la que conde-naba a los demandados al pago de las sumas reclamadas. Recurrieron ante nos, señalando siete errores que exami-naremos a continuación.

Primero: Cometió error el Honorable Tribunal de primera instancia al decretar que la parte demandante adquirió un derecho real de propiedad por el mero hecho de haber vencido en un pleito de cobro de dinero.

Se basa este planteamiento en el pronunciamiento contenido en el último párrafo de la sentencia, donde se dis-pone que: “En caso de que la demandada no satisfaga la presente Sentencia se declara en este acto el derecho de la demandante, que desde hoy forma parte de la Comunidad de Bienes y adquiere los derechos que hasta el presente ha tenido la demandada, Concepción Ramírez Carrasquillo en la misma”. El error, aunque inconsecuente, fue cometido por omisión. El tribunal, inadvertidamente, omitió la frase “previo los trámites en ley”. No podemos pensar ni atribuirle que ordenara que se prescindiera de todos los pasos procesales establecidos por ley para hacer efectiva la sentencia. El carácter del decreto dictado sólo podía contemplar que se declarara la existencia de la deuda, a ser cobrada observando el procedimiento ordinario de ejecución dispuesto en las Reglas de Procedimiento Civil. Como consecuencia, hemos de modificar la sentencia, según los fines expuestos.

Segundo: Cometió error el tribunal de primera instancia al concluir que en el contrato existía objeto y causa vá-lida.

El Art. 1213 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3391, exige como requisitos indispensables para la existencia de un contrato la concurrencia de consentimiento de los con-tratantes, objeto y causa. Son susceptibles de contratación todas las cosas del comercio de los hombres, aun las futuras, siempre que no sean imposibles y que sea una cosa deter-minada en cuanto a su especie. Arts. 1223, 1224 y 1225 (31 L.P.R.A. sees. 3421, 3422 y 3423). Objeto del contrato es, en realidad, la obligación que por él se constituye, pero como ésta, a su vez, tiene por contenido una prestación de dar, hacer o no hacer, por lo general se llama objeto del contrato a las cosas o servicios que son materia, respectivamente, de las obligaciones de dar o de hacer. La prueba clásica para detectar el objeto en los contratos es responder a la pre-gunta: ¿qué es lo que se debe? J. Castán, Derecho Civil español, Común y Foral, lima ed., 1974, T. 3, págs. 467 y 470; J. M. Manresa, Código Civil español, 6ta ed., 1967, T.VIII, Vol. 2, págs. 598-599. La contestación a la interro-gante en el caso de autos refleja que el objeto del contrato fue la deuda de $28,001.50 de los esposos Ramírez-Ro-dríguez, la cual garantizó Concepción Ramírez con su parti-cipación en la propiedad.

También se demostró el requisito de causa. Aunque Concepción Ramírez Carrasquillo pretendió formalizar una segunda hipoteca, garantizando un pagaré al portador —la cual no se constituyó propiamente— al ella suscribir el pagaré al portador y entregarlo a la demandante para ase-gurar la deuda de los esposos Ramírez-Rodríguez, dicho pagaré advino a la vida del derecho como documento nego-ciable con valor. Liechty v. Descartes Saurí, 109 D.P.R. 496 (1980); Lozada Merced v. Registrador, 100 D.P.R. 99 (1971); Navedo Torres v. Registrador, 87 D.P.R. 794 (1963); y Vendrell v. Torres Aguiló, 85 D.P.R. 873 (1962). En The Texas Co. v. Estrada, y Álvarez, Int., 50 D.P.R. 743 (1936), recono-cimos que el tenedor de un pagaré negociable tiene a su favor la presunción legal de que es válido y fue otorgado por causa justa y onerosa. Por otro lado, desde Miranda contra Franco, 2 D.P.R. 565 (1902), resolvimos que, aunque la ver-dadera causa de deber no haya sido expresada en un pagaré, si se prueba y consta la legitimidad, verdad y lega-lidad de la deuda, el contrato basado en la misma es válido y obligatorio.

Este resultado, suficiente para disponer del asunto, se logra también bajo un análisis de los principios que informa la causa como requisito del contrato. Veamos.

El Art. 1226 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3431, nos dice que en los contratos onerosos se entiende por causa —para cada parte contratante— la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte. Se reconoce que la causa en los contratos es la razón o fin, o sea, el porqué de la obligación y —siguiendo la técnica de pregunta— responde a la interrogante ¿por qué se debe? Castán, op. cit., pág. 471; Manresa, op. cit., págs. 619-620.

Manresa aclara que “[s]i bien la causa de los contratos, tal como lo entiende el artículo 1.274 del Código civil [en Puerto Rico el 1226], no trae su origen de las razones o moti-vos particulares que tuvieran los otorgantes para celebrar-los, sino del fin más próximo que se propusieran con la pres-tación y contraprestación de las cosas o servicios conve-nidos”. Op. cit, pág. 624. Castán por su parte, aunque admite la diferencia que existe entre la causa de un con-trato y los motivos de éste, nos dice, sin embargo, que la doctrina moderna tiende a construir una teoría subjetivista de la causa en la cual juegan los motivos un papel fundamental, sin borrar del todo la distinción entre causa y motivo, admitiendo que, en cierto caso, el motivo puede influir sobre la ineficacia del contrato. Op. cit., págs. 473-475.

Aplicando entonces dichas normas al caso que nos ocupa, es razonable concluir que la causa para la formulación y entrega del pagaré al portador fue garantizar la deuda de los esposos Ramírez-Rodríguez. Por otro lado, los motivos de la señora Ramírez Carrasquillo para así actuar fue evitar que a su hijo y nuera le fueran embargados sus bienes mue-bles y que la demandante desistiera de la demanda original radicada en el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Caso Civil Núm. 79-357 (807) sobre cobro de pagaré.

No siendo inmoral, por tanto, dicha causa ni sus motivos, ni una que persiga un fin ilícito, la misma es completa-mente válida. Ya en Sucesión Gómez v. Colón, 63 D.P.R. 104 (1944), habíamos reconocido que el efecto y la gratitud de una persona hacia un pariente —por éste haberla cuidado y atendido— era causa suficiente para un contrato.

Tercero: Cometió error el Tribunal al entender que existía una cláusula aceleratoria que permitía el cobro de la totalidad de la alegada deuda y no de solamente los intereses.

Este señalamiento está carente de todo mérito. En el párrafo quinto de la escritura se estipuló:

Que se devengarán intereses mensuales al ocho (8%) por ciento anual disponiéndose que dejado de pagar un plazo de los intereses, quedará vencida la totalidad de la obligación y podrá ejecutar de inmediato el tenedor del PAGARE al Por-tador.

No es necesario mucha elucidación para comprender que al dejar los demandados de pagar los intereses de la deuda, la demandante estaba plenamente facultada para ejercer su derecho a declarar vencida la totalidad de la obligación y gestionar judicialmente su cobro.

Cuarto: Cometió error el Honorable Tribunal inferior al negarse a la petición hecha por la parte demandada-recurrente de que se celebrara una conferencia con antelación al juicio.

Este señalamiento, al igual que el anterior, es inmeritorio. La Regla 37 de Procedimiento Civil reconoce y regula la conferencia con antelación al juicio. Esta regla — necesaria en la consecución de garantizar una solución justa, rápida y económica del proceso— tiene como propósito simplificar, reducir y hasta evitar el juicio si es posible, mediante: la eliminación de cuestiones litigiosas; la pro-moción de estipulaciones entre las partes así como de admi-siones; y la utilización de otros recursos disponibles a las partes y al tribunal.

Según está redactada la Regla, su celebración es discre-cional, pudiendo ser ésta ordenada a instancia del tribunal o de parte dependiendo en mayor o menor medida de las com-plejidades del caso. En términos generales es deseable su celebración cuando la controversia comprende intrincadas cuestiones de hechos, abundante prueba documental y tes-tifical, multiplicidad de partes y reclamaciones y se han uti-lizado intensamente los mecanismos de descubrimiento de prueba. Véase Práctica Procesal Puertorriqueña, Publica-ciones J.T.S., Vol. II, Regla 37, pág. 290.

Ninguna de las situaciones mencionadas estaba presente en el caso de autos. Tan sólo se trataba de una acción en cobro de dinero sin mayor trascendencia. Acceder entonces a una conferencia hubiese producido, irónicamente, un retraso en los procedimientos. Actuó en forma correcta el tribunal al denegarla.

Quinto: Cometió error el Honorable Tribunal al no decretar la nulidad de la escritura de hipoteca.

El alegato de los demandados se basa en la Ley Notarial, 4 L.P.R.A. sees. 1014,1015 y 1020, y en el Art. 127 de la Ley Hipotecaria de 1893 (30 L.P.R.A. see. 223), a saber, que en la escritura de hipoteca intervinieron dos testigos que no eran idóneos, el notario no la leyó y en ella no se hizo constar el precio de tasación del inmueble gravado. Si bien se incurrió en tales inobservancias, ello no tiene mayor trascendencia jurídica. Nos explicamos. Aquí, la escritura de hipoteca nunca se inscribió en el Registro de la Propiedad, como lo requería el Art. 1774 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 5042; Gaztambide v. Sucn. Ortiz, 70 D.P.R. 412 (1949); Beiró v. Vázquez, 52 D.P.R. 601 (1938). Por tanto, la misma nunca se constituyó como derecho real. Ya que no existía hipoteca como tal, entonces, no había ni tenemos nada que anular. Liechty v. Descartes Saurí, supra. El tribunal de instancia dictaminó correctamente que había una deuda que tenía que pagar Concepción Ramírez Ca-rrasquillo. Bajo el supuesto de estos defectos por razón de forma —en los que concurren los requisitos de consenti-miento, objeto y causa— se aplicaría la teoría de conversión consagrada en el Art. 1177 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3278, y no se vería afectada la validez intrínseca del negocio jurídico inter partes, esto es, la escritura defectuosa hizo prueba como documento privado, aunque quedara al margen del ámbito registral. Sucn. Santos v. Registrador, 108 D.P.R. 831 (1979); Reyes v. Torres, 65 D.P.R. 821 (1946); Rosario v. Registrador, 59 D.P.R. 428 (1941) y Clavell v. Clavell, 41 D.P.R. 195 (1930).

Sexto: Cometió error el Tribunal en las cuantías a que condenó a pagar a la co-demandada.

Este error no fue cometido. Las cuantías que tuvo el tribunal ante sí fueron fáciles de computar y se desprendían de la escritura firmada. Los demandados alegan que la par-tida de $28,001.50 es incorrecta. No encontramos funda-mento alguno para este señalamiento. Los deudores esposos Ramírez-Rodríguez fueron demandados originalmente por esa cantidad. Luego se hace la segunda escritura, tratando de garantizar esa deuda y, como testigos, firman de nuevo dicho documento. ¿Por qué si no era correcta esa obligación consintieron y firmaron sin objeción alguna?

Séptimo: Cometió error la Honorable Sala sentenciadora al no permitir a los demandados recurrentes presentar prueba sobre falta de consentimiento, objeto y causa en el contrato.

Los demandados se limitan a discutir el que no hubo consentimiento de parte de Concepción Ramírez Carras-quillo en la contratación y que el tribunal de instancia no les permitió presentar prueba al respecto, ni anotarla en el expediente. Específicamente en su alegato afirman “[e]ra el propósito de los Demandados-Recurrentes demostrar al Tribunal, mediante prueba testifical de la propia otorgante y de otros testigos, que la escritura y el pagaré eran nulos por cuanto la otorgante había comparecido a dicha contra-tación sintiéndose amenazada, intimidada y coaccionada. Que en adición desconocía lo que estaba firmando”. (Énfasis nuestro.)

