text:
    Marvin Bram, por sí y en representación de sus hijos menores de edad Mitchell y William Bram y de la sociedad de gananciales que tiene constituida con Edithe Bram; Edithe Bram, demandantes y recurrentes, v. Gateway Plaza, Inc., demandada y recurrida.

      Número: R-74-396

      Resuelto: 21 de abril de 1975

      Plinio Pérez Marrero, abogado de los recurrentes; Rieckehoff, Calderón, Rosa Silva & Harry Anduze Montano, abogados de la recurrida.
   per curiam :

La garantía de costas, gastos y honorarios de abogado en favor de quien es demandado por persona natural o jurídica domiciliada en el extranjero está recogida en la Regla 69.5 de Procedimiento Civil que transcribimos:

“Cuando el demandante residiere fuera de Puerto Rico o fuere una corporación extranjera, se le requerirá para que preste fianza para garantizar las costas, gastos y honorarios de abogado en que pudiere ser condenado. Todo procedimiento en el pleito se suspenderá hasta que se preste la fianza, que no será menor de trescientos dólares. El tribunal podrá ordenar que se preste fianza adicional si se demostrare que la fianza original no es garantía suficiente, y se suspenderán los procedimientos en el pleito hasta que se hubiere prestado dicha fianza adicional.
Transcurridos 90 días desde la notificación de la orden del tribunal para la prestación de la fianza o de la fianza adicional, sin que la misma se hubiere prestado, el tribunal ordenará la desestimación del pleito.”

El texto de este último párrafo que en defecto de su cum-plimiento ordena al tribunal la desestimación del pleito es una fundamental variación del lenguaje del Art. 343 del anterior Código de Enjuiciamiento Civil que instruía:

“Transcurridos treinta días desde la notificación del requeri-miento para la prestación de fianza, o de una orden para que se constituya otra adicional o nueva, y acreditado tal extremo, y que no se ha prestado la fianza requerida, la corte o el juez puede ordenar el sobreseimiento del pleito.”

Nótese que al substituir el Art. 343 del antiguo Enjuicia-miento Civil por la actual Regla 69.5 se hacen dos cambios sig-nificativos: se alarga de 30 a 90 días el plazo para prestar fianza y se substituye la forma potestativa, “el juez puede or-denar el sobreseimiento”, por la imperativa “el tribunal or-denará la desestimación del pleito.” (Bastardillas nuestras.)

El nuevo texto de esta Regla introduce un elemento de obligatoriedad y de finalidad en armonía con la “solución justa, rápida y económica de todo procedimiento” que es la consigna anunciada en la Regla 1. Planned Credit of P.R., Inc. v. Page, 103 D.P.R. 245 (1975).

Por residir los demandantes recurrentes fuera de Puerto Rico, a moción de la demandada el tribunal les exigió fianza de $1,000 para mantener su acción. Los demandantes dejaron pasar el término de 90 días sin cumplir la orden y la sala de instancia desestimó la demanda.

El término no es fatal e improrrogable en el sentido de que admite excusa fundada para la demora (Regla 68.2 (2) de Procedimiento Civil), mas si la presentada no fuere satisfactoria para el juez, su decisión desestimando la demanda tendrá virtualidad de cosa juzgada.

No encontramos error en la decisión del juez en el pre-sente caso pues las razones de mudanza de oficina y comuni-cación dificultosa con el cliente no justifican la negligencia im-plícita en una demora de-180 días en traer al tribunal una fianza de $1,000 prestada por una compañía local.

Para que se cumpla la intención y propósito de la Regla 69.5 la desestimación, del pleito debe tener finalidad. ¿De lo contrario para qué desestimarlo? La Regla 39.2 dispone que si el demandante deja de proseguir el pleito o de cumplir con las Reglas o con cualquier orden del tribunal ha de sufrir la desestimación del pleito con efecto de adjudicación en los méritos. Regla 41(b) Federal; Costello v. United States, 365 U.S. 265, 286 (1961).

La rápida terminación de los pleitos es siempre deseable. Las prórrogas y suspensiones que otrora fueron causa del grave estancamiento en la administración de justicia han de dar paso al nuevo ritmo de marcha acelerada que la Reforma Judicial impone en todos los procedimientos. Las prórrogas y extensiones de plazos se concederán sólo en circunstancias ex-cepcionales de necesidad justificada.

La sentencia revisada ha de ser confirmada.

      La orden exigiendo fianza se dictó el 20 de diciembre de 1972; la misma se juró el 1 de junio siguiente y todavía demoró hasta el 26 de junio de 1973 en ser presentada al tribunal.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam :

license: Public Domain

text:
    Eidy Jusino López, a nombre de su esposo Ferdinand Basabe Colón, peticionaria y apelada, v. Tomás Alcalá, Alcaide Cárcel de Distrito de Ponce, demandado y apelante; Tomás Alcalá, Aldaide Cárcel de Distrito de Ponce, etc., peticionarios, v. Tribunal Superior, Sala de Bayamón, Hon. Ramón R. Cabrera, Juez, demandado.

      Números: O-75-53
    O-75-32

      Resueltos: 21 de abril de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Peter Ortiz, Subprocurador General, y Adolfo J. Vila, Procurador General Auxiliar, abogados del Alcaide de la Cárcel de Distrito de Ponce y el Pueblo de Puerto Rico; José Torres Ortiz, abogado de Ferdinand Basabe Colón.
   per curiam :

Fundada en la declaración jurada de Jorge Isaac Quintero, la policía obtuvo orden de allanamiento para registrar la casa de Ferdinand Basabe y al diligenciarla se ocuparon allí numerosos objetos entre ellos ocho armas de fuego (una carabina cal. 30, dos revólveres “Magnum”, cinco cal. 38 y numerosas balas). Acusado Basabe por ocho infrac-ciones de la Ley de Armas ante la Sala de Bayamón, pidió la supresión de evidencia alegando que siendo falsa la declara-ción de Quintero que sirvió para obtener la orden, el allana-miento resultaba ilegal. En la vista, Quintero se retractó de su declaración y sostuvo que había declarado falsedades bajo coacción y rudeza de la Policía. El juez de instancia, de algún modo impresionado con el testimonio en corte abierta, no per-mitió al fiscal traer prueba para contradecirlo, decretó la ile-galidad del registro y la supresión de la evidencia ocupada. Al recurrir el Estado expedimos orden para mostrar causa por la que no deba anularse lo actuado en primera instancia.

El deponente en una declaración jurada para obtener una orden de allanamiento no tiene la facultad de anular el registro mediante el conocido recurso en el estrato de delincuencia de cambiar la declaración. Los tribunales deben estar advertidos de que está tomando auge esta práctica ilícita de evadir la convicción en delitos graves mediante la cínica estratagema de ganarse la voluntad de un testigo inescrupuloso quien se arriesga a una pena mucho menor, y que muchas veces queda impune, por cambiar una declaración esencial.

La retractación o desmentida ha de tomarse con recelo y gran sospecha. Toda prueba disponible debe considerarse antes de llegar a la conclusión de que fue falsa la declaración original. Uno de los elementos a considerar al dirimir el conflicto en la prueba cuando la base de impugnación del registro es la falsedad de la declaración (R.P.C. 234 (f)), es la correspondencia o ausencia de ésta entre los objetos delictivos acusados en la declaración y los que de hecho se ocuparen al ejecutar el allanamiento. Al efecto anotamos que en su de-claración jurada el testigo Quintero dijo haber visto en la ha-bitación del acusado varias armas de fuego entre ellas una escopeta de cañón recortado y cuatro revólveres. La depura-ción de la verdad ha de seguir un curso exigente lo mismo cuando se trate de privar de la libertad a una persona que cuando la justicia que la sociedad espera se confronta con trucos y maniobras que pueden derrotarla.

El Pueblo debe tener una amplia oportunidad de impug-nar estos testimonios de retractación.

Se expedirá el auto, se dejará sin efecto la resolución de instancia suprimiendo la evidencia, y se devolverá el caso a la sala de origen para que oiga la prueba de impugnación del Estado y siga procedimientos consistentes con esta opinión.


author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Sucn. de Doña Consuelo Carderaros Furniz y Otros, peticionarios, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Hon. Miguel A. Giménez Muñoz, Juez, demandado; Luis E. Andújar Moreno, interventor.

      Número: O-75-62

      Resuelto: 21 de abril de 1975

      Marcos Rivera Genaro, abogado de los peticionarios; Pimío Pérez Marrero, abogado del interventor.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

La parte demandante en pleito sobre cobro de honorarios profesionales ofreció la deposición oral inconclusa de uno de los demandados. Dicha deposición se había interrumpido sin que la parte demandada tuviere oportunidad de contrainterro-gar y así trunca no fue hasta 16 1/2 meses después que se le notificó con copia de su transcripción a los demandados quienes objetaron la misma. Al ofrecerla en juicio el actor, la parte demandada aquí recurrente pidió la supresión de la deposición por incompleta y el tribunal le ofreció un plazo de diez días para cubrir la repregunta, y como no se aviniera el objetante, desestimó la moción de supresión.

Expedimos orden para mostrar causa por la que no deba suprimirse la deposición irregular y el demandante interventor, implícitamente reconociendo la injustificada desviación de las Reglas de Procedimiento Civil, invoca la número 1 sobre solución justa, rápida y económica y la número 71 de la que sólo cita la disposición de que el tribunal podrá reglamentar su práctica en cualquier forma que no sea inconsistente con dichas Reglas.

Empezaremos por dejar sentado que la autonomía procesal dispuesta en la.Regla Til se activa “cuando no se hubiere previsto un procedimiento específico” en las Reglas. Existe un procedimiento específico que gobierna la situación procesal aquí suscitada. La Regla 23.3 hace la repregunta parte de la deposición; y la 29.4 instruye que los errores e irregularidades en la forma en que la deposición ha sido preparada o trami-tada dan lugar a una moción para suprimir la misma.

No consideramos legítimo el reclamo de la parte interven-tora al efecto de que la observancia de las Reglas demorará un poco más este pleito iniciado por demanda en septiembre de 1971, si ella admite que tardó en solicitar señalamiento para juicio; como no podrá evadir responsabilidad por haber retenido una deposición trunca por casi un año y medio sin gestionar, como es su deber de promovente, su perfección y complemento con la parte de contrainterrogatorio del depo-nente.

