author: PER CURIAM:

text:
    Rosendo Rodríguez Rodríguez, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Mayagüez, Hon. Luis R. Apellániz, Juez, demandado; Juana C. Rodríguez Vda. de Aponte, interventora.

      Número: O-71-105

      Resuelto: 24 de febrero de 1972

      A. Ramírez Silva, abogado del peticionario; Miguel A. Ferrer Rodríguez, abogado de la interventora.
   PER CURIAM:

Debemos resolver en el presente recurso si es el Tribunal Superior o el de Distrito el que tiene competencia para entender en la demanda de desahucio instada en este caso.

Juana C. Rodríguez Vda. de Aponte radicó demanda de desahucio en el Tribunal de Distrito, Sala de Cabo Rojo. Alegó sustancialmente que el aquí peticionario Rosendo Rodrí-guez poseía en arrendamiento la propiedad que se describe en la demanda, en virtud de un contrato celebrado entre éste y el anterior dueño de la propiedad. Que la demandante, luego de adquirir por compraventa la referida propiedad, comunicó al demandado su necesidad de ocupar de buena fe dicha vivienda, dándole el aviso de seis meses que requiere la Ley de Alquileres Razonables para desocupar la propiedad. Alegó por último que había expirado el término de seis meses con-cedí doles sin que hubieren desalojado la propiedad.

El demandado solicitó y obtuvo el traslado del caso al Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, por el fundamento de que era éste el Tribunal competente para entender en dicha demanda por tratarse de una acción de desahucio pm* deten-tación. Trasladado el caso al Tribunal Superior y luego de contestada la demanda, el juez recurrido, motu proprio, ordenó el traslado nuevamente al Tribunal de Distrito de Cabo Rojo por entender que la acción era de la competencia de este último Tribunal.

Contra dicha resolución se ha instado el presente recurso.

La ley orgánica del poder judicial de Puerto Rico, cono-cida como Ley de la Judicatura dispone en su See. 1 lo siguiente:

“El poder judicial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico residirá en un sistema judicial unificado en lo concerniente a jurisdicción, funcionamiento y administración compuesto por el Tribunal Supremo como tribunal de última instancia, y por el Tribunal de Primera Instancia, los que conjuntamente constitui-rán el Tribunal General de Justicia.

El Estado Libre Asociado de Puerto Rico queda por la presente constituido en un sólo distrito judicial sobre todo el cual el Tribunal General de Justicia ejercerá su poder y autoridad.” Ley número 11 de 24 de julio de 1952, 4 L.P.R.A. sec. 1; véase, Colón v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 106 (1969).

El Tribunal de Primera Instancia, que comprende dos secciones, a saber: Tribunal Superior y Tribunal de Distrito, es un tribunal de jurisdicción original general con autoridad para actuar a nombre y por la autoridad del Estado Libre Asociado en todo procedimiento civil o criminal. Ley de la Judicatura, Secs. 9-10 (4 L.P.R.A. secs. 61-62). De esta manera la reforma judicial eliminó las diferencias jurisdic-cionales entre los tribunales o salas o secciones de tribunales. Sin embargo, para la ordenada distribución de los asuntos judiciales se mantuvieron las categorías que existían en cuanto al lugar del juicio. Así dispuso el legislador en la Sec. 10 de la Ley de la Judicatura que toda acción civil o criminal se presentaría en aquella sala del tribunal situada en el territorio en que la misma hubiese sido radicada bajo la legislación anterior vigente, al aprobarse dicha Ley de la Judicatura. Rodríguez v. Registrador, 75 D.P.R. 712 (1953); Colón v. Tribunal Superior, supra.

En ánimo de enfatizar el espíritu de unificación se dis-puso, además, que no procedía la desestimación de ningún caso por razón de haberse sometido a una sección sin jurisdicción o autoridad o a una sala de un tribunal sin competencia para ello. Por tanto, todo caso podrá ventilarse en la sección o sala en que se radique, por convenio de las partes y la anuencia del juez que preside dicha sala en ese momento o, de no ser así oído, será transferido por orden del juez a la sección o sala correspondiente. Ley de la Judicatura, Sec. 10 (4 L.P.R.A. see. 62); véase además la Regla 3 de Procedimiento Civil de Puerto Rico.

No existiendo en el presente caso convenio entre las partes ni la anuencia del juez para la celebración de la vista del caso en el Tribunal de Distrito de Cabo Rojo ni en el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, debemos recurrir a la legislación anterior a la Ley de la Judicatura para determinar cuál tribunal tenía entonces jurisdicción para entender en un caso como el de autos.

El Art. 622 del Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico, aún en vigor, dispone':

“Tendrán jurisdicción para conocer de las demandas sobre desahucio, los jueces municipales del distrito en que radique la finca cuando el canon de los arrendamientos o el precio o cantidad que por virtud de cualquier contrato, deba pagarse, computado por una anualidad, no exceda de mil dólares.
“En todos los demás casos conocerán de dichas demandas las cortes del distrito en que la finca radique; y en uno u otro caso se seguirá el mismo procedimiento.” 32 L.P.R.A. see. 2823.

Este Tribunal ha interpretado el artículo precedentemente transcrito en el sentido de que cuando, como en el caso de autos, el adquirente de una propiedad entabla una acción para desahuciar al inquilino que tenía un contrato de arrendamiento con el dueño anterior, sin existir un contrato con el nuevo dueño, la jurisdicción corresponde a la entonces Corte de Distrito, hoy Tribunal Superior. Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd., 17 D.P.R. 1149 (1911); Rourke v. Pacheco, 18 D.P.R. 981 (1912); Cuesta v. Ortiz, 29 D.P.R. 494 (1921); Rivera et al. v. The Juncos Central Co., 31 D.P.R. 264 (1922); Miranda v. Jarabo, 64 D.P.R. 898 (1945); Vélez v. San Miguel, 68 D.P.R. 575 (1948); Vidal v. Corte, 71 D.P.R. 582 (1950); Díaz v. Morales, 71 D.P.R. 692 (1950); Totres v. Biaggi, 72 D.P.R. 869 (1951); Valentín v. Figueroa, 79 D.P.R. 444 (1956).

Esta interpretación ha estado basada en que la frase ‘■‘cualquier contrato” del primer párrafo del Art. 622 debe limitarse a un contrato celebrado con el nuevo dueño. O sea, que cuando el adquirente de la propiedad arrendada no celebra un nuevo contrato con el arrendatario o no prorroga él anterior, y por el contrario intenta desalojar a éste, hemos sostenido que el arrendatario se' encuentra poseyendo sin contrato, como detentador, y por lo tanto la situación, es ía que se encuentra comprendida en lo dispuesto por el segundo párrafo del Art. 622 al expresar que en todos los demás casos conocerán de dichas demandas de desahucio los hoy tribunales superiores (antes de distrito). Sosa v. Río Grande Agrícola Co., Ltd., supra; Díaz v. Morales, supra; Vélez v. San Miguel, supra; Vidal v. Corte, supra; Valentín v. Figueroa, supra y casos allí citados.

■ Podría argüirse, sin embargo, y en efecto así lo intentó el arrendador en süs alegaciones ante él tribunal inferior, que las decisiones anteriormente citadas no tienen aplicación a las situaciones surgidas después de la vigencia de la Ley de Alquileres Razonables (17 L.P.R.A. see. 181 et seq.), ya que dicha ley, en su Art. 12, prorroga obligatoriamente para el propietario y potestativamente para el inquilino el contrato de arrendamiento, una vez terminado el mismo, aunque cambie de dueño la propiedad arrendada. 17 L.P.R.A. see. 192.

Ese'argumento fue levantado sin éxito en el caso de Vidal v. Corte, supra. Dijimos allí que si bien es cierto que llegado el día del vencimiento pactado en el contrato de arrendamiento éste se prorroga obligatoriamente para el arrendador, el mismo Art. 12-A dispone como excepción a lo antes dispuesto que el arrendador podrá negar la prórroga del contrato entre otros motivos por necesitar de buena fe la vivienda para uso personal y ocupación inmediata como sitio de residencia. 17 L.P.R.A. sec. 193(5).