Teóricamente, el error fue cometido. De acuerdo con la Regla 69(B)(2) de Evidencia se puede traer evidencia extrínseca del contenido de un documento cuando la validez del convenio constituye el hecho controvertido. Habiéndose alegado en la contestación a la demanda —siendo la teoría de la parte demandada que la escritura era una nula por haber mediado intimidación de parte de la demandante— el tribunal debió haber permitido su presentación. Alvarado v. Bonilla, 86 D.P.R. 490 (1962); Rolón Marrero v. Rivera Malavé, 85 D.P.R. 731 (1962); Rossy v. Tribunal Superior, 80 D.P.R. 729 (1958); y Ramírez v. Ramírez, 65 D.P.R. 544 (1946).

Ahora bien, ¿este error así cometido es uno de tal naturaleza que amerite la revocación de la sentencia? La Regla 5 de Evidencia establece que no se dejará sin efecto una determinación de exclusión de evidencia ni se revocará sentencia o decisión alguna por motivo de exclusión errónea de evidencia, a menos que (1) la evidencia fuera erróneamente excluida, a pesar de que la naturaleza, propósito y pertinencia de la misma fuera traída a la atención del tribunal mediante una oferta de prueba o de cualquier otro modo; y (2) el tribunal que considera el efecto de la exclusión errónea entiende que ésta fue factor decisivo o sustancial en la sentencia o decisión cuya revocación se solicita.

En el presente caso los demandantes cumplieron cabal-mente con el primer requisito. En cuanto al segundo debe-mos preguntarnos ¿fue la exclusión de dicha evidencia un factor decisivo o sustancial para la sentencia? A poco reflexio-namos, notamos que se impone una respuesta negativa. Como señaláramos, la evidencia que no fue admitida fue de tipo testifical, de la propia otorgante de la escritura y de otros testigos. De la exposición narrativa del caso se des-prende que durante el proceso declararon por la parte demandante, Juan Ramírez Viera, la licenciada Tejera y Luis Rafael González, depositario en el momento del embargo. Por la parte demandada declaró Quénida Ro-dríguez Berrios, esposa de Juan Ramírez, y la madre de éste, Concepción Ramírez Carrasquillo. Surge también de la exposición narrativa de la prueba que el incidente cuando se pretendió presentar prueba sobre la alegada falta de consentimiento por parte de Concepción Ramírez Ca-rrasquillo, al otorgar la escritura, fue durante el contrainte-rrogatorio de su hijo Juan Ramírez Viera y el interrogatorio directo de la esposa de éste, Quénida Rodríguez Berrios. No aparece que se tratara de presentar ese extremo al declarar Concepción Ramirez Carrasquillo.

El examen minucioso de esa exposición narrativa nos convence que el error no fue perjudicial. De haber en nues-tra mente la posibilidad de dudas al respecto, las mismas se despejan al examinar la moción de la parte demandante, en la cual se transcriben partes importantes de lo declarado por los testigos durante el juicio, que ilustran y comple-mentan la Exposición.

Unidas a estas declaraciones, existen otros extremos en la prueba que ni el tribunal de instancia ni este foro podrían pasar por alto. Primer señalamiento: El 14 de julio de 1971, Concepción Ramírez Carrasquillo compareció con su esposo Felipe González Soto en la constitución de la escritura núm. 25 de compraventa y reconocimiento de hipoteca ante el notario Federico Valladares. La residencia, adquirida por éstos mediante esta escritura núm. 25, la con-siguieron al precio de $23,000, de los cuales los compradores entregaron la suma de $12,673 y retuvieron para el pago de la hipoteca el remanente de $10,343. Cabe señalar que en esta escritura la esposa comparece a firmar la misma.

El 16 de enero de 1978, ella compareció ante el notario Héctor J. González Vázquez y otorgó, en unión a los hijos de su extinto esposo, una extensa escritura de partición, en la cual renunció a su cuota usufructuaria. En esta ocasión se señala que ella no sabe escribir y por tal motivo estampó sus huellas y, a su ruego, su hijo Juan Ramirez Viera escribió sus iniciales y firmó el folio.

Segundo señalamiento: La demandada Ramírez Carrasquillo fue acompañada durante el cierre de la escritura por su hijo y nuera, los otros dos demandados. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que éstos permitieran que fuera intimidada?

Las declaraciones transcritas, unidas a estas otras realidades, nos obligan a concluir que el error aquí cometido no fue perjudicial. El tribunal de instancia tuvo fundamentos suficientes para concluir que no hubo ninguna clase de intimidación de parte de la demandante hacia la demandada Ramírez Carrasquillo. En Rodríguez v. M. Joglar & Co., S. en C., 46 D.P.R. 350 (1934), resolvimos que no existe intimidación cuando una persona hace saber a otra que se pi opone ejercer su derecho legítimo de acudir a los tribunales si no se le hace efectiva una obligación exigible. Allí añadimos que el hecho de que un acreedor exprese que, de no garantizársele su deuda, ejercerá su derecho de cobrar judicialmente su crédito, no constituye intimidación. Y además nos manifestamos: “[n]os basta con saber que en este caso no hubo intimidación, que José Ramón Rodríguez y su esposa hipotecaron el inmueble que se describe en la demanda a favor de la demandada sabiendo que su padre había contraído una deuda con esta firma, y que si nos atenemos a las alegaciones de la demanda y al testimonio de José Ramón Rodríguez, el contrato celebrado entre la demandada y los demandantes no constituye otra cosa que una operación para garantizar la deuda contraída por Francisco J. Rodríguez.” Págs. 355-356. También en Rivera v. Banco Industrial, etc. y García, Int., 49 D.P.R. 709 (1936), reconocimos que esta norma —la amenaza de un acreedor de valerse de sus remedios legales no equivale a intimi-dación— no es inflexible. Añadimos que debía aplicarse inteligentemente en aquellos casos apropiados y no debe seguirse a ciegas cuando, bajo las circunstancias peculiares del caso específico, el resultado sería contrario a la equidad, irrazonable para el deudor, o injusto. Cf. Díaz Freytes v. M.M.M., 110 D.P.R. 187 (1980).

En el caso de autos no concurren ni están presentes dichas circunstancias.

Se dictará sentencia confirmatoria.

El Juez Asociado Señor Díaz Cruz emitió opinión disi-dente a la cual se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

-O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Díaz Cruz a la que se une el Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué.

Este es el recurso de una madre atemorizada, coac-cionada que en estado de zozobra y de total incomprensión de las consecuencias de sus actos hipotecó su patrimonio por $28,001.50 presuntivamente para evitar que le embargaran los muebles de la casa a su hijo por delincuencia en el pago de un pagaré de $16,292 que la financiera San Juan Credit, Inc. había comprado con descuento a la acreedora original. Al no pagarse los intereses, la corporación acreedora demandó y obtuvo sentencia contra esta Sra. Concepción Ramírez por los $28,001.50 de principal, intereses acumu-lados por $2,240.12 y las costas.

La opinión, en aparente inadvertencia, para sostener el criterio de que el consentimiento de la demandada doña Concepción Ramírez Carrasquillo no estaba herido de muerte por coacción, presión sicológica, festinación, miedo e ignorancia, transcribe no de la exposición narrativa de la prueba certificada por el Juez Sr. Pedro J. Martínez quien presidió el juicio sino de otra sometida por la financiera San Juan Credit recurrida, sin más firma que la de su propio abogado que infortunadamente tituló “exposición parcia-lizada” y que así resulta en efecto pues en ella se omite parte sustancial de los testimonios referentes a la invalidez de la demandada en aquel momento del 2 marzo, 1979 en que doña Concepción, analfabeta, hizo cruces y estampó huellas digitales en un pagaré al portador por $28,001.50, a vencer 14 meses después: el 2 mayo, 1979; e hipotecó en garantía de dicha obligación “todos sus derechos y/o parti-cipación hereditaria que le corresponde o le pueda corres-ponder en la herencia [de su finado esposo Felipe González Soto]” incluso su participación en los gananciales de la extinta sociedad conyugal; imponiéndosele una cláusula de aceleración que permite al acreedor ejecutar la hipoteca en defecto de pago de un solo plazo de intereses que se fijaron al 8% en plazos mensuales de $186.68, pagaderos por adelantado.

Al recurrir la demandada de la sentencia que equivalía al doble de la deuda de su hijo, expedimos el auto de revisión el 10 abril, 1980 y el 30 junio, 1980 concedimos término de 60 días a la parte recurrente para someter la exposición narrativa de la prueba (E.N.P.). En moción de 31 octubre, 1980 el abogado de la financiera recurrida informó a este Tribunal que tenía preparada una E.N.P. en la que faltaban la firma del juez y del abogado de la recu-rrente; le ordenamos que obtuviera la certificación del juez; el 20 febrero, 1981 la demandada recurrente nos informó que por resolución en corte abierta luego de vista, el 22 enero, 1981, el juez había aprobado la E.N.P.; el 26 febrero, 1981 ordenamos al secretario de instancia que elevara la E.N.P. aprobada y certificada, la que nos fue remitida con carta de trámite recibida en su misma fecha de 12 marzo, 1981. Un día antes, el 11 de marzo, el demandante-recu-rrido presentó en nuestra Secretaría la E.N.P. que llamó parcializada (sic) sin más signo de autenticidad que la firma de su abogado y la que por error se transcribe en la opinión como fundamento de decisión. Como no se recoge allí la constante intervención del abogado del demandante con objeciones —sostenidas por el tribunal— que excluyeron prueba de falta de consentimiento, impidieron que se declarara sobre el estado anímico de doña Concepción, y no le permitieron a su abogado ni siquiera incluir en el récord como evidencia ofrecida y rechazada, lo que dirían estos tes-tigos de declarar sobre ausencia de consentimiento, objeto y causa en el otorgamiento del pagaré, a la opinión escapa la dimensión y gravedad de la decisión de instancia de cerrar el tribunal para doña Concepción desde un 'principio y al anunciar su prueba la parte demandada. Era de rigor admitir la prueba de la parte demandada, si consideramos que el vicio de consentimiento, objeto y causa surge de la propia prueba de la financiera demandante que llamó como testigos suyos a los deudores. Ella no puede evadir las con-secuencias de promover con sus propios testigos, la cuestión de nulidad y dolo.

En final esfuerzo para que no fracase la justicia, inser-tamos a continuación el texto literal de la E.N.P. que nos certificó el Juez Superior Sr. Pedro J. Martínez, de la Sala de San Juan.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

San Juan Credit, Inc. Demandante v. Núm. R-80-117 Revisión Concepción Ramírez Carrasquillo, Juan Ramírez Viera y Quénica Rodríguez de Ramírez Demandados.