La interventora defiende la solución propuesta por la sala de instancia de conceder a estas alturas un plazo para redon-dear la deposición como “gestión improvisada, producto del bregar día a día [por el tribunal] para acelerar la tramitación de los casos y ayudar a descongestionar [calendarios].” La proposición equivale a arrumbar las Reglas de Procedimiento y dejar el curso del pleito enteramente a la imaginación y con-cepto de celeridad de cada juez; el orden procesal cuidadosa-mente dispuesto en las Reglas del que es parte esencial la uni-formidad de su aplicación, cedería a un caos de procedimientos improvisados en cada salón de justicia. Somos los primeros en proclamar que no ha de albergarse una preocupación hipnótica cón el lenguaje de las Reglas, pero tampoco debe la norma de liberalidad desembocar en laxitud anárquica. Hay una. insal-vable .diferencia entre economía y abstracción procesal.

Como apuntáramos anteriormente la autonomía del juez bajo la Regla 71 para originar procedimiento toma vida únicamente cuando no hubiere adecuada provisión en las Reglas de Procedimiento Civil; La acción del magistrado en tal caso es de prótesis, no de creación.

¡Se expedirá el auto, se anulará la resolución recurrida y se suprimirá la deposición del demandado-peticionario Heriberto F. .Santana Carderaros. El jobito.continuará en el tribunal de instancia en consistencia con lo aquí resuelto. . .

El Juez Asociado Señor Negrón García ño intervino.

      Regla 71
      .“Cuando no se hubiere previsto un procedimiento .específico en estas reglás,' el tribunal podrá reglamentar su práctica en cualquier “forma.’ que iid sea "inconsistente con las mismas o con cualquier disposición de ley aplicable.”.' . .


author: El Juez Asociado Señor Torres Rigual

text:
    Nivia Herrera, demandante y recurrida, v. First National City Bank, demandado y recurrente.

      Número: R-71-140

      Resuelto: 22 de abril de 1975

      McConnell, Yaides, Kelley, Sifre, Griggs & Ruiz Suria, Samuel T. Céspedes y A. Joaquín Yordán, abogados del recurrente; Carlos Santos Correa, Luis E. López Correa y Luis A. Lugo, Jr., abogados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Torres Rigual

emitió la opinión del Tribunal.

Gira este recurso en torno a la eficacia del cheque del ge-rente en el tráfico bancario.

El recurrente, First National City Bank, sostiene la tesis de que. el cheque del gerente, al igual que cualquier cheque ordinario que se deposite en una cuenta corriente, se recibe únicamente para ser transmitido al cobro; razón por la cual —argumenta—el depositante no puede girar sobre su importe ■hasta que el banco haya realizado su cobro.

Conviene que hagamos un breve examen de los hechos per-tinentes del caso para una mejor comprensión de la discusión.

La recurrida Nivia Herrera depositó el 7 de octubre de 1968 en la cuenta corriente que tenía abierta en el First National City Bank, sucursal de Hato Rey, un cheque del gerente expedido a su favor por el Chase Manhattan Bank por la cantidad de $3,497.00. Al día siguiente ella giró un cheque personal contra esta cuenta por la cantidad de $3,000.00 a favor de su patrono James T. Barnes and Company, quien se lo cambió por dinero en efectivo. El 9 de octubre Nivia salió de vacaciones a la República Dominicana donde se proponía pasar el resto del mes de octubre. Dos días después, el First National City Bank le notificó por correo que había devuelto el cheque a favor de James T. Barnes and Company por insufi-ciencia de fondos en su cuenta corriente. El Aviso de Débito expresa la razón de la deducción del cheque en el idioma inglés como “une. funds”. (Exhb. 1 demandada.) Tan pronto Nivia se enteró del aviso de débito regresó a Puerto Rico sufriendo contratiempos y humillaciones.

El tribunal de instancia concluyó que el recurrente First National City Bank no había cumplido su obligación contractual de efectuar el pago del cheque expedido por la recurrida declarando con lugar la demanda de daños y perjuicios y, en su consecuencia, condenó al First National City Bank a pagarle a ésta $4,000 en concepto de daños. No impuso honorarios de abogado.

El First National City Bank fundamenta su recurso de revisión esencialmente en dos argumentos: a) que el contrato de depósito entre las partes dispone que todos los valores que no fueran pagaderos en la sucursal del banco en que fueran depositados serían recibidos únicamente para ser transmitidos al cobro, y b) que la práctica bancaria establecida es al efecto de que un documento o valor pagadero en otro banco o sucursal que aquél en que se depositó, se le da un período de tenencia de cuatro días laborables, teniéndose por incobrados dichos valores hasta que los fondos representados por los mis-mos sean efectivamente recibidos por el banco en el cual se depositaron. De ahí, concluye el recurrente que Nivia Herrera no podía girar contra los fondos representados por el cheque del gerente depositado por ella hasta que el banco librador, Chase Manhattan Bank, hiciera efectivo dicho cheque.

El contrato de depósito bancario es uno típico de adhesión. Sus cláusulas aparecen impresas en un formulario y no están sujetas a discusión entre las partes. El depositante las acepta o las rechaza, quedando constreñido al mínimo su supuesta libertad para contratar. El Código Civil contrarresta esta desigualdad en la contratación preceptuando en el Art. 1240 que: “La interpretación de las cláusulas obscuras de un contrato no deberá favorecer a la parte que hubiese ocasio-nado la obscuridad.” 31 L.P.R.A. see. 3478.

En el contrato de adhesión este precepto se aplica con mayor fuerza, debiendo su interpretación favorecer a la parte económicamente más débil y que nada tuvo que ver con su redacción.. Esta es la doctrina que reiteradamente hemos establecido en nuestro ordenamiento jurídico para promover, hasta donde ello sea posible, la igualdad jurídica en materia de contratación. Ferrer v. General Motors Corp., 100 D.P.R. 246-257 (1971); Barreras v. Santana, 87 D.P.R. 227 (1963); Maryland Cas’y Co. v. S. J. Rac’g Assoc., Inc., 83 D.P.R. 559 (1961) y Zequeira v. C.R.U.V., 83 D.P.R. 878 (1961).

A la luz de los principios antes expuestos, procederemos ahora a examinar la cláusula del Convenio de Cuenta Co-rriente en que fundamenta el First National City Bank su caso. Dicha cláusula lee:

“4. Todos los valores que no sean pagaderos en la Sucursal de este Banco en que sean depositados y los documentos relativos (incluyendo documentos girados contra o pagaderos en otras oficinas o Sucursales de este Banco) son recibidos únicamente para ser transmitidos, a riesgo del depositante, por correo u otros medios; y, sin responsabilidad para este Banco, pueden ser envia-dos directamente o en circuito a través de cualesquiera de las Sucursales, oficinas o corresponsales del Banco, sujeto a los regla-mentos de ellos, o enviarlos directamente al girado, librador o agente pagador para obtener en todo caso su pago en efectivo, abono al Banco remitente, o giro o certificación del girado, libra-dor banco pagador o cualquier otro Banco; todo ello sin responsa-bilidad de parte de este Banco por cualquier acto, negligencia u omisión de cualquier corresponsal, agente o subagente. El abono hecho por tales valores, si alguno, será provisional, y podrá ser revocado en cualquier momento antes de haberse recibido el pago total en efectivo en la sucursal de este Banco donde se haya hecho el depósito”.

El recurrente imparte a dicha cláusula una interpretación absolutista aplicándola indiscriminadamente a todos los valores sin distinción. No toma en cuenta la naturaleza de los diversos valores ni las diferencias fundamentales que distin-guen al cheque ordinario del cheque del gerente.

La cláusula en cuestión no define el término “valores” y su contexto no permite inferir un propósito tan abarcador como el que propone el recurrente cuando hay una compleja diversidad de valores en el tráfico bancario.

El cheque del gerente es uno en que el propio banco que lo expide es librador y librado. Al expedirlo, el banco garantiza que los fondos representados por el cheque han sido reservados para beneficio del tomador. El pago no puede revocarse, aunque hay situaciones excepcionales que se pueden revocar como son los casos de fraude o cuando han sido expedidos sin causa. Michie: On Banks and Banking, Tomo 5B, see. 251, 10 Am.Jur.2d, Banks, sees. 544, 643, 9 C.J.S., Banks and Banking, see. 173, Anno. Bankers Check-Stopping Payment, 1463, 1464. El tomador tiene en efecto la garantía de la solvencia del banco librador que se compromete al pago.

Estos atributos especiales del cheque del gerente son los que han determinado que circulen en el tráfico bancario como si fueran dinero en efectivo. Generalmente se aceptan como si fueran dinero en efectivo precisamente por la certeza que hay en su cobro.

El propio recurrente lo considera como dinero en efectivo a los fines de la reserva legal. Así lo declaró el testigo José A. Maldonado, Gerente Auxiliar de una sucursal del recurrente:

“P. ¿Diga si es o no cierto que un cheque del gerente desde el momento en que se presenta al First National City Bank, puede ser incluido en su pago como una reserva legal a tenor con las leyes de Puerto Rico ?
R. Sí señor.
P. ¿ Incluye una reserva legal del banco ?
R. Sí señor.
P. ¿ Se incluye como dinero en efectivo?
R. Sí señor.” (T.E. págs. 66-67.)

Las transacciones más importantes en la comunidad se llevan a cabo mediante cheques del gerente o cheques certifi-cados — en este aspecto ambos son equivalentes, Michie, op. cit. —eliminándose así las inconveniencias del papel moneda.

Los formidables atributos que distinguen a estos cheques de los ordinarios nos llevan a la conclusión de que los mismos no están incluidos en el término genérico “valores” a que alude el Convenio de Cuenta Corriente. Esto es, al depositarse en una cuenta corriente no son recibidos, como lo son los cheques ordinarios, para ser transmitidos al cobro pudiendo el depositante, desde luego, girar contra su importe.

De esta manera se fortalece la circulación de estos cheques rodeándolos de la mayor garantía para que se pueda recibir con la confianza y seguridad con que se recibe el papel moneda.

Por supuesto, en virtud del contrato de cuenta corriente el banco sólo viene obligado a honrar los cheques expedidos por el depositante siempre y cuando haya fondos suficientes en depósito. No tiene la obligación de aceptar cheques del gerente ni documentos de otros bancos. En cuanto a éstos puede im-poner las condiciones que estime razonables. Lo único que re-solvemos es que en el caso de autos los cheques del gerente no están incluidos en la cláusula del Convenio de Cuenta Co-rriente que impone la condición a otros valores de ser reci-bidos únicamente para ser transmitidos al cobro. Nada impide imponer tal condición a los cheques del gerente.