De la faz de las alegaciones de la demanda surge que el nuevo propietario hizo uso de la prerrogativa que la ley le concede, negando la prórroga del contrato de arrendamiento, por necesitarlo de buena fe para su uso personal. Siendo ello así, nuestras decisiones antes citadas son de aplicación a la situación presente en este caso. Concluimos pues que el Tribunal competente para entender en la presente demanda de desahucio lo es el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez.

Se devolverán los autos al Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, para que allí se continúen los procedimientos.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       La Sec. 13 de la Ley de la Judicatura (4 L.P.R.A. see. 121) dis-pone que el Tribunal Superior conocerá de todo recurso, acción y procedi-miento civil con los cuales el Tribunal de Distrito de Puerto Rico tenía jurisdicción para la fecha en que dicha ley entró en vigor.
      La Sec. 18 de la misma ley (4 L.P.R.A. see. 181) dispone que el Tribunal de Distrito conocerá en todo asunto civil de que la Corte Municipal existente al tiempo de la vigencia de dicha ley podía conocer exclusiva o concurrentemente.

       El Art. 12-A fue enmendado por la Ley Núm. 67 de 19 de junio de 1964 pero en lo referente al punto aludido no fue objeto de enmienda. Véase 17 L.P.R.A. see. 193.


source: Caselaw Access Project

author: El Juez Asociado Señor Rigau

license: Public Domain

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Ernesto Rodríguez Vallejo, acusado y apelante.

      Número: CR-69-176

      Resuelto: 25 de febrero de 1972

      Benjamín Ortiz y Graeiani Miranda Marchand, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Juan José Ríos Martínez y Federico Rodríguez Gelpí, Procuradores Generales Auxiliares, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

El apelante y Erbin Maurás Fuentes fueron acusados conjuntamente del delito de hurto mayor, Arts. 426 al 428 del Código Penal, 33 L.P.R.A. sees. 1681 a 1683. El jurado, por votación de nueve a tres, los encontró culpables del delito imputado y fueron sentenciados a cumplir sentencias indeter-minadas de 2 a 6 años de prisión. El hecho delictivo consistió en que el día 23 de febrero de 1967 los coacusados, represen-tando estar autorizados, sin realmente estarlo, para gestionar el cobro de una cuenta, consiguieron que el perjudicado Jesús Manuel Sánchez Báez les entregara un cheque por la suma de $300.00 en abono a la misma, apropiándose los coacusados del importe de dicho cheque para beneficio propio.

Los hechos, un poco más en detalle, son como sigue: El perjudicado Jesús Manuel Sánchez adeudaba $429.23 a la firma Construction Machinery Supply Co. Ésta contrató con una agencia de cobros llamada Comercial San Miguel ,para que le cobrase dicha cuenta. Ángel San Miguel era Presidente de Comercial San Miguel. El apelante y el coacusado, hacién-dose pasar por agentes de la agencia de cobros Comercial San Miguel engañaron al deudor Jesús Manuel Sánchez ,y así obtuvieron de él un cheque por $300.00 para ser supuesta-mente abonado a la mencionada cuenta. Los coacusados se apropiaron del importe de dicho cheque.

La prueba de defensa estableció un conflicto en la evidencia en cuanto a si los coacusados tenían o no autorización de Comercial San Miguel para gestionar el cobro de la cuenta. Ángel San Miguel, Presidente de la agencia de cobros, admitió que él y un hermano del apelante habían operado la agencia de cobros en sociedad, pero declaró que a la fecha de los hechos ya esa sociedad se había disuelto y también declaró que el apelante nunca trabajó para él ni había sido autorizado a cobrar esa cuenta. En éste y otros extremos la evidencia de cargo y la evidencia de defensa son conflictivas, pero competía al jurado dirimir ese conflicto, ya creyendo a una u otra parte o favoreciendo una hipótesis ecléctica de la evidencia que le mereciera crédito. Creemos que las circunstancias del caso no justifican que intervengamos con las determinaciones que sobre los hechos hizo el jurado. Pueblo v. Iturrino de Jesús, 90 D.P.R. 706, 712 (1964). No se cometió uno de los tres enures señalados, el cual consiste en impugnar la apreciación de la prueba por el jurado.

Otro error señalado consiste en- que “esa prueba no esta-bleció el delito de hurto sino qué estableció el delito de falsa representación o de abuso de confianza.” No se cometió , éste error porque la prueba creída por el jurado demostró la comi-sión del delito de hurto de mayor cuantía. Veamos.

' Como se sabe, el delito de hurto se comete al sustraer, con intención criminal, bienes muebles o semovientes pertenecientes a otras persona, y es de mayor cuantía cuando la propiedad sustraída es de cien dólares o más. 33 L.P.R.A. sees. 1681 y 1683. Constituye abuso de confianza la fraudulenta sustracción o malversación de bienes, por una persona a quien habían sido confiados. Art. 445 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1721. La diferencia entre los delitos de abuso de confianza y de hurto consiste en que en el primero el acusado ya está legalmente en posesión de los bienes cuando se los apropia ilegalmente, mientras que en el segundo el acusado, sin estar en posesión legal de los bienes, se los apropia ilegalmente. Por eso hemos dicho que es un elemento del delito de abuso de confianza la relación fiduciaria entre el perjudicado y el acusado. Pueblo v. Ríos, 69 D.P.R. 830, 833 (1949).

En el caso de autos no existe ni existió dicha relación fiduciaria pues los coacusados obtuvieron los bienes (en este caso un cheque) valiéndose de una treta o engaño. Está establecido que la sustracción ilegal, que es un elemento del delito de hurto, puede efectuarse por medio de fraude o. de una treta. Fue de fraude y engaño que los coacusados se valieron para obtener la posesión ilegal del cheque y el haber obtenido la posesión en esa forma constituye una sustracción con intención criminal suficiente para sostener el veredicto del jurado por el delito de hurto. Pueblo v. Ríos, supra, págs. 836-837; Pueblo v. Andrade González, 88 D.P.R. 862, 864, in fine (1963).

Bajo el epígrafe de Falsa Representación e Impostura el Código Penal recoge una serie de situaciones delictivas que no incluyen necesariamente la apropiación ilegal de bienes, tales como la falsa representación para casarse, para servir de fiador, para reconocer documentos, para recibir dinero, para traspaso fraudulento de bienes, para defraudar, para reventa de propiedad vendida, etc. 33 L.P.R.A. sees. 1811-1823.

El hecho de que exista o pueda existir alguna imbricación (overlapping) entre el delito de hurto y algunos artículos del Código agrupados bajo el título de Falsa Representación e Impostura no elimina el delito de hurto según éste está definido por el Art. 426. Es concebible que una situación de hechos pueda constituir hurto, y, por ejemplo, constituir también una violación al Art. 468 del Código Penal, 33 L.P.R.A. see. 1813 — recibir dinero o bienes bajo falsa representación. Eso no quiere decir que debido a esa posibilidad, no pueda castigarse un delito de hurto cuando la acusación, los hechos y la definición de ese delito armonizan completamente. El que se pueda procesar a un acusado bajo un artículo del Código Penal y no se haga, no hace legalmente imposible que se le procese bajo otro artículo que también cubra adecuadamente en ley la situación. El propio Código Penal reconoce esa posibilidad cuando en su Art. 44, 33 L.P.R.A. sec. 90, dispone que un acto u omisión penable de distintos modos por distintas disposiciones del Código, podrá castigarse con arreglo a cualquiera de ellas, pero en ningún caso bajo más de una.

Como es sabido, nuestro Código Penal procede de los Esta-dos Unidos. Bajo el antiguo common law los delitos graves eran castigados con la pena capital y el hurto era considerado delito grave. Andando el tiempo se consideró que era excesiva-mente severo castigar con la muerte cualquier caso de hurto y los jueces empezaron a distinguir con sutilezas las situa-ciones para evitar sentenciar a muerte en casos en que hacerlo parecía muy severo. Esta tendencia judicial produjo muchas escapatorias (loopholes) en el derecho penal del common law y eso trajo como consecuencia a su vez el deseo del legislador de tomar cartas en el asunto. Se aprobaron una serie de estatutos para cubrir casos de apropiación ilegal de bienes que los jueces del common law no consideraban hurtos, por las razones antes dichas. Se produjo pues una serie de remiendos que hicieron un tanto deficiente el derecho penal sobre estas situaciones. Producto de esa necesidad que encontró el legisla-dor de llenar lagunas en el common law son los delitos legisla-dos de abuso de confianza (embezzlement) y de falsa repre-sentación (false personation).