^EXPOSICIÓNNARRATIVA DE LA PRUEBA*

Por la parte demandante comenzó declarando el propio co-demandado Juan Ramírez Viera. Este declaró como sigue:

Testimonio de Juan Ramírez Viera
Resido en Villa Capri. Estoy casado con Quénida Rodríguez Berrios. Que conoce a la Leda. Tejera en relación a una casa que le compró a través de veteranos. Le quedó debiendo $14,000.00 más intereses.
Concepción Ramírez Carrasquillo es su madre.
P— ¿Ha habido alguna relación comercial con su madre?
R- No.
P— ¿Para el 2 de marzo de 1979 su Señora Madre otorgó alguna escritura?
R- Sí.
P— ¿Por qué razón?
R— El 2 de marzo me fueron a buscar al trabajo en relación a un embargo por una deuda que yo nunca he visto. No hubo embargo ese día.
Cuando llegué a mi casa me encuentro que a mi esposa la habían amenazado, que con el revólver volarían el candado, que se llevarían las alfombras y las rejas.
El Ledo. Rivera Arvelo me hizo ciertas sugerencias. Al ver a mi esposa nerviosa yo también me puse nervioso.
Me preguntó si tenía algún pariente que tuviera una pro-piedad que respondiera me sugirió el nombre de mi madre. Yo le dije al Ledo. Rivera Arvelo que mi mamá tenía una propiedad pero que eran bienes de herencia de nosotros.
Me preguntó donde vivía mi mamá. Fue el Ledo. Rivera Arvelo conmigo en el carro y él fue y habló con mi madre. Mi madre al verme en las condiciones que yo estaba accedió a firmar unas escrituras.
Fuimos a otorgar el documento ante el Ledo. Rivera Arvelo y ante el Ledo. Ortiz. La escritura la leyó el Ledo. Rivera Arvelo y fue firmada ante el Ledo. Rivera Arvelo.
(Le muestran un pagaré hipotecario firmado por los tres demandados)
El documento habla de una deuda de $28,000.00 pero esa no es la deuda, es que lo firmamos porque estábamos entre la espada y la pared.
En adición al pagaré se le entregó al Ledo. Rivera Arvelo toda la documentación relacionada con la casa de mi mamá condicionado a que el Ledo. Rivera Arvelo los devolvería al otro día. Este no lo hizo ni lo ha hecho hasta la fecha de hoy. (En relación al Exhibit II)
Reconozco estos documentos. Este documento es la Escri-tura Número 1 de partición de bienes hereditarios. De ahí surge el derecho de mi madre sobre la propiedad.
(En relación al Exhibit III)
Este documento refleja la deuda original que yo adeudaba a la Leda. Tejera.
(Termina directo y comienza contrainterrogatorio)
Al momento del embargo me sentía amenazado. Mi madre se sentía amenazada al igual que mi esposa.
P— ¿Qué tiempo transcurre del embargo a la firma de escritura?
Objeción del Ledo. Rivera Arvelo.
Regla 69 (b) Esa nueva Regla establece que si se ha hecho un convenio y es por escrito no se puede presentar otra prue-ba. Además el testigo tuvo oportunidad de declarar sobre todos los detalles del otorgamiento del pagaré.
Tribunal
Con lugar la objeción.
La parte demandada argumentó que necesitaba presentar prueba para demostrar que no medió consentimiento, objeto y causa en la firma de la escritura que bajo esas circunstancias se podía presentar prueba extrínseca.
El Tribunal se mantuvo en su posición.
P— ¿Ante quién se otorga la escritura?
R— Ante el Ledo. Rivera Arvelo.
P— ¿Y el pagaré?
R— Ante el Ledo. Rivera Arvelo.
Luego la parte demandante trajo a la Leda. Tejera a declarar.
Testimonio de la Leda. Gloria Tejera
Yo conozco a los esposos Ramírez Viera. Les vendí una pro-piedad. Quedaron a deber sobre $16,000.00. Esa deuda no fue pagada.
Se extendió un pagaré hipotecario que yo cedí a San Juan Credit. Fue una cesión onerosa.
Luis Rafael González
Yo fui a casa de la Señora Concepción el 2 de marzo para preguntarle dónde vivía el hijo Juan. Yo era el depositario en un embargo que se iba a realizar.
P— ¿A usted le consta si ella otorgó un contrato con San Juan Credit?
R— Sí. Yo estaba en la oficina del Ledo. Rivera Arvelo.
En contrainterrogatorio declaró que no estuvo presente cuando se otorgó el contrato.
Terminada su prueba la parte demandante, la parte demandada pidió la desestimación del caso y el Tribunal declaró sin lugar tal petición.
Al comenzar su turno la parte demandada el Ledo. Ortiz manifestó que la parte demandada se proponía presentar prueba para demostrar que no medió consentimiento, objeto y causa en el otorgamiento del pagaré.
Continuó diciendo lo siguiente:
En vista de que el Sr. Juez no permite presentar prueba oral sobre el contrato deseamos vaciar para récord lo que dirían los testigos de sentarse a declarar.
Objeción del Ledo. Rivera Arvelo
Con lugar — Tribunal
La parte demandada trae a declarar sus testigos.
Quénida Rodríguez Berrios. Yo estaba en mi casa. Lle-garon Rivera Arvelo, el Sr. González y un Alguacil. Me dijeron que tenían un embargo. El Sr. González dijo que si no abría.[sic]
Objeción del Ledo. Rivera Arvelo
Con lugar — Tribunal
Yo estaba en la oficina del Ledo. Rivera Arvelo cuando se otorgó el pagaré para que no se embargara.
En relación a ese pagaré la Sra. Concepción Ramírez no recibió a cambio nada.
P— ¿Se le explicó a ella lo que estaba firmando?
R— Ella firmó en consideración a nosotros, ella práctica-mente no sabía lo que hacía.
Hay objeción entonces cuando se pretende traer prueba del estado anímico para la contratación.
No se permite declarar al abogado lo que declararía la tes-tigo sobre la forma en que se efectuó la contratación.
Finalmente declara Doña Concepción.
Testimonio de Concepción Ramírez Carrasquillo
Fue el Ledo. Arvelo con mi hijo a mi casa. No sabía para lo que era. Se me habló que buscara unos papeles míos para enseñárselos al Ledo. Rivera Arvelo. Me cogieron los papeles y me dijeron que eso era para cuestión de unos días, que me los devolverían enseguida. Yo no sabía para que era que me querían.
Cuando yo firmé el pagaré no conocía las consecuencias de lo que estaba firmando, yo no sabía lo que estaba haciendo.
Contrainterrogatorio del Ledo. Rivera Arvelo
P— ¿Por qué firmó el documento?
R— No sé.
P— ¿Se le leyó en voz alta?
R— Sí lo leyeron no sé lo que leían. No entendía nada. No recuerdo si dije en la oficina que no entendía nada.
Todavía no sé lo que está pasando.
Certificamos:
Que la presente expone fielmente la prueba que se presen-tara en este caso.
(Firmado) Pedro J. Martínez
Juez Preside la Vista.
El error señalado como 2o por la recurrente y que inevi-tablemente requiere la revocación de la sentencia, se formula así:
Cometió error la Honorable Sala sentenciadora al no per-mitir a los demandados recurrentes presentar prueba sobre la falta de consentimiento, objeto y causa en el contrato.
Ordena la Regla 69 de Evidencia en su inciso (B):
Cuando en un convenio oral o escrito, ya sea público o pri-vado, se hayan incluido todos los términos y condiciones que constituyen la verdadera y última intención de las partes, se considerará que éste es uno integrado, por lo que no cabrá entre los convenientes o sus sucesores en interés, evidencia extrínseca al contenido del mismo excepto en los siguientes casos:
(1) Cuando una equivocación o imperfección en el convenio sea alegada en el litigio;
(2) Cuando la validez del convenio constituye el hecho con-trovertido.
Esta regla no excluye otra evidencia de circunstancias bajo las cuales fuere hecho el convenio, o con las cuales se relacio-nare como lo son la situación del objeto a que se contrayere o la de las partes, o para probar ilegalidad o fraude.

Con un mandato tan preciso, es de patente convicción que el juez sentenciador incidió al suprimir a priori, en el momento mismo en que se anuncia, la prueba de invalidez del convenio, de circunstancias que prohijaron el vicio de ilegalidad absoluta en el otorgamiento por la demandada de los referidos documentos de pagaré e hipoteca. Y aumenta el dramatismo de la negación del derecho a ser oído, la desestimación de la petición de la demandada para que al menos se le permitiera llevar al récord lo que sobre ese aspecto crítico declararían los testigos. ¿De qué otro modo puede un litigante obtener la revisión de lo actuado en instancia? La gravedad del error, su potencialidad de per-juicio equivalente a negar audiencia a una parte con visos de finalidad irrevisable, las ignora la opinión porque la E.N.P. que le sirvió de base para decidir, omite éste, que es el más significativo incidente en un pleito donde la validez del convenio constituye el hecho controvertido. La E.N.P. certificada por el magistrado recoge el incidente así:

Terminada su prueba la parte demandante, la parte demandada pidió la desestimación del caso y el Tribunal declaró sin lugar tal petición.
Al comenzar su turno la parte demandada el Ledo. Ortiz manifestó que la parte demandada se proponía presentar prueba para demostrar que no medió consentimiento, objeto y causa en el otorgamiento del pagaré.
Continuó diciendo lo siguiente:
En vista de que el Sr. Juez no permite presentar prueba oral sobre el contrato deseamos vaciar para récord lo que dirían los testigos de sentarse a declarar.
Objeción del Ledo. Rivera Arvelo
Con lugar — Tribunal
La parte demandada trae a declarar sus testigos.

Ante estos hechos resulta un eufemismo sostener que el error se cometió, pero que no fue perjudicial. El reclamo de justicia de esta señora fue silenciado mediante objeción del demandante y terminante prohibición a priori del magis-trado. La observación en el alegato de la financiera recu-rrida, y que acoge la opinión, al afecto de que no concibe cómo podía estar coaccionado el consentimiento de doña Concepción Ramírez porque estaba asistida y protegida cuando estampó cruces y huellas por su propio hijo, echa al olvido que éste fue un pobre defensor del interés de su señora madre pues luego de constituirla en su subrogada como deudora, su falta de pago de los intereses desencadenó la ejecución de los bienes de esta señora, que solo la prueba suprimida podía decirnos si fue buena samaritana a la fuerza en las tinieblas de su abismal ignorancia del negocio jurídico en que fue envuelta.

Revocaría la sentencia revisada y remitiría a instancia para continuación del juicio en que se oiga y reciba la prue-ba de la parte demandada.

       El testigo Juan Ramírez Viera, entre otras cosas declaró lo siguiente:
      “Lie. Rivera Arvelo:
      P. Vamos a ser más específico, testigo, para el 2 de marzo de 1979, [¿]recuerda usted que su señora madre haya otorgado alguna escritura?
      R. Sí, señor.
      P. [¿]Por qué su señora madre otorgó esa escritura?
      R. Bueno, mi madre otorgó una escritura, ¿las razones todas por la cual?
      P. Sí, estamos buscando la verdad.
      R. Mi madre otorgó una escritura por la sencilla razón que el día 2 de marzo, yo me encontraba en mi trabajo, en relación con un embargo que había en mi casa. Me iban a llevar todo, los muebles, rejas, lámparas, cortinas, alfombras, todo, por una deuda que yo nunca la he visto, que conste; y nunca vi el pagaré, nunca lo he visto el emplazamiento, nunca he visto absolutamente nada sobre eso.
      Hon. Juez:
      P. O sea, que si [¿]lo que le iban a llevar allí se lo embargaron?
      R. No se embargó.
      R. . . .Yo le digo, Bueno [s-íe], mi mamá tiene propiedades, pero esos son bienes de herencia de nosotros, ¿verdad? Entonces me hizo la pregunta, que cuánto yo creía que debía la casa y yo le dije, bueno la casa debe como seis-mil pesos. Entonces me preguntó, ‘[¿Jdónde se encuentra su mamá?’ Yo le dije donde se encontraba y se montó en el carro conmigo y fuimos y buscamos a mi mamá y él fue. Y la madre mía viendo en las condiciones que yo me encontraba con mi esposa accedió a la firma.