El segundo argumento del recurrente se apoya en una práctica bancaria a los efectos de que todo valor pagadero en otro banco o sucursal que aquél en que se depositó, se le da un período de espera de cuatro días laborables, teniéndose por incobrados dichos valores hasta que el importe de los mismos sea efectivamente recibido por el banco en el cual se deposi-taron.

De acuerdo con la prueba desfilada dicha práctica fue adoptada por la Asociación de Banqueros para regular las re-laciones entre los bancos miembros de la Cámara de Compen-sáciones {Clearing House). Véase el testimonio de José A. Maldonado Colón, Gerente Auxiliar de una de las sucursales dél recurrente. (T.E. pág. 56.)

Los razonamientos que expusimos anteriormente para disponer del primer argumento son de entera aplicación a este segundo argumento. Si los cheques del gerente no están sujetos a ser revocados y generalmente se aceptan por el público como si fueran dinero en efectivo, aceptándolos también los bancos como dinero para los fines de la reserva legal, no vemos como una práctica bancária adoptada por una entidad ajena al contrato de cúenta corriente puede níodificar dichó contrato y afectar los derechos de los depositantes que nada tuvieron que ver con su adopción. La Cámara de' Compensaciones es una entidad establecida para conveniencia de los bancos participantes y sus reglamentos no pueden afectar los derechos de los depositantes. Michie, op. cit. 5A, pág. 17.

Por otro lado, no podemos considerar dicha práctica Como un uso del comercio, fuente dinámica y flexible en la formulación de normas jurídicas mercantiles. Art. 2, Código Mercantil, 10 L.P.R.A. see. 1002, Garríguez: Los Usos del Comercio, 28 Rev. Derecho Privado 822 (1944). Dicha práctica no reúne los requisitos de espontaneidad, generalidad y publicidad indispensables para adquirir rango de uso mercantil. Benito define estos requisitos de la siguiente manera:

“La espontaneidad en la producción de la regla jurídica quiere decir que surge instintivamente en el momento mismo en que se produce el hecho que requiere la regla. Este requisito es el que la diferencia sustancialmente de la ley, pues la ley es siempre producto artístico que requiere para su formación una elabora-ción reflexiva. La generalidad se consigue cuando la norma jurídica se manifiesta de un modo continuo y persistente en mo-mentos distintos y en ocasiones idénticas, que se producen durante un cierto tiempo mayor o menor (pero nunca previa-mente determinado), según la importancia y naturaleza de la regla jurídica engendrada. Y la publicidad se supone que existe, cuando los hechos engendrados del uso se manifiestan de un modo tan ostensible que no se oculte su conocimiento al rpueblo p clase en cuyo seno surge, pues entonces puede decirse que han sido sancionados por su asentimiento”. Benito, I Derecho Mercantil, págs. 240-241 (Tercera Edición).

La práctica en cuestión surgió por acuérdo deliberado de la Asociación de Banqueros para regular las relaciones de los bancos miembros de la Cámara de Compensaciones. No surgió, pues, espontáneamente. Dicha práctica tampoco se aplica uniformemente. La prueba desfilada indica que el banco exime a determinados clientes del período de espera. (T.E. pág.,57.).

Están ausentes del caso los requisitos de generalidad y espontaneidad, y, no hay prueba de que se le haya dado al período de espera la debida publicidad para que se manifieste de “un modo tan ostensible que no se oculte su conocimiento al pueblo.”

Ciertamente los usos del comercio constituyen una valiosa ayuda para la interpretación de las cláusulas dudosas de un contrato. Portilla v. Banco Popular, 75 D.P.R. 100 (1953). Pero aún. considerando dicha práctica bancaria como un uso, la misma tendría muy poca o ninguna utilidad para la in-terpretación del Convenio de Cuenta Corriente porque adolece del mismo vicio de ambigüedad que éste. El período de espera se refiere en forma genérica a todos los valores, al igual que el Convenio de Cuenta Corriente, sin tomar en consideración la diversidad de valores en el tráfico bancario y las diferencias fundamentales entre éstos.

Estamos de acuerdo con el recurrente en que la partida de $4,000 por concepto de daños y perjuicios es excesiva, por lo que debe reducirse a la cantidad de $2,000.

Se dictará sentencia confirmando la recurrida y reduciendo a $2,000 la partida por concepto de daños.


text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior, Sala de San Juan, Asuntos de lo Criminal, Hon. Luis R. Apellániz, Juez, demandado; Enrique Izcoa Moure, interventor.

      Número: O-75-85

      Resuelto: 23 de abril de 1975

      Myriam Naveira de Bodón, Procuradora General, y Ruth Tentori, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticionario; José Luis Feliu Pesquera, abogado del interventor.
   per curiam :

Contra el interventor se radicó acusación el 12 de julio de 1974. El día de la lectura de la acusación — 15 de agosto siguiente — ocurrió este diálogo al ser llamado el caso;

“Lie. Santana Suárez:
Representamos al acusado. Tenemos copia de la acusación, la damos por leída y pedimos diez (10) días para alegar.
Hon. Juez:
Se concede el término solicitado, entendiéndose que si no se hace en ese término se registrará una de no culpable. Deme fecha para el juicio. Para octubre o noviembre, ¿no tiene compromiso?
Lie. Santana Suárez:
Cualquiera de las dos fechas. Prefiero .para noviembre 25. Hon. Juez:
Lo que pasa es que es lunes. Vamos a ponerlo para el martes. Lie. Santana Suárez:
26 de noviembre ?
Hon. Juez:
26 de noviembre de 1974.”

El acusado, aquí interventor, solicitó la desestimación de la acusación. Invocó lo dispuesto en la Regla 64 (n) (4) de las de Procedimiento Criminal de 1963. El Tribunal Superior, Sala de San Juan, Apellániz, J. decretó la desestimación.

Al resolver Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974) hicimos claro que “[l]a frase juicio rápido es un con-cepto constitucional, entre tantos otros, de contenido determi-nado en parte y en parte variable o flexible y sujeto a los procesos generales de cambio que afectan el derecho y la ley.” La propia Regla 64 (n) condiciona la desestimación a que “la demora para someter el caso a juicio [no] se deba a la solicitud del acusado o a su consentimiento.” Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970). Además, ya hemos ex-presado que “no siempre un acusado interesa un juicio rápi-do.” Jiménez Román, supra; Baker v. Wingo, 407 U.S. 514, 521 (1972) donde se expresó que la inobservancia de la garan-tía a un juicio rápido puede en ocasiones beneficiar al acusado. Es por esto que la renuncia a juicio rápido necesariamente no tiene que tener las salvaguardas exigidas para otras garan-tías constitucionales.

Habiéndose señalado la vista del caso fuera del término de 120 días — 17 días después — establecido por la Regla 64 (n) (4) de las de Procedimiento Criminal, con la conformidad expresa del abogado del interventor, no se ha vulnerado su derecho a un juicio rápido. Se expedirá el auto solicitado y se revocará la resolución dictada por el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Apellániz, /., en él caso criminal #M-74-1978 al 81 por Infr. Sec. 145(c), Ley de Contribución Sobre Ingresos.

       “La moción para desestimar la acusación o la denuncia o cualquier cargo de las mismas, sólo podrá basarse en uno o más de los siguientes fundamentos:
      “(n) Que existen una o varias de las siguientes circunstancias, a no ser que se demuestre justa causa para la demora o a menos que la demora para someter el caso a juicio se deba a la solicitud del acusado o a su con-sentimiento :
      “(4) Que el acusado no fue sometido a juicio dentro de los ciento veinte días siguientes a la presentación de la acusación o denuncia.”


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Néstor Cortés Portalatín et al., demandantes y recurridos, v. Roberto Hau Colón, demandado y recurrente.

      Número: R-71-190

      Resuelto: 23 de abril de 1975

      Castro & Castro, abogados del recurrente.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

La transcripción de evidencia sometida revela la siguiente situación de hechos en este caso de daños y perjuicios, cuyo én-fasis recae en la alegada difamación que sufre el recurrido.

Al día siguiente de regresar de un viaje a San Juan, el señor Roberto Hau, vecino de Isabela, advirtió la desaparición de un revólver que guardaba en el sitio donde tenía su má-quina de afeitar y otros artículos de uso diario. Le preguntó a su hijo de dieciséis años si alguien había estado en su casa durante su ausencia y éste le informó que un empleado de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados había efectuado en ella una investigación relacionada con una petición del re-currente de que se revisara su factura de consumo de agua. El señor Hau le informó a la policía inmediatamente la ausen-cia del revólver y las circunstancias de su desaparición. La policía le solicitó al recurrente que obtuviera el nombre y la dirección del empleado de la Autoridad. El recurrente le diri-gió entonces una carta al Ing. F. A. Christian, Administrador de la Autoridad para el distrito de Arecibo, concebida en los siguientes términos:

“El día 27 de noviembre de 1968 vino a mi casa un empleado de ustedes y sin mi autorización o la de mi esposa, entró a mi casa, abrió la llave de paso del inodoro para en esa forma jus-tificar el consumo en exceso, que ustedes alegan. Excelente ex-cusa para justificar el consumo. Por tener yo conocimiento de la reciente rotura de la junta del inodoro exactamente se mantiene la llave de paso cerrada. Este empleado entró con mi hijo menor de edad (un niño). Entiendo que esto es una falta de respeto, un abuso de confianza. Además, acaba de desaparecer de mi casa, mi revólver S&W, Calibre 38, serie #27517, por lo tanto necesito el nombre y los dos apellidos del empleado y la dirección, para in-formarlo a la policía, ya que es la única persona a quien no co-nozco ni he autorizado a entrar en mi casa. Estando también el baño al lado de mi cuarto.
Una cosa hay que no puedo entender, porqué no aceptan el cambio de contador como la realidad en la diferencia de lectura. Si es que le han informado que no se cambió el contador, entonces sí que se requiere una investigación cuidadosa porque pueden haber graves deficiencias envueltas.”

