author: El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

text:
    Santos De Jesús Díaz y la Sociedad de Gananciales compuesta por él y su esposa Diómedes Ortiz Pérez y Edgardo De Jesús Ortiz, demandantes y recurrentes, v. Carlos M. Carrero, Sucn. Epifanio Ocasio et al., demandados y recurridos.

      Número: R-82-76

      Resuelto: 21 de abril de 1982

      Rubén Rivera Ramos, abogado de los recurrentes; Félix M. Cifredo Camacho, abogado del recurrido Carlos M. Carrero; los demás recurridos no comparecieron.
   El Juez Asociado Señor Díaz Cruz

emitió la opinión del Tribunal.

En acción de daños y perjuicios instada el 12 julio, 1973 por los recurrentes De Jesús Díaz, su esposa Diómedes Ortiz y el hijo de ambos Edgardo De Jesús Ortiz, contra Epifanio Ocasio y su esposa Amparo Ferrao, éstos fueron emplazados el 30 julio, 1973; y fechado a 9 agosto, 1973 comparecieron dichos demandados representados por su abogado Sr. Ramón León Malavé mediante moción en la que admiten haber recibido “en su residencia copia de la demanda y del emplazamiento diligenciado por el señor Luis Ramos” mas impugnan la suficiencia del emplaza-miento en cuanto al marido y un hijo menor de edad. La citada moción fue radicada el 13 agosto, 1973 en Secretaría del Tribunal Superior de Bayamón y al día siguiente 14 agosto, 1973 los cónyuges demandados Ocasio y Ferrao comparecieron ante su propio abogado en el pleito de daños Lie. Ramón León Malavé en esta ocasión actuando como notario público y otorgaron la escritura Núm. 6 titulada “Constitución de Hipoteca Garantizada por Paga-rés” (sic) en la que declararon ser dueños y titulares regístrales de una parcela de cuerda y media en el Barrio Buena Vista de Bayamón, en la que tienen edificadas dos casas residenciales y un local de negocio en hormigón y bloques y dos estructuras más de madera dedicadas a negocio y arrendadas; que para “obtener crédito” habían emitido ese mismo día doce (12) pagarés al portador iguales, cada uno por principal de $10,000, interés al tipo de 8% anual y fecha de vencimiento común para el 14 agosto, 1977 para un total de $120,000, sin especificación de cuantía líquida para costas y honorarios de abogado en caso de ejecución; y procedieron a constituir hipoteca en garantía de pago de los referidos doce títulos valor.

De las determinaciones del tribunal, admisiones y constancias en autos, surge que el 24 agosto, 1977 la Sala de Bayamón dictó sentencia en el caso de daños por la que condenó a los demandados esposos a pagar $10,000 a los entonces y ahora demandantes, más intereses legales. El demandado y deudor en daños y perjuicios Epifanio Ocasio falleció al año de la sentencia y los pagarés, que en ninguna parte se dice que hubiesen sido puestos en circulación por los deudores demandados, aparecen ocu-rrido el deceso, en poder de Carlos M. Carrero, cuñado de la viuda y deudora Amparo Ferrao. La emisión de los doce vales hipotecarios agotaron el patrimonio de los deman-dados responsabilizados en la sentencia por daños, Epifanio Ocasio y Amparo Ferrao, por lo que los demandantes De Jesús-Ortiz no han podido ejecutarla, a pesar de gestiones ante la Sucesión Ocasio y el tenedor de las obligaciones Carrero, por lo que aquéllos radicaron demanda el 20 diciembre, 1979 para cobrar su crédito en la que alegaron que la emisión de los doce pagarés y la constitución de hipoteca por $120,000 para garantizarlos, así como su entrega por los deudores a su cuñado Carrero fue un esquema de simulación, en perjuicio de los acreedores y efectuada “con el único propósito de frustrar los fines de la justicia y evitar el cobro de la sentencia que recayera en su día”. El tenedor de los pagarés Carrero contestó a esto que “entre efectivo adelantado y garantías colaterales” la suce-sión de Epifanio Ocasio le adeuda $34,762.77; que su posesión es legal, y que “su actuación de brindar ayuda económica a [la Sucesión] obedece a un acto legítimo y humanitario”; y que los pagarés son “garantía del crédito otorgado” por él a la sucesión. (Énfasis nuestro.) En la conferencia preliminar entre abogados informó como teo-ría de defensa contra la acción de nulidad que su posesión de los pagarés es legítima; y que la acción de los demandantes sobre nulidad de hipoteca está prescrita; y al informar su prueba documental no incluyó ni un solo instrumento notarial en resguardo de los casi $35,000 que dice le adeuda la sucesión.

El caso sobre nulidad de hipoteca y fraude de acree-dores se llamó a juicio con la sola comparecencia de Carrero, ausentes todos los miembros de la sucesión demandada quienes no contestaron la demanda, hallándose en rebeldía. La sala de instancia al terminar la prueba de los demandantes desestimó su demanda (Regla 39.2 Proc. Civil) basada en dos premisas: Ira que los deman-dantes carecen de causa de acción para impugnar como nula y en fraude de acreedores la escritura de hipoteca, por no ser ellos acreedores de los cónyuges hipotecantes a la fecha de su otorgamiento; y 2da que la ejercitada tomada como acción rescisoria había prescrito por disposi-ción del Art. 37 de la anterior Ley Hipotecaria de 1893 (30 L.P.R.A. see. 62) que le señalaba plazo de un año desde el día de otorgamiento de la escritura.

Hay un escrito de oposición del recurrido Carrero a la expedición del auto en el que nada añade a las conclusiones del magistrado que no sea la referencia por primera vez a la insuficiencia de la prueba que establezca en principio el derecho de los demandantes a un remedio, y pase el onus probandi al demandado tenedor de los pagarés. Resolvemos a tenor de la Regla 50 de nuestro Reglamento.

La apertura del remedio justo en materia de fraude de acreedores, ha sido la ruta de evolución en el desarrollo del derecho moderno, encaminada hacia el fortalecimiento del deber jurídico plasmado en el Art. 1811 del Código Civil: del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor, con todos sus bienes presentes y futuros; el Art. 1064: los acreedores después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor, pueden impugnar los actos que éste haya realizado en fraude de su derecho; en el Art. 1250: el que hubiese adquirido de mala fe las cosas enajenadas en fraude de acreedores, deberá indemnizar a éstos de los daños y perjuicios que la enajenación les hubiese ocasionado, siempre que por cualquier causa le fuere imposible devolverlas; y en la presunción ordenada en el Art. 585: se presumirá siempre hecha la donación en fraude de los acreedores, cuando al hacerla no se haya reservado el donante bienes bastantes para pagar las deudas anteriores a ella; y en las del Art. 1249: se presumen celebrados en fraude de acreedores todos aque-llos contratos por virtud de los cuales el deudor enajenare bienes a título gratuito. También se presumen fraudulentas las enajenaciones a título oneroso, hechas por aquellas personas contra las cuales se hubiese pronunciado antes sentencia condenatoria en cualquier instancia, o expedido mandamiento de embargo de bienes.

El recurso procesal tradicional lo ha sido la acción rescisoria, conocida como pauliana o revocatoria provista en el Núm. 3 del Art. 1243 del Código: son rescindibles los contratos celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo que se les debe.

Mas el recurso del acreedor a la impugnación de actos fraudulentos y simulados que tiendan a crear una insolvencia aparente, no está aprisionado por las presunciones de fraude del Art. 1249, que según tiene declarado el Tribunal Supremo de España son independientes, y no impiden el que por otros medios probatorios se pueda declarar la existencia del mismo, cuya apreciación como cuestión de hecho es de la exclusiva competencia del juzgador de instancia. Estas dos presunciones juris tantum relativas a las enajenaciones a título gratuito y oneroso respectivamente no agotan los casos posibles de fraude, siendo muchos más los motivos que vician de fraude el contrato; pues como sostiene Manresa, “las formas y medios de que la mala fe se vale son difíciles de prever y señalar anticipadamente, y en todo caso el definirlas con límites precisos, ofrecería el inconveniente de favorecer a aquélla con la impunidad si sabía revestir apariencias distintas de las que el legislador prevé”. Comentarios al Código Civil Español, 4ta ed., 1929, T. 8, pág. 688.

Cuando su criterio se ejerce libre de la imposición de la presunción legal, una vez acreditado el hecho base, queda la cuestión remitida al buen sentido del juzgador en el que deben pesar los más poderosos indicios de fraudulencia, como la festinación en la enajenación, la insolvencia del deudor, sus relaciones de parentesco, intimidad o de confianza con el adquirente, el estado de los negocios del dueño trasmitente y de las reclamaciones judiciales contra él pendientes. Concurre Castán Tobeñas en que el fraude puede probarse por medios distintos a los establecidos en el Art. 1.297 (1249 P.R.) y que la aprecia-ción del fraude, como cuestión de mero hecho, es facultad de la sala sentenciadora. Derecho Civil Español, lOma ed., 1967, T. 3, pág. 238.

Según Diez-Picazo, el Art. 1.291 (1243 P.R.) exige que se den dos condiciones para que el acto o negocio pueda ser rescindido: que se haya realizado en “fraude de acreedores” y que éstos “no puedan de otro modo cobrar lo que se les deba”; dos presupuestos de la acción revocatoria, la insolvencia del deudor y el fraude. La insolvencia supone incapacidad del patrimonio para soportar todas las deudas que sobre él pesan; el fraude no requiere prueba de designio o propósito del deudor de perjudicar a sus acreedores, basta demostrar que conoció el resultado producido. Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, Ira ed., 1979, T. 1, págs. 744-745.

No es preciso —reitera Castán Tobeñas— según la doctrina científica, que se dé y se pruebe la intención de perjudicar a los acreedores (animus nocendi); basta la previsión o cono-cimiento de que con el acto que va a realizar el deudor imposibilita el que el acreedor pueda hacer efectivo su crédito. (Énfasis del autor.) Op. cit., pág. 238.

Nuestra jurisprudencia va a la par con la doctrina enunciada. En Carrasquillo v. Lippitt & Simonpietri, Inc., 98 D.P.R. 659, 662 (1970), y en García López v. Méndez García, 102 D.P.R. 383, 386 (1974), abandonamos la calificación de prueba “sólida”, “clara y convincente” e “incontestable” de The Texas Co. v. Estrada y Álvarez, 50 D.P.R. 743, 747-748 (1936), para advertir que la regla general de que el fraude no se presume solo significa que aquél que lo afirma debe probarlo con certeza razonable, con preponderancia de prueba que satisfaga la conciencia del juzgador. Fue así derribada una muralla de mayor exigencia en el grado de prueba que no servía otro propósito que dar una protección especial a los agentes de fraude que no tienen los demás demandados. En Roig Commercial Bank v. Portela, 52 D.P.R. 647 (1938), al destacar la diferencia entre la acción rescisoria pauliana y la de nulidad radical basada en la simulación que nunca prescribe, consideramos fraudulentas en perjuicio de acreedores las enajenaciones hechas por el deudor con proximidad al otorgamiento de un mero pagaré en sustitución de otros vencidos e impagados. En armonía con la corriente que preconiza la fulminación del fraude, sin que se llegue a determinarlo por simples conjeturas, dijo este Tribunal:

Hemos considerado la demanda y aunque nominalmente se titula como de “rescisión” de contrato, llegamos a la conclu-sión de que debe ser considerada como una que primordial-mente trata de dejar sin efecto o deshacer una transacción celebrada ficticiamente por el deudor del demandante y otros, con la intención fraudulenta de impedir que el demandante recobre lo que se le debe. La corte inferior, no sin justificación alguna, aplicaba lo que ella consideró ser el único estatuto bajo el cual podía instruirse el pleito, mas creemos que su decisión a este respecto debe ser revocada. Las cortes existen primordialmente con el fin de hallar un remedio para un daño legal. Esto es especialmente cierto en casos de fraude, cuando las simpatías del juzgador deben estar con la persona defraudada, de suerte que no debe privársele de su derecho por algún motivo realmente técnico, como por ejemplo, el intitular su demanda indebidamente, cuando aparece que ella aduce suficientes hechos de los cuales se puede establecer una causa de acción definitiva a su favor. Pág. 651.