      Lie. Ortiz:
      P. [¿]Qué es eso que tiene en la mano?
      R. Un pagaré hipotecario.
      Lie. Rivera Arvelo:
      P. [¿JQuién lo firma?
      R. Juan Ramírez Viera, Rodríguez Berrios y Concepción Ramírez Carras-quillo.
      P. [¿]Le consta que Doña Concepción Ramírez Carrasquillo firmó el docu-mento?
      R. Lo firmó.
      Lie. Rivera Arvelo:
      P. Testigo, le pregunto ... ese documento que le están entregando, ¿refleja la deuda original que usted adeudaba a la Lie. Tejera?
      R. Sí, Señor.
      Lie. Rivera Arvelo:
      Sí, nosotros vamos a someter en evidencia el documento.
      Hon. Juez:
      Se admite.
      La testigo Quénida Rodríguez, esposa de Juan Ramírez Viera declaró:
      “Lie. Ortiz:
      P. Testigo, cuando se otorga el pagaré objeto de este proceso, ¿usted estaba presente cuando se otorga la escritura en la oficina del Lie. Rivera Arvelo?
      R. Del pagaré este para proteger, sí.

        Lie. Rivera Arvelo:
      P. ¿Para proteger qué?
      R. O sea, el pagaré que se hizo para ...
      Líe. Rivera Arvelo:
      P. [¿]Para proteger qué?
      R. Para el embargo, para que no nos fueran a embargar.
      Lie. Ortiz:
      P. [¿]Y a Doña Concepción se le explicó lo que estaba firmando? ¿Ella enten-día eso?

      R. Bueno, el abogado le explicó a ella. Le dijo lo que pasaba, digo, en ese momento ella firmó por consideración a nosotros, pero ella misma ni prác-ticamente ni entiende nada de eso. ”

      Como si esto fuera poco, la propia demandada Concepción Ramírez Ca-rrasquillo declaró durante el contrainterrogatorio, entre otras cosas, lo si-guiente:
      Lie. Rivera Arvelo:
      P. Una sola preguntita corta. ¿Y por qué usted firmó el documento testigo? Le pregunto si [¿]fue en consideración o como causa y evitar que se embargara a su hijo?
      R. No era sabedora para lo que podía ser.
      P. [¿JUsted no sabe por qué firmó, ni el documento se le leyó tampoco?
      R. Porque como yo lo veía a usted que tanto lo ajoraba a él.
      P. Yo lo ajoraba. Oiga, ¿y a usted no se le leyó el documento tampoco? [¿]No se le leyó?
      Hon. Juez:
      P. [¿]Que si se le leyó en voz alta el documento?
      R. Bueno, si lo leyeron, yo no sabía ni lo que leían.
      Lie. Rivera Arvelo:
      P. ¡Ah!, [¿Justed no sabía lo que leían?
      R. Ni sé letra, ni sé nada.
      P. ¿No sabe escuchar usted? [¿]Se le leyó?
      R. Escuché algunas cosas y no le daba ... Que no pensaba lo que podía hacer.
      Hon. Juez:
      P. [¿]No pensaba lo que podía hacer?
      Testigo:
      R. Ni para qué.
      Lie. Rivera Arvelo:
      P. Pero en resumidas cuentas lo que se le leyó, ¿lo entendió?
      R. Lo único que usted me decía antes de leer que me iba a entregar las escrituras al otro día porque eso era para ...

        P. Sí, pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es que si lo que a usted se le leyó [¿]lo entendió?
      R. Yo no entendía nada.

      P. No entendió nada. Oiga y cuando se le leyó, [¿Justed dijo que no entendía nada allí?
      Hon. Juez:
      P. Que si eso usted lo dijo allí en la oficina, de que no entendía nada.

      Testigo:
      R. Ni recuerdo si lo dije o no.

      Hon. Juez:
      No recuerda.
      Lie. Rivera Arvelo:
      P. [¿]No recuerda si lo dijo?
      R. No.
      P. [¿JSupo usted qué estábamos haciendo con su señor hijo para aquella fecha? ¿Qué estaba ocurriendo con él? ¿Todavía usted no sabe lo que está pasando?
      R. Todavía no sé.
      P. [¿] Todavía usted no sabe?
      R. Porque yo no sé para qué fue que lo llevaron a él allí y para qué fue que hicieron eso. Yo no estaba sabedora de nada de eso.
      P. [¿] Todavía usted no lo sabe?
      R. Todavía no lo sé.
      P. [¿JEstá segura que es eso?
      R. De eso yo me acuerdo porque mis hijos me dicen ‘mami, esto es esto. Mami, esto hay que guardarlo porque esto es de nosotros.’
      P. [¿JUsted sabe que esa escritura tiene que ver con la casa y la herencia? ¿Eso lo entiende?
      R. Yo oigo decir a mis hijos que para eso es.
      P. No, yo le pregunto que si [¿Justed lo entiende así?
      R. Yo entiendo que sea para eso.
      P. Usted entiende que sea para eso. Ahora, [¿Jpero usted no entiende nada en cuanto a la escritura que usted hizo acá?
      R. Yo no sé nada de eso.” (Énfasis suplido.)

       Juan Ramírez Viera no era hijo del causante Felipe González Soto.

      El inmueble afectado: Casa de hormigón y bloques en la Urb. Sevilla, del barrio Sabana Llana, Río Piedras y solar de 347.29 m/c.


source: Caselaw Access Project

author: PER CURIAM:

license: Public Domain

text:
    Carlos S. Quirós, Secretario del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico, en representación y para beneficio de Hilario González, querellante y peticionario, v. Gómez Hermanos, Inc., querellada y recurrida.

      Número: 0-81-256

      Resuelto: 21 de junio de 1982

      Jesús A. Caro Lugo y Enrique Verges Borrero, abogados del peti-cionario; Otero Suro & Otero Suro, abogados de la recurrida.
   EN RECONSIDERACIÓN

PER CURIAM:

La Sala de San Juan del Tribunal de Distrito dictó sentencia (registrada el 25 agosto, 1980) por la que condenó a la corporación querellada-recurrida a indem-nizar a un empleado en la cantidad de $750.00 por no haberse justificado su despido. La demandada apeló la sentencia al Tribunal Superior el 30° día de su archivo en autos, hecho en que basó el Secretario querellante su moción para desestimar la apelación por falta de jurisdic-ción, sobre el fundamento de haberse radicado fuera del término de 10 días señalado en el estatuto especial (32 L.P.R.A. see. 3127). Aunque por razones distintas, no rela-cionadas con su jurisdicción, sumergidas en este issue principal, el Tribunal Superior desestimó la apelación y al recurrir el querellante este Tribunal mediante opinión de 14 octubre, 1981 revocó la resolución recurrida, y ordenó la desestimación de la apelación por tardía. Un ulterior y detenido examen de la cuestión litigiosa nos insta a recon-siderar aquel primer criterio.

La Ley sobre Reclamaciones por Servicios Prestados (Núm. 2 de 17 octubre, 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118 et seq.)) en su Sec. 10 ordena:

Apelaciones del Tribunal de Distrito
Cuando el caso se originare en el Tribunal de Distrito, cualquiera de las partes que se creyere perjudicada por la sentencia, podrá interponer recurso de apelación para ante el Tribunal Superior.
La apelación quedará formalizada presentando al secreta-rio del Tribunal de Distrito, dentro de los diez (10) días de notificada la sentencia, un escrito en el que se manifieste la intención de apelar, y entregando copia de dicho escrito a la parte contraria o a su apoderado o abogado.
La apelación se tramitará conforme al procedimiento ordi-nario para las apelaciones del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior. (Énfasis nuestro.) 32 L.P.R.A. see. 3127.

Al estatuir la apelación del Tribunal de Distrito al Superior, la Ley de la Judicatura de 1952 dispuso en su See. 19 (4 L.P.R.A. see. 122) que “[e]l procedimiento de apelación se seguirá a tenor con \_sic] las reglas promulgadas por el Tribunal Supremo”. De este modo la Asamblea Legislativa propició la modificación y enmienda de las reglas para atender con prontitud a situaciones cambiantes en el proce-samiento de los casos y facilitó la integración de este dere-cho de apelación en el cuerpo general de reglas sobre dicha materia. En ejercicio de la facultad así conferida, este Tribunal Supremo promulgó las Reglas de Apelación del Tribunal de Distrito al Tribunal Superior, en vigor desde el Io octubre, 1979 (4 L.P.R.A. Ap. III-A), y en la Regla 4 ordenó:

Se formalizará la apelación radicando un escrito de ape-lación en la Secretaría del Tribunal de Distrito que dictó la sentencia, y copia en la Secretaría del Tribunal Superior al que se apela, dentro del término y con la notificación a todas las partes conforme lo provisto en las Reglas de Procedí-miento Civil, o en las Reglas de Procedimiento Criminal, según fuere el caso. Si el escrito de apelación no se radicare y notificare en la forma y dentro de los términos antes dispues-tos, la apelación será desestimada por el Tribunal Superior, a iniciativa propia o a solicitud de parte.

Su enlace con las Reglas de Procedimiento Civil tiene el efecto de imponer, bajo advertencia expresa de desesti-mación el término y notificación provistos en las Reglas de Procedimiento Civil, así:

Regla 53.1. Cuándo y cómo se hará
(a) La apelación se formalizará presentando un escrito de apelación en la secretaría de la sección del tribunal que entendió en el caso, y copia del mismo en la secretaría del tribunal de apelación, dentro de los treinta (30) días siguientes al archivo en autos de una copia de la notificación de la sentencia.
Regla 53.2. Escrito de apelación
... El apelante notificará la presentación del escrito de apelación a todas las partes o a sus abogados de récord dentro del término para apelar ....

Esta apelación tiene hoy unos requisitos de cumpli-miento estricto para lo cual resulta manifiestamente insufi-ciente y opresivo el término tradicional de diez días. Ya el escrito de apelación exigido por las reglas no es el breve y lacónico anuncio de la “intención de apelar” de la Ley Núm. 2 de 17 octubre, 1961 ante. Ahora se requiere del apelante que incorpore en el propio escrito hasta el alegato —ya que no se le permitirá otro (Regla 6, Ap. VIII-A)— todo según ordena la Regla 5 de Apelación (1979) de la que citamos:

(a) En casos civiles
El escrito de apelación en casos civiles contendrá lo siguiente:
(1) Una referencia a la sentencia de la cual se apela, incluyendo el nombre de las mismas partes que aparecen ante el Tribunal de Distrito, añadiendo en los lugares apropiados la designación de “apelante” y “apelado”, y número del caso, el tribunal que dictó la sentencia, la fecha en que se dictó la misma, la fecha en que se archivó en autos copia de la notifi-cación de la sentencia y la fecha de presentación de cualquier moción que pudiese interrumpir el plazo apelativo, si la hubiere, como también la fecha en que la misma fue resuelta y la sala del Tribunal Superior para ante la cual se apela.
(2) Una relación fiel y concisa de los hechos pertinentes del caso.
(3) Un señalamiento de los errores que a juicio del ape-lante cometió el Tribunal de Distrito.
(4) Una discusión de los errores planteados, incluyendo la cita y análisis de las autoridades legales pertinentes.
Si el apelante no cumpliere estrictamente con los requisi-tos antes mencionados, el Tribunal Superior desestimará la apelación, a solicitud de parte o a iniciativa propia.