El referido Administrador les remitió esta carta a dos funcionarios de la Autoridad en Isabela para practicar la in-vestigación correspondiente. Estos interrogaron al empleado recurrido y, convencidos de su inocencia, visitaron al señor Hau en su casa para explicarle que el recurrido era una persona proba. El señor Hau aceptó la explicación e invitó in-mediatamente a sus visitantes a acompañarle al cuartel de la policía, lo que hicieron, solicitando allí el recurrente que se eliminase cualquier investigación que fuera a hacerse contra el empleado recurrido, el señor Cortés Portalatín, cuyo nom-bre no se le había suplido antes a la policía. No se produjo de-nuncia o acusación contra el señor Cortés Portalatín, quien continuó en su puesto, aunque con cierta alteración en sus fun-ciones, y a quien se le aumentó el sueldo. Concluyó el ilustrado juez de instancia que “todos los compañeros de trabajo del de-mandante se enteraron de la carta y querella enviada por el de-mandado al señor Christian, tanto los de la oficina de Arecibo como los de la oficina de Isabela. Sus vecinos también se en-teraron de dicha carta.” No hubo determinación alguna por el juez, sin embargo, ni el récord la permite, al efecto de que tal publicidad se debiese a acto alguno del señor Hau. Tam-poco existe determinación alguna o base para ella al efecto de que las comunicaciones del señor Hau con la policía y el Ing. Christian respondiesen a propósitos aviesos o maliciosos o a hostilidad contra el señor Cortés Portalatín.

Ocho meses después de los hechos, el señor Cortés Portala-tín dedujo demanda junto a su señora esposa por daños a su reputación y sufrimientos físicos y mentales. Visto el caso, el tribunal de instancia falló que la carta transcrita es de na-turaleza difamatoria y condenó al recurrente a satisfacerle dos mil dólares a los demandantes recurridos, más las costas y trescientos dólares de honorarios de abogado.

El derecho relativo a la protección de la honra ha llevado una vida movida en nuestro país. El Derecho Civil rigió su desarrollo y estableció sus límites por varios siglos, derivando sus normas, por supuesto, del Derecho Romano y su amplio concepto de iniuria. Radin, Roman Law, West Publishing Co., 1927, pág. 139 et seq.; Jolowicz, Historical Introduction to the Study of Roman Law, Cambridge Univ. Press, 1939, pág. 286 et seq.; Pueblo v. Bird, 5 D.P.R. 189 (1904).

A pesar de que el Derecho Común, con las diferencias históricas de rigor, tal como la distinción artificial y obsoles-cente entre la calumnia y el libelo, bebió también de la fuente del Derecho Romano al moldear sus normas en este sector, se estimó necesario en Puerto Rico aprobar una ley sobre el particular el 19 de febrero de 1902, 32 L.P.R.A. see. 3141 y ss. Véase: Donnelly, History of Defamation, Wis. L. Rev. 99 (1949). Esta Ley de Libelo y Calumnia ha sentado por varias décadas los principios centrales de esta parte del derecho puertorriqueño, pero a partir de 1952 diversos preceptos cons-titucionales afectan seriamente el. análisis de muchas solu-ciones antiguamente derivables de la ley de 1902.

Esto ha sido así en el propio Estados Unidos desde la decisión. de New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964), y su numerosa progenie. El problema en Puerto Rico es más complicado, sin embargo, ya que hay que determinar no sólo el efecto de la libertad de expresión sobre lo que se haya legislado o se legisle en esta zona del derecho, sino el impacto también de otras disposiciones constitucionales.

La See. 8 del Art. II de nuestra Constitución establece, por ejemplo, que “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar.” Esto significa que el derecho, en este campo tomó nuevamente otro giro en 1952. La fuente principal de la protección contra injurias es desde entonces la Constitución, no la ley de 1902. Esta sobrevive tan sólo en cuanto es compatible con la Constitución. Ya hemos decidido que no es necesario legislar como condición al ejercicio de los derechos que esta sección establece. Alberio Quiñones v. E.L.A., 90 D.P.R. 812 (1964).

La sección constitucional citada, propuesta por don Hela-dio Rivera Colón — Proposición Núm. 11 de la Convención Constituyente — es una repetición exacta del Art. V de la De-claración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y entronca también con el Art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Representando así esta sección, como varias otras, un principio con aspiraciones de universali-dad, destilado de muy diversos sistemas jurídicos, ancho es el mundo que se nos brinda para su interpretación justa. No se está obligado por juegos específicos de reglas históricas. La obligación es acatar el mandato constitucional, en consonan-cia con otras disposiciones de nuestra ley primaria y las rea-lidades del país. En ausencia de conflicto constitucional u otras razones válidas de ley, no deben descartarse ligeramente, como es natural, normas establecidas por la legislación anterior o la jurisprudencia que representen modos adecuados de armonizar intereses contradictorios en campo tan sujeto a desenvolvi-miento constante.

- El caso de autos representa de 'hecho una situación fácilmente resoluble por reglas familiares. 32 L.P.R.A. see. 3144 (3). Es un caso típico de inmunidad ó privilegio restringido, útil doctrina para conciliar el interés en la reputación individual y otros intereses igualmente legítimos.- Un ciudadano que. sospeche razonablemente que se ha cometido, o que se piensa cometer un crimen tiene el privilegio, para su protección y la de la sociedad, de comunicárselo, a las. autoridades correspondientes, o a quien él crea de buena, fe que pueda tomar , acción correctiva. La .comunicación-puede ser falsa, pero el privilegio persiste; Quiñones v. J. T. Silva Banking and Commercial Co., 16 D.P.R. 696. (1910).; Prosser, Handbook of the Law of Torts, 4a ed., West Publishing Co., 1971, págs. 791-79.4; New York and Porto Rico S.S. Co. v. García, 16 F.2d 7.34 (1st Cir. 1926).

Se pierde la inmunidad si la comunicación se entabla con quien no existe razón para creer que puede proteger el interés del actor o de la comunidad, según sea el caso; o si el actor le imparte publicidad excesiva al asunto; o si el actor se mueve por motivos impropios. Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963); Pueblo v. Polo, 14 D.P.R. 786 (1908); Pueblo v. Rodríguez, 32 D.P.R. 327 (1923); Prosser, op. cit., 792 et seq. El hecho de que otras personas escuchen o lean incidentalmente una comunicación hecha de modo razonable no anula el privilegio. Quiñones v. J. T. Silva Banking and Commercial Co., supra.

Las comunicaciones a la policía del género que nos con-cierne están cubiertas muy particularmente por la doctrina del privilegio restringido. Restatement of the Law of Torts, Second, Tentative Draft No. 20, April 25,1974, sec. 594, págs. 190, 194; sec. 598, pág. 213. Así debe ser, pues si la ciudadanía sólo pudiese querellarse, aun razonablemente, a los agentes del orden público sobre la posible comisión de delitos bajo la amenaza de responsabilidad por difamación u otras ac-ciones por daños y perjuicios, se afectaría sensiblemente la lucha contra el crimen. No significa este principio, del otro lado, que la reputación de las personas queda totalmente a la merced de ataques infundados. Las restricciones que se le im-ponen al privilegio entrañan protección adecuada, como exige nuestra Constitución, contra ataques abusivos a la honra.

En el caso presente el señor Hau les notificó a los funcionarios debidos la desaparición de su revólver. Se dirigió a la policía y, a instancia de ésta, al Administrador de Distrito de la Autoridad de Acueductos. Aun de no habérselo requerido la policía, tenía derecho a quejarse también a dicho Administrador de la alegada conducta del subordinado de quien sospechaba. Restatement Second, supra, 214. No se probó que la queja se debiese a motivos impropios o que fuese irrazonable o que se le impartiese publicidad por el recurrente a otras personas o que se excediesen de otro modo las condiciones de la inmunidad restrictiva. Sobre este particular debe recordarse que, establecido el privilegio, él peso de la prueba respecto a su abuso recae enteramente sobre el demandante. Romany v. El Mundo, Inc., 89 D.P.R. 604 (1963); Restatement Second, supra, sec. 613, pág. 267 et seq. Aun asumiendo, por tanto, el carácter infamatorio de la carta al Ing. Christian, asunto que cuestiona el recurrente fundándose en Rodríguez v. Waterman Dock Co., 78 D.P.R. 738 (1955), no hay base en el récord para responsabilizar al recurrente por difamación o injuria. Tampoco existe fundamento para hallarle incurso en persecución maliciosa, Rodríguez v. Waterman Dock Co., supra, a la pág. 741, o por culpa o negligencia bajo las disposiciones generales del Art. 1802 del Código Civil. Cf. Romany, supra.

En vista de la determinación expresada, es innecesario que nos pronunciemos en el caso de autos sobre el efecto de los derechos constitucionales a la libre expresión, a solicitar del Gobierno la reparación de los agravios y otros derechos reser-vados a la ciudadanía en una democracia.

Se revocará la decisión recurrida.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Federico Hernández Denton en su carácter de Director de ASERCO, en representación y a nombre de Eugenio Cámara Rodríguez, Wallace A. Seda, Víctor M. D’Cristina y Otros, demandante y recurrido, v. Western Pines Corp., demandada y recurrente.

      Número: R-73-148

      Resuelto: 28 de abril de 1975

      Víctor E. Báez, abogado de la recurrente: Yusif Mafuz Blanco, Pedro J. Saade Llorens, Wilfredo López Irizarry, Juan M. Láncara Reyes, Pedro Juan Torres Acevedo, Ramiro Agosto Carrasquillo, Samuel Mártir Santiago, Mario Batiz Santos y José Rubén Gaztambide, abogados de la Administración de Servicios al Consumidor.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

Acordamos revisar la sentencia de injunction permanente dictada por el Tribunal Superior, Sala de Mayagüez, contra la recurrente Western Pines Corp., en lo sucesivo Western, en el pleito de clases instado por el recurrido F. Hernández Denton como Director del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), para beneficio de varios consumidores que otorgaron contratos de compraventa con Roma-Vel, Inc., denominada subsiguientemente Roma, en el proyecto de urba-nización residencial Belmonte I, Mayagüez, Puerto Rico. La sentencia reconoció a varios compradores el derecho a adquirir de Western, por precio convenido con Roma, no sujeto a cam-bio, varias residencias en el referido proyecto.

