author: El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué Juez Asociado Señor Martín

text:
    Isabel Candal Vicente y Ana Sara Vicente, demandantes y recurrentes, v. CT Radiology Office, Inc., h/n/c CT Radiology Complex, Inc. y/o CT Radiology Complex, demandados y recurridos.

      Número: R-80-541

      Resuelto: 3 de marzo de 1982

      Ramón Torres Braschi, abogado de las recurrentes; José Davison Lampón, abogado de la recurrida CT Radiology Complex.
   El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué

emitió la opinión del Tribunal.

La Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976 enmendó el Código de Seguros para adicionarle como capítulo 41 (26 L.P.R.A. sees. 4101 a 4116) una serie de disposiciones que establecen “un programa de seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria”. Art. 41.020 (26 L.P.R.A. see. 4102). Entre ellas, creó la “Administración del Fondo de Compensaciones al Paciente” con el propósito de “pro-veer una cubierta de responsabilidad profesional médico-hospitalaria” para cubrir hasta determinados límites y circunstancias las reclamaciones por daños por culpa o negligencia contra “los profesionales en el cuidado de [la] salud y a las instituciones para el cuidado de [la] salud”. Art. 41.050 (26 L.P.R.A. see. 4105). El Art. 41.100 (26 L.P.R.A. see. 4110) provee como sigue:

Toda acción civil que surja de una reclamación de daños por culpa o negligencia (malpractice) se iniciará mediante la radicación de una demanda, bajo juramento, en la sala del Tribunal competente. En estas acciones la Administración será una parte indispensable. El tribunal procederá a someter la reclamación a arbitraje según se dispone en la see. 4111 de este título. En aquellos casos en que alguna de las partes no cuente con medios suficientes para pagar los costos del panel de arbitraje deberá hacerlo constar median-te alegación en la demanda.

Se nos plantea en el presente recurso si dicha ley, y en particular la transcrita disposición, aplica a una entidad que se dedica a realizar exámenes radiológicos para fines de diagnóstico. Resolvemos que no. Una persona o entidad que se dedique a ese tipo de servicio paramédico no es el “profesional en el cuidado de [la] salud” ni la “institución para el cuidado de [la] salud” a que se refiere dicha ley.

Se trata aquí de una demanda instada por Isabel Candal Vicente y su señora madre, doña Ana Sara Vicente, contra CT Radiology Company, Inc. Se alega que técnicos de la demandada sometieron a Isabel a una prueba conocida por cat scan y que no obstante estar advertidos por ambas de que no debían inyectarle un llamado “contraste” por ser Isabel alérgica a la substancia, desoyeron sus protestas y procedieron a inyectarle dicha substancia, causando con ello una reacción alérgica que a su vez ha producido daños que se relacionan en la demanda y que valoran en $3,094.16 los especiales, y $50,000 y $25,000 para hija y madre, respectivamente, por concepto de daños morales.

La demandada solicitó la desestimación de la demanda. Alegó ser una institución para el cuidado de la salud, conforme a la definición de dicho término por la referida ley, y, por tanto, cubierta por la misma, y que carecía el tribunal de jurisdicción por no cumplir la demanda con el Art. 41.100 (26 L.P.R.A. see. 4110) antes transcrito, ya que ni fue jurado ni se incluyó como parte demandada a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente.

El tribunal de instancia concedió término a los deman-dantes para exponer su posición. Éstos no comparecieron y se dictó sentencia desestimatoria de la demanda, que es objeto del presente recurso. Acordamos revisar.

Como nota introductoria, es de notarse que el “programa de seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria” creado por la Ley Núm. 74 citada no protege ipso jure, sin más requisitos, a todos los profesionales e instituciones dedicados al cuidado de la salud. Dispone el Art. 41.060 (26 L.P.R.A. see. 4106) en su inciso 1, primer párrafo:

(1) Anualmente, cada profesional en el cuidado de salud e institución para el cuidado de salud que preste activamente servicios en Puerto Rico vendrá obligado a pagar a la Administración la aportación establecida por ésta para la cubierta provista en la sec. 4105(l)(a) de este título.

El Art. 41.070 (26 L.P.R.A. see. 4107) establece en su inciso 2 que “. . . en ningún caso la Administración responderá por daños por culpa o negligencia (malpractice) ocasionados en un año fiscal para el cual el profesional en el cuidado de [la] salud o institución para el cuidado de [la] salud no haya cumplido con las aportaciones exigidas en la see. 4106 de este título”.

La demandada recurrida no alegó ni ofreció prueba de haber hecho las aportaciones requeridas por las citadas disposiciones. Se limitó a alegar (párrafo cuarto de su “Moción de desestimación”) que es una institución para el cuidado de la salud, según la define la citada ley. Tal alegación es insuficiente. Una moción para desestimar no se interpreta liberalmente. Por el contrario, choca, en su ataque a la demanda, contra la norma reiteradamente reconocida de que esto “se interpretará de tal forma que únicamente se desestimará si el demandante no tiene derecho a ningún remedio bajo cualesquiera hechos que él pueda probar en juicio a base de lo que ha alegado en la demanda. . . . Moa v. E.L.A., 100 D.P.R. 573, 586 (1972). Frente a una moción para desestimarla, la demanda debe ser interpretada lo más liberalmente posible a favor de la parte demandante. Meléndez v. Iturrondo, 71 D.P.R. 60, 63 (1950); Guadalupe v. Rodríguez, 70 D.P.R. 958 (1950); Serra v. Autoridad de Transporte, 68 D.P.R. 626, 628 (1948); Vázquez v. González, 61 D.P.R. 277 (1943).

Examinemos si las disposiciones de la Ley Núm. 74 pueden ser extensivas a personas o entidades que presten servicios para fines de diagnóstico, como es el caso de la demandada recurrida.

El programa de seguro de responsabilidad profesional médico-hospitalaria establecido por la citada ley aplica únicamente a profesionales en el cuidado de salud y a instituciones para el cuidado de salud. En cuanto a los primeros, la ley los define, Art. 41.010 (26 L.P.R.A. see. 4101) inciso 1, así:

(1) Profesional en el Cuidado de Salud — Significa cual-quier persona, debidamente autorizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que ejerza las profesiones de médico cirujano, osteópata y odontología.

En cuanto a las segundas, dice el mismo artículo, en su inciso 2:

(2) Institución para el Cuidado de Salud — Significa cual-quier facilidad u organización dedicada al cuidado y man-tenimiento de la salud de un paciente, autorizada a tenor con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, excepto los asilos de fines no pecuniarios según se define este término en las sees. 331 a 333p del Título 24.

Es claro, por sus términos, que la demandada no cae bajo la primera definición. Tampoco cae bajo la definición de “Institución para el Cuidado de Salud” (sic). El historial legislativo de la Ley Núm. 74 demuestra que la misma se refiere a médicos y a instituciones hospita-larias, y no a toda clase de personas o entidades que en alguna forma se empleen en el cuidado de la salud, sea mediante servicios de diagnóstico o de tratamiento. En el informe conjunto de las comisiones de lo Jurídico Civil, de Salud y Bienestar, y de Hacienda sometido al Senado en relación con el P. del S. 1788, que se convirtió en la Ley Núm. 74 citada, se señala:

El P. del S. 1788 adiciona el Capítulo 41 a la Ley Núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico.
El propósito de esta medida es establecer los mecanismos para asegurar la disponibilidad de un seguro de responsabi-lidad profesional para médicos e instituciones hospitalarias. (Énfasis nuestro.)

La limitación de los alcances de la ley a médicos y a instituciones hospitalarias se reafirmó en la Ley Núm. 55 de 18 de julio de 1978, enmendatoria de la Ley Núm. 74, al señalar en su exposición de motivos:

La Ley núm. 74 de 30 de mayo de 1976 adicionó el Capítulo 41 a la Ley núm. 77 de 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como Código de Seguros de Puerto Rico, con el fin de establecer los mecanismos necesarios para asegurar la disponibilidad de un seguro de responsabilidad profesional para médicos e instituciones hospitalarias. La medida fue adoptada en atención al problema de encareci-miento, escasez y pérdida del referido seguro que habían estado confrontando los médicos e instituciones hospitalarias en Puerto Rico y que trajo, como consecuencia, aumentos en los costos de los servicios de salud y serias limitaciones al ejercicio cabal y pleno de la medicina. Se pretendió, por tanto, prevenir y controlar un problema que acarreaba efectos adversos para la salud, el bienestar y la estabilidad del pueblo en general. (Énfasis nuestro.)

No podemos ir más allá de lo expresado por el legislador para extender los efectos de la Ley Núm. 74 a personas que no son médicos cirujanos, osteópatas u odóntologos, a que se refiere taxativamente la definición de “profesional en el cuidado de salud”. Tampoco podemos por interpretación judicial extender la aplicación de la ley a entidades que no son instituciones hospitalarias, es decir, aquellas que constituyen facilidades u organizaciones dedi-cadas “al cuidado y mantenimiento de la salud de un paciente”. La gama de servicios paramédicos es extensa, La fraseología de la Ley Núm. 74 no puede forzarse para alcanzar todas sus posibilidades.

La demandada CT Radiology no es un hospital ni presta servicios de cuidado de salud. Realiza exámenes radioló-gicos con fines de diagnóstico mediante computadoras y otras máquinas convencionales. Las personas que acuden a CT Radiology no son sus pacientes. No acuden a dicha entidad para que les cuide o mantenga su salud.

Por las razones expuestas, se dictará sentencia que revoque la dictada por el tribunal de instancia y disponga la continuación de los procedimientos hasta la final adjudi-cación de los méritos de la reclamación de las demandantes recurrentes.

El Juez Asociado Señor Martín emitió opinión disidente a la cual se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García.

-0-

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Martín

a la que se unen los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García.

Me permito disentir de los fundamentos expresados en la opinión del Tribunal para revocar la sentencia recu-rrida, y disiento además de la disposición del caso.