Nos confrontamos con la vigencia aparente de dos tér-minos de apelación disímiles para reclamaciones de sala-rios, si es que hemos de atribuir valor concreto y pleno de apelación a la revelación de intención de apelar de que habla la Sec. 10 de la ley especial, supra. Mas la propia ley excluye esa conclusión pues sujeta la efectividad de dicho corto plazo para anunciar la intención de apelar —lenguaje que presupone la existencia de un término adicional para efectivamente apelar— a su conformidad con el procedi-miento ordinario para las apelaciones del Tribunal de Dis-trito al Superior. Si es que se va a lograr la referida armonía, si la apelación en estas reclamaciones especiales debe ajustarse al procedimiento ordinario, la coordinación ha de empezar por el término, elemento crítico dentro del cual han de cumplirse todos los requisitos sin que se extinga la jurisdicción del tribunal apelativo para conocer del recurso. Y ya hemos visto que resultaría irracional el término de diez días para anunciar y también perfeccionar la apelación con la totalidad de requisitos enumerados en la citada Regla 5 de Apelación. La adhesión del estatuto especial en su citada Sec. 10 a una apelación gobernada por el procedimiento ordinario, tiene el mismo efecto y sigue el mismo patrón de remisión al Tribunal Supremo en la Ley de la Judicatura de 1952 de la reglamentación de estas ape-laciones, como se ha hecho. No debe atribuirse a la Asam-blea Legislativa —al aprobar la Ley Núm. 2 de 17 octubre, 1961 con término de 10 días para manifestar “intención” de apelar— propósito de aislar esta acción de salarios de la norma fundamental legislada de dejar la aprobación y supervisión de estas reglas al Tribunal Supremo. Por pro-pia disposición del estatuto especial que supeditó su regu-lación de la apelación a las reglas, y por resultar inoperante el referido término de diez días, —aun extendiendo fi-nalidad al anuncio de intención— la apelación en reclama-ciones de salarios bajo la ley especial de referencia, tiene el término regular de la Regla 4 ad hoc (1979) que es el de treinta (30) días provisto en la Regla 53.1 de Procedimiento Civil. A igual resultado de prevalencia homogénea de las reglas llegamos en Rodríguez Negrón v. Morales García, 105 D.P. R. 877 (1977), en relación con la apelación en de-sahucio, a pesar de que su estatuto especial de apelación (Art. 630 Enj. Civil, 32 L.P.R.A. see. 2831) carece del explícito mandato de conformarla con el procedimiento ordinario que hemos destacado, sirviendo el deseable fin de dotar térmi-nos y reglas de uniformidad y adaptarlas a los significativos cambios operados en el enjuiciamiento contemporáneo.

Se expedirá el auto y se dictará sentencia de confor-midad.

El Juez Asociado Señor Rebollo López no participó en la decisión.

       La acción fue encauzada al amparo de la Sec. 1, Ley Núm. 2 de 17 octubre, 1961 (32 L.P.R.A. see. 3118), instrumento especial para reclamaciones de salarios y beneficios por el obrero de su patrono.

       La sentencia quedó suspendida en sus efectos (resolución 31 marzo, 1982) al revelarse error en la notificación de la orden previa para mostrar causa y falta de notificación de la solicitud de certiorari, lo que excluyó de audiencia a la quere-llada apelante. Dicha parte presentó el 29 abril, 1982 escrito de oposición al certio-rari.

      NOTA DEL COMPILADOR: Por el resultado a que llega el Tribunal en esta ocasión no hemos publicado dicha opinión.

       El término de 30 días no lesiona el carácter sumario y trámite acelerado de la acción en reclamación de salarios, que se beneficia con una apelación abreviada por el requisito de yicorporar el alegato al escrito de apelación, así como con los demás recursos que las Reglas de Proc. Civil proveen para aligerar el enjuicia-miento.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Jorge L. Rodríguez, demandante y recurrido, v. Scotiabank de Puerto Rico, demandado y peticionario.

      Número: O-81-384

      Resuelto: 23 de junio de 1982

      Alberto Picó, de Brown, Newsom & Córdova, abogados del peti-cionario; Jorge L. Aquino Muñiz, abogado de la parte recu-rrida.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El recurrido, Jorge L. Rodríguez, demandó a Scotia-bank de Puerto Rico en cobro de la suma de $276,087 por concepto de un certificado de depósito al portador. También reclamó daños por la suma de $300,000, más intereses, cos-tas y honorarios de abogado.

En su contestación Scotiabank alegó que el demandante recurrido no era un tenedor de buena fe y que el importe del certificado había sido pagado a su legítimo dueño en febrero de 1977.

De una deposición tomada al demandante recurrido surge que Rodríguez obtuvo el certificado en una jugada de gallos de un tal Antonio Rodas, hoy fallecido. Rodas hizo varias apuestas en la gallera de Rodríguez para el verano de 1980. Perdió unos $200,000. Saldó esa suma con Ro-dríguez mediante el pago de $15,000 en efectivo y la entrega del certificado de depósito por $276,087. Rodríguez explica que la diferencia entre lo adeudado y lo pagado representa el costo del crédito que él le extendió a Rodas. Rodríguez declaró, además, que él rinde planillas de con-tribución sobre ingresos.

En vista de esta declaración, Scotiabank solicitó al tribunal de instancia que autorizase la obtención de copia de las planillas de contribución de Rodríguez para los años 1978, 1979 y 1980. El tribunal se negó. Scotiabank acudió en alzada ante nos. Una sala de este Tribunal denegó la petición de certiorari. Scotiabank solicitó reconsideración, limitando el remedio que pide, a que el Secretario de Hacienda acredite si Rodríguez incluyó en su planilla de 1980 partida alguna sobre el pagaré reclamado. Pasamos al examen de las cuestiones planteadas.

La Regla 23.1(a) de Procedimiento Civil dispone en parte:

Las partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en con-troversia en el pleito pendiente .... No constituirá objeción el que la información solicitada sea inadmisible en el juicio, siempre que exista una posibilidad razonable de que dicha información conduzca al descubrimiento de evidencia admi-sible.

La Regla 23.2 provee para la emisión de órdenes protectoras por el tribunal, requerida en justicia “para proteger a dicha parte o persona [la que es objeto del descubrimiento] de hostigamiento, perturbación u opresión, así como de cualquier gasto o molestia indebido”. La orden del tribunal podrá decretar, por justa causa, entre otras medidas, “(a) que no se lleve a cabo el descubrimiento” o “(d) que no se lleve a cabo el descubrimiento de ciertas materias o que se limite el alcance de las mismas”.

Lo anterior revela que hay tres cuestiones a examinar: si la información solicitada es pertinente; si es de carácter privilegiado, y si procede dictar en estas circunstancias una orden protectora.

1. La pertinencia de la información.

Nuestra Regla 23.1(a) es esencialmente equivalente a la 26(b)(1) federal. El criterio para medir la pertinencia bajo estas reglas es reconocidamente más amplio que el utilizado para resolver problemas de admisibilidad de prueba bajo las Reglas de Evidencia. Para que una materia pueda ser objeto de descubrimiento, basta con que exista una posibilidad razonable de relación con el asunto en controversia. 8 Wright & Miller, Federal Practice and Procedure: Civil, St. Paul, Minn., West Publishing Co., 1970, Sec. 2008, págs. 46-47; 4 Moore’s Federal Practice, 2da ed., New York, Matthew Bender & Co., 1981, Secs. 26.55[1], 26.56[1] y 26.56[4]. Fue precisamente con el propósito de aclarar la vasta dife-rencia entre el derecho a obtener información a través del descubrimiento de prueba y su utilización en el juicio, que se enmendó la regla federal en 1948 para añadir la dispo-sición relativa a que la inadmisibilidad de la evidencia no impide su descubrimiento, disposición que, como hemos visto, forma parte de nuestra Regla 23.1(a). Wright & Miller, op. cit, págs. 39-40, 48.

El recurrido alega que el hecho de que él haya declarado o no como ingreso en su planilla —lo cual ni afirma ni niega— el pagaré de referencia no es pertinente, ya que él no lleva libros de contabilidad y que, conforme a Olazábal v. Srio. de Hacienda, 90 D.P.R. 601 (1964), el método de con-tabilidad que se le aplica es el de recibido y pagado y no el de incurrido y devengado o de acumulación.

El argumento del recurrido choca contra varios obstácu-los. El Art. 41(a) de la Ley de Contribuciones sobre Ingresos de 1954 (13 L.P.R.A. sec. 3041(a)), provee:

Regla General. — El ingreso neto será computado sobre la base del período anual de contabilidad del contribuyente (año económico o año natural, según sea el caso) de acuerdo con el método de contabilidad regularmente usado por el contri-buyente para llevar sus libros; pero de no haberse usado método alguno de contabilidad, o si el método usado no refle-jare claramente el ingreso, el cómputo será hecho de acuerdo con el método que en opinión del Secretario refleje clara-mente el ingreso. Si el período anual de contabilidad del con-tribuyente fuere otro que el de año económico según se define en la see. 3411 de este título, o si el contribuyente no tuviere un período anual de contabilidad, o no llevare libros, el ingreso neto será computado a base del año natural.

El recurrido no alega directamente que él se ha acogido regularmente al método de recibido y pagado. Lo que dice es que, según Olazábal, supra, el método de recibido y pagado es el generalmente aplicable a casos como el de él, en que no se llevan libros de contabilidad. La segunda dificultad es que el recurrido no acudió a este argumento, que requiere determinaciones de hecho, ante el Tribunal Superior. La tercera dificultad es que Olazábal no se aplica al caso del recurrido. Olazábal resuelve que un contribuyente que utiliza el sistema de recibido y pagado no viene obli-gado a declarar en su planilla la compensación concedida en una expropiación hasta tanto el dinero esté depositado en el tribunal a su disposición y no en el momento en que se dicta la sentencia. Olazábal no dice que cuando no se llevan libros hay que utilizar forzosamente el sistema de contabi-lidad de recibido y pagado. Por último, el Secretario de Hacienda siempre posee la facultad, conforme el artículo citado, de fijar el método que a su juicio refleje mejor el ingreso. No podemos concluir que la materia cuyo descu-brimiento se persigue en este caso carezca de toda posibi-lidad razonable de pertinencia en él. En lo que respecta a su admisibilidad, no nos toca ahora dictaminar sobre ello.

2. La naturaleza de la información.

Este Tribunal no se ha expresado sobre si toda la información contenida en las planillas de contribución sobre ingresos es de carácter privilegiado y, en consecuencia, inmune a los mecanismos de descubrimiento. Las Reglas 25 a 32 de nuestras Reglas de Evidencia de 1979 no le reconocen tal carácter en el listado de privilegios que efectúan. Debe recordarse, además, que la Regla 35 dispone que “Las Reglas 25 a 32 se interpretarán restrictivamente en relación a cualquier determinación sobre la existencia de un privilegio”. Esta medida, adoptada para evitar la extensión indebida de los privilegios, es reflejo de una norma de interpretación firmemente establecida en Puerto Rico. García Negrón v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 727 (1976); Ward v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 865 (1974); Pueblo v. Matos, 83 D.P.R. 335 (1961). A la luz de estas circunstan-cias, veamos el argumento del Art. 55 de la Ley de Contri-buciones sobre Ingresos de 1954 (13 L.P. R.A. see. 3055), que establece el privilegio que aquí se reclama. El apartado a del artículo dispone:

(1) Las planillas rendidas bajo este Subtítulo sobre las cuales la contribución ha sido determinada por el Secretario constituirán documentos públicos pero, excepto según más adelante se provee en esta sección, estarán sujetas a inspec-ción solamente mediante orden del Gobernador de Puerto Rico previa demostración de justa causa para ello, y bajo las reglas y reglamentos prescritos por el Secretario y aprobados por el Gobernador de Puerto Rico.
(2) Además, todas las planillas rendidas bajo este Subtítulo constituirán documentos públicos y estarán sujetas a inspec-ción y examen públicos en la medida que se autorice en las reglas y reglamentos promulgados por el Gobernador de Puerto Rico.
(3) Siempre que una planilla estuviere sujeta a la inspec-ción de cualquier persona se expedirá, a solicitud, copia certi-ficada de la misma a dicha persona bajo reglas y reglamentos prescritos por el Secretario. El Secretario fijará un derecho razonable por suministrar dicha copia.