Se ratificó la norma de escrutar cada situación sin ataduras técnicas procesales para exponer el fraude, si la evidencia inclina la honrada conciencia y buen sentido del juzgador de hechos, al resolver que no es requisito indispensable a la causa de acción del demandante para anular un traspaso fraudulento, que la deuda u obligación estuviere vencida o fuera exigible en la fecha en que se efectuó la alegada enajenación; se estimó que el fiador demandado en daños por embargo ilegal se constituyó en deudor del afectado por éste, con un deber jurídico de resarcimiento, y que la condición de acreedor quedó fijada desde que se otorgó la fianza a su favor en fecha anterior a la del traspaso cuya nulidad se planteaba y no obstante la falta en esa temprana etapa de una determinación judicial sobre la ilegalidad del embargo; y reiterando la expresión en Roig Commercial Bank, supra, de que en casos de fraude las simpatías del juzgador —más propiamente la libre inclinación del arbitrio judicial— deben estar con la persona defraudada, y que aquél debe sobreponerse a los obstáculos técnicos, dijimos:

La misión principal de las cortes de justicia es proporcio-nar un remedio legal adecuado para la reparación de cualquier daño que haya sido ilegalmente causado al que ante ellas acude en demanda de auxilio. Ubi jus, ibi remedium. Mayor aún debe ser el celo y el cuidado de los tribunales, en el cumplimiento de tan alta misión, cuando se trata de perseguir o de evitar el fraude y la simulación. Castellón v. Padín, 60 D.P.R. 378, 385-386 (1942).

Del parentesco íntimo entre deudor y su primer adquirente, hecho que asoma en una pluralidad de contra-

tos simulados o ficticios en fraude de acreedores, dijo este Tribunal tanto en The Texas Co., ante, como en Nine v. Avilés, 53 D.P.R. 494, 500 (1938), que aun cuando aislada no es suficiente para adjudicar la fraudulencia del acto o contrato, sí constituye una circunstancia sospechosa que integrada a otras puede conducir la apreciación justa y racional de la prueba a una declaración de nulidad, y al menos a transferir el peso de la prueba del demandante al adquirente directo del deudor.

Con especial relevancia al caso que nos ocupa, hace Castán el definitivo deslinde entre la acción rescisoria pauliana y la de nulidad radical o absoluta:

Finalmente, aunque en la práctica sea a veces confundida la Pauliana con la acción de declaración de simulación (a causa de que una y otra constituyen un recurso concedido a los acreedores para revocar aquellos actos del deudor que les colocan en la imposibilidad de hacer efectivos sus créditos), son, en realidad, fundamentalmente distintas, ya que la de simulación es una acción de nulidad o inexistencia. El caso de la acción Pauliana es el del deudor que ha enajenado verdadera, pero fraudulentamente (por regla general, para reemplazar una cosa fácilmente embargable por valores fáciles de ocultar), mientras que el de la acción de simula-ción es el del deudor que aparenta realizar una enajenación, que, en realidad, no existe o es distinta de la verdadera-mente realizada. Al lado de esta diferencia esencial por razón de la naturaleza de cada una de estas acciones, existen entre ellas otras diferencias en orden a las personas que pueden ejercitarlas, a los requisitos que para ello se exigen, a los efectos que producen y a la prescripción. Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma ed., 1967, T. 3, pág. 234.

A la luz de la teoría legal esbozada, no hay duda de que los recurrentes establecieron un caso prima facie de nulidad de actuaciones y presunción de fraude de acree-dores que transfiere el peso de la prueba al demandado-recurrido Carrero. La forma atropellada en que los deu-dores esposos Ocasio-Ferrao, ya notificados de la demanda en daños y perjuicios, comparecen ante su propio abogado actuando como notario justo un día después de presentar en el tribunal, no una contestación sobre los méritos de la cosa litigiosa, sino una alegación de insuficiencia de emplazamiento; el admitido parentesco íntimo entre deu-dores hipotecantes y Carrero; la desproporción en la cuantía de $120,000 a que quedó afecto el único patrimonio de los deudores consistente en V/2 cuerda y estructuras en un barrio de Bayamón; la posible falta de negociabili-dad de dichas obligaciones en las que no se garantiza una cantidad específica para costas y honorarios en caso de ejecución; el hecho de que no fueron negociadas ni puestas en circulación —su vencimiento común a cuatro años plazo las hacía poco menos que irredimibles— sino que aparecen todos los doce pagarés en manos del cuñado; la admisión por éste de que no tiene un solo documento notarial en que Ocasio o su sucesión reconozcan el total o parte de los $35,000 que él dice haberles entregado en efectivo en parte y la otra como colaterales de fianzas por motivaciones humanitarias de ayuda al prójimo; el silencio de la sucesión deudora en rebeldía y ausente el día del juicio, son circunstancias y hechos que acusan la existencia de fraude en perjuicio de acreedores, que integran una presunción o estado prima facie de conducta dolosa, de fraude de la ley, que elude el deber jurídico de pagar lo debido mediante un camino indirecto que constituye grosso modo un subterfugio.

Erró la sala de instancia al resolver que los deman-dantes —que al tiempo de constitución de la hipoteca fraudulenta no tenían sentencia a su favor, sino una demanda radicada— no eran acreedores de los esposos Ocasio-Ferrao, consecuencia de confundir esta acción de nulidad radical por inexistencia de contrato con la acción rescisoria gobernada por las presunciones del Art. 1249 del Código Civil. Por igual razón y otras incidió el juzgador al estimar la acción prescrita por el plazo de un año del Art. 62 de la anterior Ley Hipotecaria. 30 L.P.R.A. see. 62. Tanto éste como su sucesor que es el Art. 108 de la nueva Ley, 30 L.P.R.A. see. 2358, limitan su efecto a las acciones rescisorias y aun en éstas excluyen de su protección al primer adquirente en la relación fraudulenta. Castán, op. cit., págs. 242-243; Prof. José R. Vélez Torres, Curso de Derecho Civil, 1981, T. 4, Vol. 1, pág. 289. No es la ejer-citada por los recurrentes la llamada rescisoria o pauliana, y sí la de nulidad absoluta que no tiene término para su ejercicio. Cuando se incurre en simulación, no hay rescisión sino nulidad. Roca Sastre, Derecho Hipotecario, 6ta ed., 1968, T. 2, pág. 700; Roig Commercial Bank v. Portela, supra; cf. González Rodríguez v. Fumero, 38 D.P.R. 556 (1928); García López v. Méndez García, supra, pág. 395. La prueba de los demandantes ha vencido la presunción de ino-cencia, honradez y pureza, atributo congénito, mas que-bradizo, de las actuaciones de los hombres.

Con estos antecedentes y fundamentos se expide el auto, se revoca la sentencia recurrida y se devuelve el pleito a instancia para continuación de procedimientos compatibles.

       Transcribimos:
      “Prueba documental:

        Parte demandante:

        Parte demandada (Co-demandado Carlos M. Carrero)
      1. Libreta de ahorro
      2. Recibos de la Sucesión
      3. Documentos del Tribunal en casos de fianza
      4. Cualquier otro se notificará oportunamente.”

      La Regla 45.1 de Procedimiento Civil da por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, como efecto de la anotación de rebeldía, pero el juez de instancia consideró su deber relevarlos de dicha consecuencia después de comprobación de lo aseverado, extremo innecesario toda vez que la prueba documental admitida sin oposición, (expediente del pleito en que recayó sentencia en 1977, pagarés y escritura de constitución de hipoteca) y las admisiones de Carrero en autos establecieron un caso prima facie de conducta dolosa y fraudulenta.

      Ss. de 31 mayo 1928,18 mar. 1929 y 23 feb. 1934.

       Y sobre esta amplitud y las pruebas tan variadas del fraude, añade:
      “Reina, por consiguiente, gran amplitud en esta materia, y cabe alegar infinitas presunciones ab homine, con la lógica diferencia, respecto a las legales, de que en éstas acreditado el hecho base, la aplicación de los preceptos del Código o de la ley Hipotecaria se impone al juzgador, so pena de que estime aquellas presunciones desvirtuadas por una prueba contraria, lo cual es muy difícil; y en cambio para las otras presunciones de fraude no establecidas por la ley goza de la ordinaria amplitud en cuanto a la apreciación del hecho base y de su conexión con el fraude, del que se pretende sea demostración. La amplitud de facultades en los Tribunales para rechazar estas presunciones particulares es tan amplia como para admitirlas, y está reconocida por la sentencia de 21 de Marzo de 1900.” Pág. 688.

      S. de 10 de julio, 1896. Manresa, op. cit., págs. 688-689.

       Diez-Picazo también reconoce dos hipótesis: una cuando el comportamien-to fraudulento del acreedor encaja en uno de los moldes típicos de la acción revocatoria o pauliana; y la otra cuando el subterfugio o escamoteo de bienes por el deudor para no pagar sus deudas sigue un curso peculiar de evasión de la ley y el deber. Expresa:
      “La protección del acreedor frente al fraude del deudor puede ser establecida en dos líneas diferentes. La primera se realiza a través del ejercicio de las acciones típicas de objetiva defensa y tutela de los intereses de los acreedores (acción revocatoria, rescisoria y pauliana). La segunda, subsidiaria de la anterior, se produce mediante la aplicación de la regla general de la inadmisibilidad del fraude de la ley; con ella se trata de obtener la irrelevancia y la ineficacia de todos aquellos actos del deudor q,ue, sin encajar dentro del marco de las acciones revocatorias típicas, están presididos por un designio consciente de perjudicar el derecho de los acreedores y al mismo tiempo entrañan una circunventio legis; al amparo de una supuesta ley de cobertura se trata de vulnerar la norma que establece la responsabilidad universal del patrimonio del deudor (art. 1911 C.C. [1811 P.R.]): Dicho de otro modo, el ordenamiento jurídico puede reaccionar calificando como fraude de la ley los actos del deudor realizados con la finalidad de lesionar el derecho de crédito.” Fundamentos del Derecho Civil Patrimonial, 1979, Vol. 1, pág. 741.

       Remontándose a 27 C.J. see. 717, en The Texas Co. v. Estrada y Álvarez, supra, a las págs. 750-751, este Tribunal adoptó la siguiente cita, precursora de la remisión de hechos a la facultad estimativa hoy prevaleciente:
      “Cuando las partes en el traspaso están emparentadas entre sí, este hecho, en relación con otros hechos, puede ser suficiente para levantar una presunción de fraude y transferir el peso de la prueba al cesionario para que establezca la buena fe por su parte al aceptar el traspaso y se ha sostenido que se requiere solamente una prueba ligera para hacer pasar el peso de establecer la buena fe de la transacción. Se levanta una presunción de fraude y se impone el peso de la prueba de buena fe al cesionario, cuando en conexión con el hecho del parentesco, se han establecido otros hechos, tales como la insolvencia o circunstancias embarazosas de la parte que hizo el traspaso. (Bastardillas nuestras.)”


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    Miguel A. Resto Casillas y Otros, demandantes y recurridos, v. Ismael Colón González y Otros, demandados y recurrentes.