Los hechos alegados en la demanda objeto de este caso son los siguientes: la demandante sufrió daños por la negligencia (malpractice) de la parte demandada como consecuencia de una reacción alérgica durante el proceso de una prueba radiológica denominada cat scan (tomo-grafía), a la que se sometió por instrucciones de su médico. Se alega además que como parte de la prueba un técnico le inyectó un “contraste” para proyectar el resultado con mayor claridad, a pesar de haberle advertido la paciente al técnico que ella era alérgica al “contraste”, inyectándole además éste una sustancia anti-alérgica conocida por Benadryl, y luego al mostrar ciertos efectos alérgicos le fue inyectada cortisona y otros medicamentos, todo ello sin estar un médico presente. Alega también que con motivo de la reacción alérgica mencionada estuvo bajo tratamien-to durante tres días, y que ha sufrido intensos dolores físicos y angustias mentales que relaciona en la demanda.

La demanda fue instada contra CT Radiology Complex, lnc., únicamente, quien alega en su contestación que es una institución para el cuidado de la salud según se define en la ley que crea la Administración del Fondo de Compensación al Paciente. Ley Núm. 74 de 30 de mayo de 1976 (26 L.P.R.A. sec. 4101(2)) según enmendada por la Ley Núm. 55 de 18 de julio de 1978, Sec. 1. En su consecuencia la demandada solicita la desestimación de la demanda por no haber sido jurada y por no haber unido a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente como parte demandada, lo que alegadamente la hace fatalmente defectuosa por virtud de la ley mencionada.

El tribunal de instancia acogió los planteamientos de la institución demandada favorablemente y ordenó la deses-timación de la demanda en virtud de la citada ley que crea la Administración del Fondo de Compensación al Paciente. No conforme acude ante nos la parte demandante.

Alega en su recurso de revisión la demandante-recu-rrente que ella no es una paciente, ni la demandada es una institución para el cuidado de la salud; según ambos términos están definidos en la ley de marras. Argumenta la demandante que es solo una persona que acude a un laboratorio para hacerse unas pruebas, referida por su médico, quien las necesita para hacer un diagnóstico. Asimismo aduce que la corporación demandada opera un negocio de diagnóstico radiológico por medio de computa-doras y otras maquinarias, por lo que no brinda servicios profesionales de salud. Sostiene por tanto que la acción no está predicada al amparo de las leyes núms. 74 de 1976 y 55 de 1978, sino bajo el Art. 1802 del Código Civil.

En la alternativa sostiene la demandante que constituyó error desestimar la demanda por no incluir una parte indispensable, puesto que la demanda pudo haber sido enmendada para unir como parte a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente. Pero en cuanto al requisito del juramento de la demanda no discute la consecuencia de su omisión.

I

La opinión emitida hoy por este Tribunal resuelve que la parte demandante no viene obligada a cumplir con los requisitos de las leyes núms. 74 de 1976 y 55 de 1978 y procede a reinstalar la demanda. Tal conclusión de Dere-cho está basada en el análisis que se hace de la función que desempeña la demandada, la que califica como “servicios para fines de diagnóstico”, y por ende los excluye de los conceptos de “profesional en el cuidado de salud” e “institución para el cuidado de salud” según se definen en dichas leyes. Estimo que los servicios para fines de diagnóstico están incluidos en las definiciones de “profe-sional en el cuidado de la salud” y de “institución para el cuidado de salud”. Considero además que la demandante es una “paciente” según se define este término en las referi-das leyes. Veamos.

La Ley Núm. 74 de 1976, según enmendada por la Ley Núm. 55 de 1978, define la “institución para el cuidado de salud” como “cualquier facilidad u organización dedicada al cuidado y mantenimiento de la salud de un paciente, autorizada a tenor con las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, excepto los asilos de fines no pecuniarios según se define este término en [la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada]”. (Énfasis suplido.) 26 L.P.R.A. see. 4101(2).

Cabe preguntarse cuáles son las facilidades de salud autorizadas a tenor con nuestras leyes. La citada definición nos refiere a la Ley Núm. 101 de 1965 posteriormente enmendada por la Ley Núm. 150 de 20 de julio de 1979 (24 L.P.R.A. see. 331 et seq.) en la que se enumeran las facilidades de salud que se dedican a la prestación de servicios de salud tales como hospitales, centros de salud, unidades de salud pública, centros de diagnóstico o trata-miento, servicio de salud pública y otros. El servicio de Rayos X que ofrece la demandada cae bajo la definición de “centro de diagnóstico o tratamiento” que se define en dicha Ley Núm. 101 como “una facilidad para el diagnós-tico o el diagnóstico y tratamiento de pacientes ambulato-rios, que opera en combinación con un hospital, o en cualquier lugar en donde el cuidado del paciente está bajo la supervisión profesional de personas autorizadas a prac-ticar la medicina. . .”. 24 L.P.R.A. sec. 331a(A)(4). Más adelante discutiremos la naturaleza del servicio de Rayos X y su reglamentación bajo la ley.

Las facilidades de salud a que se refiere la Ley Núm. 101 requieren una licencia del Departamento de Salud para operar como tales y están sujetas a la continua supervisión de dicho departamento. El Secretario de Salud está facultado para tomar medidas disciplinarias contra las mencionadas facilidades de salud cuando incurren en daños por culpa, negligencia (malpractice) o impericia profesional. Para ello la Ley Núm. 101 impone a la Administración del Fondo de Compensación al Paciente la obligación de informar al Secretario sobre los casos por ella adjudicados. 24 L.P.R.A. sec. 333g-l. Véanse dispo-siciones relacionadas en 26 L.P.R.A. sees. 4106(5), 4108(3), 4115. También el Secretario debe suspender la licencia de la facilidad de salud que no cumpla con el pago de la aportación a la Administración requerido por la Ley Núm. 74 de 1976, según enmendada, o que no radique la prueba de responsabilidad financiera requerida por dicha ley. 24 L.P.R.A. sec. 333g-2. Es evidente cómo se complementan la Ley Núm. 74 de 1976, que regula el fondo de compensa-ción al paciente, y la 101 de 1965, enmendada, que reglamenta las facilidades de salud.

Volvamos a la Ley Núm. 74 de 1976 para examinar sus otras definiciones y su relación con el presente caso. Define al “profesional en el cuidado de salud” como “cualquier persona, debidamente autorizada bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que ejerza las profesiones de médico cirujano, osteópata y odontología”. 26 L.P.R.A. see. 4101(1).

Asimismo la Ley Núm. 74 define “cuidado o servicio de salud” como “cualquier acto, acción o tratamiento prestado, o que debió haber sido prestado por un profesional en el cuidado de salud o una institución para el cuidado de salud a un paciente”. 26 L.P.R.A. see. 4101(5).

El término “paciente” lo define como “cualquier persona que por contrato explícito o implícito reciba o debía haber recibido cuidado o servicio de salud de un profesional en el cuidado de salud o de una institución para el cuidado de salud”. 26 L.P.R.A. see. 4101(3).

Y por último define el “daño por culpa o negligencia {malpractice)” como el “ocasionado a un paciente por error, omisión, culpa o negligencia como consecuencia de o inherentes a servicios profesionales brindados o que de-bieron haber sido brindados por un profesional en el cuidado de salud o una institución para el cuidado de salud”. 26 L.P.R.A. see. 4101(4).

A la luz de las definiciones expuestas precedentemente, debemos analizar la naturaleza de los servicios prestados por la demandada respecto a la demandante a los fines de determinar si quedan cobijados bajo las leyes núms. 74 de 1976 y 55 de 1978.

Un examen de la ley que reglamenta la práctica de los Rayos X, nos revela la naturaleza de lo que define como “técnica radiológica”. 20 L.P.R.A. sees. 361-378. Ésta significa: “los métodos y procedimientos especializados usados en la rama de la ciencia médica que trata sobre el uso de equipo radiológico, especialmente para diagnosticar u ofrecer tratamiento en el campo de la medicina.” (Énfasis suplido.) 20 L.P.R.A. sec. 361(b). Exige dicha ley que “[t]oda persona que se dedique al ejercicio de la técnica radiológica, y que como tal manipule equipo de Rayos-X, o sustitutos, tal como telecobalto y telecesio, sean éstos usados para diagnóstico, radioterapia o cualquier otro fin, o que en cualquier forma intervenga con el manejo o funcionamiento del equipo mencionado deberá ejercer sus funciones bajo la supervisión directa de un médico y poseer una licencia de técnico en radiología”. (Énfasis suplido.) 20 L.P.R.A. sec. 361(a).

Según las alegaciones de la demanda, la prueba a que fue sometida la demandante por la demandada tenía como propósito el “diagnóstico” de la condición que sufría la demandante. Diagnóstico no es otra cosa que el “[cjonjunto de signos que sirven para fijar el carácter peculiar de una enfermedad” o la “[cjalificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte”. Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, 19na ed., 1970.. El diagnóstico, pues, lo hacen los médicos, y en el evento de que se use la técnica radiológica para ello, se hace bajo la supervisión directa de un médico. El diag-nóstico, a su vez, es parte integrante y principalísima en el cuidado y tratamiento de un paciente, puesto que el resultado del diagnóstico es la base para el tratamiento. Un error en el diagnóstico que tenga consecuencias lesivas al paciente da lugar a una reclamación por mala práctica médica. En el caso particular de la prueba a que fue sometida la demandante hubo una intervención con su cuerpo y sistema biológico al ser inyectada con una sustancia que se alega causó los daños reclamados. No ténemos duda alguna de que los servicios prestados a la demandante por la demandada constituyen un diagnóstico y que la demandada en su consecuencia es una “facilidad de salud” donde se prestan “servicios de salud”, por lo que son de aplicación a los hechos alegados en el caso de autos las leyes núms. 74 de 1976 y 55 de 1978.