Nuestra disposición del caso exige que consignemos total-mente las determinaciones de hechos del ilustre tribunal sen-tenciador, las cuales tienen apoyo en la prueba:

“1. Los demandantes perfeccionaron cada uno independiente-mente y en fechas distintas contratos similares con la Corpora-ción Roma-Vel Inc. mediante los cuales ellos se obligaron a com-prarle y ésta se obligó a venderles las casas y solares a que se contrae cada uno de dichos contratos. (Véase párrafo 3 anterior.)
2. Cada uno de esos contratos contiene el precio convenido para la compra venta.
3. Esos contratos en su cláusula 18 dispone que el mismo obliga a las partes, sus sucesores, herederos o causahabientes.

4. Luego de concertados esos contratos con los demandantes la Corporación Roma-Vel Inc. se acogió a un procedimiento de quiebra ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para Puerto Rico y previa orden de ese tribunal la demandada Western Pines Corp. compró a Roma-Vel Inc. a través del síndico nom-brado por el Tribunal Federal los terrenos y edificaciones a que se refieren los contratos mencionados en el hecho primero de estas determinaciones, mediante la escritura número 288 de 7 de diciembre de 1972, ante el notario José A. Lavastida sobre Agrupa-ción, compra-venta y constitución de hipoteca en garantía de precio aplazado.

5. La demandada está dispuesta, y así lo ha hecho saber a varias de las personas que firmaron contratos con Roma-Vel Inc. que está dispuesta a asumir las obligaciones de dichos con-tratos siempre y cuando los compradores estén dispuestos a pagar los precios que ahora exige por esas propiedades pero no está dispuesta a venderlos al mismo precio pactado con Roma-Vel Inc.

6. La demandada ha hecho circular entre los demandantes un impreso titulado ‘Solicitud de Cancelación’ en los que induce a éstos a cancelar su opción o contrato del lote o apartamiento que tienen separados en la Urbanización Belmonte y que es objeto del contrato con Roma-Vel Inc. y autorizar a la demandada a disponer libremente del lote o apartamiento de referencia y a admitir que nada tienen que reclamar a la demandada. La prueba demuestra que con ello logró que un gran número de compradores opcionistas cancelaran sus contratos.

7. Mediante la cláusula 7 de la escritura número 288 Western Pines Corp. ‘asume expresamente la responsabilidad legal im-puesta por las disposiciones del artículo 1483 del Código Civil de Puerto Rico en relación con todas las edificaciones, construidas, vendidas y entregadas desde el día 31 de Julio de 1970 en el pro-yecto conocido como ‘Belmonte’ 1 y cualquier responsabilidad exigida bajo las disposiciones aplicables de las leyes y reglamen-tos de la Administración Federal de Hogares o la Administración de Veteranos, así como cualquier otra responsabilidad, legal im-puesta a los contratistas bajo las leyes de Puerto Rico.’ (Página 5 de dicha escritura.) ”

A tono con tales hechos, las siguientes conclusiones de derecho fueron formuladas:

“1. A nuestro juicio ipor virtud de la cláusula y condición número 7 contenida en la escritura número 288 Western Pines Corp. se constituyó en sucesora de Roma-Vel Inc.

2. El artículo 1485 del Código Civil de Puerto Rico 31 LPRA 4126 dispone que:

‘El arquitecto o contratista que se encarga por un ajuste alzado de la construcción de un edificio u obra en vista de un plano convenido con el propietario del suelo no puede pedir aumento de precio aunque se haya aumentado el de los jorna-les o materiales; pero podrá hacerlo cuando se haya hecho algún cambio en el plano que produzca aumento de obra, siempre que hubiese dado su autorización el propietario.’

3. Además, en el contrato firmado entre los demandantes y Roma-Vel Inc., en su cláusula 11 se dispone que ‘nada de lo expresado en este contrato será interpretado como una renuncia por parte del comprador de cualesquiera derechos que le son dispo-nibles de acuerdo con el artículo 1483 del Código Civil de Puerto Rico y la ley número 130 del 13 de Junio de 1967.’

En su artículo 10(c) (1) (17 LPRA 510) dicha ley dispone, entre otras cosas, lo siguiente:

(C) El contrato de promesa de compra venta o el de compra venta contendrá con precisión razonable los particu-lares enumerados en los subincisos (1) al (6) del inciso (B) que proceda y, además dispondrá:

1. Precio cierto que no se podrá aumentar a menos que sea por acuerdo de las partes.

La Ley 130 es una ley de Puerto Rico, de gran interés público, que impone responsabilidad legal a los contratistas, responsabili-dad que asumió expresamente la Western Pines Corp. en la cláu-sula 7 del párrafo 3 de la escritura número 288.

4. Entendemos y resolvemos que por razón de la responsabili-dad asumida por Western Pines Corp. en el contrato de compra venta ya citado (la escritura número 288), las disposiciones del artículo 1485 y la ley número 130 (supra) viene obligada a vender a las personas que tenían contrato con Roma-Vel Inc. las casas y solares a que se refiere cada uno de sus contratos, por el precio allí convenido.”

La recurrente Western señala y discute los siguientes erro-res, que analizaremos en igual orden: falta de jurisdicción sobre la materia; falta de capacidad (standing) para tramitar el pleito de clase y la concesión de injunction sin fianza; y error en la conclusión de que venía obligada a honrar los con-tratos efectuados sin poder variar el precio de compraventa originalmente pactado por Roma.

Bajo el razonamiento de que la corte de quiebras federal autorizó la venta de los terrenos en cuestión, sobre los cuales Roma mantiene un interés de veinte por ciento (20%) como acreedora hipotecaria y de que la sentencia tiene el efecto de vulnerar la garantía prestada, se argumenta que el tribunal a quo carecía de jurisdicción para entender en la materia.

No podemos convenir con este enfoque ya que la acción judicial no estaba dirigida contra Roma, que era la entidad en el procedimiento de quiebra, sino contra una corporación distinta contra quien se alegó el haber asumido ciertas obligaciones como “contratista”. No milita en contra el que la recurrente adquiriera los terrenos en cuestión, y que Roma quedara como acreedora con un interés parcial en los mismos, pues tal interés estaba debidamente protegido en virtud de la cláusula tres de la escritura de compraventa que obliga a Western a satisfacer a Roma la suma de $1,750 al venderse y entregarse por escritura pública cada casa y solar del proyecto. Aun cuando la doctrina vigente señala que la existencia de un interés de un quebrado sobre determinada propiedad, como acreedor hipotecario, sin bien confiere jurisdicción a la corte de quiebra, ésta no es automática ni exclusiva excepto cuando se está ejercitando una acción sobre la hipoteca en sí; 11 Remington, Bankruptcy; Sec. 4362, pág. 44 (1953) o cuando la corte la asume, hecho que no obstante el tiempo transcurrido y los planteamientos habidos ante dicho foro, que tengamos conocimiento, no ha ocurrido. El error no fue cometido.

Respecto al error que consigna la capacidad del Administrador de DACO para comparecer a instar pleitos de clase como el presente en que está envuelto el interés de unos compradores de unas residencias en un proyecto de construcción, no debe haber dudas de su facultad. Dos piezas legislativas de vanguardia procesal para la protección de los consumidores puertorriqueños apoyan esta conclusión: la Ley Núm. 118 de 25 de junio de 1971 (32 L.P.R.A. secs. 3341-3344), y la Ley Núm. 148 de 27 de junio de 1968 (23 L.P.R.A. sec. 1001 et seq.). Aun cuando ambas convergen hacia un mismo propósito, a saber el reconocimiento del pleito de clases de los usuarios, la segunda autoriza a la recurrida DACO a comparecer para beneficio del “. . . consumidor en general, de grupos de consu-midores o de algún consumidor en particular.” (23 L.P.R.A. sec. 1005(c).)

Abona lo anterior el historial legislativo y el texto de la Ley Núm. 130 de 13 de junio de 1967 (17 L.P.R.A. see. 501 et seq.), que intenta prevenir y remediar prácticas indeseables en el negocio de la construcción a través de dicho organismo al cual le fueron trasladados los poderes y deberes de la Oficina del Oficial de Construcción en virtud de la Núm. 148 de 27 de junio de 1968 (23 L.P.R.A. see. 1002). Como parte del diseño administrativo y en el descargo de tal función, no sólo hemos reconocido el poder de adjudicar querellas . y dictar órdenes correctivas en el ámbito administrativo, Hernández Denton v. Quiñones Desdier, 102 D.P.R. 218 (1974), sino el de. acudir directamente al foro judicial a cobrar las multas administrativas que imponga utilizando los mecanismos proce-sales de ley más apropiados, económicos y convenientes: Pérez Colón v. Cooperativa de Cafeteros, 103 D.P.R. 555 (1975).

Resolvemos que la acción de injunction instada en el.prer sente caso contra la recurrente Western representa mu.ejerci-cio válido de las facultades de DACO en el desempeño de sus deberes y responsabilidades; acción que no queda desnatura-lizada por el argumento de la recurrente de que por no haberse vinculado originalmente con los compradores,, no incurrió en práctica indeseable. Bajo-la alegación de. ser la sucesora de la contratante original Boma, habida cuenta de su intento de variar posteriormente el precio de compraventa fijado inicial-mente, nos es difícil llegar a otra determinación que no sea la de que intentó violar lo dispuesto en el Art. 10 (c) (1) de la mencionada Ley Núm. 130 que prohíbe la variación del precio cierto de una compraventa por una urbanizadora, salvo acuer-do entre las partes.

Corolario de lo anterior, no erró el ilustre tribunal sentenciador al no exigir de la recurrida DACO fianza para expedir el injunction, requisito del cual está exenta por disposición expresa de la Regla 57.3 de Procedimiento Civil vigente.

Resta considerar la corrección de la conclusión del tribunal de instancia en el sentido de que la recurrente Western se constituyó en sucesora de Roma y como tal viene obligada a honrar los contratos otorgados.

Para sustanciar este error se argumenta, en síntesis, la inexistencia de prueba de que las casas de los consumidores hayan sido construidas, vendidas o entregadas dentro del período visualizado en la escritura de compraventa (31 de julio de 1970 a 7 de diciembre de 1972), ante lo cual éstos no pueden beneficiarse de la cláusula contenida en dicha escritura, que de haberse perfeccionado una compraventa, los consumidores tenían que haber acudido a la corte federal; y que resulta inaplicable la norma del Art. 1485 del Código Civil por no haber los compradores demostrado que la recurrente, como arquitecto o contratista, acordó la construcción por pre-cio obligado y con vista a un plano.