      Número: R-81-147

      Resuelto: 26 de abril de 1982

      Amando Arias Guardiola, de Arias Cestero & Arias Guardiola, abogado de las demandadas; Magda Soto, abogada del recurrido Fondo del Seguro del Estado; Agustín Mangual Hernández, abogado de los recurridos.
   per curiam:

Mientras se encontraba detenido ante un semáforo, en funciones de su trabajo, Miguel Resto Casillas fue impactado por la parte posterior del auto que conducía por un camión propiedad de la Puerto Rico Distillers Corp. Los médicos del Fondo del Seguro del Estado concluyeron que el señor Resto sufrió una contusión en la espalda y el cuello que causó severo esguince cervical y miositis crónica cervical. Resto estuvo por largo tiempo bajo tratamiento del Fondo. Como consecuencia, su salud mental degeneró y culminó en un diagnóstico de esquizo-frenia tipo indiferenciada. Se determinó un 45% de inca-pacidad mental y un 25% de incapacidad de funciones fisiológicas. Por culpa de ambas incapacidades el empleado se veía impedido de trabajar y debía ser compensado. El Fondo se subrogó en los derechos del empleado e instó demanda de daños y perjuicios. Posteriormente la esposa y los hijos del señor Resto radicaron demanda por los daños que ellos habían sufrido. Se consolidaron ambas demandas, pero la causa de acción de la esposa se desestimó por estar prescrita.

El día del juicio se efectuó una estipulación en cámara. Entre otras cosas, los demandados aceptaron su negligen-cia, aceptaron como ciertos los por cientos de incapacidad determinados por el Fondo y aceptaron que había incurri-do en gastos ascendientes a $30,855. Se admitieron en evidencia varios informes médicos y evaluaciones siquiá-tricas del demandante y de sus hijos menores. Luego de apreciar la prueba, el tribunal de instancia concluyó que los daños físicos y mentales ascendieron a $50,000. Conce-dió la cantidad de $24,180 por concepto de pérdida de ingreso. Conforme a la ley. de esa cantidad el señor Resto debía devolverle al Fondo la cantidad estipulada de $30,855 invertida en su caso. El tribunal, además, concedió a dos de los hijos menores $5,000 para cada uno. El 4 de marzo de 1981 reconsideró y eliminó la partida concedida por concepto de pérdida de ingresos.

Primer error: “Erró el tribunal de instancia al concluir que la condición mental estuvo relacionada con el accidente y que esta determinación no estuvo sostenida por la prueba.” Alegan los demandados que la causa de la condición mental desarrollada por el demandante fue su propia naturaleza, ya que en la familia de éste existe historial de locura prominente. Para que una condición mental sea compensable, la condición tiene que ser de tal naturaleza que origine incapacidad, debe existir relación causal entre el accidente y la condición mental y ésta ha de probarse por medios de prueba convincentes. Morell v. F.S.E., 110 D.P.R. 709 (1981). Anteriormente hemos dicho en cuanto a la relación causal en casos de enfermedad mental desarrollada posterior a un accidente que para que ésta exista basta que un accidente haya sido la causa que exteriorice una condición patológica. Las predisposiciones del que sufre la lesión no derrotan su derecho a compensación. En Concepción Guzmán v. Autoridad de Fuentes Fluviales, 92 D.P.R. 488 (1965), varios siquiatras testificaron. Estuvieron de acuerdo en que el lesionado sufría de personalidad histérica-neurótica. Hubo un fuego en su casa por culpa de una explosión de un poste de la Autoridad de las Fuentes Fluviales que se derrumbó y la incendió. El shock original de la explosión más el estado de ansiedad prolongado durante los días subsiguientes causó una reac-ción de conversión donde la insanidad o miedo se convirtió en enfermedad física.

En el caso de autos, el demandante admitió que tiene varios hermanos que sufren de diversas enfermedades síquicas. Presumiendo que tuviera una predisposición natural a este tipo de enfermedad, no quiere decir que no existió relación causal entre el accidente de auto y la condición actual. Muy al contrario, el informe del 10 de junio de 1975, suscrito por el doctor Alonso, Director de los Servicios de Siquiatría del Fondo, que confirma las opiniones de otros dos de sus facultativos, el doctor López Cumpiano y el doctor Ortiz Cruz, expresa que el caso de esquizofrenia crónica no definida estuvo relacionado con el accidente por agravación. Estas opiniones coinciden con la opinión del siquiatra privado del demandante, el cual redactó un extenso informe y testificó el día del juicio. En el contrainterrogatorio se mantuvo firme en su opinión, expresando que luego de haber estudiado el historial sicológico personal y familiar había concluido que el accidente y la crisis económica y social posterior a éste precipitaron el estado esquizofrénico. La relación causal se estableció por medios de prueba más que convincentes.

El doctor Guzmán Acosta, neurólogo, contratado por la compañía aseguradora de los demandados, examinó al demandante. En su informe de 16 de febrero de 1977, admitido en evidencia, concluyó que todos los datos recopilados indicaban sin duda que el demandante sufría de enfermedad mental. Opinó que pudo deberse a tres causas:

a) el accidente de carro ocasionó el comienzo de activi-dad anti-social de la personalidad sicopatológica de Resto
b) el accidente simplemente agravó una condición o conducta pre-existente que no había sido reconocida
c) la forma burocrática de administrar el tratamiento médico precipitó una condición genética pre-exis-tente.

Opinó que en este caso el proceso patológico fue inducido por el tratamiento médico mismo. Sobre las dos primeras posibles causas ya vimos que la doctrina responsabiliza al demandado por los daños. Sobre la última hemos decidido que cuando una persona por su negligencia es responsable de los daños causados a otra, dicha persona es también responsable de los ocasionados por la forma en que se prestaron los servicios médico-quirúrgicos o de hospital. Rodríguez Sosa v. Cervecería India, 106 D.P.R. 479, 483 (1977); Merced v. Gobierno de la Capital, 85 D.P.R. 552, 556 (1962). Los propios peritos del Fondo, acostumbrados a discernir entre casos fingidos y reales, concluyeron que existía una condición mental. Ahora bien, lo que sí encontramos excesiva es la cantidad de $50,000 concedida. Entendemos que la suma de $30,000 por los daños físicos y morales es razonable.

Segundo error: “Erró el Tribunal de instancia al condenar a los recurrentes al pago de la suma de $30,855 por concepto de gastos incurridos por el Fondo.” No es correcto que el tribunal condenara a los recurridos al pago de la suma de $30,855 por concepto de gastos incurridos por el Fondo. El tribunal determinó que “[d]e la mencionada cuantía que le corresponde al demandante Miguel A. Resto Casillas se deducirá la suma de $30,855 que serían pagados a favor del Fondo del Seguro del Estado”. Bajo el Art. 31 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. 32, un tercero demandado no tiene derecho a impugnar los gastos incurridos por el Fondo. Se trata de una acción de daños y perjuicios común. El Fondo se subroga en los derechos del empleado y lleva la causa de acción en nombre del empleado. Administradora F.S.E. v. Maldonado, 107 D.P.R. 527 (1978); Gallart Adm. v. Banco Popular, 91 D.P.R. 821 (1965). El tercero tiene derecho a impugnar o cuestionar la cuantía de daños físicos, mentales o económicos sufridos por el empleado, pero no tiene derecho a cuestionar los gastos en que incurra el Fondo. Cualquier suma que se obtenga como resultado de la acción de daños responderá por los gastos incurridos por el Fondo. Si esa suma excede los gastos incurridos, el sobrante se le entregará al empleado. Si no excediere, el Fondo sólo recibirá lo concedido al obrero.

En cuanto al tercer error, no intervendremos con la apreciación de la prueba que efectuó el Honorable Juez del tribunal de instancia. Estamos satisfechos con dicha apre-ciación. Él oyó y le dio crédito al doctor Santiago, el cual declaró que uno de los niños se encontraba en estado de desbalance y angustia, y el otro en estado depresivo y de ansiedad, y esto se debía en su opinión a la condición esquizofrénica del padre.

Se modificará la sentencia en los términos antes expre-sados.

El Juez Presidente Señor Trías Monge y el Juez Asociado Señor Negrón García no intervinieron.

       Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Art. 31 (11 L.P.R.A. see. 32).

      No concedió daños al hijo menor por considerar que era muy pequeño para haber sufrido los daños mentales producto de la situación familiar a raíz del accidente.

      En su parte pertinente el Art. 31 dispone:
      “Cuando un obrero o empleado lesionado, o sus beneficiarios en.casos de muerte, tuvieren derecho a entablar acción por daños contra tercero, en los casos en que el Fondo del Seguro del Estado, de acuerdo con los términos de este Capítulo, estuviere obligado a compensar en alguna forma, o a proporcionar tratamiento, el Administrador del Fondo del Seguro del Estado se subrogará en los derechos del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, y podrá entablar procedimientos en contra del tercero en nombre del obrero o empleado, o de sus beneficiarios, dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que la decisión fuere firme y ejecutoria, y cualquier suma que como resultado de la acción, o a virtud de transacción judicial o extrajudicial se obtuviere en exceso de los gastos incurridos en el caso se entregará al obrero o empleado lesionado o a sus beneficiarios con derecho a la misma. El obrero o empleado o sus beneficiarios será parte en todo procedimiento que estableciere el Administrador bajo las disposiciones de ésta sección y será obligación del Administrador notificar por escrito a las mismas de tal procedimiento dentro de los cinco (5) días de iniciada la acción.”


author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Jorge de la Cruz Figueroa, demandante y recurrente, v. James A. Toro Sintes y Emilio Ortiz Alfonso, demandados y recurridos.

      Número: R-81-485

      Resuelto: 28 de abril de 1982

      José E. de la Cruz Skerret y Santiago Polanco Abren, abogados del recurrente; José Ramón Quiñones Coll y José A. Fernández Paoli, de Martínez Álvarez, Fernández Paoli, Menéndez Monroig, Menéndez Cortada & Lefranc Romero, abogados del recurrido Emilio Ortiz Alfonso; James A. Toro Sintes, recurrido, pro se.

   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

Plantea el presente recurso si el derecho exclusivo a la azotea o limitaciones en áreas comunes de un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal confieren a determinados condominos la facultad de cerrar los accesos a dichas áreas. Resolvemos que razones de seguridad pública prevalecen sobre tales derechos o limitaciones al uso común y que ningún condómino tiene facultad para cerrar los accesos a dichas áreas.

Se trata de una demanda de injunction instada por el aquí recurrente Jorge de la Cruz Figueroa para obligar a la remoción, o a que se le entreguen llaves, de determina-dos portones y una puerta instalados en los pisos noveno y décimo del Condominio Dos Torres, sito en la avenida Fernández Juncos en San Juan, sometido al régimen de propiedad horizontal. Se demandó a Emilio Ortiz Alfonso, titular del apartamento LPH-2 (penthouse) al cual se le confirió el uso exclusivo de un área de azotea inmediata-mente encima, para obligarle a remover un portón y una puerta de madera instalados entre el pasillo del piso décimo, en que ubica el apartamento, y la referida azotea. Se demandó además a James A. Toro Sintes para obligarle a remover un portón que instaló en el piso noveno, en que radica un apartamento de su propiedad, que impedía el acceso a las escaleras del condominio. Dicho portón fue luego reubicado por el demandado Toro Sintes en un área de descanso de la escalera, pero continuó alegando el demandante que al así hacerse se limitó el acceso entre el ascensor y dicha escalera. Los pasillos y escaleras en que se colocaron dichos portones constituyen áreas comunes limitadas del Condominio Dos Torres. El demandante es condomino residente del piso octavo.