II

La demandante plantea como error el haber desesti-mado la demanda por no haberse incluido a la Adminis-tración como parte indispensable según exige la ley 26 L.P.R.A. sees. 4107(1), 4110, Suplemento 1981. La see. 4107(1) dispone que la demanda “incluirá a la Adminis-tración como parte en el pleito a fin de poder recobrar del profesional en el cuidado de salud, institución para el cuidado de salud o de la Administración”. (Énfasis supli-do.) La see. 4110, que está contenida entre las disposiciones que regulan el arbitraje, estatuye que en las reclamaciones de daños por culpa o negligencia (malpractice) “la Admi-nistración será una parte indispensable”. Consideramos que ambas disposiciones legales tienen el mismo efecto, esto es, la inclusión de la Administración como parte indispensable.

¿Cuál es el efecto de la omisión? La sanción de ley por la no inclusión de la Administración como parte es el que no se pueda recobrar de ésta ni del profesional o institu-ción en el cuidado de la salud. Pero sabemos que la omisión de una parte indispensable, aunque es motivo para desestimar un pleito, no es óbice para que el tribunal pueda conceder, a la parte que incurrió en la omisión, la oportunidad para traer al pleito a la parte omitida, siempre y cuando el tribunal pueda adquirir jurisdicción sobre ella. Véanse Reglas de Procedimiento Civil 16.1 y 18; Comentario a la Regla 18; 3A Moore’s Federal Practice: Civil, see. 21.04(2), pág. 21-20.

III

Aunque la demandante no señala como error específico la falta de juramento de la demanda que constituyó uno de los fundamentos de la desestimación por el tribunal de instancia, es preciso discutir el alcance de dicho requisito en vista de que entendemos que la ley lo exige. Origi-nalmente la Ley Núm. 74 de 1976 no exigía la juramen-tación de la demanda, requisito que fue adicionado por la Ley Núm. 55 de 1978. 26 L.P.R.A. see. 4110. No hemos podido encontrar en el historial legislativo ningún indicio sobre el propósito del juramento. Hemos de presumir que es para garantizar la veracidad de los hechos alegados, sometiendo así al demandante a las consecuencias del perjurio. Tampoco la ley declara las consecuencias de la falta de juramento. Es de notar que el requisito del juramento surge en aquella parte de la ley que reglamenta el “Arbitraje de reclamaciones por culpa o negligencia”. El procedimiento de arbitraje fue declarado inconstitucional en Vélez Ruiz v. E.L.A., 111 D.P.R. 752 (1981). Aunque el requisito del juramento quedó en pie, tratándose de un requisito que estaba íntimamente ligado al esquema de arbitraje invalidado, su importancia ha quedado dismi-nuida en alguna medida, pero aun así estimamos que debe ser un requisito de estricto cumplimiento, que puede ser subsanado mediante solicitud al efecto o sua sponte por el tribunal. Cf. Piñero v. Martínez Santiago, 104 D.P.R. 587 (1976).

IV

En vista de todo lo anterior es nuestra opinión que la demandada en el caso de autos es una “institución para el cuidado de [la] salud” y la demandante una “paciente”, y que el acto, acción o tratamiento prestado a la “paciente” es un “cuidado o servicio de salud”, conforme todos dichos términos están definidos en la Ley Núm. 74 de 1976, según enmendada por la Ley Núm. 55 de 1978, siendo por tanto de aplicación las citadas leyes a los hechos alegados en la demanda. Habiendo concluido, sin embargo, que la de-mandante puede subsanar tanto el defecto producido por la omisión del juramento en la demanda, como la omisión de incluir a la Administración como parte indispensable, revocaría la sentencia recurrida que desestimó el pleito y remitiría los autos al tribunal de instancia para que éste determine si puede adquirir jurisdicción sobre la Admi-nistración del Fondo de Compensación al Paciente.

      Para mencionar unos pocos hay, para fines de diagnóstico, empresas que ofrecen servicios radiológicos, como RC Radiology; otras que hacen exámenes de sangre, de orina o de excreta; y para fines de tratamiento hay quien prepara aparatos ortopédicos especiales; está el técnico que prepara dentaduras artificiales y otros aparatos relacionados con la odontología; y está el farmacéutico que prepara medicamentos prescritos por recetas.

       Si una corporación puede dedicarse al ejercicio de la técnica radiológica, quaere. Véase, Rasa Eng. Corp. v. Daubón, 86 D.P.R. 193 (1962).

      La Ley Núm. 150 de 1979 enmendó la citada disposición en los términos siguientes:
      “(4) ‘Centro de Diagnóstico o Tratamiento’ significa una facilidad indepen-diente u operada en combinación con un hospital que provee servicios a la comunidad para el diagnóstico y tratamiento de pacientes ambulatorios, bajo la supervisión profesional de personas autorizadas a practicar la medicina, cirugía o dentistería en Puerto Rico.”

       La Ley Núm. 150 de 1979 no enmendó esta disposición.

        Idem.

      La Ley Núm. 74 antes de ser enmendada por la Ley Núm. 55 requería que el médico cirujano, osteópata y odontólogo ejerciera dichas profesiones “actuando como principal”. Esta frase fue eliminada por la Ley Núm. 55 con el propósito de que la definición incluya a todos los médicos, cirujanos, osteópatas y odontólogos. Así se amplió el concepto que parecía referirse sólo a los médicos cirujanos, sin requerir que actúe como principal.


source: Caselaw Access Project

author: per curiam:

license: Public Domain

text:
    Federal National Mortgage Association, recurrente, v. El Registrador de la Propiedad de Caguas, Sección Primera, recurrido.

      Número: O-81-102

      Resuelto: 4 de marzo de 1982

      Enrique Godinez Morales, de Montalvo, Franco, Quiles Mariani & Godinez, abogado de la recurrente; el Registrador recu-rrido compareció pro se.

   per curiam:

El Registrador de la Sec. I de Caguas denegó la inscripción de la escritura Núm. 113 otorgada el Io julio, 1980 ante el notario Sr. Pedro D. Quiles Mariani, sobre venta judicial obtenida en ejecución de hipoteca por la vía ordinaria, y su nota aduce como fundamento que no obstante haberse iniciado la acción civil en fecha anterior al 28 marzo, 1979 que es la de nuestra decisión en Ponce Federal Savings v. Gómez, 108 D.P.R. 585 (1979), el mandamiento de ejecución de sentencia se expidió pasado un año de la norma allí establecida, y no observada en la subasta, de guardar como precio mínimo el acordado como previa tasación del inmueble en la escritura de constitu-ción del crédito, resultante en venta del inmueble en primera subasta por $22,546.64 cuando su previa tasación era de $25,480.

Durante 41 años, desde que fue emitida nuestra opinión en Font v. Registrador, 52 D.P.R. 850 (1938), los contra-tantes en créditos hipotecarios estuvieron gobernados en sus negocios y transacciones por un estado de derecho que prescindía de todo tipo mínimo en la subasta cuando la realización del crédito se tramitaba por la vía civil ordinaria. Un tiempo razonable debía transcurrir para que los interesados se enteraran de que la decisión en Ponce Federal Savings, supra, cambió las reglas y que en adelante la previa tasación serviría de tipo mínimo com-pulsorio en la primera subasta, sin importar cuál fuere la acción civil utilizada para realizar el crédito. De darle vigencia inmediata a Ponce Federal Savings, supra, era factible la posibilidad de que su desconocimiento llevara a la efectuación de subastas nulas, con la inevitable lesión del derecho de propiedad de los licitadores; y en vez de posponer el vigor de la decisión por un período fijo de transición, se optó por el método de menor demora, de hacer la nueva norma aplicable a las acciones ordinarias que se iniciaren a partir de la fecha de su adopción, 28 marzo, 1979. La dilación excesiva de alguna que otra acción que escapa a la compulsoria celeridad de las Reglas de Procedimiento Civil y que según el Registrador le permitiría a un acreedor que interpuso demanda antes de aquella fecha, continuar aún al presente el abuso de una ejecución sin precio mínimo, es rara anomalía procesal que no sienta base de convicción.

El Registrador entra en una disquisición sobre el momento en que se inicia la etapa propiamente ejecutiva en la acción civil hipotecaria, y la cual transfiere de la radicación al momento en que recae sentencia y se ordena la venta del inmueble en pública subasta, lo que colocaría el presente caso dentro de la regla de Ponce Federal Savings v. Gómez, supra, mas no fue esa la disposición tomada por este Tribunal al decir que su norma cobraría eficacia en los procedimientos de ejecución de hipoteca por la vía ordinaria que se inicien a partir de la fecha de la decisión. Al así ordenar el Tribunal tenía presente la diferencia en surgimiento de la etapa ejecutiva entre el sumario hipotecario y la acción civil, por lo que no hay que indagar más allá del lenguaje usado en la cláusula de vigencia, ni alterar con interpretación el mensaje trasmi-tido tanto a la clase profesional como a los contratantes.

Con estos antecedentes y fundamentos, se revocará la calificación recurrida y se ordenará la inscripción del documento cuestionado.


text:
    Estado Libre Asociado de Puerto Rico, demandante y recurrente, v. Urbanizadora Damiro, Inc., etc., demandados y recurridos.

      Número: R-81-82

      Resuelto: 8 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Marta Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados del recurrente; Aldo Seguróla De Diego, de Seguróla, Montalvo & Lugo, abogado de National Insurance Co.; las demás partes recurridas no comparecieron.
   per curiam:

La Urbanizadora Damiro construyó la urbanización Torrimar en Guaynabo. La Junta de Plani-ficación autorizó la preparación de los planos de cons-trucción en informe de 5 de junio de 1963. Se condicionó el permiso a la construcción de una zona de recreo. Hasta que se construyesen las obras de recreo no se expedirían permisos de uso a más de dos terceras partes de las casas a erigirse.

A solicitud de la urbanizadora, la Junta consideró favorablemente el 10 de abril de 1964 el desarrollo del terreno remanente y otras variaciones al informe original. Se dispuso que “las facilidades [s-ic] vecinales estarán construidas cuando se haya expedido el permiso de uso para tres cuartas (3/4) partes de cada uno de los tipos de viviendas . . El documento disponía que los acuerdos incorporados en él “están sujetos a revisarse de tiempo en tiempo según las condiciones varíen”.