El examen detallado del Contrato de Compraventa otorgado por los consumidores con Roma, nos confirma que se trata de una compraventa perfecta que contiene todos los requisitos necesarios del Art. 1339 de nuestro Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3746). A tal efecto, el documento en cuestión refleja clara-mente que entre Roma y cada uno de los consumidores medió convenio entre las cosa — solar con expresión de eolindancias y modelo de estructura, y precio cierto pagado en parte inicial-mente y en parte pospuesto — restando meramente la entrega y la formalidad de otorgarse una escritura pública. Siendo ello así, es obvio que la cláusula que nos ocupa, mediante la cual la recurrente expresamente asumió obligaciones que la ley impone a los contratistas, beneficia y tiene el alcance de cubrir aquellas personas que habían otorgado con Roma contratos de compraventa desde el 31 de julio de 1970.

El lenguaje de dicha cláusula se extiende, como correctamente concluyó el tribunal de instancia, a la prohibición de variar el precio, establecida en el artículo 1485 mencionado, no siendo argumento en contrario la ausencia de prueba testifical sobre precio alzado con vista a un plano, puesto este hecho fue establecido por los propios términos del Contrato de Compraventa. Así, en la cláusula primera se pactó la ubicación de la casa, el tipo a construirse, ello de “... conformidad sustancial con el plano del tipo arriba indicado ...” y en la segunda “[la] VENDEDORA manifiesta y EL COMPRA-DOR reconoce que con anterioridad al otorgamiento de[l] contrato le ha suplido o le ha ofrecido al COMPRADOR o su representante para su inspección, toda la información pertinente relativa a este Contrato, tal como el plano preparado por la VENDEDORA para el desarrollo del proyecto antes men-donado, su localización exacta, los planos y especificaciones para la construcción de la casa, el tipo, fachada, método de construcción. . . (Énfasis suplido.) Resolvemos que se de-mostró mediante prueba documental la aplicabilidad del artículo del Código Civil y de que este error no fue cometido.

Cualquier determinación en contra implicaría que estaría-mos condenando nuestro Código Civil a una existencia estática e inmutable, propiciando su muerte por asfixia de hermenéu-tica judicial resultante del inexorable transcurrir del tiempo; posición que no hemos de adoptar por oponerse a nuestra res-ponsabilidad de pautar el Derecho Civil en base a los nuevos horizontes que exige nuestra vida contemporánea. Debemos tener presente que el Art. 1485 de dicho cuerpo, al igual que otros que tratan sobre la responsabilidad del contratista, hay que analizarlo a la luz de las nuevas técnicas de construcción en masa, la redacción de contratos que ello implica y el tráfico de compraventas que genera una sociedad en constante cambio, en armonía con la tendencia filosófica plasmada en las leyes promulgadas para proteger al consumidor de prácticas y suti-lezas, aparentemente legales, pero que entrañan el germen y vicio de ilegalidad o inmoralidad.

La sentencia será confirmada.

El Juez Asociado, Señor Martín no intervino.

       Ello dispone del cuarto error discutido por la recurrente en el sen-tido de que las determinaciones de hecho números 5 y 6 son contrarias a las estipulaciones acordadas, pues aquellas tanto en esencia como en contenido, recogen el lenguage de éstas.

      La naturaleza remedial de la acción de clase para consumidores reconocida en la mencionada Ley Núm. 118 y su interacción con la recurrida DACO, queda manifestada por la intervención que en cualquier transacción judicial a ésta se le confiere según la sección 8 (32 L.P.R.A. see. 3843).

      A1. discutir este error, la recurrente aclara que el lenguaje de la cláusula séptima de la escritura de compraventa entre Roma y ella, en lo que respecta al alcance de su obligación, debe ceder a lo solicitado y autori-zado ante la Corte dé Quiebras, a saber de que su obligación fue respecto a “. . . all houses built, sold or delivered . . .” y no como se tradujo en la escritura “— todas las edificaciones construidas, vendidas y entregadas ....” A nuestro juicio la diferencia en la traducción es inmaterial y en última instancia, el texto en inglés, implica una ampliación de su responsabilidad pues se refiere específicamente a casas construidas, vendidas o entregadas.

       Habiéndose acompañado en la demanda como modelo común a todos los compradores el Exhibit A, copia del contrato de uno de ellos qué tiene como .fecha 31 de agosto de 1971 y en'vista de-las estipulaciones acordadas, estimamos que el tribunal de instancia tuyo suficiente prueba .para concluir que los contratos fueron otorgados icon posterioridad al 31 de julio de' 1970.


author: per curiam:

text:
    Monserrate Madera Meléndez, peticionario y recurrente, v. Fidel A., Angela, Sixto, María y Laura Negrón, opositores y recurridos.

      Número: R-74-270

      Resuelto: 29 de abril de 1975

      Enrique Corchado Juarbe, abogado de la recurrente; José N. Dapena Laguna, abogado de los recurridos.
   per curiam:

El recurrente promovió expediente de dominio para inscribir a su nombre un solar en el Barrio Asomante de Aibonito que describió como de un área de 987.94 metros cuadrados, segregado de finca de mayor cabida. La medida superficial del inmueble con su equivalencia en el sistema métrico decimal es elemento esencial que ha de contener la inscripción. Art. 9, Ley Hipotecaria.

A la petición se opusieron algunos de los inmediatos ante-riores dueños, y el tribunal de instancia la denegó por no ha-berse justificado el dominio. Aparece luego de autos que a una moción de reconsideración del peticionario recurrente dejó el juez sin efecto su decisión y ambas partes estipularon ante el magistrado que se autorizara la inscripción de 600 metros cuadrados. El juez aprobó la estipulación y les requirió una mensura, nuevos linderos y un proyecto de resolución. Como transcurrieran más de 2 años sin someterla, el tribunal deses-timó la solicitud. Es contra dicha orden que se recurre en revisión.

La acción del promovente admitiendo una reducción sus-tancial del área del solar que pretende inscribir enerva su anterior reclamo de una cabida de 987.94. La estipulación tuvo el efecto de una transacción entre promovente y oposito-res en lo que concierne a la cabida del solar y desplaza toda conclusión que sobre el particular pueda derivarse de la prueba.

Luego de haber pactado y de haberle solicitado el juez un proyecto de resolución aprobatoria del expediente donde apareciera el solar deslindado con la cabida acordada, las partes han dejado transcurrir más de 2 años sin producir el documento final. Toda vez que los expedientes no tienen derecho a vida eterna en los tribunales, es correcta la decisión administrativa de instancia desestimando la solicitud, que en este caso debe entenderse sin perjuicio de que el promovente pueda con mayor diligencia y mediante acción de deslinde obtener la fijación definitiva de los límites de su solar de 600 metros y su eventual inscripción en el Registro de la Propiedad.

Se dejará sin efecto el auto de revisión indebidamente expedido.


text:
    José M. Alonso García, en su carácter de Administrador del Fondo del Seguro del Estado, recurrente, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada; José R. Sánchez Dávila, lesionado.

      Número: O-74-349

      Resuelto: 29 de abril de 1975

      Moisés García Viera, Jorge Márquez Gómez y Miguel A. Guzmán Soto, abogados del recurrente; Antonio E. Arraiza Miranda, abogado del lesionado.
   per curiam:

El obrero José R. Sánchez Dávila sufrió un accidente del trabajo el 10 de noviembre de 1968. No fue hasta cerca de dos años después — el 23 de octubre de 1970 — que se dio conocimiento de dicho accidente al Fondo del Seguro del Estado. El Administrador del Fondo inició prontamente la correspondiente investigación y mientras tanto, se inició el pago de dietas, incluyendo una cantidad global por el período transcurrido desde la fecha del accidente hasta que éste fue informado.

El 21 de noviembre de 1973 el Administrador emitió deci-sión final en el caso determinando que el obrero sufrió un accidente del trabajo el 10 de noviembre de 1968 y que como consecuencia ha quedado totalmente incapacitado para traba-jar. Dispuso que se pagara al obrero una compensación equi-valente al 66% por ciento del jornal que devengaba al ocurrir el accidente y que de los pagos a hacérsele se le dedujese “pro-porcionalmente la suma de $7,579.80 que se le pagó por error por el período comprendido entre el 11 de noviembre de 1968 y el 23 de octubre de 1970.” El obrero apeló contra esta deter-minación para ante la Comisión Industrial.

Luego de celebrar una vista y oír a las partes, la Comisión resolvió que no procedía descontar de la compensación final concedida al obrero lo pagádole por concepto de dietas. No cuestionó la Comisión si el pago por tal concepto fue hecho indebidamente, limitándose a señalar que “si el Fondo del Seguro del Estado entiende que ha hecho pagos indebidos que radique una acción civil.” Denegada la reconsideración solicitada por el Administrador, éste ha recurrido ante nos.

El pago de dietas procede bajo el Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3, como compensación al obrero mientras se encuentre temporalmente incapacitado para trabajar, siempre que se determine que hubo un accidente del trabajo y que dicha incapacidad es resultante del accidente. Véase Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 712 (1973). La prontitud en la notificación del accidente al Fondo es esencial, tanto para mitigar el estado de penuria económica del obrero y de los que de él dependen que resulta de su incapacidad para trabajar, como para dar oportunidad al Administrador de investigar las circunstancias del accidente y la condición del obrero y hacer una pronta determinación sobre la compensabilidad del accidente y sobre la existencia de alguna incapacidad permanente.

De los autos ante nos no surge la razón por la que la notificación del accidente se dilató dos años. Bajo el Art. 13 de la citada Ley, 11 L.P.R.A. sec. 14, es obligación del patrono pre-sentar un informe escrito al Administrador dentro de los cinco días después de ocurrir un accidente, notificando todos los por-menores del accidente y del obrero lesionado. No hacerlo, además de constituir un delito bajo dicho artículo, es base para una acción civil del obrero contra el patrono si ello tiene el efecto de privarle de los beneficios dispuestos en la Ley. Véase Torres v. Municipio de Ponce, 62 D.P.R. 711 (1943).

No habiéndose cuestionado ante la Comisión, ni habiéndose resuelto por dicho organismo si el pago retroactivo de dietas fue indebidamente hecho, no está ante nos resolverlo. Ciertamente, si el pago fue hecho indebidamente, el Fondo del Seguro del Estado tiene derecho a resarcirse, y no es menester para ello que recurra al foro judicial.