Al desestimar la demanda, concluyó el tribunal senten-ciador que, en cuanto al portón y puerta del piso décimo, sus llaves están siempre accesibles para dar mantenimien-to a elementos comunes, aunque el codemandado Ortiz Alfonso mantiene el control efectivo de dicha puerta y portón. Concluyó además que se instalaron para “evitar riesgos de accidentes que podrían sufrir las personas que entraran a dicha azotea sin supervisión, especialmente los niños que residen en el condominio Dos Torres”. Determinó como cuestión de hecho en cuanto al portón del piso noveno, que “de la forma en que está ubicado actualmente dicho portón no se impide el libre acceso a las escaleras del condominio entre los distintos pisos”. Nada resolvió sobre la alegación del demandante de que su reubicación por el codemandado Toro Sintes impide el acceso del ascensor a la escalera.

La causa de acción del demandante estuvo predicada principalmente en fundamentos de seguridad, por cuanto dicha puerta y portones cierran vías de escape en casos de fenómenos naturales, tales como terremotos, o los causados por el error humano, como los incendios. Sobre el particular determinó el tribunal sentenciador, como cuestión de hecho:

15. Que en el condominio Dos Torres nunca ha surgido una situación catastrófica o de fenómenos naturales impre-decibles que pudieran poner en peligro inminente de muerte o grave daño corporal a los residentes del condominio Dos Torres, de mantenerse los susodichos portones en los lugares donde ubican.

Señaló el tribunal en sus conclusiones de derecho que “los daños alegados son meramente especulativos y remotos y no justifican la concesión de los remedios solicitados, máxime cuando de la prueba desfilada sí se desprende que nunca ha surgido una situación ‘impredecible de fenómeno natural o catastrófico’ en el condominio Dos Torres”. Citó a continuación Martínez et al. v. Soto, 32 D.P.R. 607 (1923), y Jordán v. Rodríguez, 32 D.P.R. 619 (1923).

Al solicitar reconsideración de la sentencia desestima-toria de su demanda, solicitó el demandante que se tomara conocimiento judicial de un “Informe de Inspección” pre-parado por el Servicio de Bomberos de Puerto Rico, División de Prevención de Incendios, en que se concedieron quince días al Condominio Dos Torres para, entre otras cosas, “eliminar los portones ubicados en el piso #10, que conduce a la azotea por la escalera de emergencia” y “eliminar el portón ubicado en el pasillo del piso #9 [que] . . .está frente al elevador”. Se amparó dicho requerimiento en el Art. 10, Sec. 10.01 del Reglamento de Prevención de Incendios adoptado en virtud de la Ley Núm. 158 de 9 de mayo de 1942 (25 L.P.R.A. sees. 311-322). Considerada la moción de reconsideración, fue denegada luego de argu-mentos escritos de las partes.

Por resolución de 10 de diciembre de 1981 concedimos plazo a los demandados recurridos para mostrar causa por la cual no debíamos expedir el auto de revisión instado por el demandante y revocar o modificar la sentencia recu-rrida. Éstos comparecieron oportunamente mediante sen-dos escritos. Los hemos considerado, pero no nos persuaden para que alteremos el criterio que adelantamos. Veamos.

Atenderemos primeramente lo referente al Informe de Inspección del Servicio de Bomberos. Notamos que la sentencia fue dictada el 26 de agosto de 1981, copia de su notificación fue archivada en autos el 3 de septiembre de 1981, y el Informe tiene fecha de 14 de septiembre de 1981. Es decir, el mencionado informe se produjo después de dictada y notificada la sentencia. Ello no hubiese impedido que el tribunal tomara conocimiento judicial del mismo si se hubiese tratado de un hecho adjudicativo de los previstos por la Regla 11 de Evidencia.

El requerimiento hecho en dicho informe para la eliminación de los portones parte de hechos controvertidos en el pleito. No se trata de hechos “de conocimiento general” ni “susceptibles de determinación inmediata y exacta recurriendo a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada”, que son los hechos adjudicativos de que puede tomarse conocimiento judicial bajo la citada Regla 11. El informe está basado en una inspección hecha con posterioridad a haberse registrado y notificado la sentencia. Es de suponer que dicha inspección se hiciera a instancia de la parte demandante. Como prueba de la situación de los portones y de la deseabilidad de que sean removidos, el informe pudo ser objetado a base de la Regla 61 de Evidencia. De todas maneras, no era propio tomar conocimiento judicial del informe.

El demandante acompañó, además, su moción de reconsideración, con copia del Art. 10 del Reglamento de Prevención de Incendios, adoptado en virtud de la ley que creó el Servicio de Bomberos de Puerto Rico, Ley Núm. 158 de 9 de mayo de 1942 (25 L.P.R.A. sees. 311 a 322). Aunque la disposición que permite tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos aparece como un apartado de la Regla 11 —que se refiere a hechos adjudicativos— nadie discute que también se puede tomar conocimiento judicial de cuestiones de derecho bajo la Regla 12. El mencionado Reglamento fue promulgado en virtud del Art. 4 de la citada ley, 25 L.P.R.A. see. 314, que en su inciso 11 dice lo siguiente:

El Jefe de Bomberos queda además por la presente autorizado para establecer reglas y formular reglamentos para la observancia de las debidas condiciones de seguridad y para evitar incendios en sitios de recreo y deportes, en las industrias, establecimientos comerciales, en los edificios destinados a exhibiciones o a espectáculos públicos y casas apartamientos residenciales, vías públicas y hogares, y estas reglas y reglamentaciones tendrán su efecto de ley, luego de haber sido promulgadas por el Gobernador y publicadas en dos periódicos de circulación general en el Estado Libre Asociado. Toda infracción a cualquiera de las reglas y reglamentos, establecidos por el Jefe de Bomberos, aproba-dos y promulgados por el Gobernador, se castigará con multa no menor de cinco (5) dólares, ni mayor de cien (100) dólares o en su defecto, con cárcel por un período no menor de cinco (5) días, ni mayor de noventa (90) días, o ambas penas a discreción del tribunal. (Énfasis suplido.)

Tomamos conocimiento judicial del citado Reglamento, según enmendado el 13 de septiembre de 1973, que en su Sec. 10.01 dispone:

Sección 10.01. Obstrucción de Medios de Salida
A— Ninguna persona pondrá en ningún momento impe-dimiento alguno delante de, ni en ninguna escalera de escape, balcón o escalera destinada a salida de incendio.

Como puede verse, esta sección no contempla específi-camente obstrucciones del acceso a las azoteas de los edificios, pero no podemos abstraernos a la realidad de que las azoteas pueden ser en un momento dado la única vía de escape de los residentes y ocupantes de un edificio de varios pisos, que se encuentren en los pisos superiores al ocurrir un incendio en los pisos más bajos. Dijimos en Consejo de Titulares v. Vargas, 101 D.P.R. 579, 586 (1973), escolio 7:

Una azotea abierta y despejada que permitió el descenso de helicópteros fue elemento decisivo entre la incineración y la vida de cientos de ocupantes en el incendio de julio pasado en el multipisos de Avianca, en Bogotá, Colombia.

La revisión que en septiembre de 1973 se hizo del citado Reglamento de Prevención de Incendios tuvo como marco anticipado el pavoroso incendio del Hotel Roma en el Viejo San Juan, en la madrugada del 29 de julio de 1973, de que se ocupó a grandes titulares la prensa de nuestro país, de lo cual también tomamos conocimiento judicial. La prensa informó que siete personas perecieron carbonizadas o sofocadas y otras muchas sufrieron heridas de gravedad al hallar clausuradas las posibles salidas de escape. El periódico El Mundo, en su edición del martes 31 de julio de 1973 comentó editorialmente:

Pero queremos oír más sobre las medidas que ha de tomar el Gobierno para eliminar lo que en inglés se llama “fire traps”, aquellas edificaciones desprovistas de los medios adecuados de escape, en caso de suscitarse incendios.

No alcanzamos a comprender la importancia que dio el tribunal de instancia a que “en el condominio Dos Torres nunca ha surgido una situación catastrófica o de fenómenos naturales impredecibles que pudieran poner en peligro inminente de muerte o grave daño corporal” a sus residentes. Que sepamos, tampoco habían ocurrido tales sucesos en los multipisos Avianca de Bogotá y Roma de San Juan. Algunos fenómenos naturales, como los huracanes, pueden anticiparse con razonabilidad, y ello permite tomar precauciones de última hora. Los incendios se producen accidentalmente o se causan intencionalmente, y pueden no dar tiempo para buscar llaves y abrir portones que obstruyan vías de escape. Es sabio y debe tenerse presente el dicho popular: “más vale prevenir que tener que remediar”.

Se argumenta en la oposición al recurso, en cuanto a la azotea, que al constituirse el condominio bajo el régimen de propiedad horizontal se reservó su uso exclusivo al titular del apartamento LPH-2, y se invoca el derecho de propiedad de dicho condomino bajo el Art. 280 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 1111, y lo resuelto en Arce v. Caribbean Home Const. Corp., 108 D.P.R. 225, 245 (1978), sobre la obligación de los adquirentes de un condominio bajo régimen de propiedad horizontal de acatar lo dispues-to en la escritura de constitución como pacto al cual se adhieren. No aceptamos que ese derecho de uso exclusivo tenga el alcance que se le pretende dar.

El Art. 11 de la Ley de Propiedad Horizontal, Núm. 104 de 25 de junio de 1958 (31 L.P.R.A. sec. 1291i), establece como principio general que las azoteas son elementos comunes generales, y por excepción permite estipulaciones en contrario. Dice dicho artículo, en lo aquí pertinente:

Se consideran elementos comunes generales del inmueble:
(c) Los sótanos, azoteas, patios y jardines, salvo disposición o estipulación en contrario.

El derecho de uso exclusivo de la azotea, que por estipulación, en contrario de su condición de elemento común, se concede a un determinado apartamento —un penthouse en este caso— no implica conceder al titular de dicho apartamento un derecho absoluto e irrestricto en perjuicio del bienestar y la seguridad de todos los condominos. Impedir el acceso a la azotea a discreción del titular de dicho apartamento es contrario a la seguridad de los ocupantes del condominio en caso de un incendio, y el llamado derecho exclusivo de uso tiene que ceder en este caso al interés general de los condóminos y a la seguridad de todos. Igual solución se impone respecto a cualquier obstrucción a los medios o vías de acceso como son los pasillos, las escaleras y los ascensores.

No es necesario el concurso de la junta de directores o el de todos o una mayoría de los condominos para promover acción judicial para la remoción de un obstáculo. Cualquier condomino puede ejercitar la acción por tratarse de una cuestión de seguridad pública que le afecta directamente. Y para que proceda el injunction tampoco es necesario probar que se han causado daños, o que han de causarse daños en determinado momento. Nuestras decisiones en Martínez et al. v. Soto, supra, y Jordán v. Rodríguez, supra, citadas por el tribunal de instancia, no tienen ese alcance. Basta probar que deter-minada obstrucción sería contraria a la seguridad pública en caso de acontecimientos previsibles. Véase Ortega Cabrera v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 612, 616-617 (1973), y casos allí citados. Los incendios en los edificios no son acontecimientos de infrecuente ocurrencia.

El recurrente propone dos posibles soluciones al pro-blema en este caso: (1) remoción de los portones y puerta que impiden el acceso a la azotea, o (2) que se le entreguen llaves de éstos. Consideramos que la primera solución, si bien despejaría de dichos obstáculos la vía de escape por la azotea en caso de un incendio, mantendría abierto para los niños el acceso a la azotea, con el consiguiente peligro para su seguridad. La segunda solución, es decir, que se provea al recurrente de llaves de dichos portones y puerta solucionaría el problema para éste en caso de un siniestro, pero no lo solucionaría para otras personas para quienes las llaves no estuvieren disponibles. Es de tenerse en cuenta, además, el derecho de uso exclusivo de la azotea de que disfruta el titular del penthouse.