Unos días más tarde, el 23 de abril de 1964, también a propuesta de la urbanizadora, se aprobaron varios cam-bios, entre ellos a la zona de recreo, la cual se amplió para servir a otras urbanizaciones vecinas.

El 2 de abril de 1964 la Caribbean Insurance Company expidió fianza para garantizar el 50% de la construcción de las obras de recreo a que la urbanizadora se había obligado. La Fianza montaba a $24,805. La otra mitad fue garantizada el 20 de mayo de 1965 por la National Insurance Company. Al suscribirse este segundo contrato ya se habían aprobado los cambios aludidos en los informes de abril de 1964, pero se limitó la responsabilidad de National a la mitad del costo de las obras de recreo según concebidas originalmente.

La urbanizadora no construyó la zona de recreo. La Junta le indicó que aceptaría la aportación del dinero acordado inicialmente, o sea, $49,610. La urbanizadora se negó y fue demandada, junto a las fiadoras, el 5 de junio de 1970. El Estado procedió, mientras tanto, a construir la zona de recreo. El costo fue casi diez veces mayor. La demanda fue por los $49,610 originales, más intereses y daños. Contra las fiadoras se demandó responsabilidad solidaria con Damiro únicamente en cuanto a la mitad de la suma afianzada por cada cual.

Tras largos años de trámite pudo celebrarse el juicio en su fondo. El Tribunal Superior dictó sentencia el 14 de enero de 1981 declarando sin lugar la demanda. El Estado acudió en alzada ante este foro. Acordamos revisar.

La fiadora National Insurance argumenta que quedó liberada de la fianza porque hubo novación de la obligación garantizada. Aduce que varió el presupuesto de la zona de recreo, al alterarse sus términos, de $49,610 a $479,264.18. No tiene razón. No se dan en este caso los requisitos de la novación extintiva. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378, 388-394 (1973). Las dos obligaciones no son incompatibles. No se declaró expresamente que la obligación general de construir la urbanización, sujeto a determinadas condiciones, quedó sustituida por una enteramente nueva. Lo que hubo a todas luces fue una modificación del acuerdo principal. La novación extintiva extingue la fianza, mas no la modificativa. J. Castán Tobeñas, Derecho Civil Español, Común y Foral, 10ma ed., Madrid, Ed. Reus, 1977, T. IV, pág. 737.

Aquí ni puede hablarse siquiera de modificación obli-gacional. Es cierto que se amplió el área de recreo, lo que exigió un presupuesto mayor, pero la obligación de la urbanizadora y sus fiadoras no fue alterada. Su respon-sabilidad quedó limitada a los mismos $49,610 originales. Ningún cambio que hubiese ocurrido en este respecto, además, y vimos que nada ocurrió, hubiese podido benefi-ciar a la fiadora que lo invoca. La National Insurance otorgó el contrato de fianza después del nuevo diseño del parque de recreación.

La National Insurance señala también que no es responsable porque las obras afianzadas no pudieron ser construidas, ya que, según alega, la Junta nunca aprobó los planos correspondientes ni nunca tuvo la intención de aprobarlos. El señalamiento es inmeritorio. La Junta no aprobó los planos porque nunca se sometieron. Los autos revelan, además, que en los informes de 5 de junio de 1963 y de 10 de abril de 1964 —en este último es que se cambia la zona de recreo— se autorizó la presentación de los planos de construcción correspondientes y que el 28 de enero de 1966 la Junta aun llegó a rémitirle a la urbanizadora planos del área del parque. La urbanizadora nunca demostró intención alguna de cumplir, mediante pasos para construir las obras concernidas o vía la consignación de su equivalente en dinero, la obligación que contrajo con la Junta.

Resta por examinar el efecto sobre los contratos de fianza de la concesión por la Junta, sin el asentimiento de las fiadoras, de permisos de uso a más del 75% de las viviendas construidas. El Art. 1751 del Código Civil, 31 L.P.R.A. see. 4956, dispone:

Los fiadores, aunque sean solidarios, quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho del acreedor no puedan quedar subrogados en los derechos, hipotecas y privilegios del mismo.

Hemos señalado repetidas veces que “[y]a no rige la antigua doctrina elaborada en los tiempos de los fiadores gratuitos al efecto de que la menor violación del contrato por parte del dueño relevaba a la fiadora de responsabilidad in toto”. Olazábal v. U.S. Fidelity, etc., 103 D.P.R. 448, 454 (1975). Véase: Ulpiano Casal, Inc. v. Totty Mfg. Corp., 90 D.P.R. 739, 745 (1964). En vista de que las fianzas se prestan ordinariamente mediante paga, hemos abandonado también la norma de la interpretación restrictiva de la fianza y hemos sancionado su interpretación liberal, favorable al acreedor en cuanto sea legítimamente permisible. Olazábal, supra, Demas v. Builders Ins. Co., 109 D.P.R. 774 (1980).

El Art. 1751 significa que el fiador puede ser liberado, mas solo en la medida en que algún acto del acreedor impida la subrogación del fiador en los derechos de aquél contra el deudor. Castán, op. cit., pág. 739; J. M. Manresa, Comentarios al Código Civil Español, 6ta ed., Madrid, Ed. Reus, 1973, T. XII, págs. 484-486. El fiador únicamente puede hacer valer sus derechos bajo el Art. 1751 si el acto del acreedor le ha causado verdadero perjuicio, perjuicio sustancial a su facultad subrogatoria. Si el perjuicio es parcial la liberación es tan solo parcial. La carga de probar el perjuicio le corresponde al fiador. Si no existe nexo causal entre el acto del acreedor y el impedimento en la subrogación no hay liberación. Tampoco hay liberación si el fiador no es diligente en reclamarle al deudor afianzado. Q. M. Scaevola, Código Civil, Madrid, Ed. Reus, 1953, T. XXVIII, págs. 691-693. M. Fragali, Delle Obbligazioni (volumen separado de Scialoja y Branca, Commentario del Codice Civile), Roma, Soc. Ed. del Foro Raynaud, Droit Civil, París, Sirey, 1971, T. Ill, Vol. 1, págs. 348-349; H., L. y J. Mazeaud, Legons de Droit Civil, 4ta ed., París, Ed. Montchrestien, 1974, T. Ill, Vol. 1, págs. 30-31.

Los autos de este caso no permiten emitir juicio sobre las interrogantes siguientes: ¿Probó el fiador que la venta de casas en exceso de lo dispuesto lo perjudicó, parcial o totalmente, al extremo que le impidió subrogarse en los derechos del acreedor? ¿No benefició en vez tal transac-ción, dentro de los hechos particulares de este caso, la continuada marcha de las obras, para provecho tanto de la urbanizadora como de las fiadoras? ¿Actuaron las fiadoras con la necesaria diligencia? Consideramos que el caso debe remitirse a instancia para el esclarecimiento de estos hechos críticos.

En consideración a lo expuesto se revocará la sentencia recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedi-mientos ulteriores compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Irizarry Yunqué no intervino.


author: El Juez Presidente Señor Trías Monge

text:
    El Pueblo de Puerto Rico en interés del menor F. B. M., peticionario.

      Número: O-79-541

      Resuelto: 8 de marzo de 1982

      Doris López González y María L. Colón, de Servicios Legales de Puerto Rico, abogadas del menor F. B. M.; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Federico Cedó Alzamora, Procu-rador General Auxiliar, abogados del relator.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

El 17 de septiembre de 1979, la Sala de Asuntos de Menores de San Juan del Tribunal Superior declaró al apelante incurso en dos querellas de robo y otra por infracción del Art. 4 de la Ley de Armas. El Tribunal dispuso que el menor continuase en la institución en que venía recibiendo tratamiento.

El apelante alega que erró el tribunal al declararlo culpable de las faltas imputadas sin que alegadamente hubiera prueba suficiente, exenta de duda razonable, de que se había cometido un acto ilegal. Impugna el apelante la admisibilidad de su supuesta confesión y el hecho de que ésta no fue corroborada.

El récord es sumamente escueto. No surge indicio de la edad del menor, de su educación, experiencia, tiempo de detención, estado emocional, del método de interrogatorio utilizado. Se desconoce si el menor y sus padres fueron notificados del derecho del primero a asistencia de aboga-do y a negarse a contestar preguntas. A la vista de las querellas en su fondo no comparecieron las dos personas perjudicadas. Tan solo declaró la mujer policía que inves-tigó el caso. Expresó la testigo que entrevistó al menor en su oficina en presencia de otro agente, quien tampoco declaró. La testigo afirmó que el menor admitió que amenazó con una cuchilla a los perjudicados y les sustrajo una cadena de oro y una sortija de graduación valoradas, respectivamente, en $75 y $65. El tribunal le preguntó a la testigo si le había hecho “las advertencias de ley” al menor. La testigo respondió que las había hecho, porque las tenía escritas, “pero que de momento no las recordaba”. Quedó establecido que en el momento de la alegada admisión no estaba presente ningún familiar del menor. No hay cons-tancia escrita de la confesión.

I

En In re Gault, 387 U.S. 1, 55 (1967), el Tribunal Supremo de Estados Unidos sentó la norma siguiente:

Si por alguna razón permisible el abogado [del menor] no estaba presente al obtenerse la admisión, debe tenerse extremo cuidado en comprobar que la admisión fue volun-taria, no sólo en el sentido de que no fue el producto de la coacción o la sugestión, sino también en el sentido de que no fue el resultado de la ignorancia de sus derechos o de la fantasía, el pavor o el desaliento del adolescente.

Véanse: Haley v. Ohio, 332 U.S. 596 (1948); Gallegos v. Colorado, 370 U.S. 49 (1962). Aun la lectura mecánica de los derechos reconocidos en Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), no es de por sí suficiente. Hay que intentar asegurarse, mediante la indagación de los factores mencio-nados en Gault y el examen de la totalidad de las circunstancias en que la confesión se produce, si ésta es en verdad voluntaria. I. M. Rosenberg, The Constitutional Rights of Children Charged with Crime: Proposal for a Return to the not so Distant Past, 27 UCLA L. Rev. 656, 672 (1980); Secretariado de la Conferencia Judicial, In-forme del Comité de Justicia Juvenil, San Juan, 1980, págs. 21-24. Las normas sentadas en Gault hallan eco en nuestra jurisprudencia. Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98 (1967); R.A.M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270 (1974).