Esa situación dio margen, tanto aquí como allá, a muchas frustraciones de la justicia en casos de apropiación ilegal de bienes. Por ejemplo, esa división de un acto punible sencillo —la apropriación ilegal de bienes ajenos — al ser dividido en varias modalidades (hurto, abuso de confianza, falsa represen-tación) da margen en los juicios a una serie de planteamien-tos que no van a los méritos de caso, esto es, si hubo o no la apropiación ilegal.

Lo importante, desde luego, y lo cual debiera ser el elemento esencial en todos los casos de apropiación ilegal de bienes, es si el acusado se apropió ilegalmente o no de unos bienes que no eran suyos. Poco debiera importar para hacer justicia si los hurtó, o si se los apropió luego “de que le fueron confiados,” etc. Como bien señalan algunos autores la apropiación ilegal de bienes ajenos debe constituir un solo delito, el cual podría llamarse hurto, pues el nombre no es lo importante, y así se eliminaría la fuente de confusión que constituye la división arbitraria de ese hecho punible en varios delitos estatutarios. Algunas jurisdicciones, nos dice un autor, ya están trabajando en ese sentido: abolir los delitos de abuso, de confianza y de falsa representación y cubrir todas esas situaciones, incluyendo la de hurto, con el nombre de hurto (theft). Perkins, Criminal Law, 1957, págs. 187-190, 240-243, 252-254; Clark & Marshall, Law of Crimes, 6ta. ed., 1958, pág. 706 y ss.

El tercero y último error señalado es al efecto de que erró el tribunal “al declarar sin lugar una moción de nulidad de veredicto o de nuevo juicio radicada por el acusado antes de dictarse sentencia y al no dar oportunidad al acusado de presentar pruebas sobre manifestaciones de algunos jurados al deliberar sobre el veredicto en cuanto a extremos no cubiertos por la prueba y que eran perjudiciales al acusado.” Examinemos la situación alegada en este señalamiento.

Después que el jurado rindió su veredicto y antes de que se dictara sentencia el acusado presentó una Solicitud de Nuevo Juicio en la cual, en lo pertinente, alegó “que las damas y caballeros del jurado . . . recibieron evidencia fuera de sesión, sin que dicha evidencia fuera el resultado de una inspección ocular” y que consideraron el silencio del acusado en perjuicio de éste y le condenaron por no haber explicado qué relación tenía con Ángel M. San Miguel (el presidente de la agencia de cobros). En dicha moción se solicitó que el tribunal celebrara una vista en la cual el acusado aportaría prueba para sustanciar las alegaciones de su solicitud de nuevo juicio.

La solicitud de nuevo juicio no fue acompañada de decla-raciones juradas algunas de terceras personas en apoyo de sus contenciones, salvo que fue suscrita y jurada por el peticiona-rio. Posteriormente, y antes que se resolviera sobre la solici-tud, el apelante presentó una moción informativa, no jurada, en la cual expresaba que su solicitud de nuevo juicio descan-saba en el testimonio oral de las Sras. Amelia Rivera de Marcano y Teresa Díaz. La primera había sido miembro del jurado en el caso y sobre la segunda se dice que es esteno-tipista de la Sala de Bayamón del Tribunal Superior. Dice el peticionario en dicha moción informativa que la Sra. Amelia Rivera de Marcano ha expresado que mientras el. jurado deliberaba salió a relucir y fue considerado en dichas delibera-ciones que el acusado había matado un hombre, que había salido absuelto y que era un criminal. Sobre Teresa Díaz el peticionario expresa en su moción informativa que otro miembro del jurado, Ramona Vázquez de Fonalledas,. le ex-presó a Teresa que había votado para condenar a los acusados porque éstos no habían declarado ni explicado su relación con San Miguel. También expresa el peticionario que tanto Amelia Rivera de Marcano como Teresa Díaz se han negado a prestar declaraciones juradas sobre esos extremos.

En la vista celebrada para la discusión de la moción de nuevo juicio el apelante no introdujo prueba alguna en apoyo de la moción, sino qué se limitó a repetir las alegaciones con-tenidas en la moción informativa. La defensa informó que las Sras. Rivera Marcano y Teresa Díaz le habían expresado su deseo de no testificar. El tribunal declaró sin lugar la moción de nuevo juicio y expresó que era innecesario citar a las dos señoras porque aun de ser cierto lo que declararan ellas, eso no sería suficiente para mover al tribunal a conceder un nuevo juicio en vista de que un jurado no puede impugnar su veraci-dad, a tenor con lo resuelto en Pueblo v. Lebrón, 47 D.P.R. 430 (1934) y Pueblo v. Emmmuelli, 67 D.P.R. 667 (1947).

Obsérvese que el tribunal no se negó a admitir prueba, como alega el apelante en su señalamiento de error, sino que fue el propio apelante el que no presentó prueba para sustan-ciar sus alegaciones y se limitó a indicar al tribunal que si su planteamiento era meritorio se citaran a los testigos. El tribunal resolvió que el planteamiento era improcedente y que por lo tanto era innecesario citar a las testigos. De manera que en ningún momento el tribunal se negó a admitir prueba, sino que la realidad es que las supuestas testigos en cuyos su-puestos testimonios orales descansaba la solicitud de nuevo juicio se negaron a declarar. En efecto, lo que pretendió el apelante fue invertir el orden de los procedimientos pues en vez de solicitar la comparecencia de las testigos mediante ci-tación bajo la Regla 235 de Procedimiento Criminal, solicitó que el tribunal resolviese sobre lo de conceder un nuevo jui-cio sin que previamente se establecieran los hechos sobre los cuales el tribunal pudiese llegar a una determinación.

Nada hay en los autos que indique que los testigos hubiesen declarado lo que el apelante alega en su solicitud de nuevo juicio y en su moción informativa. El tribunal concluyó que no podía conceder un nuevo juicio basándose únicamente en prueba de referencia — la del propio peticionario — y enten-demos que no abusó de su discreción. Como se sabe, las con-cesiones de nuevo juicio vari dirigidas a la sana discreción del tribunal, excepto cuando se presenta evidencia que sustancia alguna de las razones que para conceder nuevo juicio establece la Regla 188 de Procedimiento Criminal. Tal cosa no ocurrió en este caso. Cuando una moción de nuevo juicio está funda-mentada en hechos que no constan en el récord, el acusado viene obligado a establecerlos en la vista de la moción me-diante evidencia competente, recurriendo, si fuese necesario, a la citación de testigos bajo la Regla 235. No se cometió este tercer error.

. Se confirmará la sentencia apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       E1 nombre de este individuó aparece en los autos originales escrito de diversas maneras. Unas veces parece como- “Erbin,” otras como “Elbin," y otras como “Elvin.” Es posible que esos nombres sean deformaciones del nombre inglés Irving.

       Esta imbricación se debe a razones históricas que mencionamos muy brevemente más adelante y ha sido reconocida como una realidad del derecho penal. Morissette v. United States, 342 U.S. 246, 271 (1952).

       Se consideraba delito grave penable con la muerte el hurto cuando la cosa robada excedía de doce peniques (twelve pence), suma que entonces equivalía al precio de una oveja pero que hoy día no alcanza a 25 centavos de dólar. El dinero era entonces más escaso y valía más que ahora.

       Algo parecido ocurre hoy día en Puerto Rico con el hurto de auto-móviles y el hurto de uso. Un automóvil en Puerto Rico generalmente vale entre $1,000.00 y $10,000.00. El delito debiera ser uno de hurto, para lo cual es necesario abolir el delito de hurto de uso de automóvil, el cual cons-tituye meramente un delito menos grave. 33 L.P.R.A. see. 1700. Este últi-mo delito proporciona una conveniente escapatoria en muchos casos de hurto de automóviles. Se hurtan en Puerto Rico al año alrededor de 7,000 automóviles — un poco más de 24 cáda 24 horas.


author: El Juez Asociado Señor Martín

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, demandante y apelado, v. Luis Raúl Morales Romero, acusado y apelante.