Una tercera solución podría ser mantener los portones, pero sin cerraduras que necesiten llaves, de manera que cualquier persona pueda abrirlos fácilmente y tener acceso a la azotea en casos de emergencia. Esta solución, por supuesto, tendría que conformarse a las reglamentaciones de seguridad del Servicio de Bomberos o de cualquier otra agencia gubernamental.

No estamos en condiciones de señalar una de éstas, o cualquier otra solución, como la adecuada. Su determina-ción necesita prueba, y posiblemente una inspección ocular sería deseable. El tribunal de instancia está en mejor posición que este Tribunal para hacer una decisión al respecto. Consideramos que la armonía comunitaria entre los condominos, a la cual debe apelarse, puede ayudar a encontrar la más adecuada solución.

En mérito de lo expuesto, se expedirá el auto y se dictará sentencia por virtud de la cual se revoque la aquí recurrida, se declare con lugar la demanda de injunction, y se devuelva el caso al tribunal de instancia para ulteriores procedimientos compatibles con lo expresado en esta opi-nión.

       Dispone dicha Regla 11, en sus apartados (A) y (D) como sigue:
      “(A) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial de hechos que no son razonablemente objeto de controversia por:
      “(1) Ser de conocimiento general dentro de la jurisdicción territorial del tribunal, o
      “(2) ser susceptibles de determinación inmediata y exacta recurriendo a fuentes cuya exactitud no puede ser razonablemente cuestionada.
      “(D) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial en cualquier etapa de los procedimientos, incluyendo la etapa apelativa.”

       Dicha Regla 61 dice:
      “Salvo que por ley se disponga otra cosa, no será admisible prueba de referencia sino de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo. Esta regla se denominará ‘regla de prueba de referencia’.”

       La Regla 12 dispone:
      “(A) Los tribunales estarán obligados a tomar conocimiento judicial de la Constitución y leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Constitución y leyes de los Estados Unidos de América.
      “(B) Los tribunales podrán tomar conocimiento judicial de las leyes y el derecho de los estados y territorios de los Estados Unidos de América, así como de las reglas y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de los Estados Unidos de América.”

       Dispone:
      “La propiedad es el derecho por virtud del cual una cosa pertenece en particular a una persona con exclusión de cualquiera otra.
      “La propiedad concede el derecho de gozar y disponer de las cosas sin más limitaciones que las establecidas en las leyes.
      “El propietario tiene acción contra el tenedor y el poseedor de la cosa para reivindicarla.”

      E;l profesor Hernán Racciatti, en su obra Propiedad por pisos o departamentos, 3ra edición, Buenos Aires, 1975, en la página 397, citando a Bendersky, La propiedad horizontal, dice:
      “En este mismo sentido se ha señalado que la existencia de un agrupamiento organizado, como lo es el consorcio de propietarios, no es óbice alguno para que sus miembros puedan actuar individualmente para la defensa de sus facultades, por cuanto tanto cuando se atenta contra sus derechos privativos, como cuando se desconocen las prerrogativas que se añaden a ellas, el propietario afectado tiene al mismo tiempo que un interés directo y personal, la calidad requerida para acceder al órgano jurisdiccional a fin de obtener el respeto de sus derechos.”


author: PER CURIAM:

text:
    Roberto Huyke Iglesias, et al., demandantes y recurridos, v. Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Beneficencia de Puerto Rico, et al., demandados y peticionarios.

      Número: O-81-19

      Resuelto: 29 de abril de 1982

      Mario Arroyo Dávila, de Dubón, González & Vázquez, abogado de los recurrentes; Jesús Hernández Sánchez, abogado de los recurridos.
   PER CURIAM:

Emitimos orden de mostrar causa dirigida a los demandantes para que comparecieran a exponer razones por las cuales no deberíamos expedir el auto y revocar la resolución del Tribunal Superior, Sala de San Juan, por la cual se niega a desestimar sumariamente la demanda. Han comparecido y resolvemos.

I — I

No existe controversia alguna en que el demandante Roberto Huyke Iglesias es socio activo desde hace varios años de la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Benefi-cencia de Puerto Rico —institución que presta a sus miembros y público en general distintos servicios médico-hospitalarios. Según el contrato suscrito, la institución “no viene obligada a [prestar] otros servicios que los que puedan prestar usualmente sus propios facultativos y las facilidades de su hospital”. Huyke Iglesias ingresó como paciente el 1ro de agosto de 1978 por órdenes del doctor Pérez Anzalota, Cirujano Cardiovascular del hospital para “. . . corroborar su diagnóstico de Aneurisma Abdominal de la Aorta mediante estudio de las arterias y cirugía correspondiente”. Al día siguiente, la Dra. Magali De Mari de Elias, Radióloga, procedió a hacer dicho estudio y a pesar de varios intentos no pudo efectuar el mismo.

El Dr. Pérez Anzalota me informó que el estudio era esencial para efectuar la operación ya que existía la posibilidad de estar las arterias renales afectadas; y por esa razón me refirió al Dr. Raúl García Rinaldi, Cirujano Cardiovascular del Houston Heart Institute quien nos indicó era inminente viajar a Houston. Decisión acertada y corro-borada por los médicos en Houston quienes me indicaron que de haberse efectuado la operación sin el estudio, hubiera podido tener fatales consecuencias debido a la oclusión coronaria existente y no diagnosticada acá.
El 13 de agosto ingresé al Memorial Southwest Hospital y al día siguiente me efectuaron el estudio de las arterias sin contratiempo alguno. Dicho estudio reveló la existencia no sólo de Aneurisma Abdominal de la Aorta sino también una grave afección en las coronarias que tenía que ser corre-gida antes de efectuar la intervención abdominal para evitar un probable fatal desenlace. (Carta del demandante de fecha 7 de diciembre de 1978.)

Tanto el Administrador del hospital, Sr. Aurelio Liado como el Dr. Pablo Morales, Director del Departamento de Radiología, suscribieron declaraciones juradas expositivas de que en el mismo “no se practican, ni nunca se han practicado, ni a socios, ni a pacientes particulares aorto-gramas abdominales o artereogramas aórticos abdominales por la arteria braquial, ya que el Hospital Auxilio Mutuo no cuenta con personal médico con los conocimientos, técnicas y experiencia necesarios para practicar ese tipo de examen por esa vía”. El doctor Pérez Anzalota reiteró ese hecho y que había Ordenado —como requisito indispensable previo a una intervención quirúrgica de un padecimiento de aneurisma en la aorta abdominal— que se realizara “un artereograma aórtico abdominal por la arteria femoral, para determinar antes de la intervención quirúrgica, la extensión de la aorta abdominal que estaba siendo afectada por el aneurisma, y para auscultar si se habían afectado las arterias renales”. Consignó además este galeno lo siguiente:

5-Que tal aortograma abdominal o artereograma aórtico abdominal por la arteria femoral, lo intentó realizar la Dra. Magali De Mari, Radióloga del Hospital Auxilio Mutuo con los conocimientos y experiencia para realizar tal tipo de examen por la arteria femoral, pero que atinadamente desistió de llevar a cabo el mismo ante la imposibilidad de llevar la sonda o aguja que se inyecta por la arteria femoral hasta la aorta, evitando graves consecuencias.
6-Que ante la imposibilidad de realizar el artereograma aórtico abdominal por la arteria femoral, desistimos de realizarle la operación de aneurisma al Sr. Huyke Iglesias, ya que en su caso era indispensable realizarle ese estudio o examen previo a la realización de la operación, cosa que posteriormente fue confirmada por los médicos del Centro de Cirugía Cardiovascular de Houston, Texas, según se expone en las propias comunicaciones cursadas por el Sr. Huyke Iglesias a la Sociedad Española de Auxilio Mutuo y Benefi-cencia de Puerto Rico.
7-Que no se le intentó practicar al Sr. Roberto Huyke Iglesias el artereograma aórtico abdominal por la región lumbar ya que no es recomendable hacer ese tipo de examen, cuando como en este caso, estimamos o sospechamos que tal aneurisma se encuentra localizada en la parte superior de la aorta abdominal, pues de llevarse a cabo bajo esas condiciones podría traer graves consecuencias al pa-ciente, pues podría romper el aneurisma al introducir la aguja a través de la pared del aneurisma.
8-Que no intentamos practicar al Sr. Huyke Iglesias el artereograma aórtico abdominal por la arteria braquial, que era la única vía recomendable para hacerle ese tipo de estudio, ya que el mismo nunca se ha realizado en el Hospital Auxilio Mutuo, por no contar éste con el personal médico especializado con los conocimientos, técnicas y expe-riencia para llevarlos a cabo.
9-Que a preguntas del Sr. Huyke Iglesias sobre el Centro de Cirugía Cardiovascular en Houston, Texas, como un sitio donde podrían realizarle el artereograma aórtico abdominal por la vía braquial y la operación de aneurisma de aorta abdominal, le recomendé el mismo porque allí nos consta que tienen la facultad médica con los conocimientos, técnicas y experiencia para realizar tal tipo de examen.

Por su parte la Dra. Magali De Mari depone para re-afirmar la práctica institucional e individual limitada antes ex-puesta, su intento sin éxito de realizar un artereograma aórtico abdominal por la arteria femoral, del cual desistió “evitándose así al paciente graves consecuencias”.

Contra este trasfondo de hechos, el demandante Huyke Iglesias descansa y se opone a la sentencia sumaria a base de una declaración jurada suscrita por él y su esposa Ana G. Luiggi en la que expone su ingreso en el hospital; que no fue informado de las limitaciones del estudio; que la doctora De Mari, una vez que no pudo por la arteria femoral, se negó hacerla por la arteria braquial; y que esos exámenes se hacen en otras instituciones hospitalarias del país.

II

Esencialmente no hay controversia sobre los hechos básicos y determinantes. La causa de acción del deman-dante Huyke Iglesias está predicada en que el Auxilio Mutuo no cumplió con el deber que tenía de prestarle tratamiento cabalmente, para lo cual tuvo que ir fuera del país. Intenta cobrar los gastos del tratamiento en Houston.

Carece de causa de acción. Ha quedado plena y satisfactoriamente demostrado: (1) que el estudio que realizaba el Auxilio Mutuo era artereogramas aórticos abdominales por la arteria femoral; (2) que se intentó hacerlo en la persona del demandante; (3) que hubo de desistirse para evitar grave riesgo y peligro; (4) que se le recomendó tratamiento en Houston, Texas; (5) que allá fue extensamente tratado; (6) que se corroboró que su condi-ción precisaba de una operación quirúrgica del corazón antes de la cirugía de la aorta.

La condición de socio del Auxilio Mutuo no conlleva servicios médico-hospitalarios ilimitados no disponibles. Tomamos conocimiento judicial de las diferencias que en los Estados Unidos existen en cuanto a adelantos técnicos en la ciencia médica. Hay centros especializados en distin-tas áreas, entre los cuales se destacan los relativos al tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Puerto Rico, por diversas razones, está rezagado en algunos extremos. Aun en hospitales locales pueden existir diferentes técnicas o alternativas para determinados estudios.

En el caso de autos, los hechos no dan margen a la causa de acción por incumplimiento de contrato. Menos, por mala práctica, ya que si algo ha quedado demostrado fue el sentido de prudencia y buen juicio de los facultativos en abstenerse de realizar un examen peligroso y referir al demandante Huyke al centro especializado. Su pretensión no encuentra apoyo jurídico. No tiene un contrato o póliza de salud irrestricta, sino un plan médico con ciertas limitaciones, entre las cuales está la presente.