La primera dificultad con el caso de autos es la ausencia de indicación alguna de que se investigó a fondo la totalidad de las circunstancias en que ocurrió la confesión para determinar su voluntariedad. La única testigo de cargo aun no recuerda cuáles advertencias le hizo al menor. La carga de probar la renuncia de sus derechos por parte del menor y la consiguiente admisibilidad de la confesión recae en el Estado. Miller v. State of Md., 577 F.2d 1158, 1159 (4th Cir. 1978); Crawford v. State, 240 S.E.2d 824 (1977); Comment, The Judicial Response to Juvenile Confessions: an Examination of the Per Se Rule, 17 Duquesne L. Rev. 659-660 (1978-79). En los procedimientos de menores, además, el Estado tiene que probar su caso más allá de toda duda razonable. El criterio de la preponderancia de la prueba es inaplicable. In re Winship, 397 U.S. 358 (1970); R.A.M. v. Tribunal Superior, supra. Ante los hechos descritos no podemos suplir las lagunas en la prueba y expresar con certeza que el menor fue debidamente advertido de sus derechos y que, vista la totalidad de las circunstancias envueltas, la alegada confesión es admisible.

II

Una segunda dificultad que confronta este caso estriba en la ausencia, en el acto de la supuesta confesión, de un abogado o de un adulto interesado en el menor, capaz de explicarle el alcance de la renuncia a sus derechos. No hay indicio de notificación a los padres de tal procedimiento. En Gault se resolvió que:

... la cláusula de debido proceso de ley de la enmienda decimocuarta exige que en los procedimientos determinantes de delincuencia que puedan resultar en envío a una institu-ción donde se limite la libertad de un menor, éste y sus padres deben ser notificados del derecho del menor a ser representado por un abogado contratado por ellos o, de no tener medios económicos para hacerlo, a que se nombre un abogado para tal fin. Pág. 41.

Gault trata básicamente de los derechos que asisten al menor en la etapa adjudicativa, mas véase: Kent v. United States, 383 U.S. 541 (1966); cf. Fare v. Michael C., 442 U.S. 707 (1979). Las razones en que se funda la regla de Gault son igualmente aplicables a los interrogatorios bajo custo-dia. Numerosos estudios sostienen el derecho de los me-nores a estar representados por abogado en todas las etapas críticas de los procedimientos. N.A.C. Standards, 16.1, “Right to Counsel”; I.J.A./A.B.A. Standards relating to Pretrial Court Proceedings, 5.1, 5.2, 5.3, págs. 89-98; 1980 Suggested State Legislation, sec. 6; Informe del Comité de Justicia Juvenil, supra, págs. 25-28. La etapa del interrogatorio bajo custodia es ciertamente crítica. Una minoría de estados han convertido el concepto en una regla per se. Otros prefieren el criterio de la totalidad de las circunstancias. Comment, The Judicial Response to Juvenile Confessions: an Examination of the Per Se Rule, 17 Duquesne L. Rev. 659 (1978-79). Bajo cualquiera de los dos criterios no basta con que el menor, a solas, sin justifica-ción adecuada para la ausencia de un abogado o de un adulto interesado en su suerte y conocedor de sus derechos, renuncie a su derecho a no incriminarse. Deben haber mediado, al menos, entre otros factores demostrativos de la voluntariedad de su declaración, las notificaciones a que hace referencia Gault. Véase: Edwards v. Arizona, 451 U.S. 477 (1981).

III

Aun suponiendo que la alegada confesión esté exenta de toda mácula constitucional, existe un tercer escollo insalvable. Este Tribunal ha resuelto que las confesiones y admisiones tienen que ser reforzadas, para sostener un fallo condenatorio, con prueba de corroboración. Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919 (1968); opinión del Juez Dávila en Pueblo v. Santiago Sánchez, 111 D.P.R. 379 (1981), (no hubo opinión del Tribunal por dividirse éste cuatro a cuatro). Véanse, además, Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471 (1963); Comment, Corroboration of Extrajudicial Statements, 7 Stan. L. Rev. 378 (1955). Tal norma se ha establecido en casos de adultos. La protección que ella entraña se extiende aún con más razón a los casos de menores. En el caso de autos no hubo corroboración de ninguna índole.

Por las razones expuestas se revocará la resolución recurrida.

Los Jueces Asociados Señores Torres Rigual y Negrón García concurren con el resultado sin opinión. El Juez Asociado Señor Martín concurre con la disposición que se hace del caso.


text:
      In re Pedro E. Díaz Torres, Juez de Paz.

      Número: Q-172

      Resuelto: 8 de marzo de 1982
   RESOLUCIÓN

El Juez de Paz, Sr. Pedro E. Díaz Torres, en las postrimerías de su meritorio servicio al país, y ya en vías de retiro por incapacidad ocupacional, fue acusado y procesado por obligar a una mujer a tener relaciones sexuales con él. Suspendido de empleo y sueldo, se ventiló el juicio ante la Juez Superior, Sra. Zulma Zayas Puig, quien lo absolvió de toda culpa el 30 de enero de 1980. Un año después la acusadora del juez de paz imputó a un hermano haberla sometido contra su voluntad a actos de sodomía, y el imputado fue exonerado por otra juez que escuchó a la señora madre de ambos declarar que su hija padece de alucinaciones y está constantemente sumida en depresiones mentales llenas de emotividad; que su dicha hija le confesó que tenía sueños frecuentes en los que la violación y el ultraje eran el tema central y que al día siguiente acusaba af protagonista del sueño como el autor de un hecho que ella creía real.

El comprensivo informe del señor Procurador General deja establecido fuera de toda duda que el Juez, señor Díaz Torres, fue víctima de las aberraciones de una mente enferma y que ha sufrido injustamente todo este proceso de formulación de cargos y exposición pública de imputa-ciones falsas en perjuicio de su dignidad y buen nombre.

Examinado el expediente de investigación administra-tiva, el Tribunal deja sin efecto su resolución de 10 de abril de 1980 que ordenó la radicación de querella, y declara limpio de mancha el nombre de este funcionario, acreedor al público reconocimiento por su honrosa hoja de servicio.

Publíquese.

Lo acordó el Tribunal y certifica la Secretaria General. El Juez Presidente, Señor Trías Monge, no intervino.

(Fdo.) Lady Alfonso de Cumpiano

Secretaria General


text:
    Evaristo Acevedo Díaz y Carmen Acevedo López, por sí y ambos en representación de todos los igualmente situados, demandantes y recurrentes, v. Genaro Collazo, Secretario del Departamento de Servicios Sociales, et al., demandados y recurridos.

      Número: R-81-10

      Resuelto: 10 de marzo de 1982

      Manuel J. Vera Vera, de Servicios Legales de Puerto Rico, Inc., abogado de los recurrentes; Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Marta Quiñones, Procuradora General Auxiliar, abogados de los recurridos.
   El Juez Presidente Señor Trías Monge

emitió la opinión del Tribunal.

Este pleito plantea las interrogantes siguientes: ¿Tiene jurisdicción el Tribunal General de Justicia de Puerto Rico para ventilar litigios fundados exclusivamente en la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. sec. 1983? De tenerse, ¿justifican los hechos de este caso la invocación de esa ley? De poder invocarse, ¿qué normas de inmunidad aplican, las federales o las sentadas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Las reglas de inmunidad aplica-bles, ¿son en esta acción de orden absoluto o condicionado? Cuando se reclama inmunidad condicionada, ¿a quién le corresponde alegarla? ¿En quién recae la carga de la prueba? Examinemos los hechos que dan margen a estas preguntas.

Los demandantes recurrentes son beneficiarios del Programa de Asistencia Económica del Departamento de Servicios Sociales de Puerto Rico. Se les suspendió la asistencia que recibían. Instaron la correspondiente apela-ción administrativa.

El Programa de Asistencia Económica de Puerto Rico opera con fondos provistos bajo la Ley de Seguro Social de Estados Unidos, 42 U.S.C. see. 301 et seq., y otra legisla-ción federal. El Secretario de Salud y Bienestar de Estados Unidos reglamenta el uso de estos fondos, 45 CFR see. 205 et. seq. El reglamento federal, 45 CFR 205.10(a) (16), requiere que las apelaciones administrativas se re-suelvan dentro de noventa días de su presentación. El reglamento local alude solamente a un “plazo razonable”.

Al expirar por mucho el término de noventa días, los recurrentes demandaron en su carácter personal al Secre-tario de Servicios Sociales, al Presidente de la Junta de Apelaciones de Servicios Sociales y a otros. Alegaron que los demandados, so color de autoridad estatal, les están privando de derechos constitucionales y estatutarios fede-rales. Entre otros remedios solicitaron el pago de daños por los demandados. El Tribunal Superior desestimó la demanda contra los funcionarios mencionados en su carác-ter personal. Acordamos revisar.

1. El sistema judicial del Estado Libre Asociado posee jurisdicción concurrente para ventilar pleitos bajo la Ley de Derechos Civiles de Estados Unidos.

Las cortes estatales pueden ejercer jurisdicción concurrente sobre litigios basados en la Constitución, las leyes y los tratados de Estados Unidos, excepto cuando tal jurisdicción es, expresa o implícitamente, exclusiva de las cortes federales. Claflin v. Houseman, Assignee, 93 U.S. 130, 136 (1876). El ejercicio de la jurisdicción concurrente por los tribunales estatales para proteger derechos de creación federal es un fenómeno común. La jurisdicción federal exclusiva representa la excepción y no la regla. Dowd Box Co. v. Courtney, 368 U.S. 502, 507-508 (1962). Respecto a los criterios aplicables para resolver si se trata de una situación excepcional, véase: Redish y Muench, Adjudication of Federal Causes of Action in State Court, 75 Mich. L. Rev. 311 (1976). Normalmente se presume la jurisdicción concurrente en ausencia de expresión contraria por el Congreso o condición necesariamente implícita. Note, State Enforcement of Federally Created Rights, 73 Harv. L. Rev. 1551 (1960).