El apartado g del mismo artículo prohíbe a los empleados públicos divulgar información sobre las planillas a cuyo conocimiento advengan como parte de su trabajo.

La disposición transcrita es prácticamente idéntica a la antigua Sec. 6103(a) del Código federal de Rentas Internas. La abrumadora mayoría de los tribunales ha sostenido que esta sección no crea un privilegio invocable por un promo-vido a descubrir información pertinente de su planilla. 8A Mertens, The Law of Federal Income Taxation, Wilmette, Illinois, Callaghan & Co., 1978, Sec. 47.53; Wright & Miller, op. cit., págs. 162-164. Únicamente California, Massachusetts y South Dakota reconocen el privilegio, posición que ha sido duramente criticada. J. P. Doyle, The Case for Abrogation of Taxpayer Privilege in California, 29 Hastings L.J. 775 (1978). La regla mayoritaria en las cortes federales es igual. Wright & Miller, op. cit., Sec. 2019, n. 98 y 99, págs. 162 y 163. Véanse: Mitsui & Co. v. Puerto Rico Water Resources, 79 F.R.D. 72 (1978); Heathman v. United States Dist. Ct. For Cent. Dist. of Cal., 503 F.2d 1032, 1035 (1974). En St. Regis Paper Co. v. United States, 368 U.S. 208, 218-219 (1961), el Tribunal Supremo de los Estados Unidos expresó en un fuerte dictum que, aunque las plani-llas de contribución sobre ingresos son confidenciales, están sujetas al descubrimiento de prueba.

Las normas de confidencialidad que establece la ley no se han estimado, en consecuencia, equivalentes a la creación de un privilegio. No inmunizan al contribuyente contra el descubrimiento de información pertinente, aunque tampoco lo exponen a persecución por el Estado o litigantes particulares. La emisión de órdenes protectoras puede establecer el equilibrio necesario entre el derecho al descubrimiento bona fide de información pertinente y el derecho a la intimidad del promovido.

3. La orden protectora.

La determinación de que la información que aquí se solicita es pertinente y no privilegiada no significa que las planillas de contribuciones en Puerto Rico pueden ser objeto de descubrimiento indiscriminado. Aunque exista la requerida pertinencia, el derecho a la intimidad que nuestra Constitución reconoce, exige que se proteja al promovido, en palabras de la Regla 23.2 de Procedimiento Civil, contra la opresión, el hostigamiento, la perturbación, las molestias o los gastos indebidos. Sólo se debe hacer disponible la información estrictamente pertinente. El método de descubrimiento puede alterarse. Aun puede prohibirse el descubrimiento cuando los fines de la justicia claramente lo requieran. La acción a tomar dependerá necesariamente de las circunstancias particulares de cada caso.

En el pleito de autos estimamos que la solución más apropiada es la establecida en Albright v. Dávila, 105 D.P.R. 77 (1976). A tal efecto, se expedirá el auto, se revocará la resolución recurrida y se ordenará al recurrido que obtenga y entregue, dentro de quince días a partir de la noti-ficación de la sentencia en este caso, una certificación del Secretario de Hacienda acreditativa del hecho de si el recu-rrido incluyó como ingreso en su planilla de 1980 el pagaré objeto de su reclamación.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Rebollo López no intervinieron.

       Se omitió el privilegio concedido a los contadores públicos. Ley Núm. 293, de 15 de mayo de 1945 (20 L.P.R.A. see. 790).

      En Estados Unidos se reforzó en 1976 la protección del ciudadano contra la utilización de sus planillas por Casa Blanca y otras agencias para fines no tributa-rios. Véase, Tax Reform Act of 1976, Pub. L. No. 94-465, 94th Cong., 2d Sess., U.S. Code Cong, and Adm. News, 90 Stat. 1520.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz Asociado Señor Negrón García,

text:
    Caridad Brea, demandante y recurrida, v. Miguel A. Pardo, pro se, y la Sociedad de Bienes constituida por él e Irma Santana de Pardo, demandados y recurrentes; Estado Libre Asociado, interventor.

      Número: R-82-166

      Resuelto: 23 de junio de 1982

      R. Elfrén Bernier y José A. Cuevas Segarra, abogados de los recu-rrentes; Maricarmen Ramos, abogada de la recurrida; Esteban J. Muñoz, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

Al tiempo de su divorcio decretado por el Tribunal Superior de Caguas el 13 noviembre, 1959 por la causal de separación, el ahora demandado Miguel A. Pardo y la demandante Caridad Brea firmaron una estipulación sobre alimentos post-divorcio y bienes que en cuanto con-cierne al presente recurso, dice:

1. El demandante Miguel A. Pardo pasará a la demandada Caridad Otilia Brea de Pardo, la suma de $75.00 semanales para los alimentos de ella, cuya suma es la misma que el demandante ha venido pasándole a la demandada desde hace mucho tiempo y está holgadamente dentro de sus medios económicos y la cual el demandante no podrá rebajar, ni soli-citar que sea reducida, durante la vida de la demandada.
2. El demandante Miguel A. Pardo tomará una póliza de vida por la suma de $25,000 figurando como única beneficia-ría la demandada Caridad Otilia Brea de Pardo, y durante la vida de la demandada el demandante no podrá cambiar dicha beneficiaría y vendrá obligado a pagar el importe total de las primas que devengue la aludida póliza, la cual se le entregará a la demandada tan pronto se expida.
3..
4. Las partes hacen constar que los únicos bienes ganan-ciales existentes consisten en el mobiliario, instrumental y demás equipo existente en la “Clínica Dr. Pardo” que posee y explota el demandante en un edificio arrendado en la calle Rosario #223 de Santurce, pero que por y en consideración a los anteriores convenios acordados en esta estipulación, la demandada renuncia definitivamente a toda reclamación sobre la participación que a ella corresponde en esos bienes, excepto naturalmente el caso en que cualquiera de las obliga-ciones contraídas por el demandante bajo esta estipulación fuere incumplida.

El 22 septiembre, 1977 Caridad Brea dedujo demanda contra su ex-marido, doctor Pardo, y la esposa de éste, Irma Santana, reclamándoles pensiones alimenticias atrasadas desde 1965. Ella reside en New York hace años con su hija procreada en el matrimonio con el demandado; padece de arterioesclerosis y enfisema y en su protección la sala de instancia denegó por resolución de 12 septiembre, 1978 la solicitud de los cónyuges demandados para tomarle una deposición orientada hacia la investigación de su capacidad mental para consentir y promover esta litigación. En el transcurso del pleito, el co-demandado Pardo fue declarado incapaz por resolución del Tribunal Superior de 20 no-viembre, 1979, y puesto bajo la tutela de su actual esposa; y de otro lado, la demandante obtuvo embargo sin fianza, en aseguramiento de efectividad de sentencia por $62,677.99 de la casa de vivienda en Reparto “Rodríguez Erna”, Carolina.

El demandado le había pedido a su ex-esposa que lo relevara de la estipulación y rechazada su petición, el 19 enero, 1977 —ocho meses antes del inicio de la presente acción— presentó moción en la Sala de Caguas, suplicando al tribunal le relevara debido a su precaria condición, sin más ingreso que una pensión de Seguro Social, de la cual es también beneficiaría la demandante; y otra moción en octu-bre de 1978, pidiendo que se le exima de mantener el seguro de vida acordado en la estipulación, por el mismo funda-mento de indigencia.

Formuló contestación a la demanda en la que niega que adeude alimentos a su ex-esposa, aduciendo como defensas que la demandante ha recibido del Seguro Social una suma mayor que la reclamada en la demanda; y que la acción alimenticia está total o parcialmente prescrita.

Fundada en falta de pago de la pensión alimenticia de $75 semanales desde enero de 1965, con excepción de $1,600 que remitió el demandado en fechas indeterminadas poste-riores a aquélla; y en la cancelación de la póliza el 24 noviembre, 1978 por agotamiento de dividendos y présta-mos acumulados, la demandante formuló moción de senten-cia sumaria que fue acogida, dictándose sentencia por la Sala de San Juan el 16 marzo, 1982 que desestimó la defensa de prescripción y el abono de $16,868.60 percibidos por la demandante del Seguro Social entre agosto de 1967 y septiembre de 1977 por razón de dependencia del asegurado doctor Pardo, y condenó tanto a éste como a la sociedad de gananciales constituida con su tutora Irma Santana, al pago de pensiones alimenticias atrasadas por un total de $65,675 más sus intereses computados desde la fecha en que debió pagarse cada plazo semanal; y a que obtengan nueva póliza de vida o garanticen el importe de la sentencia; e impuso costas y $1,000 de honorarios de abogado. Recurrió la parte demandada y toda vez que tenemos un escrito de oposición de la recurrida, se facilita la decisión bajo la Regla 50 del Reglamento de este Tribunal.

Incidió la sala de instancia al desestimar la defensa de prescripción sobre el supuesto de que la estipulación de 1959 es un contrato de transacción que absorbió la obligación alimenticia quitándole a ésta su naturaleza original y convirtiéndola en obligación personal dineraria que tiene término de prescripción de 15 años provisto en el Art. 1864 Ce.

La estipulación acordada y aprobada por el tribunal no es contrato concebido y concertado exclusivamente por la autonomía de los contratantes y exigible como tal, sino sentencia que en el cáso de alimentos queda sujeta a reajuste, modificación y hasta abrogación, según varíen las necesidades del alimentista y los medios económicos del alimentante. En Roca v. Thomson, 77 D.P.R. 419, 432 (1954), declaramos que un tribunal no tiene necesariamente que respetar una estipulación que le prive de su poder y obli-gación de investigar los hechos y conceder remedios equita-tivos en el ejercicio de su discreción de acuerdo con los hechos reales. Mucho menos le obliga una estipulación que en su devenir resulta contraria a la ley, pues previene el Núm. 2 del Art. 150 Ce. que cesará la obligación de dar alimentos “[Cjuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el extremo de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”. 31 L.P.R.A. see. 569.

El ordenamiento de prescripción de la obligación ali-mentaria aparece bajo el Art. 1866 Ce. (de igual texto que el 1.966 Ce. español) así:

Acciones que prescriben a los cinco años
Por el transcurso de cinco años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes:
1. La de pagar pensiones alimenticias.
2. La de satisfacer el precio de los arriendos, sean éstos de fincas rústicas o de fincas urbanas.
3. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves. 31 L.P.R.A. see. 5296.