El Art. 124 del Código Político, 3 L.P.R.A. see. 278, dis-pone, en lo aquí concerniente:

“No se pagará dinero a ninguna persona por concepto de salario, o reclamación entablada contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o los municipios, si el interesado se hallare en descubierto con el Estado Libre Asociado o un municipio, por deudas atrasadas, y así consta en los récords del Estado Libre Asociado o del municipio, mientras no hubiere aquél arreglado sus cuentas y satisfecho todas las cantidades de las cuales fuere responsable. Disponiéndose, que por razones suficientes y siempre que los intereses del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de un municipio, resultaren con ello beneficiados, podrán hacerse los necesarios pagos de retribución o salario devengado por per-sonas en descubierto con el Estado Libre Asociado o un munici-pio, que continúan en el servicio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, corporaciones públicas o municipios mediante la aprobación del Secretario de Hacienda, si la deuda es con el Estado Libre Asociado o con la del Alcalde si la deuda es con un municipio.
En todos los casos en que la paga o salario de alguna persona, o una cantidad por reclamación reconocida como buena contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o contra un municipio, se retuviere en cumplimiento de esta sección, deberá abonarse a cuenta de la deuda o persona alcanzada, la cantidad así retenida o la parte de ella que fuere necesaria para satisfacer o extinguir dicha deuda. El Secretario de Hacienda, en lo que respecta a deu-das con el Estado Libre Asociado, queda por la presente autori-zado, si la situación económica del deudor así lo justificare, a conceder un plan de pagos parciales que facilite el pago de la deuda. En lo que respecta a deudas con los municipios, será el Alcalde del municipio, con la aprobación de la Asamblea Municipal, quien tendrá la facultad para conceder planes de pago.”

Para la fecha en que se emitió la decisión del Administra-dor ya estaban vigentes los párrafos 2A, 2B y 2C, adicionados a 1 Art. 3 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, por la Núm. 53 de 31 de mayo de 1972. Los párrafos adicionados tuvieron el propósito de remediar la situación en que se encontraría un obrero lesionado si no recibiera compen-sación durante el período de su incapacidad temporal o de recuperación, pendiente de que se determine si su condición es compensable. Para ese propósito crean un Fondo de Anti-cipo para el Pago de Incapacidades Transitorias y autorizan al Administrador para que con cargo a dicho Fondo pague las dietas al obrero mientras se determina el aspecto de com-pensabilidad, quedando a salvo el derecho del Administrador de recobrar lo pagado indebidamente por ese concepto, al esta-blecer un “gravamen preferente sobre el seguro o cualquier otro plan a que tenga derecho el lesionado.”

Como puede colegirse, bien bajo el Art. 124 del Código Político, como bajo los citados párrafos adicionados por la Ley Núm. 53 del 1972, el Administrador puede recobrar, mediante un plan de descuentos como el dispuesto por él, los pagos hechos indebidamente.

Se revocará la resolución de la Comisión Industrial y en su lugar se dictará otra confirmando la decisión del Adminis-trador del Fondo del Seguro del Estado.


author: El Juez Asociado Señor Dávila

text:
    El Pueblo de Puerto Rico, peticionario, v. Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de San Juan, Hon. Gerardo Carreira Más, Juez, demandado; Luis Fernando Sánchez Báez, interventor.

      Número: O-75-71

      Resuelto: 29 de abril de 1975

      Myriam Naveira de Rodón, Procuradora General, Ana Belén Frías, Procuradora General Auxiliar, abogadas del peticiona-rio; Dora Nevárez Muñiz, abogada del interventor.
   El Juez Asociado Señor Dávila

emitió la opinión del Tribunal.

Luis Fernando Sánchez Báez, conocido por Randal, fue acusado por los delitos de violación, contra natura y asesinato en primer grado. Se declaró culpable de los dos primeros y en cuanto al último el Tribunal Superior, Sala de San Juan, Ca-rreira Más, J. determinó, como cuestión de derecho, luego de examinar la declaración jurada del único testigo de cargo, que los hechos relatados en la misma no imponían responsabilidad al acusado.

Al resolver la cuestión el Juez expresó:

“Bueno, examinada la declaración jurada, el Protocolo de Autopsia, examinado al fin, el expediente del Señor Fiscal, el Tribunal entiende que este acusado, Luis Fernando Sánchez Báez, entró en una conspiración o formó parte de un mutuo acuerdo con otras personas para la comisión de unos hechos delictivos, a saber, el delito de Violación y el delito de Contra Natura. En-tiende el Tribunal que este acusado, como los otros, son igual-mente responsables de todos los actos cometidos por cualquiera de ellos en la consumación y hasta la terminación de la conspiración a la cual entraron. También cree el Tribunal, y ese es el criterio jurídico nuestro, de que el acusado sería igualmente responsable de la consecuencia normal, natural y predisponible de los actos de la conspiración a la cual entraron, pero concluye el Tribunal que este acusado, Luis Fernando Sánchez Báez, terminó, mejor dicho, la conspiración a la cual él entró en relación con la Viola-ción y Contra Natura, cesó cuando se consumaron estos hechos y el acusado se ausentó del sitio, se separó del grupo, dejó de ser parte ya de la conspiración del acto al cual él había entrado voluntariamente y por lo tanto, cree el Tribunal que este acusado, ausente como estaba del sitio, habiéndose terminado la conspira-ción a la cual entró voluntariamente, y más aún, demostrando con esa intención un acto de llamar la atención a los otros de que no continuaran golpeando a la perjudicada y ausentándose del sitio voluntariamente, y no siendo el delito de Asesinato, o los actos cometidos con posterioridad, parte ni consecuencia natural del delito de Violación y Contra Natura, el Tribunal entiende que este acusado, Luis Fernando Sánchez Báez, no es responsable de los actos cometidos por sus otros co-conspiradores una vez termi-nada la conspiración a la cual él voluntariamente, repito, entró para la comisión del delito de Violación y Contra Natura. Es decir, que ya había terminado la conspiración esa. Ya había ter-minado y él no puede ser responsable de los actos cometidos en su ausencia, sino que los mismos fueron previsibles por él y fuera del ámbito de la conspiración a la cual había entrado.”

El juez de instancia suspendió los procedimientos para dar oportunidad al fiscal de revisar. Accedimos a ello.

No podemos concurrir con el criterio expresado por el juez de instancia. De la declaración jurada surge que los tres acto-res participaron activamente desde el comienzo. Surge que Guiyi (otro coacusado) “le dio [a la víctima] contra una pared de cemento varias veces por la cabeza”; que Betún (la víctima) se cayó al piso quedando inconsciente; “que Guiyi y Randal cogieron entre los dos a Betún y siguieron caminando por el callejón.” Luego los tres participantes realizaron los actos que dieron margen a las acusaciones por los delitos de Violación y Contra Natura. Tras consumarse estos delitos, uno de los conspiradores, Guiyi, “empezó a darle con la cabeza contra el piso y entonces Randal le dijo a Guiyi que dejara a esa mujer quieta que la iba a matar, que entonces Guiyi se paró y sacó un peso del bolsillo y se lo dio a Randal y éste dijo ‘nos vemos’ y se fue.” Seguidamente Guiyi realizó otros actos horrendos contra la infeliz mujer. Finalmente la abandonaron desnuda en una vía pública.

El interventor no puede escapar su responsabilidad por el delito de asesinato, luego de haber consumado conjuntamente con otros dos una serie de actos criminales, retirándose de la escena del crimen, terminando así su participación activa en los actos delictivos, estando la víctima ya inconsciente a consecuencia de los golpes que le habían propinado en la cabeza. Para que el abandono de una acción criminal concertada pueda levantarse como defensa por los hechos ocurridos con posterioridad al retiro, tienen que concurrir ciertas circunstancias. Es indispensable la existencia de un intervalo de tiempo razonable entre el abandono de la actividad criminal y el acto delictivo por el cual se imputa responsabilidad. Pollack v. State, 253 N.W. 560, 565 (Wis. 1934). El lapso de tiempo tiene que ser suficiente para que los otros participantes tengan la oportunidad de seguir el ejemplo del que se retiró y refrenar su actuación criminal concertada. People v. Brown, 186 N.E.2d 321, 324 (Ill. 1962). La comisión del delito debe ser imputable a una causa independiente. People v. Ortiz, 219 P. 1024, 1027 (Dist. Ct. App. Calif. 1923). En State of Nebraska v. Wilson, 222 N.W.2d 128, 130 (Neb. 1974), se hace una clara expresión de los elementos de esta doctrina: escapar responsabilidad .por un acto que es el resultado natural de un plan criminal que él ha ayudado a confeccionar y a llevar a cabo, huyendo al instante en que el acto en cuestión esté a punto de ser cometido y la transacción que inmediatamente lo engendra ha sido de hecho comenzada. Véanse People v. Nichols, 230 N.Y. 221, 129 N.E. 883, Pollack v. State, 215 Wis. 200, 253 N.W. 560.” Ver además People v. Norton, 327 P.2d 87 (Dist. Ct. App. Calif. 1958) y People v. King, 85 P.2d 928 (Dist. Ct. App. Calif. 1939).

“Para que sea efectiva como defensa, tiene que haber un in-tervalo apreciable entre el alegado abandono de la empresa criminal y el acto por el cual se trata de evitar responsabilidad. El co-conspirador debe tener una oportunidad razonable para seguir este ejemplo y arrepentirse de una acción subsiguiente antes de que el acto en cuestión sea cometido. Un conspirador no puede

En el presente caso el acusado, aquí interventor, ni actuó a tiempo ni hizo todo lo posible para impedir la consumación del acto delictivo. Tampoco la comisión del delito fue imputable a una causa independiente.

Se revocará la resolución recurrida y se devolverá el caso al Tribunal Superior, Sala de San Juan para ulteriores procedimientos consistentes con lo expuesto en esta opinión.


text:
    Carlos P. Franceschi et al., demandantes y recurridos, v. Texaco Puerto Rico, Inc., demandada y recurrente.