En lo que toca a la Ley Federal de Derechos Civiles, 42 U.S.C. sec. 1983, no se desprende del texto o el historial legislativo del estatuto intención alguna del Congreso de conferirles a los tribunales federales jurisdicción exclusiva sobre este género de casos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto específicamente que los tribunales estatales pueden ejercer jurisdicción concurrente sobre pleitos fundados en la Sec. 1983. Martínez v. California, 444 U.S. 277, 283, n. 7 (1980); Maine v. Thiboutot, 448 U.S. 1, 3, n. 1 (1980).

Antes de Martínez y Thiboutot, la abrumadora mayoría de los estados, con la excepción de Georgia y Tennessee, estaban ya ejerciendo jurisdicción concurrente sobre plei-tos basados en la See. 1983. B. Neuborne, Toward Procedural Parity in Constitutional Litigation, 22 Wm. & Mary L. Rev. 725, 752, n. 114 (1981).

2. La Sec. 1983 se extiende al género de violación esta-tutaria envuelto aquí.

La See. 1983 ha sufrido un proceso de expansión a través de los años. En Monroe v. Pape, 365 U.S. 167 (1961), se extendió a actos inconstitucionales autorizados o no por los estados. En Lynch v. Household Finance Corp., 405 U.S. 538 (1972), se resolvió que la See. 1983 cubre violaciones al derecho de propiedad y no solo a los derechos llamados personales. En Maine v. Thiboutot, supra, se decidió que el estatuto ampara tanto los derechos constitu-cionales como los estatutarios. La See. 1983 ampara hoy casi todos los derechos constitucionales federales, así como la mayoría de los derechos federales estatutarios. Neuborne, op. cit., pág. 748.

En Estados Unidos, la tardanza administrativa en actuar con referencia a solicitudes de asistencia económica bajo las leyes federales constituye una violación de la Sec. 1983. Like v. Carter, 448 F.2d 798 (8th Cir. 1971), cert. denegado, 405 U.S. 1045 (1972); Lynch v. Philbrook, 550 F.2d 793 (2nd Cir. 1977). Resolvemos que se ha invocado adecuadamente en este caso la Sec. 1983.

3. Las normas de inmunidad aplicables son las vigentes en la jurisdicción federal.

Los estados carecen de facultad para inmunizar a funcionarios estatales o federales del impacto de la See. 1983. La cuestión ha sido definitivamente resuelta en Martínez v. California, supra, pág. 284; véase también: Owen v. City of Independence, 445 U.S. 622, 647, n. 30 (1980). El Tribunal Supremo de Estados Unidos examinó en Martínez un estatuto de California que le concedía inmunidad absoluta a los funcionarios a cargo de conceder o denegar la libertad bajo palabra. El Tribunal resolvió que el estatuto confería tan solo inmunidad contra acciones fundadas en el derecho estatal. En el caso de autos, la inmunidad de que puedan gozar los recurridos tiene que medirse por las normas federales. No existen circunstancias en la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico que exijan en este caso la estructuración de normas especiales por inaplicabilidad a nuestras circunstancias de las reglas establecidas para los estados.

4. Las reglas de inmunidad aplicables son de orden condicionado.

Las normas tradicionales sobre inmunidad han estado sujetas en años recientes a procesos de erosión. Hutchinson v. Proxmire, 443 U.S. 111 (1979); cf. United States v. Helstoski, 442 U.S. 477 (1979); Blitz, Erosion of Official Immunity of Personnel Supervisors in the Public Sector, 8 Hastings Const. L.Q. 671 (1981). Aun así, hay ciertas categorías de funcionarios que gozan de inmunidad abso-luta contra acciones fundadas en la See. 1983. Tal es el caso de los legisladores. Tenney v. Brandhove, 341 U.S. 367, 376 (1951); Lake Country Estates v. Tahoe Planning Agcy., 440 U.S. 391 (1979); pero véase, Hutchinson v. Proxmire, supra. Tal es también el caso de los jueces, entre otros. Pierson v. Ray, 386 U.S. 547, 554-555 (1967); Stump v. Sparkman, 435 U.S. 349 (1978). Cf. Feliciano Rosado v. Matos, Jr., 110 D.P.R. 550 (1981).

Los funcionarios y empleados de la Rama Ejecutiva, con excepciones que no vienen al caso, gozan tan solo de inmunidad condicionada. Scheuer v. Rhodes, 416 U.S. 232 (1974); Butz v. Economou, 438 U.S. 478 (1978). En Scheuer se afirmó:

[I]n varying scope, a qualified immunity is available to officers of the executive branch of government, the variation being dependent upon the scope of discretion and responsibilities of the office and all the circumstances as they reasonably appeared at the time of the action on which liability is sought to be based. It is the existence of reasonable grounds for the belief formed at the time and in light of all the circumstances, coupled with good-faith belief, that affords a basis for qualified immunity of executive officers for acts performed in the course of official conduct. Págs. 247-248.

Véanse: S. H. Nahmod, Civil Rights and Civil Liberties Litigation, Shepard’s/McGraw-Hill, Colorado Springs, Colorado, 1979, capítulo 8, pág. 229 et seq.; W. R. Casto, Innovations in the Defense of Official Inmunity under Section 1983, 47 Tenn. L. Rev. 47, 85 et seq. (1979); Nota, Civil Rights Suits Against State and Local Governmental Entities and Officials: Rights of Action, Immunities and Federalism, 53 So. Cal. L. Rev. 945,1048 et seq. (1980).

La defensa de inmunidad condicionada tiene dos aspectos. Un funcionario o empleado que no actúa de buena fe es responsable, pero aun cuando medie la buena fe responde si actuó irrazonablemente o si debió haber sabido que su conducta era ilegal. Por buena fe se entiende normalmente la ausencia de malicia. Procunier v. Navarette, 434 U.S. 555, 562, 565 (1978); Wood v. Strickland, 420 U.S. 308, 321-22 (1975). Como hemos dicho, sin embargo, la buena fe no basta. Pierson v. Ray, supra. No pueden violarse principios legales establecidos. Wood v. Strickland, supra. La razonabilidad de la actuación oficial constituye una cuestión de hecho a determinarse caso por caso.

Representa error la desestimación de la demanda contra los señores Collazo y González sin escuchar prueba sobre las dos cuestiones de hecho en que se funda su reclamo a la inmunidad, que puede ser tan solo de índole condicionada. Imbler v. Pachtman, 424 U.S. 409 (1976); Williams v. Rhoden, 629 F.2d 1099 (5th Cir. 1980).

5. La carga de la prueba recae en los demandados.

La inmunidad condicionada constituye una defensa afirmativa. [Rivera] Gómez v. [Calero] Toledo, 446 U.S. 635, 639-640 (1980). Gran número de tribunales y comentaristas consideran que la carga de la prueba debe recaer sobre el funcionario demandado. Gilker v. Baker, 576 F.2d 245, 247 (9th Cir. 1978); Dellums v. Powell, 566 F.2d 167, 176 (D.C. Cir. 1977); Foster v. Zeeko, 540 F.2d 1310, 1313 (7th Cir. 1976); McCray v. Burrell, 516 F.2d 357, 370 (4th Cir. 1975); Tritsis v. Backer, 501 F.2d 1021, 1022-1023 (7th Cir. 1974); K. Sowle, Qualified Immunity in Section 1988 cases: The Unresolved Issues of the Conditions for its Use and the Burden of Persuasion, 55 Tulane L. Rev. 326, 398-416 (1981); L. E. Wolcher, Sovereign Immunity and the Supremacy Clause: Damages Against States in Their Own Courts for Constitutional Violations, 69 Cal. L. Rev. 189, 223 (1981).

Por las razones expuestas se revocará la sentencia parcial recurrida y se devolverá el caso a instancia para procedimientos compatibles con esta opinión.

El Juez Asociado Señor Martín no intervino.

       La See. 1983 dispone:
      “Every person who, under color of any statute, ordinance, regulation, custom or usage, of any State or Territory or the District of Columbia, subjects, or causes to be subjected, any citizen of the United States or other person within the jurisdiction thereof to the deprivation of any rights, privileges, or immunities secured by the Constitution and laws, shall be liable to the party injured in an action at law, suit in equity, or other proper proceeding for redress. For the purposes of this section, any Act of Congress applicable exclusively to the District of Columbia shall be considered to be a statute of the District of Columbia.”

      La cuestión de si las cortes estatales pueden ejercer jurisdicción concu-rrente sobre este género de asuntos federales es distinta al problema de si el Congreso puede obligar a los estados a ejercer tal potestad. Sobre las difi-cultades que entraña el asunto, véase: Redish y Muench, op. cit., pág. 340 et seq. No nos expresamos aquí sobre la segunda cuestión, por no suscitarse en el caso.


author: PER curiam:

text:
      In re Víctor Rodríguez Vega, Juez de Distrito.