Ya es aforismo de aceptación universal que aun cuando el derecho a alimentos es imprescriptible, la acción para reclamarlos está sujeta a prescripción. Hay un paralelismo entre la necesidad de alimentos, impuesta por exigencia diaria de la vida misma, y su reclamación por el alimentista, que es razón para que —perdida la contemporaneidad de la acción— surta efecto la prescripción extintiva. Puig Brutau destaca la distinción entre el derecho unitario o global a pedir alimentos, que es imprescriptible, y el dere-cho a pedir el pago de cada una de las pensiones vencidas, que prescribe a los cinco años. El carácter prescriptible de la acción deriva del fundamento de la obligación, que es atender una necesidad actual del alimentista necesitado. “La regulación legal toma como base el criterio de que no se necesitan medios presentes para atender a la vida que ya ha transcurrido en el pasado”; principio revelado en el Art. 147 Ce. al ordenarse que los alimentos no se abonarán sino desde la fecha en que se interponga la demanda. La índole de la obligación alimenticia, dice Manresa, “. . . aconseja la reducción del término para la prescripción del derecho a reclamarla, pues no siendo debidos los alimentos, por regla general, más que en el caso de ser necesarios para la vida del alimentista, la ley presume que no los necesita para dicho fin aquel que deja transcurrir tanto tiempo sin pedir-los, demostrando así con sus actos que cuenta con otros medios distintos para atender a las necesidades de su sub-sistencia”.

La aplicación de la prescripción de cinco años en general a las prestaciones periódicas según Castán, “tiene la finalidad de evitar al deudor el quebranto y ruina que podría acarrearle la acumulación de rentas”. El plazo del Art. 1866 estimula la actividad del acreedor, porque quien, necesitando alimentos para su subsistencia, si había de percibirlos en plazos relativamente cortos impuestos por la necesidad —y el plazo fijado en la estipulación fue de solo una semana— deja de percibirlos o exigirlos al vencimiento de cada uno de ellos, “prácticamente está demostrando con su inactividad que falta la razón de ser de la constitución del vínculo; que no son necesarias las pensiones o las rentas para los fines a que fueron establecidas”.

En Puerto Rico se ha resuelto por implicación que el término de prescripción de 5 años ordenado en el Art. 1866 Ce. es aplicable a una acción sobre alimentos de hijo pre-viamente acordada en $20 mensuales entre demandante y demandado por convenio extrajudicial si el tribunal dio su aprobación a éste, incorporando a su decreto judicial dicho convenio. Hacemos alusión al carácter implícito de la adju-dicación porque este Tribunal rechazó la defensa de pres-cripción del Art. 1866 por el solo fundamento de que las pensiones dejadas de satisfacer por el demandado lo fueron después de iniciada la acción de la demandante. Rodríguez v. Morales, 72 D.P.R. 35, 41-42 (1951).

Únicamente deja de aplicarse el plazo prescriptivo del Art. 1866 cuando el deudor alimentante reconoce la deuda de pensiones vencidas e impagadas —aquí el demandado negó adeudar pensión alguna— produciéndose una novación de la que surge la obligación por pagos atrasados como una puramente contractual. La naturaleza de la acción ejercitada es lo que ha de servir de base para aplicación del citado Art. 1866. Su regla de prescripción es aplicable solo en las reclamaciones en que se trate de pago de pensiones atrasadas que hubiere derecho a reclamar por años o en plazos más breves.

. . . [Ajunque la deuda provenga de la obligación de pagar pensiones de alimentos o de la de satisfacer el precio de arrendamientos, o de la de hacer efectivos otros pagos reali-zables por anualidades o por plazos más cortos, si en vez de exigirse el importe independiente de dichos conceptos se acumula todo lo debido por cualquiera de dichos conceptos, y se reconoce por el deudor la deuda total, obligándose a satis-facer el débito a que ascienden, y a virtud de dicho reconoci-miento se entabla la reclamación, ésta pierde el peculiar carácter de la deuda, puesto que ha habido una nueva obli-gación que ha novado la primitiva, y el objeto de la demanda no es ya el pago de las pensiones, arriendos o débitos que motivaron el reconocimiento de deuda, sino la efectividad de la obligación contraída en dicho reconocimiento, y, en su vir-tud, la acción derivada de él para exigir el pago del débito reconocido en dicho acto tiene que tener la duración de todas las acciones personales. (Énfasis nuestro.) J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed. Madrid, Ed. Reus, 1973, T. 12, págs. 1206-1207.

Identificada como obligación alimenticia en la estipu-lación la que reclama la demandante, es de particular rele-vancia la expresión en Scaevola al concurrir con Man-resa:

. . . [TJéngase en cuenta que este plazo quinquenal sólo ha de ser aplicable respecto de la obligación parcial o periódica así establecida, o sea económicamente identificada en la esti-pulación y en la exigencia, como nacida ésta del respectivo título de constitución. Por ello, y porque se altera el título ori-ginario en otro caso, se dice que no es este plazo, sino el general de quince años de artículo 1.964, el aplicable cuando, no habiéndose cumplido voluntaria ni ejecutivamente el pago de las pensiones, se reconoce el adeudo de todas o parte de ellas y se reclama el saldo resultante de la liquidación de la obli-gación total o parcial, porque en tal caso, según se lee en las sentencias de 26 de octubre de 1904 y 16 de mayo de 1942, lo que se trata aquí de hacer efectivo no es, prácticamente el pago de anualidades aisladas, sino la deuda contraída por vir-tud de ese reconocimiento. (Énfasis nuestro.) Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, lima ed., 1965, T. 32, Vol. 2, pág. 837.

Es evidente que lo reclamado por la demandante es la'obligación de dar alimentos declarada en el Art. 147 Ce., que no ha sido liquidada ni mucho menos reconocida por el demandado y que por tanto no ha sufrido novación que altere su primitivo origen, resultando enteramente aplicable el plazo quinquenal del Art. 1866 y prescrita toda acción y derecho a reclamar más allá de los cinco años que precedieron a la radicación de la demanda.

Los beneficios de Seguro Social recibidos por la deman-dante, toda vez que presumiblemente se originan en cotiza-ciones a dicho sistema de retiro impuestas sobre el trabajo y esfuerzo personal del asegurado doctor Pardo, podrían sus-tituir las pensiones no prescritas. La sala de instancia deberá recibir prueba sobre la cuantía y periodo cubierto por las mismas y hacer una determinación sobre adecuación a los propósitos indicados. Asimismo deberá el Tribunal Superior hacer una determinación sobre vigencia o extin-ción de la obligación de mantener una póliza de seguro o la existencia de alternativa dentro de la realidad económica con la que ha de conjugarse, en último análisis, la decisión de los distintos aspectos de este caso.

La cuestión suscitada tiene acogida y adjudicación por primera vez en la jurisprudencia patria, y la propia recurrida a la pág. 12 de su escrito de oposición reconoce los méritos del planteamiento de prescripción, por lo que no puede tacharse de temeraria la conducta procesal del demandado, máxime cuando el curso de su defensa lo ha determinado su tutora bajo la delicada responsabilidad de su cargo. Cf. Morales Garay y. Roldán Coss, 110 D.P.R. 701 (1981); Rodríguez v. John Hancock Mutual Life, 110 D.P.R. 1 (1980).

La prescripción quinquenal dispondría de parte del caso y dejaría la acción revisora de este Tribunal limitada a modificación de la sentencia, pero ésta aparece cuestionada a partir de la declaración de incapacidad porque se ha dictado a la sombra de la petición irresuelta del incapaz para que se le exonere, por insolvencia, de la pensión alimenticia acordada hace 22 años. Este pleito no debe proseguir sin antes proveer a esta petición del incapaz. Al dejar sin resolver la referida petición sobre relevo de obligación ali-menticia, el Tribunal Superior desatiende su inherente función tutelar, de principal guardián del bienestar del incapaz, que debe ejercer motu proprio y aun en ausen-cia de petición —y aquí hay una olvidada— para proteger los intereses, podríamos decir, la subsistencia, del incapaci-tado.

Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Negrón García está conforme y además emitió opinión concurrente, a la que se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual. El Juez Asociado Señor Rebollo López no participó en la decisión.

-O—

Opinión concurrente del Juez

Asociado Señor Negrón García,

a la cual se une el Juez Asociado Señor Torres Rigual.

I-H

Los hechos del caso están expuestos en la opinión del Tribunal. Surge que el 13 de noviembre de 1959, Miguel A. Pardo y Caridad Otilia Brea se divorciaron. El tribunal en su sentencia, a solicitud de las partes, incorporó expresa-mente una estipulación sobre alimentos y honorarios, cuyo alcance y cumplimiento es la génesis de este recurso. En síntesis, mediante la referida estipulación el señor Pardo acordó pasarle a la señora Brea “la suma de $75.00 sema-nales para los alimentos de ella, cuya suma es la misma que el demandante ha venido pasándole a la demandada desde hace mucho tiempo [la causal fue separación] y está holga-damente dentro de sus medios económicos y la cual el demandante no podrá rebajar, ni solicitar que sea reducida, durante la vida de la demandante”. (Énfasis suplido.) Se obligó además a mantener sobre su persona, a favor de la señora Brea, una póliza de vida por $25,000. Adicional-mente, pactó el pago de honorarios por el proceso; la exis-tencia de determinados bienes gananciales, a los cuales la demandada Brea renunció; y que la violación por el deman-dante de la estipulación constituiría desacato civil.

Así las cosas, el 22 de septiembre de 1977, la señora Brea demandó al señor Pardo y su actual esposa, Sra. Irma Santana, reclamándoles pensiones alimenticias atrasadas desde fines del 1964, la restitución de la póliza de vida, cos-tas y honorarios. Contestada la demanda, en lo pertinente, se adujo que ella recibía en beneficios de Seguro Social una suma mayor de la que alega se le adeuda y la nulidad de la estipulación. Formularon reconvención por embargo ilegal.

Por sentencia sumaria, el tribunal condenó al señor Pardo y a la Sociedad Ganancial Pardo-Santana a pagar la suma de $65,675 en concepto de plazos alimenticios atrasa-dos, intereses desde la fecha en que debieron ser satisfechos, a obtener una póliza de vida (o acreditar ante el Tribunal haber constituido una garantía análoga para la eventuali-dad de que le premuriera), las costas y $1,000 de honorarios de abogado.

A solicitud de la parte perdidosa Pardo-Santana, revi-samos.

La estipulación en que se basa la causa de acción es una en cobro de alimentos. No se fundamenta en un contrato. La estipulación quedó fundida (merged) en la sentencia Valdés v. Hastrup, 64 D.P.R. 595, 600 (1945). Su validez, efectos y reclamos arranca de esa incorporación por la rúbrica judicial. Esencialmente, aunque se origina en un acuerdo de voluntades previo, su eficacia legal nace en virtud de la sen-tencia de divorcio. Esa circunstancia de por sí es suficiente para descartar la tesis errónea del tribunal de que la obli-gación asumida no es alimenticia —que se rige por el término prescriptivo de 5 años— sino una obligación dima-nante de un contrato que engendra un derecho personal susceptible de ser reclamado en o antes de 15 años. Por el contrario, la doctrina científica sólo admite un desdobla-miento hacia una figura contractual novada, cuando el con-venio versa sobre pensiones alimenticias vencidas, no futu-ras, mediante convenio reconocido por el alimentante. J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. 12, págs. 1206-1207; Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. 32, Vol. 2, pág. 837.

Aquí la estipulación integrada a la sentencia fue con relación a pensiones alimenticias post-divorcio. En conse-cuencia, resulta aplicable el término prescriptivo de 5 años consagrado taxativamente en el inciso 1 del Art. 1866 del Código Civil para este tipo de acciones. 31 L.P.R.A. see. 5296. Lausell Marxuach v. Díaz de Yáñez, 103 D.P.R. 533 (1975) es distinguible. Dicho caso giraba en torno a un ataque a parte de la estipulación, en particular la adminis-tración de un bien inmueble y su división como objeto ganancial. Como cuestión de hecho, Lausell logró una re-baja a la pensión alimenticia que había pactado antes en la misma estipulación. Nunca se planteó la validez de la pen-sión en la dimensión que aquí consideramos.