      Número: R-73-145

      Resuelto: 29 de abril de 1975

      Beverley, Rodríguez, Estrella & Pesquera, Igor Domínguez y Jorge Rodríguez Micheo, abogados de la recurrente; Miguel A. Velázquez Rivera y C. R. Urrutia de Basora, abogados de los recurridos.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

El 26 de abril de 1960 el recurrido Franceschi, dueño de una estación de servicio de gasolina y la corporación Texaco Puerto Rico, Inc., hicieron el siguiente negocio: Texaco prestó a Franceschi $22,000.00 con interés al 4% anual a devolverse por el deudor en término de 20 años mediante plazos men-suales de $133.32. El deudor y su esposa garantizaron el préstamo con hipoteca constituida sobre un edificio de hormi-gón de dos plantas, del cual la principal o baja se destinaba a estación de servicio. Simultáneamente el deudor Franceschi dio en arrendamiento a Texaco dicho local comercial de la estación por término de veinte años y canon de $200.00 por mes. Dicho arrendamiento se formalizó en documento público que eventualmente fue inscrito en el Registro de la Propiedad. Se reguló en el mismo el derecho de las partes a desistir del arriendo. Texaco podía hacerlo con simple notificación de seis meses; el arrendador Franceschi sólo podría desistir pasados los primeros 4 años y sólo si obtenía un comprador que se obligara a no instalar en el local estación para des-pacho de gasolina, estipulándose además una opción pre-ferente de Texaco para comprar por el mismo precio que ofreciera el tercero. Acto seguido se suscribe un documento privado legalizado por notario, pero no inscribible, mediante el cual la arrendataria Texaco subarrienda a su deudor Franceschi el local que acaba de tomar en arrendamiento, por el mismo canon mensual de $200 y término de 19 años y 11 meses. Este canon de subarriendo cancela y compensa el de $200 que hubiese tenido que pagar Texaco en el arren-damiento original a su favor. Los curiosos contratos simul-táneos de arrendamiento y subarrendamiento no presentan explicación ni causa. Sí producen el resultado práctico de reducir al deudor hipotecante a la condición de arrenda-tario o inquilino de lo que es suyo, sin beneficio económico en el trueque de cánones. Una ulterior y grave limitación de su derecho de dominio se produce cuando su acreedora Texaco se convierte en arrendataria del local por 20 años con título inscrito en perjuicio de tercero, mientras el suba-rrendamiento constituido bajo afidávit no trasciende la esfera de los contratantes.

El deudor ha ofrecido a su acreedora pagar por antici-pado el balance íntegro de la hipoteca pero ésta rehúsa el pago amparándose en la ausencia de una cláusula que así lo permita en la escritura de constitución del crédito. Fran-ceschi acudió al tribunal con una acción de sentencia decla-ratoria en la que ambas partes solicitaron sentencia sumaria fundada en la contratación que hemos reseñado. La sala de instancia calificó los contratos como de adhesión y resolvió (1) que el deudor y arrendador original tiene igual derecho que Texaco a desistir del arrendamiento sin más requisito que una notificación de 60 días; y (2) que el deudor, no obstante el silencio de la escritura de hipoteca, puede acelerar su pago o saldar la misma en cualquier tiempo. Expedimos auto para revisar.

El contrato de arrendamiento entre deudor y acreedora es inexistente. (Art. 1312 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 3391.) Carece de causa pues el pago de canon fue inmediatamente anulado por el subarrendamiento. Todo resulta un artificio en que la arrendataria Texaco no ha de cumplir la esencial obligación de pagar el precio del arrendamiento en los términos convenidos (Art. 1445 del Código Civil) pues queda exonerada de inmediato de dicha fundamental prestación al subarrendar por el mismo canon a su propio arrendador, resultando en tal distorsión de la voluntad contractual que a la postre viene Franceschi a ser arrendatario de lo que le pertenece, sin percibir precio, compensación ni utilidad de clase alguna a pesar de que enajena por un período de veinte años la posesión y disfrute de lo que es suyo. “[La obligación de pagar el precio del arrendamiento] es la primera y la más sustancial de todas las obligaciones del arrendatario, la que pone de manifiesto de más ostensible manera el carácter bilateral del contrato, pues si le es debido el goce y uso de la cosa, es a causa de la obligación de pagar el precio y si éste debe ser satisfecho por él es por razón del disfrute que se le reconoce. Esta obligación es de las esenciales, de las que no pueden derogarse ni sustituirse por otra, porque entonces el contrato dejaría de ser de arrendamiento. La es-fera de eficacia de la voluntad de las partes queda reducida a pactar la forma, plazos, condiciones y modalidades del pago del precio; pero no puede llegar hasta relevar al arrendatario de ese pago dejando subsistente el arrendamiento.” Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo X, Vol. 2, pág. 136, Sexta edición (1969). Por lo extendido del término de este arrendamiento, por su esencial efecto de coartar y restringir por todo el plazo de veinte años, que es también el de la hipo-teca, el derecho dominical del deudor, anulando su libertad de vender el inmueble gravado, este diseño contractual está dirigido a conceder a la acreedora hipotecaria un control económico sobre el inmueble que excede en mucho la garantía lícita que provee la hipoteca, y está a un paso del pacto comisorio proscrito por el Art. 1780 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 5048).

Los pactos prohibitivos de la facultad dispositiva del deudor no siempre se identifican por su forma externa, sino por su efecto último. Como se dijo en la exposición de motivos de la Ley Hipotecaria de 1861 del pacto de no volver a hipotecar, se trata de “una condición onerosa, que no debe tener fuerza civil obligatoria por carecer de objeto, por disminuir innecesariamente sin justicia, y sin explicación posible, el crédito territorial, y por parecer más que una garantía, una exigencia exorbitante arrancada a la situación angustiosa en que en momentos dados puede encontrarse el propietario.” La inoperancia y condenación del pacto de no volver a hipotecar (Art. 107 (4) de la Ley Hipotecaria, 30 L.P.R.A. see. 203(4) ha sido extendida por jurisprudencia al que prohíbe enajenar. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, Tomo 4, Vol. 1, págs. 409,411, Sexta edición (1968).

Por ser la trabazón de contratos simultáneos de hipoteca, arrendamiento y subarrendamiento un mecanismo restrictivo de la libre contratación y del derecho de disposición de su propiedad por el deudor hipotecante, es contrario a la ley, la moral y el orden público. Art. 1207 del Código Civil (31 L.P.R.A. see. 3372). Y siendo ficticio, inexistente y espurio el contrato de arrendamiento, ninguna eficacia tiene su cláusula condicionando la facultad del arrendador para resolver el mismo. Art. 1227 del Código Civil.

El segundo obstáculo puesto en el camino a este deudor que desea librarse de la hipoteca, es la omisión de un pacto en el título constitutivo del crédito, que autorice el pago anticipado. También para este caso provee el Código Civil, ese generoso manantial de derechos que habrá de alumbrar en cuantas ocasiones se le confronte con la inequidad. Su Art. 1080 dispone que siempre que en las obligaciones se designa un término, se presume establecido en beneficio de acreedor y deudor, a no ser que del tenor de aquéllas o de otras circunstancias resultan haberse puesto en favor del uno o del otro.

Son circunstancias indicativas de que el término en esta hipoteca se estableció para beneficio del deudor las siguientes: (a) que según sur je de autos, la acreedora Texaco no se dedica a prestar e invertir dinero, sino a vender gasolina, por lo que no podía ser su intención derivar de este negocio las utilidades sucesivas de pago de intereses

que caracterizan la inversión lucrativa; (b) el tipo bajo de interés de 4% anual y los módicos plazos de amortización de sólo $133.32 mensuales son ventajas para el deudor obtenibles mediante la dispersión de los pagos en el largo período de veinte años; y (c) al tiempo de la constitución del crédito no hay indicio de que el deudor tuviera capacidad económica para asumir la obligación de pagar la deuda en término más breve que el acordado. Cuando del tenor de la obligación y de circunstancias coetáneas a su constitución el plazo resultare establecido en favor del deudor, podrá éste utilizarlo oponiéndose eficazmente a las reclamaciones prematuras, ó renunciarlo, anticipando el pago. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, Tomo 3, lima, edición (1974), págs. 174, 175; Manresa, Comentarios al Código Civil Español, Tomo 8, Vol. 1, Sexta ed. (1967), pág. 449. En el caso que resolvemos, el silencio de la escritura ha sido superado por la evidente realidad extrínseca. El deudor recurrido tiene derecho a renunciar el plazo y pagar la hipoteca en cualquier tiempo.

Se modificará la sentencia revisada sólo en cuanto exige notificación del arrendador original a su arrendataria para resolver el arrendamiento, toda vez que dicho contrato no tiene eficacia alguna, y asi modificada la sentencia de instan-cia es por la presente confirmada.

El Juez Presidente, Señor Trías Monge, se inhibió.

      Las cláusulas de desistimiento disponen:

        (a) Por el arrendador Franceschi

        . . En cualquier momento después de los primeros cuatro años de vigencia de este contrato de arrendamiento los arrendadores esposos Fran-ceschi-Pérez podrán cancelar, rescindir y dejar sin efecto alguno este con-trato siempre y cuando que notifiquen a la arrendataria por escrito y con no menos de sesenta días de anticipación a la fecha de efectividad de tal cancelación el ejercicio del derecho que les queda aquí reservado; disponién-dose, sin embargo, que los arrendadores no podrán hacer uso del derecho de cancelación o rescisión aquí mencionado a menos que previa notificación por escrito a la arrendataria, hubiesen formalizado alguna transacción de venta o arrendamiento de la finca objeto de este contrato y siempre y cuando que el uso y disposición que haya de darse a la propiedad objeto de este con-trato por los nuevos dueños o arrendatarios de la misma no sea el de esta-ción de servicio de gasolina.”
      (b) Por la arrendataria Texaco

      “DECIMACUARTA: La arrendataria podrá cancelar y dar por ter-minado el presente contrato en cualquier momento previa notificación por escrito a los arrendadores con seis meses de antelación a la fecha de efec-tividad de tal cancelación o rescisión.”

      En una economía de acelerado ritmo y grandes mutaciones no tiene atractivo para ningún comprador una propiedad cedida en arrendamiento por el término de casi una generación; y menos cuando no podrá usarla con-forme a su destino estructural y ubicación para su mejor provecho. Se llega a una virtual prohibición de enajenar por la duración de la hipoteca.
      Se completa la restricción con la imposición al deudor hipotecante por la cláusula Quinta (g) de la escritura de constitución de . . no vender, donar, ni en ninguna otra forma ceder ni traspasar la finca hipotecada a terceras personas sin haber obtenido el consentimiento por escrito de la acreedora.”