      Número: O-80-70

      Resuelto: 11 de marzo de 1982

      Héctor A. Colón Cruz, Procurador General, y Eliadís Orsini Zayas, Procuradora General Auxiliar, abogados promoven-tes; Gaspar Rivera Cestero y Juan R. Marchand Quintero, abogados del promovido.
    Sala integrada por su Presidente el Juez Asociado Señor Torres Rigual y los Jueces Asociados Señores Martín y Negrón García.
   PER curiam:

Previo dictamen emitido por el Juez Asociado Hon. Carlos J. Irizarry Yunqué determinando causa para ulteriores procedimientos, y en virtud de lo dispuesto en la Ley Núm. 201 de 23 de julio de 1974 (4 L.P.R.A. see. 232), sobre separación del servicio a los jueces del Tribunal de Primera Instancia, el 11 de febrero de 1980 el Procurador General presentó escrito y solicitó de este Tribunal que separara de su cargo al Juez de Distrito Víctor Rodríguez Vega “por razón de su incapa-cidad mental”. Alegó tal condición a base de varios incidentes en el descargo de su ministerio y de que ello impedía “en forma absoluta desempeñarse en sus fun-ciones”. Luego de la contestación del querellado, desig-namos Comisionado Especial al ex juez Superior José M. Aponte Jiménez y dispusimos, en consideración de la naturaleza de la solicitud, el nombramiento de un panel de peritos psiquiatras y su implementación en armonía con la Regla 13.1(c) de nuestro Reglamento. A tal efecto el panel quedó constituido por los psiquiatras Dr. Ramón Eduardo Alonso Santiago, —seleccionado por el querellado Juez Rodríguez Vega — , el Dr. José O. Fernández Cuevas —designado por el Procurador General— y el Dr. Abelardo Martínez Segarra —nombrado por el Comisionado. El Juez Rodríguez Vega fue referido al Dr. José M. Petralanda, sicólogo clínico, y se sometió a distintas pruebas psicoló-gicas. También fue evaluado por los referidos profesionales y se recibió en vista sus testimonios y prueba documental adicional.

Aquilatada esta evidencia, el Comisionado formuló las siguientes determinaciones:

1. El querellado Víctor Rodríguez Vega, Juez del Tribunal de Distrito de Puerto Rico, fue debidamente examinado por el siquiatra, doctor José O. Fernández Cuevas, designado por la oficina del Procurador General, durante los días 16 de marzo y 13 de abril de 1981. El examen practicado al querellado por dicho siquiatra duró cuatro horas en total durante las fechas señaladas.
2. El querellado también fue debidamente examinado por el doctor Abelardo Martínez Segarra, siquiatra designado por el Comisionado Especial, durante los días 31 de mayo y 4, 6, 7 y 10 de abril de 1981, tomando el examen practicado un total de 12 horas. A requerimiento del doctor Martínez Segarra y con el propósito de complementar sus hallazgos, el querellado fue referido por dicho siquiatra al doctor José M. Petralanda, sicólogo clínico, para que le practicase pruebas sicológicas relacionadas con su condición mental.
3. Durante los días 23 de febrero y 2 de abril de 1981, el querellado fue debidamente examinado por el doctor Ramón Eduardo Alonso Santiago habiendo tomado dicho examen un total de cinco horas.
4. A juicio del Comisionado suscribiente todos los testigos que prestaron testimonio están capacitados para declarar como peritos en su materia.
5. A las fechas de los exámenes practicados, el Honorable Víctor Rodríguez Vega, quien posee un nivel de inteligencia superior al promedio, manifiesta reacciones que demuestran un patrón de comportamiento suspicaz, cauteloso, eminente-mente depresivo y receloso con propiedades compatibles con una personalidad paranoide, caracterizadas [sic\ por ideas persistentes que pueden ser de persecución.
6. Su personalidad denota un comportamiento agresivo verbal, condición ésta que se acentúa al ingerir bebidas alcohólicas. Al así hacerlo genera un patrón de conducta que limita su relación personal y social y podría afectar, lesionar, menoscabar y obstaculizar sus funciones como magistrado.
7. El querellado admite un historial de alcoholismo crónico y tener una propensión a tomar bebidas alcohólicas. A la fecha que fue examinado por los señores siquiatras manifies-ta haber dejado de consumir bebidas alcohólicas y no existen señales exteriores que demuestren lo contrario.
8. Su patrón de comportamiento indica un estado de disfunción en su personalidad, caracterizado por su conducta con ideación suspicaz, recelosa unido a su historial de alcoholismo crónico y rasgos depresivos que requieren inter-vención y tratamiento siquiátrico.
9. El juez Víctor Rodríguez Vega, a pesar de sufrir de un desorden [sic] en su personalidad, caracterizado por los rasgos y patrón de comportamiento, anteriormente expuestos, posee los mecanismos para conocer y aceptar su condición y la capacidad de juicio para, en circunstancias normales, llevar a cabo sus funciones. El hecho de haber dejado de tomar bebidas alcohólicas, después de la radicación de la presente querella, refleja que posee esos controles.
10. Para superar su actual condición emocional subya-cente, resulta indispensable que no reincida en el uso de bebidas alcohólicas, condición ésta que, para su logro, requiere y conlleva, necesariamente, que el querellado se someta a un tratamiento siquiátrico adecuado sin el cual su patología o disfunción no estaría totalmente compensada a tal grado que le capacite para realizar sus funciones como juez.
11. El Comisionado suscribiente estima que la divergencia de criterio entre los señores siquiatras que prestaron testi-monio, en cuanto a ciertos aspectos básicos de la capacidad del juez Rodríguez Vega para llevar a cabo sus funciones, se neutraliza si consideramos que el enfoque dado por éstos en sus evaluaciones está ligado a la carencia o presencia de los antecedentes, observaciones, elementos y recuento informa-tivo expuestos por el querellado, a preguntas de los siquia-tras, durante las entrevistas sostenidas con cada uno de ellos, por separado, constituyendo la recopilación de dicha data [sic] la base fundamental de sus diagnósticos y conclusiones sobre la capacidad del querellado para ejercer sus funciones como juez.

Previa transcripción de la prueba testifical y su notifica-ción a las partes, éstas formularon sus objeciones al informe del Comisionado, comentarios y recomendaciones. Resolvemos.

I

El querellado esencialmente discute que la prueba demostrO que estã plenamente capacitado para desempe-flarse como juez. Aduce que el Procurador General no ofreciO evidencia alguna -segün Oste alego en la solicitud que se proponf a ofrecer sobre- opiniones o inferencias de testigos no peritos que supuestamente ". . . coincidian en que el Juez querellado estaba enfermo, que sus estados de ira e incoherencia verbal eran frecuentes y que constan-temente ingerf a medicamentos y se dijo a continuación que se presentarán opiniones de otros magistrados, de otros abogados y de funcionarios del Tribunal". Argumenta que la tardanza habida en el proceso desde que fue suspendido originalmente de empleo y sueldo el 2 de noviembre de 1979, reinstalado temporalmente el 21 de diciembre, y suspendido nuevamente el 10 de enero de 1980, fueron circunstancias difIciles de "verdadera tortura mental" y material que motivO que uno de los testigos periciales opinara que la sintomatologIa de reacciones emocionales consistente de tensiOn, inestabilidad, ansiedad, preocupa-ción, suspicacia, cautela, tristeza y depresión, manifestadas en su examen, ". . . podrian interpretarse, Iclaro está!, como otros tantos sintomas de un desorden [sic] psiquiátrico de mayor profundidad etiolOgica y también de mayor seven-dad pronóstica, pero que podrian interpretarse de igual modo -como se ha hecho en este caso- como defensas sicologicamente comprensibles (`normales') de un ser hu-mano sometido a un severo y prolongado stress en que está en juego su vida profesional y su prestigio personal". (Enfasis suplido.)

En resumen, a lo largo de su escrito el querellado elabora la tesis de que el diagnóstico unánime del panel de peritos en su contra se debió al proceso de separación y no a una condición preexistente. En su apoyo aclara que había dejado de consumir bebidas alcohólicas “más de año y medio antes de ser examinado en febrero y abril de 1981”, y objeta las determinaciones respecto a que no esta capacitado y requiere intervención y tratamiento psiquiá-trico. Impugna también la declaración del testigo Petra-landa a base de que no formaba parte del panel y ello infringió la regla, y además, de que fue desmentido sobre haber afirmado que comenzó sus estudios en la Universi-dad Católica de Washington. Cuestiona además la capaci-dad pericial del psiquiatra Dr. Fernández Cuevas, a quien debió descartarse por haberle declarado alcohólico al presente sin preguntarle si todavía ingería alcohol; que debió sostenerse su capacidad —avalada por el doctor Martínez Segarra— a base del testimonio del Dr. Ramón Alonso Santiago y que las determinaciones en contrario “... carecen de toda base racional en la prueba presentada y son arbitrarias, caprichosas y contrarias al balance más justiciero, racional y jurídico de la totalidad de la evi-dencia recibida, [y el sostenerlas] causaría al querellado, injustamente, un daño irreparable”.

Finalmente expone que una separación “de su cargo al querellado por razón de su incapacidad mental, la cual le impide en forma absoluta, desempeñarse en sus funciones”, destruirá toda posibilidad de ejercer como abogado y notario, lo cual equivale a un desaforo, de impacto, gravoso sobre su futuro profesional y familiar.

Por su parte, el Procurador General defiende las determinaciones tácticas del Comisionado Especial argu-mentando que los tres peritos y un sicólogo clínico bási-camente coincidieron en la conclusión de falta de capacidad y —al igual que el querellado— nos remite a las distintas partes de los testimonios para enfatizar tal posición.

II

El examen cuidadoso e integral de la prueba testifical y documental.tiende a sostener, en sus extremos esenciales, las determinaciones de hecho del Comisionado Especial. Independientemente de que el Procurador General sólo descansara en prueba pericial, existe evidencia sustancial que sugiere concluyentemente que el querellado Rodríguez Vega acusa serios problemas emocionales de personalidad —agravados cuando ingiere bebidas alcohó-licas— que resultan incompatibles con el fiel descargo de la función judicial. Es axiomática una personalidad balan-ceada en todo miembro de la judicatura. Un sentido de prudencia, serenidad, dignidad, dedicación, respeto, cor-dialidad, sobriedad, temperancia y razonabilidad, unido al tacto de hacer justicia son factores integrantes que deben, en mayor o menor grado, converger y distinguir la persona del juez.

No podemos coincidir con su tesis de que los hallazgos de los peritos se debieron al trámite del caso. Ciertamente la labor que realiza un magistrado —en diferentes momentos, formas y circunstancias— está en cierta medida sujeta a tensiones parecidas a las invocadas. Es más, aceptando para fines de discusión la teoría del querellado de que no se demostró su incapacidad absoluta, el remedio de separación subsistiría, pues la ley contempla su procedencia por “incapacidad mental o física de un juez, relativa o absoluta, que afecte el desempeño de sus funciones judiciales”. (Énfasis suplido.) En el caso ante nos, aun bajo la visión más favorable al querellado se ha establecido la condición incapacitante relativa.