      Número: CR-70-75

      Resuelto: 29 de febrero de 1972

      Santos P. Amadeo, abogado del apelante; Gilberto' Gierbolini, Procurador General, y Jorge Ríos Torres, Procurador General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   El Juez Asociado Señor Martín

emitió la opinión del Tribunal.

.■ •. Él fiscal formuló acusación contra el aquí apelante por el delito de Hurto Mayor. Se le imputó que el 3 de mayo de 1969, mientras la Sra. Felicita Hernández de Estrella esperaba el cambio de luz en la calle Providencia de Santurce, sustrajo del automóvil que ella conducía una cartera de mujer que contenía prendas valoradas en más de cien dólares y la suma de tres-cientos treinta y siete dólares pertenecientes a la señora Es-trella.

■ Pasados tres días de los hechos que dieron lugar a la con-vicción del apelante y sin, que se hubiese radicado acusación en su contra, la perjudicada identificó al apelante como el autor de los hechos entre siete u ocho retratos que se le mos-traron. Momentos más tarde lo identificó personalmente en una rueda de detenidos donde había “cinco o seis muchachos”.

En la vista del caso el apelante renunció a su derecho a ser juzgado por jurado. El tribunal aceptó su renuncia. Des-filada la prueba el tribunal declaró culpable al acusado y lo sentenció a cumplir una pena indeterminada de tres a seis años de presidio.

I

Se señala como primer error que la sentencia dictada es nula e ineficaz porque el acusado no renunció expresa e inteli-gentemente su derecho a juicio por jurado.

El señalamiento carece de mérito. El apelante acepta que el juez de instancia le explicó extensamente la diferencia entre un juicio por jurado y uno por Tribunal de Derecho. En adi-ción el juez le hizo varias preguntas para asegurarse de la voluntariedad de la renuncia.

No hay duda de que la renuncia al derecho a juicio por jurado debe ser hecha por el acusado voluntaria e inteligentemente. Pueblo v. Juarbe de la Rosa, 95 D.P.R. 753 (1968). Véanse además, Pueblo v. Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968); Pueblo v. Colón Báez, 96 D.P.R. 632 (1968). No obstante, nuestra decisión en el caso de Juarbe de la Rosa no es de aplicación al caso de autos. En dicho caso, a diferencia del presente, el récord no contenía elemento alguno que permitiera al juzgador determinar la inteligencia, espontaneidad y voluntariedad de la renuncia.

Apunta el apelante que no surge del récord que el magistrado le preguntase sobre su edad, escolaridad y sobre sus facultades mentales. Aunque dichos extremos pueden ser útiles para la determinación de si la renuncia se hace volun-taria e inteligentemente, no creemos que sean indispensables en el logro de ese fin. Ya dijimos en Pueblo v. Llanos Virella, 97 D.P.R. 95 (1969) que en ausencia de circunstancias que lo justifiquen, el tribunal no está obligado a investigar la edad, educación ni ciertos antecedentes del acusado.

Entendemos que el récord de este caso contiene elementos de juicio suficientes que permitieron a la sala sentenciadora concluir que la misma fue inteligente, voluntaria y plena-mente comprendida.

II

Se señala que la prueba no demuestra que el acusado apelante es culpable del delito que se le imputa más allá de toda duda razonable.

No tiene la razón. La perjudicada declaró que mientras esperaba el cambio de luz en la calle Providencia sintió que alguien introdujo la mano por la ventana derecha del automó-vil y tomó la cartera que ella tenía a su lado. Que al ver la cara del acusado se le quedó grabada en la mente. Que la’car-tera contenía dos pulseras, un reloj, una sortija, dos plumas y dinero en efectivo por la cantidad de $380.00 que había co-brado dos días antes. Que luego fue al cuartel de la policía e informó lo sucedido. Que transcúrridos dos o tres días la lla-maron al cuartel de la policía. Que allí le mostraron siete u ocho retratos entre los cuales identificó el del acusado. Mo-mentos más tarde, “entre cinco o seis muchachos” que había detenido la policía, identificó nuevamente al acusado. Declaró que no tuvo dificultad en identificar al acusado pues su cara se le había quedado grabada en la mente.

El fiscal renunció al resto de la prueba por ser acumula-tiva y la puso a disposición de la defensa. Ésta utilizó al testi-go Pedro Manuel Hernández. Este testigo, menor de edad y recluido a la fecha del juicio en el Anexo Miramar para Adul-tos Jóvenes declaró que él había sustraído la cartera de auto-móvil de la Sra. Estrella, que al cambiar la luz tomó la car-tera y huyó con ella. Que la cartera contenía varias prendas y alrededor de treinta y un dolares. Que vendió un reloj y le dio el resto de las prendas a “El Ratón”. Manifestó además que él había cometido este tipo de acto en otras ocasiones y que el día de los hechos había visto al acusado jugando baloncesto.

El testimonio de este testigo fue impugnado por el fiscal a base de una declaración jurada prestada ante otro fiscal por el propio testigo en la que éste le imputaba la comisión de los hechos al acusado apelante. El testigo intentó explicar estas contradicciones alegando que la declaración original fue mo-tivada por los golpes que le dieron los detectives.

En su inherente función de aquilatar y dirimir conflictos en la prueba el tribunal optó por creer el testimonio de la per-judicada y rechazar el del mencionado menor. El testimonio de la perjudicada creído por el tribunal es suficiente para en-contrar al acusado culpable del delito que se le imputa.

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Se señala como tercer error que la sentencia dictada en este caso es nula al privarse al acusado apelante del derecho a asistencia de abogado en el acto de identificación de las foto-grafías entre las que se encontraba la del apelante. Este apun-tamiento se apoya en la doctrina del caso de United States v. Wade, 388 U.S. 218 (1967). Tampoco se cometió este error.

La cuestión planteada en el caso de Wade, supra, en las palabras del Juez Brennan, fue si la identificación del acusado hecha en sala debía ser excluida como evidencia, debido a que el confrontamiento del acusado y el testigo en una rueda de detenidos había ocurrido después de haberse radicado la acu-sación, y en ausencia del abogado defensor que ya había sido nombrado.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos hace un estudio en ese caso del derecho a asistencia de abogado en las etapas anteriores al juicio y concluye a la página 227, que el caso de Powell v. Alabama, 287 U.S. 45 y subsiguientes que tra-tan sobre la materia, requieren que se examine cualquier con-frontación del acusado antes del juicio para determinar si la presencia de su abogado era necesaria para asegurarle su de-recho a un juicio imparcial. El criterio para determinar la necesidad de abogado en las etapas anteriores al juicio se funda en la posibilidad real de que puede causarse un per-juicio sustancial al acusado.

En base a las expresiones precedentes el Tribunal Supremo de Estados Unidos al examinar los hechos del caso de Wade concluye, a la página 236, que la confrontación en la rueda de detenidos a que fue sometido Wade con posterioridad a la acu-sación daba lugar a la posibilidad de causar perjuicio al acu-sado, ya que éste se encontraba en una etapa crítica en la que tenía derecho a asistencia de abogado tal y como si se tratara del juicio en sí. Allí no se impugnaba el proceso de identifica-ción mediante fotografías, sino las circunstancias en que el acusado fue sometido a confrontación en una rueda de dete-nidos.

En Simmons v. United States, 390 U.S. 377 (1968), el Tribunal Supremo tuvo ante sí un procedimiento de .identifi-cación. a través de fotografías, pero no se planteó la falta de asistencia de abogado en tal procedimiento, sino si el proce-dimiento de identificación por medio de fotografías había sido tan perjudicial que invalidaba su convicción. El tribunal de-terminó que tal planteamiento debía ser examinado a la luz de la totalidad de las circunstancias que rodearon el proceso de identificación. Véase, Stovall v. Denno, 388 U.S. 293 (1967). En Simmons se establece la norma de que la identifi-cación en el juicio basada en una identificación anterior por medio de fotografías sólo se eliminará si la identificación fo-tográfica anterior fuera tan impermisiblemente sugestiva que dé lugar a una probabilidad sustancial de una identificación errónea.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha resuelto la cuestión que nos ocupa, empero la cuestión ha sido resuelta por dos circuitos de la Corte de Circuito de Apelaciones en el sentido de que la doctrina de Wade no aplica a la identificación fotográfica que se efectúa antes del juicio. United States v. Bennett, 409 F.2d 888 (2d Cir. 1969); McGee v. United States, 402 F.2d 434 (10th Cir. 1968).