Aclarada la naturaleza y término prescriptivo que gobierna la estipulación, analicemos su validez en lo con-cerniente a la cuantía. La regla general es que la determi-nación de la cuantía de los alimentos opera sobre el con-cepto de proporcionalidad. Éste a su vez se nutre de una evaluación del patrimonio, medios y capacidad de trabajo del alimentista vis-á-vis, las necesidades del alimentista. Aunque el Código acepta pactos como fuentes de responsa-bilidad en alimentos y otorga cierta libertad a las partes, ello no es absoluto. Art. 151, Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 570. Este mismo precepto dispone que las normas generales sobre alimentos son aplicables a tales convenios, aunque tiene como fuerza limitante el principio de que el pacto no sea contrario a la ley, moral u orden público. Viera v. Sucn. Goitía, 55 D.P.R. 299, 302 (1939). Scaevola informa:

¿Qué consecuencias se derivan de todo lo dicho? Las que a continuación se expresan, claras y concluyentes: la., que tratándose de las personas que tienen derecho a alimentos, según el artículo 143, podrán establecerse los pactos que se estimen convenientes sobre lo accidental de dicho derecho (modo y lugar del cumplimiento de la prestación y aún la cuantía de ésta); pero no sobre lo esencial del mismo (propor-cionalidad entre la pensión y el capital, renuncia y trans-misión), puesto que entonces quedaría destruido el objeto de la ley y se infringiría además la doctrina del art. 1,255, que prohí-be consignar los pactos contrarios a las leyes que se ten-drían como no puestos, a tenor del párrafo primero del art. 4o; 2a., que respecto de cualquiera otra persona de las no comprendidas en el citado art. 143, pueden convenirse con entera libertad cuantas condiciones deseen los interesados, siempre que no sean contrarias a la moral y buenas costum-bres, ya que las prohibiciones del art. 151 atañen única y exclusivamente al derecho de alimentos por ministerio de la ley. (Énfasis suplido.)

Puig Peña destaca que “una condición fundamental que late en todo el disciplinamiento legal de la prestación ali-menticia es la efectiva posibilidad económica del obligado a la misma”. F. Puig Peña, Tratado de Derecho Civil Español, Madrid, Ed. Revista de Derecho Privado, 1971, T. 2, Yol. 2, pág. 269.

En esta perspectiva y a la luz de los hechos del caso, ciertamente la cuantía de $75 semanales no presentaba ninguna dificultad. La capacidad del demandado Pardo al momento de pactarla y ser sentenciado era y es evidente. El problema versa sobre la cláusula que le prohíbe rebajar o solicitar reducción durante la vida de la señora Brea. Esta restricción choca contra varios principios. El primero, el de proporcionalidad en que descansa la determinación del monto de una pensión alimenticia. Y el segundo, atenta contra un aspecto esencial de la ley, pues las adjudicaciones sobre el alimento no constituyen cosa juzgada y por lo tanto no pueden estimarse con carácter de finalidad. Fenning v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 615 (1968); Millán Rivera v. Solís Lazú, 85 D.P.R. 478 (1962). La prohibición insertada en la estipulación y recogida en la sentencia de divorcio no puede erigirse como obstáculo a un examen y modificación ulterior por un tribunal. Puig Peña expone:

¿Qué deberá pagar el alimentante al alimentista? Ya hemos dicho que, en la hipótesis normal, los alimentos comprenden lo que es indispensable para el sustento, vestido, habitación, asistencia médica y educación e instrucción del alimentista cuando es menor de edad. El alimentante deberá, pues, tener en cuenta que eso es lo que debe cubrir, entregando a tal efecto lo necesario para ello. Pero ¿en qué cuantía? ¿Cómo se fijará la cantidad necesaria? Si existe un pacto entre los interesados fijando la cantidad a entregar por la pensión ali-menticia, deberá respetarse en tanto en cuanto no altere fundamental y sustancialmente las proporciones establecidas por las leyes, pues la jurisprudencia tiene declarado que no obstante la fijación convencional de la prestación alimenticia acordada por los interesados en ella, puede perfectamente el juzgador variar el monto de la pensión cuando crea que altera las proporciones establecidas en el artículo lf6. (Énfasis suplido.) Op. cit., pág. 379.

En este sentido erró la sala sentenciadora al estimar que estaba impedida de examinar la procedencia de la pensión debido a la prohibición pactada. En la medida en que es absolutamente nula y contraria a la léy la cláusula que veda la modificación en el monto de la pensión, y forma parte de la sentencia cuyo cumplimiento hoy se reclama, el deman-dado Pardo puede atacarla colateralmente. Rodríguez v. Albizu, 76 D.P.R. 631, 635 (1954); Fernández v. Davison, 80 D.P.R. 253 (1958). Adviértase sin embargo, que el poder de modificación se extiende a alimentos futuros y no a men-sualidades vencidas. Valdés v. Hastrup, supra.

Consideramos ahora la negativa del Tribunal a reco-nocer que se le abonaran a la deuda los beneficios de Seguro Social recibidos por la demandante Brea. Aunque la defensa de compensación no es esgrimible en acciones por alimentos futuros (ad futurum), esto es, los que todavía no se han devengado —Art. 149 Código Civil (31 L.P.R.A. see. 568)— es oponible en reclamos de pensiones atrasadas. J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, 1970, T. II, pág. 337. Su razón estriba en que ya ha cesado el carácter de urgencia y perentoriedad que se le atribuye a una pen-sión no devengada. “El matiz de orden público que los ali-mentos propiamente dichos tienen desaparece en las pen-siones atrasadas, que por ser tales, es decir, por su innecesariedad, se transforman en deuda ordinaria, y ya con esta condición deben estar adornadas de todos los carac-teres que a la prestación normal asigna el Derecho de obli-gaciones.” Puig Peña, op. cit., pág. 273.

En el caso de autos, en lo que respecta a la deuda resul-tante en los cinco (5) años anteriores en que se funda la causa de acción de la demandante señora Brea, en teoría jurídica, la cuantía recibida a través del Sistema de Seguro Social podría abonarse como compensación. La dificultad de así adjudicarlo en esta revisión estriba en que el informe está huérfano y carecemos de los elementos de juicio respecto a si ello fue o no contemplado por las partes, ya que la estipulación y sentencia guardan silencio. Nótese que era un evento conocido o que debían conocer las partes por razón de sus edades, cercanas a la edad de tal beneficio. Igual enfoque se impone en cuanto al seguro de vida. Aunque esa obligación no es contraria a la ley, como tam-poco atenta al interés público, es menester que el tribunal de origen examine su razón de ser y su equivalencia de haber sido cancelado dicho seguro. Nótese que la subsisten-cia de esa póliza formó parte importante del pacto total mediante el cual la señora Brea renunció a su participación ganancial “en el mobiliario, instrumental y demás equipo de la Clínica Dr. Pardo”.

r*H

El mandato de este Tribunal que devuelve el caso a instancia con la encomienda de resolver y pasar juicio sobre nuestros pronunciamientos, es correcto. La doctrina impe-rante es que la facultad de modificar una pensión alimenti-cia, “sólo se extiende a alimentos futuros, y no a mensuali-dades ya vencidas”. Valdés v. Hastrup, supra, pág. 601. Manresa, op. cit, T. 1, pág. 836; Puig Peña, op. cit, pág. 303. La reducción en la cuantía de una pensión alimenticia fijada no se retrotrae automáticamente a la fecha en que se formula judicialmente una solicitud al efecto, sino que es una cuestión que descansa en el juzgador, en virtud de los hechos en cada caso. Fernández v. Davison, supra. En la medida en que los dos protagonistas principales de este caso son “víctima[s] de la enfermedad, la penuria ... [y] demás azares de su existencia”, Suria v. Fernández Negrón, 101 D.P.R. 316, 319 (1973), debe el tribunal a quo disponer sabia y justicieramente las cuestiones pendientes.

       Titulada Estipulación sobre Alimentos y Honorarios de Abogado.

      (2) El recurrente informa en la Solicitud de revisión —pero no es hecho acep-tado— que los únicos bienes gananciales existentes cuando se divorciaron en 1959 consistían en “5 gaveteros de metal mohosos, 10 camas de hierro viejo, una mesa de examen, un gabinete blanco pequeño para medicinas, una mesa de examen, otra pequeña para poner los instrumentos, 3 sillas de cojines, 12 sillas viejas de hierro, un escritorio de caoba y 2 sofás viejos, equipo que se había adquirido hacía ya años”.

       Tiene 80 años de edad, se desligó de su práctica de la medicina hace años.

       En su solicitud de revisión la sociedad conyugal recurrente informa como $100,000 el importe total de la sentencia.

      De irrealidad adolece este pleito entre personas cuya edad y pobre con-dición física —uno de ellos declarado incapaz— lleva al juez sentenciador a seña-lar la deficiencia en la identificación de áreas de controversia porque “ni una parte ni la otra podrían declarar al respecto debido a su estado de salud”. (S., pág. 10.)

       J. Puig Brutau, Fundamentos de Derecho Civil, Barcelona, Ed. Bosch, 1970, T. 4, Vol. 2, págs. 339-340.

      Puig Brutau, op. cit., pág. 340.

      J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. 12, pág. 1205.

       J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, lOma ed., Madrid, Ed. Reus, 1963, T. 1, Vol. 2, pág. 843.

      Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1965, T. 32, Vol. 2, pág. 834. Scaevola, como Castán, ve en la abreviación del término prescriptivo, propó-sito de evitar el empobrecimiento de los deudores que podría devenir de la exigen-cia del importe de los créditos correspondientes a un mayor número de años o períodos, y efecto de presunción de abandono o renuncia deducible de su no recla-mación durante un tiempo relativamente excesivo, en relación con aquella bre-vedad impuesta. Ibid., págs. 833-834.

        Op. cit, T. 32, Vol. 2, pág. 837.

       “La jurisprudencia ha destacado el papel del Juez como órgano de la tu-tela, declarando que al Juez de primera instancia ha encomendado la ley la misión de hacer en pro del sujeto a tutela todo lo que por error, incuria o mala fe deje de realizar o indebidamente lleve a efecto el [tutor] (res. de 3 de mayo de 1946 y sent, de 2 de julio de 1963); y que la intervención judicial reviste un carácter activo, pudiendo ser ejercitada por iniciativa propia en defensa de las personas necesita-das de protección tutelar, sin que en su actuación ad tuendum se hallen los tribu-nales subordinados necesariamente a la solicitud de parte (sent, de 5 marzo de 1947).
      “En este sentido, Bofarull proclama que ‘es digna de elogio la perseverante labor llevada a cabo por los Tribunales, especialmente el Supremo de Justicia, con sus resoluciones en la materia, para hacer eficiente la presencia e intervención de la autoridad judicial en la vida del organismo tutelar’.” J. Castán Tobeñas, Dere-cho Civil Español, Común y Foral, 8va ed., Madrid, Ed. Reus, 1966, T. 5, Vol. 2, pág. 287.

       En su oposición la señora Brea objeta que esos fueran los únicos bienes disponibles, señalándonos que no se desfiló prueba, (Alegato de la recurrida, pág. 7 in fine.)