La solución justa de casos como el presente siempre es penosa. Queda empañada por el impacto que una decisión en su contra pueda tener sobre el potencial del querellado para dedicarse al ejercicio de la profesión de abogado. Aunque nos preocupa, ello no puede ser elemento determinante que afecte el cumplimiento de nuestra misión. Basta aclarar que no prejuzgamos la cuestión. Precisamente la ley que nos ocupa concibió —conforme su exposición de motivos— que “[djistinto a las causas de destitución —que implican situaciones en que está envuelta la integridad personal o la negligencia de un magistrado— el concepto de separación del servicio excluye esencial-mente criterios de culpa o negligencia, . . . atribuyéndole a ésta efectos idénticos a una renuncia voluntaria”.

En conclusión, al amparo del mandato de ley, cabalmente se han cumplido los requisitos procesales y sustantivos para que el Juez de Distrito Víctor Rodríguez Vega sea separado permanentemente de su cargo. Esta separación operará "... a todos los efectos y consecuencias legales, como una renuncia voluntaria y no afectará los derechos adquiridos del juez o aquellos derechos que sobrevinieron como resultado de tal determinación bajo las disposiciones de la Ley de Retiro de la Judicatura”.

Se dictará la correspondiente sentencia.

      Los informes escritos rendidos por los psiquiatras fueron admitidos sin objeción de las partes. El informe escrito y la declaración prestada por el doctor Petralanda fueron admitidos sobre la objeción del representante legal del querellado, Lie. Gaspar Rivera Cestero. También fueron admitidas una carta cursada por el Lie. Rivera Cestero a “The Catholic University of America” y la respuesta, con la objeción del Procurador General. Dicha prueba documental consigna que el doctor Petralanda no figura en los récords de dicha institución como que haya cursado estudios en la misma.

       Notamos que los conceptos de “incapacidad mental o física” —sea relativa o absoluta— necesariamente no excluyen situaciones claras de manifiesta incompetencia e inhabilidad profesional reflejada en el ejercicio del cargo.


author: El Juez Asociado Señor Negrón García

text:
    Leo J. Zurkowsky, por sí y en representación de sus hijos menores Leo Walter Zurkowsky, David A. Zurkowsky, Walter Leo Zurkowsky; y/o El Palmar Hotel Corporation, demandantes, v. Honeywell, Inc., démandada.

      Número: O-80-219

      Resuelto: 11 de marzo de 1982

      Ernesto Maldonado Pérez, abogado de los demandantes; Ernesto F. Rodríguez Suris, de Miranda Cárdenas, Otero, De Corral & Rodríguez, abogado de la demandada.
   El Juez Asociado Señor Negrón García

emitió la opinión del Tribunal.

El presente recurso proviene a este foro a través de una certificación de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico formulando varias inte-rrogantes que penden en un pleito basado en la trágica muerte acaecida a Leo Walter Zurkowsky el 5 de abril de 1973, víctima de las extensas quemaduras que recibiera en una explosión y fuego ocurrida en el sótano del Hotel El Palmar el día antes. La acción en daños fue promovida por sus hijos mayores de edad, Leo Joseph y Steven Robert Zurkowsky, sus nietos Leo Walter, David Alejandro y Walter Leo Zurkowsky, y la corporación que él presidía —El Palmar Hotel Corp.— contra Honeywell, Inc. y Petro-lane, Inc.

Específicamente el trámite de certificación se origina ante las dudas expresadas por el juez que presidía el juicio, Hon. Robert Grant, al resolver que no permitiría a los demandantes presentar testimonio pericial tendente a establecer la pérdida económica de los demandantes Leo J. y Steven Zurkowsky, quienes, a juicio de ese tribunal, debían demostrar: (1) que dependían de su padre a la fecha de su muerte; y (2) la cuantía de tales necesidades económicas.

I

De todas las preguntas formuladas hemos de resolver las primeras dos referentes al derecho de los hijos de la víctima. Las restantes, o quedan resueltas en virtud de aquéllas, o son de carácter especulativo y, por ende, cualquier pronunciamiento entrañaría una opinión de índole consultiva, o se han tornado académicas por la transacción de la causa de acción de la viuda del occiso y nuestra decisión en Suro v. E.L.A., 111 D.P.R. 456 (1981).

Los demandantes, descansando en Travieso v. Del Toro y Travieso, Int., 74 D.P.R. 1009 (1953), y Hernández v. Fournier, 80 D.P.R. 93 (1957), argumentan que los padres o hijos de un occiso no tienen que establecer que dependían de él a la fecha de su muerte. Invocan además a Zeno Molina v. Vázquez Rosario, 106 D.P.R. 324 (1977), para concluir que la “dependencia no es factor determinante [como] [t]ampoco lo son la edad o circunstancias personales del acreedor al lucro cesante”. Por su parte la demandada Honeywell aduce que Vda. de Valentín v. ELA, 84 D.P.R. 112, 115 n. 2 (1961), rechazó en nuestra jurisdicción toda compensación por pérdida de herencia futura, como daño patrimonial, al estimarse “. . . obviamente especulativo. Cuando ocurriera su muerte natural la víctima podía tener acrecentados sus bienes, si los tenía, o podía no haber herencia alguna”. Aduce, además, la demandada que la jurisprudencia posterior —Vda. de Seraballs v. Abella Hernández, 90 D.P.R. 368 (1964); Rodríguez v. Ponce Cement Corp. 98 D.P.R. 201 (1969); Vda. de Delgado v. Boston Ins. Co., 99 D.P.R. 714 (1971); Sánchez v. Liberty Mutual Ins. Co., 100 D.P.R. 1 (1971); Colón v. Municipio de Orocovis, 100 D.P.R. 1009 (1972); Zeno Molina v. Vázquez Rosario, supra; Publio Díaz v. E.L.A., 106 D.P.R. 854 (1978)— se ha limitado a reconocer “angustias y sufri-mientos mentales por la muerte ocurrida, así como una partida de daño especial por la pérdida de ingreso o lucro cesante [pero en] ninguno de estos casos se concede partida de daños alguna por concepto de herencia futura dejada de percibir y en todos esos casos donde se concede la partida de lucro cesante existe la relación de dependencia entre el fenecido y el que reclama el lucro cesante y lógicamente así es que tiene que ser. Ausente la relación de dependencia económica no existe el vínculo necesario para que el reclamante solicite compensación por la pérdida económica ocurrida como consecuencia de haber sido privado de la ayuda económica (que no se está recibiendo) que el difunto no proveía”.

II

Reiteramos nuestra doctrina jurisprudencial que descarta -por su naturaleza eminentemente especulativa y conjetural- la compensaciOn por pérdida de herencia futura. Vda. de Valentín v. ELA, supra. Las expresiones previas contenidas en Orta v. P. R. Railway, L. & P. Co., 26 D.P.R. 743 (1927); Maldonado v. The Porto Rico Drug Co., 31 D.P.R. 747 (1923); y Travieso v. Del Toro, supra, deben considerarse calificadas por nuestras decisiones posteriores. El concepto de lucro cesante está inexora-blemente vineulado al de dependencia econOmica al mo-mento de la muerte. Tales dependientes tienen una causa de acción por su condiciOn de recipientes de unos ingresos que se yen interrumpidos "total o parcial, temporero[s] o permanente[mente]". Brau, op. cit., pág. 818.

En virtud de lo expuesto deben contestarse en Ia negativa las primeras dos interrogantes. Los hechos esti-pulados en el sentido de que los codemandantes Leo J. y Steven Robert Zurkowsky -hijos mayores de edad del occiso, casados- no dependian de el en forma alguna nos ilevan a concluir que no tienen una causa de acciOn válida basada en "lucro cesante".

Se dictará la correspondiente sentencia y se remitirá a la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

       Rezan:
      “Under the Laws of the Commonwealth of Puerto Rico.
      In an action for wrongful death,
      (1) What is the compensation to which the heirs of the decedent are entitled, when said two sons of the decedent, were of legal age, married, working and not dependent on the decedent at time of death, and where the widow, in a separate action pending before the Superior Court of Puerto Rico is claiming for loss of future income caused by the wrongful death?
      (2) In a wrongful death action, are the adult sons of the decedent entitled to ‘lucrum cessans’ by reason of their father’s death, notwithstanding that said sons were not dependent upon the said deceased at the time of death?
      (3) If the answer is in the affirmative, how may such ‘lucrum cessans’ be distributed between such adult sons, when neither can show that they effectively needed such support subsequent to their father’s death?
      (4) In the event that at the time of death the decedent was married, in what proportion is the widow entitled to share with her adult sons?
      (5) In the event that shortly prior to the decedent’s demise the widow had instituted an action for divorce against the decedent, but the proceedings thereof did not continue by reason of the husband’s death, is the widow still entitled to participate with her sons in the ‘lucrum cessans’ claim? If so, in what proportion?
      (6) In a situation where the decedent was a self-employed businessman prior to his demise, are the Court and jury limited to an inquiry into the personal income tax returns of such decedent, or may they also consider the investments and other business transactions that the deceased made prior to his death and which may be considered a part of his general business transactions in order to assess the ‘lucrum cessans’ claim on behalf of plaintiffs?
      (7) May a family-owned corporation which loses its founder and sole owner sue on behalf of itself for the losses suffered by reason thereof if it can show that the decedent was, in fact, the reason for the success it had enjoyed prior to its said founder’s death?”

       La doctrina sobre lucro cesante aparece resumida, en términos generales, en la documentada obra del Profesor H. Brau, Los Daños y Perjuicios Extracontractuales en Puerto Rico, San Juan, P.R., Publicaciones J.T.S., Inc., 1980, § 8.06, págs. 8-30, 8-31.