Tanto en el caso de Bennett, supra, como en el de McGee, supra, se enfatiza que la identificación por medio de fotogra-fías no conlleva la confrontación del acusado con el testigo, contrario a lo que ocurre cuando se enfrenta en la rueda de detenidos (line-up). En el caso de Bennett, supra, pág. 899, se resuelve que el requerir la asistencia de abogado en pro-cedimientos anteriores al juicio donde no esté presente el acu-sado, conduciría a forzar la Sexta Enmienda más allá de sus lindes existentes.

Al respecto dice el caso de Bennett, supra, pág. 899:

“Ninguno de los análisis clásicos con respecto a la asistencia que ofrecen los abogados, el del Juez Sutherland en Powell v. Alabama, 287 U.S. 45, 68-69, 53 S.Ct. 55, 77 L.Ed 158 (1932) y el del Juez Black en Johnson v. Zerbst, supra, 304 U.S. 462-463, 58 S.Ct. 1019 y en Gideon v. Wainwright, supra, 372 U.S. 344-345, 83 S.Ct. 792, sugieren que el abogado debe de estar presente cuando el fiscal esté interrogando testigos en ausencia del acusado, aun cuando, como aquí, el acusado esté bajo arresto; el abogado más bien se provee para evitar que el acusado caiga en algún ardid maquinado por el abogado del otro lado y para que vele por que todas las defensas disponibles sean utilizadas.”

Debe notarse que en el caso de Wade, supra, la identifica-ción ocurre tras la radicación de una acusación y luego de haberse nombrado un abogado defensor. En el caso de autos, por el contrario, ni siquiera se había radicado acusación cuando se procedió a la identificación.

Sin entrar a la determinación de si el caso de Wade es de aplicación en esta jurisdicción concluimos, por las razones expuestas precedentemente, que el principio de dicho caso no se extiende al acto de identificación fotográfica antes del juicio.

IV

Se señala como cuarto y último error que “la sentencia dictada contra el acusado apelante es nula e ineficaz porque su identificación se hizo en violación de los Arts. 368, 369 y 370 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1870 que regía en Puerto Rico en su totalidad hasta que se adoptó en Puerto Rico el Código de Procedimiento Criminal de 1902.” Arguye el apelante que dichos artículos están todavía en vigor en Puerto Rico.

En Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969) discu-timos el alcance de las disposiciones de la referida ley es-pañola al decir que hasta que se adopten las reglas referentes a la identificación es suficiente garantía seguir en lo que sea viable conforme a nuestro procedimiento lo dispuesto en el Art. 369 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las Islas de Cuba y Puerto Rico. Allí establecimos la regla a seguirse al decir: “. . . Así el reconocimiento o identificación se practi-cará poniendo a la vista del que hubiere de verificarlo al sos-pechoso o acusado haciéndolo comparecer en unión con otras personas de circunstancias exteriores semejantes. A presen-cia de todas ellas o desde un punto en que no pudiese ser vista según lo determinare la persona que está practicando la in-vestigación, el que deba practicar el reconocimiento manifes-tará si se encuentra en la rueda o grupo de personas a quien hubiese hecho referencia en sus declaraciones designándola en caso afirmativo clara y determinadamente.”

En Gómez Incera, aparte de sugerir unas normas que deben seguirse en el procedimiento de identificación, adoptamos la básica y fundamental doctrina establecida en los casos Stovall y Simmons, supra, al efecto de que la determinación de si se ha violado el debido procedimiento de ley, en el proceso de identificación de un sospechoso, depende de la to-talidad de las circunstancias que rodearon el procedimiento de identificación. En el caso ante nos, el reconocimiento del acusado, a los dos o tres días después de la comisión del delito, de entre varias fotografías presentadas a la perjudicada, uni-do a la identificación que ésta hizo del acusado entre varios detenidos en el cuartel cuando aún no se había radicado acu-sación contra el acusado, da tal certeza de la identificación, que excluye cualquier posibilidad de que el procedimiento utilizado esté viciado en forma alguna que pueda constituir una violación del debido procedimiento de ley. En vista de ello no podemos concluir que el error se haya cometido.

La sentencia apelada será confirmada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no intervino.

      !) El incidente sobre la renuncia ocurrió de la siguiente manera: “La Defensa:
      “Vamos a informarle al Tribunal que luego de haber hablado con el Acusado y explicarle el derecho a juicio por jurado y explicarle la natura-leza existente de este derecho, explicarle las conscuencias de una renuncia a este derecho, él me ha informado que interesa renunciar al derecho a juicio por jurado y que lo hace libre y espontáneamente tomando en considera-ción los hechos del caso.
      “Hon. Juez:
      “¿Usted ha escuchado a su abogado manifestarle al Tribunal que usted desea renunciar a un derecho que usted tiene a que el caso se vea ante un jurado ?
      “Acusado:
      “Sí, señor.
      “Hon. Juez:
      “Un juicio por jurado es un juicio en que usted sería juzgado por doce personas del distrito judicial de San Juan que serían escogidas por las partes mediante un procedimiento de preguntas y respuestas, preguntándole sobre la capacidad y competencia de los jurados para actuar como jurados en el caso. Luego que las partes aceptaran esas doce personas se le to-maría juramento definitivo, se sientan aquí en el Tribunal constituyendo un pequeño cuerpo de jurados que escuchan la prueba que se presenta, cuando termina el desfile de la prueba serían instruidos sobre las reglas dé ley que son mandatorias para ellos resolver el caso y se retirarían a deli-berar y aplicando las reglas de ley decidirían si usted es culpable o ino-cente. Cualquier veredicto al que arribe el jurado tiene que ser un veredicto en que estén de acuerdo por lo menos % partes de ellos. Un jurado com-puesto de 12 personas, por lo menos nueve de ellas tienen que estár de acuerdo en cualquier veredicto que ellos rindan.
      “Un juicio por Tribunal de Derecho es un Juicio donde quien va a juz-gar y determinar si es usted culpable o inocente es el Juez que preside la sala tomando en consideración toda la prueba que se presente y que sea admitida. La diferencia entre uno y otro tipo de proceso es que en el juicio por jurado usted tiene la ventaja de que el Pueblo tiene que convencer a 9 de los 12 jurados más allá de toda duda razonable; mientras que en el juicio por Tribunal de Derecho solamente una persona es la que va a resolver el caso; o sea, el Juez que preside la sala.
      “Hechas estas explicaciones yo le pregunto si usted está de acuerdo con lo anunciado por su Abogado que usted renuncia a ese derecho Consti-tucional que usted tiene a juicio por jurado.

        “R Por Sala de Derecho.
      “P ¿Qué dice?
      “R Sala de Derecho.
      “P ¿A usted alguien le ha ofrecido algo para que renuncie a ese derecho ?
      “R No.
      “P ¿Alguien lo ha obligado en alguna forma a que usted renuncie a ese derecho ?
      “R No, señor.
      “P Hay algunas circunstancias ajenas o extrañas a su propia volun-tad que lo hayan movido a renunciar a ese derecho o es por su propia volun-tad?
      “R Por mi voluntad.
      “P ¿La decisión es de su abogado o una decisión que usted mismo ha tomado ?
      “R Mi voluntad.
      “P ¿Usted mismo ha tomado la decisión?
      “R Sí.
      “P ¿Alguien lo ha obligado a que renuncie a ese derecho a juicio por jurado?
      “R No.
      “P El Tribunal acepta la renuncia que ha hecho el Acusado a que su caso se vea ante un jurado por entender que es voluntaria e inteligente-mente hecha y personalmente hecha por él y en su consecuencia se ordena que este caso continúe ventilándose por Tribunal de derecho. Llámese la prueba en este caso.”