Continuar el trámite del caso, procesal y sustancial-mente, es improcedente. Sumariamente el foro debió disponer del mismo.

Por los fundamentos expuestos se expide el auto y se dicta sentencia en que se declara sin lugar la demanda, con imposición a la parte demandante de la suma de $500 de honorarios de abogado más las costas del proceso.

El Juez Asociado Señor Dávila se inhibió.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    Leocadio Badillo González, lesionado recurrido, v. Fondo del Seguro del Estado, asegurador recurrente.

      Número: O-81-322

      Resuelto: 30 de abril de 1982

      Alma Osorio, abogada del recurrente; Milagros Muñiz Bou, abogada del recurrido.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El señor Leocadio Badillo González, agente de la Policía de Puerto Rico, sufrió un accidente del trabajo luego de intervenir en el cumplimiento de su deber con un ciuda-dano, quien le disparó varias veces. El Fondo del Seguro del Estado le concedió una incapacidad de un 40% de sus funciones fisiológicas generales, la que elevó a condición de incapacidad total y permanente el 17 de noviembre de 1977.

Mientras se tramitaba su caso ante el Fondo y la Comisión Industrial se le otorgó el 15 de abril de 1976 una pensión por incapacidad al lesionado, conforme los térmi-nos de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958 (25 L.P.R.A. see. 376 et seq.). La pensión recibida es un poco mayor que el sueldo regular de la plaza que el trabajador ocupaba. Posteriormente el obrero reclamó el pago de dietas desde el 16 de marzo de 1976 hasta el 17 de noviembre de 1977. La Comisión Industrial ordenó tal pago. El Fondo alega en alzada que el lesionado no tiene derecho a dietas por recibir una pensión mayor al sueldo que devengaba como trabajador.

El Art. 3(2) de la Ley de Compensaciones por Acciden-tes del Trabajo, 11 L.P.R.A. see. 3(2), dispone en parte:

. . . Ningún empleado o funcionario público podrá recibir durante el período de incapacidad para el trabajo, con excepción del período que disfrute de la licencia regular por vacaciones o por enfermedad, cantidad alguna por concepto de compensaciones semanales que, sumado al sueldo que reciba de la agencia del gobierno para la que trabaje, exceda del sueldo regular de su plaza.

Esta disposición se incorporó al estatuto por la Ley Núm. 163 de 2 de mayo de 1950.

Del otro lado, la Asamblea Legislativa de Puerto Rico estructuró más tarde un plan especial de pensiones para los miembros de la Policía, el Cuerpo de Bomberos, la Guardia de Penales, la Guardia Nacional y los agentes de Rentas Internas. El Art. 9 de la ley aprobada al efecto, la Núm. 127 de 27 de junio de 1958 (25 L.P.R.A. see. 384) ordena tersamente:

Los pagos dispuestos por esta ley serán en adición a cualquier compensación que corresponda al amparo de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

Ante instrucción tan clara el Fondo no arguye que los beneficiarios de las pensiones especiales que provee la Ley Núm. 127 pierden todo derecho a la protección que brinda la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Su planteamiento es que se pierde tan solo el derecho a dietas. Se intenta apoyar parcialmente esta posición en el argu-mento de que el término “compensación” no comprende, según los diccionarios, la acepción de “dietas”.

La lógica del diccionario es de escasa ayuda, por lo general, para resolver esta suerte de problemas jurídicos. Deben explorarse más bien, al interpretar un estatuto, entre otros factores, los objetivos del legislador, las realidades sociales que motivaron el estatuto, el modo en que, en una sociedad cambiante, pueden cumplirse mejor los valores que la ley entraña. En Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 101 D.P.R. 712, 716-717 (1973), incluimos las dietas como uno de los tres tipos de beneficios a que tiene derecho el obrero bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo.

La Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958 expresa su razón de ser en su Exposición de Motivos:

El Pueblo de Puerto Rico tiene cinco clases de servidores de la seguridad pública cuyas vidas se exponen con frecuen-cia a riesgo de incapacidad física o muerte mientras se dedican al ejercicio de sus respectivas funciones en bien de la comunidad: los miembros de la Policía....
En reconocimiento al riesgo que acompaña el desempeño de las funciones de los referidos servidores públicos, y como justa recompensa al celo, arrojo, lealtad y determinación que ellos despliegan en determinadas circunstancias, la Asam-blea Legislativa entiende que es el deber del Gobierno de Puerto Rico conceder a estos servidores, en caso de incapaci-dad física o mental, o, en caso de muerte, a sus familiares una pensión o pago por defunción que les permita atender adecuadamente sus necesidades.

Para subrayar la naturaleza especial y supletoria de esta legislación la Asamblea Legislativa dispuso entonces, como hemos visto, que los pagos ordenados por el estatuto serían “en adición a cualquier compensación que corresponda al amparo de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo”.

El historial legislativo de la Ley Núm. 127 no revela intención alguna de excluir del término “compensación” parte de los beneficios derivables de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo. Por el contra-rio, la Ley Núm. 127 liberalizó sustancialmente la natura-leza de estas pensiones, que arrancan, en forma más limitada, de la Ley Núm. 155 de 9 de mayo de 1938 y de la Ley Núm. 189 de 2 de mayo de 1951. 10 Diario de Sesiones 1264 (1958). La decisión de acumular los pagos obtenibles bajo esta legislación especial a los derivables bajo la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo se remonta al Art. 8 de la Ley Núm. 189 de 2 de mayo de 1951.

La realidad que inspira tal determinación es claramente perceptible. El seguro estatal para accidentes del trabajo representa tan solo un sustituto o en ocasiones un suplemento de la acción torticera. Véanse: United States v. Demko, 385 U.S. 149 (1966); Comment, Can Workers’ Compensation Payments Offset Retirement Pension Benefits?, 17 Calif. Western L. Rev. 493, 495 (1981). La intención legislativa evidente desde 1951 ha sido la de proveer beneficios adicionales a los cinco grupos de servidores públicos que enumera, como compensación por el riesgo mayor a sus vidas que entrañan sus labores. En 1958 y en 1968 la Asamblea Legislativa tuvo la oportunidad de alterar tal esquema. No lo hizo. No es función de este foro variar esa determinación. Véanse: Ley Núm. 127 de 27 junio de 1958 y Ley Núm. 103 de 21 de junio de 1968.

La norma en Estados Unidos, de donde deriva nuestra Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, es permitir la acumulación de beneficios en ausencia de estatuto en contrario. Larson’s Workmen’s Compensation Law, Vol. 4, sec. 97.10, págs. 18-38 y 18-39. En Werner v. Olmstead County, 290 N.W.2d 444 (1980), murió un policía en el desempeño de su deber. Entre otros beneficios, sus herederos recibieron pagos de un fondo para policías y bomberos. La legislación de Minnesota prohibía la com-pensación por accidentes del trabajo si se derivaban otros beneficios que excediesen el sueldo del obrero. El Tribunal determinó que procedía la acumulación de beneficios por entender que la intención legislativa era que tal prohibi-ción no alcanzaba los referidos pagos especiales. Al mismo efecto: City Council of Augusta v. Young, 127 S.E.2d 904 (1962); Teddy v. Michigan Department of State Police, 301 N.W.2d 876 (1981); Grogan v. City of New Britain, 397 A.2d 97 (1978).

El Fondo del Seguro del Estado alega, por último, que “Tal situación [la de permitir la acumulación de beneficios en las circunstancias de este caso], además de afectar negativamente la fibra moral de nuestro pueblo, sería económicamente insostenible y a muy corto tiempo los recursos agregados del estado y/o [sic\ de los sistemas de retiro quedarían desvalijados”. El recurrente se equivoca de foro. Este Tribunal es guardián de la ley. No puede alterar la ley o contrariar la justicia en nombre de la salud financiera del Fondo.

Se confirmarán las resoluciones recurridas.


text:
    Juan A. Rivera González, lesionado, Policía de Puerto Rico, patrono, v. Comisión Industrial de Puerto Rico, etc., demandada recurrida; Fondo del Seguro del Estado, asegurador-recurrente.

      Número: O-79-429

      Resuelto: 4 de mayo de 1982

      Calixto Juval Rivera Colón, abogado del recurrente; Osvaldino Rojas Lugo, abogado del recurrido.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

El Fondo del Seguro del Estado recurre de resolución de la Comisión Industrial de 20 de julio de 1979 que revocó decisión del Administrador y ordenó el pago de dietas a favor del Sr. Juan A. Rivera González por el período comprendido entre el 19 de octubre de 1976 y el 2 de enero de 1979. Sus planteamientos ante nos pueden resumirse en dos, a saber: (1) falta de jurisdicción de la Comisión por no haberse planteado ante el Fondo en primera instancia la reclamación de dietas por el período concedido, y (2) improcedencia de las dietas por el hecho de que el señor Rivera González está recibiendo pensión bajo las disposi-ciones de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958 (25 L.P.R.A. sees. 376 a 387). Ninguno fue cometido.

El planteamiento jurisdiccional se ampara en los si-guientes hechos. El aquí recurrido se lesionó en el año 1970 mientras se desempeñaba como miembro de la Policía de Puerto Rico. Por decisión del Administrador del Fondo del Seguro del Estado de 29 de septiembre de 1972 se reconoció al recurrido una incapacidad permanente de cincuenta por ciento de sus funciones fisiológicas generales, con derecho a la compensación que al efecto dispone la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. secs. 1 a 42. Para abril de 1976 el recurrido solicitó tratamiento por recidiva, que le fue aceptada el 19 de octubre de 1976, disponiéndose tratamiento en descanso a partir de esa fecha. Fue dado de alta finalmente el 2 de enero de 1979, confirmándose la incapacidad reconocida en 1972.

Mientras tanto, por haberse lesionado el recurrido bajo circunstancias cubiertas por la citada Ley Núm. 127 de 1958, desde el 15 de noviembre de 1973 éste se había acogido a los beneficios de dicha ley, con derecho a una pensión por incapacidad “igual al tipo de retribución que estuviere recibiendo a la fecha de separación” de la Policía de Puerto Rico. Véase el Art. 3 de dicha ley, 25 L.P.R.A. see. 378.

Desde antes del alta de enero de 1979 el recurrido había reclamado dietas al Fondo. Aunque ni en el expe-diente del Fondo ni en el de la Comisión existe constancia de la fecha de dicha reclamación, ambos expedientes revelan que la reclamación de dietas estaba en disputa en el año 1978. Hay una “Decisión del’ Administrador” de 30 de junio de 1978, que en lo aquí pertinente dice:

Solicita pago de dietas por período intermedio ya que alegadamente estaba inhabilitado para el trabajo. El recla-mante difruta de pensión total bajo la Ley 127 de 1958 desde el 15 de noviembre de 1973.
Examinados los hechos y vistos [szc] las disposiciones legales aplicables se determina que el reclamante no tiene derecho a las dietas reclamadas. (Énfasis suplido.)

De esa decisión se apeló a la Comisión el 28 de julio de 1978 en escrito titulado “Apelación & Pago de Dietas Intermedias”. Y hay una “Notificación de Vista Médica” de fecha 2 de noviembre de 1978, citada para el 6 de diciembre de 1978, que en el epígrafe se refiere a “DIETA-Período-Intermedio” (sic). Todos los trámites ante la Comisión hasta la resolución objeto del presente recurso se refieren a la apelación interpuesta el 28 de julio de 1978 sobre la decisión que denegó el pago de dietas por el “período intermedio”.