       Se refiere el Tribunal Supremo a los casos de Massiah v. United States, 377 U.S. 201; Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478; Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436.


text:
    Coel, Inc., demandante y recurrida, v. Policlínica Arzuaga, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-71-114

      Resuelto: 3 de marzo de 1972

      R. Elfren Bernier, Daniel L. Miranda y Plinio Pérez Marrero, abogados de la recurrente; Amoldo Sánchez Recio, abogado de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rigau

emitió la opinión del Tribunal.

Se trata de un caso bajo la Ley de Alquileres Razonables, Ley Núm. 464 de 25 abril de 1946, según enmendada, 17 L.P.R.A. sees. 181 y ss. La demandada recurrente es propie-taria de un edificio sito en el número 71 de la calle Arzuaga de Río Piedras. La corporación demandante recurrida ocu-paba en calidad de arrendataria un local comercial de ese edi-ficio. De esa relación de arrendador y arrendataria es que surge este litigio.

Para el año 1948 la Oficina de Administración de Inquili-nato fijó al local en cuestión un canon máximo de $100.00 mensuales. Aunque no está claro en los autos, entendemos que la demandante recurrida no era inquilina en ese local para el 1948. Sí surge de los autos que para el año 1962 el referido edificio pertenecía al Sr. Norberto Medina Vélez, quien no es parte en este caso. Aceptó la demandante en la vista oral que el referido propietario le hizo unas mejoras al edificio consis-tentes en cambiarle el techo de zinc por uno de concreto y además le puso unas vitrinas al edificio.

Para el 26 junio 1962, luego de las mejoras, la deman-dante recurrida formalizó un contrato escrito, suscrito ante Notario, con el propietario arrendador Norberto Medina Vé-lez mediante el cual la demandante tomaba el referido local en arrendamiento. Se expresa en dicho contrato, en el cual com-parecen el propietario y la demandante, que el propietario modificó el edificio, que las partes tienen convenido el arren-damiento de un local comercial en dicho edificio, local que allí se describe, que se fija un canon de $250.00 mensuales, cuyo canon la corporación arrendataria manifiesta que “es justo y razonable, de acuerdo con las condiciones y facilidades del local arrendádole.” Se pactó el arrendamiento por un año, con pró-rroga de 4 años más, por el mismo precio, a opción dicha pró-rroga de la arrendataria.

Aparentemente, al vencerse el contrato la arrendataria ejerció su opción y lo prorrogó. Ya siendo la demandante re-currida inquilina en dicho edificio mediante el contrato antes mencionado es que la demandada recurrente compró el in-mueble. La demandante continuó siendo inquilina del nuevo dueño. Luego de solicitar el local por necesitarlo para su pro-pio uso, en 22 agosto 1969 la nueva arrendadora instó ac-ción de desahucio por necesitar de buena fe para sí el local en cuestión. Unos meses más tarde, en 25 febrero 1970, la de-mandante, entonces inquilina de la demandada, solicitó de ésta que dentro del término de 30 días le pagase $3,000.00 que alegaba que le había cobrado en exceso por concepto de renta. Al no lograr lo solicitado demandó en 15 julio 1970 a la arrendadora solicitándole $9,000.00 por concepto de triple daño más $2,000.00 para honorarios de abogado y las costas y gastos del proceso.

El tribunal de instancia declaró con lugar la demanda y condenó a la demandada recurrente a pagar a la demandante $9,000.00 más las costas y $500.00 para honorarios de abo-gado. En 12 mayo 1971 decidimos revisar dicha sentencia. En 17 enero 1972 celebramos la audiencia en este caso.

Señala la demandada recurrente los siguientes tres errores:

1. Que erró el tribunal de instancia al asumir jurisdic-ción en este caso ya que estaba pendiente ante la Administra-ción de Servicios al Consumidor la inscripción del nuevo canon de arrendamiento fijado por mutuo acuerdo entre las partes.

2. Que erró el tribunal al basarse en el canon fijado en el año 1948.

3. Que erró el tribunal al negarse a hacer determinacio-nes adicionales de hecho y de derecho que le fueron solicita-das.

Por estar los errores primero y segundo muy relacionados entre sí, los vamos a discutir conjuntamente.

De los autos, podemos reconstruir el historial administra-tivo del local en cuestión como sigue: En 19 octubre 1948 la Oficina de Administración de Inquilinato, en un formulario de su antecesora la Oficina de Administración de Precios, fijó en $100.00 mensuales el canon de un local de 46 pies de largo por 17 pies de ancho. En el año 1962 el dueño del inmueble le hizo al edificio las mejoras antes mencionadas. Luego de efectuarse dichas mejoras, en 26 junio 1962 la demandante y el dueño convinieron en un canon de $250.00 mensuales y formalizaron el antes mencionado contrato.

Hay una Orden de la Administración de Servicios al Con-sumidor de 24 noviembre 1969 en la cual se expresa que la renta cobrada por el local era de $100.00, según inscripción de 19 octubre 1948, y que esa renta constituye el alquiler máximo “hasta tanto esta Administración determine otra cosa.”

Con sello de “Recibido” en 14 enero 1970 de la Adminis-tración de Servicios al Consumidor hay un formulario titulado “Declaración de Inscripción de Local Comercial” sometido por el arrendador a esa oficina en el cual se hace constar que se hicieron mejoras y que el canon pactado luego de las mejoras fue de $250.00 mensuales. En 15 julio 1970 es que la inquilina, aquí demandante recurrida, presenta su demanda en el Tribunal Superior, mientras ocupaba el local a tenor con el con-trato suscrito por ella en 26 junio 1962. Según el contrató y las determinaciones de hechos del juez sentenciador el local en cuestión tiene aproximadamente 60 pies de largo por 18 de ancho, lo cual constituye un aumento sustancial de área comparado con el local original de 1948.

Finalmente, hay una orden de 21 junio 1971 de la Administración de Servicios al Consumidor en donde se archiva el caso “por no haber solicitud de revisión del propietario.” Esto parece que es un error, pues luego de la antes mencionada orden de 24 noviembre 1969 en donde se dijo que el canon fijado en 1948 era de $100.00 y que ese sería el canon hasta tanto se determinase otra cosa, el propietario presentó su Declaración de Inscripción, recibida en 14 enero 1970, informando a la Administración de Servicios al Consumidor sobre las mejoras hechas y sobre el nuevo canon pactado en $260.00 mensuales. Al recibo de esa Declaración de Inscripción, hecha luego de las mejoras y de haberse convenido por el arrendador y el arrendatario un nuevo canon, la Administración debía admitir esa Declaración y aceptar las nuevas condiciones — mejoras y nuevo canon — o debía desaprobarlo si tenía razones en ley para ello. No procedía, pues, posteriormente archivar el caso “por no haber solicitud de revisión del propietario,” ya que la hubo en 14 enero 1970.

Como resolvimos en R&R Shoe Corp. v. García Rodríguez, 95 D.P.R. 571, 580 (1967), una vez hechas las mejoras capi-tales el arrendador y el arrendatario tenían la facultad de reajustar el canon, o sea, de fijarlo mediante acuerdo mutuo— como hicieron en el caso de autos. Por el contrario, si cual-quiera de las partes no hubiese estado conforme con el canon luego de hechas las mejoras, entonces podía recurrir a la Ad-ministración para que ésta lo fijase.

El contrato suscrito por la arrendataria en junio de 1962 demuestra que la arrendataria estuvo de acuerdo con el nuevo canon. De no haberlo estado pudo haber recurrido a la Administración para que ésta lo fijase. No solamente lo acep-tó sino que al vencerse el término del contrato lo prorrogó a opción suya.

Como se sabe, la Ley de Alquileres Razonables tiene el propósito de garantizar que las rentas sean razonables y de evitar la especulación en el negocio de alquiler de viviendas y de locales comerciales o industriales. Colón Vélez v. Lebrón, 97 D.P.R. 154 (1969); Pérez Mercado v. Peñagarícano, 93 D.P.R. 738 (1966). Dada el alza en prácticamente todos los renglones de la economía que ha habido en los últimos quince o veinte años, pretender utilizar los mecanismos de esa Ley para lograr pagar por un local comercial en Río Piedras, de 60 pies de largo por 18 de ancho, la misma renta de $100.00 que en ese mismo lugar se pagaba por un local de 40 pies de largo por 17 de ancho hace más de 21 años, no nos parece razonable. Máxime cuando quién lo intenta utilizó dicho local varios años y trae la reclamación luego de que el dueño lo venció en juicio para obtener de buena fe para su uso el local, sentencia que nos negamos a revisar en 30 junio 1970. La arrendataria de-mandó a la recurrente en 15 julio 1970. Si las rentas no se mantienen proporcionadas a los costos de mantenimiento— cañerías de agua, instalaciones eléctricas, reparaciones, pin-tura, etc. — las zonas controladas tienden a deteriorarse y a convertirse en cuasi-arrabales, condición detrimental a la sa-lud y a la estética en la vida urbana.

En vista de lo antes resuelto en R&R Shoe Corp. v. García Rodríguez, supra, y de los razonamientos antes expuestos, con-cluimos que se cometieron los primeros dos errores señalados. Se hace innecesario discutir el tercero. Se revocará la senten-cia dictada en este caso por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, en 23 marzo 1971.

El Señor Juez Presidente y el Juez Asociado, Señor Her-nández Matos, no intervinieron.

         Creada por la Ley Núm. 416 de 14 mayo 1947 y sucesora de la Oficina de Administración de Precios de Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 464 de 25 abril 1946; antecesoras ambas de las subsiguientes Ad-ministración de Estabilización Económica creada por la Ley Núm. 97 de 19 junio 1953, y la Administración de Servicios al Consumidor, creada por la Ley Núm. 148 de 27 junio 1968.

       Las medidas exactas, según el contrato y las determinaciones de hecho del juez son: 61'9" x 17'7" x 59' x 20'.


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Juan A. Faría Lugo, demandante y recurrido, v. Secretario de Hacienda de Puerto Rico, demandado y recurrente.
    Número: R-70-332
    Resuelto: 3 de marzo de 1972

      Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Dolores Ruiz de Zam-brana, Federico Rodríguez Gelpí, Procuradores Generales Auxiliares, abogados del recurrente; Rodríguez Erna, Ro-dríguez Ramón, Benitez Gautier & Sequiera, D. Padín Mimoso y A. Emanuelli Belaval, abogados del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

La See. 130 de la Ley de Contribuciones Sobre Ingresos, 13 L.P.R.A. see. 3130, limita las deducciones que un individuo puede hacer a sus ingresos por pérdidas en una in-dustria o negocio bajo ciertas circunstancias. Dicha sección está encaminada a evitar que un individuo obtenga beneficios contributivos si las deducciones atribuibles a una industria o negocio explotado por él exceden en $10,000 anuales el in-greso bruto derivado con respecto a dicha industria o negocio durante cinco años consecutivos.

En tales casos el Secretario de Hacienda recomputará el ingreso neto del contribuyente para cada uno de los cincos años a fin de reducir las deducciones atribuibles a la industria o negocio a $10,000 en cada año. .

En el caso de autos la controversia consiste en si bajo la mencionada See. 130, las ganancias de capital derivadas de la venta de dos fincas pertenecientes al recurrido Juan A. Faría Lugo pueden considerarse o no ingresos derivados de su ne-gocio de agricultura. De resolverse en la afirmativa como lo hizo el tribunal de instancia, el Secretario de Hacienda no tendría facultad para hacer el recómputo que produjo la defi-ciencia contributiva de $14,727.90 impugnada por Faría Lugo. Los hechos pertinentes a la cuestión son los siguientes:

El recurrido Juan A. Faría Lugo es abogado en ejercicio y agricultor. En sus planillas de contribución sobre ingresos para los años 1957 al 1961 informó pérdidas montantes a $312,647. Dichas pérdidas se descomponen como sigue:

Año Pérdida
(1) 1957 $60,971.65
(2) 1958 43,211.29
(3) 1959 44,851.47
(4) 1960 77,485.67
(5) 1961 46,044.66

En la planilla de contribución sobre ingresos para el año 1960, Faría Lugo informó, además, una partida de $68,329.78 como ingreso en forma de ganancia de capital, producto de la venta a plazos de dos fincas ubicadas en Bayamón. La ganancia total de dichas ventas fue de $297,819.10, pero in-formó sólo el 25 por ciento de ella acogiéndose a las disposi-ciones vigentes en esa fecha sobre ganancias de capital.

El Secretario de Hacienda determinó que la mencionada ganancia derivada de la venta de las dos fincas no era atribui-ble a su negocio de agricultura y la eliminó del ingreso atri-buible a dicho negocio. Tal determinación reflejó una pérdida de operaciones en dicho negocio por cinco años consecutivos en exceso de $10,000. En consecuencia, el Secretario aplicó las disposiciones de la mencionada See. 130 de la Ley de Contri-bución Sobre Ingresos, recomputando el ingreso neto decla-rado por Faría Lugo para cada uno de dichos cinco años. El recómputo arrojó una deficiencia contributiva de $14,727.90.

La contención de Faría Lugo, aceptada por el tribunal de instancia, es al efecto de que la ganancia de capital en la venta de las dos fincas constituyen ingreso derivado de su negocio de agricultura. Al considerarse como tal, arguye, se interrumpiría en el año 1960 la cadena de cinco años de pérdi-das en dicho negocio, por lo que no es de aplicación la citada See. 130.

No estamos de acuerdo. La venta de las fincas en cues-tión fueron transacciones ajenas al negocio de agricultura. En forma alguna puede considerarse que los ingresos gene-rados por dichas ventas fueron derivados del negocio de agri-cultura. Cf. Lazier v. United States, 170 F.2d 521 (1948); Sic. v. Commissioner of Internal Revenue, 10 T.C. 1096.

En Lazier v. United States, supra, la Corte de Apela-ciones para el Octavo Circuito resolvió que las pérdidas sufri-das por un contribuyente en la venta de una finca no era atribuible a su negocio de agricultura, y, que por lo tanto, no podía dicha pérdida retrotraerse a los años contributivos pre-cedentes. Esta decisión quedó sin efecto al modificarse la See. 122 de la ley anterior por el Código Federal de Rentas In-ternas de 1954. Véase Sec. 172(d) (4) (A), 26 U.S.C.A. sec. 172(d) (4) (A); New York University Institute of Federal Taxation, 1956, pág. 1472; Magill & Kosmian, The Internal Revenue Code of 1954, Income, Deductions Gains And Losses, 68 Harv. L. Rev. 214. Nuestra Ley de Contribuciones Sobre Ingresos no ha sido enmendada a este respecto, siendo el texto de la See. 122, 13 L.P.R.A. see. 3122, similar al de la See. 122 del Código Federal de Rentas Internas de 1939 bajo el cual se decidió el caso de Lazier y de Sic., supra. Es por eso que nos parece útil lo resuelto en dichos casos.

El recurrido nos señala que el tribunal de instancia ex-presamente rechazó aplicar al caso de autos el razonamiento de Lazier y Sic., supra, basándose en que “el problema que allí se analiza y el lenguaje que en los mismos se utiliza tiene como contexto jurídico, no la Sección equivalente del Código Federal a nuestra Sección 130, supra, sino, ... la sección 122(d) (5) del Código Federal, parecida a la nuestra 122(d) (4)

Tal razonamiento no es correcto. La See. 122 cubre la deducción por pérdida neta de operaciones en una industria o negocio y su arrastre o retrotracción, definiendo “pérdida neta en operaciones” como el exceso de las deducciones admitidas sobre el ingreso bruto. La See. 130 cubre la limitación a las deducciones admisibles en exceso del ingreso bruto derivado de una industria o negocio. Ambas cubren, pues, diferentes aspectos de conceptos similares. Tan es así que el propio Reglamento Relativo a la Aplicación de la Ley de Contribución Sobre Ingresos interrelaciona ambas secciones al preceptuar a la pág. 541 que “Las limitaciones sobre las deducciones provistas por la sección 130 son aplicables al determinar bajo la sección 122 el monto de cualquier arrastre o retrotracción por pérdida neta de operación desde cualquier año cubierto por la disposición de la sección 130 hasta cualquier año no cubierto por dichas disposiciones.”