Como puede verse, en los mencionados documentos se hace referencia al “período intermedio” y a “dietas inter-medias” como el período cubierto por la reclamación. No se especifica a qué fechas se refiere ese llamado período intermedio. La prueba desfilada ante el oficial examinador de la Comisión Industrial no suplió esa deficiencia. Por estos motivos recomendó el oficial examinador que se desestimara la apelación y así se hizo por resolución de 2 de marzo de 1979.

Inconforme con la resolución desestimatoria, el aquí recurrido solicitó reconsideración, y alegó que con poste-rioridad a la vista ante el oficial examinador descubrió prueba demostrativa de que “desde el 19 de octubre de 1976 fue puesto en descanso por los médicos del Fondo del Seguro del Estado siendo dado de alta el 2 de enero de 1979”. Solicitó que se ordenara el pago de dietas por el período comprendido entre esas fechas. De esta manera, fue en esa etapa cuando por primera vez se precisó el período de dietas reclamadas. La Comisión exigió las pruebas y el recurrido produjo las decisiones del Fondo de 19 de octubre de 1976 en que aceptó recidiva en descanso y la de 2 de enero de 1979 en que dispuso el alta del recurrido y confirmación de la incapacidad previamente reconocida. Fue a base de ello que la Comisión reconsideró su dictamen desestimatorio de la apelación y emitió la resolución que es objeto del recurso ante nuestra conside-ración.

Convenimos con el Administrador del Fondo del Seguro del Estado que la jurisdicción primaria para conocer de toda reclamación de dietas le corresponde a él y no a la Comisión Industrial. Ello es así porque la Comisión Industrial es esencialmente un organismo apelativo, no importa que dentro del procedimiento apelativo se ofrezca audiencia a las partes y se reciba prueba sobre la contención de cada una. Así se desprende del Art. 10 de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, 11 L.P.R.A. sec. 11, que regula todo lo concerniente al procedimiento de apelación, vistas médicas, vistas ante un Comisionado o ante un oficial examinador, y los poderes y facultades de éstos. Véanse Rivera Rivera v. Comisión Industrial, 103 D.P.R. 51, 57-58 (1974); Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 61 D.P.R. 466 (1943); y Santos P. Amadeo, Revisión Judicial de la Comisión Industrial, Rev. Jur. U.P.R. Vol. XV, Núm. 3 (1946). Cuando el Legislador quiso conceder jurisdicción en primera instancia a la Comisión, lo hizo expresamente y por excepción, bajo requisitos específicos. Así, dispuso lo siguiente en el primer párrafo del Art. 7 de la Ley, 11 L.P.R.A. see. 9:

En el caso de que el Administrador del Fondo del Estado demorare por más de un mes, sin causa justificada, la decisión de un caso completo sometido a su consideración, el obrero o el patrono que sean partes necesarias en dicho caso, o cualquier parte interesada podrá recurrir en queja ante la Comisión Industrial y obtener una orden de dicha Comisión compeliendo al Administrador para que decida el caso; y si fuere necesario, la Comisión podrá también ordenar al Administrador que remita el expediente del caso a dicha Comisión con el objeto de asumir jurisdicción sobre el mismo y decidirlo; pero, antes de asumir jurisdicción en un caso y decidirlo, la Comisión dará al Administrador una oportuni-dad razonable para cerrar y decidir dicho caso.

No obstante, la limitación de la jurisdicción apelativa de la Comisión Industrial no puede operar como camisa de fuerza en un sistema que persigue que se haga justicia rápida y económica, no aprisionada por moldes técnicos. La reserva de autoridad que la Ley hace a favor del Fondo del Seguro del Estado para entender en un asunto en primera instancia no impide que la Comisión, al resolver un caso apelado ante ella, examine en su totalidad sus aspectos y dicte cualquier resolución que proceda y que debió dictar el Administrador y no lo hizo. Véase Rodríguez v. Comisión Industrial, 58 D.P.R. 111, 115 (1941).

En Cordero, Admor. v. Comisión Industrial, 62 D.P.R. 143, 147 (1943), reconocimos la facultad de la Comisión para, en evitación de demoras innecesarias y perjudiciales al obrero, “abrir el caso de nuevo para ampliar la prueba y esclarecer cualesquiera hechos sobre los cuales pueda tener alguna duda, con el fin de hacer cumplida justicia entre las partes”. Esa decisión de hace casi cuarenta años es tan de actualidad ahora como entonces. El Administrador del Fondo tuvo oportunidad de rebatir ante la Comisión la prueba ofrecida por el recurrido como parte de su moción de reconsideración para establecer con precisión el período intermedio. Atendidas las circunstancias que pasamos a exponer, no abusó de su discreción la Comisión al actuar como lo hizo.

Como señaláramos, la decisión del Administrador sobre la reclamación de dietas se hizo en julio de 1978, antes de su decisión de 2 de enero de 1979 en que se dio de alta al recurrido. Al denegar dicha reclamación se refirió a ella como “dietas por período intermedio”. ¿Qué podía signifi-car ese término? Obviamente no podía referirse al período comprendido entre la fecha en que el recurrido se lesionó en 1970 hasta el 29 de septiembre de 1972, fecha de la decisión que le reconoció un cincuenta por ciento de incapacidad. A ese primer período no podría llamársele período intermedio; y reclamar dietas por ese período seis años después de la decisión no sería lógico.

De primera impresión parecería que el llamado período intermedio se refería al período transcurrido entre la decisión de 29 de septiembre de 1972 y la de 19 de octubre de 1976, fecha en que se aceptó la recidiva. Esta es la interpretación que el Administrador hace, pero es obvio que no podían reclamarse dietas por este segundo período, pues el 29 de septiembre de 1972 se reconoció la incapacidad permanente que aqueja al recurrido y se adjudicó la compensación a que tenía derecho, sin que recibiera más tratamiento ni tratamiento alguno por el Fondo entre esas dos fechas del 1972 al 1976. El derecho a dietas existe si se está bajo tratamiento, sin trabajar, en el período de recuperación que sigue a un accidente, durante el tratamiento por recidiva, y durante el tratamiento por agravación de una incapacidad preexistente. Ríos Rivera v. Comisión Industrial, 108 D.P.R. 808, 814 (1979).

El único período por el cual era procedente el pago de dietas bajo los hechos de este caso era el período de tratamiento en recidiva, que comenzó el 19 de octubre de 1976. Véase Ríos Rivera, pág. supra, 814. Durante ese período el recurrido estaba bajo tratamiento en descanso por así haberlo dispuesto el Administrador. No era de extrañarse que solicitara el pago de dietas, habiendo transcurrido más de un año durante el cual estuvo bajo tratamiento, y a cuyas dietas tenía derecho según la Ley y este caso de Ríos Rivera. Al hacer su solicitud, el recurrido no podía fijar la duración de ese término denominado intermedio, porque no había sido dado de alta. Estaba aún bajo tratamiento.

el Administrador no cuestionó en su decisión de 30 de junio de 1978, cuando denegó la reclamación por dietas, el período por el cual se reclamaban. La razón de su denegatoria fue que durante ese período “[e]l reclamante disfruta de pensión total bajo la Ley 127 de 1958 desde el 15 de noviembre de 1973”. La contención del Administra-dor fue, y en ello se centró prácticamente la controversia, que no había derecho a dietas si al mismo tiempo el reclamante estaba devengando la totalidad del sueldo que percibía a la fecha del accidente. El planteamiento se reproduce en el recurso ante nos, y de él dispondremos más adelante.

Estamos de acuerdo en que la carga de la prueba ante la Comisión para establecer el período por el cual hay derecho a dietas corresponde a quien las reclama. El aquí recurrido estaba representado por abogado que debía saber que tenía tal obligación y no la descargó en la vista ante el oficial examinador. Pero, como señaló la Comisión en su resolución aquí recurrida, las dos fechas limitativas del período por el cual había derecho a dietas aparecían del expediente del Fondo. Eran de conocimiento del Administrador, quien expidió las decisiones de ambas fechas. Ni ante la Comisión Industrial ni ante nos ha demostrado el Administrador que, aparte del argumento de la pensión bajo la Ley Núm. 127, no tuviera el recurrido derecho a dietas durante el período de tratamiento por recidiva. Su posición descansa en el tecnicismo de falta de autoridad de la Comisión para reconsiderar su primera resolución a base de la prueba ofrecida por moción de reconsideración. No podemos aceptar que así sea. Esta-ríamos negando un reclamo a todas luces justo a base de un tecnicismo que no es insuperable. No puede ser.

En cuanto al segundo planteamiento, basta referirnos a nuestra decisión de hace cuatro días en Badillo González v. F.S.E., 112 D.P.R. 665 (1982). Se nos planteó, como aquí, que no puede haber derecho a dietas a favor de un reclamante que disfruta de una pensión bajo la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958. El mandato legislativo contenido en el Art. 9 de dicha ley, 25 L.P.R.A. see. 384, es claro. No admite otra interpretación que la que surge de su lectura. Dice, en su primer párrafo:

Los pagos dispuestos por las sees. 376 a 387 de este título serán en adición a cualquier compensación que corresponda al amparo de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, secs. 1 et seq. del Título 11.

La razón de así ser la hallamos en la exposición de motivos de dicha ley y en su historial. Véase nuestra citada decisión de Badillo González. Nada más hay que añadir.

Por las razones expuestas, se confirmará la resolución recurrida.

       Por ser bastante extenso omitimos transcribir el citado artículo.

       Debemos consignar, de pasada, nuestra reprobación de la conducta del abogado del reclamante, en el trámite del caso ante la Comisión y ante este Tribunal. Pudo ser más diligente y precisar ante el oficial examinador el período por el cual reclamó dietas para su cliente, sin tener que esperar a que recayera resolución desestimatoria de la apelación para entonces ofrecer prueba de las fechas cubiertas por dicho período. En el recurso ante nos, no empece el extenso y bien elaborado alegato del Administrador presentado una vez expedimos el auto de revisión por él solicitado, se cruzó de brazos y no replicó al mismo, teniendo este Tribunal que darlo por sometido sin el beneficio de sus argumentos. No cumple eficazmente su responsabilidad para con su cliente el abogado que poca o ninguna diligencia hace ante este Tribunal en defensa de una decisión que le es favorable y que está bajo ataque ante nos.


author: Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

text:
    Luis Miró Cruz, recurrente y recurrido, v. Administrador de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y de la Judicatura, recurrido y peticionario.

      Número: O-82-48

      Resuelto: 5 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Josefa A. Román García, Procuradora General Auxiliar, abogados del peticio-nario; Hiram A. Meléndez Rivera, abogado del recurrido.
   SENTENCIA

En 1970 un empleado de la Autoridad Metropolitana de Autobuses sufrió un accidente laboral que informó al Fondo del Seguro del Estado y entre tratamiento y evaluaciones y apelaciones sobre el grado de incapacidad, el proceso administrativo tomó nueve años, hasta que finalmente la Comisión Industrial le reconoció una incapacidad total permanente por resolución de 19 de enero de 1979. El empleado, que no había descontinuado su trabajo, una vez obtenida la declaración de incapacidad por la Comisión, solicitó retiro por razón de incapacidad ocupacional que le fue aceptado por el Sistema de Retiro y se computó su pensión tomando como base el 50% del sueldo que deven-gaba para el momento en que ocurre la inhabilidad, resul-tando en $200 mensuales. Recurrió el pensionado al Tribunal Superior que modificó la decisión del Administrador del Sistema de Retiro y ordenó que se calculara la pensión a base del sueldo que percibía “en el momento en que advino totalmente incapacitado”. Recurrió en certiorari ante nos el Administrador y oído el empleado recurrido a través de su escrito de oposición, resolvemos a tenor de la Regla 50 del Reglamento.