Excluida la partida de $68,329.78 del ingreso bruto del negocio de agricultura declarado por el recurrido por no haber sido la misma derivada de dicho negocio, las deducciones permitidas excedieron por más de $10,000 el ingreso bruto para el año contributivo 1960. Siendo ello así, procedía el re-cómputo del ingreso neto de Faría Lugo por cada uno de los cinco años en cuestión, tal y como lo hizo el Secretario de Hacienda, surgiendo entonces una deficiencia de $14,727.90.

McDonald v. Commissioner of Internal Revenue, 214 F.2d 341, citado por el recurrido en su alegato, no es de aplicación. El mismo se refiere al tratamiento del producto de la venta de ganado por el dueño de una vaquería y ganadería como ganan-cia de capital en lugar de ingreso ordinario. No estaba en controversia en dicho caso si el ingreso producido por la venta del ganado era o no derivado del negocio de ganadería.

Se revocará la sentencia recurrida.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino, así como tampoco el Juez Asociado Señor Hernández Matos.

       En lo pertinente la See. 130 dispone:
      “Limitación en Ciertos Casos Sobre Deducciones Admisibles a Indi-viduos
      (a) Nueva Computación del Ingreso Neto. — Si las deducciones, que no sean contribuciones e intereses, admisibles a un individuo, a no ser por las disposiciones de esta sección y atribuibles a una industria o negocio explo-tado por él durante 5 años contributivos consecutivos, hubieren excedido en cada uno de dichos años en más de $10,000 el ingreso bruto derivado de dicha industria o negocio, el ingreso neto de dicho individuo para cada uno de dichos años será computado de nuevo. Para los fines de dicha nueva computación en el caso de cualquiera de dichos años contributivos, dichas deducciones serán admitidas solamente hasta el monto de $10,000 más el ingreso bruto atribuible a dicha industria o negocio, excepto que la deduc-ción por pérdida neta en operaciones hasta el monto atribuible a dicha in-dustria o negocio, no será admitida.”

       Surge del testimonio del propio Faría Lugo que desde que inició su negocio de agricultura en el 1947 no ha tenido ganancia alguna. (T.E. pág. 18).

      Una de las fincas fue vendida en el año 1955 y la otra en el 1960.

       La nueva redacción de la sección 172(d)(4)(A) del Código de Rentas Internas de los Estados Unidos de 1954, supra, permite tomar en consideración las pérdidas sufridas en la venta de bienes raíces al computar la pérdida neta de operación de un negocio.


author: PER curiam :

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor G. A. C., apelante.
    Número: O-69-217

      Resuelto: 6 de marzo de 1972

      José B. Díaz Asencio, Felipe Cirino Colón, Fermín B. Arraiza, José Hamid Rivera y Jackie H. Santos de Thomas, abogados del apelante; Gilberto Gierbolini, Procurador General, y Ruth Tentori de Lebrón Velázquez, Procuradora General Auxiliar, abogados de El Pueblo.
   PER curiam :

El menor G. A. C. cometió una falta que de haber sido cometida por un adulto hubiese constituido hurto mayor. Celebrada la vista del caso en sus méritos, el menor fue declarado incurso en la falta imputada. El tribunal, luego de conocer el informe social rendido en el caso, dispuso del asunto entregando la custodia del menor al Secretario de Salud para que éste ingresara al referido menor en una de las instituciones bajo su supervisión hasta que el menor “lo-gre su rehabilitación total.”

No conforme con la determinación del tribunal de instan-cia en cuanto a su aspecto dispositivo, apeló y señala cuatro errores. Todos los errores van dirigidos a cuestionar el hecho de que no se le concedió una vista separada sobre disposición, alegando que ello viola el debido procedimiento de ley. Hace especial énfasis en que se le negó “el derecho a confrontarse y contrainterrogar las personas que prepararon los informes considerados en la disposición y a las personas que prove-yeron información para la preparación de los mismos.” En forma alguna cuestiona la determinación que se hizo en la fase adjudicativa del caso en la que se le declaró incurso en la falta antes señalada.

Lo que pretende el apelante es que el no concederle una vista separada sobre disposición para poder repreguntar a todos aquellos que intervinieron en la preparación del informe social en que se basó el tribunal para disponer su ingreso en una institución del estado, constituye una violación de sus derechos a la luz de In Re Gault, 387 U.S. 1 e In Re Winship, 397 U.S. 358.

No tiene razón. No tenemos ante nuestra consideración en este caso planteamiento alguno similar a los resueltos en Gault o en Winship. En dichos casos se les extiende a los menores en la fase adjudicativa del proceso, las garantías constitucionales del debido procedimiento de ley que rigen en los juicios contra adultos. En el de Gault, a la página 31, el Tribunal Supremo de Estados Unidos hace la salvedad de que todo lo resuelto allí sobre los requisitos procesales en la etapa adjudicativa no necesariamente es aplicable a las otras etapas de los casos de menores. Reconoce que esto tiene que ser así porque los problemas envueltos en el trato pre-adjudicativo y en la disposición post-adjudicativa de los menores son únicos a estos casos.

Nuestra Ley de Menores, 34 L.P.R.A. sees. 2001 a 2015, no dispone una vista separada para disponer del caso luego de una adjudicación en los méritos del mismo. El juez de instancia puede resolver en cuanto a la disposición del menor en la misma vista en que se declaró incurso en falta a éste. Esto fue lo que hizo el tribunal en el presente caso. Tal actuación de por sí no viola el debido procedimiento de ley.

El juez que presidió la vista veló por los derechos del menor y dio estricto cumplimiento a las disposiciones de la Ley y Reglas de Menores. Al utilizar el informe social para disponer del caso, reveló al menor, a su padre y a la represen-tación legal del menor, las partes del mismo en que se basó para fundamentar su orden. Así lo dispone la Regla 7.2 de las de Menores. 34 L.P.R.A. Ap. I.

Surge de los autos que en momento alguno se le negó el derecho al menor de ser oído en cuanto a quién debe tener su custodia y de interrogar a las personas que hicieron los in-formes. Durante la vista el juez de instancia se expresó en los siguientes términos:

“El Tribunal entiende, compañero, que no tiene motivo ninguno de dudar de la información que se ha suministrado en los dos informes que hemos mencionado. El informe de la Divi-sión de Servicios Sociales del Tribunal y el informe de la Oficina de Bienestar Público que por tanto tiempo ha venido supervi-sando en alguna forma la familia completa del menor. Por esa razón el Tribunal resolvió que, entendía que era menester para protección del menor, para protección del menor [sic] entregarle la custodia al Secretario de Salud. Por esa razón vamos a declarar otra vez sin lugar la petición del compañero, sin que esto se entienda que estamos cerrando puertas para que se realice la gestión que quiera realizar el padre del menor para informarle al Tribunal la condición de él, así como tampoco para que se calendarice una vista si lo solicita el compañero como ya lo ha hecho para que tenga la oportunidad de interrogar a las personas que hicieron los informes.” (Énfasis nuestro.)

Esta actuación del tribunal está de acuerdo a las disposiciones de las Reglas de Menores. Éstas proveen el mecanismo adecuado para lograr lo que pretende el menor apelante. La Regla 9.6(b) dispone que “. . . el Secretario de Salud, el padre o encargado del menor, el director de la insti-tución en que se encuentre el menor o el propio menor podrán en cualquier momento radicar una solicitud fundamentada solicitando que cese la custodia del menor o que se restituya su custodia al peticionario cuando éste sea el padre o encargado del menor o que se tome cualquier otra providencia compatible con la Ley,” y el apartado (c) de la misma regla provee para una vista e investigación donde se recibirá precisamente la prueba que interesa el menor, luego de la cual el juez resol-verá si modifica su resolución original en cuanto a la custodia.

Se confirmará la resolución apelada.

El Juez Presidente, Señor Negrón Fernández, no inter-vino.

       Ahora Secretario de Servicios Sociales 3 L.P.R.A. sec. 211d(a).