La Ley de Retiro del Personal del Gobierno en 3 L.P.R.A. see. 769 ordena:

Anualidad por incapacidad ocupacional
Todo participante que como resultado de una incapacidad que se origine por causa del empleo y surja en el curso del mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá dere-cho a recibir una anualidad por incapacidad ocupacional, siempre que: (a) de uno o más médicos, según se dispone en la see. 771 de este título, se recibiere prueba adecuada en cuanto a la incapacidad mental o física del participante; (b) el participante o el patrono, de acuerdo con los reglamentos de la Junta, notifique al Administrador con respecto a dicha incapacidad, y (c) la incapacidad fuere indemnizable de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Capítulo 1 del Título 11.
El importe de la anualidad será igual al cincuenta (50) por ciento del tipo de retribución que se hubiere percibido en la fecha en que ocurriere la mencionada inhabilidad.

La anotación de L.P.R.A. llama la atención a que la Ley Núm. 73 de 19 de junio de 1954 enmendó el segundo párrafo sustituyendo la frase “en la fecha de declararse la mencionada inhabilidad”, por “en la fecha en que ocurriere la mencionada inhabilidad”. La enmienda tiene un efecto benéfico dual: favorece al empleado viabilizando su retiro tan pronto surge la incapacidad y por otro lado no obliga al Gobierno a mantener en nómina un empleado que por iniciativa propia ha manifestado no hallarse en aptitud para rendir la labor que le exige el servicio público. El lesionado no ha presentado prueba sobre la fecha en que efectivamente “ocurrió” su inhabilidad, suceso que inevita-blemente se concretó mucho antes de los nueve años de ponderación entre el Fondo del Estado y la Comisión.

Descartada por mandato del legislador la fecha de declaración de incapacidad por el evento anterior de aparición o surgimiento de la inhabilidad, forzoso es retrotraer ésta a la fecha del accidente laboral, que aun cuando leve es germen y fuente única de la condición emocional que finalmente determinó la incapacidad ocupa-cional. No propicia los fines de la buena administración pública, permitir que un empleado consciente y sabedor de su incapacidad para realizar su labor continúe percibiendo un salario inmerecido por todo el tiempo que tome la declaración oficial de su inhabilidad, y que aún así compute al máximo las dos pensiones con que se retira del servicio público. En la estrechez de nuestros recursos, el exceso en los beneficios sociales otorgados a un trabajador sacrifica el derecho de otro en mayor necesidad.

Se expide el auto, se anula la sentencia recurrida y en su lugar se restablece la decisión administrativa del Sistema de Retiro.

Así lo pronunció y manda el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué emitió opinión disidente a la cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General

-O—

Opinión disidente del

Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

a la cual se une el Juez Asociado Señor Negrón García.

En este caso, dicho con todo respeto, se interpreta correctamente pero se aplica incorrectamente la disposi-ción de la Ley de Retiro del Personal del Gobierno, 3 L.P.R.A. see. 769, que dispone el derecho de todo partici-pante del sistema de retiro a recibir una anualidad por incapacidad ocupacional computada a base de la retribu-ción que se hubiere percibido en la fecha en que ocurriere la mencionada inhabilidad.

¿Cuándo es que ocurre una inhabilidad que motiva el retiro de un empleado? La posición de la mayoría de este Tribunal es que "forzoso es retrotraer ésta a la fecha del accidente laboral”. El efecto de esta aplicación del mencio-nado estatuto es alentar al empleado que sufre un acciden-te que le causa alguna incapacidad, por leve que sea, a que abandone el servicio público y busque y halle, si puede, otro empleo, pues si sigue brindando sus servicios al Estado y su incapacidad aumenta hasta el punto en que se hace necesario su retiro, no importa cuánto tiempo haya trabajado ni el salario que esté devengando al momento de retirarse, su anualidad se computará retrotrayendo la incapacidad que motiva su retiro a la fecha de su accidente laboral. Ni más ni menos, así se resuelve en este caso.

Dice la petición:

El 17 de marzo de 1970 el aquí recurrido, Luis Miró Cruz, sufrió un accidente mientras se desempeñaba en su trabajo. El recurrido informó su caso al Fondo del Seguro del Estado, pero como la incapacidad resultó leve continuó trabajando. Mientras tanto, se sometió a tratamientos y evaluaciones y apeló la determinación de incapacidad. El trámite administrativo duró nueve años. Durante ese período se le asignaban y reconocían aumentos en su incapacidad parcial. Su sueldo también aumentó.

Este servidor público no tenía por qué retirarse en 1970. En aquella fecha sufrió un accidente que le ocasionó una incapacidad leve. Tenía derecho a que se evaluara y se le fijara compensación por ella por el Fondo del Seguro del Estado. Pero ello no significaba que estuviese impedido de seguir rindiendo sus servicios a nuestro país, y así lo hizo en forma eficiente durante nueve años, pues, si bien “se le asignaban y reconocían aumentos en su incapacidad par-cial”, recibió también aumentos de sueldo durante esos nueve años.

A mi juicio la inhabilidad que le impidió seguir trabajando y motivó su retiro en 1979 no ocurrió en 1970. Su historial lo demuestra. En 1970 ocurrió un accidente que inició la cadena de causalidad que finalmente produjo la inhabilidad para seguir trabajando en 1979. Es en esta fecha que ocurre la inhabilidad y es la que debe tomarse para computar la anualidad a que tiene derecho.

La pensión que dispone la Ley de Retiro no es una donación. Es, como dijimos en Román Mayol v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 807, 811 (1973), “una retribución final y bien ganada por el empleado público que honrando una vocación de servicio, que en muchas ocasiones conlleva sacrificio y renuncia de bienes materiales, dedica los años fructíferos de su vida al bien común”. La pensión es en el sistema democrático representativo, no un acto de recom-pensa del soberano, sino “una obligación moral del Esta-do”. Rivera v. Rodríguez, 93 D.P.R. 21, 24 (1966). El cumplimiento de los objetivos, del propósito remedial de la Ley de Retiro, se hace viable mediante pautas interpreta-tivas liberales y no restrictivas como la que ahora se ha aplicado a los hechos de este caso. Es principio harto conocido que “las leyes que crean el derecho a disfrutar de una pensión deben ser interpretadas liberalmente, a fin de que se cumpla el propósito del legislador; y que la fuerza y efecto de dichas leyes no deben conformarse estrictamente a los términos literales del estatuto”. Acuña v. Junta de Retiro, 58 D.P.R. 94, 100 (1941), y autoridades allí citadas; In re Castro y Torres Braschi, 73 D.P.R. 564, 571 (1952).

Por las razones expuestas confirmaría la sentencia recurrida.

      La citada sección 769 dispone:
      “Todo participante que como resultado de una incapacidad que se origine por causa del empleo y surja en el curso del mismo, quedare incapacitado para el servicio, tendrá derecho a recibir una anualidad por incapacidad ocupacional, siempre que: (a) de uno o más médicos, según se dispone en la see. 771 de este título, se recibiere prueba adecuada en cuanto a la incapacidad mental o física del participante; (b) el participante o el patrono, de acuerdo con los reglamentos de la Junta, notifique al Administrador con respecto a dicha incapacidad, y (c) la incapacidad fuere indemnizable de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, Capítulo 1 del Título 11.
      El importe de la anualidad será igual al cincuenta (50) por ciento del tipo de retribución que se hubiere percibido en la fecha en que ocurriere la mencionada inhabilidad.”


text:
      In re Comunicación del Hon. Juez Pérez Giménez, Juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

      Número: MC-81-17

      Resuelto: 6 de mayo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados promoven-tes; Juan Arbona Torres y Enrique Jordán Musa, promovi-dos, pro se.

   PER CURIAM:

El Procurador General de Puerto Rico nos sometió un informe dando cuenta de una comunicación que le cursara el Hon. Juan Pérez Giménez, Juez del Tribunal de Distrito federal para el Distrito de Puerto Rico, relativa a la participación de los Hons. Juan Arbona Torres y Enrique A. Jordán Musa, Jueces Superiores, como testigos de reputación del Sr. Cristóbal Mercado Serrano en la causa penal ante dicho foro federal del delito de asaltar e intimidar a dos funcionarios de Rentas Internas federal.

Concedimos término a los jueces Arbona Torres y Jordán Musa para que comparecieran a explicar sus inter-venciones. Oportunamente éstos han comparecido.

I

El Juez Arbona Torres acepta que sirvió como testigo de reputación en la vista y posteriormente cursó una carta al Oficial Probatorio Sr. Rafael A. Gilestra reiterando su previa declaración. Indica que su declaración no fue motivada en ánimo de influir en los procedimientos, sino para decir la verdad, bajo la impresión que descargaba una responsabilidad ciudadana.

Añade, “[ajhora, con el beneficio de la retrospección, con la mayor honestidad y entereza entiendo que lo más prudente hubiera sido abstenerme de comparecer a decía-rar como testigo de reputación sin que mediara una citación judicial”.

Por su parte, el Juez Jordán Musa señala que no sirvió como testigo en el juicio, pero que escribió al señor Gilestra consignando su opinión sobre la buena reputación del convicto. Expone que jamás pretendió “causarle tribu-lación u obstinación alguna, y menos aún invadir la función [del Juez] de adjudicar controversias ante su consideración y/o para influir en su determinación de culpabilidad o inocencia en ningún caso. Mi actuación al escribirle al señor Gilestra no estuvo teñida por motiva-ciones impropias ni mi intención fue la de violar los preceptos del Canon XXIII, de los de Ética Judicial vigente”.

II

El Canon XXIII reza:

El Juez debe evitar toda conducta o actuación que pueda dar base a la creencia de que ejerce o pretende ejercer influencia indebida en el ánimo de otro Juez en la considera-ción de un caso pendiente o futuro. El Juez no debe influir ni directa ni indirectamente, para conseguir colocarse en mejor situación que cualquier otro ciudadano en el litigio de sus causas personales.
El Juez no debe dar la impresión ni permitir que otros den la impresión al efecto de que éstos pueden tener alguna influencia sobre aquél.
El Juez no debe prestar testimonio por iniciativa propia como testigo de reputación. (Énfasis suplido.) 106 D.P.R. 1091, 1101 (1977).

El texto transcrito expone claramente el principio ético que intenta tutelar. Parte de la premisa de que en nuestra sociedad el cargo de juez es un cargo especial que proyecta una visión y noción pública destacada, de prestigio e influencia. Su opinión en y fuera del estrado, goza de una particular autoridad y respeto comunitario. En consecuen-cia, su testimonio en causas y trámites judiciales conlleva un gran valor persuasivo. En la medida en que una comparecencia e intervención como testigo de reputación pueda afectar el resultado de un dictamen judicial, el canon prohíbe de manera absoluta toda gestión voluntaria. Únicamente por excepción admite el testimonio judicial compelido. Así se intenta evitar exponer al juez que preside, en la difícil y angustiosa tarea de adjudicar credibilidad sobre otro juez, y a este último adoptar posiciones cuyo resultado pudiera afectar la imagen de la judicatura.

III

En las circunstancias de autos, los Jueces Arbona Torres y Jordán Musa infringieron el Canon XXIII. Su prohibición se extiende a cualquier foro judicial incluso la Corte federal. En vista del previo historial honroso de estos magistrados en la judicatura del país, de que sus conductas —aunque equivocadas— estuvieron animadas por un senti-do de justicia, y que no hemos detectado ni se nos ha sugerido indicio de que fueran movidos por ninguna razón ajena a ese ideal, como no existe proceder corrupto e inmoral, estimamos suficiente sanción nuestra amonesta-ción y una exhortación a todos los miembros de la judicatura sobre la observación estricta de los cánones.

Se dictará la correspondiente sentencia.